T-514-12
Sentencia T-772/10
Sentencia T-514/12
DERECHOS FUNDAMENTALES DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Reconocimiento y debida
protección
COMUNIDADES INDIGENAS-Reconocimiento de estatus
especial por la Constitución Política y Convención 169 de la OIT
AUTONOMIA DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS Y OTROS PRINCIPIOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES-Criterios para resolver
tensiones
MAXIMIZACION AUTONOMIA DE
COMUNIDAD INDIGENA-Naturaleza/MINIMIZACION RESTRICCION AUTONOMIA DE COMUNIDAD
INDIGENA-Naturaleza/PRINCIPIO DE MAYOR AUTONOMIA PARA LA DECISION DE CONFLICTOS
INTERNOS -Naturaleza/PRINCIPIO A MAYOR CONSERVACION DE LA
IDENTIDAD CULTURAL, MAYOR AUTONOMIA-Naturaleza
DERECHO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS A LA IDENTIDAD
EDUCATIVA-Derecho a recibir educación
especial
Los
integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y
desarrolle su educación cultural. Esto implica que la educación de las
comunidades no puede ser sometida a planes o programas de educación diseñados
de manera general para toda la población, sin ser consideradas sus
especificidades culturales.
ETNOEDUCACION-Definición
legal
ETNOEDUCACION-Fines
y principios
La
educación de los grupos étnicos tendrá en cuenta los criterios de integralidad,
interculturaridad, diversidad lingüística, participación comunitaria,
flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de
identidad, de conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza,
sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas
vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la
cultura.
PARTICIPACION DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS EN LA TOMA DE CUALQUIER DECISION QUE PUEDA CONCERNIRLES-Formas
COMUNIDADES INDIGENAS-Consulta previa frente a
cualquier decisión susceptible de afectarles directamente
La
consulta constituye una garantía y un derecho que facilita la toma de
decisiones de forma democrática, incluyente y participativa, pues asegura que
las decisiones legislativas o administrativas que se adopten, sean respetuosas
de los puntos de vista de las comunidades y sus derechos.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
CONSULTA PREVIA DE LAS COMUNIDADES ETNICAS Y SU PROTECCION POR VIA DE TUTELA
Referencia:
expediente T-3364320
Acción de tutela instaurada por la Organización Regional Indígena del
Valle del Cauca contra la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., seis (06) de julio de dos mil doce (2012)
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada
María Victoria Calle Correa, y los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto y
Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Mediante
la cual se pone fin al trámite de revisión de las sentencias de tutela del 10
de noviembre de 2011 proferida por el Juzgado Séptimo de Familia de Cali, en
primera instancia, y del 16 de diciembre de 2011 por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cali Sala de Familia, en segunda instancia, que
resolvieron la acción de tutela promovida por la Organización Regional Indígena
del Valle del Cauca, contra la Secretaría de Educación del Valle del Cauca.
I.
ANTECEDENTES
1.
Trámite procesal.
El
día 06 de julio de 2012, la Sala Octava de Revisión que preside el magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, se reunió con el propósito de estudiar el proceso de la
referencia. En dicha Sala el magistrado Luís Ernesto Vargas Silva y la
magistrada María Victoria Calle Correa integrantes de la misma, manifestaron su
desacuerdo con el proyecto del magistrado ponente.
Mediante
comunicación del 11 de septiembre de 2012, la Secretaría de la Corte
Constitucional, remitió el expediente de la referencia a este despacho para que
fuera presentado nuevo proyecto con base en las consideraciones de los
magistrados disidentes.
2. De los hechos y la demanda.
La
Secretaría de Educación del Valle del Cauca ofertó para que se proveyeran
mediante concurso de méritos, 19 cargos, para los cuales había vacantes
definitivas en diferentes instituciones que dicha entidad tenía a su cargo.
Dentro de tales vacantes se encontraba el cargo de Técnico operativo 314 grado 03
en la institución educativa departamental indígena “Kwe’sx Nasa Ksxa Wnxi”
–IDEBIC-.
Una
vez surtido el concurso de méritos señalado, la Comisión Nacional del Servicio
Civil mediante Resolución N° 1079 de 2011, conformó la lista de elegibles para
proveer los cargos ofertados por la mencionada secretaría departamental, dentro
de la cual el señor Victor Alexis Ortega Rengifo ocupó el puesto N° 6 en la
mencionada lista.
En
Resolución 2297 de agosto 12 de 2011, la Secretaría de Educación del Valle del
Cauca nombró en periodo de prueba en el cargo de Técnico operativo 314 grado 03
al señor Ortega Rengifo, para que prestara sus servicios en el establecimiento
educativo departamental indígena “Kwe’sx Nasa Ksxa Wnxi” –IDEBIC-.
La
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca –ORIVAC– consideró que dicho
nombramiento era vulneratorio de la identidad cultural y de la etnoeducación de
la comunidad “Kwet wala”, debido a que el señor Ortega Rengifo no pertenece a
dicha comunidad, no comparte su cultura, usos sociales y cosmovisión. En
consecuencia la ORIVAC consideró que la decisión anterior afectaba directamente
a la comunidad indígena, razón por la cual debió ser consultada con ella, lo que
no ocurrió.
Por
los anteriores hechos, la ORIVAC solicitó mediante acción de tutela la
protección de los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, a
la etnoeducación y a la consulta previa de la comunidad “Kwet Wala”, los cuales
consideró vulnerados por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, al
nombrar en el cargo de Técnico operativo 314 grado 03 de la institución
educativa departamental indígena “Kwe’sx Nasa Ksxa Wnxi” al señor Víctor Alexis
Ortega Rengifo, por no surtir la consulta previa correspondiente.
3. Intervención de la entidad accionada.
La Secretaría de Educación del Valle del Cauca
mediante memorial del 13 de septiembre de 2011 respondió la acción de tutela
instaurada, solicitando negar el amparo.
Argumentó que el nombramiento del señor Víctor Alexis
Ortega Rengifo fue producto del debido concurso de méritos de competencia de la
Comisión Nacional del Servicio Civil, para suplir aquellos cargos que se
encontraban vacantes en forma definitiva.
Señaló que aunque existe una garantía especial para
los docentes y los directivos de las instituciones educativas indígenas dentro
de sus respectivas comunidades, esta protección no se extiende al personal
administrativo que labora en estos entes.
4. Del fallo de primera instancia
El Juzgado Séptimo de Familia de Cali, mediante
providencia proferida el 10 de mayo de 2011, declaró improcedente el amparo
solicitado por considerar que existía falta de legitimidad por activa.
Sostuvo el Juez que el representante legal de la
ORIVAC, no podía representar al señor William Lulico Ramos, anterior ocupante
del cargo de Técnico Operativo 314 grado 03, en tanto este último no le había
concedido poder al primero para instaurar la acción de tutela de la referencia.
Igualmente señaló que tampoco podía considerarse al representante legal de la
ORIVAC como agente oficioso del señor Lulico Ramos, pues no existía impedimento
alguno que le imposibilitara defender sus derechos.
5.
Impugnación y fallo de segunda instancia
La
organización demandante interpuso la correspondiente impugnación contra la
decisión anterior, con el objetivo de que se revocara y en su lugar se le
concedieran sus pretensiones. Adujo que en ningún momento se invocó la
protección de los derechos del ciudadano Wilson Lulico Ramos, sino el amparo de
los derechos de la comunidad indígena “kwet wala”.
De
esta manera reiteró que la intromisión de una persona que desconoce la cultura,
usos y costumbres de la comunidad, constituye una afectación de su identidad
cultural, puesto que cada persona que trabaja en las instituciones educativas
pertenecientes a la comunidad indígena antes citada, coadyuva con el proceso
formativo que realizan los docentes. Finalmente señaló que la Ley 909 de 2004,
exceptúa a las comunidades indígenas de someter los cargos que se encuentran
bajo su jurisdicción al principio de carrera administrativa.
6. Declaratoria de nulidad
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali,
Sala de Familia, mediante auto del 26 de octubre de 2011, decidió declarar la
nulidad de todo lo actuado, en razón a que la Comisión Nacional del Servicio
Civil no fue vinculada dentro del proceso de la referencia. En consecuencia, ordenó
devolver el expediente al juzgado de conocimiento para que se procediera de
conformidad con lo establecido.
7. Nuevas actuaciones procesales surtidas en primera
instancia.
El Juzgado Séptimo de Familia de Cali, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, decidió
mediante auto del 27 de octubre de 2011 vincular a la Comisión Nacional del
Servicio Civil. Así mismo, a petición de la Secretaría de Educación del Valle
del Cauca, se vinculó al señor Víctor Alexis Ortega Rengifo, por considerar que
éste se ve directamente afectado por la decisión que se adopte en el proceso.
7.1 Intervención de la Comisión Nacional del Servicio
Civil - CNSC.
La Comisión, mediante memorial de 31 de octubre de
2011 solicitó se negara el amparo invocado. Señaló esta entidad que la
organización accionante podía acudir a las acciones ordinarias ante la
jurisdicción contencioso administrativa, para la protección de los derechos de
la comunidad indígena, razón por la cual la tutela se tornaba improcedente,
pues es de carácter subsidiario.
Afirmó que la CNSC únicamente realiza los concursos de
méritos que son ofertados por las diferentes entidades públicas bajo sus
competencias, pero no tiene injerencia en la asignación específica de los
cargos. En consecuencia, la censura corresponde a las medidas adoptadas por la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca, razón por la cual la Comisión no
ha vulnerado ningún derecho.
7.2 Intervención del ciudadano Alexis Ortega Rengifo.
El señor Víctor Alexis Ortega Rengifo respondió la
acción de tutela afirmando que ocupó el 6° puesto dentro de la convocatoria que
realizó la CNSC para proveer uno de los 19 cargos ofertados por la Secretaría
de Educación del Valle del Cauca.
Señaló que mediante Resolución 2297 de 2011 la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca le nombró en periodo de prueba, en
el cargo de Técnico Operativo 413 grado 03, en el establecimiento educativo
“Kwe’sx Nasa Ksxa Wnxi” –IDEBIC–.
Afirma que se dirigió a la institución educativa para
la cual fue asignado, pero que en ella le informaron que había sido declarado
persona no grata para los pueblos indígenas del Valle del Cauca. Dicha
situación fue puesta en conocimiento a la Secretaría de Educación del Valle del
Cauca. Finalmente argumenta que en la actualidad ocupa un cargo en
provisionalidad en el área de talento humano en la Secretaría de Educación del
Valle del Cauca.
7.3. Del fallo de primera instancia
El Juzgado Séptimo de Familia de Cali reiteró los
argumentos expuestos en el fallo del 10 de mayo de 2011. Por tanto declaró la
improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación por activa.
8.
Impugnación y fallo de segunda instancia
En ejercicio de la impugnación, la ORIVAC solicitó que
se revocara la decisión adoptada por el juez de primera instancia. El Tribunal
Superior de Cali, Sala de Familia, declaró improcedente la acción de amparo, al
considerar que existían otros mecanismos de defensa judicial, tales como la
acción popular, si lo que la parte actora pretendía era la protección de los
derechos colectivos de la comunidad indígena; o la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, si el objetivo era invalidar el nombramiento del
señor Víctor Alexis Ortega Rengifo. Adicionalmente señaló que no se configura
un posible perjuicio irremediable, que amerite la intervención del juez
constitucional.
9. Pruebas que obran en el expediente.
1. Copia de respuesta dada por parte de la CNSC frente
al régimen de nombramientos de las personas que trabajan en las comunidades
indígenas.[1]
2.
Copia del oficio T-H-422-024-5354-
del 26 de septiembre de 2011, expedido por el coordinador del área de talento
humano de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, mediante el cual se
solicita aclaración sobre la situación en la que se encuentra el cargo de
“Técnico Operativo” dentro de la Institución Educativa “Kwe’sx Nasa Ksxa Wnxi
–IDEBIC.”[2]
3.
Copia de solicitud
T-H-422-024-5670 del 18 de octubre de 2011 expedida por la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca por razón del concepto acerca del nombramiento
del cargo de Técnico Operativo.[3]
4.
Copia de la Sentencia del Tribunal
Contencioso Administrativo del Calle del Cauca, dentro del proceso 2011-0861.[4]
5.
Copia del Oficio 01-28638 del 27
de julio de 2011, expedida por la CNSC en cumplimiento del fallo 2011-0861,
antes citado.[5]
6.
Copia del escrito de 16 de agosto
de 2011, expedido por la Gobernación del Valle del Cauca-Secretaría de
Educación Departamental.[6]
7.
Copia de la Resolución N° 2297 del
12 de agosto de 2011, expedida por la Gobernación del Valle del Cauca por medio
de la cual se efectúan nombramientos en periodo de prueba.[7]
8.
Copia de aceptación de
nombramiento del cargo de Técnico Operativo.[8]
9.
Copia del acta de posesión número
1488 expedida por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca.[9]
10.
Copia del escrito mediante el cual
se solicita una aclaración frente al cargo dentro de la comunidad indígena “Kwet
wala”.[10]
11.
