C-695-02
Sentencia C-695/02
Sentencia
C-695/02
AMNISTIA E INDULTO-Específica naturaleza/AMNISTIA E
INDULTO-Sujeción en cada caso a un particular ámbito fáctico y valorativo
NORMA JURIDICA-Distintas valoraciones de dos disposiciones
semejantes atendiendo contexto histórico/REGLA JURIDICA-Validez
atendiendo entorno fáctico y valorativo
AMNISTIA E INDULTO-Parámetros del Constituyente deben
modularse con particulares condiciones y contenido material
NORMA JURIDICA-Expedición en contexto diferente a encontrada
compatible con la Constitución
NORMA JURIDICA-Diferente entorno/PRECEDENTE JUDICIAL-Inexistencia
de decisión sobre regla de derecho
PRECEDENTE EN DELITO DE SECUESTRO-Decisión de fondo por no existencia de
cosa juzgada material
DELITO POLITICO-Tratamiento privilegiado/AMNISTIA E INDULTO-Concesión
AMNISTIA-Competencia para concesión/AMNISTIA-Institución
de carácter general/AMNISTIA-Extinción de la acción penal/AMNISTIA-Extinción
de la acción civil supeditada al legislador
La facultad para la concesión de amnistías
reposa en el Congreso de la República pues se trata de una decisión que
involucra una limitación a la aplicación de la ley penal y por ello ninguna
otra rama del poder público se halla habilitada para tomarla.  Es una
institución de carácter general en cuanto se refiere de manera impersonal a las
conductas punibles que son objeto de amnistía y sólo procede por delitos
políticos, quedando excluidos los delitos comunes.  Finalmente, la amnistía
extingue la acción penal pero la extinción de la acción civil queda supeditada
a la decisión del legislador y de allí por qué el constituyente haya dispuesto
que en caso que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil
respecto de particulares, el Estado quedará obligado a indemnizar.
INDULTO-Competencia para concesión/INDULTO-Institución
de carácter particular/INDULTO-Extinción de la pena pero no consecuencias
civiles
La facultad para la concesión de indultos radica en el gobierno
nacional pero debe ejercerse  “con arreglo a la ley”.  En estricto sentido es
una institución de carácter particular que cobija a las personas que han sido
condenadas por delitos políticos y no por delitos comunes. Finalmente, el
indulto extingue la pena pero no las consecuencias civiles que respecto de
particulares se infieran de la declaración de responsabilidad penal.
AMNISTIA E INDULTO-No exclusión de delitos conexos/AMNISTIA
E INDULTO-No exclusión de conductas punibles que de manera razonable y
proporcionada se subsuman en delitos políticos
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
AMNISTIA E INDULTO-Amplitud/LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN AMNISTIA E INDULTO-Exclusión delitos de
beneficios
Al legislador le asiste un amplio poder de configuración normativa
en materia de amnistías e indultos pues por constituir un foro democrático por
excelencia y, al tiempo, la más clara afirmación institucional de la soberanía
popular, es la instancia adecuada para promover el debate encaminado a
determinar si concurren o no los graves motivos de conveniencia pública a los
que la Carta condiciona la viabilidad de tales beneficios. Es también evidente
que en ejercicio de esa facultad el legislador puede excluir delitos de esos
beneficios pero, desde luego, se trata de una facultad que debe respetar los
límites delineados por el constituyente.
AMNISTIA E INDULTO-Límites constitucionales
AMNISTIA E INDULTO-No concesión por Congreso para delitos
comunes
El Congreso no puede conceder amnistías e indultos por delitos
comunes.   Ello es así porque el constituyente, teniendo en cuenta que en esos
delitos no concurre la motivación altruista que se advierte en los delitos
políticos, los ha excluido de tales beneficios.  De allí que si el legislador
extiende esos institutos a la delincuencia común, no sólo estaría desconociendo
la particular naturaleza que les asiste a aquellos, sino también incurriendo en
un manifiesto quebrantamiento de la Carta.
AMNISTIA E INDULTO-No prohibición por Congreso de concesión
por delitos políticos
El Congreso no puede prohibir la concesión de amnistías e indultos
por delitos políticos. Esto es así porque el constituyente ha circunscrito el
ámbito de aplicación de la amnistía y el indulto a los delitos políticos.
Luego, si sobre ese punto existe también un mandato superior, el legislador no
podría desconocerlo realizando distinciones entre los delitos políticos de tal
manera que esos beneficios resultaran viables para unos de ellos y no para
otros.
AMNISTIA E INDULTO-Extensión por Congreso a delitos conexos
con los políticos o subsumibles que respete criterios de razonabilidad e
igualdad
El Congreso puede extender la amnistía y el indulto a delitos
conexos con los delitos políticos o subsumibles en éstos pero siempre que
respete criterios de razonabilidad  e igualdad. Cuando el constituyente
determina el ámbito de aplicación de la amnistía y del indulto, lo circunscribe
a los delitos políticos por oposición a los delitos comunes.  No obstante,
guarda silencio en relación con los delitos conexos.  De este modo, si se tiene
en cuenta que al legislador le asiste una amplia capacidad de configuración
normativa siempre que se ejerza dentro de los límites constitucionales, es
claro que de esa capacidad hace parte la posibilidad de extender tales
beneficios a los delitos conexos con los delitos políticos. No obstante, se
trata de una facultad que, como cualquier otra, también está sometida a límites
superiores, fundamentalmente los criterios de razonabilidad e igualdad.  De
acuerdo con estos criterios, el legislador no puede extender arbitrariamente
esos beneficios a conductas ajenas a su naturaleza, ni tampoco realizar
inclusiones o exclusiones que comporten un tratamiento diferenciado
injustificado.
AMNISTIA E INDULTO-Salvaguarda del derecho a la verdad, a la
justicia y a la reparación de víctimas
El Congreso tiene que dejar a salvo el
derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Es claro
que la amnistía extingue la acción penal y la pena y que el indulto extingue la
pena. De allí que se trate de unos beneficios de naturaleza constitucional que
involucran la terminación anormal de los procesos penales o de la ejecución de
las penas impuestas.  No obstante, la extinción de la acción civil como
consecuencia de esos beneficios es una decisión que le incumbe a la instancia
legislativa. De acuerdo con ello, si el Congreso no dispone la extinción de la
obligación de reparar, los amnistiados o indultados quedan vinculados por la
obligación de reparar el daño causado a los particulares que hayan sido
víctimas de los delitos por ellos cometidos. Pero si el Congreso dispone
también la extinción de la acción civil derivada de la acción penal, no puede
desconocer que la obligación de reparar recae sobre el Estado y por lo tanto
debe concebir los mecanismos con apego a los cuales las víctimas o perjudicados
con los delitos amnistiados o indultados han de ser indemnizados. Esta es una
decisión compatible con los derechos a la verdad, a
la justicia y a la reparación del daño que en el proceso penal de hoy se les
reconoce a las víctimas de las conductas punibles.
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN AMNISTIA E INDULTO-Sujeción a la Constitución y tratados de derechos humanos y
de derecho internacional humanitario
AMNISTIA E INDULTO-Prohibición de concesión para
terrorismo, secuestro y extorsión
LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN AMNISTIA E INDULTO-Límites constitucionales
Referencia: expediente D-3945
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 13 de la Ley 733 de 2002.
Actor: Pedro Pablo Camargo
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de
dos mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
previstas en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y
cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en relación con la demanda de inconstitucionalidad
que, en uso de su derecho político, presentó el ciudadano Pedro Pablo Camargo contra
el artículo 13 de la Ley 733 de 2002.
TEXTO DE LAS NORMAS
ACUSADAS
A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de
proceso:
“LEY No.733 de 2002
(enero 29)
Por medio de la cual se dictan medidas
tendientes a erradicar los
delitos de secuestro, terrorismo, extorsión
y se expiden otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(...)
Artículo 13.  Amnistía e indulto.  En
ningún caso el autor o partícipe de los delitos de terrorismo, secuestro,
extorsión, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con
amnistías e indultos, ni podrán considerarse como delitos conexos con el delito
político dada su condición de atroces”.
LA DEMANDA
El actor señala que la norma demandada
vulnera el numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política, de acuerdo
con el cual el Congreso, sin limitación alguna, puede conceder por mayoría de
los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves
motivos de conveniencia pública, amnistías e indultos generales por delitos
políticos.
Manifiesta el demandante que esa es una
facultad que puede ejercer el legislador cuando advierta que concurren graves
motivos de conveniencia pública y que si el constituyente no la limitó, el
legislador no tenía legitimidad para hacerlo.  Por ello, al expedir la norma
demandada y excluir de la amnistía y el indulto a los delitos de terrorismo,
secuestro y extorsión, lo que hizo el Congreso fue modificar el artículo 150.17
de la Carta, sin seguir para ese fin el procedimiento establecido en el
artículo 374.
INTERVENCIONES
A.  Del Fiscal General de la Nación
El Fiscal General de la Nación solicita que
en relación con el delito de secuestro se esté a lo resuelto en la Sentencia
C-069-94 pues en ese fallo se analizó una proposición jurídica similar y por
los mismos cargos, decidiendo la Corte su exequibilidad.  Por lo tanto, se está
ante el fenómeno de la cosa juzgada material que impide un nuevo
pronunciamiento.
En relación con los delitos de terrorismo y
extorsión, e incluso con el de secuestro en caso de considerar la Corte que no
existe cosa juzgada material, manifiesta que se trata de delitos que en razón
de su extrema gravedad no pueden ser beneficiados con la amnistía y el indulto
pues tales instituciones sólo deben beneficiar a los autores o partícipes de
delitos políticos.  El secuestro implica un atentado contra la dignidad humana
que vulnera el derecho fundamental a la libertad; el terrorismo conlleva
insensibilidad frente a los valores superiores de la Carta Política y la
extorsión tiene también una naturaleza indignante que afecta la libertad de
autodeterminación del ser humano.
De ese modo, como la exclusión de la
amnistía y el indulto para los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión
obedece a su extrema gravedad y al desconocimiento de valores superiores y
menoscabo de derechos fundamentales que tales delitos implican, la norma
demandada es coherente con la Carta y por tanto debe declararse su
exequibilidad.
B.  Del Ministerio de
Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho
solicita la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada pues no se
trata de una disposición novedosa, como quiera que ya el artículo 14 de la Ley
40 de 1993 había prohibido la amnistía y el indulto para el delito de
secuestro, ni es la primera vez que un mandato de esa índole se somete a examen
de exequibilidad pues la Corte ha declarado la conformidad con la Carta de una
prohibición de esa índole, le ha reconocido al secuestro su carácter de delito
atroz y le ha negado la naturaleza de delito político.
Así, la prohibición de los beneficios de la
amnistía e indulto por los delitos atroces y demás acciones ajenas a las normas
del Derecho Internacional Humanitario no es novedosa en nuestro ordenamiento
normativo pues constituye una tradición cuya fuente es la misma Constitución
Política y es coherente con el Protocolo II Adicional de los Convenios de
Ginebra.  Ello es así en cuanto el amparo con la amnistía a las personas que
hayan tomado parte en el conflicto armado interno o que se encuentren privadas
de la libertad por motivos relacionados con él es una consecuencia de la
cesación de hostilidades pero procede siempre y cuando se hubiesen respetado
las normas humanitarias.
De otro lado, la norma demandada le impone
al Gobierno una obligación de no hacer pues no puede desconocerse que su
facultad de conceder indultos debe ejercerla  “con arreglo a la ley”.
Finalmente, no es cierto que la Carta no le
haya impuesto limitaciones o prohibiciones al legislador en tratándose del
beneficio de la amnistía o del indulto por delitos políticos pues su artículo
30 transitorio, al prohibir esos beneficios para los delitos atroces y
homicidios cometidos fuera de combate y aprovechándose del estado de indefensión
de la víctima, constituye un referente válido y obligatorio para ejercer la
facultad prevista en el artículo 150.17 de la Constitución.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación solicita
que se declare que en relación con el delito de secuestro ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada material y que, de no ser ese el criterio de la
Corte, se declare la exequibilidad de la norma demandada.  Lo primero, por
cuanto en  Sentencia C-069-94 la Corporación declaró la exequibilidad de una
disposición con un contenido normativo idéntico en relación con el delito de
secuestro, cual era el artículo 14 de la Ley 40 de 1993.  Lo segundo, porque
los delitos de secuestro, extorsión y terrorismo son ajenos por completo al
altruismo que caracteriza a los delitos políticos, orientados éstos a sustituir
el ordenamiento jurídico vigente por otro que atienda las demandas sociales, y
por ello sus autores o partícipes no deben hacerse acreedores a beneficios como
la amnistía y el indulto.
El delito de secuestro se dirige contra la
sociedad misma, va en contravía de valores fundamentales que rigen la sociedad
como la dignidad del ser humano, en cuanto lo degradan a la condición de cosa,
y como la libertad; el delito de extorsión atenta también contra el bien
jurídico de la libertad y tiene un vínculo axiológico muy estrecho con el
secuestro y el delito de terrorismo es un método de intimidación, devastación y
eliminación del género humano que pone en peligro en forma masiva valores
jurídicos esenciales como la vida, la libertad y la integridad física de las
personas.
Luego, ante delitos de tal gravedad, que
controvierten valores superiores y derechos fundamentales, no puede afirmarse
que contraría la Carta una norma que prohíbe amparar a sus autores o partícipes
con amnistías e indultos pues la facultad para su concesión no es ilimitada y
su ejercicio debe circunscribirse a los delitos políticos con exclusión de los
delitos atroces.
I.
FUNDAMENTOS DE LA DECISION
1.  El actor solicita la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 13 de la Ley 733 de 2002, el que prohíbe
beneficiar con amnistía e indulto a los autores o partícipes de los delitos de
terrorismo, secuestro y extorsión, en cualquiera de sus modalidades, y considerar
tales delitos como conductas conexas con delitos políticos.  El cargo formulado
radica en la vulneración del artículo 150.17 de la Carta, disposición que
faculta al Congreso de la República para conceder amnistías e indultos
generales por delitos políticos sin limitación alguna y que según el demandante
ha sido modificado por la norma acusada en cuanto le impide conceder tales
beneficios a ciertos delitos.
Para el Fiscal General de la Nación, el
Ministerio de Justicia y el Derecho y el Procurador General de la Nación, en
relación con el delito de secuestro existe cosa juzgada material puesto que en
Sentencia C-069-94 la Corte declaró exequible la regla de derecho que ahora
aparece en la disposición demandada.  De otro lado, todos ellos solicitan la
declaratoria de exequibilidad de la norma en relación con los delitos de
terrorismo y extorsión pues éstos también resultan abiertamente contrarios a
valores constitucionales y por ello es legítimo que sus autores y partícipes no
sean beneficiados con amnistías e indultos.
Pasa la Corte a solucionar el problema
jurídico suscitado.
2.  Por medio de la Ley 733 de 2002 se
dictaron medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y
extorsión y se dictaron otras disposiciones.
Tales medidas consistieron en el
agravamiento de las penas fijadas en la Ley 599 de 2000 para los delitos de
secuestro simple, secuestro extorsivo, secuestro extorsivo agravado y
extorsión; en la ampliación de los tipos de extorsión agravada, testaferrato,
concierto para delinquir y omisión de denuncia de particular; en la agravación
de la pena para una modalidad culposa de fuga de presos; en la exclusión de
beneficios para los procesados por esos delitos y en la reducción de los
términos de investigación y juzgamiento para los casos de flagrancia en las
conductas contempladas en esa ley.
Una de las medidas tomadas por el
legislador fue la que ahora ocupa la atención de la Corte, esto es, la
exclusión de la amnistía y el indulto para los autores y partícipes de los
delitos de terrorismo, secuestro y extorsión, en cualquiera de sus modalidades,
y la prohibición de la consideración de tales conductas, dada su condición de
atroces, como delitos conexos con delitos políticos.
3.  Esta Corporación, mediante Sentencia
C-069-94[1],
decidió una demanda de inconstitucionalidad interpuesta, entre otras
disposiciones, contra el artículo 14 de la Ley 40 de 1993 cuyo texto era el
siguiente:
Artículo 14.  Amnistía e indulto.  En
ningún caso el autor o los copartícipes del delito de secuestro, en cualquiera
de su  (sic) modalidades, podrá ser beneficiado con amnistías e indultos o sus
consecuenctes  (sic)  de cesación de procedimiento o auto inhibitorio, ni podrá
considerarse el secuestro como delito conexo con el delito político, dada su
condición de atroz.
El cargo que en esa
oportunidad consideró la Corte fue la vulneración de los artículos 150, numeral
17, y 30 Transitorio de la Constitución Política, por cuanto  se le impedía al
Congreso y al Presidente de la República  decretar amnistías e indultos en
casos concretos de secuestro.
La Corte, al resolver el cargo formulado
encontró que esa disposición no contrariaba la Carta de 1991 y por ello declaró
su exequibilidad.  Sobre los motivos por los
cuales la norma demandada no contrariaba el Texto Superior esta Corporación
expuso:
“Respecto
del artículo 14, la Corte considera que el tenor de dicho artículo está
conforme con la filosofía que inspira a la Carta de 1991, que se funda en el
respeto a la dignidad humana, en la solidaridad de las personas y en la
prevalencia del interés general (art. 1).  Sería un contrasentido que el Estado
Social de Derecho -que considera a la persona humana como fin en sí misma-
relativizara la dignidad humana y llegara a beneficiar con la amnistía o el
indulto al autor de un delito de lesa humanidad, como es el caso del
secuestro.  El secuestro es un atentado directo contra la esencia del hombre y
vulnera, de manera grave, inminente, injustificada y con secuelas
irreversibles, la personalidad de la víctima -y en ocasiones la de sus
familiares y allegados más íntimos-.  Es por ello que el legislador debe dejar
en claro que actos tan perjudiciales para el interés general son de suyo
irredimibles desde el punto de vista punitivo, como expresión de que la
dignidad humana es invulnerable y que el interés general -que es prevalente- la
tiene como objeto jurídico protegido de manera incondicional.  El artículo 14 acusado
se refiere a una obligación de no hacer encaminada hacia la autoridad judicial.
