T-159-12
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-159/12
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE
TRABAJADOR DISCAPACITADO QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional
La terminación de una relación laboral, justificada o
no, no es en principio una controversia de relevancia constitucional. Lo que no
puede aceptarse, es que la desvinculación del trabajador sea producto de una
conducta arbitraria, que estuviere escondiendo un trato discriminatorio hacia
el trabajador, ya que en virtud del principio de igualdad contemplado en el
artículo 13 de la Constitución Política, no puede darse un trato similar a una
persona en condición de debilidad manifiesta a la que se encuentra en buenas
condiciones de salud física y metal
CARRERA ADMINISTRATIVA-Causales de retiro
Las causales de retiro: (i) declaratoria
de insubsistencia del nombramiento, a causa de evaluación no satisfactoria en
su desempeño laboral, para el caso de un servidor de carrera administrativa;
(ii) por la renuncia “regularmente aceptada”; (iii) reconocimiento de la
pensión de jubilación o vejez; (iv) invalidez absoluta; (v) cumplimiento de la
edad de retiro forzoso; (vi) destitución del empleado como resultado de un
proceso disciplinario; (vii) declaratoria de vacancia por abandono del empleo;
(viii) decisión judicial; y (ix) muerte.
CARRERA JUDICIAL-Formas de proveer cargos
La Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia (L. 270/96) reguló la manera de proveer los cargos de la rama judicial
de la siguiente manera: (i) en propiedad, para “los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan
superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o
se trate de traslado en los términos del artículo siguiente”; (ii) en provisionalidad, para el caso de vacancia
definitiva, “hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente
previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal,
cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes”;
y finalmente (iii) en encargo, “cuando las necesidades del servicio lo exijan,
podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período
igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este
término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el
caso, de conformidad con las normas respectivas”.
CARRERA JUDICIAL-Presupuestos que deben cumplirse para autorizar traslado
CARGO DE CARRERA EN PROVISIONALIDAD Y CARGO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION-Diferencias
No deben confundirse los empleos de libre
nombramiento y remoción, con los que han sido designados en provisionalidad. Para esta Corte la situación de uno y otro es
diferente, debido a que para el primero, existe una estabilidad laboral “precaria”,
en cuanto a que la desvinculación depende de la decisión discrecional del
nominador, mientras que en el segundo, por tratarse una estabilidad laboral
intermedia, es necesario para su retiro una razón que lo justifique, pues si
bien no son titulares de las prerrogativas propias del sistema de méritos,
cuentan con una protección respecto de las razones de su desvinculación, que
consiste en la posibilidad de no ser removidos del empleo “sino por causas
disciplinarias, baja calificación en las funciones, razones expresas atinentes
al servicio, o por designación por concurso de quien ganó la plaza, conforme a
la regla constitucional general relativa con la provisión de los empleos de
carrera (Art. 125 C.P)”.
SISTEMA DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGOS DE
DOCENTES OFICIALES
La carrera docente, como régimen legal que garantiza
el ejercicio de esa profesión en el sector estatal, está fundada en (i) el
respeto de los derechos fundamentales, la dignidad humana y en el deber de
solidaridad; (ii) la profesionalidad de los educadores; (iii) la idoneidad, del desarrollo de la gestión y de las
aptitudes demostradas por los docentes; (iv) la igualdad en las condiciones de
acceso a la función de todas las personas aptas para ello; y (v) el mérito,
considerado como un presupuesto principal, respecto al ingreso, la permanencia,
la promoción en el servicio y el ascenso en el escalafón.
CARGO DE CARRERA EN PROVISIONALIDAD-Goza de estabilidad laboral relativa
Los servidores en provisionalidad
cuentan con una estabilidad laboral relativa, que les garantiza que solo puedan
ser desvinculados para que provea el cargo que ocupan una persona que ha ganado
el concurso público de méritos o por quien encontrándose en un cargo de carrera
en propiedad cumple con el lleno de los requisitos para obtener un traslado;
por lo tanto si la terminación del vínculo laboral tiene como causa lo
anterior, no se desconocen derechos de esos servidores.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA
EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Orden al Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa vincular nuevamente a la accionante de manera provisional en un
cargo que se encuentre vacante
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Orden a EPS restablezca la atención integral de salud
a la accionante quien padece cáncer y fue despedida por ocupar cargo en
provisionalidad
DERECHO AL MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a Fiduciaria la Previsora y al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocer y pagar pensión de invalidez a
docente quien tiene una disminución de la capacidad del 96% y fue despedida por
ocupar cargo en provisionalidad
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA
EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Orden a la Secretaría de Educación vincular a la
docente de manera provisional en un cargo que se encuentre vacante
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Orden a EPS restablezca la atención integral de salud
a la docente quien padece cáncer y fue despedida por ocupar cargo en
provisionalidad
Referencia: expedientes T-3234322,
T-3241594 y 3252575, acumulados.
Acciones de tutela instauradas por Alba
Fayoly Mesa Granados, contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Sáchica
(expediente T-3234322); Bertha Beatriz Vega de Ortiz, actuando mediante
apoderado, contra la Alcaldía de Santa Marta y la Secretaría de Educación de la
misma ciudad (expediente T-3241594); e Isaura Castro Zabala, contra la
Secretaría de Educación de Barranquilla (expediente T-3252575).
Procedencia: Juzgados Primero Civil del
Circuito de Tunja; Décimo Civil Municipal de Santa Marta; y Décimo Penal
Municipal de Barranquilla, respectivamente.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos
mil doce (2012)
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto
Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de fallos únicos de instancia dictados
por los Juzgados Primero Civil del
Circuito de Tunja, Décimo Civil Municipal de Santa Marta y Décimo Penal
Municipal de Barranquilla, dentro de las
acciones de tutela instauradas por Alba
Fayoly Mesa Granados, contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Sáchica
(expediente T-3234322); Bertha Beatriz Vega de Ortiz, mediante apoderado,
contra la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Santa Marta (expediente
T-3241594); e Isaura Castro Zabala, contra la Secretaría de Educación de
Barranquilla (expediente T-3252575), acumulados.
Los respectivos expedientes llegaron a la Corte Constitucional
por remisión que efectuaron los citados despachos, en virtud de lo ordenado por
los artículos 86 inciso 2° de la Constitución Política, y 31 del Decreto 2591
de 1991.
La Sala Décima de Selección de esta corporación, en
octubre 20 de 2011, eligió para efectos de su revisión los asuntos de la
referencia y dispuso acumularlos entre sí por presentar unidad de materia, para
que sean fallados en una sola sentencia, a lo que en efecto procede esta Sala
de Revisión.
I. ANTECEDENTES
Alba Fayoly Mesa Granados, Bertha Beatriz
Vega de Ortiz (mediante apoderado), e Isaura Castro Zabala promovieron acciones
de tutela contra el despacho y los entes referidos, aduciendo conculcación a
sus derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la salud, a la seguridad
social, a la estabilidad laboral reforzada, al debido proceso, al trabajo y al
mínimo vital.
A.
HECHOS Y RELATOS EFECTUADOS
EN LAS DEMANDAS
Expediente T-3234322
1. Alba Fayoly Mesa Granados, de 32 años
de edad, indicó que le fue diagnosticado “osteosarcoma, que es un tumor
cancerígeno de alta peligrosidad”, por lo que en julio de 2011 fue remitida
al Instituto de Cancerología de Bogotá (f. 11 cd. inicial respectivo).
2. Agregó que se encontraba ocupando el
cargo de Secretaria en provisionalidad, en el Juzgado Promiscuo Municipal de
Sáchica; sin embargo, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Tunja, en julio 29 de 2011, emitió concepto favorable al traslado
solicitado por el señor Ricardo Mauricio Pineda Rodríguez, quien se desempeñaba
en el mismo cargo en propiedad, en el Juzgado Primero Penal Municipal de
Chiquinquirá.
Mediante Resolución Nº 015 de agosto 4 de
2011, la señora Jueza titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Sáchica aceptó
el traslado y procedió a nombrar en propiedad al señor Ricardo Mauricio Pineda
Rodríguez, ordenando realizar las comunicaciones respectivas conforme a la Ley
270 de 1996.
3. Señaló que el mismo día de la
expedición del referido acto administrativo, le fue practicada “biopsia
ordenada por el oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología”,
otorgándole incapacidad por dos días (f. 12 ib.).
4. Refirió que, por su vulnerabilidad, elevó
derecho de petición al Juzgado demandado solicitando la suspensión de los
efectos de la Resolución N° 015 de 2011, puesto que si “el nombrado en
carrera toma posesión” quedaría desprovista de atención médica, mientras el
señor Ricardo Mauricio Pineda Rodríguez puede optar por otra sede; el requerimiento
fue resuelto de manera negativa a las pretensiones de la actora, no obstante lo
cual la señora Jueza le informó que solicitaría concepto sobre la situación al
Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja, Sala Administrativa  (f. 12 ib.).
5. Así mismo aseveró que con la decisión del
Juzgado accionado se está privilegiando “una solicitud de traslado que no
está amparada en ninguna razón extraordinaria, y de una persona que ya tiene su
derecho a carrera administrativa”, frente a los derechos a la salud y a la
vida (f. 13 ib.).
6. Por lo expuesto, requirió amparo para
sus derechos y, por ende, solicitó se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de
Sáchica revocar la Resolución Nº 015 de 2011 y, en consecuencia, negar el
mencionado traslado.
Expediente T-3241594
1. Mediante apoderado, la señora Bertha
Beatriz Vega de Ortiz, de 65 años de edad, aseveró que desde febrero 19 de 2003
trabajó en el sector docente para el Distrito de Santa Marta en un cargo en
provisionalidad.
2. Mediante Resolución N° 307 de 2011 del Alcalde
Distrital, fue desvinculada, certificándosele cinco meses después pérdida de
capacidad laboral del 96%, por “sordera derecha, esclerosis de mastoides
derecha, ostemastoiditis, hipertensión arterial espondiloartrosis lumbar, protusión
L3-L4, sicope y colapso infarto lacular frontal derecho” (f. 2 cd. inicial
respectivo).
3. Afirmó que según la Resolución Nº 448
de marzo 11 de 2011, emitida por la Alcaldía, era indispensable una orden
judicial para su desvinculación, por cuanto existía dictamen médico que
certificaba las enfermedades que padece.
4. Refirió que “los docentes mal
llamados provisionales han tenido que soportar el desconocimiento frontal de la
normatividad que regula la realización y aplicación de los concursos de méritos,
de tal suerte que han sido víctimas de una serie de violaciones, sin poder
hacer uso siquiera de los recursos procedimentales que establecen nuestros
códigos, toda vez que la administración determina en los actos administrativos
que profieren que contra ellos no procede recurso alguno” (f. 9 ib.).
5. En consecuencia, argumentando que la
desvinculación de la señora Vega de Ortiz se produjo sin la debida autorización
del entonces Ministerio de la Protección Social, la parte actora pidió (f. 10
ib.):
“A. Declarar ineficaz el acto
administrativo (resolución) Nº 307 22 de febrero de 2011, mediante la cual se
desvinculó a mi mandante… del cargo de docente que venía desempeñando en el
Distrito de Santa Marta…
B. Ordenar el reintegro… al cargo de
docente que venía desempeñando en el Distrito de Santa Marta, desde el año
1997, hasta tanto el Ministerio de Educación Nacional-Fondo de Prestaciones
Sociales, reconozca su Pensión por Invalidez.
C. Que se cancelen los Salarios y
prestaciones causadas entre la fecha de desvinculación y la fecha de
reintegro…”
Expediente T-3252575
1. Isaura Castro Zabala, de 24 años,
indicó que mientras se desempeñaba como docente en la Escuela Normal Superior
del Distrito de Barranquilla, le fue diagnosticado cáncer, específicamente (f.
