T-178-12
Sentencia T-178/12
Sentencia T-178/12
LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Facultad de la Corte Constitucional para determinar
los efectos de sus fallos e interpretar con autoridad el sentido de sus
decisiones
La
Sala es consciente de que una sentencia, como cualquier texto jurídico, está
sujeta a diversas interpretaciones, algunas de ellas posiblemente incompatibles
entre sí y que esto puede estar ocurriendo, efectivamente, con el sentido de la
decisión adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992.
Sin embargo, es necesario resaltar que en un caso de discrepancias
interpretativas a propósito de las sentencias de la Corte Constitucional, quien
tiene competencia jurídica, conferida por la Constitución y la Ley, para
interpretarlas con autoridad, es la propia Corte Constitucional. Del mismo
modo, quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema o del
Consejo de Estado es, según el caso, la Corte Suprema (artículo 234, CP) o el
Consejo de Estado (artículo 237.1, CP). Nótese, respecto de la competencia de la
Corte Constitucional para interpretar sus propias providencias, que la Ley 270
de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, dispone expresamente que
a la Corte Constitucional es a quien le corresponde determinar los efectos de
sus fallos e interpretar con autoridad el sentido de sus decisiones, y que en
esos casos el pronunciamiento de la Corte tiene carácter “obligatorio general”.
En efecto, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia prescribe que en
el control constitucional de las normas legales, ya sea por vía de acción, de
revisión previa o en ejercicio del control automático, la interpretación
autorizada que efectúe la Corte Constitucional “tiene carácter obligatorio
general” (art. 48). Y la obligatoriedad a que se refiere la Ley, se predica no
sólo de la interpretación del texto de la Constitución, sino también
naturalmente de la de sus propios pronunciamientos y de la interpretación que
haga de las leyes, cuando quebranten la Constitución.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional para la protección de
derechos fundamentales
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido
coherente en su doctrina en cuanto a que algunos actos judiciales, en
determinadas condiciones, pueden ser cuestionados por vía de acción de tutela
si violan derechos fundamentales. En cambio, debe anotarse que la magnitud del
defecto judicial, que amerita una intervención del juez de tutela para proteger
derechos fundamentales violados por autoridades judiciales, no ha sido valorada
durante todo el tiempo con rigidez monolítica.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Clases de defectos
DEFECTO SUSTANTIVO-Desarrollo jurisprudencial por desconocimiento de la Constitución
La jurisprudencia más reciente no ha cambiado su
criterio en cuanto a que el desconocimiento de la Constitución es un defecto
sustantivo. Lo que ha cambiado es la valoración que inicialmente le confirió al
defecto, pues ahora entiende que se constituye cuando no se aplica una norma
aplicable al caso, pero que por ser la inaplicación de la “norma de normas”
merece un puesto especial en el conjunto de causales de prosperidad de la
acción de tutela (art. 4, CP).
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE
NEGARON TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-Improcedencia por ausencia de inmediatez/PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Término razonable debe
valorarse en cada caso concreto
El
requisito de inmediatez es una condición prevista en el artículo 86 de la Carta
Política como una de las características de la acción de tutela, con el objeto
de hacer efectiva la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales de toda persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que establezca la ley. Así pues, es inherente a la
acción de tutela la protección actual, inmediata y efectiva de aquellos
derechos. La jurisprudencia constitucional ha consolidado el principio de
inmediatez como un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal suerte que
la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno. Con tal
exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee
como herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los
actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. En consecuencia,
cuando en el ejercicio de la acción de tutela se ha dejado pasar un tiempo
excesivo o irrazonable desde la actuación u omisión que amenaza o vulnera los
derechos fundamentales, debido a la incuria o la negligencia de su titular, la
razón de ser del amparo se pierde, y con ella su procedibilidad.
ACCION DE TUTELA EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Inmediatez no puede argumentarse para negarla por
cuanto proceso sigue en curso
La Corte ha determinado consistentemente que cuando se
trata de tutelas contra providencias judiciales proferidas en el curso de
procesos ejecutivos hipotecarios, antes de analizar el asunto de fondo es
necesario verificar la concurrencia de dos elementos. De una parte, la vigencia
del proceso, es decir, que el proceso ejecutivo se encuentre en curso. De otra
parte, que el accionante hubiese ejercido los recursos legales disponibles
oportunamente, de forma tal que la acción de tutela no se convierta en un
mecanismo para revivir términos  u oportunidades procesales, o para suplir la
inactividad de las partes. En el caso que nos ocupa, a pesar que la acción de
tutela fue interpuesta dieciocho (18) meses después, la Sala considera que
cumple con el requisito de inmediatez porque el proceso ejecutivo continúa en
curso, pues el bien inmueble no ha sido rematado y la acción de tutela
constituye el mecanismo idóneo para evitar el perjuicio irremediable que le
ocasionaría al actor la pérdida del mismo.
DERECHO A LA INFORMACION-Vulneración del derecho al debido proceso por cuanto
demandante no recibió información sobre reliquidación y redenominación de
crédito en moneda legal a UVR/ENTIDAD FINANCIERA-Deber de informar a
usuarios sobre redenominación de créditos hipotecarios
La Corte Constitucional ha determinado en múltiples
oportunidades que las entidades financieras se encuentran en la obligación de
informar a los deudores de vivienda todas las actuaciones que realicen dentro
de los procedimientos de reliquidación y redenominación de créditos, con el
propósito de que los mismos queden amparados por el principio de publicidad y,
de este modo, les sea permitido formular reclamos, solicitar y presentar
pruebas e interponer los recursos a que haya lugar.
ENTIDAD FINANCIERA-Reliquidación y redenominación de créditos en moneda legal a UVR es una
disposición expresa del legislador
DEBIDO PROCESO EN PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Suspensión de subasta por cuanto accionante no fue
informado de la reliquidación y redenominación de crédito en moneda legal a UVR
Referencia:
expedientes T-2839194 y T-2908138 (acumulados)
Acciones de tutela presentada por Evelia Arias Borja
contra el Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Treinta
y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá; y por Germán Reyes González contra el
Juzgado Sexto Civil Municipal de Tunja y el Juzgado Tercero Civil del Circuito
de Tunja.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos
Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por la
Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el diez (10) de agosto
de dos mil diez (2010), y en segunda instancia, por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, el seis (06) de septiembre de dos mil diez
(2010), dentro del proceso de tutela de Evelia Arias Borja contra el Juzgado
Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del
Circuito de Bogotá (T-2839194); y de los fallos proferidos, en primera
instancia, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del distrito
Judicial de Tunja, el ocho (08) de octubre de dos mil diez (2010), y en segunda
instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el
doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010), dentro del proceso de tutela de
Germán Reyes González contra el Juzgado Sexto Civil Municipal de Tunja y el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja (T-2908138).
Los
proceso de la referencia fueron seleccionados para revisión y acumulados entre
sí por la Sala de Selección Número Doce, mediante Auto proferido el diez (10)
de diciembre de dos mil diez (2010).
I.
ANTECEDENTES
Los
peticionarios de los dos expedientes acumulados presentaron acciones de tutela
contra diferentes despachos judiciales, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la vivienda digna. Consideraron
que en las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por los
Juzgados accionados, en el primer caso, dentro de un proceso verbal abreviado
promovido por la accionante contra el banco Colpatria Red Multibanca (T-2839194),
y en el segundo caso, en un proceso ejecutivo hipotecario presentado por el
Banco Granahorrar contra el actor (T-2908138), se incurrió en vía de
hecho por defecto sustantivo, desconocimiento del precedente constitucional y
defecto fáctico. A continuación, los hechos concretos de cada caso.
1.
Expediente T-2839194
1.1.
Hechos
La situación fáctica que origina el presente asunto
puede resumirse así:
Evelia
Arias Borja, la actora, y Justo Emiro Arias Borja, suscribieron a favor de la
Corporación Popular de Ahorro y Vivienda CORPAVI, hoy Colpatria Red Multibanca,
el 23 de octubre de 1995, un pagaré identificado con el No.10368482, para
garantizar el crédito hipotecario de vivienda adquirido en ese momento. El
valor del crédito fue de $ 27.440.000 pesos, pagaderos en un plazo de 180 mensualidades
a una tasa de interés del 16%, más la tasa variable correspondiente a la corrección
monetaria, el cual fue garantizado con hipoteca de primer grado mediante la
escritura pública No. 3534 del 3 de agosto de 1995 otorgada en la Notaría 42
del Círculo de Bogotá.
A
partir del mes de septiembre de 2000, la entidad financiera redujo la tasa de
interés al 13.91%, más la UVR.
El
18 de agosto de 2006[1], los deudores, debidamente representados por
apoderado judicial, iniciaron un proceso verbal de pérdida de intereses[2] contra la Corporación Popular de Ahorro y Vivienda
Corpavi, hoy Colpatria Red Multibanca, para que siguiendo el trámite de que
trata el numeral 8 del artículo 427 del CPC[3], (i) fije la tasa de interés remuneratorio que
se debe cobrar desde el inicio del crédito hasta su terminación, según lo
ordenado por el numeral 2 del artículo 17[4]
y el parágrafo 1 del artículo 40[5] de la Ley 546 de 1999, condicionado por la sentencia
C-955 de 2000[6]; (ii) declare que la Corporación Popular de
Ahorro y Vivienda Corpavi, hoy Colpatria Red Multibanca, ha cobrado a los
demandantes intereses corrientes y de mora por encima de lo legalmente
autorizado por la ley, desde la fecha de otorgamiento del crédito (23 de
octubre de 1995), hasta la fecha de presentación de la demanda (18 de agosto de
2006), al haber cobrado una tasa de interés remuneratoria que contiene puntos
de inflación, violando la Ley 546 de 1999 condicionada por la sentencia C-955
de 2000; y (iii) declare que los demandantes han pagado intereses en exceso
a los fijados en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, desde la fecha de
otorgamiento del crédito (23 de octubre de 1995) hasta la fecha de presentación
de la demanda (18 de agosto de 2006), por la suma de $8.254.994, suma que debe
pagarse doblada por la entidad financiera a título de sanción, de conformidad
con el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.[7]
El
Juzgado Sesenta y Tres (63) Civil Municipal de Bogotá, mediante providencia del
18 de junio de 2009, (i) declaró probadas las excepciones de mérito propuestas
por la entidad demandada, preeminencia de la ley, cobro de capital e intereses
dentro del límite legal, inexistencia de presupuesto legal para la devolución
de los intereses, y carácter comercial de los contratos de mutuo celebrados
entre las partes; (ii) denegó la excepción de trámite indebido por vía procesal
errada, así como todas las pretensiones de la demanda; y  (iii) condenó a los
demandantes a pagar a la demandada las costas del proceso.
El
Juzgado arribó a las anteriores conclusiones con fundamento en que los
intereses cobrados por la entidad demandada han sido acordes con las tasas
fijadas por la ley para cada periodo y en la inexistencia de circunstancias
extraordinarias imprevista e imprevisibles posteriores a la celebración del
contrato que ameriten la revisión de los intereses, además de que los agentes
que acrecentaron el costo del UPAC ya existían cuando los demandantes se
obligaron con la entidad financiera. En este sentido expresó el Juzgado:
“Como aquí la actora pretende obtener la regulación de
intereses ya sea bien por su fijación (plazo) y su pérdida por cobro en exceso
(mora), debe decirse que los primeros se encuentran pactados; ora de que estos
fueron regulados de forma expresa por la Ley Marco tantas veces nombradas, pues
su fijación le corresponde a la máxima autoridad monetaria y crediticia (Junta
Directiva del Banco de la República), sin vislumbrarse el exceso que se
endilga, otra razón más la constituye el hecho de que al haberse realizado el
trámite reliquidatorio por la entidad financiera de acuerdo con el formato 254,
y haber sido avalado por la Superintendencia Bancaria para los créditos de
vivienda individual a largo plazo conforme consta en el escrito expedido por
esa Entidad (…) no se avizora elementos que puedan integrar una posible teoría
de la imprevisión como para acceder a lo pedido. (…)
Como aquí no se ha determinado que el BANCO COLPATRIA
RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. hubiera actuado en contravía de la normatividad
reguladora de los préstamos de vivienda a largo plazo y más bien lo que el
informativo refiere es que la entidad demandada se ciñó y se ha ceñido al
liquidar las cuotas, a las normas que regula la materia, no es dable la acción
pretendida para la regulación de los intereses pactados en el contrato de mutuo
y su presunto cobro en exceso. En cuanto al dictamen pericial y la objeción del
mismo por error grave, no se hará pronunciamiento alguno pues se torna
irrelevante en el caso que nos ocupa habida cuenta de no haberse demostrado que
efectivamente hubo imprevisión, elemento fundamental para la prosperidad de las
pretensiones tales como la regulación de intereses y devolución de sumas que se
considera se cancelaron en exceso; además teniendo en cuenta que efectivamente
las cuotas debían capitalizarse por aplicación de las normas vigentes y
reguladoras del sistema UPAC al momento de la celebración de dicho contrato y
así lo acordaron las partes conforme se desprende de la lectura del pagaré.”[8]
La
sentencia de primera instancia fue apelada por el apoderado de los
demandantes, correspondiendo su estudio al Juzgado Treinta y Cuatro (34) Civil
del Circuito de Bogotá, que por fallo proferido el 13 de octubre de 2009, la
confirmó.
El
Juzgado, fundamentó su decisión en que el crédito de vivienda a largo plazo
suscrito por las partes se rigió por las normas vigentes para la época en que
se otorgó, 23 de octubre de 1995; que estaban vigentes los artículos de
Estatuto del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, relativos a la
capitalización de intereses y a la estructura del sistema de financiación en
UPAC, de manera que los demandantes conocían, o al menos debían conocer, cuáles
eran las reglas aplicables al contrato que celebraban, y así ellas les
resultaran excesivamente gravosas, las habían aceptado y se entendían
incorporadas al contrato; y que no era necesario acudir al resultado del
dictamen pericial decretado en el proceso, en la medida en que la entidad
financiera demandada había procedido de acuerdo con la normatividad vigente
para el momento, a tal punto que con la eliminación del UPAC para los créditos
de vivienda a largo plazo y la entrada en vigencia de la UVR, en aplicación de
los mandatos constitucionales procedió a realizar la correspondiente
reliquidación y a aplicar el alivio por valor de $8.008.664.89, reliquidación
que además fue avalada por la Superfinanciera.
Finalmente,
señaló que si bien los dictámenes decretados y practicados en el curso del
proceso, fueron realizados por personal idóneo y conocedor del tema, tomaron
desde el inicio del crédito en el año 1995 y hasta el año 2006, tasas de
interés reguladas a partir de la sentencia C-955 de 2000, cuando es bien sabido
que respecto de los créditos de financiación de vivienda a largo plazo vigentes
a 31 de diciembre de 1999, se ordenó su reliquidación, y la diferencia
resultante se aplicaba como alivio al crédito como en efecto ocurrió en el caso
concreto, asunto que no se está debatiendo en este proceso.
1.2.
Solicitud de tutela
La
accionante solicita el amparo de su derecho fundamental al debido proceso en
conexidad con los derechos a la vivienda digna y a la igualdad ante la ley,
vulnerado por la vía de hecho en que incurrieron los jueces Sesenta y Tres
Civil Municipal de Bogotá y Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, al
expedir las sentencias del 18 de de junio de 2009 y del 13 de octubre de 2009,
respectivamente.
