T-182-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-182/09
HISTORIA CLINICA-Naturaleza jurídica/HISTORIA
CLINICA-Acceso de familiares del paciente fallecido, sin previa
autorización, o del paciente en incapacidad por grave enfermedad/DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Vulneración por no tener la hija
acceso a la historia clínica de su padre
Referencia: expediente T-2099041
Acción de tutela interpuesta por Gladys Soler Cleves contra el
Hospital San Rafael E.S.E. del Espinal.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
diecinueve (19) de marzo de dos mil nueve (2009).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Clara
Elena Reales Gutiérrez y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos emitidos por el Juzgado
Tercero Civil Municipal del Espinal y por el Juzgado Primero Civil del Circuito
del Espinal, en la acción de tutela instaurada por Gladys Soler Cleves contra el
Hospital San Rafael E.S.E. del Espinal.
I.
ANTECEDENTES.
La señora Gladys Soler Cleves interpuso acción de
tutela en contra del Hospital San Rafael E.S.E. del Espinal, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales de petición, a la información y de acceso a los
documentos públicos. En consecuencia, solicita que se ordene a la entidad
demandada entregarle copia simple de la historia clínica de su fallecido padre José Francisco Soler Rincón.
1.  Hechos.
Para fundamentar su solicitud la accionante relata  los siguientes
hechos:
1.
La accionante refiere que su señor padre, José
Francisco Soler Rincón, falleció el 12 de junio de 2007, en el Hospital
Federico Lleras Acosta de Ibagué.
2.
En el mes de abril de 2008 radicó derecho de
petición solicitando copia de la historia clínica de su padre.
3.
El Hospital San Rafael negó la solicitud
aduciendo que sólo el paciente o un tercero autorizado por éste podían tener
acceso a la historia clínica, olvidando que al haber fallecido el señor Soler
Rincón dicha exigencia es imposible de cumplir.
4.
Igualmente expone que en su calidad de hija del
señor José Francisco Soler Rincón, el propósito que tiene es conocer el
tratamiento suministrado, los procedimientos que se le aplicaron y las razones
que originaron su muerte, así como interponer las acciones penales y civiles a
que hubiere lugar.
2. Respuesta
de la empresa demandada.
El Gerente del Hospital San Rafael E.S.E. del Espinal dio respuesta a la acción de amparo oponiéndose a su prosperidad. Manifiesta que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15
de la Constitución, 34 de la Ley 23 de 1981, 1 y 14 de la Resolución número
1995 del Ministerio de Salud, así como en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la historia clínica es un documento privado, sometido a
reserva, cuyo contenido únicamente puede ser conocido por terceros con previa
autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Por lo tanto, si
alguna persona diferente al paciente desea obtener información contenida en la
historia clínica deberá conseguir su autorización y, si ello no fuere posible,
deberá solicitar el levantamiento de la reserva a su favor ante autoridad
competente. En ese orden de ideas, considera que no es posible hacer entrega de
la copia de la historia clínica del señor José Francisco Soler Rincón.
Finalmente pone de presente que la entidad demanda no ha violado en ningún
momento el derecho fundamental de petición de la señora Gladys Soler Cleves, pues dentro del término legal y mediante oficio
de fecha 9 de abril de 2008  la institución le dio respuesta a su solicitud.
II.  DECISIONES JUDICIALES OBJETO
DE REVISIÓN.
1. Primera Instancia.
El Juzgado Tercero Civil Municipal del
Espinal, en fallo del 5 de agosto de 2008, decidió no tutelar el derecho de
petición a favor de la señora Gladys Soler Cleves. Sostiene el despacho que,
según la Constitución, el derecho de petición comprende la posibilidad de que
cualquier persona eleve peticiones respetuosas a la administración y el deber
de las autoridades respectivas de resolver de fondo y oportunamente esas
peticiones, aunque no necesariamente de manera favorable.
