C-677-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-677/13
TRATADO DE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE COLOMBIA Y RUSIA-Exequibilidad
condicionada
Exequibilidad
del artículo 1 párrafo 2 del “Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca
en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”,
bajo la declaración interpretativa consistente en que la asistencia recíproca
que pueda prestarse no afecte gravemente los derechos de las personas o sus
bienes cuando el soporte de la solicitud no constituya delito en la
Parte Requerida. Exequibilidad del artículo 13, párrafo 1, y 15, párrafo 1,
del “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de
abril de 2010”, bajo la declaración interpretativa consistente en que en el
momento en que se informe al citado sobre la invitación elevada por la
Parte Requirente, el Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad
Central, ilustrará al compareciente sobre: (i) la posibilidad de acceder a un
traductor oficial y apoderado para que lo asistan en todas las diligencias;
(ii) el alcance de las garantías constitucionales a las que tendrá derecho;
(iii) la estructura básica del proceso penal en ese Estado y, especialmente, la
regulación aplicable a la diligencia para la que fue citado y las
responsabilidades que se podrían derivar de su ejecución. La Corte concluye  que tanto el “Tratado
entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal
Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”, como su ley aprobatoria, armonizan con los fines, principios y
derechos reconocidos en la
Constitución Política, particularmente con los que orientan las relaciones
internacionales. En consecuencia, declara la exequibilidad del tratado y de su
ley aprobatoria, con los condicionamientos anotados respecto de los artículos 1
(párrafos 1 y 3), 5, 13 (párrafo 1) y 15 (párrafo1) del instrumento
internacional.
CONTROL
CONSTITUCIONAL DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características
La
Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad
del Tratado celebrado entre la
República de Colombia y la
Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en materia penal así como
su ley aprobatoria, atendiendo lo previsto en el numeral 10º del artículo 241
de la Constitución Política. El control constitucional de los tratados
internacionales y de sus leyes aprobatorias presenta algunas particularidades
que en reiteradas oportunidades han sido reseñadas por la jurisprudencia de
esta Corporación. Son ellas las siguientes: (i) es previo a la ratificación que
perfecciona el tratado, aunque posterior a la aprobación del Congreso y la
sanción del Gobierno; (ii) es automático, ya que debe remitirse por el Gobierno
a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción de la
ley aprobatoria del tratado; (iii) es integral, toda vez que se examinan los
aspectos formales y materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con
toda la Constitución, incluidas las normas que se integran a ella; (iv) es preventivo,
ya que busca garantizar no sólo el principio de supremacía de la
Constitución sino también el cumplimiento de los compromisos del Estado
colombiano ante a la comunidad internacional; (v) es una condición sine qua non
para la ratificación del tratado y la consecuente obligación del Estado; y,
finalmente, (vi) tiene fuerza de cosa juzgada constitucional.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD FORMAL DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Finalidad
El control de
constitucionalidad formal persigue verificar el cumplimiento de los requisitos
necesarios en el proceso de negociación y celebración del tratado, así como en
el trámite legislativo desarrollado y la sanción presidencial del proyecto.
Además, la ley aprobatoria debe observar el procedimiento ordinario conforme a
lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso, salvo lo concerniente a la
iniciación del debate en el Senado de la
República, por referir a las relaciones internacionales.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD MATERIAL DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Finalidad
En cuanto al control de
constitucionalidad material, la función de esta Corte se circunscribe a
examinar el contenido del instrumento internacional y su ley aprobatoria a la
luz del contenido integral de la
Constitución.
TRATADO DE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE COLOMBIA Y RUSIA-Revisión
formal
TRATADO DE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE COLOMBIA Y RUSIA-Trámite
legislativo
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
TRATADOS DE
COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA PENAL-Constitucionalidad
TRATADOS DE
ASISTENCIA RECIPROCA EN MATERIA PENAL-Jurisprudencia constitucional
SISTEMA
PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO-Características
De
acuerdo con lo señalado en Acto Legislativo número 3 de 2002, que modificó,
entre otros, los artículos 250 y 251 de la
Carta Política, así como lo establecido en la
Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional ha destacado las principales
características de este sistema así: i) Separación de las etapas de
investigación y juzgamiento. Como consecuencia de ello, desaparece la
instrucción como fase de la instancia procesal encomendada al juez y se
convierte en un ciclo de preparación para el juicio. ii) El rol del juez en el
sistema penal acusatorio está centrado en el control de los actos en los que se
requiera el ejercicio de la potestad jurisdiccional o que impliquen restricción
de derechos o calificación jurídica de los hechos. iii) El ejercicio de la
acción penal está a cargo de la
Fiscalía, quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas
necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de
la prueba y la protección de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo
la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, la
solicitud de la preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para
la protección de las víctimas. iv) El proceso penal es, por regla general,
oral, contradictorio, concentrado y público. v) Existe la posibilidad de que el
proceso penal no se inicie o se termine pese a la certeza de la ocurrencia de
un delito, en virtud de la aplicación del principio de oportunidad o que se
configure un acuerdo entre las partes. vi) Las funciones judiciales del control
de garantías y de conocimiento suponen la clara distinción de dos roles para
los jueces penales. El primero, quien tiene a su cargo la protección de los
derechos y libertades individuales en las etapas preliminares a la imputación;
y el segundo, que tiene la responsabilidad de llevar adelante el juicio penal
con todas las previsiones procesales y sustanciales propias del debido
proceso.  vii) En cuanto a la actividad probatoria, la jurisprudencia ha
señalado que se debe conciliar la tensión existente entre eficacia del derecho
penal y el respeto por los derechos y libertades individuales. En tal sentido
se han planteado las siguientes notas características: 1) Es fundamental
distinguir los actos de investigación y los actos de prueba. Los actos de
investigación se adelantan por la
Fiscalía, la Defensa, el Ministerio Público y la víctima con el control y
vigilancia del juez de control de garantías; por su parte, los de prueba son
actuaciones que realizan las partes ante el juez de conocimiento con el objeto
de incorporar los actos de investigación al proceso y poder convertirlas; 2)
Mientras la preparación del proceso mediante la realización de los actos de
investigación está a cargo de las partes y el Ministerio Público, el juez debe
calificar jurídicamente los hechos y establecer la consecuencia jurídica de
ellos; 3)Los roles de las partes en lo referente a la carga probatoria están
claramente definidos, en cuanto existe una posición adversarial en el juicio,
toda vez que los actos de prueba tanto de la
Fiscalía como de la víctima están dirigidos a desvirtuar la presunción de
inocencia y persuadir al juez, con grado de certeza, acerca de la
responsabilidad penal del enjuiciado. En cambio, la parte acusada busca
cuestionar la posibilidad de adquirir certeza sobre la responsabilidad penal; 4)El
juez debe de formar su convicción exclusivamente sobre la base de la prueba
producida durante el juicio oral, salvo el caso de la prueba anticipada; 5)El
juez, por regla general, está impedido para practicar pruebas, por lo que está
obligado a decidir con base en las que las partes le presentan en la audiencia
de juicio oral.
TRATADO DE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE COLOMBIA Y RUSIA-Revisión
material/TRATADO DE ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE COLOMBIA
Y RUSIA-Contenido
ASISTENCIA
JUDICIAL-Límites
La
asistencia judicial, como se ha dicho, es un mecanismo de cooperación entre
Estados.  Los límites a dicha cooperación están dados por el respeto a los
derechos de las personas eventualmente afectadas. Por lo tanto, no es menester
que la asistencia se sujete a que el hecho investigado se considere delito.
Sin embargo, sí resulta indispensable que, frente a ciertas actuaciones que
pueden afectar garantías previstas en la
Constitución, se atiendan los procedimientos y cautelas previstos en las
normas nacionales.
NULLA POENA SINE LEGE-Requisito para privación temporal de la libertad
Tal como lo
reconoce la doctrina, el principio de que nadie puede ser privado de la
libertad sino por motivo expresamente señalado en la ley es una expresión del
principio de legalidad de la sanción penal o nulla poena sine lege, que
constituye pilar esencial del derecho punitivo en el modelo del Estado de
Derecho. Como consecuencia de dicha subordinación, el principio mencionado
aplica no sólo para quien es privado de la libertad como sanción definitiva por
haber transgredido la normatividad penal, sino a favor de quien es retenido
temporalmente, como resultado de la adopción de una medida preventiva. Tal
subordinación tiene fundamento en el hecho de que, aunque la privación
preventiva de la libertad no constituye la imposición de una sanción penal
-pues durante la etapa instructiva no existe convicción sobre la
responsabilidad penal del sujeto indagado- aquella afecta de manera directa el
núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad.
DEBIDO PROCESO-Juzgamiento
conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa/NO JUZGAMIENTO SINO
CONFORME A LEYES PREEXISTENTES AL ACTO QUE SE IMPUTA-Alcance en
relación con los efectos de las leyes procesales en el tiempo
Referencia:
expediente LAT-406
Revisión de constitucionalidad del “Tratado entre la
República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal
recíproca en materia penal” y de la Ley aprobatoria 1596 del 21 de
diciembre de 2012.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá D. C.,
veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES.
En cumplimiento de lo dispuesto
en el numeral 10º del artículo 241 de la
Constitución,  la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia de la ley número
1596 de 2012, “por medio de la cual se aprueba el TRATADO ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE ASISTENCIA LEGAL
RECÍPROCA EN MATERIA PENAL”.
En desarrollo de dicho mandato
constitucional, el despacho del magistrado sustanciador, en proveído del 8 de
febrero de 2013, dispuso: (i) avocar el conocimiento del Tratado y de su ley
aprobatoria; (ii) decretar la práctica de algunas pruebas; (iii) fijar en lista
el asunto y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la
Nación, para que rindiera el concepto de rigor; (iv) comunicar inmediatamente
la iniciación del asunto al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso de la
República, a la Ministra de Relaciones Exteriores y a la
Ministra de Justicia, de conformidad con los artículos 244 de la
Constitución y 11 del Decreto 2067 de 1991. Finalmente se determinó: (v)
invitar a la Fiscalía General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad –
Dejusticia, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las universidades Nacional
de Colombia, de los Andes, de Antioquia, Externado de Colombia, Libre de
Colombia, Javeriana, Santo Tomás, Sergio Arboleda y al Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, para que aportaran sus opiniones sobre el asunto de la
referencia.
Toda vez que el material
probatorio solicitado no fue remitido en su totalidad, el despacho del
magistrado sustanciador, en providencia del 8 de marzo de 2013, dispuso
requerir a las autoridades correspondientes. En respuesta, mediante oficio del
13 de marzo siguiente, la Secretaría General de la
Cámara de Representantes informó que las actas de plenaria número 171 y 172,
del 14 y 15 de noviembre de 2012, aun se encontraban en la
Imprenta Nacional de Colombia a la espera de ser publicadas y que, por tanto,
ellas serían remitidas una vez hicieran parte de la
Gaceta del Congreso. A pesar de la ausencia de esos documentos, a través de
Auto del 22 de marzo se ordenó proseguir el procedimiento correspondiente.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales, y previo concepto del Ministerio Público, la
Corte Constitucional procede a decidir sobre este asunto.
II.  TEXTO DEL TRATADO Y DE SU
LEY APROBATORIA.
“LEY 1596 DE 2012
(diciembre 21)
Diario Oficial No. 48.651
de 21 de diciembre de 2012
CONGRESO DE LA
REPÚBLICA
Por medio de la cual se
aprueba el “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de
abril de 2010.
El Congreso de la
República
Visto el texto del
“Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia
Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de
2010, que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se
adjunta fotocopia del texto íntegro del acuerdo mencionado, certificada por la
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio).
TRATADO ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE ASISTENCIA LEGAL RECÍPROCA
EN MATERIA PENAL
La
República de Colombia y la
Federación de Rusia, en adelante denominados “Las Partes”;
CONSIDERANDO los lazos de
amistad y consideración que unen a las partes;
DESEOSOS de fortalecer las
bases jurídicas de la asistencia legal recíproca en materia penal;
ACTUANDO de acuerdo con
sus legislaciones internas, así como el respeto a los principios universales de
derecho internacional, en especial de igualdad soberana y la no intervención en
los asuntos internos;
han convenido lo
siguiente:
ARTÍCULO 1.
OBLIGACIÓN DE CONCEDER
ASISTENCIA LEGAL.
1. Las Partes deberán, de
conformidad con el presente Tratado, concederse la asistencia legal recíproca
en materia penal (en adelante asistencia legal).
2. La asistencia legal se
prestará, de acuerdo con el presente tratado, si el delito que es objeto de la
solicitud resulta penalmente punible de conformidad con la legislación de ambas
Partes. La Parte Requerida, a su consideración podrá prestar la asistencia
legal, así el hecho por el cual se solicita no constituya delito de conformidad
con su legislación interna.
3. El presente Tratado
tendrá por finalidad exclusivamente la asistencia legal entre las Partes. Las
disposiciones del presente Tratado no generarán derecho alguno en favor de
terceras personas en la obtención o exclusión de pruebas o impedir el
cumplimiento de una solicitud de asistencia legal.
4. El presente Tratado no
permitirá a las autoridades competentes de una de las Partes ejercer, en el
territorio de la otra Parte, facultades que sean exclusivamente de la
competencia de las autoridades de la otra Parte.
5. El presente Tratado se
aplicará a cualquier solicitud de asistencia legal presentada después de la
entrada en vigor del mismo, inclusive si las respectivas omisiones o actos
hayan tenido lugar antes de esa fecha.
ARTÍCULO 2.
ALCANCE DE LA
ASISTENCIA LEGAL.
La asistencia legal
comprenderá:
1 Entrega de documentos;
2 Obtención de pruebas;
3 Localización e
identificación de personas y objetos;
4 Citación de testigos,
víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante autoridad competente en
la Parte Requirente;
5 Traslado temporal de
personas detenidas a efectos de comparecer en el proceso penal como testigos o
víctimas en el territorio de la
Parte Requirente o para otras actuaciones procesales indicadas en la
solicitud;
6 Ejecución de medidas
sobre bienes;
7 Entrega de documentos,
objetos y otras pruebas;
8 Autorización de la
presencia de representantes de las autoridades competentes de la
Parte Requirente durante la ejecución de una solicitud;
9 Ejecución de la acción
penal;
10 Cualquier otra forma de
asistencia legal de conformidad con los fines de este Tratado, siempre y cuando
no esté en contradicción con la legislación de la
Parte Requerida.
ARTÍCULO 3.
AUTORIDADES CENTRALES.
1. Para asegurar la debida
cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia legal objeto de
este Tratado, se designará a las Autoridades Centrales de las Partes.
Por parte de la
República de Colombia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio del Interior
y de Justicia de la República de Colombia, para cuestiones relativas a la
actividad de los jueces de la República de Colombia; y la
Fiscalía General de la Nación para todas las demás cuestiones de asistencia
legal.
Las Partes se notificarán
mutuamente sin demora, por vía diplomática, sobre toda modificación de sus
Autoridades Centrales y ámbitos de competencia.
2. Las Autoridades
Centrales de las Partes transmitirán y recibirán directamente las solicitudes
de asistencia legal a que se refiere este Tratado y las respuestas a éstas.
3. La
Autoridad Central de la Parte Requerida cumplirá directamente las solicitudes
de asistencia legal o las transmitirá para su ejecución a la
Autoridad competente.
Por parte de la
Federación de Rusia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio de Justicia
de la Federación de Rusia, para cuestiones relativas a la actividad de los
juzgados de la Federación de Rusia; y la
Fiscalía General de la Federación de Rusia para todas las demás cuestiones de
asistencia legal.
Cuando la autoridad
Central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución,
velará por la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha
autoridad.
ARTÍCULO 4.
FORMA Y CONTENIDO DE LA
SOLICITUD.
1. La solicitud de
asistencia legal se formulará por escrito.
2. La
Parte Requerida podrá dar trámite a una solicitud recibida por telefax, fax,
correo electrónico u otro medio de comunicación similar. La
Parte Requirente transmitirá el original del documento a la mayor brevedad
posible.
La
Parte requerida informará a la
Parte Requirente los resultados de la ejecución de la solicitud sólo bajo la
condición de recibir el original de la misma.
3. La solicitud contendrá:
1) Denominación de la
autoridad competente que solicita la asistencia legal;
2) Objeto de la solicitud
y descripción de la asistencia legal solicitada;
3) Descripción de los
hechos materia de investigación o procedimiento penal, su calificación
jurídica, el texto de las disposiciones legales que tipifican la conducta como
hecho punible y, cuando sea necesario, la cuantía del daño causado;
4) Fundamentos y descripción
de cualquier procedimiento especial que la
Parte Requirente desee que se practique al ejecutar la solicitud;
5) Identificación de
personas sujetas a investigación o proceso judicial;
6) Plazo dentro del cual la
Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida;
7) Información sobre el
nombre completo, el domicilio y en lo posible el número del teléfono de las
personas a ser notificadas y su relación con la investigación o proceso
judicial en curso;
8) Indicación y
descripción del lugar a inspeccionar o requisar, así como de los objetos por
asegurar;
9) El texto del
interrogatorio a ser formulado para la recepción del testimonio en la
Parte Requerida;
10) En caso de solicitarse
asistencia de representantes de las autoridades competentes de la
Parte Requirente para la ejecución de la solicitud, indicación de los nombres
completos, cargo y motivo de su presencia;
11) Cualquier petición
para observar la confidencialidad del hecho de la recepción de la solicitud de
asistencia legal, su contenido y/o cualquier actuación emprendida conforme a la
misma;
12) Cualquier otra
información que pueda ser de utilidad a la
Parte Requerida para el cumplimiento de la solicitud;
4. Si la
Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud no es
suficiente para dar trámite a la misma, podrá solicitar información adicional.
ARTÍCULO 5.
IDIOMAS.
Toda solicitud de
asistencia legal, los documentos adjuntos y la información adicional, con
fundamento en este Tratado, deberá acompañarse de la respectiva traducción al
idioma de la Parte Requerida o al idioma inglés, previo acuerdo entre las
Autoridades Centrales de las Partes.
ARTÍCULO 6.
DENEGACIÓN O APLAZAMIENTO
DE ASISTENCIA LEGAL.
1. La asistencia legal
podrá ser denegada cuando:
1) El cumplimiento de la
solicitud pueda perjudicar a la soberanía, la seguridad, al orden público u
otros intereses esenciales de la
Parte Requerida.
2) El cumplimiento de la
solicitud sea contraria a la legislación de la
Parte Requerida o no se ajuste a las disposiciones de este Tratado.
3) La solicitud se refiera
a acciones por las cuales la persona incoada en la
Parte Requirente haya sido condenada o absuelta por los mismos hechos en la
Parte Requerida o la acción haya prescrito.
4) La solicitud se refiera
a delitos militares que no estén contemplados en la legislación penal ordinaria.
5) Existan motivos
fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud se ha formulado con
miras a procesar a una persona por razón de su raza, sexo, religión,
nacionalidad, origen étnico, pertenencia a grupo social determinado u opiniones
políticas o que la situación de esta persona pueda resultar perjudicada por
cualquiera de esas razones.
2. El secreto bancario o
tributario no puede ser usado como base para negar la asistencia legal.
3. La
Parte Requerida podrá diferir o denegar el cumplimiento de la solicitud cuando
considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o
procedimiento judicial en curso en su territorio.
4. Antes de diferir o denegar
la ejecución de una solicitud de asistencia, la
Parte Requerida analizará la posibilidad de que la asistencia legal se conceda
bajo condiciones que considere necesarias. Si la
Parte Requirente acepta la asistencia bajo estas condiciones, aquella estará
obligada a cumplirla.
5. Si la
Parte Requerida decide denegar o diferir la asistencia legal, informará a la
Parte Requirente por intermedio de su Autoridad Central, expresando los
motivos de tal decisión.
ARTÍCULO 7.
VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS.
1. Los documentos
remitidos en el marco del presente Tratado, y certificados con sello por las
autoridades competentes o Centrales de la
Parte Remitente se aceptarán sin legalización u otra forma de autenticación.
A solicitud de la
Parte Requirente, los documentos remitidos en el marco del presente Tratado
podrán ser autenticados de forma diferente conforme a lo señalado en la
solicitud, si ello no contradice la legislación de la
Parte Requerida.
2. Para los efectos del
presente Tratado, los documentos que se reconocen como oficiales en el
territorio de una de las Partes, se reconocen como tales en el territorio de la
otra Parte.
ARTÍCULO 8.
CONFIDENCIALIDAD Y
LIMITACIONES EN EL EMPLEO DE LA INFORMACIÓN.
1.
A petición de la Autoridad Central de la
Parte Requirente, la Parte Requerida, de conformidad con su ordenamiento
jurídico, asegurará la confidencialidad del hecho de la recepción de la
solicitud de asistencia legal, su contenido y cualquier actuación emprendida
conforme a la misma, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar la
solicitud.
Si para la ejecución de la
solicitud fuere necesario el levantamiento de la reserva, mediante comunicación
escrita, la Parte Requerida pedirá aprobación a la
Parte Requirente. Sin dicha autorización, la solicitud no se ejecutará.
2. La
Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida en el marco
del presente Tratado para fines distintos a los indicados en la solicitud de
asistencia legal, sin previa autorización de la
Parte Requerida.
3. En casos particulares,
si la Parte Requirente necesitare divulgar y utilizar, total o parcialmente, la
información o pruebas para propósitos diferentes a los especificados,
solicitará la autorización correspondiente a la
Parte Requerida, la que podrá acceder o denegar, total o parcialmente, lo
solicitado.
ARTÍCULO 9.
EJECUCIÓN DE LAS
SOLICITUDES DE ASISTENCIA LEGAL.
1. El cumplimiento de las
solicitudes se realizará conforme a la legislación de la
Parte Requerida y de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.
A petición de la
Parte Requirente, la Parte Requerida prestará la asistencia legal de acuerdo
con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud, siempre y
cuando éstos no sean contrarios a los principios básicos de la legislación de la
Parte Requerida.
2. Si la
Parte Requirente ha solicitado la presencia de representantes de sus
autoridades competentes en la ejecución de la solicitud, la
Parte Requerida le informará su decisión. En caso de que sea positiva, se le
informará con antelación a la
Parte Requirente la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud.
3. La
Autoridad Central de la Parte Requerida remitirá oportunamente a la
Autoridad Central de la Parte Requirente la información y las pruebas
obtenidas como resultado de la ejecución de la solicitud.
4. Cuando no sea posible
cumplir con la solicitud, en todo o en parte, la
Autoridad Central de la Parte Requerida lo hará saber inmediatamente a la
Autoridad Central de la Parte Requirente e informará las razones que impidan
su cumplimiento.
ARTÍCULO 10.
ENTREGA DE DOCUMENTOS.
1. Conforme a la solicitud
de asistencia legal, la Autoridad Central de la
Parte Requerida procederá, sin demora, a realizar o tramitar la entrega de los
documentos.
2. El cumplimiento de la
solicitud se acreditará por medio de un documento de entrega, fechado y firmado
por el destinatario, o por medio de una declaración de la autoridad competente
de la Parte Requerida constatando el hecho, la fecha y la forma de entrega. La
entrega de los documentos será informada inmediatamente a la
Parte Requirente.
ARTÍCULO 11.
OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN
TERRITORIO DE PARTE REQUERIDA.
1. La parte Requerida, de
acuerdo con su legislación, recibirá en su territorio testimonios de testigos y
víctimas, peritajes, documentos, objetos y demás pruebas señaladas en la
solicitud, y los transmitirá a la
Parte Requirente.
2.
A solicitud especial de la
Parte Requirente, la Parte Requerida señalará la fecha y lugar de cumplimiento
de la solicitud. Los representantes de las Autoridades Competentes de la
Parte Requirente, podrán hacer presencia durante el cumplimiento de la
solicitud si se tiene el visto bueno de la
Parte Requerida.
3.
A los representantes de las Autoridades Competentes de la
Parte Requirente presentes en la ejecución de la solicitud se les permitirá
formular preguntas que puedan ser planteadas a la persona correspondiente, a
través del representante de la
Autoridad Competente de de la
Parte Requerida.
4. La
Parte Requirente cumplirá toda condición acordada con la
Parte Requerida relativa a los documentos y objetos que le entregue,
incluyendo la protección de derechos de terceros sobre tales documentos y
objetos.
5.
A petición de la Parte Requerida, la
Parte Requirente devolverá a la mayor brevedad posible los originales de los
documentos y objetos que le hayan sido entregados, de acuerdo con el numeral 1°
del presente artículo. La entrega y devolución de los objetos en el marco de la
asistencia legal, en asuntos penales, estará libre de aranceles aduaneros e
impuestos.
ARTÍCULO 12.
LOCALIZACIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS.
Las autoridades
competentes de la Parte Requerida adoptarán todas las medidas contempladas en
su legislación para la localización e identificación de personas y objetos
indicados en la solicitud.
ARTÍCULO 13.
COMPARECENCIA DE TESTIGOS,
VICTIMAS Y PERITOS EN EL TWRRITORIO (SIC) DE LA
PARTE REQUIRENTE.
1. Cuando la
Parte Requirente solicite la comparecencia de una persona para rendir
testimonio, peritaje u otras actuaciones procesales en su territorio, la
Parte Requerida informará a esta persona sobre la invitación de la
Parte Requirente a comparecer ante sus Autoridades Competentes.
2. La solicitud de
comparecencia de la persona deberá contener información sobre las condiciones y
la forma de pago de los gastos relacionados con la comparecencia de la persona
citada, así como la relación de las garantías de que ésta gozará conforme al
artículo 14 del presente Tratado.
3. La solicitud de
comparecencia de la persona no deberá contener amenaza de que se le apliquen
medidas de aseguramiento o sanción en caso de que ésta no comparezca en
territorio de la Parte Requirente.
4. La persona citada
expresará voluntariamente su decisión de comparecer. La
Autoridad Central de la Parte Requerida informará sin demora a la
Autoridad Central de la Parte Requirente sobre la respuesta de aquella. La
persona que ha dado su aceptación a presentarse puede dirigirse a la
Parte Requirente solicitando que se le entregue un avance para cubrir los
gastos. Este avance puede ser entregado a través de la
Embajada o Consulado de la
Parte Requirente.
ARTÍCULO 14.
GARANTÍAS A LA
PERSONA CITADA.
1. Ninguna persona,
cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de una citación
compareciera ante las autoridades competentes de la
Parte Requirente, podrá ser perseguida penalmente, detenida o sometida a
restricción de su libertad individual en el territorio de dicha Parte por
hechos o condenas anteriores a su ingreso al territorio de la
Parte Requirente. Si por algún motivo no se puede proporcionar esta garantía, la
Autoridad Central de la Parte Requirente lo señalará en la solicitud con el
fin de informar a la persona citada y permitirle tomar la decisión sobre su
comparecencia teniendo en cuenta estas circunstancias.
2. La garantía establecida
en el numeral 1 del presente artículo cesará cuando la persona citada hubiere
tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la
Parte Requirente durante un plazo ininterrumpido de quince (15) días contados
a partir del día en que se le entregue la notificación escrita de que su
presencia ya no es requerida por las autoridades competentes y, no obstante,
permanece en dicho territorio o regresa a él después de abandonarlo.
3. La persona citada no
puede ser obligada a rendir testimonio en un proceso diferente al especificado
en la solicitud.
ARTÍCULO 15.
TRASLADO PROVISIONAL DE
PERSONAS DETENIDAS (INCLUIDA LA QUE ESTÁ CUMPLIENDO LA
CONDENA EN FORMA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD).
