T-140-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-140/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ARBITRAMENTO-Naturaleza
Los tribunales de arbitramento realizados por
particulares estarán regidos por uno de distintos cuerpos normativos, el cual
es escogido por las partes del proceso. Esta es una de las concreciones del
principio de voluntariedad que rige la actividad arbitral, tal y como ha
manifestado la Corte Constitucional, el cual, adicionalmente, debe armonizarse
en cada caso concreto con el carácter del arbitraje como institución procesal
de orden público, lo que en cierta medida restringe la libre configuración
procesal que puedan tener las partes o los centros autorizados para dirigir
tribunales de arbitramento.
ARBITRAMENTO-Voluntad de las partes como origen y fundamento/ARBITRAJE-Modalidades
El arbitraje podrá ser
independiente, institucional o legal. El arbitraje independiente es aquel en
que las partes acuerdan autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en
la solución de su conflicto; institucional, aquel en el que las partes se
someten a un procedimiento establecido por el Centro de Arbitraje; y legal,
cuando a falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realice conforme a las
disposiciones legales vigentes.
ARBITRAJE
INSTITUCIONAL-Reglamentos
Los
reglamentos de los centros de arbitraje a los que se sometan los arbitramentos
institucionales deberán respetar las garantías al debido proceso previstas por
la Constitución y la ley que regulan este tema. Es decir, en tanto se permite
que existan tribunales de arbitramento sometidos a reglamentos expedidos por
los centros de arbitraje, debe entenderse que dicha regulación propia puede ser
distinta del procedimiento previsto por las disposiciones legales (no tendría
sentido que se autorizara la creación de reglamentos de arbitramento, y a la
vez se les obligara a repetir lo ya establecido por una regulación legal); pero
que el ejercicio de esa autonomía está delimitada por el respeto al debido
proceso, ya sea este garantizado por disposiciones constitucionales o
disposiciones legales.
INTERRUPCION Y SUSPENSION EN EL
PROCESO ARBITRAL-Diferencias
La interrupción se tipifica
por un hecho externo al proceso, generalmente ajeno a la voluntad de los
litigantes, de acuerdo con las causales descritas en el artículo 168 del
estatuto procesal civil, y la suspensión, obedece a una exigencia interna del
juicio o de conveniencia de las partes.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por inexistencia de defecto sustantivo por cuanto se
encontró ajustado a la ley que un tribunal de arbitramento se rija por el
reglamento del centro de arbitraje que escogieron las partes
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por
inexistencia de defecto sustantivo por
cuanto el laudo arbitral se produjo dentro del
término establecido por el reglamento
Referencia: Expediente T-4.051.738
Acción de tutela de Alange Corp
contra la Sala de Decisión Civil de Descongestión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., trece
(13) de marzo de dos mil catorce (2014).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa
y los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos el 29 de mayo de 2013 por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y el 17 de julio de 2013 por la
Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, dentro de la acción de tutela promovida por Alange Corp contra la Sala de Decisión Civil de
Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.
I.
ANTECEDENTES.
Alange Corp, mediante
apoderado judicial promovió acción de tutela contra el citado despacho judicial
y el Tribunal de Arbitramento, por considerar vulnerado su derecho fundamental
al debido proceso, con ocasión de la sentencia dictada el 30 de abril de 2013,
que negó la anulación del laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento el 12
de octubre de 2012, a su juicio, por fuera del término máximo de duración del
procedimiento arbitral.
Hechos
1.
Alange Corp y NCT Energy Group suscribieron un
Acuerdo de Evaluación de Posible Adquisición de Compañía y/o de Participación
en el “Contrato de Exploración y Producción Cubiro”, en el cual las partes
pactaron que las diferencias se someterían a un tribunal de arbitramento de
carácter institucional, sujeto a las reglas de procedimiento del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
2.
Alange Corp adquirió el bloque Cubiro, y al presentarse
diferencias entre las sociedades mencionadas, NCT Energy Group hizo efectiva la
cláusula compromisoria y el 8 de febrero de 2011 convocó a tribunal de
arbitramento.
3.
El 21 de noviembre de 2011, en la primera audiencia de trámite, el
tribunal de arbitramento decidió sobre su competencia mediante auto contra el
cual Alange Corp, parte convocada, interpuso reposición, por lo cual se
suspendió la diligencia. Dicho recurso fue resuelto negativamente en audiencia
del 7 de diciembre de 2011, y el 12 de enero de 2012 se continuó con la primera
audiencia de trámite.
4.
En laudo proferido el 12 de octubre de 2012 el
Tribunal de Arbitramento declaró el incumplimiento del “Acuerdo de evaluación de posible adquisición de participación de
compañía y/o participación en el contrato de exploración y producción Cubiro[1] (en adelante el Acuerdo) que suscribieron el 31 de julio de 2008;
por tal razón, condenó a la ahora accionante al pago de
una indemnización de perjuicios y las costas del
trámite arbitral.
5.
ALANGE CORP, interpuso recurso de anulación
contra el referido laudo arbitral, con fundamento en las causales establecidas
en los numerales 1, 2, 5, 8 y 9 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, al estimar que (i) como en la cláusula compromisoria se había
establecido que se iban a adoptar las normas de la
Cámara de Comercio, esta cláusula era contraria a las normas de orden público,
(ii) hubo indebida conformación de los árbitros, (iii)  no se cumplió con el
requisito de mediación, (iv) se falló extrapetita y (v) no se decidió sobre la
materia. Las razones por las cuales estima que el laudo debió ser anulado son:
a-
Primera: La ilicitud del pactum de
compromittendo
ALANGE CORP y NTC ENERGY GROUP C.A impusieron reglas privadas al
proceso arbitral[2];
por esta razón, cuando en una cláusula compromisoria las partes convienen un
proceso arbitral que hace abstracción de las reglas establecidas para el mismo
en la ley o las invocan con un carácter subsidiario, debe proclamarse el juez
que conozca el caso debe declarar la nulidad del laudo. [3]
b-
Segunda: Indebida integración del tribunal
El Tribunal de Arbitramento no era competente por la renuncia tácita
efectuada por las partes a la cláusula compromisoria que permitía su
convocatoria, que se configuró con la solicitud presentada por NTC ENERGY GROUP
C.A., ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, para iniciar un procedimiento de conciliación
extrajudicial, el 22 de noviembre de 2010, “con el fin de lograr un acuerdo
en torno a los perjuicios derivados del supuesto incumplimiento por parte de
ALANGE de las obligaciones consagradas en el Acuerdo de evaluación de posible
adquisición de compañía y/o participación en el contrato de exploración y
producción Cubiro”[4],
con lo cual, las partes decidieron solucionar el objeto del litigio por medio
de la vía ordinaria.
Con el propósito de sustentar su afirmación, expuso que la
conciliación realizada es de carácter prejudicial, estipulada en la
Ley 640 de 2001, la cual no es un requisito de procedibilidad para iniciar un
proceso ante un tribunal de arbitramento. Por ello si una de las partes opta
por iniciar la conciliación prejudicial como prerrequisito para ejercer la
acción ordinaria y la otra parte así lo acepta y lo reconoce, tiene que
concluirse inequívocamente que las partes han desistido de tramitar su
diferencia por la vía arbitral.
c-
Tercera: Haberse proferido el laudo
después de vencido el término fijado para la duración del proceso arbitral o su
prórroga
Afirmó que la causal referida ataca la validez del laudo por haber
sobrepasado el límite temporal para la expedición del mismo, sin una
justificación que hubiera permitido dicha situación. Indica que si conforme al
artículo 103 de la Ley 23 de 1991, las partes no determinan la duración máxima
del proceso arbitral, debe operar el término máximo previsto en la
normatividad, esto es seis (6) meses, que pueden prorrogarse por un plazo
semejante a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa
para ello.
Como la primera audiencia de trámite finalizó el 26 de enero de 2012[5],
“independientemente de las suspensiones acordadas el plazo máximo del
proceso arbitral era hasta el 26 de julio de 2012, dado que los árbitros no
prorrogaron el plazo de los seis (6) meses iniciales”,[6],por
lo cual el Tribunal de Arbitramento debió haber cesado en sus funciones de
forma inmediata el 12 de julio de 2012, una vez expiró su periodo máximo de
duración sin que se hubiera proferido el laudo respectivo o sin que se hubiere
efectuado una prorroga, para proferir una decisión.
d-
Cuarta: “Haber recaído el Laudo sobre los
puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo
pedido” [causal No. 8]
Adujo que el fallo proferido por el tribunal de arbitramento fue
incongruente y extra petita, porque NCT solicitó condenar a ALANGE por
el incumplimiento del Acuerdo suscrito el 31 de julio de 2008 y no con base en
la conversación realizada el 4 de septiembre de 2008, pues “En efecto, con
posterioridad al Acuerdo del 31 de julio de 2008 no hay ningún acuerdo entre
las Partes en el que se haya señalado un porcentaje de participación del 10%
que le correspondería a NCT EG en el Bloque Cubiro. Nótese a este respecto
que las dos Partes convinieron en la cláusula séptima del Acuerdo que ‘…una vez
definidas y acordadas sus participaciones, la cláusula relativa a los
porcentajes y financiación de que trata la cláusula 2 de este Acuerdo se
trasladara en forma de Anexo a cualquiera de los acuerdos suscritos entre
las Partes’. Y no existe un solo anexo, ni de antes del 31 de julio de 2008, ni
de fecha posterior, en el que ALANGE y NCT EG hayan convenido los porcentajes
de participación en cuestión. Por ello, es que el Anexo –que debería existir-
no obra en este proceso”.[7]
Sostuvo que la falta de la solemnidad del anexo, convenida por las
partes a manera de formalidad contractual, reputa inexistente cualquier acuerdo
sobre los porcentajes que no haya alcanzado la forma convenida por las Partes.
Por consiguiente, al condenar a la convocada con base en un acto jurídico
diferente al cual se le imputa su incumplimiento se concedió algo distinto a lo
pedido.
e- Quinta: No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al
arbitramento
La convocada señaló que una vez agotada la etapa probatoria, formuló
como excepción el incumplimiento de una formalidad contractual relativa a la
manera en que debían definirse los porcentajes de participación en el Bloque
Cubiro, la cual se encontraba establecida en la cláusula séptima[8]
del Acuerdo suscrito el 31 de julio de 2008; sin embargo, en el laudo arbitral
proferido el 12 de octubre de 2012, el Tribunal de Arbitramento, no abordó el
examen sobre la excepción formulada ni hubo un pronunciamiento al respecto en
la sentencia. Afirma que “por el contrario, el tribunal decidió reconocer a NTC ENERGY GROUP un porcentaje de participación en el Bloque Cubiro
equivalente al diez por ciento (10%), basándose supuestamente en el principio
de consensualidad mercantil, aun cuando en ninguno de los elementos probatorios
que obran en el expediente se demostró o acreditó el cumplimiento de la
formalidad prevista en la referida cláusula séptima, pues no existe un solo
anexo, ni antes del 31 de julio de 2008, ni de fecha posterior, en el que
ALANGE y NTC EG hayan convenido los porcentajes de participación en cuestión.”[9]
Para concluir, señaló que no se trata de un asunto menor. Por cuanto
la solemnidad del anexo convenido por las partes a manera de formalidad
contractual, “reputa inexistente cualquier acuerdo sobre los porcentajes que
no hubiere alcanzado la forma convenida por ALANGE y NCT. Sobre la legalidad y
vinculatoriedad de las cláusulas contractuales que imponen a las partes
determinadas formalidades para expresar su voluntad…”[10]. En
su concepto, el Tribunal omitió decidir sobre las cuestiones sujetas al
arbitramento, por lo cual el laudo proferido el 12 de octubre de 2012 debe ser
anulado, con fundamento en lo preceptuado por el numeral noveno del artículo
163 del Decreto 1818 de 1998.
f- Sexta: “Se vulneraron las garantías superiores de la
Parte Convocada” [Causal de nulidad por violación al debido proceso]
Sobre el particular manifestó que la contabilidad de los
comerciantes, tanto en derecho civil como en el derecho comercial, tiene una
particular relevancia probatoria. En ese sentido, el juez no puede sobreponerse
sobre los criterios objetivos que le impone la norma positiva porque, en
concepto de la convocada, según la tarifa legal los medios de prueba tienen un
valor inalterable y constante, independientemente del criterio del juez, que se
limita a aplicar la ley a los casos particulares.[11]
Como el artículo 70 del Código de Comercio le ordena al juez que
decida conforme al contenido de los libros de comercio de las partes y el
artículo 271 del Código de Procedimiento Civil señala que al comerciante no se
le admitirá prueba que tienda a desvirtuar lo que resultare de sus libros, al
juzgador no le está permitido apelar a cualquier otro medio de prueba distinto
a la contabilidad para formarse un criterio sobre la situación que se debate en
el proceso.
Concluyó que le fue vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso, porque el juez se apartó del derecho aplicable para el caso expuesto,
pues habiéndose definido una solemnidad contractual para que se reputara
existente un porcentaje de participación en el Bloque Cubiro, “el panel arbitral
aceptó que NTC EG tenía derecho al diez por ciento (10%)  sobre el mismo, sin
que existiera evidencia de la solemnidad (“anexo”) que acogiera tal derecho,
por lo que de existir tal acuerdo debió reputarse INEXISTENTE, como lo ha
sostenido la Corte Suprema de Justicia…”.[12]
6.
El recurso de anulación fue desestimado por la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de abril de
2013[13],
decisión que el accionante señala como violatoria del debido proceso por
defecto sustancial.
En su decisión, la mencionada Corporación judicial, luego de
precisar que el recurso de anulación es de carácter extraordinario, la revisión
que se hace en virtud del mismo no involucra el fondo del litigio y se
circunscribe a aspectos procesales, dado que no es una instancia superior, como
la que da el recurso de apelación, y por ello no es posible sustituir la
decisión del tribunal de arbitramento; y advertir que la competencia del Juez
del recurso de anulación está delimitada por la formulación y sustentación de
las causales legales que realice el recurrente, se pronunció sobre los
argumentos de Alarge Corp, así:
a. Sobre la nulidad absoluta del pacto arbitral por la fijación de
los particulares de las reglas de trámite - La
ilicitud del pactum de compromittendo- indicó que la sustentación del recurrente es
impertinente porque censura el reglamento institucional del centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, y dado que la
causal que se aduce es la nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de
objeto o causa ilícita, la sentencia solo hará remisión al pacto arbitral para
determinar si se configura o no[14].
