T-880-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-880/06
COMUNIDAD INDIGENA-Consulta previa/ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA-Único mecanismo judicial eficaz para garantizar que los pueblos
indígenas sean consultados
DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA CONSULTA PREVIA-Desarrollo normativo y jurisprudencial
DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA CONSULTA PREVIA-Medidas respecto a la delimitación territorial de la comunidad
Motilón Barí
Los Pueblos Indígenas y
Tribales tienen derecho a ser consultados, previamente, respecto de las medidas
que los afecten directamente, en particular sobre las relacionadas con el
espacio que ocupan y la explotación de recursos en su hábitat natural,
consultas que habrá de establecer “si los intereses de esos pueblos serían perjudicados,
y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. La
Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, dado su
compromiso con la preservación, reconocimiento e inclusión de los grupo étnicos
tenía que consultar previamente a las comunidades de la región para
pronunciarse sobre la influencia del Proyecto Pozo Alamo 1 sobre su integridad
cultural, social y económica.
DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA CONSULTA PREVIA-Vulneración por cuanto la consulta no se adelantó por la Dirección
de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia
La consulta no se adelantó,
por el contrario, está demostrado que los Ministerios del Interior y de
Justicia y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial no cumplieron los
compromisos adquiridos. Lo anterior si se considera que la Dirección de Etnias
ratificó la certificación sobre la no presencia de las comunidades indígenas en
la región, acudiendo a la visita al lugar de uno de sus funcionarios y el
Ministerio del Ambiente, aunque conocía de la discusión al respecto, concedió
la licencia de todas maneras, sin permitir la intervención de las autoridades
indígenas –artículo 76 Ley 99 de 1993-.
DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA CONSULTA PREVIA-Vulneración por cuanto no se adelantó la consulta para la
exploración de recursos naturales
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Suspensión de actividades que adelanta ECOPETROL hasta que culmine
el proceso de consulta previa
Referencia:
expediente T-1352585
Acción de
tutela instaurada por el Pueblo Indígena Motilón Barí contra el Ministerio del
Interior y de Justicia y otros
Magistrado
Ponente:
Dr. ALVARO
TAFUR GALVIS
Bogotá, D.
C., veintiséis (26) de octubre de dos mil seis (2006).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Clara
Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Alvaro Tafur Galvis, en
ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso
de revisión de los fallos adoptados por el H. Tribunal Administrativo de Norte
de Santander y la Sección Segunda Subsección B de la Sala en lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela instaurada
por el Pueblo Indígena Motilón Barí contra los Ministerios del Interior y de
Justicia, de Defensa, de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y la
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A.
I.       ANTECEDENTES
Miembros del Pueblo Indígena Motilón Barí, caciques,
líderes e integrantes de las distintas comunidades que lo conforman, demandan
la protección de sus derechos a la diversidad étnica y cultural, a la
participación en las decisiones que los afectan, a la vida y a la integridad,
que consideran vulnerados, porque el Ministerio del Interior y de Justicia
expidió una certificación que los desconoce y el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial una licencia ambiental, para adelantar una
explotación y exploración de petróleo en su territorio, sin consultarlos.
1.      Hechos
1.1    Integrantes
del Pueblo Indígena Motilón Barí denunciaron ante la Defensoría Regional del
Pueblo de Norte de Santander que su territorio estaba siendo intervenido y el 7
y el 12 de diciembre de 2002 la Directora de la entidad se dirigió al Defensor
Delegado para Indígenas y Minorías Etnicas y al Director Nacional de Atención y
Trámite de Quejas, con el fin de solicitarles recaudar información al respecto
“(…) PARA PROTEGER EL ULTIMO RELICTO (SIC) DE BOSQUE HUMEDO TROPICAL
EXISTENTE EN EL NORORIENTE DEL PAIS ASI COMO LOS ASENTAMIENTOS DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS BARÍ”[1].
1.2    El 13 de diciembre
del mismo año, la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del
Interior y de Justicia, en atención a la solicitud presentada el día 4 del
mismo mes, por el Gerente General de GEOCOL LTDA, informó al peticionario:
“ (...) que en el momento no contamos con una
verificación cartográfica; Sin embargo, con base en la información existente en
la Dirección, cuya fuente es el DANE, la doctora Celmira Janer Cuervo,
Profesional Especializado del Grupo de Educación y Divulgación, ha verificado
los datos suministrados y teniendo en cuenta la información sobre comunidades
reconocidas se establece que en jurisdicción de los municipios de Tibú, El
Tarra, Convención y Teorama se encuentran las comunidades indígenas que a
continuación se relacionan así:
·
Municipio de Tibú: Resguardos Gabarra Motilón
Barí, pertenecientes a la etnia Barí; comunidad Bedoquira, Cacricacha
identificada por el DANE como etnia Barí.
·
Municipio de El Tarra: Comunidad no
determinada identificada por el DANE como perteneciente a la etnia U´wa.
·
Municipio de Convención y Teorama: Resguardo
Gabarra y Motilón Barí, pertenecientes a la etnia Barí (...)”.
1.3    El
6 de febrero de 2003, el Gerente de Prospección de Exploración de ECOPETROL
S.A.[2]
en respuesta a la solicitud de información sobre las actividades adelantadas en
el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, ya relacionada, se dirigió al Director
Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo para
informarle i) que la empresa Geocol Ltda., contratista de ECOPETROL S.A.
elaboraba un “Estudio de Impacto Ambiental del Area de Perforación
Exploratoria Alamo, localizada en jurisdicción del municipio de Tibu, Norte de
Santander” y ii) que “[c]on el fin de dar cumplimiento a los Decretos
1320 de 1998 y 1728 de 2002, ECOPETROL ha solicitado al Ministerio del Interior
la certificación sobre existencia o no de comunidades negras e indígenas
legalmente constituidas en el área prevista para el proyecto, a lo que dicho
Ministerio aún no ha dado la respectiva respuesta”.
1.4    El 5 de junio de 2003, el Director de Etnias del Ministerio del
Interior y de Justicia, mediante Oficio dirigido al Gerente de GEOCOL LTDA, en
respuesta a la solicitud de información sobre presencia de comunidades
indígenas en el área en mención, expuso:
“1.Revisadas
las bases de datos DANE 2001, Asociación de Cabildos y/o autoridades
tradicionales y de reconocimiento de esta Dirección, SE REGISTRA la comunidad
indígena Barí denominada Beroquira-Cacricacha, en el municipio de Tibú, por lo
que se debe dar cumplimiento a la realización del proceso de consulta previa de
que trata el artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley
21 de 1991 y el artículo 76 de la Ley 99 de 1993”.
1.5    El 25 de noviembre
de 2003, en el Centro Cultural del municipio de Tibú, tuvo lugar la “Reunión
de Acercamiento e Información Comunidades Indígenas Motilón Barí Proyecto
Perforación Exploratoria Alamo I”, según “Acta” de la fecha, levantada en
manuscrito –sin firmas-[3].
De conformidad
con el contenido del escrito los asistentes habrían convenido en adelantar un
nuevo acercamiento el 10 de diciembre del mismo año.
1.6    Los días 11 y 12 de
diciembre de 2003, según Acta 002, en el Centro Cultural del municipio de Tibú
se adelantó el “TALLER SOBRE EXPOSICION DEL PROYECTO EVALUACION DEL IMPACTO
Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS SOCIO AMBIENTALES Y CULTURALES- PROYECTO DE
PERFORACIÓN EXPLORATORIA ALAMO I ECOPETROL S.A.”, con asistencia de 13
integrantes del Pueblo Indígena Motilón Barí, entre autoridades y miembros de
las comunidades.
-La
presentación y las discusiones tuvieron que ver principalmente con la ubicación
del Proyecto, “dentro del límite del municipio de Tibú.”[4]
1.7    El 16 de febrero de
2004 el doctor Jaime Pinto Serrano “actuando como apoderado general de
ECOPETROL S.A.” solicitó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Terrritorial “licencia ambiental para el Bloque de perforación Exploratoria
Alamo, jurisdicción del municipio de Tibú, Departamento de Norte de Santander
Cuenca del Catatumbo, de acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental
consignada en el capítulo 6 del Estudio de Impacto Ambiental adjunto en el que
se determinan las áreas de exclusión, las áreas de intervención con
restricciones y las áreas susceptibles de intervención”.
El apoderado anexó a su
solicitud, entre otros documentos, el “Estudio de impacto ambiental del
Bloque de Perforación Exploratoria Álamo y Plan de Manejo Ambiental del Pozo
Álamo I (dos (2) tomos en original)”, como también el “Informe final del
Proceso de Consulta Previa con Comunidades Indígenas Motilón Barí. Bloque de
Perforación Exploratoria Alamo (Un (1) tomo en original”.
-El 11 de marzo del mismo año,
mediante Auto 204 de 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial dispuso iniciar el trámite administrativo de la solicitud a que se
hace mención.
1.8    El 7 de julio de
2004, el señor Gonzalo Arabadora, en calidad de representante legal de
la Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia ASOCBARÍ, en comunicación
dirigida al Presidente de ECOPETROL S.A. i) solicitó información respecto de la
reunión programada los días 10, 11 y 12 de agosto de 2004, a la vez que afirmó
desconocer sobre la realización “de una actividad la cual fue referenciada
como un primer taller de profundización sobre el Estudio de Impacto Ambiental
mucho menos ahondar en sus alcances o explicación”; ii) dio cuenta de haber
recibido en el mes anterior un documento contentivo de un Estudio de Impacto
Ambiental y iii) reclamó espacios de participación para las comunidades
indígenas, haciendo referencia a las disposiciones legales que así lo
preceptúan.
El 22 de julio de 2004, el señor
Vicepresidente de Exploración de ECOPETROL S.A. en comunicación de esa fecha,
respondió al peticionario que “los temas y la agenda de trabajo corresponde (sic)
al plan de manejo ambiental del proyecto Alamo -1 y a la identificación de los
impactos ambientales y culturales que el proyecto pueda ocasionar al entorno de
las comunidades indígenas”. Agregó el funcionario:
“El taller
de impactos realizado entre el 11 y 12 de diciembre de 2003 precedió de tres
reuniones de acercamiento con ASOCBARÍ los días 31 de octubre, 06 de noviembre
y 14 de noviembre de 2003, así como una reunión de concertación con los
Caciques de la comunidad y miembros de ASOCBARÍ el día 25 de noviembre en la
Casa de la Cultura Municipal, sitio en el cual se acordó realizar el Taller de
impactos (anexo 2). Adicionalmente se contó con la participación de los
garantes locales y regionales y el delegado del Ministerio del Interior y de
Justicia.
Respecto al
temario desarrollado los días 11 y 12 de diciembre comentados, se tomó como
base el estudio ambiental del proyecto por tanto se procedió con su exposición
y la comunidad tuvo oportuno acceso a la información.
En lo
relacionado con el punto 3 les manifestamos que la reunión celebrada el día 1°
de julio de los corrientes en Tibú, que contó con su participación y
consentimiento, se acordó que la empresa contribuiría con el apoyo a la
comunidad, manifestando que la asesoría de tres profesionales de su confianza y
escogencia, determinación que redundaría en afianzar el conocimiento del colectivo
hacia el Proyecto. Igualmente se acordó realizar el segundo Taller de Impactos
para los días 8, 9 y 19 de julio, fechas que usted mediante comunicación del
pasado junio 29 de 2004 solicita modificar, aduciendo mayor tiempo para evaluar
el impacto ambiental para la Etnia; con lo cual se infiere el oportuno y
completo conocimiento de AsocBarí en torno del proceso.
(…)”.
1.9    Los días 10 y 11 de
agosto de 2004, en el Centro Cultural del Municipio de Tibú, tuvo lugar el “Segundo
Taller sobre Exposición del Proyecto –Evaluación de Impacto y Establecimiento
de Medidas Socio Ambientales y Culturales. Proceso de Consulta con Comunidades
Indígenas Motilón Barí ECOPETROL S.A.”.
Indica el Acta
respectiva que los representantes de Ecopetrol S.A. dieron lectura al Estudio y
al Plan de Manejo Ambiental y se comprometieron a actualizarlos y corregirlos
una vez conocidas las objeciones de las autoridades e integrantes de las
comunidades indígenas, quienes i) dejaron sentado que no conocían algunos
apartes de los documentos, ii) expusieron que estos fueron elaborados sin su
intervención y en su territorio sin contar con su autorización y iii) que los
estudios no reflejan los problemas de orden público, social y económico de la
región[5].
1.10  El 17 de agosto de
2004, la Defensora Regional del Pueblo de Norte de Santander presentó al
Defensor Delegado para asuntos Indígenas y de Minorías Etnicas de la misma
entidad, informe sobre la comisión que le fuera conferida a la ciudad de Tibú,
para asistir al Taller ya reseñado.
Expone la funcionaria, entre
otros aspectos:
“El objetivo
de las reuniones fue el de exponer y sustentar el Estudio de impacto ambiental (sic)
y su respectivo Plan de Manejo Ambiental, como paso preliminar en el proceso
de consulta previa con el pueblo Motilón Barí.
Copia de
este Estudio de Impacto Ambiental había sido remitido por ECOPETROL a los
representantes legales de ASOCBARÍ, sin los capítulos correspondientes al Plan
de Manejo Ambiental.
Hay una
serie de inconsistencias en el Estudio de Impacto Ambiental del Boque
Exploratorio Alamo 1 presentado al Ministerio de Medio Ambiente (sic)
con el objetivo de obtener la respectiva licencia que la comunidad Motilón Barí
y sus asesores el “Colectivo de Abogados Luis Carlos Restrepo detectaron lo que
denominaron “19 fallas graves”, entre estas, por ejemplo, que para los estudios
social, biológico y técnico los encargados de elaborar el estudio no estuvieron
en el lugar definido para la exploración, aparece vegetación inexistente en la
región, además tampoco se entregaron los capítulos 6 y 7 correspondientes al
Plan de Manejo Ambiental, estos solamente fueron entregados durante la última
jornada correspondiente al 11 de agosto del año en curso.
(…)
A la luz de
lo anteriormente expuesto la Defensoría del Pueblo considera que el proceso de
acercamiento no se ha llevado a cabo de manera adecuada a las normas
establecidas, las que estipulan que se debe contar con la participación de la
comunidad; desde el mismo momento del inicio de los estudios preliminares ésta
no fue convocada a participar.
El mapa
generado por los estudios de sísmica (1987) y geología para el bloque álamo
(sic), muestran claramente las áreas interconectadas de potencial petrolero,
dentro de los municipios de Tibú, El Tarra, El Carmen, Convención y Teorama, el
área presentada para el sector del llamado pozo exploratorio álamo (sic) (2003)
se acomodó para que quedara ubicada en el borde externo del Resguardo de
Catalura y del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí y sólo en jurisdicción del
Municipio de Tibú, el mapa de los estudios de sísmica está en su mayoría dentro
de los resguardos indígenas de Catalaura o Carikachaboquira y Motilón Barí y
del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Es bueno anotar que tanto el pueblo
Motilón Barí como El Parque Natural son Binacionales (sic); por ello es
necesario revisar la legislación internacional vigente para estos casos.
Se
expresaron adicionalmente temores por parte de los dirigentes indígenas y sus
asesores de una eventual represalia contra ellos, como desafortunadamente se ha
presentado en otros procesos en Colombia y en otros países, en ese sentido los
representantes del pueblo Barí solicitan a la Defensoría del Pueblo se haga lo
pertinente con el fin de prevenir amenazas o violaciones al Derecho Fundamental
a la vida.
De igual
manera se hace necesario propender por la defensa del derecho fundamental al
territorio que tienen los pueblos indígenas.
Lo
acontecido en este proceso de acercamiento por los motivos anteriores no da
confianza al pueblo Barí (sic), por la falta de claridad dentro de las
acciones hasta ahora desplegadas por ECOPETROL y sus consultores. Por lo
anterior el pueblo indígena (sic) Motilón Barí se manifestó en contra
del proyecto exploratorio denominado Bloque Alamo.
Se hace
entonces un llamado a ECOPETROL y a sus consultores a reemprender un proceso
que cumpla ampliamente con la normatividad vigente o en su defecto cancelar
definitivamente el proyecto.
Por
información recolectada por la Defensoría Regional se sabe que la zona prevista
para la exploración del pozo Alamo 1 ha sido desocupada por acción de los
actores armados, esta corresponde al sitio en el cual se perpetró la masacre de
34 personas en julio pasado.
Lo
acontecido durante las deliberaciones se consignó de manera resumida en un
escrito de ECOPETROL GEMA, del que se comprometieron a remitir copia a la
Defensoría del Pueblo, este documento se firmó por parte de los asistentes con
excepción de los miembros del pueblo (sic)  Motilón Barí.”.
1.11  El 20 de agosto de
2004, ECOPETROL S.A. remitió al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial “una copia de la versión original del Acta suscrita en el
Municipio de Tibú como resultado de la reunión programada para los días 10, 11
y 12 (sic) de agosto de 2004, en desarrollo del proceso de Consulta
Previa. Además, dando por concluida la labor de sensibilización, solicita al
Ministerio para que se sirva convocar a la respectiva “Protocolización de la
Consulta Previa[6]”.
El 30 de agosto del mismo año, el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial solicitó a ECOPETROL
S.A.  “hacer las aclaraciones correspondientes a la entrega previa a la
comunidad Barí del documento completo del Estudio de Impacto Ambiental con el
objeto de continuar con el proceso de consulta”, y el mismo día obtuvo
respuesta, toda vez que ECOPETROL S.A. le informó haber entregado la
documentación exigida, por conducto de “nuestra firma consultora GEMA LTDA
(…) a mano de los representantes de la comunidad indígena Motilón Barí”.
1.12  El 8 de septiembre
de 2004, mediante Auto No. 946 de la fecha, el Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial dispuso “ordenar a la Empresa ECOPETROL S.A. para
que realice el veintitrés (23) de septiembre de 2004, la reunión de Consulta Previa”.
El 20 de septiembre del mismo
año, el “Director de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia
interpuso recurso de reposición contra el Auto 946 del 8 de septiembre de 2004,
considerando que no se debe surtir la Reunión de Consulta Previa hasta tanto no
se tenga absoluta certeza sobre la real presencia de comunidades indígenas en
el área de influencia directa del proyecto (…)”; también la Asociación
ASOCBARÍ, mediante escrito presentado el 21 del mismo mes, recurrió la
decisión, con miras a que en su lugar se disponga la suspensión del trámite de
la licencia ambiental en curso y, en subsidio, se ordene “la suspensión del
acto de protocolización del 23 de septiembre de 2004”.
Mediante oficios del 20 y 21 de
septiembre de 2004, el Ministerio dio respuesta a los recurrentes, con el fin
de hacerles conocer la improcedencia de los recursos interpuestos, como quiera
que “el acto administrativo acusado no fue notificado al Ministerio del
Interior [tampoco a la Asociación Comunidad Motilón Barí], por cuanto no [son
titulares] del proyecto que se adelanta dentro del expediente 2969”.
1.13  “El día 23 de
septiembre de 2004, se llevó a cabo la reunión de consulta previa convocada
mediante Auto No. 946 del 8 de septiembre de 2004, en la sede del Centro
Cultural del municipio de Tibú, con la participación de representantes del
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, de la Dirección de
Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, de ECOPETROL S.A. , de Gema
Ltda.,  a la cual no se hicieron presentes los representantes de las
comunidades indígenas del área de influencia del proyecto[7]”.
1.14  El 12 de enero de
2005, la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, conceptuó que el Estudio de Impacto
Ambiental presentado por ECOPETROL S.A. “no contiene información suficiente
para identificar y evaluar todos los posibles impactos generados por las
actividades del proyecto sobre el área para la cual se solicita la licencia
ambiental y por lo tanto para identificar las medidas de manejo
correspondiente.”
En consecuencia el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial solicitó a ECOPETROL S.A. “la
complementación, precisión y ajuste del Estudio de Impacto Ambiental para su
respectiva evaluación y continuación del trámite de licenciamiento ambiental”.
Recordó el
Ministerio que el “ ajuste que la empresa debe hacer del Estudio de Impacto
Ambiental debe contar con la participación de las comunidades indígenas motilón
(sic) Barí del área de influencia del proyecto de acuerdo con la
normatividad vigente y en especial con lo contemplado en el decreto 1320 de
1998”.
1.15  Visto el concepto de
la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites ya referido, mediante Auto 57
del 21 de enero de 2005, la Asesora del Despacho del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial dispuso requerir “a la empresa ECOPETROL
S.A. , para que en el término de cuatro meses, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, complemente, precise y haga el
ajuste respectivo del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto denominado
“Bloque de Perforación Exploratoria Alamo” localizado en el municipio de Tibú,
Departamento de Norte de Santander, cuenca del Catatumbo”.
1.16  ECOPETROL S.A.
solicitó reponer la decisión y en su lugar reducir el trámite en curso “para
el área del pozo Alamo 1” y no respecto de todo el Bloque como se solicitó
inicialmente, con el fin de disminuir el impacto ambiental.
Además, en respuesta a los
requerimientos del Ministerio, respecto de las falencias observadas por la
Dirección de Licencias, Permisos y Trámites, en cuanto al Impacto socio
cultural del Proyecto, ECOPETROL entre otras apreciaciones expuso:
“17.
Considerar dentro de la evaluación ambiental, los impactos potenciales y los
riesgos asociados con el transporte helicoportado de materiales, equipos,
combustibles y de los productos que se obtengan de las pruebas de producción,
así como de los impactos socioculturales sobre las comunidades Motilón -
Barí de la zona de influencia.
En el EIA (sic)
en el Capítulo No. 5 correspondiente a la evaluación ambiental se
consideraron tanto las operaciones helicoportadas como los impactos sobre
las comunidades indígenas, tal como se describe a continuación:
Inicialmente
en la Tabla No. 5.2, pág. 16, se identifican las diferentes actividades del
proyecto, donde se contempla la construcción del helipuerto y la
participación de las comunidades indígenas.
(…)
En la Tabla
No. 5.6, pág. No. 24, se presentan los impactos ambientales que se
generan por las operaciones helicoportadas y sobre las comunidades
indígenas.
