T-763-14
Sentencia T-763/14
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION DE
TUTELA ANTE LA EXISTENCIA DE MECANISMOS DE DEFENSA JUDICIAL PERTINENTES-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO-Procedencia excepcional
Por regla general la acción de tutela es improcedente
cuando el ordenamiento jurídico dispone que hay otro medio judicial para la
defensa de los intereses en conflicto, puesto que en principio el juez natural
es la persona indicada para proteger los derechos en juego. En el caso de
conflictos presentados a partir de un acto administrativo, el juez natural y
preferente es la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sin embargo, cuando
se verifique que hay derechos fundamentales en juego, y se esté ante la
ocurrencia de un perjuicio irremediable o queda demostrado que el mecanismo
ordinario es ineficaz o inapropiado para la protección de los derechos
constitucionales, la tutela se vuelve procedente para conceder un amparo transitorio
o definitivo respectivamente que se convierte en impostergable.
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA PARA EVITAR
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inminencia,
urgencia, gravedad e impostergabilidad de la tutela, deben encontrarse
efectivamente comprobadas
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA EN RELACION CON
EL DERECHO AL MINIMO VITAL-Reiteración
de jurisprudencia
El amparo por vía de tutela del derecho
a la vivienda digna frente a actos de la Administración procede cuando busque
evitar injerencias indebidas en el goce del derecho a la vivienda, cuando haya
un reclamo sobre un derecho subjetivo adquirido según el desarrollo legal y
reglamentario del tema, o, cuando se busque proteger a un sujeto que se encuentra
en una situación de debilidad manifiesta y la vulneración del derecho a la
vivienda ponga en riesgo su dignidad. Ahora bien, no se puede desconocer que la
protección por vía de tutela del derecho a la vivienda debe estar condicionada
al desarrollo que la Administración haya indicado en virtud del mandato de
progresividad.
DERECHO AL TRABAJO Y LIBERTAD DE ESCOGER
PROFESION U OFICIO-Reiteración
de jurisprudencia
La relación entre el derecho a escoger profesión u
oficio y el derecho al trabajo, permite sostener, que del ejercicio de
actividades profesionales elegidas conforme a la Constitución y la ley, la
persona puede devengar su sustento. De allí que una violación del derecho
constitucional a la libertad de escoger profesión y oficio pueda implicar, eventualmente,
la vulneración también del derecho al trabajo de una persona, si se le impide a
un profesional realizar las competencias para las que está capacitado,  cuando
su propósito es el de recabar su sustento personal del ejercicio de una
profesión específica, en cualquiera de las modalidades laborales, protegidas
conforme al artículo 25 de la Constitución Política. En reiterados
pronunciamientos de esta Corte se ha expresado que el derecho constitucional
fundamental al trabajo, participa de la naturaleza de derecho-deber, lo cual se
extrae no sólo del artículo 25, sino inclusive del artículo 53, que prevé,
entre otros, como principios mínimos esenciales aplicables tanto a trabajadores
dependientes como independientes, el de la igualdad de oportunidades y el de
que la ley no puede menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos
de éstos.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL-Función y reglamentación del uso del suelo
por autoridades municipales y distritales para la protección del medio ambiente
Dentro de las competencias que gozan los municipios,
se encuentra la de hacer uso racional del suelo y la preservación y defensa del
patrimonio ecológico, entre otras y, para ello, la Ley 388 de 1997 en su
artículo 10, marca ciertas las directrices de cómo debe plasmarse esa
protección en los Planes de Ordenamiento Territorial.
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO-Improcedencia por cuanto no se evidencia perjuicio
irremediable para pescadores de Taganga, con los actos que ordenan la
implementación de Parque Natural Dumbira, en Santa Marta
Expedientes: T-3.439.739, T-3.439.749 y T-3.485.613
Accionantes:
María del Rosario Cantillo Quiroga, Armando Segundo
Daniels de Andreis y Teresa de Jesús Vásquez Guerra
Demandados:
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible –
Unidad Administrativa del Sistema de Parques Nacionales y otros
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Bogotá D. C., quince (15) de octubre de dos
mil catorce (2014)
La Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de
los fallos de las tutelas proferidos por la Sección Segunda – Subsección A del
Consejo de Estado que confirmó la dictada por el Tribunal Administrativo del
Magdalena en el trámite de las acciones de tutela   (T-3.439.739); (T-3.439.749)
y (T-3.485.613), impetradas por los ciudadanos María del Rosario Cantillo
Quiroga; Armando Segundo Daniels de Andreis y Teresa de Jesús Vásquez Guerra,
respectivamente.
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución Política
y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número cuatro de la Corte
Constitucional, mediante auto del treinta (30) de abril de dos mil doce (2012),
decidió seleccionar para revisión los expedientes de tutela números T-3.439.739; T-3.439.749 y T-3.485.613 los cuales
fueron acumulados por abordar
una misma temática.
I. ANTECEDENTES DE LOS
EXPEDIENTES T-3.439.739; T-3.439.749
y T-3.485.613
1. Precisión metodológica
Previamente, debe destacarse que los asuntos objeto
del presente pronunciamiento fueron presentados mediante escritos separados que
coinciden por completo en sus aspectos esenciales[1]. Por esa razón, para mayor
claridad y coherencia en la exposición de los hechos materia de análisis,
procederá la Sala de Revisión a realizar un solo recuento de los mismos,
diferenciando, ulteriormente, algunos elementos propios de cada caso, de ser
necesario.
2.
La solicitud
Las demandas se dirigen a obtener la
protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, vivienda digna,
al trabajo y al mínimo vital de la comunidad pescadora del corregimiento de
Taganga, los cuales afirman han sido desconocidos por la Nación, el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad Administrativa del
Sistema de Parques Nacionales Naturales y la Alcaldía de Santa Marta por
cuanto, con la creación del Parque Natural de Dumbira restringieron las labores
de pesca en las playas que integran la reserva natural y ordenaron el desalojo
de los habitantes de dicha zona. En consecuencia, solicitan que se ordene a las
entidades accionadas la autorización para que los residentes de sector puedan
seguir habitando pacíficamente sus viviendas y realizar, libremente, la pesca
artesanal.
3.
Hechos
La
situación fáctica fundamento de las acciones es la que a continuación se
expone:
3.1.
Los señores María del Rosario Cantillo Quiroga, Armando Segundo Daniels de
Andreis y Teresa de Jesús Vásquez Guerra, actualmente, residen en el
corregimiento de Taganga – Santa Marta, lugar donde se encuentran asentados junto
con sus núcleos familiares.
3.2.
Sostienen que la población del mencionado corregimiento subsiste en su mayoría
de las actividades derivadas del turismo y, básicamente, de la pesca, la cual
se realiza en todo el literal desde Punta Betín hasta Cañaveral – jurisdicción
del Parque Tayrona.
3.3.
Advierten que en el mencionado corregimiento se ha practicado por más de 50
años la pesca artesanal, la cual conserva las raíces sociales e institucionales
a través de la conformación de la Corporación de Chinchorreros de Taganga.
3.4.
Manifiestan que con la expedición del
Acuerdo 005 de 2000, el Concejo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de
Santa Marta expidió el Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito de Santa Marta, en el que se establecieron
restricciones al uso del suelo y al desarrollo de actividades y construcciones
y se creó el Parque Natural Distrital Dumbira, entre otros.
3.5. Que como consecuencia de ello, se
inició en el año 2003 un proceso de acción popular ante el Juzgado Segundo
Administrativo de Santa Marta, por la presunta amenaza y vulneración de los
derechos colectivos al equilibrio ecológico, y al manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales que garanticen el desarrollo sostenible, en
razón de la construcción de viviendas en las inmediaciones del Parque Natural
Distrital Dumbira, en el corregimiento de Taganga, sin el cumplimiento de los
parámetros establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial.
3.6. Dicho proceso culminó con sentencia
que amparó los derechos colectivos y  declaró responsables, entre otros, al
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de la ciudad de Santa Marta y dispuso:
(i) proteger los derechos colectivos de los literales c), d), e), f) y g) del
artículo 4º de la ley 472 de 1998[2],
en lo que respecta a la protección de las áreas de especial importancia
ecológica y de sus ecosistemas; y el derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, todo en relación con la protección que
merece el área del parque natural Distrital Dumbira, los arroyos, cañadas o
vertientes; y para evitar que se construyan viviendas en el corregimiento de
Taganga que superen el número de dos pisos, para lo que impartió órdenes
puntuales a las diversas autoridades[3].
3.7.  En cumplimiento del fallo antes
citado, previo trámite de un proceso policivo, se ordenó a la Asociación de
Pescadores la restitución de un bien de uso público - kiosco de material
ubicado en las playas de Sisihuaca,-  en el corregimiento de Taganga, decisión
que se concretó a través de la resolución de agosto 14 de 2006, suscrita por el
Secretario de Gobierno Distrital, Delegatario con funciones de Alcalde, lo que
según los accionantes, les impide la pesca.
Así mismo, por Decreto 392 de 2010, el
Alcalde del Distrito de Santa Marta decretó el statu quo de las construcciones
en el Corregimiento de Taganga con el fin de que no se siguieran desarrollando
construcciones sin el cumplimiento de los parámetros establecidos por el Plan
de Ordenamiento Territorial.
3.8.
Manifiestan que con fundamento en la mencionada orden del Distrito los
habitantes del sector fueron víctimas de desalojo sin que para ello mediara algún
programa de reubicación o asistencia que les permita el fácil acceso a una
acomodación y que, además, se les prohibió realizar cualquier actividad de
pesca artesanal en las aguas que hacen parte del Parque Natural Dumbira,
afectándose con dicha restricción su derecho fundamental al mínimo vital.
3.9. Por
lo expuesto, consideran los actores que se les vulneraron los derechos a la
vida digna, al trabajo, a la vivienda digna y al mínimo vital, y expresan que
no quieren ser reubicados, pues a lo que aspiran es a vivir en el corregimiento
de Taganga, en las viviendas que construyeron con el ejercicio de la actividad
pesquera, y que quieren seguir viviendo en su entorno ancestral.
4. Pretensiones
Los demandantes solicitan el amparo de sus derechos fundamentales y
los de sus familias a
la dignidad humana, vivienda digna, al
trabajo y al mínimo vital, presuntamente
vulnerados por las entidades demandadas y, como consecuencia de ello, se ordene
a la Nación, al
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Unidad
Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales y a la Alcaldía del
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta que suspendan toda
actividad tendiente a obtener la implementación del Parque Natural Dumbira y se
abstengan de iniciar los trámites correspondiente para evitar las actividades
de pesca artesanal en las aguas incluidas en el territorio protegido y
desalojar a los habitantes de la zona.
5.
Pruebas
En
los expedientes T-3.439.739;  T-3.439.749
y T-3.485.613 obran
las siguientes pruebas:
·
Copia del fallo
proferido, el 4 de agosto de 2010, por el Tribunal Administrativo del Magdalena
dentro de la acción popular presentada por Luís Alberto Devia Blandon y otros
contra el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, en el que se
precisó que “… el Parque Natural de Dumbira está catalogado como un parque
natural distrital, advirtiendo la Sala que corresponde a las autoridades
ambientales del distrito de Santa Marta velar por su conservación, protección y
reserva (…).
·
Copia de la
resolución No. 005 “por medio de la cual se dicta un status quo en zona de
reserva natural o parque nacional DON CARINCA por encontrarse ocupantes de
hecho en el lote en mención altos de mirador de Taganga”.
·
Copia del Decreto No.
392, del 30 de septiembre de 2010, proferido por la Alcaldía de Santa Marta en
el que se incluyen, entre otras órdenes: “declarar un status quo a las
nuevas construcciones que se desarrollen en el corregimiento de Taganga”.
6. Actuación procesal
Mediante autos del catorce (14) de
diciembre de 2011, diecinueve (19) de diciembre de 2011, doce (12) de diciembre
de 2011 el Tribunal Administrativo del Magdalena, admitió las acciones de
tutela presentadas por María del Rosario Cantillo, Armando Segundo Daniels de
Andreis y Teresa de Jesús Vásquez Guerra, respectivamente, y, en los mismos
proveídos, corrió traslado a las entidades accionadas a fin de que se
pronunciaran sobre los hechos y pretensiones formuladas.
Adicionalmente, decidió, al considerar que
existen entidades que pueden tener injerencia o control sobre la correctas
practicas realizadas en el parque de Reserva Natural Dumbira, notificar a la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena –CORPAMAG-; al Director del
Instituto de Investigaciones Marítimas y Costeras –INVEMAR-; al Director del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-; al Director de la Agencia
Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional; al Director del
Servicio Nacional de Aprendizaje –Regional Magdalena SENA-; a la Defensoría del
Pueblo –Regional Magdalena-; al Capitán de Puertos de Santa Marta y a la
Procuradora en Asuntos Agrarios y Ambientales del Magdalena, para que presenten
informe sobre el tema objeto de las tutelas.
