T-950-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-950/11
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
DEFECTO PROCEDIMENTAL-Configuración
El defecto procedimental se presenta cuando el operador
judicial se aparta de manera abierta de las normas procesales que regulan el
caso. Debe tratarse de una irregularidad trascendente que afecte de forma grave
el debido proceso y que tenga incidencia directa en la decisión judicial
impugnada o de la participación de una de las partes en el mismo y, tal
deficiencia no puede ser atribuida al afectado. Este defecto, puede
configurarse, entre otros supuestos: (i) cuando se deja de notificar una
decisión judicial y por ello, la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de
controvertirla. No obstante, si tal omisión no tiene efectos procesales
importantes, si se origina de un error del afectado, o si la misma no produjo
un efecto real -cuando el afectado tuvo la oportunidad de conocer el acto por
otros medios-, no procederá la tutela; (ii) dilación injustificada tanto en la
adopción de decisiones, como en el cumplimiento de las mismas por parte del
funcionario judicial; (iii) cuando la autoridad judicial omite la recepción y
el debate probatorio de unas pruebas cuya práctica había sido ordenada
previamente y, (iv) por exceso ritual manifiesto, hipótesis en la que se
profundizará enseguida.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO
RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de
jurisprudencia
Se está frente al defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto cuando la autoridad judicial, por una inclinación extrema y
aplicación mecánica de las normas adjetivas, renuncia de forma consciente a la
verdad jurídica objetiva que muestran los hechos, lo que trae como consecuencia
el sacrificio de la justicia material, de la prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas (art. 228 C.P.), cuando éstas, tan sólo son un instrumento o
medio para la realización de aquél y no fines en sí mismas y del acceso
efectivo a la administración de justicia (art. 229 ibidem).
EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Configuración
Según la jurisprudencia de esta Corte, dentro de las
circunstancias que pueden constituir defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, se encuentran las siguientes: (i) cuando al aplicarse un precepto
procesal se restringen derechos sustanciales o al utilizar el primero se
limitan las mismas oportunidades procesales; (ii) dejar de inaplicar
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (iii) exigir el cumplimiento de
requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en algunas ocasiones puedan
consistir en cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre probada; o, (iv) incurrir en un rigorismo procedimental
en la apreciación de las pruebas
FACULTADES Y PODERES DEL JUEZ-Deber de practicar pruebas de oficio en los procesos
que se surten ante la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo
El operador jurídico como director del proceso, ostenta
un poder –deber, fundados, en su orden, en el interés público que lo motiva y
en la garantía de una debida administración de justicia, para desplegar su
facultad oficiosa, como medio práctico y útil tendiente a suplir ciertos vacíos
no cubiertos por la parte, en quien recae en principio el impulso del proceso,
para recaudar un dato sensible que lleve certeza a favor de la garantía del
derecho sustancial. Esta Corporación se ha referido a que en el escenario de
los procesos que se tramitan ante la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso
administrativo, el juez no puede adoptar una posición de simple espectador,
debido a que en la actual regulación adjetiva (refiriéndose al contencioso
administrativo) en esa materia, además de proporcionar una relativa autonomía
al régimen probatorio, resalta el carácter inquisitivo de los mismos, elemento
que resulta consustancial a esa clase de regímenes.
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Sala Penal de Tribunal le restó valor probatorio a las
copias auténticas de la sentencia condenatoria en acción de revisión
La exigencia de la entidad demandada al inadmitir la
acción de revisión, que reiteró en la providencia a través de la cual no
accedió a la reposición, consistente en que las copias del fallo condenatorio
fueran autenticadas por el Secretario del Juzgado (art. 106 C.P.C.) y la constancia de ejecutoria por el despacho judicial que había emitido la condena (art.
116 ibídem), muestran el apego a las formas de manera irreflexiva y por tanto
el desconocimiento de la certeza del contenido de la copia auténtica del fallo
condenatorio de la que dio fe el Jefe Seccional del Archivo Central de los
Juzgados, en donde se encontraba el expediente con el fallo original, así como
de la fecha de su ejecutoria, certificada por la Secretaria del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de esta ciudad.  Es decir, por un ceñimiento extremo y aplicación
mecánica de las normas jurídicas, la entidad demandada renunció conscientemente
a la verdad jurídica objetiva que muestran los hechos y por consiguiente
sacrificó la justicia material, la prevalencia del derecho sustancial y al
acceso efectivo a la administración de justicia, que imponía tener por
acreditados estos requisitos y así tramitar la acción incoada, máxime, cuando
la constancia de ejecutoria de la sentencia se adjuntó con el recurso de
reposición, esto es, cuando aún no estaba en firme la providencia inadmisoria
de la acción de revisión.
PRUEBAS DE OFICIO PARA ESCLARECER VERDAD PROCESAL-Sala Penal de Tribunal incurrió en defecto fáctico por
omisión en su deber de practicar pruebas de oficio o de acceder a la práctica
de las solicitadas
La entidad judicial demandada debió desplegar su
accionar, con la finalidad de precisar algunos datos que faltaron en la
diligencia de reconocimiento que la denunciante y víctima hizo del capturado
directamente en las instalaciones de la DIJIN, que reiteró en un oficio que
dirigió el 2 de abril de 2009 al Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá y en declaración rendida el 6 del mencionado mes y año
ante ese mismo despacho judicial, cuando manifestó que no era la persona con la
que había sostenido negocios e incurrido en la estafa, tendiente a su
identificación e individualización, que involucra aspectos como su fisonomía,
estado civil, grupo familiar, que permiten su diferenciación con el resto de
las personas de la sociedad. La circunstancia indicada podía aclararse o precisarse,
si la entidad judicial demandada hubiere cumplido con su deber oficioso de la
práctica de la prueba respectiva o accedido a decretarla –en razón a que en la
Ley 600 de 2000 no está prohibida, norma aplicable para el 21 de agosto de
2004, fecha en la que sucedieron los hechos materia del proceso penal- como se
lo solicitó el actor en el recurso de reposición, en el sentido de que se
señalara fecha y hora para que la denunciante y víctima deponga sobre todo
cuanto le conste respecto de los hechos sobrevivientes y que se llevara a cabo
la diligencia de reconocimiento en fila de personas para determinar si el actor
fue o no quien incurrió en la conducta punible.
DEFECTO FACTICO-Sala Penal de Tribunal determinó que no constituía hecho nuevo el que
en la diligencia de reconocimiento de capturado, la víctima manifestó que el
condenado no era la misma persona que la había estafado
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Vulneración por Sala Penal
de Tribunal al inadmitir acción de revisión en proceso penal donde en
diligencia de reconocimiento por parte de la víctima se determinó que la
persona capturada no era la misma que la había estafado
Referencia: expediente T-3.200.240
Acción de tutela instaurada
por José Reinaldo Moreno Pineda contra la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil once
(2011)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, NILSON PINILLA
PINILLA y JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Decreto 2591 de
1991, profiere la siguiente,
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de la decisión adoptada el 10 de agosto de 2011 por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que negó por
improcedente la acción de tutela a la que acudió José Reinaldo Moreno Pineda
contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
I.      ANTECEDENTES
El señor José Reinaldo Moreno Pineda, a través de
apoderado judicial, acudió en acción de tutela en contra de la providencia
proferida el 3 de marzo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, por medio de la cual decidió inadmitir la acción de revisión, incoada
contra la sentencia penal condenatoria en su contra, emitida el 18 de diciembre
de 2008 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá.
En el escrito de tutela se relacionan los siguientes,
1.    Hechos
1.1. Sostiene el actor que la Fiscalía 146 Seccional de
Bogotá, lo llamó a juicio por haberlo encontrado responsable del delito de
estafa.
1.2. Aduce que mediante sentencia proferida el 18 de
diciembre de 2008, el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó por el
mencionado delito a la pena de 40 meses de prisión sin derecho a subrogados.
1.3. Agrega que una vez ejecutoriada la sentencia
condenatoria, las diligencias fueron remitidas a los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, correspondiéndole al Juzgado Noveno de esa
especialidad.
1.4. Manifiesta que fue capturado el 28 de marzo de 2009,
ordenándose su reclusión en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario “La
Picota” de la ciudad de Bogotá D.C.
1.5. Afirma que el 01 de abril de 2009, la señora Rosa
Stella Bautista Ávila, denunciante y víctima dentro del proceso penal, se
dirigió a las instalaciones de la DIJIN en Bogotá, en compañía de su defensor
de confianza, con la finalidad de realizar una diligencia de reconocimiento del
condenado que se encontraba privado de la libertad en esas dependencias. Que al
verlo, manifestó que la persona capturada no era la que la había estafado, “Ofreciéndole
disculpas”.
1.6. Expone que el 6 de abril de 2009 la señora Bautista
Ávila, se presentó de manera voluntaria y espontánea al despacho del Juzgado
Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, contando con la
presencia de su defensor de confianza, en donde declaró que “La persona que
fui a visitar a la DIJIN no corresponde a la persona que hizo acompañamiento al
señor EDGAR ANTONIO ORDUY AREVALO, quien era el titular de la negociación
objeto de la denuncia colocada, y los rasgos no le corresponden …”[1].
Por tal motivo, el 7 de abril de 2009, el mencionado juzgado ordenó su libertad
inmediata y el 9 de junio de ese año el proceso fue remitido al Juzgado Séptimo
de Ejecución de Penas de Descongestión de Bogotá.
1.7. Sostiene que a pesar de lo sucedido, continúa con
orden de captura vigente, con base en la cual, el 8 de abril de 2010, fue
capturado nuevamente y recluido en la Estación 18 de Policía Rafael Uribe Uribe
de Bogotá D.C., y dejado en libertad el 9 de abril del mencionado año, previo
oficio enviado por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad al comandante de la SIJIN en donde se hicieron las aclaraciones
respectivas y se indicó que la persona detenida, no corresponde con la que fue
condenada por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá.
1.8. Aduce que fue víctima de la suplantación de su
nombre, apellido y número de cédula, como lo demuestran la firma suscrita en la
diligencia de injurada y las descripciones y rasgos morfológicos, que según la
propia denunciante y víctima, no corresponden con los suyos.
1.9. Manifiesta que por lo anotado, el 25 de febrero de
2011 acudió ante el Tribunal Superior de Bogotá, en recurso extraordinario de
revisión en contra de la sentencia penal condenatoria proferida el 18 de
diciembre de 2008 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, el cual fue
inadmitido mediante proveído del 3 de marzo de 2011, tras considerar que (i) el
fallo atacado no cumple con el requisito de autenticidad y la constancia de
ejecutoria, exigido por el art. 222 de la Ley 600 de 2000, debido a que esa
función  es del resorte del Secretario del despacho judicial, no del Oficial
Mayor del Juzgado 107 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que no
existe dentro del Distrito Judicial de Bogotá; (ii) la diligencia de
reconocimiento no cumple con los requisitos exigidos por el art. 303 del C.P.P.
y, (iii) no surgieron nuevas pruebas que demuestren su inocencia, debido a que
la manifestación extraprocesal de la denunciante no indicó en qué diferían los
rasgos morfológicos del capturado con la persona a la que atribuyó su
detrimento patrimonial.
