T-279-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-279/05
LICENCIA DE MATERNIDAD-Procedencia excepcional de
tutela para el pago
LICENCIA DE MATERNIDAD-Pago por tutela cuando se está
ante el mínimo vital
LICENCIA DE MATERNIDAD-Pago por allanamiento a la mora por EPS
Reiteración de jurisprudencia
Referencia: expediente T-1000903
Acción de tutela instaurada por Aleida de
Jesús Galvan López contra el Seguro Social Seccional Magdalena.
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de
dos mil cinco (2005).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos dentro del asunto de la referencia por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta, el 11 de agosto y el 23 de septiembre de 2004,
respectivamente.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y fundamentos de la solicitud de
protección constitucional
La accionante instauró, el 15 de julio de
2004, acción de tutela contra el Seguro Social Seccional Magdalena con el fin
de que se ampare el derecho fundamental al mínimo vital de ella y el de sus
menores hijas y se le dispense la protección constitucional a que tiene derecho
como mujer y madre de familia.
Señala que es afiliada al Sistema de
Seguridad Social Integral desde el 1º de enero de 1996 en el Seguro Social y
que no obstante estar su empleador al día con los aportes con dicha E.P.S.,
ésta le ha negado el pago de la licencia de maternidad[1] aduciendo una mora en
los periodos de febrero y junio de 1999 y septiembre de 2000.
Agrega que a pesar de haber acreditado la
cancelación de los aportes al Seguro Social[2],
esta entidad insiste en negarle la prestación económica a la que tiene derecho,
por lo cual solicita se ordene a la accionada pagar la licencia de
maternidad.
2.
Respuesta de la entidad accionada
Una vez notificado de la iniciación de la
acción de tutela el Gerente (E) de la Seccional Magdalena del Seguro Social,
informa que la empleadora de la accionante se encuentra en mora por el no pago
de varios ciclos,  presentando una deuda presuntiva en los meses de junio y
agosto de 1998, febrero, junio  y noviembre de 1999 y agosto de 2003, los
cuales no ha cancelado.
Agrega que de conformidad con el Decreto
1804 de 1999, los empleadores y trabajadores independientes y personas con
capacidad de pago tienen derecho a solicitar el pago de la licencia de
maternidad, siempre que al momento de la solicitud y durante la incapacidad o
licencia por maternidad hayan cancelado en forma completa sus cotizaciones
durante el año anterior a la fecha de la solicitud. Así, considera que no le
asiste a la accionante el derecho que reclama.  Por lo anterior, solicita que
la acción de tutela sea denegada.
3. Decisiones judiciales objeto de
revisión
3.1. Primera instancia
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Santa Marta, mediante fallo del 11 de agosto de 2004, concedió el amparo al
derecho a la seguridad social de la accionante y ordenó a la entidad accionada
que en el término de cuarenta y ocho horas procediera a pagar la licencia de
maternidad por ella reclamado, facultando al Seguro Social para repetir contra
el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema de Seguridad Social en Salud, el
valor correspondiente a dicha prestación económica.
Como fundamento de su determinación expuso
que conforme a lo acreditado en el expediente la accionante es madre cabeza de
familia, que devenga el salario mínimo el cual no le alcanza para sufragar
todos los gastos que impone la atención de sus hijos, dado que "su
esposo la abandonó cuando tenía tres meses de embarazo de las gemelas quienes
desde el momento de su nacimiento necesitaron cuidados especiales debido al
parto prematuro, correspondiéndole a ella cubrir los gastos de viáticos,
pañales etc., viéndose en la necesidad de obtener préstamos con terceros, ya
que no recibe ayuda económica por parte de ningún familiar."[3]
Agregó que si bien el empleador de la
tutelante dejó de cancelar sus aportes durante varios meses, el Seguro Social
debió utilizar los mecanismos necesarios para así lograr el pago oportuno por
parte de aquél.