Copia del comunicado de la
“ORIVAC” del 29 de agosto de 2011, por medio del cual declaran persona no grata
dentro de su comunidad a la persona que ocupe el cargo de pagador dentro de la
institución educativa.[11]
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
La controversia constitucional propuesta a revisión de
esta Sala se estructura a partir de la siguiente situación fáctica y jurídica:
La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca
–ORIVAC– mediante su representante legal solicitó el amparo de los derechos a
la identidad étnica y cultural, a la etnoeducación, y a la consulta previa, que
considera fueron vulnerados por la Secretaría de Educación del Valle del Cauca,
al nombrar en el cargo de Técnico Operativo 314 grado 03 del establecimiento
educativo “Kwe’sx Nasa Ksxa Wnxi” –IDEBIC– al señor Victor Alexis Ortega
Rengifo, quien no es parte de la comunidad indígena “Kwet wala”.
En este asunto, la Secretaría de Educación del Valle
del Cauca sostiene que no vulneró derechos fundamentales en tanto el cargo que
causa la controversia se ofertó conforme a las normas legales. Estima igualmente
que la garantía especial a las comunidades indígenas se predica de los docentes
y directivos de las instituciones educativas indígenas dentro de sus
respectivas comunidades, pero no se extiende al personal administrativo.
La Comisión Nacional del Servicio Civil afirmó que de
su parte no existió vulneración de derechos puesto que la controversia se
centra en las actuaciones realizadas por la Secretaría de Educación del Valle
del Cauca. Adicionalmente recuerda que la parte actora cuenta con otros
mecanismos de defensa judicial para resolver el litigio propuesto.
Por su parte, el señor Víctor Alexis Ortega, quien
había sido designado mediante concurso de méritos para la provisión del cargo
de Técnico Operativo 314 grado 03, respondió la acción de tutela instaurada
señalando que se ha limitado a seguir con el trámite correspondiente para
acceder al cargo para el que concursó, e indicó que pese a haber escogido la
sede mencionada, no ha podido trabajar en dicho lugar, debido a que se le
considera persona no grata por la comunidad indígena.
Así las cosas, la Sala debe estudiar si la Secretaría
de Educación del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales a la
identidad étnica y cultural, a la etnoeducación y a la consulta previa de la
comunidad indígena “Kwet wala”, al nombrar al señor Víctor Alexis Ortega, en el
cargo de Técnico Operativo 314 grado 03, en el establecimiento educativo “Kwe’sx
Nasa Ksxa Wnxi” –IDEBIC–, el cual no pertenece a la mencionada comunidad étnica,
sin realizar el procedimiento de consulta previa para dicha designación.
Para resolver el anterior problema jurídico la Sala
reiterará los siguientes aspectos tratados en la jurisprudencia de la Corte:
(i) el marco normativo respecto a los derechos fundamentales a la identidad
étnica y cultural de las comunidades indígenas; (ii) posteriormente se referirá al derecho fundamental a la
etnoeducación que desarrolla elementos de la identidad y autonomía étnica, con
especial énfasis en la incidencia de la administración del servicio educativo
indígena; (iii) finalmente se reiterarán los elementos pertinentes del derecho
fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas y su protección por
vía de tutela.
Vistas las anteriores reglas jurisprudenciales que
constituyen el marco jurídico-decisional aplicable al caso en examen, se
analizará la situación concreta del expediente que se revisa.
3. Marco normativo de los derechos
fundamentales a la identidad étnica y cultural de las comunidades indígenas.
Reiteración de jurisprudencia.
Uno de los elementos esenciales de la Carta Política
de 1991 es la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación por
motivos de raza, sexo, ideología y cultura, que va acompañada de la obligación
de adoptar medidas de carácter positivo para superar los patrones tradicionales
de exclusión, derrotar las injusticias históricas y proteger a quienes se
encuentran en situación vulnerable o condición de debilidad manifiesta.[12]
En este sentido la Constitución Política de 1991 elevó
al rango de principios fundantes del Estado, la pluralidad y
la participación; estableció la obligación estatal de
reconocer y proteger la identidad cultural (art. 7º C.P.); y consideró que
todas las culturas merecen igual respeto por su dignidad (art. 70 C.P). Así las cosas, el Estado colombiano reconoce y protege a un conjunto de grupos sociales
culturalmente diferentes, valora positivamente esa diferencia y la considera un
bien susceptible de protección constitucional.[13]
Adicionalmente ese marco de principios
constitucionales respecto a las relaciones entre las diferentes culturas que
residen en el país se complementa y refuerza con la normatividad internacional
en la materia que hace parte integral de nuestro ordenamiento jurídico por vía
del bloque de constitucionalidad.[14] El Convenio 169 de la
OIT “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,”[15]
cuyas disposiciones sobre derechos de los pueblos y las personas indígenas
hacen parte del mencionado bloque de constitucionalidad, de acuerdo con
reiterada jurisprudencia de la Corporación,[16] establece un enfoque
de respeto por la diferencia y promoción de la
autonomía de los pueblos aborígenes, y por el reconocimiento de
algunos derechos como la consulta previa[17] y el territorio
colectivo, entre otros.
Es importante resaltar de igual manera que la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con el fin de reforzar los
derechos de autonomía de las comunidades indígenas. De acuerdo con
jurisprudencia de esta Corporación (sentencias T-704 de 2006[18]
y T-514 de 2009[19]), esta Declaración es
una pauta de interpretación de los derechos de las personas y los pueblos aborígenes,
que debe ser tenida en cuenta por el juez constitucional.[20]
Así las cosas, esta Corporación estableció en la
sentencia T-380 de 1993[21], que: (i) las
comunidades indígenas son sujetos de derechos fundamentales; (ii) esos derechos
no son equivalentes a los derechos individuales de cada uno de sus
miembros,  ni a la sumatoria de estos; y (iii), los derechos de las
comunidades indígenas no son asimilables a los derechos colectivos de otros
grupos humanos:
“Los derechos fundamentales de las
comunidades indígenas no deben confundirse con los derechos colectivos de otros
grupos humanos. La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple
sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses
difusos o colectivos (CP art. 88). En el primer evento es indiscutible la
titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los
afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos
mediante el ejercicio de las acciones populares correspondientes”.[22]
Las principales consecuencias normativas de este
reconocimiento jurídico son: (i) la procedencia de la acción de tutela, tanto
para la defensa de los derechos de los miembros de las comunidades frente a las
autoridades públicas y las autoridades tradicionales, como para la protección
de los derechos de la comunidad; (ii) el rango de norma de derecho fundamental
que ostentan las cláusulas que consagran derechos constitucionales en cabeza de
estas comunidades, con todos los atributos legales y políticos que ello
comporta.[23]
Ahora bien, dentro de los derechos y principios
relevantes a la hora de analizar la protección de derechos de las comunidades
étnicas adquieren especial relevancia para el asunto que se examina la autonomía
y la identidad étnica y cultural de las comunidades indígenas. Al respecto, el derecho
fundamental a la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas,
afrodescendientes y raizales busca proteger y preservar sus usos, valores y
costumbres, tradiciones, cosmovisión, formas de producción y todos los demás ámbitos
que los definen e identifican.
El
anteriormente citado convenio 169 de la OIT en el numeral 2 del artículo 1
establece que “la conciencia de su identidad tribal deberá considerarse un
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones del presente Convenio.” El artículo 2 señala: “Los
gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática
con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de
su integridad. Esta acción deberá incluir medidas: (…) b) que promuevan la
plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones,
y sus instituciones (…).” En el numeral 1 del artículo 4° se indica: “Deberán
adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio
ambiente de los pueblos interesados.” Finalmente, en el artículo 5 se señala
que “al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a) deberán
reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales,
religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean
tanto colectiva como individualmente.”
Así
las cosas, el derecho a la identidad étnica y cultural protege los usos,
valores, costumbres, tradiciones, cosmovisión y formas de producción de
aquellas comunidades indígenas, afrodescendientes, y raizales que se encuentren
en el territorio de la jurisdicción del Estado.
Frente
al reconocimiento y protección de estos derechos la jurisprudencia
constitucional ha señalado igualmente que existen situaciones en las que la
autonomía de dichas comunidades y en consecuencia sus derechos a la identidad
étnica y cultural, está en tensión con principios propios del mismo Estado
social de derecho. En consecuencia ha delineado ciertos criterios que enmarcan
la labor del juez constitucional al momento de solucionar este tipo de
controversias.
En
sentencia T-617 de 2010,[24] emitida por esta
Corporación, se indicó que el juez debe observar ciertos mandatos que regulan
las soluciones en casos relacionados con la autonomía y derechos de las
comunidades indígenas.[25] En cuanto a la
intervención del juez constitucional en decisiones de autoridades indígenas, se
deben tener en cuenta los siguientes principios generales de interpretación:
1.
Principio de “maximización de la autonomía de las comunidades indígenas”
(o bien, de “minimización de las restricciones a su autonomía”): de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, solo son admisibles las
restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas, cuando estas (i)
sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía[26];
y (ii) sean las menos gravosas, frente a cualquier medida alternativa, para la
autonomía de las comunidades étnicas.[27] La evaluación sobre la
jerarquía de los intereses en juego y la inexistencia de medidas menos
gravosas, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades de cada
comunidad.[28]
2.
Principio de “mayor autonomía para la decisión de conflictos internos”:
la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que el respeto por la
autonomía debe ser mayor cuando el problema estudiado por el juez
constitucional involucra solo a miembros de una comunidad, que cuando el
conflicto involucra dos culturas diferentes, debido a que en el segundo caso
deben armonizarse principios esenciales de cada una de las culturas en tensión.[29]
3.
Principio “a mayor conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”:
Este principio fue formulado, por primera vez, en la sentencia T-254 de 1994,
en los siguientes términos: “la realidad colombiana muestra que las
numerosas comunidades indígenas existentes en el territorio nacional han
sufrido una mayor o menor destrucción de su cultura por efecto del sometimiento
al orden colonial y posterior integración a la "vida civilizada" (Ley
89 de 1890), debilitándose la capacidad de coerción social de las autoridades
de algunos pueblos indígenas sobre sus miembros. La necesidad de un marco
normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social
dentro de estas colectividades, hace indispensable distinguir entre los grupos
que conservan sus usos y costumbres - los que deben ser, en principio,
respetados -, de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse
en mayor grado por las leyes de la República, ya que repugna al orden
constitucional y legal el que una persona pueda quedar relegada a los
extramuros del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente delimitación
de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones”.
Respecto
a este último principio esta Corporación señaló que no puede concebirse como
una prescripción dirigida a los jueces para dar mayor protección a la autonomía
de ciertos grupos indígenas (los de mayor conservación o aislamiento), sino
como una descripción sobre el estado actual de los usos y costumbres de los
pueblos aborígenes, que tiene como consecuencia la mayor o menor necesidad de “traducción
de los sistemas jurídicos tradicionales en categorías occidentales o viceversa”.[30]
Así
mismo, se ha precisado que ese grado de conservación cultural no puede llevar
al juez a desconocer las decisiones autónomas de cada comunidad, incluidas
aquellas dirigidas a iniciar un proceso de recuperación de tradiciones, o a
separarse de algunas de sus tradiciones: “la decisión de una comunidad
indígena con un grado escaso de conservación de sus tradiciones, en el sentido
de iniciar un proceso de recuperación cultural debe ser respetada, de la misma
forma y en el mismo grado, que la decisión de otra comunidad, con alta conservación
de sus tradiciones, de incorporar formas sociales propias de la cultura
mayoritaria.”[31]
Frente
a las reglas establecidas por la Corte, reitera esta Sala,[32]
que las autoridades públicas deben respetar el principio de autonomía de las
comunidades indígenas, y sus derechos colectivos, pues esa obligación deriva de
una de las normas fundantes de la Carta Política, el mandato del pluralismo
(artículos 1 y 7). De tal manera que la intervención del juez debe limitarse a
la protección de los casos en los que se vulneran los principios límite del
ordenamiento constitucional de forma flagrante. En consecuencia, el Juez debe
propender por estimular el ejercicio de los principios de maximización de la
autonomía de las comunidades indígenas, la no intromisión en sus decisiones,
así como la solución interna de sus conflictos.
Por
tanto, los jueces y las demás autoridades públicas deben propiciar el ejercicio
democrático y autónomo de la toma de las decisiones de las comunidades en su
mismo seno, así como por la coordinación, concertación y participación de las
decisiones en las que intervienen otras entidades. Y según lo expuesto con
anterioridad, en aquellos casos en los cuales se encuentre la necesidad de
recurrir a elementos extrínsecos a las decisiones de las autoridades de las
comunidades indígenas, se deben formular soluciones sustentadas en el principio
del consenso y diálogo intercultural.[33]
En
síntesis, esta Sala reitera la jurisprudencia de la Corte que señala que los
conflictos entre derechos y principios como la autonomía de las comunidades
indígenas y otros principios y derechos fundamentales, deben ser dirimidos a
través de la ponderación, y en los cuales esta Corporación ha estimado de
especial observancia los principios de maximización y mayor conservación de la
identidad y autonomía cultural, para la protección de los derechos colectivos y
la autonomía de las comunidades indígenas.
En
esta perspectiva se procederá a analizar el derecho fundamental a la
etnoeducación que está estrechamente vinculado con la protección de los
derechos a la identidad y autonomía de las comunidades étnicas, para
posteriormente realizar algunas consideraciones sobre la incidencia de la
administración del servicio educativo indígena en la mencionada etnoeducación.
4.
El derecho fundamental a la etnoeducación. La administración del Servicio
educativo indígena y su incidencia en la etnoeducación. Perspectiva integral de
la educación.