(…)
Es
importante tener en cuenta que uno de los objetivos durante los talleres
realizados con la comunidad Motilón - Barí, durante el proceso de consulta
fue coordinar el taller explicativo de los impactos culturales y ambientales
del proyecto Alamo-1 para validar todo el proceso de acercamiento,
comunicación, sensibilización, diseño de las estudios etnográficos y diseño del
plan de manejo cultural con las comunidades Motilón Barí. Las actas
correspondientes a los talleres fueron entregadas al Ministerio del Interior.
Durante este
taller se identificaron los impactos y se indicaron algunas
preocupaciones sobre los reales impactos de la explotación petrolera sobre
el territorio Barí, el agua, el aire, 101111.
-Territorio:
Existe el temor de invasión y colonización sobre el territorio Barí,
específicamente sobre su resguardo, mediante migraciones de nuevos colonos
como consecuencia de la construcción del Pozo Álamo 1. Los Barí temen que estos
colonos terminen apropiándose de terrenos del resguardo o terrenos vecinos
considerados baldíos  y proyectados para la ampliación del resguardo.
Dentro del pensamiento
indígena se manifiesta el temor de que estas posibles migraciones de colonos
pueden afectar la consolidación que con esfuerzo han tratado de mantener de su
territorio y afecte su integridad cultural como pueblo Barí.
-Agua: Los
asistentes al taller, manifestaron su preocupación por la contaminación que
sufre el agua, quebradas y ríos por los residuos químicos (Iodos) que utilizan
en las actividades de exploración y explotación.
-Aire: La
contaminación del aire por gases y residuos utilizados en la explotación y
perforación petrolera.
- Pesca y
Caza: Manifestaron también la afectación sobre la pesca y la caza por los
obreros que intervienen en la perforación del pozo y que a ellos como comunidad
también se les prohíba cazar y pescar en zonas cercanas al proyecto.
-Cultura
Barí: Cometer el mismo error sobre los hechos pasados en cuanto a la
penetración petrolera marca la pauta para pensar que los impactos sobre los
Barí como pueblo y como cultura pueden ocasionar daños estructurales sobre esta
sociedad.
(…)
18. Ajustar,
complementar y presentar a este Ministerio, las medidas de manejo ambiental
específicas para la perforación exploratoria del pozo Álamo-1 de acuerdo con
las estrategias de manejo presentadas en el EIA y PMA y a los líneamientos del
capítulo 4 de los términos de referencia HTER 210. Consecuentemente con los
resultados del análisis de impactos socioculturales sobre las comunidades
Motilón Barí que se realice, se deben presentar las medidas correspondientes
para su manejo.
(…)
Con
respecto a las medidas a implementar relacionadas con las comunidades
indígenas, en el informe presentado sobre el proceso de consulta al Ministerio
del Interior se contemplaron las acciones o programas, establecidos
en los términos de referencia HTER 210, los cuales establecen el proceso
informativo a comunidades asentadas en el área de influencia, autoridades
locales, el proceso de contratación de personal, la capacitación en protección
del patrimonio arqueológico existente en el área de interés, la capacitación al
personal que laborará en el proyecto y los sistemas de seguimiento y control
que se deben implementar para este tipo de proyectos.
El Plan
de Manejo Cultural (PMC) estableció los proyectos que ECOPETROL S.A.
a través de su política social desarrolla en las áreas donde hace presencia.
Comprende los diferentes programas y proyectos de carácter social que se
realizan de manera voluntaria y acorde con los criterios y política social de
ECOPETROL S.A., estos programas y proyectos se enfocaron a la dinámica social y
a la realidad política y económica de la región con el objeto de orientar esta
inversión de manera acertada y en común acuerdo con las comunidades y los
entes gubernamentales de la zona.
Para el
diseño del Plan de Manejo Cultural (PMC) se tuvieron en cuenta los posibles
impactos expresados por la comunidad en el taller explicativo de impactos,
realizado los días 11 y 12 de Diciembre/O1 y consignados en el acta del taller
en mención y que fue producto de talleres anteriores.
(…)
27. El
ajuste que la empresa debe hacer al estudio de Impacto Ambiental debe contar
con la participación de las comunidades indígenas Motilón Barí del área de
influencia del proyecto, de acuerdo con la normatividad vigente y en especial
con lo contemplado en el Decreto 1320 de 1998.
En cuanto a
este punto, es necesario tener en cuenta que con las comunidades Motilón -
Barí ya se llevó a cabo el respectivo proceso de consulta en el cual se les
explicó todo lo relacionado con el EIA, esta información fue entregada en
el informe correspondiente al Ministerio del Interior” –resaltado fuera del
texto-.
1.17  El 10 de febrero de
2005, la Directora de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, en
atención a la solicitud de certificación presentada por ECOPETROL S.A., el 27
de enero anterior, informó a éste:
“De conformidad
con la visita de verificación realizada por el Profesional Especializado de la
Dirección durante el 7 de febrero del 2005, al área del proyecto Exploratorio
Pozo Alamo 1, según coordenadas NOR 08° -57-05” W 73°-01-19.6. NO SE REGISTRAN
comunidades indígenas en el área del proyecto que puedan verse afectadas con su
ejecución” –destaca el documento-.
1.18  El 21 de febrero de
2005, en atención a la solicitud presentada por ECOPETROL S.A., el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante decisión de la fecha,
dispuso modificar los artículos primero y segundo “del auto No. 204 del 11
de marzo de 2004” y en su lugar i) “iniciar trámite administrativo de la
solicitud de Licencia Ambiental presentada por ECOPETROL S.A. para el proyecto
denominado “Area del Pozo Alamo 1” en jurisdicción del corregimiento de
Gabarra, municipio de Tibú departamento de Norte de Santander que tiene como
coordenadas (…) Centro A Norte 1.485.500 ESTE 1.116.450”; y ii) requerir a
ECOPETROL S.A. para que radique, en la Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental CORPONOR, la información correspondiente a la localización
del área, con el fin de obtener el concepto técnico respectivo.
1.19  El 1° de abril de
2005, según informe presentado por la señora Amanda Londoño González –Asesora-
al Defensor del Pueblo Delegado Asuntos Etnicos, en reunión adelantada “en
la Dirección de Etnias sobre el caso de los indígenas Motilón Barí, las
asesores de estos indígenas demostraron a través de documentos que la Dirección
de Etnias había comunicado al Ministerio del Medio Ambiente (sic) en el
año 2002 la presencia de comunidades indígenas en el área factible de
exploración de petróleo”.
Agrega el informe:
“En febrero
7 del 2005 un funcionario del Ministerio del Interior de la Dirección de Etnias
sobrevuela en un helicóptero de propiedad de Ecopetrol el área donde está
proyectado el pozo Alamos (sic) y certifica por escrito al ministerio
del Medio Ambiente (sic) que en esta área no habitan comunidades
indígenas. Los Indígenas presentes en la reunión sostienen que en esta área
habitan 3 comunidades indígenas.
El delegado
de la Procuraduría propone que una comisión interinstitucional integrada por la
Procuraduría, Defensoría, Ministerio del Interior y Ministerio del Medio
Ambiente (sic) verifique en terreno la presencia o no de comunidades
indígenas en esta zona.
El pozo
Alamos está proyectado en un área fuera de resguardo. Los indígenas Barí
reconocen como propio a todo un territorio que está demarcado, señalizado y
mapeado (sic) según consta en los archivos de la Dirección de Etnias y en este
territorio está proyectado el Pozo Alamos, los indígenas reclaman que
exactamente este es un lugar sagrado ancentral (sic) para este Pueblo Indígena.
La Dirección
de Etnias se comprometió oficiar (sic) al Ministerio del Medio Ambiente
(sic) solicitándole esperar, para seguir adelantando la licencia ambiental
para dicho Pozo, el resultado de la verificación sobre la presencia de
Comunidades Indígenas en la Zona, si no se encuentran comunidades indígenas se
sigue avanzando en el proceso de Licencia Ambiental, pero si se encuentran
comunidades indígenas se tiene legalmente que empezar el Proceso de CONSULTA
PREVIA.
Los
indígenas se comprometieron a consultar (sic) lo decidido a sus
autoridades propias y acompañar la comisión interinstitucional en la misión de
verificación, pero la seguridad de la comisión fueron claros (sic) que
no es responsabilidad indígena”.
1.20  El 6 de abril del
mismo año, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial informó
al Ministerio del Interior y de Justicia que, durante “la reunión celebrada
en esta Dirección el día viernes 1° de abril del presente año, los
representante del pueblo Motilón Barí y sus asesores plantearon el desacuerdo
sobre la certificación expedida por ustedes sobre la no presencia de
comunidades indígenas en el área de influencia del proyecto en referencia”;
al tiempo que solicitó “hacernos conocer su concepto sobre dicho desacuerdo
(…) [c]on el objeto de continuar el proceso de evaluación del proyecto Pozo
Exploratoria Alamo 1”.
Comunicación ésta que la
Directora de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia respondió el día
15 siguiente, en el sentido de reiterar “nuestro No. 671 del 10 de febrero
de 2005, en la (sic) que certificamos que NO SE REGISTRAN comunidades
indígenas en el Area de Perforación Exploratoria, dejando claro que se trata de
la Locación del Pozo Alamos 1” –destaca el documento-.
1.21  El 4 de mayo de
2005, el Asesor del despacho del Ministro de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial respondió al señor Gonzalo Arabadora Sabarayda, representante legal
del Consejo Autónomo de Caciques Barí, la solicitud presentada por éste el 25
de abril del mismo año.
Expuso el funcionario al
peticionario i) que “no se considera procedente acceder a su solicitud de
promover la socialización del Plan de Manejo Ambiental y Sociocultural por
parte de ECOPETROL, ya que ante la nueva condición del proyecto, todo lo
referente al Bloque de Perforación Exploratoria Alamo deja de tener vigencia”;
y ii) que el Ministerio evaluaba la viabilidad de un proyecto ambiental “en
cuya área de influencia no hay presencia de comunidades indígenas”, de
manera que “no procede el proceso de consulta previa (…)”
Respondía el Asesor la petición
presentada por el señor Arabadora Sabarayda i) en la cual el peticionario
manifestó “su enfática posición de rechazo a la explotación de petróleo en
el Bloque de Perforación Exploratoria Alamo en la zona del Catatumbo y
solicit[ó] la negación de la licencia ambiental para la futura explotación
petrolera, por parte de este Ministerio” y ii) se pronunció sobre la
necesidad de “fijar fecha y hora para la socialización del Plan de Manejo
Ambiental y Sociocultural por parte de ECOPETROL, con participación de
diferentes entidades gubernamentales de control y ONG, además de la revocatoria
de todo lo actuado hasta la actualidad”.
1.22
El 31 de mayo de 2005, en
comunicación dirigida al Defensor del Pueblo Delegado para asuntos Indígenas y
Minorías Etnicas, la Directora Regional del Pueblo de Norte de Santander dio
cuenta de la certificación emitida por la Dirección de Etnias del Ministerio
del Interior y de Justicia  a cuyo tenor “no se registra presencia de
comunidades indígenas en el área del proyecto Perforación del Pozo Alamo 1
(Coordenadas N 08° 57-05” W; 73° 01-19.6”) que se puedan ver afectadas con su
ejecución”.
Agregó la funcionaria:
“En esas coordenadas se encuentra la comunidad Bedoquira cuyo
cacique es el señor Edras Dora; el área del proyecto se encuentra dentro del
territorio ancestral indígena Barí. Los líderes Barí aseguran que ni el
Ministerio del Interior y de Justicia ni ninguna otra entidad se han hecho
presentes en el área referida para verificar existencia (sic) o no de comunidades
indígenas.
Esta certificación de la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y de Justicia ha dado pie a la negación del proceso de consulta
previa (según lo expresado en el oficio anexo) por parte del Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial con el Pueblo Barí, proceso este que
se viene intentando desde el año 2002.
En visita de los representantes Barí y sus asesores jurídicos a la
Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia el día 29 de
marzo de 2005 a las 14:00 la dra. Luz Helena Izquierdo y el dr. Juan Fernando
Monsalve se comprometieron a hacer una visita directa en el campo para
verificar que en el territorio del proyecto sí hay presencia de Comunidades
Indígenas, Al respecto después de casi dos meses no se ha presentado ningún
pronunciamiento oficial de la mencionada institución sobre ese compromiso que
desafortunadamente se hizo en forma verbal.
Con este procedimiento se está desconociendo el derecho
fundamental de las comunidades Barí a la consulta previa” –destaca el texto-.
1.23  El 24 de junio de 2005, en
respuesta al derecho de petición presentado el 14 del mismo mes, por el señor
Gonzalo Arabadora Sabarayda, representante legal de ASOCBARÍ, quien se dirigió
al funcionario solicitando la suspensión del trámite de licencia ambiental,
para el Proyecto exploratorio Area del Pozo Alamo 1, la Dirección de Licencias
Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial puso al peticionario al tanto i) de la expedición de la
Resolución 624 del 16 de mayo de 2005, ejecutoriada desde el 23 del mismo mes,
que concede la mencionada Licencia y ii) de su competencia para revocar o
suspender el acto, “sin consentimiento expreso o tácito del beneficiario de
la misma”, en caso de incumplimiento de las condiciones o términos
establecidos.
Cabe precisar que la citada
Resolución, entre las “zonas con sensibilidad alta y sobre las cuales debe
haber restricciones ambientales”, considera a la “población indígena
Motilón Barí, distribuida en las parcialidades Istoda, Behoquira y el
Castillo”, así dichas zonas y parcialidades “se encuentren por fuera del
Pozo Alamo 1-”.
1.24  El 31 de junio de
2005, la Directora de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia
respondió al señor Gonzalo Arabadora Sabarayda, su derecho de petición
relacionado, entre otros puntos, con el procedimiento de verificación
adelantado por la entidad para constatar la presencia de comunidades indígenas
en el área de influencia del Proyecto de Exploración Alamo 1.
Indica la comunicación:
“Por otra parte, respondemos a sus peticiones
numeradas del 5 al 11:
5. Se anexa oficio No. 07808 del 5 de junio de
2003 dirigido al doctor Oscar Augusto Muñoz Henao Gerente de GEOCOL LTDA y no
del 3 de diciembre del año 2002, como lo comenta en su escrito.
6. Revisado 07808 del 5 de junio de 2003, se
destacó lo siguiente: el numeral 1. de la certificación dice:
1. Revisadas las bases de datos DANE 2001,
Asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales y de reconocimientos de
esta Dirección SE REGISTRA la comunidad indígena Barí denominada
Bediquira-Cacricacha, en el municipio de Tibú.
La Dirección de Etnias certificó que la comunidad
Bedoquira-Cacricacha, se encuentra dentro de la jurisdicción del municipio de Tibú,
con base en la información suministrada por el DANE, pero esta información no
es suficiente para conocer la ubicación exacta de la comunidad
Bedoquira-Cacricacha.
7. Esta Dirección no posee un sistema de
información georeferenciado que posibilite en la actualidad certificar la
presencia de comunidades indígenas por fuera de resguardo. Asimismo, cuando la
información es suministrada por el DANE, que es el caso que nos ocupa, esta
certificación es de carácter general, porque se señala la jurisdicción municipal
y no permite ubicar con exactitud a las comunidades indígenas. Es por ello, que
las empresas (dueñas de los proyectos) conocedores de las zonas, solicitan la
verificación del área, y la no presencia de comunidades indígenas en la misma.
8. En este punto, me permito manifestarle
nuevamente que una de las carpetas que contenía información sobre el proyecto
Alamo 1 se extravió, sin embargo, la información ya se ha ido recuperando y la
comunicación más importante que reposaba en esa carpeta era el oficio 07808 del
5 de junio de 2003, relacionado con la certificación sobre la presencia o no de
comunidades indígenas en el área del proyecto, de la cual anexamos copia .
9. Certificación del 10 de febrero de 2005.
El funcionario comisionado para asistir a la verificación aérea fue el
doctor Juan Fernando Monsalve.
ECOPETROL suministró las coordenadas entregadas al piloto de la aeronave
así:
Aéreas
Coordenadas planas
Longitud Norte 08°-57-05" Longitud Oeste
73°-01-19.6"        NORTE A 1,481.500    NORTE 1, 116.450
Dicho datos fueron incluidos en el instrumento
aeronavegable el cual guía a los pilotos, y una vez se llegó al sitio indicado
con las coordenadas se sobrevoló el sitio, con el fin de determinar la
presencia de comunidades; no sobra comentar que por situación de orden público
no se permitió el aterrizaje.
La solicitud de verificación la hizo la empresa
de (sic) ECOPETROL.
Mediante oficio DRI-URS 0064 del 3 de febrero se
protocolizó la solicitud de la visita aérea al pozo Álamo 1; se llevó a cabo la
verificación el día 7 de febrero de 2005.
ECOPETROL suministró los gastos de traslado; no
se tiene el dato de la empresa que hizo el sobrevuelo en helicóptero y
transportó al funcionario.
El doctor Juan Fernando Monsalve fue el
comisionado para la visita.
Con el sobrevuelo, en el sitio señalado y en las
coordenadas indicadas no se identificó ningún poblado, ni caserío cerca del
pozo, prueba visual y cierta que permitió tener juicios claros para la
certificación de la no presencia de comunidades indígenas en el lugar.
10. En este punto me permito informar que para el
día 21 de junio del 2005, ECOPETROL dispuso los medios logísticos para que se
desplazara al sitio del pozo un grupo de ingenieros civiles, representantes de
las siguientes compañías: CODISA S.A., INTRICON LTDA, PETROLABIN LTDA., I.C.C.
LTDA., LUIS RODOLFO MARTHBYN y RICARDO HOYOS, dicha visita tenía el propósito
de conocer el lugar por parte de los ingenieros, con el fin de presentar los
pliegos licitatorios de las obras civiles del proyecto Álamo l.
Para esta visita, realizada el pasado 21 de junio
de 2005, ECOPETROL dispuso un cupo a la Dirección de Etnias en el helicóptero,
con el fin de poder verificar en terreno la presencia o no de comunidades
indígenas y para la cual, se comisionó nuevamente al doctor Juan Fernando
Monsalve.
En el recorrido terrestre que se hizo al área del
proyecto desde el sitio del aterrizaje al punto central del pozo Álamo 1, se
encontró una vía que de acuerdo a la información suministrada por miembros del
Ejército Nacional se denomina la pavimentada ("anden" de
aproximadamente 50 cm. de ancho en cemento que atraviesa toda la región, por
donde se transportaba Coca). Una vez finalizado el trayecto se confirmó la no
presencia de comunidades indígenas dentro del área del proyecto pozo Álamo 1.
En este orden de ideas y como es bien sabido, la
situación de orden público impedía la llegada de personal al pozo, ECOPETROL
realizó gestiones con el Ejército Nacional para que hiciera presencia en la
zona, los cuales realizaron los operativos de seguridad en la zona desde
mediados de junio de 2005.
11. Se anexa fotocopia de la certificación No.
0671 del 10 de febrero de 2005”.
1.25  El 8 de septiembre de 2005, el
señor Gonzalo Aracabadora, representante legal de ASOCBARÍ, fue convocado por
el departamento de Gestión Social de la Empresa Colombiana de Petróleos
ECOPETROL S.A., a una reunión informativa, “programada para el próximo lunes
12 de septiembre del presente año, a las 9.00 a. m. en el Teatro de las
instalaciones del campamento de ECOPETROL S.A. –TIBU”.
1.26  El 19 de octubre de 2005 el
Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Etnicas, en comunicación de la
fecha, manifestó a la Directora de Licencias Permisos y Trámites Ambientales
del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, “la
preocupación de esta Delegada frente a la afirmación de los líderes del pueblo (sic)
Barí”.
Agregó el funcionario que “[s]egún informan los peticionarios los
datos proporcionados por Ecopetrol S.A. no coinciden con los estipulados en la
licencia ambiental otorgada para el proyecto de perforación exploratoria Alamo
1”.
También puso de presente cómo “esta situación afecta los derechos
al territorio y a la autonomía de la comunidad, le solicito verificar la
situación y de ser así adelantar las gestiones correspondientes con el
propósito de salvaguardar los derechos del pueblo (sic) Barí (…).”
2.      Pruebas
En el expediente obran, entre
otros, los siguientes documentos:
2.1    Fotocopia del oficio suscrito por la Defensora del Pueblo
Regional de Norte de Santander el 12 de diciembre de 2002, dirigido al Defensor
Delegado para Indígenas y Minorías Etnicas de la entidad, con el fin de exponer
las inquietudes del Pueblo Motilón Barí en relación con la presencia de
personal no autorizado en su territorio y solicitar se gestione información al
respecto.
2.2    Fotocopia del oficio dirigido por la Dirección General de
Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia al Gerente General
de GEOCOL LTDA, fechado el 13 de diciembre de 2002, en respuesta a su solicitud
de información que da cuenta de la presencia de comunidades indígenas en
jurisdicción de los municipios de Tibú, El Tarra, Convención y Teorama.
2.3    Fotocopia del memorial suscrito por el Gerente de Prospección de
Ecopetrol S.A al Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la
Defensoría del Pueblo, sobre la iniciación de estudios con fines de exploración
petrolera, en el municipio de Tibú departamento de Norte de Santander, Cuenca
del Catatumbo.
2.4    Fotocopia del escrito sin firmas, levantado en manuscrito,
denominado“ACTA DE ACERCAMIENTO E INFORMACION Comunidades Indígenas MOTILON
BARÍ Proyecto Perforación Exploratoria Álamo 1” fechado el 25 de noviembre
de 2003.
2.5    Fotocopia del Acta No. 002 (sic) que da cuenta del “Taller
Sobre Exposición del Proyecto-Evaluación de Impacto y Establecimiento de
Medidas Socio Ambientales y Culturales- Proyecto de Perforación Exploratoria
Alamo-1 ECOPETROL S.A.” adelantado los días 11 y 12 de diciembre de 2003,
suscrita por representantes del Ministerio del Interior y de Justicia, de
ASOCBARÍ, de la Procuraduría Judicial para Asuntos Agrarios y Ambientales, de
la Gobernación de Norte de Santander, de la Personería del Municipio de Tibú,
de ECOPETROL SA. y de Gema Ltda.