3.2. Impugnación
Inconforme
con la decisión, la entidad accionada impugnó el fallo. Señaló que dicha
providencia está fundada en una incorrecta valoración del acervo probatorio.
Señala que si bien en el expediente reposa un certificado de incapacidad, éste
corresponde a una "enfermedad general de veinte días y no a una
licencia de maternidad de 84 días"[4],
conforme lo exige la ley.
En este sentido, considera que el a-quo
está ordenando el pago de una prestación a la que no tiene derecho la
accionante.
3.3. Segunda instancia
La Sala Civil - Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Marta mediante sentencia del 23 de
septiembre de 2004, revocó la decisión de primera instancia y en consecuencia
denegó el amparo constitucional solicitado.
A juicio del ad-quem en el presente
caso, no se acreditó la vulneración del mínimo vital de la accionante o de sus
hijas, lo cual tampoco se evidencia del material probatorio allegado al
expediente.
En este sentido, señaló que no se evidencia
que el no pago de la licencia de maternidad fuera indispensable para su
subsistencia, dado el largo lapso transcurrido para su reclamación. Recuerda
que conforme a la jurisprudencia constitucional la acción de tutela es
procedente en estos eventos siempre y cuando se haya impetrado dentro del año
siguiente al nacimiento de los menores y no después de ese periodo.
Concluye, que la accionante debe acudir,
entonces, a la jurisdicción ordinaria laboral para obtener el reconocimiento y
pago de su licencia de maternidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Problema Jurídico
De acuerdo con la información suministrada,
la Sala deberá determinar si la acción de tutela es procedente, para obtener el
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad solicitada por la
accionante.
2. Procedencia de la acción de tutela para
el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad
1. El artículo 43 Superior establece que "durante el embarazo y después
del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado", este
amparo se materializa, entre otros mecanismos, a través de la licencia de
maternidad, que tiene como finalidad proveer el sustento y posibilitar el ejercicio de los derechos
fundamentales de la madre y el menor en el periodo posterior al parto y
dedicarse ochenta y cuatro (84) días a prestarle a su hijo el cuidado que
requiere.
Conforme lo ha sostenido esta Corporación,
tratándose de una prestación económica que realiza un derecho de segunda
generación, su cumplimiento se debe buscar ejerciendo las acciones ante la
jurisdicción ordinaria laboral, lo cual, en principio, hace improcedente la acción
de tutela (Art. 86 C.P.). No obstante, la jurisprudencia constitucional ha
fijado unas reglas que operan como excepción a dicho principio de la
improcedencia, las cuales han sido reconstruidas, entre otras, en la Sentencia
T-665 de 2004[5],
en la cual se precisó que:
a. En principio se trata de un derecho
prestacional y, en consecuencia, no susceptible de proteger por vía del amparo
constitucional. No obstante, cuando se halla en relación inescindible con otros
derechos fundamentales de la madre o del recién nacido - tal es el caso de los
derechos a la vida digna, a la seguridad social y a la salud-, el derecho al
pago de la licencia de maternidad es un derecho fundamental por conexidad y,
por lo tanto, protegible por vía de tutela.
b. Cuando la satisfacción del mínimo vital
de la madre y del recién nacido dependen del pago de la licencia de maternidad,
el reconocimiento de este derecho deja de plantear un tema exclusivamente
legal, sometido a la justicia laboral, y se torna constitucionalmente
relevante. En estos supuestos excepcionales, el pago de la licencia de
maternidad puede ser ordenado por el juez de tutela.
c. La entidad obligada a realizar el pago
es la empresa prestadora del servicio de salud con cargo a los recursos del
sistema de seguridad social integral. No obstante, si el empleador no pagó los
aportes al sistema de seguridad social en salud o si los aportes fueron
rechazados por extemporáneos, es él el obligado a cancelar la prestación
económica.
d. Si el empleador canceló los aportes en
forma extemporánea y los pagos, aún en esas condiciones, fueron aceptados por
la entidad prestadora del servicio de seguridad social en salud, hay
allanamiento a la mora y por lo tanto ésta puede negar el pago de la licencia.
e. A partir de la Sentencia T-999 de 2003[6], se planteó un cambio
de jurisprudencia en cuanto a la oportunidad de presentación de la acción de
tutela cuando se trata del reclamo de la licencia de maternidad por esta vía.
