T-662-13
Sentencia T-
Sentencia T-662/13
ACCION DE
TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia excepcional
cuando prestan un servicio público o actividad de interés público
Las entidades del sistema
financiero, particularmente las aseguradoras, son prestadoras de un servicio
público y los usuarios se encuentran en posición de indefensión respecto de
ellas. En consecuencia, es perfectamente viable que sean objeto de control
judicial vía tutela, cuando quiera que con sus acciones u omisiones atenten o pongan
en peligro los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES
CUANDO EL AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Frente a
entidades particulares del sistema financiero y asegurador
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Criterios de
valoración por parte del juez para determinar la protección constitucional a
sujetos de especial protección constitucional/ACCION DE TUTELA Y REQUISITO
DE SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de especial protección
constitucional
El principio o requisito de
subsidiariedad de la acción de tutela significa que el amparo procederá cuando,
como regla general, no exista en el ordenamiento otro medio de defensa que
garantice los derechos del o la accionante. Este principio busca que la tutela
no sea utilizada como una vía paralela a las ordinarias, sino que sea el último
recurso para defender los derechos fundamentales del actor. En efecto, el
primer llamado a protegerlos, es el juez ordinario.
Cada caso concreto requiere un análisis de los recursos reales y ciertos con
los que cuenta el accionante. Las herramientas procesales no son adecuadas y/o
eficaces en abstracto. Dependerá del juez de tutela valorar las circunstancias
particulares del caso, para determinar la procedencia de la acción. Si fuera de
otra manera, el amparo constitucional perdería eficacia pues las personas,
hipotéticamente, siempre contarían con mecanismos de defensa idóneos y/o
eficaces. Los medios de defensa con los que cuentan los sujetos
de especial protección constitucional se presumen inidóneos. Sin embargo, en
cada caso, la condición de vulnerabilidad (persona de la tercera edad, niño o
niña, persona en situación de discapacidad, etc.), debe ser analizada por el
juez de tal forma que lo lleve a considerar que efectivamente, por sus
características, en esa circunstancia en particular, se encuentra en
imposibilidad de ejercer el medio de defensa en igualdad de condiciones. En ese
evento, debe ofrecer al actor un tratamiento diferencial. Esta Sala entiende
que no es posible aplicar el mismo examen de subsidiariedad de igual forma a
todos los sujetos de especial protección. Lo que en algunos casos puede ser
inidóneo e ineficaz para un sujeto de protección especial (por ejemplo un
adulto mayor), para otro (por ejemplo una mujer), en la misma situación de
hecho, no. En consecuencia, cada presupuesto fáctico amerita una labor
analítica y argumentativa del juez de tutela, quien debe identificar la
idoneidad y eficacia del medio de defensa para el asunto que examina. Para verificar
el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, el juez constitucional
debe (i) confirmar que no existe un mecanismo de defensa en el ordenamiento
jurídico; (ii) en caso de existir, que este mecanismo no sea idóneo y/o
eficaz;  (iii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección, se
presume inidóneo salvo que, (iv) del análisis del caso concreto se concluya que
las condiciones personales del actor no le impiden acudir a las vías regulares
en condiciones de igualdad. En todo caso, (v) cuando se percate la existencia
de un perjuicio irremediable, el Juez debe otorgar la protección constitucional
transitoriamente.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCION
DE TUTELA-Juez debe
verificar si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es
eficaz e idóneo
REITERACION
DE JURISPRUDENCIA-Concepto/REITERACION DE JURISPRUDENCIA-Finalidad
ACCION DE
TUTELA FRENTE A CONTRATO DE SEGUROS-Subreglas para determinar en qué
eventos el juez de tutela adquiere competencia para pronunciarse sobre
relaciones contractuales en circunstancias que pueden afectar los derechos
fundamentales del asegurado
(i) La Corte ha entendido que
existe mayor probabilidad de vulnerar los derechos fundamentales cuando el
interés del accionante no sea exclusivamente patrimonial. Para este Tribunal,
las razones que tuvo el tutelante para adquirir el crédito, tienen profunda
importancia. Por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, se presume
que el interés que se persigue es el de obtener una vivienda que en muchos
casos no solo beneficia al actor sino también a su núcleo familiar. Con los
créditos de consumo, el análisis de la Corte fue mucho más riguroso. Si el
accionante al no poder trabajar tomó ese crédito para su subsistencia, se
presume que su interés no era simplemente patrimonial. Esta Sala considera que
no es lo mismo tomar un crédito de consumo para utilizarlo en bienes de menor
trascendencia, que adquirirlo para mantener a una familia; (ii), si la persona
que solicita el amparo se encuentra en condición de discapacidad superior al
50%, este Tribunal ha considerado que existe un mayor riesgo de vulnerar sus
derechos fundamentales. Un análisis riguroso de las sentencias, evidencia que
ser sujeto de especial protección constitucional es una condición muy
importante para que el juez de tutela tome la decisión. Sin embargo, la Corte
ha aclarado que no siempre es suficiente para intervenir en esta clase de
relaciones contractuales. Las Sentencias analizadas muestran casos en los que
personas en condición de invalidez han perdido en alto porcentaje las
posibilidades de obtener recursos económicos para pagar las cuotas de sus
créditos, precisamente, porque no pueden trabajar. En algunos casos la Corte ha
constatado que a pesar de la imposibilidad para trabajar, la persona cuenta con
otros ingresos que le permiten cumplir su obligación crediticia sin atentar
contra su mínimo vital; (iii) que carezca de los recursos económicos
suficientes para sufragar sus gastos. En los casos en que la Corte negó el
amparo, las personas que solicitaron la tutela contaban con los recursos que
les permitía continuar con el pago del crédito y de la prima del seguro; (iv)
el juez debe verificar otros aspectos como las obligaciones familiares, o del
grupo familiar del afectado, o la presencia de circunstancias adicionales de
vulnerabilidad en el peticionario. Solo las circunstancias del caso concreto
determinarán los aspectos relevantes a ser tenidos en cuenta por el juez,
siempre con el propósito de evaluar si las cargas procesales son o no excesivas
para el peticionario.
CONTRATO DE
SEGURO-Prescripción
CARGAS
PROCESALES Y EL FENOMENO DE LA PRESCRIPCION-Finalidad y límites/DEBERES,
OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES-Potestad legislativa para establecer
requisitos, señalar plazos u oportunidades para su cumplimiento y fijar
consecuencias jurídicas de su incumplimiento
El fundamento de las cargas
procesales radica en la facultad (discrecional del ciudadano) de ejercerlas o
no.  En estos casos, el juez no está en la obligación de hacerlas cumplir
coercitivamente. Estas cargas procesales tienen sustento en el deber
constitucional de colaborar con el buen funcionamiento de los órganos
decisorios de justicia. Así las cosas, “evadir los compromisos preestablecidos
por las normas procesales bajo el supuesto de una imposición indebida de cargas
a los asociados, no es un criterio avalado por esta Corporación, -salvo
circunstancias muy puntuales-, en la medida en que el desconocimiento de las
responsabilidades de las partes en el proceso atentaría contra los mismos
derechos que dentro de èl se pretenden proteger, y llevaría por el contrario, a
la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia”. Así, es el
legislador, en ejercicio de sus funciones, quien tiene la competencia y
obligación de definir las cargas cuando así a bien lo tenga. Correlativamente,
es deber del Tribunal Constitucional garantizar al máximo que el legislador
fije los criterios y reglas a partir de las cuales cada persona puede asegurar
la vigencia de sus derechos. De esta forma, se garantizan no solo los derechos
de los accionantes, sino también la seguridad jurídica, la finalidad de los
procesos, la racionalidad del aparato judicial, entre otros. Ahora bien, la
libertad de configuración del legislador tiene límites. No es constitucional
que el ciudadano soporte cargas excesivas que pongan en riesgo la plena
vigencia de sus derechos. La eficacia de los derechos fundamentales no se
restringe únicamente con menciones expresas en la norma. Muchas veces, las
cargas procesales pueden alejar al ciudadano de sus garantías
injustificadamente. Por tal razón, si bien el legislador en principio goza de
autonomía legislativa en estos asuntos, su libertad no puede ser absoluta ni
convertirse en pura arbitrariedad.
CARGAS PROCESALES-La prescripción
es una de las cargas procesales que el presunto titular del derecho debe
soportar
Esta carga consiste en tener
que acudir oportunamente al aparato judicial, antes de perder el derecho. Lo
anterior bajo el supuesto de que son los ciudadanos los primeros llamados a
actuar diligentemente, mucho más, si se tiene en cuenta que son sus derechos los
que están en juego.
PRESCRIPCION
EXTINTIVA DE LOS CREDITOS-Concepto
La figura de la prescripción
extintiva ha sido respaldada en diferentes oportunidades por esta Corte. Su
razón de ser involucra principios constitucionales que respaldan su existencia,
principalmente porque garantiza la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento.
En efecto, la prescripción extintiva “cumple funciones sociales y jurídicas
invaluables, por cuanto contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social,
al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones
judiciales”. La seguridad jurídica es un principio que involucra no solo a las
partes de la controversia. Para la sociedad es de interés que todas las
relaciones jurídicas se definan y no queden en suspenso a lo largo del tiempo.
De acuerdo con ello, no ejercer un derecho implica una sanción a su titular.
Esta sanción consiste en la pérdida de la oportunidad para reclamar su derecho
ante las autoridades competentes. Esta consecuencia negativa, se da como
consecuencia de la falta de interés del titular del derecho para ejercer su
acción. Entonces, la prescripción extintiva supone razones subjetivas. Es
decir, se origina por la negligencia del titular del derecho.
PRESCRIPCION-Finalidad
La figura de la prescripción
(i) busca generar certidumbre entre las relaciones jurídicas; por esa razón
(ii) incentiva y garantiza que las situaciones no queden en suspenso lo largo
del tiempo fortaleciendo la seguridad jurídica; (iii) supone que quien no
acudió a tiempo a las autoridades para interrumpir el término lo hizo
deliberadamente; y finalmente (iv) genera consecuencias desfavorables que
pueden llegar incluso a la pérdida del derecho.
PRESCRIPCION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGUROS-Artículo 1081
del Código de Comercio y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
Existen dos
tipos de prescripción para las acciones derivadas del contrato de seguros; la
ordinaria (2 años) y la extraordinaria (5 años). La primera de ellas comienza a
contar desde que la persona razonablemente pudo conocer el hecho que da origen
a la acción (el siniestro) y la extraordinaria corre desde que ocurre el
siniestro. Ambas clases de prescripción pueden comenzar a correr paralelamente.
La diferencia radica en que una (la ordinaria) se aplica para personas que por
su condición (incapaces) o por otras razones justificables no pueden tener
conocimiento del hecho, y la otra (extraordinaria) aplica para cualquier tipo
de personas independientemente su calidad.
PRESCRIPCION ORDINARIA EN CONTRATO DE
SEGUROS-Finalidad
La prescripción ordinaria
cumple con dos propósitos fundamentales. Por un lado, proteger los intereses de
aquellos que por su condición o por otras circunstancias no pudieron conocer razonablemente
los hechos que dan base a la acción y, por otra parte, garantizar la seguridad
jurídica al establecer un tiempo máximo para ejercer el derecho transcurrido el
cual, se pierde. Esta Sala considera que la prescripción ordinaria cumple con
esos objetivos y en el caso de personas en condición de invalidez cuyo interés
no es exclusivamente patrimonial, que carecen de recursos económicos y que
requieren el certificado médico para probar su incapacidad, esta regla no
amenaza sus derechos fundamentales. Precisamente, siguiendo lo establecido por
esa figura, su término comienza a correr desde el momento en que la persona
razonablemente tuvo conocimiento de los hechos que dan base a la acción; es
decir, desde que el experto médico informa al paciente su grado de incapacidad
y la fecha de estructuración. El término corre desde el momento en que la
persona tiene razonablemente conocimiento de los hechos.
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA EN CONTRATO
DE SEGUROS-Finalidad
CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Requisitos para hacer efectiva la póliza
En los contratos de seguro de
vida grupo de deudores, la póliza se hace efectiva si se constatan dos
situaciones. En primer lugar, (i) la muerte del asegurado o, en segundo lugar,
la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje superior al 50% certificada
por la Junta Regional de Invalidez. En el segundo caso es indispensable probar
que (ii.1) se padece de una pérdida de capacidad laboral; (ii.2) que esta es
superior al 50%; y (ii.3) cual fue la fecha de su estructuración o siniestro
pues solo desde allí se sabe con certeza cuando, en principio, debería comenzar
a correr los términos de prescripción tanto ordinaria como extraordinaria.
Estos tres requisitos deben ser certificados mediante un experto técnico
denominado Junta Regional de Calificación de Invalidez.
PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA EN CONTRATO
DE SEGUROS-Aplicar
término resulta desproporcionado cuando se trata de personas en condición de
invalidez que no cuenta con capacidad económica
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y AL MINIMO
VITAL FRENTE AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA-Ponderación para
definir cuál de los dos principios se afecta en mayor medida en caso de pago de
póliza cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional
En el asunto que se examina
existe una clara tensión entre dos principios y/o derechos constitucionalmente
legítimos. Por un lado, el principio a la seguridad jurídica y, por otro, los
derechos de la accionante al mínimo vital y vivienda digna. Por tanto, corresponde
a esta Sala ponderar para definir cuál de los dos principios se afecta en mayor
medida en el caso concreto. Por una parte, la seguridad jurídica es un
principio que no solo favorece a que las relaciones jurídicas no permanezcan
indefinidas en el tiempo sino además, garantiza la paz social de tal forma que
las personas no tengan que acudir a medios de hecho para obtener justicia. En
ese sentido, evita, nuevamente, la justicia por propia mano y fortalece la
confianza de los ciudadanos hacia el Estado. Por otra parte, en el otro
extremo, los hechos examinados muestran una afectación de los derechos
fundamentales al mínimo vital, vivienda y vida digna. Estos derechos que se
encuentran en tensión con el principio constitucional de la seguridad jurídica,
tienen como propósito, principalmente, garantizarle a los ciudadanos las
condiciones materiales más elementales sin las cuales la persona puede correr
el riesgo de quedar en imposibilidad fáctica de asegurar autónomamente su
subsistencia. Si bien cada uno de estos es independiente, entre ellos existe
una profunda correlación. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna satisface
la necesidad humana de disponer de un sitio de habitación propia o ajena que
cuente con condiciones suficientes para que las personas desarrollen allí de
manera digna su proyecto de vida. Como se aprecia, en este examen existe una
profunda relación entre los dos pues en caso de que se viera lesionado el
derecho a la vivienda digna, se podría vulnerar el derecho fundamental al
mínimo vital. En todo caso, los dos buscan que las personas puedan desarrollar
sus vidas de manera digna.
TENSION ENTRE PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES-Deber del Estado de satisfacerlos en la
mayor medida de lo posible
ACCION DE
TUTELA CONTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA-Procedencia para el pago de
póliza cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional y los
medios ordinarios no son idóneos
La
acción de tutela, por regla general, no es procedente si se constata la
existencia de otro medio de defensa. Sin embargo, excepcionalmente, a pesar de
que existan otros recursos judiciales, es viable si estos no son idóneos y/o
eficaces, sin perjuicio de la protección transitoria ante la inminencia de un
perjuicio irremediable. En todo caso, si se encuentra en la discusión un sujeto
de especial protección constitucional, el juez de tutela debe flexibilizar este
requisito pero hacer un análisis más detallado  para determinar si su condición
hace que los recursos con los que cuenta sean ineficaces y/o inidóneos según sus
posibilidades fácticas.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL EN CONTRATO DE SEGUROS-Orden de inaplicar el artículo 1081 del Código de Comercio,
específicamente el fenómeno de la prescripción extintiva extraordinaria
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y AL
MINIMO VITAL-Orden a Aseguradora pague al Banco el saldo insoluto
de la obligación hipotecaria por póliza de vida que respalda crédito
Referencia: expediente T-3.921.594
Acción de tutela instaurada por Mery Montoya de González contra Liberty
Seguros S.A.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veintitrés
(23) de septiembre de dos mil trece (2013).
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos proferidos por el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Cali (Valle) y por el Juzgado Tercero Penal para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, que resolvieron en
primera y segunda instancia respectivamente, la acción de tutela promovida por Mery Montoya de González contra Liberty Seguros S.A.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
relevantes y acción de tutela interpuesta
1.1.
