T-707-14
Sentencia T-707/14
ACCION
DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION
DESPLAZADA-Procedencia
Esta
Corporación ha sostenido de manera reiterada que la acción de tutela es el
mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus derechos
fundamentales, por una parte, porque a pesar de que existen otros medios de
defensa judicial, los mismos carecen de la entidad suficiente para dar una
respuesta oportuna, completa e integral frente a las víctimas del desplazamiento
forzado, con ocasión de la situación de gravedad extrema y urgencia en la que
se encuentran; y por la otra, porque en virtud de los principios de inmediatez,
eficacia y prevalencia del derecho sustancial que caracterizan al amparo
constitucional, no es posible exigir el agotamiento previo de los recursos
ordinarios, pues en tratándose de la población desplazada prevalece la necesidad de asegurar la
realización efectiva de los derechos materiales que se encuentran
comprometidos. Esta posición de la Corte guarda concordancia con lo dispuesto
en los principios rectores del desplazamiento interno, los cuales constituyen
una valiosa herramienta para la interpretación y definición de las normas
jurídicas que se vinculan con las medidas de protección a favor de la población
desplazada, en los cuales se demanda la existencia de un recurso judicial
eficaz para garantizar los derechos de las personas víctimas del
desplazamiento.
AYUDA HUMANITARIA COMO DERECHO
FUNDAMENTAL EN CABEZA DE LAS PERSONAS VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO/AYUDA
HUMANITARIA-Naturaleza,
características y modalidades
La ayuda
humanitaria se crea con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la
población desplazada y de auxiliarla para superar la situación de vulnerabilidad
en la que se encuentra. Por ello, como lo ha señalado esta Corporación, dicha
ayuda debe ser vista como un derecho fundamental en cabeza de las víctimas del
desplazamiento. Este Tribunal ha identificado las
siguientes características de la atención humanitaria: (i) protege la
subsistencia mínima de la población desplazada; (ii) es considerada un derecho
fundamental; (iii) es una asistencia de emergencia; y (iv) es inmediata, urgente, oportuna y temporal. Uno de los elementos que
identifican la naturaleza de la ayuda humanitaria es su carácter temporal. En
este sentido, su entrega se encuentra limitada a un plazo flexible el
cual se determina por el hecho que el desplazado no haya podido superar las condiciones
de vulnerabilidad, satisfacer sus necesidades más urgentes y lograr reasumir su
proyecto de vida.
AYUDA HUMANITARIA-Diferenciación entre las etapas que
comprende
La ley
ha categorizado la ayuda humanitaria en diferentes etapas: inmediata, de emergencia
y de transición. i) Ayuda humanitaria inmediata: es aquella que se otorga a las
personas que manifiesten haber sido víctimas del desplazamiento forzado en los
casos que resulta agravada la situación de vulnerabilidad que enfrentan,
requieren un albergue temporal y asistencia alimentaria. (ii) Ayuda humanitaria
de emergencia: su entrega tiene lugar después de que se ha logrado el registro
en el RUV, siempre que el desplazamiento haya ocurrido dentro del año
previo a la declaración. Para el efecto, es preciso que se haya superado la
etapa inicial de urgencia y el desplazado haya ingresado al sistema integral de
atención y reparación. Esta asistencia se compone de auxilios en materia de
alimentación, artículos de aseo, manejo de abastecimiento, utensilios de cocina
y alojamiento transitorio. Dependiendo del nivel de vulnerabilidad que se
determine luego de la caracterización de la situación particular que afronta
cada núcleo familiar, variarán los montos y cantidades de la ayuda. (iii) Ayuda
humanitaria de transición: es aquella que se entrega a las personas desplazadas
incluidas en el RUV, cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término superior a
un año contado a partir de la declaración, cuando no se hubiere podido
restablecer las condiciones de subsistencia, pero cuya valoración no sea de tal
gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la atención humanitaria de
emergencia.
PRORROGA DE AYUDA HUMANITARIA-Naturaleza/PRORROGA DE AYUDA HUMANITARIA-Diferencia
entre prórroga general y prórroga automática
El concepto de las prórrogas varía dependiendo de la etapa de
atención humanitaria en la que se encuentre el beneficiario. Se tiene que las prórrogas son de
orden general o automáticas.
La prórroga general, es aquella que debe ser solicitada
por cualquier persona desplazada, la cual se encuentra sujeta a una valoración
realizada previamente por la entidad competente sobre las circunstancias de
vulnerabilidad del posible beneficiario, con el propósito de determinar si es o
no procedente su otorgamiento.
Las prórrogas automáticas, operan en casos en los cuales
por circunstancias de debilidad manifiesta, como por ejemplo que se encuentren
en riesgo derechos de una persona en condición de discapacidad, debe otorgarse
nuevamente la atención de forma inmediata. Debe
entregarse de “manera integral, completa e ininterrumpida, sin necesidad
de programar o realizar visitas de verificación y asumiendo que se trata de
personas en situación de vulnerabilidad extrema que justifica el otorgamiento de
la prórroga, hasta el momento en que las autoridades comprueben que cada
[persona] individualmente considerada ha logrado condiciones de
autosuficiencia integral y en condiciones de dignidad, momento en el cual podrá
procederse, mediante decisión motivada, a la suspensión de
la prórroga.
SISTEMAS
DE TURNOS-Excepciones en las
cuales se pueden alterar los turnos cuando se configura un estado de urgencia
manifiesta
Excepcionalmente, el juez constitucional podrá ordenar la
priorización de la entrega de la ayuda humanitaria en casos puntuales, siempre
que se evidencie una grave y extrema situación de transgresión de derechos.
Para determinar la viabilidad en la priorización de un turno, será necesario
analizar cada caso en particular, a fin de establecer si se presentan
circunstancias de extrema vulnerabilidad en las que resulte imperativo la
entrega inmediata de la citada prestación.
ADULTO
MAYOR-Sujeto de especial protección constitucional
Los
adultos mayores son sujetos de especial protección constitucional de
conformidad con el artículo 46 de la Carta Política, pues se trata de personas
a quienes se les han disminuido sus capacidades físicas, se les ha reducido la
expectativa de vida y son propensos a sufrir afectaciones graves en su salud.
ADULTO MAYOR-Especial protección
constitucional y legal para ancianos en estado de indigencia o de pobreza
extrema
Respecto de los adultos mayores, existe una carga
específica en cabeza del Estado, la sociedad y la familia para que colaboren en
la protección  de sus derechos, ya que éstos se encuentran en una
situación de vulnerabilidad mayor en comparación con otras personas. Aunado a lo anterior, dicho estado de
debilidad manifiesta se agrava cuando, además, se examinan casos de personas
que han sido víctimas del desplazamiento forzado y se encuentran en situación
de pobreza extrema, pues las circunstancias descritas implican, necesariamente,
un nivel mayor de responsabilidad y compromiso en la garantía de sus derechos
para responder ante las exigencias de protección que amerita el caso. El Estado
ha implementado políticas públicas encaminadas a brindar subsidios que
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de la
tercera edad. En ellas se incluyen prestaciones que se otorgan a nivel
nacional, departamental y municipal.
FUNDAMENTALIDAD
DEL DERECHO A LA SALUD-Principios rectores como eficiencia,
universalidad y solidaridad
DERECHO
A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL-Reiteración de
jurisprudencia sobre protección por tutela
La
jurisprudencia constitucional ha establecido que su protección procede por vía
de tutela, entre otras, en las siguientes circunstancias, (i) cuando hay una
falta de reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios de
salud y la negativa no tiene un fundamento estrictamente médico; (ii) cuando
existe una dilación o se presentan barreras injustificadas en la entrega de los
medicamentos a los que tiene derecho el accionante; (iii) excepcionalmente, en
los casos en los cuales se solicita el reconocimiento de un tratamiento
integral para una patología; y (iv) cuando no se reconocen prestaciones
excluidas de los planes de cobertura que son urgentes y la persona no puede
acceder a ellas por incapacidad económica.
SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Requisitos
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir de
dos eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y
daño consumado
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Caso en que fue realizado
el pago de la prórroga a la ayuda humanitaria de emergencia
DERECHO
AL MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA Y A LA SALUD-Orden
a la UARIV autorizar nuevamente prórroga de ayuda humanitaria
DERECHO AL MINIMO
VITAL Y A LA VIDA DIGNA Y A LA SALUD-Orden a EPS autorizar y entregar silla de
ruedas y cojín antiescaras
Referencia: Expedientes T-4.349.639, T-4.349.653 y T- 4.362.476.
Magistrado ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC., quince (15) de
septiembre de dos mil catorce (2014)
La Sala Tercera de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de
los fallos de tutela dictados por las autoridades judiciales mencionadas en el
siguiente cuadro:
Número del expediente
Partes
Primera instancia
Segunda instancia
T-4.349.639
Claudia Patricia Buitrago contra la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
Sentencia del 18 de marzo de 2014 proferida por el Juzgado 5 de
Familia de Medellín.
No se surtió.
T-4.349.653
Elpidia del Socorro Marín Velásquez contra la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), Ministerio de Vivienda y Territorio, Instituto Social de Vivienda y
Hábitat de Medellín (ISVIMED), Secretaría de Bienestar Social de Medellín y
CONFAMA EPS (hoy Alianza Salud Medellín Antioquia EPS SAS).
Sentencia del 7 de abril de 2014 proferida por el Juzgado 5 de
Familia de Medellín.
No se surtió.
T- 4.362.476
Millarlandy Palacios Delgado contra la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con
vinculación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Sentencia del 3 de diciembre de 2013 proferida por el Juzgado 26
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín.
No se surtió.
I. ANTECEDENTES
1. EXPEDIENTE T-4.349.639
El 3 de marzo de 2014, la
señora Claudia Patricia Buitrago presentó acción de tutela contra la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de
petición, defensa, vida digna, igualdad y mínimo vital, los cuales consideró fueron
vulnerados por la entidad demandada, al no priorizar a su favor el turno
asignado para la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria solicitada, en
atención a su condición de madre cabeza de familia a cargo de un hijo en
condición de discapacidad.
1.1. Hechos
1.1.1. La señora Claudia Patricia Buitrago es víctima del desplazamiento
forzado, se encuentra debidamente inscrita en el Registro Único de Víctimas (en
adelante RUV) y ha sido beneficiaria de la entrega de ayudas humanitarias en
diferentes ocasiones. Según el escrito de tutela, la última tuvo lugar el 24 de
octubre de 2013[1].
1.1.2. Su núcleo familiar está
compuesto por siete personas, de las cuales cuatro son menores de edad (7
meses, 13, 14 y 17 años). Actualmente, la accionante no tiene un trabajo
estable, reside en una casa en arriendo y su hijo de 13 años padece retraso
mental moderado[2].
1.1.3. Afirma que el 29 de
enero de 2014, radicó una petición ante la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en
adelante UARIV), en la cual solicitó la prórroga de la ayuda humanitaria.
En respuesta del 25 de febrero
del mismo año, la entidad le asignó el turno 3C-18018, sin precisar una posible
fecha de entrega de la ayuda solicitada. De acuerdo con lo afirmado en el texto
de la demanda, en criterio de la accionante,  el indicativo 3C “se asigna a
las personas que según la UARIV tienen un grado de vulnerabilidad baja”[3].
En consecuencia, estima que la valoración realizada por la entidad demandada no
fue acertada, por cuanto le restó importancia al hecho de que es una mujer
cabeza de familia que debe velar por el bienestar de cuatro hijos, uno de ellos
en condición de discapacidad.
Por otra parte, alega que en la
respuesta de la UARIV se señala que solo se atenderán las situaciones en las
que el desplazamiento forzado hubiere ocurrido en un término superior a 10 años
–como sucede en el caso de la actora–, pero sometidas al hecho de que las
familias se encuentren en situación de extrema urgencia o vulnerabilidad[4].
1.2. Solicitud de amparo
constitucional
De conformidad con los hechos
referidos anteriormente, la peticionaria solicita la
protección de sus derechos fundamentales de petición, defensa, vida digna, igualdad
y mínimo vital. Por consiguiente, pide que se ordene a la entidad accionada que
le priorice el turno asignado y que, además, se le informe una fecha aproximada
en que tendrá lugar la entrega de la ayuda solicitada.
1.3. Contestación de la entidad
demandada
El apoderado de la UARIV
informa que el hecho generador del desplazamiento de la señora Claudia Patricia
Buitrago ocurrió hace más de diez años, razón por la cual, en principio, la
entrega de la atención humanitaria no es jurídicamente viable, pues se entiende
que la condición de vulnerabilidad no está directamente relacionada con el
citado hecho delictivo. Sin perjuicio de lo anterior, se ha aceptado que es
procedente el otorgamiento de este beneficio, en los casos en que los hogares estén
en situación de extrema urgencia o vulnerabilidad[5].
Por lo anterior, afirma que se
entregará a la citada señora la atención humanitaria requerida, en los
componentes de “alojamiento transitorio y asistencia alimentaria por el
término de tres (3) meses”[6], explicando que en virtud “al
prefijo (D) asignado”[7] corresponde a la entidad accionada
proporcionar el alojamiento y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) la alimentación.
En consecuencia, en aras de
satisfacer la citada obligación, informa que se han adelantado los trámites
administrativos pertinentes. No obstante, todavía se encuentran pendientes los soportes
financieros para poner los recursos en la entidad bancaria que corresponda. Sin
perjuicio de lo esbozado, manifiesta que le pedirá a las entidades responsables
de la oferta institucional, que se ocupen ágilmente del caso de la señora
Claudia Patricia Buitrago. Por otro lado, en cuanto a la supuesta afectación
del derecho de petición, aduce que el mismo fue satisfecho de fondo, de manera
oportuna y puesto en conocimiento de la accionante.
En suma, encuentra que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental de los invocados por la accionante.
1.4. Sentencia objeto de
revisión
En sentencia del 18 de marzo
de 2014, el Juzgado 5 de Familia de Medellín decidió declarar la improcedencia
de la acción de amparo, al considerar que se presenta una carencia actual de
objeto. No obstante, en la parte motiva del fallo se encuentra una
argumentación contraria a su resuelve, pues señala:
“En consecuencia se considera que aquí habrá de declararse
procedente la acción incoada, pero sólo con respecto al derecho de petición
radicado ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, pues, se configura la vulneración del derecho
fundamental de petición. Así las cosas, se concederá la acción instaurada por
la señora Claudia Patricia Buitrago.
CONCLUSIONES Y DECISIÓN
Estos razonamientos nos llevan, necesariamente, a conceder el
amparo invocado por la señora Claudia Patricia Buitrago sujetándonos en todo a
las indicaciones impartidas por aquella alta corporación en los pronunciamientos
que hemos recopilado. (…)
FALLA
PRIMERO: DENIÉGASE POR IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA incoada
por la señora CLAUDIA PATRICIA BUITRAGO (…), quien actúa en nombre propio, al
darse aquí la denominada carencia actual de objeto o hecho superado, como se
explicó en la parte motiva de esta providencia. (…)”[8]
Por lo demás, cabe advertir
que la presentación de la impugnación del fallo fue extemporánea, por lo que la
segunda instancia no se surtió[9].
1.5.
Pruebas
En el
expediente obran los siguientes documentos relevantes:
1.5.1. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Claudia Patricia
Buitrago[10].
1.5.2. Copia del derecho de
petición del 29 de enero de 2014 interpuesto por la citada señora ante la UARIV,
en la que solicita que se conceda la prórroga de la ayuda humanitaria[11].
1.5.3. Respuesta dada por la UARIV
el 25 de febrero del 2014, en la cual se le informa a la peticionaria que se le
ha asignado el turno 3C-18018 y que se procurará dar una atención pronta y
oportuna a sus requerimientos[12]. Por lo demás, se refiere a la
oferta institucional que existe para la atención de situaciones como las que
enfrenta.
1.6. Trámite en sede de
revisión
1.6.1. En Auto del 4 de agosto
de 2014, el Magistrado Sustanciador ofició a la UARIV para que informara sobre
las ayudas humanitarias entregadas a la señora Claudia Patricia Buitrago.
En su escrito de respuesta, la
citada entidad explica que la actora se encuentra incluida en el RUV,
registrada como jefe de hogar. Dice que su declaración se realizó el 1 de
octubre de 2008 y tuvo como primera fecha de valoración el 31 de agosto de
2010. Como hecho victimizante se señala el desplazamiento forzado ocurrido el 7
de junio de 1998 en el municipio de Carepa, Antioquia.
En cuanto a la entrega de
ayudas humanitarias de emergencia, manifiesta que se registran los siguientes pagos
por el mismo valor de $ 1.470.000 pesos, a saber: 5 de diciembre de 2012; 17 de
mayo de 2013; 24 de octubre de 2013 y 27 de junio de 2014. Por otro lado, y
para los mismos efectos, se realizó un giro el 16 de septiembre de 2012, el
cual no fue reclamado por la tutelante. Por tal motivo, el 26 de agosto del año
en cita se reintegró el dinero a la UARIV.
1.6.2. En el mismo Auto del 4
de agosto de 2014, se requirió a la señora Claudia Patricia Buitrago para que
informara sobre los beneficios humanitarios recibidos durante el último año,
indicando la fecha aproximada de pago y su monto.
En respuesta radicada el 15 de
agosto de 2014 en la Secretaría General de esta Corporación, la accionante
declaró que en el período indicado sólo ha recibido una ayuda humanitaria por
valor de $1.470.000 pesos y que fue cobrada el 27 de junio de 2014.
2. EXPEDIENTE T-4.349.653
El 20 de marzo de 2014, la
señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez presentó acción de tutela contra la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), el Ministerio de Vivienda y Territorio, el Instituto Social de
Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), la Secretaría de Bienestar Social de
Medellín (hoy Secretaría de Inclusión Social) y Confama EPS (hoy Alianza Salud
Medellín Antioquia EPS SAS), con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, a la salud y a
la vivienda, los cuales estimó vulnerados por  motivo de las circunstancias que
a continuación se exponen.
