T-271-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-271/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y
especiales de procedibilidad
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia
excepcional
Esta Corporación ha sostenido que excepcionalmente es
posible cuestionar mediante la acción de tutela la decisión que pone
fin al trámite incidental del desacato cuando se generen situaciones que, a su
turno, comprometan derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido
proceso, de cualquiera de las personas que fueron parte en la tutela
previamente resuelta. La acción de amparo procede en este caso cuando, (i) además de
estar ejecutoriada la providencia que resuelve el desacato, se (ii) reúnan los
requisitos generales y se (iii) configure por lo menos una de las causales
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
FALLOS DE TUTELA-Cumplimiento y procedimiento para hacerlos efectivos
El demandante
en tutela cuenta con dos mecanismos, que puede utilizar simultánea o
sucesivamente ante el incumplimiento de la orden emitida en el respectivo
fallo. Así, el mencionado decreto faculta al accionante para pedir el
cumplimiento de la orden de tutela a través del denominado “trámite de cumplimiento” y/o
para solicitar por medio del “incidente de desacato” que sea sancionada la persona
que incumple dicha orden. En este orden de ideas, “el juez puede adelantar el incidente de desacato y sancionar a
los responsables y simultáneamente puede adelantar las diligencias tendentes a
obtener el cumplimiento de la orden”.
CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Diferencias
TRAMITE DE CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Competencia del juez de
primera instancia
INCIDENTE DE DESACATO-Límites, deberes y facultades del juez
El juez del
desacato debe verificar si efectivamente se incumplió la orden de tutela
impartida y, de ser así, tiene que determinar si el mismo fue total o parcial,
identificando las razones por las cuales se produjo, con el fin de establecer
las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió
responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si la encontrare
probada deberá imponer la sanción adecuada, proporcionada y razonable en
relación con los hechos.
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO-Procedencia
por cuanto las decisiones incurrieron en defecto sustantivo por inexistente
argumentación
Referencia: Expediente T-4464608
Acerías Paz del Río S.A. contra los juzgados Primero Civil del
Circuito y Primero Civil Municipal de Sogamoso. Vinculación oficiosa de Álvaro
Antonio Benavides Macías y otros.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., doce
(12) de mayo de dos mil quince (2015).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Martha
Victoria Sáchica Méndez y los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge
Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo dictado por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia que confirmó la decisión proferida por la Sala Laboral
Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo.
I.
ANTECEDENTES
1.
Hechos
La sociedad Acerías
Paz del Río S.A., a través de su representante legal Vicente Enrique
Noero Arango, el 7 de mayo de 2014 interpuso acción de tutela
contra los juzgados Primero Civil del Circuito de Sogamoso y Primero Civil
Municipal de la misma ciudad, al considerar que dichas entidades le están
vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el
principio de legalidad, la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la
administración de justicia.
Lo anterior
debido a que, a su juicio, los aludidos falladores incurrieron en defectos
sustantivo por violación directa de la Constitución, procedimental y fáctico
durante el trámite del incidente de desacato del fallo de tutela proferido el
14 de septiembre de 2012, por el Juzgado Primero Civil Municipal[1], en el que la empresa
que representa fue sancionada con una multa de siete salarios mínimos legales
mensuales vigentes, y él, en calidad de representante legal, fue sancionado con
tres días arresto, pese a haber dado cumplimiento a la decisión de amparo.
Ante la complejidad del asunto y los
múltiples momentos procesales a estudiar, en primer lugar se reseñarán de
manera sucinta los hechos concernientes a la tutela primigenia en la cual se
solicitó la indexación de la primera mesada pensional. En seguida la Sala hará
referencia al trámite del incidente de desacato promovido por los extrabajadores
inconformes con el cumplimiento de la sentencia de tutela. Finalmente, habrá de
referirse a la solicitud de amparo elevada por Acerías Paz del Río S.A.:
1.1.
Acción de tutela interpuesta en 2012 por
los extrabajadores de Acerías Paz del Río, cuya orden fue objeto de incidente
de desacato.
En el año 2012
varios extrabajadores de Acerías Paz del Río[2]
formularon una acción de tutela en contra de dicha empresa, invocando la
protección del derecho de petición y solicitando el reconocimiento de la
actualización de sus mesadas pensionales, conforme a lo previsto en las sentencias
C-862 de 2006 y T-797 de 2007.
El conocimiento
de esta acción correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso, que
mediante fallo del 14 de septiembre de 2012 concedió el amparo deprecado y
ordenó a Acerías Paz del Río dar respuesta a las solicitudes formuladas por los
entonces accionantes[3],
teniendo en cuenta los lineamientos previstos en el numeral 2º de la parte
resolutiva de la Sentencia T-797 de 2007. Esa decisión no fue impugnada ni
seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión.
1.2.
Trámite del incidente de desacato
respecto del cual se interpone la presente acción de tutela.
1.2.1. El 3 de diciembre de 2012 los ex trabajadores[4] presentaron
ante el Juez Primero Civil Municipal de Sogamoso solicitud de incidente de
desacato en contra de Acerías Paz del Río, al considerar que dicha entidad no había
dado cumplimiento al fallo de tutela referido.
1.2.2. Mediante Auto de 11 de enero de 2013, ese Despacho corrió traslado a
la empresa accionada por el término de 2 días, para que acreditaran el
cumplimiento del fallo.
1.2.3. El 16 de enero de 2013 Acerías Paz del Río manifestó haber acatado
la sentencia anexando las correspondientes liquidaciones.
1.2.4. En Auto de 7 de marzo de 2013, el juez de conocimiento decidió dar
trámite incidental a la solicitud presentada por los peticionarios, razón por
la cual ordenó notificar al representante legal de la referida entidad.
1.2.5. El 13 de marzo de 2013 Acerías Paz del Río radicó un nuevo documento,
reiterando la observancia de la decisión de tutela en términos similares a los
escritos enviados.
1.2.6. A través de Auto de 7 de mayo de 2013 se inició el término probatorio
dentro del incidente de desacato.
1.2.7. En providencia de 4 de marzo de 2014, el Juzgado Primero Civil
Municipal de Sogamoso declaró a Acerías Paz del Río en desacato parcial del
fallo de tutela del 14 de septiembre de 2012, debido a que, a su juicio: (i) no
dio contestación en debida forma a los derechos de petición elevados por los
peticionarios conforme a lo ordenado en sede de tutela y, (ii) no realizó la
indexación de la primera mesada pensional a la totalidad de los extrabajadores
de la empresa. Por ende, impuso como sanción una multa equivalente a 7 s.m.m.l.v.
e impartió orden de arresto por 3 días contra el representante legal de esa
entidad.
1.2.8. Dicha decisión surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el Juzgado
Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, quien la confirmó mediante proveído
de 28 de abril de 2014, al constatar irregularidades en las reliquidaciones de
las mesadas pensionales de algunos de los accionantes.
1.3.
Solicitud de amparo sub examine
1.3.1. Manifiesta que en el presente asunto las decisiones emitidas dentro
del incidente de desacato por ambos jueces vulneran sus derechos fundamentales
al debido proceso, la igualdad, el principio de legalidad, la prevalencia del
derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia, en la medida en
que:
i.
Omiten analizar la conducta de la empresa y
del representante legal, “partiendo de la base del supuesto incumplimiento
objetivo de la tutela”.
ii.
Fundamentan su argumentación en
pronunciamientos fraccionados y selectivos, dispuestos en la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, bajo premisas confusas, contradictorias y erróneas.
iii.
Protegen derechos fundamentales de una
colectividad y no los que recaen en cada persona.
iv.
Prescinden de la prueba de la existencia de
un perjuicio irremediable.
v.
No verifican si se actuó o no “diligentemente,
de buena fé y en forma eficaz”, haciendo una apreciación literal sobre un
cumplimiento de la orden.
vi.
Omiten el hecho de que el representante
legal de la accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
proteger su buen nombre e imagen, los cuales se verán gravemente afectados “ante
un arresto injusto derivado de una decisión ilegítima”.[5]
1.3.2. Aduce la parte accionante que en este caso para los juzgadores no es
suficiente el que se haya dado respuesta a los escritos de petición y que se
haya realizado la reliquidación de las mesadas pensionales conforme a derecho,
sino que pretenden, además, que se realice mediante tutela “la reliquidación
de una serie de pensiones con base en la fórmula que cita en su fallo”, sin
tener en cuenta que con este actuar se está contrariando la ratio decidendi
de las sentencias de la Corte, que indica que la competencia para esas
solicitudes recae solamente sobre la jurisdicción ordinaria en su especialidad
laboral[6].
1.3.3. Invoca las siguientes causales de procedibilidad de tutela contra
providencias judiciales, como pasa a exponerse:
i.
“Violación directa de la Constitución-
defecto sustantivo o material al aplicar normas inexistentes o por aplicación
indebida”:
En primer lugar,
indica que los jueces de desacato y consulta utilizaron una fórmula de indexación
que consideraban correcta (fijada por Corte Suprema de Justicia), sin tener en
cuenta la fórmula por él aplicada.
En segundo
lugar, explica que en este caso las sanciones de desacato impuestas partieron
de la base del supuesto incumplimiento objetivo de la tutela decidida por el
Juez Primero Civil Municipal de Sogamoso y, no se hizo el análisis subjetivo
sobre la conducta diligente o negligente de la empresa o su representante
legal, en contravía a lo previsto en el artículo 52 del Decreto estatutario 2591
de 1991.
De otra parte,
precisa que el fallo de tutela es inviable, toda vez que no es posible ordenar
que se realice la indexación de la primera mesada pensional mediante acción de
tutela, ni tampoco amparar los derechos a una colectividad de sujetos, cuando
la jurisprudencia ha establecido que la protección debe hacerse en concreto y
de manera específica en cabeza de las personas, demostrando la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
ii.
“Defecto procedimental. La
decisión judicial fue proferida con vicios graves de procedimiento”:
El accionante indicó
que en este caso los jueces “no aplicaron el procedimiento en forma correcta
encaminado a valorar la conducta asumida por el accionado y evidenciar su
posible responsabilidad”[7].
Por el contrario, solamente se ocuparon de verificar el cumplimiento “objetivo
o no del fallo de tutela, violando todas las garantías procesales que como
representante legal del accionado debería tener”[8].
Explicó que el
proceso no estuvo orientado a la valoración y apreciación de la conducta de la
empresa dentro del trámite de la tutela, sino que se centró a observar el cumplimiento
objetivo del fallo “creando un absurdo jurídico puesto que la premisa de
cumplimiento fue conformada por liquidaciones contradictorias, que en todo caso
llevan a que el juez de forma arbitraria considere que se incumplió”[9].
Adujo que en
este caso no se comprobó que durante el cumplimiento del fallo haya actuado con
negligencia y que no obstante dicha ausencia de prueba, se le trasgredió su
derecho al debido proceso, lo condenaron al pago de una multa y se ordenó el
arresto de su representante legal.
iii.    “Defecto Fáctico. Indebida apreciación de la prueba”:
Bajo esta calificación
reitera sus argumentos, anotando que no existe ninguna prueba que conlleve a
determinar que la empresa Acerías Paz del Río ni su representante legal, actuaron
con negligencia respecto al cumplimiento del fallo.
1.4.    Por lo anterior, el accionante solicita que se revoque la multa ordenada
en su contra en proveído de 4 de marzo de 2014 por el Juez Primero Civil
Municipal y confirmada en decisión de 28 de abril del mismo año por el Juez
Primero Civil del Circuito de Sogamoso. Así como la orden de arresto de 3 días
impartida contra el representante legal de su entidad.
2.
Respuesta de las entidades accionadas
El 14 de mayo de
2014, la Juez Primero Civil Municipal de Sogamoso indicó que efectivamente
conoció de la tutela núm. 2012-0291 y que durante su trámite Acerías Paz del
Río no hizo uso del recurso de impugnación, por lo que ahora lo que pretende la
entidad accionante es reabrir el debate.
Así mismo, adujo
que el 4 de marzo de 2014 declaró que la empresa incurrió en desacato parcial
al no haber resuelto de fondo los derechos de petición formulados por los
peticionarios y que, por ello impuso la respectiva sanción.
Finalmente,
manifestó que dicha providencia fue confirmada el 28 de abril de  2014 en sede
de consulta, con total observancia del derecho fundamental al debido proceso
del representante legal de la sociedad. Por consiguiente, solicita se tengan en
cuenta los pronunciamientos emitidos en el mismo sentido por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
3.
