T-608-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-608/11
CONSTITUCION
ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE SANO-Protección constitucional
DERECHO AL
MEDIO AMBIENTE-Facetas
De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, a partir de la expedición de la Constitución de
1991, el derecho al medio ambiente se compone de tres facetas: i) proporciona
la facultad a cada individuo de gozar de un medio ambiente sano, derecho que es
exigible por medio de acciones judiciales; ii) dispone una obligación a todos
los ciudadanos nacionales y al Estado, de proteger la diversidad e integridad
del medio ambiente, estableciendo respecto del Estado que dichos deberes son
“calificados de protección” y finalmente, iii) determina la protección del
derecho al medio ambiente, como principio constitucional que irradia todo el
ordenamiento jurídico, y por tanto debe ser protegido de manera transversal.
MEDIO AMBIENTE-Protección
internacional
A nivel internacional Colombia
ha suscrito varios tratados internacionales, en donde se resalta la relevancia
jurídica de la protección al derecho al medio ambiente. A nivel internacional
la protección del medio ambiente se entiende como un derecho fundamental, por
el cual los Estados deben procurar su defensa con el fin de proteger
generaciones futuras, de tal forma que se debe abstener de desarrollar
conductas que atenten contra la naturaleza y se logre la sostenibilidad de la
misma.
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Relación con derechos a la salud y a la vida
Si bien es cierto, como lo ha
establecido la jurisprudencia, que existe una estrecha relación entre los
derechos a la salud y a la vida con el derecho al medio ambiente, la protección
de la naturaleza no sólo debe hacerse en aras de proteger al ser humano. El
medio ambiente no debe ser concebido solamente desde una perspectiva
antropocéntrica, entendiendo que el único fin de preservación es que en un
futuro la naturaleza tenga alguna utilidad para el ser humano y no sea
aliciente en el progreso de la humanidad, sino que la postura frente a éste
bien debe ser de respeto y de cuidado. Teniendo en cuenta que debe haber un
desarrollo armónico en donde el actuar de los seres humanos en relación al
medio ambiente debe responder a la visión en donde los demás integrantes del
medio ambiente son entes dignos que no se encuentran a disposición absoluta e ilimitada
del ser humano. De tal forma que debe ser vista y entendida bajo el supuesto de
que el ser humano es un elemento más de la naturaleza y no un superior que
tiene a su disposición el medio ambiente.
PROTECCION
DE LOS ANIMALES DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL
ANIMAL
BRAVIO-Se debe asemejar al concepto de fauna silvestre definido en la CRNR
FAUNA
SILVESTRE O ANIMAL BRAVIO-Propiedad del Estado
La normatividad contemplada
en el Código Civil, en los artículos 686 y siguientes, relacionada con la
adquisición de la propiedad de animales bravíos por medio de la ocupación en
los casos de la caza y pesca, se ha de ver limitada con la expedición del
Código de Recursos Naturales. Previa la expedición de este código, una persona
podía apropiarse de cualquier animal salvaje a través de la caza y de la pesca,
con el único condicionamiento de que si la persona no tenía permiso del dueño,
lo que sea cazado pertenece al dueño del predio. Sin embargo, luego de la
expedición del Código de Recursos Naturales, en el ya citado artículo 248, toda
la fauna silvestre se encuentra en cabeza del Estado. Con lo que se ve una
clara mutación en el concepto de propiedad privada frente a los recursos
naturales, puesto que se cambia el paradigma en donde la disposición de éstos,
se encuentra sujeta al deber que tiene cada individuo de proteger el medio
ambiente. Así, la  protección al medio ambiente se convierte en un límite
específico de las potestades del ejercicio de la propiedad privada en algunos
casos. Ahora, si bien es cierto que la propiedad de la fauna silvestre dentro
del territorio nacional está en cabeza del Estado, el ordenamiento contempla
dos excepciones: los zoocriaderos y los cotos de caza de propiedad particular.
RECURSOS
NATURALES-Prohibición en todo el territorio nacional de la caza de animales
silvestres bravíos o salvajes y sus excepciones
ANIMALES
DOMESTICADOS Y ANIMAL DE FAUNA SILVESTRE-Formas de adquirirlos
Al analizar la definición de
“animal” contenida en el artículo 687 Código Civil, la clasificación de
animales “domesticados”, sólo puede aplicarse a aquellos animales cuya
propiedad se haya obtenido a través de las dos formas contempladas en la
legislación nacional a saber: animales de zoocriadero con los permisos respectivos
o animales cazados en zonas permitidas con permiso, autorización o licencia.
Sin embargo, considera esta Sala que con la expresión de los animales que “reconocen
en cierto modo el imperio del hombre”, se desconoce la visión del hombre como
parte de la naturaleza que tiene un deber de cuidado y respeto frente a ésta y
se ajusta a una visión utilitarista de la naturaleza que no se ajusta a los
presupuestos de la Constitución Verde. Por lo anterior, es menester establecer
que un animal de fauna silvestre, no puede asemejarse a un animal doméstico y
su propiedad no puede ser obtenida porque estos “conservan la costumbre
de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales
domésticos (…).”
DERECHO A LA
SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA EN ESTADO DE DISCAPACIDAD-Tratamiento
con animalterapia siempre y cuando sea parte de un tratamiento médico y dentro
de un plan de rehabilitación
La
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido, que si bien es cierto que en
algunos casos no es posible encontrar un restablecimiento total de las personas
que padezcan una discapacidad, cuando por medio de terapias y controles
regulares se favorezca la disminución de las deficiencias neurológicas y se
logre una mejora en la calidad de vida del individuo, las entidades encargadas
de la prestación de la seguridad social deben suministrar la atención
requerida. Por lo anterior, se entiende que esta Corporación, reconoce la
importancia de las terapias no convencionales, como la animalterapia, en aras
de proteger los derechos a la salud y a la vida digna de las personas que
sufren algún tipo discapacidad. Esto, siempre y cuando el tratamiento con
animales sea parte de un tratamiento médico y de un plan de rehabilitación. Sin
embargo, es menester aclarar, que en los casos estudiados por la presente
Corporación, el tratamiento con animales ordenado, es en instituciones
especializadas en tratamientos de rehabilitación.
FAUNA
SILVESTRE-Comprende animales como el loro
DERECHO A LA
SALUD-No vulneración por cuanto terapia con loro no corresponde a orden
médica/ACCION DE TUTELA CONTRA CORPOCALDAS-Improcedencia por cuanto
retención de loro es una medida para proteger medio ambiente y desarrollo
sostenible, conservación, restauración y sustitución del ecosistema
Referencia: expediente
T-3045533
Acción de
tutela instaurada por Alba Rocío Cano Román, actuando como agente oficiosa de William
García Yepes,  contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS.
Magistrado Ponente
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ.
Colaboró: Alejandra Tarazona Zambrano
Bogotá D.C., doce (12) de agosto
de dos mil once (2011)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Juan Carlos Henao Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del
fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná,
Caldas, el veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011), en la acción de
tutela instaurada por Alba Rocio Cano Román, actuando como agente oficiosa de
William García Yepes, contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
Los hechos relatados por el
accionante en la acción de tutela se resumen así:
1.1. Indica la accionante que el
estado de salud de su esposo es crítico; tiene secuelas de TEC severo, con
cuadraplesia espástica y afasia mixta, por lo que se encuentra completamente inmovilizado.
1.2. Los médicos recomendaron
para el tratamiento de su esposo terapia con animales-delfines, caballos,
perros labradores o loros. En principio, se optó por un perro, pero  éste le produjo
alergias al señor García y el tratamiento se debió suspender.
1.3. Por lo anterior, se inició
el tratamiento con un loro. Dice la accionante que durante el tiempo en que el
loro convivió con el señor García,  el resultado fue bastante benéfico,
observándose un significativo avance en su desarrollo motriz.
1.4. El 17 de febrero de 2011,
funcionarios de CORPOCALDAS visitaron el hogar de los accionantes y le “quitaron”
el loro por ser éste una especie protegida de fauna silvestre. Dice la accionante
que en repetidas oportunidades se dirigió a CORPOCALDAS solicitando la
devolución del loro. Sin embargo, su pretensión no fue satisfecha.
1.5. Narra la tutelante que la
falta del loro ha implicado un deterioro en el desarrollo motriz del
accionante, puesto que el tratamiento que hasta la fecha había sido exitoso fue
suspendido forzosamente. Señala además que, “al no ponderar CORPOCALDAS (…)
el minimo (sic) daño causado al medio ambiente, con el enorme beneficio y
correlativo enorme daño, causado a un ser humano, con el decomisó (sic) del
loro que utilizaba para hacer mas llevadera, la ya bien complicada, vida diaria.”[1]
Por lo tanto, CORPOCALDAS vulneró los derechos fundamentales a la salud y a
la dignidad humana del señor García.
2.  Pruebas relevantes
aportadas al proceso
A continuación se enlistan las
pruebas relevantes allegadas al proceso:
2.1
Fórmula médica firmada por la fonoaudióloga tratante, en donde establece
la importancia del loro.[2]
2.2
Orden médica, donde no es clara la firma del médico que la expide[3],
en la cual se reitera que el loro hace parte del tratamiento del señor García.[4]
2.3
Copia del registro de nacimiento del señor García, en donde se encuentra
la anotación que señala que éste se encuentra interdicto por demencia de
acuerdo a la providencia del 9 de enero de 2009.[5]
2.4
Derecho de petición de la accionante de fecha 21 de febrero de 2011
solicitando la devolución de la lora.[6]
2.5
Respuesta al derecho de petición de fecha 3 de marzo de 2011.[7]
2.6
Derecho de petición de la señora Elsa Victoria Flórez, auxiliar de
enfermería, de fecha 21 de febrero de 2011, solicitando la devolución del  loro.[8]
2.7
Respuesta al derecho de petición de fecha 3 de marzo de 2011[9].
2.8
Copia de la historia clínica del señor William García Yepes.[10]
2.9
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Alba Rocio Cano Román.[11]
2.10 Acta de
recuperación de fauna y flora silvestre y subproductos de CORPOCALDAS.[12]
3. Solicitud de tutela
El nueve (9) de marzo de dos mil once
(2011), la señora Alba Rocio Cano Román, como agente oficiosa del señor William
García Yepes, interpuso acción de tutela contra la Corporación Autónoma
Regional de Caldas- CORPOCALDAS, por considerar que la entidad accionada
vulneró los  derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana del señor
García con la incautación de un loro que era parte de una terapia de
rehabilitación. En consecuencia, solicita que CORPOCALDAS le entregue de
inmediato el loro.
4. Intervención de la parte
demandada: CORPOCALDAS
Por medio de escrito presentando
el 17 de marzo de 2011, la apoderada judicial de CORPOCALDAS solicitó que se
denegara la acción de tutela. Indicó que el 7 de febrero funcionarios de la corporación,
durante un operativo de control de tráfico de fauna silvestre, escucharon
sonidos característicos de una lora en una vivienda. Acudieron al recinto en
donde se les permitió el ingreso de forma voluntaria. En la vivienda se
encontró el loro objeto de discusión. Al estudiar las características del ave se
encontró que es un loro frente azul de la especie Amazona Amazonica, AVES:
PSITACIDAE, el cual pertenece a la fauna silvestre nacional, al ser un
animal que habita el  territorio nacional y no ha sido objeto de “domesticación,
mejoramiento genético o cría regular”[13]. Señaló que en
el momento en el que fue incautada el ave, esta presentaba señales de maltrato
animal, como las plumas de vuelo cortadas, sobrepeso, estrés, plumaje opaco,
entre otras señales.