2.6    Fotocopia de la solicitud presentada el 16 de febrero de 2004, por
el apoderado general para Asuntos Ambientales de ECOPETROL S.A., ante el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial con el fin de
solicitar Licencia Ambiental para el Bloque de Perforación Exploratoria Alamo.
2.7    Fotocopia del Auto Nº 204 del 11 de marzo de 2004, expedido por
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para dar inicio al
trámite instaurado por ECOPETROL S.A., con fines de licencia ambiental sobre el
Bloque de Perforación y Pozo Alamo 1, con la siguiente determinación:
VERTICE
NORTE
ESTE
A
1.484.027
1.115.500
B
1.484.027
1.120.000
C
1.479.000
1.120.000
D
1.479.000
1.115.5000
Pozo
Coordenadas Planas
Coordenadas Geográficas
ALAMO -1
Norte
Sur
Latitud Norte
Latitud Oeste
1.481.500
1.116.450
8º57´05,0´´
73º01´19,6´´
2.8    Fotocopia de la petición elevada por el representante del
Consejo Autónomo de Caciques Barí al presidente de Ecopetrol S.A. solicitando
información, sobre las reuniones que se llevarían a cabo el 10, 11 y 12 de
agosto del año 2004 con fines de establecer el objetivo de la reunión y la
agenda de la misma y obtener claridad sobre el llamado primer Taller de
Profundización sobre el Estudio de Impacto Ambiental. Y fotocopia de la
respuesta dada a la petición, a cuyo tenor se adelantaría un segundo taller de
impactos ambientales y culturales, luego del primero realizado los días 11 y 12
de diciembre de 2003.
2.9    Fotocopia del “Acta No. 003 Proyecto de Perforación
Exploratoria Álamo I Segundo Taller sobre exposición del Proyecto –Evaluación
de Impacto Establecimiento de Medidas Socio Ambientales y Culturales.  Proceso
de Consulta con Comunidades Indígenas Motilón Barí, Ecopetrol S.A”, que da
cuenta de la reunión realizada los días 10 y 11 de agosto de 2004 en el
municipio de Tibú (Norte de Santander), con la participación de representantes
de ECOPETROL S.A., de la Gobernación de Norte de Santander, de CORPONOR, de la
Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría Judicial para Asuntos Ambientales y
Agrarios y de GEMA LTDA.
2.10  Fotocopia del concepto No. 45 emitido por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de Licencias y Permisos y
Trámites Ambientales, el 12 de enero de 2005, sobre las deficiencias observadas
en el “Estudio de Impacto Ambiental Bloque de Perforación Exploratoria Álamo
y Plan de Manejo Ambiental Pozo de Perforación Exploratoria Pozo Álamo I”,
habida cuenta que el documento “no permite tener suficientes elementos de
juicio, para definir la viabilidad ambiental del proyecto exploratorio,
especialmente por las características particulares de cada uno de los
componentes del entorno donde se pretende desarrollar el proyecto”.
2.11  Fotocopias i) parcial del Auto No. 946 de 2004, emitido por la
Asesora del Grupo Licencias Permisos y Trámites del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, el 8 de septiembre de 2004, con el fin de
citar para efectos de protocolización de la consulta previa; ii) del oficio
remisorio de la decisión, librado el 9 de septiembre de 2004 por el Ministerio
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de remitir al
Ministerio del Interior y de Justicia “copia de los Actos Administrativos
Proferidos por este Ministerio que a continuación se relacionan.  Auto 946 del
8 de septiembre de 2004. Exp. 2969” y iii) de los escritos de reposición
interpuestos por el Director de Etnias del Ministerio del Interior y de la
Justicia -“esta dirección tiene serias dudas sobre la real existencia de
comunidades indígenas en el área directa del proyecto Proyecto (sic)
Bloque de Perforación Exploratoria Alamo 1”- y por el representante legal
de ASOCBARÍ -acompañada de un escrito en el que solicita abstenerse de expedir
la licencia ambiental-.
2.12  Fotocopias de los Oficios librados por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, al Director de Étnias del Ministerio del
Interior y Justicia y al representante legal de ASOCBARÍ, para hacerles saber
que la titularidad de la licencia en trámite corresponde a ECOPETROL S.A. y así
mismo el derecho de recurrir las decisiones atinentes a la misma.
2.13  Fotocopias i) del documento fechado el 23 de septiembre de 2004,
dirigido por el Representante Legal de ASOCBARÍ al Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial donde relata el trámite adelantado por
ECOPETROL S.A. con fines de consulta previa, la historia del Pueblo Indígena
Motilón Barí y sus consideraciones y comentarios al Estudio de Impacto
Ambiental; y ii) de la comunicación del 30 de noviembre del mismo año, que
responde el escrito anterior, en el sentido de informar que las observaciones
de las comunidades indígenas serán evaluadas y las decisiones que se adopten al
respecto les serán comunicadas “al Consejo que usted representa de manera
oportuna”.
2.14
Fotocopias i) del derecho de petición, dirigido por una abogada
vinculada a la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez al
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre solicitud de
información de los trámites adelantados por ECOPETROL S.A. para la obtención de
su licencia ambiental -13/12/04- y ii) de los Oficios que responden la petición
-22/12/04-.
Cabe precisar
que, en respuesta a los interrogantes de la representante del Colectivo de
Abogados, sobre cómo se garantizarían los derechos de las comunidades
indígenas, la Directora de Licencias Permisos y Trámites Ambientales del
Ministerio respondió:
“La evaluación ambiental que este Ministerio hace del proyecto en
mención, con el propósito de decidir sobre su viabilidad ambiental, involucra
el examen de la participación de la comunidad indígena motilón barí (sic) a la
luz de la normatividad vigente al respecto y toma en consideración todas las
manifestaciones de dicha comunidad sobe el proyecto, luego de lo cual se emite
concepto técnico respectivo y se expide el acto administrativo correspondiente.
(…)
La evaluación que la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales de este Ministerio hace del proyecto, se basa en los diferentes
documentos presentados por la empresa, en las observaciones que las comunidades
indígenas y las diferentes instituciones involucradas hagan a través de
documentos u oralmente en las reuniones que se realicen, en la inspección de
campo del equipo técnico a la zona del proyecto y en la formación y experiencia
profesional de éste, de manera que garanticen suficientes elementos de juicio
para decidir sobre la viabilidad ambiental del proyecto.
(…)
Como se ha señalado anteriormente, este Ministerio se encuentra
evaluando el proyecto, incluido el proceso de participación de las comunidades
indígenas asentadas en el área de influencia del mismo, sobre lo cual se
emitirá el respectivo concepto técnico y se expedirá el acto administrativo
correspondiente el cual será comunicado oportunamente”.
2.15  Fotocopia del Acta No. 004 “Proyecto de Perforación
Exploratoria Álamo I Protocolización Proceso de Consulta Previa con Comunidades
Indígenas Motilón Barí”, fechada el 23 de septiembre de 2004 y suscrita por
“los representantes del Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Luz Stella Téllez, Jorge Idárraga y Alfonso Hernández, quien
presidirá la reunión, Juan Fernando Monsalve Peña, funcionario de la Dirección
de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia, Edgar Kairuzy, José Urrea
Uyabán, representantes de ECOPETROL S.A, con el fin de adelantar la reunión de
protocolización del Proceso de Consulta Previa (...)”.
El documento da
cuenta de la no asistencia de “la comunidad indígena Motilón Barí, ni [de]
los representantes de la Asociación ASOCBARÍ involucradas con el proyecto
Bloque de Perforación y Exploratoria Álamo y Plan de Manejo Pozo Álamo –1”, sin
perjuicio de la convocatoria realizada a los mismos, en los términos del Auto
946 del 8 de septiembre de 2004.
2.16  Fotocopias i) del Concepto 045, emitido por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre las deficiencias encontradas
en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de Manejo Ambiental del
Proyecto Álamo -el 12 de enero de 2005- y ii) del Auto No 57 del 21 de enero
del mismo año, que requiere a ECOPETROL S.A. para que complemente, precise y
presente los documentos con los ajustes respectivos.
2.17  Fotocopia del escrito mediante el cual ECOPETROL S.A. i) interpuso
recurso de reposición contra el Auto No. 57 de 2005, en el sentido de solicitar
que la evaluación se circunscriba “al área de locación para
perforación del Pozo Álamo-1 y las medidas de manejo que apareja dicha
actividad en un área sustancialmente reducida”; ii) presentó a
consideración del Ministerio el documento que da respuesta a los “Requerimientos
del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial –Estudio de
Impacto Ambiental Proyecto Álamo y Plan de Manejo Ambiental Pozo Álamo-1
(adjunto)”; y iii) solicito realizar “los ajustes
necesarios teniendo en cuenta la modificación de la solicitud de licencia para
el área del Pozo Álamo 1 exclusivamente, reducida sustancialmente con los
argumentos técnicos expuestos en este escrito.”
2.18  Fotocopia parcial, de la decisión emitida por el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de modificar la “SOLICITUD
DE LICENCIA AMBIENTAL PARA ACTIVIDADES DE PERFORACION EXPLORATORIA POZO ALAMO
1” - 27 de enero de 2005-.
2.19  Fotocopias de los Oficios dirigidos por la Directora de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia a la Dirección de Responsabilidad
Integral de ECOPETROL S.A. para dar cuenta de la no presencia de comunidades
indígenas en el área de influencia del Proyecto Exploratorio Pozo Alamo 1
–febrero 2005- y ratificar la certificación -15 de abril de 2005-.
2.20  Fotocopia del informe presentado por la “Asesora Amanda Londoño”,
al Defensor Delegado Indígenas y Minorías Etnicas, que da cuenta de la reunión
adelantada el 1° de abril de 2005 –Informe Reunión Defensores Comunitarios y
Reunión Dirección de Etnias-, “sobre el caso de los Indígenas Motilón Barí”.
2.21
Fotocopia de la Resolución Número 0624 del 16 de mayo de 2005,
emitida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial “por
la cual se otorga una licencia ambiental”.
Resolvió el Ministerio, previo recuento del trámite iniciado el 16
de febrero de 2004 -radicación No. 4120 –E1-8893- “[o]torgar Licencia
Ambiental a la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL S.A. (sic)  para
el proyecto de perforación exploratoria denominado AREA DEL POZO ALAMO 1,
localizada en el corregimiento de LA Gabarra, en jurisdicción del municipio de
Tibú en el Departamento del Norte de Santander delimitada por un círculo de 250
metros de radio, alrededor del punto con las siguientes coordenadas:
Pozo
Coordenadas Planas
Coordenadas Geográficas
ALAMO -1
Norte
Sur
Latitud Norte
Latitud Oeste
1.481.500
1.116.450
8º57´05,0´´
73º01´19,6´´
La Licencia comprende obras civiles –readecuación de la vía
existente entre la cabecera del municipio de Tibú y la cabecera del
corregimiento de La Gabarra y rehabilitación de los puentes de la vía Tibú- La
Gabarra; locación de plataforma e instalaciones de apoyo, construcciones de
helipuerto, Campamentos de Personal y de Policía, pruebas de producción,
desmantelamiento, abandono y recuperación de las áreas intervenidas -si el
resultado del proyecto no es positivo-.
La Resolución permite el uso, aprovechamiento o afectación de la
fuente de agua superficial denominada o conocida localmente como Caño Sucio y
comprende autorización de vertimientos, manejo y disposición de residuos
sólidos y emisiones atmosféricas.
(...)
2.22  Fotocopia del oficio suscrito por la Directora de Etnias del
Ministerio del Interior y Justicia el 31 de junio de 2005, con el objeto de
informar al señor Gonzalo Arabadora Sabarayda, representante legal de ASOCBARÍ,
sobre el procedimiento de verificación llevado a cabo por esa dependencia para
constatar la existencia de comunidades indígenas en la zona de ejecución del
proyecto exploratorio Álamo-1.
2.23
Fotocopia del escrito emitido por la Oficina de Gestión Social de
ECOPETROL S.A. el 8 de septiembre de 2005 donde se invita al representante
legal de ASOCBARÍ, Gonzalo Arabadora Sabarayda, a una reunión que se celebraría
el 12 de septiembre del mismo año.
2.24  Oficio
emitido por el Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Etnicas, en
respuesta al requerimiento realizado por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, dentro del proceso de tutela de la referencia, que relaciona y anexa
la documentación relativa a las actuaciones adelantadas por la Defensoría
Regional del Pueblo, en calidad de coadyuvante de los derechos del Pueblo
Indígena Motilón Barí, con ocasión de la solicitud de Licencia Ambiental, para
el Proyecto de Exploración Álamo y Álamo-1.
Entre la documentación remitida, obran i) copia del oficio
emitido por la Defensora Regional de Norte de Santander y dirigido al Defensor
Delegado para Indígenas y Minorías Etnicas el 31 de mayo de 2005, sobre la
diligencia de verificación que le permite a la entidad dar cuenta de la
existencia de la “comunidad Bedoquira cuyo cacique es el señor Edrás Dora”, en
las coordenadas -No. O8° 57-05´´ W: 73° 01-19.6´´- y ii) fotocopia de la
comunicación 4080-0929 dirigida por el Defensor Delegado para Indígenas y
Minorías Etnicas a la Directora de Licencias Permisos y Trámites Ambientales
del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, el 19 de octubre
de 2005, manifestando su preocupación frente a la afirmación de los líderes del
Pueblo Barí en el sentido de que los datos proporcionados por ECOPETROL S.A. no
coinciden con los estipulados en la licencia ambiental.
2.25  Informe enviado al H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
en su calidad de juez de tutela de primer grado, por el Coordinador de Grupos
Etnicos de la Procuraduría General de la Nación.
Refiere el
funcionario que hechas las solicitudes de información pertinentes -23 de agosto
de 2003 y 31 de mayo de 2005- i) ECOPETROL S.A. “informó que a partir de
septiembre de 2003 directamente y a través de su consultor en el área había
realizado acercamientos con la comunidad indígena, con sus representantes, con
sus caciques y con ASOCBARÍ por medio de talleres en los cuales se socializó
las características técnicas del proyecto, sus impactos ambientales, sociales y
culturales. Agrega que considera que había concluido el proceso de consulta
previa y que solo restaba que el Ministerio de Ambiente citara a la
protocolización del mismo”; y ii) la Oficina de Control Interno del
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial envió copia del
documento de respuesta a la petición presentada por el señor Arabadora
Sabaydara y que “según certificación de la Dirección de Etnias en el área
del proyecto del Pozo Alamo 1, no se registran comunidades indígenas que se
puedan ver afectadas con su ejecución, que en consecuencia no procede la
realización de consulta previa”.
Agrega el
informe:
“Finalmente el 1° de abril del año en curso -1° Nov. 2005- en
reunión celebrada en la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de
Justicia en la que participaron representantes de la comunidad indígena, la
Defensoría del Pueblo y esta Procuraduría Delegada, teniendo en cuenta que se
habían expedido dos certificaciones al parecer contradictorias sobre la
presencia de comunidades indígenas en el área de influencia de los proyectos
Bloque y Pozo Alamo 1, se recomendó realizar una nueva verificación en campo
con asistencia de las entidades presentes, sin que hasta la fecha se haya
recibido comunicación al respecto.”
3.      Demanda
Los señores
Gonzalo Arabadora Sabaydara, en calidad de representante legal de la Asociación
Comunidad Motilón Barí ASOCBARÍ y Ashcayra Arabadora Acrora, delegado del
Consejo Autónomo de Caciques y 49 personas más “miembros del Pueblo Indígena
Motilón Barí, Caciques líderes y miembros de los comunidades integrantes del
Pueblo Indígena Motilón Barí, vecinos de los municipios de Tibú, El Carmen,
Teorama, Convención y el Tarra”, instauran acción de tutela en contra de
los Ministerios del Interior y de Justicia, de Defensa, de  Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial y de ECOPETROL S.A. “con el objeto de que nos sean
protegidos a los miembros de la comunidad indígena Motilón Barí los derechos
humanos fundamentales a la integridad étnica, social, económica y cultural, a
la subsistencia, a no ser sometidos a desaparición forzada, malos tratos, así
como los derechos a la participación, consulta y debido proceso, quebrantados
por los accionados, para evitar un PERJUICIO IRREMEDIABLE, como consecuencia de
la acción de los demandados, si se permite la ejecución del proyecto de
exploración y explotación del Pozo Alamo I y si continúan las acciones
militares en función de brindar garantías a la Empresa para la ejecución del
proyecto Alamo I, en territorios indígenas Motilón Barí”.
Inicialmente,
los accionantes describen su Pueblo, se detienen en el territorio que ocupan
desde tiempos ancestrales, se refieren al proceso de titulación de tierras
adelantado por el Estado colombiano en la región y culminan el primer aparte de
su intervención describiendo los procesos de exterminio al que han estado y
siguen estando sometidos -“Etnocicio (sic) Un Atavío del Progreso”-
Afirman que la
étnica de los Motilón Barí es milenaria y está conformada por 23 comunidades
que habitan en la Cuenca del Río Catatumbo (Norte de Santander), pertenecen a
la familia ARAWAK, hablan Barí Ara y basan su economía en el
autoabastecimiento, a través de la agricultura, la caza y la pesca.
Sostienen que su
sistema de trabajo se estructura como una red de alianzas y de hermandad
(hombres: labores de caza, mujeres: labores de cultivo y domésticas) y que el
Consejo de 23 Caciques, uno por cada comunidad, los Caciques Menores, los
Asesores Comunitarios y los miembros de la comunidad conforman su organización
política, externamente representada por el Consejo Autónomo de Caciques y por
la Asociación Comunidad Motilón Barí ASOCBARÍ.
Afirman que “históricamente,
hemos enfrentado la pérdida constante de nuestro territorio” inicialmente
por efectos de la conquista y de la colonización -“desde la época de los 70
hacen presencia en la zona los grupos armados, el ELN primero; las FARC y el
EPL después  (…) desde el primer trimestre del año 1999 las autodefensas (…) y
hoy en día por invasiones más poderosas”-, al punto que un territorio que
inicialmente comprendía toda la región del Catatumbo hasta el Lago Maracaibo en
Venezuela, en la actualidad es de sólo 1.200 kilómetros.
Aseguran que a
la reducción del 90% de su territorio se suma la pérdida de pobladores, debido
a las enfermedades contraídas “por contacto con los blancos y el mundo civilizado”
que amenazan con exterminarlos y a la “pérdida de valores naturales y
culturales, poniendo en riesgo la pervivencia de la etnia Barí; pues tales
incursiones se vienen presentando con un constante y marcado desconocimiento e
irrespeto por lo consagrado en la constitución (sic) y las leyes
nacionales e internacionales de protección a los pueblos indígenas”.
Sostienen que su Pueblo cuenta
con la reserva forestal y con el Parque Natural Nacional del Catatumbo, más
allá de “los límites estipulados por el INCORA” -resguardos indígenas Motilón Barí y Catalaura-, si se considera que “los
Barí en la actualidad y desde tiempos ancestrales”, ocupan los municipios
del Carmen, Convención, Teorama y Tibú, con las comunidades Iquiacora, Ayatina,
AratocBarí, Adosarida, Corrancayra Ichirrindacayra, Pathuina; Batroctora,
CaxBaríngcayra, Saphadana, Bridicayra; Bruducanina, Ocbabuda,
Suerera, AsaBaríngcayra, ShubacBarína, Yera, Sacacdú, Caricachaboquira,
Bacuboquira, Beboquirae e Isthoda.
Señalan al
respecto:
“El territorio
Barí es predominantemente montañoso, salpicado de pequeños valles y llanuras y
se halla cruzado en todas direcciones por múltiples, ríos y caños; la región,
tradicionalmente dominada por selva húmeda tropical de fauna y flora
silvestres, pertenece a la cuenca del Catatumbo que confluye en el lago de
Maracaibo en la República de Venezuela (...).  La comunidad Motilón Barí,
cuenta en la actualidad con este territorio lleno de riquezas por la fauna y
flora que la caracterizan, en el cual hemos transmitido generación tras
generación nuestros valores culturales para conservar nuestra etnia indígena
(...). Es muy importante para nosotros mantener nuestro territorio
ancestralmente ocupado porque es donde está nuestra alimentación, es el medio
para vivir con la madre naturaleza, de mantener la relación con los seres
sagrados, con los espíritus y los aliados por medio del dios Sabaseba”.
Se refieren a los hechos
relacionados en esta providencia, concretamente al proceso surtido por
ECOPETROL S.A. ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, con miras a obtener Licencia Ambiental para la exploración del
Pozo Alamo I y también a las actuaciones adelantadas por la Dirección de Etnias
del Ministerio del Interior y de Justicia, “en forma irregular y con
desconocimiento del derecho fundamental de la comunidad relación (sic)
con la consulta que formal y sustancialmente ha debido hacérsenos.
Consecuencialmente, resultan vulnerados no sólo los derechos de participación y
a la integridad de la comunidad sino el derecho al debido proceso, al
territorio y por último de capital importancia, nuestro derecho a la
supervivencia física y cultural”.
Reseñan que, desde el año 2002,
las comunidades indígenas conocieron “que se cernía una amenaza sobre su
territorio”, ante “los trabajos realizados por GEOCOL y GEMA”, razón
por la cual acudieron a la Defensoría del Pueblo y en compañía de funcionarios
de la entidad pudieron constatar “que las citadas empresas contratistas de
ECOPETROL, hacían presencia en nuestro Territorio y tenían allí herramientas e
implementos que fueron decomisados por la comunidad allí asentada (…) dentro de
nuestros resguardos y sin ningún tipo de autorización ni notificación o
información de nuestro pueblo (…)”.
