C-368-14
Sentencia C-368/14
Sentencia C-368/14
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Incremento
de sanción penal constituye medida proporcionada e idónea
La Sala considera que existe un deber especial de
protección a la familia y, dentro de ella, a quienes por alguna condición son
más vulnerables y requieren de medidas de protección reforzada. Señaló que la
unidad y armonía familiar deben ser salvaguardados, entre otras medidas, a
través del ejercicio del poder sancionatorio del Estado conforme al artículo 42
de la Constitución, por lo cual el Estado está obligado a consagrar una
normativa que permita investigar y sancionar cualquier tipo de violencia al
interior de la familia. Para tal efecto el legislador tiene la potestad de
tipificar como delito las diversas formas de violencia que vulneran la unidad y
armonía familiar e incrementar como medida de política criminal los límites
punitivos fijados para el delito de violencia familiar descrito en el artículo
229 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007.
Sobre el principio de legalidad la Sala señala que para determinar en cada caso
concreto, si se configura o no el verbo rector del tipo penal, es decir, el
maltrato físico o psicológico, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos
18 de la Ley 1098 de 2006, relativo al maltrato infantil, y los artículos 2 y 3
de la Ley 1257 de 2008, sobre violencia física y psicológica. Y señaló que,
como lo ha indicado la Corte en sentencia C- 674 de 2005, por violencia intrafamiliar puede entenderse todo daño o maltrato
físico, psíquico, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio,
ofensa o cualquier otra forma de agresión contra el natural modo de proceder,
con ímpetu e intensidad extraordinarias, producida entre las personas que de
manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica, aunque no
convivan bajo el mismo techo. Conducta que para ser penalizada conforme al
artículo demandado, requiere que la violencia sea cual fuere el mecanismo para infligirla, sea
antijurídica porque trae como consecuencia la afectación y desestabilización de
la unidad y armonía familiar.
Igualmente considera la Sala que la expresión “siempre que la conducta no constituya
delito sancionado con pena mayor” del artículo 229 del Código Penal respeta el
principio de taxatividad penal, porque no genera ambigüedad sobre ninguno de
los elementos del tipo penal de violencia intrafamiliar, en particular, no hace
indeterminada o lleva a la confusión sobre la consecuencia punitiva, pues
constituye en realidad un criterio al cual deben acudir los funcionarios
judiciales al momento de realizar el proceso de adecuación típica de la
conducta sometida a investigación y juicio en cada caso concreto. Para la Sala
que esta elevación de los límites punitivos no contradice los principios de
proporcionalidad y razonabilidad porque es un mecanismo adecuado para prevenir
y reprimir los actos de maltrato en la familia que, atendiendo a su incremento
y reiteración, han sido considerados por el legislador como una situación que
afecta ostensiblemente la convivencia pacífica. Además, las penas fijadas para
el delito de lesiones personales en sus distintas modalidades no constituyen un
parámetro de comparación para determinar la proporcionalidad de la pena fijada
para el delito de violencia intrafamiliar que busca proteger a la familia, como
bien jurídico distinto a la integridad personal y elemento fundamental de la
sociedad, e incluye dentro de las conductas constitutivas de la infracción
muchos otros comportamientos diferentes a causar daño en el cuerpo o en la
salud. Indica la Sala que aún en los casos en que los actos de violencia
intrafamiliar ocasionen, entre otros efectos, daños en el cuerpo o en la salud,
no existe identidad entre el comportamiento que configura violencia familiar y
las lesiones personales pues la condición del sujeto activo del punible – con
quien la víctima tiene una relación derivada de la pertenencia al mismo núcleo
familiar- es una circunstancia que permite diferenciar los dos delitos y que
justifica el establecimiento de consecuencias punitivas diversas por parte del
legislador. En este orden, no hay violación del principio de igualdad cuando se
trata de conductas que no son equiparables.
DERECHO A LA FAMILIA-Protección
constitucional especial
FAMILIA-Protección
estatal
La institución de la familia
merece los mayores esfuerzos del Estado para garantizar su bienestar. De ahí
que corresponda a las autoridades intervenir en la relaciones familiares, no
con el fin de fijar criterios de comportamiento, lo cual pertenece a la órbita
del derecho a la intimidad, sino para propiciar la armonía y la paz familiar,
impidiendo cualquier amenaza o violación a los derechos fundamentales de sus
integrantes.
DERECHO A MANTENER LA UNIDAD FAMILIAR-Jurisprudencia constitucional
A partir de la
interpretación de las disposiciones normativas contenidas en el artículo 42 de
la Constitución, es posible establecer la existencia de un derecho
constitucional a mantener la unidad familiar o a mantener los vínculos de
solidaridad familiar. De la caracterización constitucional de la familia, como
núcleo fundamental de la sociedad, en la cual es necesario preservar la armonía
y la unidad, mediante el rechazo jurídico de las conductas que puedan conducir
a su desestabilización o disgregación, y además, consultando el deber
constitucional de los padres, consistente en sostener y educar a los hijos
mientras sean menores o impedidos, resulta perfectamente posible derivar normas
de mandato, de prohibición y de autorización. Siguiendo un razonamiento similar
es posible configurar el derecho a mantener la unidad familiar. Este derecho es
el corolario de la eficacia de la disposición que define la familia como el
núcleo fundamental de la sociedad, en la medida en que constituye el
dispositivo normativo que permite realizar la pretensión constitucional de
protección a la familia (como núcleo fundamental de la
sociedad), al autorizar la intervención de los jueces y en especial del juez
constitucional, en situaciones concretas que tengan el poder de afectar la
unidad y/o la armonía familiar. Esta hipótesis encuentra otro punto de refuerzo
en otra disposición constitucional contenida en el artículo 42. En efecto, la
Constitución rechaza de manera expresa toda forma de violencia en la familia
que tenga la potencialidad de afectar la unidad y la armonía familiar. Ahora,
una lectura en clave libertaria de la Constitución lleva al intérprete a concluir
que la violencia que censuró el constituyente no es sólo la violencia de tipo
físico o psicológico, que se ejerce de manera directa entre los miembros de la
familia, sino también la violencia estructural, la que se engendra en las
formas veladas de poder, en las injusticias sociales o en las presiones
antijurídicas sobre sus miembros. En esta medida, el dispositivo normativo del
derecho a mantener la unidad familiar, al tiempo que permite enervar este tipo
de factores, constituye la traducción en clave de derechos-deberes de la más
genuina voluntad del constituyente de 1991.
DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA
FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE ELLA-Protección constitucional
PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección constitucional especial
FAMILIA-Instrumentos
internacionales que consagran la protección
FAMILIA-Alcance
del concepto
La reiterativa proclamación del deber de protección hacia
la familia y siendo este un elemento esencial para el estudio de la demanda,
impone precisar que el ámbito de protección no se limita a la familia en su
modelo nuclear clásico del siglo XX compuesta por la madre, el padre y los
hijos, sino que incorpora otras estructuras formadas por vínculos de
consanguinidad o jurídicos, a las familias de crianza y a las parejas
homosexuales, como lo definió la Corte Constitucional entre otras sentencias en
la C-075 de 2007 y en la sentencia C-029-09, en la cual se analizó el déficit
de protección en diferentes ámbitos a las parejas del mismo sexo.
DERECHO A LA FAMILIA-Principio
de Unidad
Desde las primeras decisiones adoptadas por esta
Corporación se ha advertido que: “para proteger a la institución familiar, la
Carta Fundamental de 1991 ha elevado a canon constitucional su unidad como principio
esencial. Esta consagración trasciende luego en el derecho prevalente de los
niños a tener una familia y no ser separados de ella, ya que constituye el
ambiente natural para su desarrollo armónico y el pleno ejercicio de sus
derechos.”
NUCLEO FAMILIAR-Protección
por el Estado/NUCLEO FAMILIAR-Protección constitucional
La familia, como unidad fundamental de la sociedad,
merece los principales esfuerzos del Estado con el fin de garantizar su
protección integral y el respeto a su dignidad, honra e intimidad intrínsecas.
… los integrantes del núcleo familiar tienen sus respectivas responsabilidades
en relación con los demás participantes de la vida en común: los padres para
con sus hijos y éstos frente a aquéllos; todos juntos deben propugnar, en la
medida de sus capacidades, por alcanzar una armonía que redunde en beneficio
del crecimiento de la totalidad de ese núcleo, además del respeto que se deben
los unos a los otros, tanto por la dignidad que cada uno merece en su calidad
de persona, como por la que le corresponde como miembro de una misma familia.
MUJER-Sujeto constitucional de especial
protección
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Instrumentos
internacionales
PROHIBICION DE DISCRIMINACION
POR RAZON DE GENERO-Contenido y alcance
CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS-Obligación de
los Estados Partes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Protección constitucional
PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Instrumentos internacionales que consagran deberes especiales
de protección respecto de las personas con discapacidad que integran unidad
familiar
CONVENCION
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Especial protección del Estado
DEBER
DE ESPECIAL PROTECCION DEL ESTADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Se intensifica cuando se trata de adultos mayores
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Consagración
constitucional e internacional
SANCION A LOS HIJOS-Jurisprudencia
constitucional
Para reprender al niño no es necesario causarle daño en su
cuerpo o en su alma. Es suficiente muchas veces asumir frente a él una actitud
severa despojada de violencia; reconvenirlo con prudente energía; privarlo
temporalmente de cierta diversión; abstenerse de otorgarle determinado premio o
distinción; hacerle ver los efectos negativos de la falta cometida. La eficacia
de la sanción no estriba en la mayor intensidad del dolor que pueda causar sino
en la inteligencia y en la firmeza con que se aplique, así como en la
certidumbre que ofrezca sobre la real transmisión del mensaje implícito en la
reprensión. En tal sentido, no se trata de ocasionar sufrimiento o de
sacrificar al sujeto pasivo de la sanción sino de reconvenirlo civilizadamente
en aras de la adecuación de sus posteriores respuestas a los estímulos
educativos. El uso de la fuerza bruta para sancionar a un niño constituye grave
atentado contra su dignidad, ataque a su integridad corporal y daño, muchas
veces irremediable, a su estabilidad emocional y afectiva. Genera en el menor
reacciones sicológicas contra quien le aplica el castigo y contra la sociedad.
Ocasiona invariablemente el progresivo endurecimiento de su espíritu, la
pérdida paulatina de sus más nobles sentimientos y la búsqueda -consciente o
inconsciente- de retaliación posterior, de la cual muy seguramente hará
víctimas a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de
violencia que necesariamente altera la pacífica convivencia social.
COMITE DE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Derecho del niño
a protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o
degradantes
COMITE DE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Definición de castigo corporal o físico
El Comité define el castigo
"corporal" o "físico" como todo castigo en el que se
utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o
malestar, aunque sea leve.  En la mayoría de los casos se trata de pegar a
los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"),
con la mano o con algún objeto ‑azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de
madera, etc.  Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés,
zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles
del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas,
producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros
productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar
alimentos picantes).
PRINCIPIO DE
CORRESPONSABILIDAD-Consagración constitucional
El artículo 44 de la Constitución Política establece el
principio de corresponsabilidad, en virtud del cual cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el
respeto de sus derechos y la sanción de quienes los vulneren, lo cual
debe llevar a la familia y a la sociedad a solicitar la intervención de las
autoridades cuando en el ámbito público y privado, y dentro de éste, el
doméstico, se adviertan hechos o circunstancias que pongan en riesgo la vida e
integridad de los menores de edad, ya sea por acción o ante el desamparo.
PROTECCION A LA FAMILIA COMO
UNIDAD, Y A QUIENES LA INTEGRAN-Medidas de orden preventivo y otras de
carácter represivo por parte del legislador
Para efectos de cumplir con este mandato constitucional
de protección a la familia como unidad , y a quienes la integran el legislador
ha adoptado diversas clases de medidas, algunas de orden preventivo y otras de
carácter represivo, entre las primeras se encuentran las estrategias de
sensibilización y difusión de derechos y la adopción de medidas de protección
ante situaciones de riesgo o amenaza de vulneración de derechos y dentro de las
segundas están las medidas de protección ante situaciones de abuso y la
penalización de conductas que afectan la unidad y armonía familiar (contenidas
actualmente en el Titulo VI de la Ley 599 de 2000)
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Objetivo
perseguido con la consagración de este tipo penal
Respecto del objetivo perseguido con la consagración de
este tipo penal, en sentencia C-029 de 2009, dijo la Corte: “lo que se pretende prevenir, es la
violencia que de manera especial puede producirse entre quienes, de manera
permanente, comparten el lugar de residencia o entre quienes, de manera quizá
paradójica, se encuentran más expuestos a manifestaciones de violencia en razón
de la relación de confianza que mantienen con otra persona, relación que,
tratándose de parejas, surge del hecho de compartir un proyecto de vida en
común”.
PODER PUNITIVO DEL ESTADO-Límites constitucionales y garantías penales
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-No es absoluta/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Alcance
La potestad de configuración de los delitos y las penas
no es absoluta e ilimitada, pues siendo el derecho penal extrema y ultima ratio,
el legislador no puede consagrar como delito cualquier conducta, ni fijar de
forma injustificada un sistema de penas, pues la tipificación penal debe estar
precedida de un juicio de antijuridicidad, sobre las conductas que desbordan el
respeto a los derechos humanos y afectan valores constitucionales que han sido
reconocidos como preponderantes en un contexto determinado y que, por tanto,
deben ser protegidos mediante el poder punitivo estatal. Es decir, el
legislador sólo puede reprochar penalmente conductas que vulneren bienes
jurídicos suficientemente relevantes –examinados en un contexto social y
temporal determinado y a partir de los derechos fundamentales y valores
implícitos en la Constitución- y que no son controlables mediante otros
instrumentos de intervención estatal menos caros para los derechos de las
personas.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Jurisprudencia constitucional
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PENAL-Límites
El antedicho margen de configuración debe respetar, con
todo, unos límites. Estos límites están dados por los valores, principios y
derechos reconocidos por la Constitución. En ejercicio de su discrecionalidad,
el legislador debe respetar estos límites y obrar de manera conforme a los principios
de necesidad, de exclusiva protección de bienes jurídicos, estricta legalidad,
de culpabilidad y de razonabilidad, proporcionalidad, como pasa a verse. El
deber de respetar los derechos constitucionales y, en especial, su núcleo
esencial, implica tener en cuenta que los tipos penales son mecanismos de
protección de estos derechos y, al mismo tiempo, son restricciones severas al
ejercicio de otros derechos. En ocasiones “el tipo penal integra el núcleo
esencial del derecho constitucional”. Así, pues, al redactar los tipos penales,
el Legislador debe especialmente tener en cuenta el contenido material de los
derechos constitucionales que con ellos se busca proteger y los tratados
internacionales ratificados por la República de Colombia que hacen parte del
bloque de constitucionalidad. El deber de obrar conforme al principio de
necesidad de la intervención se concreta en asumir que el derecho penal tiene
un carácter subsidiario, fragmentario y de última ratio, de tal suerte que para
criminalizar una conducta se requiere que no existan otros medios de control
menos gravosos (principio de mínima intervención), o cuando existiendo y
aplicándose hayan fallado, siempre que se trate de proteger un bien jurídico de
ataques graves. El deber de obrar conforme al principio de exclusiva protección
de bienes jurídicos implica que el derecho penal esta instituido para proteger
valores esenciales de la sociedad, determinados conforme a la política criminal
del Estado. El deber de obrar conforme al principio de estricta legalidad es
relevante para la creación del tipo penal, que es una competencia exclusiva del
legislador y que obedece a una reserva de ley en sentido material; para la
prohibición de la analogía: “nullum crimen, nulla poena sine lege stricta”;
para la prohibición de emplear el derecho consuetudinario para fundamentar y
agravar la pena “nullum crimen, nulla poena sine lege scripta”; para la
prohibición de la aplicación retroactiva de la ley: “nullum crimen, nulla poena
sine lege praevia”, salvo que se trate de una norma más favorable, en cuyo caso
debe aplicarse en razón del principio de favorabilidad; para la prohibición de
establecer tipos penales o penas indeterminados: “nullum crimen, nulla poena
sine lege certa”; para el principio de lesividad del acto: “nulla lex poenalis
sine iniuria”. El deber de obrar conforme al principio de culpabilidad comporta
el derecho penal de acto, valga decir, castigar a la persona por lo que hace y
no por lo que es, desea, piensa o siente; la configuración del elemento subjetivo
del delito, pues no hay acción sin voluntad, es decir, sólo se puede castigar
una conducta intencional, que es la hecha con conciencia y voluntad por una
persona capaz de comprender y de querer; y la graduación de la pena de manera
proporcional al grado de culpabilidad. El deber de obrar conforme a los
principios de proporcionalidad y razonabilidad es relevante tanto para el tipo
penal como para la pena. En caso de haber una diferencia de trato, que pueda
ser prima facie contraria al principio de igualdad, es menester aplicar un
juicio estricto de proporcionalidad al tipo penal y a la pena, en el cual se
analice, entre otros elementos de juicio, la idoneidad de del tipo penal. Como lo sintetizó este tribunal en la Sentencia C-241 de
2012.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA-Sujeción a los principios de razonabilidad
y proporcionalidad
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA-Sujeción al principio de legalidad
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL-Alcance
PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL-Instrumentos internacionales
PRINCIPIO DE ESTRICTA
LEGALIDAD O TAXATIVIDAD PENAL-Prohibición de ambigüedad en
descripción de conductas punibles
DERECHO A LA IGUALDAD-Igual
trato a situaciones similares, y diverso ante supuestos diferentes
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Alcance
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Carece
de contenido material específico/PRINCIPIO DE IGUALDAD-No protege
ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana sino que puede ser
alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado
IGUALDAD EN TRATAMIENTO
PUNITIVO-Jurisprudencia constitucional
Asignar a unos mismos hechos
sanciones diferentes implica que el legislador considera que las conductas o no
son igualmente lesivas o no merecen el mismo reproche. La benignidad del trato
comporta una consideración sobre la menor lesividad del hecho, menor
trascendencia del bien jurídico protegido o menor reprochabilidad del acto.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Contexto
normativo
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Delito
autónomo
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL
TIPO DE MALTRATO Y LOS DE LESIONES PERSONALES-Distinción
El maltrato implica un acto
de agresión contra la persona que no altere su integridad física, síquica o
sexual. En tanto que las lesiones precisan del daño en la salud. Los bienes
jurídicos protegidos con las disposiciones son también diferentes: el artículo
22, que hace parte del Título V de la ley 294 de 1996, protege "la armonía
y la unidad de la familia", y las disposiciones del Código Penal relativas
a las lesiones protegen la "integridad personal".