1° cd. inicial respectivo):
“- Linfoma de Hopkins tipo celularidad
mixta.
- EC II REGIÓN CERVICAL IZQUIERDO Y
MEDIASTINAL.
- ESQUEMA ABVD2CICLO (D15).”
2. Afirmó que una vez conoció los
resultados de los exámenes le comunicó su situación al Secretario de Educación
de Barranquilla; no obstante, luego de presentarse a trabajar después de una
incapacidad, se enteró que había sido declarada insubsistente debido a que su
cargo era en provisionalidad.
3. Por lo anterior, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital,
al trabajo, a la salud y a la seguridad social y, en consecuencia, se le ordene
a la Secretaría de Educación Distrital la reintegre a un cargo de igual o
superior jerarquía al que venía ocupando.
B. DOCUMENTOS RELEVANTES CUYA COPIA OBRA EN LOS EXPEDIENTES
Expediente T-3234322
1. Historia clínica de Alba Fayoly Mesa Granados, de
agosto 1° de  2001, donde se lee (fs. 1 y 2 cd. inicial respectivo): “Tumor
maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros…”
2. Orden médica para consulta de control de agosto 4
de 2011 (f. 3 ib.).
3. Prescripción médica del radiólogo Leonidas Borrero
Borrero, en la cual consta que la actora presenta “lesión expansiva ósea de
bordes estipulados. Algunas calcificaciones amorfas en los tejidos blandos. Se
requiere estudio complementario de tac” (f. 40 ib.).
4. Petición elevada por la señora Alba Fayoly Mesa
Granados a la Jueza Promiscuo Municipal de Sáchica en agosto 9 de 2011,
mediante la cual solicitó revocar la Resolución N° 15 de 2011, atendiendo su
estado de salud, y, por ende, se niegue el traslado del señor Pineda Rodríguez
(fs. 5 y 7 ib.), y de la respuesta negativa del despacho, en agosto 12 de 2012
(fs. 7 y 8 ib.).
6. Resonancia nuclear de hombro derecho, de julio 22
de 2011, donde consta (f. 9 ib.) “lesión neoplástica originada en la región
infraespinosa de la escápula la cual tiene extensa reacción perióstica…
extensión de los tejidos blandos formando una masa de aprox, 12 cm de diámetro mayor la cual ejerce efecto compresivo sobre los músculos adyacentes”.
7. Gammagrafía ósea, de julio 19 de 2011, en la que se
halló (f. 10 ib.): “Lesión monostótica en escápula derecha consistente con
osteocarcoma. Lesiones en reja costal posterior izquierda que deben ser
correlacionadas con otros estudios para determinar su naturaleza patológica.”
8. Resolución Nº 14 de julio 29 de 2011, mediante la
cual la Jueza otorgó permiso a la actora, para una cita “con ortopedia
oncológica en el Instituto de Cancerología de Bogotá” (f. 77 ib.).
Expediente T-3241594
1. Dictamen para la calificación de pérdida de capacidad
laboral y determinación de invalidez, donde consta que Berta Beatriz Vega
Rodríguez (nombre de soltera) padece pérdida de capacidad del 96% de origen
común, con fecha de estructuración julio 13 de 2011 (fs. 12 y 13 cd. inicial
respectivo).
2. Resolución N° 307 de febrero 22 de
2011, mediante la cual se nombró en período de prueba a Mónica Patricia
Gutiérrez Puello y se declaró insubsistente el nombramiento provisional de la accionante,
con motivo del proceso de selección realizado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil para proveer “los empleos de Docentes Básica Primaria en las
instituciones educativas oficiales” de la entidad territorial (fs. 14 y 15
ib.).
3. Resolución N° 0380 de febrero 19 de
2003, por medio de la cual se vinculó en provisionalidad a la demandante, para
desempeñar el cargo de docente en el “Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta, hasta que se provea el cargo en período de prueba o
en propiedad de acuerdo con los listados de elegibles” resultantes del
concurso (fs. 16 y 17 ib.).
Expediente T-3252575
1. Historia clínica de Isaura Castro
Zabala, donde consta, entre otras menciones:
(i) Valoración clínica de diciembre 23 de
2010, en la que se determinó la existencia de “masa en cuello
supraclavicular”, cuya descripción microscópica corresponde a “Ganglio
linfático con remplazo de su arquitectura por lesión linfoproliferativa
constituida por población de células linfoides atípicas de núcleos hipercromáticos
e irregulares y dispersas figuras mtoticas, dispuestas en patrón difuso
alternando con células tipo Hodgkin, células neoplasicas con núcleos
poliobuladoas, células bizarras momificadas, y ocasionales células de Reed
Stemberg en fondo fibrilar con infiltrado inflamatorio mixto en el que se
destacan numerosos eosinofilos” (f. 25 cd. inicial respectivo).
(ii) Prescripción del especialista en
hemato-oncología de la Clínica de Hemato-Oncología Bonnadona Ltda., de enero 18
de 2011, mediante la cual se recomienda iniciar QT con ABVD (f. 9 ib.).
2. Incapacidad expedida por Coomeva EPS a
la señora Isaura Castro Zabala, entre marzo 28 y abril 4 de 2011 (f. 32 ib.).
3. Incapacidad otorgada en mayo 2 de 2011
por la referida EPS, donde autoriza licencia a la actora desde abril 28 a mayo 17 de 2011 (f. 32 ib.).
4. Constancia emitida por la Rectora de la
Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla, mediante la cual
certificó que la demandante trabajaba en esa institución como docente, desde
noviembre 29 de 2010 (f. 34 ib.).
5. Resolución N° 05047 de octubre 27 de 2010,
expedida por el Secretario de Educación de Barranquilla, por medio de la cual
se vinculó en vacante temporal a la demandante, para que se desempeñara como
docente en la Escuela Normal Superior del Distrito, “mientras dure la
situación administrativa del titular del cargo” (fs. 36 y 37 ib.).
6. Acta de posesión N° 00803 de diciembre
19 de 2010, de la Isaura Castro Zabala, firmada por el citado el Secretario de
Educación (f. 35 ib.).
7. Informe de ampliación suscrito por la
accionante, en junio 17 de 2011, donde aseguró que en dos oportunidades acudió
a la Secretaría de Educación Distrital, con el fin de aclarar su situación, sin
que le fuera entregada la resolución que la declaró insubsistente (fs. 41 y 42
ib.).
C. ACTUACIÓN PROCESAL Y RESPUESTA DE
LAS PARTES  DEMANDADAS Y VINCULADAS
Expediente T-3234322
El Juzgado Primero Civil del Circuito de
Tunja, mediante auto de agosto 22 de 2011, admitió la tutela y ordenó la
vinculación del señor Ricardo Mauricio Pineda Rodríguez y de la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, al considerar
que podrían resultar afectados por lo resuelto en la instancia.
Así mismo, ordenó oficiar al despacho
accionado para que se pronunciara sobre los hechos y pretensiones de la demanda
(fs. 23 a 25 cd. inicial respectivo).
Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Tunja
La Presidenta de la referida Sala,
mediante escrito de agosto 24 de 2011, aseveró (f. 35 ib.): “no le sería
dado a la Sala Administrativa de los Consejos Seccionales (sic) de la
Judicatura emitir un concepto favorable diferente cuando los interesados
cumplen, como en el caso que nos ocupa, los requisitos para que le sea
concedido concepto favorable, esta actuación no puede depender de ninguna
manera del estado de salud o cualquiera otra circunstancia que afecte al
servidor que se encuentre vinculado en provisionalidad, máxime si se tiene en
cuenta que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, consagra en su
artículo 152 que el traslado es un derecho que tiene todo funcionario de la
Rama Judicial.”
Indicó que conforme a la Resolución Nº
CSJBR11-127 de mayo 27 de 2011, fueron publicados los “formatos de Opción de
Sede del 1° al 08 de junio de 2011”, siendo recibida la solicitud de
traslado del señor Ricardo Mauricio Pineda Rodríguez, dentro del tiempo
correspondiente, para aspirar al cargo de Secretario del Juzgado Promiscuo
Municipal de Sáchica (f. 35 ib.).
Finalizó requiriendo declarar improcedente
la acción de tutela en el caso bajo estudio, atendiendo a que “no se ha
violado ni amenazado derecho fundamental alguno, en especial los enunciados por
la tutelante, por cuanto la actividad desplegada tanto por esta Sala Seccional,
como por el nominador, está orientada precisamente a reconocer los derechos que
tienen los empleados de carrera judicial en virtud de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia. En manera alguna pueden estas actuaciones vulnerar
derechos a la estabilidad que no están expresamente reconocidos en las normas” (f.
36 ib.).
Además de dicho escrito, fue anexado el
oficio CSJBPSA11-942 de junio 17 de 2011, mediante el cual le comunicó a la “Jueza
Primera del Juzgado Promiscuo Municipal de Sáchica” el concepto favorable
al traslado solicitado por Ricardo Mauricio Pineda Rodríguez (fs. 37 a 39 ib.).
Juzgado Promiscuo Municipal de Sáchica
En escrito de agosto 25 de 2011 la jueza
de ese despacho refirió que, por medio de Resolución Nº 015 de agosto 4 de
2011, aceptó el traslado del señor Ricardo Mauricio Pineda Rodríguez al cargo
de Secretario en propiedad de ese juzgado, pues no existe “fundamento legal
o Constitucional que establezca que los empleados en provisionalidad tengan
prelación sobre los empleados de carrera ya que estos últimos tienen un derecho
adquirido” (f. 44 ib.).
Frente al estado de salud de Alba Fayoly
Mesa Granados, sostuvo que si bien ella ha solicitado algunos “permisos para
citas y práctica de exámenes médicos no menos cierto es que hasta el día 4 de
agosto del año en curso, fecha en que se tomó la decisión de realizar el
mencionado nombramiento no tenía conocimiento de la existencia de un examen que
diagnosticara médica y científicamente la enfermedad a la cual hace
referencia…” (f. 45 ib.).
Expediente T-3241594
El Juzgado Décimo Civil Municipal de Santa
Marta, por medio de auto de agosto 11 de 2011, admitió la demanda ordenando
notificar de la misma a los accionados y la vinculación de la señora Mónica Patricia
Gutiérrez Puello, al estimar que ella puede resultar afectada con la decisión
que se tome.
La requerida señora Mónica Patricia
Gutiérrez Puello informó, en agosto 16 de 2011, que al participar en el
concurso abierto de méritos y al obtener el puesto 101 de 243, conforme a la
lista de elegibles, cumple “todos los requisitos necesarios estipulados por la
Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y la Secretaría de Educación
Distrital de Santa Marta para ocupar el cargo de docente básica primaria”
(fs. 28 a 30 cd. inicial respectivo).
Al escrito fueron anexados algunos
documentos donde consta el concurso, el nombramiento y la posesión en el cargo
de docente de básica primaria en la Institución Distrital Camilo Torres, que
ocupaba la demandante.
Secretaría de Educación de la Alcaldía
de Santa Marta
El Secretario de Educación Distrital, en
agosto 17 de 2011, refirió (f. 94 ib.): “Los actos administrativos se
presumen válidos y no es competencia del juez especial constitucional de tutela
decretar o dejar sin efectos estos, ello es competencia de los jueces administrativos
mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho
según sea el caso conforme a la teoría de los móviles y finalidades de la
acción, por lo cual acceder a lo solicitado por parte de la accionante sería un
error, más aun cuando se estaría truncando la voluntad administrativa y la
aplicación de la ley y se obraría en contravía de lo estipulado por el decreto
2591 de 1991 y el artículo 86 de la Constitución en cuanto a la subsidiariedad
y residualidad de la acción.”
