C-183-97
Sentencia C-183/97
Sentencia
C-183/97
CADUCIDAD DE LA
ACCION POR VICIOS DE FORMA-Operancia
PRINCIPIO DE
UNIDAD DE MATERIA-Contenido
sustancial
La Corte ha hecho
ver que el concepto de unidad de materia es de contenido sustancial y no
puramente nominal, es decir, que la identidad entre los temas relativos a un
mismo asunto no está dada por el cuerpo normativo al que pertenezcan, ni por la
denominación que tengan, sino por sus caracteres intrínsecos.
SISTEMA INTEGRAL
DE SEGURIDAD SOCIAL-Contribución
parafiscal/CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR-Vinculación y parte de recursos
a la seguridad social
La Corte admitió
como integrante de su unidad temática la norma por la cual se creaba un tributo
con destino a las finalidades propias de la seguridad social. Es verdad que el
artículo impugnado consagra una contribución parafiscal y que el tema
predominante en el contenido de la Ley 100 de 1993 es la seguridad social, pero
no es menos cierto que al establecer las normas básicas de ésta, como sistema
integral, según quiso hacerlo el legislador, no podía dejar de lado lo
referente a la financiación de los diversos programas incorporados al sistema
global de seguridad social, entre ellos el de subsidios en salud, primordial
dentro de esa estructura. Por otra parte, resulta perfectamente adecuado al
objeto de una ley de seguridad social señalar la forma en que las cajas de
compensación familiar deben vincularse al sistema, canalizando así una porción
de sus recursos hacia las finalidades de aquélla.
CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR-Recursos
constituyen contribución parafiscal/CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR-Financiamiento
subsidios en salud/REGIMEN DE SUBSIDIOS EN SALUD-Financiamiento/SOLIDARIDAD
DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA-Recursos del subsidio
La disposición
acusada cumple a cabalidad con los requisitos de la parafiscalidad, por cuanto
plasma una contribución a cargo de entidades pertenecientes a determinado sector
económico, cuyos fondos se reinvierten en el mismo. Los recursos que
administran las cajas de compensación familiar no pertenecen a ellas sino que
corresponden a un interés legítimo de los trabajadores, lo cual implica que es
éste último sector -el del trabajo- el sujeto pasivo de la contribución y, a la
vez, el sector beneficiario del producto de la misma, en cuanto son los
trabajadores los favorecidos por el régimen de subsidios en salud, bien que los
dineros correspondientes se administren directamente por las mismas cajas -como
lo autoriza la norma, bajo la modalidad de cuentas independientes de las que
corresponden al resto de sus rentas y bienes-, ya sea que se manejen dentro de
la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía.
CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR-Carácter
parafiscal de contribución para régimen subsidiado de salud/CONTRIBUCION
PARAFISCAL-Sujeto pasivo y correspondencia entre sectores/CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR-Proyección contribución al régimen subsidiado de
salud/PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Contribución para subsidios en salud
No es una
característica de la parafiscalidad la de que los sujetos pasivos de la
contribución sean exactamente y de manera individual quienes reciban los
beneficios derivados de la reinversión de los recursos captados. La
correspondencia que exige la parafiscalidad se establece entre sectores, no
entre personas, de lo cual resulta que lo esencial no es que el contribuyente
individualmente considerado reciba una retribución directa y proporcional al
monto de su contribución, sino que el sector que contribuye sea simultáneamente
aquél que se favorece con la destinación posterior de lo recaudado. La
contribución parafiscal que establece el precepto demandado no se queda en el
reducido ámbito de los trabajadores que cotizan a las cajas de compensación
familiar sino que se proyecta hacia los beneficiarios del régimen subsidiado de
salud, incluídos trabajadores independientes y no cotizantes en dichas
entidades, pero ello no vicia de inconstitucionalidad el precepto. Por el
contrario, se realiza por esa vía el principio general de solidaridad.
