C-159-20
Sentencia C-159/20
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA DERIVADO DE LA PANDEMIA POR COVID-19-Juicio de constitucionalidad
PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Conexidad temática del Plan Nacional de
Desarrollo
DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA
ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Competencia de la Corte Constitucional
CONSTITUCION POLITICA DE 1991-Establece tres clases de estados de
excepción
La Constitución de 1991 contempla, en sus artículos
212 a 215, los estados de excepción. Con arreglo a dichos preceptos
constitucionales, el Presidente de la República, con la firma de todos los
Ministros, puede declarar tres tipos de estados de excepción: (i) Guerra
Exterior, (ii) Conmoción Interior y (iii) Emergencia Económica, Social y Ecológica
ESTADOS DE EXCEPCION-Carácter reglado, excepcional y limitado
ESTADOS DE EXCEPCION-Control político y control jurídico
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA-Contenido
A la luz del artículo 215 de la Constitución, el
Estado de Emergencia podrá ser declarado por el Presidente de la República y
todos los Ministros siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en
los artículos 212 y 213 que: (i) perturben o amenacen perturbar en forma grave
e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que
(ii) constituyan grave calamidad pública
CALAMIDAD PUBLICA-Definición
En cuando a la calamidad pública, se ha entendido que
esta alude a un evento o episodio traumático, derivado de causas naturales o
técnicas, que altera gravemente el orden económico, social o ecológico, y que
ocurre de manera imprevista y sobreviniente
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA, O
DE GRAVE CALAMIDAD PUBLICA-Características
El artículo 215 de la Constitución prescribe que la declaratoria
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica sólo puede llevarse a
cabo “por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán
exceder de noventa días en el año calendario”. A su vez, la misma
disposición prevé que los decretos legislativos en el marco del Estado de
Emergencia tendrán fuerza de ley y deberán ser (i) motivados; (ii) firmados por
el Presidente y todos los Ministros; (iii) destinados exclusivamente a conjurar
la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Igualmente (iv) deben
referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado de
Emergencia y (v) podrán -de forma transitoria- establecer nuevos tributos o
modificar los existentes, los cuales dejarán de regir al término de la siguiente
vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue
carácter permanente.
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA, O
DE GRAVE CALAMIDAD PUBLICA-Competencia
del Congreso de la República
En relación con las competencias del Congreso en el
marco de los estados de emergencia, el propio artículo 215 de la Constitución
dispone que: (i) examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por
acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno
sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas
adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de
las mismas; (ii) podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se
refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de
iniciativa del Gobierno, así como ejercer sus atribuciones constitucionales; y,
(iii) se reunirá por derecho propio, si no fuere convocado por el Gobierno
Nacional.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO LEGISLATIVO
DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Fundamento
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO LEGISLATIVO
DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Alcance
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ESTADO DE EMERGENCIA-Juicio formal
El examen formal del decreto exige
verificar, en su orden, el cumplimiento de tres exigencias básicas: (i) la
suscripción por el Presidente de la República y por todos sus ministros; (ii)
la expedición en desarrollo del estado de excepción y durante el término de su
vigencia; y (iii) la existencia de motivación. Igualmente, en los casos en los
cuales la declaratoria del estado de emergencia haya comprendido únicamente
determinado ámbito territorial, debe examinarse que los decretos de desarrollo
no lo excedan.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ESTADO DE EMERGENCIA-Juicio material
El examen material comprende el desarrollo
de varios escrutinios que, como lo ha indicado la Corte, constituyen
expresiones operativas de los principios que guían los estados de excepción.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de finalidad
A la luz de este juicio, toda medida contenida en los
decretos legislativos debe estar directa y específicamente encaminada a
conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión o agravación de
sus efectos.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de conexidad material
A través del mismo, se pretende determinar si las
medidas adoptadas en el decreto legislativo guardan relación con las causas que
dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. La Corte Constitucional
ha señalado que la conexidad debe ser evaluada desde dos puntos de vista:
(i) interno, esto es, la relación entre las medidas adoptadas y las
consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el decreto de
desarrollo correspondiente y (ii) externo, es decir, el vínculo entre
las medidas de excepción y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del
estado de emergencia.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de motivación suficiente
(…) ha sido considerado como un juicio que complementa
la verificación formal por cuanto busca dilucidar si, además de haberse
formulado una fundamentación del decreto de emergencia, el Presidente ha
presentado razones que resultan suficientes para justificar las medidas adoptadas.
Dicha motivación es exigible frente a cualquier tipo de medidas, siendo
particularmente relevante para aquellas que limitan derechos constitucionales,
por cuanto el artículo 8 de la LEEE establece que los “decretos de excepción
deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las
limitaciones de los derechos constitucionales”.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de ausencia de arbitrariedad
(…) tiene por objeto comprobar que en el decreto
legislativo no se establezcan medidas que violen las prohibiciones para el
ejercicio de las facultades extraordinarias reconocidas en la Constitución, la
LEEE y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.
Bajo ese entendido, la Corte Constitucional debe verificar que las
medidas adoptadas en los decretos legislativos: (i) no suspendan o vulneren el
núcleo esencial de los derechos y libertades fundamentales; que (ii) no
interrumpan el normal funcionamiento de las ramas del poder público y de los
órganos del Estado y, en particular, (iii) que no supriman o modifiquen los
organismos y las funciones básicas de acusación y juzgamiento.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de intangibilidad
(…) parte del reconocimiento que ha hecho la
jurisprudencia constitucional acerca del carácter “intocable” de algunos
derechos, los cuales, de conformidad con los artículos 93 y 214 de la
Constitución, no pueden ser restringidos ni siquiera durante los estados de
excepción. La Corte ha establecido que, en virtud del derecho internacional de
los derechos humanos, se consideran como derechos intangibles el derecho a la
vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición
forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la
esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las
penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia;
la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de
irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho
a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño a
la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho
a no ser condenado a prisión por deudas; y el derecho al habeas corpus.
Son igualmente intangibles los mecanismos judiciales indispensables para la
protección de esos derechos.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de no contradicción específica
(…) tiene por objeto verificar que las medidas
adoptadas en los decretos legislativos: (i) no contraríen de manera específica
a la Constitución o a los tratados internacionales; y (ii) no desconozcan el
marco de referencia de la actuación del Ejecutivo en el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica, esto es, el grupo de medidas descritas en los
artículos 47, 49 y 50 de la LEEE. Ha destacado la Corte que entre las
prohibiciones se encuentra, por expreso mandato constitucional y legal, la
consistente en que el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los
trabajadores mediante los decretos contemplados en el artículo 215.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de incompatibilidad
(…) según el artículo 12 de la LEEE, exige que los
decretos legislativos que suspendan leyes expresen las razones por las cuales
son irreconciliables con el correspondiente estado de excepción.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de necesidad
(…) previsto en el artículo 11 de la LEEE, implica que
las medidas que se adopten en el decreto legislativo sean indispensables para
lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. La
Corte ha señalado que este análisis debe ocuparse (i) de la necesidad
fáctica o idoneidad, la cual consiste en verificar fácticamente si las medidas
adoptadas permiten superar la crisis o evitar la extensión de sus efectos, de
manera tal que se evalúa si el Presidente de la República incurrió o no en un
error manifiesto respecto de la utilidad de la medida para superar la crisis; y
(ii) de la necesidad jurídica o subsidiariedad que implica verificar
la existencia dentro del ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales
que fueran suficientes y adecuadas para lograr los objetivos de la medida
excepcional.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de proporcionalidad
(…) previsto en el artículo 13 de la LEEE exige que
las medidas que se adopten en desarrollo de los estados de excepción sean
respuestas equilibradas frente a la gravedad de los hechos que causaron la
crisis. Igualmente, la Corte ha precisado que el examen de proporcionalidad
supone que las restricciones a derechos y garantías constitucionales se
impongan en el grado absolutamente necesario para lograr el retorno a la
normalidad. Advierte la Corte que este examen particular no excluye,
naturalmente, la aplicación del examen de proporcionalidad cuando ello se
requiera.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE
ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de no discriminación
(…) el cual encuentra su fundamento en el artículo 14
de la LEEE, exige que las medidas adoptadas con ocasión de los estados de
excepción no pueden entrañar segregación alguna, fundada en razones de sexo,
raza, lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o
filosófica o de otras categorías sospechosas. Adicionalmente, este análisis
implica verificar que el decreto legislativo no imponga tratos diferentes
injustificados.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE DECRETO DECLARATORIO
DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Presupuestos formales y materiales
En suma, la facultad del Gobierno nacional para dictar
decretos legislativos al amparo de la declaratoria de un estado de emergencia
se encuentra sometida a las condiciones de validez formal y material contenidas
en los artículos 212 a 215 de la Constitución, en la Ley Estatutaria 137 de
1994 y en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos
ratificados por Colombia. El incumplimiento de tales condiciones genera la
inconstitucionalidad de la medida. Al respecto, corresponde tener en cuenta que
de acuerdo con la jurisprudencia reseñada, esta metodología no exige su
agotamiento “cuando se encuentra que la medida no cumple con uno de los juicios
antes explicados. Ante esa eventualidad, el decreto de desarrollo devendrá
inexequible, sin necesidad de evaluarlo a partir de los restantes parámetros.
CREACION Y MODIFICACION DE TRIBUTOS BAJO LA VIGENCIA
DE LOS ESTADOS DE EMERGENCIA ECOLOGICA, ECONOMICA Y SOCIAL-Evolución jurisprudencial
Como se observa a lo largo de este recorrido
jurisprudencial, esta Corte ha reconocido las atribuciones del legislador de
excepción para establecer beneficios tributarios, y ha declarado la validez
constitucional de la exención del IVA de bienes que resultan indispensable para
la subsistencia de la población y la reactivación económica de los municipios
afectados por la crisis que da lugar a la declaración de emergencia. Al mismo
tiempo, la jurisprudencia ha precisado los límites temporales y ha restringido
las condiciones de implementación de estos instrumentos a partir de los principios
constitucionales de igualdad y equidad cuando la alternativa implementada
otorga beneficios con violación del artículo 13 de la Carta.
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE
EMERGENCIA QUE ESTABLECE EXENCIONES TRANSITORIAS DEL IVA PARA CIERTOS PRODUCTOS
MEDICOS Y CLINICOS-Contenido
y alcance
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE
EMERGENCIA QUE ESTABLECE EXENCIONES TRANSITORIAS DEL IVA PARA CIERTOS PRODUCTOS
MEDICOS Y CLINICOS-Exequibilidad
(…)
advierte la Corte que se trata de medidas que no restringen ni suspenden
derechos o principios constitucionales, sino que, por el contrario, están
destinadas a garantizar la protección de los derechos a la vida, la salud y la
integridad de los ciudadanos, al tiempo que hacen posible el cumplimiento de
obligaciones tributarias a las entidades del Régimen Tributario Especial.
Además, es claro que su redacción evita cualquier tipo de diferenciación
injustificada en el trato derechos constitucionales sino que, por el contrario,
su finalidad se concreta en la protección de los mismos, resultando en
consecuencia, proporcionales en el marco del estado de emergencia ocasionado
por el COVID-19
Referencia: expediente
RE-234.
Revisión de constitucionalidad del DL 438 de 2020, “Por
el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de
2020”.
Magistrada Sustanciadora:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá
DC, tres (3) de junio de dos mil veinte (2020).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de lo dispuesto en el
numeral 7 del articulo 241 de la Constitución, y de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la presente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
1.
El Presidente de la República, “en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 215 de la
Constitución Política y en la Ley 137 de 1994”, profirió el Decreto
legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, "por el cual se declara un
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio
nacional".
2.
El Presidente de la República remitió a la Secretaría General de esta Corporación,
copia auténtica del Decreto legislativo 438 del 19 de marzo de 2020 (en
adelante DL 438 de 2020), “Por el cual se adoptan medidas tributarias
transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de
conformidad con el Decreto 417 de 2020”.
3. Mediante Auto
del 31 de marzo del año en curso, la magistrada ponente asumió el conocimiento
del decreto, solicitó al Ministerio de Salud, que informe los argumentos
científicos y/o técnicos en los cuales se fundamenta el listado de bienes
exentos de IVA a los cuales hace referencia el artículo 1 y el Anexo del DL 438
de 2020. En el mismo proveído, se comunicó la iniciación del proceso al Presidente de la Republica, a los Ministros que
integran el Gobierno Nacional, y a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. De igual manera, se invitó a un grupo de entidades y universidades,[1]
ordenándose fijar en lista el proceso y comunicarlo al Jefe del Ministerio
Público.
4.
En sentencia C-145 del 20 de mayo de 2020, la Corte Constitucional declaró la
exequibilidad del Decreto 417 de 2020 por el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica,
en el cual se confirieron las competencias legislativas extraordinarias en cuyo
ejercicio se profirió el DL 438 de 2020.
5.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de
juicios y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte
a decidir de fondo la demanda en referencia.
II. LA NORMA OBJETO DE
EXAMEN
El texto de la norma
revisada, según fue publicado en el Diario Oficial número 51.262 del viernes 20
de marzo de 2020 es el siguiente:
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO
Decreto 438 del 19 de marzo de 2020
Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad
con el Decreto 417 de 2020
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, en
concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo previsto en el
Decreto 417 de 2020, y
CONSIDERANDO
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución
Política, el Presidente de la República con la firma de todos los Ministros, en
caso de que sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212
y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma
grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que
constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.
Que según la misma disposición constitucional, una vez
declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Presidente
con la firma de todos los ministros, podrá expedir decretos con fuerza de ley
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus
efectos.
Que estos decretos deberán referirse a materias que tengan
relación directa y específica con el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica, y podrán en forma transitoria, establecer nuevos tributos o
modificar los existentes.
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el
Ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo
69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por
causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el
treinta (30) de mayo de 2020.
Que mediante el Decreto 417 de 2020, fue declarado el Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con
el fin de conjurar los efectos de la crisis económica y social generada por la
pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19.
Que ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias con las
que cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las circunstancias
imprevistas y detonantes de la crisis económica y social generada por la
pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, se hace necesario adoptar medidas
extraordinarias que permitan conjurar los efectos de la crisis en la totalidad
del territorio nacional.
Que la adopción de medidas de rango legislativo -Decretos
Ley-, autorizada por el Estado de Emergencia, busca fortalecer las acciones
dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, mediante la protección a la
salud de los habitantes del territorio colombiano, así́ como la mitigación
y prevención del impacto negativo en la economía del país.
Que de acuerdo con lo anterior, se requiere tomar medidas de carácter
tributario que reduzcan el valor en la importación y adquisición de bienes e
insumos en el territorio nacional, indispensables para la prestación de los servicios
médicos de los pacientes que padezcan el Coronavirus COVID-19 y para la atención
preventiva de la población colombiana sobre esta pandemia, razón por la cual se
establece mediante el presente Decreto Ley de manera transitoria, la exención
del impuesto sobre las ventas -IVA, en la importación y en las ventas en el
territorio nacional para los bienes listados en el anexo que hace parte
integral del presente Decreto.
Que el Decreto 417 de 2020, señaló expresamente que
"los efectos económicos negativos generados por el nuevo Coronavirus
Covid-19 a los habitantes del territorio nacional requieren de la atención
mediante la adopción de medidas extraordinarias encaminadas a atender las
obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre
otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la industria y el
comercio del país y permitan absorber las pérdidas económicas y fuerza laboral
afectada por esta pandemia".
Que no ha sido viable el desarrollo normal de las asambleas
de las entidades sin ánimo de lucro dentro del término que establece el artículo
360 del Estatuto Tributario, afectando el proceso de actualización en el Régimen
Tributario Especial del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 356-3
del Estatuto Tributario y por lo tanto, se requiere ampliar el plazo
establecido en los artículos 360 y 364-5 del mismo estatuto, para que se efectúe
el proceso de actualización por las entidades sin ánimo de lucro del Régimen
Tributario Especial del impuesto sobre la renta.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA
Artículo 1. Exención transitoria del impuesto sobre las
ventas -IVA. Por
el término de duración de la emergencia de que trata el Decreto 417 de 2020, estarán
exentos del impuesto sobre las ventas -IVA, en la importación, y en las ventas
en el territorio nacional sin derecho a devolución y/o compensación, los
siguientes bienes siempre y cuando se cumplan las especificaciones técnicas
establecidas en el Anexo que hace parte integral del presente Decreto Ley:
1.     Nebulizador
2. Báscula pesa bebés
3. Monitor de signos vitales
4. Electrocardiógrafo
5. Glucómetro
6. Tensiómetro
7. Pulsoximetro
8. Aspirador de secreciones
9. Desfibrilador
10. Incubadora
11. Lámpara de calor radiante
12.Lámpara de fototerapia
13. Bomba de infusión
14. Equipo de órganos de los sentidos
15. Bala de Oxígeno
16. Fonendoscopio
17. Ventilador
18. Equipo de rayos X portátil
19. Concentrador de oxígeno
20. Monitor de transporte
21. Flujómetro
22. Cámara cefálica
23. Cama hospitalaria
24. Cama hospitalaria pediátrica
Parágrafo 1. Los saldos a favor generados en las declaraciones
tributarias del impuesto sobre las ventas -IVA, podrán ser imputados en las
declaraciones de los períodos siguientes, pero en ningún caso podrán ser objeto
de devolución y/o compensación.
Parágrafo 2. El responsable del impuesto sobre las ventas -IVA, que
enajene los bienes exentos de que trata el presente artículo durante el término
de la emergencia económica, social y ecológica, tiene derecho a impuestos
descontables en el impuesto sobre las ventas -IVA, siempre y cuando cumpla con
los requisitos consagrados en el Estatuto Tributario y en especial el artículo
485 de dicho Estatuto.
Parágrafo 3. Los bienes que a la fecha de expedición de este Decreto Ley
sean exentos o excluidos del impuesto sobre las ventas -IVA, de conformidad con
el Estatuto Tributario, mantendrán el tratamiento tributario de bienes exentos
o excluidos, conforme con las disposiciones vigentes.
Artículo 2. Condiciones de aplicación. Para efectos de la aplicación de la exención
del impuesto sobre las ventas -IVA de que trata el artículo 1 del presente
Decreto Ley deberán cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Al momento de facturar la operación de venta de bienes
exentos durante el término de la emergencia económica, social y ecológica, a través
de los sistemas de facturación vigentes, el facturador deberá́ incorporar
en el documento una leyenda que indique: "Bienes Exentos - Decreto 417 de
2020".
2. La importación, la venta y la entrega de los bienes deberá́
realizarse dentro del plazo establecido en el artículo 1 del presente Decreto
Ley.
3. El responsable impuesto sobre las ventas -IVA, deberá́
rendir un informe de ventas con corte al último día de cada mes, el cual deberá́
ser remitido dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas que corresponda al domicilio fiscal del
responsable del impuesto sobre las ventas ­ IVA, que efectúa la venta exenta,
certificado por contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en el
cual se detallen las facturas o documentos equivalentes, registrando número,
fecha, cantidad, especificación del bien, y valor de la operación.
4. El responsable impuesto sobre las ventas -IVA, deberá́
rendir un informe de las declaraciones de los bienes importados y amparados con
la exención del impuesto sobre las ventas -IVA de que trata el artículo 1 del
presente Decreto Ley, con corte al último día de cada mes, el cual deberá́
ser remitido dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas, que corresponda al domicilio fiscal del
responsable del impuesto sobre las ventas -IVA, que efectúa la importación
exenta, certificado por contador público o revisor fiscal, según sea el caso,
en el cual se detalle: la declaración de importación, registrando número,
fecha, cantidad, especificación del bien, valor de la operación, y el número de
la factura del proveedor del exterior.
Artículo 3. Incumplimiento de las condiciones y requisitos. El incumplimiento de las
condiciones y requisitos establecidos en el artículo 1 y los numerales 1 y 2
del artículo 2 del presente Decreto Ley, dará́ lugar a la inaplicación del
tratamiento tributario de bienes exentos del impuesto sobre las ventas -IVA, en
la importación yen las ventas en el territorio nacional, de que trata el
presente Decreto Ley, y por lo tanto, la importación y/o la venta, según el
caso, estará́ sujeta al tratamiento tributario conforme con las
disposiciones del Estatuto Tributario.
El incumplimiento de los deberes de que tratan los numerales
3 y 4 del artículo 2 del presente Decreto Ley, dará́ lugar a la sanción de
que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario. La misma sanción se
aplicará cuando la información tenga errores o se presente extemporáneamente.
Artículo 4. Ampliación de plazo para el proceso de actualización
en el Régimen Tributario Especial. Los contribuyentes pertenecientes al Régimen
Tributario Especial, que deben realizar el proceso de actualización de que
trata el artículo 356-3 del Estatuto Tributario en el año calendario 2020,
dentro de los términos establecidos en el inciso 3 del artículo 364-5 del mismo
Estatuto, podrán realizarlo a más tardar el treinta (30) de junio del año 2020.
Así́ mismo, la reunión del órgano de dirección que
aprueba la destinación del excedente de que trata el inciso 3 del artículo 360
del Estatuto Tributario, podrá́ celebrarse, para el año calendario 2020,
antes del treinta (30) de junio del año 2020.
Artículo 5. Vigencia. El presente decreto rige a partir de
la fecha de su publicación.
(Siguen las firmas del Presidente de la República y de todos
los ministros del despacho.)
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
ANEXO
Bienes cubiertos por la exención del impuesto sobre
las ventas -IVA y sus especificaciones técnicas mínimas
obligatorias
NOMBRE DOTACIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
OBLIGATORIAS
1
Nebulizador
1.
Desplazamiento de mínimo 8Its/ o mas
2.
Presión ajustable 0- 3 kg/cm2
3.
Nivel acústico < 60 db
4.
Requerimientos eléctricos: 110 - 120 v /60 hz
2
Báscula Pesa Bebes
1.
Pesabebés electrónica con pantalla digital.
2.
Capacidad mínima: 20 kg.
3.
Apagado automático.
4.
Función de tara, auto-hold.
5.
Conmutación kg/lbs.
6.
Bandeja horizontal para posicionamiento del bebé.
7. Revoluciona 10 gr o menor
3
Monitor de Signos
Vitales
1.
Configuración estándar: ecg, nibp, spo2, hr/pr, 2resp, 2temp, st análisis,
análisis de arritmia, incluye módulo de presión invasiva (ibp), incluye
módulo de capnografía
2.
Ecg - rango de frecuencia cardiaca: 15 - 300 bpm.
3.
Derivaciones i, ii o iii con la opción de tres (3) derivaciones
estándar.
4.
Velocidad de trazado: 50, 25, 12,5 y 6,25 mm/seg para los trazados de ecg y
spo2.
5.
Velocidad del trazado de la curva de respiración es de
6.25
mm/seg
6.
Rango de presión arterial: de 30 a 280 mmhg.
sobrepresión
del manguito 300 mmhg.
7.
Saturación: de 0% a 99% resolución de 1%.
8.
Respiración: método medición de la impedancia a través
de
los electrodos de ecg en el pecho
9.
presión invasiva (ibp): rango de medición -6-40kpa (-50-
30mmhg)
10.
Capnografía (etco2) side stream: medición de rango 0-
150
mmhg (0-19.7% 0-20kpa)
11.
Un set sensor spo2 adultos
12.
Un juego brazalete para adultos
13.
Dos sensores set temperatura
14.
Un sensor de ibp
15.
Un sensor de co2
16.
Un juego de cables de
alimentación para corriente eléctrica 110 vac - 240 vac, 50/60 hz
17.
Un juego de cables de ecg
4
Electrocardiógrafo
1.
Software que permita el
almacenamiento y gestión de datos en memoria interna
2.
Software de interpretación de
resultados
3.
Modos de operación manual y
automática
4.
Batería recargable de duración
mínimo de 4 horas
5.
Filtros en línea de base y emg
6.
Visualización en pantalla de
grupo de derivaciones
7.
Teclado alfanumérico para
ingreso de los datos del Paciente
8.
lnterfase de comunicación rs-232
para transmisión de datos
9.
Tipo de impresión automático y
manual
10,
Impresora térmica de alta resolución
11
Velocidad de registro 5, 25 y 50 mm/s
12.
Sensibilidad 5, 10 y 20 mm/mv
(selección manual o automática
13.
Juego de electrodos (4
electrodos para extremidades y 6 electrodos
14.
Requerimiento eléctrico 110 -
120 vol /60 Hz
15.
Cable troncal de 10 derivaciones
5
Glucómetro
1.
Sin codificación.
2.
Volumen de muestra de sangre de
0.5 microlitros.
3.
Resultados entre s6 segundos.
6
Tensiómetro
Tensiómetro de aneroides con soporte móvil
1.
Caratula grabada con laser
2.
Con dial ahuecado y aguja color
de alto contraste
3.
Libre de látex y de mercurio
4.
Cesto de almacenamiento
incorporado para brazalete
5.
Brazalete de dos vías para
paciente pediátrico, adulto y adulto
6.
Válvula y pera insufladora
7.
Base con 5 rodachines de 2"
a 4"
7
PuIsoximetro
1.
Equipo portátil o de mano, con peso no mayor de 600 ramos con baterías
incluidas
2.
Para aplicación en pacientes: adulto, pediátrico y neonatal
1.
Despliegue en pantalla lcd o led
5,
Despliegue digital de:spo2, fp o fc y curva pletismografica
6..
Rango de spo2: 0-100% + 1%
7
Alarmas visibles y audibles, ajustables
8
Tiempo de operación con baterías de 12 horas como mínimo.
8
Aspirador de Secreciones
1.
Nivel de ruido: menor
2.
Máximo vacío: mayor o igual a 560 mmhg
3.Control
de ajuste de flujo
4.
Desplazamiento mayor a 20
I/min
5.
Recipientes de vidrio o plástico
reusables mínimo de 1 litro
6
Requerimiento eléctrico: 120 v +/- 10% a 60 hz
9
Desfibrilador
Desfibrilador
monitor de control en idioma externa, que detecten alteraciones en onda
bifásica y monitoreo multiparamétrico.
2.
Desfibrilador:
2.
Para desfibrilación manual y
modo semiautomático (modo dea), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
2.
Con selector de nivel de energía
para descarga.
2.
Capacidad de auto descarga
cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 se unidos.
2.4. Con sistema para probar energía de
descarga.
2.5. Tiempo de carga de 15 segundos o menor
para
máxima energía.
1.
Monitor:
3.
Pantalla Icd a color o
tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como minino.
3.
Con despliegue numérico y de
onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un
trazo de ecg como mínimo a seleccionar entre 6 derivaciones: (di, dii, diii,
avr, avl, avf).
3.
Despliegues en pantalla y panel
de control en idioma español.
4. Palas:
4 1. Para excitación externa, convertibles
adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica
4.
Con descarga desde las palas y
desde el panel de control.
4.
Botón de carga desde las palas y
desde el panel de control.
5.
Alarmas audibles y visibles:
5.
Seleccionables por el usuario,
para alteraciones en la frecuencia cardiaca.
5.
De desconexión del paciente.
5-3 Del nivel de carga de la batería
6.
Sistema de registro:
6.1. Impresión integrada.
6.2 Con capacidad de imprimir trazo de ecg e
información relativa a evento registrado.
6.3, Modo de operación manual y/o automático
seleccionable por el usuario
7- Batería
7.
