T-622-02
2
Sentencia
T-622/02
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Concepto
DERECHOS DE
VICTIMAS Y PERJUDICADOS POR HECHO PUNIBLE EN PROCESO PENAL-Derecho a la verdad, justicia y reparación
económica
DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL-Acuerdo de voluntades entre los cónyuges
UTILIZACION INDEBIDA DE PODER
VIA DE HECHO-Transgresiones ostensibles del
ordenamiento jurídico/VIA DE HECHO-Preclusión de investigación
En principio la valoración probatoria
y la interpretación de las normas efectuadas por los jueces deben ser
respetadas, dada la autonomía del Fallador, pero también ha definido que las
trasgresiones ostensibles del ordenamiento jurídico por parte de los
funcionarios encargados de administrar justicia constituyen vías de hecho, que
como tales requieren ser infirmadas por el juez constitucional. Debe entonces concluirse
que el Fiscal accionado produjo una providencia que constituye vía de hecho, en
cuanto para precluir la investigación que se adelantaba contra la señora,
dedujo de conductas ejecutadas por la Sindicada y que la ley penal tipifica
como delictivas, actuaciones altruistas que no están acreditadas en el
expediente y que, comparadas con los hechos que efectivamente ocurrieron y con
la situación de despojo patrimonial y desamparo afectivo que afronta el actor,
contrarían las reglas de la lógica y los principios de la sana crítica.
DEBIDO PROCESO-Vulneración/DERECHO DE ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
PREVALENCIA DEL
DERECHO SUSTANCIAL/DEBIDO PROCESO-Esclarecimiento de los hechos
Referencia:
expediente T-461.936
Acción de tutela
instaurada por José Javier Zuloaga Arango contra la Fiscalía Tercera Delegada
ante el Tribunal Superior de Medellín
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá, D.C., ocho
(8) de agosto del año dos mil dos (2002).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime
Araujo Rentería, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en
ejercicio de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión de las decisiones adoptadas por la Sala Penal del H. Tribunal Superior
de Medellín y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
22 de enero y el 14 de marzo del año 2001, dentro de la acción de tutela
instaurada por el señor José Javier Zuloaga Arango contra la Fiscalía Tercera
Delegada ante el Tribunal de Medellín.
I.
ANTECEDENTES
El señor José Javier Zuloaga Arango, en su
calidad de parte civil, dentro de la investigación que fuera adelantada por la
Fiscalía 53 Seccional de Medellín contra la señora Patricia Ochoa Marshall, por
los delitos de Fraude Procesal y Estafa, instauró acción de tutela contra la
Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal Superior de la misma ciudad,
motivado en que ésta consideró atípicos los comportamientos de la sindicada, y
precluyó la investigación en su contra.
Aduce el demandante que la accionada
quebrantó su derecho fundamental al debido proceso, porque la decisión de dar
por terminada la investigación además de que no guarda “ninguna relación con
los hechos mediante los cuales se había infringido la acción penal”, dio
lugar a que él perdiera el derecho al resarcimiento de los perjuicios, que la
sindicada le ocasionó con su conducta.
1. Hechos
De conformidad con
las pruebas aportadas al expediente se pueden dar por ciertos los siguientes
hechos:
1. El 26 de enero
de 2000 el señor José Javier Zuloaga Arango denunció a la señora Patricia Ochoa
de Marshall por los delitos de estafa y fraude procesal, ante la Unidad de Asignaciones
de la Fiscalía Seccional de Medellín, motivado fundamentalmente en los
siguientes hechos –folios 1 a 7, cuaderno 3 pruebas en trámite de revisión-:
-Que estuvo privado
de la libertad en la ciudad de París, entre octubre de 1987 y julio de 1999,
habiendo recobrado su libertad por sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, organismo que condenó al Estado que lo mantuvo detenido a
indemnizarlo, por haberlo privado ilegalmente de su libertad durante doce años.
-Que mediante
Escritura Pública 21, otorgada el 17 de diciembre de 1987 ante el Cónsul
General de Colombia en París, otorgó poder general “para la administración
de mis negocios” a la señora Patricia Ochoa Marshall, con quien había
contraído matrimonio en Medellín el 19 de abril de 1969, y con quien tiene dos
hijos.
-Que en abril de
1999, la señora Ochoa Marshall “actuando (..) en su propio nombre y como mi
apoderada” mediante la Escritura Pública 614 otorgada en la Notaría de
Medellín, disolvió y liquidó la sociedad conyugal, que el denunciante y su
apoderada conformaron por razón de su matrimonio.
Y que, para el
efecto la compareciente i) relacionó un patrimonio considerablemente inferior,
al propio que la sociedad conyugal había conseguido hasta la fecha, “desconociendo
la existencia en cabeza suya de una serie de activos integrantes del haber de
la sociedad conyugal”, e ii) “(..) incluyó una cláusula contraria a la
realidad, según la cual yo declaraba haber recibido la suma de dinero que me
otorgaba en virtud de la disolución de la sociedad conyugal”.
-Que el 23 de
agosto de 1999 la señora Patricia Ochoa, “en nombre propio y como apoderada
de José Javier Zuloaga”, presentó demanda de Cesación de Efectos Civiles
del Matrimonio que había contraído con el denunciante, alegando mutuo acuerdo
entre los esposos y aduciendo que estos “renunciaban a cualquier reclamación
recíproca”; de modo que el Juzgado Primero de Familia de Medellín, a quien
le correspondió el asunto, le dio a la pretensión el trámite verbal.
-Que el 24 de
agosto de 1999 el accionante otorgó la Escritura Pública 2.728 en la Notaría 11
de Medellín, mediante la que revocó el poder que había otorgado a la señora
Ochoa Marshall. Y que el Consulado de Colombia en París dejó constancia de su
decisión mediante la Escritura Pública 11 del 18 de octubre del mismo año.
2. En diligencia
adelantada ante la Fiscal Cincuenta y Tres Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Medellín, el 5 y el 11 de mayo del año 2000 el señor Zuloaga
Arango, amplió su denuncia informando al funcionario investigador:
-Que su esposa “durante
todo el tiempo que estuve en la prisión jamás me dio pie para pensar que ella
quisiera terminar nuestro matrimonio y de habérmelo manifestado yo hubiera
aceptado por que de ninguna manera quería sacrificarla de rehacer su vida si
tal era su voluntad, pero por el contrario me hizo pensar que su deseo era
continuar con el matrimonio y que me esperaría hasta mi regreso, como lo
manifiesta en sus cartas. Exactamente eso es lo que más me duele, su traición a
ocultarme la realidad de las cosas, incluso en los primeros días en que estuve
aquí en el hogar, es  más si ella me hubiera manifestado su deseo de terminar
el matrimonio y liquidar la sociedad conyugal con ese poder, yo le hubiera
dicho que le haría un poder especial (..).”
-Que durante su
permanencia en Francia mantuvo “comunicación epistolar permanente, tanto con
PATRICIA como con cada uno de mis hijos, a partir de un tiempo, cuando fue
físicamente posible, hablábamos con PATRICIA y los hijos o los tres si había
tiempo, por teléfono o dos veces por mes. Alrededor de 1995 PATRICIA fue a
visitarme a Francia y para más señas llevando como compañera a su amiga íntima
(..)”.
-Que su esposa y
sus hijos conocían de su regreso, que “le avise por carta y telefónicamente,
hable con ella, es que yo hablaba con ella frecuentemente, de manera relativa
le dije la fecha de mi regreso, aproximadamente cinco años antes empecé a
decirle de que procimamanete (sic) sabría para que época podía regresar,
después de un año antes de la fecha cierta de regreso se le ratificó la fecha
muy aproximada y periódicamente mensualmente se le iba dando alguna información
que se tuviera sobre ese regreso”, que por ello i) su hijo Juan Felipe se
desplazó a Bogotá a esperarlo y viajaron juntos a Medellín, ii) su esposa
acompañada de Francisco Javier, el otro de los hijos del matrimonio, en
compañía de familiares y de amigos lo esperaron en el aeropuerto de Rionegro ,
y iii) que luego de su llegada se desplazaron al apartamento “donde viven Patricia
y Juan Felipe” donde hubo una reunión “muy agradable hasta muy tarde de
la noche.”.
-Que luego de
algunos días de permanencia en su casa “la situación empezó a complicarse
más o menos al rededor del cinco (5) de agosto, empecé a escuchar frases desajustadas,
afirmaciones de que la empresa era de ella, que igual la finca de san Jerónimo
agresiones verbales en mi contra y mi familia(..)”.
-Que a raíz de la
salida de su casa, “buscando el registro civil de mi matrimonio encontré con
sorpresa una anotación marginal en el certificado que hablaba de la liquidación
de la sociedad conyugal y entonces me fui a buscar esa escritura de liquidación
en la Notaría Quinta y seguir la psta (sic), como un detective qué había pasado
los bienes, yo a raíz de estos hechos contraté los servicios de los abogados
(..)”.
-Que por insinuación de sus abogados procedió a revocar el poder que
le había conferido a su esposa durante su estadía en Francia. Y que su
apoderada fue notificada de tal revocatoria “[p]or correo certificado
remitido a la calle 52 Sur N°. 44-21 Mercantil Sabaneta y corresponde a
Cielotek –Divitek Ltda. que es la empresa de ella o de la familia donde ella
trabaja; se lo envió también un fax y no se la tercera como fue, no lo sé, el
abogado si.”.
-Reconoció que su
esposa debió cancelar su tarjeta de crédito luego de su detención en Francia y
que ésta le giro algún dinero durante su cautiverio aduciendo que era normal “en
primera instancia era yo quien los iba a pagar a mi presunto retorno con mi
dinero; el hecho de que alguna vez haya girado dinero a Francia sobre todo para
el pago del abogado es totalmente normal y el dinero que giró era de mi
patrimonio y en ningún momento para nadie, ni siquiera creo que para ella, era
una liquidación o mejor un pago adelantado de una liquidación o mejor un pago
adelantado de una liquidación que ella iba a hacer fraudulentamente doce años
después. Los dineros que me giró fueron los estrictamente necesarios
para pagar los abogados pues yo carecía de recursos, hasta el momento en que
pude comenzar a trabajar en la prisión y sostenerme completamente por mis
medios (..) sin embargo con gran esfuerzo y gusto en su viaje a Francia
le obsequié dos mil francos ante su asombro, pues no comprendía que yo en mis
circunstancias le diera dinero (..).
También el actor
informó al despacho i) “que en Octubre del 87, cuando partí había finalizado
casi en su totalidad la construcción del palacio municipal de Medellín (..)
PATRICIA me envió una preliquidación de la obra fechada a noviembre diez de
1987, para información mía (.. ) yo anexo esa preliquidación al expediente, en
la página dos se habla de utilidad para PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES  y para
CIELOTEK cada una de ellos corresponde a $35.404.000 pesos, ese dinero traído a
pesos actuales puede equivaler hoy, en el sistema financiero más sencillo (..)
449 millones de pesos (..) fue por ello y gracias a ello que tuvo un colchón
económico para poder salir adelante en el manejo de la empresa; ii) que el
23 de agosto de 1999 él poseía en el fondo Suramericana acciones por valor de
$2.549.025, las que fueron retiradas por su apoderada, en uso del poder, sin
reparar en que “era lo único posible que quedaba a mi nombre y de lo que
ella no ha dispuesto y que yo tenía desde soltero, sin embargo a pesar de que
ya me había dejado sin un peso, también retiró el valor de esas acciones (..)”.
Para concluir con
la ampliación de su denuncia solicitó que su pistola le fuera devuelta, porque
además de ser de su propiedad el salvoconducto expedido para la misma figuraba
a su nombre, y al respecto relató que su hijo Juan Felipe a su regreso le “dijo
que la conservara que ahora podía valer tres o cuatro millones de pesos y que
era la mejor arma de esa clase o tipo que había venido, yo la tuve todo el
tiempo en el cajón del apartamento de PATRICA o de mi hogar y la hicieron
desaparecer para impedirme que me la llevara con mis cosas”.