1.10. Agrega que contra lo decidido, el 14 de marzo de
2011 acudió en recurso de reposición, que sustentó así: (i) las copias de la
sentencia que se anexaron a la acción de revisión, fueron autenticadas el 17 de
febrero de 2011 por el Jefe Seccional de Archivo, debido a que el Juzgado 23
Penal del Circuito de Bogotá ya no existe y por ello la carga de los procesos
que no tenían sentencia los asumió el Juzgado 27 Penal del Circuito de Bogotá y
en los que ya se había proferido, como en su caso, fueron remitidos al archivo
central; (ii) la constancia de ejecutoria se firmó por la Oficial Mayor quien
según explicación del centro de servicios de los Juzgados de Ejecución del
Penas, existe un acuerdo que le asigna esas facultades a dichos funcionarios.
Sin embargo, el 11 de marzo de 2011 se expidió de nuevo la Constancia de
ejecutoria firmada por la Secretaria del Juzgado 107 de Ejecución de Penas y
medidas de seguridad, que es el mismo Juzgado 7º de Descongestión en esa
materia (que se enumeran en el sistema de gestión del 101 al 108)[2]
y, (iii) la manifestación extraprocesal de la denunciante constituye prueba
nueva y, (iv) el reconocimiento de la denunciante y víctima, cumple las
exigencias del art. 303 del C.P.P[3].
1.11. Expone que el mencionado recurso fue resuelto
mediante Auto del 3 de junio del mencionado año, en el sentido de no reponer la
providencia recurrida tras considerar que: (i) el Acuerdo PSAA10 6441 del 28 de
enero de 2010 del Consejo Superior de la Judicatura creó transitoriamente 8
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión, de
donde surge que el denominado con el número 7 no es el mismo 107 de esa
jurisdicción; (ii) las copias de la sentencia condenatoria no fueron
autenticadas por el Secretario del Juzgado, ni la constancia de su ejecutoria
expedida por el Juez de conocimiento, última exigencia que no es posible
enmendar durante el trámite del recurso de reposición y, (iii) no constituye un
hecho nuevo el que la víctima desde la denuncia identificó al señor Moreno
Pineda como la persona que afectó su patrimonio y con posterioridad indique que
no lo es, aspecto que implica una retractación de la versión original.
1.12. Finalmente, afirma que frente a lo decidido, el 14
de junio de 2011 acudió en recurso de hecho que no fue concedido el 01 de julio
del mentado año.
2.    Fundamentos
jurídicos de la acción de tutela
2.1. Considera el actor que la decisión emitida por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que inadmitió la acción de revisión
a la que acudió, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad, a pesar de que existe una prueba nueva que determina su inocencia.
3.    Pretensión
Con fundamento en lo señalado, solicita se amparen los
derechos fundamentales que invocó y en consecuencia se deje sin efectos la
providencia por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá,
inadmitió la acción de revisión a la que acudió en contra de la sentencia
condenatoria proferida el 18 de diciembre de 2008 por el Juzgado 23 Penal del
Circuito de Bogotá.
4.    Trámite
Procesal
La acción de tutela fue
radicada el 3 de agosto de 2011 y asignada a la doctora María del Rosario
González de Lemos, Magistrada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia. Por Auto del 4 de agosto de 2011, se avocó conocimiento del amparo
constitucional, se ordenó comunicar a los Magistrados de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, al Juez 23 Penal del Circuito de Bogotá, a la
Fiscalía 146 Seccional –Unidad Tercera Fe Pública y Patrimonio Económico-, al
Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión
de Bogotá, a Edgar Antonio Orduy Arévalo –el otro procesado en la actuación penal-
y a su apoderado y a Rosa Stella Bautista Ávila –Denunciante y Víctima en el
proceso penal[4].
Una vez surtidas las
notificaciones ordenadas, solamente respondieron la acción de tutela, las personas
que se relacionan enseguida.
4.1. Respuesta de la
Fiscalía 146 Seccional de Bogotá
María Soledad Franco Sanabria,
Fiscal 146 Seccional – Jefe de Unidad-, mediante oficio del 10 de agosto de
2011, informó que al revisar los sistemas de información de la Fiscalía General
de la Nación, se observa que en contra del señor José Reinaldo Moreno Pineda,
se adelantó investigación penal con el radicado número 775593 de la Fiscalía
160 Seccional de la Extinta Unidad Séptima de Fe Pública y Patrimonio
Económico, despacho que para enero de 2009, pasó al Sistema Penal Acusatorio
(Ley 906). Que dentro de la mencionada investigación, el 6 de febrero de 2008,
se profirió resolución de acusación contra Edgar Antonio Orduy Arévalo y José
Reinaldo Moreno Pineda y se remitió el sumario al reparto de los Jueces Penales
Municipales, correspondiéndole por reparto el Juzgado 23 Penal del Circuito de
Bogotá[5].
4.2. Respuesta de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá
Álvaro Valdivieso Reyes,
Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través de oficio
suscrito el 9 de agosto de 2011, indicó que una vez consultado el sistema de
gestión se evidenció que a ese despacho le fue repartida la mencionada acción
de revisión, que fue rechazada a través de providencia emitida el 25 de agosto
de 2010 por carencia de copias auténticas y constancia de ejecutoria de la
sentencia. Sin embargo, nuevamente se acudió en acción de revisión que correspondió
a la Magistrada Marlene Orjuela Rodríguez, motivo por el cual se le corrió
traslado de la tutela para los efectos pertinentes.
Ahora bien, Fabio David
Bernal Suárez, Magistrado de la Sala Penal de la mencionada entidad judicial,
solicitó fuera declarada improcedente la acción de tutela, debido a que al
despacho actualmente a su cargo le correspondió el 3 de marzo de 2011 proferir
auto inadmisorio de la acción de revisión incoada contra la sentencia que
condenó al señor José Reinaldo Moreno Pineda en calidad de coautor del delito
de estafa, proferida por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá el 18 de
diciembre de 2008, así como el 3 de junio de 2011 resolvió recurso de reposición
y el 01 de julio de 2011 no accedió al recurso de queja impetrado. Providencias
en las que se expusieron las razones de orden jurídico que impedían tramitar la
referida acción. Además, con el amparo constitucional se pretende reabrir un
debate que se agotó dentro de los causes legales[6].
4.3. Respuesta del Juzgado
Veintisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá
Martha Cecilia Artunduaga
Guaraca, Juez 27 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá,
mediante oficio del 11 de agosto de 2011, manifestó que según lo dispuesto en
el Acuerdo 6847 de 2010, proferido por la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, ese despacho ingresó al Sistema Penal Acusatorio a
partir del 18 de mayo de 2010. Agrega que la expedición de copias auténticas
del fallo no fue solicitada a esa entidad judicial, sino, como lo indicó el
tutelante, al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta
ciudad[7].
4.4. Respuesta del Juzgado
Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá
Fernando Reyes Peña, Juez
Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de
Bogotá, afirmó que con las actuaciones realizadas por ese despacho judicial, no
se desconocieron al actor sus derechos constitucionales fundamentales.
Sostiene que en cumplimiento
del Acuerdo 5536 del 12 de febrero de 2009, como medida de descongestión, el
otrora Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Descongestión de Bogotá, recibió para su ejecución el fallo emitido el 18 de diciembre
de 2008 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá. El 30 de marzo de 2008
el procesado fue capturado por la Policía y puesto a disposición del Juzgado
Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, el que
mediante proveído del 6 de abril de 2009 le concedió la libertad, al establecer
que no era la misma persona que fue condenada por el delito de estafa, según lo
indicó la propia denunciante. De la misma forma, dispuso remitir las diligencias
al juzgado fallador para aclarar la situación jurídica del actor.
El 9 de abril de 2010, con
posterioridad a la detención del actor, el Despacho solicitó a la DIJIN dejarlo
en libertad y el 21 de mayo de ese año, informó a las autoridades de policía
judicial que el señor Moreno Pineda no era la persona que incurrió en el
ilícito de estafa.
Finalmente, expone que el
juzgado fallador no ha dado respuesta a lo ordenado por el Juzgado 9 de
Ejecución en proveído del 6 de abril de 2009, en cuanto a la aclaración de la
situación jurídica del actor[8].
5.    Pruebas
obrantes en el expediente de tutela
5.1. Copia de la sentencia
proferida el 18 de diciembre de 2008 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de
Bogotá, por medio de la cual se condenó penalmente al tutelante como coautor
del delito de estafa (folios 15 al 30 del cuaderno 1 del expediente de tutela).
5.2. Copia del escrito
radicado el 2 de abril de 2011 en el Juzgado 9º de Ejecución de Penas, firmado por
Rosa Stella Bautista Ávila, denunciante en el proceso penal, por medio del cual
informa que el detenido en los calabozos de la DIJIN, no se trata de la misma
persona denunciada con quien hizo negocios (folio 32 del cuaderno 1 del
expediente de tutela).
5.3. Copia de la diligencia
de declaración rendida ante el Juez 9º de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad por la señora Rosa Stella Ávila, denunciante en el proceso penal, en
donde reiteró lo mencionado en el punto anterior (folio 33 del cuaderno 1 del
expediente de tutela).
5.4. Copia de la providencia
de fecha 25 de agosto de 2010, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, resolvió inadmitir la demanda de revisión incoada por el
actor en contra de la sentencia penal condenatoria emitida el 18 de diciembre
de 2008 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá (folios 34 a 41 del cuaderno 1 del expediente de tutela).
5.5. Copia de la acción de
revisión radicada por el actor el 14 de marzo de 2011 en contra de la sentencia
mencionada en el punto anterior (folios 42 a 46 del cuaderno 1 del expediente de tutela).
5.6. Copia de la providencia
del 3 de marzo de 2011, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, por medio de la cual se inadmitió la mencionada acción de revisión
(folios 97 a 101 del cuaderno 1 del expediente de tutela).
5.7. Copia del fallo de fecha
3 de junio de 2011, a través del cual la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá no repuso la decisión de inadmitir la demanda de revisión a la que
acudió el actor (folios 102 a 105 del cuaderno 1 del expediente de tutela).
5.8. Copia de la providencia
del 1º de julio de 2011, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, no concedió el recurso de queja, contra el fallo del 03 de
marzo de 2011, inadmisorio de la acción de revisión (folios 106 a 110 del cuaderno 1 del expediente de tutela).
