T-211-19
Sentencia T-211/19
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia
CARGAS
SUSTANTIVAS Y PROCESALES DESPROPORCIONADAS ANTE LAS CUALES LAS PERSONAS
DESPLAZADAS PUEDEN INTERPONER ACCION DE TUTELA-Reiteración
de jurisprudencia
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Constituye un derecho fundamental de las víctimas
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Caso en que se niega inscripción en el RUV como víctima del delito
contra la libertad y la integridad sexual, en desarrollo del conflicto armado
DESPLAZADOS INTERNOS-Derecho
a recibir en forma urgente un trato preferente
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia de tutela por ser sujetos de especial protección
constitucional
VIOLENCIA
SEXUAL CONTRA LAS MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO-Constituye violencia de género
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-Inclusión en Registro Único de Víctimas RUV y acceso a rutas de
atención, asistencia y protección
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS CONTENIDO EN LA LEY
1448 DE 2011-Requisito declarativo y no
constitutivo de la condición de víctima de desplazamiento para acceder a los
beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Límite temporal para realizar la declaración como víctima
Tratándose de un delito de violencia sexual, es aplicable la excepción
contenida en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, pues el hecho de tratarse
de una mujer que ha sido víctima de desplazamiento forzado, ya por esto
incluida en el RUV, y que declaró aparentemente de forma extemporánea el hecho
victimizante de violencia sexual –“delitos contra la libertad e integridad
sexual”-, da lugar a que se trate de una situación que debe ser atendida en
forma excepcional. Tratándose
de una mujer víctima de violencia sexual su afectación es grave y el hecho
victimizante fue denigrante, por lo que si bien existía un término de 4 años
para declarar, dicho periodo no puede ser inflexible y ajeno a la situación
especial de “Carmen” desconociendo su grave situación en el marco
del conflicto armado, y sin tener en cuenta sus circunstancias particulares,
como ya lo ha sostenido en anteriores sentencias esta Corporación
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Autoridades
deben interpretar normas de acuerdo con los principios de legalidad, buena fe,
favorabilidad, pro homine y veracidad
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO-Orden a la
UARIV no incurrir en revictimización de las víctimas de violencia sexual
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS DE
VIOLENCIA SEXUAL EN EL CONFLICTO ARMADO-Instar a jueces del país, a proteger los derechos de las víctimas
de violencia sexual en general y en el marco del conflicto armado, en
cumplimiento de sentencia y autos señalados
Referencia: Expediente T-7.069.734.
Acción de Tutela instaurada por la
accionante  “Carmen” contra la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas – UARIV-.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, veinte (20) de mayo de
dos mil diecinueve (2019).
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la
Constitución Política, profiere la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la
decisión de única instancia emitida el nueve (09) de agosto de dos mil dieciocho
(2018) por el Juzgado Penal del Circuito de “Candelaria”, que decidió “no
amparar los derechos invocados por la accionante” y consideró que no
existió conducta alguna por parte de la entidad accionada que vulnerara los
derechos deprecados en la acción de tutela.
En virtud de lo dispuesto en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Once de la Corte Constitucional seleccionó para efectos de
revisión el asunto de la referencia[1].
I.    ANTECEDENTES
El expediente seleccionado contiene la acción de tutela
interpuesta el día 19 de julio de 2018 por la ciudadana “Carmen”, en la
que solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
buena fe, dignidad humana, derechos de las víctimas en el conflicto armado y de
reparación administrativa, que consideró vulnerados por la negativa de dicha
entidad a inscribirla en el Registro Único de Víctimas –RUV- por el hecho de acceso carnal violento, con fundamento en que su
declaración fue rendida de forma extemporánea ante el Ministerio Público, en el
marco del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011.
1. Hechos, argumentos y
solicitud
El día 19 de julio de 2018 la ciudadana “Carmen”
instauró acción de tutela  y adujo que sus derechos fundamentales le fueron
vulnerados pues la UARIV negó su inclusión en el RUV como víctima de “acceso
carnal violento”, hecho ocurrido en el año 2004 en el municipio de La Esperanza
por grupos al margen de la ley (paramilitares). Adicionó que la entidad sostuvo
que su solicitud se enmarca dentro de las causales establecidas para la
denegación de la inscripción por haberse presentado fuera de los términos
establecidos en los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011, teniendo particularmente
en cuenta la excepción de fuerza mayor prevista en la última disposición.
Así mismo, manifestó que el hecho fue conocido por los órganos
de investigación como la Fiscalía General de la Nación y los organismos de
Justicia y Paz. Al respecto, aportó dos certificaciones expedidas por la
Fiscalía ** Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá (** de julio de
2016 y ** de octubre de 2017) en las que se reconoció a la accionante “de
manera sumaria y preliminar la condición de víctima de los hechos atribuibles a
las desmovilizadas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en razón del
delito de acceso carnal violento y desplazamiento forzado”, cometido contra
la accionante en el municipio de “La Esperanza”, el ** de agosto de 2004[2].
Adicionalmente, la Fiscalía en la certificación indicó que el
hecho delictivo registrado fue enunciado y confesado en diligencia de versión
libre del 05 de abril de 2016 por los postulados “Ramón María Isaza
Arango, alias el “Viejo” (excomandante general de las Autodefensas Unidas del
Magdalena Medio), Walter Ochoa Guisao, alias “El Gurre” (ex comandante del
frente Omar Isaza) y Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga, alias “Napo”, (ex
intregrante del mismo frente)”[3].
(Se subraya).
Expuso que los hechos fueron
conocidos por la UARIV, inicialmente a través de la entidad denominada para ese
entonces Acción Social, en el año 2005 y que además realizó posteriormente
declaración ante la Personería Municipal de “La Esperanza”, el 15 de
octubre de 2015.
Advirtió que el 25 de enero de
2017 solicitó la revocatoria de la Resolución que negó su inclusión en el RUV aportando
como prueba la certificación expedida por la Fiscalía que indica en forma
expresa y clara su condición de víctima por hechos atribuibles a la
Autodefensas Unidas del Magdalena Medio por el delito de acceso carnal
violento.
Indicó que el ** de marzo de 2017
la UARIV profirió la Resolución 20178(***)  en la que decidió: “No revocar
la Resolución 2016-10(****) del ** de mayo de 2016”.  Al respecto,
indicó que con la referida decisión la UARIV desconoció las pruebas aportadas
que acreditan su condición de víctima del delito de violencia sexual y el
derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución
Política, al concluir que la declaración se presentó de manera extemporánea,
pues tal afirmación es resultado de un análisis meramente formal, sin estudiar
de fondo los hechos puestos en su conocimiento, debido a que la UARIV ni
siquiera contextualizó en debida forma la situación de conflicto armado acaecido
en el municipio de “La Esperanza”.
Sostuvo que la UARIV no tuvo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley 1448 de 2011, que establece
que las actuaciones que se adelanten en relación con el registro de las
víctimas se tramitarán de acuerdo los principios constitucionales del debido
proceso, buena fe y favorabilidad y, que las pruebas requeridas serán sumarias.
Finalmente la accionante enfatizó en que la declaración
extemporánea no es óbice para rechazar la inscripción en el RUV cuando se
mantiene la condición de víctima, por lo que con tal actuación la UARIV vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, buena fe, dignidad humana,
derechos de las víctimas en el conflicto armado y  de reparación
administrativa.
2. Admisión, traslado y contestación de la demanda.
El 19 de julio
de 2018 el Juzgado Penal del Circuito de “Candelaria”, admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la UARIV para que, en el término de dos días
contados a partir del recibo de la comunicación, ejerciera su derecho a la
defensa.
El 30 de julio de 2018 el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
de la UARIV en respuesta a la acción de tutela solicitó que el amparo se
declarara improcedente, en razón a que la Unidad para las Víctimas realizó
dentro del marco de sus competencias, todas las gestiones necesarias para
cumplir los mandatos legales y constitucionales, evitando que se vulneren o
pongan en riesgo los derechos fundamentales de la solicitante.
Advirtió, respecto al caso concreto, que la
accionante no se encuentra incluida en el RUV por el hecho victimizante de “delitos
contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado” de
conformidad con lo la Resolución No. 20178(***)  del ** de marzo de 2017, a
través de la cual no se revocó la decisión proferida mediante la Resolución No.
2016-10(****) del ** de mayo de 2016, y mediante la cual se negó la inclusión
de la accionante en el RUV y no se reconoció el hecho victimizante.
Destacó la improcedencia de la acción de
tutela, por: i) no configurarse en el caso un perjuicio irremediable; ii)
subsidariedad, ya que existen para el caso recursos administrativos y es
posible hacer uso de la acción de nulidad ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; iii) protección del derecho al debido proceso que
fue respetado en todas las actuaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
1437 de 2011 y el Decreto 1084 de 2015 y, iv) la existencia de un hecho
superado por la evidente diligencia en el proceso de la UARIV en el caso concreto.
La UARIV
adjuntó como prueba la Resolución No. 2016-10(****) de 2016[4]
en la que se determina que: “analizada la narración de los hechos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, se tiene
que los hechos expuestos por el (la) deponente fueron declarados de manera
extemporánea. (…), es decir para el caso objeto de valoración el hecho ocurrió [en
el año 2004]  y la declaración ante la PERSONERÍA MUNICIPAL DE “LA
ESPERANZA” del departamento de la “Candelaria” fue el 15 de octubre de 2015. No
obstante, analizadas las circunstancias manifestadas en su declaración y el
análisis anteriormente descrito, se tiene que existen elementos que permiten
determinar que no existieron circunstancias de fuerza mayor que hayan impedido
a la señora (…), presentar la declaración dentro de los términos establecidos
en la citada norma”.
3.  Decisión de única instancia.
El 9 de agosto de 2018 el Juzgado Penal del Circuito de “Candelaria”,
decidió no amparar los derechos invocados por la accionante y declarar
improcedente la acción de tutela. El juez de única instancia consideró que “la
demandante no acreditó los perjuicios irremediables que podrían devenir de no
acoger la tutela como un mecanismo transitorio”, ni tampoco los daños
inminentes y concretos en caso de no proceder la acción; agregó que la decisión
que se controvierte se trata de un procedimiento netamente administrativo en el
que en cada una de sus etapas la administrada contó con la posibilidad de
agotar las vías que nuestra legislación prevé para garantizar los derechos de
quien se sienta afectado respecto a determinado trámite, por lo que la
accionante cuenta con otras vías (gubernativa o judicial) para hacer valer los
derechos que estime conculcados.
Enfatizó en que la petición de la acción de
tutela “desborda las facultades concedidas por la ley a este operador
judicial” respecto a anular o modificar los actos administrativos expedidos
por las autoridades competentes, y además no se está en uno de los casos que la
jurisprudencia ha señalado restrictivamente como factibles para acudir al
mecanismo de amparo constitucional, teniendo en cuenta su carácter residual.
El Juez de
única instancia concluyó que “la tutela tiene una naturaleza extraordinaria
y residual, y con ella solo es posible restablecer provisionalmente situaciones
fácticas de las cuales pudiera desprenderse un perjuicio inminente grave o
irreparable (no susceptible de ser abordado por las vías y jurisdicciones
ordinarias), y este no es el caso sometido a estudio de esta instancia”, por
lo que no procede el amparo deprecado, al no advertirse vulneración de derechos
fundamentales.
El fallo de primera instancia
no fue impugnado.
5. Pruebas relevantes que
obran dentro del expediente.
5.1
Respuesta del 17 abril de 2017 de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas  a la accionante, en la que se indica que
mediante Resolución 2016-10(****) del ** de mayo de 2016 se resolvió la no
inclusión en el Registro Único de Víctimas –RUV-, la cual fue recurrida y
resuelta a través de la Resolución No 20178(***)  del ** de marzo de 2017 en la
que decidió confirmar la decisión[5].
5.2
Resolución 2016-10(****) del ** de mayo de 2016 de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la que se resuelve no
reconocer el hecho victimizante de hechos que atentan contra la vida, la
dignidad y la integridad personal, en el Registro Único de Víctimas -RUV. Se
indica en la parte considerativa que de acuerdo con lo establecido en el
artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, se tiene que los hechos expuestos por la
deponente fueron declarados de manera extemporánea, es decir el hecho ocurrió en
el año 2004 y la declaración ante la Personería Municipal de “La Esperanza”
fue el 15 de octubre de 2015, y no  obstante las circunstancias analizadas en
la declaración y el análisis de las mismas, se tiene que existen elementos que
permiten determinar que no existieron circunstancias de fuerza mayor que hayan
impedido a la accionante presentar la declaración dentro de los términos
establecidos en la Ley 1448 de 2011[6].
5.3
Resolución No 20178(***)  del ** de marzo de 2017 de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la que se resuelve no  revocar
la Resolución 2016-10(****) del ** de mayo de 2016, en razón a que no se
invocaron ninguna de las causales previstas en el artículo 93[7]
de la Ley 1437 de 2011[8].
5.4
Certificación del ** de julio de 2016 expedida por la Fiscalía **
Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que se indica de manera
sumaria y preliminar que se reconoció a la accionante “la condición de
víctima de los hechos atribuibles a las desmovilizadas Autodefensas Campesinas
del Magdalena Medio, en razón del delito de acceso carnal violento y
desplazamiento forzado”, cometido contra la accionante en el municipio de “La
Esperanza”, el ** de agosto de 2004. Adicionalmente, se indica que el
hecho delictivo registrado en diligencia de versión libre del 05 de abril de
2016 fue enunciado y confesado por los postulados: “Ramón María Isaza
Arango, alias el “Viejo” (excomandante general de las Autodefensas Unidas del
Magdalena Medio), Walter Ochoa Guisao, alias “El Gurre” (ex comandante del
frente Omar Isaza) y Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga, alias “Napo”, (ex
intregrante del mismo frente)”[9].
5.5
Certificación del 05 de octubre de 2017 expedida por la Fiscalía **
Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que se indica a la
accionante como víctima de acceso carnal violento, amenazas y desplazamiento
forzado en hechos ocurridos el ** de agosto de 2004 en el municipio de “La
Esperanza”. Adicionalmente, se señala que el hecho fue confesado el 05
de abril de 2016, imputado el 02 de marzo de 2017 a los postulados “Ramón
María Isaza Arango, alias el “Viejo” (excomandante general de las Autodefensas
Unidas del Magdalena Medio), Walter Ochoa Guisao, alias “El Gurre” (ex
comandante del frente Omar Isaza) y Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga, alias
“Napo”, (ex intregrante del mismo frente)”[10],
pendientes de audiencia concentrada para la formulación y legalización de
cargos ante los Magistrados de la Sala de Conocimiento de  Justicia y Paz[11].
5.6
Respuesta del 12 de octubre de 2017 de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas a la accionante en la que se indica a ésta
última con estado de valoración: i) “incluido” por el hecho victimizante
de desplazamiento forzado, 15/01/2005; ii) “no incluido” por el hecho
victimizante de homicidio, 4/5/1993 y, iii) “no incluido” por el hecho
victimizante de delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo
del conflicto armado, 22/11/2004[12].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
La Sala Séptima de Revisión de
Tutelas de la Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro
de la acción de tutela de la referencia, que fue escogida para revisión por
medio de Auto del 26 de noviembre de 2018, proferido por la Sala de Selección
Número Once, con fundamento en lo prescrito por el inciso 2º del artículo 86, y
el numeral 9º del artículo 241, ambos de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedencia
de la acción de tutela.
La Constitución Política de Colombia define en su artículo 86 el
mecanismo de acción de tutela para que toda persona pueda reclamar ante los
jueces la protección de sus derechos fundamentales constitucionales cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de alguna
autoridad pública. En el caso concreto, es de señalar que la jurisprudencia de
esta Corporación reconoce que la acción de tutela resulta ser un recurso idóneo
para asegurar el goce efectivo de los derechos de las
víctimas del conflicto y de la población desplazada[13],
especialmente cuando el respeto, protección y garantía de sus derechos
fundamentales depende de la inclusión en el RUV,  en
razón de su condición de sujetos de especial protección constitucional.
Bajo este
supuesto, es procedente analizar en el caso concreto el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela interpuesta por la
accionante. En primer lugar, respecto a la legitimidad por activa,
el inciso primero del artículo 86 constitucional preceptúa que toda persona,
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante apoderado para
obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales; en tal sentido,
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone diferentes hipótesis de
legitimación en la causa por activa, estableciendo que el amparo podrá ser
ejercido, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Así, la acción de tutela bajo estudio fue interpuesta por
“la accionante” quien actúa en nombre propio y
es mayor de edad, por lo que existe legitimación en la
causa por activa para la presentación de la acción de tutela que se revisa.
En segundo lugar, en lo concerniente a
la legitimidad por pasiva, de acuerdo con lo señalado por el
artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra
cualquier acción u omisión en que incurra una autoridad pública, y en el caso, la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV- es la
autoridad pública competente que desarrolla funciones frente a los
derechos de las víctimas y a la cual se le endilga la
vulneración de derechos fundamentales, puesto que es quien se niega realizar la
inscripción de la accionante en el Registro Único de Víctimas.
En tercer lugar, el asunto bajo examen en la acción de tutela
interpuesta constituye un asunto de relevancia constitucional por
tratarse de derechos de un sujeto de especial protección constitucional, en su
condición de mujer víctima del conflicto armado y de población desplazada que
manifiesta fue también víctima de un hecho de violencia sexual, por lo que su
caso requiere de un tratamiento diferencial y una protección constitucional
prevalente.
En cuarto lugar, con relación al requisito de inmediatez,
el artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de
tutela podrá interponerse “en todo momento y lugar” y
la jurisprudencia constitucional ha indicado que ésta debe interponerse en un
término prudencial contado a partir de la acción u omisión que amenaza o genera
una afectación a los derechos fundamentales, por lo que no es posible
establecer un término de caducidad de la acción, pues ello implicaría
contradecir el artículo superior[14].
Lo anterior, no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de
tutela en cualquier momento, pues tal decisión pondría en riesgo la seguridad
jurídica y la propia naturaleza de la acción, concebida como un mecanismo de “protección
inmediata” de los derechos fundamentales.
Al respecto, en la sentencia SU-961 de
1999 la Corte Constitucional sostuvo  que “la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse
dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto” (Se subraya).[15].
De tal manera, no existen reglas estrictas e inflexibles para la
determinación de la razonabilidad del plazo y al juez de tutela le corresponde
evaluar, analizando el contexto y circunstancias de cada caso, lo que
constituye un término razonable; en consecuencia, la acción de tutela no puede
ser rechazada con fundamento en el paso del tiempo, y el juez constitucional
debe analizar el caso concreto a la luz de la razonabilidad del término para interponer
el amparo[16].
En tal contexto, por ejemplo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sostenido que las personas que han sido desplazadas por la
violencia en el territorio colombiano están expuestas a niveles de
vulnerabilidad, debilidad e indefensión muy altos, que se hacen evidentes en
situaciones como: “(i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el
desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento
de la enfermedad y la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la
pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros y (viii) la desarticulación
social, así como el empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida”[17],
que implican la sistemática vulneración de sus derechos que justifican la
demora en el uso de los mecanismos con los que las víctimas cuentan para demandar
la protección de su vida, libertad, integridad y seguridad.
