C-319-02
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-319/02
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Comprobante
de consignación para acción contra acto que consagra crédito a favor del tesoro
público
DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Exigencia
de caución, garantía o condición para iniciar proceso
DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Exigencia
de condición difícil o imposible de cumplir
VIA GUBERNATIVA-Agotamiento como requisito de
procedibilidad
NULIDAD DE ACTO
ADMINISTRATIVO PARTICULAR Y CONCRETO-Agotamiento previo de vía gubernativa
VIA GUBERNATIVA-Agotamiento como presupuesto de acción
administrativa
VIA GUBERNATIVA-Finalidad del agotamiento
El
agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedimiento establecido
por el legislador, permite que el afectado con una decisión que considera
vulneratoria de sus derechos, acuda ante la misma entidad que la ha proferido
para que ésta tenga la oportunidad de revisar sus propios actos, de suerte que
pueda, en el evento en que sea procedente, revisar, modificar, aclarar e
inclusive revocar el pronunciamiento inicial, dándole así la oportunidad de
enmendar sus errores y proceder al restablecimiento de los derechos del
afectado, y, en ese orden de ideas, se da la posibilidad a las autoridades
administrativas de coordinar sus actuaciones para contribuir con el
cumplimiento de los fines del Estado, dentro de los cuales se encuentran entre
otros los de servir a la comunidad y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
VIA GUBERNATIVA-Agotamiento como garantía del debido
proceso
VIA GUBERNATIVA-Mecanismo de protección de intereses del
administrado
DERECHO DE ACCION-Gratuidad/VIA
GUBERNATIVA-Empleo de
defensa técnica para recurrir ante la administración
ACTUACION O PROCESO
ADMINISTRATIVO-Asunción de
costos por la parte interesada
DEBERES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES-Ignorancia de la ley
no justifica incumplimiento
ACTUACION ADMINISTRATIVA-Administrados no pueden alegar
desconocimiento de ejercicio de defensa/ACTUACION
ADMINISTRATIVA-Administrados
no pueden alegar desconocimiento de posibilidad de interponer recursos de vía
gubernativa
VIA GUBERNATIVA-Imposibilidad de agotamiento permite
acudir directamente a la jurisdicción
Sala Plena
Referencia:
expediente D-3783
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 135 y 140 del Código Contencioso
Administrativo.
Demandante:  Manuel
Alberto Restrepo Medina
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRAN
SIERRA
Bogotá D.C.,  dos
(2) de mayo de dos mil dos (2002)
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de
los requisitos y trámite establecidos por el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la
Constitución Política, el ciudadano Manuel Alberto Restrepo Medina presentó
demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 135 y 140 del Código
Contencioso Administrativo.
Por auto de 26 de
octubre del año 2001, el magistrado sustanciador admitió la demanda presentada,
en consecuencia ordenó fijar en lista las normas acusadas. Así mismo, dispuso
dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su
concepto, y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la
República, al señor Presidente del Congreso de la misma y al Ministro de la
Justicia y el Derecho, con el objeto que si lo estimaban oportuno conceptuaran
sobre la constitucionalidad de las normas demandadas.
II.
NORMAS
DEMANDADAS
El siguiente es el
texto de las normas demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial
No. 36.439 de 10 de enero de 1984
Decreto-ley 01 de 1984
(enero 10)
“DECRETA:
“ARTICULO 135. modificado por el
artículo 22 del Decreto 2304 de 1989. Posibilidad de demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo contra actos particulares.  La
demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga término
a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor, debe agotar
previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio
negativo.
El silencio negativo, en relación
con la primera petición, agota la vía gubernativa.
Sin embargo, si las autoridades
administrativas no hubieran dado oportunidades de interponer los recursos
procedentes, lo interesados podrán demandar directamente los correspondientes
actos.
ARTICULO 140.  Comprobante de
consignación. Si se trata de demanda de impuestos, tasas, contribuciones o
multas que se exijan o de créditos definitivamente liquidados a favor del
tesoro público deberá acompañarse el respectivo comprobante de haberse
consignado, en calidad de depósito, la suma correspondiente. Terminado el
proceso, la cantidad deducida en la sentencia a cargo del contribuyente o
deudor, ingresará definitivamente en los fondos del tesoro y se devolverá al
interesado el saldo que resultare, si lo hubiere, con intereses comerciales
corrientes sobre este saldo desde que se hizo la consignación.