Indican que en razón de lo anterior,
el 25 de noviembre de 2003, “algunos miembros de la comunidad sostuvimos una
reunión informal con ECOPETROL y GEMA (…)” la cual, más adelante, al
revisar el expediente contentivo del trámite adelantado por ECOPETROL S.A.,
ante los Ministerios del Interior y de Ambiente, pudieron constatar que “se
hace pasar por primera reunión de concertación, de manera absurda”, si se
considera que la pretendida Acta no es más que “un manuscrito, tomado en
hojas de cuaderno al que se le suma un listado de asistencia a la reunión
sostenida en la citada fecha, listado que por razones lógicas no constituye ni
reemplaza la firma de un  acta o constancia de acuerdo (…)”.
Agregan que el
día antes señalado, algunos integrantes de sus comunidades convinieron en
asistir a un encuentro que se realizó los días 11 y 12 de diciembre del mismo
año, “(…) promovido por la empresa Gema Ltda., fuimos objeto de tratos
irregulares por parte de la empresa, pues además de no haber tenido la
posibilidad de conocer previamente el documento de Estudio de Impacto
Ambiental; este encuentro, en el que se hizo reiteradamente énfasis en su
carácter informativo, no cumplió su objetivo pues de manera irrespetuosa dicho
estudio fue presentado en un lenguaje no comprensible para el ciudadano común,
en terminología demasiado técnica difícil de comprender para las autoridades
Barí que apenas conocen el idioma español (…)”. Agregan al respecto:
“… El Estudio de Impacto Ambiental mencionado fue elaborado de
manera unilateral por una Empresa Contratista de ECOPETROL, lo que nos indica
que el amañado taller se constituyó en un acto protocolario para legitimar el
estudio de impacto ambiental realizado y de esa forma solicitar la
correspondiente licencia ambiental. Por ello reiteramos en ese y en otros documentos
sobre múltiples reuniones que se han tenido con las autoridades tradicionales
cuando esas afirmaciones no son ciertas; se indica que los días 11 y 12 de
diciembre de 2003 se procedió a la exposición del proyecto y que la comunidad
tuvo oportuno acceso a la misma, cuando lo cierto es que recibimos el material
del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en el mes de Junio del año 2004, sin lo
correspondiente al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  y en el mencionado “taller” nunca
se llevó a cabo la exposición del Estudio de Impacto Ambiental, fue esa la
razón por la cual solicitamos tiempo para estudiar y analizar el Estudio de
Impacto Ambiental entregado ad portas de pretender finalizar el “proceso de
consulta”; finalmente, al concluir la lectura del documento de contestación
observamos que no incluía el cronograma de ninguna de las jornadas. Así que el
segundo Taller, a realizar los días 8, 9 y 10 de junio, fue postergado para el
mes de agosto”.
Exponen que, a
pesar de no contar con el Plan de Manejo Ambiental, en la reunión convocada
para los días 10 y 11 de agosto de 2003 “las Autoridades Tradicionales, las
comunidades directamente afectadas con el proyecto y las organizaciones
sociales (…)” presentaron dos documentos, “producto del estudio y
análisis técnico y sociojurídico (…) sobre el Estudio de Impacto Ambiental
presentado por la Empresa ECOPETROL a las Autoridades Ambientales”, y que
fundamentado en los mismos documentos, “presentamos al MINISTERIO DE
AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, otra solicitud esta vez pidiendo la
abstención de otorgamiento de la licencia ambiental” y al Ministerio del
Interior y de Justicia, solicitando su intervención en dicho trámite.
Afirman que
conocido el documento por la Dirección de Etnias “(…) el señor Pedro V.,
proyecta inicialmente un recurso de reposición contra el auto 946 (sic) emitido
por el Grupo de Licencias Permisos y Trámites del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial en el sentido de revocar dicho auto
considerando que no se ha cumplido con la normatividad vigente, respecto a la
participación de las comunidades indígenas”, el cual “extrañamente no
fue el que finalmente se interpuso ante el  Ministerio de Medio Ambiente, por
el contrario en la misma fecha se presenta un recurso con el mismo objeto es
decir, revocar la convocatoria a reunión de consulta argumentando que dicha
reunión no debe vestirse (sic) hasta tanto no se tenga certeza sobre la
real presencia de comunidades indígenas en el área de influencia directa, por
tanto dirección de etnias (sic) debe verificar, pues la dirección tiene
serias dudas sobre la real existencia de comunidades en el área del proyecto
álamo (sic)”[8].
Agregan que los
documentos relacionados demuestran que la Dirección de Etnias del Ministerio
del Interior y de Justicia siempre consideró que el derecho del Pueblo Indígena
Motilón Barí a la consulta previa “resultaría afectado de realizarse dicha
protocolización”, en consecuencia no encuentran clara “la razón por la
cual el Ministerio del Interior cambia de criterio y opta por recurrir con el
argumento de que no existe certeza de que nuestra comunidad haga presencia en
la zona”.
En este punto,
es decir respecto de las certificaciones emitidas por la Dirección en comento,
refieren que “el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA a través de la
DIRECCION DE ETNIAS ha expedido tres certificaciones relacionadas con la
presencia de comunidad Motilón Barí en la zona de influencia del proyecto Alamo
I, las dos primeras expedidas el 13 de diciembre de 2002 y el 5 de febrero de
2004 y ahora con la expedición de una nueva certificación para el nuevo
proyecto Pozo Alamo I, mediante oficio NC 0671 del 10 de febrero de 2005 de la
Dirección de Etnias, Luz Helena Izquierdo certifica que no se registra
presencia de comunidades indígenas en el área del proyecto Perforación del pozo
Alamo I coordenadas No. 08° 57-05" W /3° 01-19.6".
Señalan al
respecto:
“(…) se tienen (sic) entonces que el
ministerio (sic) del Interior y de Justicia a través de Dirección de
Etnias ha certificado para la misma área de influencia 3 certificaciones (sic),
siendo la última de ellas respecto de la (sic) otras incompatible y
contradictoria, pues teniendo en cuenta que habiendo determinado para el caso
del proyecto de Bloque Alamo I la presencia de comunidad en el área no es
comprensible que DIRECCION DE ETNIAS (sic) certifique en esta
oportunidad la no presencia de indígenas en la zona del POZO ALAMO I, toda vez
que aunque el nuevo proyecto de Bloque Alamo I alude solamente al área donde se
ubica la plataforma de exploración, desde luego menor a la solicitad en el
proyecto de BLOQUE, sin embargo el punto relacionado en el proyecto de POZO
ALAMO 1 se encuentra al interior del Bloque señalado con antelación y para el
cual se demostró la presencia de comunidad (sic), este prospecto de pozo
no ha variado, en cambio sí lo han hecho con la delimitación del área de
influencia que desde el inicio de los trámites se ha venido presentando y
sobre la cual tanto la comunidad, como la defensoría (sic) habían venido
solicitando claridad. Pues lo que sí ha estado claro es que un área de
influencia no se determina solamente estableciendo sus posibles linderos
cartográficamente, sino a los impactos ambientales reales que no están
circunscritos a una sola coordenada con la del pozo de explotación sino que
como es apenas lógico se extiende en un área de influencia a la redonda, área
que en este caso se ha pretendido minimizar formalmente a fin de obtener la
licencia sin el requerimiento de consulta previa con la comunidad indígena”.
Manifiestan que
el 1° de abril de 2004, en reunión interinstitucional adelantada en el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, conocieron de la
modificación de la licencia ambiental en curso, solicitada por ECOPETROL S.A. y
fueron informados sobre la expedición de la certificación, que da cuenta de que
“en el punto del pozo no se encuentran comunidades indígenas en la zona,
certificación fechada a 10 de febrero de 2005”.
Circunstancia
ésta que el Ministerio del Interior y de Justicia, en reunión adelantada el 29
de marzo anterior, omitió informarles “aduciendo que frente al Proyecto de
Bloque Alamo I no pueden determinar si certificaron o no la presencia de
comunidades argumentando que “es posible que se haya extraviado una de las
carpetas del expediente Motilón Barí (…)”.
Indican,
respecto de las explicaciones dadas por “El MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION DE ETNIAS en cabeza de la doctora LUZ HELENA IZQUIERDO y el Dr. JUAN
FERNANDO MONSALVE”, sobre la expedición de los certificados.
“(…) Allí se solicita al Ministerio del Interior explicaciones y
respuestas sobre las dudas surgidas con ocasión de las certificaciones y sobre
lo cual no obtuvimos respuesta en la reunión del 29 de marzo. Al
interrogárseles sobre si habían certificado o no la existencia de comunidades
indígenas para el trámite de licencia de Bloque Alamo I, el doctor JUAN
FERNANDO MONSALVE manifestó que en el año 2002 se certificó que sí habían
comunidades indígenas mediante oficio del (sic)
fecha 3 de diciembre, igualmente se les cuestionó por la ausencia de la
Dirección de Etnias en el proceso de Consulta Previa frente a lo cual aseguran
haber asistido a 3 reuniones, sin embargo se les probó que solo existe
constancia de su asistencia a la reunión de l1 y 12 de diciembre de 2003. (sic)
en la misma reunión se debate sobre los criterios que emplea el MINISTERIO DEL
INTERIOR para determinar cómo certifica la existencia de pueblos indígenas,
pues frente a las 3 certificaciones expedidas en diciembre de 2002, junio de
2004 y la entregada en enero de 2005 surge el interrogante sobre los criterios,
a los cuales el Doctor JUAN FERNANDO MONSALVE contesta que para dar
certificados se mira primero la base de datos de los municipios y que de ese
criterio partió la primera certificación y que cuando las empresas desean saber
o determinar si en un punto específico hay comunidades indígenas, Dirección de
Etnias se traslada al punto y de ahí partió el criterio de la última
certificación. Ante esto surge un nuevo cuestionamiento pues de la certificación,
pese a ser un acto administrativo no se infiere el método o motivaciones que
dieron lugar a precisar la no existencia de comunidad en el área (coordenada),
ni en el expediente obra prueba alguna de las diligencias adelantadas con
ocasión de la aparente verificación, frente a esto añade el señor Juan Fernando
Monsalve que la verificación se hizo por vía aérea y que se tomaron unas
fotografías que incluso enseñó en la reunión pero que por una parte, se
desconoce donde fueron tomadas y por otra, no obran en el expediente, agrega,
además, que del sobrevuelo se pudo determinar que allí no habían (sic)
indígenas porque no los vio ni observó allí alguna choza. Nos preguntamos si es
que en cada punto de nuestro territorio debe haber un bohío o un indígena de
pie, para considerar que sí habitamos en lo que desde hace cientos de años es
nuestro territorio?”
Manifiestan que el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial i) no les permitió intervenir en el
trámite de la licencia ambiental, toda vez que se les negó el recurso
interpuesto contra el Auto 946 de 2004 emitido con el objeto de ordenar la
Protocolización de la Consulta, aduciendo que el Pueblo indígena no tenía
interés en el asunto y que ii) ante su insistencia en ser oídos, “el 30 de
noviembre de 2004, mediante comunicación 1080-EZ-88995” fueron informados
sobre “que la Dirección de Licencias Permisos y Trámites se encuentra
evaluando el Estudio de Impacto Ambiental presentado por ECOPETROL (sic)
y se hace relación a que se tendrá en cuenta lo expuesto por nosotros en lo
correspondiente a la participación de comunidades indígenas (…) sin embargo
nunca fuimos comunicados respecto de las decisiones adoptadas con
posterioridad”.
Indican al respecto:
“Por otra
parte, Ministerio de Ambiente (sic), a quien no solo se informó de las
irregularidades del proceso de consulta sino también de las fallas encontradas
en el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y en el PLAN DE MANEJO omite pronunciarse
respecto de nuestras solicitudes y respecto de las situaciones irregulares
puestas en su conocimiento, así mismo, omite informar a la comunidad de la
existencia de nuevos trámites y nuevas decisiones que evidentemente afectaban
nuestros derechos.
Las
actuaciones de las autoridades en mención, son abiertamente violatorias del
derecho de contradicción, probablemente el de mayor trascendencia sustancial en
cuanto implica a la actuación simultánea de administración y administrado
dentro del trámite, enfrentando criterios y opiniones en torno a los medios de
prueba solicitados o aportados, pues no solo no disponíamos de oportunidades
reconocidas para interponer recursos pues “no somos el Interesado”, sino que se
nos impidió la participación inmediata y efectiva de toda actuación, la cual
debió permitirse desde el mismo momento en que se advirtió que nuestros
derechos o intereses podían ser objeto de la decisión final”.
Sostienen que los Ministerios del
Interior y de Justicia, de Defensa, de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial y ECOPETROL S.A. “nos están violando los derechos de
participación, de consulta, derecho al Territorio, a la integridad étnica,
cultural social y económica, el derecho a la vida y a la subsistencia como
pueblo indígena, así como el derecho fundamental al Debido Proceso, consagrado
en el Artículo 29 de la Constitución Política, el derecho a la libre
movilización y el derecho fundamental a la propiedad.”
Fundan el perjuicio irremediable
que afrontan, en la ejecución de “la resolución que autorizó la licencia
ambiental que se extiende hasta cuando culminen las labores de exploración y se
evalúen sus resultados, pues la estrategia de ECOPETROL no se reducía al hecho
de pretender obtener la licencia ambiental del Pozo Alamo I sino en la medida
que se corroborara la existencia de petróleo, se iniciaría el trámite de
licencia ambiental, pozo por pozo aumentando con ello el impacto ambiental
sobre nuestro territorio indígena y vulnerando en forma permanente los derechos
fundamentales señalados, llegando al punto de no retorno, como es la destrucción,
desaparición, aniquilación y desplazamiento de nuestro pueblo indígena Motilón
Barí.
Para concluir señalan que desde
que se iniciaron las exploraciones en su territorio i) la fuerza pública “ha
acordonado el área y sus acciones y han minado nuestro territorio ancestral,
impidiéndonos visitar nuestros lugares sagrados y confinando nuestras
comunidades”; ii) las actividades de caza y pesca se han visto disminuidas “por
el temor de caer víctimas de los ataques de la fuerza pública (…) lo cual
empieza a generar efectos en  nuestra salud”; iii) “se ha restringido
por completo nuestra libre movilización y lo que hasta hace unos meses
constituían caminos de paso entre nuestras comunidades, en particular entre las
comunidades Ishtoda, el Castillo, Beboquira y Yera, hoy es territorio vedado
para nosotros, so pena de caer víctimas de las minas instaladas por el Ejército
y de las balas y morteros que implacablemente dispara la fuerza pública que
allí hace presencia, al percibir movimientos en los alrededores de la zona
acordonada y que constantemente propicia situaciones de riesgo para nuestra
vida e integridad”; iii) “se han incrementado los bloqueos de ingreso de
alimentos a nuestro territorio indígena” y iv) “hemos venido soportando
los efectos de enfrentamientos en territorio indígena, territorio donde
cohabitamos con algunos colonos que han sido las primeras víctimas del accionar
de la fuerza pública, pues algunos de ellos han resultado heridos, algunos con
amputaciones, a lo cual se suma la imposibilidad de acceder a la prestación de
los servicios médicos, pues al salir de la zona son dejados en los retenes
militares”.
Igualmente señalan que las
acciones de la fuerza pública no se “presentan únicamente en la coordenada
de ejecución del proyecto, sino que han extendido su accionar militar
acordonando la zona, arrojando bombas que ya han empezado a afectar
ostensiblemente nuestra cotidianidad, nuestro territorio y nuestros animales,
pues hemos perdido algunos de estos con ocasión de las bombas arrojadas”.
En armonía con lo expuesto,
solicitan el restablecimiento de sus derechos fundamentales a la supervivencia,
a la participación y al debido proceso.
En suma los accionantes
pretenden:
“PRIMERO: Se
AMPARE O PROTEJA la diversidad étnica y cultural de la comunidad indígena
Motilón Barí, que se protejan los derechos al territorio, a la subsistencia, a
la vida e integridad personal, a la participación, al debido proceso, a la
libertad de circulación y el derecho fundamental a la propiedad, que se estiman
fundamentales, no meramente programáticos, sino ciertos, reales y considerados
medulares para la supervivencia y el desarrollo socio-cultural de la etnia
Motilón Barí como grupo social que merece la especial protección del Estado en
los términos de los artículos 1°, 7° y 8° de la C. P. a fin de evitar un
perjuicio irreparable e irreversible como es la desaparición del pueblo
indígena Motilón Barí.
Como
consecuencia de lo anterior y como MEDIDA PROVISIONAL:
PRIMERO: Se
ORDENE al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, que proceda
en forma inmediata a SUSPENDER la aplicación y/o los efectos de la Resolución
No 0624 del 16 de mayo de 2005, la cual otorga licencia ambiental para el
proyecto Pozo Álamo 1 en territorio indígena.
SEGUNDO:
Que, como medida provisional se ORDENE al MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE
JUSTICIA, DIRECCION DE ETNIAS que en forma inmediata suspenda la aplicación y/o
Ios efectos de la certificación sobre presencia de comunidades indígenas
expedida en fecha 10 de febrero de 2005, la cual certifica la no presencia de
pueblos indígenas en el área del Pozo Alamo 1, sin consultar con las
comunidades y sin las motivaciones y fundamentos necesarios para tomar una
decisión tan relevante como es la de determinar la existencia o no de pueblos
indígenas.
Como
consecuencia de lo anterior:
PRIMERO: Que
se ordene a la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. suspenda la
construcción de obras civiles y la ejecución del proyecto de explotación y
exploración pozo Álamo 1 en territorio ancestral indígena.
SEGUNDO: Que
se ORDENE a todas las autoridades civiles y políticas nacionales,
departamentales y municipales ambientales y encargadas de la protección y
promoción de los derechos humanos y de asuntos étnicos, a tomar las medidas
necesarias para garantizar la protección y realización de los derechos
fundamentales tutelados, especialmente el derecho a la vida y el de la
integridad física de todas las autoridades tradicionales, accionantes y
miembros del pueblo indígena Motilón Barí, los cuales se encuentran siendo
vulnerados por la acción de las autoridades públicas ambientales y encargadas
de asuntos étnicos en el orden nacional y los cuales se encuentran amenazados
por los altos niveles de riesgo que se derivan de la decisión de un pueblo
indígena de OPONERSE A UN PROYECTO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
NATURALES en el cual se encuentran inmersos muchos intereses económicos y
políticos.
TERCERO: Que
se ORDENE a la fuerza pública que hace presencia en la zona demarcada por el
ejército como cordón de seguridad para garantizar la integridad física de los
materiales y de la infraestructura petrolera del Proyecto de Exploración y
Explotación Álamo 1, -EJERCITO NACIONAL­abstenerse de emprender cualquier
acción bélica que atente contra la integridad física de los miembros del Pueblo
Indígena Motilón Barí y de los Colonos que se encuentran en la zona cercana a
la Vereda el Progreso; y acciones que impliquen la limitación del derecho a la
libertad de locomoción, por lo que solicitamos se ordene a la Fuerza Pública
levantar el veto que existe sobre la zona acordonada pues impide el tránsito y
la realización de actividades propias de la Cultura y Pueblo Barí.
CUARTO: Que
la Defensoría del Pueblo si así lo considera el HONORABLE TRIBUNAL sea
vinculada, para que en ejercicio de las funciones que le asigna
el artículo
282 de la Constitución Política asesore y acompañe a nuestro Pueblo Indígena
como accionantes, a partir de la notificación de la sentencia.
QUINTO: Que
se de trámite a lo procesos disciplinarios a que haya lugar, con ocasión del
accionar de los señores JESUS MARIA RAMIREZ CANO, JUAN FERNANDO MONSALVE y LUZ
HELENA IZQUIERDO y demás funcionarios en la vulneración de nuestros derechos
fundamentales, en la pérdida de documentos públicos del Expediente del
Ministerio del Interior, en la omisión de su deber de coordinadores
interinstitucionales de la consulta previa y de veedores”.
4.      Intervención Pasiva
4.1    Ministerio
de Defensa. Fuerzas Militares de Colombia
El señor Brigadier General Edgar
Ceballos Mendoza afirma que la Quinta Brigada del Ejército ejerce control
operacional en los municipios de Tibú y de la Gabarra (área del Catatumbo),
dada la presencia en la región de actores armados, FARC ELN y AUC y que, en
razón de la ejecución del Proyecto Alamo I y en coordinación con ECOPETROL
S.A., dicha Brigada presta seguridad física en el área del Proyecto.
Asegura que “la Fuerza Pública
en ninguna de sus actividades de seguridad y control emplea o ha empleado la
siembra de minas antipersonales, proscritas por el Derecho Internacional
Humanitario constituyéndose a la inversa en blanco de estos medios de guerra
que han dejado miles de víctimas militares en el territorio nacional” y
también afirma que las actividades operacionales, llevadas a cabo en los
municipios de Tibú, la Gabarra y en general en la región del Catatumbo, “se
han desarrollado con plena garantía y respeto a las comunidades indígenas”, habida
cuenta que sus integrantes reciben permanente apoyo de la fuerza pública para
la satisfacción de sus necesidades y desplazamientos.
Sostiene que las comunidades
indígenas más cercanas al Pozo Álamo I se encuentran ubicadas aproximadamente a
7 kilómetros y medio al Norte y entre 12 y 14 kilómetros al Sur, del área
asignada a ECOPETROL S.A. y que tanto las obras que ésta adelanta, como las
actividades de seguridad y control a cargo de la fuerza pública, no afectan el
desarrollo integral de dichas comunidades.
En cuanto a las vías de
comunicación, señala que en el sector se cuenta con varios caminos que las
comunidades indígenas frecuentan, especialmente con una vía pavimentada de 1.5
metros de ancho que une el sitio denominado Caño Tomás con la llamada
Cooperativa, recorriendo un amplio territorio y que el río Catatumbo, como lo
ha sido desde épocas inmemoriales, sigue siendo utilizado sin restricciones por
los pueblos indígenas de la región, para transportarse.
Con relación a los bloqueos
permanentes al ingreso de alimentos, a que alude la demanda, el señor Brigadier
General asevera que la actividad de control sobre tráfico de mercancías e
insumos en el área se realiza con sustento en las Resoluciones 013 y 016 de
julio de 2004 y 0004 de 11 de agosto de 2000, emitidas por el Consejo Nacional
de Estupefacientes, es decir comporta el transporte de materiales comúnmente
utilizados para el procesamiento, la transformación o la fabricación de
narcóticos, exclusivamente.
