C-073-95
Sentencia No. C-073/95
Sentencia
No. C-073/95
CONVENIO
INTERNACIONAL/PRINCIPIO DE AUTODETERMINANCION DE LOS PUEBLOS/RECURSOS NATURALES-Protección
Los
términos del convenio, en lo que atañe a los compromisos sobre adopción de
políticas nacionales o regionales, no violan el principio de autodeterminación
de los pueblos que es fundamento de las relaciones exteriores del país
refuerzan el mandato constitucional que ordena al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales (CP art. 80). De otra parte, uno de
los objetivos de la educación del colombiano es, precisamente, una formación
para la protección del medio ambiente.
CONVENCION
SOBRE EL SISTEMA CLIMATICO-Mecanismos de financiación
Los
recursos económicos destinados a la sustitución de prácticas y procedimientos
con efectos negativos sobre el sistema climático, mediante la transferencia de
tecnologías ambientalmente sanas, por lo general proceden de países desarrollados.
Por su parte, los países en desarrollo que pueden verse favorecidos con estos
ingresos gozan de representación equitativa y equilibrada, dentro de un sistema
de dirección transparente. A juicio de la Corte, este mecanismo en nada resulta
lesivo de los intereses nacionales ni de las disposiciones constitucionales.
CONVENCION
SOBRE EL SISTEMA CLIMATICO-Confidencialidad de informaciones
La
convención deja a salvo la posibilidad de que los países parte cataloguen como
confidencial la información que suministren, de manera que la secretaría la
proteja en el proceso de compilación y transmisión. A los países en desarrollo
se les resguarda la posibilidad de proponer voluntariamente proyectos para la
financiación de la reducción de emisiones y del incremento de la absorción de
gases de efecto invernadero. La inconveniencia para la economía del país, al
tener que dar a conocer a otros países el estado del parque industrial,
mediante la publicidad de los inventarios sobre emisiones antropogénicas, en la
práctica es inexistente, ya que la convención faculta a los países parte a
mantener la confidencialidad de ciertas informaciones, así como a administrar
la implementación progresiva de proyectos de transformación tecnológica con
miras a controlar y reducir los efectos adversos del cambio climático.
CONVENCION
INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMATICO-Solución de conflictos
La
determinación de los mecanismos para la resolución de controversias que puedan
surgir de la interpretación y aplicación de la Convención, es una medida
necesaria para la efectividad de los compromisos contraídos por los países
parte, que busca la consecución pacífica de los objetivos de la convención, la
cual está acorde con los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia, entre ellos la resolución pacífica de las controversias.
REF:
Expediente L.A.T.-037
Revisión
constitucional de la Ley 164 del 27 de octubre de 1994,  "por la cual se
aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático",
hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
Magistrado
Ponente:
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Santa Fe
de Bogotá, D.C., Febrero veintitrés (23) de mil novecientos noventa y cinco
(1995)
Aprobado
por Acta Nº 06
La Sala
Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Jorge Arango Mejía
y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz,
Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara,
Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 164 del 27 de octubre de
1994, "por la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de
1992".
I. TEXTO DE LA NORMA REVISADA
LEY 164 1993
(Octubre 27 de 1994)
"Por la cual se aprueba la
"Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático",
hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992"
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
Visto
el texto de la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
CONVENCION MARCO DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO
Las
Partes en la presente Convención,
Reconociendo
que los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos son una
preocupación común de toda la humanidad,
Preocupadas
porque las actividades humanas han ido aumentado sustancialmente las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y porque ese
aumento intensifica el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado,
en promedio, un calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la
Tierra y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales y a la
humanidad.
Tomando
nota de que, tanto históricamente como en la actualidad, la mayor parte de
las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, han tenido su origen en
los países desarrollados, que las emisiones per cápita en los países en
desarrollo son todavía relativamente reducidas y que la proporción del total de
emisiones originada en esos países aumentará para permitirles satisfacer a sus
necesidades sociales y de desarrollo.
Conscientes
de la función y la importancia de los sumideros y los depósitos naturales de
gases de efecto invernadero para los ecosistemas terrestres y marinos.
Tomando
nota de que hay muchos elementos de incertidumbre en las predicciones del
cambio climático, particularmente en lo que respecta a su distribución
cronológica, su magnitud y sus características regionales.
Reconociendo
que la naturaleza mundial del cambio climático requiere la cooperación más
amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta
internacional efectiva y apropiada, de conformidad con sus responsabilidades
comunes pero diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus condiciones
sociales y económicas.
Recordando
las disposiciones pertinentes de la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de
1972,
Recordando
también que los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y
los principios del derecho internacional, tienen el derecho soberano de
explotar sus propios recursos conforme a sus propias políticas ambientales y de
desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades que se
realicen dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio
ambiente de otros Estados ni de zonas que estén fuera de los límites de la
jurisdicción nacional.
Reafirmando
el principio de la soberanía de los Estados en la cooperación internacional
para hacer frente al cambio climático.
Reconociendo
que los Estados deberían promulgar leyes ambientales eficaces, que las normas,
los objetivos de gestión y las prioridades ambientales deberían reflejar el
contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican, y que las normas
aplicadas por algunos países pueden ser inadecuadas y representar un costo
económico y social injustificado para otros países, en particular los países en
desarrollo.
Recordando
las disposiciones de la resolución 44/228 de la Asamblea General, de 22 de
diciembre de 1989, relativa a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, y las resoluciones 43/53, de 6 de diciembre de
1988. 44/207, de 22 de diciembre de 1989, 45/212, de 21 de diciembre de 1990, y
46/169, de 19 de diciembre de 1991, relativas a la protección del clima mundial
para las generaciones presentes y futuras.
Recordando
también las disposiciones de la resolución 44/206 de la Asamblea General,
de 22 de diciembre de 1989, relativa a los posibles efectos adversos del
ascenso del nivel del mar sobre las islas y las zonas costeras, especialmente
las zonas costeras bajas, y las disposiciones pertinentes de la resolución
44/172 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1989, relativa a la
ejecución del Plan de Acción para combatir la desertificación.
Recordando
además la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, de
1985, y el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono, de 1987, ajustado y enmendado el 29 de junio de 1990.
Tomando
nota de la Declaración Ministerial de la Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima, aprobada el 7 de noviembre de 1990.
Conscientes
de la valiosa labor analítica que sobre el cambio climático llevan a cabo
muchos Estados y de la importante contribución de la Organización Meteorológica
Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros
órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, así
como de otros organismos internacionales e intergubernamentales, al intercambio
de los resultados de la investigación científica y a la coordinación de esa
investigación.
Reconociendo
que las medidas necesarias para entender el cambio climático y hacerle frente
alcanzarán su máxima eficacia en los planos ambiental, social y económico si se
basan en las consideraciones pertinentes de orden científico, técnico y
económico y se reevalúan continuamente a la luz de los nuevos descubrimientos
en la materia.
Reconociendo
también que diversas medidas para hacer frente al cambio climático pueden
justificarse económicamente por sí mismas y pueden ayudar también a resolver
otros problemas ambientales.
Reconociendo
también la necesidad de que los países desarrollados actúen de inmediato de
manera flexible sobre la base de prioridades claras, como primer paso hacia
estrategias de respuesta integral en los planos mundial, nacional y, cuando así
se convenga, regional, que tomen en cuenta todos los gases de efecto invernadero,
con la debida consideración a sus contribuciones relativas a la intensificación
del efecto de invernadero.
Reconociendo
además que los países de baja altitud y otros países insulares pequeños,
los países con zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, o zonas
expuestas a inundaciones, sequía y desertificación, y los países en desarrollo
con ecosistemas montañosos frágiles, son particularmente vulnerables a los
efectos adversos del cambio climático.
Reconociendo
las dificultades especiales de aquellos países, especialmente países en
desarrollo, cuyas economías dependen particularmente de la producción, el uso y
la exportación de combustibles fósiles, como consecuencia de las medidas
adoptadas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Afirmando
que las respuestas al cambio climático deberían coordinarse de manera integrada
con el desarrollo social y económico con miras a evitar efectos adversos sobre
este último, teniendo plenamente en cuenta las necesidades prioritarias legítimas
de los países en desarrollo para el logro de un crecimiento económico sostenido
y la erradicación de la pobreza.
Reconociendo
que todos los países, especialmente los países en desarrollo, necesitan
tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo económico y
social sostenible, y que los países en desarrollo, para avanzar hacia esa meta,
necesitarán aumentar su consumo de energía, tomando en cuenta las posibilidades
de lograr una mayor eficiencia energética y de controlar las emisiones de gases
de efecto invernadero en general, entre otras cosas mediante la aplicación de
nuevas tecnologías en condiciones que hagan que esa aplicación sea económica y
socialmente beneficiosa.
Decididas
a proteger el sistema climático para las generaciones presentes y futuras.
Han
convenido en lo siguiente:
Artículo 1
DEFINICIONES*
Para los
efectos de la presente Convención:
1. Por
“efectos adversos del cambio climático” se entiende los cambios en el medio
ambiente físico o en la biota resultantes del cambio climático que tienen
efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación
o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el
funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar
humanos.
2. Por
“cambio climático” se entiende un cambio de clima atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables.
3. Por
“sistema climático” se entiende la totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la
biosfera y la geosfera, y sus interacciones.
4. Por
“emisiones” se entiende la liberación de gases de efecto invernadero o sus
precursores en la atmósfera en un área y un período de tiempo especificados.
5. Por
“gases de efecto invernadero” se entiende aquellos componentes gaseosos de la
atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y reemiten
radicación infrarroja.
6. Por
“organización regional de integración económica” se entiende una organización
constituida por los Estados soberanos de una región determinada que tiene
competencia respecto de los asuntos que se rigen por la presente Convención o
sus protocolos y que ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus
procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar y aprobar los
instrumentos correspondientes, o adherirse a ellos.
7. Por
“depósito” se entiende uno o más componentes del sistema climático en que está
almacenado un gas de efecto invernadero o un precursor de un gas de efecto
invernadero.
8.
Por “sumidero” se entiende cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe
un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto
invernadero de la atmósfera.
9. Por
“fuente” se entiende cualquier proceso o actividad que libera un gas de
invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de invernadero en la
atmósfera.
Artículo 2
OBJETIVO
El
objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo
que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese
nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas
se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de
manera sostenible.
Artículo 3
PRINCIPIOS
Las
Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y
aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente:
1. Las
Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones
presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En
consecuencia, las Partes que son países desarrollados deberían tomar la
iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos
adversos.
2.
