T-049-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-049/13
COMUNIDADES
INDIGENAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL Y TITULARES DE
DERECHOS FUNDAMENTALES-Reiteración de jurisprudencia
COMUNIDADES
INDIGENAS-Legitimación
por activa en los casos que reclaman protección de sus derechos fundamentales
por medio de acción de tutela
La jurisprudencia de esta Corte ha
reconocido no solo el estatus de sujetos colectivos de derechos fundamentales a
las comunidades étnicas, sino que adicionalmente ha establecido que tanto los
dirigentes como los miembros individuales de estas comunidades se encuentran
legitimados para enervar la acción de tutela con el fin de perseguir la
protección de los derechos de la comunidad, así como también, así como también
“las
organizaciones creadas para la defensa de
los derechos de los pueblos indígenas y la
Defensoría del Pueblo.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
DIVERSIDAD E IDENTIDAD CULTURAL DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Protección constitucional
Es
claro para esta Corporación que con fundamento en la
Constitución Política y en las normas internacionales que consagran el derecho
a la identidad étnica y cultural, el Estado tiene la obligación de garantizar
los derechos fundamentales de las comunidades étnicas y de promover su
autonomía, preservar su existencia e impulsar su desarrollo y fortalecimiento
cultural, lo cual implica de manera predominante, la promoción y garantía de
una educación especial, diferencial y étnica para estos grupos poblacionales.
La jurisprudencia constitucional ha aclarado igualmente que el derecho
fundamental a la diversidad e identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas,
como todos los demás derechos, no ostenta un carácter absoluto, y que encuentra
límites constitucionales en principios fundantes del Estado constitucional de
Derecho, tales como la dignidad humana, el pluralismo y la protección de las
minorías, que son presupuestos normativos no solo del Estado Social de Derecho
sino de la posibilidad misma del pluralismo y de la tolerancia.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
EDUCACION DE LAS COMUNIDADES ETNICAS Y SUS INTEGRANTES-Debe respetar y desarrollar su identidad cultural
A los
miembros de las comunidades indígenas les asisten no solo todos los derechos
fundamentales consagrados en la
Constitución Política, sino que adicionalmente son adjudicatarios de derechos
específicos con enfoque diferencial. Así, estas comunidades son titulares de
derechos colectivos fundamentales cuyo reconocimiento y garantía es necesaria
para su existencia y conservación como sujetos jurídicos con autonomía e identidad
propia, dentro de los cuales adquiere una relevancia especial para su
permanencia y desarrollo, el derecho a una educación especial, étnica y
cultural, que corresponda a su cultura y responda a sus específicas necesidades
de conservación étnica y cultural. De manera general, les asiste por tanto el
derecho fundamental a la educación, el cual se encuentra consagrado y
desarrollado por el artículo 67 Superior. La jurisprudencia constitucional ha
desarrollado ampliamente el contenido y alcance normativo del derecho
fundamental a la educación, indicando que se trata de un derecho que atañe a la
naturaleza esencial del ser humano, que es desarrollo de las características
fundamentales del sujeto moral y jurídico, esto es, de los conceptos de
dignidad, libertad e igualdad que de él se predican.  Igualmente, este Tribunal
ha resaltado el doble aspecto que proyecta el derecho fundamental a la
educación cuando de las comunidades indígenas y de sus miembros se trata, ya
que en este caso su fundamentalidad no sólo se deriva de su carácter universal,
sino también de la aplicación de un enfoque diferencial étnico, esto es, del
derecho fundamental a la diversidad e identidad étnica y cultural, propio de
estas comunidades.
CONSULTA
DE COMUNIDAD INDIGENA-Consulta previa para la adopción del
sistema especial de educación de los grupos étnicos es un derecho fundamental
La
jurisprudencia de esta Corte ha reconocido la consulta previa como un derecho
fundamental de las comunidades y grupos étnicos, en cuanto es necesaria y obligatoria
para la implementación y desarrollo de un sistema especial de educación para
estos grupos y comunidades, de tal forma que “debe estar presente en cualquier
medida de naturaleza legislativa o administrativa que pretenda tomar el Estado
en la materia; medidas que, además, deben adoptarse teniendo en cuenta las
particulares condiciones de los distintos grupos étnicos, de manera que se les
garantice y asegure la preservación y continuidad de sus tradiciones e
historia.”
ETNOEDUCACION
O EDUCACION ESPECIAL PARA LOS GRUPOS ETNICOS-Régimen
constitucional y legal
DERECHO
A LA EDUCACION ESPECIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS-Fundamental
DERECHO
A LA ETNOEDUCACION DE COMUNIDADES INDIGENAS-Elementos
CONSULTA
PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-Reglas
jurisprudenciales
La jurisprudencia constitucional ha
coincidido en señalar que el proceso de participación de los grupos étnicos en
la toma de las decisiones estatales, cuando éstas proyectan sus efectos sobre
intereses de tales grupos, están llamadas a desarrollarse “dentro de un marco
de derecho internacional y constitucional fuertemente garantista, que no se
caracteriza por ser un simple ejercicio jurídico de respeto del derecho de
defensa de quienes pueden verse afectados con una actuación del Estado, sino
porque se busca asegurar por medio de esta consulta previa la efectiva
protección de los intereses colectivos y derechos fundamentales de las
referidas comunidades”.
NOMBRAMIENTO
EN PROPIEDAD DE ETNOEDUCADORES-Requisitos
Ha establecido la jurisprudencia de este
Tribunal que los etnoeducadores pueden ser nombrados en propiedad, si cumplen
con los requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia actualmente vigentes,
esto es: (i) que la selección sea concertada entre las autoridades competentes
y los grupos étnicos, (ii) una preferencia sobre los miembros de las
comunidades que se encuentren radicados en ellas, (iii) acreditación de
formación en etnoeducación y, (iv) conocimientos básicos del correspondiente
grupo étnico. Lo anterior, en aras de la protección de su autonomía y
autodeterminación.
NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD DE ETNOEDUCADORES-Reglas jurisprudenciales
NOMBRAMIENTO
EN PROPIEDAD DE ETNOEDUCADORES-Derecho de aplicación inmediata
Para esta Corporación es claro que los
docentes indígenas deben ser nombrados en propiedad, previo el cumplimiento de
los requisitos que para el efecto se han fijado vía legal y
jurisprudencialmente, no solo como una garantía (i) del derecho a la autonomía
y autodeterminación de los pueblos indígenas, (ii) del derecho a la diversidad
étnica y cultural, y (iii) del derecho fundamental a la etnoeducación de las
comunidades indígenas, todo lo cual se fundamenta en los artículos 7, 67 y 70
CP; sino también porque (i) la sentencia C-208 de 2007 no restringe dicha
posibilidad y, (ii) de ésta manera se protege también el derecho de los
etnoeducadores a tener las garantías y la estabilidad laboral de un
nombramiento en propiedad, lo que en todo caso, como ya se señaló, es un
derecho de aplicación inmediata.
DOCENTE
INDIGENA-Puede
ser nombrado en propiedad, previo el cumplimiento de requisitos
CONSULTA
PREVIA PARA ETNOEDUCADORES DE COMUNIDADES INDIGENAS-Orden
de adelantar el proceso de concertación para determinar si docentes indígenas
nombrados en provisionalidad cumplen requisitos para ser nombrados en
propiedad, sin interrumpir la continuidad en el servicio de educación
Referencia: expedientes
T‑3613182 y T‑3616335
Acciones
de tutela presentadas por Carlos Maca Palechor (T‑3613182) contra la
Secretaría de Educación del Cauca y otros; y Misael Aranda (T‑3616335)
contra la Gobernación del Cauca y otro.
Magistrado
Ponente:
LUÍS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., cinco (05) de febrero de
dos mil trece (2013)
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se pone fin al trámite
de revisión de
los siguientes fallos de tutela dictados dentro de los procesos de la
referencia:
La Sala de Selección
Número Nueve, por auto del 27 de septiembre de 2012, seleccionó para su
revisión y acumuló entre si los expedientes T‑3613182 y T‑3616335,
para que fueran fallados en una sola sentencia por presentar unidad de materia.
De la misma manera, dispuso su reparto a este despacho.
Expediente
Fallos
de Tutela
T-3613182
Primera
instancia: Sentencia del Juzgado Quinto Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Popayán del 7 de junio de 2012.
Segunda
instancia: Sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán Sala Primera de Decisión Penal del 26  de julio
de 2012.
T-
3616335
Primera
instancia: Sentencia del Juzgado Tercero Penal
del Circuito del 25 de mayo de 2012.
Segunda
instancia: Sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán Sala Primera de Decisión Penal del 25  de junio
de 2012.
I.
ANTECEDENTES
1.
ANTECEDENTES DE LOS EXPEDIENTES T‑3613182 y T‑3616335
1.1
De los hechos de las demandas
1.1.1 Los actores solicitan el amparo de
tutela basándose en el artículo 86 de la
Constitución Política colombiana contra los demandados, por considerar que han
sido vulnerados sus derechos fundamentales colectivos a la autonomía y libre
determinación de los pueblos indígenas; a la no intervención del gobierno en la
esfera del gobierno indígena; al derecho a guiarse por sus usos y costumbres y
a la protección de su identidad cultural mediante una educación especial.
1.1.2. Aducen que los mismos han sido
transgredidos de forma permanente por la
Secretaría demandada desde hace años al no nombrar en propiedad al grupo
especial de docentes indígenas que laboran al interior de sus territorios
ancestrales, los cuales son enumerados en las tutelas presentadas.
1.1.3. Indican que la
Secretaria de Educación del Cauca desobedece el mandato de la
Corte Constitucional en sentencia C‑208 de 2007  que declara exequible
el Decreto–Ley 1278 de 2002 por el cual se establece el estatuto de
profesionalización docente, “siempre y cuando se entienda que el mismo no
es aplicable a las situaciones administrativas relacionadas con la
vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes
en los establecimientos educativos ubicados en territorios indígenas que
atienden población indígena, con la aclaración de que, mientras el Legislador
procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de
manera especial la materia, las disposiciones aplicables a los grupos
indígenas serán contenidas en la Ley general de educación y demás normas
complementarias” (negrillas fuera de texto).
1.1.4. Afirman que los docentes citados
en las tutelas son conocedores de la cosmovisión, cosmología, cosmogonía, usos,
costumbres, mitos, leyendas y tradiciones, leyes de origen y derecho mayor de
su etnia, y con ello transmiten a los alumnos indígenas la identidad cultural
que ordena la Constitución. Sostienen que los demás docentes transmiten la
interculturalidad, que aceptan también se necesita, pero objetan que estos
últimos “son hasta opositores  solapados a la conservación de nuestra
cultura y por ser una etnia dominante, no se sienten obligados a obedecer a las
autoridades indígenas no obstante estar en sus territorios, inculcando así,
mediante el ejemplo, malos antecedentes entre los alumnos”.
1.1.5. Señalan que los docentes indígenas
no se acogieron al concurso de méritos ordenado y reglamentado por el Decreto‑Ley
1278 de 2002 por orden de la dirigencia indígena, por tal motivo sus
nombramientos se hicieron en provisionalidad mientras concertaban con el
Ministerio la forma de nombrar a sus docentes, y ésta no ha podido realizarse
porque el Ministerio alega que hasta que no concursen no se les podrá nombrar
en propiedad.
1.1.6. Manifiestan que diferentes
factores han impedido que se avoque con detenimiento el estudio jurídico del
citado concurso de méritos, y consideran que este es el impedimento para que se
termine con la eterna interinidad de los docentes, es decir con la
provisionalidad para que puedan ser nombrados en propiedad.
1.1.7. Mencionan la
Sentencia T‑379 de 2011 donde la
Corte Constitucional recoge las indicaciones del Relator de las Naciones
Unidas en relación con la educación de las comunidades indígenas y sobre los
métodos de selección de los docentes especiales para los mismos, en donde se
señala que: “… hace parte del contenido del derecho a una educación que
respete y desarrolle la identidad cultural de las comunidades étnicas la
existencia de un régimen especial para el ingreso, ascenso y retiro de docentes
y directivos docentes para tales grupos…”. En igual sentido, señalan que en
la Sentencia C‑208 de 2007 la Corte aclaró que el ingreso, ascenso y
retiro de docentes para comunidades indígenas no puede estar reglamentado de la
misma forma que el resto de la población colombiana por cuanto éstos se deben
ajustar a los requerimientos de cada comunidad, precisando que estas medidas
especiales deben ser consultadas previamente con las comunidades étnicas, y que
adicionalmente, el art. 58 de la Ley 115 de 1994  contiene un mandato de
promoción de la etnoeducación, según el cual : “el estado proveerá fomentara
la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los
grupos étnicos”.
Igualmente, hacen referencia a la
Sentencia T‑907 de 2011, en la cual la
Corte ordena que no se puede seguir destruyendo la diversidad étnica y
cultural de Colombia por medio de la educación homogenizada y ordena medidas
especiales.
1.1.8. Finalmente, indican que los
artículos 10, 68 y 70 de la Carta disponen que los grupos étnicos tienen
derecho a recibir una educación especial que respete y desarrolle su identidad
cultural, en tanto que el art. 67 señala que a través de la educación se
transmiten los valores de la cultura.
1.2. Respuestas de las entidades
accionadas: Gobernación del Departamento del Cauca y
Secretaría de Educación del Departamento del Cauca.
1.2.1. Respuesta al
señor Carlos Maca Palechor, Gobernador del Cabildo Indígena Yanacona,
expediente T‑3613182,
por parte del representante legal de las entidades demandadas.
1.2.1.1. Sostiene que han habido docentes
nombrados en provisionalidad y en carrera por un concurso y nombrar a personas
que no han participado en el mismo viola el derecho a la igualdad de los que
concursaron y que se encuentran representados por el sindicato de educadores.
1.2.1.2. Afirma que una tutela no puede
pretender adquirir unos derechos cuando aún no se ha acudido a la vía
administrativa.
1.2.1.3. Considera, en relación con las
consultas previas de las comunidades indígenas, que las mismas deben ser previas
y no posteriores, cuando ya se ha decidido sobre los nombramientos.
1.2.1.4. Indica la necesidad de vincular
al Ministerio de Educación Nacional por cuanto lo que se solicita afecta el
presupuesto del sistema general de participaciones y el del Trabajo, con el fin
de que diriman la inaplicación del régimen de carrera administrativa
establecido en el art. 125 de la
Constitución Política.
1.2.1.5. Menciona y hace un recuento de
los instrumentos internacionales que regulan la materia y que tiene alcance
para la comunidad indígena, normas que conforman el bloque de
constitucionalidad, tales como el Acuerdo 151 de la
OIT, art 7º y 8º ; Convenio 169 art. 20, aprobado mediante Ley 21 de 1991.
Igualmente se refiere al régimen de carrera instituido en el art. 125 de la
CP, arts. 105 y 107 de la Ley 115 de 1994, Ley 190 de 1995, Ley 909 de 2004
arts. 23 y 27, además de referirse al carácter excepcional de los sistemas
especiales y específicos de carrera, y los requisitos especiales para el
nombramiento de etnoeducadores de acuerdo a la
Sentencia T‑ 907 de 2011.
1.2.1.5. Finalmente solicita que se
declare que las entidades demandadas no han vulnerado ningún derecho
fundamental y en consecuencia no prospere la acción tutelar impetrada.
1.2.2. Respuesta al
señor Misael Aranda, Gobernador del Cabildo Indígena de Guambía, expediente T‑3616335,
por parte de las entidades demandadas.
1.2.2.1. Sostienen que la igualdad al
acceso a cargos públicos se respeta en tanto se le da oportunidad a todos los
sectores del Departamento del Cauca, y que existen nombramientos en
provisionalidad y en propiedad de educadores que han superado los
procedimientos de selección y se encuentran laborando en territorios indígenas,
lo cual indica que no hay procedimientos discriminatorios, y que efectuar un
nombramiento en propiedad, otorgando derechos de carrera a quien no participa
en el proceso de selección, vulnera los derechos de los demás trabajadores.
Indica que en la actualidad no se cuenta con un estatuto exclusivo para
indígenas y otro para docentes que atienden zonas de población mayoritaria.
1.2.2.2. Afirman que el gobernador
indígena ha eludido un recurso, al no acudir a los procedimientos establecidos
en el art. 8 del Acuerdo 151 de la OIT, en el sentido de no agotar las
negociaciones respectivas, no solo con los pueblos indígenas, ya que debe
incluir también a los demás trabajadores del Departamento del Cauca
representados en sus respectivos sindicatos.
1.2.2.3. Aducen que el gobernador indígena
pretende que por medio de una sentencia judicial se ordene lo que ni siquiera
se ha solicitado por vía administrativa, con lo cual está contraviniendo el
debido proceso que deben seguir las actuaciones administrativas, ya que
respetando el debido proceso, se puede dar inicio a los procedimientos de
consultas previas que constituye un derecho fundamental de los pueblos
indígenas.
1.2.2.4. Mencionan los requisitos
especiales para la selección de los etnoeducadores, de acuerdo con la
Sentencia T‑097 de 2011, en donde se afirma que ésta debe realizarse en
concertación con los grupos y prefiriendo escogerlos entre miembros de las
comunidades, pero deben tener formación en etnoeducación, y que deben poseer
conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna,
además del castellano. Indica que cumpliéndose los mencionados requisitos la
comunidad indígena y los docentes tienen derecho a que se proceda a su
nombramiento en propiedad, que no es otra cosa que la manifestación de la
obligación constitucional de reconocer y proteger la diversidad étnica y el
respeto a las comunidades indígenas.
1.2.2.5. Finalmente solicitan que se
declare que el Departamento del Cauca no ha vulnerado ningún derecho
fundamental y en consecuencia no se acceda a las peticiones elevadas.
1.3.  Decisiones judiciales en el
Expediente T‑3613182
1.3.1. Decisión de primera instancia
El Juzgado Quinto Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Popayán, en sentencia del 7 de junio del 2012,
decidió “No tutelar al señor Carlos Maca Palechor, identificado con la c.c.
10.566.064 expedida en La Sierra Cauca, Gobernador Mayor del Pueblo Yanaconas y
Representante Legal de los resguardos de Kakioka, San Juan, El Moral, El Oso,
Frontino, Puertas del Maciso, Guachicono, Pancitara, Santa Bárbara, Paraíso,
Nueva Argelia, Popayán, Intiyaku, San Sebastián, Santa Martha, Descanse y
Ríoblanco; los derechos fundamentales a la autonomía y la libre determinación
de los pueblos, a la no intervención del gobierno en la esfera del gobierno
indígena, al derecho a guiarlos por sus usos y costumbres y a la protección de
su identidad cultural mediante una educación especial por ser improcedente”.
Para fundamentar su decisión, el A-quo
expuso las siguientes consideraciones:
i. Manifiesta que la comunidad indígena
tiene todo el derecho de nombrar a los docentes para educar a sus hijos y la
comunidad entera, pero teniendo en cuenta que deben cumplir unos requisitos: “…
debiendo verificar además que dichos educadores acrediten formación en
etnoeducación y posean conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en
especial de su lengua materna, además del castellano” (art 62), requisitos
que demanda la Ley 115 de 1994 y que continúan vigentes de acuerdo con la
sentencia C‑208 de 2007.
ii. Sostiene que en los documentos
probatorios presentados con la acción de tutela no se evidencia que los
docentes tengan título en etnoeducación, ni que se haya demostrado que alguno
posea conocimientos básicos del respectivo grupo étnico. Por tanto, señala que
cuando se acredite lo anterior, es obligación de la
Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, proceder a nombrar en
propiedad a los docentes citados. Adicionalmente, anota haciendo relación a la
Sentencia T‑907 de 2011, que los docentes a los cuales amparó dicha
tutela, sí tenían el requisito de etnoeducadores, lo que los coloca en una
posición diferente a los demás.
iii. Indica que, respecto a los
nombramientos, se debe realizar un concurso público donde participen individuos
que reúnan ciertos requisitos y bajo las condiciones ya enunciadas por la
Corte, porque nombrar a los que están laborando actualmente va en contravía de
los derechos de las personas que concursan en igualdad de condiciones. Además,
afirma que es conocido que muchos dirigentes toman ciertas decisiones por
vínculos de amistad sin que se demuestre que los docentes tengan conocimientos
del respectivo grupo étnico donde laboran o de la lengua materna.
Por las razones expuestas, no prosperó
la solicitud de tutela de instancia.
1.3.2 Impugnación
1.3.2.1 El señor Maca
Palechor manifiesta estar en desacuerdo con la anterior decisión y con los
argumentos presentados por la
Secretaria Departamental del Cauca.