Adicionalmente, la apoderada indicó
que CORPOCALDAS actuó conforme a la legislación nacional y a la jurisprudencia.
Al respecto citó la sentencia T-760 de 2007, en la cual se trata un caso por
hechos similares. En esa oportunidad, esta Corte determinó que la recuperación
del animal se había hecho cumpliendo los preceptos legales. Concluye diciendo que
en este caso se actuó conforme a la ley y en aras de la protección del ave.
II. SENTENCIA OBJETO DE
REVISIÓN
Conoció de la causa en única
instancia el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná, Caldas, el veinticuatro
(24) de marzo de dos mil once (2011). Sostuvo el juez, con base en lo esbozado
en la sentencia T-760 de 2007, que la “accionante no presentó permiso,
autorización o licencia para el ejercicio de la caza ni justificó la tenencia
sobre la especie animal, ni se probó las formas de zoocria previstas en la Ley
611 de 2000, sujetandose a los parámetros del desarrollo sostenible.”[14]
Agrega que la lora es considerada como una especie perteneciente a la fauna
silvestre colombiana, sobre la cual prima el provecho colectivo a un ambiente
sano. Afirmó el juez que el animal presentaba señales de maltrato animal, por
lo que en la actualidad el tratamiento que debe brindársele al ave es para que ésta
pueda volver a su medio natural. Señala, que la Corporación en diferentes
oportunidades le informó a la accionante sobre los animales que podía tener.
Por lo que concluye que el decomiso de la lora se ajustó a la normatividad y
denegó la acción.
III.  ACTUACIÓN SURTIDA ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Por medio de auto del veintiuno (21) de junio de dos mil once
(2011), el Magistrado Sustanciador solicitó a CORPOCALDAS información sobre el
estado actual del ave y posible readaptación de la misma. Adicionalmente,
solicitó a la IPS Chinchiná, a la ESE Hospital San Mateo y a la EPS Saludcoop,
información relacionada con el diagnóstico y la orden de tratamiento médico con
animales. Finalmente, se solicitó a la Asociación Colombiana de Ornitología que
informara si un ave de fauna silvestre, puede readaptarse a su medio natural y
si sería pertinente que un ave que estuvo en cautiverio volviera al lugar de
donde fue “incautada” con las indicaciones de cuidado pertinentes.
2. En respuesta a tales requerimientos, la Secretaría de esta
Corporación recibió la respuesta de CORPOCALDAS, IPS CHINCHINÁ, ESE Hospital
San Mateo, EPS Saludcoop y de la Asociación Colombiana de Ornitología. Las
pruebas aportadas al expediente serán conocidas más adelante en el aparte del
caso concreto.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia.
1.
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la
decisión proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 al 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.
El expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio
del auto del veintiocho (28) de abril del año dos mil once (2011), proferido
por la Sala de Selección Número Cuatro.
Problema jurídico y esquema de resolución
3.
La Sala estima que, para resolver el caso concreto, debe dar
respuesta al siguiente problema jurídico: ¿vulneró la entidad accionada el
derecho del accionante a una vida digna y a la salud, al negarse a devolver al
cautiverio a un animal de fauna silvestre que es parte del tratamiento de
rehabilitación de un trauma craneoencefálico severo con secuelas?
A fin de resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a: i) la procedencia
de la acción de tutela; ii) la Constitución Ecológica y la protección al medio
ambiente sano; iii) Los derechos de los animales; iv) Pautas para el
aprovechamiento de la fauna silvestre; v) Alcances del derecho a la salud; vi) El
precedente fijado en la sentencia T-760 de 2007. Finalmente, se resolverá el
caso concreto.
Procedencia
4.
La acción de tutela, en virtud del artículo 5° del Decreto 2591 de
1991, procede contra cualquier acción u omisión de las autoridades públicas,
que haya violado, amenace violar o viole los derechos constitucionales
fundamentales. Para su procedencia como mecanismo sumario para la protección de
los derechos se han establecido dos requisitos básicos de procedibilidad: la
subsidiariedad y la inmediatez.
5. El primero de ellos, la
subsidiariedad, se deriva del inciso tercero del artículo 86, en consonancia
con el numeral primero del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, según los
cuales, la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Sin embargo, también la
jurisprudencia de esta Corte ha establecido que en  cada caso en concreto se
deberá analizar la efectividad de los demás mecanismos judiciales que el sujeto
tiene a su disposición para determinar su eficacia e idoneidad con miras a la
protección adecuada de los derechos afectados, o en su caso, la viabilidad de
la protección constitucional por vía de la acción de tutela.
6. El segundo requisito,
la inmediatez, de creación jurisprudencial[15], busca asegurar que la
tutela se utilice como una reacción judicial eficaz frente a la violación o
amenaza grave, actual y vigente de los derechos fundamentales, y que al mismo
tiempo garantice la debida salvaguarda de la seguridad jurídica. En efecto, se
ha establecido en la jurisprudencia que si bien la tutela puede ser interpuesta
en cualquier tiempo y en ese orden técnicamente no tiene un límite temporal
para su interposición que pueda ser determinado a priori, sí debe ser
presentada dentro de un término razonable.
La Constitución ecológica y la
protección al medio ambiente sano dentro del ordenamiento nacional
7. En un principio la
normatividad nacional se limitaba a regular las relaciones entre personas,
entendiendo que la regulación respecto del uso de los recursos naturales se
limitaba a su propiedad, puesto que la naturaleza estaba ahí para servir al
desarrollo de la humanidad. De lo que se evidencia una visión netamente
utilitarista del medio ambiente, así la apropiación y uso de los recursos
naturales podía hacerse sin limitación alguna, de forma indiscriminada, en aras
del progreso de la humanidad. Dentro de la legislación nacional, al respecto se
encontraba normatividad aislada referente al uso de algunos recursos naturales
tales como las aguas[16] y bosques.
Sin embargo, en Colombia, luego
de la Declaración de Estocolmo, la cual se mencionará más adelante, el gobierno
nacional expidió la Ley 23 de 1973,[17] por medio de la cual se conceden
facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código
de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras
disposiciones.[18]
En virtud de las facultades
conferidas por la Ley 23 de 1973, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 2811 de
1974, por medio del cual se expidió el Código de Recursos Naturales y
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en adelante el CRNR. Dicho texto,
reafirmó lo dicho en la Ley 23 de 1973 y adicionalmente reguló la propiedad y
uso de los recursos naturales, entre otras cosas. Para esta época, se puede
afirmar que hay una evolución respecto de la normatividad ambiental, puesto que
se busca una sistematización de la misma, y por tanto se hace una codificación,
dando nacimiento al “derecho ambiental” colombiano.
Con la expedición del CNRN y de
la Ley 23 de 1973, hubo un cambio dentro del ordenamiento jurídico respecto de
la concepción del medio ambiente y del uso de los recursos naturales. La Ley 23
de 1973, estableció en los artículos 1° y 2°:
Art. 1.
Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del medio
ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos
naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los
habitantes del Territorio Nacional.
Art. 2.
El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto su mejoramiento y
conservación son actividades de utilidad pública, en las que deberán participar
el Estado y los particulares. Para efectos de la presente Ley, se entenderá que
el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales
renovables.
De lo que se evidencia un
cambio radical en la concepción del medio ambiente, encaminado a un uso
adecuado de los recursos, entendiéndose que son limitados, que su conservación
es esencial para la preservación de la humanidad y un deber tanto de
particulares como del Estado. Nótese, que en este punto el discurso de
conservación de los recursos apuntaba a la protección de la humanidad,
conservando un matiz utilitarista respecto de la naturaleza en relación al
hombre.
Así, uno de los cambios más radicales
que introdujo el CRNR, se relacionan con las modificaciones que introdujo respecto
del ambiente, estableciendo que éste es un patrimonio común, cuyas actividades
son de interés social y donde el objetivo de la normatividad es lograr la
preservación, reestructuración, mejoramiento, conservación y utilización de
recursos naturales renovables. Dentro de las modificaciones que se introdujeron
con la codificación, una que debe ser resaltada es la incluida en el artículo
43, que dice:
ARTICULO
43. El derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá
ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución
nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este
código y otras leyes pertinentes.
Éste Código fue demandado bajo
el argumento de que el ejecutivo se había excedido en sus facultades al expedir
el estatuto, especialmente por las disposiciones que modificaron algunas normas
del Código Civil. Por medio de la sentencia C-126 de 1998, la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad de las normas demandadas. Respecto de
las reformas al Código Civil que se generan por la expedición del CRNR, dijo:
“(…) esta Corporación considera que la decisión
gubernamental de modificar ciertas normas civiles es totalmente
congruente con la finalidad de la regulación ecológica que se quería expedir en
ese momento, puesto que uno de sus objetivos, tal y como lo establece la ley
habilitante y las primeras normas del propio código, era lograr un
aprovechamiento racional y una adecuada conservación de los recursos naturales
renovables.
En el
fondo, se podría decir que la finalidad del código fue la de crear una
legislación ambiental en el país, por lo cual decidió sustraer de la
legislación civil ciertas materias relacionadas con el uso de los recursos
naturales. (…) lo propio de una norma ambiental es que considera a la
naturaleza no sólo como un objeto de apropiación privada o social sino como
un bien jurídicamente tutelable, con lo cual la relación normativa entre la
naturaleza y la sociedad se transforma (…). El pensamiento ecológico y las
normas ambientales implican entonces un cambio de paradigma, que obliga a
repensar el alcance de muchas de las categorías jurídicas tradicionales, ya que
la finalidad del derecho se amplía. En efecto, el ordenamiento jurídico ya no
sólo buscará regular las relaciones sociales sino también la relación de la
sociedad con la naturaleza, con el fin de tomar en cuenta el impacto de las
dinámicas sociales sobre los ecosistemas, así como la repercusión del medio
ambiente en la vida social.”