El
derecho fundamental a la etnoeducación ha sido desarrollado como una forma de
vindicar la autonomía, identidad étnica y cultural de las comunidades. En el ámbito
constitucional, Colombia adoptó un modelo de Estado social y democrático de
derecho que reconoce el carácter plurietnico y multicultural de la nación. Dicho
derecho se desprende de normas que establece la misma Constitución colombiana, así
como de disposiciones en instrumentos de derecho internacional que han sido
incorporados al ordenamiento jurídico interno por vía del bloque de
constitucionalidad.
En
este sentido la Constitución colombiana establece de forma clara que “los
integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y
desarrolle su identidad cultural” (artículo 68 de la Carta). Esto implica
que la educación de las comunidades no puede ser sometida a planes o programas
de educación diseñados de manera general para toda la población, sin ser
consideradas sus especificidades culturales.
En
el ámbito de la normatividad internacional el artículo 27 del Convenio 169 de la
OIT, prescribe que “los programas y servicios de educación destinados a los
pueblo interesados (…) deberán abarcar su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores y todas las demás aspiraciones sociales,
económicas y culturales.”
Igualmente
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
aprobada por la Asamblea General mediante la Resolución 61/295 del 13 de
septiembre de 2007 consagra en su artículo 14 que “los pueblos indígenas
tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes
que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos
culturales de enseñanza y aprendizaje.”
En
congruencia con aquellos mandatos en nuestro ordenamiento jurídico se expidió la
Ley 115 de 1994, -ley general de educación-, que desarrolla dentro de sus
temas, lo relativo a la educación para grupos étnicos. Define dicha ley, en su
artículo 2 que “el servicio educativo comprende el conjunto de normas
jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la
educación no formal, la educación informal, los establecimientos educativos,
las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas,
culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos,
materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y
estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.”[34]
En
el tema concreto de la etnoeducación, la Ley General de Educación (115 de 1994),
en su Título III se ocupa de las “Modalidades de Atención Educativa a
Poblaciones”, dentro de las cuales se encuentra, en el Capítulo III, la Educación
para Grupos Étnicos. Así las cosas, en su artículo 55 define la etnoeducación
como aquella educación que se ofrece “(…) a grupos o comunidades que
integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones
y unos fueros propios y autóctonos.” El artículo advierte que esta “(…)
educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo social y
cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.”
La
Ley indica que no se trata de una educación distinta en todo sentido a la que
se imparte al resto de la población; se trata de una educación que además de  brindar
las herramientas, habilidades y conocimientos que se dan a todas las personas,
entiende que debe ser sensible a las especiales condiciones de la comunidad de
la cual se trate.  Por ello, además de los principios y fines generales fijados
por la ley, de acuerdo con la Constitución Política se introducen otros
específicos, atinentes a las características propias de cada colectividad,
cuando a ello hay lugar.
El
artículo 56 de la ley 115 de 1994, establece respecto a los principios y fines
de la etnoeducación que “la educación en los grupos étnicos estará orientada
por los principios y fines generales de la educación establecidos en la
presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de integralidad, interculturaridad,
diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y
progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad,
conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza,
sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas
vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la
cultura.” Por resultar relevante para la resolución del caso bajo examen, la
Sala resaltará algunos de estos principios básicos de la etnoeducación.
Participación
comunitaria. Para la adopción de
alguna decisión que afecta al servicio de educación de las comunidades étnicas,
tal medida ha de ser consultada con la respectiva colectividad. Como se propuso
desde la misma creación de la Constitución, se debe promover la participación
de los miembros de la comunidad y el diálogo de la misma en las decisiones que
los afecten, como manera de resolver aquellas diferencias culturales que
pudieren surgir. La reglamentación de la ley general de educación, ha señalado
en este sentido que la participación comunitaria es entendida como “la
capacidad de los grupos étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus
procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía” (Literal d del artículo 2
del Decreto 804 de 1995[35]).
Progresividad. Este mandato hace referencia a que los procesos de
diálogo e interacción cultural que se requieren previamente, para su cabal
desarrollo toman tiempo. En este sentido son necesarios tanto espacios de
participación, como tiempo para poder adelantar las conversaciones que sean
necesarias, antes de tomar las decisiones o medidas que corresponda. Por ende,
los cambios y la intervención en el sistema educativo de los grupos étnicos en
Colombia, no pueden ser abruptos e inconsultos. Tales actos no pueden ocurrir
de manera intempestiva sin el conocimiento previo de las comunidades, y sin que
se hubieran podido manifestar o haber tenido oportunidades de participación. La
progresividad significa también que el proceso de desarrollo de la
etnoeducación no puede estancarse pues si bien la progresividad significa que
los avances requieren tiempo, también implica que generan nuevos desarrollos.
Por eso, según la reglamentación que desarrolla la ley, la progresividad implica
“la dinámica de los procesos etnoeducativos generada por la investigación,
que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al desarrollo del
conocimiento.” (Literal g del artículo 2 del Decreto 804 de 1995).
Autonomía. El principio de autonomía de las comunidades étnicas,
implica que estas tienen el derecho a gobernarse a sí mismas y determinar su
propio destino. En el tema de la etnoeducación es entendida como “el derecho
de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos.” (Literal
c del artículo 2 del Decreto 804 de 1995).
De
tal manera que para el ordenamiento jurídico colombiano, la educación para las
comunidades étnicas, es un derecho que desarrolla valores fundamentales de
estas colectividades, en especial de su identidad, a través del disfrute,
mantenimiento y respeto de sus culturas, tradiciones, y conocimientos. En este
sentido la educación se revela clave toda vez que permite transmitir a las
nuevas generaciones su cultura y así impedir su desaparición.
En
la sentencia C-208 de 2007[36] esta Corte señaló que el
derecho a una educación que respete y desarrolle la identidad cultural es de
carácter fundamental, pues: de una parte, la educación ha sido reconocida como
derecho fundamental para todas las personas entre las cuales se encuentran los
integrantes de comunidades étnicas[37]; y de otra, debido a que
“hace parte integral del derecho a la identidad cultural que (…) tiene
dimensión iusfundamental.”
Tanto
las normas referidas como la jurisprudencia citada, dan cuenta de que en el
ordenamiento jurídico colombiano se establece una postura a favor de una
educación que respete y desarrolle la identidad cultural de las comunidades
étnicas; y que, como se ha señalado, este tipo de educación se configura a
partir de varios componentes, que no solo se limitan al proceso de educación
formal, y que han sido desarrollados por la Constitución, por el Convenio 169
de la OIT, el capítulo III de la Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario 804
de 1995.
Todo
esto lleva a afirmar que el derecho a la etnoeducación está en cabeza: tanto de
los integrantes de las comunidades étnicas individualmente considerados, pues
así se desprende de lo prescrito en el artículo 68 de la Carta; como también de
la comunidad étnica como sujeto de derechos fundamentales. Este último punto (que
se desarrollará a continuación), es de especial importancia, en tanto la
comunidad participa en el proceso educativo para asegurar que la educación
impartida a sus miembros responda a sus patrones culturales y proteja su
identidad y autonomía cultural.
La
Sala quisiera resaltar entonces que las decisiones que se toman respecto a las
comunidades indígenas deben observar los anteriores principios, en especial,
aquellos que imponen el mandato de observar su participación. Lo anterior en
tanto la concurrencia de la colectividad es fundamental para concertar las
mejores medidas a adoptar en su beneficio, más aun tratándose de un tema tan
relevante para garantizar los derechos de identidad y autonomía de las
comunidades étnicas como la etnoeducación.
Respecto
a la especial consideración que se tiene de la participación de la comunidad en
el proceso educativo, el artículo 6° de la ley 115, señala que “De acuerdo
con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa
participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos
de la presente Ley. (…) (Subrayado adicional al texto)
La participación de la comunidad étnica tiene
importancia crucial para la satisfacción del derecho a la etnoeducación cuyo
objeto es el respeto y desarrollo de la identidad cultural de los integrantes
de las colectividades. Sobre este aspecto, el Relator  Especial de las Naciones
Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas[38] señaló que “para
reformar los sistemas educativos con el objeto de reorientar la educación hacia
el pleno respeto de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos
culturales y lingüísticos, es preciso que los pueblos indígenas puedan
reconocerse a sí mismos en estos esfuerzos. Para ello se requiere que puedan
participar libremente en todas las etapas de planeación, diseño, implementación
y evaluación de estas reformas. Hasta ahora, una de las deficiencias en los
sistemas de educación que no responden a las necesidades de los pueblos
indígenas es la falta de participación de estos desde el origen en el diseño de
los programas y políticas de educación. (…) Los planes y programas educativos
no deben ser diseñados en lejanas oficinas técnicas sin contacto directo con
las comunidades indígenas.”[39]
En el mismo sentido, esta Corte ha señalado que la
participación y  cooperación de los grupos étnicos en los programas y servicios
de educación a ellos destinados es “el elemento determinante que marca la
diferencia entre la etnoeducación y la educación tradicional”,  en
consonancia con lo establecido en el artículo 27 del Convenio 169 de la OIT que
establece que “los programas y los servicios de educación destinados a los
pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos
a fin de responder a sus necesidades particulares”.[40]
Ahora bien, en concreto respecto a la participación de
la comunidad en la administración del servicio de educación y su incidencia en
el derecho a la etnoeducación, la Sala encuentra que la primera es fundamental
para la realización del segundo. Tal conexión se deriva de observar que el
proceso educativo no es un aspecto meramente formal en el que se imparte
conocimiento, sino un verdadero conjunto de actividades complejas y conexas que
configuran el proceso de aprendizaje. En dicho proceso como ya se ha develado
en la argumentación precedente, la participación de las comunidades en los
programas y servicios de educación a ellos destinados, es un aspecto
fundamental para mantener la autonomía e identidad de la cultura.
La administración del servicio educativo articula
varios componentes tanto del entorno educativo, como de los recursos (físicos y
humanos) para la prestación del servicio. Así por ejemplo, el concepto de
comunidad educativa tiene una visión amplia, pues como lo define el artículo 6°
de la ley 115, “La comunidad educativa está conformada por estudiantes o
educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes,
egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según
su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto
Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento
educativo.”  Nótese como esta visión resalta el papel no solo de los
alumnos, docentes y directivos, sino también de los padres de familia o
acudientes, egresados y administrativos del plantel.
En
sentido, existen varias disposiciones que regulan elementos de la participación
directa de las comunidades en la administración del servicio de educación. Así
por ejemplo, respecto a la celebración de contratos para el servicio de
educación, la antes citada ley 115 de 1994 en su artículo 63, establece que “cuando
fuere necesaria la celebración de contratos para la prestación del servicio
educativo para las comunidades de los grupos étnicos, dichos contratos se
ajustarán a los procesos, principios y fines de la etnoeducación y su ejecución
se hará en concertación con las autoridades de las entidades territoriales
indígenas y de los grupos étnicos.”
La influencia del aspecto administrativo en la
educación que se imparte en las comunidades indígenas no es una cuestión
irrelevante pues, como lo han señalado las diversas normas citadas y los instrumentos
internacionales en su momento referidos, el derecho a la educación de dichas
comunidades corresponde a un proceso que se orienta al respeto de todos los
derechos humanos, sobre todo los derechos culturales. Por tanto su
concomitancia es esencial para que dichos pueblos puedan reconocerse a sí
mismos en el esfuerzo de orientar la educación a impartir en su seno.
En
el caso de la etnoeducación el proceso educativo no se ciñe a la relación
docente-alumno, sino que involucra un complejo de elementos que hacen que dicho
proceso respete y desarrolle la identidad cultural de las comunidades indígenas,
con incidencia necesaria de la participación de toda la comunidad educativa,
entendida esta como todo el grupo de personas que participan directa e
indirectamente en la formación de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad, y
dentro de los cuales claramente está incluido el personal administrativo.
Es evidente entonces que en el tema de la
etnoeducación, las decisiones respecto a este derecho se tornan de alta
relevancia en tanto las mismas afectan un “elemento determinante que marca
la diferencia entre la etnoeducación y la educación tradicional.”[41]
La administración del servicio educativo de las comunidades indígenas, requiere
que la incidencia de estas sea auténtica en las decisiones y la administración
de dicho servicio especial. Esto en tanto el derecho a la etnoeducación es un
ingrediente imprescindible para materializar la autonomía e identidad indígena.
Ante tales connotaciones del derecho a la educación para las comunidades
indígenas, resulta fundamental el cumplimiento de las obligaciones del Estado
para respetar, proteger y cumplir efectivamente este derecho.
En este sentido, respecto a las obligaciones del
Estado para proteger y garantizar el derecho a la educación, la Observación
General N° 13 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, (parte
II, párrs. 43 a 57 y parte III) al interpretar los artículos 13[42]
y 14[43] del Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en materia del derecho a la
educación, ha señalado ciertos criterios de especial importancia al momento de
interpretar el contenido del derecho a la educación.
De una parte, la Observación General N° 13 del Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que existen unas
obligaciones de carácter general respecto al derecho a la educación, pues “como
todos los derechos humanos, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los
Estados Partes: las obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir. A su
vez, la obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la
obligación de proveer.[44]
Al
explicar el alcance de estas obligaciones el Comité señala que “la
obligación de respetar exige que los Estados Partes eviten las medidas que
obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la educación. La obligación de
proteger impone a los Estados Partes adoptar medidas que eviten que el derecho
a la educación sea obstaculizado por terceros. La de dar cumplimiento
(facilitar) exige que los Estados adopten medidas positivas que permitan a
individuos y comunidades disfrutar del derecho a la educación y les presten
asistencia. Por último, los Estados Partes tienen la obligación de dar
cumplimiento (facilitar el) al derecho a la educación. Como norma general, los
Estados Partes están obligados a dar cumplimiento a (facilitar) un derecho
concreto del Pacto cada vez que un individuo o grupo no puede, por razones
ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí mismo con los
recursos a su disposición. No obstante, el alcance de esta obligación está
supeditado siempre al texto del Pacto.”
