C-823-06
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia C-823/06
CONTRATO DE
TRABAJO OCASIONAL, ACCIDENTAL O TRANSITORIO-Concepto
TRABAJO
OCASIONAL O ACCIDENTAL-Concepto
Los trabajadores ocasionales
en Colombia son aquellos que prestan una labor orientada a satisfacer
necesidades extraordinarias de la empresa, que como tal escapa al giro
ordinario de la actividad que desarrollan, durante un breve lapso que no puede
exceder del mes. La temporalidad y precariedad de la vinculación debe concurrir
con la naturaleza de la actividad en cuanto extraña a  la finalidad que ejecuta
la empresa. La labor del trabajador ocasional responde así a exigencias y
necesidades momentáneas o extraordinarias del empleador, que justifican la
brevedad de su vinculación.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No idoneidad para declaración de derogación tácita de
norma/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No concebida para juicio de
vigencia de normas/DEROGATORIA EXPRESA-Concepto
DEROGATORIA TACITA-Concepto
DEROGATORIA POR REGLAMENTACION INTEGRAL U ORGANICA DE LA
MATERIA-Concepto
DERECHO A
LA SEGURIDAD SOCIAL-Servicio público de carácter obligatorio y derecho
irrenunciable
PRINCIPIO
DE UNIVERSALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL-Alcance
TRABAJADORES
OCASIONALES O TRANSITORIOS-Accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales/INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Carencia actual de
objeto
Se observa que, en
cumplimiento de la voluntad del legislador ordinario de otorgar facultades
extraordinarias al ejecutivo, el Decreto ley 1295 de 1994 reguló la integridad
de la materia concerniente al Sistema General de Riesgos Profesionales, y en
particular lo relativo a los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales, por lo que el artículo 223, Lit. b), del C. S. T. acusado, se
encuentra derogado por tal normatividad, que no estableció diferenciación
alguna entre contratos ocasionales y otras formas de vinculación laboral. En
consecuencia, la Corte se declarará inhibida para pronunciarse de fondo en
relación con la expresión “a los trabajadores accidentales o transitorios” del
artículo 223 b) del C.S.T., por carencia actual de objeto.
TRABAJADORES
OCASIONALES O TRANSITORIOS-Auxilio monetario por enfermedad no profesional
En el marco del Sistema
de Seguridad Social en Salud, el término de duración de la actividad contratada
no es relevante para establecer el deber de afiliación, predicándose de toda
vinculación laboral. En consecuencia, se entiende derogada la exclusión de los
trabajadores transitorios o accidentales del pago del auxilio monetario por
enfermedad no profesional.
TRABAJADORES
OCASIONALES O TRANSITORIOS-Auxilio funerario
En lo que concierne a la
expresión “Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o
transitorios” del artículo 247 del C.S.T. referente a los gastos de entierro
del  trabajador, considera la Corte que también se encuentra derogada por la
ley 100 de 1993, que estableció la obligación para los empleadores de afiliar a
sus trabajadores a los tres subsistemas que conforman el Sistema de Seguridad
Social Integral, sin exclusión alguna derivada de la naturaleza de la actividad
o del término de duración del vínculo contractual. Se trata de una prestación
que es asumida, ya no por el empleador, sino por los subsistemas pensional o de
riesgos profesionales, según el caso. Al respecto el artículo 51 de la Ley 100
de 1993 establece:
SEGURO DE
VIDA COLECTIVO-Fue sustituido por pensión de sobrevivientes o indemnización
sustitutiva prevista en ley 100/93/DEROGATORIA TACITA-Configuración
Es claro para la Corte
que en la actualidad el seguro de vida colectivo fue sustituido por la pensión
de sobrevivientes o la correspondiente indemnización sustitutiva contemplada en
el Sistema General de Pensiones previsto en la ley 100 de 1993, las cuales
deben ser asumidas por el fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado el
causante, tal y como lo entendió en alguna oportunidad la Corte Suprema de
Justicia. Si bien es cierto, la Ley 100 de 1993 no derogó expresamente el
artículo 289 del C.S.T., no cabe duda alguna que el nuevo Sistema de Seguridad
Social Integral reguló por completo la materia, configurándose así el fenómeno
de la derogatoria tácita.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGADA-Improcedencia por no producción de
efectos jurídicos
AUXILIO DE
CESANTIA-Naturaleza jurídica
AUXILIO DE
CESANTIA-Finalidad
AUXILIO DE
CESANTIA-Antecedentes legislativos
AUXILIO DE
CESANTIA-Sistemas de liquidación
Con la expedición de  la Ley
50 de 1990 se modificó sustancialmente el régimen de cesantía a que tienen
derecho los trabajadores del sector privado. De acuerdo con esta nueva
regulación, el auxilio de cesantía quedó sometido a tres sistemas de
liquidación diferentes: (i) El sistema tradicional contemplado en el código
sustantivo del trabajo (Arts. 249 y ss), el cual se aplica a todos aquellos
trabajadores vinculados por contrato de trabajo antes del 1° de enero de 1991;
(ii) el sistema de liquidación definitiva anual, y manejo e inversión a través
de los llamados fondos de cesantías, creados por ésta ley, el cual se aplica
exclusivamente a los trabajadores vinculados por contrato de trabajo a partir
del 1° de enero de 1991 y a los trabajadores antiguos que se acojan al nuevos
sistema; y (iii) el sistema de salario integral el cual se aplica a todos
aquellos trabajadores antiguos y nuevos que devenguen más de 10 salarios
mínimos mensuales, y pacten con su empleador el pago de un salario integral que
contenga además de la retribución ordinaria de servicios, el pago periódico de
otros factores salariales y prestacionales, incluida la cesantía a que tenga
derecho el trabajador.
SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES-Diferencias
PRESTACIONES
SOCIALES-Clasificación
TRABAJADORES
OCASIONALES O TRANSITORIOS-Exclusión del auxilio de cesantía viola
principio de universalidad de las prestaciones sociales
El artículo 251 b) del Código
Sustantivo del Trabajo, contempla la exclusión de un sector de la población –
los trabajadores ocasionales –  de una prestación que es  inherente a su
condición de trabajadores. Esta exclusión vulnera el principio de universalidad
de la seguridad social, prevista como una de las garantías  mínimas e irrenunciables
que conforme a la Constitución (Arts. 25 y 53) debe orientar el estatuto
laboral. Las contingencias provenientes de la actividad laboral, la necesidad
de establecer condiciones dignas de trabajo, la protección de la seguridad
económica de los individuos que derivan su sustento y el de sus familias del
trabajo dependiente, son circunstancias que se predican de todos los
trabajadores dependientes,  sin consideración a la naturaleza del contrato que
los vincula, ni a la actividad desarrollada por la empresa. Así, la exclusión
de los trabajadores ocasionales de la prestación social del auxilio de
cesantías es contraria al atributo de la universalidad que orienta la garantía
de la seguridad social, principio mínimo fundamental que debe guiar la
legislación en materia laboral.
DERECHO AL
TRABAJO-Protección reforzada
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN LIBERTAD DE EMPRESA-Necesidad de establecer
equilibrio con los derechos de los trabajadores
TRABAJADORES
OCASIONALES O TRANSITORIOS-Exclusión del auxilio de cesantía vulnera
especial protección constitucional al trabajador/EMPRESA-Función social
Si bien de
la lógica de la norma se deduce que la exclusión de los trabajadores
ocasionales o transitorios del pago del auxilio de cesantía también tiene como
objetivo la promoción de un fin constitucional como es la libertad de empresa,
tal como está consagrada en el artículo 333 de la Carta, la jurisprudencia de
esta Corte ha precisado que  la empresa como base del desarrollo cumple una
función social que implica obligaciones por lo que el trabajador no puede ser
considerado como un mero factor de producción. La protección del fin legítimo
de la promoción de la libertad de empresa no puede producirse a costa del
sacrificio de otros principios constitucionales más amplios como la especial
protección que el Estado debe brindar al trabajo, y en particular los
principios de igualdad de oportunidad para los trabajadores, remuneración
proporcional a la calidad y cantidad de trabajo, prohibición para el legislador
de menoscabar los derechos de los trabajadores (Art. 53), así como el principio
de universalidad que rige las prestaciones sociales como elemento integrador
del concepto de seguridad social.
Referencia:
expediente D-6257
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 223 b) , 229 b), 247 (parcial), 289
(parcial) y 251 b), del Código Sustantivo del Trabajo.
Demandante:
Adriana del Pilar Rojas Peñuela y otros.
Magistrado
Ponente:
Dr. JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de
octubre  de dos mil seis  (2006).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución
Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en los
artículos 40 numeral 6°, 241 y 242 numeral 1° de la Constitución Política, las
ciudadanas Adriana del Pilar Rojas Peñuela, Mónica Vanesa Acevedo Tocancipá,
Sandra Milena Santamaría Santos, Diana Constanza Nossa Ramos y el ciudadano
Celio Briceño Palacios, presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 223 b), 229 b), 247 (parcial), 251 b), y 289 (parcial) del Código
Sustantivo del Trabajo.
Mediante auto de abril cuatro (4) de dos mil seis
(2006), el magistrado sustanciador admitió la demanda por cumplir con  las
exigencias dispuestas en el Decreto 2067 de 1991. Agotados los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.
TEXTO DE LAS DISPOCISIONES ACUSADAS
A continuación se
transcribe el texto de las disposiciones que contienen los segmentos normativos
demandados :
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO[1]
TITULO
VIII.
PRESTACIONES
PATRONALES COMUNES
(…)
CAPÍTULO
II
ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
(…)
“ARTÍCULO
223. EXONERACIÓN DE PAGO.
1.     Las normas
de este capítulo no se aplican:
(…)
b). A los
trabajadores accidentales o transitorios.
(…)
CAPÍTULO
III
AUXILIO
MONETARIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
(…)
“Artículo
229. EXCEPCIONES. Las normas de este capítulo no se aplican:
(…)
b). A los
trabajadores accidentales o  transitorios.
CAPÍTULO
IV
GATOS
DE ENTIERRO DEL TRABAJADOR
“Artículo
247. REGAL GENERAL. Todo [empleador] está obligado a pagar los gastos de
entierro de cualquiera de sus trabajadores hasta una suma equivalente al
salario del último mes. Este precepto no se aplica a los trabajadores
accidentales o transitorios.
(…)
CAPÍTULO
VII
AUXILIO
DE CESANTÍA
“Artículo
251. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL. El artículo 249 no se aplica:
(…)
b) A los
trabajadores accidentales o transitorios.
(…)
TÍTULO
IX
PRESTACIONES
PATRONALES ESPECIALES
(…)
CAPÍTULO
V
SEGURO
DE VIDA COLECTIVO OBLIGATORIO
“ARTÍCULO
289. EMPRESAS OBLIGADAS. Modificado por el artículo 12 de la ley 11 de 1984.
Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro de vida
colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o
transitorios , y cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que
la produzca”.
III.
LA DEMANDA
Los ciudadanos demandantes
consideran que las expresiones “a los trabajadores accidentales o
transitorios” contenida  en el literal b) del artículo 223, y en el literal
b) del artículo 229; “Este precepto no se aplica a los trabajadores
accidentales o transitorios”, del artículo 247;  “a los trabajadores
accidentales o transitorios”, del literal b) del artículo 251;  y “excepto
de los ocasionales o transitorios”, del artículo 289, todas del Código
Sustantivo del Trabajo, vulneran los artículos 13, 25, 48 y 53 de la
Constitución.