Anota
la actora, que desde el 1 de enero de 2000, el banco Colpatria Red Multibanca
de manera unilateral: (i) convirtió la obligación pactada en pesos a UVR; (ii)
cambió la tasa de interés; (iii) modificó el sistema de amortización y (iv)
varió el valor de las cuotas. Todo ello, sin el consentimiento de los deudores
y sin haberles informado sobre las nuevas condiciones que regirían el contrato
de mutuo. Con tal proceder, sostiene la peticionaria, el banco desconoció la
Ley 546 de 1999[9] y la sentencia C-955 de 2000[10] de la Corte Constitucional, en el sentido de que las
entidades financieras no pueden modificar de forma unilateral y sin el
consentimiento del deudor, los sistemas de amortización o los plazos o
cualquiera de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de mutuo,
pues con ello se desconoce el derecho al debido proceso del deudor y se
configura un abuso de la posición dominante por parte de la entidad financiera.
En
consecuencia, señala la accionante, al 5 de mayo de 2006, nueve (9) años y
siete (7) meses después de haberse desembolsado el crédito y de haber pagado
cumplidamente las cuotas, se había cancelado la suma de $85.527.880, y el saldo
de la deuda según el banco, era de $21.564.581. Lo que significa, que a tal
fecha sólo había abonado a capital la suma de $5.875.419, a pesar de que de
conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000, a partir del 1 de enero de 2000, el crédito debió ser reliquidado aplicando el sistema de
amortización de mayor conveniencia para el deudor.  Es decir, a partir de la
Circular 068 de 2000, se debía abonar a capital desde la primera cuota,  lo que
no sucedió en su caso.
Para
la accionante, los jueces en las sentencias de primera y segunda instancia
incurrieron en las siguientes vías de hecho:
(i)
Desconocimiento del precedente constitucional sentado en la
sentencia C-955 de 2000 (fundamento 21), que con efecto erga omnes
determinó la exequibilidad de los artículos 38 y 39 de la Ley 546 de 1999
(régimen de transición), definiendo por consecuencia el sistema de financiación
que debe aplicarse en la reliquidación de los créditos.
En
la sentencia C-955 de 2000, la Corte fijó la línea de aplicación de los
artículos 38 y 39 de la Ley 546 de 1999 para efectos de la conversión de los
créditos del sistema UPAC al sistema UVR, señalando que su exequibilidad surge
del hecho de que la norma se limita a ordenar una conversión de las
obligaciones expresadas en términos de un sistema desaparecido (el UPAC) al que
en la nueva ley se establece (el UVR), lo que no es contrario a los preceptos
superiores, siempre que se entienda que las reliquidaciones debían acatar con
exactitud lo previsto en las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, de manera
tal que los pagos efectuados por conceptos inconstitucionales (DTF o
capitalización de intereses) debían ser devueltos o abonados a los deudores.
(ii)
Defecto sustantivo, como consecuencia, del proceder anterior, emitió una
sentencia fundada en una norma declarada inexequible, puesto que los límites a
las tasas de interés para créditos de vivienda establecidos en el artículo 884
del Código de Comercio, cuya aplicabilidad estaba ordenada en el numeral 3 del
artículo 121 del Decreto 663 de 1993, fueron declarados inexequibles por la
sentencia C-747 de 1999. Al aplicar el artículo 884 del Código de Comercio, los
jueces de instancia también desconocieron el precedente fijado en la sentencia
C-252 de 1998, providencia en la que la Corte determinó que los créditos  de
vivienda a largo plazo no son créditos comerciales, precisando que para ellos
se ha creado una normatividad propia que impide, en  principio, la aplicación
automática de las normas civiles y comerciales que regulan la misma actividad
en forma general. Esta omisión, llevó al juez a otorgarle plena vigencia a la
tasa de interés pactada y no a la remuneratoria, y a concederle a la
reliquidación, la connotación de una simple revisión del contrato de mutuo,
cuando el tema objeto de análisis es la regulación y fijación de intereses.
(iii)
Defecto fáctico, consistente en haber proferido una sentencia con base
en una prueba valorada a la luz de una normatividad cuya interpretación es
contraria a la ordenada en la sentencia C-955 de 2000 (fundamento 21 de la
parte resolutiva), careciendo por tanto de fundamento que permita la aplicación
del supuesto legal en el que sustenta la decisión. En efecto, por imperativo
legal y constitucional la liquidación del crédito de vivienda debe ceñirse a
los parámetros fijados por la Corte en la sentencia C-955 de 2000, de manera
que aceptar que una liquidación se haga sin la observancia de estos parámetros
comporta una interpretación errónea por violación directa de los artículos
17-2, 18, 28, 38 y 39 de la Ley 546 de 1999.
1.3.
Respuesta de los juzgados accionados a la acción de tutela
1.3.1.
Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá
El
juzgado accionado solicito declarar la improcedencia de la acción toda vez que para
que proceda la tutela contra providencias judiciales, es necesario que el
desconocimiento por el juez de las pautas normativas que rigen su actuación,
sea evidente, manifiesto y burdo; por lo tanto, no es posible cuestionar por
esta vía una sentencia debidamente ejecutoriada, únicamente, porque la
peticionaria considera, que la valoración probatoria o la interpretación de las
disposiciones legales, son discutibles.
Sostuvo
que la afirmación de la actora, según la cual la prueba pericial no fue
valorada en debida forma es sesgada, pues durante el proceso se dio plena
aplicación a las normas y a las formas procesales, dentro der las cuales se
valoraron cada una de las pruebas. Así, del análisis realizado y de la
aplicación de la sana crítica, se llegó a le decisión impugnada. Además, estimó
que la peticionaria pretende introducir una tercera instancia al proceso, sin
que ello sea posible, máxime cuando las instancias y los recursos
correspondientes ya se surtieron.
1.3.2.
Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá
No
se pronunció.
1.4. Decisiones objeto de revisión
1.4.1. Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión
Civil
En primera instancia la Sala de Decisión Civil del
Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 5 de agosto de 2010, negó
el amparo solicitado. Argumentó que la acción no cumple el requisito de
inmediatez pues entre el momento en que terminó el proceso verbal, el 13 de
octubre de 2009, con la decisión de segunda instancia, y la presentación de la
acción de tutela bajo estudio,  el 5 de agosto de 2010, trascurrieron más de nueve
(9) meses.
1.4.2. Impugnación de la decisión
La accionante sustentó la impugnación de la sentencia
de tutela, en los siguientes términos:
Los juzgados demandados incurrieron en decidía y
denegación de justicia, toda vez que desconocieron flagrantemente la doctrina y
jurisprudencia constitucional vigente en materia de créditos de vivienda a
largo plazo. En esta misma conducta incurrió el juez de tutela de primera
instancia, pues no es de recibo que se diga que la oportunidad para formular la
acción aquí discutida precluyó, dado que “lo único que mi apoderado ha
demostrado en el desarrollo de este proceso es diligencia y agotamiento de
todos los recursos que dentro del proceso verbal prescribe la Ley, antes de
acudir a este medio extraordinario, no sin antes precisar, que hubo morosidad
por el Juzgado 34 del Circuito en remitir el expediente al Juzgado 63 Civil
Municipal, hecho que se sale de la gestión de mi apoderado, pues es claro que
sólo hasta el día 27 de julio se notificó el auto que decreta el obedicimiento
(sic) y cumplimiento a lo resulto por el Superior, lo cual significa, que no es
de recibo que se deje lo sustancial del análisis de la violación del debido
proceso y las vías de hecho a un lado (…).”
A continuación la actora expone las razones por las
cuales estima que los agentes judiciales vulneraron los derechos fundamentales
a la igualdad en la aplicación de la ley, el debido proceso, y a la vivienda
digna.
En primer lugar, señala que el Juzgado 63 Civil
Municipal de Bogotá incurrió en vía de hecho en las modalidades de defecto fáctico
por interpretación errónea y violación indirecta de los artículos 17-2, 18, 28,
38 y 39 de la Ley 546 de 1999, bajo los parámetros de la sentencia C-955 de
1999, al desechar las pretensiones de la demanda con base en una apreciación
errónea y apartada de las pruebas obtenidas dentro del proceso. Además,  por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, en la medida en que le dio a
este asunto, el tratamiento de un crédito comercial y aplicó la normatividad
que no era pertinente al caso. En este sentido, precisa que la reliquidación
(régimen de transición) no consiste en cambiar la UPAC por la UVR, sino en
reliquidar el crédito cambiando el antiguo sistema de financiación UPAC por el
nuevo sistema de financiación UVR, para lo cual, se debía acatar con exactitud
lo previsto en las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, de manera tal que
los pagos efectuados por conceptos inconstitucionales (DTF o capitalización de
intereses) debían ser devueltos o abonados a los deudores, de acuerdo con la
sentencia C-955 de 2000.
En segundo lugar, afirma la actora, que los juzgados
demandados no aceptaron las liquidaciones del crédito ordenadas legalmente y
practicadas por peritos expertos, en las que se demostró el cobro excesivo de
intereses por el banco acreedor.
Por último, anota la demandante que los juzgados
desconocieron la sentencia SU-813 de 2007, en la que se indica que el proceso
de reestructuración del saldo de una obligación, radica en que la entidad
acreedora debe retrotraer el crédito al 31 de diciembre de 1999, efectuar la
reliquidación del mismo y proceder a solicitar al deudor su acuerdo con la
reliquidación, y en caso de objeción, ésta debe ser resuelta de acuerdo a lo
que establezca la ley. En el evento que el desacuerdo persista, corresponde a la
Superintendencia Financiera definir lo relativo a la reestructuración del
crédito con estricta sujeción a los criterios legales. En todo caso, definida
la reliquidación, el acreedor obligatoriamente debe reestructurar el saldo de
la obligación, saldo que no será exigible hasta tanto no termine el proceso de
reestructuración.
1.4.3. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia
En segunda instancia, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 6 de septiembre de 2010, confirmó
la sentencia impugnada, con idéntico fundamento, la ausencia de inmediatez en
la presentación del amparo tutelar, en la medida en que la demandante ataca
actuaciones judiciales que fueron proferidas en junio y octubre de 2009, dejando
transcurrir un tiempo que va más allá de lo razonable.
2. Expediente T- 2908138
2.1.
Hechos
El
17 de julio de 1996, el señor Germán Reyes González obtuvo con el Banco Central
Hipotecario un crédito por la suma de $15.000.000 para compra de vivienda, a un
plazo de 14 años o 168 cuotas mensuales y sucesivas. El crédito fue respaldado
con hipoteca a favor a favor del banco, según escritura pública No. 1019 del 5
de julio de 1996.
El
crédito fue supuestamente reliquidado el 1 de enero de 2000, de UPAC a pesos y
luego a UVR, arrojando como resultado un abono al crédito por la suma de
$4.401.365.
El
20 de enero del año 2000, la obligación fue cedida al Banco Granahorrar,
entidad que redenominó el crédito y lo convirtió de manera inconsulta, a UVR.
Con este proceder, señala el actor, el banco quebrantó su derecho al debido
proceso y el principio de buena fe, por cuanto nunca le informó sobre el cambio
de las condiciones inicialmente pactadas, situación que le generó un incremento
en el saldo insoluto de capital en pesos.
El
8 de septiembre de 2005[11], ante la mora del actor, el banco Granahorrar presentó
demanda ejecutiva hipotecaria en su contra, para que por sentencia se declarara
la venta en pública subasta del inmueble hipotecado, identificado con folio de
matrícula No. 070-85574 y se librara orden de pago por la siguientes sumas: $114.884.9978
UVR equivalentes para la fecha a $17.658.341.15, representados en el pagaré No.
392000027843; 6.214.77000 UVR, equivalentes a $955.237,81 como intereses de
plazo causados desde julio de 2005 al 16 de febrero de 2006, por los interese
moratorios desde el 26 de mayo de 2003; por 2.130.6799 UVR equivalentes a
$327.873,06, contenidos en el pagaré No. 392000016746; por 41.1386 UVR, equivalentes
a $6.330,48 como intereses de plazo desde noviembre de 2005 a febrero de 2006; por 1.978,4320 UVR, equivalentes a $304.444,88 y , por los intereses
moratorios desde la presentación de la demanda.
El
Juzgado Sexto Civil Municipal de Tunja, mediante auto del 16 de agosto de 2006,
libró mandamiento de pago conforme a la solicitud impetrada por la parte actora,
adecuándolo a los preceptos de la Ley 546 de 1999 en cuanto a los interese de
mora, sólo desde la presentación de la demanda e imprimiéndole el trámite del
proceso ejecutivo hipotecario de menor cuantía (arts. 554 y s.s. del CPC). El
Juzgado ordenó pagar (i) 114.884/9978 en UVR, equivalentes el 16 de febrero de 2006 a la suma de $17.658.341.15, contenido en el pagaré 5101314-9; (ii) los intereses de mora de la
referida suma, a partir del 8 de mayo de 2006 y hasta cuando se efectúe el pago
total de la obligación, a la tasa prevista en el artículo 19 de la Ley 546 de
1999; (iii) 2130/6799 en UVR, equivalentes el 16 de febrero de 2006 a la suma de $327.873.06, contenida en el pagaré No. 0191529; (iv) los intereses de mora de la anterior
suma, a partir del 8 de mayo de 2006 y hasta cuando se efectuase el pago total
de la obligación a la tasa prevista por el artículo 19 de la Ley 546 de 1999; y
(v) $304.444.88, por concepto de cuotas en mora de noviembre de 2005 a enero de 2006.
El
mandamiento de pago se notificó por aviso al demandado (24 de abril de 2006), quien
dentro del término legal, a través de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones por cuanto el valor cobrado en la misma estaba en UVR y no en
pesos colombianos y propuso como excepciones de fondo, la falta de título
ejecutivo que sustente el petitum de la demanda, la falta de exigibilidad
de la obligación por falta de cumplimiento de los requisitos legales de la
cesión, la falta de legitimación por activa, expresada, además de lo anterior, en
la falta de notificación de la cesión al demandado, quien manifiesta no
aceptarla, la falta de claridad de la obligación pretendida, la falta de exigibilidad
de la obligación ejecutada, la falta de cumplimiento de los requisitos legales
de la pretensión, considerando que las pretensiones deben proponerse
separadamente para cada cuota pactada, dado que dicha circunstancia tiene
relación directa con el derecho de defensa que asiste al demandado,
especialmente en cuanto a la prescripción de las mismas, y el cobro de lo  no
debido.
