C-667-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-667/09
Referencia: expediente D-7656
Demanda
de inconstitucionalidad en contra del artículo 57 (parcial) del Código de
Procedimiento Civil
Actor: Fernando
Alarcón Alarcón
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C.,  veintidós (22) de septiembre de
dos mil nueve (2009)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, conformada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla -quien la
preside-, Maria Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Juan Carlos
Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad el ciudadano Fernando Alarcón Alarcón demandó las expresiones “a un tercero”
y “de aquél”, contenidas en el artículo 57 del Código de Procedimiento
Civil.
Mediante auto del 30 de marzo de 2009, el
Magistrado Sustanciador admitió la demanda, ordenó fijarla en lista por término
de 10 días, comunicarla al Ministerio del Interior y de
Justicia, e invitar a participar en el debate a la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a las Facultades
de Derecho de las Universidades Nacional, de los Andes, Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario y Pontificia Universidad Javeriana. Finalmente, ordenó darle traslado al Procurador General
de la Nación para que rinda su concepto de rigor.
2.
NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el artículo 57 del Código de
Procedimiento Civil y se subrayan y resaltan los apartes acusados:
“DECRETOS NUMEROS 1400 Y 2019 DE 1970
(agosto 6 y octubre 26)
Por los cuales se expide el Código de
Procedimiento Civil.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la
Ley 4a. de 1969 y consultada la comisión asesora que ella
estableció,
DECRETA:
(…)
Artículo 57. LLAMAMIENTO EN GARANTIA. Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un
tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el
reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la
sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo
proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo
dispuesto en los dos artículos anteriores”.
3.
LA DEMANDA
Según criterio del demandante, el texto normativo acusado viola el
Preámbulo y los artículos 2º, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución, en resumen,
por lo siguiente:
La demanda comienza por precisar el alcance de la norma acusada, en
el sentido de indicar que los jueces de conocimiento interpretan de manera
literal y exegeta la expresión “tercero” y, de esta manera, impiden que las “copartes
demandadas en un proceso”, pidan la indemnización o el reembolso del pago
que se reclama, pues esta figura únicamente se aplica a los terceros ajenos a
la litis que están vinculados legal o contractualmente con el demandado
y no a las “copartes” del proceso. Sobre la figura denominada “demanda de
coparte”, el actor transcribe opiniones de doctrinantes colombianos, en
especial las plasmadas en los debates originados en la Comisión encargada de
elaborar el proyecto de Código General del Proceso, según las cuales ésta
figura no sólo es conveniente para agilizar la justicia al evitar pleitos
innecesarios, sino útil para superar concepciones formalistas y no sustanciales
del derecho procesal.
Con base en la interpretación literal de la norma, el demandante la
encuentra contraria al Preámbulo, por cuanto “afecta el pronto acceso a la
justicia, al requerirse varios procesos judiciales para definir un asunto que
puede ser debatido y decidido en una misma cuerda”. Igualmente, considera
que las expresiones impugnadas desconocen el artículo 2º superior, porque no
garantizan la efectividad, ni la oportunidad de los procedimientos judiciales,
ni los intereses patrimoniales de los asociados y dilata el acceso a la
administración de justicia.
De otra parte, el demandante sostiene que las disposiciones
impugnadas infringen el artículo 13 de la Constitución, en tanto que consagran
una desigualdad de oportunidades ante la ley entre los terceros y las partes de
un litigio, “pues frente a terceros se puede ejercitar el llamamiento en
garantía pero entre las mismas partes tal actividad adjetiva se encuentra
limitada ante la enunciación de esos vocablos que dan lugar a posiciones
rígidas de los jueces que no admiten esta intervención que sí ha sido adoptada
en otras legislaciones y sistemas de justicia”.
Por último, la demanda afirma que la restricción del llamamiento en
garantía únicamente para los terceros desconoce los artículos 29, 228 y 229 de la
Carta, como quiera que, por la misma causa, se generan procesos aislados,
innecesarios y dilatados, que desgastan el sistema judicial, demoran la
justicia, hacen prevalecer la forma respecto del derecho sustancial y
restringen el acceso igualitario y efectivo a la administración de justicia.
4.
INTERVENCIONES
4.1.
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Dentro de la oportunidad legal prevista, la apoderada del Ministerio
del Interior y la Justicia intervino en el presente asunto para solicitar que la
Corte se declare inhibida para conocer de fondo el presente asunto por
ineptitud sustantiva de la demanda, con fundamento en las razones que se
resumen así:
En cuanto a la violación del artículo 13 de la Constitución, el
interviniente considera que la demanda no cumple los requisitos señalados en la
jurisprudencia de esta Corporación para configurar en debida forma el cargo de
inconstitucionalidad, por cuanto: i) el actor no precisa cuáles son los
criterios para llevar a cabo la comparación, ii) la demanda no expone
suficientes razones por las cuales considera que la misma es discriminatoria,
de tal manera que se despierte una mínima duda de inconstitucionalidad o se
dirija a desvirtuar la presunción de constitucionalidad.