Aducen que las disposiciones
legales mediante las cuales se excluyen a los trabajadores accidentales o transitorios
del auxilio monetario por accidentes de trabajo y enfermedad profesional,
auxilio monetario por enfermedad no profesional, auxilio funerario, auxilio de
cesantías, así como del seguro de vida colectivo obligatorio, violan el derecho
a la igualdad en la medida que el legislador establece un trato discriminatorio
en relación con los trabajadores vinculados mediante otras modalidades
contractuales; vulneran el derecho a la seguridad social por cuanto dejan
desprotegido a ese grupo profesional frente a los riesgos derivados del
trabajo; lesionan el derecho al trabajo en razón a que si bien esta clase de
trabajadores realizan actividades de carácter no permanente, son titulares de
unos derechos mínimos irrenunciables. En relación con el auxilio de cesantía,
argumentan además que se presenta una desprotección de los trabajadores más
pobres, colocando en peligro su subsistencia y la de sus familias, lo que
vulnera el artículo 53 Superior, que consagra derechos laborales
irrenunciables.
Consideran los demandantes que
los trabajadores ocasionales deben acceder a las prestaciones señaladas, en los
mismos términos que los trabajadores vinculados mediante otras modalidades de
contratación.
IV.
INTERVENCIONES
Del Ministerio de la Protección
Social
Solicita a la Corte que se
declare inhibida para proferir un fallo de fondo, debido a que las normas en
que se insertan los segmentos normativos impugnados se encuentran derogadas.
En tal sentido manifiesta
que el régimen sobre riesgos profesionales se encuentra previsto en el Decreto
1295 de 1994, el cual derogó las disposiciones contenidas en los artículos 223
literal b); 229 literal b); 247 (parcial), 251 literal b) y 289 (parcial), del
Código Sustantivo del trabajo, por lo que los cargos contra estas normas
carecen de fundamento.
Para este interviniente es
claro que en Colombia, a partir de la expedición de la Carta de 1991, todo
trabajador dependiente debe estar cobijado por el sistema de seguridad social
integral, independientemente de la naturaleza del contrato. En consecuencia, no
se puede admitir que hoy existan trabajadores que puedan estar excluidos de la
protección que brinda el Sistema General de Seguridad Social, “en lo que se
refiere a riesgos profesionales, pues habría una clara discriminación  y por
tanto se estaría vulnerando el derecho a la igualdad consagrado en la Carta
Superior”.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 242 numeral 2°, y 278 numeral 5° de la Constitución, el
Procurador General de la Nación emitió el concepto No. 4110 en el que solicita:
(i) respecto del literal b) del artículo 223 del Código Sustantivo del
Trabajo, estarse a lo resuelto en la sentencia C- 1004 de 2005; (ii)
declararse inhibida para pronunciarse respecto del literal b) del artículo 229,
así como en relación con las expresiones “este precepto no se aplica a los
trabajadores accidentales o transitorios” contendida en el artículo 247 y “excepto
de los ocasionales o transitorios” contenida en el artículo 289 del código
sustantivo del trabajo, por carencia actual de objeto; (iii) declarar
exequible el literal b) del artículo 251  del Código Sustantivo del Trabajo.
Fundamenta así su concepto:
1.     En
relación con el cargo contra el literal b) del artículo 223 acusado, el
Procurador General  solicita estarse a lo resuelto  en la sentencia C- 1004 de
2005, en la que la Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre
la constitucionalidad de esa disposición por carencia actual de objeto, puesto
que con la expedición de la ley 100 de 1993  y el Decreto 1295 de 1994, operó,
respecto de este precepto, la derogatoria por regulación integral.
2.     En
cuanto a los artículos 229 b), 247 (parcial) y 289 (parcial),  en concepto del
Procurador, constituyen hoy tan sólo un dato histórico, por cuanto respecto de
ellos ha operado el fenómeno de la derogatoria, en virtud de la regulación
integral de la materia efectuada por la Ley 100 de 1993 y los Decretos 1295 y
1346 de 1994. Una errada interpretación que llevara a afirmar la vigencia de
estas normas, desconocería el contenido constitucional del principio de
universalidad que guía la prestación del servicio público de la seguridad
social.
3.     Para
el Ministerio Público, es claro que en Colombia, a partir de la Constitución de
1991, independientemente de la clase de contrato de trabajo que se tenga, todo
trabajador dependiente debe estar cobijado por el sistema de seguridad social,
en virtud del principio de universalidad, cuyo objetivo, en materia de riesgos
profesionales, entre otros, es el de mejorar las condiciones de la clase
trabajadora, protegiéndola contra los riesgos que puedan afectar su salud y
demás riesgos derivados del trabajo (Cfr. Art. 13 del Decreto Ley 1295 de
1994). Una interpretación distinta vulnera el contenido constitucional del
principio de universalidad.[2]
4.     Respecto
del artículo 251b) del Código Sustantivo del Trabajo, el Procurador sustenta su
exequibilidad en que la vocación de permanencia de las funciones que ejercen
los trabajadores no ocasionales, constituye un factor de diferenciación que no
permite su homologación con quienes están vinculados de manera transitoria para
desarrollar una tarea circunstancial que no está vinculada con las actividades
del empleador. En el caso específico del auxilio de cesantías, su objetivo es
el de que el trabajador cuente con un ahorro ante la eventual pérdida del
empleo, y es la ocurrencia de esta eventualidad la que se pretende aliviar.
Esta consideración toma en cuenta la vocación de permanencia del  contrato de
trabajo, derivada de la estabilidad que comporta la labor que se desempeña,
eventualidad que no se presenta en el caso del contrato ocasional o accidental.
Así, la
situación de los trabajadores permanentes no resulta comparable con la de
aquellos cuyo vínculo laboral es transitorio, por lo que el trato diferente no
puede ser considerado discriminatorio. En consecuencia, las excepciones
acusadas en relación con el reconocimiento y pago del auxilio de cesantía a
quienes están vinculados mediante contrato de trabajo ocasional, accidental o
transitorio, no comporta vulneración al derecho a la igualdad, y por ende
tampoco a los artículos 25 y 53 de la Constitución.
VI.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.  Competencia de la Corte
De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte
Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la
demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada
forma parte de la Ley 141 de 1961, que adoptó como legislación permanente los
Decretos 2663 y 3743 de 1950.
2.
Problemas y temas  jurídicos a tratar
A juicio de los demandantes las
disposiciones legales que excluyen a los trabajadores accidentales o
transitorios del auxilio monetario por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional, auxilio monetario por enfermedad no profesional, auxilio
funerario, auxilio de cesantías, así como del seguro de vida colectivo
obligatorio, violan el derecho a la igualdad (Art. 13) en la medida que el
legislador establece un trato discriminatorio en relación con los trabajadores
vinculados mediante otras modalidades contractuales; vulneran el derecho a la
seguridad social  (Art. 48) por cuanto dejan desprotegido a ese grupo
profesional frente a los riesgos derivados del trabajo; lesionan el derecho al
trabajo (Arts. 25 y 53) en razón a que si bien esta clase de trabajadores
realizan actividades de carácter no permanente, son titulares de unos derechos
mínimos irrenunciables.
El Ministerio de la Protección
Social considera que las expresiones legales demandadas se encuentran
actualmente derogadas, debido a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993,
normatividad que ampara a todos los trabajadores dependientes, sin
consideración a la naturaleza del contrato.
El Ministerio Público, por su
parte, comparte la posición del Ministerio de la Protección Social en el
sentido que se trata de normas derogadas, salvo en lo referente al auxilio de
cesantía. Sobre este particular, a juicio del Procurador, no se presenta
violación alguna al derecho a la igualdad por cuanto no resulta comparable la
situación de los trabajadores accidentales o transitorios con la de otros
vinculados por contratos laborales con mayor vocación de permanencia.
En este orden de ideas
corresponde a la Corte examinar (i) la vigencia o derogatoria de las
normas que contienen las expresiones demandadas; (ii) de llegar a
establecer la vigencia de todas o algunas de ellas, debe examinar si se
estructuran verdaderos cargos de inconstitucionalidad por violación de los
artículos 13, 25, 48 y 53 de la Carta.
Para resolver tales cuestiones la
Corte seguirá la siguiente ruta: (i) establecerá un marco conceptual
sobre el trabajo ocasional o transitorio en el régimen laboral colombiano , (ii)
examinará la vigencia de las normas que contienen cada una de las expresiones
acusadas; (iii) reiterará su jurisprudencia sobre la protección
constitucional al trabajo y el carácter universal de la seguridad social; (iv)
estudiará cada uno de los segmentos normativos acusados, que resulten
vigentes, a la luz de los anteriores conceptos; (v) determinará si se
estructuran cargos de inconstitucionalidad contra las expresiones demandadas
por vulneración de los artículos 13, 25, 48 y 53 de la Constitución.
3.  El trabajador ocasional,
accidental o transitorio en el régimen laboral colombiano
El artículo 6° del Código
Sustantivo del Trabajo define el contrato de trabajo ocasional, accidental o
transitorio como aquel de corta duración, no mayor de un mes y que se
refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador[3].
Son dos, entonces, los factores concurrentes que tomó en cuenta el legislador
colombiano para caracterizar el trabajo denominado ocasional, transitorio o
accidental. De una parte, el factor temporal,  en cuanto se trata de
un contrato de corta duración (no mayor de un mes), y de otra, el factor
material, en cuanto su objeto es extraño al giro normal o usual de las
actividades realizadas por el empleador.
Así lo ha explicado la
jurisprudencia especializada, al señalar:
“Una siembra de
eucaliptos no es extraña a la agricultura ni menos a la explotación económica
de una finca rural en donde se realizó, a pesar de que el propietario de la
finca no sea propiamente un arboricultor; y si tal siembra dura 18 meses, con
menos razón puede dársele el carácter de trabajo ocasional de que trata el artículo
6° del C.S.T.”[4]
Las características esenciales
que determinan la  transitoriedad de la labor, y particularmente la necesidad
de que concurran los dos factores a que alude el artículo 6° del C.S.T., han
sido destacadas también por la Corte Suprema de Justicia:
“La
ocasionalidad o transitoriedad del servicio se caracteriza, como lo sostiene el
Código, por su corta duración, circunstancia que se opone a la idea de
permanencia o continuidad de la labor. Más si ésta se ejecuta en largo lapso,
aunque ocurran interrupciones de breve duración, no debe estimarse como un
trabajo ocasional”[5].
En conclusión, los trabajadores
ocasionales en Colombia son aquellos que prestan una labor orientada a
satisfacer necesidades extraordinarias de la empresa, que como tal escapa al
giro ordinario de la actividad que desarrollan, durante un breve lapso que no
puede exceder del mes. La temporalidad y precariedad de la vinculación debe
concurrir con la naturaleza de la actividad en cuanto extraña a  la finalidad
que ejecuta la empresa. La labor del trabajador ocasional responde así a
exigencias y necesidades momentáneas o extraordinarias del empleador, que
justifican la brevedad de su vinculación.
No obstante tales
particularidades, tratándose de una de las especies del contrato de trabajo que
contempla la ley laboral, incorpora los mismos elementos esenciales que
conforme al artículo 23  del C.S.T. deben concurrir en un contrato de trabajo.
4. La Derogatoria
orgánica de los artículos 223 literal b), 229 literal b); 247 y 289 del Código
Sustantivo del Trabajo.
Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación, no es la acción de inconstitucionalidad el medio idóneo para
declarar formalmente que una norma ha sido tácitamente derogada, “la acción
pública de inconstitucionalidad exige de esta Corporación un juicio de validez
y un análisis constitucional. No ha sido concebida para que la Corte haga un
juicio de vigencia ni un estudio de los efectos derogatorios de las normas
jurídicas. Cuando la Corte ha  entrado a definir si la norma demandada está
vigente, lo ha hecho para determinar la materia legal sujeta a su control. El
análisis de vigencia de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para
determinar el objeto del control”[6].
Con el propósito de
determinar la materia legal sujeta a control en el presente evento, procede la
Corte a examinar si los preceptos en los cuales se insertan las expresiones
demandadas se encuentran vigentes o si, tal como lo señalan el Procurador General
de la Nación y el Ministerio de la Protección Social, ellos se encuentran
tácitamente derogados.
Al respecto conviene
señalar que la derogatoria es aquel efecto de una ley, determinante de la
pérdida de vigencia de otra ley anterior, la cual puede ser expresa o tácita.
Este último evento tiene lugar al menos en dos hipótesis: (i)cuando una
norma jurídica posterior  resulta incompatible con una anterior , o (ii) cuando
se produce una nueva regulación integral de la materia[7].
Así lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación al señalar que la
derogatoria de una ley puede ser “expresa, tácita o por reglamentación
integral (orgánica)  de la materia, sucediendo la primera cuando la
nueva ley suprime formal y específicamente la anterior; la segunda cuando la
nueva ley contiene disposiciones incompatibles o contrarias a la de la antigua,
y la tercera cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o
varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las
disposiciones de éstas y las de la nueva ley[8]”. (Se destaca).
Procede entonces la Corte a
examinar respecto de cada disposición, si se presenta el fenómeno de
derogatoria tácita. Por tratarse de normas que regulan prestaciones sociales,
vinculadas al concepto de seguridad social, y en tal condición orientadas a
cubrir contingencias inherentes al trabajo, es preciso determinar si ellas
fueron subsumidas por el Sistema Integral de Seguridad Social o por alguno de
los subsistemas que lo integran.
4.1. Regulación
integral, por el Sistema Integral de Seguridad Social, de las materias de que
tratan las disposiciones acusadas.
Las materias de que tratan
los artículos 223b), 229b), 247 y 289, fueron integralmente reguladas por el
sistema general de seguridad social, configurado en la Constitución Política,
la Ley 100 de 1993, el Decreto Ley 1295 de 1994 y sus decretos reglamentarios,
tal como se demuestra a continuación.
La Constitución Política
(art. 48) estableció una serie de principios y reglas generales que sirven de
marco a la regulación de la seguridad social en su doble carácter de servicio
público obligatorio, y de derecho irrenunciable que se garantiza a todos los
habitantes del territorio nacional .
Del catálogo de reglas y
principios que establece la Constitución, se destacan los siguientes. (i) El
reconocimiento de la seguridad social como un derecho irrenunciable de todos
los habitantes del territorio nacional; (ii) su naturaleza de servicio
público obligatorio, cuya dirección, control y manejo se encuentra a
cargo del Estado; (iii) la posibilidad de autorizar su prestación bajo
reglas de concurrencia entre entidades públicas y particulares; (iv) la
sujeción en su configuración, implementación y aplicación a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad[9].
Según el principio de universalidad,
la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social
debe amparar a todas las personas residentes en Colombia, en cualquiera de las
etapas de su vida, sin discriminación alguna por razones de sexo, edad, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica,
etc.
Del carácter obligatorio
del servicio público de la seguridad social, y de su condición correlativa de
derecho irrenunciable establecido a favor de todos los habitantes del
territorio nacional, surge una de las obligaciones básicas que tiene el
empleador en toda relación laboral, consistente en afiliar a sus trabajadores
al sistema de seguridad social, tanto en salud, pensiones, como en riesgos profesionales,
y el consiguiente traslado de los aportes respectivos a la entidad prestadora
correspondiente, con el fin de garantizar que los trabajadores gocen de
protección durante todo el período laboral.
Como lo ha señalado
consistentemente la jurisprudencia de esta Corporación[10]
no se trata de un acto de mera liberalidad o de una acción potestativa del
patrono, sino de un deber que propende por la efectividad de la protección
constitucional al trabajador, y por el establecimiento de las condiciones
dignas y justas en que deben desarrollarse las relaciones de trabajo (Arts. 25
y 53 C.P.).
En este sentido el artículo
153 de la Ley 100 de 1993 establece la obligatoriedad para todos los habitantes
de afiliarse al sistema general de seguridad social en salud, y el correlativo
deber de todo empleador  de afiliar a sus trabajadores a dicho sistema.
Por su parte el artículo 161 ibídem señala, como uno de los deberes del
empleador, el de inscribir en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a todas
las personas que tengan alguna vinculación laboral, sea ésta verbal o
escrita, temporal o permanente. En tanto que el artículo 271 de la misma
ley, contempla las sanciones imponibles al empleador cuando, por cualquier
medio, impida o atente contra el derecho del trabajador a su afiliación y
selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social
Integral.
El Sistema Integral de
Seguridad Social se orienta así a  garantizar que, ante cualquier eventualidad
o afectación de la salud o la integridad, el trabajador podrá acudir a las
entidades correspondientes a fin de obtener la atención necesaria. Ello en
razón a que la finalidad de la cobertura de la seguridad social es amparar a
los trabajadores y a sus beneficiarios frente a las afectaciones y deterioros a
que están expuestas su salud y su vida, y los riesgos de accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y vejez, durante el término que dure la vinculación
laboral,  con independencia de la modalidad del contrato que la origine, o de
la naturaleza de la actividad.
Con fundamento en el marco
anterior procede la Corte a examinar la derogatoria específica de cada una de
las normas en las cuales se insertan las expresiones demandadas.
4.1.1. Accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales
La Corte encuentra que la
expresión “a los trabajadores ocasionales o transitorios” del  artículo
223 b) del C.S.T. referente a la exoneración de pago por accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales fue tácitamente derogado por la Ley 100 de 1993 y
el Decreto Ley 1295 de 1994[11].
En
efecto el Art. 8º de la ley 100 de 1993 señala que dicho sistema está
conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud y
riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen
en la misma ley.
Mediante
el Art. 139, Num. 11, de dicha Ley, el Congreso de la República otorgó
facultades extraordinarias al Presidente de la República para “dictar las
normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas
y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores
de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.  En todo caso, la
cotización continuará a cargo de los empleadores”.
En ejercicio de dichas facultades
el Presidente de la República expidió el Decreto ley 1295 de 1994, “por el
cual se determina la organización y administración del Sistema General de
Riesgos Profesionales”. Este decreto contiene las disposiciones generales y
las relativas a riesgos profesionales, afiliación y cotizaciones al sistema,
clasificación, prestaciones, servicios de prevención, prevención y promoción de
riesgos profesionales, dirección y administración del sistema, fondo de riesgos
profesionales y sanciones.
El sistema de riesgos
profesionales configurado por el Decreto Ley 1295 de 1994, está diseñado para
atender los accidentes y las enfermedades que se produzcan en relación con la
actividad laboral o profesional del afiliado. Para el efecto, los artículos 9°
y 10 del Decreto 1295 de 1994 definen el accidente de trabajo como “un
suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que le
produce al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una
invalidez o la muerte”. Por su parte, el artículo 11 del mismo estatuto
establece que la enfermedad profesional es “todo estado patológico,
permanente o temporal, que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de
la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto
obligado a trabajar”.
Se trata de contingencias
asumidas por el Sistema de Riegos Profesionales, para lo cual la ley exige al
empleador reportar a la ARP y a la EPS a las cuales tiene afiliados a sus
trabajadores, todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra “dentro
de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la
enfermedad” (Art. 62 inc. 2° del Decreto 1295/94).
Se observa así que, en
cumplimiento de la voluntad del legislador ordinario de otorgar facultades
extraordinarias al ejecutivo, el Decreto ley 1295 de 1994 reguló la integridad
de la materia concerniente al Sistema General de Riesgos Profesionales, y en
particular lo relativo a los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales, por lo que el artículo 223, Lit. b), del C. S. T. acusado, se
encuentra derogado por tal normatividad, que no estableció diferenciación
alguna entre contratos ocasionales y otras formas de vinculación laboral.
En consecuencia, la Corte se
declarará inhibida para pronunciarse de fondo en relación con la expresión “a
los trabajadores accidentales o transitorios” del artículo 223 b) del
C.S.T., por carencia actual de objeto.
4.1.2. Auxilio monetario
por enfermedad no profesional
Constata así mismo la Corte
que la expresión “a los trabajadores accidentales o transitorios” del
artículo 229 b) del C.S.T. referente a las excepciones al pago del auxilio
monetario por enfermedad no profesional, fue derogado tácitamente por la ley
100 de 1993.
En efecto, la mencionada
prestación se encontraba inicialmente regulada en el artículo 227 del C.S.T.,
que preveía el pago de un auxilio monetario hasta por 180 días, así: las dos
terceras partes del salario durante los primeros 90 días y la mitad del salario
por el tiempo restante, en caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus
labores, “ocasionada por enfermedad no profesional”. De conformidad con
el artículo 199 del C.S.T. esta clase de prestaciones “dejarán de estar a
cargo de los empleadores cuando el riesgo de ellas sea asumido por el Instituto
Colombiano de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los
reglamentos que dicte el mismo Instituto”.
Con la expedición del
Decreto 770 de 1975 se produjo la subrogación, en el asegurado, del  riesgo
patronal por enfermedad general radicado en cabeza del Instituto de los Seguros
Sociales,  sin que se realizara distinción alguna derivada de la actividad
desarrollada o de la clase de contrato laboral suscrito.
Ya en vigencia de la actual
Constitución, la Ley 100 de 1993 dispuso que deberán estar afiliados al régimen
contributivo “las personas vinculadas a través de contrato de trabajo” (Art.
157.1) sin establecer tampoco distinción alguna derivada de la naturaleza de la
actividad desarrollada o de la modalidad de la vinculación. En desarrollo de
ese precepto, el Decreto 806 de 1998, por el cual se reglamenta la afiliación
al régimen de seguridad social y la prestación de los beneficios del servicio
público esencial de Seguridad Social en Salud, dispuso en su artículo 28:
“Artículo 28. Beneficios
de los afiliados al régimen contributivo. El régimen contributivo garantiza
a sus afiliados cotizantes los siguientes beneficios:
(…)
b) El subsidio en dinero
en caso de incapacidad temporal derivada por enfermedad o accidente ocasionados
por causa de origen no profesional”.
Es claro entonces, que en
el marco del Sistema de Seguridad Social en Salud, el término de duración de la
actividad contratada no es relevante para establecer el deber de afiliación,
predicándose de toda vinculación laboral. En consecuencia, se entiende derogada
la exclusión de los trabajadores transitorios o accidentales del pago del
auxilio monetario por enfermedad no profesional.
Por tal razón, la Corte se
declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de mérito en relación con la
expresión “a los trabajadores accidentales o transitorios” del artículo
229 b) del CST, por carencia actual de objeto.
4.1.3. El auxilio
funerario
En lo que concierne a la
expresión “Este precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o
transitorios” del artículo 247 del C.S.T. referente a los gastos de
entierro del  trabajador, considera la Corte que también se encuentra
derogada por la ley 100 de 1993, que estableció la obligación para los
empleadores de afiliar a sus trabajadores a los tres subsistemas que conforman
el Sistema de Seguridad Social Integral, sin exclusión alguna derivada de la
naturaleza de la actividad o del término de duración del vínculo contractual.