Mediante
sentencia del 19 de junio de 2008, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Tunja,
desestimó las excepciones propuestas y ordenó la venta en pública subasta del
inmueble dado en garantía hipotecaria. El juzgado fundamento su decisión en que
los pagarés aportados cumplen con las normas generales y particulares
aplicables y de ellos se desprenden obligaciones exigibles conforme al artículo
488 del CPC y no encontró probadas las excepciones de mérito por las siguientes
razones: (i) el pagaré 263060392000027483 contiene la obligación hipotecaria
No. 5101314-9 del 17 de julio de 1997, que es la misma que se ejecuta, donde lo
relevante no es la identificación o número del pagaré, sino la claridad sobre
la obligación que se reclame, por lo que su identificación acorde con la
demanda está plenamente determinada y corresponde con claridad al crédito que
se demanda; (ii) la entidad actúo conforme a lo prescrito por la Ley 546 de
1999 y las sentencias de constitucionalidad, redenominando la obligación de
pesos a UVR, pero sin cambio o novación de la misma, sino en acatamiento de
dichas disposiciones y aplicando los alivios de rigor, crédito que como tal
conserva mérito ejecutivo y resulta ser suficientemente claro; (iii) que la
cesión no puede ser exigible para el pagaré suscrito, ya que el mismo pasó a favor
de la entidad demandante conforme a su ley de circulación, esto es a través de
endoso, por lo que la cesión sólo puede predicarse para la escritura de
hipoteca, que fue aceptada por el obligado según la cláusula novena de dicho
documento; (iv) que se procedió a librar mandamiento de pago conforme a los
lineamientos de la Ley 546 de 1999, es decir, permitiendo el cobro del total de
la obligación y sus intereses de mora sólo desde la presentación de la demanda,
que es lo que la misma señala, sin que obligue a que deba iniciarse un proceso
verbal para declarar extinguido el plazo como lo entiende la parte demandada.
El
Juzgado señala además que no es posible acoger el dictamen pericial que de oficio
se ordenó porque el perito tomó como único interés a aplicar el 6% y porque la
reliquidación efectuada por la entidad se hizo acorde con las disposiciones
pertinentes y fue revisada por la Superintendencia Bancaria.
Finalmente,
en cuanto a la obligación contenida en el pagaré No. SSB-0191529 concluyó que
no se trataba de un crédito de vivienda, por lo que no le eran aplicables las
disposiciones de la Ley 546 de 1999, razón por la que consideró procedente
modificar el mandamiento de pago para disponer seguir adelante la ejecución, pero
por el valor en pesos que se determinara.
De
la apelación de este fallo conoció el Juzgado Tercero Civil de Circuito de
Tunja, en cual confirmó la sentencia recurrida, mediante fallo del 18 de
febrero de 2009, con fundamento en que dentro del proceso no fueron probados
los supuestos fácticos ni jurídicos en que se soportaron las excepciones de
mérito propuestas por el ejecutado, máxime si se tiene en cuenta que el
recurrente en modo alguno señaló los argumentos de los que se infiere su
inconformidad contra la providencia recurrida, puesto que no fueron diferentes
a los presentados en los alegatos de conclusión en la primera instancia.
2.2.
Solicitud de tutela
El
actor considera que tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia,
incurrieron en vía de hecho (i) por desconocimiento del precedente contenido en
las sentencias T-822 de 2003, T-357 de 2004, T-793 de 2004 y T-207 de 2006, las
cuales prohíben que los créditos inicialmente pactados en pesos sean
redenominados y cobrados en UVR sin la autorización del deudor; y (ii) por
defecto fáctico puesto que las decisiones judiciales se apartaron de la
evidencia probatoria y resolvieron a su arbitrio el asunto jurídico debatido. Por
lo anterior, el actor acude a la acción de tutela para evitar un perjuicio
irremediable como quiera que su casa será rematada.
2.3.
Respuesta de los juzgados accionados y del Banco BBVA
2.3.1.
Juzgado Sexto Civil Municipal de Tunja
En
su respuesta el juzgado no se pronunció sobre las pretensiones del actor. Se
limitó a hacer un corto recuento del procedimiento surtido en el proceso
hipotecario y posteriormente señaló “(…) la parte demandada ha
planteado dos incidentes de nulidad que fueron rechazados de plano, mediante
autos del 27 de mayo de 2009 y el 18 de noviembre de 2009 (ver Cuaderno 3).
Finalmente, mediante escrito del 19 de mayo de 2010 la apoderada del ejecutado
formuló la excepción de pago prevista por el artículo 43 de la Ley 546 de 1999,
de la cual el juzgado no dio trámite por cuanto no se dan las exigencias
legales para ello, decisiones que fueron objeto de recurso de  reposición y en
subsidio el de apelación, decidiendo el despacho no revocar la providencia
atacada y conceder el recurso de alzada, el cual fue inadmitido por el Superior
por cuanto el auto impugnado no es apelable.”
2.3.2.
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja
El
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja guardo silencio sobre los hechos de
la acción
2.3.3.
Banco BBVA
El
juez de conocimiento vinculó al proceso al Banco BBVA, como propietario del
crédito, en virtud del contrato de cesión de activos, pasivos y contratos,
celebrado entre el Banco Granahorrar y el Banco Central Hipotecario, el 4 de
febrero de 2000, y posteriormente, de la absorción mediante fusión a la sociedad
Granahorrar Banco Comercial S.A por la sociedad Banco Bilbao Vizcaya Argentina
Colombia S.A. BBVA Colombia, el 28 de abril de 2006.
La
entidad solicitó declarar la improcedencia de la acción porque no cumple con el
requisito de inmediatez. Señaló que la redenominación del crédito ocurrió en el
año 2000 y por lo tanto, el actor no puede pretender, diez años después,
cambiar las condiciones legales y contractuales de su obligación. Si el
peticionario se encontraba inconforme con la reliquidación, debió acudir a esta
vía inmediatamente la misma le fue notificada.
Señaló
que la obligación contenida en el pagaré suscrito se encuentra expresada en
pesos, pero al momento de producirse el cambio de legislación, la denominación
en pesos cambió a UVR, según la equivalencia matemática  dispuesta en el Decreto
2703 de 1999. Al respecto, sostuvo que el artículo 39 de la Ley 546 de 1999 ordenó
la conversión de los pagarés denominados en UPAC o en pesos, a UVR. Lo
anterior, previa reliquidación de los créditos en los términos previstos en
dicha ley, es decir, una vez la entidad bancaria acreditará a favor del deudor
la suma por concepto del mayor valor pagado por intereses calculados con base
en UPAC. Y sin suponer la novación del crédito.
Finalmente,
sobre el cambio de UPAC o pesos, a UVR, para créditos de vivienda, la entidad
señaló que “La Corte constitucional ha determinado que los créditos de
vivienda se deben ajustar de acuerdo a la inflación, por lo tanto estos
créditos deben actualizarse con base en la UVR la cual refleja el crecimiento
de esta. La corrección monetaria como actualización del capital por efecto de
la inflación no representa una ganancia sobre capital y en esa medida no puede
considerarse parte del concepto de interés.”
2.3.4. Sentencias objeto de revisión
2.3.4.1. Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja
En sentencia del 8 de octubre de
2010, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Tunja declaró improcedente la acción de tutela impetrada. Después de hacer un
recuento de las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales concluye que las sentencias de primera y segunda
instancia dictadas por los juzgados Sexto Civil Municipal y Tercero Civil del
Circuito de Tunja no resultan arbitrarias ni groseras. Por el contrario, las
sentencias de ambas instancias se fundamentan en la Ley 546 de 1999, el Decreto
2703 de 1999 y las sentencias C-955 de 2000 y SU-813 de 2007 que ordenaron la
reliquidación de los créditos adquiridos antes de la entrada en vigencia de la
norma señalada, de UPAC o pesos, a UVR, y  cumplen a cabalidad la reglas
previstas en el artículo 55 de la Ley 270 de 1999, Estatutaria de la
Administración de Justicia. Es decir, en tanto refieren todos los hechos y
asuntos planteados en el proceso, son claras y precisas, debaten los hechos
expuestos, analizan en forma crítica las pruebas, y hacen los razonamientos
legales necesarios para fundamentar las conclusiones, con cita y análisis de
los textos legales aplicables al caso.
El Tribunal observa igualmente
que la acción de tutela no es un recurso más para replantear nuevas
valoraciones probatorias pues “(…) no es posible acudir a él para obtener un
pronunciamiento diferente del que avalaron los jueces del conocimiento (…)
menos aún si la determinación cuestionada obedece a una interpretación
racional, la cual, con independencia de su valor doctrinal o de su peso
dialéctico y con prescindencia de que ciertamente se comparta, no puede ser
enjuiciada por el juez constitucional, quien de hacerlo, se estaría
inmiscuyendo -de manera inconsulta- en el ámbito propio de otra jurisdicción
(…).”[12]
El Tribunal concluye que la
acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez y en consecuencia no
resulta oportuna por dos razones: (i) la conversión a UVR y la aplicación del
alivio al crédito del actor fue realizada por la entidad financiera entre el 17
de enero y el 19 de junio de 2000, resultando irrazonable promover vía acción
de tutela una disputa que debió proponerse hacia el año 2000, cuando el
acciónate se enteró de las modificaciones de su crédito inicial; y (ii) las
sentencias objeto de denuncia constitucional se dictaron el 19 de junio de
2008, la de primera instancia; y el 18 de febrero de 2009, la de segunda
instancia, de manera que a la fecha de la presentación de la acción de tutela
había transcurrido más de 18 meses, incumpliéndose el requisito de oportunidad
de la acción frente a los hechos denunciados.
Finalmente, el Tribunal considera
que no existe vía de hecho en los fallos cuestionados con respecto a la
inobservancia de las sentencias T-822 de 2003, T-357 de 2004, T-793 de 2004 y
T-207 de 2006 por cuanto los jueces se apoyaron en premisas legales que
gobiernan la situación de facto y además acudieron a precedentes como la
sentencia C-955 de 2000, ésta sí, con ratio decidendi fuente de doctrina
obligatoria y efecto erga omnes, mientas que los fallos de tutela
aducidos, tienen efectos obligatorios interpartes exclusivamente.
2.3.4.2. Impugnación
de la decisión
El actor impugnó la decisión de
primera instancia por considerar que el perjuicio continúa latente, en la
medida en que está próximo a perder su vivienda a causa de un juicio
hipotecario en el que se le cobran sumas de dinero en UVR, sin estar permitido.
Además, sostuvo que el Tribunal en su fallo no tuvo en cuenta que el banco
accionado presentó una demanda en una moneda diferente al peso colombiano y que
redenominó a UVR la obligación, cambiando las condiciones iniciales del
contrato unilateralmente, sin autorización de su parte.
2.3.4.3. Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de justicia
En segunda instancia, la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de justicia, en sentencia del 12 de noviembre
de 2010, confirmó el fallo impugnado. Consideró que no se dio cumplimiento el
requisito de inmediatez porque entre las sentencias de primera y segunda
instancia -19 de junio de 2008 y 18 de febrero de 2009-, respectivamente, y la
formulación de la demanda de tutela -23 de septiembre de 2010-, es evidente que
transcurrió un lapso superior a un año, lo cual ciertamente contrasta con el
carácter ágil y urgente de esta acción pública.
2.4. Pruebas decretadas en el
trámite de revisión
Por medio de Auto del 14 de marzo
de 2011, la Sala Primera de Revisión ordenó oficiar a los juzgados Sesenta y
Tres Civil Municipal de Bogotá y Sexto Civil Municipal de Tunja para que  remitieran
a esta Corporación copia de la totalidad de los expedientes correspondientes a los
procesos verbal abreviado de Evelia Arias Borja y Justo Emiro Arias Borja
contra el Banco Colpatria Red Multibanca y ejecutivo hipotecario del Banco
Granahorrar contra el señor Germán Reyes González, Respectivamente.
Mediante oficio de la Secretaria
General de esta Corporación de fecha 07 de abril de 2011, se anexaron las
copias de los expedientes solicitados.
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Sala es competente para revisar los fallos de tutela
objeto  de los procesos de la referencia.
2. Planteamiento de los casos y
problemas jurídicos objeto de estudio
2.1.
Expediente  T-2839194
La
señora Evelia Arias Borja interpuso acción de tutela contra las providencias
del 18 de junio de 2009 y del 13 de octubre de 2009, proferidas por los
juzgados Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá y Treinta y Cuatro Civil del
Circuito de Bogotá, respectivamente. La actora considera que en tales providencias,
los jueces incurrieron en vía de hecho por desconocimiento del precedente
constitucional, defecto sustantivo y defecto fáctico.
Fundamentó
el desconocimiento del precedente constitucional en el hecho que los jueces al
no aplicar a la reliquidación de su crédito de vivienda a largo plazo lo
previsto en las sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999, a fin de que los pagos efectuados por conceptos inconstitucionales fuesen devueltos o abonados
a los deudores, ignoraron que el sistema establecido en el artículo 17-2 de la
Ley 546 de 1999, bajo las condiciones de exequibilidad previstas en la parte
motiva de la sentencia C-955 de 2000, tiene efectos retroactivos.
El
defecto sustantivo lo basó en el hecho de haber emitido una sentencia fundada
en el numeral 3 del artículo 121 del Decreto 663 de 1993, norma  declarada
inexequible por la sentencia C-747 de 1999.
El
defecto fáctico, por último, se configuró al haber proferido una sentencia con
base en una prueba valorada a la luz de una normatividad cuya interpretación es
contraria a lo ordenado en la sentencia C-955 de 2000 (fundamento 21 de la
parte resolutiva), careciendo por tanto de sustento que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se basa la decisión.
El
Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela en tanto no se evidenciaba de manera
manifiesta el desconocimiento de las pautas normativas que rigen la actuación
de los jueces, la prueba pericial fue valorada en debida forma de acuerdo a la
sana crítica, y la actora pretende generar una tercera instancia al proceso.
El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión
Civil, negó el amparo impetrado porque consideró que la acción no cumple con el
requisito de inmediatez, en tanto el tiempo transcurrido, un lapso de nueve
meses, entre el momento en que terminó el proceso verbal con la decisión de
segunda instancia, el 13 de octubre de 2009, y la presentación de la acción de
tutela, el 5 de agosto de 2010, resultaba irrazonable. Decisión ésta que fue
confirmada en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil.
2.2. Expediente T-2908138
El
señor Germán Reyes González para evitar un perjuicio irremediable consistente
en que su casa será rematada, adelantó acción de tutela contra las sentencias
del 19 de junio de 2008 y 18 de febrero de 2009, dictadas por los juzgados
Sexto Civil Municipal de Tunja y Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja,
respectivamente. El actor adujo que dichas providencias, los jueces incurrieron
en vía de hecho (i) por desconocimiento del precedente constitucional contenido
en las sentencias T-822 de 2003, T-357 de 2004, T-793 de 2004 y T-207 de 2006,
las cuales prohíben que los créditos inicialmente pactados en pesos sean
redenominados y cobrados en UVR sin la autorización del deudor; y (ii) por
defecto fáctico, puesto que las decisiones judiciales se apartaron de la
evidencia probatoria y resolvieron a su arbitrio el asunto jurídico debatido.
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Tunja se limitó a
efectuar un breve recuento del procedimiento surtido en el proceso hipotecario,
haciendo énfasis en que el actor había formulado dos incidentes de nulidad
dentro del proceso que fueron rechazados de plano, y la excepción de pago
prevista en el artículo 43 de la Ley 546 de 1999, que no fue tramitada por no
cumplir con las exigencias legales para ello; decisiones que fueron objeto de
recurso de reposición y en subsidio el de apelación, el cual fue finalmente
inadmitido por el Superior por cuanto el auto impugnado no era apelable.