Igualmente expone el Juzgado que la
Resolución 1995 del 8 de julio de 1999, expedida por el Ministerio de Salud, en
su artículo 1 dice, entre otras cosas, que la historia clínica es un documento
privado, obligatorio y sometido a reserva; mientras que su artículo 14
establece que pueden acceder a la historia clínica el usuario, el equipo de
salud, las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos en la ley y
las demás personas determinadas en ella.
Finalmente, concluye que las pruebas
allegadas al proceso indican que la entidad accionada respondió oportunamente y
con fundamentos legales la petición, aunque en forma negativa. Luego, no se
vulneró el derecho de petición de la accionante, quien puede acceder a la
historia clínica a solicitud de autoridad judicial.
2. Impugnación.
La decisión del Juzgado Tercero Civil
Municipal del Espinal fue impugnada por la accionante. En su memorial de
impugnación la actora manifiesta su inconformidad con la decisión de primera
instancia que negó sus pretensiones, sin sustentar el recurso[1].
3. Segunda Instancia.
El Juzgado Primero Civil del Circuito del
Espinal, en fallo de fecha 29 de agosto de 2008, confirmó el de primera
instancia, considerando que el derecho a conocer y solicitar la historia
clínica no corresponde al derecho de acceso a los documentos públicos que
regula el artículo 74 de la Constitución, sino al de la intimidad que consagra
el artículo 15 de la misma Carta, y que, por consiguiente, se trata de una
información privada, que solo concierne a su titular y excluye del conocimiento
a otras personas, así sean éstas sus propios familiares. Agrega que la reserva
de la historia clínica es un derecho personalísimo, perenne, sin contenido
patrimonial, intransferible, lo cual quiere decir que terceras personas no
tienen acceso a la historia clínica de una persona fallecida, aunque
pertenezcan a su núcleo familiar, a menos que logren el levantamiento de la
reserva por autorización judicial.
4.  Pruebas.
A continuación
se relacionan las pruebas que reposan en el expediente:
·
Copia de la petición presentada mediante apoderado
por la señora Gladys Soler Cleves ante  el Hospital Federico Lleras Acosta de
Ibagué, el  30 de abril de 2008, en la que solicita copia simple de la historia
clínica de su padre José Francisco Soler Rincón[2].
·
Copia de la respuesta del Hospital San Rafael
E.S.E. del Espinal, de fecha 9 de abril de 2008, dirigida al apoderado judicial
de la señora Gladys Soler Cleves, en la que se le
informa que por ser la historia clínica un documento privado sometido a reserva
no es posible expedirle copia de la misma sin previa autorización del paciente
u orden judicial[3].
·
Copia del registro civil de defunción del señor José
Francisco Soler Rincón[4].
·
Copia del registro civil de nacimiento de la
señora Gladys Soler Cleves[5].
·
Copia de la cédula de ciudadanía del señor José
Francisco Soler Rincón[6].
·
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Gladys
Soler Cleves [7].
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
Esta Corte es competente para conocer los fallos materia de
revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.  Planteamiento del problema
jurídico.
La señora Gladys
Soler Cleves  acude al mecanismo de la acción de tutela
para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, que considera
vulnerados por el Hospital San Rafael E.S.E. del
Espinal, al negarse a entregarle copia simple de la historia clínica de su
señor padre José Francisco Soler Rincón, quien falleció el 12 de junio de 2007
en el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Por su parte, la entidad
accionada expone que, de acuerdo con las normas vigentes, la historia clínica es
un documento privado, sometido a reserva, cuyo contenido únicamente puede ser
conocido por el paciente o por un tercero al que éste autorice.
En este orden de ideas, corresponde a
esta Sala determinar si el Hospital
San Rafael E.S.E. del Espinal ha vulnerado los derechos
fundamentales de la señora Gladys Soler Cleves, al  no suministrarle copia simple de la historia clínica de su
padre fallecido, con el argumento de que dicho documento está sometido a reserva legal y que por lo tanto su entrega a terceros
sólo procede previa autorización del paciente o con orden judicial que
expresamente lo señale.