8. Más adelante, con la
expedición de la Constitución Política de 1991, el cambio de perspectiva del
medio ambiente continuó. Del texto constitucional  se infiere que el derecho al
medio ambiente sano es uno de los principales objetivos y pilares[19]
de nuestra sociedad. Para aquel entonces, el cambio de mentalidad se debía a que
“(…) el riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la
destrucción del planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá
con esta o con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que
representa la vida humana en su existencia de millones de años, mientras que
con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra
calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición
de la especie humana.”[20]
Por lo tanto, teniendo en
cuenta la importancia de la protección a este derecho,  la Constitución de 1991
le asigna su protección al Estado y a los particulares. El texto constitucional
se refiere puntualmente al derecho al medio ambiente en los artículos 8°, 79,
80 y 95 numeral 8; adicionalmente hay más de 25 alusiones[21]
dentro del texto relacionadas con la protección de éste. Así mismo, se
estableció que en cabeza del Estado está el deber y facultad de prevenir y
controlar los factores de deterioro del medio ambiente, garantizar su
desarrollo sostenible y garantizar su conservación, restauración y sustitución.[22]
Teniendo en cuenta lo anterior y
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, a partir de la expedición de la
Constitución de 1991, el derecho al medio ambiente se compone de tres facetas: i)
proporciona la facultad a cada individuo de gozar de un medio ambiente sano,
derecho que es exigible por medio de acciones judiciales; ii) dispone una
obligación a todos los ciudadanos nacionales y al Estado, de proteger la
diversidad e integridad del medio ambiente, estableciendo respecto del Estado
que dichos deberes son “calificados de protección” y finalmente, iii) determina
la protección del derecho al medio ambiente, como principio constitucional que
irradia todo el ordenamiento jurídico, y por tanto debe ser protegido de manera
transversal.[23]
Con base en todo lo anterior, la
Corte Constitucional ha denominado la Constitución de 1991 como Constitución
ecológica o Constitución verde.[24]
9. Por otra parte, a nivel
internacional Colombia ha suscrito varios tratados internacionales, en donde se
resalta la relevancia jurídica de la protección al derecho al medio ambiente. Por
primera vez se trató este tema en la Conferencia de Estocolmo de 1972. En esa
oportunidad, en la Declaración de Estocolmo se consagraron 26 principios dentro
de los cuales se advierte que el derecho al medio ambiente es un derecho humano
fundamental; adicionalmente se consagra el principio de precaución, el principio
de racionalidad y el desarrollo sostenible, entre otros.[25]
Más adelante, en 1992, se celebró la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro,
cuyo resultado fue la Declaración de Río sobre el medio ambiente, la cual contiene
27  principios, que buscan desarrollar la Declaración de Estocolmo, pero con
énfasis en el desarrollo sostenible.[26]
En 1994, en la Resolución 45 de la
Asamblea General de Naciones Unidas declaró la necesidad de asegurar un medio
ambiente sano para el bienestar de las personas.[27]
Todo esto con el fin de que el individuo tenga un ambiente adecuado para su
salud y bienestar.
Adicionalmente, la Asamblea
General de Naciones Unidas, en la Declaración del Milenio del 13 de septiembre
de 2000[28], indicó en el numeral 21
que:
“No
debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y ante todo a
nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente
dañado por las actividades del hombre, y cuyos recursos ya no alcancen para
satisfacer sus necesidades.”
Así mismo, el artículo 11 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador,
afirma que:
“1. Toda
persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.
a.
Los Estados partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente,
b.
(…)”
Al respecto, en la sentencia
T-851 de 2010, se dijo:
“Al
erigirse como un derecho, éste al igual que el resto de derechos humanos, de
acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se compone
de tres tipos de obligaciones “respetar”, “proteger” y cumplir”.[29]
La
obligación de respetar implica el deber por parte del Estado de abstenerse de
interferir, obstaculizar, o impedir el ejercicio de cualquier derecho, es decir
que este ente “no adopte medidas que impidan el acceso a los derechos o
menoscaben el disfrute de los mismos”[30]
.
De esta
manera, la obligación de respeto en lo que respecta al derecho al ambiente se
configura como un deber de abstención por parte del Estado, con el objetivo de
que éste se abstenga de interferir directa o indirectamente de manera negativa
en el disfrute del derecho a disponer de un ambiente sano. Lo que significa que
los Estados no podrán validamente realizar acciones que conlleven “daños
irreversibles a la naturaleza"[31]
o el sometimiento de personas a situaciones ambientales de insalubridad.
En este
sentido, el Comité de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la
Observación General 14 ha señalado que “[l]os Estados deben abstenerse […] de
contaminar ilegalmente la atmósfera, el agua y la tierra”. Asimismo se debe “formular
y aplicar políticas nacionales con miras a reducir y suprimir la contaminación
del aire, el agua y el suelo”[32]”
(negrilla fuera de texto)
Así, se concluye, que a nivel
internacional la protección del medio ambiente se entiende como un derecho
fundamental, por el cual los Estados deben procurar su defensa con el fin de
proteger generaciones futuras, de tal forma que se debe abstener de desarrollar
conductas que atenten contra la naturaleza y se logre la sostenibilidad de la
misma.
10. En cumplimiento de los
compromisos internacionales y de acuerdo a nuestro ordenamiento, la protección
del medio ambiente está relacionada con la prestación eficiente de servicios
públicos, la salubridad y los recursos naturales, en aras de garantizar la
supervivencia de las generaciones presentes y futuras.[33]
Esto, teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre los derechos a
la vida y a la salud y un ambiente sano. Como bien se mencionó en la sentencia
C-671 de 2001, donde se declaró la exequibilidad de la “Enmienda del
Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes, suscrita en
Montreal el 17 de septiembre de 1997”[34].
En esa oportunidad, esta
Corporación indicó:
“El
derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a  la vida y a
la salud de las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio
ambiente  causan daños irreparables en los seres humanos y si ello es así
habrá que decirse  que el medio ambiente es un derecho fundamental para la
existencia de la humanidad.  A esta conclusión se ha llegado cuando esta
Corte ha evaluado la incidencia del medio ambiente en la vida de los hombres y
por ello en sentencias anteriores de tutelas, se ha afirmado que el derecho al
medio ambiente es un derecho fundamental.”[35]
11. Ahora, si bien es
cierto, como lo ha establecido la jurisprudencia, que existe una estrecha
relación entre los derechos a la salud y a la vida con el derecho al medio
ambiente, la protección de la naturaleza no sólo debe hacerse en aras de
proteger al ser humano. El medio ambiente no debe ser concebido solamente desde
una perspectiva antropocéntrica, entendiendo que el único fin de preservación
es que en un futuro la naturaleza tenga alguna utilidad para el ser humano y no
sea aliciente en el progreso de la humanidad, sino que la postura frente a éste
bien debe ser de respeto y de cuidado. Teniendo en cuenta que debe haber un
desarrollo armónico en donde el actuar de los seres humanos en relación al
medio ambiente debe responder a la visión en donde los demás integrantes del
medio ambiente son entes dignos que no se encuentran a disposición absoluta e
ilimitada del ser humano.[36]  De tal forma que debe
ser vista y entendida bajo el supuesto de que el ser humano es un elemento más
de la naturaleza y no un superior que tiene a su disposición el medio ambiente.
De tal forma que se sobreentiende
que el “aprovechamiento de los recursos no puede engendrar de manera
alguna un perjuicio de la salubridad individual o social y tampoco puede acarrear
un daño o deterioro que atente contra la diversidad y la integridad medio
ambiental.”[37] (negrilla
fuera de texto)
Dicha postura, que deja de lado
el utilitarismo, y donde se ve al ser humano como parte integral del entorno, dentro
del ordenamiento nacional nace con la expedición del CRNR y se desarrolla
plenamente en la Constitución de 1991 o constitución verde. En este último
desarrollo normativo se establece claramente que es un deber, tanto del Estado
como de los particulares proteger la integridad del ambiente.[38]
La protección de los
animales dentro del ordenamiento jurídico nacional
12. Ahora bien, teniendo
en cuenta lo enunciado anteriormente, es importante recordar que los animales
se encuentran dentro de la esfera de protección de la naturaleza y el medio
ambiente. Esto implica que la visión que se tiene de estos no puede ser una meramente
utilitarista, sino por el contrario, deben ser entendidos como otros seres
vivos que interactúan dentro del desarrollo o preservación del medio ambiente.[39]
Por lo anterior el ordenamiento
nacional, dispone dos campos de protección a los animales. En primer lugar se
consagra una protección a la fauna “en virtud del mantenimiento de la biodiversidad
y el equilibrio natural de las especies”[40], campo que será
analizado más adelante.  Por otro lado, dentro del ordenamiento nacional
se encuentra la Ley 84 de 1989, por medio de la cual se adopta el Estatuto
Nacional de Protección de los Animales[41].  Dicho cuerpo normativo
tiene como fin impedir el sufrimiento, maltrato y crueldad animal sin
justificación y busca procurar el bienestar de éstos[42].
13. Al respecto la ya
citada sentencia C-666 de 2010 dijo que en virtud de los conceptos
constitucionales de ambiente y de dignidad humana, elementos esenciales del
Estado Social, éste no puede ser indiferente al sufrimiento de los seres
sintientes como son los animales, por lo que, un “Estado social debe
buscar, entre otros, el bienestar animal, por ser éste un elemento connatural
al desarrollo del principio de solidaridad, del cual el constituyente derivó
diferentes deberes que se consagran en variadas partes de la Constitución,
entre ellos el artículo 8º -deber consagrado dentro de los principios
fundamentales-, el inciso 2º del artículo 79 –deber consagrado en el capítulo
dedicado a los derechos sociales- y el numeral 8º del artículo 95 –deber
consagrado en el artículo dedicado a los deberes para las personas y los
ciudadanos-.”
Más aun, en virtud de la noción
de dignidad humana, no puede afirmarse que la relación que surge entre una
persona y un animal no se encuentra cubierta por dicho principio. Esto por
cuanto los animales son seres sintientes y por tanto el comportamiento del ser
humano hacia ellos debe ser un comportamiento digno, siendo un límite no causar
sufrimiento o dolor a seres no humanos, en determinadas circunstancias. Debido
a que “no hay interés más primario para un ser sintiente que el de no
sufrir daño o maltrato. Y debe ser este uno de los valores primordiales dentro
de una comunidad moral que actúa y construye sus relaciones dentro de los
parámetros del Estado constitucional.”[43]
Por lo que el desarrollo
normativo consagrado en el Estatuto de Protección Animal, refuerza el planteamiento
de la mutación en la visión de la naturaleza. De tal forma que esta dejó de ser
entendida desde una visión antropocéntrica como un instrumento para el hombre,
a una visión que contempla limitaciones a las actuaciones humanas frente a los
animales.
Así que se “reitera
que la protección derivada de la Constitución, y que resulta útil en los
términos de este caso en concreto, es aquella respecto de los animales en
general, de la cual surge la obligación constitucional de prohibir su
maltrato. Así, el deber constitucional de protección de los recursos
naturales resulta fundamento eficaz para alcanzar dicho objetivo y constituir
el bienestar animal en parámetro constitucional de interpretación de todas las
normas infraconstitucionales que, de cualquier forma, regulen las relaciones de
las personas con los animales.”[44]
Pautas para el
aprovechamiento de la fauna silvestre y potestades del Estado dentro de la
protección medio-ambiental. Reiteración.
14. Ahora bien, respecto
a la protección de la biodiversidad y el disfrute o aprovechamiento de la
fauna, existe una cuantiosa normatividad a nivel nacional e internacional que
guía el manejo de dichos recursos y que limita las facultades del Estado y de
cada individuo en relación a estos. Al respecto, el CRNR en las disposiciones
generales sobre fauna silvestre, dispone:
“ARTICULO 247. Las normas de este título tienen por objeto
asegurar la conservación, fomento y aprovechamiento racional de la fauna
silvestre, como fundamento indispensable para su utilización continuada.