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Incremento
punitivo
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-No
es conciliable, ni desistible la acción penal
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Motivos
que llevaron a fijar incremento punitivo
PROTECCION CONTRA TODO ACTO DE
VIOLENCIA QUE AFECTE LA UNIDAD Y ARMONIA FAMILIAR-Instrumentos
internacionales
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Características
Sobre las características del tipo penal consagrado en el artículo 229
del Código Penal, en sentencia C-029 de 2009, dijo la Corte: “El
legislador, dentro de su libertad de configuración, ha decidido estructurar un
tipo penal orientado a sancionar, cuando ocurren en el ámbito familiar,
conductas de violencia física o sicológica que no tienen la entidad necesaria
como para integrarse en los tipos que, de manera general, protegen bienes como
la vida, la integridad personal, la libertad, la integridad y la formación
sexuales, o la autonomía personal, y de acuerdo con su tenor literal, las
medidas previstas en las normas acusadas se desenvuelven en el ámbito de la
protección integral a la familia, por cuanto lo que se pretende prevenir, es la
violencia que de manera especial puede producirse entre quienes, de manera
permanente, comparten el lugar de residencia o entre quienes, de manera quizá
paradójica, se encuentran más expuestos a manifestaciones de violencia en razón
de la relación de confianza que mantienen con otra persona, relación que,
tratándose de parejas, surge del hecho de compartir un proyecto de vida en
común, situación que también se presenta en el ámbito de las parejas
homosexuales, da lugar a un déficit de protección porque ignora una realidad
que, para los supuestos previstos por el legislador, puede aspirar a un nivel
equivalente de protección al que se brinda a los integrantes de la familia”. Se trata entonces de un tipo penal
con sujeto activo y pasivo calificado, por cuanto miembros de un mismo núcleo
familiar o que puede ser realizado también por la persona encargada del cuidado
de la víctima en su domicilio o residencia. Al efecto, cabe precisar que de
acuerdo con la descripción típica la pertenencia al mismo núcleo familiar o
encargado del cuidado en el ámbito doméstico no restringe la adecuación típica
a que el evento de violencia suceda en el lugar donde reside la víctima, o
señalado como habitación familiar, sino que constituye el elemento calificador
del sujeto activo, no descriptivo o normativo de la conducta punible. Además,
el delito de violencia intrafamiliar se configura cuando se realiza el verbo maltratar
(el que maltrate física o
sicológicamente). De otra parte, para la
adecuación típica del delito de violencia intrafamiliar, como lo enseña la
teoría del delito, es necesaria la existencia de antijuridicidad material en la
conducta. Señala el artículo 11 de la Ley 599 de 2000. “Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible
se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el
bien jurídicamente tutelado por la ley penal.” En este caso, el bien jurídico
tutelado por el tipo penal definido en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000 es
la familia, de tal forma que si la violencia, sea cual fuere el mecanismo para
infligirla, trae como consecuencia la afectación de la unidad y armonía
familiar, rompe los vínculos en que se fundamenta esta estructura esencial de
la sociedad, habrá antijuridicidad, elemento necesario para sancionar
penalmente la conducta, por cuanto no es la integridad física el bien
jurídicamente protegido por este infracción penal.
MALTRATO-Concepto
MALTRATO INFANTIL-Jurisprudencia
constitucional/MALTRATO INFANTIL-Definición/MALTRATO INFANTIL-Tipos
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Definición/VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER-Tipos
DAÑO CONTRA LA MUJER-Concepto
MALTRATO CONTRA PERSONA MAYOR-Concepto
Referencia:
expediente D - 9960
Demandante: Gonzalo
Rodrigo Paz Mahecha
Acción de
inconstitucionalidad contra el  artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., once (11)
de junio de dos mil catorce (2014)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo cumplimiento
de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere
la siguiente,
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
Con fundamento en la
facultad consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha promovió acción pública de
inconstitucionalidad contra el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, demanda que fue
admitida por el Magistrado Sustanciador mediante auto del 20 de noviembre de
2013.
II. NORMA
DEMANDADA
El ciudadano Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha señala
como disposición acusada el artículo 229 del Código Penal, modificado por el
artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 33. Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o sicológicamente a cualquier
miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya
delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas
partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor
de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o disminución
física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.
Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo
miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros
de una familia en su domicilio o residencia, y realice alguna de las conductas
descritas en el presente artículo.[1]
III. DEMANDA
El ciudadano Gonzalo Rodrigo Paz
Mahecha solicita a la Corte declarar inexequible el artículo 229 del Código
Penal, modificado por el artículo 33 de
la Ley 1142 de 2007, por considerar que vulnera el preámbulo y los artículos
13 y 29 de la Constitución Política, por las siguientes razones:
1- Violación del principio de
proporcionalidad.
·
El quantum punitivo señalado en la norma demandada es
exagerado e irracional teniendo en cuenta que la violencia intrafamiliar es una
conducta que puede ser sancionada de acuerdo a otros tipos penales como las
lesiones personales agravadas por el parentesco, como lo establece el artículo
104 del Código Penal.
·
Por cuanto el verbo rector del tipo descrito en la norma
demandada es maltratar, la violencia familiar no podía resultar más
grave que conductas delictivas contra la vida e integridad personal.
2- Violación del principio de
Igualdad. El trato igualitario que establece la Constitución y la ley conduce a que casos similares tengan una solución uniforme por parte de
las autoridades, sin embargo:
·
De acuerdo con la norma, quien cause lesiones personales a un
miembro del núcleo familiar, sin importar la magnitud de las mismas, será
sancionado con una pena mínima de cuatro (4) años de prisión que se impondrá
tanto a quien cause lesiones que generen un día de incapacidad, como aquellas
que produzcan una perturbación funcional o deformidad.
·
Esta desproporción no se resuelve con el condicionamiento que
trae la norma en el sentido que la pena del delito de violencia intrafamiliar se
impone “siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena
mayor”, pues dado que las sanciones por este delito pueden llegar hasta los
14 años de prisión, cuando es agravado, el único evento que corresponde a una
sanción mayor será el de las lesiones personales de que trata el artículo 116
del Código Penal.
·
La forma como estaba regulada la conducta en la Ley 294 de 1996, es más racional porque vinculaba las consecuencias punitivas a las fijadas
para los delitos de lesiones personales, de modo que la pena corresponde a la
lesión o daño que se cause.
3- Violación del principio de
Legalidad:
·
Señala el demandante que la expresión “siempre que la conducta
no constituya delito sancionado con pena mayor”,  del artículo 229 del
Código Penal, desconoce este principio consagrado en el artículo 29 de la Constitución, particularmente en cuanto a la taxatividad o tipicidad plena que impone la
consagración en la ley de premisas exactas y de las sanciones en forma clara e
inequívoca, pues cuando la norma remite a delitos sancionados con pena mayor
crea confusión.
·
Añade que la referencia en la norma demandada a maltratos físicos
y psicológicos, sin determinar a qué tipo de lesiones o daños se refiere afecta
la taxatividad del tipo penal porque no señala con precisión la conducta que
puede ser sancionada.
·
La expresión antes citada conduce al desconocimiento del principio
de legalidad, proporcionalidad y de igualdad, por que los funcionarios
judiciales acusan y condenan por el delito de violencia intrafamiliar ante las
lesiones personales causadas a miembros del grupo familiar, cuando el delito de
violencia intrafamiliar se concibió para conductas que no impliquen atentados
contra la vida e integridad personal.
IV.
INTERVENCIONES
Ministerio de Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho solicita declarar exequible
la norma demandada pues con ella se da cumplimiento al artículo 42 de la Constitución, mediante la protección de todos los integrantes del núcleo familiar contra los
actos de maltrato, sancionándolos con una pena acorde con el bien jurídico
tutelado que es la armonía y unidad familiar. Precisa el Ministerio que no hay
vulneración del preámbulo porque la norma no desconoce ninguno de los
principios y fines allí plasmados. Tampoco considera violado el artículo 13 porque
la familia es un bien jurídicamente protegido que requiere especial atención y
en este sentido se acude al incremento punitivo como medida de política
criminal ante la ineficacia de otros mecanismos preventivos que buscaban evitar
la violencia intrafamiliar. La pena fijada por el legislador es proporcional y
racional respecto del daño que esta conducta causa al núcleo familiar y a la
sociedad
Advierte el Ministerio de Justicia y del Derecho que si el
maltrato a un integrante de la familia no le causa un daño en la salud o en el
cuerpo, o si causándolo no genera una incapacidad médico legal que supere los
30 días, resulta aplicable el tipo penal de violencia intrafamiliar, por su
carácter subsidiario, en cuanto contempla una pena mayor a la prevista para el
delito de lesiones personales en el inciso 1° del artículo 112 del Código
Penal. Agrega que, la expresión “siempre que la conducta no constituya
delito sancionado con pena mayor”, es exequible y no desconoce el principio
de taxatividad, teniendo en cuenta que éste tipo penal busca tutelar la familia
como bien jurídico y será el juez quien frente al caso concreto realice la
adecuación típica correspondiente.
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
La representante de este Departamento Administrativo
solicita a la Corte Constitucional declare la exequibilidad del artículo
229 del Código Penal, por cuanto mediante la consagración del delito de
violencia intrafamiliar se cumple con el deber de protección de la familia, los
niños, adolescentes, personas de la tercera edad, se garantiza la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres, y se protege a las personas que sufren de
alguna disminución física, sensorial y psicológica. Indica que a través de la
norma el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, buscó
sancionar más severamente las violencias contra miembros de la familia porque
el que la conducta se desarrolle en el ámbito familiar no impone un tratamiento
más benigno para el agresor. Añade que tampoco se desconoce el principio de legalidad
porque si por los daños está prevista una sanción mayor, corresponde remitirse
a los tipos penales que así la señalen.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
El Jefe de a Oficina Jurídica del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar considera que el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, no vulnera los derecho
a la igualdad y al debido proceso por lo que solicita a la Corte declarar su exequibilidad. Esta conclusión surge a partir de la consideración
que el legislador tiene un amplio margen de configuración de las infracciones
penales, sus consecuencias y las reglas a seguir para su investigación y
juzgamiento, el cual está sujeto al respeto por la Constitución que en el artículo 42 consagra el deber se sancionar cualquier forma de
violencia que destruya la armonía y unidad familiar, siendo este el fundamento
de la disposición demandada. Añade que el bien jurídico protegido por la norma
es la familia, a diferencia del delito de lesiones personales, lo cual justifica
que se fijes diversos quantum punitivos.
Indica que la población vulnerable es la que regularmente es
víctima de violencia intrafamiliar: niños, niñas y adolescentes, mujeres,
personas de la tercera edad y personas con discapacidad, lo cual impone al
Estado adoptar medidas de protección especial a su favor a efectos de erradicar
la violencia en el núcleo familiar. De este modo el aumento de penas consagrado
en el inciso 2° del artículo acusado es proporcional y razonable.
Academia Colombiana de Jurisprudencia
El representante de la Academia considera que la demanda es inepta porque no señaló cual de los principios consagrados en el
preámbulo desconoce el artículo 229 del Código Penal y considera que los
cuestionamientos carecen de razones jurídicas. Igual omisión argumentativa
refiere frente a la violación del artículo 29 de la Constitución.
Indica que la infracción al artículo 13 de la Constitución no tiene un fundamento real y resulta contradictorio porque se basa en que la
violencia entre particulares es igual a la que se produce entre miembros de una
misma familia y plantea dar tratamiento igual a sujetos diferentes.
Por último, señala que la frase “siempre que la conducta
no constituya delito sancionando con pena mayor” no es equívoca, ni el demandante
expone en qué casos se puede presentar ambigüedad, por lo cual la demanda es
inepta. Al margen de lo señalado, la Academia Colombiana de Jurisprudencia indica que ante la generalización de la violencia que
afecta a la familia su sanción merece consagración en un delito específico.
Universidad Militar Nueva Granada
Sostiene el interviniente que el artículo 229 de la Ley 599 de 2000 no vulnera los preceptos constitucionales que el actor cita como quebrantados
por cuanto se encuadra dentro del margen de configuración legislativa y el bien
jurídico tutelado en el caso de la violencia intrafamiliar es el núcleo
familiar a diferencia del que busca proteger el delito de lesiones personales.
Señala que la norma demandada no desconoce la igualdad ante la ley, dado que
busca proteger la dignidad, la vida y la convivencia pacífica entre todos los
miembros del grupo familiar; y agrega que el bien jurídico tutelado en la
violencia intrafamiliar es diferente del que busca salvaguardar el delito de
lesiones personales, y que sus elementos están claramente indicados en la norma
demandada.
Universidad Gran Colombia
Para el representante de esta institución educativa el
artículo 229 de la Ley 599 de 2000 debe ser declarado exequible por
cuanto la familia como institución básica de la sociedad requiere de parte del
Estado formas de protección especial dado que en su interior se comprenden los
valores, los principios y las reglas de comportamiento que adoptarán los seres
humanos en sociedad. Categoriza el interviniente la violencia familiar como un delito
abierto, subsidiario y de mera conducta, en el cual el legislador buscó
subsumir las diversas conductas que afectaran a la familia. Indica que, a
diferencia del delito de lesiones personales, el descrito en el artículo 229
del Código Penal no requiere una lesión o daño a la integridad, protege un bien
jurídico distinto- la armonía y unidad familiar-, y es un delito de mera
conducta, aspectos por los cuales no puede afirmarse que desconoce el principio
de igualdad. Añade que la labor de imputación de los hechos que pueden
calificarse como lesiones personales o como violencia intrafamiliar es un
asunto que corresponde al funcionario judicial a partir del caso concreto, y no
a la ley.
Intervención ciudadana.
Las ciudadanas Clara Mejía Duque y Linda María Cabrera
Cifuentes, integrantes de la Corporación Sisma Mujer, señalan que la norma demandada debe preservarse dentro del ordenamiento, en cuanto busca proteger a
las mujeres y niñas, quienes son las principales víctimas de violencia
intrafamiliar. Advierte que el artículo 229 del Código Penal no contempla una
sanción desproporcionada que genere desigualdad, pues la conducta allí descrita
no está tipificada para proteger a vida e integridad personal, sino para proteger
la familia como bien jurídico. Además, la intención del legislador no es
sancionar sólo el resultado físico o psicológico de la conducta violenta, sino
penalizar más severamente cuando el ilícito se comete dentro de la familia.
Indican las ciudadanas que a través del inciso 2º del
artículo 229 demandado, el Estado cumple con las obligaciones internacionales
de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias en los espacios
público y privado, a través de una acción afirmativa como es la sanción para
quienes cometan hechos de violencia contra las mujeres y niñas al interior de
la familia. Sostienen que la remisión a otros tipos penales que contemplen una
sanción mayor no afecta el principio de taxatividad, porque la adecuación se
hará a partir de los hechos, la remisión no se hace para identificar la pena
que se impondrá por el delito de violencia intrafamiliar, sino para encontrar
la normatividad aplicable a los hechos, y además, la disposición cuestionada cumple
con los presupuestos de: conducta referida inequívocamente, sanción descrita
expresa y previamente determinada, claridad de la pena aplicable y los
criterios de proporcionalidad de la sanción que para el caso son las circunstancias
de agravación punitiva.
V. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación en concepto N° 5705 del 23 de enero de 2014, solicita declarar exequible el artículo
229 del Código Penal, modificado parcialmente por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, por que no desborda la libertad de configuración del legislador, quien
consagró un tipo penal especial y subsidiario para proteger el bien jurídico de
la familia, sancionando toda forma de maltrato físico o psicológico entre sus
miembros que no sea objeto de otros delitos con penas mayores. Para el
Ministerio Público es impertinente cuestionar la norma porque omite hacer
remisión a los artículos que regulan las lesiones personales, pues se trata de
tipos penales que protegen bienes jurídicos diversos.
Aunque en los eventos de maltrato físico
coincida la defensa de la familia y de la integridad física, no asiste razón al
actor porque la violencia intrafamiliar es subsidiario y ni siquiera podría
presentarse un concurso pues el juez penal podrá cuantificar la pena según la
gravedad de la lesión y según la calidad y condición del sujeto pasivo de la
conducta tipificada, razón para desvirtuar los cargos por desconocimiento de
los principios de proporcionalidad, igualdad o taxatividad penal.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política, para pronunciarse sobre la demanda de
inconstitucionalidad presentada contra el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007.
2.
Planteamiento del caso y Problema jurídico
Mediante acción de control de
constitucionalidad el ciudadano Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del artículo 229 del Código Penal,
modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, por considerar que vulnera el preámbulo y los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, pues el tipo penal establece sanciones sin atender a la gravedad de
las lesiones causadas a la víctima. Igualmente considera que la expresión “siempre
que la conducta no constituya delito sancionado por pena mayor” del citado
artículo 229, desconoce el principio de taxatividad penal, porque genera
incertidumbre sobre las conductas constitutivas de maltrato que podrían
sancionarse con penas mayores, y cuales por el delito de violencia
intrafamiliar.
Frente
a tales cuestionamientos la Academia Colombiana de Jurisprudencia estima que
la Corte Constitucional debe inhibirse por ineptitud sustantiva de la demanda,
mientras que los demás intervinientes y el Procurador General de la Nación consideran que la norma acusada debe ser declarada exequible, por cuanto respecto de la
regulación de los tipos y sanciones penales el legislador tiene libertad de
configuración y el tratamiento punitivo diferenciado se justifica porque el
delito de violencia intrafamiliar y los tipos penales de lesiones personales
protegen bienes jurídicos diversos, en el primer caso a la familia y en el
segundo la integridad personal.
Problema
Jurídico
En atención a los cargos formulados en el escrito de la demanda, esta
Sala Plena debe resolver:
1)    Si la descripción típica del delito de
violencia familiar contenida en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, viola el derecho a la igualdad porque: i) carece de proporcionalidad en
razón a que sanciona de forma más severa la violencia física contra miembros
del núcleo familiar, respecto de las penas fijadas para el delito de lesiones
personales, en sus distintas modalidades; y ii) si establece una pena imponible
para el delito de violencia intrafamiliar que no tiene en cuenta la gravedad de
las lesiones, a diferencia de la gradualidad que señala el código penal para el
delito de lesiones personales en razón a la gravedad del daño;
2)    Si la norma demandada
desconoce el principio de legalidad porque establece como verbo rector
maltratar, sin especificar las conductas constitutivas de malos tratos que
sanciona y las consecuencias punitivas que correspondan a las diferentes formas
de maltrato;
3)    Si la expresión “siempre que la conducta no constituya delito
sancionado por pena mayor” convierte en indeterminados los eventos en los cuales se
adecuará la conducta a este tipo penal y por ello se desconoce el principio de
taxatividad.
Previamente a examinar el caso concreto, la Corte expondrá algunas consideraciones relevantes en torno a: i) La protección especial a la
familia en la Constitución Política; ii) Límites constitucionales y garantías
penales en el ejercicio del poder punitivo del Estado; iii) Los principios
constitucionales de legalidad e igualdad en el ejercicio de la potestad
legislativa en materia penal; y iv) El delito de Violencia intrafamiliar y
violencias contra sujetos de especial protección.
