C-981-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-981/05
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Criterios
para su determinación respecto de derechos fundamentales
La reserva de
ley estatutaria en materia de derechos fundamentales, debe referirse a: i)
normas que desarrollan y complementan los derechos ii) que regulan solamente
los elementos estructurales esenciales, iii) que regulan de forma directa su
ejercicio y también el desarrollo de su ámbito a partir del núcleo esencial
definido en la Constitución, iv) que refieran a los contenidos más cercanos al
núcleo esencial, v) que regulan aspectos inherentes al ejercicio y
principalmente lo que signifique consagrar límites, restricciones, excepciones
y prohibiciones que afecten el núcleo esencial, vi) cuando el legislador asuma
de manera integral, estructural y completa la regulación del derecho, vii) que
aludan a la estructura general y principios reguladores pero no al desarrollo
integral y detallado, regulando así la estructura fundamental y los principios
básicos, y viii) que refieran a leyes que traten situaciones principales e
importantes de los derechos.
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Línea
jurisprudencial
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Interpretación
restrictiva
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA-Ejercicio del
ius puniendi
LEY ESTATUTARIA-Función doble
LEY ESTATUTARIA EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Deben seguir su trámite las normas que pretenden regular los
aspectos principales e importantes de un derecho fundamental
DERECHO AL HABEAS DATA-Contenido
DERECHO AL HABEAS DATA-Datos conseguidos
por medios ilícitos
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA SOBRE HABEAS DATA-Norma que fija pautas sobre caducidad de datos
DERECHO
A LA INTIMIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA-Presentación de libros de contabilidad y demás
documentos privados en los términos de la ley
DERECHO A LA INTIMIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA-Información sobre la vida privada del contribuyente
DERECHO A LA INTIMIDAD Y HABEAS DATA EN TRANSACCION ECONOMICA EN
PAGINA WEB O SITIO DE INTERNET-Información
requerida por la DIAN
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA SOBRE HABEAS DATA-Procedencia por regulación de asuntos principales e importantes de
núcleo  esencial
Todo aquello
principal e importante del núcleo esencial del habeas data debe regularse
mediante ley estatutaria, o sea cuando se regulen las facultades de los
particulares de conocer, actualizar o rectificar informaciones que sobre ellos
se encuentren en bancos de datos. Igual regulación estatutaria corresponde
cuando se pretenda establecer la caducidad del dato almacenado, y cuando la
administración recolecta y trata datos siempre que los ponga en circulación.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Excluye del
tratamiento informático asuntos que solo conciernan a la vida privada
DERECHO AL HABEAS DATA EN MATERIA TRIBUTARIA-Circulación de datos entre entidades recaudadoras de impuestos
DERECHO AL HABEAS DATA EN MATERIA TRIBUTARIA-Circulación de datos en manos
de particulares
Debe
distinguirse cuando el dato se pone en circulación al interior del Estado,
entre las entidades encargadas de recaudar los impuestos a fin de controlar la
respectiva carga impositiva, lo cual no contraría la Constitución, siempre y
cuando se respete el derecho de las personas de conocer, actualizar y
rectificar tales datos, pero sin que deba mediar su autorización para ello pues
se trata de la colaboración armónica que debe mediar entre los diferentes
órganos del Estado con el fin de proteger el patrimonio público. Datos de las
personas recolectados y procesados para fines tributarios, que por lo tanto no
pueden circular por fuera del Estado con fines diferentes, es decir, la
administración no puede ponerlos en circulación colocándolos en manos de
particulares, so pena de contrariarse la Constitución.
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA SOBRE HABEAS DATA-Autorización de exigir documentos privados para efectos tributarios
Encuentra la
Corte, que las materias contenidas en las disposiciones legales acusadas no son
propias de ley estatutaria por lo que su regulación a través de ley ordinaria
se ajusta a la Constitución. En efecto, ninguna de las disposiciones acusadas
se orienta a configurar los elementos esenciales del derecho fundamental al
habeas data que consagra el artículo 15 de la Constitución; ni se trata de
regulaciones orientadas a  crear bancos de datos, ni establecen condiciones de
tiempo o límites para que la información o datos negativos de las personas sean
removidos por caducidad, ni se orientan a impedir el derecho de las personas de
conocer, actualizar o rectificar los datos que sobre ellas obtenga la
administración tributaria. Más bien, se está ante la autorización contemplada
en el inciso final del artículo 15 Constitucional, que permite a la
administración tributaria exigir documentos privados para efectos tributarios,
es decir, la facultad que ésta tiene para tratar, recolectar y procesar datos
con efectos estrictamente tributarios, es decir, de índole financiera y fiscal.
Referencia: expediente D-5708
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 260-4, adic.
por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002, modif. por el artículo 42 de la Ley
863 de 2003; 260-8, adic. por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002, modif. por
el artículo 44 de la Ley 863 de 2003; 583, adic. por el artículo 89 de la Ley
488 de 1998; 584; 585; 586; 587; 622; 623, dic. por el artículo 10 de la Ley
383 de 1997, adic. por el artículo 39 de la Ley 633 de 2000; 623-1 y parágrafo,
adic. por el artículo 73 de la Ley 6 de 1992; 623-2, adic. por el artículo 130
de la Ley 223 de 1995; 623-2(sic), adic. por el artículo 11 de la Ley 383 de
1997, adic. por el artículo 39 de la Ley 633 de 2000; 623-3, adic. por el
artículo 12 de la Ley 383 de 1997; 624; 625; 626; 627; 628, sustituido por el
artículo 55 de la Ley 49 de 1990; 629; 629-1, adic. por el artículo 13 de la
Ley 383 de 1997; 630; 631, modif. por el artículo 133 de la Ley 223 de 1995,
adic. por el artículo 14 de la Ley 383 de 1997, adic. por el artículo 39  de la
Ley 633 de 2000; 631-1, adic. por el artículo 95 de la Ley 488 de 1998; 631-2,
adic. por el artículo 23 de la Ley 863 de 2003; 632; 632-1, adicionado por el
artículo 44 de la Ley 6 de 1992; y 633 del Estatuto Tributario (Decreto ley 624
de 1989). Así mismo, se demanda el artículo 36 de la Ley 863 de 2003.
Actor:  Humberto de Jesús Longas Londoño.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D. C.
veintiséis (26) de septiembre de dos mil cinco (2005).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos   40-6,
241-4  y  242-1  de  la  Constitución  Política,  el   ciudadano Humberto de
Jesús Longas Londoño solicita a la Corte Constitucional la declaración de
inexequibilidad de los artículos 260-4, adicionado por el artículo 28 de la Ley
788 de 2002, modificado por el artículo 42 de la Ley 863 de 2003; 260-8,
adicionado por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo
44 de la Ley 863 de 2003; 583, adicionado por el artículo 89 de la Ley 488 de
1998; 584; 585; 586; 587; 622; 623, adicionado por el artículo 10 de la Ley 383
de 1997, adicionado por el artículo 39 de la Ley 633 de 2000; 623-1, adicionado
por el artículo 73 de la Ley 6 de 1992; 623-2, adicionado por el artículo 130
de la Ley 223 de 1995; 623-2(sic), adicionado por el artículo 11 de la Ley 383
de 1997, adicionado por el artículo 39 de la Ley 633 de 2000, 623-3, adicionado
por el artículo 12 de la Ley 383 de 1997; 624; 625; 626; 627; 628, sustituido
por el artículo 55 de la Ley 49 de 1990; 629; 629-1, adicionado por el artículo
13 de la Ley 383 de 1997; 630; 631, modificado por el artículo 133 de la Ley
223 de 1995, adicionado por el artículo 14 de la Ley 383 de 1997, adicionado
por el artículo 39  de la Ley 633 de 2000; 631-1, adicionado por el artículo 95
de la Ley 488 de 1998; 631-2, adicionado por el artículo 23 de la Ley 863 de
2003; 632; 632-1, adicionado por el artículo 44 de la Ley 6 de 1992; y 633 del
Estatuto Tributario (Decreto ley 624 de 1989), como también el artículo 36 de
la Ley 863 de 2003.
Mediante auto
del 31 de marzo de 2005, se admitió la demanda por cumplir con los requisitos
contemplados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y, de igual manera, se
ordenó i) la fijación en lista de las disposiciones acusadas y simultáneamente
correr traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de rigor, ii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministro del Interior
y de Justicia y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de
conformidad con los artículos 244 de la Constitución Política y 11 del Decreto
2067 de 1991, e iii) invitar al Instituto Colombiano de Derecho Tributario con
el fin de que aporte su opinión sobre la demanda de la referencia.
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales propios de este asunto y previo concepto
del Jefe del Ministerio Público, la Corte Constitucional procede a decidir en
relación con la presente demanda.
II.  TEXTO DE
LAS NORMAS ACUSADAS
Se transcribe a
continuación los textos de las disposiciones, subrayando los apartes
demandados:
“ESTATUTO
TRIBUTARIO
"Artículo 260-4. Modificado. Ley 863/2003, art.
42. Documentación comprobatoria. Los contribuyentes del impuesto sobre
la renta cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período gravable sea
igual o superior al equivalente a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o
superiores al equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, que celebren operaciones con
vinculados económicos o partes relacionadas domiciliadas o residentes en
el exterior, deberán preparar y enviar la documentación comprobatoria relativa
a cada tipo de operación con la que demuestren la correcta aplicación de las
normas del régimen de precios de transferencia, dentro de los plazos y
condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
Dicha documentación deberá conservarse por un término mínimo de
cinco (5) años, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al año
gravable de su elaboración, expedición o recibo y colocarse a disposición de la
Administración Tributaria, cuando esta así lo requiera”.
“Artículo 260-8. Modificado. Ley 863/2003, art. 44. Obligación
de presentar declaración informativa. Los contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios, obligados a la aplicación de las normas que regulan
el régimen de precios de transferencia, cuyo patrimonio bruto en el último día
del año o período gravable sea igual o superior al equivalente a cinco mil
(5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes o cuyos ingresos brutos del
respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a tres mil (3.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, que celebren operaciones con
vinculados económicos o partes relacionadas domiciliadas o residentes en el
exterior, deberán presentar anualmente una declaración informativa de las
operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas.
Parágrafo 1º. En los casos de subordinación, control o situación de
grupo empresarial, de acuerdo con los supuestos previstos en los artículos 260,
261, 263 y 264 del Código de Comercio; el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 y
los artículos 450 y 452 del Estatuto Tributario, el ente controlante o matriz
deberá presentar una declaración e incluir en ella todas las operaciones
relacionadas durante el período declarado, cuando el ente controlante o matriz
o cualquiera de las sociedades subordinadas o controladas o entidades del grupo
empresarial, tengan independientemente la obligación de presentar declaración
informativa”.
“Artículo 583. Reserva de la
declaración. .La información tributaria
respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que
figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información
reservada; por consiguiente, los funcionarios de la Dirección General de
Impuestos Nacionales sólo podrán utilizarla para el control, recaudo,
determinación, discusión y administración de los impuestos y para efectos de
informaciones impersonales de estadística.
En los procesos penales[1], podrá
suministrarse copia de las declaraciones, cuando la correspondiente autoridad
lo decrete como prueba en la providencia respectiva.
Los bancos y demás entidades que en virtud de la autorización para
recaudar los impuestos y recibir las declaraciones tributarias, de competencia
de la Dirección General de Impuestos Nacionales, conozcan las informaciones y
demás datos de carácter tributario de las declaraciones, deberán guardar la más
absoluta reserva con relación a ellos y sólo los podrán utilizar para los fines
del procesamiento de la información, que demanden los reportes de recaudo y
recepción, exigidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
siguientes.
PARAGRAFO.
Adicionado por el artículo 89 de la Ley
488 de 1998. El nuevo texto es el siguiente: Para fines de control al lavado de
activos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá remitir, a
solicitud de la dependencia encargada de investigar el lavado de activos, la
información relativa a las declaraciones e investigaciones de carácter
tributario, aduanero y cambiario, que posea en sus archivos físicos y/o en sus
bases de datos”.
“Artículo 584. Exámen de la declaración con
autorización del declarante. Las
declaraciones podrán ser examinadas cuando se encuentren en las oficinas de
impuestos, por cualquier persona autorizada para el efecto, mediante escrito
presentado personalmente por el contribuyente ante un funcionario
administrativo o judicial”.
“Artículo 585. Para los efectos de los
impuestos nacionales, departamentales o municipales se puede intercambiar
información. Para los
efectos de liquidación y control de impuestos nacionales, departamentales o
municipales, podrán intercambiar información sobre los datos de los
contribuyentes, el Ministerio de Hacienda y las Secretarias de Hacienda
Departamentales y Municipales.
Para ese efecto, los municipios también podrán
solicitar a la Dirección General de Impuestos Nacionales, copia de las
investigaciones existentes en materia de los impuestos sobre la renta y sobre
las ventas, los cuales podrán servir como prueba, en lo pertinente, para la
liquidación y cobro del impuesto de industria y comercio.
A su turno, la Dirección General de Impuestos
Nacionales, podrá solicitar a los Municipios, copia de las investigaciones
existentes en materia del impuesto de industria y comercio, las cuales podrán
servir como prueba, en lo pertinente, para la liquidación y cobro de los
impuestos sobre la renta y sobre las ventas”.
“Artículo 586. Garantía de la reserva por
parte de las entidades contratadas para el manejo de información tributaria.
Cuando se contrate para la
Dirección General de Impuestos Nacionales, los servicios de entidades privadas
para el procesamiento de datos, liquidación y contabilización de los gravámenes
por sistemas electrónicos, podrá suministrarles informaciones globales sobre la
renta y el patrimonio bruto de los contribuyentes, sus deducciones, rentas exentas,
exenciones, pasivos, bienes exentos, que fueren estrictamente necesarios para
la correcta determinación matemática de los impuestos, y para fines
estadísticos.
Las entidades privadas con las cuales se
contraten los servicios a que se refiere el inciso anterior, guardarán absoluta
reserva acerca de las informaciones que se les suministren, y en los contratos
respectivos se incluirá una caución suficiente que garantice tal obligación”.
“Artículo 587. Información sobre bases para
aportes parafiscales.  La Dirección General de Impuestos
Nacionales podrá levantar la reserva de las declaraciones de impuestos sobre la
renta y complementarios, únicamente en relación con los pagos laborales objeto
del aporte, para efectuar cruces de información con el Instituto de Seguros
Sociales, I.S.S., el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, I.C.B.F., el
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y las respectivas cajas de compensación
familiar, así como sus asociaciones o federaciones, tendientes a verificar el
cumplimiento del pago de los aportes a dichas entidades a petición de
cualesquiera de estos organismos”.
“Artículo 622. Obligación de las entidades
financieras de informar la parte no gravada de los rendimientos. Las entidades que paguen o abonen los rendimientos financieros
informarán a sus ahorradores personas naturales o sucesiones ilíquidas, el
valor no gravado. Esta información se podrá dar en el mismo certificado de
retención en la fuente”.
“Artículo 623. Información de las entidades vigiladas
por la Superintendencia Bancaria. A partir del año 1989, los bancos y demás entidades
vigiladas por la Superintendencia Bancaria, así como las asociaciones de
tarjetas de crédito y demás entidades que las emitan, deberán informar
anualmente en medios magnéticos, dentro de los plazos que indique el Gobierno
Nacional, los siguientes datos de sus cuentahabientes, tarjetahabientes,
ahorradores, usuarios, depositantes o clientes, relativos al año gravable
inmediatamente anterior:
a) Adicionado por el artículo 10 de la Ley 383
de 1997. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades a cuyo nombre se hayan efectuado consignaciones, depósitos,
captaciones, abonos, traslados y en general, movimientos de dinero cuyo valor anual
acumulado sea superior a ciento veinte millones de pesos ($120.000.000[2]), con indicación del concepto de
la operación y del monto acumulado por concepto, número de la cuenta o cuentas;
b) Apellidos y nombres o razón social y NIT de
cada una de las personas o entidades que durante el respectivo año hayan
efectuado adquisiciones, consumos, avances o gastos con tarjetas de crédito,
cuando el valor anual acumulado sea superior a un millon de pesos ($1.000.000[3]); con indicación del valor total
del movimiento efectuado durante el año;
c) Apellidos y nombres o razón social y NIT de
cada una de las personas o entidades que durante el respectivo año hayan
efectuado ventas o prestación de servicios y, en general, hayan recibido
ingresos a través del sistema de tarjetas de crédito, cuando el valor anual
acumulado sea superior a seis millones de pesos ($6.000.000[4]); con indicación del valor total
del movimiento efectuado durante el año.
PARAGRAFO 1o. Respecto de las operaciones de que trata el presente
artículo, se deberá informar la identificación de la totalidad de las personas
o entidades que figuren como titulares principales o secundarios de las
cuentas, documentos o tarjetas respectivas, así como la de quienes sin tener
tal calidad, estén autorizados para realizar operaciones en relación con la
respectiva cuenta, documento o tarjeta.
PARAGRAFO 2o. La información a que se refiere el literal a) del presente
artículo, también deberán presentarla, los fondos de valores, fondos de
inversión, fondos de pensiones y fondos mutuos de inversión.
PARAGRAFO 3o. La información en medios magnéticos, a que se refiere el
presente artículo, podrá suministrarse en forma anual acumulada, o por cada
mes, bimestre, trimestre o período que utilice la respectiva entidad para
elaborar sus extractos, estados de cuenta o facturación. En este último evento,
la cuantía a partir de la cual se debe suministrar la información, será la que
resulte de dividir por 12 cada uno de los montos a que se refieren los
literales a) b) y c) del presente artículo y el resultado multiplicarlo por el
número de meses objeto de información”.
Artículo 39 de la Ley 633 de 2000. Valores de operaciones objeto de
información. Los valores de que tratan los artículos 623 literales a),
b) y c), 623-2 y 631 literales e), f), j) y m) podrán ser determinados mediante
Resolución por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en forma
individual o acumulada respecto de las operaciones objeto de información.
“Artículo 623-1. Adicionado por el artículo 73 de la Ley 6 de 1992. Información especial a suministrar por las entidades
financieras. Con respecto a las operaciones de crédito
realizadas a partir del primero de enero de 1993, los Bancos y demás entidades
financieras deberán informar a la División de Fiscalización de la
Administración de Impuestos de la jurisdicción, aquellos casos en los cuales
los estados financieros presentados con ocasión de la respectiva operación
arrojen una utilidad, antes de impuestos, que exceda en más de un cuarenta por
ciento (40%) la renta líquida que figure en la declaración de renta y
complementarios que corresponda al estado financiero del mismo período.
Igual información deberán enviar cuando el valor
del patrimonio contable exceda en más de un cuarenta por ciento (40%) el
patrimonio líquido.
Parágrafo. La información exigida por el
artículo 623 del Estatuto Tributario deberá rendirse igualmente por las
asociaciones o entidades que controlen o administren sistemas de tarjetas de
crédito”.
“Artículo 623-2.
Información para la investigación y localización de bienes de deudores morosos. Adicionado por el artículo 130 de la Ley 223 de 1995. Las entidades
públicas, entidades privadas y demás personas a quienes se solicite información
respecto de bienes de propiedad de los deudores contra los cuales la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales adelante procesos de cobro, deberán
suministrarla en forma gratuita y a más tardar dentro del mes siguiente a su
solicitud.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar
a la aplicación de la sanción prevista en el literal a) del artículo 651, con las reducciones señaladas en el citado artículo”.