Al
respecto señala, con relación al argumento según el cual se vulnera el
principio de igualdad mediante el nombramiento de docentes que no han
concursado, que este razonamiento va en contravía de la doctrina sentada por la
Corte Constitucional, según la cual se debe dar un trato igual a los iguales y
diferente a los que son diferentes. Afirma que este precedente tiene plena
aplicación en el presente caso relativo a la educación para la diversidad
étnica y cultural de las comunidades indígenas, la cual debe ser diferente a la
educación de las mayorías. Asegura que la jurisprudencia constitucional
consagra que la protección inmediata que ostentan los derechos fundamentales no
debe ser coartada por las reglas de competencia de la jurisdicción ordinaria.
Sostiene
que la interpretación del Juez de primera instancia de la
Ley 715 de 2001 atenta contra los principios de la
Constitución “en tanto que permiten que accedan a los cargos de educadores
personas que no tienen ningún conocimiento de su lengua, destruyéndose de esta
medida la diversidad étnica y cultural”.  Indica que la ley citada no
derogó algunas de las disposiciones contenidas en normas anteriores como el
Decreto 804 de 1995 y la Ley 115 de 1994 en los cuales los artículos referentes
a la educación para los grupos étnicos permanecieron intactos.
Asegura
que sus docentes han cursado estudios y materias ante sus autoridades indígenas
de las que puede dar constancia, además, sostiene que no tienen título de
etnoeducadores por cuanto lo que les daban eran materias comunes de la cultura
académica occidental y no se les brindaba una formación que desarrollara su
identidad lingüística y cultural.
Finaliza
afirmando que el nombramiento de los docentes se llevó a cabo en concertación
con las autoridades educativas correspondientes y que estas comunidades fueron
las encargadas de hacer la selección.
1.3.2.2 El asesor
jurídico del Ministerio del Trabajo allegó memorial en el cual solicita se
declare la improcedencia de la acción constitucional por cuanto existe otro
medio de defensa judicial. Además no hay afectación del mínimo vital de
subsistencia del accionante, en este punto hay falta de legitimación en la
causa por pasiva, ya que el Ministerio no funge como empleador del accionante.
Finalmente, pide se declare la improcedencia de la acción y que se exonere a su
representante de cualquier responsabilidad u obligación que pueda endilgársele.
1.3.3
Decisión
de segunda instancia
La Sala Primera de Decisión
Penal del Tribunal Superior del Distrito de Popayán, en sentencia del 26 de
julio de 2012,  resolvió: “confirmar el fallo de tutela proferido el 7 de
junio de 2012 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Popayán (C), que
resolvió no tutelar al señor Carlos Maca Palechor, los derechos fundamentales a
la autonomía y libre determinación de los pueblos, a la no intervención del
gobierno en la esfera del gobierno indígena, al derecho a guiarse por sus usos
y costumbres, y a la protección de su identidad cultural mediante una educación
especial”.
Para fundamentar su decisión expuso los
siguientes argumentos:
i. Indica que el accionante no demostró
los requisitos señalados por el art. 62 de la
Ley 115 de 1992 como son: “el realizar (i) una selección
concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos, (ii) una
preferencia de los miembros de las comunidades que se encuentran radicados en
ellas,(iii) acreditación de formación en etnoeducación y (iv) conocimientos
básicos del respectivo grupo étnico.”
ii. Afirma que ese despacho desconoce
los criterios tenidos en cuenta para la selección del personal docente, ya que
no hay evidencia de ninguna resolución emitida por la máxima autoridad del
Cabildo Indígena, por lo que no se puede tener certeza si se tuvo preferencia
por los miembros de la comunidad indígena, el grado de conocimiento del grupo
étnico de los docentes, si la comunidad está de acuerdo con su nombramiento y
sobre las aptitudes generales que les permita garantizar la difusión de la
identidad cultural a los educadores.
iii. Manifiesta que la
Secretaria de Educación del Cauca nombró en interinidad algunos educadores, de
forma unilateral, con el fin de garantizar el derecho a la educación de los
niños de la comunidad indígena, por lo tanto no se les puede nombrar en
propiedad sin antes haber agotado el procedimiento previo para tal fin y la
verificación del cumplimiento de los requisitos definidos para ello.
iv. Encuentra que el accionante tiene
otros medios para hacer efectivos los derechos que considera vulnerados, como
solicitar a la Secretaria de Educación del Cauca el nombramiento en propiedad
del personal docente del resguardo de Guambia, o adelantar una Acción Popular o
de Cumplimiento.
v. Considera que no se ha vulnerado el “derecho
a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas y a la protección
de sus usos y costumbres mediante una educación especifica”. Igualmente,
sostiene que no se puede confundir la forma de vinculación del personal con el
derecho a la educación y el nombramiento en propiedad, sin ningún procedimiento
que determine la idoneidad de los maestros, que por sí mismo no garantiza el
reconocimiento y protección a su diversidad étnica y cultural. Adicionalmente,
asegura que los educandos han recibido de manera permanente sus clases.
vi. Afirma que
no se estableció que los docentes fueran nombrados con el requisito de la
concertación en los resguardos, además no existe la posibilidad de acreditar su
idoneidad  para
el cargo conforme a los requisitos previstos en el art. 62 de la
Ley 115 de 1994.
vii. Advierte que no encuentra probada
vulneración o amenaza, ni la conformación de un perjuicio irremediable respecto
de los derechos fundamentales demandados, “siendo necesario agotar un camino
legal que lleve al nombramiento en propiedad de los docentes pertenecientes a
los resguardos y Comunidades Indígenas Yanaconas”.
Con fundamento en todo lo anterior, el
juez de segunda instancia niega el amparo impetrado.
1.4 Decisiones judiciales en el Expediente T‑3616335
1.4.1 Decisión de primera instancia
El Juzgado Tercero Penal del Circuito,
Popayán (Cauca), en sentencia del 25 de mayo de 2012, resolvió: “Denegar la
acción de tutela presentada por el señor Misael Aranda, en su condición de
Gobernador del Cabildo Indígena Guambía –Silvia‑ Cauca, en contra del
Departamento del Cauca.”
Para fundamentar su decisión el A-quo
realizó las siguientes consideraciones:
i. Asegura que no obra en el proceso
prueba alguna de que el gobernador haya solicitado a la
Secretaría de Educación del Departamento del Cauca el nombramiento en
propiedad de los docentes, ni de que hayan sido seleccionados de conformidad
con la Ley 115 de 1994.
ii. Considera que los avales dados a los
docentes por el Vicegobernador del Resguardo y la
Coordinadora del Programa de Educación no suplen la consulta previa que se
debió hacer con toda la comunidad indígena asentada en el Cabildo de Guambía‑Silvia‑Cauca,
ya que esta comunidad debe aceptar esa designación, debido a que cualquier
determinación tomada sin el consentimiento de la comunidad puede afectar sus
derechos colectivos.
iii. Indica que estos avales no están
firmados por el Gobernador, máxima autoridad del citado cabildo. Además indica
que estos nombramientos, desde el 2003, se han realizado por parte de la
administración departamental unilateralmente de forma provisional, y tampoco
observa que exista una concertación con la
Comunidad Indígena de Guambía. En relación con el tema de la concertación,
menciona que de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, ésta es necesaria para el nombramiento en propiedad de
etnoeducadores, y que una tal conciliación debe realizarse dentro de un proceso
de consulta previa de conformidad con los usos, costumbres y reglas que rijan
la vida de la comunidad.
iv. Indica que estos procesos no se
cumplen en el evento en discusión, y adicionalmente, que los educadores no cumplen
con la formación académica para ejercer la educación en la
Comunidad Indígena de Guambía.
v. Considera que no hay constancia de la
formación en etnoeducación de los docentes o que tengan conocimientos básicos
del respectivo grupo étnico, por lo cual el juzgado no puede avalar estos
nombramientos en propiedad por cuanto no cumplen con las subreglas mencionadas
por la Corte Constitucional para que opere el nombramiento inmediato de los
educadores que están en provisionalidad cumpliendo con sus funciones en el
Cabildo Indígena de Guambía.
vi. Sostiene que los argumentos del
accionante no son suficientes para que sean cobijados con la decisión de la
Corte Constitucional en Sentencia T‑907 de 2011, ya que los educadores
que fueron protegidos en el resguardo indígena Kakiona tenían etnoeducación y
otros requisitos; y lo anterior, no se cumple en este caso, ya que llenan los
presupuestos fijados por la
Corte Constitucional para que proceda el nombramiento en propiedad de los
etnoducadores que hoy están laborando en el Resguardo Indígena Guambía, por lo
que ese despacho decidió denegar la acción de tutela.
1.4.2 Impugnación
El
señor Misael Aranda en su impugnación manifiesta que no se encuentra de acuerdo
con la decisión adoptada por el A-quo. Considera que el juez de primera
instancia no tuvo en cuenta la Sentencia T‑907 de 2011, en la cual se
plantea que una vez concertado entre el Estado y las autoridades indígenas el
nombramiento de etnoeducadores, se les debe nombrar en propiedad tomando esta
concertación como una consulta previa.
Sostiene
que él como actual gobernador no ha hecho peticiones ante la
Secretaria de Educación para lograr el nombramiento en propiedad de los
docentes, pero que sus antecesores sí lo hicieron.
Afirma
que la Constitución determina que la enseñanza en las comunidades indígenas
debe ser bilingüe, por lo tanto los docentes de estas comunidades deben ser
bilingües, además de respetar y desarrollar la identidad cultural de dichos
grupos étnicos.
Indica
su desacuerdo con el Juez de primera instancia en que la concertación debe ser
por escrito, ya que los usos y costumbres de la comunidad es que los
nombramientos se hagan de forma verbal por ser lenguas ágrafas (sin escritura),
y que por tanto los documentos solo se realizan cuando lo exige la ley, lo cual
no ocurre en la Ley 115 de 1994.
Argumenta
que, deliberadamente, no allegó las constancias que acreditan la formación en
etnoeducación al inferir que estos títulos son una “estafa” del Ministerio de
Educación causando un genocidio cultural, por lo tanto considera que no poseer
este título no implica que los docentes no sean aptos para cumplir sus
funciones.
1.4.3 Decisión de segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán, Sala Primera de Decisión Penal, en sentencia del 25 de
junio de 2012, resolvió: “confirmar el fallo de tutela proferido el 25 de
mayo de 2012 por el Juzgado Tercero Penal del  Circuito de
Popayán (C), que resolvió denegar la acción de tutela presentada por el señor
Misael Aranda”.
La anterior decisión fue adoptada con
fundamento en las siguientes consideraciones:
i. Afirma que el accionante no demostró
los requisitos señalados en el art 62 de la
Ley 115 de 1994 como son: “el realizar (i) una selección concertada entre
las autoridades competentes de los grupos étnicos, (ii) una preferencia de los
miembros de las comunidades que se encuentran radicados en ellas, (iii)
acreditación de formación en etnoeducación y (iv) conocimientos básicos del
respectivo grupo étnico.”
ii. Indica que desconoce los criterios
tenidos en cuenta para la selección del personal docente, ya que no hay
evidencia de ninguna resolución emitida por la máxima autoridad del Cabildo Indígena,
por lo que no puede tener certeza si se tuvo preferencia por los miembros de la
comunidad indígena, el grado de conocimiento del grupo étnico de los docentes,
si la comunidad está de acuerdo con su nombramiento y sobre las aptitudes
generales que les permita garantizar la difusión de la identidad cultural a los
educadores.
iii. Evidencia que la
Secretaría de Educación del Cauca nombró en interinidad algunos educadores, de
forma unilateral, con el fin de garantizar el derecho a la educación de los
niños de la comunidad indígena, y que por lo tanto, no se les puede nombrar en
propiedad sin antes haber agotado el procedimiento previo para tal fin y la
verificación del cumplimiento de los requisitos definidos para ello.
iv. Considera que el accionante tiene
otros medios para hacer efectivo los derechos que considera vulnerados, como
solicitar a la Secretaria de Educación del Cauca el nombramiento en propiedad
del personal docente del Resguardo de Guambía, o adelantar una Acción Popular o
de Cumplimiento.
v. Argumenta que no se ha vulnerado el “derecho
a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas y a la protección
de sus usos y costumbres mediante una educación especifica”, y que no se
puede confundir la forma de vinculación del personal con el derecho a la
educación y el nombramiento en propiedad sin ningún procedimiento que determine
la idoneidad de los maestros, ya que esto por sí mismo no garantiza el
reconocimiento y protección a su diversidad étnica y cultural; y adicionalmente
asegura que los educandos han recibido de manera permanente sus clases.
vi. Finalmente, añade que en las pruebas
allegadas se observa que están suscritos no por el demandante sino por el Vicegobernador
del Resguardo, sin que exista constancia que se le haya delegado dicha misión.
Como consecuencia de lo anterior negó el
amparo solicitado por el accionante.
1.5. Pruebas allegadas al proceso
expediente T-3613182
El
señor Carlos Maca Palechor allegó al proceso las siguientes pruebas
relevantes para el presente proceso de revisión de tutela, que por tratarse de
los documentos de identidad, las resoluciones de nombramiento y las actas de
posesión de los educadores de los que se trata en las tutelas impetradas, la
Sala las reseñará in extenso:
‑
Fotocopia cédula de ciudadanía de Carlos
Maca Palechor. (Folio 34)
-Copia Oficio del 14 de junio de 2011
suscrito por Gloria Teresa Cifuentes Directora encargada de Asuntos Indígenas
del Ministerio del Interior.  (Cuaderno 1 folio 35)
‑Copia  Acta posesión
comunero emanado del cabildo mayor autoridad tradicional del territorio
Yanacona.  (Cuaderno 1 folios 36‑37)
‑Copia  Certificado de la
DIAN. (Cuaderno 1 folios 38‑39)
‑Copia de docentes provisionales
Territorio Indígena Yanacona. (Cuaderno 1 folios 40‑44)
‑Copia Cartilla Normatividad
Básica para Etnoeducación. (Cuaderno 1 folios 45‑54)
‑Copia Ley 21 de 1991. (Cuaderno 1
folios 55‑56)
‑Copia Decreto 1122 de junio 18 de
1998. (Cuaderno 1 folio 56 vuelto‑58)
‑Copia Directiva Ministerial No
08. (Cuaderno 1 folio 58 vuelto‑59)
‑Copia Directiva Ministerial No
011. (Cuaderno 1 folios 60‑62)
‑Copia Decreto 1943 de 2005 del 16
de noviembre de 2005 emanado del Gobernador del Departamento de Nariño.
(Cuaderno 1 folios 63‑65)
‑Copia Sentencia T‑907 de
2011. (Cuaderno 1 folios 66‑111)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Margoth Beltrán Quinayas. (Cuaderno 1 folio 112)
‑Copia del Decreto No 2702‑12‑2003,
por el cual se nombra en provisionalidad a docentes en el municipio de
Almaguer. (Cuaderno 1 folios 113‑114, 117‑118, 120‑121)
‑Copia acta posesión No 0113
a nombre de Margoth Beltrán Quinayas. (Cuaderno 1 folio 115)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Doll Margarita Ordoñes Males. (Cuaderno 1 folio 116)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Nivia Bioledy Alvarez Males. (Cuaderno 1 folio 119)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Leider Harcides Hoyos Burbano. (Cuaderno 1 folio 122)
‑Copia resolución 04126‑05‑2010.
(Cuaderno 1 folios 123‑124)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Sandra Milena Inchima Quinayas. (Cuaderno 1 folio 125)
‑Copia resolución 0542‑07‑2004.
(Cuaderno 1 folios 126‑128)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Ruby Janeth Hoyos  Hoyos. (Cuaderno 1 folio 129)
‑Copia resolución 01123‑02‑2010.
(Cuaderno 1 folios 130‑131)
‑Copia acta posesión 1215 de 23 de
febrero de 2010. (Cuaderno 1 folio 132)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Yovanny Alberto Tutalcha Ascuntar. (Cuaderno 1 folio 133)
‑Copia resolución 6435‑08‑2010.
(Cuaderno 1 folios 134‑135)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Handerson Sergio Beltrán Omen. (Cuaderno 1 folio 136)
‑Copia resolución 02022‑03‑2011.
(Cuaderno 1 folios 137‑138)
‑Copia acta de posesión 1030 del 3
de marzo de 2011. (Cuaderno 1 folio 139)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Jessica Johanna Males Ortiz. (Cuaderno 1 folio 140)
‑Copia resolución 01896‑02‑2011.
(Cuaderno 1 folios 141‑142)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Mari Melba Beltrán Quinayas. (Cuaderno 1 folio 143)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Noraldy Beltrán Quinayas. (Cuaderno 1 folio 146)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Elcira Beltrán Quinayas. (Cuaderno 1 folio 150)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Esmildo Mamiam Ceron. (Cuaderno 1 folio 153)
‑Copia Decreto 0269‑03‑2008.
(Cuaderno 1 folios154‑156)
‑Copia constancia continuidad
servicio provisional como docente Esmildo Mamiam. (Cuaderno 1 folio 157)
‑Copia Decreto 0079‑01‑2006.
(Cuaderno 1 folio 158)
‑Copia resolución 0686‑03‑2007.
(Cuaderno 1 folio 159)
‑Copia acta posesión de 099 de
Esmildo Mamiam Ceron. (Cuaderno 1 folio 160)
‑Copia acta posesión 764 de
Esmildo Mamiam Ceron. (Cuaderno 1 folio 161)
‑Copia Decreto 0551‑07‑2004.
(Cuaderno 1 folios 162‑172)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Eduardo Dorado Zuñiga. (Cuaderno 1 folio 173)
‑Copia resolución 1288‑05‑2007.
(Cuaderno 1 folio 174)
‑Copia resolución 05157‑06‑2011.
(Cuaderno 1 folios 175‑176)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía
Nibia Estela Samboni Guamanga. (Cuaderno 1 folio 177)
‑Copia resolución 09897‑10‑2010.
(Cuaderno 1 folio 178)
‑Copia acta posesión 2785 de
Franci Sureli Perafan Samboni. (Cuaderno 1 folio 180)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Franci Sureli Perafan Samboni. (Cuaderno 1 folio 180)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Ilia Nelly Samboni Perafan. (Cuaderno 1 folio 181)
‑Copia acta posesión 1053de Ilia
Nelly Samboni Perafan. (Cuaderno 1 folio 182)
‑Copia resolución 01937‑02‑2011.
(Cuaderno 1 folios 183‑184)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Gladys Mejoy Macías. (Cuaderno 1 folio 185)
‑Copia acta posesión aclaratoria
172 de Gladys Mejoy Macias. (Cuaderno 1 folio 186)
‑Copia resolución 0485‑02‑2012.
(Cuaderno 1 folio 187)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Maythe Yicely Valencia Embus. (Cuaderno 1 folio 188)
‑Copia acta posesión 2556 de
Maythe Yicely Valencia Embus. (Cuaderno 1 folio 188)
‑Copia resolución 10550‑12‑2011.
(Cuaderno 1 folios 190‑191)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Edna Cecilia Guaca Imbachi. (Cuaderno 1 folio 192)
‑Copia Decreto 2698‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 193‑194)
‑Copia acta posesión 0178 de Edna
Cecilia Guaca Imbachi. (Cuaderno 1 folio 195)
‑Copia resolución 9087‑11‑2008.
(Cuaderno 1 folio 196)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Wilson Ricardo Arevalo Caicedo. (Cuaderno 1 folio 197)
‑Copia resolución 02021‑03‑2011.
(Cuaderno 1 folios 198‑199)
‑Copia acta posesión 1044 de
Wilson Ricardo Arevalo. (Cuaderno 1 folio 200)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
José James Parra Gómez. (Cuaderno 1 folio 201)
‑Copia Decreto 0218‑03‑2007.
(Cuaderno 1 folio 202)
‑Copia acta posesión 751 de José
James Parra Gómez. (Cuaderno 1 folio 203)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Efren Luna Ortega. (Cuaderno 1 folio 204)
‑Copia Decreto 0072‑02‑2009.
(Cuaderno 1 folios 205‑206)
‑Copia acta posesión 899 de Efren
Luna Ortega. (Cuaderno 1 folio 207)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Dora Lilia Torres Sotelo. (Cuaderno 1 folio 208)
‑Copia resolución 01134‑02‑2010.
(Cuaderno 1 folios 209‑212)
‑Copia acta posesión 1204 de Dora
Lilia Torres. (Cuaderno 1 folio 213)
‑Copia acta posesión 0001469 de
Dora Lilia Torres. (Cuaderno 1 folio 214)
‑Copia acta posesión Dora Lilia
Torres. (Cuaderno 1 folio 215)
‑Copia Decreto 2698 de 12 de 2003.