Se trata de una prestación que es asumida, ya no por el empleador, sino por los
subsistemas pensional o de riesgos profesionales, según el caso. Al respecto el
artículo 51 de la Ley 100 de 1993 establece:
“Artículo 51. Auxilio Funerario. La persona que compruebe haber
sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a
percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización,
o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el
caso, sin que éste auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.
Cuando los gatos funerarios por disposición legal o reglamentaria deban
estar cubiertos por una póliza de seguros, el Instituto de Seguros Sociales,
cajas, fondos o entidades del sector público podrán repetir contra la entidad
aseguradora que lo haya amparado por las sumas que se paguen por este
concepto”.
A partir de las anteriores
constataciones encuentra la Corte que si bien el artículo 247 del C.S.T. no fue
expresamente derogado por la Ley 100 de 1993 ni por el decreto ley 1295 de
1994, no cabe duda que la materia por aquél regulada fue objeto de una  regulación
posterior que no establece distinción ni exclusión  alguna  respecto de los
trabajadores que deben ser afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral,
fundadas en la naturaleza de la actividad desarrollada o del término de la
misma. La norma se encuentra, en consecuencia tácitamente  derogada por
regulación integral de la materia.
En este orden de ideas la
Corte se declarará inhibida para pronunciarse de fondo sobre la expresión “Este
precepto no se aplica a los trabajadores accidentales o transitorios” del
artículo 247 del C.S.T., por carencia actual de objeto.
4.1.4. El seguro de vida
colectivo obligatorio
En lo que concierne al
segmento normativo “excepto los ocasionales o transitorios” del artículo
289 del C.S.T., relativo al seguro de vida colectivo obligatorio, encuentra la
Corte que igualmente se encuentra derogado, en virtud de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993.
En efecto, se trata de una
prestación especial que también fue asumida por el Sistema de Seguridad Social
Integral establecido por la Ley 100 de 1993, en virtud del cual se garantizó “a
toda la población” las contingencias originadas en la muerte. Así se
deriva, entre otras normas, de los artículos 10 de la mencionada Ley que
dispone:
“Artículo 10. Objeto
del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tiene por
objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se reconocen en la presente ley, así como
propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de
población no cubiertos con un sistema de pensiones”.
En este sentido, es claro
para la Corte que en la actualidad el seguro de vida colectivo fue sustituido
por la pensión de sobrevivientes o la correspondiente indemnización sustitutiva
contemplada en el Sistema General de Pensiones previsto en la ley 100 de 1993,
las cuales deben ser asumidas por el fondo de pensiones al cual se encuentre
afiliado el causante, tal y como lo entendió en alguna oportunidad la Corte
Suprema de Justicia[12].  Si bien es cierto, la
Ley 100 de 1993 no derogó expresamente el artículo 289 del C.S.T., no cabe duda
alguna que el nuevo Sistema de Seguridad Social Integral reguló por completo la
materia, configurándose así el fenómeno de la derogatoria tácita.
Así las cosas, la Corte se
declarará inhibida para emitir un pronunciamiento  de fondo en relación con la
expresión “excepto los ocasionales y transitorios”, del artículo 289 del
C.S.T. por carencia actual de objeto.
En conclusión, esta
Corporación estima que las disposiciones examinadas (Arts. 223b), 229b, 247 y
289 del C.S.T.) en las cuales se insertan los segmentos normativos impugnados,
no se encuentran vigentes por haber operado el fenómeno de la derogatoria
tácita por virtud de la expedición de la ley 100 de 1993.
Al respecto es preciso
reiterar la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido que cuando en el
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se acusen preceptos
legales que han sido derogados, sustituidos o modificados por un acto propio y
voluntario del legislador, no existe fundamento lógico para que el órgano de
control constitucional entre a juzgar de fondo su potencial incongruencia con
el ordenamiento superior, imponiéndose un pronunciamiento inhibitorio por
carencia actual de objeto o sustracción de materia[13].
A tal determinación se llega, si
se analiza que el proceso de inexequibilidad persigue, de manera específica y
unívoca, retirar del ordenamiento jurídico aquellos preceptos que tiendan a
amenazar o desconocer los principios y valores que la Constitución Política
proclama, hecho que, por supuesto, no tiene ocurrencia cuando la norma ha
dejado de regir.
No obstante lo anterior, en
procura de cumplir fielmente con la función garantizadora de la integridad y
supremacía de la Constitución, esta Corporación ha precisado que la denominada
carencia actual de objeto no siempre debe conducir a una decisión inhibitoria
pues, aún en el evento en que la norma cuestionada haya perdido su vigencia
formal, es muy posible que, desde el punto de vista material, la misma siga
produciendo efectos jurídicos o, lo que es igual, continúe proyectándose
ultractivamente, lo cual generaría un grave perjuicio para la juridicidad si
tales efectos devienen contrarios a los mandatos superiores que gobiernan el
Estado Social de Derecho.
En aplicación de esta regla la
Corte ha asumido el estudio de fondo de demandas de inconstitucionalidad contra
disposiciones legales de carácter transitorio cuando las mismas continúan
produciendo efectos jurídicos[14]. Así mismo, se ha
pronunciado sobre normas respecto de las cuales, una vez efectuado el análisis
de vigencia para la determinación del objeto de control, subsiste incertidumbre
acerca de su derogatoria tácita.[15]
En el presente caso, tal como lo
señalan el Procurador General de la Nación, el Ministerio de la Protección
Social y lo  constata la Corte, no existe incertidumbre alguna acerca de la
derogatoria tácita de las normas objeto de la demanda, en virtud de la
regulación posterior que sobre estas materias operó como consecuencia de su
incorporación orgánica al Sistema Integral de Seguridad Social. Estas normas
además, no pueden estar produciendo efectos jurídicos teniendo en cuenta que
están referidas a contratos de muy corta duración (no mayor a un mes), y que su
derogatoria operó desde el momento en que entraron  en vigencia la Ley 100 de
1993, y el Decreto 1295 de 1994.
La eventual aplicación que los
operadores jurídicos[16] hicieren de estos
preceptos, que evidentemente no se encuentran vigentes, no puede ser objeto del
control abstracto de  constitucionalidad, situación que debe enfrentarse por la
vía del control  concreto en virtud de la posible estructuración de un error
sustancial en la selección del derecho aplicable.
5. El análisis de
constitucionalidad sobre el artículo 251b) del Código Sustantivo del Trabajo.
A juicio de los demandantes
la norma vulnera  los artículos 1°, 13, 25 y 53 de la Constitución conforme a
los cuales los trabajadores deben recibir un trato igualitario respecto de
quienes realizan un trabajo análogo, debido a que todo trabajador aporta su
fuerza de trabajo en la medida que éste lo exige, y por lo tanto se le deben
liquidar sus prestaciones, proporcionalmente a la productividad que generó a su
empleador. La exclusión de los trabajadores ocasionales del  régimen
prestacional establecido para los trabajadores que operan bajo otras formas de
vinculación contractual, comporta un trato discriminatorio y vulnera el artículo
53 de la Carta que contempla el derecho de los trabajadores a una remuneración
mínima vital y móvil.
5.1. La vigencia de la
norma y la naturaleza de la prestación.
El artículo 249 del código
sustantivo del trabajo establece el auxilio de cesantía como una prestación
social común a cargo del empleador de la cual son excluidos los trabajadores
ocasionales o transitorios conforme al artículo 251 b) demandado. Es preciso
señalar que no se presenta discusión acerca de la vigencia de esta norma, por
lo que procede la Corte a efectuar el estudio de mérito, a fin de establecer si
se estructuran verdaderos cargos de inconstitucionalidad.
El artículo 249 del Código
Sustantivo del Trabajo establece que, como regla general, “Todo empleador
está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las demás personas que se indican
en este capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía,
un mes de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por fracción
de año”.
La concepción sobre la naturaleza
jurídica de esta prestación ha variado, a través de las diversas legislaciones
que han regido la materia. Así, conforme a la Ley 10 de 1934[17],
que estableció este auxilio para los empleados del sector privado, se le
imprimió un carácter indemnizatorio que operaba por despido que no fuere
originado en mala conducta o por incumplimiento del contrato, comprobados.
La ley 6ª de 1945, extendió el
auxilio de cesantías a los obreros pertenecientes al sector privado, y a todos
los trabajadores oficiales de carácter permanente, manteniendo su carácter
indemnizatorio.
La Corte Suprema de Justicia así
lo entendió, en su momento, al reconocer el correlativo efecto sancionador para
el  empleador en caso de despido injusto : “Su razón de ser – del
auxilio de cesantía – era en primer término la de estabilizar al trabajador
en su cargo y aparece como una especie de sanción para el patrono que
despidiera sin justa razón a su empleado[18]”.
La ley 65 de 1946, replanteó el
carácter indemnizatorio de la cesantía al establecer que éste auxilio debe ser
pagado cualquiera que fuese el motivo del retiro. De esta forma se despojó de
su carácter sancionatorio para el empleador y correlativamente indemnizatorio
para el trabajador, y se convirtió en una prestación social.  Éste es el
carácter que le atribuye el Decreto 2663 de 1950, mediante el cual se sancionó
el Código Sustantivo del Trabajo, adoptado por la Ley 141 de 1961, que en el
capítulo VII regula el auxilio de cesantía, como un aparte del título
VIII, relativo a las “Prestaciones Patronales Comunes”.
Bajo esta concepción el auxilio
de cesantía se erige en una de las prestaciones más importantes para los
trabajadores y su núcleo familiar, y en uno de los fundamentos más relevantes
del bienestar de los mismos, en cuanto se considera el respaldo económico de
sus titulares para el acceso a bienes y servicios indispensables para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población asalariada.
Entendido así, el auxilio de
cesantía,  como un patrimonio que se va forjando día a día por el asalariado, y
que permanece en poder de los empleadores[19] mientras subsista el
contrato de trabajo, la ley (Art. 1° Ley 52 de 1975) estableció a favor de los
trabajadores particulares el reconocimiento de intereses anuales  sobre las
cesantías de los trabajadores del sector privado.
Con la expedición de  la Ley 50
de 1990 se modificó sustancialmente el régimen de cesantía a que tienen derecho
los trabajadores del sector privado. De acuerdo con esta nueva regulación, el
auxilio de cesantía quedó sometido a tres sistemas de liquidación diferentes: (i)
El sistema tradicional contemplado en el código sustantivo del trabajo
(Arts. 249 y ss), el cual se aplica a todos aquellos trabajadores vinculados
por contrato de trabajo antes del 1° de enero de 1991; (ii) el sistema
de liquidación definitiva anual, y manejo e inversión a través de los llamados
fondos de cesantías, creados por ésta ley, el cual se aplica exclusivamente a
los trabajadores vinculados por contrato de trabajo a partir del 1° de enero de
1991 y a los trabajadores antiguos que se acojan al nuevos sistema; y (iii) el
sistema de salario integral el cual se aplica a todos aquellos trabajadores
antiguos y nuevos que devenguen más de 10 salarios mínimos mensuales, y pacten
con su empleador el pago de un salario integral que contenga además de la
retribución ordinaria de servicios, el pago periódico de otros factores
salariales y prestacionales, incluida la cesantía a que tenga derecho el
trabajador.
