C-725-15
Sentencia C-725/15
CODIGO CIVIL-Testigos inhábiles
INHABILIDAD
PARA SER TESTIGO DE MATRIMONIO ANTE JUEZ-Vulnera el derecho a la honra,
igualdad y personalidad jurídica, de personas condenadas a pena privativa de la
libertad superior a cuatro años/INHABILIDAD DE EXTRANJEROS NO DOMICILIADOS
EN COLOMBIA PARA SER TESTIGOS-Resulta ajustado a la Constitución
En este caso
la Sala debía resolver si los numerales 8 (parcial) y 9 del artículo 127 del
Código Civil desconocían los derechos a la honra (C.P., art. 21) igualdad
(C.P., arts. 13 y 100) y a la personalidad jurídica (C.P., art. 14) de las
personas condenadas a más de cuatro años de prisión y de los extranjeros no
domiciliados en Colombia, al considerarlos inhábiles para servir de testigos en
los matrimonios civiles celebrados ante un juez de la República. La Corte
consideró que el numeral 8 del artículo 127 del Código Civil es inexequible,
pues al establecer que los condenados a penas de prisión superiores a cuatro
años no podrán ser testigos de matrimonio ante juez, se impone una sanción
permanente a quienes se encuentren en esta situación, tachándolos de manera
indefinida, contraviniendo la finalidad resocializadora de la pena, presumiendo
su mala fe y su incapacidad de ofrecer credibilidad no obstante haber cumplido
su condena y hallarse reintegrados a su entorno social. De esta manera, no
encuentra la Sala que la medida examinada sea efectivamente conducente a la
finalidad de la misma, orientada a garantizar la idoneidad de los testigos de
matrimonio, porque sacrifica garantías constitucionales fundamentales de manera
irrazonable. Por otro lado, se consideró conforme a la Constitución el numeral
9 del artículo 127 del Código Civil, teniendo en cuenta que razones de orden
público justifican el trato diferenciado a los extranjeros y que, en todo caso,
las razones que fundamentan la medida son razonables y no contravienen ningún
derecho.
REGIMEN
DE INHABILIDADES DE LOS TESTIGOS DE MATRIMONIO-Contenido/REGIMEN DE
INHABILIDADES DE LOS TESTIGOS DE MATRIMONIO-Vigencia de normas acusadas
TESTIGOS-Tipos
MATRIMONIO
CIVIL ANTE JUEZ-Alcance de la facultad del legislador para su regulación
FAMILIA Y
MATRIMONIO-Derechos de carácter
fundamental
FAMILIA Y MATRIMONIO-Reserva de ley
MATRIMONIO-Efectos
personales y patrimoniales
El matrimonio produce efectos personales y patrimoniales de gran
trascendencia. De un lado, los efectos
personales remiten al conjunto de derechos y obligaciones que se originan para
los cónyuges entre sí y respecto de sus hijos, tales como la obligación de
fidelidad, socorro y ayuda mutua y convivencia. Por otra parte, los efectos
patrimoniales suponen la creación de la sociedad conyugal o sociedad de bienes.
Dichos efectos son tan importantes para la sociedad, que es preciso que sean
regulados en la ley, la cual debe establecer los mecanismos necesarios para
rodear de garantías el consentimiento de los cónyuges, elemento esencial del
matrimonio y fuente de los derechos y obligaciones que de este se desprenden.
Así, la regulación confiada al legislador de un lado, limita la interferencia
de otros poderes públicos y, por otra parte, supone que las partes acepten y se
sometan también a las normas de orden público que gobiernan el matrimonio.
MATRIMONIO-Amplio margen de configuración legislativa/MATRIMONIO-Regulación
y formalidades corresponden por expreso mandato constitucional al legislador
MATRIMONIO-Normas que lo regulan o que disponen sus formalidades, no pueden
emplear categorías sospechosas para establecer diferencias entre los
contrayentes o para excluir a ciertas personas
DERECHO A LA
IGUALDAD-Parámetro de control/DERECHO A LA
IGUALDAD-Pilar fundamental del Estado Social y democrático de derecho
JUICIO DE
RAZONABILIDAD-Niveles de intensidad
TESTIGO DE
MATRIMONIO-Naturaleza y régimen de inhabilidades
INHABILIDAD
PARA RENDIR TESTIMONIO-Jurisprudencia
constitucional
REGIMEN DE
INHABILIDADES PARA TESTIGO DE TESTAMENTO SOLEMNE-Jurisprudencia
constitucional
TESTIMONIO DE TERCEROS-Contenido
INHABILIDADES
PARA SER TESTIGOS-Contenido y alcance
INHABILIDAD EN
REGIMEN CIVIL-Contenido y alcance/SANCIONES
LEGALES EN CODIGO CIVIL-Contenido
TESTIGOS-Pueden ser requeridos de manera diferente dependiendo del tipo de
proceso
TESTIGOS-Cualidades que deben tener
Las
cualidades que deben tener los testigos para ser considerados idóneos y para
cumplir la finalidad para la cual son requeridos, son de diversa índole. En
primer lugar, como ya se anotó, es imprescindible que honren la verdad y que lo
que manifiesten ante el juez sea cierto. En segundo lugar, es necesaria la
imparcialidad de su testimonio. Las personas no pueden ser testigos de una
situación o de un hecho del que puedan sacar provecho. Es por ello que en la
sucesión testada, se excluyen como testigos los dependientes, algunos
familiares y, en general, todos aquellos que tengan un interés directo en la
cuestión. En tercer lugar, es importante considerar la capacidad de quien da
testimonio. Por esta razón, tanto en el derogado Código de Procedimiento Civil,
como en el Código General del Proceso y en el mismo Código Civil, se excluyen a
quienes hayan sido declarados interdictos por demencia, a los menores y a los
sordomudos que no puedan darse a entender. Temporalmente se han consideran
inhábiles en ambas regulaciones procesales quienes se encuentren bajo estados
de alteración o perturbación mental que les impiden tener control sobre sí
mismos y que son provocados por ciertas sustancias o por situaciones
particulares. Finalmente, es importante evaluar la credibilidad y la probidad
del testigo lo cual se relaciona, entre otras cosas, con los antecedentes
personales de quien va a rendir testimonio o va a presenciar un acto jurídico
en los términos establecidos por la ley.
INHABILIDAD PARA SER TESTIGO DE MATRIMONIO ANTE JUEZ-Juicio
integrado de igualdad para determinar si se configura tratamiento diferenciado
entre condenados a penas superiores a cuatro años de prisión y aquellas
condenadas a menos de cuatro años
La Corte estima
que el juicio a aplicar en el presente caso es de intensidad estricta. Si bien
se ha destacado el amplio margen de configuración que el constituyente ha
otorgado al legislador para regular los asuntos atinentes a la familia y al
matrimonio, no es menos cierto que lo que se encuentra en juego al inhabilitar
a los condenados a más de cuatro años de reclusión para ser testigos de
matrimonio, son sus derechos fundamentales a la honra, a la dignidad, a la
buena fe y en general a la función resocializadora de la pena. Sumado a lo
anterior, si se considera como se verá, que el condenado queda inhabilitado de
manera permanente para ejercer de testigo, su condición se convierte en un
rasgo permanente que le impide el ejercicio de su capacidad plena para los efectos
de la norma en cuestión. Así entonces, no obstante el margen de acción del
legislador para regular el matrimonio llevaría a aplicar un juicio intermedio,
la posible afectación del goce de derechos fundamentales como la honra y a la
posibilidad de reconstruir el propio buen nombre, conduce a la Sala a aplicar
un juicio estricto, considerando además que la inhabilidad perpetua que impone
la ley en este caso no se encuentra autorizada por la Constitución. Siendo así,
constata la Corte que la finalidad de la norma está referida a asegurar la
idoneidad del testigo matrimonial en términos de solvencia moral o por lo menos
de credibilidad. Se trata de una finalidad imperiosa considerando la relevancia
y seriedad de la institución matrimonial, caracterizada como de orden público y
objeto de especial tutela por parte de la Constitución. Ahora bien, el medio
empleado por el legislador –excluir a los potenciales testigos gravados con
penas superiores a cuatro años de prisión-, y mantener la posibilidad de obrar
como testigos solo en las personas del segundo grupo –los condenados a menos de
cuatro años-, debe estudiarse ahora desde el ángulo más instrumental, el de su
efectiva conducencia respecto de la finalidad señalada. Sin embargo, en este
punto debe introducirse una distinción dependiendo del estado de ejecución de
la condena.
EXTRANJEROS NO DOMICILIADOS EN
COLOMBIA-Exclusión como testigos de matrimonio
civil ante juez
EXTRANJEROS-Derechos y deberes
DERECHO A LA IGUALDAD-No presenta en todos los casos el mismo alcance para los
extranjeros frente a los nacionales/EXTRANJERO Y NACIONAL-Criterios que
se deben examinar para establecer trato diferente
Cuando el legislador establezca
un trato diferente entre el extranjero y el nacional, será preciso examinar
“(i) si el objeto regulado permite realizar tales distinciones; (ii) la clase
de derecho que se encuentre comprometido; (iii) el carácter objetivo y
razonable de la medida; (iv) la no afectación de derechos fundamentales; (v) la
no violación de normas internacionales y (vi) las particularidades del caso
concreto”.
Referencia: expediente D-10796
Demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 8 y 9 del
artículo 127 del Código Civil.
Actor: Hanser Sebastián Cubides Rojas
Magistrada (E) Ponente:
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Bogotá D.C., veinticinco (25) de
noviembre de dos mil quince (2015)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067
de 1991, ha proferido la presente Sentencia.
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en
el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Hanser Sebastián
Cubides Rojas, solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de los numerales
8 y 9 del artículo 127 del Código Civil.
Cumplidos los trámites previstos
en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede
la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcriben las normas acusadas,
subrayándose los apartes demandados.
CÓDIGO CIVIL
ARTICULO 127. <TESTIGOS INHABILES>. No podrán ser testigos para presenciar y autorizar un
matrimonio:
1o) <Numeral derogado por el artículo 4o. de la Ley 8a. de
1922>
2o) Los menores de dieciocho años.
3o) Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia.
4o) Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón.
5o), 6o), 7o) <Numerales INEXEQUIBLES>.
8o) Los condenados a la pena de reclusión por más de cuatro años, y en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieren
inhabilitados para ser testigos.
9o) Los extranjeros no domiciliados en la república.
10) Las personas que no entiendan el idioma de los contrayentes.
III. LA DEMANDA
El demandante considera que las
disposiciones demandadas deben ser declaradas inexequibles porque vulneran los
artículos 13, 14, 21 y 100 de la Constitución Política.
En primer lugar, la expresión “Los
condenados a la pena de reclusión por más de cuatro años” contenido en el
numeral 8 del artículo 127 del Código Civil desconoce
el artículo 13 Superior puesto que introduce y promueve la discriminación hacia
las personas que han sido condenadas a penas privativas de la libertad mayores
a cuatro años, impidiéndoles ser testigos en la celebración del matrimonio. Sin
embargo, el hecho de que una persona se encuentre condenada, no significa que
no pueda, a la igual que las personas no condenadas, percibir la ocurrencia de
fenómenos naturales, sociales y económicos, en especial si ocurren dentro de su
propia familia o en su círculo cercano, de modo que en ese caso, es posible que
él de fe de los mismos y pueda ser considerado como testigo en la celebración
del matrimonio.
El numeral 8 (parcial)
del artículo 127 del Código Civil puede ser interpretado de dos maneras, ambas
violatorias de la Constitución, de acuerdo con el demandante. De un lado se
puede entender que la prohibición para ser testigo de matrimonio es vitalicia
para los condenados a penas privativas de libertad mayores a cuatro años; de
otra parte, puede interpretarse que la prohibición dura solamente el tiempo de
la condena.
Si la
prohibición fuera vitalicia, se estaría estableciendo una inhabilidad perpetua
para actuar como testigo, lo cual significa una privación indefinida de la
plena capacidad civil (violación del artículo 14 de la CP), sin una causa
constitucionalmente admisible para ello lo cual conduciría a un prejuzgamiento
de la conducta futura de quien fue condenado, estigmatizando todo acto futuro
que el condenado realice y desconociendo el principio de buena fe consagrado en
el artículo 83 de la Constitución.
Pero también si
se admitiera que la prohibición de ser testigo solamente se impone durante la
condena, igualmente se estaría violando el artículo 13 constitucional porque se
estaría discriminando a las personas que gozan de un subrogado penal y que
tienen prisión domiciliaria. Estos sujetos por tener mayor contacto con quienes
van a contraer matrimonio pueden dar fe de la relación de la pareja y
certificar que los contrayentes actúan voluntariamente y que no están incursos
en ninguna inhabilidad. Lo anterior también afectaría al recluso que construye una
relación de amistad con otros compañeros y que puede servir como su testigo de
matrimonio.
El
desconocimiento del artículo 13 de la Constitución, también se manifiesta en el
hecho de que las personas que hayan sido condenadas a penas inferiores a cuatro
años, no estarían cobijadas por la restricción de la norma acusada. Así las
cosas, “si la imposibilidad de ser testigo está instituida como una sanción
a la gravedad del delito, este fin no se cumpliría, debido a que la pena puede
ser el resultado de que el inculpado se haya allanado al cargo imputado, lo
cual representa la reducción de la pena de hasta el 50%, desvirtuando al
efectividad de la restricción”. Entonces podría darse la situación de que
personas que han cometido un delito más grave puedan ser testigos de matrimonio
y otras que han cometido otros menos gravosos sí tengan dicha restricción.
Además, la
prohibición de ser testigos de matrimonio, se opone a la función de reinserción
social que cumple la pena, pues excluye, asila y menosprecia al condenado,
desconociendo su honra (violación del artículo 21 de la CP).
De otro lado, el
numeral 9 del artículo 127 del Código Civil vulnera el artículo 13 de la
Constitución al excluir como testigos a los extranjeros no domiciliados en
Colombia. En la época en la que fue redactado el Código Civil no existían los
medios de comunicación que encontramos hoy en día ni se había extendido el
fenómeno de la globalización. En la actualidad, la distinción entre domicilio y
residencia no es fácil de constatar pues las personas viajan constantemente y
crean lazos de todo tipo con sujetos de otras latitudes.
El deseo del
constituyente fue el de garantizarle a los extranjeros residentes en Colombia
los mismos derechos de los ciudadanos colombianos, entre ellos el derecho a la
igualdad, admitiendo únicamente las restricciones indispensables que obedezcan
a finalidades constitucionalmente legítimas, pues de lo contrario se estarían
implementando limitaciones inconstitucionales basadas en el origen nacional.
La disposición
acusada es igualmente contraria al derecho a la personalidad jurídica (art. 14
CP) puesto que los extranjeros se ponen en el mismo plano que los inhábiles
mentales relativos o absolutos. Resulta contradictorio  y violatorio del
artículo 100 Superior que el extranjero pueda contraer matrimonio en nuestro
territorio pero no pueda servir de testigo en estos casos.
IV. INTERVENCIONES
Intervenciones
oficiales
4.1. Ministerio
de Justicia y del Derecho
Mediante escrito
formulado por Carlos Perdomo Guerrero, Director (E) de la Dirección de
Desarrollo Humano y de Ordenamiento Jurídico, el Ministerio de Justicia y de
Derecho solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de las disposiciones
acusadas.
Le asiste razón
al demandante en su solicitud de inexequibilidad de los numerales 8 y 9 del
artículo 127 del Código Civil, porque son disposiciones que contienen medidas
discriminatorias contra las personas condenadas a penas privativas de la
libertad mayores a cuatro años y contra los extranjeros no domiciliados en
Colombia. En efecto, estas personas, por encontrarse en estas condiciones, no
pierden la capacidad de dar cuenta de los fenómenos y situaciones que ocurren a
su alrededor o en su entorno cercano.
El trato injustificado,
se evidencia en la diferencia que establece la norma entre quienes han sido
condenados a penas de prisión por más de cuatro años y quienes han sido
condenados por un tiempo menor sin considerar la gravedad del delito cometido.
Lo anterior, tal y como lo señala el demandante, desconoce los fines de la sanción
penal respecto de la re-socialización y termina excluyendo y aislando al
condenado. El interviniente se pregunta la razón por la cual estas personas
pueden servir de testigos para desarticular organizaciones criminales y dar
testimonio de la ocurrencia de otros delitos, pero no puedan dar fe de las
calidades de los contrayentes.
Con relación al
numeral 9 del artículo 127 del Código Civil, la exclusión de los extranjeros no
domiciliados en Colombia para ser testigos de matrimonio viola el derecho a la igualdad
por discriminar al extranjero y no tiene en cuenta los avances en materia
social, cultural, jurídica y de protección de los derechos humanos que se han alcanzado
en la actualidad. Lo anterior también desconoce la voluntad del Constituyente
plasmada en el artículo 100 Superior que quiso otorgar los mismos derechos
civiles a nacionales y extranjeros.
En síntesis las
dos disposiciones acusadas son anacrónicas y resultan violatorias de la
Constitución ya que no se adecuan al nuevo contexto constitucional, social e
histórico, razón por la cual deben ser declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional.
4.2. Ministerio
de Relaciones Exteriores
Mediante
escrito presentado por Abel Fernando Hernández Camacho, el Ministerio de
Relaciones Exteriores solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del
numeral 9 del artículo 127 del Código Civil.
El concepto
indaga en primer lugar sobre lo que se entiende por extranjero. La “Declaración
sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en
que viven” (1985), define a estos individuos como personas que no son nacionales
del Estado en el que se encuentran. De lo anterior se desprende que no se
consideran colombianos quienes han nacido en otro país de padres extranjeros; quienes
han nacido en Colombia de padres extranjeros que no se encontraban domiciliados
en el país en el momento del nacimiento; quienes nacieron en territorio
extranjero, hijos de padres colombianos pero no fueron inscritos en el
Consulado; quienes renunciaron a la nacionalidad colombiana.
Respecto del
domicilio, el artículo 2 de la Ley 43 de 1993 señala que se trata de la
residencia en Colombia acompañada del ánimo de permanecer en el territorio
nacional de acuerdo con las normas pertinentes del Código Civil. Así las cosas,
un extranjero se encuentra domiciliado en Colombia cuando se encuentra
legalmente en el territorio nacional y cuenta por ello con un permiso de
estadía o visa; también cuando el extranjero es titular de una visa, en las situaciones
contenidas en el artículo 80 del Código Civil, es decir, que suponen una
presunción de permanecer en el territorio; y cuando el extranjero es titular de
una visa de residente.