Deberían tomarse plenamente en cuenta las necesidades específicas y las
circunstancias especiales de las Partes que son países en desarrollo,
especialmente aquéllas que son particularmente vulnerables a los efectos
adversos del cambio climático, y las de aquéllas Partes, especialmente las
Partes que son países en desarrollo que tendrían que soportar una carga anormal
o desproporcionada en virtud de la Convención.
3. Las
partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al
mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando
haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de
total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en
cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático
deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios
mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían
tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales,
incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto
invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer
frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes
interesadas.
4. Las
Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían promoverlo. Las
políticas y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio
inducido por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones
específicas de cada una de las Partes y estar integradas en los programas
nacionales de desarrollo, tomando en cuenta que el crecimiento económico es
esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente al cambio
climático.
5. Las
Partes deberían cooperar en la promoción de un sistema económico internacional
abierto y propicio que condujera al crecimiento económico y desarrollo
sostenibles de todas las Partes, particularmente de las Partes que son países
en desarrollo, permitiéndoles de ese modo hacer frente en mejor forma a los
problemas del cambio climático. Las medidas adoptadas para combatir el cambio
climático, incluidas las unilaterales, no deberían constituir un medio de
discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta al comercio
internacional.
Artículo 4
COMPROMISOS
1. Todas las Partes,
teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el
carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo,
de sus objetivos y de sus circunstancias deberán:
a)
Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de
las Partes, de conformidad con el artículo 12, inventarios nacionales de las
emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal, utilizando metodologías comparables que habrán de ser acordadas por
la Conferencia de las Partes;
b)
Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y,
según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio
climático, tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la
absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la
adaptación adecuada al cambio climático;
c)
Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la
difusión, incluida la transferencia de tecnologías, prácticas y procesos que
controlen, reduzcan o prevengan las emisiones antropógenas de gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores
pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la
agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos;
d)
Promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la
conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal, inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros
ecosistemas terrestres, costeros y marinos;
e)
Cooperar en los preparativos para la adaptación a los impactos del cambio
climático, desarrollar y elaborar planes apropiados e integrados para la
ordenación de las zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura, y
para la protección y rehabilitación de las zonas, particularmente de Africa,
afectadas por la sequía y la desertificación, así como por las inundaciones;
f)
Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al
cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales
pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto,
formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los
efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio
ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el
cambio climático o adaptarse a él;
g) Promover
y apoyar con su cooperación la investigación científica, tecnológica, técnica,
socioeconómica y de otra índole, la observación sistemática y el
establecimiento de archivos de datos relativos al sistema climático, con el
propósito de facilitar la comprensión de las causas, los efectos, la magnitud y
la distribución cronológica del cambio climático, y de las consecuencias
económicas y sociales de las distintas estrategias de respuesta y de reducir o
eliminar los elementos de incertidumbre que aún subsisten al respecto;
h)
Promover y apoyar con su cooperación el intercambio pleno, abierto y oportuno
de la información pertinente de orden científico, tecnológico, técnico,
socieconómico y jurídico sobre el sistema climático y el cambio climático, y
sobre las consecuencias económicas y sociales de las distintas estrategias de
respuesta;
i)
Promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la
sensibilización del público respecto del cambio climático y estimular la
participación más amplia posible en ese proceso, incluida la de las
organizaciones no gubernamentales;
j)
Comunicar a la Conferencia de las Partes la información relativa a la
aplicación, de conformidad con el artículo 12.
2. Las
Partes que son países desarrollados y las demás Partes incluidas en el anexo I
se comprometen específicamente a lo que se estipula a continuación:
a)
Cada una de esas Partes adoptará políticas nacionales[1] y tomará las medidas
correspondientes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones
antropógenas de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando sus
sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Esas políticas y medidas
demostrarán que los países desarrollados están tomando la iniciativa en lo que
respecta a modificar las tendencias a más largo plazo de las emisiones
antropógenas de manera acorde con el objetivo de la presente Convención,
reconociendo que el regreso antes de fines del decenio actual a los niveles
anteriores de emisiones antropógenas de dióxido de carbono y otros gases de
efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal contribuiría a
tal modificación, y tomando en cuenta las diferencias de puntos de partida y
enfoques, estructuras económicas y bases de recursos de esas Partes, la
necesidad de mantener un crecimiento económico fuerte y sostenible, las
tecnologías disponibles y otras circunstancias individuales, así como la necesidad
de que cada una de esas Partes contribuya de manera equitativa y apropiada a la
acción mundial para el logro de ese objetivo. Esas Partes podrán aplicar tales
políticas y medidas conjuntamente con otras Partes y podrán ayudar a otras
Partes a contribuir al objetivo de la Convención y, en particular, al objetivo
de este inciso;
b) A
fin de promover el avance hacia ese fin, cada una de esas Partes presentará,
con arreglo al artículo 12, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en
vigor de la Convención para esa Parte y periódicamente de allí en adelante,
información detallada a cerca de las políticas y medidas a que se hace
referencia en el inciso a) así como acerca de las proyecciones resultantes con
respecto a las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los
sumideros de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal para el período a que se hace referencia en el inciso a), con el fin
de volver individual o conjuntamente a los niveles de 1990 esas emisiones
antropógenas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal. La Conferencia de las Partes
examinará esa información en su primer período de sesiones y de allí en
adelante en forma periódica, de conformidad con el artículo 7;
c)
Para calcular las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de
gases de efecto invernadero a los fines del inciso b), se tomarán en cuenta los
conocimientos científicos más exactos de que se disponga, entre ellos, los
relativos a la capacidad efectiva de los sumideros y a la respectiva
contribución de esos gases al cambio climático. La Conferencia de las Partes
examinará y acordará las metodologías que se habrán de utilizar para esos
cálculos en su primer período de sesiones y regularmente de allí en adelante;
d) La
Conferencia de las Partes examinará, en su primer período de sesiones, los
incisos a) y b) para determinar si son adecuados. ese examen se llevará a cabo
a la luz de las informaciones y evaluaciones científicas más exactas de que se
disponga sobre el cambio climático y su repercusiones, así como de la
información técnica, social y económica pertinente. Sobre la base de ese
examen, la Conferencia de las Partes adoptará medidas apropiadas, que podrán
consistir en la aprobación de enmiendas a los compromisos estipulados en los
incisos a) y b). La Conferencia de las Partes, en su primer período de
sesiones, también adoptará decisiones sobre criterios para la aplicación
conjunta indicada en el inciso a). Se realizará un segundo examen de los
incisos a) y b) a más tardar el 31 de diciembre de 1998, y luego otros a
intervalos regulares determinados por la Conferencia de las Partes, hasta que
se alcance el objetivo de la presente Convención;
e)
Cada una de esas Partes:
i)
Coordinará con las demás Partes indicadas, según proceda, los correspondientes
instrumentos económicos y administrativos elaborados para conseguir el objetivo
de la Convención; e
ii)
Identificará y revisará periódicamente aquellas política y prácticas propias
que alienten a realizar actividades que produzcan niveles de emisiones
antropógenas de gases de efecto invernadero, no controlados por el Protocolo de
Montreal, mayores de los que normalmente se producirían;
f) La
Conferencia de las Partes examinará, a más tardar el 31 de diciembre de 1998,
la información disponible con miras a adoptar decisiones respecto de las
enmiendas que corresponda introducir en la lista de anexos I y II, con
aprobación de la Parte interesada;
g)
Cualquiera de las Partes no incluidas en el anexo I podrá, en su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en cualquier momento de allí
en adelante, notificar al Depositario su intención de obligarse en virtud de
los incisos a) y b) supra. El Depositario informará de la notificación a
los demás signatarios y Partes.
3. Las
Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas que
figuran en el anexo II, proporcionarán recursos financieros nuevos y
adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que efectúen las
Partes que son países en desarrollo para cumplir sus obligaciones en virtud del
párrafo 1 del artículo 12. También proporcionarán los recursos financieros,
entre ellos, recursos para la transferencia de tecnología, que las Partes que
son países en desarrollo necesiten para satisfacer la totalidad de los gastos
adicionales convenidos resultantes de la aplicación de las medidas establecidas
en el párrafo 1 de  este artículo y que se hayan acordado entre una Parte que
es país en desarrollo y la entidad internacional o las entidades
internacionales a que se refiere el artículo 11, de conformidad con ese
artículo. Al llevar a la práctica esos compromisos, se tomará en cuenta la
necesidad de que la corriente de fondos sea adecuada y previsible, y la
importancia de que la carga se distribuya adecuadamente entre las Partes que
son países desarrollados.
4. Las
Partes que son países desarrollados, y las demás Partes desarrolladas que
figuran en el anexo II, también ayudarán a las Partes que son países en
desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio
climático a hacer frente a los costos que entrañe su adaptación a esos efectos
adversos.
5. Las
Partes que son países en desarrollo y las demás Partes desarrolladas que
figuran en el anexo II tomarán todas las medidas posibles para promover,
facilitar y financiar, según proceda, la transferencia de tecnologías y
conocimientos prácticos ambientalmente sanos, o el acceso a ellos, a otras
Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo, a fin de que
puedan aplicar las disposiciones de la Convención. En este proceso, las Partes
que son países desarrollados apoyarán el desarrollo y el mejoramiento de las
capacidades y tecnologías endógenas de las Partes que son países en desarrollo.
Otras Partes y organizaciones que estén en condiciones de hacerlo podrán
también contribuir a facilitar la transferencia de dichas tecnologías.
6. En
el cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del párrafo 2 la
Conferencia de las Partes otorgará cierto grado de flexibilidad a las Partes
incluidas en el anexo I que están en proceso de transición a una economía de
mercado, a fin de aumentar la capacidad de esas Partes de hacer frente al
cambio climático, incluso en relación con el nivel histórico de emisiones
antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal tomado como referencia.
7. La
medida en que las Partes que son países en desarrollo lleven a la práctica
efectivamente sus compromisos en virtud de la Convención dependerá de la manera
en que las Partes que son países desarrollados lleven a la práctica
efectivamente sus compromisos relativos a los recursos financieros y la
transferencia de tecnología, y se tendrá plenamente en cuenta que el desarrollo
económico y social y la erradicación de la pobreza son las prioridades primeras
y esenciales de las Partes que son países en desarrollo.
