C-293-10
Sentencia C-293/10
Sentencia C-293/10
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Cumplimiento de
requisitos procedimentales exigidos por la constitución y la ley para integrar
el ordenamiento jurídico interno
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL
Y LEY APROBATORIA-Características
De
conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución
Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la
doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte, dicho control se caracteriza
por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la
ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República
a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción
gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto
los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado,
confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa
juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, en cuanto tiene
la finalidad de detectar previamente a la vigencia del tratado, los eventuales
quebrantamientos a la preceptiva superior del Estado colombiano.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL
Y LEY APROBATORIA-Alcance
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Tramite ante el congreso
para su formación
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Contenido
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Inclusión de lenguajes
en la comunicación
DISCRIMINACION POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD-Concepto
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Derecho a acceder a
formas lingüísticas diversas
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Medidas que el Estado
debe adoptar
DERECHO A ACCEDER A FORMAS LINGUISTICAS DIVERSAS-Adopción de medidas para ofrecer formas de asistencia
humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y
otras instalaciones abiertas al público
ACCIONES AFIRMATIVAS-Concepto/ACCIONES AFIRMATIVAS-Evolución
Histórica/ACCIONES AFIRMATIVAS-Tipos
Tanto la Convención que se revisa como la generalidad
de las medidas a cuya implementación se comprometen los Estados partes, tienen
el carácter de acciones afirmativas, denominación que, como es sabido, alude a
todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a través de las cuales
se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal formalmente desigual, que
favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o
discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial
de todo el conglomerado social. Conviene entonces referirse brevemente a este
aspecto, ya que el mismo tiene incidencia en las características del análisis
de constitucionalidad que en este caso ocupa a la Corte. La acción afirmativa
es un concepto acuñado por el sistema jurídico de los Estados Unidos durante la
segunda mitad del siglo pasado con el propósito de promover medidas encaminadas
a superar la discriminación y los prejuicios que, más de cien años después de
la abolición de la esclavitud, existían aún en contra de la población negra, y
comprende medidas de carácter legislativo, ejecutivo, e incluso decisiones
judiciales. Poco tiempo después este concepto fue acogido en Europa, en donde tuvo
gran desarrollo, especialmente frente a la situación de las mujeres, y su
entonces incipiente incursión en varios espacios hasta poco antes reservados a
los hombres, entre ellos el ámbito profesional y laboral y el de la
participación política. La doctrina y la jurisprudencia de esos países han
reconocido varios tipos de acción afirmativa, destacándose entre ellas las
acciones de promoción o facilitación, y las llamadas acciones de discriminación
positiva, que si bien en algunos casos se confunden con el concepto mismo de
acción afirmativa, son en realidad una especie de esta última. Las acciones de
discriminación positiva tienen lugar en un contexto de distribución y provisión
de bienes públicos escasos, tales como puestos de trabajo, cargos públicos de
alto nivel, cupos educativos o incluso, selección de contratistas del Estado.
En todos los casos la implementación de una acción afirmativa conlleva costos o
cargas, que deben ser razonables, y que frecuentemente se diseminan y son
asumidos por la sociedad como conjunto. Sin embargo, debe resaltarse que en el
caso de las acciones de discriminación positiva, la carga puede recaer de
manera exclusiva sobre personas determinadas.
ACCIONES AFIRMATIVAS-Previstas en la Constitución de 1991
En Colombia, si bien existen normas anteriores a 1991
que podrían ser entendidas como acciones afirmativas, este concepto gana
espacial notoriedad sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la nueva
Constitución Política, cuyo artículo 13 resalta el deber del Estado de promover
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a
favor de los grupos discriminados o marginados. El texto superior contiene
además otras disposiciones que de manera específica plantean el mismo mandato
frente a colectividades específicas, entre ellas los artículos 43 a favor de las mujeres, 47 a favor de las personas discapacitadas y 171 y 176 sobre
circunscripciones especiales para determinados grupos étnicos para la elección
del Senado y la Cámara de Representantes. A partir de estas pautas, la Corte
Constitucional se ha ocupado con frecuencia del tema, tanto en decisiones de
constitucionalidad sobre la exequibilidad de medidas legislativas de este tipo
o su eventual omisión como en decisiones de tutela en las que se ordena
adelantar acciones concretas o abstenerse de afectar de manera negativa a
grupos o personas merecedoras de especial protección constitucional
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Compromisos de los
Estados miembros/CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Reconocimiento y exaltación de la autonomía del individuo
Referencia: expediente LAT 352
Revisión de la Ley 1346
de julio 31 de 2009, “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad’ adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil diez
(2010).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
S
E  N  T  E  N  C  I  A
I.  ANTECEDENTES
El día 11 de agosto
de 2009 el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta
corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del artículo 241
de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1346 de julio 31 de 2009, “Por
medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad’ adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13
de diciembre de 2006”.
Mediante providencia de septiembre 1° de 2009, el Magistrado
sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los
Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes.
Cumplido lo anterior, mediante auto de septiembre 24
de 2009 se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al
Presidente de la República, al Presidente del Congreso y a los Ministros de
Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social
para los efectos legales pertinentes. En la misma providencia se dispuso que
por la Secretaría General se procediera a la fijación en lista del proceso y se
surtiera el traslado al Procurador General de la Nación, para el concepto
correspondiente.
Cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de
1991, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad de la Convención y de
la ley que la aprueba.
II.      TEXTO DE LA NORMA REVISADA
El texto de la
“Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, y de
la ley aprobatoria objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación
efectuada en el Diario Oficial No. 47.427, de julio 31 de 2009:
“LEY
1346 DE 2009
(julio
31)
Diario
Oficial No. 47.427 de 31 de julio de 2009
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por
medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas
con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13
de diciembre de 2006.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el
texto de la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006, que a la letra dice:
(Para ser
transcritos: Se adjunta fotocopia de los textos íntegros de los instrumentos
internacionales mencionados).
CONVENCION
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Preámbulo
Los Estados
Partes en la presente Convención,
a) Recordando
que los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de
la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de
todos los miembros de la familia humana,
b) Reconociendo
que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y
en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado
que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos
instrumentos, sin distinción de ninguna índole,
c) Reafirmando
la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de
garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin
discriminación,
d) Recordando
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares,
e) Reconociendo
que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás,
f) Reconociendo
la importancia que revisten los principios y las directrices de política
que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes,
programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados a dar
una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad,
g) Destacando
la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad
como parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible,
h) Reconociendo
también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su
discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes
del ser humano,
i) Reconociendo
además la diversidad de las personas con discapacidad,
j) Reconociendo
la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más
intenso,
k) Observando
con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las
personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en
igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen
vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo,
l) Reconociendo
la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en
los países en desarrollo,
m) Reconociendo
el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas
con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y
que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena participación
tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y
avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la
sociedad y en la erradicación de la pobreza,
n) Reconociendo
la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía
e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias
decisiones,
o) Considerando
que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y
programas, incluidos los que les afectan directamente,
p) Preocupados
por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad
que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento,
edad o cualquier otra condición,
q) Reconociendo
que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un
riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso,
abandono o trato negligente, malos tratos o explotación,
r) Reconociendo
también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a
este respecto asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos
del Niño,
s) Subrayando
la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las
actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales por las personas con discapacidad,
t) Destacando
el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en
condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad
fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con
discapacidad,
u) Teniendo
presente que, para lograr la plena protección de las personas con
discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la ocupación
extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas
en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,
v) Reconociendo
la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y
cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones,
para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales,
w) Conscientes
de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a
la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por
todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la
Carta Internacional de Derechos Humanos,
x) Convencidos
de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a recibir protección de esta y del Estado, y de que
las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la
asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las
personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de
condiciones,
y) Convencidos
de que una convención internacional amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad
contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las
personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de
oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural,
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados,
Convienen
en lo siguiente:
ARTÍCULO
1o. PROPÓSITO.
El propósito
de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de
su dignidad inherente.
Las personas
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás.
ARTÍCULO
2o. DEFINICIONES.
A los fines
de la presente Convención:
La
“comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille,
la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil
acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje
sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil acceso;
Por
“lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras
formas de comunicación no verbal;
Por
“discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro
tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de
ajustes razonables;
Por “ajustes
razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
Por “diseño
universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios
que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con
discapacidad, cuando se necesiten.
ARTÍCULO
3o. PRINCIPIOS GENERALES.
Los
principios de la presente Convención serán:
a) El
respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no
discriminación;
c) La
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;
d) El
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humanas;
e) La
igualdad de oportunidades;
f) La
accesibilidad;
g) La
igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El
respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
ARTÍCULO 4o. OBLIGACIONES GENERALES.
1. Los
Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin,
los Estados Partes se comprometen a:
a) Adoptar
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Convención;
b) Tomar
todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan
discriminación contra las personas con discapacidad;
c) Tener en
cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción
de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
d)
Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen
conforme a lo dispuesto en ella;
e) Tomar
todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa
privada discriminen por motivos de discapacidad;
f) Emprender
o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e
instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2° de
la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor
costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con
discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal
en la elaboración de normas y directrices;
g) Emprender
o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el
uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las
comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías
de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de
precio asequible;
h)
Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad
sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo,
incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e
instalaciones de apoyo;
i) Promover
la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con
discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a
fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos
derechos.
2. Con
respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes
se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y,
cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr,
de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las
obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de
inmediato en virtud del derecho internacional.
3. En la
elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la
presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes
celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las
organizaciones que las representan.
4. Nada de
lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan
facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el
derecho internacional en vigor en dicho Estado.
No se
restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades
fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente
Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los
reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no
se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
5. Las
disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los
Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
ARTÍCULO
5o. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
1. Los
Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en
virtud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse
de la ley en igual medida sin discriminación alguna.
2. Los
Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y
garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y
efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán
todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes
razonables.
4. No se
considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas
específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de
las personas con discapacidad.
ARTÍCULO
6o. MUJERES CON DISCAPACIDAD.
1. Los
Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas
a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para
asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales.
2. Los
Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales establecidos en la presente Convención.
ARTÍCULO
7o. NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD.
1. Los
Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los
niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás
niños y niñas.
2. En todas
las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una
consideración primordial será la protección del interés superior del niño.
3. Los
Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su
edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a
recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder
ejercer ese derecho.
ARTÍCULO
8o. TOMA DE CONCIENCIA.
1. Los
Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y
pertinentes para:
a)
Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor
conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de
los derechos y la dignidad de estas personas;
b) Luchar
contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las
personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en
todos los ámbitos de la vida;
c) Promover
la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las
personas con discapacidad.