De otro lado,
no es posible presumir que un extranjero está domiciliado en Colombia, en
aplicación de los presupuestos del artículo 79 del Código Civil, cuando tenga
visas se cortesía, tripulante, cooperante o voluntario, trámites
administrativos, turismo, participación en eventos académicos, artísticos,
culturales o deportivos, asistencia técnica, tránsito o con las diferentes
visas de negocios.
Dicho esto, el
Ministerio de Relaciones Exteriores estima que más allá de la nacionalidad que
ostente un individuo, éste tiene derecho al ejercicio pleno de su personalidad
jurídica, tal y como lo preceptúa el Preámbulo de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
Conforme a lo
anotado, el interviniente estima que es inexequible el numeral 9 del artículo
127 del Código Civil ya que todas las personas, por el hecho de serlo, son
titulares de la personalidad jurídica independientemente de si son nacionales o
extranjeros o si están o no domiciliados en Colombia.
4.3.
Defensoría del Pueblo
Luis Manuel
Castro Novoa, Defensor delegado para los asuntos constitucionales y legales de
la Defensoría del Pueblo, presenta concepto en el proceso de la referencia
solicitando la exequibilidad condicionada del numeral 8 y la inexequibilidad
del numeral 9 del artículo 127 del Código Civil.
Teniendo en
cuenta el precedente jurisprudencial y en particular la sentencia C-230 de
2003, el interviniente señala respecto del numeral 8 del artículo 127 del
Código Civil, que el legislador, en el marco de su margen de configuración,
puede establecer inhabilidades respecto de ciertas personas para que sirvan de
testigos en la celebración de negocios jurídicos específicos, con el fin de
garantizar la idoneidad del sujeto que va a dar fe sobre la ocurrencia de los
mismos, en consideración a las implicaciones jurídicas tanto en el ámbito
público como en el privado. En este orden de ideas, la prohibición que consagra
el numeral 8 es razonable y proporcionada porque no resulta arbitrario que el
Legislador excluya a personas condenadas de la posibilidad de servir como
testigos en la celebración de un matrimonio, “pues tal exclusión se
fundamenta en el hecho de que estas personas cometieron una conducta social y
jurídicamente reprochable y, por ende, el ordenamiento jurídico puede restringir
su participación en ciertos escenarios y de manera temporal”. No es por lo
demás una limitación excesiva sino limitada a una actividad y a un contexto
específicos.
Sin embargo, la
Defensoría estima que dicha prohibición sólo puede permanecer durante el
periodo de la condena impuesta porque, de lo contrario, se estaría consagrando
una inhabilidad perpetua que resultaría desproporcionada frente a los derechos
de estas personas. Por ello es pertinente condicionar la exequibilidad de esta
disposición en el entendido que la inhabilidad para ser testigo de un
matrimonio sólo es predicable durante el término de duración de las penas
impuestas.
Respecto del
numeral 9 del artículo 127 del Código Civil, la Defensoría no encuentra razón
alguna que justifique la prohibición de que los extranjeros no domiciliados en
Colombia no puedan ser testigos de matrimonio. En primer lugar, el
interviniente constata que la diferenciación entre extranjeros y nacionales no
obedece a razones de orden público, ya que se trata de la celebración de un
acto jurídico determinado entre particulares. De otro lado, es una medida irrazonable
porque los extranjeros no domiciliados en Colombia no por esta razón carecen
del juicio suficiente que les permitan dar fe de la celebración de un
matrimonio. Lo realmente relevante es que estas personas conozcan la situación
de los contrayentes, no que se encuentren o no domiciliados en el territorio
nacional.
Intervenciones
académicas
4.4. Instituto
Colombiano de Derecho Procesal
El presidente
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, designó al señor Jesael Antonio
Giraldo Castaño, para elaborar el concepto en nombre de dicha institución, en
el que se solicita a la Corte declararse inhibida para dictar sentencia de
fondo sobre la demanda formulada contra los numerales 8 y 9 del artículo 127
del Código Civil.
En la
actualidad se considera que el matrimonio tiene una doble naturaleza jurídica,
como contrato, porque predomina la voluntad de las partes en su celebración, y
como institución de orden público, creada y regulada por el Estado que no puede
ser variada por los particulares. En este orden de ideas, las formalidades
legales para la celebración del matrimonio han sido estrictas considerando la
naturaleza jurídica y la trascendencia del acto jurídico matrimonial, como
fuente de las relaciones familiares. Dichas formalidades son a veces previas y
otras veces concomitantes con la celebración del mismo. Es así como el artículo
126 del Código Civil exigía en el pasado testigos presenciales del matrimonio,
que tenían que reunir unas condiciones especiales para ser considerados
hábiles. El requisito de idoneidad de los testigos, respondía a la necesidad de
que pudieran constatar que quienes concurrían a contraer matrimonio lo hicieran
libremente y expresaran su consentimiento sin ninguna limitación. Previamente,
los artículos 132 y 133 del mismo Código también preveían el emplazamiento para
que se presentaran las oposiciones y se resolvieran con antelación al
matrimonio.
Con el paso del
tiempo, la ley y la jurisprudencia han ido progresivamente desformalizando y
haciendo menos rigurosas las exigencias para la celebración del matrimonio con
el fin de facilitar la conformación de la familia. Así las cosas, el Decreto
2668 de 1998, faculta a los interesados a celebrar matrimonio civil ante
notario con menos rituales que el matrimonio celebrado ante el juez civil sin
que se requieran testigos presenciales ni de idoneidad.
A diferencia
del matrimonio ante notario, el matrimonio ante juez requería la presencia de
varios testigos, cuyos nombres y vecindad debían ser indicados en la solicitud
de matrimonio, para que declararan sobre las cualidades necesarias de los
contrayentes para contraer matrimonio y de otros dos testigos hábiles
previamente juramentados cuya presencia y autorización era necesaria en la
diligencia de celebración. Con relación a lo anterior, el artículo 127 trae una
listado de personas que son inhábiles para presenciar y autorizar un matrimonio
-aunque los numerales 5, 6 y 7 fueron declarados inexequibles por la Corte
Constitucional en sentencia C-401 de 1999. Anteriormente, la falta de testigos
presenciales viciaba de nulidad subsanable el matrimonio civil.
Sin embargo, el
Código General del Proceso derogó la exigencia de testigos sobre las cualidades
de las personas que pretendían contraer matrimonio y de los testigos
presenciales en la celebración del mismo. En efecto, el artículo 626 literal a)
estableció que a partir de la promulgación de la Ley 1564 de 2012, quedan
derogados los artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración a los testigos
indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el
artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar
las diligencias de que habla el artículo 130” y “sin tales formalidades”
del 136, entre otros.
Resalta la
intervención, que el nuevo Código General del Proceso derogó la expresión “con
la presencia y autorización de dos testigos hábiles, previamente juramentados”
del artículo 126 por lo que quedó suprimida la exigencia de testigos
presenciales para la celebración de matrimonio y por ello se debe entender que
quedó tácitamente derogado la totalidad del artículo 127 del Código Civil sobre
inhabilidad de testigos. Se advierte igualmente que, derogado el artículo 128
del Código Civil por el artículo 626 literal a) de la Ley 1564 de 2012, ya no
se prevén requisitos para la celebración del matrimonio por lo que deben
aplicarse por analogía los del matrimonio ante notario. Tales derogatorias
también han provocado la derogatoria tácita de la causal de nulidad del
artículo 2 n. 13 de la Ley 57 de 1887 ya que no se requieren testigos. Estima
el interviniente que ha sido desafortunado el olvido del legislador al no
derogar los artículos que se referían a las inhabilidades de los testigos y a
la firma de estos en el acta, cuando previamente ya se había derogado la
exigencia de testigos presenciales y de la idoneidad de los contrayentes,
previstos en los artículos 126 y 128, respectivamente.
En vista de lo
anterior y, considerando que las disposiciones acusadas han sido derogadas
tácitamente y no están produciendo efectos en la actualidad, se sugiere a la
Corte que se abstenga de dictar una sentencia de fondo sobre el asunto que se
examina.
Sin embargo, si
se llegara a considerar que las mencionadas normas no han sido derogadas, se
solicita a esta Corporación que declare la inconstitucionalidad del artículo
127 y de la expresión “testigos” contenida en los artículos 135 y 137 del
Código Civil, por integración normativa. Esto por cuanto si la finalidad de los
testigos presenciales es verificar que los contrayentes expresan su
consentimiento –ya que la inexistencia de impedimentos la ponían en
conocimiento los testigos de idoneidad-, estas normas carecen de justificación
objetiva y razonable porque el juez puede verificar directamente si los
contrayentes están expresando su voluntad libre y espontáneamente para unirse
en matrimonio. De lo contrario, se estaría obstaculizando el goce del derecho a
conformar una familia en los términos del artículo 42 de la Constitución y de
los tratados internacionales que consagran igualmente este derecho. Del mismo
modo, se violaría el derecho  la igualdad porque el matrimonio civil ante
notario no exige testigos a lo cual se suma que es más garantista el matrimonio
ante juez porque éste, a diferencia del notario, es un funcionario con potestad
jurisdiccional incluso para resolver oposiciones al matrimonio.
Ahora bien, de
no acoger la Corte los anteriores planteamientos, deberá declarar la
inconstitucionalidad del n. 8 del artículo 127 del Código Civil por cuanto se
aplica una discriminación irrazonable, desproporcionada e injustificada a las
personas condenadas, que no por ello deben ser consideradas como inhábiles para
servir como testigos, más aún cuando los códigos procesales no contemplan dicha
inhabilidad y teniendo en cuenta que hoy en día ya no se aplica el método de
valoración probatoria de tarifa legal sino de la apreciación racional de la
prueba. Así, la disposición acusada desconoce el derecho a la igualdad y a la
personalidad jurídica.
Respecto de la
demanda contra el n. 9 del artículo 127 del Código Civil, se aclara que en este
caso el legislador no ha establecido una medida irrazonable e injustificada ya
que, de acuerdo con la jurisprudencia, el reconocimiento de los derechos de los
extranjeros no implica que esté prohibido regular un tratamiento diferenciado
con respecto a los nacionales.
4.5. Academia
Colombiana de Jurisprudencia.
El académico
Carlos Fradique Méndez, por encargo de la Academia Colombiana de Juristas,
formuló concepto en nombre de dicha institución, en el cual solicita a la Corte
que declare la exequibilidad de los numerales 8 y 9 del artículo 127 del Código
Civil.
Se considera
que no existe ninguna justificación y que es discriminatorio que se exija la
presencia de testigos en el matrimonio celebrado ante juez y no ante el notario
o en ciertos casos, ante autoridades religiosas.
De no admitir
la Corte esta tesis, debe en todo caso tenerse en cuenta que los testigos de un
matrimonio deben encontrarse plenamente capacitados para dar la información que
refiere el artículo 130 en concordancia con el artículo 140 del Código Civil.
Así, las personas que no tengan una cercanía física y social con los
contrayentes no se encuentran en capacidad de informar al juez sobre los
diferentes aspectos necesarios para probar la libre y espontánea de los
contrayentes.
Una persona que
condenada a pena privativa de la libertad no puede tener conocimiento sobre lo
que ocurre en el exterior. Lo mismo vale para los extranjeros que por encontrarse
lejos de los contrayentes, no pueden conocer ni dar fe de la relación de la
pareja al juez en el momento de la celebración del matrimonio.
En virtud de lo
anterior, el legislador estableció una medida que no es irrazonable y que
permite garantizar el orden y la seguridad jurídica por lo que declarar
inhábiles a condenados a más de cuatro años de prisión y a extranjeros no
residentes en Colombia es acorde con la Constitución.
4.6.
Universidad Externado de Colombia
Juan David
Gómez Pérez, en su condición de profesor del Departamento de Derecho Civil de
la Universidad Externado de Colombia, presenta concepto que sustenta la
exequibilidad condicionada del numeral 8 y la exequibilidad del numeral 9 del
artículo 127 del Código Civil.
En primer
lugar, el interviniente resalta el hecho de que la norma acusada regula los
eventos de matrimonio ante juez, situación diferente a la del matrimonio
celebrado ante notario.
Por otra parte,
señala que la entrada en vigencia del Código General del Proceso implicó
modificaciones en relación con la relevancia actual de la norma acusada,
considerando que quedaron derogados los artículos 126, 128, 129 (parcial), 130
y 134 (parcial). Así las cosas, al derogarse el artículo 128, se podría pensar
que se eliminó la regulación específica que existía hasta entonces respecto del
matrimonio judicial, en particular en materia de testigos, situación que
produciría la necesaria remisión analógica al régimen notarial.
No obstante, es
importante revaluar esta conclusión ya que, los artículos 135 y 137 del Código
Civil, que imponen el requisito de contar con dos testigos en el acta de
matrimonio, no fueron derogados y por ende conservan su fuerza vinculante en el
ordenamiento. De este modo, el interviniente estima que las normas acusadas se
encuentran vigentes en la actualidad.
Si se trata de
un debate de validez, los numerales 8 y 9 del artículo 127 del Código Civil
deben ser declarados constitucionales ya que el legislador cuenta con un margen
de configuración legítimo para regular el ejercicio de libertades civiles.
Específicamente
respecto del numeral 8 (parcial), es cierto que pueden existir dos
interpretaciones de la norma o bien, que tal y como se encuentra redactada, no
es posible discernir si se trata de una inhabilidad temporal o perpetua. En el
segundo caso se estaría desconociendo la Constitución que prohíbe la existencia
de penas irredimibles tal y como se desprende del artículo 28 Superior. Por lo
anterior será conveniente aclarar el sentido de esta disposición condicionando
la exequibilidad de la misma a que “la inhabilidad para rendir el testimonio
de los sujetos que cumplan con el supuesto de hecho de la disposición demandada,
únicamente se entiende vigente, mientras lo esté también la pena impuesta en la
condena; una vez se cumpla con la pena principal, habrá de seguir esta sanción
accesoria, la misma suerte”.
De otro lado,
el numeral 9 del artículo 127 del Código Civil, se ajusta perfectamente a la
Constitución porque es acorde con el artículo 100 Superior que invoca el propio
demandante. En efecto, la Carta Política señala que los extranjeros y los
nacionales gozan de los mismos derechos “salvo las limitaciones que
establezcan la Constitución y la ley”.  En este caso, el legislador consideró
que la ausencia de domicilio en el país llevaba a la falta de conocimiento de
la ley colombiana y sus específicos alcances y también de la relación de la
pareja, por lo que no le sería posible dar fe de la certeza, condiciones y
aptitudes exigidas para los contrayentes.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante
escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad procesal
correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el concepto
previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, en el que solicita
a la Corte la exequibilidad condicionada del numeral 8 y la exequibilidad del
numeral 9 del artículo 127 del Código Civil.
De acuerdo con
la Vista Fiscal, las medidas establecidas por el Legislador en las
disposiciones acusadas son razonables, proporcionadas y conformes a la Carta.
Siendo el
consentimiento libre y espontaneo de los contrayentes, requisito esencial para
la celebración válida del matrimonio, es natural que el juez, de conformidad
con el artículo 135 del Código Civil, siga estrictamente las formas solemnidades
y exigencias fijadas por la ley. El artículo citado señala que “el
matrimonio se celebrará presentándose los contrayentes en el despacho del juez,
ante este, su secretario y dos testigos” requisito este que no existe en el
matrimonio ante notario regulado en el Decreto 1668 de 1988. La finalidad de
contar con la presencia de dichos testigos, consiste en hacer constar al juez
que los contrayentes poseen las cualidades necesarias para unirse en matrimonio
e impedir que dicho contrato quede viciado de nulidad de acuerdo con las
causales previstas en el artículo 140 del mismo Código.
La medida
descrita no es fruto del capricho del legislador y es coherente con el artículo
42 Superior que concede relevancia al matrimonio como una de las formas idóneas
de constituir familia. De este modo, la determinación de establecer
inhabilidades se da porque ciertas personas se encuentran en imposibilidad de
atestiguar que en los contrayentes se dan las condiciones y aptitudes que exige
la ley. Por ejemplo, los interdictos por demencia o que se hayan privados del
uso de la razón, no pueden servir como testigos a los fines que persigue la ley.
Igualmente los condenados a más de cuatro años de pena privativa de la libertad
en prisión y los extranjeros no domiciliados en Colombia, no pueden ser
testigos de matrimonio “por falta de inmediatez necesaria con el actuar y la
cotidianidad de los contrayentes que hace imposible o, por lo menos, muy
difícil, declarar con un aceptable grado de certeza sobre las condiciones que a
ellos les son exigidas por la ley para la celebración del matrimonio”.
En efecto, la
persona que se encuentra privada de la libertad por más de cuatro años en un
centro penitenciario, se encuentra en una situación que le impide convivir
cotidianamente con los contrayentes y lo mismo sucede con los extranjeros no
domiciliados en Colombia. Esto no se contradice con el hecho de que estas
personas puedan contraer matrimonio, porque impedirlo sí sería discriminatorio,
sino que limita su posibilidad de ser testigos del matrimonio de una pareja de
contrayentes.
El Procurador
advierte que el matrimonio es una institución importante que constituye la
sociedad por lo cual “su destrucción o disolución implica su desaparición.
Por esto, el respeto y la protección del modo de ser y de la naturaleza propia
de estas instituciones, no es una mera cuestión contingente para el Estado,
sino condición de posibilidad de su misma existencia”. Es necesario tener
en cuenta que la mera constatación de un trato diferente no es suficiente para
afirmar que se está discriminando a un grupo de personas.
Sin embargo, el
representante del Ministerio Público señala que es necesario hacer una
aclaración respecto de la doble interpretación de la que puede ser objeto el
numeral 8 del artículo 127 del Código Civil. Para la Procuraduría la única
interpretación posible es que la inhabilidad permanece mientras dure la pena y
por en este sentido debe condicionarse la norma acusada.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Competencia
1. La Corte
Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia, en los
términos del artículo 241.4 de la Constitución, puesto que se trata de la
acción pública de inconstitucionalidad contra dos disposiciones contenidas en
una Ley de la República.
Asuntos
preliminares: de la vigencia de las disposiciones acusadas.
