T-959-03
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-959/03
ACTO PROPIO-Respeto
ENTIDAD BANCARIA-Abuso de posición dominante
ENTIDAD BANCARIA-Posición dominante/ENTIDAD BANCARIA-No
puede modificar obligaciones financieras sin consentimiento del cliente
Cuando una entidad financiera
profiere una comunicación dirigida a uno de sus clientes en la cual le señala
una circunstancia en particular respecto de la obligación financiera que
hubieren, dicha entidad financiera asume una posición jurídica en relación con
tal obligación, y no podrá modificarla de manera  unilateral e inconsulta,
imponiendo una nueva posición jurídica, que al no poderse controvertir por
parte de su cliente, vulnera su derecho al debido proceso y en particular
desconoce el principio del respeto del acto propio. Frente a estas
eventualidades, lo correcto es que la entidad financiera acuda ante la
jurisdicción ordinaria, pues no podrá entrar a corregir sus actos sin el
consentimiento de su cliente, quien además no tiene porque asumir las
consecuencias negativas de los actos de la entidad financiera.
ACTO
PROPIO-Condiciones para su aplicación
ENTIDAD
BANCARIA-Remisión de comunicación en la que se
termina el proceso de reliquidación de un crédito hipotecario/ENTIDAD
BANCARIA-Documentos remitidos se presumen veraces
Cuando el Banco Central Hipotecario remite la
comunicación de fecha abril 26 de 2000, advierte que daba por agotado el
proceso de Reliquidación del crédito hipotecario, con lo cual sentaba la
posición del Banco frente a dicha obligación. En este punto merece recordarse,
que los documentos generados por las entidades bancarias se presumen veraces en
su contenido y con mayor razón habrá de suponerse su veracidad, cuando la
comunicación esta firmada por el propio Presidente del Banco, lo que hace
suponer que hubo un análisis cuidadoso y previo por parte de las diferentes
dependencias del banco, que permitieron asegurar que la información contenida
en ese documento correspondía a un procedimiento serio y que lo allí consignado
reflejaba la realidad de la obligación financiera del actor.
ENTIDAD BANCARIA-Asunción de nueva posición Jurídica
contrariando la anterior/ENTIDAD BANCARIA-Asunción de nueva posición
Jurídica genera carga económica que se creía inexistente
Con la comunicación, el Banco B.C.H. en Liquidación
deja sin sustento la carta de abril 26 de 2000, argumentando que el primer
alivio que le fuera comunicado, no contó en su momento con la respectiva
autorización del ente de control y que por tal motivo, debía tenerse en cuenta
solamente la que se le estaba informando, con lo cual su obligación se
encontraba vigente y presentaba un saldo por pagar. Con este nuevo documento,
el Banco Central Hipotecario, asume una nueva posición jurídica, contraria a la
informada anteriormente al actor, con lo cual le genera una carga económica que
éste ya creía inexistente, y cuyo cambio jurídico jamás pudo ser controvertido
por el demandante.
DEBIDO PROCESO-Vulneración por desconocer el BCH el respeto del acto
propio
ENTIDAD BANCARIA-Cesión de crédito hipotecario ya cancelado
por el BCH a Granahorrar/PROCESO DE CESION DE CARTERA-Obligaciones
cedidas conservan las acciones legales
El segundo problema jurídico y que se relaciona con la
posibilidad que le puede asistir al Banco Granahorrar de cobrar unos dineros
relacionados con un crédito hipotecario que al parecer le fue cedido cuando ya
se había cancelado la obligación. En este punto, debemos recordar que en los
procesos de cesión de cartera, las obligaciones cedidas conservan consigo todas
aquellas acciones legales propias de su figura jurídica, y que estas pueden ser
ejercidas por el cesionario de la obligación. Luego entonces, cuando el Banco
B.C.H. en Liquidación cede la obligación al Banco Granahorrar, la figura
jurídica que opera es la del endoso de un pagaré en el cual se encuentra
respalda la obligación hipotecaria cedida. Así, el Banco Granahorrar, como
poseedor de buena fe de este título valor, podrá hacer efectiva la obligación
adquirida, incluso si es el caso haciendo uso de todas las acciones legales de
que pueda disponer.
CREDITO HIPOTECARIO-Con aplicación del alivio financiero quedó
cancelada la obligación/CREDITO HIPOTECARIO-Levantamiento de la hipoteca
por Granahorrar e iniciación de acciones legales contra el BCH
En tanto la obligación hipotecaria
del actor se había visto beneficiada de un alivio financiero en los términos de
la Ley 546 de 1999 ello hace suponer que la obligación quedó cancelada. Con
todo, el Banco Granahorrar reclama actualmente del actor el pago de una suma de
$ 6.073.257 pesos, fruto del crédito cedido por el B.C.H., lo que fuerza
concluir que se estaría obligando al actor a pagar un capital y unos intereses
por un crédito ya cancelado. Por tal motivo, el Banco Granahorrar, estará
obligado a levantar la hipoteca que pesa sobre el inmueble propiedad del
accionante y hacerle entrega al accionante de la respectiva escritura pública
libre de gravamen. Pero además, este banco podrá iniciar todas las acciones
legales pertinentes en contra el Banco Central Hipotecario en Liquidación, en
razón a las contingencias jurídicas que dicho crédito cedido presentó, y en
tanto el mismo Banco B.C.H.- en Liquidación aceptó asumir toda la
responsabilidad por los perjuicios que se llegaren a causar al Banco
Granahorrar y a los deudores en razón a las reliquidaciones generadas con
ocasión de la aplicación de los alivios financieros otorgados por la Ley 546 de
1999.
ENTIDAD BANCARIA-Plazo perentorio para actualizar
información del tutelante en Datacrédito/HABEAS DATA Y BUEN NOMBRE-Protección
en las centrales de riesgo
En tanto las eventualidades surgidas
con ocasión del crédito hipotecario cedido al Banco Granahorrar, llevaron a que
esta entidad bancaria reportara al tutelante como deudor moroso a las centrales
de riesgo financiero como Datacrédito, dicho Banco deberá en un plazo máximo de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, actualizar la información remitida a dichos bancos de datos,
informando que el actor jamás estuvo en mora, a efectos de que los reportes
hechos allí sean actualizados con la misma claridad y exactitud requerida para
proteger el derecho al habeas data y buen nombre del accionante.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-760580.
Acción de tutela instaurada por Oscar
Ramiro Fajardo Ariza contra los Bancos Central Hipotecario –en Liquidación– y
Granahorrar.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil tres
(2003).
La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en ejercicio de su competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente,
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos adoptados
por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá y por la Sala Penal del
Tribunal Superior de la misma ciudad, al resolver la tutela instaurada por
Oscar Ramiro Fajardo Ariza contra los Bancos Central Hipotecario –en
liquidación – y Granahorrar.
I. ANTECEDENTES.
El señor Oscar Ramiro Fajardo Ariza considera que los
Bancos Central Hipotecario –en liquidación- y Granahorrar violaron sus derechos
fundamentales al habeas data, al buen nombre y a la vivienda digna. Los hechos
que justifican esta acción de tutela, son los siguientes:
1. El actor había adquirió inicialmente un crédito
hipotecario con el Banco Central Hipotecario –B.C.H-.