Lo anterior no implica que de conformidad con el artículo 150-17
constitucional, el legislador no pueda conceder por graves motivos de
conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos
políticos.  En forma prudente la norma acusada no permite homologar el delito
de secuestro  al delito político.  Se trata de una medida plausible, por cuanto
no admite equívoco jurídico alguno.”
(Subrayas originales).
De acuerdo con ello, en la parte resolutiva
del fallo, la Corte resolvió declarar exequible, entre otros, el artículo 14 de
la Ley 40 de 1993.
Ahora, si se examina el enunciado normativo
que en esa ocasión ocupa la atención de la Corte, se advierte que contiene dos
reglas de derecho.  De un lado, la prohibición de que al autor o partícipes de
los delitos de terrorismo, secuestro y extorsión, en cualquiera de sus
modalidades, se les beneficie con amnistías e indultos.  Y de otro, la
prohibición de que los delitos de terrorismo, secuestro y extorsión, dada su
condición de atroces, sean considerados como conexos con el delito político.
De acuerdo con ello, podría argumentarse que en relación con el delito de
secuestro existe cosa juzgada material y que por lo mismo la Corte debería
disponer que se esté a lo resuelto en ese fallo.
No obstante, sin desconocer que existe
similitud entre las reglas de derecho de las que se ocupó la Corporación en el
citado pronunciamiento y las que ahora convocan su atención, la específica
naturaleza con que el constituyente ha dotado a la amnistía y al indulto hace
que éstas instituciones estén sujetas, en cada caso, a un particular ámbito
fáctico y valorativo.  Por ello, ya que ese ámbito incide directamente en la
determinación de su validez o invalidez constitucional, es perfectamente
posible que dos normas jurídicas referidas a esas instituciones, no obstante
las similitudes que puedan reflejar, sean objeto de distintas valoraciones
constitucionales en atención a los diversos contextos en que han sido
proferidas ya que lo que puede ser legítimo frente a un contexto histórico
determinado, puede no serlo frente a otro diferente.
Tal situación es comprensible pues, ya que
el derecho es un ámbito normativo que regula la conducta interferida del ser
humano, no es posible determinar la validez de una regla jurídica haciendo
abstracción del entorno fáctico y valorativo con que el constituyente ha
condicionado su viabilidad, mucho más si esos hechos y esa valoración son
susceptibles de una apreciación objetiva por los órganos de control jurídico.
Ello es así porque los parámetros impuestos
por el constituyente para la concesión de amnistías e indultos deben modularse,
en cada caso, con las particulares condiciones que han conducido al legislador
a concederlas o, como en el caso presente, a negarlas y con el contenido
material del cuerpo normativo del que hacen parte las disposiciones que niegan
o conceden esos beneficios.  Es decir, es el contexto en el que en cada evento
se enmarca la decisión del legislador, el que permite establecer si se han
respetado o no los presupuestos fijados por el constituyente en esa materia
pues éstos se hallan inescindiblemente ligados a las circunstancias que en un
momento determinado pueden hacer viable la amnistía o el indulto.
De acuerdo con ello, la Corte no puede
desconocer que la norma ahora demandada ha sido expedida en un contexto
diferente al de aquella disposición que fue encontrada compatible con la Carta
pues desde entonces han pasado ochos años, las circunstancias propias de la
comisión del delito de secuestro no son las mismas, se está a poco tiempo de la
expedición de un Código Penal como instrumento de política criminal en el que
se reguló expresamente ese injusto penal y el cuerpo normativo del que hace
parte la disposición demandada es también distinto.
De este modo, como se está ante una serie
de situaciones claramente indicativas del diferente entorno en el que ha sido
expedida la disposición demandada y dada la clara incidencia que ella tiene en
la valoración que se ha de emprender para determinar su compatibilidad o
incompatibilidad con el Texto Superior, es evidente que en el precedente que se
invoca no existe una decisión sobre una regla de derecho que vincule la
disposición objeto del presente proceso[2].
Por tales motivos, la Corte considera que
en relación con el delito de secuestro no existe cosa juzgada material y por lo
mismo decidirá de fondo la demanda instaurada, aún en lo relacionado con ese
tipo penal.
4.  La Carta Política le ha dado un
tratamiento privilegiado al delito político en consideración a los fines
altruistas de mejoramiento social que subyacen a él.  Ese tratamiento
privilegiado consiste en la concesión de amnistías e indultos a los autores o
partícipes de tales delitos y en la exclusión, entre las inhabilidades para
ocupar altas dignidades estatales, de la existencia de condenas por delitos
políticos.  Así se advierte, entre otras, en las siguientes disposiciones
fundamentales:
c.
En el artículo 150.17,
que faculta al Congreso de la República para conceder, por mayoría de los dos
tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos
de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos y
según el cual, en caso de que los favorecidos fueren eximidos de
responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a la
indemnización a que hubiere lugar[3].
c.
En el artículo 179.1,
que dispone que no podrán ser congresistas quienes hayan  sido  condenados
en  cualquier  época  por  sentencia  judicial, a pena privativa de la
libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
d.
En el artículo 201.2,
según el cual le corresponde al Gobierno, en relación con la rama judicial,
conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al
Congreso sobre el ejercicio de tal facultad.
e.
En el artículo 232.3,
al disponer que para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere, entre otras cosas, no haber
sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto
por delitos políticos o culposos.
f.
En el artículo 299, al
ordenar que para ser elegido diputado se requiere, además de otras exigencias,
no haber sido condenado a pena privativa de la libertad, con excepción de los
delitos políticos o culposos.
5.  Ahora bien.  En términos generales
puede decirse que la amnistía es un mecanismo de extinción de la acción penal y
que el indulto es un mecanismo de extinción de la pena[4].  No obstante, se trata
de dos instituciones que como pocas reflejan el profundo contenido político del
derecho penal pues si bien sus consecuencias se advierten al interior de las
actuaciones penales, ellas son fruto de decisiones tomadas en la instancia
legislativa y en la instancia ejecutiva ante situaciones que el constituyente
ha calificado como  “graves motivos de conveniencia pública”.
La facultad para la concesión de amnistías
reposa en el Congreso de la República pues se trata de una decisión que
involucra una limitación a la aplicación de la ley penal y por ello ninguna
otra rama del poder público se halla habilitada para tomarla.  Es una
institución de carácter general en cuanto se refiere de manera impersonal a las
conductas punibles que son objeto de amnistía y sólo procede por delitos
políticos, quedando excluidos los delitos comunes.  Finalmente, la amnistía
extingue la acción penal pero la extinción de la acción civil queda supeditada
a la decisión del legislador y de allí por qué el constituyente haya dispuesto
que en caso que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil
respecto de particulares, el Estado quedará obligado a indemnizar.
De otro lado, la facultad para la concesión
de indultos radica en el gobierno nacional pero debe ejercerse  “con arreglo a
la ley”.  En estricto sentido es una institución de carácter particular que
cobija a las personas que han sido condenadas por delitos políticos y no por
delitos comunes.  Finalmente, el indulto extingue la pena pero no las
consecuencias civiles que respecto de particulares se infieran de la
declaración de responsabilidad penal.
A pesar de lo expuesto, debe tenerse en
cuenta que con frecuencia el constituyente y el legislador manejan con amplitud
los conceptos de amnistía e indulto y de allí por qué se hable, por ejemplo, de
indultos generales.  Ello es así en cuanto los graves motivos de conveniencia
pública pueden conducir a regulaciones constitucionales o legales que, en
estricto sentido, no se atienen a la naturaleza de la amnistía o del indulto
pero que son comprensibles en razón de los altos intereses que se hallan en
juego.
6.  Como se indicó, de acuerdo con el
artículo 150.17 de la Carta, al Congreso le corresponde hacer las leyes y por
medio de ellas  “Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de
los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública,
amnistías o indultos generales por delitos políticos.  En caso de que los
favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de
particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere
lugar”.
Como puede advertirse, ese enunciado
normativo contiene múltiples reglas de derecho:  Por una parte, le otorga al
Congreso la facultad de conceder amnistías e indultos generales; por otra,
califica la mayoría parlamentaria requerida pues ordena que ella sea de los dos
tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara; además, condiciona
la procedencia de tales beneficios a la existencia de graves motivos de
conveniencia pública; también dispone que esos beneficios proceden por delitos
políticos y, finalmente, radica en el Estado la obligación de indemnizar a
particulares si a los amnistiados o indultados se les exime de esa
responsabilidad.
Para los efectos de este pronunciamiento es
importante resaltar que si bien es cierto que el constituyente limitó la
amnistía y el indulto a los delitos políticos, también lo es que no excluyó de
esos beneficios a los delitos conexos ni tampoco a aquellas conductas punibles
que de una manera razonable y proporcionada puedan ser subsumidas en los
delitos políticos.
7.  En ese marco, al legislador le asiste
un amplio poder de configuración normativa en materia de amnistías e indultos
pues por constituir un foro democrático por excelencia y, al tiempo, la más
clara afirmación institucional de la soberanía popular, es la instancia adecuada
para promover el debate encaminado a determinar si concurren o no los graves
motivos de conveniencia pública a los que la Carta condiciona la viabilidad de
tales beneficios.  Es también evidente que en ejercicio de esa facultad el
legislador puede excluir delitos de esos beneficios pero, desde luego, se trata
de una facultad que debe respetar los límites delineados por el constituyente.
De acuerdo con tales límites:
c.
El Congreso no
puede conceder amnistías e indultos por delitos comunes.
Ello es así porque el constituyente,
teniendo en cuenta que en esos delitos no concurre la motivación altruista que
se advierte en los delitos políticos, los ha excluido de tales beneficios.  De
allí que si el legislador extiende esos institutos a la delincuencia común, no
sólo estaría desconociendo la particular naturaleza que les asiste a aquellos,
sino también incurriendo en un manifiesto quebrantamiento de la Carta.
c.
El Congreso no
puede prohibir la concesión de amnistías e indultos por delitos políticos.
Esto es así porque el constituyente ha
circunscrito el ámbito de aplicación de la amnistía y el indulto a los delitos
políticos.  Luego, si sobre ese punto existe también un mandato superior, el
legislador no podría desconocerlo realizando distinciones entre los delitos
políticos de tal manera que esos beneficios resultaran viables para unos de
ellos y no para otros.
c.
El Congreso
puede extender la amnistía y el indulto a delitos conexos con los delitos
políticos o subsumibles en éstos pero siempre que  respete criterios de
razonabilidad  e igualdad.
Cuando el constituyente determina el ámbito
de aplicación de la amnistía y del indulto, lo circunscribe a los delitos
políticos por oposición a los delitos comunes.  No obstante, guarda silencio en
relación con los delitos conexos.  De este modo, si se tiene en cuenta que,
como se lo expuso, al legislador le asiste una amplia capacidad de
configuración normativa siempre que se ejerza dentro de los límites constitucionales,
es claro que de esa capacidad hace parte la posibilidad de extender tales
beneficios a los delitos conexos con los delitos políticos. No obstante, se
trata de una facultad que, como cualquier otra, también está sometida a límites
superiores, fundamentalmente los criterios de razonabilidad e igualdad.  De
acuerdo con estos criterios, el legislador no puede extender arbitrariamente
esos beneficios a conductas ajenas a su naturaleza, ni tampoco realizar
inclusiones o exclusiones que comporten un tratamiento diferenciado
injustificado.
c.
El Congreso
tiene que dejar a salvo el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación
a las víctimas.
Es claro que la amnistía extingue la acción
penal y la pena y que el indulto extingue la pena.  De allí que se trate de
unos beneficios de naturaleza constitucional que involucran la terminación
anormal de los procesos penales o de la ejecución de las penas impuestas.  No
obstante, la extinción de la acción civil como consecuencia de esos beneficios
es una decisión que le incumbe a la instancia legislativa.  De acuerdo con
ello, si el Congreso no dispone la extinción de la obligación de reparar, los
amnistiados o indultados quedan vinculados por la obligación de reparar el daño
causado a los particulares que hayan sido víctimas de los delitos por ellos
cometidos.  Pero si el Congreso dispone también la extinción de la acción civil
derivada de la acción penal, no puede desconocer que la obligación de reparar
recae sobre el Estado y por lo tanto debe concebir los mecanismos con apego a
los cuales las víctimas o perjudicados con los delitos amnistiados o indultados
han de ser indemnizados.  Esta es una decisión compatible
con los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño que en
el proceso penal de hoy se les reconoce a las víctimas de las conductas
punibles.
En ese marco, si bien el
Congreso tiene una amplia facultad para conceder amnistías e indultos por
delitos políticos, tal facultad debe ejercerla con estricto respeto de la
Constitución Política y los Tratados internacionales de Derechos Humanos y de
Derecho internacional Humanitario.  De allí que cuando esta Corporación revisó
la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma haya manifestado lo siguiente acerca
del imperativo de cumplir los compromisos internacionales adquiridos en materia
de amnistía e indulto:
...el derecho internacional ha considerado
que los instrumentos internos que utilicen los Estados para lograr la
reconciliación deben garantizar a las víctimas y perjudicados de una conducta
criminal, la posibilidad de acceder a la justicia para conocer la verdad sobre
lo ocurrido y obtener una protección judicial efectiva. Por ello, el Estatuto
de Roma, al recoger el consenso internacional en la materia, no impide conceder
amnistías que cumplan con estos requisitos mínimos, pero sí las que son
producto de decisiones que no ofrezcan acceso efectivo a la justicia.  Figuras
como las leyes de punto final que impiden el acceso a la justicia, las
amnistías en blanco para cualquier delito, las auto amnistías (es decir, los
beneficios penales que los detentadores legítimos o ilegítimos del poder se
conceden a sí mismos y a quienes fueron cómplices de los delitos cometidos), o
cualquiera otra modalidad que tenga como propósito impedir a las víctimas un
recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos, se han considerado
violatorias del deber internacional de los Estados de proveer recursos
judiciales para la protección de los derechos humanos,  consagrados en instrumentos como,
por ejemplo, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la
“Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas
de delitos y del abuso de poder.”  Adicionalmente, el derecho internacional ha
reconocido la inderogabilidad de normas de ius cogens, lo cual resulta
sin duda relevante en el análisis de esta cuestión. En este sentido, el derecho
internacional ha penalizado los crímenes más graves de trascendencia para la
comunidad internacional en su conjunto. Sin desconocer el derecho
internacional, Colombia ha concedido amnistías e indultos específicamente por
delitos políticos.  Entonces, los principios y normas de derecho internacional
aceptados por Colombia (artículo 9 CP.), el Estatuto de Roma, y nuestro
ordenamiento constitucional, que sólo permite la amnistía o el indulto para
delitos políticos y con el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar
(artículo 150. numeral 17 de la CP.), no admiten el otorgamiento de auto
amnistías, amnistías en blanco, leyes de punto final o cualquiera otra
modalidad que impida a las víctimas el ejercicio de un recurso judicial
efectivo como lo ha subrayado la Corte Interamericana de Derechos Humanos[5].
9.  En las condiciones
expuestas, si se analiza la disposición demandada, se encuentra que para su
emisión no se precisaba de una mayoría calificada pues la exigencia que en ese
sentido ha impuesto el constituyente en el artículo 150.17 se refiere a la
concesión de amnistías o indultos y no a la prohibición que el legislador se
dirija a sí mismo en ese campo.  Esto es así en cuanto, ya que se trata de una
disposición constitucional que establece particulares exigencias para el
proceso legislativo, su interpretación debe ser restrictiva pues no concurren
argumentos para extenderla a supuestos no previstos por el constituyente.
Por otra parte, la prohibición
de concesión de amnistías e indultos por los delitos de terrorismo, secuestro y
extorsión es una decisión que hace parte del ámbito de definición del
legislador y es legítima en cuanto ha respetado los límites impuestos por la
Carta pues la norma demandada no ha concedido amnistías e indultos por delitos
comunes, tampoco ha prohibido la concesión de amnistías e indultos por delitos
políticos, menos ha irrespetado criterios de razonabilidad e igualdad en la
extensión de la amnistía y el indulto a delitos conexos con delitos políticos
y, finalmente, no ha desconocido el derecho a la verdad, a la justicia y a la
reparación de las víctimas.
Por el contrario, se trata de
una decisión legislativa que se muestra razonable con las circunstancias por
las que atraviesa la sociedad colombiana pues es consecuente con la manera como
ella se ha visto afectada por prácticas delictivas de especial gravedad, como
ocurre por ejemplo con el terrorismo, práctica delictiva que implica el
manifiesto desconocimiento de los valores mínimos sobre los que se edifica la
pacífica convivencia de los colombianos.  Mucho más si el legislador, como
mecanismo de política criminal, se ha visto en la necesidad de modificar el
régimen configurado por la Ley 600 de 2000 para los delitos de terrorismo,
secuestro y extorsión ante su insuficiencia para contrarrestarlos de manera
adecuada.
Además, el legislador bien
podía optar por establecer esa  prohibición, como en efecto lo ha hecho, así
como podía también guardar silencio sobre ese particular para luego, en un
futuro, al conceder amnistías e indultos por delitos políticos, no extender
esos beneficios a los delitos a los que se refiere la prohibición ya aludida.
Lo expuesto basta para concluir que la
norma demandada respeta los límites constitucionales impuestos a la facultad
legislativa de conceder amnistías e indultos por delitos políticos y como ella
no vulnera disposición constitucional alguna,  se declarará su compatibilidad
con la Carta.