Aseveró que la acción de tutela no es el
mecanismo adecuado e idóneo para solicitar “los emolumentos dejados de
percibir en la medida en que se denota un misterioso y tenebroso periodo de
tiempo que comprende más de cinco meses desde que ocurrieron los hechos hasta
la presente solicitud, lo que implica que se pretenden sumas de dinero y entre
más tiempo pase más dinero se acumula” (f. 96 ib.).
Afirmó que, ante la inexistencia de un
perjuicio irremediable y en observancia del principio de subsidiariedad, no
procede la acción de tutela “pues al haber cualquier situación anómala bien
podría ser llevada a su estado anterior y por tal no aplica de manera
transitoria la tutela. Observamos también la carencia del derecho reclamado por
ausencia de titularidad del mismo, pues no lo ha adquirido y mucho menos
demostrado, no aun de manera sumaria. Pero no siendo poco ello no hay derechos
fundamentales violados…” (f. 97 ib.).
Igualmente, indicó que si bien la Ley 790
de diciembre 27 de 2002 en su artículo 12 contempla una estabilidad especial a
favor de las madres cabeza de familia, las personas con limitación física,
mental, visual o auditiva, entre otros, “no es menos cierto que dicha ley no
cobija el sector de la docencia pública pues éste es regulado por una norma de
carácter especial que se prefiere a la general” (f. 97 ib.); por lo que su
condición de madre cabeza de familia “no la excluye de ser desvinculada o de
haber participado en el concurso de méritos que para el efecto es necesario”.
Aseveró que la Ley 361 de febrero 7 de
1997 no es aplicable, “toda vez que es claro que la desvinculación de la
docente no se debe a su supuesta incapacidad sino a que su condición resolutoria
contenida en el acto administrativo se ha cumplido, es decir, ha llegado un
docente en propiedad o periodo de prueba que da por terminado el encargo a que
tenía derecho la actora y para que aplique la norma que cita el abogado
demandante debe tener como motivación de la desvinculación la incapacidad, y no
es el caso” (f. 97 ib.).
Frente a la Resolución Nº 448 de 2011
alegada por el apoderado de la accionante, mediante la cual fueron exceptuados
algunos docentes en la desvinculación, manifestó (f. 98 ib.): “sus
enfermedades eran tales que si el Distrito los dejaba sin trabajo su
desprotección sería tal que no habría forma de que su subsistencia inmediata
fuere viable, en consideración a ello y en relación con el artículo 13 de la
Constitución se entró a proteger a estos trabajadores, sin embargo, la
situación de ésta docente es anterior a la expedición de esta resolución siendo
que ésta se realizó con ocasión a desvinculaciones posteriores y no a la
oportunidad en que se desvinculó la docente, además la situación de los demás
que se quedaron por fuera de dicho acto administrativo es muy diferente, toda
vez que se pusieron en conocimiento a la administración de su padecimiento después
de haber expedido dicho acto y de haber sido desvinculados como no ocurrió con
los que fueron cobijados por el mencionado acto.”
Aseguró que aunque no sea procedente
amparar los derechos a la igualdad, al trabajo y a la estabilidad laboral
reforzada, sí se “garantizará su derecho a la salud ya no por este ente
territorial como servidora pública, pues ya no pertenece a la docencia pública,
pero se le garantizará… por diferentes entes del Estado que corresponda, en la
medida de sus necesidades” (f. 98 ib.).
Por lo anterior, invocando el principio de
subsidiariedad, requirió declarar la improcedencia de la acción de tutela.
Alcaldía Distrital de Santa Marta.
El apoderado de ese ente territorial, en
escrito de agosto 18 de 2011, afirmó que se están ejecutando medidas
encaminadas a “normalizar la situación de los decentes del Distrito de Santa
Marta ya que quienes no presentaron el concursos de méritos no pueden
sencillamente ocupar cargos en propiedad…, ya que no pueden pretender lograr la
propiedad de un cargo público a través de la prescripción únicamente alegando
que se ha permanecido en esa función por un determinado tiempo, existen normas
superiores como el artículo 125 de la Constitución Política donde claramente se
expresa la obligación del concurso para obtener la propiedad del cargo…”
(f. 100 ib.).
Adujo que no deben prosperar las
pretensiones de la actora dado que “no existe un fuero de estabilidad sobre
los docentes en cuanto a la adscripción de funciones, o en este caso nombramientos
provisionales, más cuando no cumplió con la obligación legal de presentar y
pasar el concurso de méritos y no hacerlo da como resultado que no puedan
permanecer en cargos a los cuales no tienen derecho a permanecer…” (f. 101
ib.).
Igualmente, aseveró que la peticionaria
tenía conocimiento de que su nombramiento estaba sujeto a concurso de méritos,
no obstante, la actora se abstuvo de participar y “por lo tanto no tiene
ningún derecho a permanecer en ese cargo, alegando derechos que realmente no le
corresponden, y de los cuales sí tiene derecho el o la docente a quien se
nombró en periodo de prueba por haber participado y aprobado el concurso de
mérito” (f. 101 ib.).
Indicó que los actos de nombramiento de
los docentes en provisionalidad se realizan mediante un “acto condición”,
por lo que “la causal de retiro de tales funcionarios está dada con el nombramiento
mismo, o sea, que una vez nombrados están sujetos a que se cumpla la condición
(similar a las obligaciones condicionales), luego de cumplida ésta se da por
terminada la relación, mediante un acto administrativo que no se notifica, sino
que se comunica, y por ende en este trámite no hay debido proceso, por no ser
una actuación administrativa, es un simple trámite” (f. 105 ib.).
En ese sentido, refirió que el motivo de
la declaratoria de insubsistencia de la señora Vega de Ortiz fue el
nombramiento en período de prueba de quien “sí cumplió a cabalidad los
requisitos que contemplan las normas sobre carrera docente”; así, la
necesidad de motivar el acto que desvinculó a la actora cesó cuando la persona
llamada a ocupar el cargo fue nombrada (f. 105 ib.).
Señaló que aunque la peticionaria fue
separada de su cargo como docente, no “perderá su derecho a ganarse la vida,
a desarrollar una actividad económica o a desempeñarse como docente en
instituciones educativas privadas o hasta clases particulares…”, por lo
cual descartó la vulneración de los derechos al mínimo vital y al trabajo (f.
106 ib.).
En consecuencia, pidió se declare
improcedente la acción de tutela, por la ausencia de conculcación de derechos y
por la posibilidad que tiene la señora Bertha Beatriz Vega de Ortiz de acudir a
la jurisdicción contenciosa administrativa para debatir lo aquí planteado.
Presidente de la Comisión de Personal
del Distrito de Santa Marta.
El mencionado funcionario, en agosto 19 de
2011, afirmó que esa Comisión no participa en las “decisiones
administrativas sobre los movimientos de personal, lo que resulta natural, pues
es el nominador o el jefe de la entidad respectiva, o a quien éste le delegue
dicha función, el responsable de administrar y dirigir la planta de personal y
los servidores públicos vinculados a ésta, por ello lo pedido por la actora
debería ser resuelto por la Secretaría de Educación, oficina encargada de la
administración de la planta de personal…” (f. 114 ib.).
Apoderado de la señora Bertha Beatriz
Vega de Ortiz.
Mediante escrito adicional, expresó no
compartir los argumentos expuestos por la Alcaldía, toda vez que esta Corte ha
expuesto que “los actos administrativos de insubsistencia de funcionarios en
provisionalidad deben ser motivados, por lo que consecuentemente debe haber una
notificación personal de dicho acto para poder controvertirlo ante la Justicia
Contencioso Administrativa en aras de la protección del debido proceso y
derecho de defensa” (f. 115 ib.).
Refirió que el Distrito, mediante el
Decreto 448 de 2011, protegió “aquellos funcionarios en provisionalidad que
se encuentran en debilidad manifiesta por presentar enfermedades terminales o
catastróficas” (f. 116 ib.).
Finalmente, además de dicho escrito, anexó
un artículo del Diario del Magdalena, con fecha de agosto 19 de 2011, donde se
lee (f. 118 ib.):
“Dentro de 90 días la Administración
Distrital entregará las actas de posesión en los cargos a los docentes
nombrados en período de prueba luego de ganar el Concurso Público de Méritos de
la Comisión Nacional de Servicio Civil. Así lo determinó la Administración a
través de la Resolución 1578 del 18 de julio de 2011, para no incurrir en una
flagrante violación a los derechos fundamentales de los maestros que se
encuentran incapacitados y no han sido notificados de su declaratoria de
insubsistencia…”
Expediente T-3252575.
Mediante auto de agosto 18 de 2011, el
Juzgado Décimo Penal Municipal de Barranquilla admitió la acción de tutela y
ofició a la Secretaría de Educación de la misma ciudad, para que remitiera la
información pertinente “en relación con los hechos a que hace referencia la
accionante” (f. 84 cd. inicial respectivo).
Igualmente, ordenó vincular a la señora
Doris García Pérez al poder resultar afectada con lo que se resuelva en la
presente acción de tutela; sin embargo, dejó constancia de la imposibilidad de
notificarle la admisión de la misma, toda vez que, al parecer, “la docente
en mención ya no laboraba” en la Escuela Normal Superior del Distrito de
Barranquilla, conforme a lo manifestado bajo juramento por el citador de ese
despacho judicial (f. 129 ib.).
Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía
de Barranquilla.
En respuesta de junio 29 de 2011, el
apoderado de esa dependencia informó que Isaura Castro Zabala “fue
desvinculada de la planta docente del distrito de Barranquilla mediante
Resolución N° 02488 de mayo 5 de 2011, habida cuenta que…  Doris García Pérez
titular del cargo, una vez superado el período de prueba, fue nombrada en
propiedad como Directivo Docente Coordinadora” (f. 48 ib.); lo anterior, en
consideración a que la señora Doris García Pérez “superó todas las etapas
del Concurso de mérito convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
forma parte de la lista de elegibles y realizó la escogencia de la plaza en
audiencia pública” (f. 49 ib.).
Así, afirmó no haber conculcado los
derechos invocados por la actora, como quiera que “las actuaciones de la
Secretaría de Educación fueron realizadas” de acuerdo con las normas que
rigen la provisión de esos cargos, es decir, “artículo 125 de la
Constitución Política que reglamenta el acceso a los cargos de carrera y
ascenso de los mismo, Ley 115 de 1994, Ley 904 de 2004, Decreto Ley 1278 de
2002 y Decreto Reglamentario 3982 de 2006” (f. 49 ib.).
Frente a la comunicación de la Resolución
mediante la cual se dio por terminado el nombramiento en provisionalidad,
aseveró que la Oficina de Gestión Administrativa, en mayo 17 de 2011, envió la
respectiva notificación.
Por lo anterior, aduciendo que la
demandante puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y
en ausencia de un perjuicio irremediable, requirió declarar improcedente la
acción de tutela.
D. DECISIONES OBJETO DE REVISIÓN.
Expediente T-3234322. Sentencia única de instancia.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de
Tunja, en septiembre 2 de 2011, negó el amparo por improcedente al estimar que
tanto la solicitud de reintegro como la de revocatoria de la Resolución N° 015
de 2011 no es posible “por esta vía, en razón a que existe otro medio de
defensa judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
pudiendo incluso pedirse la suspensión de dicho acto administrativo, razón por
la cual el Juez de tutela no puede usurpar, invadir o vaciar las competencias
propias de la autoridad competente, a menos que se encuentre plenamente
demostrada la presencia de un perjuicio irremediable” (f. 54 cd. inicial
respectivo).