2. Mediante carta suscrita por el mismo Presidente del
Banco B.C.H., y recibida por el actor el 22 de abril de 2000, se le informa que
había sido favorecido en el proceso de reliquidación de su crédito hipotecario,
al habérsele autorizado el alivio financiero definido en la Ley 576 de 1999. En
dicha carta, el presidente encargado del B.C.H., Pablo Muñoz Gómez, manifiesta
que “El BCH ha culminado el proceso de reliquidación de su crédito
hipotecario de vivienda. Sobre su saldo de capital que al 31 de diciembre de
1999 era de       $ 3.785.149.79 aplicará una disminución de $ 3.811.989.03
correspondiente al alivio autorizado por la Ley de vivienda.”
3. De conformidad con tal información era claro para
el actor que no adeudaba ya ningún valor por concepto del crédito hipotecario,
quedando por lo tanto a paz y salvo con dicho banco. De igual forma, el Banco
B.C.H., le informó al peticionario, que por encontrarse en un proceso de
empalme con el Banco Granahorrar, se presentaría alguna demora en el
levantamiento del gravamen hipotecario y en la elaboración de la respectiva
minuta de la escritura que lo acreditaba como propietario del inmueble por él
adquirido. Así mismo, anota el tutelante, le fue informado que se le haría la
respectiva devolución de los dineros correspondientes a las cuotas que había
alcanzado a cancelar en los meses de enero y febrero del año 2000, y cuyo monto
correspondía  la suma de               $ 850.000 pesos. Después de estas comunicaciones,
el actor no volvió a recibir extractos bancarios.
4. No obstante lo anterior, veinte (20) meses después
de recibir la comunicación firmada por el presidente del Banco B.C.H, el Banco
Granahorrar procedió a enviar al tutelante un extracto bancario en el cual le
manifiesta que para el 28/03/2003, él le estaba adeudando al Banco Granahorrar
la suma de $ 6.073.257, obligación correspondiente al crédito hipotecario por
él adquirido inicialmente con el Banco B.C.H.
5. No obstante haber solicitado en varias
oportunidades aclaración sobre el estado de su obligación, y luego de haber
recibido respuestas confusas, el actor considera que su situación actual es
difícil, pues como consecuencia de la supuesta mora en el pago del crédito que
él ya creía cancelado, ha sido reportado a Datacrédito por tener una mora
superior a tres (3) años, situación que considera no se hubiera presentado de
haber seguido el pago de su crédito tal como lo venía haciendo hasta antes de
que le fuera comunicada la carta en que el mismo Presidente del Banco B.C.H. le
informaba del alivio financiero surgido de la Ley 546 de 1999.
En vista de los anteriores hechos, el actor solicita
el amparo de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, al habeas data y
al buen nombre, y para ello pide que se ordene a los Bancos Central Hipotecario
–en liquidación- y Granahorrar, que reconozcan que él ya se encuentra a paz y
salvo con dichas entidades bancarias; que le sea expedida a su nombre la
escritura de propiedad del apartamento por el adquirido, y que su nombre sea
retirado de la base de datos de Datacrédito.
II. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS.
En escrito de fecha 16 de mayo de 2003, la División
Jurídica del Banco Granahorrar, dio la siguiente respuesta al requerimiento
hecho por el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal de Bogotá, quien avocó
inicialmente el conocimiento de la presente tutela. En dicho escrito se señaló
lo siguiente:
“Sea lo primero advertir que acorde con el Decreto
1382 de 2000, el Despacho carece de competencia para avocar el conocimiento y
fallo de la presente acción, dada la naturaleza jurídica del Banco Granahorrar,
Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional, por lo tanto el juez competente
es el Juez del Circuito, esto, so pena de nulidad.
“De otra parte, ponemos de presente que:
·   “El Banco Central Hipotecario, es una
Sociedad de Economía Mixta del Orden Nacional con régimen de Empresa Industrial
y Comercial del Estado y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
con existencia, presupuesto y administración totalmente independiente del banco
Granahorrar S.A.
·   “Con base en lo anterior, es importante
destacar que por instrucción No. 200005526-0 de fecha 26 de enero de 2000, el
Banco Central Hipotecario adelanta un proceso de cesión de activos, pasivos y
contratos establecido en el artículo 19 de la Ley 510 de 1999, y en el marco de
dicho proceso, celebró el día 4 de febrero de 2000, un contrato de cesión de
activos, pasivos y contratos con el Banco Granahorrar.
·   “La celebración del contrato antes
mencionado, no implica absorción, ni fusión de las entidades mencionadas, lo
que significa que el Banco Granahorrar S.A., no ha asumido todas las
obligaciones del Banco Central Hipotecario, ni la representación legal  de
dicha entidad.
·   “El crédito objeto de tutela nos fue cedido
por el BCH, no obstante dentro del citado contrato se pactó como
responsabilidad exclusiva del Banco Central Hipotecario, efectuar el proceso de
reliquidación ordenado por la Ley 546 de 1999, así:
‘CLÁUSULA SEXTA: Sobre la cartera
hipotecaria de créditos para la financiación de vivienda individual a largo
plazo objeto de la cesión, Granahorrar de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 887 del Código de Comercio, sustituye al BCH en parte de las
relaciones derivadas de los respectivos contratos, en cuanto a que el BCH
continúa con las obligaciones establecidas en el capítulo VIII de la Ley 546 de
1999, especialmente en lo relacionado con la reliquidación de créditos. El
BCH es responsable frente a los deudores y a Granahorrar d los perjuicios que
se puedan ocasionar por hacer las correspondientes reliquidaciones en la forma
y oportunidades determinadas en la citada Ley, así como en la Circular Externa
007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria y demás normas concordantes.
‘Sin perjuicio de lo estipulado en el
párrafo anterior, los deudores harán los pagos de los créditos directamente a
Granahorrar, única entidad autorizada para recibirlos. No obstante lo anterior,
las partes convienen que el BCH le prestará a Granahorrar servicios
relacionados con la administración de dicha cartera con excepciones de las
labores de cobranza y recaudo, tales como la elaboración de las facturas, la
cusación (sic)
de los intereses, la aplicación de los pagos, la calificación de la cartera y
demás servicios que se consideren necesarios o complementarios para facilitarle
a Granahorrar el manejo de la misma (Resaltamos).
“Así, la situación presentada con el crédito objeto de
tutela cobija una actuación propia del Banco Central Hipotecario quien conforme
a lo anotado asume plena responsabilidad sobre el tema de reliquidación de los
créditos sobre los cuales era acreedor, lo que hace que la presente acción
requiera de su participación para el trámite de la misma, por lo que
solicitamos con toda consideración al Juez de Tutela que conforme a las
facultades del Decreto No. 2591 de 1991 requiera al Banco Central Hipotecario
ubicado en la calle 35 No. 7-51 de la ciudad de Bogotá, Tel: 2878777.
“Así, no obstante la cesión, acorde con lo pactado
entre el BCH y Granahorrar, el único sujeto pasivo respecto a la presente
acción es el Banco Central Hipotecario en liquidación, de no vincularlo será
nulo el trámite de tutela.
“Lo anotado adquiere mayor relevancia cuando el
superior jerárquico de la jurisdicción constitucional a través de sus
Sentencias T-304 de julio 11 de 1996, SU-195 del 7 de mayo de 1998, T-349 de
mayo 9 de 2002, T-434 de mayo 30 de 2002, ha definido con meridiana claridad
que cuando el tercero afectado por el fallo no es notificado hay lugar a
declarar la nulidad, así sea en instancia d revisión de la acción de tutela.
“Finalmente, el banco ha reportado la realidad del
crédito conforme a la información que en oportunidad ha migrado el BCH.”
