T-421-18
Sentencia T-421/18
DERECHO DE ACCESO AL EJERCICIO DE ADMINISTRAR JUSTICIA-Accionante considera vulnerado
derecho de administrar justicia, al impedírsele ejercer su labor como Juez de
Paz, despojándolo de la oficina y equipos de cómputo que tenía asignados en
Casa de Justicia
ACCION DE CUMPLIMIENTO-Improcedencia respecto de normas que establecen gastos/ACCION
DE CUMPLIMIENTO-Reiteración de sentencia C-157 de 1998
La acción de cumplimiento
sería improcedente porque la pretensión del accionante (espacio e insumos) está
relacionada con la inclusión en el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Garantía
El acceso a la justicia en términos
constitucionales es un derecho
fundamental en sí mismo y un derecho garantía. En efecto, la obligación de
garantía respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al deber que
tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto
funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr
el buen gobierno de la función y la provisión de infraestructura para que los
jueces puedan ejercer su importante labor.  Entonces, la realización de dicho
derecho no se limita a la posibilidad que debe tener cualquier persona de
plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, sino que
se trata de una garantía que se extiende a dotar de infraestructura a las
juezas y jueces para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y
de esta forma garantizar la eficiente prestación de este servicio público.
DERECHO DE ACCESO AL EJERCICIO DE ADMINISTRAR
JUSTICIA-Definición jurisprudencial, constitucional y legal
JURISDICCION DE PAZ-Marco constitucional y
legal
JURISDICCION DE PAZ-Deber de coordinación entre
las autoridades nacionales y locales para lograr el funcionamiento
JURISDICCION DE PAZ-Facultad del legislador
para crear Jueces de Paz encargados de resolver en equidad conflictos
individuales y comunitarios
JUECES DE PAZ-Reglamentación de su organización
y funcionamiento
PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICIA-Objetivos
y finalidad
PROGRAMA NACIONAL DE CASAS DE JUSTICIA-Entidades
territoriales tienen la potestad de determinar qué entidades podrán ser
partícipes del Programa, según Decreto 1069 del 2015
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR ACCESO AL EJERCICIO
DE ADMINISTRAR JUSTICIA-Improcedencia por cuanto accionante cuenta con
espacios en casa de justicia para realizar su labor
Referencia:
Expediente T-6.723.455
Acción
de tutela presentada por Alfonso Vargas Romero contra
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia de Bogotá, con vinculación oficiosa del Consejo Superior de la
Judicatura y otros.
Asunto:
El deber de coordinación entre las autoridades nacionales y locales para lograr
el funcionamiento de la Jurisdicción de Paz
Procedencia: Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C.,  dieciséis
(16) de octubre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando
Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018 por el Juzgado 15
Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó la decisión adoptada el 23 de enero de
2018 por el Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, dentro de la
acción de tutela promovida por Alfonso Vargas Romero
contra la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia de Bogotá, con vinculación oficiosa del Consejo Superior de la
Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y el Ministerio de Justicia y del Derecho.
El asunto llegó a
esta Corporación por remisión que hizo el Juzgado 15 Civil
del Circuito de Bogotá, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991. El 21 de mayo de 2018, la Sala número cinco de Selección de
Tutelas de esta Corporación lo escogió para revisión.
I. ANTECEDENTES
El 11 de diciembre
de 2017, Alfonso Vargas Romero interpuso acción de
tutela contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, las Secretarías
Distritales de Gobierno y de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, dado
que consideró vulnerado su derecho de acceso a la administración de
justicia, pues dichas entidades le impidieron ejercer su labor
como Juez de Paz en la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal, al despojarlo
de la oficina y los equipos de cómputo que tenía asignados. Todo lo
anterior, con fundamento en los siguientes:
A. Hechos
1. Relató el accionante que fue elegido Juez de Paz de
la Localidad de San Cristóbal para el período comprendido entre los años 2015 y
2020[1]. Señaló que los Jueces de Paz de
dicha localidad desempeñan una importante labor para la solución pacífica de conflictos de la población vulnerable
y han realizado más de 120.000 conciliaciones
al año para descongestionar el aparato de justicia. Incluso, mencionó que en
diciembre de 2016, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia le otorgó
a la Localidad de San Cristóbal un diploma de reconocimiento por ser el sector
que mayor número de acuerdos logró durante la jornada de “Conciliatón
Nacional”.[2]
2.
Indicó que la administración
del ex alcalde Gustavo Petro, para atender a la comunidad, le asignó a
los jueces de paz y conciliadores en equidad de San Cristóbal, medios de
transporte y diez oficinas en la Casa de Justicia de dicha localidad, equipadas
con computadores, impresoras, fotocopiadoras, escritorios, archivadores y
papelería.
3. Mencionó que por “exigir sus derechos” como Juez
de Paz y no acceder a las pretensiones de los funcionarios de la Casa de
Justicia de San Cristóbal[3],
la actual Administración Distrital cerró los puntos de atención comunitaria y ordenó
instalar una reja metálica en la entrada principal de la Casa de Justicia, con
la finalidad de prohibir los servicios de administrar justicia alternativa al
interior de la misma.
Además,
sostuvo que en octubre de 2017 fue
despojado de los equipos de cómputo e impresoras que tenía asignados. En consecuencia, en la actualidad se ha visto obligado
a atender a la comunidad para ayudarles a resolver sus conflictos en
panaderías, parques y calles aledañas a la Casa de Justicia[4]. Todo lo anterior, según afirma el accionante, se ha
convertido en un obstáculo para ejercer su labor de administrar justicia e
impide que la comunidad de San Cristóbal solucione sus conflictos a través de
mecanismos alternativos[5].
4. De conformidad con lo expuesto, el señor Alfonso
Vargas Romero formuló acción de tutela contra la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia para solicitar la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
En
particular, pidió al juez de tutela que le ordene a dicha Secretaría y al
Alcalde Mayor de Bogotá: (i) garantizarle el espacio que ya tenía
asignado en la Casa de Justicia de San Cristóbal y que le sean devueltos los
equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, archivadores y papelería, (ii)
dictar un decreto que otorgue incentivos a los jueces de paz por su gran labor
comunitaria y (iii) brindar capacitación permanente a nivel local,
nacional e internacional sobre justicia alternativa comunitaria para los jueces
de paz.[6]
II. ACTUACIÓN
PROCESAL
Mediante auto del
12 de diciembre de 2017, el Juzgado 31 Civil Municipal de Bogotá admitió la
presente acción de tutela y ordenó notificar a la Alcaldía Mayor de Bogotá, a la
Secretaría Distrital de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y
Justicia de Bogotá para que se pronunciaran sobre la cuestión objeto de debate[7].
A.
Respuesta de las entidades
La Secretaría
Distrital de Gobierno de Bogotá[8]
solicitó su desvinculación de la acción de tutela, puesto que no incurrió en
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante. Precisó que
de conformidad con los hechos narrados por él, la entidad con injerencia
directa en el asunto es la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
La Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia[9] dio respuesta a la acción
de tutela, mediante escrito en el que expresó su disentimiento respecto de
la pretensión de la acción de tutela, pues en ningún momento se adjudicó al
Juez de Paz, Alfonso Vargas Romero, una oficina específica en la Casa de Justicia
de San Cristóbal, dado que estas deben rotarse, de acuerdo con las agendas de
los conciliadores en equidad y de los demás Jueces de Paz que se adhieran a la
Línea de Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria. En ese sentido, la
Secretaría accionada señaló que el Juez Vargas Romero no fue desalojado de las
instalaciones de la Casa de Justicia de San Cristóbal.
Además, precisó que
de conformidad con el Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008 proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se
reglamenta la Jurisdicción de Paz, las entidades competentes de la
consecución de espacios físicos adecuados y del suministro de
apoyo tecnológico para el ejercicio de las funciones a cargo de los Jueces de
Paz, corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial[10].
B. Sentencia
de primera instancia[11]
Mediante fallo emitido el 23 de enero
de 2018, el Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá negó el amparo al considerar que el
accionante debía acudir ante el Consejo Superior de la Judicatura para obtener
la adecuación de un espacio físico que le permitiera ejercer su labor como Juez
de Paz.
C. Impugnación[12]
Inconforme con la decisión adoptada, el accionante impugnó la
respectiva sentencia. Reiteró que requiere de garantías mínimas para ejercer su
labor como juez de paz, mediante las cuales se proteja su derecho fundamental
de acceso al ejercicio de administrar justicia.
D.
Sentencia de segunda instancia[13]
El Juzgado 15 Civil
del Circuito de Bogotá mediante sentencia del 28 de febrero de 2018, confirmó
el fallo recurrido. El ad quem sustentó su
determinación en que, a su juicio, la acción de tutela de la referencia no
cumplió el requisito de subsidiariedad, pues el accionante cuenta con la
posibilidad de acudir ante el Consejo Superior de la Judicatura en procura de
obtener una solución a sus necesidades.
E. Actuaciones en sede de revisión
1. Mediante Auto proferido el 12
de julio de 2018[14],
la Magistrada sustanciadora  vinculó al presente proceso al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá  y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
-General y Seccional Bogotá-, con el fin de que se pronunciaran sobre los
hechos de la tutela. Lo anterior, conforme al Acuerdo Nº
PSAA08-4977 de 2008 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, según
el cual, estas son las autoridades públicas encargadas de atender las
necesidades de la Jurisdicción de Paz[15].
Además, vinculó al Ministerio de
Justicia y del Derecho, dado que es la autoridad pública encargada de fijar los
lineamientos generales del Programa Nacional de Casas de Justicia[16].
Asimismo, ofició a la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia de Bogotá y al señor Alfonso
Vargas Romero, para que aportaran
información adicional relacionada con los hechos de la acción de tutela.
2. A través de oficio del 27 de
julio de 2018[17],
la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho de la Magistrada
sustanciadora los informes recibidos, entre los cuales se destacan los
siguientes:
3. El Consejo Superior de la
Judicatura únicamente intervino para solicitar su desvinculación de la
acción de tutela, al estimar que la consecución de espacios físicos y equipos
tecnológicos para los Jueces de Paz corresponde a los Consejos Seccionales de
la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial[18].
4. De igual manera, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación de la
acción de tutela, al considerar que lo solicitado por el accionante,
corresponde a las funciones propias de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá[19].
5. La Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, indicó que en la
actualidad no cuenta con la infraestructura que permita la ubicación de los Jueces
de Paz en las diferentes localidades, pero resaltó que dicha tarea puede
realizarse con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues ésta cuenta con
diferentes entidades en todas las localidades que pueden prestar colaboración
para tal fin[20].
6. La Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá reiteró que de conformidad con el Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008, la
administración y la consecución de espacios físicos y apoyo tecnológico para
los Jueces de Paz, es competencia de los respectivos Consejos Seccionales de la
Judicatura, así como de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de
Administración Judicial. No obstante lo anterior, precisó que dicha Secretaría
ha coadyuvado con insumos técnicos, jurídicos y logísticos para mejorar la
labor de los Actores de Justicia Comunitaria[21].
6.1. Explicó que desde el 1º de
octubre de 2016, la actual Administración Distrital puso en funcionamiento la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, cuya
creación fue aprobada por el Acuerdo Distrital 637 de 2016[22]. Señaló que, según el
artículo 2º del referido Acuerdo, el Sector Administrativo de Seguridad,
Convivencia y Justicia tiene la misión de liderar, planear y orientar la
formulación, adopción, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas
públicas, los planes, los programas y proyectos, las acciones y las estrategias
en materia de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a la justicia, orden
público, prevención del delito, entre otros.
6.2. Sostuvo que dentro de la
estructura orgánica de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia, se encuentran la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Dirección
de Acceso a la Justicia; dependencias que tienen a su cargo impulsar y
desarrollar los lineamientos y políticas que se relacionan con el acceso a la
justicia.
Precisó que la Dirección de Acceso a
la Justicia ejerce la coordinación de los actores de justicia formal, no formal
y comunitaria, dentro de los que se encuentran los Jueces de Paz. Lo anterior,
de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 18 del Decreto
Distrital 413 de 2016[23],
que dispone  lo siguiente:
“Artículo 18°.- Dirección de
Acceso a la Justicia. Son funciones de la Dirección de Acceso a la Justicia:
a. Gestionar la articulación con
organismos y entidades del nivel territorial y nacional de las acciones
pertinentes para garantizar el acceso a la justicia, promoviendo la convivencia
y la prevención de conflictos en el Distrito Capital.
b. Diseñar e implementar
políticas que propendan por el funcionamiento del Sistema Distrital de Justicia
y los Sistemas Locales de Justicia el mejoramiento de las rutas de acceso a la
justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de justicia formal, no formal y
comunitaria.
c. Implementar las políticas y
desarrollar acciones concretas para el fortalecimiento de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos en el marco de la justicia formal, no
formal y comunitaria.
d. Coordinar la implementación y
mantenimiento de modelos de justicia comunitaria para el fortalecimiento del
acceso a la justicia.
e. Asistir técnicamente a las
Alcaldías Locales en la formulación y adopción de planes, programas y proyectos
de acceso a la justicia, promoción de la convivencia y prevención de
conflictos.
f. Diseñar e implementar acciones
sectoriales relacionadas con el acceso a la justicia y la resolución pacífica
de conflictos.
g. Identificar las adecuaciones
necesarias, así como la construcción de nuevos equipamientos de Justicia, de
acuerdo con las necesidades, conflictividades, cobertura y fines del Sistema
Distrital de Justicia, orientando a la Dirección Técnica de la Subsecretaría de
Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas en el proceso de
adquisición y/o adecuación de los equipamientos.
h. Estudiar los proyectos
presentados por las autoridades de justicia en los que se identifiquen las
necesidades para la adquisición de bienes, servicios y contratación de obras
para el fortalecimiento de sus capacidades y preparar concepto técnico
favorable o desfavorable atendiendo las metas del Plan de Desarrollo Distrital
y las políticas relacionadas.”