1. Toda persona detenida
(incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación de libertad),
independientemente de su nacionalidad, podrá ser trasladada temporalmente, con
el consentimiento de la Autoridad Central de la
Parte Requerida a la Parte Requirente para prestar testimonio como testigo o
víctima, o para otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud con la
condición de devolver al detenido a la
Parte Requerida en el plazo indicado por ésta.
El plazo inicial para el
traslado de la persona no podrá ser superior a noventa (90) días. El tiempo de
estadía de la persona trasladada podrá ser ampliado por la
Autoridad Central de la Parte Requerida mediante una solicitud fundamentada de
la Autoridad Central de la
Parte Requirente.
La forma y condiciones de
traslado y el retorno de la persona se acordará entre las Autoridades Centrales
de la Partes.
2. Se denegará el
traslado:
1) Si la persona detenida
(incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación de libertad)
no consiente en ello por escrito.
2) Si su presencia es
necesaria en un proceso judicial en curso en el territorio de la
Parte Requerida.
3) La
Parte Requirente custodiará a la persona trasladada mientras se mantenga
vigente la medida de detención ordenada por la autoridad competente de la
Parte Requerida. En caso de ser liberada por decisión de la
Parte Requerida, la Parte Requirente aplicará los artículos 13, 14 y 20 del
presente Tratado.
4) El tiempo de estadía de
la persona trasladada, fuera del territorio de la
Parte Requerida se computará para efectos del tiempo total que permanezca
recluida (incluyendo el plazo del cumplimiento de la condena de privación de la
libertad).
5) La persona detenida
(incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación de libertad)
que no otorgue su consentimiento para comparecer ante la
Parte Requirente, no podrá ser sometida a ninguna medida de aseguramineto (sic)
o sanción por este hecho.
ARTÍCULO 16.
PROTECCIÓN DE PERSONAS
CITADAS O TRASLADADAS A TERRITORIO DE LA
PARTE REQUIRENTE.
Cuando sea necesario, la
Parte Requirente asegurará la protección de las personas citadas o trasladadas
a su territorio, de conformidad con los artículos 13 y 15 del presente Tratado.
ARTÍCULO 17.
CASOS ESPECIALES DE
ASISTENCIA LEGAL.
La
Parte Requerida presentará, en la medida en que sus Autoridades
Competentes puedan obtenerlos en casos semejantes, extractos de expedientes
penales y/o documentos u objetos que sean necesarios en una investigación y/o
procedimiento judicial, salvo aquellos documentos y objetos que contengan
información que constituya secreto de Estado.
ARTÍCULO 18.
SOLICITUD DE EJERCICIO DE
ACCIÓN PENAL.
1. Cada una de las Partes
puede dirigir a la otra Parte solicitud para ejercer acción penal con respecto
a los nacionales de la Parte Requerida, así como también a los apátridas que
vivan permanentemente en su territorio, quienes hayan sido acusados de haber
cometido delitos bajo la jurisdicción de la
Parte Requirente.
La
Parte Requerida trasmitirá la solicitud a sus autoridades competentes
para tomar la decisión de ejercer la acción penal de conformidad con su
legislación.
2. Si de la acción
respecto a la cual fue abierta la causa penal surgieran demandas civiles por
parte de las personas que sufrieron daños a causa del delito, estas demandas de
solicitud de indemnización se considerarán en la causa penal.
3. La solicitud de ejercer
la acción penal deberá contener:
1) Nombre de la autoridad
requirente;
2) Apellidos y nombres
completos de la persona que haya sido acusada de haber cometido el delito,
nacionalidad, lugar de residencia, y si es posible, su descripción física, una
fotografía, sus huellas dactilares u otros datos que la puedan identificar;
3) La descripción y la
calificación legal de los hechos que dieron lugar a la solicitud de ejercicio
de la acción penal;
4) La indicación, lo más
exactamente posible, del tiempo y lugar de los hechos que dieron lugar a la
solicitud;
5) En caso de ser
necesario, el requerimiento de la devolución de los originales de los
documentos y objetos que son prueba material.
4.
A la solicitud de ejercer la acción penal, se deberá adjuntar:
1) El texto de la norma
penal, y de ser necesarias, otras normas de la
Parte Requirente que resulten relevantes para el ejercicio de la acción penal;
2) Los expedientes de la
causa penal o sus copias certificadas, así como las pruebas existentes;
3) La solicitud de
resarcimiento de los daños causados, si los hay, y si es posible, la estimación
de su cuantía;
4) La solicitud de iniciar
una acción penal por parte de las personas que sufrieron daño a causa del
delito, si es necesario conforme con la legislación de la
Parte Requerida.
5. Con el fin de
garantizar los derechos de los terceros, a solicitud de la
Parte Requirente, la Parte Requerida devolverá los originales de los
documentos y los objetos que constituyen prueba material.
6. Si después de enviar
una solicitud de ejercicio de acción penal la persona en ella indicada se
encuentra en el territorio de la
Parte Requirente, ésta tomará las medidas posibles de conformidad con su
legislación para enviarlo al territorio de la
Parte Requerida.
7. La
Parte Requerida notificará sin demora a la
Parte Requirente las medidas adoptadas respecto a su solicitud, informará los
resultados de la acción penal y enviará copia de la decisión judicial penal.
8. Si después de recibir
la solicitud, se encuentra que se ha proferido una sentencia o que ha entrado
en vigor la decisión emanada de un órgano judicial de la
Parte Requerida respecto a la persona indicada en la solicitud, las
Autoridades Competentes de la
Parte Requirente no podrán ejecutar acción penal en relación a esta persona
por los mismos hechos.
9. En caso de que la
Parte Requerida tome la decisión de no dar curso a la solicitud, o negar su
aceptación, o se haya tomado una decisión denegando el ejercicio de la acción
penal, o su terminación, le devolverá sin demora a la
Parte Requirente los expedientes y las pruebas materiales remitidas a ella.
ARTÍCULO 19.
MEDIDAS SOBRE BIENES.
1. Las Partes cooperarán
en los ámbitos de localización de los instrumentos y productos del delito y
aplicarán las medidas adecuadas con respecto a ellos.
Tal cooperación se basará
en las disposiciones del presente Tratado así como en las disposiciones
correspondientes de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre de 2000, en
particular en sus artículos 2, 12, 13 y 14, y se extenderá no sólo a los
delitos previstos en esta Convención sino a cualquier otro hecho delictivo, observando
el punto 2 del Artículo 1 del Presente Tratado.
2. Entrando en vigencia el
presente Tratado, las Partes adoptarán las medidas para llegar a un acuerdo
sobre la repartición de los bienes obtenidos ilícitamente e incautados como
resultado de la cooperación entre las Partes, que se formalizará mediante un
Protocolo al presente Tratado.
ARTÍCULO 20.
GASTOS.
1. La
Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios de la ejecución de solicitudes
de asistencia legal, salvo los siguientes que asumirá la
Parte Requirente:
1) Gastos relativos al
transporte de las personas a su territorio y de regreso, conforme a los
artículos 13 y 15 del presente Tratado, y a su estadía en este territorio, así
como otros pagos que correspondan a estas personas.
2) Gastos y honorarios de
peritos.
3) Gastos relativos al
transporte, la estadía y a la presencia de los representantes de Autoridades
Competentes de la Parte Requirente durante la ejecución de la solicitud, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 9 del presente Tratado.
4) Gastos de envío y
devolución de los objetos trasladados del territorio de la
Parte Requerida al territorio de la
Parte Requirente.
2. En caso de que la
solicitud requiera de gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, las
Autoridades Centrales de las Partes se consultarán para determinar las
condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera como
se sufragarán los gastos.
ARTÍCULO 21.
CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS.
1. Las Autoridades
Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán consultas
sobre temas de interpretación y aplicación de este Tratado en general o sobre
una solicitud en concreto.
2. Cualquier controversia
que surja en la interpretación y aplicación del presente Tratado será resuelta
por negociaciones diplomáticas.
ARTÍCULO 22.
DISPOSICIONES FINALES.
1. El presente Tratado
podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y las
modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento
establecido en el numeral 2 del presente Artículo.
2. El presente Tratado
entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la
última notificación, a través de la vía diplomática, por la cual las Partes se
comuniquen el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para
su entrada en vigor.
3. El presente Tratado se
dará por terminado ciento ochenta (180) días después de que una de las Partes
reciba por la vía diplomática la notificación escrita de la otra Parte sobre su
intención en tal sentido.
4. La terminación del
presente Tratado no afectará la conclusión de las solicitudes de asistencia
legal que se hayan recibido durante su vigencia.
Suscrito en Moscú, a los
seis (6) días del mes de Abril de dos mil diez (2010), en dos ejemplares en
idioma español y ruso, siendo ambos textos igualmente válidos.
Por la
República de Colombia
<Firma>
Por la
Federación de Rusia
<Firma>
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRATADOS DE LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICA:
Que la reproducción del
texto que antecede es copia fiel y completa de la versión en idioma español
del“Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el
6 de abril de 2010, documento que reposa en los archivos del Grupo Inter no de
Trabajo Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales de este
Ministerio.
Dada en Bogotá, D. C., a
los ocho (8) días del mes de julio de dos mil once (2011).
La Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales,
ALEJANDRA VALENCIA
GARTNER.
RAMA EJECUTIVA DEL
PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de
julio de 2011
AUTORIZADO. SOMÉTASE A LA
CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
REPÚBLICA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES.
(Fdo.) JUAN MANUEL
SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del
Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Mónica
Lanzetta Mutis.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.
Apruébase el “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia
sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia,
el 6 de abril de 2010.
ARTÍCULO SEGUNDO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, el “Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca
en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010, que por el
artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTÍCULO TERCERO.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a
los…
Presentado al honorable
Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro
de Justicia y del Derecho.
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN
CUÉLLAR.
El Ministro de Justicia y
del Derecho,
JUAN CARLOS ESGUERRA
PORTOCARRERO.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER
PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA
BOGOTÁ, D. C., 19 de julio
de 2011
AUTORIZADO. SOMÉTASE A LA
CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
REPÚBLICA PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS
CALDERÓN
LA VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,
(FDO.) MÓNICA LANZETTA
MUTIS.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Apruébase
el “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de
abril de 2010.
ARTÍCULO SEGUNDO. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la
Ley 7ª de 1944, el “Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca
en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010, que por el
artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al Estado a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTÍCULO TERCERO. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
EL PRESIDENTE DEL
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA,
ROY BARRERAS MONTEALEGRE.
EL SECRETARIO GENERAL DEL
HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
EL PRESIDENTE DE LA
HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES,
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ.
LA
SECRETARIA GENERAL (E.) DE LA
HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES,
FLOR MARINA DAZA RAMÍREZ.
REPÚBLICA DE COLOMBIA –
GOBIERNO NACIONAL
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
EJECÚTESE, previa
revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a
21 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS
CALDERÓN
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN
CUÉLLAR.
La
Ministra de Justicia y del Derecho,
RUTH STELLA CORREA
PALACIO.”
III.    INTERVENCIONES.
1.  Ministerio de Relaciones
Exteriores
El Director de Asuntos Jurídicos
de la Cancillería, a través de oficio allegado el 28 de febrero de 2013,
presentó argumentos para que se declare la exequibilidad de la ley aprobatoria
1596 de 2012 y el Tratado de asistencia recíproca en materia legal suscrito con
la Federación de Rusia. Señaló que la cooperación se fundamenta en el
reconocimiento de un poder jurisdiccional extranjero y en la necesidad de
incorporar “procedimientos que permitan dinamizar y asegurar la pronta
respuesta a las solicitudes de las autoridades judiciales de la
República de Colombia y de la Federación de Rusia”. Destacó que con el
Tratado se brindan garantías jurídicas a los ciudadanos en la medida en que se
simplifican y aceleran los procedimientos judiciales, y se establece un sistema
de reconocimiento de las sentencias judiciales. Detectó que todo ello es
desarrollo de los principios consignados en la
Constitución y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y es
compatible con la soberanía de cada Estado así como con los principios del
derecho internacional. Esgrimió que el instrumento promueve la lucha contra la
delincuencia transnacional, en la medida en que fortalece a las instituciones
nacionales.
Posteriormente afirmó que la aprobación
interna del Tratado cumple con los parámetros constitucionales, en la medida en
que fue suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores conforme al artículo
7º de la Convención de Viena. Además el Presidente de la
República suscribió el instrumento el 19 de julio de 2011 y el proyecto de ley
respectivo, radicado el 23 de noviembre de 2011 en el Senado, surtió los
debates correspondientes y culminó en la ley 1596 de 2012.
2.      Ministerio
de Justicia y del Derecho.
2.1.  Este
ente gubernamental, a través de apoderada, solicitó que se declare la
exequibilidad del Tratado y de su ley aprobatoria. Relató que esa norma fue
remitida de manera oportuna a este tribunal por parte de la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República, en los términos del artículo 241-10 de la
Carta Política. Expuso que conforme con lo establecido en la
Convención de Viena, el acuerdo internacional fue suscrito por el Ministro de
Relaciones Exteriores, el 6 de abril de 2010, y que el 19 de julio del año
siguiente el Presidente lo aprobó y ordenó someterlo al consentimiento del
Congreso.
Reseñó los
pasos a los que el Tratado internacional fue sometido en el órgano legislativo,
en donde fue radicado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia,
en el Senado de la República, tal y como lo dispone el artículo 154
constitucional. Aclaró que el proyecto se sometió al trámite de una ley
ordinaria en la medida en que no se dispone un procedimiento especial para su
aprobación. Al interior de la célula legislativa mencionada fue identificado
con el número 176/2011 Senado, mientras que su texto, exposición de motivos y
ponencia favorable constan en la gaceta número 118 de 2012. El anuncio para
discusión en primer debate se efectuó el “19 de abril” (sic)[1] y el día 17
del mismo mes fue aprobado por la
Comisión Segunda, cuando se constituyó el quórum requerido (gaceta número 233,
actas de comisión 19 y 20). Narró que la ponencia para segundo debate en la
plenaria fue publicada en la gaceta 228 del 14 de mayo de 2012 y que su anuncio
se efectuó el día 22 siguiente (acta número 48, gaceta 414). El 23 de mayo el
proyecto fue aprobado (acta número 049, gaceta número 415).
El Ministerio
puntualizó que en la Cámara de Representantes el proyecto de ley fue radicado
con el número 242/2012 Cámara, la ponencia para primer debate se publicó en la
Gaceta 566 y el anuncio para la votación de efectuó en dos ocasiones: el 3 de
octubre (acta de comisión número 14 y gaceta 17 de 2013) y el segundo, teniendo
en cuenta que ella resultó fallida, el 9 de octubre de 2012 (acta 15 de
Comisión, gaceta número 18 de 2013). La
Comisión Segunda aprobó el proyecto de ley el 17 de octubre siguiente (acta de
Comisión 16, gaceta número 18 de 2013), la publicación de la ponencia para
segundo debate fue efectuada en la gaceta número 782 de 2012, el anuncio
respectivo se surtió el 14 de noviembre (acta de Plenaria 171, gaceta 73 de
2013) y la Plenaria le dio el visto bueno el 15 de noviembre de 2012 (acta 172,
gaceta 54 de 2013).
A partir de lo
anterior, la entidad concluyó la “constitucionalidad del trámite de
aprobación de la Ley 1596 de 2012”, lo cual soportó en el cumplimiento de los artículos
157 y 160 de la Constitución, así como en acatamiento del quórum y las mayorías
requeridas.
2.2.
Adicionalmente, esa entidad consideró que materialmente el Tratado también es
compatible con la Constitución. Para el efecto adujo que en él se establecen
pautas obligatorias en materia penal sobre conductas que se encuentren
tipificadas en ambos países y facilita la cooperación judicial, aún cuando el
delito solo esté definido por uno de los Estados. Luego definió los alcances de
la asistencia recíproca y, en general, hizo un resumen de los aspectos
procesales y sustantivos que componen el acuerdo internacional.
Con todo ello
el Ministerio señaló que el Tratado defiende fines constitucionalmente válidos
en la medida en que garantiza los derechos de las de las víctimas y permite que
la administración de justicia opere de forma efectiva contra el crimen. Mostró
que la Corte Constitucional ha estudiado acuerdos similares para lo cual citó
dos apartes de la sentencia C-253 de 1999 y concluyó lo siguiente: “Por lo
anterior, consideramos que las disposiciones que integran el Tratado
sub-examine, son coherentes y armónicas con la
Constitución Política colombiana, especialmente con sus artículos 9, 150
–numeral 16-, 226 y 227, ampliando la capacidad estatal para administrar
justicia y hacer comparecer ante esta a quienes intenta evadirla en territorio
extranjero.”
3.
Defensoría del Pueblo.
A través del
Defensor Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales, y del oficio
4010-092 del 16 de abril de 2013, la
Defensoría del Pueblo rindió concepto sobre la constitucionalidad del Tratado
y su ley aprobatoria. Respecto a los aspectos de forma, relató los pasos que
surtió el ejecutivo y los trámites a los que se sometió en el Congreso de la
República. Sobre este último, luego de exponer cuidadosamente cada una de las
fases en las que fue aprobado, la Defensoría concluyó lo siguiente: “En
síntesis, el proyecto cumplió con la totalidad del trámite y requisitos
establecidos en la Carta Política para convertirse en ley de la
República, con lo cual, por el aspecto del trámite formal de su curso
legislativo, la Ley 1596 de 2012 resulta ajustada a la
Constitución”.
Sobre el
ámbito material, esa entidad afirmó que el Tratado corresponde a los
lineamientos generales del “Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en
Asuntos Penales”, adoptado en la 68ª sesión plenaria de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1990. Luego
explicó que las particularidades del crimen organizado actual requieren “transformar
y modernizar la capacidad institucional para el control de expresiones
criminales que han adquirido dimensiones transnacionales de la mano de la
apertura de fronteras, la desregulación de las relaciones de todo tipo y la
intensificación de los intercambios promovidos por la globalización.”
Afirmó que Colombia se ha visto seriamente afectada por ese fenómeno y que por
ello diferentes gobiernos han suscrito varios acuerdos similares, que han sido
estudiados por este tribunal.
Alertó que
aunque ese Tratado coincide con los acuerdos que han sido celebrados con otros
países, se hace necesario señalar algunos elementos que son “problemáticos”.
El primero que refirió es la “asistencia legal cuando el hecho no sea
punible conforme a la Parte Requerida”, establecido en la segunda parte del
párrafo 2 del artículo 1º. Esta disposición establece la potestad de la
Parte Requerida de prestar cooperación aun cuando el hecho que sustenta la
solicitud no constituya un delito. De acuerdo a la
Defensoría, teniendo en cuenta el alcance de la asistencia establecido en el
artículo 2º, esta facultad entra en tensión con el artículo 28 constitucional,
en la medida en que varias de las potestades adscritas a esa figura (señala las
contenidas en los numerales 3, 5, 6 y 9 del artículo 2º) “podrían derivar en
una intervención excesivamente intensa respecto de personas que, de conformidad
con la legislación interna, no han comprometido en modo alguno su
responsabilidad”. Al respecto, citó la sentencia C-974 de 2001, en la que
se efectuó la revisión oficiosa de la Ley 636 de 2001 y a partir de la cual la
Corte rechazó aquellas diligencias que resultaran perniciosas o afectaran
derechos de terceros. En desarrollo de esta idea, la entidad consideró que la
proposición jurídica completa que podría resultar contraria a la
Carta se encuentra en los artículos 1 y 2, puntualmente en los siguientes
tópicos:
-
La localización e identificación de personas
establecida en el numeral 3, la cual afecta los derechos consagrados en los
artículos 28 (libertad), 29 (presunción de inocencia) y 15 (intimidad personal
y familiar). Al respecto precisó: “Requerir información para identificar y
localizar a una persona contra quien en principio no se formula ningún
señalamiento o respecto de cuya conducta no cabe formular tacha de sospecha por
no concurrir, conforme al principio de legalidad, consagración típica previa e
inequívoca, abre las actuaciones a un ámbito impreciso, excesivamente general,
de posibilidades, sin una causa que, el menos en principio, pudiera resultar
justificada”.
-
El traslado temporal de las personas detenidas
definido en el numeral 5. Sobre este aspecto de la asistencia legal la
Defensoría mencionó que debe tenerse en cuenta que toda persona privada de la
libertad y que no ha sido condenada se presume inocente y debe ser tratada como
tal; asimismo planteó que esos sujetos tienen derechos y deberes con la
administración de justicia y que estos deben “prevalecer frente a los
requerimientos o necesidades de otros Estados”. Además esgrimió que el
traslado a un país lejano por un término prolongado constituye una restricción
“particularmente grave” si se tiene en cuenta que no está justificada
por una situación definida como punible en nuestro ordenamiento jurídico y que
ello descuidaría la presencia del procesado en perjuicio de las víctimas.
-
La ejecución de medidas sobre bienes
establecida en el numeral 6º. Al igual que en las dos situaciones anteriores, la
Defensoría considera que debe prevalecer la intangibilidad de los derechos de
las personas sobre las que se presume su inocencia. Agregó que conforme al artículo
58 de la Constitución “Si no existe ni siquiera una causa probable que sirva
de fundamento a medidas restrictivas de derechos fundamentales, tampoco es
viable someter a restricciones los derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles”.
-
La ejecución de la acción penal contemplada en
el numeral 9º. La Defensoría previno que esta facultad es claramente contraria
a la Carta conforme a las garantías adscritas al principio de legalidad y adujo
que su presencia en el Tratado puede llevar a confusiones en el cumplimiento de
las obligaciones de las partes.
Como
consecuencia de lo anterior, esta entidad solicitó a la
Corte Constitucional que declare que la parte segunda del párrafo 2 del
artículo 1º, cuya proposición se integra con los numerales 3 (concretamente la
expresión “personas”), 5, 6 y 9 del artículo 2º del Tratado, es contraria a la
Constitución. Por tanto, propuso que la sentencia incluya una “instrucción”
al Gobierno para que formule una reserva respecto de esas normas.
Posteriormente,
respecto del artículo 5º, en el que se regula el idioma aplicable a las
solicitudes de asistencia, la Defensoría señaló que aunque el inglés ha sido
considerado un instrumento idóneo en el desarrollo de las relaciones
internacionales, en lo que se refiere a la cooperación internacional en el
ámbito penal se hace necesario que todo requerimiento se encuentre traducido al
castellano para así permitir que la participación de cualquier persona sea
absolutamente informada. Como consecuencia, solicitó que se declare la
constitucionalidad condicionada de ese artículo, en la medida en que se debe
entender que toda solicitud de asistencia legal y sus documentos adjuntos debe
estar obligatoriamente traducida al español.
En lo que se
refiere al artículo 6º, en el que se definen las causales para denegar
la asistencia, esta entidad señaló que la negativa para prestar cooperación
judicial respecto de los delitos militares que no estén contemplados en la
legislación ordinaria (numeral “4)” párrafo 1), no debería extenderse a los
crímenes de lesa humanidad, de guerra o las violaciones graves a los derechos
humanos. Adicionalmente, en lo atinente al párrafo segundo de esta disposición,
la Defensoría advirtió que en virtud de los derechos a la intimidad y al
hábeas data, no existe ninguna justificación para levantar el secreto bancario
o tributario cuando “se trata de la asistencia judicial por hechos no
definidos como delito por la legislación nacional, excepto cuando la persona
que pueda resultar intervenida con la medida esté involucrada o existan
informaciones, pruebas o evidencias de que ha cometido el hecho definido como
punible, en el territorio de la
Parte Requirente”. Por tanto, en los términos anotados, propuso que se
declare que esta norma es contraria a la
Constitución y formuló que se haga el correspondiente condicionamiento.
Sobre el artículo
8º del Tratado, en el que se establece la “confidencialidad y [las]
limitaciones en el empleo de la información”, previno que la protección de
los datos adscritos a la asistencia no puede ser oponible a las personas que
sean afectadas con su cumplimiento, ya que ello desconocería los derechos al
debido proceso, hábeas data, presunción de inocencia, intimidad y dignidad. La
Defensoría ilustró que tanto los procesados como contra quienes no se adelante
ninguna causa criminal, podrían ser objeto de indagaciones o restricciones a
sus atribuciones, sin que pudieran enterarse de las causas o los motivos de las
diligencia. En atención a esto propuso que se declare la constitucionalidad
condicionada de esta disposición, “en la medida que se entienda que las
solicitudes de asistencia que supongan afectación de derechos de los que son
titulares las personas en Colombia, tanto respecto de su persona como de sus
bienes, no están sometidas a confidencialidad y deben por tanto ser comunicadas
a los interesados, y suministrárseles la información clara, completa,
específica y pertinente sobre los términos, alcance y el marco jurídico que
justifica la respectiva operación”.
Respecto del artículo
11 (obtención de pruebas en territorio de la parte requerida) la
Defensoría manifestó que toda víctima o testigo que sea citado en virtud de la
asistencia, debe estar rodeada de las garantías propias del debido proceso.
Puntualmente refirió: “es necesario que las personas sepan cual es el tipo
de diligencia a la que concurren, ante quién se adelantara (sic) la
misma, quién es la persona o autoridad facultada para realizar preguntas y,
sobre todo, debe garantizarse que quien concurre esté acompañado por un
representante o apoderado para evitar preguntas o maniobras que de alguna
manera pueden implicar vulneración de principios medulares como el de no
autoincriminación, el de no declarar contra personas con quienes está en
relación de parentesco”. Bajo esos términos, sugirió que se declare la
constitucionalidad condicionada de la disposición.
Además, la
Defensoría del Pueblo considera que de la lectura conjunta de los artículos
13 (comparecencia de testigos, víctimas y peritos en el territorio de la
parte requirente) y 14 (garantías a la persona citada) se generan
algunos “vacíos o imprecisiones”. Para el efecto, trascribió las
disposiciones subrayando algunas de sus frases, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO
13. COMPARECENCIA DE TESTIGOS, VICTIMAS Y PERITOS EN EL TWRRITORIO (SIC) DE
LA PARTE REQUIRENTE.
1. Cuando la
Parte Requirente solicite la comparecencia de una persona para rendir
testimonio, peritaje u otras actuaciones procesales en su territorio, la
Parte Requerida informará a esta persona sobre la invitación de la
Parte Requirente a comparecer ante sus Autoridades Competentes.
2. La
solicitud de comparecencia de la persona deberá contener información sobre las
condiciones y la forma de pago de los gastos relacionados con la comparecencia
de la persona citada, así como la relación de las garantías de que ésta
gozará conforme al artículo 14 del presente Tratado.
3. La
solicitud de comparecencia de la persona no deberá contener amenaza de que se
le apliquen medidas de aseguramiento o sanción en caso de que ésta no
comparezca en territorio de la
Parte Requirente.
4. La
persona citada expresará voluntariamente su decisión de comparecer. La
Autoridad Central de la Parte Requerida informará sin demora a la
Autoridad Central de la Parte Requirente sobre la respuesta de aquella. La
persona que ha dado su aceptación a presentarse puede dirigirse a la
Parte Requirente solicitando que se le entregue un avance para cubrir los
gastos. Este avance puede ser entregado a través de la
Embajada o Consulado de la
Parte Requirente.
ARTÍCULO
14. GARANTÍAS A LA PERSONA CITADA.
1. Ninguna
persona, cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de una
citación compareciera ante las autoridades competentes de la
Parte Requirente, podrá ser perseguida penalmente, detenida o sometida a
restricción de su libertad individual en el territorio de dicha Parte por
hechos o condenas anteriores a su ingreso al territorio de la
Parte Requirente. Si por algún motivo no se puede proporcionar esta
garantía, la Autoridad Central de la
Parte Requirente lo señalará en la solicitud con el fin de informar a la
persona citada y permitirle tomar la decisión sobre su comparecencia teniendo
en cuenta estas circunstancias.