ARTICULO
248. La fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la
Nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad
particular.”
Sobre dicha normatividad, es
necesario profundizar en dos aspectos. En primer lugar, nos pronunciaremos
sobre el significado de “fauna silvestre” y, en segundo lugar, sobre la
propiedad de la fauna silvestre.
15. Al respecto el
Código Civil, en el artículo 687 define lo que debe entenderse como “animal”.
En ese contexto normativo, se desarrolla el concepto bajo el capítulo de los
modos de adquirir el dominio de las cosas. En dicho artículo se determina que
los animales pueden ser clasificados como:
1. bravíos: “(…)
los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras
y los peces;
2.
domésticos: “los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la
dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas,”
3. domesticados
“los que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a
la domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio del hombre.
Estos
últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del
hombre, siguen la regla de los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre
vuelven a la clase de los animales bravíos.”
Al respecto la sentencia C-439
de 2011 señaló:
“Estas
definiciones, permiten advertir que en el contexto normativo interno la primera
referencia sobre el punto se desarrolló en el marco del derecho privado, con la
única finalidad de reconocer derechos reales sobre los animales, tales como el
dominio, la posesión, la tenencia, el uso y el usufructo, planteando para el
efecto la ficción jurídica inserta en el artículo 655 del Código Civil, según
la cual en su calidad de “semovientes” los animales se ubican dentro de la
categoría clásica de bienes muebles, de la siguiente manera: “los que pueden
trasladarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos así mismos, como los
animales…”, dando lugar a que los mismos pudiesen ser objeto de ocupación
mediante actividades como la caza y la pesca –Artículo 686 del Código Civil-.
Esta misma clasificación permitió en su momento edificar la teoría de la
responsabilidad civil por daños causados por animales domésticos y por animal
fiero de que tratan los artículos 2353 y 2354 del Código Civil.”
Con todo, con la expedición del
CNRN, el concepto de animal dentro del ordenamiento jurídico se modificó. Así
el CRNR define la fauna silvestre, en el artículo 249, como “el conjunto de
animales que no ha sido objeto de dominación, mejoramiento genético o cría y
levante regular o que han regresado a su estado salvaje...”.
De lo anterior, se puede
concluir que el concepto de animal bravío se debe asemejar al concepto del
fauna silvestre definido en el CRNR. Dicha asociación es de gran importancia,
como se verá más adelante, dentro del ordenamiento jurídico respecto de la
propiedad de estos.
16. Con esto en mente, pasa
la Sala a estudiar el concepto de propiedad frente a la fauna silvestre o
animales bravíos. Como bien se vislumbra en la sentencia C-126 de 1998, anteriormente
citada, con la expedición del CRNR se cambió el concepto de la naturaleza, de
tal forma que ésta ya no puede ser vista como “un objeto de apropiación privada o social sino como
un bien jurídicamente tutelable, con lo cual la relación normativa entre la
naturaleza y la sociedad se transforma (…)”. Las normas ambientales implican un cambio en la relación de la sociedad
con la naturaleza, teniendo en cuenta el impacto de las dinámicas de éstas
frente a los ecosistemas y la repercusión sobre el medio ambiente.
Por lo anterior, la
normatividad contemplada en el Código Civil, en los artículos 686 y siguientes,
relacionada con la adquisición de la propiedad de animales bravíos por
medio de la ocupación en los casos de la caza y pesca, se ha de ver limitada
con la expedición del Código de Recursos Naturales. Previa la expedición de este
código, una persona podía apropiarse de cualquier animal salvaje a través de la
caza y de la pesca, con el único condicionamiento de que si la persona no tenía
permiso del dueño, lo que sea cazado pertenece al dueño del predio[45].
Sin embargo, luego de la expedición del Código de Recursos Naturales, en el ya
citado artículo 248, toda la fauna silvestre se encuentra en cabeza del Estado.
Con lo que se ve una clara mutación en el concepto de propiedad privada frente
a los recursos naturales, puesto que se cambia el paradigma en donde la
disposición de éstos, se encuentra sujeta al deber que tiene cada individuo de
proteger el medio ambiente. Así, la  protección al medio ambiente se convierte
en un límite específico de las potestades del ejercicio de la propiedad privada
en algunos casos.[46]
Ahora, si bien es cierto que la
propiedad de la fauna silvestre dentro del territorio nacional está en cabeza
del Estado, el ordenamiento contempla dos excepciones: los zoocriaderos y los
cotos de caza de propiedad particular. Los zoocriaderos, contemplados en el
artículo 254 del CRNR,  como “el área de propiedad pública o privada que se
destina al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna
silvestre con fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación.”
Por otro lado, los cotos de caza de propiedad particular hacen referencia al “área
destinada al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna
silvestre para caza deportiva.”[47]
Ahora bien, respecto de la caza, si bien el CRNR contempla la
posibilidad de ejercerla, entendiendo que debe haber un aprovechamiento
racional de los especímenes, la caza de acuerdo con el CRNR se entiende
dividida en seis tipos diferentes, los cuales tienen diferentes
condicionamientos. No obstante, es menester enunciar que sólo el Estado tiene
la potestad de autorizar qué tipo de animales se pueden cazar[48],
entendiendo que para todo tipo de caza es necesario contar con un permiso,
excepto en los casos de caza con fines de subsistencia o alimento[49]. [50]
El decreto reglamentario del CRNR, respecto de la caza, agrega que si
bien es cierto que la caza de subsistencia no requiere un permiso o
autorización, ésta debe practicarse de manera tal que no se causen deterioros
al recurso, por lo que el Estado es el que puede determinar qué tipo de especímenes
pueden ser objeto de caza teniendo en cuenta la capacidad de recuperación del
recurso.[51]
Adicionalmente, es menester enunciar, que de acuerdo con el mismo decreto
reglamentario 1608 de 1978, en los artículos 46, 72, 76,  78, 85 y otros, se determina
que en caso dado que una persona tenga en su poder un animal de fauna
silvestre, podrá ser decomisado en caso que no cumpla con los requisitos
determinados por la ley, enunciados anteriormente.
17. En conclusión, se entiende que respecto de la fauna
silvestre, el ordenamiento nacional es el propietario. La posibilidad de
acceder a la propiedad de éstos sólo puede hacerse de manera legal cuando se
haga por medio de zoocriaderos o de caza en las zonas permitidas, con permiso,
autorización o licencia[52]. Por lo anterior, se
evidencia que el concepto de propiedad respecto de la fauna silvestre, ha
mutado dentro del ordenamiento nacional, por lo que el aprovechamiento de ésta
se encuentra supeditado a  evitar la disminución cuantitativa y cualitativa de
las especies animales para que no haya un deterioro ambiental.
Adicionalmente, es menester
enunciar que al analizar la definición de “animal” contenida en el artículo 687
Código Civil, la clasificación de animales “domesticados”[53],
sólo puede aplicarse a aquellos animales cuya propiedad se haya obtenido a
través de las dos formas contempladas en la legislación nacional a saber:
animales de zoocriadero con los permisos respectivos o animales cazados en
zonas permitidas con permiso, autorización o licencia.
Sin embargo, considera esta
Sala que con la expresión de los animales que “reconocen en cierto modo el
imperio del hombre”, se desconoce la visión del hombre como parte de la
naturaleza que tiene un deber de cuidado y respeto frente a ésta y se ajusta a
una visión utilitarista de la naturaleza que no se ajusta a los presupuestos de
la Constitución Verde. Por lo anterior, es menester establecer que un animal de
fauna silvestre, no puede asemejarse a un animal doméstico y su propiedad no
puede ser obtenida porque estos “conservan la costumbre de volver al amparo
o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos (…).”
El derecho
fundamental a la salud y a la vida digna de las personas en estado de
discapacidad. Reiteración de jurisprudencia
18. Por otro lado, en aras
de resolver el problema jurídico planteado en la presente providencia, es
menester entrar a estudiar el alcance del derecho a la salud y la vida digna de
las personas en estado de discapacidad.
En primer lugar,  el carácter fundamental
del derecho a la salud, de acuerdo con la jurisprudencia, es:
“(…)
producto de la evolución progresiva de los diferentes elementos -fácticos y
jurídicos- aplicables a la estructuración del derecho.  A la par, la
jurisprudencia ha detectado, también progresivamente, los contornos aplicables
al mismo en cada asunto y, por ejemplo, en lo que interesa al caso en estudio,
ha establecido claramente que es obligación del Estado y la sociedad prevenir y
reparar su afectación en la esfera síquica y emocional, lo que de plano
descarta que la protección del derecho se restrinja tan solo a eventos
biológicos o funcionales.
Esta
faceta del derecho implica, por supuesto, tanto la adopción de acciones que
mitiguen el riesgo de enfermedad como la implantación de límites para evitar
toda actuación administrativa ilegítima o irrazonable que perjudique el
bienestar de una persona.  A partir del primer escenario el Estado debe
ejecutar estrategias, previstas o definidas en la ley o los reglamentos,
encaminadas a elevar la calidad de vida y disminuir los factores de riesgo que
generan enfermedad.  También así, en su dimensión negativa, es su obligación
abstenerse de incurrir en actuaciones que tengan como consecuencia la
disminución del bienestar del individuo[54].”[55]
(negrilla fuera de texto)
Por otro lado, el ordenamiento
constitucional nacional, determina que las personas discapacitadas tanto física
como mentalmente, merecen una especial protección, esto en virtud de los
artículos 13[56] y 47[57]
de la Constitución Política colombiana y diferentes tratados internacionales[58].
Dicho tratamiento implica que la persona debe atenderse de forma adecuada y se
deben implementar medidas, o acciones afirmativas, a favor de éstas para que
subsistan en un estado de igualdad real y efectivo.
Así mismo, la Ley 1306 de 2009,
por medio de la cual se dictan normas para la protección de personas con
discapacidad mental, establece el régimen de la representación legal de
incapaces emancipados. En el artículo 11, dispone:
“Ningún
sujeto con discapacidad mental podrá ser privado de su derecho a recibir
tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento, educación y
rehabilitación física o psicológica, proporcionales a su nivel de deficiencia,
a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad
física, mental, social y vocacional y la inclusión y participación plena en
todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los lineamientos y programas
científicos diseñados o aprobados por el Comité Consultivo Nacional de las
Personas con Limitación de que trata la Ley 361
de 1997.
La
organización encargada de prestar el servicio de salud y de educación en
Colombia adoptará las medidas necesarias para obtener que ninguna persona con
discapacidad mental sea privada del acceso a estos servicios desde la temprana
edad.
La
recreación, el deporte, las actividades lúdicas y en general cualquier
actividad dirigida a estimular el potencial físico, creativo, artístico e
intelectual, son inherentes a las prestaciones de salud, educación y
rehabilitación.
En el
cálculo de las prestaciones alimentarias, congruas o necesarias, se incluirán
los costos que demanden las actividades de salud, educación y rehabilitación
aquí previstas.”
