T-338-18
Sentencia
T-338/18
PROTECCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y LA
PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN
PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedencia
por violación directa de la Constitución
Esta Corte ha precisado que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución,
cuando: a) en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una
disposición legal de conformidad con el precedente constitucional ; b) se trata
de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; c)
los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución ; y d) si el
juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a
las legales (excepción de inconstitucionalidad) .
DISCRIMINACION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Constituye un problema social que exige profundos
cambios en los ámbitos educativo, social, jurídico, policial y laboral
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Convoca esfuerzos de la comunidad internacional y los
estados en general con miras a su prevención, sanción y erradicación
PROHIBICION DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER Y
CLAUSULA DE IGUALDAD-Supone una
prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer como forma de
discriminación
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Protección a nivel nacional e internacional
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-Procedimiento a seguir cuando ocurren actos de
violencia y las formas de asistencia a víctimas de maltrato intrafamiliar,
según Ley 294 de 1996
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Definición
VIOLENCIA PSICOLOGICA-Características
La violencia psicológica se ocasiona
con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona
sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan
baja de autoestima. Esta tipología no ataca la integridad física del individuo
sino su integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se
materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación,
desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Obligación de investigar, sancionar y reparar la
violencia estructural contra la mujer, a través de la Rama Judicial
Son los operadores judiciales del país
quienes deben velar por su cumplimiento. En efecto, es necesario que dichas
autoridades apliquen una perspectiva de género en el estudio de sus casos, que
parta de las reglas constitucionales que prohíben la discriminación por razones
de género, imponen igualdad material, exigen la protección de personas en
situación de debilidad manifiesta y por consiguiente, buscan combatir la
desigualdad histórica entre hombres y mujeres, de tal forma que se adopten las
medidas adecuadas para frenar la vulneración de los derechos de las mujeres,
teniendo en cuenta que sigue latente la discriminación en su contra en los
diferentes espacios de la sociedad..
VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA LA MUJER-Protección judicial
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Debe
orientar siempre las actuaciones de los operadores de justicia, armonizando los
principios constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Operadores de justicia deben flexibilizar las formas
de prueba, cuando se evidencian actos de violencia al interior del hogar
La violencia psicológica y doméstica que ocurre en el
hogar tiene una dificultad probatoria muy alta si se verifica desde los
parámetros convencionales del derecho procesal, debido a que el agresor busca
el aislamiento y el ocultamiento de los hechos violentos. Por tanto, es claro
que las víctimas de tales agresiones tienen como única posibilidad de
protección abrir los espacios de intimidad familiar a sus más allegados. En esa
medida, desde una perspectiva de género, es necesario que los operadores de
justicia, empleen la flexibilización de esas formas de prueba, cuando se
evidencian actos de violencia al interior del hogar.
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO-Alcance
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Criterios jurídicos para determinarlo
Son criterios jurídicos para determinar
el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en un caso particular:
(i) la garantía del desarrollo integral del menor de edad; (ii) la garantía de
las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos
fundamentales; (iii) la protección frente a riesgos prohibidos; (iv) el
equilibrio de sus derechos con los de sus familiares (si se altera dicho
equilibrio, debe adoptarse la decisión que mejor satisfaga los derechos de los
niños, niñas y adolescentes); (v) la provisión de un ambiente familiar apto
para su desarrollo; (vi) la necesidad de justificar con razones de peso la
intervención del Estado en las relaciones familiares; y (vii) la evasión de
cambios desfavorables en las condiciones de los niños involucrados.
Adicionalmente, en desarrollos jurisprudenciales posteriores, se ha sumado a
estos criterios, (viii) el respeto por el derecho de los niños y niñas a ser
escuchados y de participar en las decisiones que los involucran.
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Jueces deben garantizar en sus actuaciones la
protección de niños, niñas y adolescentes
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN
PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedencia
por defecto fáctico y violación directa de la Constitución, debido a que la
valoración que hace Juez contribuye a normalizar el conflicto intrafamiliar,
pues lo ve como un aspecto trivial y cotidiano
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN
PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedencia
por cuanto, al resolver en grado de consulta dentro de incidente de desacato de
incumplimiento de medida de protección, se perpetúa violencia y discriminación
contra la mujer
PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE
VIOLENCIA-Instar al Consejo Superior
de la Judicatura para que exija la asistencia obligatoria de todos los jueces
de la jurisdicción de familia del país, a las capacitaciones sobre género que
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ofrezca
Referencia: Expediente T-6.702.009
Acción de tutela instaurada por NARS contra el Juzgado XX
de FCB.
Asunto: Protección
especial a mujeres víctimas de violencia y la perspectiva de género en la
administración de justicia.
Procedencia: la Sala ABC del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de XYZ.
Magistrada sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho
(2018).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y por las Magistradas
Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo emitido el 31 de enero
de 2018, por la Sala ABC del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de XYZ,
que negó el amparo solicitado por NARS contra
el Juzgado XX de FCB.
El asunto llegó a esta Corporación por remisión que hizo la Sala ABC del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
XYZ, en virtud de lo ordenado por el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991. El 27 de abril de 2018, la Sala Número Cuatro de
Selección de Tutelas de esta Corporación lo escogió para su revisión[1].
Aclaración
previa.
En razón a que en
el presente caso se estudia la situación de una menor de edad, la Sala advierte
que como medida de protección de su intimidad, se ha ordenado que se suprima de
esta providencia y de toda futura publicación de la misma, el nombre de la niña
y el de sus familiares, y los datos e informaciones que permitan conocer su
identidad.
Esta versión contiene
la identidad ficticia de las partes involucradas y de los lugares donde
sucedieron los hechos, para efectos de su publicidad[2].
I. ANTECEDENTES
El 17 de enero de 2018[3], NARS presentó
acción de tutela en contra del Juzgado  XX de
FCB por considerar que vulneró
su derecho fundamental al debido proceso, al determinar que ella también
incumplió la medida de protección en favor de su hija y sancionarla con la
misma multa de su antiguo compañero permanente de tres salarios mínimos legales
mensuales vigentes convertibles en
arresto de tres días por cada salario dejado de cancelar.
A.     Hechos y pretensiones.
1.
El 20 de junio de 2017, la actora
inició acción de protección por violencia intrafamiliar contra WEGD quien era
su compañero permanente, en la Comisaría XX de Familia - Suba XX, por actos de
violencia física y psicológica cometidos en su contra y de su hija LDGR quien
tiene 9 años de edad[4].
2.
En particular, señaló que el 12 de
junio de 2017, el señor WEGD llegó de mal genio a la casa, la insultó
diciéndole que  “era una perra una puta que se vivía revolcando con uno y
con el otro y que él ya sabía porque le habían contado”. La accionante
afirmó que le dijo que si estaba aburrido dejaran las cosas hasta ahí, pero este
le gritó que ella quería irse a “putear”. Según narra, se fue a la
cocina, él la siguió, le pegó un manotazo en la cabeza, ella lo empujó para defenderse,
él le replicó que eso era lo que ella se merecía por “puta y por perra”. A
raíz de lo anterior, la peticionaria se fue de su casa y pasó la noche en la
calle para que no le pegara más[5].
3.
La actora señaló que al día siguiente,
es decir el 13 de junio, llamó a la casa y  su ex compañero le dijo que
volviera para que arreglaran las cosas, pero cuando ella llegó, él la acusó de
quedarse con otra pareja, le pegó una cachetada y agarró un palo para pegarle
otra vez, por lo anterior su hija intervino para evitar que el padre agrediera
a la accionante[6].
4.
Durante la identificación de riesgos,
la actora manifestó que se fue de la casa y que actualmente vive con su mamá,
porque cada día peleaban más con su antiguo compañero y que en ocasiones
anteriores el señor WEGD ya la había golpeado. En particular, afirmó que hacía
un año y medio la hirió en un brazo con un cuchillo. Adicionalmente, señaló que
cuando ella se fue de la casa él la llamó, le dijo que se tenía que arrepentir
de todo, que si no era para él no era para nadie y que por eso prefería verla
muerta.
5.
Asimismo, manifestó que su ex compañero
tenía comportamientos celosos, posesivos y controladores, no quería que ella
hablara con nadie, si un hombre la saludaba era porque tenía algo con él o
porque le traía razones de su amante. Además le revisaba el celular, la llamaba
todo el tiempo para saber dónde estaba y a veces llegaba de sorpresa para
verificar que lo que ella decía era verdad. Finalmente, señaló que el 17 de
junio de 2017, WEGD la llamó para decirle que si  no volvía a su lado se iba a
suicidar en el Río Bogotá y ella sería la única responsable[7].
6.
A partir de lo anterior, mediante auto
del 20 de junio de 2017, la Comisaría XX de Familia - Suba XX admitió y avocó
el conocimiento de la acción de protección por violencia intrafamiliar en favor
de la actora y de su hija. En consecuencia, ordenó a WEGD abstenerse de
realizar cualquier conducta que implicara violencia física, verbal o
psicológica, escándalo o amenaza en contra de NARS y/o en presencia de la niña
LDGR. Adicionalmente, citó a las partes para la audiencia de trámite y de fallo
el 29 de junio siguiente[8].
7.
En esa misma oportunidad, la Comisaría
XX de Familia - Suba XX le ofreció a la accionante la posibilidad de hospedarse
en una Casa Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar, pero la
peticionaria no aceptó dicho ofrecimiento porque contaba con el apoyo de su
mamá y su hermana, a quienes  las consideraba aptas para protegerla de su
antiguo compañero[9].
8.
Por su parte, el mismo 20 de junio de
2017, el señor WEGD inició la acción en contra de la peticionaria, bajo el
argumento de que ella era quien lo había agredido. En particular, señaló que 13
de junio de 2017, alrededor de las 8:30 pm, NARS recibió una llamada de un
muchacho a quien saludó como “hola amor”, motivo por el cual él se enojó,
tiró una tapa de aluminio a la platera que sin culpa le cayó a la accionante, quien
reaccionó y le pegó una cachetada. Según narró, la cogió de los brazos y ella
lo insultó, “no lo bajaba de hijo de perra”, le dijo que ya no quería
estar más con él, luego le dio un puño en la cara y una patada en los
testículos. Finalmente, señaló que “ella se fue para la calle y llego (sic)
el jueves quince de junio a las 8:00 de la mañana. Yo estaba ajustando la sim
card de mi celular y como no me cuadró yo dije una grosería y ella pensó que yo
me dirigía hacia ella, por eso sacó y me dio un cachetadón en mi ojo derecho y
me dio tanto malgenio que le dí un puño en la espalda. Hoy como a las 2:00 de
la tarde en Centro Suba yo traté de robarle un beso en la boca para calmar las
cosas y ella sacó y me dio un puño en la boca”[10].
9.
Durante la identificación de riesgos,
el señor WEGD manifestó que la señora NARS le dijo delante de su hija que se
fuera de la casa, que no se buscara que ella sacara un cuchillo y lo matara porque
no se quería ir a la cárcel y que algún día se las tenía que pagar. Sin embargo,
manifestó que no creía que ninguna de esas amenazas puedan llevarse a cabo.
Adicionalmente, afirmó que intentó botarse al Río Bogotá, pero un señor lo
detuvo, le dijo que “había más mujeres”. Sostuvo que requería ayuda psicológica
porque estaba cansado de pelear, por lo cual empezó a pegarle a su compañera, pero
quería arreglar las cosas[11].
10.
Teniendo en cuenta las dos solicitudes,
la Comisaría XX de Familia - Suba XX decidió acumular las acciones por
violencia intrafamiliar No. XXX y XXX de 2017, cuyas partes son: NARS y WEGD.
11.
Mediante fallo del 29 de junio de 2017[12], la Comisaría XX de Familia - Suba XX
dictó medida de protección definitiva a favor de NARS, WEGD y la niña LDGR. En
particular, señaló que en sus descargos las dos partes confesaron cometer actos
de violencia en contra del otro y utilizar el castigo físico como pauta
correctiva de los padres a la menor de edad. Por lo anterior, se prohibió a las
dos partes repetir los hechos objeto de queja o cualquier conducta de amenaza u
ofensa, hostigamiento, agresión verbal o física, intimidación, agravio o
cualquier comportamiento que pudiera constituir violencia intrafamiliar.
Adicionalmente, ordenó a las autoridades de policía brindarles protección a las
dos partes con el fin de evitar futuros hechos de violencia.
12.
Además, les ordenó realizar un proceso
terapéutico y reeducativo en una institución, extensivo a su hija, para superar
la pauta violenta y contar con las herramientas necesarias para resolver sus conflictos
de forma pacífica, manejar sus emociones y tener una comunicación asertiva
entre ellos[13].
13.
Adicionalmente, emitió medida de
protección en favor de la niña LDGR y, en consecuencia, prohibió a sus padres
realizar cualquier acto de violencia verbal o física frente a la menor de edad,
ni tampoco usar ese tipo de métodos como pauta de corrección y crianza[14].
14.
El 22 de agosto de 2017, el Colegio RD
informó a la Comisaría que el 4 de agosto anterior, la abuela materna de la
niña fue al colegio y pidió no entregarla a su padre a la hora de la salida.
Posteriormente, se presentó el señor WEGD quien solicitó no dejarla salir con
la abuela materna, la niña se encontraba presente, los dos adultos la agarraron
cada uno de un brazo por lo que los docentes del colegio tuvieron que
intervenir y se la llevaron para que recibiera atención psicológica[15].
15.
Durante el servicio de orientación con
psicóloga, LDGR afirmó que la noche anterior se encontraba en la casa de su
padre, su mamá tenía que recogerla pero llegó tarde por el tráfico, además
indicó que su papá la llamó varias veces al celular y ella no contestó.
Manifestó, que cuando llegó la mamá “de mal genio y empezó a pelear con el
papá y quería entrar a la casa a la fuerza. Entonces el tío que es hermano de
la abuelita de la niña se encontraba en la casa del padre y saco (sic) un
machete para no dejar entrar a la mamá y tuvieron que llamar a la policía.”[16]. La psicóloga enfatizó en
que no se evidenciaba espontaneidad en los relatos de la niña.
16.
El colegio solicitó valoración de la
situación por parte de la Comisaría XX de Familia - Suba XX, con el fin de
garantizar el restablecimiento de los derechos de la menor de edad, por lo
anterior la Comisaría inició de oficio el primer incidente de desacato el 30 de
agosto de 2017.
17.
El 5 de septiembre de 2017, la referida
Comisaría inició el segundo incidente de desacato de la medida de protección
impuesta en favor de la actora por solicitud de ella. Lo anterior, teniendo en
cuenta que NARS afirmó que el 28 de agosto del mismo año, a las 12:15 pm el
señor WEGD le dijo que tenía que volver con él y la amenazó diciéndole que se
iba a arrepentir de todo lo que estaba haciendo, que le iba a arrojar ácido y
que si no podía conseguirlo le iba dar “un par de puñaladas”[17]. Además, la actora aceptó
irse de la casa de su mamá para una Casa Refugio para Mujeres Víctimas de
Violencia Intrafamiliar con su hija debido a las amenazas contra su integridad
personal y su vida[18].
18.
El 8 de septiembre de 2017[19], la Comisaría XX de Familia - Suba
XX declaró el incumplimiento de la medida de protección por parte de WEGD. En
consecuencia, le impuso una multa de tres salarios mínimos legales mensuales
vigentes convertibles en arresto de tres días por cada salario dejado de
cancelar. Lo anterior, bajo el argumento de que de las pruebas recaudadas se
evidenciaba que él era el generador de los actos de violencia en el núcleo
familiar y era quien involucraba a la niña en los conflictos de sus padres.
Adicionalmente, le ordenó continuar con el proceso terapéutico que había sido
ordenado como parte de la medida de protección definitiva y le informó que las
medidas a favor de la accionante y de su hija seguían vigentes.