Igualmente, aseveró que observando la
jurisprudencia constitucional, para que proceda la acción de tutela en el caso bajo
estudio no basta “demostrar la condición de trabajador discapacitado o en
condiciones de salud limitadas, que merezca la especial protección
constitucional. Además de ello, debe establecerse ‘una relación de causalidad
entre las condiciones de salud del trabajador y su desvinculación de forma tal
que puede extraerse la existencia de un trato discriminatorio’” (f. 53
ib.).
Refirió que “la terminación de la
relación laboral administrativa obedece a la propia naturaleza temporal del
nombramiento que tenía (en provisionalidad) conjugada con una causal legal de
terminación del vínculo (la provisión del cargo en propiedad mediante
traslado)…” y no a circunstancias discriminatorias, como alega la
peticionaria (f. 56 ib.).
Así, descartó que hubiere daño irremediable,
dado que “el sistema de seguridad social contempla previsiones sobre
periodos de extensión de la cobertura del subsistema de salud unas semanas
después de la terminación del vínculo laboral, además de la posibilidad de
continuar la afiliación al sistema como independiente y en circunstancias de
mayor precariedad, a través del régimen subsidiado en salud, posibilidades
todas éstas que descartan que la accionante pueda quedar totalmente desamparada
en su tratamiento médico” (f. 58 ib.).
Expediente T-3241594. Sentencia única de instancia.
El Juzgado Décimo Civil de Santa Marta,
mediante providencia de agosto 25 de 2011, declaró improcedente la acción de
tutela al estimar que, la controversia planteada por la demandante es un asunto
“netamente laboral” (f. 123 cd. inicial respectivo).
Indicó que el motivo de la desvinculación
de la señora Bertha Beatriz Vega de Ortiz “no se origina en su enfermedad y
mucho menos en su incapacidad…, obedeció a que la señora Mónica Patricia
Gutiérrez Puello concursó para proveer los cargos de docentes del Distrito de
Santa Marta, superando todas las etapas del mismo y por ello ganó el derecho a
ser nombrada y a ocupar el cargo que la accionante venía ocupando en forma
provisional y la accionante Señora Berta Vega de Ortiz no acudió al llamado concurso
hecho por la Comisión Nacional del Servicio Civil…” (f. 124 ib.).
Frente al tema del retén social, aseveró
que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en marzo 7 de 2011 envió comunicación
al Secretario de Educación Distrital afirmando que la estabilidad laboral
reforzada prevista en la Ley 790 de 2002, “para las madres cabeza de familia
sin alternativa económica, las personas próximas a pensionarse y las personas
con limitaciones mentales, físicas, visuales y auditivas están supeditadas a
los eventos en los cuales la entidad se encuentre en proceso de restructuración
administrativa… por lo tanto ni el Decreto 3905 del 2009 ni la Ley 790 de 2002
afectan la provisión de empleos de docentes y directivos docentes que han sido
convocados mediante concurso de méritos por parte de la CNSC los cuales deben
ser provistos mediante el uso de la lista de elegibles” (f. 124 ib.).
Finalmente, refirió la necesidad de
adoptar medidas que permitan “el ingreso y el desarrollo de la carrera
docente y directiva de los elegibles que obtuvieron sus cargos por méritos”;
por ello, el acceso únicamente se permite conforme al mérito y a “la lista
de elegibles todo… en razón a que la antigüedad no es la que garantiza la
estabilidad en estos cargos sino… la superación del concurso” (f. 124 ib.).
Expediente T-3252575. Sentencia única
de instancia.
El Juzgado Décimo Penal Municipal de
Barranquilla, mediante fallo de agosto 31 de 2011, negó por improcedente el
amparo al considerar que, en ausencia de un perjuicio irremediable, la
accionante cuenta con “otros medios, mecanismos o recursos de defensa
administrativos, que tienen carácter de principales para reclamar la
protección, restablecimiento y reparación de los derechos que considera
conculcados” (f. 133 cd. inicial respectivo).
Estimó que no hay claridad sobre el
derecho que se está vulnerando ni del trato discriminatorio supuestamente
proporcionado, puesto que la “desvinculación de la Sra. Isaura Castro Zabala
obedeció al nombramiento en propiedad de la titular del cargo de docente Doris
García Pérez, quien superó todas las etapas del concurso de méritos” (f.
133 ib.).
En cuanto al derecho a la salud y la
seguridad social, expresó que “teniendo en cuenta que para que un afiliado,
cuyo vínculo laboral haya finalizado y no tenga otro vínculo que le permita
seguir cotizando al régimen contributivo, ya sea en calidad de cotizante o
beneficiario, es primordial que se demuestre que el tratamiento que venía
adelantando con anterioridad a la desvinculación laboral y que, igualmente,
éste sea requerido para sanar sus padecimientos y que, de no seguirlo, se
verían afectados sus derechos fundamentales a la vida o a la integridad
personal. Situación que no le atañe a este juez constitucional referirse…”
(f. 138 ib.).
En consecuencia, al no encontrar
satisfecho el principio de subsidiariedad, negó por improcedente el amparo
requerido.
E. ACTUACIÓN CUMPLIDA EN SEDE DE
REVISIÓN.
Mediante auto de febrero 14 de 2012, la
Corte Constitucional consideró pertinente surtir las siguientes actuaciones:
“Primero: Dentro
del proceso T-3234322, VINCULAR a SaludCoop EPS para que, por
conducto de su respectivo representante legal o quien haga sus veces, en el
término de dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la correspondiente
comunicación, informe el estado de afiliación de la señora Alba Fayoly Mesa
Granados y el tratamiento al que se encuentra sometida, debido al ‘tumor
maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros’,
diagnosticado en agosto 1° de 2011 (f. 1 cd. inicial respectivo), para lo cual
se le facilitará copia del expediente, todo por conducto de la Secretaría
General de esta corporación.
Segundo: Dentro del proceso T-3241594, VINCULAR a
la Oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Departamento
del Magdalena y a Fiduprevisora S. A. para que, por conducto de sus respectivos
representantes legales o quienes hagan sus veces, en el término de dos (2) días
hábiles siguientes al recibo de la respectiva comunicación, informen a este
despacho los dos aspectos que a continuación se indican, para lo cual se le
facilitará copia del expediente, todo por conducto de la Secretaría General de
esta corporación:
a) Si la señora
Bertha Beatriz Vega de Ortiz ha solicitado el reconocimiento de la pensión de
invalidez, teniendo en cuenta que padece una pérdida de capacidad laboral del
96% y que se desempeñó en el cargo de docente en provisionalidad para el
Distrito de Santa Marta, entre febrero 19 de 2003 y febrero 22 de 2011; en caso
tal, indicar la respuesta dada a la solicitud y, de haber sido negativa a las
pretensiones de la accionante, exponer las razones y demás actuaciones
relacionadas con el asunto, adjuntando copia de la documentación conducente a
sustentar lo señalado.
b) Rendir un
informe detallado, de acuerdo a sus competencias, del número de semanas
cotizadas a Pensiones por la señora Bertha Beatriz Vega de Ortiz y el régimen
aplicable a la misma.
Tercero: Dentro del proceso número T-3252575:
3.1. VINCULAR a Coomeva EPS, por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, para que, en el término de dos (2)
días hábiles siguientes al recibo de la correspondiente comunicación, informe
el estado de afiliación de la señora Isaura Castro Zabala y el tratamiento al
que se encuentra sometida debido al cáncer que le fue diagnosticado en enero 18
de 2011 (f. 9 cd. inicial respectivo), para lo cual se le facilitará copia del
expediente, todo por conducto de la Secretaría General de esta corporación.
3.2. ORDENAR a la Secretaría de Educación
Distrital de Barranquilla allegar copia de la Resolución N° 02488 de mayo 5 de
2011, mediante la cual fue desvinculada la peticionaria del cargo de docente
que se encontraba desempeñando en provisionalidad.”
No obstante dicho requerimiento, las
entidades referidas no emitieron pronunciamiento alguno.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
Esta corporación es competente para
examinar las actuaciones referidas, en Sala de Revisión, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de análisis.
Corresponde a esta Sala de Revisión
determinar si el despacho y las entidades demandadas han vulnerado los derechos
a la vida, a la igualdad, a la salud, a la seguridad social, a la estabilidad
laboral reforzada, al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital de las
accionantes, al proferir actos administrativos desvinculándolas de los cargos
que se encontraban desempeñando en provisionalidad, a pesar del lamentable
estado de salud en el que se encuentran, una de ellas incluso con una pérdida
del 96% de su capacidad laboral.
Tercera. Improcedencia de la acción de
tutela para obtener el reintegro laboral, excepto en los casos de los
trabajadores que gozan de una estabilidad laboral reforzada. Reiteración de
jurisprudencia.
En reiterada jurisprudencia esta
corporación ha establecido que la acción de tutela, por regla general, no es el
mecanismo judicial idóneo para resolver una controversia donde se pretende el
reintegro laboral, puesto que el legislador, dependiendo del tipo de vinculación
del interesado, ha previsto las vías adecuadas para ello, bien sea en la
jurisdicción ordinaria laboral o en lo contencioso administrativo.
Así, aún cuando se trata de personas que
se encuentran en estado de debilidad manifiesta, con motivo de alguna discapacidad,
que gozan de relevancia constitucional, la vía adecuada, en principio, es la
ordinaria, como quiera que ha sido diseñada para tal fin y se ha provisto al
juez de conocimiento de herramientas y procedimientos efectivos para tramitar,
conocer y decidir el asunto; sin embargo, en estos casos la procedencia de la
acción de tutela para resolver un reintegro laboral está supeditada a (i) que
resulte irrazonable o desproporcionado someter a la persona que se encuentra en
circunstancias excepcionales, al tiempo que tarda la adopción de la decisión en
un proceso ordinario judicial y cuando (ii) la intervención del juez de tutela
sea indispensable para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[1].
En ese sentido, esta Corte en sentencia
T-125 de febrero 24 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, expresó:
“Esta Corporación[2] ha señalado en su
reiterada jurisprudencia que, en principio, la acción de tutela no es el
instrumento procesal idóneo para solicitar de una autoridad judicial la orden
de reintegro a determinado empleo, pues el ordenamiento jurídico ofrece a los
trabajadores acciones judiciales específicas cuya competencia ha sido atribuida
a la jurisdicción laboral y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
La Corte ha indicado con precisión[3],
que esta regla general, la cual se sigue del principio de subsidiariedad que
condiciona la procedibilidad de la acción de tutela, debe ser matizada en
aquellos eventos en los que el solicitante se encuentra en circunstancias de
debilidad manifiesta y, adicionalmente, en los supuestos en los cuales el
ordenamiento jurídico confiera al sujeto estabilidad laboral reforzada.
Se arribó a esta conclusión debido a que, si bien no
existe un derecho fundamental que asegure a los empleados la conservación del
trabajo o un término mínimo de permanencia en él, gracias a la acentuada
protección que el texto constitucional ofrece a algunos sujetos en atención a
las circunstancias particulares en que se encuentran, las cuales dificultan el
pleno goce de los derechos fundamentales, se impone el reconocimiento del
‘derecho a una estabilidad laboral reforzada’. Es éste el caso de las mujeres
en estado de embarazo, los trabajadores aforados y las personas con
limitaciones, entre otros, cuyo despido debe ser previamente autorizado por la
oficina del trabajo o el juez. En este caso, por ser sujetos de especial
protección, como ya ha sido señalado, la Corte considera procedente su
solicitud de reintegro en sede de tutela.