Por su parte, Abogado de la Coordinación Jurídica del
Banco Central Hipotecario en escrito dirigido al Juzgado Veintisiete Penal del
Circuito de Bogotá, y recibido por éste el día 4 de junio de 2003, informó lo
siguiente en relación con la acción de tutela que aquí se revisa. Así dijo:
“El accionante para el día 31 de diciembre de 1999
tenía un saldo de capital de $ 3.785.149.79.
“El estado de la deuda a abril 26 de 2000, no es posible
certificarlo en razón a que como se explicará más adelante, la obligación fue
cedida al Banco Granahorrar y por tanto se procesa en plataforma Fénix de esa
entidad a partir de enero 1° de 2000, siendo los actuales acreedores de esa
cartera.
“Adjunto movimiento histórico del crédito hasta la
fecha en que fue cedido a Granahorrar. A partir de enero 1° de 2000 le
corresponde al Banco Granahorrar entregar el movimiento del crédito.
“Respecto a la aplicación de reliquidación, es
importante realizar las siguientes observaciones:
·   “El señor Fajardo presentó queja ante la
Procuraduría General de la Nación, la cual fue trasladada a la Superintendencia
Bancaria en agosto de 2002, en donde requirieron al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO –
EN LIQUIDACIÓN-, motivo por el cual se remitió respuesta al accionante mediante
la comunicación No. 300782 de septiembre 16 de 2002. Anexo copia de la
respuesta entregada al señor Fajardo.
·   “En dicha comunicación se le explico que
una vez avalado el proceso de reliquidación, correspondiente a la Ley 546/99,
por la Superintendencia Bancaria, el alivio fue cero (0). Adjunto forma 50,
correspondiente a la aprobación impartida por la Superintendencia Bancaria al
alivio arrojado.
·   “La Superintendencia Bancaria, autorizó el
siguiente proceso para la reliquidación, el cual arrojo un valor de cero (0).
“ (...).
“Como es de conocimiento del público en general, el
Banco Central Hipotecario fue disuelto y liquidado mediante Decreto No. 20 del
12 de enero de 2001, publicado en el diario oficial el 15 de enero siguiente.
“A raíz de la orden de liquidación, se presentó un
cambio de estructura jurídica, administrativa y operativa, en la que todas las
decisiones corresponden a un Gerente Liquidador, funcionario público que tiene
la capacidad para vincular patrimonialmente a la entidad y al cual, junto con
su nuevo grupo de colaboradores, deberán dirigirse las peticiones y solicitudes
sobre asuntos de su competencia.
“La Superintendencia Bancaria en desarrollo de la
facultad conferida por el artículo 19 de la Ley 510 de 1999, ordenó al BANCO
CENTRAL HIPOTECARIO –EN LIQUIDACIÓN-, adelantar las gestiones encaminadas a la
cesión de activos, pasivos y contratos de esta entidad, y en cumplimiento de
dicha orden se efectuó la cesión, entre otras, de la obligación No.
450-097-00002912-6 a cargo del señor Oscar Ramiro Fajardo Ariza al Banco
Granahorrar, entidad que actualmente es su acreedora hipotecaria. Adjunto la
correspondiente certificación.
“Lo anterior indica que el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO –
EN LIQUIDACIÓN – entregó la totalidad de documentos relacionados con la
obligación a Granahorrar, y por tanto le es imposible entregar en forma
completa y definitiva las respuestas a sus requerimientos.
“(...).
“Tal y como se explicó anteriormente, el accionante ya
se le había dado respuesta sobre el tema objeto de la presente acción de tutela
y aparentemente la confusión radica en que el valor de alivio, fue cero (0). De
tal manera, que la obligación fue cedida a Granahorrar con un saldo vigente. Ahora
bien, desconocemos el estado actual de la obligación.
“Es importante destacar que el valor del alivio, se
encuentra avalado por la Superintendencia Bancaria y no responde a un mero
capricho de esta entidad. Cada una de las liquidaciones correspondientes a
alivios basados en la Ley 546/99 se encuentran debidamente soportadas,
revisadas y avaladas por esta Superintendencia, ente encargado del control y
vigilancia de las entidades financieras.”
El anterior escrito finaliza afirmando que no se
vislumbra la afectación de derecho fundamental alguno, y que aún cuando el
accionante afirma que su obligación hipotecaria se encuentra cancelada en su
totalidad, no aporta prueba alguna que así lo demuestre.
III. DECISIÓN DE INSTANCIA.
En sentencia del 3 de junio de 2003, el Juzgado
Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, negó la tutela en cuestión. Consideró
dicho juzgado que la situación planteada en esta tutela, corresponde a una
controversia de carácter económico, en donde no se formalizó paz y salvo alguno
entre el actor y el Banco B.C.H..
Señaló igualmente el a quo, que el Banco B.C.H.
– en Liquidación – desconocía la existencia del documento por el cual se había
puesto en conocimiento del accionante un supuesto alivio financiero, además,
que dicho documento no permite concluir que sea un verdadero paz y salvo.
Adicionalmente, si la controversia se centra en el alivio financiero como tal,
no es el juez de tutela el llamado a resolver dicha controversia, sino que le
correspondería a la jurisdicción ordinaria.
Por todo lo anterior, la presente acción de tutela fue
negada.
IV. PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE.
- Derecho de petición del señor Fajardo Ariza dirigido
al Banco Granahorrar, con fecha de recibo marzo 12 de 2003. Folio 4.
- Carta del señor Fajardo Ariza a la Superintendencia
Bancaria, con fecha de recibo 2 de julio de 2002, en la cual pide le
certifiquen que cargo desempeñaba el señor Pablo Muñoz Gómez en el Banco
Central Hipotecario en el periodo comprendido entre enero y abril de 2000.
Folio 5.
- Escrito del señor Fajardo Ariza, dirigido a la
Procuraduría General de la Nación con fecha de recibo del 11 de junio de 2002,
documento en el que formula queja contra el Banco Granahorrar ante la demora
prolongada e injustificada en la entrega de la escritura definitiva del
apartamento de su propiedad. Folio 6.
- Documento suscrito pro la Coordinadora del Grupo de
Registro de la Superintendencia Bancaria de fecha 8 de julio de 2002, por medio
del cual se da respuesta a una petición del señor Fajardo Ariza de julio 2 de
ese mismo año, en el cual certifica que el señor Pablo Muñoz Gómez se desempeñó
en el Banco Central Hipotecario como Presidente Encargado entre el 28 de enero
de 2000 y el 23 de mayo del mismo año. Folio 7.
- Carta del Presidente Encargado del B.C.H. Señor
Pablo Muñoz Gómez, dirigida al accionante –Oscar Fajardo Ariza, con fecha 26 de
abril de 2000, en la cual señala lo siguiente: “El BCH ha culminado el
proceso de reliquidación de su crédito hipotecario de vivienda. Sobre su saldo
de capital que al 31 de diciembre de 1999 era de $ 3.785.149.79 aplicará una
disminución de             $ 3.811.989.03 correspondiente al alivio autorizado
por la Ley de vivienda”. Folio 8.
- Nueva carta del señor Fajardo Ariza dirigida al Banco
Granahorrar, con fecha de recibo 26 de enero de 2001, en la cual señala que
habiendo sido beneficiado con un alivio financiero por valor de $ 3.811.989.03,
respecto de su crédito hipotecario que presentaba un saldo pendiente por $
3.785.149.79, se genera un saldo a su favor de $ 26.839.30. Anota igualmente,
que ya había pagado igualmente las cuotas de los meses de enero y febrero de
ese mismo año  cuando le fue comunicado por el Banco BCH el alivio financiero
con el cual había sido favorecido. El actor aclara finalmente, que después de
esta última comunicación no volvió a recibir facturas de cobro, concluyendo que
ello obedecía a que el crédito ya había sido pagado en su totalidad. Folio 9.