“Artículo
623-2(sic). Adicionado
por el artículo 11 de la Ley 383 de 1997. Información por otras entidades de crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de
grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las
cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados deberán
presentar la información establecida en el artículo 623 de este Estatuto.
Igualmente, deberán informar los apellidos y
nombres o razón social y NIT, de cada una de las personas o entidades a las
cuales se les hayan efectuado préstamos cuyo valor anual acumulado sea superior
a dos cientos millones de pesos ($200.000.000[5]);
con indicación del concepto de la operación y del monto acumulado por concepto.
PARAGRAFO. La información exigida en el segundo inciso del presente
artículo, igualmente deberán presentar todas las entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria”.
Artículo 39 de la Ley 633 de 2000. Valores de operaciones objeto de
información. Los valores de que tratan los artículos 623 literales a),
b) y c), 623-2 y 631 literales e), f), j) y m) podrán ser determinados mediante
Resolución por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en forma
individual o acumulada respecto de las operaciones objeto de información.
“Artículo 623-3. Adicionado por el artículo 12 de la Ley 383 de
1997. Las entidades enumeradas en el literal a) del artículo 623 y en el artículo 623-2 del
Estatuto Tributario, deberán informar anualmente el nombre y razón social y
Nit, y el número de las cuentas corrientes y de ahorros que hayan sido
abiertas, saldadas y/o canceladas en el respectivo año”.
“Artículo 624. Información de las cámaras de
comercio. A partir del
año 1989, las cámaras de comercio deberán informar anualmente, dentro de los
plazos que indique el Gobierno, la razón social de cada una de las sociedades
cuya creación o liquidación se haya registrado durante el año inmediatamente
anterior en la respectiva cámara, con indicación de la identificación de los
socios o accionistas, así como del capital aportado por cada uno de ellos
cuando se trate de creación de sociedades.
La información a que se refiere el presente
artículo, podrá presentarse en medios magnétos”.
“Artículo 625. Información de las bolsas de
valores. A partir del
año 1989, las bolsas de valores deberán informar anualmente, dentro de los
plazos que indique el Gobierno Nacional, los apellidos y nombres o razón social
y NIT de cada uno de los comisionistas de bolsa inscritos, con indicación del
valor acumulado de las transacciones realizadas en la bolsa por el respectivo
comisionista, durante el año gravable inmediatamente anterior”.
“Artículo 626. Información relacionada con
aportes parafiscales. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el
Instituto de Seguros Sociales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
las cajas de compensación familiar, deberán enviar a la Dirección General de
Impuestos Nacionales una relación de quienes no se encuentren a paz y salvo por
concepto de los aportes a tales entidades, para que sobre ellos se adelanten
los programas de fiscalización”.
“Artículo 627. Información de la Registraduría
Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil
deberá suministrar a la Dirección General de Impuestos Nacionales, en un medio
magnético, la información de las cédulas correspondientes a personas
fallecidas.
La Registraduría actualizará cada año la
información a que hace referencia este artículo, la cual deberá entregarse a
más tardar el 1o. de marzo”.
“Artículo 628. Modificado
por el artículo 55 de la Ley 49 de 1990. Límite de información a suministrar por los
comisionistas de bolsa. A partir del año 1991, los comisionistas de
bolsa deberán informar anualmente, dentro de los plazos que indique el Gobierno
Nacional, los apellidos y nombres o razón social y NIT de cada un a de las
personas o entidades, que durante el año gravable inmediatamente anterior,
efectuaron a través de ellos, enajenaciones o adquisiciones de acciones y demás
papeles transados en bolsa, cuando el valor anual acumulado en cabeza de una
misma persona o entidad sea superior a ciento veinte millones de pesos
($120.000.000[6]);
con indicación del valor total acumulado de dichas operaciones.
PARAGRAFO. A la cifra señalada en este artículo se le aplicará el
ajuste contemplado en el artículo 868 del
Estatuto Tributario a partir del año gravable 1991”.
“Artículo 629. Información de los notarios. A partir del año 1989, los Notarios deberán
informar anualmente, dentro de los plazos que indique el Gobierno Nacional, los
apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades que durante el año inmediatamente anterior, efectuaron en la
respectiva notaría, enajenaciones de bienes o derechos, cuando la cuantía de
cada enajenación sea superior a dos millones de pesos ($2.000.000[7]); por enajenante, con indicación
del valor total de los bienes o derechos enajenados.
La información a que se refiere el
presente artículo, podrá presentarse en medios magnéticos".
“Artículo 629-1.
Adicionado por el artículo
13 de la Ley 383 de 1997. Información
de las personas o entidades que elaboran facturas o documentos equivalentes. Las empresas que elaboren facturas de venta o
documentos equivalentes, deberán informar anualmente, dentro de los plazos que
indique el Gobierno Nacional, los apellidos y nombres, o razón social y Nit,
con indicación del intervalo de numeración elaborada de cada uno de sus
clientes, correspondientes a los trabajos realizados en el año inmediatamente
anterior.
Si el obligado tiene un patrimonio bruto en el
año inmediatamente anterior, superior a cien millones de pesos[8]; la información a que se refiere
el presente artículo deberá presentarse en medios magnéticos”.
“Artículo 630. Información de los jueces
civiles. Es obligación
del juez, en todo proceso ejecutivo de mayor cuantía, dar cuenta a la
Administración de Impuestos, de los títulos valores que hayan sido presentados,
mediante oficio en el cual se relacionará la clase de título, su cuantía, la
fecha de su exigibilidad, el nombre del acreedor y del deudor con su
identificación.
La omisión por parte del juez de lo dispuesto en
este artículo, constituye causal de mala conducta”.
“Artículo 631. Para estudios y cruces de
información. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y
demás normas que regulan las facultades de la Administración de Impuestos, el
Director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades,
contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes
informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información
necesarios para el debido control de los tributos:
a. Apellidos y nombres o razón social y NIT de
cada una de las personas o entidades que sean socias, accionistas, cooperadas,
comuneras o asociadas de la respectiva entidad, con indicación del valor de las
acciones, aportes y demás derechos sociales, así como de las participaciones o
dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles.
b. Apellidos y nombres o razón social y NIT de
cada una de las personas o entidades a quienes se les practicó retención en la
fuente, con indicación del concepto, valor del pago o abono sujeto a retención,
y valor retenido.
c. Apellidos y nombres o razón social y NIT de
cada una de las personas o entidades que les hubieren practicado retención en
la fuente, concepto y valor de la retención y ciudad donde les fue practicada.
d. Apellidos y nombres o razón social y NIT de
cada uno de los beneficiarios de los pagos que dan derecho a descuentos
tributarios, con indicación del concepto y valor acumulado por beneficiario.
e. Modificado por el artículo 133 de la Ley 223
de 1995. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los
beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho
a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los
casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año
gravable sea superior a diez millones de pesos ($10.000.000[9]); con indicación del concepto,
retención en la fuente practicada e impuesto descontable.
f. Modificado por el artículo 133 de la Ley 223
de 1995. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o
entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el
valor acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a
veinticinco millones de pesos ($25.000.000[10])
con indicación del concepto e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere
el caso.
g. Apellidos y nombres o razón social y NIT de
cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos para
terceros y de los terceros a cuyo nombre se recibieron los ingresos, con
indicación de la cuantía de los mismos.
h. Apellidos y nombres o razón social y NIT de
cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole, con indicación de
su valor.
i. Apellidos y nombres o razón social y NIT de
cada uno de los deudores por concepto de créditos activos, con indicación del
valor del crédito.
j. Descripción de los activos fijos adquiridos
en el año, cuyo costo de adquisición exceda de quinientos mil pesos ($500.000[11]), con indicación del valor
patrimonial y del costo fiscal.
k. La discriminación total o parcial de las
partidas consignadas en los formularios de las declaraciones tributarias.
l. Adicionado por el artículo 14 de la Ley 383
de 1997. El valor global de las ventas o prestación de servicios por cada uno
de los establecimientos comerciales con indicación del número y tipo de máquina
registradora y/o intervalos de numeración de facturación de venta utilizada en
el año, ciudad y dirección del establecimiento;
m. Adicionado por el artículo 14 de la Ley 383
de 1997. Cuando el valor de la factura de venta de cada uno de los
beneficiarios de los pagos o abonos, que constituyan costo, deducción u
otorguen derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o
movibles, sea superior a cinco millones de pesos ($5.000.000[12]), se deberá informar el número
de la factura de venta, con indicación de los apellidos y nombres o razón
social y el NIT del tercero.
PARAGRAFO 1o. La solicitud de información de que trata este artículo, se
formulará mediante resolución del Director de Impuestos Nacionales, en la cual
se establecerán, de manera general, los grupos o sectores de personas o
entidades que deben suministrar la información requerida para cada grupo o
sector, los plazos para su entrega, que no podrán ser inferiores a dos (2)
meses, y los lugares a donde deberá enviarse.
PARAGRAFO 2o. Cuando se trate de personas o entidades que en el último
día del año inmediatamente anterior a aquél en el cual se solicita la
información, hubieren poseído un patrimonio bruto superior a dos cientos
millones de pesos ($200.000.000[13]),
o cuando los ingresos brutos de dicho año sean superiores a cuatrocientos
millones de pesos ($400.000.000[14]),
la información a que se refiere el presente artículo, deberá presentarse en
medios magnéticos que sean procesables por la Dirección de Impuestos
Nacionales.
PARAGRAFO 3o. Adicionado por el artículo 14 de la Ley 383 de 1997. La
información a que se refiere el presente artículo, así como la establecida en
los artículos 624, 625, 628 y 629 del Estatuto Tributario, deberá presentarse en
medios magnéticos o cualquier otro medio electrónico, para la transmisión de
datos, cuyo contenido y características técnicas serán definidas por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo menos con dos meses de
anterioridad al último día del año gravable por el cual se solicita la
información”.
Artículo 39 de la Ley 633 de 2000. Valores de operaciones objeto de
información. Los valores de que tratan los artículos 623 literales a),
b) y c), 623-2 y 631 literales e), f), j) y m) podrán ser determinados mediante
Resolución por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en forma
individual o acumulada respecto de las operaciones objeto de información.
“Artículo 631-1. Adicionado por el artículo 95 de la Ley 488 de 1998. Obligación de informar los estados financieros consolidados
por parte de los grupos empresariales. Para
efecto de control tributario, a más tardar el treinta (30) de junio de cada
año, los grupos económicos y/o empresariales, registrados en el Registro Mercantil
de las Cámaras de Comercio, deberán remitir en medios magnéticos, a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales sus estados financieros
consolidados, junto con sus respectivos anexos, en la forma prevista en los
artículos 26 a 44 de la Ley 222 de 1995, y demás normas pertinentes.
El incumplimiento de la obligación prevista en
el presente artículo dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en
el artículo 651 del Estatuto Tributario”.
“Artículo 631-2. Adicionado por el artículo 23 de la Ley 863 de 2003. Valores de operaciones objeto de información. Los valores y datos, de que tratan los
artículos 623, 623-2 (sic),
628, 629, 629-1 y 631 del Estatuto Tributario, así como los plazos y
los obligados a suministrar la información allí contemplada, serán determinados
mediante resolución expedida por el Director General de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en forma
individual o acumulada respecto de las operaciones objeto de información.
PARÁGRAFO.
El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
presentará anualmente un informe al Congreso de la República, dando cuenta de
los resultados de gestión obtenidos por la entidad con la información reportada
por los obligados”.
“Artículo 632. Deber de conservar
informaciones y pruebas.
Para efectos del control de los impuestos administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales, las personas o entidades, contribuyentes o no
contribuyentes de los mismos, deberán conservar por un período mínimo de cinco
(5) años, contados a partir del 1o. de enero del año siguiente al de su
elaboración, expedición o recibo, los siguientes documentos, informaciones y
pruebas, que deberán ponerse a disposición de la Administración de Impuestos,
cuando ésta así lo requiera:
1.Cuando se trate de personas o entidades
obligadas a llevar contabilidad, los libros de contabilidad junto con los
comprobantes de orden interno y externo que dieron origen a los registros
contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de los activos,
pasivos, patrimonio, ingresos, costos, deducciones, rentas exentas, descuentos,
impuestos y retenciones consignados en ellos. Cuando la contabilidad se lleve
en computador, adicionalmente, se deben conservar los medios magnéticos que
contengan la información, así como los programas respectivos. 2. Las
informaciones y pruebas específicas contempladas en las normas vigentes, que
dan derecho o permiten acreditar los ingresos, costos, deducciones, descuentos,
exenciones y demás beneficios tributarios, créditos activos y pasivos,
retenciones y demás factores necesarios para establecer el patrimonio líquido y
la renta líquida de los contribuyentes, y en general, para fijar correctamente
las bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes. 3. La prueba de
la consignación de las retenciones en la fuente practicadas en su calidad de
agente retenedor. 4. Copia de las declaraciones tributarias presentadas, así
como de los recibos de pago correspondientes”.
“Artículo 632-1.
Adicionado por el
artículo 44 de la Ley 6 de 1992. Relación de retenciones de timbre. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 539-3, los contribuyentes y los agentes retenedores del impuesto
de timbre, obligados a llevar contabilidad, deberán registrar la causación,
recaudo, pago o consignación del impuesto en una cuenta destinada
exclusivamente para ello. Los comprobantes de contabilidad respectivos deberán
identificar plenamente el acto o documento gravado. Si a ellos no estuviere
anexo el soporte correspondiente, tales comprobantes deberán indicar el lugar
en donde se encuentre archivado el soporte de manera que en cualquier momento
se facilite verificar la exactitud del registro.
Los agentes de retención del impuesto de timbre
distintos de los indicados en el inciso anterior, deberán elaborar
mensualmente, y conservar a disposición de las autoridades tributarias, una
relación detallada de las actuaciones y documentos gravados en la que se
relacionen los valores recaudados por concepto de impuesto, su descripción y la
identificación de las partes que intervinieron en su realización, elaboración y
suscripción.
La relación de que trata el inciso anterior debe
estar certificada por contador público; en las entidades públicas, por la
persona que ejerza las funciones de pagador y en los consulados, dicha relación
deberá suscribirla el cónsul respectivo”.
“Artículo 633. Información en medios
magnéticos. Para efectos del envío de la información que
deba suministrarse en medios magnéticos, la Dirección General de Impuestos
Nacionales prescribirá las especificaciones técnicas que deban cumplirse”.
“LEY 863 DE 2003
(diciembre 29)
por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y
de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las
finanzas públicas.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
“Artículo 36. Información en materia aduanera. Los datos
contenidos en las declaraciones aduaneras de importación y exportación, así
como en las de impuestos al consumo y participación departamental no están
sometidos a reserva alguna”.
III.    FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA
Debe precisarse
que el actor respecto de la totalidad de las disposiciones acusadas, ordena
metodológicamente su demanda bajo un cargo central consistente en que las
disposiciones legales demandadas son materias propias de reserva de ley
estatutaria en materia del derecho fundamental al habeas data, como en efecto
se tiene al identificarlo en numeral separado. Así mismo, en el desarrollo de
dicho cargo el ciudadano alude al desconocimiento de otros derechos como
también expone argumentos adicionales dentro del ámbito específico del habeas
data, con excepción de algunas disposiciones.
En efecto,
veamos los argumentos expuestos por el actor respecto de cada uno de los
artículos  acusados y conforme al cargo central formulado:
Art. 260-8.  Indica que se está ante una norma de carácter ordinario que
regula el habeas data tributario desconociendo entonces su núcleo esencial. En
efecto, considera que se viola la reserva de la ley estatutaria por cuanto la
norma ordinaria acusada al no proteger el derecho a conocer, actualizar o
rectificar la información recogida por la administración tributaria en la
declaración informativa de precios de transferencia, están “limitando,
restringiendo, excepcionando y prohibiendo” el núcleo esencial del habeas
data tributario respecto del vinculado económico o parte relacionada o tercero,
ya que la protección de las garantías constitucionales sólo es viable por ley
estatutaria. Se solicita la inexequibilidad de esta disposición desde su
entrada en vigencia.
Art. 583. Concluye el actor que es la ley estatutaria la que debe regular
estas reservas que no solamente es un procedimiento y recurso para la
protección del derecho fundamental del habeas data tributario sino la misma
protección del núcleo esencial de este derecho. En efecto, señala que una
garantía constitucional es la reserva de todas las informaciones tributarias
que sean recogidas por la administración tributaria y no la reserva parcial de
algunos datos de las declaraciones tributarias lo que daría lugar a no respetar
las garantías constitucionales en la recolección, tratamiento y circulación de
datos y se violaría el contenido esencial del habeas data tributario porque de
alguna forma se estaría limitando, restringiendo, excepcionando y prohibiendo.
De igual forma, expone que la norma ordinaria demandada regula también la
circulación de datos tributarios para efectos penales y para el procesamiento
de la información en los bancos y entidades autorizadas para recaudar impuestos
y recibir declaraciones tributarias, limitación a la circulación de datos que
debe ordenarse es por ley estatutaria, que sólo puede garantizar la reserva de
todas las informaciones tributarias y regular las excepciones para efectos
penales o tributario y para los casos de inspección, vigilancia e intervención
del Estado. Por último, indica que en cuanto a la facultad para remitir
información tributaria relacionada con el lavado de activos, constituye una
regulación de la circulación de datos tributarios que debe respetar la libertad
y demás garantías constitucionales que sólo puede obtenerse a través de una ley
estatutaria que regule el habeas data tributario y los procedimientos y
recursos para su protección. La ley ordinaria no da la garantía del respeto de
la libertad ni la seguridad de respeto de las garantías constitucionales.
Finaliza señalando que el suministro y remisión de datos tributarios para
efectos del control del lavado de activos debe ser regulado por ley
estatutaria.
Art. 584.  Expone que esta circulación de datos admitida por la norma
ordinaria demandada no respeta la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución que sólo se logra por intermedio de una ley estatutaria que regule
plenamente la circulación de los datos tributarios y la autorización para
examinarlos por otras personas con los correspondientes requisitos y controles
para que no perjudique la veracidad de dichos datos. Esto hace necesario que la
regulación de la autorización para que cualquier persona examine los datos
tributarios del contribuyente se realice por ley estatutaria para así
garantizar la seguridad jurídica y protección de los datos al establecer los procedimientos
y recursos para la autorización a terceras personas de su examen.
Art. 586. Para el actor se está ante otra forma de circulación de datos
autorizada por el legislador ordinario. Considera que las garantías
constitucionales propias de los artículos 15 y 20, sólo se pueden lograr por
intermedio de una ley estatutaria que regule el derecho fundamental del habeas
data tributario y los procedimientos y recursos para su protección cuando la
información tributaria sea procesada por personas particulares o por entidades
estatales diferentes de la Dirección de Impuestos, para lo cual se puede
establecer los mecanismos de procesamiento electrónico de datos tributarios de
los contribuyentes de tal manera que no se vulnere su núcleo esencial del
habeas data tributario, dándole a aquellos el ejercicio pleno de su derecho de
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hubieren recogido
como producto del procesamiento electrónico de datos. Concluye así que la ley
ordinaria acusada no garantiza la protección del derecho fundamental del habeas
data tributario en el procesamiento electrónico de datos por terceros. Esta
limitación a la circulación de datos es del resorte de la ley estatutaria.