3. La protección
especial a la familia en la Constitución Política: Unidad y armonía familiar como bienes jurídicos garantizados por el derecho sancionatorio.
Desde el principio fundamental contenido en el
artículo 5°, la Constitución Política hace manifiesto el deber estatal de
amparar a la familia como institución básica, o núcleo fundamental de la
sociedad, por ello el artículo 13 ídem proscribe cualquier acto de
discriminación por razón de origen familiar[2],
y establece a favor de sus miembros, cuando se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta, el deber de sancionar “los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan”.
La previsión anterior sirve como fundamento
para que, a pesar del especial celo con que los artículos 15 y 42 de la Constitución consagran el derecho inviolable a la intimidad familiar, el Estado intervenga para
regular y sancionar todo comportamiento de los miembros del núcleo familiar que
afecten los derechos de los demás y desconozcan el respeto recíproco que debe
imperar en las relaciones familiares, aunque éste tenga lugar en la privacidad
del domicilio.
En este sentido, en la sentencia C-285 de
1997, dijo la Corte: “No
obstante, el respeto por la intimidad no comprende las conductas violatorias de
los derechos de quienes integran el grupo familiar. Es deber del Estado
intervenir en las relaciones familiares, no con el propósito de imponer un
modelo determinado de comportamiento, sino para impedir cualquier violación de
los derechos fundamentales de las personas.”
Con el mismo enfoque de protección, el artículo
28 de la Constitución establece que sólo en
virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, las personas
pueden ser molestadas en su persona o familia. En correlación con ello el artículo 42 ídem al tiempo que impone al Estado y a la
sociedad la obligación de garantizar la protección integral de los
miembros de la familia, establece que cualquier forma de violencia – física,
moral, psicológica o cualquier otra forma, por acción o por omisión-, “se
considera destructiva de su armonía y unidad y será sancionada conforme a la
ley”.
En relación con la aplicación de normas relativas a mecanismos
de protección de la unidad y armonía familiar, la Corte Constitucional, en sentencia C-652 de 1997, al revisar el artículo 9°de la ley 294 de
1996, señaló: “[l]a institución de la familia merece los mayores esfuerzos
del Estado para garantizar su bienestar. De ahí que corresponda a las
autoridades intervenir en la relaciones familiares, no con el fin de fijar
criterios de comportamiento, lo cual pertenece a la órbita del derecho a la
intimidad, sino para propiciar la armonía y la paz familiar, impidiendo
cualquier amenaza o violación a los derechos fundamentales de sus integrantes”.
La
obligatoriedad de las instituciones del Estado y del legislador de proteger a
la familia y de manera particular la unidad y armonía familiar como un derecho
constitucional, ha sido reconocida por la Corte Constitucional que, en sede de tutela ha precisado que:
“A partir de la interpretación de las disposiciones normativas contenidas
en el artículo 42 de la Constitución, es posible establecer la existencia de un
derecho constitucional a mantener la unidad familiar o a mantener los vínculos
de solidaridad familiar. De la caracterización constitucional de la familia,
como núcleo fundamental de la sociedad, en la cual es necesario preservar la armonía
y la unidad, mediante el rechazo jurídico de las conductas que puedan conducir
a su desestabilización o disgregación, y además, consultando el deber
constitucional de los padres, consistente en sostener y educar a los hijos
mientras sean menores o impedidos, resulta perfectamente posible derivar normas
de mandato, de prohibición y de autorización. Siguiendo un razonamiento similar
es posible configurar el derecho a mantener la unidad familiar. Este
derecho es el corolario de la eficacia de la disposición que define la familia
como el núcleo fundamental de la sociedad, en la medida en que constituye el
dispositivo normativo que permite realizar la pretensión constitucional de
protección a la familia (como núcleo fundamental de la sociedad), al autorizar la
intervención de los jueces y en especial del juez constitucional, en
situaciones concretas que tengan el poder de afectar la unidad y/o la armonía
familiar. Esta hipótesis encuentra otro punto de refuerzo en otra disposición
constitucional contenida en el artículo 42. En efecto, la Constitución rechaza de manera expresa toda forma de violencia en la familia que tenga la
potencialidad de afectar la unidad y la armonía familiar. Ahora, una lectura
en clave libertaria de la Constitución lleva al intérprete a concluir que la
violencia que censuró el constituyente no es sólo la violencia de tipo físico o
psicológico, que se ejerce de manera directa entre los miembros de la familia,
sino también la violencia estructural, la que se engendra en las formas veladas
de poder, en las injusticias sociales o en las presiones antijurídicas sobre
sus miembros. En esta medida, el dispositivo normativo del derecho a
mantener la unidad familiar, al tiempo que permite enervar este tipo de
factores, constituye la traducción en clave de derechos-deberes de la más
genuina voluntad del constituyente de 1991.[3]”(resaltado fuera
del texto)
Dentro
del marco constitucional de protección a la familia, los artículos 44 y 45
puntualizan que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho fundamental a
una familia y a no ser separados de ella, pero también a  ser protegidos contra
toda forma de abandono, violencia física o moral.
De igual forma, el artículo 46 de la Constitución Política establece expresamente el deber de protección especial a favor de las
personas de la tercera edad, el cual, como sucede respecto de las personas con
discapacidad en virtud del artículo 13 de la Constitución, también ha de aplicarse en el ámbito doméstico y frente a las violencias que
allí puedan surgir.
La consagración de este andamiaje
de protección constitucional de la familia y quienes la integran tiene
fundamento en el artículo 16, ordinal 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en donde se consagró que “la familia es
elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene protección de la sociedad
y del Estado”. Del mismo modo, el artículo 10 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales[4]
establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se
debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la
sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos
a su cargo…”.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989[5],
reconoce en su preámbulo a la familia como grupo fundamental de la sociedad y “medio
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en
particular de los niños y debe recibir la protección y asistencia para asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”
Concepto de familia. La reiterativa proclamación del
deber de protección hacia la familia y siendo este un elemento esencial para el
estudio de la demanda, impone precisar que el ámbito de protección no se limita
a la familia en su modelo nuclear clásico del siglo XX compuesta por la madre,
el padre y los hijos, sino que incorpora otras estructuras formadas por
vínculos de consanguinidad o jurídicos, a las familias de crianza y a las
parejas homosexuales, como lo definió la Corte Constitucional entre otras sentencias en la C-075 de 2007 y en la sentencia C-029-09[6], en la cual
se analizó el déficit de protección en diferentes ámbitos a las parejas del
mismo sexo.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en proteger la unidad e integridad del núcleo
familiar que surge por diferentes vínculos (naturales, jurídicos de hecho o
crianza), así, desde las primeras decisiones adoptadas por esta Corporación se
ha advertido que: “para proteger a la institución familiar, la Carta Fundamental de 1991 ha elevado a canon constitucional su unidad como principio
esencial. Esta consagración trasciende luego en el derecho prevalente de los
niños a tener una familia y no ser separados de ella, ya que constituye el
ambiente natural para su desarrollo armónico y el pleno ejercicio de sus
derechos.”[7]
Criterio reiterado
recientemente en la sentencia T- 606 de 2013, en la cual se resaltó que la protección constitucional a la
familia no se restringe a aquellas conformadas en virtud de vínculos jurídicos
o de consanguinidad exclusivamente, sino también a las que surgen de facto o
llamadas familias de crianza, atendiendo a un concepto sustancial y no formal
de familia, en donde la convivencia continua, el afecto, la protección,
el auxilio y respeto mutuos van consolidando núcleos familiares de hecho, que
el derecho no puede desconocer ni discriminar cuando se trata del reconocimiento
de derechos y prerrogativas a quienes integran tales familias.
Al referirse al alcance de la
protección al núcleo familiar y los deberes y obligaciones de quienes lo
conforman, la Corte expresó: “la familia, como unidad fundamental de la
sociedad, merece los principales esfuerzos del Estado con el fin de garantizar
su protección integral y el respeto a su dignidad, honra e intimidad
intrínsecas. … los integrantes del núcleo familiar tienen sus respectivas
responsabilidades en relación con los demás participantes de la vida en común:
los padres para con sus hijos y éstos frente a aquéllos; todos juntos deben
propugnar, en la medida de sus capacidades, por alcanzar una armonía que
redunde en beneficio del crecimiento de la totalidad de ese núcleo, además del
respeto que se deben los unos a los otros, tanto por la dignidad que cada uno
merece en su calidad de persona, como por la que le corresponde como miembro de
una misma familia.”[8]
Protección especial a personas vulnerables dentro del
ámbito doméstico. Como lo precisó la Corte en la sentencia C-285 de 1997, dicha protección debe encaminarse
también a garantizar los derechos de los miembros más débiles de la población
(menores de edad, personas con discapacidad, ancianos, mujeres) y erradicar la
violencia de la familia; objetivo en el cual está comprometido el interés
general, por ser la familia la institución básica y el núcleo fundamental de la
sociedad, y un espacio básico para la consolidación de la paz.
En relación con el deber de protección a los integrantes de
la unidad familiar, y para efectos del estudio de la norma demandada, en
particular de los agravantes punitivos que consagra, es preciso señalar que la Constitución establece un deber de especial protección a los grupos poblacionales señalados
en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal.
En relación con las mujeres el artículo 13 prohíbe cualquier
forma de discriminación por razón del género al tiempo que ordena al Estado
adoptar medidas a favor de grupos que la han sufrido, como el caso de las
mujeres. En este punto es importante resaltar como el enfoque constitucional
está encaminado a superar la antigua concepción de la mujer como persona
sometida al poder de la figura masculina en las relaciones parentales,
afectivas políticas, e incluso jurídicas y que se veía reflejada en distintas
disposiciones legales de orden civil y la ausencia de reconocimiento, hasta
hace poco más de medio siglo, de las mujeres como titulares de derechos civiles
y políticos. En este sentido, los artículos 43 y 53 de la Constitución proclaman la igualdad entre hombre y mujer, proscriben la discriminación de las
mujeres por razón del estado de embarazo y, por el contrario, ordenan darles
especial protección.
Este deber también encuentra
fundamento en los compromisos del Estado en el marco del derecho
internacional, el cual establece la obligación estatal de contar con un marco
jurídico de protección en casos de violencia contra las mujeres, que incorpore
la normativa necesaria para investigar y sancionar cualquier forma de violencia
contra ellas, bajo el entendido que tolerar la violencia contra las mujeres
ayuda a su perpetuación.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el
artículo 1º, párrafo primero establece el compromiso de los Estados a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos sexo. A ello cabe añadir
que de acuerdo con el artículo 7 de la Convención Belem do Pará, inspirada en la preocupación porque “la violencia contra la mujer es una ofensa
a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, consagró que:
“[l]os
Estados Partes condenan todas las formas de
violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar
y erradicar dicha violencia y en
llevar a cabo lo siguiente:
(...)
b.
actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer;
c.
incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas,
así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas
apropiadas que sean del caso;
d. adoptar medidas jurídicas para conminar
al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en
peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad
o perjudique su propiedad;
e. tomar todas las medidas
apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o
consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia
contra la mujer;”
En la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2001/49: La
eliminación de la violencia contra la mujer. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/54: La eliminación de
la violencia contra la mujer; Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2003/45: La eliminación de la violencia contra la mujer, la Comisión señaló que:
“La
violencia física, sexual y psicológica que tiene lugar en la familia y que
abarca, sin limitarse a estos actos, las palizas, los abusos sexuales de
mujeres y niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación
marital, el infanticidio de niñas, la mutilación genital femenina, los delitos
cometidos contra la mujer por cuestiones de honor, los delitos pasionales, las
prácticas tradicionales nocivas para la mujer, el incesto, los matrimonios
precoces y forzados, la violencia no conyugal y la violencia relacionada con la
explotación sexual comercial y la explotación económica”.
En relación con el deber estatal
de investigar y sancionar las distintas formas de violencia contra la mujer en
el ámbito doméstico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras
("campo algodonero") vs. México, sentencia de 16 de noviembre de
2009, indicó:
“258.
De todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas
integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco
jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas
de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las
denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir
los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan
proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer.
Asimismo, los Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos en
los que es evidente que determinadas mujeres
y niñas pueden ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, los Estados
tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana, una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará.”
Y luego añadió:
“287. De la obligación
general de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad
personal deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos
derechos; es decir, del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o
garantizado[9][297].
Asimismo, México debe observar lo dispuesto en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará, que obliga a actuar con la debida diligencia[10][298] y a adoptar la normativa necesaria
para investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
288.
En su sentencia de fondo emitida en el caso Velásquez
Rodríguez Vs. Honduras, la Corte estableció que, conforme al deber de garantía:
[e]l
Estado está […] obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado
los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se
restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus
derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y
pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido
cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o
impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención[11]”.
De igual forma, en el caso Fernández
Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Sentencia de 30 de agosto de
2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó:
“193.
En casos de violencia contra a mujer las obligaciones generales establecidas en
los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se complementan y refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado
interamericano específico, la Convención de Belém do Pará. En su artículo 7.b
dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la
debida diligencia para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia
contra la mujer,
resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la
investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en
cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia
contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar
confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”.
Personas
con discapacidad. Respecto de las personas con discapacidad, existe el
deber de consagrar acciones afirmativas encaminadas a materializar el principio
de igualdad, mediante las cuales
se brinde especial protección
a quienes por sus condiciones físicas, mentales o económicas se encuentran en
situación de debilidad manifiesta o vulnerabilidad, conforme al artículo 13 de la Constitución.
Además, existen instrumentos de derecho internacional que
consagran deberes especiales de protección respecto de las personas con
discapacidad que integran la unidad familiar. Es así como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA)[12] compromete
al Estado a fijar normas que eliminen cualquier acto de discriminación, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[13], reconocen que las
mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor
de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o
explotación, dentro y fuera del hogar.
Adicionalmente, ante la vulnerabilidad de las personas con
discapacidad, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que los Estados partes tienen un deber especial
de protección, en virtud del cual “1. Los Estados Partes adoptarán todas las
medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra
índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto
en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de
explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el
género” y “5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas,
incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para
asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con
discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados”. (resaltado
fuera del texto)
Este deber del Estado se intensifica cuando se trata de adultos
mayores en condición de discapacidad, pues como lo ha puesto de presente el
VII Informe sobre Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman[14],
la problemática se caracteriza por el abandono familiar de estos pacientes en
hospitales, el constante cambio de residencia del adulto mayor cuando su
cuidado depende de familiares y el maltrato físico cuando no puede salir a
trabajar en lo que sea, los insultos permanentes cuando no puede suplir su
auto-cuidado y depende de terceras personas, lo cual se refleja en el estado en
que se encuentra cuando ingresa al sistema de salud. Indica el informe que “En
adultos mayores con familia se tuvo que recurrir a medidas de carácter legal
para obligar a las familias a asumir su cuidado y apoyo, circunstancia que
soluciona el problema inicial pero produce efectos inmediatos de rechazo y
evidente maltrato físico y emocional del paciente”.
Niños, niñas y adolescentes.  Frente a este grupo poblacional existe el
deber de protección especial por parte del Estado, la sociedad y la familia, en
razón a la condición de debilidad manifiesta y extrema vulnerabilidad en que se
encuentran por su condición de ser humano en proceso de formación y desarrollo
(C.P. art. 13). Este imperativo se relaciona con el carácter prevalente de los
derechos de los niños, como lo señala el artículo 44
de la Constitución Política, aspecto ampliamente desarrollado por esta
Corporación en numerosa jurisprudencia[15].
En particular frente a situaciones de
abuso, ordena la norma constitucional en cita que: “Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos.”
Normas que integran el bloque de constitucionalidad también
reconocen de manera especial los derechos de los niños, niñas y adolescentes: la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos
(en particular, en los artículos 23 y 24), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las
organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.
En especial la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y posteriormente aprobada
en Colombia a través de la Ley 12 de 1991, en su artículo 3-2 que “los
estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus
padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley…”.
La misma Convención indica en
el artículo 19 que los Estados Partes están llamados a establecer medidas de
protección en el campo legislativo, administrativo, económico y social a favor
de los niños.
Establece la disposición en
mención:
“Artículo 19. (1). Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo
la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo.
(2). Esas medidas de
protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para
el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras
formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos
antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención
judicial.”
Frente a la
obligación de proteger a los niños, niñas y adolescentes en el ámbito
doméstico, es preciso resaltar que las autoridades están obligadas a intervenir
frente a modelos pedagógicos o pautas de crianza que involucren violación de
sus derechos fundamentales o formas de maltrato. En la sentencia C-371 de 1994,
dijo la Corte:
“Para reprender al niño no es necesario causarle daño en su
cuerpo o en su alma. Es suficiente muchas veces asumir frente a él una actitud
severa despojada de violencia; reconvenirlo con prudente energía; privarlo
temporalmente de cierta diversión; abstenerse de otorgarle determinado premio o
distinción; hacerle ver los efectos negativos de la falta cometida. La eficacia
de la sanción no estriba en la mayor intensidad del dolor que pueda causar sino
en la inteligencia y en la firmeza con que se aplique, así como en la
certidumbre que ofrezca sobre la real transmisión del mensaje implícito en la
reprensión. En tal sentido, no se trata de ocasionar sufrimiento o de
sacrificar al sujeto pasivo de la sanción sino de reconvenirlo civilizadamente
en aras de la adecuación de sus posteriores respuestas a los estímulos
educativos.
El uso de la
fuerza bruta para sancionar a un niño constituye grave atentado contra su
dignidad, ataque a su integridad corporal y daño, muchas veces irremediable, a
su estabilidad emocional y afectiva. Genera en el menor reacciones sicológicas
contra quien le aplica el castigo y contra la sociedad. Ocasiona
invariablemente el progresivo endurecimiento de su espíritu, la pérdida
paulatina de sus más nobles sentimientos y la búsqueda -consciente o
inconsciente- de retaliación posterior, de la cual muy seguramente hará
víctimas a sus propios hijos, dando lugar a un interminable proceso de
violencia que necesariamente altera la pacífica convivencia social.”
Como pauta
hermenéutica igualmente cabe citar la Observación Consultiva No 8 de 2006 relativa al derecho del niño a la protección
contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes
(artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros),  en la
cual se destaca que “el
Comité ha observado con gran preocupación la legalidad generalizada y la
persistente aprobación social de los castigos corporales y de otros castigos
crueles o degradantes de los niños” recuerda que es obligación de todos los Estados Partes “actuar
rápidamente para prohibir y eliminar todos los castigos corporales y todas las
formas de castigo crueles o degradantes…”, y que:
“El Comité define el castigo
"corporal" o "físico" como todo castigo en el que se
utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o
malestar, aunque sea leve.  En la mayoría de los casos se trata de pegar a
los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"),
con la mano o con algún objeto ‑azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de
madera, etc.  Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés,
zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles
del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas,
producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros
productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar
alimentos picantes).