Para resolver el
anterior problema jurídico la Sala abordará los siguientes temas: (i) la
naturaleza jurídica de la historia clínica y su carácter de documento sometido
a reserva; (ii) acceso de familiares a la historia clínica del paciente
fallecido, sin previa autorización, o del paciente en incapacidad por grave
enfermedad física o mental. Con base en ello (iii)  la Sala procederá al análisis del
caso concreto para determinar si hay lugar o no a la protección invocada.
3. La naturaleza jurídica de la historia clínica y su carácter de documento
sometido a reserva.
La historia clínica es un documento en el que consta una relación
ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos acerca de los aspectos
físicos, psíquicos y sociales del paciente. En ella, además, deben obrar no
solo los antecedentes del paciente y su estado actual, sino también la
actividad médica relativa a su salud, todos los actos de diagnóstico, estudios,
tratamientos quirúrgicos y terapéuticos, entre otros. El artículo 34 de la Ley
23 de 1981 define la historia clínica como:
“(…)el registro obligatorio de las
condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a
reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del
paciente o en los casos previstos por la Ley”. (Subrayado fuera de texto original).
Así mismo, el artículo 23 del Decreto 3380 de 1981, reglamentario de
la Ley 23 de ese mismo año, estipula que:
“[E]l conocimiento que de la historia
clínica tengan los auxiliares del médico o de la institución en la cual éste
labore, no son violatorios del carácter privado y reservado de ésta”. (Subrayado fuera de texto).
En el mismo sentido, el artículo 1 de la Resolución número 1995 de
1999, expedida por el Ministerio de Salud, consagra:
“La historia clínica es un documento
privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran
cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los
demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su
atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa
autorización del paciente o en los casos previstos por la ley”. (Subrayado fuera de original).
De las normas anteriores se infiere que la historia clínica es un
documento privado, sometido a reserva legal, al que sólo pueden acceder su
titular y terceros autorizados por éste o por la ley[8].
En ese orden de ideas, el artículo 14 de la citada resolución amplía
el grupo de personas que  pueden acceder a la información contenida en la
historia clínica al señalar:
“Podrán acceder a la información contenida
en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley:
1. El usuario.
2. El Equipo de Salud.
3. Las autoridades judiciales y de Salud en
los casos previstos en la Ley.
4. Las demás personas determinadas en la
ley.
PARÁGRAFO. El acceso a la historia clínica, se
entiende en todos los casos, única y exclusivamente para los fines que de
acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la
reserva legal”.
Sobre este tema la Corte, en Sentencia T-158 A de 2008, sostuvo:
“El carácter reservado de la historia
clínica, entonces, se funda en la necesidad de proteger el derecho a la
intimidad del individuo sobre una información que, en principio, únicamente le
concierne a él y que, por tanto, debe ser excluida del ámbito de conocimiento
público. A partir de tal consideración, en nuestro ordenamiento jurídico
existen distintas disposiciones a través de las cuales se establece la
naturaleza reservada de este documento y se determina quienes están autorizados
para acceder a su contenido.
(…)
Del recuento normativo señalado, se tiene
que aun cuando la regla general es que la historia clínica es un documento
sometido a reserva no es posible predicar de ella un carácter absoluto,
particularmente, por cuanto es posible que terceros conozcan su contenido bien
porque han obtenido la autorización del titular, bien porque existe orden de
autoridad judicial competente que así lo establece o debido a que se trata de
individuos que por razón de las funciones que cumplen en el sistema de
seguridad social en salud tienen acceso a ella, lo cual se explica si se
considera la utilidad de este documento como mecanismo para determinar de qué
manera deben ser tratadas las dolencias de un paciente en aras de restablecer
su salud.
No obstante lo anterior, frente a terceros
que no se encuentran en ninguna de las situaciones atrás descritas, la reserva
sí es oponible y, en consecuencia, no es posible que respecto de ellos se
produzca la circulación del dato médico contenido en la historia clínica del
paciente”.
