T-213-96
Sentencia T-213/96
Sentencia T-213/96
DERECHO DE
PETICION-Pronta resolución
En virtud del derecho de
petición, las personas se encuentran en la posibilidad de dirigirse a las
autoridades públicas, en interés particular o general, para obtener, dentro del
término legalmente establecido, una respuesta.
SILENCIO
ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Resolución
de solicitudes
El derecho de petición no se
satisface con la ocurrencia del silencio administrativo negativo, sino, por el
contrario, este es la mejor prueba de que tal derecho ha sido violado. La
presunción de un acto demandable tiene por objeto permitirle a la persona
llevar su asunto a conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pero de ninguna manera sustituye la obligación de resolver las
peticiones que, por expreso mandato constitucional, atañe a las autoridades
públicas.
Referencia:
Expediente T-88.465
Peticionario: Manuel
Antonio Melo Palacios
Procedencia: Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá
Tema: Derecho de
Petición. Silencio Administrativo Negativo
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Santa Fe de Bogotá, D.C.,  catorce (14) de
mayo de mil novecientos noventa y seis (1996).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa
-Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de tutela radicado bajo el número
T-88.465, adelantado por el señor MANUEL ANTONIO MELO PALACIOS, en contra de la
Caja Nacional de Previsión Social.
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de
su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con el artículo 34 del
Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
1. Solicitud
El Señor MANUEL ANTONIO MELO PALACIOS, por
medio de apoderado, instauró acción de tutela en contra la Caja Nacional de
Previsión, con el fin de que le amparen sus derechos fundamentales de petición,
al trabajo y a la seguridad social, consagrados en los artículos 23, 25, y 48
de la Constitución Política.
2. Hechos
Por medio de apoderado, el peticionario
afirma que el 7 de marzo de 1995 presentó solicitud de reliquidación de pensión
de jubilación en la entidad demandada, sin que hasta la fecha de presentación
de la tutela hubiese pronunciamiento alguno, omisión que acarrea graves
perjuicios materializados en el incumplimiento de obligaciones anteriormente
contraidas.
3. Pretensiones
El peticionario solicita que se conceda la
tutela de la referencia, con el fin de que se ordene a la Caja Nacional de
Previsión Social que resuelva la petición de reliquidación de pensión de
gracia.
II. ACTUACIÓN JUDICIAL
Sentencia de instancia
Mediante providencia de diciembre 5 de
1995, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C.
resolvió denegar la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel Antonio
Melo Palacios, por considerar que era improcedente por cuanto en el caso
examinado tuvo ocurrencia el fenómeno del silencio administrativo negativo
consagrado en el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo, lo cual
implica que el peticionario cuenta con otro medio de defensa judicial cual es
el de acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa a demandar el acto
presunto.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política y 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo de tutela de la referencia.
2. Derecho de petición y el silencio
administrativo negativo
En diversos pronunciamientos
que revisaron decisiones que sobre este mismo tema ha proferido el Juzgado
Sexto Laboral del Circuito de esta ciudad, la Corte Constitucional ha sido
clara en manifestar que, en virtud del derecho de petición, las personas se
encuentran en la posibilidad de dirigirse a las autoridades públicas, en
interés particular o general, para obtener, dentro del término legalmente
establecido, una respuesta. Cuando la autoridad pública omite resolver de fondo
sobre el asunto sometido a su consideración, vulnera el derecho amparado en el
artículo 23 superior, cuyo núcleo esencial comprende  una "pronta
resolución".[1]
Al respecto esta misma Sala, ha señalado:
“El derecho de
petición tiene como titular a toda persona, nacional o extranjera. Por medio de
él, se permite acudir ante las autoridades o ante las organizaciones privadas
en los términos que defina la ley, con el fin de obtener una pronta resolución
a las solicitudes que se hayan presentado. Reiteramos que no significa esto que
deban responderse las peticiones en una determinada forma; lo que se exige es
un pronunciamiento oportuno. Han sido numerosas las ocasiones en que tanto las
autoridades como los particulares, han ignorado el verdadero espíritu de este
derecho. La Corte no desconoce el hecho evidente de que las entidades públicas,
así como las organizaciones particulares, deben contar con un término razonable
para resolver las peticiones que se le formulen por cualquier persona; pero ese
término razonable debe ser lo más corto posible, ya que como lo estipula el
mandato superior, la resolución debe ser "pronta". El prolongar más allá
de lo razonable la decisión sobre la petición, como lamentablemente ocurre a
menudo por negligencia, por ineficiencia, por irresponsabilidad o, lo que es
más grave aún, por una deliberada intención de causarle daño al peticionario,
implica ni más ni menos que incurrir en flagrante violación de la norma
constitucional.
“El ejercicio de
este derecho se hace tal vez más evidente en determinadas situaciones, donde el
pronunciamiento de la entidad permite al particular definir una expectativa,
que a su vez es fundamento para la protección de algunos de sus derechos
fundamentales. Tal es el caso de las personas de la tercera edad o de quienes
por circunstancias de la vida se enfrentan a la imposibilidad física de ejercer
una actividad económicamente productiva. En casos como estos, no resolver
oportunamente una solicitud, significa prolongar en el tiempo el estado de
imposibilidad para contar con los medios necesarios de subsistencia y así poder
disfrutar de la salud, el bienestar, y la dignidad a que toda persona tiene
derecho. En cambio, dar pronta resolución a la petición, permite o bien
garantizar la efectividad de uno o varios derechos fundamentales, o bien
definir una posición jurídica que le garantice al afectado contar con los
mecanismos consagrados en la ley para controvertir los pronunciamientos de las
autoridades.”[2]
Lo anterior implica que el
derecho de petición no se satisface con la ocurrencia del silencio
administrativo negativo, sino, por el contrario, este es la mejor prueba de que
tal derecho ha sido violado. La presunción de un acto demandable tiene por
objeto permitirle a la persona llevar su asunto a conocimiento de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero de ninguna manera sustituye
la obligación de resolver las peticiones que, por expreso mandato
constitucional, atañe a las autoridades públicas.
3. Análisis del Caso Concreto
En el caso que ocupa la atención de esta
Sala es claro que ha transcurrido tiempo más que suficiente para que la Caja
Nacional de Previsión Social se hubiese pronunciado respecto de la solicitud de
reliquidación de pensión de gracia radicada por el actor el día 7 de marzo de
1995, bajo el número 10234/88, copia de la cual se evidencia a folios 9 y 10
del expediente.
Por último, se reitera que esta Sala no
comparte el criterio del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esta ciudad
cuando afirma que la ocurrencia del fenómeno del silencio administrativo
negativo, cumple la obligación constitucional que impone a la Caja Nacional de
Previsión Social el deber de responder en forma oportuna y congruente al actor,
por cuanto, como se ha dicho, la sola posibilidad de acudir a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa no garantiza la protección del derecho fundamental
de petición.
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por
e Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C., por las
razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: CONCEDER la tutela del derecho de
petición del señor Manuel Antonio Melo Palacios ordenando a la Caja Nacional de
Previsión Social que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la comunicación de esta providencia, de respuesta al actor.
TERCERO: COMUNICAR a través de la
Secretaria General de la Corte Constitucional el contenido de la sentencia al
Juzgado 6 Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, y al peticionario de la
presente tutela.
Cópiese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado Ponente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sobre
decisiones de la Corte Constitucional que revisan fallos del Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, en relación con el mismo tema,
puede verse las sentencias T-385/93, T-408/93, T-464/94, T-391/94, T-390/95,
T-417/95 y T-130/96.
[2] Sentencia
T-124/93 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.