2. La
garantía establecida en el numeral 1 del presente artículo cesará cuando la
persona citada hubiere tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la
Parte Requirente durante un plazo ininterrumpido de quince (15) días contados
a partir del día en que se le entregue la notificación escrita de que su
presencia ya no es requerida por las autoridades competentes y, no obstante,
permanece en dicho territorio o regresa a él después de abandonarlo.
3. La
persona citada no puede ser obligada a rendir testimonio en un proceso
diferente al especificado en la solicitud.” (Resaltado del
interviniente).
En estas
condiciones conceptuó que aunque la asistencia de los testigos está
condicionada a la voluntad del citado, su garantía se ve reducida ya que en el
artículo 14 solo se limita la posibilidad de ser perseguido penalmente “por
hechos o condenas anteriores a su ingreso al territorio de la
Parte Requirente”. La Defensoría considera que esa protección debería
extenderse a “los hechos y situaciones concomitantes o derivadas del hecho
mismo de la comparecencia”, teniendo en cuenta que la diligencia se puede
efectuar indeterminadamente sobre “otras actuaciones procesales”, lo que
deja al ciudadano en vulnerabilidad respecto de eventos en las que pudiera
incurrir en falso testimonio o autoincriminación. Adicionalmente, esta entidad
echó de menos que para la realización de la diligencia y como resguardo del
debido proceso del citado, no se prevea explícitamente con el acompañamiento y
la asesoría de un abogado adscrito al servicio de defensa pública del Estado
Requirente. Bajo estas condiciones solicitó que se declare la constitucionalidad
condicionada de los artículos 13-2 y 14-1 del Tratado.
Para el artículo
15, sobre traslado provisional de personas detenidas (incluida la que está
cumpliendo la condena en forma de privación de libertad), la
Defensoría se remitió a las mismas razones de inconstitucionalidad esbozadas
para el numeral 5) del artículo 2º del Tratado.
Posteriormente
la entidad señaló que el artículo 17, en el que se establecen casos
especiales de asistencia legal, es problemático. Para ello censuró que la
disposición: no define si los “extractos” se generarán como consecuencia
de una solicitud de la Parte Requirente; tampoco concreta si esas piezas
procesales se refieren a asuntos en curso o a eventos sobre los cuales exista
cosa juzgada; y no tiene en cuenta que algunos de esos instrumentos contienen
información personal, reservada o sensible. También echó de menos que la norma
“se refiera a ‘extractos’ y no a ‘pruebas’ o ‘providencias’ o ‘recursos’,
que son las designaciones técnicas de las procesales que conforman el
expediente. Casi se está haciendo referencia a “piezas” o “trozos” del mismo.
Como si fuera poco, el artículo utiliza la expresión “… en la medida en que sus
Autoridades Competentes puedan obtenerlos en casos semejantes…”. Pareciera
estar describiéndose más una operación clandestina de sustracción de
información que un procedimiento legal reglado y público.”
La Defensoría concluyó que la oscuridad de esa
regla conlleva problemas de constitucionalidad ya que el expediente judicial es
la base a partir de la cual las partes ejercen sus derechos y el juez toma una
decisión, de manera que si ese registro está incompleto “puede llegar a
afectar la efectividad del derecho al debido proceso y, en últimas, el acceso a
la justicia”. Asimismo, puso de presente que su acceso está restringido a
las partes procesales, a los jueces y al Ministerio Público y que, por tanto,
las “Autoridades Centrales” definidas en el Tratado (el Ministerio de Justicia
y la Fiscalía General de la Nación) no pueden aproximarse legítimamente a él, o
disponer de las herramientas que sirvan para tomar una decisión. Con todo, atendiendo
que no se concretó que este alcance de la asistencia se refiera a un traslado
de pruebas, a un desglose o a la copia de unas providencias, estimó que las
interpretaciones adscritas a esta norma son contrarias al debido proceso, a la
intimidad y a la protección de datos personales y, por tanto, solicitó que este
artículo sea declarado contrario a la
Constitución.
Finalmente, en
relación con el artículo 19, titulado “medidas sobre bienes”, la
Defensoría presentó observación sobre el párrafo número 2, referida a que
cualquier acuerdo o protocolo adicional sobre el Tratado debe cumplir con el
trámite de aprobación interno en el Congreso de la
República y la revisión automática en esta Corporación.
4.
Fiscalía General de la Nación
Mediante
documento enviado vía fax el 10 de mayo de 2013, el Director de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía General de la
Nación afirmó que el Tratado se ajusta a la
Constitución Política porque en él se establece que la asistencia se ejecuta
de acuerdo con las leyes del Estado Requerido. Luego indicó que se incluye la
posibilidad de denegar o posponer una solicitud por diferentes aspectos, “lo
cual es una forma de proteger a los nacionales de cada país”. Por último,
refirió que el instrumento cumple con los artículos 9 y 226 de la
Carta Política, consideró acertado que se definieran como autoridades
centrales a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia y
resaltó que a través de él se dotan herramientas para combatir el crimen
organizado.
5.
Universidad del Rosario.
Por intermedio
de dos profesores de la facultad de jurisprudencia, el decano de esa
institución remitió su intervención a través de oficio del 16 de abril de 2013.
Allí explicó las bases del régimen jurídico de los tratados internacionales,
puntualmente en lo que se refiere a las funciones del Presidente y del Congreso
de la República (arts. 189-2, 224 y 150-16 superiores). Luego abordó los
parámetros de la cooperación judicial internacional, aclaró que la ley 906 de
2004, artículos 484 a 489, regula las condiciones internas desde el punto de
vista penal aplicables a esa figura y refirió que teniendo en cuenta su
importancia, el Parlamento ha aprobado normas con un contenido similar (leyes
626 de 2001, 800 de 2003 y 876 de 2004). Enseguida, puso de presente que para
facilitar sus funciones en ese aspecto, la
Fiscalía General de la Nación expidió la resolución 0-2450 de 2006, en la que
“fijó los parámetros de actuación para la realización de diligencias de
entrega vigilada y entrega controlada, como mecanismos de cooperación judicial
internacional”.
Refirió que el
Tratado entre la República de Colombia y la
Federación de Rusia, suscrito el 6 de abril de 2010, comprende la obligación o
potestad de prestar asistencia legal recíproca, sin que ello afecte a terceros
Estados o permita o faculte a las autoridades de un país a intervenir en el
otro. Anotó que en él se consagra una cláusula de retroactividad que permite
que la cooperación se efectúe sobre delitos que hayan acaecido antes de su
entrada en vigor y que taxativamente estipula en diez numerales los alcances
del apoyo.
Luego
relacionó los demás componentes del acuerdo, destacó que ellos son compatibles
con las facultades legales de las autoridades colombianas y agregó que existe
disposición que permite denegar la cooperación por razones de seguridad,
soberanía, orden público, incompatibilidad legal u “otro interés esencial
del Estado”. Señaló que respeta la
Carta Política que se regulen las formas de utilización de la información
compartida, sus permisos, así como sus restricciones. También consideró que
acata la Constitución y la ley, las maniobras para la recopilación, entrega de
pruebas y las garantías y/o protección del traslado de las personas detenidas o
citadas por el Estado requirente. Sobre esto último encontró que atiende la ley
906 de 2004 (art. 8º), el ejercicio de la acción penal y las condiciones para
ejercerla. Por último consideró que atiende los preceptos constitucionales las
medidas sobre bienes, así como las normas sobre gastos ordinarios y
extraordinarios.
6.
Universidad Libre de Bogotá
Mediante
memorial radicado el 16 de abril de 2013, el Coordinador del Observatorio de
Intervención Ciudadana Constitucional de la
Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá y uno de los docentes
del área de derecho penal de la misma institución, presentaron intervención en
la que señalaron los parámetros de competencia de la
Corte Constitucional cuando controla las leyes aprobatorias y los Tratados
Internacionales. Con base en ello exhibieron un análisis material de los dos
instrumentos.
Reconocieron
la utilidad de ese tipo de convenios entre los diferentes Estados para luchar
contra la criminalidad transnacional y luego citaron algunas de las
características de la asistencia judicial con la
Federación rusa, para luego concluir que: el tratado sobre asistencia legal y
su ley aprobatoria “respetan los presupuestos constitucionales
contenidos en los artículos 9, 150-16, 226 y 227 de la
Carta Política, evidenciando equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.
7.
Universidad Santo Tomás, Sede Bogotá
A través de
oficio del 19 de abril de 2013, el Coordinador del Grupo de Acciones
Constitucionales adscrito al Consultorio Jurídico de la
Universidad Santo Tomás y un profesor de la
Facultad de Derecho presentaron intervención en la que concluyeron que el
Tratado de Asistencia recíproca se ajusta a los postulados constitucionales.
Indicaron que ese instrumento cumplió con todos los pasos establecidos para su
discusión al interior del Congreso de la
República, definieron su naturaleza y reconocieron su importancia para
combatir la criminalidad transnacional. Enseguida consideraron necesario hacer
dos correcciones al numeral 1 del artículo 3 (autoridades centrales), en la
medida en que el Ministerio del Interior y de Justicia fue “desintegrado” y que
esa disposición no se debería referir a los jueces sino a los juzgados. Con
respecto al artículo 2, señalaron que allí no debe referirse a pruebas sino a “elementos
y material probatorio cuya obtención debe ceñirse a los requerimientos expuesto
(sic) en el ordenamiento jurídico interno”.
IV.    CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN.
1.  El Procurador General de la
Nación, en concepto número 5568, recibido en la
Secretaría General de esta Corporación el 09 de mayo de 2013, solicita a la
Corte declarar la exequibilidad de la Ley aprobatoria 1596 de 2012 y del “Tratado
entre la República de Colombia y la
Federación de Rusia  sobre asistencia legal recíproca en materia penal,
suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”.
2.  En cuanto al análisis formal,
considera que se cumplieron las exigencias constitucionales como son el inicio
del trámite en el Senado, las publicaciones oficiales, los términos que deben
mediar entre los debates, el quórum y las mayorías requeridas, así como el
anuncio previo a cada votación. Para ello especificó cada uno de los pasos que
se surtieron en el legislativo e identificó la gaceta del congreso en la que
consta cada actuación. Puntualmente profundizó en el análisis del anuncio
efectuado para discutir y votar el proyecto en la
Comisión Segunda del Senado; sobre el particular consideró lo siguiente:
“En
relación con este punto, la Procuraduría observa: en principio
podría decirse que el anuncio fue impreciso o indeterminado, al señalar: “se
cita para la próxima sesión a las 10:00 en este mismo recinto”. Sin embargo; es
determinable, pues indudablemente se refirió a la sesión que se llevó a cabo el
día 17 de abril de 2012, es decir, el día de la sesión inmediatamente
siguiente a la sesión en la que se realizó el anuncio. Lo anterior se
adecua a la posición que estableció la
Corte Constitucional, en Autos 089 de 2005 y 311 de 2006. (…) Aunado a
lo anterior, cabe destacar que entre el 10 de abril de 2012 y el 17 de abril
del mismo año no se realizó ninguna otra sesión de la comisión, tal como se
comprueba de la lectura de las Actas 19 (10 de abril/12) y 20 (17 de abril/12),
que tienen numeración seguida, e indican que “se cita para la próxima sesión”.
Lo que conduce, al tenor de la
Jurisprudencia citada, que la fecha fue determinable”.
Más adelante, luego de
referenciar el primer debate al interior de la
Cámara de Representantes, el señor Procurador consideró que el proyecto
cumplió con los artículos 160 y 162 de la
Constitución; señaló que como quiera que no fue modificado, no se hizo
necesaria la publicación de informe de conciliación y juzgó que sobre ese
trámite no existe ningún vicio. Por último, relató que el 21 de diciembre de
2012 el Presidente de la República sancionó la ley 1596 de 2012 y que al día
siguiente de culminar la vacancia judicial, esto es, el 11 de enero de 2013, la
Secretaría Jurídica de esa entidad la remitió a la
Corte, dando cumplimiento con los parámetros del artículo 241-10 superior.
3.  Respecto al examen material,
el Ministerio Público recordó que Colombia ha suscrito varios tratados de
asistencia judicial en materia penal con algunos países y que la
Corte, al ejercer el control de las leyes correspondientes ha declarado su
constitucionalidad “al considerar que con ellos no se infringe la
normatividad interna ni las garantías constitucionales y, por el contrario, se
salvaguardan la integridad del material probatorio de los procesos”.
Adicionalmente, precisó que estos convenios favorecen el mejoramiento de la
administración de justicia, en la medida en que facilitan la ejecución de la
acción penal respecto del crimen organizado. Luego enlistó los temas regulados
y concluyó lo siguiente: “En atención a lo anterior, en criterio de este
Despacho, el precitado texto en su totalidad guarda congruencia con el
ordenamiento interno al incorporar mecanismos complementarios de asistencia
legal en materia penal entre los Estados Parte, respetando los preceptos
jurídicos y constitucionales de cada uno”.
V.  CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL.
1.      Competencia.
La
Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad del
Tratado celebrado entre la República de Colombia y la
Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en materia penal así como
su ley aprobatoria, atendiendo lo previsto en el numeral 10º del artículo 241
de la Constitución Política.
2.      Alcance del control de
constitucionalidad sobre los tratados internacionales y las leyes aprobatorias.
El control constitucional de los
tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias presenta algunas
particularidades que en reiteradas oportunidades han sido reseñadas por la
jurisprudencia de esta Corporación[2].
Son ellas las siguientes: (i) es previo a la ratificación que
perfecciona el tratado, aunque posterior a la aprobación del Congreso y
la sanción del Gobierno; (ii) es automático, ya que debe
remitirse por el Gobierno a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley
aprobatoria del tratado; (iii) es integral, toda vez que se examinan los
aspectos formales y materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con
toda la Constitución, incluidas las normas que se integran a ella; (iv) es preventivo,
ya que busca garantizar no sólo el principio de supremacía de la
Constitución sino también el cumplimiento de los compromisos del Estado
colombiano ante a la comunidad internacional; (v) es una condición sine qua
non para la ratificación del tratado y la consecuente obligación del
Estado; y, finalmente, (vi) tiene fuerza de cosa juzgada constitucional.
Según fue explicado en la sentencia
C-639 de 2009, el control de constitucionalidad formal persigue
verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios en el proceso de
negociación y celebración del tratado[3],
así como en el trámite legislativo desarrollado[4]
y la sanción presidencial del proyecto. Además, la ley aprobatoria debe
observar el procedimiento ordinario conforme a lo dispuesto por la
Ley Orgánica del Congreso[5],
salvo lo concerniente a la iniciación del debate en el Senado de la
República, por referir a las relaciones internacionales (art. 154 superior).
En la sentencia referida la
Corte también explicó que el examen formal comprende: i) la remisión oportuna
del instrumento internacional y la ley aprobatoria; ii) la validez de la
representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y
celebración del tratado, así como la competencia del funcionario que lo
suscribió; iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente; iv) las
publicaciones efectuadas por el Congreso (art. 157
C.P.); v) la aprobación en primer y segundo debate respectivamente (art. 157
C.P.); vi) el cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates en
una y otra cámara (art. 160 C.P.); vii) el quórum deliberatorio y
decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto; y
viii) el anuncio previo a la votación (art. 160
C.P.).
De otra parte, en cuanto al control
de constitucionalidad material, la función de esta Corte se
circunscribe a examinar el contenido del instrumento internacional y su ley
aprobatoria a la luz del contenido integral de la
Constitución.
3.      El asunto objeto de control
En el presente caso la
Corte debe revisar la constitucionalidad del “Tratado entre la
República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca
en matera penal”, suscrito en Moscú el 6 de abril de 2010, así como de la
ley 1596 de 2012, aprobatoria de ese convenio.
4.  Revisión formal del
Tratado
4.1.  Negociación, celebración
y aprobación ejecutiva del Tratado
- De acuerdo con la comunicación
remitida a la Corte Constitucional por la
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, el instrumento bajo examen fue
suscrito en nombre del Estado colombiano por quien para el momento se
desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde.
Bajo estas condiciones, explicó que no fue necesario expedir Plenos Poderes por
parte del Presidente de la República, de conformidad con el literal a) numeral
2º, del artículo 7º de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados” del año 1969.
- El 6 de abril de 2010, en la
ciudad de Moscú, el Ministro de Relaciones Exteriores suscribió el “Tratado
entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre asistencia legal
recíproca en materia penal”.
- El 19 de julio de 2011 el señor
Presidente de la República de Colombia impartió la
Aprobación Ejecutiva al “Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca
en materia penal, suscrito en Moscú, Rusia, el seis (6) de abril de dos mil
diez (2010)”. En dicho acto, suscrito también por la
Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las funciones del despacho
de la Ministra de Relaciones Exteriores, se dispuso someter el instrumento
internacional a consideración del Congreso para “los efectos
constitucionales”.
Observa la
Corte que la suscripción del tratado por parte del Ministro de Relaciones
Exteriores es válida a la luz del literal a) del numeral 2º del artículo 7º de la
Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados entre Estados, aprobado
en Colombia mediante la Ley 32 de 1985. Esa norma dispone lo siguiente:
“Artículo 7
Plenos
Poderes
(…)
2. En
virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se
considerará que representan a su Estado:
a) los
jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para
la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;
(…)”
En consecuencia, desde esta perspectiva formal no existe
reparo alguno de constitucionalidad durante la negociación, celebración y
aprobación ejecutiva del Tratado.
4.2. Remisión
del Tratado y de su ley aprobatoria a la
Corte Constitucional.
El “Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca
en materia penal” fue aprobado por el Congreso de la
República mediante ley 1596 del 21 de diciembre de 2012, fecha en la cual fue
sancionada por el Ejecutivo[6]
y publicada en el Diario Oficial número 48.651.
El 11 de enero
de 2013, justo después de concluir la vacancia judicial de final de año, la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República remitió a la Corte Constitucional fotocopia autenticada de la
Ley 1596 de 2012. En consecuencia, la Sala observa que la remisión para efecto
del control constitucional se realizó dentro del término de los seis (6) días
hábiles siguientes a la sanción de la ley, de conformidad con lo previsto en el
artículo 241-10 de la Carta Política.
4.3.   Revisión
formal de la ley 1596 del 21 de diciembre de 2012, aprobatoria del Tratado
entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre asistencia legal
recíproca en materia penal.
Conforme a la
documentación que reposa en el expediente, se observa que el instrumento
internacional fue sometido a la aprobación del legislativo y que allí fue
radicado en la Comisión Segunda del Senado, con el número 176 de 2011, el día
30 de noviembre. Luego el proyecto de ley fue sometido a consideración de la
Cámara de Representantes, en donde fue radicado con el número 242 de 2012.
Todo ello culminó con la expedición de la ley número 1596 de 2012. El
procedimiento puntual al que se sometió la aprobación del Tratado fue el
siguiente:
4.3.1. Trámite
en el Senado de la República al proyecto de ley 176 de 2011.
De acuerdo con el
oficio firmado por el Secretario General de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, el 30 de noviembre
de 2011 el Gobierno radicó en la
Secretaría General del Senado de la
República el proyecto de ley 176 de 2011 Senado, “por medio de la cual se
aprueba el Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca
en materia penal, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de
abril de 2010”.
Acto seguido, la
Presidencia del Senado dio por repartido el proyecto de ley a la
Comisión Segunda Constitucional. El texto original del proyecto de ley y del
instrumento internacional, junto con la exposición de motivos, fueron
publicados en la Gaceta del Congreso 894 del 25 de noviembre de 2011[7].
4.3.1.1.  La
ponencia para dar primer debate en la
Comisión Segunda del Senado de la
República fue presentada por el senador Edgar Espíndola Niño, siendo
publicada en la Gaceta del Congreso 118 del 28 de marzo de 2012[8].
Conforme al Acta
19 del 10 de abril de 2012, publicada en la
Gaceta del Congreso 233 del 15 de mayo de 2012[9], en dicha sesión se dio el aviso de
votación en los siguientes términos:
“El Secretario de
la Comisión, doctor Diego González, da lectura al anuncio de proyectos de ley:
por instrucciones del señor Presidente de la
Comisión Segunda, me permito anunciar los proyectos de ley para discutir y
votar en la próxima sesión de Comisión:
(…)
3. Proyecto de
ley número 176 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado
entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre asistencia legal
recíproca en materia penal, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010.
(…)
Le informo señor
Presidente, que han sido anunciados los proyectos de ley para la próxima
sesión.
El señor
Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, informa que se cita para la próxima
sesión a las 10:00 en este mismo recinto. Gracias.”
En el Acta 20
del 17 de abril de 2012, publicada igualmente en la
Gaceta del Congreso 233 del 15 de mayo de 2012[10], se
evidencia que en esa sesión fue discutido y votado el proyecto de ley 176 de
2011 Senado. El quórum deliberatorio y decisorio fue de 10 de los 13 Senadores
que conforman esa Comisión[11].
La votación se llevó a cabo sobre el bloque del articulado unánimemente en los
siguientes términos: “El Secretario, doctor Diego González González, que sí
es aprobado por los Senadores de la Comisión el articulado del Proyecto de ley
número 176 de 2011 Senado”.
Se designó como
ponente para segundo debate ante la Plenaria del Senado, nuevamente, al Senador
Edgar Espíndola.
4.3.1.2.  La
ponencia para dar segundo debate en la
Plenaria del Senado de la República, presentada
por el Senador Edgar Espíndola, fue publicada en la
Gaceta del Congreso 228 del 14 de mayo de 2012[12].
Conforme al Acta
48 del 22 de mayo de 2012, publicada en la
Gaceta del Congreso 414 del 10 de julio de 2012[13], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:
“Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en
la próxima sesión.
Señor Presidente, para la
próxima sesión, los siguientes son los proyectos a debatir y votar.
Con ponencia para segundo
debate:
(…)
Proyecto
de ley número 176 de 2011 Senado, “por
medio de la cual se aprueba el Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal recíproca
en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia el 6 de abril de 2010.
(…)
Están leídos y anunciados los
proyectos de ley y actos legislativos para la próxima sesión.
(…)
Siendo las 11:40 p.m., la
Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 23 de mayo
de 2012, a las 3:00 p.m.”.
Más adelante,
según el Acta 49 del 23 de mayo de 2012, publicada en la
Gaceta del Congreso 415 del 10 de julio de 2012[14], fue
discutido y votado el proyecto de ley 176 de 2011 Senado, en los siguientes
términos: “La Presidencia somete a consideración de la
plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta, ¿adopta
la plenaria el articulado propuesto? y esta responde afirmativamente.” El quórum deliberatorio y decisorio fue de 93 de los 100 Senadores
que conforman esa Plenaria.
El texto
definitivo aparece publicado en la Gaceta del Congreso número 292 del 31 de
mayo de 2012[15],
en la que solo se divulgó el proyecto de ley aprobatoria mas no del Tratado
internacional.
4.3.2. Trámite
en la Cámara de Representantes al proyecto de ley 242 de 2012 Cámara y 176 de
2011 Senado.
De acuerdo con el
informe rendido por el Secretario de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley 242 de
2012 Cámara y 176 de 2011 Senado fue radicado el 12 de junio de 2012.
4.3.2.1.  La
ponencia para dar primer debate en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
fue presentada por el Representante Hernán Penagos Giraldo, siendo publicada en
la Gaceta del Congreso 566 del 31 de agosto de 2012[16].
Conforme al Acta
15 del 9 de octubre de 2012, publicada en la
Gaceta del Congreso 18 del 6 de febrero de 2013[17], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, en los siguientes términos:
“Hace uso de
la palabra la Secretaria General de la
Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Anuncio de
proyectos de ley para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número
01 de 2003, para ser discutidos y votados en la próxima sesión, donde se
discutan y se aprueben proyectos de ley.
(…)
Proyecto de
ley número 242 de 2012 Cámara, 176 de 2011 Senado, por medio
de la cual se aprueba el Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal recíproca
en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia el 6 de abril de 2010
(…)
Efectuados seis
anuncios, señor Presidente, conforme lo ordena usted para la próxima sesión en
donde se debatan proyectos de ley señor Presidente.
(…)
Hace uso de la
palabra el Presidente de la Comisión (E), doctor Eduardo José Castañeda
Murillo:
Citamos para el
próximo miércoles 17 de octubre, 10 de la mañana.”
Según el Acta
16 del 17 de octubre de 2012, publicada en la
Gaceta del Congreso 18 del 6 de febrero de 2013[18], en esa
sesión fue discutido y votado unánimemente el proyecto de ley. El quórum
deliberatorio y decisorio fue de 10 de los 19 Representantes que conforman esa
Comisión[19].
Nuevamente se
designó como ponente para segundo debate ante la
Plenaria de la Cámara al congresista Hernán Penagos Giraldo.
4.3.2.2.  La
ponencia para dar segundo debate en la
Plenaria de la Cámara de Representantes fue
publicada en la Gaceta del Congreso 782 del 9 de noviembre de 2012[20].
Conforme al Acta
171 del 14 de noviembre de 2012, publicada en la
Gaceta del Congreso 73 del 28 de febrero de 2013[21], en dicha
sesión se dio el aviso de votación, de la siguiente manera:
“Subsecretario
(E), doctor Raúl Enrique Ávila Hernández:
Señor Presidente,
se anuncian los siguientes proyectos de ley y de acto legislativo para la
próxima sesión del día jueves 15 de noviembre o para la siguiente sesión Plenaria
en la cual se debatan proyectos de ley o Actos Legislativos de acuerdo al Acto
Legislativo 01 de 2003.
(…)
Proyecto de
ley número 242 Cámara, 176 de 2011 Senado, por medio de la
cual se aprueba el Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal recíproca
en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia el 6 de abril de 2010.
(…)
Señor Presidente
han sido anunciados los proyectos de ley”.
Atendiendo lo
expuesto al final de dicha sesión, el debate se surtió efectivamente al día
siguiente, según consta en el Acta 172 del 15 de noviembre de 2012,
contenida en la Gaceta del Congreso 54 del 15 de febrero de 2013[22]. En esa
sesión fue discutido y votado el proyecto de la siguiente manera: el quórum
deliberatorio y decisorio para la ponencia y el articulado fue unánime entre
los Representantes que conforman esa Plenaria[23]. No obstante, por solicitud del
congresista Obed de Jesús Zuluaga Henao, la votación efectuada sobre el título
y sobre la pregunta sobre si “¿la
Plenaria quiere que este proyecto sea ley de la
República?” se llevó a cabo de manera nominal, arrojando un resultado de “Por
el sí 84” y “Por el no 2”[24].
El texto
definitivo aparece publicado en la Gaceta del Congreso 826 del 21 de noviembre
de 2012[25].
4.3.3.  De la secuencia legislativa anterior, en cuanto al trámite dado al
proyecto de ley 176 de 2011 Senado y 242 de 2012 Cámara, la
Corte concluye lo siguiente:
4.3.3.1. Inició
su trámite en el Senado de la República (art. 154 superior).
4.3.3.2. Se efectuaron
las publicaciones oficiales según el numeral 1º del artículo 157 de la
Constitución, por cuanto:
El texto original
del proyecto de ley junto con la exposición de motivos, se  publicaron en la
Gaceta del Congreso 894 de 2011, Senado, antes de darle curso en la
Comisión respectiva.
Las ponencias
fueron  publicadas así: en la
Comisión Segunda del Senado, en la Gaceta 118 del 28 de marzo de 2012; en la
Plenaria del Senado, en la Gaceta 228 del 14 de mayo de 2012; en la
Comisión Segunda de la Cámara, en la Gaceta 566 del 31 de agosto de 2012; y en
la Plenaria de la Cámara, en la Gaceta 782 del 9 de noviembre de 2012, todas
las cuales se realizaron antes de iniciarse las respectivas discusiones.