El Comité opina que el
castigo corporal es siempre degradante.  Además hay otras formas de castigo que
no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto
incompatibles con la Convención.  Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los
castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo
expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño.
12. Los castigos corporales y
otras formas de castigo crueles o degradantes de los niños tienen lugar en
numerosos entornos, incluidos el hogar y la familia, en todos los tipos de
cuidado, las escuelas y otras instituciones docentes, los sistemas de
justicia ‑tanto en lo que se refiere a sentencias de los tribunales como
a castigos en instituciones penitenciarias o de otra índole‑ en las
situaciones de trabajo infantil, y en la comunidad.
13.      Al rechazar toda
justificación de la violencia y la humillación como formas de castigo de los
niños, el Comité no está rechazando en modo alguno el concepto positivo de
disciplina.  El desarrollo sano del niño depende de los padres y otros
adultos para la orientación y dirección necesarias, de acuerdo con el
desarrollo de su capacidad, a fin de ayudarle en su crecimiento para llevar una
vida responsable en la sociedad.”(resaltado fuera de texto)
Al hacer énfasis
en la necesidad de prohibir cualquier forma de castigo corporal como método de
disciplina, la Resolución del 27 de enero de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala “que la práctica del castigo corporal
exige medidas de prevención y protección efectivas, de donde se deriva que su
prohibición legal explicita es un paso importante pero no suficiente, dado que
su implementación debe ir acompañada de medidas de otra índole que permitan
erradicar los patrones culturales que legitiman la misma” y meses más
tarde, 5 de agosto de 2009, en el Informe sobre castigo corporal y los
Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la comisión
interamericana de derechos humanos indicó que “…ningún tipo de violencia
es justificable y todo tipo de violencia es prevenible” .
“ es preciso que en su legislación civil o penal
conste la prohibición explícita de los castigos corporales y de otras formas de
castigo crueles o degradantes a fin de que quede absolutamente claro que es tan
ilegal golpear, "abofetear" o "pegar" a un niño como lo es
dar ese trato a un adulto, y que el derecho penal sobre la agresión se aplica
por igual a esa violencia, independientemente de que se la denomine
"disciplina" o "corrección razonable”, indica el Comité
de Derechos del Niño en la
Opinión Consultiva 08 de 2006
Existe consenso en la legislación nacional e internacional
en el sentido de brindar a los niños de todas las garantías que se requieran
para proteger su proceso de formación y desarrollo, y establecer disposiciones
que fijen un trato preferente en razón de su condición de pronunciada
vulnerabilidad por su natural sujeción frente a los adultos con los cuales se
relaciona. Por esto el artículo 44 de la Constitución Política establece el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual cualquier persona puede exigir de la
autoridad competente el respeto de sus derechos y la sanción de quienes los
vulneren, lo cual debe llevar a la familia y a la sociedad a solicitar
la intervención de las autoridades cuando en el ámbito público y privado, y
dentro de éste, el doméstico, se adviertan hechos o circunstancias que pongan
en riesgo la vida e integridad de los menores de edad, ya sea por acción o ante
el desamparo.
Para efectos de cumplir con este mandato constitucional de
protección a la familia como unidad , y a quienes la integran el legislador ha
adoptado diversas clases de medidas, algunas de orden preventivo y otras de
carácter represivo, entre las primeras se encuentran las estrategias de
sensibilización y difusión de derechos y la adopción de medidas de protección
ante situaciones de riesgo o amenaza de vulneración de derechos y dentro de las
segundas están las medidas de protección ante situaciones de abuso y la
penalización de conductas que afectan la unidad y armonía familiar (contenidas
actualmente en el Titulo VI de la Ley 599 de 2000)
Con esta finalidad el legislador tipificó como delito la
violencia intrafamiliar, -inicialmente en la Ley 294 de 1996 y actualmente en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000-, cuyo contenido y alcance será abordado
en líneas posteriores. No obstante, respecto del objetivo perseguido con la
consagración de este tipo penal, en sentencia C-029 de 2009, dijo la Corte: “lo que se pretende prevenir, es la
violencia que de manera especial puede producirse entre quienes, de manera
permanente, comparten el lugar de residencia o entre quienes, de manera quizá
paradójica, se encuentran más expuestos a manifestaciones de violencia en razón
de la relación de confianza que mantienen con otra persona, relación que,
tratándose de parejas, surge del hecho de compartir un proyecto de vida en
común”.
Conclusión de lo expuesto es que la familia, a partir de
preceptos constitucionales debe ser especialmente protegida, y dentro de ella
quienes por alguna condición son más vulnerables, son destinatarios de medidas
de protección reforzada. Además, el derecho constitucional a la unidad y
armonía familiar deben ser salvaguardados, entre otras medidas, mediante el
ejercicio del poder sancionatorio del Estado, conforme al artículo 42 de la Constitución.
4. Límites
constitucionales y garantías penales en el ejercicio del poder punitivo del
Estado
Uno de los mecanismos a través de los cuales se busca
regular el comportamiento de la colectividad – control social-  es mediante un
sistema de represión legal que disuada a quienes la integran de incurrir en
ciertas conductas que han sido descritas y clasificadas como delitos, por
afectar bienes que socialmente revisten importancia y existe consenso respecto
a la necesidad de brindarles una forma especial de protección. Este mecanismo,
en un Estado Social de Derecho, en el cual impere el principio de dignidad
humana y se justifique la intervención mínima del Estado para la protección de
los derechos y libertades, debe ser ultima y extrema ratio, vale decir,
en cuanto sea imperioso acudir al derecho penal para cumplir los fines de represión
y prevención general y especial de comportamientos inadmisibles dentro de la
sociedad. Esta idea, además, se estructura sobre el principio de
responsabilidad que surge del artículo 6 de la Constitución, conforme al cual los particulares son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitución y las leyes y los servidores también los son por
actuar por fuera de sus funciones.
En un Estado democrático la definición de aquellos
comportamientos que deben ser considerados infracciones penales, corresponde al
legislador, en cuanto órgano de representación popular a cuyo interior y
mediante el proceso de formación legislativo se construyen y promulgan las
normas que regularan la conducta de los habitantes dentro de un territorio
determinado. Es por ello que, en salvaguarda del derecho a la libertad
personal, el artículo 28 de la Constitución establece el principio de reserva
legal al señalar que “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en
virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.”[16] (resaltado
fuera del texto)
La potestad de configuración de los delitos y las penas no
es absoluta e ilimitada, pues siendo el derecho penal extrema y ultima ratio,
el legislador no puede consagrar como delito cualquier conducta, ni fijar de
forma injustificada un sistema de penas, pues la tipificación penal debe estar
precedida de un juicio de antijuridicidad, sobre las conductas que
desbordan el respeto a los derechos humanos y afectan valores constitucionales que
han sido reconocidos como preponderantes en un contexto determinado y que, por
tanto, deben ser protegidos mediante el poder punitivo estatal. Es decir, el
legislador sólo puede reprochar penalmente conductas que vulneren bienes
jurídicos suficientemente relevantes –examinados en un contexto social y
temporal determinado y a partir de los derechos fundamentales y valores
implícitos en la Constitución- y que no son controlables mediante otros
instrumentos de intervención estatal menos caros para los derechos de las
personas.
En numerosas oportunidades la Corte ha señalado que tipificar como delito una conducta implica una valoración social sobre
los bienes jurídicos protegidos, la gravedad de la lesión inferida y sobre la
pena que debe aplicarse[17].
Al respecto, la Corte, en sentencia C- 239 de 2014, recordó
que:
“El antedicho margen de configuración debe respetar, con
todo, unos límites. Estos límites están dados por los valores, principios y
derechos reconocidos por la Constitución[18]. En ejercicio de su
discrecionalidad, el legislador debe respetar estos límites y obrar de manera
conforme a los principios de necesidad, de exclusiva protección de bienes
jurídicos, estricta legalidad, de culpabilidad y de razonabilidad,
proporcionalidad[19], como pasa a verse.
3.2.4. El deber de respetar los derechos constitucionales
y, en especial, su núcleo esencial[20], implica tener en cuenta que los
tipos penales son mecanismos de protección de estos derechos y, al mismo
tiempo, son restricciones severas al ejercicio de otros derechos. En ocasiones
“el tipo penal integra el núcleo esencial del derecho constitucional” [21].
Así, pues, al redactar los tipos penales, el Legislador debe especialmente
tener en cuenta el contenido material de los derechos constitucionales que con
ellos se busca proteger y los tratados internacionales ratificados por la República de Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad[22].
3.2.5. El deber de obrar conforme al principio de necesidad
de la intervención se concreta en asumir que el derecho penal tiene un carácter
subsidiario, fragmentario y de última ratio[23], de tal suerte que para
criminalizar una conducta se requiere que no existan otros medios de control
menos gravosos (principio de mínima intervención), o cuando existiendo y
aplicándose hayan fallado, siempre que se trate de proteger un bien jurídico de
ataques graves. El deber de obrar conforme al principio de exclusiva protección
de bienes jurídicos implica que el derecho penal esta instituido para proteger
valores esenciales de la sociedad[24], determinados conforme a la
política criminal del Estado.
3.2.6. El deber de obrar conforme al principio de estricta
legalidad es relevante para la creación del tipo penal, que es una competencia
exclusiva del legislador y que obedece a una reserva de ley en sentido material[25];
para la prohibición de la analogía: “nullum crimen, nulla poena sine lege
stricta”; para la prohibición de emplear el derecho consuetudinario para
fundamentar y agravar la pena “nullum crimen, nulla poena sine lege scripta”;
para la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley: “nullum crimen,
nulla poena sine lege praevia”, salvo que se trate de una norma más favorable,
en cuyo caso debe aplicarse en razón del principio de favorabilidad; para la
prohibición de establecer tipos penales o penas indeterminados: “nullum crimen,
nulla poena sine lege certa”; para el principio de lesividad del acto: “nulla
lex poenalis sine iniuria”[26].
3.2.7. El deber de obrar conforme al principio de
culpabilidad comporta el derecho penal de acto, valga decir, castigar a la
persona por lo que hace y no por lo que es, desea, piensa o siente[27];
la configuración del elemento subjetivo del delito, pues no hay acción sin
voluntad, es decir, sólo se puede castigar una conducta intencional, que es la
hecha con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer[28];
y la graduación de la pena de manera proporcional al grado de culpabilidad[29].
3.2.8. El deber de obrar conforme a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad es relevante tanto para el tipo penal como
para la pena. En caso de haber una diferencia de trato, que pueda ser prima
facie contraria al principio de igualdad, es menester aplicar un juicio
estricto de proporcionalidad[30] al tipo penal y a la pena, en el
cual se analice, entre otros elementos de juicio, la idoneidad de del tipo
penal. Como lo sintetizó este tribunal en la Sentencia C-241 de 2012.”[31]
También ha resaltado la jurisprudencia constitucional que el
ejercicio del poder punitivo mediante la creación de tipos penales debe atender
a una política criminal coherente, direccionada y justificada por la necesidad
de combatir comportamientos indeseables y que ponen en riesgo derechos de
especial entidad. En este sentido, ha expresado la Corte:
“Entre los principales
lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para
la acción del Legislador en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las
medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera
política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese
sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de
sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede
asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo
con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico
tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos
que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido
hechos punibles, favorezcan el desestimulo de la criminalidad y la reinserción
de sus artífices a la vida en sociedad. (…)”[32].
Se concluye de lo expresado que el proceso de creación de
tipos penales, si bien está marcado por la libertad de configuración que tiene
el legislador, debe atender a los mandatos y restricciones que surgen de la Constitución, de las disposiciones que integran el bloque de constitucionalidad que imponen
al Estado el deber de expedir normas para la investigación y sanción de los
comportamientos violentos tanto fuera como dentro de la familia, y además a los
principios axiológicos según los cuales: No hay pena sin delito; no hay delito
sin conducta (acción u omisión); No hay delito si no hay necesidad de proteger
bienes jurídicos que son importantes o de mayor significación para la sociedad
destinataria de las normas; y no hay sanción de conductas sin demostración de
la culpabilidad en el autor.
5. Proporcionalidad del ejercicio del poder punitivo
Por constituir un
tema relevante en la decisión a adoptar, especial mención se hace del principio
de proporcionalidad.
El fundamento
constitucional del principio de proporcionalidad o prohibición de exceso en
matera penal, ha señalado esta Corte, se encuentra la adopción del Estado
Social de Derecho (artículo 1 de la Constitución), que supera el sometimiento ciego al derecho positivo para darle un enfoque social que se ajuste al
principio de dignidad humana, así como en el principio de efectividad de los principios, derechos y deberes
constitucionales (artículo 2 ídem), la prohibición de la pena de muerte y de
penas crueles, inhumanos o degradantes señaladas en los artículos 11 y 12
Constitucionales y en el principio de proporcionalidad de las medidas que en el
Estado de Excepción se adopten para conjurar los hechos desencadenantes.[33]
La sujeción a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad en el ejercicio de la potestad
punitiva implica que el reproche penal se realice sobre conductas que vulneran
efectivamente bienes jurídicos de suficiente relevancia y cuando para cumplir
los deberes de respeto, garantía y protección no existe otra alternativa que
acudir a penalizarlos como forma de control social.
De esta manera la
racionalidad y proporcionalidad que enmarcan el ejercicio de la potestad de
configuración del legislador, sirven de garantía de las libertades que consagra
el ordenamiento constitucional, pues permite controlar que el ejercicio del
poder punitivo se desborde y sea utilizado para fines distintos a la
preservación del orden público y social y la convivencia pacífica, se sancionen
conductas irrelevantes o se fijen consecuencias punitivas que no correspondan
con la entidad del bien jurídico que se busca proteger con el tipo penal.
En virtud de estos
principios en las normas
penales sustantivas debe existir una relación de proporcionalidad y necesidad
entre la conducta censurada, la forma en que se penaliza, la finalidad de
prevención especial y general, y de represión que persigue la tipificación y la
consecuencia punible de su realización, de modo que guarde una relación de
equivalencia con la gravedad del comportamiento.
En este
sentido, ha señalado la Corte que: “Conforme a tal criterio, la tipificación
legal de hechos punibles pretende desestimular conductas lesivas de bienes
jurídicos dignos de ser tutelados por el derecho penal (prevención general)
pero de manera tal que exista una cierta proporcionalidad entre el daño
ocasionado por el delito y la pena que le es atribuida (componente retributivo
en esta fase).  De otro lado, en la fase de imposición judicial de
la pena a un determinado sujeto, en general se considera que el sistema penal
debe operar con un criterio esencialmente retributivo, a fin de que, por
razones de justicia, exista una proporcionalidad entre  la dañosidad de la
conducta, el grado de culpabilidad del agente y la intensidad de la pena.”[34]
(resaltado fuera del texto)
La proporcionalidad
en el proceso de definición de los tipos penales exige una evaluación sobre la
necesidad de protección de determinados bienes jurídicos, los mecanismos
cualitativa y cuantitativamente adecuados para brindarla y la escogencia de
aquel que resulte menos gravoso para las libertades y los derechos de las
personas[35].
En esa dirección la sentencia C-285 de 1997,
al declarar inexequible el delito de Violencia sexual entre cónyuges, indica que:
“En un
Estado de Derecho el poder punitivo tiene unos límites dados por el principio
de proporcionalidad, en virtud del cual la graduación, en abstracto y en
concreto, de la sanción, debe hacerse de acuerdo con la gravedad del injusto, y
el grado de culpabilidad. Según el primer criterio, la intervención del derecho
penal se dirige a sancionar las conductas lesivas de los bienes jurídicos que
se estiman más valiosos, teniendo en cuenta que el hecho punible, además de
lesionar bienes jurídicos particulares, atenta contra los valores
ético-sociales predominantes en una sociedad determinada.”
Este
proceso de creación de los tipos penales, además de tener reserva legal y
atender a las garantías penales antes enunciadas, se gobierna por otros límites
explícitos derivados de la Constitución Política y que deben ser observados por el legislador al fijar los parámetros de intervención punitiva estatal[36]:
dignidad humana, legalidad, derecho a la libertad personal, igualdad,
proporcionalidad, la prohibición de penas y tratos crueles inhumanos y
degradantes, la prohibición de establecer como consecuencia punitiva la pena de muerte, la
cadena perpetua y la
confiscación, y las
garantías del debido proceso señaladas en el artículo 29 de la Constitución.
6. Principios de
legalidad e igualdad en el ejercicio de la potestad legislativa en materia
penal.
Como
se indicó en precedencia, la tipificación de conductas como delitos es y ha
sido desde siempre un instrumento excepcional de la política criminal para la
salvaguarda de aquellos bienes jurídicos que socialmente se estiman relevantes
en un momento y lugar determinados, ante el fracaso o inoperancia de otros
medios de control social menos restrictivos de derechos. Es por ello que el
legislador, en un Estado democrático, es el facultado para establecer las
reglas de ejercicio de la potestad punitiva y particularmente aquellas
conductas que, en cuanto indeseables para la comunidad, son categorizadas como
delitos.
Para efectos de resolver el problema jurídico que plantea la
demanda cabe detenerse en dos de los principios consagrados en la Constitución que deben respetarse por el legislador al ejercer esta facultad de configuración:
el principio de legalidad y el principio de igualdad.
Principio
de legalidad en materia penal.
La
libertad de configuración del legislador en materia punitiva atiende a la
necesidad de protección de bienes
jurídicamente relevantes en un tiempo y contexto determinado, por ello no es
extraño que los tipos penales experimenten
actualizaciones conforme a la necesidad
de proteger a la sociedad contra la afectación de determinados bienes jurídicos
en un particular momento, o
porque bienes que se estimaban relevantes
pierdan esta connotación y ello deba
verse reflejado en la
disminución de la respuesta punitiva con la cual se sancione su comisión o incluso se
llegue a su despenalización,
a partir del criterio de intervención mínima del Estado.
También puede presentarse el proceso contrario, esto es, que sea imperioso para mantener el orden social y
garantizar los derechos y libertades de quienes integran la comunidad (artículo
2 de la Constitución Política), tipificar como delitos – penalizar- ciertas
conductas o agravar las consecuencias
punitivas frente a algunas
infracciones penales contra bienes jurídicos que
cobran mayor relevancia en un contexto determinado, todo dentro de la
concepción de intervención mínima estatal para la defensa y garantía de los
derechos de todos frente a la violencia generada por el delito y la violencia generada
a partir del delito, propia de un derecho penal garantista.