En iguales términos se devolverá
la suma depositada en caso de que la sentencia fuere favorable en su totalidad
al demandante.
El comprobante de depósito de que
se trata se refiere a los casos en que leyes especiales exijan la consignación
previa de la suma liquidada o debida. En los demás, bastará que se otorgue
caución a satisfacción del ponente para garantizar el pago con los recargos a
que haya lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto”.
III.
DEMANDA
El demandante
considera que las disposiciones legales acusadas vulneran los artículos 13 y
229 de la Constitución Política, en la medida en que establecen un requisito de
procedibilidad para acceder a la administración de justicia que puede hacer
nugatorio ese derecho.
En efecto,
manifiesta que la obligación impuesta por el artículo 135 del Código
Contencioso Administrativo al administrado de agotar la vía gubernativa para
poder acudir ante la jurisdicción contenciosa, implica, así la ley no lo diga,
el asesoramiento de un abogado con la consecuente erogación económica para
quien pretende acudir a la administración de justicia, de suerte que si el
afectado por un acto particular no sabe que debe cumplir con ese requisito o,
carece de los recursos económicos para ello, se genera una discriminación que
viola el derecho a la igualdad ante la ley, así como el libre acceso a la
administración de justicia.
Igual situación se
presenta en el caso del artículo 140 demandado, en el cual, a su juicio, es más
evidente la violación de la Carta Política al establecer como requisito de
procedibilidad la presentación del comprobante de consignación previa a manera
de depósito judicial o la caución, que en general por asuntos tributarios o
créditos definitivamente liquidados a favor del tesoro público se debe
acompañar a la demanda, del monto de una obligación que la propia
administración le ha impuesto de manera unilateral, la cual  pretende demandar.
Así las cosas, considera que si el afectado con un acto particular no cuenta
con recursos económicos, bien para efectuar el pago de la obligación, ya para
constituir la caución correspondiente, el cumplimiento del requisito de
procedibilidad se torna imposible de cumplir debido a su onerosidad, evento en
el cual se crea una discriminación que conculca los artículos 13 y 229 de la
Carta.
IV.
INTERVENCIONES
Intervención
del Ministerio de la Justicia y del Derecho
El Ministerio de la
Justicia y del Derecho inicia su intervención solicitando estarse a lo resuelto
en la sentencia No. 86 de julio 25 de 1991, proferida por la Corte Suprema de
Justicia, al examinar la constitucionalidad del artículo 140 del Código
Contencioso Administrativo.
En relación al
artículo 135 íbidem, pide a esta Corporación declarar su exequibilidad, bajo
los argumentos que a continuación se resumen:
Considera la entidad
interviniente que con la exigencia de agotamiento de la vía gubernativa, se
persigue que la administración tenga la oportunidad de revisar sus propias
decisiones con el objeto de que pueda revocarlas, modificarlas o aclararlas
antes de que sean objeto de proceso judicial; adicionalmente, a juicio de la
entidad interviniente, esa exigencia se convierte en un instrumento eficaz para
la buena marcha de la administración de justicia regulando su ejercicio y su
prestación recta y eficaz.
Por otra parte,
considera que se trata de una medida que resulta ventajosa para el
administrado, pues se amplía su posibilidad de defensa, no sólo en vía gubernativa,
sino posteriormente en vía judicial.
V.  CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
El Procurador
General de la Nación inicia su intervención solicitando estarse a lo resuelto
en la sentencia No. 86 de 25 de julio de 1991, proferida por la Corte Suprema
de Justicia, en relación con el artículo 140 del Código Contencioso
Administrativo, ahora demandado, Corporación que efectúo el análisis de constitucionalidad
de dicha norma frente a las disposiciones de la Constitución de 1991, decisión
que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
En relación con la
demanda contra el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, considera
el Ministerio Público, que el derecho de acceder a la administración de
justicia, lleva implícito el deber constitucional correlativo de colaboración
para el buen funcionamiento de la administración de justicia y, en ese orden de
ideas, se impone al administrado el cumplimiento de cargas procesales, entre
las que se encuentra el agotamiento de la vía gubernativa como requisito de
procedibilidad para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa.