4.3.3.3. Se
cumplieron los términos de 8 y 15 días, que deben mediar entre las sesiones
(art. 160 superior)[26].
En efecto:
En el Senado el
primer debate en la Comisión Segunda fue el 17 de abril de 2012 y en la
Plenaria fue el 23 de mayo de 2012 (más de 8 días). En la
Cámara esa diligencia fue el 17 de octubre de 2012 y en la
Plenaria el 15 de noviembre del mismo año (más de 8 días). La
aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado fue el 23 de mayo de 2012 y
la iniciación de la discusión en la Cámara fue el 17 de octubre de 2012 (más de
15 días).
4.3.3.4.       El proyecto de ley
fue aprobado en primero y segundo debate conforme al quórum y las mayorías
exigidas por los artículos 145 y 146 de la
Constitución y el Reglamento del Congreso.
4.3.3.5.       En
cuanto al requisito del anuncio previo a la votación contemplado en el
artículo 8º del Acto Legislativo No. 01 de 2003, que adicionó el artículo 160
de la Constitución, se aprecia su cumplimiento por cuanto:
4.3.3.5.1. En la
primera discusión en la Comisión Segunda del Senado i) se anunció debidamente
el proyecto de ley al emplearse la expresión “me permito anunciar los
proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión de Comisión” (acta
19 de 2012); ii) el anuncio se realizó en sesión del 10 de abril de 2012,
previa a la votación (17 de abril de 2012, acta número 20); y iii) la fecha de
la votación resulta determinable al emplearse las palabras “próxima sesión
de Comisión” (acta 19 referida), como
lo ha admitido esta Corporación[27],
ya que ello puede corroborarse al haberse realizado la siguiente sesión el 17
de abril de 2012 y atendiendo el consecutivo de las actas (número 20).
4.3.3.5.2. En el
segundo debate en la Plenaria del Senado i) se anunció debidamente el proyecto
de ley al utilizarse las expresiones: “se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión” y “convoca para el día
miércoles 23 de mayo de 2012, a las 3:00 p.m.”. (acta 48 de
2012); ii) el anuncio se verificó en sesión distinta (22 de mayo de 2012) y
previa a la votación (23 de mayo de 2012, acta 49); y iii) la fecha de la
votación resulta determinada al fijarse la fecha y cumplirse efectivamente
(número 49).
4.3.3.5.3.  En la
primera discusión en la Comisión Segunda de la
Cámara i) se anunció debidamente el proyecto de ley al emplearse las
expresiones “Anuncio de proyectos de ley (…) para ser discutidos y
votados en la próxima sesión” y “citamos para el próximo miércoles 17 de
octubre, 10 de la mañana” (acta 15 de 2012); ii) el anuncio se realizó en
sesión distinta (9 de octubre de 2012) y previa a la votación (17 de octubre de
2012, acta 16)[28];
y iii) la fecha de la votación resulta determinada al fijarse una fecha que fue
cumplida (acta número 16).
4.3.3.5.4.  En el
segundo debate en la Plenaria de la Cámara, se aprecia que i) se anunció
debidamente el proyecto de ley al utilizarse las expresiones “se anuncian
los siguientes proyectos de ley y de acto legislativo para la próxima sesión” (acta
171 de 2012); ii) el anuncio se verificó en sesión distinta (14 de noviembre de
2012) y previa a la votación (15 de noviembre de 2012); iii) la fecha de la
votación resulta determinada al fijarse la fecha del 15 de noviembre, ya que
ello se cumplió efectivamente y puede corroborarse según el consecutivo de las
actas (número172).
4.3.4.  Conclusión
sobre la revisión formal de la ley
La Corte puede concluir que la ley 1596 de
2012, del 21 de diciembre, aprobatoria del Tratado entre la
República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal
recíproca en materia penal, cumplió debidamente los requisitos formales
exigidos por la Carta Política.
A continuación, la
Corte pasa a examinar si dicho instrumento internacional cumple materialmente
las previsiones constitucionales.
5.      La
constitucionalidad material del Tratado de asistencia recíproca.
Como ya se anotó, en este
escenario las competencias de la Corte tienen algunos límites que han sido
reiterados por la jurisprudencia constitucional[29].
En efecto, la labor de este tribunal consiste en examinar el contenido del
instrumento internacional y de su ley aprobatoria respecto a la totalidad del
texto de la Constitución y las normas que se integran a ella en virtud del
bloque de constitucionalidad. Sobre esta modalidad del control, la
jurisprudencia ha explicado que el análisis de aspectos de conveniencia,
oportunidad o efectividad de los tratados es ajeno a las funciones jurídicas
asignadas a la Corte como garante de la supremacía e integridad de la
Constitución (art. 241-10 CP), ya que dicha valoración corresponde al
Presidente de la República en el ejercicio de la dirección de las relaciones
internacionales (art. 189-2 CP) y al Congreso al decidir si aprueba o no un
tratado (art. 150-16 CP).
El Tratado suscrito
en Moscú (Rusia), el 6 de abril de 2010, constituye un instrumento cuyo
objetivo principal es facilitar la colaboración y apoyo entre los Estados de
Rusia y Colombia para perseguir los delitos que afecten a cualquiera de los dos
países. Consta de un preámbulo y veintidós (22) artículos: el primero explica
que su origen son los lazos de amistad y el ánimo de cooperación entre las
Partes y que su base es el acatamiento por las legislaciones internas, “así
como el respeto a los principios universales de derecho internacional, en
especial de igualdad soberana y la no intervención en los asuntos internos.
Los artículos 1º a 3º establecen los postulados básicos de la asistencia legal,
a saber, el origen de la obligación, sus alcances y las autoridades que en cada
Estado deberá tramitar la solicitud; los artículos 4º a 6º consagran los
requisitos que debe acatar cada requerimiento, los idiomas aplicables y las
causales de denegación; los artículos 7º y 8º definen algunas reglas adscritas
a los documentos compartidos, mientras que los artículos 9 y siguientes definen
los parámetros de ejecución de la asistencia, como: la entrega de documentos,
la obtención de pruebas, la localización e identificación de personas, la comparecencia
de víctimas y peritos, las garantías de la persona citada, el traslado
provisional de personas detenidas, la protección de los citados o trasladados;
el artículo 17 concreta un “caso especial de asistencia legal”; el 18
las particularidades del ejercicio de la acción penal; el art. 19 las medidas
imputables a los bienes; el artículo 20 regula cómo se abordarán los gastos
para cumplir la asistencia, el art. 21 se refiere a los mecanismos de solución
de controversias; y el último contiene los parámetros de modificación, entrada
en vigor y terminación del Tratado.
Para adelantar la revisión
material del acuerdo, la Corte (5.1)
reiterará la jurisprudencia acerca de los tratados de asistencia recíproca en
materia penal; (5.2) luego hará una relación de las principales garantías del
proceso penal colombiano y, por último, con fundamento en las consideraciones
precedentes, (5.3) abordará el estudio específico de los artículos del acuerdo.
5.1.   Pautas genéricas de
constitucionalidad de los tratados de asistencia recíproca en materia penal y
su aplicación al instrumento aprobado mediante ley 1596 de 2012.
Como lo anotaron varios de los
intervinientes y el Procurador, este tribunal ya ha efectuado el control
abstracto de más de una decena de tratados en los que se regula la asistencia
recíproca en materia penal[30].
De ellos se debe resaltar que la sentencia C-939 de 2008[31]
explicó que esos convenios hacen parte de la dinámica internacional
contemporánea para enfrentar las distintas formas de delincuencia. Tal y como
lo incluye el Preámbulo del Tratado suscrito con Rusia, en esa providencia se
destacó que la colaboración tiene como base la “observancia de las normas
constitucionales, legales y administrativas de cada régimen interno y el
respeto a los principios generales del derecho internacional[32]”.
Esas pautas rectoras fueron
desarrolladas en la sentencia C-324 de 2000[33],
en la cual se destacó que, en principio, los acuerdos de asistencia recíproca
desarrollan los valores de la Carta Política por lo menos en tres aspectos. Al
respecto se indicó lo siguiente:
“La
concepción de un instrumento internacional en esos términos armoniza plenamente
con los postulados de la Carta Política de 1991, toda vez que:
- Permite
al Estado colombiano cumplir con la obligación de internacionalizar sus
relaciones políticas y afianzar una integración con las naciones
latinoamericanas, bajo bases precisas de equidad, igualdad, reciprocidad y
conveniencia nacional (C.P:, art. 226 y 227), con miras a alcanzar un objetivo
común, como es el de combatir la delincuencia nacional e internacional en forma
mancomunada con otros Estados.
- Sujeta
los desarrollos de los pactos allí alcanzados a los fundamentos
constitucionales que gobiernan las relaciones exteriores, como son el respeto a
la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, bajo el gobierno
de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (C.P., art.
9o.), sometiendo el cumplimiento de los acuerdos a la concordancia con los
ordenamientos internos de los Estados Partes.
- Refuerza
la estabilidad del sistema democrático colombiano, asegurando la realización de
los fines esenciales de un Estado social de derecho como el nuestro, en la
medida en que garantiza instrumentos que redundarán en la eficacia en la
administración de justicia y en el cumplimiento del deber de las autoridades de
garantizar la efectividad de los derechos y las libertades de los ciudadanos
(C.P. arts. 1o., 2o. y 229), pues como lo afirmó el gobierno nacional en la
exposición de motivos[34]
que acompañó la presentación de la ley aprobatoria de este Acuerdo, los
mecanismos tradicionales para combatir la criminalidad internacional impiden
adelantar las respectivas investigaciones de manera ágil, de tal forma que las
autoridades de las distintas naciones deben desarrollar nuevos medios para
enfrentar eficientemente las distintas formas delictivas, como ocurre con el
instrumento internacional que se analiza.”
En un sentido similar, la
sentencia C-619 de 2004[35]
relacionó las condiciones en que un acuerdo de este tipo cumple con los
requerimientos de nuestra Constitución:
“5.1. La
Corte reconoce la importancia de luchar contra la delincuencia nacional y
transnacional, así como de establecer formas de cooperación entre Estados,
objetivos estos que, al ser perseguidos por el Acuerdo sub examine, desarrollan
de varias maneras los preceptos constitucionales.
En efecto,
el Acuerdo, al buscar tales fines, según lo dispuesto en su preámbulo, es
concordante con lo dispuesto en el artículo 2 constitucional en relación con
los fines del Estado tales como asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo.
Por otro
lado, el Acuerdo suscrito es una forma de promover la internacionalización de
las relaciones, señalada en los artículos 9 - puesto que a través de éste se
está propiciando la integración con uno de los países de América Latina- y 226
de la Carta.
De otro
lado, el Acuerdo bajo examen se inscribe claramente dentro de los parámetros de
respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación de los pueblos, que
según el artículo 9 superior deben presidir las relaciones exteriores de
Colombia. En efecto el Acuerdo, desde su considerandos, reconoce la necesidad
de la observancia de las normas de los Estados Parte[36].
El
propósito de respeto al derecho interno y a la soberanía de las partes, se
reitera, de manera directa e indirecta, en varias de sus disposiciones
posteriores tales como las contenidas en los artículos 5, numeral 1, 8, numeral
5, 6[37],
7, 9[38],
numerales 1 y 5,  10[39],
numerales 1, 3 y 6, y 11[40].
En esta
medida, la Corte observa que, en términos genéricos, el instrumento que examina
resulta acorde con la Constitución, en la medida que garantiza el respecto por
la soberanía nacional, al tiempo  que implementa un mecanismo adecuado de
represión del delito, con lo cual se busca la realización del orden social
justo al que propende nuestra Carta fundamental.”
La
Corte ha considerado que estos instrumentos constituyen un avance dentro del
desarrollo de las relaciones internacionales, en la medida en que concretan una
forma más ágil de conectar los Estados respecto de las formas diplomáticas
tradicionales. En la sentencia C-187 de 1999[41]
se explicó esta situación de la siguiente manera:
“Cuando se carecía en el país de un instrumento internacional
vigente sobre la materia y   se necesitaba formular solicitud de intercambio de
información sobre actuaciones procesales en curso o pruebas relativas a una o
varias actividades delictivas investigadas, se utilizaba el mecanismo de los
exhortos[42]
y las cartas rogatorias[43],
en la forma establecida en el Código de Procedimiento Penal (arts. 539 - 545).
Ahora bien, una vez creada la
Fiscalía General de la Nación, se le otorgó al Fiscal o sus delegados, la
facultad de formular éste tipo de solicitudes[44], según lo estipulado
en las convenciones y tratados internacionales vigentes, así como en los
Memorandos de Entendimiento o Acuerdos entre Gobiernos, de conformidad con lo
previsto en el Código de Procedimiento Penal y en el Decreto 1303 de 1.991[45].
Para una mayor eficacia en el cumplimiento de esa labor, se expidió el “Manual
de procedimiento para el intercambio de pruebas con el exterior”[46].
“De acuerdo con lo anterior, las vías con que se cuenta en el país
para solicitar ese tipo de información son: a) la diplomática, por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y su equivalente en el país
requerido y b) la directa, por conducto de la autoridad central
designada por cada país, en desarrollo de los instrumentos internacionales. Sin
embargo, es evidente que la vía diplomática presenta algunos problemas en
cuanto a la oportunidad de sus resultados, en la medida en que constituye un
mecanismo dispendioso y demorado, a diferencia de la solicitud directa que sin
duda es más ágil, en cuanto permite consolidar sobre bases fijas y reales una
cooperación pronta y eficiente entre los Estados negociadores.”
Conforme a esos presupuestos esta
Sala constata que los objetivos y el contenido general del Tratado de
asistencia recíproca resultan compatibles con los valores superiores que
orientan las relaciones internacionales de Colombia y son concurrentes con el
perfeccionamiento de la eficiencia de la administración de justicia y los
principios de internacionalización de las relaciones políticas, económicas,
sociales y ecológicas sobre bases de equidad y reciprocidad, así como de
soberanía y respeto a la autodeterminación de los pueblos (art. 9
C.P.).
Debe
reconocerse que ese instrumento, tanto en su preámbulo como en buena parte de
su articulado, se refiere al acatamiento de los sistemas jurídicos internos de
cada Parte, lo que implica que la cooperación debe realizarse, en todo caso,
bajo la observancia rigurosa de las normas constitucionales, legales y
administrativas de cada Estado.
Por
consiguiente, la Sala concluye que de manera general el instrumento que examina
resulta armónico con la Constitución, en cuanto garantiza el respeto por la soberanía
nacional, a la par que implementa un mecanismo adecuado de represión del delito
y, con ello, de realización del orden social justo previsto en la
Carta Política.
5.2. Estructura y garantías del proceso penal colombiano
En
diferentes oportunidades esta Corporación ha aclarado que el actual
procedimiento penal no comparte el esquema de un sistema acusatorio puro,
desarrollado en el derecho anglosajón, sino que “se diseñó un sistema de
tendencia acusatoria”[47],
correspondiéndole al juez “buscar
la aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del
respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de
aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la
verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación
integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales
que hacen parte del bloque de constitucionalidad”[48].
Por su
parte, de acuerdo con lo señalado en Acto Legislativo número 3 de 2002, que
modificó, entre otros, los artículos 250 y 251 de la
Carta Política, así como lo establecido en la
Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional ha destacado las principales
características de este sistema así[49]:
i)
Separación de las etapas de investigación y juzgamiento. Como consecuencia de
ello, desaparece la instrucción como fase de la instancia procesal encomendada
al juez y se convierte en un ciclo de preparación para el juicio.
ii) El
rol del juez en el sistema penal acusatorio está centrado en el control de los
actos en los que se requiera el ejercicio de la potestad jurisdiccional o que
impliquen restricción de derechos o calificación jurídica de los hechos.
iii) El
ejercicio de la acción penal está a cargo de la
Fiscalía, quien puede solicitar al juez de control de garantías las medidas
necesarias para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de
la prueba y la protección de la comunidad. Esa misma autoridad tiene a su cargo
la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento, la
solicitud de la preclusión de las investigaciones y las medidas necesarias para
la protección de las víctimas.
iv) El
proceso penal es, por regla general, oral, contradictorio, concentrado y
público.
v) Existe
la posibilidad de que el proceso penal no se inicie o se termine pese a la
certeza de la ocurrencia de un delito, en virtud de la aplicación del principio
de oportunidad o que se configure un acuerdo entre las partes.
vi) Las
funciones judiciales del control de garantías y de conocimiento suponen la
clara distinción de dos roles para los jueces penales. El primero, quien tiene
a su cargo la protección de los derechos y libertades individuales en las
etapas preliminares a la imputación; y el segundo, que tiene la responsabilidad
de llevar adelante el juicio penal con todas las previsiones procesales y
sustanciales propias del debido proceso.
vii) En
cuanto a la actividad probatoria, la jurisprudencia ha señalado que se debe
conciliar la tensión existente entre eficacia del derecho penal y el respeto
por los derechos y libertades individuales. En tal sentido se han planteado las
siguientes notas características:
-
Es fundamental distinguir los actos de
investigación y los actos de prueba. Los actos de investigación se adelantan
por la Fiscalía, la Defensa, el Ministerio Público y la víctima con el control
y vigilancia del juez de control de garantías; por su parte, los de prueba son
actuaciones que realizan las partes ante el juez de conocimiento con el objeto
de incorporar los actos de investigación al proceso y poder convertirlas.
-
Mientras la preparación del proceso
mediante la realización de los actos de investigación está a cargo de las
partes y el Ministerio Público, el juez debe calificar jurídicamente los hechos
y establecer la consecuencia jurídica de ellos.
-
Los roles de las partes en lo referente
a la carga probatoria están claramente definidos, en cuanto existe una posición
adversarial en el juicio, toda vez que los actos de prueba tanto de la
Fiscalía como de la víctima[50]
están dirigidos a desvirtuar la presunción de inocencia y persuadir al juez,
con grado de certeza, acerca de la responsabilidad penal del enjuiciado. En
cambio, la parte acusada busca cuestionar la posibilidad de adquirir certeza
sobre la responsabilidad penal.
-
El juez debe de formar su convicción
exclusivamente sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral,
salvo el caso de la prueba anticipada.
-
El juez, por regla general, está
impedido para practicar pruebas, por lo que está obligado a decidir con base en
las que las partes le presentan en la audiencia de juicio oral.
El anterior es un esquema enunciativo de los aspectos
relevantes del procedimiento penal establecido en el Acto Legislativo 03 de
2002 y la Ley 906 de 2004, a través de los cuales se introdujo un nuevo sistema
punitivo en nuestro país.
5.3.  Estudio
específico de los artículos del Tratado.
5.3.1.  El artículo 1º del
Tratado entre la República de Colombia y la
Federación de Rusia define las obligaciones genéricas que se desprenden de la
asistencia legal en materia penal que se prestarán las dos naciones.
5.3.1.1.  Está compuesto por
cinco párrafos; en el primero solo se consigna el deber de colaboración
implícito en el instrumento que, como se observó es compatible con la
Constitución[51].
5.3.1.2.  El segundo párrafo
establece que la asistencia opera cuando el hecho que la sustenta constituye
delito y está definido expresamente como hecho punible en las legislaciones de
las dos Partes[52].
Esta hipótesis constituye la base del acuerdo bilateral, en la medida en que
garantiza que la autodeterminación de las dos naciones será respetada, que en todo
evento se asegurará el goce efectivo del debido proceso así como el principio
de legalidad penal, y que la persecución de la criminalidad estará sujeta a la
colaboración y no a la imposición de una cultura sobre la otra. Por su
importancia no sobra destacar que esta corporación ha inferido la
constitucionalidad de este tipo de instrumentos teniendo como base la
coincidencia de los tipos penales que serán objeto de cooperación. Por ejemplo,
en la decisión C-939 de 2008[53]
se consignó lo siguiente:
“En esa
dirección, la Sala Plena juzga que el enunciado referido a la definición de
terrorismo a que hace referencia el Protocolo bajo examen se considera
exequible bajo el presupuesto de que el concepto de terrorismo debe entenderse
en la forma como está tipificado en la legislación interna colombiana o pueda
llegar a estarlo y su definición se aplique respetando de forma estricta el
principio de legalidad. De tal manera que si la definición empleada en nuestro
ordenamiento jurídico está acorde con la
Constitución la aplicación de esta disposición del instrumento no tendrá
reparo de constitucionalidad”.
De manera más precisa, en la
sentencia C-326 de 2000[54],
citada por la C-288 de 2002[55],
se explicó lo siguiente:
“Cooperación
que se concreta en las medidas que, en cada Estado, deben adoptarse para
detectar e impedir la realización de este delito, así como en la asistencia
judicial que cada parte debe prestar para lograr que se cumpla el objeto mismo
del tratado. Medidas y asistencia que, en todo caso, deben sujetarse a los
requerimientos que, para el efecto,  establezca la legislación interna. Esta
sujeción a los procedimientos y garantías propias de cada Estado, permite
concluir que la ejecución del acuerdo en revisión sólo es  posible si la
legislación de cada Estado establece los mecanismos para la prevención, control
y represión de esta conducta delictiva. De esta manera, se garantiza que el
principio de autodeterminación y la soberanía en que se deben fundar las
relaciones internacionales del Estado colombiano se observen ampliamente
(artículo 9 C.P.)”
Sin embargo, el mismo párrafo del
Tratado consigna la facultad del Estado Requerido de prestar la asistencia
legal, aunque “el hecho por el cual se solicita no constituya delito de
conformidad con su legislación interna”. La
Defensoría del Pueblo considera que conforme a la amplitud de las facultades
adscritas a la cooperación, enlistadas en el artículo 2, esa potestad podría “derivar
en una intervención excesivamente intensa respecto de personas que, de
conformidad con la legislación interna, no han comprometido en modo alguno su
responsabilidad”.
La
Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de estudiar normas similares. En
primer lugar, hay que tener en cuenta el análisis consignado en la sentencia
C-406 de 1999[56],
en la que se advirtió que la asistencia se debe prestar sin que ello lleve a la
afectación injustificada de los derechos fundamentales y demás preceptos
consignados en la Carta Política. Allí se consideró lo siguiente:
“La asistencia judicial, como se ha dicho, es un mecanismo de
cooperación entre Estados.  Los límites a dicha cooperación están dados por el
respeto a los derechos de las personas eventualmente afectadas. Por lo tanto,
no es menester que la asistencia se sujete a que el hecho investigado se
considere delito.  Sin embargo, sí resulta indispensable que, frente a ciertas
actuaciones que pueden afectar garantías previstas en la
Constitución, se atiendan los procedimientos y cautelas previstos en las
normas nacionales.
El numeral segundo del artículo 2 del Tratado se endereza en esa
dirección cuando exige que la realización de ciertos actos se sujete al
carácter punible del hecho investigado, ya que, de esta manera, se asegura que
existirá en el ordenamiento interno normas que regulan la actuación estatal
frente a la asistencia solicitada.”
Con base en esa providencia, en
la sentencia C-1259 de 2000[57]
se dedujo que la compatibilidad con la
Constitución de la facultad para prestar asistencia respecto de conductas que
no sean consideradas delitos por el Estado Requerido se condiciona a los
siguientes parámetros:
“El
artículo 2 del Acuerdo establece, que la asistencia se prestará aún cuando el
hecho por el cual se procede en la
Parte Requirente no sea considerado delito por la
Parte Requerida, salvo cuando se trate de la ejecución de requisas,
registros y medidas cautelares o definitivas sobre bienes, casos en los cuales
la asistencia se prestará, solamente si la legislación de la
Parte Requerida prevé como delito el hecho por el cual se procede en la
Parte Requirente. Al revisar cláusulas similares, incluidas en
otros convenios de cooperación judicial, la
Corte ha considerado que la aplicación de dicho principio y las restricciones
que al mismo se imponen, no sólo no contrarían ningún precepto constitucional,
sino que armonizan con la filosofía que subyace en nuestro ordenamiento
superior (…)” (subrayado fuera de texto original).
El Tratado aprobado mediante la
ley 1596 de 2012 establece en el artículo 1, párrafo 2, la posibilidad amplia
de prestar asistencia, en los términos del artículo 2, aunque el hecho que
sustenta la solicitud no constituya delito en el Estado Requerido. Eso
significa que, por ejemplo, en virtud del instrumento bilateral, en Colombia un
individuo puede ser sometido a la restricción grave y definitiva de derechos
como su libertad, su propiedad privada y su intimidad por el hecho de haber
cometido un hecho punible en la Federación de Rusia, aunque su acto no pueda
ser calificado como un hecho punible por parte de ninguna autoridad de nuestro
país, afectando el principio de legalidad de la pena (arts. 28 y 29 de la
Carta) y, por consiguiente, las competencias del Congreso de la
República.
En otras palabras, a través de
esa disposición indeliberadamente se extienden los efectos todo el régimen
punible de otro Estado (presente y futuro), sin que haya existido trámite
alguno al interior del Parlamento e impidiendo que el investigado disponga de
un marco legal previo y reconocido en la
Parte Requerida que permita el ejercicio del derecho de defensa. Sobre este
aspecto vale la pena tener en cuenta la sentencia C-123 de 2004[58]
en la que se argumentó lo siguiente:
“Ahora bien, tal como lo reconoce la doctrina, el principio de
que nadie puede ser privado de la libertad sino por motivo expresamente
señalado en la ley es una expresión del principio de legalidad de la sanción
penal o nulla poena sine lege, que constituye pilar esencial del derecho
punitivo en el modelo del Estado de Derecho.
Como consecuencia de dicha subordinación, el principio mencionado
aplica no sólo para quien es privado de la libertad como sanción definitiva por
haber transgredido la normatividad penal, sino a favor de quien es retenido
temporalmente, como resultado de la adopción de una medida preventiva. Tal
subordinación tiene fundamento en el hecho de que, aunque la privación
preventiva de la libertad no constituye la imposición de una sanción penal
-pues durante la etapa instructiva no existe convicción sobre la
responsabilidad penal del sujeto indagado- aquella afecta de manera directa el
núcleo esencial del derecho fundamental a la libertad.”
A diferencia de la sentencia
C-1259 de 2000, en este evento no se excluye explícitamente que la cooperación
conlleve, por ejemplo, a la “ejecución de requisas, registros y medidas
cautelares o definitivas sobre bienes” o, en general, a la afectación de
derechos de personas que no pueden ser eventualmente consideradas responsables
de ningún hecho punible. En esa medida la
Sala considera, tal y como lo advirtió la
Defensoría del Pueblo, que esa potestad es, en principio, contraria a los
artículos 15 (intimidad personal y familiar), 28 (libertad) y 29 (debido
proceso) de la Constitución Política, en la medida en que ella debe ser un
poder estrictamente excepcional que de cualquier manera no puede afectar a una
persona o sus bienes, sino solamente referirse a intercambio de información
pública, la ejecución de algunas pruebas o la recopilación de evidencias.
Puntualmente, al integrar la
proposición jurídica con los alcances de la asistencia, es decir, con los términos
del artículo 2 del Tratado, esta corporación evidencia que es contraria a la
Carta la posibilidad de ejecutar la colaboración cuando el hecho que soporta
la solicitud no constituye delito en la
Parte Requerida, sobre todo en los siguientes eventos, por constituir una
afectación grave de los derechos fundamentales que no logra ser justificada por
la sola existencia de la cooperación entre países en su lucha contra la
criminalidad:
(i) Se refiera
a la entrega de documentos (art. 2, párrafo 1[59])
con información sensible o con acceso restringido, en los términos de la ley
estatutaria 1581 de 2012, la sentencia C-748 de 2011 y el Código de
Procedimiento Penal. Por tanto, en este evento la asistencia solo operará
respecto de documentos cuyo contenido tenga un carácter eminentemente público.