En el caso sub examine es relevante tener en cuenta que la accionante
“Carmen” tiene la condición de víctima del conflicto armado, incluida en
el RUV por el hecho victimizante de desplazamiento forzado[18] y que además manifiesta ser también víctima del delito de “acceso
carnal violento”.
Así, si bien del material probatorio del
expediente, se evidencia que el acto administrativo que se cuestiona es la
Resolución No 20178(***) proferida el 16 de marzo de 2017 y que la acción de
tutela fue interpuesta el 19 de julio de 2018, es decir que transcurrió un poco
más de un año entre la decisión de la UARIV y el uso del amparo judicial, para
la Sala es razonable que haya pasado este lapso, pues en el caso concreto
prevalecen los siguientes elementos ya que se trata de: i) una mujer
víctima de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado, incluida en
el RUV por un hecho ocurrido en el año 2005,  y que ii) además se
discute la no inclusión en el RUV por un delito contra la libertad y la
integridad sexual en desarrollo del conflicto armado – “acceso carnal violento”.
En lo concerniente a los hechos de violencia sexual contra la mujer
con ocasión del conflicto armado, la normativa prevé algunas prerrogativas como
son lo prescrito en el artículo 22 de la Ley 1719 de 2014[19] que indica que: “ Se
presume la vulnerabilidad acentuada de las víctimas de violencia sexual con
ocasión del conflicto armado, el riesgo de sufrir nuevas agresiones que afecten
su seguridad personal y su integridad física, y la existencia de riesgos
desproporcionados de violencia sexual de las mujeres colombianas en el
conflicto armado conforme a lo previsto en el Auto 092 de 2008 de la Corte
Constitucional. En consecuencia, la adopción de las medidas provisionales de
protección a que haya lugar, no podrá condicionarse a estudios de riesgo por
ninguna de las autoridades competentes”; y también el artículo 83 de la Ley
599 de 2000, Código Penal, - modificado por el artículo 16 de la Ley 1719 de
2014-  que establece que: “La acción penal para los delitos de genocidio,
lesa humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible”. (Se
subraya).
Por lo expuesto, esta Sala considera que un poco más de un año
se trata de un término razonable para interponer la acción de tutela en el caso
concreto, por lo que se cumple con el requisito de inmediatez, en razón de la
condición de víctima de la accionante, el delito de violencia sexual que
denuncia y su situación de vulnerabilidad, en cumplimiento de lo dispuesto en
los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015, proferidos por esta Corporación.
En quinto lugar, y con referencia al requisito de que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados, la Sala identifica que la
accionante refiere de forma clara los hechos y sostiene que se han visto
vulnerados y amenazados sus derechos constitucionales al debido proceso, buena
fe, vida en condiciones dignas, derechos de las víctimas en el conflicto armado
y  de reparación administrativa.
En último lugar, respecto del requisito de subsidiariedad,
los artículos 86 de la Carta Política y 60 del Decreto 2591 de 1991
señalan que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En el caso de personas víctimas del
conflicto armado internola jurisprudencia constitucional ha
reiterado que el cumplimiento del requisito de subsidiariedad para la
interposición de acciones de tutela debe ser estudiado en forma flexible,
atendiendo a su condición de sujetos de especial protección constitucional[20],
lo que no implica “que las víctimas de la violencia no estén obligadas a
acudir a las instancias legalmente establecidas para el reconocimiento de sus
derechos”, sino que “en ciertos casos, estos procedimientos pueden
llegar a tornarse ineficaces, ante la urgente e inminente necesidad de
salvaguardar sus derechos como sujetos de especial protección constitucional”[21],
por lo que puede ser desproporcionado exigir a una víctima el uso de los recursos en sede
contencioso-administrativa y, bajo ese fundamento, declarar la
improcedencia de la acción de tutela.[22]
En el mismo sentido, esta
Corporación ha sostenido, por ejemplo, que las acciones ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo deben interponerse mediante apoderado judicial,
lo que marca una diferencia entre la idoneidad de los recursos ante la
jurisdicción contenciosa y la acción de tutela[23],
en la cual el accionante puede actuar en nombre propio, sin asesoría legal, por
lo que la rigurosidad ante el contencioso administrativo de contar con un
abogado puede tornarse desproporcionada.Tratándose de víctimas del conflicto
armado interno, en general, los accionantes son personas de
escasos recursos económicos, que se encuentran excluidos de acceso a los
servicios de educación y generalmente desconocen los procedimientos existentes
para la defensa de sus derechos, por lo que resulta desproporcionado exigirles
un conocimiento jurídico experto en la reclamación de éstos y el agotamiento
previo de los recursos ordinarios[24].
Es así como, el estudio del principio de
subsidiariedad en estos casos debe ser menos riguroso en el caso de los sujetos
de especial protección constitucional[25] como bien se ha aplicado por ejemplo en las sentencias T-290 de 2016, T-584
de 2017, T-478 de 2017
y T-301 de 2017.
En definitiva, la Corte ha reiterado que :
“Este razonamiento se justifica en que, por una parte, pese a la existencia
de otros medios de defensa judicial, los mismos carecen de la entidad
suficiente para dar una respuesta completa, integral y oportuna respecto de las
víctimas del desplazamiento forzado; por la otra, debido a su condición de
sujetos de especial protección, resultaría desproporcionado imponerles la carga
de agotar los recursos ordinarios para garantizar la procedencia del medio de
defensa constitucional, no sólo por la urgencia con que se requiere la
protección sino por la complejidad técnico jurídica que implica el acceso a la
justicia contencioso administrativa”[26].
En este orden de ideas la presente acción de tutela es procedente
como mecanismo idóneo y eficaz, reconocido por esta
Corporación, entendiendo que el amparo constitucional se ha impetrado
por una mujer víctima de desplazamiento forzado en el marco del conflicto
armado, que se encuentra ya incluida en el RUV por un hecho ocurrido en el año
2005, y que solicita también su inclusión en dicho registro por un delito
contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado –
“acceso carnal violento”.
3. Asunto objeto de revisión y
planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con lo descrito en el acápite de antecedentes, la
accionante “Carmen” instauró acción de tutela en contra de la UARIV y
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, buena
fe, vida en condiciones dignas, derechos de las víctimas en el conflicto armado
y de reparación administrativa, que consideró vulnerados por la negativa de
dicha entidad en inscribirla en el RUV como víctima del delito
de acceso carnal violento, con fundamento en que su declaración fue rendida de
forma extemporánea ante el Ministerio Público, en el marco del artículo 155 de
la Ley 1448 de 2011.
Problema Jurídico
Con base en los elementos fácticos descritos, encuentra la
Sala que el problema jurídico consiste en determinar, si la UARIV desconoce los
derechos fundamentales al debido proceso, buena fe, vida en condiciones dignas,
derechos de las víctimas en el conflicto armado y de reparación administrativa de
una mujer víctima al negarle su inscripción en el RUV, afirmando que su
declaración como víctima del conflicto armado se presentó por fuera del término
establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, teniendo en cuenta que
se trata de una mujer incluida en el RUV por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado y que solicita su inclusión por “delitos contra la
libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado” – “acceso
carnal violento”-.
A fin de resolver el asunto, la
Sala Séptima de Revisión  hará referencia al marco constitucional, legal y
jurisprudencial respecto de: i) El concepto de víctima del conflicto
armado y el derecho fundamental de las víctimas a la inclusión en el RUV[27]; ii) El
término de 4 años para la declaración ante el Ministerio Público de las
víctimas del conflicto armado (artículo 155 de la Ley 1448 de 2011) y, iii)
Protección de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado por
violencia sexual y otros hechos victimizantes. Enfoque de género.
i) El concepto de víctima del conflicto
armado y el derecho fundamental de las víctimas a la inclusión en el Registro
Único de Víctimas – RUV.  Ley 1448 de 2011 y reiteración de jurisprudencia[28].
El concepto de víctima del conflicto armado
La compleja situación de las víctimas del país en el marco del
conflicto armado ha hecho que en el ordenamiento jurídico existan diversas
regulaciones en la materia, y que se expidiera la Ley 1448
de 2011 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno”, como marco jurídico
general que busca la protección y garantía de los derechos fundamentales de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no
repetición y a la reparación integral[29], siendo
por ello calificada por la Corte como una “ley de justicia
transicional”[30].
Conforme a lo anterior, el artículo
3º de la referida ley establece que se consideran víctimas para los efectos de
la ley “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno”.
De esta manera, esta Corporación indicó en su jurisprudencia
que la norma referida “no define la condición fáctica de víctima sino que
incorpora un concepto operativo”[31]
que pretende aplicarse a los destinatarios de las medidas especiales de
protección de estos derechos, señalando unos elementos característicos para
establecer quién puede considerarse víctima del conflicto armado interno[32].
A la luz de dichas disposiciones, la jurisprudencia constitucional
ha definido en forma clara, como hechos acaecidos en el marco del conflicto
armado: “(i) los desplazamientos intraurbanos[33], (ii) el
confinamiento de la población[34];
(iii) la violencia sexual contra las mujeres[35]; (iv) la
violencia generalizada[36];
(v) las amenazas provenientes de actores armados desmovilizados[37]; (vi)
las acciones legítimas del Estado[38];
(vii) las actuaciones atípicas del Estado[39];
(viii) los hechos atribuibles a bandas criminales[40]; (ix)
los hechos atribuibles a grupos armados no identificados[41], y (x)
por grupos de seguridad privados[42],
entre otros ejemplos[43].[44]
”(Se subraya).
En el mismo sentido, ha sostenido esta Corporación[45] que los daños que tiene su origen en
infracciones al DIH y violaciones al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, que han sido cometidas por “actores armados con estructura militar
o dominio territorial” como consecuencia de acciones que tengan una
relación cercana y suficiente con el conflicto armado, podrán también ser
invocados por sus víctimas de conformidad con la Ley 1448 de 2011[46].
El derecho fundamental de las víctimas a la inclusión
en el Registro Único de Víctimas – RUV.
Con base en el concepto de víctima mencionado, la Ley 1448 de 2011 regula el RUV, que fue
reglamentado por el Decreto 1084
de 2015, y definido como “una herramienta administrativa que soporta el procedimiento de
registro de las víctimas” cuyo manejo corresponde a
la UARIV, y está soportado en la información del antiguo Registro Único de
Población Desplazada – RUDP-que manejaba la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional para la atención a la población en
situación de desplazamiento. – artículo 154 de la Ley 1448 de 2011-.
La naturaleza jurídica del RUV fue establecida en el
artículo 16 del Decreto 4800 de 2011 -artículo 2.2.2.1.1. del Decreto 1084 de 2015[47]-,
el cual indica que: “La condición de víctima es una situación fáctica que
no está supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en el
Registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad de víctima, pues
cumple únicamente el propósito de servir de herramienta técnica para la
identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos del
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como instrumento
para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen materializar
los derechos constitucionales de las víctimas”.
Al respecto, la jurisprudencia de esta
Corporación ha reiterado que la inscripción en el
RUV no es constitutiva de la condición de víctima[48], ya que
ésta se adquiere con la ocurrencia del hecho victimizante[49], por lo que el
RUV es una herramienta de carácter técnico que no otorga
la calidad de víctima, pues se trata solamente de un acto de carácter
declarativo[50]
que permite identificar a los destinatarios de ciertas medidas de protección[51]
y en consecuencia “por su conducto (i) se materializan las entregas de
ayudas de carácter humanitario; (ii) el acceso a planes de estabilización socio
económica y programas de retorno, reasentamiento o reubicación y, (iii) en
términos generales el acceso a la oferta estatal y los beneficios contemplados
en la ley”.[52]
De igual manera, esta Corte ha reconocido la relevancia del
RUV[53]
señalando que la inscripción en el mismo constituye un derecho fundamental de
las víctimas. Lo anterior, por cuanto la inscripción[54]:
“(i) otorga la posibilidad de afiliación al Régimen Subsidiado de salud (…)
en caso de carecer de capacidad de pago suficiente para acceder al Régimen
Contributivo[55];
(ii) determina el momento en el cual se adquiere el derecho a recibir la ayuda
humanitaria de emergencia o de transición (según el caso) y cesa, por lo tanto,
la asistencia humanitaria inmediata[56].
Una vez superadas dichas carencias, permite la priorización para el acceso a
las medidas de reparación y particularmente a la medida de indemnización, así
como a la oferta estatal aplicable para avanzar en la superación de la
situación de vulnerabilidad; (iii) implica el envío de la información relativa
a los hechos delictivos que fueron narrados como victimizantes para que la
Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones necesarias[57];
(iv) permite el acceso a los programas de empleo contemplados para la población
desplazada[58];
(v) en general, posibilita el acceso a las medidas de asistencia y reparación
previstas en la Ley 1448 de 2011, las cuales dependerán de la vulneración de
derechos y de las características del hecho victimizante, siempre y cuando la
solicitud se presente dentro de los cuatro años siguientes a la expedición de
la norma[59]”,
entre otros derechos y beneficios.
Adicionalmente, el inciso segundo del artículo 155 de la Ley
1448 de 2011 y la respectiva reglamentación en el artículo 19 del Decreto 4800
de 2011 -artículo 2.2.2.1.4. del Decreto 1084 de
2015- señalan que “La valoración que realice el funcionario encargado de
realizar el proceso de valoración debe respetar los principios constitucionales
de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho
sustancial. (…) En los eventos en que la persona refiera hechos
victimizantes adicionales a los contenidos en las bases de datos existentes,
deberá presentar la declaración a la que se refiere el presente artículo”. (Se
subraya).
En tal sentido, la Corte Constitucional en sede de revisión
de acciones de tutela ha aplicado los principios constitucionales al evidenciar
falencias por parte de la UARIV, como entidad encargada del RUV, al momento de
llevar a cabo el proceso de inclusión y la respectiva valoración de las solicitudes
de personas que manifiestan ser víctimas del conflicto armado, por lo que en la
jurisprudencia se ha sostenido que vía acción de tutela es posible ordenar la inscripción o la revisión
de la declaración rendida cuando se verifique que la UARIV: i) ha efectuado una
interpretación de las normas aplicables contraria a los principios de
favorabilidad y buena fe[60];
ii) ha exigido formalidades irrazonables o desproporcionadas[61] o ha
impuesto limitantes para acceder al registro que no se encuentran en las normas
aplicables; iii) ha proferido una decisión que no cuenta con una motivación
suficiente[62];
iv) ha negado la inscripción por causas ajenas al solicitante; o v) ha
impedido que el solicitante exponga las razones por las cuales considera que se
halla en situación de desplazamiento forzado interno o que ejerza los recursos
arbitrados por el ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que
le niega la inscripción en el Registro”[63].[64] (Se subraya).
En ese orden de ideas, esta Corporación ha sostenido y
reiterado la relevancia de los principios constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia
del derecho sustancial, entre otras, en las sentencias T-517 de
2014,  T-067 de 2013 y T-478 de 2017, teniendo en cuenta que: “(i) la falta
de inscripción en el RUV de una persona que cumple con los requisitos
necesarios para su inclusión, no solo afecta su derecho fundamental a ser
reconocido como víctima, sino que además implica la violación de una
multiplicidad de derechos fundamentales como el mínimo vital, la unidad
familiar, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros;
(ii) los funcionarios encargados del registro deben suministrar información
pronta, completa y oportuna sobre los derechos involucrados y el trámite que
debe surtirse para exigirlos; (iii) para la inscripción en el RUV únicamente
pueden solicitarse los requisitos expresamente previstos por la ley; (iv) las
declaraciones y pruebas aportadas deben tenerse como ciertas en razón del
principio de buena fe, salvo que se pruebe lo contrario; y (v) la evaluación
debe tener en cuenta las condiciones de violencia propias de cada caso y
aplicar el principio de favorabilidad[65],
con arreglo al deber de interpretación pro homine”. (Se subraya).
La aplicación en cada
caso de los principios de dignidad, buena
fe, confianza legítima, prevalencia del derecho sustancial y favorabilidad son
la razón para que por ejemplo, respecto a violaciones de derechos
humanos por hechos victimizantes referentes a violencia sexual, el ordenamiento
jurídico contenga garantías especiales para las víctimas como son las
dispuestas en las Leyes 906 de 2004, 1098 de 2006, 1448 de 2011 y 1719 de 2014 que
establecen que las víctimas de violencia sexual tienen derecho, entre otras, “a
que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de investigación
sin prejuicios contra la víctima”[66],
por lo que en estos casos especialmente el contexto es una variable importante
para determinar los hechos.
ii) El término de 4 años para la declaración ante el
Ministerio Público de las víctimas del conflicto armado (artículo 155 de la Ley
1448 de 2011)
Teniendo en cuenta que la inclusión en el RUV es un derecho
fundamental,  los artículos 155 y 156 de la Ley 1448 de 2011 definen  el procedimiento
a seguir para que una víctima del conflicto armado sea inscrita en el RUV.  De
manera específica el artículo 155 dispone que la víctima del conflicto armado
debe presentar una declaración ante el Ministerio Público en un término de
cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la Ley 1448, para
quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y de dos (2)
años contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean
con posterioridad a la vigencia de la ley[67].
Así, de acuerdo a la disposición legal para las víctimas de hechos ocurridos
antes de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, el término de cuatro (4) años transcurrió
del 10 de junio de 2011, fecha de la promulgación de la ley, hasta el 10 de
junio de 2015, fecha en la que expiró el término referido.
Así, la ley definió como regla general una temporalidad para
que las víctimas presentarán la declaración ante el Ministerio Público e
igualmente indicó que: “En el evento de fuerza mayor que haya impedido
a la víctima presentar la solicitud de registro en el término establecido en
este artículo, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las
circunstancias que motivaron tal impedimento, para lo cual
deberá informar de ello al Ministerio Público quien remitirá tal información a
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas. (Se subraya).
Con base en lo expuesto en precedencia, existe en el caso una
premisa normativa general según la cual existió un término para la declaratoria
de quienes hubieran sido victimizados con anterioridad al 10 de junio de 2011,
que transcurrió por un periodo de 4 años, hasta el 10 de junio de 2015, y que
puede superarse en aquellos casos en los que existe un evento de fuerza mayor
que haya impedido a la víctima presentar la solicitud de registro en el término
establecido.
En efecto, es de señalar como antecedente que en años
anteriores y en vigencia de los artículos 10 de la Ley 387 de 1997 y
11 del Decreto 2569 del 2000[68],
la Corte Constitucional se pronunció en relación al término contenido en tales
normas, que indicaban la no inscripción de un desplazado en el Registro Único
de Población Desplazada -RUDP-, si declaraba y solicitaba la inscripción
después de un año de ocurridos los hechos victimizantes. En la Sentencia C-047
de 2001 esta Corporación declaró la exequibilidad condicionada del artículo 16
de la Ley 418 de 1997[69]
y sostuvo que el plazo de un (1) año resultaba razonable; ello condicionado a
que el funcionario – administrativo o judicial – competente debería estudiar si
en el caso concreto concurrían circunstancias de fuerza mayor o de caso
fortuito que hubieran impedido la presentación oportuna de la solicitud de
ayuda humanitaria, caso en el que el término de un año fijado por el legislador
comenzaría a contarse a partir del momento en que cesara la fuerza mayor o el
caso fortuito que impidió a la víctima presentar oportunamente la solicitud.[70]
En ese orden de ideas, esta Corporación
en la Sentencia T-175 de 2005 ordenó la
inscripción de una persona en situación de desplazamiento forzado interno en el
RUPD, más allá de que la solicitud de inscripción fue realizada
extemporáneamente dado el desconocimiento que la actora tenía de sus propios
derechos. Posteriormente, la Corte Constitucional analizó el tema en otros
casos concretos y en la sentencia T-136 de 2007, reiterada en
la sentencia T 211 de 2010, insistió
en que tales causales de fuerza mayor y caso fortuito debían ser interpretadas
con fundamento en los principios de buena fe, favorablidad y prevalencia del
derecho sustancial.