Considera de reserva
legal la manera de impartir justicia, la cual se debe efectuar de manera
impersonal, general y abstracta, y no para resolver casos hipotéticos muy
particulares. Así las cosas, a su juicio, resulta procedente desde el punto de
vista constitucional el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 135
demandado, razón por la cual solicita a esta Corte declarar su exequibilidad.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia.
En virtud de lo
dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para
conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal,
como la que se acusa en la demanda que se estudia.
2.  La cosa
juzgada constitucional respecto del artículo 140 del Código Contencioso
Administrativo.
2.1.  En relación
con el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia, con fundamento en la prórroga de competencia
consagrada por el Constituyente de 1991, en el artículo 24 transitorio, que
dispuso que las acciones públicas de inconstitucionalidad que se presentaran
antes del 1 de junio de 1991 continuarían siendo tramitadas y deberían ser
decididas por la Corte Suprema de Justicia, profirió la sentencia No. 86 de 25
de julio de 1991, mediante la cual se pronunció sobre la constitucionalidad del
artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, declarando la
inexequibilidad parcial de esa norma, en la parte que establecía como requisito
para ejercer el derecho de acción contra un acto de la administración que
consagrará un crédito a favor del tesoro público, la obligación de consignar en
calidad de depósito la suma correspondiente.
En efecto, consideró
la Corte Suprema que se trataba de un requisito desproporcionado, pues obligaba
al interesado a cumplir con una sanción impuesta por la administración de
manera absoluta, sin permitirle acudir a otras garantías o mecanismos de
idéntica naturaleza para asegurar el pago de la multa o suma debida, en la
hipótesis de una sentencia desfavorable a sus pretensiones.
Adujo que “[e]l
tipo de multa que por hechos contravencionales  u obligaciones de orden
cambiario, tributario, etc imponen o liquidan las autoridades del ramo, hace
inaccesible la justicia a quienes tienen derecho de controvertir ese acto
sancionatorio y la administración, en ese caso, posee la atribución de bloquear
la acción de la jurisdicción con la imposición de multas o la definición de
obligaciones de magnitudes en ocasiones inalcanzables para los afectados. Pero
aunque la sanción no llegara a niveles imposibles desde el punto de vista
económico para las personas demandantes, el artículo 140 compele a tomar
semejante obligación sin alternativa alguna, antes del juicio y quebratando,
así, la garantía que la Constitución de 1991 en su artículo 229 ha consagrado
expresamente a quienes necesitan de las definiciones judiciales para establecer
la legalidad del acto administrativo que decreta tal obligación”
No obstante, declaró
la constitucionalidad del aparte normativo del artículo 140 del Código
Contencioso Administrativo, según el cual “bastará que se otorgue caución a
satisfacción del ponente para garantizar el pago con los recargos a que haya
lugar en cuanto fuere desfavorable lo resuelto”, aduciendo que “[n]o se
trata entonces de que el principio solve et repete haya quedado eliminado
totalmente, sino que en adelante ‘si se trata de demanda de impuestos, tasas,
contribuciones o multas que se exijan o de créditos definitivamente liquidados
a favor del tesoro público’ habrá de prestarse la caución correspondiente en
los términos de la parte del artículo 140 in fine del C.C.A., que es
declarada exequible en este fallo”.
Así las cosas, por
haberse realizado el análisis de constitucionalidad del artículo 140 del
C.C.A., a la luz de las disposiciones de la actual Constitución Política, se
presente respecto de dicha norma, el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, consagrado en el artículo 243 de la Carta. Por lo tanto, deberá
estarse a lo resuelto en la sentencia No. 86 de julio 25 de 1991, proferida por
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
2.2.  No obstante lo
anterior, considera la Corte pertinente recordar en esta oportunidad la
sentencia C-318 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, proferida por esta
Corporación, mediante la cual se declaró la inexequibilidad total del  artículo
7° de la Ley 383 de 1997, que modificó el artículo 867 del Decreto 624 de 1989,
que establecía como requisito para demandar un acto administrativo que consagra
una obligación tributaria, la constitución de una garantía bancaria o de
compañía de seguros por un porcentaje del monto discutido, siempre que fuera
superior a los diez millones de pesos, por cuanto en dicha sentencia, se hace
relación en su parte motiva, a la parte final del artículo 140 del C.C.A.,
declarada exequible, como se vio, por la Corte Suprema de Justicia.