El banco BBVA vinculado al proceso como propietario de
la obligación solicitó que se declare la improcedencia de la acción por no
cumplir con el requisito de inmediatez, puesto que la redenominación del
crédito ocurrió en el año 2000 y el actor no puede pretender diez años después
cambiar las condiciones legales y contractuales de su obligación.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja,
Sala Civil,  declaró improcedente la acción de tutela por la siguientes
razones: (i) las decisiones cuestionadas no resultan arbitrarias; (ii) la
acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez, de una parte, porque
debió proponerse hacia el año 2000 cuando el actor tuvo conocimiento de las
modificaciones realizadas a su crédito inicial; y de otra parte, porque las
sentencias objeto de controversia se dictaron el 19 de junio de 2008, la de
primera instancia, y el 18 de de febrero de 2009, la de segunda instancia,
habiendo transcurrido más de 18 meses a la fecha de presentación de la acción
de tutela, el 23 de septiembre de 2010. La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, confirmó el fallo impugnado por no haberse dado cumplimiento al
requisito de inmediatez.
2.3. Problema jurídico
Acorde con los antecedentes reseñados, corresponde a la
Sala Primera de Revisión, determinar si se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo especial
énfasis en el criterio general de inmediatez.
En caso que las acciones de tutela resulten
procedentes, la Sala analizará a continuación, si las autoridades judiciales
contra las cuales se dirigen los recursos de amparo, incurrieron en las
irregularidades alegadas por los peticionarios como violatorias de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vivienda y a la igualdad, dentro del
trámite de los procesos verbal de pérdida de intereses y ejecutivo hipotecario,
respectivamente; y, (ii) de ser así, determinará si tales defectos configuran
alguna(s) de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Para ello, la Sala procederá,
en primer lugar, a recordar brevemente la posición jurisprudencial sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en segundo
lugar, reiterará los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de
establecer si se cumple el requisito de inmediatez en cada caso concreto.
3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia
El
artículo 86 de la Constitución señala que la acción de tutela es un medio de
defensa judicial de los derechos fundamentales cuando “resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
En
la Sentencia C-543 de 1992[13], la Corporación estudió la constitucionalidad de los
artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, preceptos que regulaban el
ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y los declaró
inexequibles, por considerar que, tal como estaban formulados, desconocían las
reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el
principio de seguridad jurídica. Esa decisión ha conducido a algunas
autoridades judiciales a interpretar que, en Colombia, ni la Constitución, ni
las leyes ni los reglamentos, autorizan a los jueces a emitir un
pronunciamiento de fondo sobre acciones de tutela dirigidas contra providencias
judiciales.
La
Sala es consciente de que una sentencia, como cualquier texto jurídico, está
sujeta a diversas interpretaciones, algunas de ellas posiblemente incompatibles
entre sí y que esto puede estar ocurriendo, efectivamente, con el sentido de la
decisión adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992. Sin
embargo, es necesario resaltar que en un caso de discrepancias interpretativas
a propósito de las sentencias de la Corte Constitucional, quien tiene
competencia jurídica, conferida por la Constitución y la Ley, para interpretarlas
con autoridad, es la propia Corte Constitucional. Del mismo modo, quien
interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema o del Consejo de
Estado es, según el caso, la Corte Suprema (artículo 234, CP) o el Consejo de
Estado (artículo 237.1, CP).[14] Nótese,
respecto de la competencia de la Corte Constitucional para interpretar sus
propias providencias, que la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la
Administración de Justicia”, dispone expresamente que a la Corte
Constitucional es a quien le corresponde determinar los efectos de sus fallos e
interpretar con autoridad el sentido de sus decisiones, y que en esos
casos el pronunciamiento de la Corte tiene carácter “obligatorio general”.
En efecto, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia prescribe que en
el control constitucional de las normas legales, ya sea por vía de acción, de
revisión previa o en ejercicio del control automático, la interpretación
autorizada que efectúe la Corte Constitucional “tiene carácter obligatorio
general” (art. 48). Y la obligatoriedad a que se refiere la Ley, se predica
no sólo de la interpretación del texto de la Constitución, sino también
naturalmente de la de sus propios pronunciamientos y de la interpretación que
haga de las leyes, cuando quebranten la Constitución.[15]
En
consecuencia, la interpretación vinculante del sentido de la Sentencia C-543 de
1992 es la que efectúa la Corte Constitucional por vía de autoridad en el
control de las leyes. De ese modo, debe señalarse que en la referida Sentencia,
la Sala Plena de la Corte Constitucional no adoptó una resolución en
términos absolutos y categóricos. Por el contrario, en el cuerpo mismo de
las consideraciones matizó sus alcances, al prever casos en los cuales la acción
de tutela puede prosperar para cuestionar actuaciones cuya juridicidad es
apenas aparente, porque en realidad implican una ‘vía de hecho’. Al
respecto, dijo la Sala Plena en la referida Sentencia:
“(…)
nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido
en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la
Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991).  En hipótesis como éstas no puede hablarse de
atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.”
En
ese sentido, la tutela contra providencias judiciales no quedó descartada en
esa Sentencia. Al contrario, en ese fallo se ha fundado la ulterior y reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional, expedida en pronunciamientos remotos
y recientes, tanto de su Sala Plena como de sus Salas de Revisión de tutelas.
Así, por ejemplo, pueden mencionarse las siguientes sentencias de la Sala Plena
en las cuales se han tomado decisiones con fundamento en la doctrina de acuerdo
con la cual es posible interponer tutela contra providencias judiciales: C-037
de 1996[16], C-038 de 2000[17], SU-1184 de 2001[18], SU-159 de 2002[19] y, más adelante, en la Sentencia C-590 de 2005.[20] También lo han reiterado las diversas Salas de
Revisión de tutela, y desde el comienzo, por ejemplo en las Sentencias T-079[21] y T-158 de 1993[22], en las cuales la Corte Constitucional consideró que
por violación del derecho fundamental al debido proceso, debían ser revocadas
sendas providencias judiciales, que le ponían fin a procesos jurisdiccionales
ordinarios. En ese mismo sentido, en la Sentencia T-173 de 1993[23], la Corte señaló que:
“[…]
la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque
pretenda cubrirse con el manto respe­table de la resolución judicial, puede ser
atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los
presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro
medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.” (Subrayas fuera del texto)
En
síntesis, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido coherente en su
doctrina en cuanto a que algunos actos judiciales, en determinadas condiciones,
pueden ser cuestionados por vía de acción de tutela si violan derechos
fundamentales. En cambio, debe anotarse que la magnitud del defecto judicial,
que amerita una intervención del juez de tutela para proteger derechos
fundamentales violados por autoridades judiciales, no ha sido valorada durante
todo el tiempo con rigidez monolítica. Como lo expuso la Sala Segunda de
Revisión en la Sentencia T-377 de 2009, al referirse a la jurisprudencia sobre
tutela contra sentencias: “[e]sta línea jurisprudencial se conoció
inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, esta Corporación
recientemente, con el propósito de superar una percepción restringida de esta
figura que había permitido su asociación siempre con el capricho y la
arbitrariedad judicial, sustituyó la expresión de vía de hecho por la de
“causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales”[24] que responde mejor a su realidad constitucional.[25]
La sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se
está ante la acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar
de “causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que el de vía de hecho.[26]”[27]
Actualmente,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional exige la satisfacción de todo un
haz de condiciones para conceder la tutela contra sentencias.[28] En primer lugar, la acción de tutela debe cumplir con
unos requisitos de procedibilidad -o de procedibilidad general-, que le
permitan al juez evaluar el fondo del asunto. Para verificar si están dadas
esas condiciones, el juez de tutela debe preguntarse, en síntesis, si: (i) la
problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados todos
los recursos o medios-ordinarios o extraordinarios- de defensa de los derechos,
a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos
sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario[29]; (iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (es
decir, si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que
originó la violación)[30]; (iv) si se trata de irregularidades procesales, que
ellas hubieran tenido incidencia en la decisión que se impugna, salvo que de
suyo se atente gravemente contra los derechos fundamentales; (v) si el actor
identifica debidamente los hechos que originaron la violación, así como los
derechos vulnerados y si -de haber sido posible- lo mencionó oportunamente en
las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la sentencia
impugnada no es de tutela.[31]
Sólo
después de superados los requisitos -generales- de procedibilidad, el
juez de tutela debe verificar si se configura alguna de las condiciones de prosperidad
del amparo. En este plano, el juez debe evaluar si la providencia
cuestionada incurrió en alguno de los defectos específicos. De
acuerdo con la Sala Plena de la Corporación (C-590 de 2005[32]), los defectos en los que el funcionario judicial
puede incurrir son los siguientes: (i) defecto material y sustantivo[33]; (ii) defecto fáctico[34]; (iii) defecto orgánico[35]; (iv) defecto procedimental[36]; (v) error inducido o por consecuencia[37]; (vi) decisión sin motivación[38]; (vii) desconocimiento del precedente[39]; (viii) violación directa de la Constitución.  Son
varios los casos en los que se ha desarrollado esta jurisprudencia[40], así como los casos en los que se ha reiterado
recientemente.[41]
9.
Defecto sustantivo: existe un defecto sustantivo en la
decisión judicial, cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable[42],
ya sea porque[43]
(a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley[44],  (b) es
inconstitucional[45],
(c) o porque el contenido  de la disposición no tiene conexidad material con
los presupuestos del caso.[46]
También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se
produce (d) un grave error en la interpretación de la norma[47]
constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de
sentencias de la Corte  Constitucional con efectos erga omnes, o cuando
la decisión judicial se apoya en una interpretación  claramente contraria a la
Constitución.[48]
Se
considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial
tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente
sustentación o justificación de la actuación[49] que afecte derechos
fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial[50] sin ofrecer
un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión
diferente[51];
o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución
siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.[52]
10.
Defecto fáctico: el defecto fáctico, según ha estipulado la
jurisprudencia de la Corte, es un error relacionado con asuntos probatorios,
que tiene dos dimensiones. Una dimensión negativa, que se produce por omisiones
del juez, como por ejemplo, (i) por ignorar o no valorar,
injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso[53]; (ii) por decidir sin el “apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[54]; (iii) por no decretar pruebas de oficio en
los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo.[55] Y una dimensión
positiva, que tiene lugar por actuaciones positivas del juez, en la que se
incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas
ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión;[56] o (v) por decidir con medios de prueba que,
por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la
providencia.[57]
11.
Defecto orgánico: el llamado defecto orgánico tiene lugar,
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia que se controvierte,
carece totalmente de competencia para ello conforme a la ley; y,
12. Defecto procedimental: el
defecto procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente
ajeno al procedimiento establecido[58], es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de
cumplir con las “formas propias de cada  juicio”[59], con la
consiguiente perturbación o amenaza a los  derechos fundamentales de las partes.
En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe
extenderse  a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al
afectado.[60]
13.
Vía de hecho por error inducido o por consecuencia: la vía de
hecho por consecuencia se da cuando el defecto en la providencia judicial
es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la causa.[61] En este
caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la actuación
final resulta equivocada.[62]
En la Sentencia T-705 de 2002,[63]
la Corte precisó que la vía de hecho por consecuencia se configura cuando
especialmente, cuando la decisión judicial “(i) se bas[a] en la apreciación
de hechos o situaciones jurídica, en cuya determinación los órganos competentes
hayan violado derechos constitucionales, y (ii) que tenga como conse­cuencia
un perjuicio iusfundamental”.
14.
Desconocimiento directo de la Constitución: este defecto fue
concebido por la Corte, en algún momento inicial, como un defecto sustantivo.
Por ejemplo, en el año dos mil (2000), al momento de dictar la Sentencia
SU-1722[64], cuando estudió diversas acciones de tutela contra
providencias de la justicia penal, en las cuales se les agravó la pena a
apelantes únicos bajo el pretexto de que concurrían el recurso de apelación y
el grado jurisdiccional de consulta, la Corte Constitucional señaló que
desconocer la disposición constitucional que expresamente prohíbe al superior
funcional “agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único” (art.
31, CP), suponía un defecto sustantivo. En palabras de la Corporación:
“2.11. En los casos que son objeto de revisión, la
Corte aprecia un defecto sustantivo, en la medida en que las decisiones
impugnadas se fundan en la sumisión de la no reforma en peor frente al
principio de legalidad, lo cual resulta evidentemente inaplicable.  En este
sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades demandadas
consistió en el desconocimiento del principio constitucional consagrado en el
inciso 2º del artículo 31 de la Constitución” (Subrayas
fuera del texto).
Del mismo modo, en la Sentencia SU-159 de 2002[65], la Corte incluyó la violación directa de la
Constitución como un ejemplo más de posibles defectos sustantivos en las
providencias judiciales. Y justamente citó, para ilustrarlo, la Sentencia
SU-1722 de 2000, recién mencionada.[66] Dijo la Corporación, específicamente, en la SU-159 de
2002:
“[l]a Corte Constitucional ha señalado en su
jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de
hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al
apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[67],
bien sea, por ejemplo  (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún
efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad[68],
(iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[69],
(iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[70]
o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a
la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador” (Subrayas fuera del
texto).[71]
Sin embargo, posteriormente la Corte le empezó a
conferir autonomía e independencia conceptual a este defecto. En la Sentencia
T-949 de 2003,[72]
la Corte Constitucional al estudiar una tutela contra providencias penales que
habían condenado a una persona erróneamente, como resultado de una suplantación
palmaria, reiteró lo dicho por la jurisprudencia en torno a los defectos
sustantivo, fáctico, procedimental y orgánico, pero mencionó otros defectos adicionales,
entre los cuales incluyó el derivado del desconocimiento de una norma
constitucional aplicable al caso:
“todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de
tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con
ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales
por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente,
cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las
causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de
alguno de los seis eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:
(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii)
error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del
precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”
(Subrayas por fuera del texto).[73]
18. Finalmente, en la Sentencia C-590 de 2005,[74] al estudiar
una acción pública contra la disposición del Código de Procedimiento Penal, que
aparentemente proscribía la acción de tutela contra los fallos dictados por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional
incluyó definitivamente a la violación directa de un precepto constitucional en
el conjunto de defectos autónomos que justifican la presentación de una tutela
contra providencias judiciales. De ese modo, le confirió tanta autonomía como
la que institucionalmente han tenido los defectos fáctico, sustantivo
propiamente dicho, orgánico, procedimental, por consecuencia, por
desconocimiento del precedente y por decidir sin motivación suficiente. Al
hacerlo no modificó, por supuesto, el sentido específico que la jurisprudencia
anterior le había atribuido, aunque sí la inicial importancia que al comienzo
le reconoció.