2. Uno de los
intervinientes sugiere que las normas demandadas en el presente caso han sido
derogadas tácitamente por el artículo 626 literal a) del Código General del
Proceso que expulsó expresamente del ordenamiento jurídico varias expresiones y
disposiciones del Título IV, contenido en el Libro I del Código Civil. Así, si
bien la Ley 1564 de 2012 mantuvo el artículo 127, cuyos numerales 8 y 9 son
objeto de la presente demanda, las derogatorias de varias de las normas del
Título que regula la institución del matrimonio civil ante juez, permitirían concluir,
según el referido concepto, que la exigencia de testigos de las cualidades y de
los testigos presenciales fue eliminada, razón por la cual el régimen de
inhabilidad de los mismos deviene innecesario e inexistente.
El artículo 626
literal a) de la Ley 1564 de 2012 dispone lo siguiente:
“a) A partir de la promulgación de esta
ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión “y a recibir declaración
a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión
“practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las
expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que
habla el artículo 130” y “sin tales formalidades” del 136 y 202 del Código
Civil” […][1]
3. Considerando
lo anterior, la Corte estima necesario realizar un análisis de vigencia de los
numerales 8 y 9 del artículo 127 del Código Civil con el fin de determinar si
las normas fueron efectivamente derogadas de manera tácita por el Código
General del Proceso.
En este orden
de ideas, se procederá a describir el régimen anterior a las reformas que
introdujo el Código General del Proceso, para luego examinar el alcance de las
modificaciones establecidas por el mismo y determinar la vigencia actual de las
normas demandadas.
4. El régimen
anteriormente regulado en el Título IV del Código Civil, relativo al matrimonio,
contenía una serie de disposiciones que establecían la competencia del juez que
lo celebraba, las formalidades y diligencias previas  y la manera cómo debía realizarse.
La importancia
de las formalidades en el contrato matrimonial se fundamenta en su naturaleza
solemne, tal y como se desprende de los artículos 113 y 115 del Código Civil, que
definen esta institución como un acuerdo mutuo de voluntades, expresado ante
funcionario competente, con las formas, solemnidades y requisitos establecidos
en la ley.
Así las cosas,
el artículo 126 del Código determinaba la competencia del juez que debía
celebrar el matrimonio en los siguientes términos: “El matrimonio se
celebrará ante el juez del distrito de la vecindad, con la presencia y
autorización de dos testigos hábiles, previamente juramentados”[2].
Los artículos
128, 129, 130, 131, 133 y 134 del Código Civil regulaban todos los
procedimientos previos al matrimonio. El artículo 128 establecía el requisito
de la solicitud verbal o escrita que las personas que quisieran contraer
matrimonio debían presentar ante el juez municipal, indicando sus nombres, los
de sus padres y los de los testigos de cualidades. Estos testigos, de acuerdo
con el artículo 130, eran quienes declaraban ante el juez, en interrogatorio
previo, sobre las cualidades de los contrayentes para asegurarse que no se
encontraban incursos en las causales de nulidad del artículo 140 del Código
Civil. Dichos testigos –de las cualidades-, también debían ser escuchados en
diligencia previa en el caso de matrimonio entre menores de edad, según lo
dispuesto en el artículo 129 de la misma ley.
Luego de recibir
las declaraciones de los testigos de cualidades, se fijaba un edicto conforme a
lo consagrado en los artículos 130 y 131 del Código, por 15 días, anunciando
nombres y apellidos de los contrayentes y su lugar de nacimiento, con el fin de
que en ese término se denunciaran posibles impedimentos para la celebración del
matrimonio. Las oposiciones presentadas, de acuerdo con el artículo 132, debían
ser examinadas por el juez y decididas en un juicio al que asistieran las
partes y que sería resuelta dentro de los tres días siguientes a la diligencia.
La decisión podía ser apelada ante el inmediato superior del juez que había
proferido la decisión en los términos del artículo 133. Una vez practicadas las
diligencias del artículo 130, y si no se presentaban oposiciones al matrimonio
o si estas se declaraban infundadas, el artículo 134 del Código determinaba que
el juez debía señalar el día y la hora del matrimonio, dentro de los 8 días
siguientes. De las formalidades del artículo 130 se podían eximir quienes contrajeran
matrimonio in extremis, tal y como lo disponía el artículo 136.
Cumplidos los
requisitos previamente descritos, el matrimonio se celebraba ante el juez, su
secretario y dos testigos presenciales, quienes podían o no coincidir con los
testigos de las cualidades descritos en los artículos 126, 129 y 130 del Código
Civil.
Ahora bien, el
artículo 127 establece el régimen de inhabilidades de los testigos de
matrimonio– en general, es decir sin distinguir entre testigos de cualidades y
presenciales-.
5. Como se
anotó arriba, el matrimonio civil ante juez descrito anteriormente, sufrió una
serie de modificaciones introducidas por el Código General del Proceso en su
artículo 626 literal a), especialmente con relación a las formalidades
anteriormente exigidas para la celebración del matrimonio ante juez, tal y como
se expondrá a continuación.
De un lado la
reforma elimina el artículo 126 que definía la competencia del juez municipal
para la celebración del matrimonio.
Con relación a
las diligencias previas, se deroga la solicitud del matrimonio del artículo 128
que obligaba a los contrayentes a acudir previamente ante el juez competente
para manifestar su voluntad de contraer matrimonio y expresar sus nombres y los
de los testigos de cualidades. Igualmente, resultó completamente derogado el
artículo 130 que regulaba el interrogatorio del juez a los testigos sobre las
cualidades de los contrayentes y que establecía la fijación de un edicto por
quince días para que dentro de ese término se pudieran presentar impedimentos y
oposiciones al matrimonio. Del mismo modo se eliminó la apelación contra las
resoluciones que se dicten en los juicios de oposición  que se encontraba
consagrada en el artículo 133. Finalmente se derogó el artículo 202 que
establecía la ineficacia de la confesión del marido en el juicio de separación
de bienes por el mal estado de sus negocios. Por otra parte, fueron derogadas
ciertas expresiones de otros artículos. Así las cosas, se eliminó la exigencia
de recibir la declaración de los testigos en las diligencia previas necesarias
en los casos de matrimonio de menores, que dispone el artículo 129. Acorde con
la derogatoria total del artículo 130, en el artículo 134, que regula el
término para la celebración del matrimonio, y en el artículo 136 relativo al
matrimonio in extremis, se eliminaron las referencias a dicha disposición.
Ahora bien, la
Ley 1564 de 2012 no derogó de manera expresa los artículos 127 sobre
inhabilidad de los testigos y el artículo 135 del Código Civil referido a la
celebración del matrimonio.
6. Así las
cosas, de la lectura del artículo 626 literal a) de la Ley 1564 del 2012, se
desprende que muchas de las disposiciones que se referían a los testigos de
cualidades y a las diligencias previas fueron eliminadas. Considera la Corte
que la voluntad del Legislador al derogar algunos requisitos y formalidades que
antes se exigían para la celebración de matrimonio ante juez, fue la de
agilizar este tipo de actuaciones y hacerlas más compatibles con el sistema
oral que se viene implementando en todos los procesos civiles.
En efecto, las
modificaciones introducidas por el artículo 626 literal a) del Código General
del Proceso fueron justificadas en el pliego de modificaciones del cuarto
debate del Proyecto de Ley n. 159 de 2011
Senado/ 196 de 2011 Cámara, en los siguientes términos: “Al listado de normas que estaban incluidas en el texto aprobado en
Comisión Primera se le incluyeron otras, por estar en conflicto con las reglas
previstas en el Código, recogidas dentro de las modificaciones propuestas para
el debate en Plenaria, concebidas para un sistema incompatible con la oralidad,
o pensadas para una pluralidad de especialidades de la jurisdicción ordinaria
que no subsiste con la reforma. Las normas que se derogan se clasificaron en
dos grupos, de acuerdo con la gradualidad de la entrada en vigencia del sistema
previsto en el Código General del Proceso”. (Gaceta del
Congreso 261 de 2012. Pliego de Modificaciones, Informe para el cuarto debate
del Proyecto de Ley n. 159 de 2011 Senado/196 de 2011 Cámara)[3].
7. Una vez identificados
los cambios introducidos por el Código General del Proceso en la regulación de
la celebración de matrimonio civil ante juez del Código Civil, la Corte
concluye que no ha habido derogatoria tácita del artículo 127 del mismo Código.
El artículo 626
literal a) de la Ley 1564 de 2012, derogó temas muy puntuales del Código Civil
en lo relativo a la competencia del juez y a las formalidades previas a la
celebración del matrimonio, expulsando del ordenamiento jurídico varias normas
y expresiones, pero no estableció que el artículo 127 fuera derogado.
Considerar que las derogatorias expresas de ciertas disposiciones en esta
materia llevan a la derogatoria tácita de otras normas, le restaría sentido a
la voluntad del Legislador de excluir del ordenamiento jurídico algunas
regulaciones concretas. Es importante tener en cuenta que los referidos
artículos y expresiones contenidas en el Título IV del Código Civil respondían
efectivamente a la necesidad de agilizar y facilitar el trámite del matrimonio
ante juez.
Por otra parte,
resulta necesario advertir que si bien se derogaron los artículos relativos a
la competencia del juez municipal y algunos de los requisitos y formalidades
previos a la celebración del matrimonio, se mantuvo la disposición que regula
en concreto la manera como debe celebrarse el enlace –artículo 135  del Código.
De este modo, la vigencia del artículo 127 es congruente con la del artículo
135 del Código Civil, que establece que el matrimonio se celebrará en presencia
del juez, el secretario y dos testigos. Así, si en el momento de la celebración
del matrimonio se requiere la presencia de dos testigos, tiene sentido que
exista una norma, como el artículo 127, que establezca los requisitos de
habilidad de dichos testigos.
Tal y como se
encontraba regulada la materia antes de las derogatorias introducidas por la
Ley 1564 de 2012, se podían distinguir dos tipos de testigos, los de cualidades
y los testigos presenciales. Los testigos de cualidades, a los que se refería
el artículo 130 eran, como se indicó anteriormente, aquellos a quienes el juez
interrogaba previamente al matrimonio para ilustrar su juicio y probar que los
contrayentes no se encontraban incursos en las causales de nulidad descritas en
el artículo 140 del Código Civil[4].
De otro lado, los testigos presenciales son los que asisten a la ceremonia en
los términos descritos en el artículo 135 del Código. Nada impedía –antes de la
reforma introducida por el Código General del Proceso- que los testigos de
conocimiento sirvieran también como testigos presenciales, pero no
necesariamente coincidían[5].
De otro lado, el artículo 127, que establece las inhabilidades de los testigos,
no diferencia entre ambos tipos de testigos para efectos de determinar quién
puede fungir como tal.
Si bien algún sector
de la doctrina ya había planteado en el pasado que la inhabilidad del artículo
127 del Código Civil sólo aplicaba para los testigos presenciales[6].
A pesar de ello, de la sentencia C-401 de 1999, que declaró la inexequibilidad
de los numerales 5, 6 y 7 del artículo 127 del Código Civil, se desprende que
en su momento, la Corte, consideró que el régimen de inhabilidades también se
aplicaba a los testigos de las cualidades. Sea como sea, el hecho de que se
hayan eliminado los testigos de cualidades, no supone la derogatoria tácita del
artículo 127, porque en todo caso permanece la exigencia de celebrar el
matrimonio ante testigos presenciales y es respecto de los mismos que subsiste
el requisito de habilidad determinado en la norma acusada en el presente caso,
la cual como se mencionó, no diferencia entre testigos de cualidades y
presenciales. Más aún, el enunciado de la norma establece que “no podrán ser
testigos para presenciar y autorizar matrimonio […]” (subrayado
fuera del texto) con lo cual queda claro que este enunciado se refiere a los
testigos presenciales.
Por último, la
derogatoria expresa del artículo 126 del Código Civil, que establecía que el
matrimonio debía celebrarse ante el juez del distrito de vecindad con la
presencia y autorización de dos testigos hábiles, previamente juramentados, no
supone tampoco la derogatoria tácita del artículo 127 del mismo Código, ya que
dicha disposición tenía como fin regular la competencia del juez que celebraba
el matrimonio. Este es por lo demás, el sentido que la misma Corte ha otorgado
a dicho artículo, como ocurrió en la sentencia C-112 de 2000 que examinó
respecto de esta disposición, la facultad del legislador de establecer la
competencia de los jueces en la celebración de matrimonios.
Conforme a lo
anterior, la Corte concluye que el régimen de inhabilidades contemplado en el
artículo 127 del Código Civil sigue vigente y es aplicables hoy en día a los
testigos presenciales ya que los testigos de cualidades fueron derogados por el
Código General del Proceso.
Ahora bien,
respecto de la solicitud del Instituto Colombiano de Derecho Procesal de
integrar la unidad normativa con los artículos 135 y 137 del Código Civil, la
Corte advierte que no se presenta ninguna de las condiciones establecidas por
la jurisprudencia en esta materia.
Este mecanismo
excepcional previsto en el artículo 6 del Decreto 2067
de 1991 procede únicamente: (1) cuando las expresiones demandadas no tienen un sentido claro y
unívoco por sí mismas, es decir fuera del contexto de la norma por lo que se
requiere incluir en el juicio constitucional otros enunciados normativos para
tener una proposición jurídica completa; (2) cuando, teniendo las disposiciones
demandas un sentido autónomo, igual se requiere hacer referencia a otros
elementos normativos contenidos en normas no demandadas que tienen con las
primeras una relación “íntima e inescindible” razón por la cual, para evitar
una sentencia inocua, es necesario extender a las mismas el examen de
constitucionalidad; (3) esto también sucede cuando respecto de estas normas –no
demandadas- existe una sospecha de inconstitucionalidad[7].
En el presente caso, la Sala
encuentra que las disposiciones acusadas del artículo 127 del Código Civil
tienen un sentido claro y autónomo, sin que se evidencie una relación íntima
con el contenido de los artículos 135 y 137, que si bien también mencionan a
los testigos, no regulan el régimen de inhabilidades como lo hace el artículo
127. Finalmente, no existe una sospecha de inconstitucionalidad respecto de las
normas no demandadas que refiere el interviniente.
Por esta razón el examen de
constitucionalidad de la Corte se restringirá a los numerales 8 y 9 del
artículo 127 del Código Civil.
Problema
jurídico y metodología de la decisión
8. Se debate en
el presente caso la inconstitucionalidad del numeral 8 (parcial) y del numeral
9 del artículo 127 del Código Civil con fundamento en que el demandante
considera injustificada la exclusión de las personas condenadas a penas de
reclusión mayores a cuatro años y de los extranjeros no residentes en Colombia
para fungir como testigos de matrimonio civil ante juez.
De un lado, la
expresión acusada en el numeral 8 del artículo 127 del Código Civil puede ser
objeto de dos interpretaciones, ambas inconstitucionales desde la perspectiva
del actor. Como una inhabilitación perpetua para que las personas condenadas a
más de cuatro años de prisión puedan ser testigos de matrimonio, o como una
inhabilitación temporal durante el periodo en el que dure la condena. En
cualquier caso, se trata de una disposición contraria a la Constitución porque
viola el derecho a la igualdad y a la honra de los condenados a penas de cárcel
mayores a cuatro años quienes, no por el hecho de encontrarse presos, pierden
la facultad de percibir los fenómenos que los rodean y dar fe de las relación
de los contrayentes ante el juez que celebra el matrimonio civil. Por lo demás,
la diferencia con los condenados a menos de cuatro años de pena de reclusión,
que no se encuentran inhabilitados por la norma acusada, es irrazonable según
el actor. Asimismo, no resulta constitucional que se establezca esta
prohibición para los condenados a más de cuatro años de pena privativa de la
libertad teniendo en cuenta que hay quienes han sido condenados a penas mucho
mayores pero que, por diversas razones, han sido beneficiarios de una reducción
de penas.
De otra parte,
el numeral 9 del mismo artículo es inconstitucional porque establece una
diferencia no justificada entre nacionales y extranjeros, no obstante el
artículo 100 Superior prevea que los extranjeros tendrán los mismos derechos
civiles que se conceden a los colombianos. A lo anterior se agrega que, con el
desarrollo de las nuevas tecnologías y la evolución del proceso de
globalización, a las personas se les facilita viajar y entrar en contacto con
otros individuos, además no siempre existe un lugar definido de domicilio.
A su vez, la
inhabilidad de ser testigos de matrimonio para los condenados a penas de
reclusión mayores de cuatro años y para los extranjeros no domiciliados en
Colombia, desconoce el ejercicio pleno de la personalidad jurídica de estos
sujetos, que se asimilan a los incapaces para efectos de servir como testigos
de matrimonio.
Algunos
intervinientes y el Procurador General de la Nación defienden la  exequibilidad
de las normas demandadas. Consideran que para ser testigo de matrimonio se
requiere haber tenido cercanía física y social con los contrayentes y tener la
capacidad de informar al juez sobre los aspectos que permiten probar que el consentimiento
manifestado por los cónyuges es libre y espontáneo. La Vista Fiscal resalta que
las medidas acusadas son conformes al artículo 42 de la Constitución que le
concede una relevancia especial al matrimonio como una de las formas de
constituir familia. Así las cosas, las personas privadas de la libertad por más
de cuatro años, o los extranjeros no domiciliados en Colombia, no podrían
servir de testigos de matrimonio porque se encuentran en una situación que les
imposibilita declarar en los términos exigidos por la ley.
Otros
intervinientes solicitan a la Corte que declare inexequibles las disposiciones
acusadas argumentando que efectivamente resultan injustificadas y violatorias
del derecho a la igualdad y a la personalidad jurídica. Dichas intervenciones
replican en parte los argumentos esgrimidos por el demandante y señalan que las
referidas normas son anacrónicas.
Algunas
intervenciones sugieren a la Corte declarar la exequibilidad condicionada del
numeral 8 del artículo 127 del Código Civil, en el entendido que la
inhabilitación para ser testigo de matrimonio, operará únicamente durante el
tiempo de la condena. En efecto, estiman que sería contrario a la Constitución
establecer inhabilidades perpetuas.
Finalmente, una
de las intervenciones, solicita a la Corte que se declare inhibida para
examinar el caso considerando que la norma fue tácitamente derogada por el
artículo 626, literal a), del Código General del Proceso, asunto que ya fue
determinado en esta sentencia (fundamento jurídico 2 a 7).