2.1. Hechos
2.1.1. La señora Elpidia del
Socorro Marín Velásquez es una persona de 57 años de edad víctima del
desplazamiento forzado. Su grupo familiar está compuesto por su padre y madre
quienes tienen 79 y 78 años, respectivamente.
2.1.2. Tal como se manifiesta
en el escrito de la tutela, la accionante sufrió una parálisis por neuromielitis
óptica que le ha generado una disminución de sus capacidades motrices[13],
al parecer, como consecuencia del hecho victimizante. Por su condición,
requiere de la ayuda de terceras personas para sobrevivir, por lo que sus
padres deben encargarse de su atención y cuidado[14].
2.1.3. Igualmente, señala que no
cuentan con ingresos económicos para satisfacer sus necesidades básicas, por lo
que actualmente se encuentran viviendo en condiciones de hacinamiento, en una casa
arrendada con su hermano, cuñada y sobrinos. Entre otros problemas
estructurales, dicha vivienda no tiene la infraestructura requerida para
garantizarle el acceso en su silla de ruedas, ni para movilizarse fácilmente
dentro de la misma. Frente a lo anterior, alega que no han sido beneficiarios
de los programas de inclusión social liderados por el Gobierno Nacional,
específicamente, en materia de vivienda.
2.1.4. La peticionaria se
encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud a través de Confama EPS (hoy
Alianza Medellín Antioquia EPS). En atención a su condición de salud, el médico
tratante adscrito a la EPS le ordenó el suministro de una silla de ruedas y
cojín de escaras con una sola capa de poliuretano y superficie antideslizante[15].
Sin embargo, el Comité Técnico Científico (en adelante CTC) no autorizó su
entrega[16].
2.2. Solicitud de amparo
constitucional
De conformidad con los hechos
referidos anteriormente, la demandante solicita la
protección de sus derechos fundamentales y los de sus padres al mínimo vital, a
la igualdad, a la salud y a la vivienda digna. Por consiguiente, pide que se
ordene lo siguiente:
(i) A la UARIV garantizar la
prórroga de la ayuda humanitaria a la que tiene derecho como víctima del
desplazamiento.
(ii)A la UARIV, al Ministerio
de Vivienda y Territorio y al ISVIMED, estudiar su caso para la protección de
su derecho fundamental a la vivienda digna, como sujetos que afrontan circunstancias
de extrema vulnerabilidad.
(iii) A la Secretaría de
Bienestar Social de Medellín (hoy Secretaría de Inclusión Social) determinar
las circunstancias de debilidad manifiesta y vulnerabilidad en las que se
encuentran sus padres (como adultos mayores), con el fin de incluirlos en los
programas de subsidios y ayudas nacionales, departamentales o municipales que
se han creado por el Estado a favor de las personas de la tercera edad.
(iv) A Confama EPS (hoy
Alianza Salud Medellín Antioquia EPS SAS) entregar los insumos ordenados por el
médico tratante a favor de la señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez; esto
es, una silla de ruedas y cojín antiescaras con una sola capa de poliuretano y
superficie antideslizante.
2.3. Contestación de la
demanda
2.3.1. Contestación de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV)
A través de apoderado
judicial, la UARIV sostuvo que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la
señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez. En desarrollo de lo anterior, indica
que se tiene registrado como hecho generador de la condición de víctima, el
desplazamiento forzado que tuvo lugar el 11 de febrero de 1998, es decir, hace
más de 10 años. Desde esta perspectiva, en principio, no es posible hacer
efectiva la entrega de la ayuda humanitaria solicitada, pues la situación de
emergencia en la que se encuentra la peticionaria, no está directamente con el
citado hecho delictivo, como lo presume el inciso 2 del artículo 112 del Decreto
4800 de 2011.
Por consiguiente, se debe
remitir al desplazado a la oferta institucional disponible, en aras de lograr
su estabilización socioeconómica por otros medios diferentes al beneficio en
comento.
No obstante, para la UARIV, a
partir de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la
accionante y su grupo familiar, se determinó que resultaba procedente “la
prórroga de las Ayudas Humanitarias, (…) a través de la colocación de un giro
por el valor de $330.000” pesos, el cual fue cobrado el 16 de enero de 2014
en la ciudad de Medellín. Por esta razón, en su criterio, es claro que el
beneficio solicitado por la actora ya se encuentra plenamente garantizado.
Finalmente, la UARIV resalta
que para solicitar una nueva prórroga del citado beneficio estatal deben
transcurrir, al menos, 90 días posteriores a la fecha de cobro.
2.3.2. Contestación Ministerio
de Vivienda y Territorio, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
(ISVIMED), la Secretaría de Bienestar Social de Medellín y CONFAMA EPS
De conformidad con las pruebas
que obran en el expediente, el Juzgado 5 de Familia de Medellín solamente
ofició a la UARIV, como entidad demandada en la acción de tutela objeto de
análisis[17], razón por la cual, en esta etapa
procesal, no se obtuvo ningún pronunciamiento del resto de instituciones
accionadas sobre el caso en concreto.
2.4. Sentencia objeto de
revisión
En sentencia del 7 de abril de
2014, el Juzgado 5 de Familia de Medellín resolvió conceder el amparo invocado por
la señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez, en lo atinente al derecho de
petición. Al respecto, señaló que si bien esta garantía no fue expresamente mencionada
en la acción de tutela, resultó quebrantada por la UARIV, al no dar una
respuesta frente a los distintos requerimientos planteados por la accionante. Por
lo demás, cabe resaltar que el juez constitucional de instancia no se pronunció
sobre las demás pretensiones.
2.5.
Pruebas
En el
expediente obran los siguientes documentos relevantes:
2.5.1. Copia de cédula de ciudadanía de la señora Elpidia del Socorro
Marín Velásquez[18].
2.5.2. Copia de la cédula de ciudadanía
del señor Juan Ramón Marín Restrepo (padre de la accionante)[19].
2.5.3. Copia de la cédula de ciudanía
de la señora Miriam de Jesús Velásquez de Marín (madre de la accionante)[20].
2.5.4. Copia de la
certificación expedida el 18 de enero de 2012 por la Procuraduría Provincial
del Valle de Aburrá, en la que consta que: (i) la accionante es una persona
discapacitada “puesto que solo puede desplazarse en silla de ruedas” y que
(ii) su grupo familiar está constituido por su padre y su madre[21].
2.5.5. Copia de una certificación
emitida por la Alcaldía de Medellín el 3 de marzo de 2014, en la cual se
estipula que, entre otras, las personas Elpidia del Socorro Marín Velásquez,
Miriam de Jesús Velásquez de Marín y Juan Ramón Marín Restrepo fueron
encuestadas por el SISBEN y están pendientes de certificación del Departamento
de Planeación Nacional[22].
2.5.6. Copia de las órdenes
médicas expedidas el 13 de enero de 2014 por el médico fisiatra de la Fundación
Hospitalaria San Vicente de Paúl de Medellín, en las que se prescribe la silla
de ruedas y un cojín antiescaras con una sola capa de poliuretano y superficie
antideslizante[23].
2.5.7. Copia de la historia clínica
de la señora Elpidia Marín Velásquez y de una consulta externa realizada el 13
de enero de 2014. De ambos documento se desprende que la actora padece neuromielitis
óptica y sufre de debilidad profunda en las piernas, por lo que tiene
problemas de movilidad reducida. Según se manifiesta, para dicho momento,
llevaba 15 meses movilizándose en silla de ruedas[24].
2.5.8. Copia de las actas del
Comité Técnico Científico, con fecha del 20 de enero de 2014, en las cuales se decide
negar la silla de ruedas y el cojín antiescaras con una sola capa de poliuretano
y superficie antideslizante, prescritos por el médico tratante de la EPS[25],
en razón de estar excluidos del POS.
2.6. Trámite en sede de
revisión
2.6.1. En Auto del 4 de agosto
de 2014, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, el
Magistrado Sustanciador notificó del presente proceso de tutela al Ministerio
de Vivienda y Territorio, al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
(en adelante ISVIMED), a la Secretaría de Bienestar Social de Medellín y a Confama
EPS (hoy Alianza Medellín Antioquia EPS SAS), puesto
que el juez de instancia había omitido dicha actuación. Así las cosas, les
otorgó un plazo para que se pronunciaran acerca de los hechos y pretensiones de
la demanda. Particularmente, requirió a la Secretaría de Bienestar Social de
Medellín, para que diera información sobre los subsidios y beneficios que la
misma entidad ofrece a la población de la tercera edad.
2.6.1.1. En comunicación del
12 de agosto de 2014, el Ministerio de Vivienda y Territorio señala que en su base de datos no reposan postulaciones realizadas a los
programas de subsidios de vivienda de la señora Elpidia del Socorro Marín
Velásquez. De igual forma, agrega que el ente encargado de decidir todo lo
relacionado con los subsidios familiares de vivienda es el Fondo Nacional de
Vivienda (FONVIVIENDA), en concordancia con lo previsto en el artículo 3 del
Decreto 555 de 2003. Por esta razón, sostiene que en su caso resulta
improcedente la acción de tutela, por falta de legitimación por pasiva.
A continuación, pasa a
explicar los procedimientos utilizados por el Estado para determinar a los
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, de lo cual concluye que es
obligación de la accionante postularse para poder acceder a este beneficio, por
lo que no cabe ninguna responsabilidad respecto de los derechos supuestamente
vulnerados.
2.6.1.2. Por otro lado, en
respuesta radicada el 15 de agosto de 2014, el ISVIMED aseguró
que la señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez acudió a dicha entidad para
solicitar información sobre la postulación a los subsidios de vivienda. De ahí
se le informó que debía esperar a que el Ministerio enviara los nuevos listados
en los cuales se indican las familias que tienen prioridad para la postulación[26].
No obstante, hasta el 14 de agosto de 2014, la accionante no aparece en las
listas que hasta el momento han sido enviadas.
De acuerdo con la Ley 1537 de
2012 y el Decreto 1921 de 2012, aclaró que se encuentran vigentes dos tipos de
subsidios nacionales de vivienda dirigidos a la población desplazada, a saber: i)
el subsidio pleno de vivienda que se encuentra a cargo del Departamento para la
Prosperidad Social y ii) el subsidio parcial de orden Nacional que no cubre el
total del valor de la vivienda, al que deben concurrir beneficios económicos
que se hayan otorgado en el orden territorial. Concretamente, en el municipio
de Medellín, se expidió el Decreto Municipal 2339 de 2013, norma que consagra
un subsidio legal complementario al que podrán postularse solo aquellas
personas que ya cuenten con uno de alcance nacional.
Así las cosas, ISVIMED
concluye que en la medida que la actora se encuentra aspirando al primero de
los programas de vivienda mencionados y se trata de un asunto de competencia
del Gobierno Nacional, dicha entidad no tiene poder de decisión sobre las
personas que pueden resultar beneficiarias.
2.6.1.3. En lo que atañe al
requerimiento realizado a Comfama EPS, el mismo fue resuelto por la Alianza
Medellín Antioquia EPS SAS, entidad que asumió las funciones de la primera. En general, en lo que respecta al caso de la señora Elpidia del
Socorro Marín Velásquez, se informó que su afiliación se realizó a través del Municipio
de Medellín el 1 de abril de 2012.
De conformidad con los
soportes médicos, se admite que a la accionante se le diagnosticó neuromielitis
óptica, y que dada la limitación física que padece, su fisiatra solicitó el
suministro de una silla de ruedas y un cojín con características específicas. Sin
embargo, la entidad accionada manifiesta que dichos insumos no son un servicio
de salud, en la medida en que se encuentran expresamente excluidos del POS[27],
por lo que no tienen la obligación de autorizarlos. A continuación, resalta que
“estas prestaciones no POS deberán atenderse en las IPS con las cuales tiene
contrato el Estado y con subsidios a la oferta que se encuentran a cargo del
ente territorial, es decir, de la Secretaría Seccional de Salud y Protección
Social de Antioquia según la Ley 715 de 2001, como lo estipula la Resolución
5334 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y lo ratifica la Circular
413 del 6 de noviembre de 2012 de la SSS y PSA. Obviamente los servicios POS
son de competencia y seguirán siendo asumidos por la EPS.”[28]
En concordancia con lo
anterior, sostiene que pese a que los insumos referidos fueron “prescritos
por un médico tratante adscrito a la entidad, no puede establecerse que con la
falta de los insumos solicitados a través de esta acción, se esté vulnerando o
poniendo en riesgo la vida de la usuaria.”[29] En este sentido, la actora no
cumple con los supuestos establecidos en la jurisprudencia para que se concedan
prestaciones médicas no contenidas en el POS.
Finalmente, argumentando que
los citados servicios son responsabilidad del ente territorial, en caso de que
se acceda a lo solicitado, pide que se imponga su reconocimiento a cargo a la
Secretaría Seccional de Salud y Protección de Antioquia. En este contexto, insta
a que se declare la improcedencia de la tutela en el asunto bajo examen, al
configurarse una falta de legitimación por pasiva.
2.6.1.4. Por último, en respuesta del 21 de agosto de 2014, la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín (antes de
Bienestar Social), declara que actualmente maneja dos grandes proyectos
enfocados a la población de la tercera edad: i) asistencia que “comprende
la Red de Asistencia Social, Colonia Belencito y Dormitorio Social; es decir,
oferta de servicios de institucionalización, previo cumplimiento de los
requisitos implementados para este objeto” y ii) protección en el
cual se ubica, entre otros beneficios, el apoyo económico que no es vitalicio y
no se concibe como una solución plena para la satisfacción de las necesidades
básicas de las personas mayores, toda vez que consiste en una entrega bimestral
de $ 151.000 pesos. Para acceder a este último, se deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
1)    Ser mayor de 60 años.
2)    Ser residente habitual del municipio de Medellín, mínimo durante
los últimos seis (6) meses, según reporte del DNP (última encuesta del SISBEN).
3)    Que no figure en la base de datos de catastro como propietario de
más de un inmueble y que los mismos no superen el valor de 30 millones de
pesos.
4)    Que no figure en la base de datos del tránsito como propietario de
ningún vehículo.
5)    No estar afiliado al régimen de seguridad social en Salud, ya sea
en el contributivo, como beneficiario o subsidiado.
6)    Que no reciba ninguna pensión.
7)    Que cuente con el respectivo puntaje SISBEN y que el mismo no
supere el rango que en estricto orden se encuentre establecido en el período de
nómina correspondiente.
8)    Que no figure con registro de puntaje del SISBEN en dos o más
municipios diferentes.
Al respecto cabe precisar que
estos subsidios, al ser derivados del presupuesto participativo, se encuentran
sujetos “a la propuesta que en tal sentido presente la comunidad al inicio
de cada vigencia fiscal y por ende su asignación es por el número de personas
priorizadas por cada comuna.”[30]
Por último, la Secretaría explicó
que a nivel nacional el “Programa Colombia Mayor” protege al adulto
mayor que se encuentra en indigencia o en estado de pobreza, el cual es
financiado con recursos del Fondo de Solidaridad Pensional adscrito al
Ministerio de Protección Social, y administrado por el Consorcio Colombia
Mayor. Para acceder a los diferentes programas que ofrecen, se envía una lista
desde el municipio al consorcio, en la que se busca priorizar los casos de
mayor vulnerabilidad para lograr una entrega oportuna.
2.6.2. Adicional a lo
expuesto, en Auto del 4 de agosto de 2014, también se ofició a la UARIV para
que informara sobre las ayudas humanitarias entregadas a la señora Elpidia del
Socorro Marín Velásquez.
Al respecto, la entidad señaló
que la accionante se encuentra incluida en el RUV como jefe de hogar[31],
cuya declaración fue realizada el 18 de enero de 2012 y se valoró por primera vez
el 3 de noviembre del año en cita. El hecho victimizante se registra como desplazamiento
forzado del municipio de Ebejico, Antioquia, el 12 de febrero de 1998. En
cuanto a las ayudas humanitarias que han sido reconocidas a favor de la actora,
se ponen de presente las siguientes:
(i) Dinero efectivamente recibido
por la beneficiaria bajo el componente de ayuda humanitaria de emergencia. Al
respecto, se tienen dos giros: (a) el 2 de noviembre de 2012 por un valor de $ 975.000
pesos y (b) el 16 de enero de 2014 por una suma de $ 330.000 pesos.
(ii) Giro dispuesto a favor de
la tutelante el 2 de julio de 2014 por un valor de $ 975.000 pesos que no fue
reclamado, motivo por el cual el 6 de agosto del mismo año se hizo el debido
reintegro del monto a la UARIV.
2.6.3. Finalmente, en la misma
providencia del 4 de agosto de 2014, se requirió a la señora Elpidia del
Socorro Marín Velásquez para que informara sobre los beneficios humanitarios
recibidos durante el último año, indicando la fecha aproximada del pago y su
monto. Sin embargo, una vez vencido el término dispuesto en la cita
providencia, no se recibió ninguna comunicación.
3. EXPEDIENTE T-4.362.476
El 21 de noviembre de 2013, la
señora Millarlandy Palacios Delgado presentó acción de tutela contra la UARIV,
con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, vida
digna, igualdad y mínimo vital, los cuales consideró vulnerados ante la
negativa de la entidad accionada de conceder la ayuda humanitaria solicitada
por la demandante.
3.1. Hechos
3.1.1. La señora Millarlandy
Palacios Delgado es víctima del desplazamiento forzado y se encuentra
debidamente inscrita en el RUV.
