T-400-20
Sentencia T-400/20
Referencia: Expediente T-7.679.077
Acción de tutela presentada por JHTZ, en
representación de su hijo JETF, en contra de la IEJPI
Magistrado sustanciador:
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D. C., catorce
(14) de septiembre de dos mil veinte (2020)
La Sala Quinta
de Revisión, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
pronuncia la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño, el 14
de agosto de 2019, y en segunda instancia, por
el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego, Nariño, el 27 de
septiembre de 2019, dentro del proceso de tutela iniciado por JHTZ, en
representación de su hijo JETF, en contra de la IEJPI, con vinculación oficiosa
de la Comisaría de Familia y la Personería Municipal de Llanada, Nariño.
El expediente de
la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de
Tutelas Número Once, mediante auto del 26 de
noviembre de 2019, y notificado el 27 de noviembre del mismo año[1].
Aclaración previa
En
reconocimiento del derecho a la intimidad y los demás derechos fundamentales de
los adolescentes y las familias involucradas en el presente proceso, la Sala
Quinta de Revisión decidió ocultar sus nombres y los de sus familiares más
cercanos, al igual que otros datos e información que permiten su identificación,
consignando solo sus iniciales. Lo anterior, en la medida en que la sentencia
contiene datos sensibles por estar asociados a la vida sexual de las personas,
de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012[2], y sobre
ellos está prohibido su tratamiento, más aun en cuanto involucran
adolescentes (arts. 6 y 7 ib.).
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y
solicitud
El señor JHTZ,
en representación de su hijo JETF, de 15 años[3],
presentó demanda de tutela en contra de la IEJPI (en adelante la Institución
Educativa), con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
a la educación, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al
debido proceso, a la defensa, a la legalidad y a la presunción de inocencia.
Sostuvo que la institución accionada afectó los derechos del adolescente debido
a la decisión del Comité Escolar de Convivencia, ratificada por el Consejo
Directivo, de suspenderlo indefinidamente de manera preventiva, como resultado
de un procedimiento disciplinario adelantado por la conducta de solicitar y
obtener, a través de medios electrónicos, material fotográfico de carácter
íntimo de una niña de 12 años, también vinculada a la Institución Educativa.
A continuación,
se exponen los hechos más relevantes que fueron descritos en la demanda[4]:
1.1. El Colegio inició un procedimiento disciplinario en contra del
estudiante JETF, quien cursaba para la época 8º grado de bachillerato, a partir
de una queja presentada por una madre de familia y su hermana, el 8 de abril de
2019. La queja daba cuenta de la presunta comisión de un delito por parte del
adolescente debido a que obtuvo e hizo público, a través de medios
informáticos, “material fotográfico de carácter íntimo de una menor de edad,
también vinculada a la institución educativa”[5].
1.2. El
Comité Escolar de Convivencia de la institución conoció el asunto. En la
investigación adelantada comprobó que JETF, de 14 años para la época de
ocurrencia de los hechos, sostuvo una relación sentimental con una niña de 12
años, también estudiante de la institución. Además que, aprovechando dicha
circunstancia, de manera insistente, le solicitó el envío de fotografías
íntimas, como el mismo lo reconoce en la declaración realizada ante la
psicóloga adscrita a la Comisaría de Familia de La Llanada, el 15 de abril de
2019.
1.3. El Comité Escolar de Convivencia consideró que la conducta de
solicitar y obtener imágenes íntimas de una niña de 12 años no solo constituye
una infracción al Manual de Convivencia, que califica la conducta como una
situación Tipo III, sino también un delito tipificado en la legislación penal
vigente.
1.4. El Comité, dando aplicación al Manual de Convivencia, decidió
imponer la sanción de suspensión preventiva del estudiante durante el tiempo
que le tome a la Fiscalía General de la Nación y al juez penal de adolescentes
determinar la culpabilidad o inocencia de JETF.
1.5. El representante legal del estudiante señaló que la anterior
decisión fue apelada ante el Consejo Directivo de la Institución Educativa,
quien ratificó la sanción mediante la Resolución 006 del 6 de junio de 2019[6].
1.6. El padre
del adolescente sostuvo que en el numeral 12 de la Resolución 006 del 6 de
junio de 2019 se menciona la posible comisión de un delito “sin que la
Institución Educativa determine y establezca cuál es la supuesta conducta
punible tipificada en el Código Penal, Ley 599 de 2000”[7]. Esta
circunstancia constituye el fundamento para que la sanción impuesta se
prolongue indefinidamente, ya que se hace depender su duración del tiempo que
demoren las etapas probatoria y decisoria llevadas a cabo por la Fiscalía
General de la Nación y por un juez penal de adolescentes, afectando el derecho
de JETF de continuar su proceso educativo.
1.7. El padre del adolescente solicitó que se protejan los derechos
del estudiante y, en consecuencia, se deje sin efectos la Resolución 006 del 6
de junio de 2019, ordenando su reingreso a la Institución Educativa.
Adicionalmente, pidió que se exhorte a la comunidad académica para que se abstenga
de realizar señalamientos e imputaciones en contra de JETF.
Con la demanda se aportaron las siguientes
pruebas documentales relevantes:
-
Fotocopia de la Resolución
006 de junio 6 de 2019, proferida por el Consejo Directivo, en la que se
decidió suspender preventivamente a un estudiante de la Institución Educativa[8].
-
Fotocopia del acta de
notificación personal de la sanción impuesta por infracción disciplinaria al
Manual de Convivencia, fechada el 10 de junio de 2019[9].
2. Respuestas de las entidades demandadas y vinculadas
2.1. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño,
mediante auto del 19 de junio de 2019, admitió la acción de tutela descrita y
ordenó la notificación de la misma al coordinador académico de la Institución
Educativa para que diera oportuna respuesta. Adicionalmente, vinculó al trámite
a la Comisaría de Familia y a la Personería Municipal de La Llanada, Nariño,
para que ayudaran con la obtención de mejores elementos de juicio[10].
2.2. El 25 de
junio de 2019, el coordinador académico de la Institución Educativa[11]
solicitó negar las peticiones invocadas en la acción de tutela al estimar que
no se vulneraron los derechos fundamentales del estudiante sancionado porque el
procedimiento disciplinario adelantado se llevó a cabo dentro del marco legal y
reglamentario de la institución[12].
Además, cumplió lo ordenado en la sentencia de tutela proferida por el Juzgado
Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño[13].
2.2.1. En primer
lugar, precisó los siguientes hechos:
-
No es cierto que el
estudiante haya apelado la decisión del Comité Escolar de Convivencia. Si bien
a JETF y a su acudiente, el señor JHTZ, se les notificó la decisión adoptada
por el Comité y se les informó que podían hacer uso del recurso de apelación
ante el Consejo Directivo de la institución, no hicieron uso de tal mecanismo
de defensa. En la sesión del Consejo Directivo, a la que no asistieron ni el
disciplinado ni su acudiente, a pesar de haber sido informados de la fecha,
hora y lugar en que se llevaría a cabo, se revisó oficiosamente la decisión del
Comité Escolar de Convivencia y se resolvió su ratificación.
-
En la Resolución 006 del 6
de junio de 2019 no se hace mención explícita a la conducta punible en la que
supuestamente pudo haber incurrido el adolescente según el Código Penal. Lo que
sí se hace es relatar de manera breve en la parte motiva la razón por la que se
dio inicio al procedimiento disciplinario.
-
El procedimiento
disciplinario se basa principalmente en una infracción del Manual de
Convivencia y no del Código Penal (Ley 599 de 2000). Ello debido a que ni el
Comité Escolar de Convivencia ni el Consejo Directivo son autoridades
judiciales, sino que son autoridades disciplinarias al interior de la
Institución Educativa.
-
El estudiante y su acudiente
sí fueron informados de la falta cometida de acuerdo al Manual de Convivencia
de la Institución Educativa, así como de las personas que colocaron la queja en
contra del adolescente, tal como consta en el acta de notificación de apertura
del procedimiento disciplinario fechada el 14 de mayo de 2019. En la misma
diligencia, se les corrió traslado de todo el expediente, con las pruebas
recaudadas, para que hicieran uso de su derecho de defensa.
2.2.2. En
segundo lugar, planteó su oposición a las peticiones de la acción de tutela y
explicó:
-
Declarar la nulidad de las
actuaciones disciplinarias adelantadas por la Institución Educativa implicaría
desproteger a una adolescente que en la actualidad tiene 13 años, que debe
considerarse como sujeto de especial protección constitucional.
-
La decisión de sancionar al
estudiante tiene fines educativos y preventivos, ya que pretende “educar
desde el respeto por la ley y evitar que se genere una cultura de la impunidad
en la institución educativa que, a futuro, sea la detonante de comportamientos
que revistan una mayor gravedad”[14].
-
Ordenar el reingreso del
estudiante “causaría un traumatismo en el control de la sana convivencia
dentro de la institución, ya que es posible que esto pueda fomentar entre los
estudiantes, la idea de que se puede pasar por alto el manual de convivencia y
que no existirán consecuencias”[15].
-
Los miembros del personal
administrativo, docente y directivo no han asumido comportamientos abusivos e
irresponsables en contra del estudiante, como se da a entender en la acción de
tutela. Señaló: “Siempre se ha operado tratando de salvaguardar la intimidad
de todas las personas involucradas en el proceso, tal y como lo exige la ley de
convivencia escolar”[16].
2.2.3. En tercer
lugar, concluyó que al estudiante se le brindaron las garantías procesales que
la ley exige. Así, “se le informó de la apertura de un proceso
disciplinario, el motivo por el cual se abre proceso disciplinario, la falta
contra el manual de convivencia en la que incurrió, se le trasladaron las
pruebas y el expediente, se le dio la oportunidad de comparecer a las reuniones
del comité escolar de convivencia con el fin de sustentar su defensa y se le
dio la oportunidad de apelar ante el consejo directivo”[17].
El coordinador
académico de la Institución Educativa explicó que en todas las actuaciones hubo
supervisión y acompañamiento de la Comisaría de Familia y la Personería
Municipal de La Llanada, Nariño. Además que, al realizarse un nuevo
procedimiento en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Promiscuo
Municipal de La Llanada, Nariño[18],
se le informó oportunamente a dicho despacho judicial todas las actuaciones
llevadas a cabo.
Adicionalmente,
precisó que la decisión que impuso la sanción al estudiante no desconoció su
derecho a la presunción de inocencia, porque la “suspensión preventiva”
no materializa una acción de tipo acusatorio o punitivo. La Institución
Educativa aplicó una disposición preventiva, no definitiva, consagrada en el
Manual de Convivencia para una situación tipo III y que se orienta a la
protección de las personas afectadas por el comportamiento del estudiante
suspendido.
2.2.4.
Finalmente, solicitó que se considere que la presentación de la acción de
tutela bajo estudio constituye una actuación temeraria del señor JHTZ. Ello
debido a que pretende el amparo de los mismos derechos fundamentales invocados
en una anterior acción de tutela que guarda identidad de partes, de objeto y de
causa con la presente.
2.2.5. Con la respuesta se
aportó copia de los documentos que hacen parte del expediente del nuevo
procedimiento disciplinario adelantado por la Institución Educativa al
estudiante y copia de pruebas documentales relevantes que fueron obtenidas en
el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos adelantado en
la Comisaría de Familia de La Llanada, Nariño[19]. A dichas piezas procesales se hará
referencia concreta en la solución del caso concreto.
2.3. El 21 de
junio de 2019, el personero municipal de La Llanada[20] solicitó que
se revise el cumplimiento de la acción de tutela radicada con el No.
2019-0002800 que se tramitó en el Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada,
Nariño, pues algunos de los hechos de la presente acción de amparo se enmarcan
en la que previamente se había presentado. Adicionalmente, pidió la
desvinculación de la entidad señalando que ha actuado en el marco de la
Constitución y la ley[21].
3. Decisión que se revisa del juez de tutela de primera instancia
3.1. El Juzgado
Promiscuo Municipal de la Llanada, Nariño, mediante sentencia del 4 de julio de
2019, negó la protección de los derechos invocados por el representante
legal del accionante[22],
quien inconforme con la decisión presentó impugnación. El recurso correspondió
decidirlo al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego, Nariño,
quien, mediante auto del 23 de julio de 2019[23],
declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio, al
considerar que no se integró debidamente el contradictorio por no haber
notificado la admisión de la demanda al representante legal de la Institución
Educativa. Así, ordenó la devolución del asunto al juez de primera instancia
con el fin de que reiniciara el proceso, pero dejando plena validez a las
pruebas recaudadas.
3.2. El Juzgado
Promiscuo Municipal de la Llanada, Nariño, en acatamiento a lo dispuesto por el
juez de segunda instancia, mediante auto del 1 de agosto de 2019, reinició el
trámite de la acción de tutela y notificó a la rectora y al coordinador
académico de la Institución Educativa para que ejercieran el derecho de defensa[24]. Adicionalmente, dispuso la vinculación del comisario de
familia y del personero municipal de La Llanada y declaró tener como pruebas
válidas las documentales presentadas con la demanda y las recaudadas en el
trámite que antecedió a la nulidad[25].
3.3. Habiendo superado los defectos que ocasionaron la
declaratoria de nulidad, el Juzgado
Promiscuo Municipal de la Llanada, Nariño, mediante sentencia del 14 de agosto
de 2019, negó la protección de los derechos invocados por el demandante
al concluir que la Institución Educativa respetó las garantías y derechos
procesales en el marco del procedimiento disciplinario adelantado[26].
En el análisis del caso siguió el precedente fijado en la Sentencia T-240 de
2018. Señaló:
“La
sanción impuesta no fue una decisión arbitraria, irrazonable o
desproporcionada, ya que luego de un proceso disciplinario adelantado con el
respeto de las garantías que corresponde, la institución educativa impuso al
estudiante una suspensión contenida en el manual de convivencia (artículo 19),
con lo que se […] respetó el principio de legalidad de las faltas y sanciones,
y ante la gravedad de la conducta del estudiante, misma que excede el escenario
de la institución para dar paso al judicial, aplicó la sanción preventiva
correspondiente”[27].
En la
providencia se explicó que, con radicado No. 2019-0002800, se tramitó una
acción de tutela directamente presentada por el adolescente JETF en contra de
la Institución Educativa y el docente orientador de dicho establecimiento. La
solicitud de amparo se fundamentó en que el Colegio adelantó un procedimiento
disciplinario anterior al que es objeto de debate en el presente proceso en
contra del joven, vulnerando derechos fundamentales como el debido proceso y el
derecho de defensa. En la sentencia de tutela se protegieron los derechos
vulnerados del estudiante, ordenando a la Institución Educativa iniciar
nuevamente el procedimiento disciplinario bajo claras reglas de respeto al
debido proceso y a la defensa del disciplinado[28].
4. Impugnación
El 21 de agosto de 2019, el representante legal
del adolescente impugnó la sentencia de primera instancia. Cuestionó que no se
diera solución a la controversia constitucional planteada y que tiene que ver
con que la sanción que se impuso a su hijo, en aplicación del artículo 19 del
Manual de Convivencia de la Institución, no cumple los principios de
proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Afirmó que las sanciones
aplicables a los adolescentes deben cumplir una finalidad protectora, educativa
y restaurativa, de acuerdo con el artículo 178 de la Ley 1098 de 2006[29].
Adicionalmente, sostuvo que la suspensión
preventiva de su hijo es desproporcionada en la medida en que no fija un
límite. Es así que la sanción está vigente  hasta que las autoridades
competentes en lo penal determinen el grado de culpabilidad y la sanción
aplicable, y es de amplio conocimiento que por múltiples factores los procesos
judiciales en Colombia duran bastante tiempo. El impugnante afirmó que la
sanción es irrazonable porque debido a que es ilimitada en el tiempo, ello
implica que se prive al adolescente de su derecho a la educación mientras que
la justicia ordinaria define su responsabilidad. Finalmente, afirmó que es
innecesaria porque se podría haber tomado otra medida menos gravosa que respete
tanto los derechos de las supuestas víctimas como del adolescente implicado.