AUXILIOS O
DONACIONES A FAVOR DE PERSONAS DE DERECHO PRIVADO-Distinción respecto a contribución parafiscal
Lo censurado por
la norma constitucional, que prohibe a las ramas y órganos del poder decretar
auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho
privado, es la transferencia injustificada de recursos del patrimonio público
al particular, con el fin de favorecer a ciertos individuos o grupos de manera
selectiva, así como la utilización política y electoral, y algunas veces
económica, de las necesidades de personas y comunidades. En modo alguno se ha
querido impedir o dificultar por medio de esta norma prohibitiva la prestación
de servicios públicos, como el de la seguridad social, que puede tener lugar a
partir de la actividad directa del Estado o por intermedio de personas
jurídicas privadas, en condiciones de igualdad entre los usuarios o
beneficiarios. Los impuestos, las tasas y las contribuciones, bien que éstas
sean fiscales o parafiscales, tienen finalmente como propósito, que los
justifica, el financiamiento de los gastos e inversiones que la comunidad
requiere. No todos los recursos públicos pertenecen al Estado y, en el caso de los
de origen parafiscal -que son públicos mas no ingresan al fisco- tampoco son de
libre asignación o disposición por las autoridades. Por su naturaleza y
funciones, tales rentas están afectadas a una finalidad, que es la que, según
la ley correspondiente, les dio origen, y que justifica su recaudo.
RENTAS DE
DESTINACION ESPECIFICA-Distinción
respecto a contribución parafiscal
Referencia:
Expediente D-1469
Acción de
inconstitucionalidad contra parte del artículo 217 de la Ley 100 de 1993.
Actor: Javier
Lizcano Rivas
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del diez (10) de abril de mil
novecientos noventa y siete (1997).
I. LA DEMANDA
El ciudadano JAVIER
LIZCANO RIVAS, en ejercicio del derecho político consagrado en los artículos 40
y 241, numeral 4, de la Constitución, ha solicitado a la Corte que declare
inexequibles los incisos 1 y 2 del artículo 217 de la Ley 100 de 1993, que
dicen textualmente:
LEY 100 DE 1993
(diciembre 23)
Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones
El CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
DECRETA :
(...)
ARTICULO 217. De la Participación de las Cajas de
Compensación Familiar. Las Cajas de Compensación Familiar destinarán el 5%
de los recaudos del subsidio familiar que administran, para financiar el
régimen de subsidios en Salud, salvo aquellas Cajas que obtengan un cuociente
superior al 100% del recaudo del subsidio familiar del respectivo año, las
cuales tendrán que destinar un 10%. La aplicación de este cuociente, para todos
sus efectos, se hará de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley
49 de 1990, y a partir del 15 de febrero de cada año.
Las Cajas de
Compensación Familiar podrán administrar directamente, de acuerdo con la
reglamentación que se expida para el efecto, los recursos del régimen
subsidiado de que trata el presente artículo. La Caja que administre
directamente estos recursos constituirá una cuenta independiente del resto de
sus rentas y bienes. Las Cajas de Compensación Familiar que no cumplan los
requisitos definidos en la reglamentación, deberán girar los recursos del
subsidio a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía".
El actor señala como
normas constitucionales violadas las de los artículos 25, 53, 150-12, 157-2,
158, 345 y 355 de la Carta.
Las razones que
sustentan su solicitud pueden resumirse así:
-Según el
demandante, la disposición impugnada disminuye la protección al trabajo de los
colombianos y desampara a sus familias; restringe la dignidad en la calidad de
vida de los trabajadores; desvía una parte de los recursos del subsidio
familiar a otros sectores, lo cual "representa una severa injusticia que
desmejora el tratamiento a los trabajadores, con un fin loable pero
completamente contrario, en cuanto les impone una carga adicional a las que ya
tienen".
-Los derechos de los
trabajadores resultan menoscabados, con notoria violación del artículo 53 de la
Carta, pues se trata de una prestación social cuyo destino no puede ser
variado, disminuído ni lesionado por leyes posteriores, como lo hace la norma
demandada: antes de su vigencia el porcentaje de subsidio en dinero y servicios
que recibían mensualmente los beneficiarios era superior al que pasaron a
recibir después.
-El fundamento
constitucional de los aportes parafiscales se halla en los artículos 150-12 y
338 de la Carta, los cuales son violados de manera indirecta por el precepto
enjuiciado, en la medida en que dispone que parte de los recursos del subsidio
familiar sean destinados a satisfacer necesidades correspondientes a otro grupo
de personas, distinto al de los beneficiarios establecidos por la Ley.