Art. 587. La norma acusada establece la libre circulación de datos
tributarios recogidos por la administración tributaria a solicitud de entidades
estatales (ISS, ICBF Y SENA) y particulares (cajas de compensación familiar,
asociaciones o federaciones) donde la simple solicitud de cualesquiera de estos
organismos elimina de tajo la reserva de las informaciones en cuanto a pagos
laborales  contenidas en las declaraciones de rentas y complementarios de los
contribuyentes. Esta libre circulación de datos desconoce el núcleo esencial
del habeas data tributario porque lo limita, restringe, excepciona y prohíbe.
El levantamiento parcial de la reserva de los datos laborales los convierte en
datos de libre circulación llegando a ser de dominio público. Anota que sólo la
ley estatutaria esta facultada para regular la circulación de datos tributarios
sin que se vulnere el núcleo esencial del habeas data, como también los
procedimientos y recursos para la protección del habeas data tributario.
Art. 622. El actor concluye que sólo una ley estatutaria sin violar el
derecho del habeas data puede regular el tratamiento de la información de los
rendimientos financieros y su traslado a los ahorradores para que conozcan,
actualicen o rectifiquen el valor no gravado que calculan e incluyen en sus
bases de datos las entidadades que los pagan. Ley estatutaria que es una
garantía para hacer respetar la recolección y tratamiento de los datos de los
rendimientos financieros de los ahorradores donde deben recibir información
veraz de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución. Para el ciudadano esta
norma legal ordinaria ocasiona un vicio de inconstitucionalidad ya que a través
de la certificación se le impide al ahorrador ejercer su derecho de conocer,
actualizar y rectificar las propias informaciones sobre los valores no gravados
de sus rendimientos financieros que han recogido las entidades que los pagan en
los bancos de datos o archivos de datos desconociendo así el núcleo esencial
del habeas data.
Arts. 623,
623-1 parágrafo y 623-2(sic) primer inciso. Para el
actor estas normas legales que tienen el carácter de ordinarias ocasionan los
siguientes vicios de inconstitucionalidad por violación de la reserva de la ley
estatutaria: i) el levantamiento de la reserva bancaria debió hacerse por ley
estatutaria para garantizar el núcleo esencial del habeas data, ii) la falta de
amparo de reserva tributaria para estas informaciones requiere de ley
estatutaria que no desconozca el derecho fundamental al habeas data, y iii) la
reserva de ley estatutaria para la circulación de estos datos tributarios es
indispensable para evitar el desconocimiento del núcleo esencial del habeas
data.
Art. 623-1.  En opinión del actor esta norma legal de carácter ordinario que
establece una libertad de circulación (porque esta nueva información
suministrada por las entidades financieras carece de reserva) de datos
contables y tributarios, sólo podía regularse por ley estatutaria que
permitiera la protección del núcleo esencial del habeas data tributario, que
con mayor razón se requiere para proteger información tan sensible como lo es
la correspondiente a los estados financieros y declaraciones de renta que
empieza a circular libremente por la regulación de la norma ordinaria acusada
que les elimina la reserva.
Art.
623-2(sic).  La norma legal ordinaria no puede
regular el núcleo esencial del habeas data tributario so pena de incurrir en la
violación de este derecho fundamental. Esta circulación libre de datos
contenidos en la base de datos sobre préstamos otorgados debe ser regulada por
ley estatutaria para dar oportunidad a los contribuyentes de conocer,
actualizar y rectificar dichos datos, ley que además debe establecer los
procedimientos y recursos para la protección del derecho fundamental al habeas
data.
Art. 623-3.  Para el actor con esta ley ordinaria no se protege la información
tributaria sobre cuentas corrientes o de ahorros. Falta la garantía de la ley
estatutaria que proteja la información confidencial y privilegiada de los
contribuyentes, que limite la libre circulación de estos datos y establezca la
reserva correspondiente a esta información tributaria confidencial. Lo
anterior, por cuanto la norma acusada elimina la reserva bancaria para dichas
cuentas y no se establece reserva tributaria para la información tributaria
recogida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, además que se
decreta por norma ordinaria la libre circulación de datos sobre cuentas
corrientes y de ahorros, y al no existir reserva tributaria pueden llegar a ser
de dominio público, lo cual desconoce el núcleo esencial del habeas data al
limitar, restringir, excepcionar o prohibir la esencia de este derecho.
Art. 624.  Expone el actor que se está ante una norma legal de carácter
ordinario. La falta de conocimiento y la imposibilidad de actualizar y rectificar
las informaciones recogidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
provenientes de las cámaras de comercio, sociedades creadas y liquidadas
durante el año anterior, y el detalle de los socios accionistas y la
composición del capital aportado en las sociedades creadas hacen manifiesta la
violación del derecho del habeas data que es del resorte de la ley estatutaria
que no sólo debe regular este derecho sino también los procedimientos y
recursos para su protección como lo es el establecimiento del traslado
obligatorio a las personas para que conozcan, actualicen y rectifiquen las
informaciones recogidas en banco de datos y archivos por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Art. 625. La ley ordinaria no puede suplir la ley estatutaria en la
regulación del derecho fundamental al habeas data porque no se respetarían las
garantías constitucionales exigidas por el artículo 15 y el derecho de recibir
información veraz e imparcial contenido en el artículo 20. El hecho de que las
transacciones se efectúen en bolsa de valores y que las operaciones en bolsa
sean públicas como mercado público de valores no da carácter público a todas
las informaciones. Por ello, la información sobre el valor acumulado de las
transacciones realizadas en bolsa por cada comisionista de bolsa no es pública.
El comisionista de bolsa tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones sobre el valor acumulado de operaciones realizadas en bolsa de
valores y recogidas antes del envío a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales como también respecto de las informaciones recogidas por la
Dirección de Impuestos provenientes de la bolsa de valores, por cuanto de lo
contrario se le impondrían obligaciones tributarias con base en información no
conocida, actualizada o rectificada por él.
Art. 626.  Esta norma acusada, recalca el actor, corresponde a una
disposición legal de carácter ordinario. Esta circulación de datos entre el
SENA, ISS, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, y la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales requiere de regulación por ley estatutaria para respetar la
libertad de información que debe ser veraz e imparcial y las garantías
constitucionales. Dicha falta de regulación estatutaria del habeas data
tributario desconoce el núcleo esencial de este derecho al limitar, restringir,
excepcionar o prohibir en alguna medida dicho contenido esencial. No se respeta
la libertad de las personas en la circulación de los datos tributarios porque
no los conocen, ni tienen la oportunidad de actualizarlos ni de rectificarlos.
Lo anterior, por cuanto esta información no es trasladada al contribuyente para
que la conozca, actualice o rectifique.
Art. 627. Luego de señalar el actor que se está ante una norma legal de
carácter ordinario expone que dicha información no es conocida, ni actualizada
ni rectificada por los afectados que tengan que ver con la información de
personas fallecidas. No se puede asegurar que los datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil estén actualizados al momento del envío de la
información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Si no hay
garantía de información veraz e imparcial tales datos no son confiables y no se
da oportunidad a terceras personas involucradas para actualizar y rectificar
tales datos desconociendo el derecho fundamental del habeas data. Concluye el
actor que esta regulación del habeas data requiere de ley estatutaria que
indique la forma de publicación de los datos de personas fallecidas para que
sean actualizadas o rectificadas por quienes tengan algún interés. Es la
regulación por ley estatutaria de los procedimientos y recursos para proteger
dicho derecho fundamental, que no se logra con esta ley ordinaria.
Art. 628.  Al denotar el carácter ordinario de la norma legal, procede a indicar
que esta disposición es inconstitucional al inmiscuirse en el núcleo esencial
del habeas data tributario que debe regularse por una ley estatutaria. En
efecto, los comisionistas deben enviar esta información sin que las personas
implicadas puedan conocer, actualizar o rectificar la información acumulada por
aquellos. La Dirección de Impuestos al recibir la información de los
comisionistas de bolsa, tampoco da la oportunidad a los implicados para ejercer
este derecho, creándose unos bancos de datos tanto en poder de los
comisionistas de bolsa como de la Dirección de Impuestos que no son conocidos
por las personas que efectúan enajenaciones de acciones de papeles transados en
bolsa. Se viola la libertad de las personas implicadas y no se les ofrece ninguna
garantía.
Art. 629. Para el actor esta ley ordinaria no fue tramitada como ley
estatutaria y esta reserva como protección del derecho fundamental al habeas
data es una garantía de las personas que no se cumple con la norma demandada.
Esta garantía incluye la regulación por ley estatutaria de los procedimientos y
recursos para proteger el derecho del habeas data. La falta de regulación de
estos procedimientos y recursos permite la libre circulación de datos sobre
enajenación de bienes y derechos en las notarías, pudiendo llegar a ser usados
por particulares no en forma imparcial como lo exige el artículo 20 de la
Constitución. En efecto, la fe pública que dan los notarios no impide el
ejercicio de los derechos de las personas a conocer, actualizar y rectificar
las informaciones que se recojan en las notarías sobre las enajenaciones de
bienes o derechos que se hubieren efectuado en ellas. Agrega que con la libre
circulación de estos datos se limita, restringe, excepciona o prohíbe el núcleo
esencial del habeas data.
Art. 629-1. El actor concluye que la norma ordinaria reguló el derecho
fundamental del habeas data de manera deficiente, atribuyéndose la prerrogativa
que sólo tiene la ley estatutaria y dejando desprotegidos a los contribuyentes,
clientes o personas. Es una limitación, restricción, excepción o prohibición
del núcleo esencial del habeas data el impedir la posibilidad de conocimiento,
actualización o rectificación de las bases de datos contenidas en la
acumulación de quienes elaboran facturas o documentos equivalentes y de la
Dirección de Impuestos. Esta omisión de la ley ordinaria, en la circulación de
estos datos, y en la falta de conocimiento por los implicados, o en la
imposibilidad de actualizar y rectificar los datos desconoce las garantías de
protección del derecho al habeas data.
Art. 630. Luego de denotar la connotación de ley ordinaria, expone que se
establece una libre circulación de datos entre los jueces civiles y la
Administración de Impuestos que al quedar sin reserva puede ser accedida por
cualquier persona particular o pública, limitando, restringiendo, excepcionando
o prohibiendo el núcleo esencial del habeas data al no tener las personas
afectadas la oportunidad en ninguna instancia de conocer, actualizar o
rectificar tales datos. Así la ley ordinaria demandada se atribuyó calidades de
estatutaria y dejó desprotegido el derecho fundamental al habeas data violando
la reserva de ley estatutaria.
Art. 631. En esta disposición legal de carácter ordinario la Dirección de
Impuestos recoge estas informaciones de los contribuyentes y no contribuyentes
pero no da traslado a las personas involucradas para que conozcan, actualicen o
rectifiquen las informaciones recogidas en la base de datos. Antes de iniciar
la investigación tributaria la Dirección de Impuestos no tiene la certeza de
que la información que posee en sus bases de datos sea real y cierta. La ley
ordinaria no exige el traslado, previo a la investigación tributaria, de las
informaciones recogidas en sus bases de datos tributarios para que las personas
conozcan, actualicen y rectifiquen, constituyendo así una omisión de regulación
del contenido esencial del habeas data tributario. En esta norma no se
garantiza la protección del derecho fundamental al habeas data tributario, lo
cual sólo se logra con una ley estatutaria que regule el núcleo esencial de
este derecho sin violarlo. Esta omisión legislativa relativa de la norma
ordinaria demandada al no proteger el derecho al habeas data tributario permite
que se limite, restrinja, excepcione y prohíba el contenido esencial de este
derecho que lo convierte en inconstitucional, protección que implica el derecho
a la intimidad y buen nombre como también el derecho de informar y recibir
información veraz e imparcial.
Art. 632. Considera violada la reserva de la ley estatutaria requerida para
proteger el derecho fundamental al habeas data por cuanto la obligación de
conservar información tributaria es una forma de tratamiento y circulación de
datos regulada por el artículo 15 de la Constitución. Conservar información,
inmersa dentro del tratamiento y circulación de datos, es un procedimiento y
recurso para la protección del derecho fundamental al habeas data que sólo
puede regularse por ley estatutaria para impedir que se viole de alguna manera
el núcleo esencial de este derecho. La información tributaria contenida en la
contabilidad, en los documentos y pruebas contables, en las mismas
informaciones y declaraciones tributarias involucra a terceras personas que
tienen el derecho de conocer, actualizar y rectificar la información recogida
en banco de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Esta
conservación de documentos, pruebas e información tributaria requiere de la
regulación por ley estatutaria y no basta su regulación por ley ordinaria para
garantizar este derecho fundamental porque no da la garantía de protección del
derecho de las personas de conocer, actualizar y rectificar los datos
contenidos en esas bases de datos conservadas por 5 años.
Art. 632-1. Esta disposición de carácter ordinario viene a establecer un
tratamiento y circulación de datos tributarios regulado por el artículo 15 de
la Constitución, que como tal debe respetar la libertad y garantías consagradas
en la Constitución para impedir que se desconozca el núcleo esencial del habeas
data de conocer, actualizar y rectificar los datos contenidos en las bases de
datos. Esta protección es del resorte de la ley estatutaria que sólo puede
regular la conservación de información y la disposición en determinados momentos
para efectos del control tributario del impuesto de timbre. No puede
establecerse conservación y disposición indefinida de información tributaria
porque vulnera el contenido esencial del habeas data, que lo puede limitar,
restringir, excepcionar o prohibir. Se viola así la reserva de la ley
estatutaria.
Art. 633. Luego de señalar el actor que se está ante una norma legal de
carácter ordinario, indica que este artículo conforma proposición jurídica
completa con los artículos 260-4, 260-8, 623 a 632-1 del Estatuto Tributario,
por lo que el cargo, las disposiciones constitucionales consideradas
infringidas y las razones de la violación son las mismas.
Art. 36 de la
Ley 863 de 2002. Expone el actor que se esta ante
una norma legal que no corresponde a una ley estatutaria. Esta disposición
contempla la libertad de circulación de dichas declaraciones tributarias sin
establecer una protección de la libertad ni reconocimiento de las garantías
constitucionales. La ley ordinaria no está facultada para establecer esta libre
circulación de dichas declaraciones tributarias desconociendo así el derecho
fundamental al habeas data.
Art. 260-4.  Se viola la reserva de ley estatutaria por cuanto la regulación
de la recolección, tratamiento y circulación de la información tributaria de
los contribuyentes obligados a aplicar el régimen de precios de transferencia
es de la esencia del habeas data tributario. No basta que el derecho del Estado
de recolectar la información tributaria se materialice en una ley ordinaria
sino que debe efectuarse en una ley estatutaria. Considera que así mismo se
establece la caducidad del dato al contemplar la norma que la documentación
comprobatoria se debe mantener por un término mínimo de 5 años, que viene a afectar
el contenido esencial del habeas data que sólo puede regularse por ley
estatutaria. Expone que se otorga a un órgano de inferior jerarquía la facultad
de regulación del habeas data al establecer que la obligación de preparar y
enviar la documentación comprobatoria para los contribuyentes obligados a
aplicar el régimen de precios de transferencia se debe hacer dentro de las
condiciones que establezca el Gobierno Nacional, deslegalizando así el habeas
data. Por lo anterior, solicita la inexequibilidad de esta disposición desde su
entrada en vigencia.
Art. 631-2.  Indica el actor que se integra la proposición jurídica completa
en cuanto a los fundamentos para los artículos 623, 623-2(sic), 628, 629, 629-1
y 631. Reitera el actor que la regulación del habeas data tributario es
exclusiva de la ley estatutaria. Además, se produce la “deslegalización”
al trasladar la facultad exclusiva del legislador al Director de Impuestos y
Aduanas Nacionales para solicitar los datos y establecer los obligados en
cuanto a las informaciones de los artículos 623, 623-2(sic), 628, 629, 629-1 y
631 del Estatuto Tributario. De igual manera, se da amplia discrecionalidad al
Director de Impuestos para establecer los datos y los obligados de las
informaciones tributarias para las entidades vigiladas por la Superintendencia
Bancaria, otras entidades de crédito, comisionistas de bolsa, notarios,
personas o entidades que elaboran facturas o documentos equivalentes y estudios
y cruces de información. Facultad amplia que no es simplemente operativa sino
que va al fondo de la información tributaria ya que el Director de Impuestos
puede eliminar o incrementar a su amaño los datos y los obligados,
correspondientes a las informaciones tributarias.
Art. 585. El suministro de copia de las investigaciones tributarias entre
entidades estatales para que sirvan de prueba en la liquidación y cobro de
impuestos nacionales y municipales, es una limitación del núcleo esencial del
habeas data tributario por cuanto desconoce el derecho de las personas de
conocer, actualizar y rectificar las informaciones contenidas en las
investigaciones de las autoridades tributarias. La entrega de copia de las
investigaciones tributarias entre entidades estatales, para convertirla en
prueba en contra de los contribuyentes y sin que lo hubieren controvertido es
un violación del debido proceso, afectando no sólo el núcleo esencial del
habeas data tributario sino también el núcleo esencial del debido proceso. Por
esta razón, el suministro de copia de investigaciones tributarias sólo es
posible por ley estatutaria que protege la garantía del debido proceso, del
contribuyente a conocer, actualizar y rectificar las informaciones tributarias
contenidas en las investigaciones y el derecho del contribuyente de
controvertir dichas investigaciones.
Art. 623-2. Luego de señalar que se está ante una norma legal de carácter
ordinario expone que la misma viene a establecer una libre circulación de datos
entre las entidades públicas, privadas y demás personas a quienes se les
solicite la información y la Dirección de Impuestos. No es una simple solicitud
de algunos datos sin relevancia ya que se está ante información privilegiada de
bienes de propiedad de los deudores morosos, donde el Estado debe garantizarlo
según la previsión del artículo 58 de la Constitución. Considera el actor que
una garantía de la protección de la propiedad privada es el respeto de la
información sobre ella, por lo que no es dado a la ley ordinaria así sea para
fines tributarios establecer la libre circulación de información de la
propiedad privada de las personas. La información de la propiedad requiere de
norma que garantice seguridad jurídica, por el mismo trámite especial del
artículo 153 de la Carta. El equilibrio lo establece la ley estatutaria de la
información sobre la propiedad privada para atender los fines tributarios donde
se debe respetar el núcleo esencial del habeas data.
260-8
parágrafo. Para el actor la norma desconoce los
artículos 4 y 100 de la Constitución, en la medida que se viola el derecho de
los extranjeros y el principio de territorialidad de la ley colombiana al
exigirle a la matriz o controlante extranjera sin domicilio o residencia en
Colombia presentar la declaración informativa consolidada de precios de
transferencia. Expone que si la matriz o controlante extranjera de un grupo
empresarial no es residente ni domiciliada en Colombia y no es contribuyente en
el país, no se le puede exigir el cumplimiento de la ley colombiana como si
fuera residente o domiciliada en el país o contribuyente colombiano. Es la
extraterritorialidad de la ley colombiana por lo cual es inconstitucional.
Art. 631-1. Se desconocen los artículos 4 y 100 de la Constitución, por cuanto
si la matriz o controlante de un grupo económico y/o empresarial no es
residente ni domiciliada en Colombia y no es contribuyente en el país no se le
puede exigir el cumplimiento de la ley colombiana como si fuera residente o
domiciliada en el país o contribuyente colombiano. Es la extraterritorialidad
de la ley colombiana por lo cual es inconstitucional.
