T-275-18
Sentencia T-275/18
ACCION
DE TUTELA TEMERARIA-Concepto/ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Elementos para su
configuración
ACCION DE
TUTELA TEMERARIA-Casos en que pese a la identidad de procesos no
se configura temeridad
ACCION DE
TUTELA TEMERARIA-Inexistencia para el caso
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
sobre procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución jurisprudencial
respecto al reemplazo de la expresión "vía de hecho" por la de
"causales genéricas de procedibilidad"
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DEFECTO
FACTICO-Dimensión negativa y positiva
DEFECTO
FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Configuración
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se
configuró defecto fáctico en proceso laboral que buscaba reconocimiento de
pensión de sobrevivientes
Referencia:
Expediente T-6.593.004
Acción
de tutela interpuesta por Francelina Ardila González contra el Juzgado Noveno Laboral del
Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil dieciocho
(2018).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional
conformada por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas,
Alberto Rojas Ríos y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido
la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido el 21 de
noviembre de 2017 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, dentro de la acción de tutela promovida por Francelina
Ardila González contra el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y la
Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El
expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de
Selección Número Dos, mediante auto del 27 de febrero de 2018, notificado el 5
de abril del mismo año.[1]
I.    ANTECEDENTES
La señora Francelina
Ardila González, quien actúa en nombre propio, interpuso acción de tutela para
solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad
social, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, autoridades
que dentro del proceso ordinario laboral surtido le negaron el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes que reclamó, ya que no encontraron probado que su
compañero permanente hubiera cumplido los requisitos para acceder a la pensión
de jubilación establecidos en la Convención Colectiva
de Trabajo del año 1977, celebrada entre la Empresa Colombiana de Petróleos
(Ecopetrol) y su sindicato de base (Unión Sindical Obrera). A juicio de la
accionante, las autoridades judiciales restaron valor a una prueba aportada que
era “copia de copias” y no valoraron los documentos que demostraban el
cumplimiento del tiempo de trabajo requerido para el reconocimiento pensional. A
continuación, se exponen los antecedentes de la acción de tutela:
1.  Hechos
1.1.    La señora Francelina Ardila González, de 94 años de edad,[2] manifestó que convivió en “unión libre” con el
señor Olinto Carreño Chaves[3] y que de dicha unión nacieron siete hijos.[4]
1.2.
El señor Olinto Carreño
Chaves nació el 30 de diciembre de 1924,[5] prestó sus servicios para la Empresa Colombiana
de Petróleos (hoy Ecopetrol S.A.) y falleció el 22 de marzo de 1994.
1.3.    El 29 de enero de 2015, la señora Ardila González, mediante apoderado judicial, interpuso
demanda ordinaria laboral contra Ecopetrol S.A. en la que solicitó como pretensiones
el reconocimiento y pago de (i) la pensión de sobrevivientes y (ii) los
intereses moratorios causados así como la indexación de la primera mesada desde
el 4 de agosto de 1977 hasta que se efectuara el pago. Adicionalmente, pidió
que se condenara en costas a la empresa demandada y a lo que resultara probado
ultra y extra petita.[6]
1.4.    Los artículos 108 y 109 de la Convención
Colectiva de Trabajo del año 1977, celebrada entre la Empresa Colombiana de
Petróleos (Ecopetrol) y su sindicato de base (Unión Sindical Obrera), son los
aplicables y contienen los requisitos necesarios para el reconocimiento
pensional y disponen lo siguiente:
“Artículo 108.
La pensión de jubilación o de vejez de que trata el artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo, se concederá con veinte (20) años de servicio continuos
o discontinuos y cincuenta (50) años de edad. Con todo, la Empresa reconocerá
la pensión plena a quienes habiendo prestado servicios por más de veinte (20)
años, reúnan setenta (70) puntos en un sistema en el cual cada año de servicio
a Ecopetrol equivale a un (1) punto y cada año de edad equivale a otro punto.
Esta pensión de jubilación se reconocerá a solicitud del trabajador o por
decisión de la Empresa.
Parágrafo 1º. No
obstante lo anterior, cuando la Empresa lo determine, ésta podrá conceder la
pensión de jubilación a aquellas trabajadoras que habiéndole prestado servicio
a la Empresa por más de veinte (20) años, reúnan sesenta y ocho (68) puntos de
acuerdo con el sistema anterior.
Parágrafo 2º. Para
aquellos trabajadores que en el momento de la terminación de su contrato de
trabajo, se encontraren en incapacidad médica, la liquidación se hará teniendo
en cuenta el promedio de salarios devengados en el último año de servicios
antes de tal incapacidad.
Parágrafo 3º. Además
de la pensión a que el trabajador tenga derecho, de acuerdo con las leyes del
trabajo y con lo dispuesto en la norma anterior, la Empresa aumentará el monto
de esta pensión en un dos por ciento (2%) por cada año que el trabajador haya
servido a la Empresa por encima de los veinte (20) años que le dan derecho a la
pensión.
Artículo
109. Los
trabajadores que durante quince (15) años y en forma continua en la Empresa,
desempeñen las funciones de fundición y herrería tendrán derecho a la pensión
de jubilación de que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo,
sin consideración a la edad.
Igualmente
tendrán derecho a la pensión de jubilación los trabajadores que durante diez y
ocho (18) años hayan laborado en forma continua o discontinua en la Empresa,
desempañando funciones de soldadura. La Empresa aumentará el monto de esta
pensión en un dos por ciento (2%) por cada año que estos soldadores hayan
servicio a la Empresa por encima de los diez y ocho (18) años”.
1.5.
El apoderado consignó en la
demanda que el señor Olinto Carreño Chaves tenía derecho a la pensión de
jubilación por haber prestado sus servicios por 18 años en Ecopetrol
desempañando funciones de soldadura.
1.6.
Junto con la demanda se
anexó copia de la declaración juramentada con fines extraprocesales rendida por
la señora Francelina Ardila González ante el Notario Segundo del Círculo de
Soacha el 13 de junio de 2014. La declarante manifestó que convivió en unión
marital con el señor Olinto Carreño Chaves con quien tuvo 7 hijos y que compartió
techo, lecho y mesa de manera permanente e ininterrumpida hasta su
fallecimiento.[7] También se anexaron las declaraciones
extraprocesales rendidas el 19 de mayo de 2014 ante el Notario Segundó de
Barrancabermeja por Arturo García de la Cruz, Hipólito Lesmes, Reginaldo
Pernett España y Jair Alberto Rosas Pinzón. Los declarantes aseguraron que
Francelina Ardila González y Olinto Carreño Chaves “convivieron en unión
marital de hecho” por más de 60 años.[8]
1.6.1.De la misma manera, fueron aportadas varias
peticiones en las que el señor Olinto Carreño Chaves
solicitó a la entonces denominada Empresa
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) la certificación de los periodos
laborados en diferentes empresas de la industria del petróleo, a saber:
Tropical Oil Company, Intercol, Niigata
Engineering Co. Ltda, Talleres de Mecánica I Klein, McKee Panamá S.A. y Shell
Cóndor S.A.[9]
1.6.2.Con la
demanda también se presentó la copia de una petición en la que el señor Olinto
Carreño Chaves solicitó a Ecopetrol el reconocimiento de su pensión por tener
18 años, 1 mes y 3 días laborados (el documento no está firmado por el señor
Carreño Chaves y no tiene sello de recibido).[10]
1.6.3.El apoderado de la señora Ardila González
sostuvo en el primer hecho de la demanda que el causante había laborado para
varias empresas de la industria del petróleo 6.657 días, lo que equivale a
950.99 semanas o a 18.25 años. Para demostrar los periodos trabajados por el
señor Olinto Carreño Chaves se presentaron varios certificados cuya información
será consolidada en la siguiente tabla en la que se relaciona la empresa para
la cual trabajó el causante, las fechas en que inició y terminó su vínculo
laboral y los días trabajados.
Empresa empleadora
Inicio
Terminación
Total
Compañía de Petróleo Shell[11]
19-octubre-1944
20-febrero-1947
854
Tropical Oil Company[12]
25-abril-1947
25-agosto-1951
1.583
International Petroleum Col[13]
26-agosto-1951
21-enero-1957
1.975
Texas Petroleum
Company[14]
29-octubre-1957
24-diciembre-1957
56
Magdalena Drilling Company[15]
4-diciembre-1958
22-enero-1959
49
Drilling Operators
Inc.[16]
27-enero-1959
22-febrero-1959
26
Texas Petroleum
Company[17]
8-mayo-1959
15-julio-1959
68
McKee Panamá S.A.[18]
16-agosto-1967
19-diciembre-1968
491
Ecopetrol[19]
24-julio-1969
20-noviembre-1969
119
Ecopetrol[20]
11-mayo-1970
22-mayo-1970
11
Ecopetrol [21]
30-julio-1970
6-agosto-1970
7
Ecopetrol [22]
10-agosto-1970
31-agosto-1970
21
Ecopetrol [23]
15-marzo-1971
21-marzo-1971
6
Ecopetrol [24]
19-abril-1971
10-mayo-1971
21
Ecopetrol[25]
14-mayo-1971
24-junio-1971
41
Ecopetrol[26]
14-julio-1971
15-agosto-1971
32
Ecopetrol [27]
14-diciembre-1971
19-diciembre-1971
5
Ecopetrol[28]
1-marzo-1972
2-julio-1972
123
Talleres de Mecánica
I Klein[29]
26-julio-1972
26-diciembre-1972
153
Niigata Engineering
Co. Ltda[30]
6-noviembre-1973
29-enero-1974
84
Niigata Engineering
Co. Ltda[31]
30–abril-1974
18–agosto-1974
110
Ecopetrol [32]
17-octubre-1974
18-noviembre-1974
32
Ecopetrol[33]
3-marzo-1975
6-abril-1975
34
Ecopetrol [34]
30-junio-1975
14–septiembre-1975
76
Ecopetrol[35]
30–septiembre-1975
24-noviembre-1976
421
Ecopetrol [36]
31-enero-1977
1-mayo-1977
90
Ecopetrol[37]
30-mayo-1977
4-agosto-1977
66
Total días
laborados
-
-
6.554
1.6.4.Sin perjuicio de los tiempos de servicios que
fueron relacionados en la anterior tabla, la Empresa Colombiana de Petróleos
(Ecopetrol), en oficio fechado el 2 de julio de 1993, manifestó al señor
Carreño Chaves que el tiempo laborado por él con las empresas Shell de
Colombia, International Petroleum (Colombia) Limited y Ecopetrol equivalía a 14
años, 2 meses y 28 días.[38]
1.6.5.En
documento del 28 de febrero de 2006, el Coordinador de Servicios al Personal -
Regional Gestión de Personal Magdalena Medio de Ecopetrol S.A. certificó que
“el señor, OLINTO CARREÑO CHAVES, identificado con cédula de ciudadanía,
[…]  de Simití, con registro 2-4649-80 prestó sus servicios a ECOPETROL
S.A. Gerencia complejo Barrancabermeja, a término indefinido desde el 08 de
mayo de 1959 hasta el junio 27 de 1977 (sic), fecha en la cual se acoge
a su pensión de jubilación”.[39] (Negrillas del original)
1.6.6.Posteriormente,
Ecopetrol S.A. dio respuesta a una petición en la que Francelina Ardila
González solicitó ser declarada beneficiaria en primer grado de la pensión de
sobrevivientes por el fallecimiento del señor Olinto Carreño Chaves. En el
oficio la empresa advirtió que (i) el señor Carreño Chaves nunca tuvo un
contrato a término indefinido con Ecopetrol y que cuando estuvo vinculado firmó
contratos a término fijo (el ultimo finalizó el 4 de agosto de 1977), (ii) no
existe evidencia que permita establecer que el causante fuera pensionado de la
empresa, (iii) la certificación emitida el 28 de febrero de 2006 por la
Regional de Servicios al Personal quedaba sin efecto pues hizo constar una
información errónea y (iv) el 3 de agosto de 2010 se había emitido un
certificado para bono pensional.[40]
1.6.7.A su vez,
mediante oficio del 5 de febrero de 2013, la Líder del Grupo Gestión Maestra de
Datos de Personal de Ecopetrol S.A. certificó que “el señor, OLINTO
CARREÑO CHAVES (Q.E.P.D) identificado con Cédula de Ciudadanía número
[…] estuvo vinculado a nuestra Empresa, mediante contratos de trabajo a
término fijo desde el día 24 de Julio de 1969 hasta el día 04 de Agosto
de 1977”.[41] Junto
con la certificación, la empresa anexó las copias de los contratos laborales “de
duración determinada por la labor contratada” suscritos con el causante.[42] (Negrilla del original)
1.7.
El proceso ordinario se
radicó bajo el número 11001310500920150010901 y correspondió por reparto al
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá quien, mediante auto del 1 de junio de 2015, admitió la demanda y
ordenó notificar a Ecopetrol S.A.[43]
Audiencia de conciliación, decisión de excepciones,
saneamiento y fijación del litigio[44]
1.8.    El 23 de noviembre de 2015, el Juzgado Noveno
Laboral del Circuito de Bogotá, constituido en audiencia pública, (i) declaró
abierta la audiencia, (ii) solicitó la identificación de las partes
comparecientes, (iii) declaró fracasada la etapa de conciliación por tratarse
de derechos ciertos e irrenunciables y (iv) dispuso continuar con el trámite
procesal. Por otra parte, el Juzgado resolvió que la excepción previa de
prescripción formulada por la empresa demandada sería resuelta al momento de
proferir el fallo para revisar todas las pruebas aportadas y notificó dicha
decisión en estrado.[45]
1.8.1.La autoridad judicial fijó el litigio y
determinó que los hechos objeto de debate probatorio eran (i) la unión marital
de hecho entre Olinto Carreño Chaves y Francelina Ardila González, (ii) que el
señor Carreño Chaves hubiera adquirido el estatus de pensionado al momento en
que se terminó su vínculo laboral con la Empresa Colombiana de Petróleos, hoy Ecopetrol S.A., (iii) el tiempo laborado por el causante en la
empresa demandada, (iv) la sustitución patronal entre la empresa Tropical Oil
Company y la Empresa Colombiana de Petróleos, hoy Ecopetrol S.A. y (v) que el causante hubiera desarrollado labores de
fundición, herrería y soldadura.
