T-294-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-294/09
DERECHO A LA
EDUCACION DE MENORES CON TALENTOS O CAPACIDADES EXCEPCIONALES-Fundamental
DERECHOS
CONSTITUCIONALES-Faceta prestacional y progresiva
EDUCACION DE
PERSONAS CON TALENTOS O CAPACIDADES EXCEPCIONALES-Obligaciones
del Estado
La educación de
las personas con capacidades o talentos excepcionales es una obligación del
Estado. En desarrollo de este mandato constitucional, La Ley 115 de 1994 reitera
que la atención de la población con capacidades o talentos excepcionales es
deber del Estado y además precisa que hace parte del servicio público
educativo. A su vez, este deber se concreta en tres obligaciones específicas: (i)
garantizar en las instituciones de educación pública el acceso a la educación y
la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y técnico,
(ii) así como una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus
necesidades especiales; y (iii) fomentar programas y experiencias para la
formación de docentes idóneos para la adecuada atención educativa de los
menores con capacidades o talentos excepcionales
EDUCACION DE
PERSONAS CON TALENTOS O CAPACIDADES EXCEPCIONALES -Subsidios
del ICETEX para menores de edad
Para garantizar la educación de las
personas con capacidades o talentos excepcionales, el Ministerio de Educación
Nacional, a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior, ICETEX, ha otorgado, a partir de 1989, ayudas
educativas en la modalidad de subsidios a menores de edad con capacidades o
talentos excepcionales de escasos recursos económicos.
EDUCACION DE
PERSONAS CON TALENTOS O CAPACIDADES EXCEPCIONALES-El
mecanismo de financiación que maneja el ICETEX es insuficiente e ineficiente
Concluye la Corte, que el mecanismo de financiación que
maneja el ICETEX, continúa siendo insuficiente e ineficiente para asegurar el
deber que tiene el Estado de promover, fomentar y asegurar el acceso a la
educación especializada de las personas con capacidades excepcionales y que
frente a lo ordenado por la Corte en sentencias previas no ha habido ningún
avance. Por su parte, la Secretaría de Educación
de Cundinamarca no ha desarrollado ni cuenta actualmente con ningún tipo de
ayuda económica para esta población.
SECRETARIA
DE EDUCACION-No ha puesto en marcha acciones
concretas que aseguren a los menores con talentos excepcionales una educación
especial
A la fecha la
Secretaría de Educación de Cundinamarca no ha expedido la reglamentación ni ha
puesto en marcha acciones concretas que aseguren a los niños y jóvenes del
Departamento el goce efectivo de su derecho fundamental a la educación
especial. Este incumplimiento resulta aún más
sorprendente cuando los gobiernos Nacional y de
las entidades territoriales cuentan con la posibilidad de contratar con
entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos
necesarios para la atención de los menores con capacidades o talentos
excepcionales, mientras los establecimientos estatales no puedan ofrecer este
tipo de educación. De ahí, que no encuentre la Sala justificación alguna al
desinterés y falta de compromiso de las entidades del orden nacional y
territorial en la atención de esta población, situación que ha terminado por
vulnerar los derechos fundamentales del menor, a la educación especial y al
libre desarrollo de la personalidad.
PRINCIPIO
PRO INFANS-El menor goza de talentos excepcionales
razón por la cual se le debe reconocer el derecho a la educación especial
EDUCACION DE
PERSONAS CON TALENTOS O CAPACIDADES EXCEPCIONALES-Ni
el Ministerio de Educación ni el ICETEX cumplieron con la orden de la sentencia
SU-1149 de 2000 de implementar un sistema de financiación para estos menores
Ni el
Ministerio de Educación Nacional ni el ICETEX cumplieron con la orden que dio la
Sala Plena de la Corporación en la SU-1149 de 2000, en el sentido de “proceder
a implementar un sistema de financiación de educación para los menores que
posean talentos o cualidades excepcionales. Este accionar del Ministerio de
Educación Nacional ha terminado por generar una regresividad en la garantía del
derecho que se estaba protegiendo, no admisible desde ningún punto de vista por
la jurisprudencia constitucional, máxime cuando se trata de sujetos de especial
protección.
DERECHO AL
MINIMO VITAL-Criterio para determinarlo depende de
una evaluación cualitativa de las necesidades de cada persona
EDUCACION DE
MENOR CON TALENTOS O CAPACIDADES EXCEPCIONALES-Vulneración
de derechos debido a que ni el Departamento de Cundinamarca, ni el Ministerio
de Educación han desarrollado ni puesto en funcionamiento la educación especial
para estos niños
Referencia: expediente
T-2121107
Acción de tutela interpuesta por Isabel Méndez Mantilla en
representación del menor Héctor García Méndez contra Secretaría de Educación de
Cundinamarca
Magistrada
Ponente (e):
Dra. Clara Elena Reales Gutiérrez
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de
dos mil nueve (2009)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Clara Elena Reales Gutiérrez, Luís
Ernesto Vargas Silva y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y
trámites legales y reglamentarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado
Dieciséis (16) Civil del Circuito de Bogotá de julio 16 de 2008 y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de octubre 30 de 2008, en
el trámite de la acción de tutela interpuesta por Isabel Méndez Mantilla en
representación de su hijo menor de edad, Héctor García Méndez, contra la
Secretaría de Educación de Cundinamarca. El expediente
de la referencia fue remitido a la Corte Constitucional y seleccionada por la
Sala de Selección Número Uno (1), mediante auto del veintenueve (29) de enero
de dos mil nueve (2009), correspondiendo a la Sala Segunda de Revisión su
conocimiento.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos.
1.1.
Hechos relatados por la accionante
1.1.1 La ciudadana Isabel Méndez
Mantilla, obrando en nombre y representación de su hijo menor de edad Héctor
García Méndez, interpuso acción de tutela contra la Secretaría de Educación de
Cundinamarca[1], al
estimar que dicha entidad había vulnerado sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad y al debido
proceso, al negarle infundadamente una beca o subsidio educativo para continuar
sus estudios en la institución educativa en la cual se encuentra matriculado.
Para fundamentar su petición expuso los hechos que se presentan a continuación.
1.1.2 La accionante es madre cabeza de
familia, de escasos recursos económicos, quien con el
fin de solventar sus gastos familiares se desempeñaba como profesora en dos
trabajos: en la jornada de la mañana con un colegio público y en la jornada de
la tarde con un colegio privado, hasta que fue diagnosticada con cáncer de seno
hace tres años.
1.1.3 La accionante es madre del menor
Héctor García Méndez, un niño con talentos especiales, de doce (12) años de
edad, quien cursa el grado octavo (8°) en la institución educativa Colegio de
Enseñanza Temprana Descubriendo, ahora Oakland Colegio Campestre, ubicado en el
municipio de Cota (Cundinamarca) y, estudia en la Fundación Orquesta Sinfónica
Juvenil de Colombia, undécimo semestre de Solfeo-fundamentación niños 4, cuarto
semestre de piano y taller de acompañamientos-fundamentación; y toma clases
particulares de violín.
1.1.4 Debido a la enfermedad de la
actora, ésta tuvo que renunciar al trabajo en la
jornada de la tarde, dejar su hogar en el municipio de Mosquera (Cundinamarca)
para poder asistir a los tratamientos médicos prescritos y adquirir varios
créditos para poder cubrir los nuevos gastos y continuar sufragando los
estudios requeridos por su hijo.
1.1.5. Afirma la
accionante que ante esta situación su hijo está en riesgo de abandonar sus
estudios, lo que ha incrementado el estado de ansiedad que padece desde hace
varios años, especialmente a partir de que el menor tuvo conocimiento del crítico estado de salud de su madre, por lo cual ha
sido necesario prestarle apoyo psicológico.
1.1.6 La peticionaria solicitó mediante
escrito[2] una
cita a la Secretaria de Educación de Cundinamarca (e), Nelly Riaño Barragán,
para exponerle el caso de su hijo, evaluado por el Departamento de Psicología
del Hospital de la Misericordia con un coeficiente intelectual de 142, y al no
obtener respuesta, elevó un derecho de petición a la citada funcionaria,[3]
en el que además de reiterar su solicitud, explicó brevemente la condición de
su hijo menor y le pidió “una respuesta oportuna frente a la situación de mi
hijo a fin de que no sea vulnerado su derecho a la educación y pueda continuar
sus estudios en el colegio que actualmente cursa su bachillerato.”
1.1.7 Finalmente, el secretario de
Educación de Cundinamarca, Álvaro Díaz Garavito, en respuesta a su derecho de
petición,[4] le
informó que el Departamento de Cundinamarca a pesar de estar implementando el
programa de educación inclusiva no cuenta con instituciones educativas que
ofrezcan educación para niños excepcionales, ni con convenios
interinstitucionales que los apoyen con esta población. Al respecto sostuvo:
“Con el objeto de dar respuesta al derecho de petición radicado por
usted el 7 de abril de 2008 solicitando apoyo para su hijo HECTOR GARCÍA
MENDEZ, quien presenta una excepcionalidad certificada, me permito muy
comedidamente comunicarle que esta Secretaría, a través del proyecto de
atención a personas con limitaciones y capacidades excepcionales ha venido
implementando el programa de educación inclusiva en el departamento, el cual
obedece a las políticas nacionales sobre educación especial, en este sentido el
departamento no cuenta en la actualidad con instituciones educativas que
ofrezcan educación para niños excepcionales y tampoco cuenta con convenios
interinstitucionales que nos apoyen con esta población.
Sin embargo me permito informarle que el ICETEX cuenta con un
programa especial para estudiantes con capacidades excepcionales.”
1.2.
Pruebas aportadas por la accionante
La peticionaria adjuntó a su demanda, entre otras, las siguientes
pruebas documentales relevantes:
1.2.1 Copia del escrito de enero 17 de
2008 mediante el cual la señora Isabel Méndez Mantilla solicita una entrevista
con el Secretario de Salud de Cundinamarca, con el fin de presentarle la
situación de su hijo Héctor García Méndez, en el que además expone brevemente
sus circunstancias particulares.
1.2.2 Copia
del escrito de marzo 26 de 2008 dirigido al Secretario de Educación de
Cundinamarca  en el que con base en las circunstancias particulares de su hijo
Héctor García Méndez, a la ausencia de programas para brindarle apoyo en el Departamento,
y a que no ha obtenido respuesta a su solicitud para exponerle el caso de su
hijo, pide una nueva cita y una respuesta oportuna para que no se continúe
vulnerando el derecho a la educación de su hijo y pueda continuar sus estudios
en el colegio en el cual está cursando su bachillerato. Los principales apartes
del escrito dicen:
“(…) reitero
a usted la solicitud verbal hecha ante las señoritas YOLANDA MONTOYA y LUZ
MARINA GONGORA RIOS, de la Oficina de Discapacidad y Excepcionalidad en el mes
de enero, mediante la cual solicité apoyo para mi hijo HECTOR GARCIA MENDEZ, (…).
Como
verbalmente las funcionarias citadas me manifestaron que Cundinamarca no puede
brindar ningún apoyo a niños como mi hijo, ya que no existe un programa para
tal fin, y a la fecha no he obtenido respuesta a mi solicitud de una cita con
usted radicada por escrito el 18 de enero de 2.008 bajo el consecutivo de
radicación No. 002948 para exponer el caso de mi hijo, el cual se encuentra
abocado a abandonar sus estudios por cuanto en este momento me practico desde
hace tres años un tratamiento de cáncer de seno que me obliga a permanecer en
Bogotá junto a mi familia materna, a pesar de que mi casa esta ubicada en el
municipio de Mosquera-Cundinamarca, teniendo que incurrir en el pago de
arriendo y servicios más costosos, a lo cual se suma la demanda de unos
recursos económicos para efectos de complementar mi tratamiento y mejorar mi
calidad de vida, lo que me aboca en este momento a una situación económica que
lesiona el bienestar y derecho a la educación que requiere mi hijo por sus
capacidades y la que yo garanticé desde muy pequeño, pero que en este momento
por mi estado de salud, sumada al hecho de que soy madre cabeza de familia no
puedo mantener más. Además a todo lo anterior se suma el concepto del Neurólogo
tratante de mi hijo, quien no recomienda un cambio de colegio por la situación
emocional del niño frente a la adaptación al medio escolar y a una nueva
metodología, así como la ansiedad que le produce mi enfermedad y la situación
que atravesamos por lo cual se encuentra actualmente también en tratamiento de
psicología.
Frente a las
anteriores motivaciones teniendo en cuenta que mi hijo tiene un talento
excepcional y la ley obliga a las Secretarías de Educación a promover programas
de becas o subsidios para promover el talento excepcional, muy comedidamente
solicito de nuevo una cita con usted y una respuesta oportuna frente a la
situación de mi hijo (…).”
1.2.3 Copia
de la historia clínica de ingreso del menor  Héctor García Méndez con fecha
enero 15 de 2008, firmada por la psicóloga Natalia Puerto Salamanca, de la
Fundación Hospital de la Misericordia, Homi, en la que consta que al menor se
le practicó una prueba de inteligencia cuyos resultados  arrojados por la escala de Wisc determinan su coeficiente en 142,
lo cual “indica un puntaje significativamente superior al promedio según el
DSM-IV, destacándose en las pruebas verbales, su fluidez, comprensión y
análisis son sobresalientes. De igual manera sus habilidades en las pruebas de
manipulación”.
1.2.4 Copia
del resultado de la evaluación realizada por  el neuropediatra Adolfo Enrique
Álvarez Montañez de la Fundación Hospital de la Misericordia, con fecha febrero
12 de 2008, con el siguiente diagnóstico: “Paciente
con cuadro de CI alto, quien presenta  marcada ansiedad y ha tenido
dificultades en su adaptación al medio escolar, en el momento se encuentra
adecuadamente ubicado, además recibe formación musical estructurada. Debido al
buen desempeño escolar y la adecuada respuesta emocional al adaptarse al medio,
así como la dificultad que ha manifestado para reubicarse en el entorno escolar
y en una nueva metodología se recomienda en lo posible no reubicar
escolarmente. Debe recibir apoyo psicológico por la condición actual de
ansiedad.”
1.2.5 Copia
del comprobante de pago del salario de la madre en su calidad de profesora en
el Distrito, prueba con la que sustenta su incapacidad económica debida a los
descuentos que por nómina le efectúan para cubrir los gastos que su enfermedad
y traslado a Bogotá le han generado.[5]
1.2.6 Copia
del recibo de Davivienda donde consta el pago del colegio por valor de
$574.300 mensuales.[6]
1.2.7 Copia
del formulario de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia en el que se especifican
las materias que está cursando el menor en el primer semestre de 2008 con sus
respectivas notas, así como el valor de la matrícula para el segundo semestre por
la suma de $1.372.300.
1.2.8 Copia
de los recibos de pago de las consultas médicas efectuadas en la Fundación
Hospital la Misericordia a nombre del menor Héctor García Méndez.
1.2.9 Copia
de los  comprobantes de pago del arriendo por la suma de $740.000 (junio de
2008), de acueducto por la suma de $108.170 (abril-junio de 2008); y de energía
por la suma de 66.390 (mayo-junio de 2008).
1.2.10 Copia
del registro civil de nacimiento del menor Héctor  García Méndez, en el que
figura como padre del menor el señor Marino García Franco.
1.3.
Pretensiones de la accionante
La accionante solicita que mediante la
acción de tutela:
1.3.1 Se
protejan los derechos fundamentales que han sido conculcados por la Secretaría
de Educación de Cundinamarca: al mínimo vital, a la educación, al libre
desarrollo de la personalidad y al debido proceso, y los demás derechos que el
juez de tutela encuentre que han sido vulnerados por la entidad accionada.
1.3.2 Se
ordene a la entidad accionada que en cumplimiento del proyecto de atención a
personas con limitaciones y capacidades excepcionales, implementada en el Departamento
de Cundinamarca, el cual obedece a las políticas nacionales sobre educación
especial, proteger el derecho a la educación del menor Héctor García Méndez,
otorgándole una beca en la institución educativa Colegio Oakland, o en su
defecto otorgarle un subsidio educativo en la misma institución.
1.3.3 Se
ordene a la entidad demandada abstenerse de seguir vulnerando los derechos
fundamentales señalados.
2.
Respuesta de la Secretaría
de Educación de Cundinamarca
En representación de esta Secretaría intervino dentro del proceso de
tutela el señor Fernando Vargas Peñalosa, Director de Contratación y Asuntos
Jurídicos quien, mediante oficio de julio 9 de 2008, solicitó al Juzgado Dieciséis
Civil del Circuito de Bogotá, declarar improcedente la acción de tutela por no
haber violación alguna al derecho fundamental a la educación ni al libre
desarrollo de la personalidad, y menos al mínimo vital del menor Héctor García
Méndez, con fundamento en los siguientes argumentos:
2.1 Respecto a la vulneración del mínimo
vital sostuvo que no existe prueba en el expediente que indique la carencia de
la porción de ingresos indispensables para atender tales necesidades. “Por
el contrario, la Accionante manifiesta tener fijado su domicilio en la ciudad
de Bogotá, en el Barrio Nicolás de Federmán y poseer una vivienda en el
Municipio de Mosquera. Además de lo anterior, al parecer, se desempeña como
docente adscrita al Distrito Capital.
Así las cosas, el derecho fundamental del menor al mínimo vital ni
el de su señora madre, está siendo vulnerado por la Secretaría de Educación de
Cundinamarca. Téngase en cuenta que la Accionante, no allega prueba siquiera
sumaria de las condiciones que según ella, la motivan a solicitar amparo al
mínimo vital (…).”
2.2 Frente a la obligación prevista en
el artículo 46 de la Ley 715 de 2001 de integrar a las personas con capacidades
intelectuales excepcionales dentro del servicio público educativo, en el caso
del menor Héctor García Méndez, la Secretaría “no ha negado la inclusión o
integración del menor a las aulas educativas de los establecimientos públicos.
Por el contrario, ha sido la Accionante, quien se niega a permitir tal
inclusión y por el contrario, lógicamente con el derecho legal y constitucional
que le asiste, ha ubicado a su hijo en un establecimiento educativo del sector
privado, según ella misma lo afirma en su escrito de tutela.”
2.3 En lo que tiene que ver con la
vulneración del derecho a la educación, la Secretaría consideró que no obraba
en el expediente prueba alguna que acreditase el riesgo inminente de que el
menor fuese retirado de la institución educativa en la que se encuentra y que
en todo caso en la respuesta a su derecho de petición se le había informado
sobre la existencia de programas de educación inclusiva en los establecimientos
públicos del Departamento y de programas en el Icetex para alumnos de escasos recursos económicos.
2.4 En cuanto al derecho al libre
desarrollo de la personalidad, la Secretaría señaló que, en varias
oportunidades los funcionarios del Departamento han informado a la señora
Isabel Méndez sobre la posibilidad de inclusión del menor en un establecimiento
educativo público,[7] la
cual ha sido rechazada tal y como se desprende de su escrito de tutela.
2.5 Frente a la solicitud de asignación
de beca o auxilio económico argumentó que por “expresa prohibición
constitucional no le es permitido a las entidades del Estado asignar auxilios o
becas a los particulares (…). Para el caso que nos ocupa, los apoyos previstos
por el Estado, consisten en la inclusión dentro del aula regular, en la
implementación de Proyectos Educativos Institucionales (PEI), especiales, en la
ejecución de programas que garanticen la educación especial que requiere la
persona y dentro de estos marcos normativos ha de desarrollarse la actividad de
las entidades.”
3.
Intervención del Ministerio
de Educación Nacional
El Ministerio de Educación Nacional fue vinculado al proceso en el
auto admisorio de la acción de tutela del 4 de julio de 2008, por el Juez
Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, para que hiciese un pronunciamiento
sobre los hechos e indicase las políticas tomadas por el Gobierno Nacional
relacionadas con casos de menores con un nivel intelectual como el que tiene Héctor
García Méndez.
En representación del Ministerio de Educación intervino la doctora
Gloria Amparo Romero Gaitán, asesora de la Oficina Asesora Jurídica[8],
para solicitar la desvinculación de la entidad de la acción en curso con el
argumento de que el Ministerio de Educación no está desconociendo derecho
fundamental alguno del menor hijo de la tutelante, en la medida de que sus
obligaciones se limitan ha diseñar políticas estables tendientes a garantizar
la organización de programas. Al respecto sostuvo la entidad:
“Los lineamientos generales de política para la atención de personas
con talentos y/o capacidades excepcionales, la cual ha sido impresa y difundida
en todo el sector.
El desarrollo de esta política se ha venido adelantando sin
perjuicio de la gestión que se cumple en virtud de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley 115 de 1994 y el reglamento, Decreto 2082 de 1996.