Con base en la transcripción literal
del artículo 18 del Decreto Distrital 413 de 2016, la Secretaría accionada
destacó que su relación con los Jueces de Paz, conciliadores en equidad,
mediadores comunitarios y promotores de Convivencia del Distrito Capital, en
calidad de Actores de Justicia Comunitaria de Bogotá, es de acompañamiento y
articulación para el fortalecimiento, posicionamiento y reconocimiento de su
labor, a través del diseño e implementación de políticas y modelo de gestión. En
esa medida, aclaró que los Jueces de Paz no tienen vínculo laboral ni
contractual con dicha Secretaría.
Adujo que en cumplimiento de las
funciones encomendadas por el artículo 18 del Decreto Distrital 413 de 2016, la
Dirección de Acceso a la Justicia ha implementado un modelo de acompañamiento a
los Actores de Justicia Comunitaria (Jueces de Paz, Conciliadores en Equidad,
Mediadores Comunitarios y Promotores de Convivencia), a través de la Línea
de Fortalecimiento de los Mecanismos de Justicia Comunitaria y de Resolución
Pacífica de Conflictos, la cual se expidió en noviembre de 2017 y
surgió como consecuencia de un diagnóstico distrital sobre la dinámica de
justicia comunitaria, que en términos generales encontró: (i) la ausencia de
articulación entre las figuras de justicia comunitaria y otros operadores de
justicia, (ii) la deserción de los actores de justicia comunitaria, (iii) la debilidad
en las estrategias de difusión de los mecanismos de justicia comunitaria, y
(iv) la ausencia de mecanismos y sistemas eficaces de monitoreo, evaluación y
seguimiento a la labor de los actores de justicia comunitaria.
6.3. A continuación se sintetizan los
objetivos y avances destacados por la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, en relación con la Línea de Fortalecimiento de los
Mecanismos de Justicia Comunitaria y de Resolución Pacífica de Conflictos[24]:
(i)
Objetivo 1: Desarrollar espacios de
articulación interinstitucional con las entidades con competencias en la
formulación y gestión de la política pública asociada a la Justicia Comunitaria.
-Diseño e implementación de la
metodología para la elección de representantes de conciliadores en equidad y Jueces
de Paz de cada localidad, para su participación en los espacios de articulación
liderados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
-Promoción de la firma del Acuerdo
por la Justicia Comunitaria, por parte de las entidades competentes a nivel
distrital y nacional para el buen funcionamiento de los Actores de Justicia.
Este acuerdo fue firmado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Consejo Superior de la Judicatura y la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia en el foro de justicia comunitaria “Diálogos y
Debates sobre la Justicia Comunitaria en el Distrito”, realizado el
8 de marzo de 2018.  En el Acuerdo por la Justicia Comunitaria se asumieron los
siguientes compromisos:
La Secretaría de Seguridad, Convivencia y
Justicia como entidad distrital encargada de liderar y
orientar la política pública de acceso a la justicia en Bogotá, se comprometió
a generar espacios de construcción participativa para fortalecer la labor de
los Actores de Justicia Comunitaria.
El Ministerio de Justicia y del Derecho
se comprometió a coordinar con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y
Justicia y los Actores de Justicia Comunitaria, la implementación de
lineamientos y espacios para el aprovechamiento de los recursos técnicos,
jurídicos y comunitarios, con el fin de fortalecer la conciliación en equidad,
la mediación y la promoción de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos en las localidades del Distrito Capital. Asimismo, se comprometió a
apoyar al Distrito Capital en la promoción de la labor de los conciliadores en
equidad para garantizar que la comunidad reconozca su legitimidad.
El Consejo Superior de la Judicatura
se comprometió a capacitar a los Jueces de Paz, a través de la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
(ii) Objetivo 2: Fortalecer a
los actores de justicia comunitaria en temas jurídicos, logísticos
metodológicos y herramientas de intervención de conflictos, que cualifiquen su
prestación de servicios.
-Creación de una Mesa Técnica,
Jurídica y Psicosocial en noviembre de 2017 con el fin de promover la
articulación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia con
los Actores de Justicia Comunitaria para propender por su fortalecimiento, a
través de acompañamiento técnico, logístico y metodológico que cualifique la
prestación de sus servicios.
-Capacitación dirigida a los actores
de justicia comunitaria en el Distrito. Realización del seminario “Gestión
Territorial de la Justicia. Herramientas de Justicia para el Sistema Distrital”
-En el segundo semestre de 2017 se
suscribió un convenio interadministrativo con la Universidad Nacional, con el
objetivo de desarrollar e implementar un proceso de capacitación para el
fortalecimiento de las habilidades de actores y colaboradores del Sistema de
Justicia del Distrito Capital. En la capacitación participaron y se
certificaron 73 actores de justicia comunitaria.
-Diseño de modelo de acompañamiento
psicosocial, emocional y proyectivo para los actores de justicia comunitaria.
-Apertura de nuevos puntos de
atención comunitaria en las localidades de Fontibón, Chapinero, Ciudad Bolívar,
Bosa, Usaquén, Suba, entre otras. Los puntos de atención comunitaria son
espacios gestionados por los Actores de Justicia Comunitaria, con el
acompañamiento de los profesionales del equipo territorial de la Secretaría
Distrital de Seguridad y apoyados por diferentes instituciones. Se encuentran
ubicados en las localidades para garantizar su proximidad con la comunidad y
así brindar atención de forma gratuita a personas que se encuentran en
situación de conflicto.
-Entrega de elementos de papelería y
otros insumos logísticos para los Actores de Justicia Comunitaria en las
diferentes localidades, que en el caso de quienes se encuentran en San
Cristóbal, se realizó el 19 de julio de 2018.
(iii) Objetivo 3: Posicionar e
incentivar el trabajo de los Actores de Justicia Comunitaria entre los actores
de justicia formal, no formal y con la comunidad.
-Realización del Foro Distrital de
Justicia Comunitaria “Diálogos y debates sobre la justicia comunitaria en el
Distrito”, con la participación de los Actores de Justicia Comunitaria de
todas las localidades (8 de marzo de 2018).
-Proyección de video de
reconocimiento a la gestión y trayectoria de los Actores de Justicia
Comunitaria en las localidades (publicado en redes sociales).
-Realización de campaña de
reconocimiento y difusión de la justicia comunitaria en el sistema de
transporte masivo Transmilenio.
-Publicación de mensajes
promocionales de reconocimiento a la figura en las redes sociales.
-Diseño de imagen y producción de
elementos promocionales para la Justicia Comunitaria.
(iv) Objetivo 4: Desarrollar
mecanismos y sistemas eficaces de monitoreo, evaluación y seguimiento para los
Actores de Justicia Comunitaria
-De los 168 Actores de Justicia
Comunitaria adheridos a la línea de fortalecimiento, 140 han aportado los
soportes de que se encuentran activos trabajando por la ciudadanía. Para el
caso de los Jueces de Paz y de reconsideración en Bogotá, 24 han firmado el
documento y 12 han entregado  los soportes que ponen en evidencia su rol activo
en la comunidad. En particular, en la Localidad de San Cristóbal se han
adherido cuatro Jueces de Paz.
-Georreferenciación de la oferta de
justicia comunitaria en las localidades: existen 62 Puntos de Atención
Comunitaria en Bogotá, de los cuales 10 se encuentran en la Localidad de San
Cristóbal.
-Desarrollo del Sistema de
Información de Justicia Comunitaria SIJUSCO, el cual facilitará la toma de
decisiones de política pública para el fortalecimiento de la justicia
comunitaria. (Entrará en funcionamiento en agosto de 2018).
6.4. Por otra parte, la Secretaría
accionada señaló que en relación con la gestión de espacios para los
Actores de Justicia Comunitaria dentro de la Línea de Fortalecimiento, se
establecieron los siguientes compromisos:
-
Compromisos de la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia: Se considera ideal que los conciliadores en equidad, Jueces de
Paz, mediadores comunitarios y promotores de convivencia realicen sus
actividades en los respectivos puntos de atención comunitaria –PAC-, con el fin
de mantener su vínculo con las comunidades locales. De “estar dentro de las
capacidades de la Secretaría se gestionará para los Jueces de Paz y
conciliadores en equidad, la consecución de espacios físicos adecuados para el
ejercicio de su actividad, como en las casas de justicia, según la capacidad y
disponibilidad de cada una. Para este caso, la Dirección de Acceso a la
Justicia, a través de quien ésta delegue, establecerá los turnos de conformidad
con la disponibilidad de tiempo de los conciliadores en equidad y Jueces de Paz,
según la agenda que se presente mensualmente, entendiendo que los actores de
justicia comunitaria no realizan su actividad de voluntariado de manera
permanente. Los Actores de Justicia Comunitaria que tengan un espacio en casas
de justicia podrán usar las fotocopiadoras y escáneres de este equipamiento,
para documentos asociados al ejercicio de su actividad.”[25]
-
Compromisos de los Conciliadores en Equidad y
Jueces de Paz: “Los conciliadores en equidad y Jueces
de Paz ubicados en las casas de justicia deberán cumplir con la atención
puntual, según lo agendado con la persona designada. Si alguno de los actores
de justicia comunitaria que se encuentra ubicado en la casa de justicia no
puede asistir a la audiencia de conciliación programada, deberá informar con anticipación,
mínimo tres días hábiles al profesional universitario de la unidad de mediación
y conciliación quien será el encargado de realizar la respectiva reprogramación
o coordinar con otro actor de justicia. Tres ausencias sin justificación y
previo aviso darán lugar a que se ceda el espacio a otro actor voluntario que
lo requiera. Igualmente, los Conciliadores en Equidad, Jueces de Paz y
mediadores comunitarios que atiendan en los PAC deberán cumplir con la
programación agendada, con la ausencia en los puntos de atención sin
justificación y previo aviso al equipo de la unidad de mediación y conciliación
durante tres programaciones, la Secretaría podrá citar al respectivo actor para
que se acuerden acciones de acompañamiento y de mejora en la atención.”
6.5. Con fundamento en los anteriores
compromisos, la Secretaría accionada indicó que, un aspecto que privilegia el
modelo de articulación de los actores de justicia comunitaria, entre ellos los Jueces
de Paz, es que puedan desarrollar su actividad ubicados en el punto más cercano
a la comunidad, lo cual no necesariamente se logra al interior de una casa de
justicia. En consecuencia, explicó que un criterio básico para brindarles un
espacio de atención en las casas de justicia, es que no tengan la posibilidad
de desarrollar su actividad en un Punto de Atención Comunitaria. Asimismo, sostuvo
que en las Casas de Justicia no se asignan oficinas exclusivas durante todo el día
para un solo conciliador o juez de paz. No obstante, precisó que sí existe privacidad
para atender a los usuarios en el horario que los Actores de Justicia
Comunitaria lo soliciten.
6.6. Destacó que en la localidad de San
Cristóbal según el acta de posesión para el periodo 2015-2020, desarrollan su
actividad los siguientes Jueces de Paz: Luis Alejandro Motta, José Luis
Roncancio Rodríguez, Gessy Mustafá Rodríguez y Alfonso Vargas Romero
(accionante). Aclaró que dichas personas no ostentan la calidad de funcionarios
públicos y ejercen su actividad de manera gratuita.
6.7. En relación con los lugares
donde el Juez de Paz Alfonso Vargas Romero ejerce sus labores, señaló que en la
actualidad tiene tres espacios asignados para la atención de sus casos, entre
ellos, la Casa de Justicia de San Cristóbal:
Alfonso Vargas Romero
Juez de Paz
PAC –Punto de Atención Comunitaria-
Los Libertadores
Casa de Justicia de San
Cristóbal
PAC La Belleza
Lunes
9:00 am a 12:00 pm
Martes
9:00 am a 12:00 pm
Miércoles
8:00 am a 12:00 pm
7. El Ministerio de Justicia y
del Derecho resaltó que de conformidad con los artículos 247 de la
Constitución Política y 11 de la Ley 270 de 1996, la Justicia de Paz es una
jurisdicción especial que hace parte de la Rama Judicial y, en tal virtud, el
artículo 20 de la Ley 497 de 1999 le ordena al Consejo Superior de la
Judicatura incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial, las
partidas necesarias para su financiación. De allí que, la operatividad de dicha
Jurisdicción se encuentre sometida a las disposiciones del Consejo Superior de
la Judicatura.
Asimismo, advirtió que de acuerdo con
el artículo 19 de la Ley 497 de 1999, los Jueces de Paz no tienen remuneración
alguna y el desempeño de sus funciones es compatible con otros cargos públicos.