1.8.2.Acto seguido, la jueza procedió a decretar las
pruebas solicitadas por las partes y luego de pedir el uso de la palabra, el
apoderado de la señora Francelina Ardila González advirtió lo siguiente:
“Los
documentos aportados en el proceso son copias pero hay muchos que tengo los
originales, lo que pasa es que por el mismo estado de ellos no los puedo
colocar porque se dañan, pero si tengo la mayoría”.[46]
1.8.3.En ese momento el abogado fue interrumpido por
la jueza quien advirtió lo que se cita a continuación:
“No, no
interesa doctor, las copias tienen plena validez igual que un original. No hay
inconveniente por ello”.[47]
1.8.4.Finalmente, la titular del despacho solicitó de
manera oficiosa a Ecopetrol S.A. que allegara copia de la Convención Colectiva
de Trabajo del año 1977 en el término de 5 días hábiles.
Audiencia de
juzgamiento[48]
1.9.    La audiencia pública de juzgamiento se llevó a
cabo el 1 de junio de 2016. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, constituido en
audiencia pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del
Código Procesal del trabajo y de la Seguridad Social, (i) solicitó la
identificación de las partes comparecientes y (ii) cerró el debate probatorio
dado que la prueba decretada en audiencia anterior era de carácter documental y
obraba dentro del expediente, por lo que notificó dicha decisión en estrado. A
su vez, la jueza otorgó el uso de la palabra a los apoderados para que en el término
de 10 minutos presentaran sus alegatos de conclusión.
1.9.1.El apoderado de la señora Francelina Ardila
González aseguró que el señor Olinto Carreño Chaves cumplió los requisitos
exigidos para ser beneficiario de la pensión de jubilación o vejez en
el mes de agosto de 1977. Precisó que los certificados obrantes en el
expediente daban cuenta de que el señor Carreño Chaves prestó sus servicios para
la demandada en actividades como las de fundición, herrería y soldadura por aproximadamente
30 años, 2 meses y 24 días[49] y
que en este periodo no se tuvieron en cuenta los servicios prestados para
empresas como “la Niigata, como Panamá o como la Texas Petroleum”.[50]
Adicionalmente, el
abogado reiteró que para acceder a la pensión convencional, el señor Carreño
Chaves debía contar con 20 años de servicios continuos o discontinuos y 50 años
de edad. Aseguró que la entidad ocultó los periodos laborados por el causante,
que existe desorganización administrativa y que todo el tiempo laborado por el
actor en la industria del petróleo debe ser tenido en cuenta a efectos de
evaluar el cumplimiento de los requisitos para causar el derecho pensional.
1.9.2.El apoderado de Ecopetrol S.A. advirtió que la
empresa tuvo a su cargo obligaciones de tipo pensional hasta antes del Acto
Legislativo 01 de 2005, que el señor Olinto Carreño Chaves no reunió los
tiempos necesarios para acceder a la pensión de jubilación y que, contrario a
lo afirmado por la contraparte, no se deben tener en cuenta todos los periodos
laborados en diferentes empresas de la industria del petróleo.
1.9.3.Luego de que fueron presentados los alegatos de
conclusión, el despacho procedió a proferir sentencia. Dentro de sus
consideraciones se refirió a la naturaleza jurídica de la sociedad demandada y
aseguró que las convenciones colectivas vigentes en materia pensional eran las
de los años 1995, 2009 y el acuerdo Nro. 1 de 1977, que se tendría en cuenta
para el caso objeto de estudio.
1.9.3.1.   Inicialmente, el juzgado analizó si el señor
Olinto Carreño Chaves consolidó estatus pensional o contaba con los requisitos
para acceder a la pensión de jubilación. Con respecto a los tiempos laborados
que pretendía hacer valer la demandante manifestó lo siguiente:
“El
señor Olinto Carreño Chaves, que en paz descanse, laboró para diferentes compañías
del sector petrolero en Colombia tales como Texas Petroleum Company, hoy
llamada Chevron Petroleum Company por el periodo de 98 días, tal como se
observa a folio 46. Laboró para la empresa McKee Panamá S.A. durante el lapso
de 1 año 4 meses, folio 20 del expediente. Trabajó en Talleres de Mecánica I Klein
por 150 días, folio 24. Trabajó en Niigata Engineering Co. Ltda por 109 días,
folio 27.
Trabajó
en la empresa Tropical Oil Company desde el 25 de abril de 1947 hasta el 25 de
agosto de 1951, lo cual suma 4 años y 4 meses. Como esa empresa sufrió el
fenómeno de sustitución y obligaciones de créditos laborales a partir de 1951.
Por último, laboró para la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), quien
realizó el cómputo de lo laborado con el señor, por el señor Olinto para un
periodo de 14 años y 2 meses, certificación del 2 de julio de 1933, folio 88
del expediente”.[51]
1.9.3.2.   La autoridad judicial afirmó que no se habían acreditado los tiempos mencionados
por la parte demandante y que hubiera operado la figura de la sustitución
patronal. En palabras de la Jueza:
“Dentro del expediente no se acreditan todos los tiempos mencionados por
el actor en su demanda, ni se allega certificación en la cual conste los
periodos laborados para la empresa de petróleos Tropical Oil Company, por lo
que igualmente no se puede establecer que hubiera existido una sustitución
pensional como lo refiere el demandante en su demanda”.[52]
1.9.3.3.   Adicionalmente, indicó que de conformidad con el
artículo 260 del Código Sustantivo del trabajo y 279 de la Ley 100 de 1993, los
trabajadores de Ecopetrol S.A. se pensionaban directamente con la entidad
empleadora antes del 29 de enero de 2003. También recalcó que los
tiempos de servicios acreditados por el señor Olinto Carreño Chaves no superan
los 15 años.
1.9.3.4.   El despacho se pronunció acerca del cumplimiento
de los requisitos para ser beneficiario de la pensión y, para ello, trajo a
colación el artículo 109 de la Convención Colectiva de Trabajo del año 1977 que
establece que tendrán derecho a la pensión de
jubilación de la que trata el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo:
(i) los trabajadores que durante 15 años y en forma continua en la Empresa, sin
consideración a la edad, hubieran desempeñado funciones de fundición y herrería
o (ii) los trabajadores que durante 18 años hubieran laborado en forma continua
o discontinua en la Empresa desempañando funciones de soldadura.
1.9.3.5.   En criterio del juzgado, no se acreditó que el
señor Olinto Carreño Chaves hubiera cumplido el requisito de tiempo laborado
y tampoco se probó la realización de funciones de herrería, fundición o soldadura en
la empresa, “pues en las certificaciones aportadas se pudo observar que laboró como pailero, tubero y pintor, folio 30 y
31 del expediente”.[53] Asimismo, el despacho concluyó que no se demostró la sustitución
patronal de la demandada con otras empresas de la industria del petróleo con el
fin de revisar esos periodos prestados a los que hizo alusión la parte
demandante.
1.9.3.6.   Por último, el juzgado se pronunció sobre la
convivencia entre el señor Olinto
Carreño Chaves y la señora Francelina
Ardila González. Advirtió que la pensión de sobrevivientes solo puede ser
reconocida a aquellas personas que acrediten la calidad de beneficiarios del
causante y que, en el caso particular, la demandante no probó la convivencia
ininterrumpida con el fallecido, que la prueba magna en ese tipo de procesos es
la testimonial que no fue aportada y que los registros civiles de los hijos presentados
no bastaban para probar la relación marital de hecho.
1.9.3.7.   En consecuencia, el Juzgado Noveno Laboral del
Circuito de Bogotá resolvió declarar probada la excepción de inexistencia de la
obligación y determinó que el despacho estaba relevado de pronunciarse sobre
los demás medios exceptivos, absolvió a Ecopetrol S.A. de las pretensiones,
condenó en costas a la parte demandante y notificó la decisión en estrado.
1.9.3.8.
Dentro de la audiencia, el
apoderado de la señora Francelina Ardila González manifestó que apelaba la
decisión y advirtió que iba a sustentar el recurso dentro del término
correspondiente y por escrito. Dicho esto, la autoridad judicial determinó que la
sustentación no se hizo bajo los parámetros del artículo 66 del Decreto Ley
2158 de 1948,[54] declaró precluida la oportunidad para admitir
el recurso, notificó la decisión en estrado y dispuso la remisión del
expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para agotar el
grado jurisdiccional de consulta.
Audiencia de
trámite y decisión - Grado jurisdiccional de consulta
1.10.
En audiencia del 28 de junio
de 2016, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá estudió la sentencia
proferida el 1 de junio de 2016 por
el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá en grado
de jurisdicción denominado de consulta concedido a la parte demandante. El
Magistrado permitió la intervención de los apoderados de las partes para que presentaran
sus alegatos en 5 minutos.
1.10.1. El apoderado de la señora Francelina Ardila González señaló
que el Juzgado de primera instancia no tuvo en cuenta el material probatorio
obrante en el expediente.
1.10.1.1. El abogado se refirió a la certificación que se encuentra
en el folio 77 del expediente del proceso ordinario en la que consta que el
señor Olinto Carreño Chaves trabajó para la Tropical Oil Company del 25 de
abril de 1947 hasta el 25 de agosto de 1951 (4 años y 4 meses). Sostuvo que el
periodo señalado debe tenerse en cuenta por aplicación de la figura de la “sustitución
patronal”. Precisó que “la Tropical Oil Company inició su actividad
petrolera en Colombia en 1921 y que solo a partir del 25 de agosto de 1951, por
virtud del proceso reversión de la concesión de mares fue que se dio origen a
la Empresa Colombiana de Petróleos, por lo que Ecopetrol asumió desde esta
fecha todas las obligaciones adquiridas, inclusive las de carácter laboral”.[55]
1.10.1.2. Indicó que en la contestación de la demanda el apoderado de
Ecopetrol S.A. se refirió a la sustitución de empleadores entre dicha empresa y
la Tropical Oil Company.
1.10.1.3. Aseveró que a folio 77 del expediente del proceso ordinario
existe una certificación en la que consta que “el señor Olinto Carreño
Chaves trabajó para Ecopetrol desde el 28 de agosto de 1951 hasta el 21 de
enero de 1957. Es decir, 6 años, 4 meses, 25 días”.[56]
1.10.1.4. Anunció que a folio 87 del expediente del proceso ordinario
se encuentra una certificación de Ecopetrol en la que consta que el señor
Carreño Chaves prestó sus servicios a término indefinido en la gerencia del
complejo Barrancabermeja desde el 8 de mayo de 1959 hasta el 27 de junio de
1977, fecha en la que se acogió a su pensión de jubilación.
1.10.1.5. Finalmente, sobre la prueba de la convivencia entre el
señor Olinto Carreño Chaves y la señora Francelina Ardila González sostuvo que
no aportó pruebas testimoniales porque la demandante no tiene dinero y su
familia está radicada en Barrancabermeja, lo que hacía imposible aportar la
documentación necesaria.
1.10.2. La intervención del apoderado del apoderado de Ecopetrol S.A.
no se puede escuchar por un problema en el proceso de grabación.[57]
1.10.3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá analizó si
el señor Olinto Carreño Chaves causó pensión de jubilación convencional y, para
tal efecto, estudió la Convención Colectiva de Trabajo del año 1977 suscrita
entre la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y su sindicato de base
(Unión Sindical Obrera). Se refirió al artículo 108 y
subrayó que la pensión de pensión de vejez se reconocía a los trabajadores que
cumplieran 20 años de servicios continuos o discontinuos y 50 años de edad y
que la prestación también se causa para las personas que prestando servicios
por más de 20 años reunieran 70 puntos, en un sistema en el que cada año de
servicio a la empresa correspondía a un punto y cada año de edad equivalía a
otro punto.
1.10.3.1. Advirtió que el artículo 109 del texto convencional
permitía pensionarse a los trabajadores que durante 15 años y de forma
continua, hubieran desempeñado funciones de
fundición y herrería, sin consideración a la edad o a los trabajadores que
durante 18 años hubieran laborado en forma continua o discontinua en la empresa
desempañando funciones de soldadura.
1.10.3.2. La Sala Laboral del Tribunal no encontró probado que el
señor Olinto Carreño Chaves hubiera causado el derecho pensional ya que lo que
se demostró con la evidencia aportada es que el causante había prestado
servicios para la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) durante 18 años,
1 mes y 18 días, de acuerdo con la certificación expedida por la demandada a
folio 87 del expediente del proceso ordinario.
1.10.3.3. La Sala también advirtió que de las pruebas
aportadas no se podía deducir que el señor Carreño Chaves hubiera trabajado
durante 15 años y de forma continua, desempeñado
funciones de fundición y herrería o 18 años en funciones de soldadura.
1.10.3.4. Ahora bien, el Magistrado que presidia la audiencia se
refirió al valor probatorio de los documentos aportados y a la acreditación de
la sustitución de empleadores de la siguiente manera:
“Los
demás documentos que se aportaron al expediente relacionados con tiempo de
servicio o labores desempeñadas obran en folios 17, 18, 24, 25, 37, 38 y 46.
Muchos de ellos han sido o fueron incorporados más de una vez al expediente,
carecen de valor probatorio en los términos que regulan los artículos 252 y 277
del expediente, pues se trata de copias simples de documentos emanados de
terceros. En algunos de ellos, incluso, el que se refirió en esta audiencia por
el apoderado del demandante, que obra en el folio 77 y también en el folio 38,
se dice ser copia de una copia cuyo texto no aparece firmado.
Pero
aun si en gracia de discusión pudiera darse validez probatoria a esos
documentos, lo cierto es que la parte demandante tampoco demostró como se dijo
en esta audiencia por el apoderado de la demandada, que frente a las empresas a
las cuales el causante pudo haber prestado servicios: Tropical Oil, Shell, Texas
Petroleum Company, Talleres de Mecánica I Klein, Niigata Engineerin, McKee
Panamá, Chevron Petroleum Company u otras, hubiera operado la sustitución
patronal de la demandada, ni se alegó o se demostró la ocurrencia de otras
razones por las cuales esos tiempos, que se insiste, tampoco aparecen probados,
pudieran imputarse para causar una pensión a cargo de la empresa que se demandó
en este proceso: Ecopetrol.