Lo
expuesto hace del derecho penal, un
sistema relativamente cambiante de manera proporcional a la mayor o menor
intensidad de los bienes e intereses que se busca proteger mediante el proceso
de criminalización de las conductas humanas por parte del legislador en ejercicio de la
competencia otorgada por los artículos
114 y 150 de la Constitución, aunque la protección de valores y derechos especialmente relevantes en la Constitución limite la posibilidad del legislador de excluirlos de sanción penal[37].
Esta facultad de creación o
modificación de los tipos penales está sujeta al principio de legalidad
por mandato del artículo 29 de la Constitución, que lo plasma expresamente en el inciso segundo[38],
pero además, del artículo 6 ídem, o cláusula de responsabilidad, conforme al
cual “Los particulares sólo son responsables
ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones.”, y que
brinda seguridad jurídica a quienes habiten en el territorio nacional sobre que
comportamientos desbordan el ámbito lícito de actuación y las consecuencias que
pueden enfrentar de traspasar ese lindero.
En la Sentencia C-285 de 2005, la Corte señaló que “en virtud del principio de legalidad en
sentido estricto o de tipicidad penal, la descripción de las conductas punibles
y el señalamiento de las penas deben ser exactos e inequívocos, y no ambiguos,
de modo que la labor del juez se limite a establecer si una determinada
conducta se adecúa o no al tipo penal, para deducir o no las consecuencias
contempladas en el mismo”
De la relevancia del
mencionado principio da cuenta su consagración en diversos tratados
internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, y que imponen
límites a la libertad de configuración del legislador[39]. Es así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11.2 [40], el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos[41]
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 15[42], lo incorporan.
El principio de legalidad
se proyecta en diversos aspectos: la descripción de los tipos penales, la
fijación de las sanciones y la determinación de las reglas procedimentales que
regirán los juicios penales. Para efectos del debate que plantea la demanda se
ahondará en el principio de legalidad en sentido estricto, o principio de
taxatividad[43]de
los delitos y de las penas. Sobre el tema, la jurisprudencia ha sido
reiterativa en que:
“La prohibición de la retroactividad y la reserva legal no son sin
embargo suficientes, pues si la ley penal puede ser aplicada por los jueces a
conductas que no se encuentran claramente definidas en la ley previa, entonces
tampoco se protege la libertad jurídica de los ciudadanos, ni se controla la
arbitrariedad de los funcionarios estatales, ni se asegura la igualdad de las
personas ante la ley, ya que la determinación concreta de cuáles son los hechos
punibles recae finalmente, ex post facto, en los jueces, quienes pueden
además interpretar de manera muy diversa leyes que no son inequívocas. Por eso,
la doctrina y la jurisprudencia, nacional e internacionales, han entendido que
en materia penal, el principio de legalidad en sentido lato o reserva legal,
esto es, que la ley debe definir previamente los hechos punibles, no es
suficiente y debe ser complementado por un principio de legalidad en sentido
estricto, también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad (…),
según el cual, las conductas punibles deben ser no sólo previamente sino
taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del
juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la
descripción abstracta realizada por la ley. Según esa concepción, que esta Corte
prohíja, sólo de esa manera, el principio de legalidad cumple verdaderamente su
función garantista y democrática, pues sólo así protege la libertad de las
personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal. En efecto,
únicamente si las descripciones penales son taxativas, pueden las personas
conocer con exactitud cuáles son los comportamientos prohibidos y la labor de
los jueces, en el proceso de adecuación típica, se limita a determinar si,
conforme a los hechos probados en el proceso, el acusado cometió o no el hecho
punible que se le imputa.”[44]
En la misma dirección la Corte ha señalado que:
“El principio de taxatavidad penal implica no sólo que
las conductas punibles deben estar descritas inequívocamente sino que las
sanciones a imponer deben estar también previamente predeterminadas, esto es,
tiene que ser claro cuál es la pena aplicable, lo cual implica que la ley debe
señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como
los criterios de proporcionalidad que debe tomar en cuenta el juzgador al
imponer en concreto el castigo.” [45]
En este orden, si se advierte que la descripción típica de
la conducta punible no atiende con rigor a la claridad en la definición del
comportamiento penalizado (aun tratándose de tipos penales en blanco), y la
consecuencia punitiva que de él se deriva[46],
en virtud del principio de legalidad en sentido amplio –definición por el
legislador del delito - lo procedente es excluirla del ordenamiento dado que la Corte no puede dictar una sentencia interpretativa mediante al cual se hagan ajustes a la descripción
de la conducta o al quantum o tipo de pena.
Principio de igualdad
Basado en el principio de dignidad humana, el
constituyente estableció en el artículo 13 el derecho a la igualdad, en virtud
del cual debe darse igual trato a situaciones similares, y diverso ante
supuestos diferentes. Además de la consagración de la igualdad en sentido material,
la norma constitucional impone la adopción de medidas afirmativas en favor de
las personas en condiciones de debilidad manifiesta, los grupos históricamente
marginados y las personas en condición de vulnerabilidad, con el fin de generar
condiciones de equilibro en las cuales los derechos se reconozcan y puedan
ejercerse en condiciones de igualdad real, es decir, establecer desigualdades
normativas para generar igualdad sustancial.
De otra parte, el análisis cuando se trata de
resolver un cargo por desconocimiento del principio de igualdad, ha reiterado
la jurisprudencia constitucional, debe ser relacional, es decir, a partir de la
regulación dada a una misma situación o supuesto por dos regímenes jurídicos, a efecto de determinar si éste ha sido
acorde con las características particulares de la conducta sometida a sanción
penal, para el caso sometido a examen de la Corte.
El principio de igualdad “carece
de un contenido material específico, es decir, a diferencia de otros principios
constitucionales o derechos fundamentales, no protege ningún ámbito concreto de
la esfera de la actividad humana sino que puede ser alegado ante cualquier
trato diferenciado injustificado. De la ausencia de un contenido material
específico se desprende la característica más importante de la igualdad: su
carácter relacional”[47].
Otro aspecto a considerar cuando se ejerce
control constitucional ante un cargo por vulneración del principio de igualdad es
que existen eventos en los cuales resulta improcedente avanzar en un test de
proporcionalidad, tal es el caso de situaciones que no resultan equiparables
porque los supuestos de hecho no son
asimilables, o cuando la violación es flagrante porque la norma no contiene
elementos con base en la cual sea posible analizar la justificación de la
diferencia de trato, pero para ello habrá de examinarse si las circunstancias
involucradas en el análisis relacional son o no asimilables.
Cuando se plantea el análisis de la posible vulneración de
este principio por la desproporción en el reproche punitivo frente a diferentes
tipos penales que eventualmente describan la misma conducta típica ha señalado
el legislador que es preciso considerar que “Asignar a unos mismos hechos
sanciones diferentes implica que el legislador considera que las conductas o no
son igualmente lesivas o no merecen el mismo reproche. La benignidad del trato
comporta una consideración sobre la menor lesividad del hecho, menor
trascendencia del bien jurídico protegido o menor reprochabilidad del acto.”, consideración
bajo la cual la corte en sentencia C-285 de 1997 decidió declarar inexequible el
artículo 25 de la ley 294 de 1996.
Este aspecto guarda conexidad con la valoración que debe
hacer el legislador al momento de realizar la tipificación de las conductas a
efectos de que guarden pero proporcionalidad con la lesividad de la conducta
penalizada y el bien jurídico protegido, de tal forma que la consecuencia
jurídica resulte racional y proporcional.
7. Violencia
intrafamiliar
Aunque la consagración de la violencia
familiar como un delito autónomo data del 1996, a partir del deber de protección especial y de sancionar las conductas que rompan la unidad y
armonía familiar, el sistema penal ya sancionaba aquellos comportamientos
violentos al interior del núcleo familiar que podían adecuarse a los tipos
penales existentes como las lesiones personales, la tortura, el secuestro,
entre otros, acudiendo al vínculo de parentesco como causal de agravación
punitiva[48].
Previamente a la creación del delito de
violencia intrafamiliar, el juez constitucional se ocupó de resaltar la
singular gravedad que revisten las agresiones en el ámbito doméstico[49].
En sentencia T-378 de 1995, señaló esta Corporación “La situación es todavía más grave cuando de la simple
pendencia doméstica se pasa a la violencia física o moral, pues entonces se
quiebran los moldes del debido respeto y el ámbito hogareño, que debería ser de
paz por la alta misión que le compete, se convierte en motivo inevitable de
zozobra, miedo y pérdida de los valores espirituales, con notorio daño para el
proceso de formación personal de los niños y para el adecuado logro de los
cometidos propios de la familia. De allí que los padres estén obligados a
resolver sus eventuales diferencias de manera razonable, mediante el diálogo
directo y franco, sin transmitir sus problemas a los hijos, quienes de ninguna
manera deben resultar involucrados en las disputas conyugales, menos todavía si
éstas degeneran en actos violentos”.
Y, en sentencia T-436 de 1995, catalogó como formas de maltrato “existencia de permanentes maltratos
físicos y sicológicos, como golpes, insultos”
Al considerar que la violencia que se
genera en la familia desencadena más violencias[50], el
legislador decidió, en desarrollo del artículo 42 de la Constitución, sancionar de manera específica este comportamiento y para el efecto expidió la Ley 294 de 1996, que en artículo 22 del capítulo de los delitos contra la armonía y la unidad de la familia, consagró como delito la violencia
intrafamiliar, en los siguientes términos:
"Artículo 22. Violencia
intrafamiliar. El que maltrate física, síquica o sexualmente a cualquier
miembro de su núcleo familiar, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.”
Al revisar esta descripción típica, por
cuestionamientos relacionados con la falta de proporcionalidad en cuanto la
norma, a juicio del actor, contemplaba penas inferiores  para las agresiones cuando
los sujetos pasivos del hecho son familiares del agresor, la Corte Constitucional en sentencia C-285 de 1997,
para desestimar el cargo precisó que la violencia familiar es un delito
autónomo y que será el funcionario judicial quien defina en cada caso si se
aplica este delito o si la conducta se adecúa al punible de lesiones personales
agravadas por el vínculo de parentesco.
En aquella oportunidad  la Corte Constitucional hizo énfasis en que no se trataba de reducir la protección cuando la
violencia se presenta entre miembros de la familia, sino ampliar la sanción a
todos los casos de maltrato mediante un delito autónomo que complementa las
penas para los eventos de maltrato que causen lesiones personales establecido
en el artículo 23 ídem[51].
Al reseñar la intención de brindar una mayor protección cuando las conductas se
desarrollan en el ámbito familia, puntualizó la Corte:
“Mediante
el artículo 22 de la ley 294 de 1996, el legislador quiso elevar a la categoría
de delito algunas conductas que no podían ser adecuadas a las figuras típicas
previstas en el Código Penal[52],
con el objeto de brindar una mayor protección a los miembros de la familia,
que eventualmente puedan ser víctimas de violencia por parte de otro integrante
de su misma familia.
Los elementos constitutivos
del tipo de maltrato son distintos a los de las lesiones. El
maltrato implica un acto de agresión contra la persona que no altere su
integridad física, síquica o sexual. En tanto que las lesiones precisan del
daño en la salud. Los bienes jurídicos protegidos con las disposiciones son
también diferentes: el artículo 22, que hace parte del Título V de la ley 294
de 1996, protege "la armonía y la unidad de la familia", y las
disposiciones del Código Penal relativas a las lesiones protegen la
"integridad personal".
En consecuencia, el tipo penal
descrito por la norma acusada no subsume todas las formas de violencia contra
las personas. La misma ley 294 hace la distinción de las dos figuras típicas en
mención, cuando en su artículo 23 prevé un aumento de las sanciones
establecidas en el Código Penal para los delitos de lesiones personales, si el
hecho "cause daño a la salud en el cuerpo o en la salud sicológica a un
integrante de su grupo familiar".
Este tipo penal fue incorporado en el
Código penal expedido en el año 2000, mediante la Ley 599, en el Titulo VI de los delitos contra la familia, que en su artículo 229 lo consagró
de la siguiente forma:
“Artículo   229. Violencia intrafamiliar. El que maltrate física, síquica o sexualmente a
cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no
constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de uno (1) a tres (3)
años.
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes
cuando el maltrato recaiga sobre un menor”.
Posteriormente el legislador modificó la
descripción típica del delito de violencia intrafamiliar mediante la Ley 882 del 2 de junio de 2004[53], para excluir de ella la modalidad sexual de maltrato,
por lo que a partir de allí las agresiones de éste tipo serían sancionadas de
acuerdo con las penas señaladas para los delitos contra la integridad y
formación sexual, agravadas por el parentesco. La ley en mención igualmente
incorporó una agravante específica en el inciso 2° aplicable cuando el maltrato recaiga sobre un menor, una mujer,
un anciano, una persona que se encuentre en incapacidad o disminución física,
sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.
Un mes más
tarde, las consecuencias punitivas sufrieron un incremento en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el
máximo, en virtud del aumento generalizado dispuesto
por el artículo 14 de la Ley 890 del 7 de julio de 2014[54], quedando
como nuevos márgenes punitivos entre 16 meses y 54 meses de prisión.
Al realizar un nuevo control
constitucional del tipo penal de violencia intrafamiliar, cuestionado por
vulnerar el derecho a la igualdad, mediante sentencia C-029 de 2009, la Corte la declaró constitucional en el entendido de que este tipo penal comprende también a
los integrantes de las parejas del mismo sexo.
Considerando además que la violencia doméstica puede trascender
negativamente en otros derechos fundamentales, que son amenazados ante
conductas de éste tipo, la Corte Constitucional igualmente ha señalado que aún después del establecimiento de mecanismos judiciales y administrativos para
la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar, la acción de tutela
continúa siendo una herramienta excepcional y transitoria para la protección de
los derechos fundamentales, ante la inidoneidad de las medidas de
protección o su dilación injustificada[55].
Por último, el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, modificó nuevamente el tipo descrito en el artículo 229 del Código penal,
en los siguientes términos:
“Artículo 33. Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o sicológicamente a cualquier
miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya
delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas
partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor
de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o disminución
física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.
Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo
miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros
de una familia en su domicilio o residencia, y realice alguna de las conductas
descritas en el presente artículo.”[56]
Además del incremento
punitivo, otro cambio significativo es que el delito de violencia intrafamiliar
no es conciliable, ni desistible la acción penal encaminada a su juzgamiento,
cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia intrafamiliar
o contra la mujer puede denunciarlo para que las autoridades inicien de oficio
la investigación encaminada a determinar la existencia del delito y la
responsabilidad del autor o autores, bajo la premisa que la violencia
intrafamiliar no es un asunto de orden privado sino de trascendencia social,
que se ha convertido en un problema estructural de la sociedad, que trae graves
consecuencias en el desarrollo de quienes conforman la familia y quebranta la
unidad y armonía familiar.
En la exposición de motivos[57],
el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación señalaron las razones para el incremento punitivo propuesto, en los siguientes términos:
“El
derecho penal no puede tratar de manera benigna a quien destruye la familia o
comete conductas punibles dolosas contra menores de edad. La lucha contra el
maltrato al interior del seno de la familia o la violencia infantil es y debe
ser un objetivo político criminal del Estado Colombiano: “El maltrato del
niño es una realidad latente en Colombia, que debe ser erradicado o por lo
menos reducido a proporciones ínfimas debido a que se trata de una vulneración
de la condición humana del menor. Al respecto, Fontana estima que ‘los niños
golpeados de esta generación, si sobreviven serán los padres que golpeen a la
generación siguiente y miembros desadaptados de la sociedad’.
El
síndrome del niño maltratado es un trastorno médico-social que está alcanzando
naturaleza epidémica, por su desarrollo cíclico de violencia, montado sobre la
base de la causa y el efecto. Los traumas nacidos en la infancia no pueden más
que dejar una huella muy difícil de borrar; en cambio ellos sí generan en la
persona ya adulta una conducta de olvido y privación de afecto para con sus
hijos.
La
familia, la sociedad y el Estado están en la obligación de proteger a los niños
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, según lo
establece el artículo 44 constitucional.
En
ese orden de ideas, la actitud de los padres al realizar o permitir el maltrato
del menor, en sus diferentes modalidades, implica una falla del progenitor en
lo referente al actuar debidamente para salvaguardar la salud, la seguridad, el
bienestar del niño”1.
El
menor es por excelencia una víctima biológica, sicológica y socialmente débil,
lo cual es aprovechado por su victimario. A ello debe sumarse el hecho de que
el menor que hoy es víctima, mañana será victimario. Con razón se ha señalado
por autorizada doctrina en el campo de la victimología que dentro de los
factores de predisposición a ser víctima se encuentra la edad. Aquellos
individuos más vulnerables, por la falta de desarrollo de sus facultades
físicas y psíquicas “devienen en blancos idóneos de victimización violenta y,
más concretamente, de particulares manifestaciones delictivas relacionadas con
dicha inferioridad biológica, como sucede con el maltrato infantil”2.
El sexo de la víctima también es relevante en determinadas categorías de
delito, que tienen en la mujer un sujeto pasivo prototípico por su desventaja
física comparativa, así como por la condición sexual femenina intrínsecamente
considerada, como se verifica en los casos de delitos sexuales3 o
de violencia intrafamiliar.
Es
necesario que la sociedad tome conciencia de la gravedad de estas conductas
punibles y considere como inalienables los derechos de las víctimas de los
mismos a la verdad, la justicia y la reparación.
Ahora
bien, factores como la educación o la situación económica del hogar influyen
solo marginalmente en la presencia de la violencia intrafamiliar. Por ello es
equivocado afirmar que las agresiones en el hogar son causadas por el
desempleo, la pobreza o la mala situación económica, tal como lo revela el
estudio llevado a cabo por la Universidad de los Andes4.”
En
relación con los motivos que llevaron a fijar el incremento punitivo, cabe
señalar que, según el registro
que presenta el estudio sobre Comportamiento de la violencia intrafamiliar,
Colombia, 2012[58]¸esta
clase de violencia tuvo un pico de mayor impacto en el año 2009, pero ha venido
decreciendo, de tal forma que para el año 2012, arroja los siguientes
resultados:
“la
violencia intrafamiliar se presenta como la segunda causa de agresión en el
país” en donde, durante el 2012, se registraron 83.898 casos de violencia
intrafamiliar, de los cuales el 64,8% corresponden a violencia entre la pareja,
18,9% corresponde a violencia entre otros familiares, 14,15% (12.173 casos) fueron
violencia contra niños, niñas y adolescentes y 1,8% de la violencia doméstica
tuvo como víctimas a adultos mayores
(1.497 casos). Igualmente señala
el estudio que “En todos los contextos, se observa que la mujer fue la más
victimizada, con un 77,7 % de los casos, mientras que para los hombres el
porcentaje fue de 22,3 %”. Para el caso de los niños los principales
agresores eran miembros del núcleo familiar: “Los padres ocuparon el primer
lugar, con 7.424 casos, seguidos del padrastro con 1.077, y en tercer lugar,
otros familiares civiles o consanguíneos con 914 casos”, y “En cuanto a
la razón de la agresión, en 53,4 % de los casos fue la intolerancia, en 33,9 %
no se registró la información y en 5,0 % refirieron otras razones diferentes;
el consumo de alcohol se presentó como la cuarta razón, con un porcentaje del
3,6 %, y, por último, el desamor se convirtió en la quinta razón de agresión
contra niñas, niños y adolescentes”.