IV.
INTERVENCIONES
1.  Instituto
Colombiano de Derecho Tributario
Mauricio Piñeros
Perdomo, Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, acompaña un
concepto por medio de la cual concluye que las normas acusadas se ajustan a la
Constitución Política respecto de las acusaciones formuladas. En efecto, luego
de señalar que en la demanda pueden identificarse temas principales que surgen
de la reiteración de los cargos bajo el supuesto de la violación de unas mismas
normas constitucionales por iguales motivos, destaca dos grupos de normas. En
el primer grupo, relaciona las siguientes normas: Arts. 260-4, 260-8, 584, 586,
587, 622, 623, 623-1, 623-2(sic), 623-3, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 629-1,
630, 631, 631-2, 632, 632-1, 633 del Estatuto Tributario y el artículo 36 de la
Ley 863 de 2003, respecto de las cuales indica que se predica la violación de
las mismas disposiciones constitucionales como son los artículos 15, 20, 152
lit. a), 153 y 241 No. 8. Y, un segundo grupo de normas cuya impugnación señala
se fundamenta por el actor, además, en otras disposiciones constitucionales
como lo son respecto del art. 585, el artículo 29 de la Carta; de los arts.
631-1 y 260-8, los arts. 4 y 100 de la Constitución; y del art. 623-2, el art.
58 Constitucional.
Señala el
interviniente que en general sobre todas las normas acusadas el actor
manifiesta que la regulación de la recolección, tratamiento y circulación de la
información tributaria debe hacerse por ley estatutaria. Indica que el
fundamento básico de la demanda, por demás reiterado, consiste en que el
ciudadano encuentra que varias disposiciones tratan de la circulación de la
información sin que se haya regulado el procedimiento y sin permitir al
afectado rectificar o verificar la información recogida sobre él. A
continuación el interviniente aborda algunos conceptos sobre los principales
temas que considera involucrados como son: el derecho del habeas data y la
excepción constitucional para los efectos tributarios, la ausencia de ley
estatutaria, la deslegalización, la caducidad del dato, la extraterritorialidad
de la ley y el debido proceso.
Sobre el habeas
data y la excepción para la materia tributaria empieza por determinar el
alcance de las expresiones “para efectos tributarios…podrá exigirse la
presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los
términos que señale la ley”, contenidas en el inciso final del artículo 15
de la Constitución Política. Al respecto, señala que el derecho sobre la
información tributaria personal no puede quedar circunscrito al invulnerable
ámbito de la intimidad personal por cuanto es parte esencial del deber también
fundamental de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado, consagrado en el artículo 95-9 de la Constitución. Agrega que de vieja
data la legislación tributaria ha dicho que el Estado no aspira a que el
contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley quiere que
coadyuve a las cargas públicas, por lo que en materia de información lo único
que requiere el Estado es la verdad sobre la realidad económica del
contribuyente y a ello se reduce la obligación informativa de éste, por lo que
mal puede haber ámbitos reservados para las autoridades tributarias bajo el
supuesto del derecho a la intimidad personal y familiar. Anota que la ley
tributaria sanciona la inexactitud en las declaraciones tributarias cuando se
aparta de la verdad de la situación económica del contribuyente. Expone el
artículo 20 de la Constitución, es una garantía de doble vía al contemplar la
de informar y recibir información veraz e imparcial.
En cuanto a la
ausencia de ley estatutaria manifiesta que no es admisible que tantas y tan
variadas normas sobre la información tributaria puedan ser declaradas inexequibles
en su integridad por el simple hecho de estar consagradas en leyes ordinarias.
Respecto del
artículo 583, sobre reserva de las declaraciones, pone de presente la Sentencia
C-489 de 1995, donde la Corte declaró la constitucionalidad de la expresión “penales”
contenida en el inciso 2, bajo el entendido de que el legislador podría optar
en el futuro por levantar la reserva en otras causas lo que implica que
reconoció la facultad del legislador para establecer o levantar límites a la
intimidad económica. Facultad por parte del legislador que tiene sustento en el
artículo 15 de la Carta, sin que implique hacerlo mediante ley estatutaria
cuando decida ampliarlo a otros eventos.
En cuanto al
artículo 584, referente al examen de la declaración con autorización del
declarante expone que precisamente el legislador se basó en la autorización del
declarante, el cual es libre de dar con su propia información el uso que a bien
tenga sin necesidad de ley estatutaria que lo proteja.
Sobre el
artículo 585, en materia de intercambio gubernamental de información con las
entidades territoriales, considera que se permite por el legislador con miras a
la mutua colaboración en sus labores de fiscalización y para obtener pruebas
que en principio pueden utilizar contra un potencial contribuyente a quien sólo
le podrán adelantar los procedimientos gubernativos para revisión o
determinación de sus impuestos, mediante los trámites vigentes del
procedimiento administrativo contenido en el Estatuto Tributario, cumpliendo
así el debido proceso. Asunto que no se inicia con la simple remisión de datos
de una entidad a otra sino con la providencia que lo invita a presentar la
declaración si no lo ha hecho, o a corregirla y otros hechos que dan fundamento
a una providencia inicial que se notifica al afectado en la forma como lo
determina dicho Estatuto. Esta norma forma parte de las expedidas por el
legislador para combatir la evasión tributaria y está complementada con el
artículo 156 de la Ley 223 de 1995, con el cual procedería la integración
normativa.
Respecto del
artículo 587, atinente a la información sobre bases para aportes parafiscales,
considera el interviniente que los objetivos y funciones desempeñados por
dichas entidades inclusive las cajas de compensación aunque sean particulares,
justifican plenamente la facultad de intercambiar información para efectos de
sus labores de fiscalización y lucha contra la evasión de los aportes
parafiscales.
En relación con
el artículo 622, que refiere a la obligación de las entidades financieras de
informar la parte no gravada de los rendimientos, expone que aunque fuera
cierto no es razonable que ese sólo motivo expuesto por el actor diera lugar a
la inconstitucionalidad de toda la norma. Recuerda que el ordenamiento jurídico
colombiano consagra la acción de nulidad contra los actos de certificación y
registro de las entidades públicas en el artículo 85 del C.C.A., fuera de que
la respectiva entidad gubernamental que concede la autorización a la entidad
privada para ejercer funciones administrativas (artículos 110 a 114 de la Ley
489 de 1998) puede convenir procedimientos y recursos respecto a esa actividad.
En cuanto al
artículo 631, para estudios y cruces de información, el interviniente llama la
atención sobre la importancia de esta disposición, que junto al artículo 684
constituyen la base fundamental de la labor de fiscalización de la DIAN, la
cual desaparecería si todo el artículo fuera declarado inconstitucional. Señala
que mediante el artículo 631, con sus reformas y adiciones, el legislador
señaló en forma detallada los conceptos y cuantías básicas de la información
que deben remitirle anualmente los obligados, la forma de presentarla y la
obligación de conservarla por cinco años, en concordancia con el tiempo en que
pueden adquirir firmeza las liquidaciones privadas. Por ende, el legislador
ordinario ha sido quien ha diseñado y descrito los factores y elementos básicos
de la información tributaria dejando a cargo del Director de la DIAN el
señalamiento de las especificaciones técnicas de los medios magnéticos y otras
menores que es necesario ajustar y actualizar cada año, lo cual no podría hacer
el Congreso. Añade que sobre estas bases se ha desarrollado en los últimos
tiempos toda la labor fiscalizadora e investigativa de la DIAN y está prevista
en proyectos ambiciosos como el MUISCA que se fundamentan en mecanismos masivos
de sistematización.
En lo
correspondiente al artículo 36 de la Ley 863 de 2003, señala el interviniente
que la materia aduanera goza de particularidades que la distancian en algunos
aspectos de la regulación de los demás impuestos nacionales que administra la
DIAN. La declaración de mercancías como lo denomina el Estatuto Aduanero no es
como dice el actor una declaración tributaria ya que por su naturaleza cumple
múltiples y adicionales funciones a las de la recaudación de impuestos. Así el
declarante informa el régimen aduanero que ha de aplicarse a las mercancías y
consigna los elementos e informaciones necesarias para las distintas funciones
de las autoridades aduaneras que van más allá de recaudar los gravámenes
arancelarios y demás impuestos que se causan en el acto de importación. Las
informaciones contenidas en estas declaraciones y en los documentos que las
soportan, mal pueden ser reservadas cuando la comunidad tiene un interés
legítimo de conocerlas, ya que mediante ellas puede colaborar con las
autoridades o acudir a ellas en defensa del comercio nacional contra prácticas
nocivas y hasta delictivas como el contrabando.
En cuanto a la
deslegalización señalada por el actor, expone el interviniente que limitada la
impugnación al único argumento de que los aspectos de la excepción prevista en
el inciso final del artículo 15 de la Constitución, deben hacerse mediante ley
estatutaria, resulta un cargo incompleto y ya refutado mediante la
consideración general de los efectos de la ausencia de la ley estatutaria. Es
un cargo incompleto porque la circunstancia de que hayan sido dispuestos por
ley ordinaria los aspectos criticados, coloca el problema en el terreno de la
potestad reglamentaria que el actor no menciona. Fuera de este planteamiento
escueto no hay ninguna consideración de violación a la Constitución. La
exigencia de la Constitución de que sea por ley se encuentra entonces
satisfecha.
Respecto de la caducidad
del dato (artículo 260-4) expone que se trata de una obligación impuesta al
contribuyente para que conserve en sus propios archivos, es decir, sin
publicidad, ni riesgos de circulación pública, la documentación que respalda la
aplicación de las normas respectivas, tiempo acorde con la posibilidad de ser
revisada por la administración. No hay el fenómeno de la caducidad del dato.
En cuanto al
desconocimiento del debido proceso (artículo 585 del E.T.), indica que debe
considerarse que no se trata de una circulación indiscriminada sino concreta de
una entidad oficial a otra y con unos fines específicos autorizados por la ley
en ambos ámbitos como son los de fiscalización e investigación para
determinación de los tributos. Agrega que someter estos trámites internos a
ritos procesales propios de otras instancias implica atentar contra el
principio de la eficiencia administrativa. Además, no hay todavía el inicio de
un procedimiento administrativo ya que simplemente se está en una etapa previa
de captura de información.
Por último, en
relación con la extraterritorialidad de la ley (artículos 631-1 y 260-8) expone
que se solicita de manera antitécnica la inconstitucionalidad de la totalidad
de dichas disposiciones legales. Manifiesta que dichas normas deben
interpretarse en el sentido de que son obligatorias en relación con las
entidades sujetas a la ley colombiana, con base en los términos como están
descritos los sujetos pasivos de las respectivas obligaciones. En el segundo
caso es posible que comprenda una sociedad extranjera no domiciliada evento en
el cual es necesario despejar si cumple el presupuesto inicial del artículo en
cuanto sea contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios y si se
puede entender como contribuyente a quien sólo está sujeto a un sistema de
retención en la fuente. Agrega que se trata de casos especiales y posiblemente
dudosos que las autoridades deben despejar con arreglo a la aplicación e
interpretación de las normas sobre sujeción pasiva y gravamen de las rentas por
razón de su fuente, que en ningún caso pueden justificar la inexequibilidad de
todo el artículo. Sobre la base de que la ley colombiana no puede cobijar a los
residentes o domiciliados en el exterior, es posible que la ley esté imponiendo
obligaciones a quienes no están sujetos a la ley colombiana, por lo cual la
Corte podría condicionar la aplicación de la norma con esa excepción si lo
estima procedente o de lo contrario, la norma queda expuesta a su posible
incumplimiento.
2.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Amparo Palacios
Cortes, a quien se le confirió poder especial para representar al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, solicita a la Corte declarar la exequibilidad de
las disposiciones acusadas.
En efecto,
respecto de la violación de los artículos 15 y 20 de la Constitución, pone de
presente el inciso último del primero de estos artículos que refiere a que “Para
efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley”.
Por ello, señala que no es un principio absoluto la reserva en los documentos
privados que son base para la conformación de las bases de datos sobre información
tributaria de la DIAN, ya que la propia Constitución permite al fisco ejercer
el control y vigilancia sobre los contribuyentes y en esa medida determinar el
cumplimiento efectivo del numeral 9, del artículo 95 de la Carta, sobre
contribución al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Pierde
así la información fiscal del contribuyente el carácter de personal y reservada
ante el control que le corresponde al Estado en el estricto recaudo de las
rentas como lo contempla el numeral 20 del artículo 189 Constitucional. Agrega
que no puede argumentarse que la DIAN al exigir el envío de ciertos datos por
parte de algunas entidades está violando una información que es personal y que
desconoce el afectado, ya que tal condición no es oponible al Estado por los
fines de interés general y de control que le compete garantizar, y que consiste
en que el Ejecutivo debe inspeccionar, vigilar y controlar las actividades y
bienes de los particulares. Expone que resulta exagerado colocar en su mismo
plano cierta información de carácter general que sólo permitiría conocer la
situación económica de una persona con fines eminentemente tributarios.  Anota
que estas normas no deben ser tramitadas por ley estatutaria por cuanto la DIAN
con la información recopilada cuenta con una herramienta que le permite cumplir
con la finalidad establecida en el artículo 95, numeral 9 de la Carta, para
cuyo efecto dicha información es reservada y no corresponde a situaciones
principales e importantes de los derechos fundamentales.  Se trata de leyes
ordinarias expedidas en virtud del numeral 20 del artículo 150 de la
Constitución, por lo que las disposiciones examinadas deben declararse
constitucionales ya que la tarea de recopilación de datos por parte de la DIAN
se restringe a la información necesaria para la supervisión del comportamiento
tributario de la persona y cumplen con los principios rectores del habeas data.
En cuanto a la
supuesta vulneración de los artículos 152 literal a), 153 y 241 numeral 8 de la
Constitución, indica, luego de señalar que uno de los principios rectores que
gobiernan el sistema tributario es el de la eficiencia, que no debe confundirse
una ley tributaria ordinaria con una estatutaria por cuanto los alcances son
diametralmente opuestos en la medida en que aún cuando en la fiscal se regule
el deber fundamental de contribuir al sostenimiento del Estado, no está inmersa
dentro del marco estatutario. Recuerda que la sola existencia de un nexo con un
derecho fundamental no implica que deba seguirse el trámite de una ley
estatutaria.
Frente al
desconocimiento del artículo 58 de la Carta por parte del artículo 623-2 del
Estatuto Tributario, expone que la libre circulación de la información sobre
los bienes que tiene una persona entre las entidades, tiene como finalidad
contribuir a las cargas públicas del Estado. Anota que es preciso aclarar que
la información tributaria relativa a la determinación y cobro de los impuestos
administrados por la DIAN tiene como objeto el lograr el cumplimiento de la labor
fiscalizadora y recaudadora a su cargo, sin que por ello se desproteja la
propiedad privada.
Y, en lo
referente al presunto desconocimiento de los artículos 4 y 100 de la
Constitución, por los artículos 260-8 y 631-1 del Estatuto Tributario,
considera que no se está solicitando información a las matrices o entes
controlantes que se encuentren domiciliados en el exterior, sino sólo cuando
éstos se encuentren domiciliados en el país. Para el efecto, pone de presente
el artículo 7, literal c) del Decreto 4349 de 2004.
Con fundamento
en lo anterior concluye que las normas acusadas en ningún momento se debieron
tramitar como leyes estatutarias y gozan de amplio respaldo constitucional.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El señor
Procurador General de la Nación, en concepto recibido en la Secretaría General
de la Corte el día 24 de mayo del presente año, solicita a esta Corporación que
se declaren exequibles las disposiciones acusadas.
En efecto,
señala que no cabe duda que por ser el derecho del habeas data un derecho
fundamental, la reserva de ley estatutaria es la garantía propia que permite la
salvaguarda del derecho mismo, cuando se regule el derecho a la
autodeterminación informativa que comprende la forma de recolección, el
tratamiento y la circulación de datos personales. Sin embargo, indica, al fijar
el alcance del artículo 152 de la Constitución, no se puede desconocer la
expresa excepción que sobre este mandato formal establece el propio artículo 15
de la Carta, que permite que la información requerida por el Estado para
efectos tributarios y judiciales, y para la exhibición de los libros de
contabilidad y documentos privados, se efectúe conforme con los procedimientos
establecidos por el legislador. Es decir, es el legislador a través de los
códigos correspondientes –sustantivo o procedimental-, como determina las
formalidades para que las personas suministren la información al Estado para
efectos judiciales y tributarios, o mediante la exhibición de los libros de
contabilidad, asuntos que no deben regularse por ley estatutaria ya que el
suministro de dicha información con fines tributarios y judiciales no desconoce
el núcleo esencial del derecho al habeas data.
Para el
Ministerio Público no cabe duda que las normas acusadas regulan aspectos
relacionados con información compuesta por los datos de los contribuyentes, por
lo que el Estado tiene la obligación de respetar la libertad y demás garantías
para el ejercicio del derecho fundamental al habeas data. Empero, la garantía
que se establece mediante la reserva de ley estatutaria no podía adoptarse para
el caso de las normas tributarias en estudio ya que el suministro de la
información que dichas normas regulan no está desconociendo el núcleo esencial
del derecho del habeas data. Era suficiente que el legislador estableciera en
una ley ordinaria la forma en que el sujeto suministraría la información, para
entender garantizado el derecho.
Manifiesta que
se expone por el actor de manera común para todas las normas acusadas el mismo
argumento para los cuales existen fundamentos y principios de orden
constitucional que apoyan la conclusión que en este caso no se requiere de una
ley estatutaria que determine la forma en que el ciudadano debe suministrar
información para fines tributarios, como el cumplimiento por parte del Estado
de la función de investigación y fiscalización que debe adelantar observando el
principio de eficiencia de la administración  y el cumplimiento por parte de
los ciudadanos de su deber de contribución en el financiamiento de los gastos
del Estado respetando los conceptos de justicia y equidad. Agrega que se
produce la situación de dos atribuciones de orden constitucional
simultáneamente, una, donde las personas tienen derecho a que se les respete el
habeas data y, otra, en que el Estado tiene la obligación de indagar hasta lo
máximo que considere necesario para cumplir con su obligación fiscalizadora
ejerciendo plenamente sus facultades (T-303 de 1993).
Luego el
Ministerio Público alude a las facultades de la administración, para lo cual
señala las correspondientes en materia impositiva, para la creación de banco de
datos y para informar y recibir información. Respecto a las facultades en
materia impositiva indica que el Estado a través de la Administración de
Impuestos puede exigir a las entidades públicas, privadas y demás personas la
exhibición de documentos privados de los contribuyentes con la finalidad de
obtener la información que le permita establecer mediante dichas pruebas los
datos tributarios que reflejen la realidad tributaria del contribuyente, que al
ser una obligación de orden público a cargo del Estado prevalece sobre los
intereses particulares. Al efecto, pone de presente la Sentencia C-381 de 1993.