4.2    Ministerio
del Interior y de Justicia
La señora Luz
Elena Izquierdo Torres, en calidad de Directora de Etnias del Ministerio del
Interior y Justicia, en respuesta a la demanda de la referencia, recuerda que
de conformidad con lo reglado en el artículo 3° del Decreto 1320 de 1998, al
Ministerio del Interior y de Justicia le corresponde certificar la presencia de
comunidades indígenas en el territorio nacional y determinar el pueblo al que
pertenecen y su representación.
Agrega que por
ello, la Dirección a su cargo, mediante comunicación No. 7808 del 5 de junio de
2003, dio cuenta de la presencia de la “comunidad indígena Barí denominada
Bedoquira-Cacricacha en el municipio de Tibú”, atendiendo la información
suministrada por el DANE, y, al mismo tiempo inició un proceso de acercamiento
con dicha comunidad, el cual concluyó con una reunión de protocolización que no
pudo adelantarse, porque las autoridades e integrantes del Pueblo Indígena
Motilón Barí no acudieron a la convocatoria, aunque se dirigieron al señor
Presidente de la República para exponerle su oposición al Proyecto Alamo I.
Refiere que en
el mes de enero de 2005, ECOPETROL S.A. solicitó al Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial la modificación de la solicitud de licencia
ambiental en trámite, relativa a la exploración del Proyecto Alamo 1, con base
en una nueva delimitación, de manera que la Dirección a su cargo tenía que
certificar sobre la no existencia de comunidades indígenas en la zona, lo que
efectivamente ocurrió.
4.3    Ministerio
del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
El Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, por intermedio de apoderado, interviene para
poner de presente que el trámite tendiente a otorgar a ECOPETROL S.A. una
licencia ambiental se desarrolló en dos etapas, la primera con referencia al
área Álamo y la segunda respecto de una zona menor, denominada Álamo 1.
Sostiene que el
Ministerio dio cumplimiento al trámite de la consulta previa, dispuesto en los
artículos 12 del Decreto 1320 de 1998 y 14 del Decreto 1220 de 2005, en
concordancia con la Ley 99 de 1993, si se considera i) que ECOPETROL S.A.
allegó Actas que dan cuenta de las reuniones celebradas con las autoridades e
integrantes de las comunidades indígenas, con fines de consulta previa, en
presencia de la Procuraduría Judicial para Asuntos Ambientales y Agrarios, la
Gobernación del Norte de Santander, Corponor y la Defensoría del Pueblo; y ii)
que el Ministerio convocó a una reunión de protocolización, a la cual los
indígenas no asistieron y tampoco justificaron su inasistencia, aunque les fue
notificada la decisión que disponía la celebración.
Agrega que, con
posterioridad, ECOPETROL S.A. solicitó modificar la licencia ambiental y para
el efecto allegó certificación emitida por el Ministerio del Interior y de
Justicia, la cual da cuenta de que no existen comunidades indígenas en la zona
delimitada.
Por lo anterior,
considera que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, en
ningún momento vulneró las garantías constitucionales del Pueblo Indígena
Motilón Barí, sino que sus autoridades e integrantes “renunciaron
tácitamente a participar en el proceso de consulta previa dentro del proyecto
Álamo y no presentaron justificación alguna de la inasistencia por ende el
procedimiento continuó con el trámite normal”, que a la postre conllevó al
otorgamiento de la Licencia Ambiental en curso.
Finalmente,
manifiesta que la acción de tutela no es el medio idóneo para resolver sobre la
validez de un acto administrativo, dotado de presunción de legalidad, como
viene a serlo el que otorga una licencia ambiental.
4.4    ECOPETROL
S.A.
ECOPETROL S.A.,
por intermedio de apoderado, en respuesta al Oficio J-9762, librado el 24 de
octubre del 2005 por el H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander, se
refiere al trámite de consulta adelantado por la entidad, con el fin de
destacar cómo “a pesar de haber cumplido con las exigencias de ley se
encontró el rechazó sistemático del proyecto por parte de la comunidad
indígena”, al punto que el proceso culminó “en el mes de septiembre de
2004 sin protocolización de la Consulta Previa”, dada la inasistencia de
las comunidades a la reunión convocada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, con tal fin.
Agrega que, en
razón de lo anterior, en consideración a que la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia, “advirtió al Ministerio del Ambiente
que el proceso no requería consulta por cuanto no era clara la existencia de
comunidades en el área del proyecto (...)” y dado que el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial realizó algunas objeciones al
Plan de Manejo Ambiental, dirigidas básicamente “a satisfacer las
inquietudes planteadas por la comunidad Motilón Barí en escrito del 23 de
septiembre de 2004 (…) a la que adjuntan un extenso escrito titulado
“Consideraciones y Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental del Bloque de
Perforación Exploratoria Alamo en la que identifican 19 fallas del EIA
presentado por Ecopetrol”, esta entidad resolvió prescindir “de la
solicitud de licenciamiento de todo el Bloque”.
Afirma que la decisión anterior
se tomó con el propósito de “(…) minimizar los impactos ambientales y
sociales en el área y que además con la sola perforación del prospecto Alamo 1
bastaría para definir la presencia de hidrocarburos en esa cuenca del
Catatumbo, razón por la que no se requiere la licencia ambiental para la
totalidad del Bloque, sino sólo para el área del pozo Alamo 1”.
Agrega que, una vez solicitada la
modificación y comoquiera que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial obtuvo certificación de no existencia de comunidades indígenas o
afrodescendientes en la zona, el trámite de Consulta Previa quedó descartado.
Por consiguiente
solicita negar la protección, dado que ECOPETROL S.A. no vulnera los derechos
fundamentales del Pueblo Indígena Motilón Barí y la Resolución que otorga la
licencia ambiental se encuentra en firme y en ejecución, dada la presunción de
legalidad que le es propia.
4.5    Departamento
de Norte de Santander
El Gobernador
del Departamento de Norte de Santander interviene en el presente asunto, para
solicitar que el amparo invocado por el Pueblo Indígena Motilón Barí no se
conceda.
Para el efecto
considera que, “de acuerdo con la amplia información allegada como soporte
documental se constata”, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial cumplió a cabalidad con el procedimiento establecido en la ley en
materia de expedición de licencias ambientales, habida cuenta que “el área
donde se llevará a cabo la explotación no está dentro del resguardo
indígena por cuanto se trata de un área de exploración de 2,5 hectáreas (sic),
pues de allí se verificará si existe o no petróleo, que justifique una
exploración y/o exploración más amplia, caso en el cual se deberá solicitar la
ampliación de la licencia”.
Finalmente,
sostiene i) que el Pueblo Indígena Motilón Barí cuenta con otros medios para
hacer valer los derechos fundamentales, que a su parecer le están siendo
vulnerados, circunstancia que hace improcedente la acción de amparo, ii) que
los accionantes no demuestran que las actividades adelantadas en ejecución de
la licencia ambiental los afectan de manera irremediable, y ii) que el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo le impuso a ECOPETROL S.A. un
conjunto de medidas encaminadas a prevenir factores de deterioro ambiental.
5.      Decisiones
judiciales objeto de revisión
5.1    Primera
instancia. H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander
El H. Tribunal
Administrativo de Norte de Santander inicialmente destaca que en los términos
del Decreto 1320 de 1998, “ la consulta previa se realizará cuando el
proyecto obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o
reservas indígenas (…). Igualmente, se realizará consulta previa cuando el
proyecto obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y
habitadas en forma regular y permanente por muchas comunidades indígenas (…)”.
En armonía con
lo expuesto, el fallador de primera instancia considera que la consulta previa
deberá realizarse tanto cuando los proyectos se adelanten en zonas de
resguardo, como en territorios habitados regular o permanentemente por
comunidades indígenas, previa certificación del Ministerio del Interior y de
Justicia, sobre la presencia de comunidades en la zona y la determinación del
pueblo al que las mismas pertenecen.
Encuentra
razonable que al Pueblo Motilón Barí lo asalten dudas acerca del proceso de
consulta previa adelantado por ECOPETROL S.A., de la modificación de la
licencia ambiental y de las certificaciones expedidas por el Ministerio del
Interior y de Justicia sobre su existencia en la zona.
Se pregunta,
entonces, el fallador de primera instancia, por los efectos de la modificación
de la solicitud de la licencia ambiental, “sobre la obligación de consulta
que establece la Constitución y la ley”, frente a la certificación sobre la
no existencia de comunidades indígenas, emitida por la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia y concluye que la consulta no tenía que
adelantarse.
Para el efecto
se apoya i) en la certificación emitida en febrero de 2005 por el Ministerio
del Interior y de Justicia , a cuyo tenor “NO SE REGISTRAN comunidades
indígenas en el área de Perforación Exploratoria”, ii) en el Oficio
04301 del mismo año, librado por la Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental CORPONOR[9] que da cuenta de que “el
área de explotación no se encuentra en territorio indígena (…)” y iii) en
la respuesta emitida por la Gobernación del Norte de Santander, en atención al
requerimiento de su despacho, la cual señala que “de acuerdo a las
coordenadas de ubicación del proyecto ALAMO 1 no se encuentra en el área de
influencia de la comunidad indígena Motilón Barí”.
Concluye,
entonces, que los accionantes no tenían que ser consultados, con fines de
expedición de la licencia ambiental, en los términos del Decreto 1320 de 1998,
establecido como se encuentra “que en el área de exploración perforatoria
del Pozo Alamos (sic) 1 que según la licencia tiene un radio de 250 mts. no
existen comunidades indígenas en los términos y modalidades que preceptúa el
Decreto 1320 de 1998 y por tanto no eran obligatoras las consultas que en la
misma norma se establecen”.
En lo que tiene
que ver con el desconocimiento del derecho a no ser sometidos a desaparición
forzada, que los demandantes relacionan con las acciones adelantadas por el fuerza
pública en la zona, el H. Tribunal manifiesta que conocida la situación de
intenso y permanente conflicto que se vive en la región del Catatumbo y con “con
ocasión del proyecto exploratorio del pozo Álamo 1”, está claro que “las
comunidades indígenas Motilón Barí están sufriendo las conductas a las cuales
aluden”, sin que esto comporte que el amparo invocado tenga que concederse,
habida cuenta que en el expediente no obran “elementos específicos y
concretos”, para que proceda la protección.
No obstante, el
fallador considera que debe “hacer precisión” sobre su decisión, porque
de extenderse la exploración al territorio de las comunidades o si la
explotación de petróleo llegare a ser viable “ECOPETROL está obligado a
realizar el trámite de modificación de la Licencia, con aplicación del Decreto
1320 si es del caso”.
Lo anterior por
cuanto “si bien no existe un resguardo en la zona específica de explotación
del Pozo Alamo 1, de los mapas cartográficos (fol. 180 y 255 exp. Principal)
que reposan en el expediente, de la solicitud de ampliación de información por
parte del Ministerio del Ambiente (sic) contenida en el Auto No. 57 del 21 de
enero de 2005 (especialmente fol. 122 vto. y 123 vto. cuaderno de pruebas) se
desprende que sí hay algunos asentamientos indígenas (llamados parcialidades
indígenas en el documento) pertenecientes a la etnia Motilón Barí dentro del
área de influencia del proyecto Macro denominado Alamo, que podrían sufrir
algunas afectaciones de desarrollarse la explotación de dicho proyecto”.
En armonía con
lo expuesto el H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander resolvió i)
negar la acción de tutela instaurada por el Pueblo Indígena Motilón Barí y ii)
remitir copia de la actuación a los organismos de control y autoridades
ambientales, “a fin de que hagan seguimiento al cumplimiento por parte de
ECOPETROL o de quien actúe en su nombre de la Licencia Ambiental concedida
mediante Resolución No. 0624 del 16 de mayo de 2005, expedida por el Ministerio
del Medio Ambiente (sic) y de las acciones presentes y futuras que se
deriven de la exploración del Proyecto Alamo, con miras a la defensa de la
integridad étnica, social, económica y cultural de la Comunidad Motilón Barí.,
que establece el Art. 330 de la Constitución Política, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
5.2    Impugnación
Los señores
Armando Bashngdura Ayshidora Ismiyara y Roberto Dacsarara Axdobodora Cashara,
quienes figuran entre los integrantes del Pueblo indígena Motilón Barí que
instaura la acción que se revisa, solicitan i) “se revoque la decisión del
juez de tutela de Primera Instancia y se ordene el amparo de los derechos
fundamentales vulnerados y se tomen las medidas necesarias para ello”;
previa revisión de las pruebas, de los hechos narrados en la demanda y de sus
argumentaciones y alegatos, “con criterio humanista” y ii) “que
mientras se toma la decisión de fondo, por favor, por la vida, por la
integridad de nuestros ancianos, mujeres y niños se suspendan las actividades
que ECOPETROL  y el Ejército Nacional adelantan en la zona, por cuenta del
otorgamiento de la Licencia Ambiental”.
Para el efecto y
en alusión al “juicioso análisis del fallo de tutela en el que se brinda
tanta relevancia a la decisión de desconocer nuestra existencia en la región y
especialmente en el territorio definido para el proyecto de exploración y
explotación Alamo 1 y del cual se desprende por nuestra no presencia es que no
hay vulneración de derechos (sic)”, precisan:
-Que la
certificación emitida en febrero de 2005, por la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia “es una certificación sometida a los
intereses de          ECOPETROL S.A.”, como quiera que se expide “después
de que el Ministerio del Ambiente decide suspender el trámite por las consideraciones
que como pueblo indígena realizamos sobre la elaboración del Estudio de Impacto
Ambiental (…)”.
-Que el cambio
de certificación convenía a ECOPETROL S.A., “frente a los hechos de una
posible negación de la Licencia Ambiental por las razones planteadas y
expuestas del pueblo Barí (…)”, habida cuenta i) que certificaciones
anteriores dan cuenta de la existencia de comunidades indígenas en el área de
influencia del Proyecto, ii) que la certificación que niega su existencia se
expidió “ante la primera amenaza de negación de la licencia ambiental” y
iii) de los pronunciamientos del Consejo Autónomo de Caciques del Pueblo
Indígena Motilón Barí, que tuvo lugar durante el Taller adelantado los días 10
y 11 de agosto de 2004.
-Que las
certificaciones que niegan su existencia “carecen de sustento técnico y
legal”, habida cuenta que su expedición dependió “totalmente de un
soporte subjetivo, el de los funcionarios encargados de realizar la
certificación, pues no cuentan con ningún otro, salvo el de que sobrevoló en un
helicóptero, todo con gastos pagos por ECOPETROL S.A., porque la empresa quería
que se certificara sobre la coordenada argumentando e insinuando que los
criterios para definir la presencia o no de pueblos indígenas los impone
ECOPETROL, cuando los criterios legales y técnicos no son convenientes para la
Empresa”.
-Que “el
Certificado de no presencia de comunidades indígenas no fue notificado”.
En este punto
los accionantes se preguntan y abogan por un pronunciamiento razonable del juez
de tutela que responda i) por qué la certificación emitida por la Dirección de
Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, que da cuenta de la
existencia de comunidades indígenas y de su pertenencia a un Pueblo
determinado, con fines de consulta previa, “trascendental y relevante para
la vigencia y realización de los derechos de los pueblos indígenas (…)
lamentablemente está demostrado que no goza de las formalidades de un Acto
Administrativo”, se expide sin conocimiento de los afectados y ii) la razón
que condujo al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial a
desconocer el interés de su Pueblo, en el trámite adelantado por ECOPETROL
S.A., al punto que no se les permitió interponer recursos y conocer
oportunamente de las decisiones.
-Que no se puede
pasar por alto, porque las pruebas la evidencian, “la falta de ética e
imparcialidad con la que obraron los funcionarios de la dirección de etnias (sic)
reseñados en el expediente (…) especialmente el funcionario Juan Manuel
Monsalve, quien además fue mezquino, irrespetuoso, osado e inconciente (sic)
al poner en riesgo la pervivencia de un pueblo indígena colombiano por
garantizar la realización de los intereses económicos de la empresa ECOPETROL
sobre una cultura y territorio indígena”.
-Que la Dirección
de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia es la encargada de
certificar sobre la existencia de comunidades indígenas, el Pueblo al que
pertenecen y su representación, de manera que sobre el punto nada tiene que
decir el Gobernador del departamento de Norte de Santander.
-Que el juez de
tutela no puede permitir que se consolide el atropello de que están siendo
víctimas, si se considera que luego de que el 1° de abril de 2005, en reunión
de concertación institucional, a la que asistieron los Ministerios del Interior
y de Justicia, de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, la Procuraduría y
la Defensoría del Pueblo, “se define por consenso realizar una verificación
en la zona”, el Ministerio del Interior “en aras de continuar con la protección
de los intereses de ECOPETROL (sic), responde que tal verificación fue
realizada, sin las autoridades concertadas en el acuerdo y sin el pueblo
indígena Motilón Barí (…)”.
En este punto,
manifiestan que “no estamos diciendo que no haya exploración y explotación
de petróleo, lo que estamos diciendo es que se realicen sin atropellar a los
pueblos indígenas que se encuentran en Colombia, hay unas pautas
internacionales y nacionales legales y técnicas para que se haga de la mejor
manera y no a costa de los derechos y de la dignidad de los pueblos indígenas”.
-Que “la
presencia del pueblo indígena no se define por metros cuadrados”. En este
punto los accionantes disienten del fallo de primera instancia, en cuanto en la
providencia se afirma que en los 250 metros aledaños al Pozo Alamo 1 las
comunidades indígenas no hacen presencia, toda vez que “vivimos transitamos
y desarrollamos nuestras actividades de caza y pesca no solo en nuestros
resguardos sino en aquellos territorios que aún no han sido reconocidos por el
estado (sic) a pesar de conocer que nuestro pueblo no está circunscrito
solo en los pequeños resguardos que nos entregaron después de las consecuencias
graves de la exploración, expoliación y despojo de nuestros territorios durante
el siglo pasado”.
Se detienen en
las conclusiones que sobre su visita a Colombia hizo públicas el Relator
Especial para los Pueblos Indígenas de la ONU, en noviembre del 2004, traen a
colación cifras publicadas recientemente “(CECOIN, OIA, 2005)”, sobre
asesinatos políticos de líderes e integrantes de comunidades indígenas en
diferentes partes del territorio nacional y para concluir insisten en la
evidente amenaza y el perjuicio irremediable que representa para su
supervivencia la puesta en marcha del Proyecto de Exploración del Pozo Alamo 1.
5.3    Segunda Instancia
La Subsección B
de la Sección Segunda de la Sala en lo Contencioso Administrativo del H.
Consejo de Estado confirma la providencia fundada en que ECOPETROL S.A.
adelantó el trámite tendiente a obtener la licencia ambiental, para desarrollar
el Proyecto de Exploración Álamo y luego redujo su solicitud, precisamente “con
el fin de no atentar contra los derechos de la comunidad indígena, pues en
dicha zona según certificaciones expedidas por las autoridades competentes  no
existen resguardos indígenas”.
Asegura el ad
quem que la Resolución 0624 de 16 de mayo de 2005, mediante la cual el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial concede a ECOPETROL
S.A. licencia ambiental para adelantar la exploración del Pozo Alamo I, goza de
presunción de legalidad, que no puede ser desconocida sino por el juez
contencioso administrativo y que no se vislumbra perjuicio irremediable alguno,
“habida cuenta que el trámite adelantado se ciñó a lo dispuesto en el Decreto
1320 de 1998, que obliga a la consulta previa cuando en el territorio en el que
se pretende desarrollar el proyecto es zona de resguardo y de reserva indígena,
hecho que fue desvirtuado por las entidades competentes (…).”
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las anteriores decisiones, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991 y por selección de la Sala Siete de esta Corporación,
mediante providencia del 27 de julio de 2006.
2.      Problema
jurídico que la Sala debe resolver
Corresponde a la Sala decidir si
procede la protección constitucional de los derechos a la integridad étnica y
cultural, a la participación en las decisiones que los afectan, a la vida y a
la integridad del Pueblo Indígena Motilón Barí presuntamente vulnerados por los
Ministerios del Interior y de la Justicia, de Defensa y de Ambiente y
Desarrollo Territorial y por la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A.
Lo anterior, porque la Dirección
de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia emitió una certificación
que niega la presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia del
Pozo Alamo 1 y, con fundamento en ella, el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Terrritorial le concedió a ECOPETROL S.A. licencia ambiental para
realizar obras civiles, levantar construcciones y en general adelantar trabajos
exploratorios en la vereda El Progreso, corregimiento de La Gabarra, municipio
de Tibú, que el Ministerio de Defensa hace cumplir efectivamente.
No obstante, dado el carácter
subsidiario y residual de la acción de tutela, la Sala habrá de resolver
previamente sobre la procedencia de la acción, en razón de que la Subsección B
de la Sección Segunda de la Sala en lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado confirma la sentencia que niega la protección, con fundamento en que
compete a la jurisdicción en lo contencioso administrativo y no al juez de
tutela resolver sobre la legalidad de la Resolución 0624 de 2005, por la cual
el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial le concedió
ECOPETROL S.A. una licencia ambiental con fines exploratorios.
3.      Consideraciones
preliminares
3.1    Reiteración de
jurisprudencia. Acción de Tutela y protección de la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana
Es cierto que los actos
administrativos, para el efecto la Resolución 0624 de 2005, que concede a la
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. licencia ambiental para
adelantar la exploración del Pozo Alamo 1 ubicado en el zona del Catatumbo, se
controvierten ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo, porque
compete a ésta juzgar las actuaciones de las entidades públicas y dar solución
a las controversias suscitadas entre el Estado y los particulares.
De igual manera, tal como lo
dispone el inciso final del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo,
compete a la jurisdicción en lo contencioso administrativo acceder o no a la
nulidad del acto de certificación emitido el 7 de febrero de 2005 y ratificado
el 15 de abril del mismo año, por la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y de Justicia.
