T-875-09
Sentencia T-875/09
Sentencia T-875/09
(Noviembre 27; Bogotá D.C.)
DERECHO AL
MINIMO VITAL Y MOVIL-Trabajadores tienen derecho al incremento anual de su
salario/DERECHO A LA MOVILIDAD DEL SALARIO-Cobija a toda clase de
remuneración, no solo al salario mínimo
TRABAJADOR
SINDICALIZADO DEL CUERPO DE BOMBEROS-Recibe un salario inferior al mínimo y
no le han realizado aumento desde el año 2006
LIBERTAD DE
ASOCIACION SINDICAL Y DERECHO A LA IGUALDAD DE TRABAJADOR SINDICALIZADO-Trato
discriminatorio por parte del empleador al crear beneficios para
trabajadores no sindicalizados
DERECHOS
SALARIALES DE TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS-No pueden esperar hasta la
decisión de un laudo arbitral en la que no se sabe cuales pretensiones
resultarán favorables y cuales no
Resulta claro para esta Sala,
que la vulneración de los derechos del actor no desaparece por el hecho de que
un tribunal de arbitramento eventualmente esté llamado a resolver las
pretensiones laborales de los trabajadores sindicalizados, toda vez que
mientras se espera a que se produzca el laudo arbitral que es una decisión
incierta porque no existe seguridad de cuáles pretensiones laborales serán
resueltas favorablemente y cuales no, el actor sigue en condiciones de
desigualdad respecto de los demás trabajadores no sindicalizados a quienes si
les han realizado los aumentos salariales y a quienes mediante un pacto
colectivo pretenden concederles beneficios que no tienen los sindicalizados,
presionando con ello a que se retiren del sindicato, tal como lo afirma el
actor en su demanda que la deserción ha llegado al 50% de sus miembros,
desestimulando con ello la afiliación a los sindicatos y vulnerándose por ende
los derechos a la igualdad y libertad de asociación sindical. Por lo anterior, la
acción de tutela deberá concederse como mecanismo definitivo pues independiente
de la decisión de un tribunal de arbitramento o de un laudo arbitral, los
salarios de los trabajadores no pueden estar por debajo del mínimo legal como
ocurre en el presente caso y menos aún por un lapso de tres años, vulnerándose
así el mínimo vital y móvil del actor.
SINDICATO-Titularidad
para interponer tutela/LEGITIMACION POR ACTIVA DEL SINDICATO-Se requiere
que se actúe a nombre de este y se acredite su representación legal
De otra
parte, la entidad accionada manifestó que el Presidente del Sindicato en su
condición de representante legal, interpuso una acción de tutela[1],
solicitando en su pretensión la nivelación salarial de “todos los trabajadores
sindicalizados”, es decir que estaba actuando en representación de los mismos.
No obstante lo anterior, tal como lo afirma el Juzgado[2]
que conoció de la tutela interpuesta por el Presidente del sindicato, esta fue
instaurada a nombre propio y como lo ha dicho la Corte en varias de sus
sentencias[3] para que proceda la
protección de los derechos colectivos que correspondan al sindicato, se
requiere que se actúe a nombre de él y que se acredite la representación legal
de la persona jurídica del sindicato, circunstancia que no ocurrió en aquel
caso.
Referencia: expediente T-2.337.980.
Accionante: Carlos Arturo García Gironza.
Accionado: Cuerpo de Bomberos Voluntario de Cali.
Fallo objeto de revisión: sentencia del Juzgado
Veintitrés Penal Municipal de Depuración de Cali (no impugnada).
Magistrados de la Sala Quinta de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES.
1. Demanda y pretensión.
1.1.
Elementos de la Demanda.
- Derechos fundamentales
invocados: El accionante interpuso acción de tutela en contra del Cuerpo de
Bomberos Voluntario de Cali[4], al considerar que éste
ha vulnerado sus derechos fundamentales al trabajo, vida digna, dignidad
humana, igualdad, mínimo vital y móvil, derecho de negociación y asociación
sindical.