9. Considerando
lo anterior, la Corte resolverá el siguiente problema jurídico ¿Se desconoce el
derecho a la igualdad (C.P., art. 13), a la honra (C.P., art. 21) y al pleno
ejercicio de la personalidad jurídica (C.P., art. 14) cuando se inhabilita a
las personas condenadas a más de cuatro años de reclusión y a los extranjeros
no domiciliados en Colombia, para ser testigos de matrimonio civil ante juez? ¿Se
desconoce la igualdad entre nacionales y extranjeros consagrada en la
Constitución (C.P., art. 100), al no permitir que los extranjeros no domiciliados
en Colombia puedan ser testigos de matrimonio ante juez?
Con el fin de
dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la sentencia (i) en primer
lugar, fijará el alcance de la facultad del legislador para regular la
institución del matrimonio civil ante juez y los límites que ha reconocido la
jurisprudencia constitucional, en particular con relación al derecho a la
igualdad, los ámbitos de autonomía de las partes y a la libertad en el
consentimiento; (ii) de otro lado, definirá el parámetro de control, que en el
presente caso es la igualdad, y repasará la técnica del juicio integrado de
igualdad; (iii) revisará el régimen de testigos y de inhabilidades, haciendo
énfasis en las cualidades y funciones que éstos cumplen; (iv) finalmente, se
dará solución a los problemas jurídicos planteados.
Alcance de
la facultad del legislador para regular la institución del matrimonio civil
ante juez.
10. El artículo
42 de la Constitución consagra la familia como el núcleo fundamental de la
sociedad y dispone que ésta se conformará por vínculos naturales o jurídicos.
Así las cosas,
la familia como elemento esencial y constitutivo de la sociedad, preexistente
al propio ordenamiento jurídico, goza de especial protección y es por ello que
el matrimonio, como una de las formas de constituirla, se considera una
institución de orden público, esto por cuanto sus formalidades y efectos
–personales y patrimoniales-, son determinados por la ley y no pueden ser
modificados por las partes.
Constituir una
familia y contraer matrimonio, son en sí mismos derechos fundamentales[8]
que se asocian a su vez con un entramado de derechos tales como la dignidad
humana, la autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad, la
igualdad y la intimidad. A pesar de su rango fundamental, el derecho a
constituir una familia, tal como se indicó arriba, se encuentra sometido a las
precisas condiciones que establezca el legislador para su ejercicio. Asimismo,
el constituyente previó que la ley civil regularía las formas de matrimonio, la
edad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y
la disolución del vínculo.
La reserva de
ley prevista por la Constitución en materia de matrimonio y familia, responde
de esta manera a los postulados propios del Estado social y democrático de
derecho que buscan evitar que otros poderes estatales limiten esta institución,
la cual tiene hondos efectos en la organización propia de la sociedad,
desconociendo de paso garantías íntimamente asociadas a la esfera de libertad
de las personas. Como lo ha reconocido en otras ocasiones la Corte,
“Reservar a la “ley” la regulación de los
aspectos centrales del matrimo­nio es pues, un desarrollo de los principios
fundamentales de un estado social y democrático de derecho, que tiene dentro de
sus funciones esenciales “garan­tizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes” constitucio­nales y “facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan”.  El dere­cho a “contraer matrimonio” es constitucional y es funda­mental.
Además, constituye una de las formas más importantes de ejercer la libertad de
fundar una familia. La decisión constitucional
de reservar a la ley la regulación del matrimonio conlleva la defensa de un
espacio propio de decisión que corres­ponde al legislador, de tal suerte que se
impida a otros poderes del Estado descono­cerlo. Esto ocurriría, por ejemplo,
si otra autoridad tratara de
expedir una regulación sobre alguno de los temas específi­camente objeto de la
reserva legal (fijar las formas de matrimonio, los derechos y deberes de los
cónyuges, etc.)”[9].
Cabe reiterar que
el matrimonio produce efectos personales y patrimoniales de gran trascendencia.
De un lado, los efectos personales remiten al
conjunto de derechos y obligaciones que se originan para los cónyuges entre sí
y respecto de sus hijos, tales como la obligación de fidelidad, socorro y ayuda
mutua y convivencia. Por otra parte, los efectos patrimoniales suponen la
creación de la sociedad conyugal o sociedad de bienes[10].
Dichos efectos son tan importantes para la sociedad, que es preciso que sean
regulados en la ley, la cual debe establecer los mecanismos necesarios para
rodear de garantías el consentimiento de los cónyuges, elemento esencial del
matrimonio y fuente de los derechos y obligaciones que de este se desprenden.
Así, la regulación confiada al legislador de un lado, limita la interferencia
de otros poderes públicos y, por otra parte, supone que las partes acepten y se
sometan también a las normas de orden público que gobiernan el matrimonio.
Atendiendo la
reserva de ley en estas materias, el matrimonio y sus formalidades se encuentran reguladas en el Título IV del Libro I en el Código
Civil, que lo define como un contrato solemne, en el que converge la voluntad
de los contrayentes dirigida a producir efectos jurídicos y en el que el
consentimiento es expresado frente a la autoridad competente[11].
11. Ahora bien, no obstante la Corte ha reconocido el amplio
margen de configuración del legislador, derivado
directamente del artículo 42 de la Constitución para
definir las disposiciones relativas al matrimonio, la jurisprudencia ha resaltado que el Congreso también está
llamado a tener en cuenta algunos límites en la regulación de esta institución.
En el marco del respeto al espacio de regulación
propio de la ley en esta materia, el Alto Tribunal ha ido de este modo
interpretando a la luz de la Constitución, algunas de las disposiciones del
matrimonio reguladas en el Código Civil aclarando de esta manera los ámbitos de
intervención del legislador.
Así pues, la intervención de la Corte con respecto a la regulación
de la institución matrimonial, se ha encaminado a precisar y delimitar los
espacios que el legislador no puede invadir y que en general se relacionan con
la igualdad, la intimidad y las esferas propias de la autonomía personal como
el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia.
12. De este modo, la jurisprudencia ha advertido que las normas
que regulan el matrimonio o que disponen sus formalidades, no pueden emplear
categorías sospechosas para establecer diferencias entre los contrayentes o
para excluir a ciertas personas. Con fundamento en lo
anterior, sentencias como la C-112 de 2000, C-401 de 1999, C-082 de 1999, C-007
de 2001, C-482 de 2003, han reinterpretado o excluido del ordenamiento jurídico
disposiciones y expresiones consideradas discriminatorias en lo relativo a la
regulación del matrimonio y sus formas de disolución.
Para efectos del
caso que se examina en la presente ocasión, resulta importante repasar la
sentencia C-401 de 1999[12] que examinó la constitucionalidad
de tres de los numerarles del artículo 127 del Código Civil sobre testigos
inhábiles –el 5 que hacía referencia a los ciegos, el 6 a los sordos y el 7 a
los mudos-, declarándolos inexequibles. La demanda que se examinaba en aquella
ocasión, reprochaba una violación del derecho a la igualdad por consagrar una
discriminación en desventaja de las personas limitadas físicamente como los
ciegos, sordos y mudos, que el legislador no consideraba como testigos válidos
de un matrimonio civil. La sentencia estimó que estas personas sí podían
deponer e ilustrar el juicio frente al funcionario competente respecto de las
situaciones enunciadas en el artículo 140 del Código Civil. Lo anterior se
expresó en los siguientes términos:
“En opinión de la Corte, al confrontar el artículo 127
del Código Civil con la normativa superior, encuentra la Corporación que el
legislador ha consagrado una discriminación respecto a un grupo de personas con
limitaciones físicas (invidentes, sordos y mudos), a quienes inhabilitan para
declarar como testigos en el trámite previo e impedir que presencien la
celebración del matrimonio civil. Así pues, encuentra la Corte que
descartar  a priori como se ha dicho, a los sordos, mudos e invidentes de
la calidad de testigos hábiles, es aceptar una discriminación más aberrante,
aún si se tiene en cuenta su propia naturaleza, que además, como toda
discriminación, abriría el paso a otras nuevas más sofisticadas, pero de toda
suerte contrarias a la igualdad de todas las personas protegidas por la
Constitución Política.
(…) En este orden de ideas, el artículo 127 de la
Carta, a juicio de la Corte, restringe la posibilidad a un grupo de personas
para que sean testigos de un matrimonio, lo cual, a no dudarlo resulta
discriminatorio, irrazonable, desproporcionado e injustificado, contrario en
últimas al artículo 13 de la Carta, pues si bien es cierto que ellos carecen o
están limitados de un órgano o sentido, ello no impide que perciban la
ocurrencia de los fenómenos naturales, sociales, económicos, morales, éticos,
etc., mediante otro sentido u órgano y que tales hechos del mundo externo, no
pueden ser expuestos o vertidos en forma cierta y verídica, o fidedigna ante un
funcionario judicial, para que éste se forme un juicio o una idea y pueda
valorarla, y en consecuencia actuar positiva o  negativamente frente a la
misma, máxime cuando hoy en día, los adelantos  científicos y tecnológicos
permiten su completa realización personal y su total integración económica,
social y cultural el mundo contemporáneo.
(…) Así pues, no entiende esta Corte, cómo el artículo
127 del Estatuto Civil, discrimina, en razón de una condición física (carencia
de los órganos de la vista y el oído), cuando desde el punto de vista de la
capacidad civil, el legislador no discrimina a los ciegos, sordos y mudos, para
desarrollar actos civiles como el matrimonio, el cual modifica el estado civil
de las personas o para ejercer comportamientos de disposición de intereses
patrimoniales, o para contraer derechos y adquirir obligaciones e inclusive
para ocupar cargos públicos de diferente índole”.
Adicionalmente, la
sentencia consideró, que no solo se desconoce el derecho a la igualdad al
discriminar de manera injustificada a las personas ciegas, sordas y mudas, sino
que se vulnera también el postulado de la buena fe (art. 83 CP):
“De lo anterior se desprende que las actuaciones
desarrolladas por los invidentes, sordos y mudos deben estar amparados por la
práctica de esta presunción, más aún cuando se tramitan ante las autoridades
públicas, por lo tanto, la declaración que rindan como testigos para autorizar
o presenciar un matrimonio civil, quedan cobijadas por el mismo principio, y
por ende, el legislador no puede discriminarlos e imposibilitar ser escuchados
como testigos en tales diligencias nupciales de orden judicial, pues su
deposición al igual que la de cualquier otro ciudadano, debe ceñirse a la
honestidad, la lealtad y por supuesto estar siempre acorde con el
comportamiento que puede esperarse de una persona correcta, por lo que la buena
fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere
fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada”.
Por su parte, la
sentencia C-082 de 1999[13], estudió una demandan
presentada contra el numeral 7 del artículo 140 del Código Civil, que disponía
como causal de nulidad del matrimonio “Cuando se ha celebrado entre la mujer
adúltera y su cómplice, siempre que antes de efectuarse el matrimonio se
hubiere declarado, en juicio, probado el adulterio" por el
desconocimiento del derecho a la igualdad, a la intimidad y al libre desarrollo
de la personalidad. Si bien la providencia reconoció el margen de acción del
Legislador en materia de regulación del matrimonio, consideró en aquella
ocasión que violaron postulados constitucionales y que la medida examinada era
irrazonable porque resultaba discriminatoria para las mujeres:
“Al tenor de lo expuesto, no cabe duda de que la
disposición acusada establece una injerencia indebida en el ámbito de la
libertad individual. Tal vez cuando el adulterio era penalizado, se podía
concebir que, en función del delito, se limitara el libre desarrollo de la
personalidad; sin embargo,  hoy en día, a la luz de la Carta de 1991, no es
razonable desestimar u obstaculizar la decisión del sujeto respecto a su unión
marital y mucho menos hacerlo en razón del sexo al que pertenece”.
Otra
sentencia que evaluó la posible extralimitación en la facultad del legislador
de regular la institución matrimonial por el desconocimiento del derecho a la
igualdad, fue la C-112 de
2000[14],
en la que la Corte se planteó el problema de establecer si la ley podía
preferir el lugar de residencia de la mujer al del hombre, para fijar la
competencia del funcionario sin violar la igualdad entre los sexos. Aunque la
sentencia reconoció el amplio margen del Legislador para determinar las
competencias y regular la forma del matrimonio, aclaró que dicha libertad no es
absoluta. En este sentido, estimó que no existía ninguna finalidad que
justificara asignar la competencia al juez del lugar de residencia del cónyuge
de un determinado género. En palabras de la Corte:
“13- No existe pues una razón
clara, en la tradición civilista colombiana, que explique la preferencia del
domicilio de la mujer. Y las razones hipotéticas que pueden aducirse resultan todas
inadmisibles constitucionalmente, en la medida en que perpetúan estereotipos
contra la mujer. Así, algunos podrían considerar que, en la medida en que esa
norma data del siglo pasado, época en que la mujer casada era jurídicamente
incapaz, y debía seguir en su domicilio al marido, entonces la decisión
legislativa de ordenar que el matrimonio se celebre en el vecindario de la
futura esposa, pretendía proteger a la mujer, por los graves efectos que el
vínculo matrimonial tendría en su autonomía. Otros podrían argumentar que esa
disposición deriva del hecho de que la tradición social señala que corresponde
a los padres de la esposa sufragar los gastos de la ceremonia nupcial, por lo
cual ésta debe adelantarse en la residencia de la mujer. Pero es obvio que ese
tipo de eventuales justificaciones son inadmisibles, en un ordenamiento
constitucional que reconoce la igualdad entre los sexos (CP arts 13 y 43).
La Corte concluye entonces que
el actor tiene razón en que estamos frente a una diferenciación
inconstitucional, pues la ley recurre, sin ninguna razón de peso que lo
justifique, a una distinción fundada en el sexo. Esa regulación deberá entonces
ser declarada inexequible”.
La sentencia C-1440
de 2000[15] también analizó la posible
violación del derecho a la igualdad de la mujer con relación a los artículos
173 y 174 del Código Civil, declarándolos inexequibles al no encontrar
justificación ni razonabilidad alguna en las medidas que restringían la
posibilidad de la mujer embarazada para contraer segundas nupcias:
Encuentra la Corte, en consecuencia, que los artículos
173 y 174 del Código Civil, en cuanto condiciona las segundas nupcias de la
mujer en ellos previstas, violan sus derechos a la libertad, a la honra y al
libre desarrollo de la personalidad.
Es evidente que los dictados de las referidas normas
no resultan hoy razonables, ni proporcionadas al fin perseguido, miradas las
limitaciones que se imponen a los aludidos derechos fundamentales de la mujer”.
En la sentencia
C-007 de 2001[16] se examinó la
constitucionalidad del numeral 6 del artículo 140 del Código Civil,
considerando que la causal de nulidad consistente en “Cuando no ha habido
libertad en el consentimiento de la mujer, por haber sido ésta robada
violentamente, a menos que consienta en él, estando fuera del poder del raptor”
desconocía
los artículos 13, 16, 18, 42 y 43  la Constitución. En aquella
ocasión la Corte extendió la medida no solo a las mujeres sino también a los
hombres,
“Como se expresó, la transgresión de la Carta no se
origina en la posibilidad de que la mujer convalide el matrimonio celebrado
como consecuencia del rapto. Por el contrario, la Sala explicó que esa decisión
libre y voluntaria es una manifestación de la libertad de autodeterminación de
los cónyuges, por lo que la disposición no sólo no viola la Constitución sino
que la desarrolla. No obstante, la Corte encuentra que es inconstitucional que
la norma haya excluido al hombre, por lo que la norma acusada no puede
continuar en el ordenamiento jurídico tal y como está. En consecuencia, la
decisión de la Corte no puede ser de inexequibilidad o exequibilidad pura y
simple”.
La sentencia C-482
de 2003[17], estudió la constitucionalidad
del artículo 140 del Código Civil que preceptúa que “el matrimonio es nulo y
sin efectos”, entre otros casos, en la hipótesis prevista en su numeral 11,
a saber: “cuando se ha contraído entre el padre adoptante y la hija
adoptiva, o entre el hijo adoptivo y la madre adoptante, o la mujer que fue
esposa del adoptante” considerando que desconocía el derecho a la igualdad
por establecer una diferencia de géneros. También en este caso, la medida fue
extendida a los hombres al declarar la norma exequible condicionada
considerando:
“Si por razones de política legislativa la ley estima
que una forma de protección de la familia, es la sanción de nulidad para el
matrimonio celebrado en la primera de las hipótesis a que se ha hecho alusión,
mediante la cual se excluye de validez el matrimonio civil celebrado entre el
varón hijo adoptivo de otro y la cónyuge de este último, no se encuentra
ninguna razón de orden jurídico para asignarle validez al matrimonio que
celebre quien fue cónyuge de la mujer adoptante con la hija adoptiva de ésta.
Ello, con absoluta claridad establece una desigualdad
de trato para situaciones idénticas. La misma relación que existe entre el
padre adoptante y el hijo adoptivo, existe entre la madre adoptante y la hija
adoptiva.  E igualmente son matrimonios el contraído entre el hijo adoptivo de
un varón y la mujer que fue esposa del adoptante, como el celebrado entre la
hija adoptiva de una mujer y el hombre que fue marido de ésta”.
Las sentencias
anteriormente reseñadas demuestran que la Corte ha sido estricta al examinar
normas que consagraran diferencias entre las personas en virtud de criterios
sospechosos, especialmente de género. Así, considerando que el Código Civil
data de finales del siglo XIX, la jurisprudencia ha hecho un esfuerzo por
excluir las normas que resultan discriminatorias o para interpretarlas conforme
al nuevo contexto constitucional.
13. La Corte
también ha examinado con mucho rigor la facultad del legislador de regular la
institución del matrimonio con relación al ámbito de la autonomía de las partes
y de la libertad en el consentimiento que representa el fundamento de las
obligaciones que se desprenden del vínculo marital. Como se señaló
anteriormente, el consentimiento libre es esencial para darle validez al
matrimonio, con todos los efectos personales y patrimoniales que este conlleva.
De este modo, es necesario que las partes sean conscientes de las implicaciones
del vínculo matrimonial y que el consentimiento sea expresión de una decisión
libre y meditada acerca de sus efectos. Por su parte, la posibilidad de
solicitar la disolución del matrimonio también debe respetar el ámbito de
autonomía de los contrayentes.