3. El 15 de marzo
del año 2000 la Fiscal 53 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de
Medellín avocó la investigación de los hechos denunciados por el actor y,
previa la práctica de algunas pruebas –proceso de Cesación de Efectos Civiles
por mutuo acuerdo de Patricia Ochoa Marshall y José Javier Zuloaga, Escritura
Pública de Disolución y Liquidación de la Sociedad Conyugal de los mismos, y
Escrituras Públicas de otorgamiento y revocación del poder general otorgado por
el señor Zuloaga a la señora Ochoa-, declaró abierta la investigación,
disponiendo, en consecuencia, escuchar en indagatoria a la señora Ochoa
Marshall -folios 14 a 59, cuaderno 3-.
4.-En diligencia de
indagatoria rendida los días 10 y 26 de abril y 9 de agosto de 2000, la señora
Ochoa Marshall se refirió a la denuncia instaurada en su contra por el actor
–folios 92 a 95, 98 a 102, 508 a 511, cuaderno 3-:
a) Sobre la
conformación de su haber patrimonial adujo:
“[E]n este
momento no tengo nada”, y aclaró i) “el apartamento donde vivo es de la
empresa que yo fundé a raíz de la ida del señor Zuloaga (..) se
llama CIELOTEX Y DIVITEX (..) los socios son mis hijos (..) como yo era
dueña de la empresa se la vendí a mis hijos (..) ellos me van abonando
cuando tienen un poco de solvencia, a la fecha me deben cada uno o mejor
FRANCISCO JAVIER me debe más o menos $35.000.000.oo y el otro me debe como
veinticinco millones”, ii) “yo también vendí una finquita que tenía en
San jerónimo, no tenía nombre se la vendí a Alberto Restrepo hace unos meses
(..) la vendí por setenta millones y él me ha pagado más o menos la mitad el me
paga interés del 1.5%, ese es otro ingreso y en cuanto a deudas ascienden más o
menos a la suma de .. la verdad es que no me acuerdo son con personas naturales
...(..)”,  y iii) “tengo en el Banco Santander una cuenta de
ahorros y una corriente en la oficina del Poblado, otra en Coopdesarollo de
Envigado, no más, una tarjeta de crédito VISA del mismo banco Santander
(..)”.
b) Respecto del
poder que le fue otorgado por el señor Zuloaga Arango, el ejercicio que hizo
del mismo y las facultades que le fueron otorgadas la señora Ochoa Marshall
informó a la Fiscalía 53:
“[C]uando lo
aprendieron me envió un poder y me dio instrucciones claras en una carta de que
vendiera todo lo que teníamos (..) un carrito Fiat Mirafiori  modelo 82,
KF 8743, color amarillo el cual vendí al señor SERGIO ZAPATA NAVARRO por un
millón seiscientos treinta mil pesos (..) el apartamento lo vendí por
seis millones seiscientos mil pesos (..) recibí una platica de un
negocio que él había hecho con proyectos de construcciones, no recuerdo cuanto
era como de nueve a once millones (..) porque el resto ya se lo habían
entregado a él y se lo llevó para el viaje, no teníamos absolutamente nada más
que las deudas que él tenía con la familia de él, yo quedé pagándole intereses
al señor MANUEL MEJIA, un cuñado de él, no recuerdo el  valor de la deuda pero
yo la cancelé con esa platica que me dieron, la tarjeta de crédito que me llegó
a mi cuenta y me tocó pagarla a mí, luego viaje a la ciudad e Panamá, porque
desde Colombia no se podía hacer giros en moneda extranjera, a enviarle veinte
mil francos franceses que él requería equivalentes a unos tres mil seiscientos
dólares, ese dinero era de la venta de las cosas, (..) cada giro que yo
hacía tenía que viajar a Panamá (..) el tenía una pequeña empresita que
se llamaba CIELOTEX LTDA. hacía cielos y divisiones, pero vivía quebrado
permanentemente (..)”;  y ii) “(..) pues al él caer en tan enorme
problema con ese poder me solucionaba la vida a mi y a  mis hijos, incluso la
sociedad conyugal, el matrimonio eso era para todo eso, es que una persona
condenada no puede obligar a otra que no ha cometido ningún delito a que le
cuide cuales cosas? (..) [e]l dice que no me dio poder  para que hiciera
la liquidación de la sociedad conyugal, pero porqué el poder no dice ninguna
restricción, la debería de decir porque dice que servía para disolver todo
tipo de sociedades (..) era un poder sin ninguna restricción (..)
sólo se revocó el 18 de octubre de 1999 (..) estaba vigente hasta el
último momento en que lo usé”.
c) Sobre la
revocatoria del poder la indagada afirmó:
“No me acuerdo
de la fecha en que se me notificó la revocatoria del poder, yo me vine a dar
cuenta de que él me había revocado el poder por las demandas que me pone en los
juzgados (..) No doctora a mi no me dieron a conocer esa escritura.”
“Me enteré por
una comunicación que me envió el abogado de él, que lo había revocado en
octubre del año 99, no me acuerdo de la fecha, si 18 o 28, y con relación a la
disolución y liquidación de la sociedad conyugal eso ya estaba hecho hacía rato
y el divorcio también.”
d) Respecto de su
relación con el señor Zuloaga Arango la sindicada expuso:
“Al momento de
la captura yo vivía muy sometida porque el decía que yo no podía hablar ni
sabía hacer nada, yo vivía sometida a lo que él me quisiera dar porque yo tenía
mis niños muy chiquitos, 14 y 15 años, respectivamente, incluso el me decía que
yo no estaba ni siquiera preparada para criar a mis hijos porque yo no había estudiado (..) yo supe que se había ido con una
mujer de Bogotá (..) el fue un hombre muy infiel durante el matrimonio, pero yo
no lo dejaba porque no era capaz de ganarme un peso, o eso era lo que él me
había metido a mi en la cabeza (..)”.
“El me escribía
pero yo nunca le contestaba, casi nunca, los hijos tampoco le escribían, pues
no podían con esa cosa que nos causó ante la sociedad, (..). o consultaba una sicóloga y ella me aconsejó que le
contestara porque eso era importante para la paz interior de él, como por hacer
una caridad humana (..) en el año 95 yo tenía un viaje con una amiga a
Europa para asistir a una feria de construcción y aproveche y pasé a visitarlo
fui varias veces y no hablamos nada ni de la relación de pareja (..) yo
no le conté de mi relación con el señor FREIDELL, yo todo el tiempo le mandé
fotos de JOHN y mías como para que el sacara conclusiones, lo supo cuando
regresó o se hizo el que no sabía. Yo allá entendí que no sentía nada por él
nada (..)”.
“Sí dándole
apoyo y fortaleza porque a mí los sicólogos me decían que nunca lo desamparara
y yo sentía que no lo debía desamparar aunque no sentía amor por él.”
“[C]omo se podrá
apreciar cartas para él de mis hijos son muy pocas porque yo casi los obligaba
a que le escribieran y yo por caridad humana siempre le di un apoyo aunque
fuera de lejos, el que él nunca ha apreciado.”
“[C]uando
regresó mis hijos me pidieron que lo recibiera por caridad humana en mi casa,
él se quedó, pero mis mismos hijos, por ahí a los cuatro días, más o menos le
dijeron que se fuera. Creo que se fue para donde un hermano. No sé cuando se
dio cuenta de la sentencia de divorcio es que yo no volví hablar con él desde
que mis hijos lo sacaron de la casa”.
“(..) Yo de verdad quería hacer un hogar, pensé que de pronto
había cambiado, pero no llegó más malo, corrompido malo (..) él venía
con malas intenciones, hasta que lo descubrí, le pedí a mi hijo FRANCISCO  que
lo sacara de la casa, de mi casa (..) mi hijo en vista de que él me
quería pegar le dijo que si me tocaba a mí se las tendría que ver con él
(..)”.
“[Y]o le tendí
un tapete de rosas a la llegada, doctora, mis hijos llevaron diez
guardaespaldas, armados, contratados, de miedo porque no sabíamos lo que había
pasado y mis hijos lo interrogaron a la llegada: Tiene usted algún problema
aquí? - Y el dijo que no. Yo lo iba a analizar saber si era verdad lo que me
habían dicho, cuando descubrí que sus intenciones eran malas (..)”.
e) Con referencia
al viaje del señor Zuloaga Arango a París en octubre de 1987 y su detención
relató:
“ (..) cada rato
viajaba me decía que estaba haciendo negocios con unos langostinos del Perú no
sé que cuentos (..) me dijo que se iba para parís (sic) y que
regresaba en ocho días y pasaron los días hasta el cuatro de octubre que me
llamaron amenazarme hasta que tuve que viajar al Das en Bogotá donde el general
MAZA MARQUEZ a averiguar que pasaba y allá me enteré que era que estaba preso,
se hospedó en el hotel más lujoso de parís (sic) a mí me toco pagar la
tarjeta de crédito (..) cuando esto ocurrió nosotros tuvimos que afrontar
todo el escándalo, mis hijos estudiaban en el colegio San José, tuve que pedir
ayuda sicológica (..)”.
“Lo que conozco
de él lo sé por un hermano suyo que se llama JOSÉ LUIS y unos recortes del
periódico El Tiempo y la revista Cromos (..) yo no sabia cual era el delito,
aclaro yo sabía que era por narcotráfico, pero yo no sabía que tipo de droga,
supe que lo condenaron a 18 años de prisión(..)”.
“[E]l venía
diciendo desde que se fue que ya venía pero nunca dijo la verdad siempre me
engañó. Yo supe de la fecha del regreso de él por su hermano JOSE LUIS
ZULOAGA”.
“[Q]uiero decir
que para mí fue muy duro y para mis hijos el escarnio público de esa situación
y a pesar de eso salí adelante y saqué adelante mis hijos. “
f) Sobre la
conformación de su patrimonio adujo:
“(..) luego
contacté un gran amigo de mi familia que es un gran empresario en Medellín que
se llama John Freídle Vásquez, le conté mi problema le pedí que me ayudara a
vender esa empresita que estaba quebrada y solo con problemas de impuestos, le
vendimos a un señor Marín con todos sus problemas y él y yo hicimos una
sociedad en el año 88 (..) se llama CIELOTEX Y DIVITEX LTDA (..) con
este señor entable una relación muy linda, él me enseñó a trabajar en lo que
hago hoy en día, me ayudó con capital, estuvo al frente de identificación del
patrón de identificación como padre de mis hijos (..) puedo dar fe que
ellos aprendieron a quererlo a él como su padre, más que a su padre
fisiológico, éste señor me ayudó a comprar el apartamento que sigo habitando
con mi hijo, me ayudó a comprar la bodega (..) me compró el carro era un
Mazda HZ modelo 92 y el año pasado me lo cambió por un noventa y nueve y lo
vendí hace poco, sociedad patrimonial si se quiere yo la tengo con el señor
JOHN (..)”.
“(..) Cuando él llegó le ofrecí trabajo y dijo que él no estaba de
acuerdo con la administración mía porque a él le gusta humillar a los pobres,
se siente más que todo el mundo porque ha estudiado mucho, le ofrecí manejar la
línea de división de oficinas que yo lancé al mercado (..)”.
g) Respecto de los
motivos que tuvo para liquidar la sociedad conyugal que conformó con el actor
por razón de su matrimonio, y para solicitar la disolución del vínculo
matrimonial, la señora Ochoa Marshall le explicó al funcionario investigador:
“También hice la
liquidación de la sociedad conyugal amparada en ese mismo poder y luego el
divorcio, porque él me dijo que yo tenía un poder que lo usara para lo que yo
quisiera. No me acuerdo en que época hice esas dos cosas, creo que la
liquidación de sociedad conyugal en abril de 1999 y el divorcio en agosto del
mismo año. El se enteró de la liquidación de la sociedad conyugal porque él
regresó al país a finales de julio del 99 y me dijo que acabara de hacer todo y
entonces yo hice el divorcio (..).”
“A mí me
diagnosticaron un cáncer por ahí a principios del año pasado pero no me dijeron
cuanto tiempo de vida me quedaba, entonces yo procedí a organizar mi vida,
aunque yo de hecho la tenía organizada (..)”
“La liquidación
de la sociedad conyugal la hice antes de él regresara, en abril de 1999, el
divorcio lo hice en agosto, él ya estaba aquí (..) yo
no le había dado importancia a eso, no sé tal vez por trabajar, las múltiples
obligaciones que yo tengo, es que levantar dos hijos y sacarlos adelante nos es
fácil para una mujer sola.”