En
relación con la violencia contra el adulto mayor, el informe muestra que “En
el 2012, los principales responsables de las agresiones a las personas adultos
mayores fueron los hijos, en 637 de los casos, quienes estaban a cargo de su
cuidado; el segundo lugar lo ocuparon otros familiares civiles o consanguíneos
de la víctima, con 607 casos, y el tercer lugar, algún hermano o hermana”.
“La principal razón para agredir a los adultos mayores fue la intolerancia,
en 49,7 % (744) de los casos; en 20,4 % del total de casos no se registró esta
información, mientras que en 15,8 % se debió al uso de sustancias ilícitas y
alcohol”.
En
el caso de la violencia entre parejas, la información estadística suministrada
por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses indica que de
los casos reportados “Durante el 2012, en el 88 % (47.620) de los casos las
víctimas fueron mujeres, mientras que en el 12 % (6.779) fueron hombres”.
De
otra parte, además de las razones de orden sociológico plasmadas en la
exposición de motivos y que encuentran proyección en las estadísticas
oficiales, es preciso reiterar que además del deber de protección contra todo
acto de violencia que afecte la unidad y armonía familiar, que consagra el
artículo 42 de la Constitución, existen diversos instrumentos internacionales
que imponen la penalización de la violencia intrafamiliar.
El artículo
12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturale[59]s establece
el derecho de toda persona al más alto nivel posible de salud física y mental.
Sobre dicha obligación el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en su Comentario General No. 14 estableció que la violencia doméstica coarta el
derecho al más alto nivel posible de salud
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en el Informe N. 54/01, Caso 12.051, María da
Penha Maia Fernández,  al referirse a un caso de violencia intrafamiliar[60] en el que se
buscaba establecer la responsabilidad de Brasil por la violencia contra la
señora María da Penha Maia Fernández por su esposo mientras duró el vínculo
matrimonial, señaló que el Estado había sido negligente e ineficaz en el
juzgamiento y condena de agresores contra la mujer violando sus obligaciones
internacionales, en los términos del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará, de procesar, condenar y prevenir prácticas degradantes, lo cual
había contribuido de manera determinante a crear un ambiente que propiciaba la
violencia doméstica.
Características del tipo penal
Sobre
las características del tipo penal consagrado en el artículo 229 del Código
Penal, en sentencia C-029 de 2009, dijo la Corte:
“El legislador, dentro de su libertad de configuración, ha
decidido estructurar un tipo penal orientado a sancionar, cuando ocurren en el
ámbito familiar, conductas de violencia física o sicológica que no tienen la
entidad necesaria como para integrarse en los tipos que, de manera general,
protegen bienes como la vida, la integridad personal, la libertad, la
integridad y la formación sexuales, o la autonomía personal, y de acuerdo con
su tenor literal, las medidas previstas en las normas acusadas se desenvuelven
en el ámbito de la protección integral a la familia, por cuanto lo que se
pretende prevenir, es la violencia que de manera especial puede producirse
entre quienes, de manera permanente, comparten el lugar de residencia o entre
quienes, de manera quizá paradójica, se encuentran más expuestos a
manifestaciones de violencia en razón de la relación de confianza que mantienen
con otra persona, relación que, tratándose de parejas, surge del hecho de
compartir un proyecto de vida en común, situación que también se presenta en el
ámbito de las parejas homosexuales, da lugar a un déficit de protección porque
ignora una realidad que, para los supuestos previstos por el legislador, puede
aspirar a un nivel equivalente de protección al que se brinda a los integrantes
de la familia”
Se trata entonces de un tipo
penal con sujeto activo y pasivo calificado, por cuanto miembros de un mismo
núcleo familiar o que puede ser realizado también por la persona encargada del
cuidado de la víctima en su domicilio o residencia. Al efecto, cabe precisar
que de acuerdo con la descripción típica la pertenencia al mismo núcleo
familiar o encargado del cuidado en el ámbito doméstico no restringe la adecuación
típica a que el evento de violencia suceda en el lugar donde reside la víctima,
o señalado como habitación familiar, sino que constituye el elemento
calificador del sujeto activo, no descriptivo o normativo de la conducta
punible. Además, el delito de violencia intrafamiliar se configura cuando se
realiza el verbo maltratar (el que maltrate física o
sicológicamente).
De otra
parte, para la adecuación típica del delito de violencia intrafamiliar, como lo
enseña la teoría del delito, es necesaria la existencia de antijuridicidad
material en la conducta. Señala el artículo 11 de la Ley 599 de 2000. “Antijuridicidad. Para que una conducta
típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro,
sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.”
En este caso, el bien
jurídico tutelado por el tipo penal definido en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000 es la familia, de tal forma que si la violencia, sea cual fuere el mecanismo
para infligirla, trae como consecuencia la afectación de la unidad y armonía
familiar, rompe los vínculos en que se fundamenta esta estructura esencial de
la sociedad, habrá antijuridicidad, elemento necesario para sancionar
penalmente la conducta, por cuanto no es la integridad física el bien
jurídicamente protegido por este infracción penal.
Concepto de maltrato
La Corte Constitucional en sentencia C- 674 del 30 de junio de 2005 al resolver el
cuestionamiento ciudadano por haber excluido de la descripción típica el
maltrato sexual mediante la descripción que hizo el artículo 1° de la Ley 882 del 2 de junio de 2004, planteó un concepto de
violencia intrafamiliar en los siguientes términos:
“por
violencia intrafamiliar puede entenderse todo daño o maltrato físico, psíquico
o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier
otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese
cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo
techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y en
general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la
unidad doméstica”.
Otro concepto de
maltrato se encuentra en el inciso segundo del artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, conforme al cual: “Para los efectos de este Código, se
entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación
o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos
tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la
violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la
niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o
cualquier otra persona.”(resaltado fuera del texto)
Sobre el maltrato infantil en la Sentencia C – 442 de 2009 (reiterado por C-397 de 2010), define el
maltrato infantil  “(…) como toda conducta que tenga por resultado
la afectación en cualquier sentido de la integridad física, psicológica o
moral de los(as) menores de dieciocho (18) años por parte de cualquier
persona…”.
Posteriormente,
en la Sentencia C- 397 de 2010, indicó la Corte: “De otra parte hay que tener en cuenta que dentro de los estudios relacionados con el maltrato infantil
se han establecido tres tipos. En primer lugar el maltrato físico que
estaría relacionado con las lesiones personales o el daño en el cuerpo del
niño; en segundo término, el maltrato psicológico o emocional, relacionado
con conductas como las amenazas constantes, las burlas y ofensas que afecten al
niño mental y moralmente, y, por último, el maltrato omisivo que se
daría cuando al niño se le deja en situación de abandono o descuido que puede
afectar su vida o su salud”
Esta definición se asimila a lo que ha señalado la OMS sobre el Maltrato infantil:“El maltrato infantil se
define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18
años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual,
desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o
puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en
peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad,
confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a
veces entre las formas de maltrato infantil.”[61]
En el ámbito de protección normativa de las mujeres contra
cualquier forma de violencia, la Ley 1257 de 2008, establece que existen
diversas formas de maltrato: físico,
sexual, psicológico o patrimonial, de las cuales sólo dos son referidas en la
descripción típica del delito de violencia intrafamiliar: física y psicológica.
Y en los artículos 2 y 3 define los actos que se deben
entender como formas de violencia física y psicológica hacia las
mujeres, que vienen a dotar de contenido el concepto de maltrato, como
elemento normativo del delito de violencia intrafamiliar, cuando se realizan
sobre miembros del mismo núcleo familiar.
Señala el artículo 2:
“Definición de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende
cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.
Para efectos de la presente ley, y de
conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las Conferencias de
Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u
omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas,
recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición
social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las
relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.”
Y el artículo 3 de la Ley 1257 de 2008 establece:
Concepto de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley, se establecen
las siguientes definiciones de daño:
a.     Daño psicológico: Consecuencia proveniente
de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación,
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud
psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.
b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o
disminución de la integridad corporal de una persona.”
Referido al maltrato de los ancianos, en el año 2002 la OMS promovió la aprobación de la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores. En esta se dice que maltrato existe
ante:
“un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una
persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce
en una relación basada en la confianza». Puede adoptar diversas formas, como el
maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en
cuestiones económicas. También puede ser el resultado de la negligencia, sea
esta intencional o no.[62]
8. Caso Concreto. Exequibilidad del esquema
punitivo fijado por el legislador para el delito de violencia intrafamiliar.
Proporcionalidad de la pena fijada para el delito de
violencia intrafamiliar. La consagración del delito de violencia
intrafamiliar en los términos contemplados en el artículo 229 de la Lay 599 de 2000 no desconoce la naturaleza del derecho penal como última ratio, ni
resulta desproporcionado pues constituye un ejercicio constitucionalmente
admisible de la libertad de configuración del legislador, quien al realizar una
nueva graduación de las consecuencias punitivas que se requieren para afrontar
un fenómeno criminológico en aumento, decide aumentar los límites punitivos del
delito de violencia intrafamiliar para alcanzar la prevención general de una
conducta especialmente reprobable, por la incidencia que tienen más allá de la
integridad física y mental de la víctima, en la destrucción de la unidad y
armonía familiar.
Para la Sala, el deber especial de protección que impone la Constitución Política a la familia, el deber que la misma norma constitucional (artículo 42)
impone al Estado de sancionar “cualquier forma de violencia en la familia” que
quebrante su unidad y armonía hacen que la tipificación de los actos de
maltrato físico o psicológico a miembros de la familia y la fijación de penas
más severas que las señaladas para los delitos de lesiones personales,
constituyan un forma razonable y proporcionada de ejercicio del poder punitivo
del Estado.
Aunque la concepción de Estado social que
propugna por el mayor respeto a la libertad de las personas, y proclama el
derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, en manera alguna
puede justificar que permanezca pasivo ante el maltrato que se genera al
interior de las familias y del cual se derivan consecuencias desfavorables para
el proceso de desarrollo de las víctimas, la unidad y armonía familiar, y la
convivencia pacífica, la se ve impactada por los métodos agresivos de crianza o
de relacionarse al interior de las familias, el ejercicio violento de la autoridad
parental y las violencias contra las mujeres que en relaciones de poder con sus
parejas se presentan, y pueden desdibujar la formación afectiva de los niños
que hacen parte de la familia.
En este orden, el incrementó de las penas
para el delito de violencia familiar, que luego de la expedición del artículo
33 de la Ley 1142 de 2007 es entre cuatro (4) a ocho (8) años de
prisión, -atendiendo a los criterios de dosificación punitiva fijados por el legislador-[63] atiende a
una finalidad preventiva compatible con el respeto por los derechos y
libertades constitucionales y al mismo tiempo con la necesidad de garantizar no
sólo la integridad física de las personas que componen el núcleo familiar, sino
también la convivencia pacífica, la unidad y armonía familiar, y los derechos
de los menores de edad a una familia y a recibir de ella atención, cuidado y
amor, como lo establece el artículo 44 de la Constitución.
La mayor lesividad de las conductas violentas que se generan
en las relaciones dentro de una misma familia, el compromiso de bienes
jurídicos adicionales a la integridad personal, cuya protección proviene de
expreso mandato constitucional hacen que las consecuencias punitivas del delito
de violencia intrafamiliar se ajuste al principio de proporcionalidad y haga
improcedente la solicitud de inexequibilidad, en cuanto para la Sala la norma no consagra la norma sanciones penales que resulten excesivas para proteger la
unidad y armonía familiar y al mismo tiempo la integridad de quienes la
componen. A esto cabe añadir que mediante la criminalización de la violencia
intrafamiliar se busca proteger a las niñas y mujeres que, de acuerdo con los
registros del Instituto Nacional de Medicina legal y ciencias Forenses son las
más afectadas por el maltrato de sus familiares o cuidadores.
En este orden y considerando las razones planteadas en la
exposición de motivos del proyecto de ley que dio lugar al aumento de penas
fijado en el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, es justificable acudir a esta
medida para proteger a la familia[64],
así como el desarrollo de las personas que se forman bajo su amparo, cuyos
valores y acciones pueden verse distorsionados cuando se les somete a entornos
de agresión física, verbal o moral.
Al efecto, la Corte Constitucional, indicó: “Una de las formas de
violencia moral que se ejerce contra los niños consiste en el escándalo público
de que se les pueda hacer víctimas en el lugar donde residen, o en su
vecindario,  a través de actos como la exhibición pública de conductas
obscenas, las riñas callejeras, la exteriorización de sentimientos o conductas
agresivas a la vista de los menores. El Estado tiene la obligación de prevenir
y evitar que tales situaciones se presenten erigiéndose en atentado real o
potencial contra el derecho fundamental de los menores a no ser agredidos
física ni moralmente.”[65]
En síntesis, la sanción fijada para el delito de violencia
intrafamiliar no resulta excesivo o desproporcionado por cuanto:
·
El reproche penal a los actos de maltrato en el ámbito doméstico
se fundamenta en la relación de víctima y victimario que como parte del mismo
núcleo familiar supone relaciones de afecto y respeto recíproco, solidaridad,
apoyo y deberes de cuidado entre sus integrantes. Además, a través de la
disuasión que busca el tipo penal de violencia intrafamiliar se busca, como se expresó en el proceso de formación de la norma,
proteger la institución básica de la sociedad (artículo 5 de la constitución),
en donde deben forjarse los valores que luego se proyectarán en la sociedad.
·
La principal razón para la consagración del
delito, desde 1996 ha sido la protección de la unidad y armonía en la familia,
donde se parte de la idea que deben prevalecer sentimientos de afecto,
solidaridad, respeto y tolerancia, a partir de los cuales se edifique la
convivencia pacífica.
·
La violencia intrafamiliar implica el
sometimiento de quien en la intimidad se encuentra más vulnerable a la
agresión.
·
La demanda parte de una imprecisión conceptual que es restringir
los actos que configuran el delito de violencia familiar a aquellos que
producen lesiones personales, pues los gritos, la intimidación constante
mediante la amenaza de agresión o de suicidio, la utilización constante de
expresiones encaminadas a minar la autoestima  de cualquiera de los miembros
del núcleo familiar, el sometimiento a ayunos, entre muchos otros actos, son
formas de maltrato que quebrantan la armonía y unidad familiar, y por tanto
también pueden ser objeto de las sanciones que determine el legislador, cuando
aparece demostrada la antijuridicidad material de esas conductas, es decir,
cuando con ellas se afecta rompe la unidad y armonía familiar.
·
Como lo indicó la Corte al revisar el artículo 22 de la Ley 294 de 1996 en la sentencia C-285 de 1997, la lesividad del
hecho constitutivo de maltrato es mayor pues la víctima menor o mayor de edad, está
unida al agresor por un vínculo de consanguinidad, jurídico o por razones de
convivencia, el cual supone el establecimiento de relaciones basadas en el
afecto, la comprensión, el respeto, la solidaridad y el mutuo cuidado;
circunstancias éstas que no tienen incidencia en tratándose del punible de
lesiones personales, el cual tiene como referente para la fijación de la pena
la incapacidad para trabajar o la enfermedad o daño a la salud que cause la
agresión, ya sea perturbación funcional o psíquica, o la pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro.
Expresó la Corte en este sentido que “Tampoco puede considerarse menos reprochable el acto, pues los vínculos de familia,
antes que ser considerados como razones que disminuyan la punibilidad del hecho,
lo agravan, dado que el deber de solidaridad que liga a los miembros de una
familia, implica una obligación mayor de respeto a los derechos de sus
integrantes.”
No se puede hacer un reproche a la
proporcionalidad del quantum punitivo del delito de violencia
intrafamiliar agravado (que puede fijarse entre 6 a 14 años de prisión) con abstracción de la conducta que constituye el tipo penal, en cuanto es
diversa la valoración y así sería la tasación, si se trata de un acto de violencia
física, psicológica o moral que se ejerce sobre un menor, una mujer, una
persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o
disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de
indefensión), y las circunstancias de mayor entidad que agravan el tipo, porque
todas estas personas pertenecen a categorías de grupos vulnerables, frente a
quienes el estado tiene un deber mayor de protección.
Los límites punitivos con fundamento en los
cuales el ciudadano demanda el artículo 229 del Código Penal constituyen en
realidad el marco para que el juez individualice la pena, aplicando los
criterios fijados en la ley penal[66],
entre los cuales está la valoración de la lesividad de la conducta.
La fijación de penas superiores a las
consagradas para las distintas descripciones del delito de lesiones personales
no viola el principio de igualdad.
En relación con el cargo por desconocimiento
del principio de igualdad, el cual se basa en la referencia recurrente del
ciudadano al delito de lesiones personales como parámetro para establecer la
proporcionalidad de la pena fijada para el punible de violencia intrafamiliar,
es preciso señalar, a partir de lo anteriormente indicado, que actos de maltrato
físico o psicológico implican además de las lesiones personales, la afectación
y destrucción de la unidad familiar, por manera que no es válido establecer
como parámetro de comparación la agresión constitutiva del delito de lesiones
personales y el acto de violencia que constituye el maltrato físico o
psicológico.
Aún en los casos en que los actos de violencia
intrafamiliar ocasionen, entre otros efectos, daños en el cuerpo o en la salud,
no existe identidad entre el comportamiento que configura violencia familiar y
las lesiones personales pues la condición del sujeto activo del punible – con
quien la víctima tiene una relación derivada de la pertenencia al mismo núcleo
familiar- es una circunstancia que permite diferenciar los dos delitos y que justifica
el establecimiento de consecuencias punitivas diversas por parte del legislador,
en cuanto genera una mayor lesividad de la conducta.
No hay violación del principio de igualdad
cuando se trata de conductas que no son equiparables, como se advierte en el
siguiente esquema comparativo:
Lesiones personales
Violencia intrafamiliar
Bien jurídico tutelado: integridad personal
Bien jurídico tutelado: la familia, elemento
fundamental de la sociedad.
Sujeto activo: No calificado, cualquier
persona
Sujeto activo: calificado, debe ser un
miembro del núcleo familiar o quien, no siendo miembro del núcleo
familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia
en su domicilio o residencia
Verbo rector: causar daño en el cuerpo o en
la salud
Verbo rector: maltratar física o
sicológicamente, lo cual incluye agresiones verbales, actos de intimidación o
degradación, y todo trato que menoscabe la dignidad humana de la víctima.