La parafiscalidad
exige -agrega- que los recursos extraídos en forma obligatoria de un sector
económico se reinviertan en el propio sector, con exclusión del resto de la
sociedad (Sentencia C-449 de julio 9 de 1992, proferida por la Corte
Constitucional).
-En el sentir del
impugnante, el artículo acusado viola el artículo 345 de la Constitución
Política.
En efecto -dice-, al
establecer que las cajas que no cumplan los requisitos definidos en la
reglamentación deberán girar los recursos del subsidio a la subcuenta de
solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, se desconoce el indicado
mandato pues los recursos procedentes del subsidio familiar ingresarán a las
rentas del Tesoro Nacional, siendo que tales recursos no aparecen cuantificados
en el presupuesto de rentas que ha expedido el Congreso en los años siguientes
a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Deberían destinarse al sostenimiento del
régimen subsidiado en materia de seguridad social.
-Dice que el Estado,
mediante la norma demandada, estaría concediendo, en el fondo y de hecho, un
auxilio o donación proscrito por el artículo 355 de la Constitución.
-Expone que fue
infringido el principio de unidad de materia (artículos 157 y 158 C.P.), ya que
se confundieron en la norma atacada asuntos relativos a impuestos y a seguridad
social.
-Señala por último
que existe un vicio de forma, ya que el proyecto debió sufrir primer debate en
las comisiones terceras de Senado y Cámara.
II.
INTERVENCIONES
Los ciudadanos JUAN
MANUEL CHARRY URUEÑA, MANUEL AVILA OLARTE y MAURICIO FAJARDO GOMEZ, quienes
dijeron actuar a nombre de los ministerios de Salud y Hacienda, y a nombre
propio, respectivamente, han presentado a la Corte sendos escritos enderezados
a la defensa de la norma acusada.
La disposición,
según expresa el ciudadano CHARRY, no vulnera el artículo 25 de la Carta
Política, sino que realiza una de las obligaciones propias del Estado,
consistente en la protección especial a las personas que no tienen capacidad
económica para aportar al sistema de seguridad social por pertenecer a la
llamada economía informal, o bien desempleados o personas en circunstancias de
debilidad manifiesta.
Sostiene que las
condiciones dignas y justas del trabajo no se ven disminuídas por el artículo y
que tampoco son menoscabados los derechos de los trabajadores, pues los
recursos del subsidio familiar, comúnmente calificados como parafiscales, son
sumas de dinero pagadas por el empleador, administradas por las cajas de
compensación y destinadas a actividades fijadas por la ley, de modo que compete
al legislador fijar la destinación de los mismos así como adicionarla o
modificarla. Ello puede ocurrir por razones de solidaridad.
Resalta que la norma
acusada no está modificando la base gravable, los hechos ni la tarifa de la
contribución, sino que simplemente adiciona una destinación para atender los
servicios de salud de quienes no tienen capacidad económica.
De otro lado -añade-
no es exacta la afirmación consistente en que los aportes parafiscales ingresan
al Presupuesto. El aporte se gira a las cajas, éstas lo administran y lo
destinan a las distintas actividades fijadas por el legislador. De tal suerte
que, una vez girados a la Caja, los recursos pierden su calidad de aportes
parafiscales y sólo quedan afectos a la destinación legislativa. Además, no
ingresan necesariamente al Presupuesto, pues pueden permanecer en las cajas,
las cuales administran directamente el recurso en una cuenta aparte.
Recuerda que los
ingresos parafiscales en cuestión provienen de los trabajadores y se destinan a
ese mismo sector, que de acuerdo con el Estado Social, debe entenderse que
comprende a los trabajadores en todas sus modalidades, incluídos los informales
y los desempleados.
Manifiesta que no se
ha plasmado un auxilio prohibido por los preceptos constitucionales, pues si se
trata de un recurso parafiscal -como lo dice el actor- no sería propiamente del
Estado y¸ entonces, no podría configurarse un auxilio.
El ciudadano AVILA
sostiene que las características de la parafiscalidad no pueden interpretarse
de manera absoluta sino es el caso específico, en el marco del valor trabajo y
de su protección constitucional.