- Conducta que causa la vulneración: El no reajuste del salario por parte de la entidad accionada al actor,
quien se desempeña como guardia permanente, es trabajador sindicalizado y viene
devengando un salario inferior al mínimo desde enero de 2006, sin obtener
incremento alguno durante los últimos tres años, lo que ha causado graves
perjuicios a él y a su familia.
- Pretensión: Ordenar a la
entidad accionada reconocer y pagar el incremento salarial correspondiente a
los años 2007, 2008, 2009 y se conmine a la entidad para que en lo sucesivo se
abstenga de vulnerar los derechos fundamentales.
1.2. Fundamento de la pretensión.
El
accionante fundamenta su pretensión con las siguientes afirmaciones y medios de
prueba:
1.2.1.
Manifestó en el escrito de tutela, que viene laborando en el Cuerpo de Bomberos
Voluntario de Cali, devengando en la actualidad un salario inferior al mínimo.
Expresó, que dicha asignación la viene recibiendo desde  el año 2006  sin que
le hayan realizado incremento salarial alguno durante los años 2007 a 2009.
Para probar lo anterior aportó:
-Copia
de los recibos del pago del salario, correspondiente a los años 2007 a 2009[5].
1.2.2.
Consideró el peticionario, que cualquier asignación debe tener un incremento de
acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) o, de conformidad con el
incremento decretado por el Gobierno Nacional, pues de lo contrario se estaría
desconociendo la Carta Política, el Código Sustantivo del Trabajo, la reiterada
jurisprudencia de las Altas Cortes y los Convenios Internacionales de la OIT.
1.2.3.
Reseñó igualmente, que en la empresa existe un Pacto Colectivo para los
trabajadores no sindicalizados que establece un incremento salarial únicamente
para ellos, aumento que se les ha realizado durante los años 2007 a 2009. Para
probarlo anexó:
-
Copia del Pacto Colectivo de Trabajo suscrito entre el Benemerito Cuerpo de
Bomberos Voluntario de Cali y los Trabajadores no sindicalizados de la
Institución[6]
1.2.4.
Adujo igualmente en su escrito, que en reiteradas oportunidades se le ha
solicitado a la entidad accionada el correspondiente incremento salarial,
recibiendo una respuesta negativa. Que en la actualidad se encuentra sufriendo
una difícil situación económica, toda vez que con su exiguo salario, no puede
cumplir con sus obligaciones como jefe de hogar causándole con ello graves
perjuicios.
1.2.5.
Sostuvo, que se le está discriminando con relación a los demás trabajadores no
sindicalizados, quienes sí han recibido su incremento salarial año a año,
causándose con ello una desigualdad. Agregó que el no reajuste, no se debe a
problemas económicos de la institución, toda vez que los aumentos se les
hicieron a los trabajadores no sindicalizados, lo que significa que no hay
excusa para no realizarlo. Para corroborarlo anexó:
-Copia
de recibos de pago de salarios a compañeros suyos, a quienes sí les ha
aumentado el sueldo[7]
1.2.6.
Manifestó igualmente, que la empresa lo que busca es aburrir a los trabajadores
sindicalizados para que renuncien, sin embargo él no lo va a hacer ya que de su
salario depende su subsistencia y la de su familia. Adujo, lo más grave es que
con ese salario tan bajo está haciendo todos los aportes a seguridad social,
por lo que estaría condenado a recibir una pensión muy por debajo a lo
establecido por la ley, situación que de no corregirse inmediatamente, no se
podría enmendar después del otorgamiento de la misma.
1.2.7.
Señaló también, que se encuentra en estado de subordinación frente a la entidad
accionada, lo que hace que no tenga otro medio al cual acudir para que cese la
discriminación y la vulneración de sus derechos fundamentales, para lo cual
cita varios apartes de extractos jurisprudenciales de la Corte Constitucional[8]
1.2.8.