Sujeto pasivo: cualquier persona
Sujeto pasivo: calificado, debe ser un
miembro del núcleo familiar o estar bajo el cuidado del agresor
Al margen de lo señalado, un análisis relacional no puede
hacerse entre la pena para el punible de violencia intrafamiliar y las fijadas
para el delito de lesiones personales, pues además de referirse a conductas
diversas, ello supone que las lesiones personales causadas por un tercero son más
graves que los actos de violencia que constituyen maltrato físico o psicológico
a un miembro del mismo núcleo familiar, cuando, como se indicó, las relaciones
de convivencia crean lazos entre los miembros de la familia que incrementan la
lesividad de cualquier acto de maltrato que se realice entre éstos, pues no
sólo se lesiona la integridad de la víctima, sino además, la unidad y armonía
familiar.
En este punto, es preciso recordar que la
penalización de la violencia familiar sólo tiene lugar cuando existe una real
afectación del bien jurídico que protege la norma – la familia – pues si ello
no es así, el marco normativo para la adecuación típica será el que define los
diferentes tipos penales que, a partir de las consecuencias para el cuerpo o la
salud, definen las lesiones personales[67].
En conclusión, considera la Sala que la medida adoptada por el legislador mediante el incremento de las penas fijadas
para el delito de violencia intrafamiliar descrito en el artículo 229 del
Código penal no desatiende los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad,
ni desconoce el principio de igualdad.
En
conclusión, la mayor punibilidad de la conducta constitutiva de lesiones
personales cuando se causa a quien hace parte del mismo grupo familiar se
justifica por el deber de protección especial a la familia como elemento
fundamental de la sociedad, pues independientemente del modelo de familia de
que se trate, es necesario brindarle los elementos necesarios para que exista
un nivel adecuado de vida que asegure la salud y el bienestar, y garantizar que
las relaciones entre sus integrantes se fundamenten en el respeto mutuo, como
lo señala el artículo 42 de la Constitución. Además, el mayor reproche penal a los actos violentos cuando tienen jugar en el ámbito doméstico es desarrollo del
mandato constitucional, contenido en la misma disposición, de sancionar
cualquier forma de violencia en la familia en cuanto destruye su unidad y
armonía.
Principio
de legalidad
En
relación con el principio de tipicidad, es preciso señalar que la descripción
típica del delito de violencia familiar, como quedó expresado al analizar este
punible no merece reproche constitucional por cuanto el artículo 229 de la ley
599, define con toda claridad tanto los sujetos activo como pasivo de la
conducta, como el verbo rector mediante el cual se realiza el tipo (maltratar
física o psicológicamente).
Así
mismo, el alcance de este verbo esta determinado por la denominación del
delito, de una parte, y que involucra necesariamente un acto de violencia
física o psicológica, pero además, respecto de sujetos pasivos calificados,
como los niños y las mujeres se atenderá a las diversas formas de maltrato que
con base en las normas legales especiales puedan catalogarse dentro de los
conceptos de maltrato físico y psicológico. En este orden, no es posible
afirmar que maltratar es un concepto jurídico indeterminado, para con base en
ello, deducir que el tipo penal de violencia intrafamiliar debe ser excluido
del ordenamiento penal. En este sentido, cabe advertir que desde su
consagración inicial en la Ley 294 de 1996 hasta el actual tipo penal conserva
la misma formula de descripción típica de este punible.
Otro
cuestionamiento que plantea el ciudadano se refiere al desconocimiento del
principio de legalidad en sentido estricto porque el inciso 1° del artículo 229
del código penal, establece que las sanciones contempladas allí se impondrán, “siempre
que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”, pues
estima que esta frase crea ambigüedad y genera incertidumbre respecto de la
pena aplicable.
Para la Sala la descripción típica y de la consecuencia punitiva del delito de violencia familiar no
desconoce el principio de taxatividad, pues en él se define con claridad quién
puede ser el sujeto activo (un miembro del núcleo familiar), cuál es el verbo
rector o la acción con la cual se realiza el tipo (maltratar física o
sicológicamente), y la sanción penal derivada de la comisión del punible
(prisión de cuatro (4) a ocho (8) años). La expresión censurada “siempre que
la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”, ha sido
utilizada por el legislador, en éste como en otros muchos eventos[68], para marcar
el carácter subsidiario del delito, aspecto relevante a efectos de definir, en
casos concretos, la inexistencia de un concurso de delitos[69], pero que en manera
alguna genera la ambigüedad que le atribuye el ciudadano demandante.
Síntesis
de la Decisión
La Sala considera que existe un deber especial de protección
a la familia y, dentro de ella, a quienes por alguna condición son más
vulnerables y requieren de medidas de protección reforzada. Señaló que la
unidad y armonía familiar deben ser salvaguardados, entre otras medidas, a
través del ejercicio del poder sancionatorio del Estado conforme al artículo 42
de la Constitución, por lo cual el Estado está obligado a consagrar una
normativa que permita investigar y sancionar cualquier tipo de
violencia al interior de la familia. Para tal efecto el legislador tiene la
potestad de tipificar como delito las diversas formas de violencia que vulneran
la unidad y armonía familiar e incrementar como medida de política criminal los
límites punitivos fijados para el delito de violencia familiar descrito en el
artículo 229 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007.
Sobre el principio de legalidad la Sala señala que para determinar en cada caso concreto, si se configura o no el verbo rector
del tipo penal, es decir, el maltrato físico o psicológico, debe atenderse a lo
dispuesto en los artículos 18 de la Ley 1098 de 2006, relativo al maltrato
infantil, y los artículos 2 y 3 de la Ley 1257 de 2008, sobre violencia física
y psicológica. Y señaló que, como lo ha indicado la Corte en sentencia C- 674 de 2005, por violencia intrafamiliar
puede entenderse todo daño o maltrato físico, psíquico, trato cruel,
intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de
agresión contra el natural modo de proceder, con ímpetu e intensidad
extraordinarias, producida entre las personas que de manera permanente se
hallaren integrados a la unidad doméstica, aunque no convivan bajo el mismo
techo. Conducta que para ser penalizada conforme al artículo demandado,
requiere que la violencia sea
cual fuere el mecanismo para infligirla, sea antijurídica porque trae como
consecuencia la afectación y desestabilización de la unidad y armonía familiar.
Igualmente considera la Sala que la expresión “siempre que la conducta no constituya delito sancionado con
pena mayor” del artículo 229 del Código Penal respeta el
principio de taxatividad penal, porque no genera ambigüedad sobre ninguno de
los elementos del tipo penal de violencia intrafamiliar, en particular, no hace
indeterminada o lleva a la confusión sobre la consecuencia punitiva, pues
constituye en realidad un criterio al cual deben acudir los funcionarios
judiciales al momento de realizar el proceso de adecuación típica de la
conducta sometida a investigación y juicio en cada caso concreto.
Para la Sala que esta elevación de los límites punitivos no contradice los principios de proporcionalidad y razonabilidad
porque es un mecanismo adecuado para prevenir y reprimir los actos de maltrato
en la familia que, atendiendo a su incremento y reiteración, han sido
considerados por el legislador como una situación que afecta ostensiblemente la
convivencia pacífica. Además, las penas fijadas para el delito de lesiones
personales en sus distintas modalidades no constituyen un parámetro de
comparación para determinar la proporcionalidad de la pena fijada para el
delito de violencia intrafamiliar que busca proteger a la familia, como bien
jurídico distinto a la integridad personal y elemento fundamental de la
sociedad, e incluye dentro de las conductas constitutivas de la infracción
muchos otros comportamientos diferentes a causar daño en el cuerpo o en la
salud.
Indica la Sala que aún en los casos en que los actos de violencia intrafamiliar ocasionen, entre otros
efectos, daños en el cuerpo o en la salud, no existe identidad entre el
comportamiento que configura violencia familiar y las lesiones personales pues
la condición del sujeto activo del punible – con quien la víctima tiene una
relación derivada de la pertenencia al mismo núcleo familiar- es una
circunstancia que permite diferenciar los dos delitos y que justifica el
establecimiento de consecuencias punitivas diversas por parte del legislador.
En este orden, no hay violación del principio de igualdad cuando se trata de
conductas que no son equiparables.
VII.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 229
de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, en relación con los cargos examinados en esta sentencia.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente en comisión
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RíOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
FRENTE A LA
SENTENCIA C-368/14
CON PONENCIA DEL MAGISTRADO ALBERTO ROJAS RÍOS, QUE
DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE ALGUNAS EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 229 DE LA LEY
599 DE 2000.
TIPO
PENAL DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Norma demandada no vulnera el principio de
igualdad (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D - 9960
Problema
jurídico planteado en la sentencia: ¿Si el tipo penal de violencia familiar contemplado
en el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el
artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, viola el derecho a la igualdad y el
principio de legalidad?
Motivo de la
Aclaración: precisar algunos motivos específicos por los cuales la norma
demandada no vulnera el principio de igualdad.
Aclaro el voto en la Sentencia C- 368 de 2014 con el objeto de precisar algunos conceptos en relación con la no
vulneración del principio de legalidad por la norma demandada.
1.
ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA C- 368 DE 2014
Acción de constitucionalidad
contra el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33 de
la Ley 1142 de 2007. El demandante considera que la norma acusada debe ser
declarada inexequible, por vulnerar el preámbulo y los artículos 13 y 29 de la
Constitución Política, pues el tipo penal establece sanciones sin atender a la
gravedad de las lesiones causadas a la víctima. Igualmente, considera que la
expresión “siempre que la conducta no constituya un delito sancionado por pena
mayor” desconoce el principio de taxatividad penal, porque genera incertidumbre
sobre las conductas constitutivas de maltrato que podrían sancionarse con penas
mayores y, cuales por el delito de violencia intrafamiliar.
La
Sentencia C- 368 de 2014 declara exequible el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 33
de la Ley 1142 de 2007, en relación con los cargos examinados en esta sentencia
al considerar que no vulnera el derecho a la igualdad ni el principio de
legalidad.La Corte indicó que aún en los casos en que los actos de
violencia intrafamiliar ocasionen entre otros efectos, daños en el cuerpo o en
la salud, no existe identidad entre el comportamiento que configura violencia
familiar y las lesiones personales pues la condición del sujeto activo del punible
– con quien la víctima tiene una relación derivada de la pertenencia al mismo
núcleo familiar- es una circunstancia que permite diferenciar los dos delitos y
que justifica el establecimiento de consecuencias punitivas diversas por parte
del legislador. En este orden, no hay violación del principio de igualdad
cuando se trata de conductas que no son equiparables.
2.
FUNDAMENTO DE LA ACLARACIÓN
Comparto la decisión de la
sentencia, pues efectivamente la tipificación del delito de violencia intrafamiliar
y la determinación de la pena aplicable se encuentran dentro del marco de
libertad de configuración del legislador.
En todo caso, en el acápite sobre
el principio de legalidad se señalan aspectos que realmente hacen referencia a
la libertad de configuración del legislador en materia penal por lo cual dentro
de la discusión se sugirió cambiar el título y ampliar la línea jurisprudencial
sobre el principio de legalidad.
El principio de legalidad[70],
implica que cuando haya lugar a una limitación, los requisitos deberán ser
fijados por la ley, ya que al ser una libertad personal,  la Constitución
establece una estricta reserva legal[71]:
“La reserva legal, como
expresión de la soberanía popular y del principio democrático (Arts. 1º y 3º C.
Pol.), en virtud de la cual la definición de las conductas punibles y sus
sanciones, que constituyen una limitación extraordinaria a la libertad
individual, por razones de interés general, está atribuida al Congreso de la
República como órgano genuino de representación popular, lo cual asegura que
dicha definición sea el resultado de un debate amplio y democrático y que se
materialice a través de disposiciones generales y abstractas, impidiendo así la
posibilidad de prohibiciones y castigos particulares o circunstanciales y
garantizando un trato igual para todas las personas”[72].
El principio de legalidad está
compuesto a su vez por una serie de garantías dentro de las cuales se
encuentran: la taxatividad[73]
y la prohibición de la
aplicación de normas penales retroactivamente (salvo sean más favorables para
el reo)[74]. En este marco cobra particular
importancia el principio de taxatividad,
según la cual, las
conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e
inequívocamente definidas por la ley[75]. En este sentido:
“En virtud de
los principios de legalidad  y tipicidad el legislador se encuentra
obligado a establecer claramente en qué circunstancias una conducta resulta
punible y ello con el fin de que los destinatarios de la norma  sepan a
ciencia cierta  cuándo responden por las conductas prohibidas por la ley.
No puede dejarse al juez, en virtud de la imprecisión o vaguedad
del texto respectivo,  la posibilidad de remplazar  la expresión del
legislador, pues ello pondría en tela de juicio el  principio de
separación de  las ramas del poder público, postulado esencial del Estado
de Derecho”[76].
En este sentido, los 3
cuestionamientos señalados por el accionante no vulneran el principio de
legalidad:
Frente a la expresión del artículo 229 del Código
Penal “siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena
mayor”, la misma no hace parte de la tipicidad penal, sino que
constituye una cláusula de subsidiariedad que impide la existencia de concursos
entre este tipo penal y otros que puedan implicar un maltrato como las lesiones
personales o el homicidio.
De esta manera, esta cláusula lejos de vulnerar el principio de
legalidad lo que hace es impedir que se afecte el principio constitucional de non
bis in idem, en virtud del cual una persona no pueda ser sancionada dos (2)
veces por la misma conducta[77].
Tampoco se
afecta el principio de legalidad con la expresión maltratos físicos y
psicológicos, cuyo concepto ha sido señalado en múltiples ocasiones por esta
Corporación:
“Se trata
de proteger a una persona que ha sido puesta por el ejercicio de la fuerza
reiterada y habitual, dentro de su hogar de residencia y en el ámbito familiar,
en condiciones de indefensión respecto de quien se interpuso la acción, como
quiera que se trata de un conjunto de relaciones de carácter familiar doméstico
en el que el marido  colocándose en situación de superioridad física abusa
de su presencia en el hogar, desplegando su fuerza habitual para maltratar
físicamente a su cónyuge, poniendo en peligro la vida e integridad
física  y personal de la agredida; el concepto de indefensión a que hace
referencia la norma que se cita, está constituida precisamente por la falta de
defensa física  o por la carencia de medios físicos para repeler la ofensa
contra la vida producida por una persona natural a la que se le debe respeto, afecto
y consideración”[78]
Así mismo, en
lo que se refiere específicamente al tipo penal, la Corte Constitucional
también ha desarrollado el concepto de violencia intrafamiliar:
“por violencia intrafamiliar puede entenderse todo daño o maltrato físico,
psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio,
ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una
familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no
convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo
hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se
hallaren integrados a la unidad doméstica”[79].
Finalmente, no
es cierto el cuestionamiento del actor según el cual los funcionarios
judiciales acusan y condenan por el delito de violencia intrafamiliar ante las
lesiones personales causadas a miembros del grupo familiar, cuando el delito de
violencia intrafamiliar se concibió para conductas que no impliquen atentados
contra la vida e integridad personal.
En este sentido, precisamente en
virtud de la cláusula de subsidiariedad consagrada en la expresión del artículo 229 del Código
Penal “siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena
mayor”, es que si se presentan lesiones personales sean éstas las que
se imputen porque constituyen un delito más grave.
Fecha ut supra,
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1]
El artículo 33 de la Ley 1142 de 2007, que modificó el artículo 229 del código
Penal, fue publicado en el Diario Oficial N°46.673 del 28 de julio de 2007.
[2]
Cfr. sentencia T- 586 de 1999.
[3]
Sentencia T-237 de 2004. En el mismo sentido en la sentencia T-887 de 2009, la Corporación recordó que “La protección
estatal de la familia debe ser integral. De este modo, las autoridades públicas
“deben abstenerse de adoptar medidas administrativas o judiciales que, en la
práctica, impliquen violar la unidad familiar, so pretexto, por ejemplo, de
amparar los derechos fundamentales de alguno de sus integrantes”.
[4]
Adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, y en
el derecho interno mediante la Ley  74 de 1968.
[5]
Incorporada al derecho interno mediante la Ley 12 de 1991 y ratificada por Colombia el 28 de enero de 1991.
[6]
Dijo allí la Corte Constitucional“El legislador, dentro de su libertad de
configuración, ha decidido estructurar un tipo penal orientado a sancionar,
cuando ocurren en el ámbito familiar, conductas de violencia física o
sicológica que no tienen la entidad necesaria como para integrarse en los tipos
que, de manera general, protegen bienes como la vida, la integridad personal,
la libertad, la integridad y la formación sexuales, o la autonomía personal, y
de acuerdo con su tenor literal, las medidas previstas en las normas acusadas
se desenvuelven en el ámbito de la protección integral a la familia, por cuanto
lo que se pretende prevenir, es la violencia que de manera especial puede
producirse entre quienes, de manera permanente, comparten el lugar de
residencia o entre quienes, de manera quizá paradójica, se encuentran más
expuestos a manifestaciones de violencia en razón de la relación de confianza
que mantienen con otra persona, relación que, tratándose de parejas, surge del
hecho de compartir un proyecto de vida en común, situación que también se
presenta en el ámbito de las parejas homosexuales, da lugar a un déficit de
protección  porque ignora una realidad que, para los supuestos previstos
por el legislador, puede aspirar a un nivel equivalente de protección al que se
brinda a los integrantes de la familia”
[7]
Sentencia T-278 de 1994, y en el mismo sentido la Sentencia T-523 de 1992
[8]
Sentencia T-199 de 1996
[9] Cfr. Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 261, párr. 142; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008.
Serie C No. 186, párr. 115, y Caso
Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota
22, párr. 298.
[10]
Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra nota 248, párr. 344.
[11] Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo,
supra nota 257, para. 176,
y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota
190, párr. 76.
[12]
, Aprobada por la Ley 762 de 2002, declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-401 de 2003, instrumento ratificado el 11 de febrero de 2004 y que entró en
vigor a partir del 11 de marzo de 2004.
[13]
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 e incorporada al derecho
interno mediante Ley 1346 de 2009, declarada exequible mediante sentencia
C-293 de 2010.
[14]http://www.portalfio.org/inicio/repositorio/informes-fio/informe_personas_discapacidad.pdf pág. 204. La Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO) es la agrupación constituida en  1995, que reúne a Defensores del Pueblo, Procuradores,
Proveedores, Razonadores,
Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos de los
países iberoamericanos de los ámbitos nacional, estatal, regional, autonómico o
provincial.
[15]
sentencia T-510 de 2003,
T-794 de septiembre 27 de 2007 y C-804 de 2009, entre otras.