En este sentido, luego de recordar que el mencionado reglamento fue aprobado
por el Ministerio del Interior y de Justicia mediante oficio OFI01-1117-DAJ-0500
del 18 de enero de 2007, sostuvo que:
“partiéndose de la base de ser institucional la
clase de arbitraje escogida por los celebrantes del pacto arbitral, desde ya se
adquiere pleno conocimiento que el reglamento elegido como rector de la
solución de sus diferencias es porque las partes celebrantes del pacto no
adoptaron un procedimiento autónomo sino, por el contrario, adhirieron al del
centro de arbitraje escogido; este proceder, muy ciertamente no contraviene el
derecho público de la nación porque está autorizado por ley, especial, a la
sazón vigente, lo que viene a establecer la ejecución de un acto
volitivo de las partes, ajeno a toda contradicción del derecho positivo, con el
ánimo de someter sus diferencias contractuales al tipo excepcional de justicia
imperante en el país.
De manera que, por el simple hecho de -a último
momento- estimarse -motu proprio- por uno de quienes intervinieran en su
celebración, contrario a la legalidad el reglamento escogido, no resulta ese
pacto susceptible de afectarse del vicio que por objeto ilícito se le acusa;
menos, soslayando su indiscutible vigencia, en virtud de su aprobación estatal,
sin que hubiera sido previamente impugnado ante la competente jurisdicción; de
aquí aparece clara la diferencia distintiva que caracteriza el pacto arbitral,
de un lado; y el reglamento acusado, de otro; de donde ha de entenderse que si
éste resulta contrario a la legalidad, no fue por obra de los particulares
intervinientes en aquel; ni se prueba por el censor que la intención de los
celebrantes del pacto arbitral fue la de, mediante él, subvertir "el
derecho público de la nación" haciéndose aplicar un reglamento viciado de
ilicitud, que no lo está, ciertamente, por su innegable presunción
administrativa de legalidad; la anulación del laudo se fundamenta en "La
nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa
ilícita", no en los defectos del procedimiento escogido.”
Así mismo indicó, que el objeto del pacto arbitral es
lícito pues lo es la constitución de un tribunal de arbitramento, propósito que
no contraviene la ley; de igual modo, la causa que anima el acuerdo es resolver
los conflictos por un determinado medio legal, siendo ésta lícita. Entonces,
dijo el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, “como el
reglamento institucional que se acusa violatorio de la ley no es ni el
objeto ni la causa del pacto arbitral, sino solamente, el
instrumento que ha de servir de medio para lograr la solución de eventual
contrariedad contractual que entre los celebrantes pueda surgir, sin discusión
el pacto arbitral no se afecta de objeto ilícito. (…) Desde este punto de mira
jurídico los celebrantes del pacto arbitral no lo han viciado de nulidad por el
solo hecho de escoger el reglamento adoptado por la Cámara de Comercio de esta
ciudad para el seguimiento de los casos que se le encarguen surtir, pues de esa
manera no se contraviene al orden público de la nación. Y si la recurrente se
preocupa por la prevención fijada por la H. Corte Constitucional en su fallo
C-037 de 1996, advirtiendo que “…los particulares, en aquellos casos no
previstos por el legislador, pueden fijar sus propias reglas para el ejercicio
de su labor de impartir justicia, siempre y cuando se ajusten a los parámetros
establecidos en la Constitución y la Ley” – SIC- … es preciso hacerle
comprender que en el caso concreto de este particular litigio no se tiene
conocimiento que por cuestión del reglamento aplicado se contravino alguna norma
jurídica que perteneciente al vigente derecho positivo contradiga alguna de las
comprendidas en el citado procedimiento”[15]
Señala que la existencia de otras normas de orden
público vigentes, de contenido diferente a las especiales correspondientes al
sistema de arbitraje institucional, no genera la nulidad porque en este caso se
trata de una clase de arbitraje donde se aplica el reglamento de la institución
particular y no el aplicable a un arbitraje legal, y además, lo que vulnera al
derecho público es todo aquello que lo contradice, como sucedería si a un
arbitraje institucional se rige por un procedimiento distinto, al quebrantarse el
derecho fundamental del debido proceso.
b. En relación con la indebida integración del Tribunal, precisa la
Sala que ésta causal comprende todo lo relacionado con la constitución del
tribunal de arbitramento y por tanto en ella estudiará los señalamientos
relativos a la incompetencia de la jurisdicción por la renuncia tácita a la
cláusula compromisoria y la ausencia de cumplimiento de las condiciones
previstas en el pacto arbitral para su procedencia.
Frente al cargo de incompetencia de la jurisdicción sostiene la Sala
que la renuncia tácita por la presentación de una solicitud de conciliación
extrajudicial por la parte convocante resulta de lo que la parte convocada
supone, de modo que para el fallador, dice la decisión judicial, “no pasa desapercibida
la vigente efectividad del pacto arbitral si se tiene en cuenta que no se ha
logrado establecer su revocatoria por acto volitivo alguno de sus celebrantes,
lo que supone les obliga como la ley particular”, y añade “ el pacto no
se limita a una determinada disputa ni a una precisa controversia; es respecto
de todas las que se presenten; por lo demás, tampoco comprende limitación
alguna, en el sentido de no poder siquiera pretender acudir a la jurisdicción
ordinaria, como para encontrarse inhabilitadas las partes para recurrir a los
respectivos actos preparatorios – prejudiciales-; por el acuerdo arbitral de
las partes – si de alguna manera su voluntad coincide- no pierden su derecho a
acudir a su justicia natural en procura de lograr solución a los conflictos que
les aqueja; ni más faltaba; de la misma manera como no es posible entender que
ante tales procederes se hace renuncia del pacto arbitral; tal es el poder del
postulado de la autonomía de la voluntad privada; por lo que se dice que las
cosas echas (sic) conforme el derecho, se deshacen de la misma manera;
mediante  el respectivo acuerdo de voluntades”[16]
Respecto del cargo por la ausencia de cumplimiento de las
condiciones previstas en el pacto arbitral para su procedencia porque no se
acreditó, a juicio de la convocada, la realización previa de la mediación, sostiene
el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, que conforme al
artículo 1537 del Código Civil, ésta condición se tiene como fallida, por
cuanto “la reseña hecha en el pacto arbitral sobre “procedimiento de
mediación” no define absolutamente nada, pues no se conoce el procedimiento de
tal naturaleza; apenas aquello que naturalmente emana de la interpretación
natural del concepto que dice sobre mediación, en el sentido de hacer
participar en la solución a un tercero, en el plan de mediador; con todo, la
falta de indicación de la manera como ha de ser designado –que vendría a
constituir, precisamente, el procedimiento requerido al efecto- ya de por si
hace fracasar la efectividad de ese propósito de solucionar el conflicto por
ese medio; siendo así, pues, como la condición se hace imposible de cumplir,
forzosamente se le ha de tener como fallida, dándose de esta manera expedita la
vía del arbitraje.”[17]
c. Al pronunciarse sobre la causal de anulación consistente en haberse
proferido el laudo después de vencido el término de duración del proceso
arbitral o su prórroga, sustentada en el artículo 14 del reglamento de la
Cámara de Comercio de Bogotá que fija un lapso de seis meses luego de la
primera audiencia de trámite como duración máxima del proceso arbitral, señala
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión,
que no discute el recurrente que hubo una suspensión del proceso durante 97
días, y “suspensión no significa sino el retraso de trámite, puesto que,
quiérase o no, lo suspende; tal es el efecto legal de esta figura procesal.
Entonces, si el trámite se suspende, forzosamente se suspende igual el término
señalado para esa actividad, no pudiéndose adelantar ninguna labor procesal ;
es lo que pone de presente que el trámite se suspendió, es decir no corrió
término ninguno para llevarlo adelante; el efecto suspensivo, en estas
circunstancias, se cumple dejando pasar el tiempo respectivo, para luego, una
vez cumplido reanudar el trámite, con el resultado indiscutible de quedar
incluida la suspensión dentro del respectivo plazo de duración señalado para el
trámite arbitral, pero sin mermarlo, como consecuencia de suspender su conteo;...quedando
de tal manera demostrado que las suspensiones ocurrieron ante la fecha de
terminación de la primera audiencia – enero 26 de 2012- y antes de vencerse los
seis meses señalados para los fines del trámite del arbitramento; así parece
incontestable, que el laudo fue proferido dentro del término previsto al efecto
por el reglamento aplicado”[18]
d. Para la Sala Civil de Descongestión tampoco se configura la
causal de anulación consistente en haberse pronunciado en el laudo sobre puntos
no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido,
por cuanto estima que el recurrente “olvida que el laudo – según pertinente
transcripción que consigna en su recurso-, alude a esta motivación del tribunal
de arbitramento: “sobre el particular el Tribunal considera que para la
determinación del perjuicio la participación de NCT en el Bloque Cubiro se
concretó en el 10%, como consecuencia del acuerdo alcanzado en la reunión que
las partes celebraron el 4 de septiembre de 2008...”, pues de tal manera se
estructuró la condena en perjuicios teniendo como fuente el acuerdo último,
nacido de la reunión que las partes celebraron el 4 de septiembre de 2008”,
estimándose haberse así modificado el porcentaje establecido en el “Acuerdo”.”,
y sobre la presunta falta de congruencia por haber fallado extra petita,
puntualizó que “ha de insistir en la  impertinencia de tales argumentos,
además de no haberse concretado en los autos la causal legal para la anulación
pretendida, vale decir, en concreto, cuáles los puntos resueltos sin que
estuvieran “sujetos a la decisión arbitral”, ni cual el punto resuelto concediendo
“más de lo pedido”, pues, se repite, la condena en perjuicios fue pedida, sobre
el supuesto de la pérdida de una participación del 15%, si, pero reconocida
sobre la pérdida de una participación probada solamente en un 10%; por tanto,
no se afecta el laudo de ninguna de las circunstancias puestas en discusión por
al recurrente”[19]
e. A juicio del tribunal tampoco hay lugar a la anulación del laudo
arbitral solicitada porque, a juicio del recurrente, no se decidieron todas cuestiones
sujetas al arbitramento, porque no hubo decisión sobre las excepciones
propuestas por la convocada. Sostiene el fallo censurado que “tratándose de
una simple recomendación hecha por la convocada al Tribunal en el sentido de
tenerse como excepción “la que se establezca o verifique el Tribunal de
arbitramento de acuerdo a la sana crítica”, resulta en verdad imprecisa, por
fuerza de toda realidad; por ende, no resulta comprometida la labor del
tribunal arbitral en cuanto a cargo semejante, en momentos en que el tema
hogaño discutido por la impugnante no formó parte de la dialéctica en términos
específicos, puntuales; realidad que conduce  indiscutiblemente a descubrir que
la solución contenida en el laudo no omite ninguna materia sujeta a esa
decisión”.
La Sala Civil de Descongestión agregó que el cargo es contradictorio
por cuanto el recurrente admite que “si bien en la parte considerativa del
laudo arbitral se aludió a los argumentos por los cuales … no se condenó”, “de
modo que si el fundamento del cargo consiste en no haberse ratificado en la
parte resolutiva del laudo la anunciada decisión sobre no accederse a lo
solicitado por al convocada, ciertamente carece de sentido jurídico…el hecho de
que la decisión anunciada no se hubiera contenido en la parte resolutiva, en
manera alguna deja insoluta la cuestión materia del debate, desde luego que fue
motivada y resulta en su fondo de mérito”
f. Por último
sobre la alegada vulneración de garantías superiores de la parte convocada, el
fallo que niega la anulación sostiene que esta inconformidad se fundamenta en
el sentido y alcance que le da la recurrente a la inexistencia en los registros
contables sobre el derecho a favor de NCT EG, por la falta de certeza sobre el
mismo, siendo ésta la razón por la cual se convocó el arbitraje y da lugar al
laudo, respecto del cual la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior
de Bogotá carece de competencia para revisar y pronunciarse sobre el fondo del litigio.
Añade que no hay en la motivación del tribunal de arbitramento alguna vía de
hecho por violación de una garantía superior de la recurrente como parte
convocada.
Solicitud de
Tutela
Inconforme con
el contenido de tal decisión, ALANGE CORP interpuso acción de tutela contra la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, al considerar que en la sentencia que declaró infundado el recurso de
anulación interpuesto contra el laudo arbitral incurrió en violación de sus
derechos fundamentales por defecto sustantivo, cuando: i) no aplicó el artículo
13 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en concordancia con los
artículos 1602 del Código Civil y 6 del Código de Procedimiento Civil, y ii) no
anuló el laudo expedido pasados seis (6) meses después de la primera audiencia
de trámite, con base en el artículo 14 del reglamento de Procedimiento del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Sostiene que Alange
Corp solicitó al anulación del laudo arbitral con base en la citada
disposición, sin embargo al decidir el recurso de anulación, la accionada no
hizo mención alguna al artículo 13 de la Ley 270 de 1996 que era la disposición
aplicable para resolver el asunto y aplicó el artículo 112 de la Ley 446 de
1998 que autoriza el arbitraje institucional. En este sentido señala que “en
forma inexplicable el Tribunal Superior de Bogotá pasó por alto que la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia (art. 13, Ley 270 de 1996), en la
forma como fue condicionada su aplicación mediante la sentencia de modulación
C-037 de 1996, sólo considera lícito convenir reglas del arbitraje para los
casos en los que el legislador guarda silencio regulatorio y en modo alguno
habilita a los particulares para derogar las leyes procesales del arbitraje”. Añade
que conforme al artículo 6 de la Ley 1285 de 2009, que modificó el citado
artículo 13, los particulares pueden acordar reglas del trámite a seguir,
respetando en todo caso los principios constitucionales que integran el debido
proceso y lo dispuesto en las leyes especiales que regulen procedimientos
arbitrales, de acuerdo a lo indicado por la Corte en la sentencia C-713 de
2008.