7. Respuesta de las entidades
accionadas
7.1. Parques Nacionales Naturales de
Colombia
El apoderado judicial de Parques Nacionales
Naturales de Colombia, solicitó la denegación de las pretensiones formuladas
por los accionantes, por considerar que no ha vulnerado o amenazado ningún
derecho fundamental, en la medida en que no le corresponde a esa entidad adelantar
los trámites exigidos mediante los mecanismos de amparo.
Sostuvo que Parques Nacionales Naturales
de Colombia solamente administra los parques de orden nacional, por lo tanto el
parque Dumbira se encuentra fuera de su jurisdicción toda vez que el mismo
tiene la connotación de parque distrital.
Por lo anterior, concluyó que la entidad
no ha incurrido en ninguna acción u omisión que afecte lo intereses de los
accionantes, situación ante la cual considera que se materializa, al menos frente
a la entidad que representa, una falta de legitimación en la causa por pasiva.
Advierte que las inconformidades expuestas
en las acciones de tutelas se fundamentan en la promulgación del Decreto
Distrital No. 392 de 2010 existiendo para ello otros escenarios, como la acción
de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de
la cual los accionantes pueden solicitar se revise la legalidad del acto
administrativo.
7.2. Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta
El apoderado de la Alcaldía Distrital de
Santa Marta, solicitó la denegación de las pretensiones formuladas por los
accionantes argumentando la improcedencia de las acciones constitucionales para
controvertir actos administrativos.
Especificó que las controversias
suscitadas sobre el POT Distrital y la Resolución proferida el 14 de agosto de
2006 deben ser ventiladas, única y exclusivamente, ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
7.3. Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
El apoderado del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible manifestó su oposición y requirió la negación de las
pretensiones esbozadas en los mecanismos de amparo.
Al efecto, alegó la falta de legitimación
en la causa por pasiva del Ministerio toda vez que dicha entidad, al tener solo
competencia para conocer de los asuntos que versen sobre los parques naturales
del orden nacional, no participó en lo referente a la creación e implementación
del Parque Natural Distrital Dumbira, objeto de discusión mediante las acciones
de tutelas.
8. Respuestas de las entidades
notificadas
8.1. Corporación Autónoma Regional del
Magdalena –CORPAMAG-.
El Director General de CORPAMAG, mediante
escrito presentado el 16 de diciembre de 2011, informó respecto de los hechos
relacionados en el mecanismo de amparo, lo siguiente:
Los parques naturales, en general, son de
gran importancia y el Parque de Dumbira no es la excepción, Por ello, el plan
de ordenamiento territorial del Distrito de Santa Marta (POT) decidió
incorporarlo al espacio público con la finalidad de controlar las actividades
que en dicho territorio se desarrollen, asegurándose que las mismas generen el
mínimo impacto posible sobre el medio ambiente.
Respecto a las prohibiciones en las
construcciones y en la actividad de pesca indicó que las mismas solo operan  dentro
del territorio protegido y no para todo el territorio del Corregimiento de
Taganga.
8.2. Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA
La Directora del Sena Regional Magdalena,
dentro del término procesal otorgado para ello, presentó informe relacionado con
el tema objeto de las acciones de las referencias y, al respecto precisó que la
entidad a la cual representa ha desplegado actividades de apoyo en escenarios
similares, en los que se permiten a los afectados determinar un lugar
transitorio para pernoctar y ejercer la actividad de pesca artesanal.
Advierte que en dichos casos el compromiso
adquirido por el SENA fue brindar la capacitación requerida por los pescadores
y suministrar los medios necesarios que les permitan dar cumplimiento a las
órdenes judiciales y respetar los territorios de reserva.
8.3.  Sociedad Portuaria de Santa Marta
El Capitán de Puerto de Santa Marta,
mediante escrito del 16 de diciembre de 2011, con el fin de dar trámite al
requerimiento judicial, rindió informe sobre los hechos relacionados en el
mecanismo de amparo y, al respecto, precisó lo siguiente:
En lo concerniente a la procedibilidad de
la tutela, consideró que los actores deben acudir a las acciones
correspondientes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo que le
permitan  atacar la legalidad del Acuerdo 005 de 2000 mediante el cual  se
expidió el plan de ordenamiento territorial de Santa Marta, pues la tutela no
es el medio idóneo para ello.
Sostuvo que la Capitanía de Puerto de Santa
Marta no ha vulnerado derecho fundamental alguno y que, las acciones de
desalojo recaen, directamente, sobre las autoridades de policía y no sobre la
autoridad marina.
8.4. Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social DPS
La asesora jurídica del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, dentro del término legal otorgado, dio
respuesta al requerimiento judicial y al respecto sostuvo que la entidad no es
competente para resolver la situación de la pesca artesanal en el departamento
del Magdalena.
8.5. Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural –INCODER-
El coordinador jurídico, mediante escrito
del 19 de diciembre de 2011, luego de referirse a los hechos en que se
sustentan las acciones de tutela, solicitó que frente a la institución se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues consideró que INCODER
no es la entidad responsable de la aparente vulneración de los derechos
fundamentales.
8.6. Ministerio de Trabajo
La asesora jurídica del Ministerio de
Trabajo, mediante oficio del 16 de diciembre de 2011, contestó el requerimiento
judicial y solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y
se denegaran las pretensiones. Sostuvo que el Ministerio de la Protección
Social hoy Ministerio del Trabajo no  vulneró los derechos fundamentales
incoados en los mecanismos de amparo.
8.7. Procuraduría General de la Nación
La procuradora Ambiental y Agraria del
Magdalena, mediante escrito de 16 de enero de 2012, rindió concepto dentro de
las acciones de tutelas de las referencias y, al respecto consideró que no se
han vulnerados los derechos fundamentales invocados, por cuanto la UAESPNN, en
calidad de autoridad competente, cuando prohíbe e impide prácticas de pesca
artesanal obra en estricto cumplimiento de un deber legal y constitucional,
cual es velar por el amparo efectivo de las zonas de reserva o áreas
protegidas, máxime cuando han sido declaradas como Parques Naturales.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE
REVISAN
Son las proferidas por el Tribunal
Administrativo del Magdalena y la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
A continuación, se procederá a exponer los
fundamentos de las decisiones de instancia. Así, se hará un solo recuento de
cada uno de tales pronunciamientos, pues los argumentos de los fallos
proferidos dentro de los procesos de tutela, coinciden en su integridad.
1.     Primera instancia de los expedientes de
tutela números T-3.439.739;
T-3.439.749 y T- T-3.485.613
El Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante sentencias del 16 de enero de 2012[4]
y 12 de enero de 2012[5],
respectivamente, decidió negar por improcedente las acciones de tutela, al
considerar que los accionantes contaban con otros mecanismos para obtener el
resarcimiento de los aparentes perjuicios causados con la creación del Parque
Natural Dumbira.
Precisó que existen alternativas
judiciales idóneas, como lo son la acción de nulidad y nulidad y
restablecimiento del derecho, para controvertir los actos administrativos de
carácter general, impersonal y abstracto, las cuales pueden ser ejercidas por
los accionantes en procura de obtener la protección de los derechos que estiman
vulnerados con la expedición de la Resolución del 14 de agosto de 2006 que “ordenó
a la Asociación de Pescadores la restitución de un bien de uso público”, el
Decreto No. 622 de 1978 “por medio del cual se prohíbe todo acto de pesca
salvo la autorizada dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales” y
el Decreto No. 392 de 30 de septiembre de 2010 “por medio del cual se establece
un status quo en las construcciones del corregimiento de Taganga”.
2.
Impugnación
En desacuerdo con lo decidido
por el a quo, los accionantes, dentro del término establecido por la ley,
presentaron impugnación solicitando se revocaran los fallos de primera instancia
reiterando los argumentos expuestos en las demandas, al considerar que las
entidades sí vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad humana,
vivienda digna, al trabajo y al mínimo vital, como integrantes de la comunidad
pescadora del corregimiento de Taganga.
3.
Segunda
instancia de los expedientes de tutela números T-3.439.739; T-3.439.749 y T- T-3.485.613
La Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencias del 1º de marzo de 2012[6], del 20 de marzo de 2012[7] y del 16 de
febrero de 2012[8],
respectivamente, decidió confirmar los fallos de primera instancia, con
fundamento en lo siguiente:
Consideró el Ad quem que las
pretensiones formuladas en las diferentes acciones de tutela solo cuestionan la
legalidad de los actos administrativos proferidos por las entidades accionadas,
específicamente, el Decreto No. 622 de 1978 “por medio del cual se prohíbe
todo acto de pesca salvo la autorizada dentro de las áreas del Sistema de
Parques Nacionales”; el Decreto Distrital No. 392 de 2010 “por medio del
cual se declara el statu quo a las nuevas construcciones que se
desarrollen en el corregimiento de Taganga” y la Resolución de 14 de agosto
de 2006 “por medio de la cual se ordena a la Asociación de Pescadora la
restitución del kiosco en el sector de playas Sisihuca en el Corregimiento de
Taganga”, pues argumentan que con ellos se les prohíbe desarrollar la pesca
artesanal dentro de la zona que comprende el parque que, por generaciones, ha
sido objeto de explotación pesquera.
En virtud de lo anterior, consideró que
los mecanismos de amparo son improcedentes, toda vez que tales actos
administrativos pueden ser controvertidos ante la jurisdicción contencioso
administrativa, mediante el mecanismo de defensa judicial idóneo que les
permite defender los derechos que los interesados estiman conculcados.
Reiteró que existiendo un proceso apto
para la defensa de un determinado derecho, la acción de tutela se convierte en
un mecanismo residual o subsidiario siempre que se demuestre la configuración
de un perjuicio irremediable, evento que los accionantes no acreditaron dentro
de los mecanismos de amparo.
III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
EN SEDE DE REVISIÓN
1.
Mediante Auto de ocho
(8) de octubre de dos mil doce (2012) la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, con el fin de contar con mejores elementos de juicio para
resolver el presente asunto, consideró pertinente recolectar ciertas pruebas,
por lo que dispuso:
“Primero.- Por Secretaría General Ofíciese
a los accionantes, María del Rosario Cantillo Quiroga, Armando Segundo Daniels
de Andreis y Teresa de Jesús Vásquez Guerra, quienes residen en el
corregimiento de Taganga del Distrito de Santa marta, para que en el término de
tres (3) días Hábiles contados a partir de las notificaciones de esta Auto,
informen a esta Sala lo siguiente:
1.
Manifiesten cómo
está constituido su núcleo familiar y cuántas personas tienen a su cargo.
2.
A cuánto
ascienden sus ingresos y egresos mensuales, cuál es la fuente de dichos
ingresos y cómo son invertidos.
3.
Si poseen bienes
inmuebles, especificando la ubicación exacta de los mismos y si se encuentran
en el área del Parque de Reserva Natural de Dumbira.
4.
Alleguen a esta
Corporación la documentación que permita inferir la calidad de dueños o
poseedores de los inmuebles, tales como la escritura pública, certificaciones
catastrales, pago de impuestos o recibos recientes de los servicios públicos
domiciliarios.
5.
Si la Alcaldía del
Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, ha iniciado actos
tendientes a demoler las construcciones existentes en el corregimiento de
Taganga, específicamente, en el área del Parque de Reserva Natural de Dumbira
y, de ser afirmativa su respuesta, indique si sus residencias fueron objeto de
demolición.
Segundo.- Por Secretaria General, OFÍCIESE
al señor Rafael Alberto Matos Torres en calidad de representante legal de la
Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga, o quien haga sus veces,
para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
notificación de este Auto, informe lo siguiente:
1.
Si la
Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga se encuentra legalmente
constituida y, de ser afirmativa su respuesta, remita a esta Corporación los
respectivos registros en Cámaras de Comercio y en la Secretaria de Gobierno,
así como los demás documentos que permitan inferir la organización y estructura
de dicha Corporación.
2.
Allegue el
listado actualizado de los miembros activos de la Corporación de Pescadores
Chinchorreros de Taganga.
3.
Indique si los
señores María del Rosario Cantillo Quiroga, Armando Segundo Daniels de Andreis
y Teresa de Jesús Vásquez Guerra aparecen registrados como miembros activos de
la Corporación o si, ostentan la calidad de pescadores reconocidos del
corregimiento de Taganga.
Tercero.- Por la Secretaría General,
OFICÍESE a la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta, a la Unidad Especial de Parques Naturales de Santa Marta (UAE), a la
Secretaría de Planeación y a la Secretaría de Gobierno del Distrito de Santa
Marta, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
notificación de este Auto, den respuesta a los siguientes requerimientos, allegando
las pruebas documentales que consideren pertinentes:
1.
Si es cierto o
no que como consecuencia de la creación del Parque de Reserva Natural de
Dumbira, se dispuso el desalojo de las personas que habitaban de manera regular
o irregular en la zona declarada reserva.