3.1.2. Aduce que el 24 de
octubre del 2013, solicitó a la UARIV la prórroga de la ayuda humanitaria. Sin
embargo, sostiene que su petición fue negada en razón a que se encuentra
afiliada al régimen contributivo de salud en calidad de beneficiaria de su
compañero permanente[32].
3.2. Solicitud de amparo
constitucional
De conformidad con los hechos
esbozados, la peticionaria invoca la protección de los derechos fundamentales previamente
invocados, para lo cual requiere que se ordene a la UARIV verificar su estado
de vulnerabilidad y entregarle la ayuda humanitaria solicitada.
3.3. Contestación de la
demanda
3.3.1. Contestación de la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV)
No allegó respuesta alguna.
3.3.2. Contestación del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
En el Auto de admisión
proferido el 22 de noviembre de 2013, el Juzgado 26 Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Medellín dispuso la vinculación al proceso del
ICBF, al estimar que dicha institución puede resultar afectada con la decisión.
En términos generales, la
entidad indicó que es competente para garantizar  la asistencia alimentaria de
la población desplazada únicamente en la etapa de transición, para lo cual la UARIV
debe caracterizar previamente la situación de vulnerabilidad del posible
beneficiario. En este orden de ideas, para acceder al Programa de Alimentación
en Transición de los Hogares Desplazados, señala que se deben cumplir con los
siguientes requisitos:
“1. Estar incluido en el Registro Único de Víctimas (artículo 65
de la Ley 1448 de 2011)
2. No presentar las características de gravedad y urgencia que los
haría destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia (artículo 64 de la
Ley 1448 de 2011)
3. Que haya transcurrido más de un año de la declaración del
desplazamiento (primer inciso del artículo 112 del Decreto 4800 de 2011)
4. Que el evento del desplazamiento forzado no haya ocurrido en un
término igual o superior a diez (10) años antes de la solicitud (segundo inciso
del artículo 112 del Decreto 4800 de 2011)”[33]
En lo que respecta al caso en
concreto, la citada entidad mencionó que no ha recibido ninguna solicitud por
parte de la accionante.
3.4. Sentencia objeto de
revisión
En sentencia del 3 de
diciembre de 2013, el Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Medellín negó la protección invocada por la señora Millarlandy
Palacios Delgado. Al respecto, explica que no existe prueba de que en el asunto
objeto de análisis se esté transgrediendo algún derecho fundamental, ya que,
después de la negativa a la entrega de las ayudas humanitarias, la accionante
no ha presentado ninguna petición para solicitar a la entidad competente que
valore su estado de vulnerabilidad, explicando los motivos de su afiliación al régimen
contributivo.
3.5.
Pruebas
En el
expediente obran los siguientes documentos relevantes:
3.5.1. Copia de la cédula de ciudadanía
de la señora Millarlandy Palacios Delgado[34].
3.5.2. Copia de la petición formulada
el 24 de octubre de 2013 por la citada señora ante la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en la
cual solicita la prórroga de la ayuda humanitaria[35].
3.6. Trámite en sede de
revisión
3.6.1. En Auto del 4 de agosto
de 2014, el Magistrado Sustanciador ofició a la UARIV para que informara sobre
las ayudas humanitarias entregadas a la señora Millarlandy Palacios Delgado.
Al respecto, reconoce que la
accionante se encuentra incluida en el RUV como jefe de hogar[36],
que realizó su declaración el 11 de septiembre de 2012 y tuvo la primera valoración
el 15 de abril de 2013. De igual expone que el hecho victimizante fue el
desplazamiento forzado del municipio Carepa, Antioquia, el 4 de agosto de 1997.
En cuanto a las ayudas
humanitarias de emergencia se tiene constancia de un pago realizado el 24 de
julio de 2012 por un valor de $ 540.000 pesos y un giro con fecha del 20 de
marzo de 2014 por la misma suma. Por último, aclara que “a la fecha no
existe solicitud de prórroga por parte de Millarlandy Palacios Delgado.”[37]
3.6.2. En la misma providencia
en cita, se requirió a la señora Millarlandy Palacios Delgado para que
informara sobre los beneficios humanitarios recibidos durante el último año,
indicando la fecha aproximada de pago y su monto. No obstante, en el término
dispuesto por esta Corporación, no se allegó ninguna respuesta al citado requerimiento.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
Esta Sala es competente para
revisar las decisiones proferidas en la acciones de tutela de la referencia,
con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política. Los expedientes fueron seleccionados y acumulados por medio de Auto
del 29 de mayo de 2014 proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número
Cinco.
4.2. Problemas jurídicos y
esquema de resolución
4.2.1. A partir de las
circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de las acciones de
tutela, de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales y
de la información obtenida en sede de revisión, esta Corporación debe resolver
los siguientes problemas jurídicos para cada caso concreto:
(i) Expediente T-4.349.639. Caso de la señora Claudia Patricia
Buitrago: Si la UARIV vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, a la defensa, a la igualdad, a la vida digna y al mínimo vital
de la accionante y su núcleo familiar, cuando no priorizó la entrega de la ayuda
humanitaria y dejó de tener en cuenta las condiciones de especial vulnerabilidad
de la demandante, como lo son ser madre cabeza de familia encargada de cuatro
hijos menores de edad, uno con discapacidad.
(ii) Expediente T-4.349.653.
Caso de la señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez: Si la UARIV vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al
mínimo vital y a la vida digna de la accionante, por el hecho de no conceder la
ayuda humanitaria, pese a que no existe en este proceso constancia de una
solicitud formal de su parte.
A reglón seguido, es preciso
verificar si el Ministerio de Vivienda y Territorio y el ISVIMED infringieron
los derechos de la accionante y de sus padres a la igualdad y a la vivienda
digna, por el hecho de no incluirlos como beneficiarios de los subsidios de
vivienda, pese a que ellos no se postularon formalmente a los programas
ofrecidos por el Estado.
De igual manera, se debe
determinar si la Alianza Salud Medellín Antioquia EPS SAS (antes Confama EPS) violó
el derecho a la salud de la señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez, cuando
se negó a autorizar la entrega de la silla de ruedas y el cojín antiescaras, al
considerar que se trata de insumos excluidos del POS.
Por último, le compete a esta
Sala de Revisión, examinar si la Secretaría de Inclusión Social de Medellín
(antes llamada de Bienestar Social) desconoció los derechos fundamentales a la
vida digna y mínimo vital de los padres de la accionante, en la medida en que
no son beneficiarios de ninguno de los subsidios otorgados por el Estado a
favor de las personas de la tercera edad, aunque no exista una petición
específica por parte de éstos al Municipio.
(iii) Expediente T-4.362.476.
Caso de la señora Millarlandy Palacios Delgado: Si la UARIV
vulneró los derechos fundamentales de la accionante al debido
proceso administrativo, a la vida digna y al mínimo vital, como consecuencia de
su decisión de negar la entrega de la ayuda humanitaria, en virtud del hecho de
que se encuentra afiliada al régimen contributivo de salud en calidad de
beneficiaria.
4.2.2. Con el propósito de
resolver los citados problemas jurídicos, esta Sala de Revisión se pronunciará,
en un primer momento, sobre (i) la procedencia de la acción de tutela para la
protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, (ii) la atención
humanitaria y (iii) los subsidios de vivienda a favor de las
víctimas del desplazamiento forzado. Con posterioridad, se referirá (iv) a la protección
constitucional que existe a favor de las personas de la tercera edad y de los
subsidios promovidos por el Estado para velar por la satisfacción de sus
necesidades básicas. En seguida, reiterará la jurisprudencia sobre (v) el amparo del derecho a la salud y el
suministro de servicios NO POS. Con
sujeción a los temas expuestos, (vi) la Sala entrará a analizar los casos en
concreto.
4.3. De la procedencia de la
acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la
población desplazada. Reiteración de
jurisprudencia
4.3.1. El artículo 86 de la
Constitución Política señala que la acción de amparo constitucional sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable[38]. Esto significa que dicho instrumento
constitucional tiene un carácter residual o subsidiario, en virtud del cual “procede
de manera excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados,
por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen
mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su protección”[39].
Así pues, el carácter residual obedece a la necesidad de preservar el reparto
de competencias atribuido por la Constitución y la ley a las diferentes
autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los principios de independencia
y autonomía de la actividad judicial.
No obstante, aun existiendo
otros mecanismos de defensa judicial, la jurisprudencia de la Corte ha admitido
que la acción de tutela está llamada a prosperar, cuando se acredita que los
mismos no son lo suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o expeditos
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Así lo sostuvo la Corte, en
la Sentencia SU-961 de 1999[40], al considerar que “en cada caso, el
juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan
una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los
mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar
el amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se
trate. La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo
suficientemente amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo
suficientemente expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio
irremediable. En este caso será procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria”. Por
otro lado, la segunda posibilidad es que las acciones comunes no sean
susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia en
la cual es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo de
protección definitiva de los derechos fundamentales[41].
Con el propósito de lograr un
mayor entendimiento respecto de este último punto, la Corte ha entendido que el
mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento jurídico para resolver un
asunto no es idóneo, cuando, por ejemplo, no permite resolver el conflicto en
su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho
comprometido. En este sentido, se ha señalado que: “el requisito de la
idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el
cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos
sobre las consideraciones de índole formal[42]. La
aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, teniendo en cuenta, las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado”[43].
4.3.2. Ahora bien, en
consideración al particular estado de vulnerabilidad de la población
desplazada, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la acción de
tutela es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales[44], por una parte, porque a pesar de que
existen otros medios de defensa judicial, los mismos carecen de la entidad
suficiente para dar una respuesta oportuna, completa e integral frente a las víctimas
del desplazamiento forzado, con ocasión de la situación de gravedad extrema y
urgencia en la que se encuentran[45]; y por la otra, porque en virtud de
los principios de inmediatez, eficacia y prevalencia del derecho sustancial que
caracterizan al amparo constitucional, no es posible exigir el agotamiento
previo de los recursos ordinarios, pues en tratándose de la población
desplazada prevalece la necesidad de asegurar la realización
efectiva de los derechos materiales que se encuentran comprometidos[46]. Esta posición de la Corte guarda
concordancia con lo dispuesto en los principios rectores del desplazamiento
interno, los cuales constituyen una valiosa herramienta para la interpretación
y definición de las normas jurídicas que se vinculan con las medidas de
protección a favor de la población desplazada[47],
en los cuales se demanda la existencia de un recurso judicial eficaz para
garantizar los derechos de las personas víctimas del desplazamiento[48].
4.4. De la ayuda humanitaria a
favor de la población víctima del desplazamiento forzado
4.4.1. Ante la aparición del
fenómeno masivo del desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto
armado interno, el Estado colombiano se ha visto en la necesidad de implementar
políticas públicas con el fin de mitigar sus efectos y restablecer los derechos
de las personas que resultan afectadas, entre ellos, quedan comprendidas garantías
como “la vida, la igualdad, el mínimo vital, la dignidad, la salud, la
integridad física, el derecho a una alimentación básica, al acceso a unos
servicios (…) de salud y a unas condiciones mínimas de vida digna representada
en una vivienda digna adecuada, entre otros”[49].
La atención que se brinda a
las personas desplazadas debe estar enfocada a brindar un apoyo de carácter integral.
En efecto, en concordancia con las leyes que regulan la materia y demás normas
que las reglamentan[50], la ayuda humanitaria se crea con la
finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y de
auxiliarla para superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.
Por ello, como lo ha señalado esta Corporación, dicha ayuda debe ser vista como
un derecho fundamental en cabeza de las víctimas del desplaza-miento[51].
Conforme a lo anterior, este Tribunal ha identificado las siguientes
características de la atención humanitaria:“(i) protege la subsistencia mínima
de la población desplazada; (ii) es considerada un derecho fundamental; (iii) es
una asistencia de emergencia; y (iv) es inmediata, urgente, oportuna y
temporal.”[52]
4.4.2. Teniendo en cuenta las
características descritas, esta asistencia podrá variar dependiendo de las
circunstancias particulares y etapas en las que se encuentre cada víctima del
desplazamiento, con el fin de atender efectivamente las consecuencias concretas
que se derivan con posterioridad al desplazamiento forzado[53].
Por este motivo, la ley ha categorizado la ayuda humanitaria en diferentes
etapas: inmediata, de emergencia y de transición[54].
(i)Ayuda humanitaria inmediata: Se encuentra contemplada en el artículo 63 de la Ley 1448 de
2011 y en el artículo 108 del Decreto 4800 de 2011, y es aquella que se otorga
a las personas que (i) manifiesten haber sido víctimas del desplazamiento
forzado en los casos que resulta agravada la situación de vulnerabilidad que
enfrentan, (ii) requieren un albergue temporal y (iii) asistencia alimentaria. La
obligación de entrega de este beneficio se encuentra en cabeza del ente
territorial de nivel municipal, el cual, sin demora alguna, debe facilitarlo desde
el momento que se presenta la declaración del hecho victimizante y hasta que
tenga lugar la inclusión en el RUV[55].
(ii) Ayuda humanitaria de
emergencia: Aparece regulada en el artículo 64
de la Ley 1448 de 2011 y en los artículos 109 a 111 del Decreto 4800 de 2011. De
acuerdo con las normas en cita, su entrega tiene lugar después de que se ha
logrado el registro en el RUV, siempre que el desplazamiento haya
ocurrido dentro del año previo a la declaración. Para
el efecto, es preciso que se haya superado la etapa inicial de urgencia y el
desplazado haya ingresado al sistema integral de atención y reparación. Esta
asistencia se compone de auxilios en materia de alimentación, artículos de aseo,
manejo de abastecimiento, utensilios de cocina y alojamiento transitorio. Dependiendo
del nivel de vulnerabilidad que se determine luego de la caracterización de la
situación particular que afronta cada núcleo familiar, variarán los montos y
cantidades de la ayuda. Por último, la administración del beneficio en comento
se encuentra a cargo de la UARIV.
(iii) Ayuda humanitaria de
transición: Está establecida en el artículo 65
de la Ley 1448 de 2011 y en los artículos 112 a 116 del Decreto 4800 de 2011.
En general, es aquella que se entrega a las personas desplazadas incluidas en
el RUV, cuyo desplazamiento haya ocurrido en un término superior a un año
contado a partir de la declaración, cuando no se hubiere podido restablecer las
condiciones de subsistencia, pero cuya valoración no sea de tal gravedad y
urgencia que los haría destinatarios de la atención humanitaria de emergencia.
Esta ayuda tiene como
finalidad servir de puente para consolidar soluciones duraderas. Desde esta
perspectiva, incluye componentes de alimentación los cuales se encuentran a
cargo del ICBF, y de alojamiento temporal en cabeza de la UARIV y del ente
territorial. Su límite temporal se precisa en el artículo 112 del Decreto 4800
de 2011, de la siguiente manera: “Cuando el evento de desplazamiento forzado
haya ocurrido en un término igual o superior a diez (10) años antes de la
solicitud, se entenderá que la situación de emergencia en que pueda encontrarse
el solicitante de ayuda humanitaria no está directa-mente relacionada con el
desplazamiento forzado, razón por la cual estas solicitudes serán remitidas a
la oferta disponible para la estabilización socio-económica, salvo en casos de
extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta deriva de aspectos relacionados
con grupo etario, situación de discapacidad y composición del hogar, según los
criterios que determine la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas”.
4.4.3. Uno de los elementos
que identifican la naturaleza de la ayuda humanitaria es su carácter temporal.
En este sentido, su entrega se encuentra limitada a un plazo flexible el
cual se determina por el hecho que el desplazado no haya podido superar las
condiciones de vulnerabilidad, satisfacer sus necesidades más urgentes y lograr
reasumir su proyecto de vida. Lo anterior “porque la política pública en
materia de desplazamiento tiene como propósito brindar las condiciones para que
las personas no permanezcan indefinidamente en situación de desplazamiento,
sino que avancen hacia la estabilización socio-económica y el
autosostenimiento.”[56]
Con fundamento en lo anterior,
vale la pena recordar que el parágrafo 3º del artículo 47 de la Ley 1448 de
2011, dispone que: “[l]a Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación, deberá adelantar las acciones pertinentes ante las distintas
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas
para garantizar la ayuda humanitaria. De igual manera, y de acuerdo a lo
contemplando en el artículo 49 de la Ley 418 de 1997 y sus prórrogas correspondientes, prestará
por una sola vez, a través de mecanismos eficaces y eficientes,
asegurando la gratuidad en el trámite, y de acuerdo a su competencia, la ayuda
humanitaria.” Para esta Corporación, conforme se señaló
en la Sentencia C-438 de 2013[57], dicha disposición se ajusta a la
Constitución, siempre que se entienda que la ayuda humanitaria podrá ser
prorrogada, cuando la víctima demuestre que no se ha superado la situación de
gravedad y urgencia en la que se encuentran. En este orden ideas, y bajo la
consideración de que la atención a los desplazados pretende proporcionar los
elementos básicos para su subsistencia, en especial por las condiciones de
vulnerabilidad e inestabilidad que se derivan del citado flagelo, se concibió
su extensión como un beneficio a favor de aquellas personas que, pese a la
entrega inicial de la prestación, no han logrado superar su situación social ni
equilibrarse económicamente.