Las
razones referidas son suficientes para decidir como se anunció confirmando la
sentencia de primera instancia que negó la sustitución de una pensión que como
se dijo, no se causó. Como se conoce en consulta no se dictará condena en
costas de segunda instancia”.[58]
1.10.3.5. En virtud de lo anterior, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá confirmó la sentencia proferida el 1 de junio de 2016 por el
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, en primera instancia y no
condenó en costas. La decisión fue notificada en estrado y debido a que el
apoderado de la señora Francelina Ardila González interpuso el recurso
extraordinario de casación, la Sala determinó que decidiría por escrito si
existía interés para recurrir.
Recurso
extraordinario de casación
1.11.   La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
a través de Auto del 21 de septiembre de 2016, admitió el recurso
extraordinario de casación y procedió a correr traslado a la parte recurrente.
1.11.1. El 27 de octubre de 2016, el apoderado de la señora
Francelina Ardila González radicó escrito para sustentar el recurso y “pidió
casar totalmente la sentencia impugnada, y, en sede de instancia, revocar la de
primer grado que absolvió a la demandada”, de manera que se accediera a las
pretensiones. El abogado invocó la causal primera del artículo 87 del Decreto
Ley 2158 de 1948.[59]
1.11.2. Posteriormente, mediante Auto del 13 de septiembre de 2017,
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró desierto el
recurso interpuesto ya que la demanda presentada no cumplía con los requisitos
previstos en el artículo 90 del Decreto Ley 2158 de 1948 y porque la censura no
se dirigió contra ninguna norma de orden sustantivo, elemento necesario para
adelantar el estudio en sede de casación.[60]
Solicitud de amparo constitucional
1.12.
La accionante manifestó que la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá encontró probado que el señor
Olinto Carreño Chaves trabajó en Ecopetrol por 18 años, 1 mes y 18 días, de
acuerdo con el certificado que se encuentra a folio 87 del expediente del
proceso ordinario radicado bajo el número 11001310500920150010901.
1.12.1.     Declaró que “en el documento a folio 77 del
proceso 2015-109, aparece en papel con logo de ECOPETROL y firmado y sellado
por el señor GUSTAVO SANTIESTEBAN Jefe Grupo Beneficios y Servicios,
certificamos que el señor OLINTO CARREÑO CHAVES, mayor de edad vecino de este
municipio, con cédula de ciudadanía No. […] expedida en Simití, ha trabajado
para esta compañía desde el 26 de agosto de 1951 hasta el 21 de enero de 1957,
fecha esta en la que se canceló su respectivo contrato de trabajo”.
1.12.2.   Expuso que la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá valoró de manera sesgada el documento que se encuentra a folio 77 del
proceso ordinario, pues señaló que era copia de copia pese a que se encuentra
firmado por un funcionario de Ecopetrol S.A.
1.12.3.   Indicó que no se tuvo en cuenta el periodo
laborado por el causante con Tropical Oil Company desde el 25 de abril de 1947
hasta el 25 de agosto de 1951 pese a que el apoderado de Ecopetrol S.A. había
aceptado la ocurrencia de la sustitución patronal en el numeral 5 de la
contestación de la demanda que reza lo siguiente:
“Quinto.
NO ES CIERTO EN LA FORMA EN LA QUE ESTÁ REDACTADO, sin embargo debo precisar
que las personas que se encontraban laborando en campos petroleros o
instalaciones de Tropical Oil Company y que en virtud del fenómeno jurídico de
sustitución patronal ingresaron a ECOPETROL S.A., efectivamente la empresa que
represento continuó a cargo de las obligaciones laborales con estos
trabajadores”.
1.13.    La accionante advirtió en la demanda de tutela que
se encuentra postrada en una cama a sus 94 años de edad, “enferma, sin
seguridad social, casi sola, cansada de batallar la vida” y que recibió un
tratamiento desigual e injusto dentro del proceso ordinario, pues las
instancias judiciales no valoraron el material probatorio obrante dentro del
expediente.
1.14.   Finalmente, la señora Francelina Ardila González
manifestó bajo la gravedad de juramento que su hija, en calidad de agente
oficiosa, interpuso dos acciones de amparo para buscar un apoyo urgente que
aliviara su situación jurídica y económica. Especificó que las tutelas
correspondieron por reparto a las Salas de Casación Laboral y Penal de la Corte
Suprema de Justicia y se declararon improcedentes.[61]
1.15.   La actora aseguró que las autoridades judiciales
absolvieron a la empresa demandada al hacer una valoración sesgada del material
probatorio, pese a que en el proceso ordinario demostró que Olinto Carreño
Chaves trabajó 23 años, 6 meses y 13 días únicamente para la empresa de Ecopetrol
S.A. En consecuencia, solicitó que se tutele el derecho que le asiste “de
darle importancia probatoria y valoración de las pruebas allegadas al proceso,
en especial la anexada a folio 77 del cuaderno demandatorio proceso 2015-109”. A
su vez, la actora pidió que se ordenara a Ecopetrol S.A. reconocer y pagar la
pensión de sobrevivientes a la que asegura tener derecho “por haber sido la
compañera permanente de OLINTO CAREÑO CHAVES por más de 60 años de vida, donde
se procrearon 7 hijos”.[62]
2.  Traslado y contestación de la demanda
Mediante auto del 14
de noviembre de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia asumió el conocimiento de la acción de tutela y vinculó a Ecopetrol S.A.
para que en el término de un día,
contado a partir del recibo de la comunicación, rindiera informe y ejerciera su
derecho a la defensa.
2.1.
Respuesta de Ecopetrol S.A.[63]
2.1.1.La apoderada general de Ecopetrol S.A. presentó
escrito de contestación el 20 de noviembre de
2017 e indicó que la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá no vulneró el derecho al debido proceso de la
accionante y no incurrió en las violaciones señaladas en la demanda de tutela.
2.1.2.Advirtió que Ecopetrol S.A. no está legitimada
por pasiva, que en primera instancia y cuando se surtió el grado jurisdiccional
de consulta se negaron las pretensiones de la demanda ordinaria, que no se
agotaron los mecanismos de defensa judicial pues el recurso extraordinario de
casación se declaró desierto y que no se
cumplieron los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia.
2.2.    Respuesta de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá[64]
Por medio de escrito
del 21 de noviembre de 2017, el Magistrado Manuel Eduardo Serrano Baquero de la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá remitió,el
expediente 0920150010901 dentro del proceso ordinario laboral promovido por
Francelina Ardila González contra Ecopetrol S.A., en calidad de préstamo. Señaló
que con ponencia de su despacho, la Sala dictó sentencia el 28 de junio de 2016
“y que dentro el proceso no hay otros sujetos procesales o intervinientes”.
3.  Decisión judicial objeto de revisión
La Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 21 de noviembre de 2017, declaró la
improcedencia de la acción de tutela que atacó dos providencias judiciales pues
la accionante no agotó los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial, ya que contaba con el recurso extraordinario de casación y no hizo
uso adecuado del mismo. Lo anterior, teniendo en cuenta que por auto del 13 de septiembre de 2017, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia “declaró desierto el
recurso de casación que aquella interpuso contra la providencia del Tribunal,
toda vez que no satisfizo las reglas mínimas que se le exigen a quien
eleva ese medio de impugnación extraordinario”.[65]
4.  Actuaciones en sede de revisión
4.1.    Auto del 18 de mayo
de 2018
La Magistrada ponente, mediante
Auto del 18 de mayo de 2018, solicitó al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá que remitiera
el expediente con número de radicado 2015-109 (11001310500920150010901) del
proceso ordinario laboral en el que la señora Francelina Ardila González
demandó a Ecopetrol S.A. Adicionalmente, se ordenó poner a disposición de las partes o de los terceros con interés,
las pruebas recibidas, para que se pronunciaran sobre las mismas en el término
de un (1) día hábil.
4.2.    Actuación del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá
Mediante oficio recibido por la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 22 de mayo de 2018, el Juzgado
Noveno Laboral del Circuito de Bogotá remitió, en calidad de préstamo, el
expediente 11001310500920150010901 que consta de 268 folios en el cuaderno
principal y 27 folios en el cuaderno de la Corte Suprema de Justicia.
4.3.    Intervención del apoderado de Francelina Ardila González en el proceso ordinario laboral
radicado bajo el numero 009201500109
4.3.1.El apoderado de la señora Francelina Ardila González en el proceso ordinario laboral
radicado bajo el numero 009201500109
presentó escrito de intervención el 28 de mayo de 2018 y reiteró los argumentos
expuestos en la demanda de tutela.
4.3.2.Cabe resaltar que la señora Francelina Ardila González confirió poder especial, amplio
y suficiente al abogado Víctor
Manuel Pérez Bernal para presentar demanda ordinaria contra Ecopetrol S.A. No
obstante, no se aportó poder que faculte al abogado para actuar dentro del
proceso de tutela de la referencia.
4.4.    Intervención de Ecopetrol S.A.
La apoderada general
de Ecopetrol S.A. presentó escrito de intervención el 28 de mayo de 2018 en el
que reiteró lo expuesto en la contestación de la tutela.
4.5.    Actuación de la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá
Mediante oficio recibido por la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 31 de mayo de 2018, la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá remitió CD con el audio de la
audiencia pública celebrada el 28 de junio de 2016 en la cual se dictó
sentencia en grado de jurisdicción
denominado de consulta.
II.CONSIDERACIONES
1.    Competencia y
procedibilidad
La Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente, de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991,
para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia.
Antes de presentar el problema
jurídico del asunto de la referencia corresponde a la Sala pronunciarse sobre (i)
la posible temeridad en la acción de tutela de la referencia, (ii) la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias judiciales y (iii) el cumplimiento
de los requisitos de generales requeridos para cuestionar decisiones judiciales
en el caso objeto de revisión.
2.
Cuestión previa – La
posible configuración de una actuación temeraria en la acción de tutela de la
referencia
2.1.
El artículo 38 del Decreto
2591 de 1991 establece que se configura una actuación temeraria “[c]uando
sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales” y
que ello trae como consecuencia el rechazo o la decisión desfavorable de las
solicitudes.
2.2.
La Corte Constitucional
desde sus inicios resaltó que la temeridad vulnera los principios de la buena
fe, la economía y la eficacia procesales y se entiende como “la
actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de
que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de
entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso”.[66]
2.3.
De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la figura de la actuación temeraria presenta dos
vertientes. En una de ellas es necesaria la actuación de mala fe para
configurar la temeridad, mientras que en otra este elemento no es trascendente
al momento del análisis y solo se exige para su configuración acreditar que el
accionante presentó varias demandas de tutela por los mismos hechos y sin
justificación alguna.[67]
2.4.
Debido a esta diferenciación
y para delimitar la figura, esta Corte determinó que la temeridad se configura
cuando concurren los siguientes elementos: (i)
identidad de partes, (ii) identidad de hechos, (iii) identidad de pretensiones
y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva
demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.[68]
2.5.
Por su parte, la sentencia T-433
de 2006[69] sintetizó varios eventos en los cuales pese a
la identidad de partes, hechos, así como de pretensiones de una demanda de tutela y una o varias demandas
pendientes de fallo no se configura
temeridad, a saber:
“Se
ha sostenido que la declaratoria de improcedencia de la tutela por temeridad
debe analizarse desde una perspectiva distinta a la meramente procedimental,
cuando el ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se funda en: (i)
la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia[70] o indefensión, propio de
aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe[71], (ii) en el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho[72], (iii) en la
consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante[73], y por último (iv) se
puede resaltar la posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando
la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos
hace explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en
igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.[74]”
2.6.
Esta Corporación precisó que
cuando la presentación de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones se produce por (i) la ignorancia del accionante; (ii) el
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o (iii) por el
sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho, “si bien la tutela debe ser
declarada improcedente, la actuación no se considera ‘temeraria’ y, por ende,
no conduce a la imposición de una sanción en contra del demandante”.[75]
2.7.
En sentido contrario, la
Corte indica que es posible presentar una nueva acción de tutela sin que se
configure una actuación temeraria y se declare su improcedencia en los eventos
en los que (i) la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación,
(ii) surgen circunstancias adicionales fácticas o jurídicas o (iii) cuando no
existe pronunciamiento de la pretensión de fondo por parte de la jurisdicción
constitucional.[76]
2.8.
En el caso objeto de
revisión, la señora Francelina Ardila González aseguró en la demanda de tutela
que se habían presentado varias acciones de tutela y lo hizo de la siguiente
manera:
“Manifiesto
a su despacho bajo la gravedad de juramento, que mi hija como agente oficiosa
instauró dos tutelas, tratando de buscar apoyo jurídico urgente que aliviara
nuestra situación jurídica y por ende económica, una de ellas correspondiendo a
la Sala Penal y la otra a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia
siendo falladas improcedentes y sin dar ningún concepto de fondo a la petición
de tutela”.[77]
2.9.
Para aclarar y precisar este
punto resulta pertinente referirse a los sujetos quienes interpusieron las
acciones de tutela y el momento en el que fueron falladas cada una de ellas,
información que será resumida en la tabla que se presenta a continuación.
Tutela interpuesta por
Tutela asignada por reparto a
Fecha de la sentencia
María Eduviges
Carreño Arciniegas en calidad de agente oficiosa
Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
19-julio-2016
María Eduviges
Carreño Arciniegas en calidad de agente oficiosa
Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia
6-octubre-2016
Francelina Ardila
González
Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia
13-septiembre-2017
2.10.
Para determinar si efectivamente existió una actuación temeraria
por parte de la señora Francelina Ardila González se hace necesario analizar si
en las acciones de amparo concurren los siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de hechos, (iii)
identidad de pretensiones y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por
parte del accionante.
2.11.