II.   DECISION JUDICIAL
OBJETO DE REVISIÓN
Mediante fallo emitido el diez (10) de agosto de 2011, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, negó por improcedente
las pretensiones de la acción de tutela[9], al considerar que la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá explicó los motivos que imponían
declarar infundada la causal tercera de revisión invocada contra el fallo
condenatorio, sin que ello implique que se haya apartado de los lineamientos
previstos en el ordenamiento procesal aplicable, cuando expuso que las
fotocopias simples de la sentencia carecen de valor probatorio, porque se
desconoce si su reproducción fue ordenada por el respectivo funcionario
judicial, así como tampoco obra constancia de ejecutoria de la misma y que la
indicación de la denunciante respecto de que la persona que afectó su
patrimonio económico luego de capturada, no lo es, no constituye un hecho
nuevo, sino que implica la retractación de la versión original.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para adoptar una decisión dentro de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Planteamiento
del problema jurídico
2.1. Corresponde a esta Sala de Revisión, determinar si la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al proferir la providencia del 3 de
marzo de 2011, por medio de la cual inadmitió la demanda de revisión incoada
por el actor contra la sentencia emitida el 18 de diciembre de 2008 por el
Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá que lo condenó como coautor del delito
de estafa, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad.
2.3. Con la finalidad de resolver el problema jurídico
propuesto, se reiterará la doctrina constitucional sobre los siguientes temas:
(i) procedencia excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) caracterización del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto; (iii) el poder –deber que tiene el Juez de practicar
pruebas de oficio en los procesos que se surten ante la jurisdicción ordinaria
y de lo contencioso administrativo y, (iv) se solucionará el caso concreto.
3.     La
procedencia excepcional y subsidiaria de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
Tanto en sentencias de control abstracto de
constitucionalidad[10], como en fallos de
tutela[11], esta Corporación ha
sostenido reiteradamente la procedencia excepcional y subsidiaria de la acción
de tutela contra providencias judiciales.
Esta doctrina se abrió paso con la declaratoria de
inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 a través de la sentencia C-543 de 1992, en donde la Sala Plena de esta Corporación manifestó que
la acción de tutela podía proceder excepcionalmente contra providencias
judiciales, cuando éstas constituyan “vías de hecho” que desconozcan o
amenacen derechos fundamentales. En estas circunstancias, enfatizó la Corte, no
se atenta contra la seguridad jurídica, sino que se pretende hacer realidad los
fines que persigue la justicia.
A partir de entonces, en aplicación de los efectos erga
omnes de la mencionada sentencia de constitucionalidad, la Sala Plena y las
distintas Salas de Revisión de esta Corte han adoptado múltiples fallos en
interpretación y desarrollo del indicado precedente[12],
empezando por la tipificación enunciativa de las irregularidades que conducen a
la configuración de la “vía de hecho”[13], concepto que luego
evolucionó a “causales genéricas de procedibilidad de la acción”,
explicable por la presencia de algunas circunstancias indicativas de que no
todas las actuaciones judiciales que afectan derechos fundamentales, pueden
calificarse de arbitrarias o caprichosas[14].
En la sentencia C-590 de 2005[15],
se sistematizaron los requisitos genéricos que habilitan incoar la acción de
tutela y las causales específicas que se relacionan con la procedencia misma de
ese medio de defensa para el enjuiciamiento de las actuaciones judiciales.
En la mencionada sentencia se enumeraron los requisitos
formales de procedencia de la siguiente forma: a) que la cuestión discutida
resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se hayan agotado los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo cuando se trate de evitar la ocurrencia de un perjuicio
iusfundamental irremediable; c) que se cumpla con el requisito de
inmediatez, lo que implica acudir a la solicitud de protección constitucional,
dentro de un término prudencial y razonable a la amenaza o vulneración de los
derechos fundamentales; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro su efecto decisivo en la sentencia que se impugna y que afecta
derechos fundamentales de la parte actora[16]; e) que el accionante
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración,
como los derechos fundamentales vulnerados y que hubiere alegado la afectación
de los mismos en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible y, f) que
no se trate de sentencias de tutela.
Se indicó además en el mencionado fallo que para que
proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, es indispensable
acreditar y demostrar la configuración de cualquiera de las siguientes defectos
o causales especiales de procedibilidad: a) orgánico, o falta absoluta de
competencia del funcionario judicial que profirió la providencia impugnada; b)
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido; c) fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que fundamenta la decisión; d) material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una indiscutible y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
e) error inducido, que ocurre cuando el juez o el tribunal fueron víctimas de
un engaño por parte de terceros que lo condujo a tomar una decisión que afecta
derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que involucra el
incumplimiento de los servidores judiciales de exponer los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en los cuales reposa la legitimidad de su órbita
funcional; h) desconocimiento del precedente, que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional fija el alcance de un derecho fundamental y el
juez ordinario aplica una ley restringiendo sustancialmente el mismo y,
finalmente, i) violación directa de la Constitución.
4.     Caracterización
del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Reiteración de
jurisprudencia
Según lo manifestado reiteradamente por esta Corte, el
defecto procedimental se presenta cuando el operador judicial se aparta de
manera abierta de las normas procesales que regulan el caso[17].
Debe tratarse de una irregularidad trascendente que afecte de forma grave el
debido proceso y que tenga incidencia directa en la decisión judicial impugnada
o de la participación de una de las partes en el mismo y, tal deficiencia no
puede ser atribuida al afectado[18]. Este defecto, puede
configurarse, entre otros supuestos: (i) cuando se deja de notificar una
decisión judicial y por ello, la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de
controvertirla. No obstante, si tal omisión no tiene efectos procesales
importantes, si se origina de un error del afectado, o si la misma no produjo
un efecto real -cuando el afectado tuvo la oportunidad de conocer el acto por
otros medios-, no procederá la tutela[19]; (ii) dilación
injustificada tanto en la adopción de decisiones, como en el cumplimiento de
las mismas por parte del funcionario judicial[20]; (iii) cuando la
autoridad judicial omite la recepción y el debate probatorio de unas pruebas
cuya práctica había sido ordenada previamente[21] y, (iv) por exceso
ritual manifiesto, hipótesis en la que se profundizará enseguida.
En efecto, se está frente al defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto cuando la autoridad judicial, por una inclinación
extrema y aplicación mecánica de las normas adjetivas, renuncia de forma
consciente a la verdad jurídica objetiva que muestran los hechos, lo que trae
como consecuencia el sacrificio de la justicia material[22],
de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (art. 228 C.P.), cuando éstas, tan sólo son un instrumento o medio para la realización de aquél y no fines
en sí mismas[23] y del acceso efectivo a
la administración de justicia (art. 229 ibidem).
Esta Corporación ha insistido en que precisamente la
dignidad humana y la garantía efectiva de los derechos de las personas le dan
un contenido material y no simplemente formal al Estado de Derecho, el cual no
puede concebirse exclusivamente bajo la óptica de la proclamación formal de los
derechos, sino que se configura a partir de su efectiva realización (arts 1º,
2º y 228 C.P.)[24].
De tal manera que en el análisis de cualquier
actuación jurisdiccional, no debe desconocerse que la prevalencia del derecho
sustancial es la principal finalidad de la administración de justicia. De allí
que la validez de una decisión judicial de carácter procesal, implica
necesariamente el juzgamiento a partir del problema de fondo de derecho
sustantivo a cuya resolución ella se enderece. Además, el responsable de
adelantar el proceso, debe buscar la realización del orden justo, a partir de
criterios de proporcionalidad y razonabilidad en relación con los hechos y
circunstancias que le sirven de causa[25].
Según la jurisprudencia de esta Corte, dentro de las
circunstancias que pueden constituir defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, se encuentran las siguientes: (i) cuando al aplicarse un precepto
procesal se restringen derechos sustanciales o al utilizar el primero se
limitan las mismas oportunidades procesales[26]; (ii) dejar de inaplicar
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto[27]; (iii) exigir el
cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en algunas
ocasiones puedan consistir en cargas imposibles de cumplir para las partes,
siempre que esa situación se encuentre probada; o, (iv) incurrir en un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas[28].
En todo caso, cuando se discuta la ocurrencia de un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la procedencia de la acción
de tutela está supeditada a la ocurrencia de los siguientes elementos[29]:
(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía,
de acuerdo al carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto
procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
violatorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que hubiere sido imposible, de
acuerdo con las circunstancias del caso y, (iv) que como consecuencia de lo
anterior, se presenta afectación de los derechos fundamentales.
5.     El
poder –deber que tiene el Juez de practicar pruebas de oficio en los procesos
que se surten ante la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso
administrativo. Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo a lo expresado por esta Corte[30],
la solución justa y eficiente del proceso, está dada por el equilibrio entre la
iniciativa de las partes –principio dispositivo- y el poder oficioso del juez
–principio inquisitivo- que son facultades de naturaleza distinta que operan de
manera coordinada.
El operador jurídico como director del proceso, ostenta un
poder –deber, fundados, en su orden, en el interés público que lo motiva y en
la garantía de una debida administración de justicia, para desplegar su
facultad oficiosa, como medio práctico y útil tendiente a suplir ciertos vacíos
no cubiertos por la parte, en quien recae en principio el impulso del proceso,
para recaudar un dato sensible que lleve certeza a favor de la garantía del
derecho sustancial[31].
Esta Corporación se ha referido a que en el escenario de
los procesos que se tramitan ante la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso
administrativo, el juez no puede adoptar una posición de simple espectador, debido
a que en la actual regulación adjetiva (refiriéndose al contencioso
administrativo) en esa materia, además de proporcionar una relativa autonomía
al régimen probatorio[32], resalta el carácter
inquisitivo de los mismos, elemento que resulta consustancial a esa clase de
regímenes[33].
En efecto, en el Código Contencioso Administrativo, se
consagra la posibilidad de decretar pruebas de oficio en cualquiera de las
instancias[34], que se consideren
necesarias para el esclarecimiento de puntos oscuros o dudosos con la finalidad
de tener certeza sobre la realidad fáctica del litigio, sin que ello implique,
desde luego, que se haga uso de ese poder para suplir una exacerbada
negligencia de los apoderados en lo atinente a los medios probatorios. Es
decir, la prueba de oficio encuentra su razón de ser en la certidumbre del
operador jurídico respecto de los hechos que a pesar de estar insinuados a
través de otras pruebas, no han ofrecido el grado de convicción requerido[35].
Según la jurisprudencia de esta Corte, el decreto oficioso
de pruebas[36], no es una atribución o
facultad potestativa del juez: es un verdadero deber legal, siempre que a
partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que
estas pretendan hacer valer: (i) surja en el operador jurídico la necesidad de
aclarar oscuridades en la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro
derrotero a seguir, o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que
su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material[37].
En ese mismo sentido se ha
pronunciado la Corte Suprema de Justicia, al interpretar lo dispuesto en los
artículos 37-4[38], 179[39]
y 180[40] del Código de
Procedimiento Civil, al sostener que la facultad oficiosa del juez, se origina
en un deber derivado de su papel como director del proceso y de su compromiso
por encontrar la verdad como presupuesto de la justicia, particularmente, si se
tiene en cuenta que la ley no impuso restricciones materiales al decreto de
pruebas por parte del juez, como sí ocurre en el caso de las partes[41].