8. Al
llevar a la práctica los compromisos a que se refiere este artículo, las Partes
estudiarán a fondo las medidas que sea necesario tomar en virtud de la
Convención, inclusive medidas relacionadas con la financiación, los seguros y
la transferencia de tecnología, para atender a las necesidades y preocupaciones
específicas de las Partes que son países en desarrollo derivadas de los efectos
adversos del cambio climático o del impacto de la aplicación de medidas de
respuesta, en especial de los países siguientes:
a)
Los países insulares pequeños;
b)
Los países con zonas costeras bajas;
c)
Los países con zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura                                 forestal
y zonas expuestas al deterioro forestal;
d)
Los países con zonas propensas a los desastres naturales;
e)
Los países con zonas expuestas a la sequía y a la desertificación;
f)
Los países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana;
g)
Los países con zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los                                    ecosistemas
montañosos;
h)
Los países cuyas economías dependen en gran medida de los                                ingresos
generados por la producción, el procesamiento y la                                exportación
de combustibles fósiles y productos asociados de                                     energía
intensiva, o de su consumo;
i)
Los países sin litoral y los países de tránsito.
Además,
la Conferencia de las Partes puede tomar las medidas que proceda en relación
con este párrafo.
9. Las
Partes tomarán plenamente en cuenta las necesidades específicas y las
situaciones especiales de los países menos adelantados al adoptar medidas con
respecto a la financiación y a la transferencia de tecnología.
10. Al
llevar a la práctica los compromisos dimanantes de la Convención, las Partes
tomarán en cuenta, de conformidad con el artículo 10, la situación de las
Partes, en especial las Partes que son países en desarrollo, cuyas economías
sean vulnerables a los efectos adversos de las medidas de respuesta a los
cambios climáticos. Ello se aplica en especial a las Partes cuyas economías
dependan en gran medida de los ingresos generados por la producción, el
procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados de
energía intensiva, o de su consumo, o del uso de combustibles fósiles cuya
sustitución les ocasione serias dificultades.
Artículo 5
INVESTIGACION Y OBSERVACION
SISTEMATICA
Al
llevar a la práctica los compromisos a que se refiere el inciso g) del párrafo
1 del artículo 4 las Partes:
a)
Apoyarán y desarrollarán aún más, según proceda, los programas y redes u
organizaciones internacionales e intergubernamentales, que tengan por objeto
definir, realizar, evaluar o financiar actividades de investigación,
recopilación de datos y observación sistemática, tomando en cuenta la necesidad
de minimizar la duplicación de esfuerzos;
b)
Apoyarán los esfuerzos internacionales e intergubernamentales para reforzar la
observación sistemática y la capacidad y los medios nacionales de investigación
científica y técnica, particularmente en los países en desarrollo, y para
promover el acceso a los datos obtenidos de zonas situadas fuera de la
jurisdicción nacional, así como el intercambio y el análisis de esos datos; y
c)
Tomarán en cuenta las necesidades y preocupaciones particulares de los países
en desarrollo y cooperarán con el fin de mejorar sus medios y capacidades
endógenas para participar en los esfuerzos a que se hace referencia en los
apartados a) y b).
Artículo 6
EDUCACION, FORMACION Y
SENSIBILIZACION DEL PUBLICO
Al
llevar a la práctica los compromisos a que se refiere el inciso i) del párrafo
1 del artículo 4 las Partes:
a)
Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y, según proceda, en los planos
subregional y regional, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y
según su capacidad respectiva:
i) La
elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del
público           sobre el cambio climático y sus efectos;
ii) El
acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos;
iii)
La participación del público en el estudio del cambio climático y sus                                   efectos
y en la elaboración de las respuestas adecuadas; y
iv) La
formación de personal científico, técnico y directivo;
b)
Cooperarán, en el  plano internacional, y, según proceda, por intermedio de           organismos
existentes, en las actividades siguientes, y las promoverán:
i) La
preparación y el intercambio de material educativo y material destinado a          sensibilizar
al público sobre el cambio climático y sus efectos; y
ii) La
elaboración y aplicación de programas de educación y formación, incluido el
fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio o la
adscripción de personal en cargado de formar expertos en esta esfera, en
particular para países en desarrollo.
Artículo 7
CONFERENCIA DE LAS PARTES
1. Se
establece por la presente una Conferencia de las Partes.
2. La
Conferencia de las Partes, en su calidad de órgano supremo de la presente
Convención, examinará regularmente la aplicación de la Convención y de todo
instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes y, conforme
a su mandato, tomará las decisiones necesarias para promover la aplicación
eficaz de la Convención. Con ese fin:
a)
Examinará periódicamente las obligaciones de las Partes y los arreglos institucionales
establecidos en virtud de la presente Convención, a la luz del objetivo de la
Convención, de la experiencia obtenida de su aplicación y de la evolución de
los conocimientos científicos y técnicos;
b)
Promoverá y facilitará el intercambio de información sobre las medidas
adoptadas por las Partes para hacer frente al cambio climático y sus efectos,
teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y capacidades
diferentes de las Partes y sus respectivos compromisos en virtud de la Convención;
c)
Facilitará, a petición de dos o más Partes, la coordinación de las medidas
adoptadas por ellas para hacer frente al cambio climático y sus efectos,
tomando en cuenta las circunstancias, responsabilidades y capacidades de las
Partes y sus respectivos compromisos en virtud de la Convención;
d)
Promoverá y dirigirá, de conformidad con el objetivo y las disposiciones de la
Convención, el desarrollo y el perfeccionamiento periódico de metodologías
comparables que acordará la Conferencia de las Partes, entre otras cosas, con
el objeto de preparar inventarios de las emisiones de gases de efecto
invernadero por las fuentes y su absorción por los sumideros, y de evaluar la
eficacia de las medidas adoptadas para limitar las emisiones y fomentar la
absorción de esos gases;
e)
Evaluará, sobre la base de toda la información que se le proporcione de
conformidad con las disposiciones de la Convención, la aplicación de la
Convención por las Partes, los efectos generales de las medidas adoptadas en
virtud de la Convención, en particular los efectos ambientales, económicos y
sociales, así como su efecto acumulativo y la medida en que se avanza hacia el
logro del objetivo de la Convención;
f)
Examinará y aprobará informes periódicos sobre la aplicación de la Convención y
dispondrá su publicación;
g)
Hará recomendaciones sobre toda cuestión necesaria para la aplicación de la
Convención;
h)
Procurará movilizar recursos financieros de conformidad con los párrafos 3, 4 y
5 del artículo 4, y con el artículo 11;
i)
Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la
aplicación de la Convención;
j)
Examinará los informes presentados por sus órganos subsidiarios y proporcionará
directrices a esos órganos;
k)
Acordará y aprobará, por consenso, su reglamento y reglamento financiero, así
como los de los órganos subsidiarios;
l)
Solicitará, cuando corresponda, los servicios y la cooperación de las
organizaciones internacionales y de los órganos intergubernamentales y no
gubernamentales competentes y utilizará la información que éstos le
proporcionen; y
m)
Desempeñará las demás funciones que sean necesarias para alcanzar el objetivo
de la Convención, así como todas las otras funciones que se le encomiendan en
la Convención.
3. La
Conferencia de las Partes, en su primer período de sesiones, aprobará su propio
reglamento y los de los órganos subsidiarios establecidos en virtud de la
Convención, que incluirán procedimientos para la adopción de decisiones sobre
asuntos a los que no se apliquen los procedimientos de adopción de decisiones
estipulados en la Convención. Esos procedimientos podrán especificar la mayoría
necesaria para la adopción de ciertas decisiones.
4. El
primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes será convocado por
la secretaría provisional mencionada en el artículo 21 y tendrá lugar a más
tardar un año después de la entrada en vigor de la Convención. Posteriormente,
los períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes se
celebrarán anualmente, a menos que la Conferencia decida otra cosa.
5. Los
períodos extraordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes se
celebrarán cada vez que la Conferencia lo considere necesario, o cuando una de
las Partes lo solicite por escrito, siempre que dentro de los seis meses
siguientes a la fecha en que la secretaría haya transmitido a las Partes la
solicitud, ésta reciba el apoyo de al menos un tercio de las Partes.
6. Las
Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de
Energía Atómica, así como todo Estado miembro o todo observador de esas
organizaciones que no sean Partes en la Convención, podrán estar representados
en los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes como observadores.
Todo otro organismo u órgano, sea nacional o internacional, gubernamental o no
gubernamental, competente en los asuntos abarcados por la Convención y que haya
informado a la secretaría de su deseo de estar representado en un período de
sesiones de la Conferencia de las Partes como observador, podrá ser admitido en
esa calidad, a menos que se oponga un tercio de las Partes presentes. La
admisión y participación de los observadores se regirá por el reglamento
aprobado por la Conferencia de las Partes.
Artículo 8
SECRETARIA
1. Se
establece por la presente una secretaría.
2. Las
funciones de la secretaría serán las siguientes:
a)
Organizar los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes y de los
órganos subsidiarios establecidos en virtud de la Convención y prestarles los
servicios necesarios;
b)
Reunir y transmitir los informes que se le presenten;
c)
Prestar asistencia a las Partes, en particular a las Partes que son países en
desarrollo, a solicitud de ellas, en la reunión y transmisión de la información
necesaria de conformidad con las disposiciones de la Convención;
d)
Preparar informes sobre sus actividades y presentarlos a la Conferencia de las
Partes;
e)
Asegurar la coordinación necesaria con las secretarías de los demás órganos
internacionales pertinentes;
f)
Hacer los arreglos administrativos y contractuales que sean necesarios para el
cumplimientos eficaz de sus funciones, bajo la dirección general de la
Conferencia de las Partes; y
g)
Desempeñar las demás funciones de secretaría especificadas en la Convención y
en cualquiera de sus protocolos, y todas las demás funciones que determine la
Conferencia de las Partes.
3. La
Conferencia de las Partes, en su primer período de sesiones, designará una secretaría
permanente y adoptará las medidas necesarias para su funcionamiento.
Artículo 9
ORGANO SUBSIDIARIO DE
ASESORAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
1. Por
la presente se establece un órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico encargado de proporcionar a la Conferencia de las Partes y, según
proceda, a sus demás órganos subsidiarios, información y asesoramiento
oportunos sobre los aspectos científicos y tecnológicos relacionados con la
Convención. Este órgano estará abierto a la participación de todas las Partes y
será multidisciplinario. Estará integrado por representantes de los gobiernos
con competencia en la esfera de especialización pertinente. Presentará
regularmente informes a la Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos
de su labor.
2.