Lo anterior, en la medida en que al no ser remunerada la labor del juez de paz,
es  necesario que él obtenga los recursos para su sustento de otras actividades
o de su labor como empleado público o privado.
De otra parte, explicó que el
Ministerio de Justicia y del Derecho a través del Viceministerio de Promoción
de la Justicia, orienta mediante el trabajo de la Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de Conflictos, el Programa Nacional de Casas de
Justicia y Convivencia Ciudadana, el cual se desarrolla en conjunto con los
distritos y municipios, como en el caso de Bogotá, donde operan nueve casas de
justicia, entre ellas la ubicada en la Localidad de San Cristóbal.
Agregó que la función misional de la
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos es apoyar y
contribuir al desarrollo del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana que busca facilitar el acceso a
la justicia y la construcción de la convivencia ciudadana en zonas marginales
de las grandes ciudades o en zonas rurales, donde se registra un alto índice de
conflictividad y criminalidad.
Aclaró que pese a que la
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de
Justicia y del Derecho es la responsable de brindar la asesoría técnica en el
territorio nacional en la implementación y operación del Programa Nacional de
Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, son las respectivas alcaldías  las
responsables de la operación de las mismas, como es el caso de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y
Justicia.
Explicó que las Casas de
Justicia hacen parte de un Programa Nacional, de carácter
interinstitucional e interdisciplinario, en el que diferentes entidades se
articulan misionalmente para contribuir a garantizarles a las comunidades el
acceso a la justicia. Sin embargo, advirtió que “no es un derecho cierto de
los Jueces de Paz que su voluntariado se deba realizar en las instalaciones de
las Casas de Justicia”, pues de conformidad con el Decreto 1069 de 2015
-Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho-, las entidades
territoriales con observancia de criterios de pertinencia, compromiso y
responsabilidades misionales necesarias, tienen la potestad de determinar qué
entidades podrán ser partícipes del Programa Nacional de Casas de Justicia y
Convivencia Ciudadana[26].
8. El señor Alfonso Vargas
Romero mencionó que los Jueces de Paz ejercen sus labores en
lamentables condiciones y que las autoridades públicas tienden a invisibilizar
la falta de apoyo institucional en el que se encuentran. Por otra parte, denunció
que, por su labor como Juez de Paz de la Localidad de San Cristóbal ha recibido
amenazas de actores armados desmovilizados. Para probar lo anterior, adjuntó
copia de los panfletos amenazantes que recibió[27].
8.1. Posteriormente, el accionante
envió un nuevo escrito a esta Corporación, mediante el cual resaltó que la
Jurisdicción de Paz, durante su período de actividad, no ha percibido
financiamiento alguno por parte del Consejo Superior de la Judicatura para
garantizar su eficaz funcionamiento. En consecuencia, los Jueces de Paz han
tenido que sufragar de sus propios recursos los implementos para la prestación
de sus servicios.
Asimismo, señaló que si bien han
recibido programas de capacitación y formación a través de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, estos han sido insuficientes, pues no son permanentes y
se han vuelto repetitivos y poco constructivos.
Por otra parte, el accionante resaltó
que no existe colaboración armónica entre el Consejo Superior de la judicatura
y las entidades locales de Bogotá para lograr el adecuado funcionamiento de la
Jurisdicción de Paz. De igual forma, precisó que en reiteradas ocasiones los Jueces
de Paz han elevado peticiones al Consejo Superior de la Judicatura para que
cumpla con sus funciones constitucionales y legales, pero no ha obtenido respuesta.
9. Efectuado el traslado de
pruebas de rigor (inciso 1º del artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015[28]), la Secretaría Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá precisó lo siguiente:
“Las relaciones de esta Secretaría
con los Jueces de Paz, conciliadores en equidad, mediadores comunitarios y
promotores de convivencia del Distrito Capital, en calidad de Actores de
Justicia Comunitaria de Bogotá, son de acompañamiento y articulación para el
fortalecimiento, posicionamiento y reconocimiento de su labor, a través del
diseño e implementación de políticas, pero no existe una atribución legal que
haga responsable a esta entidad de gestionar espacios para el ejercicio de la Jurisdicción
de Paz, lo cual nos lleva a concluir que esta Secretaria puede apoyar la
gestión del Consejo Seccional de la Judicatura, en cumplimiento de los
principios de coordinación y articulación.”
De conformidad con lo anterior,
señaló que no es acertado concluir que, como la Subsecretaría de Acceso a la
Justicia y la Dirección de Acceso a la Justicia tienen funciones relacionadas
con el fortalecimiento de la justicia comunitaria en el Distrito Capital, estas
se traducen en una obligación de consecución de espacios y equipos tecnológicos,
porque ello conllevaría a asumir una competencia de los Consejos Seccionales de
la Judicatura.
Además, consideró que en aplicación
del principio de legalidad de las competencias, sería igualmente erróneo
considerar que las mismas atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura en
relación con la Jurisdicción de Paz, están asignadas automáticamente a las
entidades territoriales, puesto que tales competencias deben ser asumidas en el
nivel local por los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Por último, reiteró que aun cuando no
existe la obligación de brindar un espacio físico a los Jueces de Paz en la
casas de justicia, el accionante desarrolla sus actividades en la Casa de
Justicia de San Cristóbal en el horario señalado y en los Puntos de Atención
Comunitaria de dicha localidad[29].
10. Mediante Auto proferido el 3
de agosto de 2018[30],
la Magistrada sustanciadora (i) ofició a las entidades accionadas y
vinculadas en el presente asunto para que precisaran
aspectos relacionados con el presupuesto existente para financiar la
Jurisdicción de Paz. Además, (ii) compulsó copias de la denuncia
presentada por el señor Alfonso Vargas Romero con destino a la Dirección de
Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Por último, (iii)
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 64 del Acuerdo 01 de 30 de abril
de 2015[31],
suspendió los términos para fallar el presente asunto, mientras se recaudaba y
analizaba la información solicitada.
11. A través de oficio del 21 de
agosto de 2018[32],
la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho de la Magistrada
sustanciadora los informes recibidos, entre los cuales se destacan los
siguientes:
12. La Dirección Ejecutiva
Seccional Bogotá de Administración Judicial precisó que los Jueces de
Paz son electos por períodos de cinco años y el actual corresponde a los años
2015-2020. Señaló que de conformidad con el Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008, le
corresponde adelantar el proceso de cuantificación de la partida presupuestal
para el financiamiento de la Jurisdicción de Paz en la ciudad de Bogotá. Al
respecto, explicó que la cuantificación de dicha partida es realizada con base
en la información aportada por los Jueces de Paz y Reconsideración, quienes deben
diligenciar el formato de necesidades básicas de bienes y servicios
insatisfechos, diseñado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá[33].
Sin embargo, manifestó que no ha sido
posible elaborar la cuantificación de la partida presupuestal para el
financiamiento de la Jurisdicción de Paz, pues desde
la entrada en vigencia del Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008,
los Jueces de Paz y Reconsideración no han allegado el
formato de necesidades a dicha Dirección. Indicó que a la fecha sólo se han
entregado seis formatos de necesidades con los cuales no es posible realizar un
estudio que permita la cuantificación de la partida presupuestal para el
financiamiento de la Jurisdicción de Paz.[34].
13. El Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con la información brindada por la Unidad de Planeación
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, señaló que se han
incluido recursos para la Jurisdicción de Paz, únicamente en el anteproyecto
de presupuesto de la Rama Judicial, de la siguiente forma:
Concepto
Funcionamiento
2013
$5.520.000.000
2014
$5.520.000.000
2015
$6.000.000.000
2016
$6.000.000.000
2017
$6.420.000.000
2018
$3.130.000.000
Adicionalmente, adjuntó copia de los anteproyectos de
presupuesto de la Rama Judicial y en lo relacionado con la destinación de
recursos para la Jurisdicción de Paz en las vigencia 2018 se indica lo
siguiente: “En lo que respecta a los Jueces de Paz la Ley 497/99, establece
que el Consejo Superior de la Judicatura, está en la obligación de incluir
partidas para la financiación de la Justicia de Paz dentro del proyecto de
presupuesto de la Rama. Igualmente es responsable de proveer capacitación
permanente a los Jueces de Paz a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y deberá implementar un Programa de Seguimiento, Mejoramiento y Control
de esta misma jurisdicción. En tal sentido, se proyectan recursos en
adquisición de bienes y servicios por la suma de $3.130 millones, para dotación
de un kit con computador, impresora, muebles, enseres y papelería para los 213 Jueces
de Paz reportados al inicio de la Vigencia 2017.”
Asimismo, destacó que se han ejecutado recursos para la capacitación
de funcionarios y empleados de rama judicial, Jueces de Paz, autoridades
indígenas que administran justicia y abogados/as litigantes y auxiliares de la
justicia de la siguiente manera:
Concepto
Funcionamiento
2013
$63.964.092.000
2014
$88.523.660.000
2015
$83.731.931.000
2016
$157.621.228.000
2017
$53.819.661.000
2018
$85.264.631.000
A su vez, adjuntó las pólizas de vida de las vigencias comprendidas
entre 2008 y 2018 para los Jueces de Paz, de conformidad con el artículo décimo
quinto del Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008, el cual establece que “todo Juez
de Paz y de Reconsideración, una vez posesionado, deberá diligenciar el
formulario de designación de beneficiarios que le suministre la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, a efectos de ser incluido en la
Póliza de Vida Grupo Ley 16 de 1988 contratada por la Nación – Consejo Superior
de la Judicatura.”
Por otra parte, reiteró lo manifestado por la Dirección Ejecutiva Seccional Bogotá de Administración Judicial, en
cuanto a que no ha sido posible realizar un estudio que permita la
cuantificación de la partida presupuestal para el financiamiento de la
Jurisdicción de Paz, porque los Jueces de Paz no han presentado el formato de
necesidades básicas de bienes y servicios insatisfechos[35].
14. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá sostuvo que en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 497 de 1999 y los Acuerdos PSAA08-4977 y 5300 de 2008
estableció el “COMITÉ SECCIONAL DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ”, para
efectos de cumplir con el seguimiento, mejoramiento y control de la labor
realizada por los 83 Jueces de Paz que actualmente desarrollan sus actividades
en la ciudad de Bogotá.
Resaltó
que del Comité referido han surgido iniciativas para dar capacitaciones a los Jueces
de Paz, como por ejemplo, la llevada a cabo el 14 de julio de 2017 denominada “Conversatorio
de Control Disciplinario para Jueces de Paz”, la cual pretendió enfocarse
en las reales y actuales problemáticas de los Jueces de Paz y en contextualizarlos
en relación con lo que les es permitido efectuar desde su rol.
Asimismo,
indicó que el 9 de marzo del presente año se realizó el Foro Distrital de
Justicia Comunitaria “Diálogos y Debates sobre la Justicia Comunitaria en el
Distrito”, cuyo objetivo principal fue promover un encuentro entre las
entidades vinculadas al funcionamiento de la justicia comunitaria en el Distrito
de Bogotá.
14.1.
Por otra parte, precisó que dicha Seccional cuenta con una base de datos de los
ciudadanos que ejercen como Jueces de Paz o Reconsideración en la ciudad de
Bogotá, la cual ha sido depurada con el apoyo de  la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Unidad de Registro Nacional de Abogados, encargada de la carnetización, el Centro
de Documentación Judicial de la Rama Judicial y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
o Comisión de Disciplina (Seccional y Superior), encargada de sancionar a los
jueces.
14.2.
Respecto a la función señalada en el artículo 2º del Acuerdo PSAA08-4977 de
2008, relacionada con la consolidación de la información de los formatos de
necesidades que deben llenar los Jueces de Paz para remitirlos al Director
Ejecutivo de la seccional Bogotá, mencionó que los Jueces de Paz no encuentran
útil diligenciar dichos formularios, pues dicha jurisdicción nunca recibe
presupuesto y ni siquiera les entregan un kit de inicio con lapiceros, lápices,
grapadoras, resmas de papel, una memoria USB, entre otros elementos. Al
respecto, de manera textual la Seccional expuso lo siguiente:
“… al
no obtener resultados tangibles, como la entrega de un Kit de Inicio con
lapiceros, lápices, grapadoras, resmas de papel, una memoria USB, etc, los Jueces
de Paz y Reconsideración no encuentran útil ni necesario diligenciar, en este
caso el formulario de necesidades, pues ha sido costumbre que no exista
presupuesto para dicha Especial Jurisdicción.”
14.3.
Con relación a la función de recibir y consolidar los informes de gestión de
los Jueces de Paz, también señalada en el Acuerdo referido, indicó que mediante
circular CSJBT018-2673 del 24 de abril de 2018, esa Seccional dio a conocer a
los Jueces de Paz del Distrito Judicial de Bogotá, el enlace de la página web
de la Rama Judicial donde pueden descargar el formulario estadístico para que
diligencien la información y puedan consolidarse los respectivos informes de
gestión.
14.4.
En cuanto a la función de formalización de los archivos de los Jueces de Paz
(actas y sentencias), destacó que en la ciudad de Bogotá se pretende la
creación de un cronograma de digitalización de archivos para tener una mayor
cercanía con los Jueces de Paz y replicar sus experiencias positivas.