2. Las
medidas a este fin incluyen:
a) Poner en
marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:
i) Fomentar
actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;
ii) Promover
percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas
con discapacidad;
iii)
Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de
las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de
trabajo y el mercado laboral;
b) Fomentar
en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las
personas con discapacidad;
c) Alentar a
todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de
las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la
presente Convención;
d) Promover
programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad y los derechos de estas personas.
ARTÍCULO
9o. ACCESIBILIDAD.
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como
rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de
obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los
edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores
como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
b) Los
servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los
servicios electrónicos y de emergencia.
2. Los
Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
a)
Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios
abiertos al público o de uso público;
b) Asegurar
que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos
al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su
accesibilidad para las personas con discapacidad;
c) Ofrecer
formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a
que se enfrentan las personas con discapacidad;
d) Dotar a
los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en
Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
e) Ofrecer
formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías,
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el
acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover
otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad
para asegurar su acceso a la información;
g) Promover
el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías
de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
h) Promover
el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor
costo.
ARTÍCULO
10. DERECHO A LA VIDA.
Los Estados
Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y
adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese
derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las
demás.
ARTÍCULO
11. SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS.
Los Estados
Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con
arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las
medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas
con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto
armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
ARTÍCULO 12. IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY.
1. Los
Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en
todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los
Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad
jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la
vida.
3. Los
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las
personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica.
4. Los
Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para
impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de
derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la
persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a
exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las
personas.
5. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán
todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a
ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y
tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y
otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con
discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.
ARTÍCULO
13. ACCESO A LA JUSTICIA.
1. Los
Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la
justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las
funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos,
incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales,
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la
justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que
trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y
penitenciario.
ARTÍCULO
14. LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LA PERSONA.
1. Los
Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás:
a) Disfruten
del derecho a la libertad y seguridad de la persona;
b) No se
vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación
de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una
discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad.
2. Los
Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean
privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de
condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho
internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los
objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de
ajustes razonables.
ARTÍCULO
15. PROTECCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O
PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.
1. Ninguna
persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o
científicos sin su consentimiento.
2. Los
Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean
sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
ARTÍCULO
16. PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN, LA VIOLENCIA Y EL ABUSO.
1. Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo,
administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para
proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera
de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los
aspectos relacionados con el género.
2. Los
Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir
cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta
el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y
cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de
prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta
la edad, el género y la discapacidad.
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados
Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a
las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades
independientes.
4. Los
Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la
recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la
reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de
cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la
prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán
lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las
necesidades específicas del género y la edad.
5. Los
Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas
legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar
que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con
discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
ARTÍCULO 17. PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD
PERSONAL.
Toda persona
con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental
en igualdad de condiciones con las demás.
ARTÍCULO
18. LIBERTAD DE DESPLAZAMIENTO Y NACIONALIDAD.
1. Los
Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la
libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una
nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás, incluso asegurando que
las personas con discapacidad:
a) Tengan
derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de
manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
b) No sean
privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y
utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de
identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el
procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el
ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;
c) Tengan
libertad para salir de cualquier país, incluido el propio;
d) No se
vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a
entrar en su propio país.
2. Los niños
y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su
nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser
atendidos por ellos.
ARTÍCULO
19. DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y A SER
INCLUIDO EN LA COMUNIDAD.
Los Estados
Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de
condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con
opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con
discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando
en especial que:
a) Las
personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás,
y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las
personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la
comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su
existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de esta;
c) Las
instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a
disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y
tengan en cuenta sus necesidades.
ARTÍCULO 20. MOVILIDAD PERSONAL.
Los Estados
Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible,
entre ellas:
a) Facilitar
la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el
momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar
el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o
animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas
para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo
asequible;
c) Ofrecer a
las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a
las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías
de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las
personas con discapacidad.
ARTÍCULO
21. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE OPINIÓN Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN.
Los Estados
Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con
discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión,
incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en
igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de
comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2o de la
presente Convención, entre ellas:
a) Facilitar
a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de
manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las
tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
b) Aceptar y
facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios,
y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos,
medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con
discapacidad en sus relaciones oficiales;
c) Alentar a
las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso
mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que
las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;
d) Alentar a
los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través
de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas
con discapacidad;
e) Reconocer
y promover la utilización de lenguas de señas.
ARTÍCULO
22. RESPETO DE LA
PRIVACIDAD.
1. Ninguna
persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia
o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro
tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación.
Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley
frente a dichas injerencias o agresiones.
2. Los Estados
Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la
salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones con las demás.
ARTÍCULO
23. RESPETO DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA.
1. Los
Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la
discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones
relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones
personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de
condiciones con las demás, a fin de asegurar que:
a) Se
reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer
matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento
libre y pleno de los futuros cónyuges;
b) Se
respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de
manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe
transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad,
y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
c) Las
personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su
fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.
2. Los
Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con
discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan
en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el
interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada
a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en
la crianza de los hijos.
3. Los
Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los
mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos
derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la
segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes
velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo
generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
4. Los
Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus
padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con
sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés
superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón
de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
5. Los
Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda
cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa
dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad
en un entorno familiar.
ARTÍCULO
24. EDUCACIÓN.
1. Los
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un
sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo
largo de la vida, con miras a:
a)
Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la
autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades
fundamentales y la diversidad humana;
b)
Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las
personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
c) Hacer
posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una
sociedad libre.
2. Al hacer
efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:
a) Las
personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación
por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no
queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la
enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;
b) Las
personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en
la comunidad en que vivan;
c) Se hagan
ajustes razonables en función de las necesidades individuales;
d) Se preste
el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema
general de educación, para facilitar su formación efectiva;
e) Se
faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten
al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de
la plena inclusión.
3. Los
Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de
aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como
miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes, entre ellas:
a) Facilitar
el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y
formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
b) Facilitar
el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística
de las personas sordas;
c) Asegurar
que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos,
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de
comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan
alcanzar su máximo desarrollo académico y social.
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con
discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar
a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios
y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de
técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.
5. Los
Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso
general a la educación superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad
de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se
realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.
ARTÍCULO
25. SALUD.
Los Estados
Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del
más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad.
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de
las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las
cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En
particular, los Estados Partes:
a)
Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud
gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás
personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas
de salud pública dirigidos a la población;
b)
Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con
discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la
pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a
prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos
los niños y las niñas y las personas mayores;
c)
Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las
personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán
a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad
atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un
consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y
las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y
la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos
público y privado;
e)
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la
prestación de seguros de salud y de vida cuando estos estén permitidos en la
legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa
y razonable;
f) Impedirán
que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de
la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.
ARTÍCULO
26. HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN.
1. Los
Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el
apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las
personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad
física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en
todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán,
intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y
rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:
a) Comiencen
en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar
de las necesidades y capacidades de la persona;
b) Apoyen la
participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la
sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con
discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales.
2. Los
Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para
los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y
rehabilitación.
3. Los
Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de
tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad,
a efectos de habilitación y rehabilitación.
ARTÍCULO
27. TRABAJO Y EMPLEO.
1. Los
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar,
en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o
aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes,
incluida la promulgación de legislación, entre ellas:
a) Prohibir
la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las
cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de
selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional
y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
b) Proteger
los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a
igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a
condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el
acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
c) Asegurar
que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y
sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;
d) Permitir
que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales
de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación
profesional y continua;
e) Alentar
las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con
discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención,
mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
f) Promover
oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de
cooperativas y de inicio de empresas propias;
g) Emplear a
personas con discapacidad en el sector público;
h) Promover
el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas
y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa,
incentivos y otras medidas;
i) Velar por
que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el
lugar de trabajo;
j) Promover
la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el
mercado de trabajo abierto;
k) Promover
programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo
y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
2. Los
Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a
esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones
con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.
ARTÍCULO
28. NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN SOCIAL.
1. Los
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel
de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el
ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.
2. Los
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la
protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el
ejercicio de ese derecho, entre ellas:
a) Asegurar
el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a
servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de
otra índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades
relacionadas con su discapacidad;
b) Asegurar
el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y
las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y
estrategias de reducción de la pobreza;
c) Asegurar
el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en
situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos
relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento,
asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados;
d) Asegurar
el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;
e) Asegurar
el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a
programas y beneficios de jubilación.
ARTÍCULO
29. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA.
Los Estados
Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la
posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se
comprometerán a:
a) Asegurar
que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente
o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la
posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre
otras formas mediante:
i) La
garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean
adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
ii) La
protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en
secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar
cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso
de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
iii) La
garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas,
permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;
b) Promover
activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su
participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:
i) Su
participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas
con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la
administración de los partidos políticos;
ii) La
constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su
incorporación a dichas organizaciones.
ARTÍCULO
30. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA CULTURAL, LAS
ACTIVIDADES RECREATIVAS, EL ESPARCIMIENTO Y EL DEPORTE.
1. Los
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con
discapacidad:
a) Tengan
acceso a material cultural en formatos accesibles;
b) Tengan
acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades
culturales en formatos accesibles;
c) Tengan
acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales
tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la
medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia
cultural nacional.
2. Los
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con
discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el
enriquecimiento de la sociedad.
3. Los
Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el
derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los
derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o
discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales
culturales.
4. Las
personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las
demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones
con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los
Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para:
a) Alentar y
promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con
discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;
b) Asegurar
que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas
personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se
les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y
recursos adecuados;
c) Asegurar
que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas,
recreativas y turísticas;
d) Asegurar
que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás
niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema
escolar;
e) Asegurar
que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes
participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de
esparcimiento y deportivas.
ARTÍCULO
31. RECOPILACIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICAS.
1. Los
Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y
de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar
efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento
de esta información se deberá:
a) Respetar
las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de
datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de
las personas con discapacidad;
b) Cumplir
las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación
y el uso de estadísticas.
2. La
información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará,
en su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los
Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como
para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con
discapacidad en el ejercicio de sus derechos.
3. Los
Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y
asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras
personas.
ARTÍCULO
32. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
1. Los
Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su
promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el
propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas
pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando
corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales
pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con
discapacidad.
Entre esas
medidas cabría incluir:
a) Velar por
que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo
internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;
b) Facilitar
y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la
distribución de información, experiencias, programas de formación y prácticas
recomendadas;
c) Facilitar
la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y
técnicos;
d)
Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica,
incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y
compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia.