Adujo, que la entidad demandada se justifica en la existencia de un pliego de
peticiones que está pendiente de resolverse mediante un Tribunal de
Arbitramento, pero que éste no se ha podido conformar porque la entidad no se
ha querido notificar. Igualmente señaló que la entidad pretende es que
renuncien al pliego de peticiones y al laudo arbitral para aceptar así los
beneficios del pacto colectivo que se acordó con los no sindicalizados (pacto
que no existía antes de la presentación del pliego de peticiones) y, que se les
otorguen unos derechos para así renunciar al derecho de sindicalización, de
asociación y de negociación. Consideró que con todo ello, la accionada está
justificando la discriminación y la violación del derecho a la igualdad de los
trabajadores sindicalizados y que prueba de ello es que luego de que la entidad
presentara el pacto, se han desafiliado del sindicato más del 50% de los
afiliados, con el fin de beneficiarse del pacto.
El
actor fundamenta su pretensión en los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 23, 25 y 53 de la
Constitución Política y en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional.
2. Respuesta de la entidad accionada.
El
representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, mediante
escrito respondió a la presente acción de tutela, señalando que el
representante legal del sindicato al que se encuentra afiliado el actor, ya
había presentado acción de tutela con idénticas pretensiones y en la que
solicitó como petición principal la nivelación de “TODOS LOS TRABAJADORES
SINDICALIZADOS”, decisión que fue resuelta desfavorablemente tanto en
primera como en segunda instancia.
Manifestó,
que es necesario que se produzca el laudo correspondiente dentro de las etapas
de una negociación colectiva en la que se fijarán los aumentos salariales,
incluyendo los del accionante, toda vez que existe un trámite y un fallo de
tutela que contempló la misma pretensión del demandante, como es la nivelación
salarial.
Adujo,
que no es cierto que al actor se le hayan dejado de pagar ajustes salariales,
dado que ha gozado de todos los beneficios salariales del laudo vigente que
rigió hasta finales del 2008. Advirtió, que lo que está en discusión es el
aumento por una nueva vigencia a raíz del pliego de peticiones que legalmente
presentó el sindicato en el segundo semestre del año inmediatamente anterior,
poniendo de presente que el pliego ha tomado su curso y el actor como
trabajador sindicalizado se ha hecho acreedor a todas  las primas y beneficios
hasta diciembre de 2008, incluso superiores a los trabajadores no
sindicalizados.
Manifestó
en su escrito, que adjuntó como prueba la Resolución del Ministerio de
Protección Social[9], por medio del cual se
integró el Tribunal de Arbitramento, para demostrar que el proceso para la
solución de conflictos colectivos está en marcha, así como también que ya se
nombró un árbitro dentro del Tribunal[10]. Adjuntó también siete
actas de negociación colectiva que se encuentran en marcha[11].
Puso
de presente el representante legal de la entidad, que el Ministerio de
Protección Social investigó a la institución por petición del Sindicato, para
que se negociara un pliego de peticiones presentado en forma extemporánea. El
Ministerio se abstuvo de sancionar a la entidad por  lo que el sindicato
interpuso recursos que le fueron resueltos desfavorablemente[12].
Igualmente, el Sindicato solicitó investigación por la presunta vulneración del
derecho de asociación, dando como resultado la absolución por parte del
Ministerio por acusaciones infundadas.
Finalmente
solicitó, que se declare improcedente la tutela, toda vez que al actor no se le
está causando un perjuicio irremediable, ya que sus condiciones salariales no
han sido desconocidas, ni modificadas negativamente, sino que se debe esperar a
finalizar un proceso legal que debe surtirse.
3. Decisión de tutela objeto de revisión: Sentencia del Juzgado
Veintitrés Penal Municipal de Depuración de Cali (no impugnado).
Mediante
sentencia del 22 de abril de 2009, el juez de instancia negó el amparo
considerando que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario
para la protección de derechos fundamentales con el fin de evitar un perjuicio
irremediable, situación que no ocurre dentro del presente caso. En
consecuencia, este procedimiento no puede desplazar, ni sustituir los mecanismos
ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico, ni es la solución a la que
se debe acudir para resolver todas las controversias que se presenten. El actor
deberá esperar a que el Tribunal de Arbitramento defina el conflicto suscitado
entre las partes o, en caso contrario, acudir a la justicia ordinaria para que
se le cancelen correctamente los salarios
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La
Sala es competente para la revisión del presente caso, con fundamento en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de
1991,  y en cumplimiento del Auto del 6 de Agosto de 2009 de la Sala de
Selección de Tutela Número Ocho de la Corte Constitucional.