Las tres acciones
constitucionales se dirigieron contra el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de
Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
ya que, supuestamente, las autoridades judiciales no valoraron algunos
elementos materiales probatorios con los que se pretendía acreditar el
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes a favor de la señora Francelina Ardila González dentro del
proceso ordinario laboral promovido por ella en contra de Ecopetrol S.A.
2.12.
De las tres acciones de
amparo que fueron interpuestas, dos fueron presentadas por María Eduviges
Carreño Arciniegas en calidad de agente oficiosa de la señora Francelina Ardila
González y la tutela de la referencia que fue presentada directamente por la
señora Ardila González.
2.13.
Para la Sala, las acciones
de tutela presentadas tienen identidad de hechos y pretensiones. No obstante,
las dos primeras fueron interpuestas por agente oficiosa y solo esta que es
objeto de revisión fue presentada por la señora Francelina Ardila González, por
lo que estaría en duda la acreditación del requisito de la identidad de partes.
2.14.
Adicionalmente, la Sala
considera que existen elementos adicionales que habilitan la interposición de la
acción de la tutela de la referencia, a saber:
2.14.1. Inexistencia de un pronunciamiento de la
pretensión de fondo por parte de la jurisdicción constitucional: Las dos primeras acciones de tutela fueron
interpuestas por medio de una agente oficiosa, falladas por la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 19 de julio de 2016 y la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 6 de octubre de 2016 y
fueron declaradas improcedentes. En este sentido, tal como lo señaló la
sentencia T-718 de 2011,[78] “no podrá calificarse de temeraria una
actuación en sede constitucional, cuando la misma ha finalizado por modos
diferentes a la sentencia de instancia que resuelva sobre la protección o no de
los derechos fundamentales invocados en el amparo”.
2.14.2. El surgimiento de circunstancias adicionales
fácticas o jurídicas: Luego de
que se profirieron las sentencias que declararon la improcedencia de las dos
acciones de tutela interpuestas por María Eduviges Carreño Arciniegas,
en calidad de agente oficiosa, se profirió el Auto del 13 de septiembre de 2017
a través del cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró
desierto el recurso de casación propuesto por el apoderado de Francelina Ardila
González contra la sentencia del 28
de junio de 2016 emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Este
hecho nuevo hizo que la señora Ardila
González interpusiera la acción de tutela de la referencia el 8 de noviembre de
2017.
2.15.
De esta manera, el hecho de
que las dos primeras tutelas fueran declaradas improcedentes hace que no
existiera un pronunciamiento de la pretensión de fondo por parte de la
jurisdicción constitucional y la decisión mediante la cual se declaró desierto
el recurso de casación representan una circunstancia jurídica nueva, elementos
que, a juicio de esta Sala, permitían la interposición de la tutela objeto de
revisión que no puede considerarse temeraria.
3.  Cuestión previa - La procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.1.
La posibilidad de presentar acciones
de tutela contra providencias judiciales es un asunto que ha sido objeto de
debate en la Corte Constitucional desde sus inicios.
3.2.
En la sentencia C-543 de 1992,[79] esta
Corporación se pronunció sobre las
demandas de inconstitucionalidad presentadas contra los artículos 11, 12 y 25
del Decreto 2591 de 1991 y, dentro de su estudio, se refirió a la caducidad de
la tutela y sus efectos, así como la posibilidad de
interponer acción de amparo para controvertir una providencia judicial.
3.2.1.De acuerdo con el artículo 11 demandado,
la acción de tutela se podía ejercerse en todo tiempo “salvo la dirigida
contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la
cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente”.
A juicio de los demandantes, la disposición (i) reñía con el artículo 86 de la
Constitución Política que no establece término de caducidad y (ii) era
inconstitucional porque permitir la interposición de una acción de tutela
contra sentencias o providencias judiciales desconocía el principio de la cosa
juzgada y porque la protección de la Carta Política se refiere a actos
administrativos.
3.2.2.Para resolver la controversia planteada, la Corte se refirió al concepto de caducidad y concluyó
que resultaba “palpable la oposición entre el establecimiento de un término
de caducidad para ejercer la acción y lo estatuido en el artículo 86 de la
Constitución cuando señala que ella puede intentarse ‘en todo momento’”.
3.2.3.Ahora bien, esta Corporación centró su análisis sobre la
posibilidad de interponer acción de amparo para controvertir una providencia
judicial. Para ello se pronunció sobre el carácter subsidiario e inmediato de la tutela, dijo que no es
propio de dicha acción constitucional “el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos
ordinarios o especiales” y en esta
medida, “no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado”.
3.2.4.Por otro lado, la Sala Plena sostuvo que la cosa juzgada se funda en el principio de
seguridad jurídica y “que se traduce en el carácter inmutable, intangible, definitivo,
indiscutible y obligatorio de los fallos cuando se han dado los trámites y se
han cumplido las condiciones y requisitos previstos por la ley”, razón por la cual, una sentencia
representa “un  título dotado de plena validez y oponible a todo el
mundo, pues crea una situación jurídica indiscutible a partir de la firmeza del
fallo”.
3.2.5.En consecuencia,
la Corte declaró inexequible los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991,
así como el artículo 40 del mismo compendio normativo dada su unidad normativa y,
finalmente, declaró la exequibilidad del artículo 25 del Decreto en mención.
3.3.    Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia
constitucional desarrolló la doctrina sobre la “vía de hecho” que permitió
cuestionar providencias judiciales mediante la interposición de una acción de
tutela ante pronunciamientos arbitrarios,
caprichosos y abiertamente contrarios a la Constitución y la ley.[80] En estos casos, la
Corte reconocía la necesidad de  “recuperar
la legitimidad del ordenamiento jurídico existente y, en consecuencia,
propender por la protección de los derechos que resulten conculcados”.[81]
3.4.    Más adelante, la Corte realizó un ajuste
terminológico para remplazar el concepto “vía de hecho” por el de “causales
especiales de procedencia” y justificó el mismo argumentando que un
análisis previo de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales era constitucionalmente razonable y permitía “armonizar
la necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la
autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos
valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la
necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados
eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado”.[82] Sobre el ajuste
terminológico, la Sala
Tercera de Revisión en la sentencia
T-774 de 2004[83]
adujo lo siguiente:
“La
Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los
que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…)
sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su
voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’[84] En este caso (T-1031 de 2001) la Corte
decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que
omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando “su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados”
Este avance jurisprudencial ha llevado
a la Corte a remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad’”.
3.5.    Finalmente, la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005[85] sintetizó los requisitos generales y específicos que habilitan la
interposición de la tutela contra providencias judiciales. Sostuvo que la
sentencia C-543 de 1992[86] no
descartó de manera absoluta la procedencia de la acción de amparo contra pronunciamientos
judiciales y añadió que en esa
oportunidad se había excluido “del ordenamiento jurídico unos preceptos normativos que
afirmaban la procedencia de ese mecanismo contra las sentencias como regla
general y no como excepción”.
4.    Cuestión previa – El cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales en el caso de la referencia
4.1.    Como se explicó en el acápite anterior, la Corte
unificó los requisitos de
carácter general que habilitan la interposición de la tutela contra providencias judiciales en la sentencia C-590 de 2005,[87] presupuestos que serán estudiados antes
de establecer el problema jurídico y abordar el análisis de las causales específicas de procedibilidad.
4.2.    De esta manera, la Sala analizará si la acción
de amparo interpuesta por la señora Francelina Ardila González cumple todos los
requisitos generales de
procedencia que se refieren a (i)
la legitimación por activa y por pasiva, (ii) la relevancia constitucional del
asunto, (iii) el agotamiento de los recursos ordinarios
y extraordinarios de defensa, (iv) la observancia del presupuesto de
inmediatez, (v) la incidencia en la decisión cuando se alegue una irregularidad
procesal, (vi) que el actor hubiere identificado los hechos que dieron origen a
la violación y que, de haber sido posible, se hubiere alegado oportunamente tal
cuestión en las instancias y (vii) que la sentencia impugnada no sea de tutela.
4.3.    Legitimación en la
causa por activa y pasiva: De
acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que tiene toda
persona para solicitar, de manera directa o por quien actúe legítimamente a su
nombre, la protección de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, la acción
de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental”.[88]
En el caso
objeto de análisis el requisito se cumple teniendo en cuenta que la acción de
amparo fue interpuesta por la señora Francelina Ardila González y se dirigió
contra el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, autoridades judiciales que
supuestamente vulneraron el derecho al debido proceso de la actora.
4.4.    Relevancia
constitucional: El asunto analizado tienen una clara
y marcada importancia constitucional pues se refiere a la vulneración del
derecho al debido proceso de la señora Francelina Ardila González, mujer de 94 años de edad, a la que se le negó
el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. La accionante señaló
que las autoridades judiciales demandadas valoraron de manera sesgada varias
pruebas por lo que de la resolución de la controversia también depende la
protección y el goce efectivo de sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, al mínimo vital y a la seguridad social.
4.5.    El agotamiento de los
recursos ordinarios y extraordinarios de defensa: Este requisito implica que el actor agote los
mecanismos judiciales que se encuentran en el sistema jurídico salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
4.5.1.En el asunto de la referencia, la parte
accionante no agotó los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial que tenía al
alcance. Dentro
del proceso ordinario laboral Nro.11001310500920150010901, el apoderado de la señora
Francelina Ardila González no sustentó en debida forma la
apelación contra la sentencia de primera instancia, pues señaló en
audiencia que dentro del término correspondiente y por escrito iba a exponer
los motivos por los que recurría la decisión, pese a que el Decreto Ley 2158 de 1948 consagra que, en esos
casos, la sustentación oral es estrictamente necesaria y debe hacerse en el acto de la notificación.
4.5.2.Por otro lado, el apoderado presentó recurso
extraordinario de casación que se declaró desierto por
no cumplir los requisitos previstos en el artículo 90 del Decreto Ley
2158 de 1948 y porque la censura no se dirigió contra ninguna norma de orden
sustantivo, elemento necesario para adelantar el estudio en sede de casación.
4.5.3.En vista de lo antes expuesto, no se agotaron
los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial (apelación y
casación). No obstante, esta Corporación considera que la falta del agotamiento
del recurso extraordinario de casación no conlleva a la improcedencia
automática de la acción de tutela pues, en ciertos casos, la exigencia del
agotamiento de este medio de defensa judicial resultaría desproporcionado.
4.5.4.Así pues, la Sala Novena de Revisión en la
sentencia T-714 de
2011[89] estudió
una acción de tutela interpuesta por un accionante contra una sentencia
proferida por la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Barranquilla que le había negado el reconocimiento y pago
de la pensión de vejez. Dentro del análisis de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala consideró que exigir
el agotamiento del recurso extraordinario de casación al actor resultaba
desproporcionado por la duración en la resolución del mismo y porque dicho
mecanismo de defensa no era idóneo ni eficaz.
4.5.5.En el mismo
sentido se encuentra la sentencia T-794
de 2012,[90]
en la que la Sala Primera revisó la acción de amparo interpuesta por un actor
contra una sentencia de la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga. En esta oportunidad se
reiteró que aunque no se había hecho uso del recurso extraordinario de
casación, ello no era una razón suficiente para declarar improcedente la tutela
“comoquiera que someter al accionante a un trámite de esa naturaleza, dada
su avanzada edad, el tiempo que ha tenido que esperar para poder acceder a la
pensión de vejez y las múltiples cargas  administrativas y procesales que
ha tenido que soportar para poder acceder a su pensión de vejez resulta una
carga desproporcionado (sic)”.
4.5.6.Finalmente,
la Corte en las sentencias T-685 de 2013[91]
y T-886 de 2013[92]
determinó que la acción de tutela es procedente, de manera excepcional, aun
cuando no se presente el recurso de casación, en los siguientes eventos:
“a)
éste resulta ser una carga desproporcionada dadas las condiciones materiales de
existencia y el asunto a tratar. Así, se consideró procedente la acción de
tutela para quienes pretendían la indexación de la primera mesada pensional
otorgada antes de 1991, en razón a la condición de especial vulnerabilidad en
que se encontraban los accionantes y porque el recurso de casación era ineficaz
dado la reiterada negativa a su reconocimiento por parte de la Sala de Casación
Laboral[93].
b)
es evidente la violación de los derechos fundamentales y una decisión de
improcedencia haría que prevaleciera lo formal frente a lo sustancial,
desconociendo de este modo la obligación estatal de garantizar la efectividad
de los derechos fundamentales[94] y la
prevalencia del derecho sustancial[95], pues la
aplicación rígida de la regla de la improcedencia “causaría un daño de
mayor entidad constitucional que el que se derivaría del desconocimiento del
criterio general enunciado”[96].
4.5.7.En el caso bajo revisión, el apoderado de la
accionante apeló la sentencia de primera instancia pero el recurso no fue
concedido debido a que el abogado no lo sustentó en debida forma y, en su
momento, presentó el recurso extraordinario de casación que fue declarado
desierto por no cumplir los requisitos legales establecidos
para tal efecto. Pese a lo anterior, para la Sala la tutela de la referencia
resulta procedente si se tiene en cuenta que la actora es una persona de la
tercera edad (94 años) quien solicitó el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes por el fallecimiento de su compañero permanente, que el proceso
ordinario laboral inició desde el 29 de enero de 2015 y que fue diagnosticada
con insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica.[97]
4.6.    Inmediatez: Para que
la tutela proceda debe haberse interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. En este caso, las
decisiones dentro del proceso ordinario laboral fueron adoptadas el 1 de junio de 2016 por el
Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá, en primera instancia y el 28 de junio de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
que resolvió el grado jurisdiccional de consulta.
4.6.1.Posteriormente, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante Auto del 21 de septiembre
de 2016, admitió el recurso extraordinario de casación y
procedió a correr traslado a la parte recurrente y, por medio del
Auto del 13 de septiembre de 2017, declaró desierto el recurso.
4.6.2.Por
su parte, la señora Francelina
Ardila González presentó la acción de tutela el 8 de
noviembre de 2017, por lo que entre la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la
interposición de la acción pasó 1 mes y 26 días.