Precisa que el
tribunal incurrió en vía de hecho al aplicar una ley ordinaria cuando la norma
citada de la ley estatutaria determina que solo ante vacío legal es posible
acordar normas de procedimiento. Por eso examinando la cláusula compromisoria
conforme a la ley vigente al momento del pacto, y lo indicado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, solo podía fijar reglas en los
casos no previstos por el legislador, y siempre y cuando se ajustaren a la
Constitución y la ley, pero nada de esto cumple el reglamento del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio, porque consagra que la ley es la que se
aplica en forma supletoria y contiene las siguientes normas que contrarían
disposiciones de orden público, contenidas en el Decreto 1818 de 1998:
·
Que la parte convocada puede acceder a la
demanda sin siquiera haberse constituido el tribunal de arbitramento y sin que
se produzcan los efectos procesales que establece el Código de Procedimiento
Civil.
·
Otras causales de recusación adicionales a las señaladas
exhaustivamente para los funcionarios judiciales.
·
El Tribunal resuelve sobre su propia competencia
con anterioridad a la primera audiencia de trámite, aún antes de que la parte
convocada haya integrado la Litis con la contestación de la demanda y/o la
demanda de reconvención.
·
No hay lugar a la intervención de terceros
·
El término de contestación de la demanda es
señalado por el Tribunal de arbitramento.
·
Da lugar a una causación de honorarios a favor
de los árbitros del 16% que no es igual al señalado en el Estatuto de Arbitraje
·
La primera audiencia de trámite se define como
aquella en que se decretan las pruebas
·
“Según el artículo 103 de la Ley 23 de 1991,
al término máximo de duración del proceso arbitral se le deben adicionar los días
en que por causa legales se interrumpa o suspenda el citado proceso. El
artículo 14 del Reglamento dispone, por el contrario, que las suspensiones
deben incluirse dentro de dicho término máximo”[20].
·
El reglamento deroga la protocolización del
expediente arbitral.
Sostiene que el
Tribunal Superior de Bogotá constató que estas disposiciones son contrarias a
la ley y lo ignoró, bajo el entendido que los particulares pueden acogerse a
los procedimientos institucionales.
Agrega que “se
estima nulo todo pacto arbitral que remita a las reglas de un Centro de
Arbitraje” y mucho más si tales reglas no regulan casos no previstos en la
ley “sino que derogan las leyes procesales preexistentes”.
La segunda vía
de hecho en que presuntamente incurre el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, consiste en que, a juicio del accionante, debió declararse
la anulación del laudo con base en la causal quinta del artículo 163 del
Decreto 1818 de 1998, por cuanto el artículo 14 del Reglamento fija un término
máximo de seis (6) meses para proferir el laudo arbitral luego de la primera
audiencia de trámite, con lo cual, el tribunal debió concluir que el laudo fue
proferido fuera del tiempo establecido, dado que dicho término no es ampliado
por las suspensiones que se hayan decretado durante el proceso, a diferencia de
lo que sucede en el arbitramento legal, en el cual según el artículo 103 de la
Ley 23 de 1991, al término máximo de duración del proceso arbitral se le deben
adicional los días en que se interrumpa o suspenda el citado proceso.
Por
configurarse, a juicio de la accionante, los dos defectos sustantivos
mencionados, en la decisión judicial proferida el 30 de marzo de 2013 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión,
dentro del recurso de anulación 2012-0209900, solicita el amparo del derecho al
debido proceso y en consecuencia se ordene al mencionado tribunal que decrete
la nulidad del laudo del 12 de octubre de 2012, por cualquiera de las causales
mencionadas en los numerales 1 y 5 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.
Trámite
dado a la acción de tutela interpuesta
En Auto del 20 de mayo de 2013, la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de
tutela y notificó al Tribunal de Arbitramento de la
Cámara de Comercio de Bogotá, a las Partes e intervinientes en el proceso
arbitral adelantado por NTC ENERGY CORP contra la accionante, así como a las
partes e intervinientes en el recurso de anulación promovido, sobre la
existencia de la acción de tutela, con el propósito de que se pronunciaran
sobre los hechos y pretensiones expuestos en la misma y ejerciera su derecho a
la defensa de considerarlo necesario.
En respuesta a
la solicitud de amparo los magistrados de la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá manifestaron que
adoptaron su decisión ante la ausencia total de efectividad de las causales
invocadas para pretender la anulación del laudo acusado. Por tanto, solicitaron
que se denegaran las pretensiones de ALANGE en la presente acción de tutela[21].
Por su parte, NTC
Energy Group C.A., solicitó que se negara el amparo reclamado por cuanto el
tribunal accionado no incurrió en un ejercicio arbitrario de su función, pues
adoptó su decisión con base en las pruebas, la normatividad aplicable y la
jurisprudencia[22].
Decisión en Primera
instancia
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de mayo de 2013 negó la solicitud de
amparo al considerar que la valoración fáctica y
jurídica realizada por el Tribunal Superior de Bogotá al decidir el recurso de
anulación, no podía tildarse de irracional, pues “sin necesidad de asumir un
debate ajeno al ámbito del mecanismo de protección de derechos fundamentales,
como lo es el referente a la conformidad o discordancia de las disposiciones
contenidas en la reglamentación aceptada por las partes en el proceso arbitral
con el ordenamiento adjetivo, y con independencia de que la
Corte comparta o no el discernimiento de la accionada, no se advierte que
hubiere obrado con base en una posición enteramente subjetiva, apartada de los
preceptos legales que debían orientar la solución de la controversia planteada
en el recurso de anulación , y si las partes discrepan de lo resuelto tal
circunstancia no es motivo que autorice invalidar el pronunciamiento judicial.”[23].
Impugnación
En la respectiva
oportunidad procesal, ALANGE CORP impugnó el fallo de tutela de primera
instancia. Como sustento argumentativo, sostuvo que no se analizó la violación
al debido proceso, concretamente en lo relativo a la existencia de un defecto
sustantivo, dado que en el caso debatido “fue desatendida e inobservada la
norma aplicable al caso, esto es el artículo 13 de la
Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, tal y como ha sido modulada por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-037 de 1996, que sólo considera
lícito convenir reglas del arbitraje para los casos en los que el legislador
guarda silencio regulatorio y en modo alguno habilita a los particulares para
derogar leyes procesales del arbitraje”.[24]
A su vez, expuso
que es contrario a la jurisprudencia constitucional, que la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia estime racional que un reglamento
de arbitraje privado viole manifiestamente la ley procesal, al punto de
derogarla por pactos privados, debido a que, en su concepto, tal tribunal tenía
la obligación de examinar la correspondencia entre la ley y el reglamento de
arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, para verificar si se daba
estricto cumplimiento a la Sentencia C-037 de 1996 “que solamente habilita
dichos pactos para los casos en los que el legislador guarda silencio
regulatorio, en orden a impedir la derogatoria de la ley procesal y la
Sala Civil se abstuvo de hacer dicho examen, haciendo de la acción de tutela
una institución inane”.[25]
Decisión en
Segunda instancia.
Mediante providencia
del 17 de julio de 2013, la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, al no encontrar vulnerado el derecho fundamental
al debido proceso, confirmó la decisión adoptada en primera instancia por
estimar que el tribunal accionado adoptó una decisión razonable, con base en el
material probatorio y las normas que regulan el asunto sometido a su juicio,
concretamente al artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. En ese sentido,
concluyó que la accionada fundamentó su decisión en el marco de su autonomía,
razón por la cual “mal podría el juez de tutela desconocer su contenido y
pretender la accionante ALANGE CORP, al no encontrarse de acuerdo con la
decisión judicial, que el juez constitucional sea otra instancia adicional para
obtener una decisión que cumpla sus aspiraciones y lograr el sentido que
pretende”.[26]
Pruebas que
obran en el expediente
En el trámite de
la acción de tutela fue allegado el siguiente material probatorio:
a. Laudo Arbitral proferido por el Tribunal de Arbitraje NCT ENERGY
GROUP C.A. contra ALANGE CORP., del doce (12) de octubre de dos mil doce
(2012).[27]
b. Sustentación del recurso de anulación, presentado con el laudo
arbitral proferido por el Tribunal de Arbitraje NCT ENERGY GROUP C.A. contra
ALANGE CORP., del doce (12) de octubre de dos mil doce (2012), presentado por
ALANGE CORP., ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el 21 de enero
de 2013.[28]
c. Sentencia de la Sala de descongestión del Tribunal Superior de
Bogotá proferida el 30 de abril de 2013.[29]
d. Reglamento del procedimiento del centro de arbitraje y
conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para los arbitramentos que se
surtan ante el mismo, aprobado por el Ministerio del Interior y de Justicia,
mediante oficio 0FI07 – 1117 – DAJ – 0500 del 18 de enero de 2007.[30]
II.      CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del caso
La entidad
accionante, mediante apoderado judicial promovió acción de tutela contra el
citado despacho judicial por considerar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso con ocasión de la sentencia dictada el 30 de abril de 2013
mediante la cual negó la anulación del laudo proferido por el Tribunal de
Arbitramento el 12 de octubre de 2012,
a su juicio por fuera del término máximo de duración del procedimiento
arbitral.
Contra la anterior decisión la tutelante interpuso recurso de
anulación, al estimar que (i) como en la cláusula compromisoria se había
establecido que se adoptaban las normas de la
Cámara de Comercio, esta cláusula era contraria a las normas de orden público,
(ii) hubo indebida conformación de los árbitros, (iii) no se cumplió con el
requisito de mediación, (iv) el tribunal de arbitramento falló extrapetita y
(v) no se decidió sobre todas las materias objeto de controversia.
El recurso de anulación fue desestimado por la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de abril de
2013.
Por considerar que la decisión la
Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de abril de
2013 que negó la anulación del laudo arbitral está afectada por defecto
sustantivo determinado por la aplicación de reglas de trámite arbitral que, a
su juicio desconocen previsiones legales, y que el tribunal carecía de
competencia para expedir el laudo por vencimiento del plazo para hacerlo,
Alarge Corp interpuso acción de tutela, contra la
Sala de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogotá, a
la cual fue vinculado el Tribunal de Arbitramento de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
El 29 de mayo de 2013, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia negó por improcedente el amparo solicitado, al
estimar que no hubo vulneración en la interpretación de las reglas de trámite
aplicables con ocasión de la cláusula compromisoria y que la decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no puede calificarse de
irracional o caprichosa, pues se soportó en las causales aducidas por la
accionante y el material probatorio allegado al diligenciamiento.
Al resolver la impugnación presentada contra el citado fallo de
tutela, el 17 de julio de 2013 la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, confirmó la decisión, al compartir las
consideraciones del fallador de primera instancia.
3.
Problema jurídico
La acción de
tutela que ahora se resuelve plantea dos problemas jurídicos a la Sala de
Revisión:
i)
Establecer si se incurrió en un defecto
sustantivo por parte de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, al encontrar ajustado a la ley que ALANGE CORP y NTC ENERGY GROUP C.A determinaran como normatividad
aplicable al tribunal de arbitramento el Reglamento de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
ii)
Determinar si se incurrió en un defecto
sustantivo por parte de la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, al concluir que el tribunal de arbitramento
profirió su fallo dentro del término fijado en el reglamento, con base en que
éste no corrió durante las suspensiones decretadas durante el trámite arbitral.
A fin de resolver los asuntos planteados, la Sala se pronunciará
sobre los siguientes temas: i) Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales y laudos arbitrales.
Reiteración de jurisprudencia; ii) Normatividad que puede
regir los tribunales de arbitramento; y iii) las reglas y efectos de la
suspensión de términos en los tribunales de arbitramento institucionales.
Posteriormente, dará solución a
los problemas planteados.
4.
Procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
Con base en lo dispuesto en el artículo 86 constitucional en cuanto a
la procedencia del recurso de amparo frente a las acciones u omisiones de
cualquier autoridad pública, esta Corte se encontró por primera vez ante la
posibilidad de admitir la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales al estudiar la constitucionalidad de las normas que al respecto
incluía el Decreto 2591 de 1991. En esa oportunidad,
mediante la sentencia C-543 de 1992, este Tribunal
declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591
de 1991. No obstante lo anterior, esta Corporación precisó que existe la posibilidad excepcional de controvertir decisiones
judiciales a través de la mencionada acción pública cuando ellas conculquen
derechos de carácter iusfundamental. En ese sentido, ésta Corte manifestó:
“De conformidad con el concepto constitucional de autoridades
públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les
corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias para los particulares y también para el Estado.  En esa condición
no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que
vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda
dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta para que
por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho
imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí  está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente.   En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado
alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de
hacer realidad los fines que persigue la justicia. Pero, en cambio, no está
dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite
de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que
cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad
está excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia
funcionales, a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es
admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de
decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate
en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte.”[31]
De este modo, en
la sentencia T-543 de 1992 se admitió la procedencia excepcional[32]
de la acción de tutela, por cuanto los jueces y tribunales como autoridades públicas pueden vulnerar derechos fundamentales en
desarrollo de su función de administración de justicia.[33] Es claro que
los jueces no están exentos del deber de respeto de las garantías fundamentales
y, en consecuencia, de la posibilidad de que sus decisiones sean infirmadas a
través de la acción de tutela, cuando conllevan la vulneración de derechos
fundamentales.
A
partir de esos razonamientos, esta Corporación acudió al concepto de vía de
hecho para determinar la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales, y que se configuraba cuando la decisión
judicial comportaba una violación flagrante y grosera de la Constitución, por
cuenta de la actuación caprichosa y arbitraria de la autoridad jurisdiccional.