Ahora bien, como ya fue indicado, la acción de tutela
resulta procedente en un evento adicional, en el cual el sujeto que solicita el
amparo de sus derechos fundamentales se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta cuya seriedad impone al juez de tutela conceder la petición de
tutela como mecanismo transitorio hasta tanto la autoridad judicial competente
tome las decisiones respectivas.”
Conforme a lo expuesto, debe indicarse que cuando uno
de los extremos de la relación laboral es un sujeto de especial protección
constitucional, como en el caso de los discapacitados, o quienes padezcan
limitaciones físicas o mentales, sin que sea necesaria la calificación previa
de su limitación ni que la misma sea temporal o permanente, por pertenecer a un
grupo social particularmente vulnerable, “la estabilidad laboral adquiere
la connotación de derecho constitucional fundamental[4],
debido a diversas razones de índole constitucional, como: ‘(i) la existencia de
mandatos de protección especial vinculantes para todos los actores sociales y
el Estado[5], (ii) el principio de
solidaridad social, y de eficacia de los derechos fundamentales[6],
y (iii) el principio y derecho a la igualdad material, que comporta la
adopción de medidas afirmativas[7] en favor de grupos
desfavorecidos, o de personas en condición de debilidad manifiesta (art.
13, incisos 2º a 4º) [8], han llevado a la
Corte a considerar que un despido que tiene como motivación -explícita o
velada- la condición física del empleado, constituye una acción discriminatoria[9],
y un abuso de la facultad legal de dar por terminado unilateralmente un
contrato de trabajo[10]’[11]”
(no está en negrilla en el texto original).
Puede indicarse entonces que el principio de
subsidiariedad, que condiciona la procedencia de la acción de tutela, debe ser
matizado en aquellas situaciones donde el peticionario se encuentra en algunas
de las circunstancias ya mencionadas y, adicionalmente, en los supuestos en los
cuales el ordenamiento jurídico le confiere a la persona una estabilidad
laboral reforzada[12].
Así, pueden identificarse dos grados de
protección a la estabilidad en el empleo, siendo el reintegro laboral la
garantía más alta posible, dado que tiene como finalidad retornar las cosas al
estado en que se encontraba el empleado antes de la vulneración a sus derechos.
En consecuencia, la estabilidad laboral
reforzada, instituida para el caso de quienes se encuentran en una situación de
vulnerabilidad o debilidad manifiesta,  ha sido ampliada por la jurisprudencia,
por el Legislador y por instrumentos jurídicos internacionales; por lo cual, en
observancia a los artículos 1°, 13, 47 y 95 num. 2° de la Constitución
Política, la protección de esos derechos, en algunas circunstancias, deben
prevalecer sobre los intereses de los empleadores.
En un segundo grado de protección a la
estabilidad laboral se encuentra la medida resarcitoria, que consiste en el
pago de una suma de dinero, con el objeto de reparar el daño causado cuando se
frustra la expectativa al trabajador de permanecer en el empleo y que, junto a
las respectivas prestaciones sociales, le otorgan cierta tranquilidad económica
durante el tiempo que se encuentra cesante[13].
En ese sentido, frente a la desvinculación
de servidores públicos que se encuentran desempeñando cargos de carrera en
provisionalidad, esta Corte ha indicado que está condicionada a la observancia del
principio de legalidad y al respeto del debido proceso, en la medida en que
solo puede ponerse fin unilateralmente al vínculo laboral con base en las
causales legalmente contempladas para el efecto, toda vez que resulta
indispensable que el funcionario conozca los motivos de su desvinculación para
que pueda ejercer los recursos y mecanismos que tenga a su disposición.
Por lo expuesto, la terminación de una relación
laboral, justificada o no, no es en principio una controversia de relevancia
constitucional. Lo que no puede aceptarse, es que la desvinculación del
trabajador sea producto de una conducta arbitraria, que estuviere escondiendo
un trato discriminatorio hacia el trabajador, ya que en virtud del principio de
igualdad contemplado en el artículo 13 de la Constitución Política, no puede
darse un trato similar a una persona en condición de debilidad manifiesta a la
que se encuentra en buenas condiciones de salud física y metal[14].
Cuarta. El ingreso y retiro de servidores de carrera y
su protección constitucional. Reiteración de jurisprudencia.
El artículo 125 de la Constitución
Política contempla los presupuestos básicos constitucionales que rigen la
carrera administrativa, estableciendo que los empleos en los órganos y
entidades del Estado, por regla general, se regirán por dicho sistema, excepto
los cargos de elección popular, de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los que determine la ley, los cuales poseen unas
reglas de ingreso, permanencia y retiro diferente.
A su turno, en cumplimiento de los fines
esenciales del Estado social de derecho, el mismo precepto, para la
provisión de los cargos de carrera, estatuye la necesidad de cumplir los
requisitos que exija la ley con el objetivo de establecer los méritos, la
capacidad, la idoneidad y las calidades de los aspirantes a los respectivos
cargos. Igualmente, el retiro será “por calificación no satisfactoria en el
desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás
causales previstas en la Constitución o la ley”.
Con la expedición de la Ley 909 de 2004,
que reguló el empleo público y la gerencia pública, entre otros asuntos, se
definió la carrera administrativa como “un sistema técnico de administración de personal que
tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y
ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al
servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el
mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia
y la objetividad, sin discriminación alguna”[15].
Así, bajo esa temática la citada Ley
amplió las causales constitucionales de retiro, a saber: (i) declaratoria de
insubsistencia del nombramiento, a causa de evaluación no satisfactoria en su
desempeño laboral, para el caso de un servidor de carrera administrativa; (ii)
por la renuncia “regularmente aceptada”; (iii) reconocimiento de la
pensión de jubilación o vejez; (iv) invalidez absoluta; (v) cumplimiento de la
edad de retiro forzoso; (vi) destitución del empleado como resultado de un
proceso disciplinario; (vii) declaratoria de vacancia por abandono del empleo;
(viii) decisión judicial; y (ix) muerte[16].
Por su parte, la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia (L. 270/96) reguló la manera de proveer los cargos
de la rama judicial de la siguiente manera: (i) en propiedad, para “los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan
superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o
se trate de traslado en los términos del artículo siguiente”; (ii) en provisionalidad[17],
para el caso de vacancia definitiva, “hasta tanto se pueda hacer la
designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis
meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en
encargo, o la misma sea superior a un mes”; y finalmente (iii) en
encargo, “cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar
en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario
o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al
nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de conformidad
con las normas respectivas”[18].
Como se anotó, la Ley 270 de 1996
contempla la posibilidad de proveer un cargo público, en propiedad, cuando se
traslade un servidor de carrera a un empleo con funciones afines, “de la misma categoría y para el cual se exijan los
mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial”. Para el efecto, enuncia los siguientes presupuestos
que deben cumplirse para autorizar el referido traslado[19]:
“1. Cuando el interesado lo solicite por razones de
salud o seguridad debidamente comprobadas, que le hagan imposible continuar en
el cargo o por estas mismas razones se encuentre afectado o afectada su
cónyuge, compañera o compañero permanente, descendiente o ascendiente en primer
grado de consanguinidad o único civil, siempre que ello no implique condiciones
menos favorables para el funcionario y medie su consentimiento expreso.
2. Cuando lo soliciten por escrito en forma recíproca
funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales, en cuyo caso sólo
procederá previa autorización de la Sala Administrativa de los Consejos
Superior o Seccional de la Judicatura.
Cuando el traslado deba hacerse entre cargos cuya
nominación corresponda a distintas autoridades, sólo podrá llevarse a cabo
previo acuerdo entre éstas.
3. Cuando lo solicite un servidor público de carrera
para un cargo que se encuentre vacante en forma definitiva, evento en el cual
deberá resolverse la petición antes de abrir la sede territorial para la
escogencia de los concursantes.
4. Cuando el interesado lo solicite y la petición esté
soportada en un hecho que por razones del servicio la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura califique como aceptable.”
La Corte Constitucional en sentencia C-295
de abril 23 de 2002, M. P. Álvaro Tafur Galvis, resolvió la constitucionalidad
del mencionado artículo 134 de la Ley 270
de 2006, al estimar:
“- La ley estatutaria de administración de justicia
dispone  en el artículo 132 que la provisión de cargos en la rama judicial se
podrá hacer en propiedad  para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se
hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de
carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo 134[20].
Es decir que la ley estatutaria ya contemplaba  como
una de las hipótesis para la provisión de cargos en propiedad, incluidos los
cargos de carrera,  la figura del traslado  regulada  en el artículo 134 de la
ley 270 de 1996.
- La disposición que se analiza no
implica el desconocimiento de los derechos a acceder a  la carrera judicial de
quienes participan en  los concursos de méritos  y  hacen parte del respectivo
registro de elegibles, por cuanto la figura del traslado de un funcionario de
carrera introducida en el numeral 3 analizado, no implica la desaparición de la
vacante en términos absolutos.
Al respecto es preciso aclarar que el
traslado al que se está haciendo alusión es aquel que procede ante la
verificación de una vacante definitiva y no a los traslados recíprocos cuyos
requisitos son diferentes, precisión a la que se hace referencia para resaltar
que en la hipótesis bajo estudio la provisión del cargo con el simple traslado
de un funcionario de la rama judicial no elimina la vacante sino que la hace
subsistir en la plaza dejada por el funcionario que obtiene dicho traslado.”
En esa ocasión se concluyó que, en observancia de los
principios que rigen el sistema de carrera judicial, como son la profesionalidad de sus funcionarios, la eficiencia
en su gestión, la garantía del acceso en igualdad de oportunidades y el mérito,
el traslado como forma de proveer los empleos públicos es una manera de copar
cargos en propiedad, como los que se hallen en vacancia definitiva, siempre y
cuando se cumplan los presupuestos anteriormente enunciados[21].
Finalmente, resulta relevante aclarar que
no deben confundirse los empleos de libre nombramiento y remoción, con los que
han sido designados en provisionalidad.
Para esta Corte la situación de uno y otro es diferente, debido a que para el
primero, existe una estabilidad laboral “precaria”, en cuanto a que la
desvinculación depende de la decisión discrecional del nominador, mientras que
en el segundo, por tratarse una estabilidad laboral intermedia[22],
es necesario para su retiro una razón que lo justifique[23],
pues si bien no son titulares de las prerrogativas propias del sistema de
méritos, cuentan con una protección respecto de las razones de su
desvinculación, que consiste en la posibilidad de no ser removidos del empleo
“sino por causas disciplinarias, baja calificación en las funciones, razones
expresas atinentes al servicio, o por designación por concurso de quien ganó la
plaza, conforme a la regla constitucional general relativa con la provisión de
los empleos de carrera (Art. 125 C.P)”.[24]
Quinta. El sistema de concurso público para proveer
los cargos de docentes oficiales.
El Decreto 1278 de junio 20 de 2002, mediante el cual
se expidió el Estatuto de Profesionalización del Docente, fijó que el ingreso
al servicio educativo estatal se realizará por concurso, con el fin de evaluar
de manera eficiente “aptitudes, experiencia,
competencias básicas, relaciones interpersonales y condiciones de personalidad
de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera docente”[25], para garantizar que “la docencia sea ejercida por educadores idóneos,
partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y
competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al
ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y buscando con ello
una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los
docentes”[26].
La carrera docente, como régimen legal que garantiza
el ejercicio de esa profesión en el sector estatal, está fundada en (i) el
respeto de los derechos fundamentales, la dignidad humana y en el deber de
solidaridad; (ii) la profesionalidad de los educadores; (iii) la idoneidad, del desarrollo de la gestión y de las
aptitudes demostradas por los docentes; (iv) la igualdad en las condiciones de
acceso a la función de todas las personas aptas para ello; y (v) el mérito,
considerado como un presupuesto principal, respecto al ingreso, la permanencia,
la promoción en el servicio y el ascenso en el escalafón[27].