De
otra parte, la observación N° 13 ha señalado que existen unas obligaciones de
carácter concreto. Respecto a estas, determina que los Estados tienen las
obligaciones de respetar, proteger y llevar a efecto cada una de las
"características fundamentales" (disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad) del derecho a la educación. “Por ejemplo, la
obligación del Estado de respetar la disponibilidad de la educación se
demuestra no cerrando escuelas privadas; la de proteger la accesibilidad de la
educación, velando por que terceros, incluidos padres y empleadores, no impidan
que las niñas asistan a la escuela; la de llevar a efecto (facilitar) la
aceptabilidad de la educación, adoptando medidas positivas para que la
educación sea culturalmente aceptable para las minorías y las poblaciones
indígenas, y de buena calidad para todos; la obligación de llevar a efecto
(facilitar) la adaptabilidad de la educación, formulando planes de estudio y
dotándolos de recursos que reflejen las necesidades contemporáneas de los
estudiantes en un mundo en transformación; y la de llevar a efecto (facilitar)
la disponibilidad de la educación, implantando un sistema de escuelas, entre
otras cosas construyendo aulas, estableciendo programas, suministrando
materiales de estudio, formando maestros y abonándoles sueldos competitivos a
nivel nacional.
En cuanto al cumplimiento de estas obligaciones
(respetar, proteger, cumplir-asegurar, garantizar-) en Colombia y respecto al
desarrollo de políticas públicas del derecho a la educación y su contenido
(disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad)[45]
en relación a la población indígena se han señalado como derechos que el Estado
debe proteger[46]:
Asequibilidad
Derecho
de los grupos étnicos a crear sus propias instituciones y medios de educación
(OIT-169, art. 27)
Accesibilidad
Derecho
de los pueblos indígenas de adquirir una educación a todos los niveles
(OIT-169, art. 26)
Aceptabilidad
Derecho
de los grupos étnicos a que la educación sea culturalmente aceptable y de
buena calidad (OG13 PIDESC, párr.50; PIDCP, art.27; OIT-169, art. 2)
En
esta perspectiva, debe mencionarse el reciente esfuerzo gubernamental y de las
organizaciones indígenas por construir un “Sistema Educativo Indígena
Propio”-SEIP, el cual ha llevado a señalar que el proceso de selección de
maestros comunitarios, directivos y personal administrativo para garantizar el
derecho a la educación pública en los establecimientos educativos ubicados en
territorios indígenas o que atienden población indígena, se realizará por las
autoridades indígenas y sus organizaciones, en cada pueblo, comunidad y
territorio. Esta selección corresponde a la Coordinación Local del SEIP. La
vinculación se haría en propiedad y se formalizaría mediante acto
administrativo de la Coordinación Regional del SEIP. (…) “Los procesos de
selección de maestros comunitarios, directivos y personal  administrativo están
sujetos a los principios de objetividad, imparcialidad, confiabilidad,
transparencia, igualdad de oportunidades, integralidad, autonomía,  diversidad
lingüística, flexibilidad y participación comunitaria.”[47]
Así
las cosas, son de especial relevancia los esfuerzos del Estado y las
comunidades en materia de políticas públicas y cumplimiento de normatividad y
observaciones de orden internacional respecto a aquellas medidas que afectan
directamente a las comunidades étnicas. Dentro de las cuales ocupan un lugar
primordial las que tienen que ver con el derecho a que puedan participar
libremente en la definición de todas las etapas de planeación, diseño,
implementación y evaluación de los programas y los servicios de educación de sus
pueblos, los cuales deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a
fin de responder a sus necesidades particulares.
De tal manera que a la luz de las obligaciones en
materia del derecho fundamental a la educación que se han señalado anteriormente
y específicamente en términos de administración del sistema de servicio
educativo en las comunidades étnicas, indudablemente existe un claro mandato  hacia
el respeto de la autonomía de las comunidades, así como a la concertación entre
sus decisiones y las políticas generales de educación. Adoptar una medida
administrativa contraria a estos postulados resultaría vulneratoria de los
derechos a la autonomía e identidad de las colectividades étnicas.
Es claro entonces que las medidas que se adopten
respecto a los programas y servicio de educación deben contar con la
participación, cooperación y concertación de las comunidades étnicas, en tanto
son ellas más que ningún otro ente o persona, las que conocen de primera mano
las necesidades propias que cada colectividad presenta.
Vistos
los principales elementos concernientes al derecho fundamental a la
etnoeducación de las comunidades étnicas, la Sala procede a reiterar lo
correspondiente al derecho a la consulta previa y su protección por vía de
tutela, con especial énfasis en situaciones en las que se adoptan medidas que
afectan directamente a las comunidades.
5.
El derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas y su
protección por vía de tutela.
La
consulta previa ha sido reconocida como un derecho fundamental de las
comunidades indígenas derivado tanto de los mandatos constitucionales de
reconocimiento, participación y protección de los derechos de dichas
comunidades, como a partir de la normatividad internacional incorporada por vía
del bloque de constitucionalidad.
La
Corte ha indicado que las normas constitucionales relativas a la protección de
los derechos de las comunidades étnicas (artículos 1, 7 y 70 de la
Constitución), plantean que “la Carta Política propugna por un modelo de
Estado que se reconoce como culturalmente heterogéneo y que, por ende, está
interesado en la preservación de esas comunidades diferenciadas, a través de la
implementación de herramientas jurídicas que garanticen su identidad como
minoría étnica y cultural, organizadas y reguladas mediante sus prácticas
tradicionales.”[48]
Una
de estas herramientas es precisamente la participación de estas comunidades en
las decisiones que las afectan ya que así se asegura que en la implementación
de las políticas públicas se tome en cuenta su punto de vista respecto de la
afectación que éstas podrían tener en su identidad cultural, lo que además
otorga legitimidad democrática a las medidas adoptadas. Es por ello que “existen
previsiones constitucionales expresas, que imponen deberes particulares a cargo
del Estado, dirigidos a la preservación de las mismas y la garantía de espacios
suficientes y adecuados de participación de las decisiones que las afectan.”[49]
Adicionalmente,
es importante señalar que el ordenamiento constitucional permite a las
comunidades étnicas espacios concretos de participación además de los establecidos
para todos los colombianos dentro de los cuales también están incluidos sus
integrantes. En el marco de tales espacios de participación que configuran la
consulta previa, se pueden identificar concretamente los siguientes mandatos:[50]
(i)
La obligación de que la
conformación y delimitación de las entidades territoriales indígenas se lleve a
cabo con participación de los representantes de las comunidades indígenas,
previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial –artículo 329–,
(ii)
El mandato de propiciar la
participación de los representantes de las comunidades indígenas en las
decisiones respecto a la explotación de los recursos naturales en sus
territorios –artículo 330–, y
(iii)
La consulta previa sobre las
medidas que afecten directamente a las comunidades étnicas[51].
Ahora
bien, en el plano de la normatividad internacional, el mandato de consulta
previa encuentra su fundamento constitucional en el artículo 6°, ordinal a, del
ya citado convenio 169  “Sobre Pueblos indígenas y Tribales” de 1989 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).[52] El artículo 6, ordinal
a), del mencionado Convenio es entonces la norma que consagra la consulta
previa a las comunidades étnicas, en el siguiente sentido:
“1. Al aplicar las disposiciones del presente
Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente (…)”
La
jurisprudencia constitucional[53] ha estimado que de la
disposición transcrita surge un derecho fundamental a la consulta previa en
cabeza de las comunidades étnicas porque su participación a través de este
mecanismo es necesaria para preservar su integridad étnica, social, económica y
cultural y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social.[54]
En
relación con el ámbito temático de la consulta previa esta Corte ha precisado
que ésta se debe llevar a cabo respecto a cualquier aspecto que afecte
directamente a la comunidad étnica.[55] Es decir que la consulta
previa no se circunscribe al caso de la explotación de recursos naturales en
los territorios indígenas –artículo 330– y al de la delimitación de las entidades
territoriales indígenas –artículo– 329, que fueron los expresamente previstos
por la Constitución. Ello porque la ratificación del Convenio 169 de OIT por
parte de nuestro país, mediante la Ley 21 de 1991, amplió su espectro a toda
medida susceptible de afectar directamente a las comunidades étnicas.
En
lo que respecta al tipo de medidas que deben ser consultadas previamente con
las comunidades étnicas, la Corte ha acudido nuevamente al texto del artículo 6
del Convenio 169 de la OIT para señalar que son no solamente las medidas
administrativas[56] sino también las
legislativas,[57] y dentro de estas
últimas ha incluido las leyes aprobatorias de los tratados internacionales[58]
e incluso las reformas constitucionales.[59] Tales eventos dan cuenta
de la trascendencia que adquiere este derecho en el ordenamiento jurídico
colombiano.
Sin
embargo, la jurisprudencia constitucional también ha sido enfática en afirmar
que la obligación de adelantar la consulta previa no surge frente a toda medida
–administrativa o legislativa– que sea susceptible de afectar a las comunidades
étnicas, sino únicamente frente a aquellas que puedan afectarlas directamente.[60]
Así
mismo ha señalado esta Corporación que la consulta previa no constituye ni una
potestad que permita un veto por parte de las comunidades étnicas frente a las
medidas a adoptar, ni tampoco comporta un mero trámite informativo de las autoridades
a las comunidades sobre las decisiones que ejecutarán[61].
Respecto a este tema, la Corte ha determinado que el criterio que permite
conciliar la variación entre uno y otro extremo depende del grado de afectación
a la comunidad.[62] Así las cosas el grado
de consentimiento de la colectividad étnica respecto a la medida que la afecta
directamente, es proporcional al grado de incidencia de dicha afectación en sus
derechos. Lo anterior implica que la consulta constituye una garantía y un derecho
que facilita la toma de decisiones de forma democrática, incluyente y
participativa, pues asegura que las decisiones legislativas o administrativas
que se adopten, sean respetuosas de los puntos de vista de las comunidades y de
sus derechos.
La
Corte se ha pronunciado igualmente respecto a la forma en la cual debe ser
llevada a cabo la consulta previa a las comunidades étnicas. En este tema ha indicado
que “en la medida en que el convenio 169 no establece unas reglas de
procedimiento y en tanto que las mismas no hayan sido fijadas en la ley, debe
atenderse a la flexibilidad que sobre el particular consagra el Convenio y al
hecho de que, de acuerdo con el mismo, el trámite de la consulta se somete al
principio de la buena fe, lo cual quiere decir, por un lado, que corresponde a
los Estados definir las condiciones en las que se desarrollará la consulta, y
por otro, que la misma, para que resulte satisfactoria a la luz del
ordenamiento constitucional, debe realizarse de manera que sea efectiva y
conducente, pero sin que quepa hablar, en ese contexto, de términos perentorios
para su realización, ni de condiciones ineludibles para el efecto.”[63]
En últimas esto deriva en que, a pesar de la flexibilidad que otorga el
Convenio 169, “el procedimiento de consulta no queda (…) librado por entero
a las discrecionalidad de las autoridades gubernamentales.”[64]
Así
las cosas, en desarrollo del mencionado principio de buena fe, la
jurisprudencia constitucional ha determinado que respecto al procedimiento de
consulta:
(i)
Debe estar antecedida de un “proceso
preconsultivo”, lo que significa que “deberá estar precedida de una
consulta acerca de cómo se efectuará el proceso consultivo.”[65]
Ello porque “el Estado colombiano deberá tener en cuenta que los procesos de
consulta previa no podrán responder a un modelo único aplicable indistintamente
a todos los pueblos indígenas, pues para dar efectiva aplicación al Convenio
169 de la OIT y en especial a lo dispuesto en su artículo 6° y en el artículo
7° de la Carta, los procesos de consulta deberán ante todo garantizar los usos
y costumbres de los pueblos indígenas, respetando sus métodos o procedimientos
de toma de decisiones que hubieren desarrollado.”[66]
(ii)
La consulta se debe hacer de tal
forma que la comunidad étnica “tenga el derecho de expresar su punto de
vista y de influenciar el proceso de toma de decisiones.”[67]
En otras palabras, “que se le dé la oportunidad para que libremente y sin
interferencias extrañas puedan (…) valorar conscientemente las ventajas y
desventajas del proyecto sobre la comunidad y sus miembros, ser oídas en
relación con las inquietudes y pretensiones que presente, en lo que concierna a
la defensa de sus intereses y, pronunciarse sobre la viabilidad del mismo. Se
busca con lo anterior, que la comunidad tenga una participación activa y
efectiva en la toma de la decisión que deba adoptar la autoridad (…).”[68]
En
el mismo sentido, “la realización de la consulta de buena fe implica que
ésta no se debe abordar como un mero procedimiento formal a cumplir ni como un
trámite”[69] y por esta misma razón como
se señaló anteriormente “los mecanismos de participación no pueden limitarse
a cumplir una simple función informativa”[70] ni tiene el valor de
consulta la simple notificación de la medida que se quiere adoptar.[71]
La consulta previa no excluye el proceso informativo, sino que no se limita a
él, pues “los gobiernos deben proporcionarles información apropiada y
completa, que pueda ser comprendida plenamente por los pueblos indígenas y
tribales”.[72] Esta información sobre
la medida a adoptar debe incluir los mecanismos, procedimientos y actividades
requeridos para ponerla en ejecución y la manera como la medida objeto de
consulta puede conllevar una afectación a su identidad.[73]
Adicionalmente,
la efectiva posibilidad de expresar la posición y de influir en la toma de
decisiones, en algunos casos, requiere de “acciones dirigidas a ayudar a los
referidos pueblos a adquirir el conocimiento y las capacidades necesarias para
comprender y decidir sobre las opciones de desarrollo existentes.”[74]
Igualmente,
“los gobiernos no pueden consultar a cualquiera que declare representar a
la(s) comunidad(es) afectada(s). Las consultas deben emprenderse con
organizaciones/instituciones genuinamente representativas, que están
habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las comunidades
interesadas. Por consiguiente, los gobiernos, antes de iniciar las consultas,
deben identificar y verificar que las organizaciones/instituciones con las que
tienen previsto tratar cumplan con estos requisitos”[75]
Como
se señaló, el proceso de consulta debe llevarse a cabo “con miras a alcanzar
un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades indígena”,[76]
pues el mismo no se traduce en un poder de veto de las comunidades étnicas a
las medidas que las afecten directamente según el cual no pueden adoptarse sin
su consentimiento, pues lo que significa es que ante el desacuerdo se deben
presentar “fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad.”[77]
De
tal manera que “cuando no sea posible el acuerdo o la concertación, la
decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de
autoritarismo; en consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a
la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la
identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena. En todo caso
deben arbitrarse los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar
los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en
detrimento de la comunidad o de sus miembros.”[78]
Respecto
al momento en el cual debe hacerse la consulta previa, esta Corporación ha
señalado que debe ser oportuna,[79] lo que quiere decir que
debe hacerse con anterioridad a la adopción de la medida pues, una vez tomada
la misma, la participación de las comunidades étnicas no tendría utilidad
alguna en la medida en que no podrían influir en el proceso decisorio.[80]
Se trataría no de un proceso de consulta sino de una mera notificación de algo
que ya ha sido decidido.