19.
En grado de consulta dentro del
incidente de desacato, mediante fallo del 26 de septiembre de 2017[20], el Juzgado XX de FCB confirmó la
decisión de la Comisaría. Sin embargo, adicionó un numeral en el que declaró el
incumplimiento de la medida de protección en favor de la menor de edad por
parte de la accionante. Lo anterior, en consideración a que en el reporte
enviado por el colegio, se evidenció que el 4 de agosto de 2017, la niña le
manifestó a la psicóloga de la institución que la noche anterior estaba con su
padre y cuando llegó su mamá a recogerla intentó entrar a la fuerza a la casa, razón
por la que un tío salió con un machete y tuvieron que llamar a la
Policía.
20.
Con fundamento en lo anterior, la juez
accionada consideró que la señora NARS incumplió la medida de protección
impuesta a favor de su hija. En consecuencia, le impuso la misma multa que al
señor WEGD, es decir, tres salarios mínimos legales mensuales vigentes
convertibles en arresto de tres días por cada salario dejado de cancelar.
Adicionalmente, ordenó a la Comisaría iniciar las actuaciones tendientes al
restablecimiento de los derechos de la menor de edad[21].
21.
En razón a lo anterior, la peticionaria
interpuso acción de tutela en contra de dicho fallo, por considerar que
incurrió en un defecto fáctico. Particularmente, afirmó que el juzgado
accionado no valoró la totalidad de las pruebas del expediente, en las que se
demuestran los diferentes actos de agresión del señor WEGD en contra suya y de
su hija, y a pesar de ello, su sanción es igual a la de su agresor. Además,
tampoco tuvo en consideración el hecho de que no tiene trabajo porque tiene que
vivir escondida por miedo a todas las amenazas y actos de violencia de género
ejercidos por su antiguo compañero permanente[22].
Actualmente la accionante tiene la custodia de su hija.
B.
Actuación Procesal.
Por medio de auto del 18 de enero de 2018, la Sala ABC del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de XYZ [23]
admitió la presente acción, corrió traslado de la misma al juzgado demandado y
vinculó a WEGD, a la Comisaría XX de Familia -
Suba XX, a la Defensora de Familia y al agente del Ministerio Público adscritos al juzgado demandado, con el fin de que se
pronunciaran sobre los hechos que consideraran relevantes en el presente
proceso.
C.
Respuesta de las entidades.
Juzgado XX de FCB
Por medio de escrito radicado el 19 de enero de 2018[24], el juzgado manifestó que la sanción
impuesta a la actora no se deriva de sus presuntas actuaciones en contra del
señor WEGD, sino por incumplir la medida de
protección en favor de su hija. En este sentido señaló lo siguiente:
“Téngase en cuenta que la sanción de tres (3) salarios
mínimos legales mensuales impuesta por este despacho al desatar el grado
jurisdiccional de consulta, nada tiene que ver con la relación de la señora NARS
y el señor WEGD, ni si ella se defendió o no, o si ésta o aquel han sido o
no víctimas de agresiones mutuas, sino estrictamente con que tales
comportamientos desplegados por la señora NARS y por el señor WEGD, ambos de
igual manera, vulneraron las medidas de protección que la misma Comisaría
impuso a favor de la niña LDGR, hija común de la pareja” [25].
En este sentido, reiteró el fallo demandado y enfatizó en
que no se vulneró ningún derecho fundamental a la peticionaria, en la medida en
que la decisión de sancionarla tenía la finalidad de proteger a su hija, quien
ha sido víctima de los maltratos de sus progenitores.
Comisaría XX de Familia - Suba XX
Mediante escrito radicado el 19 de enero de 2018[26], la Comisaría indicó que en su
concepto, el generador de las situaciones de violencia es WEGD, quien afecta su
núcleo familiar al realizar escándalos en presencia de su hija, amenazar a la
accionante con arrojarle ácido y apuñalarla, si ella no vuelve con él. Por esta
razón, la señora NARS tuvo que solicitar la protección no solo legal, sino física,
a través de las casas de refugio por el temor que causaron las amenazas. En
consideración a todo lo anterior, tal autoridad se abstuvo de imponer sanciones
a la actora.
Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá
A través de escrito radicado el 18 de enero de 2018[27], la Secretaría manifestó que, a
pesar de que dicha entidad es la coordinadora de los aspectos administrativos y
operativos de las comisarías de familia, no tiene ninguna injerencia en las
decisiones que tomen dentro de las competencias que les atribuye la ley. Adicionalmente,
solicitó tener en cuenta los fundamentos y peticiones expuestas por la
Comisaría XX de Familia - Suba XX en su intervención dentro del presente
proceso.
Por su parte, WEGD, la Defensora de Familia y el agente del
Ministerio Público adscritos al juzgado
demandado guardaron silencio.
D.
Sentencia de única
instancia.
Mediante sentencia del 31 de enero de 2018[28], la Sala ABC
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XYZ negó el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la vida de la
accionante. En particular, señaló que todas las entidades que intervinieron en
el proceso objeto de estudio actuaron dentro de los parámetros establecidos en
la ley, en la medida en que de los hechos expuestos en el caso, se evidencian
las razones que llevaron al juzgado demandado a declarar probado el incumplimiento
de la medida de protección por parte de la actora.
Además, resaltó que durante el desarrollo del
proceso censurado, la actora tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la
defensa y pronunciarse sobre los hechos de violencia de los que fue acusada,
sin embargo no se manifestó respecto de ellos durante dicho proceso. En esa
medida, no evidenció la configuración de alguna vía de hecho en el fallo
censurado.
Finalmente, señaló lo siguiente:
“Por último, es necesario advertir a la aquí
accionante, que de considerar que su integridad o derechos resulten vulnerados
o amenazados, por el actuar del señor WEGD, cuenta para tal fin, con mecanismos de ley,
como es el que ya agotó dentro de la medida de protección, como es el incidente
de incumplimiento para que sea allí en donde se establezca su responsabilidad,
o poner en conocimiento de tales actuaciones una vez más al funcionario que
impuso la sanciones (sic) o a la Fiscalía General de la Nación, para que tomen
los correctivos necesarios”[29].
Con fundamento en todo lo anterior, el Tribunal
negó la acción de tutela presentada por NARS.
II. ACTUACIONES EN
SEDE DE REVISIÓN
Mediante auto del 18 de junio de
2018[30],
la Magistrada sustanciadora ofició a la Comisaría XX de Familia - Suba XX, para
que remitiera a esta Corporación copia de los expedientes completos de las
acciones por violencia intrafamiliar No. XXX y XXX de 2017, cuyas partes son: NARS
y WEGD. Adicionalmente, solicitó a tal autoridad informar el estado actual del
proceso de restablecimiento de derechos de la niña LDGR o de las actuaciones
iniciadas al respecto, como consecuencia de la orden emitida por el Juzgado XX
de FCB el 26 de septiembre de 2017 e indicar cualquier situación particular que
considerara que debía ser informada a esta Corporación.
Por medio de escrito radicado el 26
de junio de 2018[31],
la Comisaría XX de Familia - Suba XX señaló que, de la revisión del proceso no evidenció
ningún acto de agresión por parte de la accionante en contra de su hija o del
señor WEGD, teniendo en cuenta que los altercados protagonizados por los padres
en presencia de la niña siempre los originaba su progenitor.
En esa medida, reiteró que el
generador de los actos de violencia era WEGD, pues el altercado ocurrido en el
colegio fue entre él y la abuela materna de la niña, la accionante no se
encontraba presente en el lugar. Además, resaltó la afirmación de la psicóloga
en la que manifestó que la narración de los hechos de la noche anterior al 4 de
agosto no fue espontánea. En este sentido, señaló que actuó dentro de los
parámetros legales en protección de los derechos de la accionante y su hija, mujeres
las dos, consideradas víctimas dentro del presente proceso.
Adicionalmente, la Comisaría XX de
Familia - Suba XX resaltó que existía un salvamento de voto a la sentencia
proferida por el Tribunal, y manifestó que no resulta admisible que en una
situación como el presente caso, en donde es evidente la violencia de género originada
por los celos del ex compañero de la accionante, quien la amenaza con atacarla
con ácido y/o armas corto-punzantes, la víctima también resulte sancionada, lo
que implica revictimización.
Finalmente, indicó que dicha Comisaría
realizó el proceso de restablecimiento de derechos de la menor de edad,
mediante la acción de violencia intrafamiliar y a través de la imposición de la
medida de protección y del incidente de desacato. También indicó que la señora NARS
pagó la multa de $2.213.151 impuesta por el juzgado accionado.
Adicionalmente, remitió las copias
de los expedientes solicitados.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia.
1.
Con fundamento en las facultades
conferidas por los artículos 86 y 241 -numeral 9°- de la Constitución y 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional
es competente para revisar el fallo de tutela proferido en el proceso de la
referencia.
Asunto objeto de análisis.
2.
NARS presentó acción de tutela en contra del Juzgado XX de FCB,
por considerar que este vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al
determinar que ella incumplió la medida de protección a favor de su hija, bajo
el argumento de que la actora incurrió en actos de violencia una noche que fue
a recogerla en la casa de su padre, y sancionarla con la misma multa de su ex
compañero permanente, por el valor de tres salarios mínimos legales mensuales
vigentes convertibles en arresto de tres días por cada salario dejado de
cancelar.
Mediante sentencia proferida el 31 de enero de 2018[32], la Sala ABC del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de XYZ negó las pretensiones de la actora, por
considerar que el fallo demandado no vulneró sus derechos, teniendo en cuenta
que pudo ejercer su derecho de defensa y controvertir las pruebas por las que
se declaró su incumplimiento y se impuso la sanción.
Problemas jurídicos.
3.
La situación fáctica exige a
la Sala determinar en primer lugar, si concurren los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales para controvertir la
sentencia mediante la cual el Juzgado XX de FCB
sancionó a la accionante por considerar que incumplió la medida de protección
en favor de su hija. (Primer
problema jurídico).
En caso de ser procedente, en segundo lugar será
preciso analizar si: ¿el juzgado demandado vulneró el derecho fundamental de la
actora al debido proceso, por incurrir en un defecto fáctico y violación
directa de la Constitución por indebida valoración de las pruebas dentro del
proceso objeto de revisión? (Segundo problema jurídico).
Para resolver las cuestiones planteadas, es
necesario abordar el análisis de los siguientes temas: (i) los requisitos
generales de la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales y su cumplimiento en el caso concreto; (ii) las causales específicas
de la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, en
particular la violación directa a la Constitución y el defecto fáctico; (iii)
la violencia contra la mujer como forma de discriminación; (iv) la violencia
doméstica o intrafamiliar y psicológica; y (v) la administración de justicia en
perspectiva de género; y (vi) el análisis del caso concreto.
La procedencia excepcional de la tutela contra
decisiones judiciales.
4.  El artículo 86 Superior establece que la
tutela procede contra toda “acción u omisión de cualquier autoridad pública”.
Las autoridades judiciales son autoridades públicas que en el ejercicio de sus
funciones tienen la obligación de ajustarse a la Constitución y a la ley, y
garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos reconocidos en
la Norma Superior.
5.  Bajo el presupuesto mencionado, la Corte
Constitucional admite la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y se aparten
de los mandatos constitucionales. No obstante, se ha precisado que la
procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con el
fin de que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e
independencia judicial, seguridad jurídica y la naturaleza subsidiaria que
caracteriza al mecanismo.
La acción de tutela contra
decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez
constitucional de una providencia que incurre en graves falencias, que la
tornan incompatible con la Carta Política[33].
6.
Esta Corporación emitió la sentencia
C-590 de 2005[34], en
la que la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los términos
de los avances jurisprudenciales. En dicho fallo se diferenció dos tipos de
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, así: i) requisitos generales de procedencia, con naturaleza
procesal y ii) causales específicas de procedibilidad, de naturaleza
sustantiva.
Los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
7.
De conformidad con la línea
jurisprudencial uniforme y actual de esta Corporación desde la sentencia C-590
de 2005[35],
los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales son los siguientes: (i) que la cuestión
que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre
la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se
cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, es
decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de
la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, o sea,
que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, esta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna;
(v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate
de sentencias de tutela.
El examen de los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales en el caso que se
analiza.
8.
La Sala observa que en este
caso se reúnen todos los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales fijados por la jurisprudencia de esta
Corporación, tal y como se muestra a continuación:
8.1  En primer lugar, la cuestión objeto de debate es de
evidente relevancia constitucional en
tanto versa sobre la protección de una mujer víctima de violencia doméstica,
física y psicológica, respecto de quien el Estado tiene el compromiso de
escuchar, validar y responder conforme a derecho.
Esta situación, no debe evaluarse sólo desde una
perspectiva individual, pues la violencia y la discriminación contra las
mujeres es una cuestión estructural que compete a todo el Estado y que lo
obliga a actuar desde sus diversas dependencias, incluida la Rama Judicial del
Poder Público, a partir de una perspectiva de género. Lo anterior en virtud del
deber de cumplimiento de las obligaciones adquiridas a nivel internacional y de
las consagradas en los artículos 42, 43, 44 y 93 de la Constitución colombiana.
8.2.
En segundo lugar,
respecto del presupuesto de subsidiariedad, el inciso 4º del artículo 86
de la Norma Superior consagra este principio como requisito de procedencia de
la acción de tutela y establece que “[e]sta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.
Del mismo modo, el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991, establece que el amparo constitucional será
improcedente, cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para
resolver la situación particular en la que se encuentre el solicitante.
En relación con este requisito, en la sentenciaT-1008
de 2012[36],
reiterada en la T-630 de 2015[37], esta Corporación estableció que,
por regla general, la acción de tutela procede de manera subsidiaria y, por lo
tanto, no constituye un medio alternativo o facultativo, que permita
complementar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley.
Adicionalmente, la Corte señaló que no se puede abusar del amparo
constitucional ni evitar el agotamiento de la jurisdicción ordinaria o
contenciosa con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito,
toda vez que este no ha sido consagrado para remplazar los medios ordinarios
existentes.
Respecto del principio de subsidiariedad en
casos de tutela contra providencias judiciales, en la sentencia C-590 de
2005, al analizar la constitucionalidad del artículo 185 de la Ley 906 del
2004 que establecía que no procedía ninguna acción en contra de sentencias de
casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, este Tribunal
dispuso que la acción de tutela se puede interponer contra cualquier autoridad
pública que con su actuación u omisión afecte o amenace algún derecho
fundamental, incluidas las autoridades judiciales.
El proceso de imposición de medidas de
protección por violencia intrafamiliar se encuentra consagrado principalmente
en las Leyes 294 de 1996[38],
575 de 2000[39]
y 1257 de 2008[40]
y el Decreto 652 de 2001[41].
Particularmente, el artículo 12 del decreto anteriormente mencionado establece
que “el trámite de
las sanciones por incumplimiento de las medidas de protección se realizará, en
lo no escrito con sujeción a las normas procesales contenidas en el Decreto
2591 de 1991, en sus artículos 52 y siguientes del capítulo V de sanciones”.
De lo anterior se encuentra que dicho procedimiento
se rige con las mismas reglas que las del incidente de desacato en la acción de
tutela. En este sentido, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991,
la sanción impuesta por incumplimiento de una orden judicial debe ser
consultada al superior jerárquico.
En las sanciones por incumplimiento de una
medida de protección por violencia intrafamiliar, si la sanción fue impuesta
por una Comisaría de Familia, debe ser consultada ante los jueces de familia
del circuito, sin que exista algún recurso contra dicha decisión.
En el caso objeto de estudio, se cumple el
requisito de subsidiariedad, en la medida en que, como se indicó anteriormente,
no procede ningún recurso en contra de la sentencia proferida en grado de
consulta relacionada con el incumplimiento de una medida de protección impuesta
por violencia intrafamiliar. En este sentido, la peticionaria no tiene ningún
recurso judicial en la jurisdicción ordinaria para controvertir la decisión
demandada en sede de tutela.