De lo anterior deriva que el Estatuto de Profesionalización
Docente asegura que los profesionales llamados a ocupar las plazas que se
generan sean personas que acrediten las más altas calidades para desempeñar
esos cargos, propósito que aunque “se predica en términos generales a la
provisión de cargos de toda la Administración, adquiere especial importancia en
el caso de la docencia, en tanto que representa una actividad que tiene directa
influencia en la formación de ciudadanos, razón suficiente para optimizar y
fortalecer el propósito consistente en la profesionalización de la comunidad
educativa”[28].
Frente al nombramiento provisional de docentes, el
artículo 13 del referido Estatuto estableció (no está en negrilla en el texto
original):
“Cuando se trate de proveer
transitoriamente empleos docentes, los nombramientos deben realizarse en
provisionalidad con personal que reúna los requisitos del cargo, en los
siguiente casos:
a) En vacantes de docentes cuyos
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación
temporal, el nombramiento provisional será por el tiempo que dure la respectiva
situación administrativa. En este caso deberá hacerse uso del listado de
elegibles vigente y su no aceptación no implica la exclusión del mismo;
b) En vacantes definitivas, el nombramiento provisional será hasta cuando
se provea el cargo en período de prueba o en propiedad, de acuerdo con el
listado de elegibles producto del concurso.
PARÁGRAFO. Los educadores contratados por órdenes de prestación
de servicio que tienen el derecho a ser vinculados en provisionalidad en virtud
del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, serán regidos
por las normas de este Estatuto y, por ende, nombrados provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo, en los cargos vacantes de la planta de personal que fije la
Nación en ejercicio de su competencia especial dada por el artículo 40 de la
Ley 715 de 2001.
Para ser vinculados en propiedad y gozar de los derechos de carrera deben superar el concurso de méritos y obtener evaluación satisfactoria del
período de prueba, de acuerdo
con lo dispuesto en este decreto.”
Entonces, cabe señalar que los nombramientos en
provisionalidad se caracterizan porque se generan con un límite de tiempo, dado
que la desvinculación puede realizarse porque se superó la situación
administrativa del titular o porque se nombró en período de prueba o en
propiedad al profesional que se encuentra en la lista de elegibles, como
consecuencia del respectivo concurso de méritos.
Acerca de
la importancia del carácter temporal de los cargos en provisionalidad, esta
Corte se ha pronunciado en diversas oportunidades aseverando que su finalidad
es impedir que esos nombramientos se prolonguen de manera indefinida y se
conviertan en una institución permanente. Al respecto, el precitado fallo T-
498 de 2011 indicó que “de acuerdo con el  mandato constitucional sobre
aplicación de la carrera en los cargos del Estado, el nombramiento provisional
no puede perder su atributo de temporalidad convirtiéndose en permanente,
porque se estaría violando precisamente dicho precepto, así como el derecho de
acceso de todas las personas a ellos en igualdad de condiciones”.
En resumen, los servidores en
provisionalidad cuentan con una estabilidad laboral relativa, que les garantiza
que solo puedan ser desvinculados para que provea el cargo que ocupan una
persona que ha ganado el concurso público de méritos o, como se explicó, por
quien encontrándose en un cargo de carrera en propiedad cumple con el lleno de
los requisitos para obtener un traslado; por lo tanto si la terminación del
vínculo laboral tiene como causa lo anterior, no se desconocen derechos de esos
servidores.
Sexta. Análisis de los casos concretos.
Disponiendo de los elementos constitucionales,
jurisprudenciales y fácticos a los que se ha hecho referencia en los puntos
anteriores, la Corte debe analizar si la actuación de los entes demandados en
los asuntos de la referencia, devino en violación de los derechos a la
igualdad, a la salud, a la seguridad social, a la estabilidad laboral
reforzada, al debido proceso, al trabajo y al mínimo vital.
6.1. Procedencia de las acciones.
Se realizará el estudio de la procedencia de las
acciones de tutela, como quiera que fueron incoadas teniendo a su disposición
otro mecanismo de defensa judicial, por orientarse contra actos administrativos
de carácter particular y concreto que declararon insubsistentes a tres personas
que se encontraban desempeñando cargos en provisionalidad y con un estado de
salud precario, incluso, una de ellas con una pérdida del 96% de su capacidad
laboral.
El artículo 86 superior estatuye la procedencia de la
acción de tutela únicamente para cuando la persona que alega la vulneración de
derechos fundamentales no cuenta con otra vía judicial para la protección de
los mismos, salvo si se invoca como un medio transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Igualmente, entre las causales de improcedencia de esta
acción, contempladas en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991,
está la existencia de otros medios de defensa judicial, indicándose que dicho
presupuesto deberá estudiarse conforme a las circunstancias específicas de cada
peticionario[29].
Como se aseveró, al pretenderse en los asuntos bajo
análisis controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto,
cabe reiterar lo indicado por esta corporación en la sentencia T-948 de
diciembre 16 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo:
“Sin embargo, tanto en el caso de la acción de tutela
contra actos administrativos, como en lo que respecta a solicitudes de
reliquidación pensional, la regla general descrita también ha implicado
excepciones que han autorizado la pertinencia de esta acción como mecanismo
transitorio o principal según la situación, en especial frente a actuaciones
administrativas que han involucrado para las personas afectadas, un perjuicio
irremediable concreto. Ello ha ocurrido particularmente en aquellas
oportunidades en las que la acción de tutela ha sido el medio oportuno de
protección para evitar el perjuicio irremediable reseñado o ante la
insuficiencia del medio ordinario de defensa, dada la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales objetivamente perturbados[30].
La procedencia de la acción constitucional en tales
casos, en cuanto a su alcance frente a actos administrativos, ha sido avalada
no sólo en consideración al artículo 86 de la Carta que así lo autoriza, sino
también en atención a lo precisado por los artículos 6[31],
7[32] y 8[33] del Decreto 2591 de
1991 que permiten el amparo constitucional contra tales actos. En efecto, ha
dicho el legislador que de configurarse el perjuicio irremediable, ‘el juez de
tutela pued[e] suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del
Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del
Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo’[34].”
Ahora bien, frente a los casos concretos de las
peticionarias, si bien existe otro medio de defensa judicial, esta Sala de
Revisión considera que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para estudiar
las controversias planteadas en esta oportunidad, como quiera que (i) la
expedición de los respectivos actos administrativos afectan la estabilidad
laboral reforzada de las demandantes que, aunque desempeñaban un cargo en
provisionalidad, se encuentran en una situación de debilidad manifiesta dado el
precario estado de salud que padecen, el cual se agrava con el paso de los
días; (ii) se trata de sujetos de especial protección constitucional amparados
por el artículo 13 de la Constitución Política; (iii) se evidencia el
acaecimiento de un perjuicio irremediable, pues la ruptura del vínculo laboral
puede acarrear consecuencias irreversibles en sus vidas y salud; y (iv) ante la
amenaza contra los derechos fundamentales, los mecanismos ordinarios de defensa
devienen ineficaces.
Expediente T-3234322
La señora Alba Fayoly Mesa Granados presentó acción de
tutela contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Sáchica, al considerar que ese
despacho conculcó sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, al haber
sido desvinculada del cargo que venía desempeñando en ese despacho, en
provisionalidad, a pesar de que durante la vigencia del vínculo laboral le fue
diagnosticado “tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares
de los miembros…” (f. 1° cd. inicial respectivo).
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja,
mediante providencia de septiembre 2 de 2011, negó el amparo por improcedente,
argumentando que al accionar no se cumplió con el principio de subsidiariedad,
descartando de plano el acaecimiento de un perjuicio irremediable.
Se encuentra probado entonces que, mediante la
Resolución Nº 015 de 2011, el despacho accionado aceptó el traslado del señor
Ricardo Mauricio Pineda Rodríguez, nombrándolo en propiedad en el cargo que
hasta ese momento desempeñaba Alba Fayoly Mesa Granados en provisionalidad.
Teniendo en cuenta que, conforme a la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia, el traslado es una manera de proveer en
propiedad los cargos de la rama judicial, se deduce que tanto la conducta del
juez de instancia como la del Juzgado Promiscuo Municipal de Sáchica se ajustan
a la Constitución Política y a la jurisprudencia de esta Corporación, toda vez
que es improcedente ordenar el reintegro al cargo que la actora ocupaba en el
referido despacho, dado que la remoción del mismo se produjo en observancia de
una causal legal, como lo es la aceptación del traslado del señor Pineda Rodríguez
(que contaba con previo concepto favorable del Consejo Seccional de la
Judicatura de Tunja).
En consecuencia, la actuación del Juzgado Promiscuo
Municipal de Sáchica no se debió a la utilización abusiva o arbitraria de una
facultad legal para esconder un trato discriminatorio fundado en la condición
física de la accionante, sino que, como se mencionó, dicho comportamiento
encuentra sustento legal y jurídico al encontrarse la peticionaria en un
nombramiento en provisionalidad; en consecuencia, no existe conexidad entre la
condición de debilidad manifiesta de la señora Alba Fayoly Mesa Granados y su
desvinculación del cargo de Secretaria del despacho judicial demandado.
No obstante, se observa que el Juzgado de instancia no
valoró si la protección a la estabilidad laboral reforzada de la actora
encontraba garantía en la posible reubicación en un cargo igual o similar al
que ejercía, ni qué medida u orden podría salvaguardar la necesidad de la continuidad
de un tratamiento médico eficaz encaminado a recuperar su salud, motivo por el
cual esta Corporación ordenó la vinculación de SaludCoop EPS, con el fin de
permitirle, en el ejercicio del derecho de contradicción y defensa, conocer el
expediente en cuestión y resolver inquietudes respecto de la afiliación y el
procedimiento adecuado, dado el diagnóstico de osteosarcoma a la señora Mesa
Granados.
Es claro que la actora se encuentra expuesta a una
vulneración clara y evidente de su derecho a la salud y a la vida en
condiciones dignas, por estar en una situación de debilidad manifiesta y ante
la amenaza del perjuicio irremediable, por cuanto se dejaría sin el servicio
médico, indispensable para el restablecimiento de su salud, y sin la única fuente
de ingresos que tenía para su sostenimiento, que consistía precisamente en el
salario que devengaba como Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de
Sáchica.
No puede pasarse por alto la situación excepcional de
la peticionaria, por lo que, sin contrariar los principios y lineamientos
jurisprudenciales que se explicaron en los apartes precedentes, se garantizará
la efectividad de los derechos fundamentales, “entre los cuales la igualdad
juega un papel transcendental, en la medida que obliga a las autoridades en un
Estado Social de Derecho, a prodigar una protección especial a las personas
que, por su condición física o mental, se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta, artículo 13, inciso 3 de la Constitución”[35],
mandato soslayado por el referido Juzgado y por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Tunja, Sala Administrativa, cuando dejaron de lado la situación
descrita de la demandante y no previeron una medida para no conculcar los
derechos enunciados.
Dado lo anterior, se ordenará al Consejo Seccional de la
Judicatura de Tunja, Sala Administrativa, procurar que la señora Alba Fayoly
Mesa Granados sea nuevamente vinculada, de manera provisional, en un cargo que
se encuentre vacante, de la misma jerarquía al que venía ocupando.
De igual forma, con el fin de salvaguardar la vida digna
y la salud de la actora, se ordenará a SaludCoop EPS que, debido a que el
osteosarcoma que padece la señora Mesa Granados le fue descubierto durante la
vigencia de la afiliación a esa empresa, tratándose de una enfermedad ruinosa y
catastrófica, le restablezca el tratamiento integral indispensable, que le sea
prescrito por los médicos tratantes, hasta el restablecimiento efectivo de su
salud.