Por lo anterior, consideraba esta Corte, la decisión ya no se encuentra en el
ámbito de lo jurídico y constituye una vía de hecho judicial.[34]
Posteriormente
la jurisprudencia constitucional, determinó que el
concepto de vía de hecho hace parte de un esquema más amplio de requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales: unos de carácter general (referidos a la
procedibilidad de la acción de tutela) y otros
específicos (relativos a la tipificación de las
situaciones que conducen al desconocimiento de derechos fundamentales,
principalmente el derecho al debido proceso).
De este modo, la
posibilidad de adelantar el examen en sede de tutela de la providencia judicial
señalada de quebrantar derechos fundamentales, conforme lo ha establecido de
manera reiterada y pacífica la jurisprudencia constitucional, en particular
desde la Sentencia C-590 de 2005, se encuentra supeditada al cumplimiento de
unos requisitos generales que esencialmente se concretan en:
i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional, es decir, que plantee una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente
legal son ajenos a esta acción pública.
ii) Que el actor haya agotado los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
iii) Que la petición cumpla con el requisito de inmediatez
atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad;
iv) Que en el evento de fundamentarse la solicitud de tutela en una
irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión de fondo
que se estima violatoria de los derechos fundamentales del actor;
v) Que el
ciudadano identifique en forma razonable los hechos que generan la vulneración
de sus derechos y que, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso judicial; y
vi) Que el fallo
censurado no sea de tutela.
Cuando se trata
de acciones de tutela contra providencias judiciales, con el fin de preservar
la seguridad jurídica y respetar la independencia de los funcionarios que
administran justicia que se revela en el ejercicio hermenéutico y la valoración
probatoria, además de establecer la procedibilidad de la acción de tutela
conforme a los presupuestos antes indicados y que permiten al juez
constitucional abordar el estudio de la providencia judicial que se señala como
violatoria de los derechos del tutelante, es necesario examinar si la decisión
judicial cuestionada está afectada por alguno de los siguientes defectos que
vulneran el debido proceso, denominados causales específicas de procedencia:
a-
Defecto orgánico
por carencia absoluta de
competencia del funcionario judicial que dicta la providencia judicial.
b-
Defecto sustantivo, cuando la decisión se fundamenta en normas
inexistentes o inconstitucionales, o la providencia presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
c-
Defecto procedimental, cuando el funcionario judicial
en el trámite de la actuación judicial desconoce la ritualidad previamente
establecida para el efecto.[35]
d-
Defecto fáctico, que se presenta cuando el funcionario judicial carece del apoyo probatorio
necesario `para aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Supone fallas sustanciales en la decisión atribuibles a deficiencias
probatorias del proceso[36];
e-
Error inducido, que se configura cuando
la decisión judicial adoptada resulta equivocada y causa un daño iusfundamental
como consecuencia del engaño u ocultamiento al funcionario judicial de
elementos esenciales para adoptar la decisión, o por fallas estructurales de la Administración de
Justicia por ausencia de colaboración entre las ramas del poder público.
Anteriormente denominado vía
de hecho por consecuencia[37];
f-
Decisión sin
motivación, es decir,
cuando las determinaciones adoptadas en la parte resolutiva de la providencia y
mediante las cuales se resuelve de fondo el asunto no encuentran en la parte
motiva el fundamento o ratio decidendi, que permita a los destinatarios
de las mismas ejercer un control sobre la razón de dichas decisiones y
eventualmente controvertirlas;
g-
Desconocimiento del
precedente constitucional,
que se configura por ejemplo cuando la Corte Constitucional ha establecido el alcance de un derecho fundamental,
y éste es ignorado por el juez al dictar una decisión judicial en contra de ese
contenido y alcance fijado en el precedente[38]; y
h-
Violación directa
de la Constitución, defecto que se produce cuando el juez da alcance a una disposición normativa de
forma abiertamente contraria a la Constitución, o cuando no se aplica la
excepción de inconstitucionalidad debiendo hacerlo y así lo ha solicitado
alguna de las partes en el proceso.
5.
Normativa que puede regir los tribunales
de arbitramento en que las partes involucradas son particulares
Los
tribunales de arbitramento realizados por particulares estarán regidos por uno
de distintos cuerpos normativos, el cual es escogido por las partes del
proceso. Esta es una de las concreciones del principio de voluntariedad que
rige la actividad arbitral, tal y como ha manifestado la Corte Constitucional,
el cual, adicionalmente, debe armonizarse en cada caso concreto con el carácter
del arbitraje como institución procesal de orden público, lo que en cierta
medida restringe la libre configuración procesal que puedan tener las partes o
los centros autorizados para dirigir tribunales de arbitramento. Al respecto se
manifestó con ocasión del estudio de la modificación a la ley estatutaria de
administración de justicia:
“El principio de voluntariedad constituye así una de las
características propias del arbitraje, de modo que las partes deben tener la
posibilidad de acogerse o no al mismo y de fijar las reglas procesales a las
cuales someterán el trámite para solucionar su controversia. Sin embargo, este
principio no llega al extremo de anular la potestad de regulación del
Legislador, lo cual se explica si se tiene en cuenta que otra de las
características del arbitraje es su naturaleza como institución de orden
procesal[39]. Se hace necesario entonces conciliar la libre disposición
procesal de las partes y la facultad de regulación del Legislador, pues el principio de voluntariedad no excluye la potestad normativa del
Congreso”[40].
Con
base en este principio, la normatividad vigente en el momento de expedición del
Laudo cuya nulidad ahora se solicita, esto es el decreto 1818 de 1998,
estableció que existirían distintas clases de procedimientos en materia
arbitral. Al respecto el artículo 116 del mencionado cuerpo normativo previó:
“[e]l arbitraje podrá ser independiente, institucional o legal. El arbitraje
independiente es aquel en que las partes acuerdan autónomamente las reglas de
procedimiento aplicables en la solución de su conflicto; institucional, aquel
en el que las partes se someten a un procedimiento establecido por el Centro de
Arbitraje; y legal, cuando a falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realice
conforme a las disposiciones legales vigentes. (Artículo 112 de la Ley 446 de
1998 que modifica el artículo 90 de la Ley 23 de 1991)”.
El
desarrollo del principio de voluntariedad ha llevado a superar una situación
que se presentaba antes de la entrada en vigencia de la ley 446 de 1998 –cuyas
disposiciones recopiló el decreto 1818 de 1998, antes mencionado-, consistente
en la imposición de que el arbitraje institucional atendiera las condiciones y
el procedimiento previsto para el arbitraje legal. A partir de la vigencia del
mencionado cuerpo normativo, se ha entendido que el arbitraje institucional
puede tener sus reglas propias (es decir, distintas de aquellas previstas para
el arbitraje legal), las cuales, sin embargo, deben respetar el carácter
de normatividad de orden público de naturaleza procedimental.
Posición manifestada
en la sentencia SU-174 de 2007, que consagró “[e]n este orden de ideas, el
legislador dispone de un margen de configuración del proceso arbitral, el cual
parte del respeto a la voluntad de las partes que optaron por habilitar a unos
particulares para dirimir sus diferencias. En virtud del principio de
voluntariedad, el legislador puede contemplar varias alternativas de regulación
del proceso arbitral, las cuales van desde dejar en libertad a las partes para
definir cuáles serán las reglas procesales aplicables hasta exigir ciertos
requisitos y etapas, pasando por establecer normas supletorias de la voluntad
de las partes. Así lo hizo el legislador colombiano, en el artículo 112 de la
Ley 446 de 1998, reproducido en el artículo 116 del Decreto 1818 de 1998, que
dispone: ‘El arbitraje podrá ser independiente, institucional o legal. El
arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan autónomamente las
reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto;
institucional, aquel en el que las partes se someten a un procedimiento
establecido por el Centro de Arbitraje; y legal, cuando a falta de dicho
acuerdo, el arbitraje se realice conforme a las disposiciones legales
vigentes’. En este mismo sentido, el artículo 13-3 de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia, precisa al respecto que
‘tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las
reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas’.”.
Manifestación
que es la confirmación de una extensa línea jurisprudencial que, reconociendo
el principio de voluntariedad en materia arbitral, también ha destacado la
necesidad de que, en cuanto actividad que implica administración de justicia,
los acuerdos de las partes respeten la Constitución y la ley. En este sentido,
la Sala Plena recordó que “debe tenerse en cuenta que la importancia de la
voluntad autónoma de las partes en conflicto dentro del sistema arbitral no
obsta para que el Legislador adopte regulaciones generales sobre la materia,
puesto que la misma Constitución dispone, en el inciso final del artículo 116,
que los particulares podrán administrar justicia como árbitros ‘en los términos
que determine la ley’[41]”[42].
Voluntariedad
que, en todo caso, siempre tiene un contenido esencial que no puede ser
desconocido por ninguna regulación legal en materia de arbitraje. Al respecto
manifestó la sentencia SU-174 de 2007 “son contrarias a este principio
esencial que determina el origen, los alcances, el ámbito y los efectos del
arbitramento las normas legales que (i) imponen a los particulares en determinados
contextos la obligación de acudir al arbitraje; (ii) exigen a ciertas empresas
estatales someter las diferencias que puedan surgir en los contratos que
celebran a procesos arbitrales; (iii) obligan a las partes en ciertos tipos de
contratos a incluir una cláusula compromisoria; o (iv) atribuyen funciones
arbitrales a entidades o individuos que no han sido expresamente habilitados
por las partes en ejercicio de su voluntad libre y autónoma”.
Fue,
precisamente, lo que concluyó la Sala Plena de la Corte Constitucional al
estudiar la adecuación a la Constitución del artículo 6º de la ley 1285 de 2009,
norma que modificó el artículo 13 de la ley 270 de 1996 y, por consiguiente,
regulación vigente al momento en que tuvo lugar la constitución del tribunal de
arbitramento fundamento de esta acción.
El
referido artículo 6º en su numeral 3º determina que “[t]ratándose de arbitraje, en el que no sea parte el Estado o alguna
de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a
seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando,
en todo caso los principios constitucionales que integran el debido proceso” –negrilla ausente en texto original-.
Esta
última exigencia contenida en el tercer numeral motivó que la Sala Plena de la
Corte Constitucional reflexionara sobre la suficiencia de la misma, en relación
con la protección del derecho fundamental al debido proceso, teniendo en
cuenta, además, el carácter procesal de las disposiciones que las partes pueden
acordar. Por esa razón, la Corte Constitucional concluyó que “no puede
perderse de vista que el Legislador debe adoptar las medidas necesarias a fin
de garantizar los derechos fundamentales y en particular el respeto de las
garantías mínimas al debido proceso en desarrollo de las actuaciones
arbitrales, porque ‘de nada sirve la inclusión de mecanismos de solución de
litigios, adicionales y alternativos al sistema ordinario contemplado en la
legislación, si su aplicación se traduce en el desconocimiento de derechos
constitucionales fundamentales’”[43].
Tomando como pilar argumentativo la debida y suficiente protección
al derecho fundamental al debido proceso, y en el marco del principio de
voluntariedad que resulta esencial a la regulación del arbitramento, concluyó
la Corte Constitucional que “aun cuando el
Legislador no puede adoptar una regulación procesal que haga inoperante el
principio de voluntariedad (en especial para los arbitrajes independiente e
institucional), sí tiene el deber de exigir la observancia de las
garantías mínimas del debido proceso. Del mismo modo, en virtud de la
naturaleza procesal del arbitramento, los particulares tampoco pueden renunciar
al deber de resolver sus disputas en el marco de un trámite que garantice los
parámetros mínimos del debido proceso”[44]
–negrilla ausente en texto original-.
El
anterior principio de decisión fundamentó la conclusión que el numeral 3º del
artículo 6º de la ley 1285 de 2008 debería ser declarado exequible, en el
entendido que “las partes también deben respetar
lo dispuesto por las leyes especiales que regulen los procedimientos arbitrales”. De lo contrario, podría suponerse que el Congreso ha renunciado
a la atribución constitucional de regular la materia, cuando, como ya ha sido
explicado, el artículo 116 de la Constitución advierte que los árbitros sólo
podrán administrar justicia ‘en los términos que fije la ley’.”[45].
Con
fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala de Revisión concluye que:
i)
De acuerdo con el artículo 112 de la ley 446 de
1998, luego recogido en el artículo 116 del decreto 1818 de 1998, para el
momento de realización del tribunal de arbitramento cuya actuación ahora se
evalúa, a los particulares les era permitido someterse a las reglas previstas
por el reglamento de arbitraje de un centro de arbitraje autorizado por el
Estado.
ii)
Las regulaciones sobre arbitraje institucional, con
base en la necesidad de atender las garantías que se derivan del derecho
fundamental al debido proceso, deben respetar los principios establecidos en la
Constitución y en la ley.
iii)
Esta sujeción no puede entenderse como la
anulación del principio de voluntariedad de las partes en materia arbitral,
reflejado éste en la posibilidad de que se convengan reglas distintas a las
establecidas por el legislador. El sometimiento a las leyes, lejos de implicar
total y absoluta identidad entre las disposiciones que rigen el arbitraje
institucional y el legal, implica que las regulaciones distintas a las legales
deben respetar los principios del debido proceso, ya sea éstos sean
manifestados en la Constitución o en la ley.
6.
Condiciones y efectos de la suspensión de
términos en los proceso arbitrales de naturaleza institucional
Para
el momento en que se presentaron los hechos objeto de estudio en el presente
proceso de tutela –tribunal de arbitramento y fallo sobre anulación del laudo-
se encontraba vigente el anterior Reglamento del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, orden normativo aplicable al
asunto por ser el acordado por las partes. El artículo 14 regulaba lo
relacionado con el plazo del trámite arbitral, su prórroga y suspensión, en los
siguientes términos:
ARTICULO 14º.- El trámite arbitral tendrá la duración señalada por
las partes en su pacto arbitral. En caso de no contener éste indicación alguna,
tendrá una duración máxima de seis (6) meses contados a partir de la primera
audiencia de trámite. Dicho plazo podrá ser prorrogado de oficio por los
árbitros, por una o varias veces, siempre y cuando dichas prórrogas no sumen,
en total, el plazo originalmente pactado por las partes o el que supletivamente
aquí se establece. Dentro de dicho plazo y prórrogas se entienden
incluidas las suspensiones que las partes acuerden conforme a las reglas
generales.