De igual forma, el Ministerio encuentra que los demás argumentos
esbozados contra la norma acusada no cumplen con los requisitos exigidos para
los cargos de inconstitucionalidad, porque no se exponen razones suficientes
para el debate constitucional.
De todas maneras, opina que, en caso de que la Corte considere que
la demanda es apta y proceda a examinar de fondo las expresiones acusadas,
solicita su declaratoria de exequibilidad. Para sustentar su petición, citó
apartes de la sentencia del 13 de marzo de 2006, expediente 28.298 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual afirma que como la demanda de
coparte es ajena a nuestro sistema procesal y al único que corresponde
establecer los medios de participación en los procesos judiciales es al
legislador. Con base en ello, el interviniente concluye que la Corte
Constitucional no debe modificar el sentido de la institución del llamamiento
en garantía.
Finalmente, el interviniente encuentra que, implícitamente, la
demanda reprocha una inconstitucionalidad por omisión porque cuestiona
contenidos no expresados en la norma acusada. Sin embargo, la demanda “no
expone argumento alguno respecto a la inexistencia de razones objetivas y
suficientes de tal exclusión, que para él, produce una desigualdad
injustificada entre los extremos de comparación expuestos por él”. Por
ello, concluye que no se cumplen los presupuestos del cargo de
inconstitucionalidad por omisión legislativa señalados en la sentencia C-427 de
2000.
4.2.
ACADEMIA COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA
Por encargo del Presidente de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, dentro del término de fijación en lista, intervino en el
presente asunto el académico Juan Bautista Parada Caicedo, para solicitar que la
Corte declare la exequibilidad de los textos normativos acusados. Las razones
en que se apoya son, en resumen, las siguientes:
El interviniente comienza por recordar que el derecho fundamental al
debido proceso involucra un conjunto de garantías mínimas que buscan concretar
el valor justicia, la paz entre los ciudadanos, la seguridad jurídica y la
justicia, pero que deben ser desarrolladas por el legislador, de conformidad
con la Constitución.
La figura del llamamiento en garantía, como la intervención ad
excludendum, el llamamiento ex officio, el llamamiento del poseedor
o tenedor, son formas de intervención de las partes y terceros en el proceso
que en nuestra legislación muestran “gran evolución dentro del derecho
procesal iberoamericano y fue nuestro país quien primero las reguló seguido del
Brasil”. Contrario a ello, la demanda de coparte es ajena a nuestro
ordenamiento procesal y no ha querido desarrollarse porque sus bondades no han
sido demostradas en su ejercicio. Así, recuerda que la demanda de coparte es
originaria del derecho norteamericano y fue acogida por el Código de
Procedimiento Civil de Panamá (único país en Iberoamérica).
Sin embargo, es prudente que la academia y la Comisión Redactora del
Código General del Proceso continúen debatiendo si se desecha la figura de la
denuncia del pleito y se introduce la demanda de coparte, pero concluye que
aquello no corresponde a la Corte Constitucional porque no se encuentran
motivos de inconstitucionalidad que lo justifique.
4.3.
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL
Por designación del Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
intervino en el proceso el doctor Ricardo Zopó Méndez para solicitar que la
Corte declare la exequibilidad de las expresiones acusadas “bajo el
entendido que las expresiones ‘a un tercero’ y ‘de aquel’, no excluyen la
posibilidad de que una parte llame en garantía a otra de ellas”.
Para llegar a esa conclusión manifestó que es cierto que, de acuerdo
con un sector de la doctrina y la jurisprudencia nacional, el artículo 57 del
Código de Procedimiento Civil no admite la denominada demanda de coparte,
porque esa norma autoriza a llamar en garantía a un tercero y no a una parte. A
su juicio, esa hermenéutica contradice las normas constitucionales invocadas
por el demandante, por cuanto “dicha norma en manera alguna impide que un
demandado llame en garantía a otro demandado, si se cumple con las demás
exigencias legales para que en el mismo proceso y en aplicación de la auténtica
economía procesal se decida sobre la relación jurídica sustancial existente
entre la parte llamante y la parte llamada”.