En otras palabras, la jurisprudencia más reciente no
ha cambiado su criterio en cuanto a que el desconocimiento de la Constitución
es un defecto sustantivo. Lo que ha cambiado es la valoración que inicialmente
le confirió al defecto, pues ahora entiende que se constituye cuando no se
aplica una norma aplicable al caso, pero que por ser la inaplicación de la “norma
de normas” merece un puesto especial en el conjunto de causales de
prosperidad de la acción de tutela (art. 4, CP). Este linaje del desconocimiento
directo de la Constitución lo ha reconocido la Corte, recientemente, al decidir
una tutela contra la providencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia en la cual condenaba a un senador de la República. En dicho fallo,
esta Corporación caracterizó este defecto como un desconocimiento expreso de
las normas constitucionales:
“7.2.8.  Violación directa de la Constitución, causal
de procedencia de la acción de tutela que se estructura cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de
la Carta Política.  A este respecto, debe insistirse en que el actual modelo de
ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial
pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica
indebida e irrazonablemente tales postulados.”[75]
4. Principio
de inmediatez. Requisito indispensable para la procedibilidad de la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia
El
requisito de inmediatez es una condición prevista en el artículo 86 de la Carta
Política como una de las características de la acción de tutela, con el objeto
de hacer efectiva la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales de toda persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que establezca la ley. Así pues, es inherente a la
acción de tutela la protección actual, inmediata y efectiva de aquellos
derechos.[76]
La jurisprudencia constitucional ha consolidado el
principio de inmediatez como un requisito de procedibilidad de la tutela, de
tal suerte que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y
oportuno. Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa
judicial se emplee como herramienta que premie la desidia, negligencia o
indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad
jurídica.[77]
En
consecuencia, cuando en el ejercicio de la acción de tutela se ha dejado pasar
un tiempo excesivo o irrazonable desde la actuación u omisión que amenaza o
vulnera los derechos fundamentales, debido a la incuria o la negligencia de su
titular, la razón de ser del amparo se pierde, y con ella su procedibilidad.
Como específicamente lo ha señalado la Corte, es necesario:
“[q]ue se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.[78]  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.”[79]
En distintas sentencias de esta Entidad se ha
manifestado que el principio de inmediatez es requisito sine qua non
para el análisis de la procedencia de la acción de tutela. Al respecto, la
Corte ha sostenido:
“(...) tal y como lo ha expuesto de forma reiterada
esta Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela exige su
interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de tal manera que
la acción no se convierta en un factor de inseguridad jurídica, premiando con
ello la inactividad de los interesados en el ejercicio oportuno de los
recursos, la negligencia y la decidía. Ciertamente, si con la acción de tutela
se busca la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas, es imprescindible que su
ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación
de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa el
alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela y deja sin
efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la protección actual,
inmediata y efectiva de tales derechos.”[80]
Así, si bien es cierto, que ni la Constitución
Política, ni las normas de orden legal regulatorias de la acción de tutela
imponen un término de caducidad, no  significa que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. En la Sentencia de unificación
SU-961 de 1999[81]
la Corte manifestó:
“la razonabilidad de este plazo está determinada por
la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la
tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que
no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha
interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros,
o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado
que la acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’. (...) Si el
elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda
a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de
conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un
deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.”
A
esta reflexión la Corte ha añadido otras igualmente relevantes, como las
relacionadas con la seguridad jurídica, que reclama la pronta resolución definitiva
de las situaciones litigiosas y el interés de terceros cuya situación podría
verse súbita e injustamente afectada por el otorgamiento tardío de la
protección constitucional al tutelante, cuando éste no la reclamó dentro de un
término razonable.[82]
Ahora bien, la Corte Constitucional también se ha
referido a algunos factores que deben ser tenidos en cuenta para determinar la
razonabilidad del lapso: (i) si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado;[83] (iv)
si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación
violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy
alejado de la fecha de interposición.[84]
En todo caso, tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales, ésta Corporación ha establecido que el análisis sobre
la inmediatez debe ser más estricto en comparación con los otros asuntos que se
llevan ante la justicia constitucional, toda vez que va dirigida a cuestionar
una decisión que ya ha puesto fin a un conflicto, presumiblemente de acuerdo
con la ley y la Constitución. Por tal motivo, si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, “resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una providencia
judicial por la vía de tutela”  y, en este contexto, con el paso del
tiempo, la acción pierde su razón de ser.[85]
Queda
así establecido entonces, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta
Corporación, que la acción de tutela resulta improcedente cuando se interpone
de manera extemporánea, esto es, después de haber pasado un lapso prolongado
desde la ocurrencia de los hechos que dan lugar a la solicitud de protección,
siempre que no medien razones que, frente a las circunstancias del caso
concreto, constituyan explicación sustentada de tal demora. Por ello, y
tratándose de un requisito sine qua non de procedibilidad de la acción
de tutela, la Sala pasa a continuación a evaluar su adecuado cumplimiento.
5. En el expediente T-2839194 no se cumple con el
presupuesto de inmediatez y el hecho central que motiva la acción de tutela no
fue mencionado oportunamente en las instancias del proceso ordinario, razón por
la cual se recurre al amparo como una instancia adicional
En
lo que concerniente al amparo interpuesto por la señora Evelia Arias Borja, la
Sala encuentra que no cumple con dos de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela: (i) inmediatez, y (ii) el hecho que motiva la acción no
fue invocado oportunamente en las instancias del proceso ordinario, de manera
que se recurre al amparo como una instancia adicional.
El
requisito de inmediatez no se cumple, porque la acción de tutela fue
interpuesta el 5 de agosto de 2010, o sea, nueve (9) meses después de haber
sido proferida y notificada la sentencia de segunda instancia que resolvió el
recurso de apelación. Efectivamente, la providencia de segunda instancia fue emitida
por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 13 de octubre
de 2009[86], y notificada a las partes por estrados en la misma
fecha.
Como ya se señaló, la inmediatez como criterio general
de procedencia de la tutela contra providencias judiciales exige que ésta se
presente dentro de un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. Y esto es así, porque en la medida en que la acción de
tutela pretende servir de instrumento para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por
la actuación u omisión de una autoridad pública, para que el fin sea viable, resulta
imperativo que las personas hagan uso de ella con la misma presteza con la que
la jurisdicción constitucional debe atenderla.
En
tanto no existe una definición previa, con vocación general de razonabilidad y
proporcionalidad, respecto al tiempo de presentación de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional ha encontrado
en algunos eventos que el término de seis (6) meses podría resultar suficiente
para declarar la tutela improcedente, pero, en otros, un término de dos (2)
años podría ser considerado razonable para ejercer la acción de tutela,
dependiendo de las particularidades de cada caso.[87]
En
el presente caso, la Sala no encontró ninguna razón que justificase una demora
de nueve (9) meses en acudir al amparo tutelar, pues la sentencia del Juzgado
Treinta y Cuatro (34) Civil del Circuito de Bogotá, como ya se señaló se
profirió el 13 de octubre de 2009, siendo notificada ese mismos día a las
partes por estrados, y la acción de tutela se interpuso el 5 de agosto de 2010.
Además, la accionante estuvo representada durante todo el proceso verbal por
apoderado. La afirmación de la actora, según la cual hubo morosidad por parte
del Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá en remitir el
expediente al Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, motivo por el
cual, sólo hasta el 27 de julio de 2010 fue notificada del auto que decreta el
obedecimiento y cumplimiento a lo resuelto por el superior, esgrimida para
justificar la tardanza en el ejercicio del recurso de amparo, no desvirtúa la
inactividad de la accionante puesto que la notificación de la providencia
atacada se produjo de manera oportuna en la misma audiencia pública en la que
se dictó sentencia.[88]
En
este sentido, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, sacrifica
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica puesto que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.[89]
Adicionalmente,
para la Sala de Revisión la acción de tutela objeto de análisis tampoco resulta
procedente porque el hecho central que motiva el amparo no fue mencionado
oportunamente en las instancias del proceso ordinario, constituyéndose en un
hecho nuevo sobre el cual los jueces naturales no tuvieron la oportunidad de
pronunciarse.
En
efecto, a través de la demanda instaurada el 18 de agosto de 2006 contra la
entidad financiera, la actora pretendía que (i) se fijara la tasa de
interés remuneratorio que debía cobrarse desde el inicio del crédito hasta su
terminación, según lo ordenado por el numeral 2 del artículo 17[90] y el parágrafo 1 del artículo 40[91] de la Ley 546 de 1999, condicionado por la sentencia
C-955 de 2000[92]; (ii) que se declarara que la Corporación
Popular de Ahorro y Vivienda Corpavi, hoy Colpatria Red Multibanca, había
cobrado a los demandantes intereses corrientes y de mora por encima de lo
legalmente autorizado por la ley, desde la fecha de otorgamiento del crédito
(23 de octubre de 1995), hasta la fecha de presentación de la demanda (18 de
agosto de 2006), al haber cobrado una tasa de interés remuneratoria que
contiene puntos de inflación, violando la Ley 546 de 1999 condicionada por la
sentencia C-955 de 2000; y (iii) que se declarase que había pagado
intereses en exceso a los fijados en el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, desde
la fecha de otorgamiento del crédito (23 de octubre de 1995) hasta la fecha de
presentación de la demanda (18 de agosto de 2006), por la suma de $8.254.994,
suma que debe pagarse doblada por la entidad financiera a título de sanción, de
conformidad con el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.[93]
Sin
embargo, en la acción de tutela dirigida contra las providencias judiciales de
la referencia, la actora fundamenta su inconformidad en que a partir del 1 de
enero de 2000, el banco Colpatria Red Multibanca de manera unilateral: (i)
convirtió la obligación pactada en pesos a UVR; (ii) cambió la tasa de interés;
(iii) modificó el sistema de amortización y (iv) varió el valor de las cuotas.
Todo ello, sin el consentimiento de los deudores y sin haberles informado sobre
las nuevas condiciones que regirían el contrato de mutuo. Con tal proceder,
sostiene la peticionaria, el banco desconoció la Ley 546 de 1999[94] y la sentencia
C-955 de 2000[95] de la Corte Constitucional, en el sentido que las
entidades financieras no pueden modificar de forma unilateral y sin el
consentimiento del deudor, los sistemas de amortización o los plazos o
cualquiera de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de mutuo,
pues con ello se desconoce el derecho al debido proceso del deudor y se
configura un abuso de la posición dominante por parte de la entidad financiera.
Por
esta razón, anota la accionante, al 5 de mayo de 2006, nueve (9) años y siete
(7) meses después de haberse desembolsado el crédito y de haber pagado
cumplidamente las cuotas, había cancelado la suma de $85.527.880, y el saldo de
la deuda según el banco, era de $21.564.581. Lo que significa, que a tal fecha
sólo había abonado a capital la suma de $5.875.419, a pesar de que de
conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000, desde el 1 de
enero de 2000, el crédito debió ser reliquidado aplicando el sistema de
amortización de mayor conveniencia para el deudor.
Como
se puede apreciar, la pretensión de la actora en la acción de tutela objeto de
revisión cambia sustancialmente, respecto de lo que pretendía en el proceso
verbal de pérdida de intereses, pues de un proceso cuyo eje temático es el
cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y la violación de los topes
máximos fijados por el legislador respecto de los intereses remuneratorios y
moratorios, pasó a cuestionar la forma en que la entidad bancaria había
reliquidado el crédito de vivienda. Según la actora, tal reliquidación se
produjo de manera unilateral, sin permitir el ejercicio del derecho de
contradicción del titular, y sin obtener su consentimiento para la modificación
de las circunstancias pactadas. La accionante está cuestionando la ocurrencia en
el año 2000 de un hecho ajeno a la naturaleza del proceso verbal de pérdida de
intereses, y respecto del cual, después de haber transcurrido cerca de seis
años, aduce que le ocasionó un perjuicio irremediable.
La
reliquidación es una figura regulada en los artículos 41 (para los créditos que
se encontraban al día) y 42 (para los créditos que se encontraban en mora)  de la
Ley 546 de 1999[96], a efectos de ser aplicada a los créditos de vivienda
individual a largo plazo que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 1999
sin importar el saldo, tomando como base la UVR -concepto ligado al índice de
precios al consumidor- con el fin de eliminar el componente variable (DTF[97]) que su fórmula de liquidación contenía.
En
la práctica, los créditos de vivienda otorgados en UPAC o en pesos con tasa
referida a la DTF que se encontraban vigentes al 31 de diciembre de 1999, fueron
liquidados nuevamente tomando como base la UVR. Para tal fin, se consideraron
todos los pagos realizados por el deudor  y se aplicaron en las mismas fechas
en que habían sido recibidos sobre un saldo en UVR, de manera que los valores
que habían sido pagados por encima de la inflación se destinaban a reducir en
cada fecha el saldo de capital. Así, el saldo en pesos reliquidado al 31 de
diciembre de 1999 utilizando la UVR, se comparaba con el saldo en pesos que
presentaban a esa misma fecha los créditos otorgados en UPAC o en pesos. En los
casos en que éste último fuese superior al primero, se realizaba un abono o
alivio al crédito equivalente a la diferencia entre ambos.[98]
La
falta de notificación a la actora de la reliquidación efectuada por la entidad
bancaria el enero de 2000, no fue planteada por los demandantes en el proceso
verbal, de manera que ahora en aras de reabrir un debate que ya se encontraba
agotado ante la jurisdicción ordinaria, pues se ejercieron todos los recursos
legales, se recurre a la acción de tutela para  controvertir un asunto que
debido a su carácter esencialmente económico, como en efecto lo es el pago de
una suma de dinero supuestamente adeudada, no tendría en principio la vocación
de ser resuelto mediante esta acción constitucional.
Sobre
este particular, cabe recordar que esta Corporación ha advertido claramente sobre
la falta de idoneidad de la acción de tutela para dirimir derechos litigiosos
de contenido económico o contable, particularmente, para lograr la liquidación
y el descuento de las sumas de dinero que, a título de sanción, se deben
aplicar en el caso al cobro de intereses pactados en exceso o por encima de los
topes legales establecidos.[99] Para la Corte, el
escenario natural para la resolución de este tipo de conflictos, no puede ser
sino el de la jurisdicción ordinaria, la cual está investida de expresas
facultades para analizar y resolver  cuestiones como las planteadas por la
actora, sin que la jurisdicción constitucional pueda reemplazarla en forma
arbitraria.
Así
las cosas, la acción de tutela objeto de análisis resulta improcedente porque además
de no haberse ejercido de manera oportuna, desconociendo el principio de
inmediatez, el hecho que motiva el amparo no fue mencionado oportunamente en
las instancias del proceso ordinario, sobre el cual los jueces de instancia no
tuvieron la oportunidad de pronunciarse. Por tanto, encuentra la Sala que la
tutela ha sido empleada en el presente caso como una tercera instancia para controvertir
los efectos de las providencias expedidas por los jueces ordinarios, y dirimir
derechos litigiosos de contenido económico, particularmente, para lograr la
liquidación y el descuento de las sumas de dinero que, a título de sanción, se
deben aplicar en el caso al cobro de intereses pactados en exceso o por encima
de los topes legales establecidos.
En
consecuencia, la Sala de Revisión procederá a confirmar en el expediente
T-2839194, las sentencias proferidas por la Sala de Decisión Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, el 10 de agosto de 2010, y por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, el 6 de septiembre de 2010, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
6. En el expediente T-2908138 el
requisito de inmediatez si se cumple
6.1. Cumplimiento de las condiciones
básicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas en el curso de procesos ejecutivos
La Corte ha determinado consistentemente que cuando se
trata de tutelas contra providencias judiciales proferidas en el curso de
procesos ejecutivos hipotecarios, antes de analizar el asunto de fondo es necesario
verificar la concurrencia de dos elementos. De una parte, la vigencia del
proceso, es decir, que el proceso ejecutivo se encuentre en curso. De otra
parte, que el accionante hubiese ejercido los recursos legales disponibles
oportunamente, de forma tal que la acción de tutela no se convierta en un
mecanismo para revivir términos  u oportunidades procesales, o para suplir la
inactividad de las partes.[100]
Al respecto, en la sentencia T-1009 de 2006[101], la
Corte sostuvo:
“[p]ara el caso que revisa, encuentra la Sala que por
tratarse de un proceso ejecutivo hipotecario, que efectivamente no termina con
la ejecutoria de la sentencia, esa puede ser una decisión temporalmente lejana
a la fecha de interposición de la tutela, haciendo que no sea un dato único
como  punto de referencia para el cotejo de la oportunidad temporal en la
interposición de la tutela. Por lo que, para evaluar la inmediatez en estos
procesos, deberá atenderse al hecho de que después de la sentencia ejecutiva
siguen cursando actuaciones en busca de su ejecución y del cumplimiento del
objeto del proceso, -cual es la realización de la garantía para satisfacer el
crédito cobrado- y que mientras ello ocurre, como se advirtió, el accionante
debe agotar los medios procesales para que cese la posible vulneración a sus
derechos fundamentales.