En algunas
sentencias, como la C-344 de 1993 y la C-1264 de 2000, la Corte ha considerado
que ciertas medidas que busquen desincentivar el matrimonio entre adolescentes
o menores adultos son restricciones válidas y razonables a su libertad y
autonomía. En otras providencias, como la C-507 de 2004, se ha destacado la
importancia de proteger la libertad y el consentimiento de los menores,
específicamente de las mujeres adolescentes.
La sentencia C-344 de 1993[18],
que examinó una demanda contra los artículos 117, 124, y 1266 ordinal 4 del
Código Civil, planteó que conforme al artículo 42 Superior, es la ley la
encargada de regular la edad y la capacidad para contraer matrimonio, por lo
cual, exigir el permiso de los padres a los menores adultos que deseen contraer
matrimonio, no contraviene la Constitución, en efecto,
“Pretender que la constitución
de 1991 ha eliminado la autoridad de los padres en  la familia, es absurdo
que no resiste análisis, pues pugna con normas expresas, como estas:
a.) Según el artículo 5,
"El Estado... ampara a la familia como institución básica de la
sociedad". Este amparo tiene que comenzar por defender su estructura
básica, uno de cuyos componentes es la autoridad de los padres.
b.) El inciso cuarto del
artículo 68 reconoce a los padres de familia el "derecho de escoger el
tipo de educación de sus hijos menores". Y cabe preguntarse: si pueden
escoger el tipo de educación de los menores, ¿por qué considerar excesivo el que
se pida su permiso para casarse?
c.) De conformidad con el
artículo 45, inciso primero, "El adolescente tiene derecho a la protección
y a la formación integral". ¿Acaso tal derecho del adolescente no implica
el reconocer a los padres la facultad de desaconsejar el matrimonio, en
general, y  especialmente cuando éste es ostensiblemente inconveniente?
3o.) La autoridad, en
consecuencia, no ha desaparecido en la familia. Otra cosa es que deba ser una
autoridad racional, que es la que se ejerce en bien de quien la soporta. En
este caso, en bien del hijo menor de edad” […].
En aquella oportunidad la Corte estimó que ni la solicitud de
permiso, ni el desheredamiento por la ausencia del mismo, desconocía los
derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, derecho este
último que debe evaluarse y considerarse de manera diferente en cada etapa de
la vida.
En tiempos recientes la Corte
realizó un nuevo juicio, en particular respecto de la sanción por
desheredamiento contenida en el mismo artículo 124 del Código Civil, otorgando
un peso mayor a los derechos a la intimidad familiar y al libre desarrollo de
la personalidad jurídica , por consiguiente, declarando inexequible la
expresión  “Si alguno de estos muriere sin
hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la porción de
bienes que le hubiere correspondido en la sucesión del difunto”. En la sentencia C-552 de
2014[19] se
estimó que resultaba “contradictorio e inconstitucional” que, por un
lado, la ley otorgara plenos efectos civiles al matrimonio entre menores
adultos y, por otra parte, impusiera una sanción civil a los mismos cuando no
hubiesen obtenido el consentimiento de un ascendiente. Efectivamente, este
asunto:
“(i) corresponde a la intimidad de la familia- (15 CP) y (ii)
restringe injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad
del legitimario (16 CP), al desbordar el límite autoimpuesto por el menor de
edad -casarse bajo el supuesto de una eventual sanción civil por parte de su
ascendiente- más no que la ley suplante al agraviado e imponga la pena
económica.
7.4. La sanción civil impuesta por el Legislador en un asunto
propio de la intimidad de la familia, el cual no solo es abusivo, sino que
trasgrede injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad
del menor que contrae matrimonio, pues si bien, en desarrollo de su autonomía
de la voluntad decide celebrar dicho acto jurídico a sabiendas de que su
ascendiente puede privarlo de todo o en parte de la herencia, al desaparecer la
parte activa del agravio, es inconstitucional la limitación que la ley impone
al descendiente. Razón por la cual, la Corte considera que se vulneran los
artículos 15 y 16 de la Constitución y declarará la inexequibilidad de la
expresión acusada”.
En la
sentencia C-1264 de 2000[20] la Corte consideró que
no era contrario a la Constitución que los padres o ascendientes de los menores
adultos que contrajeran matrimonio sin permiso de los mismos, revocaran las
donaciones realizadas antes de su celebración ya que por el hecho del
matrimonio, el menor adquiere capacidad legal plena –en los términos del art.
14 CP- para poder disponer de sus bienes. Ni la validez del contrato de
matrimonio ni la del contrato de donación se afectan por la ausencia de permiso.
En esta sentencia se reiteró que a la ley le compete fijar las obligaciones y
derechos entre padres e hijos de acuerdo con lo consagrado en los artículos 42
y 44 Superiores. Se estimó que tampoco resultaban vulnerados los artículos 16 y
18 de la Constitución por desconocer el derecho a la autodeterminación del
menor  y su libertad de conciencia ya que no se establecía propiamente una
prohibición para que el menor contrajera matrimonio, sino una autorización  para
que el donante pudiera revocar las donaciones si así lo consideraba conforme a
sus convicciones y para proteger al omiso de su inexperiencia. Aunque la norma
puede disuadir al menor de casarse, la decisión de revocar las donaciones es
una interferencia razonable de padres o ascendientes “atendiendo la falta
de madurez emocional del menor y la responsabilidad que implica conformar una familia”.
La
sentencia advirtió:
“Si bien es cierto que el varón mayor de catorce años y la mujer
mayor de doce, han alcanzado un desarrollo físico apropiado para la convivencia
y la procreación, también lo es que no han adquirido aún la mayoría de edad que
permite presumir que sus decisiones sean producto de una personalidad reflexiva
-Art. 1502 C.C.-. Por lo tanto, así sus condiciones físicas y sus convicciones
les permitan elegir el estado matrimonial, a sus padres les asiste todavía el
deber y la obligación correlativa de guiarlos en el ejercicio de su libertad y
la posibilidad cierta de hacerlos recapacitar respecto de sus decisiones -Ley
12 de 1991, Convención Sobre Derechos del Niño, artículo 14 numeral 2-.[6]
Por consiguiente, para la Corte resulta razonable la interferencia
que la ley autoriza a los padres o ascendientes para guiar a los adolescentes
en la transcendental decisión de contraer matrimonio, con el fin de obligarlos
a reflexionar respecto de su decisión, puesto que el contrato matrimonial, es
una opción de vida que afecta íntima y profundamente la existencia no solo de
quienes lo celebran, sino de sus hijos y de los demás integrantes del núcleo
familiar”.
Tampoco se desconoce el derecho a la intimidad familiar (art. 15
CP) por cuanto el proceso de revocación de la donación sólo interesa a las
partes. En general, la Corte consideró, en el citado fallo, que la institución
regulada en el Código no desconocía los principios inspiradores de la familia
protegidos y garantizados por la Constitución, sino que, por el contrario
desarrollaba los postulados de dignidad humana, los derechos inalienables de la
persona y la protección  que el Estado y la sociedad deben a la familia
como institución básica y núcleo fundamental de la sociedad -Arts. 1°, 5° y 42
C.P-,
“De otra parte, no puede considerarse contrario a los
principios constitucionales que reconocen a la familia como institución básica
de la sociedad y garantizan su protección, que se proporcione a los padres, y
en ausencia de estos a los ascendientes, instrumentos que, como se dijo, puedan
mitigar los inconvenientes de dotar de plena capacidad jurídica a quienes no
están preparados para administrar y disponer debidamente de su propio
patrimonio. Al respecto, no escapa a la Corte la necesidad de dotar al menor
que contrae matrimonio de una capacidad jurídica plena puesto que, de seguir
bajo la patria potestad del padre o de un curador, se restringiría la autonomía
que requiere para conformar su propia familia”.
Así,
la interpretación de los artículos 117, 124 y 125 del Código Civil fueron
inicialmente considerados acordes con la Constitución porque la necesidad de
obtener el permiso de los padres, y el consecuente desheredamiento o revocación
de las donaciones, se  asumía como un límite razonable y enmarcado en la
facultad de regulación del legislador en materia de matrimonio y porque se consideraban
medidas disuasivas legítimas para evitar el matrimonio de quienes no han
desarrollado aún su capacidad jurídica plena.
Por su parte, la sentencia C-507 de 2004[21] analizó una de las
causales de nulidad dispuestas en el artículo 140 del Código Civil, la cual
disponía que era nulo el matrimonio celebrado entre mujer menor de doce años y
varón menor de catorce años. En esta ocasión la Corte estimó que la diferencia
entre hombres y mujeres en la disposición acusada era violatoria de la
Constitución, desamparaba a la mujer y no se apoyaba en ninguna finalidad
válida que la justificara. De este modo, al establecer que la mujer podía
contraer matrimonio a los 14 años, al igual que el varón, se pretendió
preservar los derechos de las adolescentes y asegurar que tenían la madurez
necesaria para poder tomar dicha decisión,
“A
la luz de la Constitución Política es inconstitucional fijar la edad mínima a
los 12 años de edad para que las mujeres contraigan matrimonio, cuando ésta es
de 14 años para los varones. La regla supone afectar en alto grado  (1) el
derecho al desarrollo libre armónico e integral de las menores y el pleno
ejercicio de sus derechos,  (2) el derecho a que el Estado adopte las medidas
de protección adecuadas y necesarias para garantizar tales derechos, y
(3) el derecho a la igualdad de protección de los niños y las niñas. Impedir el
matrimonio de las mujeres a los 12 años afecta levemente, por el
contrario,  (4) el derecho a conformar una familia, y  (5) el derecho
a la autonomía, y  (6) no desconoce el margen de configuración del
legislador en materia de matrimonio. Por lo tanto, pesan mucho más los
argumentos a favor de asegurar la igual protección de niñas y niños.
(…)   De acuerdo a la Constitución y a los demás tratados y convenios de
derechos humanos sobre la materia, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que “(…) la ley debe ser celosa en rodear al pacto conyugal de las
circunstancias que aseguren un consentimiento verdaderamente libre,
incondi­cional y vincu­lan­te, es decir capaz de crear el nexo jurídico a que
se ha hecho refe­rencia.” La expresión del consentimiento no es un mero acto
ritual; las formalidades no son la esencia del matrimonio. Por esto, las
exigencias relativas a la capacidad y madurez de los contrayentes que postulan
las diversas legislaciones, les garantizan dar un consentimiento libre e
incondicionado, y los protege del error en el que puedan incurrir”.
La importancia que
tiene el consentimiento en el matrimonio y la consecuente necesidad de
garantizar que el mismo sea libre y, por consiguiente vinculante, es decir, que
tenga efectivamente la capacidad de crear el nexo jurídico, fue un asunto
también examinado en la sentencia C-588 de 2000[22].
En esta providencia, se analizó una demanda de inconstitucionalidad formulada
contra los artículos 140 numeral 5 y 145 del Código Civil, por considerar que al permitir que en el matrimonio el vicio de fuerza en
el consentimiento sea subsanado por ratificación expresa o por la sola
cohabitación de los consortes, las normas desconocían la Constitución al
tolerar una violación de los derechos fundamentales a la libertad, a la
intimidad, y al libre desarrollo de la personalidad. La sentencia señaló lo
siguiente:
“La expresión del consentimiento no es pues un mero
acto ritual en el cual las formalidades hacen surgir las obligaciones. Estas
formalidades tampoco son la esencia del matrimonio. De ser así, no podría sanearse la nulidad del
matrimonio generada por falta de celebración ante juez y testigos competentes[23].
El consentimiento es, en cambio, la única causa de las obligaciones conyugales
y por ello debe ser claro, libre e incondicional en el sentido de aceptar al
otro como esposo o esposa. Por eso las diversas legislaciones postulan
exigencias relativas a la capacidad y madurez de los contrayentes y así mismo
los protegen del error en el que puedan incurrir. Dentro de este contexto se
ubica también la norma bajo examen, que pretende garantizar un consentimiento
matrimonial libre de fuerza”.
Ahora bien, en la
sentencia C-008 de 2010[24], se consideró contrario a la
Constitución, y en particular al libre desarrollo de la personalidad, la
prohibición de solicitar la nulidad del matrimonio contraído por mujer impúber
cuando esta hubiese quedado embarazada, tal y como lo prescribía el artículo
143 del Código Civil, por cuanto esta disposición limitaba el ámbito de
autonomía de las mujeres impúberes:
“Estima la Corte, entonces, que la prohibición de
solicitar la nulidad del matrimonio entre impúberes o del contraído por mujer
impúber como consecuencia de haberse presentado la concepción, implica una
restricción injustificada del derecho al libre desarrollo de la personalidad de
estos niños y niñas. Tal limitación trae especiales consecuencias negativas en
el derecho a la libre autodeterminación de la niñas impúberes grávidas. Estas
niñas suelen permanecer al albur de sus maridos quienes resuelven si ellas
deben o no visitar al médico; si ellas deben o no tener contacto con sus
familiares y amigos; si ellas deben o no proseguir sus estudios. En suma:
impedir que se solicite la nulidad del matrimonio contraído entre impúberes –o
púberes dentro de los tres meses siguientes a su llegada a la pubertad–, que
han concebido así como la nulidad del matrimonio contraído con una mujer
impúber –o púber dentro de los tres meses siguientes a su llegada a la
pubertad– que ha concebido, significa despojar a los y a las impúberes de un
instrumento valioso para ejercer su derecho a decidir de manera libre y
autónoma y termina dejándoles abandonados a su propia suerte”.
En otras sentencias, como en la
C-448 de 2015[25],
que examinó la constitucionalidad de la revalidación del matrimonio celebrado in
extremis, la Corte consideró que es tal la importancia del consentimiento
que es válido y razonable solicitar la revalidación del matrimonio cuando no
ocurre la muerte en los cuarenta días siguientes a la primera celebración. De
este modo, se garantiza que las partes, liberadas de la inminencia de la
muerte, puedan dar su consentimiento libre sometiéndose a las formalidades
exigidas por el Código para permitir la oposición de terceros. En este sentido:
“Exigir la
revalidación del matrimonio in extremis no es una medida que desconozca el
artículo 13 de la igualdad porque
resulta razonable que se exija a quienes otorgan su consentimiento al borde de
la muerte, la revalidación de su consentimiento con las formalidades legales y
la confirmación de su compromiso de contraer matrimonio para cumplir los fines
enunciados en el artículo 113 del Código Civil y para permitir la oposición de
terceros”.
14. Como se
indicó anteriormente, el estudio de la jurisprudencia en el tema de matrimonio resulta
importante para establecer cómo la Corte ha definido el alcance del margen de
configuración del legislador.
Es este sentido,
es posible identificar que, en materia de igualdad, la Corte es muy estricta en
rechazar tratamientos diferenciados con base en criterios sospechosos, sobre
todo los relativos al género. Así, considerando el nuevo ordenamiento
constitucional, algunas disposiciones del Código Civil que hoy en día resultan abiertamente
contrarias a los postulados y principios consagrados en la Carta Política de
1991 han sido expulsadas o reinterpretadas.
Ahora bien, la
jurisprudencia ha reconocido la necesidad de garantizar el consentimiento libre
de los cónyuges en el contrato matrimonial. Como se anotó antes, el
consentimiento es el elemento fundamental del matrimonio y del mismo se derivan
los derechos y las obligaciones de las partes por lo que, en principio, se han
admitido las normas orientadas a asegurar que ese consentimiento sea libre y
carente de vicios, así pueda suponer ciertas limitaciones, por supuesto no
irrazonables, para los derechos de las partes, pero también se se han excluido
las disposiciones que limitan el ámbito de libertad de las partes para decidir
si desean o no contraer matrimonio o permanecer casadas.
15. En resumidas
cuentas, la Corte reitera que la reserva de ley en temas de familia y en la
regulación del matrimonio, es una expresión del constitucionalismo democrático
y pretende garantizar el sometimiento de las autoridades y de las particulares
a normas de orden público de profunda relevancia para la sociedad, considerando
que la familia y el matrimonio, como una de las formas de constituirla, tiene
efectos personales y patrimoniales.
No obstante lo
anterior, el margen de configuración legislativa en estas materias está sujeto
a la Constitución, razón por la cual, las disposiciones que regulen la familia
y el matrimonio deben respetar las garantías y derechos fundamentales de las
partes que no pueden ser irrazonable e injustificadamente restringidos.
En este orden de
ideas, el legislador no puede emplear por regla general criterios sospechosos
para otorgar un tratamiento diferenciado a las personas a menos de que lo
justifique en una finalidad imperiosa.
Los ámbitos de
libertad y autonomía también se encuentran protegidos por lo cual en principio
son válidas las medidas tendientes a garantizar el consentimiento libre de las
partes a la hora de celebrar el matrimonio, teniendo en cuenta que es
precisamente el consentimiento la esencia misma de esta institución.
Parámetro de
control: el derecho a la igualdad.
16. El derecho
fundamental a la igualdad, es uno de los pilares fundamentales del Estado
social y democrático de derecho y se encuentra consagrado en el artículo 13 Superior
y en tratados internacionales ratificados por Colombia como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966 (Arts. 2 y 3),
aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (Art. 24), aprobada
mediante la Ley 16 de 1972.
La jurisprudencia
ha reconocido tres dimensiones del derecho: (1) de un lado la igualdad ante la
ley, lo cual supone que esta sea aplicada de la misma forma a todas las
personas, sin que esto implique que la ley deba dar un tratamiento igual a
todos los individuos; (2) por otra parte, la igualdad de trato garantiza que no
se trate de manera diferente a sujetos que se encuentren en la misma situación
o de manera igual a quienes se encuentren en situaciones diferentes, evitando diferencias
de trato que no sean razonables; (3) finalmente, la tercera dimensión de este
derecho es la igualdad de protección, que implica que la ley sea igual para
quienes así lo necesitan, por consiguiente se trata de una cuestión relativa al
tipo y grado de protección que debe ser asegurado por el Estado entre grupos de
personas comparables.
Es el legislador el
competente para establecer el grado de protección que necesitan gru­pos de
personas comparables y el juez, en estos casos, sólo está llamado a verificar
si se han respetado los mínimos de protec­ción constitucionalmente
ordenados, si la desprotección de un grupo excede los márgenes
constitucionalmente admisibles, o si la menor protección relativa de un
grupo obedecen a una discriminación, lo cual estaría constitucional­mente
prohibido[26].