La Señora Mery Montoya de González, quien actualmente tiene 62 años de
edad, adquirió un crédito hipotecario con el entonces Banco Colmena (hoy Banco
Caja Social). Como exigencia del contrato, suscribió una póliza de seguro de
vida grupo de deudores, con la aseguradora Liberty Seguros S.A. Esta póliza
operaría por muerte de la deudora o por incapacidad total y permanente con
grado superior al 50%.
1.2.
El cinco (5) de noviembre de dos mil seis (2006), la Señora Montoya
sufrió un infarto agudo al miocardio, razón por la cual, el ocho (8) de mayo de
dos mil doce (2012) fue calificada por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez con una pérdida del 80.93 % de su capacidad laboral. Manifiesta que
solo desde ese día tuvo conocimiento de su discapacidad.
1.3.
Al resolver un recurso de reposición contra el dictamen, la Junta, el treinta
(30) de mayo de dos mil doce (2012), consideró que la fecha de estructuración
de la invalidez debía ser el cinco (5) de noviembre de dos mil seis (2006) y no
el veinticuatro 24 de abril de dos mil doce (2012) como inicialmente había
resuelto. Esta decisión no modificó el dictamen en lo relativo a la pérdida de
capacidad laboral.
1.4.
El veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012), la accionante
requirió al Banco Caja Social BCSC S.A. y a Liberty Seguros S.A. para que se
hiciera efectiva la póliza de seguros, por haber acaecido el riesgo de
invalidez al perder el 80.93% de su capacidad laboral. En consecuencia,
solicitó a la aseguradora pagar la indemnización correspondiente por cuenta del
crédito hipotecario.
1.5.
Posteriormente, el treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012),
Liberty Seguros S.A. respondió al Banco Caja Social y a la accionante objetando
la solicitud de pago de la indemnización. Sostuvo que había operado el fenómeno
de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguros, de
conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio[1]. Lo anterior, dado que el
siniestro ocurrió el cinco (5) de noviembre de dos mil seis (2006) y la
accionante solo lo había puesto en conocimiento de la aseguradora seis años más
tarde; es decir, el veinticinco (25) de junio de dos mil doce (2012). Esta
decisión fue confirmada el siete (7) de diciembre de (2012).
1.6.
La accionante considera que la respuesta de la aseguradora es arbitraria
e injustificada, pues el artículo 1081 del Código de Comercio establece que el
término de prescripción ordinaria empieza a correr “desde el momento en que el
interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la
acción”. Para la actora este término no debe contarse desde noviembre de dos
mil seis (2006) (fecha en que ocurrió el siniestro), sino a partir del momento
en que quedó en firme el dictamen de invalidez, es decir, mayo de dos mil doce
(2012).
1.7.
Así mismo, la accionante manifiesta que la
decisión de la aseguradora de objetar el pago de la póliza, vulnera sus
derechos fundamentales puesto que no tiene recursos para pagar las cuotas del
mencionado crédito, y no puede trabajar por su condición de discapacidad. De
igual forma, manifiesta su angustia por la posibilidad de que el cobro coactivo
del crédito le lleve a perder su vivienda.
1.8.
La actora, debido a su invalidez, no pudo continuar trabajando. Afirma
que no cuenta con los recursos suficientes para mantenerse y mucho menos para efectuar
el pago de las cuotas del crédito hipotecario. Adicionalmente, sostiene que no
cuenta con ningún tipo de renta adicional como una pensión por invalidez, pues
nunca cotizó al Sistema de Seguridad Social[2].
1.9.
Ante este panorama, la Señora Montoya interpuso
acción de tutela solicitando la protección de sus derechos fundamentales.
2. Respuesta
de las entidades vinculadas en este trámite
2.1.
Respuesta de Liberty Seguros S.A.
El Representante
Legal para Asuntos Judiciales de Liberty Seguros S.A., mediante comunicación del
cinco (5) de marzo de dos mil trece (2013) remitida al juez de primera
instancia, se opuso a las pretensiones de la actora. Manifestó que con
preocupación veía cómo algunos asegurados estaban utilizando la acción de
tutela para dirimir o ventilar asuntos relacionados con aspectos propios del
contrato de seguro, tal y como sucedía en el presente caso. Sostuvo que esta
controversia es de carácter patrimonial y como tal no debe ser objeto de la acción
de tutela sino de otros mecanismos.
Por otra parte, dijo
que en efecto la Señora Montoya suscribió una solicitud individual de seguro
para ser incluida en la Póliza de Seguro de Vida Grupo de Deudores 94002008.
Tiempo después, el Banco BCSC (beneficiario del seguro), presentó la solicitud
de indemnización a su representada, bajo la causal de incapacidad total y
permanente. Recibidos los documentos se procedió con la investigación pertinente,
la cual arrojó que la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral fue
el cinco (5) de noviembre de dos mil seis (2006).
Por esta razón,
en concepto de la entidad accionada, con fundamento en el artículo 1081 del
Código de Comercio[3],
ya había operado el fenómeno de la prescripción pues a la fecha de la solicitud
de indemnización, habían transcurrido más de cinco años desde la fecha en que
se estructuró la incapacidad laboral. Esta decisión fue reiterada el siete (7)
de diciembre del año dos mil doce (2012).
En consecuencia,
sostuvo que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante. Por
tanto, solicitó al juez de primera instancia declarar improcedente el amparo
constitucional.
2.2.
Respuesta del Banco Caja Social BCSC
Mediante auto del
diecinueve (19) de julio de dos mil trece (2013), esta Corporación ordenó poner
en conocimiento del Banco Caja Social BCSC el contenido de la acción de tutela,
para que esa entidad expusiera sus criterios sobre los hechos y pretensiones
elevados por la accionante. Adicionalmente, esta Sala solicitó que fuera suministrada
la siguiente información:
a)
El estado actual del crédito hipotecario número
0399170689254 adquirido por Mery Montoya de González, identificada con cédula
de ciudadanía No. 31.227.642, en relación con un bien inmueble comprado por esta
última en la ciudad de Cali.
b)    Los trámites adelantados por la entidad bancaria ante la aseguradora
Liberty Seguros S.A. después de que, mediante comunicaciones del treinta (30)
de noviembre y el siete (7) de diciembre de dos mil doce (2012), esta objetara
el pago de la indemnización en el crédito suscrito por Mery Montoya de
González.
c)
En caso de que se haya adelantado alguno, los
trámites llevados a cabo por la entidad bancaria contra Mery Montoya de
González para lograr el pago del crédito hipotecario adquirido por esta e
identificado con el número 0399170689254.
A través de comunicación
recibida el treinta y uno (31) de Julio de dos mil trece (2013), Johana
Catalina Hurtado González actuando como Apoderada General del Banco Caja
Social, se opuso a las peticiones hechas por la demandante y respondió los
requerimientos de esta Sala.
En cuanto a la
primera pregunta, manifestó que la Señora Mery Montoya de González se encuentra
vinculada con el banco por la obligación N° 0399170689254, desembolsada el
treinta y uno (31) de enero de (2007) por la suma de 58.000.000 de pesos con
una tasa de interés del 12,68% y un plazo de 180 cuotas. Para la fecha de la
comunicación, presentaba dos cuotas en mora.
En lo
concerniente a la segunda pregunta, dijo que el día once (11) de diciembre de
dos mil doce (2012) remitió a la aseguradora las inquietudes presentadas por la
Señora Montoya, especialmente, las relacionadas con su solicitud de
indemnización. Seguidamente, Liberty Seguros S.A. procedió a negar su
reclamación. Decisión que fue confirmada el siete (7) de diciembre de dos mil
doce (2012).
Finalmente, en
lo relativo al cobro coactivo del crédito hipotecario, sostuvo que hasta el treinta
y uno (31) de julio de dos mil trece (2013) (fecha de radicación de la
comunicación), no había iniciado proceso ejecutivo hipotecario en contra de la
Señora Mery Montoya de González.
Una vez
respondidos los requerimientos que hizo este Tribunal Constitucional, el Banco
Caja Social BCSC se opuso a las pretensiones de la demandante. Para el Banco, no
es ella la entidad encargada de decidir el pago de la póliza, no obstante ser
la beneficiaria de la misma. En efecto, Liberty Seguros S.A. es la llamada a
definir el futuro de la reclamación, para lo cual, anota cómo dio traslado
oportuno al requerimiento de pago.
Adicionalmente, declara
que no existe ningún tipo de vulneración ni amenaza a los derechos
fundamentales de la Señora Mery Montoya. Por el contrario, los derechos
reclamados por la tutelante son meramente patrimoniales y por tanto, no es la
acción de tutela el mecanismo idóneo para ventilar este tipo de controversias. Al
contrario, para que proceda el amparo obviando los mecanismos ordinarios de
defensa, debe probarse la existencia de un perjuicio irremediable de
conformidad con la Jurisprudencia de esta Corporación. Perjuicio que en este
caso no se demostró.
Para el Banco
BCSC es claro que la acción de tutela es una herramienta creada para dar
solución a situaciones que transgredan o amenacen un derecho fundamental, que
en el presente caso no se evidencian. Para esta controversia existen otros
mecanismos ordinarios que pueden ser utilizados por la demandante.
3. Decisiones
judiciales objeto de revisión
3.1. Primera
instancia
Mediante
sentencia del once (11) de marzo de dos mil trece (2013), el Juzgado Sexto
Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali (Valle), negó
la acción de tutela impetrada, por considerar que no cumple con el requisito de
subsidiariedad.  El Juez de primera instancia consideró que este conflicto era
un asunto netamente contractual. Por ello, puso de presente que la accionante
tuvo a su alcance mecanismos judiciales alternos para ventilar el conflicto. Señaló
que la acción de tutela no puede ser utilizada para verificar o examinar la
legalidad de los contratos, ni como un mecanismo para crear instancias
adicionales a las que ya existen.
3.2.
Impugnación
La ciudadana
Mery Montoya de González impugnó la decisión de primera instancia. Insistió en
que es una persona de 62 años de edad que cuenta con una pérdida del 80.93 % de
su capacidad laboral. Sostuvo que se encuentra en estado de indefensión,
razón por la cual estima que debe recibir un trato diferencial.
Aunque existen otros mecanismos para ventilar las controversias surgidas entre
ella y la aseguradora, acudir a las acciones ordinarias implica un proceso
largo y dispendioso, poniendo en riesgo su vida por su complicado estado de
salud.
Por otra parte,
la Señora Montoya insistió en que la fecha que tuvo conocimiento de su
invalidez, fue el ocho (8) de mayo de dos mil doce (2012). Día en el que la
Junta Regional de Calificación de Invalidez emitió su concepto para después
reiterarlo el treinta (30) de mayo de dos mil doce (2012). De acuerdo con ello,
es desde el ocho (8) de mayo de dos mil doce (2012) que se tiene que contar el
término de prescripción que trata el artículo 1081 del Código de Comercio y no,
como dice la aseguradora, desde el cinco (5) de noviembre de dos mil seis (2006),
día de la estructuración de la invalidez.
En todo caso,
sostiene la accionante que al estar en situación de discapacidad, surgen para
ella beneficios adicionales como lo es la suspensión del término de
prescripción. Así, para las personas en estado de indefensión, como ella, el
término de prescripción se suspende y se deja de contar por un tiempo
determinado para después reanudarse. Esto, añadido a que la aseguradora ostenta
una posición dominante frente a los usuarios del sistema.
3.3. Segunda
instancia
La decisión fue
confirmada por el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de
Conocimiento, mediante sentencia del veintidós (22) de abril de dos mil trece (2013).
Esto con base en el mismo argumento, relativo al no cumplimiento del requisito
de subsidiariedad. Para el Juzgado, existen otros mecanismos para discutir esta
controversia, como por ejemplo, la Justicia Ordinaria.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento del auto expedido el seis (6) de junio de dos mil trece (2013) por la Sala de Selección número seis.
Problema
jurídico y metodología de la decisión
De acuerdo con
los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala Novena de revisión resolver
el siguiente problema jurídico: ¿Existe vulneración a los derechos fundamentales
a la vida, vivienda digna y mínimo vital de la deudora de un crédito
hipotecario, por la decisión de una aseguradora de negarse a pagar la póliza
del seguro de vida por el riesgo de invalidez, argumentando que las acciones
derivadas del contrato de seguros prescribieron, tomando como referencia la
fecha de estructuración de invalidez y no la fecha en que conoció su pérdida
del 80.93% de capacidad laboral?
Para resolver
este interrogante, la Sala (i) reiterará su jurisprudencia sobre la procedencia
de la acción de tutela frente a entidades bancarias y/o aseguradoras y el
principio o requisito de subsidiariedad; (ii) hará referencia a los precedentes
en los que se ha discutido, en sede constitucional, la negativa del pago de
pólizas de seguros, especialmente en aquellos casos en que se presenta una
tensión entre la aplicación estricta de cláusulas contractuales y los derechos
al mínimo vital y la vivienda de personas vulnerables; (iii) expondrá la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la prescripción de las
acciones derivadas del contrato de seguro y, finalmente; (iv) abordará el
estudio del caso concreto.
Acción de tutela frente a
particulares que ejercen actividades bancarias y aseguradoras. Reiteración de
Jurisprudencia
El artículo 86 de la Constitución
establece que la acción de tutela procede frente a particulares cuando quiera
que estos (i) presten servicios públicos (ii) atenten gravemente contra el
interés público o (iii) respecto de aquellos en los que el o la solicitante se
encuentre en estado de indefensión o subordinación. El artículo 42 del Decreto
2591 de 1991 reglamenta las anteriores hipótesis[4].
A partir de estas previsiones, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que es posible la procedencia del amparo frente a particulares que ejercen
actividades bancarias y aseguradoras, en tanto prestan un servicio público[5] y sus
usuarios se encuentran en estado de indefensión.
En varias oportunidades, esta
Corte ha manifestado que las entidades que prestan o ejercen actividades
financieras, son consideradas prestadoras de servicios públicos. Por ejemplo,
en la Sentencia T-738 de 2011, caso similar al que actualmente se discute, este
Tribunal dijo que “las razones para hacer procedente la acción de tutela
contra estas entidades ha tenido en cuenta, en general, que las actividades
financieras –dentro de las que se encuentran la bancaria y aseguradora-, en
tanto relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos
captados del público, es una manifestación de servicio público o que al menos
involucra una actividad de interés público[6]-
de acuerdo con el artículo 355 Constitucional-”[7].
Así las cosas, estas actividades
son esencialmente actividades de interés público, razón por la cual, su control
y vigilancia se intensifican. Sus gestiones implican un voto de confianza por
parte de los ciudadanos “cuyo quebrantamiento puede generar consecuencias
catastróficas para la economía de un país”[8].
Los ciudadanos confían en que cuando depositan su dinero en el banco, este será
devuelto cuando así lo requieran. Lo mismo sucede cuando una persona contrata
una póliza de seguro y confía en que con el pago de la prima mensual, la
aseguradora las hará efectivas cuando ocurra el siniestro. Por ello, las
razones por las cuales las entidades aseguradoras deciden no pagar las pólizas
de seguro, deben contar con suficiente fundamento jurídico especialmente en
aquellos eventos en que el pago de la póliza incida en el ejercicio y goce de
los derechos fundamentales.
De esta forma, la actividad
financiera y aseguradora supone una situación particular frente a la
procedencia de la acción de tutela. Por un lado, las entidades financieras no
solo son prestadoras de un servicio público sino que además ejercen posición
dominante respecto de los usuarios, quienes a su vez, se encuentran en estado
de indefensión[9].
Sobre el punto, la Corte ha dicho que “la acción de tutela procede (…) por
las vulneraciones que puedan emanar de una relación asimétrica como es la que
se entabla entre una entidad financiera y los usuarios, al tener los bancos
atribuciones que los colocan en una posición de preeminencia desde la cual
pueden con sus acciones y omisiones desconocer o amenazar derechos
fundamentales de las personas”[10].
En consecuencia, este tipo de relaciones desiguales no pueden ser analizadas
bajo parámetros de igualdad formal por el juez de tutela.
En el mismo sentido, en Sentencia
T-136 de 2013 esta Corte manifestó que el “cliente o usuario del sistema
financiero se encuentra, por regla general, en una posición de indefensión ante
las entidades del sector”. Ahora bien, esta posición “no se predica en
abstracto, sino que es una situación relacional intersubjetiva, en la que el
demandante no tiene posibilidades ni de hecho ni de derecho para defenderse
efectivamente de una agresión injusta”.
En este orden de ideas, las
entidades del sistema financiero, particularmente las aseguradoras, son
prestadoras de un servicio público y los usuarios se encuentran en posición de indefensión
respecto de ellas. En consecuencia, es perfectamente viable que sean objeto de
control judicial vía tutela, cuando quiera que con sus acciones u omisiones
atenten o pongan en peligro los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
Principio o
requisito de subsidiariedad.
