T-792-98
Sentencia T-792/98
Sentencia T-792/98
MUJER EMBARAZADA-Protección constitucional especial
La Carta Política de 1991, estableció una
especial protección para aquellas personas que son manifiestamente débiles en
la sociedad como lo son los niños, las personas de la tercera edad, y las
mujeres en estado de embarazo. Para estas últimas, la protección no sólo se
extiende durante su periodo de gestación, sino además se prolonga después del
parto, incluso dándose un subsidio de alimentación si entonces se encontrase
desamparada o sin empleo. Obviamente la protección se dará respecto de ella
como de su hijo desde el momento mismo de la concepción. En reiteradas sentencias
proferidas por esta Corporación, se ha puesto de presente esa especial
protección que merecen las mujeres embarazadas, tanto a nivel constitucional
como a través de tratados y convenios internacionales.
LICENCIA DE
MATERNIDAD-Pago por
aplicación de norma existente al iniciarse embarazo
LICENCIA DE
MATERNIDAD-Aplicación
ultra activa de norma
LICENCIA DE
MATERNIDAD-Objeto/LICENCIA
DE MATERNIDAD-Pago oportuno
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
Expediente T-188386
Peticionaria: Ana
del Carmen Salazar García
Procedencia: Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Popayán.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá
D.C., a los once (11) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
ocho (1998).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Antonio
Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre el fallo del Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Popayán, dentro del proceso de tutela
instaurado por la señora Ana del Carmen Salazar García contra la Caja Nacional
de Previsión Social, CAJANAL.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional, por remisión que hiciera el mencionado despacho judicial, en
virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
I.  ANTECEDENTES.
A. Hechos y pretensiones.
De manera general, los hechos que sirvieron
de base para iniciar la presente tutela, se pueden sintetizar en los siguientes
puntos:
1. La demandante se afilió a la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL
E.P.S., plan P.O.S., como empleada independiente, desde el 11 de noviembre de
1997, siéndole asignado el carné No. 1804826.
2. Desde el momento de su afiliación ha pagado cumplidamente sus aportes
mensuales tal y como se puede comprobar a través de las fotocopias de los
recibos de pago.
3. Cuando la actora se afilió, ya había iniciado su periodo de embarazo,
razón por la cual y de acuerdo con el Decreto Reglamentario 1938 de 1994, art.
25, tenía derecho al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la
incapacidad por licencia de maternidad, pues había cotizado un mínimo de 12
semanas.
4. Su parto debió hacerse por vía cesárea el día 9 de junio de 1998. Ante
esta situación, oportunamente la demandante cumplió con los requisitos para el
efectivo reconocimiento de las mencionadas prestaciones, adjuntado para ello,
fotocopia de los últimos tres (3) recibos de los aportes hechos a CAJANAL.
5. Entregada la documentación requerida, le fue informado verbalmente que
de conformidad con una disposición vigente desde el 5 de mayo del presente año,
se debía aportar los últimos nueve (9) recibos de pago y no los tres como
inicialmente se le había informado.
6. Con el convencimiento de tener derecho a las prestaciones que por
incapacidad por maternidad le asistía, la actora se acerco a las oficinas de
CAJANAL para que le fuera expedido el correspondiente certificado de
incapacidad avalado por un médico de dicha entidad, a lo cual, y luego de varias
negativas, le fue expedido el citado certificado, pero con la siguiente
observación: “No la paga Cajanal E.P.S. Decreto 806 abril 30/98”.
7. Aún cuando la actora insistió en que le fueran recibidos los documentos
para que se accediera al pago de la correspondiente prestación económica, la
entidad no aceptó.
8. A la fecha, la demandante no ha obtenido el pago de la prestación
económica derivada de la licencia por maternidad, lo cual agrava su ya
dramática situación económica, pues en la actualidad no tiene trabajo, es madre
cabeza de familia y tiene a su cargo otros dos hijos de 16 y 11 años.
Por lo anterior, la señora Salazar García,
considera violados sus derechos fundamentales al debido proceso, vida, salud
seguridad social y al trabajo, y solicita se ordene a CAJANAL E.P.S. que en un
plazo perentorio, le reconozca y pague los valores correspondientes a las
prestaciones derivadas de la licencia por maternidad.