17. Una de las
técnicas para examinar la presunta afectación del principio de igualdad, es el
de la aplicación del juicio integrado de igualdad. La Corte ha ido
desarrollando tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio de
comparación: patrón de igualdad o tertium comparationis, valga decir,
precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se
compara sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y
en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre
desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato está
constitucionalmente justificada, es decir, si las situaciones objeto de la
comparación ameritan un trato diferente desde la Constitución[27]. El test de igualdad, que se
aplica en el juicio integrado de igualdad, en su metodología busca analizar
tres objetos: (i) el fin buscado por la medida, (ii) el medio empleado y (iii)
la relación entre el medio y el fin.
La
jurisprudencia ha considerado que pueden ser criterios sospechosos y
potencialmente prohibidos aquellos,
“(i) que se fundan en rasgos permanentes
de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia,
a riesgo de perder su identidad; además (ii) esas características han estado
sometidas, históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a
menospreciarlas; en tercer término, esos puntos de vista (iii) no constituyen,
per se, criterios con base en los cuales sea posible efectuar una distribución
o reparto racionales y equitativos de bienes, derechos o cargas sociales.
Finalmente, (iv) en otras decisiones, esta Corporación ha también indicado que
los criterios indicados en el artículo 13 superior deben también ser
considerados sospechosos, no sólo por cuanto se encuentran explícitamente
señalados por el texto constitucional, sino también porque han estado
históricamente asociados a prácticas discriminatorias”[28].
A su vez, el
juicio de razonabilidad puede tener distintos niveles de intensidad en función
de la materia sobre la cual recaiga la norma demandada y si el criterio es
“sospechoso” o “neutral”:
(i) Se aplica
un control débil o flexible cuando, por el amplio margen de configuración del
Legislador en determinada materia, solo se justifica realizar un estudio sobre
la finalidad y la idoneidad de la medida, es decir que basta con que el fin
buscado y el medio empleado no estén constitucionalmente prohibidos, y que el
medio sea adecuado para alcanzar el fin propuesto, esto con el objetivo de
evitar decisiones arbitrarias o caprichosas. Generalmente las materias en las
que se ha empleado este test son las económicas, tributarias o de política
internacional, cuando se trata de una competencia específica definida por la
Constitución en cabeza de un órgano constitucional, en los casos de
normatividad preconstitucional derogada que aún surte efectos en el presente
cuando del contexto normativo del artículo demandado no se aprecie prima
facie una amenaza para el derecho en cuestión[29];
(ii) se emplea un juicio intermedio cuando el juez considera que
pudo haberse presentado una situación arbitraria, o cuando se ha vulnerado un
derecho constitucional no fundamental o cuando la medida genera dudas sobre la
afectación del goce de un derecho fundamental, por lo cual habrá que establecer
si la medida cumple un fin importante y si es efectivamente conducente; rara
vez se aplicará el estudio de proporcionalidad;
(iii)
finalmente, el examen estricto supone un estudio integral de proporcionalidad
en el que se analiza si existe una finalidad imperiosa, si la medida es
adecuada y efectivamente conducente, si es necesaria y si es proporcional en
sentido estricto; este juicio se requiere cuando los valores y principios
constitucionales se encuentran en riesgo y cuando se adoptan categorías
sospechosas como la raza, la orientación sexual o la filiación política, que se
presumen inconstitucionales a menos que se justifique su adopción. La jurisprudencia ha señalado que este
juicio se aplica cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las
enumeradas en forma no taxativa a manera de prohibiciones de discriminación en
el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución, cuando la medida recae
principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos
marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma  de
decisiones o minorías insulares y discretas, cuando la medida que hace la
diferenciación entre personas o grupos prima facie afecta gravemente el goce de
un derecho constitucional fundamental, cuando se examina una medida que crea un
privilegio.
En otras palabras,
no puede aplicarse la misma intensidad de juicio a todas las situaciones. De
este modo, es distinto examinar una ley en materia económica, en la que el
legislador tiene una mayor margen de acción, que una en la que potencialmente
se restringen derechos y garantías fundamentales, más aún cuando se fundamentan
en criterios sospechosos. El mayor o menor margen de configuración del
legislador se traduce en una intensidad mayor o menor del juicio[30]. La Corte ha
considerado entonces que:
“El control material de la
Corte de estas definiciones legislativas busca preservar al mismo tiempo la
supremacía de la Carta y la libertad política del Legislador.  Por ello,
el control constitucional en este campo es ante todo un control de límites,
pues no puede la Corte aceptar definiciones legales que contraríen la
estructura constitucional o vulneren principios y derechos reconocidos por la
Carta. Pero tampoco puede la Corte interpretar la Constitución de manera tal
que desconozca el pluralismo político y la alternancia de diferentes políticas,
pues la Carta es un marco de coincidencias básico, dentro del cual coexisten
visiones políticas diversas.
Ese control de límites varía
su intensidad dependiendo de la propia complejidad y desarrollo de la
construcción constitucional de un determinado concepto o institución.
Así, si la determinación de los elementos estructurales de un concepto es más o
menos completa, esto hace más estricto el control constitucional del acto
normativo que desarrolla el mencionado concepto pues, en tales casos, el
Constituyente ha limitado el ámbito de acción del legislador. Por el contrario,
si la protección constitucional solamente se predica de ciertos elementos, los
cuales no delimitan perfectamente la figura jurídica del caso, el Congreso
tiene una amplia libertad para optar por las diversas alternativas legítimas
del concepto, obviamente respetando el marco constitucional fijado. En efecto,
en función del pluralismo político, la soberanía popular, el principio
democrático y la cláusula general de competencia del Congreso (CP arts 1º, 3º,
8º y 150), se entiende que cuando la Constitución  ha guardado silencio
sobre un determinado punto es porque ha querido dejar un espacio abierto amplio
para diferentes regulaciones y opciones de parte del Legislador”[31]
La figura del testigo de matrimonio.
Naturaleza y régimen de inhabilidades.
18. Los
términos “testimonium” y “testis” se remontan al derecho latino y
fueron empleados en diversos ámbitos con la finalidad de demostrar, dejar
constancia o reconocer cierta situación o hecho[32].
Específicamente en el derecho procesal, su rol se encuentra claramente definido
en el ámbito probatorio.
El testigo
llamado ante el juez en cualquier proceso, tiene la obligación de decir la
verdad. Si bien la regla general es presumir la buena fe de los particulares,
en el caso de los procesos judiciales, cuando está en juego el interés general,
se prevén mecanismos como el juramento de los testigos para verificar lo
manifestado por los mismos. De este modo, “la obligación de
jurar es el deseo del legislador de incitar a la persona a la cual se le recibe
el testimonio”,  para que su buena fe en la declaración de la verdad sea
especialmente observada”[33].
19. Ahora bien,
como lo ha señalado la Corte[34],
en general la inhabilidad para rendir testimonio se asocia con
circunstancias de orden personal del declarante previstas por la ley para
asegurar la idoneidad de quien sirve de testigo en un proceso determinado, o de
quien actúa como tal en un acto jurídico señalado por la ley.
Con relación a
las inhabilidades para ser testigo, el artículo 127 del Código Civil cuyos
numerales 8 y 9 han sido acusados en el presente caso, dispone que no podrán
presenciar ni autorizar un matrimonio los menores de 18 años, los interdictos
por demencia, los condenados a más cuatro años de reclusión y en general los
que por sentencia ejecutoriada estuviesen inhabilitados para ser testigos, los
extranjeros no domiciliados en Colombia y las personas que no entiendan el
idioma de los contrayentes.
Como se anotó
arriba, antes de las reformas introducidas por el Código General del Proceso,
existían dos tipos de testigos a quienes se les aplicaba el régimen de
inhabilidades previsto en el artículo 127 del Código Civil. De un lado los
testigos de cualidades, mencionados en los artículos 128 y 130 –derogados- eran
interrogados por el juez antes de la celebración del matrimonio para validar
que los futuros contrayentes no se encontraran incursos en las causales de
nulidad descritas en el artículo 140 del mismo Código. De otro lado, los
testigos presenciales, son quienes, como su nombre lo indica, están presentes en
la ceremonia misma y quienes suscriben el acta de matrimonio que describe el
artículo 137 del Código. El acta registrada y enviada al notario para su
protocolización, es el documento que prueba la existencia del vínculo conyugal y
que modifica el estado civil de las personas.
El Código Civil
contempla también un régimen de inhabilidades para los testigos de testamento
solemne tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 1068. La
finalidad de establecer inhabilidades en estos asuntos, como lo reconocieron en
su momento las sentencias C-266 de 1994, C-065 de 2003 y C-230 de 2003,
responde a la necesidad de que los testigos de estos procesos no incidan en la
voluntad del testador si tienen un interés en el testamento, como podría pasar
en el caso de los dependientes o domésticos, los herederos y el legatario.
En particular, el numeral 8, declarado exequible condicionado por la Corte en
la sentencia C-230 de 2003, establece que son inhábiles para ser testigos “los
condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 315,
número 4o, y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieren
inhabilitados para ser testigos”.
En Colombia, el
antiguo Código de Procedimiento Civil establecía en los artículos 215 y 216, inhabilidades
absolutas y relativas para testimoniar. El primer grupo comprendía a los
menores de doce años, a quienes se hallen bajo interdicción por causa de
demencia y a los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito o por
lenguaje de señas. Eran considerados inhábiles relativos en cambio, los
que al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones
sicológicas graves, o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión
hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o
alucinógenas
las
demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento
determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. De
acuerdo con el artículo 217, eran considerados sospechosas para declarar
las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que
afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias,
sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados,
antecedentes personales u otras causas.
El nuevo Código
General del Proceso, establece en su sección tercera, el régimen probatorio,
que incluye entre las pruebas el testimonio de terceros[35].
En la Ley 1564 de 2012, se determina que, por regla general, toda persona tiene
el deber de rendir testimonio que se le pida, excepto los casos previstos en la
ley[36].
También se dispone un régimen de inhabilidades para testimoniar para los
que se hallen bajo interdicción por causa de discapacidad mental absoluta y los
sordomudos que no puedan darse a entender. Asimismo, se consideran inhábiles
para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar
sufran alteración mental o perturbaciones sicológicas graves, o se encuentren
en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o
sustancias estupefacientes o alucinógenas y las demás personas que el juez
considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica[37].
El Código destaca como cualidad del testigo su imparcialidad, de modo que si
las partes consideran que existen circunstancias que afecten su credibilidad,
como el parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las
partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas, se podrá
tachar el testimonio[38].
Teniendo en cuenta
estas consideraciones, la inhabilidad que se produce en el régimen civil
para ejercer cierta prerrogativa, como la de ser testigo de matrimonio, es una
sanción civil para realizar un acto, ordenada directamente por la ley.
Las sanciones legales, tal y como
se encuentran definidas en el artículo 6 del Código Civil, corresponden “al
bien o al mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos
o de la transgresión de sus prohibiciones”. En consecuencia, la inhabilidad
suspende la capacidad de la persona para ejercer cierta facultad. En este
sentido, las inhabilidades son un tipo de incapacidad relativa en los términos
del artículo 1504 del mismo Código, que “consiste en la prohibición que la
ley le ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”.
Para la Corte,
estas sanciones civiles no se asimilan a las penas accesorias que se imponen a
los condenados y que suponen la suspensión de los derechos y funciones públicas
(art. 43.1 Código Penal).
20. Conforme a
lo anterior, la Corte destaca que la función de los testigos, en términos
generales, es la de constatar o dar fe de un hecho o situación.
Los testigos,
sin embargo, pueden ser requeridos de manera diferente dependiendo del tipo de
proceso. En este sentido, puede haber testigos de quien se requiera un
testimonio, eventualmente bajo juramento, y en forma de interrogatorio. Otras
veces, el testigo sólo se requerirá para actuar como tal en un acto jurídico en
los términos exigidos por la ley.
Esta diferencia
se puede ejemplificar precisamente en los testigos presenciales y los testigos
de cualidades descritos en el fundamento jurídico 7, que anteriormente preveía
el Código Civil en los matrimonios civiles ante juez. Los testigos de las
cualidades eran interrogados por el juez antes del matrimonio, para dar fe de
que los futuros contrayentes podían casarse por no hallarse incursos en las
causales de nulidad del artículo 140. De otro lado, los testigos presenciales,
tal y como todavía se encuentran regulados en los artículos 135 y 137 del
Código Civil, son testigos de la celebración y suscriben el acta de matrimonio
que una vez registrada modifica el estado civil de los contrayentes.
21. Las
cualidades que deben tener los testigos para ser considerados idóneos y para
cumplir la finalidad para la cual son requeridos, son de diversa índole.
En primer
lugar, como ya se anotó, es imprescindible que honren la verdad y que lo que
manifiesten ante el juez sea cierto.
En segundo
lugar, es necesaria la imparcialidad de su testimonio. Las personas no pueden
ser testigos de una situación o de un hecho del que puedan sacar provecho. Es
por ello que en la sucesión testada, se excluyen como testigos los
dependientes, algunos familiares y, en general, todos aquellos que tengan un
interés directo en la cuestión.
En tercer
lugar, es importante considerar la capacidad de quien da testimonio. Por esta
razón, tanto en el derogado Código de Procedimiento Civil, como en el Código
General del Proceso y en el mismo Código Civil, se excluyen a quienes hayan
sido declarados interdictos por demencia, a los menores[39]
y a los sordomudos que no puedan darse a entender. Temporalmente se han
consideran inhábiles en ambas regulaciones procesales quienes se encuentren
bajo estados de alteración o perturbación mental que les impiden tener control
sobre sí mismos y que son provocados por ciertas sustancias o por situaciones
particulares.
Finalmente, es
importante evaluar la credibilidad y la probidad del testigo lo cual se
relaciona, entre otras cosas, con los antecedentes personales de quien va a
rendir testimonio o va a presenciar un acto jurídico en los términos
establecidos por la ley.
Consideradas
las finalidades y las cualidades de los testigos, la Corte estima que no existe
un derecho subjetivo a ser testigo. Incluso el Código General del Proceso
dispone que en ciertos procesos es una obligación. Los testigos, al dar fe o
declarar sobre determinada situación o hecho, están sirviendo en los procesos
judiciales como un medio para verificar una circunstancia o para cumplir un
requisito legal por lo que, al margen de dichos procesos, no tienen ninguna
otra función.
El hecho de que
ser testigo requiera el despliegue de la capacidad jurídica de un individuo,
tampoco ubica el ser testigo dentro del derecho a la personalidad jurídica. En
otras palabras, ser testigo puede ser una expresión de la capacidad pero no un
derecho como tal.
22. Ahora bien,
respecto de los testigos de matrimonio se observa una tendencia a suprimirlos
en los matrimonios civiles ante juez, tal y como lo había reconocido ya la
Corte desde la sentencia C-401 de 1999 al señalar que,
“se observa como en los códigos
civiles del mundo occidental contemporáneo, la tendencia actual es la de
eliminar la presencia de testigos para el trámite de la celebración matrimonial
o la de suprimir la presencia de testigos y la de eliminar ese tipo de
discriminaciones odiosas, desproporcionadas, irrazonables que carecen de
justificación objetiva. En efecto, ni en el Código Civil Francés (artículo 75),
ni en el nuevo Código Civil Español (art. 51 a 63), ni en el venezolano (116),
ni en el recientemente expedido en el Perú (art. 248), se contemplan esas
limitaciones para obrar como testigo  en la celebración o autorización de
un matrimonio civil (…)”.
De otro lado,
el matrimonio civil ante Notaría regulado en el Decreto 2668 de 1988, tampoco requiere
de presencia de testigos, lo cual encuentra fundamento en la condición de
fedatario por excelencia del notario. Es en virtud de estas calidades, que se
otorga  plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el notario
y a lo que éste exprese respecto de los hechos percibidos por él en el
ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley
establece[40].
En todo caso, aunque
algunos ordenamientos jurídicos prescinden de la figura de los testigos en el
matrimonio civil y no obstante el Código General del Proceso haya eliminado
todo lo relativo a los testigos de las cualidades, el legislador colombiano ha
optado por mantener los testigos presenciales en el matrimonio civil ante juez
por la importancia de esta institución y para garantizar que el consentimiento
expresado por los cónyuges sea claro,
libre e incondicional en el sentido de aceptar al otro como esposo o esposa[41].
Análisis del
caso concreto.
23. La Corte
debe resolver si el artículo 127 del Código Civil desconoce en sus numerales 8
(parcial) y 9, los derechos a la honra (C.P., art. 21) igualdad (C.P., arts. 13
y 100) y a la personalidad jurídica (C.P., art. 14) de las personas condenadas
a más de cuatro años de prisión y de los extranjeros no domiciliados en
Colombia, al considerarlos inhábiles para servir de testigos en los matrimonios
civiles celebrados ante un juez de la República.
Como se ha
señalado a lo largo de la sentencia, la regulación del matrimonio y de sus
formalidades corresponde, por expreso mandato constitucional (art. 42 CP), al
legislador. Sin embargo ese mismo legislador debe cumplir su función sin
afectar las garantías y derechos fundamentales reconocidos en la Carta, razón
por la cual la jurisprudencia ha reiterado que no se admiten disposiciones en
esta materia que establezcan diferencias injustificadas con fundamento en
criterios sospechosos como los enunciados en su artículo 13 y que, en todos los
casos, se impone salvaguardar la autonomía de las partes y el consentimiento
libre de los futuros contrayentes, todo con miras a conferir validez al vínculo
y permitir que se generen los efectos personales y patrimoniales que surgen de
la institución matrimonial.
Específicamente
respecto de los testigos de matrimonio, cabe verificar que si bien la tendencia
que se observa tanto en Colombia como en otros países se decanta por su
supresión, el Código General del Proceso decidió mantener los denominados
testigos presenciales que son aquellos que asisten a la celebración del
matrimonio y suscriben el acta correspondiente ante el juez. Los testigos de
cualidades, que en el régimen anterior rendían su testimonio mediante
interrogatorio antes de la fecha prevista para la celebración del matrimonio,
fueron eliminados porque este requisito fue derogado expresamente por la Ley
1564 de 2012. No obstante lo anterior, el hecho de que el legislador haya
optado por mantener los testigos presenciales, demuestra que para el órgano
democrático la importancia y trascendencia de la institución matrimonial en la
sociedad así lo exige para dar fe de que el consentimiento manifestado por las
partes es cierto y libre de vicios.