Bajo la dirección de la Conferencia de las Partes y apoyándose en los órganos
internacionales competentes existentes, este órgano:
a)
Proporcionará evaluaciones del estado de los conocimientos científicos
relacionados con el cambio climático y sus efectos;
b)
Preparará evaluaciones científicas sobre los efectos de las medidas adoptadas
para la aplicación de la Convención;
c)
Identificará las tecnologías y los conocimientos especializados que sean
innovadores, eficientes y más avanzados y prestará asesoramiento sobre las
formas de promover el desarrollo o  de transferir dichas tecnologías;
d)
Prestará asesoramiento sobre programas científicos, sobre cooperación
internacional relativa a la investigación y la evolución del cambio climático,
así como sobre medios de apoyar el desarrollo de las capacidades endógenas de
los países en desarrollo; y
e)
Responderá a las preguntas de carácter científico, técnico y metodológico que
la Conferencia de las Partes y sus órganos subsidiarios le planteen.
3. La
Conferencia de las Partes podrá ampliar ulteriormente las funciones y el
mandato de este órgano.
Artículo 10
ORGANO SUBSIDIARIO DE EJECUCION
1. Por
la presente se establece un órgano subsidiario de ejecución encargado de ayudar
a la Conferencia de las Partes en la evaluación y el examen del cumplimiento
efectivo de la Convención. Este órgano estará abierto a la participación de
todas las Partes y estará integrado por representantes gubernamentales que sean
expertos en cuestiones relacionadas con el cambio climático. Presentará
regularmente informes a la Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos
de su labor.
2.
Bajo la dirección de la Conferencia de las Partes, este órgano:
a)
Examinará la información transmitida de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 12, a fin de evaluar en su conjunto los efectos agregados de las
medidas adoptadas por las Partes a la luz de las evaluaciones científicas más
recientes relativas al cambio climático;
b)
Examinará la información transmitida de conformidad con el párrafo 2 del
artículo 12, a fin de ayudar a la Conferencia de las Partes en la realización
de los exámenes estipulados en el inciso d) del párrafo 2 del artículo 4; y
c)
Ayudará a la Conferencia de las Partes, según proceda, en la preparación y
aplicación de sus decisiones.
Artículo 11
MECANISMOS DE FINANCIACION
1. Por
la presente se define un mecanismo para el suministro de recursos financieros a
título de subvención o en condiciones de favor para, entre otras cosas, la
transferencia de tecnología. Ese mecanismo funcionará bajo la dirección de la
Conferencia de las Partes y rendirá cuentas a esa Conferencia, la cual decidirá
sus políticas, las prioridades de sus programas y los criterios de
aceptabilidad en relación con la presente Convención. Su funcionamiento será
encomendado a una o más entidades internacionales existentes.
2. El
mecanismo financiero tendrá una representación equitativa y equilibrada de
todas las Partes en el marco de un sistema de dirección transparente.
3. La
Conferencia de las Partes y la entidad o entidades a que se encomiende el
funcionamiento del mecanismo financiero convendrán en los arreglos destinados a
dar efecto a los párrafos precedentes, entre los que se incluirán los
siguientes:
a)
Modalidades para asegurar que los proyectos financiados para hacer frente al
cambio climático estén de acuerdo con las políticas, las prioridades de los
programas y los criterios de aceptabilidad establecidos por la Conferencia de
las Partes;
b)
Modalidades mediante las cuales una determinada decisión de financiación puede
ser reconsiderada a la luz de esas políticas, prioridades de los programas y
criterios de aceptabilidad;
c) La
presentación por la entidad o entidades de informes periódicos a la Conferencia
de las Partes sobre sus operaciones de financiación, en forma compatible con el
requisito de rendición de cuentas enunciado en el párrafo 1; y
d) La
determinación en forma previsible e identificable del monto de la financiación
necesaria y disponible para la aplicación de la presente Convención y las
condiciones con arreglo a las cuales se revisará periódicamente ese monto.
4. La
Conferencia de las Partes hará en su primer período de sesiones arreglos para
aplicar las disposiciones precedentes, examinando y tomando en cuenta los
arreglos provisionales a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo
21, y decidirá si se han de mantener esos arreglos provisionales. Dentro de los
cuatro años siguientes, la Conferencia de las Partes examinará el mecanismo
financiero y adoptará las medidas apropiadas.
5. Las
Partes que son países desarrollados podrán también proporcionar, y las Partes
que sean países en desarrollo podrán utilizar, recursos financieros
relacionados con la aplicación de la presente Convención por conductos
bilaterales, regionales y otros conductos multilaterales.
Artículo 12
TRANSMISION DE INFORMACION
RELACIONADA
CON LA APLICACION
1. De
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4, cada una de las Partes transmitirá
a la Conferencia de las Partes, por conducto de la secretaría, los siguientes
elementos de información:
a) Un
inventario nacional, en la medida que lo permitan sus posibilidades, de las
emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal, utilizando metodologías comparables que promoverá y aprobará la
Conferencia de las Partes;
b) Una
descripción general de las medidas que ha adoptado o prevé adoptar para aplicar
la Convención; y
c)
Cualquier otra información que la Parte considere pertinente para el logro del
objetivo de la Convención y apta para ser incluida en su comunicación, con
inclusión de, si fuese factible, datos pertinentes para el cálculo de las
tendencias de las emisiones mundiales.
2.
Cada una de las Partes que son países desarrollados y cada una de las demás
Partes comprendidas en el anexo I incluirá en su comunicación los siguientes
elementos de información:
a) Una
descripción detallada de las políticas y medidas que haya adoptado para llevar
a la práctica su compromiso con arreglo a los incisos a) y b) del párrafo 2 del
artículo 4;
b) Una
estimación concreta de los efectos que tendrán las políticas y medidas a que se
hace referencia en el apartado a) sobre las emisiones antropógenas por sus
fuentes y la absorción por sus sumideros de gases de efecto invernadero durante
el período a que se hace referencia en el inciso a) del párrafo 2 del artículo
4.
3.
Además, cada una de las Partes que sea un país desarrollado y cada una de las
demás Partes desarrolladas comprendidas en el anexo II incluirán detalles de
las medidas adoptadas de conformidad con los párrafo 3, 4 y 5 del artículo 4.
4. Las
Partes que son países en desarrollo podrán proponer voluntariamente proyectos
para financiación, precisando las tecnologías, los materiales, el equipo, las
técnicas o las prácticas que se necesitarían para ejecutar esos proyectos, e
incluyendo, de ser posible una estimación de todos los costos adicionales, de
las reducciones de las emisiones y del incremento de la absorción de gases de
efecto invernadero, así como una estimación de los beneficios consiguientes.
5)
Cada una de las Partes que sea un país en desarrollo y cada una de las demás
Partes incluidas en el anexo I presentarán una comunicación inicial dentro de
los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Convención respecto de
esa Parte. Cada una de las demás Partes que no figure en esa lista presentará
una comunicación inicial dentro del plazo de tres años contados desde que entre
en vigor la Convención respecto de esa Parte o que se disponga de recursos
financieros de conformidad con el párrafo 3 del artículo 4. Las Partes que pertenezcan
al grupo de los países menos adelantados podrán presentar la comunicación
inicial a su discreción. La Conferencia de las Partes determinará la frecuencia
de las comunicaciones posteriores de todas las Partes, teniendo en cuenta los
distintos plazos fijados en este párrafo.
6. La
información presentada por las Partes con arreglo a este artículo será
transmitida por la secretaría, lo antes posible, a la Conferencia de la Partes
y a los órganos subsidiarios correspondientes. De ser necesario, la Conferencia
de las Partes podrá examinar nuevamente los procedimientos de comunicación de
la información.
7. A
partir de su primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes tomará
disposiciones para facilitar asistencia técnica y financiera a las Partes que
son países en desarrollo, a petición de ellas, a efectos de recopilar y
presentar información con arreglo a este artículo, así como de determinar las
necesidades técnicas y financieras asociadas con los proyectos propuestos y las
medidas de respuesta en virtud del artículo 4. Esa asistencia podrá ser
proporcionada por otras Partes, por organizaciones internacionales competentes
y por la secretaría, según proceda.
8.
Cualquier grupo de Partes podrá, con sujeción a las directrices que adopte la Conferencia
de las Partes y a la notificación previa a la Conferencia de las Partes,
presentar una comunicación conjunta en cumplimiento de las obligaciones que le
incumben en virtud de este artículo, siempre que esa comunicación incluya
información sobre el cumplimiento por cada una de esas Partes de sus
obligaciones individuales con arreglo a la presente Convención.
9. La
información que reciba la secretaría y que esté catalogada como confidencial
por la Parte que la presenta, de conformidad con criterios que establecerá la
Conferencia de las Partes, será compilada por la secretaría de manera que se
proteja su carácter confidencial, antes de ponerla a disposición de alguno de
los órganos que participen en la transmisión y el examen de la información.
10.
Con sujeción al párrafo 9, y sin perjuicio de la facultad de cualquiera de las
Partes de hacer pública su comunicación en cualquier momento, la secretaría
hará públicas las comunicaciones de las Partes con arreglo a este artículo en
el momento en que sean presentadas a la Conferencia de las Partes.
Artículo 13
RESOLUCION DE CUESTIONES
RELACIONADAS CON LA
APLICACION DE LA CONVENCION
En su
primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes considerará el
establecimiento de un mecanismo consultivo multilateral, al que podrán recurrir
las Partes, si así lo solicitan, para la resolución de cuestiones relacionadas
con la aplicación de la Convención.
Artículo 14
ARREGLO DE CONTROVERSIAS
1. En
caso de controversia entre dos o más Partes sobre la interpretación o la
aplicación de la Convención, las Partes interesadas tratarán de solucionarla
mediante la negociación o cualquier otro medio pacífico de su elección.
2. Al
ratificar, aceptar o aprobar la Convención o al adherirse a ella, o en
cualquier momento a partir de entonces, cualquier Parte que no sea una
organización regional de integración económica podrá declarar en un instrumento
escrito presentado al Depositario que reconoce como obligatorio ipso facto
y sin acuerdo especial, con respecto a cualquier controversia relativa a la
interpretación o la aplicación de la Convención, y en relación con cualquier
Parte que acepte la misma obligación:
a) El
sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia; o
b) El
arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las
Partes establecerá, en cuanto resulte factible, en un anexo sobre el arbitraje.
Una
Parte que sea una organización regional de integración económica podrá hacer
una declaración con efecto similar en relación con el arbitraje de conformidad
con los procedimientos mencionados en el inciso b).
3.
Toda declaración formulada en virtud del párrafo 2 de este artículo seguirá en
vigor hasta su expiración de conformidad con lo previsto en ella o hasta que
hayan transcurrido tres meses desde que se entregó al Depositario la
notificación por escrito de su revocación.
4.