8.3.
En tercer lugar, esta Corporación[42] señala que la inmediatez es un criterio general de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, que exige que esta se
presente dentro de un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración, sin que para ello exista un plazo perentorio. Desde sus
primeros pronunciamientos, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que
no existe un término de caducidad para la acción de tutela, debido a que el
artículo 86 de la Constitución establece que esta puede intentarse "en
todo momento”, sin que ello implique que la inmediatez no sea esencial
en el examen de procedibilidad de la acción de tutela.
Al respecto, este
Tribunal explica que aun cuando no sea válido establecer “de antemano un
término para interponer la acción, debe mediar entre la violación y la
interposición del amparo un plazo razonable, pues de lo contrario la tutela
podría convertirse en un factor de inseguridad, con la virtualidad de afectar
derechos de terceros”[43].
A su vez, si bien la
Corte toma como referencia, en algunos casos, el término de seis meses para
determinar si el transcurso del tiempo entre la ejecutoria de la decisión judicial
y la presentación de la tutela es proporcional, lo cierto es que ha aclarado
que tal término no es taxativo, pues puede suceder que “en algunos
casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la
tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se
podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo
dependerá de las particularidades del caso”.[44]
Sobre este asunto, la Corte ha entendido que seis meses es un plazo razonable
para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho
término es perentorio. De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha
concluido que el análisis de la razonabilidad de la inmediatez, en materia de
tutela, debe realizarse en cada caso concreto.
En el caso particular, se demuestra que la
acción de tutela se interpuso en un término razonable, toda vez que tal
y como se indicó anteriormente, el fallo que impuso la sanción por
incumplimiento de la medida de protección a la actora se profirió el 26 de
septiembre de 2017 y la tutela se presentó el 17 de enero de 2018[45], es decir,
tres meses y 22 días después de que se profirió la providencia censurada.
8.4.
En cuarto lugar, la
demandante identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos. En efecto, la peticionaria manifestó que el
fallo que la sancionó por incumplir la medida de protección en favor de su hija,
vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la vida, en tanto que
no valoró la totalidad de las pruebas del
expediente, en las que se demuestran los diferentes actos de agresión del señor
WEGD en su contra y de la niña, y a pesar de ello, su sanción es igual a la de
su agresor, lo que implica un desconocimiento de la violencia de género de la
que es víctima.
8.5.
En quinto lugar, la
acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela, ni se alegó alguna
irregularidad procesal como tal.
En consideración a que se cumplen todos los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, la Sala continuará con el análisis de las causales específicas de
procedibilidad, con lo cual se responde de forma positiva el primer problema
jurídico planteado en este asunto.
Las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.
9.
Las causales específicas
aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en razón de su
gravedad, hacen que este sea incompatible con los preceptos constitucionales.
De conformidad con la jurisprudencia vigente de esta Corporación[46], reiterada
en esta providencia, estos defectos son los siguientes:
Defecto orgánico: ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la
sentencia impugnada carece en forma absoluta de competencia.
Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.[47]
Defecto fáctico: se presenta cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión,
o cuando la valoración de la prueba fue absolutamente equivocada.
Error inducido: sucede cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.[48]
Decisión sin motivación: implica el incumplimiento de los servidores
judiciales del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones.
Desconocimiento del precedente: se configura cuando por vía judicial se ha
fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario judicial desconoce
la regla jurisprudencial establecida.[49]
Violación directa de la Constitución: se estructura cuando el juez ordinario adopta
una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta
Política.
Defecto material o sustantivo: ocurre cuando se decide con base en normas
inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto, o
cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y
la decisión.
En el caso concreto la peticionaria manifestó que la
providencia emitida el 26 de septiembre de 2017, por el Juzgado 18 de Familia
del Circuito de Bogotá incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración
de las pruebas. Adicionalmente, de la revisión de los argumentos presentados
por la actora, se evidencia que también alegó el desconocimiento de la
violencia de género de la que es víctima por parte de su ex compañero. Con
fundamento en lo anterior, la Sala analizará la configuración del defecto
fáctico y la violación directa a la Constitución.
Defecto fáctico[50].
10.
Desde sus inicios esta Corte estableció
que los jueces de conocimiento tienen amplias facultades para efectuar el
análisis del material probatorio en cada caso concreto[51]. Por ello, esta Corporación determinó que cuando se alega
un error de carácter probatorio, la evaluación de la providencia judicial por
parte de un juez de tutela, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial[52].
No obstante, tal poder debe estar inspirado en los
principios de la sana crítica, atender necesariamente criterios de objetividad,
racionalidad, legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y
la ley. De lo contrario, el margen de apreciación del juez sería entendido como
arbitrariedad judicial, hipótesis en la cual se configuraría la causal por
defecto fáctico y el juez de tutela podría dejar sin efectos la providencia
atacada[53].
11.
Esta Corporación estableció, en su
múltiple jurisprudencia, que el defecto fáctico se configura cuando: (i) existe
una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) se
verifica una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o
(iii) no se valora en su integridad el material probatorio. Asimismo, esta
Corte puntualizó que el defecto estudiado tiene dos dimensiones, una positiva[54] y otra negativa[55].
12.
La primera se presenta
cuando el juez efectúa una valoración por “completo equivocada”, o
fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello. Esta dimensión implica
la evaluación de errores en la apreciación del hecho o de la prueba que se
presentan cuando el juzgador se equivoca: i) al
fijar el contenido de la misma, porque la distorsiona, cercena o adiciona en su
expresión fáctica y hace que produzca efectos que objetivamente no se
establecen de ella; o ii) porque al momento de otorgarle mérito persuasivo a
una prueba, el juez se aparta de los criterios técnico-científicos o de los
postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de la
experiencia, es decir, no aplica los principios de la sana crítica, como método
de valoración probatoria[56].
Las reglas de la sana crítica son, ante todo,
las reglas del correcto entendimiento humano. Incluyen las reglas de la lógica y
las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera
a que el fallador pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, peritos, de
inspección judicial) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento
experimental de las cosas[57].
En la doctrina, se denomina sana crítica al conjunto de
reglas que el juez observa para determinar el valor probatorio de la prueba.
Estas reglas no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la misma. Es
racional, por cuanto se ajusta a la razón o el discernimiento humano. Es
lógico, por enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento[58].
En esa medida, el sistema de la libre apreciación o de sana
crítica, faculta al juez para valorar de manera libre y razonada el acervo
probatorio, en donde el juez llega a la conclusión de manera personal sin que
deba sujetarse a reglas abstractas preestablecidas[59]. La expresión sana crítica, conlleva
la obligación para el juez de analizar en
conjunto el material probatorio para obtener, con la aplicación de las reglas
de la lógica, la psicología y la experiencia, la certeza que sobre determinados
hechos se requiere para efectos de decidir lo que corresponda[60].
Por su parte, las máximas de la experiencia
son aquellas reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducción,
que constituyen una vocación espontánea o provocada de conocimientos anteriores
y que se producen en el pensamiento como insumos de consecutivas inferencias
lógicas[61].
Una máxima de experiencia por definición es
una conclusión empírica fundada sobre la observación de lo que ocurre
comúnmente, es decir, un juicio hipotético de contenido general, sacado de la
experiencia y tomado de las distintas ramas de la ciencia.
La sentencia que razona en contra de esas máximas, o que se
funda en pretendidas reglas de experiencia inexistentes, contiene un vicio
indudable en su motivación, que configuraría
la causal por defecto fáctico y, por tanto, el juez de tutela podría dejar sin
efectos la providencia atacada.
En cuanto a la segunda dimensión del defecto
fáctico, la negativa, se produce cuando el juez omite
o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su práctica sin
justificación alguna. Esta dimensión comprende
las omisiones en la apreciación de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez[62].
Sobre el particular esta Corte señaló que se incurre en un defecto fáctico
cuando:
“El juez, en el ejercicio de su facultad de valoración,
deja de apreciar una prueba fundamental para la solución del proceso, ignora
sin razones suficientes elementos probatorios cruciales o, simplemente, efectúa
un análisis ostensiblemente deficiente e inexacto respecto del contenido
fáctico del elemento probatorio.”[63]
13.  Bajo este marco, el defecto fáctico ha sido definido por la
jurisprudencia constitucional como aquel que surge o se presenta por omisión en
el decreto y la práctica de las pruebas; la no valoración del acervo probatorio
y el desconocimiento de las reglas de la sana crítica[64]. Por último, la Corte también lo ha
llegado a derivar de problemas intrínsecos relacionados con los soportes
probatorios[65].
La violación directa de la Constitución.
14.  Surge de la lectura del artículo 4º Superior, que la
Constitución Política de 1991, tiene carácter vinculante y fuerza normativa.
Estos lineamientos guían nuestro actual modelo de ordenamiento jurídico e
implican que los preceptos y mandatos constitucionales son de aplicación
directa.
La fuerza normativa de la Constitución es,
entonces, lo que da fundamento a la causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra sentencias judiciales por violación directa a los mandatos
constitucionales, en tanto, es factible que una decisión judicial desconozca o
aplique indebida e irrazonablemente tales postulados.
15.  De manera específica, esta causal se configura cuando un
juez toma una decisión que va en contra vía de la Constitución porque: “(i) deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al
margen de los dictados de la Constitución”[66].
Asimismo esta Corte ha precisado que procede
la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución, cuando: a) en la solución del caso se deja de interpretar
y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional[67]; b) se trata de la violación
evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; c)
los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución[68];
y d) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales (excepción de
inconstitucionalidad)[69].
En consecuencia, “esta Corporación, en su jurisprudencia, ha precisado que el defecto de
la violación directa de la Constitución es una causal de tutela contra
providencia judicial que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4° de la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales’”[70].
La violencia contra la mujer como forma de discriminación[71]. Principio de igualdad y no
discriminación.
16.
La violencia contra la mujer es un
fenómeno que suele estar relacionado con diversas causas “sociales,
culturales, económicas, religiosas, étnicas,
históricas y políticas, que opera en conjunto o aisladamente en desmedro de la
dignidad”[72] humana, y
que afecta los derechos de un número gravemente significativo de seres humanos.
Así, se ha identificado que la violencia contra la mujer es “una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres”[73],
que conduce a perpetuar la discriminación contra ésta y a obstaculizar su pleno
desarrollo.
17.
Por ello, desde
diversas disciplinas se han aunado esfuerzos para promover  igualdad[74] real y
efectiva entre hombres y mujeres, que conlleve a la reducción de los actos
violentos a que diariamente son sometidas muchas mujeres en el mundo.
Lo anterior, debido a que, como lo indica
el ex Secretario General de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, “la violencia contra la mujer es quizás la más
vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos,
culturales o de riquezas [y] mientras continúe, no podremos afirmar que
hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”[75].
En esa medida, la comunidad mundial es
consciente que, erradicar las formas de discriminación contra las mujeres y
establecer condiciones de igualdad real y efectiva entre los géneros, “es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un
país, el bienestar del mundo y la causa de la paz”[76].
Así, desde la ciencia
jurídica, se ha avanzado en la consagración normativa del principio de
igualdad y no discriminación en el tema de género, que ha sido desarrollado
a partir de herramientas presentes tanto en el plano internacional como en el
ordenamiento jurídico interno.
Protección en el plano internacional.
18.  En el plano internacional los tratados e instrumentos de
mayor relevancia en este aspecto son la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer (1967); la Convención sobre la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer, en adelante CEDAW (1981)[77]; la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia en contra de la Mujer (1993); y la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer (Beijing, 1995). Todos estos emanados de diversas dependencias
de la Organización de Naciones Unidas, ONU.
Así mismo, a nivel regional, la Organización
de Estados Americanos, OEA, en las Convenciones Americana sobre Derechos Humanos[78] e Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do
Pará”(1995)[79],
proscribe este tipo de discriminación.
19.
Como ya se indicó, todos estos
instrumentos internacionales consagran el principio de igualdad y no
discriminación y, adicionalmente, algunos definen de diversa forma los conceptos de discriminación y violencia
contra la mujer.
Así, por ejemplo, se puede citar el artículo 1° de la CEDAW[80],
que señala que la expresión discriminación contra la mujer “denotará toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del
hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera”.
Respecto de la definición de violencia contra la mujer, el
artículo 1° de la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia
(1993)[81],
señala que por esta “se entiende todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Tal definición, según el
artículo 2° de esa misma Declaración, comprende diversos actos como la
violencia física, sexual y psicológica que:
i)
Se produzca en la familia,
incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación
genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los
actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia
relacionada con la explotación;
ii)      Se perpetúe dentro de la comunidad en general,
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en
el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de
mujeres y la prostitución forzada;
iii)     Se perpetúe o tolere
por el Estado, donde quiera que ocurra.
20.  Respecto a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, al
interior del matrimonio y las relaciones familiares, también los referidos
instrumentos internacionales señalan ciertas medidas y mandatos que deben
cumplir los Estados. Por ejemplo, el artículo 16 de la CEDAW establece que
éstos adoptarán todas la medidas adecuadas para que, tanto hombres y mujeres,
tengan los mismos derechos para decidir o no contraer matrimonio, hacerlo sólo
por su libre albedrío y pleno consentimiento y elegir libremente el cónyuge.
También se declara la obligación estatal de equiparar los derechos y las
responsabilidades de los cónyuges “durante el matrimonio y con ocasión de
su disolución”[82].
La Convención Interamericana de Belém do Pará dispone
que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto
en el ámbito público como en el privado[83].
Y precisa que tal categoría implica: “a. el derecho de la mujer a ser libre
de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y
educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales
y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”[84].
Protección a nivel nacional.
21.
En Colombia, según el
artículo 13 de la Constitución, todas las personas son libres e iguales ante la
ley, por ende, susceptibles de recibir protección y trato equitativo por parte
de todas las autoridades y de gozar de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ningún tipo de distinción o segregación por motivos de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Específicamente, respecto de la igualdad
entre mujeres y hombres, el artículo 43 Superior, establece ecuanimidad de
derechos y oportunidades, y proscribe expresamente cualquier tipo de
discriminación contra la mujer.
22.
Adicionalmente, todos
los tratados internacionales anteriormente nombrados, al estar debidamente
ratificados por Colombia, hacen parte integrante del ordenamiento jurídico
interno. En consecuencia, deben ser utilizados como fundamentos normativos para
proteger a las mujeres de cualquier tipo de discriminación o violencia a nivel
nacional, en virtud del artículo 93 de la Carta que consagra el bloque de
constitucionalidad.
23.
A nivel legal se han
expedido variedad de leyes que buscan, desde diversos puntos de vista, eliminar
la brecha histórica y cultural que existe en el país entre hombres y mujeres.
Así se han adoptado medidas legislativas y jurisprudenciales en temas
económicos[85], laborales y de protección a la
maternidad[86], de acceso a cargos públicos[87], de libertades
sexuales y reproductivas[88], de igualdad de oportunidades[89], entre muchas
otras. Por supuesto, también se encuentra legislación referente a la violencia
contra la mujer y las formas para combatirla[90].
24.  Igualmente, en 1996, el Congreso de
Colombia expidió la Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y
se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar.
En dicha ley se
identificaron los principios que toda autoridad pública debe seguir al momento
de evaluar un caso de violencia intrafamiliar[91], de los cuales se
destacan, a) la primacía de
los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia como institución
básica de la sociedad; b) que toda forma de violencia en la familia se
considera destructiva de su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida,
corregida y sancionada por las autoridades públicas; c) la igualdad
de derechos y oportunidades del hombre y la mujer; entre otros.
Asimismo, dicha normativa estableció
varias medidas de protección, el procedimiento a seguir cuando ocurren actos de
violencia y las formas de asistencia a víctimas del maltrato intrafamiliar.
25.
Con posterioridad, el
Legislador expidió la Ley 1257 de 2008, por la
cual se dictaron normas para la sensibilización, prevención y sanción de todas
las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Entre otros, los
objetivos principales de esta Ley fueron adoptar medidas para garantizar a las
mujeres una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como privado, y
facilitar el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales
establecidos para su protección y atención.
Además, en dicha Ley se establecen las
definiciones de violencia contra la mujer[92] y de daño psicológico, físico,
sexual y patrimonial[93], se enuncian las diferentes
medidas de sensibilización y prevención que el Estado colombiano debe adoptar[94], y se consagran los
criterios de interpretación[95] y los principios que rigen las
actuaciones de las autoridades que conozcan de casos de violencia. Tales principios
de interpretación son los siguientes[96]:
·
Igualdad real y
efectiva. Corresponde al Estado diseñar, implementar y evaluar políticas
públicas para lograr el acceso de las mujeres a los servicios y el cumplimiento
real de sus derechos.
·
Derechos humanos. Los
derechos de las mujeres son Derechos Humanos.
·
Principio de
Corresponsabilidad. La sociedad y la Familia son responsables de respetar los
derechos de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la violencia contra
ellas. El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma
de violencia contra las mujeres.
·
Integralidad. La
atención a las mujeres víctimas de violencia comprenderá información,
prevención, orientación, protección, sanción, reparación y estabilización.
·
Autonomía. El Estado
reconoce y protege la independencia de las mujeres para tomar sus propias
decisiones sin interferencias indebidas.
·
Coordinación. Todas
las entidades que tengan dentro de sus funciones la atención a las mujeres
víctimas de violencia deberán ejercer acciones coordinadas y articuladas con el
fin de brindarles atención integral.
·
No Discriminación.
Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, sociales
o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o
urbana, religión entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en
esta ley a través una previsión de estándares mínimos en todo el territorio
nacional.
·
Atención Diferenciada.
El Estado garantizará la atención a las necesidades y circunstancias
específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo,
de tal manera que se asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados en
la presente ley.
26.
Establecida, de manera general, la
normatividad nacional e internacional referente a la violencia contra las
mujeres, esta Sala considera necesario ahondar en los conceptos de violencia
doméstica o intrafamiliar y, en especial, violencia psicológica
por ser relevantes para la resolución del caso concreto.
La violencia doméstica o intrafamiliar.
27.
De conformidad con lo establecido en la
sentencia T-967 de 2014[97],
la violencia doméstica o intrafamiliar es aquella que se propicia por el daño
físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los
miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar
por acción u omisión de cualquier miembro de la familia.
Desde antaño, se reconoce que este fenómeno es invisibilizado
en nuestra sociedad, a partir de la histórica diferenciación entre los conceptos
de “lo privado” y “lo público”, que por décadas ha marcado una
pauta de acción estatal nula o de indiferencia, cuando se alegaban conflictos
al interior del ámbito íntimo de la familia.
Según algunos académicos[98],
“hasta tal punto ha estado legitimada la violencia contra las mujeres, que
el filósofo […] John Stuart Mill denunciaba cómo en la Inglaterra del
XIX un respetable caballero inglés podía matar a su esposa sin temer ningún
castigo legal”.
28.
A partir de las reivindicaciones
logradas en las últimas décadas por los distintos movimientos feministas[99], la visibilización del fenómeno de
la violencia intrafamiliar, en especial cuando es física o sexual, se abrió en
algunos espacios, en los cuales, inclusive, se han posicionado algunos
comportamientos como constitutivos de torturas y tratos crueles contra la mujer
al interior del hogar. Así, por ejemplo, esta Corte, en sentencia C-408 de
1996[100],
reconoció que:
“(…) [L]as mujeres están también sometidas a una violencia,
si se quiere, más silenciosa y oculta, pero no por ello menos grave: las
agresiones en el ámbito doméstico y en las relaciones de pareja, las cuales son
no sólo formas prohibidas de discriminación por razón del sexo (CP art. 13)
sino que pueden llegar a ser de tal intensidad y generar tal dolor y
sufrimiento, que configuran verdaderas torturas o, al menos, tratos crueles,
prohibidos por la Constitución (CP arts. 12, y 42) y por el derecho
internacional de los derechos humanos.
Así, según la Relatora Especial de Naciones Unidas de
Violencia contra la Mujer (sic), ‘la
violencia grave en el hogar puede interpretarse como forma de tortura mientras
que las formas menos graves pueden calificarse de malos tratos en virtud del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos’[101].”
29.
A pesar de lo anterior, el Comité de
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, al
analizar la violencia al interior del hogar, hizo hincapié en que la misma
sigue siendo invisibilizada por diversos factores. En especial, por prácticas
culturales tradicionales que establecen estereotipos sobre la mujer y por la
consideración de que la familia y las relaciones de los miembros al interior de
esta, se circunscriben a un espacio privado y de poca acción estatal[102].
La Recomendación General número 19, emitida por el referido
Comité el 29 de enero de 1992, explicó que “la violencia en la familia es
una de las formas más insidiosas de la violencia contra la mujer”[103]. Por lo anterior, recomendó a los
Estados que ratificaron la CEDAW como Colombia, establecer las medidas
necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia.
Medidas dentro de las cuales figuran: (i) sanciones penales
en los casos inexcusables y recursos civiles en caso de violencia en el
hogar; (ii) legislación que elimine la defensa del honor como justificativo
para atacar a las mujeres de la familia o atentar contra su vida; (iii)
servicios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia en la
familia, incluidos refugios y programas de asesoramiento y rehabilitación; (iv)
programas de rehabilitación para agresores; y (v) servicios de apoyo para las
familias en las que haya habido un caso de incesto o de abuso sexual.
También en 1994, en la Cuarta Conferencia de
Beijing se indicó que la violencia contra las mujeres y las niñas que ocurre en
la familia o en el hogar, a menudo es tolerada. “El abandono, el abuso
físico y sexual y la violación de las niñas y las mujeres por miembros de la
familia y otros habitantes de la casa, así como los casos de abusos cometidos por
el marido u otros familiares, no suelen denunciarse, por lo que son difíciles
de detectar”[104].
En 2005, la Organización Mundial de la Salud presentó el informe
titulado “El Estudio multipaís de la OMS sobre
salud de la mujer y la violencia doméstica contra la mujer”, en cuyo prólogo se
indicó que “la violencia
doméstica, en particular, continúa siendo terriblemente común y es aceptada
como “normal” en demasiadas sociedades del mundo”.
En el mismo sentido, en marzo de 2007, el
informe y las recomendaciones hechas al Estado colombiano, por parte del Comité
de la CEDAW[105], precisó que “el reporte [sobre
violencia doméstica] por parte del
Instituto de Medicina Legal del 2005 [mostró]
que las mujeres constituyen el 84% de los 17.712 dictámenes realizados, y el 84%
de estas son menores de edad. Asimismo, en 2005, el 41% de las mujeres alguna
vez unidas reportó haber sido víctima de violencia física y/o sexual por su
pareja, porcentaje no muy diferente al 39% reportado en 2000. Lo anterior sin
tener en cuenta que se presenta una muy baja tasa de denuncia o búsqueda de
ayuda: en 2005, el 76.1% de mujeres víctimas de violencia reportó no haber
buscado ayuda al respecto”.
El II Informe sobre la implementación de la Ley 1257 de
2008[106],
publicado en diciembre de 2013, señaló que “conforme a la información del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML), en el año
2012 se presentaron 65.210 casos de violencia intrafamiliar contra
mujeres, 47.620 casos de violencia ejercida por la pareja o expareja contra
mujeres, 18.100 casos de violencia sexual contra mujeres y 138 casos de
feminicidios íntimos.”
A pesar de los esfuerzos de las autoridades los actos de
violencia contra las mujeres se mantienen. En efecto, en el Boletín
Epidemiológico sobre la Violencia de Género en Colombia en los años
2014, 2015 y 2016 publicado por Medicina Legal, se evidencia que en el País
mueren 2.6 mujeres al día, con relación al componente del hecho de ser mujer.
El feminicidio como delito se tipificó, sin embargo entre el año 2016 y 2017,
se presentó un incremento del 22% de casos de feminicidio. El 85% de las
mujeres que mueren son solteras o viven en unión marital de hecho. En
cuanto a lesiones personales, fueron reportados por Medicina Legal 134.423 casos
en tres años, teniendo en cuenta la cantidad de cifras negras que se manejan en
Medicina Legal[107].
Asimismo, en el informe presentado por Medicina Legal en el
2017 sobre la violencia contra las mujeres, se reportaron 35.690 casos
de violencia en parejas, de los cuales 8.659 casos son en Bogotá. Respecto
de situaciones de violencia intrafamiliar, se encontraron 13.422, en los que
4.631 involucraron situaciones con niñas de 0 a 4 años de edad[108].
30.
Se evidencia entonces que, a pesar de
los esfuerzos, todavía persisten obstáculos para que la violencia íntima o doméstica
pueda ser considerada un acto real de violencia. Tales obstáculos son, entre
otros, la dicotomía entre las esferas público-privadas[109] y la incapacidad cultural para ver
el maltrato íntimo como violencia, debido a su normalización en las culturas
patriarcales o su invisibilización[110].
Por ello, algunas feministas, afirman que “la violencia contra la mujer es
un acto político; su mensaje es la dominación: ‘Quédense en su sitio, o tengan
miedo’”[111].
Por todo lo anterior, es necesario que la sociedad y el
Estado encaminen sus acciones hacia la generación de nuevos marcos de
interpretación de la violencia contra la mujer, en donde se analice el problema
personal que tiene determinada víctima con su agresor, bajo una concepción estructural
y social del fenómeno de maltrato.
Violencia psicológica.
31.
La violencia psicológica se ocasiona
con acciones u omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona
sentimientos de desvalorización e inferioridad sobre sí misma, que le generan
baja de autoestima. Esta tipología no ataca la integridad física del individuo
sino su integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se
materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación,
desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amenazas de todo tipo[112].
32.
Al estudiar este tema, la Organización
Mundial de la Salud presentó el precitado Informe titulado “Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y
la violencia doméstica contra la mujer (2005)”[113]. De los resultados de las investigaciones se destacan las conclusiones
referentes al maltrato psíquico inflingido por la pareja a la mujer,
pues se establece que el mismo es sistemático y en la mayoría de los casos es
más devastador que la propia violencia física.
En dicho estudio[114] se identificaron
los actos específicos, que para la OMS son constitutivos de dicho maltrato
psicológico[115], así:
·
Cuando la mujer es insultada
o se la hace sentir mal con ella misma;
·
cuando es humillada
delante de los demás;
·
cuando es intimidada o asustada a propósito (por ejemplo,
por una pareja que grita y tira cosas);
·
cuando es amenazada con daños
físicos (de forma directa o indirecta, mediante la amenaza de herir a alguien
importante para ella).
Asimismo, ese informe definió que cuando
la pareja propicia maltrato psíquico sobre la mujer, se registra un porcentaje
más elevado de comportamiento dominante sobre la misma, a partir del cual
también se ejercen actos de intimidación como[116]:
·
impedirle ver a sus amig[a/o]s;
·
limitar el contacto con su familia
carnal;
·
insistir en saber dónde está en
todo momento;
·
ignorarla o tratarla con
indiferencia;
·
enojarse con ella si habla con
otros hombres;
·
acusarla constantemente de serle
infiel;
·
controlar su acceso a la atención en
salud.
33.
En este sentido, es necesario reiterar
que en la sentencia T-967 de 2014[117],
la Corte expuso las siguientes conclusiones sobre la violencia psicológica:
·
Se trata de una realidad mucho más
extensa y silenciosa, incluso, que la violencia física y puede considerarse
como un antecedente de esta.
·
Se ejerce a partir de pautas
sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles para terceros,
que amenazan la madurez psicológica de una persona y su capacidad de
autogestión y desarrollo personal.
·
Los patrones culturales e históricos
que promueven una idea de superioridad del hombre (machismo – cultura
patriarcal), hacen que la violencia psicológica sea invisibilizada y
aceptada por las mujeres como algo “normal”.
·
Los indicadores de presencia de violencia
psicológica en una víctima son: humillación, culpa, ira, ansiedad, depresión,
aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración,
alteraciones en el sueño, disfunción sexual, limitación para la toma
decisiones, entre otros.
·
La violencia psicológica a menudo se
produce al interior del hogar o en espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría
de los casos no existen más pruebas que la declaración de la propia víctima.
De esta manera queda claro que la violencia psicológica contra
la mujer, como una de las formas de violencia más sutil e invisibilizada, tiene
fuertes implicaciones individuales y sociales que contribuyen a perpetuar la
discriminación histórica contra las mujeres. Por tanto, es necesario darle
mayor luz a este fenómeno para que desde lo social, lo económico, lo jurídico y
lo político, entre otros, se incentiven y promuevan nuevas formas de relación
entre hombres y mujeres, respetuosas por igual, de la dignidad de todos los
seres humanos en su diferencia y diversidad.
La administración de justicia en perspectiva de género.
34.
A partir de todo lo analizado hasta
ahora, para esta Corte es claro que, de los mandatos contenidos en la
Constitución y en las Convenciones sobre protección a la mujer[118], se deduce que el Estado tiene
obligaciones ineludibles en torno a la eliminación de cualquier tipo de
discriminación o violencia ejercida contra una persona por razón de su sexo.
Así, por ejemplo, se extrae que el Estado debe: a)
garantizar a todos y todas, una vida libre de violencia y discriminación por
razón del sexo; b) prevenir y proteger a las mujeres y las niñas de
cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida en su contra; e c)
investigar, sancionar y reparar la violencia
estructural contra la mujer, entre muchas otras.
35.
Esta última obligación, en esencia,
dentro de nuestro ordenamiento, está en cabeza de la Rama Judicial del Poder
Público; por lo que, son los operadores judiciales del país quienes deben
velar por su cumplimiento. En efecto, es necesario que dichas autoridades
apliquen una perspectiva de género en el estudio de sus casos, que parta de las
reglas constitucionales que prohíben la discriminación por razones de género,
imponen igualdad material, exigen la protección de personas en situación de
debilidad manifiesta y por consiguiente, buscan combatir la desigualdad
histórica entre hombres y mujeres, de tal forma que se adopten las medidas
adecuadas para frenar la vulneración de los derechos de las mujeres, teniendo
en cuenta que sigue latente la discriminación en su contra en los diferentes
espacios de la sociedad[119].
En efecto, como se evidenció en los fundamentos 29 a 31 de
la presente providencia, una de las mayores limitaciones que las mujeres
encuentran para denunciar la violencia, en especial la doméstica y la
psicológica, es la tolerancia social a estos fenómenos, que implica a su
vez la ineficacia de estos procesos y las dificultades probatorias a las que se
enfrenta la administración de justicia en estos casos.
Estas razones explicarían también los altos niveles de
impunidad y el mantenimiento de conductas discriminatorias contra las mujeres,
incluso provenientes de esos mismos operadores de justicia.
Debido a lo anterior, según algunas
investigadoras, “la justicia, en su dimensión normativa, estructural y
funcional, requiere de una remoción en sus cimientos para responder a las
necesidades de las mujeres ante las diversas modalidades de […] discriminación,
[…] violencia y […] coerción que se manifiestan en las vidas
concretas”[120].
36.
Ahora bien, a pesar de
las limitantes descritas, esa remoción de cimientos en la administración
de justicia en Colombia ha tenido avances normativos importantes en materia
penal, que permiten poco a poco desnaturalizar la violencia física y sexual
contra las mujeres y brindarles espacios judiciales propicios para lograr
reparaciones, reivindicaciones y sanciones a los responsables.
En ese sentido, es necesario ver cómo la
justicia penal introduce, al menos a nivel normativo[121], la perspectiva de
género, en especial, en materia de violencia sexual, violencia física y
violencia contra las mujeres al interior del conflicto armado[122].
Hoy en día, son claros los parámetros y
estándares que deben seguir fiscales, jueces y cualquier otro funcionario del
sistema judicial cuando se enfrenta a la solución de un caso que involucra
violencia física y sexual contra la mujer. En especial para la consecución,
custodia y valoración de las pruebas, pues estos eventos deben estar regidos
por los principios de igualdad y respeto por la diferencia, entre otros.
37.
A pesar de tales
avances, al recordar la clásica función del derecho penal como última
ratio, es preciso cuestionarse sobre el papel que ejerce el Estado, a
través de jueces y magistrados, en torno a su obligación de prevenir
y propiciar a las mujeres una vida libre de violencias en el derecho
civil y el derecho de familia. Es claro que esos espacios al interior de la
estructura jurídica son muy importantes para prevenir o evitar que las
controversias entre los conciudadanos lleguen a instancias penales y se superen
las causas que originan la violencia.
No obstante lo anterior, parecería que
contra la mujer, sólo los casos de mayor “gravedad”, tienen respuestas
estatales que involucran la perspectiva de género en la administración de
justicia. Así, este planteamiento permite formular una premisa que ha sido
dominante: por regla general, la perspectiva de género en la administración
de justicia, sólo se aplica en los procesos judiciales, con sus limitaciones
propias, cuando está en riesgo grave la integridad física y/o la vida de
las mujeres; es decir en materia penal.
38.
Sin duda, esta pauta
de acción no es suficiente, ya que, es claro que existen diversos tipos y
grados de violencia, ante las cuales el Estado debe proporcionar múltiples y
coordinadas soluciones. Por ello, desde la administración de justicia, la
protección a las mujeres en materia penal debe continuar, e incluso,
incrementarse, pero no se puede dejar de lado la protección desde el ámbito
civil y de familia.
39.
Al contrario, es
necesario que el Estado fortalezca su intervención en los casos de maltrato
doméstico y psicológico más allá del derecho penal, con el fin de que estos
casos trasciendan al ámbito público y no permanezca dentro de la esfera
privada. Por ello, debe ampliarse la aplicación de criterios de interpretación
diferenciados, cuando, por ejemplo, colisionen los derechos de un agresor y una
víctima de violencia doméstica o psicológica, en un proceso de naturaleza civil
o de familia, por parte de estos jueces y de las comisarías de familia.
De este modo, en aras de lograr igualdad
procesal realmente efectiva, es evidente que en ningún caso los derechos del agresor pueden ser
valorados judicialmente con mayor peso que los derechos humanos de la mujer a
su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia.
En este sentido, es necesario verificar si el operador
judicial actúa o no desde formas estereotipadas de ver a la familia y a la
mujer, que contribuyen a normalizar e invisibilizar la violencia. En efecto,
cualquier interpretación judicial en la que la ponderación probatoria se
inclina en favor del agresor, porque no son creíbles las pruebas aportadas por
hacer parte de la esfera privada de la pareja, sobre la base de la
dicotomía público-privado resulta contraria a la Constitución Política y
a los tratados internacionales sobre la protección de las mujeres.
Respecto a este aspecto esta Corte, en sentencia C-408
de 1996[123],
manifestó:
“No se puede entonces invocar la intimidad y la inviolabilidad
de los hogares para justificar agresiones contra las mujeres en las relaciones
privadas y domésticas. Es más, esta violencia puede ser incluso más grave
que la que se ejerce abiertamente, pues su ocurrencia en estos ámbitos íntimos
la convierte en un fenómeno silencioso, tolerado, e incluso, a veces,
tácitamente legitimado. Hace tan solo 30 años, en 1954, en un país de alta
cultura democrática como Inglaterra, el comandante de Scotland Yard se jactaba
de que en Londres había pocos asesinatos y que muchos de ellos no eran graves
pues eran simplemente ‘casos de maridos que matan a sus mujeres.[124]’
Esto explica que esta violencia doméstica contra la
mujer sea un fenómeno poco conocido y denunciado ante las autoridades pero
que, todo indica, adquiere proporciones alarmantes. Así, según ciertas
investigaciones, en Estados Unidos sólo se denuncia uno de cada cien casos de
violencia en el hogar[125].
Y en Colombia, según lo señalan los propios debates parlamentarios en la
discusión del presente tratado [Convención Interamericana de Belém Do Pará],
las múltiples formas de violencia contra la mujer comienzan apenas a ser
documentadas, con enormes dificultades relacionadas con la naturaleza misma del
fenómeno, el cual es visto como ‘natural’ dentro de una cultura discriminatoria,
que no es exclusiva de nuestro país, considerado como asunto privado de la
mujer o de la familia y no denunciado, ya que la mujer agredida no goza de
presunciones que la favorezcan ni de facilidades procesales  para acreditar el
delito.”
Lo anterior, fue reiterado en la Comunicación número 5/2005
del mismo Comité (caso Sahide Goekce contra Austria), cuando se explicitó, en
alusión a la violencia en el hogar, “que los derechos del agresor no
pueden estar por encima de los derechos humanos de las mujeres a la vida y a la
integridad física y mental”[126].
40.
Así es claro que en
materia civil y de familia, la perspectiva de género, también debe orientar las
actuaciones de los operadores de justicia, en conjunto con los principios constitucionales y la especial protección
otorgada a la mujer, cuando es víctima de cualquier tipo de violencia.
Lo anterior, es aún más relevante si se tiene en cuenta que
la estructura misma de los procesos llevados a cabo ante esas jurisdicciones,
encuentra sus bases en una presunción de igualdad de las partes
procesales, o principio de igualdad de armas, que justifica el
carácter dispositivo y rogado de tales procesos.
41.
Ahora bien, esta Sala debe preguntarse
si frente a la discriminación estructural contra las mujeres, que evidentemente
persiste en muchos ámbitos jurídicos y judiciales, ¿es posible mantener el
velo de la igualdad de armas sin que ello implique el desconocimiento de
las obligaciones estatales de prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo
de violencia contra la mujer?
Para dar solución a ese cuestionamiento, esta Sala recuerda
que desde hace varias décadas los distintos movimientos feministas han
denunciado la falta de neutralidad de ciertas estructuras sociales como, por
ejemplo, el Derecho. Así se explica que desde la “universalización” de
determinados valores, se logra dar un velo de neutralidad a diversas
instituciones, en ese caso, a la administración de justicia[127].
Desde esa concepción y a partir de los análisis previos, es
posible concluir que el derecho civil y de familia en Colombia está basado en
ciertos valores “universales” que le otorgan un halo de neutralidad
importante. Principios como la autonomía de la voluntad, la igualdad de armas,
la justicia rogada, la rigidez procesal y el formalismo probatorio, muestran
que esas jurisdicciones dan un trascendental lugar a la verdad procesal, por
encima, muchas veces, de realidades fácticas estructuralmente desiguales[128].
42.
Tal es el caso de la posición de muchas
mujeres en la administración de justicia cuando sus denuncias y/o reclamos son
considerados como asuntos privados, producto de visiones que reflejan la
desigualdad histórica y estructural contra estas. En esos casos, esa neutralidad
de la justicia, puede ser problemática, pues detrás de ese velo, son
identificables diversas barreras impuestas por la violencia y la discriminación
en su contra. En efecto, la falta de recursos económicos, la vergüenza, las
amenazas, las intimidaciones, las humillaciones, las presiones psicológicas, la
afectación de la autoestima, las distancias físicas o geográficas, la falta de
orientación, la invisibilización, los estereotipos de género presentes en los
operadores jurídicos, entre otras situaciones, son factores que permiten
concluir que bajo la perspectiva de género una víctima de violencia
intrafamiliar en Colombia no llega en igualdad de armas procesales a un proceso
civil, de familia, o ante las comisarías de familia.
43.
Para soportar lo anterior es necesario
resaltar que en el precitado informe sobre la implementación de la Ley 1257 de
2008[129],
se evidenció que “la cultura política de los operadores de justicia sigue
permeada por patrones de discriminación contra la mujer, en tanto no
investigan los casos de acoso sexual adecuadamente, y cuando abren las investigaciones
exigen niveles de prueba que no se corresponden con las dificultades propias de
los casos de violencia […] y que más bien tienen una valoración soterrada de la
menor gravedad del delito”.
También la Relatoría sobre los Derechos Humanos de la Mujer
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre “El
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”[130], reveló que[131]:
“147. Además
de las deficiencias en materia de investigación, la CIDH observa con preocupación
la ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar los casos de
violencia contra las mujeres.  La Comisión ha constatado que ciertos
patrones socioculturales discriminatorios influyen en las actuaciones de los
funcionarios en todos los niveles de la rama judicial, lo que se traduce en
un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no
corresponden al número elevado de denuncias y a la prevalencia del problema. La
CIDH ha podido verificar que la violencia y la discriminación contra las
mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades americanas, lo cual
se ve reflejado en la respuesta de los funcionarios de la administración de la
justicia hacia las mujeres víctimas de violencia y en el tratamiento de los
casos.  Existe asimismo una tendencia a considerar los casos de
violencia contra las mujeres como conflictos domésticos, privados y no
prioritarios que deben ser resueltos sin la intervención del Estado.
148. Las siguientes dos frases expresadas durante las
reuniones de trabajo organizadas por la Relatoría resumen el parecer de la
mayoría de las expertas y expertos consultados durante la implementación de
este proyecto, sobre la fuerte barrera estructural que representa la cultura
cuando las mujeres denuncian hechos de violencia en sus países:
La cultura patriarcal es parte de la formación de la
mentalidad de gran parte de los pueblos, de forma que la violencia contra las
mujeres es en realidad el síntoma y no la enfermedad.  Las mujeres sólo tendrán igualdad de acceso a la
justicia, y la violencia contra la mujer sólo será eliminada, cuando se
construya una mentalidad que las conciba como iguales y no como inferiores,
pues esta es la causa estructural de la violencia contra las mujeres.
Los cambios son buenos, pero no hemos transformado nuestra
sociedad.”
44.
Por todo lo expuesto, es evidente que
los esfuerzos en pro de la eliminación de la violencia y la discriminación
contra las mujeres, en este caso, desde la administración de justicia, no han
sido suficientes. Por tanto, se debe ahondar en la construcción de marcos
interpretativos que ofrezcan a los operadores jurídicos visiones más amplias y
estructurales del problema, que les permitan ofrecer soluciones judiciales
integrales y que aporten, desde su función, a la reconfiguración de los
mencionados patrones culturales discriminadores.
Naturaleza
y alcance del interés superior del niño[132].
45.  El artículo 44
Superior consagra la protección de los derechos fundamentales de los niños,
niñas y adolescentes, su prevalencia sobre de las demás de la sociedad.
Adicionalmente establece que la familia, la sociedad y el Estado son
responsables de proteger sus derechos que tienen a su cargo deberes frente a
este grupo, de los niños y niñas prevalecen sobre los de los demás
En este
sentido, de acuerdo con la norma citada, los niños son sujetos de derechos y
sus intereses prevalecen en el ordenamiento jurídico. Así pues, siempre que se
protejan las prerrogativas a favor de los menores de edad cobra relevancia el
interés superior del niño, lo que significa que todas las medidas que les
conciernan, “(…) deben atender a éste sobre otras consideraciones y
derechos, para así apuntar a que los menores de edad reciban un trato
preferente, de forma que se garantice su desarrollo integral y armónico como
miembros de la sociedad”[133].
Lo anterior
también se encuentra establecido a nivel legal, en el artículo 8º del Código de
la Infancia y la Adolescencia, que define el interés superior del niño, niña o
adolescente como “el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar
la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son
universales, prevalentes e interdependientes”.
46.  En
el mismo sentido, la Convención sobre Derechos del Niño[134] consagra
la obligación de las autoridades de tener una consideración especial para la
satisfacción y protección de los derechos de los niños. Específicamente, el
artículo 3.1. del instrumento mencionado dispone que “[e]n todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”.
47.  Para
efectos de analizar cómo opera el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes, en sentencia T-510 de 2003[135] esta Corporación fijó
estándares de satisfacción de este principio y los clasificó como fácticos y
jurídicos. Los primeros exigen que se analicen íntegramente las circunstancias específicas
del caso, mientras que los segundos se refieren “a los parámetros y
criterios establecidos por el ordenamiento jurídico para promover el bienestar
infantil”[136],
especialmente, en razón al riesgo que genera la discrecionalidad que se
requiere para hacer este tipo de valoraciones.
Según la sentencia referida, son
criterios jurídicos para determinar el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes en un caso particular: (i) la garantía del desarrollo
integral del menor de edad; (ii) la garantía de las condiciones
necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales; (iii)
la protección frente a riesgos prohibidos; (iv) el equilibrio de sus
derechos con los de sus familiares (si se altera dicho equilibrio, debe
adoptarse la decisión que mejor satisfaga los derechos de los niños, niñas y
adolescentes); (v) la provisión de un ambiente familiar apto para su
desarrollo; (vi) la necesidad de justificar con razones de peso la
intervención del Estado en las relaciones familiares; y (vii) la evasión
de cambios desfavorables en las condiciones de los niños involucrados[137].
48.  Adicionalmente,
en desarrollos jurisprudenciales posteriores, se ha sumado a estos criterios, (viii)
el respeto por el derecho de los niños y niñas a ser escuchados y de participar
en las decisiones que los involucran[138].
Así, por ejemplo, la sentencia T-115 de 2014[139],
indicó:
“Los niños
tiene voz propia y como tal, deben ser escuchados y sus intereses
visibilizados. El derecho de un niño a ser escuchado, además del plano procesal,
tiene una especial connotación en el ámbito familiar y social, dado que la
mayoría de las decisiones que, representándolos, toman los padres, tienen
consecuencias directas en sus opciones vitales, y resulta apenas acertado que,
atendiendo al nivel de sus habilidades comunicativas y su desarrollo, los
progenitores tomen en serio la opinión, las necesidades, la rutina y el interés
de sus menores hijos para decidir sobre sus vidas, desde luego aclarando que se
tratan de referentes significativos, que no unívocos”.
49.  En conclusión, siempre que
las autoridades administrativas y operadores judiciales adopten una decisión de
la que puedan resultar afectados los derechos de un menor de edad, deberán
aplicar el principio de primacía de su interés superior, y en particular acudir
a los criterios fácticos y jurídicos fijados por la jurisprudencia
constitucional para establecer cuáles son las condiciones que mejor satisfacen
sus derechos.
50.  Ahora bien, también es
necesario resaltar que tal y como se estableció en las sentencias T-1275 de
2008[140]
y T-858 de 2010[141],
en principio, el mecanismo idóneo y eficaz previsto por el Legislador para
resolver los asuntos relacionados con la protección de los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes es la jurisdicción de familia.
Particularmente, el artículo 121 Código de la
Infancia y la Adolescencia autoriza a los jueces de familia a adoptar las
medidas correspondientes que considere necesarias dentro de los procesos  para
proteger a los menores de edad, según las circunstancias de cada caso.
En este sentido, dichos jueces son los primeros llamados a
garantizar el interés superior del menor en sus actuaciones y no limitarse
simplemente cumplir con las reglas procesales, por lo que les corresponde  adoptar
las medidas que consideren oportunas, conducentes y convenientes para la
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Caso concreto.
51.
NARS presentó acción de tutela contra el Juzgado XX de FCB, por
considerar que vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al establecer que
la actora incumplió la medida de protección en favor de su hija y sancionarla
con la misma multa de su antiguo compañero permanente, por el valor de tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes convertibles en arresto de tres
días por cada salario dejado de cancelar.
Mediante fallo del 31 de enero de 2018[142], la Sala ABC
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XYZ negó las pretensiones de
la accionante, por considerar que el fallo demandado no vulneró sus derechos
fundamentales, teniendo en cuenta que la peticionaria pudo ejercer su derecho
de defensa y controvertir las pruebas por las que se declaró el incumplimiento
de la medida de protección en favor de su hija y se le impuso la sanción.
Configuración de los defectos fáctico y
violación directa de la Constitución
52.
En esta oportunidad, la Sala reitera
que la acción de tutela contra providencias judiciales, tiene la finalidad de
verificar el cumplimiento, garantía y eficacia de los derechos fundamentales,
conforme lo enunciado previamente en esta providencia. En el asunto objeto de estudio, es necesario establecer si
la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y violación
directa de la Constitución, al valorar indebidamente las pruebas obrantes en el
proceso ordinario en grado de consulta y no aplicar directamente los mandatos
contenidos en los artículos 42, 43, 44 y 93 de la Norma Superior.
53.
De la revisión de las pruebas que tenía
a su disposición el juzgado accionado, se evidencia que este incurrió en el
defecto de ausencia de valoración, en la dimensión negativa del defecto fáctico, que se
presenta cuando se omite o ignora la valoración o el decreto de una prueba
determinante. En efecto, esta Sala encuentra que no se valoraron en su
integridad las siguientes pruebas:
a)
Formato de identificación de riesgos de
NARS[143],
en el que la peticionaria manifestó que se fue de la casa y que actualmente
vive con su mamá, porque cada día peleaban más con su antiguo compañero y que
en ocasiones anteriores el señor WEGD ya la había golpeado. En particular,
afirmó que hacía un año y medio la hirió en un brazo con un cuchillo.
Adicionalmente, señaló que, cuando ella se fue de la casa él la llamó, le
dijo que se tenía que arrepentir de todo, que si no era para él no era para
nadie y que por eso prefería verla muerta. Asimismo, manifestó que su ex
compañero tenía comportamientos celosos, posesivos y controladores, no quería
que ella hablara con nadie, si un hombre la saludaba era porque tenía algo con
él o porque le traía razones de su amante. Además le revisaba el celular, la
llamaba todo el tiempo para saber dónde estaba y a veces llegaba de sorpresa
para verificar que lo que ella decía era verdad. Finalmente, señaló que el 17
de junio de 2017, WEGD la llamó para decirle que si  no volvía a su lado se iba
a suicidar en el Río Bogotá y ella sería la única responsable. Esos hechos no
fueron desvirtuados por el señor WEGD.
b)
Formato de identificación de riesgos de
WEGD [144]
en el que la señora NARS le dijo delante de su hija que se fuera de la
casa, que no se buscara que ella sacara un cuchillo y lo matara porque no se
quería ir a la cárcel y que algún día se las tenía que pagar. Sin embargo,
manifestó que no creía que ninguna de esas amenazas puedan llevarse a cabo.
Adicionalmente, afirmó que intentó botarse al Río Bogotá, pero un señor lo
detuvo, le dijo que “había más mujeres”. Sostuvo que requería ayuda
psicológica porque estaba cansado de pelear, por lo cual confesó que empezó a
pegarle a su compañera, pero quería arreglar las cosas con ella, a pesar de su
rechazo constante.
c)
El informe del Colegio RD[145] en el que se indica
de forma expresa que la niña es involucrada por parte del padre en las
situaciones de pareja. Adicionalmente, en el informe se resalta la actitud
posesiva por parte del señor WEGD hacía la madre, pues la espía, indaga sus
actividades a través de terceros y no acepta la separación.
d)
Solicitud de incidente de desacato
presentado por NARS[146]
donde la actora manifestó que el 18 de
agosto de 2017  a las 12:15 pm, su ex compañero le dijo que tenía que volver
con él y como ella se negó, la amenazó y le dijo que se iba a arrepentir de
todo lo que estaba haciendo, que la única manera de volver con él era arrojarle
ácido y si no podía conseguirlo le “daba un par de puñaladas”.
e)
Oficio del 5 de septiembre de 2017[147] en el que la
accionante aceptó irse a una Casa Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia
Intrafamiliar por amenazas en contra de su vida e integridad física por parte
de su ex compañero permanente.
f)
Informe del área psicológica de la Comisaría
XX de Familia – Suba XX de la entrevista realizada a LDGR[148] en el que se resaltó
que: (i) antes de iniciar la entrevista, el padre de la menor de edad la miró
fijamente y le dijo que recordara lo que debía decir; (ii) del relato de la
menor de edad se evidenciaron comportamientos de su padre para ejercer control
en los horarios de llegada de la mamá; (iii) el involucramiento de la niña
en los conflictos de los progenitores posiblemente proviene del padre; (iv)
de la revisión del informe enviado por la institución educativa de la menor de
edad, se enfatizó en la conclusión de la psicóloga en la que “se menciona
involucramiento de esta por parte del progenitor en los conflictos de pareja,
lo que según se evidencia genera afectación emocional en la niña, información
que concuerda con los resultados obtenidos en la presente entrevista”.
g)
Declaración de NARS del 8 de septiembre
de 2017[149]
en la rectificó los hechos denunciados el
5 de septiembre del mismo año, respecto de las amenaza del señor WEGD de
arrojarle ácido y herirla con un arma corto punzante si no volvía con él.
Asimismo, manifestó que su antiguo compañero tenía conductas de seguimiento y
control en su contra, pues la llamaba a su celular todo el tiempo de números
diferentes para decirle que volvieran y como a veces ella no contestaba, le dejaba
mensajes en el celular. Además, en la actualidad la amenaza y le dice que si no
vuelven le va a quitar a la niña, que se va a arrepentir de todo y que “va
llorar lágrimas de sangre”.
h)
Testimonio de- ELSH madre de la
accionante[150]
en el que manifestó que el señor WEGD gritó
en la portería del conjunto donde viven con su hija que para que ella volviera
le iba a echar ácido. Además, afirmó que, después de vivir con el agresor por
varios años, su hija volvió a la casa el 14 de junio de 2017 alrededor de las
7:30pm “porque WEGD, la había tenido encerrada ese martes y miércoles, y
ella se escapó cuando llegó mi hermano, ella se alcanzó a escapar y en ese
momento pasaba la policía por el parque y se escapó”.
i)
Descargos de WEGD rendidos el 8 de
septiembre de 2017[151]
en donde se refirió a la accionante como “su
mujer” porque todavía la amaba. Asimismo, manifestó que quería volver con
ella a pesar de los constantes rechazos de su parte y que en algunas ocasiones
llora con su hija por el hecho de que ellos ya no se encuentren juntos.
Todos estos comportamientos están descritos en diferentes
instrumentos internacionales como las Declaraciones sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer de 1967 y 1993, CEDAW,  providencia, la
Convención de Belém Do Pará, y en la normativa colombiana particularmente en la
Leyes 1257 de 2008 y en la 1773 de 2016, como indicadores de violencia física y
psicológica contra las mujeres, lo cual no fue considerado por los jueces que
conocieron el trámite ordinario y la tutela.
54.  De lo expuesto hasta ahora, esta Sala puede identificar que
la accionante y su hija fueron víctimas de hechos objetivos de violencia, así:
a.     Vivían en un contexto familiar conflictivo debido a la
actitud celoso compulsiva de WEGD, por lo que tuvieron que abandonar su hogar e
irse a vivir con la mamá de la accionante.
b.    A pesar de la separación, el señor WEGD actualmente acosa a
la actora para que vuelva con él, por ello muchas veces involucra a la niña en
los conflictos de los padres.
c.      La peticionaria fue herida en ocasiones anteriores por su
ex compañero.
d.    En la actualidad, la accionante vive en un estado de
angustia, estrés, y miedo constante por las amenazas del señor WEGD de
agredirla con arrojarle ácido y con armas corto punzantes. Ello a tal punto que
decidió abandonar la casa de su mamá en donde en principio se sentía segura, e
irse a una Casa Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar.
55.  De la revisión de las pruebas anteriormente mencionadas,
esta Sala cuestiona por qué el Juzgado demandado no las tuvo en cuenta como hechos indicativos de
violencia física y psicológica contra la accionante y su hija, según lo
explicado en las consideraciones de esta sentencia, y conforme a ello, analizar
si efectivamente la accionante incumplió la medida de protección en contra de
su hija, o si su acciones constituyen una reacción a los actos de acoso y
violencia cometidos por el señor WEGD en su contra. En este caso, no bastó con
declarar el incumplimiento por parte de la peticionaria, sino que el demandado impuso
exactamente la misma sanción que a su agresor, con lo cual contribuye a
invisibilizar la violencia contra las mujeres, al ignorar su obligación de
tener perspectiva de género. No analizó proporcionalidad y razonabilidad al
imponer la sanción y equiparar las dos conductas.
En efecto, pese a tener las pruebas anteriormente
mencionadas a su disposición dentro del expediente procesal, el juzgado
demandado declaró el incumplimiento de la medida de protección por parte de la
actora en favor de su hija exclusivamente, con base en el incidente narrado por
la niña a la psicóloga del Colegio RD la noche anterior del 4 de agosto de
2017. En particular, indicó lo siguiente:
“Así las cosas, se tiene
que tal como lo estableció la Comisaría de Familia en este caso, existió
incumplimiento por parte del WEGD como de la señora NARS, a la medida
preventivamente impuesta, pues es claro que se propiciaron nuevos actos de violencia
que van en contravía de la primigenia decisión en la que se les conminó a cesar
de inmediato y sin ninguna condición todo acto de maltrato verbal, físico y/o
psicológico entre ellos hacía la menor.
(…)
Ahora bien, una vez analizado el material probatorio
recaudado por la Comisaría de Familia, y las manifestaciones rendidas por los
sujetos procesales en virtud de la presente medida de protección, ha de
resaltarse por el despacho, que las agresiones se han presentado de manera
reiterativa entre ambos padres, prueba de ellos son las declaraciones
rendidas por la menor ante varias instituciones, lo que desprende una afectación
directa a la integridad física y psicológica de las menores (sic), LDGT quienes
se han visto sometidas (sic), a percibir conductas agresivas por parte de sus
progenitores, las cuales pueden percutir en el desarrollo socio familiar”[152]. (Negrillas fuera del texto original).
56.  Contrario a lo esperado por parte de la administración de
justicia y particularmente de un juez de familia, omitió la valoración de las
pruebas que demuestran los actos de violencia contra la actora y su hija. En
este punto, es importante recordar que tanto el Comité de Naciones Unidas para
la verificación de la CEDAW, como esta Corte, han precisado que en ningún
caso los derechos de un agresor pueden ser ponderados judicialmente con mayor
peso que los derechos humanos de las víctimas de cualquier tipo de violencia.
Situación que ocurre en este caso.
En el caso objeto de estudio,
se evidencia la desproporción de la sanción impuesta  por juzgado demandado,
quien ignoró su obligación de tener perspectiva de género, y en esa medida
valorar todas las cargas que soportó la accionante por los actos de violencia
física y psicológica cometidos por su ex pareja. En efecto, no tuvo en cuenta
que la actora tuvo que irse de su hogar dos veces, primero para irse a vivir
con su mamá y luego para esconderse de su agresor en una casa refugio ofrecida
por el Estado como mecanismo de protección. Además, no le dio ningún peso
probatorio al hecho de que el señor WEGD la acosara todo el tiempo al punto de
amenazarla con arrojarle ácido, herirla con un arma corto punzante e incluso
quitarle la vida sino volvía con él. Adicionalmente, la actora no puede
conseguir ningún trabajo debido a que se tiene que esconder de su antiguo
compañero. Finalmente, ignoró todas las pruebas en las que se indica de
forma expresa que el involucramiento de la niña en los problemas de los padres
proviene de su progenitor.
Lo anterior, desconoce los
mandatos de los artículos 42, 43 y 44 Superiores, en torno al necesario
reproche que debe tener toda forma de violencia al interior de la unidad
familiar y la obligación de garantizar un desarrollo armónico e integral a los
hijos dentro del hogar. También desconoce las obligaciones que el Estado colombiano
adquirió a nivel internacional, en especial, las encaminadas a buscar la
eliminación progresiva de los estereotipos discriminatorios[153].
Además, esta Sala Recuerda que, como se
explicó con anterioridad, la violencia psicológica y doméstica que ocurre en el
hogar tiene una dificultad probatoria muy alta si se verifica desde los
parámetros convencionales del derecho procesal, debido a que el agresor
busca el aislamiento y el ocultamiento de los hechos violentos. Por tanto, es
claro que las víctimas de tales agresiones tienen como única posibilidad de
protección abrir los espacios de intimidad familiar a sus más allegados. En esa
medida, desde una perspectiva de género, es necesario que los operadores de
justicia, empleen la flexibilización de esas formas de prueba, cuando se
evidencian actos de violencia al interior del hogar.
Por lo anterior, en este caso, era necesario
que la juez valorara integralmente todos los indicios de violencia, que tal y
como lo identificó la Comisaría XX de Familia -
Suba XX, son originados por el señor WEGD.
57.  Adicionalmente, llama la atención de esta Sala la repuesta
del juzgado demandado en la que indicó lo siguiente:
“Téngase en cuenta que la sanción de tres (3)
salarios mínimos legales mensuales impuesta por este despacho al desatar el
grado jurisdiccional de consulta, nada tiene que ver con la relación de la
señora NARS y el señor WEGD, ni si ella se defendió o no, o si está o aquel han sido o
no víctimas de agresiones mutuas,
sino estrictamente con que tales comportamientos desplegados por la señora NARS
Sarmiento y por el señor WEGD, ambos de igual manera, vulneraron las medidas
de protección que la misma Comisaría impuso a favor de la niña LDGR, hija común
de la pareja” [154].
(Negrillas fuera del texto).
Igualmente, las consideraciones de la Sala ABC del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de XYZ, en la que señaló que:
“Por último, es necesario advertir a la aquí
accionante, que de considerar que su integridad o derechos resulten vulnerados
o amenazados, por el actuar del señor WEGD, cuenta para tal fin, con mecanismos
de ley, como es el que ya agotó dentro de la medida de protección, como es el
incidente de incumplimiento para que sea allí en donde se establezca su
responsabilidad, o poner en conocimiento de tales actuaciones una vez más al
funcionario que impuso la sanciones (sic) o a la Fiscalía General de la
Nación, para que tomen los correctivos necesarios”[155].
(Negrillas fuera del texto).
Sorprende a esta Corporación, la falta de
aplicación de numeral 2º del artículo 13 Superior y el bloque de
constitucionalidad sobre el derecho de las mujeres a vivir libre de violencias evidenciada
en estos extractos provenientes de dos
autoridades judiciales, especializadas en derecho de familia, en las que se
invisibiliza la situación de una mujer que es víctima de violencia física y
psicológica dentro de su entorno familiar. Para esta Corte, tales afirmaciones
contribuyen a normalizar el conflicto intrafamiliar, pues lo ve como un aspecto
trivial y cotidiano, que deben soportar los miembros de la familia. Esta mirada
contiene diversos estereotipos de género que no pueden ser ignorados en las
esferas judiciales. Detrás de esos argumentos, está la idea de que la mujer
debe soportar las peleas y los maltratos, así sean mutuos, lo cual es inconstitucional
e indigno.
Por el contrario, se resalta la labor de
la Comisaría XX de Familia – Suba XX, ya que durante todo el proceso de medida
de protección valoró los actos indicativos de violencia de género cometidos en
contra de la señora NARS y de su hija.
Conclusión y decisión a adoptar.
58.  El Juzgado XX de FCB incurrió en los defectos fáctico y
violación directa de la Constitución, al emitir la sentencia en grado de
consulta dentro del incidente de incumplimiento de medida de protección, bajo
argumentos que en este caso contribuyen a perpetuar la violencia y la
discriminación contra la mujer y a invisibilizar la violencia doméstica y
psicológica que padece NARS al interior de su hogar e incluso después de la
separación de su antiguo compañero permanente.
59.  Lo expuesto conduce entonces a que se revoque el fallo
proferido el 31 de enero de 2018 por la Sala ABC del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de XYZ, por el cual se negó el amparo
solicitado por la accionante.
60.  En su lugar, esta Corte tutelará los derechos
fundamentales al debido proceso de NARS y el derecho a vivir libre de
violencias de la accionante. En consecuencia, dejará sin efecto la sentencia
dictada, el 26 de septiembre de 2017, por el Juzgado XX de FCB en grado de consulta
dentro del incidente de desacato de medida de protección promovido en contra de
WEGD, antiguo
compañero permanente de la accionante, únicamente en lo relacionado con la
declaratoria de incumplimiento de la peticionaria a la medida de protección en
favor de LDGR y con la sanción impuesta a la actora de pagar tres salarios mínimos legales mensuales vigentes
convertibles en arresto de tres días por cada
salario dejado de cancelar, y en su lugar, proferir un nuevo fallo de
conformidad con las consideraciones de esta providencia.
61.  Adicionalmente, es preciso recordar que si el juez de tutela
encuentra afectados o amenazados derechos no invocados por el actor, “(…) no
sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y decidir lo
pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y plena defensa.[156]
En efecto, el juez tiene a su cargo un papel activo e independiente, que
implica la búsqueda de la verdad y la protección eficaz de los derechos
fundamentales afectados.
62.  En el presente caso, se evidencia que, a pesar de que la tutela no
se interpone para proteger los derechos LDGR, de las pruebas del presente
asunto se evidencia que la niña también es víctima de hechos de violencia
originados por su padre. Por lo anterior, también se tutelará su derecho
fundamental a vivir libre de violencias.
63.  De acuerdo con la respuesta de la
Comisaría XX de Familia – Suba XX, la accionante pagó el valor de la sanción
impuesta por el juzgado demandado. En consideración a que el valor de las
multas impuestas por los Comisarios de Familia se destina al respectivo
municipio[157], se ordenará a la Defensoría
de Familia vinculada al Juzgado XX de FCB, que acompañe a la accionante en las
gestiones correspondientes para reclamar el valor de la sanción que ya pagó
ante la autoridad correspondiente.
64.  Teniendo
en cuenta han pasado cuatro años desde que se profirió la sentencia          T-967
de 2014[158],
en la que se instó al Consejo Superior de la Judicatura a promover
capacitaciones sobre perspectiva de género para la jurisdicción de familia y
que a pesar de ello las cifras de casos de violencia contra la mujer continúan
siendo altas según se evidenció en el fundamento jurídico 29 de la presente
providencia, es necesario ordenar a tal autoridad exigir la asistencia
obligatoria de todos los jueces del país de la jurisdicción de familia a las
capacitaciones sobre género que ofrecen la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y la Comisión de Género de la Rama Judicial. Lo anterior, con el fin de
fortalecer la creación de nuevos marcos interpretativos en perspectiva de
género, que permitan la real y efectiva reconfiguración de patrones culturales
y estereotipos de género discriminatorios.
65.  Por último se solicitará a la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, difundir por el medio más
expedito posible esta sentencia, a todos los despachos judiciales de la Nación,
para que, apliquen un enfoque diferencial de género al momento de decidir
cualquier asunto a su cargo, y de esa manera, el Estado colombiano pueda
avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de prevención,
investigación y sanción de la violencia contra la mujer.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato  de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO:
REVOCAR
el fallo proferido 31 de enero de 2018 por la Sala ABC del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
XYZ, por medio del cual se negaron las pretensiones de la accionante.
SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso de NARS y el derecho a vivir libre de violencia de la accionante y de
su hija LDGR. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia dictada, el
26 de septiembre de 2017, por el Juzgado XX de FCB en grado de consulta dentro
del incidente de desacato de medida de protección promovido en contra de WEGD, únicamente en lo
relacionado con la declaratoria de incumplimiento de la peticionaria a la
medida de protección en favor de LDGR y la sanción impuesta a la actora de
pagar tres salarios mínimos legales
mensuales vigentes convertibles en arresto de
tres días por cada salario dejado de cancelar, y en su lugar, proferir un nuevo
fallo de conformidad con las consideraciones de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Defensoría de Familia adscrita al Juzgado XX de FCB, que
acompañe a la accionante en las gestiones correspondientes para reclamar el
valor de la sanción que ya pagó ante la autoridad correspondiente.
CUARTO. De conformidad con lo expuesto en el fundamento
jurídico 58 de esta providencia, ORDENAR al
Consejo Superior de la Judicatura para que exija la asistencia obligatoria de
todos los jueces del país de la jurisdicción de familia, a las capacitaciones
sobre género que ofrece la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Comisión
de Género de la Rama Judicial. Lo anterior, con el fin de fortalecer la
creación de nuevos marcos interpretativos en perspectiva de género, que
permitan la real y efectiva reconfiguración de patrones culturales y
estereotipos de género discriminatorios.
QUINTO: SOLICITAR a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, difundir por el medio más expedito posible esta
sentencia, a todos los despachos judiciales de la Nación, para que, en
adelante, apliquen un enfoque diferencial de género al momento de decidir
cualquier asunto a su cargo.
SEXTO: Por Secretaría General, LIBRAR la comunicación a que
se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Integrada por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas
y Antonio José Lizarazo Ocampo.
[2] La decisión de excluir de cualquier publicación los
nombres originales de menores de edad implicados en procesos de tutela y de los
de sus familiares ha sido adoptada -entre otras- en las siguientes sentencias:
T-523 de 1992, T-442 de 1994, T-420 de 1996, T-1390 de 2000, T-1025 de 2002 y
T-510 de 2003.
[3]Escrito de tutela, folios 42-69, cuaderno 1.
[4] Formato Instrumento de identificación preliminar de riesgo
para la vida y la integridad personal por violencias al interior de la familia,
Comisaría XX de Familia - Suba XX dentro de la acción de protección por
violencia intrafamiliar contra WEGD, folios 3-7, cuaderno 1 del proceso
ordinario.
[5] Ibíd.
[6] Ibíd.
[7] Ibíd.
[8] Admisión de la medida de protección provisional folio 9 y
10, cuaderno 1 del proceso ordinario.
[9] Folio 8, cuaderno 1 del proceso ordinario.
[10] Formato Instrumento de identificación preliminar de riesgo
para la vida y la integridad personal por violencias al interior de la familia,
Comisaría XX de Familia - Suba XX dentro de la acción de protección por
violencia intrafamiliar contra NARS, folios 23-27, cuaderno 1 del proceso de
tutela.
[11] Ibíd.
[12] Folios 42-45.
[13] Ibíd.
[14] Ibíd.
[15] Oficio de remisión externa enviado por el Colegio IED
República Dominica a la Comisaría XX de Familia – Suba XX, folios 52-53
cuaderno 1 del proceso ordinario.
[16] Ibíd., folio 52.
[17]
Folio 66, cuaderno 1 del proceso ordinario.
[18]
Folio 76, cuaderno 1 del proceso ordinario.
[19]
Folios 91-96, cuaderno 1 del proceso ordinario.
[20]
Folios 99-105 cuaderno 1 del proceso ordinario.
[21]
Ibíd.
[22]
Escrito de tutela, folios 42-69 cuaderno 1 del proceso de tutela.
[23]Auto admisorio de la demanda, folio 71, cuaderno
1 proceso de tutela.
[24]Folios 80-81, cuaderno 1 proceso de tutela
[25]Folio 80, cuaderno 1 proceso de tutela
[26]Folios 83-84, cuaderno 1 proceso de tutela.
[27]Folios 87, cuaderno 1 proceso de tutela.
[28]Folios 101-111, cuaderno 1 proceso de tutela.
[29] Folio 110, cuaderno 1 proceso de tutela.
[30] Folios 14-15, cuaderno Corte Constitucional.
[31] Folios 18-20, cuaderno Corte Constitucional.
[32]Folios 101-111, cuaderno 1 proceso de tutela.
[33] Al respecto, ver la sentencia T-555 de 2009, M.P. Luis
Ernesto Vargas.
[34] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible una expresión del
artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio de cualquier
acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[35] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[36] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[37] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[38] Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la
Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la
violencia intrafamiliar.
[39] Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de
1996.
[40] 'Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de
1996 y se dictan otras disposiciones
[41] Por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996 reformada parcialmente
por la Ley 575 de 2000.
[42] Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-033 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio,T-288 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-187 de 2012, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, T-797 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo,  T-936 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-047 de 2014,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-643 de 2014, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez, T-332 de 2015,M.P. Alberto Rojas Ríos, T-060 de 2016 , M.P.
Alejandro Linares Cantillo, SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís.
[43] Cfr. Sentencia T-504 de 2009, M.P. María Victoria Calle
Correa.
[44] Cfr. Sentencia T-328 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[45]Escrito de tutela, folios 42-69, cuaderno 1.
[46] T-666 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[47]Cfr. Corte
Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): “… sólo
en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte
ostensiblemente contrario a derecho, -bien por la notoria y evidente falta de
idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea
abiertamente antijurídico -, el juez constitucional puede trasladar el vicio
del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución
ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez
constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial
cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la
profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico”.
[48]Cfr. Corte
Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es
posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por
defectos propios del aparato judicial -presupuesto de la vía de hecho-, de
aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la
Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del
incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional
de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de
garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales.  Se trata
de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de
haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó
confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad esta se ha realizado
con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error.  En
tales casos -vía de hecho por consecuencia- se presenta una violación del
debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no
lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros
órganos estatales.”
[49]Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292/06 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[50] Se reitera la sentencia T-041de 2018 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[51] La Corte Constitucional, en sentencia
T-055 de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, determinó que, en lo que hace al
análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia.
[52] Corte Constitucional, ver entre otras, las sentencias T-231 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz; T-442 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-008 de 1998, M. P.
Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett;
SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-114 de 2010,
M. P. Mauricio González Cuervo, SU-198 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta última se indicó
expresamente: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por
el juez de conocimiento es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido.
El respeto por los principios de autonomía judicial y del juez natural, impiden
que el juez de tutela realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
[53]Ver sentencia T-442 de 1994, M. P. Alejandro
Martínez Caballero. Allí se indicó: “si bien el juzgador goza de un gran
poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe fundar
su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los
principios científicos de la sana crítica…, dicho poder jamás puede ser
arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la
adopción de criterios objetivos, racionales, serios y responsables. No se
adecua a este desideratum, la negación o valoración arbitraria, irracional y
caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez simplemente ignora la
prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna no da por probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.”
[54] Cfr., entre otras, Corte Constitucional SU-159 de 2002,
precitada.
[55] Cfr., entre otras, Corte Constitucional T-442 de 1994 y
SU-159 de 2002, precitadas.
[56] Estos errores han sido nombrados por la Corte Suprema de
Justicia como falso juicio de identidad y falso raciocinio.
[57]Sentencia C-622 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz.
[58]  Azula Camacho, Jaime. Manual de Derecho Procesal civil,
Teoría General del Proceso, Tomo VI. Editorial Temis, Bogotá, 2015. Página 66.
[59]Giacomette Ferrer, Ana. Introducción a la teoría general de
la prueba. Señal Editora: Universidad del Rosario, Ediciones Rosaristas,
Bogotá, 2009. Página 232.
[60] López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Tomo III.
Segunda Edición. DUPRE Editores. Bogotá, 2008. Página 79.
[61]Muñoz Sabaté, Luis. Fundamentos de Pruebas Judicial Civil.
J.M. Bosch Editor. Barcelona, 2001. Página 437.
[62] Corte Constitucional, T-464 de 2001 M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[63] Corte Constitucional, T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[64] Corte Constitucional T-458 de 2007 M. P.
Álvaro Tafur Galvis.
[65] Corte Constitucional T-436 de 2009 M. P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[66]Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
También ver sentencias T-310 de 2009, M. P.
Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[67] Caso en el cual también se incurriría en la causal por desconocimiento
del precedente. Al respecto ver, entre muchas otras, las sentencias T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[68] Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver, las sentencia T-199 de 2005, M. P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva y
T-809 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[69] Ver entre otras, T-522 de 2001, Manuel José Cepeda Espinosa y T-685 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[70] SU-918 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[71]
Sentencia T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[72] C-776 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[73] Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995), párrafo 118.
[74] En torno a este concepto, es preciso establecer que no es
unánime al interior de la teoría feminista. Lo cual puede evidenciarse a partir
de la visión de este concepto, presentada por Patricia Zuluaga. “La igualdad
ha sido uno de los conceptos más debatidos a través de la historia y,
ciertamente, es un pilar de la teoría del derecho y de la ciencia política. En
efecto hay ciertas instituciones modernas aceptadas universalmente que no se
explican sino a la luz de la igualdad de los seres humanos; así por ejemplo: la
democracia, el desarrollo y el derecho de los derechos humanos […]. La
igualdad de seres humanos es una construcción filosófica que sirve de base para
la formación de sistemas político sociales caracterizados por su orientación
hacia la justica y el consiguiente principio de equidad […]. La
igualdad, entonces, aparece como una ficción jurídica-valórica, una conquista
histórica de las celebradas revoluciones norteamericana y francesa, ambas de
las cuales tomaron a la igualdad como bandera de lucha contra regímenes
monárquicos sustentados sobre la base de un sistema de clases que nutría una
verdadera casta privilegiada”. PALACIOS ZULUAGA, Patricia. La no
discriminación. Centro de Derechos Humanos. Facultad de Derecho de la Universidad
de Chile, 2006. Pág. 25.
[75] Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Beijing, 1995). Introducción, página 1.
[76] Convención de Nacionales Unidas sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW (1981).
[77] Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.
[78] Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
[79] Ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995.
[80] Cuyo contenido es reproducido por el artículo 1º de la
Convención Interamericana de Belém do pará.
[81] Definición posteriormente reiterada, en lo esencial, en el
párrafo 113 de la Cuarta Conferencia de Beijing y por los artículos 1º y 2º de
la Convención Interamericana de Belém do Pará.
[82] CEDAW, artículo 16, numeral 1º, literal c.
[83] Convención Interamericana de Belém do Pará. Artículo 3.
[84] Convención Interamericana de Belém do Pará. Artículo 6.
[85] Por ejemplo, las Leyes 825 de 1993 y 1232 de
2008, por medio de las cuales se protege a la Mujer Cabeza de Familia,
entre otras.
[86] Por ejemplo, la protección de estabilidad laboral
reforzada a la mujer en embarazo, a través de vía jurisprudencial, consolidada
mediante la sentencia SU-070 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada. Y la Ley 1468 de 2011, por la cual se amplió la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas.
[87] Por ejemplo, Ley 581 de 2000 o
“Ley de Cuotas”, por la cual se reglamenta la
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las
diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos
13, 40 y 43 de la Constitución.
[88] Aunque en este aspecto las medidas son tímidas, se puede
nombrar por ejemplo la sentencia T-732 de 2009,     M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto, en la que la Corte reiteró el derecho a la
autodeterminación reproductiva, según el cual se reconoce, respeta y garantiza
la facultad de las personas de decidir libremente sobre la posibilidad de
procrear o no, cuándo y con qué frecuencia. Además, resaltó la importancia de
tal derecho para las mujeres en la medida en que la determinación de procrear o
abstenerse de hacerlo incide directamente sobre su proyecto de vida pues es en
sus cuerpos en donde tiene lugar la gestación.
[89] Por ejemplo, las Leyes 823 de 2003, Por la cual se dictan normas sobre igualdad de
oportunidades para las mujeres y Ley 731 de 2002, que tiene por objeto mejorar la calidad
de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar
medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la
mujer rural.
[90] Entre las leyes que se regulan de alguna manera la
violencia contra la mujer pueden verse:
Ley 1639 de 2013, por medio de la cual se fortalecen las medidas de
protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona
el artículo 113 de la Ley 599 de 2000.
Ley 1542 de 2012, que tiene por objeto garantizar la
protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los presuntos
delitos de violencia contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y
desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia
alimentaria, tipificados en los artículos 229 y 233 del Código Penal.
Decreto Ley 164 de
2010, por el cual se
crea una Comisión Intersectorial denominada "Mesa Interinstitucional para
Erradicar la Violencia contra las Mujeres".
Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Ley 882 de 2004, por medio de la cual se modifica el
artículo 229 de la Ley 599 de 2000.
Ley 906 de 2004, Código de procedimiento Penal Colombia
Sistema Penal Acusatorio.
Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano.
Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42
de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia intrafamiliar.
[91] Ley 294 de 1996, artículo 3º.
[92] Artículo
2°. Definición de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende
cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.
Para efectos de la presente
ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las
Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende
cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de
las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su
condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede
consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las
económicas.
[93] Artículo
3°. Concepto de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley, se establecen las
siguientes definiciones de daño:
a. Daño psicológico:
Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o
controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras
personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o
indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un
perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo
personal.
b. Daño o sufrimiento físico:
Riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona.
c. Daño o sufrimiento sexual:
Consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a
mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras
interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción,
chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o
limite la voluntad personal.
Igualmente, se considerará
daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la
agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas.
d. Daño patrimonial: Pérdida,
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.
[94] Artículo 9 ° y siguiente.
[95] Artículo 4. Criterios de
Interpretación. Los principios contenidos en la Constitución Política, y en
los Tratados o Convenios Internacionales de derechos humanos ratificados por
Colombia, en especial la convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y la convención interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, las demás leyes, la
jurisprudencia referente a la materia, servirán de guía para su interpretación
y aplicación.
[96]Artículo 6°. Sobre los principios para la interpretación y aplicación de la Ley 1257 de 2008.
[97]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[98] DE MIGUEL ÁLVAREZ, Ana. La construcción de un marco
feminista de interpretación: la violencia de género. En cuadernos de trabajo
social, volumen 18, 2005. Universidad de A Coruña. Pág., 237.
[99] Feminismos liberales, radicales, culturales, socialistas,
críticos, latinoamericanos, entre otros.
[100] M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[101]“Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Informe
de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. Documento
E/CN.4/1996/53 Párrafo No 48.”
[102] Recomendación General número 19 del Comité de Naciones
Unidas para la verificación de la CEDAW. “Las actitudes tradicionales según
las cuales se considera a la mujer como subordinada o se le atribuyen funciones
estereotipadas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o
coacción, tales como la violencia y los malos tratos en la familia, los matrimonios
forzosos, el asesinato por presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido
y la circuncisión femenina.”
[103] Ver Recomendación General número 19 del
Comité de Naciones Unidas para la verificación de la CEDAW. Emitida el 29 de
enero de 1992.
[104] Párrafo 117, Cuarta Conferencia de Beijing.
[105] Consultado en: http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Recomendaciones_del_comit%C3%A9_de_la_CEDAW_al_estado_colombiano.pdf.
[106] Coordinado por la Corporación Sisma Mujer.
[107]
Consultado en: http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/57985/Violencia+de+G%C3%A9nero+en+Colombia.+An%C3%A1lisis+comparativo+de+las+cifras+de+los+a%C3%B1os+2014%2C+2015+y+2016.pdf .
[108]
Plazas-Gómez C. V (ed). (2018) Hacía la Construcción de una Política Fiscal
con Enfoque de Género en Colombia, Política tributaria de género: un
debate necesario, Panorama del género en Colombia, Bogotá: Editorial
Universidad del Rosario, Pág. 14. También consultado en http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/57992/Violencia+contra+las+mujeres.pdf .
[109] “Al ignorar el carácter político de la desigualdad en
la distribución del poder en la vida familiar, esta división de esferas no
reconoce el carácter político de la así llamada vida privada. Tal división de
esferas oscurece el hecho de que el ámbito doméstico mismo es creado por el
campo político, donde el Estado se reserva el derecho de optar por la
intervención. […] La dicotomización de la esfera pública y privada debilita
el ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. Inhibe el discurso
autorizado y el diálogo derivados de la autodeterminación, y por lo tanto
menoscaba la participación exitosa de la mujer en la vida democrática”.
ROMANY, Celina. La responsabilidad del Estado se hace privada. En
Derecho Humanos de la Mujer, editado por Rebecca J. Cook y publicado por
Profamilia, Bogotá, 1997. Pág., 89.
[110] Sobre este punto ver las intervenciones presentadas, en
especial, por la Corporación Sisma Mujer y la Pontificia Universidad Javeriana,
reseñadas en parte anterior de esta providencia.
[111] ROMANY, Celina. La responsabilidad del Estado se hace
privada. En Derecho Humanos de la Mujer, editado por Rebecca J. Cook y
publicado por Profamilia, Bogotá, 1997. Pág., 95.
[112] Según el
artículo 3° de la Ley 2157 de 2008, el daño psicológico es el “proveniente
de la acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de
intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación,
aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud
psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.”
[113] Dentro del cual se incluyen
varias investigaciones realizadas en algunos países seleccionados como Brasil,
Perú, Montenegro, República Unida de Tanzania y Japón, entre otros.
[114] OMS, Informe Estudio
multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la
mujer, 2005. Pág. 10.
[115] Según el informe: “En todos los países objeto del Estudio, entre el 20% y el 75% de
las mujeres había experimentado, como mínimo, uno de estos actos, en su mayoría
en los últimos 12 meses previos a la entrevista. Los que más se mencionaron
fueron los insultos, la humillación y la intimidación. Las amenazas con
daños físicos fueron menos frecuentes, aunque casi una de cada cuatro mujeres
en los entornos provinciales de Brasil y Perú declaró que había sido amenazada.
Entre las mujeres que informaron haber sido objeto de este tipo de violencia,
al menos dos tercios había sufrido la experiencia en más de una ocasión.” Pág. 10.
[116] OMS, Informe Estudio
multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la
mujer, 2005. Pág. 22 y 23.
[117]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[118] Reseñadas en los párrafos 26 a 29 de esta sentencia
[119]
Plazas-Gómez C. V (ed). (2018) Hacía la Construcción de una Política Fiscal
con Enfoque de Género en Colombia, Perspectiva de género: reconocimiento de los
derechos de la mujer, origen teórico y desarrollo lega,  Bogotá: Editorial Universidad
del Rosario, Pág. 75-76.
[120] ACOSTA VARGAS, Gladys. Una luz al final del túnel: la
justicia de género. En Derecho Humanos de la Mujer, editado por Rebecca J.
Cook y publicado por Profamilia, Bogotá, 1997. Pág., 339.
[121] A pesar de los avances a nivel normativo, los niveles de
impunidad continúan siendo muy altos, así lo evidencia el II Informe sobre la
implementación de la Ley 1257 de 2008, coordinado por la Corporación Sisma
Mujer y publicado en diciembre de 2013:
“[E]n relación con el acceso a la justicia
de las mujeres víctimas de violencias, es importante señalar: [que] el estado
procesal de las investigaciones por los delitos sexuales, la violencia
intrafamiliar y la inasistencia alimentaria que se tramitaron entre el 2009 y
2012, demuestra que entre el 81% y 90% se encuentran en situación de impunidad
[…] en relación con el delito de acoso sexual […] se observa que en el periodo
comprendido entre el 2009 y 2012, se registraron 75 investigaciones [de acoso
sexual], de las cuales, […] el 90% … se encuentran en la impunidad. En materia
de feminicidio las autoridades únicamente informan luego de 5 años de entrada
en vigencia la Ley 1257 de 2008 la existencia de 18 investigaciones. (Quintero,
2012, pp. 60-61)
En este sentido, se observa que el nivel
de impunidad de los delitos de mayor impacto contra las mujeres supera el 80% y
asciende hasta el 90% lo cual confirma no solo la persistencia de obstáculos de
acceso a la justicia para las mujeres, que se muestran inalterables a través
del tiempo, sino que además demuestra que los avances logrados en materia penal
con la Ley 1257 de 2008 son inobservados por las autoridades de manera
generalizada, en tanto no aplican las causales de agravación punitiva y no se
investigan, juzgan, ni sancionan los casos de acoso sexual ni de feminicidio.
Respecto de los procesos penales
adelantados por la Fiscalía, la entidad informó de manera muy genérica sobre el
trámite de 45.052 casos de violencia intrafamiliar durante el año 2011,
de los cuales permanecen activos 4.844 e inactivos 40.208, sin que se logre
identificar el motivo del cierre de los casos. En 2012, la entidad tiene
registrados 87.385 casos por violencia intrafamiliar, de los cuales
aparecen activos 25.251 e inactivos 62.134, sin que tampoco se informe sobre la
causa de los cierres, la aplicación de la Ley 1257 de 2008, ni el motivo por el
que se duplica la cantidad de casos de un año al siguiente.”
Disponible en: http://www.convergenciacnoa.org/images/Documentospdf/informesddhh/Informe%20Ley%201257.pdf
[122] Ver, entre otras, las sentencias C-438 de 2013, M. P.
Alberto Rojas Ríos; C-781 de 2012, M. P. María Victoria Calle Correa; T-973 de
2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-677 de 2011, M. P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-1015 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; A-092 de 2008
(Sala de seguimiento a la T-025 de 2004), M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[123] M. P. Alejandro Martínez Caballero. Por medio de la cual
se declaró la constitucionalidad de la Ley que ratificó en Colombia la
Convención Interamericana de Belém de Pará.
[124]“Citado por Naciones Unidas. La mujer restos hasta... Loc-
cit, p 74.”
[125]“Ver Naciones Unidas. La mujer. Retos hasta el año 2.000.
Nueva York, Naciones Unidas, 1991, pp 71 y 72.”
[126] Comité de Naciones Unidas para la
verificación de la CEDAW, Comunicación número 5/2005 (caso Sahide Goekce contra
Austria), pág. 23. Respecto a este caso específico, el Comité efectuó las
siguientes recomendaciones al estado austriaco: “b) Enjuiciar de manera
vigilante y rápida a los autores de actos de violencia  en el hogar a fin de
hacer comprender a los agresores y al público que la sociedad condena la
violencia en el hogar y asegurar al mismo tiempo que se utilicen recursos
penales y civiles en los casos en que el perpetrador en una situación de
violencia en el hogar plantea una amenaza peligrosa para la víctima y asegurar
también que en todas las medidas que se tomen para proteger a la mujer de la
violencia se dé la consideración debida a la seguridad de la mujer, haciendo
hincapié en que los derechos del perpetrador no pueden sustituir a los derechos
de la mujer a la vida y la integridad física y mental. //  d) Fortalecer los
programas de capacitación y formación sobre violencia en el hogar para los
jueces, abogados y oficiales encargados de hacer cumplir la ley, incluso en lo
que respecta a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la recomendación general 19 del Comité y el
Protocolo Facultativo.”
[127]
T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[128]
T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[129] II Informe sobre la implementación de la Ley 1257 de 2008,
coordinado por la Corporación Sisma Mujer y publicado en diciembre de 2013.
[130] Consultado en:
http://www.cidh.org/women/Acceso07/cap2.htm
[131] Otras
importantes manifestaciones contenidas en el informe de la relatoría explican
que:
“137. […] durante la reciente visita de
seguimiento de la Relatoría a Guatemala, sus integrantes se reunieron con las unidades
de la Fiscalía encargadas de investigar distintos delitos contra las mujeres,
incluyendo los delitos de violencia intrafamiliar.  Los fiscales
comentaron el énfasis prioritario que se asigna a la constatación médica de
lesiones físicas para probar agresiones dentro del contexto doméstico.
En su informe sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres colombianas,
la CIDH también observó su preocupación sobre la "cadena de custodia” en casos de violencia y su énfasis
exclusivo en preservar pruebas de carácter físico.
138. La CIDH ha verificado la
necesidad de considerar pruebas más allá de la constatación médica de lesiones
físicas y la prueba testimonial para poder fundamentar casos de violencia
contra las mujeres, sobre todo los casos de violencia sexual […]
139. La CIDH asimismo ha tomado
conocimiento de las demoras en tomar pruebas después de la agresión, lo que
presenta desafíos claves, sobre todo en materia probatoria, ya que el paso del
tiempo dificulta la obtención de prueba testimonial idónea, y afecta la
posibilidad de realizar pruebas periciales.  Asimismo, se reporta la no
incorporación de evidencias proporcionadas por las víctimas o por familiares de
las víctimas a los expedientes en casos de violencia contra las mujeres y
la negación de los Estados de proveer información sobre el proceso de
investigación.  Adicionalmente se registra una recopilación y
procesamiento parcializados de las evidencias y una ausencia de personal
capacitado y especializado para conducir las pruebas y los peritajes necesarios
en estos casos.”
[132]
Las presentes consideraciones ya habían sido planteadas por la Magistrada
Sustanciadora en la sentencia T-387 de 2016. En esa ocasión, la Sala Quinta estudió el caso de una
niña sobre la cual el ICBF había adoptado una medida de protección, dentro del
PARD, consistente en otorgar el cuidado y la custodia personal de la menor de
edad a su tía paterna. El padre de la niña presentó la acción de tutela al
considerar que su hermana podía explotar sexualmente a su hija, por tanto,
reclamaba la custodia y el cuidado ante el ICBF.
[133]Sentencia T-767 de 2013;
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[134]
Este instrumento hace parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, conforma el
ordenamiento interno, en concordancia con el artículo 93 de la Constitución
Política.
[135] M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[136]
Sentencia T-510 de 2013, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[137] Esta regla fue formulada
en las sentencias T-397 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda y T-572 de 2010, M.P.
Juan Carlos Henao.
[138]
Ver entre otras, sentencias T-844 de 2011 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
T-276 de 2012 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-955 de 2013 M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[139]
M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[140]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[141]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[142]Folios 101-111, cuaderno 1 proceso de tutela.
[143] Formato Instrumento de identificación preliminar de riesgo
para la vida y la integridad personal por violencias al interior de la familia,
Comisaría XX de Familia - Suba XX dentro de la acción de protección por
violencia intrafamiliar contra NARS, folios 3-7.
[144] Ibíd.
[145] Oficio de remisión externa enviado por el Colegio IED
República Dominica a la Comisaría XX de Familia – Suba XX, folios 52-53
cuaderno 1 del proceso ordinario.
[146] Folio 66, Cuaderno 1 de proceso ordinario.
[147] Folio 67, cuaderno 1 del proceso ordinario.
[148] Folios 80-83, cuaderno 1 del proceso ordinario.
[149]
Folios 84-88 cuaderno 1 del proceso ordinario.
[150] Audiencia para llevar a cabo el trámite de incidente de
incumplimiento de la medida de protección, folios 89-90 cuaderno 1 proceso
ordinario.
[151] Audiencia para llevar a cabo el trámite de incidente de
incumplimiento de la medida de protección 253-254 de 2017, folios 84-90.
Cuaderno 1 proceso ordinario.
[152]
Sentencia del 26 de septiembre de 2017 proferida por el Juzgado 18 del Familia
del Circuito de Bogotá.
[153] Artículo 8 de la Convención de Belém do Pará, entre otros.
[154]Folio 80, cuaderno 1 proceso de tutela
[155] Folio 110, cuaderno 1 proceso de tutela.
[156] Sentencia T-463 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[157]
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepto 33617 de 2009.
[158]
M.P. Gloria Stella Ortiz delgado.