Debe insistir la Sala en cuanto a que los apoderados
judiciales, son simplemente instrumentos con conocimiento informado, que
habilitan la idoneidad y eficacia de ciertas acciones, cuya asistencia es una
exigencia legal con el fin de que las personas como titulares de los derechos
puedan hacerlos efectivos, pero no son aquéllos, sino éstos como usuarios
directos, los destinatarios naturales de la administración de justicia, lo que
amerita por demás la utilización del poder oficioso del juez con la finalidad
de cumplir su misión de privilegiar el derecho sustancial en aras de consolidar
el Estado democrático de derecho[42].
Finalmente, en este punto, reitera la Sala que la omisión
en la práctica de pruebas está relacionada con los defectos fáctico y
procedimental, de donde se infiere que la procedencia de la acción de tutela en
estos casos, está condicionada en primer lugar, a la configuración de
cualquiera de las mencionadas causales específicas de procedibilidad, así como
a la acreditación de los requisitos formales que autorizan acudir a la
solicitud de protección constitucional[43].
Bajo los anteriores lineamientos conceptuales, procederá la
Sala de Revisión a resolver el asunto objeto de estudio.
6.     Solución
al caso concreto
Precisa
la Sala de Revisión que enseguida: (i) se verificará en el caso concreto el
cumplimiento de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de
tutela y luego (ii) las causales específicas o defectos, en los que podría
estar incursa la actuación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y
por consiguiente, la posible vulneración de los derechos fundamentales
invocados, al emitir la providencia de fecha 3 de marzo de 2011, por medio de
la cual inadmitió la acción de revisión a la que acudió el actor en contra del
fallo penal condenatorio en su contra, adoptado el 18 de diciembre de 2009 por
el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá.
6.1.
Cumplimiento en el caso concreto de los requisitos genéricos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales
6.1.1. Relevancia constitucional
En
el caso analizado por la Sala Quinta de Revisión, existe evidente relevancia
constitucional, en razón a que se trata de garantizar los derechos fundamentales
al debido proceso (art. 29 C.P.) e igualdad (art. 13 ibídem),
presuntamente vulnerados por la entidad judicial demandada por las razones
indicadas.
6.1.2.
Subsidiariedad o agotamiento de los medios de defensa judicial al alcance del
actor
Contra
la providencia proferida el 3 de marzo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, el actor acudió en reposición que se decidió negativamente
el 3 de junio del citado año y contra la cual no procede ningún recurso de la
vía jerárquica.
6.1.3.
Se cumplió el requisito de inmediatez
Entre
el fallo emitido el 3 de marzo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá y el 3 de agosto de 2011, fecha de la radicación de la acción de
tutela trascurrieron aproximadamente 5 meses, lapso que a juicio de la Sala de
Revisión, es prudencial y razonable para acudir al juez constitucional en
solicitud de protección de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
6.1.4.  Se trata de una irregularidad procesal
En
el caso objeto de estudio, se trata presuntamente de una irregularidad procesal
por exceso ritual manifiesto, que podría tener incidencia en la decisión
consignada en la providencia reprochada, así como de un defecto fáctico, cuyo
examen detallado se hará luego de acreditarse los requisitos genéricos de
procedibilidad de la acción de tutela.
6.1.5. El actor identificó de
manera razonable los hechos en los que sustenta la acción de tutela, así como
los derechos vulnerados
En
el escrito de tutela, aparecen claramente identificados por el actor, tanto los
hechos que en su sentir originaron la vulneración atribuida a la entidad
judicial demandada, como los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso e igualdad que considera vulnerados[44].
6.1.6. No se trata de una acción de tutela contra un fallo
de tutela
Lo
pretendido por el actor mediante la acción de tutela, no es impugnar un fallo
de tutela, sino que la solicitud de amparo constitucional la dirige contra la
providencia emitida el 3 de marzo de 2011 por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá.
Una
vez acreditados los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela
en el presente caso, la Sala Quinta de Revisión pasa enseguida al análisis de
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el tutelante,
endilgada al fallo proferido el 3 de marzo de 2011 por la entidad judicial
demandada.
6.2.
Análisis
del fondo de la acción constitucional a la que acudió el actor
Aclara
la Sala de Revisión que en este apartado, en primer lugar, se indicará
brevemente la situación fáctica y jurídica que consta en el expediente de
tutela y en segundo lugar, se entrará a establecer, si la entidad
judicial demandada afectó los derechos fundamentales invocados por el actor.
6.2.1. Situación fáctica y jurídica que consta en el
expediente de tutela
Mediante
sentencia proferida el 18 de diciembre de 2008 por el Juzgado 23 Penal del
Circuito de Bogotá, Reinaldo Moreno Pineda fue condenado como persona ausente,
en calidad de coautor del delito de estafa, a la pena principal de 40 meses de
prisión y multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la pena
accesoria de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas,
por un lapso igual al de la pena principal[45].
La
mencionada sentencia quedó ejecutoriada el 30 de enero de 2009[46].
El expediente fue remitido a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad y repartido al Juzgado Noveno de esa especialidad, ante quien fue
puesto a disposición el condenado, previa captura realizada el 30 de marzo de
2009 por la Policía Nacional.
Encontrándose
el señor Moreno Pineda en los calabozos de la DIJIN, el 01 de abril de 2009,
Rosa Stella Bautista Ávila, denunciante y víctima en diligencia de
reconocimiento en ese lugar, sostuvo que el capturado no era la persona
denunciada “con quien yo hice negocios y que jamás he visto y negociado (…)”[47],
según lo expresó en escrito dirigido al Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá el 2 de abril de 2011. Afirmación que reiteró
ante el citado despacho judicial en declaración que rindió el 6 de abril de ese
año, cuando sostuvo: “La persona que fui a visitar a la DIJIN no corresponde
a la persona que hizo acompañamiento al señor EDGAR ANTONIO ORDUY ARÉVALO quien
era titular de la negociación objeto de la denuncia colocada, y los rasgos no
le corresponden. Presumo que hay una suplantación (…)”[48].
Por
tal motivo con proveído del 6 de abril de 2009, el mencionado despacho judicial
dispuso la libertad inmediata del capturado, para lo cual informó a la DIJIN,
así como dispuso la remisión de las diligencias al juzgado fallador para que
aclarara la situación jurídica del señor Moreno Pineda[49].
El
9 de junio de 2009, como medida de descongestión, el Juzgado Séptimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, recibió del Juzgado Noveno
de esa especialidad, el respectivo expediente[50] para la ejecución del
fallo penal condenatorio.
El
8 de abril de 2010, el señor Moreno Pineda fue capturado nuevamente y recluido
en la Estación 18 de Policía de Bogotá D.C., y puesto en libertad como
consecuencia del oficio que envió el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Descongestión al comandante de la DIJIN[51]
y, el 21 de mayo de ese año informó a las autoridades de policía judicial que
el actor no era la persona que había incurrido en la conducta penal de estafa[52].
El
27 de mayo de 2010 por intermedio de apoderado, el actor solicitó copia
auténtica de la sentencia del 18 de diciembre de 2008 mediante la cual fue
condenado penalmente por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, así como
pidió igualmente se expidiera constancia de su ejecutoria. Dicha petición la
reiteró el 9 de junio de ese año[53].
El
29 de junio de 2010, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Descongestión de Bogotá, dispuso que la solicitud de copias
auténticas y la constancia de ejecutoria de la sentencia, fueran expedidas a
través del Centro de Servicios Administrativos de esa especialidad[54],
las que efectivamente se le entregaron, así como la constancia de ejecutoria
que fue suscrita el 6 de julio de 2010 por la Oficial Mayor[55]
del mencionado Centro de Servicios Administrativos, en donde se hizo constar
que “revisada la ficha técnica para radicación de procesos allegada al
expediente por parte de ese Juzgado del Circuito, la misma quedó en firme el
pasado 30 de enero de 2009”[56].
Por
intermedio de apoderado judicial, invocando lo dispuesto en el numeral 3º del
artículo 220 de la Ley 600 de 2000[57], el actor acudió en
acción de revisión[58], con fundamento en que
la declaración rendida por la denunciante y víctima ante el Juzgado 9º de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad referida a que la persona capturada
no era la que había afectado su patrimonio, constituye un hecho nuevo que
determina su inocencia[59].
A
través de providencia proferida el 25 de agosto de 2010, la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, inadmitió la acción de revisión, al considerar que
no se aportó fotocopia auténtica de la sentencia penal condenatoria adoptada el
18 de diciembre de 2008 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, así
como tampoco la constancia de ejecutoria fue firmada por la Secretaria del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad, a quien le corresponde dicha función[60].
El
25 de febrero de 2011, el actor radicó nuevamente acción de revisión en la
Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, contra la
sentencia penal condenatoria dictada el 18 de diciembre de 2008 por el Juzgado
23 Penal del Circuito de Bogotá, con fundamento en la causal 3ª del artículo
220 de la Ley 600 de 2000, al considerar que la declaración rendida por la
denunciante y víctima en el sentido de que el capturado no era la persona que
produjo detrimento de su patrimonio, constituía una prueba nueva de su
inocencia[61].
En
el acápite de pruebas de la acción de revisión, se aportó fotocopia auténtica
del fallo penal condenatorio proferido el 18 de diciembre de 2008 por el
Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, expedida por el Jefe del Archivo
Central de los Juzgados de Bogotá D.C., así como la constancia de su ejecutoria
firmada por Ana María Fajardo, Oficial Mayor del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá[62].
A
través de providencia del 3 de marzo de 2011, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, resolvió inadmitir la acción de revisión, al encontrar que
no se cumplieron los requisitos legales de admisibilidad de la demanda así: (i)
la copia de la sentencia penal condenatoria no cumple la exigencia de autenticidad
y de la constancia de ejecutoria dispuesto en el inciso final del art. 222 de la
Ley 600 de 2000, debido a que “tal función es de resorte del secretario del
juzgado, no del oficial mayor del Juzgado[63] 107 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad, despacho que dentro del distrito judicial de
Bogotá no existe”[64]; (ii) la diligencia de
reconocimiento de personas en la que se sustentan las pretensiones no cumple
con las exigencias dispuestas en el artículo 303 del C.P.P., debido a que en
ella no se indicó en qué diferían los rasgos morfológicos del capturado, con el
individuo que en otrora le atribuyó su detrimento patrimonial y, (iii) la
afirmación de la denunciante y víctima no constituye un hecho desconocido en el
plenario, sino una rectificación que intenta restar certeza sobre la verdad de
los sucesos debatidos en la sentencia a revisar, al retractarse de las
afirmaciones que dieron lugar a la investigación. De tal forma que la revisión
tendría lugar, “si se estableciera de forma certera, con el correspondiente
debate probatorio que se incurrió en falso testimonio, pero ello no fue así”[65].