En general, los
testigos se emplean en los procesos judiciales para dar fe de una situación o
hecho y, por ello, la regulación legal apunta a que su actuación esté rodeada
de elementos que procuran el flujo y aporte de la verdad. De ahí que los
atributos que ante todo se pretende privilegiar y conseguir por la ley no sean
ajenos a las exigencias de veracidad, imparcialidad, capacidad y credibilidad
que se busca predicar tanto del testigo como de su dicho. Si bien los testigos
revisten gran importancia en los diferentes tipos de procesos, su función es de
alguna manera instrumental y funcional a los mismos. En otras palabras, no
existe en abstracto un derecho subjetivo a ser testigo, sin perjuicio de que la
prueba testimonial y su contradicción integran desde luego el derecho al debido
proceso y que en el plano de los deberes la colaboración con la administración
de justicia puede requerir eventualmente la intervención del testigo.
24. Teniendo en
cuenta estas consideraciones, para establecer el posible desconocimiento de los
derechos a la igualdad y a la personalidad jurídica por parte del artículo 127
numerales 8 y 9 del Código Civil, la Corte desarrollará un juicio integrado de
igualdad.
Respecto de los
condenados a penas superiores a cuatro años de prisión, es necesario establecer
si se trata de un grupo comparable con el de las personas condenadas a menos de
cuatro años, dado que es la diferencia de tratamiento entre estos dos sujetos
lo que reprocha el demandante. Luego, si se entiende que ambos grupos pueden
compararse, habrá que determinar si se configura una diferencia de trato entre
los mismos. Finalmente será necesario establecer si esta diferencia de trato,
de existir, es razonable y proporcionada.
En este punto
cabe resaltar que cuando la norma se refiere a los condenados se alude a las
personas que efectivamente reciben en la sentencia judicial la sanción de
condena ya sea por más o por menos de cuatro años de prisión,
independientemente que después se tornen beneficiarios de descuentos en la
pena.
(i) Se estima
que estos dos grupos –los condenados a más de cuatro años de prisión y los
condenados a menos de cuatro años de reclusión-, son en efecto comparables y
que el criterio de comparación radica en que ambos tienen la condición de
condenados.
(ii) Constata
la Sala, que estos dos grupos reciben en efecto un trato diferente que consiste
en hacer recaer la inhabilidad únicamente en los condenados a penas superiores
a cuatro años de prisión, de suerte que los miembros de este grupo no pueden
obrar  como testigos presenciales del matrimonio civil que se celebra ante
juez, mientras que dicha inhabilidad no se aplica a los miembros del segundo
grupo integrado por las personas condenadas a menos de cuatro años de prisión.
(iii) Teniendo
en cuenta que los dos grupos de condenados están recibiendo un tratamiento
diferente, puede concluirse que se afecta el mandato de trato igual, lo cual no
implica per se la infracción del derecho a la igualdad si se constata que
existen razones que lo justifiquen.
Así, desde la
perspectiva de haber registrado una condena penal, ambos grupos comparten un
supuesto común. Sin embargo, la diferencia de trato que reciben por parte de la
ley es notoria hasta el punto de que las personas que integran el segundo grupo
(condenados a penas de prisión inferiores a cuatro años), sí pueden concurrir a
la celebración del matrimonio como testigos presenciales, lo que se niega a los
que conforman el primer grupo. Si el trato diferenciado luego de su examen se
advierte irrazonable y desproporcionado, la norma legal que ha hecho esta
distinción y atribuido esa consecuencia deberá ser declarada inexequible.
La Corte estima
que el juicio a aplicar en el presente caso es de intensidad estricta. Si bien
se ha destacado el amplio margen de configuración que el constituyente ha
otorgado al legislador para regular los asuntos atinentes a la familia y al
matrimonio, no es menos cierto que lo que se encuentra en juego al inhabilitar
a los condenados a más de cuatro años de reclusión para ser testigos de
matrimonio, son sus derechos fundamentales a la honra, a la dignidad, a la
buena fe y en general a la función resocializadora de la pena. Sumado a lo
anterior, si se considera como se verá, que el condenado queda inhabilitado de
manera permanente para ejercer de testigo, su condición se convierte en un
rasgo permanente que le impide el ejercicio de su capacidad plena para los
efectos de la norma en cuestión.
Así entonces,
no obstante el margen de acción del legislador para regular el matrimonio
llevaría a aplicar un juicio intermedio, la posible afectación del goce de
derechos fundamentales como la honra y a la posibilidad de reconstruir el
propio buen nombre, conduce a la Sala a aplicar un juicio estricto, considerando
además que la inhabilidad perpetua que impone la ley en este caso no se
encuentra autorizada por la Constitución[42].
Siendo así,
constata la Corte que la finalidad de la norma está referida a asegurar la
idoneidad del testigo matrimonial en términos de solvencia moral o por lo menos
de credibilidad. Se trata de una finalidad imperiosa considerando la relevancia
y seriedad de la institución matrimonial, caracterizada como de orden público y
objeto de especial tutela por parte de la Constitución.
Ahora bien, el
medio empleado por el legislador –excluir a los potenciales testigos gravados
con penas superiores a cuatro años de prisión-, y mantener la posibilidad de
obrar como testigos solo en las personas del segundo grupo –los condenados a
menos de cuatro años-, debe estudiarse ahora desde el ángulo más instrumental,
el de su efectiva conducencia respecto de la finalidad señalada. Sin embargo,
en este punto debe introducirse una distinción dependiendo del estado de
ejecución de la condena. La inhabilidad que se asume mientras se purga la “pena
de reclusión”, debe diferenciarse fáctica y legalmente de la que se contempla
luego de haber redimido la respectiva condena, independientemente de que al
final el resultado hermenéutico del juicio de igualdad pueda ser semejante.
La norma del
Código Civil parte de la premisa de que no es la “reclusión” en sí misma, la
que inhabilita al potencial testigo. Si así fuera, se desconocería que mientras
se purga la pena, la persona no ha terminado aún de reconstruir su buen nombre,
y no puede por consiguiente cumplir la función fedante que se reconoce a los
testigos, en particular a los testigos de matrimonio, institución que como se
ha venido reiterando a lo largo de la presente sentencia, es de orden público y
reviste una importancia fundamental para la sociedad. Así entonces, la norma
legal tiene como eje “la pena de reclusión” como tal y, por ende, liga la
gravedad de la pena a la descalificación del testigo. De este modo, la ley
civil descalifica al testigo cuyo umbral de pena supere los cuatro años.
Desde luego,
la correcta interpretación de la norma parte del supuesto de que quienes estén
efectivamente purgando las penas –inferiores o superiores a cuatro años-, por
definición no pueden servir como testigos de matrimonio  pues no cumplen con
las condiciones necesarias para serlo ya que su credibilidad y confianza se ha
visto minadas como consecuencia del acto delictivo cometido. De este
modo, es claro que durante el periodo de ejecución de cualquier condena–mayor o
menor a cuatro años- en un centro de reclusión, ningún condenado podrá ser
testigo de matrimonio. Así, el ámbito de la disposición legal
se proyecta en el momento posterior a la ejecución de la condena y, por ello,
la “pena de reclusión” opera como antecedente personal que en un caso excluye
para siempre la actuación como testigo y, en el otro caso, se autoriza que no
opere como obstáculo para el efecto.
Ahora, si como
la Corte lo entiende la disposición legal se refiere al alcance del antecedente
derivado de una condena ya cumplida por la persona condenada, es evidente que
la violación del derecho a la igualdad se torna patente. Se advierte en este
punto, que no son necesariamente más o menos solventes hacia el futuro en
cuanto a su credibilidad, quienes han purgado condenas mayores de cuatro años
respecto de quienes han cumplido condenas penales inferiores a éstas. Si se
trata de garantizar la mayor credibilidad de los potenciales testigos, cabe
observar que unos y otros habrían visto afectada como consecuencia de la
condena judicial su presunción de inocencia y su buen nombre; unos y otros
habrían violado normas penales y quebrantado la paz social al menoscabar bienes
jurídicamente tutelados. La mayor gravedad de la pena, en todo caso, no arroja
la ecuación según la cual a menor condena penal mayor credibilidad social. En
este orden de ideas, la medida consistente en declarar permanentemente
inhábiles como testigos de matrimonio a los condenados a más de cuatro años de
reclusión, no conduce de manera efectiva a la finalidad de la norma
anteriormente planteada. Aún más, bajo esa interpretación de la norma acusada,
el precepto no superaría ni siquiera el test más débil de igualdad, puesto que
aunque se postulara la legitimidad de la finalidad pretendida, la medida
arbitrada al ser objetivamente inidónea, convierte la distinción introducida
por la ley en arbitraria e irrazonable.
Así entonces la
condena, por lo demás redimida, se convierte para los miembros del primer grupo
en un estigma personal perpetuo. Mientras que respecto de los miembros del
segundo grupo, la ley le otorga al efecto de la resocialización pleno efecto,
respecto de los condenados a penas mayores se erige un criterio de exclusión
que niega por completo y de manera caprichosa ese mismo efecto.
En este punto,
es necesario reiterar lo que muchas veces ha señalado la Corte, y es que el fin
de la pena es esencialmente la resocialización del condenado, garantía
constitucional íntimamente relacionada con la dignidad humana. En este sentido,
se ha advertido que,
“La  función resocializadora del sistema penal adquiere
relevancia constitucional, no sólo desde el punto de vista fundamental de la
dignidad, sino también como expresión del libre desarrollo de la personalidad
humana. La función de reeducación y reinserción social del condenado, debe
entenderse como obligación institucional de ofrecerle todos los medios
razonables para el desarrollo de su personalidad, y como prohibición de
entorpecer este desarrollo.  Adquiere así pleno sentido  la
imbricación existente entre la dignidad, la humanidad en el cumplimiento de la
pena y la autonomía de la persona, en relación todas con la  función
resocializadora como fin del sistema penal”[43].
De este modo, la
inhabilidad perpetua para ser testigo, instrumentaliza al condenado a más de
cuatro años de reclusión porque no obstante éste haya cumplido con la pena y
pueda reintegrarse a la sociedad, sigue siendo ejemplo de deshonestidad ante el
resto de los ciudadanos.
Es más, tal es
la gravedad de que la ley contemple sanciones permanentes de esta naturaleza,
que sólo la Constitución establece cuáles penas se imponen de manera perenne,
como en el caso del inciso final del artículo 122 de la Constitución.
La situación
que se plantea, a su vez, abre el camino para multiplicar las discriminaciones
en la vida civil a las personas que han purgado penas privativas de la libertad
superiores a cuatro años. Así entonces, frente a la utilización legal de este
criterio de clasificación, se impone presumir de entrada la
inconstitucionalidad de la norma legal que hace uso del mismo.
La prevención
que se hace visible contra este grupo, pone de presente que se alimenta por
parte de la ley la idea de que los que recibieron condenas superiores a cuatro
años de reclusión siempre serán proclives a afectar los bienes sociales y a
obrar de mala fe y de manera contraria a la ley y a la moral pública. Ni el
dolo penal ni el dolo civil se pueden presumir, ni anticipar. Si está proscrito
el derecho penal que no sea el derecho penal del acto, purgada la pena se
volvería a una concepción contraria a la que pregona la Constitución si se
decidiera presumir de hecho y de derecho que las personas que han pagado las
condenas penales, en todo caso siempre estarán sujetas a ser objeto de tacha
moral irredimible y eterna.  Por lo expuesto, la norma será declarada
inexequible.
25. Dicho esto,
prosigue la Corte a examinar el numeral 9 del artículo 127 del Código Civil que
excluye como testigos de matrimonio civil ante juez a los extranjeros no
domiciliados en Colombia.
La
jurisprudencia ha reconocido que los extranjeros tienen en Colombia derechos y
deberes correlativos tal y como se desprende de diversos artículos
constitucionales. En este sentido se prevé la posibilidad de que los
extranjeros adquieran la nacionalidad colombiana por adopción  (Artículo
96), se prohíbe  que aquellos que estén domiciliados en nuestro país sean
obligados a tomar las armas contra su país de origen  (Artículo 97), se
les ha impuesto el deber de acatar la Constitución y la ley y de respetar y
obedecer a las autoridades  (Artículo 4°), se reconocen los mismos
derechos civiles que tienen los nacionales y se dispone la posibilidad que la
ley les conceda el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de
carácter municipal o distrital  (Artículo 100). La amplia regulación  de los derechos de los extranjeros, es
expresión de “la soberanía de que es titular el Estado
colombiano y que debe ejercer sin desconocer los derechos que amparan a los
extranjeros como seres humanos e independientemente del Estado del cual sean
nacionales, pues esos derechos constituyen un límite a sus poderes y un
parámetro para el ejercicio de sus competencias discrecionales”[44].
Esta
Corporación ha resaltado en varias sentencias que para constatar la posible violación del
derecho a la igualdad de los extranjeros, es preciso que el juez determine si
la restricción a ciertos derechos o prerrogativas se inscribe en alguno de
aquellos ámbitos que así lo exigen, por razones de orden público, o si la
distinción establecida por el legislador es razonable constitucionalmente[45].
Así, se ha previsto que, cuando el
legislador establezca un trato diferente entre el extranjero y el nacional,
será preciso examinar “(i) si el objeto regulado permite realizar tales
distinciones; (ii) la clase de derecho que se encuentre comprometido; (iii) el
carácter objetivo y razonable de la medida; (iv) la no afectación de derechos
fundamentales; (v) la no violación de normas internacionales y (vi) las
particularidades del caso concreto”[46].
(i) Siguiendo
el análisis que impone en esta materia la jurisprudencia reseñada, considera la
Corte que el objeto regulado en el presente caso, permite efectivamente hacer
distinciones entre nacionales y extranjeros, pues se trata de una disposición
enmarcada en la normatividad relativa al matrimonio civil, institución de orden
público, como quedó establecido en el fundamento jurídico 10 de esta sentencia.
(ii) No se
trata de la privación de un derecho, sino una restricción para que los
extranjeros no domiciliados en Colombia, puedan servir de testigos de
matrimonio civil ante juez.
(iii) Teniendo
en cuenta que la disposición acusada está contenida en el texto original del
Código Civil, es posible deducir que la razón por la cual el legislador previó
la inhabilidad para los extranjeros no domiciliados en Colombia en estos casos,
responde al hecho de que los mismos, en razón de su lejanía, pueden no estar al
tanto de la cotidianidad de la pareja, ni conocen las implicaciones e
impedimentos del matrimonio.
(iv) Tal y como
señaló previamente, no hay como tal un derecho comprometido en este caso, ya
que la posibilidad de ser testigo de matrimonio civil ante juez no constituye
un derecho subjetivo, aunque sin duda es expresión de la capacidad jurídica de
una persona.
(v) Por lo
anterior, tampoco hay un desconocimiento de normas internacionales.
Así entonces, constata
la Corte que el criterio de diferenciación es el del domicilio de los
extranjeros, por lo cual no se trata de una discriminación en función del
criterio sospechoso de origen nacional.
Se observa adicionalmente,
que la medida responde un fin legítimo expresado en la necesidad de garantizar
la idoneidad de los testigos en la celebración del matrimonio y en la
suscripción de la respectiva acta. En este sentido, el propósito perseguido por
la norma no solo no se encuentra prohibido por la Constitución sino que es imperioso
teniendo en cuenta las hondas implicaciones y efectos del mismo como se ha
venido explicado a lo largo de esta providencia.
El medio
utilizado por la ley, que consiste en no considerar hábiles a los extranjeros
no domiciliados en el país para ser testigos de matrimonio civil ante juez,
tampoco está prohibido, no viola ningún derecho fundamental y es acorde con la
finalidad planteada.
Si bien el artículo 100 Superior –invocado por el demandante- dispone
por regla general la igualdad de derechos civiles entre los ciudadanos
colombianos y los extranjeros, sin distinguir que estén o no domiciliados en el
territorio nacional, el constituyente sujetó la restricción de estos derechos
al legislador por razones de orden público. Es por ello que la Corte ha advertido que “el reconocimiento de los
derechos de los extranjeros no implica que en nuestro ordenamiento esté
proscrita la posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado en relación
con los nacionales (…) esta Corporación también ha resaltado cómo los derechos
civiles de los extranjeros pueden someterse, por el legislador, a condiciones
especiales o cómo algunos de ellos les pueden ser negados pues el constituyente
ha previsto esa  posibilidad a condición de que no afecten derechos
fundamentales”[47].
En el caso que
se examina, el legislador previó que los extranjeros no domiciliados en
Colombia no pueden ser testigos de matrimonio. Si bien, como se indicó arriba,
el ser testigo de matrimonio no es un derecho subjetivo autónomo sino la
expresión de la capacidad que se reconoce a las personas, el legislador optó
por restringir esta posibilidad sólo a los nacionales y a los extranjeros
domiciliados en Colombia. Es importante subrayar que la medida no excluye a los
extranjeros domiciliados, lo cual pone de presente que la real intención de la
disposición acusada, no era proscribir la participación de testigos no
nacionales en los matrimonios civiles celebrados ante juez, sino asegurarse que
los mismos estuvieran al tanto de la normatividad e implicaciones del matrimonio
en el país, asunto del que se presume son ajenos quienes no habiten en
territorio nacional y que fundamenta la razonabilidad de la medida. Estas consideraciones
justifican que el legislador haya decidido declarar la inhabilidad para ser
testigos de matrimonio a los extranjeros no domiciliados en territorio
nacional.
De este modo,
no observa la Sala que se haya desconocido ningún deber constitucional o que
exista una obligación de habilitar a los extranjeros no domiciliados en
Colombia como testigos de matrimonio civil ante juez.
Ahora bien, teniendo
en cuenta el desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones así como el
progresivo proceso de globalización, fenómenos que han tenido como efecto
acercar a personas de diferentes nacionalidades y países, podría el legislador
en el futuro plantear la supresión de esta inhabilidad. Sin embargo no
corresponde a la Corte tener en cuenta este tipo de consideraciones de
conveniencia para invadir la órbita legislativa y  declarar la inexequibilidad
de la disposición acusada.