2. Las
disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las
obligaciones que incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente
Convención.
ARTÍCULO
33. APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO NACIONALES.
1. Los
Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o
más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la
aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la
posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para
facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a
diferentes niveles.
2. Los Estados
Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos,
mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco,
que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger
y supervisar la aplicación de la presente Convención. Cuando designen o
establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los
principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las
instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.
3. La
sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las
organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán
plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.
ARTÍCULO
34. COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
1. Se creará
un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, “el
Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.
2. El Comité
constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12
expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la
composición del Comité se incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará
un máximo de 18 miembros.
3. Los
miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán
personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los
temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a
que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la
disposición que se enuncia en el párrafo 3o del artículo 4° de la presente
Convención.
4. Los
miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en
consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de las
diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos,
una representación de género equilibrada y la participación de expertos con
discapacidad.
5. Los
miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas
designadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la
Conferencia de los Estados Partes. En estas reuniones, en las que dos tercios
de los Estados Partes constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité
serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de votos
de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
6. La elección
inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes
de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas
dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus
candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después
una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así
propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la
comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
7. Los
miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser
reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de
seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos
años; inmediatamente después de la primera elección, los nombres de esos seis
miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a que se hace
referencia en el párrafo 5 del presente artículo.
8. La
elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las
elecciones ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del
presente artículo.
9. Si un
miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no
puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso
designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos
previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para ocupar el
puesto durante el resto del mandato.
10. El
Comité adoptará su propio reglamento.
11. El
Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las
instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones
del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.
12. Con la
aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del
Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos
con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones
que la Asamblea General decida, tomando en consideración la importancia de las
responsabilidades del Comité.
13. Los miembros
del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades que
se conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con
arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre
Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO
35. INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES.
1. Los
Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de
las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado
para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los
progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la
entrada en vigor de la presente Convención en el Estado Parte de que se trate.
2.
Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos
cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
3. El Comité
decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes.
4. El Estado
Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que
repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se
invita a los Estados Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo
hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta
debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4° de la presente
Convención.
5. En los
informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de
cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente
Convención.
ARTÍCULO
36. CONSIDERACIÓN DE LOS INFORMES.
1. El Comité
considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones que
estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se
trate. Este podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee.
El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más información con respecto a
la aplicación de la presente Convención.
2. Cuando un
Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un
informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de
la presente Convención en dicho Estado Parte, sobre la base de información
fiable que se ponga a disposición del Comité, en caso de que el informe
pertinente no se presente en un plazo de tres meses desde la notificación. El
Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en dicho examen. Si el
Estado Parte respondiera presentando el informe pertinente, se aplicará lo
dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El
Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de
todos los Estados Partes.
4. Los
Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios
países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales
sobre esos informes.
5. El Comité
transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los
fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos
competentes, los informes de los Estados Partes, a fin de atender una solicitud
o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que figure
en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las
hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones.
ARTÍCULO
37. COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS PARTES Y EL COMITÉ.
1. Los
Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir su
mandato.
2. En su
relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración
medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la
presente Convención, incluso mediante la cooperación internacional.
ARTÍCULO
38. RELACIÓN DEL COMITÉ CON OTROS ÓRGANOS.
A fin de
fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la
cooperación internacional en el ámbito que abarca:
a) Los
organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán
derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las
disposiciones de la presente Convención que entren dentro de su mandato. El
Comité podrá invitar también a los organismos especializados y a otros órganos
competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento
especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren
dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos
especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten
informes sobre la aplicación de la Convención en las esferas que entren dentro
de su ámbito de actividades;
b) Al
ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos
pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos
humanos, con miras a garantizar la coherencia de sus respectivas directrices de
presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a evitar la
duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO
39. INFORME DEL COMITÉ.
El Comité
informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social
sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter
general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los Estados
Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general
se incluirán en el informe del Comité, junto con los comentarios, si los
hubiera, de los Estados Partes.
ARTÍCULO
40. CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES.
1. Los
Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados
Partes, a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente
Convención.
2. El
Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los
Estados Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a partir de
la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores, con
periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes,
serán convocadas por el Secretario General.
ARTÍCULO
41. DEPOSITARIO.
El
Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente
Convención.
ARTÍCULO
42. FIRMA.
La presente
Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las organizaciones
regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a
partir del 30 de marzo de 2007.
ARTÍCULO
43. CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE.
La presente
Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la
confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración
signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u organización
regional de integración que no la haya firmado.
ARTÍCULO
44. ORGANIZACIONES REGIONALES DE INTEGRACIÓN.
1. Por
“organización regional de integración” se entenderá una organización
constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus
Estados miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones
regidas por la presente Convención. Esas organizaciones declararán, en sus
instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con
respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Posteriormente,
informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de
competencia.
2. Las
referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención serán
aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3
del artículo 47 de la presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún
instrumento depositado por una organización regional de integración.
4. Las
organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia,
ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la
presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si
sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
ARTÍCULO
45. ENTRADA EN VIGOR.
1. La
presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
2. Para cada
Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se
adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el
vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo
día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio instrumento.
ARTÍCULO
46. RESERVAS.
1. No se
permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la presente
Convención.
2. Las
reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.
ARTÍCULO
47. ENMIENDAS.
1. Los
Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y
presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles
que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes
con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de
los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General
convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda
enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y
votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la
Asamblea General para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para
su aceptación.
2. Toda
enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del
número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la enmienda.
Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el
trigésimo día a partir de aquel en que hubiera depositado su propio instrumento
de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados
Partes que las hayan aceptado.
3. En caso
de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las
enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1
del presente artículo que guarden relación exclusivamente con los artículos 34,
38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el trigésimo día a
partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación depositados
alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de
adopción de la enmienda.
ARTÍCULO
48. DENUNCIA.
Los Estados
Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá
efecto un año después de que el Secretario General haya recibido la
notificación.
ARTÍCULO
49. FORMATO ACCESIBLE.
El texto de
la presente Convención se difundirá en formatos accesibles.
ARTÍCULO
50. TEXTOS AUTÉNTICOS.
Los textos
en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención
serán igualmente auténticos.
En
testimonio de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente
Convención.
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
Bogotá, D.
C., 6 de mayo de 2008
Autorizado.
Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos Constitucionales
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro
de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Fernando
Araújo Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o.
Apruébase la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006.
Artículo 2o.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, la
“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que por el
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3o.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá,
D. C., a …
Presentado
al honorable Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores,
el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro de la Protección Social.
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
Jaime
Bermúdez Merizalde.
El
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar
Iván Zuluaga.
El
Ministro de la Protección Social,
Diego
Palacio Betancourt.
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
Bogotá, D.
C., 6 de mayo de 2008
Autorizado.
Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos Constitucionales
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro
de Relaciones Exteriores
(Fdo.) Fernando
Araújo Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o.
Apruébase la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de
2006.
Artículo 2o.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, la
“Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, que por el
artículo 1° de esta ley se aprueba obligará al país a partir de la fecha en que
se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3o.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El
Presidente del honorable Senado de la República,
HERNÁN
FRANCISCO ANDRADE SERRANO.
El
Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO
OTERO DAJUD.
El
Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
GERMÁN
VARÓN COTRINO.
El
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JESÚS
ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPUBLICA
DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese
y cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada
en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2009.
ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
El
Ministro de Relaciones Exteriores,
JAIME
BERMÚDEZ MERIZALDE.
El
Ministro de la Protección Social,
DIEGO
PALACIO BETANCOURT”
III.    INTERVENCIONES
Del Ministerio de la Protección Social
Este
Ministerio presentó, por conducto de apoderada especial un extenso escrito en
el que solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la ley cuya
constitucionalidad se revisa.
La
interviniente comienza efectuando un breve recuento de las diligencias
realizadas durante el trámite legislativo que condujo a la expedición de la Ley
1346 de 2009, el cual estima que cumplió con la totalidad de los requerimientos
previstos en la Constitución Política y el Reglamento del Congreso. Por ello,
sostiene que a este respecto la ley deberá considerarse exequible.
Posteriormente
se adentra en el análisis de las distintas cláusulas constitucionales que
justifican la especial protección, mediante acciones afirmativas, de las
personas afectadas por alguna discapacidad, entre ellas lo relativo al logro de
la igualdad real y efectiva (art. 13) y el mandato contenido en el artículo 47
sobre la implementación de políticas públicas para la protección de tales
personas. También señala los parámetros a partir de los cuales la jurisprudencia
de esta corporación distingue las acciones afirmativas de las medidas
discriminatorias, y comenta varios importantes casos en los que se ha planteado
esta distinción, a partir del análisis de proporcionalidad de las medidas
adoptadas. En cada uno de ellos explica además los factores de los cuales
depende la diversa intensidad del correspondiente test, y concluye reseñando
los distintos pasos que estos tests suelen incluir.
Más
adelante, presenta información relativa al porcentaje de la población
colombiana que padece alguna discapacidad, así como un amplio recuento de todas
las normas de carácter legal adoptadas por el legislador colombiano con el
propósito de proteger esta población, incluso desde antes de la Constitución de
1991. Señala también que la existencia de esta normatividad interna no impide
que el Estado colombiano asuma compromisos de carácter internacional en la
misma dirección y resalta la importancia de que el país participe en iniciativas
de esta naturaleza.
Sobre
esas bases, esta interviniente realiza un pormenorizado análisis de las
distintas previsiones incorporadas a la convención cuya constitucionalidad se
analiza, y comenta la situación específica de los discapacitados colombianos a
partir de los desarrollos ofrecidos por la jurisprudencia constitucional. A
este respecto se refiere a la distinción que ésta incorpora entre los derechos
fundamentales y los que no tienen ese carácter, y las dificultades que esa
diferencia puede generar. También compara el alcance de las protecciones
contenidas en esta convención con el de algunas de las normas legales
previamente existentes en el país en relación con estos temas (a las cuales
antes hizo referencia), frente a lo cual señala que si bien algunas de aquellas
son de menor alcance a las previamente existentes en territorio colombiano, la
propia convención advierte que en tales casos no se producirá un efecto de
carácter restrictivo, lo que resguarda los derechos de los discapacitados colombianos.