Así mismo se preparó el proyecto DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN
PROGRAMA DE ATENCIÓN EDUCATIVA A NIÑOS Y JOVENES CON TALENTOS Y CAPACIDADES
EXCEPCIONALES, cuyo objetivo es impulsar una estrategia nacional con el concurso
de las entidades territoriales y los organismos especializados, tendiente a
proporcionarle a los establecimientos educativos de preescolar, básica y media
del país para su debida organización en los proyectos educativos
institucionales “PEI”, los instrumentos necesarios para identificar y registrar
oportunamente los datos sobre niños y jóvenes con talentos y capacidades
excepcionales, los criterios pedagógicos y curriculares para su atención
pertinente, así como realizar acciones de formación y actualización de los
docentes, la dotación de material educativo y el apoyo financiero mediante
becas o subsidios a niños y jóvenes con escasos recursos económicos.
Para garantizar la educación de las personas con talentos y
capacidades excepcionales, a través del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “ICETEX” han sido suscritos
diferentes convenios para financiar y otorgar ayudas educativas en la modalidad
de subsidios a niños, niñas y jóvenes menores de dieciocho años, con talentos y
capacidades excepcionales, que no posean los medios económicos y que deseen
iniciar o continuar sus estudios, en el servicio educativo, de acuerdo a lo
establecido en el reglamento operativo, el cual fue aprobado el 12 de febrero
de 2001, por la Junta Administradora de dicho Fondo.
(…)
Es competencia de las Secretarías de Educación Departamentales y
Distritales, en virtud de la descentralización educativa ordenada por la Ley 60
de 1993 y la Ley 115 de 1994, con fundamento en la política fijada por el
Ministerio de Educación Nacional, efectuar el seguimiento de la Educación de
las personas con talentos y capacidades excepcionales identificadas en los
establecimientos educativos ubicados en los territorios de su competencia.”
4.
Decisión de primera
instancia.
El Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia de julio 16 de 2008, decidió negar el amparo solicitado.
El juez de instancia, luego de señalar que no tiene reparos frente a
la legitimación de los intervinientes, y de exponer brevemente a la luz de la
Carta y de la jurisprudencia constitucional los presupuestos para la
procedencia de la acción de tutela, consideró que para el caso concreto, no se
encontraban probados dichos presupuestos, dado que de los elementos de juicio
obrantes en el plenario no surge prueba contundente de que se les estén
vulnerando los derechos fundamentales enunciados. Al respecto señaló:
“Para el efecto resaltase que aparece acreditado que el menor
actualmente se encuentra estudiando, lo que de suyo descarta una vulneración al
derecho fundamental a la educación.
“Ahora bien, su madre manifiesta la imposibilidad de seguir
costeando sus estudios, lo cual, eventualmente, se constituiría en una presunta
amenaza a tal garantía. Sin embargo, dicha afirmación en criterio del juzgado,
no corresponde a una situación concreta e inminente, es más se convierte en una
afirmación indefinida, pues en el acopio de pruebas que reposan en el
informativo aparece demostrado que la madre ha venido costeando los gastos
educativos de su hijo, si bien con dificultad, es claro que lo ha hecho, y no
se establece nítidamente que dicha situación esté llamada a cambiar.
En cuanto a los demás derechos invocados como presuntamente
vulnerados en el escrito introductoria, no encuentra esta juzgadora sustento
fáctico ni jurídico que evidencien la presunta violación acusada, ya que no se
desprende del plenario que estos vengan siendo conculcados por la entidad
accionada, pues, por el contrario, el recaudo probatorio deja ver que el menor
cuenta con los elementos necesarios para vivir y su madre se ha encargado de
otorgarle las herramientas necesarias para el libre desarrollo de la
personalidad.”
Para finalizar el juez de instancia indicó a la accionante, de
conformidad con la intervención del Ministerio de Educación Nacional, la
posibilidad de acceder a ayudas y beneficios a través del Icetex, entidad encargada de manejar el
Fondo Educativo organizado para financiar y otorgar ayudas educativas a los
menores que cuenten con talentos y capacidades excepcionales.
5.
Impugnación de la
decisión de primera instancia.
Inconforme con la anterior decisión, la señora Isabel Méndez
Mantilla, dentro del término legal[9] interpuso
recurso de apelación con fundamento en los siguientes argumentos:
5.1 El juez de instancia incurrió en
error al no valorar su capacidad económica, pues aunque tiene trabajo y un
ingreso, éste es insuficiente para atender la formación educativa que exige y
merece su hijo, dadas sus condiciones particulares: coeficiente intelectual de
142 que lo ubica como un niño con capacidades o talentos excepcionales, talento
musical, sus dificultades de adaptación al medio escolar (trastorno de ansiedad
social en la niñez) y la enfermedad materna que ha recrudecido su cuadro
psicológico. En consecuencia, el derecho a la educación de su hijo si está en
inminente peligro, así lo expresó la madre:
“El derecho a la educación de mi menor hijo HECTOR GARCIA MENDEZ, está
en grave peligro, por que (sic) después de tanto esfuerzo económico realizado
de mi parte, hoy día no tengo de donde seguir cubriendo dichos costos, tanto
así que no he podido cancelar la mensualidad del colegio exponiéndome a que lo
saquen por no pago ó cambiarlo a un colegio departamental, donde se vería
totalmente perjudicado en su evolución toda vez que así como lo manifestó el
Secretario de Educación, doctor ALVARO DIAZ GARAVITO,  mediante oficio DIDE/SEC
de abril 15 de 2008: “el departamento no cuenta en la actualidad con
instituciones educativas que ofrezcan educación para niños excepcionales y
tampoco cuenta con convenios interinstitucionales que nos apoyen con esta
población”.
(…).
Así las cosas, es claro que existe un hecho cierto, indiscutible y
probado que no deja duda alguna del alto riesgo a que está expuesto mi hijo
sino (sic) obtiene por parte del Estado un amparo, una ayuda idónea y a tiempo.”
5.2 Respecto a la ayuda y beneficios que
posiblemente podía otorgarle el ICETEX, la señora Isabel Méndez Mantilla
expresó que dichas ayudas ya no estaban operando para niños nuevos:
“En cuanto a lo manifestado por la señora Juez, respecto a la ayuda
y beneficios que pueda obtener por parte del Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, me permito manifestar que
he acudido a todos los entes en busca de ayuda o beneficio para mi hijo y el
ICETEX, no fue la excepción. En el momento en que me acerqué a éste Instituto
el funcionario WALTER ZUÑIGA OSSA vicepresidente de fondos en administración me
certificó que estas ayudas y beneficios no se encontraban funcionando para
niños nuevos y que el proyecto que inicialmente comenzó lo estaban acabando
(…).”[10]
5.3 En relación con la intervención del
Director de Contratación y Asuntos Jurídicos de la Gobernación durante el
proceso de instancia, en la que afirmó que “la Secretaría de Educación de
Cundinamarca no ha negado la inclusión o integración del menor a las aulas
educativas de los establecimientos públicos. Por el contrario, ha sido la
accionante, quien se niega a permitir tal inclusión y por el contrario,
lógicamente con el derecho legal y constitucional que le asiste ha ubicado a su
hijo en un establecimiento educativo del sector privado  (…)”, la
accionante sostiene que es totalmente falso que ella se haya negado a permitir
la inclusión, por el contrario, la Secretaría de Educación, le manifestó tanto
verbalmente como por escrito que no contaba con instituciones educativas que
ofreciesen educación para niños excepcionales ni convenios interinstitucionales
para apoyar a esta población. Además, señala la existencia de una evidente
contradicción entre los oficios suscritos por el Secretario de Educación Álvaro
Díaz Garavito y el Director de Contratación y Asuntos Jurídicos, Fernando
Vargas Peñalosa.
5.4 Finalmente, que la Secretaría de
Educación de Cundinamarca no ha cumplido con ninguna de las obligaciones
legales, plasmadas en el oficio suscrito por la Asesora Jurídica del Ministerio
de Educación Nacional.
5.5 Nuevas pruebas. La accionante al
interponer el recurso de apelación[11]
contra el fallo de tutela emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá, presentó las siguientes pruebas:
5.5.1 Copia del certificado del Colegio
Campestre de Enseñanza Temprana. Descubriendo[12], en
el que la rectora hace constar que, la señora Isabel Méndez Mantilla, madre del
estudiante Héctor García Méndez, se encuentra en mora en el pago de las
mensualidades de los meses de julio, agosto y septiembre de 2008.
5.5.2 Copia de la declaración
juramentada rendida ante el Notario 64 de Bogotá por las ciudadanas Rosa Elvia
González de Rey y Constanza Rey González, donde expresan que conocen a la
peticionaria hace trece (13) años; que no ha contraído nupcias por ningún rito,
ni hace vida marital con persona alguna; que tiene un hijo de doce (12) años,
quien depende económicamente de ella y conviven bajo el mismo techo; y que el
padre no le ha prestado ninguna clase de ayuda económica, ni han convivido con
él.
5.5.3 Copia de la declaración
juramentada rendida ante el Notario 64 de Bogotá por la ciudadana Martha Lucia
Nancy Castellanos Cuervo en la que expresa que, conoce a la peticionaria hace
quince (15) años; que no ha contraído nupcias por ningún rito, ni hace vida
marital con persona alguna; que tiene un hijo de doce (12) años, quien depende
económicamente de ella y conviven bajo el mismo techo; y que el padre no le ha
prestado ninguna clase de ayuda económica, ni han convivido con él.
5.5.4 Copia de la declaración juramentada
rendida ante la Notaría Única del Círculo de Mosquera por las ciudadanas Yolita
Isabel Torres Mayorga, María Nelsy Suárez Losada y Flor maría Segura Luque, en
la  que declararon conocer a la peticionaria hace más de
cinco (5) años; que es propietaria del inmueble ubicado en la carrera 17E No.
9E-21 Barrio El Poblado del Municipio de Mosquera, Cundinamarca; que la señora
Isabel Méndez Mantilla hace cuatro (4) años tuvo que mudarse a Bogotá, debido a
que le diagnosticaron cáncer de seno para contar con los cuidados de su familia
y que en ese momento arrendó el inmueble por un valor de $150.000, pero desde
hace dos (2) meses se encuentra desocupado; y que les consta que la señora
Méndez Mantilla no tiene compañero permanente y es madre cabeza de familia.
5.6 El Juzgado Dieciséis Civil del
Circuito de Bogotá concedió el recurso y remitió el expediente a la Sala Civil
del Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá.
5.7 La apelación fue coadyuvada por el
Defensor del Pueblo, Mauricio Vesga Carreño, de la Seccional Cundinamarca, en
virtud del mandato constitucional que le otorga a la Defensoría del Pueblo la
obligación de proteger y defender los derechos e intereses de los particulares
y de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 24 de 1992.
6.
Sala Civil de Decisión
del Tribunal Superior de Bogotá: declaración de nulidad de todo lo actuado a
partir de la sentencia del 16 de julio de 2008.
El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil de Decisión, por medio de
Auto de agosto 4 de 2008, después de revisar la actuación adelantada en la
primera instancia, advirtió la configuración de la causal de nulidad prevista
en el numeral 8 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto
la demanda de tutela  sólo se admitió frente a la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, cuando también se dirigió contra la Gobernación de Cundinamarca,
el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Estudios
Técnicos en el Exterior, Icetex,
omisión que impidió el ejercicio del derecho de defensa de estas entidades
frente a las pretensiones de la accionante. En consecuencia, declaró la nulidad
de todo lo actuado, a partir de la sentencia del 16 de julio de 2008 y ordenó
la devolución del expediente al Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá
para rehacer la actuación anulada.
El Juzgado Dieciséis Civil del Circuito mediante Auto de agosto 8 de
2008 se declaró incompetente[13] para
conocer la acción de tutela dirigida contra una autoridad del orden nacional
(Ministerio de Educación) y devolvió el expediente a la Sala Civil del Tribunal
de Distrito Judicial de Bogotá.
7.
Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá: admisión  y trámite de la acción de
tutela
Mediante Auto del 14 de agosto de 2008, la Sala Civil del Tribunal
Superior de Distrito  Judicial de Bogotá, al dar trámite a la acción de tutela
contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca, vinculó al proceso al
Ministerio de Educación Nacional y al Icetex.
7.1.
Intervención de la Secretaría de Educación de la
Gobernación de Cundinamarca
El Director de Contratación y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Educación de la Gobernación de Cundinamarca, intervino dentro del término legal[14]
para solicitar la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela al no
haberse presentado violación de los derechos al mínimo vital, a la educación y al
libre desarrollo de la personalidad del menor Héctor García Méndez, con
fundamento en los mismos argumentos expuestos ante el Juez Dieciséis Civil del
Circuito de Bogotá, el 9 de julio de 2008.
7.2.
Intervención del Ministerio de Educación
Nacional
El Ministerio de Educación Nacional por intermedio de la asesora de la
Oficina Jurídica, Gloria Amparo Romero Gaitán, solicitó la desvinculación del
proceso como sujeto pasivo de la acción de tutela,[15]
con el argumento de que es competencia de las entidades territoriales
certificadas administrar las instituciones educativas y la prestación del
servicio educativo, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 60 de 1993, la
Ley 115 de 1994, los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y la Ley
715 de 2001.
7.3.
Intervención del Icetex
En representación del Icetex
intervino[16] la
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Martha Helena Pilonieta Pinzón, para pedir
al juez de tutela “denegar el amparo solicitado y declarar que la presente
acción de tutela, carece de objeto al no existir ni amenaza ni vulneración a
derecho fundamental alguno por parte del Icetex”,
con base en los siguientes argumentos:
7.3.1 Que dentro de las líneas de
crédito que maneja el Icetex para
el desarrollo de su objeto social se encuentran los denominados fondos en
administración, constituidos como verdaderos contratos de mandato a través de
los cuales el Icetex administra
los dineros que personas jurídicas tanto de derecho público como privado le
confían, para ser canalizados a través de créditos, becas y subsidios y los asigna
de acuerdo con las instrucciones que recibe de la junta administradora de cada
fondo.
7.3.2 Que existe un fondo denominado
Ministerio de Educación Nacional- Icetex-
Niños con talentos y capacidades excepcionales, administrado por el Icetex para atender población infantil
entre los 5 y los 18 años con talentos excepcionales para financiar sus
estudios de educación básica y media.
7.3.3 Que el constituyente del citado
fondo es el Ministerio de Educación Nacional y desde el año 2005 sólo se
atiende el proceso de renovaciones de la población activa en el programa que así
lo solicita cada año, de manera que en la actualidad no se están otorgando
cupos nuevos.
7.3.4 Que el Icetex “actúa como un mero administrador de los dineros
que le son confiados en virtud del contrato de mandato celebrado con el
constituyente de cada fondo”, en este caso el Ministerio de Educación Nacional,
razón por la cual es del resorte de aquél la asignación de recursos que permita
ampliar la oferta de crédito educativo a la población objetivo del fondo.
7.3.5 Que no podría el Icetex destinar otros recursos para
atender la petición de la tutelante porque sus recursos son públicos y tienen
la destinación del fomento a la educación superior y, para el caso específico
de niños con facultades especiales atiende en virtud del contrato de mandato
instrucciones específicas de su constituyente que no puede desviar so pena de
excederse en el mandato conferido, con las responsabilidades que el mismo
implica por tratarse de recursos en administración proyectadas por la Junta
Administradora del Fondo.
7.3.6 Que es competencia de los entes
territoriales prestar asistencia educativa en estos niveles de formación, por
lo cual, es a la Secretaría de Educación correspondiente a la que compete
atender el asunto motivo de la tutela, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 23 del Decreto 2082 de 1996.
7.4.
Decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil,
por medio de sentencia de agosto 26 de 2008, decidió negar la acción de tutela
porque “los entes accionados no están obligados legalmente  a conceder la
beca o el subsidio que reclama para su hijo, y de otra parte, la tutelante no
puede pasar por alto que la promoción del servicio educativo, y dentro de este
la educación especial, corresponde al Estado, la sociedad y la familia”.
Esta decisión fue apelada por la señora Isabel Méndez Mantilla, en
representación de su hijo Héctor García Méndez, el 29 de agosto de 2008. La
Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial concedió la impugnación y
remitió el expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia.
8.
Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia: declaración de nulidad de todo lo actuado a
partir del 4 de agosto de 2008.
Correspondió conocer del asunto al magistrado Arturo Solarte, quien,
mediante Auto de octubre 1 de 2008, declaró la nulidad de todo lo actuado en el
trámite de la acción de tutela a partir del Auto del 4 de agosto de 2008,
inclusive, y ordenó remitir la impugnación a la Sala Civil del Tribunal de
origen para que asumiera la competencia como juez de segunda instancia, con el
argumento de que el Ministerio de Educación Nacional no debió ser vinculado al
proceso porque la accionante no le atribuyó una acción u omisión reprochable,
ocasionando con tal decisión, la modificación de la competencia, la cual pasó
de los Jueces del Circuito al Tribunal Superior.
9.
Segunda instancia
La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
confirmó el fallo impugnado,[17] mediante
sentencia de octubre 30 de 2008, con los siguientes argumentos: i) el juez
constitucional no puede invadir el ámbito de acción de las autoridades
administrativas ordenando la concesión de una beca o subsidio, cuando ello ni
siquiera fue solicitado directamente a la accionada. Según la Sala, con base en
los documentos obrantes a folios 1 al 3 del Cuaderno No. 1, la señora Isabel
Méndez Mantilla se limitó a pedir una cita con el Secretario Departamental de
Educación con miras a exponer la situación relatada en su demanda de tutela;
ii) no se advierte un peligro inminente para la permanencia del menor Héctor
García Méndez en el sistema educativo porque él está cursando sus estudios de
secundaria; y iii) tampoco hay elementos de juicio que permitan colegir que
como consecuencia de las dificultades referidas en la demanda de tutela para
asumir los costos de su formación académica, el menor de edad vaya a ser
excluido de la institución donde actualmente se encuentra matriculado.
Finalmente,  remitió el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.[18]
10.    Insistencia presentada por el Defensor del
Pueblo.
En oficio de enero 23 de 2009, los doctores Volmar Pérez Ortiz, en
calidad de Defensor del Pueblo, y Blanca Patricia Villegas de la Puente,
Directora Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, presentaron ante la Sala
de Selección correspondiente, insistencia para que se revisara el expediente
T-2121107, amparados en la Sentencia U-1149 de 2000, en la cual la Corte
determinó claramente que el derecho de los menores de edad con talentos o
capacidades extraordinarios a la educación especial tiene el carácter de
fundamental.
De conformidad con la jurisprudencia de la Corte y la documentación
allegada a la Defensoría del Pueblo[19],
infieren los solicitantes la incapacidad económica en que se encuentra la
accionante para seguir asumiendo los costos de la educación especial que su
hijo requiere, amén de su precaria condición de salud, e insisten en la
revisión del expediente de tutela mencionado.
11.     Pruebas ordenadas por la Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional
La Sala Segunda de revisión de la Corte
Constitucional solicitó la siguiente información y pruebas referentes al caso:
11.1. Al Secretario de Educación de Cundinamarca, Álvaro Díaz Garavito:
el plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de
los menores con capacidades o talentos excepcionales; el listado de
instituciones educativas y profesional capacitado que prestan atención especial
a los menores con capacidades y talentos excepcionales y el número de
estudiantes con capacidades o talentos excepcionales que atienden; la lista de
instituciones educativas privadas con las que el Departamento ha suscrito
convenios para atender a los menores con capacidades y talentos excepcionales;
los programas de formación y apoyo a los docentes que atienden estudiantes con
capacidades o talentos excepcionales; los mecanismos para detectar y/o
establecer si un menor tiene capacidades o talentos excepcionales, así como el
protocolo a seguir para obtener la atención especial que consagra la ley; y las
constancias de las ofertas educativas que la Secretaría de Educación puso a
disposición del menor Héctor García Méndez.
Respuesta de la Secretaría de
Educación de Cundinamarca
El Director de Contratación y Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, Fernando Vargas
Peñalosa, solicitó a la Corporación estudiar la posibilidad de vincular al
presente asunto a la Secretaría de Educación del Distrito Capital, en razón a
que la accionante tiene fijado su domicilio en la ciudad de Bogotá, razón por
la cual se estaría ante un caso de falta de legitimación en causa por pasiva,
además que “muy seguramente la Secretaría Distrital, si tenga en ejecución
convenios con instituciones Educativas Privadas para atención de niños y niñas
con capacidades excepcionales”.
Además, hizo entrega de la respuesta
preparada por la Dirección de Investigación y Desarrollo en Educación de la
Secretaría de Educación de Cundinamarca y anunció como anexo  una  fotocopia de
la comunicación enviada a la señora Isabel Méndez Mantilla, informándole sobre
la oferta educativa que la Secretaría está en posibilidad de disponer a su
disposición.