De la lectura de la citada disposición, se observa una redacción que
resulta confusa en cuanto podría significar tanto que los días de suspensión
del trámite no se adicionan al plazo fijado; como lo contrario, es decir, que
los mismos deben adicionarse a dicho plazo. Sin embargo, la interpretación que
hasta el momento ha dado la jurisprudencia del Tribunal Superior de Bogotá a la
norma en comentario, es que la suspensión necesariamente se traduce en la adición
de ese tiempo al trámite arbitral, pues, de lo contrario, la suspensión
no tendría un real efecto útil, de conformidad con la finalidad que se le ha
otorgado en la teoría general del proceso.
Así, se ha entendido que la suspensión de los procesos suele
presentarse cuando se configuran situaciones en las que el estudio del asunto
no puede llevarse a cabo durante un periodo determinado, por ejemplo, cuando se
están resolviendo impedimentos o recusaciones. Eventos en los cuales no tiene sentido
continuar el curso normal y dejar de contar con el tiempo necesario para el
examen de fondo tendiente a la resolución del caso.
Con fundamento en lo anterior, los artículos 168 y 171 del Código de
Procedimiento Civil –norma vigente al momento de celebración del tribunal de
arbitramento-, reproducidos en los artículos 159 y 161 del Código General del
Proceso –Ley 1564 de 2012-, establecen que los términos no están llamados a
producir ningún efecto mientras se encuentre suspendido el trámite: “Durante la
interrupción –que tiene en mismo efecto de la suspensión según el Art. 171 CPC-
no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con
excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento” (Art. 168 CPC).
La
misma consecuencia debe aplicarse cuando la suspensión se solicita de común
acuerdo por las partes, en tanto el principio de acuerdo de voluntades es el
que rige el arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos. En
ese orden de ideas, resultaría contrario a la naturaleza misma del mecanismo,
que la suspensión acordada por las partes no tenga efecto alguno frente al
plazo del proceso arbitral; y, además, contrario al Art. 116 de la Carta
Política en el cual se establece que “los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición (…) de
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley”.
Resulta
pertinente recordar que, en relación con el contenido del Artículo 116 Superior
respecto al arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos, la
Corte Constitucional señaló lo siguiente en Sentencia C-294 de 1995:
“A la luz de esta norma, todas las lucubraciones sobre la función
arbitral, como si es de naturaleza pública o privada, si los árbitros son
verdaderos jueces, etc., quedan reducidas al ámbito académico. Pues la norma
transcrita no deja lugar a dudas: los particulares, en su condición de
árbitros, administran justicia, "en los términos que determine la
ley".
En principio, solamente puede señalarse una diferencia fundamental
entre la justicia que administran los árbitros y la de los tribunales y jueces
de la República a la cual se refiere el inciso primero del mismo artículo 116.
Tal diferencia es ésta:
Cuando los tribunales y jueces enumerados en el inciso primero del
artículo 116 administran justicia, ejercen una función pública cuya razón de
ser está en la existencia misma del Estado: no puede pensarse en un Estado que
no administre justicia a sus súbditos. Los árbitros también ejercen una función
pública, establecida en el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución, y
en las leyes que regulan el arbitramento. Pero en cada caso concreto tienen que
ser "habilitados por las partes para proferir fallos en
derecho o en equidad". Dicho en otros términos: según la
Constitución, las leyes que regulen el arbitramento tienen que partir de la
base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la
que habilita a los árbitros para actuar.
Y se dice que ésta es la diferencia fundamental, porque si los
árbitros administran justicia ‘en los términos que determine la ley’, también
los jueces de la República administran justicia de conformidad con la ley
procesal que determina la competencia y, en general, las formas propias de cada
juicio’.”
En igual sentido, la Sentencia C-330 de 2000 afirmó que el
fundamento de esta figura procesal es, entonces, “la determinación
voluntaria de acudir a una forma alternativa de resolver conflictos, con la
garantía de que, como acontece en los demás procesos, los derechos consagrados
en la Constitución y la ley tienen plena vigencia. Es deber de las partes, con
el propósito de dotar de eficacia a sus determinaciones, establecer con precisión
los efectos que se siguen de acudir a la justicia arbitral y conocer las
consecuencias jurídicas y económicas subsiguientes a su decisión; sólo así se
puede hablar de un verdadero acuerdo”.
Las
anteriores consideraciones han sido el sustento de varias sentencias proferidas
por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá al resolver recursos de
anulación contra laudos arbitrales regidos por anterior Reglamento del Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, esto es, por el
artículo 14 en comentario; en aquellas oportunidades también se invocó la
causal establecida en el numeral 5 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 - Haberse
proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso
arbitral o su prórroga-.
Así,
en Sentencia de 21 de enero de 2010[46],
el Tribunal Superior realizó la siguiente explicación sobre las figuras de la
prórroga, interrupción y suspensión del término en el proceso arbitral, se
transcribe in extenso:
“Examinada la causal de anulación así resumida, no tiene forma de
prosperar, porque las suspensiones del proceso arbitral solicitadas por los
apoderados de las partes sí eran viables para prolongar el término en que debía
proferirse el laudo (…).
La suspensión del proceso es una figura distinta de la prórroga del
término total del proceso arbitral, así las dos figuras puedan tener un efecto
similar.
Conforme al precepto 163-5 del decreto 1818 de 1998, la causal de
anulación se configura cuando los árbitros profieren fallo "después del
vencimiento del término fijado para el proceso arbitral o su prórroga",
defecto que tiene relación con el artículo 103 de la ley 23 de 1991, conforme
al cual cuando en el pacto arbitral no se fije el término de duración del
proceso, ‘este será de seis (6) meses, contados desde la primera audiencia de
trámite’ (inciso primero), y agrega en los siguientes apartes: ‘El término
podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total prórrogas exceda de seis
(6) meses, a solicitud de las partes o sus apoderados con facultad expresa para
ello. En todo caso se adicionarán al término los días en que por causas legales
se interrumpa o suspenda el proceso.’
Véase, pues, que la misma norma distingue entre la prórroga del
término del proceso arbitral y las figuras de la interrupción o suspensión del
proceso. La duración del proceso arbitral es el tiempo durante el cual puede
haber actividad de los árbitros y demás sujetos procesales, que a falta de
estipulación es de seis meses, y su prórroga se refiere a que ese término de
duración del proceso arbitral se prolongue, precisamente para que durante esa
prolongación pueda haber actividad procesal de los sujetos, ya que el proceso
continúa y no se paraliza, pues prórroga, en el lenguaje castizo es la
"continuación de algo por un tiempo determinado", motivo por cual la
norma prevé que los apoderados deban estar facultados por sus poderdantes para
pedirla.
En cambio la suspensión y la interrupción del proceso son distintas,
porque durante ellas no hay actividad procesal, lo cual significa que, al
contrario de la prórroga, el proceso permanece inactivo o paralizado, sin que
puedan confundirse los términos. La
interrupción se tipifica por un hecho externo al proceso, generalmente ajeno a
la voluntad de los litigantes, de acuerdo con las causales descritas en el
artículo 168 del estatuto procesal civil, y la suspensión, obedece a una
exigencia interna del juicio o de conveniencia de las partes, de acuerdo con
los motivos señalados en el artículo 170 ibídem.
Es precisamente por esa distinción de la prórroga del proceso arbitral
frente a la interrupción y la suspensión, que el último inciso del citado
artículo 103 de la ley 23 de l99l les da un tratamiento diferente: primero, al
omitir la exigencia de cualquier autorización para las dos últimas
-interrupción y suspensión-, que además podría ser un requerimiento absurdo en
casos distintos a la suspensión por acuerdo de las partes; y segundo, al
disponer que "en todo caso", al término de duración "se
adicionarán... los días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el
proceso.”
Pero
además, esta Sentencia se refirió a la importancia cardinal del acuerdo de
voluntad de las partes en los procesos arbitrales, lo cual también debe
reflejarse por supuesto en el acuerdo de suspensión, sus efectos y respeto que
sobre ello deben tener las partes, al considerar que:
“[N]i el estatuto procesal civil ni las normas sobre arbitramento
prohíben ni restringen la suspensión del proceso para los trámites arbitrales.
Antes bien, la comentada regla 103 de la ley 23 de 1991 acepta de manera
expresa que los términos de interrupción y suspensión. "en todo
caso", o lo que es igual, siempre, "se adicionarán" al término
de duración del proceso arbitral, vale decir, que se deben sumar o añadir a
dicho término, de tal manera que no hacen parte del mismo.
Aceptar la tesis contraria, llevaría a desconocer la
naturaleza especial de la suspensión, que consiste en la detención de los
términos procesales y no forma parte del término del proceso arbitral, algo
diferente al bien jurídico o económico materia de debate -derecho en litigio-.
Y agregase el posible resquebrajamiento de la lealtad y buena fe con que
deben actuar las partes procesales y los apoderados, porque se prestaría para
que se utilice la figura de la suspensión de común acuerdo a conveniencia de
ellas, y luego cualquiera pueda venirse contra su propio acto, con perjuicio de
la confianza legítima depositada por la parte contraria y los árbitros en la
suspensión, confianza legítima que tiene apoyo en la antigua y sólida
doctrina del acto propio y que es un desarrollo del principio de la buena fe,
que impide ir contra los propios actos: ir contra factum proprium non valet
(José Puig Brutau, Estudios de derecho comparado, Barcelona, edit. Ariel,-b pp.
97 y ss.), que también viene aplicándose en el derecho público (Corte
Constitucional, sentencias SU - 250 de 1998 y 576 de 1998, entre otras).”
En
igual sentido, en Sentencia de 24 de septiembre de 2010[47], el Tribunal
sostuvo:
“Siempre que se suspenda por cualquier causa el trámite deberá
descontarse del término establecido que para el caso es de seis meses, que de
no ser así podría vencer el término para proferir el laudo sin causa justificada
de los árbitros. Debe tenerse en cuenta que como se dijo en un comienzo las
normas generales del procedimiento son aplicables a todos los procesos
incluyendo a los laudos, lo que no pueden ser desconocidos por las partes ni
sus árbitros”.
Esta sentencia
fue objeto de acción de tutela por las mismas causas invocadas en la acción que
ahora se estudia y la Corte Suprema de Justicia, tanto en primera como en
segunda instancia, decidió negarla, al considerar que la interpretación
realizada por el Tribunal no puede ser rechazada, ni calificada como caprichosa,
“ni con entidad suficiente de configurar vía de hecho, en tanto que las
reseñadas providencias consignan, en suma, un criterio interpretativo de los
hechos y las pruebas coherente”[48].
Luego,
esta posición fue reiterada en Sentencia de 11 de noviembre de 2011 del
Tribunal Superior de Bogotá, oportunidad en que manifestó “el transcurso de
ese término resultó alterado con motivo de la suspensión que se verificó entre
los días 14 de abril y 2 de mayo de 2010, suspensión solicitada de común
acuerdo por las partes en atención a la renuncia de uno de los árbitros, por lo
que el plazo se extendió hasta el 15 de octubre de esa anualidad (…)”.
Síguese
de lo expuesto, que es razonable la interpretación de la expresión “Dentro
de dicho plazo y prórrogas se entienden incluidas las suspensiones que las
partes acuerden conforme a las reglas generales”, incluida en el artículo
14 del antiguo reglamento de arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Bogotá, conforme a la cual el término que duren las suspensiones
dentro de un proceso arbitral, debe ser descontado del tiempo total que
trascurra entre la primera audiencia de trámite y el momento en que se profiere
el laudo arbitral, por lo menos para los precisos efectos de determinar si esta
última acción tuvo lugar dentro del plazo fijado al tribunal de arbitramento.
Con
fundamento en estas conclusiones, la Sala abordará el caso concreto ahora
planteado.
7.
Caso Concreto
7.1. Análisis
de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
Previamente a
examinar si en el presente evento se configuran o no las causales específicas
de procedencia de la tutela contra la decisión judicial adoptada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sala Civil de Descongestión,
el 30 de abril de 2013, corresponde a la Sala examinar si se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de ésta acción pública contra la
providencia judicial en cita, de modo que de superarse los mismos, la Sala
pueda abordar el análisis de los defectos sustantivos alegados por la
accionante.
i) Relevancia constitucional
del asunto sometido a estudio del juez de tutela.
La solicitud de
amparo se fundamenta en la presunta inobservancia de las reglas que integran el
debido proceso por la omisión en que a juicio de Alange Corp, incurrió la
Corporación judicial accionada al no declarar la anulación del laudo arbitral
con base en las causales 1 y 3 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.
Plantea entonces la parte accionante una confrontación entre la decisión
judicial, de un parte, y las garantías del debido proceso y el deber de los
funcionarios judiciales de someterse al imperio de la ley en sus providencias,
de otra.
ii) Agotamiento
previo de los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios.
En el presente
evento la accionada no contaba con la posibilidad de agotar previamente al
ejercicio de la acción de tutela, otros medios judiciales para la defensa de
los derechos fundamentales que estima quebrantados con la sentencia proferida
el 30 de abril de 2013 por la accionada, por cuanto si bien el artículo 166 del
Decreto 1818 de 1998 establecía que la sentencia del Tribunal Superior es
susceptible del recurso extraordinario de revisión, indica que éste solo
procede por los motivos y conforme a los trámites señalados en el Código de
Procedimiento Civil, el cual en el artículo 380[49], establecía
las causales, dentro de las cuales no es posible encuadrar ninguno de los
defectos sustantivos que la accionante ahora le atribuye a la providencia del
30 de abril de 2013.
iii) Inmediatez.
La acción de
tutela se interpuso en mayo de 2013, días después de que la accionante
conociera la decisión judicial cuestionada, por lo cual se cumple con el requisito
de inmediatez.
iv) Incidencia
de la irregularidad procesal, cuando ésta se aduce, en la decisión judicial que
se cuestiona.