“[P]ara mí la
sociedad conyugal se terminó el día que a él lo condenaron a 18 años de prisión
(..)”.
“No lo enteré.
Si pensaba enterarlo. No me dio tiempo de enterarlo. Yo otorgué esa escritura
el año pasado o antepasado no lo recuerdo, él se enteró por sí mismo porque
llegó a embargar (..)”
“(..) No lo
enteré porque yo tengo mucha calidad humana y no quería cuando él estaba
amarrado las manos hacer nada a sus espaldas a pesar de tener un poder sin
ninguna limitación (..) todo lo pude haber hecho no quise hacer nada a sus
espaldas”.
“Claro que
pensaba enterarlo cuando supiera en qué plan venía él, doce años en una cárcel
en un país extraño no es fácil y llegan más malos de lo que se fueron, varios
sicólogos me lo advirtieron (..)”.
h) Con relación al
dinero que según la Escritura Pública, mediante la que se liquidó la sociedad
conyugal, recibió el señor Zuloaga a entera satisfacción la indagada expuso:
“Ese dinero se
lo giré yo a él allá y de lo cual tengo recibos después de la venta de las
cosas, eso había que dejarlo legalizado.”.
i) Respecto del
dinero que figuraba a nombre del actor en el Fondo Suramericana y que ella
retiró adujo:
“La fecha no me
acuerdo, tampoco me acuerdo si fue antes o durante el divorcio, me entregaron
más o menos dos millones quinientos mil pesos, los destiné para pagar la ropa
de él, él vino sin nada y yo lo llevé y le compré casi tres millones de pesos
en ropa (..)”.
5. El 10 de marzo
de 2000, la Sala Primera de Decisión de Familia del Tribunal Superior de
Medellín negó la acción de tutela que había sido instaurada por el accionante
contra la señora Patricia Ochoa Marshall y la Jueza Primera de Familia de la
misma ciudad, en razón del proceso de cesación de los efectos civiles del
matrimonio del actor instaurado por la nombrada, como quiera que la Sala en
cita consideró que el accionante debía solicitar la nulidad del proceso –folios
44 a 58, cuaderno 3-.
No obstante, el 11
de abril de 2000, la decisión que se reseña fue revocada por la Sala de
Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, para, en su lugar, i)
dejar sin valor ni efecto la sentencia proferida en el Proceso de Cesación de
Efectos Civiles, en mención, e ii) informar al Juez Décimo de Familia la
decisión adoptada en segunda instancia, para que la tenga en cuenta en el
proceso de divorcio contencioso “que se adelanta entre la misma pareja
mencionada (..)”.
Dicen así algunos
de los apartes de la decisión –folios 132 a 143, cuaderno 3-.
“4. Examinado el caso concreto a la luz de los
conceptos anotados, la Corte comparte la apreciación del Tribunal en relación
con la vulneración de los derechos del accionante, pues es evidente que la
sentencia en cuestión presenta un defecto fáctico habida cuenta que el
documento adosado para solicitar con fundamento en la causal del mutuo
consentimiento, la cesación de los efectos civiles por divorcio del vínculo
matrimonial católico que existe entre las personas mencionadas, consistente en
un poder general que el accionante le había otorgada a su esposa diez (10) años
atrás ante el Cónsul General de París (fols 23 y 24 c.1.) no tiene el alcance
que le dio el Juzgado Primero de Familia de Familia de Medellín, porque en
dicho auto el señor Zuloaga concedió unas facultades para que su cónyuge lo
representara en una serie de asuntos muy diferentes a la modificación de su
estado civil.
5. Con todo, la Corte estima que el Tribunal desacertó
en su decisión al denegar el amparo deprecado con estribo en la 1ª causal de
improcedencia contemplada en el art´. 6° del Decreto 2591 de 1991,
reglamentario de la acción de tutela, porque lo cierto es que el accionante no
dispone del medio de defensa judicial que se le señaló, ni de ningún otro,
porque la nulidad no se originó en la sentencia como erróneamente se dijo, sino
que ésta campeó durante todo el proceso como se afirma en la misma
providencia.”
6. Mediante
providencia del 26 de mayo de 2000 la Fiscalía del conocimiento admitió la
demanda de constitución de parte civil, que fuera presentada por José Javier
Zuloaga, por intermedio de apoderado, dentro de la investigación que se reseña.
Y el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín confirmó la
decisión ––folios 210 a 214, folios 327 a 334, cuaderno 3-.
Con la demanda en
mención el accionante pretendía que se declare a la sindicada responsable de
los hechos punibles que resultaren probados en el proceso, y que, como
consecuencia de tal declaración, la demandada fuera condenada i) a restituir al
actor “el 50% de los bienes descritos en el numeral 19 de los hechos y de
los que aparecieren durante el proceso y que pertenezcan a la sociedad con
frutos y con el valor indexado al momento de la sentencia”, ii) a
reconocerle el lucro cesante dejado de percibir por el actor, por las
actuaciones delictuosas de la sindicada, iii) a indemnizarle al mismo los
perjuicios morales que le fueron ocasionados por razón de los hechos punibles y
iv) a asumir las costas del proceso.
Valores que debían
ser actualizados y, que si no fuere posible cuantificar, debían ser
establecidos mediante dictamen de expertos –folios 144 a 158, cuaderno 3-.
7. Mediante
decisión de junio 13 de 2000, la Fiscal en mención impuso a la señora Ochoa
Marshall “medida de aseguramiento de DETENCIÓN PREVENTIVA “(..) como
presunta autora de un concurso homogéneo de FRAUDE PROCESAL –dos veces la misma
conducta- y un concurso heterogéneo de estos punibles con el de ESTAFA
AGRAVADA”. Para el efecto la Fiscal, entre otras consideraciones, expuso:
“(..) la señora PATRICIA OCHOA MARSHALL, indujo en
error tanto al funcionario judicial –JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE MEDELLÍN- al
presentar demanda de cesación de efectos civiles del matrimonio que tenía
celebrado por el rito católico, con el señor ZULOAGA ARANGO, prevalida de un
poder que no la habilita para ello, aduciendo una causal: MUTUO ACUERDO, que no
correspondía a la realidad (..) y ya con antelación había inducido en error a
otro funcionario público: A la señora Notaria Quinta del Círculo de Medellín,
presentado una minuta de escritura pública con una información, que tampoco se
compadecía con la realidad, en cuanto a los activos y pasivos que conformaban
la masa de la sociedad conyugal (..).
(..)
Le falseó y ocultó la realidad durante diez años, lo
mantuvo bajo el convencimiento de que todo marchaba “normal” en la medida que
las circunstancias lo permitían, es decir el señor ZULOAGA permaneció bajo la
idea y la ilusión de que la procesada seguía comportándose como la esposa que
todo lo hacía con la finalidad de que el hogar se mantuviera hasta el regreso
del padre y que el patrimonio se incrementara, que prospera en provecho de la
sociedad conyugal y del mejor estar de todos los miembros de la familia.
Esa situación y panorama de engaño lo sostuvo incluso
durante los primeros días del regreso del denunciante a su hogar hasta el punto
de ocultarle que había dispuesto y liquidado la sociedad conyugal y que su
intención era divorciarse de él, por no se quedó en su solo propósito, luego
del trato que le brindó en su hogar en esos primeros días, presentó la demanda
de divorcio a espaldas del cónyuge, sin contar con su consentimiento pero
aduciendo el MUTUO ACUERDO para la separación.”
8. Mediante
providencia de junio 30 de 2000 la Fiscalía en cita negó la petición presentada
por la defensora de la sindicada referente a que le fuera cambiada a su
defendida la caución prendaria, por caución juratoria, entre otras por las
siguientes consideraciones –folios 359 a 366, cuaderno 3-.
“Todas estas transacciones fueron realizadas en los
primeros meses del año 99, -época en al que se hicieron todas las
transacciones, días antes de presentar minuta de disolución y liquidación de
sociedad conyugal- entonces para unos meses después cómo es posible que la
señora PATRICIA OCHOA esté viviendo de la caridad de sus hijos, los que son sus
deudores y que adquirieron sus bienes, entre ellos la empresa que presentó en
sus estados financieros para el ejercicio del año 99, según la información reportada
a la cámara de comercio –vr. Fols. 343 del cuaderno original- de un activo
corriente de mil millones ciento sesenta y dos mil ciento cuarenta y seis
trescientos treinta y siete pesos, un activo fijo de quinientos ochenta y siete
millones sesenta y cuatro mil cuatro pesos, más las valorizaciones de ese
activo por once millones ciento dos mil doscientos dieciocho pesos para un
ACTIVO TOTAL  a diciembre 31 de 1999 de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES
ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS y una ventas netas o ingresos por
valor de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CIENTO TREINTA Y UN PESOS, y a pesar de que en dicho ejercicio sólo aparece una
utilidad neta de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS,
ésta cifra no es aceptable como utilidad de un capital, de la suma que se
relacionó como activo pues de ser así se estaría trabajando inútilmente un
capital tan considerado. (..).
A todo lo anterior agregaremos el valor comercial que
tiene el vehículo que usa de manera particular, personal exclusiva la señora
PATRICIA OCHOA a pesar de que figure registrado como dueño el señor LUIS
GUILLERMO ORREGO MARSHALL, su pariente, y a mas del valor, el usufructo que es
todo para la señora OCHOA, es ella la que se beneficia con el uso de ese
vehículo por lo que no es cierto que debe estarse a la caridad de sus hijos
cuando la pueden trasportar.
Por lo anterior es que se negará el cambio de caución
prendaria por juratoria, pues la sindicada está en condiciones económicas
suficientes para otorgar la que se fijó, cuyo monto corresponde precisamente a
esa situación económica, que muy por el contrario a lo dicho por la defensora,
es suficiente para atender la condición que el estado le impone a la procesada
para gozar del beneficio de la libertad provisional. (..).
9. Mediante
providencia del 1° de agosto de 2001 el Fiscal Tercero Delegado ante el
Tribunal Superior de Medellín resolvió “Revocar la resolución de origen,
fecha y naturaleza conocidos, mediante la cual se había impuesto Medida de
Aseguramiento en disfavor de la señora PATRICIA OCHOA MARSHALL, por las razones
anotadas en la parte motiva de esta providencia”, como quiera que el
Fallador expuso, entre otras razones, lo que sigue –folios 487 a 504-:
“Significa lo anterior que para el mes de
octubre de mil novecientos ochenta y nueve, la señora Patricia Ochoa
Marshall tenía configurada más de una causal de divorcio y de disolución y
liquidación de la sociedad conyugal, que podía haber manejado en un proceso de
jurisdicción voluntaria, previo acuerdo con el señor Zuloaga Arango o en
proceso contencioso, aún sin contar con la anuencia o el poder que ya
había sido otorgado por su cónyuge.
(..)
Y, partiendo de que el poder no tiene limitación
alguna ni hace claridad a si algunas actuaciones requieren poder especial suyo,
aunque para concederlo también está facultada la mandataria según el tenor del
literal x), bien pudo la señora Patricia Ochoa Marshall, existiendo ya las
causales, haber demandado, en proceso contencioso (Verbal de mayor y menor
cuantía, según el numeral 6° del artículo 427 del Código de Procedimiento
Civil), tanto el divorcio como la disolución y liquidación de la sociedad y
haber actuado como demandante en nombre propio y como demandado en
representación de su cónyuge, tal como textualmente lo dice el poder. Pero de
haber obrado de esta manera, ¿que calificativo le habría dado el poderdante a
esa actuación, a pesar de tener sustento jurídico en el susodicho poder, habida
consideración del acerbo cuestionamiento que a todos sus actos viene haciendo?
Téngase en cuenta además lo oneroso que resultaría el trámite procesal así
indicado, comparativamente mirado con el proceso de jurisdicción voluntaria.
Se ha dejado en el proceso constancia de una actuación
de suyo demostrativa de grandeza de espíritu que ha sido ignorada talvés (sic)
inconscientemente, pero que viene al caso para tratar de comprender la
actuación general de la aquí sindicada, bien que se haya realizado por consejo
profesional, bien que haya nacido de su propio ser como reflejo de sus
principios morales. Hacemos referencia a la gentileza en el trato que durante
todo el tiempo de cautiverio dispensó a su cónyuge, en el que se percibe gran
delicadeza y consideración, en orden al logro “de la paz interior de él” (folio
101) y en desarrollo del principio cristiano de la caridad humana. Secuela de
este trato es que él siempre sintió que tenía apoyo, afecto y atención de su
familia, a pesar de la lamentable situación que su propia actuación le atrajo y
sin importar el dolor y el escarnio que la misma le produjo a su grupo
familiar.