A su juicio, los
aportes para el subsidio son, en último análisis, un recurso de la seguridad
social. No son recursos de un grupo de trabajadores sino de los afiliados al
sistema de seguridad social en su conjunto.
Declara que no ha
sido violado el principio de unidad de materia, en la medida en que el régimen
de seguridad social integral se financia parcialmente con recursos tributarios
y dentro de éstos, específicamente, con contribuciones parafiscales, razón por
la cual la destinación de un porcentaje de alguna de ellas para sufragar
parcialmente el sistema anotado, para nada rompe la indicada unidad.
Por su parte, el
ciudadano FAJARDO alega que el Congreso de la República, en virtud de la
competencia que de manera expresa le otorgan los artículos 48, 49 y 95 de la
Constitución, está plenamente facultado  para imponer a las cajas de
compensación la obligación de destinar el 5% previsto en la norma demandada,
pues le es posible obligar a las personas naturales o jurídicas (la norma
constitucional no distingue) a aportar recursos de carácter económico con el
objetivo de ampliar la cobertura ene la prestación de los servicios de salud de
manera progresiva a todos los habitantes del territorio nacional.
Manifiesta también
que el porcentaje que deben destinar las cajas de compensación para el subsidio
familiar tiene una base completamente variable, que es un porcentaje del valor
de la nómina mensual de los empleadores mencionados en los artículos 7 y 8 de
la Ley 21 de 1982, la cual, como es obvio, puede variar en el tiempo y por lo
tanto no es una suma fija a cuyo incremento anual tengan derecho los trabajadores
afiliados a alguna Caja.
En cuanto al aspecto
presupuestal, recuerda cómo para que una partida pueda ser incluída en el
Presupuesto General de la Nación se requiere, previamente, que hubiese sido
reconocida o decretada bien mediante una ley o por una decisión judicial en
firme.
Así pues -concluye-
lo que la Ley 100 de 1993 hizo fue sentar las bases legales necesarias e
indispensables para que posteriormente la Ley Anual de Presupuesto proceda
válidamente a reflejar, entre las rentas de la Nación, las partidas
correspondientes.
III. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL
El Procurador
General de la Nación ha solicitado a la Corte declarar exequible el artículo
impugnado.
En su criterio,
dentro de la competencia intervencionista en materia económica, el legislador
se encuentra plenamente habilitado para adoptar medidas como la examinada, que
no puede ser vista como carga tributaria impuesta a un sector de la economía:
los trabajadores. Por el contrario a otro, en aplicación del mandato consagrado
en el artículo 49 de la Constitución, con base, entre otros principios, en el
de solidaridad.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Puesto que el
artículo objeto de la acción incoada hace parte de una ley de la República, es
la Corte Constitucional el tribunal competente para resolver acerca de su
exequibilidad (artículo 241-4 C.P.).
2. Caducidad de
la acción por vicios de forma
La Constitución ha
señalado un término máximo dentro del cual, a partir de la entrada en vigencia
de los actos sujetos a control de constitucionalidad, es posible instaurar
demandas por vicios de procedimiento o de carácter formal que puedan
afectarlos.
El numeral 3 del
artículo 242 de la Carta Política dispone :
"Las acciones
por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la
publicación del respectivo acto".
Es esa la regla
aplicable a la presente demanda, en lo relativo a los cargos que en ella se
formulan contra la disposición, acusada por no haberse llevado a primer debate
en las comisiones terceras de las cámaras.
La Ley 100 de 1993
principió a regir el 23 diciembre de ese año y, por tanto, para la fecha de
presentación de la demanda (20 de septiembre de 1996), ya había operado la
caducidad.
No se estudiará tal
cargo.
3.      Unidad de materia
Esta Corte ha
entendido la unidad de materia, exigida a las leyes en los artículos 158 y 169
de la Constitución, de la siguiente forma :
"La
delimitación constitucional está deferida, entonces, doblemente al Congreso,
pues éste se halla obligado a definir con  precisión, como lo exige la Carta,
desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias en que se
ocupe al expedir esa ley, y simultáneamente ha de observar una estricta
relación interna, desde el punto de vista sustancial, entre las normas que
harán parte de la ley, para que todas ellas estén referidas a igual materia, la
cual, desde luego, deberá corresponder al título de aquélla.
En ese orden de
ideas, es el propio legislador, en cada caso, el encargado de establecer los
criterios con arreglo a los cuales se pueda verificar después si en efecto hay
correspondencia entre el título de la ley y su contenido, y si existe unidad de
materia en los artículos, relacionados entre sí.
Si el Congreso ha
previsto él mismo unos confines aplicables a su actividad legislativa,
independientemente de la competencia que tenga para legislar sobre ciertos
temas, viola la Constitución cuando incluye cánones específicos que, o bien no
encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien
no guardan relación interna con el contenido global del articulado". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-390 del 22 de agosto de 1996).
En su jurisprudencia,
la Corte ha hecho ver que el concepto de unidad de materia es de contenido sustancial
y no puramente nominal, es decir, que la identidad entre los temas
relativos a un mismo asunto no está dada por el cuerpo normativo al que
pertenezcan, ni por la denominación que tengan, sino por sus caracteres
intrínsecos.
Al respecto, en
Sentencia C-435 del 12 de septiembre de 1996 esta Corte expresó :
"...para
establecer si hay unidad temática en un determinado cuerpo legal no es
suficiente la identificación meramente formal acerca de los asuntos tratados en
él, sino que es menester verificar si entre ellos existe una concatenación
sustancial en cuya virtud el legislador los integre sistemáticamente,
excluyendo aquéllos que no guardan relación alguna con la cuestión predominante
dentro del conjunto normativo".
Precisamente en
relación con el sistema jurídico estructurado a partir de la Ley 100 de 1993,
la Corte admitió como integrante de su unidad temática la norma por la cual se
creaba un tributo con destino a las finalidades propias de la seguridad social.
Al exponer la razón
de exequibilidad del precepto, la Corte manifestó :
"A nadie se
oculta, entonces, que  si bien la seguridad  social -materia prevaleciente en
la Ley 100 de 1993- se presenta como objeto de labor legislativa fácilmente
separable de la que implica el poder de imposición del Estado, pueden
vincularse desde el punto de vista material cuando, como en el proceso
presente, se aprecia que, para el adecuado e integral cumplimiento de los
cometidos sociales subyacentes a esa normatividad, son indispensables la
canalización de recursos y el arbitrio rentistico, lo que, dentro de un sistema
ordenado y previamente concebido por el legislador, aconseja el uso de las atribuciones
constitucionales del Congreso para incorporar, en un solo haz normativo, las
reglas que, a su juicio, son aptas para la finalidad propuesta, como ocurre con
el Fondo de Solidaridad creado y con la necesaria referencia a las fuentes que
lo alimentan...) (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-390 del 22 de agosto
de 1996, ya citada).
Significa lo
anterior que, siguiendo la misma doctrina, la Corte debe desechar el cargo
formulado por el actor acerca de que la norma acusada vulnera el principio de
unidad de materia por confundir asuntos relativos a impuestos y a seguridad
social.
Es verdad que el
artículo impugnado consagra una contribución parafiscal y que el tema
predominante en el contenido de la Ley 100 de 1993 es la seguridad social, pero
no es menos cierto que al establecer las normas básicas de ésta, como sistema integral,
según quiso hacerlo el legislador -así lo anunció desde el mismo título del
Estatuto-, no podía dejar de lado lo referente a la financiación de los
diversos programas incorporados al sistema global de seguridad social, entre
ellos el de subsidios en salud, primordial dentro de esa estructura.
Por otra parte,
resulta perfectamente adecuado al objeto de una ley de seguridad social señalar
la forma en que las cajas de compensación familiar deben vincularse al sistema,
canalizando así una porción de sus recursos hacia las finalidades de aquélla.
No han sido
quebrantados, entonces, por este aspecto, los mandatos constitucionales.
4. Carácter
parafiscal de la contribución
Según el artículo
150, numeral 12, de la Constitución Política, al Congreso corresponde
establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones
parafiscales.
El artículo 338 Ibídem
señala que, en tiempo de paz, solamente el Congreso, a nivel nacional, podrá
imponer contribuciones fiscales o parafiscales.
Sobre el concepto de
parafiscalidad, la Corte Constitucional ha trazado pautas jurisprudenciales,
luego acogidas por el legislador, que pueden sintetizarse así :
"De las
anteriores exposiciones quedan varias cosas claras. En primer lugar que el
término "contribución parafiscal" hace relación a un gravamen
especial, distinto a los impuestos y tasas. En segundo lugar, que dicho
gravámen es fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra de manera
obligatoria a un grupo, gremio o colectividad, cuyos intereses o necesidades se
satisfacen con los recursos recaudados. En tercer lugar, que se puede imponer a
favor de entes públicos, semipúblicos o privados que ejerzan actividades de
interés general. En cuarto lugar que los recursos parafiscales no entran a
engrosar las arcas del presupuesto nacional. Y por ultimo, que los recursos
recaudados pueden ser verificados y administrados tanto por entes públicos como
por personas de derecho privado". (Cfr. Sentencia C-040 del 11 de febrero
de 1993. M.P. : Dr. Ciro Angarita Barón).
"De esta
suerte, en nuestro ordenamiento jurídico la figura de la parafiscalidad
constituye un instrumento para la generación de ingresos públicos,
caracterizado como una forma de gravamen que se maneja por fuera del
presupuesto -aunque en ocasiones se registre en él- afecto a una destinación
especial de carácter económico, gremial o de previsión social, en beneficio del
propio grupo gravado, bajo la administración, según razones de conveniencia
legal, de un organismo autónomo, oficial o privado. No es con todo, un ingreso
de la Nación y ello explica porque no se incorpora al presupuesto nacional,
pero no por eso deja de ser producto de la soberanía fiscal, de manera que sólo
el Estado a través de los mecanismos constitucionalmente diseñados con tal fin
(la ley, las ordenanzas y los acuerdos) puede imponer esta clase de
contribuciones como ocurre también con los impuestos. Por su origen, como se
deduce de lo expresado, las contribuciones parafiscales son de la misma estirpe
de los impuestos o contribuciones fiscales, y su diferencia reside entonces en
el precondicionamiento de su destinación, en los beneficiarios potenciales y en
la determinación de los sujetos gravados". (Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia C-308 del 7 de julio de 1994. M.P. : Dr. Antonio Barrera
Carbonell).
"...la
contribución parafiscal, fruto de la soberanía fiscal del Estado, es una
contribución obligatoria para cierto sector de la sociedad, cuya finalidad es
la reversión de tales recursos en ese mismo sector. En efecto, las
características de la cuota parafiscal son la obligatoriedad, la singularidad y
la destinación sectorial. Obligatoriedad porque el sujeto gravado no puede
eximirse del deber de pagar la contribución. Singularidad porque recae sobre un
específico grupo de la sociedad. Y destinación sectorial porque la contribución
mencionada se revierte en el sector del cual se ha extraído". (Corte
Constitucional. Sentencia C-546 del 1 de diciembre de 1994. M.P. : Dr.
Alejandro Martínez Caballero).
El artículo 12 de la
Ley 179 de 1994 (Orgánica del Presupuesto Nacional), modificado por el artículo
2 de la Ley 225 de 1995, define así las rentas parafiscales :
"Son
contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter
obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o
económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo,
administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma
dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en
ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al
cierre del ejercicio contable.
Las contribuciones
parafiscales administradas por los órganos que formen parte del Presupuesto
General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para registrar la
estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su
recaudo será efectuado por los órganos encargados de su administración".
La disposición
acusada cumple a cabalidad con los requisitos de la parafiscalidad, por cuanto
plasma, en efecto, una contribución a cargo de entidades pertenecientes a
determinado sector económico, cuyos fondos se reinvierten en el mismo. Los
recursos que administran las cajas de compensación familiar no pertenecen a
ellas sino que corresponden a un interés legítimo de los trabajadores (Cfr.
Sentencia C-575 del 29 de octubre de 1992. M.P. : Dr. Alejandro Martínez
Caballero), lo cual implica que es éste último sector -el del trabajo- el
sujeto pasivo de la contribución y, a la vez, el sector beneficiario del
producto de la misma, en cuanto son los trabajadores los favorecidos por el
régimen de subsidios en salud, bien que los dineros correspondientes se
administren directamente por las mismas cajas -como lo autoriza la norma, bajo
la modalidad de cuentas independientes de las que corresponden al resto de sus
rentas y bienes-, ya sea que se manejen dentro de la subcuenta de solidaridad
del Fondo de Solidaridad y Garantía creado por la Ley 100 de 1993.
No se trata, como
erróneamente lo entiende el demandante, de una nueva carga impuesta a los
trabajadores, pues la norma en nada incrementa los aportes de éstos a las cajas
de compensación familiar, sino de un cambio de destinación, por vía general, de
parte de los recursos captados por dichos entes. Habiéndose creado las cajas
por la ley, la cual señaló el objeto al cual serían orientados los fondos por
ellas administrados, bien podía la propia ley modificar las reglas iniciales y
establecer variantes parciales en dicho objeto, sin desvirtuar por ello el
propósito básico de la prestación social, toda vez que la contribución creada
se reinvierte también en favor de los trabajadores y sus familias.
Ahora bien, las
partidas correspondientes habrán de ser aplicadas de manera global al
fortalecimiento del régimen subsidiado de salud y, en consecuencia, resulta
evidente que los trabajadores aportantes a determinada Caja de Compensación, de
cuyos recaudos habrá de restarse el 5% ordenado por la norma, no serán
necesariamente los mismos que se beneficien individualmente de los servicios
del régimen subsidiado.
Pero al respecto
debe la Corte resaltar que no es una característica de la parafiscalidad la de
que los sujetos pasivos de la contribución sean exactamente y de manera
individual quienes reciban los beneficios derivados de la reinversión de los
recursos captados.
La correspondencia
que exige la parafiscalidad se establece entre sectores, no entre personas, de
lo cual resulta que lo esencial no es que el contribuyente individualmente
considerado reciba una retribución directa y proporcional al monto de su
contribución, sino que el sector que contribuye sea simultáneamente aquél que
se favorece con la destinación posterior de lo recaudado.
A la Corte no
escapa, entonces, que la contribución parafiscal que establece el precepto
demandado no se queda en el reducido ámbito de los trabajadores que cotizan a
las cajas de compensación familiar sino que se proyecta hacia los beneficiarios
del régimen subsidiado de salud, incluídos trabajadores independientes y no
cotizantes en dichas entidades, pero ello no vicia de inconstitucionalidad el
precepto. Por el contrario, se realiza por esa vía el principio general de solidaridad
contemplado en el artículo 1 de la Carta.
El artículo 48 Ibídem,
relativo precisamente a la seguridad social, la concibe como "servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad, en los términos que establezca la ley"
(subraya la Corte).
5. La disposición
acusada no consagra un auxilio prohibido por la Constitución
Dice el demandante
que el Estado, mediante el artículo materia de revisión, está concediendo, en
el fondo y de hecho, un auxilio o donación de aquellos que han sido erradicados
del sistema por el artículo 355 de la Carta Política de 1991.
Debe señalarse
inicialmente que, establecido por la Corte el carácter parafiscal de la cuota
en estudio, no se trata de un recurso perteneciente a las rentas estatales y su
destinación está ordenada por la ley al beneficio del sector de los
trabajadores, que es el aportante de los dineros percibidos por las cajas de compensación,
luego no encaja en el artículo 355 de la Constitución.
En efecto, no todos
los recursos públicos pertenecen al Estado y, en el caso de los de origen
parafiscal -que son públicos mas no ingresan al fisco- tampoco son de libre
asignación o disposición por las autoridades. Por su naturaleza y funciones,
tales rentas están afectadas a una finalidad, que es la que, según la ley
correspondiente, les dio origen, y que justifica su recaudo.
Así las cosas, el
artículo 355 de la Carta no es aplicable a los recursos parafiscales.
Por otra parte, lo
censurado por la norma constitucional, que prohibe a las ramas y órganos del
poder decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas
de derecho privado, es la transferencia injustificada de recursos del
patrimonio público al particular, con el fin de favorecer a ciertos individuos
o grupos de manera selectiva, así como la utilización política y electoral, y
algunas veces económica, de las necesidades de personas y comunidades. En modo
alguno se ha querido impedir o dificultar por medio de esta norma prohibitiva
la prestación de servicios públicos, como el de la seguridad social, que puede
tener lugar a partir de la actividad directa del Estado o por intermedio de
personas jurídicas privadas (arts. 48 y 365 C.P.), en condiciones de igualdad
entre los usuarios o beneficiarios.
Recuérdese que
tampoco se vulnera el artículo 355 de la Constitución cuando el Estado, en
desarrollo de lo previsto por el artículo 13 Ibídem, busca realizar la
igualdad real y efectiva, promoviendo las condiciones de equilibrio requeridas
por grupos discriminados o marginados, y protegiendo especialmente a las
personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentran en
circunstancia de debilidad manifiesta.
En lo que toca
directamente con la seguridad social, no se olvide que, de conformidad con el
artículo 2° de la Constitución, entre los fines esenciales del Estado se
encuentran los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución, además de que, según la misma norma, las autoridades -entre
ellas el legislador- están obligadas a asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.
Los impuestos, las
tasas y las contribuciones, bien que éstas sean fiscales o parafiscales, tienen
finalmente como propósito, que los justifica, el financiamiento de los gastos e
inversiones que la comunidad requiere.
En cuanto a los
servicios públicos, son inherentes a la finalidad social del Estado (art. 365
C.P.) y buscan el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población (art. 366 C.P.).
Obsérvese que, si
fuera aceptada la tesis del actor, debería concluirse que todo dinero público
únicamente podría destinarse a gastos e inversiones que sólo beneficiara a
entidades estatales, sin desbordar los límites internos de ellas, lo cual
impediría que con tales fondos fueran atendidas necesidades básicas tales como
la educación, la salud o, en general, los servicios públicos, desvirtuándose
así totalmente el papel e inclusive la razón de ser del Estado Social de
Derecho, y, por contera, dando al artículo 355 de la Carta un sentido que no
tiene.
Considera la Corte,
entonces, que el cargo carece de fundamento.
Por otra parte, si
de la destinación de los recursos se trata, la señalada en el artículo
demandado no desconoce tampoco el artículo 359 de la Constitución, que prohibe
las rentas nacionales de destinación específica.
En primer lugar, el
carácter parafiscal de la renta en cuestión excluye, según lo explicado, su
forzoso ingreso al Presupuesto General, como lo resaltó la Corte en Sentencia
C-546 del 1 de diciembre de 1994 (M.P. : Dr. Alejandro Martínez
Caballero), de lo cual resulta que no se da la hipótesis de una posible
vulneración del mandato constitucional, pues la figura contemplada en la norma
que se examina es bien distinta : como provenientes de una contribución
parafiscal, los dineros recaudados han de tener, de por sí, una destinación que
la misma ley debe indicar, según el artículo 150-12 de la Constitución
Política, orientada hacia el mismo sector económico que tributa, en este caso
el de los trabajadores.
Pero, aun si se
admitiera en gracia de la discusión -no lo admite la Corte Constitucional- que
una contribución parafiscal debiera ser evaluada a la luz del artículo 359 de
la Carta, la que ahora se controvierte encajaría en las excepciones a la
prohibición de la destinación específica, pues correspondería a lo previsto en
el numeral 3 Ibídem : "Las (rentas) que, con base en leyes
anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión social...".
DECISION
Con fundamento en
las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, en Sala Plena, oído el concepto del Ministerio Público y cumplidos
los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Decláranse EXEQUIBLES
los incisos 1 y 2 del artículo 217 de la Ley 100 de 1993.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO
MEJIA                 EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado                             Magistrado
En licencia                                      En
comisión
CARLOS GAVIRIA
DIAZ               HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado                          Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ
CABALLERO              FABIO MORON DIAZ
Magistrado                            Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR QUE:
El Magistrado Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz no asistió a la sesión de la Sala Plena celebrada el 10
de abril de 1997, por encontrarse en comisión oficial en el exterior y el
Magistrado Dr. Jorge Arango Mejía, por permiso concedido por la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General