5.       CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez
Maldonado, intervino dentro de la oportunidad legal prevista, con el fin de
solicitar que la Corte se inhiba para pronunciarse de fondo sobre la norma
acusada. A esta conclusión llegó, en síntesis, por lo siguiente:
En primer lugar, el Ministerio Público se refirió a la figura del
llamamiento en garantía como un instrumento procesal arraigado en nuestra
legislación, el cual debe aplicarse en los precisos términos señalados de la
ley. Por esa razón, considera que esa institución no puede extender sus efectos
a las copartes, pues si bien esa figura ha sido admitida en otras
legislaciones, en el ordenamiento jurídico colombiano debe integrarse después
del debate parlamentario.
Posteriormente, el Procurador afirma que la interpretación extensiva
de la norma acusada, que pretende el demandante, parte de un análisis de
utilidad y conveniencia que resulta ajena a la acción pública de
inconstitucionalidad. Además, encuentra que el debate planteado no tiene
relevancia constitucional por dos razones: La primera, porque “aquello que
los ciudadanos o un grupo de ellos considera útil y necesario –aspecto que se
traduce en una aspiración normativa- y su consagración en el derecho positivo,
debe mediar la labor del Congreso de la República, pues no de otra forma se
hace manifiesta la aplicación del principio democrático”. En tal virtud, la
decisión del juez constitucional de introducir una figura extraña al
ordenamiento jurídico procesal vigente, sería antidemocrática e irrespetuosa
del principio de separación de poderes, consagrado en el artículo 113 de la
Carta. La segunda, porque a la Corte Constitucional no le corresponde asumir el
problema de interpretación de la norma acusada, “pues no se encuentra
demostrado que a la figura de la demanda entre co-partes, ajena al ordenamiento
procesal civil vigente, le sean aplicables las mismas consecuencias jurídicas
del llamamiento en garantía. Esto es, que procesalmente el garante y las
co-partes no están en la misma situación fáctica”.
La demanda entre las partes demandadas en una litis que fue
propuesta por un tercero, sólo en apariencia materializa la justicia y la
eficacia de la administración de justicia, puesto que si bien las copartes
encuentran una oportunidad para resolver sus diferencias sin acudir a otro
proceso, el demandante que los vinculó vería dilatadas e insatisfechas sus
pretensiones, lo que traería un efecto gravemente dañino al tercero.
Con base en todo lo expuesto el Ministerio Público concluyó que los
cargos de la demanda son impertinentes, por lo que la Corte debe inhibirse para
pronunciarse de fondo en este asunto.
6.       CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
6.1.
COMPETENCIA DE LA
CORTE
Conforme al artículo 241 ordinal
5º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la
constitucionalidad de las expresiones “a un tercero” y “de aquél”, contenidas en el
artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, ya que se trata de una demanda
de inconstitucionalidad en contra de expresiones normativas contenidas en un
decreto con fuerza de ley.
6.2.
PLANTEAMIENTO DEL
TEMA Y PROBLEMA JURÍDICO
Según criterio del demandante, la procedencia del llamamiento en
garantía únicamente para los terceros con relación legal o contractual con el
demandante, con exclusión de la coparte, vulnera el preámbulo y los artículos
2º, 13, 20, 228 y 229 de la Constitución, por tres razones principales: La
primera, porque afecta el pronto acceso a la justicia, la efectividad y
oportunidad de los procesos judiciales. La segunda, porque otorga un trato
discriminatorio entre los terceros y las partes de un litigio al señalar
diferentes oportunidades frente a la ley procesal. Y, la tercera, por cuanto
exige procesos aislados, innecesarios y dilatados que demoran la justicia y dan
mayor prevalencia al derecho formal que al derecho sustancial. Por esas
razones, la demanda pide la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones
“a un tercero” y “de aquél” contenidas en el artículo 57 del
Código de Procedimiento Civil.
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal solicita la
exequibilidad condicionada del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil,
en el entendido de que la expresión “tercero” no excluye al llamado de
las partes, por razones de economía procesal.
A su turno, el interviniente a nombre de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia solicita la declaratoria de exequibilidad de las expresiones
normativas acusadas, en tanto que la demanda de coparte, figura que el
demandante busca introducir con esta sentencia, es ajena a nuestro ordenamiento
procesal y ha sido objeto de amplio debate académico, de ahí que únicamente
pueda introducirse por el legislador, pues no se observan motivos de
constitucionalidad que lo exijan.
Por su parte, tanto el Ministerio del Interior y de Justicia como el
Ministerio Público solicitan que la Corte se declare inhibida para pronunciarse
de fondo en el asunto de la referencia, por ineptitud sustantiva de la demanda.
En criterio de esas autoridades, el demandante presenta motivos de conveniencia
para introducir la demanda de coparte en nuestro ordenamiento procesal, los
cuales deben ser discutidos y evaluados en el debate democrático, pero no se
plantean razones de constitucionalidad que puedan resolverse por la Corte
Constitucional.