Al respecto la Corte
Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades. En la sentencia
T-288 de 1995, citada en la T-574 de 2010, se indicó:
“El Constituyente no fue ajeno a la situación de
marginalidad y discriminación a la que históricamente han sido expuestas las
personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente. Es así como la Carta
Política consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en favor de
los discapacitados. La igualdad de oportunidades y el trato más favorable (CP
art. 13), son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 85),
reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta. De otra parte, los discapacitados gozan de un derecho
constitucional, de carácter programático (CP art. 47), que se deduce de la
obligación  estatal de adoptar una política de previsión, rehabilitación e
integración social.
“Los derechos específicos de protección especial para
grupos o personas, a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades,
autorizan una `diferenciación positiva justificada` en favor de sus titulares.
Esta supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y
para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP Art. 13).”[59]
De igual forma, en la Sentencia T-197 de 2003, en cuanto al
tema de la salud y la necesidad de su protección respecto a aquellas personas
que sufren problemas de salud, se indicó:
“(…) es frecuente que el discapacitado requiera atención
médica especializada a fin de mantener o mejorar las habilidades físicas o
mentales disminuidas y, en la mayoría de casos, buscar la conservación de la
vida en condiciones dignas.  De esto se desprende que, en situaciones
concretas, el suministro de una adecuada y pronta atención en salud del
discapacitado supedita la protección de sus derechos fundamentales a la vida
digna y la integridad física, por lo que el amparo constitucional a través de
la acción de tutela resulta procedente, más aún si se tienen en cuenta los
imperativos que desde la misma Carta Política se extraen sobre la protección
reforzada a la que son acreedores los limitados físicos y mentales.”
Una conclusión acertada acerca del tema objeto de la presente
exposición se encuentra en la sentencia T-818 de 2008[60]:
“En síntesis, las circunstancias de vulnerabilidad e
indefensión en las cuales desarrollan su vida las personas afectadas con algún
tipo de discapacidad, son reconocidas por la Constitución Política y por la
jurisprudencia de esta Corporación, la cual ha establecido como deber de todas
las personas que participan del Sistema de Seguridad Social en Salud, el deber
de proteger especialmente a aquellos que por su condición física o mental se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.”
19. Por otro lado,
respecto del derecho a la vida digna, la Corte Constitucional, en numerosas
sentencias ha determinado que éste no debe ser entendido solamente en una
dimensión biológica, sino como un derecho que implica el reconocimiento y búsqueda
de una vida digna.[61]
De tal forma que lo que se
busca no es evitar la muerte del individuo, sino que que la protección del
derecho a la vida se extienda a la posibilidad de recuperase y mejorar las
condiciones de salud del individuo. Esto en los casos en los que las
condiciones de salud del individuo estén afectadas y afecten la calidad de vida
de la persona de tal forma que es necesario intervenir para que se asegure una
existencia digna.
Al respecto
en la sentencia T- 367 de 2004  se dijo:
“ (…) el
derecho constitucional fundamental señalado en el artículo 11 de la Carta
Política, implica, además, que el titular alcance un estado lo más lejano
posible al sufrimiento y que, en consecuencia, pueda desempeñarse en sociedad
como un individuo normal con una óptima calidad de vida, único sentido en el
que puede interpretarse el artículo 11 superior, a la luz del principio de
dignidad humana contenido en el artículo 1º de la Constitución.
Este principio
impone, entonces, a las autoridades el deber de velar por la protección y
salvaguarda de la vida, la integridad, la libertad y la autonomía de hombres y
mujeres por el sólo hecho de existir, independientemente de cualquier
consideración.”
20. Con
base en lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido, que
si bien es cierto que en algunos casos no es posible encontrar un
restablecimiento total de las personas que padezcan una discapacidad, cuando
por medio de terapias y controles regulares se favorezca la disminución de las
deficiencias neurológicas y se logre una mejora en la calidad de vida del
individuo, las entidades encargadas de la prestación de la seguridad social
deben suministrar la atención requerida.[62] Por lo anterior, se
entiende que esta Corporación, reconoce la importancia de las terapias no
convencionales, como la animalterapia, en aras de proteger los derechos a la
salud y a la vida digna de las personas que sufren algún tipo discapacidad. Esto,
siempre y cuando el tratamiento con animales sea parte de un tratamiento médico
y de un plan de rehabilitación. Sin embargo, es menester aclarar, que en los
casos estudiados por la presente Corporación, el tratamiento con animales
ordenado, es en instituciones especializadas en tratamientos de rehabilitación.
Precedente
fijado en la sentencia T-760 de 2007
21. La
Corte Constitucional, en la sentencia T-760 de 2007, se pronunció respecto de
un caso que guarda identidad de hechos con el asunto bajo análisis en la
presente providencia. En esa oportunidad, la autoridad ambiental decomisó a la
accionante una lora que la había acompañado por más de cinco años. La
accionante, envió comunicaciones a CORPOCALDAS, entidad que “decomisó” el
animal, para que la lora le fuera devuelta. No obstante, la entidad accionada
no accedió a sus peticiones. Alegó la accionante en sede de tutela, que como
consecuencia de la pérdida de la lora sufrió varios episodios de depresión y
por tanto se vio obligada a acudir a una clínica cercana para ser tratada.
Alegó que con el decomiso de su lora, “Rebeca”, le fueron vulnerados los
derechos a la salud, a la integridad persona, a la dignidad humana y a la vida.
En el estudio
del caso concreto, la Corte señaló que dentro de la legislación nacional
vigente con el CRNR se introdujeron condicionamientos para el aprovechamiento
de la fauna silvestre en el país. La propiedad de la fauna silvestre, sólo podía
ser obtenida por particulares por medio de la cacería y de la zoocría. Respecto
de la caza, ésta sólo se entiende como legítima cuando i) se ejerce con un
permiso, autorización o licencia en donde se determinen las circunstancias en
las cuales se puede acceder a la caza; ii) se garantice que las condiciones en
las que se manejen los animales permita el bienestar y desarrollo sostenible de
estos; iii) se evite que el aprovechamiento del animal “comporte actos de
crueldad que perjudiquen el “bienestar” de éste o que su permanencia contraríe
la tranquilidad de otras personas.”[63]
Con base en lo anterior, concluyó
la Sala, en aquella ocasión que la accionante no acreditó:
“ (…) permiso,
autorización o licencia para el ejercicio de la caza o, de manera especial,
para justificar la tenencia sobre la especie animal referida en la acción de
tutela.  Tampoco se probó que la procedencia de la lora (amazona amazónica) sea
consecuencia de alguna de las formas de zoocría previstas en la ley 611 de 2000
y que, por lo mismo, la tenencia del animal cumpla con los cupos globales de
aprovechamiento o la capacidad de recuperación del recurso establecidos por el
Ministerio de Medio Ambiente[64] y, por tanto, con
los parámetros que rigen el desarrollo sostenible.
Estos
sucesos, confrontados con la legislación vigente en materia de aprovechamiento
del recurso faunístico silvestre, constituyen razón suficiente para concluir
que la actora no cumple de manera alguna con los principales requisitos
constitucionales y legales para disfrutar, tener y aprovechar del ave, lo que
de paso, sustenta la legalidad de las actuaciones de la Corporación Autónoma de
Caldas, incluido el decomiso.”
Adicionalmente, concluyó la Corte
respecto a la afectación al derecho a la salud de la accionante[65]
y si la medida fue razonable, necesaria y legítima. Al respecto la Sala
concluyó que “(…) la autoridad ambiental no ha ejercido actuaciones que
desconozcan la potestad individual para aprovechar de los diferentes recursos
medio ambientales sino que, en atención de los presupuestos de desarrollo
sostenible, conservación, restauración y sustitución del ecosistema, ha
aplicado una de las sanciones establecidas en la Ley 99 de 1993 cuando se
identifica la existencia de una infracción ambiental.” Por lo anterior, la
Sala denegó, en ese caso, la petición de la accionante.
Caso concreto
22.  A partir de lo
anterior procede esta Sala a examinar el caso concreto de la acción de tutela
interpuesta por la señora Alba Rocío Cano Román, actuando como agente oficiosa
de William García Yepes, contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas
–CORPOCALDAS. En primer lugar, se entrará a estudiar si la tutela cumple con
los presupuestos generales de procedibilidad establecidos por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, enunciados en el numeral segundo de la parte de
consideraciones de la presente providencia.
23. Se entiende que en el
presente caso se cumplen los requisitos enunciados por la jurisprudencia y la
ley respecto de la procedencia de la acción de tutela. Esto por cuanto, en
primer lugar, la accionante interpuso la acción de tutela  el 9 de marzo de
2011, menos de un mes después de que el loro fuera “descubierto” y llevado por
las autoridades; cumpliendo con el requisito de inmediatez. Adicionalmente, se
entiende que no existe otro medio de defensa para sus derechos, puesto que en
el presente caso, luego de varias solicitudes, la accionante ha solicitado por
medio de acción de tutela que se le entregue el loro, sin que haya obtenido un
resultado positivo.
24. Por lo anterior,
entrará la Sala a definir si en el presente caso CORPOCALDAS vulneró los
derechos a la salud y dignidad humana del accionante al no devolverle un loro
que se encontraba en su posesión desde hacía más de dos años y que era parte de
un tratamiento de rehabilitación del señor García. Dice la accionante que el
señor García sufre de secuelas de un TEC severo, con cuadriplesia espástica y
afasia mixta. De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, afirmó la
fonoaudióloga que lo trata que la convivencia con el loro fue bastante benéfica
para el accionante, puesto que éste “realizaba patrones de imitación
realizadas por el loro, ya que este emitía sonidos claros”[66].
Adicionalmente, establece la familia que el señor García ha tenido un
avance a nivel motriz, con seguimiento visual del animal y al momento del
“decomiso” del animal el accionante estaba comenzando a hablar.[67]
25. En primer lugar, para
dar respuesta al problema jurídico esta Sala establecerá qué tipo de animal es
el loro en cuestión, con el fin de establecer en cabeza de quién se encontraba
la propiedad del mismo. De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso,
CORPOCALDAS indicó que el loro no fue “decomisado” sino que fue entregado
voluntariamente por la accionante cuando ésta fue informada que era un animal
de fauna silvestre. Como prueba de esto anexan el “Acta de Recuperación de
Fauna. Flora silvestre y Subproductos” del CIFFCA.[68]
En segundo lugar, apunta la
Corporación que el ave “entregada” es de fauna silvestre “por ser un especie
naturalmente distribuida en el territorio nacional según la Guía de Aves de
Colombia.”[69] Agregan que
dicho ejemplar pertenece “a la fauna silvestre colombiana, es de la especie
Amazona amazonica (sic), de la familia PSITACIDAE, clase AVES, la cual se
encuentra en Colombia en una amplia región comprendida por las tierars bajas
(hasta 500 m.s.n.m.) desde el valle del Sinú hasta la base de la Sierra Nevada
de Santa Marta y valle medio del río Magdalena (GUÍA DE LAS AVES DE COLOMBIA-HILTY
& BROWN 2001). Dado que es una especie que ha evolucionado de manera
natural dentro del territorio nacional y que no ha sido objeto de
domesticación, mejoramiento genético o cría regular se considera como una
especie de fauna silvestre nativa.”[70].