Toda nueva declaración, toda notificación de revocación o la expiración de la
declaración no afectará de modo alguno los procedimientos pendientes ante la
Corte Internacional de Justicia o ante el tribunal de arbitraje, a menos que
las Partes en la controversia convengan en otra cosa.
5. Con
sujeción a la aplicación del párrafo 2, si, transcurridos 12 meses desde la
notificación por una Parte a otra de la existencia de una controversia entre
ellas, las Partes interesadas no han podido solucionar su controversia por los
medios mencionados en el párrafo 1, la controversia se someterá, a petición de
cualquiera de las partes en ella a conciliación.
6. A
petición de una de las Partes en la controversia, se creará una comisión de
conciliación, que estará compuesta por un número igual de miembros nombrados
por cada Parte interesada y un presidente elegido conjuntamente por los
miembros nombrados por cada Parte. La Comisión formulará una recomendación que
las Partes considerarán de buena fe.
7. En
cuanto resulte factible, la Conferencia de las Partes establecerá
procedimientos adicionales relativos a la conciliación en un anexo sobre la
conciliación.
8. Las
disposiciones del presente artículo se aplicarán a todo instrumento jurídico
conexo que adopte la Conferencia de las Partes, a menos que se disponga otra
cosa en el instrumento.
Artículo 15
ENMIENDAS A LA CONVENCION
1.
Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas a la Convención.
2. Las
enmiendas a la Convención deberán aprobarse en un período ordinario de sesiones
de la Conferencia de las Partes. La secretaría deberá comunicar a las Partes el
texto del proyecto de enmienda al menos seis meses antes de la reunión en la
que se proponga la aprobación. La secretaría comunicará asimismo los proyectos
de enmienda a los signatarios de la Convención y, a título informativo, al
Depositario.
3. Las
partes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por consenso sobre
cualquier proyecto de enmienda a la Convención. Si se agotan todas las
posibilidades de obtener el consenso, sin llegar a un acuerdo, la enmienda será
aprobada, como último recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes
presentes y votantes en la reunión. La secretaría comunicará la enmienda
aprobada al Depositario, el cual la hará llegar a todas las Partes para su
aceptación.
4. Los
instrumentos de aceptación de las enmiendas se entregarán al Depositario. Las
enmiendas aprobadas de conformidad con el párrafo 3 de este artículo entrarán
en vigor, para las Partes que las hayan aceptado, al nonagésimo día contado
desde la fecha en que el Depositario haya recibido instrumentos de aceptación
de por lo menos tres cuartos de las Partes en la Convención.
5. Las
enmiendas entrarán en vigor para las demás Partes al nonagésimo día contado
desde la fecha en que hayan entregado al Depositario el instrumento de
aceptación de las enmiendas.
6.
Para los fines de este artículo, por “Partes presentes y votantes” se entiende
las Partes presentes que emitan un voto afirmativo o negativo.
Artículo 16
APROBACION Y ENMIENDA DE LOS
ANEXOS
DE LA CONVENCION
1. Los
anexos de la Convención formarán parte integrante de ésta y, salvo que se
disponga expresamente otra cosa, toda referencia a la Convención constituirá al
mismo tiempo una referencia a cualquiera de sus anexos. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso b) del párrafo 2 y el párrafo 7 del artículo 14, en los
anexos sólo se podrán incluir listas, formularios y cualquier otro material
descriptivo que trate de asuntos científicos, técnicos, de procedimiento o
administrativos.
2. Los
anexos de la Convención se propondrán y aprobarán de conformidad con el
procedimiento establecido en los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 15.
3.
Todo anexo que haya sido aprobado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
anterior entrará en vigor para todas las Partes de la Convención seis meses después
de la fecha en que el Depositario haya comunicado a las Partes su aprobación,
con excepción de las Partes que hubieran notificado por escrito al Depositario,
dentro de ese período, su no aceptación del anexo. El anexo entrará en vigor
para las Partes que hayan retirado su notificación de no aceptación, al
nonagésimo día contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido el
retiro de la notificación.
4. La
propuesta, aprobación y entrada en vigor de enmiendas a los anexos de la
Convención se regirán por el mismo procedimiento aplicable a la propuesta,
aprobación y entrada en vigor de los anexos de la Convención, de conformidad
con los párrafos 2 y 3 de este artículo.
5. Si
para aprobar un anexo, o una enmienda a un anexo, fuera necesario enmendar la
Convención, el anexo o la enmienda a un anexo no entrarán en vigor hasta que la
enmienda a la Convención entre en vigor.
Artículo 17
PROTOCOLOS
1. La
Conferencia de las Partes podrá, en cualquier período ordinario de sesiones,
aprobar protocolos de la Convención.
2. La
secretaría comunicará a las Partes el texto de todo proyecto de protocolo por
lo menos seis meses antes de la celebración de ese período de sesiones.
3. Las
condiciones para la entrada en vigor del protocolo serán establecidas por ese
instrumento.
4.
Sólo las Partes en la Convención podrán ser Partes en un protocolo.
5.
Sólo las Partes en un protocolo podrán adoptar decisiones de conformidad con
ese protocolo.
Artículo 18
DERECHO DE VOTO
1.
Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, cada Parte en la
Convención tendrá un voto.
2. Las
organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su
competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al
número de sus Estados miembros que sea Partes en la Convención. Esas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados
miembros ejerce el suyo, y viceversa.
Artículo 19
DEPOSITARIO
El
Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario de la Convención
y de los protocolos aprobados de conformidad con el artículo 17.
Artículo 20
FIRMA
La
presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas o de un organismo especializado o que sean partes en el
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de las organizaciones
regionales de integración económica en Río de Janeiro, durante la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y
posteriormente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 20 de junio
de 1992 al 19 de junio de 1993.
Artículo 21
DISPOSICIONES PROVISIONALES
1. Las
funciones de secretaría a que se hace referencia en el artículo 8 serán
desempeñadas a título provisional, hasta que la Conferencia de las Partes
termine su primer período de sesiones, por la secretaría establecida por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/212, de 21 de
diciembre de 1990.
2. El
jefe de la secretaría provisional a que se hace referencia en el párrafo 1
cooperará estrechamente con el Grupo intergubernamental sobre cambios
climáticos a fin de asegurar que el Grupo pueda satisfacer la necesidad de
asesoramiento científico y técnico objetivo. Podrá consultarse también a otros
organismos científicos competentes.
3. El
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, será la entidad internacional
encargada a título provisional del funcionamiento del mecanismo financiero a
que se hace referencia en el artículo 11. A este respecto, debería
reestructurarse adecuadamente el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y dar
carácter universal a su composición, para permitirle cumplir los requisitos del
artículo 11.
Artículo 22
RATIFICACION, ACEPTACION,
APROBACION O ADHESION
1. La
Convención estará sujeta a ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de
los Estados y de las organizaciones regionales de integración económica.
Quedará abierta a la adhesión a partir del día siguiente a aquél en que la
Convención quede cerrada a la firma. Los instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
2. Las
organizaciones regionales de integración económica que pasen a ser Partes en la
Convención sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea quedarán sujetas a
todas las obligaciones que les incumban en virtud de la Convención. En el caso
de las organizaciones que tengan uno o más Estados miembros que sean Partes en
la Convención, la organización y sus Estados miembros determinarán su
respectiva responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que les
incumban en virtud de la Convención. En esos casos, la organización y los
Estados miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos conferidos por la
Convención.
3. Las
organizaciones regionales de integración económica expresarán en sus
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión el alcance de
su competencia con respecto a cuestiones regidas por la Convención. Esas
organizaciones comunicarán asimismo cualquier modificación sustancial en el
alcance de su competencia al Depositario, el cual a su vez la comunicará a las
Partes.
Artículo 23
ENTRADA EN VIGOR
1. La
Convención entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en que se
haya depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
2.
Respecto de cada Estado u organización regional de integración económica que
ratifique, acepte o apruebe la Convención o se adhiera a ella una vez
depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión, la Convención entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la
fecha en que el Estado o la organización haya depositado su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
3.
Para los efectos de los párrafos 1 y 2 de este artículo, el instrumento que
deposite una organización regional de integración económica no contará además
de los que hayan depositado los Estados miembros de la organización.
Artículo 24
RESERVAS
No se
podrán formular reservas a la Convención.
Artículo 25
DENUNCIA
1.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar la Convención, previa notificación por
escrito al Depositario, en cualquier momento después de que hayan transcurrido
tres años a partir de la fecha en que la Convención haya entrado en vigor
respecto de esa Parte.
2. La
denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el
Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en
la fecha que se indique en la notificación.
3. Se
considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo los
protocolos en que sea Parte.
Artículo 26
TEXTOS AUTENTICOS
El
original de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
EN
TESTIMONIO DE LO CUAL los infrascritos, debidamente autorizados a esos efectos,
han firmado la presente Convención.
HECHA en
Nueva York el nueve de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Anexo I
Alemania
Australia
Austria
Belarúsa
Bélgica
Bulgariaa
Canadá
Comunidad
Europea
Checoslovaquiaa
Dinamarca
España
Estados
Unidos de América
Estoniaa
Federación
de Rusiaa
Finlandia
Francia
Grecia
Hungríaa
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Letoniaa
Lituaniaa
Luxemburgo
Noruega
Nueva
Zelandia
Países
Bajos
Poloniaa
Portugal
Reino
Unido de Gran Bretaña
e
Irlanda del Norte
Rumaniaa
Suecia
Suiza
Turquía
Ucraniaa
Anexo II
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Comunidad
Europea
Dinamarca
España
Estados
Unidos de América
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Luxemburgo
Noruega
Nueva
Zelandia
Países
Bajos
Portugal
Reino
Unido de Gran Bretaña
e
Irlanda del Norte
Suecia
Suiza
Turquía
II. ANTECEDENTES
La
Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la
Ley 164 de octubre 27 de 1994, "por medio de la cual se aprueba la
"Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático",
hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992", en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 241-10 de la Constitución.
Con
fundamento en el artículo 44 del decreto 2067 de 1991, que ordena someter al
trámite ordinario las revisiones oficiosas de las leyes aprobatorias de
tratados internacionales, el magistrado ponente, mediante auto del doce (12) de
diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), avocó el conocimiento de
la convención y de su ley aprobatoria, decretó la práctica de pruebas y ordenó
la fijación en lista del negocio para permitir la intervención ciudadana que
consagran los artículos 242, numeral 1 de la Constitución y 7, inciso 2, del
decreto antes citado. Igualmente, dispuso el traslado del negocio al despacho
del Señor Procurador, quien rindió el concepto de rigor.