Con base en lo expuesto, antes de abordar el problema
jurídico que correspondería a la Corte resolver consiste en determinar si la
exclusión del llamamiento en garantía para las partes o deudores solidarios
vulnera el Preámbulo y los artículos 2º, 13, 29, 228 y 229 de la Constitución,
esta Sala primero debe averiguar si los cargos de
inconstitucionalidad cumplen los requisitos que la jurisprudencia constitucional
ha señalado como necesarios para proferir decisión de mérito. Por tratarse, en
consecuencia, de un planteamiento que constituye el punto de partida del
análisis del control de constitucionalidad por vía de acción, puesto que, por
regla general, la Corte solamente puede estudiar la validez general de la ley
cuando existe una demanda ciudadana dirigida a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que la ampara, la Corte procede a estudiar el planteamiento
del Procurador y del Ministerio del Interior y de Justicia.
6.3.
CONDICIONES QUE DEBEN
REUNIR LOS CARGOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º del
Decreto 2067 de 1991, las demandas en las acciones públicas de
inconstitucionalidad deben señalar las normas acusadas como inconstitucionales,
las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas, las razones
por las que el ciudadano demandante considera que la norma impugnada es
contraria a la Constitución[1] y la
competencia de la Corte Constitucional.
Específicamente en relación con los motivos por
los que se estima existe contradicción entre la ley y la Constitución o cargos
de inconstitucionalidad, al efectuar el control de constitucionalidad del
inciso 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, con ocasión de una demanda
formulada por un ciudadano contra esa disposición, esta Corporación[2]
explicó que se trata de un requisito mínimo razonable
que pretende hacer más viable el derecho político a interponer acciones
públicas en defensa de la Constitución, sin que con ello se afecte su núcleo
esencial.
Con posterioridad, la Sala Plena de la Corte
Constitucional precisó que el examen de las razones de inconstitucionalidad
expuestas por el demandante no sólo corresponde a una evaluación formal sino al
análisis material de la misma, pues es indispensable que se presente “una acusación en debida forma”. En tal
virtud, los motivos de reproche no se satisfacen con la exposición de cualquier tipo de argumento, ni
puede fundarse en simples afirmaciones, ni puede utilizar afirmaciones
imprecisas e indeterminadas. Por el contrario, dijo la Corte, “el demandante
debe formular un cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma
legal. Por consiguiente, el actor no cumple ese requisito si se limita a
efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de
inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su
omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia
del juicio de constitucionalidad. Tampoco existe una demanda idónea cuando la
acusación no es relevante constitucionalmente sino que se fundamenta en razones
puramente legales. Finalmente esta Corporación ha entendido que no existe
materialmente cargo, si el demandante en realidad no está acusando el contenido
de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un
problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición
en un caso específico”[3].
A manera de precisión metodológica, esta Corporación indicó que los
cargos de inconstitucionalidad deben reunir cinco requisitos, puesto que las
razones por las que se presenta el reproche de validez de la ley deben ser “claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”[4].
Así, el cargo es claro cuando se expresan argumentos comprensivos y
consecuentes con lo solicitado. Los motivos de impugnación son ciertos
cuando la demanda recae sobre una proposición normativa real y existente[5],
y no sobre una deducida por el actor, o implícita[6].
Las razones de inconstitucionalidad son específicas cuando el actor
explica por qué la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta, pues “el
juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba
resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales’ que no se relacionan
concreta y directamente con las disposiciones que se acusan”[7].
El cargo de inconstitucionalidad es pertinente cuando presenta
argumentos de constitucionalidad congruentes con lo solicitado, pues las
discusiones puramente legales y las solicitudes dirigidas a constatar la
vigencia, conveniencia o aplicabilidad de la ley no son admisibles en el
proceso de constitucionalidad. Por ello, la Corte ha dicho que no prosperan las
acusaciones cuyo fundamento es el análisis de conveniencia[8],
necesidad[9] o actualidad doctrinaria[10].
Finalmente, los cargos son suficientes cuando la demanda está dirigida a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la ley, esto es, cuando se
genera un verdadero debate constitucional[11].
Específicamente en cuanto al requisito de pertinencia del cargo, es
necesario tener en cuenta que al demandante corresponde formular planteamientos
de naturaleza constitucional, pues todos aquellos argumentos de conveniencia,
oportunidad, importancia práctica, de aplicación indebida o de errónea
interpretación de la ley, distorsionan la naturaleza de la acción de
inconstitucionalidad y resultan ajenos al control de constitucionalidad
abstracto. Por consiguiente, no son de recibo, por impertinentes, “los
argumentos subjetivos, de conveniencia o relativos a la solución de un caso
particular”[12], las afirmaciones
generales sobre la aplicación práctica de la norma[13],
los debates de rango puramente legal o doctrinario[14],
los planteamientos basados en el beneficio o utilidad que la
inconstitucionalidad de la norma acusada pueda traer[15]
o los argumentos que “se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en
los que el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma
sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema
particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso
específico”[16].