B. Fallo que se revisa.
Mediante sentencia del 5 de octubre de
1998, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán, denegó de manera
general la tutela en cuestión, concediéndola solo en lo referente al derecho de
petición. Consideró que la negativa de la entidad a recibir la petición
presentada ante ella por la actora, viola abiertamente el derecho de petición,
impidiéndole el ejercicio del mismo. Por lo tanto, se ordenará a CAJANAL E.P.S.
que reciba en legal forma la petición de la señora Salazar García, le imprima
el correspondiente trámite y profiera una respuesta de fondo dentro de los
términos de que trata el artículo 6 del C.C.A. En lo referente a la
interpretación de las normas de carácter legal, esta corresponde al juez
natural y no al constitucional, el cual sin embargo puede hacerlo en los casos
excepcionales señalados por la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En el presente caso, la demandante sigue pagando cumplidamente sus aportes a
CAJANAL E.P.S., razón por la cual esta cuenta con la asistencia en salud que
tanto ella como sus hijos puedan requerir. Además, la actora no demostró la
afectación de su mínimo vital, más aún, cuando al ser afiliada independiente a
Cajanal E.P.S., denota que tiene un ingreso mayor a dos salarios mínimos
legales mensuales. Finalmente, argumenta el a quo que resulta incongruente la
carencia de trabajo por parte de la actora, cuando en la incapacidad otorgada
por la E.P.S., consta que la demandante es profesora. Por todo lo anterior,
resulta improcedente la presente tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia.
La Sala es competente para decidir, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 241, numeral 9°, de la
Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
B. Protección especial para la mujer embarazada.
La Carta Política de 1991, estableció una
especial protección para aquellas personas que son manifiestamente débiles en
la sociedad como lo son los niños, las personas de la tercera edad, y las
mujeres en estado de embarazo. Para estas últimas, la protección no sólo se
extiende durante su periodo de gestación, sino además se prolonga después del
parto, incluso dándose un subsidio de alimentación si entonces se encontrase
desamparada o sin empleo. Obviamente la protección se dará respecto de ella
como de su hijo desde el momento mismo de la concepción. En reiteradas
sentencias proferidas por esta Corporación[1],
se ha puesto de presente esa especial protección que merecen las mujeres
embarazadas, tanto a nivel constitucional como a través de tratados y convenios
internacionales.
Al respecto, la Corte ha señalado:
"Hoy el
universo jurídico en el país se ha modificado y no existe la menor duda de la
preferencia de la Constitución, la inmediata aplicación por parte de todos,
tanto de las normas orgánicas como de las normas dogmáticas. Es más, aún en el
caso de que una norma constitucional se autocondicione, en lo referente a los
derechos humanos y el derecho al trabajo, el intérprete debe examinar si existe
algún instrumento internacional ratificado por Colombia que permita superar la
condición y, en todo caso, preferenciar el respeto a los derechos
fundamentales.
“De acuerdo a la
Constitución Política y a los convenios y tratados internacionales con fuerza
vinculante en nuestro país, existen actualmente protecciones suficientes para
la estabilidad en el trabajo de la mujer embarazada, para la licencia y
prestaciones debidas por tal condición, y, por otro aspecto, en ocasiones puede
haber manutención y servicios gratuitos para aquella y su hijo, que, en casos
especiales, serán satisfechos por el Estado. Aunque, hay que recordar que
tratándose del niño, la obligación prestacional también corresponde a la
familia y a la sociedad (art. 44 C. P.)."[2]
De esta manera, cuando se presenta un
conflicto sobre los derechos que tienen una mujer embarazada, el juez, como
autoridad judicial deberá, vista la situación particular que le corresponde
estudiar, propender por la protección de los derechos que están en discusión,
buscando a su vez la máxima efectividad de los mismos.