DECISION
Con fundamento en las precedentes
motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 13 de
la Ley 733 de 2002.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA   ALFREDO BELTRAN
SIERRA
Magistrado                                              Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL   EDUARDO MONTEALEGRE
LYNETT
Magistrado                                        Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS  CLARA INES VARGAS
HERNANDEZ
Magistrado                                        Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Salvamento de voto a la Sentencia C-695/02
AMNISTIA E INDULTO-Formas diversas en el derecho comparado
(Salvamento de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Procedencia por delitos comunes conexos
con políticos (Salvamento de voto)
AMNISTIA E INDULTO-No definición por Constituyente de cuáles
son los delitos políticos (Salvamento de voto)
Nuestro constituyente permite conceder
amnistías e indultos por delitos políticos, empero no definió cuáles son los
delitos políticos, y lo que es más importante, tampoco excluyó ningún delito de
la categoría de delitos políticos. No habiendo definido los delitos políticos,
caben dentro de esta categoría aquellos delitos clasificados como tales
teniendo en cuenta el bien jurídico tutelado, esto es contra el régimen
constitucional y legal (rebelión, sedición y asonada), y los que quepan dentro
de la finalidad perseguida (delitos comunes que son medios para lograr el fin).
AMNISTIA E INDULTO-No exclusión por legislador de una
categoría (Salvamento de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Concesión por conveniencia pública y por
la paz/SISTEMA NORMATIVO-Principios y límites (Salvamento de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Límite constitucional al legislador/AMNISTIA
E INDULTO-No exclusión ab initio de ningún delito de la categoría de
político (Salvamento de voto)
En materia de amnistía o de indulto el
constituyente le puso un límite tácito al legislador, ese límite implícito esta
dado por el hecho de que el constituyente no excluye ab initio, ningún delito
de la categoría de delitos políticos. Ese límite le impide al legislador,
excluir, de entrada, algún delito como amnistiable e indultable y esta es la
razón por la cual esta norma es inconstitucional.
AMNISTIA-Requisitos y condiciones (Salvamento de voto)
AMNISTIA EN PROCESO DE PAZ-Concesión (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-3945
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 13 de la Ley 733 de 2002.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Muy respetuosamente me separo de la decisión
mayoritaria y, en consecuencia, procedo a dar las razones de mi desacuerdo:
1.
En el derecho comparado
existen diversas formas de amnistías e indultos.  Tenemos sistemas jurídicos
que permiten las amnistías y los indultos aún por delitos comunes aunque no
sean conexos con los delitos políticos y otros,  sistemas que permiten las
amnistías y los indultos sólo por delitos comunes conexos con delitos
políticos.
En nuestro sistema constitucional el
constituyente permitió amnistías e indultos por delitos políticos y por delitos
comunes conexos con los políticos.  La práctica de conceder amnistías e
indultos, no sólo por delitos políticos sino también por delitos comunes
conexos a ellos, ha sido una costumbre constitucional.
Nuestro constituyente permite
conceder amnistías e indultos por delitos políticos, empero no definió cuáles
son los delitos políticos, y lo que es más importante, tampoco excluyó ningún
delito de la categoría de delitos políticos.  No habiendo definido los delitos
políticos, caben dentro de esta categoría aquellos delitos clasificados como
tales teniendo en cuenta el bien jurídico tutelado, esto es contra el régimen
constitucional y legal (rebelión, sedición y asonada), y los que quepan dentro
de la finalidad perseguida (delitos comunes que son medios para lograr el fin).
No habiendo el constituyente excluido
ningún delito de la categoría de delito político, no entendemos cómo el
legislador puede excluir una categoría de la amnistía o indulto.  Cosa distinta
es que el legislador, en un caso particular no conceda la amnistía o el indulto
para ciertos delitos, ya que éste tiene  la potestad de mirar caso por caso y
en uno de ellos conceder una amnistía o un indulto más amplio que en otros
casos.  El legislador puede conceder amnistías o indultos muy amplios cuando
considere que hay otros valores constitucionales en juego u otros principios
constitucionales, como es por ejemplo el valor de la paz (art. 22 de la
Constitución).  Las amnistías o los indultos no encuentran su fundamento
únicamente en el artículo 150 numeral 17 de la Constitución y en el numeral
segundo del artículo 201 de la misma, sino también en otras normas
constitucionales como por ejemplo, el artículo 22, el preámbulo y el artículo 2
de nuestra Carta; dicho de una manera breve, no sólo la conveniencia pública,
sino también la paz pueden ser fundamento o causa de amnistías o indultos.
2.
En la teoría
constitucional y en la teoría del derecho, es claro que todo sistema normativo
(y cada norma en particular) tiene unos principios (unos que son explícitos y
otros implícitos) y unos límites positivos y negativos.  Límites que a su vez
pueden ser mencionados de manera expresa o de manera tácita.  En materia de
amnistía o de indulto el constituyente le puso un límite tácito al legislador,
ese límite implicito esta dado por el hecho de que el constituyente no excluye
ab initio, ningún delito de la categoría de delitos políticos.  Ese límite le
impide al legislador, excluir, de entrada, algún delito como amnistiable e
indultable y esta es la razón por la cual esta norma es inconstitucional.
3.
El estudio de la ley
hay que hacerlo a la luz de todo el bloque de constitucionalidad, lo que
implica tener presente para su análisis la interpretación que han hecho los
Tribunales Internacionales sobre derechos humanos.  Con esta óptica se hace
necesario estudiar la problemática que ha surgido alrededor de las amnistías o
de los indultos.
Las amnistías o indultos, en un comienzo,
las concedían los gobiernos a sus opositores políticos, con el fin de
restablecer la paz.  Después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos
dictatoriales comenzaron hacer un uso perverso de la amnistía y ya no la
concedían a sus opositores políticos, sino que se la entregaban a los
funcionarios del propio gobierno que habían violado los derechos humanos, o a
los grupos paramilitares que lo apoyaban y que también habían violado los
derechos humanos, y su fin, ya no era buscar la paz sino impedir que se
investigara y se dejara en la impunidad a los violadores de los derechos
humanos.
Esto ya no eran amnistías sino
autoamnistías y la comunidad internacional y los Tribunales Internacionales no
solamente las rechazaron sino que las prohibieron.  En esto coincido con la
comunidad internacional y como regla general rechazo las autoamnistías.  Sin
embargo la complejidad del mundo actual y la experiencia internacional, (como
el proceso de reconciliación en Sudáfrica), nos ha enseñado que son posibles
las amnistías con ciertos requisitos y condiciones que es necesario precisar:
a) que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos o sus
familiares, tienen derecho a saber la verdad, a ser indemnizados plenamente, a
que se haga justicia y a acceder a la administración de justicia; b) que la
amnistía no puede ser un instrumento para impedir que se investiguen y que se
conozcan los crímenes; c) que se debe investigar y descubrir a los culpables;
d) que una vez descubiertos los culpables, estos deben reconocerse como tales
públicamente y sólo después se harán merecedores de la amnistía o del indulto;
que quien no se reconozca culpable no tendrá  derecho a la amnistía o al
indulto; (estos fueron los casos por ejemplo de Winnie Mandela o de Peter
Bohta, que no se reconocieron culpables y, en consecuencia, están pagando sus
crímenes).
La posibilidad de que dentro de un proceso
de paz se concedan amnistías amplias se encuentra consagrada en el Derecho
Internacional Humanitario, en el Protocolo II del 8 de junio de 1977, que
adiciono a los Convenios de Ginebra de 1949 en el numeral 5 del artículo 6 que
dice: "... 5. A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el
poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que
hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la
libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto
armado."
En los anteriores términos, respetuosamente dejo
consignado mi salvamento de voto.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Aclaración de voto
a la Sentencia C-695/02
AMNISTIA E INDULTO-No beneficio de terrorismo, secuestro y
extorsión/AMNISTIA E INDULTO-No son conexos con el delito político el
terrorismo, secuestro y extorsión (Aclaración de voto)
DELINCUENCIA COMUN Y DELINCUENCIA POLITICA-Distinción/DELINCUENCIA COMUN Y
DELINCUENCIA POLITICA-Impide cualificar delitos atroces como conexos con
actuaciones punibles de contenido político (Aclaración de voto)
DELITO POLITICO O CONEXO-Existencia de delitos que ab initio no
pueden calificarse (Aclaración de voto)
Ab initio hay
delitos que no pueden calificarse de delitos políticos o conexos, toda vez que
son incompatibles con el alcance y la delimitación conceptual, filosófica y
jurídica de dichos punibles, verbi gracia, los delitos de lesa humanidad, el
terrorismo, el secuestro, la extorsión, el homicidio intencional, la
desaparición forzada, la tortura, etc. Por ello, las conductas que apelan a la
violencia o al terror y que desconozcan al hombre como fin en sí mismo, jamás
serán susceptibles de exclusión de la acción o de la pena a través de los
institutos jurídicos de la amnistía y del indulto, ya que no pueden valorarse
como punibles de alcance político o conexo, sino como hechos atroces y bárbaros
que alteran la columna vertebral de un Estado democrático, como es la dignidad
de la persona humana, principio y fin de toda sociedad política.
AMNISTIA E INDULTO-Concesión por Congreso conforme a estrictas
previsiones constitucionales (Aclaración de voto)
La
Constitución faculta al Congreso de la República para conceder amnistías e
indultos no con carácter general e indiscriminado, sino conforme a estrictas
previsiones constitucionales, que deben ser respetadas rigurosamente por el
legislador y controladas por el juez constitucional, porque se trata de
verdaderas garantías orientadas a preservar la legitimidad de un Estado
protector de los principios democráticos, de los valores constitucionales, de
la dignidad humana, de los derechos fundamentales y de los tratados
internacionales.
AMNISTIA E INDULTO-Requisitos constitucionales para concesión (Aclaración
de voto)
La Carta
Fundamental exige taxativamente como requisitos para la concesión de dichos
beneficios penales: (i) la presencia de una mayoría de dos tercios de los votos
de los miembros de cada cámara; (ii) la valoración de  motivos de conveniencia
pública; (iii) la imposibilidad de concederlos por delitos comunes o atroces;
(iv) la prohibición de negarlos por delitos políticos o conexos; y (v) la salvaguarda
del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener la
reparación patrimonial derivada del ilícito.
AMNISTIA E INDULTO-Procedencia para delitos políticos y necesariamente
conexos (Aclaración de voto)
AMNISTIA E INDULTO-No son delitos políticos o conexos el terrorismo,
secuestro y extorsión (Aclaración de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Potestad legislativa de conceder beneficios atendiendo
requisitos  constitucionales/AMNISTIA E INDULTO-Potestad legislativa de
valorar políticamente razones de conveniencia para concesión (Aclaración de
voto)
El texto constitucional lejos de atribuir competencia
al Congreso de la República para definir qué es un delito político, cuáles son
los delitos conexos y en qué casos procede el otorgamiento de amnistías e
indultos, lo que otorga es la potestad de valorar políticamente las razones de
conveniencia pública para conceder dichos beneficios penales. Por consiguiente,
la previsión constitucional se convierte en una cláusula general de competencia
destinada a facultar al órgano de representación popular por excelencia, para
otorgar amnistías e indultos por motivo de conveniencia pública.
DELITO POLITICO O CONEXO-Fundamentos filosóficos, políticos y jurídicos/DELITO
POLITICO O CONEXO EN AMNISTIA E INDULTO-Inexistencia de amplio margen
legislativo para establecer que conductas se determinan/DELITO POLITICO O
CONEXO EN AMNISTIA E INDULTO-Sujeción estricta a la Constitución y tratados
de derecho internacional humanitario (Aclaración de voto)
No es cierto que el legislador tenga un amplio margen
de discreción para establecer qué conductas se determinan como delitos
políticos o conexos, puesto que en esta materia el Congreso debe someterse
estrictamente a los principios, derechos fundamentales y valores previstos en
la Constitución Política y en los tratados internacionales que reconocen y
desarrollan los mandatos imperativos del Derecho Internacional Humanitario.
AMNISTIA E INDULTO-Rigurosidad en cumplimiento de exigencias
constitucionales para concesión (Aclaración de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Criterio restrictivo para concesión
(Aclaración de voto)
DELITO POLITICO O CONEXO EN AMNISTIA E
INDULTO-Fundamentos que
permiten delimitarlos de otras modalidades delictivas (Aclaración de voto)
Los fundamentos pueden clasificarse genéricamente en
tres: (i) Los valores, principios y derechos fundamentales previstos en el
texto superior (también denominados complejo dogmático de la Constitución), y
en especial, el valor de la dignidad de la persona humana como fundamento del
Estado Social de Derecho y; (ii) Los tratados internacional que reconocen y
desarrollan los mandatos imperativos del Derecho Internacional Humanitario.
DELITO POLITICO-No excluye responsabilidad por delitos comunes o
atroces (Aclaración de voto)
DIGNIDAD HUMANA-Valor absoluto fundamental del ordenamiento jurídico
(Aclaración de voto)
DIGNIDAD HUMANA-Concepto (Aclaración de voto)
La dignidad humana consiste en la supremacía que
ostenta la persona como atributo inherente a su ser racional, lo que le impone
a las autoridades públicas el deber de velar por la protección y salvaguarda de
la vida, la libertad y la autonomía de los hombres por el mero hecho de
existir, independientemente de cualquier consideración de naturaleza o de
alcance positivo. Esto, porque el hombre es un ser susceptible de valoración en
sí mismo y no en consideración 'al otro' ni 'por el otro', y por lo mismo, no
puede estimarse como la causa o el efecto de alguien o de algo (es decir, como
objeto), sino como un fin superior que en sí mismo subyace. Por lo tanto, la
mera existencia del hombre le atribuye a éste el derecho a exigir y a obtener
la vigencia de todas las garantías necesarias para asegurar su vida digna, es
decir, su existencia adecuada, proporcional y racional al reconocimiento de su
esencia como un ser racional. Al mismo tiempo que le impone al Estado el deber
de adoptar las medidas de protección indispensables para salvaguardar los
bienes jurídicos que definen al hombre como persona, es decir, la vida, la
integridad, la libertad, la autonomía, etc.
DIGNIDAD HUMANA-Principio estructural (Aclaración de voto)
DELITO POLITICO O CONEXO-Exclusión de conducta punible, violenta o
atroz (Aclaración de voto)
Ninguna conducta punible de contenido violento o atroz
puede llegar a calificarse como delito político o conexo, ya que quebrantaría
ostensiblemente la Constitución Política al comportar un grave desconocimiento
del valor supremo en que se funda un Estado democrático, es decir, el
reconocimiento de la dignidad de la persona humana.
DELITO POLITICO-No lo constituyen los delitos atroces (Aclaración de
voto)
DELITO POLITICO O CONEXO-Rechazo in límine de estimación del terrorismo,
secuestro y extorsión (Aclaración de voto)
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Tratados que reconocen y desarrollan los
mandatos imperativos (Aclaración de voto)
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Normas hacen parte del ius cogens
(Aclaración de voto)
Las normas sobre Derecho Internacional Humanitario
forman parte del denominado ius cogens (derecho consuetudinario de los
pueblos), es decir, del conjunto de preceptos y principios imperativos para los
Estados parte, cuya obligatoriedad se deriva de la aceptación y el
reconocimiento colectivo de sus mandatos por la comunidad internacional. Por
eso, dichas normas no admiten acuerdo en contrario y solamente pueden ser
modificadas por una norma ulterior del mismo grado y valor.
TRATADO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS
HUMANOS-Hacen parte del
ius cogens (Aclaración de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Autores o partícipes de delitos de
terrorismo y secuestro no pueden ser beneficiados (Aclaración de voto)
TERRORISMO Y SECUESTRO-Tipificación en tratados internacionales
como delitos comunes (Aclaración de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Prohibición de concesión para terrorismo,
secuestro y extorsión/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN AMNISTIA E
INDULTO-Límites por principios del derecho internacional humanitario
(Aclaración de voto)
La prohibición de otorgar amnistías o indultos
respecto de delitos de terrorismo, secuestro o extorsión como delitos comunes
no conexos con los delitos políticos, está acorde no sólo con la Constitución
Política, sino que esta de acuerdo con los principios de derecho internacional
como se deduce de los tratados y la costumbre internacional. Hacia el futuro la
libertad de configuración del legislador sigue limitada por los principios de
derecho internacional humanitario que consideran a los delitos atroces como no
susceptibles de amnistía o indulto.
AMNISTIA E INDULTO EN ESTATUTO DE ROMA DE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-No
concesión para terrorismo, homicidio intencional, tortura, secuestro, extorsión
y demás delitos atroces (Aclaración de voto)
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
AMNISTIA E INDULTO-No
concesión para cualquier clase de delito (Aclaración de voto)
La tesis según la cual forma parte del principio de
libre configuración del legislador determinar la concesión de amnistías e
indultos por cualquier clase de delito, resulta inaceptable, no sólo porque
desnaturaliza la restrictiva conceptualización del delito político frente al
común, sino además porque equivaldría a reconocer que la política criminal de
Colombia está en contravía de los compromisos internacionales que sobre la
materia se han realizado, inspirados en cerrar los espacios a la impunidad de
los graves crímenes que ofenden a la conciencia jurídica universal.
DELITO POLITICO-Alcance conceptual (Aclaración de voto)
DELITO POLITICO O CONEXO-No todas las conductas punibles pueden catalogarse
(Aclaración de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Ejercicio restrictivo de concesión (Aclaración de
voto)
Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
Expediente No. D-3945 .
Actor: Pedro Pablo Camargo.
1. Con el
acostumbrado respeto, nos permitimos aclarar el voto en relación con la
decisión adoptada mayoritariamente por esta Corporación, en la sentencia de la
referencia, en el sentido de que estamos de acuerdo con la declaratoria de
exequibilidad del artículo 13 de la Ley 733 de 2002, el cual dispone que los
autores o partícipes de los delitos de terrorismo, secuestro y extorsión no
podrán ser beneficiados con amnistías e indultos, ni que esas conductas podrán
considerarse como conexas con el delito político dada su condición de atroces.
Al respecto, señala la disposición acusada que: " En ningún caso el
autor o partícipe de los delitos de terrorismo, secuestro, extorsión, en
cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con amnistías e indultos,
ni podrán considerarse como delitos conexos con el delito político dada su
condición de atroces".