(ii) Contenga
la obtención de “pruebas” o evidencias (art. 2, párrafo 2[60])
que estén sometidas a la cadena de custodia, la reserva sumarial o procesal,
que contengan datos sensibles o privados, en los términos de, por ejemplo, la
ley estatutaria referida. Como consecuencia, el material que puede ser objeto
de asistencia únicamente se referirá a aquella información que no esté
protegida por el Código de Procedimiento Penal Vigente (v. gr. arts. 150
y siguientes, así como 345 de la ley 906 de 2004) o que no implique datos de
carácter íntimo.
(iii) Conlleve
a la localización e identificación de personas o, inclusive de objetos (art. 2,
párrafo 3[61]),
cuando esto último implique compartir información de carácter privado. En este
evento, por ser contraria a la
Carta Política, particularmente a la intimidad y al precepto que impide
molestar a una persona, “por motivo previamente definido en la ley”,  no
se podrá prestar la asistencia legal.
(iv) Implique
el traslado temporal de personas detenidas (art. 2, párrafo 5[62])
a menos que exista aceptación explícita por parte del citado y siempre que se
garantice la aplicación de las garantías incluidas en los artículos 15 y 16 del
Tratado de asistencia recíproca, se defina el tiempo en que la persona
permanecerá fuera del país, respetando en todo caso las funciones de los jueces
de ejecución de penas y medidas de seguridad (art. 38, nums 1 y 6 de la ley 906
de 2004) y de control de garantías (art. 250, num. 1 de la
Constitución), de manera que no se obstaculice el proceso que se esté
adelantando en Colombia o se afecten a las víctimas del hecho punible por el
que el citado está detenido. Entonces, a diferencia de lo argumentado por la
Defensoría del Pueblo, la Sala considera que con el lleno de esos requisitos,
no se hace necesario declarar que esa potestad es contraria a la
Carta Política, ya que así se están garantizando los derechos del imputado,
acusado o condenado y de las demás personas que participan dentro del proceso
penal.
(v)  Involucre
la ejecución de medidas sobre bienes (art. 2, párrafo 6[63]),
teniendo en cuenta, concretamente, que en este caso no existiría ninguna
justificación para afectar los derechos reales o personales que se hayan
adquirido con arreglo a las leyes civiles, conforme al artículo 58 de la
Constitución. En efecto, si la solicitud de asistencia no tiene soporte en un
hecho que haya sido reconocido como delito por la
Parte Requerida, no se podrá ejecutar ninguna medida de carácter cautelar o
definitiva, así ella esté prevista en el estatuto procesal penal.
(vi)  Comporte
la entrega de documentos, objetos u otras pruebas (art. 2, párrafo 7[64]),
conforme a las prevenciones indicadas para los párrafos 1 y 2 del artículo 2.
(vii)
Conlleve a la ejecución de la acción penal (art. 2, párrafo 9[65]).
En este caso, teniendo en cuenta que la
Parte Requerida no reconoce la existencia de un delito respecto a la solicitud
de asistencia, no se podrá, bajo ninguna circunstancia, ejecutar la potestad
punitiva conforme a las pautas establecidas en el artículo 18 del instrumento
internacional.
En las condiciones mencionadas,
esta Corte dispondrá que el Presidente formule una declaración interpretativa
en el sentido de que la asistencia recíproca no puede afectar los derechos de
las personas o sus bienes cuando el soporte de la solicitud no constituya
delito en la Parte Requerida.
Por tanto, la expresión “así
el hecho por el cual se solicita no constituya delito de conformidad con su
legislación interna”, consignada en el párrafo 2 del artículo 1 del
Tratado, no puede ser aplicada en los eventos consignados en los párrafos
número 3, 6 y 9 del artículo 2 y en los demás casos, especialmente los párrafos
1, 2, 5 y 7, la información o las pruebas compartidas no se efectuará sobre
datos sensibles, reservados, privados con acceso restringido o sometidos a
cadena de custodia, en los términos de la ley estatutaria 1581 de 2012 o el
Código de Procedimiento Penal y el traslado de personas detenidas se ejecutará
respetando plenamente los derechos del citado y de las víctimas reconocidas
dentro del proceso penal.
5.3.1.3.  El párrafo 3 del
artículo 1[66]
establece el alcance de las obligaciones derivadas del Tratado. Allí se dispone
que la asistencia solamente favorece a las Partes y se indica que no generará
derechos a favor de “terceras personas en la obtención o exclusión de
pruebas o impedir el cumplimiento de una solicitud de asistencia legal”.
La
Sala observa que la primera regla de ese párrafo es compatible con la
Constitución en la medida en que es una derivación del respeto a la
autodeterminación de los pueblos y de los principios de derecho internacional
aceptados por nuestro país. En efecto, esa previsión constituye una aplicación
del artículo 34 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969, suscrita y aprobada por Colombia, en la que se dispone: “34. Norma general concerniente a terceros Estados. Un tratado no crea obligaciones ni
derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.”
No obstante, la segunda regulación adscrita a la disposición
es constitucionalmente problemática en la medida en que tiene la potencialidad
de afectar los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Allí
se prevé que el instrumento internacional no genera derechos a favor de “terceras
personas” y se precisa que ellas no pueden obtener y excluir pruebas o impedir
el cumplimiento de una solicitud de asistencia. Con la primera expresión
señalada, en la medida en que no se refiere a otros “Estados”, podría llegarse
a entender que solo pueden beneficiarse de la cooperación las Autoridades
Centrales (art. 3 del Tratado), v. gr. la
Fiscalía General de la Nación, en perjuicio de los demás sujetos procesales.
De esta manera, es decir, con la supresión del indagado, imputado o acusado,
Ministerio Público, así como de las víctimas, únicamente esa entidad podría
tramitar la recolección de evidencias ante la
Federación de Rusia y aquella, exclusivamente, podría solicitar su nulidad.
Una situación así afecta gravemente la igualdad de armas dentro del proceso
penal y desnaturaliza la figura de la asistencia legal internacional en materia
penal.
Bajo esos términos, esta Corte considera necesario precisar
que la expresión “terceras personas” se refiere solamente a la
imposibilidad de que las autoridades de otros Estados, diferentes a las de la
República de Colombia y de la Federación de Rusia, puedan invocar las normas
del Tratado de asistencia legal en beneficio suyo. Además, es imperativo
aclarar que el Tratado beneficia a cualquier ciudadano y que la recolección de
evidencia, bien sea en calidad de parte Requirente o Requerida, se deberá
someter a las potestades de las partes, conforme a las etapas del proceso penal
vigente.
5.3.1.4.  Los párrafos 4 y 5
del artículo 1 del Tratado[67]
disponen que las facultades de las autoridades de una Parte no se extienden ni
pueden ejercerse en el territorio de la otra y que la asistencia legal se podrá
tramitar a partir de su entrada en vigor, inclusive ante hechos punibles que “hayan
tenido lugar antes de esa fecha”.
La primera regulación es
evidentemente compatible con la Carta en la medida en que constituye una
aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos y de no injerencia
en los asuntos de otros Estados (preámbulo de la
Convención de Viena de 1969) y, entre otros, garantiza el ejercicio soberano
(art. 3 de la Constitución) y legal del poder (arts. 6 y 121 ejusdem).
Por su parte, el segundo postulado normativo
podría tener un alcance constitucionalmente problemático, en la medida en que
establece la aplicación del convenio para las acciones u omisiones objeto de la
investigación penal que hayan ocurrido con anterioridad a la fecha de su
entrada en vigencia.
En principio, ese postulado sería incompatible
con lo previsto en el artículo 29 superior, según la cual “nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio”. En este precepto se concretan los efectos de las
leyes en el tiempo, en donde la regla general es la
irretroactividad, “entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva
rige todos los hechos y actos que se produzcan a partir de su vigencia” [68].
Sin
embargo, atendiendo la naturaleza de las normas incluidas en el Tratado de
asistencia legal recíproca, esta corporación ha aceptado que aunque el trámite
penal esté en curso y mucho más en el evento en que no se haya iniciado, cuando
comienza a regir una nueva normatividad procesal, “ésta entra a regular
dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo ya
surtido bajo la ley antigua”[69].
En efecto, la jurisprudencia ha concluido que las normas procesales
tienen aplicación inmediata, salvo para las etapas cuyos términos hubiesen
empezado a correr así como para las actuaciones y diligencias estuviesen
iniciadas; y cuando por disposición expresa la nueva norma procesal, se
disponga una transición para su entrada en vigencia[70].
Teniendo en
cuenta que la garantía constitucional referente a la aplicación de las leyes “preexistentes
al acto que se le imputa”, se emplea a aquellas disposiciones de carácter
sustancial, es decir, a la definición de los delitos y las penas[71]
y que la jurisprudencia ha entendido que el artículo
29 no prohíbe variar las formas propias del juicio penal[72], la
Sala infiere que la disposición analizada no se opone a la
Constitución Política.
Lo anterior
por cuanto el Tratado de asistencia legal aprobado por la ley 1596 de 2012
contiene disposiciones eminentemente procesales que rigen la asistencia legal
entre las Partes, como lo es intercambio de
información y pruebas. Por tanto, su aplicación
es viable aun cuando la conducta investigada haya tenido lugar previo a la
entrada en vigor de la convención.
5.3.2.  El artículo 2 del
Tratado[73]
se compone de diez numerales. A través de ellos se enlistan de manera general
–como se anotó- las actividades que comprenden la asistencia legal cuando ella
está soportada en un hecho que ambas partes consideran un delito. La
Sala evidencia que todas ellas son diligencias propias de cualquier gestión
procesal y, en la medida en que cada una está regulada en las disposiciones
siguientes del convenio y que se deben tramitar en concordancia a las formas y
garantías establecidas en la Parte Requerida, incluyendo los derechos
constitucionales (art. 2, párrafo 10), no se presenta ninguna oposición con la
Carta Política[74].
5.3.3.  Siguiendo el modelo
adoptado en otros instrumentos que han sido aprobados por Colombia con
diferentes países para ejecutar la asistencia recíproca, el artículo 3 del
Tratado[75]
define las “Autoridades Centrales” que se encargarán de asegurar la cooperación
entre las Partes. Por Colombia se designa al “Ministerio del Interior y de
Justicia de la República de Colombia para cuestiones relativas a la actividad
de los jueces de la República de Colombia; y la
Fiscalía General de la Nación para todas las demás cuestiones de asistencia
legal.” Por la Federación de Rusia se habilita al “Ministerio de
Justicia de la Federación de Rusia, para cuestiones relativas a la actividad de
los juzgados de la Federación de Rusia; y la
Fiscalía General de la Federación de Rusia para todas las demás cuestiones de
asistencia legal”. Además, en el artículo se establece que el cambio de
cualquier Autoridad o de sus competencias debe ser notificado por la vía
diplomática y se concreta que sus funciones son transmitir, recibir o tramitar,
directamente o a través del servidor facultado, las solicitudes de asistencia.
Respecto a esta disposición la
Sala no evidencia incompatibilidad alguna con la
Constitución. Atendiendo que en virtud del artículo 1º de la
Ley 1444 de 2011 se escindieron del Ministerio del Interior y de Justicia los
objetivos y funciones asignados al despacho del Viceministro de Justicia y del
Derecho[76],
se debe advertir que una vez entre en vigor el instrumento internacional, se
deberá “notificar!” a la Federación de Rusia sobre esta modificación de
conformidad con el último inciso del numeral primero del artículo 3 del Tratado.
En todo caso, en varias
sentencias en las que se han estudiado normas muy similares se ha llegado a la
misma conclusión, aunque se han efectuado dos aclaraciones:
- La primera
fue consignada en la sentencia C-187 de 1999[77],
en la que se sostuvo lo siguiente: “En ese orden de ideas, también se deduce
una coherencia con el ordenamiento constitucional vigente, el que sea el
Ministerio de Justicia y del Derecho, quien a nombre de los jueces, solicite la
asistencia convenida en ese instrumento, puesto que según el artículo 201-1
superior, corresponde al gobierno prestar a los funcionarios judiciales, con
arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus
providencias, y en este sentido, el citado Ministerio debe servir como
instrumento de comunicación y enlace entre las ramas del poder público
ejecutiva y judicial, para garantizar la articulación y armonía entre ellas, a
fin de definir en coordinación con las instancias competentes la política
general para la ejecución de los programas de cooperación y asistencia judicial
internacional, así como para canalizar las actividades de las entidades de la
justicia en general que se relacionen con asuntos de carácter internacional, en
razón a que los jueces no podrían tramitar sus requerimientos a través de la
Fiscalía General de la Nación, por la autonomía que presentan frente a la
misma en el ejercicio de la función de juzgamiento (C.P., art. 228 y s.s.).”[78]
-  La segunda se encuentra definida en la sentencia C-324 de 2000[79], en la que se advirtió
el carácter instrumental de las funciones del Ministerio y de la
Fiscalía. Al respecto se puntualizó lo siguiente: “las facultades
asignadas tanto a la Fiscalía como al Ministerio de Justicia y del Derecho son
técnicas e instrumentales, por lo que, de ninguna manera, con ellas se
sustituye al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado para el
ejercicio político de dirigir las relaciones internacionales y de representar
internacionalmente al Estado colombiano[80]”.
5.3.4.  El
artículo 4 del Tratado[81]
concreta en cuatro numerales las formas que deberá abarcar la solicitud de
asistencia legal. Allí se define que debe constar por escrito, que el original
tiene que ser enviado a la Requerida en el menor tiempo posible y se indican
los ingredientes de hecho y derecho que soportan la cooperación. Incluso se
establece la potestad en cabeza de esa Parte para que solicite la información
adicional que sea necesaria para ejecutar el trámite. En doce agregados se
enlistan los elementos de la petición de cooperación que tienen la finalidad de
precisar su origen, objeto, alcance, fundamento punitivo y legal, así como las
actuaciones específicas que se requieren y la identificación de las personas
que deben ser notificadas y los objetos o lugares a asegurar, requisar o
inspeccionar.
Esta
disposición, en la medida en que solo establece los requisitos para dar trámite
a la solicitud de asistencia legal, los cuales son muy similares a los de
cualquier demanda ordinaria prevista en nuestra legislación, y que precisa
algunos de los derechos que tiene la
Parte Requerida ante la petición, no desconoce ninguno de los preceptos
constitucionales.
5.3.5.  El
artículo 5 del Tratado[82]
establece los idiomas que se aplicarán a la “solicitud de asistencia legal,
los documentos adjuntos y la información adicional”. Como regla general se
establece que todas esas herramientas tendrán que ser traducidas al idioma de la
Parte Requerida y, como opción, se incorpora que la trascripción sea efectuada
al inglés, “previo acuerdo entre las Autoridades Centrales de las Partes”.
La Defensoría del Pueblo considera que la última parte
de esa disposición, es decir, la referida a la potestad de traducir la
solicitud y sus anexos al inglés, desconoce la
Constitución en la medida en que impide que las personas a quienes afecta la
cooperación puedan informarse debidamente.
El artículo 10
de la Carta Política dispone que el castellano es el idioma oficial de
Colombia. Esta norma está reproducida en el artículo 102 del Código de
Procedimiento Civil[83]
y a su vez tiene una aplicación explícita en el Código de Procedimiento Penal –
Ley 906 de 2004, en la medida en que en sus artículos 8 (lit. “f”) y 11 (lit.
“j”) se establece que la utilización de esa lengua constituye un derecho
puntual de la defensa y las víctimas.
Conforme a esas
premisas y teniendo en cuenta que gran parte de las normas referidas a la
asistencia legal recíproca implican la ejecución de actos procesales que
involucran a terceras personas y que, por tanto, la materialización del Tratado
excede el ámbito habitual de las relaciones diplomáticas, esta Sala considera
que la expresión censurada por la Defensoría sí tiene unos alcances
problemáticos que podrían desconocer la
Constitución. En efecto, la ejecución de la cooperación entraña que por regla
general se produzcan actos que muy posiblemente se extenderán más allá de las
competencias adscritas a las Autoridades Centrales. Cuando ello ocurra, será
imprescindible que la asistencia y todos sus soportes se encuentren debidamente
traducidos al castellano para que puedan ejecutarse con el ejercicio pleno de
los derechos por parte de quienes participen en las diligencias
correspondientes.
Así las cosas,
esta corporación considera que la opción consignada en el artículo 5 del
Tratado, referida a la posibilidad de traducir los documentos de la asistencia
al inglés, solo puede aplicarse excepcionalmente, siempre que el cumplimiento
de la cooperación no afecte directamente a terceras personas. Como
consecuencia, atendiendo el artículo 10 de la
Carta y como garantía del ejercicio de los derechos de quienes participen en
las diligencias que hagan parte de la asistencia recíproca, por regla general
todos los documentos y anexos de la cooperación deberán estar traducidos al
idioma de la Parte Requerida.
5.3.6.  El
artículo 6 del Tratado[84]
establece los sucesos que posibilitan que cualquiera de las Partes deniegue o
aplace la asistencia legal. Esta disposición está compuesta por cinco
numerales. En el primero se incluyen las causales para no acceder a la
cooperación, entre las que se encuentran que el requerimiento: afecte “intereses
esenciales de la parte requerida” como la soberanía, la seguridad o el
orden público; sea contrario a la legislación de la
Parte Requerida o al Tratado; se refiera a hechos sobre los que ha operado la
cosa juzgada o la prescripción de la acción penal; implique delitos militares,
“no contemplados en la legislación ordinaria”; o cuando la acción penal
tenga sustento en la raza, sexo, religión, nacionalidad, origen étnico u
opinión política.
Adicionalmente,
esa norma dispone que el secreto bancario o tributario no constituye razón para
negar la asistencia, consagra la posibilidad de “diferir o denegar” la
solicitud cuando se perjudique un proceso judicial en curso y habilita a la
Parte Requerida para que la asistencia sea condicionada.
La Defensoría del Pueblo eleva dos censuras sobre la
constitucionalidad de esta disposición. En primer lugar considera que la
posibilidad de denegar la asistencia por delitos militares no debería
extenderse a aquellos hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad, de
guerra o las violaciones graves a los derechos humanos. Adicionalmente planteó
que no existe justificación para levantar el secreto bancario cuando “se
trata de la asistencia judicial por hechos no definidos como delito por la
legislación nacional”.
Esta corporación
no halla ninguna oposición constitucional sobre el artículo citado. En primer
lugar, debe indicarse que normas con un contenido muy similar fueron declaradas
exequibles mediante las sentencias C-324 de 2000[85], C-326 de 2000[86] y C-291
A de 2003[87].
En el primero de esos fallos la Corte hizo referencia a la exclusión del fuero
militar como parte de la asistencia recíproca de la siguiente manera:
“Las causales
que pueden sustentar una decisión negativa, en forma coherente con la
Carta Política, hacen prevalecer la vigencia de regímenes jurídicos internos
especiales, como ocurre con los delitos tipificados en la legislación militar,
en virtud del fuero constitucional del cual gozan los militares según el
artículo 221 constitucional, excepto para los delitos comunes, al igual que
para los delitos políticos o conexos con estos, dada la regulación específica
que este tema presenta en los artículos 35, 150-17 y 201-2 superiores.
Adicionalmente, resaltan la supremacía de principios constitucionales
medulares, como el debido proceso (C.P., art. 29), en la acepción del non bis
in idem ante la solicitud de una medida que verse sobre una persona que haya
sido absuelta o haya cumplido su condena por el delito mencionado en la
solicitud y dan lugar a una decisión soberana y autónoma de la
Parte Requerida en defensa de sus intereses públicos, cuando fundamenta su
negativa en razones de seguridad nacional, orden público u otros intereses
esenciales, o por encontrarla contraria al ordenamiento jurídico interno o por
perturbar el normal desarrollo de los procesos penales en curso, como ya se
mencionó, pues lo que se lograría en su lugar sería la perturbación a la
administración efectiva de la justicia.
Así las
cosas, la Corte encuentra que el texto del instrumento internacional bajo
estudio, en los puntos analizados, no vulnera la
Carta Política, más bien desarrolla sus mandatos, pues permite fortalecer los
lazos de cooperación judicial en materia penal entre Colombia y Brasil, con
observancia de los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los
pueblos, con prevalencia del ordenamiento superior y legal interno en sus
estipulaciones, y con respeto de la autonomía jurídica y del principio de la no
intervención en los asuntos internos de las naciones, principios orientadores
de las relaciones exteriores colombianas.”
Como se observa, la
Corte ha encontrado que la exclusión de los delitos adscritos al fuero militar
de los alcances de la asistencia legal, tiene justificación en el artículo 221
de la Carta Política. Por lo demás, el Tratado advierte que ello no opera
cuando los crímenes estén contemplados en la legislación ordinaria, lo cual
autoriza a que las partes presten asistencia respecto de hechos punibles como
el genocidio (art. 101 Código Penal), aquellos adscritos al Derecho
Internacional Humanitario (arts. 135 ss Código Penal), la desaparición forzada
(art. 165 Código Penal), entre otros.
Por último, teniendo en cuenta la
declaración interpretativa efectuada respecto del párrafo 2 del artículo 1 del
Tratado, la Corte previene que la reserva bancaria o tributaria solo podrá ser
levantada cuando esté soportada en hechos que sean considerados como delitos
por ambos Estados, lo que desvirtúa las censuras manifestadas por la
Defensoría del Pueblo.
5.3.7.  El artículo 7 del
Tratado[88]
establece que la validez de los documentos que se intercambien no requieren de
legalización u otra forma de ratificación. Asimismo, consagra la posibilidad de
pedir autenticaciones, siempre que ello sea permitido por la legislación del Requerido,
y declara que la información oficial tendrá esa categoría para las dos Partes.
La
Corte no encuentra oposición alguna entre la disposición citada con la
Carta Política. Esta regulación incluye parámetros que proveen el flujo ágil y
recíproco de la información, lo que permitirá cumplir con mayor facilidad los
fines constitucionales –ya señalados- adscritos al Tratado. Hay que señalar que
ese postulado normativo fue declarado exequible en las sentencias C-324 y
C-1259 de 2000[89].
En la última se consideró lo siguiente:
“El
artículo 22 del Acuerdo establece, que los documentos previstos en el mismo,
suscritos y provenientes de las Autoridades Centrales de cada Estado
signatario, estarán exentos de legalización o formalidad análoga. Tal
disposición no acarrea ninguna contradicción con las disposiciones de nuestro
ordenamiento superior, al contrario, con ellas se garantiza la realización de
los principios de eficacia, economía y celeridad consagrados en el artículo 209
de la Carta Política; además, son consonantes con “La
Convención sobre abolición del requisito de legalización para documentos
públicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, incorporada
a nuestro ordenamiento jurídico a través de la
Ley 455 de 1998, y declarada constitucional por parte de esta Corporación,
previa revisión de dicho instrumento y su ley aprobatoria, (Sentencia C- 164 de
1999).”
5.3.8.  El artículo 8 del
Tratado[90]
de asistencia recíproca detalla la confidencialidad y las limitaciones al
empleo de la información compartida. En primer lugar dispone que, “conforme
al ordenamiento jurídico de la Requerida”, la
Parte Requirente podrá solicitar que los documentos tengan acceso restringido.
Sin embargo, también estipula que si se hace necesario el levantamiento de esa
restricción, se tendrá que solicitar la autorización de la
Parte Requirente. Además, limita la aplicación de la información a los fines
indicados en la solicitud de asistencia y exige que para extender su empleo
exista una aprobación expresa.
La
Defensoría del Pueblo considera que esa norma tiene un alcance contrario a la
Constitución en la medida en que la confidencialidad de la información
compartida no puede ser oponible a las personas que se vean afectadas con la
solicitud de asistencia.
Esta corporación no halla alguna
oposición entre ese artículo y la
Constitución Política. A diferencia de los argumentos de la entidad
interviniente, concluye que la disposición no desconoce ningún derecho,
teniendo en cuenta que la confidencialidad de la información tiene como límite
el ordenamiento jurídico de la
Parte Requerida lo que incluye, por supuesto, las facultades de quienes
intervengan en las diligencias adscritas a la solicitud de asistencia. Por lo
demás, cuando se llegue a presentar la necesidad de levantar la reserva de una
información, el Tratado regula los parámetros conforme a los cuales ello se
llevará a cabo. Por último se debe reiterar que normas similares han sido
declaradas exequibles bajo los siguientes argumentos:
“Se
estipulan las reglas sobre reserva y limitación al uso de las informaciones y
lo relativo a la solicitud de información y pruebas de hechos investigados en
concreto. Lo que en estos campos se prevé no vulnera la
Constitución colombiana, en especial por cuanto los textos objeto de revisión
remiten al consentimiento de la Parte requerida para divulgar lo informado, si
ello quiere hacerse con finalidades distintas a las indicadas en el
requerimiento; y la colaboración también se supedita a las normas del sistema
jurídico interno, que en todo caso deberán ser respetadas según otros artículos
del Tratado”[91].
5.3.9.  Los artículos 9 y 10
del Tratado[92]
codifican los parámetros generales adscritos a la ejecución de las solicitudes
de asistencia y la entrega de los documentos. Allí se reiteran algunas de las
pautas mencionadas y, en primer lugar, se insiste en que la cooperación se
materializa “conforme a la legislación de la parte Requerida”, las
normas del instrumento internacional y las formas así como el contenido de la
petición de cooperación, respectivamente. Se regula la presencia de
representantes de la Parte Requirente bajo la autorización de la
Requerida y se dispone que la remisión de lo recaudado o las razones por las
cuales no se ejecutó la petición, serán respondidas “oportunamente” o “sin
demora”, a través de un “documento de entrega” fechado y firmado por
la Autoridad Central.
Al igual que los intervinientes y
el Ministerio Público, esta Corte no encuentra que los artículos señalados
contravengan o desconozcan algún precepto constitucional. En efecto, en ellos
se enfatiza el respeto por las fuentes que regirán el cumplimiento de la
asistencia, dando un lugar preponderante a la legislación interna de la
Parte Requerida, lo que respeta valores como la soberanía y la
autodeterminación de los dos pueblos, así como la supremacía constitucional
(art. 4º superior). Además, la remisión oportuna de los documentos o
diligencias constituye una aplicación de los principios de la función
administrativa (art. 209 ejusdem) y de acceso a la administración de
justicia (art. 228 ejusdem).
5.3.10.  El artículo 11 del
Tratado[93]
especifica los criterios que deben tenerse en cuenta para recolectar “pruebas”
o evidencias en el territorio de la
Requerida. Esta disposición se compone de cinco numerales. En el primero
repite que la práctica de toda diligencia se regirá por la legislación interna
de esa Parte y en el segundo se precisan las condiciones bajo las que la
Requirente hará presencia en la ejecución de la cooperación; en el tercero y
cuarto se le otorga a esta la potestad de formular preguntas y se le ordena que
cumpla toda condición para el uso de los documentos y objetos. Por último,
regula que la devolución de todo medio de prueba que se haya entregado, debe
efectuarse “a la mayor brevedad posible”.
La
Defensoría del Pueblo considera que sobre esta norma acaece una
constitucionalidad condicionada, en la medida en que se hace necesario hacer
explícito que toda víctima o testigo esté rodeado de las garantías del debido
proceso.