Dentro de este contexto, las
autoridades y cada uno de los integrantes del Pueblo Indígena Motilón Barí bien
podrían instaurar i) sendas acciones de nulidad en contra del acto que
certifica la no existencia de comunidades indígenas en el área de influencia
del Pozo Alamo 1, ubicado en la vereda El Progreso, corregimiento La Gabarra,
municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander y de aquel que concede
licencia ambiental para la exploración petrolera en su territorio[10];
y ii) acción de reparación directa, alegando los daños causados por los actos y
omisiones en que han incurrido las autoridades accionadas –artículos 84 a 87
C.C.A.-
Lo anterior conduce a la Sala a
concluir que la validez de la Resolución 0624 de 2005 y de la certificación
expedida el 7 de febrero de 2005, por el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial y por la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior
y de Justicia respectivamente, al igual que las posibles condenas por los
perjuicios causados por el Estado, en razón de la expedición y desarrollo de
una y otro, son asuntos que deberá resolver la jurisdicción en lo contencioso
administrativo.
No obstante, las acciones que
podrían instaurar las autoridades indígenas o los integrantes de sus
comunidades individualmente considerados, como podría hacerlo cualquier
colombiano o persona perjudicada con una acción estatal, con miras a declarar
la nulidad de un acto administrativo y el consiguiente restablecimiento del
derecho, no excluye la intervención de aquellas autoridades e integrantes ante
el juez de amparo, en procura de su supervivencia como Pueblo indígena
reconocible –artículos 86 y 241 C.P.-.
Al respecto, esta Sala reiterará
la jurisprudencia constitucional sobre el derecho constitucional fundamental de
los Pueblos Indígenas y Tribales asentados en el territorio nacional a ser
consultados, recordando, para el efecto, que esta Corporación tiene definido
que la acción de tutela es el único mecanismo efectivo previsto en el
ordenamiento para preservar la riqueza cultural de la nación colombiana[11].
Vale recordar, en punto a la
preservación de la identidad nacional que esta Sala, en los términos de la
Sentencia T-955 de 2003[12], sin adentrarse en la
validez de las Resoluciones emitidas por CODECHOCO para
permitir y autorizar explotaciones forestales en el territorio colectivo de las
comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica, restableció los derechos
fundamentales de esos Pueblos dejando a salvo las acciones para entonces
pendientes de instaurar y de definir por la jurisdicción en lo contencioso
administrativo.
Señaló entonces esta Corte:
“No particulariza
la Sala las actuaciones de las entidades accionadas al respecto, dado que no es
asunto de su competencia resolver sobre los actos administrativos de contenido
particular inoponibles a quienes demandan el amparo, como tampoco definir las
responsabilidades de los funcionarios estatales, así la pretensión se invoque
de manera transitoria -como quedó explicado-; pero, como le corresponde
proteger y hacer respetar la diversidad étnica y cultural de la nación, de la
cual los accionantes son portadores, llama la atención a las entidades
accionadas sobre la vigencia de la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169
de la OIT, en especial sobre su artículo 4°, como también de los artículos 6° y
24 de la Ley 70 de 1993, y las conmina a su cumplimiento.
En este
sentido la Sala observa, que las explotaciones forestales que se adelantan en
las zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico i) no han sido
consultadas a las comunidades negras de la región, como lo disponen el artículo
15 del Convenio 169 de la OIT y los artículos 55 transitorio y 330 de la Carta
Política, ii) que dichas explotaciones no benefician real y verdaderamente a
las comunidades de la región, y iii) que no se ha expedido la reglamentación
que deberá regular los aspectos que les permitirán a dichas comunidades extraer
de manera sustentable los productos de sus bosques sin desmedro de su identidad
cultural.
De suerte
que atendiendo los dictados del artículo 4° del Convenio 169 de 1969 el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Corporación
Forestal para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCO, dentro de sus
competencias, i) suspenderán las explotaciones forestales que se adelantan en
el territorio colectivo de las comunidades negras de la Cuenca del Río
Cacarica, salvo los usos de los integrantes de las comunidades por ministerio
de la ley, ii) mantendrán la medida hasta tanto se reglamente la utilización de
los bosques colectivos, previa consulta con las comunidades como más adelante
se indica, y iii) autorizará nuevas extracciones, siempre que las condiciones
demuestren que serán las comunidades negras y su proceso cultural los
beneficiarios reales de la explotación”.
Vistas las anteriores
consideraciones esta Sala resolverá de fondo si las actividades de exploración
que adelanta ECOPETROL S.A. habrán de suspenderse, sin perjuicio de la
Resolución 0624 de 2005 que las permite, para en su lugar restablecer el
derecho fundamental del Pueblo Indígena Motilón Barí a ser consultado en todas
las decisiones que lo pudieren afectar, de buena fe y con miras a lograr un
acuerdo y, de no ser ello posible, con el fin de considerar especialmente sus
planteamientos y pretensiones –artículos 1°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13, 63, 68,
70, 72, 93, 94, 246, 329 y 330 C.P.-.
4.      El derecho de los
pueblos indígenas a la consulta previa. Delimitación territorial y explotación
de recursos naturales
4.1    La Carta Política, además de reconocer la diversidad étnica y
cultural de la nación colombiana –artículos 1° y 7°-, impone al Estado el deber
de proteger sus riquezas, promoviendo y fomentando el desarrollo de todas las
culturas en condiciones de igualdad, le da carácter oficial a las lenguas y
dialectos indígenas, destaca el derecho de los integrantes de los grupos
étnicos a optar por una formación que respete y desarrolle su identidad y le
permite a sus autoridades influir decididamente en la conformación de las
entidades territoriales indígenas, al igual que en la explotación de los
recursos naturales para que se adelante “sin desmedro de la integridad
cultural, social y económica indígenas” –artículos 8°, 70, 13, 10°, 68, 246
y 330 C.P.-.
En este orden de ideas, los
artículos 330 y 329 constitucionales crean ámbitos de
confrontación cultural específica, que obligan a las autoridades a redefinir la intervención estatal en los territorios ancestrales de los
grupos étnicos, dentro del marco de los principios del derecho internacional
que reconocen a las minorías nacionales el derecho “a ser diferentes a
considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales[13]”
–artículo 9° C.P.-, garantizando de esta manera la pervivencia de la riqueza
cultural, que la diversidad étnica de la nación colombiana comporta–artículos
1°, 7°, 8°, 68 , 70 y 246 C.P.-.
4.2    El Derecho
Internacional de los Derechos Humanos[14], en especial el Convenio
169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aprobado por la Ley 121 de
1991[15], asume que estos Pueblos
“pueden hablar por si mismos, que tienen derecho a participar en el proceso
de toma de decisiones que los afectan y que su contribución, además, será
beneficiosa para el país en que habitan[16]”, en
consecuencia el instrumento internacional en mención fija las pautas para que
los Estados Partes adelanten gestiones de reconocimiento tendientes a la
inclusión de los grupos étnicos, mediante el mecanismo de la Consulta Previa y
el derecho de los grupos étnicos a la autodeterminación en lo que atañe a su
proceso de desarrollo.
Indica al respecto el Convenio:
“Artículo 6°
1. Al
aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar
a los pueblos interesados, mediante procedimiento apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b)
Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;
c)
Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e
iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos
necesarios para este fin.
2. Las
consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas.
Artículo 7°:
Los pueblos
interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible,
su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas
de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 2.
El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y
educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación,
deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las
regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas
regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen
estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la
incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las
actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados
de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la
ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar
medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar
el medio ambiente de los territorios que habitan”.
4.3 En lo que
tiene que ver con la delimitación territorial, el artículo 13 del Convenio en
mención dispone que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial
que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste
su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que
ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos
colectivos de esa relación”, y a la vez el instrumento destaca la necesidad
de considerar que dicha relación comprende “(…) lo que cubre la totalidad
del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de
alguna u otra manera”.
En armonía con lo
expuesto, mediante Sentencia C-418 de 2002 esta Corporación declaró exequible
el artículo 122 de la Ley 685 de 2001, “bajo el entendido que en el
procedimiento de señalamiento y delimitación de las zonas mineras indígenas se
deberá dar cumplimiento al parágrafo del artículo 330 de la Constitución y al
artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991[17]”.
Se detuvo la Corte, en la
oportunidad en mención, en la jurisprudencia constitucional en materia “del
derecho de participación como garantía de efectividad y realización del derecho
fundamental a la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas (…)” y pudo concluir que así la delimitación de las tierras
comunales de los grupos étnicos no comporte el adelantamiento de proyectos
concretos y, sin perjuicio de que la participación de aquellos en las
actividades de exploración e explotación que llegaren a adelantarse en sus
territorios ancestrales se encuentra garantizada, “a juicio de esta
Corporación no se puede desconocer que como en la medida en que el señalamiento
y delimitación de la zona minera indígena están llamados afectar el régimen de
explotación del suelo y el subsuelo minero en los territorios indígenas no es
indiferente la participación de la comunidad indígena respectiva”.
Cabe precisar, además, que
conforme a la Ley 685 de 2001 las autoridades indígenas no solo participan en
la definición de zonas mineras, como quedó explicado, “(…) sino que las
mismas son competentes para señalar, dentro de la zona minera indígena,
los lugares que no pueden ser objeto de exploraciones o explotaciones mineras
por tener especial significado cultural, social y económico para la comunidad o
grupo aborigen, de acuerdo con sus creencias, usos y costumbres (…). La
anterior prerrogativa halla su justificación en el arraigado vínculo existente
entre los pueblos indígenas y sus territorios, del cual se deriva
consecuentemente la autonomía de que gozan en relación con tales asuntos”[18].
Debe recordarse, al respecto, que
esta Corte, en los términos de la Sentencia SU-383 de 2003, ya citada, ordenó al
Gobierno Nacional, acudir al mecanismo de la consulta previa con el objeto de
delimitar el ámbito territorial que comprendería la “Consulta Previa”, que
mediante la providencia se ordenó adelantar, i) comoquiera que la concepción
territorial de los pueblos indígenas y tribales no concuerda con la visión que
al respecto maneja el resto de la población; ii) habida cuenta que la
delimitación de las tierras comunales de los grupos étnicos no puede desconocer
los intereses espirituales, como tampoco los patrones culturales sobre el
derecho a la tierra, usos y conductas ancestrales; y iii) debido a que el
artículo 290 de la Carta Política prevé el asunto, al disponer que, con el
cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley, “se
realizará el examen periódico de los límites de las entidades territoriales y
se publicará el mapa oficial de la república”.
Señala la decisión:
“El
reconocimiento de la entidad territorial indígena es una de las previsiones que
la Constitución Política destina para proteger la diversidad étnica y cultural
de la nación colombiana.
Entidad ésta
que no se define en la Carta, pero que es dable considerar como una división
político administrativa, habitada por pueblos indígenas o tribales, que bajo el
gobierno de sus autoridades asume las funciones y ejerce los derechos que le
asignan la Constitución y la Ley -artículos 1°, 2°, 286, 287, 286 y 356 C.P.-[19].
Debe
recordarse, además, que el ordenamiento constitucional asigna al legislador la
delimitación del territorio, en el que se comprenden las entidades
territoriales indígenas, tarea que hasta el momento no ha sido cumplida, de
manera que tal delimitación deberá ser uno de los aspectos que las autoridades
demandadas habrán de consultar, para efectos de adelantar la consulta
definitiva que sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, se
ordena mediante esta providencia.
En este
orden de ideas, cabe considerar que la concepción territorial de los pueblos
indígenas y tribales no concuerda con la visión de ordenamiento espacial que
maneja el resto de la nación colombiana, “porque para el indígena, la
territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y apropiación del
bosque y sus recursos, pues la trama de las relaciones sociales trasciende el
nivel empírico y lleva a que las técnicas y estrategias de manejo del medio
ambiente no se puedan entender sin los aspectos simbólicos a los que están
asociadas y que se articulan con otras dimensiones que la ciencia occidental no
reconoce[20].”
De ahí que
el profesor e investigador de la Universidad Nacional, Juan Alvaro Echeverri,
define el vocablo territorio, atendiendo a la cosmovisión indígena así:
“Entonces
tenemos que el territorio es un espacio y es un proceso que lleva a la
configuración de una palabra de ley, entendida como palabra de consejo,
educación. Ese espacio no es necesariamente un espacio geográfico marcado por
afloramientos rocosos, quebradas, lomas, cananguchales, pozos, barrancos. Ese
espacio geográfico es memoria, es efectivamente escritura de ese proceso de
creación que está ocurriendo todo el tiempo: en la crianza de los hijos, en las
relaciones sociales, en la resolución de problemas, en la curación de las
enfermedades[21]”.
Se tiene
también que los grupos étnicos de la región del amazonas desde la llegada de
los españoles han estado sometidos a un “proceso permanente de recomposición
étnica, debido al exterminio inicial a que fueron sometidos, las epidemias, el
tráfico de esclavos, la actividad cauchera, la guerra con el Perú, la actividad
cocalera y la incursión de grupos armados en sus territorios”, de gran impacto
socio cultural que continúa y es evaluado por la Asociación de Capitanes
Indígenas del Yaigoje y Bajo Apaporis (Aciícuya) de la siguiente manera:
“Toda
nuestra forma de vida empezó a cambiar hace mucho tiempo, cuando llegaron los
comerciantes y los caucheros blancos. En esta época fue donde nos quedamos muy
atrasados en nuestros usos y costumbres tradicionales. Fue cuando nuestros
abuelos se murieron, se llevaron parte de su sabiduría y no alcanzaron a
enseñarla. A la gente se la llevaron a trabajar y unos de los que sabían de su
tradición no volvieron. Otros que regresaron llegaron con una idea diferente. A
otros nos llevaron pequeñitos o muy muchachos sin haber conocido las bases fundamentales
de nuestra vida, y perdimos parte de nuestro pensamiento y sabiduría. Luego de
haber recibido las diferentes bonanzas que trajeron los hombres blancos nos
comenzamos a olvidar de lo propio. En esa época se comienzan a nombrar los
primeros capitanes indígenas de la región (1998:3)[22]”
Otros
aspectos a tener en cuenta para la delimitación de la entidad territorial
indígena son la concurrencia de intereses en los lugares sagrados -como lo
advierte el profesor Clemente Forero de la Universidad Nacional[23]-
y  el “cambio frecuente de asentamiento”, “[característica básica] del patrón
de uso del medio de los cazadores y recolectores[24]”
del noroeste amazónico colombiano.
Ahora bien,
la delimitación político administrativa actual, es sólo uno de los referentes a
valorar en la delimitación de la entidad territorial indígena para efectos de
su derecho a ser consultados, porque como lo informa el profesor Orlando Fals
Borda, dicha delimitación no concuerda con la real ubicación de los pueblos
indígenas, aspecto que reconocido por el Constituyente al disponer en el
artículo 290 constitucional la adecuación de los límites de las entidades
territoriales[25].
De manera
que con miras a distinguir dentro del territorio de la amazonía colombiana
cuáles son las poblaciones o comunidades con conciencia e identidad cultural
propia y dónde se ubican, a fin de que sean consultadas sobre el Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos, las entidades accionadas deberán consultar a
las autoridades de dichos pueblos y a las organizaciones que los agrupan.
Y, una vez
adelantada esta consulta preliminar, las autoridades encargadas del Programa,
considerando las situaciones planteadas por los consultados y con las ayudas
técnicas e históricas que sean del caso, podrán determinar donde principian y
terminan los territorios indígenas de la amazonía colombiana, cuáles son los
espacios indígenas propios y cuáles los compartidos, y en que lugares no se da,
o nunca se ha dado presencia indígena”.
Quiere decir que, con miras a
preservar la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, tal como lo
prevé el artículo 7° de la Carta Política los procesos de consulta previa,
previstos en el Convenio 169 de la OIT, tendrán que comprender todas las
medidas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas y tribales
directamente, en particular los relacionados con “el hábitat de las regiones
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”, con
el fin de salvaguardar plenamente sus derechos, así “las tierras que
no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”.
–artículos 13 y 14 Ley 21 de 1991-.
A la vista de las anteriores
consideraciones, para la Sala es claro que la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia, bien puede consignar en sus registros la
presencia de pueblos indígenas y tribales en determinadas zonas del territorio
nacional, acudiendo para el efecto a sus facultades i) de adelantar y divulgar
estudios e investigaciones al respecto, en coordinación con la Dirección de
Ordenamiento Jurídico y de las entidades y organizaciones conocedoras del tema
y ii) de llevar el registro de las autoridades tradicionales indígenas
reconocidas por la respectiva comunidad, las asociaciones de autoridades
indígenas, los consejos comunitarios y las organizaciones de base de
comunidades negras –Decreto 200 de 2003 artículo 16-.
No obstante, de las funciones de
investigación y registro asignadas a la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior y de Justicia no se sigue que la citada Dirección, sin adelantar la
consulta previa respectiva, pueda dar cuenta de la presencia o ausencia de
comunidades, en determinada zona del territorio nacional, en función de la influencia
de medidas que pudieren afectar a los Pueblos Indígenas y Tribales de la
región.
Lo anterior si se considera el
compromiso con la preservación de la identidad nacional que comporta toda
fijación de límites en zonas ocupadas por grupos étnicos, al punto que el
artículo 290 de la Carta Política asigna al legislador el establecimiento de
requisitos y procedimientos para el efecto y el artículo 329 del mismo
ordenamiento destaca la participación de autoridades indígenas en las
cuestiones de delimitación territorial, expresamente.
4.4    Como quedó
explicado, los Pueblos Indígenas y Tribales tienen derecho a ser consultados,
previamente, respecto de las medidas que los afecten directamente, en
particular sobre las relacionadas con el espacio que ocupan y la explotación de
recursos en su hábitat natural, consultas que habrá de establecer “si los
intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de
emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los
recursos existentes en sus tierras” –articulo 15 Ley 21 de 1991-..
Además, dentro del propósito de
hacer realidad el reconocimiento cultural vinculado al territorio, el
instrumento internacional en mención dispone que los Estados Parte se obligan “a
prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras
de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas
ajenas a ellos”, a adoptar instrumentos que impidan tales inmisiones
–artículo 18-; y a establecer procedimientos adecuados “para garantizarles a
los grupos étnicos la protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión”, que permitan “solucionar las reivindicaciones de tierras
formuladas por los pueblos interesados”.
En armonía con la
obligación adquirida por el Estado colombiano de proteger, “especialmente”,
los derechos de los pueblos indígenas y tribales a “los recursos naturales
existentes en sus tierras” –artículo 15- la Ley 99 de 1993 “por la cual
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se
dictan otras disposiciones”, prevé la participación de los grupos étnicos,
en condiciones de igualdad, en los asuntos ambientales que los afectan[26].
Efectivamente, el artículo 76 de
la Ley 99, con miras a que las explotaciones de recursos naturales se adelanten
sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de los Pueblos
Indígenas y Tribales, dispone que “las decisiones sobre la materia se
tomarán previa consulta a los representantes de tales comunidades”, de
acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Política.
4.4.1
En este orden de ideas, cabe recordar que esta Corte, mediante Sentencia SU-039
de 1997, revocó la providencia de segundo grado que no concedía la protección y
confirmó la decisión que restablecía el derecho de la comunidad indígena U´wa a
la participación, a la integridad étnica, cultural, social y económica y al
debido proceso.
En
consecuencia, esta Corporación ordenó al Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, “conforme al numeral 2 del art. 40 de la
Constitución, se proceda en el término de 30 días hábiles, a partir de la notificación
de esta sentencia a efectuar la consulta a la comunidad U'wa (…)
mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncia en
relación con la nulidad de la resolución que otorgó la licencia ambiental, en
razón de la vulneración de dicho derecho. Para este efecto la comunidad U'wa
deberá demandar dicha nulidad, si es del caso, en los términos del art. 76 de
la ley 99 de 1993”.
Refiere la
providencia en comento i) que en “el año de 1992 la Sociedad Occidental de
Colombia, Inc., con base en un contrato de asociación celebrado con Ecopetrol,
para la explotación de hidrocarburos en el país, inició ante el INDERENA los
trámites necesarios destinados a obtener la correspondiente licencia ambiental,
requerida para poder adelantar exploraciones sísmicas, en desarrollo del
proyecto conocido como "EXPLOTACION SISMICA BLOQUE SAMORE”; ii) que la
Subdirección de Ordenamiento y Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio
Ambiente consideró viable la ejecución del proyecto, sujeto al cumplimiento de medidas
de orden técnico y ambiental, al tiempo que “llamó la atención en términos
de la participación comunitaria y ciudadana y en lo que tiene que ver
particularmente con la etnia U'wa asentada en el área de influencia puntual y
local del proyecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 330 de la
Constitución, como en la ley 99 de 1993 en su artículo 76, específicamente en
lo que hace referencia a la "consulta previa”, así como en la legislación
indígena nacional vigente” y iii) que el Ministerio del Medio Ambiente
otorgó la Licencia Ambiental en trámite, en los términos de la Resolución No.
110 de febrero 3 de 1995, argumentando que la consulta previa se surtió en la
reunión informativa adelantada los días 10 y 11 de enero de 1995 en la ciudad de
Arauca[27].
Estimó esta
Corte “que el procedimiento para la expedición de la licencia ambiental se
cumplió en forma irregular y con desconocimiento del derecho fundamental de la
comunidad U'wa, en relación con la consulta que formal y sustancialmente ha debido
hacérsele”, en consecuencia confirmó la sentencia de primer grado que
restablecía los derechos de los accionantes a la participación en las
decisiones que pueden afectarlos directamente, a la integridad y al debido
proceso.
Indica la
decisión:
“5.5.