En cuanto a la facultad para la creación de bancos de datos expone que la misma
Constitución confiere al Estado la posibilidad de contar con las herramientas
apropiadas para la consecución de tales objetivos, que más que una facultad se
convierte en una obligación que se debe desarrollar mediante herramientas como
es la creación de bancos de datos, los cuales según la jurisprudencia
constitucional se ajustan a la Constitución en la medida que la creación y
utilización de los mismos guarden proporcionalidad entre el medio empleado y
sus efectos reales sobre los derechos fundamentales del titular del dato (T-303
de 1993). Lo anterior explica que la Constitución contemple que también
mediante leyes ordinarias se señalen pautas y directrices con el objeto de
implementar los medios necesarios para cumplir los objetivos perseguidos por el
Estado, incluso para la obtención de alguno de los fines en particular como los
que desarrolla el Estado para el cumplimiento de la potestad de imposición,
determinación y cobro de tributos así como para investigar a los contribuyentes
y evitar las formas de elusión y evasión de impuestos (C-313 de 1994). Y, en
relación con la facultad para informar y recibir información indica que las
facultades para obtener información respecto de los contribuyentes establecidas
en las normas tributarias demandadas, no vulneran el artículo 20 de la
Constitución, que impone el deber de informar de manera veraz e imparcial,
siendo éste el medio empleado por la Administración de Impuestos en
cumplimiento de sus funciones tributarias. Al respecto, pone de presente la
Sentencia C-844 de 1999.
Sobre la
presunta violación del derecho a la propiedad privada concluye que el artículo
623-2, no lo desconoce por cuanto la facultad de obtención de información
relacionada con bienes de los contribuyentes garantiza la actividad que
adelanta el Estado respecto de la obtención de información para la
investigación y localización de bienes de deudores morosos con la finalidad de
establecer mecanismos para investigar a los contribuyentes e impedir la elusión
o la evasión de tributos.
En cuanto al
posible desconocimiento del derecho a la defensa, indica que el artículo 585
del Estatuto Tributario al permitir el intercambio de información entre entes
nacionales, departamentales y municipales, no contraviene el principio del
debido proceso. En efecto, la simple recolección de información por parte de la
Administración de Impuestos no puede tacharse de violación  de este derecho
fundamental por cuanto esta actividad es un mero ejercicio propio de los entes
del Estado encargados de cumplir la función fiscalizadora e investigativa en
materia tributaria. Añade que dentro de las actuaciones de la Administración de
Impuestos se contempla la de adelantar investigaciones para la liquidación y
control de los impuestos, que se desarrolla en diferentes etapas previas a la
iniciación de un proceso que de presentarse se rige por los principios rectores
del debido proceso que regulan las actuaciones en la vía gubernativa y ante la
jurisdicción contencioso administrativa, oportunidades dentro de las cuales el
contribuyente puede controvertir los argumentos y las glosas presentadas por la
Administración de Impuestos. Concluye así que la norma acusada es el fundamento
que le permite al Estado obtener la información necesaria para conciliar los datos
que sobre un contribuyente se tiene a efectos de establecer si se está
cumpliendo en debida forma las obligaciones con el fisco.
Y, en relación
con la violación del régimen de los extranjeros y del principio de
territorialidad (artículos 260-8 y 631-1 del Estatuto Tributario), conceptúa el
Procurador General que la obligación de contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado toca también a los extranjeros que tengan la
calidad de contribuyentes por lo que la Administración de Impuestos debe contar
con herramientas eficaces para adelantar las investigaciones correspondientes
encaminadas al cumplimiento de su función.
VI.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con los numerales 4 y 5
del artículo 241 de la Constitución Política.
2.  Cargos
planteados por el actor y problemas jurídicos a resolver
Como lo formula
el actor y así también lo entienden las intervenciones ciudadanas y lo expuso
el concepto del Procurador General de la Nación, aunque el actor formula
diversas acusaciones, unas contra todas las disposiciones demandadas, otras
contra algunas disposiciones en particular, realmente el cargo de
inconstitucionalidad se circunscribe en determinar si las disposiciones legales
acusadas son materias propias de reserva de ley estatutaria en materia de
habeas data, por lo que su regulación legal no ha debido ser por ley ordinaria.
Esta precisión
resulta indispensable hacerla por cuanto el actor en desarrollo de dicho cargo,
que es el que habrá de abordar únicamente esta Corte, realizó además algunas
consideraciones generales sobre otros derechos como la intimidad, el buen
nombre y a recibir información veraz e imparcial que esta Corte no entrará a
estudiar al no ser objeto de formulación de cargo específico alguno[15].
Así mismo, esta Corporación tampoco se pronunciará respecto de las acusaciones
adicionales formuladas por el actor respecto de los artículos 260-4, 631-2,
585, 623-2, 260-8 y 631-1 del Estatuto Tributario.
En efecto,
respecto de los artículos 260-4  y 631-2 del Estatuto Tributario, el actor
luego de señalar que estas disposiciones han debido expedirse a través de ley
estatutaria, agrega que se configura una “deslegalización” i) del habeas
data al conferir a un órgano de inferior jerarquía como lo es el Gobierno la
facultad de establecer los plazos y condiciones y ii) de la facultad que solo
la ley puede otorgar al Estado para solicitar información tributaria al
trasladarse al Director de Impuestos para solicitar datos y establecer los
obligados. Para la Corte es claro, como se tiene de la demanda en el ítem que
el actor respecto de cada disposición denomina “cargo”, que estos
argumentos se exponen como complementarios al cargo principal y que será objeto
de estudio y resolución en esta decisión, sin que en dichas consideraciones
adicionales se expongan nuevos argumentos de inconstitucionalidad. Por ende, el
actor habrá de observar lo que se resuelva respecto del cargo central. Y,
tampoco los argumentos complementarios resultan ser específicos ni pertinentes
al no exponer mayores razones de carácter concreto y de naturaleza
constitucional, que además permitan la confrontación entre la norma inferior
respecto de Constitución[16].
En relación con
los artículos 585 y 623-2, se presenta igual situación por lo que cabe señalar
los mismos argumentos expuestos en párrafo anterior. En efecto, el presunto
desconocimiento del núcleo esencial no sólo del habeas data i) sino también del
debido proceso bajo la consideración global de no permitirse la contradicción,
y ii) la consecuencia también extraída del desconocimiento de la propiedad
privada al establecerse una presunta libre circulación de información, son
argumentos que se exponen como complementarios al cargo principal que abordará
esta Corte, sin que, además, se expongan razones de inconstitucionalidad
específicas y pertinentes por no exponerse mayores argumentos de
inconstitucionalidad que resulten concretos y no poder establecerse la
confrontación entre la norma inferior y Constitución.
Y respecto de
los artículos 260-8  parágrafo y 631-1, también la Corte no se pronunciará. En
efecto, considera el actor i) que se desconoce los artículos 4 y 100 de la
Constitución al exigirse su presentación a la matriz o controlante cuando sea
persona o entidad extranjera domiciliada o residente en el exterior la cual no
se le puede exigir y, ii) fuera del cargo principal se viola los artículos 4 y
100 de la Constitución, al exigirse su presentación cuando esta matriz o
controlante sea extranjera domiciliada o residente en el exterior, la cual no
se le puede exigir el cumplimiento de la ley colombiana, por lo que “es la
extraterritorialidad de la ley colombiana que va más allá del territorio; lo
cual es inconstitucional”. Al respecto, la Corte considera que el actor no
expone mayores razones de inconstitucionalidad, como tampoco se tiene
necesariamente de las normas acusadas los supuestos endilgados por el actor, ni
se exponen argumentos concretos y menos de naturaleza constitucional que
resulten suficientes para iniciar el control de constitucionalidad.
Hechas las
anteriores precisiones, y con el fin de facilitar el estudio del cargo
propuesto dado que el actor demanda 27 artículos del Estatuto Tributario y otra
disposición adicional por violación de la reserva de ley estatutaria en materia
de habeas data, se organizarán las normas acusadas en tres grandes grupos
atendiendo la afinidad de sus temas. Por consiguiente, los problemas jurídicos
a resolver por la Corte son:
1) ¿Deben
regularse mediante ley estatutaria las normas que: (i) imponen a ciertos
contribuyentes del impuesto sobre la renta, el deber  de preparar, enviar y
conservar una documentación comprobatoria de algunas operaciones; y, (ii) las
que les imponen también a ciertos contribuyentes el deber de presentar
anualmente una declaración informativa también sobre algunas operaciones?
2)  ¿Deben
regularse mediante ley estatutaria las normas que: (i) disponen la reserva a la
información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación
privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, y por lo
tanto los funcionarios de la DIAN solo podrán utilizarla para efectos
tributarios o impersonales de estadística, salvo para los procesos penales;
(ii) que disponen reserva para los bancos y demás entidades autorizadas para
recaudar impuestos y recibir declaraciones de renta, quienes solo podrán
utilizar la información que conozcan para los fines de su procesamiento que
demanden los reportes de recaudo y recepción exigidos por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; (iii) las que permiten que las declaraciones sean
examinadas en las oficinas de impuestos por cualquier persona con autorización
escrita del declarante; (iv) las que para efectos de liquidación y control de
impuestos nacionales, departamentales o municipales permiten intercambiar la
información sobre los datos del contribuyente, el Ministerio de Hacienda y las
Secretarías de hacienda Departamentales y Municipales, así como copia de las
investigaciones existentes en materia de los impuestos sobre la renta y sobre
las ventas; (v) las que permiten suministrar información global sobre la renta
y el patrimonio de los contribuyentes, sus deducciones, rentas exentas,
exenciones, pasivos y bienes exentos, a las entidades privadas contratadas para
el procesamiento de datos, liquidación y contabilización de los gravámenes por
sistemas electrónicos, que fueren estrictamente necesarios para la correcta
determinación matemática de los impuestos y para fines estadísticos, las que
deberán absoluta reserva sobre tales datos y prestar una caución suficiente
para garantizarla; (vi) las que permiten a la DIAN levantar la reserva de las
declaraciones de impuestos sobre renta y complementarios, únicamente en
relación con los pagos laborales objeto del aporte, para efectos del cruce de
información con el ISS, el ICBF el SENA, las cajas de compensación familiar,
sus asociaciones y federaciones y para verificar el pago de dichos aportes; y,
(vii) las que disponen que los datos contenidos en la declaración aduanera de
importación y exportación, las de impuestos al consumo y participación
departamental no están sometidas a reserva alguna?
3)  ¿Deben
regularse mediante ley estatutaria las normas que imponen el deber de informar,
en medio magnético cuando lo indique la ley: (i) a entidades financieras la
parte no gravada de los rendimientos a sus ahorradores personas naturales y
sucesiones ilíquidas; (ii) a las entidades vigiladas por la Superintendencia
Bancaria, y otras entidades de crédito, anualmente en medio magnético y dentro
de cierto plazo ciertos datos de sus cuentahabientes, tarjetahabientes,
ahorradores, usuarios, depositantes o clientes, relativos al año inmediatamente
anterior, depósitos, captaciones, abonos, traslados y en general movimientos de
dinero, u otras operaciones financieras por valores superiores a ciertas sumas,
o que arrojen una utilidad, antes de impuestos, que excedan también ciertas
sumas; así como la información sobre cuentas corrientes o de ahorro que hayan
siso abiertas, saldadas y/o canceladas en el respectivo año; (iii) a las
entidades públicas y privadas y demás personas a las que se solicite
información gratuita respecto de bienes de propiedad de los deudores contra los
cuales la DIAN adelante procesos de cobro, so pena de sanciones por su incumplimiento;
(iv) a las Cámaras de Comercio anualmente, la razón social de cada una de las
sociedades cuya creación o liquidación se haya registrado durante el año
inmediatamente anterior, con los datos indicados en la ley; (v) a las bolsas de
valores a partir de 1989, anualmente los apellidos, nombres o razón social y
NIT de cada uno de los comisionistas de bolsa inscritos, con los datos
adicionales establecidos en la ley; (vi) al SENA, ISS, ICBF, y cajas de
compensación familiar enviar una relación de quienes no se encuentren a paz y
salvo por concepto de los aportes a tales entidades; (vii) a la Registraduría
Nacional del Estado Civil la información correspondiente de las personas
fallecidas; (viii) a los comisionistas de bolsa, ciertos datos en relación con
las personas que en el año inmediatamente anterior, a través de ellos
efectuaron enajenaciones o adquisiciones de acciones y demás papeles transados
en bolsa cuando supere ciertas sumas; (ix) a los notarios anualmente, los datos
sobre las personas o entidades que en el año inmediatamente anterior,
efectuaron en dicha notaría enajenaciones de bienes o derechos cuando superen
ciertas sumas de dinero; (x) a las empresas que elaboran facturas de venta o
documentos equivalentes, los apellidos y nombres o razón social y NIT, con
indicación del intervalo de numeración elaborada de cada uno de sus clientes,
correspondientes a los trabajos realizados en el año inmediatamente anterior,
cuando supere determinado monto; (xi) a los jueces civiles, en todo proceso de mayor
cuantía, de los títulos valores que hayan sido presentados, indicando aspectos
propios de su contenido, so pena de incurrir en causal de mala conducta; (xii)
a las personas o entidades, contribuyentes o no contribuyentes, ciertas
informaciones consagradas en la ley, con el fin de efectuar los estudios y
cruces de información necesarios para el debido control de los tributos.
Solicitud que se formulará mediante resolución de la DIAN y cuyo plazo para la
entrega no podrá ser inferior a dos meses; (xiii) a los grupos empresariales y
económicos registrados en el Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio, a
más tardar el 30 de junio de cada año, sus estados financieros consolidados en
la forma prescrita en la ley, so pena de sanciones; (xiv) la obligaciones de
las personas o entidades, contribuyentes o no contribuyentes, conservar en un
período mínimo de cinco años ciertas informaciones a las que alude la ley; y,
(xv) a los contribuyentes y agentes retenedores del impuesto de timbre,
obligados a llevar contabilidad, registrar la causación, recaudo, pago o
consignación del impuesto en una cuenta destinada exclusivamente para ello, con
los datos y en las condiciones descritas en la ley.
Los
intervinientes y el Procurador General de la Nación, coinciden en señalar que
las normas legales acusadas no desconocen la reserva de ley estatutaria
prevista para el habeas data.
3.      La
reserva legal estatutaria sobre derechos fundamentales en la jurisprudencia
constitucional.
Como lo
establece expresamente la Constitución Política, dentro del sistema normativo
jerárquico establecido en el ordenamiento jurídico colombiano se tiene la
existencia de leyes de carácter estatutario a las cuales refiere el artículo
152 de la Carta, que determina las materias que deben ser objeto de esta
regulación específica, dada la vital importancia que dichas materias revisten
en el Estado social de derecho. Entre ellas, se tiene que los “derechos y
deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su
protección”, están sujetos a reserva legal estatutaria, lo cual implica que
el trámite de su aprobación es más exigente que el propio de una ley ordinaria
y sujeto a un control previo de constitucionalidad (artículo 153 y 241-8 de la
Constitución).
Al respecto,
esta Corte a través de su jurisprudencia ha venido señalando algunos criterios
para determinar cuando una disposición relacionada con los derechos
fundamentales está sujeta a reserva de ley estatutaria.
En efecto, en la
Sentencia C-013 de 1993, la Corte consideró que la reserva legal estatutaria
persigue desarrollar y complementar los derechos fundamentales, sin que ello
implique necesariamente que toda regulación que toque aspectos de un derecho
fundamental deba realizarse por esta clase de ley, a fin de no vaciar la
competencia del legislador ordinario. Veamos lo señalado en esta decisión:
“Ahora bien, como se menciona en la transcripción del
Informe-Ponencia, las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen
por objeto desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone que toda regulación
en la cual se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse
por vía de ley estatutaria. De sostenerse la tesis contraria, se vaciaría la
competencia del legislador ordinario. La misma Carta autoriza al Congreso para
expedir, por la vía ordinaria, códigos en todos los ramos de la legislación.(…)
Las leyes estatutarias están encargadas de desarrollar los textos
constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No
fueron creadas dentro del ordenamiento con el fin de regular en forma
exhaustiva y casuística todo evento ligado a los derechos fundamentales.”
En decisión
posterior, sentencia C-226 de 1994[17], la Corte indicó que las
leyes estatutarias deben regulan solamente los elementos estructurales
esenciales de los derechos fundamentales, y por lo tanto no tienen por objeto
regular en detalle cada variante de manifestación de los mencionados derechos o
todos aquellos aspectos que tengan que ver con su ejercicio, . En efecto, se
expuso:
“Esto significa que las leyes estatutarias están encargadas de
regular únicamente los elementos estructurales esenciales de los derechos
fundamentales y de los mecanismos para su protección, pero no tienen como
objeto regular en detalle cada variante de manifestación de los mencionados
derechos o todo aquellos aspectos que tengan que ver con su ejercicio, porque
ello conduciría a una petrificación del ordenamiento jurídico.”
Más adelante, en
Sentencia C-313 de 1994[18], expuso esta Corporación
que la ley estatutaria se ocupa de regular, de modo preferentemente positivo y
directo, el ejercicio de los derechos fundamentales, siendo diferente el
contenido de aquellas normas mediante las cuales el Estado, el ejercitar el ius
puniendi, limita alguno de esos derechos, a manera de sanción imputable a
una conducta tipificada como delictiva. Además se indicó que la ley estatutaria
se refiere, en cada caso particular, a un derecho determinado y su fin es
desarrollar su ámbito a partir de su núcleo esencial definido en la
Constitución. Observemos lo señalado en dicha decisión:
“Para mayor abundamiento: las leyes estatutarias a que se refiere el
artículo 152-a de la Constitución Política se ocupan de regular, de modo
preferentemente positivo y directo, el ejercicio de los derechos fundamentales.
Bien distinto es el contenido de aquellas normas mediante las cuales el Estado,
al ejercitar el ius puniendi, limita alguno de esos derechos, a manera de
sanción imputable a una conducta tipificada como delictiva. Tal es el caso de
las disposiciones que integran el código penal que, por las razones expuestas,
no están sujetas al trámite especial de las leyes estatutarias ni participan de
la naturaleza jurídica propia de éstas. Obsérvese, finalmente, que la ley
estatutaria se refiere, en cada caso, a un derecho determinado y su fin es
desarrollar su ámbito a partir de su núcleo esencial definido en la
Constitución.”
En la Sentencia
C-408 de 1994[19], la Corte vino a referir
que hace parte de la reserva legal estatutaria la regulación limitada a los
contenidos más cercanos al núcleo esencial del derecho fundamental respectivo.
En dicha decisión se expuso:
“En consecuencia, cuando de la regulación de un derecho fundamental
se trata, la exigencia de que se realice mediante una ley estatutaria, debe
entenderse limitada a los contenidos más cercanos al núcleo esencial de ese
derecho, ya que se dejaría, según interpretación contraria, a la ley ordinaria,
regla general legislativa, sin la posibilidad de existir; toda vez que,  se
repite, de algún modo, toda la legislación de manera más o menos lejana, se
encuentra vinculada con los derechos fundamentales.”
La Sentencia
C-425 de 1994[20]señaló que procede
mediante trámite de ley estatutaria la regulación de aspectos inherentes al
ejercicio mismo de los derechos y primordialmente la que signifique
consagración de límites, restricciones, excepciones y prohibiciones, en cuya
virtud se afecte el núcleo esencial de los mismos, determinación que se reiteró
mediante Sentencias C-247 de 1995[21], C-374 de 1997, C-251 de
1998, C-1338 de 2000, ésta última en la que se dispuso además, que corresponde
a ley estatutaria aquella regulación integral, estructural y así fue reiterado
en sentencia C-620 de 2001; C-646 de 2001.