Recargable e integrada.
7.2, Que permita dar al menos 20 desfibrilaciones a
carga máxima o 1.5 horas de monitoreo continuo como mínimo.
7 4 Tiempo de carga máximo de 4.5 horas.
8.
Cable de paciente.
9.
Requerimiento eléctrico: 110 -
120 v / 60hz.
10
Incubadora
1.
Incubadora servo controlada o micro procesada
2
Control con modo para ajuste de temperatura del aire de 23.0°c o menor hasta
37.0°c o mayor.
3.
Control con modo para ajuste de temperatura de la piel del paciente de 35°c o
menor o hasta 37,0°c o mayor.
5,
Doble pared.
6.
Sistema de humidificación
7.
Monitoreo de parámetros:
8.
Temperatura de aire
9.
Temperatura de piel
10.
Con sistema de alarmas, de las
siguientes fallas mínimo:
Temperatura
aire
Temperatura
piel
Falla
del sensor de piel o sonda de temperatura cutánea.
Falla
de la circulación o flujo de aire.
Falta
o falla de energía eléctrica
11.La
base de la incubadora cuenta con soporte para monitor de si nos vitales
12.
Sistema de pesaje del neonato
13.Nivel
de Ruido menor a 50 dba
14,
Con al menos al menos cuatro (4) o más ventanas o ventanillas de acceso
15,
Colchón - base porta colchón inclinarle.
16.Filtro
de aire.
17.Requerimiento
eléctrico 110/120 vac-60hz
11
Lámpara de Calor Radiante
1.
Diseño de columna
2.
Panel controlado por
microprocesador
3.
Modos de programación: control
manual y servo controlada
4.
Sistema de alarmas visuales y
auditivas
5.
Base cuna con inclinación
graduable, con altura graduable
6.
Barandas abatibles
7.
Dispar
8.
Temperaturas configuradas
deseadas en un rango de i o 34°c a 38°c máximo
9.
Base con ruedas y sistema de
frenos
10.
Accesorios
Sensor de piel reutilizable
Colchoneta en espuma de alta densidad, forrada en
material impermeable
Mínimo una bandeja para soporte de monitor o
instrumental
11, Fuente de alimentación de 110/120 vac,
frecuencia 50/60hz.
12
Lámpara de Fototerapia
1.
Lámpara de fototerapia tipo led
azul para paciente prematuro y neonatal
2.
Diodos emisores de luz (led)
azul. debe contar con led de color blanco (2) dos al menos
3.
Fuente de luz en rango entre
mínimo 400nm a 480 nm o mayor.
4.
Nivel de irradiación de máximo
60pw/cm2/nm
5.
Vida útil de la fuente luminosa
con una durabilidad de 10.000 horas o mayor
6 Peso to al de a unidad con base máximo 22kg.
7. Consumo de potencia eléctrica menor o igual a
30va,
8.Base con ruedas con mecanismo de freno, o sistema
de incluye abatible.
9 Requerimiento eléctrico 110/120vac 50-60hz
13
Bomba de infusión
1. Bomba de infusión modular de 1 canal
peristáltica
2. Batería recargable de litio. mínimo 5 horas de
trabajo continuo
3.Protección contra flujo libre
4. Modos de infusión: modo tasa. modo tiempo. modo
peso. modo peso estándar. modo goteo. modo secuencia, modo relevo
5. Alimentación: 100-240 vac. entrada dc 12v.
6. Rango de ajuste de flujo/gotas: 0,1- 1200,0
ml/hr
7. Flujo (set de 20d/m) l 0 400 d/min
8. Gotas (set de 20d/ml) 0,1 — 400,0
ml/hr
9. Flujo (set de 60d/ml) 1 — 400 d/min
10. Gotas (set de 60d/ml)
11. Incrementos de 0.1 ml/h o 1 d/min.
12. Rango de ajuste de volumen: 0.0 — 99.999,9
ml.
13. Alarmas: finalización cercana, medicamento agotado,
infusión finalizada, oclusión, batería baja, puerta abierta, aire en
línea.
14. Bloqueo de pantalla.
14
Equipo de Órganos de los Sentidos
1. Equipo para diagnóstico de órganos de los
sentidos modelo de pared
2. Mangos de encendido/apagado automático
3. Otoscopio luz led con iluminador de garganta y
dispensador de espéculos
4. Dispensador de espéculos (para el
otoscopio)
5. Oftalmoscopio
6. Adaptador de corriente
7. Voltaje de entrada de 110-120 vac 60hz
15
Bala de Oxigeno
1. Cilindro de oxigeno capacidad mínima de 650 l –
máximo 700 I.
2. Material en aluminio.
3. Carro de transporte.
4. Manómetro de flujo.
16
Fonendoscopio
1. Membrana o diámetro de diafragma de min s 45
mm.
2. Diámetro de campana, min de a 36 mm.
3. Longitud total: mínimo 70 cm.
4. Material de diafragma policarbonato y/o
aluminio.
17
Ventilador
1. Equipo para uso adulto/pediátrico.
2. Modos ventilatorios mínimos:
Ventilación asistida/controlado por volumen.
Ventilación mandatorio intermitente sincronizada
(simv).
Ventilación en dos niveles de presión,
bipap-cpap
ventilación no invasiva
3. Compensación automática de fugas.
4. Capnografía.
5. Controles mínimos
Volumen corriente volumen tidal
Frecuencia respiratoria.
Peep/cpap.
Fio2.
Presión inspiratoria.
Tiempo inspiratorio. presión soporte.
Presión pico.
Presión media-meseta
6.Alarmas
Volumen en minuto total o volumen minuto espiratorio
alto y bajo
Presión alta y baja
Falla eléctrica
7. Características generales
Pantalla de mínimo 12” con registro de curvas
Batería de respaldo de mínimo 2 horas de
duración
Requerimiento eléctrico +/-110/120vac 50-60hz.
18
Equipo de Rayos X Portátil
1.
Equipo móvil con rango de salida
a 40kw como mínimo
2. Alimentación
eléctrica 110 +/- 10% vca, 50-60 hz
3.
Técnicas de programador
anatómico
4.
Uso de protocolo DICOM
5.
Comunicación con sistema - pacs
6.
Pantalla touchscreen de
17 pulgadas como mínimo
7.
Detector de gadolinio o cesio
8.
Generados de 300ma o superior
9.
Controles de kv y mas
10.
Detector digital inalámbrico
11.Matriz activa de mínimo 2300 x 2100 o mayores
pixeles
12.Tamaño del pixel 200µm o menor.
13.Sistema de conexión a red de hospital
inalámbrica
14.Detector cuenta con batería
15, Doble loco
16.Disipacion de calor máxima 300 khu como
mínimo
19
Concentrador de Oxigeno
1. Velocidad de flujo: mínimo 2 lpm / 92% o2, 8 Ipm
/ 90% o2
2. Presión de salida: mínimo 10 psig. 3.
3.Alto: 27 pulg (+/- 2),
Ancho. 16 pulg (+/- 4 ).
Largo: 14 pulg (+/- 2 )
4. requerimientos eléctricos: 110- 120v / 60
hz
20
Monitor de transporte
1.
Monitor configurado o modular
con pantalla de 7 a 12 pulgadas.
2.Pantalla a color tecnología lcd tft o tecnología superior
3.Resolución igual o superior a 800 x 400
pixeles.
Parámetros a medir
4. Curva plestismografica
5. Frecuencia cardiaca.
6. Presión no invasiva (sistólica, diastólica y
media).
7. Temperatura.
8. Con batería interna recargable con duración de al
menos
una hora.
9. Alarmas audibles y visibles
21
Flujómetro
1. Conexión para toma tipo chemetron
2. Capacidad e 0 a 15 litros por minuto
3. Cuerpo de material en bronce
4. Tubo indicador en acrílico
5. Escala de indicación en litros por minuto.
6. Aguja de válvula fabricada en bronce.
22
Cámara Cefálica
1. Para concentración de oxígeno en 90% o
superior
2. Conexión estándar para manguera de oxigeno corrugada.
3. Provista de asas de agarre.
4. Dimensiones:
4.1. Neonatal: aprox. 18 x18 x 15 cm
4.2 Pequeña: aprox. 22 x 21x 18 cm
4.3 Mediana: aprox. 30 x31 x 25 cm
4.4 Grande: aprox. 44 x 40 x 33 cm
23
Cama Hospitalaria
1. Cama hospitalaria de 4 planos (3 móviles y 1
fijo)
2. Eléctrica
3. Cuatro (4) Barandas independientes o dobles de
seguridad laterales que cubren toda la extensión de la cama.
4. Control remoto o de mano alámbrico para los
movimientos eléctricos.
5. Ruedas de mínimo 5 pulgadas con freno total o
central.
6. Acabado general en pintura electrostática
7. Capacidad de carga mínimo de 180 kg
8. Borde perimetral en caucho macizo o topes anti choque
en las cuatro esquinas
9. Movimientos: cpr, flexión espalda, flexión pies,
cambio de altura y auto contorno.
10. Dimensiones entre los rangos: exterior: largo
(200 a 220) cm, ancho (90 a 110) cm, cambio de altura desde (40 a 50) cm a
(70 a 90) cm.
11. Batería de respaldo
12. Atril porta suero
13. Colchón con forro lavable hospitalario
14. Alimentación 110 + (10%) vac 60hz.
24
Cama Hospitalaria
Pediátrica
1. Cama hospitalaria de 4 planos (3 móviles y 1
fijo)
2. Eléctrica
3. Dos (2) barandas independientes o dobles de
seguridad laterales que cubren toda la extensión de la cama.
4. Control remoto o de mano alámbrico para los
movimientos eléctricos.
5. Ruedas de mínimo 5 pulgadas con freno total o
central.
6. Acabado general en pintura electrostática
7. Capacidad de carga mínimo de 120 kg
8. Borde perimetral en caucho macizo o topes
antichoque en las cuatro esquinas
9. Movimientos: cpr, flexión espalda, flexión pies,
cambio de altura y auto contorno.
10. Dimensiones entre los rangos: exterior: largo
(180 a 190) cm, ancho (65 a 70) cm, cambio de altura desde (50 a 55) cm a (70
a 85) cm.
11. Batería de respaldo
12. Atril porta suero
13. Colchón con forro lavable hospitalario
14.
Alimentación 110 + (10%) vac 60hz.
III. PRUEBAS E
INTERVENCIONES
1.
Pruebas recaudadas
Encontrándose dentro término fijado mediante el auto
por el cual se asumió el conocimiento del correspondiente estudio de
constitucionalidad del DL 438  de 2020, el Ministerio de Salud, a través de
escrito enviado a la Secretaria General de esta Corporación, intervino en la
presente causa dando respuesta al cuestionamiento planteado por la Magistrada
sustanciadora respecto del fundamento para la determinación del listado de
bienes exentos del IVA previsto en el artículo 1° y el Anexo del referido decreto
legislativo. Para tal efecto, explicó lo siguiente:
Inicialmente, el ministerio hace mención a los antecedentes
y características de la crisis ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus
(en adelante COVID-19). Sobre el particular precisa que “(…) es necesario señalar
que esta enfermedad ocasiona Infección Respiratoria Aguda (IRA) que puede
desarrollarse con diferentes niveles de severidad desde la ausencia de síntomas,
la aparición leve de síntomas gripales (tos, fiebre, secreciones nasales y
malestar general), o dificultad para respirar hasta requerir atención
intrahospitalaria.”
Seguidamente,
pone de presente los “Criterios para la selección de los bienes en salud
exentos del impuesto sobre las ventas -IVA”. Al respecto, indica que el
Gobierno Nacional enlistó en el artículo 1° del Decreto 438 de 2020 los
dispositivos médicos que se consideran “esenciales” para el manejo de
pacientes con sospecha y confirmación diagnóstica del COVID-19 que requieren atención
en urgencias, hospitalaria, ambulatoria y aquellos que son de uso frecuente en
pacientes que, adicionalmente, requieren atención en unidades de cuidados
intensivos o unidades de cuidado intermedio.
Posteriormente, incorpora
una tabla en la que señala la funcionalidad en la salud y el uso en pacientes
con COVID-19 de cada uno de los bienes enlistados en el artículo 1° del DL 438 de
2020[2],
sintetizando los criterios adoptados en su selección en los siguientes
términos:
“Teniendo
en cuenta que este virus puede ocasionar Infección Respiratoria Aguda -IRA, que
como fue manifestado, puede desarrollarse con diferentes niveles de severidad,
el Gobierno Nacional enlistó en el articulo 1 del Decreto 438 de 2020, los
dispositivos médicos que se consideran esenciales para el manejo de pacientes
con sospecha y confirmación diagnóstica de coronavirus COVID-19 que requieren
atención en urgencias, hospitalaria, ambulatoria y aquellos que son de uso
frecuente en pacientes que adicionalmente requieren atención en unidades de
cuidados intensivos o unidades de cuidado intermedio.
(Sigue la tabla en que se especifican los ítems, su
funcionalidad y uso en pacientes con COVID-19)
Dentro del listado, se encuentran elementos de dotación
hospitalaria como camas, incubadoras, básculas, pesa bebé y camas pediátricas,
dado la demanda que existe en esta emergencia, de acondicionar aquellos sitios
externos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para atención
de la población afectada.
De igual manera, incluye dispositivos médicos y equipos biomédicos
básicos para la valoración médica general del paciente, como equipo de órganos
de los sentidos, tensiómetro, fonendoscopio, pulsoxímetro; otros,
indispensables para el diagnóstico y el control de los pacientes como equipo de
rayos X portátil, glucómetro, electrocardiógrafo.
Para la atención del paciente neonato hospitalizado, un
dispositivo como la lámpara de calor radiante, indispensable para el
mantenimiento de la temperatura, y tratamiento de afecciones propias de su
edad.
Para el manejo de pacientes en general, en los servicios de
urgencias, hospitalización, cuidado intermedio, son necesarios igualmente, los
monitores para control continuo de signos vitales, las bombas de infusión para
la administración de mezclas y medicamentos, el desfibrilador para atención del
paciente en paro cardiorrespiratorio, el monitor de transporte, en caso de
traslado del paciente, aspirador de secreciones para pacientes con pérdida de
la conciencia; bala de oxígeno, concentrador de oxígeno, flujómetro,
nebulizador, para la administración de oxígeno y medicamentos por vía aérea, lámpara
de fototerapia para la rehabilitación. Adicionalmente para pacientes en
cuidados intensivos se requiere, ventiladores para el soporte, en caso de distress
respiratorio.
En concordancia con lo anterior y en atención a la capacidad
instalada de las Instituciones de salud en Colombia, se consideró
necesario que el Gobierno Nacional dispusiera de mecanismos que faciliten la
oferta y consecución oportuna de los dispositivos enlistados, para su comercialización
y posterior distribución de acuerdo con el nivel de complejidad de las
instituciones hospitalarias, para evitar su desabastecimiento; bien a través de
inventarios disponibles por parte de los distribuidores/comercializadores de
dispositivos médicos y/o equipos biomédicos, o a través de la determinación de
capacidades de producción nacional de estos.”
Con fundamento en
lo expuesto, el Ministerio de Salud concluye su intervención indicando que la exención
de IVA contemplada en el artículo 1° del Decreto 438 de 2020 permite la adquisición
a costos más bajos de insumos indispensables para las IPS, así como también, incentiva
la producción nacional de estos, circunstancia
que, a su juicio, impacta favorablemente
la atención de la actual emergencia.
2. INTERVENCIONES
Dentro
del término de fijación en lista se recibieron en la Secretaría General de la
Corte Constitucional los siguientes escritos de intervención:
2.1.
Presidencia de la
República.
En su calidad de Secretaria Jurídica de la Presidencia
de la República, Clara María González Zabala, presentó su concepto ante esta
Corporación solicitando declarar la constitucionalidad del Decreto objeto
de revisión.
Para sustentar su posición, empieza por explicar la motivación que dio lugar a la expedición del
Decreto legislativo 417 de 2020 para la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica ocasionado por la pandemia del COVID-19.
A continuación, se refiere concretamente al contenido
del DL 438 de 2020, puntualizando que las medidas allí adoptadas encuentran su
principal fundamento en dos objetivos saber: “(i) Reducir, a través de la
exención del impuesto sobre las ventas -IVA- el valor en la importación y
adquisición de bienes e insumos en el territorio nacional, indispensables para
la prevención, el diagnóstico y tratamiento del Coronavirus COVID-19.” Y,  “(ii)
Flexibilizar los plazos para el cumplimiento de determinadas obligaciones para
entidades ánimo lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial del
impuesto sobre la renta, pues no ha sido viable el desarrollo normal de las
asambleas de estas entidades dentro del término que establece el artículo 360
del Estatuto Tributario, lo cual ha afectado proceso Régimen Tributario
Especial del impuesto la renta de que trata el artículo 356-3 del Estatuto
Tributario, por lo se requiere ampliar el plazo establecido para el efecto.”
Respecto
del cumplimiento de los requisitos formales, sostiene que el DL 438 de 2020 fue
expedido por el Gobierno Nacional, con la firma de todos sus ministros. Ello, en
desarrollo de aquel que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en Colombia; precisando que su vigencia, ámbito de aplicación y
alcance se encuentran limitadas al tiempo en  que subsista el estado de
excepción. De allí que, las medidas tributarias contempladas por el mismo sean
de carácter temporal.
En cuanto a los
requisitos materiales, asegura que existe conexidad interna entre las medidas adoptadas
y la parte motiva del Decreto que se revisa. Lo anterior, por cuanto las mismas
guardan relación con el Estado de Emergencia, buscando conjurar la crisis a
través de modificaciones tributarias orientadas a: (i) reducir el costo de los
bienes e insumos indispensables para la oportuna y adecuada prestación de
servicios médicos para la atención y tratamiento del virus y (ii) extender los
plazos para el cumplimiento de determinadas obligaciones formales tributarias.
Añade que el
decreto objeto de estudio también cumple con el requisito de conexidad externa dada
su relación directa y específica con el Decreto legislativo 417 de 2020, el
cual, en su parte motiva, prevé la necesidad de tomar medidas para garantizar
las condiciones necesarias de atención en salud y mitigar los efectos
económicos de la crisis. Al respecto, indica que las medidas del decreto sub
examine responden a los propósitos del decreto que declaró el Estado de
Excepción, particularmente, en lo que tiene que ver con los siguientes aspectos
: (i) las necesidades del sistema de salud para garantizar la efectiva y
oportuna prestación del servicio para la atención de las personas
diagnosticadas con el nuevo Coronavirus COVID-19, así́ corno la prevención
de su propagación y contagio; y (ii) la forzosa necesidad de adoptar
medidas de distanciamiento y aislamiento social, como es la declaratoria de una
cuarentena obligatoria nacional, que restringe la posibilidad del desarrollo de
actividades en condiciones ordinarias, con los consecuentes efectos negativos
en la capacidad de cumplimiento de obligaciones de diversa índole.”
Respecto a la
finalidad, señala que se busca aprovisionar de bienes esenciales para la  atención
médica, tanto para tratamiento de las personas infectadas como evitar que se
propague el virus, destacando que: “De acuerdo con el concepto técnico
emitido el 6 de abril de 2020 por la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en
Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, identificado con el
20201150048858, el listado de dispositivos médicos contemplado en el Decreto,
gozan beneficio en IVA, "se consideran esenciales para manejo de pacientes
con sospecha y confirmación diagnóstica SARS-CoV2 que requieren atención en
urgencias, hospitalaria, ambulatoria y aquellos son de uso frecuente en
pacientes adicionalmente requieren atención en unidades de cuidados intensivos
o unidades de cuidado intermedio."
En cuanto a la finalidad
de la segunda medida, aquella que consiste en ampliar los plazos para realizar
ciertas obligaciones de tipo tributario, sostiene que se encuentra dirigida a atenuar
los efectos negativos de la calamidad, concretamente, aquellos que se puedan
llegar a proyectar sobre las asociaciones, fundaciones, y corporaciones que
sean Entidades sin Ánimo de Lucro y pertenezcan al Régimen Tributario Especial.
Lo anterior, explica, por cuanto el aislamiento preventivo ha impedido que
puedan reunirse y realizar las sesiones de sus órganos de administración, aspecto
que, en el ámbito tributario, podría trae como consecuencia el hecho de perder los
beneficios del régimen tributario especial, resultando imperioso aplazar el
término para cumplir con la actualización de la información.
En ese orden, se
hace necesario “(i) preservar los incentivos tributarios en cabeza de las
organizaciones que hacen parte del mismo, como instrumentos para su promoción y
desarrollo, (ii) evitar la generación injusta de una mayor afectación por
hechos externos a su voluntad y (iii) contribuir con la continuidad de su operación,
dada la importancia de su labor social y meritoria, comentada, especialmente en
materia de salud, relevancia en el marco de la coyuntura actual y como aliados
para enfrentar la crisis existente[3].
En lo referente al
requisito de necesidad, la Presidencia de la República señala que las medidas
son necesarias fáctica y jurídicamente. En cuanto a la exención del IVA
sostiene que los elementos beneficiados son requeridos por pacientes con
coronavirus y por lo tanto, la medida contribuye a que el gasto de las personas
y hospitales no sea tan alto en la compra de tales insumos. Añade que la medida
de exención del IVA no podría ser tomada por el Gobierno Nacional comoquiera
que el principio de legalidad tributaria exige una norma de nivel legal para
establecer rentas nacionales.
Por otra parte, en
lo atinente a la ampliación del plazo para el proceso de actualización en Régimen
Tributario del impuesto sobre la renta, recuerda la necesidad de mitigar los
efectos económicos negativos derivados de la emergencia, particularmente, la afectación
en el cumplimiento de obligaciones diversa índole ocasionadas en gran parte por
las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, que, en el caso específico,
tienen como efecto la pérdida inmediata de los beneficios de pertenecer a dicho
régimen especial Tributario para las entidades ánimo lucro.
En cuanto a la
proporcionalidad de las medidas, señala que las mismas no dan lugar a
restricción alguna de derechos o libertades, por el contrario, propugnan por la
protección de derechos, reiterando que tiene naturaleza transitoria.
Respecto del
criterio de incompatibilidad de las medidas, sostiene que estas no
suspenden ni derogan expresamente leyes y están claramente justificadas por los
fines que constitucionalmente deben ser perseguidos.
Ahora bien, en lo
concerniente al criterio de no discriminación, señala que las medidas no
establecen tratos discriminatorios en función de un criterio sospechoso. Así
mismo, en lo que corresponde al criterio de ausencia de arbitrariedad, estima
que las medidas del decreto no suspenden ni limitan derechos humanos o
libertades fundamentales, ni tampoco alteran el normal funcionamiento de las
ramas del poder público, no implican modificación o suspensión de las funciones
jurisdiccionales y tampoco desmejoran los derechos sociales de los
trabajadores.
Finalmente, en lo referente
al criterio de intangibilidad, asegura que el decreto no afecta ninguno de los
derechos que no pueden suspenderse en estados de excepción.
2.2.
Universidad Santo Tomas de
Bucaramanga
Oscar
Eduardo Guayan Perdomo en su calidad de rector seccional y actuando en
representación del observatorio de “hacienda pública” de la institución universitaria
Santo Tomas de la ciudad de Bucaramanga interviene ante la Corte Constitucional
para solicitar que se declare la exequibilidad del DL 438 de 2020.
En
cuanto al cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la Corte
Constitucional en este tipo de asuntos[4],
afirma el interviniente que el DL 438 de 2020 cumple con los aspectos formales
para su vigencia, por cuanto su motivación es suficiente y consecuente con el
panorama que trajo consigo el virus COVID-19[5].
Al respecto, explica que el decreto sub examine fue firmado por el
Presidente de la República y todos sus ministros y, fue expedido en un
escenario de Estado de Excepción. Afirma además, que el alcance de su
aplicación es claro en tanto prevé que esta tendrá lugar en todo el territorio
nacional y de forma temporal, en atención a lo extraordinario de la medida.
En
lo que corresponde a los requisitos materiales, sostiene que el Decreto 438 de
2020 cumple con los criterios de conexidad material y de finalidad, pues
la medida es consecuente con el carácter tributario que se busca atemperar,
esto es, la exención del impuesto sobre las ventas sobre determinados bienes y
servicios médicos esenciales para la atención de la urgencia sanitaria
COVID-19. En atención a lo anterior, asegura que también se cumple con el
requisito de ausencia de arbitrariedad e intangibilidad.
Bajo
la misma línea, refiere que la medida de ampliación del plazo dispuesto en los
artículos 360 y 364-5 del Estatuto Tributario guarda congruencia con el
principio de no contradicción específica siguiendo la justificación del
Gobierno en el mismo decreto legislativo que declaró el Estado de Emergencia.
Señala
que también cumple con el requisito de motivación suficiente, pues son
claras las razones que dieron lugar a la expedición del decreto legislativo, y con
el de necesidad, bajo el entendido de que el Presidente justificó con
suficiencia dicha exención tributaria, señalando que resulta imperioso realizar
esfuerzos extraordinarios tributarios para mitigar los efectos de propagación,
lo que, en consecuencia, implica flexibilizar la adquisición de estos productos
que hacen parte de la lista.
En
plena correspondencia con lo expuesto, sostiene que la medida no es incompatible
con los criterios esbozados por la Corte Constitucional. Adicionalmente, agrega
que la medida es proporcional y consecuente con el contexto
sobrevenido en tanto no resulta arbitraria ni caprichosa, sino, que responde a
la situación de emergencia. Finalmente, concluye que la medida no es discriminatoria
comoquiera que con su implementación no se genera un trato desigual entre
los administrados.[6]
2.3.
Universidad Libre de Bogotá
Jorge
Kenneth Burbano Villamarín, actuando en calidad de director del Observatorio de
Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre de Bogotá e Ingrid Vanessa González Guerra, en calidad de miembro
del observatorio, suscriben conjuntamente la siguiente intervención a través de
la cual solicitan a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del DL
438 de 2020.
Luego
de recapitular los requisitos que se deben evaluar este tipo de Decretos, los
intervinientes examinan los requisitos formales concluyendo que el decreto bajo
revisión cumple con cada uno de ellos.[7]
Ahora
bien, para efectos de analizar el cumplimiento de los requisitos materiales los
intervinientes se refieren a dos etapas[8].
En la primera parte, verifican que el DL 438 de 2020 cumple con los criterios
de: (a) conexidad material,[9]
por cuanto resulta “apenas normal” aplicar una exención tributaria
temporal a elementos de salud relacionados con la crisis sanitaria con el
objeto de disminuir sus costos. (b) Por otra parte, acreditan el cumplimiento
de requisito de Ausencia de arbitrariedad, por cuanto la medida de
exención del IVA encaja en la modificación de tributos existentes y se
encuentra dentro de la facultad otorgada al Gobierno Nacional. En cuanto a la
segunda medida, advierten que si bien es una modificación formal, esta hace
parte de las facultades otorgadas al Gobierno en la Ley 137 de 1994;[10]
Respecto
del “juicio de intangibilidad” sostienen que el Decreto 438 de 2020 no
vulnera el núcleo esencial de ningún derecho intangible; y en cuanto a la “no
contradicción específica”,  reiteran que “el art. 47 de la ley 137 de
1994, establece que durante el estado de emergencia el Gobierno podrá́
modificar tributos existentes y en este caso, hay una modificación sustancial y
formal. De tal forma, que encajan dentro de las facultades otorgadas por este
artículo, y además por el Estatuto Tributario Nacional en el art. 356-3, 364-5
y 360-5.”