Adicionalmente, en el Apéndice I
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre se encuentra la Psittacidae Amazonas[71].
Dicho apéndice incluye “(…)  todas las especies en peligro de extinción que
son o pueden ser afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de estas
especies deberá estar sujeto a una reglamentación particularmente estricta a
fin de no poner en peligro aún mayor su supervivencia y se autorizará solamente
bajo circunstancias excepcionales.”
De acuerdo a lo establecido
anteriormente, el CRNR define como fauna silvestre el conjunto de animales
que no ha sido objeto de dominación, mejoramiento genético o cría y levante
regular o que han regresado a su estado salvaje...”. De acuerdo a la
información suministrada por las partes se puede concluir que el ave, objeto de
discusión, sí pertenece a este grupo de animales a la luz del ordenamiento
nacional.
26. Ahora bien, como ya se
mencionó, los animales de fauna silvestre son de propiedad de la Nación, y
estos sólo pueden ser aprovechados por los particulares cuando son obtenidos en
zoocriaderos y por medio de la cacería, esto siempre y cuando se tengan los
permisos requeridos por la ley, y se preserve la sostenibilidad de la especie.
En la ampliación de solicitud
brindada por la accionante ante el juez de única instancia, el día 18 de marzo
de 2011, la accionante afirmó que obtuvo el loro como un regalo que le dio su
primo hace tres años[72]. La accionante no alega
ni prueba que tiene permiso alguno de la propiedad del ave o demuestra que
obtuvo el animal de un zoocriadero. Por lo tanto, se concluye que la propiedad
del loro se encuentra en cabeza del Nación al ser un animal de fauna silvestre.
27. Ahora, teniendo en
cuenta el importante desarrollo legislativo que ha tenido la Nación con
respecto a los derechos de los animales, es menester enunciar las condiciones
en las cuales fue capturada el ave. De acuerdo a CORPOCALDAS, “Al momento de
recuperación del ejemplar, este se encontraba posado sobre un muro al lado de
la cocina en condiciones de semi-penumbra y con poca ventilación. Presentaba
signos de amansamiento y alteraciones de comportamiento, adoptando
comportamientos atípicos de la especie, como por ejemplo no huir volando ante
la presencia humana, sino por el contrario permanecer en el mismo sitio,
también repetía palabras humanas, presentaba corte de las plumas de vuelo, (…)
un plumaje verde opaco, se detecto plumón en crecimiento en el pecho y otras
áreas del cuero y sobrepeso, características que no son normales para la
especie (…) denota estrés y mala alimentación.”[73]
Dicha descripción, en virtud del
artículo 6° de la Ley 84 de 1989, permite suponer que dichos comportamientos se
presumen como hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales.[74]
Comportamiento que no está permitido por nuestro ordenamiento jurídico y que
debe ser reprochado.
Por lo anterior, encuentra la
Sala que la negativa de devolución del ave por parte de CORPOCALDAS a la
accionante se encuentra ajustada a derecho. Incluso, si se tiene en cuenta el
precedente jurisprudencial establecido en la sentencia T-760 de 2007,
mencionado anteriormente.
28. Con todo, no puede
desconocer esta Sala que el caso bajo cuestión presenta una diferencia con el
estudiado en la sentencia T-760 de 2007. En esta oportunidad, la accionante
alegaba que el loro era parte de un tratamiento de rehabilitación para su
esposo que fue ordenado por médicos, mientras que en el caso estudiado en el
2007, la accionante alegaba que la falta de “Rebeca” le había producido serios
quebrantos de salud y depresión.
Al respecto, la Sala debe
establecer, en primer lugar, que dentro de las pruebas aportadas en la acción
de tutela, se evidencia que la fonoaudióloga[75] tratante dice que es “importante
la compañía de dicha mascota en el proceso de rehabilitación del paciente.”[76]
Sin embargo, esta Sala le consultó a la IPS Chinchiná, a la ESE Hospital
San Mateo y a la EPS Saludcoop sobre el médico que ordenó el tratamiento con
animales, en qué consistía el tratamiento con animales para el caso concreto y
si éste sólo se podía llevar a cabo con un animal específico.
Como primera medida, la
accionante en la ampliación de solicitud rendida ante el juez de única
instancia informó que “la Fonoaudióloga y todos los médicos que lo han visto
le aconsejaron terapia con animales, en este momento no tengo presente los
nombres de los médicos (…)”[77]. En segundo
lugar:
a. La IPS Chinchiná informó que el “Señor García Yepes inició de
manera particular sus terapias en nuestra IPS a partir del 19 de mayo del
presente año, realizándose en nuestra institución de 2 a 3 terapias físicas semanas en las cuales no se realiza ningún tipo de intervención con animales,
ni mucho menos se encuentra registros de solicitud de tratamiento con aves por
parte de nuestros profesionales en la Historia Clínica del Usuario.”[78]
b. La ESE San Marcos, informó que “En la historia clínica revisada
no se encuentra ningún tratamiento a base de animales.”[79]
c.
La EPS Saludcoop, informó que luego de indagar se concluyó que la
recomendación de iniciar tratamiento con animales la había hecho la
fonoaudióloga Beatriz Eugenia Salgado Cabra, adscrita a la IPS Hospital San
Marcos de Chinchiná[80], por lo que la EPS
remitió el oficio para que fuera resuelto por la Dra. Salgado.
d.
La doctora Salgado, en su escrito de respuesta informó:
1.
“El Diagnostico (sic) desde Fonoaudiologia es una AFASIA GLOBAL
secundaria a un TEC SEVERO.
2.
Clínicamente nunca se ordeno(sic) terapia con animales.
3.
En caso de ser ordenados clínicamente serian el tratamiento con
animales de terapia asistida tales como Delfines, caballos, perros, conejos
o pájaros son algunos de los animales que sirven para mejorar la capacidad
física y psíquica de las personas con discapacidad.
(…)”[81]
(subrayas fuera de texto)
Respecto de las preguntas 5 y 6
del cuestionario, por las cuales se consulta sobre la afectación que pueda
tener el cambio de un animal cuando se ha iniciado el tratamiento y sobre los
resultados que se ha tenido con el loro dentro de la rehabilitación del Sr. García,
la doctora Salgado dice no tener comentarios.
De lo anterior, esta Sala
concluye, que si bien es cierto que hubo una recomendación del tratamiento,
nunca hubo una orden médica que indicara que el tratamiento con el loro era
parte necesaria de la rehabilitación del accionante. Sin embargo, se aprecia
que efectivamente existe un vínculo entre el señor García y el loro que se
encuentra en manos de CORPOCALDAS, y el señor García si tuvo una mejoría en el
habla durante la convivencia con el animal.
Así, entrará a analizar esta Sala
si la no devolución del ave vulnera los derechos fundamentales a la salud y a
la vida del accionante. Como se dijo, dentro del ordenamiento nacional la
protección al derecho a la vida no sólo debe entenderse como una protección en
sentido biológico, también se entiende que dicho amparo implica una protección
integral de la salud de la persona. Especialmente en el caso de personas que
padecen una discapacidad. En esos casos el Estado debe tomar medidas a favor de
éstas con el fin de lograr un estado de igualdad real y efectivo. Así, en el
caso de personas discapacitadas lo que se busca es que la protección del
derecho a la vida se extienda a la posibilidad de recuperarse y mejorar sus
condiciones de salud.
Sin embargo, se entiende que la
eficacia de un derecho fundamental no puede ser entendida como absoluta o
ilimitada. De tal forma que para analizar si una actuación del Estado que
afecta negativamente la salud de una persona se debe analizar si dicha
actuación tienen un sustento constitucional, es razonable o legítima y es
necesaria.
Con base en lo anterior,
encuentra la Sala que la actuación de CORPOCALDAS de no devolver el ave a la
accionante, es razonable, legítima y ajustada a derecho, por tanto no implica
una vulneración a los derechos del accionante. Esto por cuanto, el accionante
nunca fue propietario del animal, sino que su tenencia siempre se encontró en
la ilegalidad.  Por lo tanto, la recuperación del ave por parte del Estado es
una medida que se ajusta al ordenamiento y que se hace en aras de cumplir el
deber estatal de protección al medio ambiente y el desarrollo de los principios
de desarrollo sostenible, conservación, restauración y sustitución del
ecosistema. Se entiende que la medida es razonable puesto que el fin que busca,
es proteger el medio ambiente y la fauna silvestre, y esto se logra con la retención
del ave, puesto que CORPOCALDAS actualmente se encuentra haciendo un trabajo de
rehabilitación con el loro para que pueda volver a su hábitat natural y se
recupere del maltrato que padeció. Finalmente, la medida no causa agravio
injustificado a la salud o vida digna del actor ya que éste no requiere del
loro para desarrollar su terapia de rehabilitación, pues como bien lo expuso la
Fonoaudióloga el tratamiento se puede hacer con “aves” y no específicamente con
el loro en cuestión. Adicionalmente, es menester enunciar que la accionante
puede obtener un ave que sea domestica para los fines de la terapia.
Finalmente, a partir del
entendimiento del ser humano como parte de la naturaleza, la relación de éste
con el medio ambiente no puede ser netamente utilitarista, tiene que acatar los
criterios de respeto y cuidado. Por lo que el mantenimiento de un animal en
condiciones de maltrato tampoco es permitido.
Por todo lo anterior, encuentra la
Sala que la decisión del juez de única instancia de denegar la acción de tutela
es acertada y por tanto confirmará dicho fallo.
V. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la
decisión del Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná, Caldas, el
veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011).
Segundo.- Por Secretaría
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cuaderno 2, folio 51.
[2] Cuaderno 2, folio 3.
[3] Dentro del escrito de tutela la accionante establece que la
orden médica fue expedida por el galeno Yhon Nader Galeano Aristizabal. Folio
52, cuaderno 2.
[4] Cuaderno 2, folio 4.
[5] Cuaderno 2, folio 2
[6] Cuaderno 2, folio 5.
[7] Cuaderno 2, folio 7.
[8] Cuaderno 2, folio 8.
[9] Cuaderno 2, folio 10
[10] Cuaderno 2, folios 9-48.
[11] Cuaderno 2, folio 12
[12] Cuaderno 2, folio 74.
[13] Cuaderno 2, folio 61.
[14] Cuaderno 2, Folio 127.
[15] Ver sentencias SU-961 de 1999, T-344 de 2000,
T-1169 de 2001, T-105 de 2002, T-575 de 2002, T-843 de 2002, T-315 de 2005,
T-993 de 2005, T-1140 de 2005.
[16] Artículo 918 del Código Civil.
[17] En sentencia C-126 de 1998, se estudió la constitucionalidad de
los últimos dos artículos de la ley 23 de 1973, entre otras, que otorgaban al
Presidente de la República facultades especiales para expedir un código de
recursos naturales. En la sentencia se analiza como problema jurídico, si
existieron vicios de competencia en la expedición del Decreto Ley 2811 de 1974,
o Código de Recursos Naturales y Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
En esa oportunidad la Corte declaró exequibles las normas demandadas.