Realiza
comentarios específicos frente a varias de las estipulaciones de esta
convención. Así por ejemplo, destaca la importancia de cláusulas como la 8ª,
que imponen al Estado la obligación de adoptar medidas conducentes a un cambio
de mentalidad de la ciudadanía sobre el concepto de discapacidad y el alcance
de los derechos de las personas que padecen alguna de tales situaciones, e
incluye también algunas reflexiones sobre la conformación y funciones del “Comité
sobre los derechos de las personas con discapacidad”. Por último, incorpora
algunos comentarios sobre los artículos finales de la convención, relativos a
su entrada en vigencia, la formulación de reservas o enmiendas y su eventual
denuncia por parte de los Estados partes, los cuales considera procedentes y
adecuados frente a este tipo de tratados.
En
suma, si bien la interviniente formula algunas precisiones frente al contenido
específico de la convención analizada, concluye expresando su opinión favorable
a la misma, así como el pedido de que esta corporación declare exequibles la
aquí revisada Ley 1346 de 2009, así como la convención internacional que por
ella se aprueba.
Del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Este
Ministerio hizo llegar a la Corte un documento suscrito por un abogado Asesor del
despacho del Señor Ministro en el que pide declarar la exequibilidad de este
instrumento, así como la de su ley aprobatoria.
Este
interviniente se refiere en primer término al cumplimiento de los trámites y
procedimientos requeridos para la aprobación de un proyecto de este tipo por
parte del Congreso de la República, concluyendo que todos esos requisitos se
cumplieron debidamente, por lo que, en lo que atañe a su aspecto formal, la Ley
1346 de 2009 debe ser considerada exequible.
En
relación con el contenido material de la convención por ella aprobada considera
que aquel es congruente con los principios constitucionales, en especial con el
contenido en el último inciso del artículo 13 superior, que ordena al Estado
brindar protección a las personas que por una especial condición física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Sobre este
tema trae a colación reflexiones que esta corporación incorporó en una decisión
anterior (C-401 de 2003), frente a la aprobación de otro tratado internacional
para prevenir la discriminación contra las personas que sufren una discapacidad.
En
lo que atañe a las obligaciones económicas que el Estado colombiano adquiere por
la suscripción de esta convención y al análisis de su impacto fiscal de
conformidad con lo ordenado por la Ley Orgánica 819 de 2003, relata algunas
reflexiones que ese Ministerio planteó durante la negociación de esa convención,
así como dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley de cuya revisión
se trata, acerca del carácter progresivo de los derechos y prestaciones a que
este tratado se refiere. Frente a este tema, concluye que el texto de la
convención finalmente aprobado reconoce esa progresividad, por lo que tampoco
este aspecto genera problemas de constitucionalidad.
Del
Ministerio de Relaciones Exteriores
Con
posterioridad al vencimiento del término de fijación en lista, este Ministerio
presentó, por conducto de apoderada especial, un documento en el que se
pronuncia a favor de la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1346 de 2009 y
de la convención por ella aprobada.
La
representante de este Ministerio presenta un breve relato sobre la deliberación
que precedió a la adopción de esta convención en el seno de las Naciones
Unidas, y sobre la adopción de otras medidas sobre el mismo tema, a este mismo
nivel, o dentro del ámbito interamericano. También se refiere al trámite
cumplido por los poderes ejecutivo y legislativo nacionales, que concluyó con
la aprobación y sanción de la Ley 1346 de 2009, resaltando que en él se dio
plena observancia a todos los requerimientos constitucionales aplicables.
De
otra parte, se refiere a las distintas dificultades que las personas con algún tipo
de discapacidad afrontan para lograr una plena integración dentro de la
sociedad, así como a la forma en que esta convención puede contribuir a la superación
de esas dificultades. Sostiene que con la participación de Colombia dentro de
esta iniciativa se avanza en el cumplimiento de las normas superiores relativas
a la atención debida a estas personas, especialmente de las contenidas en los artículos
13, 44 y 47 de la Constitución Política.
IV.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En
concepto número 4868 recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 10
de noviembre de 2009, el Procurador General de la Nación solicitó a esta
corporación declarar exequibles la Ley 1346 de 2009 y el instrumento internacional
que por ella se aprueba.
Inicialmente,
el Jefe del Ministerio Público examina de manera prolija y detallada el trámite
cumplido ante el Congreso de la República por el proyecto de ley 152 de 2008
Senado – 208 de 2008 Cámara, que vino a convertirse en la Ley 1346 de 2009,
cuya constitucionalidad ahora se revisa. Como resultado de este análisis,
señala que el proceso legislativo adelantado cumplió con todas las exigencias
constitucionales existentes en relación con un proyecto de este tipo, por lo
que a este respecto la ley examinada debe ser declarada exequible.
A
continuación destaca la importancia de que Colombia participe en una iniciativa
de esta naturaleza, en cuanto el Estado y la sociedad deben avanzar en el
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas discapacitadas y hacer posible
el pleno ejercicio de sus derechos. Posteriormente efectúa una breve presentación
descriptiva de cada uno de los artículos de la convención aprobada por Ley 1346
de 2009.
A
partir de lo anterior concluye el Procurador General que esta ley y el
instrumento internacional en ella incorporado deben ser declarados exequibles,
por cuanto su expedición acató la totalidad de los requisitos constitucionales
aplicables y su contenido resulta propicio al cumplimiento de importantes
objetivos incorporados en la Constitución Política, todo ello dentro de un
marco de reciprocidad y conveniencia nacional.
V.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de
tratados
De
conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución
Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los
tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la
doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte[1], dicho control se
caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior
a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático,
pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la
República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la
sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe
analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del
tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de
cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, en cuanto tiene
la finalidad de detectar previamente a la vigencia del tratado, los eventuales
quebrantamientos a la preceptiva superior del Estado colombiano.
En
cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce
sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo
prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a
examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos
de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los
funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las
reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio
y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la
República.
Dada
la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el
legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas
cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del
tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación. Si, como ocurre en este caso,
el tratado es multilateral, sería posible formular declaraciones
interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se
pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.
En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las
disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley
aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento
Superior, para determinar si aquéllas se ajustan o no a la Constitución
Política.
Precisado
y reiterado el alcance del control constitucional, entra la Corte a examinar la
ley aprobatoria y el convenio de la referencia.
2.  La revisión
formal de la Ley aprobatoria
2.1. Remisión de la ley aprobatoria y de los
acuerdos aprobados por parte del  Gobierno Nacional
El Gobierno Nacional
remitió a esta Corporación el 11 de agosto de 2009, copia de la Ley 1346 de julio
31 de 2009, “Por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad’ adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”, para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término
de los seis (6) días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición
constitucional.
2.2.  Negociación y celebración de estos
acuerdos
De manera reiterada la Corte Constitucional ha
señalado que el trámite de revisión de los tratados internacionales y de sus leyes
aprobatorias incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la
negociación y firma del instrumento internacional respectivo.
A este respecto, y según lo informó a esta corporación
el Ministerio de Relaciones Exteriores, la convención cuya aprobación se
formaliza mediante la Ley 1346 de 2009 fue suscrita el día 30 de marzo de 2007
por la doctora Claudia Blum de Barberi, quien para esa fecha se desempeñaba
como Embajador Jefe de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones
Unidas, y a quien el Presidente de la República confirió plenos poderes para
este efecto, según nota suscrita por aquél y por el entonces Ministro de
Relaciones Exteriores el día 29 de marzo de 2007, cuya copia se adjuntó al
expediente.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 7° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[2],
es claro que resulta válida la suscripción de este instrumento a nombre del
Estado colombiano, tanto por el encargo desempeñado por la funcionaria que
concurrió a este acto, que por sí solo le habilitaba para representar al Estado
colombiano con este propósito, como por el expreso otorgamiento de plenos
poderes para ese efecto.
2.3.  Aprobación presidencial
El día 6 de mayo de
2008 el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al ya
referido convenio y ordenó someterlo a consideración del Congreso de la
República, para su aprobación, conformidad a lo previsto en el artículo 150,
numeral 16 superior.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la
República para la formación de la Ley 1346 de 2009
Tal como la Corte lo ha mencionado al realizar este
tipo de análisis en ocasiones anteriores, salvo por la exigencia de iniciar el
trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en
el Senado de la República (art. 154), la Constitución Política no estableció un
procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes. De allí que a
ellas les corresponda entonces el proceso de formación previsto para las leyes
ordinarias, regulado por los artículos 157 a 165 de la Carta, entre otros. Tampoco el reglamento del Congreso, contenido en la Ley 5ª de 1992, prevé reglas
especiales, salvo las contenidas en su artículo 217.
De conformidad con la documentación que obra en el
expediente, el proyecto de ley agotó el siguiente trámite en el Congreso de la
República:
2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de
Ley 152 de 2008 Senado:
El
proyecto fue presentado a consideración del Senado de la República por los Ministros
de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde, de Hacienda y Crédito
Público, Oscar Iván Zuluaga y de la Protección Social, Diego Palacio Betancur el
día 10 de septiembre de 2008.
El
texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparece publicado
en la Gaceta del Congreso Nº 627 del 11 de septiembre de 2008, en las páginas 4 a 22. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la
República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a
la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al
artículo 157, numeral 1° ibídem.
2.4.1.1.
Trámite ante la Comisión Segunda Constitucional del Senado:
La
ponencia para primer debate, fue presentada por el Senador Jairo Clopatofsky
Ghisays y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 709 de octubre 10 de 2008,
páginas 4 a 7. En lo que tiene que ver con el anuncio previo del proyecto, la comunicación
de fecha septiembre 7 de 2009 enviada por el Secretario General de la Comisión
Segunda del Senado informa que este proyecto fue anunciado en la sesión del día
15 de octubre de 2008, según consta en el acta 16 de esa fecha, la cual aparece
publicada en la Gaceta 448 de junio 8 de 2009.
En
lo que tiene que ver con los términos de este anuncio, según se observa en la
referida acta 16, el proyecto fue mencionado junto con todos sus datos
identificadores, en el primer lugar de una lista de seis proyectos, leída poco
antes del levantamiento de las respectiva sesión, previamente a la cual el Secretario
de la Comisión informó: “Siguiendo instrucciones del Presidente de la
Comisión Segunda del Senado de la República. Anuncio de discusión y votación de
proyectos de ley, para la próxima sesión, de acuerdo al artículo 8° del
Acto Legislativo número 01 de 2003, se anuncian además de los ya anunciado
(sic) anteriormente.”
De
otra parte, agotada la lista de proyectos, y después de haberse reiterado el
propósito de ese aviso, se anunció que el Señor Vicepresidente, Senador Jairo
Clopatofsky Ghisays “informa que se levanta la sesión y se cita para el
próximo martes 21 de octubre a las 9 de la mañana, muchas gracias a todos”.