En los argumentos señalados por
los Jueces de instancia, respaldados por las entidades vinculadas, se resalta
la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito o
principio de subsidiariedad. Manifiestan que existen otras vías por las cuales
la accionante puede ventilar sus inconformidades con la aseguradora. Mucho más,
tratándose de una relación meramente contractual y patrimonial. Por esa razón,
esta Sala considera indispensable pronunciarse sobre ese punto y reiterar la
jurisprudencia que, en sede constitucional, ha fijado las reglas o elementos de
este principio.
De acuerdo con el
artículo 86 de la Constitución, toda persona podrá reclamar ante los jueces “en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Adicionalmente,
será procedente contra particulares que presten servicios públicos, atenten
gravemente contra el interés colectivo, o respecto de aquellos frente a los
cuales el solicitante se encuentre en estado de indefensión. No obstante, el
amparo “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”. Este último aparte se refiere al
principio o requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
En este contexto, el
principio o requisito de subsidiariedad de la acción de tutela significa que el
amparo procederá cuando, como regla general, no exista en el ordenamiento otro
medio de defensa que garantice los derechos del o la accionante. Este principio
busca que la tutela no sea utilizada como una vía paralela a las ordinarias,
sino que sea el último recurso para defender los derechos fundamentales del
actor. En efecto, el primer llamado a protegerlos, es el juez ordinario
(artículo 4 superior).
Una de las primeras
sentencias que se pronunció sobre este requisito, fue la C-543 de 1992. En esa
ocasión, la Corte sostuvo que la tutela fue concebida para dar solución
eficiente a situaciones de hecho causadas por acciones u omisiones que
lesionaran derechos fundamentales, respecto de las cuales el sistema jurídico
no contara con algún mecanismo de protección. En consecuencia, la tutela no fue
diseñada para remplazar a la justicia ordinaria. Es un trámite excepcional que
solo procede ante la carencia de otro recurso judicial.
Ahora bien, pese a
ello, el análisis de subsidiariedad no se agota con solo verificar la
existencia de otro mecanismo[11];
este debe ser eficaz e idóneo para garantizar la plena vigencia de los
derechos fundamentales. En todo caso, la acción de tutela procederá transitoriamente
si se constata la existencia de un perjuicio irremediable.
Así las cosas, mediante Sentencia
T-211 de 2009, reiterada por la T-113 de 2013, esta Corte sostuvo que “la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye
una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción[12].
El medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto para
producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un
medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que brinde
oportunamente una protección al derecho”. La procedencia de la acción de
tutela no se constata exclusivamente cuando el actor cuente con algún medio de
defensa. El requisito de subsidiariedad se cumple si el juez encuentra que el
actor pese a contar con otros recursos, no son idóneos ni tienen la virtualidad
de producir los efectos esperados.
De esta manera,
cada caso concreto requiere un análisis de los recursos reales y ciertos con
los que cuenta el accionante. Las herramientas procesales no son adecuadas y/o
eficaces en abstracto. Dependerá del juez de tutela valorar las circunstancias
particulares del caso, para determinar la procedencia de la acción. Si fuera de
otra manera, el amparo constitucional perdería eficacia pues las personas,
hipotéticamente, siempre contarían con mecanismos de defensa idóneos y/o
eficaces.
Ahora bien, tal
y como lo manifestó la Corte en sentencia T-414 de 1992 reiterada por la
sentencia SU-961 de 1999, los medios de defensa deben ser potencialmente igual
de protectores a la acción de tutela. En esa oportunidad, dijo que “de no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y
mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios
vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento
absoluto del querer expreso del Constituyente”.
En
otros términos, el otro medio de defensa “(…) ha de tener una efectividad
igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y
concretamente que la protección sea inmediata.  No basta, pues, con la
existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es
inferior a la de la acción de tutela.”[13] En consecuencia, estas razones han llevado a la Corte a
establecer que “el otro medio de defensa judicial debe ser siempre analizado
por el juez constitucional, a efectos de determinar su eficacia en
relación con el amparo que él, en ejercicio de su atribución constitucional,
podría otorgar”[14].
De esta
forma, la labor del juez de tutela no es simple. Debe realizar un examen de
cada caso y poder establecer “(i) si la
utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud
ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela[15];
(ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el
interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance[16];
(iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección
constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular
consideración[17]”[18]. Sobre este último aspecto (requisito de subsidiariedad frente sujetos
de especial protección) es conveniente realizar algunas consideraciones.
Como se ha sostenido
en este fallo, el requisito de subsidiariedad implica un análisis caso a caso. Su
estudio no debe ser únicamente normativo. Dependiendo de las posibilidades de
cada persona, el juez de tutela debe ser más o menos flexible. En efecto, el
artículo 86 Superior debe interpretarse en concordancia con los artículos 13 y
47 constitucionales, pues no debe olvidarse que existen personas que por sus
condiciones requieren una especial protección por parte del Estado[19].
Frente a esas personas, esta Sala se pregunta si ¿es posible hacer el examen de
subsidiariedad con la misma rigurosidad que para los demás? Y de no ser así,
¿cómo debe hacerse este análisis?[20]
Siguiendo los
mismos argumentos, el requisito de subsidiariedad no puede dejar sin contenido al
trato preferencial que reciben los sujetos de especial protección
constitucional. Un análisis riguroso de este principio frente a estos sujetos acentuaría
su condición de debilidad, pues el juez de tutela aplicaría los mismos
criterios que al común de la sociedad. Es por eso que su valoración no debe ser
exclusivamente normativa. La evaluación del juez debe prever los aspectos
subjetivos del caso.
No puede
olvidarse que las reglas que para la sociedad son razonables, para sujetos de
especial protección “pueden
tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento
diferencial positivo”[21], y que amplía a su vez el
ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de
tutela. Así, en el caso de los niños, la recreación o la alimentación
balanceada, por ejemplo, cobran una particular importancia que generalmente no
es la misma para el caso de los adultos (C.P. artículo 44).  De igual
forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses adquiere una gran
relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la mujer
(C.P. artículo 43)”[22]
En ese orden de
ideas, cuando de los elementos del caso se concluya que la persona que solicita
el amparo es un sujeto de especial protección, el análisis se hace más flexible
para el sujeto pero más riguroso para el juez. Ahora deberá considerar
circunstancias adicionales a las que normalmente valoraba. En jurisprudencia
reciente, se ha resaltado el valor de esta regla.
De esta forma, mediante
sentencia T-651 de 2009 este Tribunal estableció que los medios de
defensa con los que cuentan los sujetos de especial protección constitucional,
se presumen inidóneos. En esa oportunidad, expresó que en “relación
con este requisito, de manera reiterada, la Corte ha considerado que la
condición de sujeto de especial protección constitucional -especialmente en el
caso de las personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados
(Art. 47 C.P.) y las mujeres cabeza de familia (Art. 43 C.P.)-, así como la
circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante,
permiten presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos”.
Así mismo, la Sentencia T-589 de
2011 sostuvo que “el operador judicial debe examinar la situación fáctica
que define el asunto sometido a su conocimiento, y las particularidades de
quien reclama el amparo constitucional, pues, si se trata de sujetos de
especial protección constitucional (personas de la tercera edad o en condición
de discapacidad, etc.) o de personas que se encuentren en condiciones de
debilidad manifiesta, el análisis de procedibilidad se flexibiliza haciéndose
menos exigente”.
En caso
contrario[23],
el artículo 13 Superior “ordena que el juez realice un análisis estricto de
subsidiariedad si el peticionario no enfrenta situaciones especiales que le
impidan acudir a la jurisdicción en igualdad de condiciones a los demás
ciudadanos”[24].
En conclusión,
los medios de defensa con los que cuentan los sujetos de especial protección
constitucional se presumen inidóneos. Sin embargo, en cada caso, la condición
de vulnerabilidad (persona de la tercera edad, niño o niña, persona en
situación de discapacidad, etc.), debe ser analizada por el juez de tal forma
que lo lleve a considerar que efectivamente, por sus características, en esa
circunstancia en particular, se encuentra en imposibilidad de ejercer el medio
de defensa en igualdad de condiciones. En ese evento, debe ofrecer al actor un
tratamiento diferencial. Esta Sala entiende que no es posible aplicar el mismo
examen de subsidiariedad de igual forma a todos los sujetos de especial
protección. Lo que en algunos casos puede ser inidóneo e ineficaz para un
sujeto de protección especial (por ejemplo un adulto mayor), para otro (por
ejemplo una mujer), en la misma situación de hecho, no. En consecuencia, cada
presupuesto fáctico amerita una labor analítica y argumentativa del juez de
tutela, quien debe identificar la idoneidad y eficacia del medio de defensa
para el asunto que examina.
En síntesis, para verificar el
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, el juez constitucional debe
(i) confirmar que no existe un mecanismo de defensa en el ordenamiento
jurídico; (ii) en caso de existir, que este mecanismo no sea idóneo y/o eficaz;
(iii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección, se presume
inidóneo salvo que, (iv) del análisis del caso concreto se concluya que las
condiciones personales del actor no le impiden acudir a las vías regulares en
condiciones de igualdad. En todo caso, (v) cuando se percate la existencia de
un perjuicio irremediable, el Juez debe otorgar la protección constitucional
transitoriamente[25].
A partir de lo expuesto, la
acción de tutela, en los términos referidos, puede ser el mecanismo judicial
adecuado para la protección de derechos fundamentales cuando no se cuenta con
mecanismos alternos, o existiendo, son ineficaces y/o inidóneos. Cuando la
acción de tutela se concede por estos supuestos, la protección es definitiva.
Por el contrario, cuando el amparo se otorgue para evitar un perjuicio
irremediable, la protección será transitoria, mientras en sede ordinaria o por
conductos regulares se resuelve el asunto. En ese caso, el actor se encuentra
en la obligación de acudir dentro de los cuatro (4) meses siguientes al juez
natural para que sea este quien decida definitivamente la controversia[26].
Pronunciamientos relevantes
sobre conflictos por el no pago de la póliza de seguro en casos que envuelven
la protección de derechos fundamentales de personas en situación de debilidad
manifiesta o vulnerabilidad.
Esta Corporación ha resaltado el
valor de la reiteración de jurisprudencia como “método de adjudicación
apropiado para resolver problemas jurídicos de frecuente aparición en
determinados escenarios constitucionales”[27].
Este método consiste en identificar las sentencias más relevantes, con hechos
análogos, y aplicar las subreglas que se han construido a través de
diversas decisiones. Este análisis depende en buena medida de poder identificar
los puntos más relevantes del caso concreto y compararlos con los casos antes
fallados, pues los elementos fácticos pueden variar y se haga necesaria una interpretación
adicional.
En ese orden de ideas, esta Corte
ha manifestado que aplicar el sistema de precedente fortalece, entre otras
cosas, la unificación de criterios de interpretación y garantizar el derecho a
la igualdad de los ciudadanos. Este sistema “permite que se corrijan
aquellos fallos en que los jueces, bajo escenarios fácticos similares, llegan a
consecuencias diversas, por la inaplicación de subreglas decantadas por vía
jurisprudencial”[28].
Pues bien, adoptando esa
metodología, esta Sala considera necesario reiterar los pronunciamientos que
sobre el caso en estudio existen y, en todo caso, hacer algunas precisiones adicionales
para tomar la decisión final.
En este contexto, la
jurisprudencia constitucional ha construido algunos criterios para identificar
cuándo las controversias surgidas de los contratos de seguro de vida grupo de
deudores adquieren relevancia constitucional. En esos eventos se justifica la
intervención del juez de tutela. En caso de no constatarse tales criterios, la tutela
devendrá en improcedente pues el conflicto no trascenderá el plano patrimonial,
y el actor o la actora deberán acudir a los medios de defensa ordinarios
previstos por el Legislador para discutir intereses privados de carácter
comercial.
Así pues, la Sentencia T-1091 de
2005 fue uno de los primeros pronunciamientos que hizo la Corte sobre este
asunto. Relatan los hechos de la Sentencia que la accionante adquirió un
apartamento por intermedio de una entidad financiera para lo cual, suscribieron
un contrato de mutuo garantizado mediante la constitución de una garantía real
hipotecaria. El Banco y la accionante, además, tomaron un contrato de “Seguro
de Vida Grupo de Deudores” con una compañía aseguradora, quien se obligaba a
cancelar el valor del crédito hipotecario por muerte del beneficiario,
invalidez y, como quedó pactado en el contrato, por incendio o terremoto.
La accionante sufrió una grave
afección de salud. Padecía de cáncer de seno y tuvo una lesión en su columna
vertebral con compromiso del brazo izquierdo y la muñeca derecha, lo que le
impidió continuar trabajando. Ante esta situación incurrió en mora tanto en las
cuotas del crédito hipotecario, como en la prima que debía cancelar en favor de
la aseguradora. En consecuencia, el banco acreedor inició un proceso ejecutivo
en su contra, el cual buscaba el remate de su apartamento.
Por sus padecimientos de salud,
acudió a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para que le determinara
su porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Efectivamente, la Junta le
dictaminó invalidez por enfermedad común con una pérdida de su capacidad
laboral del 50.93%. Obtenida esa calificación, la accionante solicitó a la
aseguradora el pago de la póliza del seguro, quien se opuso a la reclamación
argumentando que se encontraba en mora en el pago de la prima. Por esa razón,
no procedía a efectuar el pago.
En esa oportunidad, la Corte consideró
que sí se violaban, en el caso concreto, los derechos a la vivienda digna y
como consecuencia al mínimo vital de la actora. Este Tribunal Constitucional
encontró demostrada la inminencia de un perjuicio irremediable, pues el proceso
ejecutivo se encontraba en la etapa de remate. En esa ocasión la Corte
aprovechó la oportunidad para reprochar el actuar de la aseguradora y del banco
accionado. Encontró desproporcionada la decisión de la aseguradora al negarse
al pago de la prima, y del banco a iniciar el proceso ejecutivo en las
circunstancias que se hallaba la tutelante. Si bien el litigio se enmarcaba en
relaciones privadas y patrimoniales, esas decisiones ocasionaban la lesión a
derechos fundamentales, caso en el cual, adquiría relevancia constitucional.
Además de encontrar probada la
inminencia de un perjuicio irremediable, la Corte manifestó su inconformidad
con la actuación de las entidades vinculadas. Sostuvo que:
“Para la Sala, este comportamiento de las accionadas como
entidades pertenecientes al sistema financiero (…), evidencia una vez más la
utilización de la posición dominante, tanto en el contrato de mutuo como en el
de seguros cuando, amparadas en la aparente legalidad de la literalidad de las
cláusulas de los documentos con que se instrumentaron los contratos de crédito
hipotecario y el de seguros respectivamente, actuando en sus condiciones de
acreedora sin satisfacción de su crédito por parte de la ejecutante y de no
obligada al pago de indemnización por terminación del amparo vida ante la no
cancelación de las primas, por parte de la aseguradora, se propicia la
terminación formal de la vía ejecutiva, en la que como se dijo, ya no era
factible debatir las controversias que podían llevar a que la obligada al pago
de la deuda fuera la aseguradora, lo que obviamente liberaba a la accionante de
esa carga. Es para la Sala entonces, un comportamiento con el que sin permitir
que fuera la justicia la que decidiera el asunto, se causó a la accionante el
riesgo inminente de perder su vivienda, que como se ha considerado en esta
providencia, para ella hace parte de su mínimo vital”
En la Sentencia T-642 de 2007, la
Corte declaró la improcedencia de la acción de tutela en contra de una
aseguradora que se negaba al pago de la póliza del seguro de vida grupo de
deudores. Los hechos de la sentencia relatan que una señora adquirió un crédito
de consumo con un banco. Este crédito estaba asegurado con una póliza de seguro
de vida grupo de deudores. Debido a la mora que la accionante presentaba, el
banco decidió iniciar un proceso ejecutivo para obtener el pago de su deuda. De
las pruebas aportadas al proceso no se evidenció la existencia de medidas
cautelares frente a los bienes inmuebles de la tutelante. Así mismo, al
tratarse de un crédito de consumo, no existía ningún tipo de gravamen sobre
ninguna clase de bienes. Es decir, no existían ni hipotecas ni prendas sobre
los bienes de la deudora.
La señora padecía de cáncer de mama.
Pasado un tiempo, se presentó en su EPS para solicitar la calificación de su
discapacidad. Efectivamente, la EPS diagnosticó una pérdida de capacidad
laboral del 52%. El argumento de la accionante para acudir a la EPS y no a la
Junta Regional de Calificación de Invalidez, era que no tenía los recursos para
pagar el valor correspondiente. En el trámite adelantado en la Corte, las
pruebas decretadas mostraron que la actora ya había cancelado el valor del
examen de la Junta, el cual, efectivamente, arrojó una incapacidad superior al
50%.
