C-098-01
Sentencia C-098/01
Sentencia C-098/01
ARBITRAMENTO-Definición
El  arbitramento como mecanismo alternativo
de resolución de conflictos, ha de entenderse como la derogación que hacen las
partes involucradas en un conflicto o precaviendo su existencia, de la
jurisdicción en cabeza del Estado y en favor de un particular (árbitro), quien
queda investido de la facultad temporal de resolver con carácter definitivo y
obligatorio, a través de una decisión denominada laudo arbitral,  las
diferencias que se susciten entre ellos.
PRINCIPIO DE
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD EN ARBITRAMENTO-Mecanismo alternativo
La nota característica de este instituto,
está en que los sujetos en controversia o que prevean que pueden llegar a
estarlo, determinen autónoma y voluntariamente que su diferencia no será
decidida por el Estado a través de sus jueces, sino por un particular a quien
ellos le reconocen el poder y la competencia para resolver sus desavenencias -
poder habilitante de las partes -. Es, en este contexto, en donde el
arbitramento adquiere su condición de mecanismo alternativo de resolución de
conflictos, pues son las partes las que voluntariamente y sin apremio alguno,
deciden no hacer uso del aparato de justicia estatal.
ARBITRAMENTO-Características
ARBITRAMENTO-Mecanismo opcional
El arbitramento ha de entenderse como
institutos a los que el Constituyente les reconoció una función fundamental
dentro la administración de justicia, pues son mecanismo a los que pueden
recurrir opcionalmente las personas para poner término a sus controversias, sin
la intervención directa del Estado, lo que permite no sólo la descongestión del
aparato de justicia sino la participación activa de los particulares en la
definición de sus conflictos.
ARBITRAMENTO-No desplazamiento de administración de
justicia
ADMINISTRACION DE
JUSTICIA Y ARBITRAMENTO-Campo
de acción
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN ARBITRAMENTO-Asuntos excluidos del conocimiento y decisión
ARBITRAMENTO-Carácter transitorio
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN ARBITRAMENTO-Límites al poder habilitante de las partes
ARBITRAMENTO-Carácter temporal
ARBITRAMENTO-Límite material
Esta Corporación ha avalado el límite
material del arbitramento, al señalar que no toda cuestión materia de
controversia, no obstante la habilitación de las partes, puede ser sometida
genéricamente a la decisión de árbitros.
ARBITRAMENTO-Derechos de libre disposición/ARBITRAMENTO-Carácter
de transigible de derecho o litigio
Se ha entendido que la  justicia arbitral
sólo puede operar cuando los derechos en conflicto son de libre disposición por
su titular, es decir, que frente a ellos exista la libertad de renuncia en un
todo o en parte. Esta capacidad de renuncia o de disposición, es lo que
determina el carácter de transigible de un derecho o de un litigio. Esta
libertad de renuncia está determinada por la naturaleza misma del derecho y
corresponde al legislador establecer en qué casos ésta es posible - capacidad
legal de disposición -.
Referencia:
expediente D-3179
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 111 (parcial) de la Ley 446 de 1998, “por
la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del decreto 2651
de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan
otras de la ley 23 de 1991, se modifican y expiden normas del Código de
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión,
eficiencia y acceso a la justicia.”
Actor: Ignacio Mejía
Velásquez
Magistrada Ponente:
Dra. MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., enero
treinta y uno (31) de dos mil uno (2001).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Ignacio Mejía Velásquez
demandó el artículo 111 (parcial) de la Ley 446 de 1998, “por la cual se
adoptan como legislación permanente algunas normas del decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la ley
23 de 1991, se modifican y expiden normas del Código de Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia
y acceso a la justicia.”
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de los procesos de
constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la
demanda de la referencia.
II. NORMA
DEMANDADA
A continuación, se
transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en
el Diario Oficial Nº 43.335 del 8 de julio de 1998, con la advertencia que se
subraya el aparte que se acusa de contrario a la Constitución.
"LEY 446 de 1998
(julio 6)
“por la cual se adoptan como legislación permanente
algunas normas del decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de
Procedimiento Civil, se derogan otras de la ley 23 de 1991, se modifican y
expiden normas del Código de Contencioso Administrativo y se dictan otras
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.”.
TITULO II
DEL ARBITRAJE
Capítulo 1
NORMAS GENERALES
"Artículo
111.- Definición y modalidades. El artículo 1° del Decreto 2279 de 1989
quedará así:
"Artículo
1º. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en
un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un
tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de
administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.