En la sentencia
C-687 de 2002, la Corte consideró que debía regularse mediante ley estatutaria
los elementos que se encuentran próximos y alrededor del contenido esencial de
un derecho fundamental; y, en caso de realizarse restricciones, límites o
condicionamientos sobre éstos, deberá verificarse si éstas tienen un carácter
proporcional y constitucionalmente razonable.
En esta
sentencia, la Corte reiteró los criterios sintetizados en la sentencia C-646 de
2001 en relación con la reserva de ley estatutaria. Al respecto, en dicha
decisión se indicó:
“6. Por tal razón, la Corte ha visto la necesidad de dilucidar en su
jurisprudencia, cuál es el alcance que tiene el artículo 152 literal a) de la
Carta. Así, la sentencia C–646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda, sistematizó
los criterios básicos por medio de los cuales puede determinarse si una norma
está sometida a reserva de ley estatutaria. De acuerdo con esa jurisprudencia y
con los precedentes constitucionales anteriores a ésta[22],
puede concluirse que tal situación ocurre cuando (i) el asunto trata de un
derecho fundamental y no de un derecho constitucional de otra naturaleza, (ii)
cuando por medio de la norma está regulándose y complementándose un derecho
fundamental, (iii) cuando dicha regulación toca los elementos conceptuales y estructurales
mínimos de los derechos fundamentales, y (iv) cuando la normatividad tiene una
pretensión de regular integralmente el derecho fundamental.
En este orden de ideas, puede observarse entonces que la existencia
de las leyes estatutarias tiene una función doble, identificada especialmente
por medio de los criterios (ii) y (iii). Por un lado, la de permitir que el
legislador integre, perfeccione, regule y complemente normas sobre derechos
fundamentales, que apunten a su adecuado goce y disfrute. Y por otro, la de
establecer una garantía constitucional a favor de los ciudadanos frente a los
eventuales límites que, exclusivamente en virtud del principio de
proporcionalidad, pueda establecer el legislador.
7. Por la especial importancia que tienen las leyes estatutarias
dentro del ordenamiento, es necesario que el análisis sobre un cargo que
reproche el desconocimiento de la reserva de ley estatutaria, cuide también por
lo menos tres aspectos fundamentales. Primero, evite que en la determinación
del alcance material de la ley estatutaria, sea vaciada la competencia del
legislador ordinario. Segundo, impida que en busca del mantenimiento de la
anterior competencia constitucional ordinaria del legislativo, sea eliminado el
contenido material y el ámbito propio de las leyes estatutarias. Y tercero,
prevenga que una interpretación sobre el contenido de las leyes estatutarias
les otorgue una competencia tal en materia de regulación de derechos
fundamentales, que les permita afectar sus contenidos conceptuales básicos, sin
un adecuado juicio de proporcionalidad previo.
Con base en los anteriores supuestos, para
poder determinar si la norma acusada debió haberse tramitado por medio de una
ley estatutaria, no basta con determinar si el objeto de esa disposición tiene
alguna relación con un derecho fundamental. Será necesario además, constatar si
el contenido normativo expresado por la ley desde el punto de vista material,
regula elementos que se encuentran próximos y alrededor del contenido esencial
de un derecho fundamental, y en caso de realizar restricciones, limites o
condicionamientos sobre éstos, deberá verificarse si éstas tienen un carácter
proporcional y constitucionalmente razonable.”
En la C-162 de
2003 se precisó por la Corte, que estas leyes estatutarias se ocupan de la
estructura general y de los principios reguladores de estas materias pero no
del desarrollo integral y detallado de cada una de ellas; son sólo para regular
la estructura fundamental y los principios básicos de las materias planteadas
por el constituyente.
Además, en la
sentencia C-740 de 2003, la Corte preciso que la exigencia de ley estatutaria
no tiene sentido sino cuando se trata de desarrollar el núcleo esencial de un
derecho fundamental, o se trata de imponer limitaciones o restricciones a su
ejercicio.
En la Sentencia
C-993 de 2004[23], esta Corporación
consideró que las leyes que regulen situaciones principales e importantes de
los derechos fundamentales deben tramitarse bajo la cuerda de las leyes
estatutarias. Veamos, lo indicado en esta decisión:
“Existe un principio general establecido en nuestra Constitución
Política, según el cual aquellas leyes que traten sobre situaciones principales
e importantes de los derechos fundamentales o sus mecanismos de protección
deben ser tramitadas a través del procedimiento de una ley estatutaria.  Es
decir, se presenta una reserva de ley estatutaria.  No obstante lo anterior, la
jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el análisis de dicho
principio no debe ser radical por cuanto dejaría vacía la competencia del
legislador ordinario ; quien en muchas ocasiones expide leyes que de una u otra
manera vinculan tangencialmente derechos fundamentales, tratando situaciones no
principales y menos importantes de este tipo de derechos.  Así las cosas, no
necesariamente todas las leyes que vinculen derechos fundamentales- situación
muy normal – deben tramitarse por intermedio de una ley estatutaria, existe la
posibilidad  que se realice a través de leyes ordinarias pero con base en los
argumentos acá esbozados.”
Puede
extractarse de la jurisprudencia constitucional mencionada, que la reserva de ley
estatutaria en materia de derechos fundamentales, debe referirse a: i) normas
que desarrollan y complementan los derechos ii) que regulan solamente los
elementos estructurales esenciales, iii) que regulan de forma directa su
ejercicio y también el desarrollo de su ámbito a partir del núcleo esencial
definido en la Constitución, iv) que refieran a los contenidos más cercanos al
núcleo esencial, v) que regulan aspectos inherentes al ejercicio y
principalmente lo que signifique consagrar límites, restricciones, excepciones
y prohibiciones que afecten el núcleo esencial, vi) cuando el legislador asuma
de manera integral, estructural y completa la regulación del derecho, vii) que
aludan a la estructura general y principios reguladores pero no al desarrollo integral
y detallado, regulando así la estructura fundamental y los principios básicos,
y viii) que refieran a leyes que traten situaciones principales e importantes
de los derechos.
Precisando ahora
los anteriores criterios, como lo ha considerado esta Corporación[24],
debe tenerse en cuenta que tratándose del alcance de las leyes estatutarias en
materia de derechos fundamentales debe efectuarse una interpretación
restrictiva en cuanto a la reserva de lo que debe regularse mediante este tipo
de leyes, porque una interpretación extensiva convertiría la excepción en regla
general, en detrimento de la competencia del legislador ordinario. Además, dado
que las leyes estatutarias no fueron creadas dentro del ordenamiento para
regular en forma exhaustiva y casuística todo evento ligado a los derechos
fundamentales, sino que están encargadas de desarrollar los textos
constitucionales, es por lo que estas leyes especiales deben orientarse a
contener las regulaciones básicas o mínimas de los derechos, es decir, aquellas
que tienen por objeto la configuración de los elementos esenciales,
estructurales o definitorios de los derechos fundamentales, sin que por ello
pueda considerarse que tales regulaciones puedan corresponder a aquellas que impliquen
la afectación de su núcleo esencial, pues de ser ello así se trataría de una
normativa no reservada a la ley estatutaria sino contraria a la Constitución.
4. El derecho
fundamental del habeas data en la jurisprudencia constitucional. El habeas data
en materia tributaria. La reserva de ley estatutaria.
El artículo 15
de la Constitución, consagra el derecho fundamental al habeas data, señalando
que todas las personas “tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar
las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en banco de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y
circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en
la Constitución”.
Al respecto, en
las Sentencias SU.082 y 089 de 1995[25], la Corte consideró que
hace parte del habeas data la previa autorización expresa y voluntaria que debe
dar el interesado para que un tercero pueda disponer de su información
personal, asistiéndole el derecho no solamente a autorizar su circulación sino
a rectificarlos o actualizarlos.
Al respecto del
contenido del habeas data, consideró la Corte en la sentencia C-540 de 1996 lo
siguiente:
“A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, en Colombia
el habeas data está expresamente establecido en la Constitución.  Al respecto,
el artículo 15, después de consagrar los derechos de todas las personas a la
intimidad y al buen nombre, agrega: "De igual modo, tienen derecho a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas".
Este, concretamente, es el habeas data (...)
"El contenido del habeas data se manifiesta por tres facultades
concretas que el citado artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren
los datos recogidos o almacenados:
a) El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren;
b) El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas
al día, agregándoles los hechos nuevos;
c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a
la verdad.
Existe, además, el derecho a la caducidad del dato negativo, no
consagrado expresamente  en el artículo 15 de la Constitución, pero que se
deduce de la misma autodeterminación informática, y también de la libertad. El
alcance de este derecho se analizará posteriormente, en esta misma providencia.
Hay que aclarar que la actualización, y la rectificación de los datos
contrarios a la verdad, son, en principio, obligaciones de quien maneja el
banco de datos; y que si él no las cumple, la persona concernida puede exigir
su cumplimiento. Además, para facilitar el conocimiento de los datos por la
persona concernida, debe notificarse a ésta sobre la inclusión de tales datos
en el banco. La oportunidad para tal notificación, también debe ser definida
por el legislador. Se advierte, finalmente, que el habeas data tiene que ver,
además, con la manera como se manejen los datos. Al respecto, el inciso 2o.,
del artículo 15 dispone: "En la recolección, tratamiento y circulación de
datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución."
En consecuencia, los datos conseguidos, por ejemplo, por medios
ilícitos no pueden hacer parte de los bancos de datos y tampoco pueden
circular. Obsérvese la referencia especial que la norma hace a la libertad, no
sólo económica sino en todos los órdenes. Por esto, con razón se ha dicho que
la libertad, referida no sólo al aspecto económico, hace parte del núcleo
esencial del habeas data. Igualmente, si un banco de datos, abusando de sus
funciones, incluye entre la información sobre un deudor, datos que por su
contenido pertenecen a la esfera íntima del individuo, podrá la persona cuya
intimidad se vulnera exigir la exclusión de tales datos. Y si tal exclusión no
se hace voluntariamente, acudir a la acción de tutela para proteger su derecho
fundamental".”
Al respecto de
la circulación de datos dentro de la administración pública, consideró la Corte
en Sentencia C-567 de 1997
“6.  Las entidades públicas, en ejercicio de las funciones
administrativas que la ley les confía, suelen exigir, procesar y transmitir
distintos tipos de informaciones. El flujo de datos puede simplemente alimentar
los archivos de la respectiva dependencia pública y, para este efecto,
organizarse y sistematizarse de manera eficiente. Aún en este caso, la persona
interesada tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones
que sobre ella se hayan recogido en los archivos de las entidades públicas. Es
consustancial a la actividad administrativa, la conservación de archivos. En
estricto rigor, no es necesario que la ley expresamente autorice a las
entidades públicas para abrir y mantener ordenadamente el trasunto documentario
de su actividad.
Sin embargo, tratándose de bancos de datos, a los cuales se aplica
la técnica informática con miras a recoger, procesar y poner en circulación
datos personales, que por consiguiente trascienden cuantitativa y
cualitativamente el concepto clásico de archivo, la exigencia de que su
creación se autorice por la ley, corresponde a una garantía mínima del derecho
fundamental a la autodeterminación informativa. No se limita el banco de datos
informatizado a constituir el archivo de la entidad que refleja de manera
documentada su quehacer cotidiano. La circunstancia de que el dato personal sea
susceptible de circular, vale decir, de poder ser conocido por terceras
personas y en contextos distintos a los vinculados a su inicial emisión,
equivale a una restricción de la libertad personal que no puede ser impuesta
directamente por la administración. La autonomía personal supone que en un
grado significativo la persona mantiene un control, por lo menos mínimo, sobre
la información que suministra a otros y que puede repercutir sobre sus futuras
acciones y posibilidades existenciales. Por ello la difusión de la información
relevante a otros sujetos públicos y privados y por fuera del proceso
comunicativo inicial, no debe ser ignorada por la persona concernida.
Ya la Corte ha señalado que las piezas de información sobre las que
ejerce variadas formas de control el individuo, no son únicamente aquellas que
pertenecen a su intimidad, las cuales por su naturaleza difícilmente pueden
incorporarse al torrente circulatorio de la información pública, salvo que se
haga de manera restringida y garantizando su clausura, dado su carácter
sensible. El dato personal corresponde a un elemento que, unido al conjunto más
o menos amplio de otros datos que emigran fuera del sujeto y que son
susceptibles de tratamiento informático, gracias a la tecnología moderna, puede
contribuir a configurar un perfil virtual del sujeto o a generar una cierta
impresión social con fundamento en la aplicación de estereotipos o etiquetas de
distinta índole.
La protección que ofrece la Constitución ante este fenómeno de la
vida moderna, no se orienta a la supresión de las posibilidades tecnológicas que
se dirigen a procesar datos personales. El derecho a la intimidad excluye del
tratamiento informático asuntos o informaciones que sólo conciernen a la vida
privada del sujeto. Por su parte, el derecho a la autodeterminación
informativa, incorpora al sujeto cuyos datos se hacen circular como  actor de
ese mismo proceso con el objeto de que no discurra sin su conocimiento y
control. Se quiere, en últimas, prevenir la alienación de la persona y su misma
“despersonalización social”, la que bien puede acaecer como consecuencia de que
la imagen externa del sujeto sea la que se infiera de las simples
manipulaciones tecnológicas. El exacerbado y difuso control social sobre las
manifestaciones de la personalidad del sujeto y la síntesis grotesca o exacta
que en cada momento pueda hacerse de las huellas dejadas por su acción, las que
permanecen de manera indeleble en la memoria colectiva ahora acrecentada,
pueden terminar por convertir a la sociedad en entorno hostil para el hombre,
y, su mismo pasado individual, en lastre para su futuro. La amenaza que de lo
anterior se cierne para la libertad y los derechos de la personalidad, explica
el contenido y alcance de la protección constitucional consagrada en el
artículo 15 de la Carta.
7.  No es suficiente que la ley autorice, de manera general o
especial, la creación de un banco de datos público, cuya información personal
esté destinada a circular. Los datos personales que se recogen, el tipo de
tratamiento que reciben y las formas y límites de su circulación, son aspectos
de una misma decisión que no deja de tener repercusiones sobre la
autodeterminación informativa. La reserva de ley es tal vez una de las
garantías más importantes de la intangibilidad de los derechos fundamentales.
La regulación y desarrollo de los derechos fundamentales, es una materia
atribuida a la ley estatutaria.
Corresponde a la ley estatutaria que regule el derecho fundamental a
la autodeterminación informativa, ocuparse específicamente de determinar la
forma y procedimientos conforme a los cuales la administración puede proceder a
la recolección, tratamiento y circulación de datos personales, de modo que se
respete la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución (C.P. art. 15). Al margen de la respectiva ley estatutaria -
general o especial -, no podría la administración dar vida a un banco de datos
personales destinados a la circulación ya sea dentro de la órbita pública o por
fuera de ella. Según la Constitución, la recolección de datos, su
tratamiento y, particularmente, su circulación, constituyen acciones que pueden
afectar de manera profunda la libertad personal y, por consiguiente, están
sujetas a reserva de ley estatutaria, por lo menos, en lo que atañe a la
fijación de sus contornos esenciales.”.
Mediante la
sentencia C-384 de 2000, la Corte reiteró el anterior pronunciamiento, y en
esta medida declaró inexequible el artículo 114 de la Ley 510 de 1999, sobre
banco de datos financieros, que había sido adoptada mediante ley ordinaria.
Posteriormente,
en la sentencia C-729 de 2000, la Corte consideró que “En particular,
refiriéndose al habeas data, cuando se regulen las facultades de los
particulares de conocer, actualizar o rectificar informaciones que sobre ellos
se encuentren en cualquier base de datos, el trámite correspondiente a tal
regulación es el de las leyes estatutarias.”. En esa medida se declaró
inexequible el artículo 110 de la Ley 510 de 1999.
Y, en una
decisión posterior, C-687 de 2002, al fijarse el alcance de la sentencia C-384
de 2000, esta Corporación consideró que una norma que fije pautas y establezca
supuestos fácticos para la caducidad de los datos de las personas, esta
regulando el contenido conceptual básico del derecho del habeas data, pues por
este camino es alterada la forma como distintas personas pueden actualizar y
rectificar sus informaciones; por lo tanto, una disposición que establezca un
límite de caducidad para el dato negativo de las personas, está regulando
contenidos esenciales del habeas data y tiene reserva de ley estatutaria. En
esta sentencia la Corte declaró inexequible el artículo 19 de la ley 716 de
2001que consagraba un alivio consistente en la caducidad inmediata de la
información, bajo determinadas circunstancias.
Ahora bien. De
manera particular, y con respecto al derecho al habeas data en materia
tributaria ha de considerarse, que si bien el artículo 15 de la Constitución
establece el derecho a la intimidad personal y familiar y una serie de
garantías para su protección, por virtud del mismo artículo constitucional para
efectos tributarios y judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.
Al respecto de esta disposición, la Corte en sentencia C-489 de 95
consideró que, intereses de orden superior justifican la limitación del derecho
a la intimidad para efectos tributarios, judiciales y de inspección, vigilancia
e intervención del Estado. Al respecto dijo:
“La posibilidad de exigir libros de contabilidad y demás documentos
privados librada a las autoridades públicas en los términos que señale la ley,
no es ilimitada. Su alcance está determinado por la protección del núcleo
esencial del derecho fundamental a la intimidad. Es así cómo la solicitud de
datos económicos más allá del tiempo en el que una persona ordinariamente
conserva dicha información, la exigencia de información económica irrelevante
para el cumplimiento de los deberes ciudadanos o su utilización para fines
diversos a los señalados en la ley, son intervenciones irrazonables o
desproporcionadas, que violan el derecho a la intimidad.
Se pregunta la Corte si la norma que permite el levantamiento de la
reserva de las declaraciones tributarias exclusivamente en los  procesos
penales, recorta la facultad constitucional de las autoridades de exigir
documentos privados para efectos judiciales en general y amplía
inconstitucionalmente el derecho a la intimidad en desmedro de otros valores,
principios y derechos constitucionales, como sostiene el demandante.”
Al respecto de
los datos que las autoridades pueden exigir con fines tributarios, en la
Sentencia C-540 de 1996[26] se estudió la creación
de un centro de recolección de datos que servirá de punto de apoyo para la
tarea de fiscalización del debido cumplimiento de las obligaciones tributarias,
centro a cargo de la DIAN que contiene la información de los contribuyentes, la
de terceros y bancos, con colaboración de las Cámaras de Comercio, las
instituciones financieras, las notarías, el Instituto de los Seguros Sociales,
etc., para el ejercicio de dichas funciones. Esta Corporación señaló que i) los
datos que se recogen deberán ser estrictamente de índole financiera y fiscal y
resulta lógico que la entidad pública encargada de velar por el adecuado
recaudo de los tributos tenga acceso a dichos datos financieros de las
personas, ii) informaciones relativas a otras materias como las
correspondientes a la vida privada del contribuyente resultan ajenas a la
actividad de la administración tributaria, iii) la normación del manejo y
recaudo de datos habrá de respetar el núcleo esencial del derecho del habeas
data, y iv) la recopilación de datos debe restringirse a las informaciones
financieras indispensables para la inspección del comportamiento tributario.
Veamos lo expuesto en esta decisión que declaró exequible la disposición
comentada:
“El artículo en mención no hace diferencias en cuanto a la
información que puede ser exigida y archivada por el centro. De ahí que sea
importante precisar que los datos que se recogen deberán ser estrictamente de
índole financiera y fiscal. Resulta lógico que la entidad administrativa
encargada de velar por el adecuado recaudo de los tributos tenga acceso a los
datos financieros de las personas. Sin embargo, informaciones referentes a
otras materias, en especial aquéllas pertenecientes al ámbito de la vida
privada de los contribuyentes, resultan ajenas a la actividad de la
administración en materia tributaria y, por tanto, mal pueden ser objeto de
seguimiento y archivo.
(…)Los asuntos que pertenecen por esencia a la esfera privada han
sido señalados por la Corte de manera clara, en su fallo de tutela  SU.082 de
1995 (M.P. Jorge Arango Mejía), en el que se precisaron las materias que pueden
ser incluidas en bancos de datos de entidades crediticias:
"La primera pregunta que surge al intentar el análisis de este
asunto, es ésta: ¿la conducta de una persona en lo tocante al cumplimiento de
sus obligaciones con los establecimientos de crédito y con el comercio, es
asunto que sólo pertenece a su fuero íntimo, desprovisto, por lo mismo, de
implicaciones sociales? ¿O, por el contrario, es algo que forma parte de su
comportamiento social, sobre lo cual los demás miembros de la comunidad,
especialmente los dedicados a la concesión de créditos, tengan eventualmente el
derecho a recibir información?.
"Cuando el artículo 15 de la Constitución consagra el derecho a
la intimidad personal y familiar, es evidente que ampara, en primer lugar,
aquello que atañe solamente al individuo, como su salud, sus hábitos o
inclinaciones sexuales, su origen familiar o racial, sus convicciones políticas
y religiosas. Ampara, además, la esfera familiar, lo que acontece en el seno de
la familia, que no rebasa el ámbito doméstico.  Nadie extraño tiene, en
principio, por qué conocer cómo discurre la vida familiar.  Sólo en
circunstancias anormales, y precisamente para volver a la normalidad, el
Estado, por ejemplo, interviene, y temporalmente el derecho a la intimidad
familiar debe ceder frente a otro superior.
"Al respecto, el autor Eduardo Novoa Monreal, hace el siguiente
"recuento empírico" sobre las actividades, situaciones y fenómenos
pertenecientes a la vida privada: 'a] ideas y creencias religiosas,
filosóficas, mágicas y políticas que el individuo desee sustraer del
conocimiento ajeno; 'b] aspectos concernientes a la vida amorosa y sexual; 'c]
aspectos no conocidos por extraños de la vida familiar, especialmente los de
índole embarazosa para el individuo o para el grupo; 'd] defectos o anomalías
físicos o psíquicos no ostensibles; 'e] comportamiento del sujeto que no es
conocido de los extraños y que de ser conocido originaría críticas o
desmejoraría la apreciación que éstos hacen de aquél; 'f] afecciones de la
salud cuyo conocimiento menoscabe el juicio que para fines sociales o
profesionales formulan los demás acerca del sujeto; 'g] contenido de
comunicaciones escritas u orales de tipo personal, esto es, dirigidas
únicamente para el conocimiento de una o más personas determinadas; 'h] la vida
pasada del sujeto, en cuanto pueda ser motivo de bochorno para éste; 'i]
orígenes familiares que lastimen la posición social y,  en igual caso,
cuestiones concernientes a la filiación y a los actos de estado civil; 'j] el
cumplimiento de las funciones fisiológicas de excreción, y hechos o actos
relativos al propio cuerpo que son tenidos por repugnantes o socialmente
inaceptables (ruidos corporales, intromisión de dedos en cavidades naturales,
etc.); 'k] momentos penosos o de extremo abatimiento; y, 'j] en general, todo
dato, hecho o actividad personal no conocidos por otros, cuyo conocimiento por
terceros produzca turbación moral o psíquica al afectado (desnudez, embarazo
prematrimonial).
'Con lo anterior hemos tratado de presentar la más amplia gama de
hechos, relaciones y fenómenos que normalmente un sujeto tiene el derecho a
ocultar al conocimiento de los demás. ..." (Cfr. "Derecho a la vida
privada y libertad de información", Editorial Siglo XXI, págs. 45 y 46,
1979). "Entendidas así la intimidad personal y familiar, es claro que
resulta exagerado colocar en su mismo plano el comportamiento de una persona en
materia crediticia.  Ello, por varias razones. "La primera, que el ser
buen o mal pagador es algo que necesariamente no sólo interesa al deudor, sino
a éste y a quienes son sus acreedores actuales o potenciales. "La segunda,
que lo relativo al crédito tiene un contenido económico, que no puede
equipararse con lo que pertenece a planos superiores, como la vida, la libertad
y la dignidad del hombre. "Dicho en los términos más sencillos, quien
obtiene un crédito de una entidad dedicada a esta actividad y abierta al
público, no puede pretender que todo lo relacionado exclusivamente con el
crédito, y en especial la forma como él cumpla sus obligaciones, quede amparado
por el secreto como si se tratara de algo perteneciente a su intimidad. Lo
anterior sin perjuicio de lo que se señalará sobre la titularidad del dato
personal, en otra parte de esta sentencia".
De otra parte, el manejo de la información financiera que reposa en
el centro debe  ceñirse a lo dispuesto en la misma sentencia SU-082 de 1995 de
esta Corporación, en lo que concierne a la garantía de los derechos del titular
del dato a conocer cuál es la información existente sobre él y a pedir su
actualización y rectificación en caso de error o inexactitud. Por lo tanto, el
desarrollo normativo sobre el manejo y recaudo de datos por parte del Centro
Unificado de Información deberá respetar el núcleo esencial del derecho
fundamental consagrado en el artículo 15 de la C.P. Sobre este punto importa
transcribir de la sentencia señalada la parte aplicable al tema de la
fiscalización tributaria:
"El habeas data: su contenido y los medios jurídicos para su
protección.
A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, en Colombia el
habeas data está expresamente establecido en la Constitución.  Al respecto, el
artículo 15, después de consagrar los derechos de todas las personas a la
intimidad y al buen nombre, agrega: "De igual modo, tienen derecho a
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas".
Este, concretamente, es el habeas data (...)
"El contenido del habeas data se manifiesta por tres facultades
concretas que el citado artículo 15 reconoce a la persona a la cual se refieren
los datos recogidos o almacenados:
a) El derecho a conocer las informaciones que a ella se refieren;
b) El derecho a actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas
al día, agregándoles los hechos nuevos;
c) El derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a
la verdad.
Existe, además, el derecho a la caducidad del dato negativo, no
consagrado expresamente  en el artículo 15 de la Constitución, pero que se
deduce de la misma autodeterminación informática, y también de la libertad. El
alcance de este derecho se analizará posteriormente, en esta misma providencia.
Hay que aclarar que la actualización, y la rectificación de los datos
contrarios a la verdad, son, en principio, obligaciones de quien maneja el
banco de datos; y que si él no las cumple, la persona concernida puede exigir
su cumplimiento. Además, para facilitar el conocimiento de los datos por la
persona concernida, debe notificarse a ésta sobre la inclusión de tales datos
en el banco. La oportunidad para tal notificación, también debe ser definida
por el legislador. Se advierte, finalmente, que el habeas data tiene que ver,
además, con la manera como se manejen los datos. Al respecto, el inciso 2o.,
del artículo 15 dispone: "En la recolección, tratamiento y circulación de
datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución."
En consecuencia, los datos conseguidos, por ejemplo, por medios
ilícitos no pueden hacer parte de los bancos de datos y tampoco pueden
circular. Obsérvese la referencia especial que la norma hace a la libertad, no
sólo económica sino en todos los órdenes. Por esto, con razón se ha dicho que
la libertad, referida no sólo al aspecto económico, hace parte del núcleo
esencial del habeas data. Igualmente, si un banco de datos, abusando de sus
funciones, incluye entre la información sobre un deudor, datos que por su
contenido pertenecen a la esfera íntima del individuo, podrá la persona cuya
intimidad se vulnera exigir la exclusión de tales datos. Y si tal exclusión no
se hace voluntariamente, acudir a la acción de tutela para proteger su derecho
fundamental".
La disposición examinada será declarada constitucional solamente
bajo el entendimiento de que la tarea de recopilación de datos por parte del
centro se restrinja a las informaciones financieras necesarias para la
supervisión del comportamiento tributario de la persona, y de que se cumpla con
los principios rectores del habeas data.”
En una Sentencia
posterior, C-1147 de 2001[27] la Corte estudió el
artículo 91 de la Ley 633 de 2000, que fue declarada exequible bajo el
entendido que la información que pueda requerir la DIAN es la directamente
relevante y estrictamente necesaria para el cumplimiento de sus funciones en
ejercicio de sus competencias legales, y debe asegurarse que tal información no
va a ser inapropiadamente utilizada; por lo que su almacenamiento y
destinación, necesariamente temporales, se limitará a la recolección de datos
precisos, veraces y completos que resulten relevantes para los fines de
información e inspección para los que se solicitan.
En esta
Sentencia esta Corporación analizó el deber de suministro de información
requerida por la DIAN sobre las transacciones económicas realizadas a través de
sitios de internet o páginas web dedicadas a la prestación de servicios
personales, comerciales y financieros. Se señaló en esta decisión que i) la
información no puede dejarse de proporcionar a la administración, sino para que
debe suministrarse de manera veraz, completa, actualizada y que resulte
conducente para los fines de registro, inspección o investigación que anima su
solicitud por parte de las autoridades tributarias; ii) el Director General de Impuestos
puede solicitar a los contribuyentes o no contribuyentes informaciones para
efectos de estudio y cruce de información, iii) la información que puede ser
objeto de registro o de la solicitud que realiza la administración debe
corresponder a los datos de los que tiene conocimiento la persona requerida y
que se genera por el giro normal de sus actividades, lo cual resulta razonable,
sin embargo, se impone la necesidad de establecer ciertos límites al tipo de
dato que se comparte, iv) la DIAN debe contar con herramientas jurídicas que le
permitan cumplir con sus funciones constitucionales y legales en el ámbito del
Internet. Pero en su desarrollo debe estar conforme a la Constitución en el
sentido de no comprometer el habeas data. En efecto, esta decisión señaló:
“Al mismo tiempo, debe asegurarse –en virtud del derecho de habeas
data- que tal información no va a ser inapropiadamente utilizada, lo cual
supone que su almacenamiento y destinación, necesariamente temporales, se
limitará a la recolección de datos precisos, veraces y completos que resulten
relevantes para los fines de información e inspección para los que se solicitan[28].
En el presente caso, es necesario asegurar la integridad de estos
dos derechos, que puede resultar comprometida cuando se da cumplimiento a los
deberes a los que alude la norma demandada.  Lo que está en juego es, entonces,
la protección de una dimensión de los datos electrónicos a través de los cuales
se desarrolla la prestación de servicios personales, comerciales y financieros,
no para que se deje de proporcionar o se oculte a la administración cierta
información legítimamente solicitada, sino para que su suministro se haga,
siguiendo los criterios establecidos por la Constitución, de manera tal, que la
información que se comparte sea veraz[29], completa[30],
actualizada[31] y resulte
conducente para los fines de registro, inspección o investigación que anima su
solicitud por parte de las autoridades tributarias[32].
En este orden de ideas, y de acuerdo con lo que señala el artículo
631 del Estatuto Tributario, “sin perjuicio de las demás normas que regulan las
facultades de la Administración de Impuestos” el Director General podrá
solicitar a las personas o entidades, contribuyentes o no contribuyentes, una o
varias informaciones, “con el fin de efectuar los estudios y cruces de
informaciones necesarios para el debido control de los tributos”.
Ahora bien: la solicitud de esta información a los agentes
materiales de las actividades que se ejercen por medio de Internet, debe
respetar el alcance y la finalidad que la ley predica de cada tributo en
particular y seguir los criterios que rigen su aplicación; así, las
obligaciones tributarias a las que la información obtenida puede contribuir, se
continúan gobernando, mientras el Congreso no disponga lo contrario, por las
disposiciones generales del Estatuto Tributario de tal forma que cuando en éste
se haya determinado un volumen de actividad económica, en otro criterio, a
efecto de precisar el alcance de dichas obligaciones, el hecho de que el
obligado realice sus actividades vía Internet no hace más onerosa su carga[33].
De este modo, la información que puede ser objeto del registro o de
la solicitud que hace la administración tributaria, corresponde a datos de los
que tiene pleno conocimiento la persona requerida que se generan como
consecuencia del  giro normal de sus actividades.  Esto resulta razonable, pues
son los agentes materiales de la actividad económica que se desarrolla a través
de las páginas web o sitios de Internet quienes poseen, de primera mano, la
información precisa sobre la cuantía y modalidad de las transacciones que
realizan por Internet. No obstante, tales personas también pueden tener
información reveladora sobre la identidad y las preferencias de los usuarios,
circunstancia que impone la necesidad de establecer ciertos límites al tipo de
datos que se comparte, asunto al que luego se hará referencia.
Así, la exigencia de cierta información por parte de las autoridades
no puede reñir con la existencia del derecho a la intimidad y el reconocimiento
del derecho de habeas data que, en materias de inspección tributaria, “sustrae
del conocimiento de terceros -trátese de la Administración o de los
particulares-, asuntos que por sus connotaciones y características interesan
exclusivamente al ámbito de reserva del individuo”[34].
(…)
(…)La Corte no desconoce el hecho de que la DIAN debe contar con las
herramientas jurídicas que le permitan cumplir con sus funciones
constitucionales y legales, también, en el ámbito de Internet.  Sin embargo, el
desarrollo de esta facultad, que en el presente caso se concreta en la
posibilidad de pedir información a los agentes materiales sobre las
transacciones económicas que realizan a través de la red, debe concordar con la
Constitución, de manera que cuando resulten comprometidos derechos
fundamentales de los usuarios, en esta oportunidad la intimidad y el habeas
data, debe analizarse si tal medida es razonable y proporcionada en términos
constitucionales. En estos eventos, la jurisprudencia de esta Corporación ha
señalado la conveniencia de aplicar un juicio de razonabilidad “que imprime
objetividad al análisis de constitucionalidad” cuando se examina la
correspondencia de una medida legislativa con el ordenamiento Superior[35].
En lo relativo al deber de suministro de la información requerida
por la DIAN, el  artículo 91 de la Ley 633 de 2000 tiene el objetivo de brindar
a la administración los datos que le permitan ejercer sus atribuciones de
registro, inspección e investigación en materia tributaria sobre la actividad
que se realiza en Internet. Tal finalidad se revela no sólo como legítima e
importante sino, además, como imperiosa en la medida en que  desarrolla un
mandato constitucional expreso para ampliar el campo de inspección de las
autoridades en asuntos que versan sobre la recolección de recursos para
financiar los gastos e inversiones del Estado –razón de ser del régimen
tributario- a un ámbito virtual, en franco crecimiento.”
Finalmente, en
la Sentencia C-993 de 2004[36], esta Corporación
declaró inexequible el artículo 31 de la Ley 863 de
2003. En esta decisión la Corte señaló que la administración puede estar legitimada
en algunos casos para recolectar y tratar datos que por su función debe
conocer. Añade que aunque la información reservada y personal no se puede
oponer al Estado si lo es respecto de particulares por lo que se adquiere el
derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido.
Además, esta decisión distingue que una cuestión es que el dato circule al
interior del Estado y otra diferente que se realice por fuera del mismo, en
manos de particulares, y que sea el mismo Estado quien retroalimente con su
información las bases de datos de los particulares, entregando la información
que los particulares le dieron sólo para efectos tributarios. También se indica
que el almacenamiento de datos para la administración pública puede estar legitimado
y ser relevante pero no hay fundamento “que haga relevante
para las funciones públicas desempeñadas por la DIAN, la transmisión de los
datos recolectados a sitios de recolección privados de información”. Se
reitera además, que todo aquello principal e importante del núcleo esencial del
habeas data debe regularse mediante ley estatutaria, o sea cuando se regulen
las facultades de los particulares de conocer, actualizar o rectificar
informaciones que sobre ellos se encuentren en bancos de datos. Igual
regulación estatutaria corresponde cuando se pretenda establecer la caducidad
del dato almacenado, y cuando la administración recolecta y trata datos siempre
que los ponga en circulación.
Conforme a lo
anterior, podemos indicar que de conformidad con lo previsto en el artículo 15
de la Constitución, el derecho a la intimidad excluye del tratamiento
informático asuntos o informaciones que sólo conciernan a la vida privada del
sujeto. Y, como ciertos datos de las personas pueden tener un tratamiento informático,
y por lo tanto pueden ser recogidos, procesados y puestos en circulación a
través de bancos de datos, en virtud del derecho fundamental del habeas data la
persona puede mantener un control mínimo de los mismos, y es por ello que la
Constitución le confiere el derecho a conocerlos, rectificarlos y
actualizarlos, bien que hayan sido recogidos o reposen en archivos de entidades
públicas o privadas,  así como autorizar su circulación.
En efecto, el
artículo 15 de la Constitución consagra los elementos esenciales del derecho
fundamental del habeas data, como son el derecho de toda persona  a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Así como,
en virtud de la libertad y demás garantías, las personas tienen derecho a
autorizar su circulación en manos de particulares. Igualmente corresponde al
contenido conceptual básico del derecho al hábeas data los límites de caducidad
de los datos negativos de las personas.
En materia
tributaria y de conformidad con la Constitución, la Corte ha avalado el que la
administración pueda exigir a los contribuyentes y no contribuyentes documentos
privados, y por lo tanto pueda tratar y recolectar ciertos datos de las
personas, siempre y cuando sean los estrictamente necesarios para los efectos
financiero y fiscal, a fin de determinar las obligaciones tributarias y
mantener su control, sin que ello implique necesariamente su regulación a través
de una ley estatutaria.
Adicionalmente,
debe distinguirse cuando el dato se pone en circulación al interior del Estado,
entre las entidades encargadas de recaudar los impuestos a fin de controlar la
respectiva carga impositiva, lo cual no contraría la Constitución, siempre y
cuando se respete el derecho de las personas de conocer, actualizar y
rectificar tales datos, pero sin que deba mediar su autorización para ello pues
se trata de la colaboración armónica que debe mediar entre los diferentes órganos
del Estado con el fin de proteger el patrimonio público. Datos de las personas
recolectados y procesados para fines tributarios, que por lo tanto no pueden
circular por fuera del Estado con fines diferentes, es decir, la administración
no puede ponerlos en circulación colocándolos en manos de particulares, so pena
de contrariarse la Constitución.
5.  El caso
que nos ocupa
Como se expuso
inicialmente el análisis de constitucionalidad de esta Corporación habrá de
circunscribirse a señalar si las disposiciones legales acusadas contienen
materias propias de regulación mediante ley estatutaria, y por ende, no han
debido regularse por ley ordinaria.
Observando las
disposiciones acusadas encuentra la Corte, que las materias contenidas en las
disposiciones legales acusadas no son propias de ley estatutaria por lo que su
regulación a través de ley ordinaria se ajusta a la Constitución.
En efecto,
ninguna de las disposiciones acusadas se orienta a configurar los elementos
esenciales del derecho fundamental al habeas data que consagra el artículo 15
de la Constitución;  ni se trata de regulaciones orientadas a  crear bancos de
datos, ni establecen condiciones de tiempo o límites para que la información o
datos negativos de las personas sean removidos por caducidad, ni se orientan a
impedir el derecho de las personas de conocer, actualizar o rectificar los
datos que sobre ellas obtenga la administración tributaria.