Se concluye que, aunque en principio el paciente es el único que
puede tener acceso a la información contenida en la historia clínica y es él
quien puede autorizar a terceros su conocimiento, la ley autoriza expresamente
a ciertas personas para acceder a ella, por ejemplo, al equipo de salud y  a
las autoridades judiciales. Ahora bien, la definición legal de las personas que
pueden conocer la información contenida en la historia clínica obedece a la
estrecha vinculación que tiene dicho documento con el derecho a la intimidad de
su titular, pues contiene datos
caracterizados por la confidencialidad.
4. Acceso de familiares a la historia clínica del paciente
fallecido, sin previa autorización, o del paciente en incapacidad por grave
enfermedad física o mental. Evolución jurisprudencial.
Esta Corporación ha sostenido en numerosas
oportunidades que, por regla general, la muerte del
paciente no conduce a que la reserva legal de su historia clínica desaparezca
automáticamente, pues la divulgación de los datos personales y médicos
contenidos en ella  puede significar la violación del derecho a la intimidad de
su núcleo familiar y de otras garantías de rango constitucional[9].
Sin embargo, cuando se trata de hacer oponible la reserva de la historia
clínica a los familiares del paciente que fallece o del paciente en incapacidad
por grave enfermedad física o mental, la jurisprudencia constitucional ha
trazado algunos lineamientos especiales.
4.1. En un
primer momento la Corte sostuvo que  la autorización para levantar la reserva
de la historia clínica es de aquellos derechos que la doctrina llama de la
personalidad, intransmisibles y con un carácter extrapecuniario. Por ello, con
la muerte del titular del derecho no desaparecía el carácter reservado de su
historia clínica y para levantar tal reserva debía acudirse a los medios
judiciales pertinentes. Es así como, en la Sentencia T-650 de 1999, esta
Corporación negó bajo los anteriores argumentos la acción interpuesta  por el
hijo de una mujer que había fallecido, quien solicitaba copia de la historia
clínica de su madre para adelantar trámites con algunas compañías aseguradoras
y para iniciar una eventual demanda contra el hospital por malos manejos
médicos.
4.2. La anterior
posición fue reiterada por esta Corporación en la Sentencia   T-596 de 2004.
Sin embargo, en esta oportunidad se expuso que, aunque en principio la familia
de un paciente sólo puede acceder a su historia clínica cuando él la haya
expresamente autorizado, hay casos en los que los familiares, actuando en
representación del paciente, tienen derecho a conocer esta información de
manera inmediata, porque, por ejemplo, el paciente se encuentra en un estado
mental o de salud que no le permite manifestar su consentimiento frente el
tratamiento que se le vaya a suministrar, o  no está en condiciones para
autorizar que sus familiares sean enterados de su situación clínica.
4.3. En la
Sentencia T-834 de 2006 la Corte precisó el criterio anterior. En esa
oportunidad una señora solicitaba la copia de la historia clínica de su madre
fallecida, ya que, en su parecer, la causa de la muerte había sido la falta de
prestación oportuna de los servicios de salud por parte de la entidad demandada.
En este caso la Corte expuso que, teniendo en cuenta la ley y el desarrollo de la
Constitución Política en relación con el derecho a la intimidad, la reserva
legal de la historia clínica sólo puede ser levantada de manera expresa por el
paciente o por autoridad competente y no es posible divulgar a terceros la
información que ella contiene. El carácter reservado de la historia clínica no
desaparece por el fallecimiento del titular del derecho, porque es un derecho
de la personalidad, extrapecuniario e intransmisible. Sin embargo, la Corte
recordó que esa reserva legal de la historia clínica no es absoluta, porque no
solamente es un documento privado sometido a reserva, sino que es el único
archivo o banco de datos donde reposan todas las evaluaciones, pruebas,
intervenciones y diagnósticos practicados al paciente. Así, explicó que negar
la expedición de copias de la historia clínica de la madre fallecida, que
solicitaba su hija para acceder a la justicia, ponía en confrontación el
derecho a la intimidad, que se protege con la reserva legal de la historia
clínica, con los derechos también fundamentales de los familiares a la
información y de acceso a la administración de justicia[10],
los cuales debían  ampararse con la acción de tutela.