4.6.3.En este caso, la Sala estima que, aunque la
sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá data del 28 de
junio de 2016 y la acción de amparo se interpuso hasta el 8 de noviembre de 2017 (1 año, 4 meses y 11 días
después), el término razonable para
presentar la tutela debe contarse desde la providencia que decidió acerca del
recurso extraordinario de casación,
pues precisamente dicha decisión fue
la que impulsó a la señora Ardila González a hacer uso de esta acción
constitucional, dado que al interior de la jurisdicción ordinaria ya no existe
manera de atacar las decisiones de las autoridades judiciales que resolvieron
su controversia.
4.7.    Que la
irregularidad procesal haya sido decisiva o determinante en la providencia
contra la que se promueve la acción de tutela: El
requisito en mención se cumple cabalmente ya que la valoración de las pruebas sobre periodos de servicio del
señor Olinto Carreño Chaves en Ecopetrol constituye el elemento fundamental por
el que las autoridades judiciales accionadas negaron la pensión de
sobrevivientes a la señora Francelina Ardila González.
4.8.    Que la parte
accionante hubiere identificado razonablemente los hechos generadores de la
vulneración, los derechos que se vieron comprometidos y se haya alegado en el
proceso judicial tales circunstancias: La
accionante sostuvo en la acción de tutela que las entidades accionadas
valoraron de manera sesgada dos certificaciones que, supuestamente, demostraban
el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento pensional.
Este hecho que es el supuesto generador de la vulneración fue señalado por
el apoderado de la señora Francelina Ardila González cuando intervino en la
audiencia que resolvió el grado jurisdiccional de consulta y en el escrito para
sustentar el recurso extraordinario de casación.
4.9.     Que la sentencia impugnada
no sea de tutela: Las sentencias cuestionadas se adoptaron dentro de
un proceso ordinario laboral en el que se solicitó el reconocimiento y pago de
una pensión de sobrevivientes. Particularmente, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá se pronunció
en primera instancia y la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en grado de jurisdicción denominado de
consulta.
5.    Problema jurídico
De acuerdo con los
antecedentes expuestos con antelación, la Sala Séptima de Revisión considera
que el problema jurídico a resolver en el presente caso es el siguiente:
¿El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá vulneraron el
derecho al debido proceso de Francelina Ardila González,
dentro del proceso ordinario laboral interpuesto por la actora contra Ecopetrol
S.A. en el que solicitó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes por
haber sido compañera permanente de Olinto Carreño Chaves, debido a la
valoración que hicieron en sus sentencias de varios documentos mediante los cuales,
supuestamente, se demostraba el cumplimiento del tiempo de servicio requerido
para acceder a la prestación y la sustitución de empleadores entre Tropical Oil
Company y Ecopetrol?
Para resolver el
problema jurídico planteado, la Sala estudiará a continuación los requisitos especiales de procedibilidad excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales y, particularmente, el defecto fáctico.
6.  Los requisitos
especiales de procedibilidad excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales
6.1.    En la sentencia C-590
de 2005,[98]
esta Corporación estableció que la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales está supeditada al
cumplimiento de todos los requisitos de carácter
general, como se explicó anteriormente, y la acreditación de al menos una de
las causales o de los requisitos especiales de procedibilidad que se exponen a
continuación:
“a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto,
que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[99] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[100].
i. Violación directa de la
Constitución”.
6.2.    En atención a la jurisprudencia constitucional,
las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales “aluden
a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en virtud de su
gravedad, hacen que el mismo sea incompatible con los preceptos
constitucionales”.[101]
7.  El defecto fáctico
como causal de procedencia específica de la acción de tutela contra
providencias judiciales
7.1.    El defecto fáctico “surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión” y para que se demuestre la ocurrencia de este
vicio es necesario que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe
ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia”.[102]
7.2.    Para delimitar el espectro que puede abarcar
este defecto, esta Corporación reconoció la existencia de una (i) dimensión
positiva que se configura cuando el funcionario judicial aprecia y da valor a
elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa una
valoración por “completo equivocada”. Adicionalmente, también existe una
(ii) dimensión negativa
que se presenta cuando el juez niega el decreto o la práctica de pruebas, las
valora de manera arbitraria,
irracional o caprichosa u omite la valoración de elementos materiales.[103]
7.3.    La jurisprudencia constitucional ha sido
enfática al señalar que los accionantes tiene la carga de demostrar las
hipótesis en que se presenta la irregularidad en materia probatoria y que la
intervención del juez constitucional al momento de evaluar la posible
configuración de un defecto fáctico es limitada en virtud de los principios de autonomía judicial, juez
natural e inmediación y en atención
a que la acción de amparo no tiene la vocación de convertirse en una nueva
instancia, razón por la cual, no se puede adelantar un nuevo examen del material probatorio.[104]
7.4.    Conforme a lo resuelto por la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-781
de 2011,[105]
la indebida valoración probatoria se puede presentar en las hipótesis que se
citan a continuación:
“De acuerdo con una
sólida línea jurisprudencial, el supuesto de indebida valoración probatoria se
configura, entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario
judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo
de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico
debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la
hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo
fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas
manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos
en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas
viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban
relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso”.
7.5.    No obstante lo anterior, las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en
las que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se
presume de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y
decantarse por el que le resulte convincente.[106]
7.6.    Finalmente, esta Corporación precisó que la
intervención del juez de tutela ante una posible valoración defectuosa del material probatorio se
permite cuando el error, tal como se indicó anteriormente, es ostensible,
flagrante, manifiesto y es determinante en la decisión adoptada, “pues es
este el único evento que desborda el marco de autonomía de los jueces para
formarse libremente su convencimiento”.[107] En este supuesto, la
configuración del defecto requiere que la providencia judicial se adopte sin “respaldo
probatorio o que haya dejado de valorar una prueba que resultaba determinante
para la solución del problema jurídico sometido a su consideración”.[108]
8.  Caso concreto
8.1.
La señora Francelina Ardila
González, de 94 años de edad, manifestó
que fue la compañera permanente del señor Olinto Carreño Chaves y que de dicha
unión nacieron siete hijos.[109]
8.2.    El señor Olinto Carreño
Chaves nació el 30 de diciembre de 1924, prestó sus servicios para
diferentes empresas del sector petrolero y falleció el 22 de marzo de 1994.
8.3.    El 29 de enero de 2015 y mediante apoderado judicial, la señora
Francelina Ardila González, presentó demanda ordinaria laboral contra Ecopetrol
S.A. y solicitó como pretensión principal el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
debido al fallecimiento del señor Carreño Chaves. Al proceso le correspondió el
número de radicado 11001310500920150010901 y se asignó
por reparto al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá.
8.4.    Junto con la demanda se anexaron, entre otras,
las siguientes pruebas: (i) copias de las declaraciones juramentadas con fines extraprocesales para
demostrar la existencia de una unión marital de hecho entre Francelina Ardila
González y Olinto Carreño Chaves,[110]
y (ii) copias de las certificaciones laborales de los periodos laborados por
Olinto Carreño Chaves en la Compañía de Petróleo Shell (Colombia), Tropical Oil
Company, International Petroleum (Colombia), Texas Petroleum Company, Magdalena
Drilling Company, Drilling Operators Inc., McKee Panamá S.A., Talleres de
Mecánica I Klein, Niigata Engineering Co. Ltda y la
Empresa Colombiana de Petróleos.[111]
8.5.    El apoderado consignó en la demanda que el señor
Olinto Carreño Chaves tenía derecho a la pensión de
jubilación por haber prestado sus servicios por 18 años en Ecopetrol
desempañando funciones de soldadura.
8.6.    El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá
adelantó audiencia el 23 de noviembre de 2015 en la que declaró
fracasada la etapa de conciliación por tratarse de derechos ciertos e
irrenunciables, fijó el litigio y decretó pruebas. En la diligencia intervino
el apoderado de la señora Francelina Ardila González quien precisó que algunos documentos habían sido aportados en
copia simple por el alto estado de deterioro de los originales y, ante dicha
intervención, la jueza reiteró al abogado que las copias presentadas tenían
plena validez. Finalmente, la
titular del despacho solicitó a Ecopetrol S.A., de manera oficiosa, que
allegara copia de la Convención Colectiva de Trabajo del año 1977.
8.7.    Para el 4 de agosto de 1977, momento en que el
señor Olinto Carreño Chaves se retiró de Ecopetrol, se encontraba vigente la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre la
Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y su sindicato de base (Unión
Sindical Obrera) que entró a regir desde el 25 de marzo de esa anualidad por
expresa disposición del artículo 149. A su vez,
los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación o vejez se consagraron en los artículos 108 y 109 de la mencionada convención colectiva de trabajo,
a saber:
Artículo
Requisitos de la pensión convencional de jubilación o vejez
108
Trabajadores con 20
años de servicios continuos o discontinuos y 50
años de edad.
La prestación también
se causa para los trabajadores que prestando servicios por más de 20 años
reunieran 70 puntos, en un sistema en el que cada año de servicio a la
empresa correspondía a un punto y cada año de edad equivalía a otro punto.
109
Trabajadores que
durante 15 años y de forma continua, hubieran desempeñado funciones de
fundición y herrería, sin consideración a la edad.
Trabajadores que
durante 18 años hubieran laborado en forma continua o discontinua en la
Empresa desempañando funciones de soldadura.
La sentencia de primera instancia
emitida por el Juzgado
Noveno Laboral del Circuito de Bogotá
8.8.    El Juzgado Noveno
Laboral del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia en
audiencia pública de juzgamiento que se llevó a cabo el 1° de junio de 2016. En
la providencia se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
a la señora Francelina Ardila González porque no se acreditaron los tiempos
mencionados por la actora en su demanda, no se allegó certificación en la cual
conste los periodos laborados para la empresa de petróleos Tropical Oil Company
y no estableció la ocurrencia de la figura jurídica de la sustitución patronal
o de empleadores entre Tropical Oil Company y la Empresa Colombiana de
Petróleos por lo que, de esta manera, Ecopetrol solo computó los periodos
laborados por el causante exclusivamente para dicha empresa, los cuales no
superaron los 15 años.
Conforme a la
valoración probatoria realizada por el juzgado, no se acreditó que el señor Olinto Carreño Chaves hubiera cumplido el requisito de tiempo laborado para el
reconocimiento de la pensión de jubilación
o vejez de la que trata el artículo 108 de la Convención Colectiva de Trabajo
de 1977. Asimismo, tampoco se probó
la realización de funciones de herrería, fundición o
soldadura en la Empresa que hubieran permitido reconocer la pensión contemplada
en el artículo 109 de la misma
convención colectiva de trabajo “pues en
las certificaciones aportadas se pudo observar que laboró como pailero, tubero y pintor, folio 30 y
31 del expediente”.[112]
Finalmente, el despacho concluyó que no se demostró la sustitución patronal de
la demandada con el fin de revisar los tiempos laborados en otras empresas de
la industria del petróleo.
La sentencia que resolvió el grado jurisdiccional de consulta
emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá
8.9.
La sentencia que resolvió el
grado de jurisdicción denominado de consulta se profirió en audiencia del 28 de
junio de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá que confirmó
la sentencia de primera instancia al determinar que Olinto
Carreño Chaves no dejó causada pensión de jubilación convencional pues solo
se encontró demostrado que el causante prestó sus servicios a Ecopetrol por 18
años, 1 mes y 18 días, conforme a la certificación expedida por la demandada y
que obra a folio 87 del expediente del proceso ordinario.
Asimismo, la Sala
también advirtió que de las pruebas aportadas no se podía deducir que el señor
Carreño Chaves hubiera trabajado durante 15 años continuos desempeñado funciones de fundición y herrería o 18 años en
funciones de soldadura.
Para terminar, aseguró que varios elementos materiales del
expediente carecían de valor probatorio por tratarse de copias simples de documentos emanados por
terceros y que, si en gracia de discusión se valoraban, no se acreditaban los
requisitos para el reconocimiento pensional habida cuenta de que tampoco se demostró “que frente a las empresas a las
cuales el causante pudo haber prestado servicios: Tropical Oil, Shell, Texas
Petroleum Company, Talleres de Mecánica I Klein, Niigata Engineerin, McKee
Panamá, Chevron Petroleum Company u otras, hubiera operado la sustitución
patronal de la demandada, ni se alegó o se demostró la ocurrencia de otras
razones por las cuales esos tiempos, que se insiste, tampoco aparecen probados,
pudieran imputarse para causar una pensión a cargo de la empresa que se demandó
en este proceso”.[113]
El defecto en el
que, a juicio de la accionante, incurrieron las autoridades judiciales
demandadas
8.10.   La señora Francelina
Ardila González aseguró en la acción de tutela que las autoridades
judiciales accionadas le negaron el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes al no valorar el material probatorio que, supuestamente, demostraba
que el señor Olinto Carreño Chaves trabajó 23 años,
6 meses y 13 días únicamente para la empresa Ecopetrol S.A. y que específicamente
no se analizó (i) un documento por ser “copia de copia” cuyo texto no aparecía firmado y (ii) la contestación
de la demanda en la que se aceptó la
sustitución patronal o de empleadores entre Tropical Oil Company y Ecopetrol.
8.11.   La actora precisó que el Tribunal Superior de
Bogotá reconoció que el señor Olinto Carreño Chaves había trabajado para la
Empresa Colombiana de Petróleos por 18 años, 1 mes y 18 días, de acuerdo con el
certificado que se encuentra a folio 87 del expediente del proceso ordinario
radicado bajo el número 11001310500920150010901.
8.12.   No obstante, la señora Ardila González expuso
que el documento que se encuentra a folio 77 del proceso ordinario fue valorado
de manera sesgada pues el Magistrado del Tribunal que presidió la audiencia
dentro del grado jurisdiccional de consulta señaló que era copia de copia cuyo texto no aparecía firmado.
8.13.   La accionante precisó que el documento que se
encuentra en el folio 77 “del proceso 2015-109, aparece en papel con logo de
ECOPETROL y firmado y sellado por el señor GUSTAVO SANTIESTEBAN Jefe Grupo
Beneficios y Servicios” y en el mismo consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
con Tropical Oil Company desde el 25 de abril de 1947 hasta el 25 de agosto de
1951.