Esta regulación mantiene el
carácter de prestación social del auxilio de cesantía, introduciendo un
elemento adicional consistente en un sistema de ahorro forzoso de los
trabajadores.
5.2. La exclusión de los
trabajadores ocasionales del auxilio de cesantía, es violatoria del principio
de universalidad que rige las prestaciones sociales.
Las prestaciones sociales constituyen pagos que el empleador hace al
trabajador, - directamente o a través de las entidades de previsión o de
seguridad social - ,  en dinero, especie, servicios u otros beneficios, con el
fin de cubrir  los riesgos o necesidades del trabajador originados durante la
relación de trabajo o con motivo de la misma. Se diferencian de los salarios en
que no retribuyen directamente los servicios prestados, y de las
indemnizaciones en que no reparan perjuicios causados por el empleador.
La ley laboral clasifica las prestaciones sociales a cargo del
empleador en dos grandes grupos : (i) Las prestaciones comunes, que son
aquellas que corren a cargo de todo empleador independientemente de su capital;
pertenecen a esta especie las prestaciones por accidente y enfermedad
profesional, el auxilio monetario por enfermedad no profesional, calzado,
overoles, protección a la maternidad, auxilio funerario, auxilio de cesantía; (ii)
las prestaciones especiales, que por el impacto económico que conllevan,
están a cargo de ciertas empresas  atendiendo a su capital, como son la pensión
de jubilación, el auxilio y las pensiones de invalidez, escuelas,
especialización, primas, servicios y seguro de vida colectivo.
La prestación social a que
se refiere la norma impugnada, forman parte de las denominadas prestaciones comunes
(Título VIII del Código Sustantivo del Trabajo) que corren a cargo de todo
patrono o empresa, independientemente de su capital.
Para abordar el juicio de
constitucionalidad conviene precisar que la prestación  a que se refieren la
norma demandada, se adscribe directamente al concepto de seguridad social,
quedando en consecuencia amparada por los principios de eficiencia, universalidad
y solidaridad que guían el servicio público obligatorio, y a su vez, derecho
irrenunciable de la seguridad social.
El artículo 53 de la
Constitución contempla la garantía de la seguridad social como uno de los
principios mínimos fundamentales que deben orientar la ley laboral, y que debe
traducirse en una política social del Estado. Uno de los atributos de esta
garantía es el de la  universalidad conforme al cual la función de
protección que incorpora debe amparar a todas las personas, sin discriminación,
en todas las etapas de la vida.[20] La idea de la
universalidad, tiene una dimensión subjetiva que se proyecta en la
protección a todos los individuos, y una dimensión objetiva referida
a la protección global de los riesgos y contingencias sociales. Una y otra
dimensión se encuentran complementadas por el principio de igualdad
protectora, en el sentido de protección en igual cuantía, sin distinciones
derivadas de la causa.[21]
Dentro de las contingencias
típicas cubiertas por un sistema contributivo de seguridad social, se encuentra
el desempleo[22]. Sin embargo en los
países en vía de desarrollo, por las obvias implicaciones económicas que
comporta una prestación de esta naturaleza, no se encuentra estructurada,
siendo cubierta de manera precaria por políticas sociales de fomento del
empleo, y mecanismos de ahorro forzoso como la prestación social del auxilio de
cesantía.
El Capítulo III del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que los
Estados parte reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de
trabajo equitativas y satisfactorias (Arts.7°), y a la seguridad
social (Art. 9)[23].
En criterio de esta Corte, amplia­mente
reiterado por la Sala Plena y por las distintas Salas de Revisión, el principio
de universalidad rige la cobertura de la Seguridad Social. Así lo ha destacado
desde sus primeras decisiones:
"(…) el artículo 48 de la
Carta fundamental consagra los tres principios que determinan la Seguridad
Social: eficiencia, solidaridad y universalidad, así:
(…)
Y la universalidad es el
principio relacionado con la cobertura de la Seguridad Social: comprende a
todas las personas. Ello es natural porque si, como se estableció, la dignidad
es un atributo de la persona, no es entonces concebible que unas personas gocen
de vida digna y otras no. Las calidades esenciales de la existencia no sabrían
ser contingentes. Simplemente, si son esenciales, se predican de todas las
personas".[24]
La universalidad implica
entonces, que toda persona tiene que estar cobijada por el sistema de
seguridad social. No es posible constitucionalmente que los textos legales excluyan
grupos de personas, pues ello implica una vulneración al principio de
universalidad. Esta definición fue reiterada posteriormente:
“Para concluir, cabe agregar
que el principio constitucional de "universalidad" que rige la
seguridad social se relaciona con la garantía de protección a todas
las personas, sin discriminación alguna. Es decir, que los servicios de salud
deben cubrir a toda la población, como en efecto ocurre en el sistema de
seguridad social contenido en la ley 100 de 1993, que ampara a todos los
habitantes del país tengan o no capacidad de pago.”[25]
Estas definiciones han sido
acogidas en varias sentencias, convirtiéndose en parte del sustento jurídico
central de las decisiones que en ellas se tomaron.[26]
El artículo 251 b) del Código
Sustantivo del Trabajo, contempla la exclusión de un sector de la población –
los trabajadores ocasionales –  de una prestación que es  inherente a su
condición de trabajadores. Esta exclusión vulnera el principio de universalidad
de la seguridad social, prevista como una de las garantías  mínimas e irrenunciables
que conforme a la Constitución (Arts. 25 y 53) debe orientar el estatuto
laboral.
Las contingencias provenientes de
la actividad laboral, la necesidad de establecer condiciones dignas de trabajo,
la protección de la seguridad económica de los individuos que derivan su
sustento y el de sus familias del trabajo dependiente, son circunstancias que
se predican de todos los trabajadores dependientes,  sin consideración a la
naturaleza del contrato que los vincula, ni a la actividad desarrollada por la
empresa. Así, la exclusión de los trabajadores ocasionales de la prestación
social del auxilio de cesantías es contraria al atributo de la universalidad
que orienta la garantía de la seguridad social, principio mínimo fundamental
que debe guiar la legislación en materia laboral (Art. 53).
5.3. La exclusión de los
trabajadores ocasionales del pago del auxilio de cesantía, vulnera la especial
protección constitucional al trabajador .
El texto constitucional en su
conjunto presenta un amplio marco de protección al trabajo en su dimensión
objetiva, y al trabajador en su concepción subjetiva. Así, el trabajo
constituye un valor y una aspiración del Estado Social de Derecho. Desde el
Preámbulo se establece  que el fin de la Constitución es asegurar a sus integrantes
la vida, el trabajo, la justicia, la igualdad, entre otros valores,
erigiéndose además en un principio de obligatoria observancia por todos los
operadores jurídicos. En este sentido el artículo 1° de la Carta señala que el
Estado Social de Derecho está fundado en el respeto de la dignidad humana y en el
trabajo, entre otros valores. Constituye además un derecho fundamental que
se garantiza mediante acciones de control, vigilancia, prestación, y en
general, bajo el amparo de la consagración de unos deberes estatales
establecidos en el artículo 25 conforme al cual “el trabajo es un derecho y
una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas”.
La protección reforzada que el
texto constitucional brinda al trabajo en sus dimensiones individual y
colectiva, productiva e instrumental, pero en todo caso como medio para el
fortalecimiento de la dignidad humana, deviene también del artículo 53 de la
Carta que dispuso un mínimo de principios fundamentales, tales como la igualdad
de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la actividad y calidad del trabajo y la  garantía a la seguridad
social, entre otros. En este contexto constitucional es evidente que existen
especiales garantías para quienes desarrollan una actividad productiva
protegida por el Estado, la cual debe prodigarse independientemente de si el
trabajador se desempeña bajo una forma de vinculación indefinida, de  larga o
de corta duración, y al margen de la naturaleza de las actividades que
desarrolla el empleador.
La especial protección que la
Constitución exige a los poderes públicos y a los particulares en relación con
el trabajo y las condiciones en que se desenvuelve ha sido destacada así por la
jurisprudencia de esta Corporación:
“La norma
superior destaca que el trabajo objeto de esa especial protección exige, como
algo esencial, las condiciones dignas y justas en la relación
laboral.
El trabajo
es uno de los valores esenciales de nuestra organización política, tal como lo
declara el Preámbulo de la Constitución y lo reafirma su artículo 1º al señalarlo
como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho.
[E]l mandato
constitucional de protegerlo como derecho-deber afecta a todas las ramas y
poderes públicos y tiende al cumplimiento de uno de los fines primordiales del
Estado: el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
plasmados en la Constitución, particularmente los que, para el caso del
trabajo, se derivan del esfuerzo y la labor del hombre.[27]”
Se protege
el trabajo como derecho fundamental en todas sus modalidades y se asegura el
derecho de toda persona a desempeñarlo en condiciones dignas y justas (Art. 25
C.N.).
No se trata
tan solo de que se defienda institucionalmente la posibilidad y la obligación
de alcanzar una ubicación laboral y de permanecer en ella, sino de un concepto
cualificado por la Constitución que se relaciona con las características de la
vinculación laboral y con el desempeño de la tarea que a la persona se confía
en lo referente al modo, tiempo y lugar en que ella se cumple, todo lo cual
tiene que corresponder a la dignidad del ser humano y realizar en el caso
concreto el concepto de justicia.
De acuerdo
con la Constitución Política de 1991, la relación laboral no puede ser -jamás
ha debido serlo- aquella que se genera entre quien busca un objetivo y uno de
los medios que utiliza para lograrlo.
El patrono
-oficial o privado- no puede hoy tomar al trabajador apenas como un factor de
producción, lo que sería humillante e implicaría una concepción
inconstitucional consistente en la pura explotación de la persona. Ha de
reconocerle su individualidad y tener en cuenta el respeto que demandan su
naturaleza y necesidades. Debe comprender, asimismo, que de la persona del
trabajador dependen otras y que cada acto que lo involucra, en bien o en mal,
repercute necesariamente en su familia.
[L]a
perspectiva humana en la conducción de toda política estatal sobre trabajo
constituye elemento medular de la concepción del Estado Social de Derecho,
"según el cual el Estado y las instituciones políticas y jurídicas que se
fundan en su estructura tienen por objetivo y razón de ser a la persona y no a
la inversa, de donde se concluye que ningún proyecto de desarrollo económico ni
esquema alguno de organización social pueden constituirse lícitamente si
olvidan al hombre como medida y destino final de su establecimiento"[28].
Lo anterior no
significa que el legislador no pueda establecer diferentes tipos de vinculación
laboral, puesto que dentro de su libertad de configuración política se
encuentra la de diseñar fórmulas laborales e instrumentos contractuales que
respondan a las necesidades sociales.  Sin embargo, sobre el particular ha
recordado la Corte que “si bien el legislador goza de potestad de
configuración para regular la libertad económica así como para establecer los
mecanismos de promoción empresarial, debe tener en cuenta el necesario
equilibrio entre la libertad de empresa y los derechos de los trabajadores”[29].
En el presente
caso la expresión acusada hace parte de las excepciones a la regla general
prevista en el artículo 249 del C.S.T., según la cual todo empleador está
obligado a pagar a sus trabajadores, como auxilio de cesantía, un mes de
salario por cada año de servicio, y proporcionalmente por cada fracción de año.
El literal b) del artículo 251, acusado, excluye a los trabajadores
accidentales o transitorios de tal prestación social.