[16] El mismo precepto superior fija dos de los parámetros
que debe atender el legislador al definir los tipos penales: no puede sancionar
con prisión o arresto por deudas y las penas y medidas de seguridad deben tener
un término máximo de duración, esto es, no pueden ser imprescriptibles.
[17]
Cfr. Sentencias C-121 y  C-442 de 2011, C-241 y C-742 de 2012.
[18]
Cfr. Sentencias C-038 de 1995, C-070 de 1996, C-442 de 2011 y C-742 de 2012.
[19] Cfr. Sentencia C-939 de
2002.
[20]
Cfr. Sentencia C-241 de 2012.
[21]
Cfr. Sentencias C-587 de 1992, C-442 de 2011 y C-241 de 2012.
[22]
Cfr. Sentencias C-587 de 1992, C-125 de 1996, C-239 de 1997, C-404 de 1998,
C-177 de 2001, C-442 de 2011 y C-241 de 2012.
[23]
Cfr. Sentencias C-647 de 2001, C-226, C-312, C-370, C-489 y C-762 de 2002,
C-897 de 2005, C-355 y C-988 de 2006, C-575 y  C-636 de 2009 y C-442 de 2011.
[24]
Cfr. Sentencia C-420 de 2002.
[25]
Cfr. Sentencia C-996 de 2000.
[26]
Cfr. Sentencias C-565 y C-591 de 1993, C-308 y C-428 de 1994, C-996, C-1339 y
SU-1722 de 2000, C-177, C-710 y C-974 de 2001, C-312 y C-1064 de 2002, C-530 de
2003, C-431 de 2004, C-730 y C-1001 de 2005, C-040, C-117 y C-370 de 2006,
C-1198 de 2008, C-801 de 2009, C-936 de 2010, C-442 de 2011, C-241 y C-742 de
2012.
[27]
Cfr. Sentencias C-179 y C-239 de 1997, C-616 de 2002, C-928 de 2005 y C-077 de
2006.
[28]
Cfr. Sentencias C-239 de 1997, C-616 de 2002, C-928 de 2005 y C-015 de 2014.
[29]
Cfr. Sentencia C-239 de 1997.
[30]
Cfr. Sentencias C-070 y C-125 de 1996.
[31]
Sobre esta forma de control social, en la
sentencia C-355 de 2013, dijo la Corte: “Cuando las sanciones formales se aplican por el Estado corresponden al
llamado Ius Puniendi, que se utiliza para perseguir y sancionar aquellas
conductas que atentan contra bienes jurídicos estimados valiosos o causan daño
a los derechos de los asociados[31].
El Estado, como titular del ius puniendi, es el llamado a fijar los
lineamientos de la política criminal que han de aplicarse para posibilitar la
convivencia pacífica en sociedad y para asegurar la defensa de los valores,
derechos y garantías ciudadanas, tomando como referente válido las
circunstancias históricas del momento y las diversas situaciones de orden
coyuntural que se generan al interior de la comunidad, atribuibles a una
dinámica social, política, económica e incluso cultural de permanente cambio y
evolución[31].
“El ejercicio del ius puniendi supone una adecuación de la potestad del
legislador con los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución, de tal manera que se garanticen efectivamente los derechos fundamentales dentro
de un marco de respeto de la dignidad humana y la libertad[31]. En este sentido, esta
Corporación ha entendido que el ejercicio del ius puniendi está sometido a los
principios de estricta legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad,
razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el acto en tanto que límites materiales
a la ejecución de esta competencia estatal[31]…El control social penal es solamente un subsistema
en el sistema global del control social que se caracteriza por sus fines
(prevención o represión del delito) y por los medios de que se sirve (penas y
medidas de seguridad)[31].”
[32]
Sentencia C-1404 de 2000, M. P. Carlos Gaviria Díaz y Alvaro Tafur Gálvis.
[33]
Sentencia C-226 de 2002.
[34]
Sentencia C-261 de 1996
[35]
Cfr. Sentencia C-365 de 2012
[36]
En sentencia C- 468 de 2009, dijo la Corte: “La jurisprudencia ha venido sosteniendo frente a los límites
a los que se encuentra sometido el legislador en el ejercicio de la potestad
punitiva del Estado, que éstos son de dos órdenes: explícitos e implícitos. En
cuanto hace a los límites explícitos, por expresa disposición constitucional,
al legislador le está prohibido establecer las penas de muerte, destierro,
prisión perpetua o confiscación, así como también someter a cualquier persona a
torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tratándose de los
límites implícitos, en el ejercicio de la facultad para tipificar delitos y
fijar penas, el legislador debe propender por la realización de los fines
esenciales del Estado, de manera que, en desarrollo de tal atribución, debe
garantizar y respetar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución y asegurar la vigencia de un orden justo.”
[37]
Cfr. Sentencia C-083 de 2013, en la cual se indica que el proceso de
despenalización es admisible “cuando con ello no comprometa la integridad de
los valores, principios y derechos establecidos por la Constitución.”
[38]
“Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.”
[39] En la sentencia C-205 de 2003, la Corte señaló que “Si bien es cierto que el legislador goza de un margen de configuración
normativa al momento de definir qué comportamiento social reviste tal grado de
lesividad para determinado bien jurídico que merezca ser erigido en tipo penal,
decisión política adoptada con fundamento en el principio democrático y que
refleja los valores que rigen a una sociedad en un momento histórico
determinado, este margen de discrecionalidad no es ilimitado, por cuanto el
bloque de constitucionalidad constituye el límite axiológico al ejercicio del
mismo, razón por la cual la definición de tipos penales y de los procedimientos
penales debe respetar en un todo el ordenamiento superior en cuanto a los
derechos y la dignidad de las personas, tal y como en numerosas ocasiones y de
tiempo atrás lo viene señalando esta Corporación en su jurisprudencia.”.
[40]
“2. Nadie será condenado por
actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el
Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito.”
[41]
“Nadie puede ser condenado por
acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el
derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en
el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se
beneficiará de ello.”
[42] “1. Nadie será condenado por actos u
omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable
en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se
beneficiará de ello. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al
juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento
de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho
reconocidos por la comunidad internacional.”
[43]
Cfr. sentencia C-559
de 1999, MP Alejandro Martínez Caballero.
[44]
Sentencia C-559 de 1999
[45]
Sentencia C- 843 de 1999 y en el mismo sentido, C-820 de 2005.  Y,
recientemente, en la sentencia C-083 de 2013, esta Corte reiteró que: “En
aplicación del principio de estricta legalidad, esta Corporación ha sostenido (i)
que la creación de tipos penales es una competencia exclusiva del legislador
(reserva de ley en sentido material)[45] y que (ii)
es obligatorio respetar el principio de tipicidad: “nullum crimen, nulla
poena, sine lege previa, scripta et certa”.[45]
De manera que el legislador está obligado no sólo a definir la conducta punible
de manera clara, precisa e inequívoca,[45] sino que además
debe respetar el principio de irretroactividad de las leyes penales (salvo
favorabilidad)..
[46]
Sentencia C-475 de 2004 “El
principio de legalidad de las sanciones exige: (i) que el señalamiento de la
sanción sea hecho directamente por el legislador; (ii) que este señalamiento
sea previo al momento de comisión del ilícito y también al acto que determina
la imposición de la sanción; (iii) que la sanción se determine no sólo
previamente, sino también plenamente, es decir que sea determinada y no
determinable. Obviamente, esto no impide que el legislador diseñe mecanismos
que permitan la gradación de la sanción, como el señalamiento de topes máximos
o mínimos.”
[47]
Cfr. Sentencias C-818 de 2010 y
C-250 de 2012
[48] Artículo 66 del Decreto 100 de 1980. Agravación
punitiva. Son circunstancias que agravan la pena,
siempre que no hayan sido previstas de otra manera: …2. Los deberes que las
relaciones sociales o de parentesco impongan al delincuente respecto del
ofendido o perjudicado o de la familia de éstos. 3. El tiempo, el lugar, los
instrumentos o el modo de ejecución del hecho, cuando hayan dificultado la
defensa del ofendido o perjudicado en su integridad personal o bienes, o
demuestren una mayor insensibilidad moral en el delincuente….5. Abusar de las
condiciones de inferioridad del ofendido”.
[49]
En la sentencia T-133 de 2004, la Corte reseñó la protección excepcional dada por el juez constitucional en casos de violencia
intrafamiliar antes de su regulación penal, así: “Antes de la Ley 294 de 1996, esta Corporación admitió que el maltrato físico o moral al interior de la familia comporta una
situación de indefensión para las víctimas (Sentencias T-529-92 y T-487-94) y
reconoció que en razón del maltrato pueden vulnerarse los derechos a la vida y
a la integridad personal de aquellos miembros de la familia que son sometidos
por la violencia física o moral (Sentencias T-529-92 y T-552-94). De allí que
en esos supuestos, sin desconocer el alcance de instituciones propias del
derecho de familia, penal o policivo, aceptó la procedencia del amparo constitucional
para proteger los derechos fundamentales de las víctimas de esa modalidad de
violencia.”
[50]
Gaceta del Congreso No.164, septiembre 29 de 1994. Exposición de motivos del
proyecto de ley que dio lugar a la Ley 294 de 1996.
[51] Artículo 23. Maltrato constitutivo de lesiones
personales. El que mediante violencia física o síquica, trato cruel o
intimidatorio o degradante, cause daño en el cuerpo o en la salud sicológica a
un integrante de su grupo familiar, incurrirá en la pena privativa de la
libertad prevista para el respectivo delito, aumentada de una tercera parte a
la mitad.
Parágrafo. Para los efectos de este artículo, obligar
o inducir al consumo de substancias sicotrópicas a otra persona o consumirlas
en presencia de menores, se considera trato degradante.
[52]La
violencia familiar en sus distintas manifestaciones no está tipificada en
nuestro Código Penal como delito, siendo un comportamiento que afecta la misma
esencia jurídica de la organización familiar". Gaceta del Congreso No.
164, septiembre 29 de 1994, Exposición de motivos del proyecto de ley.
[53] Artículo  1°. El artículo 229 de la Ley 599 de 2000 quedará así: Violencia
Intrafamiliar. El que maltrate física o
sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre
que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de
uno (1) a tres (3) años.
La pena se aumentará de
la mitad a las tres cuartas partes cuando el maltrato, del que habla el artículo
anterior recaiga sobre un menor, una mujer, un anciano, una persona que se
encuentre en incapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien
se encuentre en estado de indefensión.
[54]
Artículo 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad
en el máximo. En todo caso, la aplicación de esta regla general de incremento
deberá respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los
tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la presente
ley.
[55]
Cfr. Sentencia T-133 de 2004
[56]
Diario Oficial N°46.673 del 28 de julio de 2007.
[57]
Gaceta del Congreso N|250 de 2006. Proyecto de ley 23 de 2006 Cámara.
[58]http://www.medicinalegal.gov.co/images/stories/root/FORENSIS/2012/3%20violencia%20intrafamiliar%20forensis%202012.pdf , forensis 2012, Instituto Nacional de Medicina
legal y Ciencias forenses
[59]
Ley 74 de 1978
[60]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N. 54/01, Caso
12.051, Maria da Penha Maia Fernandes, Brasil, 16 de abril de 2001.
[61] Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/
[62]
http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/alc_toronto_declaration_es.pdf?ua=1
[63]
Sanción que se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la
conducta recaiga sobre un menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y
cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o disminución física,
sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.
[64]
En la sentencia C- 285 de 1997, dijo la Corte: Si bien el derecho penal constituye el
mecanismo de control más gravoso para la libertad de las personas, es también
la forma de tutela más eficaz de los bienes y derechos fundamentales de los
individuos”.
[65]Cfr.
Sentencia T-629 de 1995
[66] Artículo 61. Fundamentos para la individualización de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador
dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno
mínimo, dos medios y uno máximo.
El sentenciador sólo
podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni
agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro
de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de
agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran
circunstancias de agravación punitiva.
Establecido el cuarto o
cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá
ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta,
el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o
atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa
concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el
caso concreto.
Además de los fundamentos
señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena,
en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al
momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de
la contribución o ayuda.
[67] LA INTEGRIDAD PERSONAL -CAPITULO III. -DE LAS LESIONES PERSONALES
ARTICULO 111. LESIONES.  El que cause a otro daño en el cuerpo o en
la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes.
ARTICULO 112. INCAPACIDAD
PARA TRABAJAR O ENFERMEDAD. <Penas
aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> Si el
daño consistiere en incapacidad para trabajar o en enfermedad que no pase de
treinta (30) días, la pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis
(36) meses.
Si el daño consistiere en
incapacidad para trabajar o enfermedad superior a treinta (30) días sin exceder
de noventa (90), la pena será de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses
de prisión y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a quince (15) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Si pasare de noventa (90) días,
la pena será de treinta y dos (32) a noventa (90) meses de prisión y multa de
trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
ARTICULO 113. DEFORMIDAD. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1639 de 2013. El nuevo texto es el
siguiente:> Si el daño consistiere en deformidad física transitoria, la pena
será de prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses y multa de veinte
(20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Si fuere permanente, la pena
será de prisión de treinta y dos (32) a ciento veintiséis (126) meses y multa
de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si el daño consistiere en
deformidad física causada usando cualquier tipo de ácidos; álcalis; sustancias
similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con
el tejido humano, incurrirá en pena de prisión de setenta y dos (72) a ciento
veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66)
a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si la deformidad afectare el
rostro, la pena se aumentará desde una tercera parte hasta la mitad.
ARTICULO 114. PERTURBACION
FUNCIONAL. <Penas aumentadas
por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> Si el
daño consistiere en perturbación funcional transitoria de un órgano o miembro,
la pena será de prisión de treinta y dos (32) a ciento veintiséis (126) meses y
multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Si fuere permanente, la pena
será de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión
y multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro
(54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 115. PERTURBACION
PSIQUICA. <Penas aumentadas
por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> Si el
daño consistiere en perturbación psíquica transitoria, la pena será de prisión
de treinta y dos (32) a ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y
cuatro punto sesenta y seis (34.66) a sesenta (60) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Si fuere permanente, la pena
será de cuarenta y ocho (48) a ciento sesenta y dos (162) meses de prisión y
multa de treinta y seis (36) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
ARTICULO 116. PERDIDA
ANATOMICA O FUNCIONAL DE UN ORGANO O MIEMBRO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> Si el
daño consistiere en la pérdida de la función de un órgano o miembro, la pena
será de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses de prisión y multa de
treinta y tres punto treinta y tres (33.33) a ciento cincuenta (150) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
La pena anterior se aumentará
hasta en una tercera parte en caso de pérdida anatómica del órgano o miembro.
ARTICULO 117. UNIDAD
PUNITIVA. Si como consecuencia
de la conducta se produjeren varios de los resultados previstos en los
artículos anteriores, sólo se aplicará la pena correspondiente al de mayor
gravedad.
ARTICULO 118. PARTO O
ABORTO PRETERINTENCIONAL. Si a
causa de la lesión inferida a una mujer, sobreviniere parto prematuro que tenga
consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o
sobreviniere el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes,
se aumentarán de una tercera parte a la mitad.
ARTICULO 119. CIRCUNSTANCIAS
DE AGRAVACION PUNITIVA. <Artículo
modificado por el artículo 200 de la Ley 1098 de 2006. Rige a partir del 8 de
mayo de 2007. Ver Legislación anterior para texto vigente antes de esta fecha.
El nuevo texto es el siguiente:> Cuando con las conductas descritas en los
artículos anteriores, concurra alguna de las circunstancias señaladas en el
artículo 104 las respectivas penas se aumentarán de una
tercera parte a la mitad.
Cuando las
conductas señaladas en los artículos anteriores se cometan en niños y niñas
menores de catorce (14) años las respectivas penas se aumentaran <sic> en
el doble.
[68]
Así se observa en los siguientes artículos de la ley 599 de 2000: Artículo 145. Actos de barbarie. Artículo 153. Obstaculización de tareas
sanitarias y humanitarias. , Artículo
154. Destrucción y apropiación
de bienes protegidos., Artículo
184. Constreñimiento para
delinquir., Artículo 192. Violación
ilícita de comunicaciones., Artículo 194. Divulgación y empleo de documentos
reservados, entre muchas otras descripciones típicas.
[69]
Artículo 31 de la Ley 599 de 2000
[70] Sentencia de la Corte Constitucional: C – 730 de 2005, MP: Dr. Álvaro Tafur Galvis. En el
mismo sentido: T-079 de 1993, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; C-565 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-591 de 1993 M.P.  Eduardo Cifuentes Muñoz; T-139 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-308 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-428 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-146 de 1995, M.P.  Dr. Vladimiro Naranjo
Mesa; T-155 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1339 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; SU.1722 de
2000 MP(e):Dr. Jairo Charry Rivas; C-710 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-974 de 2001, M.P. Alvaro
Tafur Galvis; C-312 de 2002, M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-433 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1064 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-530 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-499 de 2003, M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-431 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1001 de 2005,M.P. Alvaro Tafur Galvis; T-284 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández;T-649 de 2005, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-072 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-433 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-864 de 2004, M.P. Jaime Araújo
Rentería; C-897 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-391 de 2007 M.P. Manuel Jose Cepeda
Espinosa; C-117 de 2006, M.P. Jaime Córdoba
Triviño; C-040 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-171 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy
Cabra, Alvaro Tafur Galvis;  T-1249 de 2008, M.P: Jaime Córdoba Triviño;C-1198 de 2008, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla; C-801 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-200 de 2010 M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto; C-936 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-442 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[71]
Sentencias de la Corte Constitucional: C-872 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C – 730 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis. En igual sentido: C-1173
de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-334 de 2007, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla; C-491 de 2007, M.P. Jaime Córdoba
Triviño; C-186 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[72]
Sentencia de la Corte Constitucional C-238 de 2005, M.P. Jaime Araujo Renteria.
[73] Sentencias de la Corte Constitucional: C-843 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-198 de 2002, M.P. Clara Ines Vargas Hernández; C – 925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido: C-1080
de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-238 de 2005, M.P. Jaime Araujo Renteria; C-820 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-996 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-676 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[74] Sentencia de la Corte Constitucional C – 925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En igual sentido: C-371
de 2011, M.P. Luís Ernesto
Vargas Silva.
[75] Sentencias de la Corte Constitucional: C-996 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1144 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-198 de 2002, M.P. Clara Ines Vargas Hernández; C-1080 de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis; C – 925 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo sentido:
T-676 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; C-843 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-238 de 2005, M.P. Jaime
Araujo Renteria; C-820 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1260 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[76]Sentencia
de la Corte Constitucional C-173 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[77]Sentencias de
la Corte Constitucional C-047 de 2006,
M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-229 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[78]Sentencia de la Corte
Constitucional T-436 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.
[79]
Sentencia de la Corte Constitucional C- 674 del
30 de junio de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.