La tutelante acudió a las
entidades vinculadas (banco y aseguradora), para que se hiciera efectiva la
póliza y la aseguradora desembolsara el dinero correspondiente al pago de
crédito de consumo que había adquirido. Sin embargo, las dos entidades
objetaron su reclamación en tanto el certificado de invalidez aportado no
provenía de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, sino de su EPS. Pese
a ello, en el trámite del proceso ejecutivo y previo a este, el banco ofreció
acuerdos de pago en distintas ocasiones. Así mismo, en el proceso ejecutivo tan
solo se encontraba notificado el auto admisorio de la demanda o mandamiento
ejecutivo.
En esa oportunidad, la Corte
consideró que el caso no ameritaba la intervención del juez de tutela, pues no
se agotó el requisito de subsidiariedad de la acción. Si bien la persona se
encontraba en condición de discapacidad superior al 50%, las particularidades
del caso no llevaron a la Corte a considerar que se afectaba su derecho al mínimo
vital. Es importante recordar que la obligación cobrada por el banco era con
ocasión de un crédito de consumo y no hipotecario. En ese sentido, la persona
contaba con mecanismos ordinarios de defensa, como las excepciones en el
proceso ejecutivo y acudir a la vía ordinaria, para discutir la interpretación
de las cláusulas contractuales.
En conclusión, la Corte manifestó
que no existían razones suficientes para considerar que ese asunto en
particular no gozaba de mecanismos idóneos y eficaces para defender sus
pretensiones. Así, era claro para la Sala que “la accionante pretende que se
le pague el seguro de vida de deudores mediante el mecanismo de la acción de
tutela”. Continúa diciendo que “(…) la Sala estima que no es procedente,
puesto que el juez constitucional no puede entrar a interferir en la voluntad
de las partes ni resolver una situación que de todas formas corresponde a la
justicia ordinaria”. Finalmente, no encontró probado ningún perjuicio
irremediable que ameritara una protección transitoria por parte del juez de
tutela.
En el año 2009, mediante
sentencia T-490, la Corte volvió a pronunciarse sobre un asunto similar. En esa
ocasión, le correspondió decidir si violaba los derechos fundamentales a la
vida, vivienda y al mínimo vital, la respuesta de una aseguradora que negaba el
pago de la póliza del seguro de vida grupo de deudores por haber acaecido una
incapacidad superior al 50%.
Relata la Corte que un señor de
44 años de edad trabajó toda su vida de manera independiente en el oficio de
fumigador. Sus ingresos fueron siempre limitados y los destinaba al
sostenimiento de su familia y el pago esporádico de las cotizaciones al sistema
de salud. Era responsable por sus dos hijos menores de edad y su señora esposa.
El tutelante comenzó a presentar
problemas de salud, hasta que en el año 2007 le diagnosticaron una artrosis
severa de ambas rodillas, practicándosele la última cirugía un remplazo total
de la rodilla derecha. La operación no fue exitosa y el accionante tuvo que
desplazarse por el resto de su vida en muletas.
En vista de estos problemas, el
señor acudió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que diagnosticara
su grado de discapacidad. El accionante sufría de una pérdida de capacidad
laboral equivalente al 59.31% ocasionada por la defectuosa cirugía realizada. Por
ello, no pudo continuar trabajando debido a sus condiciones. Adicionalmente, debido
a que nunca cotizó al sistema de seguridad social, no fue pensionado por
invalidez.
Al no tener asegurada su pensión,
el accionante había suscrito un contrato de seguro con una aseguradora
previendo algún hecho futuro. Efectivamente, la póliza preveía el pago de una
suma de dinero, siempre y cuando operara la muerte del asegurado o su
incapacidad permanente por enfermedad o accidente superior al 50%. Vista su
situación, el señor acudió a la aseguradora quien respondió que no pagaría el
valor de la indemnización, en tanto el asegurado y beneficiario podía continuar
teniendo “trabajos remunerados”.
En esta sentencia, la Corte consideró
que la negativa de la aseguradora constituía una violación a los derechos
fundamentales del accionante, especialmente, tratándose de una persona en
situación de invalidez. La Corte resaltó que estos deben tener un trato
preferencial ya que no pueden actuar como el común de la sociedad. Sostuvo lo
siguiente:
“Al referirse a las
compañías de seguros esta Corte ha destacado que, si bien en principio las
diferencias que con ellas surjan deben tramitarse ante los jueces ordinarios
dado su carácter contractual, cuando están de por medio derechos fundamentales
como la vida, la salud y el mínimo vital, por su propia actividad y por el
objeto de protección que ofrece en caso de siniestro, resulta viable el amparo
constitucional. Por ende, si de tal objeto asegurado se deriva que la
prestación correspondiente es puramente económica, no tendría cabida la tutela,
en cuanto se dirimiría el conflicto ante la  jurisdicción ordinaria, pero
si el objeto de la gestión específicamente considerado tiene efecto en la vida
y en el mínimo vital de una persona por razón de la materia de la cobertura,
puede ser viable la acción de tutela para el fin constitucional de amparar
tales derechos fundamentales ante la falta de idoneidad y agilidad del medio
ordinario de defensa judicial”
Posteriormente, la Sentencia
T-832 de 2010, reiteró el precedente. En esa sentencia, la Corte tuvo que
decidir el mismo caso de una aseguradora que se negaba a pagar la póliza de
seguro de vida grupo de deudores al acaecer una incapacidad superior al 50%.
Sin embargo, en esa ocasión la aseguradora argumentaba que el siniestro había
ocurrido antes de tomar el seguro (preexistencia).
Los hechos del caso muestran una
señora de 54 años de edad, quien había adquirido un crédito que amparó con un
contrato de seguro de vida grupo de deudores suscrito con una aseguradora. La
señora trabajaba como profesora y en mayo de 2009, una aseguradora de riesgos
profesionales determinó que presentaba una pérdida del 77.5 % de su capacidad
laboral. En consecuencia, la accionante no pudo continuar trabajando. Es madre
cabeza de familia, teniendo a su cargo a su hija de 20 años y a su nieta de 6
quienes subsisten de su pensión de invalidez. De allí tiene que asumir los
gastos de la universidad de su hija, alimentación de su grupo familiar, etc.
Sucedido el siniestro, la
accionante solicitó al banco acreedor que hiciera los trámites necesarios para
que el seguro amparara el monto que restaba de la deuda. Sin embargo, el Banco
objetó la solicitud al considerar que el siniestro había ocurrido antes de
tomar el seguro de vida grupo de deudores. Argumentó preexistencia de la
enfermedad y por esa razón, no procedió a desembolsar los dineros
correspondientes.
En ese caso, para la Corte fue
claro que pese a que se trataba de una controversia contractual, esta podía
llegar a lesionar los derechos fundamentales de la accionante. Si se admitiera
la decisión de la aseguradora, se estaría acentuando la condición de
discapacidad de la accionante, aumentando el riesgo de lesionar su mínimo vital,
vivienda y vida digna.
Así lo dijo la Corte:
“(…) Por las anteriores consideraciones, la
Sala de Revisión estima que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para
resolver la controversia aquí debatida, toda vez que la objeción realizada por
la compañía aseguradora, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y
a la vida digna de la peticionaria, puesto que, por su discapacidad la no
cancelación del saldo insoluto de la obligación que adquirió en el Banco
Agrario de Colombia, acentuaría la situación de debilidad manifiesta en la que
se encuentra la señora (…) y su familia.”
Ese mismo año, la Sentencia
T-1018 de 2010, se ocupó de examinar nuevamente un caso de preexistencia.
Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto, pues se había presentado
un hecho superado debido a que el Banco beneficiario del seguro condonó la
deuda, reiteró la subregla de los anteriores fallos.
Los hechos del caso muestran a
una persona de la tercera edad a quien le diagnosticaron cáncer gástrico a
nivel del estómago nodular. El accionante vivía con su esposa y tres hijos
menores con una pensión de aproximadamente 900.000 pesos. Como consecuencia de
su enfermedad, la persona se vio obligada a abandonar el trabajo que
desempeñaba. La junta Regional de Calificación de Invalidez, reconoció que como
consecuencia de su enfermedad, el accionante había perdido el 58.12% de su
capacidad laboral.
El actor había suscrito un
crédito con un banco, razón por la cual, elevó una petición con el fin de que
le condonaran la deuda por estar amparada con un seguro de vida grupo de
deudores que operaría por muerte del asegurado o invalidez. No obstante, el
banco negó su petición pues la aseguradora había objetado el pago de la póliza
argumentando que la persona no había informado de su enfermedad al momento de
tomar el seguro. Tiempo después el banco decidió condonar la deuda.
En esa ocasión la Corte dijo que a
pesar de encontrarse frente a un asunto en el marco de una relación
contractual, al tratarse de una persona en condición de invalidez, el resultado
de esa controversia podía afectar los derechos fundamentales del accionante. En
efecto, la negativa de la aseguradora de pagar la póliza constituía una
violación a los derechos fundamentales del accionante pues al encontrarse en
condición de vulnerabilidad, su derecho al mínimo vital se veía altamente expuesto
a sufrir un perjuicio.
La Sentencia T-738 de 2011, nuevamente
reitera el precedente. La Corte consideró que se violan los derechos de una
persona con declaratoria de estado de invalidez, cuando la aseguradora niega el
pago de la póliza argumentando la preexistencia del hecho asegurado. Adicionalmente,
establece que el hecho de tratarse de una persona discapacitada con más del
50%, eleva el riesgo de vulnerar su mínimo vital. Por esa razón, el juez de
tutela adquiere competencia, pese a que en principio se trate de discusiones
meramente contractuales.
Relata la sentencia el caso de una
persona que se encontraba en servicio activo en el Ejército. En medio de los
combates, fue herido por un grupo guerrillero al cual se enfrentaba el Ejército.
Debido a ello, sufrió una grave disminución de su capacidad laboral. Luego de
practicados varios exámenes, la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional le
diagnosticó una invalidez del 75.08%.
Al no poder trabajar, entró en
una difícil situación económica. Por ello, solicitó un crédito de libre consumo
a una entidad bancaria quien luego de haber hecho los estudios
correspondientes, desembolsó aproximadamente 21.500.000 de pesos. Como amparo
de la obligación, suscribió con una aseguradora un contrato de seguro de vida
grupo de deudores el cual operaría por muerte o invalidez del asegurado. El
actor manifestó que la aseguradora conocía de su condición al otorgar el
seguro.
Tiempo después, el actor solicitó
a la aseguradora que se hiciera cargo del crédito que había tomado con el banco
pues había acaecido el siniestro de invalidez. No obstante, la aseguradora negó
la solicitud argumentando que para la fecha que había tomado el seguro, ya
existía la invalidez. Es decir, preexistencia de la enfermedad.  Adicionalmente,
el certificado aportado fue de la Junta Médica del Ejército y no de la Junta
Médica Laboral como prevé el contrato.
En este caso, la Corte encontró
que si bien se trataba de una discusión que en principio debería ventilarse por
la vía ordinaria, advirtió que el caso adquirió relevancia constitucional a
partir de la respuesta de la aseguradora, pues causaba una afectación al mínimo
vital de la persona. Especialmente, tratándose de un sujeto de especial
protección constitucional como el caso de las personas en condición de
discapacidad.
Adicionalmente, esta sentencia
manifestó que en algunos casos la negativa de las aseguradoras puede ser
injustificada o negligente. En esos casos, las aseguradoras deben ofrecer una
respuesta con razones suficientes para negar el pago de la póliza.
Sobre el punto, la Corte destacó
que se “hace forzoso concluir que el comportamiento de (…) desconoce, de
manera injustificada y sin una razón suficiente, los derechos fundamentales del
accionante. En particular, las restricciones que se le impusieron al actor en
cuanto a la demostración de la ocurrencia del siniestro contrarias a la propia
actitud de la aseguradora, dejaron en situación de riesgo el derecho a vivir en
condiciones dignas y afectaron el derecho al debido proceso del actor, razón
por la cual la Corte tutelará los derechos del accionante y ordenará a Mapfre
Colombia Vida Seguros S.A. que proceda a adelantar el pago del siniestro”
Recientemente, en la Sentencia
T-086 de 2012, la Corte revisaba varios casos de personas a las que sus
respectivas aseguradoras les negaron el pago de la póliza del seguro de vida
grupo de deudores, argumentando que la enfermedad causante de la incapacidad,
había ocurrido antes de suscribir el contrato de seguro (preexistencia). En esa
oportunidad, negó el amparo por no probarse la existencia de un perjuicio
irremediable, ni encontrar que los mecanismos con los que contaban los
accionantes eran inidóneos y/o ineficaces.
En esa ocasión, la Corte reiteró
la procedencia de la acción de tutela en los casos en los que la negativa de
las aseguradoras o bien lesionen derechos fundamentales que no puedan ser
protegidos por otras vías, o porque se esté en presencia de un perjuicio
irremediable. La Corte sostuvo que en este caso en particular, no se encontró
que los accionantes se encontraran en imposibilidad de acudir a las vías
ordinarias que pusiera en riesgo sus derechos. Se halló en el expediente que
cada uno de ellos, o no probaron sumariamente la ausencia de capacidad
económica o bien gozaban de una pensión de aproximadamente tres millones de
pesos.
Finalmente, una de las decisiones
más recientes que abordó el tema fue la Sentencia T-136 de 2013. En este fallo,
esta Corte asumió el conocimiento de un caso en el cual la aseguradora niega el
pago de una póliza del seguro de vida grupo de deudores por incapacidad,
argumentando que la fecha de estructuración de la incapacidad se dio después de
la edad máxima de permanencia permitida por el contrato celebrado entre las
partes, es decir, 70 años.
Los hechos de la sentencia
muestran un caso en el cual, un señor de 70 años de edad había adquirido un
crédito hipotecario con un banco, para lo cual suscribió un contrato de seguro
con una entidad aseguradora como garantía de su obligación hipotecaria, el cual
operaría por invalidez o muerte del asegurado.  Por este seguro debía pagar una
cuota mensual que estaba incluida en aquella que pagaba por el crédito
hipotecario.
Indican los hechos que la Junta
Regional de Calificación de Invalidez reconoció que padecía de una pérdida del
56.60 % de su capacidad laboral, razón por la cual, solicitó a la aseguradora
el pago de la póliza. No obstante, la aseguradora objetó su reclamación
considerando que la edad máxima de ingreso para las coberturas de incapacidad
era de 69 años de edad. Para la fecha de estructuración de invalidez, el
accionante tenía 70 años de edad. Sin embargo, el tutelante en varias
oportunidades le solicitó a la aseguradora el contrato de seguro para verificar
las condiciones del contrato. Pese a ello, la aseguradora nunca suministró esa
información.
En este caso, la Corte encontró
una negligencia por parte de la aseguradora. Su negativa se basó en razones que
nunca demostró. No aportó al proceso la prueba de que efectivamente en el
contrato estuviera estipulado que la fecha máxima de ingreso eran 69 años. En
consecuencia, dijo la Corte, si bien este es un asunto que en principio debería
ventilarse por la vía ordinaria, los elementos fácticos permitieron indicar que
este conducto no era en sí mismo el medio más idóneo y/o eficaz. Lo anterior,
dado que para personas en condición de discapacidad, acudir a la vía ordinaria
es mucho más tortuoso que para el común de la sociedad.
En tal sentido, en la Sentencia
T-136 de 2013 dijo la Corte:
“El desarrollo
jurisprudencial ha habilitado excepcionalmente el recurso a la acción de tutela
contra particulares en controversias suscitadas a partir de una relación contractual,
cuando el mecanismo ordinario de defensa no aparezca eficaz, dada su
complejidad técnica, costos o tiempos de espera, para salvaguardar un derecho
fundamental, especialmente en aquellos negocios jurídicos originados en el
marco de un servicio público, caracterizado por una notoria asimetría entre las
partes. En tan especialísimos eventos, el ejercicio de la acción de tutela no
solamente resulta válido sino conveniente, en razón a la celeridad del
procedimiento constitucional y a que el juez de tutela está particularmente
dispuesto a buscar la definición de campos de posibilidades para resolver
controversias entre derechos o principios fundamentales, más allá de fallar un
conflicto en específico; así como a prestar atención al abuso que surja de situaciones
de subordinación o indefensión, que en algunas ocasiones pasa inadvertido en un
juicio estricto de legalidad”
Así, la Corte encontró que “en
el caso concreto se evidencia el incumplimiento notorio de la aseguradora y la
entidad bancaria en el suministro de la información. Dicha incuria produjo una
vulneración al derecho fundamental de petición de Juan José Rincón Torres,
quien en dos ocasiones solicitó copia de la póliza de seguro y sus anexos, lo
cual no mereció siquiera un pronunciamiento de la entidad accionada. Más grave
aún es que esta omisión también repercutió significativamente en el derecho de
defensa del señor Rincón Torres al momento que fue notificado del inicio del
proceso ejecutivo hipotecario en su contra y no pudo contar con los documentos
del contrato de seguro para sustentar su oposición. La Corte Constitucional en
ejercicio de sus competencias se vio obligada a requerir en dos ocasiones a la
compañía para que allegara los documentos en mención, sin que el resultado haya
sido totalmente satisfactorio”.