El concepto de las prórrogas
varía dependiendo de la etapa de atención humanitaria en la que se encuentre el
beneficiario, como lo ha resaltado este Tribunal en los siguientes términos:
“Para la Corte existe una relación directa entre las prórrogas,
las diferentes etapas de la ayuda humanitaria y las presunciones
constitucionales que ha establecido la jurisprudencia para su entrega
automática. Así, la ayuda humanitaria urgente, se debe entregar, como su nombre
lo indica, de forma inmediata a la ocurrencia del hecho del desplazamiento
forzado. La ayuda humanitaria de emergencia es posterior pero se debe otorgar
de manera pronta y oportuna, aunque se encuentre sujeta al ingreso de las
víctimas al sistema de atención integral, a su enrutamiento, y la concesión de
su prórroga está condicionada a que se valore y se establezca la permanencia de
las condiciones de vulnerabilidad. Por su parte, la ayuda humanitaria de
transición, está dirigida a garantizar el tránsito de la población desplazada
de las medidas de atención, a las soluciones duraderas y a su estabilización
socio-económica, de manera que la aprobación de su prórroga se encuentra
supeditada a la valoración y evaluación de las condiciones y grados de
vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado. Finalmente, las
prórrogas automáticas de las ayudas humanitarias de emergencia o de transición,
respecto de las cuales operan las presunciones constitucionales de
vulnerabilidad, como en el caso de mujeres cabeza de familia, personas en
estado de discapacidad, menores de edad, adultos mayores, se orientan a
garantizar una especial protección derivada del enfoque diferencial, así como
la no suspensión de la asistencia humanitaria a sujetos de protección
constitucional reforzada, sin que exista necesidad de adelantar nuevas
aprobaciones, valoraciones o evaluaciones por parte de las entidades
responsables, hasta tanto se garantice la superación de las condiciones
especiales de vulnerabilidad, la autosostenibilidad y el tránsito hacia
soluciones duraderas.”[58]
Bajo esta perspectiva, de
acuerdo con el desarrollo que al respecto ha realizado la Corte, se tiene que las
prórrogas son de orden general o automáticas.
(i) La prórroga general, es aquella que debe ser solicitada por cualquier persona
desplazada, la cual se encuentra sujeta a una valoración realizada previamente
por la entidad competente sobre las circunstancias de vulnerabilidad del
posible beneficiario, con el propósito de determinar si es o no procedente su
otorga-miento.
(ii) Las prórrogas automáticas, operan en casos en los cuales por circunstancias de debilidad
manifiesta, como por ejemplo que se encuentren en riesgo derechos de una
persona en condición de discapacidad, debe otorgarse nuevamente la atención de
forma inmediata[59]. De acuerdo con sus condiciones, este
Tribunal ha precisado que la misma debe entregarse de “manera integral,
completa e ininterrumpida, sin necesidad de programar o realizar visitas de
verificación y asumiendo que se trata de personas en situación de
vulnerabilidad extrema que justifica el otorgamiento de la prórroga, hasta el
momento en que las autoridades comprueben que cada [persona] individualmente
considerada ha logrado condiciones de  autosuficiencia integral y en
condiciones de dignidad, momento en el cual podrá procederse, mediante decisión
motivada, a la suspen-sión de la prórroga”[60].
Lo anterior no es óbice para
señalar que un criterio válido a tener en cuenta por la autoridad es el límite
temporal de las ayudas previsto en la ley, el cual si bien debe ser examinado
de forma flexible, responde a la lógica de que el paso del tiempo se
vincula con la satisfacción de los elementos básicos de subsistencia y de vida
digna por parte del Estado, y a que el desplazado ha podido vincularse
eventualmente a la sociedad a través del desarrollo de procesos productivos o
actividades laborales para lograr su sustento. Por ello, no es contrario al régimen
constitucional que, por ejemplo, en la ayuda humanitaria de transición se
estime que luego de diez años del hecho generador del desplazamiento, la
situación en la que se encuentra el solicitante ya no está directamente
relacionada con el citado flagelo, pues en el caso de las prórrogas
generales, el interesado puede preservar la ayuda en una situación de
urgencia y vulnerabilidad manifiesta que amerite su continuidad (v.gr. por la
composición del hogar), aspecto que deberá ser acreditado de acuerdo con lo
previsto en la ley; o que en el evento de las prórrogas automáticas dicha
ayuda se conceda de forma instantánea, en el entendiendo de que la autoridad tiene
la carga de justificar que pese al contexto de debilidad manifiesta, ya se
logró por el reclamante y su núcleo familiar una situación de estabilización socioeconómica,
derivada del acatamiento de los compromisos del Estado y del esfuerzo de
inclusión de la propia población víctima de la violencia.
4.4.4. El otorgamiento
efectivo de cualquiera de las ayudas humanitarias también dependerá de un
criterio cronológico, es decir, se regirá por el orden de las fechas de cada
una de las solicitudes ante la entidad encargada. Para ello, se asignan unos
turnos de entrega. En concreto, la Corte ha resaltado que, “si bien el
establecimiento de los turnos para la entrega de la ayuda humanitaria tiene un
fundamento constitucional y legal, como mecanismo operativo para garantizar su
eficiencia, eficacia y racionalización, así como el derecho a la igualdad de
todos los desplazados, también ha expresado que [su] fijación (…) en tiempos
desproporcionados, no solo desnaturaliza la ayuda humanitaria que debe ser
inmediata, oportuna y efectiva, sino que adicionalmente desvirtúa y afecta el
derecho a la igualdad. Lo anterior, [por cuanto este último derecho exige que
la] ayuda sea brindada de manera universal a toda la población desplazada, y
que se respete el carácter [que la identifica], es decir, su inmediatez,
urgencia, oportunidad y efectividad, de manera que la población desplazada debe
conocer la fecha cierta y real, dentro de un término razonable, en la cual se
realizará efectivamente el pago de la ayuda”[61].
Por lo demás, la Corte ha sido
reiterativa en que “la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo
que permita al accionante eludir el orden de la entrega de la asistencia
humanitaria”[62]; pues, de ser así, se
vulneraría el derecho a la igualdad de otras personas en similares
circunstancias que esperan, de acuerdo con el turno, su reconocimiento. A pesar
de lo anterior, se ha planteado que, excepcionalmente, el juez constitucional
podrá ordenar la priorización de la entrega de la ayuda humanitaria en casos
puntuales, siempre que se evidencie una grave y extrema situación de
transgresión de derechos.
A modo de ejemplo, en la Sentencia
T-033 de 2012[63], se examinó la situación de una
persona de 82 años, desplazada y que padecía trombosis, quien solicitó una
prórroga y fue sometida a la espera de un turno. En este caso, la Corte expuso
que:
“A pesar de que en principio no se pueden irrespetar los turnos
establecidos para la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, con base en
el principio de igualdad material y en el enfoque diferencial aplicado por la
jurisprudencia constitucional, esta Sala encontró ciertas excepciones en las
cuáles se pueden alterar los turnos. Dichas excepciones se pueden realizar
cuando la persona se encuentra ante una situación de urgencia manifiesta debido
a (i) sus actuales circunstancias de vulnerabilidad y (ii) al tiempo
desproporcionado de espera al que ha sido sometida, toda vez que la ayuda
siempre debería entregarse en un término razonable al ser un derecho
fundamental de la población desplazada. Las condiciones especiales de
vulnerabilidad a las que la jurisprudencia ha hecho referencia se presentan,
por ejemplo, en el caso en el que la persona en razón a sus condiciones -como
una enfermedad grave o su avanzada edad, no puede generar ingresos que
garanticen su mínimo vital, y por ende su auto sostenimiento-, y requiere una
asistencia económica inmediata.”
En definitiva, para determinar
la viabilidad en la priorización de un turno, será necesario analizar cada caso
en particular, a fin de establecer si se presentan circunstancias de extrema
vulnerabilidad en las que resulte imperativo la entrega inmediata de la citada prestación.
4.4.5. Al margen de lo
anterior, es relevante advertir específicamente respecto de la Atención
Humanitaria de Transición, que en la Resolución No. 1956 de 2012 de la UARIV, se
reglamentó el procedimiento para la solicitud y el trámite prioritario de su
entrega para los desplazados que se encuentran en extrema vulnerabilidad. En el
citado marco normativo, se estableció que los grupos poblacionales sujetos a
priorización son: (i) niños, niñas y adolescentes, que no cuenten con una
persona mayor de edad que realice el debido acompañamiento; (ii) grupos
familiares conformados solo por adultos mayores de 60 años o por personas
mayores de 60 años y menores de edad; (iii) hogares con una o más personas en
condición de discapacidad permanente, física, cognitiva o sensorial y que no
haya más de una con edad productiva; (iv) grupos familiares con uno o más
integrantes que padezcan alguna enfermedad terminal o crónica y que no haya más
de una persona con edad productiva y (v) en los casos donde el jefe de hogar o
quien aporte los ingresos que permitan la satisfacción de las necesidades
básicas de la familia presente incapacidad médica superior a 30 días y no haya,
en ese grupo, alguien más que pueda asumir el sustento.
4.4.6. Por otro lado, de
conformidad con el artículo 81 del Decreto 4800 de 2011, la UARIV tiene la
obligación de caracterizar de manera integral a las víctimas para determinar la
situación de debilidad manifiesta que enfrenta su núcleo familiar y la
existencia de circunstancias específicas que envuelvan la necesidad de
priorizar la entrega de la ayuda o de su prórroga[64].
La integralidad de esta valoración implica que, a través de la información que
proporciona la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las
Víctimas, se determine el índice del goce efectivo de derechos básicos y el restablecimiento
económico y social, con el objeto de establecer si han cesado o no las
condiciones de vulnerabilidad de la familia.
4.4.7. En suma, la ayuda
humanitaria es una asistencia para garantizar la subsistencia de la población víctima
del conflicto armado interno, cuya entrega dependerá de la etapa en la que se
encuentre el beneficiario, según las circunstancias de cada familia desplazada
y el tiempo transcurrido desde su desplazamiento. En esta medida, podrá ser
inmediata, de emergencia o de transición. Igualmente, por regla general, su
asignación se determina a partir de un orden cronológico, el cual solo puede
ser alterado en casos específicos que resulten excepcionalmente graves.
Bajo este entendido, UARIV
tiene la obligación de mantener sus bases de datos actualizadas, en las que se
refleje información real e integral acerca de la situación de vulnerabilidad de
las familias registradas como víctimas del desplazamiento forzado. Sumado a lo
anterior, le asiste el deber constitucional de mantener dicha asistencia “hasta
tanto las condiciones que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales de la víctima del desplazamiento forzado desaparezcan, se haya
superado la situación de urgencia extraordinaria y la situación de
vulnerabilidad, y se haya hecho el tránsito y consolidado la estabilización
socioeconómica de la población desplazada, de tal manera que se encuentre
garantizado el autosostenimiento de esta población.”[65]
4.5. De los subsidios de
vivienda a favor de la población desplazada
4.5.1. El derecho a la
vivienda digna se encuentra contemplado en el artículo 51 de la Constitución
Política, el cual señala que: “[t]odos los colombianos tienen derecho a
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda”. Del referido citado se deriva la importancia de
garantizar un lugar de habitación o residencia que responda a las necesidades
particulares del individuo y su núcleo familiar, y que contribuya a la
realización del proyecto de vida de cada ciudadano.
De acuerdo con este panorama,
en la Sentencia T-585 de 2006[66], la Corte desarrolló el concepto de
vivienda digna, con base en la Observación General No. 4 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Al respecto, manifestó que:
“En primer lugar, debe presentar condiciones adecuadas, las cuales
dependen de la satisfacción de los siguientes factores, entre otros: (i) habitabilidad,
es decir, que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad
y espacio necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin
peligro para su integridad física y su salud; (ii) facilidad de acceso a los
servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la
nutrición de sus ocupantes; (iii) ubicación que permita el fácil acceso a
opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales, y
en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes, [y] (iv) adecuación
cultural (…). En segundo lugar, debe rodearse de garantías de seguridad en la
tenencia, condición que comprende, entre otros aspectos: (i) asequibilidad, que
consiste en la existencia de una oferta suficiente de vivienda y de
posibilidades de acceso a los recursos requeridos para satisfacer alguna modalidad
de tenencia, entre otros. (…) (ii) gastos soportables, que significa que los
gastos de tenencia –en cualquier modalidad– deben ser de un nivel tal que no
comprometan la satisfacción de otros bienes necesarios para la garantía de una
vida digna de los habitantes de la vivienda. Para satisfacer este componente,
el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no puedan sufragar el
costo de la tenencia y sistemas de financiación que permitan a las familias
acceder a la vivienda sin comprometer su vida en condiciones dignas, proteger a
los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los cánones de
arrendamiento y facilitar el acceso a materiales de construcción; (iii) seguridad
jurídica en la tenencia, que implica que las distintas formas de tenencia estén
protegidas jurídicamente, principalmente contra el desahucio, el hostigamiento,
o cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal”.
4.5.2. Por lo general, las
personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado se han visto obligadas
a abandonar su hogar para preservar su vida, su integridad física, su seguridad
y tranquilidad. Por esta razón, quedan sometidas a tener que reconstruir su
entorno y rehacer su proyecto de vida, debiendo adaptarse a la nueva dinámica
del territorio al cual se vieron forzados a trasladarse. De esta manera, el
derecho a la vivienda digna de los desplazados cobra especial trascendencia, toda
vez que lograr asegurarles un lugar de habitación y alojamiento donde puedan
iniciar un nuevo proyecto de vida, se identifica como el punto de partida para que
puedan alcanzar la estabilización de su situación socioeconómica, tal como
pretenden las políticas públicas establecidas a su favor.
Desde esa óptica, este Tribunal
ha expresado que “[l]as personas en condiciones de desplazamiento tienen que
abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a
condiciones inapropiadas de alojamiento en los [sitios] hacia donde se
desplazan, cuando pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie. De
allí que las autoridades, en cumplimiento de sus deberes constitucionales,
deban proveer a las víctimas del desplazamiento apoyo para la consecución de
vivienda[,] obligación que se satisface con programas de subsidio como el que
adelantan el Ministerio demandado y FONVIVIENDA”[67].
Así las cosas, la obligación estatal de facilitar el acceso a una vivienda
digna a la población desplazada necesariamente contiene el deber de evitar una
posible revictimización, con el objeto de impedir una transgresión masiva de
sus derechos fundamentales.
4.5.3. Dada la referida obligación constitucional de asegurar una
vivienda digna a las personas en condiciones de debilidad manifiesta o extrema
urgencia, se expidió en el año 2012 la Ley 1537 “Por la cual se dictan
normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la
vivienda y se dictan otras disposiciones”.
En el artículo 12, se consagra un subsidio de vivienda en
especie a favor de la población vulnerable, en el cual “las viviendas
resultantes de los proyectos que se financien con los recursos destinados a
otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así́
como los predios destinados y/o aportados a este fin por las entidades
territoriales incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar
a título de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los
requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional a
través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.”
Como se observa, la prestación aludida deberá ser entregada de
manera preferente a las personas que se encuentren en alguna de las siguientes
condiciones: “a) que esté vinculada a programas sociales del Estado que
tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentre dentro
del rango de pobreza extrema; b) que esté en situación de desplazamiento; c)
que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias;
y/o d) que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro
de la población en estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres
cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y adultos mayores.”[68]
El citado artículo fue
reglamentado por el Decreto 1921 de 2012[69], en donde se determina el
procedimiento específico para acceder al subsidio en comento. Así, en primer
lugar, se deben identificar a los potenciales beneficiarios de la prestación, a
partir de los hogares registrados en los siguientes listados o bases de datos:
(i) Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos o la que haga sus veces;
(ii) Sistema de Identificación para Potenciales Beneficiarios de los Programas Sociales
- SISBÉN III o el que haga sus veces; y/o (iii) Registro Único de Población
Desplazada - RUPD o el que haga sus veces.
Con posterioridad, según las
normas en cita, se procede a realizar la selección de los potenciales
beneficiarios. Para ello, se deberán recoger los porcentajes de composición
poblacional del proyecto atendiendo a los siguientes criterios de priorización
que se precisan en el decreto en cuestión. Así las cosas, el artículo 7, señala
que para cada grupo de población se deberán seguir los siguientes órdenes
generales: (i) en el primer orden, se encuentran los hogares oficialmente
vinculados a los programas de superación de la pobreza extrema liderados por el
Gobierno Nacional –Red Unidos– y, en el caso de que el número de viviendas para
un grupo de población sea superior al de los potenciales beneficiarios de dicha
Red, (ii) en el segundo orden, se ubicarán los hogares incluidos en la base de
datos del SISBEN III.
En desarrollo de lo expuesto,
para conformar el grupo de población de potenciales beneficiarios en el caso de
los desplazados, el Departamento para la Prosperidad Social (en adelante DPS)
aplicará los criterios de priorización descritos en el párrafo anterior,
teniendo como punto de partida los siguientes supuestos[70]:
“Primer orden de priorización:
Hogares que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano
asignado por el Fondo Nacional de Vivienda que se encuentre sin aplicar.
Segundo orden de priorización:
Hogares que se encuentren en estado “Calificado” en el sistema de información
del subsidio familiar de vivienda administrado por Fondo Nacional de Vivienda y
que se hayan postulado en la convocatoria para población en situación de
desplazamiento realizada en el año 2007.
Tercer orden de priorización: Hogares
incorporados como desplazados en la base de datos del RUPD, que no hayan
participado en ninguna convocatoria del Fondo Nacional de Vivienda dirigida a
población desplazada.
Cuarto orden de Priorización:
Si agotado el tercer orden de priorización, el número de viviendas a transferir
excede el número de hogares a ser beneficiarios, el DPS utilizará la base del
Sisbén III, para completar el número de hogares desplazados faltantes.”
A partir de los anteriores
supuestos, el DPS conformará el listado de potenciales beneficiarios a través
de un acto administrativo[71], el cual se debe enviar a FONVIVIENDA.
Este último dará apertura a la convocatoria para que los hogares incluidos en
la lista se postulen al proceso, hasta completar el número de hogares
beneficiarios de acuerdo con las viviendas a ser transferidas[72].
Posteriormente, una vez
cerrada la convocatoria de postulación, el DPS selecciona a los beneficiarios
de acuerdo con los criterios de priorización y ateniendo las reglas que sobre
el proceso de selección consagran los artículos 15 y 16 del Decreto 1921 de
2012. Para estos efectos, expide un acto administrativo que deberá comunicar a FONVIVIENDA
para que proceda asignar los subsidios[73].