Al respecto, la Corte señaló:  “En este
punto, lo cierto es que la interpretación de aquello que constituye fuerza
mayor o caso fortuito debe hacerse teniendo en cuenta las situaciones
excepcionales de violencia que causaron el desplazamiento y la especial
situación de marginalidad y debilidad en la que se encuentra la población
desplazada. Por esta razón, el alcance de estos conceptos debe revisarse a
la luz de estas nuevas realidades que el derecho debe regular. En este sentido,
lo que no resultaría admisible es una interpretación de la Ley que resulte
insensible a la especial protección constitucional de la cual es objeto la
población desplazada(…)”. (Se subraya).
En la misma línea, la Corte en la
sentencia T-328 de 2007, reiterada en la sentencia T-832 de 2014, señaló las
condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra la población desplazada y
las circunstancias que generan condiciones diferenciales[71]
y prerrogativas especiales entre las que resaltó que  “(iv) a las circunstancias del entorno de origen de los
desplazados, se añaden las secuelas de la violencia. No es fácil superar el
trauma causado por los hechos generadores del desplazamiento forzado. Esta
situación puede conllevar traumas sicológicos, heridas físicas y afectivas de
difícil recuperación, además de la inminente violación de derechos humanos que
se da desde que la persona es víctima del delito de desplazamiento que pueden
influir en el desenvolvimiento del desplazado al momento de rendir la
declaración; y (v) el temor de denunciar los hechos que dieron lugar al
desplazamiento hace que no exista espontaneidad en su declaración.”[72]
Adicionalmente, con relación al término de un año para la
declaratoria de hechos victimizantes, el Consejo de Estado en sentencia del 12
de junio de 2008[73],
declaró la nulidad de los artículos 8, 11, 16 y 18, entre otros, del
Decreto 2569 del 2000 al considerar que los textos demandados contenían un
exceso respecto a la intención del legislador quien en el artículo 32 de la Ley
387 de 1997, consideró que la condición de desplazado se mantiene hasta tanto la
víctima no logre la consolidación y estabilización socioeconómica.
Bajo tal supuesto, por ejemplo en la sentencia T-211 de 2010,
en un caso de población campesina, la Corte Constitucional concluyó que existió
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a
la vida en condiciones dignas y en consecuencia, ordenó a Acción Social
inscribir a los accionantes  en el RUPD, entre otros temas, en razón del
contexto y de los hechos victimizantes alegados, dando así prevalencia al
derecho sustancial sobre el derecho procesal respecto al contexto de los casos
y el término de un año previsto en la norma.
Posteriormente, la Corte consolidó el argumento expuesto, y en
vigencia de la Ley 1448 de 2011, en la sentencia T–519 de 2017 estudió el caso
de una mujer que solicitaba la inscripción en el RUV, identificando como hechos
victimizantes el de desplazamiento forzado y el homicidio de su esposo (28 de
junio de 2003). La inclusión le fue negada por la UARIV, mediante acto
administrativo expedido en mayo del año 2016 al considerar que la solicitud se
presentó en forma extemporánea (el 31 de agosto de 2015) y no se apreciaba una
circunstancia de fuerza mayor que justificara la demora.
En dicha sentencia se destacó “que la existencia de un plazo para realizar la declaración como víctima
ante el Ministerio Público cumple una importante función para la
materialización de los derechos a la ayuda humanitaria y a la reparación de las
víctimas, pues permite al Estado prever un número total de beneficiarios de las
medidas contempladas por la Ley 1448 de 2011 y determinar el presupuesto
necesario para garantizar su efectivo cumplimiento. (…) Sin embargo, el
plazo que puede establecerse para la declaración como víctimas debe ser, en
todo caso, razonable, en el sentido de que les permita en realidad acudir ante
el Ministerio Público a realizarla (…)”.
La Corte agregó que el término
previsto en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 cumple las características
de razonabilidad, pues establece un plazo amplio en el que las personas que se
consideren víctimas pueden acudir al Ministerio Público para rendir la
declaración y así solicitar la inscripción en el RUV, y que adicionalmente la
misma norma indica que las personas que se consideren víctimas tienen la opción
de presentar válidamente una declaración después de los términos señalados – 4
y 2 años respectivamente-, cuando la extemporaneidad se origine en la
existencia de impedimentos que se constituyan en fuerza mayor, con lo que la
norma contempla que pueden existir situaciones que impidan a las víctimas
presentar la declaración en los tiempos establecidos ante el Ministerio
Público, reconociendo que no por ello deben negársele el acceso a los derechos
que se derivan de dicha inscripción; Así, concluye que ello implica que “el
plazo establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 no es inflexible y
ajeno a situaciones especiales de personas que, por distintas circunstancias
(como, por ejemplo, el tipo de hecho victimizante que han padecido), tarden
largo tiempo en decidir declarar como víctimas ante el Ministerio Público”[74].
Dichas estas
consideraciones, la Sala Tercera de Revisión, en la sentencia T–519 de
2017, indicó que en el caso concreto no se identificaban elementos que
evidenciaran que ocurrió una situación de fuerza mayor que justificara la
demora en la presentación de la declaración ante el Ministerio Público, por lo
que la UARIV no había desconocido los derechos fundamentales de la accionante,
y que por ello en el caso no era aplicable el precedente referente al RUPD[75].
Finalmente, es de destacar que en la sentencia
posterior T – 393 de 2018[76],
la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional revisó
la acción de tutela instaurada por una mujer que declaró ser víctima con sus
dos hijas del hecho victimizante de desaparición forzada de su compañero
permanente (el 10 de agosto de 2012) y de desplazamiento forzado y a quien la
UARIV le negó la inscripción en el RUV con sustento en que su declaración fue
extemporánea al ser rendida ante la Procuraduría de Buenaventura el 3 de
diciembre de 2015, sin que en el caso se apreciara una circunstancia de fuerza
mayor que justificara la demora.
Al estudiar el caso, la Corte amparó los
derechos fundamentales de la accionante[77]
al considerar en el fallo que “el hecho victimizante de desaparición
forzada” alegado por la accionante es un delito de ejecución permanente que
continúa ejecutándose en el tiempo” pues, para la fecha del fallo el
compañero de la accionante seguía desaparecido; además, la Corte señaló que la
UARIV no hizo uso de mecanismos adicionales que le permitiera valorar la
declaración de la actora respecto a los hechos de desplazamiento forzado, desconociendo
así la condición de víctima de la accionante y de sus menores hijas al negarle
la inscripción en el RUV con sustento en la extemporaneidad. En tal sentido, la
Corte preciso que la UARIV ignoró que la solicitud  de inscripción en el RUV “es
una herramienta técnica que constituye un requisito meramente declarativo y no
constitutivo de tal condición”.
iii) Protección de los derechos
de las mujeres víctimas del conflicto armado por violencia sexual y otros
hechos victimizantes. Enfoque de género.
Normativa internacional y constitucional de protección
de los derechos de la mujer.
Las consecuencias del conflicto armado y especialmente del
desplazamiento forzado en la mujer han sido de desproporcionadas magnitudes en diferentes
latitudes del mundo y también en Colombia, y así lo ha reconocido desde décadas
anteriores la jurisprudencia de la Corte Constitucional[78].
Por tal razón, existen diversas disposiciones y obligaciones del
Estado colombiano en relación con la prevención de la discriminación y la
violencia contra la mujer, específicamente de las que han sido víctimas del
conflicto armado, y en forma particular de desplazamiento. De tal modo, existen
diferentes instrumentos internacionales dentro de los que vale resaltar: i) la
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)[79]; ii) el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)[80]; iii) la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978)[81]; iv) la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (1979)[82]
[83]
y, v) la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer (“Convención de Belem
Do Pará”) (1994)[84];
vi) Los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario que
definen protecciones especiales, a saber el principio de distinción[85]
y el principio humanitario y de respeto por las garantías
fundamentales del ser humano[86]
y, vii) los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado
Interno (1998)[87], que están fundados en el Derecho Internacional Humanitario y el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos[88].
Los instrumentos
internacionales referidos tienen una preocupación común que se sustenta en la
discriminación histórica basada en el género y las diferentes clases de
violencia que se cometen contra las mujeres por el solo hecho de serlo[89],
así es de señalar que la violencia contra la mujer es una forma de
discriminación, y específicamente, la violencia sexual que se realiza
mayoritariamente contra las mujeres en circunstancias de indefensión.[90]
Conforme a lo anterior, la Constitución Política contiene obligaciones del Estado referentes a la protección de la mujer
frente a todo tipo de violencia y discriminación, entre los que se destacan los
siguientes artículos: i) Primero, define a Colombia como un Estado
Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana; ii) segundo,
define como uno de los fines esenciales del Estado garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y dispone
que “las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”; iii)
quinto, dispone que el Estado “reconoce, sin discriminación alguna, la
primacía de los derechos inalienables de la persona”; iv) trece, establece
que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo”,
y obliga al Estado a promover las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva, así como a adoptar “medidas en favor de grupos discriminados o
marginados”; iv) cuarenta y tres el cual dispone que “la mujer y
el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”, y que “la mujer no
podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
A la luz de dichas disposiciones, es evidente que el Estado
colombiano tiene obligaciones en materia de protección de la mujer, con la
finalidad de amparar sus derechos y de mantener incólume su dignidad humana para
con ello permitirle el aprovechamiento del potencial de sus capacidades y calidades,
lo que también implica el restablecimiento de su dignidad cuando sobre ella se
han cometido delitos graves como la violencia sexual.
Prevención y atención de la violencia sexual en el marco
del conflicto armado. Sentencia T – 025 de 20014 y Autos 092 de 2008 y 009 de
2015. Reiteración de jurisprudencia.
Como corolario de lo anterior, la Corte Constitucional se ha pronunciado
en diferentes oportunidades sobre las consecuencias del conflicto armado y del
desplazamiento forzado en la mujer, y la violencia sexual como arma de guerra[91].
Al respecto en la sentencia T-025 de 2004, al declarar la existencia de un
estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada,
identificó, entre los derechos constitucionales fundamentales
que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento
forzoso, los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, los
discapacitados y las personas de tercera edad, y de otros grupos especialmente
protegidos “en razón de las precarias condiciones que deben afrontar las
personas que son obligadas a desplazarse”[92].
Como consecuencia de la declaratoria del estado de cosas
inconstitucional en materia de desplazamiento forzado – sentencia T-025 de
2004-, la Corte ha proferido diferentes decisiones y órdenes entre las que vale
destacar: i) el Auto 218 de 2006 que constató la
persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado y ordenó que se adoptara un enfoque diferencial, específico, que
reconociera que el desplazamiento surte efectos distintos dependiendo de la
edad y del género; ii) el auto 092 de 2008 mediante el cual
se adoptaron medidas comprehensivas para la protección de los derechos
fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país y
la prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del
desplazamiento forzado y, iii) el auto 009 de 2015 por medio del
cual se constató la continuidad de los hechos y riesgos
constitutivos de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto
armado y el desplazamiento forzado, traducidas en situaciones fácticas
alarmantes que lesionan de manera grave los Derechos Humanos y los
principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, además se
declaró que todas las autoridades colombianas tienen la obligación
constitucional e internacional de actuar de manera urgente y con la debida
diligencia para: “(i) prevenir efectivamente los factores que han dado lugar
a la persistencia de la violencia sexual en el marco del conflicto armado
interno y el desplazamiento forzado, (ii) atender y proteger a las
sobrevivientes de violencia sexual, y (iii) garantizar el cumplimiento de sus
derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”[93].
Con la finalidad,
de precisar los principios definidos en la jurisprudencia constitucional, a
continuación se refieren y enumeran los postulados y fundamentos que para el
caso en estudio son relevantes y que se definen e instituyen en los Autos 092
de 2008 y 009 de 2015, emitidos por la Sala Especial
de Seguimiento de la Corte Constitucional de la sentencia T-025 de 2004:
1.
El cuerpo de las mujeres en el contexto del
conflicto armado y el desplazamiento forzado[94]
ha sido usado como arma y campo de guerra[95],
y así la violencia sexual es una práctica habitual,
extendida, sistemática e invisible[96]
debido a que en este tipo de violencia: “i) los
actores armados han seguido cometiendo actos de violencia sexual en contra de
mujeres; ii) se inscriben en contextos de discriminación y las violencias de
género; iii) se evidencian las acciones en toda clase de actos de barbarie
contra las mujeres perpetrados por los diferentes actores armados; iv) ha sido ejercida
por actores no armados, principalmente aquellos pertenecientes a los círculos
próximos de las mujeres en condición de desplazamiento; vi) tiene alta
probabilidad de repetición o de generación de fenómenos de revictimización;
vii) ocurrieron con mayor regularidad en algunos departamentos y en las
regiones periféricas del país; viii) tiene como principales responsables a
actores armados como: los paramilitares, las guerrillas, la fuerza pública y
los grupos pos-desmovilización; ix) también ha sido empleada como un arma de
guerra, vistos los móviles, modalidades y ocasiones para su ocurrencia”[97].
2.
En consideración a lo anterior, se ha
comprobado que la violencia
ejercida en el conflicto armado interno colombiano victimiza de manera diferencial
y agudizada a las mujeres[98],
debido a que: i) por causa de su condición de género, las mujeres están
expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas dentro del
conflicto armado, que a su vez son causas de desplazamiento, y por lo mismo
explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado
sobre ellas y, ii) como víctimas sobrevivientes de actos violentos se ven
forzadas a asumir roles familiares, económicos y sociales distintos a los
acostumbrados, las mujeres deben sobrellevar cargas materiales y psicológicas
de naturaleza extrema y abrupta, que no afectan de igual manera a los hombres, lo
que hace que las mujeres
desplazadas estén altamente expuestas al riesgo de violencia y abuso sexuales, así como a la prostitución forzada, la esclavitud sexual y la trata
de personas con fines de explotación sexual y, iii) el surgimiento de dinámicas
sexualmente violentas se exacerba durante la etapa de emergencia del
desplazamiento[99].
Las víctimas de violencia sexual sufren
diversos traumas y afectaciones complejas, por lo que la Corte ha sostenido[100]: “(…) la mayoría de las víctimas de situaciones
de violencia generalizada son diagnosticadas con un desorden por stress post
traumático. Las cargas de brutalidad y violencia muestran que muchas víctimas
son sometidas a situaciones de terror en condiciones de indefensión. El trauma
queda inscrito de forma inconsciente y retorna intempestivamente sin que el
sujeto pueda contenerla o reprimirla, por lo cual la exposición a experiencias
traumáticas en una guerra conduce a elevados niveles de depresión y trastornos
de la ansiedad”.
Al respecto, en el año 2017 el Centro
Nacional de Memoria Histórica,[101]
publicó el informe “La Guerra Inscrita en el Cuerpo. Informe Nacional de
Violencia Sexual en el Conflicto Armado” [102]
en el que refirió las graves consecuencias de la violencia sexual para las
mujeres y la revictimización a la que se ven sometidas, destacando como efectos:
i) graves
afectaciones en la salud física[103]
relacionadas con: a) las cicatrices imborrables del cuerpo; b) afectaciones en
la salud sexual y reproductiva: “dolores bajitos” e infecciones de trasmisión
sexual; c) embarazos por violación y maternidades coaccionadas y, d) afectaciones
físicas en mujeres en estado de embarazo y, ii) perversas
consecuencias emocionales, que afectan la capacidad de agencia, de
voluntad de la víctima, en tanto es un ejercicio de pleno dominio del víctimario
sobre la víctima, por lo que las mujeres en las diversas narrativas del informe
expresan que se sintieron “humilladas”, “usadas”, “burladas”, “sucias”,
“asquerosas”[104],
lo que genera que las afectaciones corporales y emocionales perviven en muchos
casos después de años, ahondadas por las pocas posibilidades que hayan tenido o
no las mujeres para elaborar sus duelos, resignificar las pérdidas o acceder a
los sistemas de justicia.  Entre estas consecuencias se identifican: a) los
lenguajes de la repugnancia que se observa en profundas sensaciones de
desprecio y asco propios que derivan en una ruptura con su cuerpo, con la
percepción de sí misma y con su identidad de género; b) la profundidad de los
silencios y de la soledad[105]
y, c) la culpa y la revictimización institucional.
En relación con esto, el informe señala que la violencia
sexual tiene la particularidad de ser una violencia en la que socialmente se
les devuelve la culpa a las víctimas; se trata de la sensación de haber hecho o
dejado de hacer alguna cosa que incidió en la violencia sexual[106],
lo que genera graves traumas en la mujer que se exacerban y empeoran con la
falta de respuesta institucional pues a pesar de la existencia de protocolos, de
la capacitación y trabajo con los funcionarios encargados de atender a personas
víctimas de violencia sexual, la revictimización[107]
sigue siendo una de las situaciones que más afecta a las personas víctimas que
acuden a las instituciones.
Por ello, el acercamiento de las víctimas de violencia
sexual con las instituciones muchas veces deriva entonces en una afectación
mayor, se ahonda la sensación de desprotección y se afianzan las culpas y
estigmatizaciones. La posibilidad de escuchar un eco en las instituciones
estatales permite dar un lugar a la violencia sexual, dar un espacio político a
una violencia que se ha considerado fortuita, reducida a ámbitos de lo privado
y lo doméstico. Por ello, el acceso a la justicia debería permitir aminorar los
sentimientos de culpa, devolviendo la responsabilidad a los perpetradores y
enviando un mensaje social de intolerancia absoluta a la violencia sexual.
3.
De tal modo, existen y persisten en el país
obstáculos que impiden a las mujeres víctimas de violencia sexual declarar o
denunciar ante las autoridades competentes estos hechos[108], y que
revictimizan a las mujeres[109]   entre los que se destacan: i) Temor
justificado de las mujeres víctimas de violencia sexual a ser objeto de nuevas
agresiones contra su vida e integridad, o contra las de sus familiares, en caso
de declarar o denunciar los hechos ante las autoridades competentes; ii)
Desconocimiento de las mujeres víctimas de violencia sexual de los
mecanismos para declarar o interponer denuncias y solicitar protección y
atención a las entidades competentes, así como desconfianza de las mujeres en
estas entidades; iii) Persistencia de factores culturales como la
vergüenza, el aislamiento o la estigmatización, que inciden en la baja
declaración o denuncia de los actos de violencia sexual por parte de las
mujeres; iv) Ausencia o debilidad del Estado en algunas zonas del
país en las que prevalece la violencia sexual contra las mujeres en el contexto
del conflicto armado y el desplazamiento forzado por la violencia; v) Presencia
y accionar de actores armados como barrera para la declaración o denuncia
de casos de violencia sexual contra las mujeres y, vi) Dificultades
que enfrentan las mujeres para el ejercicio de sus derechos económicos,
sociales y culturales, o para la satisfacción del mínimo vital.