8.14.   Finalmente, sostuvo que se debió dar valor
probatorio al documento antes enunciado y se debió dar
por demostrada la sustitución patronal entre Tropical
Oil Company y Ecopetrol que fue aceptada por el apoderado de la empresa
demandada en el punto 5 de la contestación de la demanda en el que se indicó lo
siguiente:
“Quinto.
NO ES CIERTO EN LA FORMA EN LA QUE ESTÁ REDACTADO, sin embargo debo precisar
que las personas que se encontraban laborando en campos petroleros o
instalaciones de Tropical Oil Company y que en virtud del fenómeno jurídico de
sustitución patronal ingresaron a ECOPETROL S.A., efectivamente la empresa que
represento continuó a cargo de las obligaciones laborales con estos
trabajadores”.
Estudio concreto del defecto específico atribuido a las sentencias
del juzgado y la Sala del Tribunal demandada
8.15.   Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado
Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá incurrieron en un defecto fáctico ante la alegada
valoración defectuosa o indebida de varios documentos mediante los cuales,
supuestamente, se demostraba (i) que el señor Olinto
Carreño Chaves cumplió el tiempo de servicio requerido para acceder a la
pensión de jubilación y (ii) la sustitución de empleadores entre Tropical Oil
Company y Ecopetrol.
8.16.   Para empezar el análisis resulta imperioso poner
de presente que la actora dirigió su censura, especialmente, contra la
valoración probatoria adelantada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Sobre este
punto, aunque la señora Francelina Ardila González se refiere de manera más
extensa y hace énfasis en la actuación llevada a cabo en el proceso ordinario
laboral por la Sala del Tribunal demandado, también es cierto que la actora en
la demanda de tutela dirige su censura contra las providencias de las dos
autoridades judiciales que a su juicio, “absolvieron a ECOPETROL S.A.,
haciendo una valoración sesgada al material probatorio allegado al proceso”.[114]
8.17.   Concretamente, la actora se refirió al defecto
en que, a su juicio, incurrió el juzgado demandado de la siguiente manera:
“[E]n la motivación
del fallo de primera instancia emitido por la señora Juez Noveno Laboral del
Circuito (sic), a pesar que se le informó en los alegatos de conclusión sobre
la importancia de las pruebas allegadas al proceso en sus folio 77, 87 y 18,
estos tres documentos no fueron tenidos en cuenta en la motivación,  vuelvo a
decir fueron presentados por el abogado al momento de instaurar la demanda y
fueron aceptados tácitamente por la demandada al momento de contestarla”.[115]
8.18.   Ahora bien, para la Sala no se configuró un
defecto fáctico en las decisiones que negaron el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes a favor de Francelina Ardila González tal como se expondrá a
continuación:
8.19.   Corresponde señalar que tanto
el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá como
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negaron
el reconocimiento de la pensión convencional de jubilación dado que no
encontraron acreditados los requisitos del artículo 109 de la Convención
Colectiva de Trabajo de 1977 celebrada entre la Empresa Colombiana de Petróleos
(Ecopetrol) y su sindicato de base (Unión Sindical Obrera), que exige que el
trabajador (i) acredite 15 años de servicios de forma continua desempeñado
funciones de fundición y herrería, sin consideración a su edad o (ii) demuestre
18 años laborados en forma continua o discontinua en la Empresa desempañando
funciones de soldadura.
8.20.   Así las cosas, la titular del Juzgado Noveno
Laboral del Circuito de Bogotá señalo en audiencia que “según lo analizado
por el despacho en el acervo probatorio, el señor Olinto Carreño no ostentaba
los tiempos laborados exigidos por la convención para lograr su pensión de
vejez. No en vano, tampoco hay evidencia de que realizara funciones de
herrería, fundición o soldadura en la empresa, pues en las certificaciones aportadas se pudo observar que laboró como pailero, tubero y pintor, folio 30 y
31 del expediente”.[116]
8.21.   A su vez, el Magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá que presidió la audiencia en la que se resolvió el grado
jurisdiccional de consulta consideró que el señor Olinto Carreño Chaves “prestó
servicios a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) durante 18 años, 1
mes y 18 días. Esto se deduce de la certificación laboral expedida por la
demandada que obra en folio 87 y reproduce el documento de folio 113, sin que
se pueda deducir como se alega, de este documento o de las demás pruebas
aportadas al expediente que de ese tiempo que certifica la entidad se hubieran
prestados servicios por 15 años en funciones de fundición y herrería o 18 años
en funciones de soldadura, como lo dispone la convención colectiva”.[117]
8.22.   Ahora bien, las autoridades judiciales tampoco
encontraron acreditado el requisito de tiempo de servicios requerido para
acceder a la pensión convencional de jubilación o vejez contemplada en el
artículo 108 la Convención Colectiva de Trabajo.
8.23.   En la audiencia de juzgamiento, el Juzgado
Noveno Laboral del Circuito de Bogotá se refirió a todas las relaciones y los
periodos laborales que el apoderado de la señora Francelina Ardila González
quería hacer valer y que incluyen tiempos de servicios para diferentes empresas
de la industria del petróleo, a saber: Texas Petroleum Company, hoy llamada Chevron Petroleum Company,
McKee Panamá S.A., Talleres de Mecánica I Klein, Niigata Engineering Co. Ltda, Tropical
Oil Company y la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).
Posteriormente, la titular del
despacho manifestó en audiencia que “dentro del expediente no se acreditan
todos los tiempos mencionados por el actor en su demanda, ni se allega
certificación en la cual conste los periodos laborados para la empresa de
petróleos Tropical Oil Company, por lo que igualmente no se puede establecer
que hubiera existido una sustitución pensional como lo refiere el demandante en
su demanda”.[118]
Adicionalmente, adujo que Ecopetrol computó los periodos laborados por el
causante de manera exclusiva para esa empresa que pese a ser contabilizados no
superaban 15 años.
8.24.   De otra parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá expuso que no había encontrado probado los 20 años de servicios
exigidos por el artículo 108 de la convención ya que la evidencia aportada,
específicamente la certificación obrante a folio 87 del expediente del proceso
ordinario, daba cuenta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró Empresa
Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) durante 18 años, 1 mes y 18 días.
8.24.1. El Magistrado que presidía la Sala y que anunció la
decisión expuso que los documentos
relacionados con tiempo de
servicio o labores desempeñadas por el señor Carreño Chaves en las empresas Texas
Petroleum Company (folio 17), Talleres de Mecánica I Klein (folio 24), Niigata
Engineering Co. Ltda (folio 25), la Compañía de Petróleo Shell (folio 37) y Texas
Petroleum Company (folio 46); carecían de valor probatorio por ser “copias
simples de documentos emanados de terceros”.[119] Indicó
que el certificado con el que la accionante pretendía demostrar el tiempo laborado
para la empresa Tropical Oil Company
que obra en el folio 77 del
expediente ordinario “dice ser copia de una copia
cuyo texto no aparece firmado”.[120]
8.24.2. Finalmente, añadió que de darse validez a los documentos
que certificaban tiempos de servicios del causante en empresas del sector
petrolero diferentes a Ecopetrol S.A. y que, a juicio de la Sala, carecían de
valor probatorio, lo cierto es que no se demostró que hubiera operado la figura
jurídica de la sustitución de empleadores o patronal entre alguna de las
empresas del sector petrolero y la Empresa Colombiana de Petróleos. En palabras
de la Sala:
“Pero
aun si en gracia de discusión pudiera darse validez probatoria a esos
documentos, lo cierto es que la parte demandante tampoco demostró como se dijo
en esta audiencia por el apoderado de la demandada, que frente a las empresas a
las cuales el causante pudo haber prestado servicios: Tropical Oil, Shell,
Texas Petroleum Company, Talleres de Mecánica I Klein, Niigata Engineerin,
McKee Panamá, Chevron Petroleum Company u otras, hubiera operado la sustitución
patronal de la demandada, ni se alegó o se demostró la ocurrencia de otras
razones por las cuales esos tiempos, que se insiste, tampoco aparecen probados,
pudieran imputarse para causar una pensión a cargo de la empresa que se demandó
en este proceso: Ecopetrol”.[121]
8.25.   Expuestas las motivaciones del juzgado y la Sala
del Tribunal accionados para considerar que el señor Olinto Carreño Chaves no dejó causada la pensión del
artículo 108 de la Convención Colectiva de Trabajo de 1977, pasa esta Sala a
exponer las razones por las cuales no se configuró un defecto fáctico en las
providencias objeto de censura.
8.26.   Como quiera que para el reconocimiento pensional
resultaba necesario acreditar el cumplimiento de 20 años de servicios continuos
o discontinuos, la jueza y los magistrados que fallaron el caso debían determinar
la duración del vínculo laboral del causante con Ecopetrol.
8.27.   En el expediente ordinario laboral reposan varios
documentos que se refieren al tiempo en el que el señor Olinto Carreño Chaves prestó
sus servicios en Ecopetrol, a saber:
(i) Como anexo de la demanda se presentó copia del
oficio del 2 de julio de 1993, en el que la Empresa Colombiana de Petróleos
(Ecopetrol) señaló que el señor Olinto Carreño Chaves había laborado con las
empresas Shell de Colombia, International Petroleum (Colombia) Limited y
Ecopetrol durante un tiempo que equivalía a 14 años, 2 meses y 28 días.[122]
(ii) La parte accionante presentó como prueba
documental una copia de un certificado del 28 de febrero de 2006 expedido por
el Coordinador de Servicios al Personal - Regional Gestión de Personal
Magdalena Medio de Ecopetrol S.A. En el mismo consta que “el señor, OLINTO
CARREÑO CHAVES, identificado con cédula de ciudadanía, […]  de
Simití, con registro 2-4649-80 prestó sus servicios a ECOPETROL S.A.
Gerencia complejo Barrancabermeja, a término indefinido desde el 08 de mayo de
1959 hasta el junio 27 de 1977 (sic), fecha en la cual se acoge a su
pensión de jubilación”, lo que equivale a 18 años, 1 mes y 18 días.[123]
(Negrillas del original)
No obstante, Ecopetrol
mediante oficio dio respuesta a una petición presentada por Francelina Ardila
González y advirtió que la certificación antes enunciada quedaba sin efecto
pues se había certificado una información errónea.[124]
(iii) Junto con la contestación de la demanda se
presentó certificado expedido el 5 de febrero de 2013 por la Líder del Grupo
Gestión Maestra de Datos de Personal de Ecopetrol S.A. quien certificó que la
relación laboral entre Olinto Carreño Chaves y la empresa se presentó mediante
contratos a término fijo desde el día 24 de Julio de 1969 hasta el día 04 de
agosto de 1977.[125] Junto con el mencionado escrito se
presentaron las copias de los contratos de trabajo cuya duración estaba
determinada por la labor contratada.
(v) La empresa demandada también presentó con la
contestación un documento del 23 de octubre de 2014 en el que se certificó que
el señor Olinto Carreño Chaves prestó sus servicios por un espacio de 1
años, 10 meses y 28 días.[126]
8.28.    Incluso, el apoderado de la señora Francelina Ardila González hizo un recuento de todos
los periodos trabajados por el señor Olinto Carreño Chaves con Ecopetrol, así
como diversas empresas de la industria petrolera y concluyó en la demanda que
los tiempos sumados arrojaban un total de 6.657 días, lo que equivale a
950.99 semanas o a 18.25 años. Finalmente, junto con la demanda se
presentó la copia de un documento dirigido al jefe del grupo de pensiones de la
Empresa Colombiana de Petróleos, en el que el señor Olinto Carreño Chaves
solicitó el reconocimiento de una pensión por haber servido a la compañía 18
años, 1 mes y 3 días (el documento no está firmado por el señor Carreño
Chaves y no tiene sello de recibido).[127]
8.29.   En el expediente del proceso ordinario laboral
existen varios documentos en los que se certifica el término por el que se prolongó
la relación laboral de Olinto
Carreño Chaves con la Empresa Colombiana de Petróleos y ninguno supera 18 años.
Así las cosas, esta Sala de Revisión estima que tanto el Juzgado Noveno Laboral
del Circuito de Bogotá como la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá acertaron al no dar por probado que el causante prestó
servicios para Ecopetrol por más de 18 años.
8.30.   Ahora corresponde analizar el argumento esbozado por la actora en la acción de tutela,
según el cual, no se valoró una prueba y un aparte de la contestación de la
demanda ordinaria que demostrarían la ocurrencia de una sustitución patronal o de empleadores entre la entonces denominada
Empresa Colombiana de Petróleos y Tropical Oil
Company.
8.31.   A juicio de la accionante, dentro del análisis probatorio adelantado
no se valoró el documento que se encuentra en el folio 77 del expediente que
tiene membrete de Ecopetrol, es fiel copia tomada de un original expedido por
International Petroleum (Colombia) Limited en el que hace constar que Olinto Carreño Chaves trabajó para Tropical Oil Company desde el 25 de abril de 1947
hasta el 25 de agosto de 1951 y para International Petroleum (Colombia) Limited
en el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 1951 y el 21 de enero de 1957.
La señora Francelina
Ardila González se quejó acerca de la actuación adelantada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá que en audiencia restó valor probatorio a varios documentos por ser “copias
simples de documentos emanados de terceros” y específicamente el del folio
77 por “ser copia de una copia cuyo texto no aparece firmado”.
8.32.   De la misma manera, la actora aduce que no se
tuvo en cuenta que el apoderado de Ecopetrol S.A. reconoció la sustitución
patronal o de empleadores entre la entonces denominada Empresa Colombiana de Petróleos
y Tropical Oil Company cuando dijo en la contestación de la demanda:
“Quinto.
NO ES CIERTO EN LA FORMA EN LA QUE ESTÁ REDACTADO, sin embargo debo precisar
que las personas que se encontraban laborando en campos petroleros o
instalaciones de Tropical Oil Company y que en virtud del fenómeno jurídico de
sustitución patronal ingresaron a ECOPETROL S.A., efectivamente la empresa que
represento continuó a cargo de las obligaciones laborales con estos
trabajadores”.