Para esta Sala la composición del
artículo impide inferir la inconstitucionalidad referida por la entidad
interviniente. En efecto, en él se garantiza el ejercicio de todos los derechos
de las personas que hagan parte de la ejecución de la solicitud de asistencia,
en la medida en que la obtención práctica de cualquier evidencia deberá regirse
por la legislación del Estado Requerido, lo que incluye, por supuesto, la
posibilidad de ser acompañado por un apoderado en las circunstancias previstas
en el Código de Procedimiento Penal. En todo caso, para este efecto, vale la
pena citar los estándares constitucionales reconocidos por esta corporación
para el recaudo probatorio, en los términos de la sentencia C-939 de 2008, en
la que se estudió el Tratado de asistencia suscrito con el Reino de España, los
cuales deberán ser cumplidos por las Autoridades Centrales respecto de
cualquier solicitud de cooperación:
“Sin embargo, advierte la
Corte, que las actividades de investigación que se desarrollen mediante el uso
de tales mecanismos, deben estar sometidas a los límites que la
Constitución establece para el recaudo de elementos materiales probatorios y
de las pruebas en las que se pretende sustentar una imputación, una acusación o
una condena de contenido penal. El más relevante de esos límites es el debido
proceso, y dentro de su ámbito, la regla de exclusión de la prueba ilícita[94],
explícitamente consagrada en el inciso final del artículo 29 de la
Constitución, mandato que conduce a la nulidad de pleno derecho de la prueba
obtenida con violación del debido proceso.
Así las cosas, la evidencia recaudada acudiendo a los mecanismos en
referencia, debe estar sometida al control de legalidad por parte de los jueces
de control de garantías, el cual deberá ser previo, en los eventos en que su
práctica comporte afectación de derechos fundamentales (Art. 251, Inc. 3°).
Adicionalmente, y en su debida oportunidad, la evidencia obtenida por estos
medios debe ser sometida a los principios de publicidad y contradicción como
presupuestos inexcusables del derecho de defensa.”
Respecto a los demás aspectos del
artículo, no se deduce la existencia de alguna oposición con la
Carta Política, en la medida en que se regula que la información y los objetos
que sean compartidos mantengan en el Requirente las condiciones y, por tanto,
las garantías y restricciones establecidas en el Estado Requerido. Por ejemplo,
cuando la documentación recolectada contenga datos personales o sensibles, las
Autoridades Centrales colombianas estarán obligadas a condicionar el uso de la
información conforme a las salvaguardas adscritas al hábeas data, en los
términos de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la sentencia C-748 de 2011[95].
5.3.11.  Al igual que en las
anteriores disposiciones, el artículo 12 del Tratado[96]
ordena que la localización e identificación de personas y objetos se rijan por
la legislación de la Parte Requerida. Sobre esta norma, conforme a los
argumentos expuestos, la Sala no encuentra ninguna oposición a la
Constitución Política.
5.3.12.  Los artículos 13 y 14
del Tratado[97]
instituyen los trámites y las garantías para que los testigos, víctimas y
peritos comparezcan en el territorio de la
Parte Requirente. Los pasos indicados en la norma son los siguientes: (i)
invitación de la Parte Requirente, indicando condiciones, forma de pago de los
gastos y garantías del citado, sin incluir amenazas de medidas de aseguramiento
o sanciones por no comparecer; (ii) comunicación a la persona citada; (iii)
declaración voluntaria sobre su asistencia; (iv) informe de la
Parte Requerida sobre la decisión; (v) posibilidad de solicitar un avance para
cubrir los gastos.
Por su parte, el artículo 14
consagra las siguientes garantías para ejecutar este tipo de diligencias: (i)
la persona citada que comparezca ante la
Requirente no podrá ser perseguida o detenida “por hechos o condenas
anteriores a su ingreso al territorio”; (ii) si el Requirente no pudiere
certificar lo anterior, lo informará al citado; (iii) la inmunidad aludida solo
tendrá vigencia por 15 días, contados a partir del momento en que se notifique
que la presencia del testigo, perito o la víctima ya no es necesaria; (iv) el
compareciente solo rendirá informe sobre el proceso que sustentó la respectiva
solicitud de asistencia legal.
La
Defensoría del Pueblo considera que estos artículos incurren en unos vacíos o
imprecisiones. El primero se estructura en el artículo 14, ya que la protección
o inmunidad solo se refiere a hechos o condenas anteriores y no incluye los
delitos que pueda cometer el citado en la ejecución de la diligencia. El
segundo se refiere a que el Tratado no establece que para la ejecución de las
diligencias el compareciente tenga la asesoría de un abogado a cargo del Estado
Requirente.
Esta Corte, en primer lugar,
encuentra razonable que la inmunidad contenida en el párrafo 1 del artículo 14
se limite a los hechos punibles que hubieren sido condenados antes de la
diligencia y no a aquellos delitos que el citado pudiera cometer en el curso de
la ejecución de la prueba o durante su estadía en el exterior. Una protección
como la que echa de menos la Defensoría, podría llevar a que el compareciente,
de manera general, desconozca los deberes elementales del individuo,
particularmente las obligaciones de “respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios” (art. 95-1) y “colaborar para el buen
funcionamiento de la administración de justicia” (art. 95-7 ejusdem).
Sin embargo, siguiendo la segunda
censura manifestada por la Defensoría, la
Sala sí advierte que la comparecencia de un testigo, víctima o un perito en el
territorio de la Parte Requirente puede llegar a ser lesiva para sus derechos
en la medida en que esas personas serán sometidas, sin la suficiente
información, a otro tipo de legislación y de procedimiento penal.
Aunque la asesoría de un
profesional del derecho puede ser importante, lo cierto es que los artículos 13
y 14 del Tratado no prevén que antes de tomar la decisión de trasladarse al
Estado Requirente, el citado sea informado suficientemente de las
particularidades jurídicas y del procedimiento penal de la
Federación de Rusia, sobre todo las variaciones adscritas al goce efectivo de
sus derechos fundamentales. Aunque el párrafo 2 del artículo 13 indica que la
solicitud de comparecencia debe estar acompañada de “información sobre las
condiciones” de la citación, existen datos elementales que deberían ser
conocidos por todo citado antes de tomar la decisión de viajar. Como el Tratado
omite concretar o desarrollar esa obligación en cabeza de las Autoridades
Centrales, la Corte entiende que ello se podría convertir en una mera opción
que desconocería el equilibrio de las cargas a las que está sometida cualquier
persona.
Bajo las condiciones mencionadas,
atendiendo que la falta de información previa a la comparecencia en el
territorio de la Parte Requirente constituye una carga desproporcionada que
afecta el derecho a la igualdad del testigo, la víctima o el perito, esta Corte
dispondrá que el Presidente formule una declaración interpretativa sobre el
artículo 13, párrafo 1 del Tratado, en el sentido de que en el momento en que
se informe al citado sobre la invitación elevada por la
Parte Requirente, el Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad
Central, ilustrará al compareciente sobre: (i) la posibilidad de acceder a un
traductor oficial y un apoderado para que lo asistan en todas las diligencias;
(ii) el alcance de las garantías constitucionales a las que tendrá derecho;
(iii) la estructura básica del proceso penal en ese Estado y, especialmente, la
regulación aplicable a la diligencia para la que fue citado y las
responsabilidades que se podrían derivar de su ejecución.
5.3.13. El artículo 15 del
Tratado[98]
regula el traslado provisional de las personas detenidas al territorio de la
Parte Requirente para rendir testimonio o para “otras actuaciones procesales”.
Para el efecto estipula que esa operación requiere el consentimiento de la
Parte Requerida y de la persona privada de la libertad, la definición de un
plazo por parte de ella, que no podrá ser superior a noventa días, el cual
podrá ser ampliado por acuerdo entre los dos Estados, y la descripción
(acordada por las Autoridades Centrales de las Partes) de “la forma y
condiciones de traslado y retorno.
Asimismo, esa disposición
consagra como situaciones que justifican la denegación de la transferencia: (i)
la falta de aprobación de la persona privada de la libertad y (ii) cuando su
presencia sea necesaria dentro de un proceso en curso adelantado en el Estado
Requerido. Además, establece que es obligación del Estado Requirente mantener
en custodia al recluso y que, en caso de ser decretada su libertad, aquella
deberá dar aplicación a los artículos 13, 14 y 20 del Tratado. También consigna
que el espacio que dure el traslado se computará dentro del tiempo total de encarcelamiento
y aclara que no comparecer exime de la imposición de cualquier medida de
aseguramiento o una sanción.
La
Defensoría del Pueblo consideró que esa norma tiene un alcance contrario a la
Constitución ya que se debe tener en cuenta que una persona detenida que no ha
sido condenada se presume inocente y debe ser tratada como tal. Agregó que esos
individuos tienen obligaciones con la administración de justicia y que esos
deberes prevalecen sobre los “requerimientos de otros Estados”. Concluyó
que el traslado por un tiempo prolongado constituye una restricción grave, en
la medida en que ello puede operar respecto de hechos que no constituyen delito
en Colombia.
Esta corporación considera que la
disposición citada no es contraria a la presunción de inocencia consignada en
el artículo 29 de la Carta Política. La figura del traslado en los términos
regulados por el Tratado no varía los pasos de juzgamiento del delito cometido
y tampoco agrava las condiciones de definición de la pena. Adicionalmente, en
la medida en que una de las causales de denegación es la existencia de un
proceso que se esté adelantando en la
Parte Requerida, tampoco se evidencia que se incurra en un desconocimiento del
deber de colaboración con la administración de justicia. Por último, teniendo
en cuenta los argumentos consignados en el numeral 5.3.1. de esta providencia, la
Sala insiste en que no es inconstitucional el traslado de un recluso aunque el
delito no constituya delito en la parte requerida, siempre que se garanticen la
totalidad de sus derechos y su retorno.
No obstante lo anterior,
siguiendo los razonamientos consignados para los artículos 13 y 14, se debe
reconocer que la ejecución del traslado como está prevista en el artículo 15 no
garantiza que el recluso exprese su voluntad de manera completamente libre. Por
tanto, las cargas a las que esta persona está sometida se podrían volver
desproporcionadas, afectando su derecho a la igualdad, atendiendo que –se
reitera- existen datos elementales que deberían ser conocidos por todo citado
antes de tomar la decisión de viajar. Conforme a estos parámetros, esta Corte dispondrá
que el Presidente formule una declaración interpretativa sobre el artículo 15,
párrafo 1 del Tratado, en el sentido de que en el momento en que se informe al
posible compareciente privado de la libertad sobre la invitación elevada por la
Parte Requirente, el Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad
Central, lo ilustrará sobre: (i) la posibilidad de acceder a un traductor
oficial y un apoderado para que lo asistan en todas las diligencias; (ii) el
alcance de las garantías constitucionales a las que tendrá derecho; (iii) la
estructura básica del proceso penal en ese Estado y, especialmente, la
regulación aplicable a la diligencia para la que fue citado y las
responsabilidades que se podrían derivar de su ejecución.
5.3.14.  El artículo 16 del
Tratado[99]
establece la protección que la
Parte Requirente debe prestar a los las personas que comparezcan en su
territorio. Respecto de esta norma no existe ningún reproche de
constitucionalidad ya que, por el contrario, está soportada estrechamente en el
segundo inciso del artículo 2 de la
Constitución relativo al deber de “proteger a todas las personas residentes
en Colombia”.
5.3.15.  El artículo 17 del
Tratado[100]
regula como “casos especiales de asistencia legal” y bajo la condición
de que “sus Autoridades Competentes puedan obtenerlos en casos semejantes”,
la presentación de “extractos de expedientes penales y/o documentos
que sean necesarios en una investigación y/o procedimiento judicial”.
Finalmente, como excepción a esta potestad, incluye a la información que sea
clasificada como secreto de Estado.
La
Defensoría censura la inconstitucionalidad de este artículo teniendo en cuenta
que lo considera oscuro y peligroso para el desarrollo del proceso; explicó que
la norma desconoce que el resguardo de la totalidad del expediente es necesario
para garantizar el debido proceso y para que la decisión tomada por el juez sea
justa y soportada en la verdad. Puso de presente que el acceso al trámite penal
está restringido a las partes procesales y que, por tanto, las Autoridades
Centrales no podrían conocer los ‘extractos’ o ‘piezas’ referidas en el
artículo.
Esta Sala no encuentra ninguna
oposición constitucional en el artículo mencionado. Aunque está redactado con
figuras que no coinciden con nuestro ordenamiento procesal, de su tenor se
infiere que esos “casos especiales de asistencia legal” se regirán
completamente por la legislación constitucional y procesal de la
Parte Requerida y, por tanto, conforme a las competencias y restricciones de
sus Autoridades Centrales. Bajo esas condiciones, la obtención de ‘extractos’ o
‘piezas’ de un expediente, deberá tener en cuenta el respeto de la cadena de
custodia y los límites adscritos a la información sensible o íntima.
5.3.16. El artículo 18 del
Tratado[101]
establece las condiciones adscritas a la solicitud de ejercicio de la acción
penal que se puede materializar sobre los nacionales de la parte requerida y
los apátridas “que vivan permanentemente en su territorio”. La norma
fija como primer requisito que exista una “acusación” proferida al interior de la
Parte Requirente, la cual será tramitada por la
Requerida “de conformidad con su legislación”, incluyendo las
pretensiones de la parte civil. En nueve numerales se concreta el contenido de
la solicitud así como sus anexos y posteriormente se incluye la posibilidad de
devolver los documentos enviados por la
Requirente, de “enviar” al investigado a su país, todo de conformidad con la
ley de ella, y de efectuar informes sobre el avance del proceso, así como de
expedir copias de la decisión que se tome. Se reconoce el carácter de cosa
juzgada sobre las providencias tomadas por la
Parte Requerida y como consecuencia se impide que se ejerza una nueva acción
penal por los mismos hechos. Por último se aclara que si no se acepta la
solicitud de cooperación, es obligatorio devolver toda la información.
Este tribunal
no encuentra ninguna oposición constitucional sobre la norma referida,
atendiendo que las dos Partes reconocen la existencia del hecho punible y que
la colaboración internacional justifica la extraterritorialidad de la
persecución del delito. En ella queda claro que la solicitud de ejecución de la
acción penal se adelanta con respeto por la legislación de cada Parte y con el
reconocimiento mutuo de la fuerza de los fallos judiciales que se lleguen a
tomar. La extraterritorialidad de la acción penal ha sido estudiada en varias
providencias como, por ejemplo, en la sentencia C-405 de 2004[102],
en la que se hizo una línea de jurisprudencia sobre el tema[103]
y se argumentó lo siguiente:
“En primer
lugar, el instrumento internacional consagra el principio aut dedere aut
iudicare, es decir, “sancionar o extraditar”[104],
clásico en materia de cooperación internacional en asuntos penales. En tal
sentido, el artículo 8 del mismo dispone que si el Estado donde se halla el
presunto delincuente decide negar su extradición “estará obligado a someter el
caso a las autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción
alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su
territorio”. Quiere ello decir que si el Estado considera, en ejercicio de su
soberanía, que no debe proceder a extraditar a un presunto responsable del
delito de toma de rehenes está obligado a enjuiciarlo, así el delito ni
siquiera se hubiese cometido en su territorio, es decir, se trata de un caso de
extraterritorialidad de la ley penal.
En efecto,
en ocasiones, en virtud del derecho internacional, y sobre todo en atención a
la importancia que ofrezca para la comunidad internacional el bien jurídico
tutelado que resulte afectado, un Estado está facultado para enjuiciar a una
persona que no ha cometido un ilícito dentro de sus fronteras.”
Por lo demás,
se enlistan algunos requisitos de carácter procesal absolutamente elementales y
necesarios para iniciar el proceso respectivo. Adicionalmente, con respecto al
ejercicio de la acción penal sobre “los apátridas que vivan permanentemente
en su territorio” se debe destacar que a través de la
Ley 1588 de 2012, el Congreso de la
República aprobó la “Convención sobre el Estatuto de los Apátridas”, adoptada
en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la “Convención para reducir los
casos de Apátrida”, adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961.
Allí puntualmente se definió a
los apátridas como “toda persona que no sea considerada como nacional suyo
por ningún Estado, conforme a su legislación” (art. 1, Ley 1588 de 2012)[105].
A su vez en el artículo 2 de se establecen las siguientes obligaciones de los
apátridas: “Todo apátrida tiene, respecto del país donde se encuentra,
deberes que en especial entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos,
así como las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público”. De
esa manera no se evidencia que ejercer la acción penal sobre los apátridas
implique alguna inconstitucionalidad[106].
5.3.17. El artículo 19 del
Tratado[107]
estatuye las medidas que se pueden tomar sobre los bienes en virtud de las
diferentes formas de asistencia legal que se pueden ejecutar entre las Partes.
Allí se insiste en que ellas cooperarán para localizarlos y aplicar las medidas
adecuadas de conformidad al Tratado y a la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre de 2000, teniendo en
cuenta los delitos contenidos en ella. Finalmente se prevé la suscripción de un
Protocolo en el que se definan las pautas para repartir las fortunas obtenidas
ilícitamente.
Este artículo tampoco tiene reparo
alguno de constitucionalidad. En efecto, la
Convención aludida fue aprobada por el Congreso a través de la ley 800 de
2003, la cual fue declarada exequible a través de la sentencia C-962 de 2003.
Por tanto, ese instrumento debe tenerse en cuenta en el territorio colombiano y
constituye una herramienta para perseguir el delito que puede complementar el
Tratado de asistencia recíproca en materia penal suscrito entre la
Federación de Rusia y la República de Colombia.
No obstante, se hace necesario
advertir que el Protocolo referido en este artículo deberá cumplir con el
trámite constitucional previsto para los Tratados internacionales conforme a
los artículos 150-16 y 241-10 de la
Carta Política.
5.3.18.  El artículo 20 del
Tratado[108]
establece, como regla general, que la
Parte Requerida asumirá los gastos adscritos a la ejecución de las solicitudes
de asistencia recíproca. Sin embargo, la misma disposición establece las
siguientes excepciones: (i) los gastos de transporte de las personas citadas
conforme a los artículos 13 y 15 del Tratado; (ii) los dispendios y honorarios
de los peritos; (iii) los costos que correspondan al transporte, estadía y
presencia de las autoridades de la
Parte Requirente en la ejecución de la solicitud; (iv) el valor del envío y
devolución de objetos desde la
Parte Requerida hacia la Requirente. Por último, la norma señala que respecto
de gastos cuantiosos o extraordinarios las partes podrán consultarse “para
determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como
la manera como se sufragarán los gastos”.
En la medida en que esa
disposición acoge el marco recíproco del Tratado y que no impone ninguna carga
diferente a la ejecución de la asistencia legal, la
Sala concluye que no incurre en ningún reparo constitucional.
5.3.19.  Finalmente, en los
artículos 21 y 22 del Tratado[109]
se fija la potestad de celebrar consultas entre las partes acerca de la
ejecución de sus normas y se establece que las controversias serán decididas
por la vía diplomática. Por último se concreta que el instrumento podrá
modificarse por las partes, bajo el cumplimiento de los requisitos legales
internos para su entrada en vigor, y se define la forma de terminación.
Ninguna de esas normas desconoce la
Carta Política en la medida en que adoptan los modelos de acercamiento entre
las partes contenidos en el derecho internacional. Sin embargo, se hace
necesario advertir que toda enmienda o modificación que altere o varíe el
contenido del tratado internacional inicialmente suscrito, deberá ser tramitada
conforme al procedimiento de aprobación por el Congreso de la
República y el examen de la
Corte Constitucional (arts. 150-16 y 241-10 de la
Carta)[110].
Adicionalmente, será obligatorio tener en cuenta que toda estrategia que se
aplique para la solución de una controversia atienda lo ordenado en los
artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985, siempre que la interpretación
no tenga el alcance de modificar los términos del Convenio[111].
5.4.  Estudio de los artículos
de la ley 1596 de 2012.
En cuanto al contenido de la ley
aprobatoria 1596 de 2012, la Corte tampoco encuentra reparo alguno de
constitucionalidad. El artículo 1º se limita a aprobar el “Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca
en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”,
cuyo contenido, según fue explicado, se ajusta a la
Constitución.
El artículo 2º precisa que,
conforme a lo previsto en el artículo 1º de la
Ley 7 de 1944, sobre vigencia en Colombia de los Tratados Internacionales y su
publicación[112],
el Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal, “obligará al Estado a partir de
la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma”.
Esta norma es compatible con lo previsto en el artículo 241-10 de la
Constitución, según la cual el Gobierno sólo puede efectuar el canje de notas
y perfeccionar el vínculo internacional, una vez se haya adelantado el control
constitucional respectivo. Por último, el artículo 3º de la ley (“la
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación”) no plantea
ninguna problemática de orden constitucional.
6.
Conclusión
Los fundamentos
precedentes llevan a la Corte a concluir que tanto el “Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca
en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”, como su ley aprobatoria, armonizan con los fines, principios y
derechos reconocidos en la
Constitución Política, particularmente con los que orientan las relaciones
internacionales. En consecuencia, declarará la exequibilidad del tratado y de
su ley aprobatoria, con los condicionamientos anotados respecto de los
artículos 1 (párrafos 1 y 3), 5, 13 (párrafo 1) y 15 (párrafo1) del instrumento
internacional.
VI.    DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. Declarar EXEQUIBLE
el artículo 1 párrafo 2 del “Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca
en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”,
bajo la declaración interpretativa consistente en que la asistencia recíproca
que pueda prestarse no afecte gravemente los derechos de las personas o sus
bienes cuando el soporte de la solicitud no constituya delito en la
Parte Requerida.
Segundo. Declarar EXEQUIBLES
el artículo 13, párrafo 1, y 15, párrafo 1, del “Tratado entre la
República de Colombia y Federación de Rusia sobre Asistencia Legal Recíproca
en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”,
bajo la declaración interpretativa consistente en que en el momento en que se
informe al citado sobre la invitación elevada por la
Parte Requirente, el Ministerio de Justicia, en su calidad de Autoridad
Central, ilustrará al compareciente sobre: (i) la posibilidad de acceder a un
traductor oficial y apoderado para que lo asistan en todas las diligencias;
(ii) el alcance de las garantías constitucionales a las que tendrá derecho;
(iii) la estructura básica del proceso penal en ese Estado y, especialmente, la
regulación aplicable a la diligencia para la que fue citado y las
responsabilidades que se podrían derivar de su ejecución.
Tercero. Declarar EXEQUIBLE
el resto del “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia
sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia,
el 6 de abril de 2010”.
Cuarto. Declarar EXEQUIBLE
la Ley 1596 del 21 de diciembre de 2012, “Por medio de la cual se aprueba
el “Tratado entre la República de Colombia y Federación de Rusia sobre
Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal”, suscrito en Moscú, Rusia, el 6 de
abril de 2010”, bajo las declaraciones interpretativas de los artículos 1
(párrafos 2 y 3), 5, 13 (párrafo 1) y 15 (párrafo 1) del instrumento
internacional.
Quinto. Disponer que se
comunique inmediatamente esta Sentencia al Presidente de la
República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de la
República.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
Con salvamento de voto
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
Con  salvamento parcial de voto
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con  salvamento
parcial de voto
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con  salvamento
parcial de voto
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con  salvamento
parcial de voto
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
Y ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
A
LA SENTENCIA C-677/13
EXEQUIBILIDAD ARTICULO 1 PARRAFO 2 TRATADO DE
ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE COLOMBIA Y RUSIA-Expresión
“así el hecho por el cual se solicita no constituya delito de conformidad con
su legislación interna” no puede ser aplicada en eventos previstos en párrafos
3°, 6° y 9 del artículo 2° (Aclaración de voto)
ENTREGA DE
DOCUMENTOS, OBJETOS Y OTRAS PRUEBAS, TRASLADO TEMPORAL DE PERSONAS DETENIDAS-Estricto
apego a las normas de derecho interno que garantizan derecho a la intimidad en
manejo de información y obtención de pruebas (Aclaración
de voto)
OBTENCION O
EXCLUSION DE PRUEBAS, IMPEDIR CUMPLIMIENTO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA LEGAL-Igualdad
de condiciones a cualquier ciudadano parte de proceso penal llevado a cabo por
los Estados suscriptores (Salvamento de voto)
Referencia: expediente
LAT-406
Revisión
constitucional del “Tratado entre la
República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal
recíproca en materia penal” y de la Ley aprobatoria 1596 del 21 de
diciembre de 2012.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Con el acostumbrado respeto, a
continuación expongo las razones que me  llevan a aclarar y a salvar
parcialmente mi voto a la presente sentencia:
1. Formule aclaración de voto
respecto de la decisión adoptada en el numeral primero de la parte resolutiva,
porque estuve de acuerdo con la decisión de declarar la exequibilidad del
artículo 1, párrafo 2º, del Tratado objeto de revisión. Sin embargo, considero
que la declaración interpretativa contenida en el numeral primero de la parte
resolutiva no debió limitarse a establecer que  la asistencia recíproca no
puede afectar gravemente los derechos de las personas o sus bienes cuando el
soporte de la solicitud no constituya delito en la parte requerida. Esta
declaración interpretativa debió precisar además que la expresión “así el
hecho por el cual se solicita no constituya delito de conformidad con su
legislación interna”, consignada en el párrafo 2º del artículo 1º del
Tratado, no puede ser aplicada en los eventos previstos en los párrafos 3º, 6º
y 9 del artículo 2º; a su vez, en los casos contemplados en los párrafos 1º,
2º, 5º y 7 del artículo 2º, la información o evidencia compartida no se
efectuará sobre datos sensibles, reservados, privados, con acceso restringido o
sometidos a cadena de custodia, en los términos de la
Ley Estatutaria 1581 de 2012 o el Código de Procedimiento Penal, y el traslado
de personas detenidas se ejecutará respetando plenamente los derechos del
citado y de las víctimas reconocidas dentro del proceso penal.
El artículo 2º del Tratado establece,
en sus párrafos 1º a 10º, el alcance de la asistencia legal a la que se
comprometen los Estados parte. Estimé contrario a la
Constitución suscribir un instrumento internacional que obligue al estado
colombiano a brindar asistencia para la localización e identificación de
personas (párrafo 3º) contra quienes, en principio, no se imputa una conducta
prevista como delito en la legislación interna; una obligación en tal sentido
daría lugar a admitir injerencias en la vida privada y restricciones a la
libertad de las personas sin que las condiciones que habilitan la limitación de
estos derechos estén determinadas de manera previa y específica en la ley penal
colombiana, contrariando así los mandatos constitucionales que protegen la
intimidad personal y familiar (art. 15 CP), la libertad personas e
inviolabilidad del domicilio (art. 28 CP), el principio de legalidad y la
presunción de inocencia (art. 29 CP).
Considero además que la
obligación de ejecutar medidas sobre bienes (párrafo 6º) cuando la conducta que
da lugar a la ejecución de dichas medidas no está prevista como delito en la
legislación colombiana resulta igualmente lesiva del principio de legalidad y
la presunción de inocencia (art. 29 CP), así como del derecho a la propiedad
privada y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles (art. 58
CP), en tanto en virtud de lo establecido en el párrafo 6º del artículo 2º del
Tratado pueden llegar a afectarse de manera grave los derechos de personas que
no han cometido ningún ilícito de acuerdo con la legislación interna. Señaló
asimismo que el compromiso de prestar asistencia legal para ejecutar la acción
penal (párrafo 9º), respecto de personas que han cometido conductas no
previstas como delito en el derecho interno, constituye una evidente
vulneración del principio de legalidad (art. 29), de la libertad personal (art.
28 CP) y demás derechos que eventualmente puedan verse afectados por la
imposición de sanciones penales en virtud de conductas no consagradas previamente
como delito en la legislación colombiana.
Entretanto, respecto de los
contenidos de la asistencia legal definidos en el artículo 2º del Tratado,
consistentes en la entrega de documentos (párrafo 1º), obtención de pruebas
(párrafo 2º), traslado temporal de personas detenidas para comparecer en
procesos adelantados en territorio de la parte Requirente (párrafo 5º) y la
entrega de documentos, objetos y otras pruebas (párrafo 7º), estimo que, a fin
de hacer compatible dichas obligaciones con las normas constitucionales antes
mencionadas, se imponía precisar que su cumplimiento ha de efectuarse con
estricto apego a las normas del derecho interno que garantizan el derecho a la
intimidad en el manejo de información y la obtención de pruebas, así como los
derechos de las personas detenidas y de las víctimas reconocidas dentro del
proceso penal.