Intervenciones de terceros vinculados[10]
El 9 de mayo de
2014, el señor Álvaro Antonio Benavides Macías refirió que la anterior
representante legal de Acerías Paz del Río formuló las mismas denuncias en otra
acción de tutela y que la empresa busca a través de apoderado dilatar el
cumplimiento de las órdenes impartidas.
4.
Decisión judicial objeto de revisión
4.1.    Primera Instancia
La Sala Civil –
Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo mediante providencia proferida el 22 de mayo de 2014, negó la solicitud
de amparo al considerar que la acción de tutela no procede para cuestionar
decisiones emitidas en trámites análogos.
Indica que el
fallo que puso fin a la acción de tutela rad. 2012-0291 hizo tránsito a cosa
juzgada y al no haber sido impugnada ni revisada por la Corte Constitucional es
de obligatorio cumplimiento para las partes comprometidas en ese asunto. Al
respecto, coligió que “no es posible que el accionante se extienda en una
discusión a través de incesantes acciones de tutela hasta que se arribe a la
decisión que a su juicio debe ser aplicada”.
A juicio del
Tribunal, las providencias cuestionadas no muestran que exista una intención
manifiesta de los juzgadores de sobrepasar sus competencias o parcializar la
decisión, máxime cuando hicieron un esfuerzo para sustentar sus conclusiones,
sin que se advierta una interpretación caprichosa o antojadiza.
Aduce que el accionante
expone actuaciones que en su sentir son vías de hecho pero no realiza un
esfuerzo en sustentar las causales de procedibilidad en las que incurrieron los
convocados en el trámite del incidente. Concluye que no se configura la
supuesta temeridad alegada por uno de los vinculados, toda vez que son
distintos los actores de las tutelas.
4.2.    Impugnación
El accionante
impugnó el
fallo de primera instancia el 30 de mayo de 2014, reiterando los argumentos
expuestos en su escrito inicial y agregando que en esta ocasión, no busca
contradecir la sentencia de tutela del 14 de septiembre de 2012, sino que
difiere de la decisión del incidente de desacato en la medida en que han sido
cumplidas las órdenes impartidas y se ha “reliquidado y pagado las
respectivas indexaciones pensionales”; razón por la cual, en su sentir se
configura un hecho superado.
4.3.    Segunda Instancia
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 14 de
julio de 2014, confirmó la decisión de primera instancia argumentando que en
este caso no se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso del
peticionario, en la medida en que se dio un cumplimiento solo parcial de las
órdenes. Manifestó que en estos casos lo procedente era garantizar un acatamiento
total de las disposiciones de amparo y de esa manera hacerlo saber a las partes,
con el objeto de evitar la declaratoria del desacato y las correspondientes
sanciones.
5.
Pruebas
Las
pruebas más relevantes que obran en el expediente se relacionan a continuación:
-
Copia del escrito de solicitud de apertura de
incidente de desacato de 3 de diciembre de 2012, presentado por Álvaro Antonio
Benavides Macías y otros contra el representante legal de Acerías Paz del Río
S.A. Vicente Noero Arango (folios 1 a 6, cuaderno 1).
-
Copia del fallo de 14 de septiembre de 2012
proferido por el Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso, por medio del
cual se protegen los derechos fundamentales de petición, igualdad e indexación
de la primera mesada pensional de los accionantes (folios 7 a 17, cuaderno 1).
-
Copia del escrito de 16 de enero de 2013 por
medio del cual Acerías Paz del Río rinde informe de cumplimiento del fallo de
tutela del 14 de septiembre de 2012  (folios 41 a 96, cuaderno 1).
-
Copia de la Sentencia del 23 de julio de 2010,
proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama con ocasión del
proceso ordinario laboral promovido por Héctor Antonino Cárdenas contra Acerías
Paz del Río (folios 97 al 108, cuaderno 1).
-
Copia del escrito de 11 de diciembre de 2013,
por medio del cual Acerías Paz del Río manifiesta que en cumplimiento del incidente
de desacato no le ha sido posible ubicar a cinco de los accionantes con el fin
de ingresarlos a la nómina de pensionados de la compañía, por lo cual solicita
la intervención de la autoridad judicial competente (folio 133, cuaderno 1).
-
Copia de la Acción de Tutela de 2 de mayo de
2014, presentada por Acerías Paz de Río contra el incidente de desacato
decidido en el grado jurisdiccional de consulta por el Juez Primero Civil de
Circuito de Sogamoso de fecha 22 de noviembre de 2011 (folios 5 a 50, cuaderno
2).
-
Copia del escrito de 9 de mayo de 2014, por
medio del cual Acerías Paz del Río solicita al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo, que no admita la tutela instaurada por la
señora Mercedes Mojica Maldonado (folio 141, cuaderno 3).
-
Copia de la Sentencia de 8 de agosto de 2013,
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo, en la que resuelve acción de tutela interpuesta por la señora Soledad
Mercedes Mojica Maldonado, contra los Juzgado Primero Civil Municipal de
Sogamoso y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso (folios 153 al
165, cuaderno 3).
-
Copia de la Sentencia de Casación civil de 18 de
diciembre de 2013, proferida por la Corte Suprema de Justicia, que interpone
Acerías Paz del Rio en contra del fallo del 7 de marzo de 2013 por el Juzgado
Primero Civil Municipal de Sogamoso y la confirmación el día 3 de abril de 2013
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso (folios 142 al 152,
cuaderno 3).
-
Copia de la Sentencia de 22 de mayo de 2014
proferida por el Tribunal Superior Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo,
en la que resuelve la acción de tutela interpuesta por Acerías Paz del Río en
contra del Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso y el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Sogamoso (folios 246 al 258, cuaderno 3).
-
Copia de escrito presentado el día 29 de mayo de
2014 por Acerías Paz del Río en contra del Juzgado Primero Civil Municipal de
Sogamoso y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso, ante el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo (folios 298 al 354,
cuaderno 3).
-
Copia del escrito de petición presentado por el
señor Gonzalo Becerra Correa ante Acerías Paz del Río, por medio del cual
requiere información necesaria para solicitar el reajuste e indexación de su
primera mesada pensional (folio 98, cuaderno 8).
-
Copia del escrito de respuesta de 11 de
noviembre de 2009 por Acerías Paz del Río, al derecho de petición presentado
por el señor Gonzalo Becerra Correa (folio 106, cuaderno 8).
-
Liquidaciones de indexación de primera mesada
pensional de los extrabajadores demandantes (folios 77 a 142, cuaderno 12).
-
Comprobantes de pago realizados por Acerías Paz
del Río en el Banco Davivienda con ocasión del incidente de desacato (folios
152 al 167, cuaderno 12).
-
Copia del Auto de 4 de marzo de 2014 que
resuelve incidente de desacato promovido dentro de la Acción de Tutela
instaurada por Álvaro Antonio Benavides Macías y otros en contra de Acerías Paz
de Río S.A. por incumplimiento del fallo de tutela de fecha 14 de septiembre de
2012 (folios 59 a 67, cuaderno 17).
-
Copia del Auto de 28 de abril de 2014, que
resuelve el grado jurisdiccional de consulta de providencia de 4 de marzo de
2014 proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso, dentro del
trámite incidental de desacato interpuesto por Álvaro Antonio Benavides Macías
y otros en contra de Acerías Paz de Río S.A. (folios 69 a 72, cuaderno 17).
-
Copia del escrito de 13 de marzo de 2013, por
medio del cual Acerías Paz del Río reitera las medidas adoptadas con ocasión
del fallo de tutela del 14 de septiembre de 2012 (folios 76 al 78, cuaderno
17).
-
Copia del escrito de 14 de marzo de 2014, por
medio del cual Acerías Paz del Río presenta la reliquidación de la indexación
de primera mesada pensional de cada uno de los accionantes, realizando la
respectiva corrección de los errores que advirtió el Juez que declaró el
desacato  (folios 79 a 88, cuaderno 17).
-
Copia del escrito de 2 de abril de 2014, por
medio del cual Acerías Paz del Río presenta aclaraciones respecto de la
reliquidación realizada con ocasión de las falencias indicadas en la
providencia que declara el desacato parcial de la sentencia de tutela de fecha
14 de septiembre de 2012 (folios 89 a 96, cuaderno 17).
II.
ACTUACIÓN EN SEDE DE REVISIÓN.
En Auto de 2 de diciembre de 2014, con el fin de allegar elementos
de juicio para adoptar la decisión de fondo, esta Sala de Revisión dispuso:
1.
Ordenar al Juzgado Primero Civil Municipal de
Sogamoso que remitiera copia íntegra del proceso de tutela núm. 2012-0291 y del
incidente de desacato radicado núm. 15759303001-2012-00291-010-01. Documentación
que a la fecha no ha sido allegada a la Corte.
2.
Se requirió a los extrabajadores de la empresa
accionante para que aportaran copia de la certificación de pago de su mesada
pensional, de los cuales solo se han allegado 9 respuestas, a saber:
2.1.
El señor Néstor Rodríguez Pedraza, el día 12 de
diciembre de 2014, da respuesta a la solicitud del certificado de la mesada
pensional, remitió copia del recibo del último pago de fecha 11 de noviembre de
2014.
2.2.
Los señores Alicia Cárdenas, Baudilio Barrera Camargo,
José del Carmen Acevedo, Santos Morales Niño y Julio Alvarado Pérez, allegaron
los comprobantes de pago de nómina de  fecha de 30 de noviembre de 2014, en el
escrito presentado informan que Acerías Paz del Río cumplió parcialmente la
orden de tutela puesto que la liquidación incurrió en los siguientes errores:
i.
Tomó a su arbitrio las fechas de las
presentaciones de las peticiones para contar los términos de prescripción.
ii.
Los IPC iniciales y finales los tomó también
a su arbitrio (algunos con fecha del año anterior y otros con fecha del año de
retiro).
2.3.
El día 14 de diciembre de 2014 el señor Luis
Alberto Colmenares Galindo allegó un certificado expedido por Colpensiones donde
consta que se le está cancelando una mesada adicional en su pensión.
2.4.
El día 14 de diciembre de 2014 la señora Teresa
Acevedo de Plazas Colpensiones envió constancia emitida por Colpensiones, en la
que establece que le fue concedida la pensión de vejez registrada por fecha de
ingreso de nómina de julio de 2004.
2.5.
El día 16 de diciembre de 2014, el señor Samuel
Medina Rincón presenta copia del certificado de Colpensiones en la que le
conceden en el 2013 la pensión de vejez, registrado por fecha de ingreso a
nómina de julio de 2004.
2.6.
Respecto de las otras 23 personas requeridas no
se ha recibido información alguna hasta el momento.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta
Corte es competente para conocer el fallo materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto estatutario 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión resolver
si los jueces de desacato y de consulta incurrieron
en defecto fáctico, sustantivo y procedimental vulnerando los derechos al debido proceso, la igualdad, el principio de
legalidad, la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la
administración de justicia de la entidad accionante, por haber decretado que
incumplió una orden de tutela anterior e impuesto la sanción correspondiente,
con base en que no adelantó debidamente el procedimiento de indexación de la
primera mesada pensional de algunos peticionarios.
Para tal efecto,
la Sala abordará: (i) las causales excepcionales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra la decisión que
pone fin al trámite incidental de desacato; (iii) los
fallos de tutela, su cumplimiento y el procedimiento para hacerlos efectivos; (iv)
los límites y facultades del juez en el incidente de desacato y; finalmente
se resolverá el asunto sub examine en el (v) caso concreto.
3.
Causales excepcionales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia[11]
3.1.    En la Sentencia C-543 de 1992 se contempló la excepcionalidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando estas configuren
una “actuación de hecho”. En esa ocasión la Corte sostuvo que sólo bajo
esa condición era posible evidenciar la amenaza de los derechos fundamentales
por parte de los funcionarios jurisdiccionales, en atención a los principios de
autonomía judicial, seguridad jurídica y cosa juzgada[12].
Conforme a tal
razonamiento, a partir de la Sentencia T-079 de 1993, se empezaron a
desarrollar los criterios de procedibilidad excepcional que rigen la acción de
tutela en contra de las providencias que dictan los diferentes servidores
judiciales. Para ello ha sido necesario precisar un conjunto de causales
constitucionalmente relevantes, adscritas al goce efectivo de los derechos
fundamentales en los diferentes trámites de carácter jurisdiccional.