2. A nuestro
juicio, esta Corporación debió proceder a declarar la exequibilidad de la
disposición acusada, invocando como fundamento la doctrina constitucional
reiterada de tradición democrática y de estirpe humanista que distingue entre
la delincuencia común y la política, y que impide cualificar a los delitos
atroces como delitos conexos con las actuaciones punibles de contenido político[6].
En estos
términos, consideramos que ab initio hay delitos que no pueden
calificarse de delitos políticos o conexos, toda vez que son incompatibles con
el alcance y la delimitación conceptual, filosófica y jurídica de dichos
punibles, verbi gracia, los delitos de lesa humanidad, el terrorismo, el
secuestro, la extorsión, el homicidio intencional, la desaparición forzada, la
tortura, etc. Por ello, las conductas que apelan a la violencia o al terror y
que desconozcan al hombre como fin en sí mismo, jamás serán susceptibles de
exclusión de la acción o de la pena a través de los institutos jurídicos de la
amnistía y del indulto, ya que no pueden valorarse como punibles de alcance
político o conexo, sino como hechos atroces y bárbaros que alteran la columna
vertebral de un Estado democrático, como es la dignidad de la persona humana
(C.P. preámbulo y artículos 1° y 2°), principio y fin de toda sociedad
política.
Adicionalmente,
dicha distinción confiere un tratamiento constitucional y penal diferente a
cada conducta punible. Así, a título de ejemplo, en ningún caso pueden
concederse amnistías e indultos por la comisión de delitos comunes o atroces,
mientras que en tratándose de conductas punibles de contenido político o conexo
su concesión es justa y legítima, siempre que se observen los tratados
internacionales y los valores, principios y derechos fundamentales consagrados
en la Constitución[7].
En este orden de
ideas, la Constitución faculta al Congreso de la República para conceder
amnistías e indultos no con carácter general e indiscriminado, sino conforme a
estrictas previsiones constitucionales (C.P. art. 150-17 y 201-2), que deben
ser respetadas rigurosamente por el legislador y controladas por el juez
constitucional, porque se trata de verdaderas garantías orientadas a preservar
la legitimidad de un Estado protector de los principios democráticos, de los
valores constitucionales, de la dignidad humana, de los derechos fundamentales
y de los tratados internacionales.
Precisamente, la
Carta Fundamental exige taxativamente como requisitos para la concesión de
dichos beneficios penales: (i) la presencia de una mayoría de dos tercios de
los votos de los miembros de cada cámara; (ii) la valoración de  motivos de
conveniencia pública; (iii) la imposibilidad de concederlos por delitos comunes
o atroces; (iv) la prohibición de negarlos por delitos políticos o conexos; y
(v) la salvaguarda del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a
obtener la reparación patrimonial derivada del ilícito.
Por esta razón,
las amnistías e indultos sólo caben para los delitos políticos y los
necesariamente conexos, sin que pueda el legislador discrecionalmente
establecer qué delitos son amnistiables. Ello en razón a que las conductas
políticas o conexas sólo pueden delimitarse en el plano constitucional a la luz
de un criterio eminentemente restrictivo, no sólo por los límites
constitucionales e internacionales previamente expuestos, sino porque las
excepciones al ejercicio del ius puniendi, como deber objetivo de
penalizar, significan un debilitamiento de la protección del Estado a los
derechos humanos y una limitación del derecho a la verdad y a la justicia que
solamente puede operar de manera excepcional.
3. Conforme a lo
anterior, disentimos de las otras posiciones que consideran: (i) que los
delitos de terrorismo, secuestro y extorsión son delitos políticos o, (ii) que
estas conductas eventualmente podrían valorarse como tales o como conexos con
dicha categoría punitiva, en razón a la amplia potestad de configuración
normativa del legislador.
A nuestro
juicio, esas posiciones se apartan de la jurisprudencia que en forma uniforme y
reiterada ha formulado la Corte Constitucional en torno las conductas punibles
susceptibles de amnistías e indultos, que se funda en el respeto de la dignidad
de la persona humana y tiene un indeleble sello humanista. De ahí que tales
planteamientos a nuestro parecer son incompatibles con los principios y valores
que sirven de fundamento a la democracia constitucional, al ideal de justicia
universal y al compromiso que ha contraído Colombia en el ámbito del derecho
internacional humanitario de luchar contra las graves violaciones de la
dignidad humana y de los derechos fundamentales. Así mismo, desconocen los
postulados que orientaron la  reciente ratificación de las atribuciones y
competencias previstas para la Corte Penal Internacional, en la Ley 742 de 2002
(aprobatoria del Estatuto de Roma). Brevemente expondremos las razones que
fundamentan nuestra posición:
Para el efecto,
procederemos a realizar algunas consideraciones en torno a: (i) La potestad
legislativa para decretar amnistías e indultos; (ii) Los fundamentos
filosóficos, políticos y jurídicos del delito político y de los conexos; (iii)
El desconocimiento de los mandatos previstos en la Ley 742 de 2002, referente a
la Corte Penal Internacional; y (iv) Finalmente, el alcance conceptual de los
delitos políticos.
De la potestad legislativa para decretar amnistías e
indultos
4. Siguiendo lo
expuesto, consideramos esencial aclarar nuestro voto en torno a la doctrina
jurisprudencial consagrada en la Sentencia de la referencia, según la cual, la
definición de los delitos políticos y los conexos destinados a permitir el
otorgamiento de amnistías e indultos, corresponde a la libre potestad de
configuración normativa del legislador, conforme a lo previsto en el artículo
150-17 de la Constitución Política. Con base en lo anterior, algunos miembros
de esta Corporación, consideran que el legislador bien podría modificar su
criterio en torno a las conductas que se consideran delitos políticos o conexos
para extender a éstas el beneficio de las amnistías e indultos. De suerte que,
nada obstaría para que el propio legislador en un contexto histórico diferente,
por motivos de conveniencia pública llegaré a establecer que conductas punibles
tales como el terrorismo, el secuestro y la extorsión, en sus distintas
modalidades, se consideren conexas con el delito político. Ello en aras de alcanzar
un supuesto fin de interés general o de conveniencia pública, verbi gracia, el
de asegurar la paz entre los colombianos[8].
5. Sin embargo, la citada premisa es errada y, por
tanto, es palmaria la debilidad argumentativa expuesta en esta providencia,
porque la atribución consagrada en el numeral 17 del artículo 150 de la Carta
Fundamental, lejos de suponer una libertad de configuración normativa en torno
a la determinación de conductas punibles susceptibles de amnistía o indulto,
consagra exclusivamente a favor del legislador, la potestad de conceder dichos
beneficios extintivos de la acción o de la pena, siguiendo para el efecto, los
requisitos taxativamente dispuestos en la Constitución.
De suerte que el texto constitucional
lejos de atribuir competencia al Congreso de la República para definir qué es
un delito político, cuáles son los delitos conexos y en qué casos procede el
otorgamiento de amnistías e indultos, lo que otorga es la potestad de valorar
políticamente las razones de conveniencia pública para conceder dichos
beneficios penales. Por consiguiente, la previsión constitucional se convierte
en una cláusula general de competencia destinada a facultar al órgano de
representación popular por excelencia, para otorgar amnistías e indultos por
motivo de conveniencia pública.
En estos términos, recuérdese que conceder,
consiste en la potestad del legislador para evaluar la información que posee en
aras de dar u otorgar las amnistías e indultos que políticamente estime
convenientes, previo el análisis de interés público y siempre que se logre la
mayoría prevista en la Constitución. Por lo tanto, según el artículo 150-17 de
la Carta Fundamental, la potestad del legislador se circunscribe únicamente a
la decisión política de conceder o negar dichos beneficios.
De ahí que el otorgamiento de amnistías e indultos
como ejercicio de una decisión política, en principio, solamente esté sometida a
medios de control político. Sin embargo, la definición normativa que el
legislador realice de los delitos políticos y conexos susceptibles de amnistías
e indultos, por tratarse de una concreción legal una previsión constitucional,
debe someterse a los parámetros que rigurosamente ha delimitado la Carta
Política, en aras de impedir que conductas que atenten contra la integridad y
la dignidad de la persona humana, puedan ser calificadas como políticas o
conexas y, por tanto, ajenas al deber objetivo del Estado de penalizar y juzgar
las graves violaciones de los derechos humanos. Por ello, la definición
normativa que el legislador efectúe de dichas punibles, es susceptible de
control jurisdiccional por vía de la acción de inconstitucionalidad.
6. Conforme a lo expuesto, es claro que la potestad de
configuración normativa no subyace en las previsiones del artículo 150-17 de la
Carta Política, sino en la cláusula general normativa dispuesta en el numeral
1° del mismo artículo superior[9].
Ahora bien, surge como interrogante: ¿si el legislador, podría llegar a
calificar indiscriminadamente una conducta punible como política, común o
conexa de acuerdo con las vicisitudes sociales, históricas y culturales del
momento?.
Al respecto, consideramos que dicha hipótesis es
igualmente incorrecta, ya que el legislador no puede obrar libre e
indiscriminadamente al calificar los delitos políticos y conexos, desconociendo
que la Constitución Política y los tratados internacionales han determinado y
especificado el alcance de los delitos políticos y conexos sobre los cuales
pueden recaer las amnistías e indultos razón por la cual, esta calificación no
constituye simplemente una decisión política que penda de las mayorías
coyunturales del Congreso, sino que es la concreción de unos postulados
constitucionales que sirven de parámetro objetivo para el ejercicio de un
control constitucional.
Así las cosas, aun cuando el concepto de delito
político, no se encuentra definido en la Constitución, es un concepto jurídico
determinado, pues su sentido, significación y alcance se deduce inequívocamente
de los tratados internacionales y de los valores, derechos y principios
constitucionales previstos en la Carta Fundamental.
Precisamente, esta Corporación ha sostenido de manera
reiterada que: "...La Constitución distingue los delitos
políticos de los delitos comunes para efectos de acordar a los primeros un
tratamiento más benévolo con lo cual mantiene una tradición democrática de
estirpe humanitaria, pero en ningún caso autoriza al legislador, ya sea
ordinario o de emergencia para establecer por vía general un tratamiento más
benigno para cierto tipo de delitos comunes, con exclusión de otros. El
Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con
la política..."[10].
Siguiendo esta hermenéutica, pasaremos a analizar y a
delimitar: (i) los  fundamentos filosóficos, políticos y jurídicos que han
determinado y especificado el alcance de los delitos políticos y conexos; y
(ii) las limitaciones previstas por la Carta Fundamental y el Derecho
Internacional Humanitario para el otorgamiento de indultos y amnistías.
De los fundamento filosóficos, políticos y jurídicos
de los delitos políticos y conexos.
7. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no es
cierto, como erradamente se sostiene, que el legislador tenga un amplio margen
de discreción para establecer qué conductas se determinan como delitos
políticos o conexos, puesto que en esta materia el Congreso debe someterse
estrictamente a los principios, derechos fundamentales y valores previstos en
la Constitución Política y en los tratados internacionales que reconocen y
desarrollan los mandatos imperativos del Derecho Internacional Humanitario.
Así, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha
establecido que el cumplimiento de las exigencias constitucionales para la
concesión de amnistías e indultos es riguroso. Por ello, la aprobación de tales
beneficios en forma indiscriminada y con desconocimiento de esas precisas
exigencias, es inconstitucional. De ahí que la Corte en sentencia C-171 de
1993, señaló que las amnistías e indultos sólo procedían para delitos políticos
y no para delitos comunes o atroces, tales como el narcoterrorismo. Esta línea
jurisprudencial ha sido plenamente reiterada de manera uniforme, entre otras,
en las sentencias C-706 de 1996, C-456 de 1997 y C-1404 de 2000.
8. En estos términos, la interpretación constitucional
de los presupuestos que legitiman al Estado para otorgar amnistías e indultos
se funda en un criterio eminentemente restrictivo, toda vez que esta potestad
se encuentra limitada por el deber que tienen las autoridades públicas de
preservar la dignidad de la persona humana, de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes constitucionales, de asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo, y de proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades.
El mandato de
protección que se le encomienda a las autoridades públicas emana de la
Constitución Política y de los tratados internacionales de Derechos Humanos,
suscritos por Colombia que conforman el denominado bloque de
constitucionalidad, según el cual, las excepciones al ejercicio del ius
puniendi, como deber objetivo de penalizar, tienen un alcance restrictivo,
ya que significan un debilitamiento de la protección del Estado a los derechos
humanos y una limitación del derecho a la verdad y a la justicia. En este orden
de ideas, surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los fundamentos
filosóficos, políticos y jurídicos que permiten delimitar los delitos políticos
y los conexos de otras modalidades delictivas como los delitos comunes o
atroces?.
Dicha cuestión es trascendental dado que su respuesta
legítima las restricciones al alcance de la potestad normativa del legislador
y, por tanto, impiden que indiscriminadamente se consideren delitos políticos o
conexos a conductas comunes o atroces y, consecuencialmente, condiciona la
potestad del Congreso para el otorgamiento de amnistías e indultos.
A nuestro juicio, los citados fundamentos pueden
clasificarse genéricamente en tres: (i) Los valores, principios y derechos
fundamentales previstos en el texto superior (también denominados complejo
dogmático de la Constitución), y en especial, el valor de la dignidad de la
persona humana como fundamento del Estado Social de Derecho y; (ii) Los
tratados internacional que reconocen y desarrollan los mandatos imperativos del
Derecho Internacional Humanitario.
De la dignidad humana y de los otros valores,
principios y derechos fundamentales previstos en la Carta Política.
9. El principio de la dignidad humana y la efectividad
de los derechos fundamentales, tales como la vida, la integridad personal, la
libertad, etc., postulados que estructuran el Estado Social de Derecho
(artículos 1° y s.s. de la C.P), circunscriben el concepto de delito político a
aquellas conductas no violentas y cometidas exclusivamente por móviles políticos
o de interés social, destinadas a modificar la organización estatal y su
régimen constitucional o legal, como ultima ratio ante el
desconocimiento por las autoridades públicas de los principios sistémicos de
los regímenes democráticos. Pero, jamás, se pueden invocar para excluir la
responsabilidad por delitos comunes o por acciones u omisiones realizadas sobre
las victimas con barbarie, vandalismo, ferocidad o sevicia (delitos atroces)[11].
10. En nuestra Constitución la dignidad de la persona
humana es un valor absoluto que sirve de fundamento a todo el ordenamiento
jurídico. Es que, como lo señala el ilustre jurista Ernesto Benda, Presidente
del Tribunal Constitucional Alemán, "la Ley Fundamental es un
ordenamiento comprometido con valores, que reconoce la protección de la
libertad y de la dignidad humana como fin supremo de todo derecho"[12].
11. La dignidad humana consiste en la supremacía que
ostenta la persona como atributo inherente a su ser racional, lo que le impone
a las autoridades públicas el deber de velar por la protección y salvaguarda de
la vida, la libertad y la autonomía de los hombres por el mero hecho de
existir, independientemente de cualquier consideración de naturaleza o de
alcance positivo. Esto, porque el hombre es un ser susceptible de valoración en
sí mismo y no en consideración 'al otro' ni 'por el otro', y por lo mismo, no
puede estimarse como la causa o el efecto de alguien o de algo (es decir, como
objeto), sino como un fin superior que en sí mismo subyace.
Por lo tanto, la mera existencia del hombre le
atribuye a éste el derecho a exigir y a obtener la vigencia de todas las
garantías necesarias para asegurar su vida digna, es decir, su existencia
adecuada, proporcional y racional al reconocimiento de su esencia como un ser
racional. Al mismo tiempo que le impone al Estado el deber de adoptar las
medidas de protección indispensables para salvaguardar los bienes jurídicos que
definen al hombre como persona, es decir, la vida, la integridad, la libertad,
la autonomía, etc.
Con este propósito, el ordenamiento constitucional
establece que el reconocimiento de la dignidad humana constituye un principio
estructural del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 1°) y por eso prohibe las
desapariciones forzadas, los tratos degradantes, inhumanos, las torturas o los
tratos crueles que vulneren la vida como un derecho inviolable (C.P. arts. 11 y
12) y los demás derechos inherentes a la persona humana. En consecuencia,
ninguna conducta punible de contenido violento o atroz puede llegar a
calificarse como delito político o conexo, ya que quebrantaría ostensiblemente
la Constitución Política al comportar un grave desconocimiento del valor
supremo en que se funda un Estado democrático, es decir, el reconocimiento de
la dignidad de la persona humana.
Por consiguiente, si mediante los beneficios penales
de amnistía e indulto se legitima una conducta punible en contraposición al
deber constitucional de velar por la justicia y la verdad, es necesario que
dicha atribución se ejerza de manera restrictiva, con el objeto de no
desconocer dicho mandato supremo.
Como lo enseña el catedrático Juan Fernando Sellés: "...la
violencia es cualquier trato de la persona humana como si no lo fuera. Por
eso el violento se incapacita a sí mismo a comprender el sentido de la persona
humana, no sólo ajena, sino de sí mismo como persona..."[13].
En otras palabras, si la violencia es incompatible con la dignidad de la
persona humana imperiosamente debe estar proscrita como elemento del delito
político o como componente de los delitos conexos.
12. Por otra parte, y en estrecha relación con el
reconocimiento de la dignidad humana, la calificación de una conducta como
delito político o conexo para efectos del otorgamiento de amnistías e indultos
está igualmente circunscrita a otros principios, valores y derechos
establecidos en la Constitución y a los deberes de protección a los derechos
humanos que le incumben a las autoridades públicas (inciso 2° del artículo 2°
C.P). Por esta razón, la jurisprudencia ha señalado que las amnistías e
indultos se limitan, entre otras, a los punibles de rebelión y sedición[14] (sentencia C-456 de
1997), declarando, por ejemplo, inexequible el artículo 127 del Código Penal de
1980, según el cual, "los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a
pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan
actos de ferocidad, barbarie o terrorismo". A juicio de esta
Corporación, la norma examinada violaba el principio democrático y el
pluralismo, como quiera que autorizaba, al producir la exclusión de la pena,
que el método del consenso mayoritario y el respeto a la diferencia y el
disentimiento, que se encuentran en la base de un sistema democrático, sean
sustituidos por la fuerza, como medio legítimo para el ejercicio de la
contienda política, colocando a los restantes ciudadanos en condiciones de
desigualdad material e injustificada zozobra.