Con
base en las anteriores reglas, esta Corte ha ido delineando las pautas que
orientan el desarrollo del procedimiento de consulta previa. En la sentencia
T-129 de 2011[81] se determinó que todo
tipo de acto, proyecto, obra, actividad o iniciativa que pretenda intervenir en
territorios de comunidades étnicas, sin importar la escala de afectación,
deberá desde el inicio observar las siguientes reglas:[82]
“(i)  La consulta previa es un derecho de naturaleza
fundamental y los procesos de consulta previa de comunidades étnicas se
desarrollarán conforme a este criterio orientador tanto en su proyección como
implementación.
(ii)  No se admiten posturas adversariales o de
confrontación durante los procesos de consulta previa. Se trata de un diálogo
entre iguales en medio de las diferencias.[83]
(iii) No se admiten  procedimientos que no cumplan con
los requisitos esenciales de los procesos de consulta previa, es decir,
asimilar la consulta previa a meros trámites administrativos, reuniones
informativas o actuaciones afines.
(iv)  Es necesario establecer relaciones de
comunicación efectiva basadas en el principio de buena fe, en las que se
ponderen las circunstancias específicas de cada grupo y la importancia para
este del territorio y sus recursos.
(v)  Es obligatorio que no se fije un término único
para materializar el proceso de consulta y la búsqueda del consentimiento, sino
que dicho término se adopte bajo una estrategia de enfoque diferencial conforme
a las particularidades del grupo étnico y sus costumbres. En especial en la
etapa de factibilidad o planificación del proyecto y no en el instante previo a
la ejecución del mismo.
(vi)  Es obligatorio definir el procedimiento a seguir
en cada proceso de consulta previa, en particular mediante un proceso
pre-consultivo y/o post consultivo a realizarse de común acuerdo con la
comunidad afectada y demás grupos participantes. Es decir, la participación ha
de entenderse no sólo a la etapa previa del proceso, sino conforme a revisiones
posteriores a corto, mediano y largo plazo.
(vii)  Es obligatorio realizar un ejercicio
mancomunado de ponderación de los intereses en juego y someter los derechos,
alternativas propuestas e intereses de los grupos étnicos afectados únicamente
a aquellas limitaciones constitucionalmente imperiosas.
(viii) Es obligatoria la búsqueda del consentimiento
libre, previo e informado. Las comunidades podrán determinar la alternativa
menos lesiva en aquellos casos en los cuales la intervención: (a) implique el
traslado o desplazamiento de las comunidades por el proceso, la obra o la
actividad; (b) esté relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos
tóxicos en las tierras étnicas; y/o (c) representen un alto impacto social,
cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleve a poner en riesgo la
existencia de la misma.
En todo caso, en el evento en que se exploren las
alternativas menos lesivas para las comunidades étnicas y de dicho proceso
resulte probado que todas son perjudiciales y que la intervención conllevaría
al aniquilamiento o desaparecimiento de los grupos, prevalecerá la protección
de los derechos de las comunidades étnicas bajo el principio de interpretación
pro homine.
(ix)  Es obligatorio el control de las autoridades en
materia ambiental y arqueológica, en el sentido de no expedir las licencias sin
la verificación de la consulta previa y de la aprobación de un Plan de Manejo
Arqueológico conforme a la ley, so pena de no poder dar inicio a ningún tipo de
obra o en aquellas que se estén ejecutando ordenar su suspensión.
(x) Es obligatorio garantizar  que los beneficios que
conlleven la ejecución de la obra o la explotación de los recursos sean
compartidos de manera equitativa. Al igual que el cumplimiento de medidas de
mitigación e indemnización por los daños ocasionados.
(xi) Es obligatorio que las comunidades étnicas
cuenten con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría
General de la Nación en el proceso de consulta y búsqueda del consentimiento.
Incluso de la posibilidad de contar con el apoyo de organismos internacionales
cuyos mandatos estén orientados a prevenir y proteger los derechos de las
comunidades étnicas de la Nación.”
Finalmente,
esta Corte ha señalado que frente a la omisión de la consulta previa, que
constituye un derecho fundamental de las comunidades étnicas, y en relación con
medidas administrativas, procede la acción de tutela para exigir del Estado la
realización de la misma. En lo relativo a las medidas legislativas, esta Corte
ha determinado que procede la acción de tutela para proteger el derecho
fundamental a la consulta previa siempre y cuando el proyecto no se haya convertido
en ley, pues en este caso existe otro mecanismo cual es la demanda de
inconstitucionalidad de la misma.[84]
Por
resultar pertinente para la solución del asunto que se examina, a continuación
se señalan algunas breves precisiones respecto a la consulta previa frente a la
adopción de algunas medidas administrativas, dentro de las cuales se incluyen
las relacionadas con la etnoeducación.
5.1
Pronunciamientos jurisprudenciales en materia consulta previa y etnoeducación.
Esta
Corte ha señalado que la protección de los derechos a la integridad,
independencia y autonomía de las comunidades étnicas a través del derecho a la
consulta previa, aplica no solamente respecto a medidas administrativas que
afectan directamente su territorio, sino que también cobija aquellas decisiones
que se relacionan con aspectos relativos a su gobierno, educación, tradiciones
usos y costumbres.
A
continuación se señalan algunos eventos en los que la jurisprudencia ha
accedido a la protección por vía de acción de tutela al encontrar vulnerado el
derecho a la consulta previa por decisiones de carácter administrativo y dentro
de los cuales se ha incluido igualmente la etnoeducación.[85]
En
cuanto a eventos en los que se ha determinado que debe consultarse a las
comunidades étnicas medidas administrativas que afecta su territorio, parte
importante de la jurisprudencia en la materia se ha concentrado en decisiones administrativas
especialmente relacionadas con licencias ambientales y contratos de obra o
concesión ligadas a proyectos de desarrollo. En estos casos, tales medidas
afectan directamente a las comunidades étnicas, particularmente cuando hacen
referencia a decisiones que permiten la explotación o el aprovechamiento de
recursos naturales ubicados en sus territorios.[86]
Esta Corporación ha estudiado en sede de tutela ciertos eventos en los cuales
ha considerado que existe una afectación directa.
En
este sentido, ha indicado que en aquellos casos en los cuales se realiza una
irrupción en el territorio de estas comunidades, se configura la obligación de
efectuar la consulta previa, pues estas colectividades tienen una especial
conexión con el lugar en el que habitan. De esta manera en los casos, de
exploración minera en sus territorios, realización de proyectos viales o
urbanísticos, acueductos, fumigación con glifosato, entre otros, se ha considerado
procedente la participación directa de los pueblos indígenas.[87]
Otro
evento de protección ocurre en los aspectos propios del gobierno de los
territorios donde habitan las comunidades indígenas. Esto último según lo
regulado por el parágrafo del artículo 330 C.P. el cual prevé que “la explotación de los recursos, cuando se realiza en los territorios indígenas, se hará
sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades”
diferenciadas.  Por ende, en las decisiones que se adopten al respecto, el
Gobierno debe propiciar la participación de los representantes de las
respectivas comunidades.[88] En este punto si bien se
hace alusión al aspecto objetivo del territorio, lo que se evalúa es la
protección del gobierno y jurisdicción de los pueblos, como representación
política del elemento esencial de su integridad cultural, social y económica.
Así
mismo se ha amparado la consulta previa en medidas administrativas relativas a decisiones
presupuestales y proyectos de inversión financiados con recursos del
presupuesto nacional. Así por ejemplo en la sentencia C-461 de 2008,[89]
se señaló que la consulta previa también debe realizarse antes de la
elaboración de los presupuestos y la ejecución de proyectos de inversión
financiados con recursos del presupuesto nacional que afecten directamente a
las comunidades indígenas.
Ahora
bien, en lo relativo a la integridad, identidad y autonomía de las comunidades
étnicas, se ha amparado el derecho a la consulta previa respecto a decisiones
sobre la prestación del servicio de educación, en tanto afectan directamente a
las comunidades y sus integrantes.[90] La jurisprudencia
constitucional ha precisado, con base en la “Guía para la aplicación del
Convenio 169 de la OIT”, que las decisiones relacionadas con la prestación del
servicio público de educación dentro de los territorios de las comunidades
étnicas deben someterse a consulta previa.
En
la sentencia T-116 de 2011, la Corte tuteló los derechos a la consulta previa y
a la cultura, entre otros, de la comunidad indígena Páez de la Gaitana,
departamento del Cauca, debido a que la Institución Educativa Promoción Social
de Guanacas y sus sedes, la cual atendía un porcentaje importante de integrantes
de dicha comunidad, había sido declarada establecimiento educativo oficial por
el Decreto 0591 de 2009 y, por tanto, excluida de la política de etnoeducación,
sin que se consultara previamente a la comunidad. En este caso el Ministerio de
Educación –una de las entidades demandadas- alegaba que el colegio no se
ubicaba dentro del territorio de la comunidad y que por ello no era necesaria
la consulta. La Corte, por el contrario aclaró que “al tenor del artículo 6
del Convenio 169 de OIT, la obligación de adelantar la consulta previa se
activa en presencia de cualquier medida que afecte directamente a una comunidad
étnica y no solamente con aquellas que se ejecuten en su territorio.”[91]
En
la sentencia C-208 de 2007 se estudió la constitucionalidad de algunas normas
del estatuto de profesionalización docente (decreto-ley 1278 de 2002), para lo
cual esta Corporación declaró su exequibilidad bajo el entendido de que el
mismo no es aplicable a las situaciones administrativas relacionadas con la
vinculación, administración y formación de los docentes y directivos docentes
en los establecimientos educativos estatales ubicados en territorios indígenas
que atienden población indígena. La Corte aclaró que mientras el legislador
procede a expedir un estatuto de profesionalización docente que regule de
manera especial la materia, las disposiciones aplicables a los grupos indígenas
serán las contenidas en la Ley General de Educación y demás normas
complementarias.
En
conclusión la Corte ha determinado que la protección de las comunidades étnicas
por vía del derecho a la consulta previa aplica no solamente respecto a medidas
administrativas que afectan directamente su territorio, sino que también se
predica de aquellas medidas administrativas que se relacionan con aspectos
relativos a su autodeterminación respecto a su gobierno, tradiciones usos y
costumbres, así como en lo relativo al derecho a la etnoeducación.
Vistas
las consideraciones generales y las correspondientes reglas jurisprudenciales
que regulan los temas que resultan pertinentes en el sub examine,
procede la Sala a analizar el caso concreto para determinar la posible
vulneración de derechos de la comunidad indígena representada por la parte
actora.
6.
Caso concreto.
En
el asunto bajo examen, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca
–ORIVAC– considera vulnerados los derechos fundamentales a la identidad étnica
y cultural, a la etnoeducación y la consulta previa, de la comunidad “kwet
wala”, por parte de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, por
cuanto se nombró en el cargo de técnico operativo 314 grado 03 de la
institución educativa departamental indígena “Kwe’sx Nasa Ksxa Wnxi” al
señor Víctor Alexis Ortega Rengifo, quien no pertenece a la comunidad, sin
realizar la consulta previa correspondiente.