Por lo expuesto, aunque  comparto
el sentido de la decisión adoptada por la mayoría, consideró que la declaración
interpretativa que el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia ordena
realizar al Presidente al momento de efectuar el depósito del instrumento de
adhesión al presente Tratado, debió adicionarse en el sentido anteriormente
indicado.
2. Adicionalmente,  salvé
parcialmente mi voto frente a la decisión adoptada en el numeral segundo de la
parte resolutiva de la sentencia, que declara la exequibilidad pura y simple
del artículo 1º, párrafo 3º, del Tratado.  Esta norma circunscribe el alcance
de dicho instrumento exclusivamente a la asistencia legal entre las Partes,
señalando que sus disposiciones “no generarán derecho alguno en favor de
terceras personas en la obtención o exclusión de pruebas o impedir el
cumplimiento de una solicitud de asistencia legal”.
Ello porque la exequibilidad de
este apartado normativo debió condicionarse en el sentido de requerir al
Presidente para que, al momento de depositar el instrumento de adhesión a este
Tratado, formulara una declaración interpretativa según la cual la expresión “terceras
personas”, contenida en el párrafo 3º del artículo 1º, no pudiera ser
entendida en el sentido de excluir a otros sujetos procesales e intervinientes
en el proceso penal, como el indagado, imputado o acusado, el Ministerio
Público o las víctimas, de la posibilidad de beneficiarse de los instrumentos
de asistencia legal establecidos en el Tratado.
Tal declaración interpretativa
era necesaria para evitar una potencial afectación de los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, derivada de una interpretación
de la expresión señalada en el sentido de permitir que sólo las Autoridades
Centrales, para el caso colombiano, el Ministerio de Justicia y la
Fiscalía General de la Nación, según lo previsto en el artículo 3º del
Tratado, pueden beneficiarse del acceso a la cooperación internacional. Tal
interpretación podría afectar la igualdad de armas dentro del proceso penal y,
de este modo, uno de los contenidos centrales del debido proceso, al permitir a
la Fiscalía General de la Nación, en tanto Autoridad Central del Tratado y a
la vez parte acusadora en el proceso penal, el acceso a los instrumentos de
asistencia legal allí previstos, generando así un desequilibrio en relación con
la defensa y demás sujetos procesales, como el Ministerio Público o las
víctimas.  Por lo anterior, se imponía dejar en claro que el presente Tratado
beneficia en igualdad de condiciones a cualquier ciudadano que sea parte en un
proceso penal llevado a cabo por los Estados suscriptores, quienes podrán
acceder a los beneficios de la asistencia legal de conformidad con lo
establecido en las demás disposiciones del Tratado y en la legislación
vigente.
Fecha ut
supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
SALVAMENTO PARCIAL
DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
A LA SENTENCIA
C-677/13
Control de
constitucionalidad de la Ley 1596 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el
Tratado entre la República de Colombia y la
Federación Rusa sobre Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal, suscrito en
Moscú, Rusia, el 6 de abril de 2010”.
Salvo parcialmente mi voto frente
a la Sentencia de constitucionalidad C-677 de 2013, aprobada por la
Sala Plena en sesión del veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece
(2013), por las razones que a continuación expongo:
1. Si bien comparto la mayor
parte de las decisiones y sus fundamentos, discrepo de la decisión contenida en
los ordinales primero y segundo, en el sentido de declarar exequibles de manera
condicionada los artículos 1.2, 13.1 y 15.1 del texto del tratado. Mi
discrepancia se centra en la condición que se hace bajo las dos declaraciones
interpretativas allí señaladas.
2. Para señalar el alcance de mi
discrepancia, considero necesario hacer una breve alusión a cada uno de los
referidos ordinales y a su contexto. Los artículos 1.2, 13.1 y 15.1, regulan la
obligación de las partes de conceder asistencia legal, la obligación de la
parte requerida de informar a testigos, víctimas o peritos cuando la parte
requirente solicite su comparecencia y el traslado provisional de estas
personas al territorio de la parte requirente, con el consentimiento de la parte
requerida, para participar en actuaciones procesales.
3. La mayoría considera que, para
hacer compatible el tratado con la
Constitución, en cuanto atañe a los artículos en comento, es necesario hacer
dos declaraciones interpretativas de tal suerte que la aplicación del artículo
1.2 no pueda afectar de manera grave los derechos de las personas o sus bienes
cuando el soporte de la solicitud de colaboración no constituye delito en la
parte requerida; y que, al aplicar los artículos 13.1 y 15.1, se informe a la
persona cuya comparecencia se requiere sobre la posibilidad de acceder a un
traductor oficial y a un apoderado para que lo asista en las diligencias, sobre
el alcance de las garantías constitucionales a las que tendría derecho y sobre
la estructura básica del proceso penal en ese Estado.
4. Considero que las antedichas
declaraciones interpretativas no eran necesarias, por cuanto se trata, en ambos
eventos, de aspectos inherentes a la cooperación internacional en materia de
asistencia legal recíproca que no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad
de las partes. No se puede pasar por alto que la asistencia se brinda en el
contexto de procesos penales que, como es obvio en Estados de Derecho, se rigen
por unos procedimientos en los cuales debe garantizarse el debido proceso y el
derecho de defensa de las personas que participan en su realización, al atender
la solicitud de la parte requirente y colaborar con sus autoridades judiciales.
Además, con esta nueva decisión se cambia la doctrina reiterada de este
tribunal, visible en las Sentencias C-187, C-224, C-225, C-253, C-404 y C-522
de 1999, C-206, C-324, C-1184, C-1259 y C-1334 de 2000, C-280, C-861 y C-974 de
2001, C-291 A de 2003, C-533 de 2004, C-939 de 2008, en las cuales se estudia
textos semejantes al del tratado examinado en esta sentencia, que corresponden
al Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales adoptado
por la Resolución 112 de 1998 de las Naciones Unidas, sin que haya poderosas
razones para hacerlo.
5. En vista de las anteriores
circunstancias, para hacer explícito lo dicho sobre la garantía de los derechos
de las personas que colaboran con autoridades de la parte requirente, en el
marco del tratado, era suficiente señalarlo en la parte motiva de la sentencia,
y no incorporarlo, a modo de condicionamiento, como declaración interpretativa,
a la decisión de exequibilidad.
Respetuosamente,
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
A
LA SENTENCIA C-677/13
Referencia:. Salvamento
parcial de voto a la Sentencia C-677 de 2013. Revisión de constitucionalidad
del “Tratado entre la República de Colombia y la
Federación de Rusia sobre asistencia legal recíproca en materia penal” y
de la Ley aprobatoria 1596 del 21 de diciembre de 2012.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO.
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones que adopta esta Corporación, presento
los argumentos que me llevan a SALVAR PARCIALMENTE EL VOTO en el asunto
de la referencia.
1. El artículo
1° del Tratado suscrito entre la
República de Colombia y la Federación de Rusia sobre asistencia legal
recíproca en materia penal, hace referencia al alcance de las obligaciones que
se derivan del referido instrumento internacional. De ellas, se destaca el
párrafo 3° respecto del cual disiento parcialmente de la decisión tomada por la
mayoría. Tal apartado dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO
1. OBLIGACIÓN DE CONCEDER ASISTENCIA LEGAL.
(…) 3. El
presente Tratado tendrá por finalidad exclusivamente la asistencia legal entre
las Partes. Las disposiciones del presente Tratado no generarán derecho alguno
en favor de terceras personas en la obtención o exclusión de pruebas o
impedir el cumplimiento de una solicitud de asistencia legal”. (Resaltado
fuera de texto).
2. En la parte considerativa de la providencia la
Corte explicó que el párrafo 3° del artículo 1° resultaba constitucionalmente problemático. Esto, en la medida en que,
al referirse a “terceras personas” para determinar que ellas no pueden
obtener y excluir pruebas o impedir el cumplimiento de una solicitud de
asistencia, no era posible deducir que se estaba haciendo referencia a otros
“Estados”, por lo que podría llegar a entenderse que solo pueden beneficiarse
de la cooperación de que habla el Tratado autoridades como la
Fiscalía General de la Nación, en perjuicio de los demás sujetos procesales;
es decir, se suprime de tal posibilidad al indagado, imputado o acusado, al
Ministerio Público y a las víctimas.
En ese sentido, se
consideró necesario precisar que dicha expresión se refería únicamente a la
imposibilidad de que autoridades de otros Estados diferentes a las partes en el
presente Tratado pudieran invocar las normas de asistencia legal en beneficio
suyo, lo que a la vez significa que el instrumento internacional beneficia a
cualquier ciudadano y que la recolección de
evidencia, bien sea en calidad de parte Requirente o Requerida, se deberá
someter a las potestades de las partes, conforme a las etapas del proceso penal
vigente. Lo anterior, por cuanto “[u]na situación así afecta gravemente la
igualdad de armas dentro del proceso penal y desnaturaliza la figura de la
asistencia legal internacional en materia penal”[113].
3. Los ordinales
primero y segundo de la sentencia declararon la exequibilidad del artículos 1°
párrafo 2, artículo 13, párrafo 1 y artículo 15, párrafo 1 del Tratado, bajo
las declaraciones interpretativas específicas de cada norma. No obstante, tal
rigurosidad no se predica del párrafo 3 del artículo 1°, toda vez que en el
numeral tercero de la decisión se declaró exequible de forma pura y simple el
resto del Tratado sin hacer mención a la mentada disposición, aun cuando
resultaba imperioso que el Estado colombiano se asegurara de que no existiera
un entendimiento de la expresión “terceras personas” diferente al
señalado.
Más adelante, en
el ordinal cuarto de la providencia, se declaró exequible la
Ley 1596 de 2012 por medio de la cual se aprueba el Tratado, esta vez “bajo
las declaraciones interpretativas de los artículos 1 (párrafos 2 y 3),
5, 13 (párrafo 1) y 15 (párrafo 1)”. (Resaltado fuera de texto)
Sin embargo, se
trata de supuestos diferentes, en tanto los tres primeros ordinales de la
sentencia hicieron referencia específica al Tratado incluyendo de manera explícita
en la parte considerativa y resolutiva el alcance de las normas; mientras que
el ordinal cuarto se pronunció sobre la ley aprobatoria, la cual solamente hizo
una remisión a la parte considerativa de la sentencia.
Bajo ese entendido, si bien resultó pertinente darle un
sentido especial a la expresión “terceras personas” en la parte
considerativa de la providencia, ello no obsta para que se formulara la
declaración interpretativa que le permitiera dar el debido alcance conforme con
el ordenamiento constitucional interno, en aras de proteger el derecho a la
igualdad y el respeto del debido proceso en materia penal. Así mismo, la
técnica y metodología empleadas por la Corte, que son variables y complejas, no
permiten que al momento de perfeccionar el Tratado a través del canje de notas
sea reflejado con claridad por parte del Gobierno el verdadero sentido de la
disposición.
4. En
definitiva, la Corte debió incluir no solo como parte de la fundamentación de
la decisión el entendimiento que debía darse en aplicación de ese aparte de la
norma referida, sino que era igualmente necesario disponer en la parte
resolutiva la formulación de la declaración interpretativa respecto de la
expresión “terceras personas” contenida en el párrafo 3, en los términos
señalados.
Lo anterior,
ante la importancia que implicaba la debida interpretación, que realicen ambas
partes contratantes del Tratado Internacional, sobre tal disposición y que
condujera a garantizar de manera efectiva el goce de los derechos fundamentales
a la libertad, la igualdad y el debido proceso, en el
marco de la asistencia recíproca en materia penal. Esto es, si no se reflejan
con la suficiente claridad los condicionamientos que admita un tratado, su
ausencia o la insuficiencia de los mismos terminan finamente silenciando la
garantía efectiva del derecho.
En los
anteriores términos dejo constancia de mi desacuerdo con la postura de la
mayoría de la Sala.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
[1]
Aunque este Ministerio afirma que el anuncio se efectuó el 19 de abril, más
adelante aclara que se efectuó el 10 de abril, como consta en el acta de
comisión número 19.
[2]
Cfr., entre muchas otras, las siguientes sentencias de la
Corte Constitucional: C-378 de 1996, C-682 de 1996, C-468 de 1997, C-400 de
1998, C-924 de 2000, C-206 de 2005, C-176 de 2006, C-958 de 2007, C-927 de
2007, C-859 de 2007, C-036 de 2008, C-464 de 2008, C-387 de 2008, C-383 de
2008, C-189 de 2008, C-121 de 2008 , C-1056 de 2008, C-460 de 2010 y C-538 de
2010.
[3]
El artículo 189, numeral 2 de la
Constitución, señala: “Corresponde al Presidente de la
República como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa: …2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los
agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar
con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que
se someterán a la aprobación del Congreso”.
[4] El artículo 150, numeral 14 de la
Constitución, señala que corresponde al Congreso la función de “Aprobar o
improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades
de derecho internacional”.
La
Ley 5 de 1992, artículo 217,
refiere: “Condiciones en su trámite.. Podrán presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de
Tratados y Convenios Internacionales. El texto de los Tratados no puede ser
objeto de enmienda. Las propuestas de reserva sólo podrán ser formuladas a los
Tratados y Convenios que prevean esta posibilidad o cuyo contenido así lo
admita. Dichas propuestas, así como las de aplazamiento, seguirán el régimen
establecido para las enmiendas en el proceso legislativo ordinario. Las
Comisiones competentes elevarán a las plenarias, de conformidad con las normas
generales, propuestas razonadas sobre si debe accederse o no a la autorización
solicitada”. Disposición orgánica que fue
declarada exequible en la sentencia C-227 de 1993. Cft. sentencia C-578 de
2002.
[5] Ley 5 de 1992, artículo
204: “Trámite. Los proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de
presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se
tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades
establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento”.
[6]
Cuaderno Principal, folio 18.
[7] Págs.
25 a 30.
[8] Págs.
11 a 17.
[9] Págs.
29 a 43.
[10] Págs.
43 a 50.
[11] Págs. 48 y 49.
[12] Págs.
9 a 16.
[13] Págs.
17 y 18.
[14] Pág.
19.
[15]
Pág. 28.
[16] Págs.
13 a 18.
[17] Pág.
12.
[18] Págs.
16 y 17.
[19] Págs. 12 y 13.
[20] Págs.
7 a 12.
[21] Pág.
41.
[22]
Pág. 11 en adelante.
[23] Págs. 35 y 36. Informe remitido por el Secretario
General de la Cámara de Representantes del 19 de febrero de 2013 identificado
con el número S.G.2-294/2013.
[24]
Pág. 36.
[25]
Pág. 13.
[26] La Corte ha señalado que los plazos que deben mediar
entre los debates se contabilizan en días comunes y no hábiles. Sentencias
C-1153 de 2005 y C-309 de 2004, entre otras.
[27] En cuanto a la validez de la expresión “próxima
sesión”, empleada para el anuncio de votación, puede consultarse, entre
otras, las sentencias C-228 de 2009, C-195 de 2009, C-276 de 2006, C-241 de
2006 y C-1040 de 2005, como el Auto 145 de 2007. Específicamente, en la
sentencia C-1040 de 2005, se sostuvo: “la expresión “en la próxima sesión”
ha sido admitida por la Corte, como una de las frases que se puede utilizar
para acreditar el cumplimiento del requisito del aviso previsto en el último
inciso del artículo 160 Superior, pues se trata de una fecha que resulta
determinable teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento del Congreso
que expresamente determinan en qué días se surte de ordinario las sesiones y
quiénes pueden convocar para su práctica”.
[28] En
relación con las votaciones realizadas al día siguiente del anuncio de la
votación, pueden consultarse las sentencias C-195 de 2009 y C-181 de 2007,
entre otras.
[29]
Por ejemplo, véase la sentencia C-538 de 2010.
[30]
Solo por citar algunas, consúltense las siguientes sentencias:
C-253 de 1999, C-522 de 1999, C-288 de 2000, C-324 de 2000, C-326 de 2000,
C-1259 de 2000, C-1334 de 2000, C-280 de 2001, C-861 de 2001, C-533 de 2004,
C-619 de 2004 y C-939 de 2008.
[31] Revisión de constitucionalidad de la
Ley 1179 del 31 de diciembre de 2007, “por medio de la cual se aprueba el
‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre
la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’,
suscrito en Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005).”
[32]
Cfr. Entre otras, C-377 de 2000 (sic) [en realidad la cita corresponde a la
sentencia C-324 de ese mismo año].
[33]
Revisión constitucional de la Ley 512 del 4 de agosto de 1999 "Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación judicial y asistencia
mutua en materia penal entre la República de Colombia y la
República Federativa del Brasil, suscrito en Cartagena de Indias el siete
(7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)"
[34]
Publicada en la Gaceta del Congreso, Año VII - No. 137, del miércoles 5 de
agosto de 1998, pág. 5.
[35]
Revisión oficiosa de la Ley 879 del 2 de enero de 2004 "Por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la
República Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal”
[36]
Numeral 4º de los considerandos según el cual “una Parte no ejercerá en el
territorio de otra Parte competencias ni funciones que hayan sido reservadas
exclusivamente a las autoridades de esa otra Parte por su derecho interno.”
[37]
En este se deja claro que la asistencia podrá denegarse de contrariarse la
soberanía nacional  o los principios de derecho del ordenamiento colombiano.
[38]
La ejecución de requerimientos de medidas provisionales se debe dar sin
perjuicio del respeto al ordenamiento interno.
[39]
La ejecución de órdenes de decomiso o confiscación se debe dar sin perjuicio
del respeto al ordenamiento interno.
[40]
La protección de derechos de terceras personas sobre los bienes se dará “según
su ley”; es decir de acuerdo al ordenamiento interno de cada Parte.
[41]
Revisión constitucional de la
Ley 451 del 4 de agosto de 1998, “por medio de la cual se aprueba el
“Convenio de cooperación judicial en materia penal entre la
República de Colombia y el Reino de España”, suscrito en la ciudad de Santafé
de Bogotá D.C., el 29 de mayo de 1997.”
[42]
Constituyen solicitudes que se formulan por parte del funcionario judicial a
los agentes diplomáticos o consulares de Colombia en el exterior, para la
obtención de información o pruebas, o para la práctica de diligencias. Estos
funcionarios están facultados según el artículo 5o. de la
Convención de Viena sobre relaciones Consulares de 1.963 y el numeral 2o. del
artículo 3o. de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
[43]
Son las solicitudes con destino a una autoridad judicial extranjera para la
obtención de información o pruebas o para la práctica de diligencias.
[44]
Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1.991 “por el cual se expide el Estatuto
Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, art. 22-7, dictado el 30 de
noviembre de 1.991, con base en las facultades extraordinarias conferidas al
Presidente de la República en el literal a) del artículo transitorio 5o. de la
Carta Política.
[45]
Adoptado como legislación permanente mediante el Decreto 2265 del 4 de octubre
de 1.991, art. 5o.
[46]
Resolución 1686 del 11 de agosto de 1.994, proferida en ejercicio de las
funciones consagradas en el artículo 22 numerales 1o. y 7o. del Decreto 2699 de
1.991.
[47]
Sentencia C-591 de 2005. En el mismo sentido pueden verse las
sentencias C-873 de 2003, C-1260 de 2005 y C-454 de 2006, entre otras.
[48]
Ver sentencias C-591 de 2005 y C-396 de 2007.
[49]
Este esquema fue principalmente planteado en la sentencia
C-396 de 2007.
[50] A
partir de la sentencia C-454 de 2006 la
Corte Constitucional autorizó a los
representantes de las víctimas a presentar solicitudes probatorias en la
audiencia preparatoria, “en igualdad de condiciones que la defensa y la
fiscalía”.
[51]
“ARTÍCULO 1.  OBLIGACIÓN DE CONCEDER ASISTENCIA LEGAL.
1. Las Partes deberán,
de conformidad con el presente Tratado, concederse la asistencia legal
recíproca en materia penal (en adelante asistencia legal).”
[52]
“2. La asistencia legal se prestará, de acuerdo con el presente tratado, si
el delito que es objeto de la solicitud resulta penalmente punible de
conformidad con la legislación de ambas Partes. La
Parte Requerida, a su consideración podrá prestar la asistencia legal, así el
hecho por el cual se solicita no constituya delito de conformidad con su
legislación interna.”
[53] Revisión de constitucionalidad de la
Ley 1179 del 31 de diciembre de 2007, “por medio de la cual se aprueba el
‘Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre
la República de Colombia y el Reino de España, de 29 de mayo de 1997’,
suscrito en Madrid, a doce (12) de julio de dos mil cinco (2005).”
[54]
Revisión constitucional de la ley 517  de agosto 4 de 1999, "Por medio
de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y
represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Paraguay ", suscrito en Bogotá, el treinta y uno (31)
de julio de 1997.
[55]
Revisión constitucional de la Ley 674 de julio 30 de 2001, “por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la prevención, control y
represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad ilícita entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Dominicana”, suscrito en Santo Domingo, el veintisiete (27) de
junio de 1998.
[56]
Revisión de la Ley 479 de 1998 “Por medio de la cual se
aprueba el “Convenio entre la
República de Colombia y la República del Perú, sobre asistencia judicial en
materia penal”, suscrito en la ciudad de Lima el doce (12) de julio de mil
novecientos noventa y cuatro (1994)”.
[57]
Ley 567 de 2 de febrero de 2000 "Por medio de la cual se aprueba el
'ACUERDO DE COOPERACION JUDICIAL Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE VENEZUELA", suscrito en Caracas el veinte (20) de febrero de
mil novecientos noventa y ocho (1998).
[58]
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 365 (parcial) del Código de
Procedimiento Penal –Ley 600 de 2000-.
[59]
“ARTÍCULO 2. ALCANCE DE LA
ASISTENCIA LEGAL. La asistencia legal comprenderá:
1 Entrega de documentos;”
[60]
“La asistencia legal comprenderá: (…) 2 Obtención de pruebas;”
[61]
“La asistencia legal comprenderá: (…) 3 Localización e identificación
de personas y objetos;”.
[62]
“La asistencia legal comprenderá: (…) 5 Traslado temporal de personas
detenidas a efectos de comparecer en el proceso penal como testigos o víctimas
en el territorio de la Parte Requirente o para otras actuaciones procesales
indicadas en la solicitud;”.
[63]
“La asistencia legal comprenderá: (…) 6 Ejecución de medidas sobre
bienes;”.
[64]
“La asistencia legal comprenderá: (…) 7 Entrega de documentos,
objetos y otras pruebas;”.
[65]
“La asistencia legal comprenderá: (…) 9 Ejecución de la acción penal;”.
[66]
“3. El presente Tratado tendrá por finalidad exclusivamente la asistencia
legal entre las Partes. Las disposiciones del presente Tratado no generarán derecho
alguno en favor de terceras personas en la obtención o exclusión de pruebas o
impedir el cumplimiento de una solicitud de asistencia legal.”
[67]
“4. El presente Tratado no permitirá a las autoridades competentes de una de
las Partes ejercer, en el territorio de la otra Parte, facultades que sean
exclusivamente de la competencia de las autoridades de la otra Parte.
5. El presente Tratado
se aplicará a cualquier solicitud de asistencia legal presentada después de la
entrada en vigor del mismo, inclusive si las respectivas omisiones o actos
hayan tenido lugar antes de esa fecha.”
[68]
Cfr. sentencias C-529 de 1994, C-168 de 1995, C-408 de 1998, C-619 de 2001 y
C-512 de 2013.
[69]
Sentencia C-619 de 2001 (Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 188,
parcial, (modificado por el artículo 1 de la
Ley 747 de 2002) y 188 A, parcial, (artículo nuevo adicionado por el artículo
2 de la Ley 747 de 2002), de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide
el Código Penal”), citada por la sentencia C-820 de 2005. En aquella se
consideró lo siguiente:“Dado que el proceso es una situación jurídica en
curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de aplicación
general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como una serie
de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición de una
situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige
como una situación consolidada sino como una situación en curso. Por lo tanto,
las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite
tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales
que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y
queden en firme. En este sentido, a manera de norma general aplicable al
tránsito de las leyes rituales, el artículo 40 de la
Ley 153 de 1887, antes mencionado, prescribe lo siguiente: ‘Las leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos
que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya
estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación’
[69].
[70]
Ver C-512 de 2013, demanda de inconstitucionalidad en contra del
parágrafo 3 del artículo 97 y del artículo 118 de la
Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
[71]
Así se señaló en la sentencia C-619 de 2001, reiterada en las sentencias C-200
de 2002 y T-272 de 2005: “En relación con lo anterior, la
Corte detecta que la legislación colombiana y la tradición jurídica nacional
han concluido que las ‘leyes preexistentes’ a que se refiere la norma
constitucional son aquellas de carácter substancial que definen los delitos y
las penas. De esta manera se incorpora a nuestro ordenamiento el principio de
legalidad en materia penal expresado en el aforismo latino nullum crimen, nulla
poena sine praevia lege. Pero las normas procesales y de jurisdicción y
competencia, tienen efecto general inmediato. En este sentido, el artículo 43
de la Ley 153 de 1887, recoge la interpretación expuesta cuando indica: ‘La ley
preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser
juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da
lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan
los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el
procedimiento, la cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40’.”
[72]
Cfr. C-200 de 2002, C-633 de 2012 y C-512 de
2013.
[73]
ARTÍCULO 2. ALCANCE DE LA
ASISTENCIA LEGAL.
La asistencia legal comprenderá:
1 Entrega de documentos;
2 Obtención de pruebas;
3 Localización e
identificación de personas y objetos;
4 Citación de testigos,
víctimas y peritos para comparecer voluntariamente ante autoridad competente en
la Parte Requirente;
5 Traslado temporal de
personas detenidas a efectos de comparecer en el proceso penal como testigos o
víctimas en el territorio de la
Parte Requirente o para otras actuaciones procesales indicadas en la
solicitud;
6 Ejecución de medidas
sobre bienes;
7 Entrega de documentos,
objetos y otras pruebas;
8 Autorización de la
presencia de representantes de las autoridades competentes de la
Parte Requirente durante la ejecución de una solicitud;
9 Ejecución de la acción
penal;
10 Cualquier otra forma
de asistencia legal de conformidad con los fines de este Tratado, siempre y
cuando no esté en contradicción con la legislación de la
Parte Requerida.”
[74]
La misma conclusión respecto de disposiciones con un sentido
similar se encuentra en las sentencias C-1334 de 2000 [revisión efectuada sobre
la Ley 569 del 2 de febrero del año 2000,
“Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de cooperación en materia de
asistencia jurídica entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, hecho en
la ciudad de México el día siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y
ocho (1998).”] y C-291A de 2003 [Revisión
oficiosa de la “Ley 761 de 2002 ‘Por medio de la cual se aprueba el tratado
entre la República de Colombia y la
República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal”
firmado en Beijing, el catorce (14) de mayo de mil novecientos noventa y nueve
(1999)].
[75]
“ARTÍCULO 3. AUTORIDADES CENTRALES.
1. Para asegurar la
debida cooperación entre las Partes en la prestación de la asistencia legal
objeto de este Tratado, se designará a las Autoridades Centrales de las Partes.
Por parte de la
República de Colombia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio del
Interior y de Justicia de la República de Colombia, para cuestiones relativas a
la actividad de los jueces de la República de Colombia; y la
Fiscalía General de la Nación para todas las demás cuestiones de asistencia
legal.
Las Partes se
notificarán mutuamente sin demora, por vía diplomática, sobre toda modificación
de sus Autoridades Centrales y ámbitos de competencia.