En razón de lo anterior, le solicitó al juez de
segunda instancia que revoque la sentencia impugnada. En su reemplazo, que
declare la protección de los derechos fundamentales del adolescente a la educación, al debido proceso y a la presunción de inocencia,
inaplique al caso concreto el artículo 19 del Manual
de Convivencia por contrariar la Constitución y ordene su reingreso a la
Institución Educativa.
5. Decisión que se revisa del juez de tutela de segunda instancia
El Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de Samaniego, Nariño, el 27 de septiembre de 2019, revocó la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de tutela
formulada por el señor JHTZ, en representación de su hijo JETF. Explicó
que se incumplió el requisito de subsidiariedad y que no fue demostrada la
existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente el mecanismo
constitucional. Sostuvo:
“[…]
del análisis de las probanzas militantes en el plenario, no se encuentra
acreditado por la parte accionante la existencia o inminencia de un perjuicio
irremediable, y además, no se advierte la imposibilidad de que el menor [JETF]
pueda continuar sus estudios en otra institución educativa, pues el Plantel
accionado, si bien le impide con la sanción impuesta continuar sus estudios en
ese establecimiento específico, no existe prohibición alguna de seguir su
actividad académica en un colegio diferente”[30]
(mayúsculas originales).
6.
Actuaciones en sede de revisión
6.1. La Sala
Quinta de Revisión, mediante Auto del 19 de febrero de 2020[31], decretó
algunas pruebas con la finalidad de obtener elementos de juicio que le
permitieran adoptar una decisión más informada en el caso objeto de estudio.
6.1.1. A la
rectora de la Institución Educativa o a quien haga sus veces, le solicitó que
remitiera copia (i) del Manual de Convivencia de la Institución
Educativa; y (ii) de la sentencia de tutela No. 12 del 9 de mayo 2019,
proferida bajo el radicado 2019-0002800 por el Juzgado Promiscuo Municipal de
La Llanada, Nariño. Adicionalmente, que informara (iii) el estado de
cumplimiento de la Resolución 006 del 6 de junio de 2019, proferida por el
Consejo Directivo de la Institución Educativa, que suspendió de manera
preventiva al estudiante JETF; (iv) si, en el marco de los hechos que
dieron lugar a la sanción, se le ha notificado por parte de la Fiscalía 47
Seccional del Municipio de Samaniego, Nariño, o de la fiscalía delegada ante
los jueces penales para adolescentes, alguna decisión adoptada; y (v)
cualquier otro hecho o consideración que estime pertinente tener en cuenta en
el estudio del caso concreto.
6.1.2. A la
Comisaría de Familia de La Llanada, Nariño, le solicitó que informara (i)
el estado actual del procedimiento administrativo de restablecimiento de
derechos radicado HSF 552-52-385/27-02-2017; (ii) las decisiones
adoptadas por la entidad y el seguimiento a las mismas en el marco del
restablecimiento de los derechos de las adolescentes SLCP y MARM; (iii)
el seguimiento que se le ha hecho a la decisión adoptada mediante Auto 003 HSF
552-52-385/27-02-2017 del 16 de abril de 2019, que entregó la custodia
provisional de JETF a la madre del adolescente, NYF, “para alejar al menor
del medio donde se puede volver a dar situaciones que impliquen tanto la
vulneración de [sus] derechos […] como de personas implicadas en injustos
referentes a este caso”; y (iv) cualquier otro hecho o consideración
que estime pertinente tener en cuenta en el estudio del caso concreto.
6.1.3. A la
Fiscalía 47 Seccional del Municipio de Samaniego, Nariño, le solicitó que informara
el estado de la indagación o la investigación adelantada en el marco de la
denuncia realizada por la Comisaría de Familia de La Llanada, Nariño, el 14 de
mayo de 2019, por hechos que implican al adolescente JETF y que fueron objeto
del procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos radicado HSF
552-52-385/27-02-2017. En caso de no ser competente, se le solicitó que hiciera
la remisión del presente requerimiento a la fiscalía delegada ante los jueces
penales para adolescentes que adelante la indagación o la investigación
respectiva o a quien corresponda por competencia.
6.1.4. A los
señores JHTZ y NYF les solicitó que informaran si su hijo JETF se encuentra
estudiando en la actualidad o, en su defecto, si se ha gestionado su ingreso a
otra institución educativa; además de cualquier otro hecho o consideración que
estimen pertinente tener en cuenta en el estudio del caso concreto.
6.1.5.
Finalmente, ofició a la Secretaría de Educación del Departamento de Nariño,
para que informara la oferta de instituciones educativas de carácter público en
La Llanada, Nariño, en el nivel de secundaria, y los requisitos que se tienen
definidos para acceder a un cupo escolar.
6.2. Mediante
comunicación del 4 de marzo de 2020 la Secretaría General de la Corporación
informó que se dio cumplimiento al Auto del 19 de febrero de 2020[32],
recibiendo las siguientes respuestas:
6.2.1. Oficio
del 26 de febrero de 2020 firmado por el comisario de familia de La Llanada,
Nariño, Bairo Patricio Yela Belalcazar, en el que informó[33]: (i)
en relación con el estado actual del procedimiento administrativo de
restablecimiento de derechos radicado HSF 552-52-385/27-02-2017, señaló que la
señora NYF, madre de JETF, está ejerciendo la custodia provisional de su hijo
en el municipio de Providencia, Nariño, “garantizando los derechos
constitucionales del menor y su bienestar en general”[34]. (ii)
Respecto de las decisiones adoptadas por la entidad y el seguimiento a las
mismas en el marco del restablecimiento de los derechos de las adolescentes SLCP
y MARM, planteó: “[…] se apertura historia sociofamiliar 599-52-385 /
9-04-2019 donde se ordenó el restablecimiento de derechos de la[s] niña[s],
toma de declaraciones, visitas, valoraciones médicas, etc. para establecer el
estado de vulneración y psicológico para que, tomando en cuenta las
recomendaciones realizadas por la psicóloga de esta entidad, se realice el
tratamiento necesario, concluyendo que las menores se encuentran asumiendo de
buena manera este hecho, además de seguir con su vida dentro de los parámetros
de normalidad, en cuanto a sus estudios y demás derechos”[35]. (iii)
En cuanto al seguimiento que se le ha hecho a la decisión adoptada mediante
Auto 003 HSF 552-52-385/27-02-2017 del 16 de abril de 2019, que entregó la
custodia provisional de JETF a la madre del adolescente, NYF, precisó: “[…]
el menor se encuentra con su señora madre en el Municipio de Providencia,
Nariño, quien garantiza sus derechos. Sin embargo para este año 2020 se
realizarán comunicaciones con la Comisaría de Familia del antemencionado
municipio para que se realicen las visitas correspondientes y se averigüe si se
siguen cumpliendo los compromisos de cuidado y garantía de [los] derechos del
menor”[36]
.
Adicionalmente,
transcribió apartes del informe presentado al Juzgado Promiscuo de La Llanada,
Nariño, en donde hace referencia a la conducta realizada por el adolescente que
denomina “sexting” y que afectó los derechos a la intimidad y a la
protección de datos personales, entre otros, de niñas quienes le confiaron sus
“imágenes de desnudez”. Se lee la siguiente conclusión: “Esta
comisaría piensa que una decisión que implique que el menor sea acogido en la
IEJPI puede causar consecuencias negativas en las niñas que se expusieron al
escarnio público por las imágenes de su desnudez, lo que puede trascender en
que ya no quieran asistir a clase y como consecuencia injusta, trabar el normal
desarrollo y garantía de sus derechos, imponiéndoseles de manera
desproporcionada el tener que convivir con el menor causante de esta situación
que implica un posible injusto tanto legal como de hecho”[37].
6.2.2. Oficio
No. 056 del 25 de febrero de 2020 firmado por el Fiscal Seccional 47 del
Municipio de Samaniego, Nariño, José de la Hoz Tous Torres, en el que informó[38]:
“[…] este despacho adelanta bajo el sistema de RESPONSABILIDAD PENAL DE
ADOLESCENTES una INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el joven [JETF] por presunto
[delito] de PORNOGRAFÍA CON MENORES artículo 218 C.P. por la denuncia allegada
desde la COMISARÍA DE FAMILIA del municipio de La Llanada - Nariño, radicado
bajo el CUI 526786000531201900035, se impartieron unas órdenes a policía las
cuales se está a la espera de su evacuación”[39] (mayúsculas
originales).
6.2.3. Oficio
del 27 de febrero de 2020 firmado por el señor JHTZ, padre del adolescente, en
el que informó que su hijo “hasta el mes de febrero de 2020, no se
encontraba vinculado en ninguna Institución Educativa”[40]. Además,
señaló que “en la [IEJPI], no fue aceptado para el ingreso y posterior
matrícula”[41].
6.2.4. Oficio
NAR2020EE003333 del 24 de febrero de 2020 firmado por el secretario de
educación departamental de Nariño, Jairo Hernán Cadena Ortega, con el que
adjuntó respuesta de la Subsecretaría de Planeación y Cobertura Educativa, que
relaciona dos instituciones educativas que tienen oferta de educación básica
secundaria media grados 6º al 11º en el municipio de La Llanada, con
especificación de los requisitos que deben ser cumplidos para acceder a un cupo
escolar[42].
En la respuesta
referida, se indica que las instituciones educativas pertenecientes al
municipio de La Llanada del departamento de Nariño son: la IETARLB y la IEJPI.
Los requisitos para el ingreso de estudiantes son: documento de identidad del
estudiante vigente, certificado de notas grado anterior, documento de padre de
familia o acudiente y carné de vacunas[43].
6.2.5. Oficio
del 1 de marzo de 2020 firmado por el rector de la Institución Educativa, RLAM,
mediante el que anexó los siguientes documentos: Manual de Convivencia 2019;
Reglamento y Manual de Funciones del Comité de Convivencia; respuesta al
requerimiento NAR2019ER019192 del 5 de julio de 2019, emanada de la Oficina de
Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Departamental de la
Gobernación de Nariño[44];
copia de la sentencia de primera instancia No. 12 del 9 de mayo 2019, proferida
por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño; e informe requerido
por la Corte Constitucional en relación con el expediente T-7.679.077[45].
En el informe
referido, firmado por el rector de la Institución Educativa, RLAM, el
coordinador académico, ERC, y el docente orientador, FS, además de narrar el
paso a paso del procedimiento disciplinario adelantado al estudiante JETF y
relacionar la normativa que fue aplicada en el caso concreto, se informó: (i)
en relación con el estado de cumplimiento de la Resolución 006 del 6 de junio
de 2019, proferida por el Consejo Directivo de la Institución Educativa, que
suspendió de manera preventiva al estudiante JETF, se señaló que “fue
cumplida en su momento aunque a la fecha ya no se encuentra vigente. Lo
anterior en tanto que la vigencia de este acto administrativo concluyó con la
finalización del respectivo calendario académico, razón por la cual el
estudiante suspendido pudo haber vuelto a vincularse a esta institución educativa
para el presente año, si ese hubiera sido su deseo y el de su representante
legal”[46].
(ii) En lo que respecta a la indagación adelantada por la Fiscalía 47
Seccional del Municipio de Samaniego, Nariño, se precisó que no se ha recibido
información alguna acerca de decisiones adoptadas.
Adicionalmente,
se afirmó: “En la institución educativa se han venido presentando incidentes
desafortunados consecuencia del evento por el cual el estudiante de referencia
fue suspendido preventivamente. Es así como todavía circulan en la comunidad
imágenes (además de pasquines denigrantes) correspondientes a la estudiante que
fue víctima del comportamiento inapropiado, lo que atenta significativamente
contra la tranquilidad y buen nombre de ella y de su núcleo familiar; incluso a
pesar que la institución ha cumplido con lo estipulado en la ruta de atención
integral en todas sus etapas a saber: promoción, prevención, atención y
seguimiento, mediante la realización de múltiples actividades de las cuales
existen las respectivas evidencias sobre su ejecución”[47].
En relación con
la decisión adoptada por el Comité Escolar de Convivencia, explicó:
“[…]
Una vez adelantado el proceso exigido en la sentencia judicial No. 12 del 9 de
mayo de 2019, en la defensa planteada por el estudiante de referencia, no fue
posible identificar elementos probatorios que lo exoneren de la infracción de
la cual es acusado, ya que no brinda una explicación medianamente aceptable de
la manera como unas imágenes (que reposan en Comisaría de Familia y Fiscalía 47
Seccional de Samaniego - Nariño) que estaban en su poder (y que por lo tanto
eran su responsabilidad) fueron de conocimiento público.
[…]
El comité reconoce que no es posible determinar sin lugar a dudas, que el
estudiante de referencia es el directo responsable de hacer públicas las
imágenes de la menor que lo acusa. Sin embargo este mismo comité coincide en
afirmar que SÍ ES POSIBLE comprobar que [JETF] sostuvo una relación sentimental
con la menor y que aprovechó esta circunstancia para solicitarle, de manera
insistente, que le envíe fotografías íntimas tal y como él mismo reconoce en
declaración que formalizó ante la psicóloga adscrita a la Comisaría de Familia
en fecha 15 de abril de 2019, lo cual además coincide con lo declarado por la menor
agredida”[48]
(mayúsculas originales)
6.3. El 9 de
marzo de 2020, para lograr mayor claridad acerca de la situación actual de
escolaridad de JETF, a través de correo electrónico, se contactó al comisario
de familia de La Llanada, Nariño[49].
El 16 del mismo mes y año, el funcionario informó que el 12 de marzo realizó
visita al municipio de Providencia, Nariño, con la finalidad de averiguar por
el adolescente, encontrando a algunas familiares suyas quienes expresaron “que
por motivos laborales la madre [NYF] y el menor se trasladaron al municipio […],
donde el menor se encuentra estudiando el grado octavo de bachillerato en el [CEÑLM]”[50].
Adicionamente, señaló que ofició a la Comisaria de Familia de Barbacoas para
que realice el respectivo seguimiento del estado de cumplimiento de los
derechos de JETF.
La información
fue corroborada telefónicamente por el señor JHTZ, quien señaló que su hijo ya
se encontraba estudiando en el CEÑLM[51].
6.4. Pese a que
se realizaron varios intentos para contactar telefónicamente a la señora NYF,
no fue posible lograr una comunicación directa con ella[52].
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro de los trámites de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 86 y el numeral 9° del artículo 241
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Examen de
procedencia de la acción de tutela
La Sala
analizará, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Para ello, examinará si se demuestran los
presupuestos de: (i) legitimación en la causa, por activa y por pasiva; (ii)
subsidiariedad; e (iii) inmediatez. Si los encuentra cumplidos,
formulará el problema jurídico a resolver en relación con la presunta
vulneración de los derechos fundamentales del adolescente JETF.
2.1.
Legitimación en la causa
2.1.1. Legitimación
en la causa por activa. El artículo 86 de la Constitución Política
establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede
acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. Además, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[53] establece
que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante”.
En esta
oportunidad, el señor JHTZ, en representación de su hijo JETF (de 15 años)[54],
presentó demanda de tutela en contra de la Institución Educativa, por lo que se
encuentra legitimado en la causa para actuar en el presente trámite.
2.1.2. Legitimación
en la causa por pasiva. El artículo 86 de la Constitución Política  define
la acción de tutela como un mecanismo para reclamar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares. La norma precisa que, en el caso de los
particuares, procede contra los encargados de la prestación de un servicio
público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión.
En el caso
específico de los colegios, públicos o privados, la Corte Constitucional ha
sostenido reiteradamente que pueden también ser objeto de control por parte del
juez constitucional. Por ejemplo, en la Sentencia T-251 de 2005 la Sala
Novena de Revisión examinó la actuación adelantada por un colegio público que
decidió expulsar, previo el agotamiento formal de un proceso disciplinario, a
una alumna de 12 años de edad por haber cometido en sus instalaciones un acto
de contenido sexual en compañía de otros compañeros. En esa oportunidad,
concluyó que el procedimiento adelantado para la imposición de la sanción no
cumplió el debido proceso por lo que tuteló dicho derecho fundamental, además
del derecho de la niña a recibir una educación sexual
adecuada y oportuna.