En las primeras
decisiones sobre el tema esta Corporación enfatizó y definió que el punto en el
que giraba la viabilidad del examen de las decisiones de tutela lo constituía
la “vía de hecho”, definida como el acto absolutamente caprichoso y
arbitrario, producto de la carencia de fundamentación legal y
constitucionalmente relevante[13].
3.2.    No obstante, la jurisprudencia avanzó con posterioridad hacia los
denominados “criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales”[14].
Las causas que
permiten justificar la procedencia de una tutela contra una decisión judicial
han generado varias obligaciones específicas en cabeza de los jueces. En
efecto, en paralelo a su deber de aplicar la ley y de dar alcance a las pruebas
que hayan sido aportadas legalmente dentro del proceso, este Tribunal ha
rescatado la obligación de respetar los precedentes, así como guardar armonía
entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales[15].
Cada una de dichas pautas ha llevado a que la Corte adscriba al ejercicio
jurisdiccional el compromiso de argumentar suficientemente cada una de las
decisiones y también de ponderar con claridad los valores superiores que se
encuentren en disputa.
3.3.    Sumado a lo anterior, la jurisprudencia ha sido reiterativa en
señalar que existen unos lineamientos generales de procedencia de la acción,
que hacen las veces de presupuestos previos a través de los cuales se determina
la viabilidad del examen constitucional de las providencias. En la Sentencia C-590
de 2005 se hizo un ejercicio de sistematización sobre este punto y se indicaron
los siguientes presupuestos:
i)
Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional.
ii)
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. [16]
iii)    Que se cumpla el requisito de la inmediatez.
iv)
Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[17].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-590 de 2005, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de
tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
v)
Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
violentados y que hubiere alegado dicha situación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible[18].
vi)
Que no se trate de sentencias de tutela[19].
3.4.    Evacuados dichos elementos, se estableció que además de los
presupuestos generales resulta necesario acreditar la existencia de por lo
menos una causal o defecto específico de procedibilidad, a saber:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[20] o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
f.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[21].
h.  Violación directa de la Constitución.”[22]
La Corte advirtió
que la sistematización de los defectos sirve como herramienta base para definir
la existencia de un fallo judicial ilegítimo, en razón a que aquellos “involucran
la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales”[23].
3.5.    En conclusión, esta Corporación ha sostenido que dichos criterios
constituyen el catálogo mínimo a partir del cual es posible justificar de
manera excepcional si procede o no la tutela contra providencias judiciales.
4.
Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra la decisión que pone fin al trámite incidental de desacato.
4.1.    De la lectura del artículo 52 del Decreto estatutario 2591 de 1991[24]
se concluye que contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún
recurso, siendo obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de consulta
solamente en el caso en que se haya resuelto sancionar a quien ha incumplido la
orden de tutela[25].
4.2.    Ahora bien, esta Corporación ha sostenido que excepcionalmente es
posible cuestionar mediante la
acción de tutela la decisión que pone fin al trámite incidental del desacato
cuando se generen situaciones que, a su turno, comprometan derechos
fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso, de cualquiera de las
personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta. Al respecto en
Sentencia T-014 de 2009, expuso lo siguiente:
“De otra parte, esta corporación ha reconocido la posibilidad de
que, con ocasión de la aplicación de alguna de estas medidas que buscan
garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, se generen situaciones
que, a su turno, comprometan derechos de esa misma naturaleza, particularmente
el derecho al debido proceso de cualquiera de las dos partes que como
demandante y demandado participaron en el trámite de la ya resuelta acción de
tutela.
Esta circunstancia puede afectar a quien inicialmente
solicitó la protección tutelar, si la renuencia de quien fue demandado continúa
impidiendo el efectivo disfrute del derecho fundamental cuya protección fue
judicialmente ordenada, y el juez que conoce del incidente se niega,
injustificadamente, a reconocer el desacato que se ha planteado. Del otro lado,
el demandado también puede ver lesionado su derecho al debido proceso,
especialmente si se le sanciona sin que se reúnan los presupuestos de hecho
necesarios para ello.
Por todo lo anterior, en varias oportunidades ha
reconocido esta corporación[26]
que, excepcionalmente, es posible cuestionar, mediante el uso de la acción de
tutela, la decisión del incidente de desacato que hubiere sido promovido por el
actor de otra acción de tutela previamente tramitada, posibilidad que, según lo
antes explicado, está abierta tanto a la persona que hubiere resultado
sancionada al término de dicho incidente, como al demandante que solicitó la apertura
de aquél[27](…).”
En este orden de
ideas, esta Corte en un principio sostuvo que para que prosperara la acción de
tutela contra una providencia que resuelve un incidente de desacato era
necesario que: (i) se estuviera en presencia de una vía de hecho y (ii) la
decisión proferida en el trámite de desacato se encontrara ejecutoriada[28].
4.3.    Sin embargo, como se señaló anteriormente, esta Corporación estimó
necesario redefinir el concepto de “vía  de hecho” incluyéndolo dentro
de uno más amplio de requisitos de procedibilidad, razón por la cual en
jurisprudencia reciente se ha aclarado que la acción de amparo procede en este
caso cuando, (i) además de estar ejecutoriada la providencia que resuelve el
desacato, se (ii) reúnan los requisitos generales y se (iii) configure por lo
menos una de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales[29].
Esta
Corporación, además de los anteriores requisitos, ha referido que: “(i) los
argumentos del accionante en el trámite del incidente de desacato y en la
acción de tutela deben ser consistentes; (ii) no deben existir alegaciones
nuevas, que debieron ser argumentadas en el incidente de desacato; y (iii) no
se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron originalmente
solicitadas y que el juez no tenía que practicar de oficio”[30].
5.
Los fallos de tutela. Su cumplimiento y
el procedimiento para hacerlos efectivos
5.1.    El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela
tiene por objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales que le
han sido vulnerados o amenazados a una persona; que esa protección inmediata
debe consistir en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la
tutela actúe o se abstenga de hacerlo; y que el fallo es de inmediato
cumplimiento, aunque sea impugnado. En desarrollo de esta norma superior, el
artículo 29 del Decreto estatutario 2591 de 1991 establece que la sentencia de
tutela debe contener, entre otras cosas, la “orden y la definición precisa
de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela”.[31]
5.2.    Los artículos 27 y 52 del Decreto estatutario 2591 de 1991 disponen
que el demandante en tutela cuenta con dos mecanismos, que puede utilizar
simultánea o sucesivamente ante el incumplimiento de la orden emitida en el
respectivo fallo. Así, el mencionado decreto faculta al accionante para pedir
el cumplimiento de la orden de tutela a través del denominado “trámite de
cumplimiento” y/o para solicitar por medio del “incidente de desacato” que
sea sancionada la persona que incumple dicha orden. En este orden de ideas, “el
juez puede adelantar el incidente de desacato y sancionar a los responsables y
simultáneamente puede adelantar las diligencias tendentes a obtener el
cumplimiento de la orden”[32].
Es necesario
señalar que la jurisprudencia constitucional ha precisado que la solicitud de
cumplimiento y el incidente de desacato son dos instrumentos jurídicos
diferentes, los cuales, a pesar de tener un mismo origen -la orden judicial de
tutela- y tramitarse en forma paralela, persiguen distintos objetivos. Así lo
sostuvo en Auto 045 de 2004 al indicar:
“En torno a estas dos actuaciones, en
reciente decisión la Corte precisó que el cumplimiento del fallo y el desacato
‘son en realidad dos instrumentos jurídicos diferentes, que a pesar de tener el
mismo origen -la orden judicial de tutela- y tramitarse en forma paralela, en
últimas persiguen distintos objetivos: el primero, asegurar la vigencia de los
derechos fundamentales afectados, y el segundo, la imposición de una sanción a
la autoridad que ha incumplido el fallo’[33]. Bajo esa premisa, en
la misma providencia se sostuvo que, ‘si bien en forma paralela al cumplimiento
de la decisión cabe iniciar el trámite de desacato, este último procedimiento
no puede desconocer ni excusar la obligación primordial del juez constitucional,
cual es la de hacer cumplir integralmente la orden judicial de protección’[34].
Por ello, sin perjuicio de que se sancione o no al funcionario obligado a
obedecer el fallo, el juez constitucional tiene el deber de asegurar su total
cumplimiento si ello no ha ocurrido por vía del desacato, ya que en ciertos
eventos la efectividad de los derechos conculcados se logra ‘a través de la
adopción de medidas adicionales a la sanción por desacato, al ser este
incidente insuficiente para hacer cumplir la orden proferida (…).”
En tal contexto,
es claro que el trámite de cumplimiento no constituye un prerrequisito para
promover el respectivo incidente de desacato, por lo que la Corte ha expuesto las
diferencias existentes entre estos dos trámites, a saber:
“Paralelamente al cumplimiento de la orden se puede iniciar el
trámite incidental del desacato. Pero el desacato no puede desplazar la
principal obligación del juez constitucional que consiste en hacer cumplir la
orden de tutela.
Además, el trámite del cumplimiento no es un prerrequisito para el
desacato, ni el trámite del desacato es la vía para el cumplimiento. Son dos
cosas distintas el cumplimiento y el desacato. Puede ocurrir que a través del
trámite de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la
tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato.
4. Las diferencias entre el  desacato y el cumplimiento son las
siguientes:
i) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la garantía
constitucional;  el desacato es incidental, se trata de un instrumento
disciplinario de creación legal.
ii )La responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la
exigida para el desacato es subjetiva.
iii) La competencia y las circunstancias  para el cumplimiento de la
sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591 de 1991. La base
legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es
decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de
diferencia.
iv) El desacato es a petición de parte interesada; el cumplimiento
es de oficio, aunque
v) puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio
Público.” [35]
5.3.    De conformidad con lo prescrito en el Decreto estatutario 2591 de
1991, esta Corte ha señalado que la competencia para hacer cumplir los fallos
de tutela, incluso tratándose de sentencias de segunda instancia o de aquellas
proferidas en sede de revisión, está, en principio, en cabeza de los jueces de
primera instancia[36].
Lo anterior en desarrollo de los principios que rigen la acción de tutela,
especialmente el de la inmediación. Así lo sostuvo, por ejemplo, en Auto 136
A de 2002:
“7. En Conclusión, la Sala encuentra que el juez de primera
instancia (singular o plural), que haya conocido el trámite de tutela, es en
todo caso el competente para conocer del trámite incidencial por desacato. Esta
interpretación tiene fundamento en los siguientes aspectos: (i) Obedece a una
interpretación sistemática del decreto 2591 de 1991, (ii) genera claridad en
términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos
judiciales, (iii) está en armonía con el principio de inmediación del trámite
de  tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste
el grado jurisdiccional de consulta.”
Bajo este
derrotero, la jurisprudencia constitucional ha indicado que los jueces de
primera instancia, “con el propósito de garantizar la efectividad de los
derechos de los asociados y en desarrollo del principio del efecto útil de las
sentencias[37],
gozan de amplias facultades en la determinación de la forma de ejecución de los
fallos de tutela y en la adopción de las medidas tendientes a su cumplimiento;
deduciéndose, de tal aserto, el deber de velar por el cumplimiento efectivo de
las garantías conferidas a los ciudadanos en sede de tutela, ‘[i]nterpretando
las normas y las sentencias dictadas en el caso concreto’ (SU-1158 de 2003)”[38].
6.
Límites y facultades del juez en el
incidente de desacato
6.1.    El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que
procede a petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del
Ministerio Público[39],
el cual tiene como propósito que el juez constitucional, en ejercicio de sus
potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda las
órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos fundamentales. Este
trámite está regulado en los artículos 27 y 52 del Decreto estatutario 2591 de
1991 en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 27. CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda
la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
(…) El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al
superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en
su caso. (…)”.
“ARTÍCULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un
juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato
sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios
mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que
hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite
incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de
los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.”
De acuerdo con
su formulación jurídica, el incidente de desacato ha sido entendido como un
procedimiento: (i) que se inscribe en el ejercicio del poder jurisdiccional
sancionatorio[40]
y, (ii) cuyo trámite tiene carácter incidental.