(..)
Vamos concluyendo entonces que la señora Patricia
Ochoa Marshall no necesitaba poder ni para divorciarse –y por ende, motu propio
modificar el estado civil suyo y de su ausente cónyuge- ni para disolver y
liquidar la sociedad conyugal, porque las causales estaban dadas, y en un
proceso contencioso impulsado aún contra la voluntad de señor Zuloaga Arango,
hubiese logrado el mismo resultado. El problema radicaba en al legitimación en
la causa según el trámite que se le imprimiera al asunto; y si consideraba
grotesco actuar a la vez como demandante y representante del demandado, su
opción de actuar de común acuerdo, acorde con su delicado comportamiento y
trato con su cónyuge, podía tener, según la interpretación del documento, base
suficiente en el poder pluricitado.
(..)
(..) [T]raigamos el aparte esencial –para este
especifico momento- del pronunciamiento de la H. Corte Suprema de Justicia al
fallar la tutela interpuesta por el aquí quejoso, que nos va a permitir llegar
a idéntica conclusión que al alto tribunal “..poder general que el accionante
le había otorgado a su esposa diez (10) años atrás ante el Cónsul General de
París ( fls 23 y 24, c. 1) no tiene el alcance que le dio el Juzgado Primero de
Familia de Medellín, porque en dicho acto el señor Zuloaga concedió unas
facultades para que su cónyuge lo representara en una serie de asuntos muy diferentes
a la modificación de su estado civil (subrayas nuestras)” –advierte el texto-.
10. El 14 de
septiembre de 2000, la Fiscalía Cincuenta y Tres Delegada ante los Juzgados
Penales del Circuito de Medellín negó la solicitud de preclusión de la investigación,
presentada por la defensora de la sindicada.
Para el efecto
la Fiscal sostuvo que “no se han agotado todas las posibilidades probatorias
y tampoco se han establecido todas las circunstancias bajo los cuales se
realizaron los hechos denunciados, lo que implica que aún no se tiene la
certeza, por parte del instructor de la existencia o no de los elementos
estructurales de los delitos que se investigan así como de los elementos
objetivos y subjetivos de la conducta de la procesada (..)” –folios 532 a
535, cuaderno 3-.
11. Mediante
providencia del 20 de octubre de 2000, el Fiscal Tercero Delegado ante el
Tribunal Superior de Medellín, al resolver el recurso de apelación interpuesto
por la defensora de la sindicada contra la providencia reseñada en el numeral
anterior, precluyó “la investigación adelantada en contra de la señora Patricia
Ochoa Marshall  por atipicidad de las conductas a ella endilgadas”, como
quiera que consideró “una verdad procesal, incontrovertible (..) que los
hechos denunciados no constituyen ilícito alguno”.
Dicen así
algunos de los apartes de la decisión –folios 598 a 605, cuaderno 3-.
“Los hechos mismos tuvieron existencia real y
material; esto no se ha negado ni por esta Delegada ni por el A quo. Lo que si
sostuvimos y reiteramos es que esos hechos son atípicos, vale decir que no
quebrantan el ordenamiento sustantivo penal en cuanto no se dan los elementos
normativos que configuren la conducta punible. Y como ello fue objeto de
análisis de nuestra providencia de agosto uno- la que por demás no admite,
según las normas procesales recurso alguno-, no haremos nueva referencia a ese
aspecto, aunque el letrado no recurrente insista porque su examen de los hechos
lo lleva a una inferencia diferente.
(..)
Por manera pues que declarada por esta instancia la
atipicidad de la conducta, el único camino a seguir con estas diligencias eran
el de la preclusión y su consiguiente archivo (..)
(..)
Es una verdad procesal, incontrovertible por demás –habida cuenta que no admitía recursos el
pronunciamiento de esta Delegada cuando así lo determinó-, que los hechos denunciados no constituyen
ilícito alguno. Entonces existe ya la certeza que extraña el representante de
la parte civil y por demás, los presuntos perjuicios que pudo haber causado a
la incriminada Patricia Ochoa Marshall a su cónyuge con ese hacer
delictivo, no podrán ser reclamados por esta vía, por cuanto la decisión a
tomar no puede ser otra que la de la preclusión; por ello se revocará la
resolución apelada.
Observamos además que, como al desgaire, el mismo
jurista aportó con memorial de agosto 24 pasado (folio 518) copia de sendos
actos escriturales en los que aparentemente le fue falsificada la firma al
señor José Javier Zuloaga Arango, quien para la época de aquellas
signaturas ya estaba privado de su libertad en Francia, y sin embargo aparece
representando a sus hijos.
Empero, sea cual fuere la pretensión del letrado, en
tratándose de una falsedad de particular en documento público, la pena a
imponer oscila entre dos y ocho años de prisión, tiempo transcurrido con
holgura desde la realización del último acto, cual fue la escritura 662 de
junio seis de mil novecientos noventa. Por tanto, la acción penal con respecto
a esos presuntos punibles no podría iniciarse a estas alturas, por cumplirse el
requisito de la prescripción regulada por el canon 80 del Código Sustantivo
Penal, que es una de las causales que hace nugatoria la acción penal.”.
12. Mediante providencia del 24 de
octubre del año 2000 la Fiscal 53 Seccional dispuso cumplir lo dispuesto por el
Superior, en consecuencia ordenó archivar la actuación previo desglose de los
manuscritos originales aportados por el denunciante –folio 607, cuaderno 3-.
2. Trámite en
sede de revisión
Seleccionado el
presente asunto para su revisión el Magistrado sustanciador dispuso, para mejor
proveer, solicitar a la Fiscalía Cincuenta y Tres delegada ante los Jueces del
Circuito de Medellín la remisión de la fotocopia de todo lo actuado en el proceso
número 323.734-53, promovido contra la señora Patricia Ochoa Marshall por los
delitos de fraude procesal y estafa, siendo denunciante el señor José Javier
Zuloaga Arango.
Y también se
solicitó al Juzgado Primero de Familia de Medellín que remitiera fotocopia de
todo lo actuado en el proceso de Cesación de Efectos Civiles del matrimonio
católico, por mutuo acuerdo, tramitado en ese despacho, por solicitud de
Patricia Ochoa y José Javier Zuloaga.
Debe advertirse que
la Fiscalía remitió el original del expediente 323.734-53 –cuaderno 3-, el que
será devuelto por la Secretaría de esta Corporación al despacho de origen una
vez culminada la presente actuación.
3.      Pruebas
En el expediente,
además de varios testimonios, obran, entre otros, los siguientes documentos:
-En 1 folio,
fotocopia del Registro Civil expedido por la Notaría Sexta de Medellín que da
cuenta del Matrimonio contraído por Patricia Ochoa Marshall y José Javier
Zuloaga Arango el 19 de abril de 1969, en esa ciudad –folio 22, cuaderno 3-.
-En 3 folios,
fotocopia de la Escritura Pública número 27 otorgada el 17 de diciembre de
1987, ante la Cónsul General de Colombia en París, por José Javier Zuloaga
Arango para otorgar poder general “con las irrestrictas facultades
dispositivas y administrativas” a la señora Patricia Ochoa de Zuloaga,
entre otros asuntos, para que administre sus bienes, cobre y pague a sus
acreedores, enajene sus bienes, haga donaciones, lo represente en las
sociedades en las que sea socio o accionista y en los actos, actuaciones,
diligencias en las que tenga que intervenir como demandante o demandado, y “para
que intervenga con las más amplias facultades en las votaciones,
funcionamiento, reforma, disolución, y liquidación de las sociedades o
compañías de que el poderdante sea socio o accionista, así como en la división
de los bienes de dichas sociedades o compañías.” –folios 8 a 11 cuaderno
3-.
-En tres folios,
fotocopia de los formularios de renovación de matrícula mercantil de la
sociedad Cielotex Ltda., presentados el 13 de mayo de 1986, el 13 de marzo de
1987 y el 8 de julio de 1988, los dos primeros suscritos por Zuluaga Arango
José Javier y el restante por Patricia Ochoa de Z. Documentos en los que, entre
otros rubros, figuran ventas por $9.315.431.oo, $37.536.624 y 53.909.791,
respectivamente –folios 470 a 472, cuaderno 3-.
-En 7 folios,
fotocopia de la Escritura Pública 4.990 otorgada el 22 de diciembre de 1988 en
la Notaría Once del Círculo de Medellín mediante la que Patricia Ochoa de
Zuloaga, obrando en nombre propio y en representación de José Javier Zuloaga
Arango, transfirió a título de venta a favor de Alejandro Pineda el derecho de
dominio del apartamento doscientos dos (202) y el garaje diez (10) ubicado en
el Edificio El Prado en la calle 49B número 76-11 de Medellín, por valor de
$3´400.000.oo –folios 174 a 181, cuaderno 3-.
-En 1 folio,
fotocopia autentica del Acta número 3 de la Junta de Socios de la sociedad
Patricia Ochoa & CIA S. E. C. que da cuenta de la reunión adelantada el 4
de diciembre de 1989, con asistencia de Alvaro Vallejo, Patricia Ochoa
Marshall, Juan Felipe Zuloaga y Francisco Javier Zuloaga, y que los socios
resolvieron por unanimidad aceptar la cesión de las cuotas de su participación
social del señor Alvaro Vallejo, a los menores socios Juan Felipe y Francisco
Javier –folios 521, cuaderno 3-.
-En 2 folios,
fotocopia autentica de la Escritura Pública 060 otorgada ante el Notario
Segundo del Círculo de Envigado, el 15 de enero de 1990, en la que Alvaro
Vallejo transfiere a los menores Juan Felipe y Francisco Javier Zuloaga Ochoa,
“representados en este acto por sus legítimos padres JOSE JAVIER ZULOAGA
ARANGO Y PATRICIA OCHOA MARSHALL, mayores de edad, identificados con as cédulas
de ciudadanía números 3.327.080 y 32.410.911 expedidas en Medellín, en quienes
ejerce la patria potestad”, a título de venta, todo el interés social que
el vendedor poseía en la sociedad “PATRICIA OCHOA & CIA S. EN C. S.”,
por valor de $500.000.oo.
Instrumento en
el que “Presente los señores JOSE JAVIER ZULOAGA ARANGO y PATRICIA OCHOA, de
las condiciones civiles anotadas, o brando en nombre de sus hijos menores de
edad” aceptaron la cesión y se subrogaron en los derechos y obligaciones
del cedente –folios 519 y 520, cuaderno 3-.
-En 1 folio,
fotocopia auténtica del Acta Número 5 de la sociedad Patricia Ochoa & Cía.
Ltda. S. en C. que da cuenta de que el 21 de febrero de 1990 la señora Patricia
Ochoa Marshall a nombre propio y en representación de sus hijos menores Juan
Felipe y Francisco Javier, con la asistencia de la señora María Victoria
Osorio, quien actuó como secretaria, se reunió en asamblea extraordinaria con
el objeto de “corregir y enmendar ante Notaría la escritura No. 060 de la
Notaría Segunda de Envigado de enero 15 de 1990 (..)”  -folio 523, cuaderno
3-.
-En 1 folio,
fotocopia autentica de la Escritura Pública 662 otorgada ante la Notaría
Segunda del Círculo de Envigado el 6 de junio de 1990 por “ALVARO VALLEJO,
JOSE JAVIER ZULOAGA ARANGO y PATRICIA OCHOA MARSHALL” , con el objeto de
aclarar la Escritura Pública 060 otorgada en la misma Notaría el 15 de enero
anterior, “en el sentido de dejar claramente establecida la composición del
capital y el nombre y apellido correcto de los socios” –folios 522,
cuaderno 3-.
-En 1 folio,
fotocopia del formulario de matrícula mercantil de la sociedad Patricia Ochoa
& CIA. S.E.C., suscrita por Patricia Ochoa M.-representante legal- el 19 de
abril de 1990, en el que se declara, entre otros rubros, ventas por $40.593.540
–folio 473, cuaderno 3-.