4.5.4. Por otro lado, las
entidades territoriales del nivel municipal también cuentan con programas de
apoyo del derecho a la vivienda digna. En este sentido, el Decreto Municipal
2339 de 2013 de la Alcaldía de Medellín[74] , señala que el subsidio municipal
de vivienda “es un aporte municipal en dinero o en especie (…) con cargo
al gasto público social no restituible, salvo disposiciones legales y
reglamentarias, adjudicado por una sola vez a grupos familiares bajo un mismo
hogar en condiciones de vulnerabilidad social y económica, para contribuir con
la obtención o mejoramiento de una solución habitacional (…)”.
Dentro de los requisitos para
la postulación al subsidio en cita, se resaltan los siguientes contenidos en el
artículo 15 del Decreto 2339 de 2013, a saber:
“a) Conformación de un grupo familiar de
acuerdo con lo establecido en el presente decreto, en cuyo caso el jefe deberá
ser mayor de edad.
b) El grupo familiar deberá acreditar ingresos familiares iguales
o inferiores a dos SMLMV.
c) El jefe de hogar deberá acreditar residencia en el municipio de
Medellín por un período no inferior a seis años. (…)
d) Disponer de un aport3 mínimo para la solución habitacional
conforme a lo establecido en el presente decreto, salvo que por disposición
legal se encuentren exentos.
e) Los demás establecidos para cada una de las modalidades y
poblaciones señaladas en el presente decreto.”
En particular, es posible que
la modalidad del subsidio varíe dependiendo de la población beneficiada, como
sucede en el caso de los desplazados. Bajo este panorama, se encuentra que los
anteriores supuestos de ingreso al programa social se flexibilizan, en virtud a
que en estos casos no será necesario demostrar tiempos mínimos de residencia en
el municipio[75]. Asimismo, en cuanto a los posibles
beneficiarios se requiere: (i) que tengan la calidad de desplazados internos o
intraurbanos; (ii) que acrediten su condición de desplazado con la inscripción
en las bases de datos y (iii) que “reali[cen] un aporte comple-mentario, en
aquellos eventos en que la sumatoria de subsidios de vivienda otorgado por las
entidades competentes entre sí o junto con otros recursos complementarios
aportados por cualquier persona natural o jurídica, no sea suficiente para
lograr el cierre financiero de la vivienda. En cualquier caso, los gastos de
escrituración correrán por cuenta del beneficiario.”[76]
Finalmente, el decreto en cita
consagra una posibilidad para que anualmente las víctimas del desplazamiento
forzado puedan conformar un listado especial de postulantes inscritos al
subsidio, a partir del cual se citará a los posibles beneficiarios y se
verificará el cumplimiento de las condiciones para acceder al mismo. En la
reglamentación dispuesta para la población desplazada, se dispone que se podrán
acceder a las modalidades de vivienda nueva o usada.
4.6. De la protección
constitucional a favor de las personas de la tercera edad
4.6.1. Los adultos mayores son
sujetos de especial protección constitucional de conformidad con el artículo 46
de la Carta Política, pues se trata de personas a quienes se les han disminuido
sus capacidades físicas, se les ha reducido la expectativa de vida y son
propensos a sufrir afectaciones graves en su salud[77].
Al respecto, “[l]a Corte ha reconocido que algunas personas, en particular,
quienes pertenecen a la tercera edad, gozan de lo que se ha denominado un
derecho de trato o protección especial. El mencionado derecho apareja, entre
otras cosas, la facultad de las personas beneficiadas de solicitar la
procedencia inmediata de la acción de tutela cuando, pese a la existencia de
otros mecanismos de defensa judicial, queda demostrada una lesión a sus
derechos fundamentales que compromete las condiciones de posibilidad de una
vida digna”[78]
En particular, respecto de la
procedencia de la acción de amparo, cuando se trata de adultos mayores como
víctimas de la afectación de un derecho fundamental, esta Corporación ha señalado
que:
“[En] el evento de que las personas solicitantes de la protección
superior por la vía de la jurisdicción constitucional sean de la tercera edad y
argumenten como sustento de la misma la afectación de su mínimo vital,
entendido como un derecho a un mínimo de condiciones que garanticen su
seguridad material derivado del principio constitucional de la dignidad humana
y como instrumento de nivelación social (Sentencia T-426/92), en aras de la
promoción de condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, en especial,
en favor de esas personas que por su edad y condición económica se encuentran
en circunstancias de debilidad manifiesta, la acción de tutela procederá como
excepción, aun existiendo el medio judicial ordinario.”[79]
4.6.2. En este contexto,
resultan de especial importancia los principios de solidaridad y de dignidad
humana consagrados en el artículo 1º del Texto Superior. Dichos principios han
sido entendidos por esta Corporación de la siguiente manera: “el deber de solidaridad del Estado ha [sido reconocido] como [una]
derivación de su carácter social y de la adopción de la dignidad humana como
principio fundante del mismo. En virtud de tal deber, al Estado le corresponde
garantizar unas condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, y para
ello debe prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en
circunstancias de inferioridad, bien de manera indirecta, a través de la inversión
en el gasto social, o bien de manera directa, adoptando medidas en favor de
aquellas personas que por razones económicas, físicas o mentales, se encuentren
en circunstancias de debilidad manifiesta.”[80]
En concreto, respecto de los
adultos mayores, existe una carga específica en cabeza del Estado, la sociedad
y la familia para que colaboren en la protección  de sus derechos, ya que éstos
se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor en comparación con otras
personas. Aunado a lo anterior, dicho estado de debilidad manifiesta se
agrava cuando, además, se examinan casos de personas que han sido víctimas del
desplazamiento forzado y se encuentran en situación de pobreza extrema, pues
las circunstancias descritas implican, necesariamente, un nivel mayor de responsabilidad
y compromiso en la garantía de sus derechos para responder ante las exigencias
de protección que amerita el caso[81].
4.6.3. En concordancia con lo
anterior, el Estado ha implementado políticas públicas encaminadas a brindar
subsidios que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas de la tercera edad. En ellas se incluyen prestaciones que se otorgan a
nivel nacional, departamental y municipal.
Aun cuando la sociedad y la
familia tienen un papel activo en la protección y cuidado de los adultos
mayores, como población especialmente protegida, dichas prestaciones a cargo
del Estado tienen un carácter asistencial parcial, las cuales deberán ser suministradas
a las personas que, dentro del margen de dicha población, se encuentren en mayor
riesgo o en situaciones más apremiantes.
Sin tratar de ser exhaustivos
en la descripción de las políticas públicas a favor de las personas de la
tercera edad, los programas de atención a los ancianos que actualmente
funcionan en Colombia se originan en los artículos 257 y 258 de la Ley 100 de
1993. En virtud de ellos, se creó el programa de auxilios para adultos mayores
en condiciones de indigencia, con el objeto de apoyar económicamente a estas
personas hasta por el 50% del salario mínimo legal mensual vigente, siempre que
cumplieran con las exigencias establecidas en la ley[82].
Adicionalmente, se debe
recordar que a nivel del municipio de Medellín se manejan dos grandes proyectos
de apoyo a las personas mayores, tal como se expuso en la respuesta otorgada
por la Secretaría de Inclusión Social de Medellín a esta Corporación, cuyo
alcance fue resumido en el numeral 2.6.1.4 de esta
providencia. Específicamente se trata de: (i) los
proyectos de asistencia que “comprende[n] la Red de Asistencia
Social, Colonia Belencito y Dormitorio Social; es decir, oferta de servicios de
institucionalización, previo cumplimiento de los requisitos implementados para [dicho]
objeto” y (ii) los programas de protección, en los cuales se ubica,
entre otros beneficios, el apoyo económico que no es vitalicio y que responde
al propósito de permitirles a las personas mayores satisfacer algunas de sus
necesidades, toda vez que consiste en una entrega bimestral de $ 151.000 pesos.
4.7. De la protección
del derecho a la salud y las reglas jurisprudenciales que determinan la
obligatoriedad de suministrar los servicios no POS. Reiteración de
jurisprudencia
4.7.1.
La Constitución Política en el artículo 49, establece el carácter dual de
derecho y servicio público de la salud, garantizando a todas las personas el
acceso a su promoción, prevención y recuperación; y atribuyendo al
Estado la obligación de organizar, dirigir y reglamentar la prestación
de dicho servicio.
Ante
tal dualidad, la salud adquiere características distintas frente a los dos
escenarios en los cuales se desarrolla, así, al tratarse de un derecho, el
mismo deberá prestarse de manera oportuna[83],
eficiente y con calidad, de conformidad con los principios de continuidad e
integralidad[84]; y en lo que respecta a su rol de
servicio público, éste deberá regirse por los tres principios establecidos por
la Constitución, a saber: eficiencia, universalidad y solidaridad
En criterio de esta
Corporación, es claro que el derecho a la salud –visto como una garantía
subjetiva derivada de las normas que determinan su contenido y alcance– se
convierte en un derecho fundamental susceptible de ser protegido en sede de
tutela, en los casos en que llegue a verse amenazado o vulnerado.
4.7.2. Ahora bien, en vista de que los recursos
económicos para la prestación del servicio de salud son limitados y deben ser
asignados cuidadosamente, y con miras a salvaguardar los principios de
universalidad y sostenibilidad fiscal del sistema, existen en el ordenamiento
jurídico unos planes de cobertura impuestos de forma obligatoria por la ley. La
inclusión en estos planes se basa en el perfil epidemiológico de la población
colombiana y comprende aquellos medicamentos y tratamientos que son requeridos
con mayor intensidad y frecuencia por parte de los asociados. De esta manera,
la garantía en la cobertura de los servicios de salud, está en principio sujeta
al suministro de los servicios y medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio
de Salud (POS)[85].
En todo caso, la Corte también ha indicado que la protección a la
salud no se circunscribe simplemente a lo que expresamente disponga el POS,
sino que también incluye los casos en que otro servicio o medicamento es
necesario para el paciente, esto es, cuando el médico tratante lo ordena, bajo
el entendido de que el procedimiento es indispensable para conservar la vida
digna, la salud o la integridad personal[86]. Precisamente, en la Sentencia T-760 de 2008[87],
se dijo que: “toda persona tiene el derecho constitucional a acceder a los
servicios de salud que requiera con necesidad, es decir, que hayan sido
ordenados por el médico tratante que ha valorado científicamente la necesidad
del mismo”, siempre que la persona no tenga la capacidad económica para su
asumir su costo.
4.7.3.  A partir del reconocimiento de la existencia de planes de
cobertura y de la exigibilidad del derecho a la salud
conforme con el criterio de necesidad, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que su protección procede por vía de tutela[88],
entre otras, en las siguientes circunstancias, (i) cuando hay una falta de
reconocimiento de prestaciones incluidas en los planes obligatorios de salud y
la negativa no tiene un fundamento estrictamente médico[89];
(ii) cuando existe una dilación o se presentan barreras injustificadas en la
entrega de los medicamentos a los que tiene derecho el accionante[90]; (iii) excepcionalmente, en los casos
en los cuales se solicita el reconocimiento de un tratamiento integral para una
patología[91]; y (iv) cuando no se reconocen
prestaciones excluidas de los planes de cobertura que son urgentes y la persona
no puede acceder a ellas por incapacidad económica[92].
En varias oportunidades, esta
Corporación ha manifestado que, por regla general, cuando una prestación se
encuentra excluida del plan de coberturas, el usuario deberá adquirirla con
cargo a su propio peculio, pues de esta manera se asegura el equilibrio
financiero del sistema, en vista de que los recursos económicos para la
prestación del servicio de salud son limitados y deben ser asignados
cuidadosamente[93]. Sin embargo, la jurisprudencia de
este Tribunal también ha inaplicado dicha regulación y ha ordenado la entrega
de medicamentos o la realización de procedimientos por fuera del POS, cuando su
falta de reconocimiento por parte de una entidad promotora de salud tiene la
entidad suficiente de comprometer la eficacia y la intangibilidad de los
derechos fundamentales de los usuarios del sistema, en respuesta básicamente al
citado criterio de necesidad, siempre que, como ya se dijo, la persona no tenga
la capacidad económica para su asumir su costo.
Para determinar aquellas
situaciones específicas en las que la entidad promotora de salud deberá otorgar
la prestación requerida, aun cuando se encuentre excluida del POS, esta
Corporación ha establecido los siguientes requisitos:
“(i) [Que] la falta del servicio médico
vulnere o amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo
requiere;
(ii) [Que] el servicio no pueda ser sustituido por otro que se
encuentre incluido en el plan obligatorio;
(iii) [Que] el interesado no pueda costearlo directamente, (…) y
[que] no pueda acceder a [dicho] servicio por otro plan distinto que lo
beneficie; y
(iv) [Que] el servicio médico haya sido ordenado por un médico
adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio”[94].
Por consiguiente, con sujeción
al criterio de necesidad, siempre que se verifique el cumplimiento de los
anteriores requisitos, el juez de tutela puede ordenar a una entidad promotora
de salud la entrega del medicamento o la prestación del servicio excluido del
POS, con el fin de brindar la protección inmediata de los derechos
fundamentales de los usuarios, sin perjuicio de que su financiamiento no
recaiga directamente sobre ella, como ocurre, por ejemplo, en el régimen
contributivo, en donde dicha obligación está a cargo del FOSYGA[95].
4.8. Casos concretos
4.8.1 Expediente T-4.349.639
4.8.1.1. La señora Claudia Patricia
Buitrago es desplazada por la violencia del municipio de Carepa (Antioquia)
desde hace más de 10 años. Su núcleo familiar está compuesto por siete
personas, de las cuales cuatro son menores de edad que tienen 7 meses, 13, 14 y
17 años. Su hijo de 13 años se encuentra en condición de discapacidad, pues ha
sido diagnosticado con retardo mental moderado. Actualmente,
la accionante no tiene un trabajo estable y reside en una casa en arriendo.
De conformidad con la
respuesta allegada a este Despacho por la UARIV, se le han concedido a la
accionante beneficios económicos a título de ayuda humanitaria de emergencia
por un valor de $ 1.470.000 pesos en las
siguientes ocasiones: (i) el 5 de diciembre de 2012,
(ii) el 17 de mayo de 2013, (iii) el 24 de octubre de 2013 y (iv) el 27 de
junio de 2014.
Esta última tuvo lugar en el
marco de la solicitud de la prórroga presentada por la tutelante el 29 de enero
de 2014, cuya respuesta inicial fue la que motivó la solicitud de amparo
constitucional. En efecto, en escrito de contestación del 25 de febrero del año
en cita, la UARIV le otorgó un turno a la accionante para la reclamación de la
prórroga de la ayuda humanitaria, cuya actuación se consideró contraria a sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad y al mínimo vital, pues
no se le brindó la priorización que demanda su situación de vulnerabilidad, ya
que es una madre cabeza de familia que debe velar por el bienestar de un niño
con discapacidad. En este contexto, se interpuso la presente acción
constitucional, con el fin de que se ordenara a la UARIV que priorizara la
entrega de la ayuda, a partir del reconocimiento de las condiciones de urgencia
de la peticionaria y su familia.
4.8.1.2. Visto el marco
anterior, es relevante mencionar que la jurisprudencia de esta Corporación, en
reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto
sobreviene cuando frente a la petición de amparo, la orden del juez de tutela
no tendría efecto alguno o “caería en el vacío”[96].
Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se
presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho
superado.
El hecho superado tiene
ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y
desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por
el demandante, de suerte que la decisión que pudiese
adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y,
por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo
constitucional[97]. En este supuesto, no es perentorio incluir
en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales cuya
protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir
observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia
de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De
otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia
judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento
del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[98].
Precisamente, en la Sentencia
T-045 de 2008[99], se establecieron los siguientes
criterios para determinar si en el sub judice se está o no en presencia
de un hecho superado, a saber:
“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un
hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un
derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio
origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el
suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface
ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”
4.8.1.3. En el asunto bajo
examen, esta Sala de Revisión pudo constatar que con posterioridad al fallo del
Juzgado 5 de Familia de Medellín, cesó la conducta que dio origen al presente
amparo constitucional. En efecto, como se infiere de la comunicación de la
UARIV recibida el 22 de agosto de 2014, el pago pronto y oportuno de la
prórroga a la ayuda humanitaria de emergencia, que suscitó la tutela, fue
realizado el 27 de junio de 2014.
En este sentido, al
desaparecer las causas que motivaron la interposición de la presente acción, en
criterio de este Tribunal, carece de objeto examinar si los derechos invocados
por la accionante fueron vulnerados. No obstante, en la medida en que ella
ejerce el rol de madre cabeza de familia y en su núcleo familiar se encuentran
sujetos de especial protección constitucional, como lo es su hijo de 13 años
que padece retardo mental moderado, es preciso hacer referencia a algunos
puntos relevantes de su situación y disponer, a manera de prevención, las
órdenes de protección que correspondan[100].
4.8.1.4. Bajo esta lógica, como
previamente se expuso, la ayuda humanitaria puede ser prorrogada siempre que la
víctima demuestre que no ha superado la situación de gravedad y urgencia en la
que se encuentra. En particular, respecto de la ayuda humanitaria de emergencia,
como lo es la que suscita el presente amparo, esta Corporación ha manifestado
que “la concesión de su prórroga está condicionada a que se valore y se
establezca la permanencia de las condiciones de vulnerabilidad”[101].