2.
Rindan informes
detallados sobre las demoliciones de las construcciones o edificaciones
ubicadas en el Corregimiento de Taganga, específicamente, en el área del Parque
Reserva Natural Distrital Dumbira.
3.
Indiquen cuáles
fueron las medidas adoptadas por el Distrito para facilitar la reubicación de
los habitantes que fueron desalojados de sus viviendas con ocasión de la
constitución del mencionado parque natural.
4.
Remitan el
listado de las personas afectadas con la creación del Parque de Reserva Natural
del Distrito de Dumbira y la relación precisa de cuántos de ellos han sido
reubicados.
5.
Si es cierto o
no que por la creación del mencionado parque natural quedó prohibido adelantar
labores de pesca artesanal en las aguas declaradas en reserva, en caso de ser
afirmativa su respuesta, mencionen cuáles fueron las medidas adoptadas para
reorganizar a los pescadores de Taganga e informen si la Administración
Distrital ha otorgado licencias o permisos para ejercer la pesca artesanal en
aguas distintas a las pertenecientes al parque.
6.
Digan en qué
circunstancias se han desarrollado los compromisos adquiridos por el distrito y
si se han reconocido programas, beneficios o subsidios a  favor de los
tagangueros residentes en el área del Parque Natural de Dumbira.
7.
Precisen si los
señores María del Rosario Cantillo Quiroga, Armando Segundo Daniels de Andreis
y Teresa de Jesús Vásquez Guerra, han sido incluidos en los programas de ayuda para
las personas afectadas con la creación de las reservas naturales de Taganga.
Cuarto.- Por Secretaría General, OFÍCIESE
al Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta para que, en calidad de juez
de primera instancia de la acción popular, identificada con el número  de
radicación 47-001-2331-001-2006-00871-00, en el término de tres (3) días
hábiles contados a partir de la notificación de este Auto:
1.
Remita a esta
Corporación los informes presentados por el Comité de Verificación y Cumplimiento
creado para supervisar el acatamiento de las órdenes proferidas en la Sentencia
del 11 de marzo de 2010.
2.
Y, en todo caso,
allegue la información correspondiente a las medidas adoptadas por el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta para la reubicación de las
personas que se encontraban ubicadas en el área del Parque de Reserva Natural
Distrital Dumbira.
Quinto.- OFÍCIESE a la señora Pierine
Peñaranda, en calidad de corregidora de Taganga, o quien haga sus veces, para
que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la comunicación
del presente Auto, informe a esta Corporación lo siguiente:
1.
Si la viviendas
de los señores María del Rosario Cantillo Quiroga, Armando Segundo Daniels de
Andreis y Teresa de Jesús Vásquez, ubicadas respectivamente en las direcciones
Calle 10 No. 2-154, Calle 9 No. 4-181 y Calle 11 No. 2-147 del Corregimiento de
Taganga, fueron demolidas por el Distrito, de ser negativa la respuesta,
informen si actualmente residen en el área del Parque de Reserva Natural
Dumbira.
2.
Manifieste en
qué condiciones actuales viven los accionantes y sus respectivos núcleos
familiares.
3.
Indiquen si la
Alcaldía del Distrito de Santa Marta ha efectuado actos tendientes a desalojar
a los habitantes de la zona del parque y si han adoptado medidas para facilitar
la reubicación.
4.
Informen si
existe un censo de las personas afectadas con la creación del Parque Reserva
Natural de Dumbira y, concretamente, si los señores María del Rosario Cantillo
Quiroga, Armando Segundo Daniels de Andreis y Teresa de Jesús Vásquez Guerrra
hacen parte de las personas afectadas con la decisión del distrito.
5.
Relacionen si
los accionantes aparecen registrados como beneficiarios de los programas de
ayuda creados para los habitantes de la zona Parque Reserva Natural Dumbira, de
ser afirmativa la respuesta, determinar qué clase de beneficios han recibido y
con qué periodicidad.
6.
Determine si los
señores María del Rosario Cantillo Quiroga, Armando Segundo Daniels de Andreis
y Teresa de Jesús Vásquez Guerra son pescadores artesanales y, actualmente, en
qué lugar ejercen su actividad económica.
SEXTO.-SUSPENDER el término para fallar los
procesos de la referencia, mientras se surte el trámite correspondiente y se
evalúan las pruebas decretadas.”
Posteriormente, la Sala Cuarta de Revisión mediante Auto
del veintidós (22) de julio de 2013, decidió requerir a la Alcaldía del Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, a la Secretaría de Planeación,
a la Secretaría de Gobierno de la misma ciudad y al inspector de policía del
Corregimiento de Taganga para que, de forma inmediata, se sirva dar
cumplimiento a lo ordenado en el Auto del 8 de octubre de 2012.
En el mismo proveído advirtió a las mencionadas
entidades que el incumplimiento de lo ordenado podrá dar lugar a las sanciones
legales previstas en el artículo 39 del Código de Procedimiento Civil.
3.
Mediante oficio del 13
de agosto de 2014, la presidente de la Junta de Acción Comunal de Taganga, la
señora Pierine Peñaranda, respondió el requerimiento de esta Corporación y, al
respecto precisó lo siguiente:
“El Distrito Turístico, Cultural e Histórico
de Santa Marta no ha promovido ningún tipo de acción para demoler las viviendas
de los señores María del Rosario Cantillo Quiroga, Armando Segundo Daniels de
Andreis y Teresa de Jesús Vásquez Guerra ubicadas en la calle 10 No. 2-154,
calle 9 No. 4-181 y calle 11 NO. 2-147. Ninguna de las personas anteriormente
mencionadas residen en el área del Parque Natural Dumbira, pues de acuerdo a
(Sic) las coordenadas establecidas, el área de esa reserva comienza en la cota
40 mts y muchas veces por encima de ellas en la cota 51 mts, es decir por
encima de la carrera 5ta del Corregimiento de Taganga y, de acuerdo con nuestra
percepción los accionantes con sus respectivos núcleos familiares siguen
residiendo en esas mismas direcciones en condiciones normales.
(…) Debo manifestarles que el ente
territorial no ha efectuado actos tendientes a desalojar a ningún habitante de
la zona de parque, solo se dictó en el Decreto 392 del 30 de septiembre de 2010
el Estatus Quo respecto a las construcciones ilegales en los cerros del sector
de Dunkarinka, en donde queda claro que todos los cerros de Taganga desde la
Punta Petaca hasta Punta Neguanje son conservados. Desconoce si el gobierno
distrital adoptó medidas para facilitar reubicaciones.
No conozco ningún tipo de censo de estas
personas por que exactamente el mencionado parque fue creado mediante Acuerdo
No. 005 de 2000 del distrito, es decir hace ya 13 años.
Los señores María del Rosario Cantillo
Quiroga, Armando Segundo Daniels de Andreis y Teresa de Jesús Vásquez Guerra no
hacen parte de las personas afectadas con la decisión del distrito, pues sus
viviendas están por fuera de la jurisdicción del denominado Parque Natural de
Dumbira.
De acuerdo con la información otorgada por
la Secretaría de Gobierno se desconoce si los accionantes son beneficiarios de
las ayudas creadas para los habitantes de esta zona.
Las accionantes María del Rosario Cantillo
y Teresa de Jesús Vásquez Guerra no ejercen la actividad de pesca artesanal
pero el señor Armando Daniels de Andreis, actualmente, es pescador artesanal
actividad que combina con la de prestador de servicios turísticos en el sitio
conocido como playa grande, jurisdicción del corregimiento especial de
Taganga”.
En el mismo escrito manifestó que “La creación del
denominado Parque Dumbira no abarca aguas declaradas en reserva, efectivamente,
fue la creación del Parque Natural Nacional Tayrona, creado mediante la
Resolución 191 del 31 de agosto 1964, proferida por el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria y aprobada por el Ministerio de Cultura, mediante Resolución
255 del 29 de septiembre de 1964, la que originó la afectación a los pescadores
ancestrales del Corregimiento de Taganga , pues dentro de su primitivo
territorio ancestral se prohibió la pesca permitiéndose solamente la llamada
‘subsistencia’, entendida ésta como la pesca permitida solo para fines
alimenticios, sin tener en cuenta las necesidades básicas de un pescador y de
su núcleo familiar, situación que ha sido agravadas por el Gobierno Nacional y
su Unidad de Parque mediante la promulgación de las ley 1333 de 2009 que le da
herramientas a la Unidad de Parques para convertirse en juzgadores y policías
judiciales contra los pescadores que se encuentren pescando en aguas
pertenecientes al Parque Nacional Tayrona, territorio marino que pertenece a la
comunidad o pueblo ancestral de Taganga desde antes del establecimiento de la
República, de acuerdo con las escrituras públicas números 14 y 27 de 1873
registradas en la Notaria Primera de Santa Marta. Como si fuera poco, nuestras
viviendas no pueden tener un título de propiedad que le permita al pescador
darla en garantía de un crédito ante un banco para mejorar sus condiciones de
vida pues la Unidad de Parques, Incoder, y la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos nos impiden que legalicemos dichos títulos.”
4.
El Secretario de
Gobierno Distrital, mediante oficio OPT-A-363/2013, dió contestación al
cuestionario formulado por esta Corporación en los siguientes términos:
“1. Hasta la fecha esta secretaría no ha
ordenado ningún tipo de desalojo en la zona de reserva Parque Natural Dumbira:
2.
No es procedente
rendir informe detallado de demoliciones por lo contestado en la pregunta No.1
3.
Hasta la fecha
no se ha reubicado ningún habitante como quiera que no se ha desalojado familia
o persona alguna en dicho sector.
4.
No se puede
allegar lista alguna como quiera que no se han realizado procedimientos de
desalojo en dicho parque hasta la fecha por parte de esta Administración.
5.
Este despacho
hasta la fecha no ha prohibido la actividad pesquera.
6.
En lo que va
corrido de esta administración no se ha realizado ningún tipo de actividad por
las respuestas antes citada.
7.
Hasta la fecha
no. Como quiera que este despacho desconocía que las citadas personas
entablaron demanda contra la Administración Distrital”.
5.
El apoderado de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, mediante oficio OPT-A-625/2012 de 10 de
octubre de 2012 manifestó, dentro del término otorgado, que no es la entidad
competente para responder a los interrogantes formulados, como quiera que el
Parque Reserva Natural Distrital Dumbira no corresponde a ninguna de las
categorías que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, ni a
ninguna de las categorías de áreas protegidas del Sistema Nacional, pues la
creación del parque relacionado proviene de una medida administrativa adoptada
por el Municipio.
6.     El Secretario de Planeación de la
Alcaldía de Santa Marta, mediante oficio OPT-3613-2013 del 12 de febrero de
2014, al responder los requerimientos efectuados por esta Corporación indicó lo
siguiente:
“1. Los parques naturales distritales
están incluidos y delimitados en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT),
pero no han sido objeto de reglamentación.
2. En el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT), tal como se desprende de las normas transcritas, como
consecuencia  de la creación y delimitación de los Parques Naturales
Distritales, no se reguló, ni se ha considerado, el desalojo de las personas de
las que habitan de manera regular o irregular en dichas áreas. Sobre el
particular no puede la Administración Distrital desconocer los derechos
adquiridos.
3. A la fecha no existe actuación
administrativa, como tampoco inventario alguno sobre demoliciones de
construcciones o edificaciones ubicadas en el Corregimiento de Taganga, por
causa o como consecuencia de la adopción y delimitación de los Parques
Naturales Distritales y en particular del Parque Distrital Natural Dumbira.
4. A la fecha las únicas medidas
tomadas por la administración distrital no pueden ser distintas a las
facultades concedidas al señor Alcalde Distrital que no surgen del contenido de
los artículo 434, y 435 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y frente a
esas facultades la única decisión que tomó el doctor Juan Pablo Díaz Granados
Pinedo para entonces alcalde distrital fue la adopción del Decreto Distrital
No. 392 del 30 de septiembre de 2010, mediante el cual resolvió decretar el
statu quo en las construcciones en el corregimiento de Taganga de acuerdo con
este acto administrativo no se ordenó desalojo de persona alguna o la demolición
de bienes inmuebles.
5. A la fecha no existen censos,
estudios, como tampoco la asignación de recursos para adelantar programa alguno
de reubicación de asentamiento localizados dentro del área delimitado por
Parque Natural Distrital Dumbira.
6. No existen en los archivos de la
Secretaría de Planeación Distrital listado o censo de las personas o los
inmuebles que se encuentran sentados dentro de la Zona definida o delimitada
como Parque Natural Distrital de Dumbira, pues no se ha originado reubicación
alguna.
7. Sobre la prohibición de pesca el
artículo 429, con relación a las acciones de tratamiento sobre el Parque
Natural Distrital Bondigua; bonifica  lo siguiente: para efectos de consolidar
el carácter del Parque Distrital Natural Bondigua, como bien de interés
público, desarrollándose sobre esta área del territorio distrital las
siguientes acciones de tratamiento:
-Realizar la zonificación y reglamentación
ambiental del área.
