T-365-98
Sentencia T-365/98
Sentencia T-365/98
DERECHO DE
PETICION EN VIA GUBERNATIVA-Protección
ante silencio administrativo
En esta
oportunidad la Corte reitera la doctrina constitucional de acuerdo con la cual
el derecho de petición también es tutelable en la vía gubernativa, cuandoquiera
que los recursos que allí se interpongan no sean resueltos. Según tal
consolidada doctrina, la falta de respuesta oportuna de los recursos previstos
por el propio Código Contencioso Administrativo, en orden a debatir frente a la
propia Administración sus decisiones, constituyen una de las múltiples facetas
que muestra en el panorama legislativo el derecho fundamental "a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución" de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 23 Superior. Y ello es así puesto que el silencio administrativo
opera simplemente como resultado de la abstención de resolver una petición
formulada, lo que quiere decir que su ocurrencia es muestra palmaria e
incontrovertible  de la conculcación del derecho.
DERECHO DE
PETICION FRENTE AL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Deber de resolver la solicitud
Referencia:
Expediente T-161 018
Acción de Tutela
instaurada por Carlos Humberto Padilla López contra Subdirección general de
prestaciones económicas de Cajanal.
Magistrado ponente:
Dr. FABIO MORÓN DÍAZ
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá,
D.C. , a los quince (15) días del mes de julio de mil novecientos noventa y
ocho (1998).
Se someten a revisión los fallos proferidos
por la sección segunda del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca y por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Por conducto de apoderado, CARLOS HUMERTO
PADILLA LÓPEZ, ejerció acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión
Social, por estimar que dicha entidad violó sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso y seguridad social.
Según el demandante, estando en término,
interpuso recurso de apelación el 20 de octubre de 1997 contra la resolución
por medio de la cual la Subdirección general de prestaciones económicas de la
Caja Nacional de Previsión le negó la pensión de gracia.
Para el momento en que interpuso la acción
de tutela , aseguró el solicitante, no había obtenido respuesta alguna.
Acompañó a la demanda copia del recurso con
fecha de presentación personal y de sus anexos, así como la transcripción de
apartes de la sentencia T 134 de 1995 de esta Corporación.
Por último solicitó que se ordenara al
demandado “resolver el recurso de apelación presentado”.
2. Decisiones de instancia
La sección segunda del Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca denegó el amparo solicitado mediante
sentencia de dieciséis de enero de 1998.
Según el Tribunal no puede aducirse que en
este caso CAJANAL esté incurriendo en violación del derecho de petición, habida
cuenta que la interposición del recurso “no comporta el ejercicio del derecho
de petición, pues, su ejercicio presupone que ya hubo pronunciamiento sobre lo
que el actor pretendía y que lo decidido no fue de su agrado”.
Concluye diciendo que “si bien puede
ligárselo al derecho al debido proceso o de defensa, en el caso no amerita
hacerlo, pues el reclamo del accionante no hace esa consideración”.
Conoció en segunda instancia la sección cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, quien en
providencia del 23 de febrero de 1998 resolvió confirmar el fallo impugnado.
Se fundó el ad quem en que el recurso
elevado por el demandante había sido respondido, comoquiera que operó el
fenómeno del silencio administrativo y “el accionante cuenta con otros medios
de defensa judicial, acudiendo en demanda ante la jurisdicción contencioso
administrativa”.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Conforme a lo previsto por los artículos
86, inciso 2, y 241, numeral 9, de la Constitución Política esta Corte es
competente para revisa el fallo de instancia proferido dentro del proceso de la
referencia, y corresponde a esta Sala decidir de acuerdo con lo dispuesto por
el Reglamento Interno así como por el auto adoptado por la Sala de Selección
Número Tres en primero (1) de abril de 1998.
2. El silencio administrativo no subsana la
violación al derecho de petición en vía gubernativa
En esta oportunidad la Corte reitera la
doctrina constitucional de acuerdo con la cual el derecho de petición también
es tutelable en la vía gubernativa, cuandoquiera que los recursos que allí se
interpongan no sean resueltos.
Según tal consolidada doctrina, desconocida
por los falladores de instancia[1],
la falta de respuesta oportuna de los recursos previstos por el propio Código
Contencioso Administrativo, en orden a debatir frente a la propia Administración
sus decisiones, constituyen una de las múltiples facetas que muestra en el
panorama legislativo el derecho fundamental “ a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución” de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23
Superior.
Y ello es así puesto que el silencio
administrativo opera simplemente como resultado de la abstención de resolver
una petición formulada, lo que quiere decir que su ocurrencia es muestra palmaria
e incontrovertible  de la conculcación del derecho.