De esta manera, atendiendo a
lo expuesto en el numeral 4.4.3 de esta providencia, en donde se explicaron las
hipótesis que dan lugar a la extensión de este beneficio, vale la pena recordar
que opera la prórroga automática, en aquellos casos en los cuales su
otorgamiento se relaciona con la protección de sujetos puestos en
circunstancias de debilidad manifiesta, como ocurre, por ejemplo, cuando de por
medio se encuentra la protección de los derechos de  las personas en condición
de discapacidad. Así las cosas, teniendo en cuenta las circunstancias concretas
del núcleo familiar de la señora Claudia Patricia Buitrago, la UARIV tiene la
obligación de prorrogar automáticamente la ayuda humanitaria y, posteriormente,
verificar si dichas condiciones de debilidad manifiesta o extrema urgencia aún
se mantienen. En este sentido, no resulta proporcional que se suspenda de forma
inmediata el pago de las ayudas humanitarias, cuando de ello depende la
garantía de los derechos de la población desplazada en condición de
discapacidad[102], pues lo anterior implica desconocer
el mandato que le exige al Estado adoptar medidas a favor de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos (CP art. 47), aunado al carácter fundamental
del derecho a recibir la atención humanitaria, como manifestación del derecho
al mínimo vital[103].
4.8.1.5. En síntesis, no cabe
duda de que respecto de la acción de amparo analizada en este apartado ha
operado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, pues
durante el transcurso de la acción de tutela desaparecieron los motivos que
dieron origen a esta solicitud, razón por cual esta Sala procederá a confirmar
el fallo del 18 de marzo de 2014 del Juzgado 5 de Familia de Medellín que
declaró carencia actual de objeto, pero por las consideraciones contenidas en
esta providencia.
Sin embargo, en concordancia
con lo expuesto anteriormente, la UARIV deberá prorrogar automáticamente la
atención humanitaria que actualmente se encuentra recibiendo la señora Claudia
Patricia Buitrago, sin requerir ninguna exigencia adicional, en razón a la
circunstancias de debilidad manifiesta que aquejan a su núcleo familiar, como
lo es la discapacidad de uno de sus hijos menores de edad, sin perjuicio de que
dicha entidad se encuentre habilitada para que, una vez se haya extendido dicha
prestación, verifique la estabilización socioeconómica del grupo familiar,
conforme se mencionó en esta providencia.
4.8.2 Expediente T-4.349.653
4.8.2.1. La señora Elpidia del
Socorro Marín Velásquez hace parte de un grupo familiar compuesto por varias
personas en condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Precisamente,
ella es una mujer de 57 años de edad, que presenta una condición de
discapacidad por movilidad reducida, a partir de una parálisis generada por
padecer la enfermedad denominada neuromielitis óptica. Actualmente se
encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud en la Alianza Medellín
Antioquia EPS. Su núcleo familiar está compuesto por sus padres de 78 y 79 años,
esto es, sujetos de la tercera edad. Asimismo, se trata de un grupo familiar
que fue víctima del desplazamiento forzado desde hace más de diez años.
Además de lo anterior, en su
hogar no cuentan con los recursos mínimos de subsistencia, en la medida en que
ninguno de sus integrantes tiene la posibilidad de trabajar. Por esta razón, no
tienen una vivienda digna en tanto deben vivir con el hermano de la actora, su
cuñada y sobrinas en condiciones de hacina-miento. Aunado a que dicho hogar no
responde en su infraestructura a las necesidades especiales de movilidad de la accionante,
la cual solo puede movilizarse en su silla de ruedas. En cuanto a este último
punto, sostiene que le fue ordenada una nueva silla y un cojín antiescaras con
una sola capa de poliuretano y superficie antideslizante, el cual le ha sido
negado por no estar incluido en el POS.
Teniendo en cuenta este
panorama, solicita el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a
la igualdad, a la salud y a una vivienda digna, con base en las siguientes
pretensiones: (i) que se ordene a la UARIV la entrega de la ayuda humanitaria
por su condición de desplazada; (ii) que el Ministerio de la Vivienda y
Territorio y el ISVIMED estudien la posibilidad de otorgar a su favor y de su
familia un subsidio de vivienda, el cual sea efectivamente asignado; (iii) que la
Alianza Medellín Antioquia EPS SAS autorice el otorgamiento de la silla de
ruedas y el cojín antiescaras ordenados por el médico tratante y (iv) que la
Secretaría de Inclusión Social de Medellín beneficie a los padres de la
accionante con los subsidios que administra el municipio a favor de los adultos
mayores.
Dada la diversidad de las
pretensiones de la accionante, se pasará a analizar cada una por separado.
4.8.2.2. En primer lugar, en
lo que respecta a la entrega de la ayuda humanitaria, no se acreditó en la
demanda por la señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez que haya solicitado su
otorgamiento a la UARIV. Con todo, en el escrito de contestación y en la
comunicación dirigida a este Tribunal por parte de dicha entidad[104],
se tiene que la accionante ha recibido dos pagos por ese título. El primero de
ellos tuvo lugar el 2 de noviembre de 2012 por un valor de                            $
975.000 pesos, mientras que el segundo ocurrió el pasado 16 de enero de 2014
por un monto de $ 330.000. Este último se produjo un poco más de dos meses
antes de que se presentara la acción de amparo constitucional, esto es, el 20
de marzo de 2014. Con posterioridad a dicha acción, es decir, el 2 de julio del
año en cita, la UARIV dispuso un nuevo giro por un total de $ 975.000 pesos a
favor de la actora, el cual fue reintegrado porque no se reclamó.
Cabe resaltar que la prórroga
automática de la ayuda humanitaria “no debe estar sometida
a valoraciones, sino que como su nombre lo indica, debe otorgarse automáticamente
al derivarse de una presunción de constitucionalidad, dada la mayor o extrema
vulnerabilidad de las víctimas, por su condición de género, edad o
discapacidad.”[105].
Teniendo en cuenta lo
anterior, el grupo familiar al que pertenece la señora Elpidia del Socorro
Marín Velásquez afronta circunstancias de vulnerabilidad muy graves, pues se
encuentra compuesto en su totalidad por personas en situación de debilidad
manifiesta, a quienes –por esa condición– les es imposible trabajar para
conseguir los recursos necesarios dirigidos a asegurar su congrua subsistencia.
En efecto, se trata de dos personas que se encuentran dentro de la categoría de
sujetos de la tercera edad (esto es, sus padres de 78 y 79 años) y la
accionante de 57, que presenta una condición de discapacidad por movilidad
reducida, la cual exige la ayuda de terceras personas para sobrevivir.
En consecuencia, son
beneficiarios de la prórroga automática de la ayuda económica a la que
tienen derecho por su condición de desplazados. Esta condición no se pierde por
el hecho de que no reclamaron oportunamente el dinero que la UARIV les concedió
el 2 de julio de 2014. Por el contrario, como se demostró con los elementos de
convicción recaudados en sede de revisión, se trata de una familia que por su
grado extremo de vulnerabilidad debe seguir siendo beneficiaria de esa ayuda,
la cual deberá ser puesta nuevamente a su disposición a la menor brevedad
posible. Para el efecto, la accionada tiene la obligación de notificar a la
señora Miriam de Jesús Velásquez de Marín (madre de la accionante), para
que acuda a reclamar la prestación como jefe de hogar, de conformidad con la
normatividad que reglamenta dicha actuación.
4.8.2.3. A reglón seguido, esta
Sala de Revisión entrará a resolver la cuestión relativa a la protección del
derecho a la vivienda digna.
Al respecto, la señora Elpidia
del Socorro Marín Velásquez solicita ser incluida en algún programa de vivienda
que contribuya a la superación de las apremiantes circunstancias por las que
atraviesa, a partir de las dificultades que presenta actualmente su lugar de
residencia, en el sentido anteriormente descritos. De acuerdo con la definición
de vivienda digna adoptada por la Corte, con fundamento en la Observación
General Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[106],
se puede verificar que el lugar donde vive la accionante y sus padres no
presenta las condiciones adecuadas para la garantía de su derecho
constitucional. Lo anterior ocurre, por una parte, porque como consecuencia de los
escasos recursos económicos con los que cuentan, se han visto obligados a vivir
en una casa alquilada por su hermano, la cual no tiene el espacio suficiente
para albergar a todos los individuos que allí residen. Dicho hacinamiento (como
lo llama la demandante) puede generar problemas de higiene que terminarían por
repercutir en la salud de sus moradores. Y, por la otra, porque la edificación
no cuenta con la infraestructura necesaria para permitir la movilidad de una
persona en silla de ruedas, lo que ha conducido a que la señora Elpidia del
Socorro no tenga facilidad de acceso a la vivienda, ni de circulación dentro de
la misma.
Sin embargo, como ya se
explicó en la parte considerativa de esta providencia, los subsidios de
vivienda que otorga el Gobierno Nacional están reglamentados en la Ley 1537 de
2012 y en el Decreto 1921 de 2012 y su asignación responde a un procedimiento
en el cual intervienen el DPS, Fonvivienda y algunas Cajas de Compensación en
cada región de país. Dicho procedimiento se inicia cuando el primero conforma
una lista a partir de unas bases de datos específicas, las cuales permitirán
identificar los potenciales beneficiarios de la citada prestación. Estas bases
de información son: (i) la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos
o la que haga sus veces; (ii) el Sistema de Identificación para Potenciales Beneficiarios
de los Programas sociales                          - SISBÉN III o el que haga
sus veces y/o (iii) el Registro Único de Población Desplazada - RUPD o el que
haga sus veces (ahora el RUV).
A partir del escenario de la
referencia, se habilitada al DPS para que seleccione al grupo de posibles
beneficiarios, de conformidad con los órdenes de priorización explicados en el
numeral 4.5.3 de esta providencia, quienes podrán postularse ante Fonvivienda con
el fin de que se procedan a asignar los respectivos subsidios.
En el asunto bajo examen, si
bien de las pruebas que constan en el expediente, se tiene certeza de que la
accionante se encuentra registrada en el SISBEN y en el RUV, situación que la
hace parte de la población que podría resultar beneficiada con el apoyo estatal
de vivienda, se observa que aún no ha sido seleccionada como potencial
beneficiaria del mismo. Sin desconocer el escenario de vulnerabilidad en el que
ella y su familia se encuentran, esta Sala de Revisión es consciente de que en
dichas bases de datos reposa la información de una gran cantidad de personas
que, al igual que la peticionaria, requieren una respuesta inmediata del Estado
para tener acceso a una vivienda digna, como consecuencia de las circunstancias
que afrontan y que podrían llegar a ser aún más precarias que las aquí
estudiadas. Por consiguiente, esta Corporación no puede entrar a alterar el
procedimiento establecido en la ley para la asignación de las ayudas de orden económico
y social, pues el carácter prestacional de los derechos constitucionales como
el derecho a la vivienda digna, limita su garantía por vía de tutela.
Así las cosas, la señora Elpidia
del Socorro Marín Velásquez y su familia deben esperar a ser relacionados como
potenciales beneficiarios en la lista conformada por el DPS, para poder
postularse a la entrega del subsidio familiar de vivienda consagrado a favor de
la población vulnerable, y regulado por el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012. Esta
misma limitación se presenta en cuanto al subsidio municipal de vivienda
promovido por el Municipio de Medellín. No obstante, en este caso, la
accionante y su familia podrían postularse ante el ISVIMED, con las condiciones
específicas que se han reconocido para la población desplazada. Bajo este
panorama, dicha entidad deberá prestar toda la asesoría requerida a la señora
Elpidia del Socorro Marín Velásquez y sus padres, en lo relativo a los
supuestos normativos e información relevante para acceder a los programas de
vivienda del Estado. Para tal efecto, en la parte resolutiva de esta
providencia, se hará un exhorto a la citada autoridad.
4.8.2.4. En tercer lugar, esta
Corporación se referirá sobre la solicitud de la demandante, para que la EPS demandada
autorice una silla de ruedas y un cojín antiescaras con una sola capa de poliuretano y superficie antideslizante, que fueron
prescritos por el médico tratante, tal como consta en el expediente en donde se
encuentran las órdenes médicas del galeno fisiatra[107].
Al respecto, como se indicó en el acápite de antecedentes, dichos insumos
fueron negados por el Comité Técnico Científico, al considerar que por tratarse
de prestaciones excluidas del POS, no eran servicios médicos que tuvieran la
obligación de proveer[108].
Tal como fue explicado en el
numeral 4.7 de esta providencia, el derecho a la salud ha sido catalogado como
fundamental, sin olvidar el carácter prestacional del mismo, en virtud del cual
se han creado en la ley unos planes de cobertura, en aras de salvaguardar –entre
otros– el principio de sostenibilidad fiscal. Por regla general, las EPS solo
tienen la obligación de amparar los servicios y prestaciones allí incluidas. No
obstante, ante la exigibilidad de la prestación del servicio de salud de
acuerdo con el criterio de necesidad, se ha dispuesto que el amparo constitucional
es procedente para solicitar el suministro de insumos NO POS[109],
entre otras circunstancias, (i) cuando hay una falta de reconocimiento de
prestaciones incluidas en los planes obligatorios de salud y la negativa no
tiene un fundamento estrictamente médico; (ii) cuando existe una dilación o se
presentan barreras injustificadas en la entrega de los medicamentos a los que
tiene derecho el accionante; (iii) excepcionalmente, en los casos en los cuales
se solicita el reconocimiento de un tratamiento integral para una patología[110]; y (iv) cuando no se reconocen
prestaciones excluidas de los planes de cobertura que son urgentes y la persona
no puede acceder a ellas por incapacidad económica.
En el asunto objeto de examen,
las explicaciones dadas por la EPS para negar el suministro de los insumos
requeridos y ordenados por el médico tratante, se refieren a que se trata de productos
excluidos de los planes de cobertura. Sin embargo, se omite tener en cuenta que
se trata de una persona que afronta una situación de vulnerabilidad extrema y que
no cuenta con los recursos para adquirir la silla de ruedas y el cojín. En
suma, la Sala estima que la acción de amparo es procedente para solicitar la
protección del derecho a la salud.
En este orden de ideas, se
acreditan los requisitos que permiten ordenar el suministro de servicios no
POS, con fundamento en el principio de necesidad, como pasa a explicarse
(i) En la historia clínica de
la señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez, se observa que tiene problemas
de movilidad reducida y que es una paciente en situación de discapacidad con
diagnóstico de neuromielitis óptica y parálisis ligera de las extremidades
inferiores. Esta condición le genera diferentes limitaciones. Por este motivo, requiere
de diferentes dispositivos que le faciliten su movilidad como lo son la silla
de ruedas y el cojín antiescaras con una sola capa de poliuretano y superficie
antideslizante. Bajo este supuesto, la Sala considera que los insumos ordenados
son necesarios para garantizar la vida digna y la integridad personal de la
accionante.
(ii) En cuanto a los insumos ordenados
no se encuentran otros por los que puedan ser sustituidos y que se encuentren
incluidos en los planes de cobertura. Precisamente, sobre este punto, la EPS
demandada guardó silencio y el médico tratante fue preciso en su prescripción.
(iii) Tal como fue afirmado
con anterioridad, la accionante no cuenta con recursos económicos para asumir
el costo de los insumos ordenados. Precisa-mente se trata de una persona
incluida en el régimen subsidiado de salud, desplazada por la violencia, en
condición de discapacidad, cuyo grupo familiar está compuesto por adultos
mayores que no pueden proveer sustento para la familia. En esta medida, este
requisito se entiende satisfecho.
(iv) Finalmente, los servicios
médicos referidos fueron ordenados expresamente por el médico tratante adscrito
a la EPS, como consta en las copias de las órdenes médicas que se encuentran en
el expediente.
En síntesis, a partir de la
consideración de las circunstancias verificadas anteriormente en el caso de la
señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez, la EPS demandada, esto es, Alianza
Medellín Antioquia EPS SAS, se encuentra obligada a autorizar a la accionante, el
suministro de la silla de ruedas y el cojín antiescaras con una sola capa de
poliuretano y superficie antideslizante.
4.8.2.5. Por último, en lo
relativo a la solicitud de incluir al señor Juan
Ramón Marín Restrepo y a la señora Miriam de Jesús Velásquez de Marín (padres
de la accionante), en los programas de ayudas a favor de los adultos mayores
que tiene el Estado, es preciso verificar con anterioridad la procedencia de la
acción de tutela, en concreto respecto de la legitimación por activa.
En esta ocasión, la señora
Elpidia del Socorro Marín Velásquez interpuso una acción de tutela en su nombre
para lograr la protección de sus derechos fundamentales, al mismo tiempo que
también solicitó que se ampararan los derechos al mínimo vital y a la vida
digna de sus padres, por su condición de adultos mayores (79 y 78 años), por la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y por las limitaciones
propias que se generan por su edad.
Bajo este panorama, es
importante recordar que la acción de tutela, por regla general, debe ser
presentada por el titular de los derechos presuntamente afectados. Sin embargo,
es posible que terceras personas interpongan el amparo constitucional para
lograr la protección de los derechos fundamentales de otros, como ocurre con
las habilitaciones existentes en materia de representación legal y agencia
oficiosa. Para la procedencia de esta última, es preciso que (i) el agente
manifieste que actúa en tal calidad, y que (ii) el titular no se encuentra en
condiciones de proteger directamente su derecho. Lo anterior, sin perjuicio, de
que el interesado ratifique directamente dicha actuación judicial.
No obstante lo anterior, esta
Corporación ha dicho que le corresponde al juez
constitucional analizar en cada caso las condiciones para el cumplimiento
flexible de los requisitos que permiten acreditar la agencia oficiosa, a saber,
la imposibilidad del agenciado para acudir directamente a la defensa de sus
derechos fundamentales y la comunicación de actuar, en el trámite constitucional,
como agente oficioso. En
particular, dicha flexibilidad debe ser tenida en cuenta, cuando el agenciado sea una persona de la tercera edad comoquiera que, en
muchas ocasiones, se está en presencia de sujetos de especial protección
constitucional inmersos en una situación de debilidad manifiesta.