-Habilitar los senderos y caminos
reales milenarios de que dispone el Parque.
-Emprender el saneamiento y congelar la
expansión de asentamientos y edificaciones.
-Adelantar la reforestación,
rehabilitación y regeneración natural de los sectores ambientalmente afectados
y/o amenazados por acciones antrópicas.
Así mismo en los parques naturales
distritales incluido Paz Verde; se tomaron las siguientes medidas especiales.
Artículo 424. Disposiciones especiales
sobre el parque natural distrital Dumbira. Por su valor paisajístico,
patrimonial y ambiental, se incorpora a la oferta de espacio público del área
rural del Distrito, el Parque Natural Distrital Dumbira con la finalidad
exclusiva de desarrollar en él actividades que generen el mínimo impacto sobre
el medio, es decir: labores científicas, educativas, recreativas y
ecoturísticas pasivas.
Parágrafo. La dotación del Parque
Natural Distrital Dumbira como espacio público, se hará con base en la
zonificación y reglamentación ambiental del mismo y será, única y exclusivamente,
la requerida para acondicionar y restaurar los caminos reales y senderos
milenarios que existen en el lugar y permiten la movilización y acceso de los
visitantes.
Sobre las restricciones y prohibiciones
impuestas a las áreas afectadas como parques naturales distritales: el artículo
432 ibídem, previó la prohibición dentro de los Parque Distritales Naturales
Dumbira, Paz Verde y Bondigua, y en el Complejo Ambiental Suhagua el desarrollo
de actividades de la construcción de hoteles, residencias, equipamentos, viales
y otro tipo de infraestructura diferente a las señaladas en este acuerdo
Parágrafo 1. Todo acto que controvenga
las disposiciones normativas y las determinaciones adoptadas en el presente
artículo, será motivo de cancelación, multa y/o sanción.
Parágrafo2. Bajo estrictos parámetros
de restricción y con la autorización expresa de la oficina de Planeación
Distrital, la Autoridad Ambiental podrá autorizar a las empresas prestadoras de
servicios públicos de la ciudad, la localización de equipamentos ligados a
estos propósito s(plantas de acueductos, tanques elevados y bajos,
subestaciones eléctricas, plantas de acueductos y similares), toda vez que
estos presten un beneficio colectivo.
8.
De acuerdo con
lo expuesto, no existe señalamiento expreso que prohíba la actividad pesquera.
Actualmente se adelanta actividad pesquera sin ninguna restricción.
9.
A la fecha no
existe, programa alguno de reubicación de los asentamientos localizados dentro
del área definida o delimitada como Parque Natural Distrital Dumbira, tampoco
existe disponibilidad presupuestal para el reconocimiento o pago de subsidios,
indemnizaciones o aplicaciones de alivios tributarios a favor de la población
afectada con la disipación de las normas urbanas.
10.
No se tiene
información acerca de la inclusión de las señoras: María del Rosario Cantillo,
Teresa de Jesús Vásquez Guerra y del señor Armando Segundo Daniels de Andreis,
en programas de ayudas frente a la presunta afectación que se les habría
causado con la adopción del parque en mención.
Finalmente, dejo a conocimiento de la
Corporación por el interés que ello reviste para los efectos de la decisión de
fondo que ‘en el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta bajo el
radicado No. 47-001-2331-003-2006-001871-00, se tramitó acción popular que fue
promovida por el señor Luís Alberto Devia Blandon y otros, vecinos nativos
residentes del Corregimiento y en sus calidades de miembros de la Junta Acción
Comunal como de otras organizaciones sociales locales y ambientalistas, en
contra del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, como el
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Secretaría
de Planeación Distrital, como el Departamento Administrativo del Medio Ambiente
DADMA y de acuerdo con la sentencia de primera instancia, del 11 de marzo de
2010, el despacho judicial accedió a las súplicas de la demanda, en
consecuencia le pusieron a los demandados una serie de obligaciones’ ”. En
efecto, se observó que en dicha providencia se decidió prohibir a las
autoridades distritales y a los curadores urbanos expedir licencias o permisos
de urbanismo y construcción en el área del Parque Natural Dumbira así como, en
las zonas que atraviesan las quebradas, cauces de arroyos en el corregimiento
de Taganga, entre otras órdenes. De igual forma, ordena que al Distrito de
Santa Marta proceder a demoler toda construcción realizada en los cauces de las
quebradas, arroyos o vertientes existentes en el área de la reserva así como,
la demolición de toda construcción o edificación que no tenga licencia o que
sea ilegal.
7.     Mediante oficio OPT-4 623, del 18 de
octubre de 2012, la Corporación de Pescadores Chinchorreros de Taganga, con
personería jurídica 678 del 22 de agosto de 1977, allegó el listado de
asociados en la que no se encuentran relacionados los accionantes.
8.     La señora María del Rosario Cantillo
Quiroga, mediante escrito OPT-A-620, dio cumplimiento al requerimiento
formulado por esta Corporación y, al cuestionamiento enviado contestó lo
siguiente:
“
PARENTESCO
NOMBRES
Madre
Isabel
Quiroga de Cantillo
Padre
Desposorio
Cantillo López (Fallecido)
Hija
María del
Rosario Cantillo Quiroga
Nieta
Driana
Dayana Díaz Cantillo
Nieta
Carolina
Paola Díaz Cantillo
Bisnieta
Neydri
Dayana Reyes Díaz
Isabel
Quiroga de Cantillo, adulto mayor que recibe ingresos por pensión de su esposo
fallecido y arriendos de 3 alojamientos
CONCEPTO
INGRESOS
INVERTIDOS
Pensión
800.000
Manutención
Alojamiento
600.000
Pagos de
créditos
María del
Rosario Cantillo Quiroga
CONCEPTO
INGRESOS
INVERTIDOS
Maestra
800.000
Manutención
Se encuentra en la zona de
amortiguación y a 20 metros de la zona de recuperación de los afluentes a
recuperar del Parque Dumbira.
De la documentación que
permita inferir la calidad de dueños o poseedores de los inmuebles, allegó los
siguientes:
ITEM
CONCEPTO
1.
Escritura
Pública
2.
Certificaciones
3.
Pago
de impuestos
4.
Recibos
recientes de servicios públicos domiciliarios
Al momento no se han
iniciados los actos tendientes a demoler las construcciones existentes en el
corregimiento de Taganga, específicamente en el área del Parque de Reserva
Natural de Dumbira. Pero la alcaldía ejerce presión a través de la prensa de
amplia circulación, donde la administración distrital notifica constantemente
que hará cumplir las órdenes judiciales tendientes a recuperar.
Manifiestan que han poseído dicho terrenos
de manera ininterrumpida de generación en generación ejerciendo actos de señor y
dueño, en forma pública, quieta y pacífica.”
9.  La señora Teresa de Jesús Vásquez Guerra, a efectos de
dar cumplimiento al proveído del 8 de octubre de 2012, allegó a esta
Corporación la siguiente información:
“
PARENTESCO
NOMBRES
Madre
Teresa
de Jesús Vásquez Guerra
Hija
Nashel
Matos Vásquez
Hijo
Cliftom
Matos Vásquez
Sobrino
Garbiel
Maestre Vásquez
Hermana
Rita
Guerra Matos
Nuera
Lismey
Villalobo González
Tío
Alberto
Vásquez Bustamante
Nieto
Karil
Miguel Orozco Matos
Nieto
Pablo
José Navarro Matos
Teresa de Jesús Vásquez
Guerra, adulto mayor que recibe ingresos por ventas de fritos y ventas de
pescado puerta a puerta
CONCEPTO
INGRESOS
INVERTIDOS
Ventas
Estacionaria
300.000
Manutención
Venta
de pescado puerta a puerta
300.000
Pagos
de Créditos
Su bien inmueble se
encuentra en la zona de amortiguación y a 20 metros de la zona de recuperación
de los afluentes hídricos a recuperar del Parque Dumbira.
Documentación que permita
inferir la calidad de dueño.
ITEM
CONCEPTO
1
Declaración
extrajuicio en la que declara que vive y reside en Taganga en una vivienda
que posee desde hace treinta (30) años.
2
Pagos
de impuestos
3
Recibos
recientes de los servicios públicos domiciliarios
Hasta el momento la
alcaldía distrital no ha iniciado actos tendientes a demoler las construcciones
existentes en el corregimiento de Taganga, específicamente en el área del
Parque de Reserva Natural Dumbira”.
10.        El señor Armando Segundo Daniels de
Andreis, allegó a esta Corporación el oficio OPT-A-621, en el que relacionó la
siguiente información:
“
PARENTESCO
NOMBRES
Padre
Armando Segundo
Daniels Quiroga
Madre
Isabel Dolores
Cantillo Quiroga
Hija
Estefany Tatiana
Daniels Cantillo
Armando Segundo Daniels de Andreis,
adulto mayor recibe ingresos por actividad de la pesca artesanal
CONCEPTO
INGRESOS
INVERTIDOS
Pescador
600.000
Manutención
Su inmueble se encuentra en el área de
recuperación del Parque de Reserva  Natural de Dumbira.
Documentación que permita inferir la
calidad de dueño o poseedor del inmueble.
ÍTEM
CONCEPTO
1
Certificaciones
Catastrales
2
Recibos recientes de
los servicios públicos domiciliarios
El inmueble lo poseo desde hace más de
veinte años.
Al momento no se han iniciado los actos
tendientes a demoler las construcciones existentes en el corregimiento de
Taganga, específicamente en el área del Parque de Reserva Natural de Dumbira”.
11. El Secretario del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante oficio OPT-A-628/2012,
dio cumplimiento a lo solicitado por esta Corporación y remitió los informes
presentados, por las partes del proceso de la acción popular presentada por el
señor Luís Alberto Debia contra el Distrito de Santa Marta, al Comité de
Verificación y Cumplimiento creado para supervisar el acatamiento de las
órdenes proferidas en la Sentencia del 11 de marzo de 2010, en los que se
observa lo siguiente:
-El Distrito Turístico
Cultural e Histórico de Santa Marta mediante escrito, del 6 de junio de 2011,
presentado ante el Juez Segundo Administrativo de Santa Marta precisó que pudo
constatar que: “Algunas de las construcciones que están por encima de la
cota 40. Algunas de dichas mejoras de encuentran en estado de abandono, otras
las personas que atendieron manifestaron no ser las propietarias sino las
encargadas del cuidado de las mismas y no suministraron datos de propietarios.
En virtud de lo anterior, se hizo necesario buscar imágenes digitales
satelitales y contrastarlas con la carta de catastro a efectos de tener los
números de referencia y poder ubicar los nombres de quienes aparecen como
propietarios de las mejoras. Así mismo, se inspeccionaron otros inmuebles cuya
ubicación le correspondió a los respectivos funcionarios de la Secretaría de
Planeación Distrital, la cual cuenta con poco personal a disposición y no posee
los materiales de trabajo idóneos para efectuar las gestiones pertinentes por
lo que se ha hecho necesario el apoyo interinstitucional para efectos de
cumplir con lo ordenado en el fallo. En ese orden de ideas, se solicitó a la
E.S.P. METROAGUA S.A. la constitución de una comisión de topografía para la
delimitación del Parque Dumbira y para la ubicación de las viviendas que no
tienen información catastral. Así mismo, ya fueron adquiridos por compraventa
los mojones de concreto de 1 metro de altura y 9 centímetros de ancho para el
amojonamiento del Parque Dumbira según consta en el orden de compra No. 189 de
la Unión Temporal Amoblamiento Urbano. De igual manera, la Secretaria de
Planeación Distrital ha adoptado medidas preventivas mediante seguimiento al
cumplimiento del statu quo por parte de los curadores urbanos y ha solicitado
en igual forma apoyo a la inspección de policía del Corregimiento de Taganga
para que informen acerca de cualquier construcción irregular de la que tengan
conocimiento de oficio o por queja. Estas medidas preventivas son adoptadas
mientras se cuenta con la información completa para iniciar los procesos sancionatorios
respectivos.”