Para abordar el
juicio de “finalidad, necesidad y proporcionalidad” hacen mención a cada
uno de los artículos que integran el Decreto. Así, atendiendo listado contenido
en el artículo 1° recuerdan que la Corte Constitucional solicitó al Ministerio
de Salud explicar los criterios para selección de los bienes exceptuados y
concluyen que la respuesta de la entidad técnica en la materia reviste de mayor
legitimidad a la evaluación reseñada. En cuanto a los artículos 2° y 3°
sostienen que son mecanismos complementarios, necesarias y con fines legítimos
pues permiten la efectividad y control de la medida. En cuanto al artículo 4°,
señalan que es una medida necesaria dado el poco tiempo y percances para la
realización de las reuniones que se aplazan e indican que “es
proporcional porque extiende la fecha y además, no vulnera lo dispuesto en el
art. 356-6 ni el 364-5”.[11]
En
lo atinente a los juicios de “incompatibilidad y no discriminación”, aducen
que, del primer juicio, no se advierte ninguna medida que sea incompatible con
alguna norma. Del segundo, señalan que no hay una discriminación latente o que
amenace condiciones preexistentes de igualdad; todo lo contrario, el
tratamiento diferencial en la exención señalada reposa en la necesidad de
gestionar y contener la inminente crisis económica y sanitaria, conforme en los
argumentos ya reseñados.
Para
finalizar presentan en su escrito una serie consideraciones y observaciones en
la materia, entre las cuales se destacan las siguientes:
“Se entiende que dentro de la ampliación del plazo para la
actualización del Régimen Tributario Especial, también se incluye la ampliación
para la entrega de la memoria económica y el proceso de registro web.
Las medidas de índole tributaria expedidas al amparo de un
estado de emergencia es la transitoriedad de la medida,(sic) de conformidad con lo señalado en el
art. 215 de la Const Pol que señala que “las medidas dejarán de regir al
término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año
siguiente, les otorgue carácter permanente”, regla que se reitera en la Ley Estatutaria
137 de 1994. De tal forma, que en el caso de las exenciones, solo será por el
término que dure la emergencia”.
Concluyen
que el Decreto 438 de 2020 cumple con los requisitos exigidos en cuanto a
control material y formal se refiere y, por tanto, su exequibilidad es
evidente.
2.4.
Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia -ANDI-
Bruce
Mac Master, en calidad de representante legal de la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), presenta escrito de intervención en el que solicita
a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del Decreto 438 de 2020.
Luego
de reiterar los aspectos a tener en cuenta para evaluar la constitucionalidad
de este tipo de preceptos normativos concluye que el decreto bajo estudio cumple
con cada uno de los requisitos formales exigidos por la ley.[12]
Continua
con la evaluación de los requisitos materiales para lo cual considera que el
Decreto 438 de 2020: (i)Guarda conexidad material tanto interna como externa.
Al respecto, sostiene que “En cuanto a la conexidad material externa, las
medidas están estrechamente vinculadas con los hechos que dieron lugar a la
declaración del estado de excepción (…) del otro lado, son necesarias medidas
extraordinarias para aliviar las obligaciones de diferente naturaleza, como
tributaria, financiera, entre otras”. [13]
(ii) No contiene disposiciones arbitrarias, pues no afecta el núcleo esencial
de derecho fundamental alguno. (iii) No afecta derechos intangibles enumerados
en el artículo cuarto de la Ley 137 de 1994. (iv) No desmejora los derechos
sociales de los trabajadores. (v) El objetivo de las disposiciones está
ligado a la superación de los efectos de la crisis, puntualmente a disminuir el
valor de los bienes e insumos requeridos para atender la pandemia, y para
evitar aglomeraciones. (vi) Las consideraciones expuestas en los párrafos 8 y
10 de la parte motiva del pluricitado decreto constituyen una motivación
suficiente, pues dan cuenta de que el Presidente de la República hizo una
evaluación detallada de las necesidades de dotación de bienes e insumos médicos
en el país, al igual que sobre la necesidad de facilitar el cumplimiento de
obligaciones tributarias. (vii) Es necesario, en tanto se refiere a medidas relacionadas
con aspectos sustanciales en materia tributaria y al cumplimiento de
obligaciones que no podían ser expedidas por el Gobierno Nacional en ejercicio
de sus facultades ordinarias.
IV. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2°, y 278, numeral
5°, de la Constitución Política, el 19 de mayo de 2017 el Procurador General de
la Nación rindió el concepto en la presente causa, por medio del cual solicitó
declarar la exequibilidad simple
de los artículos 1, 2, 3 y 5 así como la exequibilidad condicionada del
artículo 4°[14]
del DL 438 de 2020. Con el propósito de sustentar su posición, el jefe del
ministerio público realizó tanto una revisión formal, como una revisión material en
donde, particularmente, analizó el cumplimiento de los presupuestos fácticos,
valorativos de la norma en comento, tal y como se explica a continuación.
En primer lugar el jefe
del ministerio público se refiere a la declaratoria del Estado de Emergencia
Económica Social y Ecológica declarada mediante el Decreto legislativo 417 de
2020. En ese orden, realiza el examen de los requisitos formales del Decreto 438
de 2020, para concluir que este cumple con todos los requisitos establecidos por el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley
137 de 1994, en cuanto a: (i) suscripción, pues está firmado por
el Presidente de la República y todos sus Ministros; (ii) motivación
expresa porque explica en sus consideraciones que las medidas tienen como
propósito evitar el impacto económico de la pandemia en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias por cuenta la modificación de los programas y términos
para su cumplimiento; (iii) temporalidad, pues se expidió el 19
de marzo de 2020, dentro del término de la emergencia declarada por el Decreto 417
de 2020, que fue expedido el 17 de marzo y rigió hasta el 15 de abril de 2020; (iv)
además señala que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría
Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a la
Corte Constitucional copia auténtica del Decreto 438 de 2020, el 24 de
marzo de 2020.
Continúa su intervención presentando el análisis de
los requisitos materiales del decreto objeto de estudio para concluir que el
mismo cumple con todos los presupuestos bajo las siguientes consideraciones:
En relación con el requisito de conexidad material,
desde la perspectiva externa, señala que las medidas contenidas en el decreto
tienen una relación directa y específica con el Estado de Emergencia,
resaltando que “(…) la exención del IVA a productos médicos responde a las
motivaciones de salud pública para enfrentar los casos patológicos severos o
críticos que se presenten en Colombia como consecuencia de la infección
pandémica del virus Covid-19”. Señala que tambien tienen conexidad desde la
perspectiva interna, toda vez que, por un lado, se hace explicita la necesidad
de establecer medidas tributarias para efectos de adquirir los equipos médicos
y hospitalarios para la atención de las personas contagiadas con el Covid-19 en
el menor tiempo posible, en un contexto de escasez y competencia por el exceso
de demanda;[15]
y en lo que tiene que ver con el plazo para actualizar el Régimen Tributario
Especial, sostiene que, si bien el Decreto 417 de 2020 no estableció el
aislamiento, sí hizo referencia expresa a la necesidad de adoptarlo, y modificó
de forma abrupta e intempestiva el comportamiento económico y, particularmente,
el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes.[16]
Respecto al juicio de ausencia de arbitrariedad,
considera que las medidas del Decreto 438 de 2020 no afectan los derechos
fundamentales, por el contrario, la exención del IVA busca preservar derechos
como la salud, la integridad personal y la vida, y la modificación de los
plazos busca mitigar las consecuencias de las medidas adoptadas para de reducir
el contagio.
Considera que el decreto en mención también supera el
juicio de intangibilidad por cuanto las medidas no implican la suspensión
de los derechos intangibles, de conformidad con el artículo 4 de la Ley 137 de
1994 y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Ministerio Público sostiene que el DL 438 de 2020
supera igualmente el juicio de no contradicción específica dado que
ninguna de las medidas en el contenidas desconocen la Constitución ni el bloque
de constitucionalidad; así como tampoco modifican las competencias del Congreso
y en nada repercuten en el libre ejercicio de la función legislativa durante la
emergencia, ni durante el año siguiente previsto por la norma; resaltando que
no afectan los derechos de los trabajadores comoquiera se trata de medidas de
carácter exclusivamente tributario.
Seguidamente, el Procurador General presenta un
análisis de las “Condiciones específicas” de la norma,  concluyendo que
: “(…) se cumple con el juicio de finalidad, por cuanto las disposiciones sobre
exenciones de IVA para productos médicos necesarios para diagnosticar y tratar
el Covid 19 y la ampliación del plazo para el proceso de actualización en el
régimen tributario especial, no tienen otro propósito que evitar que la
expansión de la crisis en ámbitos como la salud pública”.
En cuanto al cumplimiento del requisito de motivación
suficiente, afirma  que las razones que sustentan el decreto legislativo
explican la necesidad de adoptar medidas tributarias para efectos de evitar los
impactos negativos en el cumplimiento de obligaciones jurídicas.
Indica que el juicio de necesidad también se
entiende superado puesto que las medidas son fácticamente útiles para evitar la
extención de los efectos derivados del aumento del contagio. Lo anterior, en
tanto la exención tiene como propósito facilitar la adquisición de bienes
necesarios para asegurar la atención de los casos por parte del sistema de
salud; y, el cambio del plazo para que las entidades beneficiarias del régimen
tributario especial realicen la reunión de aprobación de la destinación de sus
excedentes, tiene como único fin el evitar el impacto negativo derivado de la
crisis.
Por otra parte, respecto del juicio de
subsidiariedad, el Procurador General sostiene que el mismo se cumple en
relación con la primera medida, por cuanto  la competencia para establecer
beneficios tributarios como la exención del IVA es exclusiva del Congreso. Sin
embargo, respecto de la segunda medida, considera que el juicio no se supera
por completo.
Al respecto precisa que el artículo 4° del DL 438 de
2020 establece que la actualización en el registro único tributario –RUT– de
las entidades sin ánimo de lucro como contribuyentes del régimen tributario
especial puede hacerse, “de acuerdo con lo establecido en el artículo 364-5
del Estatuto Tributario”, a más tardar el 30 de junio de 2020. Bajo ese
entendido, el jefe del Ministerio Público considera que en el Decreto en
comento existe una confusión respecto de la regulación establecida en el
artículo 356-3 del Estatuto Tributario (en adelante ET), sobre actualización en
el registro único tributario –RUT– con la regulación establecida en el artículo
364-5 del ET, sobre actualización anual en el registro web que deben realizar
las entidades sin ánimo de lucro.
Para sustentar esta afirmación, el Ministerio Público transcribe
los artículos 356-3 y 364-5 del ET y subraya la expresión “El Gobierno
nacional reglamentará” de la primera de las disposiciones, en contraste con
la expresión: “en los primero 3 meses de cada año”, contenida en la
segunda disposición que hace referencia al registro web. Al respecto, explica
que “el Gobierno Nacional es competente
para fijar el plazo para la actualización del -RUT- (art. 189-11 C.P.),
mientras que el plazo para la actualización del registro web está determinado
en la ley.”[17]
Por lo tanto, sostiene que la medida que se refiere a lo dispuesto en el
artículo 353-3 del ET (tal como literalmente lo señala la disposición
analizada) no cumpliría con este requisito porque el plazo se podría adoptar
por decreto y sin necesidad de una disposición con fuerza material de ley y, en
consecuencia, debería ser declarada inconstitucional.
Sin embargo, dada la gravedad
de los hechos y la legitimidad de las finalidades que se persiguen mediante la
implementación de la medida, el Ministerio Público propone que la Corte
conserve la misma y declare su constitucionalidad condicionada “en el
entendido que la ampliación del plazo se refiere al previsto para
actualizar el registro web que deben hacer las entidades sin ánimo de
lucro calificadas en el régimen tributario especial para efectos del
control por parte del público.”
De otra parte, señala el Procurador que lo dispuesto
en el decreto que en esta oportunidad ocupa la atención de la Corte supera el juicio de incompatibilidad, por
cuanto no disponen la suspensión de la aplicación de leyes. En
cuanto al juicio de proporcionalidad, reitera que las medidas no
establecen limitaciones a los derechos fundamentales, sino que pretenden evitar
el impacto del COVID-19 en derechos como la vida, la integridad personal y la
salud, así como minimizar los efectos económicos de la pandemia en
el cumplimiento de obligaciones jurídicas.
Por último, indica que el decreto se ajusta al
examen de no discriminación comoquiera que las medidas en el adoptadas son
de naturaleza económica y no están fundadas en criterios sospechosos para
su implementación.
V.
CONSIDERACIONES
1.
COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto en el numeral 6° del artículo 214
de la Constitución Política, el Presidente de la República debe remitir a esta
Corporación, al día siguiente de su expedición, todos los decretos legislativos
que profiera en ejercicio de las facultades que le confiere la declaratoria de
cualquiera de los estados de excepción. Por su parte, el parágrafo del artículo
215 superior prevé el mismo deber para el caso específico de la declaratoria
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. A su turno, en el
numeral 7° del artículo 241 del mismo texto constitucional se incluye, dentro
de las competencias estrictas y precisas las Corte Constitucional, la
obligación de garantizar la integridad y supremacía la Carta Política,
específicamente, la de decidir sobre la constitucionalidad de los decretos
legislativos que dicte el Gobierno Nacional con fundamento en los artículos
212, 213 y 215 constitucionales.
En desarrollo de lo anterior, el artículo 55 de la Ley 137 de
1994, “Por la cual se reglamentan los
Estados de Excepción en Colombia”, dispone que el control
jurisdiccional de los mencionados decretos debe llevarse a cabo de manera automática, dentro de los plazos
establecidos en el artículo 242
superior y de conformidad con las
condiciones previstas en el Decreto 2067 del 4 de septiembre de 1991 o normas
que lo modifiquen.
Así las cosas, es claro que en esta
oportunidad, este Tribunal es competente para ejercer el correspondiente control
constitucional automático del DL 438 de 2020.
2.
PROBLEMA POR RESOLVER Y ESQUEMA DE LA DECISIÓN
Todos
los intervinientes en el presente asunto solicitaron la declaración de
exequibilidad de la norma analizada. Sin embargo, el Procurador General de la
Nación advirtió una posible falencia en la necesidad de la medida dispuesta en
el artículo 4° del Decreto legislativo 438 de 2020 por cuanto la reglamentación
de la actualización del RUT dispuesta en el artículo 356-3 del Estatuto Tributario
habría sido delegada al Gobierno nacional, mientras que el plazo para el
registro en el aplicativo Web dispuesto en el artículo 364-5 del mismo estatuto
fue regulado por el legislador, por lo que la necesidad de la medida solo se
justificaría para la regulación de este último aspecto.
En
el mismo sentido, la Universidad Libre, en su intervención, también se  pronunció
al respecto precisando que “se entiende que dentro de la ampliación del
plazo para la actualización del Régimen Tributario Especial, también se incluye
la ampliación para la entrega de la memoria económica y el proceso de registro
web.”
Bajo
ese contexto, le corresponde a esta Corporación resolver si el DL 438 de 2020,
promulgado por el Presidente de la República en virtud de la Emergencia Económica,
Social y Ecológica declarada mediante el Decreto legislativo 417 de 2017, se
ajusta a la Constitución y a la ley estatutaria que regula los estados de
excepción (Ley 137 de 1994).
Para
examinar las medidas adoptadas en el citado decreto, la Corte se pronunciará sobre
los siguientes aspectos: (i) reiteración del  precedente sobre el parámetro
de control judicial y los requisitos exigibles a los decretos adoptados al
amparo de la emergencia económica, social y ecológica; (ii) precedentes
jurisprudenciales en materia de descuentos de IVA durante estados de emergencia
económica, social o ecológica y finalmente, (iii) examen de
constitucionalidad de la norma.
3.
REQUISITOS FORMALES Y SUSTANTIVOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DECRETOS DE
DESARROLLO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA.[18]
El Estado constitucional, social y democrático de
derecho en Colombia se estructura sobre pilares que mantienen un equilibrio en
el ejercicio del poder público a través de la división de funciones y el
sistema de frenos y contrapesos. Todo el sistema normativo  se instaura y
desarrolla a partir de un orden constitucional que propende por la
desconcentración del poder, el control interinstitucional y la colaboración
armónica, a fin de asegurar los derechos y libertades de ciudadanas. Una de las
facetas de dicho modelo se materializa en la división de competencias
regulatorias entre el legislador y el gobierno nacional, donde la Constitución
reserva al primero de ellos una gran cantidad de materias que solo pueden ser objeto
de normas con fuerza de ley.
Sin embargo, el mismo texto constitucional prevé la
posibilidad de que, ante contingencias atípicas y extraordinarias que afecten
la paz social, se haga necesario el uso de “mecanismos de excepción”, dirigidos
para enfrentar la crisis y minimizar sus efectos nocivos tanto para la sociedad
como para la propia institucionalidad. Bajo ese entendido, la Carta Política
dispone de herramientas que pueden ser implementadas por el Gobierno Nacional,
en circunstancias de anormalidad, denominadas estados de excepción,
clasificándolos, según su naturaleza en tres clases: (i) el estado de guerra
exterior (C. Pol. art. 212), (ii) el estado de conmoción interior
(C. Pol. art. 213), y (iii) el estado de emergencia (C. Pol. art. 215). Estos
preceptos establecen los límites formales y materiales dentro de los cuales el
Gobierno debe actuar para hacer frente a acontecimientos atípicos,
imprevisibles.
Ahora bien, la declaratoria de un estado de excepción
y el desarrollo normativo de tal declaración implica el ejercicio de
competencias extraordinarias. De allí que, los decretos dictados por el
gobierno bajo dicho escenario deban ser sometidos a un control constitucional
especial, de carácter automático e integral en el que la Corte Constitucional
tiene la obligación de asegurar que las normas expedidas cumplan con los
objetivos dispuestos por el constituyente primario al establecer estas
competencias.
3.1. Caracterización general de los estados de excepción y,
en particular, del estado de emergencia económica, social y ecológica[19]
En
numerosas oportunidades la jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado en de
precisar la naturaleza y alcance del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica regulado en el artículo 215 de la Constitución Política. Igualmente,
se ha esforzado por determinar las fuentes, criterios y estándares que debe
tomar en consideración este Tribunal a efectos de juzgar la constitucionalidad
de los decretos de desarrollo que dicta el Presidente de la República. En ese
orden y atendiendo a la materia que en esta ocasión ocupa la atención de la
Corte, es necesario hacer mención a los aspectos básicos del precedente sobre
la materia. Ello, con el propósito de aplicarlos en el análisis constitucional
del DL 438 de 2020.
La Constitución de 1991 contempla, en sus artículos
212 a 215, los estados de excepción. Con arreglo a dichos preceptos
constitucionales, el Presidente de la República, con la firma de todos los
Ministros, puede declarar tres tipos de estados de excepción: (i) Guerra
Exterior, (ii) Conmoción Interior y (iii) Emergencia Económica, Social y
Ecológica.
La regulación constitucional y estatutaria de los
estados de excepción se funda en el carácter reglado, excepcional y limitado de
los mismos. Así, la Carta Política establece un complejo sistema de controles
que guardan directa relación con “el carácter excepcionalísimo de las
medidas de emergencia en Colombia”[20].
Sobre el particular la Corte ha advertido que “(…) el uso de estas
herramientas es una potestad reglada que se encuentra sometida a las
disposiciones constitucionales, legales y del bloque de constitucionalidad”[21].
Adicionalmente, ha señalado la propia jurisprudencia
que la naturaleza reglada, excepcional y limitada de los estados
de excepción se garantiza por medio de su estricta regulación en la Constitución
y en la Ley 137 de 1994 -en adelante LEEE-[22],
así como mediante sus especiales dispositivos de control político y judicial[23].
En lo que concierte a los sistemas de control político
incorporados en el texto constitucional para los estados de excepción cabe
hacer mención a aspectos tales como: (i) la autorización del Senado para la
declaratoria del Estado de Guerra Exterior; (ii) el concepto favorable del
Senado para la segunda prórroga del Estado de Conmoción Interior; (iii) las
reuniones del Congreso por derecho propio; (iv) los informes que debe presentar
el Gobierno Nacional al Congreso de la República sobre su declaratoria y
evolución; y, finalmente, (v) la competencia del Congreso para establecer la
responsabilidad política del Presidente y de los ministros por la declaratoria
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, o que constituya grave
calamidad pública, sin la ocurrencia de los supuestos contemplados en los preceptos
constitucionales, o por el abuso en el ejercicio de las facultades
excepcionales.
En ese orden, la Carta Política también prevé un
control judicial constitucional automático de los decretos legislativos
expedidos en el marco de los estados de excepción. Esto, en atención a lo dispuesto
en los artículos 212 a 215 de la Constitución, el cual está desarrollado por
los artículos 55 de la LEEE y 36 a 38 del Decreto 2067 de 1991.
A la luz del artículo 215 de la Constitución, el
Estado de Emergencia podrá ser declarado por el Presidente de la República y
todos los Ministros siempre que sobrevengan hechos distintos a los previstos en
los artículos 212 y 213 que: (i) perturben o amenacen perturbar en forma grave
e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que
(ii) constituyan grave calamidad pública. Este último concepto ha sido
definido por la Corte Constitucional como “una desgracia o infortunio que
afecta intempestivamente a la sociedad o a un sector importante de ella…”.
En cuando a la calamidad pública, se ha entendido que esta alude a un evento o
episodio traumático, derivado de causas naturales o técnicas, que altera
gravemente el orden económico, social o ecológico, y que ocurre de manera
imprevista y sobreviniente.
Respecto de lo anterior, ha establecido esta Corte que
“los acontecimientos, no solo deben tener una entidad propia de alcances
e intensidad traumáticas, que logren  conmocionar o trastrocar el
orden económico, social o ecológico, lo cual caracteriza su gravedad,
sino que, además, deben constituir una ocurrencia imprevista, y por ello
diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, esto es, sobrevinientes
a las situaciones que normalmente se presentan en el discurrir de la actividad
de la sociedad, en sus diferentes manifestaciones y a las cuales debe dar
respuesta el Estado mediante la utilización de sus competencias normales”[24]. En
tales términos, esta Corte ha  reconocido que la calamidad pública puede tener
una causa natural, como ha sucedido por cuenta de temblores o terremotos,
avalanchas, desbordamientos de ríos, inundaciones, etc; o puede tener una causa
técnica como es el caso del cierre de una frontera internacional, o “accidentes
mayores tecnológicos”[25].
A partir de la expedición de la Constitución Política,
se han declarado Estados de Emergencia Económica, Social y Ecológica por
distintas razones: i) la fijación de salarios de empleados públicos[26]; ii) la
crisis en el servicio público de energía eléctrica[27]; iii) desastres
naturales[28];
iv) la devaluación del peso frente al dólar[29];
v) el deterioro de la situación de los establecimientos de crédito[30]; vi) las
actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los
recursos captados del público[31];
vii) los servicios públicos de la seguridad social y la atención en salud[32]; y, por
último, viii) la situación fronteriza con Venezuela[33].
El artículo 215 de la Constitución prescribe que la
declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica sólo puede
llevarse a cabo “por períodos hasta de treinta días en cada caso, que
sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario”. A su vez,
la misma disposición prevé que los decretos legislativos en el marco del Estado
de Emergencia tendrán fuerza de ley y deberán ser (i) motivados; (ii) firmados
por el Presidente y todos los Ministros; (iii) destinados exclusivamente a
conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Igualmente (iv)
deben referirse a materias que tengan relación directa y específica con el
Estado de Emergencia y (v) podrán -de forma transitoria- establecer nuevos
tributos o modificar los existentes, los cuales dejarán de regir al término de
la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente,
les otorgue carácter permanente.
La precitada disposición superior establece que el
decreto que declare el Estado de Emergencia debe indicar el término dentro del
cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias y convocar al Congreso,
si este no se hallare en funcionamiento, para que se reúna dentro de los (10) diez
días siguientes al vencimiento de dicho término. En relación con las
competencias del Congreso en el marco de los estados de emergencia, el propio
artículo 215 de la Constitución dispone que: (i) examinará hasta por un lapso
de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe
motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el
Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente
sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas; (ii) podrá derogar, modificar
o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias
que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno, así como ejercer sus
atribuciones constitucionales; y, (iii) se reunirá por derecho propio, si no
fuere convocado por el Gobierno Nacional.
3.2. Fundamento y alcance del control judicial de los
decretos expedidos al amparo del estado de emergencia económica, social o
ambiental[34]
3.2.1.  Consideraciones generales
Los estados de excepción son respuestas, fundadas en
la juridicidad que impone la Carta Política, a situaciones graves y anormales
que no pueden ser enfrentadas por el Estado a partir de sus competencias
ordinarias. Sin embargo, una característica propia del Estado
constitucional es que esa competencia no sea omnímoda ni arbitraria. El
ordenamiento superior impone una serie de requisitos y condiciones que deben
cumplirse tanto en los decretos legislativos que declaran el estado de
excepción, como aquellos que prevén las medidas legales extraordinarias para
hacer frente a la crisis, conocidos usualmente como decretos de desarrollo.
Tales requisitos y condiciones son los que, a su vez, justifican la competencia
de la Corte para verificar la compatibilidad de los decretos con la Carta
Política.  Ello, bajo el entendido que los estados de excepción son
mecanismos extraordinarios que,  en todo caso, se encuentran sometidos a
condiciones de validez impuestas por la Constitución.
La Corte ha indicado que los requisitos mencionados se
fundamentan en tres fuentes normativas concretas, todas ellas integradas al
parámetro de constitucionalidad: (i) las disposiciones de la Carta
Política que regulan los estados de excepción (Arts. 212 a 215 C.P.); (ii) el
desarrollo de esas reglas, previstas en la LEEE-; y (iii) las normas de
derecho internacional de los derechos humanos que prevén tanto los requisitos
de declaratoria, como las garantías que no pueden ser suspendidas en esas
situaciones excepcionales (derechos intangibles) (Arts. 93.1 y 214
C.P.). La existencia de un régimen jurídico con sujeción al cual deben
ejercerse las competencias que surgen de la declaratoria de un estado de
excepción son una materialización del principio de legalidad que, como lo ha
indicado este Tribunal,  (i) obliga a que el Gobierno actúe con sujeción a las
normas nacionales que rigen los estados de excepción; y (ii) exige que las
suspensiones extraordinarias de los derechos y libertades que tengan lugar en
razón de la crisis no sean incompatibles con las obligaciones del Estado y, en
particular, con aquellas derivadas del Derecho Internacional Humanitario y del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
3.2.2.
Criterios formales y
materiales que rigen el control de constitucionalidad
La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que
el control constitucional de los decretos expedidos al amparo del Estado de
Emergencia tiene dos facetas: una de carácter formal y otra de carácter material.
Se trata de un detallado escrutinio que tiene por objeto asegurar que todos los
límites previstos para el ejercicio de las facultades de excepción sean
debidamente respetados por el Gobierno Nacional.