Teniendo en cuenta las
anteriores consideraciones, si bien en el caso concreto no dice de manera
explícita que la señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez está actuando como
agente oficiosa de sus padres, de las circunstancias del caso y de la extrema
vulnerabilidad alegada, se entiende que el amparo responde a una actuación en
dicho sentido. No obstante, la Sala encuentra que no existe claridad respecto a
la imposibilidad de los padres de la accionante para actuar por cuenta propia,
aunque se trate de adultos mayores, ya que incluso la señora Miriam de Jesús
Velásquez de Marín es actualmente la jefe de hogar de su grupo familiar, y debe
realizar personalmente todas las diligencias tendientes a lograr la entrega de
los beneficios que se les otorgan por su calidad de desplazados.
En todo caso, toda vez que se
encuentran en riesgo los derechos a la vida digna y al mínimo vital de sujetos
de especial protección constitucional, como lo son los señores Juan Ramón Marín
Restrepo y Miriam de Jesús Velásquez de Marín, por su condición de adultos
mayores desplazados y en extrema pobreza, esta Sala procederá a instar a la
Secretaría de Inclusión Social de Medellín, para que adelante todas las
actuaciones que resulten necesarias dirigidas a examinar las circunstancias en
que viven los citados señores y proceda a establecer si es posible o no la
asignación de un subsidio. Para el efecto, se deberá suministrar de forma
completa e integral la información que exista sobre beneficios de alcance
nacional, departamental y municipal a favor las personas de la tercera edad,
indicando de manera específica a cuáles de ellos y de qué forma pueden
postularse para ser beneficiarios de las posibles prestaciones.
4.8.2.6. En conclusión, la
Sala procederá a revocar la sentencia del 7 de abril de 2014, en la cual el
Juzgado 5 de Familia de Medellín resolvió conceder el amparo invocado por la
señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez, en lo relativo a la protección del
derecho de petición (no invocado por la actora) y, en su lugar, concederá el
amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la
salud, mediante las órdenes de protección previamente expuestas. En todo caso,
respecto de las mismas, se le pedirá a la Defensoría del Pueblo, regional Antioquia,
que haga un acompañamiento para verificar su cumplimiento y adoptar las medidas
que correspondan.
4.8.3. Expediente T-4.362.476
4.8.3.1. La señora Millarlandy Palacios
Delgado es desplazada por la violencia del municipio de Carepa (Antioquia)
desde hace más de 10 años. En razón a su condición de víctima, la UARIV le
realizó un primer pago efectivo a título de ayuda humanitaria el 24 de
julio de 2012, por un monto total de $ 540.000 pesos.
Al momento de interposición de
la presente acción de tutela, esto es, el 21 de noviembre de 2013, la actora
afirmó que la entidad accionada se negó a hacer la entrega de una nueva ayuda
humanitaria, ya que aparecía como beneficiaria en el régimen contributivo de seguridad
social en salud.
A pesar de lo anterior, en la
respuesta allegada por la UARIV a esta Corporación el 22 de agosto del 2014, se
informó que la citada entidad le había pagado un valor de $ 540.000
pesos por concepto de ayuda humanitaria el día 20 de marzo de 2014, sin que,
con posterioridad a esa fecha, la accionante haya radicado nuevas solicitudes de
prórroga.
4.8.3.2. Tal como fue descrito
en el numeral 4.4 de esta providencia, la UARIV tiene la obligación de valorar
de manera integral a las víctimas del desplaza-miento forzado, para efectos
de determinar si se encuentran en situaciones de vulnerabilidad que ameriten el
pago o la prórroga de la ayuda humanitaria, como derecho fundamental de los
desplazados. La integralidad implica que debe determinarse, a través de la
información que proporciona la Red Nacional de Información para la Atención y
Reparación a las Víctimas, el índice del goce efectivo de derechos básicos y de
restablecimiento económico y social, con el fin de precisar si han cesado o no
las condiciones de vulnerabilidad de la familia examinada.
Por consiguiente, el solo
hecho de que una persona se encuentre incluida como beneficiaria en el régimen contributivo
de salud no es razón suficiente para negar el reconocimiento del beneficio en
cuestión, pues ello no implica -per se- que hubiesen cesado las
circunstancias de debilidad manifiesta por las que atraviesan las víctimas del
desplazamiento forzado. La Sala estima que así lo entendió la UARIV, cuando –con
posterioridad a la interposición de la acción de tutela para solicitar el pago
de la ayuda– concedió el giro de los recursos con fundamento en dicha fuente
jurídica.
4.8.3.3. De esta manera, al
igual que ocurrió en el primero de los casos examinados, se considera que durante el transcurso de la acción de tutela desaparecieron los
motivos que dieron origen a la presente solicitud de amparo. En efecto, la ayuda
humanitaria que es objeto de reclamación fue concedida el 20 de marzo de 2014.
Así las cosas, al desaparecer la causa que motivó la interposición de esta
acción, en criterio de la Corte, carece de objeto examinar si los derechos
invocados por la accionante fueron vulnerados.
No obstante, en razón a la
especial protección que existe en favor de la población desplazada y atendiendo
al carácter fundamental del derecho a la ayuda humanitaria, la Sala estima que
es relevante advertir a la UARIV, que si la accionante llega a solicitar la
extensión en el pago de dicha prestación, debe tener en cuenta que al momento de caracterizarla para valorar la viabilidad de la
prórroga, no podrá justificar la cesación de las circunstancias de vulnerabilidad
únicamente en su inscripción como beneficiaria al régimen contributivo de
Salud, ya que deberá analizar otros aspectos relevantes sobre su situación socioeconómica
y comprobar si efectivamente persiste o no la afectación de sus derechos.
4.8.3.4. Por consiguiente, esta
Sala de Revisión procederá a revocar la sentencia del 3 de diciembre de 2013,
en la cual el Juzgado 26 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Medellín negó el amparo invocado por la señora Millarlandy Palacios Delgado y,
en su lugar, declarará la carencia actual de objeto por hecho superado. No obstante,
también realizará una advertencia a la UARIV respecto de la valoración de las
condiciones de vulnerabilidad de la accionante, en el sentido de que no podrá
justificar la negativa de prorrogar la ayuda humanitaria, en el solo hecho de que
la peticionaria se encuentre incluida como beneficiaria en el régimen contributivo
de salud.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- En el expediente T-4.349.639, CONFIRMAR
la sentencia del 18 de marzo de 2014 proferida
por el Juzgado 5 de Familia de Medellín, en el proceso de la acción de tutela
interpuesta por la señora Claudia Patricia Buitrago en contra de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), en la cual se declaró la carencia actual de objeto, por las razones contenidas en esta
providencia.
SEGUNDO.- En todo caso, DISPONER a cargo de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), a
través de su representante legal o de quien haga sus veces, que una vez haya concluido
el tiempo de duración de la ayuda humanitaria de emergencia, se proceda a la
prórroga de manera automática de dicha prestación a favor de la señora Claudia
Patricia Buitrago, sin requerir ninguna exigencia adicional y sin perjuicio de
que dicha entidad se encuentre habilitada para que, una vez ocurra lo anterior,
verifique la estabilización socioeconómica del grupo familiar.
TERCERO.- En el expediente T-4.349.653, REVOCAR
la sentencia del 7 de abril de 2014 proferida por el Juzgado 5 de Familia
de Medellín, en el proceso de la acción de tutela interpuesta por la señora
Elpidia del Socorro Marín Velásquez en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Ministerio
de Vivienda y Territorio, Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
(ISVIMED), Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín y CONFAMA EPS
(hoy Alianza Salud Medellín Antioquia EPS SAS), en la cual se concedió la
protección del derecho de petición y, en su lugar, CONCEDER exclusivamente
el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la
salud.
CUARTO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas (UARIV), a través de su representante legal o de quien
haga sus veces, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, autorice nuevamente la
prórroga de la ayuda humanitaria reclamada por la accionante. Para el efecto,
la citada entidad deberá notificar a la señora Miriam de Jesús Velásquez de Marín
(madre de la demandante), para que acuda a reclamar la citada prestación como
jefe de hogar, de conformidad con la normatividad que reglamenta dicha
actuación.
Adicionalmente, le corresponde a la UARIV realizar de forma
automática las prórrogas de la ayuda humanitaria a favor del citado grupo
familiar, hasta el momento en el que se garantice su estabilización
socioeconómica, atendiendo a la condición de discapacidad de la accionante y a
que sus padres son personas de la tercera edad.
QUINTO.- ORDENAR a la Alianza Medellín
Antioquia EPS SAS, a través de su representante legal o de quien haga sus
veces, que en el término máximo de cinco (5) días siguientes a la notificación
de la presente sentencia, autorice y entregue a la señora Elpidia del Socorro
Marín Velásquez los insumos ordenados por el médico tratante, esto es, la silla
de ruedas y el cojín antiescaras con una sola capa de poliuretano y superficie
antideslizante.
SEXTO.- INSTAR al Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED), a
través de su representante legal o de quien haga sus veces, para que le preste a la señora Elpidia del
Socorro Marín Velásquez y a sus padres, la asesoría que requieran en lo tocante
a los supuestos normativos e información relevante para acceder a los subsidios
familiares de vivienda regulados por el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012 y el
Decreto 1921 de 2012, así como respecto de otros eventuales subsidios
municipales de vivienda administrados por dicha institución, en concreto en lo
atinente a las facilidades o beneficios estatales que contribuyan a garantizar
su derecho constitucional a una vivienda digna.
SÉPTIMO.- DISPONER a cargo de la Secretaría
de Inclusión Social y Familia de Medellín, a través de su representante legal o
de quien haga sus veces, en el término máximo de veinte (20) días siguientes a
la notificación de la presente sentencia, que adelante todas las actuaciones
que resulten necesarias dirigidas a examinar las circunstancias en que viven
los señores Juan Ramón Marín Restrepo y Miriam de Jesús Velásquez de Marín y,
en virtud de ello, proceda a establecer si es posible o no la asignación de un
subsidio de adulto mayor. Para el efecto, se deberá suministrar de forma
completa e integral la información que exista sobre beneficios de alcance
nacional, departamental y municipal a favor dicha población, indicando de
manera específica a cuáles de ellos y de qué forma pueden postularse para ser
beneficiarios de las posibles prestaciones.
OCTAVO.-
DISPONER a la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional Antioquia, que
realice un acompañamiento constante a los señores Juan
Ramón Marín Restrepo, Miriam de Jesús Velásquez de Marín y Elpidia del Socorro Marín Velásquez, con miras a asegurar el
cumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia (expediente T-4.349.653) y adopte las medidas que corresponda.
NOVENO.- En el expediente T-4.362.476,
REVOCAR la sentencia del 3 de diciembre de 2013 proferida por el Juzgado 26
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, en el trámite de la
acción de tutela presentada por la señora Millarlandy Palacios Delgado en
contra de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV) que negó la protección de los derechos invocados por la
accionante, y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de
objeto.
DÉCIMO.- En todo caso, DISPONER a cargo de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas
(UARIV), a través de su representante legal o de quien haga sus veces, que al
momento de realizar la valoración de las condiciones de vulnerabilidad de la
señora Millarlandy Palacios Delgado, no podrá justificar la negativa de
prorrogar la ayuda humanitaria, en el solo hecho de que la peticionaria se
encuentre incluida como beneficiaria en el régimen contributivo de salud.
UNDÉCIMO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que
se refiere el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente con permiso
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] Expediente T-4.349.639, cuaderno 2, folios 1 y 9.
[2] Este hecho no se encuentra acreditado en el expediente, salvo la
manifestación que al respecto realiza la actora en el escrito de tutela. En
particular, señala: “Actualmente estamos viviendo en el barrio Manrique, en
una casa por la cual pago $300.000 mensuales de arriendo, actualmente me
encuentro adeudando 2 meses de servicios públicos, estoy desempleada y nuestro
único sustento proviene de lo que consiga trabajando por horas como operaria,
lo cual nunca podrá ser un sustento fijo y suficiente para cubrir nuestras
necesidades, especialmente las de mi hijo menor quien tiene problemas de
retraso mental leve. (…) mi hijo XXX tiene 13 años de edad y presenta problemas
mentales y de comportamiento, es un niño muy inseguro, tímido, ansioso y
miedoso. (…) Como consecuencia de lo anterior, a mi hijo se le diagnosticó
retraso mental moderado con un porcentaje de 65%, razón por la cual desde hace
algún tiempo viene siendo tratado por los especialistas de Psiquiatría Infantil
y Psicología especialista en rehabilitación neuropsicológica.” Expediente
T-4.349.639, cuaderno 2, folios 1 y 2.
[3] Expediente T-4.349.639, cuaderno 2, folio 2.
[4] Expediente T-4.349.639, cuaderno 2, folios 9 y 10. La regla
aludida respecto de la entrega de la atención humanitaria se encuentra
consagrada en el artículo 112 del Decreto 4800 de 2011, el cual señala que: “(…)
Cuando el evento de desplazamiento forzado haya ocurrido en un término igual o
superior a diez (10) años antes de la solicitud, se entenderá que la situación
de emergencia en que pueda encontrarse el solicitante de ayuda humanitaria no
está directamente relacionada con el desplazamiento forzado, razón por la cual
estas solicitudes serán remitidas a la oferta disponible para la estabilización
económica, salvo en casos de extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta
derivada de aspectos relacionados con grupo etario, situación de discapacidad y
composición del hogar, según los criterios que determine la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.”
[5] Es preciso advertir que no existe certeza sobre la fecha en la que
ocurrió el desplazamiento forzado de la señora Claudia Patricia Buitrago, en
tanto se tiene información contraria otorgada por la UARIV. Así, en el escrito
de contestación, la entidad accionada establece que: “Teniendo en cuenta lo
anterior y de acuerdo con el análisis de la situación actual de la accionante y
su núcleo familiar, encontramos que el desplazamiento ocurrió el 19/julio/2012
(…), lo que supera este límite de diez (10) años”. Por otro lado, el 29 de
enero de 2014, en la respuesta al derecho de petición presentado por la
accionante, se afirma que: “Revisando su solicitud, encontramos que su
desplazamiento ocurrió el 12/10/1999, lo que supera este límite de diez (10)
años.” Y, finalmente, en la respuesta del 22 de agosto de 2014 a los
requerimientos realizados por esta Corporación, se determina que “el hecho
victimizante que registra es por desplazamiento forzado del municipio de Carepa
(Antioquia) el siete (7) de junio de 1998”.
[6] Expediente T-4.349.639, cuaderno 2, folio 16.
[7] Expediente T-4.349.639, cuaderno 2, folio 17.
[8] Expediente T-4.349.639, cuaderno 2, folio 23.
[9] En providencia proferida por el Juzgado 5 de Familia de Medellín:
“se RECHAZA DE PLANO el citado recurso de impugnación por EXTEMPORÁNEO”,
toda vez que la impugnación fue presentada el 2 de abril de 2014 y la sentencia
de tutela fue notificada por vía telefónica a la accionante el 25 de marzo del
año en cita.
[10] Expediente T-4.349.639, cuaderno 2, folio 13.
[11] Expediente T-4.349.639, cuaderno 2, folios 11 y 12.
[12] Expediente T-4.349.639, cuaderno 2, folios 9 y 10.
[13] De la copia de la Historia Clínica allegada al proceso, se
desprende que la accionante debe movilizarse en silla de ruedas y que tiene “problemas
relacionados con movilidad reducida”. Expediente T-4.349.653, cuaderno 2,
folios 15 a 18.
[14] Específicamente, la actora señala que: “Debido al sumo stress
provocado por el desplazamiento y las dificultades emocionales, económicas y
sociales que este nos produjo, repercutió en mí una serie de complicaciones de
salud que me ocasionó una parálisis por neo mielitis óptica quedando reducidas
mis capacidades motrices a un estado de incapacidad física, necesitando de
otras personas para poder sobrevivir, siendo mis padres quienes se dedican a mi
cuidado, pasando a ser cabeza de familia mi madre, con unas condiciones de vida
que se han menguado en tal forma que dependemos de la caridad ya que no tenemos
ingresos, vivienda, ni medios de supervivencia, que necesitamos espacios
apropiados y los costos que suman las necesidades básicas son muy altas para
nuestro precario recurso pecuniario.” Expediente T-4.349.653, cuaderno 2,
folios 2 y 3.
[15] En el Expediente T-4.349.653 se encuentra copia de las órdenes
médicas en el cuaderno 2, folio 14.
[16] Expediente T-4.349.653, cuaderno 2, folios 17 y 18.
[17] Expediente T-4.349.653, cuaderno 2, folios 22 y 23.
[18] Expediente T-4.349.653, cuaderno 2, folio 9.
[19] Expediente T-4.349.653, cuaderno 2, folio 11.
[20] Expediente T-4.349.653, cuaderno 2, folio 12.
[21] Expediente T-4.349.653, cuaderno 2, folio 10.
[22] Expediente T-4.349.653, cuaderno 2, folio 13.
[23] Expediente T-4.349.653, cuaderno 2, folio 14.
[24] Expediente T-4.349.653, cuaderno 2, folios 15 y 16.
[25] Expediente T-4.349.653, cuaderno 2, folios 17 y 18.
[26] Al escrito de contestación se adjunta copia del acta de atención
brindada en ISVIMED a la señora Elpidia del Socorro Marín Velásquez el día 8 de
enero de 2014, en la que consta que: “Desarrollo de la atención: Desplazado
sin subsidio nacional. Se le informa que debe esperar que el Ministerio de
Vivienda mande listados con las familias priorizadas para la postulación de vivienda
nueva, se toman los datos a manera de información.” Expediente T-4.349.639,
cuaderno principal, folio 49.
[27] Resolución 5521 de 2013, art. 130.