SÍNTESIS
26. En este
caso la Sala debía resolver si los numerales 8 (parcial) y 9 del artículo 127
del Código Civil desconocían los derechos a la honra (C.P., art. 21) igualdad
(C.P., arts. 13 y 100) y a la personalidad jurídica (C.P., art. 14) de las
personas condenadas a más de cuatro años de prisión y de los extranjeros no
domiciliados en Colombia, al considerarlos inhábiles para servir de testigos en
los matrimonios civiles celebrados ante un juez de la República.
27. La Corte
consideró que el numeral 8 del artículo 127 del Código Civil es inexequible,
pues al establecer que los condenados a penas de prisión superiores a cuatro
años no podrán ser testigos de matrimonio ante juez, se impone una sanción
permanente a quienes se encuentren en esta situación, tachándolos de manera
indefinida, contraviniendo la finalidad resocializadora de la pena, presumiendo
su mala fe y su incapacidad de ofrecer credibilidad no obstante haber cumplido
su condena y hallarse reintegrados a su entorno social. De esta manera, no
encuentra la Sala que la medida examinada sea efectivamente conducente a la
finalidad de la misma, orientada a garantizar la idoneidad de los testigos de
matrimonio, porque sacrifica garantías constitucionales fundamentales de manera
irrazonable.
28. Por otro lado,
se consideró conforme a la Constitución el numeral 9 del artículo 127 del
Código Civil, teniendo en cuenta que razones de orden público justifican el
trato diferenciado a los extranjeros y que, en todo caso, las razones que
fundamentan la medida son razonables y no contravienen ningún derecho.
VII.
DECISIÓN
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar INEXEQUIBILE la expresión “Los condenados a la pena de
reclusión por más de cuatro años”  contenida en el numeral 8 del artículo
127 del Código Civil.
Segundo.- Declarar EXEQUIBILE por los cargos examinados el numeral 9 del
artículo 127 del Código Civil.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidente (E)
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Ausente con excusa
Con aclaración de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
Ausente
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A LA
SENTENCIA C-725/15
NORMA SOBRE INHABILIDAD PARA SER TESTIGO DE MATRIMONIO-No
concurren criterios para implementar juicio de igualdad estricto (Aclaración de voto)/NORMA SOBRE INHABILIDAD PARA SER TESTIGO DE
MATRIMONIO-Infringe el principio de igualdad (Aclaración
de voto)
NIVEL DE INTENSIDAD DEL TEST DE IGUALDAD-Criterios (Aclaración
de voto)
INHABILIDAD PARA SER TESTIGO DE MATRIMONIO CIVIL DE CONDENADOS A
PENA DE PRISION SUPERIOR A 4 AÑOS-No evidencia
afectación de los derechos a la honra, dignidad y buena fe (Aclaración de voto)
NORMA SOBRE INHABILIDAD PARA SER TESTIGO DE MATRIMONIO-Se omitió establecer distinción entre testimonio como medio de prueba
y posibilidad de fungir como testigo (Aclaración de voto)
NORMA SOBRE INHABILIDAD PARA SER TESTIGO DE MATRIMONIO-Evidente
contradicción entre función de testigos y justificación de inhabilidad frente a
extranjeros no domiciliados en el país (Aclaración de voto)
NORMA SOBRE INHABILIDAD PARA SER TESTIGO DE MATRIMONIO-No
existe una obligación legal de fungir como testigo (Aclaración
de voto)
TESTIMONIO COMO MEDIO DE PRUEBA Y TESTIGO-Instrumentos representativos para el juez (Aclaración de voto)/TESTIMONIO-Definición (Aclaración de
voto)/NORMA SOBRE INHABILIDAD PARA SER TESTIGO DE MATRIMONIO-Reducción
de la capacidad jurídica (Aclaración de voto)
NORMA SOBRE INHABILIDAD PARA SER TESTIGO DE MATRIMONIO-Propósito
de los testigos presenciales (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-10796
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los
numerales 8º (parcial) y 9º del artículo 127 del Código Civil
Magistrado Ponente:
Myriam Ávila Roldán
1. Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento
las razones que me llevaron a aclarar el voto que emití en la sesión de Sala
Plena celebrada el 25 de noviembre de 2015, en la que, por votación mayoritaria,
se profirió la Sentencia C-725 de 2015 de la misma fecha.
2. Aunque comparto la
decisión, es decir la inexequibilidad de la inhabilidad para ser testigos de
matrimonio civil de los condenados a la pena de reclusión por más de 4 años,
prevista en el numeral 8º del artículo 127 del Código Civil, y la exequibilidad
de la misma inhabilidad para los extranjeros no domiciliados en el país
–numeral 9º ibídem-, no estoy de acuerdo con el grado de intensidad del
test de igualdad escogido –estricto-, disiento de algunas de las
consideraciones expuestas sobre la posibilidad de ser testigo del matrimonio
civil y considero que la sentencia evidencia una contradicción entre la función
de los testigos y la justificación de la inhabilidad frente a los extranjeros
no domiciliados en el país.
3. El cargo de
inconstitucionalidad formulado en contra del numeral 8º del artículo 127 del
Código Civil denunció la trasgresión de los derechos a la igualdad y a la
personalidad jurídica por el trato disímil otorgado a dos grupos de sujetos, a
saber: (i) los condenados a una pena de reclusión superior a 4 años y (ii) los
condenados a una pena de reclusión inferior a 4 años. La diferencia se concretó
en hacer recaer la inhabilidad para ser testigos del matrimonio civil
únicamente en el primer grupo, medida que para el demandante era irrazonable y
desproporcionada.
Para determinar la
infracción del artículo 13 Superior bajo el cargo planteado, la sentencia
aplicó el juicio integrado de igualdad en su intensidad estricta. Como fundamento
del nivel de intensidad escogido se indicó que la inhabilidad acusada implica
una reducción permanente del ejercicio de la capacidad de los condenados a
penas de reclusión superiores a 4 años, y evidenciaba una posible afectación de
los derechos a la honra, dignidad, buena fe y a la función resocializadora de
la pena.
Contrario a la conclusión
mayoritaria, considero que en el presente caso no concurrían los criterios
previstos en la jurisprudencia constitucional para la implementación de un
juicio de igualdad en su nivel estricto, y resultaba más apropiado, a la luz de
esos criterios, la aplicación del test en el nivel intermedio. En este punto,
es importante aclarar que el reparo frente a dicho aspecto no comprende la
decisión, pues aún bajo el juicio de intensidad intermedia la disposición
acusada infringe el principio de igualdad, en la medida en que limita la
capacidad jurídica de un grupo de sujetos respecto a la posibilidad de fungir
como testigos del matrimonio civil y los distingue de otro grupo asimilable,
sin una justificación suficiente, ya que la circunstancia de haber sido
condenado a una pena inferior de 4 años no asegura la veracidad y credibilidad
del testimonio.
En efecto, esta
Corporación ha establecido los criterios que determinan el nivel de intensidad
del test de igualdad, desarrollo en el que ha precisado que la graduación
estricta es excepcional y sólo resulta procedente cuando: (i) la medida afecte
a personas en condiciones de debilidad manifiesta o que pertenecen a grupos
marginados o discriminados, o a sectores sin acceso efectivo a la toma de
decisiones o a minorías insulares o discretas; (ii) está de por medio una
clasificación sospechosa; (iii) la diferenciación constituya un privilegio y
(iv) cuando se afecte, prima facie, el goce efectivo de un derecho
constitucional fundamental[48].
Los mencionados criterios
no concurren en el presente caso, pues si, como lo concluyó la sentencia, la
inhabilidad prevista en el numeral 8º del artículo 127 Código Civil opera
durante el tiempo posterior a la condena, es decir que se trata de una
prohibición para los sujetos que purgaron penas superiores a 4 años: (i) no se
trata de personas que pertenezcan a los grupos referidos en el primer criterio,
(ii) el elemento de diferenciación adoptado por la norma no aparece como un
criterio sospechoso[49] y (iii) la distinción no envuelve un
privilegio. En efecto, la sentencia no fundó la elección del nivel del test en
ninguna de las razones mencionadas sino que optó por la última, que corresponde
a la afectación evidente de un derecho constitucional fundamental.
En cuanto a la infracción
de derechos fundamentales como criterio para establecer el nivel del juicio, se
tiene que la distinción entre el nivel estricto e intermedio está marcada por
el carácter evidente o no de esa circunstancia. En la graduación estricta, la
afectación del derecho se advierte prima facie, al paso que el nivel
intermedio procede en los eventos de duda, en los que no se cuenta con ese carácter evidente
que determina el mayor nivel de intensidad[50].
Bajo esas condiciones,
considero que la inhabilidad para ser testigo del matrimonio civil de los
condenados a penas de prisión superiores a 4 años, establecida en el numeral 8º
del artículo 127 del Código Civil no evidenciaba, prima facie, la
afectación de los derechos a la honra, la dignidad y la buena fe como lo indicó
la sentencia. Esa conclusión, la apoya el ejercicio que se emprendió en la
sentencia para establecer si fungir como testigo constituye un derecho
individualmente considerado, es una manifestación de la personalidad jurídica o
se trata de una actividad meramente instrumental en el marco de diversos
procedimientos, que no envuelve el ejercicio de derechos fundamentales. En
otras palabras, la amplia averiguación que exigió establecer la naturaleza de
la actividad para la que la norma inhabilitaba a los condenados a penas de
prisión superiores a 4 años desdice de la evidente afectación de derechos
fundamentales.
Así las cosas, como en
principio, la medida generaba dudas sobre la afectación de un derecho
fundamental y estaba de por medio el amplio margen de configuración del
legislador para la reglamentación del matrimonio, considero que el nivel del
juicio que debió aplicarse era el de intensidad intermedia[51].
4. Aunada a la
discrepancia con la intensidad del test de igualdad, también disiento de
algunas de las consideraciones relacionadas con la posibilidad de fungir como
testigo, pues la sentencia, luego de analizar el testimonio en términos
generales, su rol en el ámbito probatorio, las previsiones procesales sobre el
mismo y, de forma específica, la función en el matrimonio civil concluyó que no
existe un derecho subjetivo a ser testigo y que el
hecho de que esa labor requiera el despliegue de la capacidad jurídica de un
individuo tampoco ubica el ser testigo dentro del derecho a la personalidad
jurídica.
El reparo está fundado en la
orientación del análisis que, a su vez, demarcó las conclusiones referidas,
pues las consideraciones se erigieron en el testimonio como medio de prueba,
pero omitieron establecer una necesaria distinción para el estudio de las
inhabilidades demandadas, la que existe entre: (i) el testimonio como medio de
prueba y (ii) la posibilidad de fungir como testigo de un acto que es relevante
jurídica y socialmente, ya que en esta última facultad están implicados, cuando
menos, la libertad y la capacidad jurídica.
Aunque no desconozco la función
instrumental del testimonio como medio de prueba y comparto la acuciosa
caracterización efectuada en la sentencia, considero que la posibilidad de ser
testigo del matrimonio civil, limitada por las inhabilidades demandadas, exigía
unas consideraciones que superaran esa visión instrumental de cara al proceso
judicial, ya que: no existe una obligación legal de fungir como testigo del matrimonio
civil, la inhabilidad se sitúa en un escenario previo a la configuración de la
condición de testigo y la percepción del acto jurídico, en este caso, implica
un elemento volitivo y el ejercicio de la libertad.
En efecto, el testimonio como medio de
prueba y el testigo, de forma concreta, son instrumentos representativos para el juez,
por cuanto el testigo a través del testimonio transmite un conocimiento sobre
hechos que aquél no pudo observar directamente. Bajo esa percepción
instrumental, el testimonio ha sido definido como: “un acto procesal, por el
cual una persona informa a un juez sobre lo que sabe de ciertos hechos; está
dirigido siempre al juez y forma parte del proceso o diligencias procesales
previas (…)”[52]. Sin embargo, el estudio que le correspondía adelantar a la Corte
en esta oportunidad debió centrarse en la restricción de una facultad general,
radicada en cabeza de los asociados, de presenciar un acto jurídico solemne que
produce
efectos personales y patrimoniales de gran trascendencia, máxime cuando la
limitación de una facultad derivada de una inhabilidad, comporta una reducción
de la capacidad jurídica[53].
Con todo, bajo el enfoque extrañado la decisión sería la misma,
pues como lo indiqué inicialmente, la distinción prevista en la norma respecto
de los condenados carecía de justificación de cara al propósito de preservar la
idoneidad moral o la credibilidad del testimonio, tal como lo refirió la
sentencia cuando concluyó que la distinción de la norma acusada no superaría ni
siquiera el juicio de proporcionalidad en su nivel dúctil.
5. Finalmente, considero que si el
propósito de los testigos presenciales es la participación en el acto solemne y
la suscripción del acta como manifestación de la función fedante sobre el acto
percibido, el conocimiento de la normatividad nacional y de las implicaciones
del matrimonio civil en nuestro ordenamiento, referidas en el fundamento núm.
25 de la sentencia, no aparecen como justificaciones de la inhabilidad
coherentes con el mencionado propósito.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
[1] Literal corregido por el artículo 16 del Decreto 1736 de 2012.
[2] El
Decreto2668 de 1988 aclaró que el matrimonio debe ser celebrado por el juez
municipal que luego de la Constitución de 1886 sustituyó las funciones del juez
de distrito.
[3]
C-448 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[4] Vélez Fernando. Estudio sobre Derecho Civil Colombiano. Tomo
Primero. Segunda Edición, Imprenta París-América. París.
[5]
Ibídem.
[6] En su obra
de Derecho de Familia, Roberto Suárez Franco señala que si bien autores como
Champeau y Uribe consideran que todos los testigos deben ser hábiles, Piñeres
estima que el requisito de la habilidad se predica únicamente de los testigos
presenciales, tesis que comparte el propio Suárez Franco. Ver: Suárez Franco,
Roberto. Derecho de Familia. Derecho matrimonial. Quinta edición. Editorial
Temis, Bogotá, 1990.
[7]
C-804/06.
[8]
C-577/11. MP. Gabriel Mendoza Martelo.
[9]
C-507/04. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10]
C-821/05. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[11]
Artículo 113 y 115 del Código Civil.
[12]
M.P. Fabio Morón Díaz.
[13]
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[14] M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sentencia que declaró inexequible la competencia para celebrar
el matrimonio del juez del distrito de la mujer y que declaró inexequibles las
expresiones “de la mujer” y “del varón”, contenidas en el artículo 131 del
mismo Código
[15]
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[16]
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[17]
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[18]
M.P. Jorge Arango Mejía.
[19]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[20]
Álvaro Tafur Galvis.
[21]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[23] Que dicha nulidad es saneable ha sido afirmado por la
h. Corte Suprema de Justicia. Al respecto cf. Sentencia de la sala de casación
civil de diciembre 9 de 1975.
[24] M.P. Mauricio González Cuervo.
[25] M.P. Mauricio González Cuervo.
[26]
C-507 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[27]
C-015 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[28]
C-112/00 y C-481/98. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[29]
C-673 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30]
C-093 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[31]
Sentencia C-081 de 1996, MP Alejandro Martínez Caballero, fundamento 5.
[32]
Bonnet, Piero Antonio. “Testimoni”: En Enciclopedia del diritto. Editorial
Giuffrè. Varese, 1992.
[33]
C-118/06. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[34]
C-230/03.
[35]
Art. 165 de Ley 1564 de 2012.
[36] Art.
208 y 209 Ley 1564 de 2012. El art. 209 exceptúa del deber de dar su testimonio
a los ministros de cualquier culto
admitido en la República; los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas,
contadores, en relación con hechos amparados legalmente por el secreto
profesional y cualquiera otra persona que por disposición de la ley pueda o
deba guardar secreto.
[37]
Art. 210 de la Ley 1564 de 2012.
[38]
Art. 211 de la Ley 1564 de 2012.
[39] El Código General del Proceso no menciona a los menores pero sí a
los interdictos por demencia y sordomudos que no puedan comunicarse. No
obstante cabe reiterar que la inhabilidad para ser testigo de matrimonio
referida a los ciegos, sordos y mudos contenida en los numerales 5, 6 y 7 del
artículo 127 del Código Civil, fue declarada inexequible en la sentencia
C-401/99.
[40]
Art. 1, Ley 29 de 1973.
[41]
C-533/00. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[42] El único
artículo de la Constitución que permite establecer restricciones permanentes al
ejercicio de un derecho, como la función pública, es el artículo 122.
[43]
-261/96 (M.P. Alejandro Martínez Caballero);
[44]
C-1259/01. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[45] C-768 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-1088 de 2012 M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, C-913 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[46]
C-913 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[47]
Ibídem.
[48]
Sentencia C-015 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo
[49]
Los
criterios sospechosos son, en últimas, categorías que "(i) se fundan en
rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir
por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas,
históricamente, a patrones de valoración cultural que tienden a
menospreciarlas; y, (iii) no constituyen, per se, criterios con base en los
cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional equitativo de
bienes, derechos o cargas sociales.
[50]
Sentencia C-035 de 2016 MP. Gloria Stella Ortiz Delgado, sentencia C-093 de
2001 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[51]Sentencia
C-221 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, sentencia C-720 de 2007 M.P.
Catalina Botero Marino.
En la sentencia C-237 de 2014 (M.P. María Victoria
Calle Correa), que analizó la constitucionalidad de la expresión “laborales”
incluida en el artículo 1º de la Ley 1258 de 2008, que limita la
responsabilidad de los socios de las sociedades por acciones simplificadas a
sus aportes y excluye la responsabilidad por otro tipo de obligaciones, la
Corte estudió la posible afectación de derechos fundamentales para determinar
el nivel intermedio del escrutinio, aspecto en el que consideró que la
responsabilidad de los accionistas podría tener un fuerte impacto sobre
derechos fundamentales de las personas vb. mínimo vital y dignidad, pero  que
ese impacto no era evidente y necesario, de manera que “[s]e trata, de una
norma que si bien limita los derechos laborales; no lo hace de una forma
absoluta o amplia, sino parcial, aunque, eventualmente, puede tener un impacto
adicional sobre otros derechos fundamentales de las personas en los casos
concretos
[52]
Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba. 2012, pp 19.
[53]
La reducción de la
capacidad jurídica como consecuencia de la inhabilidad para ser testigo se
reconoció cuando se estudió la naturaleza de las inhabilidades bajo el régimen
civil (F.J. 19 sentencia). A pesar de lo anterior, la conclusión a la que
arribó la sentencia es que la posibilidad de ser testigo no se ubica dentro del
derecho a la personalidad jurídica.