Por su parte, el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Santa Marta, el 26 de julio de 2012,
realizó audiencia pública de verificación del cumplimiento de la orden
judicial, en la que las entidades vinculadas al trámite de la acción popular
relacionaron lo siguiente:
“Secretaría de Planeación:
Se encuentra adelantando la delimitación en campo a través de un sistema GPS de
las coordenadas establecidas en el POT, la labor adelantada hasta la fecha
consiste en la instalación de 300 mojones incados en el terreno, a la fecha se
han establecido 40 puntos. Corregidor especial de Taganga: Ya se está
implementando el plan de acción en cuanto a la delimitación y, subsidiariamente,
se han llevado a cabo las tareas de paralización y notificación a las
construcciones ilegales dentro del corregimiento de Taganga con el apoyo del
funcionario adscrito a la Secretaria de Planeación Distrital. Policía
Distrital: Se encuentra realizando la delimitación del cerro Dumbira, como
medida preventiva, la policía ha informado oportunamente de las nuevas
construcciones en el área. CORPAMAG: Coordina las actividades y  carácter técnico,
lo cual comprende alinderamiento y amojonamiento del área del Parque Dumbira
conjuntamente con el DADMA y la Secretaría de Planeación. Han prestado
acompañamiento en campo para la delimitación del parque, que previo a las
actividades de campo se convoca a reuniones para coordinar dichas actividades y,
por último, que CORPAMAG seguirá prestando apoyo técnico a todas las
actividades u obligaciones pendientes definidas. DADMA: Ha ejercido
acompañamiento técnico en el proceso de delimitación del Parque Dumbira en
cabeza de la Secretaría de Planeación Distrital lo que se constituye en base
para la realización de acciones en torno a la protección del parque distrital.
Junta Acción Comunal Taganga: Varias entidades de Taganga tales como la junta
de acción comunal. Comité de veedurías, comité de prodefensa y ediles, nos
hemos reunidos porque la problemática territorial por la que estamos pasando es
muy compleja y llegamos a la conclusión de que queremos un replanteamiento del
POT para que la comunidad no se vea afectada con la delimitación. Advierten que
no quieren la creación del parque”.
IV.  CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de
tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86
y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 30
de abril de 2012, proferido por la Sala de Selección de Tutelas número Cuatro
de esta corporación.
2. Problema
jurídico
De acuerdo con los hechos descritos por los
accionantes en los diferentes procesos de tutela, le corresponde a la Sala
Cuarta de Revisión establecer si, de acuerdo con sus afirmaciones, la Nación,
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad
Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la Alcaldía Distrital
de Santa Marta vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana,
vivienda digna, al trabajo y al mínimo vital de la comunidad pescadora del
corregimiento de Taganga, al restringir, de conformidad con lo establecido en
el Plan de Ordenamiento Territorial POT, las labores de pesca en las aguas
declaradas como reserva y ordenar el desalojo de los habitantes de la zona que
comprende el Parque Natural Dumbira.
Con tal propósito, la Sala abordará, antes de
cualquier análisis sobre la eventual violación de los derechos de los
accionantes, el tema concerniente a si la tutela es el mecanismo procesal
idóneo para garantizar la protección de los derechos invocados o si, por el
contrario, de acuerdo con las específicas circunstancias que rodean este caso,
esta acción deviene improcedente.
En desarrollo de lo anterior, la Sala reiterará
brevemente la jurisprudencia relacionada con (i) el carácter subsidiario de la
acción de tutela ante la existencia de mecanismos de defensa judicial
pertinente; (ii) la procedencia excepcional de la acción para controvertir
actos de la administración y, en todo caso, la sala abarcará, de conformidad
con los derechos invocados como vulnerados, temas como (iii) el derecho a la
vivienda digna; (iv) derecho al trabajo y a la libre escogencia de profesión u
oficio; (v) protección del ambiente sano a través de la creación de parques
naturales para finalizar, en caso de que se considere procedente el mecanismo
de amparo, con (vii) un examen de fondo del asunto.
3. El principio de subsidiariedad de la acción de
tutela ante la existencia de mecanismos de defensa judicial pertinentes.
Reiteración de jurisprudencia
La Constitución Política dispone, en su artículo 86,
que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario[9], diseñado para la
protección inmediata de los derechos fundamentales cuando no se cuente con
alguna otra vía judicial de protección o, cuando existiendo ésta, se acuda a
ella como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[10]. En el mismo sentido, el artículo 6° del Decreto 2591
de 1991, estableció que la existencia de
otros recursos o medios de defensa
judiciales hacen improcedente el amparo, excepto cuando este se solicita de
manera transitoria, en aras de precaver un perjuicio irremediable.
La Corte ha reiterado que la acción de tutela no se ha constituido como una instancia
para decidir conflictos de rango legal, puesto que para abordar temas de este
orden la misma Carta Política ha contemplado, en su título VIII, la existencia
de jurisdicciones distintas a la constitucional, las cuales deben someterse a
los dictados de la ley y la Constitución y, estando los derechos fundamentales
en el medio, corresponde a todos los jueces de las diferentes jurisdicciones
velar porque los derechos fundamentales sean respetados dentro y como resultado
de los procesos judiciales[11].
Así las cosas, no puede ignorarse que los
procedimientos ordinarios cuentan con los elementos procesales adecuados para
resolver las controversias de derechos, garantizando la efectividad de las
prerrogativas fundamentales. Por ello, la tutela no puede ser empleada como un medio alternativo, ni complementario,
ni puede ser estimada como un último recurso[12].
No obstante, existiendo otro medio de
defensa judicial, la Corte ha contemplado dos excepciones que hacen procedente
la acción de tutela. La primera, consiste en que el medio o recurso legal
existente para obtener el amparo no sea eficaz e idóneo y, la segunda, que la
tutela se invoque como mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un
perjuicio irremediable.
En cuanto a la primera excepción, la Corte
ha sostenido que la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye
una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción: el medio con
que cuenta el ciudadano debe ser idóneo y eficaz[13]. Para la
Corte, la idoneidad hace referencia a la aptitud material del mecanismo
judicial para producir el efecto protector de los derechos fundamentales, lo
cual ocurre cuando existe una relación directa entre el medio de defensa y el
contenido del derecho[14].
Así mismo, la eficacia tiene que ver con que el mecanismo esté diseñado de
forma tal que brinde, de manera rápida y oportuna, una protección al derecho
amenazado o vulnerado[15].
Para determinar la concurrencia de estas
dos características, deben examinarse los planteamientos fácticos de cada caso, estudiando aspectos
tales como si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente
tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través de la
acción de tutela[16];
el tiempo que tarda en resolverse la controversia en la jurisdicción ordinaria;
el agotamiento de la posibilidad de ejercicio del derecho fundamental durante
el trámite[17],
la existencia de medios procesales a través de los cuales puedan exponerse los
argumentos relacionados con la protección de los derechos fundamentales[18];
las  circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya
promovido o no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[19];
la condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario,
que exige una especial consideración de su situación[20], entre otras.
En relación con la segunda situación
excepcional, ha dicho la Corte que puede  acudirse a la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando quien hace
esta solicitud demuestra que la tutela es una medida necesaria para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable en contra del afectado[21].
La Corte ha establecido que un perjuicio tendrá
carácter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la situación
concreta, el accionante demuestre que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que “su existencia actual o potencial se infiera
objetivamente a partir de una evaluación razonable de hechos reales, y no de
meras conjeturas o deducciones especulativas”[22], de suerte que, de no frenarse la causa,
el daño se generará prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la
medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que
objetivamente pueda ser considerado de alta significación para el afectado.
(iii) Y que se requiera de la adopción de medidas urgentes e impostergables,
que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del daño ya que,
de no tomarse, la generación del daño sería inevitable[23].
Solo cuando concurra la totalidad de los mencionados
elementos, se hace manifiesta la necesidad de desplazar el medio ordinario de
defensa, y amparar los derechos fundamentales vulnerados, hasta tanto el
afectado inicie la acción correspondiente y, habiéndolo hecho, esta sea
resuelta de fondo por la jurisdicción respectiva.
4. Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos. Reiteración de
jurisprudencia
Esta Corporación, en reiterada jurisprudencia, ha
sostenido que, de conformidad con lo establecido en la  Carta Política, la
acción de tutela es un mecanismo preferente, subsidiario, y sumario para la
protección de los derechos fundamentales de las personas. En otras palabras, si
el ordenamiento jurídico dispone otro mecanismo de protección para los derechos
e intereses en juego, la tutela es en principio improcedente, puesto que el
conflicto de intereses debe ser resuelto por el juez natural.
Sin embargo, tal y como se expuso en el acápite
anterior, la aplicación de dicha regla depende de la eficacia e idoneidad del
mecanismo alternativo del ordenamiento jurídico, pues éste “(…) tiene que
ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental
violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación
directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho
de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto,
cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho”[24].
Así las cosas, cuando se determina que el otro medio de defensa judicial no es
idóneo, no es eficaz o se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, la tutela se convertiría en el medio procedente para proteger los
derechos fundamentales que se encuentren en riesgo, de manera definitiva o
transitoria, según las características del caso.
Dicha regla general también se aplica cuando el
mecanismo de amparo es interpuesto contra actos administrativos. Bajo ese
entendido, en primer lugar, es el juez natural el competente para dilucidar los
conflictos que se presenten, de tal manera que, es el juez de lo contencioso
administrativo el encargado de resolver, mediante la acción de nulidad o la de nulidad
y restablecimiento, las controversias que al respecto se susciten, según lo
dispone el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
No obstante, la jurisprudencia ha establecido que la
tutela contra actos administrativos procede solo de manera transitoria cuando
se pretende evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[25] o quede
demostrado que los medios judiciales ordinarios no son idóneos ni eficaces, y
exista una presunta vulneración de derechos fundamentales, que haga
impostergable el amparo[26].
Al respecto, se ha considerado que “(…) en los eventos en que se
evidencie que (i) la actuación administrativa ha desconocido los derechos
fundamentales, en especial los postulados que integran el derecho al debido
proceso; y (ii) los mecanismos judiciales ordinarios, llamados a corregir tales
yerros, no resultan idóneos en el caso concreto o se está ante la
estructuración de la inminencia de un perjuicio irremediable; la acción
de tutela (sería) procedente como mecanismo transitorio.”[27]
En ese sentido, se “(…) ha estimado que deben concurrir unas especiales
condiciones que harían procedente el amparo transitorio, como son (i) que se produzca de manera cierta y evidente una
amenaza sobre un derecho fundamental; (ii) que de ocurrir no exista forma de
reparar el daño producido al mismo; (iii) que su ocurrencia sea inminente; (iv)
que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra; y, (v) que la gravedad de los
hechos, sea de tal magnitud que haga evidente la impostergabilidad de la tutela
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales[28].”[29]
En conclusión, por regla general la acción de tutela
es improcedente cuando el ordenamiento jurídico dispone que hay otro medio
judicial para la defensa de los intereses en conflicto, puesto que en principio
el juez natural es la persona indicada para proteger los derechos en juego. En
el caso de conflictos presentados a partir de un acto administrativo, el juez
natural y preferente es la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sin
embargo, cuando se verifique que hay derechos fundamentales en juego, y se esté
ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable o queda demostrado que el
mecanismo ordinario es ineficaz o inapropiado para la protección de los
derechos constitucionales, la tutela se vuelve procedente para conceder un
amparo transitorio o definitivo respectivamente que se convierte en
impostergable[30].
5. El derecho a la vivienda digna y su carácter de iusfundamental
en relación con el derecho al mínimo vital. Reiteración de jurisprudencia
El derecho a
la vivienda digna reconocido, en el artículo 51[31] de la
Constitución Política, está catalogado como un derecho económico y social de
naturaleza prestacional, definido[32]
como el derecho dirigido a satisfacer la necesidad humana de disponer de un
sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que cuente con condiciones suficientes
para que quienes allí habiten puedan realizar de manera digna su proyecto de
vida.
Al ser
considerado un derecho prestacional se ha establecido que debe ser desarrollado
en forma progresiva por las instancias del poder facultadas para ello, en
observancia del principio democrático y de conformidad con las condiciones
económicas, sociales y jurídicas del momento determinado. En ese sentido, se ha
dicho que no le corresponde al juez de tutela intervenir en el desarrollo del
derecho, considerando que dicha labor le corresponde al Legislador y a la
Administración atendiendo a las posibilidades fiscales y de gestión; por lo
cual, la jurisprudencia constitucional[33]
estableció que en principio no procedía su protección por vía de tutela. No
obstante, esta posición inicial ha sido matizada en atención a las particularidades
de los casos concretos.
Así pues, en
un principio, se estableció que la vivienda era un derecho económico, social y
cultural, por lo tanto su protección no procedía por vía de tutela salvo que la
situación fáctica pusiera en riesgo otro derecho fundamental que requiriera de
la protección del derecho a la vivienda digna. En dichos casos se consideraba
que la vulneración del derecho a la vivienda que pusiera en riesgo derechos
fundamentales como la vida, la integridad física, la igualdad o el debido
proceso, daban lugar a la intervención del juez de tutela, acudiendo al
criterio de conexidad.
De tal manera que,
la Corte al replantear su posición indicó que existen derechos sociales,
económicos y culturales que suelen ir inescindiblemente ligados a otros
derechos de magnitud fundamental, avance coadyuvado por la aplicación de
instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos[34] y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[35].