"El
arbitraje puede ser en derecho, en equidad o técnico. El arbitraje en derecho
es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo
vigente. En este evento el Arbitro deberá ser Abogado inscrito. El arbitraje en
equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la
equidad. Cuando los árbitros pronuncian sus fallos en razón de sus específicos
conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio, el arbitraje es
técnico.
"Parágrafo. En la
Cláusula compromisoria o en el compromiso, las partes indicarán el tipo de
arbitraje. Si nada se estipula, el fallo será en derecho."
III. LA DEMANDA
Considera el actor
que la disposición acusada viola el inciso cuarto del artículo 116 de la
Constitución Política, por cuanto introduce límites a las materias susceptibles
de ser sometidas a arbitraje, límites materiales que la norma constitucional no
contempla y que por tanto, el legislador no podía fijar.
En concepto del
ciudadano Mejía Velásquez, la Constitución no impone ninguna restricción en
cuanto a los conflictos que pueden ser sometidos al mecanismo del arbitraje, en
tanto que la norma parcialmente acusada los circunscribe sólo a los conflictos
de carácter transigible. En ese sentido, la norma demandada está reduciendo el
ámbito de aplicación de la disposición constitucional, modificándola y
quebrantándola.
Igualmente, arguye
el actor, resulta contrario al orden constitucional, restringir ese mecanismo
sólo a las diferencias que puedan resultar de los contratos, dado que pueden
presentarse conflictos que no tengan origen en éstos,  pero sean susceptibles
de ser dirimidos mediante este mecanismo.
En este orden,
concluye, que la única restricción constitucionalmente establecida para el
ejercicio de la función arbitral, es la de que los árbitros resulten
debidamente habilitados por las partes para dirimir los conflictos surgidos
entre ellos, de manera que si el Constituyente no fijó otras restricciones mal
puede hacerlo el legislador.
Por tales razones,
considera el demandante que mantener la procedencia del arbitraje,
circunscrito sólo a conflictos de carácter transigible, limita la función de
este mecanismo sobre materias extrajudiciales contempladas por la legislación
arbitral anterior a la Carta de 1991.
IV.
INTERVENCIONES
Dentro del término
constitucional establecido para intervenir en defensa o impugnación de la norma
parcialmente acusada, presentó escrito el ciudadano José Camilo Guzmán Santos,
en nombre y representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, en el que
solicita la declaración de exequibilidad de la expresión acusada.
Señala el interviniente
que conforme a la disposición constitucional contenida en el artículo 116, el
arbitraje ha de desarrollarse en los términos que determine la ley, de manera
que el Constituyente delegó en el legislador la facultad de establecer las
características de este mecanismo de resolución de conflictos y, en
consecuencia, aquél quedó facultado para restringir el ámbito de su aplicación.
En este sentido, y
bajo el entendido que es condición esencial para la procedencia de este
mecanismo, que las partes decidan someter sus diferencias a la decisión de un
árbitro, resulta coherente la posición legislativa según la cual sólo aquellos
conflictos frente a los cuales las partes tienen capacidad dispositiva puedan
ser susceptibles de solución mediante arbitraje. Por esta razón,  han de quedar
por fuera de la órbita arbitral, los litigios sobre derechos de carácter
extrapatrimonial, y aquellos cuya solución comporta una situación que atañe al
orden público.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Mediante concepto Nº
2345 del veintitrés (23) de octubre de dos mil (2000), el Procurador General de
la Nación se pronunció en favor de la constitucionalidad del aparte demandado
del artículo 111 de la Ley 446 de 1998.
En concepto de la
Vista Fiscal, es consustancial al acuerdo arbitral, que las materias sometidas
a arbitramento estén relacionadas con atribuciones, prerrogativas y derechos
sobre los cuales los sujetos puedan disponer, toda vez que la institución del
arbitraje entraña el reconocimiento de la voluntad de las partes como fuente
legítima de las obligaciones.
En este sentido, el
precepto constitucional, supuestamente vulnerado, no excluye, como tampoco
distingue, los asuntos que pueden someterse a decisión arbitral, de manera que
el Constituyente difiere al legislador ordinario, la determinación del
procedimiento y de dichas materias. Al respecto, aduce el Jefe del Ministerio
Público,  “corresponde al legislador, de conformidad con el mandato del
artículo 29 Superior, fijar las normas propias de cada juicio y señalar el juez
o tribunal competente para cada clase de asuntos. Por consiguiente, si el
legislador dispone que ante los árbitros habilitados por las partes en
conflicto se dirimen solamente asuntos de carácter transigible y establece las
reglas y los asuntos a conocer en el proceso arbitral, en nada quebranta la
Constitución, sino que por el contrario, desarrolla sus mandatos”.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte
Constitucional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4 de la
Constitución es competente para decidir definitivamente sobre la demanda de la
referencia, por cuanto se demanda un precepto que hace parte de una ley de la
República.