De la jurisprudencia estudiada se
pueden extraer varias conclusiones. Es claro que la acción de tutela, por regla
general, no procede para discutir asuntos contractuales. El juez de tutela no
puede convertirse en el remplazo de la justicia ordinaria. Los contratos de
seguros envuelven relaciones privadas que gozan de plena autonomía. Sin
embargo, en algunos eventos con características particulares, esas
controversias adquieren relevancia constitucional que justifica la intervención
del juez de tutela.
De acuerdo con ello, si se encuentra
que la negativa de la aseguradora puede incidir en el ejercicio de los derechos
fundamentales, el juez de tutela tendrá la potestad de examinar las razones aducidas
por ella y verificar si le asiste o no la razón, caso en el cual, podrá ordenar
su pago. Por el contrario, si no se lesionan derechos fundamentales del
accionante el conflicto deberá discutirse en sede ordinaria.
Ahora bien, de las sentencias
analizadas se pueden extraer criterios (enunciativos) para determinar en qué
eventos el juez de tutela adquiere competencia para pronunciarse sobre
relaciones contractuales en circunstancias que pueden afectar los derechos
fundamentales del asegurado.
En primer lugar (i) la Corte ha
entendido que existe mayor probabilidad de vulnerar los derechos fundamentales
cuando el interés del accionante no sea exclusivamente patrimonial. Para este
Tribunal, las razones que tuvo el tutelante para adquirir el crédito, tienen
profunda importancia. Por ejemplo, en el caso de los créditos hipotecarios, se
presume que el interés que se persigue es el de obtener una vivienda que en
muchos casos no solo beneficia al actor sino también a su núcleo familiar. Con
los créditos de consumo, el análisis de la Corte fue mucho más riguroso. Si el
accionante al no poder trabajar tomó ese crédito para su subsistencia, se
presume que su interés no era simplemente patrimonial. Esta Sala considera que
no es lo mismo tomar un crédito de consumo para utilizarlo en bienes de menor
trascendencia, que adquirirlo para mantener a una familia.
En segundo lugar (ii), si la
persona que solicita el amparo se encuentra en condición de discapacidad
superior al 50%, este Tribunal ha considerado que existe un mayor riesgo de
vulnerar sus derechos fundamentales. Un análisis riguroso de las sentencias,
evidencia que ser sujeto de especial protección constitucional es una condición
muy importante para que el juez de tutela tome la decisión. Sin embargo, la
Corte ha aclarado que no siempre es suficiente para intervenir en esta clase de
relaciones contractuales. Las Sentencias analizadas muestran casos en los que
personas en condición de invalidez han perdido en alto porcentaje las
posibilidades de obtener recursos económicos para pagar las cuotas de sus
créditos, precisamente, porque no pueden trabajar. En algunos casos la Corte ha
constatado que a pesar de la imposibilidad para trabajar, la persona cuenta con
otros ingresos que le permiten cumplir su obligación crediticia sin atentar
contra su mínimo vital. De allí el siguiente criterio.
En tercer lugar (iii), que
carezca de los recursos económicos suficientes para sufragar sus gastos. En los
casos en que la Corte negó el amparo, las personas que solicitaron la tutela
contaban con los recursos que les permitía continuar con el pago del crédito y
de la prima del seguro. En esas sentencias, la Corte entendió que no se
afectaban sus derechos pues evidentemente, al no estar en riesgo su derecho al
mínimo vital, podían acudir a vías ordinarias para debatir el pago de la
indemnización. Incluso, muchos de ellos, como consecuencia de su invalidez,
recibieron pensiones que les permitía sufragar sus gastos.
Finalmente (iv), el juez debe
verificar otros aspectos como las obligaciones familiares, o del grupo familiar
del afectado, o la presencia de circunstancias adicionales de vulnerabilidad en
el peticionario. Solo las circunstancias del caso concreto determinarán los
aspectos relevantes a ser tenidos en cuenta por el juez, siempre con el
propósito de evaluar si las cargas procesales son o no excesivas para el
peticionario.
Como se puede apreciar, la
Jurisprudencia de la Corte ha construido unos criterios que permiten la
intervención del juez de tutela. Una vez verificados y ponderados en el caso
concreto, el juez de tutela puede definir si las razones de la aseguradora o
del banco, son suficientes para negarse al pago de la póliza.
Finalidades de la figura de la
prescripción en el ordenamiento jurídico colombiano y Jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia sobre los términos de prescripción de las acciones
derivadas del contrato de seguro.
Esta Sala considera apropiado estudiar
las reglas de la prescripción ordinaria y extraordinaria que trata el artículo
1081 del Código de Comercio, no sin antes recordar las finalidades y límites de
la prescripción, especialmente, en lo que tiene que ver con las cargas
procesales que deben cumplir los ciudadanos.
1.     Las
cargas procesales y el fenómeno de la prescripción. Finalidades y límites.
En concordancia con el artículo
95 -7 de la Constitución, el ejercicio de derechos implica responsabilidades
que en la mayoría de veces se ven materializadas en el ámbito del derecho
procesal y sustancial. En efecto, “resulta plausible entonces que en los diversos
trámites judiciales, la ley asigne a las partes cargas para el ejercicio de los
derechos (…) que sometidas a los límites constitucionales previamente
enunciados, resultan plenamente legítimas”[29].
El ejercicio de derechos exige que las personas que someten sus asuntos al
conocimiento de autoridades administrativas o judiciales, actúen con
diligencia, prontitud y eficacia.
La Corte Suprema de Justicia[30] ha
distinguido entre cargas, obligaciones y deberes procesales; criterio que
comparte esta Corporación[31].
En ese sentido, los deberes procesales son aquellos imperativos creados por el
legislador que son de obligatorio cumplimiento, y “se caracterizan porque
emanan, precisamente, de las normas procesales, que son derecho público, y, por
lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo 6° del Código”[32].
Por su parte, las obligaciones procesales son aquellas “prestaciones de
contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las
surgidas de la condena en costas que, según lo explica Couture, obedecen al
concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso del derecho de acción o
del derecho de defensa”[33].
Finalmente, las cargas procesales, son aquellas “situaciones instituidas por
la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa,
normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae
aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una
oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial
debatido en el proceso”[34].
En este orden de ideas, el
fundamento de las cargas procesales radica en la facultad (discrecional del
ciudadano) de ejercerlas o no.  En estos casos, el juez no está en la
obligación de hacerlas cumplir coercitivamente. Estas cargas procesales tienen
sustento en el deber constitucional de colaborar con el buen funcionamiento de
los órganos decisorios de justicia. Así las cosas, “evadir los compromisos
preestablecidos por las normas procesales bajo el supuesto de una imposición
indebida de cargas a los asociados, no es un criterio avalado por esta
Corporación, -salvo circunstancias muy puntuales-, en la medida en que el
desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso atentaría
contra los mismos derechos que dentro de èl se pretenden proteger, y llevaría
por el contrario, a la inmovilización del aparato encargado de administrar
justicia”[35].
Así, es el legislador, en
ejercicio de sus funciones, quien tiene la competencia y obligación de definir
las cargas cuando así a bien lo tenga. Correlativamente, es deber del Tribunal
Constitucional garantizar al máximo que el legislador fije los criterios y
reglas a partir de las cuales cada persona puede asegurar la vigencia de sus
derechos[36].
De esta forma, se garantizan no solo los derechos de los accionantes, sino
también la seguridad jurídica, la finalidad de los procesos, la racionalidad
del aparato judicial, entre otros[37].
Ahora bien, la libertad de
configuración del legislador tiene límites. No es constitucional que el
ciudadano soporte cargas excesivas que pongan en riesgo la plena vigencia de
sus derechos. La eficacia de los derechos fundamentales no se restringe
únicamente con menciones expresas en la norma. Muchas veces, las cargas
procesales pueden alejar al ciudadano de sus garantías injustificadamente. Por
tal razón, si bien el legislador en principio goza de autonomía legislativa en
estos asuntos, su libertad no puede ser absoluta ni convertirse en pura
arbitrariedad[38].
En este orden de ideas, el juez
constitucional debe estudiar si la carga procesal en el caso concreto cumple
con las siguientes características[39],
so pena de ameritar su intervención: (i) que esté en el marco de los principios
y fines del Estado; (ii) que busque la plena vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos[40];
(iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad[41] y; (iv) que
garantice la supremacía del derecho sustancial sobre el procesal[42].  Por tanto,
“será pertinente determinar si sus fines son constitucionales y si la carga
resulta ser razonable y proporcional respecto a los derechos consagrados en la
norma superior”[43].
Bajo este panorama, la
prescripción es una de las cargas procesales que el presunto titular del
derecho debe soportar. Esta carga consiste en tener que acudir oportunamente al
aparato judicial, antes de perder el derecho. Lo anterior bajo el supuesto de
que son los ciudadanos los primeros llamados a actuar diligentemente, mucho
más, si se tiene en cuenta que son sus derechos los que están en juego.
Así pues, la figura de la
prescripción está consagrada en el artículo 2512 del Código Civil Colombiano el
cual establece que “la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas,
o de extinguir acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no
haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un lapso de tiempo, y
concurriendo los demás requisitos legales”. Aclara esta disposición que “se
prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción”.
Existe entonces una prescripción
adquisitiva (también llamada usucapión) que, por el paso del tiempo, convierte
al poseedor de un bien en propietario del mismo. Por su parte, una prescripción
extintiva que, como su nombre lo indica, extingue los derechos de una persona
como consecuencia de no haber ejercido ningún tipo de acción dentro del término
previsto por la ley.[44]
La figura de la prescripción
extintiva ha sido respaldada en diferentes oportunidades por esta Corte. Su
razón de ser involucra principios constitucionales que respaldan su existencia,
principalmente porque garantiza la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento.
En efecto, la prescripción extintiva “cumple funciones sociales y jurídicas
invaluables, por cuanto contribuye a la seguridad jurídica y a la paz social,
al fijar límites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones
judiciales”[45].
La seguridad jurídica es un principio que involucra no solo a las partes de la
controversia. Para la sociedad es de interés que todas las relaciones jurídicas
se definan y no queden en suspenso a lo largo del tiempo.
De acuerdo con ello, no ejercer
un derecho implica una sanción a su titular. Esta sanción consiste en la
pérdida de la oportunidad para reclamar su derecho ante las autoridades competentes[46]. Esta
consecuencia negativa, se da como consecuencia de la falta de interés del
titular del derecho para ejercer su acción. Entonces, la prescripción extintiva
supone razones subjetivas. Es decir, se origina por la negligencia del
titular del derecho.
Según la Corte Suprema de
Justicia “el fin de la prescripción es tener extinguido un derecho que, por
no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; (...)
Por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no
ejercicio, o sea la negligencia real o supuesta del titular;”[47]. Quiere
decir que la carga procesal incluye un componente cognoscitivo de la acción. La
negligencia consiste en que conociendo el derecho, el actor decide
voluntariamente no ejercerlo.
Sobre este último aspecto[48], en la
Sentencia C – 227 de 2009 la Corte Constitucional, refiriéndose al aspecto
subjetivo de la prescripción, sostuvo que:
“De acuerdo con la teoría procesal, tanto la
prescripción como la caducidad son fenómenos de origen legal cuyas
características y efectos debe indicar el legislador; estas figuras procesales
permiten determinar con claridad los límites para el ejercicio de un derecho.
En virtud de la  prescripción, en su dimensión liberatoria (…)
se tiene por extinguido un derecho que, por no haberse
ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; por ello en
la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea
la negligencia real o supuesta del titular”(subrayado en
original)
Como se puede
apreciar, esta figura crea una verdadera carga procesal pues establece “una
conducta facultativa para el demandante de presentar su acción en el término
que le concede la ley so pena de perder su derecho. Su falta de ejecución
genera consecuencias negativas para éste, que en principio resultan válidas
pues es su propia negligencia la que finalmente permite o conlleva a la pérdida
del derecho”. En consecuencia, el juez constitucional debe tener en cuenta
las razones de la presunta negligencia del titular del derecho, precisamente
porque la ley sanciona esa falta de interés.
En síntesis, tenemos que la
figura de la prescripción (i) busca generar certidumbre entre las relaciones
jurídicas; por esa razón (ii) incentiva y garantiza que las situaciones no
queden en suspenso lo largo del tiempo fortaleciendo la seguridad jurídica;
(iii) supone que quien no acudió a tiempo a las autoridades para interrumpir el
término lo hizo deliberadamente; y finalmente (iv) genera consecuencias
desfavorables que pueden llegar incluso a la pérdida del derecho.
2.     Prescripción
ordinaria y extraordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguros.
Artículo 1081 del Código de Comercio y Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia.
El artículo 1081 del Código de
Comercio, establece que en materia de seguros “la prescripción de las acciones
que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá
ser ordinaria o extraordinaria (…) la prescripción ordinaria será de dos años y
empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido
tener conocimiento del hecho que da base a la acción (…) la prescripción
extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y
empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho (…)”.
En este contexto, la Corte Suprema
de Justicia, como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, ha interpretado
este artículo en diferentes oportunidades. Así, encontramos que “a pesar de
que en la norma se hace alusión a dos especies de prescripción, esto es, la
ordinaria y la extraordinaria, no quiere decir que sean el producto de una
dicotomía irreconciliable, pues, son más los puntos que las unen que los que
las separan”[49].
Incluso, como se verá más adelante, los dos términos pueden, como en efecto
sucede, correr simultáneamente.
La prescripción ordinaria
tiene como principal propósito proteger los intereses de los asegurados que por
su condición (como el caso de los incapaces[50])
o por razones ajenas a su voluntad, no hayan tenido o debido tener conocimiento
de los hechos que dieron lugar al siniestro. Esto significa que mediante esta
modalidad de prescripción, el Código de Comercio quiso dotar de mayores
garantías a los legitimados para ejercer las acciones derivadas del contrato de
seguro[51].
Si el efecto de la prescripción es crear una consecuencia desfavorable a quien
teniendo las posibilidades de ejercer un derecho o una acción[52], transcurrido
determinado tiempo no lo hizo, en este evento la voluntad del legislador no fue
castigar a quien ni siquiera conocía que tiene el derecho o quien por su
condición no podría presentar la reclamación.
Citando un pronunciamiento del 7 de julio de 1977, la Corte Suprema de Justicia[53] concluyó que
los términos para la prescripción ordinaria se contaban desde que el interesado
haya tenido o debido tener conocimiento.
Varias controversias se
suscitaron frente a la expresión “haya tenido o debido tener conocimiento
del hecho que da base a la acción” que trata el artículo 1081 del código de
comercio sobre la prescripción ordinaria. Este punto fue aclarado por la misma
Corte Suprema de Justicia, al considerar que el término comenzará a contar solo
cuando la persona razonablemente haya podido tener conocimiento del
hecho que ocasionó el siniestro.
Por ejemplo, existen situaciones
en las que los efectos del siniestro o bien pueden manifestarse silenciosamente
o sencillamente, requieran la valoración de un especialista para que el
afectado pueda darse cuenta, como ocurre en el caso del estado de invalidez. En
esos eventos, no es lógico exigirle a una persona imaginarse su condición y
porcentaje de incapacidad. Mucho más si se toma en cuenta que es requisito
indispensable para la reclamación de la póliza, demostrar científicamente que
existe una pérdida de la capacidad laboral para que la aseguradora pueda, como
es apenas natural, cumplir con sus obligaciones contractuales.
Por tanto, “no basta el
acaecimiento del hecho que da base a la acción, sino que por imperativo legal
‘se exige además que el titular del interés haya tenido conocimiento del mismo
efectivamente, o a lo menos, debido conocer este hecho, momento a partir del
cual ese término fatal que puede culminar con la extinción de la acción
‘empezará a correr’ y no antes, ni después”[54].