De allí que conductas tales como el terrorismo, el
secuestro y la extorsión previstos en la norma acusada como delitos atroces y,
por lo tanto, no susceptibles de amnistía e indulto, son por antonomasia
incompatibles con la categoría constitucional del delito político, puesto que
mientras el rasgo característico de éstos, es el móvil altruista que impulsa a
sus autores o partícipes, el carácter determinante y predominante de los
primeros, es decir, de las conductas punibles atroces, es el uso de la
violencia indiscriminada contra la población civil, lo que lejos de revelar un
espíritu noble y humanista, lo que refleja es el desprecio y la aversión de sus
autores por la dignidad de la persona humana.
Esta simple consideración es suficiente para negarle a
los delitos atroces la calificación de conductas de naturaleza política, o su
estimación como delitos conexos, toda vez que aquél que recurre al uso de la
violencia y/o a la imposición del terror, denota que no es un filántropo ni un
idealista sino un criminal que actúa con móviles perversos, lo que desvirtúa
que puede considerársele un delincuente político.
Por ello, el autentico delincuente político no es el
que emplea el terror, la violencia y la muerte para alcanzar sus ideales
altruistas, sino el que mediante el uso de la razón y el análisis
ético-político logra producir los cambios esperados en la organización estatal[15]. Por lo demás,
conforme a nuestro ordenamiento constitucional no puede calificarse de delito
político o conexo a conductas que utilicen la violencia como arma para lograr
fines políticos, porque esta atenta contra la dignidad de la persona humana y
sus derechos fundamentales, tales como la vida, la integridad física, la
libertad personal, etc.
Precisamente, la doctrina jurisprudencial expuesta por
esta Corporación ha sostenido que: “En las sociedades fundadas sobre
presupuestos democráticos y sobre el respeto a los derechos fundamentales, se
torna cada días más difícil y menos justificado apelar a formas delictivas a
fin de expresar la inconformidad política y pretender la transformación de la
sociedad. En todo caso, a la altura del tiempo presente y de los desarrollos
constitucionales del país, dando por descontada la existencia de la
delincuencia política - a su modo contemplada en la misma Constitución -, lo
que todavía le presta apoyo a la consagración de un régimen menos severo para
el delito político son los ideales que encarnen los rebeldes, no así el recurso
constante a la violencia que los caracteriza. Por lo demás, la tendencia que se
observa en el mundo es la de no amparar bajo el concepto del delito político
las conductas violentas...”[16]
Siguiendo esta hermenéutica, es palmario ajustar la
categorización de los delitos políticos a la máxima kantiana, según la cual, el
hombre es un fin y no un medio (o como la denominó el mismo Kant: La naturaleza
racional existe como fin en sí misma)[17].
Así, la democracia constitucional no puede otorgar los beneficios de exclusión
de la acción y de la pena (amnistías e indultos), a aquellas conductas que
apelan al terror, a la violencia y al sacrificio de la vida humana para obtener
fines específicos, cobardemente llamados políticos. Por esta razón, debe
rechazarse in limine la estimación del terrorismo, el secuestro y la
extorsión como delitos políticos o conexos, y por consiguiente no son
susceptibles de amnistías e indultos, cualquiera que sean las circunstancias
históricas, sociales, políticas o económicas en que se cometan esas conductas
punibles.
De los tratados que reconocen y desarrollan los
mandatos imperativos del Derecho Internacional Humanitario.
13. En este orden de ideas y de acuerdo con lo
expuesto, es posible avanzar hacia el siguiente interrogante: ¿cuáles son los
límites consagrados por el Derecho Internacional Humanitario para el
otorgamiento de amnistías e indultos?, y ¿cuál es el alcance conceptual de los delitos
políticos o conexos en torno a las previsiones normativas de los tratados sobre
Derechos Humanos?.
Inicialmente, es preciso establecer que las normas
sobre Derecho Internacional Humanitario forman parte del denominado ius
cogens (derecho consuetudinario de los pueblos), es decir, del conjunto de
preceptos y principios imperativos para los Estados parte, cuya obligatoriedad
se deriva de la aceptación y el reconocimiento colectivo de sus mandatos por la
comunidad internacional. Por eso, dichas normas no admiten acuerdo en contrario
y solamente pueden ser modificadas por una norma ulterior del mismo grado y
valor.
La Corte reiteradamente ha reconocido que los tratados
sobre Derechos Humanos forman parte del ius cogens y así lo ha definido como: "...aquellos
principios que la conciencia jurídica de la humanidad revelada por sus
manifestaciones objetivas, considera como absolutamente indispensable para la
coexistencia y la solidaridad de la comunidad internacional en un momento
determinado de su desarrollo orgánico..."[18].
La evocación del ius cogens en los tratados
sobre Derechos Humanos, responde a una pretensión internacional de reconocer
que ciertas conductas merecen un tratamiento especial por atentar contra la
dignidad inherente de la persona. Por ello, conductas tales como la tortura, el
terrorismo, la barbarie, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de
menores, etc., se convierten en atentados contra la comunidad internacional que
comprometen la responsabilidad de un Estado tanto por su comisión como por la
abstención en la adopción de medidas legislativas, administrativas o judiciales
necesarias para la protección de dichos mandatos internacionales.
De allí que a partir de la culminación de la segunda
guerra mundial, se haya desarrollado un amplio catalogo de tratados
internacionales destinados a la luchar en conjunto contra la criminalidad atroz
o de lesa humanidad, la cual, lejos de ser susceptible de amnistías e indultos,
se ha convertido en objeto directo de enjuiciamiento mundial, mediante la
aplicación de figuras como: (i) la extraterritorialidad de la ley penal por el
Estatuto universal (Art. 16-6 Código Penal), (ii) La extracción y la
prohibición del derecho de asilo; y (iii) recientemente a través de la creación
de la Corte Penal Internacional.
Ahora bien, en estos términos el artículo 13 de la Ley
733 de 2002 (norma acusada) desarrolla los principios del derechos internacional
humanitario aceptados por Colombia y que forman parte del bloque de
constitucionalidad en virtud del artículo 93 de la Constitución Política[19]. En efecto, los
tratados internacionales tipifican los delitos de terrorismo y secuestro como
delitos atroces susceptibles de extradición o juzgamiento ("Aut dedere,
aut judicare"), y en ningún caso se consideran delitos políticos aptos
para ser beneficiarios de amnistías e indultos. A manera de ejemplo, se pueden
citar, entre otros, los siguientes tratados:
1.
Convenio para la prevención
y represión del terrorismo, 16 de noviembre de 1937;
2.
Convenio europeo para
la represión del terrorismo, 27 de enero de 1977;
3.
Convención
interamericana para impedir y castigar actos de terrorismo que tomen la forma
de crímenes contra las personas, así como extorsiones relacionadas con esos
delitos cuando tales actos tengan repercusión internacional, 31 de enero de
1971;
4.
Convención de la ONU
sobre la prevención y castigo de crímenes contra personas protegidas
internacionalmente, incluyendo agentes diplomáticos, 1973;
5.
Convenio de Tokio sobre
infracciones a ciertos actos cometidos a bordo de aeronaves, 14 de septiembre
de 1963;
6.
Convenio de la Haya
para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, 16 de septiembre de
1970;
7.
Convenio de Montreal
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil,
23 de septiembre de 1963;
8.
El artículo 3 común a
los 4 Convenios de Ginebra y el artículo 4 del Protocolo II de 1977 prohiben la
toma de rehenes;
9.
El Estatuto de Roma
sobre la Corte Penal Internacional tipifica como uno de los crímenes de guerra
las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949,
incluyendo la toma de rehenes.
10.Además existen otros tratados internacionales que
tipifican delitos internacionales como el apartheid, el genocidio, la tortura,
que también los consideran delitos comunes con todas las consecuencias
jurídicas que se derivan de esta calificación jurídica.
Lo anterior significa que a la luz del derecho
internacional humanitario, los autores o partícipes de delitos de terrorismo y
secuestro, en cualquiera de sus modalidades, no pueden ser beneficiados con
amnistías e indultos. Igualmente, por su extrema gravedad no pueden
considerarse como delitos conexos con los delitos políticos, porque su misma
naturaleza les otorga la calidad de conductas no susceptibles de dichos
beneficios[20].
La razón de que los tratados internacionales
tipifiquen el terrorismo y el secuestro como delitos comunes, se debe a que
utilizan métodos para producir un clima de terror, dar publicidad a una causa e
intimidar a un sector más amplio a fin de que se logren los objetivos que
persiguen los terroristas[21].
Así, la comunidad internacional ha determinado que el uso del terror
indiscriminado contra objetivos civiles inocentes o el secuestro, no pueden ser
considerados como delitos políticos ni conexos, porque ofenden la conciencia
misma de la humanidad, la dignidad, la vida y los derechos fundamentales de las
personas y, por tanto, en ningún caso se puede estimar que tales conductas
obedecen a móviles nobles o altruistas.
En este orden de ideas, los efectos jurídicos de las
Convenciones al tipificar como delitos comunes y atroces al terrorismo y al
secuestro imponen la prohibición de ser objeto de amnistías e indultos. Además
dicha calificación conlleva a la determinación de otras consecuencias jurídicas
en relación con los Estados. A título de ejemplo, se imputa el deber de
tipificar y sancionar tales delitos. Precisamente, la jurisprudencia de la
Corte Interamericana con base en los artículo 1°, 8 inciso 1° y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ha previsto el deber de
castigar las graves violaciones a los derechos humanos (caso Velázquez
Rodríguez).
Así las cosas, el derecho internacional convencional y
consuetudinario ha rechazado el uso del terror discriminatorio como el
indiscriminado, y no ha aceptado que los actos de terroristas sean considerados
como delitos políticos como puede deducirse de las Convenciones internacionales
citadas.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha considerado que las leyes internas de amnistías e indultos no pueden
desconocer la Convención Americana de Derechos Humanos y los tratados
internacionales que establecen ciertos crímenes no son susceptibles de dichos beneficios
penales, como los delitos de lesa humanidad. Además, su otorgamiento no despoja
de competencia a la Comisión para investigar posibles violaciones de los
derechos consagrados en la Convención[22].
En conclusión, la prohibición de otorgar amnistías o
indultos respecto de delitos de terrorismo, secuestro o extorsión como delitos
comunes no conexos con los delitos políticos, está acorde no sólo con la
Constitución Política, sino que esta de acuerdo con los principios de derecho
internacional como se deduce de los tratados y la costumbre internacional. Por
estas razones, consideramos que hacia el futuro la libertad de configuración
del legislador sigue limitada por los principios de derecho internacional
humanitario que consideran a los delitos atroces como no susceptibles de
amnistía o indulto.
Recuérdese que es de la esencia del Derecho
Internacional Humanitario, la premisa, según la cual, por más violenta que sea
una guerra, por radical que sea un conflicto armado o noble la causa altruista,
simplemente hay conductas que en ningún caso pueden quedar impunes. En efecto,
la vigencia de los tratados internacionales que protegen los derechos
fundamentales en caso de conflictos armados, no son cuestión de criterio del
intérprete, porque bajo ninguna circunstancia pueden negarse las garantías
inherentes y esenciales del ser humano.
Del Desconocimiento de la competencia y de los
mandatos imperativos de protección internacional a la dignidad humana,
previstos en la Ley 742 de 2002, referente a la Corte Penal Internacional.
14. Dentro de la misma corriente, previamente
expuesta, la Corte Penal Internacional incluye, como crímenes de su
competencia, todos los delitos que tradicionalmente se han considerado no
justificables en virtud de objetivos militares o políticos. Por eso, en el
preámbulo del Estatuto se aclara que la competencia de dicho tribunal se
constituye: "Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia
para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo
y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar
la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos
a la acción de la justicia...; Decididos a poner fin a la impunidad de
los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos
crímenes;...Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción
penal contra los responsables de crímenes internacionales..."[23].
Del texto transcrito surgen dos conclusiones: (i) los
crímenes descritos en los artículo 5° a 8° del Estatuto de la Corte Penal
tienen trascendencia internacional; y (ii) la finalidad primordial de dicha
determinación es que esas conductas sean efectivamente castigadas. De allí que,
no basta entonces que exista un proceso judicial, es necesario que
efectivamente se imponga un castigo a los responsables de dichos crímenes.
Por consiguiente, es de la libre configuración de los
poderes legislativos de los Estados parte indultar delitos estrictamente
políticos o conexos, pero no es posible, sin desconocer los mandatos del
Estatuto de Roma, indultar o amnistiar delitos como el terrorismo, el homicidio
intencional, la tortura, el secuestro, la extorsión, y demás delitos atroces.
Por esta razón, en el Estatuto se determinó la competencia de la Corte
describiendo de manera exacta las conductas de que conoce, las cuales no pueden
ser objeto de perdón por ningún Estado parte.
Conforme a esta argumentación, la Corte Penal asume el
conocimiento de un asunto cuando la decisión nacional haya sido adoptada con el
propósito de sustraer a la persona de su responsabilidad penal por crímenes de
su competencia (artículo 17, numeral 2°, literal a). Éste, sería propiamente el
caso de un indulto. Por ello, la Corte Penal Internacional asumiría el
juzgamiento de la conducta atroz, aún cuando frente al derecho interno del
Estado, exista cosa juzgada. En otras palabras, un indulto o amnistía concedido
por delitos de competencia de la Corte no produce efectos frente a ésta, porque
al tenor del artículo 17 numeral 2, en estos casos se considera que el Estado
no tiene la disposición para actuar frente a la comisión de ese delito[24].
15. En días pasados, al revisar la constitucionalidad
de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma, la Corte se pronunció sobre la
imposibilidad de conceder amnistías o indultos por delitos atroces. Al
respecto, esta Corporación en sentencia C-578 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa)[25],
sostuvo que :
"(...) Figuras como las leyes de punto
final que impiden el acceso a la justicia, las amnistías en blanco para
cualquier delito, las auto amnistías (es decir, los beneficios penales que
los detentadores legítimos o ilegítimos del poder se conceden a sí mismos y a
quienes fueron cómplices de los delitos cometidos), o cualquiera otra modalidad
que tenga como propósito impedir a las víctimas un recurso judicial efectivo
para hacer valer sus derechos, se han considerado violatorias del deber
internacional de los Estados de proveer recursos judiciales para la protección
de los derechos humanos, consagrados en instrumentos como, por ejemplo, la
Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
del abuso de poder...
...Entonces, los principios y normas de
derecho internacional aceptados por Colombia (artículo 9 C.P), el Estatuto de
Roma, y nuestro ordenamiento constitucional, que sólo permite la amnistía o
el indulto para delitos políticos y con el pago de las indemnizaciones a que
hubiere lugar (artículo 150 numeral 17 de la C.P), no admiten el otorgamiento
de auto amnistías, amnistías en blanco, leyes de punto final o cualquiera otra
modalidad que impida a las víctimas el ejercicio de un recurso judicial
efectivo como lo ha subrayado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos...".
En suma, la tesis según la cual forma parte del
principio de libre configuración del legislador determinar la concesión de
amnistías e indultos por cualquier clase de delito, resulta inaceptable, no sólo
porque desnaturaliza la restrictiva conceptualización del delito político
frente al común, sino además porque equivaldría a reconocer que la política
criminal de Colombia está en contravía de los compromisos internacionales que
sobre la materia se han realizado, inspirados en cerrar los espacios a la
impunidad de los graves crímenes que ofenden a la conciencia jurídica
universal.
Del alcance
conceptual de los delitos políticos.
16. La visión restrictiva del delito político como
fruto de un ordenamiento constitucional fundado en el valor absoluto de la
dignidad de la persona humana y de los derechos que le son inherentes, ha sido
objeto de conceptualización doctrinaria en los siguientes términos: "[el
delito político consiste] en la infracción o conjunto de infracciones lesivas
al Estado, directa o indirectamente y que afectan su personalidad jurídica, o
más sintéticamente, abarca todas las acciones dirigidas objetivamente contra el
Estado, entendido como organización jurídico - política"[26].
En idénticas palabras, Francesco Antolisei, siguiendo el artículo 8° de la
legislación italiana, sostiene que: "En cuanto respecta a la ley penal
es delito político todo aquel que ofende un interés político del Estado o un
derecho político del ciudadano. Se considera también delito político el delito
común total o parcialmente determinado por motivos políticos"[27].
Precisamente, esta Corporación, en sentencia C-009 de
1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), definió el contenido del delito político
para diferenciarlo del delito común, en los siguientes términos: "...El
delito político es aquél que, inspirado en un ideal de justicia, lleva a sus
autores o participes a actitudes proscritas del orden constitucional y legal,
como medio para realizar el fin que se persigue. Si bien es cierto el fin no
justifica los medios, no puede darse el mismo a trato a quienes actúan movidos
por el bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, a
quienes promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoístas.
Debe, pues, hacerse una distinción legal con fundamento en el acto de justicia,
que otorga a cada cual lo que merece, según su acto y su intensión"[28].
17. De lo anteriormente expuesto podría concluirse que
de acuerdo con la concepción tradicional del delito político - acogida por esta
Corporación[29]
-, éstos se reducen a dos: la rebelión y la sedición. Sin embargo, existen
ciertos tipos comunes que por su conexidad con los delitos políticos, podrían
considerarse como tales, lo cual implica valorar la existencia de dos o más
conductas autónomas ligadas o vinculadas por un factor subjetivo que se debe
predicar en ambas acciones u omisiones punibles, es decir, el móvil o motivo
altruista
En consecuencia, conductas como el suministro de
información sometida a reserva, el constreñimiento al sufragante o la
perturbación de un certamen democrático podrían llegar a considerarse como
delitos políticos por conexidad. No obstante, es importante recordar, que si
bien no todas las conductas punibles pueden catalogarse de delitos políticos,
en el mismo sentido, no todas podrían llegar a estimarse conexas,
específicamente, en aplicación del criterio estrictamente restrictivo que
desvirtúa in limine, el vinculo de conexidad entre las conductas de
contenido político y las violentas que atenten contra la dignidad de la persona
humana.