El
11 de marzo de 2011, por intermedio de apoderado judicial, el actor solicitó se
expidiera constancia secretarial de ejecutoria de la mencionada sentencia[66],
la que se le entregó en la misma fecha, firmada por Luz Edith Rincón Suescún,
Secretaria 3ª del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, quien certificó que “revisada
la ficha técnica para radicación de procesos allegada al expediente por parte
de ese Juzgado del Circuito, la misma quedó en firme el pasado 30 de enero de 2009”[67].
El
14 de marzo de 2011, el apoderado del actor acudió en reposición contra la
providencia inadmisoria de la acción de revisión,  con base en lo siguiente:
(i) las copias de la sentencia condenatoria que se adjuntó a la acción de revisión
fueron expedidas y autenticadas por el Jefe Seccional del Archivo Central de
los Juzgados de Bogotá porque allí reposaba el original del mencionado fallo;
(ii) la constancia de ejecutoria se expidió y firmó por la Oficial Mayor del
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, según un Acuerdo que los faculta para ello. No
obstante anexó con el recurso constancia de ejecutoria suscrita el 11 de marzo
de 2011 por la Secretaria 3ª del mencionado Centro de Servicios
Administrativos; (iii) el reconocimiento del capturado que hizo la víctima al
sostener que no era quien había producido detrimento de su patrimonio, cumple
con los requisitos exigidos por el art. 303 del C.P.P., porque se realizó en
las instalaciones de la DIJIN, acompañada del defensor de confianza del
implicado, lo que reiteró en escrito que dirigió el Juzgado Noveno de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad y, (iv) el contenido de tal testimonio es una
circunstancia desconocida porque la víctima no sabía que la persona capturada
el 28 de marzo de 2009 era morfológicamente diferente a la denunciada, hecho no
conocido en el momento del debate, motivo por el cual solicitó le fuera
recibida declaración nuevamente a la denunciante sobre la situación fáctica
sobreviviente[68].
A
través de providencia adoptada el 3 de junio de 2011, la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, resolvió no reponer el auto del 3 de marzo de 2011
por medio del cual se inadmitió la demanda de revisión, al sostener: (i) el
Juzgado 107 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá no existe,
toda vez que el Acuerdo PSAA10 del 28 de enero de 2010 del Consejo Superior de la
Judicatura sólo creó 8 Juzgados de Descongestión de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá; (ii) la constancia de ejecutoria de la sentencia penal
condenatoria debió expedirse por el Secretario del Juzgado, lo que no es
factible enmendarse durante el trámite del recurso de reposición y, (iii) la
retractación de la denunciante no constituye un hecho nuevo ajeno a la investigación.
Además, la individualización e identificación del responsable penal es una
labor integral, que involucra no sólo su fisonomía, sino su estado civil y
relaciones con la sociedad, tópicos sobre los cuáles guardó silencio la
reponente y dada la naturaleza rogada de esta acción, no es susceptible de
enmendar por esa instancia[69].
6.2.2. La entidad judicial demandada, incurrió en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al restarle valor
probatorio a las copias auténticas de la sentencia condenatoria, expedidas por
el Jefe Seccional del Archivo Central de los juzgados de Bogotá y a la
constancia de ejecutoria suscrita por la Secretaria del Centro de Servicios
Administrativos que se anexó con el recurso de reposición contra el auto inadmisorio
de la acción de revisión
Luego
de un análisis detallado de las circunstancias que precedieron al Auto del 3 de
marzo de 2011, por medio del cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
inadmitió la acción de revisión a la que acudió el actor, en contra la sentencia
penal condenatoria adoptada el 18 de diciembre de 2008 por el Juzgado 23 Penal
del Circuito de Bogotá, a juicio de esta Sala de Revisión, la entidad judicial
demandada incurrió en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto por las razones que a continuación se exponen.
A
la acción de revisión radicada el 25 de febrero de 2011, el apoderado judicial
del actor, anexó copia auténtica de la sentencia penal condenatoria adoptada el
18 de diciembre de 2008 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, que fue
expedida el 17 de febrero de 2011 por el Jefe Seccional del Archivo Central de
los Juzgados de Bogotá, debido a que el expediente con la sentencia original,
en ese momento, se encontraba en esa dependencia, según se infiere del sello y
de la firma que aparece en la parte superior de cada uno de los 14 folios de
los que se compone el fallo, en donde quedó claro que “(…) esta copia fue
tomada de su original que reposa en este archivo”.
De
la misma manera, la constancia de ejecutoria de la sentencia fue suscrita
inicialmente por la Oficial Mayor y luego por la Secretaria 3ª del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá, que se anexó al recurso de reposición contra el Auto
inadmisorio de la acción de revisión, documentos en donde afirmaron que
revisada la ficha técnica allegada al expediente por el Juzgado 23 Penal del
Circuito de Bogotá, la misma quedó en firme el 30 de enero de 2009. Además,
tanto la copia auténtica de la sentencia, como la certificación de su
ejecutoria fueron ordenadas previamente el 29 de junio de 2010 por el Juzgado
Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá[70].
De
lo expuesto se infiere que contrario a lo sostenido por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, la copia de la sentencia condenatoria que se anexó
a la acción de revisión, cumple con la exigencia legal dispuesta en los
artículos 106[71] y 254[72]
del C.P.C., en cuanto fue ordenada por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá y expedida por el Jefe
Seccional de Archivo de los Juzgados de la mencionada ciudad, previo cotejo con
el original que se encontraba para ese entonces en esa dependencia del Consejo
Superior de la Judicatura. Es decir, no solo se tiene certeza de que el
contenido del documento corresponde con la decisión adoptada el 18 de diciembre
de 2008 por el Juzgado 23 Penal del circuito de Bogotá, sino que quedó
ejecutoriada el 30 de enero de 2009, según se hizo constar siguiendo lo
indicado en la  ficha técnica para radicación de procesos que allegó al proceso
el juzgado que profirió la sentencia condenatoria.
En
este orden, la exigencia de la entidad demandada al inadmitir la acción de
revisión, que reiteró en la providencia a través de la cual no accedió a la
reposición, consistente en que las copias del fallo condenatorio fueran
autenticadas por el Secretario del Juzgado (art. 106 C.P.C.) y la constancia de ejecutoria por el despacho judicial que había emitido la condena (art.
116 ibídem), muestran el apego a las formas de manera irreflexiva y por
tanto el desconocimiento de la certeza del contenido de la copia auténtica del
fallo condenatorio de la que dio fe el Jefe Seccional del Archivo Central de
los Juzgados de Bogotá, en donde se encontraba el expediente con el fallo
original, así como de la fecha de su ejecutoria, certificada por la Secretaria
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de esta ciudad.
Es
decir, por un ceñimiento extremo y aplicación mecánica de las normas jurídicas,
la entidad demandada renunció conscientemente a la verdad jurídica objetiva que
muestran los hechos y por consiguiente sacrificó la justicia material, la
prevalencia del derecho sustancial y al acceso efectivo a la administración de
justicia, que imponía tener por acreditados estos requisitos y así tramitar la
acción incoada, máxime, cuando la constancia de ejecutoria de la sentencia se
adjuntó con el recurso de reposición, esto es, cuando aún no estaba en firme la
providencia inadmisoria de la acción de revisión[73].
6.2.3. La entidad judicial demandada, incurrió en
defecto fáctico por omisión en su deber legal de practicar pruebas de oficio o
de acceder a la práctica de las solicitadas tendientes a la aclaración de
oscuridades derivadas de la acción incoada
Debido
a que Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, no tenían
claridad sobre los motivos por los cuales la copia del fallo condenatorio había
sido expedida por el Jefe del Archivo Central de los Juzgados de Bogotá, así
como la constancia de su ejecutoria, suscrita en un primer momento por la
Oficial Mayor y luego por la Secretaria del Centro de Servicios Administrativos
-en la parte superior de la constancia aparece referido el Juzgado 107 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad-, debieron indagar de oficio por
tales circunstancias y muy seguramente se habían dado cuenta que la expedición
de dichos documentos fue ordenada por el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá-, que corresponde en el sofware
de gestión al Juzgado 107 de esa especialidad[74] despacho judicial en
donde se adelantaban diligencias pendientes de uno de los procesados y que el
expediente con el fallo condenatorio original se encontraba en el Archivo
Central de los Juzgados de Bogotá.
De
idéntica forma, la entidad judicial demandada debió desplegar su accionar, con
la finalidad de precisar algunos datos que faltaron en la diligencia de
reconocimiento que la denunciante y víctima hizo del capturado directamente en
las instalaciones de la DIJIN, que reiteró en un oficio que dirigió el 2 de
abril de 2009 al Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá y en declaración rendida el 6 del mencionado mes y año ante ese mismo
despacho judicial, cuando manifestó que no era la persona con la que había
sostenido negocios e incurrido en la estafa, tendiente a su identificación e
individualización, que involucra aspectos como su fisonomía, estado civil,
grupo familiar, que permiten su diferenciación con el resto de las personas de
la sociedad.
La
circunstancia indicada podía aclararse o precisarse, si la entidad judicial demandada
hubiere cumplido con su deber oficioso de la práctica de la prueba respectiva o
accedido a decretarla –en razón a que en la Ley 600 de 2000 no está prohibida,
norma aplicable para el 21 de agosto de 2004, fecha en la que sucedieron los
hechos materia del proceso penal[75]- como se lo solicitó el
actor en el recurso de reposición, en el sentido de que se señalara fecha y
hora para que la denunciante y víctima deponga sobre todo cuanto le conste
respecto de los hechos sobrevivientes y que se llevara a cabo la diligencia de
reconocimiento en fila de personas para determinar si el actor fue o no quien
incurrió en la conducta punible.
6.2.4. La entidad judicial demandada, incurrió en
defecto fáctico en razón a que contra toda evidencia determinó que la
diligencia de reconocimiento del capturado y la declaración de la víctima
respecto de que el condenado no era la misma persona privada de la libertad con
posterioridad a la firmeza de la sentencia, no constituía un hecho nuevo
La
entidad judicial demandada incurrió en defecto fáctico al sostener que no
constituye un hecho nuevo desconocido en el proceso penal, sino una
rectificación que intenta restar certeza a la verdad de los sucesos debatidos
en la sentencia a revisar, la declaración rendida el 6 de abril de 2009 por
Rosa Stella Bautista Ávila, denunciante y víctima cuando sostuvo que la persona
capturada por la Policía Nacional y que se encontraba en la DIJIN no
correspondía con quien había incurrido en el delito.
Lo
afirmado se sustenta en que en la sentencia condenatoria[76],
los datos para la individualización del señor Moreno Pineda se extrajeron de
las anotaciones civiles y personales por tratarse de procesamiento en ausencia
de quien incurrió en la conducta punible, motivo por el cual únicamente obran
en el plenario su número de cédula de ciudadanía, el lugar  y día de
nacimiento, color de piel, su estatura y nombre de sus padres. Sin embargo, no
puede pasarse desapercibido que la denunciante, había tenido contacto directo
con el acompañante (quien dijo llamarse José Reinaldo Moreno Pineda) de quien
hizo el negocio jurídico motivo de la condena penal (Edgar Antonio Orduy
Arévalo) y, ahora, la misma víctima, no una, sino en tres oportunidades[77]
sostiene que no se trata de la misma persona.