-En 1 folio,
fotocopia de la nota débito emitida por el Banco Comercial Antioqueño Panamá-
Republica de Panamá, el 25 de marzo de 1991, por valor de “US$3.651.36” “COSTO
DE TRANSFERENCIA POR F:F: 20.000.oo EQUIVALENTE EN USA DOLARES más US$15.00
costo TLX.” –folio 170, cuaderno 3-.
-En 2 folios,
fotocopia de la Escritura Pública 163 otorgada ante la Notaria Primera de
Rionegro el 20 de enero de 1996, mediante la que Marco Tulio Ríos Ríos
transfiere a favor de “Patricia Ochoa de Zuloaga, mayor de edad, de estado
civil casada con sociedad conyugal vigente”, un lote de terreno situado en
el paraje Llano de Matas en jurisdicción del municipio de Rionegro por
$10.000.000.oo, inmueble que el vendedor recibió a entera satisfacción –folios
424 a 425, cuaderno 3-.
-En 2 folios,
fotocopia de la Escritura Pública 614 otorgada el 20 de abril de 1999, ante la
Notaria Quinta del Círculo de Medellín, por Patricia Ochoa Marshall a nombre
propio y “en representación de José Javier Zuloaga Arango”, con el
objeto de “DISOLVER Y LIQUIDAR de manera definitiva y de común acuerdo la
Sociedad Conyugal entre ellos formada por su matrimonio”.
En el instrumento se
estipula i) un activo social de $18.100.000.oo, ii) que éste estaba conformado
por dinero en efectivo, iii) que el dinero relacionado fue repartido en partes
iguales entre los cónyuges, iv) que éstos se declararon a paz y salvo por todo
concepto, y v) “por cuanto han obrado de común acuerdo y de manera libre y
voluntaria”, los otorgantes renunciaron a reclamaciones posteriores –folios
11y 12 cuaderno 3-.
-En 1 folio,
fotocopia del certificado de propiedad del vehículo automóvil Mazda, tipo Sedan
de placa EWR491, a nombre de Patricia Ochoa Marshall, expedido el 17 de agosto
de 1999, por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Envigado –folio 350,
cuaderno 3-.
-En 3 folios,
demanda de Cesación de Efectos Civiles de Matrimonio Católico presentada por el
abogado Nestor Hincapié Giraldo en ejercicio del poder otorgado por la señora
Patricia Ochoa Marshall “en su propio nombre y en representación del señor
José Javier Zuloaga Arango”, el 23 de agosto de 1999, ante el Juez de
Familia de Medellín –reparto-.
Pretendía el
apoderado, fundamentalmente, que fuera decretado el divorcio del matrimonio
Ochoa Zuloaga, como quiera que i) “los cónyuges se separaron de hecho desde
el día treinta (30 ) de agosto de 1987, fecha hasta la cual existió la sociedad
conyugal”, y ii) “ambos cónyuges han decidido divorciarse de común
acuerdo”.
Debe destacarse que
el apoderado solicitó darle a su pretensión el trámite verbal -folios 1 a 3,
cuaderno 4, pruebas en trámite de revisión-.
-En 1 folio,
fotocopia de la Escritura Pública 2.728 otorgada el 24 de agosto de 1999 ante
el Notario Once del Círculo de Medellín, por José Javier Zuluaga Arango con el
objeto de revocar el poder general que había otorgado a nombre de Patricia
Ochoa, mediante Escritura Pública 27 del diecisiete de diciembre de 1987, ante
el Cónsul General de Colombia en París.
Que contiene la
advertencia relativa a la necesidad de protocolizar la Escritura Pública
otorgada en el Consulado donde fue otorgado el poder –folio 13, cuaderno 3-.
-En 2 folios,
Escritura Pública número 1.584 otorgada el 2 de septiembre de 1999 ante la
Notaria Quinta de Medellín, mediante la que Patricia Ochoa Marshall “de
estado civil Divorciada con sociedad conyugal disuelta y liquidada”
transfiere a título de compraventa a Juan Felipe Zuloaga Ochoa el derecho de
propiedad en un lote de terreno situado en el paraje Llano de Matas en
jurisdicción del municipio de Rionegro, por $24.700.000.oo. Dinero que la
compradora recibió a entera satisfacción –folios 357 y 358, cuaderno 3-.
-En 6 folios,
sentencia proferida por el Juzgado Primero de Familia de Medellín el 15 de
septiembre de 1999 decretando “LA CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO
CATOLICO POR DIVORCIO de los señores JOSE JAVIER ZULOAGA ARANGO Y PATRICIA
OCHOA (..)”, como quiera que el Juez del conocimiento consideró –folios 34
a 37, cuaderno 3 (mayúsculas en el texto)-:
“Se ha dicho que el matrimonio debe ser
una decisión libre, espontánea y querida de los cónyuges, de suerte que
habiendo decidido la pareja por mutuo acuerdo separarse la ley no debe
impedirlo, pues con ello se estarían violando los derechos fundamentales de la
persona. Es así como la ley 25 de 1992, introdujo como causal de CESACIÓN DE
EFECTOS CIVILES POR DIVORCIO DE MATRIMONIO CATÓLICO, el consentimiento de ambos
cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante
sentencia.
(..)
No es mucho lo que hay que anotar con
respecto a esta causal y la cual fue escogida por los cónyuges ZULOAGA OCHOA
con miras a que se decrete LA CESACIÓN DE EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO
CATOLICO POR DIVORCIO, contraído por ellos pues este es su consentimiento y así
lo manifestaron al incoar la demanda para poder definir cada uno de ellos, su
nuevo estado civil.
-En 1 folio,
certificado emitido por el Cónsul General de Colombia en París, que da cuenta
de que mediante la Escritura Pública Número 11 del 18 de octubre de 1999 fue
protocolizada la “Primera Copia de la Escritura DOS MIL SETECIENTOS
VENINTIOCHO (2.728), (..) de la Notaría Once del Círculo de Medellín por medio
de la cual el ciudadano José Javier Zuloaga Arango (..) REVOCO el Poder
otorgado a través de Escritura Pública número veintisiete (27) del diecisiete
de Diciembre de mil novecientos ochenta y siete (1987) (..)” – folio 183,
cuaderno 3-.
-En 6 folios,
fotocopias de los formularios de renovación de matrícula mercantil de la
sociedad CIELOTEK DIVITEK LTDA, suscritos por la señora Patricia Ochoa
Marshall, por los años 1994 a 2000, en los que la sociedad declaró un activo
total de $293.478.713.oo para el primer año y de $1.638.057.546.oo
correspondientes a 1999, además de utilidades netas entre $13.188.414 y
$29.948.000.oo –folios 343 a 48, cuaderno 3-.
-En 1 folio,
certificado de propiedad de la camioneta marca NISSAN, tipo Station Wagon, de
placa BXE338 modelo 1998 a nombre de Luis Guillermo Orrego Marshall, expedido
el 9 de mayo de 2000, por la Dirección Departamental de Transportes y Tránsito
del Departamento Antioquia –folio 349, cuaderno 3-.
-En 1 folio,
certificado de existencia y representación legal de la sociedad CIELOTEX LTDA
–en causal de disolución-, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín el 9
de mayo de 2000. En el que figura i) que la sociedad tiene por objeto, entre
otras actividades, la producción de implementos para cielos rasos, divisiones
enchapados etc., ii) que fue constituida mediante Escritura Pública 2.096
otorgada en la Notaría 12 de Medellín el 27 de diciembre de 1978, iii) que ha
sido reformada por varias Escrituras Públicas otorgadas entre el 9 de marzo de
1981 y el 14 de septiembre de 1989, iv) que el capital social es de
$3.000.000.oo, dividido en 30.000 cuotas repartidas entre Hernán González y
Luis Alberto Marín, y v) que son miembros principales de su Junta Directiva
José Javier Zuloaga y Alfredo Ochoa Ospina –folios 171 a 173, cuaderno 3-.
-En 2 folios,
Certificado de Tradición y Libertad correspondiente a la matrícula inmobiliaria
001-658364 del inmueble ubicado en la calle 34 número 63ª-29 APTO. 302 del
municipio de Medellín, expedido el 31 de mayo de 2000, en el que entre otras
anotaciones figuran i) “Escritura 2529 otorgada el 12 de septiembre de 1995,
por $45.130.000.oo, compraventa de Integramos Ltda. a Ochoa de Zuluaga
Patricia”, ii) “Escritura 1585 del 2 de septiembre de 1999, por
$72´326.000.oo, compraventa de Ochoa Marshall Patricia a Zuloaga Ochoa Francisco
Javier”, y iii) “Oficio 130. 4 de febrero de 2000, Juzgado 17 Civil del
Circuito de Medellín, Demanda sobre cuerpo cierto, Proceso Ordinario de Zuloaga
José Javier contra Zuloaga Ochoa Francisco Javier y Otros” –folios 228 y
229, cuaderno 3-.
-En 2 folios,
Certificado de Tradición y Libertad correspondiente a la matrícula inmobiliaria
001-637260, del inmueble ubicado en la carrera 61 número 34-15, Urbanización
Portal de Ditairess P.H. 1. Etapa Bloque 1 APTO. 302-1 del municipio de
Medellín, expedido el 31 de mayo de 2000, en el que entre otras anotaciones
figuran i) “Escritura 863 otorgada el 28  de abril de 1995, por
$25.200.000.oo, compraventa de Edificadora Milán S.A. a Ochoa de Zuluaga
Patricia ”, y ii) “Escritura 7609 del 30 de diciembre de 1999, por
$38.274.000. oo, dación en pago de Ochoa de Zuluaga Patricia a Banco Davivienda
S.A ” –folios 230 y 231, cuaderno 3-.
-En 2 folios,
Certificado de Tradición y Libertad correspondiente a la matrícula inmobiliaria
001-658373, del inmueble ubicado en la calle 34 número 63ª-29 semisótano
parqueadero 3 del municipio de Medellín, expedido el 31 de mayo de 2000, en el
que entre otras anotaciones figuran i) “Escritura 2529 otorgada el 12 de
septiembre de 1995, por $45.130..000.oo, compraventa de Integramos Ltda. a
Ochoa de Zuluaga Patricia”, ii) “Escritura 1585 del 2 de septiembre de
1999, por $72´326.000.oo, compraventa de Ochoa Marshall Patricia a Zuloaga
Ochoa Francisco Javier”, y iii) “Oficio 130. 4 de febrero de 2000,
Juzgado 17 Civil del Circuito de Medellín, Demanda sobre cuerpo cierto, Proceso
Ordinario de Zuloaga José Javier contra Zuloaga Ochoa Francisco Javier y Otros”
–folios 232 y 233, cuaderno 3-.
-En 5 folios,
certificado de existencia y representación legal de la sociedad CIELOTEK
DIVITEX LTDA, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín el 7 de junio de
2000. Documento del que se extrae i) que la sociedad tiene por objeto, entre
otras actividades, la distribución, instalación, y ejecución de contratos de
construcción de cielorrasos, divisiones y elementos decorativos etc., ii) que
fue constituida mediante Escritura Pública 3.865 otorgada en la Notaría 6 de
Medellín el 23 de agosto de 1988, iii) que mediante Escritura Pública 3.912 otorgada
en la Notaría 2ª de Envigado se transformó en sociedad comandita simple bajo la
razón social Patricia Ochoa & CIA S. EN C. aclarada mediante Escritura
Pública 662 de junio 6 de 1990 de la Notaría 2ª de Envigado, iv) que mediante
Escritura Pública 3.263 otorgada el 17 de agosto de 1994 en la Notaría 3ª de
Medellín y aclarada mediante Escritura Pública 4.190 de octubre 18 de 1994, se
transformó en sociedad de responsabilidad limitada, iv) que su capital social
es de $5.000.000.oo el que se haya dividido en 1.000 cuotas repartidas entre
Juan Felipe Zuloaga Ochoa y Francisco J. Zuloaga Ochoa, y v) que Patricia Ochoa
Marshall fue designada gerente –folios 246 a 250, cuaderno 3-.