2. Las Autoridades
Centrales de las Partes transmitirán y recibirán directamente las solicitudes
de asistencia legal a que se refiere este Tratado y las respuestas a éstas.
3. La
Autoridad Central de la Parte Requerida cumplirá directamente las solicitudes
de asistencia legal o las transmitirá para su ejecución a la
Autoridad competente.
Por parte de la
Federación de Rusia, son Autoridades Centrales:
El Ministerio de
Justicia de la Federación de Rusia, para cuestiones relativas a la actividad de
los juzgados de la Federación de Rusia; y la
Fiscalía General de la Federación de Rusia para todas las demás cuestiones de
asistencia legal.
Cuando la autoridad
Central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución,
velará por la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha
autoridad.”
[76]
Por su parte, mediante decreto 2897 de 2011 se determinaron “los objetivos,
la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho
y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho.”
[77]
Revisión constitucional de la
Ley 451 del 4 de agosto de 1998 “por medio de la cual se aprueba el
“Convenio de cooperación judicial en materia penal entre la
República de Colombia y el Reino de España”, suscrito en la ciudad de Santafé
de Bogotá D.C., el 29 de mayo de 1997.”
[78]
En el mismo sentido puede consultarse la sentencia C-291
A de 2003 (citada), en la que se dijo lo siguiente: “las
actuaciones del Ministerio de Justicia como autoridad central están encaminadas
exclusivamente a colaborarles a los jueces nacionales en todos aquellas casos
en que requieran la asistencia de autoridades extranjeras, en este caso las
chinas, conforme lo establece el numeral 1º del artículo 201 de la
Constitución Política”.
[79]
Revisión constitucional de la Ley 512 del 4 de agosto de 1999 "Por
medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de cooperación judicial y
asistencia mutua en materia penal entre la
República de Colombia y la
República Federativa del Brasil", suscrito en Cartagena de Indias el
siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)"
[80]
Ver la Sentencia C-404/99.
[81]
ARTÍCULO 4. FORMA Y CONTENIDO DE LA
SOLICITUD.
1. La solicitud de
asistencia legal se formulará por escrito.
2. La
Parte Requerida podrá dar trámite a una solicitud recibida por telefax, fax,
correo electrónico u otro medio de comunicación similar. La
Parte Requirente transmitirá el original del documento a la mayor brevedad
posible.
La
Parte requerida informará a la
Parte Requirente los resultados de la ejecución de la solicitud sólo bajo la
condición de recibir el original de la misma.
3. La solicitud
contendrá:
1) Denominación de la
autoridad competente que solicita la asistencia legal;
2) Objeto de la
solicitud y descripción de la asistencia legal solicitada;
3) Descripción de los
hechos materia de investigación o procedimiento penal, su calificación
jurídica, el texto de las disposiciones legales que tipifican la conducta como
hecho punible y, cuando sea necesario, la cuantía del daño causado;
4) Fundamentos y
descripción de cualquier procedimiento especial que la
Parte Requirente desee que se practique al ejecutar la solicitud;
5) Identificación de
personas sujetas a investigación o proceso judicial;
6) Plazo dentro del cual
la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida;
7) Información sobre el
nombre completo, el domicilio y en lo posible el número del teléfono de las
personas a ser notificadas y su relación con la investigación o proceso
judicial en curso;
8) Indicación y
descripción del lugar a inspeccionar o requisar, así como de los objetos por
asegurar;
9) El texto del interrogatorio
a ser formulado para la recepción del testimonio en la
Parte Requerida;
10) En caso de
solicitarse asistencia de representantes de las autoridades competentes de la
Parte Requirente para la ejecución de la solicitud, indicación de los nombres
completos, cargo y motivo de su presencia;
11) Cualquier petición
para observar la confidencialidad del hecho de la recepción de la solicitud de
asistencia legal, su contenido y/o cualquier actuación emprendida conforme a la
misma;
12) Cualquier otra
información que pueda ser de utilidad a la
Parte Requerida para el cumplimiento de la solicitud;
4. Si la
Parte Requerida considera que la información contenida en la solicitud no es
suficiente para dar trámite a la misma, podrá solicitar información adicional.”
[82] “ARTÍCULO 5.
IDIOMAS.
Toda solicitud de asistencia legal, los documentos adjuntos y la
información adicional, con fundamento en este Tratado, deberá acompañarse de la
respectiva traducción al idioma de la
Parte Requerida o al idioma inglés, previo acuerdo entre las Autoridades
Centrales de las Partes.”
[83]
“Art. 102. Idioma. En el proceso deberá emplearse el idioma
castellano”.
[84]
“ARTÍCULO 6. DENEGACIÓN O APLAZAMIENTO DE ASISTENCIA LEGAL.
1. La asistencia legal podrá ser denegada cuando:
1) El cumplimiento de la solicitud pueda perjudicar
a la soberanía, la seguridad, al orden público u otros intereses esenciales de la
Parte Requerida.
2) El cumplimiento de la solicitud sea contraria a
la legislación de la Parte Requerida o no se ajuste a las disposiciones de este
Tratado.
3) La solicitud se refiera a acciones por las
cuales la persona incoada en la
Parte Requirente haya sido condenada o absuelta por los mismos hechos en la
Parte Requerida o la acción haya prescrito.
4) La solicitud se refiera a delitos militares que
no estén contemplados en la legislación penal ordinaria.
5) Existan motivos
fundados por la Parte Requerida para creer que la solicitud se ha formulado con
miras a procesar a una persona por razón de su raza, sexo, religión,
nacionalidad, origen étnico, pertenencia a grupo social determinado u opiniones
políticas o que la situación de esta persona pueda resultar perjudicada por
cualquiera de esas razones.
2. El secreto bancario o tributario no puede ser
usado como base para negar la asistencia legal.
3. La
Parte Requerida podrá diferir o denegar el cumplimiento de la solicitud cuando
considere que su ejecución puede perjudicar u obstaculizar una investigación o
procedimiento judicial en curso en su territorio.
4. Antes de diferir o
denegar la ejecución de una solicitud de asistencia, la
Parte Requerida analizará la posibilidad de que la asistencia legal se conceda
bajo condiciones que considere necesarias. Si la
Parte Requirente acepta la asistencia bajo estas condiciones, aquella estará
obligada a cumplirla.
5. Si la
Parte Requerida decide denegar o diferir la asistencia legal, informará a la
Parte Requirente por intermedio de su Autoridad Central, expresando los
motivos de tal decisión.”
[85]
Revisión constitucional de la Ley 512 del 4 de agosto de 1999 "Por
medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de cooperación judicial y
asistencia mutua en materia penal entre la
República de Colombia y la
República Federativa del Brasil", suscrito en Cartagena de Indias el
siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997)".
[86]
Revisión constitucional de la ley 517 de agosto 4 de 1999, "Por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la prevención,
control y represión del lavado de activos derivado de cualquier actividad
ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República del Paraguay ", suscrito en Santafé de Bogotá, el
treinta y uno (31)  de julio de 1997. Allí se consideró
lo siguiente: “Así, por ejemplo, en relación con la asistencia judicial,
expresamente se consagra que ésta puede ser negada cuando ella resulte
contraria al ordenamiento jurídico del Estado que está siendo requerido,
obstaculice una actuación o proceso en curso, afecte el orden público, la
soberanía, la seguridad de los nacionales o los intereses públicos fundamentales
de éste.”
[87]
Revisión oficiosa de la “Ley 761 de 2002 ‘Por medio de la cual se aprueba el
tratado entre la República de Colombia y la
República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal”
firmado en Beijing, el catorce (14) de mayo de mil novecientos noventa y nueve
(1999). En esta providencia se indicó lo siguiente: “El artículo 4º consagra
las causales de negación o aplazamiento de la asistencia entre las partes y la
posibilidad de otorgarla condicionalmente. La asistencia puede negarse
tratándose de delitos políticos o estrictamente militares; cuando perjudique la
soberanía, el orden público u otros intereses de la parte requerida; cuando
esté dirigida a acusar a alguien con motivos discriminatorios; cuando el
acusado esté siendo, o haya sido procesado penalmente por los mismos hechos; o
cuando se encamine a investigar una conducta que no pueda ser tipificada por la
parte requerida. Así mismo, puede aplazarse si interfiere con una investigación
o proceso en la parte requerida, en cuyo caso se deberá informar al requirente.
En relación con esta disposición, la Corte no encuentra contradicción con la
Carta Fundamental”.
[88]
“ARTÍCULO 7. VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS.
1. Los documentos
remitidos en el marco del presente Tratado, y certificados con sello por las
autoridades competentes o Centrales de la
Parte Remitente se aceptarán sin legalización u otra forma de autenticación.
A solicitud de la
Parte Requirente, los documentos remitidos en el marco del presente Tratado
podrán ser autenticados de forma diferente conforme a lo señalado en la
solicitud, si ello no contradice la legislación de la
Parte Requerida.
2. Para los efectos del
presente Tratado, los documentos que se reconocen como oficiales en el
territorio de una de las Partes, se reconocen como tales en el territorio de la
otra Parte.”
[89]
Revisión de la Ley 567 de 2 de febrero de 2000 "Por medio de la cual se
aprueba el 'acuerdo de cooperación judicial y asistencia judicial en materia
penal entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la
República de Venezuela", suscrito en Caracas el veinte (20) de febrero de
mil novecientos noventa y ocho (1998).
[90]
“ARTÍCULO 8. CONFIDENCIALIDAD Y LIMITACIONES EN EL EMPLEO DE LA
INFORMACIÓN.
1.
A petición de la Autoridad Central de la
Parte Requirente, la Parte Requerida, de conformidad con su ordenamiento
jurídico, asegurará la confidencialidad del hecho de la recepción de la
solicitud de asistencia legal, su contenido y cualquier actuación emprendida
conforme a la misma, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar la
solicitud.
Si para la ejecución de
la solicitud fuere necesario el levantamiento de la reserva, mediante
comunicación escrita, la Parte Requerida pedirá aprobación a la
Parte Requirente. Sin dicha autorización, la solicitud no se ejecutará.
2. La
Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida en el marco
del presente Tratado para fines distintos a los indicados en la solicitud de
asistencia legal, sin previa autorización de la
Parte Requerida.
3. En casos
particulares, si la Parte Requirente necesitare divulgar y utilizar, total o
parcialmente, la información o pruebas para propósitos diferentes a los
especificados, solicitará la autorización correspondiente a la
Parte Requerida, la que podrá acceder o denegar, total o parcialmente, lo
solicitado.”
[91] Sentencia C-225 de 1999. Revisión del Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte sobre mutua asistencia en materia penal, artículo 7. Esta
sentencia es citada por la sentencia C-619 de 2004, en la cual se revisó la
Ley 879 del 2 de enero de 2004 "Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal”.
[92]
“ARTÍCULO 9. EJECUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA LEGAL.
1. El cumplimiento de
las solicitudes se realizará conforme a la legislación de la
Parte Requerida y de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.
A petición de la
Parte Requirente, la Parte Requerida prestará la asistencia legal de acuerdo
con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud, siempre y
cuando éstos no sean contrarios a los principios básicos de la legislación de la
Parte Requerida.
2. Si la
Parte Requirente ha solicitado la presencia de representantes de sus
autoridades competentes en la ejecución de la solicitud, la
Parte Requerida le informará su decisión. En caso de que sea positiva, se le
informará con antelación a la
Parte Requirente la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud.
3. La
Autoridad Central de la Parte Requerida remitirá oportunamente a la
Autoridad Central de la Parte Requirente la información y las pruebas
obtenidas como resultado de la ejecución de la solicitud.
4. Cuando no sea posible
cumplir con la solicitud, en todo o en parte, la
Autoridad Central de la Parte Requerida lo hará saber inmediatamente a la
Autoridad Central de la Parte Requirente e informará las razones que impidan
su cumplimiento.
ARTÍCULO 10. ENTREGA DE DOCUMENTOS.
1. Conforme a la
solicitud de asistencia legal, la
Autoridad Central de la Parte Requerida procederá, sin demora, a realizar o
tramitar la entrega de los documentos.
2. El cumplimiento de la solicitud se acreditará
por medio de un documento de entrega, fechado y firmado por el destinatario, o
por medio de una declaración de la autoridad competente de la
Parte Requerida constatando el hecho, la fecha y la forma de entrega. La
entrega de los documentos será informada inmediatamente a la
Parte Requirente.”
[93]
“ARTÍCULO 11. OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN TERRITORIO DE PARTE REQUERIDA.
1. La parte Requerida,
de acuerdo con su legislación, recibirá en su territorio testimonios de
testigos y víctimas, peritajes, documentos, objetos y demás pruebas señaladas
en la solicitud, y los transmitirá a la
Parte Requirente.
2.
A solicitud especial de la
Parte Requirente, la Parte Requerida señalará la fecha y lugar de cumplimiento
de la solicitud. Los representantes de las Autoridades Competentes de la
Parte Requirente, podrán hacer presencia durante el cumplimiento de la
solicitud si se tiene el visto bueno de la
Parte Requerida.
3.
A los representantes de las Autoridades Competentes de la
Parte Requirente presentes en la ejecución de la solicitud se les permitirá
formular preguntas que puedan ser planteadas a la persona correspondiente, a
través del representante de la
Autoridad Competente de de la
Parte Requerida.
4. La
Parte Requirente cumplirá toda condición acordada con la
Parte Requerida relativa a los documentos y objetos que le entregue,
incluyendo la protección de derechos de terceros sobre tales documentos y
objetos.
5.
A petición de la Parte Requerida, la
Parte Requirente devolverá a la mayor brevedad posible los originales de los
documentos y objetos que le hayan sido entregados, de acuerdo con el numeral 1°
del presente artículo. La entrega y devolución de los objetos en el marco de la
asistencia legal, en asuntos penales, estará libre de aranceles aduaneros e
impuestos.”
[94]
Tal como se indicó en la sentencia C-591 de 2005 la regla de exclusión hace
referencia a “la inadmisibilidad, en la etapa de juicio, de evidencia obtenida
en el curso de un registro o detención contrarias a las garantías
constitucionales, extendiéndose a aquella cuyo origen está vinculado
estrechamente con ésta”
[95]
No sobra agregar que en la sentencia C-939 de 2008 se argumentó lo siguiente:
“Revisada esta norma, la Corte encuentra  que respeta los estándares
definidos en la jurisprudencia constitucional, siempre y cuando su aplicación
esté, en todo momento y con estricto rigor, sometida a los principios constitucionales
predicables de la administración de datos personales”.
[96]
“ARTÍCULO 12. LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS Y OBJETOS.
Las autoridades
competentes de la Parte Requerida adoptarán todas las medidas contempladas en
su legislación para la localización e identificación de personas y objetos
indicados en la solicitud.”
[97]
“ARTÍCULO 13. COMPARECENCIA DE TESTIGOS, VICTIMAS Y PERITOS EN EL TWRRITORIO
(SIC) DE LA PARTE REQUIRENTE.
1. Cuando la
Parte Requirente solicite la comparecencia de una persona para rendir
testimonio, peritaje u otras actuaciones procesales en su territorio, la
Parte Requerida informará a esta persona sobre la invitación de la
Parte Requirente a comparecer ante sus Autoridades Competentes.
2. La solicitud de
comparecencia de la persona deberá contener información sobre las condiciones y
la forma de pago de los gastos relacionados con la comparecencia de la persona
citada, así como la relación de las garantías de que ésta gozará conforme al
artículo 14 del presente Tratado.
3. La solicitud de
comparecencia de la persona no deberá contener amenaza de que se le apliquen
medidas de aseguramiento o sanción en caso de que ésta no comparezca en
territorio de la Parte Requirente.
4. La persona citada
expresará voluntariamente su decisión de comparecer. La
Autoridad Central de la Parte Requerida informará sin demora a la
Autoridad Central de la Parte Requirente sobre la respuesta de aquella. La
persona que ha dado su aceptación a presentarse puede dirigirse a la
Parte Requirente solicitando que se le entregue un avance para cubrir los
gastos. Este avance puede ser entregado a través de la
Embajada o Consulado de la
Parte Requirente.
ARTÍCULO 14. GARANTÍAS A LA
PERSONA CITADA.
1. Ninguna persona,
cualquiera que sea su nacionalidad, que como consecuencia de una citación
compareciera ante las autoridades competentes de la
Parte Requirente, podrá ser perseguida penalmente, detenida o sometida a
restricción de su libertad individual en el territorio de dicha Parte por
hechos o condenas anteriores a su ingreso al territorio de la
Parte Requirente. Si por algún motivo no se puede proporcionar esta garantía, la
Autoridad Central de la Parte Requirente lo señalará en la solicitud con el
fin de informar a la persona citada y permitirle tomar la decisión sobre su
comparecencia teniendo en cuenta estas circunstancias.
2. La garantía establecida
en el numeral 1 del presente artículo cesará cuando la persona citada hubiere
tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la
Parte Requirente durante un plazo ininterrumpido de quince (15) días contados a
partir del día en que se le entregue la notificación escrita de que su
presencia ya no es requerida por las autoridades competentes y, no obstante,
permanece en dicho territorio o regresa a él después de abandonarlo.
3. La persona citada no
puede ser obligada a rendir testimonio en un proceso diferente al especificado
en la solicitud.”
[98]
ARTÍCULO 15.  TRASLADO PROVISIONAL DE PERSONAS DETENIDAS (INCLUIDA LA
QUE ESTÁ CUMPLIENDO LA CONDENA EN FORMA DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD).
1. Toda persona detenida
(incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación de libertad),
independientemente de su nacionalidad, podrá ser trasladada temporalmente, con
el consentimiento de la Autoridad Central de la
Parte Requerida a la Parte Requirente para prestar testimonio como testigo o
víctima, o para otras actuaciones procesales indicadas en la solicitud con la
condición de devolver al detenido a la
Parte Requerida en el plazo indicado por ésta.
El plazo inicial para el
traslado de la persona no podrá ser superior a noventa (90) días. El tiempo de
estadía de la persona trasladada podrá ser ampliado por la
Autoridad Central de la Parte Requerida mediante una solicitud fundamentada de
la Autoridad Central de la
Parte Requirente.
La forma y condiciones
de traslado y el retorno de la persona se acordará entre las Autoridades
Centrales de la Partes.
2. Se denegará el
traslado:
1) Si la persona
detenida (incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación de
libertad) no consiente en ello por escrito.
2) Si su presencia es
necesaria en un proceso judicial en curso en el territorio de la
Parte Requerida.
3) La
Parte Requirente custodiará a la persona trasladada mientras se mantenga
vigente la medida de detención ordenada por la autoridad competente de la
Parte Requerida. En caso de ser liberada por decisión de la
Parte Requerida, la Parte Requirente aplicará los artículos 13, 14 y 20 del
presente Tratado.
4) El tiempo de estadía
de la persona trasladada, fuera del territorio de la
Parte Requerida se computará para efectos del tiempo total que permanezca
recluida (incluyendo el plazo del cumplimiento de la condena de privación de la
libertad).
5) La persona detenida
(incluida la que está cumpliendo la condena en forma de privación de libertad)
que no otorgue su consentimiento para comparecer ante la
Parte Requirente, no podrá ser sometida a ninguna medida de aseguramineto (sic)
o sanción por este hecho.”
[99]
“ARTÍCULO 16. PROTECCIÓN DE PERSONAS CITADAS O TRASLADADAS A TERRITORIO DE LA
PARTE REQUIRENTE.
Cuando sea necesario, la
Parte Requirente asegurará la protección de las personas citadas o trasladadas
a su territorio, de conformidad con los artículos 13 y 15 del presente Tratado.”
[100]
“ARTÍCULO 17. CASOS ESPECIALES DE ASISTENCIA LEGAL.
La
Parte Requerida presentará, en la medida en que sus Autoridades
Competentes puedan obtenerlos en casos semejantes, extractos de expedientes
penales y/o documentos u objetos que sean necesarios en una investigación y/o
procedimiento judicial, salvo aquellos documentos y objetos que contengan
información que constituya secreto de Estado.”
[101]
“ARTÍCULO 18. SOLICITUD DE EJERCICIO DE ACCIÓN PENAL.
1. Cada una de las
Partes puede dirigir a la otra Parte solicitud para ejercer acción penal con
respecto a los nacionales de la
Parte Requerida, así como también a los apátridas que vivan permanentemente en
su territorio, quienes hayan sido acusados de haber cometido delitos bajo la
jurisdicción de la Parte Requirente.
La
Parte Requerida trasmitirá la solicitud a sus autoridades competentes
para tomar la decisión de ejercer la acción penal de conformidad con su
legislación.
2. Si de la acción
respecto a la cual fue abierta la causa penal surgieran demandas civiles por
parte de las personas que sufrieron daños a causa del delito, estas demandas de
solicitud de indemnización se considerarán en la causa penal.
3. La solicitud de
ejercer la acción penal deberá contener:
1) Nombre de la
autoridad requirente;
2) Apellidos y nombres
completos de la persona que haya sido acusada de haber cometido el delito,
nacionalidad, lugar de residencia, y si es posible, su descripción física, una
fotografía, sus huellas dactilares u otros datos que la puedan identificar;
3) La descripción y la
calificación legal de los hechos que dieron lugar a la solicitud de ejercicio
de la acción penal;
4) La indicación, lo más
exactamente posible, del tiempo y lugar de los hechos que dieron lugar a la
solicitud;
5) En caso de ser
necesario, el requerimiento de la devolución de los originales de los
documentos y objetos que son prueba material.
4.
A la solicitud de ejercer la acción penal, se deberá adjuntar:
1) El texto de la norma
penal, y de ser necesarias, otras normas de la
Parte Requirente que resulten relevantes para el ejercicio de la acción penal;
2) Los expedientes de la
causa penal o sus copias certificadas, así como las pruebas existentes;
3) La solicitud de
resarcimiento de los daños causados, si los hay, y si es posible, la estimación
de su cuantía;
4) La solicitud de
iniciar una acción penal por parte de las personas que sufrieron daño a causa
del delito, si es necesario conforme con la legislación de la
Parte Requerida.
5. Con el fin de
garantizar los derechos de los terceros, a solicitud de la
Parte Requirente, la Parte Requerida devolverá los originales de los
documentos y los objetos que constituyen prueba material.
6. Si después de enviar
una solicitud de ejercicio de acción penal la persona en ella indicada se
encuentra en el territorio de la
Parte Requirente, ésta tomará las medidas posibles de conformidad con su
legislación para enviarlo al territorio de la
Parte Requerida.
7. La
Parte Requerida notificará sin demora a la
Parte Requirente las medidas adoptadas respecto a su solicitud, informará los
resultados de la acción penal y enviará copia de la decisión judicial penal.
8. Si después de recibir
la solicitud, se encuentra que se ha proferido una sentencia o que ha entrado
en vigor la decisión emanada de un órgano judicial de la
Parte Requerida respecto a la persona indicada en la solicitud, las
Autoridades Competentes de la
Parte Requirente no podrán ejecutar acción penal en relación a esta persona
por los mismos hechos.
9. En caso de que la
Parte Requerida tome la decisión de no dar curso a la solicitud, o negar su
aceptación, o se haya tomado una decisión denegando el ejercicio de la acción
penal, o su terminación, le devolverá sin demora a la
Parte Requirente los expedientes y las pruebas materiales remitidas a ella.”
[102]
Revisión constitucional de la "Convención
Internacional Contra la Toma de Rehenes", adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil
novecientos setenta y nueve (1979) y de
la Ley 837 del 10 de julio de 2003, por medio
de la cual se aprueba la misma.
[103]
Sentencias C-621 de 2001 y C-1055 de 2003.
[104] Isabelle Fichet y Marc Mosse, “L’obligation
de prendre des mesures internes nécessaires à la prévention et à la répression
des infractions », Droit International Pénal, París, 2000, p. 871.
[105]
En desarrollo de tal ejercicio, ACNUR ha señalado que “[a]unque la
definición del artículo 1(1) se formula en forma negativa (“no sea considera como
nacional suyo por ningún Estado”), una investigación para determinar si una
persona es apátrida se limita a los Estados con los cuales una persona goza de
un vínculo relevante, en particular por haber nacido en el territorio,
descendencia, matrimonio o residencia habitual”.
[106]
En este momento se encuentra en estudio por la
Sala Plena (exp. LAT 400).
[107]
“ARTÍCULO 19. MEDIDAS SOBRE BIENES.
1. Las Partes cooperarán
en los ámbitos de localización de los instrumentos y productos del delito y
aplicarán las medidas adecuadas con respecto a ellos.
Tal cooperación se
basará en las disposiciones del presente Tratado así como en las disposiciones
correspondientes de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional del 15 de noviembre de 2000, en
particular en sus artículos 2, 12, 13 y 14, y se extenderá no sólo a los
delitos previstos en esta Convención sino a cualquier otro hecho delictivo,
observando el punto 2 del Artículo 1 del Presente Tratado.
2. Entrando en vigencia
el presente Tratado, las Partes adoptarán las medidas para llegar a un acuerdo
sobre la repartición de los bienes obtenidos ilícitamente e incautados como
resultado de la cooperación entre las Partes, que se formalizará mediante un
Protocolo al presente Tratado.”
[108]
“ARTÍCULO 20. GASTOS.
1. La
Parte Requerida asumirá los gastos ordinarios de la ejecución de solicitudes
de asistencia legal, salvo los siguientes que asumirá la
Parte Requirente:
1) Gastos relativos al
transporte de las personas a su territorio y de regreso, conforme a los
artículos 13 y 15 del presente Tratado, y a su estadía en este territorio, así
como otros pagos que correspondan a estas personas.
2) Gastos y honorarios
de peritos.
3) Gastos relativos al
transporte, la estadía y a la presencia de los representantes de Autoridades
Competentes de la Parte Requirente durante la ejecución de la solicitud, de
conformidad con el numeral 2 del artículo 9 del presente Tratado.
4) Gastos de envío y
devolución de los objetos trasladados del territorio de la
Parte Requerida al territorio de la
Parte Requirente.
2. En caso de que la
solicitud requiera de gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, las
Autoridades Centrales de las Partes se consultarán para determinar las
condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera como
se sufragarán los gastos.”
[109]
“ARTÍCULO 21. CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
1. Las Autoridades
Centrales de las Partes, a propuesta de una de ellas, celebrarán consultas
sobre temas de interpretación y aplicación de este Tratado en general o sobre
una solicitud en concreto.
2. Cualquier
controversia que surja en la interpretación y aplicación del presente Tratado
será resuelta por negociaciones diplomáticas.
ARTÍCULO 22.
DISPOSICIONES FINALES.
1. El presente Tratado
podrá ser modificado por mutuo consentimiento de las Partes y las
modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento
establecido en el numeral 2 del presente Artículo.
2. El presente Tratado
entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de recepción de la
última notificación, a través de la vía diplomática, por la cual las Partes se
comuniquen el cumplimiento de los requisitos legales internos necesarios para
su entrada en vigor.
3. El presente Tratado
se dará por terminado ciento ochenta (180) días después de que una de las
Partes reciba por la vía diplomática la notificación escrita de la otra Parte
sobre su intención en tal sentido.
4. La terminación del
presente Tratado no afectará la conclusión de las solicitudes de asistencia
legal que se hayan recibido durante su vigencia.”
[110]
Sentencias C-378 de 2009, C-991 de 2000 y C-176 de 1997.
[111]
Sentencia C-280 de 2001, citada.
[112]
“Artículo 1º.- Los Tratados, Convenios,
Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados por el
Congreso, de conformidad con los artículos 69 y 116 de la
Constitución, no se considerarán vigentes como Leyes internas, mientras no
hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el
canje de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u
otra formalidad equivalente”.
[113]
Cfr. Sentencia C-677 de 2013.