A
juicio de esta Sala de Revisión, la manifestación de la denunciante consistente
en que la persona que obró como coautora del delito y que fue capturada con
posterioridad a la firmeza de la sentencia condenatoria, no son la misma,
muestra la existencia, no de una retractación, sino de un hecho no debatido en
el proceso penal, en la medida en que esa circunstancia, sobrevino a la
ejecutoria del fallo a partir del contacto visual de la víctima con la persona
privada de la libertad por ese hecho en la diligencia de reconocimiento en las
instalaciones de la DIJIN en Bogotá, lo que reiteró en oficio que dirigió al
Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la mencionada
ciudad y que ratificó en la declaración que rindió ante el citado despacho
judicial. Es decir, se trata de un “acaecimiento o suceso fáctico vinculado al hecho
punible materia del proceso, del cual no se tuvo conocimiento en ninguna de las
etapas de la actuación judicial y que por lo tanto no pudo ser controvertido”[78], como reiteradamente lo ha
sostenido la Corte Suprema de Justicia al interpretar uno de los supuestos
–hecho nuevo- que hace parte de las causales de revisión reguladas en el
numeral 3º del artículo 220 del C.P.P[79].
Es
decir, el actor, cuyo nombre y documento de identificación fueron usurpados,
como viene siendo tan común, cumplió en el líbelo con la carga mínima al
identificar un hecho nuevo relacionado con el proceso penal y específicamente
con la condena que se le impuso, que surge, se insiste, de las actuaciones de
la denunciante y víctima luego de la captura del actor estando en firme la
sentencia que restringe su libertad personal, circunstancia que podría
desvirtuar el juicio de responsabilidad impuesto con el fallo condenatorio[80]
y que corresponde determinar cuando se defina el fondo de la acción de
revisión.
En
conclusión, la entidad judicial demandada al inadmitir la acción de revisión y
no reponer dicha providencia, incurrió en las siguientes irregularidades que
afectan los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso efectivo a la
administración de justicia predicables del actor:
(i)
En defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al exigir como requisitos
que la copia del fallo condenatorio estuviera autenticada por el Secretario del
Juzgado y la constancia de ejecutoria por el Juez de conocimiento, cuando se
tiene certeza del contenido del fallo condenatorio y de su firmeza, al analizar
la copia de la sentencia expedida y autenticada por el Jefe del Archivo Central
de los Juzgados de Bogotá, previo cotejo con el original y de la certificación
expedida por la Secretaria del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en
cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Séptimo de esa especialidad.
(ii)
En defecto fáctico al renunciar a su deber legal de decretar oficiosamente las
pruebas, o de acceder a la práctica de las solicitadas, en la medida en que de
los hechos, fundamentos jurídicos y pretensiones de la acción de revisión,
indicaban que su falta de actividad tendiente a aclarar oscuridades para
resolver el asunto, implicaba abandonar el sendero de la justicia material,
pero prefirió esa opción que trajo como consecuencia la inadmisión de la
mencionada acción.  Irregularidad que también se presenta cuando contra toda
evidencia determinó que la diligencia de reconocimiento de personas realizada
por la víctima y la declaración que rindió ante el Juzgado Noveno de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad, no constituía un hecho nuevo, como uno de los
requisitos exigidos para admitir la acción incoada.
Por
las razones expuestas, la Sala de Revisión, revocará el fallo proferido el 10
de agosto de 2011 por la Sala de Decisión de Tutelas número dos de la Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia que negó por improcedente la acción de
tutela a la que acudió José Reinaldo Moreno Pineda, en contra de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá y en consecuencia procederá a adoptar las
medidas para restablecer la eficacia de los derechos fundamentales afectados,
que se precisarán en la parte resolutiva de esta providencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR el fallo de tutela emitido el
10 de agosto de 2011 por la Sala de Decisión de Tutelas Número Dos de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que negó por improcedente el
amparo de los derechos fundamentales invocados por el tutelante.
SEGUNDO.-
TUTELAR los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia invocados por
José Reinaldo Moreno Pineda, en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá.
TERCERO.-
DEJAR SIN EFECTOS los Autos
proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el tres (3) de
marzo y el tres (3) de junio de 2011, por medio de los cuales, respectivamente,
inadmitió la acción de revisión a la que acudió el actor el 25 de febrero de
2011 y no repuso la actuación previo recurso incoado el 14 de marzo de 2011.
CUARTO.-
ORDENAR a la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de esta providencia, proceda a admitir la acción de revisión a la
que acudió José Reinaldo Moreno Pineda, por intermedio de apoderado judicial,
el 25 de febrero de 2011 en contra de la sentencia condenatoria emitida el 18
de diciembre de 2008 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá.
QUINTO.- LÍBRESE por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA
A LA SENTENCIA T-950/11
Referencia: expediente T-3200240
Acción de tutela de José Reinaldo Moreno Pineda contra
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
Magistrado ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Habiendo votado positivamente y firmado el proyecto
presentado en este caso por el Magistrado ponente, estimo necesario consignar
por escrito una muy sucinta aclaración sobre el sentido de mi voto en el
presente asunto.
Si bien participo de la resolución adoptada, por
cuanto comparto la percepción de que el amparo invocado versa sobre un patente
exceso ritual que desconoce derechos fundamentales, debo aclarar mi voto pues
siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de
hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para
arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más
amplitud frente a otras decisiones[81], no comparto el alcance,
en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte de la Corte
Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales, y que en el
caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente en la cita
que se efectúa (páginas 8 a 10) de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo parcialmente desde cuando fue
expedida.
Mi desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo
invoca como parte de la fundamentación, radica en el hecho de que, en la práctica,
especialmente las llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que
dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles
situaciones que podrían justificar la impugnación común contra una decisión
judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción de
tutela constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en el
proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de la acción de
tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o más)
nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido
por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una
(o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el
respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito de
protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al constituyente
de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta corporación
con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea
jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones que se
dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en
realidad ese pronunciamiento[82], de suyo sólo argüible
frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada en el precepto
parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se
consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no
puede ser quebrantada, que la tutela contra decisiones judiciales atentaba
contra la seguridad jurídica y contra otros importantes valores
constitucionales, como el “principio democrático de la autonomía funcional
del juez”, “la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración
de justicia” y “la función garantizadora del Derecho” que cumple el
proceso, y en consecuencia se declaró inexequible la preceptiva que
reglamentaba tal posibilidad, en la C-590 de 2005 se presenta un amplio listado
de situaciones, creyéndose que de inferirse la materialización de alguna de
ellas, en opinión de quien realiza el control tutelar, de por sí le está
permitido remover o dejar sin efecto la decisión judicial, cual si aplicara un
recurso ordinario más, con lo cual se ha desquiciado gravemente su carácter
excepcionalísimo y, en la práctica, se ha abatido la seguridad jurídica, que es
también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión adoptada con mi
acuerdo y participación incluye algunas consideraciones con alcances de tal
índole, que no comparto, aclaro el voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha
ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Folio 2 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[2] Según lo afirmado por el demandante (folio 52 del cuaderno
1 del expediente de tutela).
[3] Folios 4 y 5 del cuaderno 1 del
expediente de tutela.
[4] Folios 65 al 77 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[5] Folios 79 y 80 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[6] Folios 95 y 96 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[7] Folio 112 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[8] Folios 114 y 115 ibídem.
[9] Folios 126 a 123 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[10] Sentencias C-543 de 1992, C-590 de 2005 y C-591 de 2005.
[11] Sentencias T-079 de 1993, T-158 de 1993,
T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-737 de 2007, T-018 de 2008, T-1049 de 2008,
T-1112 de 2008,  T-1150 de 2008, T-156 de 2009, T-064 de 2010 y SU-917 de 2010.
[12]  Sentencias T-079 de 1993, T-158 de 1993,
T-173 de 1993,  T-231 de 1994, SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
[13] En la sentencia T-231 de 1994 se empezaron a enunciar los
defectos que conducen a la configuración de la vía de hecho y por ende la
procedencia excepcional de la tutela contra las decisiones incursas en alguna
de las siguientes irregularidades protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión que se controvierte encuentra fundamento en una
norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando es
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para aplicar el
supuesto legal en el que apoya la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece
absolutamente de competencia para emitirla, y, (iv) defecto procedimental que
aparece cuando la autoridad judicial actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
[14] En las sentencias T-774 de 204 y T-033 de
2007, se expuso que con ello se quiso señalar que las providencias judiciales
pueden impugnarse de forma excepcional mediante acción de tutela por causa de
otras irregularidades adicionales que no necesariamente implican una actuación
judicial que viola de forma flagrante y grosera la Constitución, pero que de todas maneras vulnera o amenaza derechos fundamentales. Se trata
entonces no solamente de situaciones en las cuales el juez impone de manera
burda su voluntad sobre el ordenamiento jurídico, “sino que incluye aquellos
casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente
(capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desbor­da en
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe
advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime
cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se
puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo
razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.”
[15] En la mencionada
sentencia, la Sala Plena de esta Corte declaró inexequible la expresión “ni
acción” que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), al considerar que desconocía el principio de
supremacía constitucional (artículo 4º C.P), debido a que restringía el alcance
de la acción de tutela como medio de defensa eficaz para la protección de los
derechos fundamentales, amenazados o vulnerados por “cualquier autoridad
pública” (artículo 86 C.P). En esta decisión con efecto erga omnes,
se precisó que una cosa es que el legislador con base en su libertad de
configuración legislativa no permita la utilización de recursos contra las
sentencias que resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia
penal, pero otra muy diferente es excluir la procedencia de la acción de tutela
prevista en la Carta Política para la protección de derechos fundamentales
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, dentro de las que se
incluyen los jueces de la república, como se recordó en la sentencia T-033 de
2007.
[16] Sin embargo, en la
sentencia la Sentencia C-591-05, se sostuvo que “si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.”
[17] En la
sentencia T-570 de 2011, esta Sala de Revisión sostuvo que el defecto
procedimental puede darse en dos dimensiones (i)
una negativa, al omitirse la aplicación de las normas o de las garantías
procesales dispuestas en la ley, y, (ii) una positiva, cuando al aplicarse el
procedimiento se desconoce o se limita injustificada y desproporcionadamente la
vigencia el derecho sustancial.
[18] Sobre el alcance del defecto procedimental como causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-267 de 2009 y
T-570 de 2011.
[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-538/94; SU-478/97; T-654/98.”
[20] Sentencia T-055 de 1994.