-En 3 folios,
certificado de existencia y representación legal de CIELOTEK IMPERMEBEALIZACION
LTDA, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín el 7 de junio de 2000,
documento que indica i) que la sociedad tiene por objeto, entre otras
actividades, la impermeabilización de techos, cubiertas, terrazas, etc., ii)
que fue constituida mediante Escritura Pública 1826 otorgada en la Notaría 3ª
de Medellín el 19 de junio de 1998, iii) que el lugar para notificaciones
judiciales es la Calle 52S N° 4-21 de Sabaneta, iv) que el capital social es de
$10.000.000.oo el que se haya dividido en 100 cuotas, 5 a nombre de Patricia
Ochoa Marshall, y 95 a nombre de Juan Felipe Zuloaga Ochoa, y v) que éste fue
designado gerente –folios 256 a 257, cuaderno 3-.
-En 4 folios, ficha
predial remitida a la Fiscalía 53 seccional por la Coordinadora de Catastro
Municipal de San Jerónimo, departamento de Antioquia, el 29 de junio de 2000,
correspondiente al Lote 5 de la Parcelación Lince, ubicada en la vereda El
Rincón de ese municipio, en la que figura como propietario del inmueble “Restrepo
Ochoa Próspero”, y entre los propietarios anteriores “Ochoa de Zuluaga
Patricia –Escritura Pública 1251 del 21 de julio de 1999 de la Notaría 5ª de
Medellín-”, avaluado en $55.123.422.oo –folios 352 a 355, cuaderno 3-.
-En 2 folios,
comunicación de Julio 11 de 2000, en la que, en respuesta al oficio 0021026, la
Representante Legal de la Administradora Suramericana de Inversiones informa a
la Fiscalía 53 Seccional de Medellín que “el señor José Javier Zuloaga (..)
fue titular de la inversión No. 421400 del Fondo Suramericana de Inversiones y
esta presenta un retiro total por valor de $2.554.134.00 el día 23 de agosto de
1999.”
Y la informante
agrega: “Dicho retiro fue realizado por la Señora Patricia Ochoa M.
Utilizando un poder conferido a ella por el Señor José Javier Zuloaga Arango el
día 29 de agosto de 1988 en el Consulado General de Colombia en París.”
–folios 430 y 431, cuaderno 3-.
-El 21 de junio de
2000 el actor le hizo entrega a la Fiscal 53 Seccional de Medellín de “nueve
manuscritos enumerados, el número uno con tres folios, el número tres con cinco
folios, el número cinco con dos folios (una hoja doblada y los enumerados del
10 al 15 son tarjetas)” –folio 340, cuaderno 3-.
Documentos de los
que se dejó reproducción mecánica en el expediente, por haber sido entregados
al actor, según constancia que obra a folio 411 del mismo, que dice: “se
hizo entrega de los manuscritos obrantes a folios 342 y 411 al señor JOSE
ZOLUAGA (sic) ARANGO, quien hizo el desglose de los mismos tal como está
ordenado en el inciso primero de la resolución del cuatro de los corrientes”.
Firmado José Javier Zuloaga Arango- abril 10 de 2001.
Dicen algunas de las reproducciones
referidas –folios 409, 408 y 119 en su orden, cuaderno 3-:
f) Carta del 22 de enero de 1999 “Los dos hijos muy ennoviados pero yo no les veo con intenciones de
casarsen (sic) gracias a Dios, aquí ellos
y yo muy contentos con tu regreso, Felipe ahora en diciembre decía “te
imaginas nosotros con mi papá aquí en la finca como le gustaban las fincas a mi
papá y esta que es de nosotros le agrego yo.
Imaginate que soñé que tu regreso era el
22-03-99 ojalá salga cierto ese día es día festivo acá.
Yo iría con los hijos a Bogotá por ti, también te cuento que estamos en la tarea de hacer negocio con
el apto donde vivimos cambiarlo a una casita en unidad cerrada, pues en este
apto ya hace casi 10 años que vivimos y toda la gente nos conoce y con tu
llegada no queremos comentarios mejor irnos a otro lado que no nos conozcan
tanto no te parece? (de esta importante carta ya la Fiscalía
tiene el original) –comillas, negrilla y subrayado
en el original-.
“b) Carta de Felipe sin fecha:
“pero que más me cuentas tu. Si te sientes mortificado, como éstas llevando tu
vida organizada (como siempre) sí tienes todo lo necesario y lo más importante.
Pase lo que pase algún día estaremos juntos si Dios quiere y volveremos a
ser felices como hemos sido siempre. Papi tu toda la vida me has dado
ejemplo de peliar (sic) hasta el final. Se ha
perdido la batalla pero no la guerra. Animo tu sabes que te necesitamos.
Yo ya fui donde Maria Auxiliadora (Sabaneta) y le pedí mucho por ti. Luchemos
juntos y TRIUNFAREMOS.
Un plano del nuevo apartamento con la leyenda “pieza de mi mamá y tuya”.
“Papi te tengo una sorpresa acaba de
llegar tu carta del 30 de agosto n° 19 (sic) la
carta dices que nosotros te estamos olvidando     NUNCA tu eres mi Padre y el
mejor del mundo y no te voy a olvidar porque sé que muy pronto con la ayuda de
Mará (sic) Auxiliadora estaremos juntos. Animo Papi te quiero mucho”.
“Papi llegó la hora de despedirme Te (sic) Quiero Mucho PIPE Escríbeme espero tu carta.”. –comillas
negrilla y subrayado en el texto–.
“Carta de Francisco Javier:
sin fecha (acaba de pasar el 6° semestre de Universidad
Hola Papi: .... FELIZ NAVIDAD PAPA JAVIER
Aprovecho para decirte que el 24 y el 31
te vamos a pensar mucho, vamos a estar contigo y tú con nosotros con el
pensamiento y con el amor y cariño de una familia aunque las circunstancias no
lo permitan, pero sé que pronto estarás, si o nó, (sic)
y yo sé que mi Dios nos va a dar ese regalo.
Padre cuidate (sic)
mucho, maneja tu mente con calma y sabiduría que siempre me demostraste eso es
muy duro pero tu eres un hombre cabeza, inteligente y paciente que yo sé que
vamos a salir adelante.
Espero que pases una navidad feliz dentro
de las posibilidades y que sepas que tienes una familia que te adora mucho;
escríbeme pronto y cuentame (sic) de ti.
Tu hijo que tanto te admira y quiere
Francisco Zuloaga ” –negrilla y subrayado en el texto-
4.      La demanda
El actor fundamenta su petición de amparo
constitucional en que la decisión de la Fiscalía Tercera Delegada ante el
Tribunal Superior de Medellín quebrantó su derecho al debido proceso, porque
decidió precluir la investigación contra la señora Patricia Ochoa Marshall, por
los delitos de fraude procesal y estafa, i) sin “pronunciarse sobre los
hechos que en concreto fueron objeto de denuncia”, ii) haciendo irrelevante
la actuación de la procesada, “por la posibilidad que tenía ésta, según la
autoridad contra la que se dirige esta acción, de poner fin en cualquier
momento al vínculo conyugal o a la sociedad conyugal”, y iii) sin, “un
pronunciamiento en derecho, relacionado con los hechos que constituían la
hipótesis delictiva de la estafa”.
Arguye que se le está impidiendo recibir la
indemnización a que tiene derecho por los perjuicios que la señora Patricia
Ochoa Marshall le causó con su conducta delictiva, y que no tiene otro medio
judicial para invocar la protección de su garantía constitucional al debido
proceso.
5.      Las decisiones que se revisan
5.1. Decisión de primera instancia
La Sala de Decisión Penal del H. Tribunal
Superior de Medellín Conjueces del H. Tribunal Superior de San Gil (S.) negó la
acción de tutela instaurada por el actor, porque “no existe motivo de
ninguna especie para sospechar que las providencias en mención se produjeron en
el curso de una vía de hecho y por parte alguna aflora la comprobación de un
perjuicio irremediable”.
Para el efecto consideró i) “(..) que el
poder general que otorgó el accionante a su esposa prácticamente no contiene
límites en sus facultades, aunque expresamente no consigne delegación para el
ejercicio de la doble actuación que concita el rechazo del ciudadano Zuloaga
(..)”; ii) que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al concederle
al actor el amparo constitucional -contra el Juzgado Primero de Familia de
Medellín y la señora Patricia Ochoa Marshall por haber instaurado y fallado el
proceso que declaró la cesación de efectos civiles del matrimonio Zuloaga
Ochoa-, “no incluyen la respectiva providencia afirmación o sugerencia de
que la Notaría 5ª y el Juzgado de Familia hubiesen incurrido en prevaricato o
que la señora Ochoa Marshall hubiese inducido en error a los funcionarios
utilizando documentación espúrea o afirmaciones falsas”; y iii) que la Sala
en cita “dejó abiertas las puertas jurídicas para que el señor Zuloaga
tuviese la oportunidad de reclamar derechos ante la jurisdicción ordinaria”.
De otro lado adujo que el Fiscal accionado
“actuó conforme a derecho y en uso de una facultad que la constitución (sic)
y la ley le confieren; su criterio jurídico quedó plasmado en forma coherente,
razonada y sustentada en el cuerpo de las dos providencias cuya nulidad se
propone (..)”.
5.2. Impugnación
El actor, interpuso el recurso de alzada
contra la anterior decisión.
Adujo que las pruebas aportadas al proceso
demuestran que la señora Ochoa indujo a error al Juez Primero de Familia de
Medellín, porque ocultó a la funcionaria que el poder con que actuó le había
sido revocado y abusó de su buena fe al manifestarle que el divorcio era de
mutuo acuerdo. “Sin esas dos estratagemas mentirosas y falsas jamás la Juez
le hubiera concedido el divorcio.”
Se muestra sorprendido tanto por la
providencia que recurre, como por la decisión de la Fiscalía que controvierte,
en cuanto “son dedicadas a hablar del alcance que podía tener ó no el poder
dado a la Señora Ochoa”, como si el delito de fraude procesal se hubiera
configurado por “otros hechos y responsabilidades”.
No obstante
destaca que “(..) LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA decidió y es cosa
juzgada, que el poder otorgado a la señora Ochoa no tenía los alcances que esta
le había dado y procedió a anular el divorcio obtenido fraudulentamente por esa
señora.”.
Respecto del
perjuicio que la Fiscalía accionado le habría causado aduce que éste es
irremediable “por la firmeza de la providencia que puso fin al proceso”
y en razón de la inexistencia de otros mecanismos judiciales para hacer
efectivo su derecho a la “tutela judicial efectiva que integra el debido
proceso”.
5.3. Decisión de segunda instancia
La Sala de Casación
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión que negó la
protección invocada por improcedente. Para el efecto consideró que “no se
advierte la presencia de lesión o peligro potencial o real para alguno de sus
derechos fundamentales”.
Además, que al Juez
constitucional no es dable “(..) revivir debates ya superados o censurar el
valor probatorio que a los elementos de juicio obrantes en un proceso decidido
hayan asignado los falladores”, porque de ser así estaría invadiendo “abusivamente”
la competencia de otras autoridades judiciales.
De otro lado,
analiza las decisiones del Fiscal accionado y conceptúa que “(..) no hay el
menor asomo de un comportamiento arbitrario o caprichoso, necesario para
estructurar la pretendida vía de hecho.”, como quiera que i) (..) tanto
en la revocatoria de la medida de aseguramiento (fol. 88 a 98) , como en la
preclusión del trámite (fol. 106 a 109) indicó los soportes fácticos y
jurídicos para adoptar sus decisiones (..)”, ii) que dio respuesta a los
alegatos presentados por la apoderada del actor, y iii) que su garantía constitucional
al debido proceso no fue conculcada, en cuanto “(..) se le recibió y dio
curso a su denuncia, se adelantó la instrucción, fue escuchado en declaración
jurada, se admitió la demanda de constitución de parte civil que presentó a
través de apoderada, le fueron notificadas las decisiones a su mandataria y se
resolvieron sus peticiones y alegatos.”
No obstante los
Magistrados Carlos Augusto Galvez Argote, Jorge Anibal Gómez Gallego y Edgar
Lombana Trujillo salvaron su voto, en cuanto consideraron que la providencia ha
debido anularse, porque de conformidad con lo ordenado por el Decreto 1382 de
2000 la competente para conocer de la acción que se revisa era la Sala Penal de
la misma Corporación, y no la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
La Corte
Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar las
anteriores providencias, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto de
15 de junio de 2001, expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis
de esta Corporación.