Por
su parte, la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca
sostiene que no existe vulneración de derechos fundamentales a la comunidad, en
tanto la protección de la autonomía de ésta, se restringe al personal docente y
directivo de los centros de educación, no así a los trabajadores o funcionarios
administrativos.
a. Asunto previo. De la
legitimación para actuar por parte de la ORIVAC en representación de la
comunidad “kwet wala”.
La
legitimación para actuar es uno de los presupuestos procesales y, por lo tanto,
uno de los elementos esenciales para acudir ante la jurisdicción. En el caso de
la acción de tutela, el decreto 2591 de 1991 (artículo 10) establece cuatro
hipótesis para la configuración de la legitimación por activa: (i) la
presentación de la acción por la persona afectada, (ii) la interposición
mediante representante judicial; (iii) la agencia oficiosa, y (iv) la
intervención del Defensor del Pueblo o los personeros municipales.
En
el presente proceso, debe analizarse la legitimación de la ORIVAC para actuar
en representación de la comunidad indígena “kwet wala”, en tanto la tutela
fue negada en primera instancia bajo el argumento de que no existía
legitimación por activa.
En
este aspecto, la jurisprudencia Constitucional ha sido consistente en reconocer
que los derechos de las comunidades indígenas son asumidos como inherentes a
estas como sujeto colectivo y no simplemente a la simple sumatoria de los
sujetos individualmente considerados que comparten intereses.[92]
En
consecuencia, al considerar a las comunidades indígenas como sujetos titulares
de derechos, la jurisprudencia ha señalado que sus líderes y miembros gozan de legitimidad para reclamar en sede de tutela
la protección de los derechos fundamentales de los cuales goza la comunidad.[93]
Así mismo ha admitido que pueden hacerlo las organizaciones creadas para la
defensa de los derechos de los pueblos indígenas[94]
y la Defensoría del Pueblo.[95]
Al
respecto, la Sala estima que no cabe ninguna duda sobre la legitimación de la ORIVAC
para actuar en nombre de la comunidad “kwet wala”, pues (i) la
jurisprudencia constitucional ha señalado que los derechos autonómicos de las
comunidades indígenas tienen el rango de fundamentales; y (ii) la organización
actora, creada para velar por los intereses y derechos de los pueblos
indígenas, tiene la función de representar legalmente a la comunidad mencionada.
En
el caso objeto de estudio, el Juzgado Séptimo de Familia de Cali desconoció que
los derechos invocados por el representante legal de la comunidad indígena eran
identidad étnica y cultural, etnoeducación y consulta previa, derechos que,
como se indicó, encuentran su titularidad en el hecho de que solo pueden ser
entendidos en función del grupo al que pertenecen, razón por la cual el amparo
es procedente.
Así
las cosas encuentra la Sala que la entidad demandante representa los intereses
de la comunidad “kwet wala”, en tanto busca proteger los derechos
fundamentales a la consulta previa y autonomía de dicha comunidad. En
consecuencia, y una vez superado este asunto se procede a estudiar la posible
vulneración de los derechos de la comunidad indígena por la posible omisión de
la consulta previa.
b.
El nombramiento en un cargo con funciones administrativas en una institución
educativa indígena, de una persona extraña a la comunidad sin realizar la correspondiente
consulta previa, constituye una afectación directa a los derechos a la
etnoeducación, la identidad y autonomía de dicha colectividad.
Como se señaló en las consideraciones generales, una de las
causales específicas en las que opera la consulta previa es aquella en la que
las decisiones administrativas afectan directamente a la comunidad indígena. En
este caso se debe determinar si la medida consistente en el nombramiento del
señor Víctor Alexis Ortega Rengifo en el cargo de técnico operativo 314 grado
03 en la institución de educación indígena “Kwe’sx
Nasa Ksxa Wnxi”, constituye una de aquellas medidas de afectación directa.
En
el sub examine la Sala encuentra que la medida adoptada por la
administración departamental del Valle del Cauca comporta una afectación
directa a la comunidad, tanto en el aspecto educativo, como en relación a las
decisiones de autogestión de la comunidad, y que implantarla sin realizar la
correspondiente consulta previa implica una vulneración de los derechos a la
etnoeducación y a la identidad y autonomía de la colectividad, como se procede
a explicar.
Como
se precisó respecto al concepto de comunidad académica, el personal
administrativo es un componente del sistema educativo que hace parte de la
colectividad, y como tal, la misma debe asimilar su incorporación en ella. La
designación de un trabajador en un centro de formación implica que la persona
que trabaja en tal institución entra en contacto tanto con los directivos,
educadores y estudiantes, y es parte del proceso de aprendizaje según sea su
rol en la comunidad, en el marco de la prestación del servicio educativo. En
este sentido debe recordarse que la comunidad académica hace referencia a todo
el entramado de recursos y factores humanos, físicos y ambientales que
concurren en el desarrollo y ejecución del proceso educativo, por lo cual no
puede pretenderse que un trabajador constituya un elemento aislado de la
institución, pues hace parte del sistema.
Bajo
esta perspectiva, una de las garantías que se ha establecido en relación con el
derecho a la etnoeducación es la existencia de un régimen especial para el
ingreso, ascenso y retiro de docentes y directivos docentes para las
comunidades étnicas. Esto debido a que con ello, de una parte se garantiza que
la enseñanza se adapte a la especial cosmovisión de cada comunidad indígena y
no se convierta en un factor de aculturización; y de otra, que sean los
miembros de la colectividad, los que tomen las decisiones en relación con el
manejo de la institución educativa.[96]
Lo
anterior no implica que la participación de la comunidad en las decisiones
respecto a la administración del servicio educativo solamente se limite a la
participación de la elección de los docentes y directivos, pues en realidad
resulta mucho más amplia. Como se ha tratado de señalar anteriormente, el
concepto de comunidad académica (o educativa), tiene una connotación profunda
en el marco de la administración del servicio educativo. En esta perspectiva,
la designación de un empleado en un centro educativo indígena no es una
situación trivial, pues afecta directamente el entramado administrativo y de
gestión del sistema educativo de las comunidades.
Así
las cosas, pese a que se realice el nombramiento de un servidor administrativo
cuyo cargo no hace parte del régimen especial de etnoeducadores, indudablemente
esta medida administrativa, incide en la prestación del servicio educativo y
por ende en el derecho a la educación, que en el caso indígena se complejiza al
constituir el derecho a la etnoeducación, el cual está estrechamente vinculado
con los de identidad y autonomía de las comunidades indígenas. Ante tales
situaciones, la participación de la comunidad étnica en la adopción de las
decisiones referentes a la administración de sus centros educativos constituye un
elemento esencial a la hora de materializar sus derechos, mediante la toma de
decisiones que inciden realmente en el desarrollo y manejo del proceso
educativo de su pueblo.
Esta
especial previsión de la participación de la comunidad en la gestión de la
administración del servicio educativo que reciben sus integrantes garantiza que
su cultura, tradiciones, historias y aspiraciones queden reflejadas en la
educación que es impartida y que no se pierdan estos valores por el inevitable
contacto con la cultura mayoritaria. Los bienes jurídicos tutelados en estos
casos son la autonomía e identidad étnica de la comunidad, que se protegen al
garantizar que la inserción de una persona extraña a la comunidad, cumpla con
especiales condiciones y requisitos que garanticen la mínima afectación de
tales derechos.
De
esta manera, para la Sala, en materia de etnoeducación la consulta previa no se
restringe únicamente a la parte sustancial de la garantía a la educación sino
que incluye cualquier elemento relativo a la autogestión de los asuntos de la
comunidad, incluso los alusivos a la administración del sistema educativo
indígena. Como se expresó en las consideraciones generales, la etnoeducación no
es un derecho que se configure únicamente por la relación entre docentes y
alumnos, sino que está compuesta de múltiples componentes, tanto humanos, como
físicos y ambientales. Así las cosas, aquellas medidas que afectan directamente
a las comunidades étnicas tales como las que tienen que ver con el derecho a
que puedan participar libremente en la definición de todas las etapas de
planeación, diseño, implementación y evaluación de los programas y los
servicios de educación a estos pueblos, deben desarrollarse y aplicarse en
cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares.
En
tal sentido, y como sucede en el caso concreto, la designación del cargo de
técnico operativo 314 grado 03 afecta directamente a la colectividad indígena “kwet wala”
debido a que se refiere a un empleo que hace parte del entramado administrativo
y de gestión del sistema educativo de la comunidad. En consecuencia, la
consulta previa es necesaria, máxime si como se señala, el servidor que fue
escogido para ocupar el cargo en el presente caso debe ingresar y permanecer en
los territorios indígenas.
Respecto
a la afectación del derecho a la etnoeducación, y consecuentemente a la
identidad y autonomía de la etnia, ésta se configura al insertar inconsultamente
a una persona que es extraña a la comunidad educativa, entendida ésta en el
sentido amplio e integral que implica. En el caso concreto, la reacción de la
comunidad indígena, demuestra las consecuencias de la imposición inconsulta de
una medida relacionada con el nombramiento de un empleado en uno de sus centros
educativo. Ante tal decisión la comunidad ha optado por considerar como persona
no grata al señor Ortega Rengifo, y las manifestaciones de la comunidad respecto
a la dificultad que representó encontrar a una persona idónea y con condiciones
acordes a las necesidad de la comunidad para desempeñar el empleo
administrativo referido, dan cuenta de la evidente situación de tensión e
inconformidad de la comunidad respecto a una decisión que les ha sido impuesta
y que afecta tanto su autonomía, como sus derechos a la etnoeducación y a la
identidad cultural.
En
el sub examine, las labores del cargo de técnico operativo 314 grado 03 venían
siendo desempeñadas por una persona indígena, por quien las mismas comunidades
del departamento intervinieron activamente para su nombramiento.[97]
En consecuencia, para la oferta y provisión de la vacante relativa a dicho
empleo, se debía tener en cuenta por parte de la entidad demandada, que la
persona que desarrollara el cargo a proveer, debía reunir ciertas condiciones
especiales para desempeñar dicho trabajo, y en su caso, realizar la
correspondiente consulta previa para concertar con la comunidad indígena, la
inclusión de una persona extraña a la comunidad que desarrollara las
correspondientes labores.
En
estos términos, incorporar a una persona extraña al centro educativo “Kwe’sx nasa Ksxa Wnxi” sin realizar el proceso de
consulta previa a la comunidad,
constituye una medida arbitraria que afecta directamente a la comunidad y sus
integrantes, por cuanto se les impone interactuar con una persona que desconoce
su cultura, máxime si se ubica en un centro educativo en donde está en contacto
con personas encargadas del proceso de enseñanza de los niños y niñas de la
etnia, así como con estos mismos. Tal situación genera inconvenientes tanto
para la comunidad en general que se ve sometida a aceptar a una persona
extraña, sin haber sido consultada; como también a los niños, niñas y jóvenes
en edad de formación, quienes se ven afectados por los diferentes componentes
del servicio educativo, de los cuales hace parte por supuesto la interacción
con el personal del centro educativo.
Así
las cosas, pese a que el cargo de Técnico Operativo 314 grado 03 no es
precisamente de aquel tipo de empleos a los cuales se les ha reconocido una
especial protección (directivos y docentes de las centros educativos), la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca incurrió en la violación de los
derechos fundamentales de la comunidad indígena al no realizar la
correspondiente consulta previa respecto a la provisión en concurso del cargo y
posterior nombramiento y consecuente designación del señor Víctor Alexis Ortega
Rengifo en el centro educativo “Kwe’sx nasa Ksxa Wnxi”, de la comunidad “kwet
wala”, pues es evidente que tal medida administrativa incide directamente en el
desarrollo de las actividades normales de la comunidad educativa.
Finalmente respecto al derecho a la educación, la Sala
encuentra que en materia de población indígena, en el caso concreto se
incumplen las obligaciones internacionales que respecto a la materia resultan
aplicables y que fueron señaladas en los fundamentos generales de esta
providencia. Esto en tanto el Estado falta a sus deberes para que a la
comunidad indígena se le pueda garantizar el establecimiento de sus propias
instituciones y medios de educación (OIT-169, art. 27), y a su derecho como
grupo étnico a que la educación sea culturalmente aceptable y de buena calidad
(OG13 PIDESC, párr.50; PIDCP, art.27; OIT-169, art. 2). Así las cosas adquiere
total claridad la obligatoriedad que reviste la consulta previa frente a la
señalada decisión administrativa censurada, en tanto el Estado incurre en el
incumplimiento de sus obligaciones de respeto, garantía y protección referentes
a los contenidos (asequibilidad[98] y aceptabilidad[99])
del derecho fundamental a la educación.
Por
su parte, en relación con la autogestión de la comunidad la Sala recuerda que
la finalidad de la consulta previa radica en constituir mecanismos de
coordinación entre la administración oficial del Estado y la de los pueblos
indígenas, para que a través del diálogo intercultural, se adopten las
medidas administrativas tendientes a garantizar los derechos de la comunidad de
una parte, y a realizar los fines esenciales del Estado de otra.
En
este punto es importante resaltar que el fundamento de la consulta previa del dialogo
intercultural y la tolerancia se derivan del principio de pluralismo
jurídico como mandato esencial de la Constitución [100].