[21] Sentencia T-996 de 2003. En esa oportunidad la tutela se impetró
contra un juzgado laboral el cual, por la inasistencia de las partes y de sus
apoderados a la segunda audiencia de trámite en un proceso ordinario laboral,  tuvo
por concluido el período probatorio, sin que se practicaran las pruebas
decretadas en una audiencia anterior,  y ante la ausencia de elementos que
confirmaran la existencia de una relación laboral absolvió a la entidad estatal
demandada.
[22] En la sentencia T-1306 de 2001, sobre el
tema, esta Corporación sostuvo: “(...) Los jueces deben ser conscientes de
la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio
garantizador de los derechos materiales, dentro del marco de un debido proceso.
En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas
manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecidos
se solucione los conflictos de índole material.
Sin embargo, si el derecho procesal se torna
en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido
expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas
haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la
administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales
cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho
material (art.228).
De lo contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por
exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya
una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos,
por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así
en una inaplicación de la justicia material.”
[23] Sentencias T-264 de 2009 y T-268 de 2010.
[24] Sentencias T-1123 de 2002 y T-289 de 2005.
[25] Ibídem.
[26] Sentencia T-289 de 2005.
[27] Sentencias T-678 de 2003 y T-289 de 2005.
[28] Sentencias T-974 de 2003, T-289 de 2005,  T-264 de 2009,
T-637 de 2010 y T-972 de 2010.
[29] Sentencia T-599 de 2009.
[30] Ibídem.
[31] Ibídem.
[32] Sobre la oportunidad
para ejercer la facultad oficiosa de la práctica de pruebas por el operador
jurídico en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo el Consejo de Estado, Sección Tercera. PI 11308 del 11 de
diciembre de 2007, manifestó:  “(…) el decreto de pruebas –tanto de aquellas
pedidas por las partes, como de las que de oficio disponga practicar el juez
competente-, corresponde a una determinación que únicamente podrá adoptarse ‘después
de la expiración del plazo de fijación en lista del proceso, sin que la ley
señale otro límite temporal distinto de aquél determinado por el advenimiento
del momento en el cual el negocio se encuentra “en la oportunidad procesal de
decidir’ instante en el cual, adicionalmente al ponente, cuando se trata de
jueces colegiados, la Sala, Sección o Subsección podrán disponer, de oficio, la
práctica de pruebas enderezadas a esclarecer puntos oscuros o dudosos de la
contienda, ello quiere significar que la facultad de ordenar la práctica de
pruebas de oficio puede ejercerse entonces, en primera o en segunda instancia,
en cualquier momento comprendido entre el vencimiento del período de fijación
en lista del proceso y la adopción de la sentencia correspondiente.
Por supuesto y como no podría ser de otra manera, el
ejercicio de dicha potestad oficiosa debe supeditarse al lleno de las
exigencias requeridas para garantizar el debido proceso y los derechos de
contradicción y de defensa de las partes, a quienes debe brindarse tanto la
posibilidad de controvertir las decisiones en comento, como la de participar en
la práctica o recaudo de las pruebas y durante la controversia de los
correspondientes medios probatorios.”
[33] Sentencia T-599 de 2009, en la que además, se
manifestó: “Si bien es cierto que los jueces se encuentran vinculados por la
restricción del non liquet, la cual les impone el deber de fallar aunque no
dispongan de todos los elementos probatorios que acrediten la ocurrencia, o no,
de los hechos relevantes para resolver el caso, no lo es menos que al
sentenciador no se le puede compeler a decidir un asunto respecto del cual
abriga dudas, cuando éstas pueden ser superadas para formar su convencimiento.”
[34] El artículo 169 del C.C.A. Modificado Decreto 2304 de 1989, es del
siguiente tenor: “En cualquiera de las instancias el ponente podrá decretar
de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la
verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las
partes; pero, si éstas no las solicitan, el ponente sólo podrá decretarlas al
vencimiento del término de fijación en lista.
Además, en la oportunidad procesal de decidir, la
sala, sección o Subsección también podrá disponer que se practiquen las pruebas
necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda. Para
practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días, descontada la
distancia, mediante auto contra el cual no procede ningún recurso.”
[35] Sentencia T-599 de 2009.
[36] Aunque esta consideración en la Sentencia T-264 de 2009 sobre la facultad oficiosa del juez de decretar la práctica de
pruebas se refirió al Código de Procedimiento Civil, es aplicable a las
controversias Contencioso Administrativas por remisión del propio estatuto
adjetivo en esta materia (art. 267 C.C.A.).
[37] Sentencia T-264 de 2009.
[38] El artículo 37-4 del C.P.C. expresa: “son deberes del
juez: (…) 4. Emplear los poderes que este código le concede en materia de
pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos
alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias”.
[39] El artículo 174 del C.P.C. es del siguiente tenor: “Prueba
de oficio y petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de
parte, o de oficio cuando el Magistrado o juez las considere útiles para la
verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin
embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que
éstos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de
las partes (…)”.
[40] El artículo 180 del C.P.C. prescribe lo siguiente: “Decreto
y práctica de prueba de oficio. Podrán decretarse pruebas de oficio, en los
términos probatorios de las instancias y de los incidentes y posteriormente,
antes de fallar.
Cuando no sea posible
practicar estas pruebas dentro de las oportunidades de que disponen las partes,
el juez señalará para tal fin una audiencia o un término que no podrá exceder
de que se adiciona, según fuere el caso”.
[41] En la sentencia T-264 de 2009, esta
corporación recordó que “la Corte Suprema de Justicia señaló en principio
que el decreto oficioso de pruebas es a la vez una facultad y un deber del
Juez. En sentencias de 12 de febrero de 1977, 26 de octubre de 1988. y de marzo
de 1997 y 8 de noviembre de dos mil, expresó la Alta Corporación: “Y no solo está facultado el juez de segunda instancia para decretar
pruebas de oficio antes de fallar, sino que ese es su deber… En un
trascendental viraje en materia de derecho probatorio, el actual estatuto
procedimental se despojó del principio dispositivo y acogió el inquisitivo,
fundado en la lógica y obvia razón de que a pesar de que en el común de los
procesos se controvierten intereses privados, la justicia no puede volverle la
espalda al establecimiento de la verdad material enfrente de los intereses en
pugna, asumiendo una posición eminentemente pasiva, si encuentra que decretando
pruebas de oficio puede a la postre mediante ellas verificar los hechos
alegados por las partes y lograr que en definitiva brille la verdad y, por
tanto, se imponga la justicia. Fundado en este criterio, no es facultativo del
juzgador decretar pruebas de oficio, sino que en toda ocasión, en la debida
oportunidad legal, en que los hechos alegados por las partes requieren ser
demostrados, así la parte que los alega hubiese sido desidiosa en esa labor, es
un deber del juzgador utilizar los poderes oficiosos que le concede la ley en
materia de pruebas, pues es este el verdadero sentido y alcance que
exteriorizan los artículos 37-4, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil.”
[42] Sentencia T-599 de 2009.
[43] Sentencias T-264 de 2009 y T-599 de 2009.
[44] A este respecto, en la Sentencia T-1222 de 2005, recordó la Corte que en las acciones de tutela contra providencias
judiciales, el acccionante tiene la carga de señalar claramente “los hechos
en los cuales se fundamenta su petición y los derechos fundamentales que
considera violados. Si no lo hace y la violación no aparece de manera evidente
o manifiesta, el juez queda relevado de estudiar en detalle el expediente
judicial y puede proceder a declarar la improcedencia de la acción. Así mismo,
cuando el actor reduce el cargo a un tipo de violación – por ejemplo
violación de la Constitución por tratarse de una vía de hecho material – el
juez, salvo evidencia en otro sentido, puede contraer su estudio a dicho cargo,
sin que resulte necesario que verifique en detalle si no existe en el
expediente respectivo algún otro vicio o defecto que pueda comprometer la
decisión judicial”.
[45] Además, fue condenado al pago de los perjuicios materiales
en el monto indicado en el acápite respectivo, a favor de la denunciante y
víctima, se negó la suspensión condicional de la pena por no reunir los
requisitos exigidos en el art. 63 del Código Penal y se le negó la prisión
domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural, por no satisfacer el
aspecto subjetivo del numeral 2º del art. 38 del Código Penal (folio 29 del
expediente de tutela).
[46] Según la constancia del 11 de marzo de 2011, suscrita por
Luz Edith Rincón Suescún, Secretaria 3ª del Centro de Servicios Administrativos
de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (folio
46 del expediente de tutela).
[47] Según lo expresó la propia denunciante y víctima, Rosa
Stella Bautista Ávila, en escrito radicado el 2 de abril de 2009 en la Juzgado 9º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C. (folio 32 del cuaderno
1 del expediente de tutela.
[48] Declaración que rindió la denunciante y víctima ante el Juzgado
9º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 6 de abril  de 2009 (folio
33 del cuaderno 1 del expediente de tutela).
[49] Según lo indicó el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá, en escrito del 8 de agosto de
2011 al responder la acción de tutela (folios 114 y 115 del cuaderno 1 del expediente
de tutela).
[50] En aplicación del Acuerdo 5536 del 12 de febrero de 2009, según
lo informó el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Descongestión de Bogotá D.C. el 9 de agosto de 2011 al responder la acción de
tutela (folio 114 del cuaderno 1 del expediente de tutela).
[51] Según lo afirmado por el actor en la acción de tutela
(folios 2 y 3 del cuaderno 1 del expediente de tutela), así como de lo consignado
en el reporte de la base de datos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad (folio 57 del cuaderno 1 del expediente de tutela).
[52] De acuerdo a lo consignado por el Juzgado Séptimo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión en el escrito en el
que respondió la acción de tutela (folio 115 del cuaderno 1 del expediente de
tutela).
[53] Folio 56 del cuaderno 1 del expediente de tutela, en donde
aparece el registro de actuaciones.
[54] Folio 56 del cuaderno 1 del expediente de tutela, en el que se
encuentra el registro de actuaciones.
[55] Ana María Fajardo, Oficial Mayor del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá el 6 de julio de 2010 hizo constar que “En la fecha se deja
constancia de ejecutoria de la sentencia impuesta por el Juzgado 23 Penal del
Circuito de Bogotá, calendada 18 de diciembre de 2008 en contra de los
sentenciados arriba aludidos, de la cual se tiene que revisada la ficha técnica
para radicación de procesos allegada al expediente por parte de ese juzgado del
Circuito, la misma quedó en firme el pasado 30 de enero de 2009”.
[56] Folio 31 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[57] El numeral 3º del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 dispone: “Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos
nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan
la inocencia del condenado, o su inimputabilidad”.
[58] La acción de revisión fue radicada con el número
2010-01851, según lo indicó la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá  al
responder la acción de tutela (folio 85 del cuaderno 1 del expediente de
tutela).