Sin embargo,
la Corte ha reconocido otras situaciones, en las cuales el mecanismo procedía:
(i) cuando se evidenciara que había una posible vulneración al derecho al
mínimo vital de personas en situación de debilidad manifiesta[36]; (ii) cuando
el contenido del derecho estuviera determinado, y por tanto hubiera adquirido
el carácter de fundamental, de acuerdo con la teoría de la transmutación[37];
o (iii) cuando por medio de otros principios democráticos que hacen parte de
nuestra Carta Política, se llega a la convicción de que la tutela es necesaria
para proteger el derecho a la vivienda[38].
Dichas hipótesis fueron ampliamente debatidas, hasta que se dio el paso al
siguiente momento histórico en el desarrollo jurisprudencial de este derecho.
Ahora bien,
por medio de las sentencias T-585 de 2008 y C-299 de 2011[39], se reconoció
que el derecho a la vivienda digna es fundamental, pues no solo tiene una
relación estrecha con la dignidad humana, sino que, además, ha de ser
considerado como un fin a alcanzar en el Estado Social de Derecho, en
concordancia con tratados que ha firmado Colombia que hacen parte del Bloque de
Constitucionalidad[40].
Sin embargo, su protección por vía de tutela ha de estar condicionado al
desarrollo que del mismo hagan los poderes democráticos constituidos para tal
fin, atendiendo al mandato de progresividad.
De
esta manera, se estableció que, “como valor constitucional la dignidad
humana en materia de vivienda supone proveer espacios mínimos, calidad de la
construcción, acceso a servicios públicos, áreas para recreación, vías de
acceso y, en general, ambientes adecuados para la convivencia de las personas;
al mismo tiempo, la Administración, según sus posibilidades fiscales y
competencias jurídicas, debe generar sistemas económicos que permitan la
adquisición de vivienda acorde con el ingreso de la población y propender por
una oferta adecuada, con énfasis en los grupos de mayor vulnerabilidad.”[41]
Teniendo en
cuenta lo expuesto, es posible entonces identificar tres supuestos en los
cuales procede el amparo por vía de tutela, siempre y cuando  se  cumplan los
requisitos establecidos en el párrafo precedente: (i) cuando esté de por medio
la faceta de no perturbación o el derecho de defensa de la vivienda digna, es decir “la obligación estatal de no perturbar el
goce del derecho injustificadamente, y de proteger a las personas contra
injerencias indebidas de terceros en el goce del derecho a la vivienda, es
exigible ante el juez de tutela de forma inmediata”[42];
(ii) cuando haya un reclamo relativo al respeto de un derecho subjetivo
adquirido según el desarrollo legal y reglamentario del tema y, (iii) por
último, cuando debido a la situación de debilidad manifiesta del accionante la
posible vulneración al derecho a la vivienda digna ponga en riesgo su dignidad.
Adicionalmente,
la Corte estableció en la sentencia T-573 de 2010[43], que el
derecho a la vivienda digna se protege para evitar una injusta privación o afectación
de la vivienda, aunque no siempre con miras a obtener una prestación económica
tendiente a asegurar el disfrute de la misma. Por ello, se determinó que la
situación fáctica debe cumplir con una de dos condiciones: el acto que se dice
lesivo del derecho debe ser injusto, ilícito o ilegítimo, o si es un acto
legítimo la ponderación de los beneficios con el detrimento que ocasione debe
resultar manifiestamente desproporcionado.
En conclusión, el amparo por vía de tutela
del derecho a la vivienda digna frente a actos de la Administración procede
cuando busque evitar injerencias indebidas en el goce del derecho a la
vivienda, cuando haya un reclamo sobre un derecho subjetivo adquirido según el
desarrollo legal y reglamentario del tema, o, cuando se busque proteger a un
sujeto que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta y la
vulneración del derecho a la vivienda ponga en riesgo su dignidad. Ahora bien,
no se puede desconocer que la protección por vía de tutela del derecho a la
vivienda debe estar condicionada al desarrollo que la Administración haya
indicado en virtud del mandato de progresividad.
6. Derecho al trabajo y
la libre escogencia de profesión u oficio. Reiteración de jurisprudencia
El derecho al trabajo, reconocido en los artículos 25
y 26 de la carta superior,  ha sido desarrollado por la Corte Constitucional
como una prerrogativa relacionada con otros derechos fundamentales, que
aseguran, entre otros, la vida digna de las personas. En efecto, la Corte ha
sostenido que “el derecho al trabajo adquiere una innegable importancia como
condición, en la mayoría de los casos insustituible, para la realización de los
derechos fundamentales, motivo por el cual la realización de los supuestos que
lo hagan posible constituye uno de los asuntos más relevantes que deben ser
atendidos no solo por el Estado sino por la sociedad en conjunto. El texto
constitucional colombiano da fe de la enorme importancia que adquiere el
derecho al trabajo en este panorama, no solo como medio de participación activa
en la economía sino, adicionalmente, como herramienta para la realización del
ser humano como ciudadano, esto es, como integrante vivo de la asociación que
aporta de manera efectiva elementos para la consecución de los fines de la
sociedad[44]”.
En ese mismo sentido, la libertad de escoger profesión
u oficio está, íntimamente, ligada con el derecho al trabajo, toda vez que
ambos representan dos etapas conexas para el desarrollo del individuo. De tal
manera que, una vez el ciudadano elige libremente y en el marco de la autonomía
de la voluntad una profesión u oficio y, posteriormente, ejerce dicha
preparación en el ámbito laboral se genera, automáticamente, una unión directa
entre ese derecho y el derecho mismo al trabajo.
La Corte Constitucional ha resaltado que
el derecho a escoger libremente una profesión u oficio, reconoce la potestad
que tienen todas las personas de escoger la actividad a la que quieren dedicarse
de acuerdo a sus intereses, habilidades y aptitudes, la cual debe desarrollarse
en condiciones de libertad e igualdad[45]. Tal posibilidad, vinculada
estrechamente a la expresión de la autonomía de la voluntad  y a los derechos
al trabajo[46], al libre desarrollo de la
personalidad[47] y a la igualdad de oportunidades[48],
garantiza que las personas tengan constitucionalmente la opción de seleccionar
la labor que quieren ejercer profesionalmente, o el arte  u oficio al que
se quieren dedicar, sin intromisiones indebidas del Estado, ni de los
particulares,  a menos que
conlleven un riesgo social, o que para su ejercicio estén sujetos a la
exigencia legal de títulos de idoneidad.
En efecto,  la Corte Constitucional ha afirmado que la
potestad de elegir profesión u oficio, supone el ejercicio de esa actividad con
posterioridad, de esa manera, se ha considerado que el derecho a elegir
profesión u oficio puede verse afectado si no logra ejercerse en condiciones
dignas y de igualdad en el ámbito laboral, resaltando la conexión que existe
ente la libertad de escoger profesión y oficio y el derecho al trabajo en
general.
Bajo ese contexto, se puede concluir que la
relación entre el derecho a escoger profesión u oficio y el derecho al trabajo,
permite sostener, que del ejercicio de actividades profesionales elegidas
conforme a la Constitución y la ley, la persona puede devengar su sustento. De
allí que una violación del derecho constitucional a la libertad de escoger
profesión y oficio pueda implicar, eventualmente, la vulneración también del
derecho al trabajo de una persona, si se le impide a un profesional realizar
las competencias para las que está capacitado,[49] cuando su propósito es el de recabar
su sustento personal del ejercicio de una profesión específica, en cualquiera
de las modalidades laborales, protegidas conforme al artículo 25 de la
Constitución Política. En
reiterados pronunciamientos de esta Corte se ha expresado que el derecho
constitucional fundamental al trabajo, participa de la naturaleza de
derecho-deber, lo cual se extrae no sólo del artículo 25, sino inclusive del artículo
53, que prevé, entre otros, como principios mínimos esenciales aplicables tanto
a trabajadores dependientes como independientes, el de la igualdad de
oportunidades y el de que la ley no puede menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de éstos[50].
Ahora bien, uno de los objetivos directos del
reconocimiento de la libertad de elegir profesión u oficio y ejercerla en
condiciones dignas, es la de asegurar un ingreso que garantice unas condiciones
dignas en el desarrollo de la vida. En ese orden, los derechos a ejercer
profesión u oficio y al trabajo tienen la especial connotación de servir como
instrumento para que una persona pueda garantizar el mínimo vital pues, esos
derechos permiten que las personas obtengan una calidad de vida acorde con sus
intereses.
7. La función de ordenamiento territorial y la
reglamentación del uso del suelo por parte de autoridades municipales y
distritales para la protección del medio ambiente. Reiteración de
jurisprudencia
La Carta Política de 1991 estableció para la nación,
en su artículo 1º, un sistema descentralizado de administración, el cual
comprende cierto grade de autonomía regulativa para las entidades
territoriales. El artículo 287 Superior establece que “Las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de
los límites de la Constitución y de la ley”.
Así pues, en la Constitución Nacional, se definió el
ordenamiento territorial como un asunto en el que debe tener injerencia tanto
la Nación como las diferentes entidades territoriales, según la competencia que
establece la ley, en ese sentido se sostuvo en el artículo 289 Superior:
“La ley orgánica de ordenamiento
territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las
entidades territoriales.
Las competencias atribuidas a los distintos
niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la
ley”
De esa manera, se establece la manera de
desarrollar, materialmente, la descentralización armónica en materia de
ordenamiento territorial y, en concordancia con ello el artículo 311
Constitucional, impone al municipio la facultad de “ordenar el desarrollo de
su territorio”, pues los municipios son, el principio de la división
política y administrativa de la nación.
A través de su jurisprudencia, esta Corte ha precisado
que el ordenamiento territorial tiene como función definir de manera democrática,
participativa, racional y planificada el uso y el desarrollo de un determinado
territorio, de acuerdo a unos parámetros y orientaciones de orden demográfico,
urbanístico, rural, ecológico, entre otros, que involucran gran interrelación y
articulación entre los miembros de la sociedad y su entorno cultural y natural.
El ordenamiento jurídico colombiano, establece
diferentes cuerpos normativos dentro de los cuales se destaca la Ley 388 de
1997, a través de la que se modificó lo relativo a los planes de desarrollo
municipal que contenía la Ley 9º de 1989. Con esta norma, se regularon los
aspectos referidos a los procedimientos por medio de los cuales se permite a
los municipios promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural y la garantía a los propietarios de la utilización del suelo conforme
con la función social de la propiedad y la efectividad del derecho a la
vivienda digna.
En concordancia con ello, el artículo 2º de la
enunciada ley, se establece que los principios por los cuales se rige el
ordenamiento territorial son “(i)
La función social y ecológica de la propiedad (ii) La prevalencia del interés
general sobre el particular (iii) La distribución equitativa de las cargas y
los beneficios”.
Asimismo, define el ordenamiento territorial como “un
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física
concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas,
en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites
fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos
eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular
la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y
las tradiciones históricas y culturales”(subrayas fuera del texto
original).
Es por ello, que en cumplimiento del artículo 311 de
la Constitución, el cual encarga al municipio ordenar el desarrollo de su
territorio, la Ley 388 de 1997 establece que corresponde a esos mismos entes
expedir el Plan de Ordenamiento Territorial y, para ello, el artículo 10 de la
misma ley, establece que para su composición se deben tener en cuenta ciertos
determinantes entre los cuales se resalta la facultad de tomar decisiones
respecto del uso del suelo en favor de la conservación y la protección de los
recursos naturales así:
“1. Las relacionadas con la conservación y protección
del medio ambiente, los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos
naturales, así:
a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en
ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema
Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial
del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos
Naturales, tales como las limitaciones derivadas de estatuto de zonificación de
uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo
en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales;
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación,
uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las
zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación
Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en
cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los
distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las
reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la
Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades
ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia
ecosistémica;
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y
funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales
naturales y las reservas forestales nacionales;
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre
prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de
las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de
manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.”
De lo anterior, se puede colegir que, dentro de las
competencias que gozan los municipios, se encuentra la de hacer uso racional
del suelo y la preservación y
defensa del patrimonio ecológico, entre otras y, para ello, la Ley 388 de 1997
en su artículo 10, marca ciertas las directrices de cómo debe plasmarse esa
protección en los Planes de Ordenamiento Territorial.
8. Casos concretos
De
acuerdo con lo expuesto en la parte general de esta providencia, a continuación
se resolverán los casos concretos teniendo presente que, tal y como se ha
venido señalando a lo largo de esta sentencia, la situación fáctica en todos es
la misma, por lo que no se tratarán de manera individual sino que la solución
se impartirá con sujeción a las coincidencias advertidas.
Se
trata de las acciones de tutela promovidas por los señores María del Rosario
Cantillo Quiroga (T-3.439.749), Armando Segundo Daniels de Andreis
(T-3.439.749) y Teresa de Jesús Vásquez Guerra (T-3.485.613) contra la Nación,
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Unidad
Administrativa del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la Alcaldía de
Santa Marta, por considerar que esas entidades vulneraron sus derechos
fundamentales a la vivienda digna, al trabajo, a la dignidad humana y al mínimo
vital de la comunidad pescadora del corregimiento de Taganga, al restringirles
las labores de pesca en la playas que integran la reserva natural y ordenar el
desalojo de las viviendas construidas en el territorio declarado, dentro del
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Distrito, como Parque Natural
Dumbira.