4.
Además de los obstáculos que tienen las
mujeres víctimas de violencia sexual para declarar o denunciar su situación,
existen también problemas asociados al proceso de atención a las sobrevivientes
relacionados con: a) la deficiencia de los sistemas de atención, y b)
la falta de capacitación de los funcionarios públicos en enfoque de género; c)
el difícil acceso a los centros asistenciales que se encuentran alejados de sus
residencias, d) su desconocimiento de los mecanismos o procedimientos de
atención, e) el difícil acceso a las entidades competentes dados los constantes
tránsitos entre una institución u otra, f) su carencia de recursos
económicos para solventar las diferentes eventualidades que demandan los procedimientos
de atención, y g) la presencia de actores armados en los lugares en los
se encuentran ubicados los centros médicos y las entidades públicas.
Igualmente, en el informe “La Guerra
Inscrita en el Cuerpo. Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto
Armado” [110]
del Centro Nacional de Memoria Histórica,[111]
se indicaron elementos que desde la perspectiva de la justicia generan
revictimización, entre los que se mencionan: i) La impunidad.
Denunciar la violencia sexual se convierte en el inicio de un camino tortuoso en
el que es necesario contar una y otra vez lo sucedido, siempre a personas
distintas y siguiendo unos patrones de coherencia que resultan un impedimento
para la recuperación emocional. Ante el panorama de impunidad y de injusticia
la denuncia se convierte en un peligro inminente, incluso agrava las
consecuencias de la violencia sexual, porque la víctima se ve expuesta y es
incluso obligada a desplazarse; ii) Falta de reconocimiento de los
perpetradores; iii) Necesidad de una real y material reparación
integral, como uno de sus principales derechos consagrados en la Ley 1448
de 2011.
El informe insiste en que es necesario devolver el rostro,
la subjetividad y la singularidad de cada una de las víctimas de violencia
sexual. Por ello, la dignificación de las víctimas pasa por recobrar la
posibilidad de la palabra, de la memoria y de la apropiación de la historia
propia, entendiendo que lo que le ha pasado a una persona no tiene que ver solo
con ella, sino con la posición o el lugar que ésta ocupa en su contexto
histórico y social.
Existen
obligaciones constitucionales derivadas de la debida diligencia,
específicamente a aquella consistente en la atención y asistencia
especializada a las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores
sobrevivientes a la violencia sexual perpetrada por actores armados. Así, estas
mujeres deben ser atendidas de forma inmediata, integral, especializada, con
enfoque diferencial, de forma gratuita y durante el tiempo necesario para
superar las afectaciones físicas y sicológicas derivadas de las agresiones, y
que la cobertura de esta atención debe incluir a la familia de la víctima[112].
De
acuerdo con la Sentencia C-776 de 2010[113],
las mujeres víctimas de violencia no sólo son destinatarias de valoración médica, tratamientos,
procedimientos quirúrgicos o medicación, sino también
de alojamiento y alimentación,
durante el período que ellas requieran, bajo el entendido de que estos dos
últimos componentes hacen parte de su derecho fundamental a la atención
integral en salud[114]. En
consecuencia, la reparación integral debe atender a reestablecer la salud
mental de la víctima, lo cual ha sido reiterado por esta Corporación al indicar
que “La mujer víctima de violencia sexual debe contar con un acompañamiento
psicológico permanente desde el inicio del proceso judicial que sirva de apoyo
a las diligencias en las que se enfrenta nuevamente al relato de los hechos y
se revictimice su situación. Por ello, la Sala advierte que se le debe
garantizar el acceso a un equipo
interdisciplinario –jurídico y psicosocial- que acompañe y respalde su
intervención en el proceso”[115].
Por lo expuesto, la respuesta
estatal a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia sexual debe
darse sin dilaciones y contribuir positivamente al reconocimiento de su
dignidad y a la recuperación de la misma, de manera individual y diferenciada[116],
teniendo en cuenta su especial situación, como consecuencia de la violencia que
han sufrido en su cuerpo e integridad, por lo que merecen un tratamiento digno
y diferenciado, en razón de su condición y de sus capacidades.
5.
La violencia contra la mujer en el marco del
conflicto armado constituye una violación grave de la Constitución Política, el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario y representa un crimen grave que compromete la responsabilidad
penal nacional e internacional de sus perpetradores, pues dependiendo de las circunstancias
puede ser declarado un crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.
Estadísticas y
subregistro en materia de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
Es de señalar que, además de la crítica
situación de violencia contra las mujeres, existen deficiencias en el registro
y las estadísticas que permitan evidenciar la gravedad y generalidad del delito
en el marco del conflicto armado, así por ejemplo en la “Primera Encuesta de
Prevalencia de Violencia Sexual” en contra de las mujeres en el contexto
del conflicto armado colombiano elaborada por la Casa de la Mujer e impulsada
por Oxfam (2010)[117]
se evidenció que la violencia sexual es una de las que tiene mayores niveles de
silenciamiento y reticencia por parte de las víctimas a la denuncia. En esta
encuesta se estimó que el 82,15% (equivalente a 402.264) del total de las
mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual (equivalente a
489.678) no denunciaron los hechos.
Dentro de las razones más
recurrentes para no denunciar se destaca que el 46,70%, “prefirió dejarlo así”;
el 28,46%, tuvo miedo a represalias; el 8,54% no sabe cómo hacerlo; el 7,31%,
no cree ni confía en la justicia; y el 5,87% no quería que los familiares se
enteraran. Con menores participaciones porcentuales: 2,53%, sintió vergüenza y
humillación; para el 0,31% el lugar de la denuncia le es muy distante; y el
0,29%, no tenía recursos económicos para ello. Además, de esto resalta el hecho
de que el 73,93% de las mujeres indicó que la presencia de los grupos armados
constituye una barrera para denunciar los actos de violencia sexual.
Adicionalmente, en la encuesta
se estima que el 73,93% de las mujeres de los 407 municipios, es decir
2.059.001, considera que la presencia de los grupos armados constituye un obstáculo
a la denuncia de los actos de violencia sexual en dichos municipios.
En la misma línea, de acuerdo con información del año 2017 de
la Corporación Sisma Mujer en el RUV se registraron, en el año 2016, 165 hechos
victimizantes relacionados con delitos contra la libertad y la integridad
sexual en el marco del conflicto armado. De estos, 154 correspondieron a
mujeres, es decir, el 93,34%; y 11 hechos a hombres, es decir, el 6,66%. Esto
significó que por cada hombre agredido, 14 mujeres fueron violentadas
sexualmente en el contexto del conflicto armado en 2016. Así mismo, que cada 3
días, al menos 1 mujer fue agredida[118].
Legislación en materia de
violencia sexual contra la mujer: Ley 1719 de 2014, Código Penal, Código de
Procedimiento Penal y Estatuto de Roma.
Relacionado con lo expuesto en los acápites anteriores, y en
razón de, i) la grave situación de violencia sexual contra la mujer en el marco
del conflicto armado; ii) las órdenes de la Corte Constitucional y, iii) la
necesidad de prevenir la violencia sexual y atender en debida forma a las
víctimas de estos hechos, se promulgó la Ley 1719 de 2014[119]
con el objeto de adoptar medidas para garantizar el acceso a la justicia de las
víctimas de violencia sexual, en especial con ocasión del conflicto armado,
mediante la reforma del Código Penal[120] y del
Código de Procedimiento Penal[121],
en la cual: i) se tipifican nuevas conductas delictivas en la materia que
constituyen modalidades de violencia sexual; ii) se definen pautas para la
investigación y juzgamiento; iii)  se declara, para algunos casos, la violencia
sexual como crimen de lesa humanidad; iv) se establece la obligación de
adelantar las investigaciones en un plazo razonable, con personal capacitado y
sin generar situaciones de revictimización; v) se definen medidas de protección[122]
y reparación para las víctimas; vi) se establece el derecho a la
atención integral y gratuita en salud; vii) se dispone el fortalecimiento
de la política en derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y
reproductiva, equidad y violencia basada en género y, viii) se
establece un sistema unificado de información sobre violencia sexual como una estrategia integral de justicia transicional.
Uno de los temas relevantes que incluye la Ley 1719 de 2014 es
la disposición de que la violencia sexual puede constituirse en crimen de lesa
humanidad. Al respecto, el artículo 15 de la Ley establece: “Se entenderá como “crimen de lesa humanidad” los actos de violencia
sexual cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, de conformidad
con las definiciones del artículo 7 del Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes desarrollados
a partir de ese Estatuto. La autoridad judicial competente que adelante la
investigación y el juzgamiento, deberá declarar que la(s) conducta(s) por la
cual se investiga o juzga es de lesa humanidad, cuando así se establezca”.
En tal sentido, es de señalar que el Estatuto de Roma –
ratificado por Colombia, mediante la Ley 742 de 2002- establece en el artículo
7 que: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de
lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque” y entre ellos reseña en el numeral g): “Violación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”. Adicionalmente,
el mismo Estatuto en el artículo 29 define: “Imprescriptibilidad Los
crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán”. Bajo la misma
premisa, el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, -modificado por el
artículo 16 de la Ley 1719 de 2014- establece que: “La acción penal para los
delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra será
imprescriptible”,
En esa misma línea, la Ley 1719 de 2014 señala en el artículo
25 que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la reparación integral
y las medidas de reparación estarán encaminadas a restituir integralmente
los derechos vulnerados y deberán incluir medidas de restitución,
indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición a
cargo del responsable del delito; en el mismo sentido, en los artículos 23 y 24
se definen las obligaciones existentes en materia de atención
integral y gratuita en salud y, de atención psicosocial para las víctimas de
violencia sexual; señalando que esta última debe prestarse hasta que la
víctima la requiera, y que la atención psicosocial no puede ser restringida
por razones económicas ni por razones de tiempo por lo que debe estar
orientada a generar condiciones emocionales que favorezcan la participación de
las víctimas en los procesos de exigibilidad de derechos a la verdad, la
justicia y la reparación; y a la superación de los impactos emocionales derivados
de la violencia sexual.
A nivel internacional, además de los instrumentos y
normativa internacionales, los Tribunales Penales
Internacionales para la Antigua Yugoslavia[123]
y Ruanda[124],
y la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) han hecho aportes relevantes
en casos de la violencia sexual confirmando que su prohibición, en tanto
crimen de guerra o de lesa humanidad en conflictos armados internos, constituye
una norma relevante y consuetudinaria de Derecho Internacional Humanitario.[125]
III. CASO CONCRETO.
La ciudadana “Carmen”, quien se encuentra incluida en
el Registro Único de Víctimas -RUV –, como jefa de hogar (declarante) por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado[126]
ocurrido en enero del año 2005 - en el municipio de “La Esperanza”, Departamento
de la “Candelaria”-, instauró acción de tutela en contra de la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV- y solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, buena fe, dignidad
humana, derechos de las víctimas en el conflicto armado y de reparación
administrativa, que consideró vulnerados por la negativa de dicha entidad en
inscribirla en el RUV como víctima del delito de acceso carnal
violento, con fundamento en que su declaración fue rendida de forma
extemporánea ante el Ministerio Público, en el marco del artículo 155 de la Ley
1448 de 2011.
De tal manera, la accionante “Carmen” indicó que
residió en el municipio de “La Esperanza” y en el año 2004 fue víctima
del delito de acceso carnal violento por parte de grupos al margen de la ley
(paramilitares). Arguyó que el hecho fue conocido por los órganos de
investigación como la Fiscalía General de la Nación a través de los organismos
de Justicia y Paz que le reconocieron[127]
“de manera sumaria y pleliminar la condición de víctima de los hechos
atribuibles a las desmovilizadas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio,
en razón del delito de acceso carnal violento y desplazamiento forzado”. Además,
enfatizó que la Fiscalía afirmó que el hecho delictivo fue registrado en
diligencia de versión libre y confesado en abril de 2016 e imputado
en marzo de 2017 a los postulados: “Ramón María Isaza Arango, alias el
“Viejo” (excomandante general de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio),
Walter Ochoa Guisao, alias “El Gurre” (ex comandante del frente Omar Isaza) y
Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga, alias “Napo”, (ex intregrante del mismo
frente)”[128].
En tal contexto, de acuerdo
con la información registrada en el expediente es de señalar que la accionante
rindió declaración ante la Personería Municipal de “La Esperanza”, el 15
de octubre de 2015 por los hechos expuestos, con el fin de solicitar la
inscripción en el RUV y que la UARIV mediante Resolución del ** de mayo de 2016
negó su inclusión en el RUV al considerar que su solicitud se enmarca dentro de
las causales establecidas para la denegación por haberse presentado fuera de
los términos establecidos en los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011,
teniendo particularmente en cuenta la excepción de fuerza mayor prevista en la
última disposición.
En consecuencia, el 25 de enero de
2017 la accionante solicitó la revocatoria directa de la referida Resolución y el
** de marzo de 2017 la UARIV profirió la Resolución 20178(***)  en la que
decidió: “No revocar la Resolución 2016-10(****) del ** de mayo de
2016”, argumentando las mismas razones de extemporaneidad de la Resolución
atacada.
En el trámite de la acción de
tutela en el fallo de única instancia el Juzgado Penal del Circuito de “Candelaria”
decidió no amparar los derechos invocados por la accionante y declarar
improcedente la acción de tutela al considerar que “la demandante no
acreditó los perjuicios irremediables que podrían devenir de no acoger la
tutela como un mecanismo transitorio”, ni tampoco los daños inminentes y
concretos de no proceder la acción. El juez de instancia agregó que la decisión
controvertida se trata de un procedimiento netamente administrativo en el que
en cada una de sus etapas la ciudadana contó con la posibilidad de agotar las
vías que la legislación prevé para garantizar los derechos de quien se sienta
afectado respecto a determinado trámite, por lo que cuenta con otras vías
(gubernativa o judicial) para hacer valer los derechos que estime
conculcados.
Como
corolario de lo anterior, en primer lugar la Sala advierte, de acuerdo con la
normativa vigente y la jurisprudencia, que la accionante “Carmen” es una
víctima del conflicto armado que se encuentra a la fecha incluida en el RUV
únicamente por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, ocurrido en el
año 2005, pues como lo indica el  artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 sufrió
un daño por hechos ocurridos posteriores al 1o de enero de 1985, como
consecuencia de una infracción al Derecho Internacional Humanitario  y de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos que se dieron con ocasión del conflicto armado interno[129].
De esta manera, y como se mencionó en las consideraciones
del presente fallo, es de reiterar que “la condición de víctima es una
situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de
la inscripción en el RUV y en consecuencia el registro no confiere la calidad
de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de herramienta
técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los
términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades”[130].
Así, la Sala insiste en que la inscripción en el RUV
constituye un derecho fundamental de las víctimas que da lugar a beneficios
tales como[131]
la posibilidad de afiliación al Régimen Subsidiado de salud; la priorización
para el acceso a las medidas de reparación y particularmente a la medida de
indemnización, el acceso a la oferta estatal aplicable para avanzar en la
superación de la situación de vulnerabilidad[132];
y en general, a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley 1448
de 2011.
Para
la obtención de tales beneficios, los artículos 155 y 156 de la Ley 1448 de
2011 definen  el procedimiento a seguir para que una víctima del conflicto
armado sea incluida en el RUV. Para ello, el artículo 155 establece que la
víctima debe presentar una declaración ante el Ministerio Público en un término
de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la ley, 10 de junio
de 2011, para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese momento, y
que: “En el evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima
presentar la solicitud de registro en el término establecido en este artículo,
se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias
que motivaron tal impedimento”. (Se subraya).
Adicionalmente, el inciso segundo del artículo 155 de la Ley
1448 de 2011 y su respectiva reglamentación en el artículo 19 del Decreto 4800
de 2011 -artículo 2.2.2.1.4. del Decreto 1084 de
2015- señalan que “La valoración que realice el funcionario encargado de
realizar el proceso debe respetar los principios constitucionales de dignidad,
buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial y en
los eventos en que la persona refiera hechos victimizantes adicionales a los
contenidos en las bases de datos existentes, deberá presentar la declaración a
la que se refiere el presente artículo”. (Se subraya).
En el caso sub examine, esta Sala evidencia que de
acuerdo con lo expuesto por la accionante el hecho victimizante “de acceso
carnal violento”- ocurrió en el mes ** del año 2004, es decir, con antelación  a
la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011  -10 de junio de 2011- y
en consecuencia, en el marco del artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, en
estricto sentido debió declarar el hecho ante el Ministerio Público
dentro de los 4 años siguientes a dicha fecha, es decir, hasta 10 de junio de
2015; y dicha declaración se realizó el 15 de octubre de 2015, ante la
Personería Municipal de “La Esperanza”, es decir en un periodo mayor a
los 4 meses siguientes a la fecha definida por la norma.
Con la finalidad de analizar el caso desde una perspectiva
constitucional amplia e integral, es importante para esta Sala tener presente
que la Corte Constitucional en diversos casos ha evidenciado falencias por
parte de la UARIV como entidad encargada del RUV, al momento de llevar a cabo
el proceso de inscripción y la respectiva valoración de las solicitudes de
inclusión de personas en dicho registro, pues en algunos casos, no ha aplicado
los principios referidos  anteriormente –de
dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial-
razón por la cual vía acción de tutela se ha ordenado la inscripción en el RUV cuando se verifica que la
UARIV efectuó “una interpretación de las normas aplicables contraria
a los principios de favorabilidad y buena fe[133];
ha exigido formalidades irrazonables o desproporcionadas[134] o,
ha impuesto limitantes para acceder al registro que no se encuentran en las
normas aplicables”[135] (Se subraya).
Dicho
esto, corresponde hacer un breve análisis de las decisiones constitucionales
que se han proferido recientemente haciendo referencia a la declaratoria
extemporánea ante el Ministerio Público de hechos victimizantes; así, la Corte Constitucional
consolidó el criterio en las sentencias T-519 de 2017 y T-393 de 2018. En la
primera de ellas, la Corte señaló que  el plazo
que puede establecerse para la declaración como víctimas debe ser en todo caso
razonable, en el sentido de que les permita a éstas acudir ante el Ministerio
Público, por lo que el término previsto en el artículo 155 de la Ley 1448 de
2011 cumple las características de razonabilidad, lo que no lo hace
inflexible y ajeno a situaciones especiales de personas que, por distintas
circunstancias (como, por ejemplo, el tipo de hecho victimizante que han
padecido), tarden largo tiempo en decidir declarar como víctimas ante el
Ministerio Público”[136]. (Se subraya).
Seguidamente, en la sentencia  T – 393 de 2018[137], la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional revisó la
acción de tutela instaurada por una mujer, que declaró ser víctima con sus dos
hijas del hecho victimizante de desaparición forzada de su compañero permanente
(el 10 de agosto de 2012) y de desplazamiento forzado y a quien la UARIV le
negó la inscripción en el RUV con sustento en que su declaración fue
extemporánea al ser rendida ante la Procuraduría de Buenaventura el 3 de
diciembre de 2015, sin que en el caso se apreciara una circunstancia de fuerza
mayor que justificara la demora. Al estudiar el caso, la Corte amparó los
derechos fundamentales de la accionante[138]
y ordenó la respectiva inclusión en el RUV al considerar en el fallo que “el
hecho victimizante “desaparición forzada” alegado por la accionante es un
delito de ejecución permanente que continúa ejecutándose en el tiempo”
debido a que para la fecha del fallo el compañero de la accionante seguía
desaparecido.