III. PRUEBAS
El
Magistrado Ponente, solicitó al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de
Minas y Energía y al Departamento Administrativo del Medio Ambiente -DAMA-,
hacer una descripción de la situación de contaminación atmosférica en Colombia
y de las medidas tomadas para contrarrestar sus efectos. Las conclusiones que
arrojan las pruebas practicadas, se recogen más adelante en la presente
sentencia, bajo el acápite de "descripción de la situación de
contaminación atmosférica en Colombia".
IV. INTERVENCIONES
Ministerio
de Relaciones Exteriores
La
ciudadana Sonia Pereira Portilla, apoderada que interviene en representación
del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicita a la Corte declarar la
exequibilidad de la ley revisada.
Señala
que los cambios climáticos acaecidos a consecuencia del aumento de los gases de
efecto invernadero, producto de las actividades humanas, se han convertido en
un tema de creciente preocupación mundial. Entre los efectos negativos de esta
situación, menciona el aumento de los niveles del mar, el cambio de patrones de
evapo-transpiración y humedad del suelo, las inundaciones, los aumentos de
salinidad en el agua y la pérdida de diversidad biológica.
Aduce
que en los países localizados en la zona intertropical - como Colombia -, los
efectos del fenómeno, en caso de no ser controlado, se sentirían con especial
rigor en las zonas bajas - valles de los ríos Magdalena, Cauca, Arauca, San
Jorge y Sinú, áreas y ciudades costeras -, en donde se presentarán crecientes
inundaciones. Otras zonas, vulnerables a la aridez como la Guajira, la
Orinoquía y los valles transversales, se verían igualmente afectadas, además
del aumento de enfermedades y plagas en vegetales, el incremento de incendios
forestales y el impacto negativo sobre la vida útil de los embalses.
A su
juicio, la Convención no sólo se erige en un instrumento que permite responder
a los problemas descritos, sino que desarrolla los artículos 79 y 80 C.P.,
sobre protección del medio ambiente y de los recursos naturales.
Asegura
que las obligaciones surgidas de la Convención están sujetas al grado de
desarrollo y circunstancias particulares de los países, con lo cual la
Convención se adecúa a los principios de equidad y reciprocidad que rigen las
relaciones internacionales. Sostiene, por último, que al país le conviene la
búsqueda de un consenso que incorpore el derecho a elegir opciones variadas
para atender los compromisos de estabilización y reducción de gases de
invernadero, sin sacrificar las metas de crecimiento económico y bienestar
social.
Ministerio
del Medio Ambiente
El
Ministerio del Medio Ambiente presentó a la Corporación un memorial en el que
defiende la constitucionalidad de la Ley  164 de 1994.
La
acumulación de gases invernadero, sostiene, produciría un cambio climático que
tendría efectos nefastos sobre "el entorno marítimo y los niveles del mar,
la distribución y conformación de los asentamientos humanos, la degradación de
los suelos, la producción de la energía y la protección de la
biodiversidad".
La Ley
99 de 1993, aduce, establece los lineamientos de la política ambiental
colombiana, en concordancia con las normas constitucionales. Así, en el
artículo 1 numeral 1, se dispone que el desarrollo social y económico del país
se establecerá de conformidad con los postulados previstos en la Declaración de
Río, normas de carácter universal que, entre otras, exigen la reducción de
factores antropógenos causantes del cambio climático.
La
Convención objeto de revisión, señala el Ministerio de Medio Ambiente, tiene
por objetivo lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera, en un período tal que los ecosistemas se adapten
naturalmente a las nuevas condiciones ambientales y que permitan un desarrollo
económico sostenible, sin amenazas de reducción en la producción alimenticia.
Para tal
efecto, se estipulan una serie de compromisos, los cuales responden a un
principio de "responsabilidad compartida pero diferenciada", conforme
al cual, las obligaciones de cada parte corresponden a su capacidad real para
enfrentar los problemas ambientales. Igualmente, se contempla en el convenio,
la asistencia, por parte de las naciones desarrolladas, en materia de
transferencia de tecnología y de recursos económicos, a países en vía de desarrollo.
Considera,
finalmente, que la ley aprobatoria de la Convención, lejos de contrariar
postulados constitucionales, los desarrolla.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR
El
Procurador General de la Nación, en escrito del dieciséis (16) de febrero de
1995, solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como de la Ley 164 del 27 de
octubre de 1994, aprobatoria de la misma.
El
concepto fiscal anota que la convención fue firmada el día 11 de junio de 1992,
por el entonces Presidente de la República, Dr. César Gaviria Trujillo, en uso
de las facultades que la Constitución en su artículo 189-2 le otorga como Jefe
de Estado. Por otra parte, encuentra que el trámite de la ley aprobatoria, cumplió
con todas las formalidades contempladas en la Constitución y en el Reglamento
del Congreso.
En lo
que atañe al examen material de constitucionalidad, el Jefe del Ministerio
Público no encuentra reparo alguno de índole constitucional que afecte la
validez de las disposiciones contenidas en el Instrumento Público sujeto a
revisión, ni tampoco de su Ley aprobatoria. Por el contrario, considera que
"el problema del cambio climático encuentra eco en los preceptos de la
Constitución Política de Colombia, en los cuales se hace repetida referencia a
la protección del medio ambiente, el desarrollo económico sostenible y el
bienestar de la comunidad, así como el respeto al derecho internacional".
VI. FUNDAMENTOS JURIDICOS
Competencia
1. La
Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la
exequibilidad de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático, y de su ley aprobatoria (L.164 de 1994), de conformidad con el
artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
Descripción
de la situación de contaminación atmosférica en Colombia
2. Según
el Ministerio del Medio Ambiente, los principales causantes de la contaminación
atmosférica en el país corresponden a "material particulado, óxidos de
azufre y óxidos de nitrógeno", causados por fuentes fijas y móviles. Se
destacan dentro de las primeras, las emisiones de óxido de azufre, material
particulado y monóxido de carbono, como consecuencia de la combustión
incompleta de combustibles fósiles, principalmente en la generación de energía
eléctrica.
Respecto
de la responsabilidad sectorial en las emisiones, el Ministerio informa que,
con base en datos de 1989, la industria de productos minerales generó el 53% de
la contaminación por "material particulado"; la refinación del
petróleo, el 45% de las emisiones de dióxido de azufre; y, las industrias
manufactureras de productos no metálicos, el 56% del óxido de nitrógeno
presente en el aire.
3. En
cuanto a las medidas adoptadas para contrarrestar la contaminación atmosférica,
el Ministerio del Medio Ambiente señala que actualmente se prepara un decreto
que reglamenta la protección de la calidad del aire, con miras a controlar los
procesos industriales en el país, así como la emisión de contaminantes producto
de la utilización de combustibles. Además, informa que se han fijado parámetros
jurídicos, acompañados de medidas de cumplimiento, a fin de que el sector
industrial colombiano se someta a las indicaciones gubernamentales.
El
Ministerio de Minas y Energía, por su parte, describe las medidas tomadas en
relación con los combustibles utilizados en el sector automotriz, las cuales se
pueden dividir en dos grupos: primero, las acciones destinadas a reducir el uso
de combustibles generadores de gases propiciadores del efecto invernadero, y,
segundo, las medidas tomadas para reducir los efectos contaminantes de
gasolina, A.C.P.M. y lubricantes.
4. La
información remitida por las dependencias oficiales, permite vislumbrar una
preocupante panorámica en materia de contaminación atmosférica para el país. La
presencia de los elementos químicos señalados, muestra que hasta ahora se están
diseñando y poniendo en ejecución controles ambientales de las fuentes de
contaminación que generan la destrucción de la capa de ozono y productoras del
efecto invernadero y la lluvia ácida.
De
acuerdo con lo estipulado en el Convenio de Viena para la protección de la Capa
de Ozono, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno y de azufre,
sustancias presentes en la atmósfera del país, son considerados agentes
potencialmente destructores de la capa de ozono y generadores de la lluvia
ácida. Estas sustancias inciden negativamente en la calidad del medio ambiente
y propician el cambio climático. La lluvia ácida, entre otros efectos, modifica
el Ph de las tierras, disminuyendo el potencial agrícola del suelo, la capa
vegetal y el follaje arbóreo. El efecto invernadero, por su parte, según
algunos analistas, podría ser la causa del "fenómeno del niño", cuyas
consecuencias son bien conocidas en el país, debido, entre otras, al
racionamiento eléctrico del año 1992.
Todo lo anterior, a la luz de las normas
constitucionales de protección del medio ambiente y de los recursos naturales,
ilustra sobre la necesidad de que Colombia apruebe la Convención Marco sobre
cambio climático, de manera que se potencialicen los esfuerzos para prevenir y
controlar el deterioro ambiental.
Descripción
General del Convenio
5. Por
razones metodológicas y para facilitar su análisis, la convención se ha
dividido en seis partes. Dicha división se efectúa teniendo como criterio, la
agrupación del articulado referente a un mismo aspecto de la Convención.
En los
considerandos de la Convención, se expresan las razones por las cuales se hace
necesario que los países adopten un instrumento internacional para hacer frente
a los efectos adversos del cambio climático. Se reconoce la soberanía de los
Estados en materia de explotación de los recursos naturales, así como en
materia de adopción de leyes para la regulación del cambio climático. Así
mismo, se reconoce, que las medidas tendientes a evitar los efectos nocivos del
cambio climático, se deben aplicar de manera diferenciada, teniendo en cuenta
las situación física, social, y económica de los países partes.
5.1  Los
artículos 1, 2 y 3 se refieren a aspectos de la convención, que son la base
para su comprensión y aplicación.
El
artículo 1 contiene definiciones que fijan el significado de los términos
utilizados en la convención. Designa factores y efectos de carácter físico,
químico o biológico relacionados con el cambio climático.
El
artículo 2, señala el objetivo de la Convención, a saber, la fijación de
disposiciones que impidan interferencias antropógenas en desmedro del sistema
climático.
Los principios
contemplados, en el artículo 3, señalan los parámetros que informan la
aplicación de la convención, los cuales pueden sintetizarse así:
responsabilidad diferenciada de los países y basada en la equidad para evitar
que las medidas adoptadas con el fin de evitar los efectos nocivos para el
sistema climático, impliquen cargas anormales para algunos países; propósito de
las partes de reducir al mínimo las causas del cambio climático, teniendo en
cuenta los diversos contextos socio-económicos y buscando la máxima efectividad
al menor costo; reconocimiento del derecho de los países al desarrollo
sostenible, y aceptación del hecho de que el desarrollo económico es el
sustrato que permite a los países adoptar medidas para remediar los efectos
producidos por el cambio climático; llamamiento a las partes para que
establezcan un sistema económico abierto que permita un desarrollo sostenible;
proscripción de medidas para combatir el cambio climático que constituyan una
discriminación o restricción encubierta del comercio internacional.