Diferentes documentos que obran dentro del expediente, provenientes de miembros
de la comunidad "U'wa" y de la Dirección General de Asuntos Indígenas
del Ministerio del Interior y la misma inspección judicial ordenada por la
Corte y llevada a cabo en los territorios ocupados por dicha comunidad y en
zonas aledañas a la misma, le indican a la Corte lo siguiente:
Que según la
comunidad "U'wa" y la referida Dirección, la consulta previa exigida
por la Constitución y las normas nacionales e internacionales se inició pero no
se agotó con la reunión del 10 y 11 de enero de 1995, y que su voluntad desde
un principio y actualmente ha sido la de oponerse a la ejecución del proyecto
de prospección sísmica, debido a los riesgos que éste entraña para su
supervivencia como grupo étnico, por los bruscos cambios en su entorno físico y
en sus condiciones culturales, económicas y cosmogónicas.
5.6.
Para la Corte resulta claro que en la reunión de enero 10 y 11 de 1995, no se
estructuró o configuró la consulta requerida para autorizar la mencionada
licencia ambiental. Dicha consulta debe ser previa a la expedición de ésta y,
por consiguiente, actuaciones posteriores a su otorgamiento, destinadas a
suplir la carencia de la misma, carecen de valor y significación.
Tampoco pueden
considerarse o asimilarse a la consulta exigida en estos casos,  las numerosas
reuniones que según el apoderado de la sociedad Occidental de Colombia Inc. se
han realizado con diferentes miembros de la comunidad U'wa, pues aquélla
indudablemente compete hacerla exclusivamente a las autoridades del Estado, que
tengan suficiente poder de representación y de decisión, por los intereses
superiores envueltos en aquélla, los de la comunidad indígena y los del país
relativos a la necesidad de explotar o no los recursos naturales, según lo
demande la política ambiental relativa al desarrollo sostenible.
Pone de
presente la Corte la posición contradictoria de las autoridades del Ministerio
del Interior y del Ministerio del Medio Ambiente, pues mientras las primeras
aseveran que la consulta no existió las segundas afirman lo contrario.
Obviamente la Corte, analizada la abundante prueba incorporada a los autos, se
inclina por la posición de que no existió dicha consulta previa”.
Expuso la
Corte que la consulta previa, prevista en el Convenio 169 de la OIT, comporta “la
adopción de relaciones de comunicación y entendimiento, signadas por el mutuo
respeto y la buena fe entre aquéllas y las autoridades públicas, tendientes
a buscar”, el pleno conocimiento del pueblo interesado sobre los proyectos,
la ejecución de los mismos y la “afectación o menoscabo a los elementos que
constituyen la base de su cohesión social, cultural, económica y política y,
por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano con características
singulares”.
Lo expuesto
con el fin i) de que los afectados se encuentren en capacidad de “valorar
conscientemente las ventajas y desventajas del proyecto sobre la comunidad y
sus miembros, ser oída en relación con las inquietudes y pretensiones que
presente, en lo que concierna a la defensa de sus intereses y, pronunciarse
sobre la viabilidad del mismo”; y ii) de que las autoridades cuenten con
suficientes elementos para que de no ser posible la concertación, se adopte una
decisión “objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional
que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y
económica de la comunidad indígena”, es decir que contemple “los
mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las
medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la
comunidad o de sus miembros”.
Agrega la
decisión:
“3.2. La
explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas hace
necesario armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad de planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en los referidos territorios
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución (art. 80 C.P.), y la de asegurar la protección de la integridad
étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas que ocupan
dichos territorios, es decir, de los elementos básicos que constituyen su
cohesión como grupo social y que, por lo tanto, son el sustrato para su
subsistencia. Es decir, que debe buscarse un equilibrio o balance entre el
desarrollo económico del país que exige la explotación de dichos recursos y la
preservación de dicha integridad que es condición para la subsistencia del
grupo humano indígena.
El
Constituyente previó en el parágrafo del art. 330 una fórmula de solución al
anotado conflicto de intereses al disponer:
"La
explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el
Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas
comunidades.”
La
explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse
compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad
social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que como
se ha visto antes configura un derecho fundamental para la comunidad por estar
ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Y precisamente, para
asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la
explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la participación de
la comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación.
De este modo, el derecho fundamental de la comunidad a preservar la referida
integridad se garantiza y efectiviza a través del ejercicio de otro derecho que
también tiene el carácter de fundamental, en los términos del art. 40, numeral
2 de la Constitución, como es el derecho de participación de la comunidad en la
adopción de las referidas decisiones.
3.3. La
Constitución en diferentes normas alude a la participación ciudadana que ofrece
diferentes modalidades (preámbulo, arts. 1, 2, 40, 79, 103, entre otros). Por
lo tanto, la única forma de participación no es la política.
A juicio de
la Corte, la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que
pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales
ofrece como particularidad el hecho o la circunstancia observada en el sentido
de que la referida participación, a través del mecanismo de la consulta,
adquiere la connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento
que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural
de las comunidades de indígenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como
grupo social. De este modo la participación no se reduce meramente a una
intervención en la actuación administrativa dirigida a asegurar el derecho de
defensa de quienes van a resultar afectados con la autorización de la licencia
ambiental (arts. 14 y 35 del C.C.A., 69, 70, 72 y 76 de la ley 99 de 1993),
sino que tiene una significación mayor por los altos intereses que ella busca
tutelar, como son los atinentes a la definición del destino y la seguridad de
la subsistencia de las referidas comunidades”.
Cabe
precisar, al respecto, que el 28 de abril de 1997 la Asociación de
Cabildos Mayores del Pueblo U'wa, la Organización Nacional Indígena de Colombia
y la Coalición for Amazonian Peoples and Their Environment presentaron una
denuncia, acompañada de solicitud de medidas cautelares, ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, alegando que, sin adelantar la
consulta previa, a la que el Gobierno de Colombia está obligado y sin adoptar
las medidas necesarias para proteger la integridad personal, cultural,
económica y medioambiental de los U'wa, la petrolera OXY adelantaría una
exploración petrolera en su territorio ancestral[28].
La CIDH
adoptó medidas cautelares de acuerdo con el numeral 2, artículo 29 del
Reglamento de la Comisión, fundada en que la exploración petrolera generaría
daños irreparables y causaría desmedro a la integridad y a la identidad étnica
y cultural del pueblo U´WA.
Sobre
el particular, se conoce también que el Estado colombiano ha solicitado
asistencia técnica internacional, “para facilitar la consulta con el pueblo
U’wa dentro del marco de las recomendaciones formuladas por un comité
tripartito que examinó una reclamación en su informe que fue adoptado por el
Consejo de Administración en su 212ª reunión (noviembre de 2001)”, y que la
Comisión Interamericana tomó nota de la disposición “para contribuir a una
mejor aplicación de las recomendaciones de los órganos de control” y ha
quedado a la espera de “la puesta en marcha y desarrollo de dicha asistencia[29]”.
Es decir que del asunto de la
vulneración del derecho del Pueblo Indígena U’wa a la consulta previa, en
desarrollo del proyecto conocido como "Explotación Sísmica del Bloque
Samoré” se tramita en la actualidad en instancias internacionales, en
ejercicio de los mecanismos de protección con que cuenta el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos.
5.      El caso concreto. El
derecho fundamental del Pueblo Indígena Motilón Barí a ser consultado
5.1    Consulta en materia de
delimitación territorial
5.1.1 Como ya se señaló,
el 13 de Diciembre de 2002 la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y
de Justicia dio cuenta al Gerente General de GEOCOL LTDA de las comunidades
indígenas asentadas en jurisdicción de los municipios de Tibú, El Tarra,
Convención y Teorama, atendiendo su solicitud de información, con miras a
adelantar estudios ambientales con fines exploratorios en la región.
Indica la certificación que
además de tierras de resguardo –Gabarra Motilón Bari- en el municipio de Tibú
se asienta la “comunidad Bedoquira Cacricacha identificada por el DANE como
étnia Barí”.
Además, el 5 de junio de 2003, en
respuesta a la petición de la entidad ya referida, que como se conoce fungía
como contratista de ECOPETROL en materia de estudios ambientales, la Dirección
de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia corroboró su certificación
inicial, esta vez haciendo referencia a la información suministrada por el DANE
y al “reconocimiento de esta dirección”. Se refirió también la entidad a
la obligación de “dar cumplimiento a la realización del proceso de consulta
previa de que trata el artículo 330 de la Constitución Política, el artículo 7°
de la Ley 21 de 1991 y el artículo 76 de la Ley 99 de 1993”.
Se conoce también, porque la
Defensora del Pueblo de Norte de Santander así lo certifica, que en diligencia
de verificación adelantada el 31 de mayo de 2005 esa entidad pudo comprobar la
presencia de “la comunidad Bedoquira cuyo cacique es el señor Edrás Dora”,
en el lugar determinado por las coordenadas geográficas “N. 08° 57-05” W.
73° 01-19-6” .
No obstante, el 10 de febrero de
2005, la Directora de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia,
atendiendo una solicitud presentada por ECOPETROL S.A., certificó que “en el
área del proyecto Exploratorio Pozo Alamo 1, según coordenadas NOR 08° 57-05” W
73° 01-19.6 NO SE REGISTRAN comunidades indígenas en el área del proyecto que
puedan verse afectadas con su ejecución”.
Certificación ésta que la entidad
sustenta en “la visita de verificación”, consiste en un sobrevuelo de
reconocimiento que permitió a un funcionario especializado, comisionado para el
efecto, sostener que “cerca del pozo” no existe “ningún poblado, ni
caserío”.
Ahora bien, la certificación que
da cuenta de la no presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia
del Pozo Alamo I en jurisdicción del municipio de Tibú se expidió luego de que
en las reuniones informativas, convocadas por ECOPETROL S.A., las autoridades
indígenas de la región señalaran errores en los estudios sometidos a su
consideración -11 de agosto de 2004- y una vez conocida, en el ámbito del
trámite de la Licencia Ambiental solicitada para adelantar trabajos
exploratorios en dicho Pozo, el requerimiento del Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial para que ECOPETROL S.A. adecuara el Estudio
de Impacto Ambiental y Plan de Manejo con la participación de las autoridades
indígenas -12 de enero de 2005-.
5.1.2 Compete a la
Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, entre otras
funciones relacionadas con la preservación de la identidad nacional i) apoyar a
la Consejería Presidencial para la Diversidad Etnica y al Gobierno Nacional en
la formulación de políticas orientadas al reconocimiento y protección de la
riqueza cultural; ii) adelantar, divulgar y coordinar estudios e
investigaciones sobre grupos étnicos, con miras a garantizar su pervivencia; iii)
coordinar interinstitucionalmente la realización de la consulta previa; iv)
llevar el registro de las autoridades tradicionales de las asociaciones de
autoridades indígenas, de los consejos comunitarios y de las organizaciones de
base de comunidades negras y i) apoyar a la Consejería Presidencial para la
Diversidad Etnica en los programas de capacitación sobre la diversidad étnica y
cultural y en general en temas de interés relacionados con los grupos étnicos
–Decreto 200 de 2003 Art. 16-
En este punto, la Dirección de
Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, dado su compromiso con la
preservación, reconocimiento e inclusión de los grupo étnicos tenía que
consultar previamente a las comunidades de la región para pronunciarse sobre la
influencia del Proyecto Pozo Alamo 1 sobre su integridad cultural, social y
económica, en consideración a que los Pueblos Indígenas y Tribales “pueden
hablar por sí mismos, (…) tienen derecho a participar en el proceso de toma de
decisiones que los afectan, y (…) su contribución, además, será beneficiosa
para el país en que habitan[30]”.
No obstante, los antecedentes
indican que la consulta no se adelantó, por el contrario, está demostrado que
los Ministerios del Interior y de Justicia y de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial no cumplieron los compromisos adquiridos, en reunión adelantada el
1° de abril de 2005 i) de integrar una comisión interinstitucional con el
acompañamiento de las autoridades indígenas de región, con fines de
verificación de la presencia de comunidades indígenas en la zona y ii) “esperar
para seguir adelantando la licencia ambiental para dicho Pozo, el resultado de
la verificación sobre la presencia de Comunidades Indígenas en la zona”
-1.19-.
Lo anterior si se considera que
la Dirección de Etnias ratificó la certificación sobre la no presencia de las
comunidades indígenas en la región, acudiendo a la visita al lugar de uno de
sus funcionarios y el Ministerio del Ambiente, aunque conocía de la discusión
al respecto, concedió la licencia de todas maneras, sin permitir la
intervención de las autoridades indígenas –artículo 76 Ley 99 de 1993-.
Se observa entonces no solo la
vulneración del derecho fundamental del Pueblo Indígena Motilón Barí a la
consulta previa, sino además la profunda lesión infringida a la confianza
legítima que las autoridades tradicionales indígenas depositan en las
autoridades públicas, sumado al desconocimiento del deber de ceñirse a los
postulados de la buena fe, de respetar los derechos ajenos, de no abusar de las
prerrogativas, de defender y difundir los derechos humanos, de propender por el
logro y el mantenimiento de la paz y de proteger los recursos culturales y
naturales del país –artículos 83 y 95 C.P.-.
De modo que la Sala dará cuenta
de lo ocurrido a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que la
entidad adelante las investigaciones y adopte los correctivos del caso.
5.1.3
Sostiene la
Directora de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, en su
intervención en este asunto, que las certificaciones que inicialmente dan
cuenta de la presencia del Pueblo Indígena Motilón Barí, con fundamento en la
información suministrada por el DANE, en sus registros y verificaciones y, más
adelante la desconocen, se sustentan en las funciones que le asigna a esa
Dirección el Decreto 1320 de 1998.
No obstante el Consejo de
Administración de la OIT, en su 282ª reunión, atendiendo el informe del
Director General de la Organización recomendó al Gobierno Nacional modificar el
Decreto 1320 de 1998[31] “para ponerlo en conformidad
con el espíritu del Convenio en consulta y con la participación activa de los
representantes de los pueblos indígenas y tribales (..)”[32].
Deberá en
consecuencia esta Sala, tal como lo hiciera la Sala Cuarta de Revisión de esta
Corte, en la Sentencia T-652 de 1998[33], ordenar a los Ministerios del Interior y de Justicia y de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial inaplicar el Decreto 1320 de 1998, “pues
resulta a todas luces contrario a la Constitución y a las normas incorporadas
al derecho interno por medio de la Ley 21 de 1991”.
En esta última decisión, la Corte reiteró las consideraciones plasmadas
por la Sala Plena en la Sentencia SU-039 de 1997, ya citada, en materia del
bloque de constitucionalidad que integra el Convenio 169 de la OIT con los
artículos 40, 93 y 94 de la Carta Política y reiteró el imperativo
constitucional de asegurar la participación de las comunidades indígenas en las
decisiones que los afectan, con miras a preservar la riqueza cultural de la
Nación colombiana.
5.1.4 Vistas las
anteriores consideraciones, esta Sala dispondrá que la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia consulte de buena fe y acudiendo a
mecanismos apropiados, previamente consultados con ellos mismos, al Pueblo
Indígena Motilón Barí, con miras a certificar sobre la influencia del Pozo
Alamo 1 en “el hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o
utilizan de alguna otra manera (…) para sus actividades tradicionales y de
subsistencia” –artículos 13 y 14 Convenio 169 OIT-.
Procedimiento éste que deberá
adelantarse con el propósito de lograr una certificación concertada, hasta
donde ello resulte posible y, de no ser así, con el ánimo de producir un
documento que tenga presente las consideraciones y aspiraciones de las comunidades
y autoridades consultadas –artículos 6 y 7 ibidem-.
En consideración a que el
artículo 329 de la Carta Política, en clara alusión a la trascendencia que para
el efecto tiene considerar la cosmovisión indígena, prevé expresamente la
participación de las autoridades indígenas en las cuestiones de delimitación
territorial que les conciernen a sus Pueblos.
Así las cosas, las autoridades
públicas, en especial el Ministerio del Interior y la Justicia, quien tiene
entre sus funciones apoyar, coordinar e instruir sobre la aplicación de la
consulta previa, no podía –como ocurrió en este asunto- desconocer el
instrumento y de paso interferir en el proceso de inclusión y reconocimiento
previsto en la Carta Política, al que tiene derecho el Pueblo Indígena Motílón
Barí, como portador de la riqueza cultural de la Nación[34]
-artículos 1°, 7° y 8° C.P.-.
5.2    Consulta previa sobre
exploración de recursos naturales
5.2.1 Indican los
antecedentes i) que ECOPETROL S.A. realizó un Estudio de Impacto Ambiental y elaboró
un Plan de Manejo sobre el Pozo Alamo 1 y su zona de influencia, que acompañó a
la solicitud de licencia ambiental que dio lugar a la expedición de la
Resolución 0624 de 2005 y ii) que los documentos en mención no fueron
consultados a las autoridades indígenas, previamente, como correspondía
hacerlo, sino entregados a éstas, luego de su elaboración con fines
informativos, simplemente.
Se conoce, además, que la Empresa
en comento informó al Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
sobre la culminación del proceso de consulta con el Pueblo Indígena Motilón
Barí -1.11- y que, ante los requerimientos de dicho Ministerio, ECOPETROL S.A.
se pronunció sobre algunos de los planteamientos de las autoridades y
representantes de los grupos étnicos de la región, relacionados con los
instrumentos -1.16-.
Sin embargo, la prueba documental
aportada al expediente revela que la referida consulta no se cumplió i)
comoquiera que las autoridades indígenas de la región no fueron previamente
consultadas sobre cómo adelantar la consulta y el ámbito que la misma
comprendería; ii) debido a que las reuniones
adelantadas a fines del año 2003 y a mediados del año siguiente en el municipio
de Tibú, fueron puramente informativas[35]; iii) habida cuenta que
algunos de los integrantes de los Pueblos Indígenas, que atendieron la
convocatoria a las reuniones referidas, insistieron en que su presencia no
podía ser utilizada con fines de consulta previa y iv) habida cuenta que los
representantes del Pueblo Indígena Motilón Barí hicieron serios reparos a los
estudios que les fueron presentados y hasta la fecha aguardan las correcciones
prometidas -1.5, 1.6 y 1.9-.
Está claro, por lo demás, que las
autoridades indígenas tampoco fueron consultadas sobre el procedimiento que se
habría tenido que adelantar para someter a consulta previa el Estudio de
Impacto y el Plan de Manejo Ambiental que más adelante conocieron, a pesar de
que, para entonces –diciembre de 2002 a junio de 2003-, la Dirección de Etnias
del Ministerio del Interior y de Justicia certificaba sobre la presencia de
comunidades indígenas en la región de influencia del Pozo Álamo y recordaba a
los interesados el deber de consultarlas, de acuerdo con los disposiciones que
regulan la materia -1.1, 1.2-.
Ahora bien, podría aducirse que,
si bien la consulta no se realizó, la omisión es atribuible a las autoridades
del Pueblo Indígena Motilón Barí quienes se rehusaron a participar en ella i)
por cuanto el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial ordenó a
“la Empresa ECOPETROL S.A. [realizar] el veintitrés (23) de septiembre de
2004, la reunión de Consulta previa” -2.11-; ii) en razón de que dichas
autoridades fueron informadas de la decisión y iii) a causa de que el día antes
señalado “se llevó a cabo la reunión de consulta previa convocada mediante
Auto No. 946 del 8 de septiembre de 2004, en la sede del Centro Cultural del
municipio de Tibú, con la participación de representantes del Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, de la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior y de Justicia, de ECOPETROL S.A. , de Gema Ltda.,  a la
cual no se hicieron presentes los representantes de las comunidades indígenas
del área de influencia del proyecto” -1.13-[36].
No obstante la decisión a que se
hace mención fue adoptada por el Ministerio del ramo en el ámbito de la
solicitud de licencia ambiental adelantada por ECOPETROL S.A. sin participación
de las comunidades indígenas, asentadas en la zona de influencia del proyecto
Pozo Álamo, al punto que el recurso de reposición, interpuesto por las
autoridades del Pueblo Motilón Barí contra el Auto que ordenó consultarlas, no
fue tramitado por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, “por
cuanto no son titulares del proyecto que se adelanta dentro del expediente
2969”.
De manera que el Pueblo Indígena
Motilón Barí no tenía que asistir a la reunión que se adelantó el 23 de
septiembre de 2004, con fines de Consulta Previa, si se considera que la
convocatoria a la misma se produjo en el ámbito de una actuación administrativa
en la que, además de no haber sido vinculado se impidió a sus autoridades
alegar, probar y contradecir a su favor:
Posición que el Ministerio de
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial mantuvo a lo largo del trámite
administrativo y que dio lugar a que las autoridades indígenas conocieran de la
expedición de la Resolución 0624 de 16 de mayo de 2005 -que concede a ECOPETROL
S.A. la licencia solicitada- el 24 de junio siguiente, en ejercicio de un
derecho de petición.
5.2.2 Siendo así la
protección invocada, dirigida a que sean suspendidas las actividades de
exploración que ECOPETROL S.A. adelanta en la vereda El Progreso, corregimiento
de La Gabarra, municipio de Tibú, en ejecución de la Licencia Ambiental
otorgada mediante la Resolución 0624 de 2005, será concedida.
De manera que ECOPETROL S.A.
finalizará las labores que realiza en ejecución de la Resolución en comento,
por conducto de sus agentes o causahabientes y podrá iniciarlas una vez el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial expida una nueva
licencia, con participación de los Pueblos Indígenas de la región, fundada en
estudios y planes elaborados previamente consultados a sus autoridades, con
sujeción al ordenamiento constitucional y legal, a cuyo tenor en las decisiones
que se adopten respecto de la explotación de recursos naturales “el gobierno
propiciará la participación de los representantes de las respectivas
comunidades”, con el fin de garantizar que dicha explotación “se hará
sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas” –artículo 330 C.P.-
Lo anterior, salvo que la
certificación sobre presencia de comunidades indígenas en la zona de influencia
del Pozo Alamo 1 -concertada con sus autoridades y si esto no fuere posible
definida por el Ministerio del Interior y de la Justicia-, de cuenta de la no
presencia de grupos étnicos en la región y así lo corrobore el H. Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en su calidad de juez constitucional de
primera instancia.