En el caso objeto de estudio, la Sala encuentra que de acuerdo
con el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia vigente, es priomordial dar aplicación
a los principios de dignidad, buena fe,
confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial, teniendo
en cuenta además que en materia de violencia sexual contra las mujeres en el
marco del conflicto armado existen unas prerrogativas y derechos especiales
para las víctimas. Es así como, en el caso de la accionante “Carmen” para
la Sala es evidente que tratándose de un delito de violencia sexual, es
aplicable la excepción contenida en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011,
pues el hecho de tratarse de una mujer que ha sido víctima de desplazamiento
forzado, ya por esto incluida en el RUV, y que declaró aparentemente de forma
extemporánea el hecho victimizante de violencia sexual –“delitos contra la
libertad e integridad sexual”-, da lugar a que se trate de una situación que
debe ser atendida en forma excepcional.
La aplicación de dicha excepción al caso de la accionante “Carmen”
tiene lugar teniendo en cuenta que en reiterada jurisprudencia de esta
Corporación se ha reconocido y evidenciado que las consecuencias del conflicto
armado y del desplazamiento forzado en las mujeres han sido de
desproporcionadas magnitudes, y que existen diferentes
instrumentos internacionales que definen garantías y derechos específicos para
las mujeres, y en forma particular para aquellas que han sido víctimas de
violencia sexual. En el mismo sentido, la Constitución Política de
Colombia dispone obligaciones del Estado referentes a la
protección de la mujer frente a todo tipo de violencia y discriminación y además
la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto, en diferentes
decisiones y de forma enfática en la sentencia T-025 de 2004 y
los Autos de la Sala Especial de Seguimiento 218 de
2006, 092 de 2008 y 009 de 2015, en los que ha concluido
que el cuerpo de las mujeres ha sido usado como arma y
campo de guerra[139], en el contexto del conflicto armado y el desplazamiento por la
violencia[140].
Conforme a lo anterior, la jurisprudencia
también ha señalado que la violencia sexual es una
práctica habitual, extendida, sistemática e invisible ejercida en el
conflicto armado interno colombiano que victimiza de manera diferencial y
agudizada a las mujeres[141],
que además sufren invisibilidad oficial y extraoficial, silencio por parte de ellas
como víctimas e impunidad de los perpetradores, situaciones que se incrementan en el país debido a la existencia de obstáculos que impiden a estas
mujeres declarar o denunciar ante las autoridades competentes[142].
Lo anterior, debido a las diferentes secuelas y consecuencias que genera la violencia sexual[143] en diversas
dimensiones de su integridad como mujer, como son el detrimento y deterioro de su
salud física[144]
y emocional, y el quebrajamiento de las relaciones familiares y sociales, por
lo que en muchos casos las sobrevivientes de actos de
violencia sexual, por ejemplo, “son
diagnosticadas con un desorden por stress post traumático ya que las cargas de
brutalidad y violencia muestran que muchas víctimas son sometidas a situaciones
de terror en condiciones de indefensión por lo que el trauma queda inscrito de
forma inconsciente y retorna intempestivamente sin que estas puedan contenerlo
o reprimirlo, por lo cual la exposición a experiencias traumáticas en una
guerra conduce a elevados niveles de depresión y trastornos de la ansiedad”.[145]
La Sala encuentra que las víctimas de violencia sexual
requieren de la  reparación integral, y de la protección, acompañamiento y
acceso efectivo a la justicia por parte del Estado, para que la reparación
supere el ámbito netamente pecuniario, y en un sentido amplio incluya no
únicamente la condena a los responsables, sino también el reconocimiento social
del dolor y sufrimiento de las mujeres víctimas de violencia sexual, como
también el repudio de lo ocurrido.
En este marco de reparación, y en razón de los graves
efectos de estos hechos victimizantes, y con fundamento en el marco
constitucional precedentemente citado, fue expedida la Ley 1719 de 2014[146]
que adoptó medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas en
especial de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, mediante la
reforma del Código Penal[147]
y del Código de Procedimiento Penal[148],
indicando en el artículo 15 de dicha ley que: “Se entenderá como “crimen de lesa humanidad” los actos de violencia
sexual cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, de conformidad con
las definiciones del artículo 7o del Estatuto de Roma y los
elementos de los crímenes desarrollados a partir de ese Estatuto”[149]. En similar sentido, la Ley 599 del 2000 (Código Penal)  en el
artículo 83 estableció  que la acción penal para los delitos de genocidio, lesa
humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible.
Con las consideraciones referidas, para la sala es evidente
que la accionante “Carmen”  tiene derecho a ser incluida en el Registro
Único de Víctimas por el hecho victimizante de “delitos contra la libertad y
la integridad sexual”, ya que procede la excepción contenida en el artículo
155 de la Ley 1448 de 2011, pues tratándose de una mujer víctima de violencia
sexual su afectación es grave y el hecho victimizante fue denigrante, por lo
que si bien existía un término de 4 años para declarar, dicho periodo no puede
ser inflexible y ajeno a la situación especial
de “Carmen” desconociendo su grave situación en el marco del conflicto
armado, y sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, como ya lo ha
sostenido en anteriores sentencias esta Corporación[150].
Al respecto, vale señalar que la gravedad de los delitos de
violencia sexual es tan desproporcionada y genera consecuencias tan graves para
la víctima en el marco del conflicto armado que, como ya se indicó, este tipo
de delito ha sido declarado como de lesa humanidad, y en consecuencia como
imprescriptible en el Estatuto de Roma, y en adopción de ello en el Código
Penal y de Procedimiento Penal, así como en la Ley 1719 de 2014. En este
contexto, imponer a la accionante “Carmen” la obligación de declarar
solamente hasta el 10 de junio de 2015 es una carga desproporcionada, que
desconoce su situación particular y los derechos y prerrogativas contenidos y
reconocidos por la normativa internacional, el bloque de constitucionalidad y
la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala considera
necesario pronunciarse sobre la decisión de la UARIV, para lo cual concluye que
la entidad con su negativa de inclusión de la accionante en el RUV, por el
hecho de “delitos contra la libertad y la integridad sexual”, desconoció sus
derechos fundamentales como víctima y generó con la decisión una
revictimización, como bien se ha concluido, para otros
casos, en los informes el Centro de Memoria Histórica al indicar que en estos casos socialmente se les devuelve la culpa a las
víctimas a través de un ciclo de revictimización[151]
que deriva en una afectación mayor, en la que se ahonda la sensación de
desprotección y se afianzan las culpas y estigmatizaciones sobre estas
mujeres.
Lo anterior, por
cuanto la negativa de la inscripción en el RUV por parte de la UARIV,
afecta su derecho fundamental a ser amparada como víctima, e implica en el caso
de “Carmen” la posible violación de una multiplicidad de garantías
constitucionales como el mínimo vital, la unidad familiar, la alimentación, la
salud, la educación, la vivienda, entre otros. Es por esto que esta Sala
concluye que el análisis de la UARIV no tuvo en cuenta las condiciones
particulares y el contexto como variables importantes y en consecuencia
desconoció los principios de favorabilidad[152],
buena fe, y ante todo de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, con
arreglo al deber de interpretación pro homine[153].
Para el caso en estudio, la UARIV incurrió en error ya que no
tuvo en cuenta las certificaciones expedidas por la Fiscalía ** Delegada ante
el Tribunal Superior de Bogotá del ** de julio de 2016 y el ** de octubre de
2017, en las que se indica de manera sumaria y preliminar que la accionante fue
víctima de acceso carnal violento, amenazas y desplazamiento forzado en hechos
ocurridos el ** de agosto de 2004 en el municipio de “La Esperanza”, hecho
que fue confesado el 05 de abril de 2016, imputado el 02 de marzo de 2017 a los
postulados “Ramón María Isaza Arango, alias el “Viejo” (excomandante general
de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio), Walter Ochoa Guisao, alias “El
Gurre” (ex comandante del frente Omar Isaza) y Camilo de Jesús Zuluaga Zuluaga,
alias “Napo”, (ex intregrante del mismo frente)”[154].
Al respecto, es de notable conocimiento que las Autodefensas
Unidas de Colombia –AUC-, y de forma precisa las “Autodefensas Campesinas del
Magdalena Medio – ACMM-” incurrieron en sistemáticas violaciones de derechos
humanos, que fueron investigadas y procesadas en el marco de  la Ley de
Justicia y Paz -Ley 975 de 2005-, y que: i) Ramón María Isaza Arango conocido
con los sobrenombres de “Moncho”, “El Viejo” o “Munrra”, inició en el año 1963
la conformación de grupos de autodefensa y llegó a ostentar la posición de
comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio –ACMM-, hasta el
18 agosto de 2006, fecha de desmovilización en el centro de concentración de La
Ceja – Antioquia y, ii) que Walter Ochoa Guisao alias de “El Gurre” o “El Mono”
hizo parte de la estructura paramilitar de las AUC desde el año 1989.
Así mismo, es de público conocimiento que las ACMM operaron en
el Departamento de la “Candelaria”, y que en el marco de la Ley de Justicia y
paz se encontró a Ramón María Isaza Arango y Walter Ochoa Guisao, como autores
mediatos, por la comisión en concurso heterogéneo de punibles actos sexuales en
persona protegida, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud
sexual, desplazamiento forzado de población civil, exacción o contribuciones
arbitrarias, secuestro simple y lesiones personales en persona protegida de
conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 138, 139, 141,159,
163, 168, 136 de la Ley 599 de 2000. Así, en sentencias de Justicia y Paz[155]
los jueces indicaron por ejemplo que: “A pesar de que no contamos con
cuantificaciones precisas acerca de las diversas formas de violencia sexual
cometidas por las ACMM, una de las aproximaciones de la fiscalía permite
entender que ella, la violencia sexual, no fue aislada. Habría al menos 624
casos distribuidos” y que “esta cifra podría variar
considerablemente, en razón a que la violación sexual es un delito que sufre de
subreporte drástico y permanente”[156].
(Se subraya).
En sentido similar, se afirma en sentencias de justicia y paz
que: “las ACMM incorporaban a su política oficial algunos delitos sexuales o
con implicaciones sexuales (…) y que la violación apareció en las ACMM como una
práctica, que aunque podía ser castigada severamente en algunas coyunturas, no
pudo ser erradicada debido a la socialización punitiva sobre la que estaba
construido el grupo”. Igualmente, en las decisiones de Justicia y Paz se ha
afirmado como patrón de violencia de Ramón Isaza el desplazamiento –
clasificado como elemento repertorio- y como técnica asociada con “desaparición,
homicidio, violencia sexual y combates”[157].
La violencia
ejercida por los paramilitares de acuerdo con el informe del Centro Nacional de
Memoria Histórica “Basta ya Colombia: Memorias de Guerra y
Dignidad” [158]
“se practicó en distintos contextos con diferentes objetivos: 1) para atacar a
las mujeres por su condición de liderazgo; 2) para destruir el círculo afectivo
de aquellos considerados como enemigos; 3) para “castigar” conductas
transgresoras o ignominiosas desde la perspectiva de los actores armados; 4)
violencia sexual articulada a prácticas culturales, y 5) violencia sexual
orientada a generar cohesión entre los integrantes de grupos paramilitares y el
afianzamiento de sus identidades violentas (…)” y “el registro oficial
cuantitativo resulta alarmante y rebate el falso imaginario de que la violencia
sexual en el conflicto armado ha sido un fenómeno aislado, accidental o
marginal. Las 1.754 víctimas incluidas en el RUV (733 entre 1985 y 2012, más
821 sin año de ocurrencia identificado) contrastan con las 96 confesadas por
los paramilitares en sus versiones libres en el marco de la Ley 975 del 2005 y
las 142 documentadas por varias organizaciones de Derechos Humanos para el
Anexo Reservado del Auto 092 del 2008 de la Corte Constitucional sobre
violencia sexual[159]”.
De lo anterior, es más que evidente que los delitos
declarados por la accionante “Carmen” fueron cometidos por las AUC en la
zona del país en la que fue registrada como víctima de desplazamiento forzado[160]
, por lo que la UARIV no fue diligente en el análisis de contexto de la
información entregada y declarada por la accionante. Además, la UARIV
desconoció por completo y no hizo mención a la información contenida en cada
etapa en las certificaciones de la Fiscalía, de acuerdo a las fechas en las que
las mismas fueron proferidas. La Sala concluye que de hecho bastaba con revisar
detalladamente la declaración y la información de la accionante, como víctima
registrada ya en el RUV por desplazamiento forzado, para que con debida
diligencia la UARIV incluyera a “Carmen” en el RUV.
Por lo indicado, esta Sala llama
la atención de la UARIV para que no vuelva a incurrir en revictimización de las
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, y con debida
diligencia les otorgue y reconozca las garantías, protecciones y amparos a los
que tienen derecho.
Igualmente en el caso que nos
ocupa, para esta Sala es necesario pronunciarse sobre el fallo de instancia en
el trámite de la acción de tutela, respecto al que se hace evidente que el juez
de instancia también erró al proferir la decisión, pues igualmente desconoció
el ordenamiento jurídico vigente y la jurisprudencia de esta Corporación,
haciendo parte así del ciclo de revictimización de “Carmen”. Es así como,
el Juzgado Penal del Circuito de “Candelaria”, al decidir no amparar los
derechos invocados y declarar improcedente la acción de tutela por considerar
que la demandante no acreditó los perjuicios irrmediables que podrían
devenir de no acoger la tutela como un mecanismo transitorio (…) ni tampoco los
daños inminentes y concretos en caso de no proceder la acción, desconoció,
al igual que la UARIV, los principios de buena fe y prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas. Considerar que la solicitud de amparo de los
derechos fundamentales consiste en un tema netamente administrativo y que la
accionante cuenta con otras vías (gubernativa o judicial) para hacer valer los
derechos que estima conculcados, es desconocer la realidad nefasta a la que han
sido sometidas las mujeres víctimas de violencia sexual y exigir una carga alta
e inflexible, sin considerar las garantías a que tienen derecho como sujetos de
especial protección constitucional.
Así mismo, para la Sala resulta censurable que el juez de
instancia indicara que la petición de la acción de tutela “desborda las
facultades concedidas por la ley a este operador judicial respecto a anular o
modificar los actos administrativos expedidos por las autoridades competentes,
pues por el contrario los jueces de tutela tienen la obligación de proteger a
las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado e interpretar
de manera integral la Constitución Política, analizando el caso en concreto a
la luz de la jurisprudencia constitucional y los Autos 092 de 2008 y 009 de
2015 de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 de la
Corte Constitucional.
Es por esto que la Sala hace un
llamado e insta a todos los jueces del país, a proteger los derechos de las víctimas
de violencia sexual en general y en el marco del conflicto armado, mediante el real
y material reconocimiento de su condición de sujetos de especial protección
constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en los Autos señalados[161]
y las sentencias proferidas por este Tribunal.
Por lo expuesto,
y en razón de la situación de “Carmen” como víctima y de la
revictimización a la que ha sido expuesta, la Sala encuentra que la accionante
requiere de una reparación integral, y de acuerdo con la Ley 1719 de
2014 tiene derecho como víctima de violencia sexual a medidas de reparación
encaminadas a restituir integralmente sus derechos vulnerados entre ellos los
de restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no
repetición.
Así, con la
finalidad de apoyar integralmente su proceso, y teniendo en cuenta que la UARIV
le negó la inclusión en el RUV desde el año 2016, año en el que profirió el
primer acto administrativo, y que la negativa ha generado la revictimización de
la accionante, se hace urgente que en el marco de la Ley 1719 de 2014, y
lo dispuesto, entre otras decisiones constitucionales como en la sentencia
C-754 de 2015, se le presten a la accionante “Carmen” de manera
inmediata los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud de acuerdo con el artículo 49 de Constitución, con el
objeto de que estos la apoyen en superar las afectaciones físicas y
psicológicas como sobreviviente de violencia sexual.
Para ello, la
Sala encuentra que en cumplimiento de los artículos 23 y 24 de la Ley
1719, la UARIV debe brindar de manera inmediata atención psicosocial, en respeto
de su vida en condiciones dignas, a la señora “Carmen” hasta que ella la
requiera, con el fin de contribuir a la superación de los impactos emocionales
derivados de la violencia sexual y del restablecimiento de su salud mental.
De lo expuesto, esta Sala
concluye en concordancia con la normativa internacional, constitucional y los
diversos pronunciamientos de esta misma Corporación, que el Estado en su
conjunto, las instituciones que lo integran y la sociedad en general, tienen la
obligación constitucional de respetar, proteger, garantizar y amparar los
derechos de la mujer de manera integral en sus diferentes dimensiones, con el
fin de honrar su dignidad y salvaguardar a quienes han sido víctimas del
conflicto armado interno. El Estado y la sociedad tienen el deber
constitucional de devolver la dignidad a aquellas mujeres sobrevivientes de
crímenes atroces como la violencia sexual, mediante su atención inmediata,
tanto a nivel físico, sicológico y emocional, para lo cual es indispensable que
se les otorguen las herramientas, servicios y beneficios legales de manera
digna y respetuosa, e impedir así su revictimización y apoyar la superación de
la situación que desafortunadamente vivieron.
La respuesta estatal a las
necesidades de las mujeres víctimas de violencia sexual debe darse sin
dilaciones y contribuir positivamente al reconocimiento de su dignidad y a la
recuperación de la misma, de manera individual y diferenciada[162],
teniendo en cuenta su especial situación, como consecuencia de la violencia que
han sufrido en su cuerpo e integridad, por lo que merecen un tratamiento digno,
en razón de su condición y de sus capacidades.
IV. DECISIÓN.
En el caso sub examine esta
Sala encuentra que la UARIV vulneró los derechos fundamentales al
reconocimiento como víctima del conflicto armado, debido proceso, buena fe,
dignidad y reparación integral de la accionante “Carmen” puesto que no
tuvo en cuenta su condición de víctima del conflicto armado, incluida ya en el
RUV, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, y además su situación
como víctima de violencia sexual - “delitos contra la libertad y la integridad
sexual”-, en el marco de la jurisprudencia, especialmente en lo dispuesto por
la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y los Autos 009 de 2008 y
095 de 2015.
En consecuencia, esta Sala
ordenará revocar la decisión proferida por el Juzgado Penal del Circuito de “Candelaria”
en la que se decidió “no amparar los derechos invocados por la accionante”,
y en su lugar conceder el amparo de sus derechos fundamentales al
reconocimiento como víctima del conflicto armado, debido proceso, buena fe,
dignidad y reparación integral de la accionante “Carmen”.
Así, dejará sin efectos la Resolución
No. 2016-10(****) de 2016[163]
y ordenará a la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que, en el término máximo de diez
(10) días hábiles siguientes a partir de la notificación de esta sentencia,
incluya a la accionante “Carmen” en el
Registro Único de Víctimas -RUV-, por el hecho victimizante de “acceso carnal
violento”, es decir “delitos contra la libertad y la integridad sexual”, en el contexto del conflicto armado interno y la
oriente de forma adecuada y digna para que acceda a los programas y servicios a
los que tiene derecho y con la finalidad de
gozar de los beneficios que de ellos se derivan.