Así las cosas,
la Institución Educativa accionada, que tiene carácter público, debe responder
en este proceso porque de ella se predica la vulneración de los derechos fundamentales
cuya defensa persigue el señor JHTZ.
2.2. Subsidiariedad
2.2.1. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución y 6 del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene carácter subsidiario. El
principio de subsidiariedad determina que dicho mecanismo de protección es
procedente siempre que (i) no exista un medio de defensa judicial; (ii)
aunque exista, este no sea idóneo ni eficaz en las condiciones del caso
concreto; o (iii) sea necesaria la intervención del juez constitucional
para conjurar o evitar la consumación de un perjuicio irremediable en los
derechos constitucionales.
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que pese
a la existencia de otro medio de defensa judicial, la procedencia de la tutela
depende de su eficacia, apreciada en concreto, atendiendo a las circunstancias
en que se encuentra el accionante; en particular cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional, como sería el caso
de los niños, las niñas y los adolescentes. Ello es así, porque en desarrollo
del derecho fundamental a la igualdad, el Estado les debe garantizar un
tratamiento diferencial positivo. Adicionalmente, porque es corresponsable
junto con la familia y la sociedad, de garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
2.2.2. El caso
objeto de estudio plantea una controversia que reviste especial relevancia
constitucional, en tanto involucra el posible goce efectivo de los derechos
fundamentales de un adolescente en su ámbito escolar. Si bien, en principio, la
legalidad de la sanción disciplinaria impuesta por la Institución Educativa
puede ser controlada por la jurisdicción contencioso administrativa, dicho
control no es idóneo ni eficaz con miras a lograr la finalidad específica de
brindar inmediata y plena protección del derecho a la educación, dada la
necesidad de obtener una decisión dentro del correspondiente período escolar.
En ese orden, la acción de tutela resulta procedente para perseguir el amparo
del derecho a la educación, además, para garantizar la protección y formación
integral del adolescente, de acuerdo con el artículo 45 de la Constitución
Política. Así las cosas, se cumple con el requisito de subsidiariedad.
2.3.  Inmediatez
2.3.1. La acción
de tutela está instituida en la Constitución Política como un mecanismo
expedito que busca garantizar la protección inmediata de los derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.
Así, uno de los
principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la inmediatez. Lo
anterior significa que, si bien la solicitud de amparo puede formularse en
cualquier tiempo, su interposición debe hacerse dentro de un plazo razonable y
proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación
de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia[55].
2.3.2. En el
caso bajo estudio, la Sala advierte el cumplimiento del requisito de inmediatez
dado que el representante legal de JETF presentó la acción de tutela el 19 de
junio de 2019[56],
es decir, 13 días después de conocer la decisión del Consejo Directivo de la
institución accionada, adoptada mediante la Resolución 006 del 6 de junio de
2019, que ratificó la sanción impuesta por el Comité Escolar de Convivencia de
suspender al estudiante de manera preventiva.
3.
Planteamiento de los problemas jurídicos
De acuerdo con
los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala resolver los siguientes
problemas jurídicos: ¿vulneró la Institución Educativa los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la legalidad y a la presunción
de inocencia del adolescente JETF, con ocasión del procedimiento disciplinario
adelantado por la conducta de solicitar y obtener a través de medios
electrónicos, material fotográfico de carácter íntimo de una niña de 12 años,
también vinculada a la Institución Educativa, y que culminó con la decisión de
suspender al estudiante de manera preventiva? Y, como consecuencia de la
sanción impuesta, ¿vulneró sus derechos fundamentales a la educación, a la
igualdad y al libre desarrollo de la personalidad?
Para resolver
los anteriores cuestionamientos, la Sala (i) recordará el precedente
fijado en la Sentencia T-240 de 2018, en la que se abordó un caso similar al
ahora estudiado; y luego, (ii) en el caso concreto, hará el análisis de
las presuntas afectaciones de los derechos fundamentales señaladas por el
accionante.
4. El
precedente fijado en la Sentencia T-240 de 2018
4.1. Por
constituir una decisión que tiene incidencia en la solución del caso que ocupa
a la Sala en esta oportunidad, se hará referencia a la Sentencia T-240 de 2018.
En esa oportunidad correspondió a la Sala Quinta de Revisión analizar si un
colegio vulneró el derecho fundamental al debido proceso de un adolescente con
ocasión del procedimiento disciplinario adelantado por “uso malicioso de las
redes sociales para obtener o difundir fotos” de sus compañeras de estudio,
y que culminó con la decisión del Consejo de Disciplina de expulsarlo
definitivamente del establecimiento educativo[57].
Además, si vulneró los derechos a la educación, al libre desarrollo de la
personalidad, a la intimidad personal y familiar, y al buen nombre y la honra
del joven.
4.2. La Sala de
Revisión concluyó, en primer lugar, que el colegio no vulneró el derecho
fundamental al debido proceso del adolescente, porque (i) la falta
atribuida y la sanción impuesta fueron adecuadas a la normativa que regula la
vida académica y disciplinaria de la institución; y, (ii)  en la
actuación se respetó el derecho de defensa y contradicción, de forma tal que
pudo conocer los hechos y la presunta falta que se le atribuían, presentar
pruebas, expresar su punto de vista, conocer las razones de la decisión del
Consejo de Disciplina e impugnar la misma.
En segundo
lugar, que la institución educativa tampoco vulneró el derecho a la educación
toda vez que la pérdida de la posibilidad de permanecer en el colegio no
obedeció a una decisión arbitraria de sus autoridades, sino que fue
consecuencia del incumplimiento de los deberes correlativos para con la
institución y la comunidad educativa, debido a la difusión inconsulta de
fotografías íntimas de algunas estudiantes del plantel, afectando, con ello,
sus derechos a la intimidad, al buen nombre y a la dignidad humana.
En tercer lugar,
que no vulneró los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la
intimidad personal y familiar, y al buen nombre y la honra del adolescente. En
efecto, en razón de su comportamiento, era necesario que la institución
educativa activara su potestad disciplinaria con la finalidad de procurar una
averiguación de los hechos mucho más rigurosa, en aras de garantizar el derecho
a la protección y a la formación integral de todos los adolescentes que se
vieron implicados, incluso, del mismo disciplinado. Advirtió que “el
ejercicio de la libertad encuentra límites infranqueables en el respeto de los
derechos ajenos”.
4.3. En relación
con el uso de las redes sociales, la Sala señaló:
“[…]
el escenario de las redes sociales expone a quienes lo usan a situaciones que
en un principio pudieron no ser presupuestadas y que pueden llegar a implicar
afectaciones a la dignidad de las personas cuando superan el ámbito de lo
privado. Una fotografía íntima compartida en un chat, por ejemplo, puede llegar
a tener impactos inesperadamente sobredimensionados, mucho más allá de lo que
pudieron inicialmente querer o pretender los involucrados. Así, las nuevas
tecnologías suelen poner un poder insospechado en todas y cada una de las
personas, en especial de las más jóvenes que tanta cercanía y familiaridad
tienen con el mundo virtual, por lo que es importante adoptar una cultura del
autocuidado. Estas son, precisamente, parte de las dimensiones y tensiones que
académica y éticamente deben ser analizadas y enfrentadas, con un sentido
crítico y responsable, en los ámbitos escolares”[58].
4.4. Así las
cosas, la Sala de Revisión invitó al Comité Escolar de Convivencia del colegio,
como órgano encargado de la promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a
que programara una jornada de reflexión con perspectiva de género, en donde se
abordaran temas referentes a (i) el deber de respeto a la intimidad de
las personas, (ii) el manejo de las redes sociales, y (iii) los
derechos y deberes de los estudiantes.
4.5. En la
decisión que se referencia, la Sala recordó la línea jurisprudencial de la
Corporación acerca de los manuales de convivencia y el derecho al debido
proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por las instituciones
educativas.
Señaló que, de
acuerdo con el artículo 67 de la Constitución, la educación es un derecho
fundamental de los niños, las niñas y los adolescentes que, a su vez, comporta
deberes correlativos de los educandos en relación con el cumplimiento de las
obligaciones académicas y la asunción del comportamiento exigido en los
manuales de convivencia y en los reglamentos internos de cada institución
educativa.
Adicionalmente
explicó que en el marco del derecho a la educación, se prevé la garantía del
debido proceso en los procedimientos disciplinarios adelantados por
instituciones educativas, sin desatender que las actuaciones realizadas con
dichos fines en el contexto educativo tienen un sentido pedagógico y formativo.
En ese orden, toda imposición de sanciones debe observar el artículo 29 de la
Constitución que establece el debido proceso, derecho del que, a su vez, hacen
parte el derecho de defensa y contradicción, el principio de legalidad y la
imposición de una sanción razonable, necesaria y proporcional a los hechos que
la motivan.
4.6. Así, para
que se cumpla el derecho fundamental al debido proceso en el ámbito educativo
se requiere la previa determinación de las faltas y las sanciones
correspondientes en los respectivos reglamentos; el previo establecimiento del procedimiento
a seguir para la imposición de la sanción; la comunicación formal de la
apertura del procedimiento disciplinario y la determinación provisional de la
falta que se atribuye; la publicidad de las actuaciones y el traslado al
disciplinado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos
formulados; la posibilidad del disciplinado de presentar sus descargos,
controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias
para su defensa; la motivación y congruencia de las decisiones, principalmente
cuando se trata de la que impone una sanción, y el derecho a controvertirlas a
través de los recursos regulados; y la razonabilidad, proporcionalidad y
necesidad de la sanción impuesta[59].
Frente a este
último aspecto, en la Sentencia T-917 de 2006 la Sala Tercera de
Revisión precisó que “[en] el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta:
(i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el
contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y
familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter
preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición
de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y (vi) la
obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su
permanencia en el sistema educativo”.
5. Análisis
del caso concreto
5.1. Como se
indicó en líneas anteriores, la Sala debe determinar si la Institución
Educativa vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la legalidad y a la presunción de inocencia del adolescente JETF, de 15 años[60].
Lo anterior, con ocasión del procedimiento disciplinario adelantado como
consecuencia de su conducta consistente en solicitar y obtener, a través de
medios electrónicos, material fotográfico de carácter íntimo de una niña de 12
años también vinculada a la Institución Educativa y que culminó con la decisión
de suspender al estudiante indefinidamente de manera preventiva.
Adicionalmente, si como consecuencia de la sanción impuesta, vulneró sus
derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y al libre desarrollo de
la personalidad.
5.2. Antes de continuar con el análisis del caso la Sala hará
algunas precisiones. Primero, se da por demostrado que JETF a través de la
aplicación Messenger solicitó y obtuvo imágenes fotográficas íntimas de SLCP,
quien para la época de los hechos era su novia y tenía 12 años. Así lo reconoce
el adolescente en la entrevista realizada ante la psicóloga adscrita a la
Comisaría de Familia de La Llanada, el 15 de abril de 2019. Además, reconoce
que guardó las fotografías en su teléfono móvil pero niega haberlas compartido.
En el expediente no obran pruebas que indiquen que los hechos descritos también
se hayan presentado con la estudiante MARM, quien en la entrevista que le
realizaran en el marco del procedimiento administrativo de restablecimiento de
derechos en la Comisaría de Familia, negó haber tomado, enviado o publicado
alguna fotografía íntima suya[61].
Segundo, en
casos en los que está de por medio la preservación de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, la Corte debe orientarse ante todo por el criterio
primordial de la prevalencia de su interés superior, el cual debe incorporarse
como eje central del análisis constitucional. En este marco, la Sala advierte
que el caso bajo estudio plantea problemas de gran complejidad debido a que se
discute la protección de los derechos fundamentales, de un lado, de una niña
que se vio afectada en su intimidad y buen nombre y, de otro, de un adolescente
que, aprovechando la cercanía sentimental, le solicitó imágenes en las que
mostrara su denudez, que en efecto obtuvo. Así, el análisis de las actuaciones
disciplinarias adelantadas por la Institución Educativa que derivaron en la
sanción de suspender indefinidamente de manera preventiva del establecimiento
educativo a JETF, exige un ejercicio de ponderación entre los derechos
fundamentales que se ven enfrentados.
Tercero, los
hechos que se estudian indican un caso de agresión escolar a través de medios
electrónicos, de acuerdo con el numeral 3º del artículo 39 del Decreto 1965 de
2013[62]
que establece: “Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios
integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros
miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es
estudiante”. Esta disposición precisa en el literal e, que dicha agresión
puede hacerse a través de medios electrónicos. Como ya se indicó, en el caso
particular se presentó la solicitud y obtención de fotografías íntimas de una
estudiante mediante la aplicación de mensajería Messenger, por parte de otro
alumno de la Institución Educativa accionada.
5.3. A
continuación, la Sala se concentrará en estudiar la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la legalidad, y a la
presunción de inocencia de JETF. Para ello, se hace necesario revisar la
normativa que era aplicable en el marco del procedimiento disciplinario
adelantado en su contra por la Institución Educativa.
5.3.1. La Ley
1620 de 2013[63]
creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar previendo la educación para el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Dicha educación
está “orientada a formar personas capaces de reconocerse como sujetos
activos titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos con la cual
desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con
criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de
poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les
posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una
sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción
de su proyecto de vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia
el establecimiento de relaciones más justas, democráticas y responsables”
(art. 2).
La ley en
mención señaló como dos de sus objetivos “[g]arantizar la protección
integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, a
través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral
para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y
culturales particulares” (art. 4, num. 2º). Además, “[f]omentar
mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia de todas
aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los
estudiantes de preescolar, básica y media, particularmente, las relacionadas
con acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda generar a través
del uso de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la
convivencia escolar” (art. 4, num. 5º).
Adicionalmente,
la Ley 1620 de 2013 estatuyó que uno de los principios del sistema es la
corresponsabilidad, entendiendo que “[l]a familia, los establecimientos
educativos, la sociedad y el Estado son corresponsables de la formación
ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la educación para el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas
y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los
objetivos del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de
la Constitución Política y el Código de la Infancia y la Adolescencia”
(art. 5º, num. 2º).
Una vez define
la estructura del sistema en los niveles nacional[64], territorial[65]
y escolar[66]
(art. 6), la ley establece como funciones del Comité Escolar de Convivencia de
los diferentes establecimientos educativos, entre otras, la de identificar,
documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre los
estudiantes (art. 8, num. 1º); liderar en los establecimientos educativos acciones
que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa (num. 2º);
liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y
evaluar la convivencia escolar, y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos (num. 6º); y hacer seguimiento al cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el manual de convivencia (num. 7º).
5.3.2. El
Decreto 1965 de 2013, reglamentario de la Ley 1620 de 2013, dispone en su
artículo 23 que el Comité Escolar de Convivencia sesionará como mínimo una vez
cada dos meses, y que las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente
del Comité, o cuando las circunstancias lo exijan por solicitud de cualquiera
de los integrantes del mismo. Y, en el artículo 26, señala que en el ámbito de
sus competencias, “desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento
de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia
escolar y el embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos,
sexuales y reproductivos […], dentro del respeto absoluto de la Constitución y
la ley”.
El artículo 39
del Decreto 1965 de 2013 consagra algunas definiciones para efectos de
facilitar su aplicación, entre ellas, la de agresión escolar. Señala que
constituye “toda acción realizada por uno o varios integrantes de la
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la
comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica” (art.
39, num. 3º)[67].
Además, en su
artículo 40, clasifica las situaciones que afectan la convivencia escolar y el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, en tres tipos: situaciones
Tipo I, que corresponden a los conflictos manejados inadecuadamente y
aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar,
y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Situaciones Tipo
II, que corresponden a hechos de agresión escolar, acoso escolar
(bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de
la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes
características: a) que se presenten de manera repetida o sistemática, y b) que
causen daños al cuerpo o a la salud (incluida la mental) sin generar
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Y, finalmente, situaciones
Tipo III, que corresponden a hechos de agresión escolar que sean
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la integridad y la
formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000
(Código Penal)[68],
o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal
colombiana vigente.