2. Problema de constitucionalidad.
2.1
La Sala de Revisión deberá determinar, si la acción de tutela es procedente
para ordenar el reconocimiento y pago de unos incrementos salariales dejados de
percibir por un trabajador sindicalizado durante los años 2007, 2008 y 2009,
quien gana menos de un salario mínimo y que se encuentra en desigualdad
respecto de otros trabajadores no sindicalizados a quienes sí les han hecho los
incrementos año a año, para lo cual deberá establecer si se están vulnerando
los derechos al mínimo vital, igualdad, negociación colectiva y asociación sindical.
2.2. Con el fin de abordar este
problema jurídico, la Sala reiterará el precedente constitucional sobre el
derecho al mínimo vital y móvil, la libertad de asociación sindical y el
derecho a la igualdad de los trabajadores sindicalizados para luego verificar
si existe o no vulneración en el caso concreto.
3. Derecho
al mínimo vital y móvil.
3.1. Reiteración
jurisprudencial.
La Corte
Constitucional de manera reiterada ha manifestado que la acción de tutela tiene
un carácter subsidiario y residual, lo que quiere decir que su procedibilidad
depende de la inexistencia de otros mecanismos de defensa judicial[13].
También la jurisprudencia ha establecido que para el cobro de salarios,
pensiones u otras acreencias laborales existen otros medios de defensa judicial
para hacer efectivo el pago. No obstante lo anterior, excepcionalmente, el
recurso de amparo será procedente si se presenta una situación en la que se
encuentre demostrada la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la
salud, el mínimo vital y la dignidad humana por el no pago de acreencias
laborales. [14]
De conformidad
con el artículo 53 de la Constitución Política, la movilidad del salario es un
principio mínimo fundamental relativo al trabajo que no puede ser desconocido
ni menoscabado por los empleadores.
Esta Corporación
en varias  de sus sentencias[15] ha señalado que el
salario tiene que mantener su poder adquisitivo y que al no reajustarse año a
año se estaría enriqueciendo injustamente al empleador en detrimento del
asalariado a recibir lo justo, lo que no sería constitucional dentro de un
Estado cuya finalidad es la de garantizar la vigencia de un orden justo.
Ha dicho la
Corte:
“Los trabajadores tienen derecho a la movilidad del
salario: el derecho de los trabajadores al incremento anual de su asignación
salarial se desprende directamente de la Constitución y es de aplicación
inmediata, sin que se requiera de desarrollo legal, contractual o
convencional.” (Sentencias T-012 y T-345 de 2007). Lo anterior no obsta para
que dicho incremento sea regulado por la ley o mediante negociaciones
colectivas y para que este derecho laboral sea limitado, puesto que no es
absoluto”[16].
Así las
cosas, se tiene que la condición de movilidad del salario que cobija a toda
clase de remuneración, no solamente el salario mínimo, constituye la garantía
para el trabajador del mantenimiento del poder adquisitivo de su salario.
3.2. Caso
concreto.
El accionante
interpone el recurso de amparo para que le sea protegido su  derecho al mínimo
vital y móvil. El actor es trabajador sindicalizado del Cuerpo de Bomberos de
Cali, se encuentra en una relación de subordinación[17]
para con la entidad desde el año 2006 percibiendo un salario inferior al mínimo
legal, tal como consta en los recibos de pago que anexó al expediente[18]
y con ese mismo salario tan bajo, está haciendo los aportes a seguridad social.
La entidad accionada no le ha realizado incremento salarial alguno en los años
2007, 2008 y 2009 a diferencia de sus compañeros que no están sindicalizados a
quienes sí les ha realizado el aumento correspondiente, esperando a que se
defina por un Tribunal de Arbitramento el conflicto suscitado entre la entidad
y el sindicato o se acojan al pacto colectivo que se acordó con los no
sindicalizados y así presionarlos para que renuncien a sus derechos sindicales.