Así, el
literal b) del artículo 251 C.S.T. es el resultado del ejercicio de una
competencia asignada por la Constitución al Congreso que en consecuencia parte
del reconocimiento del principio democrático, y goza de la presunción de
constitucionalidad que existe sobre las decisiones que toma el legislador, pero
cuyo contenido no puede ser consecuencia de una decisión arbitraria y caprichosa
de éste sino que debe estar fundada en un mínimo de racionalidad.[30]
Desborda el
marco de libertad de configuración normativa el legislador, cuando establece un
precepto que restringe algunos de los principios fundamentales del derecho al
trabajo como “la igualdad de oportunidades para los trabajadores” y el derecho
del trabajador a que su remuneración sea “proporcional a la cantidad y calidad
del trabajo” (Art. 53 superior), en relación con un grupo de trabajadores (los
ocasionales o transitorios) vinculados mediante una modalidad contractual que
goza de la protección constitucional establecida en la mencionada disposición.
El auxilio de
cesantía tiene como finalidad cubrir o prever las necesidades que se originan
para el trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por lo que
resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo. Se trata
de un objetivo acorde con los principios de una Constitución humanista fundada
en el respeto por la dignidad humana, en este caso, del trabajador.
Si bien de la
lógica de la norma se deduce que la exclusión de los trabajadores ocasionales o
transitorios del pago del auxilio de cesantía también tiene como objetivo la
promoción de un fin constitucional como es la libertad de empresa, tal como
está consagrada en el artículo 333 de la Carta, la jurisprudencia de esta Corte
ha precisado que  la empresa como base del desarrollo cumple una función social
que implica obligaciones por lo que el trabajador no puede ser considerado como
un mero factor de producción, y cualquier política pública sobre las
condiciones laborales, debe tomar en cuenta que “de la persona del
trabajador dependen otras y que cada acto que lo involucra, en bien o en mal,
repercute necesariamente en su familia.[31]”
La protección
del fin legítimo de la promoción de la libertad de empresa no puede producirse
a costa del sacrificio de otros principios constitucionales más amplios como la
especial protección que el Estado debe brindar al trabajo[32],
y en particular los  principios de igualdad de oportunidad para los
trabajadores, remuneración proporcional a la calidad y cantidad de trabajo,
prohibición para el legislador de menoscabar los derechos de los trabajadores
(Art. 53), así como el principio de universalidad que rige las prestaciones
sociales como elemento integrador del concepto de seguridad social (Arts. 48 y
53).
Por lo tanto, al encontrar que la
expresión “a los trabajadores accidentales o transitorios” del artículo
251b) del C.S.T., estructura un desbordamiento de la potestad de configuración
del legislador en materia laboral, en cuanto vulnera principios
constitucionales que promueven valores de igualdad, de equidad, de justicia y
dignidad en las condiciones laborales (Arts. 25 y 53), así como el de la universalidad
en la cobertura de todas las contingencias inherentes al trabajo, con miras
a la realización de los fines sociales del Estado de derecho, la Corte
declarará la inexequibilidad del segmento normativo demandado.
Esta decisión es coherente con
una clara línea jurisprudencial trazada por esta Corporación, orientada a la
ampliación de la cobertura de ciertas prestaciones sociales, a sectores de
trabajadores que han sido injustificadamente excluidos de las mismas por el
legislador, tal como se explica a continuación.
5.4. La tendencia
jurisprudencial en materia de aplicación del principio de universalidad en
materia de  prestaciones sociales
Existe, una jurisprudencia
consistente de esta Corporación encaminada a ampliar los derechos
prestacionales de ciertos sectores de trabajadores, que han sido
injustificadamente restringidos por el legislador mediante tratamientos
diferenciados, que no estaban fundados en una justificación constitucional
razonable. (Art.53).
En este sentido en la sentencia
C- 51 de 1995[33] la Corte declaró la
inexequibilidad del numeral 1° del artículo 252 del Código Sustantivo del
Trabajo  que restringía el auxilio de cesantía a los trabajadores del servicio
doméstico y de ciertas empresas clasificadas de acuerdo a su actividad y su
capital. Consideró la Corte  que, “ La limitación del auxilio de
cesantía se opone a la elevación del nivel de vida de los servidores
domésticos, elevación impuesta por la solidaridad social”.
En la sentencia C – 042 de 2003[34]
la Corte declaró la inexequibilidad de una expresión del artículo 306 del
código sustantivo del trabajo que generaba una limitación a la prima de
servicios para los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo a
término indefinido o a término fijo igual o superior a un año. No encontró la
Corte “(…) razonable ni proporcionado que en los contratos de trabajo a
término indefinido o a término fijo, igual o superior a un año, se condicione
el pago de la prima de servicios, a que el trabajador haya laborado por un
período fijado por el legislador a su arbitrio (…) Todos los trabajadores,
independientemente de la clase de contrato que haya utilizado para su vinculación
a la empresa de carácter ´permanente´ tienen derecho a esta prestación patronal
especial”.
En la sentencia C- 100 de 2005[35],
se declaró inexequible la expresión “permanente” del artículo 306 del
código sustantivo del trabajo, para ampliar la prestación de la prima de
servicios a los trabajadores vinculados a empresas que no tengan carácter
permanente. Dijo la Corte: “En la Legislación
laboral  se establece para el caso de los contratos a termino fijo menores de
un año la obligación de pagar la prima de servicios, lo que significa que
independientemente de la empresa para la que se trabaje sea permanente o no
quien se encuentre vinculado por dicho tipo de contrato recibirá dicha prima,
en tanto que en virtud del  texto del artículo 306  del Código Sustantivo del
Trabajo, quienes se vinculen por un contrato diferente a una empresa que no
tenga carácter permanente, no la recibirán, es claro para la Corte  que  se
genera una situación de inequidad contraria a la Constitución”.
Existen así un importante
desarrollo jurisprudencial de esta Corporación orientado a extender, acorde con
los preceptos constitucionales, el derecho a las prestaciones sociales a todos
los trabajadores, independientemente de la naturaleza o duración del contrato
en virtud del cual se encuentren vinculados, y de la clase de actividad que
desarrolle la empresa,  el cual  concurre a avalar una declaratoria de
inexequibilidad de la norma impugnada.
VII. DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes
motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declararse inhibida
para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con los artículos 223,
literal b), 229,  literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del Código
Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto
Segundo: Declarara inexequible
el literal b) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
MARCO GERARDO MONROY
CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS
HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
SENTENCIA C-823
del 4 de octubre de 2006
Referencia:
expediente D-6257
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 223 (literal b), 229 (literal b), 251
(literal b) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.
Magistrado
ponente:
Dr. JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Con el debido respeto hacia mis
colegas de Sala, me permito exponer las razones que me llevaron a salvar el
voto en el asunto de la referencia, aclarando que el disentimiento es parcial,
en cuanto sólo comprende la declaratoria de inexequibilidad del literal b) del
artículo 251 del Código Sustantivo de Trabajo (C.S.T.) que excluye a los
trabajadores ocasionales o transitorios del pago del auxilio de cesantía.
Como ya lo manifesté en el
Salvamento Parcial de Voto a la Sentencia 825 de 2006, no comparto la posición
asumida por la mayoría de los miembros de la Sala Plena, en el sentido de
considerar que las medidas legislativas que excluyen a los trabajadores
ocasionales o transitorios del reconocimiento del auxilio de cesantía (C.S.T.
arts. 250 y 251 ) y de la prima especial de servicios (C.S.T. art. 306 ), son
violatorias de los derechos fundamentales de igualdad y trabajo, y contrarias a
los principios que rigen las relaciones de trabajo.
Coincidiendo plenamente con lo
expresado por el Ministerio Público en los respectivos conceptos de rigor,
desde el punto de vista de la actividad laboral que están llamados a
desarrollar y de los objetivos que persiguen, tanto el auxilio de cesantías
como la prima de servicios, los trabajadores ocasionales o transitorios no se
encuentren en una misma situación de hecho y de derecho frente a los
trabajadores con vocación de permanencia, razón por la cual no resulta
imprescindible dispensarle a unos y a otros un mismo tratamiento jurídico.
Según lo ha
señalado de forma reiterada esta Corporación, el principio de igualdad y los
derechos subjetivos que surgen del mismo, le imponen al legislador la carga de
reconocer un trato igual a las situaciones iguales y desiguales a las
situaciones respecto de las cuales existan diferencias. Bajo ese entendido, ha
precisado la jurisprudencia que para entrar a determinar si dos sujetos están
en la misma situación, de manera que deban recibir un mismo trato jurídico, es
imprescindible que exista entre ellos un patrón de igualdad o criterio de
comparación, esto es, un referente valorativo en relación con el cual sea
posible predicar su similitud y llevar a cabo el juicio de igualdad.
La Corte ha
dejado claro que si esto último no tiene ocurrencia, es decir, si no existe
término de comparación entre los dos sujetos, no es posible plantear el juicio
de igualdad para establecer la posible existencia de un tratamiento
discriminatorio, pues el mismo sólo puede efectuarse entre quienes se
encuentran en situaciones fácticas idénticas y, por tanto, susceptibles de ser
confrontadas objetivamente.
Tratándose del
auxilio de cesantía y de la prima de servicios, la mayoría de los magistrados
no tuvo en cuenta que, de acuerdo con el régimen laboral vigente, existen
diferencias insuperables entre los trabajadores ocasionales y los trabajadores
vinculados bajo las otras modalidades de contrato de trabajo, en especial las
de término fijo y duración indefinida, que por supuesto descartan la violación
de los derechos constitucionales a la igualdad y al trabajo. Al respecto, debe
considerarse que, mientras el trabajo ocasional se caracteriza por dar origen a
una relación laboral precaria, de muy corta duración, no mayor a un mes, cuyo
propósito específico es el de ejecutar una actividad ajena al giro normal de
los negocios del empleador (C.S.T. arts. 6° y 45), en las otras modalidades
contractuales la situación es bien distinta, pues en ellas hay una clara
vocación de permanencia del trabajador, siendo el propósito de su vinculación
el cumplimiento de funciones relacionadas directamente con las actividades
normales de la empresa (C.S.T. arts.45, 46 y 47).
Las citadas
diferencias, surgidas como se ha visto de la propia naturaleza del contrato y
de la actividad laboral propiamente dicha, son entonces suficientes, no solo
para descartar de plano la existencia de un término de comparación entre los
trabajadores ocasionales y los que no gozan de esa condición, sino también para
justificar el distinto tratamiento jurídico que en relación con el auxilio de
cesantía y la prima de servicios la ley dispensa a los trabajadores de uno y
otro grupo.
El caso
concreto del auxilio de cesantía, debe recordarse que se trata de una
prestación económica concebida como un ahorro forzoso a favor de los
trabajadores y a cargo de los empleadores, cuyo objetivo es permitirle a los
primeros contar con unos recursos que los respalden ante la eventual pérdida
del empleo. En este sentido, la cesantía se concibe como un auxilio monetario
que paga el empleador al trabajador para enfrentar las contingencias que surjan
como consecuencia de la terminación de la relación laboral, cuya génesis es la
vocación de permanencia del contrato de trabajo, derivada no solo de la
estabilidad que brinda la labor que desempeña el trabajador, sino también del
nexo causal existente entre el servicio que se presta y el giro ordinario de
los negocios del empleador.