5.2.3
Establecida la
obligación de consultar a los Pueblos Indígenas y Tribales las medidas que
pueden afectarlos, en especial aquellas que tienen que ver con la delimitación
y exploración de recursos naturales en sus territorios, en aras de preservar su
integridad cultural, social y económica, el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial deberá disponer lo conducente, para que la orden de
finalización y no reanudación de las actividades exploratorias que realiza ECOPETROL
S.A. en el corregimiento de La Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú,
departamento de Norte de Santander se cumpla inmediata y efectivamente, hasta
tanto el H. Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander indique
lo contrario.
Además, si la
Dirección de Etnias llegare a confirmar la presencia de comunidades indígenas
en la zona de influencia del Proyecto Alamo 1, el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo i) adoptará las medidas necesarias para que las
actividades de exploración que se adelantan con base en la Resolución 0624 de
2005 se suspendan indefinidamente, dada su manifiesta oposición con los
artículos 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, 93, 94, 290, 329 y 330 de la Constitución
Política; ii) garantizará la participación de dichas comunidades, sus
autoridades y representantes en los trámites de licencias y permisos con fines
de exploración de recursos  naturales en la región y iii) pondrá especial
cuidado en los Estudios y Planes de Manejo Ambiental sometidos a su
consideración, con el fin de verificar su sujeción a los lineamientos de la Ley
21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT.
6.      Conclusiones. Las
sentencias que se revisan se revocarán parcialmente. Alcance de la decisión
Miembros del Pueblo Indígena Motilón Barí, caciques,
líderes e integrantes de las distintas comunidades que lo conforman, demandan
la protección de sus derechos a la diversidad étnica y cultural, a la
participación en las decisiones que los afectan, a la vida y a la integridad,
que consideran vulnerados, porque el Ministerio del Interior y de Justicia
emitió una certificación que los desconoce, la que dio lugar a que el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial expidiera la
Resolución 0624 de 2005 que concede a ECOPETROL S.A. licencia ambiental para
explorar petróleo en la región de La Gabarra, sin consultarlos.
En armonía con lo expuesto, los
accionantes invocan la suspensión de las actividades autorizadas dentro del
marco de la citada Resolución, dado el daño considerable e irreparable en su
integridad cultural, social y económica derivada de las actividades que
adelanta ECOPETROL S.A. en la zona, con el apoyo del Ministerio de Defensa
Nacional.
No obstante, el H. Tribunal
Contencioso Administrativo de Norte de Santander, mediante decisión que la
Subsección B de la Sección Segunda de la Sala en lo Contencioso Administrativo
del H. Consejo de Estado confirma, niega la protección por improcedente,
aduciendo que la presunción de legalidad de que goza la Resolución 0624 de 2005
solo podrá ser desvirtuada por el juez competente. Decisiones éstas que en lo
tocante a la improcedencia de la acción habrán de ser confirmadas.
Lo anterior, porque, como los
jueces de instancia lo aseguran, habrá de ser la justicia en lo contencioso
administrativo, de presentarse las acciones de nulidad o de reparación
correspondientes, quien se pronuncie sobre los efectos de la Resolución 0624 de
2005 con miras a definir responsabilidades por su otorgamiento.
Pero lo expuesto no es óbice para
que los derechos constitucionales fundamentales de los accionantes sean
restablecidos i) dado que la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y
de Justicia resolvió, sin adelantar la consulta de rigor, desconocer la
influencia de actividades exploratorias en su territorio ancestral, ii) debido
a que la ECOPETROL S.A. pasó por alto la consulta previa, en la elaboración de
Estudios de Impacto y Manejo Ambiental sobre una zona tradicionalmente ocupada
por comunidades indígenas y iii) a causa de que el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial tramitó y otorgó licencia ambiental para
adelantar actividades exploratorias, con clara vulneración del derecho de los
Pueblos Indígenas y Tribales de la región a participar en las decisiones que
los afectan.
De manera que las actividades que
adelanta ECOPETROL S.A. en la región de La Gabarra, municipio de Tibú i)
tendrán que suspenderse, hasta que culmine el proceso de consulta previa que
deberá adelantar el Ministerio del Interior y de Justicia, con miras a dar cuenta
de la presencia de Pueblos Indígenas en la zona de influencia del Pozo Alamo 1
y ii) solo podrán reanudarse si el H. Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, atendiendo a los resultados de la consulta, así lo dispone.
III.    DECISIÓN
Por lo anterior, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero: CONFIRMAR las
sentencias proferidas por el H. Tribunal Administrativo de Norte de Santander
-4 de noviembre de 2005- y por la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala
en lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado -16 de febrero de
2006-, en lo concerniente a la improcedencia de la acción de tutela para
resolver sobre la Resolución 0624 de 2005 y REVOCAR las decisiones en
cuanto niegan el restablecimiento de los derechos fundamentales del Pueblo
Indígena Motilón Barí a la integridad económica y cultural, a la subsistencia,
a no ser sometidos a desaparición forzada, a no ser maltratados, a la
participación, a la consulta previa y al debido proceso; para, en su lugar,
conceder la protección.
Segundo.- ORDENAR a
la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. suspender
las actividades exploratorias que adelanta en la vereda El Progreso,
corregimiento de La Gabarra, jurisdicción del municipio de Tibú, departamento
de Norte de Santander y adoptar las medidas necesarias para que la medida se
cumpla efectivamente, en tanto el H. Tribunal Contencioso Administrativo de
Norte Santander, en su calidad de juez constitucional de primera instancia,
permite su reanudación.
Tercero.-
ORDENAR a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia
consultar a las autoridades del Pueblo Indígena Motilón Barí,
de buena fe, mediante un procedimiento apropiado, previamente consultado con
dichas autoridades, su presencia en la zona, con el propósito i) de concertar
la influencia del Pozo Alamo 1 en la integridad cultural, social y económica de
dicho Pueblo y, ii) de no ser el acuerdo posible, definir la cuestión
unilateralmente, sin desconocer las inquietudes y expectativas de las
autoridades consultadas, con el fin de mitigar,
corregir o restaurar los efectos de las medidas que pudieren tomarse sin su
participación, sobre las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Una
vez concertada con las autoridades indígenas de la región su presencia en la
zona de influencia del Pozo Alamo 1 o definido el asunto por la Dirección de
Etnias, si el acuerdo no fuere posible, ésta apoyará a dichas autoridades en
los procesos de consulta previa, especialmente en los relativos al Estudio de
Impacto y Plan de Manejo Ambiental que ECOPETROL S.A. deberá elaborar, si
mantiene su interés en las actividades de exploración, que por esta providencia
se suspenden.
Establecida
la inexistencia de comunidades indígenas, la Dirección de Etnias del Ministerio
del Interior y de Justicia informará al H. Tribunal Contencioso Administrativo
de Norte de Santander, con el fin de que éste evalué el proceso de consulta
adelantado y ordene la reanudación de las actividades que mediante esta
decisión se suspenden, si así lo considera y ECOPETROL S.A lo solicita.
Cuarto.- ORDENAR a los
Ministerios de Defensa Nacional y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial
emitir las órdenes y adelantar los controles y apoyo necesarios, dentro de sus
competencias, con el fin de que la suspensión inmediata de las actividades
relacionadas con la exploración del Pozo Alamo 1 se cumpla efectivamente.
Una vez concertada o definida la presencia del
Pueblo Indígena Motilón Barí en la zona de influencia del Pozo Alamo 1 el
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial i) deberá emitir
las órdenes que resulten necesarias para la suspensión definitiva de las
actividades exploratorias; ii) garantizará la participación de dichas
comunidades, sus autoridades y representantes en los trámites de Licencias y
Permisos con fines de exploración de recursos  naturales en la región y iii)
pondrá especial cuidado en los Estudios y Planes de Manejo Ambiental sometidos
a su consideración, con el fin de verificar su sujeción a los lineamientos de
la Ley 21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT.
Quinto.- ORDENAR a los Ministerios del Interior y de Justicia y
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y a ECOPETROL S.A. inaplicar, en
los procesos de consulta que habrán de adelantar con el Pueblo Indígena Motilón
Barí, por manifiesta incompatibilidad con la Carta Política, el Decreto 1320 de
1998; en su lugar, consultar a las autoridades indígenas los procedimientos y
límites de espacio y tiempo que serán utilizados para adelantar las consultas
definitivas, de buena fe, utilizando para el efecto métodos apropiados y con el
fin de llegar a un acuerdo.
Si la concertación no fuere posible, las
entidades accionadas, de manera objetiva, proporcionada y acorde con la
protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación, diseñarán de
manera unilateral los procedimientos y fijarán las condiciones para adelantar
las consultas definitivas.
Sexto. Poner al tanto a la
Procuraduría General de Nación de las acciones y omisiones de las entidades
accionadas, para que inicie las investigaciones, promueva las acciones y ordene
los correctivos del caso. Ofíciese por Secretaría General y remítase copia de
esta providencia.
Séptimo. Líbrese las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Comunicaciones del 7 y 12
de diciembre de 2002 - 5015 DPRNS DRG-.
[2]
El Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003 modificó la estructura orgánica de la Empresa
Colombiana de Petróleos y la convirtió en Ecopetrol S.A., una sociedad pública
por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al Ministerio de Minas y
Energía.
[3]
“Acta de Acercamiento e información. Reunión de Acercamiento e información
Comunidades Indígenas Motilón Barí Proyecto de Perforación Exploratoria Álamo
I” -folios 14, 15, 16 cuaderno de pruebas-.
[4]
Acta No. 002 “Proyecto de Perforación Exploratoria Alamo 1 Taller sobre
exposición del Proyecto- Evaluación de Impacto y Establecimiento de Medidas
Socio Ambientales y Culturales ECOPETROL S.A”, -folios 17-20 del cuaderno
de pruebas.
[5]
El Acta No. 003, que da cuenta del Segundo Taller sobre
Exposición del Proyecto de Perforación Exploratoria Alamo 1, refiere que el
evento se desarrolló los días 10 y 11 de agosto del 2004. Suscriben el
documento los señores Yaneth Rincón, José Urrea Uyaban, Edgar Kairuz y María
Alejandra Restrepo –ECOPETROL-, Freddy Villán –Procuraduría Judicial para
Asuntos Ambientales y Agrarios- José Jacinto Silva Quintero –Gobernación de
Norte de Santander- Cesar Ortega –CORPONOR-, Dustano Luis Rojas Garcés-
Defensoría del Pueblo- Cesar Zuluaga, Mónica Lopesierra y Regina Chassin –Gema
Ltda.-.
[6]
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Dirección de
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, Concepto 45, Proyecto Area de
Perforación Exploratoria Alamo, 12 de enero de 2005.
[7] Ibídem.
[8]
Los accionantes anexan a la demanda, entre otros documentos
con anotaciones, i) “el oficio del 9 de septiembre de 2004 proveniente del
Ministerio de Ambiente y dirigido al señor Jesús María Ramírez Cano Director
General de Etnias, mediante el cual envía para su conocimiento copia del auto
946 del 2004 por medio del cual se convoca a reunión de consulta previa.
Recibido por la dirección de etnias (sic) el 13 de septiembre de 2004 a
1:08 p.m. al que se agrega una anotación que reza “Pedro podríamos tumbar
esto?; Y ii) “un documento que pese a haberse proyectado tampoco fue
firmado por el entonces Director de Etnias y mucho menos fue enviado, que iría
dirigido a nuestra comunidad a través de la Representación legal de ASCOBARÍ
con posterioridad a nuestra inasistencia a fin de que el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial convocara nuevamente a reunión de consulta previa
(…) proyectado por JFM (JUAN FERNANDO MONSALVE) el día 27 de septiembre de
2004, se encuentra nuevamente una observación que nos llama mucho la atención
pues reza: “JUANFDO. LA POSICION NUESTRA ES OTRA NO DEBE HABER CONSULTA PUES
NO HAY INDIOS” –se destaca-.
[9]
El Director General de CORPONOR, en atención al oficio No.
J-9768 de 24 de octubre de 2005, librado por el juez de primera instancia,
remite “plano cartográfico de ubicación del área de explotación petrolera
POZO ALAMO I, que determina que tanto en el punto como en el área de
explotación no se encuentra territorio indígena (…) (fuente resolución
0624/2005 MAVDT y cartografía ECOPETROL)”.
[10]
El artículo 69 de la Ley 99 de 1993 dispone que “[c]ualquier persona natural
o jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico
alguno, podrá intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la
expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o
revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones
ambientales”, y el artículo 73 de la misma normatividad, prevé que “[los
actos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso,
autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o
pueda afectar el medio ambiente, pueden demandarse en acción de simple
nulidad”.
[11]
Al respecto consultar, entre otras, las Sentencias SU-039 de 1997 M.P. Antonio
Barrera Carbonell y SU- 383 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[12] M.P. Alvaro Tafur Galvis. Los entonces accionantes,
integrantes de las comunidades negras de la cuenca del Río Cacarica, demandaron
la protección transitoria de sus derechos fundamentales a la integridad étnica,
social, económica y cultural, a la subsistencia, a no ser sometidos a
desaparición forzada, a la participación y al debido proceso, para ello
pretendían un pronunciamiento en torno de las Resoluciones 3595 y 3596 de 1992,
y 1486 de 1999 expedidas por CODECHOCO, fundados en que las mismas fueron
expedidas sin adelantar el procedimiento de consulta, previsto en el Convenio
169 de la OIT, como también en el daño considerable e irreparable que la tala
mecanizada de sus suelos y sus bosques ocasionan en su territorio colectivo.
[13]
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Texto aprobado por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de junio de 2006,
pendiente de aprobación por la Asamblea General.
[14]
La cuestión de los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales a la igualdad,
pervivencia y no discriminación puede estudiarse también, en la Declaración de
Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos
y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y en las Convenciones
sobre los Derechos del Niño y de la Mujer, entre otros instrumentos
internacionales.
[15]
Sobre el Convenio 169 de la OIT, sus antecedentes, desarrollo y trascendencia,
en materia de la preservación de la identidad cultural de la Nación Colombiana,
se pueden consultar entre otras decisiones la sentencia SU-383 de 2003, ya
citada.
[16]
OIT, Guía para la Aplicación del Convenio 169, elaborada por el Servicio de
Políticas para el Desarrollo (POLIDEV), en cooperación con el Servicio de
Igualdad y Coordinación de los Derechos Humanos (EGALITE). Al respecto
consultar la Sentencia SU-383 de 2003.
[17] M.P. Alvaro Tafur Galvis. El ciudadano demandante,
sustentó el cargo formulado contra el artículo 122 de la Ley 685 -Por la
cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”
aduciendo que “la norma enjuiciada vulnera el derecho que tienen las
minorías étnicas para determinar, en concierto con la administración, las zonas
dentro de sus territorios que deben tener la calificación de zonas mineras,
comoquiera que dispone que el Ministerio de Minas y Energía -autoridad minera-
señalará y delimitará unilateralmente dichas áreas dentro del territorio
indígena”.
[18] Sentencia C-892 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería
-demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3 (parcial), 5, 6, 11
(parcial), 35 (parcial), 37, 39, 48, 58, 59, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 261, 267 (parcial), 271 (parcial), 275 y 332 de la Ley 685 de 2001-.
[19] El artículo 123 de la Ley 685 respecto del “Territorio
y Comunidad Indígenas”, dispone:” Para los efectos previstos en el
artículo anterior, se entienden por territorios indígenas las áreas poseídas en
forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 21 de 1991 y demás leyes que la
modifiquen, amplíen o constituyan.”
[20]
Carlos Eduardo Franky y Dany Mahecha, profesor de la Universidad Nacional de
Colombia , Sede Leticia, y Antropóloga de la Fundación Gaia Amazonas
respectivamente, “La Territorialidad entre los pueblos de tradición nómada del
noroeste amazónico colombiano” en Territorialidad Indígena y ordenamiento de la
Amazonía, Universidad Nacional de Colombia, Fundación GAIA Amazonas, Bogotá
2000.
[21] Juan Alvaro
Echeverri, Reflexiones sobre el concepto de territorio y ordenamiento
territorial indígena, en Territorialidad indígena, obra citada página 175.
[22]
Carlos Eduardo Frankly C. profesor de la Universidad Nacional, Sede Leticia, ,
Mirití-Parána y Bajo Apaporis, Gente de Tabaco y Oler, en Territorial Indígena,
obra citada, página 30.
[23]
Descentralización y Ordenamiento Territorial, idem página 140.
[24]
La territorialidad entre los pueblos de tradición nómada del noroeste amazónico
colombiano, Carlos Eduardo Frankly y otra, citados en  131, página 183.
[25]
“(..) estos punticos y rayas que vemos en el mapa oficial de Colombia son
ficciones no son reales. No respetan la realidad de nuestros pueblos y por eso
todos los días los ignoramos en la práctica de la vida (..). El ordenamiento
territorial: perspectivas después de la Constitución de 1991, en
Territorialidad Indígena, obra citada páginas 152 y 153.
[26]
La Ley 99 de 1993 prevé la participación de un representante de los pueblos
indígenas y otro de las comunidades negras, en el Consejo Nacional Ambiental, y
en los Consejos Directivos de las Corporaciones Regionales –artículos 13 y 26-.
[27] “En la misma fecha en que se instauró la acción de
tutela, 29 de agosto de 1995, el Defensor del Pueblo demandó la declaración de
nulidad total de la resolución 110 del 3 de febrero de 1995, mediante la cual
se otorgó la licencia ambiental. Como normas violadas concretamente se citaron
en la demanda las siguientes: artículos 8, 79, 80, 330 parágrafo, de la
Constitución Política, arts. 6 y 15 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y
tribales, adoptado por la O.I.T. y aprobado por la ley 21 de 1991, y el art. 76
de la ley 99 de 1993” -Sentencia
SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, 3 de febrero de 1997-.
Mediante
fallo del 4 de marzo de 1997, la Sala Plena en lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado dispuso i) denegar “las pretensiones de la demanda,
por consiguiente levantar la orden de inaplicación de la Resolución No. 110 del
3 de febrero de 1995, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, decretada
por el Tribunal Superior de Bogotá y confirmada por la H. Corte Constitucional,
mediante la Sentencia de tutela No. SU-039/97 del 3 de febrero de 1997”, y,
en consecuencia ii) dejar sin efecto las demás disposiciones adoptadas por el
juez de amparo. Consideró la Corporación en cita que los días 10 y 11 de enero
de 1995, con la asistencia de un representante de la Asociación de Cabildos
Indígenas, quien firmó el acta respectiva, el pueblo indígena Motilón Barí fue
consultado. –C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, con siete salvamentos de voto-.
[28] El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia
solicitó a la Secretaría General de la OEA una investigación in situ
sobre el conflicto vigente con el pueblo indígena U´wa y la estatal petrolera,
que dio lugar a la designación de un equipo conjunto denominado OEA/Harvard.
Instancia que recomendó i) adquirir el compromiso de suspender inmediata e
incondicionalmente la ejecución de la exploración o explotación de petróleo
dentro del Bloque Samoré, como un paso inicial para crear las condiciones que
permitirían una eventual reiniciación de actividades, eliminar el ambiente de
conflicto que existe entre las partes y mejorar las condiciones de diálogo y
comprensión mutuas; ii) normalizar el proceso para la ampliación del resguardo
U’wa; iii) moderación en la retórica pública de las partes; iv) reconocer y
respetar el sistema U’wa de autoridad y liderazgo; v) concretizar un proceso de
consulta bajo la responsabilidad del Gobierno Colombiano, previo al reinicio de
actividades, atendiendo a las normas legales pertinentes, en particular las
incluidas en la Constitución Política y en el Convenio No. 169 de la OIT
–Proyecto OEA Harvard –PDF-.
[29]Cfr. CEACR Observación individual, CONVENCION C-169,
(Colombia) Pueblos indígenas y Tribales, Documento (ilolex) 062006COL169, 2006.
[30] Guía de Aplicación del
Convenio 169 de la OIT, ya citado.
[31] El Decreto 1320 de 1998 “reglamenta la consulta
previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los
recursos naturales dentro de su territorio”
[32] En las reuniones 276ª y 277ª -noviembre de 1999 y
marzo de 2000-, siguiendo la recomendación de la Mesa, la Organización
Internacional de Trabajo admitió las reclamaciones presentadas por la
Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS) y la Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia (CUT) sobre el incumplimiento por parte del Gobierno
de Colombia del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que comprendieron
entre otros aspectos la expedición del Decreto 1320 de 1998 para reglamentar la
consulta previa, sin consultar a los Pueblos Indígenas y Tribales y la
expedición de Licencia Ambiental para actividades de explotación petrolera, en
el territorio del Pueblo Indígena U´WA sin surtir la obligada consulta.
[33]
M.P. Carlos Gaviria Díaz. La acción de tutela a que se hace mención fue
promovida por el Pueblo Indígena Embera-Katío
del Alto Sinú contra el Presidente de la República, los Ministros del Interior,
Agricultura, Medio Ambiente y Minas y Energía, la Alcaldía Municipal de
Tierralta (Córdoba) y la Empresa Multipropósito Urrá S.A. - E.S.P. por
violación de sus derechos fundamentales a la supervivencia, a la integridad
étnica, cultural, social y económica, a la participación y al debido proceso
del pueblo accionante.
[34] Declaración sobre los derechos de las minorías
étnicas, religiosas y lingüísticas, A.G. res. 47/135, Annex, 47 U.N. GAOR Supp.
(No. 49) p. 210, ONU Doc. A/47/49 (1993).
[35]
Al respecto consultar i) Acta de Acercamiento e Información Comunidades
Indígenas Motilón Barí Proyecto Perforación Exploratoria Alamo 1 -25 de
noviembre de 2003-; ii) Acta No. 002, Taller Sobre Exposición
del Proyecto-Evaluación de Impacto y Establecimiento de Medidas Socio Ambientales
y Culturales- Proyecto de Perforación Exploratoria Alamo-1 ECOPETROL S.A. -11 y
12 de diciembre de 2003- y iii) Acta No. 003 Proyecto de Perforación
Exploratoria Álamo I Segundo Taller sobre exposición del Proyecto, Evaluación
de Impacto Establecimiento de Medidas Socio Ambientales y Culturales -10 y 11
de agosto de 2004-.
[36] Ibídem.