En cuanto al requisito de suficiencia de los motivos de
inconstitucionalidad, esta Corporación ha explicado que
“el cargo completo y suficiente es aquél que es capaz de hacer sospechar al
juez sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”[17],
son aquellos argumentos que tienen la capacidad de generar un debate de validez
o “despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar
la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace
necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional’[18]
Con fundamento en las anteriores precisiones, la Sala procede a
estudiar si los argumentos expuestos por el demandante cumplen los requisitos
jurisprudenciales para considerar que la demanda fue formulada en debida forma.
6.4.
IMPERTINENCIA E
INSUFICIENCIA DE LOS CARGOS POR VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2º, 29, 228 y 229 DE LA CONSTITUCIÓN
Recuérdese que según criterio del
demandante, la exclusión de la “coparte” en el llamamiento en garantía y su
limitación únicamente para el tercero con derecho legal o contractual con el
demandante, desconoce los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia y deja sin efectos el principio de celeridad en la
administración de justicia, por tres razones que pasan a estudiarse en forma
independiente:
La primera: “al impedirse que
las mismas partes planteen hechos y pretensiones entre ellas mismas, no se
garantiza la efectividad ni la oportunidad de los procedimientos judiciales; de
la misma manera no existe una inmediata protección de los intereses patrimoniales
de los asociados y se dilata su acceso a la administración de justicia y a su
seguridad jurídica”. Nótese que el argumento expuesto es absolutamente
general y ambiguo que no evidencia un problema constitucional si no un debate
vago e impreciso de intereses alrededor de la oportunidad para intervenir en el
procedimiento civil.
Ahora, evidentemente, la figura
del llamamiento en garantía está diseñada como una facultad o un medio de
defensa del demandado que consiste en exigir la intervención en el proceso de
un tercero “garante” u obligado legal o contractualmente, para asegurar el pago
de una indemnización de perjuicios en caso de que el proceso se resuelva en contra
del “llamante”. Es claro, entonces, que este instrumento constituye un doble
beneficio para la parte demandante, en tanto que, de un lado, al proceso acuden
dos obligados a responder por el cumplimiento de la obligación en litigio[19]
y, de otro, la figura focaliza la atención del juez en la exigibilidad de la
obligación pretendida.
A su turno, la demanda de coparte,
esto es, la presentada por uno de los demandados en contra de otro que también
tendría la misma calidad (tal es el caso de un deudor solidario a quien
judicialmente se le reclama el cumplimiento de una obligación exigible, que en
el curso del mismo proceso pide llamar al otro deudor para que los dos
defiendan sus derechos), tendría como finalidad proteger los derechos
patrimoniales del demandado, pues éste tendría la calidad de demandado en la
intervención principal y la calidad de demandante en la intervención como
coparte. De este modo, este instrumento se convertiría en una herramienta de
defensa para el demandado, quien no sólo podrá llamar a un tercero obligado
(llamamiento en garantía), sino también al coparte o deudor solidario.
De esta forma, resulta evidente
que el planteamiento de la demanda es impreciso al afirmar que la expresión
“terceros” contenida en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil
constituye un impedimento para la efectividad de los intereses patrimoniales de
los asociados y un obstáculo para la eficiencia de la justicia, pues esa
expresión no es causal sino que fue expresamente consagrada por el legislador
para favorecer, desde el punto de vista procesal, los derechos del acreedor. En
consecuencia, ese planteamiento no sólo es impertinente porque no plantea un
debate con relevancia constitucional, sino también carece del requisito de la
especificidad porque es ambiguo y absolutamente general
que impide la confrontación objetiva y verificable entre la norma acusada y la
Constitución.
El segundo motivo de reproche fue
expresado así: “El artículo 29, frente al debido proceso que no se obtiene
mediante acciones aisladas y dispersas que desgastan el sistema judicial y a
las partes que pretenden materializar el sistema judicial y a las partes que
pretenden materializar de manera eficaz y eficiente sus relaciones
patrimoniales. Ese debido proceso también se plantea respecto de las acciones
judiciales dilatadas o innecesarias”.