2. Problema jurídico
Corresponde
a esta Corporación determinar, si cuando el legislador establece que sólo los
asuntos de carácter transigible son susceptibles de ser sometidos al mecanismo
del arbitramento, se contraviene la disposición constitucional contenida en el
artículo 116, según la cual, los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la calidad de
árbitros debidamente habilitados por las partes, pues considera el demandante,
que el Constituyente no impuso ninguna restricción en cuanto a las materias
susceptibles de ser sometidas a este mecanismo alterno de resolución de
conflictos.
Tanto el ciudadano
que intervino en nombre del Ministerio de Justicia y del Derecho como el
Procurador General de la Nación, en contra de  lo que  manifiesta el demandante,
indican que es la propia Constitución la que señala que el arbitraje es una
forma de solución de conflictos que se ha de desarrollar en los términos de
ley, con lo cual se autorizó al legislador para regular el contenido material
de la justicia arbitral.
3. Aclaración
previa:  cosa juzgada relativa
En sentencia C-672
de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), la Corte Constitucional declaró
exequible el artículo 111 de la Ley 488 de 1998, por cuanto el mismo no
requería estar incluido en una ley estatutaria. De ahí, que la declaración de
exequibilidad contenida en ese fallo, fue restringida específicamente a dicho
aspecto, de manera que corresponde a la Corte, analizar de nuevo el contenido
normativo del artículo 111, para efectos de determinar la procedencia o
improcedencia del cargo presentado por el ciudadano Mejía Velásquez. En este
sentido, es claro que en relación con dicho precepto, sólo operó la cosa
juzgada relativa, que no cobija el problema jurídico planteado en la demanda de
la referencia y que, por ende,  corresponde resolver a esta Corporación.
4. El
arbitramento como mecanismo alterno de solución de conflictos
El  arbitramento
como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ha de entenderse como
la derogación que hacen las partes involucradas en un conflicto o precaviendo
su existencia, de la jurisdicción en cabeza del Estado y en favor de un
particular (árbitro), quien queda investido de la facultad temporal de resolver
con carácter definitivo y obligatorio, a través de una decisión denominada
laudo arbitral,  las diferencias que se susciten entre ellos.
La nota
característica de este instituto, requisito que la propia Constitución impone y
que la jurisprudencia constitucional ha resaltado (Sentencias C-294/95 M.P.
Jorge Arango Mejía; C-242/97 M.P. Hernando Herrera Vergara y C-163/99 M.P.
Alejandro Martínez Caballero, entre otras),  está en que los sujetos en
controversia o que prevean que pueden llegar a estarlo, determinen autónoma
y voluntariamente que su diferencia no será decidida por el
Estado a través de sus jueces, sino por un particular a quien ellos le
reconocen el poder y la competencia para resolver sus desavenencias - poder
habilitante de las partes -. Es, en este contexto, en donde el arbitramento
adquiere su condición de mecanismo alternativo de resolución de conflictos,
pues son las partes las que voluntariamente y sin apremio alguno, deciden no
hacer uso del aparato de justicia estatal.
Ese criterio
jurisprudencial, fue reiterado de manera reciente por esta Corporación
(Sentencia C-060/2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz), al declarar inexequible una
disposición de la Ley 182 de 1995, modificada por la Ley 335 de 1996, que
establecía la obligatoriedad del arbitramento para resolver las diferencias que
surgieran respecto de los acuerdos celebrados sobre la utilización por los
concesionarios de redes de comunicación para emitir señales de televisión. En
la citada sentencia, la Corte precisó las características de la institución
arbitral en el ordenamiento colombiano, a saber: El arbitramento es voluntario,
temporal y excepcional. Además, reiteró que es una figura procesal,
es decir, un procedimiento judicial, y como tal está sujeto a la estricta
aplicación de las normas y principios que regulan esa clase de actuaciones.