- Fotocopias varias de extractos bancarios del Crédito
Hipotecario del señor Fajardo Ariza. Folios 11 a 16.
- Respuesta del Banco Granahorrar al requerimiento que
hiciera el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal de Bogotá en relación con la
presente tutela. Folios 20 a 22.
- Carta de fecha 16 de mayo de 2003, de
la Unidad de Quejas y Reclamos – Fábrica de Crédito del Banco Granahorrar
dirigida al señor Fajardo Ariza en al cual le manifiesta lo siguiente:
“En atención a la acción de tutela que se
adelanta por Usted ante el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal, relacionado
con la obligación hipotecaria en referencia, le informamos la Entidad
responsable de realizar el proceso de reliquidación ordenado por la Ley de
vivienda 546 de 1999 es el Banco Central Hipotecario, según lo
establecido en el contrato de cesión celebrado entre las dos entidades.
“Durante el año 2001 el BCH en Liquidación se
comprometió con la Superintendencia Bancaria a revisar y ajustar la metodología
que se debía utilizar en el proceso de Reliquidación de las obligaciones
hipotecarias de vivienda vigentes al 31 de diciembre de 1999, de acuerdo con
las instrucciones impartidas en la circular 007 del 27 de enero de 2000. Para
su caso específico determinó y reportó a Granahorrar que el saldo liquidado en UVR
con corte al 31 de diciembre de 1999 es superior al que registro su crédito en
la misma fecha, liquidado en UPAC. Por lo anterior, el resultado es una
diferencia negativa y por consiguiente el alivio obtenido fue $ 0. Adjuntamos
formato de la Circular 048 donde podrá corroborar los movimientos tenidos en
cuenta durante el mencionado proceso.
“Vale la pena aclarar, que el BCH no a
autorizado a Granahorrar en ningún momento aplicar algún valor por
concepto de reliquidación, por lo anterior en el movimiento histórico del
crédito solo refleja dos abonos efectuados por usted con fechas 25 de enero de
2000 por $ 421.000.oo y 22 de febrero por      $ 414.000.oo. Debido a que los
abonos no cubrieron el saldo total de la obligación se siguió con la
liquidación de las cuotas mensuales, por lo que a la fecha, se encuentra
reportado ante las Centrales de Información Financiera a causa de la mora en el
pago del crédito.
“Así las cosas, mientras existe saldo vigente no es
posible iniciar los trámites para el levantamiento de la hipoteca. (...).” Folio 23.
- Respuesta del Banco Central Hipotecario al
requerimiento hecho por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de Bogotá, en
relación con la presente tutela. Folios 39 a 45 y 50 a 85.
- Carta remitida al señor Fajardo Ariza por el Banco
Central Hipotecario –En Liquidación-, de fecha 16 de septiembre de 2002, en la
cual le informan lo siguiente:
“Nos permitimos informarle que el Banco Central
Hipotecario hoy En Liquidación terminó el proceso de revisión y ajuste a la
reliquidación del crédito de la referencia, efectuada durante el año 2000, de
acuerdo a los términos del Decreto Ley de Vivienda 546/99 y según lo
establecido en la Circular Externa 007 de enero 27/2000 emitida por la
Superintendencia Bancaria.
“La metodología utilizada contó con el aval de la
Superintendencia Bancaria y como resultado de esta operación arrojó un valor de
alivio de $ 0.00, igualmente aprobado por la misma Superintendencia.
“Cabe aclarar que cuando fue informado de un alivio
éste no se encontraba autorizado por el ente de control y a hoy el crédito se
encuentra vigente y redenominado a partir del 1 de Enero de 2000, de acuerdo al
citado decreto 546/99, homologado con el No. 1004-1321001 en la plataforma
FÉNIX Granahorrar.
“Nuevamente le comunicamos que el Banco Central
Hipotecario En Liquidación cedió su obligación al Banco Comercial Granahorrar,
y entregó en su totalidad los documentos correspondientes a su crédito. En
consecuencia, cualquier inquietud debe dirigirla a dicha entidad para lo cual
podrá acercarse a cualquier oficina o ir directamente a la calle 67 # 9-17 de
la ciudad de Bogotá ó comunicarse a la línea telefónica 9800 91 57 11.“(...).”  Folio 57.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.      Competencia.
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar la
decisión judicial mencionada.
2. Problema jurídico.
Para resolver el presente caso, considera pertinente
esta Sala de Revisión establecer si la conducta adelantada por el Banco
Granahorrar[1]
en el sentido de  cobrar una obligación hipotecaria que le fue cedida por el
Banco B.C.H. en Liquidación, entidad que inicialmente había aplicado el alivio
financiero del crédito hipotecario del accionante, para luego revertirlo bajo
el argumento de  que esa primera reliquidación no había sido autorizada en su
momento por el ente de control, constituye la vulneración de algún derecho fundamental
del actor.
De conformidad con lo anterior, lo que se evidencia
realmente, es un problema jurídico que consta de dos planteamientos. Lo primero
sería determinar si la actuación adelantaba por el Banco Central Hipotecario en
Liquidación, por medio de la cual el Presidente de dicho Banco informó al actor
del alivio financiero aplicado a su crédito hipotecario, para luego en
posterior comunicación modificar la posición inicial, señalando que esa primera
reliquidación no había sido autorizada en su momento y que el alivio aplicado a
su obligación correspondía realmente a cero ($ 0.00) pesos, podría considerarse
atentatoria del principio del respeto del acto propio,
Lo segundo es precisar si el Banco Granahorrar
cesionario de la obligación hipotecaria, puede exigirle al accionante, el pago
de unos dineros cuando la obligación cedida podría  considerarse como
inexistente al momento de su cesión.
3. Aplicación del principio del respeto del acto
propio.
La Constitución Política en su artículo 29 establece
el debido proceso como un derecho de carácter fundamental, el cual comporta no
sólo las garantías procesales de orden legal, sino que a su vez preserva de
manera permanente la vigencia de todos aquellos principios y valores jurídicos
de orden constitucional que permiten garantizar el pleno respeto de los
derechos de todas las personas, y que a su vez, sirve para asegurar la vigencia
y permanencia  de un orden justo[2]
dentro de una sociedad moderna enmarcada en un Estado Social de Derecho.
Uno de los aspectos que comporta especial importancia,
corresponde al principio del respeto del acto propio[3]
dentro del desarrollo del debido proceso,  según el cual, un sujeto de derecho,
generador de un acto jurídico cuyo alcance tiene efectos particulares y
concretos a favor de otro, no podrá modificar su acto de manera unilateral y
desconsiderada, en tanto ello afectaría otros principios jurídicos y derechos
como la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso.
En
sentencia T-295 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, el concepto de
respeto del acto propio se definió de la siguiente manera:
“Un
tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del
respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares
y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe.
Principio constitucional, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita,
pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento
efectuado por el sujeto. Se trata de una limitación del ejercicio de derechos
que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en
las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por
ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el
ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del
derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho.”
Igualmente
en sentencia T-083 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, señaló que:
“El
principio de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de derecho ha
emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y definida a
favor de otro.  Tal principio le impide a ese sujeto de derecho modificar
unilateralmente su decisión, pues la confianza del administrado no se genera
por la convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la
seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un acto
que creó situaciones particulares y concretas a su favor.”
En este contexto, la Corte
Constitucional a través de su jurisprudencia ha establecido igualmente, que
para que ocurra la violación del principio de respeto al acto propio es
necesario que converjan las siguientes condiciones:
“a. Una conducta jurídicamente anterior,
relevante y eficaz. b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo
por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa,
debido a la contradicción -atentatorio de la buena fe- existente entre ambas
conductas. c. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en
ambas conductas.”[4]
En casos similares al presente, donde el
Banco Granahorrar igualmente ha sido demandado con base en hechos similares,
esta Corporación ha considerado de gran importancia el respeto al acto propio
como componente del derecho fundamental al debido proceso.[5] Y
en otros casos ha expuesto ampliamente argumentos que demuestran cómo en la
relación entre un cliente hipotecario y el sector bancario, éste último,
aprovechando su posición dominante en la relación comercial, modifica e impone
nuevas condiciones a sus clientes financieros, con la consecuente vulneración
de sus derechos fundamentales. En tales decisiones se expuso:
“Como se dijo, en las tres acciones de
tutela que ahora ocupan la atención de la Corte, existe un elemento común cual
es, que los deudores hipotecarios del Banco Granahorrar S.A., al momento en que
dicha entidad financiera les informa sobre un saldo insoluto resultante de una
reliquidación posterior a la inicialmente aplicada a sus créditos, ya habían
cancelado la totalidad de la obligación con fundamento en la información que
para el efecto les suministró la entidad accionada. Ello significa, ni más ni
menos, que legítimamente confiados en la información financiera suministrada
por Granahorrar, cancelaron la totalidad de sus deudas a fin de liberar sus
viviendas.
“(...)
“Los demandantes en las acciones de tutela
que ahora se revisan, coinciden en alegar como vulnerados, entre otros, el
derecho fundamental al debido proceso. En la sentencia T-083 de 2003, ya
citada, se estableció la relevancia del principio de respeto del acto propio
como componente del derecho fundamental al debido proceso. Se dijo al respecto
en esa oportunidad[6]
“ (...).
“El precedente citado permite concluir que
las entidades financieras, en las actuaciones frente a sus usuarios, tienen una
posición privilegiada que las erige como verdaderas autoridades ante ellos,
condición que, a la vez que les otorga prerrogativas superiores a la de los
particulares, las obliga a ejercer las acciones necesarias para garantizar el
libre y adecuado ejercicio de los derechos fundamentales de sus clientes y,
entre ellos, el del debido proceso.
“9. El derecho fundamental al debido
proceso comprende, como lo ha señalado esta Corporación[7], no
sólo las garantías del artículo 29 de la Carta, sino también otro cúmulo de
valores y principios de la misma raigambre constitucional que hacen que vaya
más allá del cumplimiento de los requisitos que la ley procesal impone (debido
proceso legal), a través de la irrestricta observancia de los demás derechos
que permitan la vigencia de un orden justo.  Dentro de estos valores y principios,
a juicio de la Sala, resulta especialmente relevante para el análisis del
problema jurídico planteado, el de respeto del acto propio.
“10. El principio de respeto del acto
propio opera cuando un sujeto de derecho ha emitido un acto que ha generado una
situación particular, concreta y definida a favor de otro. Tal principio le
impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues la
confianza del administrado no se genera por la convicción de la apariencia de
legalidad de una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una
posición jurídica definida a través de un acto que creó situaciones
particulares y concretas a su favor.
“De ello se desprende que el respeto del
acto propio comprende una limitación del ejercicio de los derechos consistente
en la fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que puedan
revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto posterior se funde en
criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos[8].
“El principio de respeto del acto propio
resulta aplicable cuando (i) se ha proferido un acto que contenga una situación
subjetiva concreta y verificable que conceda confianza a su beneficiario de la
titularidad de una posición jurídica determinada, esto es, que la disposición
sea eficaz y jurídicamente vinculante; (ii) la decisión sea revocada
unilateralmente por su emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para
ello y con base en parámetros irrazonables o desproporcionados y (iii) exista
identidad entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la
disposición inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos
actos regulen la misma situación jurídica subjetiva.[9]”
“El argumento aducido por Granahorrar en
todas las acciones de tutela que se revisan, para justificar su actitud frente a
los deudores hipotecarios, no sólo en las que ahora se analizan, sino en las
anteriores oportunidades en las que la Corte se ha pronunciado en acciones
contra la misma entidad, se centra en el error en la aplicación de la
metodología, circunstancia que “obligó” a esa entidad financiera a reversar las
reliquidaciones inicialmente aplicadas. De ahí, manifiesta la entidad
demandada, que si existe inconformidad al respecto, los afectados cuentan con
las acciones legales pertinentes ante la jurisdicción ordinaria.
“Al respecto, la posición de la Corte ha
sido la siguiente:
“No se discute la posibilidad que se haya
cometido un error en la reliquidación del crédito, error que en caso de ser
cierto, es imputable a Granahorrar, entidad que cuenta con toda la infraestructura
técnica y humana requerida para ese tipo de labores. Con todo,
independientemente de que tal error se haya o no presentado, lo que es
absolutamente claro es que se trata de una entidad crediticia que está sujeta a
la Constitución y a la ley y que está en la necesidad de agotar los mecanismos
jurídicos que tiene a su alcance si lo que pretende es el reconocimiento de
sumas adicionales a aquellas que fueron pagadas por el actor y que le llevaron
a certificar la extinción de la obligación.
“(...).
“En ese marco, la revocación del acto
proferido por la entidad financiera, aunque aparentemente se funda en una
circunstancia lícita, cual era la de disminuir el monto del alivio reconocido
al deudor, en realidad desborda el marco jurídico aplicable pues extiende las
consecuencias de su propio error a la reliquidación del crédito y revive los
efectos de una obligación extinta. Sostener lo contrario, esto es, que la
entidad financiera está facultada para cobrar sumas adicionales con
posterioridad a la extinción de la obligación, configura la imposición de una
carga especialmente gravosa e irrazonable al deudor.
“13. Para la Sala es claro que semejante
proceder conculca el derecho fundamental al debido proceso pues bastó el solo
abuso de la posición dominante en que se halla una entidad financiera para
constituir una obligación contra el actor, pretender el reconocimiento de
intereses moratorios y negar la cancelación de la garantía prestada en razón de
una obligación diferente. A una persona a la que se le había generado certeza
sobre la extinción de una obligación y que se hallaba amparada por el principio
de respeto del acto propio, en este caso emitido por Granahorrar, se la
sorprendió no sólo con la imputación de una nueva deuda, sino con su cobro prejurídico
pese a que no existía título alguno en el que tal obligación  constara.
“(...).
“De otro lado, quien tenía a su disposición
los mecanismos judiciales ordinarios para obtener el pago de las sumas
probablemente canceladas de más por el error en la reliquidación del crédito,
era la misma entidad financiera. No obstante, abusando de su condición de
preeminencia, exigió, más de un año después de la cancelación del crédito, el
pago de la diferencia generada por su propio yerro y lo hizo mediante la revocatoria
unilateral de su propio acto y extendiendo los efectos de una garantía
constituida para una obligación distinta, proceder con el que se abrogó para sí
facultades que sólo reposan en la jurisdicción.
“(...).
“En la última de las sentencias proferidas
por la Corte en contra de Granahorrar, también se dijo:
“4.3.  Observa la Corte, que el Banco
Granahorrar al obrar en la forma que queda descrita vulneró los derechos del
actor, como quiera que por su propia decisión modificó en forma unilateral la reliquidación
del crédito hipotecario, cuando tenía a su disposición otros medios para el
efecto. Es claro que en virtud de esa relación contractual entre acreedor y
deudor, con la anuencia de éste, podría haberse convenido una reliquidación del
crédito a propuesta del acreedor si consideraba que en la primera existía un
error. El mutuo consentimiento, como se sabe, es una de las formas en que
pueden modificarse las obligaciones contractuales.
“No obstante, si el deudor no otorga su
consentimiento, el ordenamiento jurídico le otorga a la entidad financiera la
posibilidad de acudir al juez competente para dirimir la controversia así
suscitada en torno a las obligaciones contractuales.
“Pero en este caso, Granahorrar  ni obtuvo
el consentimiento del deudor para la modificación de la cuantía de la
obligación, ni tampoco acudió a la jurisdicción del Estado para dirimir la
controversia. No, por el contrario en forma que por ello resulta arbitraria
optó por imponer su decisión para manifestar luego que si el otro contratante
no la acepta es a él al que le corresponde acudir ante los jueces. Tal
situación equivale a administrar justicia por su propia cuenta, lo que resulta
inaceptable por cuanto es claro que de esta manera la entidad financiera
desconoció en forma diáfana el ordenamiento jurídico. Ello es así, por cuanto
el mundo civilizado, desde antaño, tiene proscrita la autotutela de lo que se
considera ser su derecho por una de las partes, así como igualmente tiene
establecido que si no existe autocomposición del litigio debe entonces acudirse
al proceso, sin que sea admisible que primero se produzca la autotutela de lo
que se considera ser su derecho por una de las partes y perpetrado así el
atropello a la otra parte, se le responda que si lo quiere acuda entonces el
agraviado a iniciar un proceso, que ha debido ser promovido por la otra parte.
“Granahorrar sencillamente, al percatarse
de su yerro impuso su posición dominante frente al usuario, obligándolo a
acogerse a la voluntad unilateral de éste, no teniendo el deudor alternativa
distinta que la de aceptar so pena de verse avocado a los juicios judiciales
pertinentes, con la posibilidad de perder su vivienda pues, precisamente la entidad
financiera por ostentar una posición más fuerte y tener a su alcance la
posibilidad de un mecanismo de defensa apto como es un proceso ejecutivo
hipotecario, impone su voluntad sin tener el más mínimo reparo en la situación
particular y concreta del usuario. Es justamente ahí en donde resulta vulnerado
el debido proceso pues se impone una carga unilateral sin contar con la
anuencia del usuario, alegando que se trata de un contrato cuyas controversias
han de ser resueltas por la jurisdicción competente, sin tener en cuenta que
los contratos se rigen por el principio de la buena fe, que el demandante
también considera vulnerada”.[10]
“(...).
“Aceptar como lo pretende  que el “error”
en la aplicación de la metodología fijada para el efecto por la
Superintendencia Bancaria debe ser soportado por el usuario, iría en contra de
los principios, valores y derechos que rigen la Constitución Política, entre
los últimos, el derecho a tener una vivienda digna (art. 51 C.P.). Así lo
sostuvo recientemente la Corte en la sentencia T-1085 de 2002 ya citada, cuando
expresó “[p]or supuesto que la Corte no puede avalar ese tipo de
comportamientos, es decir, el cambio unilateral en las reglas de juego que las
entidades financieras imponen a sus clientes abusando de su posición dominante,
máxime cuando estas entidades son las que tienen la información exacta sobre
cada crédito y pueden realizar las verificaciones previas que estimen
convenientes, no pudiendo endilgarle a sus usuarios los efectos negativos de
sus propios yerros, tal como ocurre en el presente caso”[11]
De conformidad con los anteriores
argumentos, es claro que las entidades bancarias, como prestadoras de un
servicio de interés público, y depositarias de la confianza pública, asumen una
posición dominante frente a sus clientes,[12]
a quienes les suministran una información que presumen veraz, y a través de la
cual informan a sus clientes de manera puntual y exacta sobre el estado de sus
obligaciones financieras. Es a partir de esta información que los clientes
pueden establecer si sus obligaciones crediticias ya están canceladas o aún
persiste un saldo pendiente.
Así, cuando una entidad financiera
profiere una comunicación dirigida a uno de sus clientes en la cual le señala
una circunstancia en particular respecto de la obligación financiera que
hubieren, dicha entidad financiera asume una posición jurídica en relación con
tal obligación, y no podrá modificarla de manera  unilateral e inconsulta,
imponiendo una nueva posición jurídica, que al no poderse controvertir por
parte de su cliente, vulnera su derecho al debido proceso y en particular
desconoce el principio del respeto del acto propio. Frente a estas
eventualidades, lo correcto es que la entidad financiera acuda ante la
jurisdicción ordinaria, pues no podrá entrar a corregir sus actos sin el
consentimiento de su cliente, quien además no tiene porque asumir las consecuencias
negativas de los actos de la entidad financiera.
Los criterios señalados serán analizados
a la luz de los hechos expuestos en el expediente, de la siguiente manera.
4. Caso concreto.
El señor Oscar Ramiro Fajardo Ariza
había adquirido un crédito hipotecario con el Banco Central Hipotecario,
actualmente en Liquidación. En el mes de abril de 2000, el actor recibió una
carta suscrita por el mismo Presidente Encargado del Banco B.C.H. en la cual le
manifestaba que luego de agotarse el proceso de reliquidación de su crédito
hipotecario, y dando aplicación a los beneficios otorgados por la Ley 546 de
1999, había resultado beneficiado con un alivio financiero. De esta manera su
obligación financiera que para el 31 de diciembre de 1999 presentaba un saldo
pendiente por valor de $ 3.785.149.79 le fue aplicada un disminución de $
3.811.989.03 pesos. Sin embargo, cuando su obligación hipotecaria fue cedida
por el Banco B.C.H ya en Liquidación, al Banco Granahorrar, éste último
mediante una comunicación que se produjo mucho tiempo después, le informó al
actor que su crédito hipotecario se encontraba en mora, presentando para el 28
de marzo de 2003 un saldo pendiente por valor de $ 6.073.257, aclarando que en
razón a la mora en el pago de dicho crédito, su nombre había sido reportado a
la base de datos de Datacrédito.
De igual forma, analizadas las
respuestas entregadas por las partes accionadas al juez de primera instancia,
se pudo observar que el Banco Central Hipotecario en Liquidación, informó que
mediante comunicación No. 300782 de septiembre 16 de 2002 entregada al actor le
explicó que el banco había concluido el proceso de reliquidación de su crédito
y que el alivio financiero estipulado por la Ley 546 de 1999, le había sido
aplicado a su crédito hipotecario, y que este había correspondido a un valor de
$ 0.00 pesos, aclarándole que cuando le fue informado de un anterior alivio,
éste no había sido autorizado en su momento por el ente de control (entiéndase
Superintendencia Bancaria), razón por la cual su crédito hipotecario se
encontraba aún vigente, y en poder del Banco Granahorrar a quien le había sido
cedida dicha obligación.
Son los anteriores supuestos fácticos los que proceden
a confrontarse con los elementos sentados por la jurisprudencia para la aplicación
del principio del respeto del acto propio:
a. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz.
b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma
persona o centros de interés que crea la situación litigiosa, debido a la
contradicción -atentatorio de la buena fe- existente entre ambas conductas.
c. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en
ambas conductas.[13]
a.
El primer elemento corresponde a una conducta jurídicamente anterior, relevante
y eficaz, a partir de la cual se pueda determinar que el Banco Central
Hipotecario en Liquidación, ya había sentado su posición frente al crédito del
accionante.
Para tener la plena certeza de que esta primera
condición se cumplió, es importante determinar los diferentes actos a partir de
los cuales se puede concluir que el Banco Central Hipotecario en Liquidación,
ya había asumido una posición jurídica concreta frente a la obligación
hipotecaria del actor, y había informado de la misma al demandante.
Mediante carta de fecha 26 de abril del año 2000, el
Presidente Encargado del Banco Central Hipotecario en Liquidación, señor Pablo
Muñoz Gómez,  informó al accionante que “El BCH ha culminado el proceso de
reliquidación de su crédito hipotecario de vivienda. Sobre su saldo de capital
que al 31 de diciembre de 1999 era de $ 3.785.149.79 aplicará una disminución
de $ 3.811.989.03 correspondiente al alivio autorizado por la Ley de vivienda.”
Como puede observarse, cuando el Banco Central
Hipotecario remite la comunicación de fecha abril 26 de 2000, advierte que daba
por agotado el proceso de Reliquidación del crédito hipotecario, con lo cual
sentaba la posición del Banco frente a dicha obligación. En este punto merece
recordarse, que los documentos generados por las entidades bancarias se
presumen veraces en su contenido y con mayor razón habrá de suponerse su
veracidad, cuando la comunicación esta firmada por el propio Presidente del
Banco, lo que hace suponer que hubo un análisis cuidadoso y previo por parte de
las diferentes dependencias del banco, que permitieron asegurar que la
información contenida en ese documento correspondía a un procedimiento serio y
que lo allí consignado reflejaba la realidad de la obligación financiera del
actor.
Ciertamente, cuando el Banco informa al
accionante sobre el alivio de              $ 3.811.98.03 frente a un saldo
pendiente por valor de $ 3.785.149.79, ello hace suponer que la deuda quedaba
cancelada en su totalidad, y que incluso el actor tenía un saldo a su favor por
$ 26.840 pesos. Así, en la eventualidad de que se hubieren generados algunos
intereses entre el 31 de diciembre de 1999 y el 26 de abril de 2000, estos se
pudieron cubrir con los pagos que de manera ordinaria hizo el actor para
cancelar las cuotas de los meses de enero y febrero de 2000, y cuyos dineros
correspondieron a un total de $ 835.000 pesos.
Es claro que el Banco en su carta de
fecha 26 de abril de 2000, suscrita como ya lo dijimos, por el mismo Presidente
Encargado del Banco B.C.H., asume una posición jurídica respecto del crédito
hipotecario del accionante y así se lo comunica al accionante, creándole una
expectativa clara sobre el estado de su deuda hipotecaria, y llevándolo a creer
que su crédito había quedado absolutamente cancelado.
b.
Posteriormente, en la respuesta que el mismo banco diera al juez de primera
instancia en la presente tutela, manifiesta que en carta de fecha 16 de
septiembre de 2002, es decir, más de dos años después del primer
pronunciamiento hecho por el Banco B.C.H., en relación con el alivio financiero
propuesto por la Ley 546 de 1999, aclara al actor que “... el Banco Central
Hipotecario hoy En Liquidación terminó el proceso de revisión y ajuste a la
reliquidación del crédito de la referencia, efectuada durante el año 2000, de
acuerdo a los términos del Decreto Ley de Vivienda 546/99 y según lo
establecido en la Circular Externa 007 de enero 27/2000 emitida por la
Superintendencia Bancaria.
“La metodología utilizada contó con el aval de
la Superintendencia Bancaria y como resultado de esta operación arrojó un valor
de alivio de      $ 0.00, igualmente aprobado por la misma Superintendencia.
“Cabe aclarar que cuando fue informado de un
alivio éste no se encontraba autorizado por el ente de control y a hoy el
crédito se encuentra vigente y redenominado a partir del 1 de Enero de
2000, de acuerdo al citado decreto 546/99, homologado con el No. 1004-1321001
en la plataforma FÉNIX Granahorrar. ....” (Negrilla y subraya fuera del texto original).
Con tal comunicación, el Banco B.C.H. en Liquidación
deja sin sustento la carta de abril 26 de 2000, argumentando que el primer
alivio que le fuera comunicado, no contó en su momento con la respectiva autorización
del ente de control y que por tal motivo, debía tenerse en cuenta solamente la
que se le estaba informando, con lo cual su obligación se encontraba vigente y
presentaba un saldo por pagar.
Con este nuevo documento, el Banco Central
Hipotecario, asume una nueva posición jurídica, contraria a la informada
anteriormente al actor, con lo cual le genera una carga económica que éste ya
creía inexistente, y cuyo cambio jurídico jamás pudo ser controvertido por el
demandante.
c.
Finalmente, existe plena coincidencia de los sujetos intervinientes, pues el
Banco Central Hipotecario es quien genera ambas comunicaciones contradictorias
en su contenido, imponiendo al accionante el deber de pagar una deuda
hipotecario aún pendiente y que actualmente le es exigida en su pago por parte
de otro banco.
Recordemos que en sentencia T-546 de 2003, Magistrado
Ponente Manuel José Cepeda Espinosa, en un caso similar al que aquí se
resuelve, dijo lo siguiente:
“Nuevamente, al igual que en los casos
estudiados en la presente sentencia, el Banco repite una conducta que se resume
en los siguientes puntos: (i) Generación de unos actos propios que crean
una situación jurídica concreta respecto de los demandantes que les impone unas
obligaciones en relación con sus créditos hipotecarios; (ii) Acatamiento
de dichos actos por parte de los actores con unas consecuencias jurídicas y
económicas muy concretas; y, (iii) Desconocimiento por parte del Banco,
de sus propios actos, de los efectos que estos generaron y el establecimiento
de una nueva posición jurídica diferente a la inicialmente asumida con lo cual
vulnera los derechos fundamentales de los tutelantes.”
De esta manera, probado que el Banco
Central Hipotecario desconoció el principio del respeto del acto propio, y de
paso vulneró los derechos al debido proceso del actor, esta Sala habrá de
revocar la decisión proferida por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito de
Bogotá, para en su lugar amparar los derechos fundamentales del señor Fajardo
Ariza.
Ahora bien, de los datos allegados al expediente y del
estudio que esta Sala ha elaborado, es dable concluir que en la actualidad el
Banco Central Hipotecario en Liquidación no es el titular de la obligación
hipotecaria del demandante, pues esta fue cedida al Banco Granahorrar, quien
hoy reclama el pago del mencionado crédito hipotecario, y quien además, ha
reportado al actor a los bancos de datos de Datacrédito, en razón a la mora de
más de tres (3) años en el pago de la obligación financiera insoluta.
Es en este punto en el cual habrá de resolverse y que
se relaciona con la posibilidad que le puede asistir al Banco Granahorrar de
cobrar unos dineros relacionados con un crédito hipotecario que al parecer le
fue cedido cuando ya se había cancelado la obligación. En este punto, debemos
recordar que en los procesos de cesión de cartera, las obligaciones cedidas
conservan consigo todas aquellas acciones legales propias de su figura
jurídica, y que estas pueden ser ejercidas por el cesionario de la obligación.
Luego entonces, cuando el Banco B.C.H. en Liquidación
cede la obligación al Banco Granahorrar, la figura jurídica que opera es la del
endoso de un pagaré[14]
en el cual se encuentra respalda la obligación hipotecaria cedida. Así, el
Banco Granahorrar, como poseedor de buena fe de este título valor, podrá hacer
efectiva la obligación adquirida, incluso si es el caso haciendo uso de todas
las acciones legales de que pueda disponer. Ahora bien, es claro que el
tutelante es el directamente afectado por las actuaciones que en su momento
generó el Banco B.C.H. en Liquidación. Sin embargo,. no se puede obligar al
actor a que inicie reclamaciones en forma directa ante el Banco Granahorrar o
ante el Banco B.C.H. en Liquidación, pues ello sería someterlo nuevamente a una
situación en la que los bancos accionados harían prevalecer su posición
dominante en la relación, y dilatarían una posible solución en desmedro de sus
derechos fundamentales.
Por esta razón, en tanto la obligación
hipotecaria del actor se había visto beneficiada de un alivio financiero en los
términos de la Ley 546 de 1999 ello hace suponer que la obligación quedó
cancelada. Con todo, el Banco Granahorrar reclama actualmente del actor el pago
de una suma de $ 6.073.257 pesos, fruto del crédito cedido por el B.C.H., lo
que fuerza concluir que se estaría obligando al actor a pagar un capital y unos
intereses por un crédito ya cancelado. Por tal motivo, el Banco Granahorrar,
estará obligado a levantar la hipoteca que pesa sobre el inmueble propiedad del
accionante y hacerle entrega al accionante de la respectiva escritura pública
libre de gravamen. Pero además, este banco podrá iniciar todas las acciones
legales pertinentes en contra el Banco Central Hipotecario en Liquidación, en
razón a las contingencias jurídicas que dicho crédito cedido presentó, y en
tanto el mismo Banco B.C.H.- en Liquidación aceptó asumir toda la
responsabilidad por los perjuicios que se llegaren a causar al Banco
Granahorrar y a los deudores en razón a las reliquidaciones generadas con
ocasión de la aplicación de los alivios financieros otorgados por la Ley 546 de
1999.[15]
Finalmente, no olvida esta Sala de
Revisión que en tanto las eventualidades surgidas con ocasión del crédito
hipotecario cedido al Banco Granahorrar, llevaron a que esta entidad bancaria
reportara al tutelante como deudor moroso a las centrales de riesgo financiero
como Datacrédito, dicho Banco deberá en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, actualizar
la información remitida a dichos bancos de datos, informando que el actor jamás
estuvo en mora, a efectos de que los reportes hechos allí sean actualizados con
la misma claridad y exactitud requerida para proteger el derecho al habeas data
y buen nombre del accionante.
En consecuencia, esta Sala de Revisión, revocará la
sentencia de primera y única instancia proferida por el Juzgado Veintisiete
Penal del Circuito de Bogotá, y en su lugar tutelará los derechos fundamentales
al debido proceso, al buen nombre y al habeas data del señor Oscar Ramiro
Fajardo Ariza. Se ordenará por lo tanto que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de esta decisión, el Banco
Granahorrar inicie los trámites pertinentes para la cancelación de la
obligación hipotecaria suscrita por el señor Fajardo Ariza, y para el
levantamiento del gravamen constituido sobre el inmueble propiedad del
accionante, lo cual deberá hacerse en un plazo máximo de un (1) mes contado a
partir de la notificación de la presente sentencia, sin perjuicio de las
acciones judiciales de que podrá decida emprender contra el banco Central Hipotecario
en Liquidación.
VI. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete
Penal del Circuito de Bogotá. En su lugar, TUTELAR el derecho
fundamental al debido proceso y buen nombre del señor Oscar Ramiro Fajardo
Ariza.
Segundo. ORDENAR, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación de esta decisión, el Banco Granahorrar
inicie los trámites pertinentes para la cancelación de la obligación
hipotecaria suscrita por el señor Fajardo Ariza, y para el levantamiento del
gravamen constituido sobre el inmueble propiedad del accionante, lo cual deberá
hacerse en un plazo máximo de un (1) mes contado a partir de la notificación de
la presente sentencia, sin perjuicio de las acciones judiciales que podrá
emprender contra el Banco Central Hipotecario en Liquidación.
Tercero. ORDENAR
al Banco Granahorrar que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de la presente sentencia, a actualice la información
remitida a las bases de datos de las centrales de riesgo  como Datacrédito,
informando que el actor jamás estuvo en mora, a efectos de que los reportes
hechos allí sean actualizados con la misma exactitud y prontitud.
Cuarto. Por Secretaría líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] La Corte ha reiterado en varias de
sus providencias que el Banco Granahorrar tiene la condición de empresa
industrial y comercial del Estado, cuyo objeto social es el servicio bancario,
es decir, se trata de una entidad financiera estatal que presta un servicio
público, cumpliendo así los requisitos del artículo 86 de la Constitución
siendo por tanto posible que sea demandada en acción de tutela. (Sentencias
T-661 de 2001 y T-1085 de 2002).
[2]  Ver sentencia T-280 de 1998, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[3] En sentencia T-366 de 2002, M.P.
Rodrigo Escobar Gil se señaló lo siguiente: “el brocardo ‘venire contra
pactum proprium’ no impone la obligación de no hacer, sino el deber de no poder
hacer, es eso lo que significa que no se puede ir contra los actos propios. Por
lo tanto, cuando el ordenamiento jurídico por su intermitencia y fragilidad no
da seguridad a los particulares respecto a la legitimidad de sus actuaciones, y
la actuación pública, fundada en dicho ordenamiento, revela un comportamiento
que no es la conducta regular y recta que el administrado espera del Estado,
viola el postulado de la buen fe. Ello resulta así, cuando los agentes del
Estado atentan contra los derechos de los ciudadanos de manera súbita e
inconsiderada e incumplen lo ofrecido o retiran lo que han otorgado
anteriormente, por razones que para éstos resultan inesperadas e incomprensibles.”
[4] Sentencia T-295 de 1999, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[5] Ver entre otras las
sentencias T-1085 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-083 de 2003, M.P.
Jaime Córdoba Triviño, T-141, T-323 y T-346 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, T-546 de 2003, Manuel José Cepeda Espinosa, T-550 y T-705 de 2003, M.P.
Alvaro Tafur Galvis  y T-727 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre
otras.
[6] También expresada en la sentencia
T-141 de 2003 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, en la que además, se reiteró lo que
sobre la teoría del acto propio había establecido la Corte en varias
sentencias, entre ellas, la T-475/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-295/99
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[7] Sobre el derecho al debido proceso
como cláusula abierta e integradora de principios y valores constitucionales
Cfr. T-280/98  M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[8] Cfr. T-475/92  M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[9] Cfr. T-265/99  M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[10] Sentencia T-141/03
citada.
[11] Sentencia T-346 de 2003, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[12] Ver sentencia C-955 de 2000, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[13] Sentencia T-295 de 1999, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[15] A folio 21 del
expediente, dentro del texto de la respuesta dada por el Banco Granahorrar al
juez de conocimiento de esta tutela, se trascribe la Cláusula Sexta del
contrato de cesión de los créditos que el Banco Central Hipotecario en
Liquidación entregó al Banco Granahorrar, y en donde claramente se lee que “El
BCH es responsable frente a los deudores y a Granahorrar de los perjuicios que
se puedan ocasionar por hacer las correspondientes reliquidaciones en la forma
y oportunidades determinadas en la citada Ley, así como en la Circular Externa
007 de 2000 de la Superintendencia Bancaria y demás normas concordantes.”