Adicionalmente, se ordenará a la
UARIV que en un término no mayor a quince (15) días hábiles cite a la
accionante “Carmen”, para que si ella lo desea, le presten servicios
sicosociales y sicológicos, con enfoque diferencial de género que la apoyen en la
superación de los impactos emocionales derivados de la violencia sexual y en el
restablecimiento de su salud mental y emocional.
Finalmente se ordenará a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV) para que dé cumplimiento a lo dispuesto por esta
Corporación en los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Sala Especial de
Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de 9 de agosto
de 2018 proferida por el Juzgado Penal del Circuito de “Candelaria” en
la que se decidió no amparar los derechos invocados por la accionante “Carmen”.
En su lugar, CONCEDER el amparo de sus derechos fundamentales al
reconocimiento como víctima del conflicto armado, debido proceso, buena fe, vida
en condiciones dignas y reparación integral.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS la Resolución
No. 2016-10(****) de 2016 expedida por
la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV).
TERCERO.- ORDENAR a la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que,
en el término máximo de diez (10) días hábiles siguientes a partir de la
notificación de esta sentencia, incluya a la accionante “Carmen” en el Registro Único de Víctimas -RUV-, como víctima
del “delito contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo
del conflicto armado”, para que pueda
gozar de los beneficios que de ello se derivan.
CUARTO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV) que, en el término máximo de quince (15) días
hábiles siguientes a partir de la notificación de esta sentencia, inicie la prestación
de los servicios sicosociales y sicológicos, con enfoque diferencial de género, a la accionante “Carmen”,
que la apoyen en la superación de los impactos emocionales derivados de la
violencia sexual y en el restablecimiento de su salud mental
y emocional.
QUINTO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV) que en el proceso de reparación integral atienda a la
accionante con enfoque diferencial de género y debida diligencia en el amparo
de sus derechos fundamentales.
SEXTO.- ORDENAR a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV) que dé cumplimiento a lo dispuesto por esta Corporación
en los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Sala Especial de Seguimiento de la
sentencia T-025 de 2004, y en tal sentido, resuelva las solicitudes de
inclusión en el RUV de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado sin rigorismos formales y en amparo integral de sus derechos
constitucionales.
SÉPTIMO.- INSTAR a los
jueces del país para que den cumplimiento a lo dispuesto por esta Corporación
en los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Sala Especial de Seguimiento de la
sentencia T-025 de 2004, y en tal sentido, resuelvan las solicitudes de
inclusión en el RUV de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del
conflicto armado sin rigorismos formales y en amparo integral de sus derechos
constitucionales.
OCTAVO.- ORDENAR a la
Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial que divulgue ampliamente la
presente sentencia en el marco de sus funciones y competencias, con el fin de contribuir
en el amparo, protección, respeto y garantía de los derechos de las mujeres
víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.
NOVENO.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Cópiese, comuníquese,
notifíquese, publíquese, insértese y cúmplase.
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES
CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Sala de Selección Número Once conformada por los
Magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Alejandro Linares Cantillo. Auto del
26 de noviembre de 2018.
[2] En Auto del 28 de marzo de 2019 se ordenó a la
Secretaría General de la Corte Constitucional, con el fin de proteger los
derechos a la intimidad, honra y buen nombre de la peticionaria, guardar la
reserva de la identidad de la accionante dentro de todas las actuaciones
que se surtan en el marco del proceso de la referencia. Para el efecto, en las
Resoluciones proferidas por la UARIV se omiten algunos números y parte de las
fechas en las que se profirieron.
[3] Folios 11, 12 y 13, Cuaderno principal.
[4] Folios
25 y 26. Cuaderno principal.
[5] Folio 7. Cuaderno principal.
[6] Folio 25 y 26. Cuaderno principal.
[7] Ley 1437 de 2011: “Artículo 93. Causales de
Revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas
autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos
o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los
siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución
Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o
social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado
a una persona”.
[8] Folios 8, 9 y 10. Cuaderno principal.
[9] Folios 11, 12 y 13, Cuaderno principal.
[10] Folios 11, 12 y 13, Cuaderno principal.
[11] Folio 13. Cuaderno principal.
[12] Folio 14. Cuaderno principal.
[13] Ver, Corte Constitucional, sentencia T-163 de 2017.
[14] Ver, Corte Constitucional, sentencia C-543
de 1992.
[15] Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999 .
[16] Ver, Corte Constitucional, sentencia T-246
de 2015.
[17] Sentencias T-211 de 2010, T-302 de 2003 y
T-025 de 2004.
[18] Según certificó la UARIV en respuesta a la solicitud
de la accionante del 12 de octubre de 2017. Folio 14. Cuaderno principal.
[19] “Por
la cual se adoptan medidas para
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en
especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan
otras disposiciones”.
[20] Ver sentencias T-188 de 2007, T-462 de 2012, T-364 de
2015 y T-404 de 2017.
[21] Ver sentencia T-404 de 2017.
[22] Corte Constitucional, sentencias T-192 de 2010, T-006 de 2014, T-692 de 2014, T-525 de 2014, T-573 de 2015, T-417 de 2016, T-301 de 2017 y T-584 de 2017, en las que
esta Corporación ha sido enfática al advertir que tratándose de víctimas de la
violencia resulta desproporcionado exigir el agotamiento de los medios de
defensa judicial existentes en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
[23] Ver sentencia T-376 de 2016.
[24] T-006 de 2014.
[25] Ver
también sentencias: T-290 de 2016, T-556 de 2015; T-517 de 2014,
T-692 de 2014, T-006 de 2014, T-163 de 2017, entre otras.
[26] T-163 de 2017
[27] Sobre esta materia, la Sala adoptará la recopilación
sobre el derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado interino a la
inclusión en el RUV, en la sentencia T-163 de 2017.
[28] La Corte Constitucional ha referido recientemente el
alcance del concepto de víctima en el conflicto armado, entre otras, en las
siguientes sentencias: T-163,  T-478 de 2017 y T-299 de 2018
[29] Sentencia
SU-254 de 2013.
[30] Ver sentencia C-250 de 2012.
[31] Sentencia
C-069 de 2016. En esta decisión, se reiteraron varios fallos de la Corte
Constitucional que aluden al carácter operativo de la definición de víctimas
contenida en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Ver, entre otras:
Sentencias: C-781 de 2012, C-253A de 2012.
[32]  De
acuerdo con la sentencia T-478 de 2017 “la expresión “conflicto armado
interno” debe entenderse a partir de una concepción amplia, es decir, en
contraposición a una noción estrecha o restrictiva de dicho fenómeno, pues ésta
última vulnera los derechos de las víctimas”.
[33] Sentencia
T-268 de 2003.
[34] Auto 093 de 2008 y sentencia T-402 de 2011.
[35] Auto 092 de 2008 y sentencia T-611 de 2007.
[36] Sentencia T-821 de 2007.
[37] Sentencia T-895 de 2007.
[38] Ver las
sentencias T-630 y T-611 de 2007, T-299 de 2009, y el Auto 218 de 2006
[39] Sentencia T-318 de 2011.
[40] Sentencia
T-129 de 2012.
[41] Sentencias
T-265 de 2010 y T-188 de 2007.
[42] Sentencia T-076 de 2011.
[43] Sentencia C-781 de 2012.
[44] Sentencia C-781 de 2012. Adicionalmente, el fallo
explicó que la noción de conflicto armado “recoge un fenómeno complejo que
no se agota en la ocurrencia confrontaciones armadas, en las acciones violentas
de un determinado actor armado, en el uso de precisos medios de combate, o en
la ocurrencia del hecho en un espacio geográfico específico, sino que recogen
la complejidad de ese fenómeno, en sus distintas manifestaciones y aún frente a
situaciones en donde las actuaciones de los actores armados se confunden con
las de la delincuencia común o con situaciones de violencia generalizada.”
[45] Corte
Constitucional. Sentencia C-291 de 2007, reiterada en la Sentencia T-478 de
2017.
[46] Sentencias: T-478 de 17, T 227 de 2018 y T-299 de 2018.
[47] Decreto 1084 de 2015.
Artículo 2.2.2.1.1. (compilado
del artículo 16 del Decreto 4800 de 2011).
[48] En este mismo sentido,
el artículo 16 del Decreto 4800 de 2011, dispone que: “(…) La condición de
víctima es una situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento
oficial a través de la inscripción en el registro. Por lo tanto, el registro no
confiere la calidad de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir
de herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un
daño en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y de sus
necesidades, y como instrumento para el diseño e implementación de políticas
públicas que busquen materializar los derechos constitucionales de las
víctimas”. En vigencia de la Ley 1448 de 2011, la Corte señaló en la
sentencia T-832 de 2014 que en la jurisprudencia se ha insistido en la
importancia de la suscripción al RUV,  como condición sine qua non para
el acceso a las medidas de asistencia y reparación, señalando que ésta inscripción
no otorga la calidad de víctima, puesto ésta se genera cuando ocurre el hecho
victimizante por lo que como se ha indicado anteriormente, “de conformidad con el artículo 154 de esa normativa,
(la inscripción en el RUV) es un requisito meramente declarativo y no
constitutivo de la condición de víctima, (…) a efectos de que las víctimas (…)
puedan acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de
protección de derechos, con carácter específico, prevalente y diferencial, para
dicha población”. Es decir, es una herramienta administrativa para
distribuir la ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud que se
requiera como consecuencia directa del hecho victimizante. En sentido similar, ver las sentencias T 677 de 2011 y T-598 de 2014.
[49] En este mismo sentido,
el artículo 16 del Decreto 4800 de 2011, dispone que: “(…) La condición de
víctima es una situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento
oficial a través de la inscripción en el registro. Por lo tanto, el registro no
confiere la calidad de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir
de herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un
daño en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y de sus
necesidades, y como instrumento para el diseño e implementación de políticas
públicas que busquen materializar los derechos constitucionales de las
víctimas”. Al respecto la Corte Constitucional se ha referido en las
sentencias T-598 y T-832
de 2014 y T-290 de 2016.
[50] Corte Constitucional, sentencias T-451 de 2014 y
T-834 de 2014.
[51] Corte Constitucional, sentencia T-290 de 2016 (MP
Alberto Rojas Ríos).
[52] Corte Constitucional, sentencia T-556 de 2015 (MP
María Victoria Calle Correa).
[53] Ver, entre otras, sentencias T-004 de 2014.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo; T-087 de 2014. Magistrado
Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-525 de 2013. Magistrado Ponente:
Alexei Julio Estrada: y T-573 de 2015. Magistrada Ponente: María Victoria Calle
Correa.
[54] Sentencia T 478 de 2017.
[55] Ley 1448 de 2011. Artículo 52.
[56] Ley 1448 de 2011. Artículos 62 a 65.
[57] Ley 1448 de 2011. Artículo 64.
[58] Ley 1448 de 2011. Artículo 65.
[59] Ley 1448 de 2011.Artículos 155 y 156.
[60] En la sentencia T-327 de
2001, la Corte ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional la inscripción de una persona en el RUPD al entender
que la no inscripción se debió a una interpretación legal que desconocía el
principio de buena fe, ya que no daba credibilidad, sin aportar argumento
alguno para ello, a las afirmaciones del actor y a las pruebas por este
allegadas.
[61] En la Sentencia T-175 de
2005 esta Corporación ordenó la inscripción de una persona en situación de
desplazamiento forzado interno en el RUPD, más allá de que la solicitud de
inscripción fue realizada extemporáneamente dado el desconocimiento que la
actora tenía de sus propios derechos.
[62] En la Sentencia T-1076
de 2005, la Corte concedió la tutela a una persona cuyo registro en el RUPD fue
negado al considerar que su declaración había sido inconsistente y en
consecuencia faltaba a la verdad. Al respecto, esta Corporación observó, en
primer lugar, que las presuntas contradicciones temporales se fundan en un
razonamiento insuficiente por parte de la entidad accionada. Además, manifiesta
que la interpretación de la institución resulta no sólo “fácilmente rebatible”,
sino también opuesta a una interpretación acorde con los postulados
constitucionales que protegen a la población desplazada. En consecuencia le ordena
a la autoridad competente que proceda a realizar una nueva evaluación de la
declaración de la actora, teniendo en cuenta todos los elementos probatorios y
los principios constitucionales que deben guiar la interpretación y aplicación
de las normas en la materia.
[63] Sentencia T-112 de 2015 y T-832 de 2014,
T-087 de 2014.
[64] Al respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado
en las siguientes decisiones: sentencias T-1094 de
2004, T-328 de 2007, T-630-07, T-156 de 2008, T-1134 de 2008, T-582 de
2011, T-087 de 2014, T-112 de 2015, T-301 de 2017 y T-584 de 2017
[65] Sentencias T-025 de 2004, T-067 de 2013, T-517 de
2014, T-692 de 2014, T-556 de 2015, T-290 de 2016. Igualmente, debe tenerse en
cuenta lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley 1448 de 2011, con fundamento
en el cual se debe observar el principio de favorabilidad en las actuaciones
que se adelanten en relación con el registro de las víctimas.
[66] Artículo 8 de la Ley 1719 de 2014.
[67] Artículo
155 de la Ley 1448 de 2011: “(…),
conforme a los requisitos que para tal efecto defina el Gobierno Nacional, y a
través del instrumento que diseñe la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las víctimas, el cual será de uso obligatorio
por las entidades que conforman el Ministerio Público.
En el evento de fuerza
mayor que haya impedido a la víctima presentar la solicitud de registro en el
término establecido en este artículo, se empezará a contar el mismo desde el
momento en que cesen las circunstancias que motivaron tal impedimento, para lo
cual deberá informar de ello al Ministerio Público quien remitirá tal
información a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas. (…)
PARÁGRAFO. Las personas
que se encuentren actualmente registradas como víctimas, luego de un proceso de
valoración, no tendrán que presentar una declaración adicional por los mismos
hechos victimizantes. Para efectos de determinar si la persona ya se encuentra
registrada, se tendrán en cuenta las bases de datos existentes al momento de la
expedición de la presente Ley”.
[68] Decreto 2569 del 2000, por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 387 de 1997.  Artículo 11. De la no inscripción. “La entidad
en la que se haya delegado la inscripción, no efectuará la inscripción en el
registro de quien solicita la condición de desplazado, en los siguientes casos:
1. Cuando la declaración resulte contraria a la verdad. 2. Cuando existan
razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la
existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1° de la Ley
387 de 1997. 3. Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la
inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas las
circunstancias descritas en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997. En tales
eventos, se expedirá un acto en el que se señalen las razones que asisten a
dicha entidad para tal determinación, el cual deberá ser notificado al
afectado. Contra dicho acto proceden los recursos de Ley y la decisión que los
resuelva agota la vía gubernativa”.
[69] Por la cual se consagran unos instrumentos para la
búsqueda de  la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras
disposiciones.
[70]  En la
Sentencia T-1076 de 2005, la Corte Constitucional indicó que: “La
condición de desplazado por la violencia es una circunstancia de carácter
fáctico, que concurre cuando se ha ejercido coacción para el abandono del lugar
habitual de residencia a otro sitio dentro de las fronteras de la propia
nación. En ese sentido, la inscripción en el RUPD carece de efectos
constitutivos de esa condición; por lo que, en cambio, dicho Registro cumple
únicamente las finalidades de servir de herramienta técnica para la identificación
de la población afectada y como instrumento para el diseño e implementación de
políticas públicas que busquen salvaguardar los derechos constitucionales de
los desplazados”.
[71] Sentencia
T-328 de 2007: “(i) la mayoría de las personas desplazadas por la violencia
provienen de ambientes donde la educación a la que tuvieron acceso es exigua
-motivo por el cual el grado de analfabetismo es alto-; (ii) en muchas
ocasiones quien es desplazado por la violencia proviene de contextos en los
cuales se ha educado a las personas en una especie de ‘temor reverencial’ hacia
las autoridades públicas; (iii) en el momento de rendir un testimonio ante las
autoridades, el grado de espontaneidad y claridad con el que podrían hacerlo se
reduce considerablemente (…)”.
[72] Sentencia T-328 de 2007
[73] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente, Marco Antonio Velilla
Moreno. Radicación número 11001-03-26-000-2002-00036-01 del doce (12) de junio
de dos mil ocho (2008).
[74] Corte Constitucional, sentencia T–519 de 2017.
[75] Sobre
el particular, la Corte en la sentencia T-290 de 2016, señaló que “Si bien
el Registro Único de Víctimas absorbió el Registro Único de Población
Desplazada que regulaba el artículo 4º del Decreto 2569 de 2000, esta
población es solo una parte dentro del universo de víctimas que integra el RUV
y que son destinatarias de las medidas establecidas en la Ley 1448 de 2011, sin
que el RUV constituya una base de datos de toda persona víctima de un acto de
violencia, en tanto el artículo 3 de la citada ley delimita el grupo de
víctimas para las cuales se ha establecido el mencionado instrumento. La Corte
Constitucional ha señalado que el Registro Único de Víctimas (RUV) es una
herramienta de carácter técnico, que no define u otorga la condición de
víctima, sino que la reconoce para efectos de identificar a los destinatarios
de determinadas medidas encaminadas a la protección, respeto y  garantía
de sus derechos. Por ello se ha sostenido que la condición de víctima del conflicto
armado interno genera el derecho a ser registrada como tal de forma individual
o con su núcleo familia”. En el mismo sentido, reconoció la sentencia T-478
de 2017 que “el Registro Único de Víctimas (RUV) es una herramienta
administrativa de gran importancia, pues ella materializa la realización del
derecho fundamental de las víctimas del desplazamiento forzado a ser
reconocidas como tales y soporta el procedimiento de registro de las víctimas,
que se encuentra a cargo de la UARIV. En su labor, dicha institución debe
observar los principios de favorabilidad, buena fe, confianza legítima y
prevalencia del derecho sustancial, entre otros. Por ende, para la inclusión en
el RUV únicamente pueden exigirse los requisitos que la ley prevé expresamente”.
[76] M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[77] Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos: “CONCEDER el amparo solicitado por la ciudadana Ana
Luisa Valencia Gamboa contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y la Reparación Integral a las Víctimas, para lo cual se ordena a la UARIV que
inscriba a la accionante y a sus dos hijas menores atendiendo las
particularidades del hecho victimizante “desaparición forzada”, como delito de
ejecución permanente que continúa consumándose en el tiempo, dado que a la
fecha Yefferson  Valencia Arroyo sigue desaparecido. Una vez inscritas en el
RUV otorgue las medidas de reparación a que tenga derecho la accionante y sus
hijas en calidad de víctimas. Así mismo estudie la solicitud de
inscripción por el hecho victimizante de “desplazamiento forzado” de la
accionante y sus hijas, conforme se advirtió en la parte motiva de esta
providencia”.
[78] Revisar
entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional: T-554 de 2003, T-458 de
2007, T-520 A de 2009, T-1015 de 2010, T-078 de  2010, T-843 de 2011, T- 205 de
2011.
[79] En
virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Artículo 1), “toda
persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin
distinción alguna de… sexo” (Artículo 2), y “todos tienen derecho a
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y
contra toda provocación a tal discriminación” (Artículo 7).