(Cuaderno 1 folios 216‑217)
‑Copia resolución 8115 de 10 de
2008. (Cuaderno 1 folio 218)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Consuelo Palechor Palechor. (Cuaderno 1 folio 219)
‑Copia acta posesión 2268 de
Consuelo Palechor Palechor. (Cuaderno 1 folio 220)
‑Copia resolución 04694‑06‑2010.
(Cuaderno 1 folios 221‑222)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Fabián Andrés Vallejo Imbachi. (Cuaderno 1 folio 223)
‑Copia Decreto 0299‑03‑2008.
(Cuaderno 1 folios 224‑225)
‑Copia acta posesión 357 de Fabián
Andrés Vallejo. (Cuaderno 1 folio 226)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Edinson Males Perafan Cuellar. (Cuaderno 1 folio 227)
‑Copia acta posesión 1028 de
Edinson Males Perafan. (Cuaderno 1 folio 228)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Nelly Cecilia Hoyos Hernández. (Cuaderno 1 folio 229)
‑Copia acta posesión Nell Cecilia
Hoyos. (Cuaderno 1 folio 230)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Nelsy Rocío Palechor Bolaños. (Cuaderno 1 folio 231)
‑Copia acta posesión 1639.
(Cuaderno 1 folio 232)
‑Copia resolución 5213‑06‑2009.
(Cuaderno 1 folio 233)
‑Copia acta posesión 1639 de Nelsy
Rocío Palechor. (Cuaderno 1 folio 234)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Arnuvio Mamiam Jiménez. (Cuaderno 1 folio 235)
‑Copia Decreto 0542‑07‑2004.
(Cuaderno 1 folios 236‑238)
‑Copia acta posesión Arnuvio
Mamiam Jiménez. (Cuaderno 1 folio 239)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Lioyi Cristina Mamiam Ceron. (Cuaderno 1 folio 240)
‑Copia oficio del 16 de abril de
2004 dirigido a Liyi Cristina Mamiam Ceron de la
Secretaria de Educación. (Cuaderno 1 folio 241)
‑Copia acta posesión Liyi Cristina
Mamiam. (Cuaderno 1 folio 242)
‑Copia Decreto 080‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 243‑245)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Ary José Carvajal Hurtado. (Cuaderno 1 folio 245)
‑Copia acta posesión Liyi Cristina
Mamiam Ceron. (Cuaderno 1 folio 247)
‑Copia resolución 0836‑08‑2005.
(Cuaderno 1 folios 248‑251)
‑Copia acta posesión 468 de Ary
José Carvajal. (Cuaderno 1 folio 252)
‑Copia acta posesión Amanda
Chicangana Chicangana. (Cuaderno 1 folio 253)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Amanda Chicangana Chicangana. (Cuaderno 1 folio 234)
‑Copia Decreto 056‑6‑2007.
(Cuaderno 1 folios 255‑257)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Melva Cabezas Muñoz. (Cuaderno 1 folio 258)
‑Copia acta posesión 818 de Melva
Cabezas Muñoz. (Cuaderno 1 folio 259)
‑Copia acta posesión 330 de Fredy
Arcos López. (Cuaderno 1 folio 260)
‑Copia Decreto 0483‑07‑2005.
(Cuaderno 1 folio 261)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Fredy Arcos López. (Cuaderno 1 folio 262)
‑Copia Decreto 559 del 07 de 2004.
(Cuaderno 1 folios 263‑165)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Mary Lucia Ruiz Muñoz. (Cuaderno 1 folio 266)
‑Copia acta posesión 555 de Alonso
Ferney Quintero Tello. (Cuaderno 1 folio 267)
‑Copia resolución 021050‑04‑2012.
(Cuaderno 1 folios 268‑270)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Eduar Bolívar Anacona Obando. (Cuaderno 1 folio 271)
‑Copia acta posesión 1350.
(Cuaderno 1 folio 272)
‑Copia resolución 03273‑04‑2011.
(Cuaderno 1 folios 273‑275)
‑Copia Decreto 2680‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 276‑278)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Luz Mery Papamija Jiménez. (Cuaderno 1 folio 279)
‑Copia resolución 01259‑03‑2012.
(Cuaderno 1 folios 280‑283)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
William Palechor Anacona. (Cuaderno 1 folio 284)
‑Copia acta de posesión de William
Palechor Anacona. (Cuaderno 1 folio 185)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Rosney Danilo López Ordoñez. (Cuaderno 1 folio 286)
‑Copia acta posesión de Rosney
Danilo López Ordoñez. (Cuaderno 1 folio 287 y 288)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Patricia Jiménez Jiménez. (Cuaderno 1 folio 289)
‑Copia resolución 2456‑06‑2007.
(Cuaderno 1 folio 290)
‑Copia acta posesión 1133 de
Patricia Jiménez Jiménez. (Cuaderno 1 folio 291)
‑Copia acta posesión 1180 de
Claudia Patricia Tejada. (Cuaderno 1 folio 292)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Claudia Patricia Tejada Portilla. (Cuaderno 1 folio 293)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Arles Hernán Chicangana. (Cuaderno 1 folio 294)
‑Copia acta posesión Nubia
Palechor Ytaz. (Cuaderno 1 folio 295)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Nubia Palechor Ytaz. (Cuaderno 1 folio 296)
‑Copia resolución 011823‑02‑2012.
(Cuaderno 1 folios 297‑298)
‑Copia acta posesión Leonilde
Ruales Mamiam. (Cuaderno 1 folio 299)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Leonilde Ruales Mamiam. (Cuaderno 1 folio 300)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Claudia Patricia Tejada Portilla. (Cuaderno 1 folio 301)
‑Copia resolución del 28 de mayo
de 2010 a nombre de Claudia Patricia Tejada Portilla . (Cuaderno 1 folios 302‑303)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
María Mercedes Benitez Ángel. (Cuaderno 1 folio 304)
‑Copia resolución 07342‑08‑2012.
(Cuaderno 1 folios 305‑306)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Cesar Jesús Gómez Hoyos. (Cuaderno 1 folio 307)
‑Copia acta posesión 0572 de Cesar
Jesús Gómez. (Cuaderno 1 folio 308)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
rosa Elvira Anacona Jiménez. (Cuaderno 1 folio 309)
‑Copia acta posesión rosa Elvira
Anacona Jiménez. (Cuaderno 1 folio 310)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Ramos Jesús Molano Zuñiga. (Cuaderno 1 folio 311)
‑Copia acta posesión 901 de Ramos
Jesús molano. (Cuaderno 1 folio 312)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Sandra Elena Coronel Muñoz. (Cuaderno 1 folio 313)
‑Copia acta posesión Sandra Elena
Coronel. (Cuaderno 1 folio 314)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Dolly esperanza Chicangana. (Cuaderno 1 folio 315)
‑Copia acta de posesión Dolly
Esperanza Chicangana. (Cuaderno 1 folio 316)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Einer Aníbal Jiménez Muñoz. (Cuaderno 1 folio 317)
‑Copia acta posesión 2269 de Einer
Aníbal Jiménez. (Cuaderno 1 folio 318)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
María Eugenia Papamija Majin. (Cuaderno 1 folio 319)
‑Copia acta posesión María Eugenia
Papamija. (Cuaderno 1 folio 320)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Alina Melenje Muñoz. (Cuaderno 1 folio 321)
‑Copia acta posesión Alina Melenje
Muñoz. (Cuaderno 1 folio 322)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Olga Yanira Chito Ijaji. (Cuaderno 1 folio 323)
‑Copia acta posesión 0329 del Olga
Yanira Chito. (Cuaderno 1 folio 324)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Sandra Milena Tintinago Sevilla. (Cuaderno 1 folio 325)
‑Copia resolución 9052‑10‑2009.
(Cuaderno 1 folios 326‑327)
‑Copia acta posesión 2042 de
Sandra Milena Tintinago. (Cuaderno 1 folio 328)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Gilma Melenje Obando. (Cuaderno 1 folio 329)
‑Copia acta posesión 3591 de Gilma
Melenje. (Cuaderno 1 folio 330)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Myriam Majin Tintinago. (Cuaderno 1 folio 331)
‑Copia acta posesión 781 de Myriam
Majin Tintinago. (Cuaderno 1 folio 332)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Mariela Narvaez Quinayas. (Cuaderno 1 folio 333)
‑Copia acta posesión 996 de
Mariela Narvaez. (Cuaderno 1 folio 334)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Arley Palechor Hoyos. (Cuaderno 1 folio 335)
‑Copia acta posesión Arley
Palechor. (Cuaderno 1 folio 336)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
María Sonia Palechor Hoyos. (Cuaderno 1 folio 337)
‑Copia acta posesión María Sonia
Palechor. (Cuaderno 1 folio 338)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Javier Quinayas Prieto. (Cuaderno 1 folio 339)
‑Copia acta posesión Javier
Quinayas Prieto. (Cuaderno 1 folio 340)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Carmen Delly Palechor Narvaez. (Cuaderno 1 folio 341)
‑Copia acta posesión Carmen Delly
Palechor Narvaez. (Cuaderno 1 folio 342)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
María Bersaides Anacona Piamba. (Cuaderno 1 folio 343)
‑Copia acta posesión María
Bersaides Anacona. (Cuaderno 1 folio 344)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Olivia Anacona Buesaco. (Cuaderno 1 folio 345)
‑Copia acta posesión Olivia
Anacona Buesaco. (Cuaderno 1 folio 346)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Dary Ijaji Melenje. (Cuaderno 1 folio 347)
‑Copia resolución 02023‑03‑2011.
(Cuaderno 1 folios 348‑349)
‑Copia acta posesión 1055 de Luz
Dary Ijaji Melenje. (Cuaderno 1 folio 350)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Vetulio Marino Itaz Chicangana. (Cuaderno 1 folio 351)
‑Copia Decreto 0495‑01‑06‑2007.
(Cuaderno 1 folios 352‑356)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Janeth Melenje Muñoz. (Cuaderno 1 folio 357)
‑Copia acta de posesión Janeth
Melenje Muñoz. (Cuaderno 1 folio 358)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
María Fernanda Sánchez Sánchez. (Cuaderno 1 folio 359)
‑Copia acta posesión 1011 María
Fernanda Sánchez. (Cuaderno 1 folio 360)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Eva Mamiam Itaz. (Cuaderno 1 folio 361)
‑Copia acta posesión Eva Mamiam.
(Cuaderno 1 folio 362)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Julio Cesar Palechor Correa. (Cuaderno 1 folio 363)
‑Copia Decreto 564‑06‑2007.
(Cuaderno 1 folios 364‑367)
‑Copia Decreto 2680‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 368‑370)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Libia Antonia Pérez. (Cuaderno 1 folio 371)
‑Copia acta posesión 0278.
(Cuaderno 1 folio 372)
‑Copia acta posesión Fanor Orley
Muñoz. (Cuaderno 1 folio 373)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Fanor Orley Muñoz. (Cuaderno 1 folio 374)
‑Copia acta posesión Carmenza
Chicangana Astudillo. (Cuaderno 1 folio 375)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Carmenza Chicangana Astudillo. (Cuaderno 1 folio 376)
‑Copia Decreto 00323 del 25 de
octubre de 2007. (Cuaderno 1 folios 377‑378)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Patricia Narvaez Jiménez. (Cuaderno 1 folio 379)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
María Marcela Muñoz Benavides. (Cuaderno 1 folio 380)
‑Copia Decreto 00044 del 29 de
enero de 2010. (Cuaderno 1 folios 381‑382)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Carlos Alberto Ruales Jiménez. (Cuaderno 1 folio 383)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Simbad Alejo Guevara Molano. (Cuaderno 1 folio 387)
‑Copia acta de posesión 445 de
Simbad Alejo Guevara. (Cuaderno 1 folio 388)
‑Copia Decreto 2680‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folio 390, 389, 391)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Harold Arbey Muñoz Jiménez. (Cuaderno 1 folio 392)
‑Copia Decreto 0564‑06‑2007.
(Cuaderno 1 folios 393‑395)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Marial Uva Jiménez Zemanate. (Cuaderno 1 folio 396)
‑Copia Decreto 2680‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 397‑399)
‑Copia acta posesión 236 María
Luvia Jiménez. (Cuaderno 1 folio 400)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Sara Marcela Suarez Dorado. (Cuaderno 1 folio 401)
‑Copia resolución 2452‑03‑2011.
(Cuaderno 1 folio 402)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Jesús Gonzalo Sotelo Macias. (Cuaderno 1 folio 404)
‑Copia resolución 4658 del 6 de
2012. (Cuaderno 1 folio 405)
‑Copia acta posesión 2336 Jesús
Gonzalo Sotelo. (Cuaderno 1 folio 407)
‑Copia acta posesión 2168 de Jesús
Gonzalo Sotelo. (Cuaderno 1 folio 410)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Uberlinda Jiménez Mamiam. (Cuaderno 1 folio 411)
‑Copia Decreto 2680‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 412‑414)
‑Copia acta posesión 252 de
Uberlina Jiménez Mamiam. (Cuaderno 1 folio 415)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Dary Candelaria Cajiboy Gironza. (Cuaderno 1 folio 416)
‑Copia resolución 0836‑08‑2005.
(Cuaderno 1 folios 417‑421)
‑Copia acta posesión 447 de Dary
Candelaria Cajiboy. (Cuaderno 1 folio 422)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Aura Marlene Pino Muñoz. (Cuaderno 1 folio 423)
‑Copia acta posesión 315 de Aura
Marlene Pino. (Cuaderno 1 folio 424)
‑Copia Decreto 2680‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 425‑426)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Zenaida Ruales Mamiam. (Cuaderno 1 folio 427)
‑Copia Decreto 542‑07‑2004.
(Cuaderno 1 folios 428‑429)
‑Copia acta posesión Zenaida
Ruales Mamiam. (Cuaderno 1 folio 430)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Diana Patricia Andrade Jiménez. (Cuaderno 1 folio 431)
‑Copia acta posesión 0162 de Diana
Patricia Andrade. (Cuaderno 1 folio 432)
‑Copia acta posesión 0455 de Diana
Patricia Andrade. (Cuaderno 1 folio 433)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Carlos Andrés Pizo Cruz. (Cuaderno 1 folio 434)
‑Copia Decreto 0564‑06‑2007.
(Cuaderno 1 folios 435‑438, 440‑443, 445‑447, 452‑454,
460‑462, 524‑526, 527‑529, 534‑536, 540‑542, 557‑559,
575‑579, 577, 579‑577, 579‑581, 590‑593)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Marisol Palechor Correa. (Cuaderno 1 folio 439)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Ciro Antonio Uni Salazar. (Cuaderno 1 folio 444)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Maer Willian Uni Salazar. (Cuaderno 1 folio 448)
‑Copia Decreto 2680‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 449‑451, 456‑457, 463‑464, 466‑468,
482‑484)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Olga Amparo Gironza Gallardo. (Cuaderno 1 folio 455)
‑Copia Decreto 2680‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 456‑457)
‑Copia acta posesión 268 de Olga
Amparo Gironza. (Cuaderno 1 folio 458)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Carlos Alfonso Jiménez López. (Cuaderno 1 folio 459)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Oscar Fernando López Ordoñez. (Cuaderno 1 folio 465)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Néstor Tintinago Majin. (Cuaderno 1 folio 469)
‑Copia acta posesión 1419 de
Néstor Tintinago Majin. (Cuaderno 1 folio 470)
-Copia resolución 2941‑4‑2009.
(Cuaderno 1 folios 471‑473)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Matilde Belalcazar Escobar. (Cuaderno 1 folio 474)
‑Copia acta posesión Matilde Belalcazar.
(Cuaderno 1 folio475)
‑Copia acta posesión 470 de
Matilde Belalcazar. (Cuaderno 1 folio 476)
‑Copia resolución 0836‑08‑2005.
(Cuaderno 1 folios 477‑481)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Faber Anacona Uni. (Cuaderno 1 folio 485)
‑Copia acta posesión 1441 de Faber
Anacono Uni. (Cuaderno 1 folio 486)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Segundo Reinel Uni. (Cuaderno 1 folio 487)
‑Copia acta posesión Segundo
Reinel. (Cuaderno 1 folio 488)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Edier Anacona Uni. (Cuaderno 1 folio 489)
‑Copia acta posesión Edier
Anacona. (Cuaderno 1 folio 490)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
María Herlandy Alvarez Papamija. (Cuaderno 1 folio 491)
‑Copia acta posesión 0433 María
Herlandy Alvares. (Cuaderno 1 folio 492)
‑Copia acta posesión 1445 de
Eliecer Fernández Chilito. (Cuaderno 1 folio 493)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Miller Efren Uni Piamba. (Cuaderno 1 folio 494)
‑Copia acta posesión Miller Efren
Uni. (Cuaderno 1 folio 495)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Rigo James Cruz. (Cuaderno 1 folio 496)
‑Copia acta posesión Rigo James
Cruz. (Cuaderno 1 folio 497)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Fredy Fernández Palechor. (Cuaderno 1 folio 498)
‑Copia acta posesión 959 Fredy
Fernández Palechor. (Cuaderno 1 folio 499)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Morley Alvarez Anacona. (Cuaderno 1 folio 500)
‑Copia acta posesión 2909 Morley
Alvarez Anacona. (Cuaderno 1 folio 501)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
William Smith Gironza Fernández. (Cuaderno 1 folio 502)
‑Copia acta posesión 2367 William
Smith Gironza. (Cuaderno 1 folio 503)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Jhon Fred Anacona Alvarez. (Cuaderno 1 folio 504)
‑Copia acta posesión 2616 de Jhon
Fred Anacona Alvarez. (Cuaderno 1 folio 505)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Carmen Elidia Guamanga Iles. (Cuaderno 1 folio 506)
‑Copia Decreto 2699‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 507‑508)
‑Copia acta posesión Carmen Elidia
Guamanga. (Cuaderno 1 folio 509)
‑Copia resolución 1857‑02‑2011.
(Cuaderno 1 folios 510‑511)
‑Copia acta posesión Carmen Elidia
Guamanga. (Cuaderno 1 folio 512)
‑Copia acta posesión Yolanda Ruiz
Hoyos. (Cuaderno 1 folio 513)
‑Copia Decreto 0029‑01‑2009.
(Cuaderno 1 folios 514‑515)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Yolanda Ruiz Hoyos. (Cuaderno 1 folio 516)
‑Copia Decreto 1647‑05‑2003.
(Cuaderno 1 folio 517)
-Fotocopia cédula de ciudadanía Ramírez
Villaquiran. (Cuaderno 1 folio 518)
‑Copia resolución 07678‑09‑2011.
(Cuaderno 1 folios 519‑520)
‑Copia acta de posesión 0552 de
Gilmer Antonio Ramírez Villaquiran. (Cuaderno 1 folio 521)
‑Copia acta posesión Gilberto
Chicangana Rengifo. (Cuaderno 1 folio 522)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Gilberto Chicangana Rengifo. (Cuaderno 1 folio 523)
‑Copia Decreto 0542‑07‑2004.
(Cuaderno 1 folio 524‑526)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Palma Doris Ceron Hormiga. (Cuaderno 1 folio 530)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Dalys Catalina Hormiga Sevilla. (Cuaderno 1 folio 531)
‑Copia acta posesión 1216 de Dalys
Catalina Hormiga Sevilla. (Cuaderno 1 folio 532)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Martha Mamiam Benavides. (Cuaderno 1 folio 533)
‑Copia Decreto 0579‑06‑2007.
(Cuaderno 1 folio 537)
‑Copia acta posesión Amanda Ayde
Majin Campo. (Cuaderno 1 folio 538)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Amanda Ayde Majin Campo. (Cuaderno 1 folio 539)
‑Copia resolución 0163‑02‑2007.
(Cuaderno 1 folios 542‑544)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Donaldo Chicangana Campo. (Cuaderno 1 folio 545)
‑Copia Decreto 663 del 11 de 2005.
(Cuaderno 1 folio 546)
‑Copia acta de posesión Donaldo
Chicangana. (Cuaderno 1 folio 547)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Rened Chilito Burbano. (Cuaderno 1 folio 548)
‑Copia resolución 6593‑08‑2010.
(Cuaderno 1 folio 549‑550)
‑Copia acta posesión 2603 de Rened
Chilito Burbano. (Cuaderno 1 folio 551)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Edilma Piamba Tintinago. (Cuaderno 1 folio 552)
‑Copia Decreto 2690‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 553‑554)
‑Copia acta de posesión 556 de
Edilma Piamba Tintinago. (Cuaderno 1 folio 555)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Elcira Piamba Tintinago. (Cuaderno 1 folio 556)
‑Copia acta posesión Elcira Piamba
Tintinago. (Cuaderno 1 folio 560)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Miriam Palechor. (Cuaderno 1 folio 561)
‑Copia Decreto 2690‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 562‑563)
‑Copia acta posesión 211 de Miriam
Palechor. (Cuaderno 1 folio 564)
‑Copia acta posesión  de Miriam
Palechor. (Cuaderno 1 folio 565)
‑Copia acta posesión 1786 de
Miriam Palechor. (Cuaderno 1 folio 566)
‑Copia resolución 04251‑05‑2011.