4.4. Posteriormente, en la Sentencia T-158 A de 2008 la Corte se
pronunció sobre la acción de tutela interpuesta por un hijo que solicitaba
copia de la historia clínica de su madre, quien había fallecido en la entidad
demanda, ya que ni él ni su familia estaban conformes con la información
brindada por el médico tratante. La Corte concedió la tutela al concluir que la
reserva de la historia clínica no le es oponible a los familiares más cercanos
de un paciente fallecido, y por lo tanto éstos tienen el derecho a exigir de la
respectiva entidad de salud que les permita conocer el contenido de la historia
clínica, sin necesidad de acudir al mecanismo de las pruebas anticipadas del
Código de Procedimiento Civil.
La Corte afirmó que lo que justifica la reserva legal de la historia
clínica  mientras el paciente está vivo es la necesidad de proteger su
intimidad personal. Pero cuando el paciente muere el motivo por la cual se
mantiene la reserva sobre dicho documento cambia, pues además de preservar la
memoria y el honor de la persona fallecida, lo que principalmente la justifica
es la necesidad de garantizar el derecho a la intimidad de su núcleo familiar.
Por lo tanto, es evidente que a los familiares del paciente fallecido tampoco les
será oponible la reserva de la historia clínica de éste, ya que para el
ejercicio y goce de dicho derecho se requiere conocer la información que, por
hacer parte de su ámbito íntimo familiar, está excluida del conocimiento
público. Adicionalmente, señaló que en algunos casos el acceso a la historia
clínica resulta de vital importancia para el ejercicio de otros derechos
fundamentales, y por lo tanto, bajo esas circunstancias el carácter reservado
de ese documento no puede presentarse como un obstáculo para acceder a la
información que contiene.
Sin embargo, la Sala Cuarta de Revisión enfatizó en que las
anteriores consideraciones solo aplican a los parientes más próximos del
paciente fallecido, es decir, su madre, su padre, sus hijos o hijas y su
cónyuge o compañera permanente, pues son las personas que podrán verse
afectadas con la información contenida en la historia clínica.
De igual forma aclaró que la no oponibilidad de la reserva legal  de
la historia clínica en los términos antes señalados, también es predicable de
los familiares de una persona que no se encuentra en capacidad de dar su
consentimiento para que la historia clínica sea conocida por ellos, a causa de
su estado mental o de salud, siempre y cuando exista la necesidad de que un
miembro del núcleo familiar de la persona acceda a la información contenida en dicho
documento para poder proteger alguno de sus derechos fundamentales, y que el
acceso a esa información no vaya en “desmedro de los derechos a la intimidad
y al libre desarrollo de la personalidad del paciente”.
Finalmente, la Corte precisó que el acceso a la historia clínica de
los familiares del paciente  fallecido, así como del que no se encuentre en
condiciones de autorizar a sus familiares por su estado de salud mental o
físico, debe estar sujeto al cumplimiento de los siguientes requisitos:
“a) La persona que eleva la solicitud
deberá demostrar que el paciente ha fallecido.
b) El interesado deberá acreditar la
condición de padre, madre, hijo o hija, cónyuge o compañero o compañera
permanente en relación con el titular de la historia clínica, ya que la regla
aquí establecida sólo es predicable de los familiares más próximos del
paciente. Para el efecto, el familiar deberá allegar la documentación que
demuestre la relación de parentesco con el difunto, por ejemplo, a través de la
copia del registro civil de nacimiento o de matrimonio según sea el caso.