El examen formal del decreto exige verificar,
en su orden, el cumplimiento de tres exigencias básicas: (i) la suscripción por
el Presidente de la República y por todos sus ministros; (ii) la expedición en
desarrollo del estado de excepción y durante el término de su vigencia; y (iii)
la existencia de motivación. Igualmente, en los casos en los cuales la declaratoria
del estado de emergencia haya comprendido únicamente determinado ámbito
territorial, debe examinarse que los decretos de desarrollo no lo excedan.
El examen material comprende el desarrollo de
varios escrutinios que, como lo ha indicado la Corte, constituyen expresiones
operativas de los principios que guían los estados de excepción. La práctica
decisional de este tribunal evidencia algunas divergencias en el orden, contenido
y agrupación de tales juicios. Si bien tales diferencias no han afectado el
rigor del control constitucional, es oportuno unificar su alcance a fin de
enunciar y caracterizar cada uno de los juicios indicando, adicionalmente, el
orden en que deben ser aplicados.
El juicio de finalidad[35] está
previsto por el artículo 10 de la Ley Estatutaria de Estados de Excepción
(LEEE)[36].
A la luz de este juicio, toda medida contenida en los decretos legislativos
debe estar directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de
la perturbación y a impedir la extensión o agravación de sus efectos[37].
El juicio de conexidad material[38] está previsto en los
artículos 215 de la Constitución[39]
y 47 de la LEEE[40].
A través del mismo, se pretende determinar si las medidas adoptadas en el
decreto legislativo guardan relación con las causas que dieron lugar a la
declaratoria del estado de excepción. La Corte Constitucional ha señalado que
la conexidad debe ser evaluada desde dos puntos de vista: (i) interno,
esto es, la relación entre las medidas adoptadas y las consideraciones
expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el decreto de desarrollo
correspondiente[41]
y (ii) externo, es decir, el vínculo entre las medidas de excepción y
los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia[42].
El juicio de motivación suficiente[43] ha
sido considerado como un juicio que complementa la verificación formal por
cuanto busca dilucidar si, además de haberse formulado una fundamentación del
decreto de emergencia, el Presidente ha presentado razones que resultan
suficientes para justificar las medidas adoptadas[44]. Dicha motivación es
exigible frente a cualquier tipo de medidas[45],
siendo particularmente relevante para aquellas que limitan derechos
constitucionales, por cuanto el artículo 8 de la LEEE establece que los “decretos
de excepción deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de
las limitaciones de los derechos constitucionales”[46].
El juicio de ausencia de arbitrariedad[47]
tiene por objeto comprobar que en el decreto legislativo no se
establezcan medidas que violen las prohibiciones para el ejercicio de las
facultades extraordinarias reconocidas en la Constitución, la LEEE y los
tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.[48] Bajo ese
entendido, la Corte Constitucional debe verificar que las medidas adoptadas en
los decretos legislativos: (i) no suspendan o vulneren el núcleo esencial de
los derechos y libertades fundamentales[49];
que (ii) no interrumpan el normal funcionamiento de las ramas del poder público
y de los órganos del Estado y, en particular, (iii) que no supriman o
modifiquen los organismos y las funciones básicas de acusación y juzgamiento[50].
El juicio de
intangibilidad[51] parte
del reconocimiento que ha hecho la jurisprudencia constitucional acerca del
carácter “intocable” de algunos derechos, los cuales, de conformidad con
los artículos 93 y 214 de la Constitución, no pueden ser restringidos ni
siquiera durante los estados de excepción. La Corte ha establecido que, en
virtud del derecho internacional de los derechos humanos, se consideran como
derechos intangibles el derecho a la vida y a la integridad personal; el
derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la
trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión
perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el
principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal;
el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la
protección de la familia; los derechos del niño a la protección por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión
por deudas; y el derecho al habeas corpus. Son igualmente intangibles
los mecanismos judiciales indispensables para la protección de esos derechos.
El juicio de no contradicción específica[52]
tiene por objeto verificar que las medidas adoptadas en los decretos
legislativos: (i) no contraríen de manera específica a la Constitución o a los
tratados internacionales; y (ii) no desconozcan el marco de referencia de la
actuación del Ejecutivo en el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica, esto es, el grupo de medidas descritas en los artículos 47, 49 y 50
de la LEEE. Ha destacado la Corte que entre las prohibiciones se encuentra, por
expreso mandato constitucional y legal, la consistente en que el Gobierno no
podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los
decretos contemplados en el artículo 215.
El juicio de incompatibilidad[53],
según el artículo 12 de la LEEE, exige que los decretos legislativos que
suspendan leyes expresen las razones por las cuales son irreconciliables con el
correspondiente estado de excepción.
El juicio de necesidad[54],
previsto en el artículo 11 de la LEEE, implica que las medidas que se adopten
en el decreto legislativo sean indispensables para lograr los fines que dieron
lugar a la declaratoria del estado de excepción. La Corte ha señalado que este
análisis debe ocuparse (i) de la necesidad fáctica o idoneidad, la cual
consiste en verificar fácticamente si las medidas adoptadas permiten superar la
crisis o evitar la extensión de sus efectos, de manera tal que se evalúa si el Presidente
de la República incurrió o no en un error manifiesto respecto de la utilidad de
la medida para superar la crisis; y (ii) de la necesidad jurídica o
subsidiariedad que implica verificar la existencia dentro del ordenamiento
jurídico ordinario de previsiones legales que fueran suficientes y adecuadas
para lograr los objetivos de la medida excepcional.
El juicio de proporcionalidad[55], previsto
en el artículo 13 de la LEEE exige que las medidas que se adopten en desarrollo
de los estados de excepción sean respuestas equilibradas frente a la gravedad
de los hechos que causaron la crisis. Igualmente, la Corte ha precisado que el
examen de proporcionalidad supone que las restricciones a derechos y garantías
constitucionales se impongan en el grado absolutamente necesario para lograr el
retorno a la normalidad. Advierte la Corte que este examen particular no
excluye, naturalmente, la aplicación del examen de proporcionalidad cuando ello
se requiera.
El juicio de no
discriminación[56],
el cual encuentra su fundamento en el artículo 14 de la LEEE[57], exige que las medidas
adoptadas con ocasión de los estados de excepción no pueden entrañar
segregación alguna, fundada en razones de sexo, raza, lengua, religión, origen
nacional o familiar, opinión política o filosófica o de otras categorías
sospechosas[58].
Adicionalmente, este análisis implica verificar que el decreto legislativo no
imponga tratos diferentes injustificados[59].
En suma, la facultad del Gobierno nacional para dictar
decretos legislativos al amparo de la declaratoria de un estado de emergencia
se encuentra sometida a las condiciones de validez formal y material contenidas
en los artículos 212 a 215 de la Constitución, en la Ley Estatutaria 137 de
1994 y en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos
ratificados por Colombia. El incumplimiento de tales condiciones genera la
inconstitucionalidad de la medida. Al respecto, corresponde tener en cuenta que
de acuerdo con la jurisprudencia reseñada, esta metodología no exige su
agotamiento “cuando se encuentra que la
medida no cumple con uno de los juicios antes explicados. Ante esa
eventualidad, el decreto de desarrollo devendrá inexequible, sin necesidad de
evaluarlo a partir de los restantes parámetros”[60].
4.
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE DECRETOS
LEGISLATIVOS QUE HAN ORDENADO EXENCIONES DEL IVA
El
constituyente primario plasmó en la Carta Política de Colombia un marco
jurídico estructural para el normal funcionamiento del Estado en el que se
plantean lineamientos claros de los límites competenciales para garantizar el
equilibrio de poderes, el respeto por las libertades individuales y la garantía
de los derechos de los ciudadanos. Igualmente, el constituyente primario previó
la posibilidad de situaciones extraordinarias, crisis en que las necesidades
urgentes requieren de una actuación ágil del Estado que no puede lograrse con
las facultades ordinarias. Para ello, y particularmente para aquellas situaciones
que dan lugar al estado de emergencia económica, social y ecológica, o de grave
calamidad pública, el artículo 215 superior establece los lineamientos en que
se deben enmarcar las competencias extraordinarias del Gobierno para enfrentar
las crisis.
Específicamente,
en lo que corresponde a las competencias para tomar medidas sobre asuntos
tributarios, que pueden resultar necesarias para contribuir al impulso
económico, recaudar fondos o incentivar el abastecimiento de ciertos productos,
entre otros, el tercer inciso de la aludida  disposición de la Carta Política
establece que: “Estos decretos deberán referirse a materias que tengan
relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma
transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos
últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia
fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter
permanente.”
Por lo tanto, el Gobierno podrá establecer o modificar
contribuciones para hacer frente a la situación, teniendo en cuenta siempre la
necesidad de las medidas y el deber constitucional de actuar para conjurar la
situación o impedir la extensión de sus efectos.
Ahora bien, en lo que respecta específicamente a la
facultad del Gobierno para crear y modificar tributos durante los estados de
emergencia, cabe señalar que esta fue desarrollada por el artículo 47 de la Ley
137 de 1994 -declarado exequible en la sentencia C-179 de 1994-. Mediante dicha
providencia, la Corte Constitucional precisó que las medidas tributarias
que se adopten al amparo de la emergencia económica (i) deben guardar
relación de conexidad directa y específica con las causas invocadas para
declarar la emergencia; (ii) su finalidad debe ser conjurar la crisis o evitar
la expansión de sus efectos; (iii) deben ser proporcionadas a dicha finalidad;
y (iv) no
pueden desmejorar los derechos sociales de los trabajadores.[61]
En
la misma decisión, este Tribunal indicó que los decretos que expida el Gobierno
durante la emergencia pueden reformar o derogar la legislación preexistente y
tienen vigencia indefinida hasta tanto el legislado decida derogarlos o
reformarlos “(…) salvo cuando se trata de normas relativas a la imposición
de tributos o modificación de los existentes, los cuales ‘dejarán de regir al
término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año
siguiente, les otorgue carácter permanente’.”[62]
Entre las medidas tributarias que el Gobierno puede
adoptar en estados de emergencia se cuentan los beneficios, privilegios y
exenciones tributarias,[63]
las cuales deben ceñirse a los parámetros constitucionales en la materia, esto
es los principios de no discriminación, equidad, progresividad e
irretroactividad consagrados en los artículos 13 y 363 de la Carta.
Por otra parte,
en el estudio de las medidas tributarias de emergencia, esta Corte ha
considerado que las exclusiones o beneficios tributarios pueden constituir un
instrumento útil para enfrentar los efectos económicos de los fenómenos que dan
lugar a la declaratoria de una emergencia, en particular, porque permiten estimular
el desarrollo de actividades económicas en sectores o regiones afectados por la
crisis, o cuya actividad resulta indispensable para enfrentar sus efectos.[64]
Respecto al examen
de las medidas de exclusión y beneficios tributarios en materia de impuesto a
la renta que han sido expedidas en el marco de estados de emergencia, esta Corte se ha pronunciado
principalmente en relación con la exigencia de que dichas medidas se adecuen al
principio de igualdad y no discriminación en materia tributaria.[65]
Puntualmente, en lo que correspondiente a las medidas
de emergencia que establecen exenciones del impuesto al valor agregado – IVA, la
jurisprudencia de esta Corporación ha declarado su validez en diversas
ocasiones luego de verificar que tales medidas cumplen con los requisitos de
necesidad y conexidad. Así, la Corte ha desarrollado el análisis de las
características de las medidas en cuanto a los bienes exentos, el alcance de las
medidas, los requisitos para la exención y los beneficios que se pretenden
lograr, especialmente bajo criterios de no discriminación.
Mediante sentencia C-884 de 2010[66] esta
Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del Decreto legislativo 2694 de
2010, el cual adoptó medidas en desarrollo del Estado de Emergencia declarado
por el Decreto legislativo 2693 del mismo año con ocasión de la ruptura de
relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. En dicha
oportunidad, se dispuso la exención del IVA respecto de: “a)   Alimentos;
b)   Calzado;  c)    Confecciones;  d)   Materiales de Construcción; y  e)
Electrodomésticos”[67]
La medida buscaba mitigar la crisis económica, incentivar la producción y el
comercio de esos bienes, sustituyendo los productos que dejaron de llegar del
vecino país. En aquella ocasión, esta Corte consideró que la medida cumplía con
todos los requisitos exigidos por la Constitución y la ley y en consecuencia
declaró su exequibilidad
Posteriormente,
a través del Decreto legislativo 2799 de 2010, se introdujeron modificaciones
al artículo 1º del Decreto legislativo 2694 de 2010, consistentes en: (i) adicionar
a los bienes electrodomésticos excluidos del gravamen, los gasodomésticos; (ii) determinar
el tratamiento que debía darse para efectos de que se dejara constancia de la
exclusión del impuesto en la facturación de cada venta y el régimen contable de
dicha exclusión tributaria; (iii) establecer que la exclusión
sólo resultaba aplicable a ventas realizadas por responsables del régimen
común; (iv) incluir la definición de cada bien exento del
impuesto; y, en relación con el territorio cobijado por el Estado de
Emergencia, (v) se adicionó al Anexo del Decreto legislativo
2693 de 2010, además del municipio de Cúcuta, su área metropolitana.
Respecto
de lo anterior, la Corte a través de Sentencia C-911 de 2010,[68]
declaró la exequibilidad del precitado Decreto 2799 de 2010 tras considerar que
lo que pretendía la norma era aclarar y complementar
las medidas previstas en el Decreto 2694 de 2010, estableciendo controles más
estrictos en su aplicación. En ese sentido, concluyó que sus medidas
contribuían “a superar y contrarrestar los efectos negativos que la ruptura
de relaciones con la República de Venezuela, trajo en las economías de los
municipios limítrofes”.
Por
su parte, el Decreto legislativo 3148 de 2010 adicionó dos párrafos al artículo
1º del ya mencionado Decreto 2694 de 2010, en el sentido de: (i) agregar,
dentro de los bienes electrodomésticos excluidos del impuesto, los
gasodomésticos, incluidos los cilindros para gas, necesarios para el
funcionamiento de estos últimos; (ii) ampliar la aplicación de
la exclusión del IVA a las ventas efectuadas desde el resto del territorio nacional
a los responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas, inscritos
en el Registro Único Tributario - RUT, que a la fecha de entrada en vigencia
del mismo decreto, se encontraran domiciliados o tuvieran establecimiento de
comercio en cualquiera de los municipios señalados; (iii) incorporar
un trámite de comprobación de que la mercancía vendida efectivamente se
trasladó a uno de los municipios amparados; (iv) establecer
las consecuencias jurídicas de no cumplirse con los requisitos de la exclusión
del impuesto; y, finalmente (v) adicionar un párrafo en el que
se incluyera la implementación de medios electrónicos de información para hacer
el seguimiento de la exclusión. Al respecto, tal y como se expuso en los casos
anteriores, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-912 de 2010,[69]
declaró la exequibilidad de la norma tomando en cuenta los citados precedentes,
luego de considerar cumplidos los requisitos constitucionales y legales propios
de tales preceptos normativos.
Más
recientemente, a través del Decreto legislativo 1770 de 2015 el Gobierno
Nacional decretó un nuevo Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica en
el país motivado por la crisis generada a partir de la decisión de Venezuela de
cerrar intempestivamente la frontera con Colombia. En ese marco el Gobierno
nacional dictó el Decreto legislativo 1818 de 2015,[70]
en el cual se dispuso, en el artículo 1º,  la exención del IVA para un listado
de bienes similar a aquel dispuesto a partir del DL 3148 de 2010. La Corte
Constitucional, en la Sentencia C-701 de 2015[71],
analizó detalladamente las características y requisitos establecidos en el citado
decreto para las excepciones tributarias.
En
cuanto a la excepción del IVA como herramienta para lograr conjurar los efectos
económicos de la crisis, la Corte mantuvo su posición sobre la validez y la
proporcionalidad de la medida, bajo la consideración de la relación entre los
bienes exentos y las finalidades que se procuraba perseguir, que para el caso
concreto eran incentivar el consumo y evitar la inflación en el precio de
bienes de uso indispensable en la zona de frontera afectada.[72]
Ahora
bien, el artículo 1º del Decreto 1818 de 2015 establecía que la excepción   se
aplicara, conforme lo dispuesto en el parágrafo 3º de dicha norma, únicamente a
los responsables del régimen común sobre el impuesto de renta, excluyendo del
beneficio a los responsables del régimen simplificado.[73]
Al respecto, la Corte consideró necesario excluir dicha restricción por cuanto
la misma constituía un obstáculo para lograr los fines de la medida, y porque
pese a que se reconocen las diferencias entre los dos regímenes y las
dificultades de control que puede haber sobre quienes hacen parte del régimen
simplificado, no se aportaron razones que justifiquen un trato diferenciado
para la aplicación de la medida.[74]
Por
otra parte, mediante el Decreto legislativo 1818 de 2015 se estableció la regla
por la cual “los saldos a favor generados en las respectivas declaraciones
tributarias podrán ser imputados en las declaraciones de los períodos
siguientes, pero en ningún caso podrán ser objeto de devolución y/o
compensación.”[75]
Regla que, vale la pena destacar, es igualmente adoptada por el Gobierno
Nacional en el decreto objeto de análisis en la presente providencia. Al
respecto consideró la Corte que la regla dispuesta era acorde a la Carta
Política bajo el siguiente razonamiento:
“(…) la decisión del Gobierno, orientada a que la
recuperación de saldos a favor se realice a través de la imputación en
declaraciones futuras, supone una medida de control que, como lo indica el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su intervención, permite preservar
la sostenibilidad fiscal dentro de una situación de crisis, pues formaliza un
seguimiento de orden fiscal sobre los bienes exentos, facilitando contabilizar
el no recaudo y vigilar y monitorear el adecuado funcionamiento de la medida
tributaria.”[76]
Adicional
a lo anterior, la Corte hizo mención al carácter temporal de la medida, lo que
sirvió  para considerar que la misma resultaba proporcional y adecuada para
lograr los fines perseguidos.
El
6 de abril de 2017, mediante el Decreto 601, el Gobierno Nacional declaró el
estado de emergencia económica, social y ecológica, por el término de 30 días,
en Mocoa -Putumayo - debido a la calamidad pública causada por la avenida
torrencial acaecida el 31 de marzo de ese año.[77]
Con fundamento en aquel decreto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto legislativo
731 de 2017 a través del cual se implementaron varias medidas tributarias,
entre ellas la exención del IVA hasta el 31 de diciembre del 2017 respecto del
mismo listado de bienes que había sido excluido en los decretos legislativos
que atendieron la crisis de la frontera con Venezuela.[78]
Al
realizar el examen de constitucionalidad de la aludida  norma,  esta
Corporación en la sentencia C-517 de 2017 reiteró que las medidas de exención
del IVA a ciertos productos son una herramienta que el Gobierno ha utilizado en
esta clase de situaciones y que, por tal razón, son constitucionalmente válidas
para enfrentar las situaciones de emergencia en distintas ocasiones.[79]
Respecto
de las condiciones de aplicación de la excepción dispuesta en el Decreto 731 de
2017[80]
esta Corte concluyó que resultaban compatibles con la Carta Política. Al
respecto se sostiene en la citada sentencia que :
“El procedimiento a seguir una vez realizada la venta es
regulado por el artículo 4º, se trata de informar adecuada y eficazmente a las
autoridades para que estas lleven el control y puedan verificar el cumplimiento
de las medidas, evitando al mismo tiempo abusos por parte de quienes pretendan
valerse de la situación para obtener lucro personal. Ninguno de los
condicionamientos previstos en el artículo 4º vulnera lo dispuesto por el
Constituyente, se trata de controles razonables y proporcionales al fin
buscado, de otra manera el Gobierno perdería el control sobre la aplicación de
las medidas adoptadas con el Decreto 731 de 2017.”[81]
Como
se observa a lo largo de este recorrido jurisprudencial, esta Corte ha
reconocido las atribuciones del legislador de excepción para establecer
beneficios tributarios, y ha declarado la validez constitucional de la exención
del IVA de bienes que resultan indispensable para la subsistencia de la
población y la reactivación económica de los municipios afectados por la crisis
que da lugar a la declaración de emergencia. Al mismo tiempo, la jurisprudencia
ha precisado los límites temporales y ha restringido las condiciones de
implementación de estos instrumentos a partir de los principios
constitucionales de igualdad y equidad cuando la alternativa implementada
otorga beneficios con violación del artículo 13 de la Carta.
Bajo
esa línea interpretativa, es posible concluir, a partir de la jurisprudencia
analizada que, habiéndose demostrado la relación de conexidad, proporcionalidad
y necesidad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones de
implementación, las medidas relacionadas con la exención del IVA, en el marco
de un Estado de Emergencia, han sido declaradas constitucionales por este
Tribunal.
5.
EXAMEN DE
CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO 438 DE 2020
En el presente examen, la Corte iniciará por realizar
un recuento del contenido y alcance del Decreto analizado para luego proseguir
con la evaluación de los requisitos enumerados en el numeral 3°. de la parte
considerativa de esta decisión.
5.1.
Contenido y alcance de las
medidas del Decreto legislativo 438 de 2020
El DL 438 de 2020 se anuncia de la siguiente manera: “Por
el cual se adoptan medidas tributarias transitorias dentro del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de
2020”, proferido por el Presidente de la República en ejercicio de las
facultades extraordinarias conferidas por el artículo 215 de la Carta.
5.1.1.   Parte motiva del DL 438 de 2020
El decreto en mención está conformado por diez (10)
considerandos que explican los fundamentos de las medidas adoptadas de la
siguiente forma:
En los cinco (5) primeros considerandos se reitera el
marco en el cual se adoptan las medidas del Decreto, particularmente, se hace
referencia a la declaración del estado de emergencia sanitaria a causa del
nuevo coronavirus COVID-19 en la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y a la
declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (en adelante
EEESE) a través del Decreto legislativo 417 de 2020.
En los considerandos sexto y séptimo se explica la
importancia general de acudir a las medidas extraordinarias, así como a su finalidad
para conjurar la crisis.
Por su parte, el octavo considerando se refiere a la
necesidad específica de las medidas “de carácter tributario que reduzcan el
valor en la importación y adquisición de bienes e insumos en el territorio
nacional, indispensables para la prestación de los servicios médicos de los
pacientes que padezcan el Coronavirus COVID-19 y para la atención preventiva de
la población colombiana sobre esta pandemia”.
A su turno, el noveno hace mención a la conexidad de
las medidas tributarias con lo dispuesto en el Decreto legislativo 417 de 2020
que declaró el EEESE, para lo cual transcribe el texto de uno de los
considerandos de dicho decreto en el que señala que se requiere la adopción de
medidas extraordinarias de diferente naturaleza, incluidas las tributarias.
Finalmente, el último de los considerados guarda
relación con la necesidad de la segunda medida adoptada por el Decreto, al
señalar que “no ha sido viable el desarrollo normal de las asambleas de las
entidades sin ánimo de lucro dentro del término que establece el artículo 360
del Estatuto Tributario, afectando el proceso de actualización en el Régimen
Tributario Especial del impuesto sobre la renta (…)”
5.1.2.   Disposiciones del DL 438 de 2020
El Decreto está compuesto por 5 artículos que
desarrollan dos tipos de medidas: (i) Por un lado, establece la exención
transitoria del IVA para importación y venta dentro del territorio nacional de
un listado de bienes de uso hospitalario indispensables para la atención de
pacientes con COVID-19 y (ii) por otro, la ampliación del plazo para el proceso
de actualización del Régimen Tributario Especial. Concretamente, el articulado
dispone lo siguiente:
En el artículo 1º se establece la exención del
impuesto sobre las ventas -IVA “en la importación, y en las ventas en el
territorio nacional sin derecho a devolución y/o compensación” de un
listado de 24 bienes de uso hospitalario, bajo la condición de que cumplan con
los criterios técnicos establecidas en el anexo del decreto. El precitado
artículo prevé, como término de la exención, la duración de la emergencia declarada
en el Decreto legislativo 417 de 2020.
Seguidamente, a través de tres parágrafos, el mismo
artículo concreta el alcance de la medida al establecer  en su parágrafo 1º que
los saldos a favor generados podrán ser imputados en las declaraciones de periodos
siguientes pero no podrán ser objeto de devolución y/o compensación; será
beneficiario de impuestos descontables en el IVA, quien enajene los bienes
exentos a condición de que presente la declaración del impuesto sobre la renta
y complementarios correspondiente al período gravable (parágrafo 2º). Por su
parte, el parágrafo 3º aclara que los bienes que a la fecha sean exentos o
excluidos del IVA, mantendrán su tratamiento tributario, conforme con las
disposiciones vigentes.
Más adelante, el
artículo 2º del decreto objeto estudio consagra las condiciones de aplicación
de la exención tributaria en cuatro numerales que se sintetizan así: 1) el
facturador deberá́ incorporar en el documento una leyenda que indique:
"Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020"; 2) la importación,
venta y entrega de los bienes exentos debe realizarse dentro del término de
duración del EEESE; 3) el responsable del IVA debe rendir un informe mensual de
ventas, en el cual se detallen las facturas o documentos equivalentes, registrando
número, cantidad, especificación del bien y valor la operación, y debe
remitirlo dentro de los 5 primeros días del mes siguiente a la oficina de la DIAN
que corresponda según su domicilio; 4) en el mismo informe, quien realice
importación de bienes exentos, debe presentar la declaración de importación,
registrando fecha, cantidad, especificación del valor la operación, y número la
factura del proveedor del exterior.
A su turno, el
artículo 3º regula las consecuencias o sanciones aplicables en caso de incumplimiento
de los requisitos previstos en los artículos anteriores, que se resumen en que
(i) el incumplimiento del artículo 1° y los numerales 1° y 2° del artículo 2°
dan lugar a la inaplicación del tratamiento tributario referido, caso en el
cual la importación y/o la venta, estará́ sujeta al tratamiento tributario
ordinario. Y, (2) el incumplimiento de lo establecido en los numerales 3° y 4°
del artículo 2°, da lugar a la sanción consagrada en el artículo 651 Estatuto
Tributario.[82]
El artículo 4º
consagra para los contribuyentes pertenecientes al Régimen Tributario Especial,
que deben realizar el proceso de actualización de que trata el artículo 356-3
del Estatuto Tributario dentro de los términos que establece el artículo 364-5
de la misma norma en el año calendario 2020, la ampliación del plazo hasta el
30 de junio del 2020, así como para celebrar la reunión del órgano de dirección
que aprueba la destinación del excedente trata inciso 3° artículo 360 del Estatuto
Tributario.
Al respecto, tal
como lo mencionaron el Ministerio Público y la Universidad Libre en su
intervención, si bien el aplazamiento de la Asamblea General consagrada en el
artículo 360 del ET no presenta ningún inconveniente en su alcance, en cambio,
la referencia a los artículos 356-3 y 364-5 tiene una connotación más compleja.
El artículo 364-5[83]
del Estatuto Tributario se refiere al registro y actualización de la
información en el registro WEB de las entidades del Régimen Tributario
Especial, y en su tercer inciso establece: “Las entidades calificadas en el Régimen Tributario
Especial deberán actualizar anualmente, en los primeros 3 meses de cada año, la
información a la que se refiere este registro”.  Al respecto no hay ninguna dificultad en la
comprensión del alcance del artículo 4 del Decreto analizado, que amplía hasta
el 30 de junio, el plazo que la ley establece hasta el 31 de marzo para el
registro web.