Ha dicho la
Corte que dentro de una economía inflacionaria, se justifica la movilidad del
salario para evitar que los trabajadores sufran una pérdida progresiva del
poder adquisitivo de la moneda y consecuentemente una disminución real de sus
ingresos. En ese orden de ideas, la omisión de la entidad en el incremento
salarial del accionante atenta directamente contra este principio que deriva de
nuestra Carta Política y no debe condicionarse a la circunstancia de ser
trabajador sindicalizado o no sindicalizado. Por lo anterior es la acción de
tutela el mecanismo idóneo para protegerlo toda vez que los otros medios de
defensa judicial se tornan ineficaces.
4.
Libertad de asociación sindical y derecho a la igualdad de trabajador
sindicalizado.
4.1. El
artículo 38 de la Carta Política establece el derecho de todo individuo a
asociarse libremente para el “desarrollo de las distintas actividades que
las personas realizan en sociedad”. La Corte ha señalado[19],
que su finalidad esencial consiste, en reconocer que los trabajadores se puedan
agrupar para mejorar sus condiciones de trabajo, constituyendo también una
manifestación del derecho a la igualdad toda vez que equilibra la relación
entre el empleador y los trabajadores creando entre ellos espacios de
negociación.
4.2. Con
fundamento en el derecho a la igualdad, la sentencia T-570 de 2007 señaló:
“los trabajadores tienen derecho a recibir una remuneración igual a
la percibida por aquellos que están en sus mismas condiciones laborales. Este
principio es reconocido en la doctrina laboral como el principio de “a trabajo
igual salario igual”, y consiste, fundamentalmente, en que las diferencias de
trato salarial deben estar plenamente justificadas, es decir, deben sustentarse
en diferencias fácticas reales y relevantes, por lo que un alejamiento de dicha
sujeción implica la vulneración del principio de igualdad en la materia.”
La sentencia T-097 de 2006
estableció que la acción de tutela procede excepcionalmente para resolver
controversias laborales, cuando de las circunstancias del caso concreto se
pueda derivar una violación de derechos fundamentales y el otro medio de
defensa judicial no sea idóneo ni eficaz. Dijo La Corte:
“No obstante la regla de general de solución de
controversias laborales por parte de la jurisdicción competente [ordinaria o
contenciosa], paralelamente la jurisprudencia constitucional ha sostenido que
de manera excepcional ante ciertas circunstancias, puede abrirse paso la acción
de tutela para resolver ese tipo de conflictos, como cuando se trata de
salvaguardar de manera efectiva, cierta y oportuna el derecho a la igualdad en
las relaciones de trabajo. Se trata de un asunto que ha sido objeto de
unificación de la doctrina constitucional, por cuanto se ha considerado que
existen situaciones en las cuales la jurisdicción del trabajo no sería tan
efectiva como la acción de tutela para poner término a prácticas o posiciones
que conllevan discriminación en las relaciones laborales de los trabajadores,
que afectan el mandato constitucional del derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas”.
Como
corolario de lo anterior, el trato sólo podría ser diferente por la aplicación
de criterios razonables y objetivos que lo justifiquen y no por la disposición
caprichosa y arbitraria del empleador de realizar un trato discriminatorio al
crear beneficios en un pacto colectivo, para los trabajadores no sindicalizados
y discriminando así a los trabajadores pertenecientes a la organización
sindical, lo que vulnera el derecho a la igualdad y atenta contra la libertad
de asociación sindical.
4.3. Caso
concreto.
La entidad
accionada considera, que la discusión se traba en el aumento salarial por una
nueva vigencia a raíz del pliego de peticiones que presentó el Sindicato en el
segundo semestre del año pasado y que para realizar el aumento salarial se debe
esperar a que se pronuncie el Tribunal de Arbitramento sobre el conflicto
suscitado entre el sindicato y el Cuerpo de Bomberos de Cali.