En este sentido, el
arbitramento como la conciliación o la amigable composición,  han de entenderse
como institutos a los que el Constituyente les reconoció una función
fundamental dentro la administración de justicia, pues son mecanismo a los que pueden
recurrir opcionalmente las personas para poner término a sus
controversias, sin la intervención directa del Estado, lo que permite no sólo
la descongestión del aparato de justicia sino la participación activa de los
particulares en la definición de sus conflictos. Sobre el particular, esta
Corporación ha expresado:
"...estos
mecanismos alternativos de resolución de conflictos encuentran base
constitucional no sólo en su reconocimiento expreso en el artículo 116 superior
sino también en otros principios y valores constitucionales. Así, su presencia
puede constituir una vía útil, en ciertos casos, para descongestionar la
administración de justicia formal, con lo cual se potencia la eficacia,
celeridad y efectividad de la justicia (CP art. 228). Además, y más importante
aún, la Carta establece un régimen democrático y participativo (CP art. 1º),
que propicia entonces la colaboración de los particulares en la administración
de justicia y en la resolución de sus propios conflictos.  En ese orden de ideas,
es perfectamente posible que el Legislador estimule la resolución de conflictos
directamente por los propios afectados, por medio de figuras como la
conciliación o la amigable composición, o por terceros que no sean jueces, como
sucede en el caso de los árbitros o de ciertas autoridades administrativas y
comunitarias" (Sentencia C-163 de 1999 M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Significa lo
anterior, que los medios alternativos de resolución de conflictos permiten la
realización de un sinnúmero de principios y valores que son  fundamento mismo
de la Constitución de 1991. Sin embargo, éstos no pueden ni han de ser
entendidos de forma tal, que desplacen definitivamente al Estado como
administrador de justicia, cuando es de la esencia de un Estado, y más aún de
un Estado concebido como Social de Derecho, contar con un aparato de justicia
que en forma pronta, oportuna y eficaz haga realizable y garantice los derechos
de los individuos, en procura de lograr una convivencia pacífica de todos los
asociados.
En relación con el
punto anterior y haciendo referencia específicamente al arbitramento,  esta
Corporación señaló:
"Si bien la
Corte ha avalado la justicia arbitral como un mecanismo alternativo para la
solución de los conflictos, ello no puede interpretarse en el sentido que
aquélla resulte privilegiada frente a la función permanente de administrar
justicia por parte del Estado, ni que ésta pueda verse cada vez más sustituida
o reducida en su campo de acción. La institución de la justicia arbitral, que es
onerosa, no puede expandirse a tal extremo que implique el remplazo de la
administración de justicia gratuita a cargo del Estado. Debe buscarse, por el
contrario, el fortalecimiento de ésta para que ella sea la preferida y
utilizada por las personas para solucionar sus conflictos, de tal suerte que a
la justicia arbitral sólo se acuda excepcionalmente y como una mera opción.
Ello es así, porque robustecer en extremo la justicia arbitral en desmedro de
la justicia a cargo del Estado, puede significar, en muchos casos, que se
imponga a la parte débil en una relación jurídica, por la vía del arbitramento,
la solución de un conflicto, que en ciertas ocasiones puede implicar la
renuncia a sus derechos e intereses." (sentencia C-672 de 1999 M.P.
Antonio Barrera Carbonell).
Así, una ha de ser
la posibilidad de disposición que se le reconoce a las partes para decir si la
diferencia que surja o llegue a surgir entre ellos la puede resolver un tercero
diverso del juez y otra muy distinta, si en razón de la naturaleza de los
derechos en conflicto o por el asunto en sí mismo considerado, el Estado puede
reservarse para sí la resolución de los mismos, excluyendo cualquier forma de
administración de justicia que no sea la que él prodiga a través de sus jueces,
decisión ésta que corresponde adoptar al legislador, quien es el llamado a
determinar en desarrollo de su potestad de regulación de los procesos, el radio
de acción del poder habilitante de las partes.