Por su parte, en
el artículo 356-3[84]
del Estatuto Tributario el título y el primer inciso de la norma se refieren a
la actualización del Rut para contribuyentes del Régimen Tributario Especial,
señalando que se realiza, por regla general, con la sola presentación de la
Declaración de Renta. Pero en el segundo párrafo, el artículo ordena la
presentación a la DIAN de una “memoria económica”, por parte de aquellas
entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 1.600 UVT en el año
anterior. A ese respecto, en el parágrafo de la norma, se indica que “el
Gobierno Nacional reglamentará
las características que deberá cumplir la memoria económica de que trata el
presente artículo y los plazos para su presentación.”
En efecto, con el Decreto 2442 de 2018 el Gobierno Nacional
modificó, entre otros, el artículo 1.6.1.13.2.25[85] del Decreto reglamentarios 1625 de 2016,  que se refiere a la “Actualización del
Régimen Tributario Especial y presentación de la memoria económica”. En la
norma se establece el plazo para las dos medidas a las que se refiere los
artículos 364-5 (registro web) y 356-3 (entrega de la memoria económica), fijando
para ambos el 31 de marzo de 2020.
Para esta Corte es
clara la relación que existe entre el envío de la memoria económica y la
actualización del registro de las entidades del Régimen Tributario Especial, pues,
si bien la memoria económica solo se exige bajo la condición de haber superado
cierto nivel de ingresos (160.000 UVT), lo cierto es que ambos procesos son
requisitos necesarios para la actualización del registro y la continuidad en el
Régimen Tributario Especial.[86]
En ese sentido es claro que la intención del Gobierno Nacional al expedir el
artículo 4 del Decreto 438 de 2020, fue modificar el plazo del 31 de marzo y
ampliarlo hasta el 30 de junio de 2020, para la realización de ambos
procedimientos requeridos para la actualización del registro en el Régimen
Tributario Especial.
Será entonces,
bajo el entendido de que el alcance del artículo 4 del Decreto 438 de 2020 es
fijar el plazo para la realización de la reunión del órgano de dirección, la presentación
de la memoria económica y la renovación en el registro web por parte de las
ESAL en el Régimen Tributario Especial, que se analizará la constitucionalidad
de la norma.
El artículo 5º
establece la vigencia del Decreto 438 de 2020 a partir de su publicación, la
cual se realizó en el Diario Oficial 51.262 del 20 de marzo de 2020.
El Decreto lleva
la firma del Presidente de la República y de los 18 ministros de su despacho.
Además, el DL 438
de 2020 cuenta con un Anexo que hace parte integral del mismo en el cual se
incluye una tabla con los 24 bienes exentos que se encuentran en el artículo 1º
del decreto, incluyendo información sobre el “ítem”, “nombre dotación”
y “especificaciones técnicas mínimas obligatorias”.
5.2.  Examen de los requisitos formales de
constitucionalidad del Decreto legislativo 438 de 2020
De
conformidad con las reglas establecidas en el numeral 3° de la parte
considerativa de esta providencia, procede la Corte Constitucional a realizar
la evaluación formal del DL 438 de 2020.
5.2.1.
Expedirse dentro del
término de vigencia del estado de emergencia
En
efecto, el DL 438 de 2020 se expidió el día 19 de marzo de 2020 y entró en
vigor el día 20 de marzo de 2020 luego de su publicación en el Diario Oficial
51.262 de esa fecha. Lo anterior, da cuenta de que la referida norma fue expedida
durante la vigencia del DL 417 de 2020 que declaró el EEESE en todo el
territorio nacional, por 30 días, a partir  del 17 de marzo de 2020.
5.2.2.
Haber sido suscrito por el
Presidente de la República y por todos los Ministros
En efecto, el DL
438 de 2020 cumple el requisito por cuanto se verifica que lleva la firma del
Presidente de la República, Iván Duque Márquez seguida de la de todos los
ministros del despacho en el siguiente orden: La Ministra del Interior, Alicia
Arango Olmos, La Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum de Barberi; El
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, La
Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, el Ministro de
Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo García; El Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea; El Ministro de Salud y Protección
Social, Fernando Ruiz Gómez; El Ministro de Trabajo, José Custodio Cabrera
Báez; La Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño; El
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano; La
Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González; El Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano Picón; El Ministro de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón González; La Ministra de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones Silvia Constaín Rengifo; La
Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez; La Ministra de Cultura
Carmen Inés Vásquez Camacho; El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena Barrero; y
La Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres Torres.
5.2.3.
Contar con una motivación
expresa
El
DL 438 de 2020 cuenta con una motivación compuesta por 10 considerandos en los
que se explican las razones que justifican su expedición y la relación de las
medidas adoptadas con el EEESE.
5.2.4.
Definir el ámbito de
aplicación geográfica y temporal
Las
medidas acogidas por el DL 438 de 2020 tienen como ámbito de aplicación todo el
territorio nacional, al igual que el EEESE declarado por el DL 417 de 2020. En
cuanto a la aplicación temporal, la exención del IVA a los bienes de uso
hospitalario, dispuesta en los artículos 1°, 2° y 3° del decreto, está limitada
temporalmente a la vigencia del EEESE, esto es, hasta el 15 de abril de 2020,
mientras que en el artículo 4°, dispone la ampliación de plazos hasta el 30 de
junio de 2020.
Así
las cosas y en concordancia con lo expuesto por todos los intervinientes y por
el Ministerio Público, la Corte Constitucional constata que el DL 438 de 2020
cumple con el lleno de los requisitos formales de constitucionalidad exigidos a
este tipo de normas.
5.3.  Examen de los requisitos sustanciales del Decreto
legislativo 438 del 19 de marzo de 2020
Siguiendo el orden del examen establecido en el
numeral 4° de la parte considerativa de esta providencia, procede la Corte a
evaluar si el precepto normativo objeto de control satisface los requisitos
sustantivos previstos por la Constitución y la Ley Estatutaria de Estados de
Emergencia[87]
para este tipo de asuntos.
5.3.1.
El juicio de finalidad
El DL 438 de 2020 contempla dos medidas que requieren
ser analizadas de manera independiente.
En cuanto a la primera de ellas, esto es la exención
del Impuesto al Valor Agregado IVA para una serie de bienes de uso médico y
hospitalario, según lo establece la parte considerativa, la medida busca
reducir el valor en la importación y adquisición de una serie de bienes que
resultan indispensables para la atención médica y hospitalaria asociada a la
pandemia, facilitando su comercialización y el abastecimiento de los centros
hospitalarios con el propósito de lograr la atención médica adecuada y evitar
la agravación de la crisis.
Los condicionamientos establecidos para la
implementación de la medida, en cuanto a requisitos de facturación e informes,
resultan necesarios para lograr la efectividad de la medida.
En cuanto a la segunda medida, esta se encuentra
dirigida a mitigar los efectos económicos producidos por la pandemia,
particularmente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias toda
vez que amplía el plazo dispuesto en los artículos 356-3, 360 y 364-5 del
Estatuto Tributario a fin de permitir que las entidades sin ánimo de lucro que,
en virtud de las medidas de confinamiento no han podido realizar las asambleas
afectando el proceso de actualización en el Régimen Tributario Especial, puedan
cumplir con ese requisito y con aquellos necesarios para la actualización de la
información en el registro y de esa manera no pierdan los beneficios de
pertenecer al régimen especial.
Por lo tanto, estima la Corte que lo previsto DL 438
de 2020 cumple con el requisito de finalidad comoquiera que las medidas allí
adoptadas se encuentran directa y específicamente encaminadas a impedir la
extensión o agravación de los efectos nocivos de la crisis que dio lugar a la
declaratoria de emergencia, puesto que, como lo sostiene el Ministerio Público,
las disposiciones sobre exenciones de IVA para productos médicos necesarios
para diagnosticar y tratar el COVID-19 y la ampliación del plazo para el
proceso de actualización en el régimen tributario especial, no tienen otro
propósito que evitar la expansión de los efectos de la crisis en ámbitos como
la salud pública y en la situación tributaria de algunas entidades.
5.3.2.
El juicio de conexidad
material
El test de conexidad material implica
determinar si existe un vínculo directo y específico entre las medidas
adoptadas y las consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para
motivar el decreto de desarrollo correspondiente (conexidad interna), así como el
vínculo directo y específico entre el decreto analizado y el contenido del
decreto declaratorio de la emergencia (conexidad externa). Por lo tanto a
continuación se procede a realizar el correspondiente análisis de las medidas
contempladas el DL 438 de 2020 a la luz de los distintos tipos de conexidad.
(i)      El Decreto 438 de 2020 cumple con el requisito de
conexidad interna
Las motivaciones concretas de las medidas se
encuentran en los considerandos 7 a 10 del decreto. Al respecto, frente a la
exención tributaria a ciertos bienes de uso médico y hospitalario, la
fundamentación se refiere a “conjurar los efectos de la crisis mediante la
protección de la salud de los habitantes del territorio colombiano”,
precisando que:
“(…)de acuerdo a lo anterior, se requiere tomar
medidas de carácter tributario que reduzcan el valor en la importación y
adquisición de bienes e insumos en el territorio nacional, indispensables para
la prestación de los servicios médicos de los pacientes que padezcan
coronavirus COVID-19 y para la atención preventiva de la población colombiana
sobre esta pandemia, razón por la cual se establece mediante el presente
Decreto Ley de manera transitoria, la exención del impuesto sobre las ventas –
IVA, en la importación y en las ventas en el territorio nacional para los
bienes listados en el anexo que hace parte integral del presente Decreto.”
Así, lo que concierne a la exención tributaria
dispuesta en los artículos 1º (Exención transitoria del impuesto sobre las
ventas -IVA), 2º (Condiciones de aplicación) y 3º (incumplimiento de las
condiciones y requisitos), tiene, por lo tanto, una relación directa y evidente
con las motivaciones expuestas en la parte motiva del Decreto 238 de 2020.
En cuanto al artículo 4º del DL 438 de 2020 que
dispone la ampliación, hasta el 30 de junio del presente año, de los plazos
dispuestos en los incisos tercero de los artículos 360 (reunión del órgano de
dirección que aprueba la destinación del excedente) y en los artículos 356-3
(envío de la memoria económica) y 364-5 del Estatuto tributario (proceso de
actualización de la información en el aplicativo Web del régimen tributario
especial), considera la Corte que la medida guarda un vínculo directo y
específico con la parte motiva del decreto que, en el séptimo considerando
establece que busca fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de
la crisis, mediante “la mitigación y prevención del impacto negativo en la
economía del país”, y explica, puntualmente, en el último de los
considerandos que “(…) no ha sido viable el desarrollo normal de las
asambleas de las entidades sin ánimo de lucro que establece el artículo 360 del
Estatuto Tributario, afectando el proceso de actualización en el Régimen
Tributario Especial del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 356-3
del Estatuto Tributario” por lo que se requiere ampliar el plazo para que
se efectúe el proceso de actualización.
En conclusión, las medidas dispuestas en el DL 438 de
2020 cumplen con el requisito de conexidad de la categoría interna comoquiera
que existe una directa relación con la motivación expresada en el mismo
decreto.
(ii)
El DL 438 de 2020 cumple con
el requisito de conexidad externa
El Decreto 417 de 2020, por el cual se declaró el
EEESE, y fue declarado exequible por esta Corte, establece en su parte
considerativa las motivaciones que dieron lugar a la medida, señalando (i)
las declaratorias realizadas por la OMS desde el 7 de enero de 2020 sobre la
gravedad de la expansión del virus COVID-19 y en particular aquella del 11 de
marzo del mismo año que declaró la enfermedad como una pandemia e instó a los
países a tomar medidas para evitar la propagación; (ii) las resoluciones
380 y 385 de 2020 en que el Ministerio de Salud tomó medidas preventivas y
declaró el estado de emergencia sanitaria a causa del nuevo coronavirus
COVID-19 en el territorio nacional y adoptó una serie de medidas con el objeto
de prevenir el contagio y mitigar sus efectos; (iii) que pese a dicha
declaratoria, la gravedad de la pandemia hace que las medidas sean insuficientes
y con la tasa de contagio que se generaría en las condiciones normales, los
contagios podrían llegar a cuatro millones de personas, con un número total de
738.123 casos críticos y severos, lo que implicaría altísimos costos para
afrontar las necesidades en salud y el cubrimiento de incapacidades.
En el DL 417 de 2020 que declaró el EEESE se señaló
como motivación:
“(…) que lo expuesto anteriormente
evidencia que el sistema de salud colombiano no se encuentra físicamente
preparado para atender una emergencia de salud, requiere ser fortalecido de
manera inmediata para atender un evento sorpresivo de las magnitudes que la
pandemia ha alcanzado ya en países como China, Italia, España, Alemania,
Francia e Irán, entre otros, los cuales presentan actualmente una tasa promedio
de contagio de 0,026% de su población total (esta tasa de contagio sería
equivalente a 13,097 casos en el país) en consecuencia y por estas razones el
sistema requiere un apoyo fiscal urgente.”
En ese sentido, la exención tributaria para un listado
de bienes necesarios para la atención médica de los pacientes con COVID-19
encuentra un vínculo directo y específico con el Decreto 417 de 2020 por
cuanto, tal como se pudo establecer de las pruebas enviadas por el Ministerio
de Salud, los bienes exentos son indispensables para la atención de las
personas con síntomas graves generados por el COVID-19 que requieran
hospitalización, así como para la implementación de nuevos espacios
hospitalarios para atención de neonatos, en vista de la posible ocupación de
los espacios actualmente disponibles por la necesidad de atender pacientes con
el virus de la pandemia.
Por otra parte, en lo que se refiere a la medida que
dispone la ampliación del plazo para la actualización en el Régimen Tributario
Especial, la conexidad con el DL que declaró el EEESE también resulta evidente.
Ello, en vista de que la declaratoria tomó en consideración la necesidad de restringir
la movilidad de las personas para evitar la expansión del contagio,[88]
por ello, en la misma norma se previó la posibilidad de tomar medidas
tributarias destinadas a permitir que se atiendan las obligaciones para cuyo
cumplimiento la pandemia y las restricciones de movilidad necesarias para
enfrentarla, se hubiesen convertido en un obstáculo.
Sobre el
particular, encuentra la Corte que el hecho de aplazar la fecha para la
Asamblea y la actualización de información en el aplicativo web,  así como para
el envío de la memoria económica cuando a ello haya lugar, por parte de las
entidades sin ánimo de lucro en el Régimen Tributario Especial, permite que la
no realización de dichas actividades en los plazos dispuestos en el Estatuto
Tributario a causa de las medidas de restricción en la movilidad ordenada por
el Gobierno no se traduzca en un efecto negativo para las entidades sin ánimo
de lucro que, bajo ese supuesto, perderían la posibilidad de continuar las
ventajas de pertenecer a un régimen tributario más beneficioso. En ese sentido,
la medida procura mitigar los efectos económicos y tributarios negativos
permitiendo que se cumplan las obligaciones tributarias y se conserve el
registro en el régimen tributario especial para aquellas entidades que, en
virtud de que no tienen ánimo de lucro y que desempeñan actividades que generan
beneficios a la comunidad, han adquirido dicho beneficio.
Al respecto señala la parte motiva del DL 417 de 2020:
“Que para efectos de permitir la reducción de la
movilidad, la aglomeración y la congregación en los sitios públicos, así como
para evitar una mayor afectación de las distintas actividades económicas, el
empleo, la industria y el comercio, el Gobierno nacional considera necesario
analizar todas las medidas tributarias. Que en el contexto de las medidas
tributarias que puedan adoptarse en desarrollo de los poderes que confiere la
emergencia, el Gobierno nacional considera necesario analizar todas las medidas
tributarias necesarias para afrontar la crisis y en particular la de otorgar
beneficios tributarios, con el fin de promover las industria y comercio del
país que generen fuentes de empleo que permitan absorber fuerza laboral
afectada por esta pandemia.
Que los efectos económicos negativos a los habitantes
del territorio nacional requieren de la atención a través de medidas
extraordinarias referidas a aliviar las obligaciones de diferente naturaleza,
como tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse afectadas en su
cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis.
Que los efectos económicos negativos generados por el
nuevo coronavirus COVID-19 a los habitantes del territorio nacional requieren
de la atención mediante la adopción de medidas extraordinarias encaminadas a
atender las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias,
financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la
industria y el comercio del país y permitan absorber las perdidas económicas y
fuerza laboral afectada por esta pandemia.”
Por lo tanto, concluye este Tribunal que el DL 438 de
2020 cumple con el requisito de conexidad material tanto interna como externa,
y por lo tanto se debe continuar con el examen de la norma.
5.3.3.
El juicio de motivación
suficiente
El DL 438 de 2020 en su parte motiva explica
detalladamente las razones por las cuales se hace indispensable acudir a las
medidas dispuestas, en particular, por la urgencia de facilitar el
abastecimiento hospitalario de los bienes incluidos en el listado del artículo
primero, para lo cual se establece una exención tributaria que tendría como
efecto el abaratamiento de la venta e importación de productos necesarios para
la atención de pacientes con COVID-19. También señala que dadas las
restricciones de movilidad, no se han podido realizar las reuniones necesarias
para la actualización en el Régimen Tributario Especial de las entidades sin
ánimo de lucro, por lo que se requiere ampliar el plazo para evitar los efectos
nocivos que podría traer el incumplimiento de dicho requisito. Esta motivación,
estima esta Corporación, resulta suficiente, en especial, por cuanto las
previsiones consagradas en el DL 438 de 2020 no tienen como objeto limitar o
suspender derechos constitucionales.
5.3.4.
El juicio de ausencia
de arbitrariedad
DL 438 de 2020 (i) no suspende ni afecta el núcleo
esencial de los derechos fundamentales de los ciudadanos; y (ii) no interrumpen
el normal funcionamiento de las ramas del poder público, y (iii) tampoco
suprimen ni modifican los organismos y las funciones básicas de acusación y
juzgamiento. El decreto analizado establece dos medidas de ámbito
tributario, una de las cuales crea una exención a un listado de bienes de uso
médico y establece el procedimiento y requisitos para implementar la exención,
así como las sanciones en caso de incumplimiento de los mismos. Además, amplía
el plazo para el cumplimiento de requisitos de orden tributario. En ese
sentido, lejos de constituir una trasgresión a los derechos fundamentales, las
medidas están dirigidas a preservar la salud,  la integridad personal y la
vida, facilitando a su vez, el cumplimiento de obligaciones tributarias.
En consecuencia, en el DL 438 de 2020 no se prevén
medidas que desconozcan las prohibiciones para el ejercicio de las facultades
extraordinarias reconocidas en la Constitución, la LEEE y los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.
5.3.5.
El juicio de
intangibilidad
El DL 438 de 2020 no suspende ni limita derecho
constitucional alguno, y mucho menos aquellos derechos o sus garantías,
respecto de los cuales la Carta política en el artículo 214, y los tratados a
que hace referencia el artículo 93 superior, señalan que no podrán ser
suspendidos en estados de excepción.
5.3.6.  El juicio de no contradicción específica
Considera esta Corporación que el DL 438 de 2020
establece normas de carácter tributario que:
(i)
No contrarían de manera
específica a la Constitución o los tratados internacionales; por cuanto no
existe ninguna disposición en la Carta Política o en algún tratado
internacional que conforme el parámetro de control, que establezcan una
prohibición a las exenciones tributarias del Impuesto al Valor Agregado -IVA-
para los bienes de uso médico descritos en el artículo 1º del decreto; ni a
ninguna de las medidas dispuestas en los parágrafos del artículo 1° (imputación
de los saldos a favor en declaraciones de IVA en periodos siguientes, impuestos
descontables en el IVA, y el mantenimiento de bienes exentos ), ni en los
artículos 2° (condiciones de aplicación) y 3° (Sanción por el incumplimiento de
las condiciones y requisitos).
Al respecto, es preciso señalar que esta Corte, en
reiteradas ocasiones, ya ha examinado y avalado las medidas que prevean
exenciones de IVA en estados de emergencia y que adoptan procedimientos,
requisitos y consecuencias por el incumplimiento similares a las que se adoptan
en el DL 438 de 2020.[89]
Bajo ese entendimiento, la idoneidad de la medida en
la presente ocasión no solo resulta remarcada por el hecho de que la  finalidad
de abaratar el listado de bienes justifica su legitimidad en que los bienes exentos
son requeridos para la atención de la vida, la salud y la integridad de las
personas afectadas con el virus que ha generado la crisis, sino porque además,
la redacción de las reglas de aplicación de la medida se ajusta a las
decisiones que esta Corte ha ido tomando al evaluar medidas similares, de tal
manera que no hay en ellas ninguna contradicción con lo dispuesto en la Carta
Política o en el Bloque de Constitucionalidad.
Por otro lado, tampoco hay disposiciones de rango
constitucional que prohíban la ampliación de un plazo para realizar la asamblea
y actualizar la información de entidades sin ánimo de lucro del Régimen
Tributario Especial.
(ii)
Las disposiciones del DL 438
de 2020 no desconocen el marco de referencia de la actuación del Ejecutivo en
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por cuanto no modifican
las competencias del Congreso y en nada afectan el libre ejercicio de la
función legislativa durante la emergencia, ni durante el año siguiente previsto
por la norma.
(iii) las
medidas dispuestas en el DL 438 de 2020 no desmejoran los derechos sociales de
los trabajadores.
En plena correspondencia con lo expuesto, la Corte
Constitucional encuentra que las medidas contempladas en el DL 438 de 2020 se
ajustan al requisito de no contradicción específica.
5.3.7.  El juicio de incompatibilidad
Las medidas dispuestas en los artículos 1 a 3 del DL
438 de 2020 prevén una exención  tributaria de IVA para ciertos bienes de uso
hospitalario por considerar que se requiere disminuir su valor para efectos de
la venta e importación a fin de dotar a los establecimientos que deben atender
a los pacientes con COVID-19. Se trata de una exención tributaria transitoria
que, dado el estado de emergencia, se toma en virtud de las competencias
legislativas extraordinarias del Presidente de la República, por cuanto el IVA
del 19% con que están gravados los bienes allí excluidos, hace que la
incidencia del impuesto en el precio final de estos bienes dificulte su
adquisición por parte de los establecimientos encargados de atender la crisis.
En cuanto a las condiciones, requisitos y sanciones
por el incumplimiento de los mismos se trata de herramientas necesarias para
lograr la efectividad de la medida, que no se contraponen al derecho vigente,
sino que, por el contrario, logran la articulación de la medida con el sistema
tributario, puesto que establece que los saldos a favor podrán ser imputados en
periodos siguientes sin que haya lugar a compensación o devolución a fin de
conservar los recursos del sistema tributario, se establece el ámbito temporal
de la medida, se establece un procedimiento para informar correctamente a la
DIAN sobre el uso de la exención y se adopta la sanción del ET por el
incumplimiento de dicha información lo cual, resulta acorde con sistema legal
colombiano.
Por su parte, la medida contemplada en el artículo 4
del DL 438 de 2020 suspende temporalmente la aplicación del plazo máximo para
la realización de los requisitos establecidos en los artículos 356-3, 360 y  364-5
del Estatuto Tributario, esto el plazo hasta el 31 de marzo de 2020 para
realizar la reunión del órgano de dirección, enviar la memoria económica cuando
los ingresos superen los 1.600 UVT  y actualizar la información en el registro
web de las entidades del Régimen Tributario Especial.
En su reemplazo, la norma implementa como fecha límite
el 30 de junio de 2020 para la realización de los requisitos señalados. No se
trata de la eliminación de los requisitos dispuestos en dichas normas, sino de
la modificación formal y transitoria al plazo en que deben cumplirse, por
cuanto, en virtud de las medidas de confinamiento necesarias para afrontar el
COVID-19, se hacía extremadamente difícil cumplir con el lleno de esos
requisitos en el plazo inicialmente establecido.
En la parte motiva, el DL explica claramente que dicha
modificación opera como resultado de las dificultades que han tenido las
entidades sin ánimo de lucro para la reunión de la asamblea y el consecuente
cumplimiento de los demás requisitos en virtud de las medidas de confinamiento
que han sido tomadas por el Gobierno Nacional a fin de evitar la propagación de
la pandemia. En ese orden, estima la Corte que el Decreto cumple con lo
dispuesto en el artículo 12 de la LEEE, por cuanto están suficientemente
explicados los motivos por las cuales, el plazo inicialmente previsto en el
Estatuto Tributario y su decreto reglamentario es irreconciliable con el
correspondiente estado de excepción.
Así, concluye la Corte que el impuesto de IVA del 19%
que se exceptúa a un listado de bienes de uso médico y los plazos establecidos
en los artículos 356-3, 360 y 364-5 del ET, resultan incompatibles con la
emergencia generada por el COVID-19 por lo que se requería tomar las medidas
del DL 438 de 2020.
5.3.8.
El juicio de necesidad
La necesidad de las medidas se analiza desde dos perspectivas:
(i)   La necesidad fáctica o idoneidad. Al respecto, la exención del IVA a un listado de 24
bienes para dotación hospitalaria se justifica en la necesidad de reducir “el valor en la
importación y adquisición de bienes e insumos en el territorio nacional,
indispensables para la prestación de los servicios médicos de los
pacientes que padezcan el Coronavirus COVID-19 y para la atención
preventiva de la población colombiana sobre esta pandemia”.
En
la descripción de la necesidad de la medida, la Presidencia de la República
explicó que “(…) al estar
gravados con IVA a una tarifa del 19%, los dispositivos médicos enlistados
tienen implícito un sobrecosto que, en el marco de la pandemia, es necesario
reducir para facilitar la disponibilidad y oportuna para entidades
hospitalarias encargadas de la atención y prestación del servicio de salud.”
Respecto de la idoneidad de los bienes incluidos en el
listado para atender la necesidad propuesta, el Ministerio de Salud informó a
esta Corporación cuál es la idoneidad de los bienes que el Gobierno Nacional enlistó en el
articulo 1 del Decreto 438 de 2020[90]
y explicó que hacen parte de dicho listado: “los dispositivos médicos
que se consideran esenciales para el manejo de pacientes con sospecha y
confirmación diagnostica de coronavirus COVID-19 que requieren atención
en urgencias, hospitalaria, ambulatoria y aquellos que son de uso frecuente en
pacientes que adicionalmente requieren atención en unidades de cuidados
intensivos o unidades de cuidado intermedio.”
Además, el Ministerio incluyó una tabla detallada en
la cual explicó la funcionalidad en salud y el uso en pacientes con COVID-19 de
cada uno de los 24 ítems incluidos en el anexo del DL 438 de 2020.
En consonancia con lo sostenido por la Universidad
Libre en su intervención, esta Corte considera que el Ministerio de Salud es la
entidad que maneja los criterios técnicos que le permiten evaluar las
necesidades en cuanto a dotación del sistema de salud para atender la crisis
provocada por la pandemia.
Tal como se pudo constatar en la parte motiva de esta
decisión, la Corte Constitucional ya ha evaluado medidas que establecen
excepciones del Impuesto al Valor Agregado a ciertos bienes con la finalidad de
afrontar los efectos de situaciones en que han sido declaradas como EEESE. En
esta ocasión, dado que la provisión de esos bienes está dirigido justamente a
la protección de la vida, la salud y la integridad física de los ciudadanos, la
medida que está dirigida a abaratar los costos de compra e importación de estos
insumos se demuestra particularmente necesaria y legítima. En ese sentido, para
esta Corte la necesidad fáctica de la medida que exceptúa del IVA al listado de
bienes incluido en el artículo 1° y en el anexo del DL 438 de 2020 está
debidamente acreditada.