(Cuaderno 1 folios 567‑568)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Harold Edindon Majin Obando. (Cuaderno 1 folio 569)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Melida Imbachi Oime. (Cuaderno 1 folio 573)
‑Copia acta posesión Melida
Imbachi. (Cuaderno 1 folio 574)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Consuelo Anacona Chicangana. (Cuaderno 1 folio 578)
‑Copia Decreto 0542‑07‑2004.
(Cuaderno 1 folios 579‑581)
‑Copia resolución 0163‑02‑2002.
(Cuaderno 1 folios 582‑583)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Afranio Chávez Mamiam. (Cuaderno 1 folio 584)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Eduar Hormiga Hormiga. (Cuaderno 1 folio 585)
‑Copia Decreto 2690‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 586‑587)
‑Copia acta posesión 0243 de Eduar
Hormiga. (Cuaderno 1 folio 588)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Sandra Milena Palechor. (Cuaderno 1 folio 589)
‑Copia Decreto 2690‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 594‑595)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Gladys Anacona Chicangana. (Cuaderno 2 folio 596)
1.7. Las pruebas allegadas al proceso
expediente T- 3616335
El
señor Misael Aranda allegó al proceso las siguientes pruebas relevantes
para el presente proceso de revisión de tutela, que por tratarse de los
documentos de identidad, las resoluciones de nombramiento, los avales del
cabildo indígena, y las actas de posesión de los educadores de los que se trata
en las tutelas impetradas, la Sala las reseñará in extenso:
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Pedro Tunubala Almentra. (Cuaderno 1 folio 2)
‑Copia Decreto No 2683‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 3‑4, 9‑10, 13‑14, 18‑20, 24‑26,
30‑32, 36‑38, 42‑43,48‑49, 53‑54,)
‑Copia acta de posesión No 0330
a nombre de Pedro Tunubala Almentra. (Cuaderno 1 folio 5)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Pedro Tunubala
Almentra. (Cuaderno 1 folio 6)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Miguel Antonio Cuchillo Tunubala. (Cuaderno 1 folio 7)
‑Copia acta de posesión No 0324
a nombre de Miguel Antonio Cuchillo Tunubala. (Cuaderno 1 folio 8)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Miguel Antonio
Cuchillo Tunubala. (Cuaderno 1 folio 11)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Clemencia Morales Tombe. (Cuaderno 1 folio 12)
‑Copia acta de posesión No 0337
a nombre de Clemencia Morales Tombe. (Cuaderno 1 folio 15)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Clemencia Morales
Tombe. (Cuaderno 1 folio 16)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Narciza Tombe Velasco. (Cuaderno 1 folio 17)
‑Copia acta de posesión No 0336
a nombre de Narciza Tombe Velasco. (Cuaderno 1 folio 21)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente  Narciza Tombe
Velasco. (Cuaderno 1 folio 22)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Luis Alberto Montano Yalanda. (Cuaderno 1 folio 23)
‑Copia acta de posesión No 0405
a nombre de Luis Alberto Montano Yalanda. (Cuaderno 1 folio 27)
‑Copia aval de la
Autoridad Ancestral del Pueblo Guambíano  para el nombramiento del docente
Luis Alberto Montano Yalanda. (Cuaderno 1 folio 28)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Sonia Ceneida Orozco Vidal. (Cuaderno 1 folio 29)
‑Copia acta de posesión No 0334
a nombre de Sonia Ceneida Orozco Vidal. (Cuaderno 1 folio 33)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Sonia Ceneida
Orozco Vidal. (Cuaderno 1 folio 34)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Ruby Elena Salazar Hurtado. (Cuaderno 1 folio 35)
‑Copia acta de posesión No 0333
a nombre de Ruby Elena Salazar Hurtado. (Cuaderno 1 folio 39)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Ruby Elena Salazar
Hurtado. (Cuaderno 1 folio 40)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Samuel Tombe Velasco. (Cuaderno 1 folio 41)
‑Copia acta de posesión No 0335
a nombre de Samuel Tombe Velasco. (Cuaderno 1 folio 44)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Samuel Tombe Velasco.
(Cuaderno 1 folio 45)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
miguel Antonio Trochez Camacho. (Cuaderno 1 folio 46)
‑Copia acta de posesión No 0388
a nombre de Miguel Antonio Trochez Camacho. (Cuaderno 1 folio 47)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Miguel Antonio
Trochez Camacho del reguardo de Guambía. (Cuaderno 1 folio 50)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Geni Ruby Niquinas conejo. (Cuaderno 1 folio 51)
‑Copia acta de posesión No 0508
a nombre de Geni Ruby Niquinas conejo. (Cuaderno 1 folio 54)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Geni Ruby Niquinas
Conejo. (Cuaderno 1 folio 55)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
María Leticia Jiménez Piamba. (Cuaderno 1 folio 56)
‑Copia acta de posesión No 0769
a nombre de María Leticia Jiménez Piamba. (Cuaderno 1 folio 57)
‑Copia Decreto No 2704‑12‑2003.
(Cuaderno 1 folios 58‑59)
‑Copia de la gobernación del cauca
que autoriza la comunicación y posesión del Decreto 2704 del 31 de diciembre de
2003. (Cuaderno 1 folio 60)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente María Leticia
Jiménez Piamba. (Cuaderno 1 folio 61)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Miguel Antonio Tombe Tumiña. (Cuaderno 1 folio 62)
‑Copia Decreto No 0542‑07‑2004.
(Cuaderno 1 folios 63‑65, 156‑158)
‑Copia acta de posesión a nombre
de miguel Antonio Tombe Tumiña, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 66)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente miguel Antonio Tombe
Tumiña. (Cuaderno 1 folio 67)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Iban Hurtado Tunubala. (Cuaderno 1 folio 68)
‑Copia Decreto No 0541‑07‑2004.
(Cuaderno 1 folios 69‑71, 81‑83, 94‑96,107‑108, 113‑114,
117‑119, 124‑126, 129‑131, 135‑137, 141‑144, 148‑151,
164‑166, 170‑172, 182‑185, 189‑191, 195‑198)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Iban Hurtado Tunubala, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 72)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Iban Hurtado Tunubala.
(Cuaderno 1 folio 73)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Piedad Burgos. (Cuaderno 1 folio 74)
‑Copia Decreto No 0540‑07‑2004.
(Cuaderno 1 folios 75‑77, 88‑91)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Piedad Burgos, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 68)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Piedad Burgos.
(Cuaderno 1 folio 79)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Miguel Antonio Morales. (Cuaderno 1 folio 80)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Miguel Antonio Morales, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 84)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Miguel Antonio
Morales. (Cuaderno 1 folio 85)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Jairo Arturo Manzano López. (Cuaderno 1 folio 86)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Jairo Arturo Manzano López, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 87)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Jairo Arturo Manzano
López. (Cuaderno 1 folio 92)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Luz Dary Aranda Morales. (Cuaderno 1 folio 93)
‑Copia acta de posesión a nombre
de  Luz Dary Aranda Morales, del 23 de julio de 2003. (Cuaderno 1 folio 97)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Luz Dary Aranda
Morales. (Cuaderno 1 folio 98)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Mario Trochez Trochez. (Cuaderno 1 folio 99)
‑Copia acta de posesión No 1305
a nombre de Mario Trochez Trochez. (Cuaderno 1 folio 100)
‑Copia Decreto No 0426‑05‑2004.
(Cuaderno 1 folio 101‑104)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Mario Trochez
Trochez. (Cuaderno 1 folio 105)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Graciela Tunubala Velasco. (Cuaderno 1 folio 106)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Graciela Tunubala Velasco, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 109)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Graciela Tunubala
Velasco. (Cuaderno 1 folio 110)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Gerardo Tunubala Velasco. (Cuaderno 1 folio 111)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Gerardo Tunubala Velasco, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folios 112‑114)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Gerardo Tunubala
Velasco. (Cuaderno 1 folio 115)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
José Ignacio Cuchillo Morales. (Cuaderno 1 folio 116)
‑Copia acta de posesión a nombre
de José Ignacio Cuchillo Morales del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio
120)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente José Ignacio Cuchillo
Morales. (Cuaderno 1 folio 121)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Juan Francisco Velasco Yalanda. (Cuaderno 1 folio 122)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Juan Francisco Velasco Yalanda, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio
123)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Juan Francisco
Velasco Yalanda. (Cuaderno 1 folio 127)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Mary Consuelo Aranda Morales. (Cuaderno 1 folio 128)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Mary Consuelo Aranda Morales, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio
132)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Mary Consuelo
Aranda Morales. (Cuaderno 1 folio 133)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Ascensión Hurtado Tombe. (Cuaderno 1 folio 134)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Ascensión Hurtado Tombe, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 138)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Ascensión Hurtado
Tombe. (Cuaderno 1 folio 139)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
María Ildefonsa Campo Sánchez. (Cuaderno 1 folio 140)
‑Copia acta de posesión a nombre
de María Ildefonsa Campo Sánchez, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio
145)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente María Ildefonsa
Campo Sánchez. (Cuaderno 1 folio 146)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Abel Chirimuscay Ussa. (Cuaderno 1 folio 147)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Abel Chirimuscay  Ussa, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 152)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Abel Chirimuscay
Ussa. (Cuaderno 1 folio 153)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Gicela Quijano Quilindo. (Cuaderno 1 folio 154)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Gicela Quijano Quilindo, del 25 de junio de 2007. (Cuaderno 1 folio 155)
‑Copia Decreto No 0542‑06‑2007.
(Cuaderno 1 folios 159‑161)
‑Copia aval de la
Autoridad Ancestral del Pueblo Guambíano  para el nombramiento de la docente
Gicela Quijano Quilindo. (Cuaderno 1 folio 162)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
José Felipe Tumiña. (Cuaderno 1 folio 163)
‑Copia acta de posesión a nombre
de José Felipe Tumiña, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 167)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente José Felipe Tumiña.
(Cuaderno 1 folio 168)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Clementina Ullune Almendra. (Cuaderno 1 folio 169)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Clementina Ullune Almendra, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 173)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Clementina Ullune
Almendra. (Cuaderno 1 folio 174)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Alma Liliana Navia Saduño. (Cuaderno 1 folio 175)
‑Copia Decreto No 0495‑06‑2004.
(Cuaderno 1 folios 176‑178)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Alma Liliana Navia Saduño, del 22 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 179)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Alma Liliana Navia
Saduño. (Cuaderno 1 folio 180)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Yoli Janeth Muelas Calambas. (Cuaderno 1 folio 181)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Yoli Janeth Muelas Calambas, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 186)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Yoli Janeth Muelas
Calambas. (Cuaderno 1 folio 187)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Dora Inés Tombe Muelas. (Cuaderno 1 folio 188)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Dora Inés Tombe Muelas, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio 192)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Dora Inés Tombe
Muelas. (Cuaderno 1 folio 193)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Alberto Eladio Labio Urrutia. (Cuaderno 1 folio 194)
‑Copia acta de posesión a nombre
de Alberto Eladio Labio Urrutia, del 23 de julio de 2004. (Cuaderno 1 folio
199)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Alberto Eladio Labio
Urrutia. (Cuaderno 1 folio 200)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
María Teresa Cuchillo Morales. (Cuaderno 1 folio 201)
‑Copia acta de posesión No 490
a nombre de María Teresa Cuchillo Morales. (Cuaderno 1 folio 202)
‑Copia Decreto No 0498‑09‑2005.
(Cuaderno 1 folio 203)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente María Teresa
Cuchillo Morales. (Cuaderno 1 folio 204)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Oveimar Muelas Aranda. (Cuaderno 1 folio 205)
‑Copia acta de posesión No 098
a nombre de Oveimar Muelas Aranda. (Cuaderno 1 folio 206)
‑Copia Decreto No 0117‑01‑2006.
(Cuaderno 1 folio 207)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Oveimar Muelas
Aranda. (Cuaderno 1 folio 208)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Francisco Javier Aranda Tunubala. (Cuaderno 1 folio 209)
‑Copia resolución No 6123‑07‑2009.
(Cuaderno 1 folios 210‑211)
‑Copia acta de posesión No 1716
a nombre de Francisco Javier Aranda Tunubala. (Cuaderno 1 folio 212)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Francisco Javier
Aranda Tunubala. (Cuaderno 1 folio 213)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Yadira Fernanda Otero Cortes. (Cuaderno 1 folio 214)
‑Copia resolución No 6121‑07‑2009.
(Cuaderno 1 folios 215‑216)
‑Copia acta de posesión No 1715
a nombre de Yadira Fernanda Otero Cortes. (Cuaderno 1 folio 217)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Yadira Fernanda
Otero Cortes. (Cuaderno 1 folio 218)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Luis enrique Tumiña paja. (Cuaderno 1 folio 219)
‑Copia Decreto No 01125‑02‑2010.
(Cuaderno 1 folios 220‑221)
‑Copia acta de posesión No 1177
a nombre de Luis Enrique Tumiña Paja. (Cuaderno 1 folio 222)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Luis Enrique Tumiña
Paja. (Cuaderno 1 folio 223)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Hernán Darío Morales Calambas. (Cuaderno 1 folio 224)
‑Copia Decreto No 6891‑08‑2010.
(Cuaderno 1 folios 225‑226)
‑Copia acta de posesión No 2637
a nombre de Hernán Darío Morales Calambas. (Cuaderno 1 folio 227)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Hernán Darío Morales
Calambas. (Cuaderno 1 folio 228)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Sandra Patricia Trochez Tombe. (Cuaderno 1 folio 229)
‑Copia Decreto No 04143‑05‑2010.
(Cuaderno 1 folios 230‑231)
‑Copia acta de posesión No 2208
Sandra Patricia Trochez Tombe. (Cuaderno 1 folio 232)
‑Copia aval de la
Autoridad Ancestral del Pueblo Guambíano  para el nombramiento de la docente
Sandra Patricia Trochez Tombe. (Cuaderno 1 folio 233)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Jesús Esteban Muelas Tombe. (Cuaderno 1 folio 234)
‑Copia resolución No 02267‑03‑2011.
(Cuaderno 1 folios 235‑236)
‑Copia acta de posesión No 1129
Jesús Esteban Muelas Tombe. (Cuaderno 1 folio 237)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente Jesús Esteban Muelas
Tombe. (Cuaderno 1 folio 238)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Marcos Almendra Hurtado. (Cuaderno 1 folio 239)
‑Copia acta de posesión No 1188
a nombre de Marcos Almendra Hurtado. (Cuaderno 1 folio 240)
‑Copia acta de posesión No 156
a nombre de Marcos Almendra Hurtado. (Cuaderno 1 folio 241)
‑Copia resolución No 01020‑02‑2012.
(Cuaderno 1 folios 242‑243)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento del docente marcos Almendra
Hurtado. (Cuaderno 1 folio 244)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Kleydy Almendra Yalanda. (Cuaderno 1 folio 245)
‑Copia resolución No 00790‑02‑2012.
(Cuaderno 1 folios 246‑247)
‑Copia acta de posesión No 097
a nombre de Kleydy Almendra Yalanda. (Cuaderno 1 folio 248)
‑Copia aval del Cabildo Indígena
del Resguardo de Guambía para el nombramiento de la docente Kleydy Almendra
Yalanda. (Cuaderno 1 folio 249)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Ximena Erazo Franco. (Cuaderno 1 folio 250)
‑Copia Decreto No 07329‑08‑2010.
(Cuaderno 1 folios 251‑252)
‑Copia acta de posesión No 2667
a nombre de Ximena Erazo Franco. (Cuaderno 1 folio 253)
‑Copia resolución No 04668‑05‑2011.
(Cuaderno 1 folios 254‑255)
‑Copia acta de posesión No 1664
a nombre de Ximena Erazo Franco. (Cuaderno 1 folio 256)
‑Copia aval de la
Autoridad Ancestral del Pueblo Guambíano  para el nombramiento de la docente
Ximena Erazo Franco. (Cuaderno 1 folio 257)
‑Fotocopia cédula de ciudadanía de
Carlos Alberto Tumiña Paja. (Cuaderno 1 folio 258)
‑Copia acta de posesión No 671
a nombre de Carlos Alberto Tumiña Paja. (Cuaderno 1 folio 259)
‑Copia resolución No 02742‑04‑2012.
(Cuaderno 1 folios 269‑262)
‑Copia aval de la
Autoridad Ancestral del Pueblo Guambíano  para el nombramiento del docente
Carlos Alberto Tumiña Paja. (Cuaderno 1 folio 263)
‑Copia de constancia del
Ministerio del Interior del 16 de enero de 2012. (Cuaderno 1 folio 264)
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas
dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico
De la
exposición de los antecedentes de los dos casos acumulados, la
Sala observa en primer lugar, que en ambos asuntos se interpusieron tutelas
por parte de  Gobernadores de Cabildos Indígenas, en un caso por parte del
Gobernador del Cabildo Indígena Yanacona, señor Carlos Maca Palechor, y en
el otro caso por parte del Gobernador del Cabildo Indígena de
Guambía, señor Misael Aranda, en representación de dichos cabildos y las
comunidades indígenas que lideran. Ambas tutelas se impetraron con el fin de
denunciar la vulneración de los derechos fundamentales a
la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, a la no
intervención del gobierno en la esfera del gobierno indígena, al derecho a
guiarse por sus usos y costumbres y a la protección de su identidad cultural
mediante una educación especial o etnoeducación, frente a situaciones que
consideran vulneratorias de estos derechos y que se refieren al nombramiento en
provisionalidad de docentes o etnoeducadores para las comunidades indígenas
involucradas, los cuales no han sido nombrados en propiedad por parte
de la Secretaría de Educación del Cauca y la
Gobernación del Cauca.  Por esta razón, es claro para la
Sala que los Gobernadores de los cabildos indígenas en cuestión enervan las
tutelas que ahora se revisan en nombre de las comunidades indígenas que
representan.
En concordancia con lo anterior y de
conformidad con los hechos expuestos, el problema jurídico que corresponde a la
Sala determinar es si a las comunidades indígenas y resguardos representados
por los Gobernadores de los Cabildos Indígenas Yanacona y Guambía, se
les han vulnerado sus derechos fundamentales colectivos a la
autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, a la no intervención
del gobierno en la esfera del gobierno indígena, al derecho a guiarse por sus
usos y costumbres, y especialmente a la protección de su identidad cultural
mediante la garantía de una educación especial o etnoeducación, al no
ser nombrados en propiedad los docentes que vienen laborando en
provisionalidad, por parte de la Secretaría de Educación del Cauca y la
Gobernación del Cauca.
Para
resolver este problema jurídico, la Sala analizará los siguientes temas: (i)
las comunidades indígenas como sujetos de derechos fundamentales y la
legitimación por activa de los Gobernadores de los Cabildos Indígenas en los
casos en los que reclaman la protección de los derechos fundamentales de las
comunidades y resguardos que representan mediante acción de tutela; (ii) la
protección constitucional a la identidad e integridad étnica, cultural, social
y económica de las comunidades indígenas; (iii) la protección a una educación
especial o etnoeducación que respete y desarrolle la diversidad e identidad
cultural y étnica de las comunidades indígenas; (iii) el derecho fundamental a
la consulta previa de las comunidades étnicas y su protección por vía de
tutela; (iv) el régimen  de ingreso, ascenso y retiro de docentes y directivos
docentes para las comunidades étnicas con especial referencia a la población
indígena; para finalmente entrar a (v) resolver en concreto los dos casos
acumulados.