14.5.
De otro lado, informó que en el primer semestre del año en curso requirió a la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y de Justicia a fin de que se implementaran
espacios en las juntas de acción comunal o en las casas de justicia y se
pudiese brindar la atención requerida por los usuarios de justicia comunitaria.
Destacó que, en respuesta a dicho requerimiento, la Secretaría informó que los Jueces
de Paz adscritos al Distrito de Bogotá prestan sus servicios en los puntos de
atención comunitarios ubicados en las Juntas de Acción Comunal, Parroquias,
Casas del Deporte y Casas de Justicia, y que se tiene como meta para el año
2018 gestionar la apertura de nuevos puntos y hacer acompañamiento para los
actores de justicia comunitaria presentes en dichos equipamientos. En esa
medida, resaltó la labor de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y
Justicia, pues se ha mostrado dispuesta a brindar “los anhelados espacios en
casas de justicia para que los mencionados Jueces de Paz presten sus servicios
en un ambiente más confiable para la comunidad.”
14.6.
Para terminar, reconoció que “las carencias de los Jueces de Paz son muchas”
y que es necesario que el Comité Seccional de la Jurisdicción de Paz se
convierta en una dinámica de interacción con los Jueces de Paz, el Consejo
Superior de la Judicatura y las autoridades locales[36].
15.
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a
través de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, sostuvo que en el marco del
plan de desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, dicha entidad
tiene como meta estratégica “la consolidación y puesta en marcha  del
Sistema Distrital de Justicia , a través del cual se busca la implementación de
rutas y protocolos de acceso efectivo a la justicia, con servicios e
infraestructura de calidad que promuevan la garantía de los derechos de los
ciudadanos.”
En
esa medida, la Secretaría reiteró que se está diseñando un modelo de
acompañamiento para los actores de justicia comunitaria del orden distrital y
local, el cual tiene por objeto establecer la hoja de ruta de la política
pública para el fortalecimiento de los mecanismos de justicia comunitaria y de
resolución pacífica de conflictos.
Agregó que, en cumplimiento de la Línea de Fortalecimiento para la
vigencia 2017, se firmó un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional
de Colombia, cuyo objetivo fue desarrollar e implementar un
proceso de capacitación para el fortalecimiento de las habilidades de actores y
colaboradores del sistema de justicia del Distrito Capital, que contó con la
participación de los Jueces de Paz y tuvo un costo de $112.870.029.
Adicionalmente,
adujo que la Secretaría está trabajando en el diseño e implementación de un módulo
del sistema de información para justicia comunitaria, denominado SIDIJUSCO, en
el cual se invirtió un total de $28.080.000 para la vigencia 2018 y tienen como
objetivo: “(i) registrar la atención de conflictos realizada por los actores
de justicia comunitaria; (ii) hacer seguimiento a  la agenda de atención de los
AJC adscritos a la línea, por parte de los profesionales de la unidad de
mediación y conciliación; (iii) emitir citaciones para audiencias de mediación
comunitaria y justicia en equidad; (iv) generar el reporte de cada
conciliación  y mediación comunitaria; (v) permitir administrar la información de
los puntos de atención comunitaria y los actores de justicia comunitaria.”
Para
terminar, señaló que este año se pretende contratar un proceso de formación por
valor de $230.000.000 para actores de justicia comunitaria, en el que, a partir
del análisis y el diagnóstico de sus necesidades, se plantearon los siguientes
componentes para el refuerzo pedagógico:
-
Argumentación y lógica.
-
Aplicación práctica del principio de equidad como
fuente de derecho.
-
Técnicas de redacción y diligenciamiento de
formatos aplicables en la justicia comunitaria.
-
Herramientas jurídicas para el abordaje de los
conflictos.
-
Programa de atención psicosocial a la justicia
comunitaria (manejo del estrés, pausas activas, ejercicios de promoción de
convivencia, atención al usuario, técnicas de comunicación, liderazgo y
autocuidado)[37].
16.
La Unidad Nacional de Protección indicó que el caso del
accionante será llevado ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación
de Medidas -CERREM-, en el cual se validará el riesgo y se recomendará al
Director General de la UNP, de resultar necesario, la adopción de medidas de
protección, conforme a la ponderación del nivel de riesgo[38].
17.
Mediante oficio del 27 de agosto de 2018, la Secretaría General de esta
Corporación informó que dentro del término de traslado, sólo se acercó para
tener conocimiento de las pruebas puestas a disposición la Secretaría Distrital
de Seguridad, Convivencia y Justicia. No obstante, mediante comunicación del 30
de agosto siguiente, dicha entidad manifestó que no se pronunciaría respecto
de los oficios recibidos durante el traslado[39].
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1.-
Esta Sala de Revisión es competente para examinar las sentencias de tutela
proferidas en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86
y 241, numeral 9° de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de análisis
2.- El señor Alfonso Vargas Romero interpuso
acción de tutela contra la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, porque considera vulnerado su
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pues dicha
entidad le impidió ejercer su labor como Juez de Paz en la
Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal.
En consecuencia, pidió al juez de tutela
que le ordene a dicha Secretaría y al Alcalde Mayor de Bogotá garantizarle el
espacio que ya tenía asignado en la Casa de Justicia de San Cristóbal y que le
sean devueltos los equipos de cómputo, impresoras, fotocopiadoras, archivadores
y papelería.
3.- De acuerdo con lo expuesto, y
en caso de ser procedente la acción de tutela, será preciso entrar a analizar
el fondo del asunto, el cual plantea las cuestiones que se explican a
continuación.
En primer lugar, de los
hechos de la tutela la Sala evidencia que la inconformidad del
accionante radica principalmente en la vulneración de su
derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia, pues la Secretaría
accionada lo despojó de la oficina y los equipos de cómputo que tenía asignados
en la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal para ejercer su labor
como Juez de Paz.
Por su parte, la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia indicó que nunca le ha asignado una
oficina exclusiva al accionante en la Casa de Justicia de San Cristóbal, dado
que estas deben rotarse, de acuerdo con las agendas de los conciliadores en
equidad y de los demás Jueces de Paz que se adhieran a la Línea de
Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria. Además, precisó que los Jueces de
Paz que ejercen su labor en dicha Casa de Justicia pueden utilizar los
implementos tecnológicos que allí se encuentran.
Ello conlleva a plantear
el siguiente problema: ¿Existe una afectación del derecho de acceso al
ejercicio de administrar justicia del Juez de Paz Alfonso Vargas Romero, ante
la falta de asignación de una oficina exclusiva en la Casa de Justicia de San
Cristóbal?
En segundo
lugar, las pruebas recaudadas en sede de revisión ponen en evidencia fallas
estructurales en el funcionamiento de la Jurisdicción de Paz, que superan el
reclamo individual del accionante y llevan a la Sala a considerar dicho asunto
en el análisis del caso concreto.
4.- Para resolver lo planteado, la Sala adoptará la siguiente metodología.
Primero, hará una breve exposición sobre la procedencia de la acción de
tutela en el caso que se analiza; segundo, se pronunciará sobre el
derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia; tercero, se
referirá a las normas constitucionales y legales que
reglamentan el funcionamiento de la Jurisdicción de Paz; cuarto, hará mención al Programa
Nacional de Casas de Justicia; y quinto, resolverá el caso concreto.
Examen de procedencia general de la tutela
- Legitimación activa
5.-  El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En esta
oportunidad, el señor Alfonso Vargas Romero actúa en defensa de sus
derechos fundamentales e intereses, razón por la cual se encuentra legitimado
para intervenir en esta causa.
-Legitimación pasiva
6.- De conformidad con el artículo 5º del
Decreto 2591 de 1991[40],
“la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos
de que trata el artículo 2 de esta ley”. En este orden de ideas, las
autoridades accionadas y vinculadas oficiosamente están legitimadas como parte
pasiva en el proceso de tutela, al atribuírseles en su condición de entidades
públicas, las competencias relacionadas con el funcionamiento de la
Jurisdicción de Paz, de cuya acción u omisión se deriva la afectación del
derecho fundamental que se reclama.
-Inmediatez
7.- La
procedibilidad de la tutela está, igualmente, supeditada al cumplimiento del
requisito de inmediatez. Éste exige que la acción sea interpuesta de manera
oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales. La inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión
existente entre el derecho constitucional a ejercer este mecanismo “en todo
momento” y el deber de respetar la configuración de la acción como un medio
de protección “inmediata” de las garantías fundamentales. Es decir,
debe existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de
la tutela y su interposición oportuna.
Para verificar el cumplimiento del principio de
inmediatez, el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta
violación o amenaza y la interposición de la tutela, es razonable. En el caso
concreto, de acuerdo con el escrito de tutela, la presunta
vulneración del derecho se generó en
octubre de 2017, cuando según el accionante, fue despojado de su oficina y de los equipos de
cómputo e impresoras que tenía asignados, y la acción de tutela se
interpuso el 11 de diciembre siguiente, es decir, dos meses después, lo que
demuestra que en este caso se cumple con el requisito de inmediatez, pues la
tutela se presentó en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración alegada.
-Subsidiariedad
8.- De manera
reiterada, la Corte ha reconocido que la acción de tutela conforme al artículo
86 de la Carta, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario,
que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo y eficaz para la protección
de los derechos invocados, o cuando al existir otros medios de defensa
judiciales, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
9.- En el
caso objeto de estudio, los jueces de
instancia consideraron improcedente la tutela, debido a que el accionante debía
presentar una solicitud ante el Consejo Superior de la Judicatura para obtener
la adecuación de un espacio físico que le permitiera ejercer su labor como Juez
de Paz. Sobre este particular, la Sala estima que no les asiste la razón, toda
vez que el artículo 86 de la Constitución Política determina que la tutela será
improcedente cuando el afectado disponga de otro medio de defensa
judicial lo cual excluye, en principio, la obligación de agotar trámites
de carácter administrativo, como lo es la presentación de una petición.
Además, si en gracia de discusión, se aceptara
que el accionante debió presentar una solicitud ante el Consejo Superior de la
Judicatura con el fin de obtener apoyo logístico para el ejercicio de la
función de administrar justicia, cabe recordar que él manifestó que elevó peticiones
ante dicha entidad para que cumpliera con sus funciones legales, pero nunca
obtuvo respuesta. Esta afirmación no fue controvertida y mucho menos
desvirtuada por el Consejo Superior de la Judicatura, aun cuando tuvo la
oportunidad para hacerlo. Así, será aplicada la presunción de veracidad consagrada
en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
10.- Por otra parte, aunque también podría señalarse que el actor
cuenta con la acción de cumplimiento para que el Consejo Superior de la
Judicatura lleve a cabo la obligación de incluir dentro del proyecto de presupuesto
de la Rama Judicial, las partidas necesarias para la financiación de la
Justicia de Paz (Artículo 20 de la Ley 497 de 1999), esta Corporación en Sentencia
C-157 de 1998[41], al estudiar la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997[42]
determinó que:
“las
órdenes de gasto contenidas en las leyes, por sí mismas, no generan
constitucionalmente a cargo del Congreso o de la administración, correlativos
deberes de gasto. No puede, en consecuencia, extenderse a este componente de
las normas legales, la acción de cumplimiento” y concluyó que “en el
marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto
en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta
se contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el
Constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo
sustentan”.
Así pues, en este caso la acción de cumplimiento sería improcedente,
porque la pretensión del accionante (espacio e insumos) está relacionada con la
inclusión en el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial de las partidas
necesarias para financiar la justicia de paz.
11.- Verificado el cumplimiento de  los requisitos para la procedencia de la tutela, la
Sala pasará a pronunciarse sobre el
derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia.
El derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia
12.- El artículo 228 de la Constitución Política define la administración
de justicia como una función pública, e impone a todas las autoridades
judiciales la responsabilidad de realizar los propósitos que inspiran la
Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe
asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados[43]. En este orden de ideas, la administración de
justicia implica la realización material de los fines del Estado Social de
Derecho, pues a través de esta función pública, entre otras, el Estado
garantiza un orden político, económico y social justo, promueve la convivencia
pacífica, vela por el respeto a la legalidad y la dignidad humana, y asegura la
protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades públicas.[44]
De conformidad con la disposición anterior, los artículos 229 Superior
y 2º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia[45] consagran el derecho fundamental de toda persona a acceder a la
justicia, cuyo contenido ha sido definido por esta Corporación como “la posibilidad
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en
condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a
los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las
garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”[46]
Entonces, aquella prerrogativa de la que gozan las personas de exigir
justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder
coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas
obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo.
La obligación de respetar implica el compromiso del Estado de
abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el
acceso a la justicia o su realización. De otra parte, la obligación de
proteger implica que el Estado debe adoptar medidas para impedir que
terceros obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del
derecho. A su vez, la obligación de garantizar involucra el deber del
Estado de facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y hacer
efectivo el goce del mismo[47].
Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la
adopción de medidas para que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad
de ser parte en un proceso.  Asimismo, ese deber de tomar medidas implica la
obligación de remover los obstáculos económicos para acceder a la justicia,
crear la infraestructura necesaria para administrarla y asegurar la
asequibilidad de los servicios del sistema de justicia para toda la población[48]. Por su parte, la creación
de infraestructura judicial implica la asignación de recursos técnicos y la provisión de los elementos materiales adecuados en los puestos de
trabajo de los operadores de justicia para garantizar un acceso eficiente a la
administración de justicia.
13.- Lo
anterior, permite concluir que el acceso a la justicia en términos
constitucionales es un derecho
fundamental en sí mismo y un derecho garantía. En efecto, la obligación de
garantía respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al deber que
tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto
funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr
el buen gobierno de la función y la provisión de infraestructura para que los
jueces puedan ejercer su importante labor.
Entonces, la realización de dicho derecho no se limita a la posibilidad que debe
tener cualquier persona de plantear sus pretensiones ante las respectivas
instancias judiciales, sino que se trata de una garantía que se extiende a
dotar de infraestructura a las juezas y jueces para que puedan acceder al
ejercicio de administrar justicia y de esta forma garantizar la eficiente prestación
de este servicio público.
14.-
Planteada esta faceta de
ejercicio del derecho a administrar justicia, pasa la Sala a referirse a las
disposiciones constitucionales y legales que regulan la actividad de los Jueces
de Paz.
Marco constitucional y legal de la Jurisdicción de Paz
15.- En la Constitución Política de 1991 existen dos importantes
instituciones que le dan participación a los particulares en la administración
de justicia: la conciliación en equidad y la justicia de paz, previstas en los
artículos 116 y 247 del ordenamiento superior. Se trata de mecanismos que
promueven la solución pacífica de conflictos en el contexto comunitario y que
lejos de pretender sustituir a la administración de justicia en manos de las
autoridades estatales, son espacios distintos a los despachos judiciales que
brindan la posibilidad de que con la participación de particulares se puedan
dirimir controversias de manera pacífica.
16.-
Específicamente, el artículo 247 Superior faculta al Legislador a crear Jueces
de Paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios[49].
Esta disposición constitucional tardó mucho tiempo en desarrollarse legalmente,
pues sólo fue hasta 1999 con la Ley 497, que el Legislador reguló ampliamente
la organización y funcionamiento de los Jueces de Paz en el país. Previamente,
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996) se refirió a
esta jurisdicción, al establecer en su artículo 11 que los Jueces de Paz forman
parte de la rama judicial[50].
17.- Mediante la Ley
497 de 1999 se implementaron los Jueces de Paz y se reglamentó su
organización y funcionamiento. En la exposición de motivos correspondiente se
les visualizó como constructores de paz y operadores de un mecanismo encaminado
a mejorar la administración de justicia en nuestro país[51]. Allí se
entendió que el acceso a la administración de justicia, además de ser un
derecho de todos, también constituye un imperativo político en cuanto se
relaciona con la capacidad de “resolver en equidad conflictos individuales y
comunitarios, que abren un horizonte de acciones hacia la realización de la
justicia como clave central de la convivencia ciudadana del nuevo país.” [52]
De esta manera, el
Legislador entendió que el papel de los Jueces de Paz no se restringe a ser
simples operadores judiciales que apoyan la descongestión de los despachos
judiciales, sino que se constituyen en facilitadores de procesos de aprendizaje
comunitario, donde se construyen de forma participativa ideales de lo justo y
se desarrollan habilidades para la resolución pacífica de conflictos.
18.- En efecto,
esta Corporación ha señalado que la introducción de
los Jueces de Paz en el ordenamiento constitucional respondió a la necesidad de
descongestionar la rama judicial  y también al replanteamiento de la relación Estado-
Administración de Justicia- Sociedad. En la Sentencia C-103 de 2004[53], sobre el
particular se dijo lo siguiente:
“En general, la introducción de esta figura al ordenamiento
obedeció no sólo al imperativo de descongestionar la Rama Judicial para atender
con más eficacia las necesidades ciudadanas de Administración de Justicia, sino
también a un replanteamiento fundamental de la relación existente entre el
Estado -en particular, aunque no exclusivamente, la Administración de Justicia-
y la sociedad: tanto desde la perspectiva genérica de la consagración del
Estado Social de Derecho en tanto fórmula política fundamental, como desde el
punto de vista específico de la introducción de una serie de mecanismos
alternativos a la justicia formal para la resolución de los conflictos
sociales, fue deseo del constituyente consolidar un modelo nuevo de interacción
entre la ciudadanía y el poder público, que –entre otras- fomentara un
acercamiento progresivo de los mecanismos formales de promoción de la
convivencia a las realidades sociales en las que habrían de operar”.
19.- Entonces,
mediante la figura de los Jueces de Paz, los ciudadanos participan en la
función pública de administrar justicia a través de la solución pacífica de
conflictos, especialmente de aquellos que si bien pueden aparentar ser de menor
entidad, realmente afectan la convivencia cotidiana y pacífica de toda la
comunidad. Así lo ha reconocido esta Corporación, al considerar que “se
trata, en últimas, de que personas que en principio no cuentan con una
formación jurídica, pero que son reconocidas dentro de la comunidad a la que
pertenecen por su capacidad, su ecuanimidad y su sentido de la justicia, puedan
ocuparse de asuntos que por su sencillez no ameriten el estudio por parte de la
rama judicial, ni supongan un conocimiento exhaustivo del derecho. Con todo,
valga anotar que se trata de inconvenientes en apariencia pequeños o
intranscendentes, pero que afectan de manera profunda la convivencia diaria y
pacífica de una comunidad, por lo que la labor a ellos asignada resulta a todas
luces esencial”[54].
20.- Incluso, se ha señalado que la labor de los Jueces de Paz fortalece
dos virtudes democráticas esenciales para un ciudadano: su autonomía, pues le
enseña a manejar sus propios problemas, pero también obliga a la persona a
comprender al otro y a expresar consideración por sus intereses y valores, lo
cual la vuelve un individuo más compasivo, solidario y con capacidad de
reconocimiento del valor de las diferencias y del pluralismo[55].
21.- La Ley
497 de 1999 dispone como principal propósito de la justicia
de paz, la búsqueda de la solución integral y pacífica de los conflictos
comunitarios o particulares que voluntariamente se sometan a su conocimiento
por las partes (arts. 1º y 8º), con base en los criterios de justicia propios
de la comunidad, de suerte que serán decisiones adoptadas en equidad por un
miembro de la comunidad en la que se suscitó el conflicto.
Las
decisiones son tomadas en equidad, no en derecho, lo cual implica que la
solución de un conflicto está más orientada a la recomposición de los vínculos
sociales que a la aplicación de una norma jurídica preexistente. Las
decisiones, por ende, deben obedecer a una concepción de justicia que sea
aceptable en el contexto comunitario específico de que se trate.
Su
competencia se restringe a los asuntos que las personas, individualmente
consideradas, o la comunidad en su conjunto, sometan a su conocimiento de forma
voluntaria y de común acuerdo y que versen sobre asuntos susceptibles de
transacción, conciliación o desistimiento, en cuantía no superior a los cien
salarios mínimos legales mensuales vigentes (art. 9º). Siempre, a partir de la
solicitud que de común acuerdo eleven las partes ante el juez de paz, se dará
inicio a una etapa previa de conciliación (autocompositiva) y, en caso de no
llegarse a un acuerdo entre las partes, se suscitará una etapa posterior que
culminará con la sentencia que adopte el juez de paz (arts. 22
a 29).
Asimismo, la
Ley dispone expresamente que esta jurisdicción especial se ha de regir por
principios como la eficiencia (art. 3º) y la gratuidad (art. 6º), fundantes de
la administración de justicia formal, al igual que la oralidad (art. 4º), con
el fin de dotarla de una mayor agilidad al funcionar mediante actuaciones
verbales. Y, de la misma manera, determina que los Jueces de Paz están
revestidos de la garantía de autonomía e independencia con el único límite de
la Constitución (art. 5º).
Uno de los
aspectos más destacables de la justicia de paz es que los jueces, tanto de paz,
como de reconsideración, serán elegidos mediante votación popular por los
ciudadanos de las comunidades ubicadas en la respectiva circunscripción
electoral (art. 11). Éste, sin lugar a dudas, es un auténtico rasgo distintivo
de esta jurisdicción especial, pues implica una cercanía particular entre los
miembros de la comunidad y la autoridad comunitaria. La disposición que
establece este mecanismo de elección de los Jueces de Paz también estipula que
“los candidatos serán postulados, ante el respectivo Personero Municipal,
por organizaciones comunitarias con personería jurídica o grupos organizados de
vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral que haya señalado
el Concejo Municipal”.
La Ley
indica, además, que en la misma fecha en que se adelante la votación para
elegir a los Jueces de Paz, se elegirá dos jueces de reconsideración de candidatos
postulados específicamente para ese cargo. El período de unos y otros es de
cinco años y serán reelegibles de forma indefinida; y, en tanto se trata de
ciudadanos en ejercicio que administrarán justicia en equidad, de conformidad
con los paradigmas de justicia propios de su comunidad, uno de los requisitos
que se les impone es el de “haber residido en la comunidad respectiva por lo
menos un (1) año antes de la elección” (art. 14).
Asimismo, el
texto normativo consagra un control disciplinario para los Jueces de Paz y de
reconsideración, que será ejercido por la Sala Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, cuando quiera que estos observen una conducta
censurable que afecte la dignidad del cargo (art. 34); y faculta a los Jueces
de Paz a sancionar a quien incumpla lo pactado en el acuerdo conciliatorio o lo
ordenado en la sentencia, mediante amonestación pública o privada, multas que
no pueden exceder el monto de quince salarios mínimos mensuales legales
vigentes y actividades comunitarias no superiores a dos meses (art. 37).
Adicionalmente, la Ley 497 de
1999 le asigna al Consejo Superior de la Judicatura varias
funciones relacionadas con los Jueces de Paz. Es así como a dicha autoridad le
corresponde incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial las
partidas necesarias para financiar la justicia de paz (art. 20), organizar y
ejecutar el Programa General de Formación de Jueces de Paz y de reconsideración
con la participación del Ministerio de Justicia y de Educación, de universidades,
organizaciones especializadas y de las comunidades en general (art. 21), e
implementar el programa de seguimiento, control y mejoramiento de esa
Jurisdicción (art. 21).
A su vez, señala
que el Ministerio de Justicia y del Derecho y los Alcaldes dentro de sus
respectivas circunscripciones, deberán promover un programa de pedagogía para
instruir, divulgar y capacitar a la comunidad sobre la justicia de paz con la
colaboración del Consejo Superior de la Judicatura y de las
entidades referidas en el párrafo anterior (art. 21 parágrafo).
22.- Posteriormente, el Consejo Superior de la Judicatura
expidió el Acuerdo Nº PSAA 08-4977 de 2008[56], por
medio del cual reglamentó la Jurisdicción Especial de Paz. El Acuerdo dispone
expresamente que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial cuantificará
la partida presupuestal requerida para atender las necesidades de la
Jurisdicción Especial de Paz, para que al momento de elaborarse por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura el proyecto de presupuesto
la misma sea incluida en cumplimiento del artículo 20 de la Ley 497 de 1999
(art. 1º).
Asimismo, el
Acuerdo dispone que para cuantificar dicha partida,  se contará con la
colaboración de las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración
Judicial y con la información que consolide la Sala Administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura respectivo en relación  con los formatos de
necesidades insatisfechas que deben llenar los Jueces de Paz (art. 2).  Luego
señala que una vez aprobado el presupuesto de la Rama Judicial, el Director
Ejecutivo de Administración Judicial deberá coordinar con cada Seccional, bajo
las directrices que para tal efecto imparta la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, la inclusión de las necesidades insatisfechas de los
Jueces de Paz y reconsideración en los correspondientes Planes de Adquisiciones
(art. 3).
Por otra parte, destaca que las
Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, donde opere
la Justicia de Paz tendrán las siguientes funciones: a) diseñar mecanismos de
interlocución con los entes de la Administración local que adelanten todo lo
relacionado con la elección y posesión de los Jueces de Paz de su localidad, b)
coordinar con las autoridades locales, la consecución de espacios físicos
adecuados para los Jueces de Paz, c) llevar un registro actualizado de los Jueces
de Paz y de Reconsideración, d) recibir y consolidar los Informes de Gestión
solicitados a los Jueces de Paz e introducirlos al Sistema de Información
Estadística de la Rama Judicial, e) coordinar con la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la implementación de los
Comités Interinstitucionales de la Jurisdicción de Paz Regionales y poner en
funcionamiento los comités municipales, para efectos de cumplir con la labor de
seguimiento, mejoramiento y control de la jurisdicción (art. 4).
Además, indica que
para efectos de contar con el apoyo tecnológico necesario, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, en consonancia con la partida
presupuestal aprobada para sufragar los costos de esta jurisdicción, a través
de sus direcciones seccionales, dotará gradualmente de los equipos de cómputo e
impresoras, así como de la tecnología necesaria para el cumplimiento adecuado
de la labor de los Jueces de Paz (art. 6).
En relación con la cuestión de
formación y capacitación de los Jueces de Paz precisa que se llevará a cabo
conforme a los planes educativos establecidos por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”, la cual programará las jornadas de capacitación, una vez los
Jueces de Paz se encuentren debidamente posesionados (art. 7).