[80] Establece
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que: “la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e
inalienables”, los cuales “se derivan de la dignidad inherente a la
persona humana” (preámbulo), “los Estados Partes en el Presente Pacto
se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos
los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”
(Artículo 3), y “la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas
las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por
motivos de… sexo” (Artículo 26). (Se subraya).
[81] La
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que sus Estados Partes “se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de… sexo” (Artículo 1)
y que todas las personas “tienen derecho, sin discriminación, a igual
protección de la ley” (Artículo 24).
[82] Ratificada por Colombia mediante Ley 51 de 1981.
[83] La
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer establece que “la discriminación
contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto
de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las
mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y
cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar
de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las
posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad” (Preámbulo), que los Estados Partes se comprometen a “seguir,
por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a
eliminar la discriminación contra la mujer”, con claras obligaciones
positivas que de allí se derivan (Artículo 2), por lo cual “tomarán
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social,
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre” (Artículo 3).
[84] Ratificada por Colombia mediante Ley 248 de 1995. Los
artículos 1º y 2º establecen la definición y el ámbito de aplicación: “Artículo
1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la
mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito
público como en el privado.
Artículo 2. Se
entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y
psicológica: || a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en
cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros,
violación, maltrato y abuso sexual; || b. que tenga lugar en la comunidad y sea
perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas,
establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y || c. que sea perpetrada o
tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.” OEA. Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belem Do
Pará”) (1994).
[85] Proscribe, entre otras, los ataques dirigidos contra
la población civil y los actos de violencia destinados a sembrar terror entre
la población civil, que usualmente preceden y causan el desplazamiento, y en
otras oportunidades tienen lugar después de que el desplazamiento ha tenido
lugar-
[86] Cobija a las mujeres como personas, en relación con
quienes existen varias garantías fundamentales directamente aplicables a la
situación que se ha puesto de presente ante la Corte. Entre ellas (i) la
prohibición de la discriminación en la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario, (ii) la prohibición del homicidio, (iii) la prohibición de la
tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes -que es en sí misma
una norma de ius cogens-, (iv) la prohibición de los castigos corporales
y los suplicios -norma de ius cogens como tal-, (v) la
prohibición de las mutilaciones, de las experimentaciones médicas o científicas
u otras actuaciones médicas no requeridas por la persona afectada y contrarias
a las normas médicas generalmente aceptadas -la cual de por sí es
una norma de ius cogens-, (vi) la prohibición de la violencia de género,
de la violencia sexual, de la prostitución forzada y de los atentados contra el
pudor; (vii) la prohibición de la esclavitud y de la trata de esclavos -norma
con rango propio de ius cogens-, (viii) la prohibición del trabajo
forzado no retribuido o abusivo, (ix) la prohibición de las desapariciones
forzadas, (x) la prohibición de la privación arbitraria de la libertad, (xi) la
obligación de respetar las garantías judiciales esenciales y por los principios
de legalidad de los delitos y de las penas y de responsabilidad penal
individual, (xii) la prohibición de los castigos colectivos, (xiii) la
obligación de proteger los derechos de las mujeres afectadas por los conflictos
armados, (xiv) la obligación de proteger los derechos especiales de los niños
afectados por los conflictos armados, junto con la prohibición de reclutamiento
infantil y la prohibición de permitir la participación directa de niños en las
hostilidades, (xv) la prohibición absoluta de los crímenes de lesa humanidad
cometidos en el curso de un conflicto armado –norma igualmente revestida del
carácter autónomo de ius cogens-, y (xxii) la prohibición de los actos
de terrorismo. Ver las referencias específicas que se harán más adelante a
estas garantías fundamentales. Ver la sentencia C-291 de 2007.
[87] Naciones Unidas, Doc E/CN.4/1998/53/Add.2,
11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especial del Secretario
General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de
Personas, Francis Deng. “Principio 11:
1. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad y a la integridad física, mental
o moral. 2. Con independencia de que se haya o no limitado su libertad, los
desplazados internos serán protegidos, en particular, contra: - la
violación, la mutilación, la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes y otros ultrajes a su dignidad personal, como los actos de
violencia contra la mujer, la prostitución forzada o cualquier otra forma de
ataque a la libertad sexual; (…). Principio 19: 1. Los desplazados internos
enfermos o heridos y los que sufran discapacidades recibirán en la mayor medida
posible y con la máxima celeridad la atención y cuidado médicos que requieren,
sin distinción alguna salvo por razones exclusivamente médicas. Cuando sea
necesario, los desplazados internos tendrán acceso a los servicios psicológicos
y sociales. Se prestará especial atención a las necesidades sanitarias de la
mujer, incluido su acceso a los servicios de atención médica para la mujer, en
particular los servicios de salud reproductiva, y al asesoramiento adecuado de
las víctimas de abusos sexuales y de otra índole”. (Se subraya).
[88] Principios Rectores del Desplazamiento Forzado
Interno (1998). Principio 1: “los
desplazados internos disfrutarán
en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho
internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país”.
Principio 4: provee el criterio interpretativo primordial a este respecto en
relación con las mujeres desplazadas, al disponer que los Principios en general
“se aplicarán sin distinción alguna de… sexo”, a pesar de lo cual
ciertos desplazados internos, tales como “las mujeres embarazadas, las
madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia” y otras personas
especialmente vulnerables “tendrán derecho a la protección y asistencia
requerida por su condición y a un tratamiento que tenga en cuenta sus
necesidades especiales”.
[89] ONU. Secretario General de las Naciones Unidas.
“Poner Fin a la Violencia contra la Mujer. De las palabras a los hechos”.
Estudio del Secretario General de Naciones Unidas (2007).
[90] Recomendación General núm. 19 del Comité de la
Convención  sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las
Naciones Unidas (1979), estableció que
“la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide
gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”.
Información referida igualmente en las Sentencias T-677 de 2011 y T 126 de
2018.
[91] Corte Constitucional, Auto 098 de 2008. “Las
mujeres desplazadas, según se ha documentado contundentemente ante la Corte,
están mayormente expuestas al riesgo de violencia y abuso sexuales, así como a
la prostitución forzada, la esclavitud sexual y la trata de personas con fines
de explotación sexual. De acuerdo con la Encuesta de Profamilia de 2005[91],
el 8.1% de las mujeres desplazadas ha sido violada por personas distintas a su
esposo o compañero, entre las cuales el 27% han sido forzadas a tener
relaciones sexuales con desconocidos”.
[92]  Ver, por ejemplo, las sentencias T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, en donde la Corte tutela
los derechos de 14 menores de edad a quienes se les niega el cupo para estudiar
en el Colegio Sol de Oriente de la Comuna Centro Oriental de Medellín, por
razones de edad, ausencia de cupos disponibles e imposibilidad de asumir los
costos generados; T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, donde  la Corte concede el amparo de los derechos a dos
mujeres cabeza de familia desplazadas y a sus hijos, a quienes en un caso, no
se le había dado la ayuda humanitaria a la que tenían derecho, y en el otro, la
ayuda humanitaria recibida resultaba claramente insuficiente dadas las urgentes
necesidades de la familia.
[93] Corte
Constitucional, Auto 009 de 2015.
[94] Al respecto, la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre Violencia contra la Mujer en su informe de 1998 sobre Colombia,
indicó:“Quizás más que el honor de la víctima, el blanco de la violencia
sexual contra las mujeres es lo que se percibe como el honor del enemigo. La
agresión sexual a menudo se considera y practica como medio para humillar al
adversario. La violencia sexual contra la mujer tiene por objeto enrostrar la
victoria a los hombres del otro bando, que no han sabido proteger a sus
mujeres. Es un mensaje de castración y mutilación al mismo tiempo. Es una
batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres”.
[95] Auto
009 de 2015.
[96] Corte Constitucional, Auto 092 de 2008: “Numerosas
fuentes nacionales e internacionales han informado a la Corte Constitucional,
mediante relatos consistentes, coherentes y reiterados, sobre la ocurrencia
reciente de cientos de actos atroces de contenido sexual contra niñas,
adolescentes, mujeres y adultas mayores a todo lo ancho del territorio nacional
y en distintos escenarios del conflicto armado, que en sí mismos constituyen
crímenes graves bajo la legislación nacional y el Derecho Internacional
Humanitario, y que en su conjunto presentan ante esta Corporación un panorama
fáctico de violencia, crueldad y barbarie sobre el cual se ha tendido un manto
casi total de invisibilidad, silencio e impunidad a nivel oficial y
extraoficial. Las numerosas fuentes de esta información han señalado
reiteradamente que la abrumadora mayoría de los casos han sido atribuidos a
miembros de grupos armados ilegales que participan en el conflicto armado
colombiano”.
Corte
Constitucional, Auto 009 de 2015. “Entre
tanto, de acuerdo con las cifras registradas por la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el Registro
Único de Víctimas –RUV- al 1 de mayo de 2014, 5110 personas reportaron ser
víctimas de delitos contra la integridad sexual entre 1985 y 2013, de las
cuales cerca de un 86% son mujeres[96]. Según la
entidad, el 21% de las víctimas reportaron edades entre los trece y veintiséis
años. Las niñas, hasta los doce años de edad representaron el 2.2 % del total
de víctimas y las mujeres mayores de veintiséis años ocuparon el 57.4% de la
cifra general. Igualmente, de acuerdo con la entidad, al 1 de mayo de 2014
fueron reportados 2461 casos de tortura contra mujeres víctimas. Estas torturas
en numerosos casos pueden comportar una connotación sexual para las mujeres”.
[97] Corte
Constitucional, Auto 009 de 2015.
[98] Corte
Constitucional, Auto 092 de 2008. “El
punto de partida y el fundamento común de la presente providencia es el
carácter de sujetos de especial protección constitucional que tienen las
mujeres desplazadas por el conflicto armado. Esta condición de sujetos de
especial protección impone a las autoridades estatales a todo nivel, respecto
de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, especiales deberes de
atención y salvaguarda de sus derechos fundamentales, a cuyo cumplimiento deben
prestar particular diligencia. Tal carácter de sujetos de especial protección
constitucional justifica, como se indicó en la sentencia T-025 de 2004, que
respecto de las mujeres desplazadas se adopten medidas de diferenciación
positiva, que atiendan a sus condiciones de especial debilidad, vulnerabilidad
e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por materializar el
goce efectivo de sus derechos fundamentales. El carácter de sujetos de especial
protección constitucional de las mujeres desplazadas tiene su fundamento en
múltiples mandatos constitucionales, así como en diversas obligaciones del
Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, como se precisa brevemente a continuación”.
[99] Auto 092 de 2008.
[100] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2015 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[101] Centro Nacional de Memoria Histórica. “La Guerra
Inscrita en el Cuerpo”. Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto
Armado. Noviembre de 2017. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017
[102] “La violencia sexual es usada para acallar,
corregir, castigar, disciplinar, imponer el poder masculino de los grupos
armados, que a pesar de sus diferencias y distintos proyectos tienen en común
el otorgarse el poder de disponer y apropiarse de los cuerpos de niñas, niños y
mujeres. Aunque muchas de las violencias sexuales pueden parecer hechos
fortuitos, sostenemos aquí que, pese a no ser ordenadas específicamente por la
comandancia, y no estar en todos los casos vinculadas a eventos y repertorios
públicos a través de los cuales los grupos armados hacen despliegue de su
poder, la violencia que reitera la marca de apropiación sobre las víctimas
emite un mensaje social que reclama la posesión de sus cuerpos y, por ende, la
posesión del territorio. También en el transcurso del capítulo ha sido evidente
que los actores armados no han inaugurado la violencia sexual. El silencio, la
complicidad y la connivencia de la sociedad han permitido que la violencia
sexual sea efectiva en tanto devuelve la culpa a sus víctimas incluso a veces
borrando o poniendo en duda la responsabilidad de los víctimarios”.
[103] Los actores armados han usado distintos medios para
poder someter a las víctimas de violencia sexual: la coerción, las amenazas y
la violencia física. Las víctimas recibieron todo tipo de maltratos físicos:
golpes, puños, lesiones con armas blancas, mutilaciones y demás prácticas de
tortura, que en un número indeterminado de casos desencadenaron el asesinato.
[104] “luego de la violencia sexual, muchas no se
reconocían a sí mismas, había sensaciones de extrañamiento ¿Quién soy? ¿Qué
perdí? ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Qué hice para merecerlo? Dudar de sí mismas
y albergar sensaciones de culpa hace que las mujeres no puedan reconocerse
frente al espejo, se odian, se maltratan, se aíslan, se hacen daño incluso con
intentos de quitarse la vida”. Centro Nacional de Memoria Histórica. “La
Guerra Inscrita en el Cuerpo”. Informe Nacional de Violencia Sexual en el
Conflicto Armado. Noviembre de 2017. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017
[105] “algunas mujeres han experimentado profundos
sentimientos de abandono, soledad y desprotección, tanto en el momento de los
hechos de violencia sexual como posteriormente, en especial cuando callan u
ocultan lo ocurrido por miedo a que los agresores les hagan nuevamente daño a
ellas o a sus familias”
[106] “Es en unas condiciones sociales que priorizan la
estigmatización sobre las víctimas y la revictimización constante, donde la
culpa tiene asidero. Por ello, la culpa no es solo una consecuencia derivada de
la violencia sexual, sino que se trata de una afectación derivada de la
respuesta inadecuada y la estigmatización que socialmente sufren las mujeres
víctimas de violencia sexual. Si las condiciones son distintas, cuando las
personas víctimas tienen espacios afectuosos, comprensivos y considerados, que
les ayuden a ubicar el hecho violento en sus verdaderas dimensiones, las
personas pueden entender que no existe justificación alguna para la violencia
sexual, que no existe comportamiento, rol o actividad previa que pueda
justificar la violencia que sufrieron. Cuando esto sucede, socialmente se hace
responsables a los víctimarios, y esto resulta muy importante en la posibilidad
de superar el dolor y lograr retomar sus vidas. Es aquí donde la justicia es
importante para las víctimas, para lograr responder sus preguntas y lograr
comprender qué es lo que les ha sucedido. La justicia debe garantizar devolver
la responsabilidad a los perpetradores, dando lugar a la memoria de las
víctimas y acompañándolas en la comprensión de lo que sucedió. Además, la
justicia debe dar el mensaje social claro de repudio a la violencia sexual”.
[107] De acuerdo al Ministerio de Protección Social la
revictimización se refiere a los “sufrimientos que a los y las sobrevivientes
de violencia sexual, a los testigos y a las familias les infieren las
instituciones encargadas de los procesos de atención integral; salud (médicos,
pediatras, ginecólogos, enfermeros-as, psicólogos-as, trabajadores sociales,
personal administrativo, entre otros), justicia (policías, jueces, peritos,
criminólogos, funcionarios de instituciones penitenciarias, entre otros), y
otros sectores implicados al no tener claros procesos y procedimientos para la
restitución de derechos (Ministerio de Protección Social, 2001, página 106).
[108] Se
hace referencia tanto a la declaración como a la denuncia, en el entendido de
que las barreras aquí identificadas, no sólo afectan el acceso de las mujeres a
la administración de justicia mediante la interposición de denuncias penales
sobre los hechos, sino también el acceso a los procesos administrativos de
atención y reparación integral, teniendo en cuenta que para estos últimos basta
la declaración administrativa de los hechos constitutivos de violencia sexual.
[109] “La tarea de esclarecer las dimensiones y la
sistematicidad de la violencia sexual dentro del conflicto armado colombiano
registra importantes dificultades. Esto ocurre por la pervivencia de aspectos
sociales y culturales que han naturalizado la violencia contra la mujer (…), en
especial la violencia sexual. La estigmatización y revictimización que ocurren
tanto en ámbitos sociales como institucionales han inhibido la denuncia y
silenciado estos hechos. (…)”. Centro Nacional de Memoria Histórica: i)
Crímenes que no prescriben: La violencia sexual del Bloque Vencedores de
Arauca, Bogotá, 2015; ii) GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad,
Bogotá, 2013; iii) La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de
violencia sexual en el conflicto armado, Bogotá. 2017.
[110] “La violencia sexual es usada para acallar,
corregir, castigar, disciplinar, imponer el poder masculino de los grupos armados,
que a pesar de sus diferencias y distintos proyectos tienen en común el
otorgarse el poder de disponer y apropiarse de los cuerpos de niñas, niños y
mujeres. Aunque muchas de las violencias sexuales pueden parecer hechos
fortuitos, sostenemos aquí que, pese a no ser ordenadas específicamente por la
comandancia, y no estar en todos los casos vinculadas a eventos y repertorios
públicos a través de los cuales los grupos armados hacen despliegue de su
poder, la violencia que reitera la marca de apropiación sobre las víctimas
emite un mensaje social que reclama la posesión de sus cuerpos y, por ende, la
posesión del territorio. También en el transcurso del capítulo ha sido evidente
que los actores armados no han inaugurado la violencia sexual. El silencio, la
complicidad y la connivencia de la sociedad han permitido que la violencia
sexual sea efectiva en tanto devuelve la culpa a sus víctimas incluso a veces
borrando o poniendo en duda la responsabilidad de los víctimarios”.
[111] Centro Nacional de Memoria Histórica. “La Guerra
Inscrita en el Cuerpo”. Informe Nacional de Violencia Sexual en el Conflicto
Armado. Noviembre de 2017. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2017
[112] Corte Constitucional Auto 092 de 2008, temática
referente a los componentes mínimos de atención gratuita e inmediata a las
víctimas de la violencia sexual, reiterada Sentencia C-754 de 2015.
Existen estándares
internacionales sobre los componentes mínimos de atención gratuita e inmediata
a las víctimas de la violencia sexual, que incluyen: (a) asistencia médica
inmediata para la atención de las heridas y lesiones recibidas por las
víctimas, (b) seguimiento médico para la atención de las consecuencias clínicas
del acto delictivo; (c) provisión inmediata de anticoncepción de emergencia y
tratamiento profiláctico para evitar el contagio de infecciones de transmisión
sexual; (d) atención psicológica especializada inmediata para la víctima y su
familia; (e) asesoría médico-legal y jurídica; (f) asistencia social; (g)
medidas protectivas para prevenir agresiones adicionales a la víctima. Según ha
explicado la Organización Panamericana de la Salud, los servicios requeridos
por las víctimas de violencia sexual son los siguientes: “Brindar una atención
integral e interdisciplinaria: esto incluye la atención médica, psicológica y
de apoyo a través de los grupos de apoyo autoayuda. Además, los proveedores
deben conocer los otros servicios y recursos disponibles en su comunidad para
referir a la sobreviviente a servicios de atención que no se proveen en el
centro de salud o de otros servicios, como son los legales, de apoyo económico
y de protección, entre otros… Contar con una guía de recursos del sector
público y privado que brindan asistencia y patrocinio jurídico gratuito para
las mujeres que quieran realizar la denuncia judicial
[113] Sentencia de la Corte Constitucional, C-776 de 2010: “(…)para la Corte, la concepción expansiva, universal,
amplia e integral del derecho a la salud impide restringir su protección a
prestaciones tales como valoración médica, tratamientos, procedimientos
quirúrgicos, medicación o suministro de medicamentos, dado que la naturaleza
misma de este derecho comprende una gran diversidad de factores, que tanto la
ciencia médica como la literatura jurídica no alcanzan a prever, y en esa
medida, en aras de proteger adecuadamente el derecho a la salud, el Legislador
puede permitir que determinados tratamientos y prestaciones hagan parte de las
garantías consagradas en favor del paciente o de quien resulte víctima de actos
violentos. En estas condiciones, en aplicación del concepto amplio e integral
del derecho a la salud, aunado al principio de progresividad aplicable al
mismo, como también a las circunstancias dentro de la cual se ampara este
derecho, permiten considerar que el reconocimiento de las prestaciones
relacionadas con alojamiento y alimentación durante el periodo de transición
requerido por las mujeres víctimas de agresiones físicas o psicológicas, no
pueden dejar de ser consideradas sino como ayudas terapéuticas propias del
tratamiento recomendado por personal experto y requerido por las personas que
resultan afectadas, resultando indispensable la reubicación temporal de quienes
razonablemente, según la ley y el reglamento, ameritan un tratamiento
preferencial y especial, sin que ello signifique vulneración de lo establecido
en el artículo 49 de la Carta Política.”