En lo que tiene que ver con los artículos 2° y 3° que
se refieren a las reglas para la implementación de la exención del IVA, dichas
reglas han sido consagradas en similares oportunidades y han sido consideradas
por esta Corte como necesarias para permitir el control y garantizar la
efectividad de la medida, por lo que este Tribunal reitera su conclusión y
estima que resultan necesarias para garantizar la eficacia de la exención
tributaria.
Por su parte, la medida dispuesta en el artículo 4° que
establece la ampliación del plazo en el año 2020 para que las ESAL
beneficiarias del régimen tributario especial realicen la reunión de aprobación
de la destinación de sus excedentes de la vigencia anterior, y la actualización
de su información en el aplicativo web correspondiente, así como el envío de la
memoria económica cuando corresponda, permiten superar los efectos derivados de
la crisis por cuanto las medidas de restricción de movilidad han generado
dificultades en la realización de todo tipo de reuniones y en el normal
desempeño de las labores propias de las distintas entidades.
La medida así dispuesta resulta, a juicio de esta
Corporación, fácticamente necesaria para evitar que entidades sin animo de
lucro, muchas de ellas relacionadas con el sector de la salud, terminen
perdiendo los beneficios de pertenecer al Régimen Tributario Especial como
consecuencia del incumplimiento de la reunión del órgano directivo y las
gestiones para la  actualización del registro en el RTE, en un plazo que, dadas
las medidas de confinamiento, no ha sido posible cumplir.
Se concluye por lo tanto que lo dispuesto en el DL 438
de 2020 cumple con el requisito de necesidad desde la perspectiva fáctica.
(ii) En cuanto a la necesidad jurídica o
subsidiariedad de las medidas, en lo que respecta a la primera medida y su
regulación en los artículos 1 a 3 del DL 438 de 2020, en consonancia con lo
sostenido por el Ministerio Público, la Corte Constitucional constata que el Gobierno no contaba con medios
ordinarios para establecer la exención transitoria del IVA allí
dispuesta, puesto que la competencia para establecer este tipo de beneficios
tributarios es del Congreso en aplicación del principio de legalidad del
tributo (arts. 150-12 y 338 C.P.). En este sentido, la Corte constata que la
medida satisface el requisito de necesidad jurídica de la medida.
En cuanto a la segunda medida, es necesario realizar
un análisis detallado por cuanto, como lo manifestó el Sr. Procurador General
de la Nación, los plazos modificados se encuentran estipulados en normas de
distinta jerarquía.
En lo que atañe al artículo 364-5 del Estatuto
Tributario, el tercer inciso establece: “Las entidades calificadas en el
Régimen Tributario Especial deberán actualizar anualmente, en los primeros 3
meses de cada año, la información a la que se refiere este registro.” Por
su parte, el artículo 360 del mismo estatuto, en su tercer inciso señala: “La reunión del órgano de dirección debe
celebrarse con anterioridad al 31 de marzo de cada año”. Se
trata por lo tanto de plazos legales para el cumplimiento de obligaciones
tributarias que requerían de una norma de rango legal para poder ser
modificadas o suspendidas, por lo que, claramente la necesidad jurídica de la
medida, en consonancia con su necesidad fáctica, está claramente comprobada.
Por otro lado, el artículo 356-3 del Estatuto
Tributario,[91]
establece que las entidades sin ánimo de lucro deberán entregar a la DIAN una “memoria
económica” de sus actividades cuando se hayan obtenido ingresos superiores
a 1.600 UVT en el año anterior. El Parágrafo de dicho artículo, establece que
el gobierno reglamentará “las características que deberá cumplir la memoria
económica de que trata el presente artículo y los plazos para su presentación”.
Justamente, en
virtud de que la determinación del plazo para la presentación de la memoria
económica fue delegada al Gobierno Nacional, el Ministerio Público solicita que
se condicione la constitucionalidad del artículo 4 del DL 438 de 2020, de manera
tal que esta materia quede por fuera del alcance del artículo en vista de que
no habría necesidad jurídica de acudir a las competencias legislativas
extraordinarias para ampliar el plazo allí establecido.
Al respecto es necesario tener en cuenta que, de las
normas del Estatuto Tributario y tal como lo interpreta la DIAN, es posible
concluir que el concepto de actualización de la información para el Régimen
Tributario Especial comprende dos aspectos, a saber:[92]
(i) En primer lugar, la actualización de la calidad
contribuyente pertenecientes al Régimen Tributario Especial en el RUT a que se
refiere el artículo 356-3 del E.T., la cual se hace – por regla general-
con la sola presentación de la declaración de renta como contribuyente del RTE.
Y (ii) en segundo lugar, la actualización de la información en el registro web
por parte de las entidades sin ánimo de lucro y del sector cooperativo
clasificados en el régimen especial, lo cual tiene una periodicidad anual y
debe realizarse en el primer trimestre de cada año, según lo dispuesto en el
artículo 364-5 del E.T.
Por su parte, en virtud de lo dispuesto en el segundo
inciso del artículo 356-3,[93]
para la actualización de la calidad de contribuyente en el Régimen Tributario
Especial, las entidades sin ánimo de lucro que hayan obtenido ingresos
superiores a 160.000 UVT en al año inmediatamente anterior, deberán presentar,
junto con la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial, una
memoria económica sobre su gestión, en el término que para ello disponga el
Gobierno nacional.
El plazo para entregar la memoria económica en la
actual vigencia fue establecido por el Decreto 2442 de 2018, que modifica uno
de los artículos del Decreto 1625 de 2016-reglamentario del Estatuto Tributario-.
En el artículo modificado se establece como plazo máximo el 31 de marzo de
2020, unificando los plazos para los dos requisitos antes mencionados, -la
actualización del registro web y la presentación de la memoria económica de las
entidades del Régimen Tributario Especial-. El referido artículo indica:
Artículo 1.6.1.13.2.25. Actualización del régimen
tributario especial y presentación de la memoria económica. Los contribuyentes del
régimen tributario especial, así como las cooperativas, deberán actualizar el
registro web de que trata el artículo 364-5 del Estatuto Tributario y el
artículo 1.2.1.5.1.16. de este Decreto, a más tardar el treinta y uno (31) de
marzo de 2020, independientemente del último dígito del Número de
Identificación (NIT), sin tener en cuenta el dígito de verificación.
La memoria económica a que se refiere el artículo
356-3 del Estatuto Tributario deberán presentarla los contribuyentes del
Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas, que hayan obtenido en
el año gravable 2019 ingresos superiores a ciento sesenta mil (160.000)
Unidades de Valor Tributario (UVT) ($5.483.200.000 año 2019) a más tardar el
treinta y uno (31) de marzo de 2020, independientemente del último dígito del
Número de Identificación Tributaria (NIT), sin tener en cuenta el dígito de
verificación.
Parágrafo. Los contribuyentes del Régimen Tributario
Especial, así como las cooperativas que no realicen dentro del plazo
establecido en este artículo el proceso de actualización y envío de la memoria económica,
serán contribuyentes del impuesto de renta y complementario del régimen
ordinario a partir del año gravable 2020, y deberán actualizar el Registro
Único Tributario (RUT).
La Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de oficio podrá actualizar el Registro
Único Tributario (RUT).
En ese sentido, es claro para esta Corte que el
artículo 4 del DL 438 de 2020 se refiere a la ampliación del plazo para los dos
requisitos necesarios para la actualización en el Régimen Tributario Especial,
incluido lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 364-5 y también lo
dispuesto en virtud del artículo 356-3, que en general está ligado al primero
por cuanto existe una conexidad entre ambos requisitos.
Si bien el Ministerio Público tiene razón en que la
modificación del término para la presentación de la memoria económica podría
hacerse a través de un Decreto ordinario, lo cierto es que dicho plazo hace
parte de un conjunto normativo sistemático que depende, finalmente, del aquel dispuesto
en el artículo 364-5 del Estatuto Tributario.
En efecto, para la Corte Constitucional el artículo
364-5, el segundo inciso del artículo 356-3 y el decreto que lo implementa tienen
una relación de sistematicidad tal que los convierte en el conjunto normativo
que regula la cuestión de los plazos para cumplir con los diferentes requisitos
para la actualización del registro en el Régimen Tributario Simple.
Por el contrario, declarar que la ampliación del plazo
dispuesta en el artículo 4 del DL 438 de 2020 solo es aplicable al plazo para
la actualización en el registro WEB, pero que el plazo para la entrega de la
memoria económica no fue modificado por el Decreto, implicaría de suyo que las
entidades sin ánimo de lucro que, confiando en la literalidad de la norma no
presentaron la memoria económica antes del 31 de marzo, podrían perder los
beneficios de pertenecer al Régimen Especial Tributario.
En
ese sentido, esta Corporación considera
que el artículo 4 del DL 438 de 2020 satisface el requisito de subsidiariedad  o necesidad jurídica, por cuanto el nexo material entre
las medidas legales y reglamentarias a las que alude el Decreto, explica la
razonabilidad de que en un mismo decreto legislativo se haya hecho una
regulación integral a fin de garantizar la efectividad y claridad a los
destinatarios, especialmente porque se trata del uso de una facultad
excepcional que pretende atender una emergencia nacional.
5.3.9.  El juicio de proporcionalidad
En cuanto a las medidas dispuestas en el DL 438 de
2020, de antemano se debe concluir que, como se ha visto a lo largo del
presente juicio de constitucionalidad, no restringen derechos de los ciudadanos
y constituyen respuestas equilibradas frente a la gravedad de la pandemia
causada por el virus COVID-19.
La exención del IVA a los productos descritos en el
artículo 1° se justifica con suficiencia y resulta proporcionada bajo el
entendido de que la disminución en el recaudo tributario que se genera con
dicha medida esta plenamente superada con el objetivo perseguido de abaratar
insumos indispensables para la atención de la salud de las personas afectadas
con la pandemia, a fin de que los establecimientos hospitalarios que deben
atenderles puedan abastecerse.
En cuanto a las condiciones establecidas en los
parágrafos 1 a 3 del artículo 1° del DL 438 de 2020, al igual que con las
condiciones prescritas en el artículo 2 y las sanciones por el incumplimiento
de dichas condiciones y requisitos, la Corte considera que permiten preservar
la sostenibilidad fiscal dentro de una situación de crisis, pues formalizan el
seguimiento fiscal sobre los bienes exentos, facilitando contabilizar el no
recaudo y vigilar y monitorear el adecuado funcionamiento de la medida
tributaria, sin que en ellas se detecte medidas que restrinjan derechos o
impongan requisitos desproporcionados.
Los requisitos de incorporar en el documento una leyenda que
indique: "Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020" y  rendir un
informe mensual a la DIAN sobre las ventas y sobre los bienes importados y
amparados con la exención del impuesto sobre las ventas -IVA, son reglas indispensables
para el control de la medida, que no imponen cargas desproporcionadas sino que
se acompasan con las obligaciones ordinarias a cargo de vendedores e
importadores que son responsables del impuesto sobre las ventas -IVA. Se trata de requisitos similares a aquellos que fueron
establecidos en el artículo 4 del DL 731 de 2017, respecto del cual esta
Corporación concluyó que no vulneraban lo dispuesto por el Constituyente, sino
que se trataba de controles razonables y proporcionales al fin perseguido.[94]
Finalmente, en lo atinente la ampliación
del plazo para la realización de las obligaciones tributarias relativas a la
actualización de información y realización de la reunión del órgano de
dirección de las entidades del regimen tributario especial, nada de lo allí
dispuesto afecta derechos o principios constitucionales, que requieran ser
balanceados. En cambio, la medida está plenamente justificada por la necesidad
de evitar los efectos nocivos de la crisis en el trato tributario a las
entidades sin ánimo de lucro que adelantan funciones y prestan servicios, considerados
como meritorios, a la comunidad en general.[95]
Por todo ello, la Corte Constitucional concluye que
las medidas adoptadas en el DL 438 de 2020 se ajustan a las exigencias
constitucionales del juicio de proporcionalidad.
5.3.10.
El juicio de no
discriminación
En primer lugar, la Corte Constitucional constata que
las medidas adoptadas en el DL 438 de 2020 no entrañan ningún tipo de
discriminación fundada en razones de sexo, raza, lengua, religión, origen
nacional o familiar, opinión política o filosófica o de otras categorías
sospechosas.
Adicionalmente, se verifica que el Decreto legislativo
en cita no impone tratos diferenciados injustificados por las siguientes
razones:
En lo que atañe a la medida de exención del IVA, el
listado de productos beneficiados está plenamente justificado, pues el Gobierno
nacional enlistó en el artículo 1 del Decreto 438 de 2020, los
dispositivos médicos “que se consideran esenciales para el manejo de
pacientes con sospecha y confirmación diagnostica de coronavirus COVID-19 que
requieren atención en urgencias, hospitalaria, ambulatoria y aquellos que son
de uso frecuente en pacientes que adicionalmente requieren atención en unidades
de cuidados intensivos o unidades de cuidado intermedio.”
El Ministerio de Salud le explicó detalladamente a
esta Corporación la funcionalidad en salud y el uso específico en pacientes con
COVID-19, de cada uno de los bienes incluidos en el listado del artículo 1º y
el anexo del DL 438 de 2020. Por lo tanto, esta Corte concluye que los
criterios utilizados para la selección de dicho listado no provienen de una
decisión caprichosa, arbitraria o injustificada, sino que están ligados a las
necesidades concretas de los establecimientos clínicos y hospitalarios para
afrontar los efectos de la crisis creados por la pandemia del COVID-19, y por
lo tanto, su selección está perfectamente justificada.
Respecto de los parágrafos del artículo 1° y de los
artículos 2 y 3 del decreto que establecen las condiciones, requisitos y
sanciones por incumplimiento de los requisitos para hacer efectiva la medida de
exención tributaria, la Corte encuentra que en ellos no se establece ningún
tipo de medida que genere diferenciaciones.
La exención aplica en todo el territorio nacional en
consonancia con el alcance del EEESE declarado por el DL 417 de 2020. Del mismo
modo, se dirige a todos los responsables del impuesto IVA sin ninguna
diferenciación entre personas naturales o jurídicas. Por otra parte, a partir
de la Ley 2010 de 2019, la diferencia entre pertenecientes al régimen común y
al régimen simplificado desaparece, por lo que la referencia a responsables del
IVA, se entiende, a la luz del parágrafo 3 del artículo 437 del ET[96],
como: “quienes realicen actividades gravadas con el impuesto”, con
excepción de los comerciantes, prestadores de servicios, agricultores y ganaderos,
que realizan su actividad en pequeña escala y perciben ingresos por dichas
actividades que no alcanzan los 3.500 UVT.
Bajo ese contexto, no existe diferenciación
injustificada respecto de los sujetos a quienes afecta la exención tributaria, pues
se trata de todos los responsables del impuesto exento y son, a su vez, quienes
deben cumplir con los requisitos y condiciones para su implementación a riesgo
de que se les imponga las sanciones del artículo 3.
En cuanto a la medida dispuesta en el artículo 4, ella
tiene como beneficiarios a “los contribuyentes pertenecientes al régimen
tributario especial”. Esta es una categoría tributaria que no se fundamenta
en criterios discriminatorios, sino que establece un régimen especial para el
impuesto a la renta, según el artículo 19 del ET, a las asociaciones, fundaciones y corporaciones
constituidas como entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto social sea de
interés general en una o varias de las actividades meritorias,[97] a las cuales debe
tener acceso la comunidad.
La Corte Constitucional constante que las medidas
dispuestas en el DL 438 de 2020 no contemplan ningún tipo de diferenciación
injustificada y mucho menos discriminación basada en criterios prohibidos.
6.  CONCLUSION:
Una vez examinado el articulado que integra el DL 438
de 2020, tanto desde la perspectiva formal, como a la luz de todos los
criterios de análisis material que la jurisprudencia de esta Corporación ha
desarrollado para el estudio de los Decretos Legislativos que se expiden en el
marco de un Estado de Emergencia Económico Social y Ecológico, la Corte
Constitucional pudo constatar que las medidas dispuestas en el referido decreto
y los fines que ellas persiguen, además de cumplir con cada uno de los
requisitos formales para adecuarse a las competencias extraordinarias en cuya
virtud se dictan, tienen plena conexidad con la declaratoria de emergencia y,
en particular, están justificadas por la necesidad fáctica y jurídica de
controlar y minimizar los efectos nocivos de la crisis generada por la pandemia
del COVID-19 con normas de jerarquía legal.
Bajo ese entendido, advierte la Corte que se trata de
medidas que no restringen ni suspenden derechos o principios constitucionales,
sino que, por el contrario, están destinadas a garantizar la protección de los
derechos a la vida, la salud y la integridad de los ciudadanos, al tiempo que
hacen posible el cumplimiento de obligaciones tributarias a las entidades del
Régimen Tributario Especial. Además, es claro que su redacción evita cualquier tipo
de diferenciación injustificada en el trato derechos constitucionales sino que,
por el contrario, su finalidad se concreta en la protección de los mismos,
resultando en consecuencia, proporcionales en el marco del estado de emergencia
ocasionado por el COVID-19
Así las cosas, la Sala Plena de la
Corte Constitucional procederá a declarar la exequibilidad del DL 438 de 2020.
VI. DECISIÓN
La Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
UNICO.- Declarar EXEQUIBLE el
Decreto legislativo 438 del 19 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan
medidas tributarias transitorias dentro del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el
expediente.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En el Auto del 31 de marzo del
2020 se ordenó: “Quinto. A través de la Secretaría
General, INVITAR, a través de comunicación enviada por medios electrónicos, a
la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ACEMI,[1] Asociación Colombiana de Hospitales y
Clínicas,[1] ANDI,[1]
FENALCO,[1] a las Universidades del Rosario, ICESI,
Javeriana, Nacional, Sergio Arboleda y Andes, para que si lo consideran
pertinente envíen a la Secretaría de esta Corporación sus intervenciones
escritas por medio electrónico, durante el término de fijación en lista.”
[2]  Tabla presentada por el Ministerio de
Salud en respuesta a la pregunta realizada por la Corte Constitucional en el
trámite del expediente RE-234, sobre el DL 438 de 2020.
Bienes- Art. 1 Decreto 438 de
2020.
Funcionalidad en Salud.
Uso en pacientes con
coronavirus COVID- 19.
1. Nebulizador
Dispositivo médico
utilizado en administración de mezcla de medicamentos con
oxígeno, por vía aérea.
Nebulizar secreciones para
descomprimir la vía aérea que se afectan por el coronavirus
COVID-19.
2. Báscula pesa
bebés
Elemento para medir el peso
en gramos de un bebé de 0- 12 meses de edad.
Tomar el peso de bebés
que ingresan a urgencias, pediatría u otro servicio, para calcular
medicamentos, líquidos, que se le van a administrar, sea en el manejo
de coronavirus COVID-19 u otras patologías.
3. Monitor de signos vitales
Equipo que permite detectar,
procesar y desplegar en forma continua los parámetros
fisiológicos del paciente, tales como la Presión Arterial, la
frecuencia cardiaca, la pulso oximetría, entre otros, la cual consta
además de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna
situación adversa o fuera de los límites adecuados.
Control y seguimiento de los
signos vitales del paciente, para valorar su estado general, solicitar ayudas
diagnósticas, instaurar o ajustar el tratamiento. Hoy indispensable
para atender paciente con coronavirus COVID-19, o de otras.
4. Electrocardiógrafo
Equipo que capta, mide y
amplía la actividad eléctrica del corazón a través de
electrodos; su registro se denomina electrocardiograma y se define como el
registro continuo de impulsos eléctricos del corazón.
Diagnóstico, control y
seguimiento del paciente con signos y síntomas de afecciones
cardíacas. Vital para paciente con diagnostico de coronavirus COVID-19
mayor de 40 años, o que tengan enfermedades cardíacas de base.
5. Glucómetro
Equipo que mide la cantidad
de glucosa que hay en una gota de sangre. Permite saber si los niveles de
glucosa se encuentran dentro de los límites normales.
Diagnóstico, control y
seguimiento del paciente con signos y síntomas de hiperglicemia,
hipoglucemia. Vital para pacientes con coronavirus COVID-19 que tienen
diabetes de base.
6. Tensiómetro
Equipo que mide la
tensión del paciente, determina la presión arterial de forma
continua, latido a latido, basándose en el tiempo de tránsito del
pulso.
Equipo básico en
servicios de urgencias y hospitalización, para control de la
Presión Arterial de todos los pacientes y en casos de coronavirus
COVID-19, si no se cuenta con monitores de Signos Vitales.
7. Pulsoximetro
Equipo que mide no
invasivamente la concentración de oxígeno del cuerpo, llamado
saturación de oxígeno.
Dispositivo básico en
servicios de urgencia y hospitalización, para control de la
saturación de oxígeno, en pacientes con dificultad respiratoria o
que se le está administrando oxígeno. Vital para pacientes con
coronavirus COVID-19.
8. Aspirador de secreciones
Equipo para aspirar
secreciones orofaringeas (o por tubo endotraqueal). Permite la
eliminación de las secreciones bronquial es como uno de los objetivos
principales en el tratamiento de los
pacientes con enfermedades
respiratoria.
Aspiración de
secreciones de pacientes con problemas de conciencia (semi inconsciente,
inconsciente, sedado, o bajo efectos de anestesia), para despejar la
vía aérea. Indispensable para paciente con coronavirus COVID-19
que se encuentra en UCI o cuidados intermedios, intubado y con
ventilación mecánica.
9. Desfibrilador
Equipo automático que
descarga eléctrica controlada a través de palas o electrodos.
Restaura el ritmo cardíaco normal a un paciente que acaba de sufrir un
ataque cardíaco (o de muerte súbita o repentina).
Tratamiento de paciente con
paro cardiaco. Indispensable en todos los servicios del hospital. En Paciente
con coronavirus COVID- 19 en UCI, está en condiciones de presentar
arritmias o infarto por el distrés respiratorio (afección
pulmonar potencialmente mortal que impide la llegada de suficiente
oxígeno a los pulmones y a la sangre).
10. Incubadora
Equipo para mantener la
temperatura corporal en neonatos bajos de peso, prematuros o con afecciones
de su edad. Dispositivo que crea un ambiente con la humedad y temperatura
adecuados para el crecimiento o reproducción de seres vivos.
Cuidado intensivo de neonatos
con bajo de peso, prematuros o con afecciones respiratorias, les proporciona
temperatura y humedad, protegiéndolo de la contaminación,
mientras reciben oxígeno, tratamiento farmacológico y manejo de
ventilación mecánica.
11. Lámpara de calor radiante
Equipo que administra un  calor
constante lo cual mantiene una estabilidad térmica del paciente.
Equipo o básico en salas de
neonatos y partos, para mantener su temperatura corporal durante
procedimientos (asistencia en el nacimiento, toma de peso,
alimentación, baño).
12.Lámpara de
fototerapia
Equipo que proporciona luz
ultravioleta controlada, se utilizan en pacientes con ictericia. Esto es una
condición clínica presente en los recién nacidos que se
caracteriza por la coloración amarilla de la piel y ojos debida a la
alta concentración de bilirrubina en sangre.
Dispositivo básico en
salas de neonatos, para el tratamiento de la ictericia neonatal.
13. Bomba de infusión
Equipo para
administración de mezclas de fármacos por vía intravenosa o
por vía central.
Equipo para
administración de tratamientos (mezclas de fármacos por vía
intravenosa o por vía central) del coronavirus COVID-19.
14. Equipo de órganos
de los sentidos
Equipo Instrumento utilizado
para hacer diagnóstico, cosiste en un otoscopio y un oftalmoscopio.
Equipo para evaluar la
mayoría de los casos, los pacientes presentarán un síndrome
clínico similar a influenza y los sintomáticos síndromes
respiratorios agudos**, por lo que es necesario evaluar las vías
respiratorias superiores con el otoscopio y el oftalmoscopio, que son los
dispositivos que conforman el equipo de órganos de los sentidos.
15. Bala de Oxígeno
Cilindro de oxígeno,
bala de oxígeno o botella de oxígeno, que almacena oxígeno,
para ser suministrado a los pacientes con deficiencia respiratoria.
Aunque la mayoría de
las personas con coronavirus COVID-19 tienen una enfermedad leve o no
complicada (81%), algunas desarrollarán una enfermedad grave que
requiere oxigenoterapia (14%) y aproximadamente el 5% requerirá un
tratamiento de unidad de cuidados intensivos donde también se requiere
terapia con oxigeno como medicamento. El oxígeno para uso medicinal,
tiene "bala" como presentación comercial.
16. Fonendoscopio
Es utilizado para auscultar
el corazón, escuchar ruidos respiratorios o sonidos internos del
cuerpo.
Dispositivo médico
usado para la auscultación cardíaca y respiratoria, requerido en
la evaluación del estado de los pacientes que ingresan a servicios
ambulatoriosy urgencias,asícomo los que se encuentran en
internación. En la literatura se recomienda que los pacientes
sospechosos o confirmados de infección por coronavirus COVID-19, tengan
equipo médico exclusivo como el Fonendoscopio**
17. Ventilador
Equipo de respiración
artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función
respiratoria de una persona, que no puede o no se desea que lo haga por
sí misma, de forma que mejore la oxigenación e influya así
mismo en la mecánica pulmonar.
En pacientes con
infección por coronavirus COVID-19 puede presentarse insuficiencia
respiratoria hipoxémica grave, cuando el paciente con dificultad
respiratoria no responde a la terapia de oxígeno estándar,
momento en el cual se debe activar el proceso para brindar soporte avanzado
de oxígeno/ventilación *****
18. Equipo de rayos X
portátil
Permiten diagnosticar y
asignar el mejor tratamiento dependiendo de la enfermedad del paciente, a
través de la emisión de una radiografía como
exposición de una parte del cuerpo a una pequeña dosis de
radiación ionizante que produce imágenes de los huesos o del
interior del cuerpo.
Se recomienda en los
pacientes con sospecha clínica de neumonía por coronavirus COVID-
19 realizar una radiografía portátil de tórax.
19. Concentrador de
oxígeno
Proporciona terapia de
oxígeno a pacientes con enfermedades respiratorias, los cuales
administran oxigeno mas puro que el aire.
La mayoría de las
personas con coronavirus COVID-19 tienen una enfermedad leve o no complicada
(81%), algunas desarrollarán una enfermedad grave que requiere
oxigenoterapia (14%) y aproximadamente el 5% requerirá un tratamiento
de unidad de cuidados intensivos*" por lo que "la
implementación de terapias de apoyo oportunas, eficaces y seguras como
oxígeno" es la piedra angular de la terapia para los pacientes que
desarrollan manifestaciones graves de coronavirus COVID-19***
20. Monitor de transporte
Detecta y procesa en forma
continua los parámetros fisiológicos del paciente; consta de un
sistema de alerta cuando existe alguna situación adversa fuera de los
limites deseados.
Control y seguimiento de los
signos vitales del paciente, durante el traslado intra o interhospitalario.
Hoy indispensable para atender traslados de paciente con coronavirus
COVID-19.
21. Flujómetro
Medidores de caudal o
medidores de flujo que se utilizan para medir el caudal, la velocidad o la
fuerza de los líquidos que se encuentran en movimiento, con base en la
graduación y aplicación de estos.
Permite el control de flujo
de gases medicinales suministrados a los pacientes, como oxígeno, aire
medicinal entre otros que garantiza la implementación de terapias de
apoyo oportunas para la atención del coronavirus COVID-19.
22. Cámara
cefálica
Se utiliza para pacientes que
necesiten más ayuda de lo que pueden obtener de una campana de
oxígeno o una cánula nasal, pero que no necesitan de una
máquina que respire por ellos.
Dispositivo utilizado en
oxigenoterapia de flujo bajo****, que permite la concentración de
oxígeno en altos porcentajes, para facilitar los tratamientos. La
oxigenoterapia es una recomendación con alta evidencia para el
tratamiento de coronavirus COVID19.
23. Cama hospitalaria
Instrumento donde el paciente
va a descansar durante su estancia hospitalaria y donde puede pasar,
según su enfermedad, la mayor parte de las horas del día previa a
su recuperación.
Dispositivo requerido en la
atención en los pacientes en internación, que permite su
permanencia controlada en las instituciones hospitalarias. En los casos de
las unidades de cuidados intensivos, facilita tratamiento y procedimientos
requeridos en diferentes patologías incluyendo el coronavirus COVID-
19.
24. Cama hospitalaria pediátrica
Permite la adecuada
hospitalización de pacientes en edades que van desde varios meses hasta
7 años.
Dispositivo requerido en la
atención en los pacientes pediátricos en internación, que
permite su permanencia controlada en las instituciones hospitalarias. En los
casos de las unidades de cuidados intensivos, facilita tratamiento y
procedimientos requeridos en diferentes patologías incluyendo el
coronavirus COVID-19.
[3] Al respecto señala: “(…) esto es, servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. La ausencia
de lucro, elemento característico de estas entidades, está relacionado con que
no haya una distribución o reparto de utilidades a sus miembros, de manera que
estos sean reinvertidos en el objeto social para el cual han sido creadas.”
[4] Al respecto cital la Sentencia de la Corte
Constitucional C-466 de 2017.
[5] El inteviniente señala: “los efectos
económicos negativos generados por el nuevo Corona virus Covid-19 a los
habitantes del territorio nacional requieren de la atención mediante la
adopción de medidas extraordinarias encaminadas a atender las obligaciones de
diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, con el fin de
proteger el sector salud, promover la industria y el comercio del país y
permitan absorber las pérdidas económicas y fuerza laboral afectada por esta
pandemia”.
[6] Concluye su escrito, señalando: “dada la
situación calamitosa desatada por esta inesperada pandemia, se hace necesario
facilitar la adquisición de los elementos hospitalarios reseñados en el decreto
en mención a través de mejorar sus costos con la exención transitoria del IVA”.
[7] Los intervinientes señalan al respecto:
“I. El decreto está firmado tanto por el presidente de la República como de sus
18 ministros5; II. De acuerdo art. 1 del Decreto 417 de 2020, el estado de
emergencia es de 30 días calendario, contados desde el martes 17 de marzo del
2020 hasta el jueves 16 de abril del 2020. El Decreto 438 de 2020 fue
promulgado el 19 de marzo de 2020, esto quiere decir que fue dentro del estado
de emergencia; III. El decreto está motivado en: a. Decreto 417 de 2020 que declaró
el estado de emergencia, b. Presupuestos fácticos de salud pública y c.
Presupuestos económicos; IV. El Decreto 438 de 2020 fue promulgado en el diario
oficial N.º 51262 del 19 de marzo de 2020 y, V. el Decreto si fue enviado de la
Presidencia de la República a la Corte Constitucional el 24 de marzo del 2020,
exactamente cinco días después de adoptada la medida”.
[8] Al respecto sostienen: “El control
material de la Corte Constitucional de los Decretos legislativos de desarrollo,
implica hacer múltiples juicios. Las anteriores condiciones se podrían agrupar
en dos partes. La primera, que estudia el juicio de conexidad material, juicio
de ausencia de arbitrariedad, juicio de intangibilidad, juicio de no
contradicción específica y; la segunda, analiza la necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la medida”.
[9] Los intervinientes señalan que el Decreto
tiene plena conexidad con la situación que pretende atender, en el entendido
que “los efectos económicos negativos a los habitantes del territorio nacional
requieren de la atención a través de medidas extraordinarias referidas a
aliviar las obligaciones de diferente naturaleza como tributarias, financieras,
entre otras, que puedan verse afectadas en su cumplimiento de manera directa
por efectos de la crisis”.
[10] Al respecto sostienen: “La exención
del IVA para estos bienes de que trata el art. 1 del D. 438 de 2020 es una
medida sustancial, la cual encaja en la modificación de tributos
existentes. De tal forma, que se encuentra dentro de la facultad otorgada al
Gobierno Nacional, sin vulnerar esta ley. // Por otro lado, la ampliación
de la actualización del Régimen Tributario Especial y la
realización de la reunión de la asamblea de que trata el art. 360-3
del ETN, señaladas en el art. 4 del D. 438 de 2020, es una medida formal
que, si bien no es una modificación sustancial del tributo, si modifica
el cumplimiento de la obligación formal de actualizar su régimen,
registro en la página web, entrega de la memoria económica, y
además la realización de la reunión de la Asamblea del art.
360-3 del ETN. Facultado al Gobierno Nacional para adoptarla, pues el art. 47
de la Ley 137 de 1994 no hace distinción en la modificación
sustancial o formal, entendiéndose como una facultad general, y que por
el contrario si busca flexibilizar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de los contribuyentes, siendo un foco de las medidas a adoptar en
el marco de la expedición del D. 417 de 2020 y que este mismo lo facultad
para ello.”
[11] Al respecto indica: “Estas son medidas que
impacta directamente sobre obligaciones formales, pero resultan necesarias y
proporcionales, en vista de la imposibilidad que han tenido los contribuyentes
para el ejercicio de sus actividades normales, lo cual obstaculiza entre muchas
de sus actividades, la del cumplimiento de las obligaciones tributarias.”
[12] Sostiene al respecto: “Fue expedido el 19
de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial No. 51262 del 20 de marzo de
2020, esto es, dentro de los 30 días calendario siguientes al de la declaración
del estado de excepción; declaración que fue el 17 de marzo de 2020, mediante
el Decreto 417. 2. Cuenta con la firma del presidente de la República y de
todos los ministros. 3. Tiene motivación expresa”.
[13] Al respecto indica: “Las medidas del
Decreto 438 de 2020 buscan, precisamente, dar alivios tributarios para reducir
el valor de los bienes e insumos indispensables para la prestación del
servicio de salud a los pacientes que padezcan de la enfermedad Covid-19 y para
la atención preventiva de la población colombiana. // Asimismo,
propende por evitar aglomeraciones y, por ende, el contagio del virus, pues
permite que las reuniones del órgano de dirección de los
contribuyentes del régimen tributario especial puedan celebrarse hasta
antes del 30 de junio de 2020. // De esta manera, el Decreto 438 de 2020 se
compadece con lo expuesto por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, en cuanto
se corresponde con la siguiente motivación expuesta para declarar el estado
de emergencia económica, social y ecológica, que dice: “el Gobierno
nacional considera necesario analizar todas las medidas tributarias necesarias
para afrontar la crisis y en particular la de otorgar beneficios tributarios,
con el fin de promover las industria y comercio del país que generen
fuentes de empleo que permitan absorber fuerza laboral afectada por esta
pandemia”.
[14] El Procurador General solicita que se
condicione la exequiblidad del artículo 4 del DL 438 de 2020 “en el entendido
que dicha norma hace alusión a la ampliación del plazo para actualizar el
registro web que deben hacer las entidades sin ánimo de lucro calificadas en el
régimen tributario especial, para efectos del control por parte del público.”
[15] Al respecto señala “En efecto, las
básculas para pesar bebés, los electrocardiógrafos, glucómetros, tensiómetros,
pulsoxímetros, equipo de órganos de los sentidos, fonendoscopios, y equipos de
rayos x portátiles sirven para el diagnóstico de pacientes con altas
probabilidades de tener cuadros críticos o severos de coronavirus (bebes,
hipertensos, diabéticos, etc.), así como para el diagnóstico (v.gr. rayos x
pulmonares, nasofaringe comprometida, signos vitales descompensados, falta
severa de oxigenación sanguínea, etc.).
Por su parte, los nebulizadores,
aspiradores de secreciones, desfibriladores, incubadoras, lámparas de calor
radiante y de fototerapia, bombas de infusión, balas de oxígeno, flujómetros de
oxígeno, cámaras cefálicas, ventiladores, y concentradores de oxígeno son
equipos de tratamientos para dichos pacientes críticos o severos. Igualmente,
los monitores de signos vitales, fijos y de transporte o portátiles, son
fundamentales para el seguimiento e intervenciones que se requieran para estos
pacientes. Por último, se requiere un incremento urgente de camas hospitalarias
en el país para atender el exceso de demanda de tratamientos para pacientes
críticos y severos.
Así las cosas, la medida tributaria analizada busca la
dotación urgente de los equipos en el menor tiempo posible en un contexto de
alta demanda de estos insumos.
[16] Al respecto indica que sobre el punto el
Decreto 417 estableció: “Que los efectos económicos negativos generados por el
nuevo coronavirus Covid-19 a los habitantes del territorio nacional requieren
de la atención mediante la adopción de medidas extraordinarias encaminadas a
atender las obligaciones de diferente naturaleza, como tributarias,
financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la
industria y el comercio del país y permitan absorber las pérdidas económicas y
fuerza laboral afectada por esta pandemia (subrayado y negrillas fuera de
texto).
[17] En su intervencón en el presente asunto,
el jefe del Ministerio Público señala: “lo regulado en el primer inciso del
artículo 4 del Decreto 438 de 2020 se refiere a la actualización anual en el
registro web que deben realizar las entidades sin ánimo de lucro –ESAL–
calificadas en el régimen tributario especial para efectos del control por
parte del público (actualización de la información de la plataforma de
transparencia), de conformidad con el artículo 364-5 del E.T. – modificado por
el artículo 162 de la Ley 1819 de 2016–. En efecto, esta disposición establece
que la actualización se debe hacer dentro de los 3 primeros meses del año, como
uno de los requisitos para la actualización en el registro único tributario
–RUT– de su condición o calificación de contribuyentes del régimen tributario
especial para ESAL. // Así las cosas, la actualización en el registro único
tributario –RUT– en el marco del régimen tributario especial para las ESAL,
debe realizarse en las fechas que mediante reglamentación establezca el
Gobierno Nacional, bien sea fijando el calendario para la presentación de la
declaración de renta por parte de dichos contribuyentes cuando hayan obtenido
ingresos de hasta 160.000 UVT, o estableciendo el plazo para presentar la
memoria económica de su gestión en el año inmediatamente anterior al de la
actualización en el RUT, de conformidad con lo establecido en el artículo 356-3
del E.T. -modificado por el artículo 149 de la Ley 1819 de 2016. // Pues bien,
como se dijo, el artículo 4 del Decreto ley 438 de 2020 establece que la
actualización en el registro único tributario –RUT– de las ESAL como
contribuyentes del régimen tributario especial, se puede hacer “de acuerdo con
lo establecido en el artículo 364-5 del E.T.”, y a más tardar el 30 de junio de
2020. Esto significa que el legislador de excepción confundió la regulación
establecida en el artículo 356-3 del E.T., sobre actualización en el registro
único tributario –RUT– con la regulación establecida en el artículo 364-5 del
E.T., sobre actualización anual en el registro web que deben realizar las
entidades sin ánimo de lucro -ESAL-.”
[18] Este capitulo se basa en un texto construido de forma
conjunta con la participación de funcionarios de la mayor parte de los
despachos de la Corte Constitucional en el mes de marzo de 2020.
[19] Este capítulo se ha apoyado en
las consideraciones contenidas entre otras, en las sentencias de la Corte Constitucional, C-136 de 2009 (M.P.
Jaime Araújo Rentería), C-145 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), C-224 de
2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), C-225 de 2009 (M.P. Clara  Elena Reales
Gutiérrez),  C-226
de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-911 de 2010 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-223 de 2011
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),  C-241 de
2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-671
de 2015 (M.P. Alberto Rojas Ríos), C-701 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez), C-465 de 2017 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger), C-466 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido) y C-467 de 2017 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado). Varios de los párrafos
corresponden a transcripciones literales de algunas de dichas sentencias.
[20] Corte Constitucional, Sentencia C-466 de
2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), citando a su vez la sentencia C-216 de 2011
(M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[21] Ibidem.
[22] El carácter reglado, excepcional y
limitado se refleja en varios requerimientos: (i) la Constitución prevé
específicas causales para decretar los estados de excepción; (ii) la regulación
de los estados de conmoción interior y de emergencia económica, social y
ecológica, se funda en el principio de temporalidad (precisos términos para su
duración); y (iii) la Constitución dispone limitaciones materiales estrictas
para los estados de excepción, tales como que (a) los civiles no sean juzgados
por autoridades militares (art. 213 de la CP), (b) los derechos humanos no
puedan ser limitados (art. 93 de la CP) y (c) el derecho internacional
humanitario debe ser respetado (art. 214 de la CP).
[23] El control judicial está a cargo de la
Corte Constitucional respecto de los decretos legislativos, según lo dispone el
numeral 7 del artículo 241 de la Carta Política, y del Consejo de Estado, tal
como lo dispone el numeral 8 del artículo 111 de la Ley 1437 de 2011, al
prescribir que le corresponde a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado “[e]jercer el control inmediato de legalidad de los
actos de carácter general dictados por autoridades nacionales con fundamento y
durante los estados de excepción”.
[24] Corte Constitucional, Sentencia C-216 de
2099 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[25] La Corte ha aclarado que el estado de
excepción previsto en el artículo 215 puede tener diferentes modalidades,
dependiendo de los hechos que motiven su declaratoria. Así, se procederá a
declarar la emergencia económica, cuando los hechos que dan lugar a la
declaración se encuentren relacionados con la perturbación del orden económico;
social, cuando la crisis que origina la declaración se encuentre relacionada
con el orden social; y ecológica, cuando sus efectos se proyecten en este
último ámbito. En consecuencia, también se podrán combinar las modalidades
anteriores cuando la crisis que motiva la declaratoria amenace con perturbar
estos tres órdenes de forma simultánea, quedando, a juicio del Presidente de la
República, efectuar la correspondiente valoración y plasmarla así en la
declaración del estado de excepción.
[26] Decreto 333 de 1992.
[27] Decreto 680 de 1992.
[28] Decreto 1178 de 1994, Decreto 195 de 1999,
Decreto 4580 de 2010 y Decreto 601 de 2017.
[29] Decreto 80 de 1997.
[30] Decreto 2330 de 1998.
[31] Decreto 4333 de 2008 y 4704 de 2008.
[32] Decreto 4975 de 2009.
[33]  Decreto 2963 de 2010 y Decreto 1170 de
2011
[34]  Este capítulo  se ha apoyado en las
consideraciones contenidas entre otras, en las sentencias de la Corte Constitucional, C-465 de 2017 (M.P.
Cristina Pardo Schlesinger), C-466 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido) y C-467
de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortíz). Varios de los
párrafos corresponden a transcripciones literales de dichas sentencias.
[35] La Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre este juicio en las sentencias C-467 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortíz),
C-466 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), C-465 de 2017 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger), C-437 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo) y C-434 de 2017
(M.P. Diana Fajardo Rivera), entre otras.
[36] Ley 137 de 1994. Art. 10. “Finalidad.
Cada una de las medidas adoptadas en los decretos legislativos deberá estar
directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y
a impedir la extensión de sus efectos.”
[37] Corte Constitucional, Sentencia C-724 de
2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas). “Las medidas adoptadas por el Gobierno al
amparo de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica (i) deben
estar destinadas exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión
de sus efectos; y (ii) deberán referirse a asuntos que tengan relación directa
y específica con el estado de emergencia”. Sentencia C-700 de 2015, (M.P.
Gloria Stella Ortiz). El juicio de finalidad “(...) es una exigencia
constitucional de que todas las medidas adoptadas estén dirigidas a solucionar
los problemas que dieron origen a la declaratoria de los estados de excepción.
En otras palabras, es necesario que el articulado cumpla con una finalidad
específica y cierta”.
[38] La Corte Constitucional se ha pronunciado
sobre este juicio en las sentencias C-517 de 2017 (M.P. Iván Escrucería
Mayolo), C-467 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortíz), C-466 de 2017 M.P. Carlos
Bernal Pulido, C-437 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo) y C-409 de
2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), entre otras.
[39] Constitución Política. Art. 215. “Estos
decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica
con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos
tributos o modificar los existentes”.
[40] Ley 137 de 1994. Art. 47. “Facultades.
En virtud de la declaración del Estado de Emergencia, el Gobierno podrá dictar
decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a
impedir la extensión de sus efectos. Los decretos deberán referirse a materias
que tengan relación directa y específica con dicho Estado”.
[41] Corte Constitucional, Sentencia C-409 de
2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo). “La conexidad interna refiere a que
las medidas adoptadas estén intrínsecamente vinculadas con las consideraciones
expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el decreto de desarrollo
correspondiente”. En este sentido, ver, también, la sentencia C-434 de 2017
(M.P. Diana Fajardo Rivera).
[42] Corte Constitucional, Sentencia  C-724 de
2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas). “La conexidad en el control de
constitucionalidad de los Decretos legislativos dictados con base en la
declaratoria del estado de emergencia social, económica y ecológica, se dirige
entonces a verificar determinadas condiciones particulares, relacionadas con la
vinculación de los objetivos del Decreto con los motivos que dieron lugar a la
declaratoria de emergencia, y con los hechos que la ocasionaron”. En este
sentido, ver, también, la sentencia C-701 de 2015 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero).
[43] El juicio de motivación suficiente de las medidas ha sido
desarrollado por esta Corte en las sentencias C-467 de 2017 (M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado), C-466 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), C-434 de 2017 (M.P.
Diana Fajardo Rivera), C-409 de 2017 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), C-241
de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-227 de 2011 (M.P. Juan Carlos
Henao Pérez), C-224 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-223 de 2011
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[44] Corte Constitucional, Sentencia C-466 de
2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido). En la providencia se reiteran las
consideraciones de las sentencias C-722 de 2015 (M.P. Myriam Ávila Roldán) y
C-194 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[45] Al respecto, en la sentencia C-753 de 2015
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), la Corte Constitucional sostuvo que “en el
caso de que la medida adoptada no límite derecho alguno resulta menos exigente
aunque los considerandos deben expresar al menos un motivo que la justifique”.
[46] Ley 137 de 1994, "Por la cual se
regulan los Estados de Excepción en Colombia", artículo 8.
[47] Sobre el juicio de ausencia de arbitrariedad se pueden
consultar las sentencias C-467 de 2017 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado), C-466 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), C-434
de 2017 (M.P. Diana Fajardo Rivera), C-409 de 2017 (M.P. Alejandro Linares
Cantillo), C-241 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), C-227 de 2011
(M.P. Juan Carlos Henao Pérez) y C-224 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[48] Corte Constitucional, Sentencia C-466 de
2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), en la cual se reiteran las consideraciones de
las sentencias C-723 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-742 de 2015
(M.P. María Victoria Calle Correa).
[49] Artículo 7º de la Ley 137 de 1994.
“Vigencia del Estado de Derecho. En ningún caso se podrá afectar el núcleo
esencial de los derechos fundamentales. El Estado de Excepción es un régimen de
legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades so pretexto de su
declaración. Cuando un derecho o una libertad fundamentales puedan ser
restringidos o su ejercicio reglamentado mediante decretos legislativos de
Estados de Excepción, estos no podrán afectar el núcleo esencial de tales
derechos y libertades”.
[50] Corte Constitucional, Sentencia C-149 de
2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Reiterada, entre otras, en las
sentencias C-224 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), C-241 de 2011 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto) y C-467 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[51] El juicio de intangibilidad ha sido desarrollado por
este Tribunal en las Sentencias C-517 de 2017 (M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo), C-468 de 2017 (M.P. Alberto rojas Ríos), C-467 de 2017 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado), C-466 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), C-409 de 2017
(M.P. Alejandro Linares Cantillo), C-751 de 2015 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), C-723 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-700 de 2015 (M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
[52] Al respecto pueden consultarse, entre
otras, las sentencias C-467 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), C-466
de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), C-437 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo), C-434 de 2017 (M.P. Diana Fajardo Rivera), C-409 de 2017 (M.P.
Alejandro Linares Cantillo) y C-723 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[53] Esta Corporación se ha referido a este
juicio en las sentencias C-466 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), C-434 de
2017 (M.P. Diana Fajardo Rivera),  C-409 de 2017 (M.P. Alejandro Linares
Cantillo) y C-723 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[54]  Sobre el particular se han pronunciado,
entre otras, las sentencias C-517 de 2017 (M.P. Ivan Humberto Escruceria
Mayolo), C-467 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), C-466 de 2017 (M.P.
Carlos Bernal Pulido), C-465 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), C-437
de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo), C-409 de 2017 (M.P. Alejandro
Linares Cantillo) y C-723 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[55] Sobre el juicio de proporcionalidad es
posible consultar las sentencias: C-467 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado), C-466 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), C-227 de 2011 (M.P. Juan
Carlos Henao Pérez), C-225 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-911
de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-224 de 2009 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), C-145 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y C-136 de 2009 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
[56] Al respecto, se pueden consultar, entre
otras, las sentencias C-467 de 2017 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado),  C-466
de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido), C-701 de 2015 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez), C-672 de 2015 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), C-671 de
2015 (M.P. Alberto Rojas Ríos), C-227 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez),
C-224 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-136 de 2009 (M.P. Jaime
Araújo Rentería).
[57] “Artículo 14. No discriminación. Las
medidas adoptadas con ocasión de los Estados de Excepción, no pueden entrañar
discriminación alguna, fundada en razones de raza, lengua, religión, origen
nacional o familiar, opinión política o filosófica (…)”.
[58] Sobre el particular, cabe resaltar que
dicho listado de categorías sospechosas no es taxativo, pues de conformidad con
el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “la
ley prohibirá toda discriminación”.
[59] En este sentido, en la Sentencia C-156 de
2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), esta Sala explicó que el juicio de no
discriminación pretende hacer efectivo “el principio de igualdad ante la ley
del artículo 13 de la Constitución Política, en el sentido de establecer que
todas las personas recibirán el mismo trato y no se harán distinciones basadas
en criterios de raza, lengua, religión, origen familiar, creencias políticas o
filosóficas”.
[60] Corte Constitucional, Sentencia C-723 de 2015 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva).
[61] Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 1994 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz).
[62] Ibídem.
[63] Sobre las exenciones
tributarias, esta Corte en la Sentencia C-136 de
1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindez) sostuvo: “así como el legislador
ordinario es el titular de la potestad para establecer tributos, lo que implica
que también goza de atribuciones para contemplar exenciones, el
extraordinario puede, en estado de emergencia económica, dentro de los límites
que consagra el artículo 215 de la Constitución, obrar en ambos sentidos”
[64] Al respecto, en la Sentencia C-911 de 2010 esta Corte manifestó
que: “(…) dado que las decisiones que el Presidente puede adoptar en
tiempos de alteración del orden social o económico son aquellas destinadas
exclusivamente a conjurar la crisis, es previsible que las medidas tributarias
de exención se dirijan a los individuos que han resultado afectados por los
hechos que motivaron la declaración del estado de excepción o a aquellos que
podrían contribuir a levantarlo.
[65] Al respecto, en la sentencia C-327 de 1999
(M.P. Carlos Gaviria Díaz) esta Corte examinó el Decreto legislativo 258 del 11
de febrero de 1999, mediante el cual el Gobierno adoptó medidas fiscales para
hacer frente a la crisis causada por el terremoto que afectó el eje cafetero.
Entre medidas acogidas por el decreto se cuenta la exención del impuesto a la renta y complementarios en la
parte correspondiente a utilidades obtenidas, para quienes desarrollen ciertas
actividades en los municipios afectados por el terremoto.
El artículo 6º del DL 258 de 1999
establecía que las personas jurídicas que desde la fecha de vigencia del
decreto y a más tardar el 30 de junio del 2000, se constituyeran y localizaran
físicamente en la jurisdicción de los municipios afectados por el terremoto,
cuyo objeto social exclusivo fuera desarrollar en la zona afectada cualquiera
de las siguientes actividades: agrícolas, ganaderas, industriales, de
construcción, de exportación de bienes corporales muebles producidos en la zona
afectada, mineras que no se relacionen con la exploración o explotación de
hidrocarburos, de servicios públicos domiciliarios y actividades
complementarias, de servicios turísticos, educativos, de procesamiento de
datos, de programas de desarrollo tecnológico aprobado por Colciencias o de
atención a la salud, estarían exentas del impuesto de renta y
complementarios por los períodos gravables de 1999 y 2000, en la parte de las
utilidades obtenidas por el desarrollo de las actividades mencionadas en dichos
municipios.
La Corte encontró que la disposición resultaba
ajustada a los parámetros constituiconales en cuanto la exención del impuesto de renta y complementarios,
contribuía a acrecentar los beneficios tributarios instituidos por el
legislador extraordinario para contrarrestar la crisis producida en el eje
cafetero e impedir la extensión de sus efectos.
Sin embargo, la Corporación explicó que el
hecho de que los beneficios concedidos en esta norma tuvieren
como beneficiarias a las personas jurídicas, excluyendo de la exención,
sin ninguna justificación razonable, a las personas naturales que adelataran
las mismas actividades y bajo iguales condiciones consideradas como requisitos
en la norma, resultaba violatorio del artículo 13 de la Carta.  Por esta razón, el artículo 6º del Decreto
258 de 1999 fue declarado exequible bajo el entendido que los beneficios
otorgados a las personas jurídicas “… también se aplican a las personas naturales que
cumplan los mismos requisitos allí exigidos para las personas jurídicas y
ejerzan las mismas actividades.”
[66] Corte Constitucional, Sentencia C-884 de 2010 (M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[67] ARTÍCULO PRIMERO. Por un
término de ciento veinte (120) días contados a partir de la promulgación del
presente Decreto, los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto sobre
las ventas y, por consiguiente, su venta dentro de los municipios a que se
refiere el Artículo 1 del Decreto 2693 de 2010, no causa este gravamen: a)
Alimentos // b)   Calzado // c)    Confecciones // d)   Materiales de
Construcción // e)    Electrodomésticos.