Más bien, se
está ante la autorización contemplada en el inciso final del artículo 15
Constitucional, que permite a la administración tributaria exigir documentos
privados para efectos tributarios, es decir, la facultad que ésta tiene para
tratar, recolectar y procesar datos con efectos estrictamente tributarios, es
decir, de índole financiera y fiscal.
En virtud de la
autorización constitucional, las normas imponen el deber a ciertos
contribuyentes y no contribuyentes, de entregar a la administración tributaria
información personal con el fin de realizar y controlar las obligaciones
impositivas, así como el deber que se impone a terceros en relación con
información de personas sean contribuyentes o no, o el deber de informar sobre
el recaudo de impuestos a los agentes retenedores, estableciendo la reserva de
tales informaciones así como los casos excepcionales en los cuales ésta se
puede levantar o no se está sujeta a ella, todo con el fin de que se logra la
información necesaria para el debido control fiscal y evitar la evasión
tributaria.
Tampoco se trata
del establecimiento de bancos de datos con fines de poner en circulación y en
manos de particulares datos tributarios de las personas, pues lo que alguna de
las normas demandadas permite, de manera excepcional, y para efectos de
procesar los datos, liquidar y contabilizar los gravámenes por sistemas
electrónicos, es la posibilidad de contratar servicios con entidades
particulares para éstos efectos, siempre y cuando se entreguen datos globales
sobre la renta y patrimonio bruto y otros asuntos tributarios y los
estrictamente necesarios para la correcta determinación matemática de los
impuestos, y para fines estadísticos, imponiéndose de todas maneras en estos
casos la obligación a la entidad privada de mantener la reserva.
Ahora bien, se
prevé en algunas de las normas demandadas la posibilidad de un cruce de
información para efectos tributarios entre el Ministerio de Hacienda y las
Secretarías de Hacienda Departamentales y Municipales, así como otras que
disponen la reserva de los datos tributarios, su levantamiento y la no reserva,
asuntos que son propios de regulación legal ordinaria, pues no implican tampoco
la configuración de elementos estructurales del derecho fundamental del habeas
data, ni la circulación de los datos en manos de particulares.
Al respecto, es
preciso tener en cuenta lo considerado por la Corte en Sentencia C-489 de 1995[37],
que ya había abordado el estudio del artículo 583 del Estatuto Tributario,
parcialmente acusado, donde se declaró exequible la expresión "penales"
contenida en el inciso 2º de dicho artículo bajo el entendido de que la ley
podrá en cualquier momento disponer el levantamiento de la reserva de la
declaración tributaria en otros procesos judiciales. En esta decisión, esta
Corporación refirió:
“La Constitución consagra, en favor del Legislador, la facultad para
regular la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados
(C.P., art. 15). La mayor extensión de la regulación legal, significará para el
derecho a la intimidad económica, un menor ámbito. El desarrollo de la anotada
reserva, puede concretarse en un tratamiento integral de la materia, o en la
progresiva inclusión de hipótesis en las que opere el levantamiento judicial de
la reserva. De una o de otra manera, el balance entre el derecho a la intimidad
económica y el derecho al debido proceso - en particular el derecho a
solicitar, presentar y controvertir pruebas -, que explícita o implícitamente
se haga en la ley, debe inspirarse en los principios y valores
constitucionales. Desde luego, sin desconocer que, en punto a la reserva
tributaria, la declaración de renta equivale a una confesión del contribuyente
y que, por consiguiente, su indiscriminada supresión podría conducir a una
situación de virtual autoincriminación (C.P., art. 33), lo mismo que al
vaciamiento del núcleo esencial del derecho a la intimidad.
Por vía de ilustración, la ley podrá optar por levantar el sigilo
fiscal en las causas en las que se debata la existencia de una relación laboral
o de una obligación alimentaria, en cuyo caso se restringe legítimamente el
alcance del derecho a la intimidad económica. Al hacerlo, respecto de los
procesos penales, no se ha renunciado a ordenar legislativamente el
levantamiento de la reserva en otros procesos, lo que bien podrá decidirse en
el futuro”.
Otras normas se
limitan solo a disponer que la información se suministre en medios magnéticos y
la previsión de especificaciones técnicas al respecto, las que por lo tanto
tampoco corresponden a la reserva de ley estatutaria. Y otras, como los
artículos 622 y 633 del Estatuto Tributario, que sin lugar a dudas, son
materias indudablemente propias de regulación legal ordinaria al referirse a la
obligación de las entidades financieras de informar a sus ahorradores el valor
no gravado de los rendimientos financieros.
Por todo lo
anterior, atendiendo que las materias contenidas en las disposiciones legales
acusadas no requieren de regulación legal estatutaria por cuanto no se orientan
a configurar elementos esenciales o estructurales del derecho fundamental al
habeas data, esta Corte declarará la exequibilidad de las disposiciones
acusadas, únicamente en relación con éste cargo.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE
los artículos 260-4, adicionado por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002,
modificado por el artículo 42 de la Ley 863 de 2003; 260-8, adicionado por el
artículo 28 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 44 de la Ley 863
de 2003; 583, adicionado por el artículo 89 de la Ley 488 de 1998; 584; 585;
586; 587; 622; 623, adicionado por el artículo 10 de la Ley 383 de 1997,
adicionado por el artículo 39 de la Ley 633 de 2000; 623-1 y parágrafo,
adicionado por el artículo 73 de la Ley 6 de 1992; 623-2, adicionado por el
artículo 130 de la Ley 223 de 1995; 623-2(sic), adicionado por el artículo 11
de la Ley 383 de 1997, adicionado por el artículo 39 de la Ley 633 de 2000, 623-3,
adicionado por el artículo 12 de la Ley 383 de 1997; 624; 625; 626; 627; 628,
sustituido por el artículo 55 de la Ley 49 de 1990; 629; 629-1, adicionado por
el artículo 13 de la Ley 383 de 1997; 630; 631, modificado por el artículo 133
de la Ley 223 de 1995, adicionado por el artículo 14 de la Ley 383 de 1997,
adicionado por el artículo 39  de la Ley 633 de 2000; 631-1, adicionado por el
artículo 95 de la Ley 488 de 1998; 631-2, adicionado por el artículo 23 de la
Ley 863 de 2003; 632; 632-1, adicionado por el artículo 44 de la Ley 6 de 1992;
y 633 del Estatuto Tributario (Decreto ley 624 de 1989); como también el
artículo 36 de la Ley 863 de 2003, únicamente en cuanto que la materia regulada
en estas disposiciones no esta sujeta a reserva de ley estatutaria.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO
DE VOTO A LA SENTENCIA C-981 DE 2005 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
RESERVA DE LEY ESTATUTARIA SOBRE HABEAS DATA-Procedencia (Salvamento de voto)
REF.: Expediente
D-5708
Magistrado Ponente:
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corte, me permito salvar
mi voto a la presente sentencia, con fundamento en las siguientes razones:
1. En primer
lugar, me permito manifestar que discrepo de la propuesta de exequibilidad del
fallo que nos ocupa, pues si bien acepto que la información tributaria es una
excepción a la norma general consagrada en el artículo 15 de la Carta Política,
en razón de lo cual se autoriza la facultad de investigación de la
administración tributaria, no considero que dicha excepción sea extensiva al
manejo y circulación de la información recaudada por la administración
tributaria sin una debida regulación de índole estatutaria.
La razón de
fondo de esta posición, radica en que el manejo de la información tributaria
recaudada afecta de manera directa el derecho de habeas data, en virtud
del cual el ciudadano también tiene derecho a acudir a las entidades
respectivas para conocer, actualizar y rectificar la información de que se
trate.
2. En segundo
lugar, considero que la presente sentencia no logra desvirtuar los argumentos
del actor en los cuales fundamenta la exigencia de una ley estatutaria para
estas materias, en razón de que ellas tocan con el contenido esencial del
derecho fundamental de habeas data.
3. En tercer
lugar, si bien acepto que una cosa es que la ley regule un derecho en sus
elementos constitucionales, en este caso, los de conocer, rectificar y
actualizar la información que reposa sobre la persona en los bancos de datos, y
otra distinta, la de afectar el núcleo esencial de un derecho fundamental, que
aunque puede ser objeto de regulación legal no puede desnaturalizarse, ello no
desvirtúa mi posición, en el sentido de la necesidad de un marco estatutario
que regule el manejo de la información tributaria y financiera respecto de los
ciudadanos.
Por las razones
expuestas me permito salvar mi voto.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] En
Sentencia C-489 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte declaró
exequible la expresión “penales”, bajo el entendido de que la ley podrá en
cualquier momento disponer el levantamiento de la reserva de la declaración
tributaria en otros procesos judiciales.
[2] Valor
año gravable base 1988.
[3] Valor
año gravable base 1988.
[4] Valor
año gravable base 1988.
[5] Valor año gravable base 1997.
[6] Valor año gravable base 1990.
[7] Valor año gravable base 1988.
[8] Mediante el artículo 41 del Decreto 3805 de 2003, se
actualizaron los valores absolutos que regirán para el año 2004.
[9] Base
año gravable de 1995.
[10] Base año gravable de 1995.
[11] Valor año gravable base 1987.
[12] Valor base año gravable 1997.
[13] Valor año gravable base 1987.
[14] Valor
año gravable base 1987.
[15] Esta Corte en Sentencia C-856 de 2005, reiteró la
jurisprudencia constitucional en relación con los requisitos mínimos que debe
cumplir toda demanda de inconstitucionalidad. En efecto, se señaló: “El
artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, constitutivo del régimen procedimental de
los asuntos que se tramitan ante la Corte Constitucional, establece los
requisitos mínimos que debe contener toda demanda de inconstitucionalidad,
dentro de los cuales prevé el numeral 3, el indicar las razones por las cuales
los textos constitucionales se estiman violados, es decir, el actor debe
exponer argumentos de inconstitucionalidad predicables de las normas acusadas,
los cuales, según la jurisprudencia constitucional[15], deben ser claros en cuanto
exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el
contenido de la demanda y las justificaciones en las que se soporta; ciertos ya
que la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente
y no simplemente deducida por el actor, así, el ejercicio de la acción supone
la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un
contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto, técnica
de control que difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones
inexistentes que no han sido suministradas por el legislador para pretender
deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se
desprenden; específicos en la medida de establecer sí realmente existe una
oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la
Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su
inexequibilidad a partir de argumentos vagos, indeterminados, indirectos,
abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las
disposiciones que se acusan, pertinentes lo que quiere decir que el reproche
formulado debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado, por lo que son inaceptables los argumentos que se formulan
a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros
que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que en realidad no
está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción para
resolver un problema particular como podría ser la indebida aplicación de la
disposición en un caso específico, tampoco prosperan las acusaciones que fundan
el reparo en un análisis de conveniencia, calificándola de innecesaria o
reiterativa a partir de una valoración parcial de sus efectos; y suficientes en
cuanto implica una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre
la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas
sean tan sólo pedidas por el demandante. La suficiencia del razonamiento apela
directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de
argumentos que, aunque no logren prima facie convencer de que la norma es
contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte.”
[16] Esta Corte en Sentencia C-856 de 2005, reiteró la
jurisprudencia constitucional en relación con los requisitos mínimos que debe
cumplir toda demanda de inconstitucionalidad. En efecto, se señaló: “El
artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, constitutivo del régimen procedimental de
los asuntos que se tramitan ante la Corte Constitucional, establece los
requisitos mínimos que debe contener toda demanda de inconstitucionalidad,
dentro de los cuales prevé el numeral 3, el indicar las razones por las cuales
los textos constitucionales se estiman violados, es decir, el actor debe
exponer argumentos de inconstitucionalidad predicables de las normas acusadas,
los cuales, según la jurisprudencia constitucional[16], deben ser claros en cuanto
exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el
contenido de la demanda y las justificaciones en las que se soporta; ciertos ya
que la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente
y no simplemente deducida por el actor, así, el ejercicio de la acción supone
la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un
contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto, técnica
de control que difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones
inexistentes que no han sido suministradas por el legislador para pretender
deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se
desprenden; específicos en la medida de establecer sí realmente existe una
oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la
Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su
inexequibilidad a partir de argumentos vagos, indeterminados, indirectos,
abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las
disposiciones que se acusan, pertinentes lo que quiere decir que el reproche
formulado debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado, por lo que son inaceptables los argumentos que se formulan
a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros
que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que en realidad no
está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción para
resolver un problema particular como podría ser la indebida aplicación de la
disposición en un caso específico, tampoco prosperan las acusaciones que fundan
el reparo en un análisis de conveniencia, calificándola de innecesaria o
reiterativa a partir de una valoración parcial de sus efectos; y suficientes en
cuanto implica una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre
la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas
sean tan sólo pedidas por el demandante. La suficiencia del razonamiento apela
directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de
argumentos que, aunque no logren prima facie convencer de que la norma es
contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte.”
[17] Alejandro Martínez Caballero. Artículos 1º (parcial),
4º, 5º, 6º, 7º, 8º (parcial), 10 (parcial) de la Ley 36 de 1993.
[18] M.P. Carlos Gaviria
Díaz. Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 57 de 1993 (adiciona
parcialmente el Código Penal).
[19] M.P. Fabio Morón Díaz.
Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 100 de 1993 y contra los artículos
de la misma: 11, 13 literal d), 14, 17, 18 párrafo 3o., 20, 29, 44, 48, 53, 60
literal c, 161, 168, 194 a 197, 204, 236, 242 (parcial), 273, 279 (parcial) y
288.
[20] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo. Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos
94, 96 y 97 de la Ley 104 de 1993.
[21] M.P. José Gregorio
Hernández Galindo. Demanda de inconstitucionalidad contra la
Ley 144 de 1994.
[22]
Entre otras, pueden consultarse las siguientes sentencias:  C-567 de 1997, C –
384 de 2000, C – 670 de 2001 y C-877 de 2005
[23] M.P.
Jaime Araujo Rentería. Demanda de
inconstitucionalidad contra el Art. 31  de la Ley 863 de 2003 (Información a
las centrales de riesgo).
[24] Ver
sentencia C-145 de 1994
[25] M.P.
Jorge Arango Mejía. Estas decisiones también han sido acogidas en sentencias de
constitucionalidad.
[26] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 147 a 158 de la Ley 223 de 1995
(normas sobre racionalización tributaria).
[27] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Demanda de
inconstitucionalidad contra el  artículo 91 de la Ley 633 de 2000 (normas en
materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento de los fondos
obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para
establecer las finanzas de la rama judicial).
[28] En la alusión de estos criterios también se toma nota
de la experiencia del derecho comparado.  La posibilidad de recolectar
información en Internet de manera temporal que sea completa, exacta y
pertinente para los objetivos perseguidos con su recolección fue uno de los
elementos de discusión que propuso en junio de 1995 el grupo de apoyo en
materia de información creado por el gobierno de los Estados Unidos con el
propósito de proteger integralmente los derechos de todos los usuarios de la
red. Cfr. Stephen R. Bergerson, Electronic Commerce In The 21st
Century: Article E-Commerce Privacy And The Black Hole Of Cyberspace,  William Mitchell Law
Review 2001,  (27 Wm. Mitchell
L. Rev. 1527).
[29] Cfr.,
entre otras, la sentencia SU-089 de 2000 M.P. Jorge Arango Mejía.  En dicha
oportunidad se dijo que “Hay que partir
de la base de que la información debe corresponder a la verdad, ser veraz, pues
no existe derecho a divulgar información que no sea cierta. Además la
información para ser veraz debe ser completa”. Aunque en dicha oportunidad lo
que estaba en juego era la protección del derecho al habeas data frente el
almacenamiento de información en bancos de datos, las subreglas allí
establecidas han sido utilizadas en otros casos que se relacionan con la
protección con esta dimensión de la intimidad, sin duda, relevante en el
presente caso.
[30] Ibíd. Sentencia SU-089 de 2000.
[31] Sobre este particular, es extensa la
jurisprudencia de la Corte Constitucional –fundamentalmente en materia de
tutela- en la que la protección del derecho de habeas data se une a la noción
de información actualizada que sobre un particular se almacena en un banco de
datos. Se ha dicho, entonces, que “prima
el derecho de toda persona a que la información que sobre  ella  se  recoja  o
registre  en  estas  entidades  bien  sean públicas o privadas sea actualizada,
respetando la libertad y demás garantías constitucionales; e inversamente la
obligación de estas entidades que se encargan de la recolección, tratamiento y
circulación de datos, de actualizar sus informaciones de manera oficiosa, sin
que para ello se requiera solicitud o petición de parte".  Sobre el
particular puede consultarse, entre otras, la sentencia T-460 de 1993 (M.P.
Hernando Herrera Vergara).
[32] Cfr. artículo 583 del Estatuto Tributario.
[33] Esto es compatible con el principio de neutralidad
que rige la tributación del comercio electrónico.  Conforme a  este principio
general internacional la tributación no se afectará en ningún caso debido al
medio virtual empleado en la actividad económica, con el fin de que no exista
discriminación entre el comercio electrónico y el tradicional. Otros principios
relevantes en este caso son los de eficiencia y flexibilidad.  Según el primero
resulta imprescindible reducir en el mayor grado posible el costo de las obligaciones
formales de los operadores para evitar que la utilización de Internet haga más
gravosas, en términos de procedimientos administrativos, las cargas
tributarias.  De acuerdo con el segundo, los sistemas fiscales deben adaptarse
al dinamismo propio del comercio electrónico para no obstaculizar la evolución
ni disminuir el potencial de esta modalidad de actividad económica (Cfr. La
tributación en Internet, nota 20).
[34] Cfr. Sentencia C-540 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.  En esta oportunidad se declararon exequibles los artículos 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 y 158 de la Ley 223 de 1995, salvo
la expresión “y responsabilidad política para el director de la DIAN”, que
aparece en éste último artículo, la cual se declaró inexequible.  Las normas
objeto de análisis pertenecen a una ley expedida con el propósito de
racionalizar las funciones de la administración tributaria.
[35] Cfr., entre otras, las sentencias Corte
Constitucional, Sentencias C-333 de 1994,
M.P. Fabio Morón Díaz; C-265 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-445
de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-613 de 1996, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; C-197 de 1997, M.P. Carmenza Isaza de Gómez (E.); C-507 de
1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-584 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-318 de 1998, M.P. Carlos Gaviria
Díaz; C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-112 de 2000, M.P.
Alejandro Martinez Caballero; C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero,
C-673 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[36] M.P. Jaime Araujo Rentería. Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 31  de
la Ley 863 de 2003 (Información a las centrales de riesgo). El fundamento para declarar la
inexequibilidad de la disposición fue: “En
resumen, por los presupuesto anotados , el artículo 31 de la ley 863 de 2003 ,
en algunos supuestos de hecho de la norma, debió ser tramitado a través de una
Ley Estatutaria y no por intermedio de una Ley Ordinaria, debido a que
pretendió el Congreso regular situaciones principales e importantes que solo
pueden ser reguladas por una Ley Estatutaria y en otros supuestos como reportar
a centrales de riesgo privadas, afectó el núcleo esencial del Derecho
Fundamental del habeas data y éste núcleo esencial no puede ser afectado ni
siquiera por el Legislador Estatutario, mucho menos, por el Legislador
Ordinario.  Razón por la cual esta Corte declarará inexequible la norma
acusada.”
[37] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.