Por último, advierte que todo
Juez de Paz, una vez posesionado, deberá diligenciar el formulario de
designación de beneficiarios que le suministre la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial, a efectos de ser incluido en la Póliza de Vida
Grupo Ley 16 de 1988 contratada por la Nación – Consejo Superior de la
Judicatura.
23.- Lo anterior permite observar que las disposiciones legales y
reglamentarias sobre la materia, asignaron competencias de alcance nacional y
local para la implementación de la Jurisdicción de Paz. En efecto, como se
expuso anteriormente, a nivel nacional se atribuyeron responsabilidades a
diversas entidades, a saber: al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Ministerio de Educación, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al
Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos Seccionales de la Judicatura[57].
Para destacar, al Ministerio de Justicia y del Derecho le
compete promover un programa de pedagogía para instruir, divulgar y capacitar a
la comunidad sobre la justicia de paz. A la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura le corresponde, entre otras funciones,
incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial las partidas
necesarias para financiar la Justicia de Paz e implementar un programa de seguimiento,
mejoramiento y control de dicha Jurisdicción. Por su parte, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial debe cuantificar la partida
presupuestal para atender las necesidades de la Jurisdicción de Paz y dotar
gradualmente, a través de sus direcciones seccionales, de los equipos de
cómputo e impresoras, así como de la tecnología necesaria a los Jueces de Paz.  Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura deben consolidar los formatos de las necesidades de suministro de
bienes y servicios de los Jueces de Paz que deben tenerse en cuenta dentro del
presupuesto y, además, coordinar con las autoridades locales, la
consecución de espacios físicos adecuados para los Jueces de Paz.
Por otra
parte, de conformidad con el marco legal reseñado, a los Alcaldes municipales
les corresponde la promoción de un programa de pedagogía sobre la
justicia de paz y la convocatoria a elecciones de Jueces de Paz. Asimismo,
deben coordinar con las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la
Judicatura respectivos la consecución de espacios físicos
adecuados para los Jueces de Paz.
24.- De esta
forma, la Sala concluye que existe un mapa de competencias y
responsabilidades institucionales, que deben llevarse a cabo de manera conjunta,
articulada y coordinada por las entidades nacionales y locales, en aras de fortalecer
la Jurisdicción de Paz y generar las condiciones necesarias para el desarrollo
de esta herramienta comunitaria de administración de justicia.
25.- Visto lo anterior, pasa la Sala a referirse brevemente
a la participación de los Jueces de Paz en el  Programa Nacional de Casas de
Justicia.
Programa Nacional de Casas de Justicia
26.-
Con la expedición del Decreto 1477 de 2000[58], se formalizó en el país
el Programa Nacional Casas de Justicia, cuyo objeto fue “facilitar a la
comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en las zonas marginales, en
las cabeceras municipales y en centros poblados de los corregimientos de más
2.500 habitantes” (art. 1º).  De conformidad con el mismo Decreto, las
casas de justicia son centros multiagenciales de información, orientación,
referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se
aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal (art. 2º).
Los
objetivos, según la norma referida, son: (i) ampliar el campo de acción del
servicio de justicia, (ii) incluir a la comunidad para que sea partícipe de la
resolución formal y no formal de los conflictos, (iii) promover la cultura de
convivencia ciudadana, (iv) facilitar una participación efectiva de la
comunidad para la evaluación de la administración de justicia, (v) crear
herramientas para la difusión de los métodos alternativos de solución de
conflictos, (vi) ser instrumento para la articulación de las políticas de
justicia del Estado con los programas de desarrollo comunitario, (vii) defender
los derechos humanos de la comunidad e informar de los deberes que esta tiene,
(viii) promover el desarrollo de programas contra la violencia intrafamiliar y
protección de derechos humanos, y (iv) ser un espacio donde se pueda analizar y
discutir la conflictividad social (art. 3º).
En
las casas de justicia participan diversas entidades, tanto nacionales como
locales, que prestan servicios de justicia estatal y comunitaria, y que
promueven el uso de métodos alternativos de solución de conflictos. En esa
medida, su funcionamiento depende del trabajo coordinado entre el gobierno
local, el Ministerio de Justicia y las entidades participantes que tienen
presencia en la casa. El gobierno local se encarga de la administración y el
mantenimiento de la infraestructura de la casa de justicia y el Ministerio de
Justicia, por su parte, coordina el Programa Nacional y se encarga de fijar los
lineamientos generales del Programa y vigilar su cumplimiento. De otra parte,
las entidades del orden nacional que participan en las casas de justicia,
proveen el personal y los servicios respectivos de acuerdo con sus
competencias. De esa forma, en las casas de justicia confluyen entidades del
orden local y nacional que prestan servicios relacionados con la justicia[59].
Las
entidades que pueden participar son: El Ministerio de Justicia y del Derecho,
el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, la Superintendencia de Notariado y Registro, las alcaldías
distritales o municipales, las Comisarías de Familia, las Inspecciones de
Policía las personerías distritales o municipales, los consultorios jurídicos
de universidades, los centros de conciliación y cualquier otra entidad
necesaria para el cumplimiento de los objetivos del programa[60].
Respecto
a lo anterior, es relevante destacar que en las casas de justicia no siempre
están presentes todas las entidades referidas. Si bien todas estas hacen parte
del convenio general del Programa, no todas las instituciones participan en los
convenios específicos que se celebran para crear cada una de las casas, dado
que la participación de las entidades no es obligatoria[61]. No obstante, de
conformidad con el Decreto 1477 de 2000, el Ministerio de Justicia y del
Derecho tiene entre sus funciones, la de promover la participación de los Jueces
de Paz y conciliadores en equidad en el Programa Nacional de Casas de Justicia[62].
Para
finalizar, cada casa de justicia cuenta con coordinación administrativa, que es
la encargada de gestionar que se cumplan los objetivos del Programa, velar por
la difusión de los servicios prestados y entregar informes mensuales al
Ministerio de Justicia acerca de su desempeño. Además, en cada casa existe un
centro de cómputo que es el encargado de sistematizar la información sobre las
consultas y los servicios prestados, con la finalidad de producir informes
mensuales al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Alcaldía respectiva, y
a las entidades nacionales que participan en el Programa.
27.-
Conforme a las consideraciones previamente expuestas, la Corte pasará a
estudiar el caso concreto.
Caso concreto.
28.- El señor Alfonso Vargas
Romero considera que la Secretaría accionada vulneró su derecho
de acceso a la administración de justicia, pues lo despojó de la oficina y los
equipos de cómputo que tenía asignados en la Casa de Justicia de la Localidad
de San Cristóbal, para ejercer su labor como Juez de Paz. Además,
en sede de revisión, señaló que los Jueces de Paz ejercen
sus labores en lamentables condiciones y no perciben financiamiento alguno por
parte del Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, han tenido que
sufragar de sus propios recursos los implementos para la prestación de sus
servicios. Asimismo, indicó que si bien han recibido programas de capacitación
a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, estos han sido
insuficientes, pues no son permanentes y se han vuelto repetitivos y poco
constructivos.
Adicionalmente, resaltó que no existe colaboración
armónica entre el Consejo Superior de la Judicatura y las entidades locales de
Bogotá para lograr el adecuado funcionamiento de la Jurisdicción de Paz en
dicha ciudad. De igual forma, precisó que en reiteradas ocasiones los Jueces de
Paz han elevado peticiones al Consejo Superior de la Judicatura para que cumpla
con sus funciones constitucionales y legales, pero no han obtenido respuesta.
29.- Lo relatado por el
accionante llevó a la Sala a requerir información adicional sobre el
funcionamiento de la Jurisdicción de Paz. En efecto, como se observó en los antecedentes expuestos en la primera parte de
esta providencia, la Sala en diferentes momentos, recibió amplia
información por parte de entidades públicas que tienen competencias
relacionadas con la Jurisdicción de Paz, la cual, se recapitula y sintetiza a
continuación:
-La Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia explicó que de
conformidad con el artículo 18 del Decreto Distrital 413 de 2016, está encargada de ejercer a través de la Subsecretaría de Acceso a la
Justicia y la Dirección de Acceso a la Justicia, la
implementación de políticas concretas para el fortalecimiento de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos en el Distrito Capital, dentro de los
cuales se encuentran los Jueces de Paz. En esa medida, destacó que su relación
con dichos Jueces, en calidad de Actores de Justicia Comunitaria de Bogotá, es
de acompañamiento y articulación para el fortalecimiento, posicionamiento y
reconocimiento de su labor, a través del diseño e implementación de políticas.
Adujo que en cumplimiento de las
funciones encomendadas por el Decreto referido, la Dirección de Acceso a la
Justicia implementó un modelo de acompañamiento a los Actores de Justicia
Comunitaria (Jueces de Paz, Conciliadores en Equidad, Mediadores Comunitarios y
Promotores de Convivencia), a través de la Línea de Fortalecimiento de los
Mecanismos de Justicia Comunitaria y de Resolución Pacífica de Conflictos, la
cual se expidió en noviembre de 2017 y cuenta con componentes
encaminados a: (i) desarrollar espacios de articulación interinstitucional con
las entidades competentes en la gestión de la política pública asociada a la
justicia comunitaria, (ii) fortalecer a los actores de justicia comunitaria en temas jurídicos, (iii) posicionar e incentivar el
trabajo de la justicia comunitaria entre los actores de justicia formal, no formal
y la comunidad; y (iv) desarrollar mecanismos eficaces de acompañamiento,
evaluación y seguimiento.
Precisó que de
conformidad con el Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008 proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, las entidades
competentes de la consecución de espacios físicos adecuados y del
apoyo tecnológico para el ejercicio de las funciones a cargo de los Jueces de
Paz, corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. No obstante, sostuvo que dicha Secretaría ha coadyuvado con la
consecución de espacios e insumos técnicos, jurídicos y logísticos para mejorar
la labor de los Actores de Justicia Comunitaria, dentro de los cuales se encuentran
los Jueces de Paz.
Advirtió que no es
acertado concluir que, como la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la
Dirección de Acceso a la Justicia tienen funciones relacionadas con el
fortalecimiento de la justicia comunitaria en el Distrito Capital, entonces
también cuentan con la obligación de consecución de espacios y equipos
tecnológicos, pues ello conllevaría a usurpar una competencia exclusiva de los
Consejos Seccionales de la Judicatura. En esa medida, precisó que a pesar de
que no existe una atribución legal que la responsabilice de gestionar espacios
para el ejercicio de la Jurisdicción de Paz, sí puede apoyar la gestión del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en cumplimiento de los principios
de coordinación y articulación.
En relación con el caso concreto, la
Secretaría expresó su disentimiento respecto de la pretensión de la acción de
tutela, pues en ningún momento adjudicó al Juez de Paz Alfonso Vargas Romero
una oficina específica en la Casa de Justicia de San Cristóbal, dado que estas
deben rotarse, de acuerdo con las agendas de los conciliadores en equidad y de
los demás Jueces de Paz. En ese sentido, la Secretaría señaló que el accionante
nunca fue desalojado de las instalaciones de la Casa de Justicia de San
Cristóbal. Además, precisó que los Jueces de Paz que ejercen en dicho espacio
pueden utilizar los recursos tecnológicos que allí se encuentran y que el 19 de
julio de 2018, entregó elementos de papelería y otros insumos
logísticos a los actores de justicia comunitaria de la Localidad de San
Cristóbal.
Explicó que resulta ideal que los
conciliadores en equidad, Jueces de Paz, mediadores comunitarios y promotores
de convivencia realicen sus actividades en los respectivos Puntos de Atención
Comunitaria -PAC-, los cuales constituyen espacios no institucionales ubicados
en las localidades con el fin de mantener proximidad con las comunidades. No
obstante, manifestó que los Jueces de Paz también pueden desempeñar su labor en
las Casas de Justicia de acuerdo con la disponibilidad de cada una, pero en
dichas instalaciones no es posible asignar oficinas exclusivas para ellos, pues
estas deben rotarse con los demás actores de justicia comunitaria. De todas
formas, anotó que en las Casas de Justicia existe privacidad para atender a los
usuarios en el horario que los actores de justicia comunitaria lo soliciten.
Por último, reiteró que aun cuando no
existe la obligación de brindar un espacio físico a los Jueces de Paz en las
Casas de Justicia, el accionante desarrolla sus actividades en la Casa de
Justicia de San Cristóbal y en los Puntos de Atención Comunitaria de dicha
localidad. En particular, informó que el Juez de Paz Alfonso Vargas Romero
tiene tres espacios asignados para la atención de sus casos, entre ellos, la
Casa de Justicia de San Cristóbal:
Alfonso Vargas Romero
Juez de Paz
PAC –Punto de Atención Comunitaria-
Los Libertadores
Casa de Justicia de San
Cristóbal
PAC La Belleza
Lunes
9:00 am a 12:00 pm
Martes
9:00 am a 12:00 pm
Miércoles
8:00 am a 12:00 pm
-El Consejo Superior de la
Judicatura mencionó que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 497
de 1999,- por la cual se crean los Jueces
de Paz y se reglamenta su organización y funcionamiento-, le corresponde
incluir dentro del presupuesto de la Rama Judicial, las partidas necesarias
para la financiación de la Justicia de Paz.