Salta a la vista que el
planteamiento objeto de análisis no satisface las condiciones argumentativas
mínimas para que pueda considerarse un cargo de inconstitucionalidad, puesto
que el demandante no logró demostrar cómo la exclusión de la coparte en el
llamamiento en garantía afecte el debido proceso civil. Con mayor razón si se
tiene en cuenta que el legislador tiene un importante margen de libertad de
configuración del proceso y que a él corresponde definir los instrumentos
procesales para defender los derechos, las etapas y oportunidades dentro del
mismo y la forma en que los asociados acuden a la justicia en búsqueda de la
resolución pacífica de sus conflictos.
Entonces, no es suficiente afirmar
que el llamado en garantía de la coparte evitaría acciones innecesarias y
dilatadas, pues si se analiza la situación desde la perspectiva del acreedor
que hizo uso de su derecho a elegir el deudor solidario cuyo cumplimiento de la
obligación hará exigible –artículo 1568 del Código Civil-, la intervención del
coparte no es necesaria porque demora la definición de su litigio y hace más
compleja la decisión judicial que requiere. Luego, el argumento es impertinente
porque se pretende introducir una nueva figura del proceso civil con base en
conjeturas de orden práctico y no con fundamento en valoraciones de índole
constitucional.
La tercera razón por la que la
demanda considera que las expresiones normativas acusadas desconocen los
artículos 29, 228 y 229 de la Constitución está plasmada así: “si la
Constitución es celosa en resguardar los términos de los procesos, los
procedimientos y los trámites, con mayor razón lo es cuando no se permite a las
partes entre sí solucionar sus diferencias cuando concurren en un mismo pleito
hechos y pretensiones oponibles o discutibles entre ellas; situación que sí
permite a terceros ajenos al proceso, rompiendo el trato de iguales… no se
garantiza a las partes proponer acciones cruzadas en un mismo pleito, aspecto
que restringe el acceso igualitario y efectivo a la administración de justicia”.
Después de revisar las
posibilidades procesales con las que cuenta la coparte para reclamar la cuota
en la deuda que correspondía al otro deudor solidario, la Sala encuentra que el
argumento expuesto no es cierto, por cuanto el hecho de que ordenamiento
procesal no le permita “proponer acciones cruzadas en un mismo pleito”
no significa que no tiene la posibilidad de acceder a la justicia para hacer
efectivo su derecho. En efecto, el deudor solidario condenado en juicio, al
tenor de lo dispuesto en el artículo 1579 del Código Civil, queda subrogado en
la acción del acreedor respecto de la cuota o parte que el codeudor tenga en la
deuda. De igual manera, el artículo 1587 del Estatuto Civil autoriza al deudor
de una obligación indivisible que paga la deuda a exigir por medio judicial que
le reembolsen o indemnicen lo que les corresponde a los otros deudores. Y, de
conformidad con el artículo 1585 del Código Civil, el heredero condenado a
pagar las deudas hereditarias que en la partición correspondió a varios, puede
demandar a quienes correspondía hacer el pago total o parcial para el
reembolso. Luego, no es cierto que el llamamiento en garantía de un tercero
limite o no haga efectivo el derecho de acceso a la justicia al deudor
solidario.
Pero además de todo lo expuesto, la
Sala encuentra que la pretensión del demandante de incluir a la coparte como
sujeto de llamamiento en garantía corresponde a un tema que no tiene relevancia
constitucional. De hecho, este asunto ha tenido un interesante debate
doctrinario que, incluso da cuenta el mismo demandante, centrado en el análisis
de conveniencia y oportunidad de la introducción de una figura propia del
derecho norteamericano y que no ha tenido acogida en el derecho procesal
iberoamericano.
Así, sobre la conveniencia
práctica de su introducción, en los debates adelantados por la Comisión
Redactora del proyecto de Código General del Proceso, uno de los expertos
propuso que, en la redacción del llamamiento en garantía, se introduzca la
figura de la demanda de coparte, por considerarla útil y adecuada para el
proceso civil. La propuesta quedó plasmada así:
“Hace uso de la palabra el Dr.
Álvarez quien inquiere si se va a considerar la figura de la demanda de
coparte. A este propósito manifiesta el secretario que en la disposición que se
refiere al ‘llamamiento en garantía’ se modificó la expresión ‘tercero’ por el
vocablo ‘otro’ para suprimir la limitación que hoy existe y permitir que un
demandado llame en garantía a otro de los demandados, lo que constituye el
propósito de la demanda de coparte. Se aclara que en el proceso ejecutivo no es
posible aplicar la demanda de coparte”[20].
En la misma línea argumentativa,
el procesalista Hernán Fabio López Blanco sostiene que, a pesar de que es
evidente que del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil no es posible
deducir la aplicación de la demanda de coparte, “lo ideal sería contar con
disposición expresa que la consagre”. Además precisa que “no es menester
restringirla al proceso declarativo, por cuanto donde mayor utilidad puede
prestar es en los ejecutivos donde se podría ventilar en trámite adicional pero
autónomo lo atinente a la solución de las pretensiones de la coparte”[21].