Acorde con lo
establecido legalmente, esta Corporación ha expresado que el desacato puede
concluir con: “(i) la expedición de una decisión adversa al accionado,
circunstancia en la cual debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante
el superior jerárquico con el propósito de que se revise la actuación de
primera instancia, quien después de confirmar la respectiva medida, deja en
firme o no la mencionada decisión para que proceda su ejecución, en ningún caso
esta providencia puede ser objeto de apelación por no haber sido consagrada su
procedencia por parte del legislador, y (ii) la emisión de un fallo  que no
impone sanción alguna, evento en el cual se da por terminado el respetivo
incidente con una decisión ejecutoriada”[41].
Asimismo, la
Corte ha manifestado que la sanción que puede ser impuesta dentro del incidente
de desacato tiene carácter disciplinario, dentro de los rangos de multa y
arresto, resaltando que, si bien entre sus objetivos está sancionar el
incumplimiento del fallo de tutela por parte de la autoridad responsable,
ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento efectivo de la orden de
tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la protección de los derechos
fundamentales con ella protegidos[42].
Desde esa
perspectiva, el incidente de desacato “debe entenderse como un instrumento
procesal para garantizar plenamente el derecho constitucional a la
administración de justicia del accionante (art. 229
C.P.), puesto que éste permite la materialización de la decisión emitida en
sede de tutela, con lo cual no basta con que se otorgue a las personas la
posibilidad de acudir a la tutela y que con ella se protejan sus derechos
fundamentales, sino que existan medios que ayuden al cabal cumplimiento de la
orden proferida por el juez constitucional”[43].
6.2.    Ahora bien, en Sentencia C-367 de 2014 se resolvió que la decisión
del incidente de desacato debe adoptarse dentro de los 10 días siguientes a la
radicación de la respectiva solicitud, en el marco del análisis efectuado al
artículo 52 del Decreto estatutario 2591 de 1991 en sede de control abstracto.
En esa
providencia, la Corte señaló que no es posible aplicar en este caso el artículo
4 del Decreto 306 de 1992 y, por consiguiente, el artículo 137 del Código de
Procedimiento Civil o el artículo 129 del Código General del Proceso, porque el
incidente de desacato a un fallo de tutela es un incidente especial. La
especialidad de este incidente viene dada en la característica del amparo de un
derecho fundamental trasgredido o amenazado que exige inmediato cumplimiento.
En esa medida, consideró
que al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y
precisar que tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los
fallos deben ser inmediatos, esta no debe superar los diez días, de este
mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo
de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su
apertura.
6.3.    La Corte ha reiterado que, dada la naturaleza especial que tiene el
incidente de desacato, el juez que conoce del mismo no puede volver sobre los
juicios o las valoraciones que hayan sido objeto de debate en el respectivo
proceso de tutela, ya que ello implicaría “revivir un proceso concluido
afectando de esa manera la institución de la cosa juzgada”[44]. De
acuerdo con lo anterior, el ámbito de acción del operador judicial en este caso
está definido por la parte resolutiva del fallo correspondiente[45]. En este orden
de ideas, la autoridad judicial que decide el desacato debe limitarse a verificar:
“(1) a quién estaba dirigida la orden;
(2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla;
(3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el
destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta
esperada). (Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de
2005).
Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si efectivamente
se incumplió la orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de
existir el incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. Una vez
verificado el incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se
produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger
efectivamente el derecho (…)”. [46]
Con todo, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que por razones muy excepcionales el
juez que resuelve el incidente de desacato, con la finalidad de asegurar la
protección efectiva del derecho, puede proferir órdenes adicionales a las
originalmente impartidas o introducir ajustes a la orden inicial, siempre que
se respete el alcance de la protección y el principio de la cosa juzgada, señalando
los lineamientos que han de seguirse para tal efecto:
“(1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de
hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien
porque:
(a) la orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane;
(b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta,
manifiesta e inminente el interés público o
(c) porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de
cumplir.
(2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad:
las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y
el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto
de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado.
(3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos
accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar,
siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad.
(4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducción
posible de la protección concedida y compensar dicha reducción de manera
inmediata y eficaz.”[47]
6.4.    Por otro lado, sin desconocer que el trámite incidental de desacato
debe tramitarse al igual que la tutela de manera expedita, es obligación del
juez garantizar los derechos al debido proceso y de defensa de la persona
contra quien se ejerce, en virtud de lo cual deberá: “(1) comunicar al
incumplido sobre la iniciación del mismo y darle la oportunidad para que
informe la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden y presente sus
argumentos de defensa. Es preciso decir que el responsable podrá alegar
dificultad grave para cumplir la orden, pero sólo en el evento en que ella sea
absolutamente de imposible cumplimiento[48], lo cual debe
demostrar por cualquier medio probatorio; así mismo, debe (2) practicar las
pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes son indispensables
para adoptar la decisión; (3) notificar la decisión; y, en caso de que haya
lugar a ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el superior”[49].
Además, siendo
el incidente de desacato un mecanismo de coerción que tienen a su disposición
los jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el mismo está
cobijado por los principios del derecho sancionador, y específicamente por las
garantías que éste otorga al disciplinado.
En el trámite
del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en
el incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular esta Corporación ha
señalado:
“30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo
incidente tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de
elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien
incurre en desacato, por tanto dentro del proceso debe aparecer probada la
negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a
que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.
De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a partir de
la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado
cuál debe ser la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos[50].’
31.-
De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato
un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de
los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en
multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador.
En este orden de ideas, siempre será necesario demostrar que el
incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de responsabilidad
subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber negligencia comprobada
de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando eliminada la
presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.
32.- En
este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del accionado
con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la
utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida
por la Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que
entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un
nexo causal sustentado en la culpa o el dolo.”[51] (Subrayas fuera de texto).
Así las cosas,
el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya
que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe
cumplir la sentencia de tutela.
En consonancia
con lo anterior, la Corte ha precisado que en el momento de analizar si existió
o no desacato deben tenerse en cuenta situaciones especiales que pueden
constituir causales exonerativas de responsabilidad[52],
aclarando que no puede imponerse sanción cuando: “(i) la orden impartida por
el juez de tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien debe
cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) cuando el obligado de buena
fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo
(sentencias T-1113 y  T-368 de 2005)”[53].
Este Tribunal concluye
que el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumplió la orden
de tutela impartida y, de ser así, tiene que determinar si el mismo fue total o
parcial, identificando las razones por las cuales se produjo, con el fin de
establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si
existió responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si la
encontrare probada deberá imponer la sanción adecuada, proporcionada y
razonable en relación con los hechos[54].
7.
Caso Concreto
Acerías Paz del
Río promovió la presente acción de amparo en contra de la decisión proferida el
28 de abril de dicha anualidad por el Juez Primero Civil del Circuito de
Sogamoso, que confirmó en sede de consulta, la providencia expedida el 4 de
marzo de ese año por el Juez Primero Civil Municipal de la misma ciudad,
mediante la cual se declaró que la empresa había incurrido en desacato parcial
de la sentencia de tutela de 14 de septiembre de 2012, le impuso una multa y
ordenó arresto de 3 días a su representante legal.
7.1.
Sobre la existencia de una posible temeridad
Sea lo primero
analizar la afirmación del interviniente Álvaro Antonio Benavides Macías,
acerca de que la anterior representante legal de Acerías Paz del Río formuló
las mismas denuncias en otra acción de tutela y que la empresa buscaba dilatar
el cumplimiento de las órdenes impartidas.
Analizado el
expediente, este Tribunal no advierte que se haya incurrido en temeridad aunque
existe identidad de sujetos por cuanto:
i.
El accionante en ambas acciones es Acerías
Paz del Río, pese a hacerlo mediante diferentes representantes legales.
ii.
El accionado es el Juzgado Primero Civil
Municipal de Sogamoso.
iii.    Incluso, conoció en las dos ocasiones el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo.
Sin
embargo, no hay identidad de hechos, como quiera que la presente tutela se
deriva del desacato impuesto en Auto de 4 de marzo de 2014 por el
incumplimiento de la Sentencia de 14 de septiembre de 2012. Mientras que la
acción referida por el interviniente se promovió contra el Auto de 7 de marzo
de 2013 que sancionó a la empresa por la inobservancia del fallo de 2 de junio
de 2011, en el cual se ampararon los derechos de otros accionantes a los
vinculados en el presente asunto[55].
En
consecuencia, tampoco se advierte que las pretensiones hayan sido similares, en
cuanto si bien las dos acciones persiguen dejar sin efectos sanciones impuestas
por haber desacatado decisiones de tutela, corresponden a dos acciones
diferentes incoadas por extrabajadores distintos.
Como
consecuencia, esta Sala no encuentra probada la temeridad alegada y considera
ajustada a la Constitución y a la ley la apreciación que, sobre el particular,
realizó el Tribunal Superior Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo en la
Sentencia de 22 de mayo de 2014[56],
al declarar que la presunta temeridad alegada por el señor Benavides Macías no
tenía asidero jurídico, por los motivos expuestos anteriormente.
7.2.
Así las cosas, corresponde a esta Sala de
Revisión determinar, con fundamento en la jurisprudencia constitucional y en
los elementos probatorios que obran en el expediente, si los juzgados accionados
con las providencias, han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante.
Teniendo en
cuenta la excepcionalidad de la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales que deciden un incidente de desacato se analizarán los
siguientes puntos: i) que esté debidamente ejecutoriada, ii) que concurran
todas las causales genéricas y iii) que se configure por lo menos una de
las causales específicas o defectos graves, respetando en todo caso el alcance
y las órdenes de la sentencia de tutela presuntamente incumplida.
7.3.
La decisión proferida en el trámite del desacato
se encuentra ejecutoriada
La providencia
de fecha 4 de marzo de 2014 dictada por el Juez Primero
Civil Municipal de Sogamoso, que declaró el cumplimiento parcial del fallo de tutela emitido por ese mismo juzgado el 14 de septiembre
de 2012 y sancionó a Acerías Paz del Rio con multa y arresto de su
representante legal conforme a lo contenido en el artículo 52 del Decreto
estatutario 2591 de 1991, se encuentra ejecutoriada, toda vez que se trata de
una providencia contra la cual no procede ningún recurso ordinario ni
extraordinario y se surtió el grado jurisdiccional de consulta.
7.4.
Causales genéricas de procedibilidad
7.4.1.
Relevancia constitucional de las cuestiones
discutidas: El
accionante afirma que los Juzgados Primero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito ambos de Sogamoso, al proferir las
decisiones del 4 de marzo y 28 de abril de 2014 respectivamente, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el principio de
legalidad, la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la
administración de justicia, en cuanto declararon  el incumplimiento parcial del
fallo de tutela, pese a que se dio contestación a todos los derechos de
petición y se realizaron las reliquidaciones pensionales, según el
peticionario, conforme a derecho.
Por ello, se
evidencia la relevancia constitucional del caso, más allá de la controversia de
índole pensional que subyace, por cuanto lo que se debate es la motivación de
la decisión que resolvió sancionar por desacato, cuya fundamentación el
accionante tilda de desacertada por incurrir en vía de hecho.
7.4.2.
Agotamiento de todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial: Contra las
providencias acusadas no procede ningún recurso
ordinario ni extraordinario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del
Decreto estatutario 2591 de 1991.
7.4.3.
Requisito de la inmediatez: Se observa que el peticionario presentó la acción de tutela el 7 de mayo
de 2014[57],
es decir, 9 días después de la adopción de la decisión de 28 de abril de ese
año expedida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo; por tanto es indiscutible que concurre el requisito de inmediatez[58].
7.4.4.
No se trata de sentencia de tutela: Si bien la Corte Constitucional ha reiterado la improcedencia de la
acción de tutela contra sentencias de tutela, también ha sostenido que se puede
acudir a dicha acción contra providencias que deciden un incidente de desacato,
por tratarse de situaciones distintas que no deben confundirse[59].
En efecto, se ha
aclarado que el juez de tutela que decida sobre la procedencia y prosperidad de
la acción de amparo contra decisiones proferidas durante el trámite incidental
de desacato “no podrá reabrir el debate constitucional dado con ocasión de
la acción de tutela anterior, pues su análisis se encuentra limitado por las
decisiones proferidas durante el trámite de desacato en cuestión, esto, con
relación a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del
accionante”[60].
En esos términos,
no está facultado para revisar la determinación original de amparar el
derecho ni cambiar el alcance o contenido sustancial de las órdenes proferidas
por el juez de tutela cuyo desacato se analiza, puesto que a su favor opera el
fenómeno de cosa juzgada constitucional.
Hechas las anteriores precisiones, la Sala advierte que tanto la
providencia de 4 de marzo, como la de 28 de abril de 2014, no son sendas
sentencias de tutela, sino que constituyen decisiones adoptadas en el marco del
trámite incidental de desacato promovido por los extrabajadores de Acerías Paz
del Río.
7.4.5.
El actor ha identificado de forma razonable
los hechos que generan la violación, la cual no le fue posible alegarla en el
incidente de desacato: Enumera y explica de manera
genérica los hechos de los cuales derivan la pretendida vulneración de sus
derechos fundamentales, argumentando en términos generales que en las dos
decisiones impugnadas:
i.
Se omitió analizar
la conducta de la empresa y del representante legal, “partiendo de la base
del supuesto incumplimiento objetivo de la tutela”.
ii.
La argumentación de las providencias se
fundamentó en los pronunciamientos fraccionados y selectivos, dispuestos en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, bajo premisas confusas,
contradictorias y erróneas.
iii.
Se tutelaron derechos fundamentales de una
colectividad, y no los que recaen en cada persona.
iv.
Se prescindió de la
prueba de la existencia de un perjuicio irremediable.
v.
No se verificó si la actuación de la empresa
y su representante se desarrolló “diligentemente, de buena fe y en forma
eficaz” dando una apreciación literal sobre un cumplimiento de la orden.
vi.
Se pretermitió el hecho de que el
representante legal de la accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para proteger su buen nombre e imagen, los cuales se verán gravemente
afectados “ante un arresto injusto derivado de una decisión ilegítima”.[61]
7.5.
Causales específicas de procedibilidad
7.5.1.
Antes de determinar la afectación de los
derechos del actor, la Sala entra a analizar el alcance de la sentencia de
tutela de instancia única del 14 de septiembre de 2012, proferida en el
marco de la acción adelantada por los extrabajadores de Acerías Paz del Río
contra dicha empresa, sobre la cual se tramitó el incidente de desacato. Al
respecto, la Sala constata que el Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso resolvió
en esa ocasión:
“PRIMERO: TUTELAR: los derechos
fundamentales de petición, igualdad e indexación de la primera mesada pensional
de los accionantes
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior,
ORDENAR a la  EMPRESA ACERÍAS PAZ DEL RÍO SA, por intermedio de su
Representante legal, el señor VICENTE NOERO ARANGO, o quien haga sus veces, que
dentro de los quince días siguientes a la notificación de esta providencia,
proceda a responder nuevamente el derecho de petición interpuesto por los
accionantes: Álvaro Antonio Benavides Macías, Pedro Pablo Osorio Reyes,
Cristóbal Manchego, Elio Norberto Barragán Siachoque, Guillermo Hurtado Cely,
Jorge Enrique Vargas Urrego, José Miguel Chaparro Bonilla, Juan Antonio Rendón
Amaya, Julio Hernán Manrique Granados, María Teresa Barrera de Casas, Néstor
Rodríguez Pedraza, Yolanda Montoya Estupiñan, Leobigildo Rincón Carvajal,
Eliodoro Niño Fonseca, Nepomuceno Cárdenas Guio, Alicia Cárdenas de Barrera,
Luis Alberto Colmenares Galindo, Marcos Gamboa Gómez, Santos Ananías Guerrero
Sánchez, Julio Alvarado Pérez, Víctor Julio Porras Herrera, Santos Morales
Niño, Héctor Cárdenas, Baudilio Barrera Camargo, Hugo Antonio Estupiñan Mojica,
Samuel Medina Rincón, José del Carmen Acevedo, Teresa Acevedo de Plazas, Erasmo
Estupiñan Albarracín, Gonzalo Becerra Correa, Miguel Antonio Niño Galindo y
Reinaldo Molano Niño, mediante el cual solicitaron la indexación de la primera
mesada pensional, teniendo en cuenta la jurisprudencia, tanto de tutela como de
constitucionalidad, emanada de la Corte Constitucional, así como la específica
orden proferida en el segundo numeral de la parte resolutiva de la sentencia
T-797 de 2007, en protección de los derechos fundamentales de petición,
igualdad e indexación de la primera mesada pensional de los accionantes, so
pena de ser sancionada conforme los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO Denegar la acción de tutela en
contra de la junta directiva de Acerías Paz del Río SA por lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO PREVENIR a la JUNTA DIRECTIVA DE LA
EMPRESA ACERIAS PAZ DEL RIO SA, para que haga cumplir a cabalidad el presente
fallo de tutela so pena de ser sancionada en los términos previstos en el
artículo 27 del DE. 2591 de 1991, en su condición de Superior Jerárquico del
Representante Legal de la empresa.” [62]
Sin embargo,
para un mayor entendimiento de la decisión se consultó la ratio decidendi, pudiendo
desprenderse de dicha determinación las siguientes conclusiones:
i.
El deber de indexar
la primera mesada pensional en igualdad de condiciones a todos los pensionados
extrabajadores de Acerías Paz del Río.
ii.
La imprescriptibilidad de la reclamación del
derecho antes mencionado.
Queda así claro
que ese fallo no solamente se ordenó dar contestación al derecho de petición de
cada uno de los extrabajadores allí relacionados, sino que precisó que con
fundamento en las directrices jurisprudenciales impartidas por la Corte Constitucional
se debía realizar la aludida indexación, sin limitarla a la Sentencia T-797 de
2007 referida en la propia parte resolutiva.
7.5.2.
La parte actora alega que las providencias emitidas el 4 de marzo y 28 de abril de 2014 por los Juzgados Primero Civil
Municipal y Primero Civil del Circuito de Sogamoso, respectivamente, adolecen
de los defectos fáctico, sustantivo y procedimiental. Razón por la cual
considera que las decisiones y en especial las sanciones de multa y arresto
impuestas, devienen en arbitrarias y violatorias de sus derechos fundamentales
al debido proceso y al libre acceso a la administración de justicia.
7.5.3.
Defecto fáctico.
7.5.3.1.
El accionante afirma que las decisiones
objetadas se encuentran incursas en este defecto debido a que desconocieron los
documentos en los que se acreditó el acatamiento de la sentencia de tutela, atendiendo
que las peticiones fueron respondidas y las indexaciones a que hubo lugar
fueron pagadas.
7.5.3.2.
Al respecto, la Sala de Revisión aprecia que, de
conformidad con lo probado en el expediente, en cumplimiento del fallo Acerías
Paz del Río[63]
realizó las siguientes gestiones:
i.
Personas a las que resultó diferencia a su
favor por indexación de la primera mesada pensional.
ii.
Extrabajadores a los cuales su liquidación
arroja resultado negativo porque el Instituto de Seguros Sociales paga mayor
valor al que resulta de indexar la primera mesada pensional.
iii.
Exempleados que causaron su derecho a la
pensión de jubilación antes de la vigencia de la Constitución de 1991, respecto
de los cuales indicó: “su solicitud de indexación de primera mesada
pensional no es procedente por cuanto su derecho a la pensión de jubilación se
causó antes de la vigencia de la Constitución …, que es la normatividad en que
se basa la H. Corte Constitucional para reconocer dicho fenómeno jurídico,
especialmente los artículos 48 y 53, como expresamente lo reconoce la Honorable
Corte suprema de Justicia, Sala Laboral, ‘En esas condiciones corresponde a
esta Corte reconocer la actualización del salario base de liquidación de las
pensiones legales causadas a partir de 1991, cuando se expidió la Constitución
Política, porque este fue el fundamento jurídico que le sirvió a la Sentencia
de exequibilidad. Así es, puesto que antes de ese año no existía el mencionado
instituto supralegal para aplicar la indexación del ingreso de liquidación
pensional.’(Radicación 28760 de septiembre 19 de 2007, entre otras sentencias.).”[64]
7.5.3.3.
En la providencia de 4 de marzo de 2014
proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso, puntualmente se
consideró:
“es evidente que … tanto en las liquidaciones que corresponden a los
accionantes de quienes se anuncia resultó diferencia a su favor como en las
liquidaciones de los accionantes a quienes su liquidación arrojó resultado
negativo, no se tomó ni en el índice final - índice de precios al consumidor
del año anterior-, ni en el índice inicial - índice de precios al consumidor de
la última anualidad en la fecha de retiro del trabajador - el Índice de Precios
al Consumidor del año anterior, para establecer el índice base de liquidación,
para la aplicación del porcentaje respectivo para obtener el valor de la mesada
mensual: 75% del salario promedio del último año”.
Así según el análisis del juez de desacato, no se utilizaron los
valores del IPC correctos para realizar las reliquidaciones, por lo que no se cumplió
adecuadamente las órdenes del fallo de tutela.
Respecto de la prescripción aplicada a algunos ex trabajadores, en
el mismo auto se manifestó:
“Si bien es cierto que, conforme la jurisprudencia en cita, es dable
la aplicación de la prescripción "en relación con los montos adeudados y
actualizados correspondientes al período antecedente a los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la reclamación del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional que hiciera el demandante a su empleador", es de
anotar, respecto de los accionantes ALVARO ANTONIO BENAVIDEZ MACIAS, ELIO
NORBERTO BARRAGAN SIACHOQUE, GUILLERMO HUTADO CELY y REINALDO MOLANO NIÑO, que
la empresa no tuvo en cuenta para la aplicación de la prescripción la fecha de
radicación de los documentos contentivos de reclamación del derecho a la
indexación de la mesada pensional como correspondía, sino una fecha posterior
diferente, lo cual se establece con la revisión de las copias de los derechos
de petición que obran en el expediente de la acción de tutela y de las copias
de las liquidaciones presentadas por la empresa.”
De tal forma, se concluyó que las actualizaciones monetarias de
algunos de los exempleados a quienes se les invocó el fenómeno de la
prescripción, presentaban problemas en cuanto no se partió de las fechas de
radicación de las reclamaciones sino de fechas posteriores diferentes.
7.5.3.4.
Acerías Paz del Río[65] procedió a
hacer nuevamente las reliquidaciones de la indexación de primera mesada
pensional de cada uno de los ex trabajadores, realizando la respectiva
corrección de los errores que advirtió el juez que declaró el desacato.
Específicamente, adelantó nuevas reliquidaciones de indexación de
primera mesada pensional hasta 30 de marzo de 2014, hallando resultados
diferentes respecto de las personas a quienes había lugar a pagar la
actualización monetaria. Igualmente, advirtió otros extrabajadores a  quienes
el ISS viene pagando un mayor valor de pensión al que resulta de la indexación
y su liquidación resulta negativa, sin que haya lugar a ninguna diferencia.
De igual forma, relacionó los exempleados que quedaron con deuda a
favor de la empresa por cuanto en su liquidación de indexación de primera
mesada pensional no operó el fenómeno de interrupción de la prescripción.
En cuanto a las personas que causaron su derecho a la pensión de
jubilación antes de la vigencia de la Carta Política de 1991, determinó que
conforme Sentencia T-901-2010 “…‘el derecho a la indexación procede para
todas las categorías de pensionados y la exclusión de determinado grupo de este
derecho constituye una discriminación”, y nosotros agregamos: “ que procede la
indexación de la primera mesada a las pensiones reconocidas con anterioridad a
la Constitución Nacional de 1991, aplicando en todo caso el término de
prescripción a partir de lo estipulado en la sentencia SU-1073 de 2012’, esto
es, 12 de diciembre de 2012, lo cual naturalmente acatamos, procediendo a
efectuar sus respectivas liquidaciones, y pago si hay lugar a ello”.
Finalmente, indicó que al señor Víctor Julio Porras Herrera su
liquidación de indexación de primera mesada resulta negativo por estar pagando
un mayor valor el ISS, de acuerdo con liquidaciones anexas y; Julio Alvarado
Pérez ha sido rechazada su solicitud por temeridad, y además ya efectuaron su
pago en tutela 2011-0176 de José de Jesús Hernández y otros que cursa en el mismo
despacho de primera instancia.
Así, entonces, analizado el recaudo probatorio se tiene que la
decisión de los Juzgados Primero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito
de Sogamoso no incurrieron en defecto fáctico, habida cuenta que el
cumplimiento de la sentencia de tutela de septiembre de 2012 efectivamente fue
parcial, como lo demuestra que la propia sociedad haya procedido a hacer nuevas
reliquidaciones acreditadas el 14 de marzo de 2014, en donde los resultados
para algunos extrabajadores variaron en relación con el informe de acatamiento
entregado al juez de instancia en enero de 2013.
7.5.4.
Defecto sustantivo
Sobre el particular, la parte actora refiere que dicho defecto se
produjo como consecuencia de las siguientes circunstancias:
7.5.4.1.   Los juzgados en sede de desacato y consulta utilizaron una fórmula
de indexación que consideraban correcta (fijada por Corte Suprema de Justicia),
sin tener en cuenta la fórmula por él aplicada.
En referencia a
este punto, como se anotó con anterioridad, el juez de instancia única de
tutela en 2012 dispuso realizar la indexación correspondiente con observancia
de lo dispuesto en el numeral segundo de la parte resolutiva de la Sentencia
T-797 de 2007, que reza:
“Segundo. Hacer un llamado
a PREVENCIÓN a Acerías Paz del Río S.A. sobre el acatamiento de la
Sentencia C-862 de 2006 y, en consecuencia, sobre su deber de responder el
derecho de petición formulado por el actor el 11 de enero del año en curso,
nuevamente, esta vez teniendo presente que a la luz del ordenamiento
constitucional resulta insostenible sostener que la actualización de las
pensiones es un derecho constitucional del cual sólo son titulares algunos
pensionados. Ofíciese.”
En consecuencia,
es menester señalar que analizada la Sentencia C-862 de 2006 se advierte que en
aquella se declaró la existencia del derecho fundamental a la indexación de la
primera mesada de los pensionados, a partir de la evolución jurisprudencial que
en la materia se ha presentado tanto en la Corte Suprema de Justicia, como en
la Constitucional[66].
No obstante, nada se estipuló en relación con el procedimiento para efectuar
dicha actualización del poder adquisitivo de la moneda.
Sin perjuicio de
lo anterior y como quiera que la orden del juez se extendía a la jurisprudencia
proferida por este Tribunal, se advierte que en la Sentencia SU-1073 de 2012 se
reiteró que la fórmula que se debe aplicar para adelantar el mencionado trámite
es la establecida en la T-098 de 2005[67],
a saber:
“El ajuste de la mesada pensional del demandante se hará según la
siguiente fórmula:
R=   Rh    índice final
índice inicial
Según la cual el valor presente de la condena (R) se determina
multiplicando el valor histórico (Rh), que es el promedio de lo devengado por
el demandante durante el último año de servicios, por el guarismo que resulte
de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a la fecha a partir
de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial, que es el
existente al 27 de enero de 1974.
Debe determinarse así el valor de la primera mesada pensional
actualizada a 10 de diciembre de 1980. El Citibank Colombia procederá a
reconocer y liquidar los reajustes pensionales de los años posteriores,
conforme a la normatividad aplicable.
Después establecerá la diferencia resultante entre lo que debía
pagar y lo que efectivamente pagó como consecuencia del reconocimiento de la
pensión. De dichas sumas no se descontarán los aportes que por ley corresponda
hacer al pensionado al sistema de seguridad social en salud, pues existe prueba
en el expediente de que éstos fueron pagados.[68]
La suma insoluta o dejada de pagar, será objeto de ajuste al valor,
desde la fecha en que se dejó de pagar hasta la notificación de esta sentencia,
dando aplicación a la siguiente fórmula:
R=   Rh    índice final
índice inicial
Donde el valor presente de la condena (R) se determina multiplicando
el valor histórico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el
guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor
vigente a la fecha de notificación de esta sentencia,  entre el índice inicial,
que es el vigente al causarse cada mesada pensional.
Por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, la entidad
demandada aplicará la fórmula separadamente, mes por mes, empezando por la
primera mesada pensional que devengó el actor sin actualizar, y para los demás
emolumentos (primas), teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente
al causarse cada una de las prestaciones.”
Analizado el
Auto de 4 de marzo de 2014 mediante el cual el Juez Primero Civil Municipal de
Sogamoso declaró en desacato parcial a Acerías Paz del Río, se observa que el
fallador refirió que en casos similares se había utilizado el procedimiento
determinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
por lo que en ese proceso también se debía usar la misma metodología, como se
lee:
“para determinar el ingreso base de
liquidación de pensiones, como la que nos ocupa, se aplicará la siguiente
fórmula que más adelante se desarrolla en sede de instancia:
VA= VHx I.P.C. Final I.P.C Inicial
De
donde:
VA=
IBL o valor actualizado
VH=
Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado.
I.P.C.
Final= índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de
pensión. I.P.C. Inicial = índice de precios al consumidor de la última
anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador.”[69]
Bajo tales
apreciaciones, para la Sala es evidente que el método referido por el juez de
desacato es el mismo al plasmado en la jurisprudencia constitucional. En esa
medida, no se ha incurrido en defecto sustantivo y, por el contrario, la
decisión refrendó válidamente los postulados concernientes a la indexación
pensional.
7.5.4.2.   De otra parte, el accionante precisa que el fallo de tutela es
inviable, toda vez que no es posible ordenar que se realice la indexación de la
primera mesada pensional por vía de amparo constitucional, ni es posible proteger
los derechos a una colectividad de sujetos, cuando la jurisprudencia ha
establecido que la protección debe hacerse en concreto en cabeza de las
personas, demostrando la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En relación con
la imposibilidad de ordenar la actualización monetaria por el juez de tutela,
pese a que ello no constituye en modo alguno un defecto sustantivo, esta Sala
reitera que la jurisprudencia
constitucional reconoció “un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional dentro
de cuyo ámbito de conductas protegidas se encuentra el derecho a la indexación
de la primera mesada pensional”[70].
En tal contexto,
esta Corporación ha amparado este derecho en múltiples oportunidades al
encontrar transgredidos los mandatos superiores de equidad, mínimo vital, debido
proceso e igualdad de los pensionados a quienes se les impide percibir una
retribución calculada teniendo en consideración los fenómenos inflacionarios y
la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero[71]. De allí, que no le
asista razón al accionante en relación con la supuesta imposibilidad de
reconocer la indexación pensional mediante la acción de amparo constitucional.
Respecto del
argumento de la improcedencia de la tutela para proteger derechos de una colectividad,
se tiene que en la decisión que dio origen al incidente de desacato reprochado
en el asunto sub examine, fueron amparados los derechos de petición,
igualdad e indexación de la primera mesada pensional de 32 extrabajadores de
Acerías Paz del Río. En esa medida, el argumento de accionante carece de
veracidad, además que de lo probado en el expediente no se advierte ningún
vicio ni desconocimiento de la normatividad vigente o del texto superior en las
providencias cuestionadas.
7.5.4.3.   Aunado a lo anterior, el accionante aduce que las sanciones de
desacato impuestas partieron del supuesto incumplimiento objetivo de la tutela
y no se hizo el análisis subjetivo sobre su conducta diligente o negligente y
la del representante legal, en contravía a lo previsto en el artículo 52 del
Decreto estatutario 2591 de 1991. Este mismo supuesto lo invocó como defecto
procedimental, no obstante se analizará en el defecto sustantivo en tanto los
argumentos esgrimidos se encuadran en esta causal y no en algún vicio de procedimiento.
En lo que atañe
a la valoración de la responsabilidad subjetiva, se aclara que si bien la norma
bajo cita no la contempla, esta hace parte de los elementos que debe estudiar
el juez al momento de decidir el incidente acorde con lo dispuesto en reiterada
jurisprudencia. Puntualmente, en Sentencia T-171 de 2009 este Tribunal indicó:
“constituye
un deber ineludible del juez constitucional verificar si efectivamente existió
incumplimiento parcial o integral de la orden proferida por la sentencia de
tutela, con lo cual, una vez precisada la anterior situación tiene la
obligación de indagar cuáles fueron las razones por las que el accionado no
cumplió con la decisión tomada dentro del proceso; lo anterior a fin de
establecer cuáles son las medidas necesarias para proteger efectivamente los
derechos fundamentales invocados.
(…) el juez
de tutela al tramitar el respetivo incidente tiene el deber constitucional de indagar
por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad
subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del proceso debe
aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido
fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el
sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la
obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de
responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada –
proporcionada y razonable – a los hechos[72].
(…) al ser
el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades
disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones
consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del
derecho sancionador. En este orden de ideas, siempre será necesario
demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de
responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber
negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando
eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del
incumplimiento.
(…)
Concretamente, el artículo 29 de la Constitución Política expresa que el
derecho fundamental al debido proceso, debe aplicarse a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. Razón por la cual se establece que ‘Toda
persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable’.” [73] (Subrayas
fuera de texto)
Entonces, entiende
la Sala de Revisión que para sancionar por desacato en materia de tutela es
indispensable que el juez establezca si el sujeto obligado ha adoptado alguna
conducta positiva o negativa de la cual pueda inferirse que ha actuado con el
ánimo (culpa o dolo)  de evadir los mandatos de una autoridad judicial o si,
por el contrario, ha obrado de buena fe[74].
La simple constatación del incumplimiento sin haber escudriñado las razones y
circunstancias que le propiciaron, no puede devenir en una sanción por
desacato, debido a que ello constituiría una responsabilidad objetiva[75]
del sujeto obligado, concepto que está prohibido por el texto superior.
Hechas tales
precisiones, la Sala advierte que en el Auto de 4 de marzo de 2014 el fallador de
desacato analizó los siguientes tópicos: i) los errores cometidos en la
fórmula utilizada para realizar las indexaciones ordenadas por la sentencia de
tutela como se expuso anteriormente; ii) las irregularidades encontradas
en la prescripción aplicada a las actualizaciones monetarias de algunos de los
ex trabajadores, debido a que no se tuvieron en cuenta los momentos de
radicación de las reclamaciones sino fechas posteriores diferentes y; iii) la
persistencia de la vulneración de los derechos fundamentales de otros empleados
a quienes no se les adelantó el procedimiento ordenado, con fundamento en que
su pensión se había causado con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991. Por lo anterior, concluyó que no habían sido resueltos en
debida forma la totalidad de las solicitudes elevadas por los extrabajadores,
en razón a que la empresa no había observado los lineamientos impartidos en el
fallo de tutela para tal efecto.
En esos
términos, el Juez Primero Civil Municipal de Sogamoso declaró que la sociedad “incurrió
en desacato parcial y por ende, corresponde imponer las sanciones por
incumplimiento injustificado en el fallo de tutela de fecha 14 de septiembre de
2012, proferido por este despacho judicial, en protección de los derechos
fundamentales de petición, igualdad e indexación de la primera mesada pensional
de los accionantes, establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1.991,
esto es la imposición de multa de SIETE salarios mínimos legales mensuales
vigentes … y con tres (3) días de arresto al Representante Legal de la Empresa
Acerías Paz del Río S.A., señor VICENTE NOERO ARANGO”[76].
Ahora bien, en
la providencia de 28 de abril de 2014 el juez de consulta en tutela reseñó que
si bien la entidad accionada corrigió finalmente los aspectos que dieron lugar
al desacato parcial declarado, persistían errores significativos en las fechas
utilizadas en las prescripciones alegadas respecto de los señores Erasmo
Estupiñán Albarracín[77]
y Santos Ananías Guerrero Sánchez[78].
Con base en esas apreciaciones se confirmó la decisión adoptada el 4 de marzo
de 2014 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso.
En tal contexto, este Tribunal no encuentra que se haya argumentado
la existencia de la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento parcial del
fallo de tutela, esto es, la conducta diligente o
negligente en el acatamiento del mismo.
La Corte ha sostenido que la comprobación de la ausencia de
motivación de las decisiones judiciales está estrechamente ligada a la
complejidad del asunto, las materias alegadas y los hechos del caso. De esa
forma, mientras que en algunos casos unas breves consideraciones bastarán para
dirimir el caso; en otros es indispensable que el juez arguya de manera exhaustiva
la decisión que va a adoptar. En todo caso, siempre habrá de emitirse
pronunciamiento sobre los asuntos entorno de los cuales gira la controversia y,
si es del caso, aducir la razón jurídica por la cual el fallador se abstendrá
de tratar alguno de los puntos sometidos a su consideración[79],
como se cita:
“Ahora bien, la motivación suficiente de una decisión judicial es
un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las
divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir
una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho.
Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla
básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que
la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en
últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión
judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce
que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos
específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia
en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad.”[80]
Es pertinente aclarar que este criterio específico de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
puede, en ciertas ocasiones, confluir con los defectos sustantivo y fáctico, en tanto la ausencia de
motivación de un acto jurisdiccional generalmente coincide con la falta de
aplicación de las disposiciones sustanciales pertinentes al caso o a la falta
de valoración del material probatorio allegado al proceso. No obstante, la decisión sin motivación se
encausa de manera más adecuada en los distintos defectos alegados, toda vez que
parte de un margen de acción más amplio que comprende la falta de análisis de
los elementos de juicio relevantes debatidos en el transcurso del proceso[81].
En tal medida, este Tribunal advierte que en las determinaciones
adoptadas el Juzgado Primero Civil Municipal y el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Sogamoso en el curso del trámite incidental de desacato: i)
no se analizaron las razones por las que Acerías Paz del Río no cumplió parcialmente
con la sentencia, ii) no se probó la negligencia de la sociedad ni de su
representante legal y, iii) no se demostró que la inobservancia de la
orden fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por su parte.
De tal forma, encuentra la Sala de Revisión que se incurrió en
ausencia de motivación respecto de la responsabilidad subjetiva en el
incumplimiento parcial del fallo de tutela, esto es, la conducta negligente en el acatamiento del mismo. Lo cual conduce
inexorablemente a colegir que en los proveídos emitidos dentro del trámite de
desacato cuestionado se configuró un defecto sustantivo por inexistente
argumentación, habida cuenta que dicho estudio es requisito sine qua non para
imponer las sanciones correspondientes, tales como la multa y el arresto del
representante legal.
Pese a estar
demostrada la responsabilidad objetiva por la inobservancia de la sentencia de
amparo, ello no era suficiente para declarar en desacato a Acerías Paz de Río,
por el contrario era inexcusable que se encontrara probada la responsabilidad
subjetiva de dicha empresa para que procedieran imponer las sanciones
correspondientes
7.6.
De conformidad con lo expuesto, la Sala
considera que los fallos de instancia en la presente acción de tutela
pretermitieron analizar la inexistencia de argumentación respecto de la
responsabilidad subjetiva del accionante en las decisiones de desacato,
avalándolas erróneamente bajo el supuesto que las sanciones impuestas procedían
por la observancia parcial de las órdenes de tutela impartidas en 2012.
Tal como se
expuso, se encontró probada la vulneración del derecho al debido proceso de
Acerías Paz del Río, como quiera que las decisiones de desacato y consulta
incurrieron en defecto sustantivo por inexistente argumentación de su
responsabilidad subjetiva en el incumplimiento parcial del fallo de tutela.
Respecto de los otros derechos invocados por la parte actora, esto es, la
igualdad, el principio de legalidad, la prevalencia del derecho sustancial y el
acceso a la administración de justicia, no se advierte transgresión alguna, de
manera que no se impartirán órdenes en concreto.
7.6.1. Por lo anterior, se revocará la Sentencia proferida por Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 14 de julio de 2014 que
confirmó la decisión proferida por la Sala Laboral Civil Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, emitida el 22 de mayo
de 2014; y, por ende, se amparará el derecho fundamental al debido
proceso de la entidad Acerías Paz del Río y de su representante legal, por los
motivos expuestos en el considerando 7.5.4.3. de esta providencia.
7.6.2. En consecuencia, se dejarán sin valor las providencias impugnadas y
se ordenará al Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso que proceda a  decidir
el incidente de desacato promovido por los extrabajadores de dicha empresa el 3
de diciembre de 2012. Bajo este entendido deberá analizar si concurrió
responsabilidad subjetiva de la sociedad o su representante legal en el
incumplimiento del fallo inicial.
En caso de
encontrarla probada y declarar en desacato a Acerías Paz del Río, se deberá
abstener de imponer multa y ordenar arresto nuevamente, siempre que dichos
mandatos se hubieren cumplido con ocasión de los autos impugnados en la
presente acción.
Si no fuere
demostrada la actitud negligente de la parte accionante en este asunto, deberá
informar a todas las autoridades encargadas de arrestos y antecedentes para que
eliminen de sus registros la sanción determinada mediante Auto de 4 de marzo de
2014, confirmada por Auto de 28 de abril del mismo año. En iguales condiciones,
deberá solicitar al órgano competente la devolución del monto correspondiente a
la multa que hubiere sido pagada por la sociedad.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: LEVANTAR los términos suspendidos mediante
Auto del 2 de diciembre de 2014.
Segundo: REVOCAR la Sentencia proferida por Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia el 14 de julio de 2014, que confirmó la decisión
proferida por la Sala Laboral Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo, emitida el 22 de mayo de 2014; y, en su
lugar PROTEGER el derecho al debido proceso de la sociedad Acerías Paz del Río
S.A. por los motivos expuestos en esta providencia.
Tercero: DEJAR sin
valor y sin efectos jurídicos el Auto de 28 de abril de 2014 expedido por el
Juzgado Primero Civil del Circuito, que confirmó el Auto proferido el 4 de
marzo de 2014 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso a través del
cual se sancionó a Acerías Paz del Río por haber incumplido parcialmente el
fallo de tutela de 14 de septiembre de 2012.
Cuarto: ORDENAR al Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso que proceda a
decidir sobre el fondo del incidente de desacato promovido
por los extrabajadores de Acerías Paz del Río el 3 de diciembre de 2012, dentro
del término perentorio de diez (10) días siguientes a la notificación de la
presente decisión, bajo los parámetros establecidos en el considerando 7.6.2.
de esta decisión.
Quinto: LÍBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (E)
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1]
Providencia en la cual se ordenó dar contestación a los
derechos de petición elevados por los peticionarios, en los
cuales se solicitaba dar aplicación a la indexación de la primera mesada
pensional, conforme a los lineamientos esbozados en varias sentencias
proferidas por la Corte Constitucional.
[2]
Los entonces accionantes eran: Álvaro Antonio Benavides
Macías, Pedro Pablo Osorio Reyes, Cristóbal Manchego, Elio Norberto Barragán
Siachoque, Guillermo Hurtado Cely, Jorge Enrique Vargas Urrego, José Miguel
Chaparro Bonilla, Juan Antonio Rendón Amaya, Julio Hernán Manrique Granados,
María Teresa Barrera de Casas, Néstor Rodríguez Pedraza, Yolanda Montoya
Estupiñan, Leobigildo Rincón Carvajal, Eliodoro Niño Fonseca, Nepomuceno
Cárdenas Guio, Alicia Cárdenas de Barrera, Luis Alberto Colmenares Galindo,
Marcos Gamboa Gómez, Santos Ananías Guerrero Sánchez, Julio Alvarado Pérez,
Víctor Julio Porras Herrera, Santos Morales Niño, Héctor Cárdenas, Baudilio
Barrera Camargo, Hugo Antonio Estupiñan Mojica, Samuel Medina Rincón, José del
Carmen Acevedo, Teresa Acevedo de Plazas, Erasmo Estupiñan Albarracín, Gonzalo
Becerra Correa, Miguel Antonio Niño Galindo y Reinaldo Molano Niño.
[3]
La parte resolutiva de la sentencia de tutela refería: “El
Juzgado Primero Civil Municipal de Sogamoso Administrando Justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Resuelve: PRIMERO: TUTELAR: los
derechos fundamentales de petición, igualdad e indexación de la primera mesada
pensional de los accionantes// SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior,
ORDENAR a la  EMPRESA ACERÍAS PAZ DEL RIO SA, por intermedio de su
Representante legal, el señor VICENTE NOERO ARANGO, o quien haga sus veces, que
dentro de los quince días siguientes a la notificación de esta providencia,
proceda a responder nuevamente el derecho de petición interpuesto por los
accionantes (…) mediante el cual solicitaron la indexación de la primera mesada
pensional, teniendo en cuenta la jurisprudencia, tanto de tutela como de
constitucionalidad, emanada de la Corte Constitucional, así como la específica
orden proferida en el segundo numeral de la parte resolutiva de la sentencia
T-797 de 2007, en protección de los derechos fundamentales de petición,
igualdad e indexación de la primera mesada pensional de los accionantes, so
pena de ser sancionada conforme los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de
1991.// TERCERO Denegar la acción de tutela en contra de la junta directiva de
Acerías Paz del Rio SA por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.// CUARTO PREVENIR a la JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA ACERIAS PAZ
DEL RIO SA, para que haga cumplir a cabalidad el presente fallo de tutela so
pena de ser sancionada en los términos previstos en el artículo 27 del DE. 2591
de 1991, en su condición de Superior Jerárquico del Representante Legal de la
empresa.”
[4]
Ob. Cit. 1.
[5]
Folios 32, 38 y 44, cuaderno 3.
[6]
Folio 25, cuaderno 3.
[7]
Folio 39, cuaderno 3.
[8]
Ibídem.
[9]
Ibídem.
[10] Mediante
Auto de 9 de mayo de 2014, la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo avocó conocimiento y
procedió a vincular a los extrabajadores de Acerías Paz del Rio incidentantes
en las decisiones refutadas en la presente acción de tutela.
[11] Cfr.
Sentencias T-508 de 2011, T-510 de 2011, T-135 de 2012,
T-136 de 2012, SU-195 de 2012, T-266
de 2012, T-358 de 2012 y T-803 de 2012.
[12] Sentencia
C-543 de 1992: “Ahora
bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no
cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la
función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela
se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización
de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de
las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco
cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, (...). En hipótesis como estas no puede
hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados,
sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”.
[13] Sentencia T-008 de 1998.
[14] Al respecto la Sentencia
T-949 de 2003 señaló lo siguiente: “Esta Corte en sentencias recientes ha
redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder
de irradiación del principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2
C.P.) y de una interpretación sistemática de diversas disposiciones de la
Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).
En esta tarea se ha
reemplazado el uso conceptual de la expresión ‘vía de hecho’ por la de ‘causales
genéricas de procedibilidad’. Lo anterior ha sido inducido por la urgencia de
una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de que permita
armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales que
involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica,
sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las
puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que pueden verse
afectados eventualmente con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado.”
[15]
Sentencia T-1031 de 2001.
[16] Sentencia T-504 de 2000.
[17] Sentencias T-008 de 1998 y
SU-159 de 2000.
[18] Sentencia T-658 de 1998.
[19] Sentencias T-088 de 1999 y
SU-1219 de 2001.
[20] Sentencia T-522 de 2001.
[21] Cfr.
Sentencias T-1625 de 2000, SU-1184 de 2001, T-1031 de 2001, T-462 de 2003,
entre otras.
[22]
Sentencia C-590 de 2005.
[23]
Ibídem.
[24] La norma en comento dice: “DESACATO.
La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el
presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis
meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de
las sanciones penales a que hubiere lugar. //La sanción será impuesta por el
mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico
quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la
sanción”.
[25] Sobre este punto, en la
Sentencia T-957 de 2004 la Corte dijo: “La decisión de imponer la sanción
por desacato no es susceptible de apelación, ya que el mecanismo contemplado
para que el tema suba al conocimiento del superior jerárquico es la consulta,
cuyos alcances son diferentes. Si tramitada la consulta no hay objeción del
superior, la sanción queda en firme y contra las correspondientes providencias
no procede recurso alguno. (…)”.
[26]  Cfr. sobre este aspecto, entre otras, las
sentencias T-763 de 1998, T-188 de 2002, T-086, T-421, T-459 y T-744 de 2003,
T-368, T-939, T-944 y T-1113 de 2005 y T-994 de 2007.
[27] Específicamente sobre la
legitimación activa de la persona que promovió la primera acción de tutela, ver
sentencias T-188 de 2002, T-086 de 2003, T-421 de 2003 y T-1113 de 2005.
[28] Sentencias T-421 de 2003 y
T-1113 de 2005, entre otras.
[29] Sentencias
T-171 y T-583 de 2009, entre otras.
[30] Sentencia T-1113 de 2005.
[31] En el Auto
010 de 2004, la Corte manifestó: “es claro que las
órdenes contenidas en las decisiones de tutela, dirigidas a la protección de
los derechos, tienen que acatarse y cumplirse sin excepción. La autoridad o el
particular que haya sido declarado responsable de la amenaza o violación, debe
cumplir la orden encaminada a la protección de los derechos fundamentales en
los términos que lo indique la sentencia y en el plazo allí señalado. El
incumplimiento de la decisión conlleva una violación sistemática de la Carta.