Los
accionantes, de manera independiente en cada una de las acciones de tutela
referidas, coinciden en cuestionar la legalidad de los actos administrativos
proferidos por el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta,
específicamente, el Acuerdo 005 de 2000 “por el cual se expide el Plan de
Ordenamiento Territorial de Santa Marta ‘Jate Matuna’” que estableció los
usos de suelo, las áreas de protección ambiental y creó y delimitó el Parque
Dumbira; el Decreto  No. 392 de 2010“por medio del cual se declara el
status quo a las nuevas construcciones que se desarrollen en el corregimiento
de Taganga y la prohibición de la expedición de licencias de construcción” y
la Resolución del 14 de agosto de 2006 “por medio de la cual se ordena a la
Asociación de Pescadores la restitución del kiosko en el sector de la playa
Sisihuaca en el corregimiento de Taganga” los cuales, según manifiestan,
desconocen no solo sus derechos fundamentales sino los de quienes habitan en
similares condiciones dentro del territorio protegido.
En
virtud de lo anterior, solicitan que el juez constitucional ordene a las entidades
accionadas suspender toda actividad tendiente a obtener la implementación del
Parque Natural de Dumbira y se abstenga de iniciar actos encaminados a evitar
la pesca artesanal en las aguas que integran el mencionado parque y el desalojo
de las familias que en él habitan.
Bajo
ese contexto, deberá la Sala establecer si la acción de tutela es el mecanismo
idóneo y procedente para controvertir las decisiones administrativas  en virtud
de las cuales se crea el Parque Natural Dumbira y se adoptan medidas paras su
conservación y protección.
De antemano, considera la Sala indispensable
destacar que, tal y como se advirtió en la parte motiva de esta sentencia, la
existencia de recursos o medios de defensa judiciales tornan, en principio,
improcedente la acción de tutela a menos que, se solicite el amparo como
mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable.
En esos casos, se debe demostrar que el perjuicio que se pretende evitar con la
acción constitucional afecta o coloca en inminente y grave riesgo los derechos
fundamentales invocados como vivienda digna, trabajo, dignidad humana o el
mínimo vital, pues solo así resultaría imperiosa la intervención del juez
constitucional.
Con
fundamento en esa apreciación preliminar, al estudiar la situación fáctica y
jurídica que finalmente quedó demostrada, debe la Sala concluir la improcedencia
de las acciones de tutela, en la medida en que a través de ellas se pretende
cuestionar decisiones administrativas que pusieron fin a actuaciones de esa
misma naturaleza, susceptibles de control por los medios o mecanismos
judiciales ordinarios.
En
efecto, el Acuerdo 005 de 2000 del Concejo Distrital de Santa Marta como el
Decreto 392 de 2010 de la Alcaldía de Santa Marta son manifestaciones de la
voluntad de la administración las cuales constituyen actos administrativos de
índole general, impersonal y abstracto. En esos términos, es claro que los
accionantes cuentan con las acciones correspondientes ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, juez natural de los conflictos relacionados con la
administración; y la acción de tutela, como mecanismo subsidiario, no sería el
medio adecuado para discutir su conformidad o no con el ordenamiento superior.
Máxime cuando no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable.
Ahora
bien, en cuanto a la Resolución del 14 de agosto de 2006 de la Alcaldía de
Santa Marta, que ordenó la restitución de un bien de uso público que ocupaba la
Asociación de Pescadores de Taganga, observa la Sala que por tratarse de un
acto administrativo de contenido particular, se torna la acción de tutela
improcedente por existir en el ordenamiento jurídico distintas acciones que
permiten controvertir su validez, con idoneidad y aptitud para conferir el
amparo integral de los derechos.
Como
ya se advirtió, dadas las condiciones exhibidas por los demandantes, debe la
Sala verificar si se está ante un caso excepcional en el cual la tutela se
vuelve procedente como mecanismo transitorio de acuerdo con los requisitos
expuestos en los considerandos de esta providencia.
Para ello, debe la Corte determinar si se produce, de
manera cierta y evidente, una amenza sobre los derechos a la vivienda digna, al
trabajo, a la dignidad humana y mínimo vital, tal y como lo alegan los
accionantes.
Al respecto, es de recordar que esta Corporación
ha sostenido que para determinar el acaecimiento de un perjuicio irremediable
se debe observar el cumplimiento de los requisitos de necesidad, urgencia,
gravedad e inminencia[51].
Por tanto, los derechos a proteger deben ser claros y objetivos, estar sujetos
a una amenaza capaz de ocasionar perjuicios irreparables o, cuando los mismos
ya se ocasionaron. De otra parte, las órdenes que imparta el juez de tutela
deberán tener la capacidad de evitar que el daño se produzca o, cuando menos,
ser capaces de mitigarlo.
Es por esta razón que el accionante debe solicitar la
protección en un plazo razonable o prudencial, es decir, la acción de tutela no
puede interponerse en un tiempo indefinido desde el momento en que ocurrió el
hecho que originó la vulneración o amenaza, pues, de ser así, su razón de ser
desaparecería.
Así las cosas, al establecer los supuestos fácticos
del caso concreto, encuentra la Sala que los accionantes manifiestan que la
decisión adoptada por el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta, les ocasiona un detrimento patrimonial, toda vez que a través de la
creación del ya mencionado parque natural, se les impide el ejercicio habitual
de sus actividades económicas al restringir, en ciertas aguas, el desarrollo de
la pesca artesanal y, a su vez, se afectó su derecho a la vivienda digna pues
no solo se prohibió la construcción de viviendas sino que se ordenó el desalojo
de quienes se encontraban asentados en el territorio que integra la reserva.
De conformidad con el anterior planteamiento, le
corresponde a la Sala  esclarecer si la decisión adoptada por la administración
vulnera los derechos fundamentales de los accionantes, por lo que procederá a
relacionar, con fundamento en las pruebas allegadas en sede de revisión, los
eventos que se encontraron probados.
Con fundamento en lo expuesto en los diferentes
documentos aportados por las entidades y personas requeridas por esta
Corporación, cabe tener por demostrado, lo siguiente:
-
Que los señores María
del Rosario Cantillo Quiroga, Armando Segundo Daniels de Andreis y Teresa de
Jesús Vásquez Guerra, no hacen parte de las personas afectadas con las decisiones
del Distrito de Santa Marta, pues sus viviendas están por fuera de la
jurisdicción del denominado Parque Natural.
-
Las accionantes María
del Rosario Cantillo y Teresa de Jesús Vásquez Guerra no ejercen la pesca
artesanal pues, según indicaron, obtienen sus ingresos de las actividades como la
docencia y venta de fritos y pescado, respectivamente. Por su pare el señor Armando
Daniels de Andreis sí es pescador artesanal, actividad que alterna con la de
prestador de servicios turísticos en Playa Grande. Pero esa actividad no se le
ha restringido en virtud de los actos administrativos cuestionados. Ni se
demostró que las entidades demandadas hayan tomado acciones en ese sentido.
-
Que los parques
naturales distritales están incluidos y delimitados en el Plan de ordenamiento
territorial (POT), pero no han sido objeto de reglamentación. No se ha regulado
ni contemplado la orden de desalojo de las personas que habitan de manera
regular o irregular dichas áreas, pues no existe actuación administrativa que
ordene demolición de construcciones o edificaciones ubicadas en el
Corregimiento de Taganga, por causa o como consecuencia de la adopción y
delimitación de los Parques Naturales Distritales y en particular del Parque
Natural Distrital Dumbira.
-
La única actuación
administrativa adoptada hasta la fecha fue la promulgación del Decreto
Distrital No. 392 del 30 de septiembre de 2010 “mediante la cual se resolvió
decretar el statu quo en las construcciones en el corregimiento de Taganga”.
-
La creación del denominado
Parque Dumbira no abarca aguas declaradas en reserva, efectivamente, fue la
creación del Parque Natural Tayrona, creado mediante resolución No. 191 del 31
de agosto de 1964 proferida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
la que originó la afectación a los pescadores ancestrales del corregimiento.
Así las cosas, al establecer los supuestos fácticos de
los casos concretos, encuentra la Sala que los accionantes manifestaron que la
decisión adoptada por el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta les ocasiona un detrimento patrimonial, toda vez que con la creación del
Parque Natural Dumbira se afectan sus actividades económicas pues se les impide
realizar la pesca artesanal en las aguas del Corregimiento de Taganga así como,
se les restringe su derecho a gozar de una vivienda digna pues la medida a su
vez ocasionaba el desalojo de las construcciones ubicadas en la zona.
No obstante, esta Sala encontró que la decisión de la
administración no genera en ellos el acaecimiento de un perjuicio irremediable,
pues si bien alegan que de la pesca artesanal dependen sus núcleos familiares,
lo cierto es que en los expedientes no reposa prueba, si quiera sumaria, que
permita inferir que la subsistencia de las familias de cada uno de los
accionantes dependa de la rentabilidad que genere la pesca pues, tal y como se constató,
la señora María del Rosario Cantillo obtiene sus ingresos de la docencia y, los
señores Teresa de Jesús Vásquez Guerra y Armando Daniels de Andréis quienes son
vendedores de pescado y pescador artesanal, respectivamente, también generan su
sustento de actividades complementarias como la venta de fritos y del turismo propiamente
dicho, tal y como lo especificaron en la documentación allegada ante el
requerimiento efectuado por esta Corporación.
Adicionalmente, se reitera que, tal y como lo expuso
ante la Sala la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Distrital de Santa
Marta y la Presidencia de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de
Taganga, la creación del Parque Natural Dumbira no lleva implícito la prohibición
de la actividad pesquera, pues fue con la creación del Parque Natural Nacional
Tayrona en 1964 que se originó la afectación de los pescadores ancestrales del
Corregimiento de Taganga sin que, desde entonces, la comunidad hubiere
manifestado alguna afectación en el desarrollo de la actividad, de lo que se
puede inferir que la misma se sigue desarrollando de manera regular.
Ahora bien, en cuanto a la afectación del derecho a la
vivienda digna alegado por los accionantes encuentra la Sala que no se demostró
que la administración lo hubiere conculcado, con la creación del Parque Natural
Dumbira, pues las viviendas de los señores María del Rosario Cantillo, Teresa
de Jesús Vásquez Guerra y Armando Daniels de Andréis no se encuentran dentro de
la zona de la protección y, además, se pudo constatar que el Distrito no ha
iniciado actividades tendiente a obtener el desalojo y afectación de las
viviendas ubicadas en zona de protección.
Tampoco se evidencia una amenaza que haga urgente e
impostergable el amparo. Así las cosas, no se puede concluir que al no
otorgarse la protección constitucional sobrevenga un daño de tal gravedad que
no pueda ser reparado.
Las solas afirmaciones de los demandantes, no
constituyen fundamento suficiente para que el juez constitucional se pronuncie
de fondo, toda vez que no concurren los elementos que configuran el perjuicio
irremediable, desconociéndose así, la obligación establecida por parte de esta
Corporación de demostrar de forma suficiente el carácter impostergable de la
intervención transitoria del juez constitucional.
De otra parte, a juicio de la Sala, los periodos
transcurridos entre el momento en el que se produjeron los supuestos actos que
según los accionantes ocasionaron la vulneración de sus derechos y el ejercicio
de la acción de amparo constitucional, son bastante considerables[52]
sin que exista una explicación razonable de la inactividad, por lo que la Sala
concluye que en el caso concreto, tampoco se cumplió con el requisito de
inmediatez de la acción de tutela, razón por la cual la urgencia en la
protección de sus garantías resulta desvirtuada.
No obstante las precedentes consideraciones esta Sala
de revisión considera necesario poner de presente que la implementación de las
medidas tendientes a obtener la protección y recuperación del territorio que
integra la reserva Parque Natural Dumbira, deben, en lo posible, ser
concertadas con el sector de la población afectada que subsiste en el área. Ahora
bien, sin perjuicio de declarar la improcedencia de la acción, la Sala exhortará
a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta y demás autoridades competentes, para que, en caso de
iniciar acciones tendientes a prohibir la pesca artesanal y desalojar las
viviendas en la zona protegida,  implemente planes de reubicación y apoyo socio
económico para quienes, previa la debida comprobación del daño que pueda
generarse, vean seriamente comprometidos sus derechos fundamentales.
No son pocos los fallos de tutela de esta Corporación
en los que frente a situaciones análogas se ha ordenado actuaciones
concertadas, como la aquí sugerida. Tal es el caso de las sentencias T-473 de
2008[53],
T-526 de 2012[54],
T-437 de 2012[55],
T-566 de 2013[56],
entre otras.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada por esta Sala de Revisión, mediante
Auto de 8 de octubre de 2012.