Sobre este
último aspecto, cabe precisar que, aun cuando la naturaleza jurídica del
auxilio de cesantías ha sufrido un proceso de transformación, en sus orígenes
dicho auxilio fue concebido por las Leyes 10 de 1934 y 6ª de 1945 como una
indemnización por despido injusto, inicialmente en favor de los trabajadores
del sector privado y luego extendida a los trabajadores del sector público, dejando
claro que su propósito implícito era el de lograr para los trabajadores cierto
nivel de estabilidad en el empleo, cumpliendo así un fin de apremio,
consistente en forzar al empleador, ante la intimidación de la aplicación de la
indemnización, a no despedir al trabajador sin existir una justa causa. Si
bien el carácter indemnizatorio fue posteriormente replanteado por la Ley 65 de
1946 y el Decreto 2663 de 1950, concibiéndola como una prestación y haciendo
extensivo su pago cualquiera que fuera la causa del retiro del trabajador, la
cesantía mantuvo, en todo caso, como presupuesto para su reconocimiento, la vocación
de permanencia del contrato de trabajo, esto es, la existencia de cierto nivel
de estabilidad del trabajador en el empleo. Ello, por cuanto la prestación
busca amparar al trabajador que se ha visto sorprendido por la terminación de
la relación laboral, o que no ha podido preverla con la suficiente
anticipación, permitiéndole afrontar las contingencias económicas derivas de su
nueva situación, aspecto que no tiene lugar en el caso de los trabajadores
transitorios, por tener éstos plena conciencia del carácter temporal de su
relación de trabajo.
Por esta
razón, el auxilio de cesantía no es compatible con la situación en que se
encentran los trabajadores ocasionales o transitorios, pues, se reitera, éstos
mantienen con el empleador una relación contractual sui generis, en el
sentido que la misma resulta ser particularmente precaria, tanto desde
el punto de vista de su duración -no mayor a un mes-, como desde la perspectiva
de la actividad laboral que están llamados a cumplir pues ella se circunscribe
a funciones distintas a las regularmente desarrolladas por el empleador.
En
consecuencia, resulta acorde con la filosofía que inspiro el establecimiento de
la aludida prestación y con la naturaleza misma del trabajo ocasional, que el
legislador, a través de los artículos 250 y 251 del C.S.T., le haya impuesto a
todo empleador la obligación de pagar a sus trabajadores, al terminar el
contrato de trabajo, un auxilio de cesantía, excluyendo de tal reconocimiento a
los trabajadores transitorios cuya particular modalidad contractual, según ha
quedado expuesto, no le permite a éstos llegar a consolidar una verdadera
situación de estabilidad y de compromiso laboral que justifique su
reivindicación con el derecho a esa prestación.
Así las cosas, el literal b) del
artículo 251 del C.S.T. que excluye a los trabajadores ocasionales o
transitorios del pago del auxilio de cesantía no ha debido declarase
inexequible, pues de tal regla jurídica no se deriva violación de los derechos
a la igualdad y al trabajo, ni tampoco desconocimiento de los principios que
orientan las relaciones de trabajo. Conforme ha quedado explicado, la situación
del trabajador que ha sido contratado para realizar una labor transitorio u
ocasional, no es en ningún caso comparable con la situación del trabajador que
ha celebrado un contrato de trabajo a término fijo o por duración indefinida.
Fecha ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA C-823/06  (4 DE OCTUBRE)
Referencia:
Expediente D-6257
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 223 literal b), 229 literal b), 247
(parcial), 251 literal b) y 289 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.
Magistrado
Ponente:
JAIME CÓRDOBA
TRIVIÑO.
Aun cuando
comparto la decisión tomada en el numeral primero de la parte resolutiva de la
sentencia C-823 de 2006 (4 de octubre), en el sentido de no emitir
pronunciamiento de fondo, por carencia actual de objeto, en relación con los
artículos 223 literal b), 229, literal b), 247 (parcial) y 289 (parcial) del
Código Sustantivo del Trabajo, con todo respeto manifiesto mi disentimiento
respecto de la adoptada en el numeral segundo de la citada providencia, que
declaró inexequible el literal b) del artículo 251 ibídem, que excluía a los trabajadores
ocasionales o transitorios del auxilio de cesantía, por las razones que expongo
a continuación:
En tal providencia se afirma que
la labor accidental, ocasional o transitoria es una modalidad de contrato de
trabajo, dado que “incorpora los mismos elementos esenciales que conforme al
artículo 23 del C.S.T. deben concurrir en un contrato de trabajo”,
apreciación que en mi sentir no es del todo cierta, pues la lectura sistemática
de las normas pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo revela que esta
clase de labor normalmente se ejecuta sin que se configuren los elementos del
contrato de trabajo, particularmente en cuanto la subordinación.
En efecto, conforme al Código
Sustantivo del Trabajo, la actividad que regula y ampara esa normatividad es la
que se ejecuta en desarrollo de un contrato de trabajo. Así lo dispone
expresamente el artículo 5° de ese estatuto:
“Art. 5º. Definición
de trabajo. El trabajo que regula este código es toda actividad
humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria,
que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y
cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un
contrato de trabajo (sic).” (subrayo)
Por su parte, el artículo 6° del
C. S. T. al definir el trabajo ocasional, accidental o transitorio, claramente
da a entender que este tipo de labor habitualmente se ejecuta por fuera de un
contrato de trabajo, por no concurrir elementos característicos del mismo como
son la continuidad en la labor, y la vinculación estable
del trabajador a las actividades que constituyen el giro ordinario de la
empresa:
“Art. 6º. Trabajo
ocasional. Trabajo ocasional, accidental o transitorio es el de corta
duración, y no mayor de un mes, que se refiere a labores
distintas de las actividades normales del patrono.” (subrayo)
Cabe precisar,
que según el artículo 22 del C. S. T., la continuidad es elemento
configurativo del contrato de trabajo:
“Art. 22. Definición.
1. Contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se obliga a
prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la
continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante
remuneración.
2. Quien
presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono,
y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario.” (subrayo)
En el mismo
sentido el artículo 23 ibídem establece:
“Artículo
23. Elementos esenciales. Subrogado. Ley 50 de 1990, artículo 1°.   1.
para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres
elementos esenciales:
a) La
actividad personal del trabajador, es decir, realizada por él mismo;
b) La
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato.
Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del
trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que
sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país, y
b) Un
salario como retribución del servicio.
2. Una
vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se
le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”. (subrayo)
Por lo tanto,
sin continuidad en el desempeño del trabajo no existe contrato de trabajo y
esto es lo que sucede con la labor que ejecutan los trabajadores accidentales,
ocasionales o transitorios, pues su vinculación a la empresa no es permanente
ni implica el desarrollo de actividades propias de su giro ordinario.
La
transitoriedad es el aspecto negativo de la continuidad y constituye, por
tanto, la antítesis perfecta de la “permanencia” que caracteriza al
contrato de trabajo.
Sólo en forma excepcional
la ley laboral prevé la posibilidad de que pueda celebrarse un contrato de
trabajo para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Así lo
autoriza el artículo 45 del C. S. T.:
“Art. 45. Duración.
El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el
tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por un tiempo
indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio.”
(subrayo)
Así, pues, si
el trabajo transitorio, por su propia naturaleza, excluye el contrato de
trabajo, no existe razón objetiva que justifique ampliar el auxilio de cesantía
para quienes desarrollan este tipo de labor.
De otra parte,
para llegar a la decisión de la cual me aparto se sostiene que la cesantía es
una prestación social que representa un ahorro forzoso del trabajador para
cubrir la contingencia del desempleo y que, en virtud del principio
constitucional de universalidad de la seguridad social, debe cubrir a todas las
personas, incluidas las que ejecutan una labor accidental, ocasional o
transitoria.
Si la cesantía
es un ahorro forzoso supone, obviamente, la continuidad del trabajador en el
desarrollo de la actividad laboral, situación que no se configura en el trabajo
accidental que, según se analizó, es de corta duración, no superior a un mes.
Esta
circunstancia, lamentablemente no considerada por la Corte, producirá efectos
desfavorables para quien desempeña esta clase de labor y también para quien la
contrata, ante la dificultad de calcular el valor de la cesantía e, igualmente,
por lo que hace a su pago, dado que la Ley 50 de 1990 obliga a realizarlo a
través de fondos de cesantías.
No cuestiono
que la cesantía constituya una prestación social, pero si me parece discutible
su extensión a los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios bajo
el argumento del respeto al principio de universalidad de la seguridad social,
ya que, se repite, quien ejecuta esta clase de actividad no lo hace en desarrollo
de un contrato de trabajo sino en forma independiente debiendo, en observancia
de dicho principio, estar afiliado por su cuenta al sistema de seguridad social
y de riesgos profesionales que lo ampara contra los riesgos a la salud,
invalidez, vejez y muerte.
Por lo
anterior, manifiesto mi desacuerdo en relación con la ampliación del auxilio de
cesantía a los trabajadores accidentales o transitorios, pues en mi parecer tal
determinación traerá efectos contraproducentes, tanto para el propio trabajador
como para los empleadores.
Las
consecuencias negativas para los trabajadores consisten en que al existir la
obligación de reconocerles dicha prestación, en adelante se evitará la
contratación de personal para el desempeño de tareas efímeras y puntuales, que
por su propia naturaleza no corresponden al giro ordinario de las empresas.
Así mismo, los
usuarios verán afectados sus intereses, toda vez  que injustificadamente se les
encarecerán los costos operativos en razón de los gastos de afiliación a la
seguridad social y al fondo de cesantías, de aquellos trabajadores que por la
índole de su labor no forman parte de la empresa por cumplir funciones
distintas a las actividades normales de la misma.
Seguramente, la anterior
situación favorecerá aquellas firmas de servicios temporales que en su
condición de intermediarias explotan el trabajo subordinado, trayendo
resultados indeseables, como los de una menor retribución para los trabajadores
y mayores costos para los usuarios de tales servicios.
En
estos términos dejo sentada mi discrepancia que, no obstante mi acostumbrado y
profundo respeto por las decisiones de la Corte, estimé necesario efectuar
dentro de la decisión adoptada en este caso por la Sala Plena de la
corporación.
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
[1] Los textos transcritos corresponden a  la
publicación de la Edición Oficial del CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, con sus
modificaciones, ordenada por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la
cual fue publicada en el Diario Oficial No 27.622, del 7 de junio de 1951,
compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951.
[2] Como ejemplo de una interpretación de este signo, cita la
realizada por  la Sala  de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
según la cual el artículo 223b) del código sustantivo del trabajo no fue
derogado, y en consecuencia, los trabajadores accidentales o transitorios no
están cobijados por el sistema general de riesgos profesionales. Esta
interpretación que el Procurador juzga contraria a la Constitución está
contenida en la sentencia de casación del 23 de noviembre de 2004. Rad. 25.533.
[3] Paralelamente a esta modalidad contractual el
régimen laboral colombiano  (Art. 45 del C.S.T.) contempla otras formas de
vinculación laboral atendiendo a su duración y objeto:
(i)
Contrato a término
indefinido, (Art. 47 CST) en
el que no se establece un término de duración determinado por las partes, o por
la naturaleza de la labor contratada. Por regla general, los contratos
laborales se entienden celebrados a término indefinido, salvo que por su
naturaleza o por acuerdo de las partes se estipule lo contrario. (ii) Contrato
a término fijo, (Art.46 C.S.T.) debe constar siempre por escrito y su
duración no puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable
indefinidamente. Sin embargo, si el término fijo es inferior a un año,
únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3)
períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación
no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente. Para dar por terminado el
contrato por vencimiento del término, el empleador debe dar aviso escrito al
empleado manifestando su interés de que éste termine, con una antelación no
inferior a 30 días a la fecha de terminación del contrato original o de la
prórroga. (iii) Contrato de trabajo por duración de la obra (Arts. 45 y
309 del CST), en esta modalidad la duración del contrato está
determinado por el tiempo requerido para ejecutar la obra o la actividad
contratada. El contrato debe constar por escrito, y debe consignar expresamente
la labor u obra de que se trate.