Por una parte, en cuanto frustra la consecución material de los fines
esenciales del Estado, como son la realización efectiva de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Carta, el mantenimiento de la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo (Preámbulo, arts. 1° y 2°). Y por la
otra, en cuanto dicha omisión contraría, además de las normas constitucionales
que regulan la acción de tutela y el derecho infringido, también aquellas que
reconocen en el valor de la justicia y en los derechos al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, pilares fundamentales del
modelo de Estado Social de Derecho (arts. 29, 86 y 230)”.
[32]  Sentencia T-459 de 2003.
[33] Auto de
Sala Plena del 17 de febrero de 2004, expediente de tutela T-373655,
correspondiente a la Sentencia SU-1185 de 2001.
[34]  Ibídem.
[35] Sentencia SU-1158 de 2003.
[36] Autos 091 de 2010, 165 de
2009, 079 de 2007, 265, 249 de 2006, 96B de 2005, 010 de 2004, 136A de 2002  y
Sentencia T-458 de 2003, entre otros.
[37] Cfr. Sentencia SU-1158 de 2003: “para hacer cumplir un fallo de
tutela se deben integrar los artículos 23 y 27 del decreto 2591 de 1991,
teniendo como meta el efecto útil de las sentencias”.
[38] Auto 265 de
2006.
[39] Sentencia T-766 de 1998.
[40]
Sentencias T-188 de 2002, T-171 de 2009 y T-123 de 2010, entre otras.
[41] Sentencia T-171 de 2009.
[42] Sobre este punto consultar
Sentencias T-014 de 2009, T-171 de 2009 y T-123 de
2010, entre otras.
[43] Sentencia T-171 de 2009.
[44] Sentencia T-188 de 2002.
[45] En
Sentencia T-014 de 2009 se indicó: “A este respecto
se resalta, en primer lugar, que no es posible que las consideraciones que se
hagan para decidir el incidente conduzcan a la reapertura del tema de fondo, ya
decidido mediante la sentencia de tutela. En este sentido debe subrayarse que
en ese momento procesal el referido fallo ha hecho tránsito a cosa juzgada, por
lo que la decisión en él contenida resulta inmodificable y de obligatorio
acatamiento, incluso para el juez que la hubiere proferido. Es claro entonces
que nada en el incidente de desacato puede implicar la reconsideración de la
decisión cuyo cumplimiento se busca, ni aún con la aquiescencia del
beneficiario de aquélla, ni tampoco con la del juez que la originó. // El tema se limita entonces a examinar si la orden emitida
por el juez de tutela para la protección del derecho fundamental, fue o no
cumplida en la forma allí señalada. La decisión que debe adoptarse dentro de
este incidente deberá tener como referente el contenido de la parte resolutiva
de la sentencia de tutela cuyo cumplimiento se busca. Así, especialmente si la
persona o autoridad accionada no ha estado enteramente inactiva, sino que
realizó determinadas conductas a partir de las cuales alega haber cumplido con
la orden de tutela que le fuera impartida, será entonces a partir del contenido
de dicha parte resolutiva que podrá apreciarse la validez del reclamo planteado
y/o las explicaciones de la autoridad o persona accionada.”
[46] Sentencia T-1113 de 2005.
[47] Sentencia
T-086 de 2003.
[48] Cfr. Sentencias
T-635 de 2001 y T-086 de 2003.
[49] Sentencia T-459 de 2003.
[50] Cfr. Sentencia T-1113 de 2005.
[51] Sentencia
T-171 de 2009.
[52] Ibídem.
[53] Sentencias
T-171 de 2009 y T 1113 de 2005, entre otras.
[54] Sentencia T-1113 de 2005.
[55] Consúltese
en Sentencia de 8 de agosto de 2013 proferida por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo (folios 153 a 166,
cuaderno 3).
[56]
Folio 258, cuaderno 3.
[57] Folio
187, cuaderno 3.
[58] En Sentencia SU-961 de 1999, la Corte consideró en
relación con ese principio: “La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier
tiempo significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de
ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y
tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. (…) Teniendo en
cuenta el sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de
un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer
si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal
modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para
interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de
manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se
ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros,
o que desnaturalice la acción. (…) Si el elemento de la inmediatez es
consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los
ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza.
Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición
oportuna y justa de la acción. (…) Si la inactividad del accionante para
ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz,
impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar
que la inactividad para interponer esta última acción durante un término
prudencial, debe llevar a que no se conceda.  En el caso en que sea la
tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo,
también es aplicable el principio establecido en la Sentencia (C-543/92), según
el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el
reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime
en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión”.
[59] Sentencias
T-763 de 1998, T-188 de 2002, T-553 de 2002, T-421 de 2003, T-684 de 2003 y
T-368 de 2005.
[60] Sentencia T-944 de 2005.
[61]
Folios 32, 38 y 44, cuaderno 3.
[62] Folios 47
a 57, cuaderno 3.
[63]
Acreditado mediante escrito de 16 de enero de 2013.
[64]
Folio 43, cuaderno 1.
[65]
Escrito de 14 de marzo de 2014.
[66] C-862 de
2006: “Ahora bien, como se sustentó en acápites anteriores de la presente
decisión, si bien puede afirmarse que existe un derecho constitucional a la
actualización de las mesadas pensionales, del cual hace parte el derecho a la
actualización del salario base para la liquidación de la pensión o de la
primera mesada pensional, en esta materia como antes se dijo existe una amplia
libertad de configuración del Congreso de la República, precisamente debido a
que el artículo 48 constitucional señala que incumbe al órgano legislativo
establecer los medios para el cumplimiento de tal fin. Desde esta perspectiva,
corresponde al Legislador señalar los mecanismos idóneos para garantizar este
derecho constitucional. Sin embargo, desde la perspectiva jurisprudencial el
problema siempre ha sido considerado a partir del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, es decir, tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia, como la de la Corte Constitucional, se han referido a un
instrumento específico para actualizar el salario base de la liquidación de la
mesada pensional: la indexación.
(…)
Como antes se anotó, corresponde al Legislador en ejercicio de su libertad de
configuración determinar los mecanismos idóneos para mantener la capacidad
adquisitiva de las pensiones, no obstante, frente a la ausencia de una
previsión legal al respecto, laguna normativa que afecta desfavorablemente a
una categoría determinada de pensionados, aquellos cobijados por el artículo
260 del C. S. T., y que por lo tanto vulnera distintos derechos
constitucionales amén de resultar contraria a principios consagrados en la
Carta de 1991 -tales como el principio de in dubio pro operario, y el principio
de Estado social de derecho- es preciso adoptar un criterio reparador de la
afectación constatada. En esa medida se considera que la indexación, al haber
sido acogida por la legislación vigente para los restantes pensionados, es un
mecanismo adecuado para la satisfacción de los derechos y principios
constitucionales en juego
(…) el
derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido
exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato
diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se
torna por tanto en un trato discriminatorio
(…)Si
bien el derecho a la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo
que la doctrina ha denominado el proceso de especificación en el reconocimiento
de los derechos, de manera tal que su titularidad se reserva a una determinada
categoría de sujetos -los pensionados- dentro de tal categoría su titularidad
ha de ser universal, y por lo tanto exclusiones derivadas del tránsito
legislativo carecen de justificación.
(…) De
acuerdo con estas definiciones, la universalidad del derecho a la indexación de
la primera mesada pensional significa que este beneficio se aplique a las
pensiones reconocidas en cualquier tiempo y sin que importe su origen, sea éste
convencional o legal, toda vez que el fenómeno de pérdida de poder adquisitivo
que es consecuencia de la inflación, afecta por igual a todos los jubilados”.
(Subrayado fuera del texto)”.
[67] Sentencia
SU-1073 de 2012: “A partir del Auto 141B de 2004, las distintas Salas de
Revisión han optado, por regla general, por dos caminos: (i) en los casos en
que algunas de las instancias dentro del proceso ordinario han concedido el
derecho a la indexación en la primera mesada pensional, se declara ejecutoriada
tal decisión y se ordena a la entidad encargada del pago de la pensión, proceder
al cumplimiento de la providencia ejecutoriada (Auto 141B de 2004, T-635 de
2005 , T-045 de 2007 , entre otras) y (ii) en el caso en que ninguna de las
instancias dentro del proceso ordinario haya accedido a las pretensiones de la
indexación, la Corte lo ha ordenado directamente a la entidad encargada (T-1169
de 2003 , T-805 de 2004  y T-815 de 2004 , entre otras) y de conformidad con la
fórmula establecida en la Sentencia T-098 de 2005. Cabe señalar que esta
fórmula ha sido aceptada recientemente por la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia”.
[68]
Folios 167-175 del Cuaderno que contiene la actuación del proceso laboral en
primera y segunda instancia.
[69] Sentencia de 13 de
diciembre de 2007, Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral.
[70] Sentencia C-862 de
2002: “Independientemente de la línea argumentativa que se siga, es decir,
bien sea que se entienda que la indexación de la primera mesada pensional es
una pretensión específica que hace parte del derecho a la actualización de la
mesada pensional, o bien sea que se afirme que se trata de un derecho autónomo
que encuentra también fundamento en el derecho al mínimo vital y en los
artículos 53 y 48 constitucional, esta Corporación lo ha protegido en numerosas
ocasiones en sentencias de revisión de fallos de tutela. En dichas
oportunidades la Corte Constitucional encontró también fundamento para la
protección en el artículo 29 constitucional por considerar que las decisiones
judiciales proferidas por la jurisdicción laboral que desconocían el derecho a
la indexación de la primera mesada pensional configuraban una vulneración del
derecho al debido proceso de los trabajadores”.
[71]
Sentencia T-098 de 2005.
[72] Cfr. Sentencia T-1113 de 2005
[73] Sentencia
T-171 de 2009.
[74]
Sentencia T-368 de 2005.
[75] Sentencia
T-171 de 2009: “(…) la mera adecuación de la conducta del accionado
con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la
utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida
por la Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que
entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un
nexo causal sustentado en la culpa o el dolo.
(…) Es decir, que en
nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva a fin de
imponer sanciones y, por lo tanto, la culpabilidad es ‘Supuesto ineludible y
necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa
que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la
responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga’ [C- 626 de 1996].
Principio constitucional que recoge el artículo 14 del C.D.U. al disponer que
“en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”. Así lo
ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación al señalar que ‘el hecho de
que el Código establezca que las faltas disciplinarias solo son sancionables a
título de dolo o culpa, implica que solamente pueden ser sancionados
disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente proceso
– con las garantías propias del derecho disciplinario y, en general, del debido
proceso -, y que dentro de éste se haya establecido la responsabilidad del
disciplinado’ [ C- 728 de 2000].
(…) La
Corte Constitucional en sentencia T-763 de 1998 precisó que para que exista
culpabilidad, y con ello sea posible imponer una sanción por desacato, es
necesario comprobar la negligencia de la persona para el incumplimiento del
fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del
incumplimiento.”
[76]
Folio 38, cuaderno 18.
[77] Al
respecto en Auto de 28 de abril de 2014 se indicó: “En
la liquidación presentada ante el juzgado de
primera instancia, (fl. 65 C. 1ª inst.) se tomó como fecha de presentación de la solicitud el 6 de noviembre de 2007, en consecuencia se ordenó cancelar
desde el 6 de noviembre de 2004; mientras en la
liquidación presentada ante el juzgado de
segunda instancia, (fl. l25 C. 2ª inst.) se tomó como techa de
presentación de la solicitud el 14 de septiembre de 2012, en consecuencia se
ordenó cancelar desde el 14 de septiembre de 2009”.
[78] Sobre su situación en Auto de 28 de abril de 2014 se
señaló: “En la liquidación
presentada ante el juzgado de primera instancia, (fl. 55 C. 1ª inst.) se tomó
como fecha de presentación de la solicitud el 25 de febrero de 2010, en
consecuencia se ordenó cancelar desde el 25 de febrero de 2007; mientras en la
liquidación presentada ante el juzgado de segunda instancia, (fl. 84 C. 2ª
inst.) se tomó como fecha de presentación de la solicitud el 14 de septiembre
de 2012, en consecuencia se ordenó cancelar desde el 14 de septiembre de 2009”.
[79]
Reiterado en Sentencia T-709 de 2010.
[80]
Sentencia T-233 de 2007.
[81]
Reiterado en Sentencia T-709 de 2010.