Ha de entenderse,
entonces, que contrario a lo que expresa el demandante, el legislador como
órgano de representación popular, en ejercicio de su libertad de configuración
(artículo 150 de la Constitución) y plenamente facultado por el Constituyente
(artículo 116, inciso final de la Constitución), está habilitado para señalar
los asuntos que por su naturaleza deben quedar excluidos del  conocimiento y
decisión de los particulares. En sentencia C-242 de 1997 (M.P. Hernando Herrera
Vergara), esta Corporación señaló:
“[corresponde] al
Legislador la función de establecer el marco general de dicha regulación (C.P.,
arts, 116 y 150-23), a fin de determinar las reglas que regirán el ejercicio de
esa competencia, lo cual comprende, entre otros aspectos, determinar el
responsable de efectuarla, el procedimiento a seguir, las materias
sujetas a su conocimiento, las reglas que lo regirán, la forma y efecto
de las decisiones allí adoptadas y el control de las mismas" (negrilla
fuera de texto)
Sin embargo, la
intervención  del legislador en esta materia, pese a ser discrecional, no puede
convertir en inane la opción que el Constituyente otorgó a los sujetos
involucrados en un conflicto de acceder a mecanismos alternos de administración
de justicia, como tampoco puede privilegiar el uso de éstos, al punto de dejar
la resolución de asuntos vitales para el Estado y para el interés general a la
decisión de particulares que sólo transitoriamente y para un caso
concreto, pueden administrar justicia. En este orden, la  jurisprudencia
constitucional ha indicado, por ejemplo, que “Están
excluídas del arbitramento cuestiones tales como las relativas al estado civil,
o las que tengan que ver con derechos de incapaces, o derechos sobre los cuales
la ley prohiba a su titular disponer.” (Sentencia C-294/95 M.P. Jorge Arango
Mejía); como también que "los particulares investidos facultad de
administrar justicia no pueden pronunciarse sobre asuntos que involucren el
orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional, asuntos que en
razón de su naturaleza están reservados al Estado, a través de sus distintos
órganos." (sentencia C-1436/2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
Por consiguiente, es
preciso afirmar que, si bien el Constituyente determinó que los particulares
pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en
calidad de conciliadores o árbitros y que éstos últimos pueden dictar fallos en
derecho o equidad, también señaló que el legislador está facultado para
establecer límites al poder habilitante de las partes. Estos límites
hacen referencia, entonces, a la temporalidad de la actividad de los
particulares como administradores de justicia y a las cuestiones sobre los
cuales éstos pueden decidir. En otras palabras, se ha entendido que la justicia
arbitral tiene un  límite temporal, por cuanto está circunscrita al término que
las partes y en su defecto la ley, señalen para el ejercicio de esta potestad,
y un límite material, demarcado por los asuntos que son susceptibles de ser
resueltos por particulares.
En diversos fallos -
algunos de ellos ya citados - esta Corporación ha avalado el límite material
del arbitramento, al señalar que no toda cuestión materia de controversia, no
obstante la habilitación de las partes, puede ser sometida genéricamente a la
decisión de árbitros. En sentencia  T-057 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), se señaló que "no resulta admisible ampliar la materia arbitrable
a asuntos que transcienden la capacidad de disposición de las partes y sobre
los cuales no es posible habilitación alguna".  Igualmente, la Corte  ha
indicado que "las materias susceptibles de arbitramento son aquellas que
pueden ser objeto de su transacción, es decir, los derechos y bienes
patrimoniales respecto de los cuales sus titulares tienen capacidad legal de
disposición" (se subraya).
En este contexto, se
ha entendido que la  justicia arbitral sólo puede operar cuando los derechos en
conflicto son de libre disposición por su titular, es decir, que frente a ellos
exista la libertad de renuncia en un todo o en parte. Esta capacidad de
renuncia o de disposición, es lo que determina el carácter de transigible de un
derecho o de un litigio. Esta libertad de renuncia está determinada por la
naturaleza misma del derecho y corresponde al legislador establecer en qué
casos ésta es posible - capacidad legal de disposición -. Así, frente a ciertos
derechos o bienes, el legislador podría optar por permitir su disponibilidad y,
en esa medida, los conflictos que de ellos se susciten someterlos  a la
decisión de un árbitro, si esa es la voluntad de las partes.
En este orden de
ideas, no le asiste razón al demandante cuando afirma que el aparte acusado del
artículo 111 de la Ley 446 de 1998 desconoce el artículo 116 de la
Constitución, pues, como se ha señalado, el legislador está facultado para
señalar los asuntos susceptibles de ser sometidos a la justicia arbitral.
Finalmente, cabe
señalar, que no es recibo el argumento del actor, cuando afirma que al disponer
la norma impugnada que el arbitramento sólo es procedente en los conflictos
de carácter transigible, debe entenderse que ésta queda condicionada a que
las partes otorguen concesiones recíprocas, requisito éste que la
jurisprudencia y la doctrina identifican como de la esencia del contrato de
transacción de que trata el artículo 2469 del Código Civil, pero no del
arbitramento, pues una y otra figura no pueden confundirse.
VII. DECISION
En mérito de
lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declárase EXEQUIBLES
las expresiones "de carácter transigible" contenidas en el
artículo 111 de la Ley 446 de 1998.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
FABIO MORON DIAZ
Presidente
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada (e)
MARTHA V. SACHICA MENDEZ
Magistrada (e)
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA
MAYOLO
Secretario General (e)