3. Las comunidades indígenas como
sujetos de derechos fundamentales y la legitimación activa en los casos en los
que reclaman la protección de sus derechos fundamentales mediante acción de
tutela
La jurisprudencia constitucional ha
reconocido en forma pacífica, consolidada y sistemática el estatus de sujetos
de derechos a las comunidades indígenas, esto es, de sujetos colectivos
autónomos y diferenciables de los miembros individuales de sus comunidades,
para efectos de radicar, ejercer y reivindicar el pleno ejercicio y goce efectivo
de sus derechos fundamentales colectivos. Este reconocimiento jurídico se
deriva esencialmente de la consagración constitucional del derecho fundamental
a la diversidad étnica y cultural de las comunidades étnicas contenido en los
artículos 7 y 70 de la
Carta Política.[1]
En este sentido, ha enfatizado este
Tribunal que la protección del derecho a la  diversidad e identidad étnica y
cultural de las comunidades indígenas presupone el reconocimiento de las
comunidades étnicas como sujetos de derechos autónomos e independientes con
personería sustantiva, diferenciables de los miembros individuales que la
conforman, y que adquiere una connotación cultural global y de conjunto,
alternativa y diferenciable de la cultura hegemónica occidental de las
mayorías, cultura de grupo que es transferida a los individuos que hacen parte
de dichas comunidades. Este reconocimiento como sujetos colectivos de derechos
y autónomos se deriva de los principios constitucionales de democracia,
pluralismo, respeto y protección a la diversidad étnica y cultural, y es lo que
les confiere a estas comunidades el estatus jurídico para ser adjudicatarios,
así como para ejercer y reivindicar los derechos propios de la comunidad. [2]
Así las cosas, la jurisprudencia de esta
Corte ha reconocido no solo el estatus de sujetos colectivos de derechos
fundamentales a las comunidades étnicas, sino que adicionalmente ha establecido
que tanto los dirigentes como los miembros individuales de estas comunidades se
encuentran legitimados para enervar la acción de tutela con el fin de perseguir
la protección de los derechos de la comunidad, así como también[3], así como
también “las
organizaciones creadas para la defensa de
los derechos de los pueblos indígenas[4] y la
Defensoría del Pueblo[5]”.[6]
Finalmente, este Tribunal ha precisado
de manera particular, que el derecho a una educación que respete y desarrolle
la identidad cultural de las comunidades étnicas, esto es, el derecho a una
etnoeducación, que se deriva del reconocimiento y respeto de la diversidad e
identidad étnica y cultural –arts.7 y 70 CP-[7],
derecho que solo puede entenderse en relación con la comunidad o grupo étnico
al cual se pertenece; constituye un derecho de carácter fundamental, los cuales
“sólo
pueden ser entendidos “en función del grupo al que pertenecen”[8]. [9]
4. La
protección constitucional del derecho fundamental a la diversidad e identidad
cultural de las comunidades y grupos étnicos
4.1 En
su jurisprudencia esta Corte ha puesto de relieve el cambio de paradigma
relacional del Estado con las comunidades étnicas a partir de la
Carta de 1991, en donde se redefinió la política indigenista al darle un
estatus constitucional especial, pasando de un modelo predominantemente basado
en concepciones de asimilación e integración, a uno fundamentado en el
reconocimiento y la garantía del pluralismo, el multiculturalismo y la
participación de las minorías. Este cambio normativo estructural encuentra su
fundamento tanto en el respeto por las diversas concepciones de vida y de lo
bueno, que se originan en el presupuesto del Estado constitucional de Derecho
relativo a la autonomía y la libertad; como en la conciencia jurídica del valor
intrínseco de las culturas nativas y las comunidades tradicionales, y de sus
valores y tradiciones culturales, ancestrales, lingüísticas, artísticas,
religiosas, sociales y políticas; así como también en el reconocimiento
histórico de los siglos de abusos, maltratos, discriminación e injusticias de
que han sido objeto estas étnias, y el riesgo inminente de desaparición o
extinción cultural y física a que se encuentran actualmente avocadas.[10]
En el
mismo sentido, a nivel internacional el Relator Especial de las Naciones
Unidades sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas ha expresado que históricamente el derecho a la
educación para los indígenas se basó en un modelo de asimilación,
aculturización e integración de estos grupos étnicos a las culturas
mayoritarias de la sociedad, de manera que la educación “ha sido también un
mecanismo para la transformación impuesta y a veces la destrucción de las
culturas indígenas”[11]
… como “instrumento privilegiado para promover la asimilación de los pueblos
indígenas al modelo cultural de la mayoría o de la sociedad dominante” no sólo
como una violación de su identidad cultural sino como una de las principales
formas de discriminación “lingüística, religiosa y cultural”  en su contra[12]”. [13]
Se reitera por tanto en esta nueva
oportunidad, que a partir de la expedición de la
Constitución de 1991 se pasó a un modelo integracionista, al reconocerse el
derecho de diversidad e identidad cultural –arts.68- y el artículo 27 del
Convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad, el
cual prescribe que “los programas y servicios de educación
destinados a los pueblos interesados (…) deberán abarcar  su historia, sus
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás
aspiraciones sociales, económicas y culturales”. [14]
De
esta manera, en la nueva Carta Política de 1991, el estatus constitucional
especial de las comunidades étnicas encuentra su fundamento en principios
básicos del Estado Social de Derecho, como la definición del Estado colombiano
como democrático, participativo y pluralista –art.1 CP-, así como en el
reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la
Nación, y de las diversas expresiones de la cultura como pilares de la
nacionalidad –arts. 7º y 70 CP-.[15]
A
este respecto, la jurisprudencia constitucional ha expresado que el
multiculturalismo encuentra fundamento constitucional en “las premisas de
(i) que en Colombia existen diversidad de culturas e identidades étnicas, (ii)
que todas son merecedoras de un mismo trato y respeto, (iii) que todas son
constitutivas de la identidad general del país y (iv) que todas son titulares
-en igualdad de condiciones- del derecho a reproducirse y a perpetuarse en el
territorio con el paso del tiempo.”[16]
En
este orden de ideas, tanto la
Constitución Política como la jurisprudencia de este Tribunal han evidenciado
que el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y la garantía de la
preservación de las diversas expresiones de tradiciones ancestrales de
comunidades étnicas, constituye un requisito sine qua non, esto es,
necesario y obligatorio para la construcción de un Estado Social de Derecho
democrático, incluyente, pluralista, tolerante y participativo.[17]
En
armonía con lo anterior, el reconocimiento y protección de la diversidad étnica
y cultural consagrado en la Constitución de 1991 constituye un derecho
fundamental que se encuentra radicado tanto en cabeza de las comunidades
tradicionales o grupos poblacionales étnicos, como en los individuos que
pertenecen a estas comunidades o grupos étnicos. Sobre este tema, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que el derecho a la identidad tiene tanto
una dimensión colectiva como una individual, “una colectiva, que
busca orientar la protección constitucional hacia las comunidades tradicionales
que no siguen la forma de vida de la sociedad mayoritaria, permitiendo que
éstas puedan desarrollarse de acuerdo con su propia cultura, y otra
individual, en el sentido de considerar que la aludida protección es
también en favor de cada uno de los miembros de las comunidades nativas,
garantizando que éstos puedan autodeterminarse dentro y fuera de su territorio
según su propia cosmovisión.”[18].
Acerca
de este asunto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que existe una
relación de correspondencia y complementariedad, antes que de contraposición o
contradicción, entre la protección que se debe brindar tanto a la dimensión
colectiva como individual del derecho a la identidad cultural y étnica. Así, ha
expresado que “la protección otorgada a la comunidad como sujeto de derechos
no se opone a la protección individual de sus miembros, toda vez que garantizar
las manifestaciones individuales puede resultar imprescindible para la
concretización y materialización del derecho colectivo del grupo étnico del
cual se hace parte.”[19]
Igualmente,
este Tribunal ha sostenido que el derecho fundamental de las comunidades
indígenas a la identidad cultural y étnica consagrado en el artículo 7 CP, se
materializa y expresa en sus dos dimensiones colectiva e individual, en cuanto
las comunidades tradicionales y étnicas, que tienen un carácter minoritario,
puedan libremente “ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su
propia manera de ver el mundo” y los individuos “que pertenecen a una
comunidad indígena puedan expresarse y autodeterminarse de acuerdo con su
cosmovisión cultural dentro y fuera de sus territorios” [20].
Así las cosas, siendo el derecho colectivo uno de tipo directo, en cuanto
protege a la comunidad como sujeto de derechos, y el derecho individual uno de
tipo indirecto, en cuanto garantiza los derechos del individuo relativos a la
identidad cultural de la comunidad a la que pertenece, y estos dos tipos de
protección se encuentran interrelacionados, son complementarios y se
presuponen, de manera que “la protección del individuo puede ser necesaria
para la materialización del derecho colectivo del pueblo indígena al cual
pertenece”.[21]
En
este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el
derecho fundamental a la diversidad étnica y cultural se garantiza a través de
otros derechos de las mismas comunidades étnicas, tales como “(a) la
protección de la riqueza cultural de la nación (C.P. art 8°); (b) el derecho a
la autodeterminación de los pueblos indígenas (C. P. arts. 9° y 330); (c) el
derecho a la oficialidad de lenguas y dialectos de las comunidades nativas y a
que la enseñanza que se les imparta sea bilingüe (C.P. art. 10°); (d) el
derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas en las decisiones que
las afectan, a través de procedimientos adecuados y con la participación de sus
instituciones representativas (C.P. arts. 40-2, 329 y 330); (e) el respeto a la
identidad cultural en materia educativa (C.P. art. 68); (f) el reconocimiento
de la igualdad y dignidad de todas las formas de cultura (C.P. art 70); (g) la
protección del patrimonio arqueológico de la
Nación (C.P. art. 72); (h) el derecho a una
circunscripción especial para la elección de Senadores y Representantes (C.P.
arts. 171 y 176); (i) el derecho a  administrar justicia en su propio
territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos (C.P. art. 246);
(j) el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas y su
naturaleza inenajenable, inalienable,
imprescriptible e inembargable (art. 329); y (k) el derecho a gobernarse por consejos indígenas según sus usos
y costumbres (C.P. art. 330).” [22]
4.2 De
otra parte, reviste especial importancia para el asunto que nos ocupa, el
mencionar que el derecho a la diversidad étnica y cultural se encuentra
consagrado en normas de derecho internacional, tales como el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo -O.I.T.-, sobre Pueblos Indígenas y
Tribiales en Países Independientes, aprobado por Colombia mediante la
Ley 21 de 1991, instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad.
El objetivo de este Convenio es la promoción y garantía de “… los derechos
de los pueblos indígenas a la tierra, a la participación, a la educación, a la
cultura y al desarrollo, en el contexto global de la protección a su identidad
y en el propósito de que las comunidades indígenas que subsisten en el planeta
puedan gozar de los derechos fundamentales en el mismo grado que el resto de la
población de los Estados miembros, y en consideración a la especial
contribución de éstos pueblos a la diversidad cultural, a la armonía social y
ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales.
En
esa orientación, el Convenio impone a los gobiernos el deber de asumir la
responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos indígenas y
tribales interesados, una acción coordinada y sistemática para proteger los
derechos de dichos pueblos y garantizar el respeto de su integridad (art. 2°).
En palabras del mismo Convenio, dicha acción debe incluir medidas que cumplan
los siguientes tres presupuestos básicos: (i) que aseguren a los miembros de
las comunidades tradicionales gozar en pie de igualdad de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional reconoce a los demás miembros de la
población; (ii) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales,
económicos y culturales de esos pueblos, respetando si identidad social y
cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; y (iii) que ayuden
a los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan
existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad
nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.” [23]
Igualmente,
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como encargado de
vigilar e interpretar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, al referirse al derecho a la educación en su Observación General
No. 13 ha sostenido que éste derecho “es el principal medio que permite a
adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y
participar plenamente en sus comunidades”. [24]
4.3 De
conformidad con lo expuesto hasta aquí, es claro para esta Corporación que con
fundamento en la Constitución Política y en las normas internacionales que
consagran el derecho a la identidad étnica y cultural, el Estado tiene la
obligación de garantizar los derechos fundamentales de las comunidades étnicas
y de promover su autonomía, preservar su existencia e impulsar su desarrollo y
fortalecimiento cultural, lo cual implica de manera predominante, la promoción
y garantía de una educación especial, diferencial y étnica para estos grupos
poblacionales.
Sin
perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha aclarado
igualmente que el derecho fundamental a la diversidad e identidad étnica y
cultural de los pueblos indígenas, como todos los demás derechos, no ostenta un
carácter absoluto, y que encuentra límites constitucionales en principios
fundantes del Estado constitucional de Derecho, tales como la dignidad humana,
el pluralismo y la protección de las minorías, que son presupuestos normativos
no solo del Estado Social de Derecho sino de la posibilidad misma del
pluralismo y de la tolerancia.[25]
5. El derecho de las comunidades indígenas a la
identidad educativa como beneficiarios de una educación especial o
etnoeducación que respete y desarrolle su diversidad e identidad étnica y
cultural
5.1 Como
ha quedado esbozado, a los miembros de las comunidades indígenas les asisten no
solo todos los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución Política, sino que adicionalmente son adjudicatarios de derechos
específicos con enfoque diferencial. Así, estas comunidades son titulares de
derechos colectivos fundamentales cuyo reconocimiento y garantía es necesaria
para su existencia y conservación como sujetos jurídicos con autonomía e
identidad propia, dentro de los cuales adquiere una relevancia especial para su
permanencia y desarrollo, el derecho a una educación especial, étnica y
cultural, que corresponda a su cultura y responda a sus específicas necesidades
de conservación étnica y cultural.[26]
De
manera general, les asiste por tanto el derecho fundamental a la educación, el
cual se encuentra consagrado y desarrollado por el artículo 67 Superior, en el
cual se “define la educación como un derecho de la persona y un servicio
público que cumple una función social, a través de la cual se busca el acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de
la cultura. El mismo artículo establece que la educación formará al colombiano
en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; que el
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación; que ésta
será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad; que será gratuita
en los establecimientos estatales; y que será financiada por el Estado a quien
corresponde garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y regular y ejercer
la suprema inspección y vigilancia de la misma con el fin de velar por su
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral,
intelectual y física de los educandos.” [27]
Adicionalmente,
los artículos 10º, 68 y 70 de la
Constitución Política, consagran expresamente derechos específicos para los
miembros de los grupos étnicos, al disponer que “tienen derecho a recibir
una formación y enseñanza que respete y desarrolle su identidad cultural,
bilingüe en las comunidades con tradiciones lingüísticas, y que es deber
del Estado promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos
en igualdad de oportunidades. “ [28]
(Negrillas fuera de texto)
De
conformidad con las normas superiores, la
Constitución Política no solo reconoce en forma igualitaria el derecho
fundamental a la educación de todos los ciudadanos, sino que también reconoce
el derecho fundamental a una educación especial o etnoeducación, dirigida a
preservar y desarrollar la diversidad e identidad étnica y cultural de las
comunidades ancestrales, radicando de esta manera “en cabeza de las
comunidades indígenas y de todos sus integrantes, el derecho a una identidad
educativa especial, al imponerle al Estado el deber de brindarles un modelo de
educación que responda a sus diferentes manifestaciones de cultura y formas de
vida.” [29]
La
jurisprudencia constitucional ha desarrollado ampliamente el contenido y
alcance normativo del derecho fundamental a la educación, indicando que se
trata de un derecho que atañe a la naturaleza esencial del ser humano, que es
desarrollo de las características fundamentales del sujeto moral y jurídico,
esto es, de los conceptos de dignidad, libertad e igualdad que de él se
predican.  A este respecto ha dicho la Corte que “tal derecho participa
de la naturaleza de fundamental en cuanto resulta propio de la esencia del
hombre, ya que realiza su dignidad y el valor y principio material de la
igualdad, pues “en la medida en que la persona tenga igualdad de
oportunidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para su
realización como persona.” [30] (Resalta
la Sala)
Igualmente,
este Tribunal ha resaltado el doble aspecto que proyecta el derecho fundamental
a la educación cuando de las comunidades indígenas y de sus miembros se trata,
ya que en este caso su fundamentalidad no sólo se deriva de su carácter
universal, sino también de la aplicación de un enfoque diferencial étnico, esto
es, del derecho fundamental a la diversidad e identidad étnica y cultural,
propio de estas comunidades. En punto a este tema ha dicho la
Corte que “[d]esde esta perspectiva, el derecho a una educación especial
reconocido a las comunidades tradicionales es un derecho fundamental de doble
vía. Lo es, por tratarse de un derecho connatural a todos los hombres entre
los que se cuentan los indígenas, y también, por cuanto hace parte integral del
derecho a la identidad cultural que, como se ha dicho, tiene dimensión ius
fundamental.”[31]
(Enfasis de la Corte)
5.2
Adicionalmente, como ya también se mencionó, el derecho fundamental a una
educación especial encuentra sustento en el derecho internacional en el
Convenio 169 de la O.I.T., incorporado al derecho interno a través de la
Ley 21 de 1991, que hace parte del bloque de constitucionalidad, siendo por
tanto parámetro obligatorio para el  control de constitucionalidad. El Convenio
169 de la O.I.T. prevé el mecanismo de consulta previa para la implementación
de un sistema de educación especial para los grupos étnicos, disponiendo en su
artículo 27 que “[l]os programas y los servicios de educación destinados a
los pueblos interesados deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con
éstos, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su
historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas las
demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”. [32]
Por
lo anterior, la jurisprudencia de esta Corte ha reconocido la consulta previa
como un derecho fundamental de las comunidades y grupos étnicos, en cuanto es
necesaria y obligatoria para la implementación y desarrollo de un sistema
especial de educación para estos grupos y comunidades, de tal forma que “debe
estar presente en cualquier medida de naturaleza legislativa o administrativa
que pretenda tomar el Estado en la materia; medidas que, además, deben
adoptarse teniendo en cuenta las particulares condiciones de los distintos
grupos étnicos, de manera que se les garantice y asegure la preservación y
continuidad de sus tradiciones e historia.”[33]
6. El
régimen constitucional y legal de la educación especial o etnoeducación para
los grupos étnicos
6.1 La
jurisprudencia de esta Corte se ha encargado de realizar el recuento o reseña
detallada de la consagración y desarrollo constitucional y legal del derecho a
una educación especial o etnoeducación para las comunidades étnicas, desde la
Constitución de 1886 y sus regulaciones legales, hasta la
Constitución de 1991 y las leyes que la desarrollan en esta materia, las
cuales, como ya se mencionó, representan un cambio de paradigma en materia de
consagración e interpretación de los derechos de las comunidades indígenas.[34]
Este cambio de paradigma y
reconocimiento constitucional de la diversidad e identidad cultural de los
pueblos étnicos, ha sido desarrollado legalmente por la
Ley 115 de 1994 –Ley General de Educación-, en la cual se reconoce y regula la
etnoeducación o educación para grupos étnicos. [35]
Acerca de estas normas, la
jurisprudencia constitucional ha resaltado que con el reconocimiento
constitucional y el desarrollo legal de la etnoeducación, el derecho a la
educación “deja de ser un factor de desintegración cultural y discriminación
para las comunidades étnicas para convertirse en un derecho que “se revela
clave (…) no sólo como medio para salir de la exclusión y la discriminación (…)
sino también para el disfrute, mantenimiento y respeto de sus culturas,
idiomas, tradiciones y conocimientos”[36]. [37]
(Resalta la Sala)
Lo anterior encuentra explicación, en
primer lugar, por cuanto se insiste en que la educación, y en este caso la
etnoeducación, (i) además de ser un derecho fundamental de carácter universal
predicable de todas las personas en general, constituye un derecho fundamental
con enfoque diferencial para los miembros de las comunidades indígenas; (ii)
reviste una especial importancia y esencialidad para la garantía efectiva de
una gran cantidad de derechos fundamentales, como la dignidad humana, la
libertad, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a
escoger profesión u oficio, el derecho al trabajo, el mínimo vital, y de
contera, el goce efectivo de todos los derechos asociados al ejercicio de una
ciudadanía plena; (iii) hace parte del contenido normativo del derecho a la
diversidad e identidad cultural que tiene igualmente un estatus iusfundamental;
y (iv) su garantía implica la garantía de la supervivencia y preservación de la
riqueza étnica y cultural de las comunidades indígenas.[38]
En cuanto a los sujetos del derecho a la
etnoeducación, la jurisprudencia de la Corte ha determinado, como también ha
quedado expuesto, que se encuentra en cabeza tanto de los miembros de las
comunidades indígenas individualmente considerados, como de las comunidades
indígenas como sujetos jurídicos colectivos titulares de derechos que ostentan
un carácter autónomo e independiente frente a la sumatoria de sus miembros.  De
esta manera, los miembros, dirigentes y autoridades tradicionales de las
comunidades étnicas pueden reclamar de forma individual el derecho fundamental
a la etnoeducación, en nombre propio o en nombre de sus comunidades.[39]
6.2 Respecto de los
componentes o requisitos para que se garantice el derecho a la etnoeducación de
las comunidades indígenas, la jurisprudencia constitucional, a partir de lo
consagrado en la Constitución Política, en el Convenio 169 de la
OIT, en la Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 804 de 1995,
ha establecido que éstos son:
(i) El carácter bilingüe de la misma,
que debe rescatar, enseñar y preservar la lengua materna de las comunidades
indígenas, además de enseñar el castellano –art.10 CP, art. 28 del Convenio 169
de la OIT,  art. 57 de la Ley 115 de 1994-. La importancia del elemento
lingüístico para la etnoeducación ha sido especialmente resaltada por el
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, quien ha expresado que
la lengua “se convierte en medio esencial para transmitir la cultura, los
valores y la cosmovisión indígena”[40].[41]
(ii) El segundo elemento de la
etnoeducación lo constituye la necesidad de un régimen especial para el
ingreso, ascenso y retiro de docentes y directivos para los grupos y
comunidades indígenas. Así el artículo 62 de la
Ley 115 de 1994 consagra que “La vinculación, administración y formación de
docentes para los grupos étnicos se efectuará de conformidad con el estatuto
docente y con las normas especiales vigentes aplicables a tales grupos”.