Por otra parte, el propósito de
la prescripción extraordinaria en el contrato de seguro es diferente. Su
finalidad ya no tiene en cuenta consideraciones subjetivas. El principal
objetivo es brindar seguridad jurídica a las partes del contrato cuando existen
situaciones jurídicas en las que transcurrido un tiempo (5 años), aun no se han
definido. Por esta razón, como lo ha resaltado la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, la prescripción extraordinaria es objetiva. Ya no importa
si la persona tiene o no tiene conocimiento de los hechos, o puede o no
tenerlo. Independientemente de ello, el tiempo comienza a contarse desde que
ocurre el siniestro.
Con anterioridad, la Corte
Suprema de Justicia se pronunció sobre las diferencias que existen entre los
tipos de prescripción. De esta manera, la prescripción ordinaria se diferencia
de la extraordinaria, principalmente, por dos aspectos puntuales. Por un
criterio subjetivo “relacionado con el conocimiento, real o presunto, que se
tenga de la ocurrencia del siniestro”[55]
y el otro objetivo, “que tiene que ver con la capacidad para hacer
efectivo el reconocimiento del siniestro y el pago de la indemnización
pretendida, sin que ello impida que corran de modo simultáneo, como en efecto
puede suceder”[56].
De acuerdo con ello, debe identificarse el tipo de sujeto y su condición para
verificar cuál de estos términos le es aplicable.
Así las cosas, en el común de los
casos, los dos tipos de prescripción son aplicables. La prescripción ordinaria
comienza a correr desde el momento en que la persona razonablemente haya tenido
o podido tener conocimiento de los hechos que dan base a la acción. La
extraordinaria comienza a contar desde el momento en que ocurre el siniestro. Así,
cuando el legitimado para reclamar el cumplimiento del contrato de seguro es
incapaz o no puede conocer los hechos que dan base a la acción, el término de
prescripción que comenzará a correr será el de la extraordinaria (desde que
ocurre el siniestro) hasta tanto cese su incapacidad o tenga conocimiento de
los hechos. Desde ese momento, comenzará a correr la ordinaria paralelamente y
surtirá efectos la primera que opere.
En efecto, para la Corte Suprema,
“no es óbice que se pueda configurar con antelación la ordinaria, como en el
caso de los menores que alcanzan la mayoría de edad o cuando cesa el motivo de
incapacidad, así mismo, si el retardo en saber sobre la realización del riesgo
asegurado no es muy prolongado”[57].
En ese mismo sentido[58]:
“Resulta por ende de lo dicho, que los dos
años de la prescripción ordinaria corren para todas las personas capaces, a
partir del momento en que conocen real o presuntamente del hecho que da base a
la acción, por lo cual dicho término se suspende en relación con los incapaces
(artículo 2541 C.C.), y no corre contra quien no ha conocido ni podido o debido
conocer aquél hecho; mientras que los cinco años de la prescripción
extraordinaria corren sin solución de continuidad, desde el momento en que nace
el respectivo derecho, contra las personas capaces e incapaces, con total
prescindencia del conocimiento de ese hecho, como a espacio se refirió, y
siempre que, al menos teóricamente, no se haya consumado antes la prescripción
ordinaria”
De esta forma, los dos tipos de
prescripción pueden correr simultáneamente de manera que puede ser perjudicial para
los intereses de los asegurados y beneficioso a los de la aseguradora Esta
afectación es legítima desde el punto de vista jurídico porque la prescripción
protege la seguridad jurídica y no, exclusivamente, intereses privados. Puede
ocurrir que una persona no conozca el hecho que dio origen al siniestro (por
ejemplo por una enfermedad progresiva o silenciosa), caso en el cual, su
término comenzaría a correr hasta que razonablemente haya tenido conocimiento
de los hechos que dan base a la acción (prescripción ordinaria), pero una vez
conocidos, el derecho ya haya prescrito porque operó el fenómeno de la
prescripción extraordinaria. Igualmente, puede haber comenzado a correr el
término de la prescripción extraordinaria, pero anticipadamente opere la
ordinaria. Por ejemplo, porque la persona tuvo conocimiento de los hechos que
dan base a la acción desde el mismo momento que ocurrió el siniestro.
Así lo mencionó la Corte Suprema
de Justicia cuando sostuvo lo siguiente:
“Razones de indiscutible equidad, que tienen
manantial en la seguridad jurídica, fueron las que inspiraron entonces la
reforma de 1971, pues fue en pos de dotar de certeza a las relaciones contractuales
para, de paso, contribuir a la preservación del orden y de la paz sociales, que
el legislador patrio consagró un criterio netamente objetivo para la
prescripción extraordinaria, así, en principio, pudieren lesionarse, es cierto,
intereses jurídicos, ora del beneficiario del seguro, ya del asegurador, los
que no obstante su indiscutible linaje, no pueden trascender su esfera privada,
con el propósito de anteponerse al ordenamiento, y de derruir por consiguiente,
el valor superior de aquél principio”.
Recientemente, en el año 2012, la
Corte Suprema de Justicia reiteró algunas diferencias entre los dos tipos de
prescripción. En sentencia del 18 de diciembre de 2012[59], sostuvo lo siguiente:
“[l]as dos clases de prescripción son de diferente naturaleza, pues,
mientras la ordinaria depende del conocimiento real o presunto por parte del
titular de la respectiva acción de la ocurrencia del hecho que la genera, lo
que la estructura como subjetiva; la extraordinaria es objetiva, ya que empieza
a correr a partir del surgimiento del derecho, independientemente de que se
sepa o no cuándo aconteció (…) Todas las acciones que surgen del contrato de
seguro, o de las normas legales que lo regulan, pueden prescribir tanto
ordinaria, como extraordinariamente (…) La prescripción extraordinaria corre
contra toda clase de personas, mientras que la ordinaria no opera contra los
incapaces (…) El término de la ordinaria es de sólo dos años y el de la
extraordinaria se extiende a cinco, ‘justificándose su ampliación por aquello
de que luego de expirado, se entiende que todas las situación jurídicas han
quedado consolidadas y, por contera, definidas’ (...) Las dos formas de
prescripción son independientes y autónomas, aun cuando pueden transcurrir
simultáneamente, adquiriendo materialización jurídica la primera de ellas que
se configure”
En síntesis, existen dos tipos de
prescripción para las acciones derivadas del contrato de seguros; la ordinaria
(2 años) y la extraordinaria (5 años). La primera de ellas comienza a contar
desde que la persona razonablemente pudo conocer el hecho que da origen
a la acción (el siniestro) y la extraordinaria corre desde que ocurre el
siniestro. Ambas clases de prescripción pueden comenzar a correr paralelamente.
La diferencia radica en que una (la ordinaria) se aplica para personas que por
su condición (incapaces) o por otras razones justificables no pueden tener
conocimiento del hecho, y la otra (extraordinaria) aplica para cualquier tipo
de personas independientemente su calidad. Bajo estos supuestos, cada una de
ellas es autónoma.
3.     Aplicar
el término de prescripción extraordinaria es razonable pero desproporcionado, cuando
personas en condición de invalidez que no cuentan con capacidad económica,
deben esperar la valoración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez
para reclamar el pago de la póliza.
Esta Sala ha manifestado que si
bien el legislador puede imponer cargas procesales a quienes pretenden ejercer
sus derechos, estas no pueden ser excesivas pues se estaría imposibilitando a
los ciudadanos garantizar sus derechos de manera efectiva. En ese orden de
ideas, si el juez de tutela se percata de que esto sucede en el caso que
examina, debe entonces estudiar si esas cargas son razonables y proporcionales.
En caso de no serlo, inaplicará la medida en el caso estudiado.
Así las cosas, en principio, el
juez de tutela no tiene competencia para verificar en abstracto la validez del
artículo 1081 del Código de Comercio[60].
Esta Sala considera que a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, esa norma, en lo relativo a la prescripción extraordinaria, es
razonable pues sus objetivos cumplen con fines constitucionalmente legítimos como
la seguridad jurídica. Esta Corte acoge esa interpretación en tanto proviene
del órgano de cierre de la jurisdicción civil. No obstante, en cualquier caso,
corresponde al juez de tutela verificar que su aplicación no afecte
desproporcionadamente los derechos fundamentales de los asegurados,
especialmente, de personas vulnerables o en condición de debilidad manifiesta.
En este orden de ideas, si se
toma en cuenta que los contratos de seguro envuelven un contenido patrimonial
(o respaldan intereses patrimoniales), en términos generales, la mayoría de
casos no tendrán la virtualidad de lesionar desproporcionadamente los derechos
de los asegurados. Sin embargo, en algunos eventos sí existirá una amenaza a
derechos como el mínimo vital, vivienda y vida digna, que solo podrá
constatarse cuando las o los asegurados (i) se encuentren en condición de
invalidez (ii) no tengan capacidad económica ni fuentes de ingresos suficientes
para cubrir la obligación, (iii) su interés no sea exclusivamente patrimonial
y, finalmente, (iv) necesiten el certificado médico experto que acredite su
grado de incapacidad y la fecha de estructuración de la invalidez.
Allí, solo es aplicable la
prescripción ordinaria pues la extraordinaria implica consecuencias negativas
en el goce de derechos fundamentales de sujetos de especial protección que no fueron
negligentes sino que se encontraban en imposibilidad de presentar su reclamación.
En ese sentido, si bien frente al común de los casos la seguridad jurídica se
impondrá a los intereses económicos en conflicto, en estas circunstancias
descritas, deberá ceder ante la clara e intensa afectación de los derechos
fundamentales. Lo anterior por al menos las siguientes razones.
De acuerdo con lo expuesto en los
argumentos de este fallo, la prescripción ordinaria cumple con dos propósitos
fundamentales. Por un lado, proteger los intereses de aquellos que por su
condición o por otras circunstancias no pudieron conocer razonablemente los
hechos que dan base a la acción y, por otra parte, garantizar la seguridad
jurídica al establecer un tiempo máximo para ejercer el derecho transcurrido el
cual, se pierde.
Esta Sala considera que la
prescripción ordinaria cumple con esos objetivos y en el caso de personas en
condición de invalidez cuyo interés no es exclusivamente patrimonial, que
carecen de recursos económicos y que requieren el certificado médico para
probar su incapacidad, esta regla no amenaza sus derechos fundamentales.
Precisamente, siguiendo lo establecido por esa figura, su término comienza a
correr desde el momento en que la persona razonablemente tuvo conocimiento de
los hechos que dan base a la acción; es decir, desde que el experto médico
informa al paciente su grado de incapacidad y la fecha de estructuración. El
término corre desde el momento en que la persona tiene razonablemente
conocimiento de los hechos. Por esas razones no realizará más consideraciones
al respecto.
Lo mismo no ocurre al aplicar la
prescripción extraordinaria a situaciones que involucran elementos fácticos con
esas características. Si bien en el común de los casos esta regla es razonable,
en aquellos eventos que incluyen sujetos en condición de invalidez cuyo interés
no es exclusivamente patrimonial, que carecen de recursos económicos y que
requieren el certificado médico para probar su incapacidad, es
desproporcionado.
En el común de los casos, es
constitucionalmente legítimo el hecho de que a pesar de no conocer los hechos
que dan base a la acción, exista un término que ponga fin a las discusiones que
puedan surgir de un contrato, de tal manera que se fortalezca la seguridad
jurídica. Ello explica que el Legislador haya creado la figura de la prescripción
extraordinaria como un medio para que la definición de las situaciones envueltas
en un contrato de seguro no se prolongue indefinidamente, pues generaría
incertidumbre en la relación contractual y en toda la sociedad. No basta con
tener un derecho si su titular no lo ejerce dentro de un término razonable. La
prescripción extraordinaria del artículo 1081 del Código de Comercio, impide
que las demás partes interesadas en el contrato de seguros dependan, por un
tiempo excesivo, del conocimiento o no de los hechos que dan base a la acción
por parte del interesado.
Pese a ello, es desproporcionado
en los casos descritos porque para estos sujetos y en el evento mismo de la
invalidez, la persona se encuentra en imposibilidad de ejercer sus derechos. En
los contratos de seguro de vida grupo de deudores, la póliza se hace efectiva
si se constatan dos situaciones. En primer lugar, (i) la muerte del asegurado
o, en segundo lugar, la pérdida de capacidad laboral en un porcentaje superior
al 50% certificada por la Junta Regional de Invalidez. En el segundo caso es indispensable
probar que (ii.1) se padece de una pérdida de capacidad laboral; (ii.2) que
esta es superior al 50%; y (ii.3) cual fue la fecha de su estructuración o
siniestro pues solo desde allí se sabe con certeza cuando, en principio,
debería comenzar a correr los términos de prescripción tanto ordinaria como
extraordinaria. Estos tres requisitos deben ser certificados mediante un
experto técnico denominado Junta Regional de Calificación de Invalidez.
Aplicar literalmente la
prescripción extraordinaria, sería negar el derecho de esas personas al pago de
la póliza. Primero, porque aunque la persona sienta las dificultades en su
diario vivir, no puede probar únicamente con su declaración que es una persona
con invalidez. Segundo, porque aunque eso fuera viable, el contrato de seguro
exige que se demuestre que se padece de una pérdida de más del 50% de capacidad
laboral. Tercero, porque únicamente la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, es el ente encargado de certificar los dos anteriores supuestos.
Cuarto, porque sin ese aval técnico, el asegurador, como es natural, negaría u
objetaría el pago de la póliza al no demostrar debidamente los requisitos del
contrato. Finalmente, porque solo hasta que la Junta Regional de Calificación
emita su concepto, se sabe con certeza cuando fue la fecha de estructuración
(siniestro). Es decir, solo desde ese momento se sabe desde cuando comienza a
correr el término de prescripción extraordinaria.
Si se aplicara el término de
prescripción extraordinaria para estos casos, estas personas estarían en la
obligación de presentar la reclamación que interrumpa el término de
prescripción dentro de los 5 años siguientes a la fecha que ocurrió el
siniestro, pese a que no conocen con certeza desde cuando se comienza a contar.
Mucho menos cuál es el grado de incapacidad que padecen.
Como se resaltó en el cuerpo de
esta sentencia, las cargas procesales contienen un componente subjetivo. Es
voluntario cumplirlas o no. En el caso de la prescripción, la consecuencia
negativa se da porque la persona que tiene conocimiento de su derecho, decide voluntariamente
no ejercerlo. Es un efecto desfavorable que surge para quien por falta de
interés no acudió a las autoridades competentes para garantizar la plena
vigencia de sus derechos. En esos eventos, se estaría sancionando a quien no
tiene conocimiento de un derecho, ni cuenta con los medios para probar que
puede exigir el pago de la póliza, ni mucho menos sabe con certeza cuando comienza
a correr su término de prescripción, sin olvidar que, en el común de los casos
esta medida sea razonable.
Sobre este último punto, aunque
la condición de invalidez es un factor muy importante para la procedencia
material del amparo, en muchas ocasiones puede que no sea suficiente. Debe
evaluarse en el marco de las demás circunstancias acreditadas en el caso
concreto. Así, si a pesar de su condición la persona cuenta con los recursos
necesarios para sufragar los gastos relativos al crédito y su subsistencia,
esta Sala estima que existen menores probabilidades de encontrar vulnerados los
derechos fundamentales de la o el actor. En ese supuesto, el caso no se enmarca
dentro de aquellos eventos en que la Corte ha considerado que los jueces de
tutela pueden ordenar el pago de la prima de los contratos de seguro. De no ser
así, la excepción se convertiría en la regla haciendo inoperante la prescripción
extraordinaria del artículo 1081 del Código de Comercio.
Solución del Caso Concreto
Conforme a los hechos expuestos,
la Señora Mery Montoya de González solicita que se tutelen sus derechos
fundamentales a la vivienda, al mínimo vital y a la vida digna, al considerar
que la respuesta de la aseguradora Liberty Seguros S.A. de negarse a pagar la
póliza de seguro de vida grupo de deudores es arbitraria e injustificada. La
accionante es una persona de la tercera edad que padece de un alto grado de
discapacidad diagnosticado en un 80.93% y además, hecho que no fue
controvertido por las entidades vinculadas, no cuenta con los recursos
económicos suficientes para sobrevivir, debido a su imposibilidad para
trabajar. Manifiesta su preocupación por la posibilidad latente de perder su
casa.
Por su parte, la aseguradora
accionada, considera que no está en la obligación de cumplir con el pago,
puesto que ha operado el fenómeno de la prescripción que trata el artículo 1081
del Código de Comercio. Sostiene que la fecha de estructuración de la invalidez
fue el cinco (5) de noviembre de dos mil seis (2006), fecha desde la cual ha
transcurrido más de cinco (5) años. La actora sostiene que el artículo 1081 del
Código de Comercio establece que ese término comienza a correr desde que se
tuvo conocimiento de los hechos y no desde que ocurrió el siniestro.