Ahora bien, en el caso objeto de estudio,
la demandante, se afilió como independiente a CAJANAL E.P.S por el plan P.O.S.,
de conformidad con las normas vigentes en su momento, es decir, de acuerdo con
el Decreto Reglamentario 1938 de 1994. Y fue con base en dicha norma que
realizó los trámites pertinentes a fin de obtener el reconocimiento y pago de
su licencia de maternidad. Al respecto debemos señalar, que durante el tiempo
en que la demandante estuvo en estado de embarazo, hubo un cambio legal, que
modificó los requisitos para acceder a la prestación por ella solicitada,
afectándola, para lo cual debemos señalar que las normas aplicables a su caso,
deberán ser aquellas que existían al momento de iniciar su periodo de embarazo.
Como la situación particular de la señora
Salazar García se sometió a un cambio legislativo, la norma aplicable será
aquella que la beneficie y garantice la protección especial que al respecto
señala la misma Carta Política. Es así como se estará dando un aplicación ultra
activa del decreto 1938 de 1994, sólo en el presente caso y no se aplicará por
lo tanto el decreto 806 de 1998.
Además, debemos señalar que la tutela
resulta procedente de manera excepcional para conceder el pago de la licencia
de maternidad, pues con ello se busca ofrecer a la nueva madre y a su hijo los
recursos necesarios para iniciar esa nueva etapa de la vida, sin afugias
económicas y con la garantía de protección a su derechos fundamentales. Al
respecto la sentencia T-568 de 1996, Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes
Muñoz, señaló al respecto lo siguiente:
"Como se
observó en el acápite anterior, la licencia de maternidad tiene por objeto
brindarle a la madre el descanso necesario para poder reponerse del parto y
prodigarle al recién nacido las atenciones que requiere. El descanso se
acompaña del pago del salario de la mujer gestante, a fin de que ella pueda
dedicarse a la atención de la criatura. Por lo tanto, el pago del dinero
correspondiente al auxilio de maternidad es de vital importancia tanto para el
desarrollo del niño como para la recuperación de la madre.
“Excepcionalmente,
la Corte ha considerado que pese a la existencia del proceso ejecutivo laboral,
algunas prestaciones o derechos podrían ser exigidos a través de la acción de
tutela, en especial cuando resultan manifiestos la arbitrariedad de la
administración y los efectos gravosos que ésta proyecta sobre los derechos
fundamentales de las personas.
“(...) reiterada
jurisprudencia de esta Corte ha reconocido que algunas prestaciones y derechos
debidos a personas de la tercera edad, están íntimamente vinculados con su
propia subsistencia en condiciones dignas e involucran, por lo tanto, una
suerte de derecho al mínimo vital que permitiría, en algunos casos, franquear
la vía de la tutela con miras a su garantía.”
Por lo anterior, la presente Sala de
Revisión, confirmará parcialmente el fallo proferido por el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Popayán, del 5 de octubre de 1998, en cuanto tuteló el
derecho de petición. Adicionalmente, tutelará los derechos fundamentales a la
vida, salud y seguridad social de la señora Ana Carmen Salazar García, para lo
cual ordenará a la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL E.P.S., que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del
presente fallo, proceda a pagar la licencia de maternidad de la demandante, de
conformidad con los argumentos expuestos en la presente sentencia.
III. Decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR PARCIALMENTE el
fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán del 15
de octubre de 1998, en cuanto tuteló el derecho fundamental de petición.
Segundo. Adicionalmente, TUTELAR los
derechos fundamentales a la vida, salud y seguridad social de la señora Ana
Carmen Salazar García, para lo cual ordenará a la Caja Nacional de Previsión
Social, CAJANAL E.P.S., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
contadas a partir de la notificación del presente fallo, proceda a pagar la
licencia de maternidad de la demandante, de conformidad con los argumentos
expuestos en la presente sentencia.
Tercero. Por Secretaria General, líbrense
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]En
relación con este tema pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-606 de
1995 M.P. Fabio Morón Díaz, T-106 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, C-568 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-694 de 1996. M.P.
Alejandro Martínez Caballero, C-710 de 1996. M.P. Jorge Arango Mejía y T-662 de
1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[2]Sentencia T-694 de 1996. M.P. Alejandro
Martínez Caballero