El intercambio equitativo de saberes, a través del diálogo entre culturas y
pueblos, basados en la comprensión y respeto mutuos y en la dignidad de las
culturas, constituyen condición sine qua non para la construcción de la
cohesión social, la reconciliación y la paz entre los pueblos y naciones.[101]
La
consulta previa tiene un carácter dialógico e integrador fundamentado en la concertación
y el diálogo intercultural. Lo que se busca es evitar la arbitrariedad producto
de imponer una medida por parte de la institucionalidad oficial del Estado
frente a una comunidad étnica. Tal situación de diálogo derivada de la
participación por vía de la consulta previa vigoriza el ejercicio democrático y
garantiza la autonomía e identidad de la cultura que es sujeto de la medida
administrativa.
Adicionalmente
debe tenerse en cuenta que en observancia de los principios de  maximización
de la autonomía de las comunidades indígenas (o bien, de minimización de las
restricciones a su autonomía); y de mayor conservación de la identidad
cultural, imponer el nombramiento de una servidor en un centro educativo,
constituye una vulneración directa de los derechos fundamentales a la
etnoeducación, a la identidad étnica y cultural, así como a la autonomía de la
comunidad por vía de una medida administrativa que los afecta directamente.
En
este orden de ideas y sintetizando lo expuesto, la Sala concluye que debe
consultarse la adopción de la medida administrativa consistente en el
nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Técnico Operativo grado 03
en la institución educativa “Kwe’sx nasa Ksxa Wnxi”. Lo anterior en tanto esta
Corporación considera que una medida atinente a la inserción de un funcionario
administrativo en una institución educativa indígena como la del caso concreto,
constituye una decisión de carácter administrativo que afecta directamente el
derecho a la etnoeducación y en consecuencia los derechos de autonomía e
identidad de la colectividad indígena, en relación con un tema –la educación–
que es propio de la gestión de los asuntos de su interés.
Por
estas razones y una vez determinado que existe la afectación directa a la
comunidad indígena sujeto de amparo, derivada de la medida administrativa que
se demanda, en consecuencia se ordenará realizar la respectiva consulta previa,
la cual seguirá los lineamientos trazados por la jurisprudencia constitucional.[102]
El proceso será acompañado y coordinado por la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior, que deberá citar a las entidades y dependencias que
estime necesario.
Serán
convocados a participar en la consulta delegados de la comunidad indígena y la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca la cual deberá agotarse en un periodo
razonable y ajustarse a las pautas fijadas en la Sentencia T-129 del 2011,[103]
que fueron reseñadas con anterioridad en las consideraciones precedentes de
esta providencia.
De
acuerdo con las anteriores consideraciones, la Sala Octava de Revisión revocará
los fallos proferidos en el trámite de la acción de tutela por el Tribunal
Superior de Cali y el Juzgado Séptimo de Familia de la misma ciudad y en su
lugar amparará los derechos invocados por la parte actora.
c.
Cuestión adicional.
La
Sala encuentra adicionalmente que en virtud del concurso de méritos que se
surtió para la provisión del cargo de Técnico Operativo 314 grado 03 por parte
de la Secretaría de educación del Valle del Cauca y el cual se efectuó por
parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se consolidó un derecho a favor
de un tercero que no puede ser desconocido por esta Corte en el presente fallo.
Así
las cosas al considerar que en el caso concreto existe una afectación a quien
de buena fe concursó para ingresar a la carrera administrativa con base a los
méritos que demostró para para el desempeño de un empleo para el cual es
competente, considera esta Sala que dejar su situación en un limbo jurídico
vulnera sus derechos al trabajo, a la dignidad humana y al mínimo vital. En
este sentido el artículo 25 de la Carta establece que el trabajo es un derecho
y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado, así mismo, que toda persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas. La anterior proposición, incluye por supuesto a
los empleados públicos y constituye un mandato fundamental que debe proteger el
juez constitucional.
Con
base en estas razones y teniendo en cuenta que se encuentran en situación de
vulneración los derechos del señor Víctor Alexis Ortega Rengifo, la Sala
advertirá a las entidades competentes, esto es a la Comisión Nacional del
Servicio Civil y a la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, que de no
haberlo realizado, adopte las medidas y gestione los trámites tendientes a
solucionar la situación administrativa y laboral de aquel, para hacer efectivos
sus derechos derivados del concurso de méritos que superó para vincularse a la
administración pública.
V.
DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
REVOCAR los fallos de tutela adoptados por el Tribunal Superior
de Cali – Sala  del 16 de diciembre de 2011, y por el Juzgado Séptimo de Familia de Cali proferida de 10
noviembre de 2011 del mismo año, dentro
de la acción de tutela promovida por la Organización Regional Indígena del
Valle del Cauca, en representación de la comunidad “kwet wala” contra la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca, y, en su lugar, AMPARAR
los derechos fundamentales
a la consulta previa, la etnoeducación, la autonomía e identidad de esta
comunidad étnica, por las razones
expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS, en relación con la institución “Kwe’sx nasa Ksxa Wnxi”, la
Resolución N° 2297 del 12 de agosto de 2011 expedida por la Gobernación del
Valle del Cauca, mediante la cual se realizan unos nombramientos en periodo de
prueba, y ORDENARLE a ésta
que, de forma inmediata
inicie las gestiones para llevar a cabo, en un plazo razonable, a través de la
Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca, coordinada por la Dirección
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, y con el acompañamiento del
Ministerio de Educación Nacional –Subdirección de Fomento de Competencia-Grupo
Etnoeducación-, el proceso de consulta señalada en la presente sentencia,
respecto a la provisión y nombramiento del cargo de Técnico Operativo 314 grado 03 del centro educativo
“Kwe’sx nasa Ksxa Wnxi”. Deberán participar obligatoriamente por cada una de
las partes (i) la Organización Regional Indígena del
Valle del Cauca (ORIVAC), (ii) la comunidad “kwet wala”, (iii) la Secretaría de Educación del Valle del Cauca (iv)
delegados de la Defensoría del Pueblo como garantes del proceso.
TERCERO.- ORDENAR a la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior que, dentro de un término no superior a 30 días, y en
el marco de sus competencias, adelante las actuaciones necesarias para la
iniciación del proceso de consulta respecto a la provisión y consecuente
nombramiento del cargo de Técnico
Operativo 314 grado 03 en el centro educativo “Kwe’sx nasa Ksxa Wnxi”, según las condiciones establecidas en esta providencia y
citando a las entidades y dependencias que estime necesario, de acuerdo con el
objeto de la consulta. Además, deberá informar al Juzgado Séptimo de Familia de Cali, en su calidad de juez constitucional de
primera instancia, al respecto.
CUARTO: ADVERTIR a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la
Secretaría de Educación del Valle del Cauca que dentro del término más expedito,
de no haberlo efectuado, y no siendo posible su incorporación a la institución
educativa “Kwe’sx nasa Ksxa Wnxi”, deberán de forma coordinanda, adecuar y
realizar los trámites correspondientes para el nombramiento del señor Víctor
Alexis Ortega Rengifo en un cargo igual o de superior jerarquía o con similares
funciones al que concursó, en una sede distinta a la de aquella institución,
con miras a garantizar sus derechos al trabajo, mínimo vital y dignidad humana.
En el evento correspondiente, las medidas a adoptar no podrán superar el
término de 15 días a la terminación del proceso de consulta previa.
QUINTO: DÉSE
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno 1, fs. 24-28.
[2] Cuaderno 1, fs. 80-81.
[3] Cuaderno 1, fs. 82-83.
[4] Cuaderno 1, fs. 119-133.
[5] Cuaderno 1, fs. 134-140.
[6] Cuaderno 1, fs. 139-138.
[7] Cuaderno 1, fs. 141-143.
[8] Cuaderno 1, f. 144.
[9] Cuaderno 1, f. 146.
[10] Cuaderno 1, f. 147.
[11] Cuaderno 1, f. 148.
[12] Sentencia T-617 de 2010 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[13] Como se señaló en la sentencia T-617 de 2010 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, en referencia a la sentencia
T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte se ocupó, in extenso, del concepto de dignidad humana, desde una perspectiva
constitucional, encontrando que se trata de un concepto jurídico polisémico; su
contenido, por tanto es especialmente complejo así como su naturaleza jurídica.
Acá se hace referencia a una de las dimensiones del concepto: la dignidad como autonomía.
[14] De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, los instrumentos internacionales que regulan derecho humanos, se erigen como
normas con rango constitucional o como estándares internacionales que sirven
como pautas de interpretación de los derechos que hacen parte del sistema
jurídico colombiano. Al respecto ver entre otras las Sentencias T-704 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-514 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[15] Aprobado en Colombia mediante Ley 21 de 1991.
[16] Ver entre otros los fallos SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[17] Este derecho a la consulta previa será desarrollado en un acápite
especial. Ver infra: 5. El derecho fundamental a la consulta previa de
las comunidades étnicas y su protección por vía de tutela.
[18] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[19] M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[20] Cfr. Convenio 169 de 1989 de la OIT. Artículos 8.1, 8.2, 13-19, 9.1, 9.2, 10 y 12 del Convenio 169; y Declaración Universal
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 3º, 3º, 5º, 34, 46 y,
particularmente, 22.2.
[21] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22] Como se señaló en la sentencia T-617 de 2010 M. P. Luís Ernesto Vargas Silva: “La comunidad indígena ha dejado de ser solamente una realidad
fáctica y legal para pasar a ser "sujeto" de derechos fundamentales.
En su caso, los intereses dignos de tutela constitucional y amparables bajo la
forma de derechos fundamentales, no se reducen a los predicables de sus
miembros individualmente considerados, sino que también logran radicarse en la
comunidad misma que como tal aparece dotada de singularidad propia, la que
justamente es el presupuesto del reconocimiento expreso que la Constitución hace a "la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana" (CP art. 1 y 7) (…). Entre otros derechos fundamentales, las
comunidades indígenas son titulares del derecho fundamental a la subsistencia,
el que se deduce directamente del derecho a la vida consagrado en el artículo
11 de la Constitución. La cultura de las comunidades indígenas, en efecto,
corresponde a una forma de vida que se condensa en un particular modo de ser y
de actuar en el mundo, constituido a partir de valores, creencias, actitudes y
conocimientos, que de ser cancelado o suprimido - y a ello puede llegarse si su
medio ambiente sufre un deterioro severo -, induce a la desestabilización y a
su eventual extinción. La prohibición de toda forma de desaparición forzada (CP
art. 12) también se predica de las comunidades indígenas, quienes tienen un
derecho fundamental a su integridad étnica, cultural y social”. En el fallo
citado, la Corte Constitucional fundó la atribución de derechos a las
comunidades indígenas en el derecho a la vida y la prohibición de desaparición
forzada; y señaló que los principios de pluralismo, democracia participativa,
diversidad e integridad cultural obligan a reconocer derechos que trascienden
al plano individual. esta Corporación ha considerado que la existencia de
mandatos constitucionales y normas de derecho internacional que ordenan la
protección de las comunidades y culturas indígenas constituyen razones
normativas suficientes para el reconocimiento de este tipo de derechos. De la
misma manera, en la sentencia T-704 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto se hizo un recuento general sobre los derechos de los que son titulares las
comunidades indígenas:  “(i) el derecho a la integridad étnica y cultural
(sentencias T-428 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón; T-528 de 1992 M.P. Fabio Morón Díaz; C-169 de 2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-620 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-401 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); (ii) el derecho a la supervivencia cultural y el derecho a la
preservación del hábitat natural de los pueblos indígenas. Sobre este tema ver
entre otras las sentencias T-405 de 1993 M.P. Hernando Herrera Vergara; SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-169 de 2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-1117 de 2002 M.P Manuel José Cepeda Espinosa; C-620 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-401 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; (iv) el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades
indígenas sobre la tierra habitada por la comunidad indígena. Al respecto se
puede consultar entre otras las sentencias T-188 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz; Sentencia C-180 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; (vi) el derecho de los pueblos indígenas a configurar sus
propias instituciones jurídicas (sentencia T-1117 de 2002 M.P Manuel José Cepeda Espinosa); el derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia en
su territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos (T-254 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-349 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-523 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-782 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentaría; T-811 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras); (vii) el derecho de las comunidades indígenas a
determinarse por su cosmovisión religiosa y a hacerla valer ante terceros
(T-257 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-324 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-510 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); (viii) el derecho a
participar en la toma de decisiones que puedan afectarlos (SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-891 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería; C-620 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y  SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis) y de forma reciente,
C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva) y el derecho a acudir a
la justicia como comunidad (T-380 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-058 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-349 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-496 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz; SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell; SU- 510 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz.)”
[23] Sobre la procedencia de la tutela de los miembros de la comunidad
frente a las autoridades indígenas, cfr. por todas, las
sentencias  T-254 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-979 de 2006 M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Sobre la procedencia de la acción para la protección de los
derechos de la comunidades se pueden consultar la T-380 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y la SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[24] M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[25] En este mismo sentido consultar la sentencia T-514 de 2009 Luís
Ernesto Vargas Silva, en el que se efectuó una reiteración sistemática de los
principales fallos sobre la solución de conflictos entre autonomía indígena y
otros derechos fundamentales, reglas que fueron establecidas principalmente en
las sentencias T-254 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-139 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-349 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz y la sentencia de unificación
SU-510 de 1998 M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. Además, se reiterarán
consideraciones contenidas en la sentencia T-1253 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, sobre los efectos de la intervención del juez de tutela en
asuntos propios de las comunidades indígenas.