Dijo la Corte en esa
oportunidad: “[s]i bien, como se ha visto, la imposición de una caución para
garantizar el pago de una deuda tributaria, es una medida idónea y acorde con
los fines constitucionales, la Corte considera que se debe estudiar con más
cuidado la opción alternativa mencionada, que contiene el artículo 140 del
C.C.A.
Conferir al
magistrado encargado de la demanda contenciosa, la facultad de determinar el
monto de la caución que habrá de pagar el contribuyente-deudor, significa que
cada persona, de acuerdo con su situación individual, tendrá la oportunidad de
ser evaluada por el juez. Va de la mano del principio de igualdad, y garantiza
–en mayor medida que la norma atacada- que se tendrá en cuenta la capacidad
económica del demandante en el momento de exigir de él un depósito temporal de
dinero que respalde, al menos en parte, el pago de la deuda existente, y
demuestre la seriedad de su pretensión.
Visto así, no se
vulneran los derechos constitucionales del demandante; pero es imperativo que
la caución, garantía o condición, sea fijada, no de antemano sino luego de
admitida la demanda y repartido el proceso, para que el magistrado la ordene de
acuerdo con cada caso. De lo contrario, -es decir, como dice la norma
demandada- si se exige como un requisito para iniciar un proceso, se está
obstaculizando el acceso de una persona a la administración de justicia.
La Corte
considera que no es admisible, y que va en contravía del articulo 229 de la
Carta Política, exigir una condición para llevar a la justicia, la controversia
de un ciudadano con el Estado: no es posible a la luz de los principios
contenidos en la nueva Constitución, desechar de plano la admisión de una
demanda, por no cumplir con un requisito de esta naturaleza. Efectivamente,
mientras el demandante esté en capacidad de constituir la garantía que exige la
norma cuestionada [se refiere al artículo 7° de la Ley 383 de 1989], no se
estarían vulnerando sus derechos;  pero requerir la constitución de un respaldo
de ese tipo, sin tener en cuenta las condiciones de un gran número de posibles
demandantes, es un atentado contra su derecho de acción; no todas las personas
tienen acceso al mercado financiero, o cumplen con la cantidad de requisitos
que exigen las compañías de seguros para constituir una póliza como la que
exige esta disposición. Por tanto, la exigencia de una condición imposible o
muy difícil de cumplir, afecta el núcleo esencial del derecho al acceso a los
jueces y tribunales y, por contera, del derecho a una tutela judicial efectiva,
del derecho de defensa y, por supuesto, del derecho a la igualdad.
(...)
Cuando la norma
demandada impone un porcentaje fijo para todo aquel que pretende someter su
caso a la jurisdicción, no es inequitativa en apariencia, pues toma como base
la cuantía de la presunta deuda. Aunque a primera vista puede parecer justa la
medida, no toma en cuenta la capacidad real de pago del demandante, ni sus
condiciones específicas. No contempla, dentro de las situaciones disímiles que
pretende abarcar, aquella en la que el demandante no tenga acceso al mercado
financiero, o no pueda llenar las exigencias de una póliza. Con esto, recibe un
trato desigual con respecto a otros deudores de obligaciones fiscales que se
encuentran en su misma situación, y queda desprovisto de toda posibilidad de
solucionar su problema con la administración de impuestos.
La Corte
considera que con la medida que contiene el artículo 140 del C.C.A., se da una
solución adecuada a este problema; se cumple la intención del Constituyente de
garantizar el acceso a la justicia de todas las personas por igual, y la del
legislador, de asegurar el funcionamiento del aparato judicial contencioso, y
el pago de un porcentaje de las obligaciones que se adeudan al fisco.
18. En
consecuencia, habiendo encontrado una solución legal que respeta los derechos
constitucionales involucrados y consulta los fines de la ley tributaria y, por
ende, consciente de que no existirá un vacío legal en el procedimiento en
cuestión, la Corte declarará la inconstitucionalidad de la norma demandada; en
su lugar, el juez contencioso deberá regirse por lo preceptuado en el artículo
140 del C.C.A.  y fijar la cuantía y tipo de garantía que debe constituir el
demandante para respaldar su pretensión, demostrar la seriedad de su demanda y,
en caso de un fallo adverso a sus intereses, garantizar en parte el pago de su
obligación”.