En el presente evento
la solicitud de tutela no se fundamenta en una irregularidad procesal, sino en
la presunta falta de aplicación de normas aplicables al caso, sobre las cuales
se estructuran los defectos sustantivos que, en criterio de la parte
accionante, desconocen el derecho fundamental al debido proceso.
v) Identificación
de los hechos que generan la vulneración de sus derechos y que, de ser posible,
hayan sido cuestionados al interior del proceso judicial.
Como hechos que
generan la vulneración del derecho al debido proceso, la accionante señala la
falta de aplicación de los numerales 1 y 5  del artículo 163 del Decreto 1818
de 1998, que dan lugar a declarar la nulidad del laudo arbitral por ilegalidad
de las normas arbitrales dado que varias de las contenidas en el Reglamento
aplicable contradicen la regulación legal del arbitramento, y haberse expedido
vencidos los seis (6) meses posteriores a la primera audiencia de trámite,
superando el plazo señalado en el artículo 14 del reglamento del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. La falta de
aplicación normativa que sustenta la solicitud de tutela no fue cuestionada en
el trámite de recurso extraordinario de anulación, dado que se originan en la
sentencia que puso fin al mismo.
vi) El fallo
censurado no es de tutela, sino proferido para resolver el recurso de anulación
interpuesto por la accionante contra el laudo arbitral expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de
Descongestión, el 12 de octubre de 2012 para desatar el
conflicto presentado entre NCT Energy Group C.A y Alange Corp .
7.2. Estudio
concreto de los defectos atribuidos a la providencia judicial cuestionada.
Como se
manifestó en precedencia, la acción de tutela que ahora se resuelve plantea dos
problemas jurídicos a la Sala de Revisión:
iii)
Si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá incurrió en un defecto sustantivo porque negó la anulación del laudo
arbitral, al considerar que no se configura la causal 1 del artículo 163 del Decreto
1818 de 1998[50]
toda vez que estima ajustado a la ley que ALANGE CORP y
NTC ENERGY GROUP C.A fijaran en el pacto arbitral como normatividad aplicable
al tribunal de arbitramento el Reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
iv)
Si el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá incurrió en un defecto sustantivo al concluir que el tribunal de
arbitramento profirió su fallo dentro del término que la ley prevé, en razón a
que asumió que el mismo no corrió durante las suspensiones decretadas durante
el trámite arbitral, y no declarar la anulación del laudo con base en la causal
5 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998[51]
.
Pasa la Sala a resolver
los problemas jurídicos que la acción plantea.
7.2.1. Inexistencia de defecto sustantivo en la decisión judicial que encontró
ajustado a la ley que un tribunal de arbitramento se rija por el reglamento del
centro de arbitraje que escogieron las partes.
El primer
defecto señalado por la accionante consistió en que el Tribunal Superior no
aplicó el artículo 13 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración
de justicia. Al respecto expone en el escrito de acción que “la reforma de
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia promovida en el año 2009,
por la cual se modificó el artículo 13 de la ley 270 de 1996, vino a ratificar
la posibilidad de que las partes del pacto arbitral convinieran las reglas del
proceso, con excepción de las autoridades públicas, pero siempre que se respete
lo dispuesto en las leyes especiales del proceso arbitral. (…) Pues bien la Ley
estatutaria de la Administración de Justicia es norma superior de derecho y por
lo tanto de aplicación preferente respecto del artículo 112 de la Ley 446 de
1998 (incorporado al art. 116 del Decreto 1818 de 1998), que autoriza el
arbitraje institucional. Lo que quiere significar que el Tribunal Superior
incurrió en vía de hecho al optar por aplicar una ley ordinaria (art. 112,
ibidem), dejando de lado la Ley 270 de 1996, acotada por la sentencia C-037 de
1996, donde se lee que a los particulares solamente les es dable acordar las
normas de procedimiento en los casos en que exista vacío legal” –folio
383-.
De acuerdo con Alange
Corp, se habría configurado la 1ª causal de nulidad prevista en el artículo 163
del Decreto 1818 de 1998, consistente en que la cláusula compromisoria tendría
objeto ilícito. La ilicitud del objeto surgiría de haber acordado que el
tribunal de arbitramento se seguiría por un reglamento ilegal, que en este caso
sería el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El
reglamento sería ilegal por cuanto contiene disposiciones distintas a aquellas
previstas para los arbitramentos legales por el decreto 1818 de 1998, cosa que,
en criterio del accionante de tutela, prohíbe el artículo 13 de la ley 270 de
1996, estatutaria de la administración de justicia.
Al existir
objeto ilícito sostiene que ha debido declararse la nulidad de la cláusula
compromisoria. Al no hacerlo, la Sala Civil de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá habría incurrido en un defecto
sustantivo en la providencia que resolvió el recurso de nulidad interpuesto
contra el laudo arbitral.
Varias son las
razones de improcedencia de la tutela por el defecto sustantivo alegado por la
parte accionante:
En primer lugar,
advierte la Sala que la Corporación Judicial accionada si consideró dentro de
su argumentación el artículo 13 de la ley 270 de 1996, pues hizo referencia expresa
al alcance que en virtud del control previo de constitucionalidad tiene su
contenido normativo, en este sentido, al examinar la causal primer de nulidad,
expresó que “como el reglamento institucional que se acusa violatorio de la
ley no es ni el objeto ni la causa del pacto arbitral, sino
solamente, el instrumento que ha de servir de medio para lograr la solución de
eventual contrariedad contractual que entre los celebrantes pueda surgir, sin
discusión el pacto arbitral no se afecta de objeto ilícito. (…)Y si la
recurrente se preocupa por la prevención fijada por la H. Corte Constitucional
en su fallo C-037 de 1996, advirtiendo que “…los particulares, en aquellos
casos no previstos por el legislador, pueden fijar sus propias reglas para el
ejercicio de su labor de impartir justicia, siempre y cuando se ajusten a los
parámetros establecidos en la Constitución y la Ley”– SIC- … es preciso hacerle
comprender que en el caso concreto de este particular litigio no se tiene
conocimiento que por cuestión del reglamento aplicado se contravino alguna
norma jurídica que perteneciente al vigente derecho positivo contradiga alguna
de las comprendidas en el citado procedimiento”[52]
En este orden,
no puede indicarse que la providencia judicial ignoró la previsión del artículo
13-3 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pues a partir de su
contenido sostuvo que no se estableció en recurso de anulación que por el
reglamento aplicado para la expedición del laudo arbitral se desconociera
alguna norma del derecho positivo.
En segundo
lugar, contrariamente a lo alegado por el accionante como defecto sustantivo,
no existe en la ley estatutaria un contenido normativo como el que la
accionante señala desconocido. Es decir, no existe una norma que exija a los
centros de arbitraje que sus reglamentos deban ser idénticos a la regulación
legal, y que sólo les sea posible crear una regulación adicional (distinta) en
aquellos casos en que detecten un vacío en la regulación legal.
En efecto, como
fue expuesto en la parte considerativa de esta sentencia, el artículo 13 de la
ley estatutaria de administración de justicia, vigente para el año 2012 (año en
que tuvo lugar el tribunal de arbitramento ahora cuestionado), establece en su
tercer numeral que en el evento de un tribunal de arbitramento entre
particulares, éstos “podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir,
directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en
todo caso los principios Constitucionales que integran el debido proceso”.
Al evaluar la
constitucionalidad de este numeral, la Corte Constitucional encontró acorde con
la Constitución que el legislador permitiera a los particulares someter un
tribunal de arbitramento al reglamento establecido por un centro de arbitraje,
condicionando su exequibilidad a que ésta regulación observara las garantías
propias del debido proceso o, en palabras de la sentencia C-713 de 2008, en el
entendido que deberá ser una regulación “que garantice los parámetros
mínimos del debido proceso”, y por esta razón, se estableció como
condicionamiento que “las partes también deben respetar lo dispuesto por las
leyes especiales que regulen los procedimientos arbitrales”.
Como fue
expresado en la parte considerativa de esta providencia, el condicionamiento a
que fue sometido el numeral tercero del artículo 6º de la ley 1285 de 2008 debe
entenderse en el contexto en el cual fue previsto por la Sala Plena de la Corte
Constitucional[53].
En este sentido,
las normas que regulen la realización de arbitramentos institucionales deberán
respetar, además de las disposiciones constitucionales sobre debido
proceso, las normas legales que establezcan garantías procedimentales a
esta clase de arbitramentos, es decir, deberán acatar las normas de rango legal
que establezcan garantías al debido proceso en los arbitramentos
institucionales. Esto es lo que significa respetar lo dispuesto en leyes
especiales[54].
Contrario sensu, el condicionamiento establecido respecto del tercer numeral
del artículo 6º no puede ser entendido como la obligación de que los
reglamentos de los centros de arbitraje reiteren todas y cada una de las
disposiciones legales que determinan el procedimiento arbitral, y que el único
espacio de regulación propia esté dado por los vacíos o lagunas existentes en
la regulación legal. Esto en la práctica implicaría la casi total anulación de
la voluntariedad en los arbitramentos institucionales, y la desaparición de las
diferencias relevantes entre el arbitraje institucional y el legal.
En este punto la
Sala de Revisión resalta la diferencia entre disposiciones praeter legem
y disposiciones contra legem. Las disposiciones contra legem, como su
nombre indica, son aquellas que contradicen lo establecido en los preceptos
legales que regulan una materia; es decir, no solo constituyen una regulación
diferente, sino que sus preceptos no son compatibles con lo establecido en la
ley. Una disposición praeter legem es aquella que contiene preceptos cuyo
contenido, sin contradecir lo establecido en la ley, desarrolla de forma
autónoma una determinada materia o procedimiento; es decir, es una regulación
paralela a la regulación legal, en cuanto concreta un camino distinto para
materializar los mismos principios sustantivos que encarna la dicha regulación.
La lectura de lo
dispuesto por la sentencia C-713 de 2008 en lo relativo al condicionamiento del
numeral 3º del artículo 6º de la ley 1285 de 2008, conduce a concluir que los
reglamentos de los centros de arbitraje a los que se sometan los arbitramentos
institucionales deberán respetar las garantías al debido proceso previstas por
la Constitución y la ley que regulan este tema. Es decir, en tanto se permite
que existan tribunales de arbitramento sometidos a reglamentos expedidos por
los centros de arbitraje, debe entenderse que dicha regulación propia puede ser
distinta del procedimiento previsto por las disposiciones legales (no tendría
sentido que se autorizara la creación de reglamentos de arbitramento, y a la
vez se les obligara a repetir lo ya establecido por una regulación legal); pero
que el ejercicio de esa autonomía está delimitada por el respeto al debido
proceso, ya sea este garantizado por disposiciones constitucionales o
disposiciones legales.
Por esta razón,
no se aprecia como irrazonable, sin fundamento o una apreciación meramente
subjetiva, la posición expresada por la Sala Civil de Descongestión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la sentencia que resolvió
el recurso de nulidad contra el laudo arbitral. Por el contrario, la misma
surge de la interpretación gramatical de la disposición, y del entendimiento
adecuado de los fundamentos que dieron motivo al condicionamiento previsto
respecto del numeral 3º del artículo 6º de la ley 1285 de 2008.
En efecto, el
Tribunal Superior en la providencia ahora cuestionada al desarrollar su
fundamentación, manifestó que: i) una de las posibilidades en materia de
arbitramento, es que las partes acuerden que se someterán a las reglas
establecidas por un centro de arbitraje –folio 333, cuaderno principal-; ii)
estos reglamentos son aprobados por autoridades públicas, en este caso la
aprobación del reglamento vigente en 2012 corrió a cargo del entonces
Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio OFI07-1117-DAJ-0500 del
18 de enero de 2007 –folio 332, cuaderno principal-; por consiguiente, iii) debe
presumirse la legalidad del contenido de dichos reglamentos mientras se
encuentren vigentes y no hayan sido tachados de ilegales, de conformidad con
las disposiciones pertinentes –folio 332, cuaderno principal-; iv) resulta
incongruente que se autorice la existencia de centros de arbitraje, con
reglamentos de arbitraje propios, para luego decir que existe causal de nulidad
absoluta por objeto ilícito, cuando quiera que en éstos se establezcan
contenidos distintos a los previstos para el arbitraje legal -folio 333,
cuaderno principal-.
En este sentido,
concluye el Tribunal Superior que “por el simple hecho de –a último momento-
estimarse –motu propio- por uno de quienes intervienen en su celebración,
contrario a la legalidad el reglamento escogido, no resulta este pacto
susceptible de afectarse del vicio que por objeto ilícito se le acusa; menos,
soslayando su indiscutible vigencia, en virtud de su aprobación estatal, sin
que hubiera sido previamente impugnado ante la correspondiente jurisdicción”
–folio 334, cuaderno principal-.
Por esto, constituir
un tribunal de arbitramento y someterlo a las reglas previstas por un centro de
arbitraje autorizado, en manera alguna convierte en ilícito el objeto del pacto
arbitral, desde la perspectiva del artículo 1519[55] del código
civil –folio 335, cuaderno principal-.
Finalmente, resalta
el Tribunal Superior en la sentencia accionada que cuando la ley prevé la
existencia de arbitraje institucional, y permite someterlo al procedimiento
establecido por un centro de arbitraje, no puede entenderse que deba regirse
por las disposiciones del arbitraje legal. Para concluir manifiesta que “si
en el sub examine el arbitraje, siendo institucional, resulta regido por el
legal, se da la nulidad de lo actuado por aplicación de un procedimiento
distinto, que conduce al quebrantamiento del derecho fundamental del debido
proceso; así, se pone en evidencia indiscutible, que la aplicación en el sub
lite del régimen procesal adoptado por el respectivo centro de arbitraje no
degenera en nulidad porque este estatuto no está violando ninguna norma
imperativa sobre ese particular” –folio 340-.
En tercer lugar,
el catálogo de normas del reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Bogotá que la accionante estima desconocen el ordenamiento legal no
se apartan de las garantías constitucionales y legales del debido proceso sólo
porque contemplen reglas de trámite que incorporen términos u oportunidades
procesales distintas a las fijadas en la ley y aplicables al arbitramento
legal.