2.      Problema
jurídico
Corresponde a la
Sala decidir si el Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de
Medellín quebrantó la garantía constitucional del actor al debido proceso, por
haber precluído la investigación que la Fiscalía Cincuenta y Tres Seccional de
Medellín adelantaba contra la señora Patricia Ochoa Marshall por los delitos de
Fraude Procesal y Estafa.
Habida cuenta que
los Jueces de Instancia consideraron improcedente la acción, entre otras
consideraciones, porque el actor puede obtener el restablecimiento de sus
derechos económicos ante la jurisdicción civil, la Sala deberá previamente
reiterar la jurisprudencia constitucional en materia de los derechos de la
parte civil en el proceso penal, toda vez que en el Estado social de derecho la
participación del perjudicado con un hecho punible, propende no sólo por la
satisfacción de sus intereses económicos, sino por el esclarecimiento de los
hechos, y la sanción de los responsables, con miras a la vigencia de un orden
justo.
3.      Procedencia
de la acción. Reiteración de jurisprudencia
Esta Corporación
mediante reciente decisión -sentencia C-228/02 M(s). P(s). Manuel José Cepeda
Espinosa, Eduardo Montealegre Lynett-, al confrontar los artículos 30, 47 y 137
de la Ley 600 de 2000 con la Constitución Política[1] puntualizó los derechos
de la parte civil en el proceso penal estableciendo que el perjudicado con la
infracción además del resarcimiento patrimonial tiene derecho al
esclarecimiento de la verdad y a la realización de la justicia[2].
Para el efecto la
Corte sostuvo que la categoría de perjudicado comprende no sólo a quienes
recibieron un agravio económico por razón de la ejecución de una conducta
punible, sino a todos aquellos que resultaron afectados con la infracción, en
cuanto la parte civil ha de entenderse como “la participación de miembros de
la sociedad civil en un proceso conducido por el Estado”, concretada en
aquellos “directa y legítimamente interesad[os] en el curso y en los
resultados del proceso penal”.
Dicen así algunos
apartes de la decisión:
“De lo anterior surge que tanto en el derecho
internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional,
los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una
concepción amplia–no restringida exclusivamente a una reparación económica–
fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a
participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial
efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las
autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus
derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello sólo es posible
si a las victimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos,
sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los
daños sufridos.
De tal manera que la víctima y los
perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación
pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de
1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada
en el presente proceso:
1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de
conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y
la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves
violaciones de los derechos humanos.[3]
2. El derecho a que se haga justicia en el caso
concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.
3. El derecho a la reparación del daño que se le ha
causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional
como se ha resarcido a la víctima de un delito. [4]”.
En consonancia
con lo anterior, para la Sala resulta clara la procedencia de la presente
acción, como quiera que, así el señor José Javier Zuloaga esté intentando
mediante sendos procesos ante la jurisdicción civil pronunciamientos sobre los
hechos que dieron lugar a la investigación penal que la accionada precluyó, y
aunque en tales procesos el actor podría estar pretendiendo obtener
resarcimientos de carácter económico, a aquel le asiste, además, el derecho
fundamental de exigirle a la Fiscalía General de la Nación que termine la
investigación con la señora Ochoa Marshall, y que de existir prueba para ello
acuse a la infractora de la ley penal como corresponde.
En efecto,
porque en el ordenamiento jurídico no existe procedimiento que permita a quien
resulte perjudicado por una infracción a la ley penal intentar el
restablecimiento de sus derechos fundamentales a la verdad y a la justicia,
cuando la Fiscalía General de la Nación, en una decisión de segunda instancia,
se niega a continuar con la investigación de los hechos delictivos, y opta por
precluir la actuación, como aconteció en el asunto objeto de revisión.
4.      El caso
concreto.
El señor José Javier Zuloaga denunció
ante la Fiscalía General de la Nación a la señora Patricia Ochoa Marshall,
porque haciendo uso de un poder que no le fue conferido disolvió y liquidó
mediante el otorgamiento de una escritura pública la sociedad conyugal que los
nombrados conformaron por razón de su matrimonio, y demandó la cesación de los
efectos civiles del vínculo religioso haciendo uso del mismo poder, en uno y en
otro caso aduciendo un acuerdo con su cónyuge que no existió.
También informó el
denunciante que la señora Ochoa i) no relacionó en el instrumento que dio lugar
a la liquidación de la sociedad conyugal que ambos conformaron por razón de su
matrimonio los bienes que integraban el haber conyugal, ii) estipuló en el
documento que el actor recibió un dinero que aún no le ha sido entregado, y
iii) las manifestaciones permanentes de afecto de su cónyuge y de los hijos de
ambos, durante su ausencia y a su regreso al territorio nacional, le impidieron
conocer que su cónyuge había utilizado indebidamente el poder.
Ahora bien, de la
abundante prueba documental y testimonial que obra en el expediente contentivo
de la investigación contra la señora Ochoa Marshall, es dable colegir que los
hechos denunciados por el señor Zuloaga Arango efectivamente ocurrieron,
además, porque la antes nombrada así lo reconoció ante la Fiscal 53 Seccional
de Medellín.
En razón de que el
actor, estando privado de la libertad, le otorgó a su esposa, en el consulado
general de Colombia en París, en diciembre de 1986, un poder general amplio y
suficiente, en el que nada dijo respecto de la disolución y liquidación de su
sociedad conyugal del poderdante, y no hizo ninguna referencia atinente al
otorgamiento de facultades relativas a la modificación de su estado civil.
Es más, así se
hubiera estipulado algo al respecto, para ejecutar tales gestiones la apoderada
habría requerido de autorización expresa del poderdante, porque le está
prohibido al mandatario beneficiarse directamente de su gestión -salvo por razón
de los honorarios pactados- y hacer de contraparte de la persona a quien
representa, no sólo porque disposiciones legales de cumplimiento imperativo así
lo establecen –artículos 175 D.l 100 de 1980, 2.170 y 2.171 C.C., 906, 838 y
839 C. de Co.-, sino debido a que también lo ordenan normas elementales de
ética y decoro.
Llama la atención,
entonces, que la Notaria Quinta de Medellín y la Jueza Primera de Familia de la
misma ciudad hayan tramitado las solicitudes de la presunta apoderada, porque,
ante los claros límites legales que comporta la actuación del apoderado en
beneficio propio sin autorización expresa del poderdante, no resulta posible
excusarse en una supuesta interpretación del poder para dar fe de la
celebración de un contrato consigo mismo, y efectos a las pretensiones de quien
se demanda, para afectar la situación jurídica de otro, sin la comparecencia de
este último.
Pero mayor sorpresa
causan las consideraciones atinentes a la disolución del vínculo matrimonial
que realiza el Fiscal accionado, con fundamento en las que profirió la
preclusión de la investigación que se adelantaba contra la señora Ochoa
Marshall por los punibles de fraude procesal y estafa, no solo con respecto de
las disposiciones de orden civil antes relacionadas, sino en especial frente a
las previsiones constitucionales atinentes a la dignidad humana, el debido
proceso, la protección integral de la familia, la buena fe, la obligación de no
abusar de los derechos propios, y el deber de respetar los derechos ajenos.
Y de cara al punible
de infidelidad de los deberes profesionales tipificado en el artículo 175, hoy
445 del Código Penal que dice:
“El apoderado o mandatario que en asunto
judicial o administrativo, por cualquier medio fraudulento, perjudique la
gestión que se le hubiere confiado, o que en un mismo o diferentes asuntos
defienda intereses contrarios o incompatibles surgidos de unos mismos supuestos
de hecho, incurrirá en prisión (..)”.
Como quiera que, tal
como se deduce del aparte que a continuación se transcribe, al parecer del
Fiscal tutelado, la señora Ochoa Marshall por virtud del poder y por tener “configurada
más de una causal de divorcio y de disolución y liquidación de su sociedad
conyugal”, bien podía haber actuado como demandante y como demandada en un
proceso contencioso; pero como tal actuación habría dado lugar a reproches,
hizo bien en optar por el procedimiento que le resultaba menos oneroso:
“Y, partiendo de que el poder no tiene limitación
alguna ni hace claridad a si algunas actuaciones requieren poder especial suyo,
aunque para concederlo también está facultada la mandataria según el tenor del
literal x), bien pudo la señora Patricia Ochoa Marshall, existiendo ya las
causales, haber demandado, en proceso contencioso (Verbal de mayor y menor
cuantía, según el numeral 6° del artículo 427 del Código de Procedimiento
Civil), tanto el divorcio como la disolución y liquidación de la sociedad y
haber actuado como demandante en nombre propio y como demandado en
representación de su cónyuge, tal como textualmente lo dice el poder. Pero
de haber obrado de esta manera ¿ que calificativo le habría dado el poderdante
a esa actuación, a pesar de tener sustento jurídico en el susodicho poder,
habida consideración del acerbo cuestionamiento que a todos sus actos viene
haciendo? Téngase en cuenta además lo oneroso que resultaría el trámite
procesal así indicado, comparativamente mirado con el proceso de jurisdicción
voluntaria” –se
destaca-. .
Consideración que no
puede provenir de una autoridad de la república, conocedora de la ley e
instituida para proteger a los asociados asegurándoles el cumplimiento de los
principios y de los valores constitucionales, porque éstos indican que las
partes no eligen los procedimientos judiciales a su antojo, y que la
manipulación de la verdad es inadmisible, aunque de ello resulte un trámite más
ágil y menos oneroso.
Porque, además de
las limitaciones del poder, la Sala encuentra que la señora Ochoa Marshall no
habría obtenido la disolución y liquidación de su sociedad conyugal mediante
Escritura Pública, y tampoco le habría sido posible hacer cesar los efectos
civiles de su vínculo matrimonial sin el concurso de su cónyuge, de no haber
fundado en una afirmación falsa sus actuaciones ante la Notaría Quinta del
Círculo de Medellín y el Juez de Familia de la misma ciudad.
Debido a que es la
coincidencia de voluntades de los cónyuges en la disolución y liquidación de su
sociedad, y en la cesación de los efectos civiles del vínculo religioso la
circunstancia que les permite acudir al trámite notarial, y a un proceso que no
demanda confrontación, para definir su situación conyugal.
Y aunque el
mencionado acuerdo no se dio, la señora Ochoa i) estipuló, en la cláusula
Tercera de la Escritura Pública 614 otorgada el 20 de abril de 1999 ante la
Notaría Quinta de Medellín [q]ue acogiéndose a lo preceptuado por el numeral
quinto del artículo 25 de la ley primera de 1976 por medio de la presente
escritura proceden a DISOLVER Y LIQUIDAR de manera definitiva y de común
acuerdo la Sociedad Conyugal entre ellos formada por razón de su matrimonio-,
y ii) manifestó por intermedio de apoderado, según da cuenta el hecho 5 de la
demanda presentada el 23 de agosto del mismo año, ante el Juez de Familia de
dicha ciudad  que “ambos cónyuges han decidido divorciarse de mutuo acuerdo.
Estipulación y
afirmación que no sólo contrariaron la verdad, sino que indujeron a los
funcionarios a error, como quiera que la Notaria Quinta del Círculo de Medellín
y la Jueza Primera de Familia de la misma ciudad, en aras del mutuo acuerdo
aducido por la señora Ochoa debieron la primera autorizar el otorgamiento de la
Escritura Pública y la segunda declarar probada los hechos de la demanda.
Tal como lo indica
el siguiente aparte de la sentencia de Cesación de los Efectos Civiles del
matrimonio del actor y de la Sindicada, que mas tarde el Juez Constitucional
debió desconocer:
“de suerte que habiendo decidido la
pareja por mutuo acuerdo separarse la ley no debe impedirlo, pues con ello se
estaría violando los derechos fundamentales de la persona” –se destaca-.
Se tiene entonces
que el Fiscal accionado no podía revocar la medida de aseguramiento que pendía
contra la señora Ochoa, y precluir la investigación que la Fiscal 53 había
iniciado en su contra, arguyendo:
“De manera pues que los fallos de divorcio
y liquidación de la sociedad conyugal decretados en esas condiciones, pese a la
tutela que revocó el primero, no están revestidos ni de mala fe ni de
torcida intención, ni fueron inducidos ni manipulados; sólo fueron a
consecuencia de una interpretación libre, voluntaria y autónoma de las
cláusulas de un irrestricto poder, concedido sin reserva alguna, al cual
quiere ponerse cortapisas apenas ahora por razones cuya verdad verdadera
desconocemos. (..)” –se destaca-..