Luz Marina Góngora Ríos, Técnico de la
Dirección de Investigación y Desarrollo en Educación respondió en los
siguientes términos a los requerimientos formulados por esta Corporación al
Secretario de Educación de Cundinamarca, Álvaro Díaz Garavito:
“La
Secretaría de Educación Departamental no tiene registrado en el sistema de
matrícula ningún niño, niña o joven con capacidades y o talentos excepcionales.
La Secretaría
de Educación no ha realizado convenios con instituciones educativas privadas
para atención de esta población u otra en particular.
Por lo
anteriormente expuesto no hay planes graduales para atención de esta población.
La Secretaría
de Educación trabaja de acuerdo con la Ley General de Educación y los
lineamientos que el MEN ha dado para la atención con Necesidades Educativas
Especiales y Capacidades Excepcionales, mediante la estrategia de educación
Incluyente por lo que se han capacitado a docentes en educación inclusiva,
lengua de señas, manejo del Braille, educación en áreas tiflológicas con el
apoyo del INSOR y el INCI.
La respuesta
a la señora ISABEL MÉNDEZ MANTILLA, madre del menor Héctor García Méndez,
SIEMPRE HA SIDO LA MISMA, la Secretaría de Educación no tiene convenio con
institución privada alguna para la atención de población con capacidades o
talentos excepcionales, más aún cuando la señora ISABEL reside en la ciudad de
Bogotá D.C. y nosotros no tenemos ingerencia en el Distrito Capital, sin
embargo, se les informó que por intermedio del ICETEX existe un crédito para
esta población a la cual (sic) podría acceder ingresando a la página Web o
dirigiéndose al Icetex.”
Respecto de la comunicación enviada a la
señora Isabel Méndez Mantilla, informándole sobre la oferta educativa que la Secretaría
está en posibilidad de disponer a su disposición, anunciada por el señor
vargas, lo que en realidad se encuentra es un oficio suscrito por el Secretario
de Educación, Álvaro Díaz Garavito, del 15 de abril de 2008, en la cual se le
informa a la accionante que “el departamento no cuenta en la actualidad con
instituciones educativas que ofrezcan educación para niños excepcionales y
tampoco cuenta con convenios interinstitucionales que nos apoyen con esta
población”, y termina remitiéndola al Icetex.
11.2 A la Ministra de Educación
Nacional, Cecilia María Vélez,
la política nacional en relación con la atención a menores con
capacidades  o talentos excepcionales; las obligaciones concretas de las
entidades territoriales respecto de la atención educativa de menores con
capacidades o talentos excepcionales; los mecanismos de coordinación existentes
para hacer efectiva la atención de las necesidades educativas de los menores
con capacidades o talentos excepcionales en las entidades territoriales; la
oferta educativa institucional para atender a los menores con capacidades o
talentos excepcionales; los mecanismos para detectar y/o establecer si un menor
tiene capacidades o talentos excepcionales, así como el protocolo a seguir para
obtener la atención especial que consagra la ley; los subsidios o becas creados
con destino a los menores con capacidades o talentos excepcionales y los
criterios de asignación de estas ayudas; el número de menores con capacidades o
talentos excepcionales que se vieron beneficiados por el Programa MEN-Icetex y
los criterios empleados para seleccionarlos.
Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
El Ministerio de Educación Nacional no se pronunció sobre los temas
solicitados.
11.3 Al Instituto Colombiano de Crédito
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX,
El listado y de menores con capacidades o talentos excepcionales que
han sido beneficiados por el Programa MEN-ICETEX, con la identificación del
método y criterios empleados para su selección, el monto de la ayuda económica
para cada caso, el tiempo durante el cual han percibido tal beneficio y las
instituciones educativas a las cuales se les han girado los recursos; el
listado de menores con capacidades o talentos excepcionales que son
beneficiarios actuales del Programa MEN-ICETEX, con la identificación del
método y criterios empleados para su selección, el monto de la ayuda económica
para cada caso, el tiempo durante el cual han percibido tal beneficio y las
instituciones educativas a las cuales se les han girado los recursos; la
vigencia del Fondo MEN-ICETEX y en caso de ya no estar funcionando, indicar el
programa que lo reemplazó con el objeto de asistir a los niños con capacidades
o talentos excepcionales de bajos recursos económicos.
Respuesta del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior, ICETEX
El ICETEX, a través del jefe de la oficina asesora jurídica, Campo
Elías Vaca Perilla, certificó la existencia del Fondo MEN ICETEX NIÑOS CON
TALENTOS Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES Código 12348, administrado por el ICETEX
para atender niños y niñas con talentos y capacidades excepcionales que estén
entre los 5 y hasta los 18 años de edad en la modalidad de subsidios para
educación básica y media en instituciones de carácter privado, el cual desde el
año 2005 atiende únicamente el “proceso de renovaciones a aquellos
beneficiarios activos en el programa y que realizan previamente el proceso de
renovación para cada año” y desde ese mismo año, en consecuencia, “no
otorga cupos nuevos”. Los recursos asignados en cada vigencia por parte del
Ministerio de Educación Nacional son para mantener las renovaciones de los
beneficiarios activos y que realicen previamente el proceso de renovación.
Frente al caso concreto sostuvo “que en el caso de la Tutelante,
Señora ISABEL MÉNDEZ MANTILLA el ICETEX no puede dar trámite favorable dado que
el fondo no otorga cupos nuevos”, y que para acceder a un beneficio para este
tipo de población, “la solicitante debe dirigirse a la Secretaría de
Educación respectiva y allí le informarán en que colegios hay convenios y los
trámites a seguir; los colegios previamente debían inscribirse en el Banco de
Oferentes del Ministerio de Educación Nacional y/o Secretarías de Educación ya
que los recursos están siendo canalizados por las Secretarías de Educación.”
Además, informó que se han beneficiado del Fondo 515  estudiantes
(figuran en listado adjunto con el nombre de la institución educativa) y que
para el año 2008 hay 61 estudiantes activos (figuran en listado anexo), los
cuales podrían continuar en el año 2009, previa renovación, siempre y cuando
tengan como máximo de edad 18 años y estén estudiando en educación básica y
media. Precisó que el número de estudiantes se va reduciendo año a año a medida
que terminan su bachillerato o no realizan el proceso de renovación.
En cuanto al valor del desembolso para cada beneficiario, indicó: “este
corresponde al estrato socioeconómico del estudiante, al valor mensual de
pensión sobre diez meses, sobre estas variables se asigna un porcentaje que no
sobrepase cinco salarios mínimos mensuales vigentes conforme al reglamento
operativo del Fondo a partir del año 2004 y al acta de apertura de renovaciones
para cada vigencia.”
Finalmente, sostuvo que para poder aplicar al Fondo los
beneficiarios tuvieron que reunir en su momento unos requisitos establecidos en
el reglamento operativo, tales como: “pertenecer a estratos 1, 2 o 3; tener
entre 5 y 18 años de edad; presentar constancia de admisión o matrícula
expedida por la institución donde estudia, en la cual se defina el valor de la
pensión que le corresponde pagar; presentar constancia, elaborada por instancia
competente, sobre la condición de capacidad excepcional; y no ser beneficiario
de otro proyecto económico estatal para adelantar estudios.”
Al revisar los listados del 2009 figura como beneficiaria una
estudiante de la misma institución educativa en que se encuentra matriculado el
menor Héctor García Méndez.
11.4 A la Fundación Hospital de la
Misericordia, la historia médica completa del menor Héctor García Méndez la
Corte le solicitó “el informe detallado de los exámenes practicados al menor
por la psicóloga y el neuropediatra tratantes, así como de sus resultados.”
Respuesta de la Fundación Hospital de la Misericordia
Por parte de la Fundación Homi, Hospital de la Misericordia, el
doctor Luis Eduardo Alvarado, médico asistente de Gerencia Científica, envió a
esta Corporación  la historia clínica del menor y en relación con resultados de
psicología “resaltó que las pruebas de inteligencia mostraron un total de
148 puntos, lo cual es por encima del promedio. Se considera por psiquiatr[í]a
que el paciente present[a]  ansiedad compatible con un trastorno obsesivo
compulsivo y no se recomienda cambio de [á]mbito escolar.”
La historia clínica del menor inicia el 27 de noviembre de 2006 y
culmina el 3 de marzo de 2009 y contiene los siguientes eventos principales:
27-11-2006, 31-08-2007, 04-01-2008, 23-01-2009, 3-03-2009 y
18-07-2008: citas de endocrinología con el doctor
Mauricio Absalón  Coll Barrios, quien confirma talla baja con un retardo
constitucional del crecimiento y desarrollo. El paciente fue citado para el mes
de mayo de 2009 para nueva evaluación del volumen testicular y manejo
definitivo en el sentido de si requiere o no colocación de análogos de GNRH.
Remite el urólogo pediatra por presencia de varicocele izquierdo.
08-01-2008, 10-01-2008, 11-01-2008, 15-01-2008: remitido por neurología para valoración de CI con la psicóloga
Natalia Puerto Salamanca, quien le practicó valoración escala de Wisc, cuyo
resultado determinó un coeficiente intelectual de 142, lo que indica un puntaje
significativamente superior al promedio según el DSM-IV.
12-02-2008, 28-03-2008; 25-11-2008, 20-04-2008 y 18-07-2008: consulta con el neuropediatra Adolfo Enrique Álvarez Montañez,
quien diagnostica al menor con trastorno de ansiedad social en la niñez y
cefalea debida a tensión y recomienda que no sea reubicado escolarmente.
Posteriormente, el paciente refiere que se despierta cansado y presenta cefalea
casi todos los días, es tratado con amitriptilina y ordena valoración por
psiquiatría infantil.
14-02-2008, 20-02-2008, 17-03-2008, 19-03-2008: citas con la psicóloga Natalia Puerto Salamanca por remisión del
neuropediatra por trastorno de ansiedad.
28-07-2008, 01-08-2008, 06-08-2008, 25-08-2008: citas con el psiquiatra infantil Rafael Antonio Vásquez Rojas,
quien evalúa al menor y lo encuentra muy controlador, oposicional, con ideas
obsesivas y  compulsivas y con fallas a nivel del núcleo social y educativo.
Confirma que padece un trastorno obsesivo compulsivo que tiene impacto en el
disfrute de su vida social e inicia tratamiento con olanzapina.
28-07-2008 y 24-02-2009: cita con el
urólogo pediatra Fair Cadena González, quien da la orden para realizar
ecografía escrotal, proceder a la  varicocelectomía izquierda y la valoración
por anestesia.
11.5 A la institución educativa Oakland.
Colegio Campestre de Enseñanza Temprana, la Corte le solicitó “la historia
académica del menor Héctor García Méndez; la valoración o valoraciones psicológicas
que le hayan efectuado al menor en el plantel educativo o que reposen en su
historia académica, y el programa y los apoyos pedagógicos previstos en el
Proyecto Educativo Institucional, PEI, para atender a los menores con
capacidades o talentos excepcionales.”
Respuesta del Colegio Oakland
La rectora de la institución educativa Oakland. Colegio Campestre,
Irma Castellanos, intervino fuera del término fijado por la Sala, para precisar
que manejan un programa curricular especialmente diseñado para potencializar el
rendimiento académico de sus educandos y obtener un alto desempeño académico.
Indicó que cuentan con grupos de dieciocho (18) alumnos por grado, lo cual
facilita la personalización y seguimiento de los procesos de aprendizaje y
desarrollo académico.
Respecto del estudiante Héctor García Méndez señaló que estaba
vinculado con la institución desde el año 2000, se encuentra actualmente
matriculado, cursa el grado noveno (9°) de educación básica secundaria,  gracias
a su buen rendimiento académico cursó simultáneamente los grados de primero y
segundo de educación básica primaria en el año 2002, y se ha caracterizado por
ser “un joven responsable y ávido de conocimiento, cumpliendo con entusiasmo
sus obligaciones académicas”. Anexo los certificados de notas de todos los años
cursados en el plantel educativo.
11.6 A la Orquesta Sinfónica Juvenil, la
Corte le solicitó un “informe sobre el desempeño y aptitudes del menor Héctor
García Méndez en los cursos que ha tomado.”
Respuesta de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia
La directora académica de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia,
Ruth Lamprea Pérez, mediante oficio del 20 de marzo de 2009, certificó que el
menor Héctor García Méndez, se encuentra matriculado en la institución desde
febrero de 2003, cursando el programa músico instrumentista A Nivel (teoría
musical, conjunto instrumental y piano) de carácter presencial y que desde su
ingreso ha demostrado
“habilidades artísticas y excelente desempeño académico lo que ha
permitido que el estudiante logre uno de los mejores promedios; Ha sido
postulado varias veces para beca y las ha obtenido en 6 oportunidades.
Sin excepción, su comportamiento ha sido ejemplar gracias a su grado
de seriedad, responsabilidad y compromiso en clase.
En su desempeño a nivel instrumental ha tenido la oportunidad de
presentar algunos conciertos como solista, ya que ha sido escogido por el
Director Artístico en razón a sus excelentes resultados.”
11.7 A la Clínica del Seno, la Corte le
solicitó “la historia médica de la señora Isabel Méndez Mantilla en la que
se certifique sobre su actual estado de salud.”
Respuesta de la Clínica del Seno
Mediante oficio del 19 de marzo de 2009, la administradora Giovanna
Baquero Molina, de la Clínica del Seno, remitió copia de la historia médica de la
señora Isabel Méndez Mantilla firmada por el doctor Ramiro Sánchez Ramírez, en
la que consta que fue diagnosticada con cáncer de seno izquierdo, tratado con
cuadrantectomia el 26 de agosto de 2004 y medicada con tamoxifen. La paciente
tuvo controles médicos cada tres meses entre septiembre 10 de 2004 y julio 12
de 2007, después de haber sido extirpado el cuadrante mamario donde se
encontraba el tumor. Volvió a asistir a control médico en junio 12 de 2008 y en
marzo 19 de 2009, a pesar de que se le había programado control médico cada
tres (3) meses.
El médico tratante certificó que la paciente se encuentra
actualmente medicada con tamoxifen y el cáncer de seno izquierdo controlado.
11.8 Al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, la Corte le solicitó un informe sobre la adaptación del
menor Héctor García Méndez al entorno familiar y escolar.
Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
El director de la regional Cundinamarca del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Guillermo Camelo Agudelo, mediante oficio del 25 de marzo
de 2009 remitió a esta Corporación:
(i) Informe nutricional y social del menor Héctor García Méndez,
presentado por el nutricionista Ismael Rojas Herrera y la trabajadora social,
María Eugenia Bustos Jiménez, asignados al Grupo de Asistencia Técnica del
I.C.B.F. regional Cundinamarca.
El informe nutricional concluye que “el menor de trece
(13) años tiene un retardo crónico en peso y talla para su edad, usa gafas
permanentes, presenta palidez generalizada, consume alimentos en tres comidas
principales y dos refrigerios, su dieta es variada, equilibrada y adecuada para
el manejo de su colon irritable; y presenta como antecedentes de salud los
siguientes: pielonefritis bilateral multifocal, migraña, colon irritable,
varicocele pendiente de corrección quirúrgica y estrés que requirió manejo por
psicología con apoyo de psiquiatría y neurología. Actualmente asiste a
endocrinología por talla baja.”
El informe social, se refiere al contexto escolar, familiar y
económico del menor Héctor García Méndez con fundamento en las siguientes
actividades realizadas: visita al Colegio Oakland, entrevista a la rectora Irma
Castellanos, visita al lugar de residencia del menor, entrevista a la madre del
menor Isabel Méndez Mantilla y entrevista a la tía y a la abuela del menor.
Respecto del contexto escolar señala el informe que el menor se encuentra
vinculado al Colegio Oakland desde la edad de cuatro (4) años y actualmente
cuenta con trece (13) años y cursa Noveno grado. Que la rectora del Colegio,
Irma Castillo, manifestó que “el menor es un joven con un buen desempeño
académico y unas relaciones interpersonales con sus compañeros y profesores
positivas, por lo que es apreciado y reconocido por todos; sobresale por su
madurez, responsabilidad e interés en la realización de todas las actividades
que se propone. Presenta habilidades en las actividades artísticas y
deportivas, participa en actividades extracurriculares. Estudió violín hasta
diciembre de 2008, el cual tuvo que suspender por falta de recursos a pesar de
llevar 7 semestres, actualmente estudia piano en la Orquesta Juvenil de
Colombia, toca guitarra y flauta (…). Actualmente Isabel presenta un
atraso en el pago de sus pensiones mensuales y adeuda al colegio la suma de
$1.615.000; lamentablemente el colegio no cuenta con recursos para generar
programa de becas para los alumnos sobresalientes como es el caso de Héctor, la
única forma en que el colegio le colabora es darle tiempo necesario para que se
ponga al día en los pagos atrasados.”
El menor por su parte, expresó que “se siente bien, que encontró
en sus profesores verdaderos amigos, los cuales han estado presentes en las
situaciones difíciles que ha tenido que enfrentar, como es el caso de la
enfermedad de su progenitora que lo llevó a desestabilizarse emocionalmente
ante la posibilidad de perderla y a su vez por no poder continuar sus estudios
en el colegio (…).”
En lo referente al contexto familiar, el informe relata que “el
menor convive con su madre Isabel Méndez, su tía Martha Méndez y su prima Luisa
Fernanda Alejo Méndez, quien estudia primer semestre de Finanzas y Relaciones
Internacionales en la Universidad Externado de Colombia y que a raíz de la
enfermedad de la madre, la hermana se los llevó a vivir con ella para poder cuidar
a la señora Isabel y estar pendiente del sobrino, pero debido a su situación
económica, Isabel debe asumir la mitad de los gastos. En el apartamento que
comparten con su tía y prima, Héctor tiene asignado un cuarto que le permite el
espacio necesario para realizar sus deberes escolares y estudiar y ensayar sus
instrumentos.”
“Los padres de Héctor nunca convivieron y tuvieron relaciones
esporádicas. El padre, Marino García, jamás ha colaborado con su atención y
manutención, según la madre,  porque su actual esposa lo mantiene y nunca ha
trabajado. Según el informe, la relación de Héctor con su padre es distante y
nada afectiva, se han visto pocas veces y se observa en el menor resentimiento
hacia su padre por no haber estado presente en su vida.”
Respecto de la situación económica de la señora Isabel Méndez
Mantilla y de su hijo Héctor, el informe concluye que sus ingresos sólo
alcanzan para cubrir las necesidades básicas de los dos, no alcanza para cubrir
el pago de la pensión mensual del colegio, ni de sus clases de piano.
La trabajadora social, recomienda finalmente que, el menor “continúe
sus estudios en el Colegio Oakland como una garantía de educación excepcional y
de estabilidad emocional, ya que existen fuertes vínculos afectivos con sus
profesores y compañeros, lo que le ha permitido salir adelante en situaciones
especiales como fue la enfermedad de su progenitora (…)”.
(ii) Informe Grupo de Estudio de Caso intervención psicosocial del
menor Héctor García Méndez, presentado por la psicóloga social comunitaria,
Rosa Elvira Castro Riveros, de la Dirección Regional OAU, para lo cual realizó
visita al Colegio Oakland y entrevista con su Rectora; entrevista con el menor
Héctor García Méndez; y visita al lugar de residencia y entrevista con la
familia nuclear del menor.
En relación con la visita al Colegio Oakland y la entrevista con la
Rectora, el informe presenta un colegio de 140 alumnos, casi todos ubicados en
niveles altos respecto a su aprendizaje. El menor, Héctor García Méndez, está
matriculado desde los tres (3) años,  y según la rectora, ha sido promovido en
dos ocasiones, es un “niño brillante, integral, es excelente a nivel
intelectual, es excelente en deporte, es extraordinario para la música toca
varios instrumentos (violín, piano, guitarra, flauta), lleva varios años
estudiando en el conservatorio y en este momento tenemos un proyecto con la
materia de astrobiología el cual está avalado por la NASA, para la visita  en
Houston fue seleccionado Héctor como nuestro alumno más aventajado (…). No
tengo las palabras suficientes para expresar lo maravilloso que es nuestro
alumno, tenemos conocimiento que su CI fue de 140 o 142 (…). Aunado a esto es un
niño que se adapta a todos los espacios es muy sociable, colaborador y buen
compañero (…). La madre de Héctor ha sido una persona muy responsable con su
hijo, siempre ha estado presente en todos los eventos y requerimientos del
colegio, el pago de sus obligaciones hasta hace más o menos dos años fue
excelente nunca se atrasó en su responsabilidad y había ocasiones en las cuales
hasta pagaba adelantado, sin embargo, el colegio en consideración a su estado
le ha tenido paciencia, pero nosotros somos un colegio pobre con alta exigencia
en el nivel de sus profesores por lo que no podemos otorgarle una beca ya que
eso disminuiría mucho nuestra economía, sin embargo, aquí en el colegio tenemos
niños con características similares a Héctor y el Icetex los está patrocinando, no entendemos porque a Héctor
no. Lo único que alivia un poco el costo escolar a Héctor es que por ser alumno
antiguo paga un poco menos que los demás.”