Al hacer referencia al llamamiento
en garantía en el proceso civil italiano, Calamandrei  analiza las ventajas de
que esa figura se aplique únicamente al tercero que garantiza una causa común,
puesto que “en virtud del llamamiento en garantía, se encuentran reunidas
ante el mismo juez (artículo 32) dos causas: la principal, entre las partes
principales, donde puede ocurrir que el llamado en garantía también tome parte
en la forma antedicha, y la de garantía entre el garantizado actor y el
garantizado demandado”[22].
Así las cosas, para la Sala es
evidente que los argumentos del demandante que, en esencia pretenden definir
una controversia doctrinaria en torno a la conveniencia de la demanda de coparte
en Colombia, no pueden resolverse por vía de la acción de inconstitucionalidad
y, por consiguiente, serán desestimados para el debate de constitucionalidad.
En consecuencia, respecto de los cargos planteados por violación de los
artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución, la Corte se inhibirá por
ineptitud sustantiva.
6.5.
REQUISITOS QUE DEBE
REUNIR EL CARGO POR VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 13 SUPERIOR
De otra parte, el demandante
considera que las expresiones “tercero” y “de aquél”, contenidas
en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, desconocen el artículo 13
superior por “ausencia de igualdad de oportunidades ante la ley pues frente
a terceros se puede ejercitar el llamamiento en garantía pero entre las mismas
partes tal actividad adjetiva se encuentra limitada ante la enunciación de esos
vocablos que dan lugar a posiciones rígidas de los jueces que no admiten esta
intervención que sí ha sido adoptada en otras legislaciones y sistemas de
justicia”.
Ahora bien, en cuanto a la carga
argumentativa del demandante cuando invoca la trasgresión del artículo 13 de la
Carta, la Corte Constitucional ha indicado que, por la naturaleza relacional
del juicio de igualdad, es necesario que se precise con claridad, suficiencia,
pertinencia, especificidad y certeza cuáles son los sujetos cuyo cotejo se
propone, cuál es el criterio de comparación escogido y cuáles son las razones
por las que se acudió al mismo. De igual manera, si se tiene en cuenta que la
correcta interpretación del principio de igualdad no supone la prohibición de
la diferencia sino el reproche a la discriminación, al demandante no sólo
corresponde presentar argumentos para demostrar que la ley estableció el trato
diferente a dos supuestos fácticos iguales, sino que dicho trato no tiene una
justificación razonable, proporcional y suficiente que lo autorice. En cuanto a
las características que debe reunir el cargo por violación de la igualdad, la
Corte señaló:
“Este requisito en la elaboración del cargo se
torna en este caso particularmente exigente, en la medida en que, al tener el
juicio de igualdad un carácter eminentemente relacional no basta simplemente
con señalar que se presenta un trato dispar entre dos (2) sujetos, sino que es
indispensable precisar si efectivamente existe: (i) Un tratamiento igual a dos
sujetos puestos en distintas situaciones o, a contrario sensu, (ii) un
tratamiento desigual a dos sujetos puestos en iguales condiciones. De suerte
que, ‘la carga argumentativa está inclinada en favor de la igualdad, pues en
todo caso la carga de la prueba pesa sobre quien pretende el establecimiento de
un trato diferenciado. En otras palabras, quien establece o pretende establecer
un trato discriminatorio, debe justificarlo’"[23].
Después de examinar los argumentos
del demandante para sustentar su apreciación en torno a la violación del
artículo 13 de la Constitución, la Sala encuentra que no cumple con la carga
argumentativa mínima que permita generar el debate de constitucionalidad, por
las siguientes consideraciones:
Como se explicó, no basta que el
actor manifieste que las expresiones normativas impugnadas tratan en forma
desigual a los terceros y a las copartes en el llamamiento en garantía, pues es
indispensable explicar por qué los terceros con obligación legal o contractual
de indemnizar los perjuicios que el demandado llegare a sufrir, son iguales a
las copartes. Incluso, si salta a la vista que los dos sujetos comparados son
diferentes para el proceso civil, en tanto que el “llamado” no es parte sino
precisamente un tercero en la controversia y, como su denominación lo expresa,
la coparte será “parte demandada” en el proceso, era indispensable que el
demandante exprese razones suficientes para explicar el por qué dos sujetos
distintos debían ser tratados iguales, o cuáles son las razones para que
realmente deba entenderse que esos extremos son iguales y, por lo mismo, deben
ser tratados jurídicamente igual.