Segundo.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, los
fallos proferidos por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 1º de marzo de 2012[57],
el 20 de marzo de 2012[58]
y el 16 de febrero de 2012[59],
mediante los cuales confirmó los dictados por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante sentencias del 16 de enero de 2012[60] y 12 de enero de 2012[61], que, a su
vez, declararon improcedente las acciones de tutelas impetradas por los señores
María del Rosario Cantillo,
Armando Daniels de Andréis y Teresa de Jesús Vásquez Guerra ,  dentro de los expedientes T-3.439.739; T-3.439.749 y T-
T-3.485.613, respectivamente.
Tercero.- EXHORTAR a la Secretaría de Planeación de la
Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y demás
autoridades competentes, para que, en caso de iniciar acciones tendientes a
prohibir la pesca artesanal y a desalojar las viviendas en la zona protegida,
implemente planes de reubicación y apoyo socio económico para la población que,
en dado caso, previa la debida comprobación, se encuentre afectada.
Cuarto.-
Por Secretaría, líbrense las
comunicaciones prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado Ponente
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General
[1] Supuesto fáctico transgresor, material probatorio
allegado al proceso, entidad legitimada en la causa por pasiva, derechos
fundamentales invocados y fundamentación jurídica de soporte al escrito de
demanda.
[2]
Artículo 4o. Derechos e intereses colectivos. Son derechos e intereses colectivos,
entre otros, los relacionados con:
(...)
c) La existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección
de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados
con la preservación y restauración del medio ambiente;
d) El goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público;
e) La defensa del patrimonio
público;
f) La defensa del patrimonio
cultural de la Nación;
g) La seguridad y salubridad
públicas;
[3]
Entre las órdenes impartidas, se resaltan las
siguientes: (i) prohibir al Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, a la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural  e Histórico de
Santa Marta, a la Secretaria de Planeación Distrital de Santa Marta, al
Departamento Administrativo Distrital de  Medio Ambiente de Santa Marta, que en
lo sucesivo incurran en acciones u omisiones que conlleven a la vulneración de
los derechos colectivos; (ii) Prohibir a las autoridades Distritales y a los
curadores urbanos, el otorgamiento de permisos de construcción en el área del
Parque Dumbira y en las zonas que atraviesan los arroyos y quebradas que crucen
el corregimiento de Taganga y expedir licencias para construcciones que superen
los dos (2) pisos en dicho corregimiento; (iii) ordenar al Alcalde de la ciudad
de Santa Marta para que en conjunto con al Departamento Administrativo
Distrital de  Medio Ambiente de Santa Marta, y la Policía Nacional, en
cumplimiento del fallo procedan a demoler toda construcción construida en los
cauces de las quebradas, arroyos o vertientes existentes en el área de la
reserva del parque natural Distrital Dumbira, así como de toda construcción o
edificación construida sin licencia, que la misma no es legal en razón de
haberse emitido por funcionario incompetente, o que se haya realizado en un
bien de uso público, fiscal, baldío, expresando que el procedimiento deberá
respetar el debido proceso, la dignidad humana e incluir medidas de reubicación
de las personas humildes que allí habiten..  (Folios 13
a 24 del cuaderno 1).
[4]
T-3.439.739 Accionante María del Rosario Cantillo Quiroga;
T-3.485.613 Accionante Teresa de Jesús Vásquez Guerra
[5]
T-3.439.749 Accionante Armando Segundo Daniels de Andreis.
[6]
T-3.439.739 Accionante María del Rosario Cantillo Quiroga.
[7]
T-3.485.613 Accionante Teresa de Jesús Vásquez Guerra.
[8]
T-3.439.749 Accionante Armando Segundo Daniels de Andreis.
[9] Ver entre otras
las sentencias T-827 de 2003; T-648 de 2005; T-1089 de 2005; T-691 de 2005 y
T-015 de 2006.
[10] Sobre la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un
perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias C-1225 de 2004;
SU-1070 de 2003; SU–544 de 2001; T–1670 de 2000;. T-698 de 2004 y T-827 de
2003.
[11] Al respecto ver, entre muchas otras, las sentencias T-367/08,
C-590/05, y T-803/02.
[12] Así lo
estableció la Corte desde la sentencia C-543/92.
[13] Ver, entre muchas
otras, las sentencias T-211/09, T-580/06, T-068/06, T-972/05 y SU-961/99.
[14] Ver sentencias T-211/09, T-001/07, T-580/06, T-760/05, T-822/02 y
T-003/92.
[15] Ver, entre otras, las sentencias T-858/10, T-160/10, T-211/09, T-514/08,
T-021/05, T-1121/03 y T-425/01.
[16]
Ver sentencias T-068/06, T-822/02,  T-384/98, y T-414/92.
[17] Ver sentencias
T-864/07, T-123/07, T-979/06 y T-778/05.
[18] Ver sentencias T-809/09, T-843/06, T-966/05, T-436/08, T-816/10,
T-417/10.
[19]
Ver, entre otras, las sentencias T-512/99 y T-039/96.
[20]
Ver, entre otras, las sentencias T-656/06, T-435/06, T-768/05, T-651/04, y
T-1012/03, T-329/96; T-573/97, T-654/98 y T-289/03.
[21]
Ver sentencias T-043/07, T-1068/00 y T-278/95.
[22]
T-456/04.
[23]
Al respecto existen numerosas providencias. Ver, entre otras, las sentencias
T-080/09, T-076/09, T-892/08, T-595/08, T-383/01, T-1282/01, T-1285/01,
T-254/02, T-787/02, T-026/03, T-367/03, T-535/03, T-537/03, SU.975/03,
T-1031/03, T-067/04, T-165/04, T-168/04, T-632/04, T-686/04, T-695/04,
T-705/04, T-711/04, T-951/04, T-953/04, T-1216/04, T-123/05, T-485/05,
T-954/05, T-973/05, T-1117/05, T-628/06, T-999/06, T-149/07, T-167/07,
T-187/07, T-304/07, T-538/07, SU.713/06, SU.636/03, SU.1070/03.
[24] T-003 de 1992. En dicha
sentencia se resolvió el caso de una contralora departamental que interpuso
tutela contra un el acto administrativo del gobernador que se negaba a
reconocer su ejercicio del cargo al no haberse posesionado ante éste.
[25] De
acuerdo a la jurisprudencia, el perjuicio irremediable tiene las características
de ser inminente, urgente y grave. Al respecto ver las sentencias T-002 de
2009, T-257 de 2006, T-017 de 2006, T-404 de 2008, T-472 de 2008, T-525 de
2007, T-640 de 1996, y T.535 de 2003, entre otras.
[26] Es preciso aclarar que hay
casos excepcionales en los cuales se determina que el mecanismo ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa no es eficaz, ni idóneo para la
protección de los derechos fundamentales en juego y  por tener el supuesto de
hecho una relación con principios fundamentes del Estado Social de Derecho, se
ha considerado que la tutela es el mecanismo definitivo. Por ejemplo, ello se
ha presentado cuando se ha desvinculado a un provisional sin motivar el acto
administrativo, al respecto ver la SU-917 de 2010.
[27] T-076 de
2011, en dicha sentencia se resolvió la tutela interpuesta por personas
sometidas a desplazamiento forzado como consecuencia de un conflicto de tierras
con el INCODER, por lo que la Corte entró a estudiar la procedencia de la
tutela contra los actos de dicha autoridad.
[28] Ver
sentencias T-771 de 2004, T-600 de 2002 y SU 086 de 1999.
[29] T-387 de
2009. En dicha sentencia la accionante interpuso tutela contra la
decisión de la administración de dar por terminado un contrato, por lo que se
estudió el tema de tutela contra actos administrativos.
[30]
Ver Sentencia T-816 de 2012 MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[31] “Todos
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y
formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”
[32] Sentencias T- 958 de 2001,
T-791 de 2004 y T-585 de 2008; en las cuales se estudiaron problemas jurídicos
relacionados con viviendas afectadas por terremotos que las declararon
inhabitables, subsidios de vivienda de carácter municipal que no habían sido
entregados y reasentamiento de familias cuya vivienda se encontraba en zona de
alto riesgo, respectivamente.
[33] Sentencia T-251 de 1995 y
T-258 de 1997, casos en los cuales los accionantes solicitaban la protección a
la vivienda digna, y su reubicación por tener viviendas afectadas por estar en
zona de alto riesgo, o por contaminación ambiental, respectivamente, sin
embargo no se concedió el amparo puesto que el derecho a la vivienda digna no
tenía carácter de fundamental.
[34] Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional
y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos
de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad.”
[35] Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 3°: “Los Estados Partes
en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres
igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales
enunciados en el presente Pacto.”
[36] Sentencias T-079 de 2008 y
C-217 de 1999. En esta última se estudió la constitucionalidad de un Decreto
dictado en Estado de Emergencia por el terremoto de Armenia en 1999, en el cual
se crearon programas de vivienda para personas afectadas y se estableció que en
algunos casos se les daría una suma de dinero para solucionar su estado de
precariedad.
[37] Sentencia T-585 de 2006,
en el cual se les tuteló el derecho a la vivienda digna de los accionantes
quienes habían accedido a un subsidio de vivienda, pero no se había
desembolsado.
[38] Sentencia T-309 de 1995,
en el cual se amparó el derecho a la vivienda digna por estar involucrado el
principio de solidaridad, después de que una demora en la ejecución de una obra
pública llevara a una familia a vivir en la calle.
[39]Revisión Constitucional del
Decreto Legislativo 4821 de 2010, en el cual se refiere a proyectos de
construcción de vivienda.
[40] Ver artículo 3º del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 25 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el artículo 11 numeral 1º
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
[41] Sentencia C-299 de 2011. Revisión constitucional del Decreto Legislativo
4821 de 2010, en el cual se refiere a proyectos de construcción de vivienda.
[42] Sentencia T-235 de 2011,
en la cual se concedió el amparo al derecho a la vivienda digna de una
comunidad indígena cuyo acceso al resguardo había sido afectado por la ola
invernal y que no había recibido apoyo de la administración.
[43] En la cual se protege el
derecho a la vivienda digna de la población desplazada, a raíz de un
incumplimiento del contrato de construcción de vivienda de interés social.
[44]
Sentencia T-488 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[45] Sentencia C-606 de 1992 de
la Sala Plena de la Corte Constitucional (MP Ciro Angarita
Barón).
[46]
Artículo 53 de la Constitución Política.
[47]
Artículo 16 de la Constitución Política.
[48]
Artículos 13 y 53 de la Constitución Política.
[49]
Se puede consultar la sentencia T-167 de 2007 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[50] “El principio
de igualdad de los trabajadores, cualquiera que sea su ocupación, arte, oficio
o profesión, se encuentra desarrollado por el Convenio Internacional del
Trabajo No. 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación
y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de
1966, los cuales hacen parte del ordenamiento jurídico nacional no sólo porque
fueron aprobados por el Congreso de la República a través de las leyes 22 de
1967 y 74 de 1968, respectivamente, y ratificados ambos en 1969, sino porque de
conformidad con los artículos 53 y 93 de la Carta Política, esta clase de
Convenios y Pactos Internacionales ingresan a la legislación interna y sirven
para interpretar los derechos y deberes consagrados en aquélla.” (Sentencia
C-355 de 1994, decisión unánime Sala Plena Corte Constitucional, MP Antonio
Barrera Carbonell, por la cual se declara inexequible el artículo 50 de la Ley
35 de 1989, "sobre la ética del odontólogo colombiano”).
[51] Sentencia
T-599 de 2002: “(…) es importante reiterar que en múltiples oportunidades
esta Corporación ha indicado que el único perjuicio que habilita la procedencia
transitoria de la acción de tutela es aquel que cumple las siguientes
condiciones: (1) se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido;
(3) su ocurrencia es inminente; (4) resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y,
(5) la gravedad de los hechos, es de tal magnitud que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”.
[52]
11 años, 8 meses, con relación a la expedición del Plan de Ordenamiento
Territorial[52];
1 año y 2 meses con referencia al decreto que ordenó el statu quo de las nuevas
construcciones en el municipio de Taganga[52]; y 5 años, 5 meses
desde que se ordenó la restitución del bien de uso público.
[53]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[54]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[55]
M.P. Adriana María Guillén Arango.
[56]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57]
T-3.439.739 Accionante María del Rosario Cantillo Quiroga.
[58]
T-3.485.613 Accionante Teresa de Jesús Vásquez Guerra.
[59]
T-3.439.749 Accionante Armando Segundo Daniels de Andreis.
[60]
T-3.439.739 Accionante María del Rosario Cantillo Quiroga;
T-3.485.613 Accionante Teresa de Jesús Vásquez Guerra.
[61]
T-3.439.749 Accionante Armando Segundo Daniels de Andreis.