En efecto,
argumenta la accionante que las siguientes normas contradicen el ordenamiento
legal porque no fijan idénticos términos y etapas a las previstas en el Decreto 1818 de 1998:
·
Que la parte convocada puede acceder a la
demanda sin siquiera haberse constituido el tribunal de arbitramento y sin que
se produzcan los efectos procesales que establece el Código de Procedimiento
Civil.
·
Otras causales de recusación adicionales a las
señaladas exhaustivamente para los funcionarios judiciales.
·
El Tribunal resuelve sobre su propia competencia
con anterioridad a la primera audiencia de trámite, aún antes de que la parte
convocada haya integrado la litis con la contestación de la demanda y/o la
demanda de reconvención.
·
No hay lugar a la intervención de terceros
·
El término de contestación de la demanda es
señalado por el Tribunal de arbitramento.
·
Da lugar a una causación de honorarios a favor
de los árbitros del 16% que no es igual al señalado en el Estatuto de Arbitraje
·
La primera audiencia de trámite se define como
aquella en que se decretan las pruebas
·
“Según el artículo 103 de la Ley 23 de 1991,
al término máximo de duración del proceso arbitral se le deben adicionar los
días en que por causa legales se interrumpa o suspenda el citado proceso. El
artículo 14 del Reglamento dispone, por el contrario, que las suspensiones
deben incluirse dentro de dicho término máximo”[56].
·
El reglamento deroga la protocolización del
expediente arbitral.
Sin pretender
hacer un examen de constitucionalidad o legalidad del Reglamento del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá[57]
dentro de la revisión de la acción de tutela
interpuesta contra la sentencia del 30 de abril de 2013, para el cual ésta Corte carece de competencia, cabe mencionar que con
base en el expediente, no encuentra la Sala que la
consagración de dichas reglas en el cuerpo regulativo en mención y la forma
como fueron aplicadas en el asunto en examen[58]
vulneren de alguna forma el debido proceso, si bien no son idénticas a las
reglas de trámite contenidas en el Capítulo IV del Decreto 1818 de 1998. Esto por
cuanto garantizan la intervención de las dos partes –convocante y convocada- en
el trámite arbitral, establecen oportunidades procesales claramente definidas
para que ejerzan la defensa de sus derechos e intereses, y permiten a la parte
convocada conocerla demanda antes de constituirse el tribunal, precisa la etapa
en la cual el tribunal de arbitramento debe fijar su competencia, -determinación
que en el caso concreto incluso fue debatida por la accionante mediante el
recurso de reposición-, a favor de la imparcialidad incorpora causales
adicionales de impedimento-, y fija un plazo máximo para adelantar el trámite
arbitral, el cual, como se verá a continuación, se interrumpe por la suspensión
del proceso.
Por las razones
expuestas, para esta Sala de Revisión no existe defecto sustantivo en la
providencia ahora atacada.
7.2.2. Inexistencia
de defecto sustantivo en la sentencia del Tribunal Superior al concluir que el
laudo arbitral se produjo dentro del término establecido por el reglamento
El segundo
problema planteado en la acción de tutela interpuesta señala un presunto
defecto sustantivo en la providencia atacada, por cuanto se habría inaplicado
el artículo 14 del reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Dicha disposición consagra un término máximo de seis meses para proferir el
laudo arbitral, y prevé que dicho término se podrá prorrogar y suspender.
La parte ahora
accionante sostiene que en el proceso arbitral no fue respetado el término de
seis meses que tenía el tribunal de arbitramento para proferir laudo arbitral. Señala
que la primera audiencia de trámite finalizó el 26 de enero de 2012, de manera
que el tribunal de arbitramento tenía hasta el 26 de julio siguiente para
proferir el laudo. Al no haberse cumplido con este término, ya que el laudo es
de fecha 12 de octubre de 2012, para la parte accionante se configuró la quinta
causal de nulidad prevista en el artículo 163 del decreto 1818 de 1998. Según
esta disposición, será nulo el laudo arbitral proferido después del vencimiento
del término establecido para la duración del proceso arbitral.
En criterio de Alange
Corp, al no haber sido declarada la nulidad con fundamento en esta causal, la
sentencia por la que se resolvió el recurso de nulidad del laudo arbitral antes
referido habría incurrido en un defecto sustantivo, por lo que se solicita sea
dejada sin efectos por el juez de tutela.
Para la Sala la
situación antes descrita no implicó la ocurrencia de defecto sustantivo alguno,
por lo que no se encuentra que el derecho al debido proceso haya sido vulnerado
por la sentencia ahora accionada. En criterio de la Sala, la interpretación
realizada por el Tribunal Superior se fundamenta en métodos de interpretación
que se consideran válidos en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no se
aprecia que la misma sea una respuesta carente de todo fundamento jurídico,
que, por consiguiente, deviene irracional, caprichosa o fruto del
desconocimiento del derecho aplicable en esta particular situación.
Como sustento de
lo anterior, debe recordarse que en la providencia ahora atacada el Tribunal
Superior al analizar el hecho de que el trámite arbitral se había suspendido
por 97 días en total, concluyó que “si el trámite se suspende, forzosamente
se suspende igual el término señalado para esa actividad, no pudiéndose
adelantar ninguna labor procesal; es lo que pone de presente que el trámite se
suspendió, es decir, no corrió término ninguno para llevarlo adelante (…) sin
discusión queda de tal manera establecido que los mentados 97 días influyeron
para suspender el término de duración del trámite, (…) así aparece
incontestable, que el laudo fue proferido dentro del término previsto al efecto
por el reglamento aplicado” –folio 351, cuaderno principal-
Posteriormente,
el Tribunal Superior concluye que “no ha de pasarse por alto que el
reglamento, al fijar el término de duración máximo para tramitar el
arbitramento, incluyó el de ‘las suspensiones’, pues en esto se entiende la
inactividad del trámite y, por consecuencia, su suspensión, razón por la cual
el curso de tales seis meses igualmente se suspende para continuar su conteo
luego de trascurrido el término particular de la suspensión” –folio 352,
cuaderno principal-.
A esta
conclusión llegó el Tribunal Superior luego de analizar el significado y los
efectos de la figura de la suspensión de términos en el proceso arbitral –folio
350 y 351, cuaderno principal-, argumento que luego aplicó al caso concreto en
la forma que fue antes descrita.
Lo
establecido por el Tribunal Superior de Bogotá coincide con posiciones sostenidas
con anterioridad por este Tribunal en las ocasiones mencionadas en la parte
considerativa de esta sentencia –que corresponden a las sentencias de 24 de
septiembre de 2010[59],
21 de enero de 2010[60]
y 11 de noviembre de 2011- y por la Corte Suprema de Justicia –sentencia de 21
de junio de 2011[61]-,
cuyos fundamentos fueron expuestos en la consideración n. 6 de esta
providencia, y con base en ellos se concluyó “que la mas razonables de las
interpretaciones posibles, de la expresión “Dentro de dicho plazo y
prórrogas se entienden incluidas las suspensiones que las partes acuerden
conforme a las reglas generales”, incluida en el artículo 14 del antiguo
reglamento de arbitraje del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bogotá, es que el término que duren las suspensiones dentro de un proceso
arbitral debe ser descontado del tiempo total que trascurra entre la primera
audiencia de trámite y el momento en que se profiere el laudo arbitral, por lo
menos para los precisos efectos de determinar si esta última acción tuvo lugar
dentro del plazo fijado al tribunal de arbitramento” .
Por
consiguiente, debe concluir la Sala de Revisión que no incurre en un defecto
sustantivo una providencia judicial en la que i) una norma de redacción confusa
es leída y aplicada de acuerdo con la más razonable y útil de las interpretaciones
posibles que surgen de su texto, ii) interpretación que además corresponde al
sentido normativo acogido en casos anteriores por la misma institución judicial,
iii) dando continuidad a una línea jurisprudencial que se aprecia como estable
y pacífica.
Por
consiguiente, no se ha configurado una causal específica de procedibilidad de
la acción de tutela contra la providencia proferida por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, al resolver el recurso de nulidad interpuesto
contra el laudo arbitral de 12 de octubre de 2012.
Por último, advierte la Sala
que mediante la atribución de defectos sustanciales a la sentencia del 30 de
abril de 2013, que resolvió el recurso de anulación presentado por Alange Corp,
lo que pretende la accionante es que se examine de fondo el propio laudo
arbitral y suscitar mediante el mecanismo excepcional de la acción de tutela un
nuevo debate sobre aspectos de orden legal sobre la decisión arbitral, ajenos a
la protección de derechos fundamentales, y que por tanto tampoco podrían ser
debatidos mediante una acción de amparo dirigida directamente contra el laudo
arbitral. Cabe precisar que la tutela contra las sentencias que resuelven
recursos de anulación de laudos arbitrales no es una instancia más para decidir
asuntos puramente opinables de orden legislativo o de interpretación doctrinal,
sino para determinar si ha habido una decisión abiertamente opuesta al
ordenamiento constitucional, y si la misma viola algún derecho fundamental. Que
el funcionario judicial no aplique las normas en el sentido propuesto por la
parte vencida en el proceso no es un defecto sustancial que haga procedente el
mecanismo excepcional de defensa de los derechos fundamentales, que es la
acción de tutela.
En
virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala de Revisión
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el 17 de julio de 2013 que negó el amparo del derecho
fundamental al debido proceso dentro de la acción interpuesta por ALANGE CORP,
contra la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá.
SEGUNDO.- ORDENAR
que Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA T-140/14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por
cuanto pacto arbitral no violó
los derechos fundamentales de las partes al remitir al Reglamento de la Cámara
de Comercio de Bogotá (Aclaración de voto)
En
este caso solo se advirtió en abstracto que en el pacto se acordó la sujeción
del tribunal de arbitraje a un reglamento institucional de arbitramento, y que
la parte se limitó a señalar un distanciamiento en abstracto respecto de la ley
arbitral colombiana. Sin embargo, en el proceso de tutela no se evidenció con
suficiencia que esa distancia hubiera supuesto en concreto una
violación de derechos fundamentales de la accionante en el laudo o en la
sentencia de anulación, pues no se mostró que ese hecho la hubiera privado de
una oportunidad procesal de defensa o de una posición que la ley sí le
reconociera, y cuya falta de previsión en el reglamento fuera además decisiva
en el caso concreto. Por lo tanto, no había entonces lugar a conceder la tutela
en este punto.
Referencia: Expediente T-4.051.738
Acción de tutela de Alange
Corp contra la Sala de Decisión Civil de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Suscribo esta decisión, pero
aclaro el voto pues discrepo de las razones empleadas para resolver el primero
de los problemas planteados por la acción de tutela.
1. En esta
ocasión, uno de los problemas que debía resolver la Corte era si el fallo del
Tribunal, por medio del cual decidió el recurso de anulación contra el laudo
arbitral, violó el debido proceso de la tutelante al abstenerse de anular el
mencionado laudo pese a que se fundó en un pacto que sometía las diferencias a
un tribunal de arbitraje, sujeto a las reglas de
procedimiento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Estas circunstancias dejaban a la vista un problema, a juicio de la accionante,
pues según su criterio, cuando se celebró el pacto –año 2008-, el artículo 13
numeral 3 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia solo admitía
pactar reglas arbitrales en los términos definidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-037 de 1996; es decir, “en
aquellos casos no previstos por el legislador”, y en cualquier
evento, de acuerdo con esa misma sentencia, las reglas pactadas por los
particulares debían ajustarse a los parámetros establecidos “en la
Constitución y en la ley”. No obstante, la tutela dice que al acoger el
Reglamento arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá no solo se pactaron
reglas sobre materias efectivamente reguladas en la ley; es decir, en casos en
los cuales no había un vacío, sino que además algunas de esas reglas distaban
de las contenidas en la legislación arbitral colombiana, por lo cual la
tutelante argumenta que el laudo ha debido anularse y, al no haber ocurrido así,
se le violaron sus derechos fundamentales.
2. Coincido con
la presente sentencia en que estos hechos no son por sí mismos constitutivos de
un defecto que suponga la vulneración de derechos fundamentales. No obstante,
disiento parcialmente de los argumentos empleados en las consideraciones para
llegar a esa conclusión. Dice la parte motiva del presente fallo que no se
vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, debido en parte a que
para el año 2012, época en la cual tuvo lugar el tribunal de arbitramento, la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia ya decía, en su artículo 13
numeral 3, que al someter las diferencias a un tribunal de arbitramento las
partes “podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente
o por referencia a la de un Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso los
principios Constitucionales que integran el debido proceso”. Eso es
cierto, pero la presente sentencia se abstiene de señalar que esa norma es
fruto de una reforma a la Ley estatutaria, introducida en 2009, que no estaba
por tanto vigente para cuando se celebró el pacto. No es que, en tal virtud,
fuera inviable aplicar la Ley Estatutaria con su respectiva reforma, pero ese
hecho sí indicaba un problema jurídico relativo a los efectos de la ley en el
tiempo, que el presente fallo no abordó debiendo hacerlo. La Corte, a mi
juicio, ha debido abstenerse de descender a la disputa legal, pues un proceso
de tutela está destinado a debatir sobre la vulneración de derechos
fundamentales. Por ende, expongo a continuación los argumentos por los cuales a
mi juicio el pacto no violó los derechos fundamentales de las partes al remitir
al Reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
3. La Corte
Constitucional señaló en la sentencia SU-174 de 2007 que la tutela en asuntos
arbitrales solo procede si –entre otros- se observa “una vulneración directa de derechos fundamentales”. En mi
criterio, el solo señalamiento de que un pacto remite a un Reglamento arbitral,
incluso en casos ya regulados por la ley, y de que en abstracto existe una
distancia entre lo dispuesto en ambas fuentes, no revela por sí mismo una
vulneración “directa” de derechos fundamentales, sino una diferencia
abstracta de regulaciones. Asunto distinto es que, por ejemplo, precisamente
ese acuerdo y el distanciamiento respecto de la ley arbitral priven a una o a
ambas partes de una oportunidad procesal de defensa o de una posición que la
ley sí les da, y que esa diferencia resulte decisiva en el caso. En tal
escenario podría plantearse un problema de violación del derecho al debido
proceso. Así, por ejemplo, si en el reglamento acogido por las partes se
establece que no hay recusaciones contra los árbitros por algún motivo
específico, el cual en contraste sí está contemplado en la ley y justamente
concurría en el caso, entonces el reglamento estaría poniendo a la parte que
alega la recusación en una situación inconstitucional, toda vez que la privaría
del derecho previsto en la ley a un juez imparcial. En esa hipótesis habría que
definir si el reglamento, y su distanciamiento en concreto de la ley, son
constitucionales. En contrario, la sola concurrencia de una normatividad
institucional acordada por las partes, y divergente en abstracto de la ley, no
es motivo suficiente para suponer una violación de derechos fundamentales.