Se
observa entonces que el anuncio constitucionalmente requerido se hizo en
términos suficientemente claros y explícitos, lo que a juicio de la Corte
permitió que sus destinatarios (los miembros de la comisión) se enteraran de
manera clara y precisa del objeto de tal anuncio, conforme a lo reiteradamente
planteado por la jurisprudencia de esta corporación. De otra parte, y en lo que
atañe a la fecha en la que debería tener lugar la votación anunciada, se hizo
alusión a “la próxima sesión” fórmula de determinabilidad igualmente
aceptada por la Corte, por cuanto además, la convocatoria realizada antes de
levantarse la sesión precisó la fecha de esta última.
A
continuación, en cumplimiento de lo anunciado, el debate y aprobación de este
proyecto se produjeron en la siguiente sesión, esto es, la del día 21 de octubre
de 2008, diligencia que contó con la participación de 12 de los 13 senadores
que conforman dicha célula legislativa, de todo lo cual da cuenta el acta Nº 17
de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 452 de 2009, páginas 23 a 25.
Así, concluye la Sala que la aprobación del proyecto
por parte de esta célula legislativa cumplió con la totalidad de los requisitos
aplicables y que el anuncio previo tuvo las condiciones necesarias para amparar
válidamente dicha votación.
2.4.1.2.
Trámite ante la Plenaria del Senado de la República:
La
ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo Senador Clopatofsky
Ghisays, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 738 de octubre 22 de
2008, en las páginas 14 a 19. El anuncio previo del proyecto tuvo lugar durante
la sesión del día 12 de noviembre de 2008, según consta en el acta 25 de esa
fecha, publicada en la Gaceta Nº 110 de 2009. En esta última acta se observa
que también este anuncio se hizo en términos suficientemente claros, ya que, de
una parte, se hizo expresa alusión al Acto Legislativo 01 de 2003 (por el cual
se introdujo este requisito), se habló de “proyectos que se discutirán y
aprobarán en la siguiente sesión”, se identificó claramente el proyecto en
cuestión (en el 12° lugar de una lista de 20 proyectos) y, finalmente, al
concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el día “martes 18 de
noviembre de 2008 a las 2:00 p. m.”. Por ello se considera que este anuncio
es concordante con la votación posteriormente realizada en la fecha anunciada.
De
otra parte, según lo informó el 14 de septiembre de 2009 el Subsecretario
General del Senado, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate con
la asistencia de 97 de los senadores que conforman esa cámara legislativa en la
sesión plenaria realizada el martes 18 de noviembre de 2008. Información que es
concordante con lo que consta en el acta 26 de la plenaria del Senado,
publicada en la Gaceta 111, de marzo 12 de 2009.
Se concluye entonces que también en este caso se
cumplieron conforme a la Constitución las diligencias relacionadas con el
anuncio y votación de este proyecto de ley.
2.4.2.1.
Trámite ante la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes:
La
ponencia para primer debate fue presentada por el Representante James Britto
Peláez, a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del
Congreso Nº 887 de diciembre 3 de 2008, páginas 3 a 20.
Según
puede comprobarse en el acta N° 22 de esa comisión, publicada en la Gaceta 359
de mayo 22 de 2009 (página 12), el anuncio de votación de este proyecto en esa
célula legislativa se produjo el 18 de marzo de 2009.
De la lectura de esta acta se concluye que, también en
este caso, el anuncio cumplió los requisitos necesarios, por cuanto estuvo
enmarcado por la prevención de que se hacía el “anuncio de proyectos para la
próxima sesión”, y la reiteración, en el sentido de que “este anuncio se
hace para dar cumplimiento al Acto Legislativo número 1 de 2003, en su artículo
8°”. De otra parte, al concluir la sesión, el Presidente de la misma,
Representante Pedro Pablo Trujillo Ramírez convocó la siguiente sesión en estos
términos: “Les agradecemos mucho, honorables Representantes, nos veremos el
próximo martes, se está por definir la hora, dependiendo de las instalaciones
locativas que podamos conseguir a través de la Presidencia de la Cámara”.
La
misma certificación arriba mencionada informa que este proyecto fue discutido y
aprobado en primer debate el siguiente día martes, esto es el 24 de marzo de
2009 por unanimidad de los asistentes y con la presencia de 17 representantes,
todo lo cual consta en el Acta Nº 23 de la misma fecha, que fuera publicada en la
Gaceta 359 de 2009 (páginas 16 a 19).
Acerca
de la validez del aviso efectuado conforme quedó reseñado, se anota que en este
caso el anuncio fue suficientemente preciso y se refirió a una fecha
determinable, tal como reiteradamente lo ha aceptado la jurisprudencia de esta
corporación. A continuación se observa que el debate, votación y aprobación de
este proyecto tuvieron lugar en la siguiente sesión, esto es, la del día 24 de
marzo de 2009. Por ello, es evidente que para el caso se cumplió de manera
exacta este requisito constitucional.
2.4.2.2.
Trámite ante la Plenaria de la Cámara de Representantes:
La
ponencia para segundo debate, fue presentada por los Representantes James
Britto Peláez y Héctor Javier Osorio Botello y fue publicada en la Gaceta Nº 290
de mayo 8 de 2009, en las páginas 1 a 20.
En
relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de septiembre
15 de 2009, suscrita por la Secretaria General (E) de la Cámara de
Representantes informa que éste se produjo el 20 de mayo de 2009, según consta
en el acta 179 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del
Congreso Nº 568 de julio 10 de 2009.
Según
se comprueba con la lectura de la citada acta, el referido anuncio fue
suficientemente claro, pues antes de concluir la respectiva sesión, la
Secretaria expresó: “Señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos
para la sesión Plenaria del próximo martes 26 de mayo de 2009, o para la
siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o de acto legislativo,
de acuerdo al Acto Legislativo 01 de julio 3 del 2003”. A continuación, se leyeron un total de 86 proyectos, encontrándose en 76° lugar el
Proyecto 208 de 2008 – Cámara, que es aquel que una vez aprobado vino a
convertirse en Ley 1346 de 2009.
Finalmente,
de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del acta 180 de la
Cámara de Representantes publicada en la Gaceta Nº 616 de julio 23 de 2009,
este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría de los
asistentes durante la sesión realizada el martes 26 de mayo de 2009, en la que
el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 152 de los
representantes que hacen parte de esa corporación.
Según se concluye entonces, la aprobación del proyecto
en este último debate cumplió los requisitos constitucionales y reglamentarios,
y el anuncio previo a dicha votación tuvo también las características que
conforme a la jurisprudencia son necesarias para cumplir válidamente su
objetivo constitucional.
2.4.3. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos
constitucionales aplicables al trámite legislativo surtido por este proyecto:
Frente al trámite cumplido en las cámaras legislativas
por el Proyecto de Ley 152 de 2008 – Senado / 208 de 2008 Cámara, que
posteriormente vino a convertirse en Ley 1346 de 2009, la Corte observa lo
siguiente:
El proyecto de ley surtió de manera satisfactoria la
totalidad de las diligencias previstas en la Constitución y en el reglamento
del Congreso para el trámite de una iniciativa de esta naturaleza, pues dicho
proyecto: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República (art. 154); (ii)
fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado
tanto en primero como en segundo debate en cada una de las dos cámaras que
conforman el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías exigidas por la
Constitución y el reglamento; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en
plenaria fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v)
entre el primero y segundo debate realizado en cada cámara, así como entre la
aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite
en la Cámara de Representantes transcurrieron los términos mínimos previstos en
el texto constitucional (art. 160); (vi) fue sancionado por el Presidente de la
República una vez concluido el trámite legislativo; (vii) fue enviado para su
revisión de constitucionalidad a conocimiento de esta Corte dentro de los seis
(6) días siguientes a su sanción presidencial.
En consecuencia, bajo todos estos respectos, la Ley 1346
de 2009 debe ser considerada exequible, en lo que se refiere a la validez de su
trámite legislativo.
3. Análisis material sobre el contenido y
estipulaciones del instrumento internacional aprobado mediante Ley 1346 de 2009.
3.1. Del propósito de este tratado y de su adecuación
constitucional
Tal como puede apreciarse en su extenso preámbulo, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, e incorporada al
ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1346 de 2009, que ahora se
revisa, constituye una refrendación del interés de la comunidad internacional
por la protección y efectiva realización de los derechos de las personas
discapacitadas a partir del pleno reconocimiento de su dignidad humana,
preocupación que previamente se había  manifestado en otras acciones e
instrumentos específicos.
Entre los tratados internacionales que previamente a la firma de esta
Convención se han ocupado del tema cabe mencionar, comenzando por los emanados
de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos
del Retrasado Mental (1971) y la Declaración de los Derechos de los
Impedidos (1975), y las Normas Uniformes sobre la igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad (de carácter no vinculante, adoptadas en
1993). Dentro del ámbito continental se destaca la Convención Interamericana
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad de 1999, incorporada al derecho interno por Ley 762 de
2002.
Además de los anteriores instrumentos, específicamente dirigidos a la
población discapacitada, la Corte ha identificado otros tratados multilaterales
que protegen también, aunque de manera global y menos directa, los derechos de
ese grupo especial de personas. Entre estos, deben destacarse la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales suscritos ambos de 1966, la Convención contra la Tortura y otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, así como los instrumentos
relativos a la eliminación de distintas formas de discriminación[3].
A partir de la existencia de estos antecedentes, la
aprobación de la Convención implica entonces un importante esfuerzo de
reformulación y actualización de las normas internacionales sobre la materia,
frente a los grandes cambios sociales y culturales observados durante los años
recientes, incluso respecto al concepto mismo de discapacidad, que el
tratado reconoce como cambiante y evolutivo, proceso histórico al que esta
corporación tuvo ya oportunidad de referirse in extenso en la sentencia
T-1258 de 2008, a propósito de la protección especial que desde la perspectiva
constitucional merecen las personas de baja estatura [4].