3.  El
agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedibilidad
3.1.  A juicio de
ciudadano demandante el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo
viola el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) y el
derecho a la igualdad (art. 13 íbidem), porque establece un requisito de
procedibilidad como presupuesto para acudir ante la jurisdicción contenciosa
administrativa. Aduce que las actuaciones administrativas ante la
Administración Pública no requieren de la representación a través de apoderado
y, por lo tanto, la persona afectada con una decisión concreta de la
administración puede desconocer por ignorancia jurídica los efectos negativos
de su no accionar, por una parte, y, por otra, porque el afectado puede carecer
de los recursos económicos para asesorarse de un abogado que lo apodere
agotando en forma eficaz la vía gubernativa, circunstancias que crean una
discriminación en cuanto al ejercicio del derecho de acción por ignorancia o
por carencia de recursos económicos para cumplir con el requisito de
procedibilidad exigido en la norma demandada.
3.2. El artículo 135
de C.C.A., dispone que la demanda para impetrar la nulidad de un acto
administrativo particular y concreto que ponga término a un proceso
administrativo y restablezca el derecho del afectado con dicho acto, debe
agotar previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por
silencio negativo.
Ahora bien, el
agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto procesal de la acción
contenciosa administrativa, que no es otra cosa que la utilización de los
recursos consagrados en la ley para controvertir los actos que profiere la
administración y que afectan intereses particulares y concretos, a juicio de la
Corte no contrarían la Constitución Política, sino por el contrario permiten
dar plena eficacia a los principios, derechos y deberes consagrados en la
Carta.
En efecto, el
agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedimiento establecido
por el legislador, permite que el afectado con una decisión que considera
vulneratoria de sus derechos, acuda ante la misma entidad que la ha proferido
para que ésta tenga la oportunidad de revisar sus propios actos, de suerte que
pueda, en el evento en que sea procedente, revisar, modificar, aclarar e
inclusive revocar el pronunciamiento inicial, dándole así la oportunidad de
enmendar sus errores y proceder al restablecimiento de los derechos del
afectado, y, en ese orden de ideas, se da la posibilidad a las autoridades
administrativas de coordinar sus actuaciones para contribuir con el
cumplimiento de los fines del Estado (art. 209 C.P.), dentro de los cuales se
encuentran entre otros los de servir a la comunidad y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo (C.P. art. 2).
Por su parte, el
administrado en caso de no considerar acorde con sus pretensiones el
pronunciamiento de la Administración una vez agotados los recursos de vía
gubernativa, podrá poner en movimiento el aparato jurisdiccional mediante la
presentación de la demanda ante la jurisdicción administrativa para que sea el
juez el que decida finalmente sobre el derecho que se controvierte. Así, el
cumplimiento de ese requisito fijado por la ley, constituye una garantía de más
para que el administrado vea plenamente realizado su derecho fundamental al
debido proceso.
En múltiples
oportunidades tanto esta Corporación como el Consejo de Estado se han
pronunciado sobre la relevancia de la vía gubernativa, como mecanismo de
protección a los intereses del administrado. En uno de dichos pronunciamientos,
esta Corte, señaló que : “[c]on dicha institución se le da la oportunidad a
la administración de ejercer una especie de justicia interna, al otorgársele
competencia para decidir, previamente a la intervención del juez sobre la
pretensión del particular y lograr de este modo la composición del conflicto
planteado. Por su parte, para el particular se deriva una ventaja o beneficio
consistente en que puede obtener a través de la referida vía, en forma rápida y
oportuna, el reconocimiento de sus derechos, sin necesidad de acudir a un largo,
costoso y engorroso proceso judicial.
La vía
gubernativa se constituye en un mecanismo, que muchas veces es sustituto del
judicial, en la medida en que contribuye a satisfacer plenamente la pretensión
del interesado y, además, es una institución que garantiza su derecho de
defensa en cuanto le permite impugnar la decisión administrativa, a través de
los recursos de ley”[1].
3.3.  Por otra
parte, no puede interpretarse como lo hace el actor, que el cumplimiento del
presupuesto procesal exigido por el artículo 135 del Código Contencioso
Administrativo, sea una forma de negar el acceso a la administración de
justicia, argumentando que para la interposición de los recursos se requiere la
representación de abogado, lo cual implica la erogación de una suma de dinero
con la que muchas veces no se cuenta. Es cierto que el derecho de acción en
condiciones de igualdad se encuentra regido por el principio de la gratuidad,
en el sentido de que los costos de la función pública de administrar justicia
son asumidos por el erario público, pues se trata de una función de interés
general en la medida en que es el Estado a quien corresponde brindar a los
ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos.