Consideró la Corte que la tesis mantenida previamente, que establecía la
garantía de la vigencia de la licencia de maternidad (84 días) como plazo
oportuno para interponer la acción de tutela, se convirtió con el tiempo en un
formalismo utilizado por las empresas promotoras de salud que hacía nugatoria
la protección efectiva de las garantías con las cuales debe contar la mujer
durante el embarazo y después del parto, así como el recién nacido. Sobre ese
presupuesto, la Corte amplió el término para hacer viable el amparo
constitucional al primer año de vida del niño. Así, a partir de la sentencia[7] en comento, para que el
amparo constitucional sea viable, el pago de la prestación económica de la
licencia de maternidad debe ser planteado ante los jueces de tutela durante el
primer año de vida del niño.
2. Es precisamente a la luz de la última de
las reglas enunciadas que ha de analizarse la solicitud de protección
constitucional incoada por la accionante, puesto que sólo de haberse
interpuesto la acción de tutela dentro del primer año de vida de sus hijas, es
procedente, en principio, entrar a analizar la afectación de su derecho al
mínimo vital.
Así, debe recordarse que en el presente
asunto, el parto de la accionante tuvo lugar el 9 de julio de 2003[8] mientras que la acción
de tutela interpuesta para lograr el pago de la licencia de maternidad fue
radicada tan solo hasta el 15 de julio de 2004, es decir, un año después del
nacimiento de sus hijas.
Esta circunstancia aunada a falta de
certeza sobre la cancelación de los aportes al Seguro Social, permiten
constatar la improcedencia de acceder a la solicitud de protección constitucional.
En efecto, del tiempo transcurrido desde la
ocurrencia del parto hasta la presentación de tutela no se infiere una grave
afectación del mínimo vital, salud o seguridad social de la accionante y de sus
menores hijas, por lo cual por este motivo tampoco ha de concederse el amparo
solicitado. No obstante, se recuerda a la accionante, conforme se hizo en la
sentencia de segunda instancia que a efectos de obtener la licencia de
maternidad que reclama, puede acudir a la jurisdicción ordinaria laboral.
En síntesis, para la Sala el ad-quem
acertó al denegar la acción de tutela interpuesta, razón por la cual dicha
decisión será confirmada.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-  CONFIRMAR la sentencia proferida dentro del asunto
de la referencia por la Sala
Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que
denegó la acción de tutela.
Segundo.-  Dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Según la declaración rendida ante el juez de primera instancia la fecha del
parto de sus hijas (gemelas) fue el 9 de julio de 2003.
[2]
A folios 12 a 14 del cuaderno de primera instancia obran fotocopias de los
formatos de autoliquidación de los periodos de cotización de febrero y junio de
1999, así como el de septiembre de 2000.
[3]
Folio 36 del expediente.
[4]
Folio 47 del expediente.
[5]
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[6] Previo a esta sentencia, la Corte sostuvo en su
jurisprudencia el criterio según el cual, para que la afección al mínimo vital
de la madre y el recién nacido generara amparo constitucional, era preciso que
el pago de dicha prestación se planteara ante los jueces de tutela durante la
vigencia de la licencia, es decir, dentro del término de los 84 días que
establece la ley. Si transcurría el término de la licencia sin que se hubiese
hecho efectivo su pago, se estaba ante un perjuicio causado y por ello no era
viable la protección constitucional de los derechos.
[7]
M.P. Jaime Araujo Rentería.
[8]
Folio 20 del expediente.