(ii)
[4]Corte Suprema de Justicia, sentencia del 18 de
diciembre  1956.
[5] Corte Suprema de Justicia, sentencia del 13 de agosto de 1957.
[6] Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2001, MP, Manuel José Cepeda
Espinosa; criterio reiterado en sentencia C- 992 de 2004, MP, Humberto Sierra
Porto.
[7] Esta Corporación ha establecido, con apoyo en el artículo 3º de la Ley
153 de 1887, que se presenta revocatoria por regulación integral de la
materia,  cuando una nueva ley reglamenta de manera completa el
asunto regulado por la norma en cuestión, haciendo que esta última pierda su
vigencia dentro del ordenamiento. Al respecto se pueden consultar las
sentencias:  C-653 de 2003, MP. Jaime Córdoba Treviño; C-634 de 1996,
M.P. Fabio Morón Díaz; C-328 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-329 de
2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-558 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[8] Corte constitucional, sentencia C-634 de 1996, MP, Fabio Morón Díaz.
[9] Ver, entre otras, sentencia C-623 de 2001 MP, Rodrigo Escobar Gil.
[10] Ver, entre otras las sentencias T- 005 de 1995; T-557 de 1998; T- 120
de 1999.
[11] A esta misma conclusión llegó la Corte en la sentencia C-1004
de 2005, al declararse inhibida, por carencia actual de objeto, para
pronunciarse de fondo sobre una demanda contra el artículo 223 b) del Código
Sustantivo del Trabajo.
[12] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 16
de mayo de 2002. Señaló esta Corporación: (…) De conformidad con el artículo
11 de tal ley - 100 de 1993-  según el cual el Sistema general de
Pensiones se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, el 13 que
establece que la afiliación al sistema es obligatoria y el 15 que precisa que
las personas vinculadas mediante contrato de trabajo son afiliadas
obligatorias, fuerza concluir que las prestaciones que surgen por la muerte de
un trabajador acaecidas por la muerte de un trabajador acaecida en vigencia del
nuevo sistema pensional de la Ley 100 de 1993, se entienden gobernadas en lo
dispuesto por ella y no por las normas anteriores que, por lo tanto, en cuanto
regulaban la misma materia perdieron su vigencia. Y toda vez que, como quedó
dicho, el seguro colectivo de vida obligatorio cubre la prestación por muerte,
en principio el caso de fallecimiento de un trabajador afiliado al sistema de
seguridad social en pensiones, en cualquiera de los dos regímenes, sucedido con
posterioridad a su vigencia, determinada por el artículo 151 de la Ley 100 de
1993, es ésta la normatividad que debe aplicarse, y tratándose de un afiliado
al régimen de prima media con prestación definida al Instituto de los Seguros
Sociales, como lo fue el hijo de los demandantes, lo serán los preceptos vigentes
de la seguridad social, que regulan la pensión de sobrevivientes, prestación
que sin duda, atiende el riesgo de muerte.  Y a esa conclusión se llega a
pesar de que efectivamente, como lo indica la réplica, la Ley 100 de 1993 no
derogó expresamente el artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, basado
en el cual el Tribunal impuso la condena al reconocimiento y pago del seguro
colectivo de vida obligatorio, pues, como con acierto lo destaca la acusación,
y como ya se explicó, esa prestación ha sido sustituida por la pensión de
sobrevivientes regulada por la seguridad social.”  (El original sin
subrayas).
[13] Sentencias C- 397 de 1995, MP, José Gregorio Hernández;  C- 634 de
1996, MP, Fabio Morón Díaz; C- 1144 de 2000, MP, Vladimiro Naranjo Mesa; C-575
de 2004, MP, Jaime Araújo Rentería.
[14] Sentencia 074 de 2004. En esta oportunidad estudió la Corte una
demanda contra el artículo 14  transitorio de la Ley 25 de 1992, según el cual
“las sentencias  proferidas con fundamento en las causales de la Ley 1ª de
1976, por aplicación directa del inciso undécimo del artículo 42 de la
Constitución, tendrán todo el valor que la Ley procesal les señale”. Al
amparo de esta normatividad se decidieron procesos a través de los cuales se
consolidaron situaciones (matrimonios católicos que aún subsisten en el tiempo)
que habían surgido antes de la expedición de la mencionada ley . La Corte
consideró que “Una norma legal transitoria es aquella  expedida para un fin
específico y concreto o por un período de tiempo determinado. Usualmente tiene
el objetivo de evitar que durante el tránsito de una normatividad
constitucional o legal a otra se presenten vacíos, inseguridad jurídica o
traumatismos respecto del asunto nuevamente regulado. Teniendo en cuenta el
carácter temporal de la respectiva norma , sus efectos en principio están
llamados  a extinguirse una vez el cometido propuesto por el constituyente o el
legislador haya sido alcanzado. Sin embargo, el hecho que una norma legal sea
de carácter transitorio, no quiere decir que la misma carezca de validez
jurídica y que no pueda ser sometida al control de constitucionalidad. De hecho
un examen de la jurisprudencia de la Corte evidencia que el carácter
transitorio que tenga una norma no constituye obstáculo alguno para que esta
Corporación profiera un fallo de fondo, pues este es procedente siempre y
cuando la norma continúe produciendo efectos, como en el caso que nos ocupa,
pues siguen produciendo efectos las sentencias a las que se refiere el artículo
transitorio en estudio. Por lo tanto la Sala advierte que el carácter
transitorio que presenta el artículo 14 de la Ley 25 de 1992 de manera alguna
constituye un obstáculo para que la Corte pueda hacer un pronunciamiento”.
En similar sentido se pronunció en la sentencia C- 109 de 2006 en relación con
un artículo transitorio de la Ley 909 de 2004 sobre la designación de los
miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Consideró la Corte en esta
última oportunidad que “(…) Si bien el propósito de la disposición se agotó
al momento de designar a los tres primeros miembros de dicha Comisión, la norma
de transición aún continúa produciendo efectos, en tanto tales miembros –
designados mediante el mecanismo excepcional para la primera integración de
este organismo – se encuentran en ejercicio de sus funciones. Es por ello que a
la Corte le corresponde emitir un pronunciamiento de fondo, a pesar de que el
objeto de la demanda recaiga sobre una disposición de carácter transitorio”.
[15] En la sentencia C-992 de 2004, a propósito de una demanda de
inconstitucionalidad dirigida contra una disposición de la Ley 56 de 1981,
relativa a tributos a favor de entidades territoriales estimó que : “Ante la
incertidumbre generada y la dificultad para su esclarecimiento, este Tribunal
recuerda que tal como lo anotó en la sentencia C-898 de 2001, no es la acción
de inconstitucionalidad el medio idóneo para pedirle a la Corte que declare
formalmente que la norma demandada ha sido tácitamente derogada. La acción
pública de inconstitucionalidad exige de esta Corporación un juicio de validez
y un análisis constitucional. No ha sido concebida para que la Corte haga un
juicio de vigencia ni un estudio de los efectos derogatorios de las normas
jurídicas. Con todo, la Corte puede entrar a definir si la norma está vigente
para determinar la materia legal sujeta a su control. El análisis de vigencia
de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto de
control . Tal etapa es la que ha acabado de surtirse, pero aún subsiste la duda
acerca de la vigencia. Ante tal situación, este Tribunal ya ha anotado que
cuando la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre
acerca de su derogatoria tácita, procede un pronunciamiento de fondo ya que la
norma acusada puede estar produciendo efectos”.
[16] El concepto del Procurador General de la Nación  hace
referencia a la sentencia de noviembre 14 de 2004, proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Rad. 23533, en la cual  dicha
Corporación aplica alguna de las disposiciones demandadas.
[17] “ARTÍCULO 14.- Los empleados particulares gozarán de las siguientes
concesiones y auxilios:
(…)
c).En caso de despido, que no sea originado por mala
conducta ni por incumplimiento del contrato comprobados, tendrán derecho a un
auxilio de cesantía equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio que
presten o hayan prestado y proporcionalmente por las fracciones de año. Para
los efectos de este artículo se tomará el sueldo medio que el empleado hubiere
devengado en los tres últimos años de servicio y si hubiere trabajado por un
tiempo menor, se tomará el sueldo medio de todo el tiempo de trabajo”.
[18] Corte Suprema de Justicia, sentencia de Agosto 2 de 1950.
[19] Conforme al sistema tradicional establecido en el Código Sustantivo
del Trabajo.
[20] Artículo 2°b. de la Ley 100 de 1993.
[21] En este sentido, ALMANSA PASTOR, José Manuel. Derecho de la
Seguridad Social. Vol. I. 4ª ed . Edit. Tecnos, Madrid, 1984.
[22] OIT. Introducción a la Seguridad Social. Ediciones Alfaomega,
México, 1992.
[23]“ Artículo 6 1.
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas
para garantizar este derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de
los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de
este derecho deberá figurar la orientación y formación tecnicoprofesional, la
preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un
desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva,
en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas
fundamentales de la persona humana.
Artículo
7 Los Estados Partes en
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones
de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a
todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual
valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a
las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con
salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para
sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos,
dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la
limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
(…)
Artículo
9
Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
seguridad social, incluso al seguro social”.
[24] Corte Constitucional, sentencia C-575/92 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero).
[25] Sentencia C-112 de 1998, MP, Carlos Gaviria Díaz.
[26] Entre otros fallos, se han remitido a la definición contenida en la
sentencia C-575/92 del principio de universalidad en sus consideraciones, las
sentencias T-067/94 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-134/93 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero); y C-542/98 (M.P. Hernando Herrera Vergara). Y se
ha remitido a la definición consignada en la sentencia C-112/98 la C-599/98
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[27]  Corte Constitucional, C-221 de 1992,
Magistrado Ponente, Alejandro Martínez Caballero.
[28] Sentencia SU- 519 de 1997, MP, José Gregorio Hernández.
Criterios expuestos también en la sentencia C-479 de 1992.
[29] Sentencia C- 100 de 2005, MP, Álvaro Tafur Galvis.
[30] Corte Constitucional, sentencia C- 673 de 2001, MP, Manuel José Cepeda
Espinosa.
[31] Corte Constitucional, SU 159 de 1997.
[32] Corte Constitucional, sentencias C-1177 de 2001, MP, Marco Gerardo
Monroy Cabra; C- 100 de 2005, MP, Álvaro Tafur Galvis.
[33] En esta sentencia se declaró inexequible el
numeral 1 del artículo 252 del Código Sustantivo del Trabajo, en la parte que
establecía: "Los trabajadores del servicio doméstico, los de empresas
industriales de capital inferior a veinte mil pesos ($20.000) y los de empresas
agrícolas, ganaderas o forestales de capital inferior a sesenta mil pesos
($60.000) tienen derecho a un auxilio de cesantía equivalente a quince (15)
días de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de
año".
[34] En esta sentencia se declaró la inexequibilidad
de la expresión “por lo menos la mitad del semestre respectivo” contenida en
los literales “a” y “b” del numeral 1º del artículo 306 del Código Sustantivo
del Trabajo, que restringía la prima de servicios de los trabajadores
vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido o a término fijo
igual o superior a un año.
[35] M.P. Álvaro Tafur Galvis.