8.33.   El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en su especialidad laboral no valoró los documentos relacionados
con tiempo de servicio o labores desempeñadas por el señor Carreño Chaves en
las empresas Texas Petroleum Company (folio 17), Talleres
de Mecánica I Klein (folio 24), Niigata Engineering Co. Ltda (folio 25), la
Compañía de Petróleo Shell (folio 37),
Texas Petroleum Company (folio 46) y Tropical Oil Company (folio 77),
debido a que no habían sido expedidos por Ecopetrol S.A. como sociedad
demandada en el proceso ordinario laboral, sino por terceros.
8.34.   Sobre este hecho, para la Sala es claro que el
desconocimiento de documentos emanados por terceros puede presentarse en los
términos expresos del artículo 272 del Código General del Proceso.[128] Pese a
ello, el Tribunal advirtió que, aun dando validez a esos elementos materiales
probatorios, lo cierto es que no se acreditó para el caso concreto del señor
Carreño Chaves la ocurrencia de una sustitución patronal o de empleadores entre
la entonces denominada Empresa Colombiana de Petróleos
y Tropical Oil Company, por lo que el análisis de los mismos pierde sentido ya que no es
posible imputar esos periodos para acreditar los requisitos de la pensión. De
esta manera, la posible omisión en la valoración no tiene incidencia directa en
la decisión adoptada.
8.35.   En el régimen jurídico colombiano, la figura de
la sustitución patronal se estableció en el artículo
27 del Decreto 652 de 1935 que reglamentó la Ley 10 de 1934, así como el inciso
3 del artículo 8 de la Ley 6 de 1945 que fue desarrollado por el artículo 53
del Decreto 2127 de 1945 y, posteriormente, modificado por el artículo 2 de la
Ley 64 de 1946.
8.36.    Más adelante, en el artículo 67 del Código
Sustantivo del Trabajo se definió la sustitución patronal o de empleadores como
“todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa, siempre que
subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra
variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios”.
8.37.    La Corte Constitucional define esta figura como el “fenómeno
jurídico que se presenta por el cambio de un empleador por otro, en atención a
distintas causas, entre ellas, por la transferencia del dominio de la empresa,
sin que ésta suspenda el giro ordinario de sus negocios, y sin que finiquiten
las relaciones de trabajo vigentes”.[129]
8.38.    A su vez, esta Corporación reconoció en la
sentencia T-954 de 2011[130]
que la figura jurídica de la sustitución de
empleadores tiene como objeto mantener la unidad de los contratos, así como la protección y continuidad de los derechos de
los trabajadores ante circunstancias en las que opere un cambio de empleador
por cualquier causa, haya
la continuidad en la prestación del servicio por parte del trabajador y también
exista continuidad en el desarrollo de las labores del establecimiento. Los
requisitos fueron sintetizados por la Sala Quinta de Revisión de la siguiente
manera:
“(i) Cambio
de empleadores;
(ii)  Continuidad de la
empresa, establecimiento o negocio y la conservación del giro de sus
actividades; y
(iii)  Continuidad del
trabajador”.[131]
8.39.   En el caso objeto de discusión, luego de que el
señor Olinto Carreño Chaves dejó de trabajar en Tropical Oil Company (25 de
agosto de 1951), prestó servicios para International Petroleum Colombia, Texas
Petroleum Company, Magdalena Drilling Company, Texas Petroleum Company y McKee
Panamá S.A., empresa de la que se retiró el 19 de diciembre de 1968 y fue solo
hasta el 24 de julio de 1969 que ingresó por primera vez a Ecopetrol. Para
ilustrar y clarificar lo expuesto, en la siguiente tabla se relacionarán los periodos antes
enunciados. La información contenida fue suministrada
por el apoderado de la señora
Francelina Ardila González en
la demanda ordinaria laboral presentada y soportada por los certificados que
obran en el expediente.
Empresa empleadora
Inicio
Fin
Tropical Oil
Company[132]
25-abril-1947
25-agosto-1951
International
Petroleum Col[133]
26-agosto-1951
21-enero-1957
Texas Petroleum
Company[134]
29-octubre-1957
24-diciembre-1957
Magdalena Drilling Company[135]
4-diciembre-1958
22-enero-1959
Drilling Operators
Inc.[136]
27-enero-1959
22-febrero-1959
Texas Petroleum
Company[137]
8-mayo-1959
15-julio-1959
McKee Panamá S.A.[138]
16-agosto-1967
19-diciembre-1968
Ecopetrol[139]
24-julio-1969
20-noviembre-1969
8.40.   Así pues, el señor Carreño Chaves terminó su
vínculo laboral con Tropical Oil Company el 25 de agosto de 1951 y solo hasta
el 24 de julio de 1969 ingresó a trabajar a Ecopetrol, por lo que entre las dos
fechas pasaron 17 años y 11 meses.
8.41.   Por otra parte, no se puede pasar por alto que
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tuvo en
cuenta una certificación en la que Ecopetrol hizo constar que el señor Olinto
Carreño Chaves ingresó a trabajar para esa empresa en mayo de 1959.[140] Si en
gracia de discusión se toma en cuenta esa fecha para efectos de evaluar la
posible ocurrencia de una sustitución patronal se tendría que el causante se
desvinculó de Tropical Oil Company el 25 de agosto de 1951 e inició a trabajar
en la Empresa Colombiana de Petróleos el 08 de mayo de 1959. De manera que
entre uno y otro evento transcurrieron 7 años, 8 meses y 13 días.
8.42.   En vista de lo expuesto, en el proceso ordinario
laboral no se demostró el cambio de empleadores, la continuidad de la empresa,
establecimiento o negocio; así como la conservación del giro de sus actividades
y la continuidad del trabajador en una
sustitución patronal entre la Empresa
Colombiana de Petróleos y Tropical Oil Company.
8.43.   En conclusión, está claro que en las
providencias atacadas se analizaron los tiempos de servicios acreditados,
exclusivamente, por Ecopetrol S.A. y no se tuvieron en cuenta los documentos
relacionados con tiempos de servicio del causante con otras empresas del sector
petrolero ya que no se acreditó la ocurrencia de una sustitución patronal o de
empleadores.
8.44.
Así las cosas, la Sala encuentra que las
providencias proferidas por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá y la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no
incurrieron en un defecto fáctico dentro del proceso laboral en el que se le
negó a la señora Francelina Ardila González el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes, pues no se demostró la configuración de una sustitución patronal o de empleadores entre la Empresa Colombiana de Petróleos y Tropical Oil
Company y, en consecuencia, no se probó el cumplimiento de los requisitos para
acceder a la prestación.
8.45.
En consecuencia, la Sala
revocará la sentencia del 21 de noviembre de 2017, proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Francelina
Ardila González contra el Juzgado Noveno Laboral
del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá ante el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En
su lugar, negará el amparo del derecho al debido proceso de la accionante.
III.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del
21 de noviembre de 2017,
proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Francelina Ardila González
contra el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá
y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
ante el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En su lugar, NEGAR
el amparo del derecho al debido proceso de la accionante.
SEGUNDO. LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte
Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a
través del juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sala de Selección Número Dos de 2018, integrada por los Magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[2]
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía, la señora Francelina Ardila González nació el 13 de mayo de 1924
en el Municipio de Barranco de Loba (Bolívar), por lo que actualmente tiene 94
años de edad. Folio 2 del cuaderno principal del expediente del proceso
ordinario laboral 009201500109.
[3]
La señora Francelina Ardila González anexó, junto con
la demanda ordinaria, tres copias de declaraciones de Renta y Patrimonio de los
años gravables 1949, 1956 y 1969. Dentro del aparte de exenciones por personas
a cargo, el señor Olinto Carreño Chaves registró a Francelina Ardila como su
compañera. Folios 13-15 del cuaderno principal del expediente del proceso
ordinario laboral 009201500109.
[4]
Junto con la demanda del proceso ordinario, el apoderado de la señora
Francelina Ardila González anexó los Registros Civiles de los 7 hijos que tuvo
con el señor Olinto Carreño Chaves, a
saber: (i) Milciades Carreño Ardila nacido el 29 de julio de 1953, (ii)
Jesús Carreño Ardila nacido el 30 de marzo de 1956, (iii) Olinto Carreño Ardila nacido el 30 de diciembre de 1958,
(iv) Rosa Isabel Carreño Ardila nacida el 21 de febrero de 1960, (v) María Eduviges Carreño Ardila nacida
el 19 de abril de 1962, (vi) Orlando Carreño Ardila nacido el 3 de agosto de
1966 y (vii) Carmen Emilia Carreño Ardila nacida el 3 de octubre de 1968.
Folios 6-12 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[5]
De acuerdo con la copia del documento de identidad, el señor Olinto Carreño Chaves nació el 30 de diciembre de
1924 en el Municipio de Simití (Bolívar). Folio 16 del cuaderno principal del
expediente del proceso ordinario laboral 009201500109.
[6]
La demanda ordinaria fue presentada el 29 de enero de 2015 por el apoderado de
la señora Francelina Ardila González contra Ecopetrol S.A. Folios 48-58 del
cuaderno principal del expediente del proceso ordinario
laboral 009201500109.
[7]
Folio 3 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral 009201500109.
[8]
Folios 4 y 5 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario
laboral 009201500109.
[9]
Folios 33, 34 y 36 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario
laboral 009201500109. Las peticiones tienen la firma del señor Olinto Carreño
Chaves, pero no cuentan con ningún sello de recibido.
[10]
Folio 39 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral 009201500109.
[11]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para
la Compañía de Petróleo Shell de Colombia del 19 de octubre de 1944 hasta el 20 de febrero de 1947 se encuentra en el folio 37 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[12]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para Tropical
Oil Company del 25 de abril de 1947 hasta el 25 de agosto de 1951 se encuentra
en el folio 77 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario
laboral 009201500109.
[13]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para
International Petroleum (Colombia) Limited del 26 de agosto de 1951 hasta el 21
de enero de 1957 se encuentra en el folio 77 del cuaderno principal del
expediente del proceso ordinario laboral 009201500109.
[14]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para
Texas Petroleum Company (hoy Chevron Petroleum Company) del 29 de octubre de
1957 hasta el 24 de diciembre de 1957 se encuentra en los
folios 46 y 47 del cuaderno principal del expediente del proceso
ordinario laboral 009201500109.
[15]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para Magdalena
Drilling Company del 4 de diciembre de 1958 hasta el 22 de enero de 1959 se
encuentra en el folio 103 del cuaderno principal del expediente del proceso
ordinario laboral 009201500109.
[16]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para Drilling
Operators Inc. Del 27 de enero de 1959 hasta el 22 de febrero de 1959 se
encuentra en el folio 78 del cuaderno principal del expediente del proceso
ordinario laboral 009201500109.
[17]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para
Texas Petroleum Company del 8 de mayo de 1959 al 15 de julio
de 1959 se encuentra en el folio 17 del cuaderno principal del
expediente del proceso ordinario laboral 009201500109.
[18]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para
McKee Panamá S.A. del 16 de agosto de 1967 hasta el 19 de diciembre de 1968 se
encuentra en el folio 20 del cuaderno principal del expediente del proceso
ordinario laboral 009201500109.
[19]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para Ecopetrol del 24 de
julio de 1969 hasta el 20 de noviembre de 1969 se encuentra en el certificado
para bono pensional que está a folio 106 del cuaderno principal del expediente
del proceso ordinario laboral 009201500109.
[20]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para Ecopetrol del 11 de mayo
de 1970 hasta el 22 de mayo de 1970 se encuentra en el certificado para bono
pensional que está a folio 106 del cuaderno principal del expediente del
proceso ordinario laboral 009201500109.
[21]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para Ecopetrol del 30 de
julio de 1970 hasta el 6 de agosto de1970 se encuentra en el certificado para
bono pensional que está a folio 106 del cuaderno principal del expediente del
proceso ordinario laboral 009201500109.
[22]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para Ecopetrol del 10 de
agosto de 1970 hasta el 31 de agosto de 1970 se encuentra en el folio 42 del
cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral 009201500109.
[23]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del
15 de marzo de 1971 hasta el 21 de marzo de 1971 se encuentran en los folios
30, 35 y 41 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[24]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del
19 de abril de 1971 hasta el 10 de mayo de 1971 se encuentran en los folios 30 y
35 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[25]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del
14 de mayo de 1971 hasta el 24 de junio de 1971 se encuentran en los folios 30,
35 y 41 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[26]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del
14 de julio de 1971 hasta el 15 de agosto de 1971 se encuentran en los folios
30, 35 y 41 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[27]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del
14 de diciembre de 1971 hasta el 19 de diciembre de 1971 se encuentran en los
folios 30, 35 y 41 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario
laboral 009201500109.
[28]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del 1 de marzo de 1972 hasta el 2 de julio de 1972 se
encuentran en los folios 30, 35 y 41 del cuaderno principal del expediente del
proceso ordinario laboral 009201500109.
[29]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para
Talleres de Mecánica I Klein del 26 de julio de 1972 hasta el 26 de diciembre
de 1972 se encuentra en el folio 24 del cuaderno principal del expediente del
proceso ordinario laboral 009201500109.
[30]
El certificado en el que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para
Niigata Engineering Co. Ltda del 6 de noviembre de 1973 hasta el 29 de enero de
1974 se encuentra en el folio 25 del cuaderno principal del expediente del
proceso ordinario laboral 009201500109.
[31]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró para
Niigata Engineering Co. Ltda del 30 de abril de 1974 hasta el 18 de agosto de 1974
se encuentran en los folios 26 y 27 del cuaderno principal del expediente del
proceso ordinario laboral 009201500109.
[32]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del
17 de octubre de 1974 hasta el 18 de noviembre de 1974 se encuentran en los
folios 30, 35 y 41 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario
laboral 009201500109.
[33]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del
3 de marzo de 1975 hasta el 6 de abril de 1975 se encuentran en los folios 30,
35 y 41 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[34]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del
30 de junio de 1975 hasta el 14 de septiembre de 1975 se encuentran en los
folios 30 y 35 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario
laboral 009201500109.