Los artículos
42, 43 y 44 del Decreto 1965 de 2013 establecen los protocolos que deberán ser
desarrollados por los establecimientos educativos para la atención de las
situaciones Tipo I, II y III, respectivamente[69].
5.3.3. Bajo el
anterior marco normativo general, el Manual de Convivencia de la Institución
Educativa, fechado el 5 de marzo de 2019, describe las normas, los
procedimientos y las particularidades de funcionamiento[70].
Los artículos 5
y 7 del Manual de Convivencia establecen, en su orden, los derechos y deberes
de los alumnos de la institución. En relación con los deberes, diferencia los
que corresponden en la parte académica, en el orden disciplinario y en el orden
moral. En estos dos últimos ítems, entre otros deberes, describe: “En el
orden disciplinario: || 1. Conocer y aplicar el contenido del Manual de
Convivencia en el trato diario y en la interrelación con los demás miembros de
la comunidad educativa. || […] || En el orden moral: || 1. Tratar con respeto y
cordialidad a todos los miembros de la comunidad escolar. || 2. Velar y
contribuir a la conservación y protección del ambiente escolar. || 3. Evitar la
participación en actos que alteren el bienestar y la seguridad del ambiente
escolar. || 4. Respetar de palabra o hecho a cualquier miembro de la comunidad”[71].
El artículo 8
señala como prohibición “1. Amenazar y/o agredir de palabra o de hecho a
cualquier miembro de la Comunidad Educativa”[72].
El artículo 10
establece los criterios generales del procedimiento disciplinario en los
siguientes términos:
“[…]
3. El proceso disciplinario contempla el derecho de defensa con el cual el
estudiantes tiene derecho a conocer los hechos por los cuales se le investiga,
que se apliquen pruebas y a ser oído en descargos, con la asistencia de sus
padres o acudientes si la situación lo amerita.
4.
El proceso disciplinario reconoce el recurso de apelación dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a la notificación de una sanción[73].
5.
El principio de legalidad por medio del cual los estudiantes serán investigados
por faltas establecidas en el Manual de Convivencia.
6.
Todo estudiante podrá ser acompañado o asistido en un proceso disciplinario por
el personero estudiantil, el padre de familia o acudiente responsable.
7.
Toda duda se resolverá a favor del estudiante disciplinado.
8.
En todo caso se respetará la dignidad inherente al ser humano.
9.
El estudiante investigado se considera inocente mientras no se demuestre lo
contrario.
10.
Nadie podrá ser investigado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho.
11.
La finalidad de toda medida disciplinaria será la formación y la corrección de
actuaciones indebidas mediante trabajo social dentro de la institución.
12.
El interés general primará sobre el interés particular.
13.
Los estudiantes que abusan de los derechos consagrados en el Manual de
Convivencia incurren en el incumplimiento de los deberes y serán objeto de las
sanciones previstas en el presente manual”[74].
El artículo 12
plantea el concepto de falta como “toda actuación que vaya en contra de lo
establecido en el presente manual y otras normas, la extralimitación en los
derechos y el incumplimiento de los deberes y prohibiciones”[75].
Previendo, además, que “toda falta será objeto de un debido proceso
conforme a lo dispuesto en el manual de convivencia”[76]. Dicha disposición
adopta las definiciones que trae el artículo 39 del Decreto 1965 de 2013, entre
ellas la de agresión escolar.
El artículo 11,
fija como criterios para definir la gravedad o levedad de las faltas la
culpabilidad, la perturbación del servicio y la naturaleza y efecto de la
falta. Adicionalmente, el artículo 13 señala que las faltas se califican en
situaciones Tipo I, Tipo II y Tipo III teniendo en cuenta los siguientes
criterios: “1. La naturaleza de la falta y si ella se cometió a título de
dolo. || 2. El grado de participación en la comisión de la falta, la existencia
de circunstancias agravantes o atenuantes y si afecta el interés particular o
colectivo. || 3. El grado de reincidencia en la falta y los antecedentes”.
Los artículos
14, 16 y 18, en su orden, regulan las situaciones Tipo I[77], II[78]
y III. Las Tipo III corresponden a “las situaciones de agresión escolar que
sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y
formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000,
o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal
colombiana vigente”[79].
El artículo 18 describe en el inciso segundo, numeral 4º, el siguiente
comportamiento:
“Obtener,
compilar, sustraer, vender, intercambiar, comprar, divulgar o modificar
cualquier tipo de información personal a través de redes sociales o cualquier
medio informático o electrónico, que afecte directamente el derecho a la
intimidad o el buen nombre de una o más personas. No se considerará circunstancia
atenuante el que medie consentimiento tácito o explícito por parte de la
víctima del comportamiento abusivo. (En concordancia con lo estipuado por la
ley 1581 del 2012 sobre protección de datos personales donde se reitera que
todo archivo que tenga que ver con la vida sexual e íntima de una persona está
protegido por la ley y si se comparte sin ningún consentimiento del autor puede
dar hasta 12 años de cárcel)”[80].
El artículo 19
estabece el procedimiento disciplinario para situaciones Tipo III en los
siguientes términos:
“Ante
la ocurrencia de una situación tipo III, y merced a la gravedad de este tipo de
situaciones se deberá proceder inmediatamente a realizar la respectiva denuncia
ante la autoridad competente, quien será la que tenga a su cargo las etapas
probatoria y decisoria.
Una
vez efectuada la denuncia, la institución educativa en observancia y obediencia
del principio legal que postula el interés colectivo sobre el interés
particular procederá a suspender preventivamente al o los acusados, hasta
que los entes competentes determinen el grado de culpabilidad y la sanción que
la ley contempla.
Si
se encuentra algún grado de culpabilidad, la institución educativa llevará a
cabo la cancelación del respectivo contrato de matrícula. Si el o los acusados
son declarados inocentes, serán reintegrados de manera inmediata a la
institución.
PARÁGRAFO
1: Si los entes competentes declaran la culpabilidad de el o los acusados y les
impone una sanción, pero el acto concreto por el que se efectuó la denuncia no
presenta un peligro inminente e inevitable para la comunidad educativa, el
comité escolar de convivencia podrá previo análisis del caso recomendar el
reingreso del o los acusados, siempre que medie compromiso legal vigente en
comisaría de familia o entidad correspondiente quienes se constituirán en
garantes de cumplimiento.
PARÁGRAFO
2: Si después del proceso de reingreso mencionado en el parágrafo anterior se
diera reincidencia en la comisión de una situación I, II o III, la institución
educativa procederá a cancelar de manera inmediata el contrato de matrícula del
o los estudiantes involucrados durante lo que reste del año escolar, en
concordancia con lo que la jurisprudencia emitida al respecto estipula”[81]
(negrillas fuera de texto).
Finalmente, el artículo
35 del Decreto 1965 de 2012 señala la garantía de derechos y la aplicación de
principios: “En todas las acciones que se realicen en el marco de los
diversos componentes de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia
Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios de protección
integral, incluyendo el derecho a no ser revictimizado; el interés superior de
los niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los derechos; la
corresponsabilidad; la exigibilidad de los derechos; la perspectiva de género y
los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los grupos étnicos,
como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, se
deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas en
las situaciones que afecten la convivencia y la protección de datos contenida
en la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012”[82]
5.4. Con
fundamento en lo anterior, la Sala debe revisar las actuaciones de la
Institución Educativa accionada con la finalidad de verificar si existió
vulneración del derecho fundamental al debido proceso. En efecto:
5.4.1. Mediante
sentencia No. 12 del 9 de mayo de 2019, el Juzgado Promiscuo Municipal de La
Llanada, Nariño[83],
concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y a la presunción de inocencia de JETF, al encontrarlos vulnerados en
el marco del procedimiento disciplinario que en su contra estaba adelantando la
Institución Educativa a raíz de la queja presentada por la madre de la niña
afectada[84].
En consecuencia, decretó la nulidad del procedimiento disciplinario y ordenó al
coordinador académico de la institución que iniciara uno nuevo bajo claras
reglas de respeto al debido proceso y a la defensa del disciplinado, previendo
la publicidad de todas las actuaciones realizadas en las diversas etapas[85].
Adicionalmente, señaló que “a fin de que exista mayor celeridad y eficiencia
en el proceso, podrá ampararse y tendrán total validez los elementos de prueba
recaudados dentro del trámite nulitado, los recopilados por parte de la
Comisaría de Familia municipal y los allegados al trámite de la […] acción de
tutela, siempre y cuando dentro de los mismos no se hayan transgredido los
derechos amparados al actor”[86].
5.4.2. Teniendo
en consideración lo ordenado por el despacho judicial señalado, el Comité
Escolar de Convivencia de la Institución Educativa decidió dar inicio a un
nuevo procedimiento disciplinario en contra del estudiante[87]. Para ello,
el 13 de mayo de 2019, el coordinador académico envío
comunicación a la señora EPPC en la que le solicitó
presentarse en la Institución Educativa “con la finalidad de tratar el caso
de agresión del estudiante [JETF] contra su hija [SLCP] del grado 7ºA”[88].
En el Acta No. 10 del 13 de mayo de 2019 se da cuenta de la reunión sostenida
entre EPPC, acudiente; SLCP, estudiante del grado 7.1.; ERC, coordinador
académico; y FS, docente orientador, “con el fin de dar inicio al proceso
disciplinario en contra de [JETF]”[89]. Se indica en el documento que, dando
cumplimiento a la orden impartida por el Juzgado Promiscuo Municipal de La
Llanada, se dará validez a las declaraciones realizadas ante la Comisaría de
Familia del municipio y las pruebas que fueron aportadas a esa dependencia[90].
5.4.3. El 13 de mayo de 2019, el coordinador académico de
la Institución Educativa envió comunicación al señor JHTZ en la que le solicitó
presentarse en sus instalaciones al día siguiente “con la finalidad de
tratar el caso relacionado con un proceso disciplinario del estudiante [JETF]”[91].
La decisión
de dar inicio a la actuación fue notificada a JETF el
14 de mayo de 2019, oportunidad en la que se le informó acerca de las etapas
procesales a cursar y los mecanismos de los que dispone para ejercer su derecho
de defensa y contradicción, en su orden, presentación de descargos e
interposición de recursos en contra de las decisiones adoptadas[92].
En
el expediente obra copia del acta de notificación de la apertura del “proceso
por infracción disciplinaria al Manual de Convivencia” al estudiante, en el
marco del cumplimiento de la sentencia de primera instancia emitida por el
Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño[93]. El
documento aparece firmado por el coordinador académico de la Institución
Educativa, el docente orientador, el estudiante y el padre acudiente[94],
y en él se lee:
“[…]
siendo las tres (3) en punto de la tarde del día 14 de mayo del año lectivo
2019, compareció el joven [JETF], estudiante activo del grado 8.2 de educación
básica secundaria, en compañía de su acudiente, con el fin de darse por
notificado de la apertura de proceso por infracción disciplinaria al Manual de
Convivencia artículo 18, literal 4 que expresa: situación tipo III, ‘Obtener,
compilar, sustraer, vender, intercambiar, comprar, divulgar o modificar
cualquier tipo de información personal a través de redes sociales o cualquier
medio informático electrónico, que afecte directamente el derecho a la
intimidad o el buen nombre de una o más personas. No se considerará
circunstancia atenuante el que medie consentimiento tácito o explícito por
parte de la víctima del comportamiento abusivo’. Lo anterior en razón a
denuncia radicada ante la Comisaría de Familia del municipio de La Llanada (N)
el día 9 de abril por la señora [EPPC], acudiente de la estudiante [SLCP],
vinculada a grado séptimo de educación básica secundaria en esta misma
institución.
Según el Manual de Convivencia
vigente en la Institución, artículo 19, la sanción consiste en SUSPENSIÓN
PREVENTIVA o CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA si los entes competentes de
adelantar el proceso judicial (Fiscalía General de la Nación y juez penal para
adolescentes) encuentran algún grado de culpabilidad en la conducta denunciada.
[…]”[95]
(mayúsculas originales).
Adicionalmente, se indica que se
hace entrega al estudiante de copia del expediente aportado por la Comisaría de
Familia de La Llanada, informando que será tenido en cuenta como elemento
probatorio en el procedimiento disciplinario que adelanta la institución. Las
pruebas documentales son las siguientes:
-
Copia de la Historia
Sociofamiliar 599-52-385/9-04-2019 de la Comisaría Única de Familia del
Municipio de La Llanada, Nariño, fechada el 9 de abril de 2019[96].
En dicho documento se leen los siguientes hechos: “El 09 de abril
aproximadamente a las 2 pm, se presenta la señora [EPPC], […], en compañía de
su hija [SLCP], […], para denunciar que aparecieron 8 fotografías donde su hija
aparece desnuda y que en el pueblo está[n] circulando, que esto va en contra
del derecho a la intimidad de la menor y quiere que se investigue y castigue a
los culpables, además denuncia que el posible responsable es el exnovio de la
niña llamado [JETF], también menor de edad de aproximadamente 13 años, a quien
la misma menor le había enviado las fotografías vía messenger, además la niña
informa que luego de enviarlas la había chantajeado para que tenga relaciones
sexuales con él, de lo contrario las publicaría”[97].
-
Copia del Auto 001/599-52-385/9-03-2019
del 9 de abril de 2019, a través del cual la Comisaría Única de Familia de La
Llanada declara abierto el procedimiento de restablecimiento de derechos a
favor de la niña SLCP, nacida el 12 de mayo de 2006 (12 años)[98].
-
Copia del informe psicológico
que da cuenta de la entrevista y la evaluación realizada a SLCP, en la
Comisaría de Familia de La Llanada, el 9 de abril de 2019, a raíz de la
difusión de sus fotografías íntimas a través de Messenger por parte de JETF[99].
En el relato la niña cuenta que siendo novia del adolescente (en diciembre de
2018), por solicitud de este le compartió una foto íntima, y a partir de allí
él le seguía pidiendo fotografías en donde apareciera desnuda bajo la amenaza
de que si no se las enviaba él las haría públicas; posteriormente, le dijo que
si no tenía relaciones sexuales con él compartiría el material fotográfico, y
como no accedió a su chantaje, publicó las imágenes. Narró que le compartió
alrededor de 16 fotografías. En el informe se lee: “Impresión diagnóstica:
conducta sexual en riesgo”[100]. “Factores protectores: padres de
la menor [SLCP]”[101]. “Factores de riesgo: que se vea
perjudicada la vulnerabilidad e intimidad de la menor debido a la exposición de
fotografías íntimas ante la Institución Educativa […] y la […] sociedad, por
parte del menor de edad [JETF]. || Baja autoestima. || La víctima como el
victimario pertenecen [a] la institución y pueden encontrarse generando
incomodidad e incluso riesgo de que pueda presentarse un abuso sexual, por el
acoso realizado por parte del menor [JETF]”[102].
En las recomendaciones se señala la solicitud de apoyo a orientación escolar y
a los docentes de la Institución Educativa en donde estudian los implicados[103].
-
Copia del oficio del 9 de
abril de 2019, mediante el que el comisario de familia de La Llanada le
solicita al gerente de la ESE San Juan Bosco hacer una valoración médica legal
de SLCP, “por presunto caso de actos sexuales abusivos, artículo 209 del
Código penal (Ley 599 de 2000)”[104].
-
Copia del informe
psicológico que da cuenta de la entrevista y la evaluación realizada a MARM,
también estudiante de la Institución Educativa, en la Comisaría de Familia de
La Llanada, el 10 de abril de 2019, por la presunta difusión de una fotografía
íntima suya por parte de los estudiantes AM, CC y JETF[105].
-
Copia del informe
psicológico que da cuenta de la entrevista y la evaluación realizada a JETF, en
la Comisaría de Familia de La Llanada, el 15 de abril de 2019, en razón de los
procedimientos que se abrieron en su contra por las declaraciones realizadas
por SLCP y MARM[106]. En el relato que aparece en el
documento niega haber compartido fotografías íntimas de sus compañeras, y,
particularizando en el caso de SLCP, niega haberla chantajeado para obtener las
imágenes, aunque sí reconoce que le insistió bastante “porque quería mirar”[107].
En el informe se lee: “Impresión diagnóstica: posible alteración en el
patrón de relación familiar”[108]. “Factores protectores: [JETF]
cuenta con el apoyo de su madre y hermana mayor. || La señora [NYF] muestra
interés por el bienestar de su hijo”[109]. “Factores de riesgo: Dinámica
familiar inestable, con dificultades en roles, atención, normas, diálogo y
límites. || Familia de padres separados. || Comunicación no asertiva. ||
Ausencia de la madre por largas temporadas debido a su trabajo en otro
municipio. || Mala relación entre padre e hijo”[110].
Entre las recomendaciones aparece la de asignar la custodia del adolescente a
su madre [NYF], quien participó en la actuación[111].
-
Copia del Auto 003 HSF
552-52-385/27-02-2017 del 16 de abril de 2019, a través del que la Comisaría de
Familia de La Llanada decide entregar la custodia provisional de JETF a la
madre del adolescente, NYF, “para alejar al menor del medio donde se puede
volver a dar situaciones que impliquen tanto la vulneración de [sus] derechos
[…] como de personas implicadas en injustos referentes a este caso”[112].
-
Copia del oficio fechado el
14 de mayo de 2019[113], a través del cual el comisario único
de familia de La Llanada envía al Juzgado Promiscuo de la misma municipalidad
sendas comunicaciones remitidas a la Institución Educativa[114]
y a la Fiscalía 47 Seccional de Samaniego[115], del 13 y 14 de mayo de la misma
anualidad, con información y pruebas recaudadas en el marco del procedimiento
administrativo de restablecimiento de derechos con radicado HSF
552-52-385/27-02-2017.
5.4.4. El 17 de
mayo de 2019, el estudiante JETF dirigió al coordinador académico de la
Institución Educativa escrito de descargos en el que solicitó ser absuelto de
las acusaciones realizadas en su contra y que se le permitiera continuar
recibiendo formación académica[116].
Adicionalmente, en relación con la aplicación de la sanción consagrada en el
artículo 18, inciso segundo, numeral 4º, del Manual de Convivencia, señaló: “[…]
es preciso dejar en claro que de conformidad al Manual de Convivencia de la
Institución Educativa […] LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA O LA CANCELACIÓN DEL
CONTRATO DE MATRÍCULA solo es procedente, […] si y solo si los entes
competentes para adelantar el proceso judicial, en este caso la Fiscalía
Seccional 47 de Samaniego Nariño y el juez penal para adolescentes en caso de
que se efectúe formulación de acusación[, encuentren] algún grado de
culpabilidad en la conducta denunciada (principio de tipicidad). No es así tan
folclóricamente como en principio se pensó y aún se pretende conducir el
proceso, se me puede expulsar de la
Institución Educativa sin permitírseme ejercer mi defensa, modificando al
acomodo la falta disciplinaria y la sanción a imponer (responsabilidad
objetiva)”[117]
(mayúsculas originales).
5.4.5. El 21 de mayo de 2019, se envió citación
al estudiante JETF para que asistiera a la reunión extraordinaria del Comité
Escolar de Convivencia de la Institución Educativa, a realizarse en esa misma
fecha. Se le indica que en dicha oportunidad podrá realizar la sustentación de
la defensa, si así lo estima conveniente[118].
Ese mismo día, el acudiente del estudiante, JHTZ, remitió a la Institución
Educativa comunicación en la que solicitó el aplazamiento de la reunión
programada en razón del conocimiento tardío de la citación, además, que se hiciera
al menos con tres días de antelación[119].
5.4.6. El 23 de mayo de 2019, el coordinador
académico y el docente orientador de la Institución Educativa dirigió sendos
oficios al comisario de familia y al personero municipal de La Llanada, Nariño,
solicitándoles su presencia y acompañamiento en la reunión del Comité Escolar
de Convivencia a realizarse el 27 del mismo mes y año, para efectos de estudiar
el caso de JETF.
5.4.7. El 27 de mayo de 2019, se reunió el Comité
Escolar de Convivencia con la finalidad de analizar el “caso de mal
comportamiento del estudiante [JETF]”[120].
En la reunión participaron activamente el señor JHTZ y su abogado[121],
además del comisario de familia y el personero municipal de La Llanada. Aunque
el estudiante asistió a la reunión no obra constancia de intervención alguna.
Luego de escuchar a los intervinientes, se les solicitó su retiro del lugar
para continuar con la fase de deliberación y decisión por parte del comité. En
esa oportunidad se hizo lectura de la entrevista realizada a la niña SLCP en la
Comisaría de Familia de La Llanada. Finalmente, con una votación secreta de
seis votos contra uno, el comité decidió suspender al estudiante hasta que se
aclare la situación por parte de las autoridades competentes[122].
5.4.8.
El 28 de mayo de 2019, se enviaron sendas citaciones a JHTZ y a JETF en las que
se les solicita su comparecencia para ser notificados de la decisión tomada por
el Comité Escolar de Convivencia[123].
Luego se hacen nuevas citaciones fechadas el 29 del mismo mes y año, para que
comparezcan al día siguiente a la Institución Educativa a efectos de recibir la
notificación señalada. Se lee: “La presente citación constituye la segunda
que se hace en razón a su inasistencia frente al primera llamado”[124].
En el acta de “notificación de sanción por infracción
disciplinaria al Manual de Convivencia” con fecha del 30 de mayo de 2019[125],
al adolescente JETF, estudiante activo del grado 8.2 de educación básica
secundaria, se indica la siguiente sanción: “Suspensión preventiva durante
el tiempo que le tome a la Fiscalía General de la Nación y a un juez de menores
determinar la culpabilidad o inocencia del menor de referencia”[126],
por la conducta de solicitar y obtener imágenes íntimas de una menor de edad, lo
que constituye una situación Tipo III según el Manual de Convivencia (art. 18,
lit. cuarto[127]).
Adicionalmente, se lee:
“2.
En la defensa planteada por el estudiante de referencia, no es posible
identificar elementos probatorios que lo exoneren de [la] infracción de la cual
es acusado, ya que no brinda una explicación medianamente aceptable de la
manera como unas imágenes que estaban en su poder (y que por lo tanto eran su
responsabilidad) fueron de conocimiento público.
3. El comité reconoce que no es posible
determinar sin lugar a dudas, que el estudiante de referencia es el directo
responsable de hacer públicas las imágenes de la menor que lo acusa. Sin
embargo este mismo comité coincide en afirmar que SÍ ES POSIBLE comprobar que [JETF]
sostuvo una relación sentimental con la menor y que aprovechó esta
circunstancia para solicitarle, de manera insistente, que le envíe fotografías
íntimas tal y como él mismo reconoce en declaración que formalizó ante la
psicóloga adscrita a [la] Comisaría de Familia en fecha 15 de abril de 2019. Lo
anterior, es decir, solicitar y obtener imágenes íntimas de una menor de
edad, más específicamente de una menor de catorce años, en sí mismo
constituye no solo una infracción al manual de convivencia de la institución
(que califica esta conducta como situación tipo III) sino también un delito
tipificado en la legislación colombiana vigente. Más aún cuando el estudiante
[…] es mayor de catorce años y, por lo tanto, se encuentra en un estadio
evolutivo y cognitivo de superioridad frente a la menor”[128] (mayúsculas
originales, negrillas agregadas).
Al final se
indica la procedencia del recurso de apelación, en contra de la decisión que se
notifica, ante el Consejo Directivo.
5.4.9. Obran tres constancias fechadas el 30 de
mayo de 2019, en las que el coordinador académico y el docente orientador de la
Institución Educativa señalan, en su orden: primero, que ni el estudiante ni su
acudiente asistieron a la diligencia de notificación de la sanción por
infracción al Manual de Convivencia[129].
Segundo, que ante la inasistencia de los citados, se desplazaron a la casa de
habitación del sancionado con el fin de facilitar la diligencia de notificación[130].
Y tercero, que estando en el domicilio del estudiante, el señor JHTZ se negó a
recibir y firmar el documento de notificación “argumentando que su asesor
legal le recomendó no asistir a citaciones y no firmar ningún documento sin su
autorización”[131].
A continuación, obra la guía No. 997153044 del 31 de mayo de 2019 de
Servientrega, con remitente ERC y destinatario JHTZ[132].
5.4.10. La decisión adoptada por el Comité
Escolar de Convivencia de la Institución Educativa, pese a que no fue apelada,
fue revisada oficiosamente por el Consejo Directivo y ratificada, según consta
en la Resolución 006 del 6 de junio de 2019[133].
En el resolutivo se lee: “Suspender de manera preventiva al estudiante JETF,
vinculado a este institución educativa donde cursa grado octavo de educación
básica secundaria, en concordancia y obediencia a lo estipulado en el manual de
convivencia institucional, artículo 19, donde se define el procedimiento
disciplinario para las situaciones tipo III. La duración de la suspensión
estará sujeta al tiempo que duren las etapas probatoria y decisoria, llevadas a
cabo por la Fiscalía General de la Nación y por el juez penal para menores. La
suspensión se hará efectiva a partir de la entrada en vigor de la presente
resolución, mediante la firma por parte de los miembros del Consejo Directivo
[…]”[134].
5.4.11. Mediante comunicación del 7 de junio de
2019, el señor JHTZ fue citado a comparecer a la Institución Educativa el 10
del mismo mes y año para efectos de ser notificado de la decisión tomada por el
Consejo Directivo[135].
Obra nota que indica que la citación fue enviada por intermedio de JETF, quien
firma el documento.
5.4.12.
En el acta de notificación de la “sanción por infracción disciplinaria al
Manual de Convivencia”, fechada el 10 de junio de 2019, se indica que el
estudiante JETF, quien compareció en compañía de su acudiente, fue debidamente notificado
de la sanción por infracción al Manual de Convivencia (art. 18, inc. segundo,
num. 4º)[136].
El documento aparece firmado por el coordinador académico y el docente
orientador de la Institución Educativa, y se lee la siguiente nota: “El
señor [JHTZ] se niega a firmar la notificación. 10-06-2019. Se entrega copia de
[la] Resolución de suspensión emitida por Consejo Directivo. 5 folios”[137].
5.5. La
Institución Educativa no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, a la legalidad y a la presunción de inocencia del adolescente
5.5.1. Analizado
con deteniento el nuevo procedimiento disciplinario que adelantó la Institución
Educativa la Sala observa que no hubo vulneración al debido proceso ni a la
defensa del estudiante.
La actuación
inició con la comunicación formal de la apertura del procedimiento
disciplinario tanto al estudiante como a su acudiente, con indicación
provisional de la falta atribuida y la posible sanción a aplicar. Se le hizo
entrega al disciplinado de copia del expediente aportado por la Comisaría de
Familia de La Llanada, integrado por pruebas documentales que fundamentaban la
conducta que se le atribuía y que se consideraba violatoria del Manual de
Convivencia de la institución. Se le dio al disciplinado la oportunidad de
presentar sus descargos -lo que en efecto hizo-, además de controvertir las
pruebas obrantes en su contra y allegar las que considerara necesarias para su
defensa. El adolescente tuvo la posibilidad de asistir al Comité de Convivencia
Escolar, y aunque se extraña que no interviniera en esa oportunidad, sí lo
hicieron ampliamente su acudiente y su abogado. La decisión sancionatoria del
Comité Escolar de Convivencia fue motivada y hubo congruencia con lo decidido,
y frente a ella se garantizó la procedencia del recurso de apelación ante el
Consejo Directivo. Pese a que no se hizo uso del recurso, la decisión del
Comité Escolar de Convivencia fue enviada al Consejo Directivo para su
revisión, el cual decidió ratificar la sanción mediante la Resolución 006 del 6
de junio de 2019. Finalmente, todas las actuaciones adelantadas durante el
procedimiento fueron notificadas al estudiante y a su acudiente JHTZ.
5.5.2. Ahora, en
relación con el principio de legalidad y el derecho a la presunción de
inocencia la Sala tampoco encuentra que se hayan vulnerado. En primer lugar, la
Institución Educativa dio aplicación al Manual de Convivencia que establece
como falta la agresión escolar (art. 12), categorizándola como una situación
Tipo III por ser constitutiva “de presuntos delitos contra la libertad,
integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley
599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley
penal colombiana vigente”[138]
(art. 18). El manual en dicha categoría ejemplifica el siguiente comportamiento
(art. 18, inc. segundo, num. 4º):
“Obtener,
compilar, sustraer, vender, intercambiar, comprar, divulgar o modificar cualquier
tipo de información personal a través de redes sociales o cualquier medio
informático o electrónico, que afecte directamente el derecho a la intimidad
o el buen nombre de una o más personas. No se considerará circunstancia
atenuante el que medie consentimiento tácito o explícito por parte de la
víctima del comportamiento abusivo. (En concordancia con lo estipuado por la
ley 1581 del 2012 sobre protección de datos personales donde se reitera que
todo archivo que tenga que ver con la vida sexual e íntima de una persona está
protegido por la ley y si se comparte sin ningún consentimiento del autor puede
dar hasta 12 años de cárcel)”[139]
(negrillas fuera de texto).
En cuanto a la
sanción atribuida, el Comité Escolar de Convivencia, en primera instacia, y el
Consejo Directivo, en segunda instancia, dieron aplicación al artículo 19, que
estabece el procedimiento disciplinario para situaciones Tipo III. Señala:
“Ante
la ocurrencia de una situación tipo III, y merced a la gravedad de este tipo de
situaciones se deberá proceder inmediatamente a realizar la respectiva denuncia
ante la autoridad competente, quien será la que tenga a su cargo las etapas
probatoria y decisoria.
Una
vez efectuada la denuncia, la institución educativa en observancia y obediencia
del principio legal que postula el interés colectivo sobre el interés
particular procederá a suspender preventivamente al o los acusados, hasta
que los entes competentes determinen el grado de culpabilidad y la sanción que
la ley contempla”.
Si
se encuentra algún grado de culpabilidad, la institución educativa llevará a cabo
la cancelación del respectivo contrato de matrícula. Si el o los acusados son
declarados inocentes, serán reintegrados de manera inmediata a la institución”[140]
(negrillas fuera de texto).
Como puede
observarse, los órganos encargados de adelantar el procedimiento disciplinario
aplicaron la normativa establecida en el Manual de Convivencia para determinar
la falta que le fue atribuida al estudiante y la sanción correspondiente.
En segundo
lugar, la Institución Educativa no afectó la presunción de inocencia de JETF.
Precisamente, en la recomposición de la actuación que previamente había
adelantado con violación de sus derechos al debido proceso y a la defensa,
según lo afirmado por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño[141],
los órganos competentes fueron cuidadosos de no hacer atribuciones de
responsabilidad antes de la fase decisioria. Incluso puede observarse como las
dudas fueron resueltas a favor del estudiante disciplinado.
Obsérvese que la
queja que fue presentada en contra del adolescente consistía en la conducta de
solicitar, obtener y publicar a través de medios electrónicos, material
fotográfico de carácter íntimo de una niña de 12 años, también vinculada a la
Institución Educativa. Luego de estudiar las pruebas recaudadas, en donde fue
incluída la entrevista realizada por JETF ante la psicóloga de la Comisaría de
Familia de La Llanada, el Comité Escolar de Convivencia no encontró acreditada
la conducta de publicar el material fotográfico, más sí las de solicitarlo y
obtenerlo, tal como fue reconocido por el mismo disciplinado. Así se pronunció
el órgano:
“3. El comité reconoce que no es posible
determinar sin lugar a dudas, que el estudiante de referencia es el directo
responsable de hacer públicas las imágenes de la menor que lo acusa. Sin
embargo este mismo comité coincide en afirmar que SÍ ES POSIBLE comprobar que [JETF]
sostuvo una relación sentimental con la menor y que aprovechó esta
circunstancia para solicitarle, de manera insistente, que le envíe fotografías
íntimas tal y como él mismo reconoce en declaración que formalizó ante la
psicóloga adscrita a [la] Comisaría de Familia en fecha 15 de abril de 2019. Lo
anterior, es decir, solicitar y obtener imágenes íntimas de una menor de
edad, más específicamente de una menor de catorce años, en sí mismo
constituye no solo una infracción al manual de convivencia de la institución
(que califica esta conducta como situación tipo III) sino también un delito
tipificado en la legislación colombiana vigente. Más aún cuando el estudiante
[…] es mayor de catorce años y, por lo tanto, se encuentra en un estadio
evolutivo y cognitivo de superioridad frente a la menor”[142] (mayúsculas
originales, negrillas agregadas).
Con todo, la
Sala sí encuentra una indebida utilización del lenguaje del Comité Escolar de
Convivencia al referir que la conducta realizada por el estudiante disciplinado
constituye “un delito tipificado en la legislación colombiana vigente”,
pues dicha categorización corresponde hacerla a la autoridad penal competente.
Pese a ello, tal señalamiento no comporta la invalidez de la actuación
adelantada por la Institución Educativa.
5.6. La
Institución Educativa no atendió los postulados de proporcionalidad de la
sanción impuesta al adolescente
5.6.1. La Sala
recuerda que el representante legal del adolescente en el trámite de la acción
de tutela cuestionó que, en la aplicación del artículo 19 del Manual de
Convivencia de la institución, no se diera cumplimiento a los principios de
proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de la sanción, en la medida en que
se privó a su hijo del derecho a la educación.
5.6.2.
La sanción impuesta por el Comité de Convivencia Escolar, y que fue ratificada
por el Consejo Directivo, fue la “[s]uspensión preventiva durante el tiempo
que le tome a la Fiscalía General de la Nación y a un juez de menores
determinar la culpabilidad o inocencia del menor de referencia”[143],
por la conducta de solicitar y obtener imágenes íntimas de una niña de 12 años,
lo que constituye una situación Tipo III según el Manual de Convivencia (art.
18, lit. cuarto[144]).
Hacer depender la duración de la suspensión preventiva del
estudiante al tiempo que le tome a la autoridad competente[145] determinar
la culpabilidad o inocencia de JETF, es desproporcionado. Lo anterior, porque
deja en suspenso la definición de la situación disciplinaria del estudiante
hasta que la autoridad jurisdiccional en su competencia penal decida, sin tomar
en consideración que en la práctica los procesos penales tienen una larga
duración en sus fases de indagación, investigación y juicio oral.
Lo cierto es que el Manual de Convivencia, en su artículo 19, señala
que una vez efectuada la denuncia, la Institución Educativa procederá a
suspender preventivamente al acusado, hasta que los entes competentes en
materia penal determinen el grado de culpabilidad y la sanción que la ley
contempla. En tal sentido, si se encuentra algún grado de culpabilidad, la
Institución Educativa llevará a cabo la cancelación del respectivo contrato de
matrícula, y si el acusado es declarado inocente, será reintegrado de manera
inmediata a la institución.
La anterior disposición desconoce que cada órganismo, esto es, el
escolar y el penal, tienen competencias independientes fundamentadas en
normativas diversas. Por esta razón, la autoridad escolar debe concluir sus
actuaciones mediante la imposición de las sanciones que correspondan, sin hacer
depender su definición a lo que sea decidido por la autoridad penal. Lo
contrario, implica dilatar injustificadamente en el tiempo una sanción que debe
ser oportuna, máxime cuando de su definición depende la permanencia o no del
estudiante en el plantel educativo y, con ello, la garantía de su derecho a la
educación, ya sea en el mismo colegio o en otro diferente.
La
inconveniencia de la anterior regulación es de tal magnitud que ni siquiera las
autoridades de la Institución Educativa saben cómo darle aplicación. En el
informe rendido en la fase probatoria del presente trámite de revisión, el
rector, el coordinador académico y el docente orientador de la Institución
Educativa señalaron que la Resolución 006 del 6 de junio de 2019, proferida por
el Consejo Directivo de la Institución Educativa, que suspendió de manera
preventiva al estudiante JETF, “fue cumplida en su momento aunque a la fecha
ya no se encuentra vigente. Lo anterior en tanto que la vigencia de este acto
administrativo concluyó con la finalización del respectivo calendario
académico, razón por la cual el estudiante suspendido pudo haber vuelto a vincularse
a esta institución educativa para el presente año, si ese hubiera sido su deseo
y el de su representante legal”[146].
Obsérvese que se
plantea que la sanción de suspensión preventiva adoptada no se encuentra
vigente pese a que la autoridad competente en lo penal no ha determinado la
culpabilidad o inocencia de JETF. Incluso cuando ni siquiera la fase
investigativa ha iniciado. Mediante oficio No. 056 del 25 de febrero de 2020,
el Fiscal Seccional 47 del Municipio de Samaniego, Nariño, informó: “[…] este
despacho adelanta bajo el sistema de RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES una
INDAGACIÓN PRELIMINAR contra el joven [JETF] por presunto [delito] de
PORNOGRAFÍA CON MENORES artículo 218 C.P. por la denuncia allegada desde la
COMISARÍA DE FAMILIA del municipio de La Llanada - Nariño, radicado bajo el CUI
526786000531201900035, se impartieron unas órdenes a policía las cuales se está
a la espera de su evacuación”[147]
(mayúsculas originales).
La
indeterminación de la duración de la sanción es
problemática desde una perspectiva constitucional porque puede implicar
la afectación del derecho fundamental a la educación de un menor de edad.
Sin embargo, en el caso concreto, tal consecuencia no se alcanzó a configurar
porque JETF finalmente no vio truncado su proceso educativo porque pudo
matricularse y continuar estudiando en otro colegio. Aún así, no es deseable
que esta situación de indefinición de la sanción se presente en un futuro.
Por lo anterior, la Sala le
ordenará a la Institución Educativa accionada que adecúe el artículo 19 del
Manual de Convivencia de tal forma que cumpla criterios de proporcionalidad y
en adelante no supedite las sanciones a imponer a las actuaciones que
corresponda adelantar en el marco de sus competencias a la autoridades judiciales
en materia penal[148].
5.6.3.
Si bien la Sala constata que la suspensión del disciplinado “hasta que los
entes competentes determinen el grado de culpabilidad y la sanción que la ley
contempla” no cumple postulados de proporcionalidad, dada su indeterminación,
también encuentra que la suspensión fue razonable y necesaria en función de la
gravedad de la falta cometida, los bienes jurídicos afectados y el propósito
pedagógico. Así, fue razonable en la medida en que persigió un fin
constitucionalmente legítimo[149],
y necesaria porque ante la gravedad de los hechos comprobados por las
autoridades de la Institución Educativa se requería adoptar una decisión de
separación del estudiante del plantel, en cumplimiento de su obligación de
asistir y proteger a la niña implicada para garantizar su desarrollo armónico e
integral y el ejercicio pleno de sus derechos (art. 44 C.P.).
5.7. La
Institución Educativa no vulneró el derecho fundamental a la educación del
adolescente
5.7.1. La Sala no encuentra vulnerado el derecho a la educación del
disciplinado. La potestad disciplinaria de los establecimientos educativos hace
parte del proceso de formación ética e intelectual de los estudiantes. Cumple
el papel de promover valores democráticos y de inclusión, y de formar personas
capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos,
sexuales y reproductivos, tal como lo prevé el artículo 2 de la Ley 1620 de
2013[150].
Ahora, el
derecho a la educación comporta el cumplimiento de deberes correlativos para con
la institución y la comunidad educativa, de tal manera que si estos no se
acatan, se justifica el ejercicio de la potestad disciplinaria que, incluso,
puede terminar con la aplicación de una sanción de exclusión del plantel
educativo. Es decir, el derecho a la educación no implica la garantía absoluta
de permanencia del discente en un establecimiento educativo cuando este no
acata su normativa.
5.7.2. La Sala
concluye que la institución accionada actuó en ejercicio de su potestad
disciplinaria en razón de la obligación que tiene de cumplir su misión
educativa y formativa, así como para garantizar el “derecho a la protección
y a la formación integral” que tienen todos los adolescentes, conforme con
el artículo 45 constitucional, del cual son corresponsables los padres (art.
44, inc. 2º C.P.).
5.7.3. Adicionalmente, obsérvese que a raiz de la
oportuna intervención de la Comisaría de Familia de La Llanada, Nariño, fue
posible identificar una alteración en el patrón de la relación familiar que
incidía en el comportamiento de JETF, al punto de decidir que su custodia
provisional estaría a cargo de su madre. Este hecho implicó para él un cambio
de domicilio y la posibilidad de que retomara sus estudios en el grado octavo
de educación básica secundaria, en el CEÑLM[151].
5.8. La
Institución Educativa no vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al
libre desarrollo de la personalidad del adolescente
5.8.1. En
relación con el derecho a la igualdad, aunque el representante legal del
accionante no aportó argumentos explicativos acerca del sentido en que entiende
vulnerado dicho derecho, la Sala no encuentra que en el marco del procedimiento
disciplinario adelantado por la Institución Educativa haya sido afectado. Ello,
en la medida en que no observa que a JETF se le haya dado un trato diferenciado
o que las actuaciones conlleven alguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.
5.8.2. Tampoco
observa vulneración alguna del derecho al libre desarrollo de la personalidad,
porque el ejercicio de la libertad encuentra límites infranqueables en el
respeto de los derechos ajenos, y cuando esas fronteras son traspasadas se
deben asumir las consecuencias a que haya lugar conforme al ordenamiento
jurídico aplicable.
El adolescente JETF
se encuentra en una etapa fundamental de su proceso formativo y es muy
importante que entienda que el ejercicio de su libertad pasa por el respeto de
los derechos de los demás, y que cuando esos límites se cruzan hay que asumir
la responsabilidad de los actos propios y aceptar las consecuencias que ello
implica.
5.9. Como lo
indicó la Sala en la Sentencia T-240 de 2018, esta época de avances
tecnológicos extraordinarios conlleva delicados retos para los directores de
los establecimientos educativos, sus profesores y los padres de familia, en
relación con la enseñanza y la promoción del uso responsable y seguro de las
redes sociales digitales por parte de las niñas, los niños y los adolescentes.
Al respecto, es importante un trabajo colaborativo entre las instituciones y
los padres de familia para alertar a los estudiantes acerca de los posibles
riesgos que implica el uso inadecuado de las tecnologías de la comunicación y
la información.
La Sala tiene
noticia de que la Institución Educativa accionada ya ha adelantado jornadas
pedagógicas a partir de los hechos ocurridos[152].
Con todo, estima necesario invitar a la Secretaría de Educación Departamental
de Nariño a que programe en las diferentes instituciones educativas de carácter
público del departamento jornadas de reflexión con perspectiva de género, en
donde se aborden temas referentes a (i) el deber de respeto a la
intimidad de las personas, (ii) el manejo de las redes sociales, y (iii)
los derechos y deberes de los estudiantes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 27 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego,
Nariño, que declaró improcedente la acción de tutela, y CONFIRMAR la
sentencia del 14 de agosto de 2019 del Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño,
que negó la protección de los derechos invocados por el representante legal de JETF,
pero por las razones señaladas en la presente providencia.
SEGUNDO.
ORDENAR a la IEJPI que, mediante un amplio proceso
participativo y pedagógico, adecúe el artículo 19 del Manual de Convivencia de
tal forma que cumpla criterios de proporcionalidad, y no supedite las sanciones
a imponer a sus estudiantes a las actuaciones que corresponda adelantar a
autoridades externas en el marco de sus competencias.
TERCERO. INVITAR a la Secretaría de Educación Departamental de Nariño a que programe
en las diferentes instituciones educativas de carácter público del departamento
jornadas de reflexión con perspectiva de género, en las que se aborden temas
referentes a (i) el deber de respeto a la intimidad de las personas, (ii)
el manejo de las redes sociales, y (iii) los derechos y deberes de los
estudiantes.
CUARTO. ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que suprima de
toda publicación del presente fallo, los nombres y los datos que permitan
identificar a los adolescentes y las familias involucradas. Igualmente, ordenar
por Secretaría General al Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño,
que se encargue de salvaguardar la intimidad de los adolescentes y sus familiares,
manteniendo la reserva sobre el expediente.
QUINTO.
LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 2 al 18 del cuaderno de
revisión.
[2] “Por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales”.
[3] A folio 15 del cuaderno
principal obra copia del registro civil de nacimiento de JETF, con fecha de
nacimiento del 19 de marzo de 2005. En el documento se indica que el padre es JHTZ.
En adelante, los folios a que se haga referencia corresponderán al cuaderno
principal a menos que se señale otra cosa.
[4] La demanda y sus anexos obran
a folios 1 al 15.
[5] Folio 1.
[6] En el numeral 1 de la parte
resolutiva de la Resolución 006 del 6 de junio de 2019, proferida por el
Consejo Directivo de la Institución Educativa, se lee: “Suspender de manera
preventiva al estudiante [JETF], vinculado a esta institución educativa donde
cursa grado octavo de educación básica secundaria, en concordancia y obediencia
a lo estipulado en el manual de convivencia institucional, artículo 19, donde
se define el procedimiento disciplinario para las situaciones tipo III. La
duración de la suspensión estará sujeta al tiempo que duren las etapas
probatoria y decisoria, llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación y
por un juez de menores. La suspensión se hará efectiva a partir de la entrada
en vigor de la presente resolución, mediante la firma por parte de los miembros
del Consejo Directivo de la institución educativa” (folio 13).
[7] Folio 2.
[8] Folios 10 al 14.
[9] Folio 9.
[10] Folio 16.
[11] Señor ERC. El escrito de
respuesta obra a folios 18 al 26.
[12] Explicó que el Manual de
Convivencia de la Institución Educativa, en su artículo 19, establece el
procedimiento disciplinario para situaciones Tipo III: “Ante la ocurrencia de
una situación tipo III, y merced a la gravedad de este tipo de situaciones, se
deberá proceder inmediatamente a realizar la respectiva denuncia ante la
autoridad competente, quien será la que tenga a su cargo las etapas probatoria
y decisoria. || Una vez efectuada la denuncia, la institución educativa en
observancia y obediencia del principio legal que postula el interés colectivo
sobre el interés particular procederá a suspender preventivamente al o los
acusados, hasta que los entes competentes determinen el grado de culpabilidad y
la sanción que la ley contempla. || Si se encuentra algún grado de
culpabilidad, la institución educativa llevará a cabo la cancelación del
respectivo contrato de matrícula. Si el o los acusados son declarados
inocentes, serán reintegrados de manera inmediata a la institución. ||
PARÁGRAFO 1: Si los entes competentes declaran la culpabilidad de el o los
acusados y les impone una sanción, pero el acto concreto por el que se efectuó
la denuncia no representa un peligro inminente [o] inevitable para la comunidad
educativa, el comité escolar de convivencia podrá previo análisis del caso
recomendar el reingreso del o los acusados, siempre que medie compromiso legal
vigente en comisaría de familia o entidad correspondiente quienes se
constituirán en garantes de cumplimiento. || PARÁGRAFO 2: Si después del
proceso de reingreso mencionado en el parágrafo anterior se diera reincidencia
en la comisión de una situación tipo I, II o III, la institución educativa
procederá a cancelar de manera inmediata el contrato de matrícula del o los
estudiantes involucrados durante lo que reste del año escolar, en concordancia
con lo que la jurisprudencia emitida al respecto estipula” (mayúsculas
originales) (folios 23 y 24).
[13] Se precisó que en una acción
de tutela anteriormente presentada por el adolescente JETF en contra de la
Institución Educativa, por la vulneración de su derecho al debido proceso en el
marco del procedimiento disciplinario que en su contra se adelantaba, el
Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño, en la sentencia de tutela
No. 12 del 9 de mayo 2019, proferida bajo el radicado 2019-0002800, decidió:
“CUARTO: Ordenar al coordinador académico de la [IEJPI], […], inicie nuevamente
el proceso disciplinario que se debe adelantar en contra de [JETF], atendiendo
lo señalado en las consideraciones de la presente sentencia. Para lo anterior,
a fin de que exista la mayor celeridad y eficiencia en el proceso, podrá
ampararse y tendrán total validez los elementos de prueba recaudados dentro del
trámite nulitado, los recopilados por parte de la Comisaría de Familia
municipal y los allegados al trámite de la presente acción de tutela, siempre y
cuando dentro de los mismos no se hayan transgredido los derechos amparados al
actor. En todo caso, el proceso disciplinario deberá concluirse en el menor
tiempo posible” (mayúsculas originales). “SEXTO: Ordenar al coordinador
académico de la [Institución Educativa], con asesoría del COMISARIO DE FAMILIA
municipal, […], envíe la denuncia y los demás documentos que sirvan como
soporte de la misma, ante el FISCAL 47 SECCIONAL del municipio de Samaniego,
Nariño, para lo de su competencia. Corresponderá al coordinador académico y al
comisario de familia municipal, estar al tanto de la investigación que se
realizará por parte del ente acusador, colaborando en su desarrollo eficaz e
impulsándola para obtener un resultado en el menor tiempo posible” (folio 63).
[14] Folio 20.
[15] Folio 20.
[16] Folio 20.
[17] Folio 24.
[18] Sentencia de tutela No. 12 del
9 de mayo 2019, proferida bajo el radicado 2019-0002800.
[19] Entre las pruebas aportadas se
encuentra la copia de los informes psicológicos que dan cuenta de las
entrevistas y las evaluaciones realizadas a SLCP y MARM, estudiantes de la
institución educativa, por efectos de la presunta difusión de fotografías
íntimas suyas por parte de otros estudiantes. Igualmente, se aportó copia del
informe psicológico que contiene la entrevista y la evaluación realizada a JETF,
en razón de los procedimientos que se abrieron en su contra por las
declaraciones dadas por SLCP y MARM.
[20] Doctor Jaime Guerrón Vallejo.
[21] El escrito obra a folio 107.
[22] El fallo obra a folios 108 al
116.
[23] La decisión obra a folios 3 al
5 del cuaderno de impugnación.
[24] El juez de primera instancia
explicó que la Institución Educativa no tuvo rector o director durante parte
del 2019, razón por la que fue notificado el coordinador académico, directivo
docente que asumió dicho rol con la totalidad de funciones y competencias.
También señaló que el 18 de julio de 2019, momento en el que ya se había
dictado el fallo de primera instancia, se había presentado la impugnación y
hecho la remisión del expediente al juez de segunda instancia, el secretario de
educación del Departamento de Nariño, mediante Resolución No. 2656 de 2019,
encargó temporalmente como directivo docente - rector en la Institución
Educativa a SMAC, a quien, una vez fue reiniciado el trámite, se le notificó el
auto admisorio de la acción de tutela (folio 161).
[25] La rectora SMAC, encargada
temporalmente del cargo mediante Resolución 2656 del 18 de julio de 2019 de la
Secretaría de Educación del Departamento de Nariño (folios 144 y 145), el 2 de
agosto de 2019, radicó el mismo escrito de respuesta que con anterioridad había
presentado el coordinador de la Institución Educativa, ERC (folios 135 al 143).
[26] La sentencia obra a folio 156
al 165.
[27] Folio 164, reverso.
[28] Folios 162, reverso, y 163.
[29] El escrito obra a folios 167
al 178.
[30] Folio 25 del cuaderno de
impugnación.
[31] Folios 21 al 23 del cuaderno
de revisión.
[32] Folio 98 del cuaderno de
revisión.
[33] La respuesta obra a folio 36
del cuaderno de revisión.
[34] Folio 36, reverso, del
cuaderno de revisión.
[35] Ibídem.
[36] Ibídem.
[37] Ibídem.
[38] La respuesta obra a folio 38
del cuaderno de revisión.
[39] Folio 38 del cuaderno de
revisión.
[40] Folio 40 del cuaderno de
revisión.
[41] Ibídem.
[42] La respuesta obra a folio 46
del cuaderno de revisión.
[43] La respuesta obra a folio 49
del cuaderno de revisión.
[44] En dicho documento, con asunto
“Respuesta al requerimiento NAR2019ER019192, por suspensión de un estudiante
del grado octavo de la [Institución Educativa]”, dirigida al señor ERC, se lee:
“La presente para comunicarle, que en la información contenida en el oficio
remitido a la secretaría de Educación Departamental con fecha 14 de junio de
2019, se puede evidenciar que la Institución Educativa ha ejecutado un
tratamiento adecuado a la problemática presentada, siguiendo la ruta de
atención recomendada a este tipo de problemas de tipo III, como son las
situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos en
contra de la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el título IV
del libro II de la Ley 599 de 2000. || De acuerdo a lo anterior, para
corroborar la información por Ustedes suministrada la oficina de inspección y
vigilancia de la SED programará visita in situ, de igual manera se la tendrá en
cuenta en las presuntas gestiones que adelanten los entes de control en el Departamento”
(folio 120 del cuaderno de revisión). La anterior respuesta tuvo lugar con
ocasión de un informe rendido por la Institución Educativa a la Secretaría de
Educación Departamental de Nariño en donde le contaba acerca del procedimiento
disciplinario adelantado al estudiante.
[45] La respuesta y sus anexos
obran a folios 100 al 165 del cuaderno de revisión.
[46] Folio 130 del cuaderno de
revisión.
[47] Folio 130 del cuaderno de
revisión.
[48] Folio 129 del cuaderno de
revisión.
[49] Folio 166 del cuaderno de
revisión.
[50] Las familiares que
suministraron la información fueron SGF y MLF (folio 167).
[51] El 19 de marzo de 2020 el
señor JHTZ fue contactado a través del número de teléfono celular que fue
indicado en el escrito de la demanda (folio 8).
[52] Los números de teléfono
celular fueron tomados del acta de la entrevista realizada a la madre del
adolescente en la Comisaría de Familia de La Llanada, Nariño (folio 54), de
donde se extracta que la señora NYF trabaja en una finca ubicada en zona rural
del municipio de Barbacoas, Nariño, en donde es difícil tener comunicación
telefónica porque es muy mala la señal (folio 57).
[53] “Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[54] A folio 15 del cuaderno
principal obra copia del registro civil de nacimiento de JETF, con fecha de
nacimiento del 19 de marzo de 2005. En el documento se indica que el padre es JHTZ.
[55] En ese sentido, puede
consultarse Corte Constitucional, Sentencias T-526 de 2005, T-834 de 2005,
T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006,
T-792 de 2007, T-825 de 2007,  T-243 de 2008, T-265 de 2009, T-299 de 2009,
T-691 de 2009, T-883 de 2009, T-887 de 2009, T-328 de 2010, T-805 de 2012,
entre muchas otras.
[56] Folio 1.
[57] En concreto, los hechos objeto
del procedimiento disciplinario fueron: “[el estudiante] compartió por WhatsApp
con al menos uno de sus compañeros, sin que tuviera autorización para ello,
fotografías en las que aparecían con el torso desnudo adolescentes que también estudiaban
en el Colegio. Fotos que él obtuvo debido a que las jóvenes se las compartieron
por Snapchat, pensando que serían efímeras dadas las características de la
aplicación, ya que las imágenes y los mensajes allí compartidos pueden ser
accesibles solo durante un tiempo determinado, y sin contar con que CAJC haría
un screenshot o sacaría una captura de pantalla, que le permitiría guardar las
imágenes fotográficas en su celular para luego compartirlas. El joven reconoce
en su escrito de demanda que guardó las fotografías en su teléfono móvil y que,
al menos en el caso de dos de las jóvenes (MAP y MS), él mismo compartió las
imágenes con su amigo y compañero de clase S, y que luego esas fotos
aparecieron circulando en su salón de clase”.
[58] Corte Constitucional,
Sentencia T-240 de 2018.
[59] Esta última característica fue
estudiada en las Sentencias T-251 de 2005, T-437 de 2005, T-917 de 2006 y T-651
de 2007.
[60] A folio 15 del cuaderno
principal obra copia del registro civil de nacimiento de JETF, con fecha de nacimiento
del 19 de marzo de 2005. En el documento se indica que el padre es JHTZ.
[61] Tal afirmación se lee en la
copia del informe psicológico de la Comisaría de Familia de La Llanada, fechado
el 10 de abril de 2019, firmado por la psicóloga Marilyn Y. Zambrano (folios 49
y 50). La actuación se da dentro del procedimiento adelantado por la presunta
difusión de una fotografía íntima suya por parte de los estudiantes AM, CC y JETF.
[62] “Por el cual se reglamenta la
Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”.
[63] “Por la cual se crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación
de la Violencia Escolar”.
[64] Integrado por el Comité
Nacional de Convivencia Escolar.
[65] Integrado por los comités
municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, según
corresponda.
[66] Integrado por el comité de
convivencia del respectivo establecimiento educativo.
[67] Explica que: “a) Agresión
física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la
salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas,
mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras; || b) Agresión
verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar,
atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y
amenazas; || c) Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos
degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros; || d) Agresión
relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que
otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir
rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene
la persona frente a otros; || e) Agresión electrónica. Es toda acción que
busque afectar negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye
la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar
comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y
enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto
de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía” (art.
39, num. 3º, Decreto 1965 de 2013).
[68] En dicho acápite están
consagrados los siguientes tipos penales generales: la violación (capítulo I),
los actos sexuales abusivos (capítulo II) y la explotación sexual (capítulo
IV).
[69] Por la pertinencia para el
caso, se transcribe el artículo 44 que hace referencia al protocolo para la
atención de situaciones Tipo III: “Los protocolos de los establecimientos
educativos para la atención de las situaciones tipo III a que se refiere el
numeral 3 del artículo 40 del presente decreto, deberán desarrollar como mínimo
el siguiente procedimiento: || 1. En casos de daño al cuerpo o a la salud,
garantizar la atención inmediata en salud física y mental de los involucrados,
mediante la remisión a las entidades competentes, actuación de la cual se
dejará constancia. || 2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o
acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se
dejará constancia. || 3. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia de
manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la situación en
conocimiento de la Policía Nacional, actuación de la cual se dejará constancia.
|| 4. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los
integrantes del Comité Escolar de Convivencia en los términos fijados en el
manual de convivencia. De la citación se dejará constancia. || 5. El Presidente
del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes en el comité,
de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y
confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado
ante la autoridad competente. || 6. Pese a que una situación se haya puesto
en conocimiento de las autoridades competentes, el Comité Escolar de
Convivencia adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del
establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del ámbito de sus
competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas
que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación de
la cual se dejará constancia. || 7. El Presidente del Comité Escolar de
Convivencia reportará la información del caso al aplicativo que para el efecto
se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia
Escolar. || 8. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento
por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asuma el
conocimiento y del Comité Municipal, Distrital o Departamental de Convivencia
Escolar que ejerza jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual
se presentó el hecho” (negrillas fuera de texto).
[70] El documento obra a folios 132
al 165 del cuaderno de revisión.
[71] Folios 143 y 145 del cuaderno
de revisión.
[72] Folios 45 y 47 del cuaderno de
revisión.
[73] Al respecto, el artículo 27
del Manual de Convivencia regula: “Para todas las decisiones que se tomen
frente a la comisión de faltas que sean objeto de llamado de atención o sanción
al presuntamente inculpado(a) le asiste el derecho de apelar a una segunda
instancia conforme se ha establecido en este manual de convivencia dentro de
los tres (3) días hábiles siguietes a su notificación. La segunda instancia
resolverá el recurso dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al
conocimiento de la causa y su decisión será la definitiva. Si el inculpado no
hace uso del recurso dentro del término aquí establecido, la decisión de
primera instancia quedará en firme” (folio 164 del cuaderno de revisión).
[74] Folio 148 y 149 del cuaderno
de revisión.
[75] Folio 149 del cuaderno de
revisión.
[76] Ibídem.
[77] Situación Tipo I.
“Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en
ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud” (folio 151).
[78] Situación Tipo II.
“Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar
(bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de
la comisión de un delito […]” (folio 155 del cuaderno de revisión).
[79] Folio 159 del cuaderno de
revisión.
[80] Ibídem.
[81] Folios 160 y 161 del cuaderno
de revisión.
[82] Folios 162 y 163 del cuaderno
de revisión.
[83] El fallo obra a folios 101 al
119 del cuaderno de revisión.
[84] En el término probatorio del
presente trámite de revisión, el rector, el coordinador académico y el docente
orientador de la Institución Educativa explicaron que el 8 de abril de 2019, la
madre y acudiente de la niña SLCP, señora EPPC, hizo presencia en las instalaciones
para informar de la presunta comisión de un delito por parte del estudiante JETF,
vinculado al grado octavo de educación básica secundaria, al “obtener y hacer
público a través de medios informáticos material fotográfico de carácter íntimo
de su hija […], menor de edad, también vinculada a [la] institución” (folio 126
del cuaderno de revisión). A continuación, señalaron, se activó la ruta de
atención integral informando a la Comisaría de Familia de La Llanada para lo de
su competencia. Agregaron que conocidos los hechos por el Comité Escolar de
Convivencia, procedió a suspender preventivamente al estudiante JETF (mediante
la Resolución No. 03 del 15 de abril de 2019), “hasta que la fiscalía general
de la nación y un juez penal para menores decidan la inocencia o culpabilidad
del menor” (folio 126 ibíd.).
[85] En el fallo, que apoya su
argumentación en la Sentencia T-240 de 2018 de esta Sala de Revisión, se lee:
“A manera de ejemplo y como un modelo que puede ser aplicado al caso concreto,
un proceso disciplinario que hubiese respetado a cabalidad un debido proceso y
un consecuente derecho de defensa, debió contemplar las siguientes etapas: ||
1. Inmediatamente el docente orientador de la institución educativa recibió la
denuncia verbal que efectuara la madre de la menor afectada, debió, además de
remitirla a la Comisaría de Familia municipal, por ser al interior del
municipio quien maneja asuntos que atañ[e]n a menores de edad, ponerla en
conocimiento de la autoridad competente tal y como lo ordena el manual de
convivencia en su artículo 19 inciso 1º, que no es otra sino, para el presente
caso, la Fiscalía 47 Seccional del municipio de Samaniego, Nariño, a fin de que
adelante las indagaciones e investigaciones correspondientes. || 2. Al conocer
la situación acaecida, el coordinador académico de la institución educativa,
quien debido a la ausencia del rector en el momento se encuentra cumpliendo
funciones como si lo fuera, debió, antes de citar al Comité Escolar de
Convivencia, comunicar al estudiante implicado y sus padres, ya sea de manera
verbal (guardando constancia de tal hecho) o escrita, los hechos que originan
la convocatoria a que se reúna el Comité, informando al actor de la oportunidad
que tiene de presentarse en tal cita acompañado de sus padres, uno de ellos, un
acudiente o incluso el personero estudiantil, a fin de que empiece a ejercer su
derecho de defensa. || La comunicación al estudiante debió contener: la
información sobre la apertura del proceso disciplinario en su contra y las
conductas posibles de sanción; el traslado de las pruebas que soportan los
cargos formulados; la indicación del término o la oportunidad en la cual podría
rendir sus descargos, controvirtiendo las pruebas existentes en su contra y
allegando las que considere necesarias para sustentar sus descargos. || 3. La
reunión del Comité Escolar de Convivencia debió adelantarse bajo los principios
de confidencialidad, procedimiento contradictorio, legalidad de las sanciones
definidas en el reglamento interno, e individualización y proporcionalidad de
la sanción. || Debió ser conducida por su presidente, el coordinador académico
o el orientador educativo, según el caso, e iniciar poniendo en conocimiento el
hecho que desencadena la junta, efectuando un procedimiento contradictorio, y
posterior a la salida del lugar de reunión del alumno y su acudiente, tras un
argumentado proceso de deliberación, concluir con la decisión motivada a
adoptar, la cual debió ser notificada de manera oral (se deja constancia de la
situación), otorgando la posibilidad de ser recurrida, y en caso de existir
recurso, ser resuelt[o] por el Consejo Directivo como instancia superior, o
como se tenga dispuesto aquel trámite. || 4. Siendo que se decidió someter la
ratificación de la medida adoptada ante el Consejo Directivo, en ese momento,
como en el anterior, se debió otorgar la posibilidad de que esté presente el
accionante y su acudiente a fin de garantizar su derecho de defensa y
contradicción. Ante la Resolución No. 003 del 15 de abril de 2019 proferida, se
debió otorgar la oportunidad de interposición de recurso y éste ser resuelto
como corresponda. || El expuesto hubiera sido un escenario garantista que
respetara a cabalidad un debido proceso y derecho de defensa, como se
evidencia, la institución educativa omitió algunas actuaciones trascendentes,
que llevan a que inevitablemente se haya configurado una vulneración de los
señalados derechos fundamentales” (folios 115 y 116 del cuaderno de revisión).
[86] Folio 118 del cuaderno de
revisión.
[87] A folios 121 al 125 se
encuentra el reglamento y manual de funciones del Comité Escolar de
Convivencia. En el artículo 7 se indica que son miembros por derecho propio: el
rector, el coordinador, el docente orientador, el personero estudiantil y el
representante estudiantil; y por elección: dos miembros de la junta de padres
de familia elegidos por votación popular, y un miembro del cuerpo docente
elegido en asamblea general de docentes. Entre sus funciones se encuentran:
“[…] 5. Participar en las deliberaciones y estudios de caso con el fin de
adoptar determinaciones en relación al manejo de la convivencia en la
institución. || 6. Sugerir alternativas de solución, si lo consideran
pertinente, ante la ocurrencia de situaciones que alteren la convivencia
siempre y cuando se ciñan a lo estipulado en el manual de convivencia […]”
(folio 122).
[88] Folio 27. A folio 35 aparece
certificado de estudio de SLCP en la Institución Educativa, con fecha del 9 de
abril de 2019.
[89] Folio 27.
[90] Folio 28.
[91] Folio 68.
[92] Folio 127 del cuaderno de
revisión.
[93] Sentencia de tutela No. 12 del
9 de mayo de 2019, proferida bajo el radicado 2019-0002800.
[94] Folios 69 al 71.
[95] Folio 69.
[96] Folio 29. El documento es
firmado por el comisario de familia, Bairo Patricio Yela Belalcazar, y la
adolescente SLCP.
[97] Folio 29.
[98] Folios 30 al 32. A folio 33
obra copia de la tarjeta de identidad de SLCP.
[99] Folios 38 al 42. El informe
está firmado por la psicóloga Marilyn Y. Zambrano. En esa oportunidad también
se entrevistó a EPPC, madre de la niña, y se le brindó orientación para
fortalecer la seguridad de SLCP.
[100] Folio 41.
[101] Ibídem.
[102] Folio 42.
[103] “Recomendaciones ||
Seguimiento por parte de psicología de Comisaría de Familia. || Remisión a
atención psicológica clínica de la ESE San Juan Bosco. || Solicitar apoyo a
orientación escolar y docentes de la Institución Educativa […], dado que los
menores pertenecen a la [misma]” (folio 42).
[104] Folios 43.
[105] Folios 49 al 53. En la
entrevista señaló que no se ha tomado, enviado o publicado ninguna foto suya
desnuda (folios 49 y 50). El informe está firmado por la psicóloga Marilyn Y.
Zambrano.
[106] Folios 54 al 60.
[107] Folio 55. Al respecto se lee:
“Ent. ¿[T]ú chantajeaste a tu compañera cuando no te enviaba fotografías? Rta/
no, le insistía sí, Ent. ¿[E]ras muy insistente? Rta/ sí, Ent. ¿Cuándo [SLCP] definitivamente
no te enviaba fotos, tú qué decías? Rta/ le decía que si ella me quería y así,
entonces ella decía que sí, y ella a mí hasta plata me regalaba y todo, Ent.
¿Cuándo y por qué te regalaba plata? Rta/ era por mi cumpleaños era en marzo 19
[…] y el 2 o 3 de marzo yo le dije que yo cumplía años y ella me dijo que me
iba a dar un regalo, entonces me preguntó a mí qué quería, que yo le pida algo,
entonces yo le dije que aja yo no sé le dije, y ella me dijo que vaya a la casa
y que ahí me iba a dar algo, de ahí pasé por la casa y ella de ahí de esa
planchita me tiró 20.000 veinte mil pesos, eso fue el 3 de marzo de eso sí
estoy seguro, Ent. ¿[E]ntonces seguiste hablando con ella? Rta/ sí, Ent.
¿[C]uándo fue la última vez que hablaste con ella? Rta/ pues no, no recuerdo
muy bien, no recuerdo, entonces si fue en marzo la última vez que hablamos
porque después ya me bloqueó y me seguía enviando ella hola, en Messenger
aparecía [SLCP] te está saludando, pero no le podía responder, ella me
bloqueaba del Facebook porque no la dejaba la mamá, y desde abril yo no le
podía responde ni hablaba con ella, Ent. ¿[T]ú hablaste con ella personalmente
frente a esta situación? Rta/ yo por [WhatsApp] le escribí el día que me llamó
el orientador en el colegio miércoles o martes, ese día sí le escribí que [por
qué] había ido a decir que yo había compartido esas fotos, que si está segura
que yo las compartí, que cómo sabe, y no sé si cambió de número o no tendrá el
mismo [WhatsApp], porque no me ha respondido ni nada, y a ella personalmente no
le he dicho nada, porque a mí, o sea yo ya cuando le comenté a mi mamá de ese
problema ella había hablado con una abogada en Providencia y le había dicho que
yo no le hablé para nada a [SLCP], para que no vaya a decir más nada de ella,
Ent. ¿[V]olviendo al tema, cuando ella te enviaba fotografías lo hacía por sí
sola, o tú la obligabas? Rta/ insistir sí le insistía, obligar no, pero
insistir sí le insistía, le decía envíamelas por favor, si me quiere y así,
Ent. ¿[L]a estabas chantajeando? Rta/ o sea pero pues no la estaba obligando a
nada, o sea no le decía envíamelas que algo le va a pasar o a su familia, pero
sí le decía que por favor me las envíe, […] Ent. ¿[A] otras compañeritas les has
pedido fotos desnudas? Rta/ no, a nadie más le he pedido fotos, Ent. ¿Te han
enviado o compartido fotos de tus compañeras desnudas? Rta/ sí, o sea mis
compañeros y en la institución, o sea pues es que si alguien empieza a
compartir una foto se riega por toda la institución, y entonces pues yo miré y
habían otras, no supe quién era, solo me las enviaron pero no supe quién era,
pero sí me enviaron, […]” (folio 56).
[108] Folio 60.
[109] Ibídem. En esa
oportunidad también se entrevistó a NYF, madre del adolescente, quien vive y
trabaja en una finca ubicada en zona rural del municipio de Barbacoas, Nariño
(folio 57). En la entrevista se le llama la atención por ser una madre ausente
y se le realiza orientación “ante la posible alteración en el patrón de relación
familiar” (folio 58).
[110] Folio 60.
[111] “Recomendaciones || Mediante
la entrevista realizada a [JETF] se observa alteración en el estado emocional,
debido a la separación de su padre y madre, también expresa que la convivencia
con su padre no es la más adecuada ya que siente exclusión, en la expresión
corporal y gestual se evidencia emociones negativas que implica sentimiento de
tristeza, lágrimas en sus ojos cuando se [expresa] de la relación con su padre
y la separación de sus padres, existe cierto grado de afectación por los
sucesos y situaciones presentadas en su hogar. || Dentro de la entrevista la
madre del paciente confirma la mala relación que existe entre su ex esposo y es
conciente de que esta situación ha afectado el desarrollo y tranquilidad de sus
hijos, como también confirma la ausencia con sus hijos debido a su trabajo lo
que le impide convivir y cuidar de ellos personalmente por esa razón están al
cuidado del padre [además de JETF mencionó que tiene otra hija que vive con el
padre]. || Realizar seguimiento por parte de Comisaría de Familia. ||
Intervención psicológica clínica y seguimiento por parte del psicólogo
profesional. || Orientación familiar donde se dejen claros los roles,
responsabilidades de cada integrante. || Se recomienda profundizar en la
dinámica y relación intrafamiliar e historia de vida, con el fin de estructurar
un plan de intervención acorde a las necesidades de cada uno de los miembros de
la familia frente a la situación que se está llevando y las consecuencias que
genera. || Asignar la custodia del menor de edad [JETF] a la madre [NYF]”
(folio 60).
[112] Folio 61. La constancia de
notificación del auto, además de la madre, también aparece firmado por el padre
del adolescente [JHTZ] (folio 62).
[113] Folio 63.
[114] Folios 64 y 65.
[115] Folio 66 y 67.
[116] El escrito obra a folios 72 al
78.
[117] Folio 76.
[118] Folio 80.
[119] Folio 81.
[120] Folio 86.
[121] Al respecto se lee: “[El]
señor [JHTZ] afirma que el quiere saber qué va a suceder en adelante con el
caso de su hijo [JETF]. [JJMG], abogado quien solicita que se acepte que el
señor [JHTZ] de forma verbal presente el apoderado. El señor [JHTZ] solicita
que se acepte la intervención de su abogado como apoderado, contando que no
existe un documento autorizado mediante un juez o notario para que haga sus
veces de representante. || El señor Jaime Guerrón Vallejo, sugiere que sobre el
tema el comité de convivencia tome la decisión de que participe o no el
apoderado del señor [JHTZ] bajo esas condiciones. El comité acepta que el
abogado participe bajo la sugerencia que en otra ocasión el poder debe estar
por escrito y autenticado. || El señor abogado manifiesta que se le de trámite
al caso teniendo en cuenta que es un caso muy pequeño en comparación a otras
cortes, a lo cual el señor [ERC] lo contradice ya que el caso sí tiene
importancia por tratarse de menores. || El señor [FS] orientador escolar le
pregunta al señor [JHTZ] ¿Qué es lo que desea para que el proceso sea
favorable? El señor [JHTZ] responde que él no tiene conocimientos de ley pero
sí sabe que no se le ha dado debido proceso, a lo cual el abogado del señor […]
manifiesta que no se está siguiendo un conducto regular probatorio. […]. || El
señor [JJMG] como apoderado de [JETF] y de su padre pregunta que por ser un
caso del menor […] cuál fue la razón por la cual no se ha llamado nuevamente a
declarar a la niña, a lo cual el señor personero explica que no se puede ya que
así se estaría revictimizando a la menor al recopilar nuevas pruebas además
sugiere que [JETF] diga la verdad ya que luego se puede saber la verdadera
causa de los hechos. El señor orientador afirma que en la reunión anterior al
señor [JHTZ] se le había preguntado si dejaba el mismo documento de los
descargos que había presentado y [él] aceptó que sea el mismo a pesar de que se
le daba otra oportunidad de que él pueda replantear la defensa, incluso se le
entregó copia de la investigación hecha desde la Comisaría de Familia de La
Llanada, además tiene copia del manual de convivencia. || El señor apoderado [de
JHTZ] sugiere que en reunión de padres de familia pida disculpas el joven [JETF]
sobre el caso […]” (folios 86 a 88).
[122] A folios 86 al 89 obra copia
del Acta No. 13 del 27 de mayo de 2019, que da cuenta de los temas tratados en
la reunión. El documento está firmada por dos representantes de los padres de
familia, una representante de los docentes, dos representantes de los
estudiantes, el coordinador académico de la institución (ERC) y el orientador
escolar (FS).
[123] Folios 90 y 91.
[124] Folios 92 y 93.
[125] El documento obra a folios 94
y 95 y está firmada por el coordinador académico y el docente orientador de la
Institución Educativa.
[126] Folio 95.
[127] Situación tipo III. “Obtener,
compilar, sustraer, vender, intercambiar, comprar, divulgar o modificar
cualquier tipo de información personal a través de redes sociales o cualquier
medio informático o electrónico, que afecte directamente el derecho a la
intimidad o el buen nombre de una o más personas. No se considerará
circunstancia atenuante el que medie consentimiento tácito o explícito por
parte de la víctima del comportamiento abusivo”.
[128] Folios 94 y 95.
[129] Folio 96.
[130] Folio 97.
[131] Folio 98.
[132] Folio 99.
[133] La resolución es firmada por
dos representantes de los padres de familia, un docente de primaria, un docente
de bachillerato y un representante de los exalumnos (folio 104).
[134] Folio 130.
[135] Folio 105.
[136] Folio 106. En el documento se
lee: “Ante la no asistencia del estudiante y su acudiente, no fue posible
estudiar apelación alguna, y en consecuencia los miembros del Consejo Directivo
se deciden por ratificar la decisión adoptada en primera instancia por el
comité escolar de convivencia, consistente en aplicar la sanción prescrita por
el manual de convivencia institucional […]” (folio 106).
[137] Folio 106.
[138] Folio 159 del cuaderno de
revisión.
[139] Ibídem.
[140] Folios 160 y 161 del cuaderno
de revisión.
[141] Sentencia No. 12 del 9 de mayo
de 2019.
[142] Folios 94 y 95.
[143] Folio 95.
[144] Situación tipo III. “Obtener,
compilar, sustraer, vender, intercambiar, comprar, divulgar o modificar
cualquier tipo de información personal a través de redes sociales o cualquier
medio informático o electrónico, que afecte directamente el derecho a la intimidad
o el buen nombre de una o más personas. No se considerará circunstancia
atenuante el que medie consentimiento tácito o explícito por parte de la
víctima del comportamiento abusivo”.
[145] Fiscalía General de la Nación
y juez penal de adolescentes correspondiente.
[146] Folio 130 del cuaderno de
revisión.
[147] Folio 38 del cuaderno de
revisión.
[148] En otras oportunidades este
tribunal le ha ordenado a diferentes establecimientos educativos la
modificación o adecuación de sus manuales de convivencia con la finalidad de
hacerlos compatibles con la Constitución Política. Al respecto, pueden verse
las Sentencias T-918 de 2004, T-1023 de 2010, T-098 de 2011, T-832 de 2011,
T-356 de 2013, T-565 de 2013, T-789 de 2013, T-085 de 2020, entre otras.
Adicionalmente, en la Sentencia T-478 de 2015, con ocasión de una tutela
presentada por la madre de un estudiante que había sido víctima de acoso
escolar en un colegio, esta Corporación ordenó al Ministerio de Educación que
realizara una revisión integral de todos los manuales de convivencia de las
instituciones educativas del país, para velar porque estos respeten la
orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y “para que
incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la
diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como que
contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas internas  que
atenten contra el ejercicio de sus derechos”. Ello al considerar que existía un
déficit de protección de las víctimas de acoso escolar en el país.
[149] Corte Constitucional,
Sentencia T-341 de 2003.
[150] “Por la cual se crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación
de la Violencia Escolar”.
[151] Lo anterior fue afirmado por
el comisario de familia de La Llanada, Nariño (folio 167) y corroborado por el
padre del adolescente JHTZ.
[152] Lo anterior en cumplimiento
del resolutivo séptimo de la sentencia de tutela No. 12 del 9 de mayo 2019,
proferida bajo el radicado 2019-0002800 por el Juzgado Promiscuo Municipal de
La Llanada, Nariño, en el que se lee: “Ordenar al cordinador académico de la
Institución Educativa […], y al Comité Escolar de Convivivencia de la misma
institución, como órgano encargado de la promoción y seguimiento a la
convivencia escolar, que dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir
de la notificación del presente fallo, programen dos jornadas obligatorias de
reflexión y capacitación con perspectiva de género; una de ellas dirigida
solamente a padres de familia y docentes, y otra únicamente a estudiantes, donde
se deberán abordar, entre otros, temas referentes a: (i) las redes sociales y
su manejo; (ii) el rol de los padres de familia frente al manejo de redes
sociales por parte de sus hijos; y (iii) el deber de respeto a la intimidad de
las personas. || En el diseño y organización de las jornadas aludidas, así como
en la capacitación de las mismas, además de personal docente y directivo de la
institución educativa, deberán participar el comisario de familia municipal y
el personero de familia de este municipio, quienes siendo conocedores de las
diversas problemáticas municipales, además de su conocimiento
interdisciplinario, incluyendo el jurídico, pueden ser fundamentales en la
realización de una completa jornada académica. || La institución educativa tomará
las medidas pertinentes, a fin de conseguir que la presencia de los padres de
familia sea obligatoria” (folio 119 del cuaderno de revisión).