De otra parte, tampoco aparece
claro el criterio de comparación escogido por el actor. A primera vista,
parecería que cotejó la situación del tercero y la coparte en el llamamiento en
garantía, a partir del resultado: la demora para resolver la controversia entre
los deudores solidarios (las copartes). Sin embargo, ese argumento no es de
recibo no sólo porque no tiene un fundamento objetivo y verificable (puesto que
podría decirse que la intervención del coparte demora la resolución de litis
para el acreedor y hace más compleja la decisión judicial porque se introducen
elementos de juicio distintos a los planteados en la controversia  principal),
sino porque es insuficiente para justificar el trato igual a dos supuestos de
hecho distintos.
La lectura literal del argumento
en que se apoya el actor para deducir la violación del artículo 13 de la
Constitución y la interpretación integral de la demanda, permitiría concluir
que el criterio de comparación entre la coparte y el tercero llamado en
garantía utilizado por el demandante es la admisión de la nueva figura en
“otras legislaciones y sistemas de justicia”. Obviamente ese planteamiento
tampoco puede aceptarse, pues resulta abiertamente impertinente para el juicio
de constitucionalidad la comparación de figuras procesales con otras
legislaciones. La visión al derecho comparado indudablemente apoya al
intérprete, ilustra al lector y contribuye al dinamismo del derecho, pero no
puede entenderse como el fundamento del trato discriminatorio o el punto de
comparación escogido para concluir la violación de la Constitución.
Por todas las razones expuestas en
precedencia, la Sala concluye que la demanda no se formuló en debida forma y
por ello se inhibirá para conocer de la constitucionalidad de las expresiones
demandadas.
7.       DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando
justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declararse INHIBIDA para conocer los reproches de
inconstitucionalidad formulados contra las expresiones “a
un tercero” y “de aquél”, contenidas en el artículo 57 del Código de
Procedimiento Civil, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE  CORREA                MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO         Magistrada                                                       Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ          GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO                JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO            LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado                                                                Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Al respecto, entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias
C-1052 de 2001, C-723 de 2004, C-980 de 2005, C-370 de 2006, C-1053 de 2005, C-1048 de 2000 y C-011 de 2001. La sentencia C-509 de
1996: explicó claramente el concepto de certeza del cargo así: “el ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto
constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir
de la interpretación de su propio texto; esa técnica de control difiere,
entonces, de aquella otra encaminada a establecer proposiciones inexistentes,
que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la
inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”
[2] Sentencia C-131 de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[3] Sentencia C-447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[4] Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[5]En Sentencia C-362 de 2001, la Corte
concluyó que no existían cargos porque los argumentos dirigidos a reprochar la
disposición partían de proposiciones que no se derivaban de la norma acusada.
[6] Mediante Sentencia C-504 de 1995, la Corte concluyó
que la disposición acusada no correspondía a la realmente consagrada por el
legislador.
[7] Sentencia
C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[8] Puede verse la Sentencia C-269 de 1995.
[9] Sentencias C-090 de 1996, C-357 de 1997, C, 374 de
1997, C-012 de 2000 y C-040 de 2000.
[10] Sentencia C-504 de 1993.
[11] Sentencias C-242 de 2006, C-402 de 2007, C-1299 de
2005, C-048 de 2006 y C-1194 de 2005.
[12] Sentencia 735 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo
[13] Sentencia C-721 de 2006, M.P. Jaime Araújo
Rentería.
[14] Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa
[15] Sentencia
C-1059 de 2008. M.P. Jaime Araújo Rentería.
[16] Sentencia C-447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[17] Sentencia
C-1052 de 2001. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa
[18] Sentencia
C-190 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[19] El profesor Hernando Morales Molina explica que “el
llamamiento tiene por objeto que el tercero se convierta en parte, a fin de que
haga valer dentro del mismo proceso su defensa acerca de las relaciones legales
o contractuales que lo obligan a indemnizar o a reembolsar, y al igual del
denunciado en el pleito, acude no solamente para auxiliar al denunciante, sino
para defenderse la obligación legal del saneamiento”. Curso de Derecho
Procesal Civil. Parte General. Décima Edición. Editorial ABC. Bogotá. 1988.
Páginas 248 y 249.
[20] Comisión Redactora del Proyecto de
Código General del Proceso. Acta
número 09 del 15 de octubre de 2003. Dirección en Internet: www.ficsa.org.co.
[21] López Blanco, Hernán Fabio.
Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General.
Sexta Edición. Bogotá. 1993. Páginas
251 y 252.
[22] Calamandrei
Piero, Derecho Procesal Civil. Tomo II. Volumen II. Ediciones Jurídicas Europa-
América. Buenos Aires. Páginas 345 y siguientes.
[23] Sentencia C-156 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.