[35]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del 30 de septiembre de 1975 hasta el 24 de noviembre de 1976
se encuentran en los folios 29, 30 y 35 del cuaderno principal del expediente
del proceso ordinario laboral 009201500109.
[36]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves laboró
para Ecopetrol del
31 de enero de 1977 hasta el 1 de mayo de 1977 se encuentran en los folios 30 y
35 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[37]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto
Carreño Chaves laboró para Ecopetrol del 30 de mayo de 1977 hasta el 4 de agosto de 1977
se encuentran en los folios 30 y 35 del cuaderno principal del expediente del
proceso ordinario laboral 009201500109.
[38]
Folio 42 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[39]
Folios 44 y 87 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario
laboral 009201500109.
[40]
Folio 105 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[41]
Folio 180 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[42]
Folios 182-215 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario
laboral 009201500109.
[43]
El Auto admisorio proferido por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de
Bogotá se encuentra en el folio 134 del cuaderno principal del expediente del
proceso ordinario laboral 009201500109.
[44]
La grabación de la Audiencia de conciliación, decisión de excepciones, saneamiento y
fijación del litigio fue aportada por la accionante en un CD que anexó junto
con la demanda de tutela.
[45]
Audio de la Audiencia de
conciliación, decisión de excepciones, saneamiento y fijación del litigio, desde
el minuto 5:35 hasta el 6:25
[46]
Audio de la Audiencia de
conciliación, decisión de excepciones, saneamiento y fijación del litigio, desde
el minuto 8:29 hasta el 8:41.
[47]
Audio de la Audiencia de
conciliación, decisión de excepciones, saneamiento y fijación del litigio, desde
el minuto 8:41 hasta el 8:47.
[48]
El audio de la Audiencia de juzgamiento fue aportado por la accionante en un CD
que anexó junto con la demanda de tutela.
[49]
De acuerdo con lo expresado por el apoderado de la señora Francelina Ardila González, el señor Olinto Carreño Chaves
laboró para Ecopetrol por aproximadamente 30 años, 2 meses y 24 días.  Audio
de la Audiencia de juzgamiento, desde el minuto 11:52 hasta el 11:55.
[50]
Audio de la Audiencia de juzgamiento, desde el minuto 11:56
hasta el 12:06.
[51]
Audio de la Audiencia de juzgamiento, desde minuto 24:57 hasta el 26:13.
[52]
Audio de la Audiencia de juzgamiento, desde el minuto 26:24 hasta el 26:44
[53]
Audio de la Audiencia de juzgamiento, desde el minuto 29:11 hasta el 29:20.
[54]
Decreto Ley 2158 de 1948. Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social. Artículo 66, modificado por el artículo 10 de la Ley
1149 de 2007. Apelación de las sentencias de primera instancia: Serán apelables
las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, en el acto de la
notificación mediante la sustentación oral estrictamente necesaria; interpuesto
el recurso el juez lo concederá o denegará inmediatamente.
[55]
Audio de la Audiencia de trámite y decisión - Grado jurisdiccional de consulta,
desde el minuto 4:25 hasta el 4:51.
[56]
Audio de la Audiencia de trámite y decisión - Grado jurisdiccional de consulta,
desde el minuto 5:53 hasta el 6:06.
[57]
Audio de la Audiencia de trámite y decisión - Grado jurisdiccional de consulta,
desde el minuto 11:16 hasta el 13:14.
[58]
Audio de la Audiencia de trámite y decisión - Grado jurisdiccional de consulta,
desde el minuto 16:09 hasta el 18:23.
[59]
Decreto Ley 2158 de 1948. Artículo
87. Causales o motivos del recurso. En materia laboral el recurso de casación
procede por los siguientes motivos: 1. Ser la sentencia violatoria de ley
sustancial, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación
errónea (…).
[60]
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
declaró desierto el recurso de casación propuesto por el apoderado de Francelina Ardila González
contra la sentencia del 28 de junio
de 2016 emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, entre
otras cosas, porque “la censura no se dirige contra
ninguna norma de orden sustantivo, vital para el estudio en esta sede, pues
aunque las procedimentales también puedan ser acusadas (sic), como en efecto lo
hace, frente a preceptos contentivos en la Ley 1395 de 2010 y el Código General
del Proceso, solo es dable su confrontación como violación medio; empero, en el
presente asunto así no fue planteado por el recurrente”. Folio 57 del cuaderno
de Revisión del expediente de tutela.
[61]
Folio 1 del cuaderno principal del
expediente de tutela.
[62]
Folio 7 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[63]
La sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
data del 21 de noviembre de 2017 y la respuesta de Ecopetrol SA fue recibida el
20 de noviembre de 2017.
[64]
La sentencia de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia data del
21 de noviembre de 2017 y la respuesta de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá fue recibida el mismo día.
[65]
Folio 27 del cuaderno de primera instancia
del expediente de tutela.
[66]
Corte Constitucional, sentencia T-327 de 1993 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[67]
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado),
reiterada en los fallos T-411 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), T-548
de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-663 de 2017 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado).
[68]
Sobre los elementos para que se configure la actuación temeraria pueden
consultarse las siguientes providencias: Corte Constitucional, sentencias T-939
de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-556 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-182 de 2017 (MP María Victoria Calle Correa), T-185 de 2017 (MP María
Victoria Calle Correa) y T-663 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[69]
Corte Constitucional, sentencia T-433 de
2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[70]
Sentencia T-184 de 2005.
[71]
Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184 de 2005. También las sentencias T-308
de 1995, T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997.
[72]
Sentencia T-721 de 2003.
[73]
Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03, T-707/03.
[74]
Sentencia SU-388/05.
[75]
Corte Constitucional, sentencias T-184 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-400
de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
SU-168 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Aquiles Arrieta Gómez, Luis
Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Gloria Stella Ortiz
Delgado) y T-217 de 2018 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[76]
Corte Constitucional, sentencias T-1034 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño)
T-084 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-103 de 2013 (MP Mauricio
González Cuervo), T-400 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) y T-280 de 2017 (MP José Antonio Cepeda Amarís). En
dichas providencias la Corte determinó que no se configura una actuación
temeraria cuando (i) la Corte Constitucional profiere una sentencia de
unificación, (ii) surgen circunstancias adicionales fácticas o jurídicas o
(iii) no existe pronunciamiento de la pretensión de fondo por parte de la
jurisdicción constitucional.
[77]
Folio 1 del cuaderno principal del
expediente de tutela.
[78]
Corte Constitucional, sentencia T-718 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[79]
Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo; SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez
Caballero).
[80]
Corte Constitucional, sentencia T-1009 de 2000 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[81]
Corte Constitucional, sentencia T-960 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[82]
Corte Constitucional, sentencia T-462 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett). Sobre el cambio conceptual de la expresión “vía de hecho”
por la de “causales genéricas de procedibilidad” también pueden consultarse las
siguientes sentencias: T-949 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett) y T-200 de
2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[83]
Corte Constitucional, sentencia T-774 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[84]
Corte Constitucional, sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett) En este caso se decidió que “(…) el pretermitir la utilización de los
medios ordinarios de defensa, torna en improcedente la acción de tutela.
Empero, la adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el caso concreto, a
una desproporcionada afectación de un derecho fundamental. En efecto,
habiéndose establecido de manera fehaciente que la interpretación de una norma
se ha hecho con violación de la Constitución, lo que llevó a la condena del
procesado y a una reducción punitiva, no puede la forma imperar sobre lo
sustancial (C.P. art. 228). De ahí que, en este caso, ante la evidente
violación de los derechos constitucionales fundamentales del demandado, la
Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de garantizar la
efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios
judiciales de defensa.”
[85]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[86]
Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo; SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez
Caballero).
[87]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), en la
que esta Corporación se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 185,
parcial, de la Ley 906 de 2004 y declaró inexequible la expresión “ni acción”
de la norma demandada.
[88] Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e
intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida
en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior. || Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
[89]
Corte Constitucional, sentencia T-714 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[90]
Corte Constitucional, sentencia T-794 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[91]
Corte Constitucional, sentencia T-685 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez;
AV Jorge Iván Palacio Palacio).
[92]
Corte Constitucional, sentencia T-886 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[93]
T-259-12.
[94]
T- 411-04, reiterada T-888-10.
[95]
T-573-97, T-329-96
[96]
T-567-98.
[97]
Folio 16 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[98]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[99]
Sentencia T-522/01
[100]
Cfr.
Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.
[101]
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), reiterada, entre otras, en las sentencias T-288 de
2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-352 de 2012 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, AV Luis Ernesto Vargas Silva), T-039 de 2018 (MP Gloria Stella
Ortiz Delgado), T-111 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-158 de 2018 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[102]
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell),
que estableció que el defecto fáctico se presenta ante errores en el juicio
valorativo ostensibles, flagrantes y
manifiestos que inciden en la decisión.  Tal interpretación fue
acogida, entre otras, por las sentencias T-086 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-355 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-146 de 2010 (María
Victoria Calle Correa).
[103]
Sobre la dimensión positiva y negativa del defecto fáctico pueden consultarse,
entre otros, los siguientes fallos: Corte Constitucional, sentencias T-327 de
2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), SU424 de 2012 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-160 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-809 de 2014
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gloria Stella  Ortiz Delgado), T-459 de
2017 (MP Alberto Rojas Ríos; SV Carlos Bernal Pulido) y T-006 de 2018 MP
Alberto Rojas Ríos; AV Carlos Bernal Pulido y Diana Fajardo Rivera).
[104]
Corte Constitucional, sentencias T-055 de 1997 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-625 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa) y T-459 de 2017 (MP Alberto
Rojas Ríos; SV Carlos Bernal Pulido).
[105]
Corte Constitucional, sentencia T-781- de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto).
[106]
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa),
en la que la Sala Primera de Revisión consideró que “las diferencias de
valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico
pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones
de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al
funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después
de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios. En esa
labor, el juez natural no sólo es autónomo, sino que sus actuaciones se
presumen de buena fe, al igual que se presume la corrección de sus conclusiones
sobre los hechos”.
[107]
Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV
María Victoria Calle Correa).
[108]
Corte Constitucional, sentencia T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV
María Victoria Calle Correa).
[109]
Junto con la demanda del proceso ordinario, el apoderado de la señora
Francelina Ardila González anexó los Registros Civiles de los 7 hijos que tuvo
con el señor Olinto Carreño Chaves, a
saber: (i) Milciades Carreño Ardila nacido el 29 de julio de 1953, (ii)
Jesús Carreño Ardila nacido el 30 de marzo de 1956, (iii) Olinto Carreño Ardila nacido el 30 de diciembre de 1958,
(iv) Rosa Isabel Carreño Ardila nacida el 21 de febrero de 1960, (v) María Eduviges Carreño Ardila nacida
el 19 de abril de 1962, (vi) Orlando Carreño Ardila nacido el 3 de agosto de
1966 y (vii) Carmen Emilia Carreño Ardila nacida el 3 de octubre de 1968.
Folios 6-12 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[110]
Folios 3-5 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral 009201500109.
[111]
Los certificados en los que consta que el señor Olinto Carreño Chaves trabajó
en diferentes empresas de la industria del petróleo se encuentran en los folios
17, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 41, 42, 37, 46, 47, 77, 78, 103 y 106 del
expediente del proceso ordinario laboral 009201500109.
[112]
Audio de la Audiencia de juzgamiento, desde el minuto 29:11 hasta el 29:20.
[113]
Audio de la Audiencia de trámite y decisión - Grado jurisdiccional de consulta,
desde el minuto 17:17 hasta el 18:03.
[114]
Folio 3 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[115]
Folio 5 del cuaderno principal del expediente de tutela.
[116]
Audio de la Audiencia de juzgamiento, desde minuto 28:53 hasta el 29:20.
[117]
Audio de la Audiencia de trámite y decisión - Grado
jurisdiccional de consulta, desde el minuto 15:26 hasta el 6:08.
[118]
Audio de la Audiencia de juzgamiento, desde el minuto 26:24 hasta el 26:44
[119]
Audio de la Audiencia de trámite y decisión - Grado jurisdiccional de consulta,
desde el minuto 16:41 hasta el 16:44.
[120]
Audio de la Audiencia de trámite y decisión - Grado
jurisdiccional de consulta, desde el minuto 16:55 hasta el 17:01.
[121]
Audio de la Audiencia de trámite y decisión - Grado jurisdiccional de consulta,
desde el minuto 17:02 hasta el 18:04.
[122]
Folio 42 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[123]
Folios 44 y 87 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario
laboral 009201500109.
[124]
Folio 105 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[125]
Folio 180 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[126]
Folio 181 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[127]
Folio 39 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral 009201500109.
[128]
Artículo 272. Desconocimiento del documento. En la oportunidad para formular la
tacha de falsedad la parte a quien se atribuya un documento no firmado, ni
manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del
desconocimiento. La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y
representativos emanados de terceros. No se tendrá en cuenta el desconocimiento
que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el
que omita los requisitos indicados en el inciso anterior. || De la manifestación
de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien podrá solicitar
que se verifique la autenticidad del documento en la forma establecida para la
tacha. || La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando
el juez considere que el documento es fundamental para su decisión. || Si no se
establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia
probatoria. || El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de
la voz o de la imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los
documentos suscritos o manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales
deberá presentarse la tacha y probarse por quien la alega.
[129]
Corte Constitucional, sentencia T-806 de 2010
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[130] Corte
Constitucional, sentencia T-954 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[131]
Corte Constitucional, sentencia T-954 de 2011 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio). Además de la sentencia enunciada, la figura de la
sustitución patronal o de empleadores y los presupuestos para su configuración
fueron señalados en las los fallos T-415 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa), T-331 de 2015 (MP
Alberto Rojas Ríos) y T-405 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[132]
Folio 77 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[133]
Folio 77 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[134] Folios 46 y 47 del
cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral 009201500109.
[135]
Folio 103 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[136]
Folio 78 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[137]
Folio 17 del cuaderno principal del expediente del
proceso ordinario laboral 009201500109.
[138]
Folio 20 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[139]
Folio 106 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.
[140]
Folio 87 del cuaderno principal del expediente del proceso ordinario laboral
009201500109.