5.2  Los
artículos 4, 5 y 6 conforman un apartado, en que se indican los compromisos y
obligaciones de las partes. Se distinguen compromisos de carácter general,
aplicables a todos los Estados parte, y obligaciones diferenciadas, aplicables
a los países según el grado de desarrollo y situación física y económica de los
mismos.
El
artículo 4, consagra, en su primera parte, compromisos de carácter general para
todas las partes: publicación de datos sobre emisiones antropógenas; publicación
y aplicación de medidas para contrarrestar el cambio climático; cooperación en
el desarrollo y transferencia de tecnología con el fin hacer frente al cambio
climático; promoción de la gestión sostenible; cooperación en la adaptación al
cambio climático y rehabilitación de zonas afectadas; consideración de los
aspectos referentes al cambio climático en la adopción políticas económicas y
ambientales; promoción de la investigación e intercambio informativo, educación
y sensibilización de la población sobre la problemática derivada del cambio
climático.
La
segunda parte del mismo artículo se refiere a los compromisos concretos de los
países, los cuales se establecen teniendo en cuenta el grado de desarrollo de
los mismos. Según este criterio, los países desarrollados y los países en
transición hacia una economía de mercado - por lo general, países de la extinta
Unión Soviética -, se obligan a adoptar medidas de carácter nacional para
mitigar los efectos del cambio climático y reducir el nivel de gases de efecto
invernadero, al existente en 1.990. Igualmente, se establece para los países en
mención, el deber de informar sobre las medidas adoptadas y los avances
obtenidos en este campo. Adicionalmente, se indica la metodología que la
Conferencia de las Partes debe adoptar para evaluar el cumplimiento de los
compromisos.
Los
artículos 5 y 6, son desarrollo de las obligaciones específicas de las partes.
El primero de ellos hace referencia a la obligación de observación e
investigación sistemática y exige la colaboración de las partes en los planes y
esfuerzos investigativos. Por su parte el artículo 6, estatuye la obligación de
promover, en el plano nacional e internacional, la educación, capacitación,
sensibilización, y acceso del público a la información sobre cambio climático.
5.3 Los
artículos 7, 8, 9 y 10 de la convención se refieren a los órganos diseñados
para su funcionamiento y efectividad. La Conferencia de las Partes se erige
como órgano superior, con la función básica de regular la aplicación de la
convención, mediante la evaluación del cumplimiento de las obligaciones por las
partes y la promoción de la aplicación de medidas y el establecimiento de
órganos subsidiarios. A la Conferencia le corresponde ejercer funciones de
índole directiva, como la fijación de procedimientos no establecidos en
Convención y la regulación su propio funcionamiento. Por su parte, el artículo
7 señala, entre otras cosas, la oportunidad para la celebración de las sesiones
ordinarias y extraordinarias, los temas a tratar en ellas y la posibilidad de
que observadores asistan a las mismas.
En el
artículo 8 se establece una secretaría, como órgano que desarrolla funciones
básicamente administrativas, de coordinación y transmisión de la información.
En los
artículos 9 y 10, se establecen dos órganos auxiliares. El  primero de ellos se
denomina "órgano subsidiario de asesoramiento científico y
tecnológico". Este se encarga de prestar asesoría a los países, en la
evaluación del estado del cambio climático, de sus efectos y del desarrollo de
nuevas tecnologías. El segundo, "denominado órgano subsidiario de
ejecución", tiene como función velar por el cumplimiento de las
obligaciones, en especial en lo referente a la transmisión de información.
5.4 Otro
grupo de disposiciones lo conforman los artículos 11 y 12  de la convención. El
primero regula lo referente al establecimiento de un mecanismo de financiación
para asegurar el suministro de recursos financieros; se establece que el manejo
de la financiación se encargará a entidades internacionales; se señala como
función de estas entidades la de concertar arreglos entre las partes para
lograr la consecución de recursos; y se indica que estos arreglos podrán ser
posteriormente revisados. El artículo 12, por su parte, desarrolla de forma
detallada lo concerniente a la obligación de transmisión de información,
discrimina las obligaciones de cada una de las parte según su nivel de
desarrollo, y establece la periodicidad con que se deben  presentar los
informes. Esta obligación, en términos generales, consiste en la imposición de
la carga de informar sobre emisiones de gases efecto invernadero y sobre las
medidas adoptadas para hacer frente a los efectos adversos que genera el cambio
climático.
5.5 Los
artículos 13 y 14, establecen los mecanismos con que se cuenta para la
resolución de controversias relacionadas con la aplicación de la convención.
Ellos son el establecimiento de un mecanismo consultivo, la negociación
directa, el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de
Justicia, la conciliación o el arbitraje.
5.6 El
conjunto final de artículos - del 15 hasta el 26 - se refieren a procedimientos
para realizar enmiendas, aprobar anexos y protocolos y ejercer el derecho de
voto por las partes, así como a aspectos procedimentales relacionados con el
depósito, firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, entrada en
vigor, reservas, denuncia y texto auténtico de la
convención.
Examen
de forma de la ley 164 de 1994, aprobatoria del Convenio de Cambio Climático
6. El
Proyecto de ley 50/93 Senado, aprobatorio de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York el 9 de mayo de
1992, fue presentado por la Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de
las funciones del Despacho, el día 13 de agosto de 1993, tal como aparece en la
Gaceta del Congreso N° 292 del viernes 27 de agosto de 1993.
El
Proyecto de Ley 50/93 Senado fue aprobado en primer debate, por la Comisión
Segunda del Senado de la República, el día 20 de Octubre de 1993, con un quórum
de 12 Senadores de un total de 13 miembros de la Comisión II (art. 2º Ley 3ª de
1992). Lo anterior de conformidad con certificación expedida por el Secretario
General de la Comisión Segunda del Senado de la República, la cual obra en el
expediente.
Por su
parte, el Secretario General del Senado de la República certificó, a solicitud
del despacho, que en la plenaria del Senado de la República del día martes 23
de noviembre de 1993, fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley 50/93,
con un quórum decisorio y aprobatorio de 90 Senadores.
En la
Cámara de Representantes, el proyecto de ley 152 de 1993, fue aprobado en
primer debate, en la Comisión Segunda, el día 25 de mayo de 1994, con un quórum
decisorio y aprobatorio de doce (12) Representantes de un total de 19 miembros
de la Comisión (art. 2º Ley 3ª de 1992), de acuerdo con certificación expedida
por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, a solicitud del despacho. La Plenaria de la Cámara de Debates
aprobó, el día 6 de septiembre de 1994, con un quórum decisorio y aprobatorio
de 141 Representantes, de acuerdo con lo certificado por el Secretario General
de la Cámara de Representantes.
En
consecuencia, la Corte encuentra que el trámite y aprobación de la ley objeto
de revisión se surtió de conformidad con las exigencias constitucionales y
legales, no habiendo lugar a declarar su inconstitucionalidad por vicios de
forma.
Examen
de fondo
Primera
parte: definiciones, objetivo, principios
7. El
artículo 1 consagra algunas definiciones de términos técnicos cuya precisión es
necesaria para fijar el alcance de la convención. Los conceptos definidos -
"efectos adversos del cambio climático", "cambio o sistema
climático", "emisiones", "gases de efectos invernadero",
"organización regional de integración económica",
"depósito", "sumidero", "fuente" -, tienen
relevancia exclusivamente para la aplicación del convenio, sin que el artículo
que los contiene viole alguna norma constitucional.
El
artículo 2 establece el objetivo del convenio: lograr la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. La
finalidad del convenio está acorde con el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales de forma que se garantice un desarrollo sostenible (CP art.
80) y con el postulado de la razonalización de la economía con el fin de
conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y la
preservación de un ambiente sano (CP art. 334).
El
artículo 3 enuncia los principios que guían la aplicación de la convención con
miras a alcanzar su objetivo. La equidad, las responsabilidades comunes pero
diferenciadas según se trate de países desarrollados o en desarrollo, y las
capacidades respectivas, son las bases del compromiso de las partes en la
empresa de proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones
presentes y futuras (art. 3-1). Las necesidades y circunstancias específicas de
los países en desarrollo son tomadas en cuenta, de manera que éstos no tengan
que soportar una carga anormal o desproporcionada en virtud de la convención
(art. 3-2). Las medidas de precaución a adoptar en contra de las causas del
cambio climático, a que se comprometen las partes, deben tomar en cuenta los
distintos contextos socioeconómicos (art. 3-3), y las políticas y medidas de
protección ser apropiadas a dichas condiciones específicas, estar integradas en
los programas nacionales de desarrollo (art. 3-4) y no constituir un medio de
discriminación arbitrario o injustificable ni una restricción encubierta al
comercio internacional (art. 3-5). Estos principios son consistentes con el
respeto a la autodeterminación de los pueblos que es fundamento de las
relaciones exteriores del Estado colombiano (CP art. 9), con los deberes del
Estado en materia de protección del medio ambiente y de los recursos naturales
(CP arts. 79 y 80), y con la equidad, reciprocidad y conveniencia nacional que
son las bases de las relaciones internacionales del país (CP art. 228).
Segunda
parte: compromisos
8. El
artículo 4 del convenio establece los compromisos contraídos por los países
partes. Inicialmente, se consagran compromisos generales exigibles a todas las
partes (párrafo 1), en materia de suministro de información sobre inventarios
nacionales de emisiones antropógenas y de absorción de gases de efecto
invernadero, y de observación sistemática y establecimiento de archivos de
datos e intercambio de información sobre sistema y cambio climático. Estas
obligaciones de ninguna manera contrarían las disposiciones constitucionales.