[28] Expediente T-4.349.639, cuaderno principal, folio 71.
[29] Expediente T-4.349.639, cuaderno principal, folio 72.
[30] Expediente T-4.349.639: Cuaderno principal, folio 80.
[31] Tal como lo precisa la UARIV en el escrito de respuesta del 22 de
agosto de 2014, sólo quien ostente la calidad de jefe de hogar se
encuentra legitimado en la causa para la solicitud y prórrogas de la ayuda
humanitaria, pues es a través de ésta persona que se canalizarán las ayudas y
beneficios otorgados al núcleo familiar. Expediente T-4.349.639, cuaderno
principal, folio 89.
[32] En el expediente no existe constancia de la respuesta de la UARIV,
sino simplemente la afirmación que al respecto realiza la demandante en el
texto de la acción de tutela.
[33] Expediente T-4.362.476, cuaderno 2, folios 10 al 13.
[34] Expediente T-4.362.476, cuaderno 2, folio 4.
[35] Expediente T-4.362.476, cuaderno 2, folio 3.
[36] Tal como lo precisa la UARIV, en el escrito de respuesta del 22 de
agosto de 2014, sólo quien ostente la calidad de jefe de hogar se
encuentra legitimado en la causa para solicitar la prórroga de la ayuda
humanitaria, pues es a través de ésta persona que se canalizarán las ayudas y
beneficios otorgados al núcleo familiar. Expediente T-4.349.639, cuaderno
principal, folio 90.
[37] Expediente T-4.349.639, cuaderno principal, folio 91.
[38] Véanse, entre otras, las Sentencias T-336 de 2009,  T-436 de
2009, T-785 de 2009, T-799 de 2009, T-130 de 2010 y T-136 de 2010.
[39] Sentencia T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[40] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[41] Véanse, además, las Sentencias T-179 de 2003, T-500 de 2002,
T-135 de 2002, T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000,
T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999,
T-554 de 1998, T-384 de 1998 y T-287 de 1995.
[42] Véase, entre otras, las Sentencias T-106 de 1993, M.P. Alberto
Betancourt Mendivil y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[43] Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[44] Véanse, entre otras,
las Sentencias T-740 de 2004, T-1094 de 2004, T-175 de 2005, T-563 de 2005,
T-882 de 2005, T-1076 de 2005, T-1144 de 2005, T-086 de 2006, T-468 de 2006,
T-496 de 2007, T-620 de 2009, T-840 2009 y T-085 de 2010.
[45] Véanse, entre otras,
las Sentencias T-025 de 2004, T-740 de 2004, T-1094 de 2004, T-175 de 2005,
T-563 de 2005, T-882 de 2005, T-1076 de 2005, T-1144 de 2005, T-468 de 2006,
T-496 de 2007, T-821 de 2007,          T-1135 de 2008, T-192 de 2010 y T-319 de
2009.
[46] Véanse, entre otras,
las sentencias T-192 de 2010; T-319 y T-923 de 2009; T-506, T-787 y T-869 de
2008.
[47] Sentencias T-602 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería y C-278 de
2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[48] En el aparte pertinente, el principio No. 7 señala que: “Si el
desplazamiento se produce en situaciones distintas de los estados de excepción
debidos a conflictos armados y catástrofes, se respetarán las garantías
siguientes: (…) las autoridades legales competentes aplicarán medidas
destinadas a asegurar el cumplimiento de la ley cuando sea necesario; y se
respetará el derecho a un recurso eficaz, incluida la revisión de las
decisiones por las autoridades judiciales competentes.” Subrayado por
fuera del texto original.
[49] Sentencia T-888 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[50] Dentro de la generalidad del marco
regulatorio se destacan, entre otras, las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011.
[51] Véanse, entre otras, las Sentencias T-025 de 2004, T-496 de 2008 y
T-869 de 2008. Precisamente, en esta última sentencia se señaló que: “Sobre
la entrega de la ayuda humanitaria, esta Corporación ha indicado que dicha
ayuda hace parte del catálogo de derechos básicos de la población desplazada,
constituyendo una manifestación del derecho fundamental al mínimo vital, ya que
el fin constitucional que persigue dicha actividad es brindar aquellos mínimos
necesarios para apaciguar las necesidades más apremiantes de la población
desplazada. Sobre el alcance del concepto de la asistencia humanitaria la Corte
ha establecido lo siguiente: “El principio 18 de los Principios del
Desplazamiento Forzado Interno precisa el alcance de la asistencia humanitaria.
Sobre este Principio, el anexo 3 de la sentencia T-025/04 indicó: Al respecto
la Corte señaló: “El derecho a una subsistencia mínima como expresión del
derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18,
lo cual significa que “las autoridades competentes deben proveer a las personas
desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos
esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos
apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.” (…) También se
dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar
la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la
planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho debe
leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados en
el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia humanitaria que
las autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la subsistencia
digna de los desplazados. Esta asistencia humanitaria se refiere tanto a la
ayuda humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el desplazamiento,
como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas de
restablecimiento económico y de retorno”.
[52] Sentencia T-888 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[53] El
parágrafo del artículo 62 de la Ley 1448 de 2011 sostiene que: “Las etapas aquí
establecidas varían según su temporalidad y el contenido de dicha ayuda, de
conformidad a la evaluación cualitativa de la condición de vulnerabilidad de
cada víctima de desplazamiento que se realice por la entidad competente para
ello.”
[54] “Sobre esta distinción
tripartita de la ayuda humanitaria, inmediata o de urgencia, de emergencia y de
transición, es importante precisar que esta distinción se encuentra introducida
ya desde el Decreto 2569 del 2000 (art. 16), por medio del cual se reglamentó
la Ley 387 de 1997, en donde se distinguió la ayuda humanitaria inmediata, de
la de emergencia, y el Decreto 1997 de 2009 (art. 5) en donde se estableció la
responsabilidad de las entidades territoriales en su entrega. Por su parte, la
ayuda humanitaria de transición se consagró por primera vez en el Decreto 250
de 2005 (numeral 5.2.2), por medio del cual se adopta el plan nacional de
atención a la población desplazada. Finalmente, la distinción tripartita quedó
claramente recogida en la Resolución 3069 del 2010 de la antigua Acción Social
y se encuentra ahora recogida en la Ley 1448 de 2011.” Sentencia T-702 de
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[55] El parágrafo 1º del
artículo 63 de la Ley 1448 de 2011 señala que: “Podrán acceder a esta
ayuda humanitaria las personas que presenten la declaración de que trata el
artículo 61 de esta Ley, y cuyo hecho que dio origen al desplazamiento haya
ocurrido dentro de los tres (3) meses previos a la solicitud. // Cuando se
presenten casos de fuerza mayor que le impidan a la víctima del desplazamiento
forzado presentar su declaración en el término que este parágrafo establece, se
empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias
motivo de tal impedimento, frente a lo cual, el funcionario del Ministerio
Público indagará por dichas circunstancias e informará a la Entidad competente
para que realicen las acciones pertinentes.”
[56] Sentencia T-702 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[58] Sentencia T-702 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[59] “Los fundamentos constitucionales del enfoque diferencial en
la población desplazada se han aplicado a las prórrogas automáticas de la ayuda
humanitaria hasta tanto se verifique que las condiciones que llevaron a la
prórroga cesaron, en el caso de mujeres cabeza de familia, menores de edad,
adultos mayores de edad, personas en condición de discapacidad. En estos
últimos casos, en donde existe una protección constitucional reforzada, la
jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que la prórroga debe mantenerse
hasta el momento en el que la urgencia extraordinaria haya cesado, o cuando las
personas adquieran las condiciones para asumir su propio autosostenimiento.”
Sentencia T-702 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[60] Sentencia T-704 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[61] Sentencia T-831A de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Este
concepto también fue tratado por esta Corporación en la Sentencia T-373 de
2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[62] Sentencia T-218 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[63] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[64] La norma en cita dispone que: “Artículo  81. De
la valoración.  Modificado por el art. 36, Decreto Nacional
2569 de 2014.
Para la valoración de la cesación, la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas tendrá en cuenta la información
de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas,
y la verificación de la situación de vulnerabilidad, en el marco del Comité
Territorial de Justicia Transicional del lugar en donde reside la persona. // Del análisis de la valoración, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas emitirá un concepto de la condición de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta de los hogares. El concepto debe contener como mínimo, la
información general del hogar, la situación en la cual se encontraba el hogar
al momento de la ocurrencia del desplazamiento forzado, la situación actual del
hogar frente al goce efectivo de sus derechos y los criterios sobre los cuales
se basó la decisión de cesar o no la condición de vulnerabilidad. Esta
información se reflejará en un índice global de restablecimiento social y
económico y el resultado de una fórmula de cesación. // Este índice global de
restablecimiento social y económico podrá ser utilizado por la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
para realizar un seguimiento permanente a los hogares víctima y, en general, a
la implementación de la Ley 1448 de 2011 en los niveles departamentales y
municipales o distritales. // Parágrafo 1°. La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
tendrá seis (6) meses contados a partir de la publicación del presente decreto
para diseñar y formular los lineamientos para que los alcaldes municipales o
distritales realicen la verificación de la que trata el presente artículo. // Parágrafo
2°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y los alcaldes municipales o distritales deberán
realizar la verificación de manera gradual y progresiva iniciando una vez sean
diseñados y formulados los lineamientos a los que se refiere el parágrafo
anterior.”
[65] Sentencia T-702 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[66] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[67] Sentencia T-919 de 2006, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[68] Ley 1537 de 2012, art. 12.
[69] “Por el cual se
reglamentan los artículos 12 y 23 de la Ley 1537 de 2012”
[70] Las reglas específicas para el caso de los desplazados se
encuentran consagradas en el numeral 1 del artículo 8 del Decreto 1921 de 2012.
[71] El artículo 9 del Decreto 1921 de 2012 indica que: “Listados de hogares
potenciales beneficiarios. El Departamento Administra­tivo para la Prosperidad Social -DPS-,
comunicará al Fondo Nacional de Vivienda, el acto administrativo que contenga
la relación de los hogares potencialmente beneficiarios para cada proyecto de
vivienda, en listados que contendrán el 150% del número de hogares definidos
para cada grupo de población, por proyecto.”
[72] Decreto 1921 de 2012, art 10.
[73] Véanse, al respecto, los artículos del 17 al 25 del Decreto 1921
de 2012.
[74] “Por el cual se reglamenta la administración, postulación y
asignación del subsidio municipal de vivienda en el municipio de Medellín”
[75] Parágrafo 1 del artículo 15 del Decreto Municipal 2339 de 2013 de
la Alcaldía de Medellín.
[76] Artículo 22 del Decreto Municipal 2339 de 2013.
[77] Sentencia T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[78] Sentencia
T-801 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[79] Sentencia T-489 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica.
[80] Sentencia T-523 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[81] En la Sentencia T-833 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, la
Corte sostuvo que: “Tratándose  de los derechos de las personas de la tercera
edad, los deberes que se imponen al Estado resultan imperiosos para procurar
verdaderas condiciones materiales de existencia digna. De esa manera, las
personas que se encuentran en la mencionada categoría son acreedoras de una
especial protección, proveniente no sólo del Estado sino de los miembros de la
sociedad.”
[82] Para precisar acerca del desarrollo normativo que ha tenido el
programa de apoyo al adulto mayor, véanse, entre otras, las Sentencias T-523 de
2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-696 de 2012, M.P. María Victoria
Calle Correa y T-207 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Por lo
demás, de conformidad con la respuesta brindada por la Secretaría de Inclusión
Social de Medellín (antes de Bienestar Social) a esta Corporación, a nivel
nacional se cuentan con los siguientes proyectos de apoyo a la tercera edad: el
Programa de Protección Social al Adulto Mayor –PPSAM–, el Programa VOLVER y el
Programa Nacional de Alimentación al Adulto Mayor “Juan Luis Londoño de la
Cuesta” –PNAAM–, los cuales se derivan de la subcuenta de subsistencia
del Fondo de Solidaridad Pensional manejado por el Consorcio Colombia Mayor. La
subcuenta referida se encuentra regulada y reglamentada por la Ley 797 de 2003,
el Decreto 3771 de 2007, los  documento CONPES SOCIAL 70 de 2007, 105 de 2007 y
117 de 2008, y el Manual Operativo del Programa Colombia Mayor.
[83] En la Sentencia T-460
de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se indicó que la prestación del
servicio de salud debe ser oportuna. Esto implica “que el usuario debe gozar
de la prestación del servicio en el momento que corresponde para recuperar su
salud, sin sufrir mayores dolores y deterioros. Esta característica incluye el
derecho al diagnóstico del paciente, el cual es necesario para establecer un
dictamen exacto de la enfermedad que padece el usuario, de manera que se brinde
el tratamiento adecuado.”
[84] Sentencia T-460 de
2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en la cual cita la Sentencia T-760 de
2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[85] Sentencia T-520 de
2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
[86] Sentencia T-520 de
2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
[87] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[88] Sentencia T-763 de 2007, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[89] Sentencia T-736 de
2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[90] Sentencia T-1167 de
2004, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[91] Sentencia T-322 de
2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[92] Sentencia T-392 de
2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[93] Sentencia T-1204 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Véanse, entre otras, las Sentencias SU-480 de 1997, SU-819 de 1999 y T-883 de
2003.
[94] Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[95] En Sentencia T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa,
se dijo que: “No obstante, como se indicó, la jurisprudencia constitucional
ha considerado que sí carece de la capacidad económica para asumir el costo que
le corresponde, ante la constatación de esa situación de penuria, es posible
autorizar el servicio médico requerido con necesidad y permitir que la EPS
obtenga ante el Fosyga el reembolso del servicio no cubierto por el POS”.
[96] Sentencia T-235 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, en la
cual se cita la Sentencia T-533 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[97] Sentencia T-678 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, en donde se
cita la Sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Al
respecto, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso
la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque,
detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
[98] Sentencia T-685 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Subrayado por fuera del texto original.
[99] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[100] Al respecto, el artículo 24 del
Decreto 2591 de 1991 dispone que: “Artículo 24. Prevención a la
autoridad.  Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto
impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer
al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a
la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones
u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de
modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en
que ya hubiere incurrido. (…)”.
[101] Sentencia
T-702 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[102] Véanse, entre
otras, las Sentencias T- 327 de 2001, T-098 de 2002, T- 419 de 2003, SU-150 de
2000, T-025 de 2004, T-078 de 2004, T-740 de 2004, T-813 de 2004, T-1094 de
2004, T-1109 de 2004, T-175 de 2005,             T-563 de 2005, T-882 de 2005,
T-1076 de 2005, T-1144 de 2005, T-086 de 2006, T-468 de 2006, T-496 de 2007,
T-821 de 2007, T-869 de 2008. T-585 de 2009, T-585 de 2009, T-725 de 2011 y T-
462 de 2012.
[103] Véanse, entre otras,
las Sentencias: T-025 de 2004, T-496 de 2008 y T-869 de 2008.
Precisamente, en esta última sentencia se señaló que: “Sobre la entrega de
la ayuda humanitaria, esta Corporación ha indicado que dicha ayuda hace parte
del catálogo de derechos básicos de la población desplazada, constituyendo una
manifestación del derecho fundamental al mínimo vital, ya que el fin
constitucional que persigue dicha actividad es brindar aquellos mínimos
necesarios para apaciguar las necesidades más apremiantes de la población
desplazada. Sobre el alcance del concepto de la asistencia humanitaria la Corte
ha establecido lo siguiente: “El principio 18 de los Principios del
Desplazamiento Forzado Interno precisa el alcance de la asistencia humanitaria.
Sobre este Principio, el anexo 3 de la sentencia T-025/04 indicó: Al respecto
la Corte señaló: “El derecho a una subsistencia mínima como expresión del
derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio 18,
lo cual significa que “las autoridades competentes deben proveer a las personas
desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos
esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos
apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.” (…) También se
dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para
garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento
en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho
debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27 reseñados
en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia humanitaria que
las autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la subsistencia
digna de los desplazados. Esta asistencia humanitaria se refiere tanto a la
ayuda humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el desplazamiento,
como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas de
restablecimiento económico y de retorno”.
[104] Comunicación del 22 de agosto del
2014.
[105] Sentencia
T-831 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[106] “En primer
lugar, debe presentar condiciones adecuadas, las cuales dependen de la
satisfacción de los siguientes factores, entre otros: (i) Habitabilidad,
es decir, que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad
y espacio necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin
peligro para su integridad física y su salud. (ii) Facilidad de acceso a los
servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la
nutrición de sus ocupantes. (iii) Ubicación que permita el fácil acceso a
opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales, y
en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes. (iv) Adecuación
cultural a sus habitantes. En segundo lugar, debe rodearse de garantías de
seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre otros aspectos: (i)
Asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta suficiente de
vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos para satisfacer
alguna modalidad de tenencia, entre otros. (…) (ii) Gastos soportables, que
significa que los gastos de tenencia –en cualquier modalidad- deben ser de un
nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes necesarios para la
garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda. Para satisfacer
este componente, el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no
puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de financiación que permitan
a las familias acceder a la vivienda sin comprometer su vida en condiciones
dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los
cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a materiales de construcción.
(iii) Seguridad jurídica en la tenencia, que implica que las distintas formas
de tenencia estén protegidas jurídicamente, principalmente contra el desahucio,
el hostigamiento, o cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal”. Sentencia
T-585 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[107] Expediente
T-4.349.653: Cuaderno 2, folio 14.
[108] En el
Expediente T-4.349.653: Cuaderno 2, folio 15 y 16, se encuentran las copias de
las actas proferidas por el CTC de la EPS en las que se niega la solicitud de
autorización.
[109] Sentencia T-763 de 2007, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[110] Sentencia T-322 de
2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.