c) El peticionario deberá expresar las
razones por las cuales demanda el conocimiento de dicho documento, sin que, en
todo caso, la entidad de salud o la autorizada para expedir el documento pueda
negar la solicitud por no encontrarse conforme con dichas razones. A través de
esta exigencia se busca que el interesado asuma algún grado de responsabilidad
en la información que solicita, no frente a la institución de salud sino,
principalmente, frente al resto de los miembros del núcleo familiar, ya que
debe recordarse que la información contenida en la historia clínica de un
paciente que fallece está reservada debido a la necesidad de proteger la
intimidad de una familia y no de uno sólo de los miembros de ella.
d) Finalmente y por lo expuesto en el
literal anterior, debe recalcarse que quien acceda a la información de la
historia clínica del paciente por esta vía no podrá hacerla pública, ya que el
respeto por el derecho a la intimidad familiar de sus parientes exige que esa
información se mantenga reservada y alejada del conocimiento general de la
sociedad. Lo anterior, implica que no es posible hacer circular los datos
obtenidos y que éstos solamente podrán ser utilizados para satisfacer las
razones que motivaron la solicitud”.
Estos son los cuatro requisitos mínimos que la Corte ha tenido en
cuenta para adoptar  decisiones posteriores en casos similares[11].
4.5. Más recientemente, en la Sentencia T-343 de 2008, esta Sala
reiteró los lineamientos jurisprudenciales establecidos en la Sentencia T- 158
A de 2008. En esta ocasión la Corte concedió la tutela interpuesta por la madre
de una menor de edad que falleció, la cual solicitaba copia auténtica de la
historia clínica de su hija para adelantar un proceso de responsabilidad, al
considerar que con la negativa de la entidad demandada a expedir dicha copia se
vulneraban los derechos fundamentales a la información y de acceso a la
administración de justicia de la accionante. En esta decisión se precisó que en
el caso de las personas que se encuentran en estado de incapacidad física o
mental para autorizar a terceros el acceso a su historia clínica, deben tenerse
en cuenta, además, los parámetros sentados en la Sentencia C-264 de 2006, según
la cual:
“La entrega de información médica a los
responsables del paciente, cuando se trate de menores de edad o de personas
totalmente incapaces, no quebranta el secreto profesional médico. La relación
médico-paciente, desde el punto de vista jurídico no puede, en este caso,
prescindir de los representantes legales del menor o del incapaz. El suministro
de las informaciones médicas a los susodichos representantes legales,
corresponde al cumplimiento del deber del médico de procurar un consentimiento
ilustrado y no puede, por ende, considerarse en modo alguno violación al
secreto profesional. De otro lado, las personas que se encuentran en una
situación de debilidad manifiesta, como es el caso del menor y del incapaz
enfermos, reclaman de la sociedad y de sus parientes próximos el mayor cuidado,
y éste no puede darse si sus representantes legales no reciben información de
parte del médico tratante. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio del
derecho del menor, de acuerdo con su grado de madurez y del "impacto del
tratamiento" sobre su autonomía actual y futura, para decidir sobre la
práctica de un determinado tratamiento y, al mismo tiempo, sobre la reserva de
ciertos datos de su intimidad (sentencia T- 477 de 1995. M.P. Alejandro
Martínez Caballero)”.
Con estos elementos de juicio procede la Sala a realizar el análisis
del caso concreto.
5. Caso
concreto.
5.1. La señora Gladys Soler Cleves
interpuso la acción de tutela con el fin de lograr el amparo de los derechos
fundamentales de petición, a la información y de acceso a los documentos
públicos, que considera vulnerados por el Hospital San
Rafael E.S.E. del Espinal por haberle negado la expedición de copia  de la
historia clínica de su difunto padre, José Francisco Soler Rincón, que requiere para conocer
el tratamiento suministrado, los procedimientos que se le aplicaron y las
razones que originaron su muerte, así como para interponer las acciones penales
y civiles a que hubiere lugar[12].