[26] Como se señaló en la sentencia T-617 de 2010 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: este principio fue planteado por primera vez en las sentencias
T-254 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-349 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz, y ha sido reiterado en numerosas oportunidades como el criterio
esencial para el estudio de casos relacionados con la autonomía de las
comunidades indígenas. En la T-349 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz expresó la Corporación: “…el desarrollo del principio de la diversidad cultural en las
normas constitucionales citadas, y considerando que sólo con un alto grado de
autonomía es posible la supervivencia cultural, puede concluirse como regla
para el intérprete la de la maximización de la autonomía de las comunidades
indígenas y, por lo tanto, la de la minimización de las restricciones a las
indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía”. En la sentencia
SU-510 de 1998, señaló la Corporación: “En la esfera de las libertades, las
soluciones dadas por la Corte a los problemas a que da lugar su ejercicio se
han resuelto dentro de una línea que privilegia su máximo despliegue posible
(principio pro libertate), también la doctrina de la Corte se ha inclinado por maximizar su radio de acción, claro está, dentro de lo límites
trazados por la Constitución (principio pro communitas)”.
[27] Esta regla supone que al ponderar los intereses que puedan
enfrentarse en un caso concreto al interés de la preservación de la diversidad
étnica de la Nación, sólo serán admisibles las restricciones a la autonomía de
las comunidades, cuando se cumplan las siguientes condiciones: a. Que se trate
de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía
(v.g. la seguridad interna); y  b. Que se trate de la medida menos gravosa para
la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas”. En este sentido
ver las sentencias T-254 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-349 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz y SU-510 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-617 de 2010 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] Ibídem.
[29] Sentencia T-617 de 2010 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[30] Ver Sentencia T-514 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[31] El preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, así como algunas de sus disposiciones
concretas constituyen criterios relevantes de interpretación en la materia,
especialmente, los siguientes aspectos “Reafirmando que, en el ejercicio
de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de
discriminación”… “reconociendo que la Carta de la Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del derecho
de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural (Preámbulo); el artículo 2 que
consagra la igualdad entre los pueblos y el artículo 3º que se refiere al
derecho a la libre determinación para determinar su condición política y
perseguir su desarrollo económico, social y cultural.” Ver sentencia
T-617 de 2010 M.P. Luís Ernesto
Vargas Silva.
[32] Cfr. Sentencia T-617 de 2010 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[33] Sentencia T-523 de 2007 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[34] Resalta la Sala que la definición tiene un contenido sistémico
que articula elementos institucionales, humanos y de infraestructura.
[35] Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para
grupos étnicos.
[36] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[37] Sentencia T-533 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[38] La jurisprudencia constitucional ha señalado que este tipo
de instrumentos internacionales son criterios de interpretación de los
instrumentos internacionales. Ver en este tema la sentencia C-448 de 2009.
[39] Cuarto informe técnico temático anual del 6 de enero de
2005 sobre las dificultades que encuentran los pueblos indígenas en los
sistemas de educación, párrafo 68. E/CN.4/2005/88.
[40] Sentencia C-208 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[41] Ibídem, párrafo 68.
[42] “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de
su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar
a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre,
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
2. Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este
derecho:
a) La enseñanza primaria debe
ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en
sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional,
debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza
gratuita;
c) La enseñanza superior debe
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada
uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;
d) Debe fomentarse o
intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de
instrucción primaria;
e) Se debe proseguir activamente
el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza,
implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones
materiales del cuerpo docente.
3. Los Estados Partes en el
presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su
caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas
distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas
satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de
enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. Nada de lo dispuesto en este
artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los
particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza,
a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de
que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que
prescriba el Estado.”
[43] “Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de
hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio
metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la
obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a
elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción
para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en
el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos.”
[44] Observación General N° 13 del Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, del 8 de diciembre de 1999, sobre la aplicación del
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en materia de
educación, párrafo 46 y ss., E/C.12/1999/10.
[45] Los componentes que estructuran el derecho a la educación son:
asequibilidad (o disponibilidad), accesibilidad, aceptabilidad, y
adaptabilidad. Al respecto ver: Ídem, párrafo 6, y el Informe preliminar de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación. Derechos económicos, sociales y culturales. 1999. Párrafo 51 y ss. La asequibilidad
(o disponibilidad) corresponde la primera obligación del Estado de asegurar
que existan escuelas primarias a disposición de todos los niños, lo cual
requiere una inversión considerable. Si bien el Estado no es el único inversor,
las normas internacionales de derechos humanos lo obligan a ser el inversor de
última instancia a fin de asegurarse de que todos los niños de edad escolar
dispongan de escuelas primarias. La accesibilidad se refiere a
garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles, sobre todo de acuerdo
con las normas existentes por las que se prohíbe la discriminación. La no
discriminación es el principio primordial de las normas internacionales de
derechos humanos y se aplica a los derechos civiles y políticos así como a los
derechos económicos, sociales y culturales, al igual que a los derechos del
niño comprendidos en esas dos categorías. La no discriminación no debe ser
objeto de una aplicación progresiva sino que debe conseguirse inmediata y
plenamente. En cuanto a la aceptabilidad hace alusión a que la función
del Estado en la educación se manifiestan cuando se trata al Estado como el
único que debe financiar y proporcionar educación, mientras que el otro extremo
considera que el Estado debe regular y facilitar la educación y no financiarla
ni proporcionarla.  Al igual que en cualquier otra esfera, es raro que los
extremos se expresen en la práctica de los Estados y el consenso se crea en
torno a la función reglamentaria que le incumbe, es decir su obligación de
establecer y aplicar las normas de educación. El derecho a la educación por su
propio carácter exige la reglamentación por el Estado, reglamentación que puede
variar en diversos momentos y lugares, según las necesidades y recursos de la
comunidad y de los particulares. El Estado está obligado a asegurarse de que
todas las escuelas se ajusten a los criterios mínimos que ha elaborado y a
cerciorarse de que la educación sea aceptable tanto para los padres como para
los niños. Y en cuanto a la adaptabilidad implica que lo que los niños
deben aprender en la escuela y la manera cómo debe revisarse el proceso de
aprendizaje es causa de problemas y cambios incesantes. Lo más frecuente es
examinar el contenido del proceso de aprendizaje desde el punto de vista del
niño en tanto que futuro adulto, mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño requiere que se asigne importancia primordial a los
mejores intereses del niño. El hecho de que en la Convención se hayan puesto de relieve los mejores intereses de cada niño pone de relieve la
necesidad de que el sistema de educación se vuelva adaptable y lo siga siendo.
[46] Defensoría del Pueblo. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa a la Luz del Derecho a la Educación. Pp. 40-44.
[47] Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas - CONTCEPI -, Perfil del Sistema Educativo Propio
–SEIP–, Bogotá, 2012, P. 95.
[48] Sentencia C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[49] Ídem.
[50] Al respecto ver la sentencia SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[51] Los eventos en los que procede la consulta previa por medidas que
afectan directamente a las comunidades étnicas se relacionarán más adelante en
este apartado.
[52] Señala dicho convenio: “El presente Convenio se aplica:
a)  A los pueblos tribales en
países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les
distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos
total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una
legislación especial;
b) a los pueblos en países
independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país
en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica,
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad
indígena o tribal  deberá considerarse un criterio fundamental para determinar
los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.”
[53] Sentencias SU- 039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-382 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[54] Sentencias SU- 039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Reiterada en las sentencias T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-382 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[55] Sentencia SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[56] Sentencias SU- 039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Reiterada en las sentencias T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-382 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[57] Sentencia T-382 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[58] Sentencias C-702 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, C-615 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y C-608 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra.
[59] En la sentencia C-702 de 2010 esta Corte declaró inexequible el
Acto Legislativo 1 de 2009 que modificaba el artículo 108 de la Constitución sobre el aval de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos
que gocen de personería jurídica como producto de la circunscripción especial
de minorías étnicas por no haber surtido el proceso de consulta previa con las
comunidades étnicas.
[60] Sentencia C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Reiterada por
las sentencias C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-750 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-175 de 2009 M.P. Luía Ernesto Vargas Silva y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[61] No resulta un mero trámite administrativo pues con ello, de una
parte no se cumplen con ciertos fines esenciales del Estado; y de otra parte,
no se respetan los derechos de las comunidades al concebir el proceso de
consulta como un mero requisito de forma que debe ser superado
superficialmente.
[62] Sentencia T-129 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[63] Sentencia C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Reiterada por
las sentencias C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En el mismo
sentido, la sentencia SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-880 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[64] Íbídem.
[65] Ibidem. En el mismo sentido, sentencias T-880 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[66] Ídem. Consultar igualmente C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[67] Sentencia C-891 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería. En igual
sentido, consultar las sentencias T-880 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[68] Sentencias C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Reiterada por las sentencias C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. En el mismo sentido las sentencias SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-880 de 2006 M.P. Alvaro Tafur Galvis, T-154 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, C-615 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, y T-769 de 2009 M.P.Nilson Pinilla Pinilla.
[69] Sentencia C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[70] Sentencia C-891 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería. En este mismo
sentido, las sentencias T-382 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T- 880
de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, C-615 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[71] Sentencia C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Consultar en
este mismo sentido, sentencias SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-562 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, C-615 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[72] Sentencia C-891 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería. Igualmente
ver las sentencias C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[73] Sentencia C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Reiterada por
las sentencias C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva. Ver igualmente las sentencias SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-880 de 2006 M.P. Alvaro Tafur Galvis, T-154 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, C-615 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[74] Sentencia C-891 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[75] Ibidem.  En el mismo sentido, las sentencias T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[76] Ibidem. En este sentido la sentencia SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[77] Sentencia C-030 de 2008 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Así mismo ver
las sentencias SU-039 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-891 de 2002 M.P. Jaime Araujo Renteria, T-382 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, C-615 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[78] Ibídem. En este mismo sentido, las sentencias SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-891 de 2002 M.P. Jaime Araujo Renteria, T-382 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-175 de 2009 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, C-615 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[79] Ibídem.
[80] En este sentido la sentencia C-461 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[81] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[82] Se citan los apartados pertinentes para la resolución del asunto
de la referencia. Para consultar el texto completo, consultar la sentencia
T-129 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[83] Frente a esta regla, esta Sala quisiera precisar que la misma no
implica que las comunidades étnicas estén cohibidas a la hora de exigir el
respeto de sus derechos o de su territorio, pues lo que se resalta de este
requisito es su vocación de observancia de la buena fe de las partes que
intervienen en la consulta, y la invitación al acercamiento entre sus posturas
divergentes.
[84] Consultar la sentencia T-382 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[85] Estos eventos son meramente enunciativos (no taxativos), con lo
cual no se agota la variedad de situaciones en las que es admisible la
procedencia de la consulta previa por afectaciones derivadas de medidas
administrativas lesivas de los derechos de las comunidades étnicas.
[86] Sentencia C-882 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[87] Sentencias SU-039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-382 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[88] Ver sentencia C-366 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[89] En esta sentencia la Corte declaró la exequibilidad condicionada
de la Ley 1151 de 2007 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2006-2010”,
“en el entendido de que se suspenderá la ejecución de cada uno de los
proyectos, programas o presupuestos plurianuales incluidos en la misma que
tengan la potencialidad de incidir directa y específicamente sobre pueblos
indígenas o comunidades étnicas afrodescendientes, hasta tanto se realice en
forma integral y completa la consulta previa específica exigida por el bloque
de constitucionalidad, de conformidad con las pautas trazadas para ello por la
jurisprudencia constitucional”.
[90] Ver sentencia T-116 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[91] Ver sentencia T-116 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[92] Sentencia T-380 de 1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Reiterada
en las sentencias SU- 039 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz y SU-383 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis y T-769 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[93] Sentencias T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-955 de 2003 M.P. Alvaro Tafur Galvis, T-880 de 2006 M.P. Alvaro Tafur Galvis, T-154 de 2009 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[94] Sentencias T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-383 de
2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-382 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-880 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras.
[95] Sentencia T-652 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[96] Al respecto, la Ley 115 de 1994, en su capítulo III
desarrolla lo relativo a la educación para grupos étnicos; igualmente ver el
Cuarto informe anual del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, del 6 de enero de 2005
sobre la dificultad que encuentran los pueblos indígenas en los sistemas educativos,
párrafo 15, E/CN.4/2005/88.
[97] Ver el escrito de la demanda de tutela obrante a folios 8 a 15 del Cuaderno 1.
[98] Correspondiente al derecho de los grupos étnicos a crear sus
propias instituciones y medios de educación, artículo 27 del Convenio 169 de la OIT.
[99] Atinente al derecho de los grupos étnicos a que la educación sea
culturalmente aceptable y de buena calidad, párrafo 50 de la Observación General 13 del Comité del Pacto Internacional de los Derechos, Económicos,
Sociales y Culturales; artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos,
Económicos, Sociales y Culturales; y artículo 2 del Convenio 169 de la OIT.
[100] Consagrado en los artículos 1 y 7 de la Carta, este principio “no significa la supresión o negación de las distintas nociones
ideológicas que perviven en la sociedad, o la imposición arbitraria e
injustificada de un tipo de moral o ética mayoritaria sobre las demás sino que
pretende la coexistencia, el respeto, la tolerancia y la promoción de las
distintas formas de desarrollar cierto proyecto personal o social, cuyo único
límite debe ser el respeto del orden jurídico existente. Al respecto ver la Sentencia T-1023 de 2010.
[101] Al respecto consultar: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35020&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
[102] En especial ver la Sentencia T-698 de 2011 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva, que reitera lo establecido en la Sentencia T-129 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[103] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.