[114] Corte Constitucional, Auto 009 de 2015, temática
referente al derecho fundamental a la atención integral en salud en la
sentencia T-418 de 2015.
[115] Corte Constitucional, sentencia T-126 de 2018.
[116] Ver: “Desarrollo e Igualdad Sexual”, en “Las mujeres
y el desarrollo”. Martha C. Nussbaum. Herder Editorial S.L., Barcelona, España.
2002. “Las mujeres carecen de apoyo en funciones fundamentales de la vida
humana en la mayor parte del mundo. Están peor alimentadas que los hombres,
tienen un nivel inferior de salud, son más vulnerables a la violencia física y
al abuso sexual. Es mucho menos probable que están alfabetizadas, y menos
probable aún que posean educación profesional o técnica”. (Página 27).
[117] Campaña “Violaciones y Otras Violencias SAQUEN MI
CUERPO DE LA GUERRA” Primera Encuesta de Prevalencia “Violencia Sexual En
Contra de las Mujeres en el Contexto del Conflicto Armado Colombiano” Colombia
2001-2009. Ver en: https://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/101206_Primera_Encuesta_de_Prevalencia.pdf
[118] Del fin de la guerra a la erradicación de la
violencia sexual contra las mujeres: un reto para la paz Comportamiento de la
violencia sexual contra niñas y mujeres en Colombia durante 2016 Boletín No. 12
Corporación Sisma Mujer Mayo 25 de 2017
[119] “Por la cual se modifican algunos artículos de las
Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a
la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia
sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”.
[120] Específicamente los artículos 83, 138A, 139A, 139B,
139C, 139D, 139E, 141, 141A, 141B, 212A y numeral 5 del artículo 216 de la Ley
599 de 2000.
[121] Específicamente artículos  7, 11, 34 entre otros de
la Ley 906 de 2004.
[122] Artículo 22. Protección para garantizar el acceso a
la justicia de las víctimas de violencia sexual.
[123] Casos Kunarac, Kovac y Vukovic, Tadic, Blaskic,
Mrksic y Furundzija.
[124] Caso Jean Paul Akayesu.
[125] El carácter consuetudinario de la prohibición de la
violencia sexual en un conflicto armado, en tanto garantía fundamental
inherente al principio de trato humanitario, fue establecido y explicado así
por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia en el caso del Fiscal v. Anto
Furundzija, decisión del 10 de diciembre de 1998: “168. La prohibición de la
violación y de ataques sexuales serios durante conflictos armados también ha
evolucionado en el derecho internacional consuetudinario. Se ha cristalizado gradualmente
con base en la prohibición expresa de la violación del artículo 44 del Código
Lieber, y en las disposiciones generales del artículo 46 de las Regulaciones
anexas a la Convención IV de la Haya, leídas en conjunción con la ‘Cláusula
Martens’ establecida en el preámbulo de dicha Convención. Si bien la violación
y los ataques sexuales no fueron investigados y juzgados específicamente por el
Tribunal de Nuremberg, la violación se clasificó expresamente como un crímen de
lesa humanidad bajo el artículo II(1)(c) de la Ley No. 10 del Control Council.
El Tribunal Militar Internacional de Tokio condenó a los Generales Toyoda y
Matsui por su responsabilidad en tanto comandantes por violaciones de las leyes
y costumbres de la guerra cometidas por sus soldados en Nanking, que incluian
violaciones y ataques sexuales extensivos. El antiguo primer ministro del
Japón, Hirota, también fue condenado por estas atrocidades. Esta decisión, y la
de la Comisión Militar de los Estados Unidos en Yamashita, junto con la maduración
como norma consuetudinaria de la prohibición fundamental de los ataques contra
la dignidad personal establecida en el artículo 3 común, han contribuido a la
evolución de normas de derecho internacional universalmente aceptadas que
prohiben la violación así como los ataques sexuales graves. Estas normas son
aplicables en cualquier conflicto armado. // 169. Es indisputable que la
violación y otros ataques sexuales serios en un conflicto armado conllevan la
responsabilidad penal de los perpetradores.” [Traducción informal: “168. The prohibition of rape
and serious sexual assault in armed conflict has also evolved in customary
international law. It has gradually crystallised out of the express prohibition
of rape in article 44 of the Lieber Code193 and the general provisions
contained in article 46 of the regulations annexed to Hague Convention IV, read
in conjunction with the ‘Martens clause’ laid down in the preamble to that
Convention. While rape and sexual assaults were not specifically prosecuted by the
Nuremberg Tribunal, rape was expressly classified as a crime against humanity
under article II(1)(c) of Control Council Law No. 10. The Tokyo International
Military Tribunal convicted Generals Toyoda and Matsui of command
responsibility for violations of the laws or customs of war committed by their
soldiers in Nanking, which included widespread rapes and sexual assaults.194
The former Foreign Minister of Japan, Hirota, was also convicted for these
atrocities. This decision and that of the United States Military Commission in Yamashita,
along with the ripening of the fundamental prohibition of “outrages upon
personal dignity” laid down in common article 3 into customary international
law, has contributed to the evolution of universally accepted norms of international
law prohibiting rape as well as serious sexual assault. These norms are
applicable in any armed conflict. // 169. It is indisputable that rape and
other serious sexual assaults in armed conflict entail the criminal liability
of the perpetrators.”] Ver también
los pronunciamientos de este Tribunal en los casos del Fiscal v. Dragoljub
Kunarac y otros, sentencias del 22 de febrero de 2001 (Sala de Decisión) y 12
de junio de 2002 (Sala de Apelaciones);
[126] Folio 15, Cuaderno principal.
[127] Folios 11, 12 y 13, Cuaderno principal.
[128] Folios 11, 12 y 13, Cuaderno principal.
[129]  De
acuerdo con la sentencia T-478 de 2017 “la expresión “conflicto armado
interno” debe entenderse a partir de una concepción amplia, es decir, en
contraposición a una noción estrecha o restrictiva de dicho fenómeno, pues ésta
última vulnera los derechos de las víctimas”.
[130] Decreto 1084 de 2015.
Artículo 2.2.2.1.1. (compilado
del artículo 16 del Decreto 4800 de 2011).
[131] Ver, entre otras, sentencias T-004 de 2014; T-087 de
2014; T-525 de 2013; y T-573 de 2015; Sentencia T 478 de 2017.
[132] Ley 1448 de 2011. Artículo 65.
[133] En la sentencia T-327 de
2001, la Corte ordenó a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional la inscripción de una persona en el RUPD al entender
que la no inscripción se debió a una interpretación legal que desconocía el principio
de buena fe, ya que no daba credibilidad, sin aportar argumento alguno para
ello, a las afirmaciones del actor y a las pruebas por este allegadas.
[134] En la Sentencia T-175 de
2005 esta Corporación ordenó la inscripción de una persona en situación de
desplazamiento forzado interno en el RUPD, más allá de que la solicitud de
inscripción fue realizada extemporáneamente dado el desconocimiento que la
actora tenía de sus propios derechos.
[135] Al respecto la Corte Constitucional se ha pronunciado
en las siguientes decisiones: sentencias T-1094 de
2004, T-328 de 2007, T-630-07, T-156 de 2008, T-1134 de 2008, T-582 de
2011, T-832 de 2014, T-087 de 2014, T-112 de 2015, T-301 de 2017 y T-584 de
2017
[136] Corte Constitucional, sentencia T–519 de 2017.
[137] M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[138] Corte Constitucional, sentencia T-393 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos: “CONCEDER el amparo solicitado por la ciudadana Ana
Luisa Valencia Gamboa contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y la Reparación Integral a las Víctimas, para lo cual se ordena a la UARIV que
inscriba a la accionante y a sus dos hijas menores atendiendo las
particularidades del hecho victimizante “desaparición forzada”, como delito de
ejecución permanente que continúa consumándose en el tiempo, dado que a la
fecha Yefferson  Valencia Arroyo sigue desaparecido. Una vez inscritas en el
RUV otorgue las medidas de reparación a que tenga derecho la accionante y sus
hijas en calidad de víctimas. Así mismo estudie la solicitud de
inscripción por el hecho victimizante de “desplazamiento forzado” de la
accionante y sus hijas, conforme se advirtió en la parte motiva de esta
providencia”.
[139] Corte Constitucional, Auto 098 de 2008. “Las
mujeres desplazadas, según se ha documentado contundentemente ante la Corte,
están mayormente expuestas al riesgo de violencia y abuso sexuales, así como a
la prostitución forzada, la esclavitud sexual y la trata de personas con fines
de explotación sexual. De acuerdo con la Encuesta de Profamilia de 2005[139],
el 8.1% de las mujeres desplazadas ha sido violada por personas distintas a su
esposo o compañero, entre las cuales el 27% han sido forzadas a tener
relaciones sexuales con desconocidos”.
[140] Al respecto, la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre Violencia contra la Mujer en su informe de 1998 sobre Colombia,
indicó: “Quizás más que el honor de la víctima, el blanco de la violencia
sexual contra las mujeres es lo que se percibe como el honor del enemigo. La
agresión sexual a menudo se considera y practica como medio para humillar al
adversario. La violencia sexual contra la mujer tiene por objeto enrostrar la
victoria a los hombres del otro bando, que no han sabido proteger a sus
mujeres. Es un mensaje de castración y mutilación al mismo tiempo. Es una
batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres”.
[141] Corte
Constitucional, Auto 092 de 2008. “El
punto de partida y el fundamento común de la presente providencia es el
carácter de sujetos de especial protección constitucional que tienen las
mujeres desplazadas por el conflicto armado. Esta condición de sujetos de
especial protección impone a las autoridades estatales a todo nivel, respecto
de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, especiales deberes de
atención y salvaguarda de sus derechos fundamentales, a cuyo cumplimiento deben
prestar particular diligencia. Tal carácter de sujetos de especial protección
constitucional justifica, como se indicó en la sentencia T-025 de 2004, que
respecto de las mujeres desplazadas se adopten medidas de diferenciación
positiva, que atiendan a sus condiciones de especial debilidad, vulnerabilidad
e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por materializar el
goce efectivo de sus derechos fundamentales. El carácter de sujetos de especial
protección constitucional de las mujeres desplazadas tiene su fundamento en
múltiples mandatos constitucionales, así como en diversas obligaciones del
Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, como se precisa brevemente a continuación”.
[142] Se
hace referencia tanto a la declaración como a la denuncia, en el entendido de
que las barreras aquí identificadas, no sólo afectan el acceso de las mujeres a
la administración de justicia mediante la interposición de denuncias penales
sobre los hechos, sino también el acceso a los procesos administrativos de
atención y reparación integral, teniendo en cuenta que para estos últimos basta
la declaración administrativa de los hechos constitutivos de violencia sexual.
[143] De
acuerdo con los autos 092 de 2008 y 009 de 2015 y los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica: i) Crímenes que
no prescriben: La violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca, Bogotá,
2015; ii) GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Bogotá,
2013; iii) La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia
sexual en el conflicto armado, Bogotá. 2017.
[144] Los actores armados han usado distintos medios para
poder someter a las víctimas de violencia sexual: la coerción, las amenazas y
la violencia física. Las víctimas recibieron todo tipo de maltratos físicos:
golpes, puños, lesiones con armas blancas, mutilaciones y demás prácticas de
tortura, que en un número indeterminado de casos desencadenaron el asesinato.
[145] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2015.
[146] “Por la cual se modifican algunos artículos de las
Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a
la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual
con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”.
[147] Específicamente los artículos 83, 138A, 139A, 139B,
139C, 139D, 139E, 141, 141A, 141B, 212A y numeral 5 del artículo 216 de la Ley
599 de 2000.
[148] Específicamente artículos  7, 11, 34 entre otros de
la Ley 906 de 2004.
[149] En tal sentido, el Estatuto de Roma – ratificado por
Colombia, mediante  la Ley 742 del 5 de junio de 2002- como lo menciona la
referida Ley establece en el artículo 7 que: “A los efectos del presente
Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos
siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” y entre ellos reseña
en el numeral g): “Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia
sexual de gravedad comparable”.  Adicionalmente, el mismo Estatuto de
Roma en el artículo 29 define: “Imprescriptibilidad Los crímenes de la
competencia de la Corte no prescribirán”.
[150] Corte Constitucional, sentencias T519 de 2017 y 393
de 2018.
[151] De acuerdo al Ministerio de Protección Social la
revictimización se refiere a los “sufrimientos que a los y las sobrevivientes
de violencia sexual, a los testigos y a las familias les infieren las
instituciones encargadas de los procesos de atención integral; salud (médicos,
pediatras, ginecólogos, enfermeros-as, psicólogos-as, trabajadores sociales,
personal administrativo, entre otros), justicia (policías, jueces, peritos,
criminólogos, funcionarios de instituciones penitenciarias, entre otros), y
otros sectores implicados al no tener claros procesos y procedimientos para la
restitución de derechos (Ministerio de Protección Social, 2001, página 106).
[152] Sentencias T-025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa); T-067 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada); T-517 de 2014 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio); T-692 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo);
T-556 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-290 de 2016 (M.P. Alberto
Rojas Ríos). Igualmente, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo
158 de la Ley 1448 de 2011, con fundamento en el cual se debe observar el
principio de favorabilidad en las actuaciones que se adelanten en relación con
el registro de las víctimas.
[153] Ver, entre otras, sentencias T-517 de 2014 y T-067 de
2013.
[154] Folios 11, 12 y 13, Cuaderno principal.
[155] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala de Justicia y Paz, Radicación: 110016000253201300146 Postulado: Ramón
María Isaza y otros, Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López, Bogotá D.
C., veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Ver: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2016/05/2016-02-29-00146-RAMON-ISAZA.pdf
Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, Radicación No. 48579, Magistrado Ponente:
Fernando Alberto Castro Caballero, Tres (03) de octubre de dos mil dieciocho
(2018). Ver: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/6342228/21644128/SEGUNDA+INSTANCIA+48579+%281%29%20Ram%C3%B3n+Isaza.pdf/6a29791f-c298-4b35-b7dc-b54c8386a2a7
[156] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala de Justicia y Paz, Radicación: 110016000253201300146 Postulado: Ramón
María Isaza y otros, Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López, Bogotá D.
C., veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
[157] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala de Justicia y Paz, Radicación: 110016000253201300146 Postulado: Ramón
María Isaza y otros, Magistrada Ponente: Uldi Teresa Jiménez López, Bogotá D.
C., veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
[158] Centro Nacional de Memoria Histórica: i) Crímenes que
no prescriben: La violencia sexual del Bloque Vencedores de Arauca, Bogotá,
2015; ii) GMH. ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Bogotá,
2013; iii) La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia
sexual en el conflicto armado, Bogotá. 2017.
[159] El GMH se propuso, además, documentar casos que
permitieran develar las formas particulares en que el conflicto armado ha
afectado a las mujeres. En este sentido se realizaron los informes: Mujeres y
guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano, Mujeres wayuu en la
mira y en El Placer Mujeres guerra y coca en el bajo Putumayo. Estos casos
confirmaron el uso de la violencia sexual como arma de guerra y los ataques
contra las mujeres por sus ejercicios de organización y liderazgo. Además,
ilustraron las profundas relaciones entre la violencia del conflicto armado y
las violencias de género propias de una cultura patriarcal y de arreglos de
género que han pretendido poner a las mujeres en un lugar de subordinación, de
inequidad y de exclusión en los ámbitos privados y públicos, económicos y
políticos, y que también ha impuesto un modelo de masculinidad violenta y
opresiva. En esa cultura machista y patriarcal se inscriben formas
conservadoras de concebir la sexualidad que llevan a los actores armados a
desterrar, perseguir y humillar a poblaciones con opciones sexuales que estos
consideran transgresoras.
[160]  De tal como medios de comunicación como Verdad Abierta -proyecto
de investigación periodística de la Fundación Ideas para la Paz y la revista
Semana, el 28 septiembre, 2013, público el artículo “Los delitos
sexuales en el Magdalena Medio” en el que sostuvo que  “La primera condena
que hubo en Justicia y Paz por delitos de género fue en diciembre de 2011
contra miembros del Bloque Vencedores de Arauca. Según dijo la Fiscalía, desde
ese entonces se ha trabajado para ampliar y visibilizar más la información
sobre este tipo de hechos, pero reconoce que el trabajo no ha sido fácil.
En estos casos del Magdalena
Medio, muchas mujeres que fueron abusadas sexualmente decidieron denunciar
otros delitos de los que fueron víctimas, como el desplazamiento o el homicidio
de un familiar. Después de cinco años de entrevistas con investigadores de la
Fiscalía, algunas de ellas se atrevieron a hablar de los delitos de género.
Como en el caso de otros
bloques, los ex jefes paramilitares de las Acmm han dicho que estos crímenes no
hacían parte de las políticas de las Auc, pues quienes las cometían eran
castigados en algunos casos con la pena de muerte. Sin embargo, la Fiscalía
aseguró que se trató de una práctica sistemática y de carácter reiterado, y
aunque en algunos casos se castigó a los patrulleros, estas represalias nunca tocaron
a jefes paramilitares.
En la mayoría de los 13
casos presentando por la Fiscalía, los víctimarios directos ya están muertos,
no hicieron parte del proceso de desmovilización o no se encuentran postulados
a la Ley de Justicia y Paz. Ramón Isaza y otros cuatro ex jefes paramilitares
aceptaron estos cargos por línea de mando. Ver en: https://verdadabierta.com/los-delitos-sexuales-en-el-magdalena-medio/
[161] Autos 092 de 2008 y 009 de 2015 de la Sala Especial
de Seguimiento de la Sentencia T 025 de 2004 de la Corte Constitucional.
[162] Ver: “Desarrollo e Igualdad Sexual”, en “Las mujeres
y el desarrollo”. Martha C. Nussbaum. Herder Editorial S.L., Barcelona, España.
2002. “Las mujeres carecen de apoyo en funciones fundamentales de la vida
humana en la mayor parte del mundo. Están peor alimentadas que los hombres,
tienen un nivel inferior de salud, son más vulnerables a la violencia física y
al abuso sexual. Es mucho menos probable que están alfabetizadas, y menos
probable aún que posean educación profesional o técnica”. (Página 27).
[163] Folios
25 y 26. Cuaderno principal.