[68] Corte
Constitucional, Sentencia
C-911 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[69] Corte Constitucional,
Sentencia C-912 de
2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[70] Corte Constitucional,
Sentencia C-701 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) por la cual se
declaró la exequibilidad  del Decreto legislativo 1818 del 15 de septiembre de
2015, “Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias para estimular
la actividad económica y conjurar la crisis económica, humanitaria y social en
los municipios señalados en el artículo 1º del Decreto 1770 del 7 de septiembre
de 2015”. // Artículo 1°. Exención transitoria de IVA. Hasta el 31 de diciembre
de 2015, estarán exentos de IVA sin derecho a la devolución y/o compensación,
los siguientes bienes, cuya venta se realice en los municipios señalados en el
artículo 1° del Decreto 1770 de 2015:a) Alimentos; // b) Calzado;  c) Prendas
de vestir; d) Materiales de construcción; e) Electrodomésticos y
gasodomésticos, incluidos los cilindros para gas necesarios para el
funcionamiento de estos últimos. // Parágrafo 1°. Los saldos a favor generados
en las respectivas declaraciones tributarias podrán ser imputados en las
declaraciones de los períodos siguientes, pero en ningún caso podrán ser objeto
de devolución y/o compensación. // Parágrafo 2°. Los bienes que a la fecha de
expedición de este decreto tengan la condición de exentos o excluidos del
impuesto sobre las ventas continuarán con el tratamiento correspondiente a
dicha calificación prevista en el Estatuto Tributario. // Parágrafo 3°. El
tratamiento previsto en este artículo se aplicará a las ventas realizadas desde
el resto del territorio nacional a los responsables del régimen común del
impuesto sobre las ventas, inscritos en el Registro Único Tributario - RUT que
se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de comercio en los
municipios señalados en el artículo 10 del Decreto 1770 de 2015. Así mismo, a
las ventas realizadas en los municipios señalados en el artículo 10 del Decreto
1770 de 2015 por responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas
inscritos en el Registro Único Tributario (RUT), que a la fecha de entrada en
vigencia del presente decreto, se encuentren domiciliados o tengan
establecimiento de comercio. // Se declaró la exequibilidad del decreto con las
siguientes condiciones: // “SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del
parágrafo 3º del artículo 1º del Decreto legislativo 1818 del 15 de septiembre
de 2015, bajo el entendido que la exención transitoria de IVA se aplicará a las
ventas realizadas desde el resto del territorio nacional a los responsables
tanto del régimen común como del régimen simplificado del impuesto sobre las
ventas, que se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de comercio en
cualquiera de los municipios señalados en el artículo 1º del Decreto 1770 de
2015.   // TERCERO.- Declarar EXEQUIBLE el literal a) del artículo 4º del
Decreto legislativo 1818 del 15 de septiembre de 2015, bajo el entendido que se
debe acreditar que la venta realizada desde el resto del territorio nacional se
efectuó a un responsable del régimen común o del régimen simplificado del
impuesto sobre las ventas, que se encuentre domiciliado o tenga establecimiento
de comercio en cualquiera de los municipios señalados en el artículo 1º del
Decreto Legislativo 1770 de 2015.”
[71] Sentencia C-701
de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez) por la cual se declaró la
exequibilidad  del Decreto legislativo 1818 del 15 de septiembre de 2015, “Por
el cual se adoptan medidas tributarias transitorias para estimular la actividad
económica y conjurar la crisis económica, humanitaria y social en los
municipios señalados en el artículo 1º del Decreto 1770 del 7 de septiembre de
2015”.
[72] Puntualmente sobre la proporcionalidad de la medida, señaló
la Corte que: “6.5.4. Si bien el IVA es una de las fuentes de ingresos del
Estado, cuyo recaudo puede destinarse para la inversión social y otras
necesidades insatisfechas de la población, en este caso en particular,
establecer una exención de tal impuesto sobre algunos bienes gravados
ordinariamente, justamente, pretende atender una situación extraordinaria de
afectación de los derechos de las personas que se ha visto afectadas por la
crisis fronteriza. En tal sentido, resulta proporcional una exención de este
tipo, por demás transitoria, para atender la crisis y proteger los derechos
afectados con ella.”
[73] Decreto legislativo 1818 de 2015. Artículo 1°. Exención transitoria de IVA.  (…)  Parágrafo
3°. El tratamiento previsto en este artículo se aplicará a las ventas
realizadas desde el resto del territorio nacional a los responsables del
régimen común del impuesto sobre las ventas, inscritos en el Registro Único
Tributario - RUT que se encuentren domiciliados o tengan establecimiento de
comercio en los municipios señalados en el artículo 10 del Decreto 1770 de
2015. Así mismo, a las ventas realizadas en los municipios señalados en el
artículo 10 del Decreto 1770 de 2015 por responsables del régimen común del
impuesto sobre las ventas inscritos en el Registro Único Tributario (RUT), que
a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, se encuentren
domiciliados o tengan establecimiento de comercio.
[74]  Al respecto sostuvo la Corte
en la Sentencia C-701 de 2015: “Mantener la exención del IVA solo para los
responsables del régimen común, impide que, frente a ciertos supuestos, se
cumpla la finalidad perseguida por la medida, cual es la de disminuir el precio
que debe pagar el consumidor final de los consabidos productos y, de ese modo,
estimular la demanda interna de los mismos contrarrestando el riesgo
inflacionario e incrementando el consumo. para la  consideró que las medidas de
exención tributaria del IVA, dado el alcance temporal, geográfico y material de
las medidas, se ajustaban a los requisitos exidgidos por la Constitución y por
la ley para este tipo de medidas. 6.2.14. No se escapa a la Corte que las
diferencias existentes entre el régimen común y el régimen simplificado,
particularmente desde el punto de vista de las obligaciones formales, pueden
tener incidencia sobre la operación y el control de la exención. Sin embargo,
en este caso, como ya se anotó, ni el Gobierno aportó elementos de juicio sobre
ello, ni se advierte que existan circunstancias que, en función de esas
diferencias, justifique un tratamiento distinto a las compras que lleven a cabo
los responsables del régimen simplificado cuando estas se realizan desde el
resto del territorio nacional hacía los municipios de frontera, teniendo en
cuenta que el objetivo de la norma es impulsar la reactivación económica en la
zona afectada, situación que involucra tanto a los comerciantes del régimen
común como a los del régimen simplificado.
[75] Decreto legislativo 1818 de 2015 “Por el cual se adoptan medidas tributarias
transitorias para estimular la actividad económica y conjurar la crisis
económica, humanitaria y social en los municipios señalados en el artículo 1o
del Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015.” Artículo 1º, Parágrafo 1º.
[76] Corte
Constitucional, Sentencia C-701 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[77] Se refiere a la tragedia producida en la ciudad de Mocoa por el desbordamiento
de los rios Mocoa, Mulato y Sancoyaco. “Las avenidas torrenciales son un tipo
de movimiento en masa que se desplazan generalmente por los cauces de las
quebradas, llegando a transportar volúmenes importantes de sedimentos o
escombros, con velocidades peligrosas para os habitantes e infraestructura
ubicados en las zonas de acumulación de cuencas de montaña suceptibles de
presentar este tipo de fenómenos.” José Humberto Caballero Acosta “Las avenidas
torrenciales” en Revista Gestión y Ambiente, 2011.
[78] Decreto Leislativo 731 de 2017
“Artículo 1º. Exención
transitoria de IVA. Hasta el 31 de diciembre de 2017, estarán exentos de
IVA sin derecho a la devolución y/o compensación, los siguientes bienes, cuya
venta se realice en el municipio de Mocoa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 1° del Decreto 601 de 2017: a) Alimentos; b) Calzado; c)
Prendas de vestir; d) Materiales de construcción; e)
Electrodomésticos y gasodomésticos. // Parágrafo 1º. Los saldos a favor
generados en las respectivas declaraciones tributarias podrán ser imputados en
las declaraciones de los períodos siguientes, pero en ningún caso podrán ser
objeto de devolución y/o compensación.”
[79] Corte Constitucional,
Sentencia C-517 de 2017 (M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo): “Con esta medida se disminuye el precio de
los artículos afectados, con lo cual la demanda y el consumo se incrementan,
beneficiando a productores, comerciantes y consumidores. En crisis causadas por
terremotos, como el ocurrido en el eje cafetero; o por cierres fronterizos y el
consecuente desplazamiento masivo de nacionales, como ocurrió en la zona
aledaña a la República Bolivariana de Venezuela, el Gobierno ha declarado el
estado de emergencia económica y en desarrollo de éste tomado medidas similares,
es decir, ha decretado una exención tributaria para determinados bienes y
durante un determinado periodo. // En los casos que se mencionan la Corte ha
declarado exequible la medida luego de llevar a cabo el examen correspondiente,
aplicando para este propósito criterios similares a los empleados en el
presente asunto. El legislador de excepción reitera el instrumento y los bienes
afectados con la exención (alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de
construcción, electrodomésticos y gasodomésticos), por ser estos de primera
necesidad, por ende, de mayor consumo.”
[80] Artículo 4º. Condiciones de
aplicación. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto
deberá seguirse el siguiente tratamiento:
1. Al momento de facturar la operación
de venta, el responsable deberá indicar en la factura a través de cualquier
medio electrónico, sello o anotación mediante una leyenda que indique: “Bienes
Exentos –Decreto 731 de 2017–”.
2. Para efectos de las ventas
realizadas dentro del municipio de Mocoa, los bienes a comercializar deberán
encontrarse físicamente dentro de la extensión territorial de este municipio.
3. Tanto la venta como la
entrega de los bienes deberá realizarse dentro del plazo establecido en el
artículo 1º del presente decreto.
4. El responsable deberá rendir
un informe fiscal de ventas con corte al último día de cada mes, el cual será
remitido dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas, que corresponda al domicilio fiscal del
responsable del impuesto sobre las ventas, que efectúe la venta exenta,
certificado por contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en el
cual se detalle:
a) Relación de facturas o
documentos equivalentes, registrando el número, fecha, cantidad, especificación
del bien y valor de la operación;
b) Asociar a las facturas o
documento equivalente de que trata el literal anterior, los documentos de
remisión, recepción y certificado de revisor iscal o contador público, para el
caso de las ventas de que trata el literal b) del artículo 5º de este decreto.
[81] Corte
Constitucional, Sentencia C-517 de 2017 (M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo).
[82] Decreto 624 de 1989, Estatuto Tributario.
Artículo 651. Sanción por no enviar información o enviarla con errores. Las
personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como
aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la
suministren, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o
cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en
la siguiente sanción: // 1. Una multa que no supere quince mil (15.000) UVT, la
cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios: // a) El cinco
por ciento (5%) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la
información exigida; // Jurisprudencia Vigencia // b) El cuatro por ciento (4%)
de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma errónea; // c) El
tres por ciento (3%) de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma
extemporánea; // d) Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la
información no tuviere cuantía, del medio por ciento (0.5%) de los ingresos
netos. Si no existieren ingresos, del medio por ciento (0.5%) del patrimonio
bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente
anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y
patrimonio. // 2. El desconocimiento de los costos, rentas exentas,
deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según
el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de
acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de
la Administración Tributaria. // Cuando la sanción se imponga mediante
resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o
entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder. // La
sanción a que se refiere el presente artículo se reducirá al cincuenta por
ciento (50%) de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1), si la
omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o
al setenta por ciento (70%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de
los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para
tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está
conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción
reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago
o acuerdo de pago de la misma. // En todo caso, si el contribuyente subsana la
omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no
habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el numeral 2). Una vez notificada
la liquidación solo serán aceptados los factores citados en el numeral 2) que
sean probados plenamente. // El obligado a informar podrá subsanar de manera
voluntaria las faltas de que trata el presente artículo, antes de que la
Administración Tributaria profiera pliego de cargos, en cuyo caso deberá
liquidar y pagar la sanción correspondiente de que trata el numeral 1) del
presente artículo reducida al veinte por ciento (20%). // Las correcciones que
se realicen a la información tributaria antes del vencimiento del plazo para su
presentación no serán objeto de sanción.
[83] Estatuto Tributario Artículo 364-5. “Registro
web y remisión de comentarios de la sociedad civil.  Todas las
entidades que pretendan ser calificadas en el Régimen Tributario Especial
deberán registrarse en el aplicativo web que para ello señale la DIAN. El
registro de que trata el presente artículo tiene por objeto que el proceso de
calificación sea público, que la comunidad se pronuncie sobre los requisitos de
acceso al Régimen Tributario Especial, y que remita comentarios generales y
observaciones sobre la respectiva entidad. El Gobierno nacional reglamentará
los plazos y condiciones a los que se refiere este artículo. // La entidad
solicitante deberá, durante el término establecido en el reglamento para la
calificación dentro del Régimen Tributario Especial, previa solicitud de la
DIAN, remitir las explicaciones que correspondan para desestimar los
comentarios y las observaciones presentadas por la comunidad. // Las entidades
calificadas en el Régimen Tributario Especial deberán actualizar anualmente, en
los primeros 3 meses de cada año, la información a la que se refiere este
registro. (…)”
[84] Estatuto Tributario. Artículo 356-3. “Actualización del RUT para
los contribuyentes del régimen tributario especial. Los contribuyentes
pertenecientes al Régimen Tributario Especial actualizarán anualmente su
calificación de contribuyentes del Régimen Tributario Especial contenido en el
RUT, por regla general, con la simple presentación de la declaración de renta.
// Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en el año
inmediatamente anterior deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, en los términos que establezca el Gobierno nacional, una
memoria económica sobre su gestión, incluyendo una manifestación del
representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe la declaración
de renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la
declaración han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, como
reiteración de la solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración,
con la actualización de la información de la plataforma de transparencia. //
Aquellas entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial
que no cumplan con los requisitos establecidos en el presente artículo y sus
reglamentaciones serán determinadas como sociedades comerciales, sometidas al
régimen general del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 364-3.
// PARÁGRAFO. El Gobierno nacional reglamentará las características que deberá
cumplir la memoria económica de que trata el presente artículo y los plazos
para su presentación.”
[85]  Decreto 1625 de 2016 (modificado por el Decreto 2442 de 2018)
Artículo 1.6.1.13.2.25. Actualización del régimen tributario especial y
presentación de la memoria económica. Los contribuyentes del régimen
tributario especial, así como las cooperativas, deberán actualizar el registro
web de que trata el artículo 364-5 del Estatuto Tributario y el artículo
1.2.1.5.1.16. de este Decreto, a más tardar el treinta y uno (31) de marzo de
2020, independientemente del último dígito del Número de Identificación (NIT),
sin tener en cuenta el dígito de verificación. // La memoria económica a
que se refiere el artículo 356-3 del Estatuto Tributario deberán presentarla
los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas,
que hayan obtenido en el año gravable 2019 ingresos superiores a ciento sesenta
mil (160.000) Unidades de Valor Tributario (UVT) ($5.483.200.000 año 2019) a
más tardar el treinta y uno (31) de marzo de 2020, independientemente del
último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT), sin tener en
cuenta el dígito de verificación.  // Parágrafo. Los contribuyentes del
Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas que no realicen dentro
del plazo establecido en este artículo el proceso de actualización y envío de
la memoria económica, serán contribuyentes del impuesto de renta y
complementario del régimen ordinario a partir del año gravable 2020, y deberán
actualizar el Registro Único Tributario (RUT). // La Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de oficio podrá
actualizar el Registro Único Tributario (RUT).
[86] Al respecto, según lo dispone el inciso tercero del artículo 356-3
del estatuto tributario, las entidades que no cumplan con los señalados
requisitos pierden la calidad o clasificación en el régimen tributario
especial. El citado artículo señala: “Aquellas entidades sin ánimo de lucro
pertenecientes al Régimen Tributario Especial que no cumplan con los requisitos
establecidos en el presente artículo y sus reglamentaciones serán determinadas
como sociedades comerciales, sometidas al régimen general del impuesto sobre la
renta, de acuerdo con el artículo 364-3.”
[87] Ley 137 de 1994.
[88] Al respecto, la parte motiva del
DL 417 de 2020 señala: “Que para
efectos de permitir la reducción de la movilidad, la aglomeración y
la congregación en los sitios públicos, asi como para evitar una
mayor afectación de las distintas actividades económicas, el
empleo, la industria y el comercio, el Gobierno nacional
considera necesario analizar todas las medidas tributarias.”
[89] Ver supra numeral 4.  Al
respecto, sobre el análisis de las medidas de exención del IVA proferidas en
EEESE, se pueden ver: la Sentencia C-884 de 2010  (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) en que la Corte se pronunció sobre la
constitucionalidad del Decreto legislativo 2694 de 2010; la Sentencia
C-911 de 2010, (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
en que la Corte declaró la exequibilidad del Decreto 2799 de 2010; la Sentencia
C-912 de 2010, (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)
en que se declaró la exequibilidad del Decreto legislativo 3148 de 2010; la Sentencia C-701 de 2015 (M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez) en que se declaró la constitucionalidad del Decreto legislativo 1818 de 2015, y la Sentencia C-517 de 2017 (MP
Iván Humberto Escrucería Mayolo) en que se analizó y declaró la exequibilidad del Decreto legislativo 731 de 2017.
[90]  Al respecto el Ministerio de Salud, en el informe con las
respuestas enviadas a la Corte Constitucional sobre las preguntas formuladas en
el auto por el que se asumió la competencia en el presente proceso, indicó:
“Dentro del listado, se encuentran elementos de dotación hospitalaria
como camas, incubadoras, básculas, pesa bebé y camas
pediátricas, dado la demanda que existe en esta emergencia, de
acondicionar aquellos sitios externos a las Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud, para atención de la población afectada.
De igual manera, incluye dispositivos médicos y equipos
biomédicos básicos para la valoración médica general
del paciente, como equipo de órganos de los sentidos, tensiómetro,
fonendoscopio, pulsoxímetro; otros, indispensables para el
diagnóstico y el control de los pacientes como equipo de rayos X
portátil, glucómetro, electrocardiógrafo.
Para la atención del paciente neonato hospitalizado, un
dispositivo como la lámpara de calor radiante, indispensable para el
mantenimiento de la temperatura, y tratamiento de afecciones propias de su
edad. // Para el manejo de pacientes en general, en los servicios de urgencias,
hospitalización, cuidado intermedio, son necesarios igualmente, los monitores
para control continuo de signos vitales, las bombas de infusión para la
administración de mezclas y medicamentos, el desfibrilador para
atención del paciente en paro cardiorespiratorio, el monitor de
transporte, en caso de traslado del paciente, aspirador de secreciones para
pacientes con pérdida de la conciencia; bala de oxígeno,
concentrador de oxígeno, flujómetro, nebulizador, para la
administración de oxígeno y medicamentos por vía aérea,
lámpara de fototerapia para la rehabilitación. Adicionalmente para
pacientes en cuidados intensivos se requiere, ventiladores para el soporte, en
caso de distress4 respiratorio.”
[91] Decreto 624 de 1989, Estatuto
Tributario. Artículo 356-3. Actualización del RUT para los contribuyentes del
régimen tributario especial. Los contribuyentes pertenecientes al Régimen
Tributario Especial actualizarán anualmente su calificación de contribuyentes
del Régimen Tributario Especial contenido en el RUT, por regla general, con la
simple presentación de la declaración de renta. // Las entidades que hayan
obtenido ingresos superiores a 160.000 UVT en el año inmediatamente anterior
deberán enviar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en los
términos que establezca el Gobierno nacional, una memoria económica sobre su
gestión, incluyendo una manifestación del representante legal y el revisor
fiscal en la cual se acompañe la declaración de renta en que haga constar que
durante el año al cual se refiere la declaración han cumplido con todos los
requisitos exigidos por la ley, como reiteración de la solicitud de las
exenciones solicitadas en la declaración, con la actualización de la
información de la plataforma de transparencia. // Aquellas entidades sin ánimo
de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial que no cumplan con los
requisitos establecidos en el presente artículo y sus reglamentaciones serán
determinadas como sociedades comerciales, sometidas al régimen general del
impuesto sobre la renta, de acuerdo con el artículo 364-3. // PARÁGRAFO. El
Gobierno nacional reglamentará las características que deberá cumplir la
memoria económica de que trata el presente artículo y los plazos para su
presentación.
[92] Información disponible en el sitio de internet de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, consultado en mayo de 2020
del sitio:
https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/ESAL/Actualización/Paginas/default.aspx
[93] Estatuto Tributario, artículo 356-3 “Actualización
del RUT para los contribuyentes del régimen tributario especial. (…)
Las entidades que hayan obtenido ingresos superiores a 160.000
UVT en el año inmediatamente anterior deberán enviar a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en los términos que establezca el Gobierno
nacional, una memoria económica sobre su gestión, incluyendo una manifestación
del representante legal y el revisor fiscal en la cual se acompañe la
declaración de renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere
la declaración han cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, como
reiteración de la solicitud de las exenciones solicitadas en la declaración,
con la actualización de la información de la plataforma de transparencia.”
[94] Corte Constitucional, Sentencia C-517 de
2017 (MP Iván Humberto Escrucería Mayolo). Al respecto señaló la Corte en
aquella decisión: “El procedimiento a
seguir una vez realizada la venta es regulado por el artículo 4º, se trata de
informar adecuada y eficazmente a las autoridades para que estas lleven el
control y puedan verificar el cumplimiento de las medidas, evitando al mismo
tiempo abusos por parte de quienes pretendan valerse de la situación para
obtener lucro personal. Ninguno de los condicionamientos previstos en el
artículo 4º vulnera lo dispuesto por el Constituyente, se trata de controles
razonables y proporcionales al fin buscado, de otra manera el Gobierno perdería
el control sobre la aplicación de las medidas adoptadas con el Decreto 731 de
2017.”
[95] Estatuto Tributario, ARTICULO 359. OBJETO SOCIAL. El objeto social
de las entidades sin ánimo de lucro que hace procedente su admisión al Régimen
Tributario Especial de que trata el presente Capítulo y el artículo 19 del
presente Estatuto, deberá corresponder a cualquiera de las siguientes
actividades meritorias, siempre y cuando las mismas sean de interés general y
que a ellas tenga acceso la comunidad: (…)”
[96] Estatuto Tributario, Artículo 4. Parágrafo -modificado por el
artículo 4 de la Ley 2010 de 2019-. “Deberán registrarse como responsables del
IVA quienes realicen actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las
personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o
detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes
presten servicios, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes
condiciones: //1. Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido
ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT.
// 2. Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local
o negocio donde ejerzan su actividad // 3. Que en el establecimiento de
comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo
franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que
implique la explotación de intangibles. // 4. Que no sean usuarios aduaneros.
// 5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en
curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por
valor individual, igual o superior a 3.500 UVT.  // 6. Que el monto de sus
consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año
anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con
el impuesto sobre las ventas (IVA), no supere la suma de 3.500 UVT. // Para la
celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios
gravados por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán
inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas (IVA),
formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos
y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista
celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT. // Los responsables
del impuesto solo podrán solicitar su retiro del régimen cuando demuestren que
en el año fiscal anterior se cumplieron, las condiciones establecidas en la
presente disposición. // Cuando los no responsables realicen operaciones con
los responsables del impuesto deberán registrar en el Registro Único Tributario
(RUT) su condición de tales y entregar copia del mismo al adquirente de los
bienes o servicios, en los términos señalados en el reglamento. // Autorícese a
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para adoptar medidas
tendientes al control de la evasión, para lo cual podrá imponer obligaciones
formales a los sujetos no responsables a que alude la presente disposición. De
conformidad con el artículo 869 y siguientes de este Estatuto, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la facultad de desconocer toda
operación o serie de operaciones cuyo propósito sea inaplicar la presente
disposición, como: (i) la cancelación injustificada de establecimientos de
comercio para abrir uno nuevo con el mismo objeto o actividad y (ii) el
fraccionamiento de la actividad empresarial en varios miembros de una familia
para evitar la inscripción del prestador de los bienes y servicios gravados en
el régimen de responsabilidad del impuesto sobre las ventas (IVA). // Para
efectos de la inclusión de oficio como responsable del impuesto sobre las
ventas (IVA), la Administración Tributaria también tendrá en cuenta los costos
y gastos atribuibles a los bienes y servicios gravados, como arrendamientos,
pagos por seguridad social y servicios públicos, y otra información que está
disponible en su sistema de información masiva y análisis de riesgo.
[97] ARTICULO 359. OBJETO SOCIAL. <Artículo modificado por el artículo
152 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> El objeto
social de las entidades sin ánimo de lucro que hace procedente su admisión al
Régimen Tributario Especial de que trata el presente Capítulo y el artículo 19
del presente Estatuto, deberá corresponder a cualquiera de las siguientes
actividades meritorias, siempre y cuando las mismas sean de interés general y
que a ellas tenga acceso la comunidad: // 1. Educación. Conforme se define por
las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, 1064 de 2006, y 1804 de 2016. La cual puede
ser: // La) Educación inicial, como uno de los componentes de la atención
integral de la primera infancia; // b) Educación formal: conformada por los
niveles de preescolar, básica y media; // c) Educación superior, en sus diferentes
niveles: técnico profesional, tecnológico y profesional universitario; // d)
Educación para el trabajo y desarrollo humano. // e) Lo dispuesto en este
numeral también comprende las actividades de promoción y apoyo a la expansión
de cobertura y mejora de la calidad de la educación en Colombia. // 2. Salud.
La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o
colectivos, de promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y
curación de enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad,
rehabilitación de la salud y/o apoyo al mejoramiento del sistema de salud o
salud pública, por parte de entidades debidamente habilitadas por el Ministerio
de Salud y Protección Social o por las autoridades competentes, exceptuando las
exclusiones de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. // 3. Cultura. Actividades
culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas actividades de promoción
y desarrollo de la actividad cultural. // 4. Ciencia, tecnología e innovación.
Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 y las que se desarrollen dentro
de los proyectos aprobados por Colciencias. Asimismo, las actividades de
investigación en áreas tales como matemáticas, física, química, biología y
ciencias sociales, como economía, política, sociología y derecho de uso
general. // 5. Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes
actividades: // a) Protección, asistencia y promoción de los derechos de las
poblaciones de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación
de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos y
comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres,
población con orientación sexual e identidad de género diversa, población
reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o
campesina, entre otras; // b) Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad
y cobertura de los servicios públicos y los servicios públicos domiciliarios,
así como el avance en las metas de desarrollo fijadas por la Organización de
las Naciones Unidas;  // c) Actividades orientadas a la promoción y desarrollo
de la transparencia, al control social, a la lucha contra la corrupción, a la
construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas y la participación
ciudadana; // d) Actividades de apoyo a la recreación de familias de escasos
recursos, desarrollo y mantenimiento de parques y centros de diversión, siempre
y cuando sean para acceso general a la comunidad. // 6. Actividades de
protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, protección, manejo,
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente
sostenible. // 7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas,
alcohol y tabaco; atención y tratamiento a las personas consumidoras. // 8.
Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de
1995, mediante las políticas públicas y las entidades competentes. // 9.
Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y
el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. // 10. Promoción y apoyo a
los derechos humanos y los objetivos globales definidos por las Naciones
Unidas. // 11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de
Justicia. // 12. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten
acciones directas en el territorio nacional en alguna de las actividades
meritorias descritas en este artículo. // 13. Actividades de microcrédito, en
los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 2000. // PARÁGRAFO 1o. Se
entenderá que la actividad es de interés general cuando beneficia a un grupo
poblacional (sector, barrio o comunidad determinada). // PARÁGRAFO 2o. Se
considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad,
cuando cualquier persona natural o jurídica puede acceder a las actividades que
realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, excepto aquellas que la ley
contempla y las referidas a la capacidad misma de la entidad. Asimismo, se
considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el acceso a la comunidad,
cuando hace oferta abierta de los servicios y actividades que realiza en
desarrollo de su objeto social, permitiendo que terceros puedan beneficiarse de
ellas, en las mismas condiciones que los miembros de la entidad, o sus
familiares.