No obstante
lo anterior, en varias sentencias[20]
la Corte ha precisado:
“Para la Sala, el hecho de que la empresa y el
sindicato puedan promover la convocatoria de un tribunal de arbitramento no
resuelve el problema actual de la nivelación de las condiciones laborales del
peticionario. Ello, en primer lugar, porque mientras se adelanta la
convocatoria, se reúne el tribunal, se tramita el proceso y se adopta la
decisión definitiva, la desigualdad no justificada entre no sindicalizados y el
peticionario se mantiene, con vulneración del derecho a la igualdad del último.
En segundo término, porque el resultado del debate que será sometido a decisión
del tribunal de arbitramento no es un resultado cierto ni predecible. En esa
medida, esperar a la producción del laudo sería dejar desprotegidos los
derechos fundamentales indicados, mientras se resuelve un conflicto jurídico de
resultado incierto, respecto del cual no existe seguridad acerca de cuáles
pretensiones laborales serán concedidas y cuáles negadas. En esas circunstancias,
la Sala estima que el argumento de la Universidad demandada no es de recibo,
pues la vulneración del derecho a la igualdad y a la libre asociación sindical
no desaparece por el hecho de que un tribunal de arbitramento eventualmente
esté llamado a resolver las pretensiones laborales de los trabajadores
sindicalizados”.
La entidad de bomberos afirma,
que deberá esperarse a que se produzca el laudo arbitral, propio dentro de una
negociación colectiva, en el que se fijarán los respectivos aumentos salariales
incluyendo los del accionante. Resulta claro para esta Sala, que la vulneración
de los derechos del actor no desaparece por el hecho de que un tribunal de
arbitramento eventualmente esté llamado a resolver las pretensiones laborales
de los trabajadores sindicalizados, toda vez que mientras se espera a que se
produzca el laudo arbitral que es una decisión incierta porque no existe
seguridad de cuáles pretensiones laborales serán resueltas favorablemente y
cuales no, el actor sigue en condiciones de desigualdad respecto de los demás
trabajadores no sindicalizados a quienes si les han realizado los aumentos
salariales y a quienes mediante un pacto colectivo[21]
pretenden concederles beneficios que no tienen los sindicalizados, presionando
con ello a que se retiren del sindicato, tal como lo afirma el actor en su
demanda que la deserción ha llegado al 50% de sus miembros, desestimulando con
ello la afiliación a los sindicatos y vulnerándose por ende los derechos a la
igualdad y libertad de asociación sindical.
Por lo anterior, la acción de
tutela deberá concederse como mecanismo definitivo pues independiente de la
decisión de un tribunal de arbitramento o de un laudo arbitral, los salarios de
los trabajadores no pueden estar por debajo del mínimo legal como ocurre en el
presente caso y menos aún por un lapso de tres años, vulnerándose así el mínimo
vital y móvil del actor.
De otra
parte, la entidad accionada manifestó que el Presidente del Sindicato en su
condición de representante legal, interpuso una acción de tutela[22],
solicitando en su pretensión la nivelación salarial de “todos los trabajadores
sindicalizados”, es decir que estaba actuando en representación de los mismos.
No obstante lo anterior, tal como lo afirma el Juzgado[23]
que conoció de la tutela interpuesta por el Presidente del sindicato, esta fue
instaurada a nombre propio y como lo ha dicho la Corte en varias de sus
sentencias[24] para que proceda la
protección de los derechos colectivos que correspondan al sindicato, se
requiere que se actúe a nombre de él y que se acredite la representación legal
de la persona jurídica del sindicato, circunstancia que no ocurrió en aquel
caso.
5. Razón de la decisión.
5.1. La Sala encuentra procedente
la acción tutela, toda vez que se encontró demostrada la vulneración continuada
de los derechos fundamentales del accionante al mínimo vital y móvil, igualdad
y asociación sindical, con la conducta de la entidad accionada de no
reajustarle los salarios desde el año 2006 hasta la fecha de interposición de
la tutela, hasta tanto no se resuelva el conflicto que está en manos de un
tribunal de arbitramento, creando una desigualdad con los trabajadores no
sindicalizados a quienes sí les han reajustado sus salarios y a su vez creando
un pacto colectivo aplicable a los no sindicalizados en detrimento de los
sindicalizados y propiciando con ello, la deserción del sindicato.