[18] El artículo 1°  de la citada ley establece:
“Es objeto de la
presente ley prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar
el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales
renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del
Territorio Nacional.”
Se evidencia de la
normatividad, nuevamente la visión antropocéntrica de la protección al medio
ambiente.
[19] Sentencia T-411 de 1992. En esa sentencia se estudió el caso de una
empresa que interpuso acción de tutela contra la Alcaldía, puesto que ésta ordenó el cierre del molino porque generaba graves daños
ambientales y a la comunidad. Argumentó la entidad accionante que el cierre del
molino generó un daño a los derechos fundamentales a la propiedad privada y al
trabajo. En esa oportunidad la Corte confirmó el fallo de primera instancia que
denegaba la acción.
[20] Sentencia C-339 de 2002. En esta providencia judicial se
estudió la constitucionalidad de los artículos 3 parcial, 4, 18 parcial, 34, 35
parcial literales a) y c) y 36 parcial de la ley 685 de 2001 "por la cual
se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones", por
considerar que ellos vulneran el Preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 5, 8, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 38, 44, 58, 63,
65, 72, 79, 80, 82, 84, 85, 93, 95, 150, 158, 209, 230, 277, 288, 313, 333,
334, 360 y 366 de la Constitución.
[21] Al respecto la sentencia C-944 de 2008, con ponencia del
Magistrado Nilson Pinilla, se recogen las siguientes: “(1) la
obligación del Estado y de todas las personas de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación (art. 8°); (2) la naturaleza de servicios
públicos a cargo del Estado que se asigna a la salud y el saneamiento ambiental
(art. 49); (3) la función ecológica, como un elemento inherente al concepto de
función social de la propiedad privada (art. 58); (4) la necesidad de
considerar la eventualidad de las calamidades ambientales dentro de las
variables que las normas sobre crédito agropecuario deben tener en cuenta (art.
66); (5) inclusión de la protección al medio ambiente como uno de los objetivos
de la educación (art. 67); (6) el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano, la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la
educación para el logro efectivo de estos fines (art. 79); (7) la obligación del
Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, prevenir los factores de deterioro ambiental y cooperar con las
naciones vecinas en la protección de los ecosistemas situados en zonas
fronterizas (art. 80); (8) la prohibición existente en relación con el ingreso
al país de residuos nucleares y desechos tóxicos (art. 81); (9) el deber que el
Estado tiene en relación con la defensa del espacio público y su destinación al
uso común (art. 82); (10) la procedencia de las acciones de cumplimiento y
populares para proteger el derecho a gozar de un medio ambiente sano (arts. 87
y 88); (8) el deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos
culturales y naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente
sano (art. 95, num. 8°); (11) la función congresual de reglamentar, mediante la
expedición de leyes, la creación y funcionamiento de corporaciones autónomas
regionales (art. 150, num. 7°); (12) la perturbación del orden ecológico como
razón que justifica la declaratoria del estado de emergencia y el consiguiente
uso de facultades legislativas (art. 215); (13) el deber del Estado de promover
la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art.
226); (14) la inclusión del tema ambiental dentro de los objetivos del control
fiscal, manifestada en la necesidad de valorar los costos ambientales generados
por la gestión pública (art. 267, num. 3°) y en la obligación de que el
Contralor General presente al Congreso un informe anual sobre el estado de los
recursos naturales y el medio ambiente (art. 268, num. 7°); (15) la función
asignada al Procurador General de la Nación de defender los intereses colectivos, y en especial el ambiente (art. 277, num. 4°); (16) la posibilidad de que los departamentos y municipios ubicados en zonas limítrofes adelanten, junto con sus entidades homólogas de los países vecinos, programas de cooperación e integración
dirigidos, entre otros objetivos, a la preservación del medio ambiente (art.
289); (17) la competencia que tienen las asambleas departamentales para
regular, por medio de ordenanzas, temas relacionados con el ambiente (art. 300,
num. 2°); (18) la consideración de las circunstancias ecológicas como criterio
para la asignación de competencias administrativas especiales a los
departamentos (art. 302); (19) el régimen especial previsto para el
departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, uno de
cuyos objetivos es la preservación del ambiente y de los recursos naturales del
archipiélago (art. 310); (20) la competencia de los concejos municipales para
dictar normas relacionadas con el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio (art. 313, num. 9°); (21) la
asignación mediante ley de un porcentaje de los impuestos municipales sobre la
propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y conservación del
ambiente (art. 317); (22) las funciones que se atribuyen a los territorios
indígenas con respecto a vigilancia sobre los usos del suelo y la preservación
de los recursos naturales (art. 330, num. 1° y 5°); (23) la creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la cual tiene dentro de sus objetivos el aprovechamiento y preservación del
ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables (art.
331); (24) la regla conforme a la cual el Estado es propietario del subsuelo y
de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos
adquiridos (art. 332); (25) la posibilidad de limitar, mediante la expedición
de leyes, el alcance de la libertad económica, cuando así lo exija el interés
social, el ambiente y/o el patrimonio cultural de la Nación (art. 333); (26) la posibilidad de que el Estado intervenga, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales y el uso del suelo, así como en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes, y en los servicios públicos y privados, siendo la preservación de
un ambiente sano uno de los objetivos posibles de dicha intervención (art.
334); (27) la necesidad de incluir las políticas ambientales como uno de los
elementos esenciales del Plan Nacional de Desarrollo que cuatrienalmente debe
expedirse (arts. 339 y 340); (28) el señalamiento de la preservación del
ambiente como una de las posibles destinaciones de los recursos del Fondo Nacional
de Regalías (art. 361); (29) la inclusión del saneamiento ambiental como uno de
los objetivos fundamentales de la actividad del Estado (art. 366).”
[22] Sentencia T-760 de 2007.
[23] Sentencia C-126 de 1998, en donde se estudio la
constitucionalidad de los artículos 19 y 20 de la Ley 23 de 1973 y la totalidad del Decreto-Ley 2811 de 1974. Subsidiariamente, en caso de no
prosperar las anteriores pretensiones, los actores solicitan la declaratoria de
inconstitucionalidad específica de los artículos 4º, 43, 47, 51, 56, 59, 60,
61, 62, 88, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 97, 103, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 125, 133, 146, 151, 153,
154, 162, 170, 171, 176, 177, 209, 216, 222, 233, 234, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 276 del
Decreto-Ley 2811 de 1974 y el numeral 1° del artículo 39 de la Ley 142 de 1994. La demanda fue radicada con el número D-1794 y cumplidos, como están, los
trámites previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede
la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
[24] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-411 de 1992, C-126 de
1998, T-760 de 2007, C-595 de 2010, T-055 de 2011, entre otras.
[25] Al respecto se pueden ver los siguientes principios:
“Principio
1
Man has the fundamental right to freedom, equality and
adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life
of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and
improve the environment for present and future generations. El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y
las condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que permita una
vida digna y el bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar
el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. In this respect, policies promoting or perpetuating
apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of
oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated.
En este sentido, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, la
segregación racial, la discriminación, la colonial y otras formas de opresión y
dominación extranjera quedan condenadas y deben ser eliminadas.
Principle 2 Principio 2
The natural resources of the earth, including the air,
water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural
ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future
generations through careful planning or management, as appropriate. Los recursos naturales de la tierra, incluyendo el aire, agua, tierra,
flora y fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas
naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y
futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según convenga. (…)
Principio
4
El
hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar
juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestre y su hábitat, que
se encuentren actualmente en grave peligro por una combinación de factores
adversos.”
[26] Al respecto, la sentencia C-245 de 2004, en donde se estudió la
constitucionalidad del artículo 12 la Ley 785 de 2002, dijo:
“En
efecto, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, adoptada en
dicha ciudad en el año de 1972 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, hace énfasis en la necesidad de que los ecosistemas naturales
deban preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante
cuidadosa planificación u ordenación según convenga,  evitando que la
contaminación con sustancias tóxicas u otros materiales causen daños graves e
irreparables a los ecosistemas. Dispone además que debe confiarse a
instituciones nacionales competentes la tarea de planificar, administrar o
controlar la utilización de los recursos ambientales con miras a mejorar la
calidad del medio. Y añade que la planificación racional constituye instrumento
indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir entre  las
exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio.
Igualmente, establece que debe ponerse fin a la descarga de sustancias tóxicas
o de otras materias y a la liberación del calor en cantidades o concentraciones
tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños
graves  o irreparables a los ecosistemas, por lo cual debe apoyarse la
justa lucha de los pueblos de todos los países contra la contaminación.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro
en 1992, por su parte,  pregona que a fin de alcanzar el desarrollo
sostenible la protección del medio ambiente debe constituir parte importante
del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Anota
además, que los Estados deben cooperar con espíritu de solidaridad mundial para
conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la
tierra. En particular, dicha declaración establece que el mejor modo de tratar
las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos,
permitiéndoles informarse sobre las decisiones de las autoridades y
facilitándoles el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y
administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y recursos pertinentes.
También resalta el papel del legislador en este campo, al señalar que los
Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre medio ambiente las cuales deben
reflejar el contexto al que se aplican. Igualmente, pone de relieve el papel
que los pueblos indígenas y sus comunidades locales desempeñan en la ordenación
del medio ambiente, por lo que los Estados deben reconocer y apoyar su identidad,
cultura e intereses y velar porque participen efectivamente en el logro del
desarrollo sostenible.  Así mismo, dicho instrumento pone de presente la
necesidad de emprender una evaluación del impacto ambiental en calidad de
instrumento nacional, respecto de cualquier actividad que haya de producir un
efecto negativo en el medio ambiente.”
[27] Sentencia T-760 de 2007.
[28] Dentro de los objetivos establecidos, en aquel entonces se debe resaltar
el séptimo que es busca “garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente”.
[29] AAVV; Protección internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales: Sistema Universal y Sistema interamericano; Instituto
Interamericano de Derechos humanos, San José de Costa Rica, 2008. pp. 130.
[30] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Observación
General 12, Observación General 12, Observación General No. 14, entre otras.
[31] Carta Mundial de la Naturaleza, Principio 11
[32] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación
General No. 14.
[33] Sentencia T-356 de 2010 que cita la sentencia C-671 de 2001.
[34] El protocolo desarrolla “los preceptos
constitucionales que consagran la cooperación internacional en campos
indispensables para la preservación de la salud y la vida de las personas,
contenidos en el Preámbulo y en los artículos 1, 2 y 9 de la Carta. De igual forma, garantiza y respeta la equidad, la reciprocidad y la conveniencia
nacional, que deben inspirar las relaciones internacionales en materia
política, económica, social y ecológica, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 226 del Estatuto Supremo”.
[35] Dicha sentencia fue citada en la T-356 de 2010.
[36] Al respecto, la Sentencia C-666 de 2010 estableció: “En
efecto, la visión del ambiente como elemento transversal en el sistema
constitucional trasluce una visión empática de la sociedad, y el modo de vida
que esta desarrolle, y la naturaleza, de manera que la protección del ambiente
supera la mera noción utilitarista, para asumir una postura de respeto y
cuidado que hunde sus raíces en concepciones ontológicas.”