No debe perderse de vista que de los
elementos que obran en el expediente aparece claro que CAJANAL no ha resuelto
el recurso de apelación propuesto por el peticionario, amparada en lo previsto
por el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo. Disposición que, debe
repetir esta Corporación, únicamente tiene por objeto, como señala el profesor
argentino Pedro Guillermo Altamira, “conseguir el efecto procesal de hacer
viable una acción ‘contencioso administrativa’. Es la consecuencia lógica de la
obligación de resolver” (Curso de Derecho Administrativo, Buenos Aires,
Editorial Depalma, 1971, pp. 922 y 923)[2].
Expresado en otras palabras, el silencio
administrativo no es el otro medio de defensa judicial -como equivocadamente
afirma la segunda instancia- es, como desde 1992 esta jurisprudencia ha dejado
en claro, “ apenas un mecanismo para que el adelantamiento de la actuación sea
posible y no sea bloqueada por la administración, especialmente con vista en la
promoción de las acciones judiciales respectivas” (Sentencia T 481 de 1992, MP
Jaime Sanín Greiffestein)
En tal sentido, cabe reiterar lo expuesto
en la sentencia T 304 de 1994, en la que se dijo:
“El artículo 60 del
Código Contencioso, transcrito anteriormente, señala que si transcurridos dos
(2) meses desde que  se ha interpuesto el recurso, la administración no lo
resuelve, deberá entenderse negado, otorgando así,  la posibilidad al
recurrente de acudir ante la jurisdicción para que le defina sobre sus
pretensiones, a través de las acciones que para ello  se han establecido. En
dicha norma se consagra una ficción,  cuyo único objeto, se repite, es  el de
facilitar el acceso a la jurisdicción. Por tanto, mientras  no se haga uso de
las acciones ante lo contencioso, la administración sigue obligada a resolver,
además de responder por los daños que pueda  producir su inactividad.
La ocurrencia del
silencio administrativo, tal como lo ha señalado esta Corporación,  no hace
improcedente  la acción de tutela,  pues la única finalidad del silencio
administrativo es facilitarle al administrado la posibilidad de acudir ante la
jurisdicción para que ésta resuelva sobre  sus pretensiones, y decida de manera
definitiva sobre lo debía  pronunciarse  la administración. Al respecto se ha
dicho:
"...lo que
se debate ante la jurisdicción cuando se acusa el acto, expreso o presunto, proferido
por la administración, alude al fondo de lo pedido, de manera independiente del
derecho de petición como tal. Allí se discute la legalidad de la actuación
administrativa o del acto correspondiente, de acuerdo con las normas a las que
estaba sometida la administración, ...." (Sentencia T-181 de 1993)
Pero este efecto del
silencio administrativo no  equivale ni puede asimilarse,  a la resolución del
recurso, razón por la cual el derecho de petición, sigue vulnerado mientras la
administración no decida de fondo sobre lo recurrido.( MP Jorge Arango Mejía )[3]
Los planteos anteriores conducen a esta
Sala a sostener que ha debido concederse la tutela dirigida a obtener la
protección del núcleo esencial del derecho de petición, vale decir el derecho a
obtener una pronta resolución.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto esta Sala  de
Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias de
dieciséis (16) de enero de 1998 y veintitrés de febrero de 1998 proferidas por
el la sección segunda del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca y la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, respectivamente.
Segundo. - CONCEDER la tutela
interpuesta por Carlos Humberto Padilla López. La subdirección general de
prestaciones económicas de Cajanal, si no lo ha hecho ya, deberá responder
dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de la presente sentencia, el recurso de apelación contra la resolución 018290
de octubre 6 de 1997 que negó la pensión de gracia al peticionario.
Tercero.- Se hace un llamado de
atención a la Caja Nacional de Previsión Social para que no vuelva a incurrir
en retardos en la tramitación de los recursos interpuestos ante dicha
Institución.
Cuarto.- LÍBRENSE por Secretaría las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí previstos.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado ponente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Sobre su
obligatoriedad ver sentencias T 260 de 1995 y T 175 de 1997 MP José Gregorio
Hernández Galindo.
[2] Citado por PENAGOS, Gustavo. Vía Gubernativa. Ediciones
ciencia y derecho, Santafé de Bogotá, 1995, Segunda Edición, p.136.
[3] En el mismo sentido sentencias T 355 de 1993 MP Hernando
Herrera Vergara, T 375 de 1993 MP José Gregorio Hernández Galindo, T 119 de
1994 MP Hernando Herrera Vergara, T 436 de 1994 MP Jorge Arango Mejía, T 464 de
1994 MP José Gregorio Hernández Galindo, T 577 de 1994 MP José Gregorio
Hernández Galindo, T 103 de 1995 MP Alejandro Martínez Caballero, T 134 de 1995
MP José Gregorio Hernández Galindo T 294 de 1997 MP José Gregorio Hernández
Galindo, T 454 de 1997 MP Hernando Herrera Vergara, T 291 de 1998 MP Fabio
Morón Díaz, T 306 de 1998 MP Fabio Morón Díaz.