De allí que no todas las conductas punibles puedan ser
catalogadas como delitos políticos o conexos y, por tanto, la posibilidad de
conceder amnistías e indultos debe ejercerse de manera restrictiva, impidiendo
que dicho beneficio ampare a conductas delictivas comunes o atroces. Es preciso
reconocer que esta limitante, es propia de la filosofía humanística que ha
inspirado nuestro ordenamiento constitucional. En efecto, el artículo 30
transitorio de la Carta Fundamental, por ejemplo, estableció que:  "Autorízase
al gobierno nacional para conceder indultos o amnistías por delitos políticos y
conexos, cometidos con anterioridad a la promulgación del presente acto
constituyente, a miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida
civil en los términos de la política de reconciliación. Para tal efecto el
gobierno nacional expedirá las reglamentaciones correspondientes. Este
beneficio no podrá extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera
de combate o aprovechándose del estado de indefensión de la víctima"[30].
18.
Por último, de todo lo expuesto y en contraposición con algunas posiciones
disidentes, cabe plantear el siguiente interrogante: ¿si resulta razonable que
se desconozca el principio de dignidad humana y la primacía de los derechos
fundamentales de las personas, otorgando la potestad al legislador para
amnistiar en blanco, en acatamiento de supuestos objetivos de conveniencia
pública ajenos a los mandatos imperativos del Estado Social de Derecho?.
Hoy más que nunca, adquieren actualidad las palabras
del ilustre jurista español, el profesor Jesús González Pérez, cuando
denunciaba valientemente la tendencia de los Estados hacía la hipocresía en la
protección de los derechos humanos y las garantías fundamentales. Señalaba el
brillante maestro: "...Al lado de estas solemnes declaraciones [se
refiere a los tratados sobre derechos humanos] subsisten las prácticas
atentatorias de los más elementales derechos(...) Es fácil ironizar sobre el
contraste entre el acuerdo casi unánime de los Estados que han aprobado la
declaración y la práctica seguida por la mayor parte de ellos, que desmienten
normalmente sobre tal o cual punto el ideal defendido. O, más duramente, que la
era de los derechos humanos es al mismo tiempo la era del desprecio a la vida
inocente y más necesitada, mediante la legalización del aborto, la eutanasia, la
sacralización de la violencia y la liturgia del terrorismo..."[31].
Fecha ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
Aclaración de
voto a la Sentencia C-695/02
AMNISTIA E INDULTO-Inexistencia
de referencia constitucional expresa a delitos excluidos (Aclaración de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Competencia
legislativa para excluir determinados delitos de beneficios (Aclaración de
voto)
AMNISTIA E INDULTO-Revaluación
legislativa de criterios valorativos para concesión (Aclaración de voto)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Valoración de contexto histórico y circunstancias
específicas en que legislador toma medidas (Aclaración de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Decisión
legislativa distinta ante contexto histórico diferente (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-3945
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 13 de la Ley 733 de 2002.
Actor:  Pedro Pablo Camargo
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Comparto la decisión tomada por la Corte en
relación con la exequibilidad del artículo 13 de la Ley 733 de 2002 pues si
bien el constituyente limitó la amnistía y el indulto a los delitos políticos y
no excluyó de esos beneficios a los delitos conexos ni tampoco a aquellas
conductas punibles que de manera razonable y proporcionada puedan subsumirse en
los delitos políticos, también es cierto que le reconoció al legislador un
amplio poder de configuración en materia de amnistías e indultos aunque
condicionó su ejercicio a unos límites infranqueables.  De allí que sea
coherente con la Carta una norma que, sin desbordar esos límites, excluye de
esos beneficios a determinados delitos.  No obstante, creo que la Corte hubiese
avanzado más en su doctrina sobre la amnistía y el indulto si en la motivación
del fallo hubiese desarrollado los siguientes puntos:
1.  En estricto sentido, no existe una
referencia constitucional expresa en torno a aquellos delitos excluidos de la
amnistía o el indulto.  Esto es, ab initio no hay delitos que por
voluntad del constituyente no puedan ser amnistiados o indultados.
De acuerdo con ello, la decisión de excluir
determinados delitos de esos beneficios es una decisión que le incumbe al
legislativo como un ámbito propio de decisión y no como cumplimiento de un
mandato impuesto por la Carta.
2.  Cuando el legislador ejerce
la facultad consagrada en el artículo 150.17 de la Carta está cumpliendo una
función que está históricamente condicionada.  De allí que deba hacerlo con
sujeción a un marco normativo que, a su vez, lo remite a un entorno fáctico y
valorativo que, si bien está claramente definido, también se halla sometido a
la dinámica de las relaciones sociales y a su movilidad.
En ese marco, ya que el
constituyente ha condicionado el ejercicio de esa facultad a la concurrencia de
graves motivos de conveniencia pública, es comprensible que el legislador no
esté sometido por las decisiones previamente adoptadas en ese campo pues
racionalmente no puede exigírsele el sometimiento de distintos supuestos
fácticos a las mismas disposiciones de derecho.
Precisamente por ello nada se
opone a que, atendiendo el carácter dinámico de las relaciones sociales, el
legislador se vea en la necesidad de revaluar los criterios valorativos de
otras épocas para efectos de conceder los beneficios de amnistía e indulto a
conductas punibles anteriormente excluidas de ellos.
Por ello, cuando las reglas de
derecho así concebidas se someten a control constitucional, esta Corporación
debe valorar el contexto histórico y las circunstancias específicas en que el
legislador toma esas medidas, esto es, debe establecer si los motivos
verdaderamente existen y, una vez acreditado ello, si han sido objeto de una
valoración razonable por el legislador.
3.  La movilidad de los
supuestos que sirven de fundamento a la decisión político criminal de conceder
amnistías e indultos explica por qué el legislador no queda atado hacia el
futuro por la emisión de una decisión que niegue la amnistía o el indulto para
determinados delitos.  En el mismo sentido, ya que las decisiones de
constitucionalidad que se emiten en torno a ese tipo de actos se circunscriben
al entorno fáctico y valorativo de cada época, es comprensible por qué un pronunciamiento
previo no pueda válidamente tener efecto vinculante ante entornos diferentes.
Como se lo expuso en la
aclaración de voto a la sentencia C-069-94:
Dada la naturaleza eminentemente cambiante
del delito político, que ha hecho imposible su definición, solo el Legislador,
previo el estudio de los aspectos objetivos y subjetivos, podrá determinar en
un momento histórico-político, qué comportamientos socialmente reprochables
pueden ser considerados como delito político y recibir el tratamiento diferente
que esa condición amerita.
... Observando la jurisprudencia nacional
se demuestra que no ha sido posible lograr una definición satisfactoria del
delito político. Esta imposibilidad nace de la naturaleza cambiante del delito,
a la que se agrega un factor determinante y es la calificación de
"conducta altruista", que puede variar de conformidad con la forma de
Estado.
Puede que la conducta sea altamente
reprochable, bien por su presentación externa, bien por los sujetos pasivos en
quienes recae, pero justificada por sus fines. Pero esos mismos comportamientos
no encuentran adecuación en otro momento histórico diferente.
En un país como el nuestro, en el que la
movilidad social avanza a una mayor velocidad que la producción legislativa, el
concepto de delito político no puede ser dogmáticamente delimitado.
En la Constitución de 1991, se incluyó una
limitación a la concesión del indulto o la amnistía por delitos políticos y
conexos, cometidos con anterioridad a la expedición del Acto Constituyente, en
el artículo 30 transitorio, se estableció:
... Este beneficio no podrá extenderse a
delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o aprovechándose del
estado de indefensión de la víctima.
La prohibición expresamente contenida en el
artículo 30 transitorio se dirige al indulto administrativo y no al indulto
legislativo.
Pero, lo anterior no implica que en un
futuro el propio legislador en desarrollo del artículo 150 numeral 17, de la
Constitución Política, pueda conceder por mayoría de los dos tercios de los
votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia
pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos.
La disposición anterior establece entonces
dos exigencias: una de carácter objetivo relacionada con la votación calificada
(este es tal vez el quórum aprobatorio más exigente de la Carta, por dos
motivo: número de votos -2/3 partes-, y base decisoria -se exige el voto de los
miembros del Congreso y no solo de los presentes-), y otra de carácter
subjetivo referente a los "graves motivos de conveniencia pública".
Esta última, tiene relación directa con el
artículo 22 de la Constitución que consagra el derecho a la paz y, con el
artículo 2o., que establece como uno de los fines del Estado el de asegurar la
convivencia pacífica.
En este
orden de ideas, los Magistrados que aclaramos el voto, consideramos que el
artículo 14 de la Ley 40 de 1993, que ha sido considerado como constitucional,
es un mandato al Ejecutivo -aún cuando actúa como legislador-, y a los
funcionarios judiciales, cuando se les faculta, para prescindir de la pena.
Sin embargo, en determinadas circunstancias
históricas sólo el legislador por expresa disposición Constitucional, podrá
determinar qué comportamientos socialmente reprochables merecen ser
considerados como delitos políticos atendiendo al interés general y en búsqueda
de asegurar la convivencia pacífica. En tales circunstancias, si los motivos de
conveniencia pública lo hacen necesario, podrá establecer que el secuestro es
conexo con el delito político para asegurar la paz entre los colombianos[32].
4.  En este contexto, no
obstante la decisión de la Corte,  es claro que nada obsta para que ante un
contexto histórico diferente el legislador bien pueda tomar una decisión
distinta si llegare a estimar que existen motivos de grave conveniencia pública
que la hacen procedente pues para ello bastaría con la emisión de una
disposición ejerciendo la facultad otorgada por el constituyente sin que la
norma que ahora se examina signifique obstáculo alguno.
En mi criterio, estos puntos hacen parte del régimen
constitucional de la amnistía y el indulto y debieron incluirse en la
motivación del fallo.  Como no se lo hizo, aclaro mi voto en tal sentido.
Jaime Córdoba Triviño
Magistrado
Aclaración de voto a la Sentencia C-695/02
AMNISTIA E INDULTO-No concesión para terrorismo, secuestro y
extorsión/AMNISTIA-Concesión para delitos atroces si existe conexión con
delitos políticos (Aclaración de voto)
SISTEMA JURIDICO-Define sus propios parámetros de
interpretación (Aclaración de voto)
SISTEMA JURIDICO-Reglas de interpretación para asegurar
eficacia de definiciones contrafácticas normativas (Aclaración de voto)
NORMA JURIDICA-Vinculación de conceptos extrajurídicos (Aclaración
de voto)
CONSTITUCION POLITICA-Interpretación a partir de condiciones
históricas y sociales del país (Aclaración de voto)
DERECHO-Carácter contrafáctico (Aclaración de voto)
DERECHO-Conceptos imposibles de definir contrafácticamente
(Aclaración de voto)
PAZ-Concepto imposible de definir contrafácticamente
(Aclaración de voto)
PAZ-Deber de encauzar toda la actividad para alcanzarla/PAZ-Situación
que se verifica empíricamente (Aclaración de voto)
CONSTITUCION POLITICA EN MATERIA DE PAZ-Interpretación a partir de condiciones
históricas que permitan alcanzarla (Aclaración de voto)
PAZ-Respeto de derechos de asociados para alcanzarla
(Aclaración de voto)
DERECHO A LA VERDAD Y LA JUSTICIA EN
PROCESO DE AMNISTIA E INDULTO-Derechos
de víctimas (Aclaración de voto)
AMNISTIA E INDULTO POR DELITO POLITICO-Mecanismos de reparación patrimonial
(Aclaración de voto)
AMNISTIA-Extensión a graves violaciones de derechos humanos
requiere demostrar necesidad para logro de la paz (Aclaración de voto)
JUSTICIA-Obtención con mecanismos distintos a la pena
privativa (Aclaración de voto)
Comparto las razones por las cuales la Corte
Constitucional ha declarado la exequibilidad del artículo 13 de la Ley 733 de
2002. Empero, considero necesario enfatizar algunos de los argumentos que
sustentan la decisión.
Delitos atroces y amnistía. Interpretación
Constitucional.
1. La Corte ha señalado que “la prohibición de
concesión de amnistías e indultos por los delitos de terrorismo, secuestro y
extorsión es una decisión que hace parte del ámbito de definición del
legislador y es legítima en cuanto ha respetado los límites impuestos por la
Carta... se trata de una decisión legislativa que se muestra razonable con las
circunstancias por las que atraviesa la sociedad colombiana pues es consecuente
con la manera como ella se ha visto afectada por prácticas delictivas de
especial gravedad, como ocurre con el terrorismo, práctica delictiva que
implica el manifiesto desconocimiento de los valores mínimos sobre los que se
edifica la pacífica convivencia de los colombianos”.
Con ello, la Corte ha avalado la posibilidad de no
conceder amnistías a este tipo de delitos. Con todo, lo anterior no implica que
no sea posible conceder amnistías a quienes incurren en tales delitos y, en
general, en delitos atroces o de lesa humanidad, si existe conexión con delitos
políticos.
2. De manera general debe admitirse que el sistema
jurídico define sus propios parámetros de interpretación. La interpretación de
la Constitución no escapa a esta realidad. Así, una vez la decisión política se
ha vertido en un texto jurídico-positivo, el sistema jurídico se encarga de que
se respete la voluntad legislativa (ratio legis) –o, en este caso, la del
constituyente-, para lo cual se han diseñado mecanismos –reglas de
interpretación-, propios del sistema jurídico, que aseguren la eficacia de las
definiciones contrafácticas establecidas normativamente. De esta manera, por
ejemplo, al incorporarse el mandato de respeto a la dignidad humana, será el
sistema jurídico quien defina de qué manera se entiende el concepto de dignidad
humana y cuales conductas constituyen cumplimiento de dicho mandato. De igual
manera ocurre con todos los conceptos jurídicos. En este orden de ideas, la
vinculación de conceptos extrajurídicos, como ocurre en la regulación de
asuntos técnicos, únicamente resulta válido –y pertinente- en función a la
norma jurídica.
Lo anterior implica que los asuntos constitucionales
han de interpretarse a partir de la Constitución misma y, en consonancia con el
propio sistema jurídico y la dogmática jurídica. El principio de primacía de la
Constitución, está definido positivamente y se configura dogmáticamente. Poco o
nada lo afecta el hecho de que intereses extrajurídicos busquen limitar su
vigencia o eficacia. En ello reside el carácter contrafáctico del derecho, esto
es, la seguridad jurídica.
Ahora bien, como lo ha reconocido esta Corporación,
dicha interpretación del texto normativo constitucional debe partir de las
condiciones históricas y sociales del país. Es decir, cuando resulte exigible
considerar tales condiciones, no se trata de realizar una interpretación que
únicamente tenga en consideración el texto normativo y el purismo
científico-jurídico. En sentencia T-066 de 1998, la Corte precisó lo siguiente:
“6. De entrada es importante clarificar que el
análisis que conducirá a la resolución de los distintos interrogantes
planteados tiene como marco general el entendimiento de que el país atraviesa
difíciles condiciones de orden público y de violencia, con todas las
consecuencias que ello implica para las personas y las actividades que ellas
realizan. Un estudio como el que exige el caso bajo análisis tiene que tener
siempre en cuenta cuáles son las condiciones sociales y políticas del medio en
que se aplican e interpretan las normas constitucionales. El análisis
constitucional no se reduce a un ejercicio conceptual, ahistórico e
indiferenciado. Puesto que la Constitución persigue ofrecer un marco de
regulación jurídica a los múltiples conflictos que experimenta una sociedad
dada, la interpretación constitucional debe siempre tener en cuenta las
condiciones particulares - y cambiantes - de esa sociedad. De lo contrario, el
texto constitucional perdería cualquier posibilidad de mantener su vigencia, y
los mencionados conflictos pasarían a ser resueltos por medios distintos a los
jurídicos. De allí que el juez constitucional tenga que tener siempre presente
en su actividad cuál es la realidad en la que se aplican las normas
constitucionales. Cabe aclarar, además, que ésta es precisamente la condición
que permite la permanencia de los textos constitucionales, a pesar del
transcurso del tiempo, en la medida en que, a través de la interpretación que
practica el juez, las normas van ajustándose a las transformaciones que
experimentan las sociedades.”[33]
Así las cosas, el carácter contrafáctico del derecho
no implica un abandono u olvido de la realidad en la que se inserta el sistema
jurídico.
3. No obstante lo anterior, debe admitirse que existen
conceptos claramente imposibles de definir contrafácticamente. Este es el caso
de la paz. El sistema jurídico es capaz de indicar, de manera contrafáctica,
que no se está en guerra (se ha firmado una rendición, por ejemplo). No puede,
sin embargo, decretar la paz. Esta, entendida como una ausencia de un grado
superlativo de violencia –pues paz no necesariamente es mero antónimo de la
guerra-, se verifica; es un hecho empírico o, como mínimo, un estado de cosas
que únicamente se percibe anímicamente. Ello apareja que el arsenal conceptual
del sistema del derecho es incapaz de abarcar y aprehender el concepto de paz.
Este es un supuesto del sistema.
La Constitución dispone que la paz “es un derecho y un
deber de obligatorio cumplimiento” (C.P. art. 22). Ante la imposibilidad de
otorgar un carácter normativo a la paz, éste debe entenderse de manera
distinta: se trata, si se quiere, de un ideal, que el sistema jurídico ordena
buscar. Todos los esfuerzos de la sociedad, deben dirigirse hacia el logro de
la paz. En este contexto, indudablemente al Estado le corresponde una carga
mayor. El sistema político tiene la carga de valorar las condiciones que hagan
posibles el logro de la paz, en tanto que el sistema jurídico se ve en la tarea
de adecuar sus sistemas e instrumentos de análisis –interpretación jurídica y
dogmática jurídica- a la consecución de dicho objetivo.