[59] Folio 87 del cuaderno 1 del expediente de tutela, en la
que consta la providencia del 25 de agosto de 2010, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, inadmitió la acción de revisión a la que acudió
el actor.
[60] Folios 86 a 93 del cuaderno 1 del expediente de tutela en
los cuales se encuentran la providencia del 25 de agosto de 2010 que inadmitió
la acción de revisión a la que acudió el actor.
[61] Folios 9 al 14 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[62] La sentencia penal condenatoria tiene en la parte superior el
sello del Archivo Central de los Juzgados de Bogotá D.C., con fecha de
expedición el 17 de febrero de 2011, en donde además consta que es fiel copia
del original que reposa en ese archivo y, firma el Jefe Seccional de Archivo (folios
17 al 31del cuaderno 1 del expediente de tutela).
[63] Al respecto ver entre otras la radicación 32.163 de 2009.
Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia.
[64] Folio 99 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[65] Folio 100 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[66] Folio 56 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[67] Folio 46 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[68] Folios 43 al 46 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[69] Folios 47 a 50 del cuaderno 1 del expediente de tutela.
[70] Se reitera que el 29 de junio de 2010, el Juzgado Séptimo
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá dispuso
lo siguiente: VISTA LA SOLICITUD ELEBADA (SIC) POR LA DEFENSORA DEL SENTENCIADO, SE DISPONE A TRAVES DEL CSA SE EXPIDA CONSTANCIA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA/ SE ORDENA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LA SENTENCIA A COSTAS DE LA INTERESADA”. (Folio 56 del cuaderno 1 del expediente de tutela).
[71] Art. 106 del C.P.C. “Copias de escritos y documentos. Podrán
presentarse en papel común transcripciones y reproducciones de escritos y
documentos relacionados con el proceso, a fin de que el secretario las
autentique y devuelva al interesado, previo cotejo con el original; tales
copias tendrán valor en caso de pérdida o destrucción del expediente o del
original del escrito o documento”.
[72] El artículo 254  del C.P.C. “Valor probatorio de las copias.
Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes
casos:
1.
Cuando hayan sido autorizadas por
notario, directo de oficina administrativa o policía, o secretario de oficina
judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia
autenticada.
2.
Cuando sean autenticadas por notario, previo
cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.
3.
Cuando sean compulsadas del original o de
copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga
otra cosa”.
La Sala Plena de esta Corporación mediante sentencia C-023 de 1998,
declaró exequible el numeral 2º de la mencionada norma, al considerar que “(…)
la exigencia del numeral 2 del artículo 254 es razonable, y no vulnera el
artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228.  En este caso, la
autenticación de la copia para reconocerle ´el mismo valor probatorio del
original´ es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no
tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los
hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos.
Sostener que el exigir una copia autenticada en el
caso del numeral 2 del artículo 254 es presumir la mala fe de quien pretende
hacerla valer como prueba, sería tanto como afirmar que también desconoce la
presunción de buena fe la exigencia de solemnidades ad substantiam actus
en algunos contratos (como en la compraventa de inmuebles), porque con el
argumento de la buena fe deberían eliminarse las escrituras públicas, el
registro de la propiedad inmobiliaria, el registro del estado civil, etc. Nada
más absurdo y más contrario a las relaciones jurídicas y, en especial, a la
seguridad, a la certeza, que debe haber en ellas”.
[73] En la sentencia T-386 de 2010, la Sala Sexta de Revisión resolvió: “ORDENAR al Juzgado 34 Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Tercera, que en un término máximo de quince (15) días hábiles, contados
a partir de la notificación de esta providencia, emita un fallo de fondo, dando
prevalencia al derecho sustancial y apreciando la totalidad de los elementos de
comprobación allegados”. Consideró la Sala de Revisión en esa oportunidad que “(…)
es claro que el fallo confirmatorio, proferido por la Sección Tercera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no se fundamentó
en el problema material de la falta de legitimación de la demandante, planteado
por el a-quo al manifestar y concluir la ausencia de su acreditación, sino en
un problema probatorio que bien pudo ser corregido en las instancias
correspondientes, comenzando desde el auto admisorio o inadmisorio de la
demanda, momento procesal en el que se exige al juez un análisis cuidadoso de
los requisitos (artículos 137 y 143 C. C. A.).
A pesar de que durante el proceso la parte actora
allegó en varias oportunidades los registros civiles y, de manera extemporánea,
aportó fotocopias auténticas de éstos con los alegatos de conclusión en
instancia de alzada, el despacho respectivo no adelantó ningún tipo de
comparación o evaluación sobre la realidad documental existente en el
expediente, que ponía de manifiesto elementos definitorios de la verdad
requerida, de aquello que se estimó formalmente insuficiente, por lo que la
sentencia así proferida se tradujo en una vulneración a los derechos
constitucionales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
de la peticionaria, y en un desconocimiento de la obligación de dar prevalencia
al derecho sustancial con el fin de evitar fallos inicuos”.
[74] Según se hizo saber verbalmente a esta Sala de Revisión
por empleados del propio Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Descongestión de Bogotá.
[75] En el procedimiento a seguir en la acción de revisión dispuesto
en el Capítulo X de la Ley 600 de 2000 “Acción de Revisión” artículos 220 a 228 no aparece expresamente que esté prohibido la práctica de pruebas de oficio. Dicho
procedimiento es el aplicable en este caso, debido a que los hechos sucedieron
el 21 de agosto de 2004, según los antecedentes consignados en la sentencia
condenatoria proferida el 18 de diciembre de 2008 por el Juzgado Veintitrés
Penal del Circuito de Bogotá (folio 15 del cuaderno 15 del cuaderno 1 del
expediente de tutela). Debe precisarse además que aunque en el artículo 321 de la Ley 906 de 2004 (que empezó a aplicarse para los delitos cometidos a partir del 01 de enero
de 2005) se prohíbe la práctica de pruebas de oficio, la Sala Plena de esta Corte en la sentencia C-396 de 2007 en la que declaró la exequibilidad de
dicha disposición, precisó que esa prohibición se justifica en la audiencia
preparatoria desde la perspectiva de la neutralidad judicial y la igualdad de
armas entre las partes en el sistema penal acusatorio, pero “que no tiene
sustento alguno pretender aplicar esa misma tesis en la etapa procesal en la
que no existen partes, ni controversia de pruebas, ni debate en torno a la
validez y eficacia de la prueba dirigida a demostrar supuestos abiertamente
contradictorios. Luego, es fácil concluir que la prohibición acusada no se
aplica en el ejercicio de las funciones propias del juez de control de
garantías, sino únicamente ante el juez de conocimiento y, en estos términos,
la norma acusada se ajusta a la Constitución”.
[76] Folio
16 del cuaderno 1 del expediente de tutela en donde se lee: “2.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS ACUSADOS”, se trató de personas declaradas
ausentes y en el caso del señor Moreno Pineda, se hizo alusión a sus
anotaciones civiles y personales así: “ (…) identificado con cédula de
ciudadanía número 93´287.254 del Líbano, Tol., nacido en San Miguel de Sema,
Boy., el día 24 de abril de 1962, hijo de Julio Enrique Moreno y María de Jesús
Pineda, estatura 1.69 metros, tez trigueña, sin más datos (…)”.
[77] En la diligencia personal de reconocimiento en la DIJIN que hizo la víctima y denunciante, en el oficio que remitió al Juzgado Noveno Penal de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y en la declaración que rindió
directamente ante el mencionado despacho judicial.
[78] Sentencia del 22 de mayo de 2001. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Radicación 17063. En el mencionado fallo, además se indicó: “La
idea de prueba nueva, entonces, no se limita a la circunstancia de que el medio
probatorio no figure aportado al proceso cuya revisión se pretende o sea
posterior a la sentencia. Se exige, además, que la evidencia que se presenta
como novedosa, de haber sido conocida en su momento por el juzgador  lo habría
llevado con seguridad a la absolución del procesado.  Eso es precisamente lo
que le otorga carácter de novedoso.
Así las cosas, la prueba nueva a que se refiere la
causal de revisión invocada, debe ser de tal forma contundente que haga surgir
de inmediato la idea de que se condenó a un inocente o a un inimputable como
imputable”.
[79] En la misma sentencia indicada en el pie de página anterior,
refiriéndose a uno de los supuestos indicados en la mencionada causal de
revisión, sostuvo que prueba nueva se relaciona con “un medio probatorio no
incorporado al proceso sino cuyo surgimiento tuvo ocurrencia después de él, que
da cuenta de un hecho desconocido, o de una variante sustancial de un hecho
conocido en las instancias procesales, cuyo aporte conduce a concluir, en un
grado de certeza, que se condenó a un inocente o como imputable a quien no lo
era”
[80] Al respecto, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de mayo de 2001, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego, Radicación
17063, se manifestó: “Es necesario identificar si se trata de un hecho o de
una prueba nueva y aportarlo al libelo, demostrando que tiene tal aptitud que
es posible desvirtuar el juicio de responsabilidad elevado contra el
sentenciado o su inimputabilidad”. Sobre el mismo tema, pueden consultarse
las sentencias de la Corte Suprema de Justicia del 9 de julio de 2002. M.P. Hermán Galán Castellanos. Radicación 17417; del 14 de abril de 2010. M.P. Javier de Jesús Zapata Ortiz. Radicación 33484 y, del 21 de abril de 2010. M.P. María del Rosario González de Lemos. Radicación 33151. En la última sentencia citada se
expuso: "El hecho nuevo, como lo ha sostenido la Sala de manera reiterada, ´…es aquel acaecimiento fáctico vinculado al delito que fue objeto
de la investigación procesal, pero que no se conoció en ninguna de las etapas
de la actuación judicial de manera que no pudo ser controvertido;  no se trata,
pues, de algo que haya ocurrido después de la sentencia, pero ni siquiera con
posterioridad al delito que se le imputó al procesado y por el cual se le
condenó, sino de suceso ligado al hecho punible materia de la investigación del
que, sin embargo, no tuvo conocimiento el juzgador en el desarrollo del
itinerario procesal porque no penetró al expediente´. ´Prueba nueva´ es, en
cambio, aquel mecanismo probatorio (documental, pericial, testimonial) que por
cualquier causa no se incorporó al proceso, pero cuyo aporte ex novo tiene tal
valor que podría modificar sustancialmente el juicio positivo de
responsabilidad  penal que se concretó en la condena del procesado.  Dicha
prueba puede versar sobre evento hasta entonces desconocido (se demuestra que
fue otro el autor del delito) o sobre hecho conocido ya en el proceso (muerte
de la víctima, cuando la prueba ex novo demuestra que el agente actuó en
legítima defensa), por manera que puede haber prueba nueva sobre hecho nuevo o
respecto de variantes sustanciales de un hecho procesalmente conocido que
conduzca a la inocencia o irresponsabilidad del procesado."
[81] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; y
recientemente, T-464, T-703 y T-786 y T-867 de 2011.
[82] C-590 de 2005.