Porque el artículo
182 del Decreto ley 100 de 1980 tipificaba así el punible de fraude procesal[5]:
“El que por cualquier medio fraudulento
induzca a error a un empleado oficial para obtener sentencia, resolución o acto
administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5)
años.”.
De suerte que la
Sala no comprende la decisión del accionado de precluir la investigación que se
adelantaba contra la señora Ochoa, si se considera que ésta mantuvo al actor
durante doce años en el convencimiento de que se encontraba unida
sentimentalmente a él -farsa que continuó hasta días después de su regreso al
territorio nacional- mediante comunicaciones epistolares constantes y
expresivas.
Además, no cabe duda
que la nombrada se benefició ampliamente de sus actuaciones, en perjuicio de la
eficaz y recta administración de justicia y del derecho al estado civil y a la
integridad patrimonial de su consorte y poderdante; porque no sólo logró evadir
la confrontación que requería la disolución y liquidación de la sociedad
conyugal conformada por ambos, y la contención que implicaba la cesación de los
efectos de su vinculo matrimonial, sino que pudo traspasar sus bienes a
terceros –entre éstos a sus hijos-, sin comprometerlos, al menos aparentemente,
en la defraudación.
Gestiones éstas que
redundaron en cuantiosas ganancias para la presunta apoderada, porque haciendo
caso omiso de las disposiciones del Código Civil relativas a la conformación
del haber conyugal y a las reglas vigentes sobre su liquidación, resultó siendo
a la postre la única beneficiaria de los bienes que debían repartirse en partes
iguales entre los esposos.
Cabe destacar, además,
que el actor no fue enterado de las gestiones adelantadas en su ausencia, como
tampoco de las emprendidas por su poderdante a su regreso, ya que conoció de la
utilización indebida del poder por sus propias indagaciones, y así mismo debió
enterarse de que su apoderada retiró un dinero que el afectado mantenía a su
nombre. Y lo que es más grave, algunas actuaciones fueron ejecutadas después
del rompimiento definitivo de las aparentes, afectuosas y cordiales relaciones,
que desde el otorgamiento del poder existieron entre el actor, su esposa e
hijos[6].
Sin embargo, podría
argüirse que dada la confianza del actor en su cónyuge ésta no estuvo obligada
a rendir cuentas de su gestión. Pero, acontece que ante la decisión de la
apoderada de realizar gestiones en su propio beneficio y a favor de sus hijos,
pero en perjuicio de su representado, y ante su decisión de disolver el vínculo
que aún los une, no cabe duda de que el deber de información siempre existió;
habida cuenta que de las actuaciones que no le convienen el poderdante debe
estar enterado, para confirmar o modificar las órdenes dadas a su apoderado,
tal como lo disponen los artículos 2.181 del Código Civil y 1.268 y 1.269 del Código
de Comercio.
Dado que por muy
amplia que fuere la confianza que el mandante hubiere depositado en su
mandatario, ésta no comporta la condonación de futuras actuaciones abusivas
–artículo 1.522 C.C-.
Teniendo entonces el
deber imperativo de mantener informado a su representado sobre su gestión, la
Sala no se explica como pudo calificar la Fiscalía accionada de plausible, por
razones de caridad cristiana y una demostración de “grandeza de espíritu”, que
el representado no estuviera al tanto del uso del poder, además porque cuando
se consolidó la defraudación el afectado había recobrado su libertad, se
encontraba entre los suyos, y nada le impedía conocer la verdad.
De suerte que el
Fiscal Tercero Delegado ante el H. Tribunal Superior de Medellín no podía
desconocer el artículo 356 del Decreto ley 100 de 1980 -246 Ley 599 de 2000-,
por muy altruista que le parezca la conducta de la implicada, porque la norma
dispone:
“El que induciendo o manteniendo a otro a
error, por medio de artificios o engaños, obtenga provecho ilícito para sí o
para un tercero con perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de uno a diez años y
multa de cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes”.
También llaman la atención las
consideraciones del Fiscal accionado atinentes a la prescripción del punible de
falsedad al que daría lugar el otorgamiento de algunas de las Escrituras
Públicas anexas al expediente, en las que la Sindicada comparece con el actor
-para la época privado de la libertad en París- a una Notaría de la ciudad de
Medellín, dado que sin adelantar la investigación que corresponde no resulta
posible determinar si la conducta de quienes otorgaron los instrumentos
falsarios fue de ejecución instantánea, o si, debido a la permanencia de éstos
en el registro público de comercio y a su incidencia en la configuración actual
de los patrimonios de la Sindicada, del actor y de los hijos de ambos, debe ser
considerada de ejecución permanente.
5. Los derechos fundamentales del
actor deberán ser restablecidos
Tal como lo
demuestran las pruebas recaudadas por la Fiscalía 53 Delegada ante los Jueces
del Circuito de Medellín -expediente 323.734-53- la señora Patricia Ochoa
Marshall ejerció el poder general que le confirió el actor para ejercer facultades
que no le fueron conferidas; suscribió instrumentos públicos en Colombia con la
comparecencia de aquel, cuando él se encontraba detenido en una cárcel europea;
engañó a la Notaria Quinta y a la Juez Primera de Familia de Medellín,
obteniendo una autorización y una sentencia ilegal; y, a través de estas
operaciones despojo al actor de su patrimonio, se apropio de él, y lo
transfirió a terceros.
Conductas punibles
que no han debido dar lugar a la preclusión de la investigación decretada a
favor de la Sindicada por el Fiscal accionado, habida cuenta que el artículo
441 del Decreto ley 2700 de 1991 –Art. 397 Ley 600 de 2000-, dispone que “el
Fiscal General de la Nación o su delegado dictarán resolución de acusación
cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y exista confesión, testimonio
que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento,
peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del
sindicado”.
Ahora bien, esta Corporación ha
sostenido, de manera reiterada, que en principio la valoración probatoria y la
interpretación de las normas efectuadas por los jueces deben ser respetadas,
dada la autonomía del Fallador, pero también ha definido que las trasgresiones
ostensibles del ordenamiento jurídico por parte de los funcionarios encargados
de administrar justicia constituyen vías de hecho, que como tales requieren ser
infirmadas por el juez constitucional.
Debe entonces concluirse que el Fiscal
accionado produjo una providencia que constituye vía de hecho, en cuanto para
precluir la investigación que se adelantaba contra la señora Ochoa Marshall,
dedujo de conductas ejecutadas por la Sindicada y que la ley penal tipifica
como delictivas, actuaciones altruistas que no están acreditadas en el
expediente y que, comparadas con los hechos que efectivamente ocurrieron y con
la situación de despojo patrimonial y desamparo afectivo que afronta el actor,
contrarían las reglas de la lógica y los principios de la sana crítica.
En consonancia con
las anteriores consideraciones la Sala procederá a revocar las decisiones de
instancias para en su lugar amparar los derechos fundamentales del actor al
debido proceso y al acceso a la justicia, con miras al esclarecimiento de la
verdad y a la realización de un orden justo; no sin antes llamar la atención de
los Juzgadores de instancia, como quiera que la decisión del Fiscal Tercero
Delegado a que se hace referencia no puede ser calificada de coherente,
razonada y sustentada en el ordenamiento, cuando lo que realmente denota es un
comportamiento arbitrario del Fallador, que agravia al actor y a la
administración de justicia.
Lo dicho, porque en
el Estado social de derecho en el que lo trascendente del procedimiento no son
las formalidades sino la realización de los derechos sustanciales –artículo 228
C.P.- el actor tenía derecho a ser oído, y a que sus peticiones fueran
atendidas con sujeción al ordenamiento jurídico. Es decir al actor le asiste el
derecho de exigir que los hechos que denunció sean cabalmente esclarecidos, y
que los responsables de las conductas punibles establecidas sean efectivamente
castigados.
Y no incurre el Juez
Constitucional en abuso, como lo sostiene el Fallador de Segunda Instancia,
sino que cumple con los deberes que le impone la Carta Política, cuando
desconoce las decisiones judiciales que quebrantan los derechos fundamentales
de los asociados, porque el artículo 86 constitucional prevé que toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar la protección de tales derechos, cuando
éstos resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR las sentencias proferidas el 22 de
enero y el 14 de marzo de 2001 por las Salas Penales del H. Tribunal Superior
de Medellín y de H. Corte Suprema de Justicia respectivamente, dentro de la
acción de tutela instaurada por el señor José Javier Zuloaga Arango contra el
Fiscal Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín.
Segundo. TULELAR los derechos fundamentales del actor
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en el proceso penal
que por los delitos de Fraude Procesal y Estafa Agravada se adelantó en la
Fiscalía Cincuenta y Tres Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de
Medellín –expediente 323.743-53- y, en consecuencia, disponer que la Fiscalía
General de la Nación o su delegado, declare la nulidad de la preclusión de
instrucción dispuesta el 20 de octubre de 2000 a favor de la señora Patricia
Ochoa Marshall, en segunda instancia por el Fiscal accionado.
Tercero. Compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría
General de la Nación para que se adelante la investigación de las faltas
disciplinarias y conductas punibles en que haya podido incurrir el Fiscal
accionado. Por ello el Fiscal General de la Nación procederá, en las
veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento, a
reasignar el caso. Ofíciese y remítase a la Fiscalía General de la Nación
fotocopia de todo lo actuado.
Cuarto. ORDENAR al Fiscal Delegado ante el H. Tribunal
Superior de Medellín, que fuere asignado, resolver en las 48 horas siguientes a
su designación, con sujeción al ordenamiento jurídico, la impugnación
interpuesta por la apoderada de la Sindicada contra el proveído del 14 de
septiembre de 2000.
Quinto.-  Por Secretaría, líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Se recuerda a
Secretaría de esta Corporación la remisión del expediente original al despacho
de origen.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] El
demandante pretendía que el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal
fuera declarado inexequible por quebrantar los artículos 13, 93 y 95 de la
Constitución Política, como también los artículos 1 y 5 de la Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano; pero la Corte debió considerar también
la inconstitucionalidad de los artículos 30 y 47 de dicho Código por razón de
la integración normativa existente entre las disposiciones –sentencia C-228 de
2002-.
[2] En la sentencia en cita el inciso primero del artículo
137 de la Ley 600 de 2000 fue declarado exequible “en el entendido de que la parte civil tiene derecho al
resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente
sentencia”; los incisos
segundo y tercero de la misma disposición fueron declarados exequibles salvo la
expresión “en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades
mencionadas”, contenida en el inciso segundo, que fue declarada
inexequible. El artículo 30 de la Ley 600 de 2000 fue declarado exequible “en
el entendido de que las víctimas o los perjudicados, una vez se hayan
constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente”, y
el artículo 47 de la misma normatividad fue declarado exequible salvo la
expresión “a partir de la resolución de apertura de instrucción” que se
declaró inexequible.
[3] Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166),
Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de
14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la
Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos
legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su
derecho a la verdad y a la justicia.
[4] Casi todos los
sistemas jurídicos reconocen el derecho de las víctimas de un delito a algún
tipo de reparación económica, en particular cuando se trata de delitos
violentos. Esa reparación puede ser solicitada bien dentro del mismo proceso
penal (principalmente en los sistemas romano germánicos) o bien a través de la
jurisdicción civil (generalmente en los sistemas del common law). Ver Pradel,
Jean. Droit
Pénal Comparé. Editorial
Dalloz, 1995, páginas 532 y ss.
[5] El artículo 453 de la Ley 599 de 2000 dice al
respecto “El que por cualquier
medio fraudulento induzca a error a un servidor público para obtener sentencia,
resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.
[6] El artículo 2.181
del Código Civil dispone: “El mandatario es obligado a dar cuenta de su
administración.
Las partidas
importantes de su cuenta serán documentadas si el mandante no le hubiere
relevado de esta obligación.
La relevación de
rendir cuentas no exonera al mandatario de los cargos que contra él justifique
el mandante”.