Otra cosa son los
costos que se generen en el trámite de una actuación administrativa o de un
proceso, hasta obtener una decisión definitiva,  los cuales deben ser asumidos
por la parte interesada, como por ejemplo el empleo de una defensa técnica para
recurrir ante la administración, que en el caso del agotamiento de la vía
gubernativa es facultativa, pero que en el evento de acudirse a la contratación
de los servicios profesionales de un abogado, ese gasto debe ser a cargo del
recurrente, quien si no cuenta con los recursos económicos para contratar un
profesional del derecho, puede acudir a la solicitud de orientación ante la
misma administración que profirió el acto (art. 47 C.C.A.), o bien ante los
Personeros Municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la
Nación, los consultorios jurídicos, e incluso, puede acudir al amparo de
pobreza contemplado en el Código de Procedimiento Civil.
No puede aceptarse
por la Corte, el argumento esbozado por el actor, de la ausencia de
conocimientos jurídicos e incluso del desconocimiento de los efectos negativos
que su omisión en el cumplimiento de agotamiento de la vía gubernativa le
acarrearía. Esto, porque la ignorancia de la ley no puede ser admitida como
justificación para el incumplimiento de los deberes constitucionales y legales
de los ciudadanos, quienes no pueden argüir en forma razonable su falta de
conocimiento en materias específicas para deducir de allí una imposibilidad del
ejercicio de sus deberes esenciales y, con ello, pretender que sean relevados
de su cumplimiento.
Así como el Estado
tiene obligaciones para con todas las personas, uno de ellos facilitar el
acceso a la administración de justicia (C.P. 229), estas a su vez tienen un
deber correlativo de cumplir la Constitución y las leyes, y colaborar para el
buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P. art. 95-7).
Concretamente, en el
caso de las actuaciones administrativas, no puede alegarse por parte de los
administrados desconocimiento de la posibilidad que les confiere la ley de
acudir en pro de su derecho de defensa, a la interposición de los recursos de
vía gubernativa, por cuanto, el Código Contencioso Administrativo contiene un
conjunto de reglas de procedimiento a las cuales se deben sujetar los
servidores públicos frente a los asociados, precisamente para garantizar entre
otros los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. Así, las
autoridades administrativas tienen el deber de comunicar a los administrados la
existencia de la actuación administrativa y el objeto de la misma, cuando ésta
sea iniciada de oficio y se desprenda de la misma que un particular puede
resultar afectado con la misma en forma directa (art. 28 C.C.A.); y, de
notificar las decisiones que pongan término a una actuación administrativa
directamente al interesado o a su representante o apoderado, con la indicación
de los recursos administrativos que la ley pone a su disposición para ejercer
su derecho de defensa.
Con todo, si los
servidores públicos incumplen son los deberes que les impone la ley, y de su
actuación se deriva la imposibilidad para el administrado de agotar la vía
gubernativa, bien porque no le fue comunicada la iniciación de la actuación
administrativa que afectó sus intereses, ya porque las notificaciones no se
realizaron o no se hicieron en debida forma, el afectado con ese incumplimiento
podrá acudir directamente a la jurisdicción, sin necesidad de agotar la vía
gubernativa, tal como lo prevé el último inciso del artículo 135 demandado.
3.4. Finalmente, el
artículo 135 del C.C.A., no vulnera el derecho de igualdad pues la norma no
hace distinción alguna frente a los administrados que se encuentren en la misma
situación fáctica y jurídica por ella prevista, evento en el cual, si se
pretende acudir ante la jurisdicción administrativa, todos los destinatarios de
la norma por igual, tienen el deber de agotar previamente la vía gubernativa.
En síntesis de lo
expuesto en esta providencia se concluye que el artículo 135 del Código
Contencioso Administrativo no vulnera la Constitución Política.
VII.  DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 135
del Código Contencioso Administrativo.
Segundo:  En relación con el artículo 140 del
Código Contencioso Administrativo, estese a lo resuelto en relación con lo
decidido por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia No. 86 de 25 de julio de
1991, por existir cosa juzgada.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Sent. C-060/96, M.P. Antonio Barrera Carbonell