En la entrevista, el menor es percibido por la psicóloga como “un
adolescente extraordinario con una absoluta facilidad para conversar, con una
mirada positiva y llena de esperanzas hacia su futuro (…). Respecto al colegio
lo ve realmente como su segundo hogar (…). Comenta Héctor que cuando su mamá se
enfermó él era quien tenía que acompañarla, pues vivían en Mosquera
(Cundinamarca), por eso fue que les tocó venirse a vivir con su tía y con su
abuelita pues su mamá se puso muy mal, yo también me puse muy mal y tuve que
asistir al psicólogo y al psiquiatra, ahora estoy un poco más tranquilo sin
embargo he tenido varios episodios de estrés (…). En la visita al entorno
familiar-nuclear de Héctor se advierte fuertes apegos, bien cimentados, siendo
muy notables los lazos, materno filiales, entre hermanas, abuela-nieto,
tía-sobrino, llama además la atención el cariño y la admiración con que cada
uno de los miembros de la familia se refiere a Héctor (…). Se evidencia que los
hechos ocurridos en relación con la enfermedad de la madre (cáncer de seno),
han significado para Héctor etapas difíciles de superar las cuales maneja con
la inteligencia y capacidad de la cual está provisto, sin embargo en varias
ocasiones ha sido atendido por el psicólogo o psiquiatra de la E.P.S por
episodios de ansiedad, angustia, mal genio (el cual manifiesta ha superado
personalmente), frente a la posibilidad de quedarse sin el apoyo y amor de su
madre (…)”.
La psicóloga recomienda de manera prioritaria, proteger el proceso
psicológico y emocional del menor, con el fin de que no se convierta en un
fracasado más, al no contar con la colaboración adecuada en lo que se refiere a
su potencial intelectual, físico y sensitivo.
11.9 A la señora Isabel Méndez Mantilla,
madre del menor Héctor García Méndez, la Corte le solicitó un informe sobre la
situación actual del menor: edad, estado de salud, nombre de la institución o
instituciones donde se encuentra matriculado, así como su desempeño  académico,
y cualquier otra información que considere relevante para hacer valer dentro de
este proceso; e informe sobre su estado actual de salud.
Respuesta de la madre, Isabel Méndez Mantilla
La accionante, Isabel Méndez Mantilla, madre del menor Héctor García
Méndez,  mediante oficio del 24 de marzo de 2009,  se refirió en los siguientes
términos a la situación actual de su hijo, al estado actual de salud de ella y
a la situación económica familiar:
“En la actualidad mi hijo cuenta con trece (13) años de edad, ha
sido tratado por el neurólogo desde el año 2005, cuando tras enterarse de mi
enfermedad comenzó a presentar un cuadro de migraña al parecer por ansiedad
(fue medicado con amitriptilina) y del cual mejoró notablemente luego de ser
tratado en el Hospital La Misericordia, por el doctor Adolfo Álvarez; tubo lo
que en mi humilde concepto fue una recaída a finales del 2007 e inicio de 2008
al enterarse de la inminente posibilidad de ser cambiado de su colegio donde
está desde los cuatro años de edad (…). El neurólogo al encontrarlo nuevamente
mal, tomó la decisión de remitirlo a Psicología y Psiquiatría, al tiempo que
recomendó por escrito no cambiarlo de colegio debido a sus dificultades de socialización
(…). Comenzó tratamiento en La Misericordia, donde fue medicado con Olanzapina
por dos semanas, luego le cambiaron el medicamento por Quetiapina, medicamento
que por su costo no pude comprar y solicité en mi servicio de salud donde
decidieron manejarlo por psiquiatría y psicología antes de iniciarle esta
medicación y la cual gracias a Dios no fue necesaria, en Enero de este año fue
dado de alta (…).
En la actualidad y desde hace tres años aproximadamente asiste a
consulta de Endocrinología en La Misericordia por presentar talla baja y
Urología por una Varicocele de la cual debe ser operado; aclaro que desde hace
más de un año pago las consultas de La Misericordia como paciente particular
para que su tratamiento por baja talla tenga continuidad ya que en mi servicio
médico manifiestan no tener contrato condicho hospital como tampoco cuentan con
un profesional Endocrinólogo Pediátrico, por lo demás su estado de salud es
bueno (…).
Por el momento continua estudiando en el Colegio Oaklan (…) cursando
Noveno (9) grado de Bachillerato, donde inició sus estudios desde pequeño (…) y
donde además tiene todos sus amigos y enormes afectos con sus profesores, al
grado de considerar en quedarse con ellos si su abuela o yo faltamos; su
desempeño académico es excelente, su promedio para el año pasado fue de noventa
y tres (93) sobre cien. (…) Adeudo al colegio todos los costos de este año,
hasta tanto no termine de pagar uno de los préstamos que me han hecho no podré
solicitar un nuevo préstamo para cubrir los costos adeudados este año (…).
Actualmente, también se encuentra matriculado en la FUNDACIÓN
ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL cursando el catorceavo (14) semestre de solfeo,
sexto semestre de piano y sexto de acompañamiento, para esto recibió un auxilio
de CODEMA equivalente a un salario mínimo y el faltante se lo reunió la familia
como  regalo de cumpleaños (…) y navidad (…). Si bien es cierto que mi hijo ha
podido continuar con sus estudios en la orquesta, es gracias a que por su
excelente desempeño académico lo han postulado para concurso de becas en siete
(7) semestres de trece (13) que ha cursado (…), uno de los cuales no pudo
participar en concurso por no cumplir el requisito de tomar todas las materias,
debido a mis problemas económicos (…).
Respecto a mi estado de salud puedo informarles que ha mejorado
notablemente en los últimos meses, tras innumerables quebrantos, tres (3)
intervenciones quirúrgicas, un largo periodo de terapias, muchos cuidados y
descanso, ya que no pude seguir trabajando en las dos jornadas por que (sic)
tras mi diagnóstico me fue practicada una Blefaroplastia, luego de iniciar el
tratamiento comencé a sentirme muy decaída con nauseas todo el tiempo y
comenzaron dolores articulares y musculares, así como presenté ojo seco,
insomnio, problemas gástricos y ginecológicos artrosis y se me acentúo mi
disfonía crónica y mi fibromalgia (…). En el 2007 (…) se me practicó un
procedimiento quirúrgico bursectomía y sinubectomía para poder recuperar la
movilidad de mi brazo derecho y fui incapacitada por 30 días (…) y a finales de
diciembre de 2007 (…) me fue practicado  un legrado. ¿Cómo trabajar doble
jornada en estas condiciones? (…).
Debo aclarar que (…) mi problema del seno va muy bien y no he tenido
ninguna recaída en ese aspecto. No he podido continuar con mis controles pues
al cambiar de EPS pasé a ser paciente particular y solo he podido ir una vez
pues la consulta me costó $70.000.oo y no puedo darme ese lujo (…), asistí
nuevamente para poder tener el concepto del médico y anexarlo a este oficio y
para pagar la consulta $80.000 debí pedir prestado el dinero (…).
De igual forma me permito aclarar (…) respecto a la afirmación de la
secretaría de educación de Cundinamarca no es cierto que me haya ofrecido ayuda
alguna por el contrario en respuesta al derecho de petición me informan que no
cuentan en la actualidad con instituciones educativas que ofrezcan educación
para niños excepcionales (…).
En la actualidad con los descuentos que me hacen por nómina recibo
un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos ($1.450.282) y debo pagar de ahí:
$397.526  Préstamo CANAPRO últimos 4 meses pensión año pasado.
$385.000  Arriendo.
$150.000  Servicios aprox.
$450.000 Mercado plaza, grano, leche, pescado, pollo y loncheras.
Aprox.
$160.000 Transporte aprox.
$1.572.526  TOTAL GASTOS MENSUALES APROXIMADOS PARA ESTE AÑO.
Como puede observarse no me queda nada para pagar el colegio de
mi hijo y por el contrario son más mis gastos que mis ingresos (…).”
Adicionalmente, la señora Isabel Méndez Mantilla, aportó historia
clínica del menor correspondiente al periodo comprendido entre 4 de febrero de
2005 y el 25 de agosto de 2008, referente a consultas con el neuropediatra
Adolfo Álvarez y con el psiquiatra doctor Rafael Vásquez que no figuran en la
historia proporcionada por la Fundación Hospital  de la Misericordia.
11.10 A la Defensoría del Pueblo,
seccional Cundinamarca, la Corte le solicitó un informe sobre la situación de la
señora Isabel Méndez Mantilla y de su hijo Héctor García Méndez y sobre la
asistencia jurídica que la entidad les ha prestado.
Respuesta de la Defensoría del Pueblo, Seccional Cundinamarca
El Defensor del Pueblo, Regional Cundinamarca, Mauricio Vesga
Carreño, informó a esta Sala que la señora Isabel Méndez Mantilla acudió a esa
dependencia, el pasado 27 de mayo de 2008, por no contar con recursos
económicos para contratar un abogado particular, para instaurar queja contra de
la Secretaría de Educación de Cundinamarca, por presunta violación al derecho a
la educación del menor Héctor García Méndez, pues había solicitado una beca o
subsidio para su hijo debido a sus escasos recursos económicos, sin obtener
resultado alguno. La Regional le asignó una Defensora Pública del Programa
Administrativo, para prestarle la asesoría necesaria y fue quien elaboró la
tutela que fue interpuesta ante el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de
Bogotá, donde le negaron el amparo constitucional solicitado.
La Regional colaboró también en la elaboración de la sustentación de
la impugnación del fallo y en la coadyuvancia del mismo. Finalmente, acudió a la
Dirección de Recursos y Acciones Judiciales de la entidad para argumentar la
necesidad e importancia de solicitar ante la Corte Constitucional la revisión
del fallo de tutela.
11.11 Al
doctor José Cogollo Figueroa, médico psiquiatra de la
Unión Temporal del Norte, informe sobre el estado de salud actual del menor,
Héctor García Méndez.
Respuesta de la Unión Temporal del
Norte
La asesora jurídica, Ana María Zea Zuluaga,
de la Unión Temporal el Norte, envió informe del estado de salud del menor
Héctor García Méndez, emitido por el médico psiquiatra, José Cogollo Figueroa, el
14 de abril de 2009, en los siguientes términos:
“Paciente que
ha venido siendo atendido desde el mes de agosto de 2008. Estuvo siendo
atendido en el Hospital de la Misericordia, con diagnóstico de trastorno
obsesivo compulsivo. Llegó formulado con Olanzapina 5 mgrs. Desde la primera
entrevista no se encontró sintomatología obsesivo compulsivo por lo cual se le
suspendió la medicación que venía tomando.
Ha continuado
sus controles para continuar valorando su estado mental. Hasta la fecha no se
ha encontrado sintomatología por el(sic)  cual fue remitido. Por los
antecedentes del paciente, se recomienda
1-. Que
continúe asistiendo a sus controles médicos.
2-. Que
continúe su escolaridad en el colegio donde estudia en la actualidad.”
11.12 Al doctor Miguel de Zubiría
Samper, fundador y director científico de la Fundación Internacional de
Pedagogía Conceptual Alberto Merani y presidente de la Academia
Colombiana de Pedagogía y Educación,  en su calidad de experto, la Corte le
solicitó un concepto sobre el procedimiento que se debe emplear para determinar
la condición de capacidad o talento excepcional en los menores de edad.
Respuesta del doctor Miguel de Zubiría Samper
En su escrito el doctor Miguel de Zubiría Samper
explicó el papel que cumplen las personas excepcionales en la sociedad y la
importancia de identificar y potenciar los talentos de los niños desde las
etapas más tempranas, para lo que se requiere un acompañamiento especial que en
nuestro país no se da. También definió los conceptos talentos excepcionales,
aptitudes académicas y creatividad y, dentro de ese contexto, a pesar de que no
descartó por completo la utilidad de los test de inteligencia, si limitó sus
resultados a un campo muy específico: la medición de la aptitud académica. A continuación
algunos de los apartes de esta intervención:
“ (…) Son los
hombres y las mujeres los que crean la riqueza de un país porque son los que
innovan y desarrollan tecnologías, empresas, ciencia, arte o leyes más humanas
y mejores organizaciones sociales. Sin embargo, “los libros enseñan que un país
es rico según la cantidad y calidad de sus recursos naturales. Desde esta
perspectiva resulta imposible explicar por qué Japón, con carencia extrema de
bienes naturales, o peor aún la ciudad de Singapur, que carece de ellos en
definitiva, esté entre las naciones más desarrolladas del planeta. Y más
difícil aún explicar por qué en las naciones millonarias en recursos mineros, y
de flora y fauna de América Latina, la mitad de su población se debate entre el
hambre al filo de la inanición, con menos de dos dólares diarios por persona.”
(…) Sin
embargo, “las sociedades atrasadas asesinan su variedad humana y uniformizan
los talentos y la creatividad individual, fuentes únicas de riqueza en el siglo
XXI.
En lugar de
apostarle con énfasis a las aptitudes, al talento y la creatividad de sus niños
y jóvenes.
Hay poco tiempo
que perder en educación general, apuntada a dar un barniz de cultura general;
impertinente ante las nuevas exigencias postindustriales, que requieren
trabajadores con talentos excepcionales tecnológicos, humanos, científicos.
El problema
mayor es que, cual finos cristales u obras  pictóricas, las aptitudes, el
talento y la creatividad humana son frágiles y delicadas. Para que fructifique
requieren tutores –no de profesores- que durante el preescolar y la primaria
exploren, y desde bachillerato las identifiquen, fundamenten y especialicen
hacía un campo específico.
Lo cual no
ocurre en nuestro país. De allí que tan pocos adultos creen tecnologías,
desarrollen empresas o ciencia, plasmen obras artísticas, o diseñen mejores
leyes u organizaciones sociales. ¿Por qué son tan pocos los innovadores? ¿Por
qué hay pocos virtuosos en tantos campos posibles de especialización?
Por los
obstáculos contra la creatividad y el talento. Entre ellos quizá el más
demoledor, la educación –industrial- que uniformiza y cuadricula el intelecto,
impidiéndole a los niños y jóvenes seguir sus rutas, mientras anula la
diversidad geográfica, cual empresa taladora que echa al piso los majestuosos
árboles de las selvas; a fin de reemplazar la biodiversidad por la bio
uniformidad del cultivo industrial (…).”
11.13 A la doctora Beatriz Parra,
psicóloga del Centro Psicológico del Aprendizaje, en su calidad de experta, la
Corte le solicitó concepto sobre las capacidades o talentos excepcionales del
menor Héctor García Méndez.
Respuesta de la doctora Beatriz Parra, psicóloga clínica
La doctora Parra con fundamento en la prueba de inteligencia Wisc-IV
realizada al menor Héctor García Méndez, el 20 de marzo de 2009, concluyó que
el menor se encuentra dentro de los parámetros de inteligencia media alta, con
similares resultados en razonamiento perceptual y en al área de comprensión
verbal; que su edad mental es de 14 años, 4 meses, encontrándose por encima de
su edad cronológica un año y un mes; y que “descarta que el menor posea
áreas excepcionales o talentos, ya que su puntaje NO LO UBICA en el rango de
inteligencia Excepcional.
Presenta adecuadas habilidades académicas, análisis secuencial y
simultáneo que le permiten tener un buen rendimiento académico. Se sugiere
evitar presiones inadecuadas en el joven que puedan generar fracasos en su vida
personal o bloqueo escolar”.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.
Competencia.
Esta Corte es competente para revisar los fallos mencionados, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en las demás
disposiciones pertinentes.
2.
Planteamiento del
problema jurídico.
De acuerdo con
la situación fáctica planteada y las decisiones adoptadas por los jueces de
instancia, corresponde a esta Sala determinar si el Estado-Ministerio
de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de
Cundinamarca, han vulnerado el derecho fundamental del menor Héctor García
Méndez a la educación especial que requiere en su
condición de persona con capacidades o talentos excepcionales, al no
concederle beca o subsidio que le permita continuar sus estudios en la
institución privada, Colegio Oakland.
Para resolver el problema jurídico planteado la Sala, en primer
lugar, recordará brevemente la línea jurisprudencial sobre el alcance y
características del derecho a la educación en general,
y en particular el derecho fundamental de los menores de edad con capacidades o
talentos excepcionales a la educación especial; el fundamento constitucional
del trato diferente y preferencial que reciben; y la faceta prestacional y
progresiva de los derechos constitucionales. En segundo lugar, precisará cuál
es obligación del Estado respecto de la población con capacidades o talentos
excepcionales. En tercer lugar, determinará cuál es la obligación del Estado
respecto de la población con capacidades o talentos excepcionales de escasos
recursos económicos. Y finalmente, aplicará este marco constitucional al caso
bajo revisión.
3.
El derecho a la educación
y la protección constitucional del derecho fundamental de los menores de edad
con capacidades o talentos excepcionales a la educación especial.
3.1. La Corte Constitucional se ha pronunciado en diversos fallos
acerca del derecho a la educación,[20]
señalando que su importancia radica en que este es un factor generador de
desarrollo humano. Es el medio a través del cual la persona accede al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás valores de la cultura,
logra su desarrollo y perfeccionamiento integral y realiza los principios de
dignidad humana e igualdad, pues en la medida en que a todas las personas se
les brinde las mismas posibilidades educativas, gozarán de iguales
oportunidades en el camino de su realización personal e integral dentro de la
sociedad. De igual manera, ha sostenido que sus fines generales se materializan
en (i) el servicio a la comunidad, (ii) la búsqueda del bienestar general,
(iii) la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo y (iv) el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
De la misma manera, la Corporación ha sido reiterativa, al señalar
que la educación es un derecho fundamental de aplicación inmediata,[21]
ha evidenciado el reconocimiento expreso por parte de
la comunidad internacional de este carácter[22] y ha
destacado como características esenciales de este derecho[23], los siguientes elementos:
“i.) La
educación por su naturaleza fundamental, es objeto de protección especial del
Estado; de ahí que, la acción de tutela se estatuye como mecanismo para obtener
la respectiva garantía frente a las autoridades públicas y ante los
particulares, con el fin de precaver acciones u omisiones que impidan su
efectividad. ii.) Es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos
fundamentales, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad
de oportunidades en materia educativa y de realización personal y el libre
desarrollo de la personalidad (C.P., arts. 26, 13 y 16), así como de la
realización de distintos principios y valores constitucionalmente reconocidos,
referentes a la participación ciudadana y democrática en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación, al pluralismo, a la
tolerancia, al respeto de la dignidad humana, a la convivencia ciudadana y a la
paz nacional. iii.) La prestación del servicio público de la educación se
erige, como consecuencia de las anteriores características, en fin esencial del
Estado social de derecho colombiano. (…). iv.) El núcleo esencial del derecho a
la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el
acceso al sistema educativo o a uno que permita una “adecuada formación”, así
como de permanecer en el mismo. v.) Por último, en virtud de la función social
que reviste la educación, se configura como derecho-deber y genera obligaciones
recíprocas entre los actores del proceso educativo.”
No obstante, resulta necesario precisar que el derecho a la
educación ha sido reconocido por la Corte como un derecho fundamental en
circunstancias particulares, en las cuales su garantía es exigible a través de
la acción de tutela:
“a) Cuando se trate de garantizar
el derecho a la educación de la niñez, toda vez que de conformidad con el
artículo 44 de la Constitución los derechos de los niños son fundamentales[24].
“b) Cuando la amenaza o
vulneración del derecho a la educación, amenaza o vulnera otro derecho de
carácter fundamental, como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad,
el debido proceso, etc.[25].