[37] Ibidem
[38] Al respecto en la sentencia C-666 de 2010, en donde se estudio
la constitucionalidad de la norma que admite el desarrollo de el rejoneo,
coleo, las corridas de toros, las novilladas, corralejas, becerradas y riñas de
gallos,  se dijo que la Constitución Política de 1991 reafirma dicha mutación en la forma de percibir los derechos de
los animales.
[39] Dicha posición dista del ideal que tenía Kant respecto de los
animales, éste creía que los animales eran meros instrumentos de para el
hombre, por lo que solo merecían protección sólo para servir dentro de las
relaciones de un hombre con otro. Al respecto se puede consultar a Cass
Sunstein y Martha Nussbaum en el texto Animal Rights: current Debates and  new
directions. November 2005. Oxford University Press, USA.
[40] Sentencia C-666 de 2010.
[41] Es menester aclarar que dicho Estatuto se ha de aplicar a los animales
“silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o domesticados,
cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en
cautividad”. En virtud del parágrafo del artículo 1°.
[42] En la sentencia C-666 de 2010, se resume el contenido normativo de
dicha disposición, al respecto dice:
“(…), el Estatuto
contiene un primer capítulo donde traza los principales fines de esta
regulación, que sin duda apuntan a lograr el bienestar animal; un segundo capítulo
es dedicado a los Deberes para con los animales; el tercero señala las
actividades que se entienden como crueldad con los animales y cuya realización,
en consecuencia, se encuentra prohibida; el cuarto contiene el régimen de las
sanciones que pueden imponerse a los que infrinjan las prohibiciones contenidas
en el Estatuto; el quinto es dedicado a las condiciones en que los animales
deben ser sacrificados para evitarles sufrimientos innecesarios; el sexto trata
de la experimentación con animales vivos; en el séptimo se detallan las
condiciones en que deben ser transportados en los casos en que sea necesaria su
movilización; el octavo consagra la prohibición general de caza y pesca en el
territorio nacional, aunque contiene una serie de excepciones a dicho
limitante; y, finalmente, se incluye un capítulo de disposiciones generales.”
[43] Sentencia C-666 de 2010.
[44] Sentencia C-666 de 2010.
[45] Artículos 686 al 689 del Código Civil.
[46] Sentencia T-760 de 2007. Adicionalmente, la sentencia C-439 de
2011 dice:
“No obstante,
las corrientes globales de protección y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales, derivaron en una actualización normativa según la cual la
regulación relativa a animales “fieros”, hoy denominados “fauna silvestre” o
“salvaje”,  pasó a ser de resorte exclusivo del derecho público por virtud del
artículo 248 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables –Decreto 2811
de 1974-, al tenor del cual la fauna silvestre que se encuentre en el
territorio nacional pertenece a la Nación, salvo dos excepciones: los zoocriaderos[46]
y los cotos de caza[46] de propiedad
particular (art. 248).  Bajo estas condiciones, es decir, a partir del cambio
drástico de los presupuestos que rigen el aprovechamiento racional de estos
especímenes,  del artículo 250 en adelante se reemplazan las condiciones bajo
las que se puede ejercer la caza[46],
dividiéndola en seis especialidades[46] con
sus respectivos condicionamientos y, sobre todo, advirtiendo que solamente el
Estado es quien puede determinar y autorizar explícitamente qué especies pueden
ser objeto de dicha actividad.
De esta
forma, a partir del año 1974 no es posible a los particulares reclamar ningún
derecho sobre especies de fauna silvestre y, en consecuencia tampoco es posible
la tenencia de estos animales y su libre transporte por particulares.
Corresponde a la Administración
Pública regular el tema relativo a su clasificación, establecimiento y
administración de las zonas de protección, velar por su conservación, prohibir
o restringir la introducción, trasplante, transporte, cultivo y propagación de
especies silvestres, imponer vedas, señalar en qué casos es posible su
aprovechamiento, así como autorizar o restringir la caza por razones de
subsistencia  o de comercialización.”
[47] Artículo 256 del Código Nacional de Recursos Naturales y
Renovables.
[48] Artículo 258, literal b, del CRNR.
[49] Esta, de acuerdo al literal a) del artículo 252 del CRNR, debe
ser entendida como: “a). Caza de subsistencia o sea que sin ánimo de lucro
tiene como objeto exclusivo proporcionar alimento a quien la ejecuta y a su
familia.”
[50] Artículo 259 del CRNR.
[51] Sentencia T-760 de 2007, la cual cita el artículo 33 del
Decreto 1608 de 1978, que dice:
“En conformidad
con lo establecido por el artículo 258 del Decreto-Ley 2811 de 1974, la entidad
administradora determinará las especies de la fauna silvestre, así como el
número, talla y demás características de los animales silvestres que pueden ser
objeto de caza, las áreas y las temporadas en las cuales pueden practicarse la
caza y los productos de fauna silvestre que pueden ser objeto de
aprovechamiento según la especie zoológica.
Las
cuotas de obtención de individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre,
nunca podrán exceder la capacidad de recuperación del recurso en el área donde
se realice el aprovechamiento.” (negrilla fuera de texto)
[52] Artículo 31 del Decreto 1608 de 1978.
[53] “domesticados “los que, sin embargo de ser bravíos por su
naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad, y reconocen en cierto modo
el imperio del hombre.
Estos últimos,
mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre,
siguen la regla de los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven
a la clase de los animales bravíos.””
[54]  La faceta preventiva también conlleva la adopción de acciones en
cabeza de la sociedad.  La sentencia T-307 citada dijo al respecto lo
siguiente: “En relación con la faceta preventiva, se garantiza el derecho a
la salud cuando se hace todo lo necesario para evitar que las personas incurran
en situaciones de riesgo que perjudique su salud integral. Se atienden
distintos aspectos con la idea de prevenir dolencias y enfermedades y con el
propósito de prolongar la vida así como de obtener un beneficio para las
personas tanto desde el punto de vista físico, psíquico, social y emocional.
Así las cosas, cuando la personas se encuentran en una situación de riesgo se
deben tomar todas las cautelas posibles de modo que se evite provocar una
afectación de la salud en alguno de esos aspectos”.
[55] Sentencia T-760 de 2007.
[56] “El Estado promoverá las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. (…) El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.”
[57] “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran.”
[58] Al respecto se puede consultar:
1.       Convención sobre los Derechos del Niño que
adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 198,
aprobada dentro del ordenamiento nacional a través de la Ley 12 de 1991 que dice en el artículo 23: los Estados Parte reconocen el derecho del niño
impedido a recibir cuidados especiales”, los cuales estarán destinadas “a
asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la
capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la
preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales
servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el
desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la
máxima medida posible”;
2.
El Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador,
dice en el artículo 18 que “toda persona afectada por una disminución de sus capacidades
físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de
alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados
Partes se comprometen a… c) incluir de manera prioritaria en sus planes de
desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos
específicos generados por las necesidades de este grupo”;
3.
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
ratificada por medio de la Ley 762 de 2002, en el artículo 3 dice:
“Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se
comprometen a:
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo,
laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la
sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación
2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas:
a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles;
b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación,
educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para
asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las
personas con discapacidad; y
c) La sensibilización de la población, a través de campañas de
educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que
atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta
forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad.”
4.
La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
ratificada por la Ley 1346 de 2009, en el artículo 25 dice:
“Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por
motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud
que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación
relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes:
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención
de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que
a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y
programas de salud pública dirigidos a la población;
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con
discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la
pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a
prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos
los niños y las niñas y las personas mayores;
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las
comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas
con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la
base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y
las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y
la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos
público y privado;
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en
la prestación de seguros de salud y de vida cuando estos estén permitidos en la
legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa
y razonable;
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de
salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de
discapacidad.”
[59]  Sentencia T -288 de 1995.
[60] Sobre el tema ver también la sentencia T-899 de 2007.
[61] Vease sentencia T-367 de 2004.
[62] Véanse las sentencias T-430 de 1994 y T-478 de 2008.
[63] Sentencia T-760 de 2007.
[64]  Ley 99 de 1993, art. 5°, num 42.
[65] Dentro del proceso de estudió del caso, se solicitó a Medicina
Legal que diagnosticara el estado de la accionante. Medicina Legal determinó
que la accionante padecía síntomas y signos compatibles con un trastorno de
depresión mayor leve, desencadenada por la pérdida de su mascota. (…) Este
cuadro es susceptible de mejorar con tratamiento farmacológico y
psicoterapéutico dirigida a la elaboración del duelo, así como buscar
mecanismos adaptativos que le permitan superar la pérdida.”
[66] Cuaderno 2, folio 3.
[67] Cuaderno 2, folio 4. Adicionalmente, en la ampliación de la solicitud
que ordenó el juez de única instancia, la accionante dijo: “Las terapias con
animales las inició hace dos años, se le hacen ahí mismo en la casa con la
lorita, se las dirige ELSA VICTORIA la enfermera, por ejemplo nosotros
empezamos a decirle negro a WILLIAM y él nos pone poca atención, en cambio con
la lora empieza a llamarlo negro, negro y a hablarle bobadas y él se dirige
para el lado de donde le habla la lorita, empieza la lora a cantar y él es
bregando a escuchar, levanta la mano derecha, esa lorita le ha servido mucho de
terapia.” Cuaderno 2, folio 85.
[68] Cuaderno 2, folio 74
[69] Cuaderno 2, folio 61.
[70] Cuaderno 2, folio 88.
[71] Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre se encuentran las Psittacidae
Amazonas- CITES. Disponible en: http://www.cites.org/esp/app/appendices.shtml
[72] Cuaderno 2, folio 85. La accionante en la declaración dijo: “Hace
tres años me la regalaron pichoncita, pero WILLIAM hacía tres meses había sido
lesionado, después de que le sucedió eso le empezamos a enseñarle a hablar, a
decirle el nombre de él, negro y empezó a cantar y él se  ha mostrado muy
cariñoso con la lorita muy atento cuando ella llama, hace como año y medio que
él empezó a llamar la atención de la lora. Esa lora me la regaló un primo mío
que vive en Medellín, no se de donde la sacaría él, creo que de una finca, como
que la encontró en un nidito y como yo le había dicho a él de una lorita él me
llamó y me dijo que tenía un pichoncito y que me lo mandaba.”
[73] Cuaderno 2, folio 89.
[74] Ley 84 de 1989, “Artículo 6. El que cause daño a un animal o
realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los
mismos por esta Ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso.
Se
presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los
siguientes:
(…)
c)
Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un
animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética
o se ejecute por piedad para con el mismo;
(…)
j) Toda
privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo,
higiene o aseo, tratándose de animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le
cause daño grave o muerte;
(…)”
[75] Beatriz Salgado Cabra.
[76] Cuaderno 2, folio 4.
[77] Cuaderno 2, folio 84.
[78] Cuaderno 1, folio 28.
[79] Cuaderno 1, folio 31.
[80] Cuaderno 1, folio 41.
[81] Cuaderno 1, folio