La Corte ya ha avanzado en este camino. Así, por
ejemplo, en sentencia C-048 de 2001, esta Corporación señaló:
“7. Como acertadamente lo afirmaron algunos de los
intervinientes, la Carta de 1991 es una “Constitución para la paz”. En efecto,
el Constituyente otorgó a la noción jurídica de la paz un triple carácter, pues
la consideró un valor de la sociedad, fundamento del Estado y de los derechos
humanos (preámbulo); la concibe como un fin esencial que irradia el ordenamiento
jurídico y que, como principio, debe dirigir la acción de las autoridades
públicas (art. 2). Y, también la entiende como un derecho constitucional (art.
22), que si bien es cierto no es de aplicación inmediata, no es menos cierto
que el mandato debe dirigir la acción de los particulares y las autoridades.
Conforme a lo anterior, todos los ciudadanos y las
autoridades deben adelantar medidas eficaces no sólo para prevenir sino también
para eliminar los actos de agresión y quebrantamiento de la paz. No obstante la
generalidad del deber social de "propender al logro y mantenimiento de la
paz" (C.P. art. 95-6), la rama ejecutiva es la principal responsable de
cumplir con la obligación de adelantar los medios pertinentes y necesarios para
proteger la seguridad de los habitantes del territorio nacional. En efecto, de
acuerdo con el numeral 4º del artículo 189 superior, corresponde al Presidente
de la República “conservar en todo el territorio el orden público y
restablecerlo donde fuere turbado” y, los alcaldes y gobernadores son agentes
del jefe de gobierno para el mantenimiento del orden público (C.P. arts. 315-2
y 303). En tal virtud, incumbe entonces al Presidente de la República utilizar
las herramientas legítimas y necesarias para cumplir con el mandato que la
Constitución le ha impuesto.”
Como se puede apreciar, la Corte claramente señala que
se “deben adelantar medidas eficaces no sólo para prevenir sino también para
eliminar los actos de agresión y quebrantamientos de la paz”. Tales medidas, claro
está, deben enmarcarse dentro del sistema constitucional, pues la Constitución
ha definido un marco axiológico y deóntico en el cual el logro de la paz, a
través, por ejemplo, de los instrumentos punitivos y el recurso a la fuerza,
tienen que ajustarse al respeto de los derechos constitucionales, los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario. Así, la paz se entiende, en
últimas, como el reinado del derecho y la existencia de “cauces institucionales
adecuados” para resolver los conflictos, pues “ya que la función del régimen
constitucional no es suprimir el conflicto -inmanente a la vida en sociedad-
sino regularlo, para que sea fuente de riqueza y se desenvuelva de manera
pacífica y democrática"[34].
4. La dogmática jurídica ha indicado que prima
facie no existe posibilidad de asimilar un delito atroz o un delito de lesa
humanidad, con un delito político. Se asume que no existe, en este mismo orden
de ideas, posibilidad alguna de que exista conexidad entre estas categorías de
hechos punibles. Prima facie, debe compartirse esta apreciación. No
resulta sencillo comprender cómo actos de secuestro o genocidio u otras
violaciones al Derecho Internacional Humanitario o al derecho a la guerra
puedan considerarse delitos políticos o conexos a éstos. Con todo, esta
concepción ha de estar mediada por la posibilidad de alcanzar la paz. En la
medida en que la paz se constata y no es posible imponerse, y ante la necesidad
de lograr la paz a fin de que la dignidad humana sea una realidad, debe ser la
realidad, las circunstancias históricas, las que definan la correcta
interpretación de la Constitución en este punto. La interpretación del derecho
no podrá, en tales circunstancias, partir del concepto –delito político-, sino
que habrá de responder a la realización de intereses extrajurídicos. Entre los
intereses extrajurídicos, ninguno alcanza la supremacía de la paz. Este es un
interés supremo para la sociedad, debido a que su ausencia implica la
degradación del ser humano (violación de la dignidad humana, principio rector
del sistema jurídico) y la ruptura y el desgarramiento de la sociedad; es
decir, pone en peligro la existencia misma de una sociedad organizada.
En este orden de ideas, la pureza conceptual (i.e.
delitos atroces o de lesa humanidad no pueden asimilarse a delitos políticos)
ha de ceder ante la realidad y la necesidad de lograr la paz. Si ello demanda
la asimilación, no puede el sistema jurídico convertirse en obstáculo para
asegurar aquello sin lo cual el derecho carece de sentido. Así, si la única
opción para lograr la paz -o, lo que es lo mismo, que existen “graves motivos
de conveniencia pública”- es otorgar amnistía o indulto a quienes, siendo
delincuentes políticos, han realizado delitos atroces o de lesa humanidad, es
un deber Constitucional hacerlo.
5.
Por lo anterior, debe admitirse que corresponde al legislador definir las
condiciones o los mecanismos para lograr la superación de los inconvenientes
para alcanzar la paz y, si fuere necesario impedir que todo delito que
conceptualmente no sea asimilable a delitos políticos sea amnistiable o
indultable, o bien, definir lo contrario. Claro está, dicha decisión
legislativa tiene límites, como la naturaleza propia de las actividades o
hechos que impiden la paz. Así, si quienes impiden la realización de la paz no
realizan determinados hechos punibles, no resulta admisible que tales delitos
sean calificados de conexos o asimilados a delitos políticos. Es un deber, se
repite, lograr la paz. Nunca establecer el reino de la impunidad.
6. En suma, tenemos las siguientes restricciones al
análisis jurídico del tema en cuestión: (i) la obligación de encauzar toda
actividad estatal hacia el logro de la paz, el cual no es un concepto jurídico,
sino una situación que se verifica empíricamente. Ello obliga a interpretar el
derecho –en este caso, la Constitución- a partir de los presupuestos o
condiciones históricas que permiten lograr la paz. Si se quiere, se trataría de
una interpretación que sigue la racionalidad conforme a fines, los cuales, en
este caso, son deónticamente exigibles. (ii) La racionalidad con arreglo a
fines (o una interpretación que tenga en cuenta intereses extrajurídicos
–aunque protegidos por el sistema jurídico-) no implica que todo medio sea
válido para alcanzar dichos fines y que el fin –la paz- autorice desconocer
ámbitos jurídicos en los cuales el mandato constitucional (o jurídico) es más
exigente. (iii) De lo anterior se sigue que el logro de la paz no se logra por
cualesquiera medios, sino, básicamente, a partir del aseguramiento de un
profundo y genuino respeto por los derechos constitucionales de los asociados.
Este es, por así decirlo, el límite último al cual se somete la actividad
estatal en procura de la paz. Es decir, el fin –paz- que se considera válido
perseguir y que autoriza el ejercicio hermenéutico consistente en asimilar a
delitos políticos actos realizados de manera concomitante con éstos, es una paz
dentro del sistema de derechos que reconoce y demanda proteger la Constitución.
Unicamente de esta manera se armoniza el mandato contenido en el artículo 2 de
la Carta, con el actuar estatal. Lo anterior apareja que no es admisible
cualquier clase de amnistía o indulto.
Derecho a la justicia y a la verdad.
7. La constitución ha fijado una restricción jurídica
al otorgamiento de amnistías o indultos: ésta debe garantizar, en todo caso, el
resarcimiento de las víctimas. Sin embargo, cuando la medida se extiende a
delitos que en sí mismos no son considerados como políticos, debe respetar
principios que definen –en lo definible- el concepto de paz, compatible con una
democracia constitucional. Entre tales principios, además del deber de
resarcimiento, se cuenta el derecho a la verdad y a la justicia.  En punto a la
importancia de estos principios, no puede pasarse por alto las experiencias de
otros países, como Salvador, Guatemala, Rwanda, o Sudáfrica, quienes
enfrentaron la necesidad de conceder amnistías e indultos como condiciones para
alcanzar la paz. Los éxitos o fracasos y sus dificultades, en buena parte
estriban en la inobservancia del mandato de lograr verdad y justicia.
En sentencia C-1149 de 2001, la Corte fue explícita en
señalar que a las víctimas de los hechos punibles les asistían tres derechos
“importantes”: “a) Derecho a saber la verdad de los hechos; b) Derecho a la
justicia y; c) Derecho a la reparación del daño”. El derecho a la reparación
del daño está incluida en la cláusula constitucional.
En relación con el derecho a la verdad y a la
justicia, estos derechos no pueden quedar huérfanos en un proceso de amnistía e
indulto amplios. Las víctimas, como lo señala el informe de las Naciones Unidas
referido en la mencionada sentencia, tienen derecho a saber –derecho a la
verdad- lo que realmente ocurrió: quienes realizaron los actos por los cuales
se otorgaron amnistía o indulto, porqué lo realizaron, etcétera. Este es un
presupuesto, no sólo para las ulteriores reclamaciones, sino que constituye un
elemento esencial para lograr la restauración de la paz. Esta, como ya se
indicó, no parte de la impunidad, sino de la creación de condiciones de respeto
por los derechos constitucionales de los asociados. El primer paso, en este
camino, es la aceptación de la responsabilidad por los hechos y el revelar las
distintas circunstancias que rodearon la realización de los mismos. El
silencio, en este orden de ideas, además de impunidad, genera desesperanza.
En directa relación con lo anterior, el derecho a la
justicia adquiere un matiz distinto. En el mencionado informe, se refiere a la
posibilidad de hacer respetar los derechos y, si fuere el caso, llevar a los
responsables ante la justicia penal. En el contexto de un proceso de
recuperación de la paz, la amnistía y el indulto parecieran controvertir e
impedir la realización del derecho a la justicia. Ello, sin embargo, es
meramente aparente. Conocida la verdad, se sigue la obligación de demostrar, de
manera fehaciente, sea individual o colectivamente, arrepentimiento. Dicho arrepentimiento
debe existir para que el carácter político de los hechos punibles sea
manifiesto. Nada tiene de acto político una violación grave de derechos
humanos, cuando con ello únicamente se han saciado ánimos de venganza o son
producto de un profundo desprecio por el ser humano. El acto delictivo
político, recibe su condición por un ánimo de resistencia y altruismo que
define al ejecutor. De ahí que la realización del hecho punible no sea un fin
es si mismo, sino un instrumento para alcanzar los fines políticos deseados. El
arrepentimiento asegura, se repite, que se evidencia dicho ánimo y, además,
conduce a que la amnistía o el indulto no se conviertan en un hecho pasajero,
sino en un hito fundamental en la historia del país.
Conclusión
7. a) Cuando la amnistía o el indulto se concede
exclusivamente por el delito político, la Constitución solo exige que se
aseguren los mecanismos de reparación patrimonial. b) Sin embargo, si la
amnistía se hace extensible a graves violaciones a los derechos humanos, se
requiere demostrar la necesidad de la medida para el logro de la paz. c) Debe
existir una ponderación con otros derechos constitucionales, como el respeto
del derecho a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas. d) La justicia
puede lograrse con mecanismos distintos a la pena privativa de la libertad, y
e) Lo anterior implica que, a priori, no existe ningún delito (ni
siquiera las graves violaciones a los derechos humanos) que pueden excluirse
como conexos de un delito político.
Fecha ut supra,
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
Aclaración de voto a la Sentencia C-695/02
AMNISTIA E INDULTO-Complementa leyes vigentes en la materia
(Aclaración de voto)
AMNISTIA E INDULTO-Prohibición dirigida a quienes aplican las
leyes vigentes (Aclaración de voto)
PAZ-Orden principalísimo en el orden de valores
protegidos por la Constitución/PAZ-Diferentes maneras de protección
constitucional (Aclaración de voto)
AMNISTIA POR DELITOS POLITICOS-Requisitos/INDULTO POR DELITOS
POLITICOS-Requisitos (Aclaración de voto)
AMNISTIA PARA LA PAZ Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO-Compatibilidad
(Aclaración de voto)
ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL EN MATERIA DE AMNISTIA-No impide concesión que cumpla con requisitos mínimos
(Aclaración de voto)
ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL EN MATERIA DE AMNISTIA-No impide concesión siempre que garantice a las
víctimas un recurso judicial efectivo (Aclaración de voto)
IUS COGENS-Inderogabilidad de normas/DERECHO INTERNACIONAL-Penalización
de crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su
conjunto (Aclaración de voto)
CORTE PENAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE
AMNISTIA E INDULTO POR DELITOS POLITICOS-No admisión de autoamnistía, amnistías en blanco,
leyes de punto final o modalidad que impida a víctimas recurso judicial
efectivo (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-3945
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 13 de la Ley 733 de 2002
Actor:
Pedro Pablo Camargo
Magistrado
Ponente:
Dr.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Respetuosamente aclaro mi voto para resaltar las
razones por las cuales comparto el fallo de exequibilidad.
1. La norma acusada establece una prohibición
dirigida, no al legislador que no puede por esta vía ordinaria
autorrestringirse, sino a quienes aplican las leyes vigentes. Por lo tanto, la
disposición cuestionada no modifica el marco constitucional relativo a la
concesión de amnistías e indultos. Su alcance se limita a complementar las
leyes vigentes sobre esta materia.
2. Lo que la Corte debía juzgar en este
caso no era una ley que concedía una amnístia o un indulto. Por el contrario,
la disposición establece una prohibición al respecto. Es cierto que el
legislador hubiera podido establecer más prohibiciones en esta materia o,
también, hubiera podido definir de otra manera o con otra técnica legislativa
el punto específico acusado. No obstante, estas posibilidades no hacen
inexequible la norma.
3. Como en otra oportunidad, en una
sentencia de la cual fuí ponente, la Corte sintetizó los criterios
constitucionales en estos asuntos, estimo que esta sentencia no habría
provocado tantas posiciones divergentes si hubieramos seguido los lineamientos
que unificaron a la Corte cuando se abordó el punto al controlar la
constitucionalidad del Estatuto de Roma mediante el cual se creó la Corte Penal
Internacional. Recuerdo lo que se dijo en esa oportunidad que sintetiza mi
posición al respecto[35]:
“En primer lugar, la Corte constata que la paz ocupa
un lugar principalísimo en el orden de valores protegidos por la Constitución.
Dentro del espíritu de que la Carta Política tuviera la vocación de ser un
tratado de paz, la Asamblea Constituyente protegió el valor de la paz de
diferentes maneras en varias disposiciones. Por ejemplo, en el Preámbulo la paz
figura como un fin que orientó al constituyente en la elaboración de toda la
Constitución. En el artículo 2 dicho propósito nacional cardinal se concreta en
un fin esencial del Estado consistente en “asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo”. Además, el artículo 22 va más lejos al
establecer que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Dentro de los múltiples instrumentos para facilitar el logro de la paz, la
Constitución reguló procedimientos de resolución institucional de los
conflictos y de protección efectiva de los derechos fundamentales, como la
acción de tutela (artículo 86 CP.). Además, sin circunscribirse a un proceso de
paz, la Constitución permite que “por graves motivos de conveniencia pública”
se concedan amnistías o indultos por delitos políticos y estableció requisitos
claros para que ello se ajuste a la Carta, dentro de los cuales se destacan que
(i) el órgano que los concede sea el Congreso de la República donde concurren
las diversas fuerzas políticas que representan a la Nación, (ii) que la
decisión correspondiente sea adoptada por una mayoría calificada de los dos
tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara, (iii) que los
delitos objeto de estos beneficios pertenezcan a la categoría de “delitos
políticos” y (iv) que en caso de que los favorecidos fueren eximidos de la
responsabilidad civil respecto de particulares, “el Estado quedará obligado a
las indemnizaciones a que hubiere lugar” (artículo 150, numeral 17, CP).
además, corresponde al gobierno en relación con la rama judicial conceder los
indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley e informar al Congreso
sobre el ejercicio de esta facultad (artículo 201, numeral 2, CP)
La Corte encuentra que el Estatuto no
pretende restringir las potestades de los Estados ejercidas con el propósito de
alcanzar los fines del Estatuto, en especial, impedir que continúen las
violaciones al derecho internacional humanitario. De ahí que el artículo 10 del
Estatuto advierta que “nada de lo dispuesto en la presente parte se
interpretará en el sentido de que limite o menoscabe de alguna manera las
normas existentes o en desarrollo de derecho internacional para fines distintos
del presente Estatuto”.[36]
En segundo
lugar, la Corte destaca que las amnistías dictadas con el fin de consolidar la
paz han sido consideradas como instrumentos compatibles con el respeto al
derecho internacional humanitario. Así lo señala, por ejemplo, el artículo 6.5
del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949:
“Artículo 6. Diligencias Penales. (...)
“5. A la cesación de hostilidades, las autoridades en
el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que
hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la
libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto
armado”
No obstante lo anterior, y con el fin de
hacer compatible la paz con la efectividad de los derechos humanos y el respeto
al derecho internacional humanitario, el derecho internacional ha considerado
que los instrumentos internos que utilicen los Estados para lograr la
reconciliación deben garantizar a las víctimas y perjudicados de una conducta
criminal, la posibilidad de acceder a la justicia para conocer la verdad sobre
lo ocurrido y obtener una protección judicial efectiva.[37] Por ello, el Estatuto
de Roma, al recoger el consenso internacional en la materia, no impide conceder
amnistías que cumplan con estos requisitos mínimos, pero sí las que son
producto de decisiones que no ofrezcan acceso efectivo a la justicia.