4. En este caso solo se advirtió en abstracto que en
el pacto se acordó la sujeción del tribunal de arbitraje a un reglamento
institucional de arbitramento, y que la parte se limitó a señalar un
distanciamiento en abstracto respecto de la ley arbitral colombiana. Sin
embargo, en el proceso de tutela no se evidenció con suficiencia que esa
distancia hubiera supuesto en concreto una violación de derechos
fundamentales de la accionante en el laudo o en la sentencia de anulación, pues
no se mostró que ese hecho la hubiera privado de una oportunidad procesal de
defensa o de una posición que la ley sí le reconociera, y cuya falta de
previsión en el reglamento fuera además decisiva en el caso concreto. Por lo
tanto, no había entonces lugar a conceder la tutela en este punto. Esas han
debido ser las razones determinantes de la decisión. Como no se incorporaron a
las consideraciones de la sentencia, aclaré el voto.
Fecha ut
supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Cuaderno principal de la demanda, folio 3, y Cuaderno
Corte Constitucional, folio 2.
[2] ““no
es posible que los particulares convengan en forma ad hoc un conjunto de normas
para el trámite arbitral, bien sea directa o indirectamente – en ese evento por
remisión a las reglas del Centro de Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Bogotá, porque de esta manera, mediante la cláusula
compromisoria, las partes impusieron reglas privadas al proceso arbitral, por
encima o sobre las de la ley, a tal punto que la última norma del Reglamento
(artículo 15) establece groseramente que “En lo demás, el trámite se regirá por
las normas legales”. Lo que significa que las catorce reglas anteriores, que
constituyen normas de procedimiento del susodicho centro de Arbitraje, se
sobreponen por encima de las de la ley y no con carácter supletivo, como lo
admite nuestro orden jurídico, subvirtiendo de esta forma el orden de las
fuentes sobre la materia, que sólo permite la eficacia de las reglas ad hoc –en
aspectos del procedimiento arbitral-, “en aquellos casos no previstos por el
legislador” Cuaderno
principal de la demanda, folio 245.
[3] Cuaderno principal de la demanda. Sustentación del
recurso de anulación del laudo arbitral, folio 4.
[4] Cuaderno
principal de la demanda, folio 259.
[5] Acta
No. 12. Cuaderno principal No. 1, folio 620-626.
[6] Cuaderno principal de la demanda, folio 278.
[7] Cuaderno principal de la demanda folio 303.
[8] “Este
acuerdo estará vigente desde la fecha de su firma por las Partes hasta la fecha
en que ocurra lo primero de (a) un meses (sic) después de la recepción por una
Parte de la notificación escrita de la otra parte informando que no desea
continuar con esta Acuerdo pero en ningún (sic) antes de los 45 días, o (b)
seis )6) meses contados a partir de la fecha de firma de este Acuerdo por las
Partes, los cuales podrán ser prorrogados por seis (6) meses más, siempre que
las partes así lo acuerden, por escrito, o hasta la fecha en la cual las Partes
hayan efectivamente completado y suscrito los documentos que las acreditan como
nuevos participantes en el Contrato E&P Cubiro, en cuyo caso, y una vez
definidas y acordadas sus participaciones, la cláusula relativa a los
porcentajes y financiación de que trata la cláusula 2 de este Acuerdo, se
trasladará en forma de Anexo a cualquiera de los acuerdo suscritos entre las
Partes” Cuaderno
principal de la demanda, folio 306. Cuaderno de pruebas No. 1, folio 170. Las
subrayas son propias del texto citado.
[9] Cuaderno
principal de la demanda, folio 306.
[10] Cuaderno
principal de la demanda, folio 307.
[11] Cuaderno principal de la demanda, folio 315.
[12] Folio 309.
[13]
Folio 313.
[14]
Folio 317.
[15]
Folio 335
[16]
Folio 345
[17]
Folio 347
[18]
Folio 352
[19]
Folio 357
[20]
Folio 386
[21] Cuaderno principal de la demanda, folio 461.
[22] Cuaderno
principal de la demanda, folio 450.
[23] Cuaderno principal de la demanda, folio 467.
[24] Cuaderno principal de la demanda, folio 483.
[25] Ibídem.
[26] Cuaderno impugnación fallo de tutela, folio 10.
[27] Cuaderno principal de la demanda, folios 2 – 234.
[28] Cuaderno principal de la demanda, folio 235 – 310.
[29] Cuaderno principal de la demanda, folio 322 – 367.
[30] Cuaderno principal de la demanda, folio 369 – 375.
[31] Sentencia C-543 de 1992.
[32] Varias razones imponen el carácter
excepcional de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales: “Sin embargo, el panorama es claro ya que como regla general la
acción de tutela no procede contra decisiones judiciales y esto por varios
motivos.  Entre ellos, en primer lugar, el hecho que las sentencias judiciales
constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados para
aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de cosa juzgada de
las sentencias a través de las cuales se resuelven las controversias planteadas
ante ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y, en tercer
lugar, la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la
estructura del poder público inherente a un régimen democrático.” Sentencia C-
590 de 2005.
[33] Ratio decidendi que fue necesario reiterar de forma expresa en la sentencia C-590
de 2005: “Se ha
sostenido que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-543-92, declaró la
inexequibilidad de varias disposiciones legales que permitían la tutela contra
sentencias.  Con base en esa referencia se afirma que el amparo constitucional
de los derechos fundamentales no procede contra decisiones judiciales porque
así lo estableció esta Corporación en un fallo de constitucionalidad; fallo
que, a diferencia de las decisiones proferidas con ocasión de la revisión de
las sentencias de tutela, tiene efectos erga omnes […] a través de la
sentencia C-543/92 la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de
los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, disposiciones que
consagraban la acción de tutela contra decisiones judiciales. No obstante, en
esa oportunidad la Corte indicó de manera expresa que la acción de tutela sí
podía proceder contra omisiones injustificadas o actuaciones de hecho de los
funcionarios judiciales, cuando quiera que las mismas vulneraran los derechos
fundamentales.”
[34] Sentencia T-572 de 1994.
[35] Sentencia T-638 de 2011.
[36] Sentencia
T-419 de 2011.
[37] Ver sentencias SU-014 -01, SU-214-01 Y
T-177-12.
[38] Ver sentencias SU-640 de98 y SU-168 de99.
[39] Corte Constitucional, Sentencias C-163 de 1999, C-242
de 1997, C-330 de 2000, C-060 de 2001, T-200 de 2004, C-961 de 2006, SU-174 de
2007, entre otras.
[40] Sentencia
C-713 de 2008.
[41] Algunas de las características básicas del
arbitramento, derivadas de la autonomía de la voluntad y recién reseñadas,
fueron sintetizadas así en la sentencia C-1038 de 2002 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett): “Mecanismo que tiene ciertas características básicas:
(i) es uno de los instrumentos autorizados para que los particulares puedan
administrar justicia; (ii) está regido por el principio de habilitación o
voluntariedad, pues el desplazamiento de la justicia estatal por el
arbitramento tiene como fundamento “un acuerdo previo de carácter  voluntario y
libre efectuado por los contratantes”.  Además (iii) el arbitramento es
temporal, pues la competencia de los árbitros está restringida al asunto que
las partes le plantean. El arbitramento (iv) es también de naturaleza
excepcional pues la Constitución impone límites materiales a la figura, de
suerte que no todo “problema jurídico puede ser objeto de un laudo”, ya que “es
claro que existen bienes jurídicos cuya disposición no puede dejarse al
arbitrio de un particular, así haya sido voluntariamente designado por las
partes enfrentadas”. Finalmente, (v) la Corte ha destacado que la voluntariedad
del arbitramento no excluye que la ley regule la materia, pues el arbitramento
es un verdadero proceso, a pesar de que sea decidido por particulares, y por
ello está sujeto a ciertas regulaciones legales, en especial para asegurar el
respeto al debido proceso”.
[42] Sentencia
SU-174 de 2007.
[43] Sentencia
C-713 de 2008.
[44] Ibidem.
[45] Ibidem.
[46] Tribunal Superior de Bogotá, Sentencia de 21 de enero
de 2010, Magistrado Ponente Alfonso Isaza Dávila. Radicación:
110012203000-2009-01069-
[47] Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá,
Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo.
[48] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 21 de junio de
2011, Rad. 33041, Magistrada Ponente Elsy del Pilar Cuello Calderón.
[49] De acuerdo al
artículo 380. son causales de revisión:
1.
Haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían
variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos
al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2.
Haberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueren decisivos
para el pronunciamiento de la sentencia recurrida.
3.
Haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas
por falso testimonio en razón de ellas.
4.
Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba.
5.
Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia recurrida.
6.
Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso
en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación
penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente.
7.
Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta
de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 140, siempre que no
haya saneado la nulidad.
8.
Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era
susceptible de recurso.
9.
Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada, siempre que el recurrente no
hubiera podido alegar la excepción en el segundo proceso por habérsele
designado curador ad litem y haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin
embargo no habrá lugar a revisión cuando en el segundo proceso se propuso la
excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
[50] “1. La nulidad absoluta del pacto arbitral
proveniente de objeto o causa ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o
relativa sólo podrán invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso
arbitral y no se hayan saneado o convalidado en el transcurso del mismo.”
[51]
“5. Haberse
proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso
arbitral o su prórroga.”
[52]
Folio 335
[53] En la mencionada
sentencia, dijo la Corte: “4.- En cuanto hace referencia al
arbitraje, en la norma objeto de examen la pregunta a resolver es la siguiente:
¿Para los asuntos sometidos a arbitraje en los que no sea parte el Estado o
alguna de sus entidades, puede el Legislador, en ejercicio de su libertad de
configuración, autorizar a los particulares para “acordar las reglas de
procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de
Arbitraje”, con la exigencia de que se respeten “los principios
constitucionales que integran el debido proceso”? //A juicio de la Corte la
respuesta es afirmativa, siempre y cuando se entienda que para el diseño de las
reglas procesales las partes deben respetar no sólo los principios
constitucionales que integran el debido proceso, sino también lo dispuesto por
el Legislador en las normas especiales que regulan los procedimientos
arbitrales.”
[54] En
relación con este condicionamiento, dijo la Corte Constitucional precisó que la
referencia se hace en relación con las garantías del debido proceso arbitral
que se estipulen en normas de rango legal, con el fin de no compatibilizar la
función legislativa del Congreso con el principio de voluntariedad de éste
mecanismo de solución de conflictos. Dijo la sentencia en cita:
“Significa
lo anterior que aun cuando el Legislador no puede adoptar una regulación
procesal que haga inoperante el principio de voluntariedad (en especial para
los arbitrajes independiente e institucional), sí tiene el deber de exigir la
observancia de las garantías mínimas del debido proceso. Del mismo modo, en
virtud de la naturaleza procesal del arbitramento, los particulares
tampoco pueden renunciar al deber de resolver sus disputas en el marco de
un trámite que garantice los parámetros mínimos del debido proceso. De acuerdo
con las consideraciones expuestas la Corte concluye que la norma objeto de
examen, la cual debe entenderse referida al arbitraje ordinario, se ajusta a la
Constitución cuando señala que en los asuntos sometidos a arbitraje en los que
no sea parte el Estado o alguna de sus entidades, los particulares puedan “acordar
las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un
Centro de Arbitraje, respetando, en todo caso, los principios constitucionales
que integran el debido proceso”. Esta regulación se sitúa en el margen de
configuración que tiene el Legislador en la materia, se ajusta a los
lineamientos del artículo 116 de la Constitución, y se limita a insistir en la
necesidad de salvaguardar el debido proceso en las actuaciones arbitrales. Sin
embargo, para armonizar la naturaleza voluntaria del arbitraje con sus
implicaciones como institución de orden procesal, cuando las partes
–particulares- deciden fijar autónomamente las reglas de procedimiento
(arbitraje institucional o independiente), es necesario condicionar la
exequibilidad de la norma en el entendido de que las partes también deben
respetar lo dispuesto por las leyes especiales que regulen los procedimientos
arbitrales. De lo contrario, podría suponerse que el Congreso ha renunciado a
la atribución constitucional de regular la materia, cuando, como ya ha sido
explicado, el artículo 116 de la Constitución advierte los árbitros sólo podrán
administrar justicia “en los términos que fije la ley”.”
[55] ARTICULO 1519. OBJETO ILICITO. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho
público de la nación. Así, la promesa de someterse en la república a una
jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del
objeto.
[56]
Folio 386
[57] aprobado por el entonces
Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio OFI07-1117-DAJ-0500 del
18 de enero de 2007
[58] En este
sentido cabe recordar que mediante el recurso extraordinario de anulación el
tribunal solo puede pronunciarse sobre irregularidades procesales en la
expedición del laudo, por cuanto no procede respecto de eventuales yerros en la
interpretación y aplicación de las normas meramente
sustantivas, por una falta de aplicación, indebida
aplicación o una errónea interpretación de una disposición en
la decisión arbitral.
[59] Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá,
Magistrado Ponente Álvaro Fernando García Restrepo.
[60] Tribunal Superior de Bogotá, Sentencia de 21 de enero
de 2010, Magistrado Ponente Alfonso Isaza Dávila. Radicación: 110012203000-2009-01069-
[61] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 21 de junio de
2011, Rad. 33041, Magistrada Ponente Elsy del Pilar Cuello Calderón.