Así entonces, si bien no puede haber un término de
interposición de tutela preestablecido, éste se enmarcará en la vigencia del
proceso; y si además en la tutela también se pretende conservar el bien que
garantiza el crédito hipotecario, el marco de acción razonable para intentarla,
estará dado en que ésta se interponga antes de que el bien sea subastado,
adjudicado y con mayor, razón antes de ser entregado al nuevo propietario.
En el anterior contexto,
recientemente se ha llegado a afirmar en sede de Revisión que la inmediatez de
la acción de tutela en el proceso ejecutivo se verifica cuando el proceso sigue
en curso[102],
y así, la Corte al analizar algunos casos concretos en que ha transcurrido un
período de tiempo considerable entre las acciones u omisiones judiciales que
dan lugar a la tutela y el momento de interposición de ésta,  ha encontrado que
no obstante la lejanía temporal por la que objetivamente pudiera hablarse de
una falta de inmediatez, "existe un motivo válido para la inactividad-tutelar-
de los accionantes"[103],
porque el ejecutado durante ese tiempo ha acudido, sin éxito dentro de ese
proceso, a los mecanismos procesales ordinarios para defender los intereses que
ahora reclama en la tutela; es decir, exige inexorablemente la diligencia del
actor.”
En el caso que nos ocupa, a pesar que la acción de
tutela fue interpuesta dieciocho (18) meses después[104], la Sala considera que cumple con el requisito de
inmediatez porque el proceso ejecutivo continúa en curso[105], pues el bien inmueble no ha sido rematado y la
acción de tutela constituye el mecanismo idóneo para evitar el perjuicio
irremediable que le ocasionaría al actor la pérdida del mismo.
En relación con el agotamiento de todos los mecanismos
de defensa previstos en el proceso en el cual fue proferida la decisión que se
pretende controvertir mediante tutela, la Sala encuentra que el accionante
ejerció los recursos contemplados en el respectivo proceso judicial para
subsanar las irregularidades en que pudo haber incurrido el juez, de manera que
se cumple con el requisito de  subsidiariedad. Al efecto, el  actor formuló
excepciones previas contra el mandamiento de pago, interpuso recurso de apelación
contra la sentencia que declaró infundadas y no probadas las excepciones de
mérito por él propuestas, y además formuló dos incidentes de nulidad.[106]
Se tiene entonces que realizada la notificación del
mandamiento de pago, dentro del término legal, el actor a través de apoderado
judicial se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de fondo la
falta de exegibilidad del título ejecutivo, por el incumplimiento de los
requisitos legales de la sesión, de legitimación por activa, de claridad de la
obligación pretendida, entre otras.
Contra la sentencia de primera instancia que profirió
el Juzgado Sexto Civil Municipal de Tunja el 19 de junio de 2008, el actor
interpuso recurso de apelación, que le fue decidido desfavorablemente por el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, el 18 de febrero de 2009. Contra
ésta última providencia, que en criterio del accionante constituye una vía de
hecho, no procede ningún otro recurso, pues no es susceptible de casación.
Una vez verificada la concurrencia de las
condiciones mencionadas, corresponde a la Sala de Revisión analizar la cuestión
de fondo, esto es, si la providencia que se controvierte constituye una vía de
hecho.
6.2. Vulneración del derecho al debido
proceso del actor
La Corte Constitucional ha determinado en
múltiples oportunidades que las entidades financieras se encuentran en la
obligación de informar a los deudores de vivienda todas las actuaciones que
realicen dentro de los procedimientos de reliquidación y redenominación de
créditos, con el propósito de que los mismos queden amparados por el principio
de publicidad y, de este modo, les sea permitido formular reclamos, solicitar y
presentar pruebas e interponer los recursos a que haya lugar.[107]
Efectivamente, como se señaló en la sentencia T-207 de
2006[108], con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad
del sistema de financiamiento de vivienda pactado en Unidades de Poder
Adquisitivo Constante (UPAC)[109], se expidió la Ley 546 de 1999[110], que tuvo como uno de sus principales objetivos el
establecimiento de un marco jurídico para que el Gobierno Nacional regule el
sistema especializado de financiación de vivienda a largo plazo, de manera que
se logre la efectiva realización del derecho constitucional a la vivienda digna
y se proteja a los usuarios de los créditos de vivienda.[111]
Dentro de este propósito se introdujo un nuevo sistema
de financiamiento de vivienda, a través de las Unidades de Valor Real  (UVR) y se
dispuso un régimen de transición con el fin de adecuar los créditos
hipotecarios vigentes al nuevo sistema. Simultáneamente, la Ley 546 de 1999
ordenó la reliquidación de tales créditos y el abono a las obligaciones de la
diferencia resultante entre el saldo en pesos a 31 de diciembre de 1999 y el
saldo de la obligación reliquidado en UVR, de acuerdo con el artículo 41 de la
ley.[112]
Adicionalmente,
la Ley 546 de 1999 en su artículo 39 ordena la adecuación de los documentos
contentivos de las condiciones de los créditos de vivienda a largo plazo a las estipulaciones
en ella establecidas y determina que los pagarés mediante los cuales se
instrumentaron tales deudas, cuando estuvieren pactadas en UPAC o en pesos, se
entenderán por su equivalencia en UVR, por ministerio de la ley.[113]
Si
bien la redenominación de los créditos opera por ministerio de la ley, la Corte
ha establecido que para su efectiva realización es necesario que la entidad
financiera informe plenamente al deudor sobre las condiciones de la obligación
y los efectos de la redenominación, con el fin de garantizarles el principio de
publicidad y el derecho a la información y de adecuar las actuaciones de las
partes contrayentes a los principios de buena fe y confianza legítima. Esto
implica que las decisiones que se tomen en vigencia del contrato y que tengan
efectos sobre el mismo no puedan ser adoptadas de forma unilateral.[114]
En efecto, en la sentencia T-822 de 2003,[115] se refirió a este deber de información, en los
siguientes términos:
“[...] la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional considera
que debe concederse la tutela porque se violó el debido proceso en los cinco
casos, en razón de no existir información suficiente al reliqui­darse y
redenominarse los créditos por parte del Fondo Nacional de Ahorro; y, en
consecuencia, deben revocarse todas las decisiones de instancia que no
aceptaron el amparo.
La Corte ordenará que en la información que se debe dar a los deudores,
el Fondo Nacional de Ahorro debe tener en cuenta lo estipulado en la ley 546 de
1999 y lo ordenado en la Circular Externa #085 de 2000 de la Superintendencia
Bancaria que establece algunas de las condiciones que se deben llenar en la
información para que se estime suficiente:
- ‘INFORMACION AL DEUDOR. En
cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la ley 546 del 23 de diciembre de
1999, las entidades destinatarias de este instructivo deberán remitir a todos
sus deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda vigentes y
para los nuevos que se otorguen, una información clara, cierta, compren­sible y
oportuna respecto de las condiciones de sus créditos, de manera tal que el
usuario conozca suficientemente la operación del sistema, la composición de las
cuotas, el comportamiento del crédito durante su vigencia y las consecuencias
de su incumplimiento”.
Para lograr esa información precisa y completa, la citada Circular 098
de 2000 también recuerda que “en el artículo 20 de la ley 546 de 1999, norma
cuya exequibilidad fue condicionada por la sentencia C-955/2000 proferida por la
H. Corte Constitucional, la entidad acreedora al momento de hacer la evaluación
de la solicitud de reestructuración de una obligación de este tipo,
deberá verificar que se cumplan los siguientes requisitos para que resulte viable la reestructuración:
[…] a. Que la primera cuota del crédito una vez reestructurado,
que esté dispuesto a pagar el deudor, en ningún caso represente más del 30% de
los ingresos familiares, de conformidad con el Decreto 145 de 2000 [...]’
Además, se dará cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de la
sentencia C-955 de 2000, numerales 13 y 19, transcritos en la parte motiva del
presente fallo.
Solamente cuando se llenen las condiciones antes indicadas se puede dar
por efectuada la información, sin violación al debido proceso.”
Posteriormente, la sentencia T-793 de 2004[116] abordó nuevamente el tema, reiterando la providencia
T-822 de 2003. En esta oportunidad no sólo ordenó que se informaran los cambios
que iban a ser realizados en las condiciones del contrato de mutuo, sino
también el res­ta­ble­cimiento de los créditos a las condiciones que
inicialmente fueron pactadas.
En la sentencia T-212 de 2005[117], se reiteró la anterior ju­ris­pru­dencia precisando
que:
“...los usuarios de créditos a largo plazo les asiste el derecho de
contar con la oportunidad de discutir con su acreedor el manteni­miento de las
condiciones pactadas, al punto que las modificaciones inconsultas, por el solo
hecho de la imposición, además de constituir manifestaciones abusivas,
contrarias a la buena fe y al respeto por el acto propio, infunden desconfianza
a las actividades financieras y quebrantan, no sólo los derechos patrimoniales
de sus deudores, sino particular y principalmente sus derechos fundamentales a
la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad.”
En desarrollo de
esta línea jurisprudencial, la Corte ha resaltado que la necesidad de adecuar
los créditos de vivienda a un sistema que no capitalice los intereses no
comporta que el acreedor pueda prescindir del conocimiento pleno y asentimiento
del deudor hipotecario, pues la persona obligada a atender la obligación
crediticia es la que puede valorar con acierto la conveniencia o inconveniencia
de trasladar el crédito de un sistema a otro, de acuerdo con las circunstancias
económicas propias y realidades familiares y sociales que sólo ella conoce.[118]
La
garantía del principio de publicidad en las actuaciones que desarrolle la
entidad financiera pretende, por tanto, el amparo del derecho de contradicción
del deudor, de suerte que le sea dado discutir el mantenimiento de las
condiciones inicialmente pactadas en el crédito de vivienda otorgado[119] y le sea permitido formular reclamos, solicitar y
presentar pruebas e interponer los recursos a que haya lugar.[120] Al respecto sostuvo la Corte:
“[E]n ejercicio
de su derecho de contradicción, el titular de la deuda podrá analizar diversas
opciones de sistemas de amortización de la misma y acordar con la entidad
financiera la alternativa que responda a las circunstancias particulares de su
crédito […] máxime si se considera que existen diversas opciones que permiten
mantener los créditos en pesos.
La intervención del deudor le permitirá finalmente,
manifestar su consentimiento en relación con una determinada forma de
reliquidación y redenominación de su crédito u oponerse al cambio, caso en el
cual, la entidad financiera podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria en aras
de dirimir la controversia contractual.[121]”[122]
Así, para la Corte el deber de las
entidades bancarias “no se reduce entonces a notificar a los deudores de las
decisiones tomadas de forma unilateral sobre la reliquidación y la
redenominación de los créditos, informando simplemente cuánto debían y una vez
efectuada la operación cuánto les queda aún por pagar, o el aumento del plazo
para cumplir con la obligación crediticia sino que, además de notificarle sobre
la readecuación del crédito, deben hacerlo, respecto del objeto de la
redenominación, la forma de la reliquidación y el comportamiento hacia el
futuro, señalando los cálculos hasta la finalización de la obligación, para que
el deudor tenga la oportunidad de hacer valer sus derechos.”[123]
En caso de que el deudor se oponga a la redenominación
de su crédito, la entidad financiera podrá acudir ante la jurisdicción
ordinaria con el fin de desatar la controversia que se suscita con ocasión de
la oposición entre el imperativo legal que tiene la entidad financiera de
redenominar los créditos otorgados en UPAC o en pesos a UVR y la limitación
constitucional que se impone frente a la falta de aquiescencia del deudor para
que proceda en tal sentido.
En el presente caso, este deber no se
cumplió pues el actor señala en la acción de tutela que no fue informado por la
entidad bancaria de la reliquidación de su crédito ni de las consecuencias que
de tal operación derivarían hacía el futuro, razón por la cual se encuentra en
la actualidad a punto de perder su vivienda de manera definitiva. A pesar que
la entidad bancaria afirma haber realizado la notificación respectiva, en el
expediente no existe prueba de que dicha notificación se haya efectuado. Este
proceder generó la violación del derecho al debido proceso del actor, quien no
tuvo la oportunidad de ejercer los recursos que el ordenamiento le otorga a
efectos de garantizar sus derechos, violación que en el marco del proceso
ejecutivo hipotecario no fue reconocida por los jueces de instancia, los cuales
a su vez incurrieron en vía de hecho por desconocimiento del precedente
judicial, que ha establecido que constituye una violación al debido proceso del
deudor modificar unilateralmente las condiciones del crédito de vivienda
inicialmente pactadas.
Por lo anterior, el amparo solicitado por el
accionante resulta procedente, y la Sala deberá revocar las sentencias
proferidas por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, el 8 de octubre de 2010, y por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, el 12 de noviembre de 2010, que declararon
improcedente el amparo. Además, ordenará al banco  BBVA, actual propietario del
crédito, que dentro de los diez días siguiente a la notificación de la presente
sentencia, informe al señor Germán Reyes González su situación, relacionando
con claridad, certeza y de manera comprensible los procedimientos de
reliquidación y redenominación de créditos, a fin de que pueda formular
reclamos, solicitar y presentar pruebas e interponer recursos; de acuerdo con
las normas legales y la sentencia C-955 de 2000 de esta Corporación.
Además, la sala ordenará dejar sin efectos las
sentencias proferidas por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Tunja del 19 de
junio de 2008 que ordenó la venta en pública subasta del inmueble dado en
garantía hipotecaria -con matrícula inmobiliaria No. 070-85574, ubicado en la
carrera 4 No. 6A-33, Urbanización Bochica, manzana D, de la ciudad de Tunja-, y
por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, del 18 de febrero de 2009,
que la confirmó; y suspender la exigibilidad del crédito hipotecario contraído
por el señor Germán Reyes González con el banco BVBA hasta que se profiera
sentencia de fondo, sin perjuicio i) de la obligación del deudor de conservar
la garantía y de atender, por consiguiente, oportunamente, las cuotas
periódicas atinentes al contrato de seguro, y ii) del derecho del banco BVBA de
solicitar las medidas conservatorias de la garantía hipotecaria, que sean del
caso.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión del término decretada para decidir el presente asunto.
Segundo.- CONFIRMAR
las sentencias proferidas por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior
de Bogotá, el 10 de agosto de 2010, y por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, el 6 de septiembre de 2010, que declararon improcedente la
acción de tutela pero por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
Tercero.- REVOCAR las sentencias proferidas por la Sala Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 8 de octubre de 2010, y por la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de noviembre de 2010,
que declararon improcedente la acción de tutela. En su lugar, ORDENAR que
el Banco BBVA, dentro de los diez días siguiente a la notificación de la presente
sentencia, informe al señor Germán Reyes González su situación crediticia,
relacionando con claridad, certeza y de manera comprensible los procedimientos
de reliquidación y redenominación de créditos, a fin de que pueda formular
reclamos, solicitar y presentar pruebas e interponer recursos, de acuerdo con
las normas legales y la sentencia C-955 de 2000 de esta Corporación.