Por otra parte, según el artículo 67 de la Carta, la educación posee
el doble carácter de derecho y de servicio público, y en tal virtud, la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional e
internacional, le han atribuido cuatro dimensiones de contenido prestacional,[26]
a saber: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede
resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes
instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su
ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar
instituciones educativas[27]
e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras;[28]
(ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el
acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación
de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al
servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la
adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a
las necesidades y demandas de los educandos[29] y que se
garantice continuidad en la prestación del servicio,[30]
y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que
debe impartirse.[31]
La Corte ha señalado que
cualquier intento de restringir alguna de las anteriores dimensiones del
derecho a la Educación, sin obedecer a una justa causa debidamente expuesta y
probada, deriva en arbitrario y, por ende, procede en su contra la acción de
tutela y los demás instrumentos jurídicos y administrativos adecuados para
exigir al Estado o al particular respectivo el cese inmediato de la vulneración.[32]
Aunque el inciso
3 del referido artículo 67, hace referencia a los menores con edades
comprendida entre los cinco (5) y los quince (15) años, la Corte ha precisado que
“el umbral de 15 años previsto en la disposición aludida corresponde solamente
a la edad en la que normalmente los estudiantes culminan el noveno grado de
educación básica, pero no es un criterio que restrinja el derecho a la
educación de los menores de edad (…) y que las edades fijadas en la norma
aludida no puede tomarse como criterios excluyentes sino inclusivos”. En
este sentido y con fundamento en una interpretación armónica de los artículos
67 y 44 de la Carta y los tratados internacionales de derechos humanos
suscritos por el Estado Colombiano en la materia,[33]
la Corporación ha concluido que la educación es un derecho fundamental de
todos los menores de dieciocho (18) años.[34]
3.2. La Corte Constitucional también ha reiterado que el
derecho a la educación especial de los menores de edad con capacidades o
talentos excepcionales es un derecho fundamental. En efecto, en las sentencias SU-1149
de 2000 y T-1269 de 2005, así lo manifestó:
“El artículo
68 de la Carta Política dispone que la educación de las personas con
capacidades excepcionales es una obligación especial del Estado. Por su parte,
el artículo 44 Superior establece que los niños, esto es, los menores de 18
años, tienen un derecho fundamental a la educación, y obliga a la familia, a la
sociedad y al Estado a asistirlos y protegerlos “para garantizar su desarrollo
armónico e integral.
(…) el
principal pronunciamiento en este campo es la sentencia SU-1149 de 2000, en la
cual la Corte determinó claramente que el derecho de los menores de edad con
talentos o capacidades extraordinarios a la educación especial tiene el
carácter de fundamental: “la obligación especial
del Estado de dar educación a las personas con capacidades excepcionales,
necesariamente configura la existencia de un derecho fundamental específico que
puede ser exigido por quienes acrediten que poseen talentos y capacidades
excepcionales, es decir, superiores a las comunes o normales que tienen las
demás personas y, además, que tienen méritos suficientes no sólo para acceder,
sino para permanecer dentro del sistema especial de educación que al efecto
diseñe aquél”. También estableció la Corte que
la educación especial “constituye para la comunidad y el Estado un bien de
mérito[35], en la
medida en que además de satisfacer las necesidades personales del educando,
coadyuva a promover y facilitar el desarrollo colectivo, pues los mayores
conocimientos y destrezas adquiridos por las personas que reciben dicha
educación las convierte, en general, en agentes impulsadores del desarrollo
cultural, científico y tecnológico que requiere y espera el país. // Es decir,
que la educación especial no sólo constituye un derecho fundamental para
quienes son acreedores a ella, sino que cumple una función social que resulta
positiva para generar una mejor sociedad, edificada sobre la base del
conocimiento.
Por otra
parte, la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la educación ha
establecido que el núcleo esencial de éste se compone de cuatro elementos
principales: el derecho a la disponibilidad del sistema educativo, el derecho
de acceso al sistema educativo, el derecho a la permanencia en el sistema
educativo y el derecho a recibir una educación de calidad. El alcance de cada
uno de estos elementos ha sido examinado en numerosas oportunidades por la
Corte; para efectos del caso presente, es importante resaltar que estos mismos
elementos forman parte del núcleo esencial del derecho a la educación especial
de los menores con talentos o capacidades excepcionales”
En lo que respecta a los derechos fundamentales de los niños,
resulta pertinente recordar el alcance que la Corporación ha dado a las normas
constitucionales que los consagran, en el sentido de que
la Constitución más allá de pretender reconocer su naturaleza fundamental, “buscó
establecer una nueva categoría de sujeto constitucional de protección especial,
frente al cual, en aplicación de la regla pro infans, siempre debe ampararse de
cualquier abuso, abandono o conducta lesiva que afecte su desarrollo armónico e
integral, y frente a quien deben establecerse medidas especiales de amparo y
defensa, como manifestación del carácter corrector del Estado Social de
Derecho, hacía sujetos privilegiados que demandan cuidados específicos y
especiales”.[36]
La doctrina
sobre la materia ha sido precisada por la Corte, en los siguientes términos:
“(...) El
compromiso que la Constitución establece con el bienestar físico y espiritual
del menor y con el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, no se ha limitado
a configurar derechos fundamentales a partir de sus pretensiones básicas de
protección, sino que su persona como tal ha sido elevada a la categoría de sujeto
fundamental merecedor de un tratamiento especial y prioritario por parte de
la familia, la sociedad y el Estado (...)
En el
otorgamiento de este estatus especialísimo del menor seguramente se han tomado
en consideración las necesidades específicas de protección derivadas de su
falta de madurez física y mental - debilidad - y la trascendencia de promover
decididamente su crecimiento, bienestar y pleno desarrollo de su personalidad.
De ahí que, se reitera, la tutela de la Constitución no se circunscriba a
manifestaciones o pretensiones específicas, como ocurre en general con los
restantes derechos fundamentales de las personas, sino que abarque al niño en
su plenitud, vale decir, en la integridad de su dimensión existencial.
La
consideración del niño como sujeto privilegiado de la sociedad produce efectos
en distintos planos. La condición física y mental del menor convoca la
protección especial del Estado y le concede validez a las acciones y medidas
ordenadas a mitigar su situación de debilidad que, de otro modo, serían
violatorias del principio de igualdad (CP art. 13). Dentro del gasto público
social, las asignaciones dirigidas a atender los derechos prestacionales en
favor de los niños deben tener prioridad sobre cualesquiera otras (CP art.
350). Todas las personas gozan de legitimidad para exigir el cumplimiento de
los derechos de los niños y la sanción de los infractores (CP art. 44). La
coordinación de derechos y la regulación de los conflictos que entre éstos se
presenten en el caso de que se vea comprometido el de un menor, debe resolverse
según la regla pro infans (CP art. 44). Se observa que el trato especial
que se dispensa al niño, lejos de ser un intento de conferirle protagonismo, no
es otra cosa que un ensayo de igualación que realiza el mismo Constituyente:
como el niño no sabe ni puede pedir, la Constitución autoriza a todos a que
pidan por él; como el niño no puede hacer que sus derechos se impongan cuando
entren en conflicto con los de los demás, la Constitución define directamente
su prevalencia (...)[37].
3.3 El fundamento  constitucional
del trato diferente y preferencial que reciben las personas con capacidades o
talentos excepcionales
El reconocimiento de fundamental del derecho a la educación de los
menores con capacidades o talentos excepcionales deriva en un tratamiento
diferenciado respecto de un grupo de individuos que, por su condición de excepcionalidad,
necesita apoyos especializados, los cuales deben suministrarse, precisamente,
para garantizar el principio de igualdad. Al respecto ha sostenido la
Corporación:[38]
“Conforme lo
expresó la Corte en la sentencia T-902/99[39] “... nuestra
Constitución recoge en su art. 13 la idea superada de la igualdad normativa
extendida de modo general a todas las personas, en el sentido de reconocer
también la igualdad a partir del tratamiento diferenciado para ciertos grupos o
categorías sociales, discriminados o marginados o que por su condición
económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta, para asegurar que la igualdad sea real y efectiva”. Y la misma
argumentación es válida igualmente para sostener, con fundamento en el inciso
final del art. 68, que la observancia del principio de igualdad, resulta
compatible con el tratamiento diferenciado y especial que debe dar el Estado a
las personas con capacidades cognoscitivas y habilidades superiores.
“En razón de
lo anterior, a pesar de encontrarse que, en principio, el ofrecimiento y
suministro de educación especializada a las aludidas personas puede
configurarse como un trato diferenciado, éste surge del designio del propio
constituyente, que lo justifica en la necesidad de asegurar el principio de
igualdad dentro de la diferencia.”
Por otra parte, el artículo 13 constitucional
además de reconocer, la igualdad ante la ley de todas las personas, la igualdad
de trato por parte de las autoridades y la igualdad de oportunidades, atribuye
al Estado el deber de proteger de manera especial a las personas que por su
condición económica, física y mental se encuentran en condiciones de debilidad
manifiesta, deber que es concordante con la educación de personas con
capacidades o talentos excepcionales, concebida como una obligación especial
del Estado, en el inciso final del artículo 68 de la Carta.
3.4 Faceta prestacional y progresiva de los derechos
constitucionales
La
jurisprudencia de la Corte ha reconocido que algunas de las obligaciones que se
derivan de un derecho fundamental y que tienen un carácter prestacional[40],
son de cumplimiento inmediato, ya sea porque se trata de una acción simple del
Estado, que no requiere mayores recursos, o porque a pesar de la movilización
de recursos que la labor implica, la gravedad y urgencia del asunto demandan
una acción estatal inmediata; mientras que otras, son de cumplimiento progresivo,
por la complejidad de las acciones y los recursos que se requieren para
garantizar efectivamente el goce efectivo de estas facetas de protección de un
derecho.
Para la Corte “la progresividad
justifica la imposibilidad de exigir judicialmente en casos individuales y
concretos, el inmediato cumplimiento de todas las obligaciones que se
derivarían del ámbito de protección de un derecho constitucional, pero no es un
permiso al Estado para que deje de adoptar las medidas adecuadas y necesarias
orientadas a cumplir las obligaciones en cuestión, valga repetir, progresivamente.
Para la jurisprudencia el que una prestación amparada por un derecho sea de
carácter programático no quiere decir que no sea exigible o que eternamente
pueda incumplirse.”[41]
En consecuencia, se desconocen las
obligaciones constitucionales de carácter prestacional y programático,
derivadas de un derecho fundamental, cuando la entidad responsable de
garantizar el goce de un derecho ni siquiera cuenta con un programa o con una
política pública que le permita avanzar progresivamente en el cumplimiento de
sus obligaciones correlativas.[42]
Concretamente, la Corporación ha precisado
tres condiciones básicas, a la luz de la Constitución Política, que debe
observar toda política pública orientada a garantizar un derecho
constitucional:
“La primera
condición es que la política efectivamente exista. No se puede tratar de unas
ideas o conjeturas respecto a qué hacer, sino un programa de acción estructurado
que le permita a la autoridad responsable adoptar las medidas adecuadas y
necesarias a que haya lugar. Por eso, como se dijo, se viola una obligación
constitucional de carácter prestacional y programática, derivada de un derecho
fundamental, cuando ni siquiera se cuenta con un plan para progresivamente
cumplirla.[43]
La segunda
condición es que la finalidad de la política pública debe tener como prioridad
garantizar el goce efectivo del derecho. En tal sentido, por ejemplo, no puede
tratarse de una política pública tan sólo simbólica, que no esté acompañada de
acciones reales y concretas.[44] Así pues, también se viola la Constitución cuando existe un plan o
un programa, pero se constata que (i) “sólo está escrito y no haya sido
iniciada su ejecución” o (ii) “que así se esté implementando, sea evidentemente
inane, bien sea porque no es sensible a los verdaderos problemas y necesidades
de los titulares del derecho en cuestión, o porque su ejecución se ha diferido
indefinidamente, o durante un período de tiempo irrazonable”.[45]
La tercera
condición es que los procesos de decisión, elaboración, implementación y
evaluación de la política pública permitan la participación democrática.[46] En tal sentido, la jurisprudencia ha considerado inaceptable
constitucionalmente que exista un plan (i) ‘que no abra espacios de
participación para las diferentes etapas del plan’, o (ii) ‘que sí brinde
espacios, pero éstos sean inocuos y sólo prevean una participación intrascendente”.[47]
En conclusión, la faceta prestacional y
progresiva de un derecho constitucional permite a su titular exigir
judicialmente, por lo menos, (i) la existencia de una política pública, (ii)
orientada a garantizar el goce efectivo del derecho y (iii) que contemple
mecanismos de participación de los interesados.[48]
A pesar de que las prestaciones
programáticas que surgen de los derechos fundamentales no se pueden garantizar
de manera instantánea, la Corte ha sostenido que el alcance de la exigibilidad
debe aumentar con el paso del tiempo, con el mejoramiento de las capacidades de
gestión administrativa y con la disponibilidad de recursos,[49]
con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho, en especial de su
dimensión prestacional.
Del principio de progresividad se deriva la
prohibición de regresividad, consistente en que el Estado está obligado a
aumentar progresivamente la satisfacción del derecho y tiene en principio
prohibido retroceder en los avances obtenidos, como ocurre con la inversión de
recursos para la satisfacción del derecho, especialmente si existe una
deficiente prestación  del mismo por insuficiente cobertura, baja calidad o
adaptabilidad.[50]
Cuando el juez de tutela constata la
violación de una faceta prestacional de un derecho fundamental, la Corte ha
indicado que debe protegerlo adoptando órdenes encaminadas a garantizar su goce
efectivo, que sean respetuosas del proceso público de debate, decisión y
ejecución de políticas, propio de una democracia; y aunque no es su deber
indicar a la autoridad responsable, específicamente, cuáles han de ser las
medidas adecuadas y necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho, sí
debe adoptar las decisiones y órdenes que aseguren que tales medidas sean
adoptadas.[51]
4.
Obligaciones del Estado
respecto de la población con capacidades o talentos excepcionales
La
Constitución Política dispone en su artículo 68[52]
que la educación de las personas con capacidades o talentos excepcionales es
una obligación del Estado. En desarrollo de este mandato constitucional, La Ley
115 de 1994  reitera que la atención de la población con capacidades o talentos
excepcionales es deber del Estado y  además precisa que hace parte del servicio
público educativo. A su vez, este deber se concreta en tres obligaciones
específicas: (i) garantizar en las instituciones de educación pública el acceso
a la educación y la capacitación en los niveles primario, secundario,
profesional y técnico, (ii) así como una formación integral dentro del ambiente
más apropiado a sus necesidades especiales; y (iii) fomentar programas y
experiencias para la formación de docentes idóneos para la adecuada atención
educativa de los menores con capacidades o talentos excepcionales.[53]
Para ello, debe el Gobierno Nacional expedir las reglamentaciones generales que
le permitirán tanto a las entidades territoriales como a las instituciones
educativas el cumplimiento de sus funciones específicas en esta materia.
El Decreto 2082 de 1996,[54]
la Ley 361 de 1997[55] y el
Decreto 366 de 2009,[56] junto
con las disposiciones antes citadas, configuran el marco normativo que regula
el derecho a la educación de los niños con capacidades o talentos excepcionales
y atribuye responsabilidades concretas a las diferentes entidades del Estado.
El Gobierno Nacional tiene, entre
otras, las siguientes obligaciones principales:
(i) Expedir la reglamentación
que permite a las entidades educativas organizar directamente o mediante
convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas que faciliten el proceso de
integración académica y social de los menores con capacidades o talentos
excepcionales. (art. 46 de la Ley 115 de 1994).
(ii) Expedir la reglamentación que define
las formas de organización de proyectos educativos institucionales especiales
para la atención de personas con capacidades o talentos excepcionales, el apoyo
a los mismos y el subsidio a estas personas, cuando provengan de familias de
escasos recursos económicos (art. 49.2 de la Ley 115 de 1994).
(iii) Facilitar en los establecimientos
educativos la organización de programas para la detección temprana de los
alumnos con capacidades o talentos excepcionales y los ajustes curriculares
necesarios que permitan su formación integral. (art. 49.1 de la Ley 115 de
1994).
(iv) Promover la integración de la
población con capacidades y talentos excepcionales a las aulas regulares en
establecimientos educativos que se organicen directamente o por convenio con
entidades gubernamentales y no gubernamentales. (art. 11.2 de la Ley 361 de
1997).
El Ministerio de Educación Nacional
tiene a su vez unas responsabilidades complementarias de acompañamiento,
asesoría, control y apoyo económico que, deben facilitar a las entidades
territoriales el cumplimiento de las obligaciones  que les competen, entre
ellas cabe resaltar las siguientes:
(i) Apoyar técnicamente, junto con las
secretarías de educación de las entidades territoriales y los institutos
descentralizados del sector educativo, de acuerdo con sus funciones, los
programas, instituciones, investigaciones y experiencias de atención educativa,
orientadas a la población con capacidades o talentos excepcionales (art. 24 del
Decreto 2082 de 1996).
(ii) Ubicar en establecimientos educativos
que atiendan población con capacidades o talentos excepcionales, los recursos
humanos, técnicos, tecnológicos y de infraestructura requeridos. (art. 3 del
Decreto 366 de 2009).
(iii) Desarrollar en establecimientos
educativos que atiendan población con capacidades o talentos excepcionales,
programas de sensibilización de la comunidad escolar y de formación de docentes
en el manejo de metodologías y didácticas flexibles para la inclusión de esta
población, articulados a los planes de mejoramiento institucional y al plan
territorial de capacitación. (art. 3 del Decreto 366 de 2009).
(iv) Establecer el diseño, producción y
difusión de materiales educativos especializados, así como de estrategias de
capacitación y actualización para docentes en servicio. (art. 13 de la Ley 361
de 1997).
(v) Ejercer el control permanente respecto
del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Capítulo II de la Ley
361 de 1997[57]. (art. 17 de la Ley 361
de 1997).
(vi) Coordinar con los ministerios de
Trabajo y Seguridad Social, Salud, Desarrollo Económico y Comunicaciones, y sus
entidades adscritas y vinculadas, el diseño y ejecución de programas de
atención integral en educación, salud, recreación, turismo, cultura, deporte y
trabajo para las personas con capacidades o talentos excepcionales. (art. 4.2
del Decreto 2082 de 1996).
(vii) Facilitar, con el acompañamiento del
ICETEX, el acceso a créditos educativos y becas a quienes llenen los requisitos
previstos por el Estado para tal efecto. (art. 14 de la Ley 361 de 1997).
Adicionalmente,
cada entidad territorial a través de la respectiva Secretaría de
Educación, tiene la obligación de organizar la oferta para la población con capacidades o talentos excepcionales, para lo cual
debe, entre otras, funciones:
(i) Organizar en su respectiva jurisdicción
un plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las
personas con capacidades o talentos excepcionales, que hará parte del plan de
desarrollo educativo territorial y que deberá incluir la definición de las
instituciones educativas estatales que establecerán aulas de apoyo
especializadas,[58] y si
fuere del caso, también podrá definir un programa de estímulos y apoyos para
que las instituciones educativas privadas puedan prestar este servicio.[59]
(ii) Organizar[60]
de manera alterna a las aulas de apoyo especializadas, el funcionamiento de
unidades de atención integral (conjunto de programas y de servicios profesionales
interdisciplinarios) o semejantes para brindar a los establecimientos de
educación formal y no formal, estatales y privados, apoyos pedagógicos,
terapéuticos y tecnológicos complementarios.[61]
(iii) Determinar,[62] con
la instancia o institución que la entidad territorial defina, la condición de
capacidad o talento excepcional del estudiante que lo requiera, mediante una
evaluación psicopedagógica y una caracterización interdisciplinaria. La
instancia o institución competente entregará a la secretaría de educación,
antes de la iniciación de las actividades del correspondiente año lectivo, la
información de la población que requiere apoyo pedagógico.[63]
(iv)
Desarrollar[64]
programas de formación de docentes y de otros agentes educadores con el fin de
promover la inclusión de los estudiantes con capacidades o talentos
excepcionales en la educación formal y en el contexto social.[65]
(v) Coordinar[66]
y concertar con otros sectores, entidades, instituciones o programas
especializados la prestación de los servicios, con el fin de garantizar a los
estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, los apoyos y recursos
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, terapéuticos, administrativos y
financieros.[67]
(vi) Comunicar[68] al
Ministerio de Educación Nacional el número de establecimientos educativos con
matrícula de población con capacidades o talentos excepcionales, con dos fines:
a) ubicar en dichos establecimientos los recursos humanos, técnicos,
tecnológicos y de infraestructura requeridos, y b) desarrollar en dichos
establecimientos programas de sensibilización de la comunidad escolar y de
formación de docentes en el manejo de metodologías y didácticas flexibles para
la inclusión de estas poblaciones, articulados a los planes de mejoramiento
institucional y al plan territorial de capacitación.[69]
Como se puede observar, existe un
compromiso ineludible por parte del Estado respecto de la atención educativa de
la población con capacidades o talentos excepcionales, por lo menos desde hace catorce
(14) años con la expedición de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994,
art. 49) y la Ley 361 de 1997 (art. 16), pero sólo hasta el año 2001 se
establecieron los parámetros generales orientadores del proceso educativo de
esta población, los cuales fueron recogidos posteriormente por la Resolución
2565 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional,[70]
y modificados en el 2006.
En efecto, el Ministerio de Educación
Nacional, en julio de 2006, publicó el documento denominado Orientaciones
para la atención educativa a estudiantes con capacidades o talentos
excepcionales, en el que además de caracterizar a esta población,
establecer un procedimiento para su identificación y proponer alternativas
educativas, presenta las condiciones políticas, económicas y culturales
requeridas para viabilizar una “educación en, con y para la diversidad”, con base
en las cuales, más recientemente, la entidad, por Decreto 366 de febrero 9 de
2009,[71]
reglamentó la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de
los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en
el marco de la educación inclusiva.
Por su parte, el Departamento de
Cundinamarcano no ha desarrollado ninguna de las competencias y funciones que
la normatividad antes señalada le ha atribuido, tanto a nivel de formulación
como de ejecución de las mismas.
Respecto de la población con capacidades o
talentos excepcionales de escasos recursos económicos, el legislador también ha
desarrollado en qué consiste la obligación del Estado en la materia.
La Ley 115 de 1994 establece como regla
general que la educación estatal se financiará con los recursos del situado
fiscal[72] (art.
173), con los demás recursos públicos nacionales dispuestos en la ley, más el
aporte de los departamentos, los distritos y los municipios, de conformidad con
la Ley 60 de 1993; y de manera excepcional que, el reglamento podrá definir los
mecanismos de subsidio a las personas con limitaciones, cuando provengan de
familias de escasos recursos económicos.[73]
Este mandato ha sido reforzado por el
artículo 49 (inciso 2) de la misma ley, al disponer como obligación del
Gobierno Nacional, la de “Definir las formas de organización de proyectos
educativos institucionales especiales para la atención de personas con
capacidades o talentos excepcionales, el apoyo a los mismos y el subsidio a
estas personas, cuando provengan de familias de escasos recursos económicos.
Complementariamente, el Ministerio de Educación Nacional tiene la obligación de facilitar,
con el acompañamiento del ICETEX, el acceso a créditos educativos y becas a
quienes llenen los requisitos previstos por el Estado para tal efecto.[74]
Por su parte, a las entidades territoriales
se les han atribuido los deberes de  coordinar y concertar con otros sectores,
entidades, instituciones o programas especializados la prestación de los
servicios, con el fin de garantizar a los estudiantes con capacidades o
talentos excepcionales, los apoyos y recursos técnicos, tecnológicos,
pedagógicos, terapéuticos, administrativos y financieros;[75]
y de adoptar mecanismos de subsidio, dentro de su autonomía,  para apoyar
instituciones, planes, programas y experiencias, orientadas a la adecuada
atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o
talentos excepcionales, de bajos recursos económicos.[76]
El apoyo económico no sólo va dirigido específicamente a los
estudiantes con capacidades o talentos excepcionales de escasos recursos
económicos, sino también a las instituciones educativas  que atiendan a esta
población.[77]
Para garantizar la educación de las personas con capacidades o
talentos excepcionales, el Ministerio de Educación Nacional, a través del
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior,
ICETEX, ha otorgado, a partir de 1989, ayudas educativas en la modalidad de
subsidios a menores de edad con capacidades o talentos excepcionales de escasos
recursos económicos. Desde el año 2005, el Fondo MEN-ICETEX, sólo atiende las
renovaciones de los niños  beneficiarios del programa que así lo solicitan, sin
que haya sido posible abrir nuevos cupos porque los recursos que asigna el
Ministerio de Educación Nacional cada año están destinados exclusivamente a
“sostener y mantener las renovaciones de cada vigencia”.[78]
En la Sentencia SU-1149 de 2000, ya había observado la
Corte en términos generales la insuficiencia de las acciones adelantadas
respecto de la población que nos ocupa, en los siguientes términos:
“a pesar de existir recursos manejados por el ICETEX,
destinados a atender a la educación especial de las personas discapacitados o
con capacidades excepcionales, lo cierto es que las acciones adelantadas con
dicho propósito no han tenido los resultados esperados, debido a múltiples
circunstancias: i) la insuficiencia de los recursos asignados; ii) la falta de
publicidad acerca de la existencia de este mecanismo de financiación de la
educación especial y de los requisitos exigidos para acceder a ella; iii) la
exigencia de requisitos extremos (los mismos que se exigen para el otorgamiento
de créditos por las entidades financieras) para acceder a este tipo de
créditos, los cuales no están en condiciones de cumplir los padres o los
representantes de las personas que los solicitan. Ello implica naturalmente que
las posibilidades de acudir a dicho medio de financiación sean muy limitadas;
iv) la falta de claridad y de coherencia en la selección de los beneficiarios
de estos créditos. Como hecho particularmente relevante se anota que en el año
1999 no se adjudicaron nuevos créditos, sino que únicamente se prorrogaron los
que venían asignados en los años anteriores.
Frente a esta situación ordenó al Ministerio de Educación
Nacional y al ICETEX que, procediesen a implementar un sistema de financiación
de educación para los menores que posean talentos o cualidades excepcionales
que, por lo menos, contemplase los siguientes elementos: “i) recursos
suficientes y apropiados para cubrir adecuadamente la demanda de créditos
requeridos para atender a la educación especial de dichos menores; ii) diseño
de mecanismos sencillos y ágiles para que los peticionarios de los créditos
puedan acceder fácilmente a éstos. Por lo tanto, se excluirán aquellos
requisitos extremos que en cuanto a solvencia de los requerientes de créditos
se exige ordinariamente por las entidades financieras; iii) implementación de
sistemas que garanticen la igualdad de oportunidades y la publicidad para el
acceso al crédito, según los méritos que demuestren los aspirantes para recibir
dicha educación especial.” Para el cumplimiento de estas órdenes dispuso de un
término de 48 horas para iniciar las gestiones pertinentes y hasta de seis (6)
meses contados a partir de la notificación de la sentencia  para concluirlas.
De lo anterior concluye la Corte, que el mecanismo de
financiación que maneja el ICETEX, continúa siendo insuficiente e ineficiente
para asegurar el deber que tiene el Estado de promover, fomentar y asegurar el
acceso a la educación especializada de las personas con capacidades
excepcionales y que frente a lo ordenado por la Corte en sentencias previas no
ha habido ningún avance.
Por su parte, la Secretaría de Educación de Cundinamarca no ha
desarrollado ni cuenta actualmente con ningún tipo de ayuda económica para esta
población.
Resulta pertinente recordar que la educación especial para niños con
capacidades o talentos excepcionales por ser un bien de mérito que, ayuda a
promover y facilitar el desarrollo colectivo, es una obligación especial del
Estado que trasciende el interés meramente local o regional, de manera que, las
competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales deben ejercerse
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad,
previstos en el artículo 288 de la Carta, lo que implica en la practica un
compromiso ineludible y concreto no sólo en materia de formulación de políticas
sino de ejecución de recursos, tanto por parte de las entidades nacionales como
territoriales que, no puede evadirse en mutuas recriminaciones frente a las
competencias generales de cada cual.
5.
El caso concreto
5.1. De
conformidad con los hechos que obran en el expediente, el menor Héctor García
Méndez con trece (13) años de edad, tiene un excelente desempeño académico, es
talentoso para el deporte y la música puesto que se ha presentado como solista
de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia y ha sido becado en seis
oportunidades. Fue abandonado por su padre, pero cuenta con una madre que ha
tratado de darle la mejor educación a su alcance. Desde el 2004 la madre del
menor padece de cáncer de seno, situación que transformó sus vidas y los obligó
a dejar su casa en Mosquera (Cundinamarca), trasladarse a Bogotá para buscar
apoyo familiar, renunciar a la segunda jornada laboral en un colegio privado y
a endeudarse desmesuradamente ante el incremento de los gastos por motivos de
salud y del traslado a Bogotá. Todo esto terminó por afectar la salud emocional
del menor, quien al sentir que podría perder a su madre en primer lugar, y más
adelante, ante la posibilidad de tener que abandonar su colegio, entró en una nueva
crisis de ansiedad y una serie de desordenes psicológicos que afectaron su
entorno familiar y escolar (estrés y un trastorno obsesivo compulsivo que tiene
impacto en el disfrute de su vida social). Además, el menor presenta problemas
de crecimiento, baja talla para la edad, y fue diagnosticado con pielonefritis
bilateral multifocal, migraña, colon irritable y varicocele izquierdo.
La madre ante la crisis de su hijo y su deplorable situación
económica requirió la ayuda de la Secretaría de Educación de Cundinamarca,
entidad que manifestó no tener instituciones educativas que ofreciesen
educación para niños excepcionales, como tampoco convenios interinstitucionales
para atender la demanda de dicha población, y terminó remitiéndola al Icetex, por ser la entidad encargada de
otorgar beca o subsidio a niños con capacidades o talentos excepcionales de
escasos recursos económicos.
El Icetex, informó que
el programa existía como un fondo en administración denominado Ministerio de
Educación Nacional- Icetex- Niños
con talentos y capacidades excepcionales, constituido por el Ministerio de
Educación Nacional para atender población infantil entre los 5 y los 18 años
con el propósito de financiar sus estudios de educación básica y media, y que
desde el año 2005 sólo atiende el proceso de renovaciones a la población activa
en el programa que lo solicita cada año, pero desde entonces no ha admitido
nuevos beneficiarios.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional con el argumento
de que sus obligaciones se limitaban a formular los
lineamientos generales de la política educativa y las recomendaciones para su
apropiación e incorporación en los planes de desarrollo territorial, manifestó
no estar desconociendo los derechos fundamentales del menor.
La Secretaría de Educación de Cundinamarca, a pesar de que ha
admitido durante el desarrollo del proceso, su inactividad en esta materia, ha
sostenido que no se ha presentado vulneración a los derechos al mínimo vital,
por no existir prueba en el expediente que indique la
carencia de la porción de ingresos indispensables para atender tales
necesidades; a la educación, porque no obra en el expediente prueba alguna que
acredite el riesgo inminente de que el menor vaya a ser retirado de la
institución educativa en la que se encuentra; al libre desarrollo de la
personalidad, porque no ha negado la inclusión o integración del menor a las
aulas educativas de los establecimientos públicos y por el contrario, ha sido
la accionante, quien se niega a permitir tal inclusión.
También, solicitó a la Sala estudiar la posibilidad de vincular al
presente asunto a la Secretaría de Educación del Distrito Capital, en razón a
que la accionante tiene fijado su domicilio en la ciudad de Bogotá, razón por
la cual se estaría ante un caso de falta de legitimación en causa por pasiva,
además porque “muy seguramente la Secretaría Distrital, si tenga en ejecución
convenios con instituciones Educativas Privadas para atención de niños y niñas
con capacidades excepcionales”.
Al menor Héctor García Méndez se le practicó una prueba de inteligencia
(Wisc en la Fundación Hospital de la Misericordia) que arrojó un coeficiente
intelectual de 142 y fue catalogado por la psicóloga tratante como una persona
con capacidades o talentos excepcionales. Esta Sala, con fundamento en la inactividad
de la Secretaría de Educación de Cundinamarca frente a la obligación legal de
definir un procedimiento y un responsable para establecer las capacidades o
talentos excepcionales de la población que lo requiriese, solicitó a la
psicóloga Beatriz Parra rendir concepto sobre las capacidades o talentos
excepcionales del menor Héctor García Méndez. La doctora Parra, después de
haberle practicado la prueba Wisc IV, distinta a la inicialmente practicada en la
Fundación Hospital Misericordia (Wisc R), conceptúo que “su puntaje no lo
ubicaba en el rango de inteligencia excepcional”, sino dentro de los
parámetros de inteligencia media alta, con similares resultados en razonamiento
perceptual y en al área de comprensión verbal, con una edad mental de 14 años,
4 meses, encontrándose por encima de su edad cronológica un año y un mes. No
obstante, entiende la Corte que se trata de dos pruebas diferentes y que bajo
las circunstancias actuales del menor, la diferencia de resultados puede
obedecer a factores externos, que no desvirtúan otras evaluaciones que en
materia de talento musical, indican que se trata de un menor con capacidades y
talentos excepcionales.
De las pruebas también es importante resaltar que, tanto el neuropediatra
de la Fundación Hospital de la Misericordia, como el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y el psiquiatra de la Unión Temporal del Norte, conceptuaron
que el menor no debía ser separado de su entorno escolar. Por su parte, la
psicóloga Beatriz Parra recomendó en su informe que, no debía ser sometido a
presiones inadecuadas que pudiesen generar fracasos en
su vida personal o bloqueo escolar.
Frente a esta situación fáctica pasa la
Sala a determinar si el menor Héctor García Méndez es un joven con capacidades
o talentos excepcionales, y en caso de así establecerlo, decidir si tiene
derecho a recibir una beca o subsidio por parte del Estado.
5.2. El
Decreto 366 de 2009 en su artículo 2, definió al estudiante con capacidades o
talentos excepcionales como “aquel que presenta una capacidad global que le
permite obtener sobresalientes resultados en pruebas que miden la capacidad
intelectual y los conocimientos generales, o un desempeño superior y precoz en
un área específica”.[79]
Para su identificación, las secretarías de educación de las entidades territoriales
certificadas, deben establecer la condición de
capacidad o talento excepcional de un estudiante, con la instancia o
institución que la entidad territorial designe, por medio de una evaluación
psicopedagógica y un diagnóstico o caracterización interdisciplinaria,[80] a la luz de los criterios
generales establecidos por el Ministerio de Educación.[81]
Dentro de este contexto, en el caso del menor Héctor García Méndez, la
Sala no puede llegar a una conclusión definitiva, puesto que fue evaluado en
dos oportunidades exclusivamente con pruebas destinadas a medir el coeficiente
intelectual,[82] con
resultados bastante disímiles atribuibles entre otras muchas posibles causas, por
un lado, a la gran diferencia que existe en el grado de dificultad de las
pruebas, la segunda (Wisc IV) es mucho más exigente que la primera (Wisc R); y
por otro lado, a la ansiedad y nerviosismo que le puede generar la convicción
de que del resultado final depende su permanencia en la institución educativa a
la cual se adaptó y lo unen vínculos afectivos fuertes. A pesar de la diferencia de resultados entre las dos pruebas, es
posible que el estado anímico del menor durante la segunda prueba hubiera
afectado su rendimiento en la misma. Por lo cual los resultados en la materia,
si bien indican unas capacidades intelectuales por encima del promedio, no son
concluyentes para desvirtuar sus capacidades cognitivas excepcionales ni las
otras condiciones de talento excepcional que tiene el menor.
El diagnóstico interdisciplinario que exige el artículo 3.1 del Decreto
366 de 2009, no le fue realizado al menor como parte integral del proceso que
llevaría a determinar su excepcionalidad, porque no existe un procedimiento
previamente diseñado por la entidad territorial que le permita a los
especialistas proceder de conformidad con una metodología adecuada y
oportunamente difundida.
El concepto del doctor Miguel de Zubiría Samper va en este mismo sentido
cuando afirma que los test de “inteligencia”, que
deberían llamarse de “funciones mentales escolares o de aptitud académica”;
en ningún caso de “inteligencia”, pues no lo son, tienen dos problemas:  en
primer lugar, miden sólo las capacidades de vocabulario, cálculo aritmético,
información, ensamble de objetos, memoria y otras, imprescindibles para
sobresalir en la escuela; y en segundo lugar, omiten centenares de aptitudes no
medidas por el CI, como las aptitudes musicales, pictóricas, interpersonales,
intrapersonales, y muchas otras, de las cuales  dependerá el éxito, no en la
escuela, sino en la vida profesional o personal.
Ante la pregunta
¿qué ‘inteligencia’ miden con los tests? señala que “la respuesta es
incontestable, pues los psicólogos primero la midieron, y sólo después
pretendieron conceptualizarla, sin saber qué medían sus tests de
‘inteligencia’. Sin éxito. Un distinguido representante suyo debió concluir
que: “¡Inteligencia es lo que miden los tests de inteligencia!”
Hoy ninguna
teoría científica acoge la falsa idea de La inteligencia, subyacente a los test
de C(cociente) I(intelectual) o CI, que sería mucho mejor denominar de aptitud
escolar o académica, pues eso son. En rigor, hoy es imposible evaluar la
inteligencia, y parecen faltar varias décadas para alcanzarlo. De momento
contamos con tests de aptitudes académicas, nada más.”
En todo caso, así los resultados hubiesen coincidido en un coeficiente
intelectual muy superior al normal, tampoco la Sala podría, con este único dato
confirmar o desvirtuar la condición de capacidad o talento excepcional del
menor Héctor García Méndez, máxime cuando esta es una competencia propia de las
entidades territoriales que debe ser ejercida a través de  las secretarías de
educación, de conformidad con la ley y las orientaciones generales que el
Ministerio de Educación Nacional haya expedido en esta materia.
Debe precisar la Sala
que a pesar de que la concepción acogida por el Ministerio de Educación en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, quedó plasmada en la
Resolución 2565 de 2003 y en el documento Orientaciones para la atención
educativa a estudiantes con capacidades o talentos excepcionales de julio
de 2006, vigentes para el momento en que ocurrieron los hechos que fundamentan
la acción de tutela que nos ocupa, y mucho más tarde en Decreto 366 de febrero
de 2009, a la fecha la Secretaría de Educación de Cundinamarca no ha expedido
la reglamentación ni ha puesto en marcha acciones concretas que aseguren a los
niños y jóvenes del Departamento el goce efectivo de su derecho fundamental a
la educación especial.
Este incumplimiento resulta aún más sorprendente cuando los
gobiernos Nacional y de las entidades territoriales
cuentan con la posibilidad de contratar con entidades privadas los apoyos
pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para la atención de los
menores con capacidades o talentos excepcionales, mientras los establecimientos
estatales no puedan ofrecer este tipo de educación.[83]
De ahí, que no encuentre la Sala justificación alguna al desinterés y falta de
compromiso de las entidades del orden nacional y territorial en la atención de
esta población, situación que ha terminado por vulnerar los derechos
fundamentales del menor Héctor García Méndez, a la educación especial y al
libre desarrollo de la personalidad.
Cabe recordar,
como lo ha sostenido esta Corporación en otras oportunidades, que las entidades
territoriales gozan de cierta autonomía administrativa y funcional para el
manejo de sus propios asuntos en virtud de la denominada descentralización
territorial y que a pesar de que actúan en su propio nombre y representación y
bajo su propia responsabilidad, no quedan excluidas del control central,[84]
ni excluye que ante la necesidad de garantizar el goce efectivo de los derechos
de los niños con talentos y capacidades excepcionales, la Nación y las
entidades territoriales aúnen esfuerzos y recursos.
La labor que ha cumplido el Ministerio de
Educación Nacional entre 1994 y 2009 respecto de la población con capacidades o
talentos excepcionales se concreta en la formulación de la política general y
las reglamentaciones específicas previstas en la Ley 115 de 1994 y en la Ley
361 de 1997, lo que implica, a la luz de la jurisprudencia constitucional
respecto de los derechos de carácter progresivo que, no es suficiente con que
la política exista porque su finalidad debe tener como prioridad garantizar el
goce efectivo del derecho, y esto exige que esté acompañada de “acciones
reales y concretas”, las cuales en el caso presente no han tenido
ocurrencia. De hecho, el único estímulo económico existente en la materia se
mantiene hoy en día para apoyar financieramente a 61 niños, niñas y
adolescentes con talentos excepcionales, incluidos en el programa del ICETEX
hasta el año 2005. Esta situación revela un claro desconocimiento de las
obligaciones constitucionales y legales del Estado frente a los menores con
talentos y capacidades excepcionales, de las órdenes de la Corte Constitucional
que señalaron la importancia de ampliar el programa y flexibilizar sus
requisitos,[85] y un menosprecio por el
potencial humano que representan esos niños, niñas y adolescentes talentosos
para el desarrollo de Colombia.
Respecto de las obligaciones principales
de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, antes enunciadas, se encuentra
que ninguna de las tres condiciones básicas fijadas por la jurisprudencia
constitucional a las políticas públicas, ha sido cumplida y al parecer no está
proyectado un pronto cumplimiento de dichas obligaciones constitucionales y
legales.
Sin duda, la
inactividad de la Secretaría de Educación de Cundinamarca vulnera el derecho
fundamental de los menores con capacidades o talentos excepcionales a recibir
una educación adecuada y sin ningún tipo de
discriminación, es decir, a recibir  los apoyos que cada individuo requiere
para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen
plenamente, y mientras no cumpla con sus obligaciones se seguirán presentando
casos como el que nos ocupa.
Como también los vulneran, la conducta del
Ministerio de Educación Nacional, amparado erróneamente en que sus obligaciones se limitan
a formular los lineamientos
generales de la política educativa y las recomendaciones para su apropiación e
incorporación en los planes de desarrollo territorial, incumpliendo el mandato
constitucional y legal que lo obliga, por una parte,  a lograr la efectividad
de las políticas públicas, en este caso bajo los principios de concurrencia
subsidiariedad y complementariedad que rigen las relaciones entre la Nación y
las entidades territoriales y, por otra parte, a ejercer inspección y
vigilancia permanente respecto del cumplimiento de las obligaciones que en esta
materia tienen las entidades territoriales certificadas, como en efecto lo es
el Departamento de Cundinamarca.
La función de inspección y vigilancia que debe adelantar el
Ministerio de Educación es esencial para garantizar el derecho a la educación
especial de la población con capacidades o talentos excepcionales puesto que
incluye otras complementarias de vital importancia como velar por la calidad de
la educación y evaluar en forma
permanente la prestación de los servicios a cargo del sector;  impulsar,
coordinar y financiar campañas y programas nacionales de educación; coordinar
todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio
público de la educación en todo el territorio nacional, con la colaboración de
las entidades territoriales y de la comunidad educativa; y velar por el
cumplimiento de la ley y de los reglamentos que rigen al sector y a sus
actividades. Pero también, las obligaciones constitucionales y legales del
Ministerio de Educación frente a los niños, niñas y adolescentes con talentos y
capacidades excepcionales, le imponen el deber de adoptar acciones concretas,
incluida la financiación de programas de apoyo económico y la ampliación de la
cobertura de los programas existentes, para que cada vez un número mayor de
menores con talentos y capacidades excepcionales puedan acceder a la educación
especial que requieren.
El joven Héctor García Méndez es un sujeto de
especial protección por parte del Estado no sólo por su excepcionalidad sino
también por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta determinada
por su condición psicológica, familiar y económica.
En efecto desde el año 2005 este joven ha estado
en tratamiento psiquiátrico y psicológico e incluso ha sido medicado con el
propósito de sacarlo de la crisis de ansiedad y estrés en que se encontraba a
raíz de la enfermedad de su madre, el cambio de de residencia, el consecuente
abandono de la casa que con tanto esfuerzo lograron adquirir y la crisis
económica familiar que lo tiene ad portas de no poder continuar estudiando en
el colegio al que ha logrado integrarse, ser aceptado y valorado, tanto por sus
compañeros como por el cuerpo de profesores.
Dentro de este contexto, la recomendación por
parte de los médicos tratantes y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y de los evaluadores, de no someterlo a un cambio de institución escolar por
los efectos que podría tener sobre su estado de salud emocional, no puede pasar
inadvertida para la Sala y la obliga a tomar las medidas de protección que más
adelante se señalarán.
Por estas razones, la Sala frente a la duda de
si el menor Héctor García Méndez es en realidad un estudiante con capacidades o
talentos excepcionales, y por su condición de sujeto de
especial protección, dada su condición psicológica y
su situación familiar y económica, la resuelve a su favor, en virtud del
principio pro infans[86]
y en consecuencia reconoce el derecho fundamental del menor a la educación
especial, el cual será garantizado con las órdenes que más adelantará
dará la Sala en la parte resolutiva de esta sentencia.
5.3. Una vez establecido por la Sala que el menor Héctor García
Méndez es un joven con capacidades o talentos excepcionales, procede a
determinar si tiene derecho a recibir una beca o subsidio por parte del Estado.
El principio general es que la educación
estatal se financia con los recursos del situado fiscal,[87]
con los demás recursos públicos nacionales dispuestos en la ley, más el aporte
de los departamentos, los distritos y los municipios, según lo dispuesto en la
art. 173 de Ley 60 de 1993.
Sin embargo, en materia de educación
especial el legislador en virtud de la protección especial que ha consagrado la
Constitución, ha previsto que por vía de reglamento sea factible establecer
mecanismos de subsidio y líneas de crédito educativo ofrecidos por el ICETEX,
cuando se trate de personas de escasos recursos económicos, a los cuales podrán
acceder directamente, o a través de sus padres o tutores.[88]
Por su parte, a las entidades territoriales
departamentales, distritales y municipales, atendiendo su competencia y dentro
del ámbito de su autonomía, les compete también adoptar mecanismos de subsidio
para apoyar instituciones, planes, programas y experiencias, orientadas a la adecuada
atención educativa de las personas con capacidades o talentos excepcionales, de
bajos recursos económicos;[89] y
coordinar y concertar con otros sectores, entidades, instituciones o programas
especializados la prestación de los servicios, con el fin de garantizar a los
estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, los apoyos y recursos
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, terapéuticos, administrativos y
financieros.[90]
Complementariamente, existe en cabeza del
Ministerio de Educación y del ICETEX, la obligación de facilitar el acceso a
créditos educativos y becas a quienes llenen los requisitos previstos por el
Estado para efecto.[91]
Tanto el Ministerio de Educación Nacional como la Secretaría de
Educación de Cundinamarca han hecho caso omiso de estas obligaciones, y en
consecuencia, los recursos que maneja el ICETEX para atender a esta población, continúan como hace nueve (9) años
limitados a un grupo reducido de niños y no se permite la vinculación de nuevos
estudiantes, con el agravante de que la desprotección ocasionada por esta
decisión, ha generado una protuberante violación del derecho a la igualdad de
los menores con capacidades o talentos excepcionales de escasos recursos
económicos.
En este aspecto
ni el Ministerio de Educación Nacional ni el ICETEX cumplieron con la orden que
dio la Sala Plena de la Corporación en la SU-1149 de 2000, en el sentido de “proceder
a implementar un sistema de financiación de educación para los menores que
posean talentos o cualidades excepcionales que, por lo menos contemple los
siguientes elementos: i) recursos suficientes y
apropiados para cubrir adecuadamente la demanda de créditos requeridos para
atender a la educación especial de dichos menores; ii) diseño de mecanismos
sencillos y ágiles para que los peticionarios de los créditos puedan acceder
fácilmente a éstos. Por lo tanto, se excluirán aquellos requisitos extremos que
en cuanto a solvencia de los requerientes de créditos se exige ordinariamente
por las entidades financieras; iii) implementación de sistemas que garanticen
la igualdad de oportunidades y la publicidad para el acceso al crédito, según
los méritos que demuestren los aspirantes para recibir dicha educación especial”.[92]
Este accionar
del Ministerio de Educación Nacional ha terminado por generar una regresividad
en la garantía del derecho que se estaba protegiendo, no admisible desde ningún
punto de vista por la jurisprudencia constitucional, máxime cuando se trata de
sujetos de especial protección.
En esa misma
providencia la Corporación ordenó al Ministerio de Educación Nacional “…b)
identificar y registrar en una base de datos a aquellas personas que posean
calidades y talentos excepcionales; c) garantizar la educación de las referidas
personas, bien sea en instituciones públicas o privadas del país o del
exterior, mediante la provisión de los correspondientes recursos económicos y
el establecimiento de auxilios, subsidios, becas o créditos educativos en
condiciones especiales, a favor de quienes no posean los medios económicos para
ello; d) hacer un seguimiento permanente de la educación de las referidas
personas, con el fin de que ésta logre el cometido constitucional de su
desarrollo integral.”
Salta a la vista la equivocación de los jueces de instancia al señalar
que los entes accionados no están obligados legalmente a conceder la beca o el
subsidio que la señora Isabel Méndez Mantilla reclama para su hijo, así como de
la Secretaría de Educación de Cundinamarca al sostener que por “expresa prohibición constitucional no le es permitido a las
entidades del Estado asignar auxilios o becas a los particulares (…)” o,
que no le es permitido al juez constitucional “invadir el ámbito de
acción de las autoridades administrativas ordenando la concesión de una beca o
subsidio, cuando ello ni siquiera fue solicitado directamente a la accionada”;[93]
y del ICETEX cuando afirma que, es a la Secretaría de Educación de
Cundinamarca a la que corresponde atender el asunto motivo de la tutela, en la
medida en que es competencia exclusiva de los entes territoriales prestar
asistencia educativa en estos niveles de formación. Lo que prohíbe la Carta en
el artículo 355 es el decreto de auxilios o donaciones de personas naturales o
jurídicas de derecho privado sin contraprestación alguna y sin cumplir una
finalidad constitucional clara, suficiente y expresa.[94]
La garantía del derecho a la educación especial para menores con dificultades
económicas, sin duda cumple una finalidad constitucional imperiosa.
Finalmente, no puede la Sala pasar por alto el concepto de la
autoridad departamental referente a que el menor Héctor García Méndez no
clasifica en la categoría de estudiante de escasos recursos económicos, por el
monto de los ingresos que su madre devenga como maestra del Distrito Capital,
por la vivienda de interés social que adquirió y por la posibilidad que ha
tenido de subsistir en Bogotá y cubrir sus gastos adicionales. Esta posición
hace caso omiso de la situación de salud que afecta a la madre, de los
múltiples créditos que la madre del menor se ha visto obligada a solicitar y
que la han sumido en una crisis económica evidente que, para el momento de
interposición de la acción de tutela, le impide cubrir los gastos que demanda
la educación de su hijo.
La Sala no comparte esa apreciación de la entidad demandada porque
desconoce no solo la obligación constitucional que tienen la Nación y las
entidades territoriales con los derechos fundamentales de los niños, máxime
cuando se trata de sujetos de especial protección como ocurre con el menor
Héctor García Méndez. La Corte ha sostenido en
diferentes oportunidades[95] que el
criterio general para determinar el contenido material del derecho al mínimo
vital depende de una evaluación cualitativa de las necesidades biológicas de
cada persona y está ligado, de alguna manera, con los conceptos de salario
mínimo y congrua subsistencia, de modo que el mismo no se satisface
exclusivamente con la simple garantía de la existencia de la persona, sino que
exige una existencia digna de acuerdo con las condiciones particulares de cada
individuo, sin que ello signifique que su garantía equivale a asegurar el
máximo desarrollo de las aspiraciones del individuo.
No obstante lo anterior, debe la Sala recordar que por voluntad del
Constituyente la familia junto con la sociedad y el Estado participan de manera
solidaria y concurrente en el apoyo al crecimiento, formación, protección y
desarrollo de los niños; que es la familia la llamada a actuar preferentemente
para llevar a cabo ese objetivo, y que dentro de ésta los respectivos padres
son los encargados de su cumplimiento. El menor Héctor García Méndez tiene
efectivamente un padre, el señor Marino García Franco, que lo reconoció
legalmente como su hijo y quien ha ignorado por completo sus obligaciones no
solo filiales sino económicas, situación que contribuyó de manera decisiva a su
desprotección económica.
Siendo los padres
los principales responsables del bienestar, educación y cuidado de los niños,
con la solidaridad y asistencia de la sociedad y el apoyo del Estado en caso de
ausencia o incapacidad de los progenitores para satisfacer las necesidades del
menor, debe la madre exigir ante la justicia de familia el cumplimiento de las
obligaciones constitucionales y legales que el padre del menor ha ignorado
injustificadamente hasta la fecha. Por tanto la madre deberá iniciar el proceso
correspondiente de alimentos ante los jueces de familia, dentro de los cuatro
meses siguientes a la notificación del presente fallo de tutela. En el evento
de que no lo hiciere, las obligaciones económicas que a continuación se radican
en cabeza de las distintas autoridades del Estado respecto del menor Héctor
García Méndez, cesarán de manera inmediata. El
cumplimiento de esta obligación deberá ser acreditada ante el juez de primera
instancia.
Así las cosas y
en la medida en que el Departamento de Cundinamarca no ha desarrollado ni
puesto en funcionamiento el sistema de educación para
niños con capacidades o talentos excepcionales previsto en nuestro ordenamiento
jurídico, y tampoco ha organizado un sistema alternativo a través de
convenios,  subsidios o becas; y que el Ministerio de Educación tampoco ha
ejercido sus competencias constitucionales y legales tendientes  a tomar los
correctivos del caso, desatendiendo incluso las órdenes
emanadas de la Sala Plena de esta Corporación, la vulneración de los derechos
fundamentales del menor Héctor García Méndez a la educación especial, al libre
desarrollo de la personalidad y a la igualdad, resulta evidente.
En
consecuencia, en la medida en que el Departamento de Cundinamarca no ha
desarrollado ni puesto en funcionamiento el sistema de
educación para niños con capacidades o talentos excepcionales previsto en
nuestro ordenamiento jurídico, y tampoco ha organizado un sistema alternativo a
través de convenios,  subsidios o becas; y que el Ministerio de Educación tampoco
ha ejercido sus competencias constitucionales y legales tendientes  a tomar los
correctivos del caso, desatendiendo incluso las órdenes
emanadas de la Sala Plena de esta Corporación, la vulneración de los derechos
fundamentales del menor Héctor García Méndez a la educación especial, al libre
desarrollo de la personalidad y a la igualdad, resulta evidente.
Por lo anterior la Sala ordenará al
Ministerio de Educación Nacional la elaboración de la
base de datos que identifique e incorpore a la población con capacidades o
talentos excepcionales de cada uno de los municipios y departamentos del país; tomar
las medidas administrativas y financieras necesarias para asegurar la provisión
de los correspondientes recursos económicos y el establecimiento de auxilios,
subsidios, becas o créditos educativos en condiciones especiales, a favor de
quienes no posean los medios económicos para ello; e incluir al menor Héctor
García Méndez, como beneficiario del Fondo MEN-ICETEX de manera inmediata.
También, ordenará a la Secretaría de Educación de Cundinamarca que, en el
término de seis (6) meses, diseñe y ponga en funcionamiento un plan de
cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con
capacidades o talentos excepcionales y que garantice el derecho a la educación
del menor Héctor García Méndez durante el año 2009 y siguientes en coordinación
con el Ministerio de Educación Nacional. Para constatar el cumplimiento de lo
ordenado en el presente fallo, la Secretaría de Educación de Cundinamarca
deberá presentar informes mensuales a la Corte Constitucional, y la Defensoría
del Pueblo, deberá realizar un seguimiento del cumplimiento de las órdenes
impartidas en la presente sentencia, e informar a la Corte sobre los avances,
estancamientos o retrocesos en el cumplimiento de las mismas cada seis meses
por parte del Gobierno Nacional-Ministerio de Educación Nacional y Departamento
de Cundinamarca-Secretaría de Educación de Cundinamarca.
III.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el presente asunto.
Segundo.- REVOCAR los fallos de tutela proferidos
por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá de julio 16 de 2008, en
primera instancia, y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Civil, en segunda, de octubre 30 de 2008, que negaron la tutela impetrada
por la señora Isabel Méndez Mantilla en nombre y representación de su hijo
menor Héctor García Méndez; y tutelar su derecho a la educación.
Tercero.- ORDENAR a la señora Isabel Gómez Mantilla iniciar en un
plazo máximo de cuatro (4) meses las acciones legales ante la jurisdicción de
familia, tendientes a hacer efectivas las obligaciones alimentarias que el
señor Marino García Franco tiene respecto de su hijo Héctor García Méndez. La continuidad
de la prestación de las ayudas concedidas en esta sentencia, queda sujeta al
cumplimiento de esta obligación por parte de la señora Méndez Mantilla, la cual
deberá ser acreditada ante el juez de primera instancia.
Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional de conformidad con lo
previsto en el inciso final del art. 68 de la Constitución,  la Ley 115 de 1994
y la Ley 361 de 1997, la elaboración de una base de datos que identifique e
incorpore a la población con capacidades o talentos excepcionales de cada uno
de los municipios y departamentos del país, con el objetivo de efectuar un
seguimiento permanente de su proceso educativo y verificar periódicamente el
cometido constitucional de su desarrollo integral, de tal manera que se
garantice efectivamente el derecho a la educación especial; y tomar las medidas
administrativas y financieras necesarias para asegurar en un término máximo de
dos (2) meses, la provisión de los correspondientes recursos económicos y el
establecimiento de auxilios, subsidios, becas o créditos educativos en
condiciones especiales, a favor de quienes no posean los medios económicos para
ello.
Quinto.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional, a través del Icetex, que, en el término de
ocho (8) días, contados a partir de la comunicación
de la presente sentencia, incluya al menor Héctor García Méndez en los
programas de subsidios o becas existentes, con el fin de que continúe sus
estudios de bachillerato en el colegio en el cual se encuentra actualmente
matriculado, y hasta que culmine sus estudios de secundaria.
Sexto.- ORDENAR
a la Secretaría de Educación de Cundinamarca que en el término de seis (6)
meses, diseñe y ponga en funcionamiento un plan de cubrimiento gradual para la
adecuada atención educativa de las personas con capacidades o talentos
excepcionales, el cual deberá incluir por lo menos lo siguiente: una base de
datos que identifique a la población con capacidades o talentos excepcionales
del Departamento; las instituciones educativas estatales y los docentes
capacitados que atenderán esta población; la instancia o institución encargada
de determinar la condición de capacidad o talento excepcional y el método
empleado para tal fin; el servicio de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con capacidades o talentos excepcionales y los programas de
formación de docentes en el manejo de metodologías y didácticas flexibles en el
marco de la educación inclusiva; los mecanismos de subsidio para apoyar
instituciones, planes, programas y experiencias orientadas a la adecuada
atención educativa de las personas con capacidades o talentos excepcionales y a
las personas con capacidades o talentos excepcionales de escasos recursos
económicos; y la apropiación de los recursos necesarios para el cumplimiento de
tales fines.
Para constatar el cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo, la
Secretaría de Educación de Cundinamarca, deberá presentar informes mensuales a la
Corte Constitucional.
Séptimo.- ORDENAR
al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación de
Cundinamarca que, de manera coordinada garanticen el derecho a la educación del
menor Héctor García Méndez durante el año 2009 y siguientes, incluyéndolo en
los programas de ayudas educativas previstos para personas con capacidades o
talentos excepcionales de escasos recursos económicos, con sujeción a las
condiciones y requisitos que se establecen en los reglamentos respectivos para
acceder a dichos recursos.
Octavo.-
SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo, que en
cumplimiento de sus funciones, haga un seguimiento del cumplimiento de las
órdenes impartidas en la presente sentencia, e informe a la Corte sobre los avances,
estancamientos o retrocesos en el cumplimiento de las mismas.
Noveno.-
Líbrese por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA
ELENA REALES GUTIÉRREZ
Magistrada
(E)
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] El 2 de julio de 2008.
[2] El 17 de
enero de 2008.
[3] El 26 de
marzo de 2008.
[4] Mediante
oficio del 15 de abril de 2008.
[5] El comprobante de pago
expedido por Davivienda y correspondiente al pago del mes de julio de sus
salario como docente del colegio distrital La Cumbre en Ciudad Bolívar,
contiene la siguiente información:
Devengados:
Deducidos:
Asignación básica
1.569.895
Fondo Prestacional del Magisterio
10.761
Prima especial mensual
110
Fondo Prestacional del Magisterio
172.175
Salario Vacaciones
582.288
Fondo Prestacional del Magisterio
10.761
Total devengado
2.146.908
Codema
50.000
Casa Nacional del Profesor
43.000
Codema
443.447
Casa Nacional del Profesor
264.537
ADE
10.704
Total deducido
1.005.385
Neto pagado
1.146.908
[6] Manifestó en la
diligencia de recepción de testimonio realizada en el Juzgado 16 Civil del
Circuito que esta suma cubría la pensión, la alimentación, el transporte y los
deportes.
[7] Cita en particular el
escrito fechado el 15 de abril de 2008 de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca.
[8] Mediante oficio del 9 de
julio de 2008.
[9] Julio 22 de de 2008.
[10] El Vicepresidente de
Fondos en Administración, Walter Zúñiga Ossa, mediante certificación expedida
el 22 de julio de 2008 a solicitud de la señora Isabel Méndez Mantilla, indicó:
“Que existe un Fondo denominado MEN ICETEX NIÑOS CON
TALENTOS Y CAPACIDADES EXCEPCIONALES código 12 348 el cual es administrado por
el ICETEX para atender niños con talentos y capacidades excepcionales.
Que el fondo en los últimos 3 años solo atiende las
renovaciones a aquellos niños que vienen en el programa y que realizan
previamente su proceso de renovación cada año.
Que el programa no esta (sic) otorgando cupos nuevos,
los recursos que asigna cada año el Ministerio de Educación nacional es solo
para sostener y mantener las renovaciones e[n] cada vigencia.
Que para cupos nuevos los padres deben dirigirse a las
Secretarías de Educación para informarse de los programas y convenios que estas
tengan para este tipo de población vulnerable.”
[11] El 26 de julio de 2008.
[12] Expedido el 3 de
septiembre de 2008.
[13] Con fundamento en el
inciso 1 del numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, el cual dispone
que “las acciones de tutela  que se interpongan contra cualquier autoridad
pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán
repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la
Judicatura (…).”
[14] Mediante escrito del 20
de agosto de 2008.
[15] Mediante oficio del 21
de agosto de 2008.
[16] Por escrito del 20 de
agosto de 2008.
[17] De julio 16 de 2008.
[18] Fue recibido por la
Corte Constitucional en noviembre 19 de 2008.
[19] Aporta: 1) certificado
expedido el 3 de septiembre de 2008, por la rectora del Colegio Campestre de
Enseñanza temprana-Descubriendo-, conforme al cual “se encuentran en mora en el
pago de las mensualidades del mes de julio y agosto, por tal razón y
solidarizándonos con la situación de la señora ISABEL MENDEZ MANTILLA madre del
estudiante quien siempre fue muy cumplida en sus pagos, este mes de septiembre
no se realizó el respectivo cargue a la tarjeta Davivienda para evitar que
pasara a cobro jurídico ya que en este momento esto la perjudicaría aún más. De
esta manera entraría en tres meses de mora”. 2) Certificación de la misma
rectora, de fecha 22 de julio de 2008, en la que se expresa que “durante los
dos (2) últimos años ha presentado dificultades en el pago normal de las
mensualidades (sic) a causa del estado de salud de la señora ISABEL MENDEZ
MANTILLA madre del estudiante. Que durante el año lectivo de 2007 en el primer
semestre el estudiante no pudo tomar el servicio de almuerzo por las
dificultades económicas mencionadas anteriormente. 3) Certificación de la
Dirección Nacional de Cobrazas de Davivienda relativa a la mora en el pago
correspondiente al Colegio de Enseñanza Temprana-Descubriendo-. 4)
Certificación del Gerente Financiero de la Cooperativa del Magisterio
(calendada 23 de julio de 2008), según el cual la accionante “solicitó un
auxilio de solidaridad para cubrir costos educativos de su hijo”. 5)
Certificación del Jefe de Créditos de la Cooperativa Casa Nacional del Profesor
respecto de las obligaciones dinerarias de la accionante, con saldos de
$6.034.598 y $1.208.362. 6) Constancia del Jefe de Cartera de la Cooperativa
del magisterio de la deuda de la señora Méndez Mantilla por valor de
$1.732.872. Todas con destino al Juez Constitucional.
[20]  Ver Sentencias T-002 de
1992, T-573 de 1995, T-543 de 1997, T-050 de 1999, T-1740 de 2000, T-108 de
2001, T-536 de 2001 y C-114 de 2005. Además, en las sentencias T-974 de 1999 y
T-925 de 2002, entre muchas otras, se detallaron como características
esenciales del derecho a la educación, en armonía con los pronunciamientos de la
propia Corte, los siguientes elementos: “i.) La educación por
su naturaleza fundamental, es objeto de protección especial del Estado; de ahí
que, la acción de tutela se estatuye como mecanismo para obtener la respectiva
garantía frente a las autoridades públicas y ante los particulares, con el fin
de precaver acciones u omisiones que impidan su efectividad. ii.) Es presupuesto básico de la
efectividad de otros derechos fundamentales, tales como la escogencia de una
profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de
realización personal y el libre desarrollo de la personalidad (C.P., arts. 26,
13 y 16), así como de la realización de distintos principios y valores
constitucionalmente reconocidos, referentes a la participación ciudadana y
democrática en la vida económica, política, administrativa y cultural de la
Nación, al pluralismo, a la tolerancia, al respeto de la dignidad humana, a la
convivencia ciudadana y a la paz nacional. iii.) La prestación del servicio
público de la educación se erige, como consecuencia de las anteriores
características, en fin esencial del Estado social de derecho colombiano. (…) iv.)                El núcleo esencial del
derecho a la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de
reclamar el acceso al sistema educativo o a uno que permita una “adecuada
formación”, así como de permanecer en el mismo. v.) Por último, en virtud de la función social que reviste la
educación, se configura como derecho-deber y genera obligaciones recíprocas
entre los actores del proceso educativo.”
[21] Cfr. T-002; T-009; T-015
a T-220; T-402; T-420; T-421; T-429; T-524 de 1992; T-236 de 1994, entre otras.
[22] El carácter fundamental
reconocido al derecho a la educación no deriva solamente del desarrollo
jurisprudencial sino que hace parte, entre otros, de los compromisos
internacionales que ha adquirido Colombia a través del Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Artículos 13 y 14 del Pacto, la Convención
sobre Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer, entre otros”.Ver ST-989 A de 2005 y ST-1227
de 2005.
[23] Sentencias T-974 de 1999
y T-925 de 2002, entre otras.
[24] Sobre fundamentalidad
del derecho a la educación de la niñez pueden consultarse las sentencias T-353
de 2001, T-1017 de 2000, T-202 de 2000 y T-050 de 1999.
[25] La conexidad entre el
derecho a la educación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad se
encuentra analizada en la sentencia T-780 de 1999.
[26] Ver al respecto:
sentencia T-263 de 2007. M.P.: Jaime Córdoba Triviño y TOMASEVSKI, Katarina
(Relatora especial de las Naciones Unidas para el derecho a la educación). Human rights obligations: making education available, accessible,
acceptable and adaptable. Gothenbug, Novum Grafiska AB, 2001. Citado
por Defensoría del Pueblo. El derecho a la educación en la Constitución, la
jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Bogotá, 2003. Citado a
su vez en la sentencia T-1030 de 2006 de esta Corporación.
[27] Artículo 68 de la
Constitución Política de Colombia.
[28] En este sentido, el
inciso 5 del artículo 67 de la Constitución indica que el Estado debe
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
condiciones necesarias para su acceso.
[29] Al respecto, debe
destacarse el inciso 5 del artículo 68 de la Constitución, de conformidad con
el cual los grupos étnicos tienen derecho a una educación que respete y
desarrolle su identidad cultural. Así mismo, el inciso 6 ibídem señala
la obligación del Estado de brindar educación especializada a las personas con
algún tipo de discapacidad y a aquellos con capacidades excepcionales.
[30] El inciso 5 del articulo
67 superior expresamente señala que el Estado debe garantizar a los menores su
permanencia en el sistema educativo.
[31] Al
respecto, el inciso 5 del artículo 67 de la Carta dispone que el Estado debe
regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el
fin de vela por su calidad y la mejor formación moral, intelectual y física de
los educandos.
[32]
Sentencias T-989A de 2005, T-675 de 2002 y T-1740 de 2000, entre otras.
[33] Artículo 1 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia por medio de la
Ley 12 de 1991.
[34] Ver
en este sentido las sentencias T-324 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
ratificado en la T-787 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[35] Dinamicidad de los
derechos y mecanismos de garantía. Germán J. Bidart Campos.
[36] Sentencia T-170 de 2004. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[37] Sentencia C-041 de 1994.
M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[38] SU-1149 de 2000. M.P.:
Antonio Barrera Carbonell.
[39] M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[40] La
Corte ha considerado que, la condición de ‘prestacio­nal’ no se predica
de la categoría ‘derecho’, sino de la ‘faceta de un dere­cho’ y
que es un error categorial hablar de ‘derechos presta­cionales’, pues,
todo derecho tiene facetas prestacionales y facetas no prestacionales. Sentencia
T-760 de 2008. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
[41] Corte
Constitucional, sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en
este caso se dice al respecto: “(…) si la exigibilidad de la prestación
protegida por la dimensión positiva del derecho fundamental depende del paso
del tiempo, no es aceptable que en el año 2002, por ejemplo, una entidad del
Estado dé la misma respuesta que daba en 1992 cuando se le exigía el
cumplimiento de un derecho de éste tipo, que es su obligación hacer cumplir. A
medida que pasan los años, si las autoridades encargadas no han tomado medidas
efectivas que aseguren avances en la realización de las prestaciones protegidas
por los derechos constitucionales, gradualmente van incurriendo en un
incumplimiento cuya gravedad aumenta con el paso del tiempo.” Esta posición
ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-739 de 2004 (MP Jaime
Córdoba Triviño) –en este caso se precisó el alcance del principio de
progresividad, a propósito de la continui­dad en las condiciones de acceso al
servicio de salud–, y la sentencia T-884 de 2006 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto) –este caso precisó los alcances del principio al acceso
a la educación para personas con discapacidad–.
[42] En la
sentencia T-595 de 2002 la Corte sostuvo: “No poder garantizar de manera
instantánea el contenido prestacional del derecho es entendible por las razones
expuestas; pero carecer de un programa que de forma razonable y adecuada
conduzca a garantizar los derechos en cuestión es inadmisible
constitucionalmente. El carácter progresivo de la prestación no puede ser
invocado para justificar la inacción continuada, ni mucho menos absoluta, del
Estado. Precisamente por el hecho de tratarse de garantías que suponen el
diseño e implementación de una política pública, el no haber comenzado siquiera
a elaborar un plan es una violación de la Carta Política que exige al Estado no
sólo discutir o diseñar una política de integración social [para discapacitados],
sino adelantarla.”
[43] Dice la Corte
al respecto: “Primero, como se dijo, debe existir una política pública,
generalmente plasmada en un plan. Es lo mínimo que debe hacer quien tiene la
obligación de garantizar la prestación invocada. Se desconoce entonces la
dimensión positiva de un derecho fundamental en sus implicaciones
programáticas, cuando ni siquiera se cuenta con un plan que
conduzca, gradual pero seria y sostenidamente a garantizarlo y protegerlo.”
Sentencia T-595 de 2002 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa).
[44] Dice la Corte
al respecto: “Segundo, el plan debe estar encaminado a garantizar el goce
efectivo del derecho; el artículo 2° de la Constitución fija con toda claridad
este derrotero. La defensa de los derechos no puede ser formal. La misión del
Estado no se reduce a expedir las normas y textos legales que reconozcan, tan
sólo en el papel, que se es titular de ciertos derechos. La racionalidad
estatal mínima exige que dichas normas sean seguidas de acciones reales. Estos
deben dirigirse a facilitar que las personas puedan disfrutar y ejercer
cabalmente los derechos que les fueron reconocidos en la Constitución.”
Sentencia T-595 de 2002. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
[45] Sentencia T-595
de 2002. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
[46] Al respecto, la
Corte señaló específicamente lo siguiente: “Tercero, el plan debe ser
sensible a la participación ciudadana cuando así lo ordene la Constitución o la
ley. Este mandato proviene de diversas normas constitucionales, entre las
cuales se destaca nuevamente el artículo 2°, en donde se indica que es un fin esencial
del Estado ‘(…) facilitar la participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la nación; (…)’, lo cual concuerda con la definición de la democracia
colombiana como participativa (artículo 1° C.P.).” Corte Constitucional,
Sentencia T-595 de 2002 (M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa).
[47] Sentencia T-595
de 2002. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
[48] Estos
elementos, fijados por la jurisprudencia en la sentencia T-595 de 2002, han
sido reiterados en varias ocasiones por la Corte Constitucional, entre ellas,
en las sentencias T-792 de 2005 (M.P.: Clara Inés Vargas Hernández), T-133 de
2006 (M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto) y T-884 de 2006 (M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto).
[49] Sentencia T-592 de 2002.
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
[50] Sentencia C-507 de 2008.
M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
[51] Por
ejemplo, en la sentencia T-595 de 2002, la Corte resolvió ordenar a la entidad
acusada que en el término máximo de dos años, diseñara un plan orientado a
garantizar el acceso del accionante al Sistema de transporte público
básico de Bogotá, sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas
excesivas, y que una vez diseñado el plan, iniciara inmediatamente el proceso
de ejecución, de conformidad con el cronograma incluido en él. Se impartieron
pues las órdenes necesarias para que el derecho sea protegido, sin indicar
concretamente cuál es el diseño de política pública que se ha de adoptar para
garantizar el goce efectivo del derecho.
[52] Capítulo II De los
derechos.
[53] Ley 115 de 1994. Título
III. Modalidades de atención educativa a poblaciones. Capítulo I. Educación
para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, artículos 46 a 49.
[54] “Por el cual se
reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con
capacidades excepcionales.”
[55] “Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y de
dictan otras disposiciones”.
[56] Por medio del cual se
reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de
los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales
en el marco de la educación inclusiva.”
[57] Artículos 10 a 16.
[58] Según el artículo 14 del
Decreto 2082 de 1996, “Las aulas de apoyo especializadas se conciben como un
conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen las instituciones
educativas para brindar los soportes indicados en el inciso 3º del artículo 2º
de este decreto que permitan la atención integral de los educandos con
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.” Están previstas en el
artículo 48 de la Ley 115 de 1992.
[59] Artículos 12 y 13 del
Decreto 2082 de 1996.
[60] Obligación
de las secretarías de educación departamentales, distritales y
municipales.
[61] Artículo 13 del Decreto
2082 de 1996.
[62] Entidad territorial
certificada.
[63] Artículo 3.1 del Decreto
366 de 2009.
[64] Entidad territorial
certificada.
[65] Artículo 3.4 del Decreto
366 de 2009.
[66] Entidad territorial
certificada.
[67] Artículo 3.8 del Decreto
366 de 2009.
[68] Entidad territorial
certificada.
[69] Artículo 3.9 del Decreto
366 de 2009.
[70] En el entretanto,
expidieron el Congreso de la República, la Ley 361 de 1997, por la cual
estableció mecanismos de integración social de las personas con limitación y
extendió las disposiciones del Capítulo II. De la educación a las personas con
excepcionalidad (art. 16); y el Gobierno Nacional, el Decreto 2082 de 1996, por
el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o
con capacidades o talentos excepcionales.
[71] En este decreto, el
Gobierno define el concepto de estudiante con capacidades o talentos
excepcionales y el mecanismo para comprobar la excepcionalidad; además de
regular, entre otras, materias como las responsabilidades de las entidades
territoriales certificadas respecto a esta población y la organización de la
oferta  educativa.
[72] Es el porcentaje de los
ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el
Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta. para la
atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución
Política. El situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política (art. 9
de la Ley 60 de 1993).
[73] Artículo
47 de la Ley 115 de 1994.
[74] Artículo 14 de la Ley
361 de 1997.
[75] Sólo obliga a las
entidades territoriales certificadas, numeral 8 del artículo 3 del Decreto 366
de 2009. “Son entidades territoriales certificadas los departamentos y los
distritos. La Nación certificará a los municipios con más de cien mil
habitantes antes de finalizar el año 2002. Para efectos del cálculo poblacional
se tomarán las proyecciones del DANE basadas en el último censo.
Todos aquellos municipios con menos de 100 mil
habitantes que cumplan los requisitos que señale el reglamento en materia de
capacidad técnica, administrativa y financiera podrán certificarse.
Le corresponde a los departamentos decidir sobre la
certificación de los municipios menores de cien mil habitantes, que llenen los
requisitos. Si contados seis meses desde la presentación de la solicitud no ha
sido resuelta o ha sido rechazada, el municipio podrá acudir a la Nación para
que ésta decida sobre la respectiva certificación.
Los municipios certificados deberán demostrar, cuando
lo requiera el Gobierno Nacional, que mantienen la capacidad necesaria para
administrar el servicio público de educación. Aquellos municipios que no logren
acreditar su capacidad, perderán la certificación”. Artículo 20 de la Ley 715
de 2001.
[76] Numeral 2 del artículo
22 del Decreto 2082 de 1996.
[77] Los artículos 11.3 de la
Ley 361 de 1997 y  23 del Decreto 2082 de 1996, establecen la obligación de los
gobiernos Nacional y de las entidades territoriales de apoyarlas mediante el
Sistema Nacional de Cofinanciación. Ver también los artículos 12 y 13 del
Decreto 2082 de 1996, respecto de las aulas de apoyo especializadas.
[78] Certificación expedida
el 22 de julio de 2008 y suscrita por el vicepresidente de Fondos en
Administración, Walter Zúñiga Ossa, del ICETEX.
[79] De acuerdo con los
parámetros generales fijados por el Ministerio de Educación Nacional en el
documento Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con
capacidades o talentos excepcionales (2006), el concepto excepcionalidad
comprende a las personas con capacidades excepcionales globales, a las personas
con talentos excepcionales específicos, al denominado doble excepcional y al
hiperestimulado. La persona con capacidades o talentos globales se caracteriza
por presentar un desempeño superior en múltiples áreas, acompañado por las
características universales de precocidad, automaestría y habilidad cognitiva.
Sin embargo, a pesar de que por lo general presentan un coeficiente intelectual
muy alto, no todas son académicamente sobresalientes, como ocurre con los
individuos con habilidades prácticas y contextuales que no están mediados por la
escuela. La persona con talentos excepcionales específicos presenta un
desempeño superior y precocidad en un área específica del desarrollo, como el
matemático, científico, artístico, musical, entre otros. En este ámbito la
cultura puede jugar un papel fundamental al privilegiar algunos talentos
específicos. La doble excepcionalidad es una categoría que reúne a las personas
que presentan simultáneamente discapacidad en una o varias esferas del
desarrollo y capacidades o talentos excepcionales en otras. Las personas
hiperestimuladas son las que han recibido entrenamiento precoz para adelantar
procesos en el conocimiento de áreas académicas, artísticas o deportivas. Ver:
pp. 18-20.
[80] Parg. del
artículo 3 de la Resolución 2565 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional y
num. 1 del art. 3 del Decreto 366 de 2009.
[81] Op.Cit.,
Orientaciones para la atención educativa (…).
[82] Para Robert J.
Sternberg, “la inteligencia es 1) la capacidad para aprender de la experiencia,
y 2) la capacidad para adaptarse al medio. (…) La capacidad para aprender de la
experiencia implica, por ejemplo, que las personas inteligentes no son las que
cometen errores, sino más bien las que aprenden de ellos y no siguen
incurriendo una y otra vez en los mismos errores. (…) La adaptación al medio
significa que ser inteligente trasciende el hecho de obtener puntuaciones altas
en los test o buenas calificaciones en la escuela, para incluir cómo manejarse
en un empleo, entenderse con los demás y llevar la vida en general.
Desgraciadamente, los test que empleamos para medir la inteligencia no se
inspiran en este espíritu. (…) Más bien enfocan el aprendizaje y la adaptación
académicos, importantes en sí mismos para la vida, pero ciertamente no básicos
para el juego de la vida, sobre todo después de acabar los estudios e
incorporarse al mundo del trabajo.” En Inteligencia exitosa (1997), Barcelona,
España: Paidós, pp. 93-94.
[83] Parágrafo
1 del art. 46 de la Ley 115 de 1994.
[84] Sentencia
C-497A de 1994.  MP.: Vladimiro Naranjo Mesa.
[85] SU-1149 de 2000.
[86] En las sentencias C-041 y T-283 de 1994 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz), la
Corte se pronunció sobre este principio: “La Constitución, más allá de
pretender reconocer la naturaleza fundamental de los derechos de los niños, la
cual se deriva de su propia existencia como sujetos a quienes la familia, la
sociedad y el Estado les debe atención y cuidado; pretendió establecer una
nueva categoría de sujeto constitucional de protección especial, frente al
cual, en aplicación de la regla pro infans, siempre debe ampararse de cualquier
abuso, abandono o conducta lesiva que afecte su desarrollo armónico e integral,
y frente a quien deben establecerse medidas especiales de amparo y defensa,
como manifestación del carácter corrector del Estado Social de Derecho, hacía
sujetos privilegiados que demandan cuidados específicos y especiales.
[87] El situado fiscal
establecido en el artículo 356 de la Constitución Política, es el porcentaje de
los ingresos corrientes de la Nación que será cedido a los departamentos, el
Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena y Santa Marta. para la
atención de los servicios públicos de educación y salud de la población y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 67 y 365 de la Constitución
Política. El situado fiscal será administrado bajo responsabilidad de los
departamentos y distritos de conformidad con la Constitución Política. Art. 9
de la Ley 60 de 1993.
[88] Artículo 49 de la Ley
115 de 1994 y art. 22 del Decreto 2082 de 1996.
[89] Inciso 2 del art. 22 del
Decreto 2082 de 1996.
[90] Numeral 8 del art. 3 del
Decreto 366 de 2009.
[91] Artículo 14 de la Ley
361 de 1997.
[92] MP.
Antonio Barrera Carbonell.
[93] La madre del menor,
Isabel Méndez Mantilla, por medio de las comunicaciones del 17 de enero de
2008, 26 de marzo de 2008 y 15 de abril de 2008, solicitó a la Secretaría de
Educación de Cundinamarca ayuda para que su hijo pudiera continuar sus estudios
en el colegio en el que se encontraba matriculado.
[94] Ver entre otras, las
sentencias C-506 de 1994, C-136 de 1995, C-923 de 2000, C-507
de 2008, y C-289 de 2009.
[95] Sentencias SU-995 de
1999, T-394 de 2001; T-1049 de 2003 y T-1066 de 2006.