Figuras como las leyes de punto final que
impiden el acceso a la justicia, las amnistías en blanco para cualquier delito,
las auto amnistías (es decir, los beneficios penales que los detentadores
legítimos o ilegítimos del poder se conceden a sí mismos y a quienes fueron
cómplices de los delitos cometidos), o cualquiera otra modalidad que tenga como
propósito impedir a las víctimas un recurso judicial efectivo para hacer valer
sus derechos, se han considerado violatorias del deber internacional de los
Estados de proveer recursos judiciales para la protección de los derechos
humanos,[38]
consagrados en instrumentos como, por ejemplo, la Declaración Americana de
Derechos del Hombre,[39]
la Declaración Universal de Derechos Humanos,[40]
la Convención Americana de Derechos Humanos[41]
y la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder.”[42]
Adicionalmente, el derecho internacional ha
reconocido la inderogabilidad de normas de ius cogens[43],lo cual resulta
sin duda relevante en el análisis de esta cuestión.[44] En este sentido, el
derecho internacional ha penalizado los crímenes más graves de trascendencia
para la comunidad internacional en su conjunto.[45] Sin desconocer el
derecho internacional, Colombia ha concedido amnistías e indultos
específicamente por delitos políticos.[46]
Entonces, los principios y normas de
derecho internacional aceptados por Colombia (artículo 9 CP.), el Estatuto de
Roma, y nuestro ordenamiento constitucional, que sólo permite la amnistía o el
indulto para delitos políticos y con el pago de las indemnizaciones a que
hubiere lugar (artículo 150. numeral 17 de la CP.), no admiten el otorgamiento
de auto amnistías, amnistías en blanco, leyes de punto final o cualquiera otra
modalidad que impida a las víctimas el ejercicio de un recurso judicial
efectivo como lo ha subrayado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.[47]”
Fecha ut
supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1] M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[2] Desarrollando ese ámbito de la cosa juzgada
constitucional, esta Corporación ha expuesto:  “...teniendo en cuenta la
especial naturaleza de la cosa juzgada constitucional, es necesario advertir,
que de manera excepcional, resulta posible que el juez constitucional se
pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de decisión de
exequibilidad previa. El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de
su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en determinados
casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su
interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades
concretas de la vida colectiva - aún cuando no haya habido cambios formales en
el texto fundamental -, lo que incide necesariamente en el juicio de
constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de “Constitución
viviente” puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios
económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una
comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, - que es
expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas
realidades -, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con
fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a
aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una
determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera
la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva
distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y
principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y
sentido de una institución jurídica”.  Corte Constitucional.  Sentencia
C-774-01.  M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[3] En varias decisiones esta Corporación ha destacado
los fines de orden público y la conveniencia pública implícitos en la concesión
de amnistías y los indultos.  En ese sentido, por ejemplo, cuando declaró la
exequibilidad del voto secreto de los congresistas para decidir sobre las
proposiciones de amnistías e indultos, literal c) del artículo 131 de la Ley 5ª
de 1992, manifestó:  “Por otra parte, el que el voto sea secreto en
tratándose de decidir sobre amnistías o indultos, resulta justificable habida
cuenta de que estas decisiones se adoptan con fines de orden público y como
señala la Constitución deben obrar graves motivos de conveniencia pública a
cuyo amparo el voto secreto puede tener plena validez. Estas amnistías e
indultos recaen por lo general, sobre grupos indeterminados de individuos que
se han visto comprometidos en movimientos alzados en armas”.  Corte
Constitucional.  Sentencia C-245-96.  M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[4] Esta Corporación ya ha tenido
oportunidad de realizar distinciones entre la amnistía y el indulto.  Así, al
declarar exequible el artículo 66 de la Ley 49 de 1990, manifestó:  “El
fundamento del indulto es el ejercicio del derecho de gracia.  En sentido genérico
es la remisión o perdón, total o parcial, de las penas judicialmente
impuestas.  Mientras la amnistía recae sobre la causa, el indulto opera sobre
el efecto mismo;  igualmente, mientras la amnistía hace referencia al hecho, en
el indulto se mira directamente a la persona: no es real sobre la cosa o hecho,
sino personal. En sana lógica, debe concluirse que se trata de un acto
jurisdiccional en cuanto a la naturaleza de su objeto y a los efectos que
tiene”.  Corte Constitucional.  Sentencia C-260-93.  M. P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[5] Corte Constitucional.  Sentencia C-578-02.  M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[6]              Cfr. Sentencias C-171 de 1993; C-415 de 1993; C-069
de 1994; C-037 de 1996; C-1404 de 2000, C- 578 de 2002, entre otras.
[7]             Entre
otros efectos, en la ciencia penal se distinguen: La extradición (Art.
35 C.P), el asilo político y la extraterritorialidad de la ley penal mediante
la figura del estatuto universal ( Art.16-6 Código Penal). Por otra parte, en
el campo político: la inexistencia de inhabilidad para ser Congresista o
Magistrado de una alta Corte, por la imposición de penas privativas de la
libertad por delitos políticos o culposos (Art. 179-1 y 232 C.P) Por último, en
el campo del derecho penal internacional y con sujeción al ius cogens,
la posibilidad de ser objeto de juzgamiento por la comisión de conductas
punibles comunes y atroces - no políticas o conexas - ante la Corte Penal
Internacional, con sujeción a lo previsto en la Ley 742 de 2002, según la cual:
"artículo 5°. crímenes de la competencia de la corte. l. La
competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia
para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de
conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a)
El crimen de genocidio;  b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de
guerra;  d) El crimen de agresión".
[8]              Dicha postura tiene como fundamento la aclaración de
voto a la Sentencia C-069 de 1994 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), según la cual:
"...en determinadas circunstancias históricas sólo el legislador por
expresa disposición constitucional, podrá determinar qué comportamientos
socialmente reprochables merecen ser considerados como delitos políticos
atendiendo al interés general y en búsqueda de asegurar la convivencia
pacífica. En tales circunstancias, si los motivos de convivencia pública lo
hacen necesario, podrá establecer que el secuestro es conexo con el delito
político para asegurar la paz entre los colombianos..."
[9]              Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio
de ellas ejerce las siguientes funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar
las leyes. En armonía con el artículo 28 de la Constitución que prevé el
principio de legalidad o tipicidad penal.
[10]            Subrayado por fuera del texto original. Sentencia
C-171 de 1993. (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). En el fundamento 4 de dicha
providencia se desarrolló un capítulo que ha sido plenamente reiterado, en
sentencias posteriores por esta Corporación, denominado: "El delito
común no puede homologarse al delito político".
[11]            Al respecto, se puede consultar a: Granados Peña.
Jaime. Teoría general del delito político y sus proyecciones en el derecho
penal internacional
[12]            En estos precisos términos, el profesor Benda,
sostiene que: "...no es algo lógico y natural que la Constitución
contenga una declaración sobre la condición del hombre en el marco de las
relaciones entre Estado y Sociedad. En la concepción del liberalismo la
dignidad del ser humano no era asunto de la incumbencia del Estado. El
liberalismo partía de la creencia de que tanta más libertad y dignidad tendría
el individuo cuanto más garantizadas quedara una esfera inmune al Estado, en la
que el individuo pudiera libremente configurar su existencia. En la actualidad
esta forma de ver las cosas ha perdido validez porque bajo las condiciones de
la sociedad moderna el individuo depende de las prestaciones del
Estado..." (Benda. Maihoffer. Vogel. Hesse y Heyde. Dignidad humana y derecho de la personalidad. En: Manual de
derecho constitucional. 2001. Pág. 118-119.
[13]            Sellés. Juan Fernando. La persona humana. Parte I.
Bogotá. Universidad de la Sabana. 1998. Pág. 34.
[14]            Recuérdese que se tratan de delitos contra el régimen
constitucional y legal.
[15]            A manera de ejemplo, los precursores de nuestra
independencia, como Antonio Nariño o Francisco José de Caldas, e innumerables
prohombres que contribuyeron a la causa americana, siempre actuaron motivados
por los mas altos ideales humanistas y nunca emplearon medios que atentaran
contra la dignidad de la persona humana.
[16]            Sentencia C-456 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía y
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[17]            Al respecto, Emmanuel Kant, en su obra la metafísica
de las costumbres, sostuvo que: "...los seres racionales se llaman personas
porque su naturaleza los distingue como fines en sí mismos, o sea, como algo
que no puede ser usado meramente como medio y, por tanto, limita todo capricho
en este sentido (y es, en definitiva, objeto de respeto). No son éstos, pues,
fines subjetivos cuya existencia tiene un valor para nosotros como efecto de
nuestra acción, sino que son fines objetivos, es decir, seres cuya existencia
es un fin en sí misma, y un fin tal que en su lugar no puede ponerse
ningún otro fin para el cual debiera éste servir de medio, porque sin
esto no habría posibilidad de hallar en ninguna parte nada que tuviera valor
absoluto, y si todo fuera condicionado y, por tanto, contingente, no podría
encontrarse ningún principio práctico supremo para la razón...”. (subrayado
por fuera del texto original).
[18]            Sentencia C.127 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero). Siguiendo al profesor Eduardo Suárez.
[19]            Téngase en cuenta que la Corte ha afirmado que el DIH
hace parte del ordenamiento jurídico interno de manera automática, sin
necesidad de ratificación de los respectivos tratados. Cfr. Sentencias C-574 de
1992 y C-225 de 1995.
[20]            Así, a título de ejemplo, la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada dispone que: "Artículo 5. La desaparición
forzada de personas no será considerada delito político para los efectos de
extradición (..), y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio determina que: "artículo 7. A los efectos de extradición, el
genocidio y los otros actos enumerados en el artículo 3 no serán considerados
como delitos políticos (...)".
[21]            (Paul Wikinson, Political Terrorism, Macmillan Press,
1974; Alex P.Schmid. Political terrorism; A. Resssearch Guide to Concepts,
Theories, data Bases and Literature) (Noth Hollan Publishing Company, 1983)
[22]            Informe No. 1/99, Caso 10.480 Lucio Parada y otros/ El
salvador 27 de enero de 1999, párrafo 107; Informe 28/92, caso 10.147, 10.181,
10.240, 10.262, 10.309 y 10.311 (Argentina), 2 de octubre de 1992; e Informe
19/92 (Uruguay). De manera genérica, la Comisión ha estimado que la amnistía
viola el derecho a la justicia que les asiste a los familiares de las víctimas,
de identificar a sus autores y de que se establezcan sus responsabilidades y
sanciones correspondientes, y a obtener la reparación judicial por parte de
éstos. En los casos de amnistías de El salvador, Argentina, Uruguay, la
Comisión consideró que dichas leyes eran incompatibles con el artículo XVIII
(derecho a la justicia) de la Declaración Americana de los derechos y Deberes
del hombre, y los artículos 1°, 8, 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
[23]            Sombreado por fuera del texto original.
[24]            Este es un desarrollo del principio de
complementariedad de la competencia de la Corte.
[25]            Revisión de la Ley 742 de 2002 "Por medio de la
cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en
Roma el día diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
[26]            Granados Peña. Jaime. Teoría general del delito
político y sus proyecciones en el derecho penal internacional.
[27]            Antolisei. Francesco. Manual de derecho penal. Parte
General. Pág. 86.
[28]
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha definido el concepto
y los atributos del delito político. Al respecto, ha señalado que: "...El
delito político tiene un objetivo final invariable que le es consustancial, se
prospecta buscando una reparación efectiva y se realiza con supuesta
justificación social y política. Si estas son las notas características de este
tipo de delito, cabe precisar: 1) Que envuelve siempre un ataque a la
organización política institucional del Estado; 2) Que se ejecuta buscando el
máximo de trascendencia social y de impacto político; 3) Que se efectúa en
nombre y representación real o aparente de un grupo social o político; 4) Que
se inspira en principios filosóficos, políticos y sociales determinables; y 5)
Que se comete con fines reales o presuntos de reivindicación socio-política...."
(Corte Suprema de Justicia. Concepto del 26 de junio de 1982. Ponencia del
Magistrado Fabio Calderón Botero).
[29]            Sentencia C-456 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía y
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[30]            Subrayado por fuera del texto original.
[31]            González Pérez. Jesús. La dignidad de la persona
humana. Civitas. Madrid. 1986. Pág. 31
[32] Aclaración de voto de los Magistrados Antonio Barrera Carbonell,
Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.
[33] Sentencia T-066 de 1998
[34] Sentencia C-573/94 del 27 de octubre de
1994. M.P Alejandro Martínez Caballero.
[35] Sentencia C-578 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Aclaración de voto Rodrigo Escobar Gil.
[36] Este principio general se concreta respecto de las penas en el
artículo 80 del Estatuto que dice:
Artículo 80.
El Estatuto, la aplicación de penas por los países y la legislación
nacional. Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en
perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su
legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las
penas prescritas en la presente parte.
[37] Ver Organización de Naciones Unidas. Subcomisión para la Prevención
de la Discriminación y la Protección de las Minorías. Sobre la Impunidad de
Perpetradores de Violaciones a los Derechos Humanos. Relator Especial
Louis Joinet, UN Doc. E/CP.4/Sub.2/1993/6, 19 de julio de
1993, revisado por E/CP.4/Sub.2/1994/11 y E/CP.4/Sub.2/1996/18 (Informe Final).
Ver también, Stephens, Beth. Conceptualizing Violence:
Present and Future developments in International Law: Panel 1: Human Rights and
Civil Wrongs at Home and Abroad: Old Problems and New Paradigms: Do Tort
Remedies Fit the Crime?. En 60 Albany Law Review 579, 1997.
[38] Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
afirmar que “(...) la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones
a los derechos reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la
misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese
sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté
previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino
que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en
una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.” (subrayado agregado al texto). Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8,
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6
de octubre de 1987, Serie A No. 9, párrafo. 24.
[39] Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre, OAS Res. XXX, aprobada en la
Novena Conferencia Internacional Americana (1948), reimprimido en Documentos
Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano,
OEA/Ser.L.V/IL82 doc.6 rev.1 p. 17 (1992). Artículo XVIII. Derecho de justicia.
Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la
justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo,
alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.
[40] Declaración Universal de Derechos
Humanos, A.G. res. 217 A (III), ONU Doc. A/810 p.
71 (1948). Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante
los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
[41] Convención Americana de Derechos
Humanos, Serie sobre Tratados, OEA, No. 36, 1144,
Serie sobre Tratados de la ONU, 123 entrada en vigor 18 de julio de 1978,
reimprimido en Documentos Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el
Sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6.rev.1 p. 25 (1992). Artículo
25. Protección Judicial. 1.Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen:  a) A garantizar que la
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las
posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que  se haya estimado procedente
el recurso.”
[42] Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de
noviembre de 1985. Acceso a la justicia y trato justo. “4. Las víctimas serán
tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a
los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan
sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá y
reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que
permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u
oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará
a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos
mecanismos. 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y
administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas
de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las
actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se
trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b)
Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas
y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego
sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional
de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las
víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar
las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso
necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los
testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando
demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los
mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7. Se
utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de
controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia
consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la
reparación en favor de las víctimas.”
[43] Sobre reconocimiento de la prohibición de genocidio como norma de
ius cogens ver: Corte Internacional de Justicia, Opinión consultiva del 28 de
mayo de 1951. Asunto de las reservas a la Convención sobre la Prevención y el
Castigo del Crimen de Genocidio; Corte Internacional de Justicia Sentencia del
11 de julio de 1996 Asunto de la aplicación de la Convención para la Prevención
y el Castigo del Crimen de Genocidio (Bosnia-Herzegovina c/ Yugoslavia).
[44] Henrard, Kristin.
The Viability of National Amnesties in View of The Increasing Recognition of
Individual Criminal Responsibility at International Law. En 8 Michigan State
University-DCL Journal of International Law, páginas 595 y ss. Robertson, Geoffrey. Crimes Against Humanity. The Struggle for
Global Justice. The New Press, New York, 1999. Ratner, Steven R. y Abrams,
Jason S.. Accountability for Human Rights Atrocities in International Law.
Beyond the Nuremberg Legacy. Clarendon Press, Oxford, 1997. Special Rapporteur Louis Joinet, Preliminary Report: Study
on Amnesty Laws and their Role in the Safeguard and Promotion of Human Rights,
UN Commission on Human Rights, UN Doc. E/CP.4/Sub.2/1985/16 (1985). Naomi Roht-
Arriaza, Special Problems of a Duty to Prosecute: Derogation, Amnesties,
Statutes of Limitation and Superior Orders, in Impunity and Human Rights in
International Law and Practice 57, 63-64 (Naomi Roht-Arriaza ed., 1995).
Sieder, Rachel, Ed. Impunity in Latin America. Institute of Latin American
Studies, 1995
[45] Lo anterior inspiró el articulo 5 del Estatuto de Roma.
[46] Ver por ejemplo, las siguientes disposiciones: Ley 35 de 1982,
reguló la amnistía y otras disposiciones para restablecer la paz; Ley 49 de
1985, que otorgó facultades especiales al Presidente para conceder indultos.,
la Ley 77 de 1989 que reguló el procedimiento para dar Indulto, los Decretos
206 de 1990 y 213 de 1991, mediante los cuales se adoptaron medidas para el
restablecimiento del orden público, incluida la regulación de la figura de
extinción de la acción penal para facilitar la reincorporación de Miembros del
EPL, el PRT y el Quintín Lame; el Decreto 1943 de
1991, a través del cual se adoptaron medidas sobre Indulto y Amnistía; el Decreto
1059 del 26 de 1994, con el cual se dictaron normas encaminadas a facilitar la
incorporación de milicias populares con carácter político; el Decreto 1387 de
1994, dirigido a facilitar la reincorporación de los miembros del Frente
Francisco Garnica vinculados al proceso de paz; la Ley 104 de 1993, cuyos
artículos 48 a 60 regulan la posibilidad de otorgar beneficios judiciales para
facilitar la reinserción. En la Constitución
Política, el artículo transitorio 30 autorizó al gobierno a conceder indultos o
amnistías por delitos políticos y conexos, cometidos con anterioridad a la
promulgación de la Constitución de 1991.
[47] La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado las
condiciones para que una amnistía sea compatible con los compromisos adquiridos
por los Estados Partes en la Convención Americana de Derechos Humanos. Por
ejemplo, en el caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú),
Sentencia de 14 de Marzo de 2001 la Corte Interamericana decidió que las leyes
de amnistía peruanas eran contrarias a la Convención y que el Estado era
responsable por violar el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los
hechos y obtener justicia en cada caso en el contexto nacional.