Dentro de este marco conceptual, la Convención define
como propósito, en su artículo 1°, “promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de
su dignidad inherente”. El texto del tratado evita incorporar una
definición de discapacidad, pero a continuación el mismo artículo describe y
presenta como destinatarios de sus disposiciones a todas aquellas personas que “tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
Así las cosas, la suscripción de esta convención con
la activa participación del Estado colombiano resulta claramente encuadrada
dentro del marco axiológico de la Constitución de 1991, y en especial de sus
artículos 13 y 47. En efecto, la primera de estas normas establece el principio
de igualdad y la obligación estatal de crear y promover las condiciones para
que ésta sea real y efectiva, en particular frente a aquellas personas que por
su condición (…) física o mental se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta, al paso que la segunda contempla expresamente el
deber de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes
deberá prestarse la atención especializada que requieran. En la misma
línea cabe mencionar también los artículos 54 y 68 de la Carta, los cuales
contienen previsiones especiales relacionadas con la adaptación laboral y la
educación especial de los minusválidos y personas con limitaciones físicas.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha tenido además
frecuente oportunidad de realzar, frente al análisis de situaciones concretas
conocidas durante la revisión de fallos de tutela[5],
el gran interés que para el Constituyente tuvo la plena y efectiva protección
de los derechos de estas personas, resaltando la necesidad de que, mediante
acciones afirmativas, el Estado garantice que su especial condición no implique
para ellos limitaciones en el ejercicio de los derechos y en la accesibilidad a
las prestaciones y servicios de los que normalmente disfrutan la generalidad de
las personas. En el ámbito normativo es pertinente anotar que pese a la gran
importancia que tienen los derechos de las personas con discapacidad, el
desarrollo existente en el derecho interno colombiano es aún incipiente,
destacándose especialmente la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan
otras disposiciones”, y frente a situaciones específicas la Ley 324 de 1996
“Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda”, y
más recientemente la Ley 1275 de 2009 “Por medio de la cual se establecen
lineamientos de Política Pública Nacional para las personas que presentan
enanismo y se dictan otras disposiciones”
Por todo lo anterior, teniendo en cuenta que las
disposiciones de este tratado implican un vigoroso reconocimiento a la
particularidad de la situación de las personas con discapacidad, así como un
conjunto de instrumentos encaminados a hacer realidad la ya referida igualdad
de oportunidades, considera entonces la Corte que en lo que respecta a su
objetivo general, la Convención analizada se ajusta sin dificultades a la
normatividad constitucional.
3.2.  Del contenido de este instrumento
El texto de la Convención consta de un total de
cincuenta (50) artículos no divididos en capítulos, no obstante lo cual, para
efectos de su análisis resulta factible realizar una agrupación de tales
disposiciones. Este articulado está precedido, como ya se indicó, de un extenso
preámbulo en el que se hace alusión a los mecanismos previamente existentes
para la protección de las personas con discapacidad y se sustenta la necesidad
de contar con un instrumento unificado y actualizado sobre la materia. Como
aspecto particular, no suficientemente considerado en documentos anteriores, se
resalta la especial vulnerabilidad que presentan algunos sujetos
discapacitados, entre ellos las mujeres, los niños, las personas de escasos
recursos, los miembros de minorías raciales y/o religiosas y las víctimas de la
guerra y los conflictos armados, ante la confluencia de distintos fenómenos de
marginamiento. Se resalta también la necesidad de establecer mecanismos para
que la igualdad de oportunidades reconocida a las personas con discapacidad,
sea real y efectiva.
Los artículos 1° a 3° contienen elementos
fundamentales para la comprensión y correcta aplicación de la Convención, en su
orden, el propósito (al cual ya hubo ocasión de hacer referencia), la
definición de varios términos novedosos de uso frecuente dentro del articulado
contractual y los principios básicos que sustentan sus estipulaciones. Dentro
de las definiciones incluidas en el artículo 2° se destacan las de comunicación,
discriminación por motivos de incapacidad, ajustes razonables y diseño
universal. Los dos últimos términos, esenciales para delimitar el alcance
de varios de los derechos y obligaciones contenidos en la Convención,
corresponden a conceptos de reciente factura dentro del lenguaje relativo al
tema de las discapacidades, a través de los cuales se intenta conciliar, dentro
de criterios de proporcionalidad, las necesidades e intereses de las personas
discapacitadas con los mayores costos y cargas que la atención de sus
necesidades puede implicar para el resto de la sociedad.
El artículo 4° enumera y desarrolla los principales
compromisos que los Estados miembros asumen a favor de las personas
discapacitadas, con el propósito de asegurar y promover el pleno ejercicio
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de tales
personas. Dentro de tales compromisos se destacan: i) los de promover y llevar
a cabo los cambios o adiciones legislativos y/o reglamentarios que resulten necesarios
para remover las barreras culturales, normativas o de cualquier otro tipo, que
al momento de entrar en vigencia la Convención obstruyan el real ejercicio de
tales derechos; ii) los de abstenerse de cualquier acto o práctica de discriminación,
o que resulte contrario al propósito de la Convención, y de tomar las medidas
pertinentes para que ninguna persona u organización privada los ejecute; iii)
los de promover la investigación, la formación profesional y las demás acciones
necesarias para el diseño e implementación, con consulta y participación de las
personas discapacitadas, de políticas públicas conducentes a la plena
efectividad de sus derechos; iv) los de proporcionar a la población discapacitada
información adecuada y suficiente sobre la disponibilidad de mecanismos
diseñados para mejorar sus condiciones de movilidad, y en general, la plena
accesibilidad a los bienes y servicios que disfruta la generalidad de la
población.
El mismo artículo plantea (numeral 2°) el compromiso
de los Estados miembros para garantizar la progresiva ampliación del disfrute
de los derechos sociales, económicos y culturales hasta el máximo de sus
recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación
internacional. También advierte (numeral 4°) que ninguna de las
disposiciones de esta Convención afectará ni implicará restricción de los
derechos que la legislación interna de los distintos Estados miembros reconozca
a las personas discapacitadas, y que resulten más favorables que los garantizados
por este tratado internacional.
El artículo 5° reitera y complementa algunos de estos
contenidos al ratificar la igualdad de todas las personas, prohibir la
discriminación por razones de discapacidad, y advertir que no se considerarán
discriminatorias las medidas encaminadas a acelerar o garantizar la igualdad de
las personas discapacitadas. Los artículos 6° y 7° reconocen la especial
situación que afecta, en su orden, a las mujeres y a los niños y niñas con discapacidad,
y puntualiza el alcance que en relación con estos grupos humanos tienen los
deberes y obligaciones estatales de que tratan los artículos anteriores.
Dentro de la relación de los deberes estatales debe
mencionarse también el artículo 9° que desarrolla el concepto de la
accesibilidad, tanto en su componente puramente físico y de movilidad, como en
relación con otros factores como los avances tecnológicos, la información y las
comunicaciones. Este artículo contiene varias disposiciones específicas relacionadas
con distintos tipos de incapacidades, incluyendo la visual, la auditiva y las
de locomoción, aplicables no sólo a las entidades del Estado sino también a las
personas y organizaciones privadas. Además prevé la necesidad de que las personas
que en razón de sus ocupaciones deban participar en la solución de los problemas
de accesibilidad que experimentan las personas discapacitadas, reciban
formación y capacitación adecuadas sobre el tema.
De especial importancia en relación con el tema objeto
de la Convención es el artículo 8° denominado Toma de conciencia, en el
que los Estados partes se comprometen a realizar campañas de sensibilización y
comunicación dirigidas a la superación de prejuicios, costumbres o estereotipos
usualmente existentes en relación con las personas discapacitadas, al reconocimiento
de sus méritos y habilidades, y a la viabilidad de su plena inclusión social.
Esas acciones deberán adelantarse en diversos ámbitos, incluyendo el familiar,
el educativo y el laboral.
Los artículos 10 a 23 de la Convención contemplan aspectos particulares relacionados con el ejercicio de determinados derechos por
parte de las personas con discapacidad, dentro de los cuales se encuentran la
mayoría de los derechos fundamentales y de los sociales, económicos y
culturales reconocidos por la Constitución Política de Colombia.
En esa línea se destaca el desarrollo relativo a los
siguientes temas: la reiteración sobre el carácter universal del derecho a la
vida (art. 10); la garantía sobre la seguridad y protección de las personas
discapacitadas frente a situaciones de riesgo (art. 11); el reconocimiento de su
capacidad jurídica (art. 12) y el acceso a la justicia en condiciones de
igualdad (art. 13); la garantía de la libertad personal (art. 14); la
protección frente a su eventual explotación y contra la violencia o abuso de
que pudieran ser objeto, incluso por parte de miembros de sus familias (art.
16); el derecho a la nacionalidad y la libertad de desplazamiento entre
distintos países (art. 18); la libertad de escoger cómo y con quién vivir y la
necesidad de que existan condiciones para garantizar su plena inclusión en la sociedad
y evitar el aislamiento (art. 19); las condiciones necesarias para garantizar
su movilidad personal (art. 20); la libertad de expresión y de opinión y el
acceso a la información (art. 21); el respeto a la privacidad (art. 22); la
posibilidad de establecer relaciones familiares, especialmente el matrimonio y
la procreación, a partir del libre consentimiento de los interesados, la plena
garantía de los derechos reproductivos y el reconocimiento sobre el interés
superior del menor frente a situaciones derivadas de su propia discapacidad o
de la de sus padres (art. 23).
Los artículos 24 a 30, también relacionados con el goce y ejercicio de ciertos derechos, contienen desarrollos más amplios en
relación con distintas facetas de la vida en sociedad, en todas las cuales
deberá garantizarse la plena participación de las personas discapacitadas. Se
incluye lo relativo a la educación, la salud, la rehabilitación, el trabajo y
empleo, el nivel de vida y la protección social, la vida política y pública, la
vida cultural y las actividades recreativas y deportivas.
El artículo 24 reitera que todas las personas
discapacitadas tienen derecho a la educación, sin discriminación y en
condiciones de igualdad. Plantea la necesidad de que en este caso la educación
esté especialmente dirigida a descubrir y potencializar los talentos y
destrezas de estas personas y a proveerles habilidades necesarias para la vida
en sociedad, acordes a sus condiciones. Se menciona por ejemplo, el aprendizaje
del Braille (para las personas ciegas), del lenguaje de señas (para las
personas sordas), y en general, de los lenguajes y técnicas de comunicación que
resulten apropiadas frente a las limitaciones y capacidades de las distintas
personas. También se contempla la obligación de que en las instalaciones
educativas se realicen ajustes razonables, a fin de garantizar el acceso
de las personas con discapacidad.
En relación con el derecho a la salud, el artículo 25
plantea también los principios de acceso universal y de no discriminación en
razón a la discapacidad. Así mismo, establece la obligación de prestar
servicios apropiados a las necesidades de las personas, de facilitar el acceso
y la movilidad, y de atender a las personas discapacitadas con la debida consideración
a su dignidad humana, a su especial condición y a su plena autonomía.
El artículo 26 propone un enfoque integral de la
habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, destinado a
lograr, desde la edad más temprana posible, el máximo aprovechamiento de las
habilidades de la persona, con su activa participación y, de ser ello factible,
la de otras personas con discapacidad.
Respecto de los temas de trabajo y empleo, el artículo
27 de la Convención destaca como principio general el derecho de las personas
con discapacidad a tener un empleo que les permita procurarse su propio
sustento, dentro de un entorno de igualdad de oportunidades que tome en cuenta
sus circunstancias particulares. Este artículo subraya también la necesidad de
garantizar el derecho al trabajo de las personas que adquieran una discapacidad
mientras tienen un empleo, así como otros aspectos, entre ellos, el pleno
ejercicio de los derechos laborales y sindicales por las personas discapacitadas,
la realización de ajustes razonables en los espacios de trabajo, la
prevención de la discriminación, el acoso o la explotación laborales contra
ellas, y la necesidad de que se diseñen e implementen políticas públicas
encaminadas al readiestramiento y capacitación laboral de estas personas y a la
creación de oportunidades de empleo para ellas.
El artículo 28 plantea el derecho que las personas
discapacitadas tienen a gozar de un nivel de vida adecuado y razonable que
incluya acceso al agua potable, condiciones básicas de alimentación, vestido y
vivienda, así como servicios de protección social y beneficios de jubilación.
También que deberán ser tomados en cuenta en el diseño y ejecución de programas
de desarrollo social y de estrategias contra la pobreza.
El artículo 29 se refiere a la presencia de los
discapacitados en la vida política y pública de sus países. Con el propósito de
asegurar su efectiva participación en los eventos electorales se establece la
obligación de crear las facilidades necesarias para que estas personas puedan
ejercer el derecho al voto, en lo posible sin la intervención de otra(s)
persona(s), y en caso necesario con la ayuda de alguien de su confianza.
También resalta la importancia de que estas personas cuenten con todas las
facilidades necesarias para poder postularse y acceder de manera efectiva a
cargos públicos, incluso del nivel directivo, bien sea a través de elección
popular, o según el caso, por concurso o nombramiento, así como a la
administración y las actividades de los partidos políticos.
Por último, el artículo 30 se ocupa de lo relativo a
la participación de las personas discapacitadas en la vida cultural y en las
actividades recreativas y deportivas. En relación con este tema se reitera la
igualdad de derechos y oportunidades frente al resto de la población, que
deberá reflejarse en la disponibilidad de materiales didácticos y recreativos
apropiados, también a través de los medios de comunicación. De igual manera se
prevé la posibilidad de que accedan a servicios culturales tales como teatros,
museos, bibliotecas o cines y a los servicios turísticos, y la existencia de
escenarios y de eventos deportivos apropiados a las capacidades y necesidades
de la población discapacitada existente en el país.
Los artículos 31 a 33 regulan aspectos operativos que tendrían incidencia en el bienestar de las personas con discapacidad y en la
posibilidad de ejecutar los compromisos contenidos en la Convención, entre
ellos lo relativo a la recopilación de datos e información estadística por
parte de los distintos Estados miembros, al uso de la cooperación internacional
y a los mecanismos necesarios para la aplicación de esta Convención y su
adecuado seguimiento.
Los artículos 34 a 40 tratan lo relativo a los órganos que los países miembros de esta Convención acuerdan establecer para
garantizar su mejor desarrollo.
Entre ellos se destaca (art. 34) la existencia del Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que estará conformado
por 12 expertos[6] elegidos por los países
miembros, observando criterios de representación equitativa tanto en lo
relativo al género como al origen regional. Los integrantes del Comité serán
remunerados con cargo a los recursos de las Naciones Unidas y tendrán los
derechos, prerrogativas e inmunidades que habitualmente se conceden a los
expertos que cumplen misiones especiales para este organismo.
Los países miembros tendrán la obligación (art. 35) de
presentar ante este Comité informes periódicos, elaborados con la activa
participación de representantes de la población discapacitada, en relación con
las medidas adoptadas en cumplimiento de los compromisos asumidos en desarrollo
de la Convención, así como de los avances y demás aspectos relevantes
observados en relación con la situación de los discapacitados en el respectivo
Estado. Respecto de tales informes, el Comité podrá (art. 36) pedir informaciones
adicionales y formular observaciones o sugerencias. Se prevé también la
obligación de dar amplia difusión a los informes que cada país presente al
Comité, tanto dentro de su territorio, como fuera de él, en este último caso
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas. Por su parte, el
Comité tiene también (art. 39) la obligación de presentar a la Asamblea General
de las Naciones Unidas un informe bianual sobre sus actividades y sobre los
avances y/o dificultades observados en la ejecución de los compromisos
acordados por esta Convención.
De otro lado, está prevista también la existencia de la
Conferencia de las Partes, órgano que a manera de Asamblea General reúne
a los representantes de todos los Estados miembros, y que será el encargado de
elegir a los integrantes del Comité a que se ha hecho referencia. El artículo
40 prevé que este cuerpo se reunirá con una periodicidad mínima de cada dos (2)
años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Convención, o en forma
extraordinaria, en ambos casos previa convocatoria del Secretario General.
En la parte final del texto, los artículos 41 a 50 contienen las cláusulas atinentes a los aspectos operativos y de vigencia de este tratado,
incluyendo: lo relativo al depositario, que será el Secretario General de las
Naciones Unidas (art. 41); la regla sobre fecha a partir de la cual la
Convención estará abierta para la firma (art. 42); la sujeción a ratificación
posterior a la firma o la posibilidad de adhesión para los Estados que no la
hubieren firmado (art. 43); las reglas sobre entrada en vigor (art. 45) y sobre
formulación de reservas (art. 46); la iniciativa y procedimiento previsto para
las posibles enmiendas al texto de la Convención (art. 47), las cuales serán
decididas por la Conferencia de las Partes; la posibilidad de denuncia y las
reglas aplicables a ella (art. 48); la orden de que el texto de la Convención
se distribuya en formatos accesibles (art. 49), y la regla sobre validez de los
textos auténticos en seis distintos idiomas (art. 50), uno de los cuales será
la versión española.
Por último, el artículo 44 de la Convención prevé la
posible participación como miembros de esta Convención de lo que allí se
denomina Organizaciones regionales de Integración, que serían organismos
constituidos por varios Estados soberanos a los que éstos hayan transferido
competencias normativas en relación con los temas que son objeto de esta
Convención. Respecto de estas organizaciones se prevé que ellas deberán manifestar
en sus instrumentos de adhesión o ratificación de la Convención el alcance de
las competencias que les han sido atribuidas, e informar al depositario de la
misma sobre cualquier cambio que se presente a ese respecto. Entre otras
reglas, este mismo artículo establece que dichas organizaciones tendrán derecho
a voto en la Conferencia de las Partes de esta Convención, pero que no lo
ejercerán si los países miembros por ellas representadas ejercen el suyo, y
viceversa.
3.3. De la exequibilidad material de las estipulaciones
de esta Convención
Examinadas las disposiciones del tratado internacional
aprobado mediante la Ley 1346 de 2009, estima la Corte, en primer lugar y de
manera general, que todas ellas resultan adecuadas y razonables dentro de un
instrumento de esta naturaleza, y son conducentes a su adecuada ejecución y
cumplimiento.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente caso
se ha establecido, no sólo la plena conformidad entre los objetivos cuyo logro
persigue esta Convención y la Constitución Política de Colombia, sino incluso
la posibilidad de que a partir de la suscripción de este tratado y la ejecución
de sus compromisos se potencie la capacidad del Estado y de la sociedad
colombiana para llevar a la práctica objetivos constitucionales tan importantes
como la igualdad real y efectiva entre las personas y la promoción y protección
de aquellas que padecen una discapacidad, resulta válido entender, también por
esta razón, que el referido clausulado es igualmente exequible.
De otra parte, en razón a su ya explicado propósito de
promover las condiciones que hagan posible la igualdad real y efectiva de las
personas con discapacidad, tanto la Convención que se revisa como la
generalidad de las medidas a cuya implementación se comprometen los Estados
partes, tienen el carácter de acciones afirmativas, denominación que,
como es sabido, alude a todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas
a través de las cuales se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal
formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o grupos humanos
tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar
hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social. Conviene entonces
referirse brevemente a este aspecto, ya que el mismo tiene incidencia en las
características del análisis de constitucionalidad que en este caso ocupa a la
Corte.
La acción afirmativa es un concepto acuñado por
el sistema jurídico de los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo
pasado con el propósito de promover medidas encaminadas a superar la discriminación
y los prejuicios que, más de cien años después de la abolición de la
esclavitud, existían aún en contra de la población negra, y comprende medidas
de carácter legislativo, ejecutivo, e incluso decisiones judiciales[7].
Poco tiempo después este concepto fue acogido en Europa[8],
en donde tuvo gran desarrollo, especialmente frente a la situación de las
mujeres, y su entonces incipiente incursión en varios espacios hasta poco antes
reservados a los hombres, entre ellos el ámbito profesional y laboral y el de
la participación política.
La doctrina y la jurisprudencia de esos países han
reconocido varios tipos de acción afirmativa, destacándose entre ellas las
acciones de promoción o facilitación, y las llamadas acciones
de discriminación positiva, que si bien en algunos casos se confunden con
el concepto mismo de acción afirmativa, son en realidad una especie de esta
última. Las acciones de discriminación positiva tienen lugar en un contexto de
distribución y provisión de bienes públicos escasos, tales como puestos de
trabajo, cargos públicos de alto nivel, cupos educativos o incluso, selección
de contratistas del Estado. En todos los casos la implementación de una acción
afirmativa conlleva costos o cargas, que deben ser razonables, y que
frecuentemente se diseminan y son asumidos por la sociedad como conjunto. Sin
embargo, debe resaltarse que en el caso de las acciones de discriminación
positiva, la carga puede recaer de manera exclusiva sobre personas
determinadas.
En Colombia, si bien existen normas anteriores a 1991
que podrían ser entendidas como acciones afirmativas, este concepto gana
espacial notoriedad sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la nueva
Constitución Política, cuyo artículo 13 resalta el deber del Estado de promover
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a
favor de los grupos discriminados o marginados. El texto superior contiene
además otras disposiciones que de manera específica plantean el mismo mandato
frente a colectividades específicas, entre ellas los artículos 43 a favor de las mujeres, 47 a favor de las personas discapacitadas y 171 y 176 sobre
circunscripciones especiales para determinados grupos étnicos para la elección
del Senado y la Cámara de Representantes. A partir de estas pautas, la Corte
Constitucional se ha ocupado con frecuencia del tema, tanto en decisiones de
constitucionalidad sobre la exequibilidad de medidas legislativas de este tipo
o su eventual omisión[9] como en decisiones de
tutela en las que se ordena adelantar acciones concretas o abstenerse de
afectar de manera negativa a grupos o personas merecedoras de especial
protección constitucional[10].
En el caso de la Convención objeto de revisión debe
anotarse que su carácter de acción afirmativa es un factor altamente
determinante de la exequibilidad de sus disposiciones. Sin embargo, esta
circunstancia plantea también la necesidad de verificar la razonabilidad de sus
medidas, pues no resultaría constitucionalmente admisible que a partir de ellas
se diera lugar a situaciones esencialmente discriminatorias en contra de
personas no discapacitadas, ni que en su implementación se generaran costos
excesivos o desproporcionados.
De otra parte, debe precisarse que si bien algunas de
las disposiciones de la Convención pueden excepcionalmente requerir para su
total cumplimiento de la expedición de normas (leyes o actos administrativos
según el caso), o de la adopción de otras medidas, la generalidad de tales
estipulaciones son ejecutables a partir de la fecha en que el Estado colombiano
manifieste su consentimiento frente a los demás signatarios a través de los
cauces establecidos para tal fin en la misma Convención. En esta medida,
resulta posible que la sola vigencia de este tratado implique avances en el nivel
de realización efectiva de los derechos que la Constitución Política reconoce a
las personas discapacitadas.
De vuelta al análisis constitucional de las cláusulas
que conforman el articulado de esta Convención, se observa que ellas reflejan
un esfuerzo comprehensivo de protección a las personas discapacitadas, ya que
abordan y ofrecen correctivos, desde una perspectiva moderna e inclusiva,
frente a la mayor parte de los aspectos y situaciones en las que puede
apreciarse la condición de desigualdad y vulnerabilidad que normalmente afecta
a estas personas. Por otra parte, el desarrollo particular que se hace de los
distintos derechos que se predican de las personas discapacitadas (artículos 10 a 30), tanto fundamentales como sociales, económicos y culturales, es enteramente concordante con
el que esta corporación ha efectuado desde sus inicios, a través de su
jurisprudencia, consideraciones que también conducen a la exequibilidad de estas
disposiciones.
En esta línea, debe destacarse, por ejemplo, el uso
frecuente en el articulado de la Convención del término ajustes razonables,
definido, como ya se precisó, en su artículo 2°, concepto que se refiere a la
extensión de las acciones que deberán adelantarse para mejorar las condiciones
de accesibilidad, y con ello, el pleno ejercicio de los derechos de las
personas discapacitadas. Se entienden como razonables aquellos ajustes que
no imponen una carga desproporcionada o indebida, apreciación que implica
la simultánea ponderación de los costos que tales acciones necesariamente
tendrán para el Estado y la sociedad. A juicio de la Corte, este concepto
referente, así como la trascendental consideración que en él va envuelta, se
acompasan debidamente con los principios constitucionales que inspiran el
diseño y ejecución de las acciones afirmativas, a través de las cuales el
Estado procura el logro de la igualdad real y efectiva garantizada por la
Constitución Política. Por consiguiente, se considera que su uso y aplicación
como medida de las acciones a realizar no plantea problemas en relación con la
exequibilidad de estas normas.
De igual manera resalta la Corte que, pese al
considerable y ambicioso alcance de los compromisos que a través de esta
Convención pretenden asumir los Estados respecto de los derechos sociales,
económicos y culturales de las personas con discapacidad, las condiciones en
que tales obligaciones quedan planteadas permiten descartar cualquier posible
objeción sobre su exequibilidad. Ello por cuanto, conforme al artículo 4° de la
Convención, tales compromisos se atenderán de manera progresiva”, con el
objeto de que las personas discapacitadas logren a través del tiempo el pleno
ejercicio de todos sus derechos, para lo cual los Estados miembros adoptarán
medidas “hasta el máximo de sus recursos disponibles”. Como puede
apreciarse, estos parámetros aseguran la racionalidad de los esfuerzos asumidos
en cumplimiento de esta Convención, toman en cuenta las condiciones de
restricción presupuestal que en todos los Estados son inherentes a la acción pública,
y son congruentes con el principio de ampliación progresiva de los derechos
sociales, que es característico de la Constitución Política de 1991.
De otra parte, la Corte destaca que uno de los
principios inspiradores que subyacen dentro del articulado de la Convención y
los compromisos en él contenidos es el reconocimiento y exaltación de la
autonomía del individuo, y el propósito de controlar, tanto como sea posible,
el efecto de restricción de dicha autonomía que normalmente resulta de las
distintas discapacidades que las personas pueden padecer. Así por ejemplo, la
Convención plantea, entre otras garantías, que los individuos con discapacidad
tienen derecho a tener un trabajo que les permita procurarse su propio sustento
(art. 27), que están en capacidad de elegir cómo y con quién vivir (art. 19),
que pueden establecer relaciones familiares como las de las demás personas a
partir del libre consentimiento de los interesados (art. 23), y que pueden
ejercer el derecho al sufragio y los demás derechos de participación política y
social, en lo posible, sin la intervención de otras personas (art. 29). La
Corte considera que en cuanto estas circunstancias buscan potenciar el
ejercicio de la autonomía personal, y con ello el libre desarrollo de la
personalidad a que se refiere el artículo 16 superior, todas estas
disposiciones son válido desarrollo de importantes objetivos constitucionales,
y por lo mismo, plenamente exequibles.
Evacuado el análisis de la parte dispositiva de esta
Convención, y con respecto a sus cláusulas operativas, esta corporación observa
que los órganos de dirección y ejecución establecidos en sus artículos 34 a 40 cumplen funciones apropiadas y oportunas para la función que a cada uno de ellos corresponde,
y que el Estado colombiano tendrá, en cuanto miembro de este acuerdo, la plena
posibilidad de participar con voz y voto y en igualdad de condiciones, en las
deliberaciones y decisiones que a cada uno de tales cuerpos corresponde
desarrollar y adoptar. Esta circunstancia permite confiar en que los
compromisos que el Estado asume dentro del marco de esta Convención se
cumplirán, en lo que a la relación con otros Estados se refiere, dentro de un
marco de equidad y reciprocidad, en todo acorde con los criterios previstos en la
Carta Política.
Finalmente, tampoco merecen reparo de
constitucionalidad los artículos 41 a 50 de la Convención, que como
anteriormente se explicó, gobiernan los aspectos operativos relativos a la
entrada en vigencia, depósito de ratificaciones, así como las eventuales
enmiendas, la denuncia del tratado, los textos auténticos, y otras materias
semejantes. Considera la Corte que todas estas disposiciones sirven de manera
adecuada al tranquilo y seguro cumplimiento de los objetivos de la Convención y
resguardan apropiadamente el interés y la soberanía de los Estados partes,
entre ellos Colombia. Además, corresponden a las reglas comúnmente aceptadas
para estos propósitos por el Derecho Internacional Público, y que por lo mismo
son de uso común en la generalidad de tratados multilaterales. Por todo lo
anterior, esta corporación las encuentra también plenamente exequibles.
En razón a lo explicado en este aparte, concluye también
la Corte que ninguna de las disposiciones de la Convención estudiada justifica
la formulación de reservas por parte del Estado colombiano al momento de
proceder al depósito de su ratificación.
2.6. Conclusión
Agotado el análisis del instrumento aprobado mediante
Ley 1346 de 2009, tanto en su aspecto formal como material, considera la Corte
que aquél se ajusta a los preceptos constitucionales.
Ello es así por cuanto, de una parte, se han cumplido
los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para
integrar el ordenamiento jurídico interno. Y de otra, los objetivos y el
contenido de la Convención sometida a control constitucional, que como quedó
dicho, busca la promoción y efectiva protección de los derechos de las personas
y ciudadanos afectados por algún tipo de discapacidad, se avienen sin
dificultades al contenido del texto constitucional, y más allá de ello,
constituyen una oportunidad para el mejor cumplimiento de varios preceptos
superiores.
VI.    DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar EXEQUIBLE la “Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad’ adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 13 de diciembre de 2006.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE
la Ley 1346 de julio 31 de 2009, “Por
medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad’ adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13
de diciembre de 2006”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Presidente
Ausente en comisión
MARIA VICTORIA CALLE CORREA        JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrada                                                               Magistrado
GABRIEL E. MENDOZA MARTELO    JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado                                                              Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA             JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado                                                          Magistrado
HUMBERTO A. SIERRA PORTO             LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]  Ver sentencia C-468 de 1997 (M. P. Alejandro Martínez Caballero).
Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre
muchas otras, las sentencias C-682 de 1996 (M. P. Fabio Morón Díaz), C-924 de
2000 (M. P. Carlos Gaviria Díaz) y C-718 de 2007 (M. P. Nilson Pinilla
Pinilla).
[2]  Incorporada al derecho interno colombiano mediante Ley 32 de
1985.
[3] Las anteriores enumeraciones no agotan el conjunto de pronunciamientos
y/o tratados internacionales sobre el tema de la discapacidad. La Corte hizo un recuento aún más exhaustivo de tales documentos en el Auto A-006 de 2009 (M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa) en el que analizó la problemática especial de las
personas víctimas de desplazamiento forzado que además padecen alguna
discapacidad.
[4]  M. P. Mauricio González Cuervo.
[5]  Ver entre muchas otras, sólo durante los años recientes, las
sentencias T-1639 de 2000; T-285, T-473 y T-951 de 2003; T-1012 y T-1103 de
2004; T-1031 de 2005; T-884 y T-1070 de 2006; T-560,  T-816, T-984 y T-988 de
2007; T-090 y T-1258 de 2008, y T-650 de 2009.
[6] El artículo 34 de la Convención prevé que a partir del momento en que la Convención tenga más de 60 Estados miembros el número de expertos
integrantes del Comité se incrementará a 18.
[7] La sentencia Regents of the University of California vs Bakke,
expedida en 1978 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, relativa a un
conflicto surgido a raíz de una política de discriminación positiva aplicada
por dicha Universidad fue un importante hito en la consolidación de la doctrina
sobre acción afirmativa en ese país.
[8] Ver DÍEZ-PICAZO. LUIS MARÍA Sistema De Derechos Fundamentales,
Segunda Edición. Thompson Civitas, Madrid, 2005. En el derecho
constitucional español se habla especialmente de acción positiva, siendo
el término acción afirmativa una traducción casi literal del inglés del término
original affirmative action.
[9] Cfr., sobre estos temas, sólo durante los años más recientes,
las sentencias C-371 de 2000, C-964 y C-1036 de 2003, C-174 de 2004, C-101 de
2005, C-667 de 2006, C-932 de 2007 y C-258 de 2008.
[10] Cfr., también sólo durante los años recientes, las sentencias
T-500 de 2002; SU-388, SU-389 y T-726 de 2005; T-061, T-518 y T-593 de 2006;
T-1211 y T-1258 de 2008, y T-030 de 2010.