Así, esta Sala revocará el fallo proferido en
septiembre 2 de 2011, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, que
negó la tutela pedida por la señora Alba Fayoly Mesa Granados, contra el
Juzgado Promiscuo Municipal de Sáchica, en cuanto le terminó la provisionalidad
a la actora, para que otra persona, cuyo traslado tenía concepto positivo del
Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja, Sala Administrativa, ocupara el
cargo.
En su lugar, con el objeto de evitar la consumación de
un perjuicio irremediable, serán tutelados los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la salud y a la vida en condiciones dignas de la
actora y, por ende, se ordenará al Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja,
Sala Administrativa, por conducto de su Presidente o quien haga sus veces, que si
aún no lo ha efectuado, en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de esta providencia, en el evento de existir vacantes en el
Distrito Judicial de Tunja en un cargo igual o equivalente al que ocupaba la
señora Alba Fayoly Mesa Granados, ella sea nombrada en provisionalidad, hasta
tanto el cargo se provea en propiedad, mediante el sistema de carrera, o su
desvinculación cumpla con los requisitos exigidos legalmente y en la
jurisprudencia constitucional.
Igualmente, se ordenará a SaludCoop EPS, por conducto
de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado,
en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de este
fallo, le restablezca la atención integral de salud a la señora Alba Fayoly
Mesa Granados, en torno al osteosarcoma que le fue diagnosticado y venía
siéndole tratado.
Expediente T-3241594.
La señora Bertha Beatriz Vega de Ortiz, mediante
apoderado, solicitó amparo para sus derechos fundamentales, al haber sido
declarado insubsistente el nombramiento en provisionalidad de docente que venía
ejerciendo en el Distrito de Santa Marta, desde febrero 19 de 2003, a pesar de su precario estado de salud que le generó una pérdida del 96% de su capacidad
laboral.
El Juzgado Décimo Civil Municipal de Santa Marta,
mediante sentencia de agosto 25 de 2011, declaró improcedente la acción de
tutela al estimar que la controversia planteada debe dirimirla la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, por tratarse de un asunto “netamente
laboral” (f. 123 cd. inicial respectivo). Así mismo, advirtió que en la
desvinculación de la accionante nada tuvo que ver su discapacidad, puesto que la
conducta de la Secretaría de Educación obedeció a que “la señora Mónica
Patricia Gutiérrez Puello concursó para proveer los cargos de docentes del
Distrito de Santa Marta, superando todas las etapas del mismo y por ello ganó
el derecho a ser nombrada y a ocupar el cargo que la accionante venía ocupando
en forma provisional” (f. 124 ib.).
Al igual que en el caso anterior, debe aclararse que la
Secretaría de Educación de Santa Marta, al retirar del servicio docente a la
peticionaria, no incurrió en un ejercicio abusivo o arbitrario de una facultad
legal para esconder un tratamiento discriminatorio, fundado en la limitación
física de la señora Bertha Beatriz Vega de Ortiz, por la pérdida del 96% de su
capacidad laboral, sino que dicha actuación encuentra fundamento en el
cumplimiento de la obligación jurídica de nombrar a la persona que debía ocupar
el cargo que la actora desempeñaba, como quiera que Mónica Patricia Gutiérrez
Puello tenía el derecho a ser designada, conforme al concurso de méritos
celebrado para proveer las respectivas vacantes, tal como quedó expresamente
consignado en el acto administrativo controvertido.
Sin embargo, se observa que el Juzgado que resolvió la
acción de tutela en fallo único de instancia, no hizo mención del
reconocimiento de la pensión de invalidez de la demandante, cuando la posible
vulneración de los derechos fundamentales alegados puede hallarse en la
ausencia de reconocimiento y pago de la citada prestación económica, motivo por
el cual esta Corporación ordenó la vinculación del Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio del Departamento del Magdalena y de Fiduprevisora S.
A., para que conocieran y se pronunciaran acerca de las actuaciones adelantadas
en el asunto y de la situación de la señora Bertha Beatriz Vega de Ortiz.
Sobre el particular, igual a como sucedió en la
providencia T-566 de 2011, ya citada, no era claro si la Secretaría de
Educación de Santa Marta tenía la obligación de, una vez nombrada la persona
conforme a la lista de elegibles, reubicar a la actora en un cargo similar o
compatible con sus capacidad físicas, por las siguientes razones:
“(i) según se advierte de las pruebas obrantes en el
expediente, la Secretaría de Educación… estaba en proceso de nombramiento de
los cargos docentes de la lista de elegibles conformada luego del concurso de
méritos, lo que dificultaba inmediatamente realizar los movimientos de personal
necesarios para encontrar un espacio a la tutelante, acorde con su particular
condición, teniendo en cuenta además el alto porcentaje de pérdida de su
capacidad laboral, a pesar de que la demandada no afirmó que ello resultara
fácticamente imposible; (ii) la actividad docente desarrollada por la actora es
una labor con particularidades especiales, que a juicio de la Sala exige tener
más que el 25% de la capacidad laboral para su ejercicio en circunstancias
compatibles con la dignidad humana de quien las lleva a cabo, así como para la
eficacia de las mismas en el proceso formativo de niños y adolescentes como
sus  naturales receptores, y, (iii) la estabilidad laboral reforzada de los
personas con limitaciones físicas, no se agota con la reubicación laboral,
máxime cuando en este caso, la pérdida de la capacidad laboral de la tutelante
es muy alta…”
Con las pruebas allegadas al expediente, se pudo
demostrar que la actora, por medio de la Resolución Nº 0380 de febrero 19 de
2003, fue vinculada en provisionalidad para desempeñar el cargo de docente en
el Distrito de Santa Marta, hasta que se proveyera el cargo en período de
prueba o en propiedad de acuerdo con el listado de elegibles, producto del
concurso. Entonces, acorde a ese acto administrativo, de manera legítima, por
Resolución N° 307 de febrero 22 de 2011, dicha designación fue declarada
insubsistente y se nombró en período de prueba a Mónica Patricia Gutiérrez
Puello.
Con todo, dado que la señora Vega de Ortiz padece una
pérdida de capacidad laboral del 96%, es indispensable evaluar la especial
situación de la actora, que amerita un análisis que procure amparar sus
derechos fundamentales, por medio del reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, medida que permite garantizar no solo los derechos reclamados en la
demanda, sino la protección de la seguridad social, como quiera que el pago de
la citada prestación económica adquiere el carácter de necesidad vital.
En observancia a los requisitos exigidos por la Ley
100 de 1993, una persona se considera inválida cuando por cualquier causa, escindida
la de origen profesional y siempre que no haya sido provocada de manera
intencional, haya perdido más del 50% de su capacidad laboral[36]
y tenga una cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones de
50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez[37].
Así, a efectos de constatar los requisitos
mencionados, se aprecia que la señora Vega de Ortiz (i) tiene una pérdida de
capacidad laboral del 96%; y (ii) por haber estado vinculada al sector docente
en el Distrito desde el 2003, conforme a lo afirmado por la actora y como
consta en la Resolución N° 0380 de ese año, cuenta con mucho más de 50 semanas cotizadas
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez[38].
Por estas razones, debe revocarse la sentencia
proferida en agosto 25 de 2011, por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Santa
Marta, que negó la tutela pedida por Bertha Beatriz Vega de Ortiz, contra la
Alcaldía de Santa Marta y la Secretaría de Educación de la misma ciudad, en
cuanto a la demandante se le terminó su provisionalidad con el objetivo de
proveer el cargo que ocupaba con una persona que ganó el concurso y que, por
ende, tenía mejor derecho.
En consecuencia, serán amparados los
derechos a la salud, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, y
se ordenará al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Magdalena y a Fiduprevisora
S.A., por conducto de sus respectivos representantes legales o quienes hagan
sus veces, que si aún no lo han efectuado, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta providencia, procedan, respectivamente, a
dar la autorización requerida y a expedir el acto administrativo por medio del
cual se reconozca y ordene el pago de la pensión de invalidez de la actora, que
deberá ubicarse en nómina máximo dentro del mes siguiente a la expedición del
citado acto administrativo y cancelarse las mesadas pensionales desde el
momento en que fue desvinculada de la docencia.
Expediente T-3252575.
Isaura Castro Zabala instauró acción de
tutela contra la Secretaría de Educación de Barranquilla, al estimar que esa dependencia
vulneró sus derechos al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad y a la
seguridad social, al haber sido desvinculada del cargo de docente que venía
desempeñando en provisionalidad, a pesar de que durante la vigencia del vínculo
laboral le fue diagnosticado“linfoma de Hopkins tipo celularidad mixta. EC
II REGIÓN CERVICAL IZQUIERDO Y MEDIASTINAL. ESQUEMA ABVD2CICLO (D15)”.
El Juzgado Décimo Penal Municipal de Barranquilla, en
agosto 18 de 2011, negó por improcedente la acción de tutela, al considerar que
en ausencia de un perjuicio irremediable y de un trato discriminatorio hacia la
actora, ella debía acudir a los mecanismos comunes idóneos de defensa judicial.
Como en los dos casos anteriores, si bien Isaura
Castro Zabala se encontraba desempeñando un cargo en provisionalidad, por
tratarse de una persona en estado de debilidad manifiesta la estabilidad
laboral se reafirma en su connotación fundamental, por lo cual, en virtud del
derecho a la igualdad material, resultaba indispensable la adopción de medidas
afirmativas a favor de ella como persona desfavorecida. Así, la Secretaría de
Educación de Barranquilla tenía la obligación de prever un mecanismo que
garantizara que la actora fuera de las últimas servidoras en ser desvinculadas,
a pesar de que su situación no le permitía seguir indefinidamente en el empleo,
“toda vez que prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso público
de méritos”[39].
Igualmente, se observa que el Juzgado que resolvió la
acción de tutela, no valoró si la protección a la estabilidad laboral reforzada
de la actora encontraba garantía en la posible reubicación en un cargo de igual
o similar nivel al que ejercía, ni con qué medida podía salvaguardar la continuidad
de un tratamiento médico eficaz encaminado a recuperar su salud. Frente a
ello, esta corporación ordenó la vinculación de Coomeva EPS, con el fin de
permitirle, en ejercicio del derecho de contradicción y defensa, conocer el
respectivo expediente y resolver algunas inquietudes frente a la afiliación y
el procedimiento médico adecuado, dado el diagnóstico que se había emitido
sobre la señora Castro Zabala; no obstante dicho requerimiento, no hubo
pronunciamiento alguno por parte de esa entidad.
Por las consideraciones expuestas, esta Sala revocará
la sentencia única de instancia, proferida en agosto 31 de 2011 por el Juzgado
Décimo Penal Municipal de Barranquilla, que negó la acción de tutela promovida
por Isaura Castro Zabala, contra la Secretaría de Educación de Barranquilla, en
cuanto a la actora se le terminó su provisionalidad con el objetivo de
proveerse el cargo que ocupaba por una persona que ganó el concurso de meritos.
En su lugar, con el objeto de evitar la consumación de
un perjuicio irremediable, serán tutelados los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la salud y a la vida en condiciones dignas de
Isaura Castro Zabala y se ordenará a la Secretaría de Educación de Barranquilla
que, por conducto del respectivo Secretario, si aún no lo ha hecho, en el
término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta
providencia, de existir vacantes en un cargo de igual o equivalente nivel al
que ocupaba la accionante, nombre ahí a la actora en provisionalidad hasta
tanto su puesto se provea en  propiedad mediante el sistema de carrera o su
desvinculación cumpla con los requisitos exigidos normativamente y en la
jurisprudencia constitucional.