La entidad accionada se opuso a que se
tutelen los derecho invocados en virtud de que la asesora jurídica de dicha
entidad, mediante oficio del 9 de abril de 2008, dió respuesta oportuna a la
accionante  negando la expedición de la copia simple de la historia clínica por
tener reserva legal[13] y no existir
autorización del titular del derecho, ni orden judicial.
Los juzgados de primera y segunda
instancia negaron la tutela del derecho de petición porque el hospital
respondió oportunamente y de fondo la solicitud, aunque negativamente por tener
la historia clínica reserva legal. Guardaron silencio sobre los demás derechos
invocados.
5.2. Teniendo en cuenta la jurisprudencia
analizada, la historia clínica de un paciente está protegida, en principio, por
reserva legal para salvaguardar su derecho a la intimidad. Sin embargo, como ha
sido explicado, excepcionalmente y con miras a proteger otros derechos
fundamentales, esa reserva legal de la historia clínica de un paciente
fallecido o de un paciente en incapacidad por enfermedad física o mental, no es
oponible a los parientes más cercanos, siempre y cuando se cumplan los
requisitos estructurados por la jurisprudencia constitucional, a saber: (i) la
demostración del hecho de la muerte del paciente o su incapacidad; (ii) la
acreditación de pertenecer al núcleo familiar del fallecido o incapacitado;
(iii) la exposición de las razones por las cuales se solicita el acceso a la
historia clínica y; (iv) se asuma el deber de reserva por parte del familiar.
En ese orden de ideas, la Sala entrará
a analizar en el presente caso si se cumplen los parámetros jurisprudenciales
establecidos para  que por vía de tutela proceda el amparo de los derechos
fundamentales de la accionante.
5.2.1. En relación con el caso concreto
(i) se evidencia con la copia del registro civil de defunción que el señor José
Francisco Soler Rincón murió en la ciudad de Ibagué el
12 de junio de 2007[14].
5.2.2. También se advierte que (ii) la
señora Gladys Soler Cleves es hija del señor José Francisco Soler Rincón, como lo prueba la copia del registro civil
de nacimiento, expedida por la Notaría Cuarta de Bogotá[15].
5.2.3. Por otra parte, (iii) la solicitud
escrita que la accionante formuló al Hospital Federico
Lleras de Ibagué[16], pero que contestó la
asesora jurídica del Hospital San Rafael del Espinal[17],
dice claramente que necesita las copias de la historia clínica de su padre para
que hagan parte de un proceso penal contra Luz Clemencia Brochero y otros, y
también en un proceso civil. En el escrito de tutela agrega que requiere esas
copias para saber las razones que dieron origen al deceso de su padre, el
tratamiento, los medicamentos y procedimientos médicos que le aplicaron[18].
5.2.4. Como consecuencia del anterior requisito, (iv) la señora Gladys
Soler Cleves solo podrá utilizar las copias de la historia clínica de su padre
para los fines señalados por ella misma, quedándole prohibido publicar o
divulgar la información contenida en esa historia clínica, con el fin de
proteger los derechos a la intimidad del núcleo familiar y a la honra del señor
José Francisco Soler Rincón.
5.3. La asesora
jurídica del Hospital San Rafael del Espinal, en escrito del 9 de abril de
2008, le respondió al apoderado de la señora  Gladys
Soler Cleves que no podía expedir copia de la historia clínica de José Francisco Soler Rincón, porque está amparada por reserva legal,
según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 23 de 1981[19],
y que tampoco existe autorización del titular del derecho, ni orden judicial al
respecto.
En tales
condiciones y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional analizada en la
parte dogmática de esta providencia, es evidente que la entidad accionada, si
bien no ha vulnerado el derecho de petición a la señora Gladys Soler Cleves, en virtud de que respondió oportunamente y de
fondo su solicitud, aunque en forma negativa, si le está conculcando los
derechos fundamentales a la información y de acceso a la administración de
justicia.