5.2. En
consecuencia, se ordenará a la entidad accionada que reconozca y pague al actor
los aumentos salariales que ha reconocido en favor de los trabajadores no
sindicalizados.
III. DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la decisión
proferida el 22 de abril de 2009 del  Juzgado Veintitrés Penal Municipal de
Depuración de Cali que negó la tutela impetrada y en su lugar CONCEDER
la tutela de los derechos fundamentales al Trabajo, vida digna, dignidad
humana, igualdad, mínimo vital y móvil del señor Carlos Arturo García Gironza.
Segundo. ORDENAR
al Cuerpo de Bomberos de Cali que en el término de 48 horas realice el aumento
salarial dejado de pagar al señor Carlos Arturo García Gironza en la misma
forma que para los trabajadores no sindicalizados.
Tercero. ORDENAR
que por  Secretaria General de la Corte se remita el expediente al Juzgado Veintitrés
Penal Municipal de Depuración de Cali, quien se encargará de vigilar el
cumplimiento de la Sentencia.
Cuarto.  Por Secretaría,
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional. Cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado Ponente
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver
folios 43 a 48 del cuaderno #1 del expediente.
[2] Ver
folio 14 del cuaderno #1 del expediente.
[3] Cfr.  Sentencias T- 550 de 1993, T-094 de 1994, SU-342 de 1995,
T-509 de 2005.
[4] El actor interpuso acción
de tutela el  1 de abril de 2009. Folio 2 del cuaderno #1 del expediente.
[5] Ver folios 28 a 30 del
cuaderno #1 del expediente.
[6] Ver folios 21 a 24 del
cuaderno #1 del expediente.
[7] Ver folios  25 a 27 del
cuaderno #1 del expediente.
[8] Ver folios 9 a 18 del
cuaderno #1 del expediente.
[9]
Resolución No 000275 de 2009 del Ministerio de Protección
Social. Ver folios 106 y 107 del cuaderno #1 del expediente.
[10]
Ver folio 108 del cuaderno #1 del expediente.
[11]
Ver folios 89 a 105.
[12]
Ver folios 109 a 116 del cuaderno #1 del expediente.
[13]
Ver Sentencias T-432 de 2002, T-408 de 2002, SU-646 de 1999, T- 632 de 2004.
[14]
Ver entre otras sentencias T-049 de 2003, T-948 de 2005,
T-248 de 2006, T-128 de 2007, T-372 de 2007, T-1053 de 2007, T-048 de 2008.
[15]
Cfrt. Sentencias T-102 de 1995, SU-995 de 1999, T-1575 de
2000, T-012 de 2007, T-020 de 2007.
[16] Ver sentencia T-149 de
2008.
[17]
El Decreto 2591 de 1991 señala la procedencia de tutela contra particulares en
los siguientes casos: [...] 4.
Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra
quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación
que motivo la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de
subordinación o indefensión con tal organización.
[18]
Ver folios 25 a 30 del cuaderno #1 del expediente.
[19]
Ver entre otras las sentencias SU-342 de 1995, T-012 de 2007, T-570 de 2007,
T-100 de 2008.
[20]
T-570 de 2007, T-765 de 2007, T-100 de 2008.
[21]
Pacto Colectivo de trabajo suscrito entre la entidad accionada y los
trabajadores no sindicalizados en los que se conceden privilegios en materia
contractual, salarial y prestacional para esos trabajadores no sindicalizados.
Ver folios 21 a 24 del cuaderno #1 del expediente.
[22] Ver
folios 43 a 48 del cuaderno #1 del expediente.
[23] Ver
folio 14 del cuaderno #1 del expediente.
[24] Cfr.
Sentencias T- 550 de 1993, T-094 de 1994,
SU-342 de 1995, T-509 de 2005.