Sobre este punto central para la
resolución de esta tutela, la sentencia C-208 de 2007 precisó que “el
ingreso, ascenso y retiro de docentes y directivos docentes para las comunidades
étnicas no puede estar regulado de la misma forma en que está reglamentado el
ingreso, ascenso y retiro de docentes y directivos docentes para el resto de la
población colombiana pues, en virtud del reconocimiento a la
diversidad étnica y cultural, estas disposiciones deben ajustarse “a los
requerimientos y características de los distintos grupos étnicos que habitan el
territorio nacional” para que así respondan “a sus diferentes manifestaciones
de cultura y formas de vida”. Así mismo determinó que tales normas
especiales, al ser medidas que les afectan directamente, deben ser consultadas
previamente con estas comunidades.” [42] (Enfasis
fuera de texto)
(iii) El tercer elemento de la
etnoeducación lo constituye la obligación del Estado de promover y fomentar la
formación de educadores en el conocimiento de las culturas y lenguas de los
grupos étnicos –art.58 de la Ley 115 de 1994, arts. 5-9 del Decreto 804 de
1995. [43]
(iv) El cuarto requisito de la
etnoeducación se refiere al currículo, el cual se fundamenta en “la
territorialidad, la autonomía, la lengua, la concepción de vida de cada pueblo,
su historia e identidad según sus usos y costumbres”. Sobre
el punto, el Relator de Naciones Unidas ha indicado que “la
UNESCO enfatiza la necesidad de un currículo lingüística y culturalmente
pertinente, en el cual la historia, los valores, las lenguas, las tradiciones
orales y la espiritualidad sean reconocidas, respetadas y promovidas. Los
pueblos indígenas reclaman ahora un currículo escolar adaptado a las
diferencias culturales, que incluya las lenguas indígenas y considere el uso de
metodologías pedagógicas alternativas” [44].[45]
(v) La quinta condición es la “administración
y gestión institucionales”, la cual hace relación a aspectos tales como los
diferentes calendarios, espacios, condiciones geográficas, climáticas, el
gobierno escolar, manuales de convivencia, materiales educativos, entre otros,
aspectos que se encuentran desarrollados en los artículos 17 y siguientes del
Decreto 804 de 1995. [46]
(vi) Finalmente, es de resaltar la
especial importancia que connota la participación de la comunidad étnica como
requisito necesario y obligatorio para la garantía efectiva del derecho
fundamental a la etnoeducación de las comunidades étnicas.
La participación de la comunidad étnica
tiene importancia crucial para la satisfacción de los anteriores componentes
reseñados del derecho a una educación que respete y desarrolle la identidad
cultural de los miembros de dichos pueblos. A este respecto, el Relator de
Naciones Unidas ha enfatizado que se requiere que las comunidades étnicas “puedan
participar libremente en todas las etapas de planeación, diseño,
implementación y evaluación de estas reformas [a la etnoeducación]”.[47]
(Resalta la Sala) Sobre el tema, mediante la
Sentencia C-208 de 2007, este Tribunal reconoció que “la participación y
cooperación de los grupos étnicos en los programas y servicios de educación
a ellos destinados es “el elemento determinante que marca la diferencia
entre la etnoeducación y la educación tradicional”. [48] (Enfatiza
la Corte)
En este sentido, la cooperación y
concertación con los pueblos étnicos para el desarrollo y aplicación de los
programas y servicios de educación orientados hacia las comunidades
tradicionales se encuentra consagrada en el artículo 27 del Convenio 169 de la
OIT y es desarrollada por la Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 804 de
1995, en cuyas normativas se consagraron diferentes ámbitos, elementos y
competencias de participación para las comunidades étnicas, tales como:
“(i) “Las autoridades competentes,
en concertación con los grupos étnicos, seleccionarán a los educadores que
laboren en sus territorios, preferiblemente, entre los miembros de las
comunidades en ellas radicados”[49].
(ii) “Cuando fuere necesaria la
celebración de contratos para la prestación del servicio educativo para las
comunidades de los grupos étnicos, dichos contratos se ajustarán a los
procesos, principios y fines de la etnoeducación y su ejecución se hará en
concertación con las autoridades de las entidades territoriales indígenas y de
los grupos étnicos”[50].
(iii) “La
Nación, en coordinación con las entidades territoriales y en concertación con
las autoridades de los grupos étnicos previstas en el artículo 10 de este
Decreto, creará, organizará y desarrollará programas especiales de formación de
etnoeducadores en aquellos departamentos y distritos en donde se encuentren
localizados grupos étnicos, si ninguna institución de educación superior o
escuela normal superior atiende este servicio”[51].
(iv) El diseño o construcción del
currículo de la etnoeducación “(…) será el producto de la investigación en
donde participen la comunidad, en general, la comunidad educativa en
particular, sus autoridades y organizaciones tradicionales”[52].
Además, “la formulación de los currículos de etnoeducación se fundamentará en
las disposiciones de la Ley 115 de 1994 y en las conceptualizaciones sobre
educación elaboradas por los grupos étnicos, atendiendo sus usos y costumbres,
las lenguas nativas y la lógica implícita en su pensamiento”[53].
(v) “La creación de alfabetos oficiales
de las lenguas y de los grupos étnicos como base para la construcción del
currículo de la etnoeducación, deberá ser resultado de la concertación social y
de la investigación colectiva”[54].
(vi) “La infraestructura física
requerida para la atención educativa a los grupos étnicos, debe ser concertada
con las comunidades, de acuerdo con las características geográficas, las
concepciones de tiempo y espacio y en general con los usos y costumbres de las
mismas”[55].
(vii) “La elaboración, selección,
adquisición de materiales educativos, textos, equipos y demás recursos
didácticos, deben (…) llevarse a cabo en concertación con las instancias
previstas en el artículo 10 el presente Decreto”[56].” [57] (Resalta
la Sala)
6.3
Ahora bien, para la resolución del presente caso, es necesario que la
Sala profundice acerca del desarrollo legal de las disposiciones
constitucionales consagradas a partir de la
Constitución de 1991 en sus artículos 67, 68,150-23 y 365 CP, resaltando la
importancia de la Ley 115 de 1994, “por la cual se expide la
Ley General de Educación”, en la que se incluyó, en su Capítulo III
artículos 55 a 63, el tema relativo a la educación especial para grupos
étnicos.
(i)
Sobre esta ley, es de enfatizar la definición de la etnoeducación contenida en
el artículo 55 de la Ley 115 de 1994, como aquella “que se ofrece a grupos o
comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua,
unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”, la cual “debe
estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural,
con el debido respeto de sus creencias y tradiciones”.[58]
Igualmente, es de subrayar los principios y fines que dirigen la
etnoeducación contenidos en el artículo 56 de la misma normativa, y que
consagran la “integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística,
participación comunitaria, flexibilidad y progresividad, cuya finalidad es la
de afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección
y uso adecuado de la naturaleza, así como también los sistemas y prácticas
comunitarias de organización, uso de lenguas vernáculas, formación docente e
investigación en todos los ámbitos de la cultura”.[59]
De
otra parte, es de recabar que la Ley 115 de 1994 consagra legalmente el
bilingüismo –art.57-, mediante el cual se rescata la lengua materna del
respectivo grupo étnico; consagra las funciones del Gobierno Nacional en
materia de etnoeducación, en concertación con los grupos indígenas –art.59-;
prohíbe la injerencia de los organismos internacionales en materia de
etnoeducación sin la previa aprobación del Gobierno y el consentimiento
otorgado por las comunidades interesadas –art.60-; y ordena que la celebración
de contratos en etnoeducación, cuando éstos sean necesarios, debe respetar los
principios y fines de ésta, y que su ejecución debe ser concertada con las
autoridades indígenas respectivas –art.63-.
Para
el tema que especialmente ahora nos ocupa, relativo a la selección y
vinculación laboral de los etnoeducadores, la
Ley 115 de 1994 dispone de manera general en sus artículos 58 y 62 unas
obligaciones específicas para el Estado, respecto de las cuales debe la
Sala resaltar aquellas condiciones que se refieren a una selección (i)
concertada con los grupos étnicos; (ii) cuyos sujetos sean etnoeducadores que
laboren en los territorios de los grupos étnicos, teniendo prevalencia aquellos
miembros de las comunidades en ellas radicados; (iii) en la cual se verifique
la acreditación en formación en etnoeducación y la posesión de conocimientos
básicos del grupo étnico respectivo, especialmente de la lengua materna además
del castellano; y (iv) para la cual debe aplicarse el estatuto docente y las
normas especiales aplicables a estos grupos.
En relación
con esta ultima obligación de expedición y aplicación del estatuto docente y
normas especiales para los grupos étnicos, la jurisprudencia de esta Corte ha
realizado igualmente la reseña histórica, (i) desde el Decreto 2277 de 1979 y
el Decreto 804 de 1995, reglamentario de la
Ley General de Educación, en el cual se reglamentó el tema de la
etnoeducación.[60] En
relación con la reglamentación consagrada en el Decreto 804 de 1995, esta Corte
ha precisado que con base en esta regulación, “los docentes y directivos
docentes de las comunidades indígenas, al servicio del Estado, venían siendo designados
en propiedad directamente por las autoridades representativas de tales
comunidades, de entre sus propios miembros, sin necesidad de exigirles título
de licenciado en educación o normalista y sin someterlos al concurso público de
méritos.” [61]
(Resalta la Sala)
(ii)
Con posterioridad, se expidió el Decreto 1278 de 2001, “por el cual se
establece el estatuto de profesionalización docente”, con base en las
facultades extraordinarias conferidas por el artículo 111 de la
Ley 715 de 2001, en el cual se regula de manera general las relaciones del
Estado con los educadores a su servicio, los docentes y directivos docentes al
servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica (primaria y
secundaria) o media, y a quienes se le asimilen de conformidad con ese mismo
ordenamiento, reglamentando lo relativo al concurso para el ingreso al servicio
educativo estatal, requisitos y procedimientos para tales efectos –arts. 1º a
10º-.
Respecto
de este estatuto, la Corte mediante la sentencia C-208 de 2007 evidenció que el
mismo no regulaba lo relativo a los requisitos y procedimientos para la
selección y vinculación de etnoeducadores para las comunidades y grupos étnicos
y culturales, pese a lo cual también aclaró, que este hecho no liberaba a los
docentes y directivos docentes de las comunidades nativas de la obligación de
someterse al concurso público de meritos, siempre y cuando los requisitos y
condiciones para estos concursos fueran producto de una concertación o consulta
previa con las comunidades indígenas.
(iii)
En desarrollo del Decreto 1278 de 2002 –art.9-, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 3238 de 2004, “por el cual se reglamentan los concursos que rigen
para la carrera docente y se determinan criterios, contenidos y procedimientos
para su aplicación”. En esta normatividad se consagra que “los concursos
para la provisión de cargos necesarios para la prestación del servicio en los
establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas que
atienden población indígena, “se regirán por el decreto que para el
efecto expida el Gobierno Nacional” (art. 1º-2). De igual manera se
precisa que, para el caso de los docentes y directivos de establecimientos
educativos estatales ubicados en territorios indígenas o en territorios
colectivos afrocolombianos que atienden estas poblaciones, la ubicación de los
aspirantes que aprueben el concurso y que vayan a ser nombrados en periodo de
prueba se realizará previa concertación con las comunidades (art. 1º-parágrafo).” [62]
(iv)
En la sentencia C-208 de 2007 la Corte resaltó que las normas contenidas en la
Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, en sus artículos 55
a 63 que regulan específicamente el tema de la educación especial para grupos
étnicos o etnoeducación, “no fueron derogadas ni modificadas por el Decreto
1278 de 2002 ni por su ley habilitante, la
Ley 715 de 2001”, por cuanto (i) estas normativas no regularon el tema particular de la
etnoeducación, y (ii) no se derogó de manera expresa por estas disposiciones
los artículos de la Ley 1115 de 1994 que regulan lo atinente a la
etnoeducación.  De manera que la Corte concluyó que la
Ley General de Educación tiene plena vigencia.[63]
De
igual modo, esta Corte sostuvo que no era constitucionalmente admisible que se
facultara al Gobierno para que por vía de un decreto reglamentario se adoptara
el régimen de carrera para los docentes de las comunidades indígenas, en el
cual se determinarían los requisitos y condiciones de ingreso, permanencia y
ascenso de los etnoeducadores.
(v)
Con fundamento en todo lo anterior, este Tribunal enunció las siguientes
conclusiones:
(a)
De un lado, que el Decreto Ley 1278 de 2002 no era aplicable a las comunidades
indígenas, en razón a que esta regulación (a) no había sido consultada con las
comunidades indígenas y (b) el decreto había omitido incluir una normatividad
especial en la materia aplicable a las comunidades indígenas, acorde con sus
usos y costumbres.
(b)
De otro lado, que hasta tanto no se expidiera la normatividad específica, la cual
debe ser producto de la concertación y consulta previa con las comunidades
indígenas, la elección de los etnoeducadores debía realizarse en concertación
con los grupos étnicos, con el lleno de los requisitos que prevé el artículo 62
de la Ley 115 de 1994.
(c)
Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 62 de la
Ley 115 de 1994, la Corte ha insistido en que a la comunidad indígena y a los
docentes les asiste el derecho a que se proceda al nombramiento en propiedad.
Lo anterior, como manifestación de la obligación constitucional de reconocer y
proteger la diversidad étnica e identidad cultural de las comunidades étnicas y
como garantía del derecho a la autonomía de las comunidades indígenas.[64]
7.
El derecho fundamental a la Consulta Previa de los grupos étnicos
Esta Corporación
ha desarrollado una amplia, pacifica y consolidada jurisprudencia[65]
en torno al tema del derecho a la consulta previa de medidas legislativas o
administrativas que afecten a las comunidades étnicas, indígenas y
afrodescendientes. En esta nueva oportunidad, la
Sala realizará una breve síntesis de las reglas jurisprudenciales en esta
materia[66].
(i) La consulta
previa se fundamenta en el principio democrático, el derecho a la participación
y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la
Nación, de conformidad con el artículo 40 Superior,[67] que en
el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes cobra un significado
distinto y reforzado, en virtud del reconocimiento de la diversidad étnica y
cultural, el pluralismo jurídico, el reconocimiento de estas étnias como comunidades
diferenciadas y autónomas.[68]
(ii) La garantía y reconocimiento de la
diversidad de las comunidades tradicionales tiene sustento constitucional en
razón de los expresos mandatos previstos por la
Carta, tales como el articulo 7 Superior, que incorpora el reconocimiento y
protección de la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana; y el artículo 330 de la
Constitución Política, que dispone que los territorios indígenas estarán
gobernados por sus autoridades tradicionales, conformadas y reglamentadas según
sus usos y costumbres.[69]
Estas disposiciones se encuentran complementadas con normas imperativas del
derecho internacional de los derechos humanos.[70]
(iii) El derecho de consulta previa que
le asiste a las comunidades nativas se fundamenta en el derecho de decidir las
prioridades en su proceso de desarrollo y preservación de su cultura  y que,
cuando procede ese deber de consulta, surge para las comunidades un derecho
fundamental susceptible de protección por la vía de la acción de tutela, en
razón de la importancia política del mismo, de su significación para la defensa
de la identidad e integridad cultural y de su condición de mecanismo de
participación.[71]
Así, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que las comunidades indígenas y afrodescendientes deben contar con
los espacios suficientes y adecuados de participación en las decisiones que
incidan en sus intereses, con el fin de evitar la implementación de políticas
públicas que erosionen su identidad.[72]
(iv) Como parte de los instrumentos
constitucionales consagrados en la
Carta Política para garantizar la participación de las comunidades étnicas en
las decisiones que los afectan, se encuentran: (a) la conformación de las
entidades territoriales con participación de los representantes de las
comunidades indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamiento
territorial (art. 329 C.P.); (b) el carácter colectivo y no enajenable de la
propiedad de los resguardos; y (c) el deber consistente en que la explotación
de los recursos naturales en los territorios indígenas se lleve a cabo sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades. Para
ello, el Gobierno deberá propiciar la participación de los representantes de
las respectivas comunidades (art. 330, parágrafo C.P.).[73]
(v) La participación de las comunidades
diferenciadas en las decisiones que las afectan, tiene igualmente fundamento en
el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo “sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes”, incorporado al ordenamiento jurídico
interno por la Ley 21 de 1991, que hace parte del bloque de constitucionalidad
y tiene carácter vinculante[74].
Con fundamento en este Convenio esta Corporación ha identificado la existencia
de un derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas.  Ha sostenido
que este Convenio se encuentra dirigido a “(i) lograr las aspiraciones de
los pueblos indígenas y tribales a asumir el control de sus propias instituciones
y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que
viven; y (ii) superar esquemas predominantes en muchas partes del mundo, en que
dichos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el
mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus
leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión”.
[75]
La Corte ha reconocido
también que la consulta previa es el instrumento que “mayor impacto ha
tenido en la jurisprudencia constitucional sobre participación de las minorías
étnicas …, al punto de ser reconocido por la jurisprudencia examinada en
este apartado como un verdadero derecho constitucional de las comunidades
tradicionales”.  Por tanto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que el derecho a la consulta previa encuentra sustento en el artículo 6º del
Convenio 169 de la OIT, precepto que consagra la obligación de los gobiernos de
garantizar la participación de las minorías étnicas en los asuntos que los
afectan. [76]
(vi)
A partir del reconocimiento del derecho a la consulta previa, la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado los siguientes ejes temáticos: (a)
diferenciación entre la participación general de los representantes de las
comunidades étnicas y la participación específica a través de la consulta
previa; (b) identificación de las medidas legislativas que deben ser objeto de
consulta previa a las comunidades diferenciadas; (c) previsión de los
requisitos y etapas que debe cumplir el procedimiento de consulta, con el fin
de que resulte compatible con los parámetros constitucionales; e (d)
identificación de las consecuencias del desconocimiento del derecho de consulta
previa.[77]
(vii)
En cuanto a la diferenciación entre la participación general de los
representantes de las comunidades étnicas y la participación específica a
través de la consulta previa, la Corte ha precisado que la primera de ellas, se
puede llevar a cabo de manera general, sin perjuicio del reconocimiento de la
identidad diferenciada de dichas comunidades, lo que exige que esta
participación se realice a través de mecanismos concretos y adecuados, que
resulten compatibles con las particularidades de esa identidad, a través de
medidas tales como la asignación de curules especiales en las corporaciones
públicas.[78]
La segunda modalidad de participación específica de las comunidades étnicas,
hace relación a su participación en la toma de decisiones que afecten
directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a través de un
procedimiento particular de consulta previa a dichas comunidades, como
requisito necesario para garantizar la preservación de su identidad diferenciada.
[79]
(viii) Especial atención le ha merecido
a la jurisprudencia constitucional el tema relativo a la identificación de las
medidas legislativas y administrativas que deben someterse al procedimiento de
consulta previa. A este respecto, la Corte ha explicado que existen varios
elementos a tener en cuenta:
(a) En primer lugar, la afectación directa
de las medidas ha adoptarse para las comunidades étnicas. En este sentido, ha
explicado que en armonía con lo consagrado por el Convenio 169 de la
OIT, “la consulta previa es imperativa respecto de aquellas medidas
legislativas y administrativas que afecten directamente a las comunidades
indígenas y afrodescendientes”.  En forma contraria, las políticas
generales que afecten a toda la población y que no incidan directamente en las
comunidades diferenciadas, no están sujetas a consulta.
(b) En segundo lugar, ha sostenido que
una manera de determinar si afecta de manera directa a las comunidades, es
establecer si se trata de temas definidos previamente por el convenio, o de
temas que tengan una relación intrínseca con su identidad como comunidad étnica
o un “vínculo necesario con la definición del ethos de las comunidades
indígenas y afrodescendientes”[80].
(c) En tercer lugar, la jurisprudencia
constitucional ha identificado prima facie, algunos temas que por su
propia naturaleza se encuentran en conexión intrínseca con la supervivencia, la
identidad y la cultura de las comunidades étnicas, tales como el tema del
territorio o de tierras, la explotación de recursos naturales en las zonas
donde se ubican o residen estas comunidades, la protección del grado de
autonomía que la Constitución les reconoce a las comunidades indígenas y
afrodescendientes, la conformación y delimitación del gobierno de estas
comunidades y de su relación con los gobiernos locales y regionales, de
conformidad con los artículos 329 y 330
C.P.. Estos temas, por constituir asuntos neurálgicos y ser de vital importancia
para estas comunidades, deben someterse a consulta previa.[81]
(ix) De otra parte, la
Corte ha precisado que el método para la determinación de temas que afecten a
las comunidades étnicas, es casuístico, esto es, se debe esclarecer y
determinar en cada caso en concreto cuáles son las medidas que afectan
directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, de manera que en
concreto se evalúe qué tanto incide la medida en la conformación de la
identidad diferenciada del pueblo étnico. [82]
(x)
La jurisprudencia ha señalado entonces tres escenarios en los que procede la
consulta previa por afectación directa de las comunidades étnicas: “(i)
cuando la medida tiene por objeto regular un tópico que, por expresa
disposición constitucional, debe ser sometido a procesos de decisión que
cuenten con la participación de las comunidades étnicas, como sucede con la
explotación de recursos naturales; (ii) cuando a pesar que no se trate de esas
materias, el asunto regulado por la medida está vinculado con elementos que
conforman la identidad particular de las comunidades diferenciadas; y (iii)
cuando a pesar de tratarse de una medida de carácter general, regula
sistemáticamente materias que conforman la identidad de las comunidades
tradicionales, por lo que puede generarse bien una posible afectación, un
déficit de protección de los derechos de las comunidades o una omisión
legislativa relativa que las discrimine.” [83] (Resalta la
Sala)
(xi)
En cuanto a las condiciones y etapas de la consulta previa, la
Corte ha sostenido que de conformidad con las pautas generales fijadas por el
Convenio 169 de la OIT, este proceso (a) debe adelantarse de buena fé; (b) a
través de formas y medios de comunicación efectivos con las comunidades
étnicas; (c) de una manera idónea, apropiada y adecuada a las circunstancias con
el fin de alcanzar un acuerdo respecto de las medidas a adoptar; (d) debe
respetar los parámetros constitucionales relativos a la participación de las
comunidades etnicas; (e) no puede consistir en simples trámites administrativos
por parte de las autoridades o en meros requisitos formales, sino que debe ser
“un proceso sustantivo de raigambre constitucional”[84];
(f ) debe garantizarse a las comunidades afectadas la información completa,
precisa y significativa sobre los proyectos que se pretenden desarrollar en sus
territorios o de las medidas legislativas o administrativas del caso; (g) no
puede ser extemporáneo a las medidas adoptadas, de manera que por ejemplo,
respecto de medidas legislativas, debe llevarse a cabo este procedimiento,
antes de radicar el proyecto de ley con el fin de que se garantice una
participación efectiva de las comunidades étnicas; (h) no debe entenderse como
un escenario de confrontación entre las autoridades gubernamentales y las
tradicionales, ni como un proceso adversarial,[85] sino como
uno de participación activa de éstas últimas en decisiones que las afectan de
manera directa, de forma que tampoco implica un poder de veto de las medidas
legislativas y administrativas por parte de las comunidades étnicas; (i) es
posible que las comunidades estén acompañadas por la
Defensoría del Pueblo o la
Procuraduría General de la Nación, si así lo estiman pertinente; (j) debe
realizarse sobre la base del reconocimiento del especial valor que para las
comunidades tradicionales tiene el territorio y los recursos naturales ubicados
en ellos; (k) debe estar precedido de un trámite preconsultivo, en el
cual se defina, de común acuerdo entre las autoridades gubernamentales y los
representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes, las bases del
procedimiento participativo; y (l) debe realizarse un ejercicio de ponderación
de los intereses en juego de los grupos étnicos afectados.[86]
(xii)
Finalmente, en relación con las consecuencias del incumplimiento del
procedimiento de consulta previa, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado que esto implica (a) la vulneración de un derecho constitucional, y
(b) la producción de efectos sustanciales para las medidas de que se trate, tales
como “(i) la declaratoria de inconstitucionalidad, total o parcial, de la
normatividad correspondiente, al oponerse al derecho de consulta previa; o,
cuando ello resulte posible (ii) la exequibilidad condicionada del precepto,
que privilegie una interpretación que salvaguarde las materias que inciden en
la definición de identidad de las comunidades diferenciadas.”[87]
A manera de conclusión, la
jurisprudencia constitucional ha coincidido en señalar que el proceso de
participación de los grupos étnicos en la toma de las decisiones estatales,
cuando éstas proyectan sus efectos sobre intereses de tales grupos, están llamadas
a desarrollarse “dentro de un marco de derecho internacional y
constitucional fuertemente garantista, que no se caracteriza por ser un simple
ejercicio jurídico de respeto del derecho de defensa de quienes pueden verse
afectados con una actuación del Estado, sino porque se busca asegurar por medio
de esta consulta previa la efectiva protección de los intereses colectivos y
derechos fundamentales de las referidas comunidades”[88].
[89]
Con fundamento en las anteriores
consideraciones procede la Sala a resolver los casos concretos.
8. RESOLUCION DE LOS CASOS EN CONCRETO
8.1 En estos asuntos
bajo revisión, el señor Carlos Maca Palechor, expediente T‑3613182,
en su calidad de Gobernador Mayor del Cabildo Mayor Yanacona
y Representante Legal de los Resguardos Indígenas de Kakioka, San Juan, El
Moral, El Oso, Frontino, Puertas del Maciso, Guachicono, Pancitara, Santa
Bárbara, Paraíso, Nueva Argelia, Popayán, Intiyaku, San Sebastián, Santa
Martha, Descanse y Ríoblanco; y el señor Misael Aranda,
Gobernador del Cabildo Indígena de Guambía–Silvia‑ Cauca, expediente T‑3616335;
interpusieron
acciones de tutela en contra de la
Gobernación del Cauca y la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca,
en nombre y representación
de los mencionados Cabildos y Resguardos Indígenas. En estas acciones tutelares
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales colectivos a
la autonomía y libre determinación de sus pueblos indígenas; a la no
intervención del gobierno en la esfera del gobierno indígena; al derecho a
guiarse por sus usos y costumbres y a la protección de su identidad cultural
mediante una educación especial que respete y desarrolle su identidad
cultural, como desarrollo del derecho fundamental a la diversidad e identidad
étnica contenida en el artículo 7, 67 y 70 de la
Constitución Política. Lo anterior, por cuanto consideran que todos estos
derechos fueron vulnerados por la
Gobernación del Cauca y su Secretaría de Educación, en razón de la negativa a
nombrar en propiedad a los docentes indígenas o  etnoeducadores  que
pertenecen y laboran al interior de sus territorios, los cuales son enumerados
en las tutelas presentadas, y vienen desarrollando sus labores
docentes en calidad de provisionales.
Al respecto consideran los Gobernadores
de los Cabildos Indígenas mencionados que  la
Secretaria de Educación del Cauca desobedece el mandato de la
Corte Constitucional en Sentencia C‑208 de 2007 que declara exequible el
Decreto–Ley 1278 de 2002 por el cual se establece el estatuto de
profesionalización docente, “siempre y cuando se entienda que el mismo no
es aplicable a las situaciones administrativas relacionadas con la
vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes
en los establecimientos educativos ubicados en territorios indígenas que
atienden población indígena, con la aclaración de que, mientras el Legislador
procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de
manera especial la materia, las disposiciones aplicables a los grupos
indígenas serán contenidas en la Ley general de educación y demás normas
complementarias” (negrillas fuera de texto).
De esta manera, encuentran que de
acuerdo con lo establecido por la Corte en Sentencia C‑208 de 2007, el
ingreso, ascenso y retiro de docentes para comunidades indígenas no puede estar
reglamentado de la misma forma que el resto de la población colombiana por
cuanto éstos se deben ajustar a los requerimientos de cada comunidad, y que
mientras se reglamenta de manera especial deberá regirse por lo establecido en la
Ley 115 de 1994.
Sostienen que los docentes aludidos
cumplen con los requisitos para poder ser nombrados en propiedad por cuanto no
solo cuentan con el aval de las autoridades indígenas, sino que son realmente
etnoeducadores, al conocer la cosmovisión, cosmología, cosmogonía, usos,
costumbres, mitos, leyendas y tradiciones, leyes de origen y derecho mayor de
sus etnias, de manera que son plenamente idóneos para transmitir a los alumnos
indígenas la identidad cultural que ordena la
Constitución.
Indican que los docentes indígenas no se
acogieron al concurso de méritos ordenado y reglamentado por el Decreto‑Ley
1278 de 2002 por orden de la dirigencia indígena, por tal motivo sus
nombramientos se hicieron en provisionalidad mientras concertaban con el
Ministerio la forma de nombrar a sus docentes, y ésta no ha podido realizarse
porque el Ministerio alega que hasta que no concursen no se les podrá nombrar
en propiedad.
8.2 Por su parte,
las entidades accionadas, la Gobernación del
Departamento del Cauca y su Secretaría de Educación del Departamento, sostienen
(i) que los docentes deben participar en el concurso para tener derecho a un
nombramiento en propiedad, por cuanto debe respetarse el derecho a la igualdad
al acceso a cargos públicos y darle oportunidad a todos los sectores del
Departamento del Cauca; (ii) que efectuar un nombramiento en propiedad, otorgando
derechos de carrera a quien no participa en el proceso de selección, vulnera
los derechos de los demás trabajadores; (iii) que en la
actualidad no se cuenta con un estatuto exclusivo para indígenas y otro para
docentes que atienden zonas de población mayoritaria; (iv) que no se
puede enervar la tutela sin haber acudido y agotado la vía administrativa; (v)
que las consultas
previas con las comunidades indígenas deben ser previas y no posteriores; (vi)
que los requisitos especiales para la selección de los etnoeducadores, de
acuerdo con la Sentencia T‑097 de 2011, debe realizarse en concertación
con los grupos y prefiriendo escogerlos entre miembros de los comunidades, pero
deben tener formación en etnoeducación y que posean conocimientos básicos del
respectivo grupo étnico, en especial su lengua materna, además del castellano.
Indican que cumpliéndose los mencionados requisitos la comunidad indígena y los
docentes tienen derecho a que se proceda a su nombramiento en propiedad, que no
es otra cosa que la manifestación de la obligación constitucional de reconocer
y proteger la diversidad étnica y el respeto a las comunidades indígenas; (vi)
que se debe vincular al Ministerio de Educación Nacional por cuanto lo que se
solicita afecta el presupuesto del sistema general de participaciones y el del
Trabajo con el fin de que diriman la inaplicación del régimen de carrera
administrativa establecido en el art. 125 de la
Constitución Política.
8.3 En las decisiones
judiciales que ahora se revisan por esta Corte, en el expediente T‑3613182
y T‑3616335, los jueces de instancia negaron las tutelas interpuestas por
los Gobernadores de los Cabildos Indígenas, con base en los siguientes
argumentos comunes, considerando: (i) que no se cumplieron los requisitos para
el nombramiento de los etnoeducadores, de conformidad con el artículo 62 de la
Ley 115 de 1994 y la
Sentencia C‑208 de 2007, como son: “el realizar (i) una selección
concertada entre las autoridades competentes de los grupos étnicos, (ii) una
preferencia de los miembros de las comunidades que se encuentran radicados en
ellas, (iii) acreditación de formación en etnoeducación y (iv) conocimientos
básicos del respectivo grupo étnico.”; (ii) que no existe constancia de que
los docentes cumplan los requisitos para ser etnoeducadores, ya que no se ha
demostrado que alguno posea conocimientos básicos del respectivo grupo étnico,
ni que la comunidad esté de acuerdo con su nombramiento y aptitudes generales
que les permita garantizar la difusión de la identidad cultural a los educadores;
(iii) que se debe realizar un concurso público donde participen individuos que
reúnan ciertos requisitos y bajo las condiciones ya enunciadas por la
Corte, con el fin de no vulnerar el derecho a la igualdad; (iv) que no
se les puede nombrar
en propiedad sin antes haber agotado el procedimiento previo para tal fin y la
verificación del cumplimiento de los requisitos definidos para ello; (v) que
los accionantes tienen otros medios para hacer efectivos los derechos que
consideran vulnerados, como solicitar a la
Secretaria de Educación del Cauca el nombramiento en propiedad del personal
docente del resguardo de Guambia, o adelantar una Acción Popular o de
Cumplimiento; (vi) que no se estableció que los docentes fueran nombrados con
el requisito de la concertación en los resguardos, y que además no existe la
posibilidad de acreditar su idoneidad  para el cargo conforme a los requisitos
previstos en el art. 62 de la Ley 115 de 1994; (vii) que no
obra en el proceso prueba alguna de que el gobernador haya solicitado a la
Secretaría de Educación del Departamento del Cauca el nombramiento en
propiedad de los docentes, ni de que hayan sido seleccionados de conformidad
con la Ley 115 de 1994; (viii) que no se ha llevado a cabo la consulta previa
que debió adelantarse con toda la comunidad indígena, la cual es necesaria para
el nombramiento en propiedad de etnoeducadores, y que por tanto, debe
realizarse un proceso de consulta previa de conformidad con los usos,
costumbres y reglas que rijan la vida de las comunidades; y (ix) que no se
cumple con las subreglas mencionadas por la
Corte Constitucional para que opere el nombramiento inmediato de los
educadores que están en provisionalidad.
8.4 Para iniciar la
resolución del caso bajo estudio es necesario indicar que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional antes reseñada[90], los
Resguardos Indígenas a nombre de quienes se instauraron las acciones de tutela
que ahora se revisan, son sujetos titulares de los derechos fundamentales a una
educación que respete y desarrolle su identidad cultural o etnoeducación. Así
mismo es necesario señalar que, como se expresó, el señor Carlos Maca Palechor,
expediente
T‑3613182,
como Gobernador
Mayor
del Cabildo Yanacona y Representante Legal de los Resguardos Indígenas de
Kakioka, San Juan, El Moral, El Oso, Frontino, Puertas del Maciso, Guachicono,
Pancitara, Santa Bárbara, Paraíso, Nueva Argelia, Popayán, Intiyaku, San
Sebastián, Santa Martha, Descanse y Ríoblanco; y el señor Misael
Aranda, como Gobernador del Cabildo Indígena de Guambía–Silvia‑ Cauca,
expediente T‑3616335, en
calidad de gobernadores de cabildos indígenas, dirigentes o autoridades de sus
comunidades gozan de legitimación por activa para reclamar los derechos
fundamentales que reposan en cabeza de las mismas.
8.5  En segundo
lugar, debe recordar la Corte las reglas jurisprudenciales para el nombramiento
en propiedad de los etnoeducadores[91].
Esta Corte ha establecido que a los
miembros de las comunidades indígenas, así como a las comunidades indígenas en
sí mismas, en calidad de sujetos de derechos fundamentales colectivos, les
asiste no solo el derecho fundamental a la educación, cuyo carácter es general,
sino simultáneamente el derecho fundamental a una etnoeducación, con la cual se
garantiza la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, derecho que
es de carácter específico y se deriva de la aplicación de un enfoque
diferencial. El derecho a una educación que respete y desarrolle la identidad
cultural de las comunidades étnicas incluye a su vez la necesidad de un régimen
especial para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de docentes y
directivos docentes para tales grupos étnicos, el cual debe ser consultado
previamente con las comunidades étnicas.
Igualmente, ha establecido la
jurisprudencia de este Tribunal que los etnoeducadores pueden ser nombrados en
propiedad, si cumplen con los requisitos señalados por la ley y la
jurisprudencia actualmente vigentes, esto es: (i) que la selección sea
concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos, (ii) una
preferencia sobre los miembros de las comunidades que se encuentren radicados
en ellas, (iii) acreditación de formación en etnoeducación y, (iv)
conocimientos básicos del correspondiente grupo étnico. Lo anterior, en aras de
la protección de su autonomía y autodeterminación.
De otra parte, para la
Sala es claro que a partir del fallo C-208 de 2007 no es posible concluir que
los educadores indígenas deban ser nombrados en provisionalidad manteniendo
indefinidamente su interinidad, mientras se culmina el proceso de consulta
previa para la determinación del estatuto docente de los etnoeducadores; ni
mucho menos que deban ingresar al servicio público por medio de un concurso de
méritos aplicable de manera general a los docentes.
Ahora bien, si el resultado de la
consulta previa que actualmente se está surtiendo sobre el estatuto de
etnoeducadores, es que los mismos deben ingresar a la carrera administrativa
mediante un concurso de méritos especial, esto resultará constitucionalmente
admisible, pues estos concursos de méritos se llevarán a cabo con base en los
criterios y requisitos que se concerten con las comunidades indígenas para tal
efecto, mediante la debida consulta previa a las comunidades indígenas.
Por lo anterior, la solución
constitucionalmente correcta que evidencia la
Corte, es que mientras la consulta previa sobre el estatuto docente para
etnoeducadores se lleva a cabo y se culmina, el nombramiento en propiedad de
estos educadores para comunidades indígenas sea producto de la concertación
mediante la consulta previa con las comunidades étnicas. De esta manera, es
claro para la Sala que no resulta constitucionalmente admisible restringir el
derecho a acceder a cargos públicos de docentes, a la población indígena,
mientras se lleva a cabo la consulta previa para la determinación de la
normatividad especial que regule el estatuto docente para etnoeducadores, pues
ello vulnera los derechos fundamentales no solo de los etnoeducadores, sino de
las comunidades indígenas y de sus miembros individualmente considerados.
Es necesario poner de relieve que la
sentencia de constitucionalidad que ordenó la consulta previa del estatuto de
etnoeducadores, data del 2007 y aún no se cuenta con la regulación respectiva,
y que además, lo que resulta de mayor importancia para la
Sala, el derecho a acceder a cargos públicos de forma definitiva o en
propiedad, y no solo con una estabilidad precaria o en provisionalidad, es de
aplicación inmediata y no está sujeto a más condiciones que el cumplimiento de
los requisitos de acceso existentes en el momento en el que el ciudadano aspira
a ingresar al cargo. Al respecto, esta Corporación ha sostenido que el acceso
en propiedad a la carrera administrativa de los educadores, constituye un
derecho de los mismos, en tanto ésta acarrea una serie de garantías que no
posee un nombramiento en provisionalidad.[92]
Por consiguiente, esta Sala considera
que no llevar a cabo los nombramientos en propiedad de los docentes indígenas
de que tratan estas tutelas, los cuales vienen ejerciendo en provisionalidad, o
no nombrar en propiedad a aquellos que las comunidades indígenas seleccionen
como etnoeducadores para tal efecto, significaría perpetuar indefinidamente una
situación de estabilidad laboral precaria y, restringirles el acceso a un
derecho que es de aplicación inmediata.
Así las cosas, para esta Corporación es
claro que los docentes indígenas deben ser nombrados en propiedad, previo el
cumplimiento de los requisitos que para el efecto se han fijado vía legal y
jurisprudencialmente, no solo como una garantía (i) del derecho a la autonomía
y autodeterminación de los pueblos indígenas, (ii) del derecho a la diversidad
étnica y cultural, y (iii) del derecho fundamental a la etnoeducación de las
comunidades indígenas, todo lo cual se fundamenta en los artículos 7, 67 y 70
CP; sino también porque (i) la sentencia C-208 de 2007 no restringe dicha
posibilidad y, (ii) de ésta manera se protege también el derecho de los
etnoeducadores a tener las garantías y la estabilidad laboral de un
nombramiento en propiedad, lo que en todo caso, como ya se señaló, es un
derecho de aplicación inmediata.
En consecuencia, la
Sala colige que como hasta el momento no se ha expedido la normatividad
correspondiente para regular el nombramiento en propiedad de etnoeducadores, la
cual se encuentra en proceso de consulta previa con las comunidades indígenas,
esto implica, que de conformidad con lo decidido por esta Corte en la sentencia
C-208 de 2007, las disposiciones que continúan vigentes y siguen regulando el
tema son las contenidas en la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- y
demás normas complementarias -como el Decreto 804 de 1995-. Estas normas
prescriben que la selección de los etnoeducadores por parte de las autoridades
competentes se hará en concertación con los grupos étnicos (artículo 62 de la ley
115 de 1994), pero además impone requisitos y prelaciones tales como que: (i)
Los docentes seleccionados “deberán acreditar formación en etnoeducación,
poseer conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su
lengua materna, además del castellano” (artículo 62 de la ley 115 de 1994);
(ii) “podrá excepcionarse del requisito del título de licenciado o de
normalista” pero “en el evento de existir personal escalafonado,
titulado o en formación dentro de los miembros del respectivo grupo étnico que
se encuentren en capacidad y disponibilidad para prestar el servicio como
etnoeducadores, éste tendrá prelación para ser vinculado” (artículo 12 del
decreto 804 de 1995); y que (iii) tendrán prelación para ser elegidos “los
miembros de las comunidades en ellas radicados” (artículo 62 de la ley 115
de 1994).[93]
8.6 Con
base en las anteriores razones expuestas, concluye la
Corte que se evidencia una vulneración de los derechos de las comunidades
indígenas tutelantes a la garantía de una etnoeducación, razón por la cual este
Tribunal concederá el amparo tutelar a los derechos fundamentales alegados por
el señor Carlos Maca Palechor, o quien actualmente haga sus veces -expediente
T‑3613182-,
en
calidad de Gobernador Mayor del Cabildo Yanacona y
Representante Legal de los Resguardos Indígenas de Kakioka, San Juan, El Moral,
El Oso, Frontino, Puertas del Maciso, Guachicono, Pancitara, Santa Bárbara,
Paraíso, Nueva Argelia, Popayán, Intiyaku, San Sebastián, Santa Martha,
Descanse y Ríoblanco;
y el señor Misael
Aranda, o quien ahora haga sus veces, en calidad de Gobernador del Cabildo
Indígena de Guambía–Silvia‑ Cauca, -expediente T‑3616335-;
quienes interpusieron
acciones de tutela en contra de la
Gobernación del Cauca y la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca,
en representación
de los mencionados Cabildos y Resguardos Indígenas. En estas tutelas
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales colectivos a
la autonomía y libre determinación de sus pueblos; a la no intervención del
gobierno en la esfera del gobierno indígena; al derecho a guiarse por sus usos
y costumbres y a la protección de su identidad cultural mediante una educación
especial que respete
y desarrolle su identidad cultural, como desarrollo del derecho fundamental a
la diversidad e identidad étnica contenida en el artículo 67 Superior, derechos
todos que consideran fueron vulnerados por la
Gobernación del Cauca y su Secretaría de Educación, en razón de la negativa a
nombrar en propiedad a los docentes indígenas o  etnoeducadores  que
pertenecen y laboran al interior de sus territorios, los cuales son enumerados
en las tutelas presentadas y vienen desarrollando sus labores
docentes en calidad de provisionales.
Encuentra
la Sala que no son de recibo los argumentos planteados por la
Secretaría de Educación del Cauca, en cuanto a que el Decreto 1278 de 2002 sí
es aplicable a las comunidades indígenas. Sobre el particular, recuerda la
Sala que mediante la Sentencia C-208 de 2007, la
Corporación al estudiar si la educación especial indígena se regulaba de
conformidad con el Decreto Ley 1278, dio una repuesta negativa, y por el
contrario señaló que ésta debía regirse por la
Ley 115 de 1994. En consecuencia, el nombramiento de docentes debe realizarse
en forma concertada con la comunidad indígena. Una vez hecho tal procedimiento,
existe el derecho de la colectividad a que el Estado respete su decisión, y
proceda al nombramiento en propiedad de los docentes.
Insiste
por tanto la Sala que de conformidad con la
Sentencia C-208 de 2007, en materia de etnoeduación, no es aplicable los
previsto en el Decreto 1278 de 2002, sino que de conformidad con la parte
resolutiva de la providencia, mientras el legislador no expida un Estatuto
docente especial indígena (que debe ser previamente consultado), las
disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la
Ley General de Educación. Por lo tanto, hasta ese momento, la provisión de
cargos quedan excluidos de concurso público de méritos, y deberá aplicarse los
requisitos previstos en el artículo 62 de la
Ley 115 de 1994, es decir: (i) una selección concertada entre las autoridades
competentes y los grupos étnicos, (ii) la preferencia sobre los miembros de las
comunidades que se encuentren radicados en ellas, (iii) la acreditación de
formación en etnoeducación y, (iv) la acreditación de conocimientos básicos del
correspondiente grupo étnico; con el fin de garantizar la protección de su
autonomía y autodeterminación. Por tanto, así lo ordenará la
Sala en la parte resolutiva de esta sentencia.
No
sobra recordar, que tal y como lo reivindican los Gobernadores de los Cabildos
indígenas tutelantes en los asuntos de revisión bajo estudio, y tal y como lo
ha reconocido la jurisprudencia constitucional de esta Corporación, la
designación en propiedad de los docentes seleccionados por las autoridades
tradicionales indígenas es un elemento fundamental de su identidad y cohesión
social, pues está ligado íntimamente a su memoria histórica y, además, de él
depende la supervivencia de la comunidad desde el punto de vista cultural y
social.
De
otra parte, la Sala concluye igualmente que se ha presentado una vulneración
del derecho fundamental a la consulta previa de las Comunidades Indígenas
tutelantes por parte del Departamento del Cauca, pues el nombramiento en
propiedad de los etnoeducadores en sus territorios ancestrales, es
indudablemente una medida que debe consultarse con las comunidades indígenas,
mientras se decide la normatividad relativa al estatuto de etnoeducación; pues
esta medida afecta directa y sensiblemente a estas Comunidades Indígenas; y por
tanto, no debió haber sido adoptada unilateralmente por la
Gobernación del Cauca, sin antes surtir un proceso de consulta previa.
Esta
afectación tiene carácter directo ya que al tenor del artículo 6 del Convenio
169 de OIT, la obligación de adelantar la consulta previa se activa en
presencia de cualquier medida que afecte directamente y de manera
significativa a una comunidad étnica, máxime cuando son medidas que se ejecutan
al interior de sus territorios ancestrales. Como se expresó en la parte
considerativa de esta providencia, la consulta previa con los grupos étnicos es
una mecanismo que busca la preservación de esas comunidades diferenciadas y de
su identidad como minoría étnica y cultural a través de su participación en las
decisiones que las afectan. Esta participación, además de dar legitimidad
democrática a las decisiones, asegura que en la implementación de las políticas
públicas se tome en cuenta el punto de vista de las comunidades étnicas
respecto de la afectación que podrían tener en su identidad cultural, lo que
parte de la base de que las propias comunidades son las que están en la mejor
posición para defender sus intereses. Por lo anterior, esta Sala ordenará que
se adelante la consulta previa en este caso, entre las autoridades locales y
las comunidades indígenas, con el fin de refrendar su autonomía y capacidad de
decisión, de conformidad con la Constitución de 1991.
Lo
anterior, a juicio de la Sala, no conlleva el nombramiento automático en
propiedad de los docentes nombrados en provisionalidad, porque debe adelantarse
debidamente el proceso de consulta previa para que ello sea decidido. En
consecuencia, respecto de la designación en propiedad de los etnoeducadores
para las comunidades indígenas tutelantes, esta Sala ordenará que la
Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, en coordinación con el
Ministerio del Interior, en un término no superior a seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la presente providencia judicial, adelante el
proceso de concertación a través del mecanismo de consulta previa con las
comunidades indígenas tutelantes, con el fin de determinar y establecer si los
docentes que ahora se encuentran ejerciendo sus cargos en provisionalidad en
los territorios ancestrales de las comunidades indígenas de que tratan las
tutelas revisadas, los cuales son mencionados en las acciones de tutela
respectivas, son autorizados por estas comunidades indígenas como
etnoeducadores con el fin de que puedan ser nombrados en propiedad. Una vez
finalizado el proceso de consulta para la selección de los etnoeducadores, de conformidad
con sus usos y costumbres, la Gobernación del Cauca deberá proceder al
nombramiento en propiedad de los docentes que sean escogidos.
De
otra parte, debe resaltar la Sala la necesidad de garantizar la continuidad del
servicio de educación para las comunidades indígenas, servicio que constituye
un derecho fundamental de las comunidades indígenas. De esta manera, esta Corte
enfatiza en la necesidad de la continuación de la prestación del servicio de
educación, como derecho fundamental, por parte de los educadores que vienen
ejerciendo sus cargos en provisionalidad, hasta tanto la
Secretaría de Educación de la Gobernación del Cauca, en coordinación con el
Ministerio de Educación Nacional, realicen la concertación mediante la consulta
previa necesaria con las comunidades indígenas, con el fin de que estas
autoridades establezcan los docentes que cumplen con las condiciones de etnoeducadores
para sus comunidades, quienes deberán ser nombrados en propiedad. Por
consiguiente, esta Sala ordenará que este procedimiento de concertación a
través del mecanismo de consulta previa no podrá afectar la continuidad y la
oportuna prestación del servicio educativo dentro de los Resguardos de las
comunidades indígenas de que tratan las presentes acciones de tutela.
Finalmente
y en armonía con lo expuesto, esta Sala de revisión también estima necesario
solicitar a la Defensoría Regional del Departamento del Cauca, para que dentro
del marco de sus competencias y facultades constitucionales y legales, acompañe
y vigile el cumplimiento de las órdenes que se adoptan en esta sentencia
judicial.
III. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR, por
las razones expuestas, el fallo de segunda instancia proferido por la
Sala Primera de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito de Popayán,
en sentencia del 26 de julio de 2012,  en la cual se resolvió: “confirmar el
fallo de tutela proferido el 7 de junio de 2012 por el Juzgado Quinto Penal del
Circuito de Popayán (C), que resolvió no tutelar al señor Carlos Maca Palechor,
los derechos fundamentales a la autonomía y libre determinación de los pueblos,
a la no intervención del gobierno en la esfera del gobierno indígena, al
derecho a guiarse por sus usos y costumbres, y a la protección de su identidad
cultural mediante una educación especial”; y en su lugar, CONCEDER
el amparo del derecho fundamental a los derechos fundamentales a la
autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, a la no
intervención del gobierno en la esfera del gobierno indígena, al derecho de
estas comunidades a guiarse por sus usos y costumbres, a la protección de su
diversidad e identidad cultural mediante una educación con enfoque diferencial
o etnoeducación, y a la consulta previa de las comunidades indígenas,
en la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Maca
Palechor, -expediente
T‑3613182-,
o
quien actualmente haga sus veces, en su calidad de Gobernador Mayor del Pueblo
Yanacona y Representante Legal de los resguardos de Kakioka, San Juan, El
Moral, El Oso, Frontino, Puertas del Maciso, Guachicono, Pancitara, Santa
Bárbara, Paraíso, Nueva Argelia, Popayán, Intiyaku, San Sebastián, Santa
Martha, Descanse y Ríoblanco, en contra de la
Gobernación del Cauca y la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca.
SEGUNDO.- REVOCAR, por
las razones expuestas, el fallo de segunda instancia proferido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, Sala Primera de Decisión
Penal, en sentencia del 25 de junio de 2012, en la cual se resolvió: “confirmar
el fallo de tutela proferido el 25 de mayo de 2012 por el Juzgado
Tercero Penal del  Circuito de Popayán (C), que resolvió denegar
la acción de tutela presentada por el señor Misael Aranda”;  y en su lugar,
CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a los derechos fundamentales a la
autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, a la no
intervención en la esfera del gobierno indígena, al derecho de las comunidades
indígenas a guiarse por sus usos y costumbres, a la protección de su diversidad
e identidad cultural mediante una educación con enfoque diferencial o
etnoeducación, y a la consulta previa de las comunidades indígenas,
en la acción de tutela instaurada por el señor Misael Aranda - expediente T‑3616335-, o
quien actualmente haga sus veces, en su calidad de Gobernador del Cabildo
Indígena Guambía –Silvia‑ Cauca, en contra del Departamento del Cauca y la
Secretaría de Educación del Departamento del Cauca.
TERCERO.- En consecuencia,
ORDENAR a la Gobernación del Cauca y su Secretaría de Educación
Departamental que, en coordinación con el Ministerio del Interior, en un
término no superior a seis (6) meses, contados a partir de la notificación de
la presente providencia, adelante el proceso de concertación mediante la
consulta previa con las comunidades indígenas para el nombramiento en propiedad
de los etnoeducadores de las comunidades del Cabildo Indígena Yanaconas
- Resguardos de Kakioka, San Juan, El Moral, El Oso, Frontino, Puertas del
Maciso, Guachicono, Pancitara, Santa Bárbara, Paraíso, Nueva Argelia, Popayán,
Intiyaku, San Sebastián, Santa Martha, Descanse y Ríoblanco-; y de las
comunidades indígenas del Cabildo Guambía–Silvia‑, ambos del Departamento
del Cauca, procesos de consulta que deberán adelantarse de
conformidad con sus usos y costumbres. Una vez sean finalizados dichos
procesos, la Gobernación del Cauca y su Secretaría de Educación Departamental
deberá proceder al nombramiento en propiedad de los docentes escogidos. En
relación con aquellos nombrados en provisionalidad, ORDENAR que las
comunidades y resguardos de los Cabildos Indígenas tutelantes de Yanaconas y
Guambía-Silvia, ambos del Departamento del Cauca, dentro del ámbito de su
autonomía y en coordinación con las autoridades de educación del Departamento,
decidan sobre las consecuencias de dichas designaciones. ORDENAR al
Departamento del Cauca y la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca,
que los procedimientos de concertación y consulta previa deberán adelantarse
sin afectar la continuidad y la oportuna prestación del servicio de educación
dentro de los Resguardos Indígenas.
CUARTO.-
SOLICITAR  a
la Defensoría Regional del Pueblo del Departamento del Cauca, que en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, acompañe y vigile el
cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia judicial.
QUINTO.-  Por Secretaría LÍBRESE
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591, para los fines
allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase y publíquese en la
Gaceta de la Corte  Constitucional.
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaría General
[1]
Ver Sentencia T-379 de 2011.
[2]
Ibidem.
[3] Consultar
las Sentencias T-652 de 1998, T-955 de 2003, T-880 de 2006, T-154 de 2009 y
T-760 de 2009, entre otras.
[4]
Sentencias T-652 de 1998, SU-383 de 2003, T-382 de 2006, T-880 de 2006, entre
otras.
[5]
Sentencia T-652 de 1998.
[6]
Sentencia T-379 de 2011.
[7]
Sentencia C-208 de 2007.
[8]
Sentencia SU383 de 2003.
[9]
Sentencia T-379 de 2011.
[10]
Consultar las Sentencias C‑208 de 2007 y Sentencia T-907 de 2011.
[11]
Cuarto informe temático anual del 6 de enero de 2005 sobre las dificultades que
encuentran los pueblos indígenas en los sistemas de educación, párrafo 15.
E/CN.4/2005/88.
[12]
Ibídem, párrafo 41. E/CN.4/2005/88.
[13]
Sentencia T-379 de 2011.
[14]
Ibidem.
[15] Consultar
las Sentencias C‑208 de 2007 y T-907 de 2011.
[16]
Sentencia C‑208 de 2007.
[17] Ibidem.
[18]
Sentencia C‑208 de 2007. Sobre el punto se pueden consultar también,
entre otras, las Sentencias T-380 de 1993, C-394 de 1995, SU-039 de 1997,
SU-510 de 1998 y T-778 de 2005.
[19] Sentencia C‑208 de 2007.
[20]
Sentencia T-778 de 2005.
[21] Ibidem.
[22]
Sentencia C‑208 de 2007.
[23]
Sentencia C‑208 de 2007.
[24]
Ibidem.
[25]
Ibidem.
[26]
Consultar las Sentencias C-208 de 2007 y Sentencia T-907 de 2011.
[27]
Sentencia C‑208 de 2007. Ver también la
Sentencia T-907 de 2011.
[28]
Ibidem.
[29]
Ibidem.
[30]
Sentencia T-290 de 1996.  Ver también la
Sentencia C‑208 de 2007 y la
Sentencia T-907 de 2011.
[31]
Sentencia C‑208 de 2007.
[32]
Ibidem. Ver también las Sentencias T-379 y T-907 de 2011.
[33]
Ibidem.
[34]
Ver Sentencia C‑208 de 2007. Consultar también las Sentencias T-379 y T-907
de 2011.
[35]
Ver Sentencia T-379 de 2011.
[36]
Cuarto informe temático anual del 6 de enero de 2005 sobre las dificultades que
encuentran los pueblos indígenas en los sistemas de educación, párrafo 14. E/CN.4/2005/88.
[37]
Ibidem.
[38]
Ver Sentencias C-208 de 2007 y T-379 de 2011.
[39]
Ver Sentencia T-379 de 2011.
[40]
Cuarto informe temático anual del 6 de enero de 2005 sobre las dificultades que
encuentran los pueblos indígenas en los sistemas de educación, párrafo 48.
E/CN.4/2005/88.
[41]
Sentencia T-379 de 2011.
[42]
Ibidem.
[43] Ibidem.
[44]
Ibídem, párrafo 45.
[45]
Sentencia T-379 de 2011.
[46] Ibidem.
[47]
Ibídem, párrafo 68.
[48]
Sentencia T-379 de 2011.
[49]
Artículo 62, ley 115 de 1994.
[50]
Artículo 63, ley 115 de 1994.
[51]
Artículo 8, decreto 804 de 1995.
[52]
Artículo 14, decreto 804 de 1995.
[53]
Artículo 15, decreto 804 de 1995.
[54]
Artículo 16, decreto 804 de 1995.
[55]
Artículo 19, decreto 804 de 1995.
[56]
Artículo 20, decreto 804 de 1995.
[57]
Sentencia T-379 de 2011.
[58]
Sentencia C‑208 de 2007. Ver también las Sentencias T-379 y T-907 de 2011.
[59]
Ibidem.
[60]
Ibidem.
[61]
Ibidem.
[62]
Sentencia C‑208 de 2007.
[63]
Ibidem.
[64] Ver
Sentencias C-208 de 2007 y T-907 de 2011.
[65]
Ver al respecto la sentencia C-175 de 2009,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, mediante la cual se declaró la inexequibilidad
de la Ley 1152 de 2007 – Estatuto de Desarrollo Rural, fundamentada en la
vulneración del derecho de consulta
previa; la sentencia C-063 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, en la
cual se declaró exequible la norma de la Ley 1122 de 2007 que regula la libre
elección de los afiliados al régimen subsidiado de salud, frente al cargo de
desconocimiento de los derechos diferenciados de las comunidades indígenas y la
posibilidad correlativa que accedan a las empresas promotoras administradas por
ellas; la sentencia C-030 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-461 de 2008,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Mediante esta última sentencia, la
Corte declaró la exequibilidad condicionada de la
Ley 1151 de 2007, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo”, en
el entendido que “se suspenderá la ejecución de cada uno de los proyectos,
programas o presupuestos plurianuales incluidos en la misma que tengan la
potencialidad de incidir directa y específicamente sobre pueblos indígenas o
comunidades étnicas afrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral
y completa la consulta previa específicas exigida en el bloque de
constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas para ello en la
jurisprudencia constitucional.”
Ver también las sentencias C-278 de 2007 y T-379 de 2011,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[66] Consultar
la Sentencia C-331 de 2012.
[67] Ver
Sentencia C-175 de 2009.
[68] Al
respecto la Sentencia C-063 de 2010.
[69]
Ver la sentencia C-175 de 2009.
[70] Ver Sentencia
C-331 de 2012.
[71]
Ver Sentencia C-030 de 2008.
[72]
Consultar la Sentencia C-715 de 2009.
[73] Ibidem.
[74]
Acerca de la pertenencia del Convenio 169 de la
OIT al bloque de constitucionalidad, puede consultarse la sentencia SU-383 de
2003.
[75]
Sentencia C-366 de 2011.
[76] Ver Sentencia
C-331 de 2012.
[77]
Ver sentencia C-030 de 2008 y C-366 de 2011.
[78]
Consultar las sentencias C-030 de 2008 y SU-383 de 2003.
[79] Ver Sentencia
C-331 de 2012.
[80]
Consultar la sentencia C-175 de 2009, reiterado en Sentencias C-030 de 2008 y
C-366 de 2011.
[81]
Ver Sentencia C-366 de 2011.
[82] Ver Sentencia
C-331 de 2012.
[83]
Sentencia C-366 de 2011.
[84]
sentencia C-175 de 2009.
[85]
Ver sentencia C-461 de 2008.
[86]
Ver Sentencias C-030 de 2008, C-175 de 2009 y C-366 de 2011.
[87]
Consultar la Sentencia C-366 de 2011, ver también las sentencias C-461 de 2008
y C-063 de 2010.
[88]
Sentencia T-737 de 2005, la cual a su vez reitera las Sentencias T-380 de 1993,
SU-039 de 1997 y SU- 383 de 2003.
[89] Ver Sentencia
C-331 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[90]
Sentencias T-380 de 1993, SU-039 de 1997, T-652 de 1998, SU-383 de 2003, T-154
de 2009 y T-769 de 2009, entre otras.
[91] Ver Sentencias C-208 de 2007, T-379 y 907 de 2011.
[92] Ver Sentencia C-588 de 2009.
[93] Ver Sentencia
T-379 de 2011.