5.4. Por otra parte en consideración a que están demostrados todos
los requisitos jurisprudenciales, la Sala concluye también que la señora Gladys Soler Cleves, en su condición de hija del señor José Francisco Soler Rincón, tiene el legítimo derecho de acceder a
su historia clínica con el fin de informarse acerca de las
razones que dieron origen al deceso de su padre, el tratamiento, los
medicamentos y procedimientos médicos que le aplicaron.
En consecuencia,
la Corte procederá a revocar los fallos que se revisan y a ordenar al Hospital
San Rafael del Espinal que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho, expida a la señora Gladys Soler Cleves copia completa e íntegra de
la historia clínica del señor José Francisco Soler
Rincón, para su uso exclusivo y reservado, en los
términos expuestos en esta sentencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido por el
Juzgado Primero Civil del Circuito del Espinal el 29 de agosto de 2008, que a su vez confirmó la sentencia emitida
en este caso por el Juzgado Tercero Civil Municipal del
Espinal, de fecha 5 de agosto
de 2008. En su lugar, CONCEDER,
por las razones y en los términos de esta
sentencia, la protección de los derechos a la información y de acceso a la
administración de justicia de la señora Gladys Soler
Cleves.
SEGUNDO.- ORDENAR al Hospital
San Rafael E.S.E. del Espinal, que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, si aún no lo hubiere hecho, proceda a
expedir copia completa e íntegra de la historia clínica del señor José Francisco Soler Rincón, para el uso
exclusivo y reservado de la señora Gladys Soler Cleves, en los términos
expuestos en esta sentencia.
TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ponente
CLARA
ELENA REALES GUTIÉRREZ
Magistrada
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Folio
31, Cuaderno No. 1 del expediente.
[2] Folio 1,
Cuaderno No. 1 del expediente.
[3] Folios 2 y 3, Cuaderno
No. 1 del expediente.
[4] Folio 4,
Cuaderno No. 1 del expediente.
[5] Folio 5,
Cuaderno No. 1 del expediente.
[6] Folio 6,
Cuaderno No. 1 del expediente.
[7] Folio 7,
Cuaderno No. 1 del expediente.
[8] Sobre el
carácter reservado de la historia clínica véase, entre otras,  las Sentencias:
T-161 de 1993, T-413 de 1993, T-158 de 1994, SU-256 de 1996, T-623 de 1996,
T-1563 de 2000, T-275 de 2005 y T-513 de 2006.
[9] Sentencias T-303 de 2008,
T-343 de 2008, T-837 de 2008 y T-119 de 2009.
[10]
La Corte sostuvo en esta sentencia que al no suministrar la  información
solicitada por la accionante para determinar la eventual responsabilidad de la
IPS en la muerte de su señora madre, se le estaba “obligando a acudir a
mecanismos jurisdiccionales de acopio probatorio anticipado, eventualmente
frustráneos, o a incoar un proceso sin las bases necesarias, para que el juez,
a solicitud del interesado, pida la copia del documento reservado (historia
clínica), lo que cae en innecesaria tramitología”. En consecuencia, estimó
procedente conceder la acción de tutela con el fin de ampararle el derecho a la
información y, eventualmente, el acceso a la administración de justicia, que le
estaban siendo vulnerados por la entidad demandada.
[11] Ver Sentencias T-303 de
2008, T-343 de 2008, T-837 de 2008 y T-119 de 2009.
[12] Folios 1, 9 y 10, Cuaderno No. 1 del expediente.
[13] Folio 19 a 21, Cuaderno No. 1 del expediente.
[14] Folio
4, Cuaderno No. 1 del expediente.
[15] Folio
5, Cuaderno No. 1 del expediente.
[16] Folio
1, Cuaderno No. 1 del expediente.
[17] Folios
2 y 3, Cuaderno No. 1 del expediente.
[18] Folio
9, Cuaderno No. 1 del expediente.
[19] Folios
2 y 3, Cuaderno No. 1 del expediente.