Al respecto, manifestó que en el
anteproyecto de presupuesto de la Rama Judicial se ha incluido recursos para el
funcionamiento de la Jurisdicción de Paz, pero no han quedado reflejados dentro
de las partidas anuales del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial. Así,
por ejemplo, para la vigencia 2018 se proyectaron recursos en adquisición de bienes y servicios para la Jurisdicción de Paz
por $3.130 millones para dotación de un kit con computador, impresora, muebles,
enseres y papelería para los 213 Jueces de Paz reportados al inicio de la vigencia
2017.
Por otra parte, indicó que no ha sido posible realizar un estudio que permita la cuantificación de
la partida presupuestal para el financiamiento de la Jurisdicción de Paz,
porque no se han diligenciado los formatos de necesidades básicas y servicios
insatisfechos.
-La Dirección Ejecutiva
Seccional Bogotá de Administración Judicial, en relación con la función
de adelantar el proceso de cuantificación de la partida presupuestal para el
financiamiento de la Jurisdicción de Paz en la ciudad de Bogotá, explicó que la
cuantificación de dicha partida es realizada con la información aportada por
los Jueces de Paz y Reconsideración, quienes deben presentar el formato de
necesidades básicas de bienes y servicios insatisfechos, diseñado por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. Sin embargo, manifestó que no ha
sido posible elaborar la cuantificación, pues desde
la entrada en vigencia del Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008,
pocos Jueces de Paz y Reconsideración han diligenciado
el formato de necesidades.
Resaltó que la tarea de dotar de
infraestructura física a la Jurisdicción de Paz, puede realizarse en conjunto y
con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues esta cuenta con diferentes
entidades en todas las localidades que pueden prestar apoyo para dicho fin.
-El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, con respecto a la función señalada en el
artículo 2º del Acuerdo PSAA08-4977 de 2008, concerniente a la consolidación de
la información de los formatos de necesidades que deben llenar los Jueces de
Paz, mencionó que los Jueces de Paz no encuentran útil diligenciar dichos
formularios, pues ni siquiera les entregan un kit de inicio con lapiceros,
lápices, grapadoras, resmas de papel, una memoria USB, entre otros elementos.
De
otro lado, informó que en el primer semestre del año en curso requirió a la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y de Justicia, a fin de que se
implementaran espacios para brindar la atención requerida por los usuarios de
justicia comunitaria. Destacó que, en respuesta a dicho requerimiento, la
Secretaría informó que los Jueces de Paz adscritos al Distrito de Bogotá
prestan sus servicios en los puntos de atención comunitarios ubicados en las
Juntas de Acción Comunal, Parroquias, Casas del Deporte y Casas de Justicia.
En
esa medida, el Consejo Seccional resaltó la labor de la Secretaría Distrital de
Seguridad, Convivencia y Justicia. Para terminar, reconoció que “las
carencias de los Jueces de Paz son muchas” y que es necesario que el Comité
Seccional de la Jurisdicción de Paz se convierta en una dinámica de interacción
con los Jueces de Paz, el Consejo Superior de la Judicatura, la Rama Judicial y
las autoridades locales.
-El Ministerio de Justicia y
del Derecho resaltó que de conformidad con el artículo 247 de la
Constitución Política y el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, la Justicia de
Paz es una jurisdicción especial que hace parte de la Rama Judicial y, en ese
orden, el artículo 20 de la Ley 497 de 1999 le ordena al Consejo Superior de la
Judicatura incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial, las
partidas necesarias para la financiación de la Justicia de Paz. De allí que, la
operatividad de dicha Jurisdicción se encuentre sometida a las regulaciones y
disposiciones del Consejo Superior de la Judicatura.
De otra parte, explicó que el
Ministerio de Justicia y del Derecho a través del Viceministerio de Promoción
de la Justicia, orienta mediante el trabajo de la Dirección de Métodos
Alternativos de Solución de Conflictos, el Programa Nacional de Casas de
Justicia y Convivencia Ciudadana, el cual se desarrolla en conjunto con los
distritos y municipios, como en el caso de Bogotá, donde operan nueve (9) casas
de justicia, entre ellas la ubicada en la Localidad de San Cristóbal.
Aclaró que, pese a que la
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de
Justicia y del Derecho es la responsable de brindar la asesoría técnica en el
territorio nacional en la implementación y operación del Programa Nacional de
Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, son las respectivas alcaldías
municipales las responsables de la operación de las mismas, como es el caso de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia.
Explicó que las Casas de
Justicia hacen parte de un Programa Nacional, de carácter
interinstitucional e interdisciplinario, en el que diferentes entidades se
articulan misionalmente para contribuir a garantizarles a las comunidades el
acceso a la justicia.
Sin embargo, advirtió que no es un
derecho cierto de los Jueces de Paz que su voluntariado se deba realizar en las
instalaciones de las Casas de Justicia, pues de conformidad con el Decreto 1069
de 2015 -Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho-, las
entidades territoriales tienen la potestad de determinar qué entidades podrán
ser partícipes del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia
Ciudadana.
Ahora bien, con base en las
consideraciones expuestas en esta providencia y en la recapitulación de los
anteriores elementos, pasa la Sala a resolver el fondo del asunto objeto de
revisión.
30.- Al problema jurídico
planteado por la Sala de Revisión que consiste en determinar si  existe
afectación actual del derecho de acceso al ejercicio de administrar justicia
del accionante, ante la falta de asignación de una oficina exclusiva en la Casa
de Justicia de San Cristóbal para ejercer su labor como Juez de Paz, ha de
corresponderle una respuesta negativa por las siguientes razones:
En primer lugar, no
es posible asignarle un espacio exclusivo, pues las Casas de Justicia hacen parte de un
Programa Nacional de carácter interinstitucional e interdisciplinario, donde
participan varias entidades y actores comunitarios y, por ende, las oficinas
deben rotarse, de acuerdo con las agendas de los demás funcionarios y
particulares que prestan sus servicios en ese establecimiento.
En segundo lugar,
es preciso destacar que el Juez de Paz Alfonso Vargas Romero en la actualidad
ejerce la función pública de administrar justicia en la Casa de Justicia de San
Cristóbal y en los Puntos de Atención Comunitaria Los Libertadores y La
Belleza.
En tercer lugar, la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia precisó que los
Jueces de Paz que ejercen sus funciones en la Casa de Justicia de San Cristóbal
pueden utilizar los recursos tecnológicos que allí se encuentran y que el 19 de
julio de 2018, entregó elementos de papelería y otros insumos
logísticos a los actores de justicia comunitaria de esa Localidad.
31.-En esa medida, se concluye que al
Juez de Paz Alfonso Vargas Romero no se le vulneró su derecho de acceso al
ejercicio de administrar justicia, pues la Secretaría
de Seguridad, Convivencia y Justicia, en cumplimiento de su deber de acompañar
y apoyar a los actores de justicia comunitaria del Distrito Capital de Bogotá,
le ha asignado tres espacios cercanos a la comunidad para que ejerza sus
funciones.
Además, de
conformidad con lo señalado por dicha Secretaría cuenta con privacidad para
atender a los usuarios y puede utilizar los equipamientos tecnológicos de la
Casa de Justicia para ejercer las labores asociadas con su actividad.
32.-En consecuencia, la Corte
procederá a confirmar la sentencia proferida el 28 de febrero de
2018 por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogotá,
que a su vez confirmó la dictada el 23 de enero de 2018 por el Juzgado 31 Civil
Municipal de Oralidad de Bogotá, que negó la acción de tutela interpuesta por
el señor Alfonso Vargas Romero, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
33.- No obstante lo anterior, como
medida encaminada a fortalecer este espacio de discusión pública pacífica,
previsto en la Constitución y la Ley, se instará al Ministerio de Justicia y
del Derecho para que, en cumplimiento de su función de promover la
participación de los Jueces de Paz en el Programa Nacional de Casas de Justicia
(art. 7 del Decreto 1477 de 2000 y art. 2.2.4.1.4 del Decreto 1069 de 2015),
vigile el cumplimiento de las políticas generales del Programa Nacional de
Casas de Justicia en la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal de
esta ciudad.
34-. Ahora bien, las pruebas recaudadas en sede de
revisión ponen en evidencia fallas estructurales en el funcionamiento de la
Jurisdicción de Paz, que superan el reclamo individual del accionante. En
particular, observa la Sala que la Jurisdicción de Paz no cuenta con el
adecuado apoyo presupuestal y que es evidente la falta de coordinación
entre los ámbitos nacionales y locales para gestionar los asuntos relacionados
con los Jueces de Paz elegidos para la ciudad de Bogotá, deficiencias que
incluso tiene la virtualidad de afectar el funcionamiento de esa jurisdicción
en otros lugares del país. Ello trae consigo la obligación de instar al
cumplimiento diligente de las obligaciones legales que pesan sobre las
entidades nacionales y locales encargadas del desarrollo de esta figura.
35.-Lo anterior, se hace necesario en la medida en que los
Jueces de Paz se constituyen en uno de los principales actores en la
construcción de la paz en las ciudades y municipios de Colombia, pues su
accionar posibilita la reconstrucción democrática de nuestras sociedades a partir
de la valoración positiva de las controversias, donde los conflictos pueden ser
tramitados y resueltos pacíficamente. Además, la labor de los Jueces de Paz en
esta época de posconflicto es de gran relevancia, dado que ellas y ellos contribuyen
a la construcción de una cultura de paz en los territorios
afectados por el conflicto armado.
Esto implica que, en lo posible, la Jurisdicción de Paz
debe estar articulada al conjunto de las dinámicas nacionales y locales, pues
para que brinde sus potencialidades democratizadoras y pacificadoras, las
distintas competencias legales que están previstas para su desarrollo y
fortalecimiento no pueden ser llevadas a cabo de manera aislada.
36.-Si bien, se resalta la labor
de acompañamiento realizada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia de Bogotá a los actores de justicia comunitaria, entre ellos los
jueces de paz, a través de la Línea de Fortalecimiento de los Mecanismos de
Justicia Comunitaria y de Resolución Pacífica de Conflictos, es preciso
destacar que la falta de coordinación contribuye a generar barreras de carácter
institucional de acceso a la justicia.
37.-En particular, la falta de
coordinación entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia
y Justicia de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá y el
Ministerio de Justicia y del Derecho podría amenazar el acceso a la
administración de justicia no sólo de los Jueces de Paz en el ámbito de su
ejercicio, sino de todas las personas que acuden a dicha jurisdicción para
resolver en equidad y de manera pacífica sus conflictos individuales y
comunitarios.
38.-Por su parte, la falta de recursos constituye una dificultad para el desarrollo
integral de la jurisdicción de paz. De acuerdo con las pruebas se encuentra establecido que no ha sido posible
elaborar la cuantificación de la partida presupuestal para el financiamiento de
la Jurisdicción de Paz, pues desde la entrada en vigencia del Acuerdo Nº PSAA08-4977 de 2008 no se han diligenciado
ni consolidado los formatos de necesidades de bienes y servicios insatisfechos. Es claro, entonces, que la
inclusión de la partida presupuestal para la Jurisdicción de Paz no se ha
logrado por omisión de una formalidad administrativa, como lo es la consolidación
de los formatos de necesidades y no propiamente por razones presupuestales.
39.-En
consecuencia, se instará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura para que, a partir de la notificación del presente fallo de tutela,
disponga la implementación de un Comité de Coordinación Interinstitucional de
la Jurisdicción de Paz, mediante el cual se desarrollen procesos de articulación con el Ministerio
de Justicia y del Derecho, los representantes de los Jueces de Paz y las autoridades
locales, en pro de fortalecer la infraestructura alrededor
de la figura de los Jueces de Paz. Además, en el marco de dicho Comité deberá
discutirse con los representantes de los Jueces de Paz la necesidad de remitir
los formatos de necesidades y servicios insatisfechos, con el fin de
establecer un diagnóstico de gastos útil para la cuantificación de la partida
presupuestal.
Asimismo, se le
instará para que en cumplimiento de la función consagrada en el artículo 20 de
la ley 497 de 1999, incluya en el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial -vigencia 2019- las
partidas necesarias para financiar la Justicia de Paz.
40.-Por
su parte, se instará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y a la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nº PSAA 08-4977 de 2008,
cuantifiquen la partida presupuestal para la Jurisdicción de Paz con
observancia de la información que se consolide de los formatos de necesidades y
servicios insatisfechos que deben diligenciar los Jueces de Paz. Para este
propósito, deberán adelantar las acciones tendientes a asegurar que los Jueces
de Paz remitan dicha información de manera oportuna y suficiente.
41.- Por último, se ordenará a
la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura que remita a esta Sala de Revisión un
informe detallado
de las gestiones realizadas por dicha entidad para llevar a cabo lo señalado en
el párrafo 39 de esta providencia. Este informe deberá remitirse en el plazo
improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia.
III.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en este proceso.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de febrero de 2018
por el Juzgado 15 Civil del
Circuito de Bogotá, que a su vez confirmó la dictada el 23 de enero de
2018 por el Juzgado 31 Civil Municipal de Oralidad de Bogotá, que negó la
acción de tutela interpuesta por el señor Alfonso Vargas Romero, pero por las razones expuestas
en esta providencia.
TERCERO.- INSTAR al Ministerio de Justicia y del
Derecho que, en cumplimiento de su función de promover la participación de los
Jueces de Paz en el Programa Nacional de Casas de Justicia (art. 7 del Decreto
1477 de 2000 y art. 2.2.4.1.4 del Decreto 1069 de 2015), vigile el cumplimiento
de las políticas generales del Programa Nacional de Casas de Justicia en la
Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal de esta ciudad.
CUARTO.-
INSTAR a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para que, a partir de
la notificación del presente fallo de tutela, disponga la implementación de un
Comité de Coordinación Interinstitucional de la Jurisdicción de Paz, mediante
el cual se desarrollen procesos de articulación
con el Ministerio de Justicia y del Derecho, los representantes de los Jueces
de Paz y las autoridades locales, en pro de fortalecer la infraestructura alrededor de
la figura de los Jueces de Paz. Además, en el marco de dicho Comité deberá
discutirse con los representantes de los Jueces de Paz la necesidad de remitir
los formatos de
necesidades y servicios insatisfechos, con el fin de establecer un diagnóstico
de gastos útil para la cuantificación de la partida presupuestal.
QUINTO.- INSTAR a la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura para que, en
cumplimiento de la función consagrada en el artículo 20 de la ley 497 de 1999,
incluya en el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial -vigencia 2019- las
partidas necesarias para financiar la Justicia de Paz.
SEXTO.-
INSTAR a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y a la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, para que de
conformidad con lo preceptuado en los artículos 1º, 2º y 3º del Acuerdo Nº PSAA 08-4977 de 2008
cuantifiquen la partida presupuestal necesaria para la Jurisdicción de Paz con
observancia de la información que se consolide de los formatos de necesidades y
servicios insatisfechos que deben diligenciar los Jueces de Paz. Para este
propósito, deberán adelantar las acciones tendientes a asegurar que los Jueces
de Paz remitan dicha información de manera oportuna y suficiente.
SÉPTIMO.- COMUNICAR la
presente decisión al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo,
para que, dentro de la órbita de sus competencias, hagan un seguimiento del
cumplimiento de esta providencia.
OCTAVO.- ORDENAR a la
Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura que remita a esta Sala de Revisión un informe detallado de las gestiones realizadas por
dicha entidad para llevar a cabo lo señalado en los numerales 4º y 5º de esta
providencia. Este informe deberá remitirse en el plazo improrrogable de seis
(6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.
NOVENO.-Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Certificación de la Registraduría Distrital del Estado Civil, visible en el
folio 30 cd. inicial.
[2] A
Folio 27 obra diploma de reconocimiento otorgado por la Secretaría de
Seguridad, Convivencia y Justicia a la Localidad de San Cristóbal.
[3] En
particular, el actor señaló que se negó a: i) firmar un acta de compromiso
mediante la cual se definían algunas reglas de puntualidad para la atención de
los usuarios y ii) entregarles los procesos y conciliaciones que ha llevado a
cabo.
[4] Folio
52 ib.
[5] A
folio 4 ib., se observa una petición de diciembre de 2017, presentada por la
Junta de Acción Comunal del Barrio Los Libertadores a la Casa de Justicia de
San Cristóbal, mediante la cual solicita que  “se siga respetando el espacio
de la Casa de Justicia de gran importancia para la comunidad en general. Según
las quejas de la comunidad los están devolviendo diciéndoles que en esta Casa
de Justicia no atienden los jueces de paz y los conciliadores en equidad ya que
fueron retirados de estos espacios.”  Asimismo, en folios 8 a 12 se observa
una carta firmada por 101 personas, mediante la cual se hace constar que “las
funcionarias de la Casa de Justicia de la Localidad de San Cristóbal nos están
negando el acceso a la justicia, no le permiten a los jueces de paz y a los
conciliadores en equidad realizar las audiencias de conciliación, no les
prestan las oficinas y equipos de cómputo.”
[6] Folio 54 ib.
[7] Folio 59 ib.
[8] Folios 66-68 ib.
[9] Folios 100-105 ib.
[10] Acuerdo
Nº PSAA08-4977 de 2008. “ARTÍCULO CUARTO. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS
CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA EN RELACIÓN CON LOS JUECES DE PAZ Y JUECES
DE PAZ DE RECONSIDERACIÓN. Las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, donde opere la Justicia de Paz tendrán las
siguientes funciones: Coordinar con las autoridades locales, la
consecución de espacios físicos adecuados, para que el ejercicio de la función
a cargo de los Jueces de Paz y de Paz de Reconsideración.” “ARTÍCULO SEXTO.
SISTEMAS TECNOLÓGICOS. Para efectos de contar con el apoyo tecnológico
necesario, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en consonancia
con la partida presupuestal aprobada para sufragar los costos de esta
jurisdicción, a través de sus direcciones seccionales, dotará gradualmente de
los equipos de cómputo e impresoras, así como de la tecnología necesaria para
el cumplimiento adecuado de la labor de los Jueces de Paz y Reconsideración.”
[11]
Folios 154 a 156 ib.
[12] Folios 162-163.
[13]
Folios 4-7 del cuaderno de segunda instancia.
[14] Folios 18-21, Cuaderno Corte.
[15] Acuerdo
Nº PSAA08-4977 de 2008. “ARTÍCULO CUARTO. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS
CONSEJOS SECCIONALES DE LA JUDICATURA EN RELACIÓN CON LOS JUECES DE PAZ Y JUECES
DE PAZ DE RECONSIDERACIÓN. Las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura, donde opere la Justicia de Paz tendrán las
siguientes funciones: Coordinar con las autoridades locales, la
consecución de espacios físicos adecuados, para que el ejercicio de la función
a cargo de los Jueces de Paz y de Paz de Reconsideración.” “ARTÍCULO SEXTO.
SISTEMAS TECNOLÓGICOS. Para efectos de contar con el apoyo tecnológico
necesario, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en consonancia
con la partida presupuestal aprobada para sufragar los costos de esta
jurisdicción, a través de sus direcciones seccionales, dotará gradualmente de
los equipos de cómputo e impresoras, así como de la tecnología necesaria para
el cumplimiento adecuado de la labor de los Jueces de Paz y Reconsideración.”
[16] De
acuerdo con el Decreto 1477 de 2000, artículo 7, al Ministerio de Justicia le
corresponde: “1. Diseñar y definir las políticas generales del Programa
Nacional Casas de Justicia. 2. Velar por el cumplimiento de los objetivos, políticas
y funciones del programa y del presente decreto. 3. Coordinar la instalación de
las casas de justicia con el acuerdo de las autoridades locales y la comunidad
en los términos que establezca el manual de funciones. 4. Promover la
participación de los Conciliadores en Equidad y los Jueces de Paz (...).
[17] Folio 30 cd. Corte.
[18] Folios 31-33 ib.
[19] Folios 39-41 ib.
[20] Folios 207-209 ib.
[21] Folios 59 a 64 ib.
[22] “Por
el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia,
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica
parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras
disposiciones."
[23] “Por
medio del cual se establece la estructura organizacional y las funciones de las
dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y
se dictan otras disposiciones.”
[24]
Folios 58-69 ib.
[25] Folio 63 ib.
[26] Folios 45-47 ib.
[27] Folio 135-137 ib.
[28]
Artículo 64. Pruebas en revisión de tutelas. Con miras a la protección
inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al
proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado
sustanciador, si lo considera pertinente, decretará pruebas. Una vez se hayan
recepcionado, se pondrán a disposición de las partes o terceros con interés por
un término no mayor a tres (3) días para que se pronuncien sobre las mismas,
plazo durante el cual el expediente quedará en la Secretaría General (….).
[29] Folio 247 ib.
[30] Folios 1-4 cuaderno Corte Nº2.
[31] Acuerdo 01 de 30 de abril de 2015. “Artículo 64. (…) En el evento
de decretar pruebas, la Sala respectiva podrá excepcionalmente ordenar que se
suspendan los términos del proceso, cuando ello fuere necesario. En todo caso,
la suspensión no se extenderá más allá de tres (3) meses contados a partir del
momento en que se alleguen las pruebas, salvo que por la complejidad del
asunto, el interés nacional o la trascendencia del caso, sea conveniente un
término mayor, que no podrá exceder de seis (6) meses, el cual deberá ser aprobado
por la Sala de Revisión, previa presentación de un informe por el magistrado
ponente.”
[32] Folio 30 cd. Corte.
[33] Se
observa a folios 17-22 del cuaderno Corte Nº2 un formato de necesidades
básicas, en el que se enlistan los siguientes elementos, los cuales pueden ser
solicitados por los Jueces de Paz: “sellos, tinta para sellos, ganchos,
cosedora estándar, folder oficio, ganchos legajadores, caratulas para
expediente, gancho para expediente Nº 4, gancho para expediente Nº 8, libro
índice 400 folios, papel térmico para faz 30 mts, resma papel oficio, resma
papel carta, sobre manila extra oficio, sobre blanco oficio, esferos, gancho
clip mariposa, gancho clip pequeño, pita o piola, almohadilla para sellos,
cosedora estándar, perforadora estándar, sacaganchos, fechador, tóner, puesto
de trabajo en L, puesto de trabajo recto, silla ejecutiva sin brazos
ergonómica, silla público metálica, basureras, papeleras, faz, computador,
impresora.”
[34] Folio 11 ib.
[35]
Folios 23-30 ìb.
[36] Folios 32-34 ib.
[37] Folios 38-40 ib.
[38] Folios 41-45 ib.
[39] Folio 58 ib.
[40]
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política”.
[41]
Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara. Reiterada en la Sentencia T-101 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[42] "LEY
393 DE 1997- POR LA CUAL SE DESARROLLA EL ARTICULO 87 DE LA CONSTITUCION
POLITICA- ARTÍCULO 9°.- Improcedibilidad. La Acción de Cumplimiento
no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados
mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud
el trámite correspondiente al derecho de Tutela. Tampoco procederá
cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo, salvo, que de no
proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante.
PARÁGRAFO. La acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el
cumplimiento de normas que establezcan gastos".
[43] Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[44] Cfr. T-283 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[45] Ley 270 de 1996.
[46] Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[47] Cfr.
T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[48] Al
respecto, esta Corporación en Sentencia T-1027 de 2002, indicó: “el
derecho de acceder a la administración de justicia es un derecho fundamental,
cuyo alcance no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una
posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una
estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que
su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán
surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del
fallador acerca de los hechos materia de su decisión.”
[49] “Artículo
247. La ley podrá crear Jueces de Paz encargados de resolver en equidad
conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por
votación popular.”
[50] El artículo 11 de la Ley 270 de 1996, estipula lo
siguiente: “ARTÍCULO 11. Modificado. Ley 585 de 2000. Artículo  1º. La
Rama Judicial del Poder Público está constituida por: 1. Los órganos que
integran las distintas jurisdicciones: a) De la Jurisdicción Ordinaria: 1.
Corte Suprema de Justicia.  2. Tribunales Superiores de Distrito Judicial.  3.
Juzgados civiles, laborales, penales, agrarios,  de familia, de ejecución de
penas, y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley;
b) De la jurisdicción de lo contencioso administrativo: 1. Consejo de Estado.
2. Tribunales Administrativos.  3. Juzgados Administrativos: c) De la
Jurisdicción Constitucional: Corte Constitucional;  d) De la
Jurisdicción de la Paz: Jueces de Paz;  e) De la
Jurisdicción de las Comunidades Indígenas: Autoridades de los Territorios
Indígenas.  2. La Fiscalía General de la
Nación.  3. El Consejo Superior de la Judicatura (…).” (Subrayas fuera del
texto original).
[51] Gaceta del Congreso Nº 389 de 1997.
[52] Gaceta del Congreso Nº 346 de 1997. Página 12
[53]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[54]
Sentencia C-536 de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[55] Al
respecto ver: UPRIMNY, Rodrigo. 2005. Jueces de paz y justicia informal: una
aproximación conceptual a sus potencialidades y limitaciones. Bogotá:
Dejusticia.
[56] Modificado por el Acuerdo Nº PSAA08-5300 de 2008.
[57] La
naturaleza jurídica de los Consejos Seccionales de la Judicatura corresponde a
autoridades públicas del orden nacional, por ser órganos resultantes de la
relación de desconcentración por territorio que opera entre éstos y el referido
Consejo Superior. Al respecto consultar el Auto 066 de 2003, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[58] “Por el cual se adopta el Programa Nacional de Casas de
Justicia.”
[59] Al
respecto, consultar: http://www.casasdejusticia.gov.co/Casas-de-Justicia/Responsabilidades
[60]
Artículo 2.2.4.1.4 del Decreto Nº 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”
[61] Al
respecto, véase: García, M., Espinosa, J., Lalinde, S., Arroyave, L., &
Villadiego, C. (2015). Casas de justicia: una buena idea mal administrada.
Documentos Dejusticia 23. Bogotá: Dejusticia-ceja-jsca.
[62] Artículo
7º del Decreto 1477 del 2000 y artículo 2.2.4.1.6 del Decreto Único
Reglamentario 1069 de 2015.