A continuación, esta Corte
realizará el examen de procedibilidad formal de la acción de tutela (inmediatez
y subsidiariedad), para después resolver el asunto de fondo.
1.
Del cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad
(inmediatez y subsidiariedad)
Esta Sala estima que en lo
relativo al requisito de inmediatez, no existe ninguna duda que la Señora
Montoya interpuso la acción de tutela en un tiempo prudencial. No alcanzaron a
transcurrir tres meses desde que recibió la respuesta de la aseguradora hasta
que presentó el amparo. Por ello, esta Corte centrará su argumentación en el
requisito de subsidiariedad de la acción.
Uno de los principales objetivos
de la revisión de los fallos de tutela, es el de unificar criterios de
interpretación de normas superiores y, especialmente, de los derechos
fundamentales. En este caso, es claro que los jueces de instancia aplicaron
indebidamente el precedente de esta Corporación, en lo relativo al principio o
requisito de subsidiariedad. Lo anterior, dado que no hicieron ningún análisis
sobre la idoneidad y/o eficacia de los medios de defensa de la accionante, ni
tampoco señalaron con exactitud cuáles eran esos mecanismos con los que
contaba. Tan solo se limitaron a decir que para el caso concreto existen vías
ordinarias dónde dirimir sus controversias. Por ello, resulta pertinente
examinar si la acción de tutela presentada por la Señora Mery Montoya de
González es procedente.
Tal y como se ha
mencionado reiteradamente, la acción de tutela, por regla general, no es
procedente si se constata la existencia de otro medio de defensa. Sin embargo,
excepcionalmente, a pesar de que existan otros recursos judiciales, es viable
si estos no son idóneos y/o eficaces, sin perjuicio de la protección
transitoria ante la inminencia de un perjuicio irremediable. En todo caso, si
se encuentra en la discusión un sujeto de especial protección constitucional,
el juez de tutela debe flexibilizar este requisito pero hacer un análisis más
detallado  para determinar si su condición hace que los recursos con los que cuenta
sean ineficaces y/o inidóneos según sus posibilidades fácticas. Esta Sala
realizará el examen de subsidiariedad del caso concreto bajo las reglas
anteriormente descritas.
En el caso objeto de estudio, la
accionante solicita el pago de la póliza del seguro de vida grupo de deudores,
pues considera que la respuesta de la entidad accionada es arbitraria e
injustificada. Por su parte, la aseguradora Liberty Seguros S.A. manifiesta que
ha operado el fenómeno de prescripción, razón por la cual, la obligación se ha
extinguido. Argumenta que la fecha de estructuración de la invalidez fue el
cinco (5) de noviembre de dos mil seis (2006) desde cuando ha transcurrido más
de cinco años.
Como se puede apreciar, esta
controversia que surge entre las partes se da con ocasión de las obligaciones
surgidas de un contrato de seguro. En estos casos, para ventilar sus
inconformidades, las partes tienen la posibilidad, por regla general[61], de acudir
al juez civil para que declare el incumplimiento del contrato por parte de
alguna de ellas. En efecto, el artículo 1546 del Código Civil establece que “en
los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no
cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el
otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del
contrato con indemnización de perjuicios”.
Adicionalmente, el Código de
Procedimiento Civil, especialmente su Libro Tercero Título XXI, consagra el
proceso declarativo como el conducto procesal para ventilar las controversias
contractuales. Así las cosas, este proceso permite que cuando exista discusión
entre las partes por las obligaciones surgidas de un contrato, acudan a la
justicia ordinaria en su especialidad civil y adelanten un proceso declarativo,
particularmente ordinario, para formular sus pretensiones. Este proceso tiene
la connotación de residual[62]
y como tal, es la vía adecuada para que las partes de un contrato exijan su
cumplimento de conformidad con el artículo 1546 del Código Civil. Como su
nombre lo indica, en los procesos declarativos las partes acuden al juez para
que declare la existencia de un derecho que está en discusión y sobre el cual
aún no existe certeza de quién es su titular.
Ahora bien, al tratarse de una
controversia en razón a un contrato de seguros, es el Código de Comercio la
norma que regula las reglas especiales de esta clase de contratos. Sin embargo,
de acuerdo con el artículo 822 del Código de Comercio, “los principios que
gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho
civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o
rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos
mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa (…)”. Así mismo, es
importante que esta Sala recuerde que ante la falta de jueces mercantiles, las
controversias surgidas entre las partes por un contrato de naturaleza
comercial, por regla general[63],
serán ventiladas en la justicia ordinaria especialidad civil.
En este orden de ideas, en cuanto
al primer examen, esta Sala encuentra que efectivamente la Señora Montoya
cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz. El proceso ordinario es el escenario
apropiado para ventilar estas controversias y exigir el cumplimiento del
contrato más su respectiva indemnización. Si las condiciones del caso fueran
simplemente esas, esta Sala declararía improcedente el amparo constitucional.
Sin embargo, como se dijo anteriormente, cuando en el caso concreto se
encuentre un sujeto de especial protección constitucional, estas reglas se
flexibilizan para la persona, y exigen que el juez de tutela constate que su
condición personal le impide acudir a las vías regulares en condiciones de
igualdad.
Revisadas las pruebas que obran
en el expediente, quedó demostrado que la Señora Montoya tiene 62 años de edad
y padece de una invalidez diagnosticada con el 80.93%. Es un grado alto de
invalidez pues no puede valerse por sí misma y necesita de la ayuda de sus
familiares para realizar sus actividades diarias. Adicionalmente, carece de
recursos económicos que le permitan sufragar las cuotas relacionadas con el
crédito hipotecario que adquirió con el Banco BCSC. Como se puede apreciar, la
Señora Montoya depende económicamente de sus hijos sin tener ellos la solvencia
económica suficiente para continuar con el pago de las cuotas del crédito
hipotecario.
Así mismo, esta Sala resalta que
el hecho de que el crédito adquirido con el Banco BCSC sea hipotecario, aumenta
las posibilidades de ver afectado su derecho al mínimo vital, vivienda y vida
digna. Si bien es cierto que con otro tipo de créditos igual existe el riesgo
de perder la vivienda y como tal afectarse el mínimo vital[64], no es menos cierto que
las garantías reales (especialmente la hipoteca que garantiza derechos reales
sobre inmuebles), tienen la virtualidad de dejar en una situación penosa al
dueño de la vivienda que, como en este caso, es una persona de la tercera edad,
en situación de invalidez y sin condiciones económicas para pagar las cuotas
del crédito con el banco.
De acuerdo con lo anterior, estas
circunstancias llevan a concluir a esta sala que su condición de sujeto de
especial protección constitucional al padecer de una invalidez diagnosticada
con el 80.93%, tener 62 años de edad, y carecer de recursos económicos para
sufragar los gastos del crédito y del proceso ordinario, es relevante para declarar
la procedencia de la acción de tutela. Esta Sala estima que sus condiciones
especiales adquieren relevancia constitucional pues efectivamente es por ellas
que no puede defenderse en condiciones de igualdad. Acudir al proceso ordinario
es obligar a la accionante a asumir cargas desproporcionadas que si bien son
soportables para el común de la sociedad, para ella no lo son. Acudir a los
estrados judiciales lleva consigo una serie de trámites (demanda,
notificaciones, diligencias judiciales, práctica de pruebas, etc.) que la
Señora Montoya no está en capacidad de cumplir en condiciones de igualdad. El
solo hecho de tener que movilizarse ya es una situación tortuosa para ella y
sus familiares.
Adicionalmente, tratándose de
personas en situación de discapacidad, es importante recordar que Colombia
ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
razón por la cual, de conformidad con su artículo trece, está obligado a “que
las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de
condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y
adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de
esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración
como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la
etapa de investigación y otras etapas preliminares”
De acuerdo con todo lo anterior,
en el caso concreto, el mecanismo es idóneo pero no es eficaz para la Señora
Montoya en virtud de sus condiciones. En consecuencia, esta Sala encuentra que
la acción de tutela sí es el mecanismo adecuado para proteger los derechos de
la tutelante, al ser ella una persona de la tercera edad y padecer una
discapacidad del 80.93%. Nuevamente, estas características son las que impiden
que pueda acudir a las vías regulares en igualdad de condiciones. Por ello, si
bien el proceso ordinario, por regla general, es el conducto idóneo y eficaz,
para la Señora Montoya no lo es. En mérito de lo expuesto, esta Sala avocará
conocimiento y decidirá el asunto de fondo al encontrar procedente el presente
amparo constitucional.
2.
Análisis de fondo del caso examinado
De acuerdo con las sentencias
estudiadas, la Corte ha señalado que en principio el juez de tutela no es competente
para examinar si las razones aducidas por la aseguradora son o no válidas para
negar el pago de la póliza de un seguro. No obstante, cuando quiera que con esta
negativa se pongan en riesgo derechos fundamentales del asegurado, el asunto
adquiere relevancia constitucional y el juez de tutela se encuentra habilitado
para fallar. La Corte ha definido unos criterios que permiten identificar si se
lesionan en mayor o menor medida los derechos del accionado. En ese sentido,
para la Corte existe mayor probabilidad de vulnerar derechos fundamentales
cuando (i) se trate de una persona en condición de invalidez que no cuente con
los recursos suficientes para continuar el pago del crédito (ii) el interés que
persiga el actor no sea exclusivamente patrimonial y en todo caso (iii) se deben
verificar las circunstancias adicionales como por ejemplo que él o la tutelante
tenga a cargo obligaciones familiares. Adicionalmente, de conformidad con los
argumentos de este fallo, cuando (iv) la persona requiera el certificado médico
para probar su invalidez y fecha de estructuración.
Una vez se encuentre que se
cumplen con estos criterios (enunciativos), el juez constitucional podrá
analizar si las razones que aduce la aseguradora (según el caso) son
suficientes para negar el pago de la póliza y como tal, evitar que se causen
lesiones a los derechos fundamentales del o de la accionante. En ese caso, el
juez de tutela podrá ordenar el pago de la póliza para garantizar la plena
vigencia de los derechos fundamentales. Como se aprecia, lo que en principio
parece una discusión meramente privada, adquiere relevancia constitucional
siempre que se constaten los anteriores criterios.
En este orden de ideas, esta Sala
encuentra que los hechos del caso se enmarcan dentro de los criterios trazados
por esta Corte para que prospere la acción. En primer lugar, los supuestos
fácticos muestran una persona de la tercera edad que padece del 80.93% de
pérdida de capacidad laboral certificada por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez. Esta situación, unida a las cargas que debe soportar por su
enfermedad, le imposibilita continuar trabajando como antes lo hacía. Prueba de
ello es que necesita de la atención de sus familiares para moverse, e incluso,
depende de ellos para sobrevivir. La Señora Montoya carece de los recursos
suficientes para mantenerse por sí misma. La accionante afirma, hecho que nadie
controvirtió, que no cuenta con ningún tipo de renta adicional como una pensión
por invalidez o vejez.
En ese sentido, la accionante no
solo es una persona que padece un alto porcentaje de pérdida de capacidad
laboral, sino que además carece de capacidad económica para continuar con el
pago de los recursos del crédito hipotecario adquirido con el Banco BCSC. Pese
a ello, de las pruebas y la intervención de las partes, se infiere que ha hecho
esfuerzos desproporcionados para seguir pagando su deuda, pues hasta la fecha
solo presenta dos meses de mora. Como se aprecia, la Señora Montoya intentó
continuar pagando su deuda, pero sus necesidades económicas se lo impidieron,
lo que demuestra que no acude a la acción de tutela para evadir su obligación. Además,
como se pudo apreciar en el expediente, el crédito obtenido por la tutelante es
una deuda de tipo hipotecaria. En caso de no ser tutelados sus derechos la
señora perdería su vivienda, lo que evidencia que su interés no es únicamente
patrimonial, sino que involucra directamente el goce efectivo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, vivienda y vida digna.
Tal y como lo ha resaltado la
jurisprudencia de esta Corporación, uno de los elementos que debe verificar el
juez de tutela es que el interés no sea exclusivamente patrimonial. Esto se
presume en los créditos hipotecarios, pues la razón para exigir el pago de la
póliza se da con ocasión del riesgo que existe en perder la vivienda. Lo mismo
no sucede con los créditos de consumo, salvo que se demuestre que ese crédito
se dio con el fin de sufragar gastos que no responden a intereses únicamente
patrimoniales. Por ejemplo, para mantenimiento y subsistencia del actor y su
familia.
En este orden de ideas, las
características particulares del asunto examinado permiten concluir que
efectivamente es un caso de aquellos que la jurisprudencia de la Corte ha
considerado que tiene relevancia constitucional. Por esta razón, esta Sala
estudiará si las razones que aduce la aseguradora son válidas para negar el
amparo. Por ello, a continuación se analizará si efectivamente operó algún
término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro
(artículo 1081 del código de comercio), caso en el cual, se ponderarán los
principios y derechos constitucionales en juego para examinar si es o no
desproporcionada la medida.
Esta Sala aprecia que el derecho,
aplicando las reglas de la prescripción ordinaria, aún no está prescrito. Como
se puede apreciar en el expediente y en las pruebas allegadas por las partes,
la Señora Montoya fue valorada por la Junta Regional el ocho (8) de mayo de dos
mil doce (2012). Desde esa fecha, supo con certeza cuál era su nivel de incapacidad
(80.93%). Es a partir de allí que el término de prescripción ordinaria comienza
a contarse, pues si bien la Señora Montoya pudo tener indicios de su
enfermedad, no podía conocer con certeza cuándo se había estructurado. Por esta
razón, hasta después de la valoración médica se encontró legitimada para
presentar la reclamación correspondiente.
En consecuencia, si la fecha en
que la Señora Montoya tuvo conocimiento de los hechos fue el ocho (8) de mayo
de dos mil doce (2012), tan solo hasta el ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014)
prescribiría su oportunidad para reclamar. Esto, reiterando, pues los dos años de
que trata la prescripción ordinaria comenzarían a contar desde el momento en
que la Junta hizo la valoración técnica en la cual se supo con certeza que
tenía derecho a reclamar el pago de la póliza.
Al aplicar la prescripción
ordinaria de que trata el artículo 1081 del Código de Comercio, la Señora
Montoya aún tendría la posibilidad de acudir a la aseguradora a reclamar el
pago de la póliza, pues como se vio, el derecho aún no está prescrito bajo las
reglas de la prescripción ordinaria. No obstante, ya habría operado el término
de prescripción extraordinaria. Lo anterior dado que si la fecha que se tiene
como punto de partida es la fecha del siniestro (cinco (5) de noviembre de dos
mil seis (2006) estructuración de la incapacidad), la oportunidad para presentar
la reclamación habría precluido el cinco (5) de noviembre de dos mil once (2011).
Debe recordarse que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
estableció que para esta clase de prescripción, el término comenzaría a correr
desde el momento en que ocurrió el siniestro. Caso en el cual, nuevamente, ya
habrían pasado más de 5 años.
En este orden de ideas, en el
asunto que se examina existe una clara tensión entre dos principios y/o
derechos constitucionalmente legítimos. Por un lado, el principio a la
seguridad jurídica y, por otro, los derechos de la accionante al mínimo vital y
vivienda digna. Por tanto, corresponde a esta Sala ponderar para definir cuál
de los dos principios se afecta en mayor medida en el caso concreto.
Por una parte, la seguridad
jurídica es un principio que no solo favorece a que las relaciones jurídicas no
permanezcan indefinidas en el tiempo sino además, garantiza la paz social de
tal forma que las personas no tengan que acudir a medios de hecho para obtener
justicia. En ese sentido, evita, nuevamente, la justicia por propia mano y
fortalece la confianza de los ciudadanos hacia el Estado.
En materia mercantil, adquiere
mayor relevancia. Para las relaciones comerciales el tráfico jurídico de los
negocios incrementa el valor de este principio. Los comerciantes deben tener la
garantía de que sus relaciones serán resueltas o definidas en un tiempo
prudencial para poder continuar con el giro normal de sus negocios. La
confianza y seguridad que el ordenamiento debe ofrecer a los comerciantes,
depende en buena medida de figuras jurídicas como la prescripción. En efecto,
el comercio se tornaría lento e inseguro si los negociantes no pudieran confiar
plenamente en que sus situaciones jurídicas serán resueltas. La seguridad
jurídica no solo trasciende a las esferas privadas de los comerciantes.
Por otra parte, en el otro
extremo, los hechos examinados muestran una afectación de los derechos fundamentales
al mínimo vital, vivienda y vida digna. Estos derechos que se encuentran en
tensión con el principio constitucional de la seguridad jurídica, tienen como
propósito, principalmente, garantizarle a los ciudadanos las condiciones
materiales más elementales sin las cuales la persona puede correr el riesgo de
quedar en imposibilidad fáctica de asegurar autónomamente su subsistencia. Si bien
cada uno de estos es independiente, entre ellos existe una profunda
correlación. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna satisface la necesidad
humana de disponer de un sitio de habitación propia o ajena que cuente con
condiciones suficientes para que las personas desarrollen allí de manera digna
su proyecto de vida. Como se aprecia, en este examen existe una profunda
relación entre los dos pues en caso de que se viera lesionado el derecho a la
vivienda digna, se podría vulnerar el derecho fundamental al mínimo vital. En
todo caso, los dos buscan que las personas puedan desarrollar sus vidas de manera
digna.
Ahora, si bien en los dos principios
en tensión el deber del Estado es satisfacerlos en la mayor medida de lo
posible[65],
de los hechos y las pruebas que reposan en el expediente, esta Sala concluye
que existe un mayor grado de afectación de los derechos de fundamentales al
mínimo vital y vivienda digna, que el principio de seguridad jurídica. Lo
anterior por las siguientes razones.
La señora Montoya padece de un
alto porcentaje de discapacidad. Como obra en el expediente, la accionante
perdió el 80.93% de su capacidad laboral. Por esta razón, está en imposibilidad
de continuar trabajando para conseguir los recursos para pagar el crédito del
cual ella es deudora. Adicionalmente, no cuenta con rentas adicionales como
pensión, negocios, etc. que le permitan concluir a la Corte que en este caso es
posible identificar que la afectación a sus derechos es menor. Así mismo, la
tutelante no puede valerse por sí misma. Necesita de la ayuda de sus familiares
para movilizarse debido a su alto porcentaje de incapacidad. Como se aprecia,
las condiciones de la accionante son bastante complicadas. En caso de que la
señora Montoya encuentre prescrito su derecho al pago de la prima del seguro de
vida, estaría en la obligación de pagar una deuda sin contar los recursos
suficientes, caso en el cual, al existir una garantía real hipotecaria, tendría
que responder con su vivienda.
Si esto sucediera, la accionante
no contaría con las condiciones mínimas para su subsistencia pues, sin tener la
posibilidad de valerse por sí misma, ahora tendría que abandonar su casa para
respetar su deuda. En este caso, la situación sería doblemente tortuosa para la
accionante pues ahora no tendría siquiera donde vivir. Como se aprecia, el
grado de afectación de sus derechos fundamentales sería alto.
Caso contrario sucedería con la
seguridad jurídica. La lesión de este principio es menor. Su grado de
afectación es intermedio. Si bien una forma de garantizar la seguridad jurídica
es a través de la figura de la prescripción extraordinaria, esta no es la
única. Aunque las partes de un contrato tienen derecho a definir sus
situaciones, existen circunstancias en las que privilegiar este principio
conduciría al sacrificio de la justicia material.
Como se desarrolló en los
argumentos de esta Sentencia, efectivamente la figura de la prescripción
garantiza la seguridad jurídica. Inaplicarla necesariamente lesiona este
principio. Sin embargo, esa afectación no es absoluta. En la generalidad de las
controversias este principio garantizado por la prescripción se impondrá frente
a los intereses de los asegurados. No obstante, en algunos casos como aquellos
descritos en esta Sentencia, aplicar el artículo 1081 del Código de Comercio
puede afectar derechos fundamentales, ante lo cual, el juez constitucional debe
intervenir.
En este orden de ideas, lo
expuesto en esta Sentencia no significa que la seguridad jurídica siempre deba
ceder ante los intereses de los asegurados. Mucho menos, es una salvaguarda
para quienes por su negligencia utilizan el amparo para no cumplir con sus
obligaciones contractuales. Esta Sala insiste en que solo excepcionalmente es
posible inaplicar el artículo 1081 del Código de Comercio en lo relativo al
término de prescripción extraordinaria. La prescripción ordinaria se mantiene
vigente. Por ello, el grado de afectación de la seguridad jurídica es
intermedio. No significa que no se aplique ningún término de prescripción. Las
partes del contrato de seguro pueden confiar en que sus relaciones no quedarán
suspendidas a lo largo del tiempo. Si la persona que se encuentra en los
supuestos descritos en este fallo deja pasar el término de prescripción
ordinaria, puede perder el derecho.
En conclusión, en este preciso
caso, los derechos de la Señora Montoya puede sufrir una lesión mucho mayor a
la que sufriría el principio de la seguridad jurídica. Este último solo debe
ceder en circunstancias excepcionales y en todo caso, el término de
prescripción ordinaria que trata el artículo 1081 del Código de Comercio,
mantiene plena vigencia aun en estos casos.
En consecuencia, esta Corte
decidirá no aplicar el fenómeno de la prescripción extraordinaria del artículo
1081 del Código de Comercio en virtud de las razones expuestas         , a fin
de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
REVOCAR los fallos proferidos por el Juzgado Sexto
Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali (Valle) y
por el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de
la misma ciudad, que resolvieron en primera y segunda instancia
respectivamente, la acción de tutela promovida por Mery
Montoya de González contra Liberty Seguros S.A.. En su
lugar CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital,
vivienda digna y vida de la Señora Mery Montoya de González.
SEGUNDO: Inaplicar el artículo 1081 del Código de Comercio específicamente el
fenómeno de la prescripción extintiva extraordinaria por las razones expuestas.
TERCERO: Ordenar  Liberty Seguros S.A. que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
efectúe el trámite necesario para pagar al Banco Caja Social (BCSC) S.A., como
beneficiario de la póliza de seguro de vida grupo deudores, el saldo insoluto
de la obligación adquirida por la Señora Mery Montoya de González.
CUARTO: Ordenar al Banco BCSC abstenerse de iniciar cualquier tipo de cobro
(judicial y/o extrajudicial) en contra de la Señora Mery Montoya de González
por el crédito hipotecario del cual es deudora, el cual deberá cubrir la
aseguradora Liberty Seguros S.A. En caso de haber iniciado algún trámite
judicial, se ordena al juez de conocimiento dar por terminado inmediatamente
cualquier tipo de proceso y levantar las medidas cautelares que se hayan
producido con ocasión del mismo, de conformidad con la parte considerativa de
este fallo.
Por Secretaría
General, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto
Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
“La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de
las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. // La
prescripción extraordinaria será de dos años y empezará a correr desde el
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho
que da base a la acción. // la prescripción extraordinaria será de cinco años,
correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en
que nace el respectivo derecho. // Estos términos no pueden ser modificados por
las partes”.
[2]
Folio 1 y 6 del Cuaderno 1 (C1).
[3]
Ibíd.
[4]
Mediante Sentencia C-378/10, esta corporación declaró la inexequibilidad de la
expresión “domiciliarios” del numeral tercero de esa disposición. Esta decisión
amplió el criterio de la procedencia de la acción de tutela frente a
prestadores de servicios públicos.
[5]
Ver entre otras sentencias T-507 y T-172 de 1993, T-134 de 1994, T-105 de
1996,C-122, SU-157 SU-166 de 1999 y T-693 de 2000.
[6]
Es importante señalar que en algunas oportunidades la jurisprudencia
constitucional ha planteado una especie de asimilación entre la noción de
servicio público y la de interés público. Así por ejemplo, en la sentencia
T-847 de 2010 la Corte Constitucional señaló lo siguiente: “Concretamente,
cuando el reclamo constitucional tiene que ver con la vulneración de los
derechos al buen nombre y al hábeas data por parte de una entidad bancaria,
derivado del reporte efectuado a las centrales de riesgo a partir de una
obligación que la actora afirma inexistente, la acción de tutela se torna
procedente porque la actividad financiera, cuyo objetivo principal es el de
captar recursos económicos del público para administrarlos, intervenirlos y
obtener de su manejo un provecho de igual naturaleza, ha sido considerada por
la Corte Constitucional como servicio público (…). Lo anterior lo reglamenta el
artículo 335 Superior cuando señala que las actividades financieras, bursátil,
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e
inversión de los recursos que se captan del conglomerado en general, son de
interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado,
conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en
estas materias y promoverá la democratización del crédito.”
[7] Sentencia T-738 de 2011. La misma tesis sostuvo la
Corte en la Sentencia C-378 de 2010, cuando manifestó que “sólo a manera de
ejemplo pueden mencionarse la acciones de tutela interpuestas contra
instituciones financieras , entidades bancarias , empresas prestadores del
servicio público de carreteras , administradoras privadas de régimen subsidiado
, cajas de compensación , sociedades anónimas constituidas como empresas de
servicio de transporte , empresas del sector privado que ofrecen y
comercializan el seguro obligatorio de accidentes de tránsito , operadores de
servicio de televisión , empresas de telefonía móvil celular  y administradoras
de cementerios , entre otras”, como casos en los que procede el amparo en
contra de particulares que prestan servicios públicos. Es claro que ante
la imposibilidad de una defensa efectiva por parte de los ciudadanos, la
posibilidad de ejercer acción de tutela frente a esta clase de entidades es
perfectamente viable. Ahora bien, dado que la actividad aseguradora implica el
manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados por el público, la
Constitución quiso “i- definir que se trata de una actividad de interés
público, y por ende, sólo puede ser ejercida previa autorización del Estado
(artículo 335). ii- establecer que corresponde al Congreso dictar por medio de
leyes las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los
cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de regularla (Literal -d- del
numeral 19 del artículo 150). iii- Determinar que corresponde al Presidente de
la República ejercer, de acuerdo con la ley a que se refiere el punto anterior,
la inspección, vigilancia y control sobre las personas que la ejercen (numeral
24, artículo 189)” Sentencia T-136 de 2011.
[8]
Sentencia C-640 de 2010.
[9]
Sentencia T-192 de 1997. En sentencia T-277 de 1999, la Corte agrupó algunos
criterios que ejemplifican situaciones de indefensión así: “3.4. El estado
de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela,
debe ser analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias
propias del caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia
única que permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha
reconocido la jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en: i) la
falta, ausencia o ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o
físico, que le permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los
ataques o agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales,
sean inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción
-sentencias T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii) la
imposibilidad del particular de  satisfacer una necesidad básica o vital,
por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular
activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular
-sentencias T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801 de 1998,
entre otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o
contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten
lesivas de derechos fundamentales de una de las partes  v.gr. la relación
entre padres e hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc.
- sentencias 174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv)
El uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede
causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor
de otro. v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por
parte de su acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995-
la utilización de personas con determinadas características -chepitos-, para
efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.”.
[10] Sentencia T-661 de 2001
[11] Entre otras decisiones,
Sentencia T- 211 de 2009, Sentencia T-580 de 2006, Sentencia T-972 de 2055,
Sentencia SU-961 de 1999.
[12] Ver, entre otras, las
sentencias T-580/06, T-972/05, T-068/06 y SU-961/99.
[13] Sentencia
SU-961 de 1999
[14] Sentencia T-1316 de
2001.
[15] T-068/06,
T-822/02,  T-384/98, y T-414/92.
[16] Ibidem.
[17] Ver, entre
otras, las sentencias T-656 de 2006, T-435 de 2006, T-768
de 2005, T-651 de 2004, y T-1012 de 2003.
[18] Sentencia T-211 de 2009.
[19] Sentencia
T-1316 de 2001.
[20] Ibíd.
[21] Corte Constitucional, Sentencia T-347/96 MP. Julio César
Ortiz.  En el mismo sentido ver la Sentencia T-416/01 MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[22] Sentencia
T-1316 de 2001
[23] Artículo 13 Constitución
Política de Colombia
[24] Sentencia T- 589 de
2011.
[25] Al respecto, en
Sentencia T-239 de 2008 se señaló: “Ahora bien, si de la evaluación que se
haga del caso se deduce que la acción es procedente, la misma podrá otorgarse
de manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera un
perjuicio irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia,
gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos
temporales[25].
Y procederá cómo mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento
jurídico correspondiente para dirimir las controversia resulta ineficaz al “no
goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos
fundamentales con la urgencia requerida” Ver, entre otras, las sentencias
T-414 de 2009, T-004 de 2009, T-284 de 2007 y T-335 de 2007.
[26] Decreto 2591 de 1991. Artículo 8: Aun cuando el afectado disponga
de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el caso del inciso anterior, el juez
señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo
durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de
fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado
deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir
del fallo de tutela. Si no la instaura, cesarán los efectos de éste. Cuando se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción
de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de
las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En
estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el
acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se
solicita, mientras dure el proceso.
[27] Sentencia T- 589 de
2011.
[28] Sentencia T-589 de 2011.
[29] Sentencia C-227 de 2009.
[30] Sala de Casación Civil,
M.P. Dr. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió
una reposición, Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419, Bogotá, Colombia, Año de
1985, pág. 427
[31] Sentencia C-662 de 2004.
[32] Sala de Casación Civil,
Ibíd.
[33] Ibíd.
[34] Ibíd.
[35] Corte Constitucional.
Sentencia C-1104 de 2001. M.P .Clara Inés Vargas.
[36] Sentencias C-227 de
2009, C-662 de 2004, C-807 de 2009.
[37] Sentencia T-001 de 1993
[38]  Corte Constitucional.
Sentencia C-309 de 2002. M.P.Jaime Córdoba Triviño.
[39] Sentencia C-277 de 2009.
[40]  Corte Constitucional.
Sentencia C-728 de 2000 y  C-1104 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas, entre otras.
[41] Sentencias C-1104 de
2001. M.P. Clara Inés Vargas y  C-1512 de 2000.M.P. Álvaro Tafur Galvis
[42] Corte Constitucional.
Sentencia C-426 de 2002.  M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[43] Sentencia C-662 de 2004.
[44] Si bien el presente caso
se enmarca dentro de la ley comercial, precisamente, el código de comercio
colombiano establece en su artículo 2 en concordancia con el artículo 1, que
aquellos casos en los que no existan particulares reglas comerciales, el código
de civil será aplicable. Para el caso de la prescripción se siguen, por regla
general, las mismas reglas de la prescripción civil. Lo que varía son los
términos según el tipo de situación jurídica comercial.
[45] Sentencia C-198 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero
[46] No significa que el
titular del derecho no pueda acudir a la jurisdicción. Lo que significa es que,
sus pretensiones deberían ser negadas en virtud del fenómeno de la
prescripción.
[47] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de noviembre 8 de 1999. Exp. 6185.
M.P. Jorge Santos Ballesteros.
[48] Corte
Constitucional sentencias C-666 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández; C-662 de
2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y Corte Suprema de Justicia. Sala de casación
Civil. Sentencia de noviembre 8 de 1999. Exp. 6185, M.P. Jorge Santos
Ballesteros).
[49] Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
Sentencia del 4 de abril de 2013. Expediente: 00457-01
[50] Artículo 1504 del Código
Civil Colombiano.
[51] Sobre los legitimados en
causa en los contratos de seguro, especialmente en la modalidad del contrato de
seguro de vida grupo de deudores, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil. Sentencia SC-248/2005.
[52] El término técnico en
estos casos es caducidad.
[53] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de Mayo del 2000, exp. 5360.
[54] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 12 de febrero de 2007, exp.
1999-00749
[55] Ibíd.
[56] Ibíd.
[57] Ibíd.
[58] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de Mayo del 2000, exp. 5360
[59] Corte Suprema de
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de diciembre de 2012, exp.
2007-00071
[60] Artículo 241
Constitución Política de Colombia.
[61] Cuando la aseguradora no
responde la reclamación hecha por el interesado, este tiene la posibilidad de
acudir a un proceso ejecutivo. En el presente caso, la aseguradora respondió la
reclamación de la señora Montoya.
[62] Los asuntos que no
tengan un trámite especial, serán ventilados por el proceso ordinario.
[63] Las partes pueden acudir
a Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.
[64] Principio General del
Derecho según el cual el patrimonio del deudor es prenda general de los
acreedores.
[65] Este acápite seguirá los
planteamientos generales de Robert Alexy que, en términos generales, reflejan
la concepción de derechos que este tribunal ha asumido en su jurisprudencia,
con independencia de que puedan existir otras posiciones. Así, los principios,
a diferencia de las reglas, son mandatos de optimización que exigen
satisfacción en la mayor medida de lo posible. Alexy, Robert. Teoría de los
derechos fundamentales. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2007.