Cuarto.- Dejar
sin efectos las sentencias proferidas por el Juzgado Sexto Civil Municipal de
Tunja del 19 de junio de 2008 que ordenó la venta en pública subasta del
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 070-85574, ubicado en la carrera 4 No.
6A-33, Urbanización Bochica, manzana D, de la ciudad de Tunja, dado en garantía
hipotecaria, y por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, del 18 de
febrero de 2009, que la confirmó; y suspender la exigibilidad del crédito
hipotecario contraído por el señor Germán Reyes González con el banco BVBA
hasta que se profiera sentencia de fondo, sin perjuicio i) de la obligación del
deudor de conservar la garantía y de atender oportunamente, las cuotas
periódicas atinentes al contrato de seguro, y ii) del derecho del banco BVBA de
solicitar las medidas para conservar la garantía hipotecaria, que sea del caso.
Quinto.-
LÍBRENSE las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con permiso
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 57 del cuaderno original.
[2]  La demanda fue admitida
mediante Auto del 31 de agosto de 2006. Ver folio  No. 3 del cuaderno de
primera instancia.
[3] Código de Procedimiento Civil. “ARTÍCULO
427. ASUNTOS QUE COMPRENDE. <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral
231 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Se tramitarán
en proceso verbal por el procedimiento consagrado en este Capítulo, los
siguientes asuntos: // 8. Reducción o pérdida de intereses pactados, o fijación
de los intereses corrientes, salvo norma en contrario. // (…).”
[4] Ley 546 de 1999. “ARTICULO 17. CONDICIONES
DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA INDIVIDUAL. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
primero de la presente ley, el Gobierno Nacional establecerá las condiciones de
los créditos de vivienda individual a largo plazo, que tendrán que estar
denominados exclusivamente en UVR, de acuerdo con los siguientes criterios
generales: // (…) // 2. Tener una tasa de interés remuneratoria, calculada
sobre la UVR, que se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse. Dicha
tasa de interés será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las
partes acuerden una reducción de la misma y deberán expresarse única y
exclusivamente en términos de tasa anual efectiva. // (…).” Numeral declarado
condicionalmente exequible por la sentencia C-955 de 2000 (MP. José Gregorio
Hernández Galindo. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa y SPV.
Álvaro Tafur Galvis).
[5] Ley 546 de 1999. “ARTICULO
40. INVERSION SOCIAL PARA VIVIENDA. Con el fin de contribuir a hacer
efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas
previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes
que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la
financiación de vivienda individual a largo plazo y para contribuir a la
formación del ahorro que permita formar la cuota inicial de los deudores que
hayan entregado en dación en pago sus viviendas, en los términos previstos en
el artículo 46. //  PARAGRAFO 1o. Los abonos a que se refiere el
presente artículo solamente se harán para un crédito por persona. Cuando quiera
que una persona tenga crédito individual a largo plazo para más de una
vivienda, deberá elegir aquel sobre el cual se hará el abono e informarlo al o
a los respectivos establecimientos de crédito de los cuales sea deudor. Si
existiera más de un crédito para la financiación de la misma vivienda, el abono
podrá efectuarse sobre todos ellos. En caso de que el crédito haya sido
reestructurado en una misma entidad, la reliquidación se efectuará teniendo en
cuenta la fecha del crédito originalmente pactado. // (…).”
[6] MP. José Gregorio Hernández
Galindo. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa y SPV. Álvaro
Tafur Galvis).
[7] Ley 45 de 1990, “Por la cual
se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la
actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras
disposiciones.” ARTICULO
72. SANCION POR EL COBRO DE INTERESES EN EXCESO. Cuando se cobren
intereses que sobrepasen los límites fijados en la Ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso,
remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto
igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las
sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una
suma igual al exceso, a título de sanción.”
[8] Folios 9 y 10 del cuaderno de
primera instancia.
[9] “Por la cual se dictan normas en
materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los
cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema
especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a
dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros
costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden
otras disposiciones.”
[10] MP. José Gregorio Hernández
Galindo. Constancia suscrita por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y José
Gregorio Hernández Galindo; SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo
Mesa; y SPV. Álvaro Tafur Galvis).
[11] Folio No. 11 del cuaderno No. 5
correspondiente al proceso ejecutivo hipotecario.
[12] Folio 103 del cuaderno No. 1.
[13] MP. José Gregorio Hernández
Galindo.
[14] En la Sentencia C-557 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), se consideró al respecto lo
siguiente: “Si bien el control de constitucionalidad de las normas es un
control abstracto porque no surge de su aplicación en un pro­ceso particular,
ello no significa que el juicio de exequibilidad deba efectuarse sin tener en
cuenta el contexto dentro del cual la norma fue creada (i.e. su nacimiento), y
dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha vi­vido). En fin: en buena
medida, el sentido de toda norma jurídica depende del contexto dentro del cual
es aplicada. || Ahora, dentro de las múltiples dimensiones de ese contexto
–bien sea la lingüística, que permite fijar su sentido natural, o bien la
sociológica, que hace posible apreciar sus funciones reales- se destaca la
actividad de los expertos que han interpretado los conceptos técnicos que ella
contiene y que los han aplicado a casos concretos. Obviamente, esos expertos
son los jueces y los doctrinantes especializados en la materia tratada en la
norma; dentro de ellos, una posición preeminente la ocupan los órganos
judiciales colegiados que se encuentran en la cima de una jurisdicción. Así lo
ha establecido la Constitución al definir al Consejo de Estado como “tribunal supremo de lo contencioso administrativo” (art. 237- 1 de la CP) y a la Corte Suprema de Justicia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”
(art. 234 de la CP). Por lo tanto, la jurisprudencia de ambos órganos es un
referente indispensable para apreciar el significado viviente de las normas
demandadas. Al prestarles la atención que su ubicación institucional exige, la Corte Constitucional está valorando su labor hermenéutica dentro de un mismo sistema
jurídico. Obviamente, cuando no exista jurisprudencia sobre las normas objeto
del control constitucional, la Corte Constitucional tendrá que acudir a otras fuentes del derecho para interpretar los artículos demandados.”
[15] Sentencia C-037 de 1996 (MP.
Vladimiro Naranjo Mesa).
[16] MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Al
controlar el proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia, la Corte evaluaba la constitucionalidad del artículo 66, que contemplaba la posibilidad de
condenar al Estado por ‘error jurisdiccional’. La Corte señaló que no cabía predicar responsabilidad del estado por cualquier error
jurisdiccional, sino sólo por la que constituyera una actuación subjetiva,
arbitraria, caprichosa y violatoria del derecho al debido proceso. Y que frente
de las decisiones de las altas Cortes o de los tribunales supremos de cada
jurisdicción no cabría predicar el ‘error jurisdiccional’. Pero hizo énfasis en
que la Corte Constitucional, por ser el intérprete máximo de los derechos
constitucionales fundamentales, podía controlar las decisiones judiciales que
se apartaran groseramente del Derecho.
[17] MP. Vladimiro Naranjo Mesa. En
esta providencia, la Corte evaluaba la validez de una norma que prohibía
categóricamente la procedencia de acciones ante los jueces, contra los actos de
las Superintendencias en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales. La Corporación estimó que una exclusión así de categórica violaba el texto de la Carta, pues el artículo 86 contemplaba la posibilidad de que un acto como el estudiado,
cuando violara derechos fundamentales, podía ser cuestionado por vía de la
acción de tutela.
[18] MP. Eduardo Montealegre Lynett. En esta
Sentencia, la Corporación afirmó que “[l]a Corte Constitucional ha
construido una nutrida línea de precedentes en materia de tutela contra
providencias judiciales, bajo las condiciones particulares de lo que se ha
denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en particular
hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Baste considerar que sus
elementos básicos fueron fijados en la Sentencia T-231 de 1994 [MP.  Eduardo Cifuentes Muñoz], en la que se señaló que existe vía de
hecho cuando se observan algunos de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico,
fáctico y procedimental.”
[19] MP Manuel José Cepeda Espinosa.
En esta ocasión, si bien la Corte no revocó una sentencia adoptada por la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, reiteró la doctrina sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en caso de que con ella se
infringieran derechos fundamentales, como consecuencia de una interpretación
caprichosa y arbitraria del Derecho objetivo aplicable.
[20] MP. Jaime Córdoba Triviño. En
este caso,  la Corte  estudió la constitucionalidad de una norma del Código de
Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la acción de tutela contra
los fallos dictados por las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia. La Corte consideró que esa limitación contrariaba no sólo la Constitución, sino además los precedentes de esta Corte, que nunca han deshecho completamente
la posibilidad de impetrar el amparo contra actuaciones ilegítimas de las
autoridades judiciales, así revistan el nombre de providencias.
[21] MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En
esa ocasión, la Corte decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de acción de tutela
estudiado, mediante el cual confirmó la decisión que había adoptado el juez de
tutela de primera instancia (Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena).
Para la Sala de Casación Civil fue evidente la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso de la accionante, ya que las declaraciones
allegadas al expediente del proceso acusado, no podían ser fundamento de la
decisión por haber sido rendidas como versiones libres y espontáneas y no bajo
la gravedad del juramento, según las exigencias de los artículos 175 CPC y 55
del Código del Menor. La Corte Suprema había aducido, por lo demás, que las
pruebas testimoniales debían ser ordenadas mediante auto del funcionario
instructor, con el fin que contra ellas fuera posible ejercer el derecho de
contradicción.
[22] MP. Vladimiro Naranjo Mesa. La Corte, en esta oportunidad, consideró procedente confirmar la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán, de conceder el amparo solicitado contra una
providencia judicial, por haber sido quebrantado el derecho fundamental al
debido proceso al negar el recurso de apelación bajo el entendimiento de que
faltaba un requisito inexistente en el Código de Procedimiento Civil. En la
providencia, el Tribunal Superior de Popayán invocó una doctrina sobre
quebrantamiento del debido proceso por providencias judiciales, que aceptaba la Corte Suprema de Justicia.
[23] MP. José Gregorio Hernández
Galindo.
[24] Ver entre otras, las Sentencias T-774 de 2004
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y  T-200 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández). En la Sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), por
ejemplo,  la  Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar
correctamente la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada
suplantación, constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está
satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.”
En la Sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte sostuvo lo siguiente: “(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de
vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado
en la jurisprudencia constitucional.  La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la
noción de vía de hecho”. Actualmente no “(...) sólo se trata de los
casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad).  Debe advertirse que esta corporación ha señalado
que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades
discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad
hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable.  Lo razonable está
condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución”.
[25] Un ejemplo de ello, es la vía de hecho por
consecuencia que se explica mejor más adelante. Ver al respecto las Sentencias
SU-014 de 2001 (MP. Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar
Gil);  T-1180 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[26]  Sentencia C-590 de 2005 (MP.
Jaime Córdoba Triviño).
[27] Sentencia T-377 de 2009 (MP.
María Victoria Calle Correa).
[28] Véase, al respecto, la Sentencia T-231 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) en la cual la Corte tipificó algunos de los defectos en que pueden incurrir las providencias judiciales,
con la virtualidad de afectar derechos fundamentales. Más adelante la Corte, en la Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), sistematizó la
jurisprudencia en torno a la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias.
[29] Sentencia T-202 de 2009 (MP.
Jorge Iván Palacio Palacio). La Corte no concedió una tutela contra sentencias,
porque el peticionario no agotó todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial en el curso del proceso ordinario, sino que lo asumió con
actitud de abandono.
[30] Sentencia T-743 de 2008 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa). La Corte analizó algunos de los argumentos que
podrían justificar una relativa tardanza en la interposición de la tutela.
[31] Sentencia T-282 de 2009 (MP.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En ella la Corte recordó la improcedencia de la tutela contra providencias de tutela.
[32] MP. Jaime Córdoba Triviño.
[33] Defecto material y sustantivo: “Son
los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
[T-522 de 2001] o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.”
[34] Defecto fáctico: “Surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.”
[35] Defecto orgánico: “Se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada
carece, absolutamente, de competencia para ello”
[36] Defecto procedimental: “Se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.”
[37] Error inducido: “Se presenta
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.”
[38] Decisión sin motivación: “Implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.”
[39] Desconocimiento del precedente:
“Esta hipótesis se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos, la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”
[40] Para ver recopilaciones
recientes de la jurisprudencia constitucional al respecto ver, entre otras, la
sentencia T-1276 de 2005 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) [citada
previamente]; la sentencia T-910 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) [en
este caso se resolvió, entre otras cosas, dejar sin efecto las sentencias
disciplinarias dictadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, acusadas dentro del proceso, en las cuales se
decidió sancionar a la accionante con la pena de suspensión por el término de
un mes]; la Sentencia T-1029 de 2008 (MP. Mauricio González Cuervo) [previamente citada]; la sentencia
T-1065 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) [en este caso se resolvió,
entre otras cosas, dejar sin efectos la sentencia emitida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Laboral, el día trece (13) de
septiembre de dos mil cinco (2005), dentro del proceso estudiado]; la Sentencia T-1094 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) [en este caso se resolvió negar el
amparo constitucional solicitado por el accionante, propuesto contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia].
[41] Recientemente la Corte Constitucional ha aplicado la jurisprudencia constitucional sobre procedencia de
acciones de tutela contra providencias judiciales, tal como fue recogida en la Sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño) en diferentes ocasiones. Entre otras,
pueden consultarse las siguientes sentencias:  la T-156 de 2009 (MP. Luís Ernesto Vargas Silva) [en este caso se resolvió dejar sin efectos una
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar]; la T-425 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) [en este caso se resolvió dejar sin
efectos un numeral de la parte resolutiva de una sentencia del Consejo Superior
de la Judicatura, Sala Jurisdiccional]; la T-594 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio) [en este caso se resolvió negar una tutela contra un fallo
proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia]; la T-675 de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa) [en este caso
se resolvió dejar sin efectos un fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín]; y la T-736 de 2009 (MP. Juan Carlos Henao Pérez) [en este caso se resolvió dejar sin efectos un fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca].
[42] Sentencia T-774 de 2004  (MP.  Manuel José
Cepeda Espinosa).
[43] Sentencia SU-120 de 2003 (MP. Álvaro Tafur
Galvis).
[44] Ha sido derogada o declarada inexequible.
[45] Sentencia T-292 de 2006. (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[46] Sentencia SU-1185 de 2001. (MP. Rodrigo
Escobar Gil).
[47] En la Sentencia T-1031 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los
precedentes aplicables al caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa
se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados”.
Pueden verse, además, las Sentencias T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández) y T-567 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[48] Pueden verse las Sentencias T-1031 de 2001
(MP. Eduardo Montealegre Lynett) y la Sentencia T-047 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En estos casos, si bien el  juez
de la causa es quien le fija el alcance a la norma que aplica, no puede hacerlo
en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera
que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe
forzosamente acoger aquél que se ajuste a la Carta política.