Igualmente, teniendo en cuenta que durante su
afiliación fue descubierto el linfoma que padece, que requiere continuidad y
oportunidad en el tratamiento dispuesto por los médicos tratantes, se ordenará
a Coomeva EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que
si aún no lo ha realizado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de este fallo, haga prestar y continuar  la atención integral
que necesita la señora Isaura Castro Zabala.
Así mismo, ante los requerimientos realizados a la
Secretaría de Educación de Barranquilla, por parte de la accionante y por esta
corporación, para que allegara la Resolución N° 02488 de 2011, mediante la cual
se produjo la desvinculación de su cargo, también se concederá el amparo del
derecho de petición a Isaura Castro Zabala, ordenándosele a la dependencia accionada
que, por el mismo conducto y si aún no lo ha realizado, en el término de dos
(2) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, haga entrega
a la actora de copia auténtica del referido acto administrativo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR el fallo proferido dentro del expediente T-3234322, en
septiembre 2 de 2011, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, que
negó la tutela instada por la señora Alba Fayoly Mesa Granados, en cuanto el
Juzgado Promiscuo Municipal de Sáchica le terminó la provisionalidad a la
actora, para que otra persona, cuyo traslado tenía concepto positivo del
Consejo Seccional de la Judicatura de Tunja, Sala Administrativa, ocupara el
cargo.
Segundo.- TUTELAR
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la salud y a
la vida en condiciones dignas de la actora y ORDENAR al Consejo
Seccional de la Judicatura de Tunja, Sala Administrativa, por conducto de su
Presidente o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término
de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, en
el evento de existir vacantes en el Distrito Judicial de Tunja en un cargo
igual o equivalente al que ocupaba la señora Alba Fayoly Mesa Granados, ella
sea nombrada en provisionalidad, hasta tanto el cargo se provea en propiedad,
mediante el sistema de carrera, o su desvinculación cumpla los requisitos
exigidos legalmente y en la jurisprudencia constitucional.
Tercero. ORDENAR a SaludCoop EPS, por conducto de su representante legal o quien haga
sus veces, que si aún no lo ha efectuado, en el término de cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, le restablezca la
atención integral de salud a la señora Alba Fayoly Mesa Granados, en torno al osteosarcoma
que le fue diagnosticado y venía siéndole tratado.
Cuarto.- REVOCAR
la sentencia proferida dentro del
expediente T-3241594, en agosto 25 de 2011, por el Juzgado Décimo Civil Municipal
de Santa Marta que negó la tutela pedida por la señora Bertha Beatriz Vega de
Ortiz, contra la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Santa Marta.
Quinto.- TUTELAR los derechos a la salud, a la vida en
condiciones dignas y a la seguridad social de la actora y ORDENAR al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Magdalena y a Fiduprevisora
S.A., por conducto de sus respectivos representantes legales o quienes hagan
sus veces, que si aún no lo han efectuado, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta providencia, procedan, respectivamente, a
dar la autorización requerida y a la expedición del acto administrativo, por
medio del cual se reconozca y ordene el pago de la pensión de invalidez a la señora
Bertha Beatriz Vega de Ortiz, quien deberá ser ubicada en nómina máximo dentro
del mes siguiente a la expedición del citado acto administrativo y cancelarse
las mesadas pensionales desde el momento en que fue desvinculada como docente.
Sexto.- REVOCAR la sentencia proferida dentro del expediente T-3252575,
en agosto 31 de 2011, por el Juzgado Décimo Penal Municipal de Barranquilla,
que negó la acción de tutela promovida por Isaura Castro Zabala contra la
Secretaría de Educación de Barranquilla.
Séptimo.- TUTELAR
los derechos fundamentales de Isaura Castro Zabala a la igualdad, el debido
proceso, la salud, la vida en condiciones dignas y de petición y, en
consecuencia, ORDENAR:
(i) A la Secretaría de Educación de Barranquilla, por
conducto de su respectivo Secretario, que si aún no lo ha hecho, en el término
de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, en
el evento de existir vacantes en un cargo igual o equivalente al que ocupaba la
accionante, ella sea nombrada en provisionalidad hasta tanto su cargo se provea
en propiedad mediante el sistema de carrera, o su desvinculación cumpla los
requisitos exigidos normativamente y en la jurisprudencia constitucional.
(ii) Igualmente a la Secretaría de Educación de
Barranquilla, por el mismo conducto y si
aún no lo ha realizado, que en el término de dos (2) días hábiles siguientes a
la notificación de esta providencia, haga entrega a la señora Isaura Castro
Zabala de la Resolución N° 02488 de 2011, mediante el cual se produjo la
desvinculación del cargo de ella desempeñaba.
(iii) A Coomeva EPS, por conducto de su representante
legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en el término de cuarenta
y ocho (48) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, haga
prestar y continuar  la atención integral que le prescriban los médicos
tratantes a la señora Isaura Castro Zabala, para el cabal tratamiento del
linfoma que le fue diagnosticado.
Séptimo.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones
indicadas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1]
T-566 de junio 21 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[2]
“Véanse, entre otras, las sentencias T-198 del 16 de marzo de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1038 del 4 de diciembre de 2007.M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.”
[3]
“En el mismo sentido, Sentencia T-576 del 14de
octubre de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.”
[4]
“Sobre el tema, entre otras, pueden consultarse las siguientes sentencias
T-198 de 2006 y C-531 de 2000, reiteradas en la sentencia T-812 de 2008.”
[5]
“Como se ha señalado, estos mandatos se encuentran contenidos en los
artículos 13, 47 y 54 de la Carta.”
[6]
“A partir de los artículos 1º, 2º y 4º de la Constitución.”
[7]
“Sobre las acciones afirmativas en el ordenamiento colombiano, se pueden
consultar entre otras, las sentencias C-371 de 2000 (Ley 581 de 2000, conocida
como Ley de cuotas); C-112 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-500
de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), C-184 de 2003 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), en relación con la Ley 750 de 2002, relativa al beneficio de
prisión domiciliaria para madres cabeza de familia, C-044 de 2004 (M.P. Jaime
Araújo Rentería) y C-174 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y, las
sentencias de unificación SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y
SU-389 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería).”
[8] “Artículo 13, inciso 2º. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. Inciso 4: El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.”
[9]
“Ver, sobre el particular las sentencias SU-256 de 1996 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa) sobre empleados despedidos por ser portadores del Virus de
Inmudeficiencia Humano, y la T-943 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).”
[10]
“Sobre el trato discriminatorio que supone un despido en tales condiciones,
ver entre otras, las sentencias T-576 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-519 de 2003 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-1038 y 1083 de 2007 (las dos con ponencia del Magistrado Humberto Antonio
Sierra Porto). En relación con la configuración de un abuso del derecho, ver la T-1757 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-1040 de 2001 y, de forma reciente, la T-853 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).”
[11]
“Sentencia T-812 de 2008.”
[12]
T-1038 de diciembre 4 de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[13] T-812 de agosto 21 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[14]
T-039 de febero 1° de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[15] Art. 27, L. 909/04.
[16] Art. 41,
ib..
[17] Art. 132 L. 270/96: “Cuando el cargo sea de
Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes
deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará directamente por la respectiva Corporación.”
[18] Ib..
[19] Art. 134, L. 270/96.
[20]
“La norma señala textualmente ‘en los términos del artículo siguiente’,  es
decir en principio el artículo 133. Sin embargo en cuanto es en realidad el
artículo 134 el que se ocupa  del tema de los traslados  a que se refiere  la
norma, ha de entenderse que es a este artículo al que se refirió el
legislador.”
[21]
Posterior a una lectura sistemática de las disposiciones estudiadas en aquella
oportunidad, la Corte dedujo que, teniendo en cuenta que el referido precepto
no hace alusión a la autoridad encargada de evaluar la solicitud y proponer las
alternativas de traslado, “es a la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso, a la que corresponde  esta competencia. Sin embargo, debe
aclararse como se hizo en la sentencia C-037 de 1996, que ello se entiende sin perjuicio
de la competencia propia de cada nominador y en particular de aquella
reconocida a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional. Es decir que como lo señala el Señor
Presidente de la Corte Suprema de Justicia corresponde a la Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura  emitir un concepto previo en relación con el cumplimiento de los requisitos
señalados por el numeral bajo examen, pero la decisión  de aceptar el traslado
o no, corresponde al respectivo nominador”.
[22]
T-963 de noviembre 26 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[23]
T-001 de enero 16 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[24]
T-007 de enero 17 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[25] Art.,
8° D. 1278/02.
[26] Art.
1°, ib..
[27] Art.
16, ib..
[28] T-498 de junio 29 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29]
Num. 1° del art. 6°, Dec. 2591/1991 (no está en negrilla en el texto original):
“Causales de improcedencia de la acción de tutela. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante.”
[30]
“Ello se ha presentado, por ejemplo, en casos en que se
produce una discriminación en concursos públicos y en el acceso a cargos de
esta naturaleza, que compromete seriamente la confianza de los particulares en
el Estado (art. 83 C.P.); el derecho de acceder en igualdad de condiciones
(art. 13 y 40 CP), el debido proceso (art. 29 C.P.) y el derecho al trabajo (art.
25 C.P.). La cuestión a resolver, en estos casos, es constitucional. De otra
parte, el mecanismo ordinario que podría ser utilizado, no es plenamente idóneo
para resarcir los eventuales daños. En consecuencia, la tutela se concede como
mecanismo principal para evitar la lesión de los derechos fundamentales involucrados.
Sobre este particular pueden revisarse las sentencias  T-100 de 1994;
T-256 de 1995; T-325 de 1995; T-398 de 1995; T-455 de 1996 y T-083 de 1997 y SU
133 de 1998. Un ejemplo, en materia de educación, es la sentencia T- 689 de 2005.”
[31]
“Art. 6º Decreto 2591 de 1991. ‘La acción de tutela no
procederá: 1º Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos mecanismos será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentre el solicitante.’ (La subraya es fuera del original).”
[32]
“Dice el Artículo 7º del Decreto 2591 de 1991: ‘Desde la presentación de la
solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario  y urgente
para proteger el derecho, suspenderá la ejecución del acto concreto que
lo amenace o vulnere.’ (Subraya fuera del original).”
[33]
“Dice el artículo 8º del decreto 2591 de 1991: ‘Cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela
también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y las demás
procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. En estos
casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el
acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección
se solicita, mientras dure el proceso.’ (Subraya fuera del original).”
[34]
“Sentencia T-435 de 2005. Por otra parte, en la
sentencia SU-039 de 1997, la Corte Constitucional afirmó: ‘es posible instaurar simultáneamente la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, sin que interese que se haya
solicitado o no la suspensión provisional del acto administrativo, pues en
parte alguna la norma del art. 8 (del Decreto 2591 de 1991) impone como
limitante que no se haya solicitado al instaurar la acción contenciosa
administrativa dicha suspensión. Además, dentro del proceso de tutela es
posible, independientemente de dicha suspensión, impetrar las medidas
provisorias a que alude el art. 7 en referencia’.
Ver también las sentencias T-514 de 2003, T-596 de 2001, T-754 de 2001, T-873
de 2001, C-426 de 2002 y T-418 de 2003, entre otras, sobre estas
consideraciones.”
[35] SU-446 de mayo 26 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36] Art. 38, L. 100/93.
[37] Art. 39, ib..
[38]
Conforme al Dictamen para la Calificación de la Pérdida de Capacidad laboral y Determinación de Invalidez, Bertha Beatriz Vega de Ortiz tiene
como fecha de estructuración de la invalidez julio 13 de 2011 (f. 12 y 13 ib.).
[39] SU-446 de 2011, ya
citada.