En
relación con la adopción de decisiones políticas, las partes se comprometen a
formular y aplicar programas para la reducción del cambio climático (i), a
tener en cuenta, "en la medida de lo posible" en sus políticas y
medidas económicas, sociales y ambientales, las consideraciones relativas al
cambio climático (ii), y a promover y apoyar la educación, capacitación y
sensibilización del público respecto a este tema, así como promover su participación
en el proceso (iii). Los términos del convenio, en lo que atañe a los
compromisos sobre adopción de políticas nacionales o regionales, no violan el
principio de autodeterminación de los pueblos que es fundamento de las
relaciones exteriores del país (CP art. 9). La expresión "en la medida de
lo posible" relativiza la obligación de adoptar, inmediatamente,
determinadas políticas o medidas. Al contrario, refuerzan el mandato
constitucional que ordena al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales (CP art. 80). De otra parte, uno de los objetivos de la
educación del colombiano es, precisamente, una formación para la protección del
medio ambiente (CP art. 67). Así lo sostuvo esta Corporación con ocasión de la
revisión del Convenio sobre diversidad biológica hecho en Río de Janeiro el 5
de Junio de 1992 y de su ley aprobatoria (Ley 165 de 1994):
“La
conciencia social del hombre se adquiere a partir de la formación del niño. Se
trata de un proceso continuo y permanente, donde la educación ambiental debe
comprender todas las etapas del individuo, incluso hasta aquellas que superan
los límites académicos o profesionales. Por ello, la Carta Política señala que
la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una
función social, y que formará al colombiano  "en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente" (Art. 67 C.P.). Asimismo, el artículo 79
superior prevé que es deber del Estado fomentar al educación con el fin de
proteger la diversidad e integridad del ambiente.
“El
compromiso que significa la educación le atañe, por mandato de la Carta, al
Estado, a la sociedad y a la familia. Se trata de una tarea común en la cual
deben participar todos: el Estado y los particulares, los padres de familia y
los maestros, las autoridades y cada uno de los ciudadanos. Pero, ante todo, se
trata de una responsabilidad que recae sobre cada persona; es a cada uno a
quien le corresponde conocer y preservar los recursos naturales y comprender y
difundir la importancia que ellos revisten, pues con esa información, el hombre
tomará conciencia y actuará adecuadamente con el fin de que los demás aprendan
de él”[2].
De
conformidad con lo expuesto, la norma revisada no sólo no viola la Constitución
sino que propicia su desarrollo.
En cuanto
a los compromisos atinentes a la implementación de medias técnicas y logísticas
para el control de emisiones de gases de efecto invernadero, las partes se
comprometen a desarrollar, aplicar y transferir, tecnología, prácticas y
proceso que controlen, reduzcan o prevengan dichas emisiones (i); a conservar y
reforzar los sumideros y depósitos de gases (ii); a cooperar en los
preparativos para la adaptación a los impactos de cambio ambiental (iii), y, a
promover y apoyar la investigación sobre la materia (iv). Todos estos
compromisos son concordantes con los deberes del Estado en materia de
protección del medio ambiente y prevención y control del deterioro ambiental
(CP arts. 79 y 80).
A
Colombia, país en desarrollo, no le son aplicables los compromisos estipulados
para países desarrollados en los párrafos 2, 3, 4 del artículo 4 del convenio.
El párrafo 5, en cambio, se dirige a países en desarrollo, los cuales se
obligan a promover, facilitar y financiar, según proceda, la transferencia de
tecnologías y conocimientos prácticos ambientalmente sanos, y el acceso a
ellos, a otras partes. Esta estipulación es manifestación de la
internacionalización de las relaciones ecológicas (CP art. 226) y de la
cooperación internacional del Estado colombiano en materia de protección del
medio ambiente (CP art. 80), cometidos a alcanzar de conformidad con los
principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
El
párrafo 7 del artículo 4 enfatiza que la efectividad de los compromisos
contraídos por los países en desarrollo, está condicionada al cumplimiento
previo de las obligaciones de los países desarrollados relativas a recursos
financieros y a transferencia de tecnología. En este mismo orden de ideas, los
párrafos 8, 9 y 10 exigen tomar en cuenta las necesidades específicas y las
condiciones especiales de los países en desarrollo y de los menos adelantados,
al momento de estudiar y adoptar medidas para evitar los efectos adversos del
cambio climático o para controlar el impacto de las medidas de respuesta a
dichos cambios, una vez han sido aplicadas. Estas directrices que enmarcan los
compromisos adquiridos por el país, se acompasan con la equidad, que debe regir
las relaciones entre países con diverso grado de desarrollo, y con la política
de conveniencia nacional que debe guiar las relaciones internacionales sobre la
materia (CP art. 228).
Los
artículos 5 y 6 son desarrollo explícito de las obligaciones contenidas en los
literales g) e i) del artículo 4 de la convención, respectivamente, los cuales
versan sobre la investigación y observación sistemática de los factores
productores del cambio climático y de las medidas diseñadas para enfrentarlo,
así como sobre la educación, formación y sensibilización del público ante esta
problemática de trascendencia universal. Al respecto cabe remitir a las
observaciones hechas al revisar el artículo 4, sin que se observe ninguna
infracción de la Constitución.
Tercera
parte: órganos
9. El
establecimiento de órganos directivos, ejecutivos y de funcionamiento, para llevar
a la práctica y hacer operante la convención de forma que se cumplan sus
objetivos, en nada contraría la Constitución. Todo país u organización regional
de integración económica, depositario de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión al convenio, hace parte del órgano supremo de la misma (artículo 7),
con derecho a voto, en los términos del artículo 18 del mismo. A la Secretaria
permanente se le encomiendan las funciones administrativas necesarias para
asegurar la operatividad de la convención (artículo 8). Los órganos
subsidiarios de asesoramiento científico y tecnológico (artículo 9) y de
ejecución (artículo 10), están abiertos a la participación de todas las partes
y ejercen funciones dirigidas a coordinar los esfuerzos de las partes y garantizar
el cumplimiento de los objetivos y compromisos del convenio.
Cuarta
parte: mecanismos de financiación y sistema de información
10. El
artículo 11 define un mecanismo de financiación para transferencia de
tecnología, con representación equitativa y equilibrada de todas las partes,
cuyo funcionamiento se encomienda a entidades internacionales existentes. Este
medio para la obtención de recursos financieros no es excluyente de otras
fuentes de financiamiento por conductos bilaterales, regionales o multilaterales,
destinadas a dar aplicación a la convención. Los recursos económicos destinados
a la sustitución de prácticas y procedimientos con efectos negativos sobre el
sistema climático, mediante la transferencia de tecnologías ambientalmente
sanas, por lo general proceden de países desarrollados. Por su parte, los
países en desarrollo que pueden verse favorecidos con estos ingresos gozan de
representación equitativa y equilibrada, dentro de un sistema de dirección
transparente. A juicio de la Corte, este mecanismo en nada resulta lesivo de
los intereses nacionales ni de las disposiciones constitucionales.
El
artículo 12 desarrolla el deber de las partes de transmitir información sobre
el inventario nacional de emisiones antropogénicas y de la absorción por los
sumideros de los gases con efecto invernadero, y sobre las medidas adoptadas
para aplicar la convención. La convención deja a salvo la posibilidad de que
los países parte cataloguen como confidencial la información que suministren,
de manera que la secretaría la proteja en el proceso de compilación y
transmisión. A los países en desarrollo se les resguarda la posibilidad de
proponer voluntariamente proyectos para la financiación de la reducción de
emisiones y del incremento de la absorción de gases de efecto invernadero. La
inconveniencia para la economía del país, al tener que dar a conocer a otros
países el estado del parque industrial, mediante la publicidad de los
inventarios sobre emisiones antropogénicas, en la práctica es inexistente, ya
que la convención faculta a los países parte a mantener la confidencialidad de
ciertas informaciones, así como a administrar la implementación progresiva de
proyectos de transformación tecnológica con miras a controlar y reducir los
efectos adversos del cambio climático.
Quinta
parte: mecanismos para la solución de conflictos
11. El
artículo 13 de la convención preceptúa que la Conferencia de las Partes
designará un organismo consultivo multilateral para resolver cuestiones
referentes a la aplicación de la convención. El artículo 14, por su parte,
establece como mecanismos de solución de los conflictos que surjan entre las
partes, con ocasión de la aplicación o interpretación de la convención, la
negociación directa, el sometimiento a la Corte Internacional de Justicia, el
arbitraje o la conciliación. Igualmente, preceptúa que cualquier notificación,
declaración o revocación no suspenderá los procedimientos en curso. A juicio de
la Corte, la determinación de los mecanismos para la resolución de
controversias que puedan surgir de la interpretación y aplicación de la
Convención, es una medida necesaria para la efectividad de los compromisos
contraídos por los países parte, que busca la consecución pacífica de los
objetivos de la convención, la cual está acorde con los principios del derecho
internacional aceptados por Colombia, entre ellos la resolución pacífica de las
controversias.
Sexta
parte: aspectos procedimentales relacionados con la Convención
12. Por
último, los artículos 15 a 26 de la Convención regulan aspectos relacionados
con el procedimiento de enmiendas a la misma (art. 15), de aprobación y
enmienda de los anexos de la convención (art. 16), de protocolos que podrán ser
aprobados por la Conferencia de las partes en cualquier período ordinario de
sesiones (art. 17), de derecho a voto que tienen cada una de las partes (art.
18), del depositario de la convención y sus protocolos, que será el Secretario
General de las Naciones Unidas (art. 19), de su firma (art. 20), de
disposiciones provisionales en relación a una secretaría provisional (art. 21),
de su ratificación, aceptación, aprobación y adhesión (art. 22), de su entrada
en vigor (art. 23), de la prohibición de introducir reservas (art. 24), del
derecho de denuncia en cabeza de las partes (art. 25) y de los textos
auténticos, en diferentes idiomas, de la convención. A juicio de la Corte,
estas disposiciones reflejan aspectos operativos y técnicos propios de
cualquier instrumento internacional multilateral y, de ninguna manera, vulneran
la Constitución.
En
consecuencia, la Corte encuentra que tanto la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático como la Ley 164 del 27 de octubre de 1994,
contentiva de la misma, se ajustan plenamente al texto constitucional.
VII. DECISION
En mérito
de lo expuesto, la Corte Constitucional
R E S U E L V E :
DECLARAR EXEQUIBLES la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en
Nueva York el 9 de mayo de 1992, así como la Ley 164 del 27 de octubre de 1994,
aprobatoria de la misma".
NOTIFIQUESE,
COMUNIQUESE, CUMPLASE, INSERTESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y
ARCHIVESE EL EXPEDIENTE.
JORGE ARANGO MEJIA
Presidente
ANTONIO
BARRERA CARBONELL        EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                                                Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DIAZ               HERNANDO HERRERA  VERGARA
Magistrado
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO
MORON DIAZ                                    VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
* Los títulos de los artículos se incluyen exclusivamente para
orientar al lector
[1] Ello incluye
las políticas y medidas adoptadas por las organizaciones regionales de integración
económica.
[2] Corte
Constitucional. Sentencia C-519 de 1994. Magistrado Ponente Dr. Vladimiro
Naranjo Mesa.