[49] Sentencia T-114 de 2002 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett). Ver también la Sentencia T- 1285 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
[50] Ver la Sentencia T-292 de 2006. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). También las Sentencias SU-640 de
1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-462 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett).
[51] Sentencia T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés
Vargas). En la Sentencia T-193 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz), esta
Corporación señaló: "Es razonable exigir, en aras del principio de
igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que
consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial
trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de
manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían
infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de
infracción a la Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse  la Sentencia T-949 de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).
[52] Sobre el tema pueden consultarse además, las
Sentencias SU-1184 de 2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett) y T-047 de 2005
(MP. Clara Inés Vargas). En la Sentencia T-522 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte señaló que: “es evidente que se desconocería y
contraven­dría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medi­das
de aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces
especializados”, razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría
que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad.
[53] En la Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell), la Corte concedió la tutela contra una sentencia, porque en ella el juez “ignoró, sin motivo serio alguno, la
realidad probatoria objetiva que mostraba el proceso”, siendo que, de
haberla tenido en cuenta, razonablemente se habría tenido que tomar una
decisión diferente.
[54] Véase la citada Sentencia C-590
de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño). Se refiere específicamente a fallar sin
las pruebas suficientes.
[55] La Corte en la Sentencia T-417 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) tuteló los derechos fundamentales de
la peticionaria, que habían sido violados por providencias judiciales que
omitieron decretar de oficio una prueba pericial, en un supuesto en que estaban
habilitados por la ley.
[56] En la Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte no concedió la tutela contra una sentencia penal, porque la prueba ilícitamente
obtenida no era la única muestra de culpabilidad del condenado. Pero consideró
que había un defecto fáctico cuando el juez “aprecia pruebas que no ha
debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C.P.).”.
[57] En la Sentencia T-1082 de 2007 (MP. Humberto Sierra Porto) prosperó una tutela contra providencia
judicial, porque había declarado la existencia de un contrato de arrendamiento
partiendo de una prueba que no era aceptada por la ley como conducente para
esos efectos.
[58] Sentencia T-774 de 2004 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[59] Sentencia SU-1185 de 2001 (MP. Rodrigo
Escobar Gil).
[60] En la Sentencia SU-158 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) se consideran que este tipo de
defecto puede producirse, a título de ejemplo, cuando se pretermiten eventos o
etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías
que se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, no:
(i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad
de contar con la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea
necesario -, ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las
pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les
comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el
mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez,
que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas.”
[61] Ver entre otras las Sentencias SU-014 de 2001
(MP. Martha Sáchica Méndez); T-407 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil);  T-1180
de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[62]  Sentencia T-1285 de 2005 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández).
[63] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[64] MP. Jairo Charry Rivas.
[65] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
SV. Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araújo Rentería. En
esta ocasión, la Corte estudiaba una tutela contra una sentencia, acusada de
incurrir en una vía de hecho, por haber derivado una conclusión indispensable
para la parte resolutiva de una prueba obtenida, según el tutelante, violando
derechos fundamentales del procesado. Para decidir, la Corporación  efectuó un recuento amplio y una delimitación suficiente de cada defecto.
[66] MP. Jairo Charry Rivas.
[67] Sobre el particular, además de
la ya citada Sentencia C-231 de 1994, pueden consultarse, entre varias, las
Sentencias T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-984 de 1999 (MP.
Alfredo Beltrán Sierra).
[68] Véase, la  Sentencia T-522 de 2001 (MP. Manuel
José Cepeda Espinosa). Para la Corte “es evidente que se desconocería y
contravendría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medi­das
de aseguramiento a los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces
especializados”, razón por la cual el juez, al constatar su existencia,
tendría que haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad.
[69] Véase, Sentencia SU-1722 de 2000
(MP. Jairo Charry Rivas). Tal es el caso por ejemplo de todas las decisiones
judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio in pejus”.
[70] Véanse, por ejemplo, las
Sentencias T-804 de 1999 (MP. Antonio Barrera Carbonell) y C-984 de 1999 (MP.
Alfredo Beltrán Sierra).
[71] MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[72] MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[73] Sentencia T-949 de 2003 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett), citada.
[74] MP.
Jaime Córdoba Triviño. Expresamente dijo la Corte: “En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. || a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. || b.
Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido. || c.  Defecto fáctico,
que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. || d. Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión. || f. Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. || g.
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. || h.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado. || i.  Violación directa de la Constitución” (Subrayas fuera
del texto).
[75] MP. Luís Ernesto Vargas Silva.
Finalmente, la Corte señaló en esa providencia que la sentencia cuestionada no
había incurrido en una violación directa de la Constitución, como lo sostenía la tutela del implicado.
[76] Ibídem.
[77] Sentencia T-588 de 2006 (MP.
Jaime Araújo Rentería).
[78] Ver entre otras la reciente
sentencia T-315 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[79] Sentencia C-590 de 2005 (MP.
Jaime Córdoba Triviño).
[80] Sentencia T-575 de 2002 (MP. Rodrigo
Escobar Gil). Ver también, sentencias T-543 de 1992 (MP. José Gregorio
Hernández Galindo) y T-570 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández). En la
primera de estas sentencias, la Sala advirtió: “(...) la Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento
jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: ...la segunda,
puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación
urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y
actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la
acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los
procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la
fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de
instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su
consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en
orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.”
[81] MP. Vladimiro Naranjo Mesa. Ver
también las sentencias  T-654 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) y
T-387 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[82] Sentencia T-587 de 2007 (MP.
Nilson Pinilla Pinilla).
[83] Sentencia SU-961 de 1999 (MP.
Vladimiro Naranjo Mesa).
[84] Sentencias T-814 de 2004 (MP.
Rodrigo Uprimny Yepes), T-243 y T-743 de 2008 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[85] Sentencia T-013 de 2005 (MP.
Rodrigo Escobar Gil); T-1040 de 2005 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra);  T-587
de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla); T-825 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa); T-401 de 2009 (MP. Luís Ernesto Vargas Silva); T-590 de 2010 (MP.
Mauricio González Cuervo).
[86] En primera instancia se
pronunció el Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá por fallo del 18
de junio de 2009, declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la
entidad demandada y denegó todas las pretensiones de la demanda. En segunda
instancia, el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, mediante
sentencia del 13 de octubre de 2009 confirmó la decisión.
[87] Sentencia T-033 de 2010 (MP.
Jorge Iván Palacio Palacio.  AV. Nilson Pinilla Pinilla).
[88] Folio 19  del cuaderno No. 2.
[89] Sentencia C-590 de 2005 (MP.
Jaime Córdoba Triviño).
[90] Ley 546 de 1999. “ARTICULO 17. CONDICIONES
DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA INDIVIDUAL. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
primero de la presente ley, el Gobierno Nacional establecerá las condiciones de
los créditos de vivienda individual a largo plazo, que tendrán que estar
denominados exclusivamente en UVR, de acuerdo con los siguientes criterios
generales: // (…) // 2. Tener una tasa de interés remuneratoria, calculada
sobre la UVR, que se cobrará en forma vencida y no podrá capitalizarse. Dicha
tasa de interés será fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las
partes acuerden una reducción de la misma y deberán expresarse única y
exclusivamente en términos de tasa anual efectiva. // (…).” Numeral declarado
condicionalmente exequible por la sentencia C-955 de 2000 (MP. José Gregorio
Hernández Galindo. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa y SPV.
Álvaro Tafur Galvis).
[91] Ley 546 de 1999. “ARTICULO
40. INVERSION SOCIAL PARA VIVIENDA. Con el fin de contribuir a hacer
efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas
previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que
hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la
financiación de vivienda individual a largo plazo y para contribuir a la
formación del ahorro que permita formar la cuota inicial de los deudores que
hayan entregado en dación en pago sus viviendas, en los términos previstos en
el artículo 46. // PARAGRAFO 1o. Los abonos a que se refiere el presente
artículo solamente se harán para un crédito por persona. Cuando quiera que una
persona tenga crédito individual a largo plazo para más de una vivienda, deberá
elegir aquel sobre el cual se hará el abono e informarlo al o a los respectivos
establecimientos de crédito de los cuales sea deudor. Si existiera más de un
crédito para la financiación de la misma vivienda, el abono podrá efectuarse
sobre todos ellos. En caso de que el crédito haya sido reestructurado en una
misma entidad, la reliquidación se efectuará teniendo en cuenta la fecha del
crédito originalmente pactado. // (…).”
[92] MP. José Gregorio Hernández
Galindo. SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa y SPV. Álvaro
Tafur Galvis).
[93] Ley 45 de 1990, “Por la cual
se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la
actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras
disposiciones.” ARTICULO
72. SANCIÓN POR EL COBRO DE INTERESES EN EXCESO. Cuando se cobren
intereses que sobrepasen los límites fijados en la Ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses cobrados en exceso,
remuneratorios, moratorios o ambos, según se trate, aumentados en un monto
igual. En tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las
sumas que haya cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una
suma igual al exceso, a título de sanción.”
[94] “Por la cual se dictan normas en
materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los
cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema
especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a
dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros
costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden
otras disposiciones.”
[95] MP. José Gregorio Hernández
Galindo. Constancia suscrita por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y José
Gregorio Hernández Galindo; SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo
Mesa; y SPV. Álvaro Tafur Galvis).
[96] “Por la cual se dictan normas en
materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los
cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema
especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a
dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros
costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden
otras disposiciones.”
[97] DTF son las iniciales de depósitos
a término fijo. La DTF es una tasa o porcentaje utilizada en el sistema
financiero. Se calcula como el promedio ponderado de las diferentes tasas de
interés de captación utilizadas por los bancos, corporaciones financieras,
corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial para
calcular los intereses que reconocerán a los certificados de depósito a término
(CDT) con duración de 90 días. www.banrepcultural.org
[98] Superintendencia Financiera de
Colombia. Concepto 2008029581-001, 6 de junio de 2008.
www.superfinanciera.gov.co
[99] Sentencia T-156 de 2010 (MP.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En sentido similar se pueden consultar también
las sentencias  T-197 de 1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); T-1041 de 2001 (MP.
Álvaro Tafur Galvis); T-585 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); y T-304
de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo), entre otras.
[100] Ver, entre otras, las sentencias
T-575 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-900 de 2004 (MP. Jaime Córdoba
Triviño); T-403 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda  Espinosa); T-495 de 2005 (MP.
Rodrigo Escobar Gil); T-909 de 2006 (MP.  Manuel José Cepeda Espinosa); y
T-1009 de de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández. SV. Jaime Araújo Rentería).
[101] MP. Clara Inés Vargas Hernández.
SV. Jaime Araújo Rentería.
[102] Sentencia T- 700A de 2006 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[103] Sentencia SU-961 de 1999 (MP. Vladimiro
Naranjo Mesa). Cfr. entre otras, sentencias Sentencia T-419 y T-771 de 2006
(MP. Jaime Córdoba Triviño).
[104] La sentencia de segunda
instancia, fue proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, el
18 de febrero de 2009, y la acción de tutela fue interpuesta el 23 de
septiembre de 2010.
[105] Folios 77 y 78, cuaderno 1.
[106] Folios 77 y 78, cuaderno 1.
[107] Sentencias T-822 de 2003 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra); T-793 de 2004 (MP. Jaime Araujo Rentería); T-212
de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa); T-1157 de 2005 (MP. Alfredo Beltrán
Sierra);  T-207 de 2006 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[108] MP. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[109] Sentencia C-700 de 1999 (MP.
José Gregorio Hernández Galindo).
[110]
“Por la cual se
dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios
generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un
sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro
destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los
impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda
y se expiden otras disposiciones.”
[111] Sentencia T-207 de 2006 (MP. Humberto Antonio
Sierra Porto).
[112] Sentencia T-186 de 2007 (MP.
Álvaro Tafur Galvis).
[113] Esta disposición fue objeto de
análisis por parte de la Corte Constitucional que la declaró  conforme a la Carta Política mediante sentencia C-955 de 2000, al considerar que el deber en
ella consagrado, era una consecuencia del cambio de sistema de financiación de
los créditos de vivienda a largo plazo que repercutía necesariamente sobre los
contratos de mutuo cuya ejecución estaba en curso.
[114] Sentencia T-207 de 2006 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[115] MP. Marco Gerardo Monroy Ca­bra.
En esta sentencia, la Sala Sexta de Revisión se pronunció sobre las acciones de
tutela promovidas por varios deudores a quienes el Fondo Nacional de Ahorro no
les notificó la reliquidación y redenominación del crédito otorgado para
adquirir vivienda, que había sido pactado inicialmente en pesos colombianos y
que fue convertido a UVR. La sala concluyó que el Fondo Nacional del Ahorro
vulneró el derecho al debido proceso de los actores porque tenía la obligación
de informar a sus deudores de vivienda todos y cada uno de los pasos dentro de
los procedimientos de reliquidación y redenominación de créditos, a fin de que
los deudores quedaran amparados por el principio de publicidad que les permite
ejercer su derecho a formular reclamos, solicitar y presentar pruebas, e
interponer recursos.
[116] MP. Jaime Araujo Rentería. En
esta ocasión, la Corte analizó el caso  de un deudor hipotecario al  que el
Fondo Nacional del Ahorro modificó unilateralmente las condiciones estipuladas
en el acuerdo inicial aumentando sustancialmente el plazo para pagar como
resultado de la variación  del régimen de pago, originalmente pactado en pesos,
y reliquidado por la entidad de acuerdo con el sistema UVR. Esta actuación, en
opinión del actor, lo coloca en riesgo de hallarse, en un momento dado, en la
imposibilidad de efectuar los pagos y, por consiguiente, de perder su vivienda
que se encuentra hipotecada en favor del mismo Fondo Nacional.
[117] MP. Álvaro Tafur Galvis. Esta acción de
tutela fue instaurada por el cónyuge de una persona que es titular de un
crédito hipotecario otorgado por el Fondo Nacional de Ahorro, víctima del
delito de secues­tro. En este caso las condiciones del crédito hipotecario
fueron cambiadas de manera unilateral por la entidad.
[118] Sentencia T-212 de 2005 (MP.
Álvaro Tafur Galvis). Además se pueden consultar las sentencias T-822 de 2003
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra);  T-357 de 2004 (MP. Alfredo Beltrán Sierra);
T-793 de 2004 (MP. Jaime Araújo Rentería); T-611 de 2005 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra); T-652 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[119] Sentencias T-822 de 2003
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra); T-357 de 2004 (MP. Alfredo Beltrán Sierra); y
T-212 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[120] Sentencia T-207 de 2006 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[121] En las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en las sentencias T-793 de 2004, T-611 de 2005, T- 626 de 2005,  T-652
de 2005, T- 1092 de 2005, esta Corporación ordenó a las entidades financieras
-que habían efectuado modificaciones a los créditos sin consultar con los
deudores-, restablecer los créditos a las condiciones inicialmente pactadas.
Igualmente, agregó que en el evento en que fuera necesario efectuar un cambio
en las cláusulas contractuales y el deudor no hubiese manifestado su
aquiescencia, la entidad financiera podía acudir ante el juez competente  con
el fin de dirimir la controversia contractual.
[122] Sentencia T-391 de 2006 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[123] Sentencia T-822 de 2003 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra).