T-419-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-419/11
PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Test de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DEL CONSEJO DE
ESTADO-Caso en que se declaró la
nulidad del acto administrativo mediante el cual se había elegido como
Gobernador al demandante
Evaluadas las circunstancias de hecho que dieron lugar
al proceso de nulidad electoral, las pruebas acopiadas al mismo y el contenido
de la sentencia de segunda instancia, no encuentra la Corte que en ella, el
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta- haya
vulnerado el derecho del actor al debido proceso, y tampoco que hubiere
incurrido en alguno de los defectos específicos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales que aquél le endilga. En criterio de esta Sala,
la sentencia objeto de cuestionamiento, no se constituye en una actuación
arbitraria o abusiva del juez del proceso y, por el contrario, encuentra que la
misma fue proferida de conformidad con la Constitución y la ley, dentro del
marco de la autonomía e independencia judicial, apoyándose en disposiciones
claramente aplicables al caso concreto, con base en el material probatorio
aportado al proceso, y ajustado al procedimiento establecido para tramitar la
acción de nulidad electoral.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Caso en que la sentencia se fundamenta en un
determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de las normas y
en una valoración adecuada de las pruebas allegadas
La Corte advierte que el planteamiento de la demanda
de tutela, sobre un posible defecto fáctico, procedimental y sustantivo de la
providencia acusada, se funda, en realidad, en una evidente diferencia de
valoración en el mérito de las pruebas que fueron trasladadas del proceso penal
al contencioso de nulidad electoral, lo cual, según la jurisprudencia
constitucional, no puede considerarse ni calificarse como errores o defectos
susceptibles de corrección judicial vía tutela. De hecho, frente a
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su
autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto,
estando el juez de tutela en la obligación de asumir, en principio y salvo
hechos que tajantemente demuestren lo contrario, que la valoración de las
pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima. A más de lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que, cuando la providencia judicial
se fundamenta en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables al caso y en la valoración
adecuada de las pruebas allegadas, como ocurre en esta oportunidad, no es
factible alegar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
pues de ser ello así, habría una intromisión arbitraria del juez constitucional
que menoscabaría de manera grave los principios constitucionales de autonomía e
independencia judicial, los cuales, en forma precisa, habilitan al juez para
aplicar la ley -sustancial y procesal-. Por tanto, al margen de que la
determinación adoptada por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta- no satisfaga las expectativas del demandante, no
es posible afirmar, como equívocamente lo hace éste, que la autoridad judicial
demandada vulneró flagrantemente su derecho fundamental al debido proceso, por
el hecho de haber accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral. Como ya se explicó, tal decisión, se adoptó conforme a los elementos
de hecho y de derecho aplicables al caso.
Referencia:
Expediente T-2.591.548
Demandante:
Blas
Arvelio Ortiz Rebolledo
Demandado:
Consejo de Estado -Sección Quinta-
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil once
(2011)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla
Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo
proferido por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B- que, a su turno, confirmó el dictado por el
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera-, en
relación con el recurso de amparo constitucional formulado por Blas Arvelio Ortiz
Rebolledo contra el Consejo de Estado -Sección Quinta-.
I.       ANTECEDENTES
1.      La solicitud
El
30 de julio de 2009, el señor Blas
Arvelio Ortiz Rebolledo, actuando por conducto de apoderado judicial, promovió
acción de tutela en procura de obtener la protección de su derecho
constitucional fundamental al debido proceso, presuntamente transgredido por el
Consejo de Estado -Sección Quinta-, al declarar nulo el acto administrativo
contenido en el Acta General de Escrutinio proferido por la Comisión
Escrutadora Departamental de Vichada, el 5 de noviembre de 2007, mediante el
cual se le había declarado elegido como Gobernador del departamento de Vichada
para el periodo constitucional 2008 - 2011, en el marco de un proceso de
nulidad electoral.
La situación fáctica a partir de la cual se
fundamenta la invocación del amparo estatuido en el artículo 86 Superior, es la
que seguidamente se expone:
2.      Hechos Relevantes
2.1.
El 28 de octubre de 2007 se llevaron a
cabo las elecciones de autoridades locales para el periodo constitucional
2008-2011, en las que el ciudadano Blas Arvelio Ortiz Rebolledo resultó elegido
Gobernador del departamento del Vichada.
2.2.
Al culminar la jornada electoral del 28 de octubre de 2007, el ciudadano Juan
Carlos Ávila denunció penalmente al señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos por
la presunta comisión de una serie de irregularidades en la mesa 01 del puesto
50 de la zona 99 del municipio de Cumaribo, Vichada.
2.3.
De igual manera dicho ciudadano, en ejercicio de la acción de nulidad
electoral, resolvió incoar, el 27 de noviembre de 2007, proceso contencioso
contra el acto de elección de Blas Arvelio Ortiz Rebolledo como Gobernador del
Departamento de Vichada para el periodo 2008-2011, para que se declarara la
nulidad del acto de la comisión escrutadora departamental contenido en el Acta
General de Escrutinio Departamental por obra del cual se realizó la elección,
así como también de las actas de escrutinios y los registros de los votantes
correspondientes a la mesa de votación de Mataven, Cumaribo, y de las
resoluciones de la Comisión Escrutadora Departamental, en tanto estas últimas
no consintieron las reclamaciones efectuadas con motivo de los escrutinios de
votos para gobernador y negaron la apelación ante el Consejo Nacional
Electoral.
Como
consecuencia de lo anterior, solicitó la realización de un nuevo escrutinio con
base en los registros de votación que no resulten afectados de nulidad, previa
la exclusión de aquellos que sí lo estén por vía de acciones fraudulentas;
además de lo cual requirió la expedición de una nueva credencial y su posterior
comunicación a las instancias competentes para lo de rigor.
Básicamente,
la demanda de nulidad electoral contra el acto de elección del Gobernador del
departamento de Vichada se funda en las presuntas irregularidades que tuvieron
lugar en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99 del municipio de Cumaribo,
Vichada, como pasa a enumerarse: “(i) uno de los ejemplares del formulario
E-14, supuestamente no fue suscrito por los miembros del jurado; (ii) el
formulario E-14 fue firmado, supuestamente, por unas personas diferentes a
quienes, como jurados de votación, suscribieron el formulario E-11 de la mesa
respectiva; (iii) el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos, quien se
desempeñaba como auxiliar de servicios generales a cargo de la Registraduría
Departamental de Vichada, presuntamente era responsable de la incineración de
algunos votos, de la entrega de la tula contentiva de documentos electorales
sin sellos de seguridad y de la entrega de bolsas abiertas que contenían votos
que daban la impresión de haber sido marcados por la misma persona y no
revelaban marcas de haber sido doblados”[1].
2.4.
El proceso fue tramitado, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo
del Meta y, en segunda instancia, por el Consejo de Estado      -Sección
Quinta-.
2.5.
En sede de primera instancia, la Procuraduría 48 Judicial II Administrativa de
Villavicencio instó al Tribunal Administrativo del Meta, en escrito del 27 de
mayo de 2008, para que no accediera a las súplicas vertidas en la demanda, por
cuanto la falta de suscripción del ejemplar del formulario E-14 con destino a
Claveros, además de que es causal de reclamación administrativa y no de
nulidad, no afecta su validez en tanto el otro ejemplar con destino a delegados
departamentales estaba debidamente diligenciado; y porque las presuntas
irregularidades constitutivas de conductas delictivas, no debían tenerse en
cuenta porque la investigación había sido precluida.
2.6.
Mediante Sentencia del 29 de julio de 2008, el Tribunal de conocimiento decidió
denegar las pretensiones de la demanda, tras considerar que no se acreditaron
los supuestos de hecho de las normas consagradas en los artículos 84 y 223,
numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo[2].
Para
ello, adujo que había quedado demostrado, por medio de perito grafólogo, que
las firmas de los formularios E-14 correspondían a las de los jurados de
votación, al tiempo que no se encontraban acreditadas las irregularidades en
los votos depositados en la mesa cuestionada, toda vez que no se habían
allegado declaraciones de alguna de las personas que, según se alega, fueron
suplantadas o que no decidieron libremente.
De
otro lado, el Tribunal sostuvo que el formulario E-14 de la mesa de Mataven,
destinado a los delegados departamentales, cumplió el requisito de estar
firmado, al menos, por dos jurados de votación, luego no era de recibo el
aserto del demandante de tener en cuenta, únicamente, el E-14 destinado a los
claveros que no fue firmado, sobre la base del posible desconocimiento del
principio de eficacia del voto previsto en el Código Electoral.
Finalmente,
manifestó su posición en cuanto a las Comisiones Escrutadoras, en el sentido de
que las mismas en ningún momento infringieron alguna de las que denomina “dimensiones
de las actuaciones administrativas”, tal y como se indicara inicialmente en
el escrito de la demanda contenciosa, puesto que, en su sentir, obraron
conforme a los principios democráticos y criterios exigidos en la Carta
Política y en la ley.
2.7.
El anterior fallo fue apelado por el actor el 06 de agosto de 2008[3], trámite
dentro del cual la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado
solicitó que se confirmara la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Meta, por considerar, por un lado, que la ausencia de firmas
en el acta de escrutinio configura una causal de reclamación y no una nulidad
electoral; y, por otro, que no existen diferencias en las rúbricas consignadas
en los formularios E-11 y E-14, habida cuenta del resultado arrojado por el
dictamen pericial rendido por la Fiscalía General de la Nación, que da cuenta
de la uniprocedencia de las muestras.
2.8.
El 13 de noviembre de 2008, el Consejo de Estado -Sección Quinta- dispuso
oficiar a la Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño, para que remitiera con
destino al expediente copia auténtica de las actuaciones surtidas hasta la
fecha en el proceso que se sigue en contra del señor Jorge Enrique Orjuela
Barrientos, por el presunto delito de alteración de resultados electorales,
frente a lo cual el señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo propuso incidente de
nulidad, al estimar que no se le dio traslado de la prueba oficiosa decretada.
2.9.
Por su parte, el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta-, al resolver la apelación, en Sentencia del 05 de junio de
2009, previo rechazo del incidente de nulidad por haberse presentado
extemporáneamente[4], decidió revocar el
pronunciamiento del a quo y, en su lugar, declaró nulo el acto
administrativo contenido en el Acta General de Escrutinio (formulario E-26 AG)
proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Vichada el 5 de
noviembre de 2007, mediante el cual se declaró elegido al señor Blas Arvelio
Ortiz Rebolledo como Gobernador del departamento de Vichada para el período
constitucional 2008- 2011. En ese contexto, ordenó practicar un nuevo
escrutinio de los votos emitidos para elegir Gobernador de Vichada, el 28 de
octubre de 2007, tomando como base el realizado por la Comisión Escrutadora
Departamental, en el cual se excluyan los 43 votos irregulares depositados en
favor del candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo en la mesa 01 del puesto 50 de
la zona 99 de la inspección de policía de Mataven del municipio de Cumaribo,
Vichada, declarando elegido Gobernador a quien corresponda.
Inició
el Tribunal por sostener, a partir de una evaluación y análisis de varias de la
pruebas acopiadas en el trámite del proceso penal adelantado contra el señor
Jorge Enrique Orjuela Barrientos[5], calificadas como pruebas
debidamente trasladadas al proceso electoral[6], al haberse practicado
válidamente con audiencia del ciudadano Blas Arvelio Ortiz Rebolledo[7],
que en las elecciones adelantadas en la inspección de policía Mataven del
Municipio de Cumaribo, Vichada, se presentaron situaciones irregulares frente a
los votos depositados en la mesa allí instalada.
Sobre
el particular, el Consejo de Estado hizo las siguientes consideraciones:
“No de otra manera puede
interpretarse la denuncia del demandante quien desde el 31 de octubre de 2007,
antes de que se conocieran los resultados electorales, puso en conocimiento de
las autoridades respectivas, conductas irregulares del Delegado del Registrador
Municipal de Cumaribo, Vichada, en la inspección de policía de Mataven; de la
misma declaración del citado Delegado que precisó que había introducido 20
votos a favor del candidato que resultó elegido y además que, aprovechándose de
su condición, marcó los votos de varias personas; el hecho objetivo pues consta
en el acta de escrutinio de mesa               -formulario E-14- de que al
efectuarse el conteo previo al escrutinio se hallaron 17 votos por encima del
número de votantes; de circunstancias en las que coinciden todos los testigos –
quienes fueron los jurados de mesa – según las cuales el lugar en el que se
marcaban los votos y la urna no se hallaban a su alcance por lo que no tenían
control sobre los votos que se depositaban o de aquella otra, en la que también
coinciden todos, de que el Delegado era quien asesoraba a los mayores al momento
de marcar su voto.
Por las razones esbozadas en
precedencia, no puede restárseles valor probatorio acogiendo los argumentos del
demandado según los cuales el Delegado viene chantajeándolo o que corresponden,
por lo menos las entrevistas, a meros gérmenes de prueba.
La jurisprudencia del Consejo
de Estado ha sido uniforme en cuanto considera que la falsedad o apocrifidad a
la que se refiere el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso
Administrativo corresponde a la falta de correspondencia entre la realidad y la
información contenida en los diferentes registros electorales, por manera que
si se considera que el voto, como máxima expresión de una democracia, debe ser
libre, fuerza concluir que en los registros electorales sólo pueden considerarse
votos debidamente depositados y esa condición no puede predicarse por lo menos
de 43 de los verificados en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99, única de la
inspección de policía Mataven del municipio de Cumaribo, Vichada.
Como los votos irregulares
fueron tomados en cuenta al momento de elaborar el correspondiente formulario
E-14, el que sirvió de base al escrutinio municipal, que a su vez se erigió en
el fundamento del escrutinio general y del acto de elección demandado, se tiene
que el correspondiente registro es falso o apócrifo por ser falsos o apócrifos
los elementos que sirvieron para su formación y el cargo así propuesto está
llamado a prosperar”.
Al constatarse, por tanto, una irregularidad en el
proceso electoral que afecta el resultado de los comicios, el Consejo de Estado
estimó plausible disponer la nulidad del acto que declara la elección y
establecer el método para determinar la incidencia de la mencionada anomalía[8].
De suerte que procedió a la verificación del resultado de la elección, con
prescindencia de los votos irregulares que le fueron computados al candidato
que resultó beneficiado con los mismos, de la forma que a continuación se
sigue:
“Según el acta general de
escrutinios contenida en el formulario E-26 AG, de la Comisión Escrutadora
Departamental de Vichada, cuya copia auténtica obra en los folios 105 y
siguientes y 254 del cuaderno principal, las elecciones para Gobernador del
Vichada período constitucional 2008-2011, arrojaron el siguiente resultado:
CANDIDATO
VOTOS
Blas
Arvelio Ortiz Rebolledo
5.989
Juan
Carlos Ávila
5.980
Hugo
Janio López Chaque
4.376
Juan
Manuel Mora Castillo
338
María
Betty Morales Chica
62
Votos
en blanco
202
Votos
nulos
345
Votos
no marcados
663
Total
votos
17.955
Los votos depositados en la
mesa 01 del puesto 50 de la zona 99, única de la inspección de policía de
Mataven del municipio de Cumaribo, Vichada, conforme el formulario E-14
delegados del registrador nacional cuya copia auténtica obra en el folio 73 y
74, se distribuyeron así:
CANDIDATO
Votos
Hugo
Janio López Chaquea
41
Juan
Manuel Mora Castillo
-
María
Betty Morales Chica
1
Juan
Carlos Ávila
43
Blas
Arvelio Ortiz Rebolledo
87
Votos
en blanco
1
Votos
nulos
1
En tal virtud, si a la
votación obtenida por el candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo se le restan
los 43 votos irregulares depositados a su favor, obtendría una votación de 5946
y ello cambiaría el resultado de la elección.
Y tal procedimiento resulta
plausible porque como se dijo, en este caso, se pudo establecer a quién beneficiaron
las irregularidades que, alegadas, resultaron probadas.
Entonces, habrá de decretarse
la nulidad del acto a través del cual se declaró la elección de Gobernador del
departamento de Vichada para el periodo 2008-2011 por cuanto consideró 43 votos
indebidamente depositados a favor del Candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo en
la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99, única de la inspección de policía
Mataven del municipio de Cumaribo, y ordenarse un nuevo escrutinio en el que se
excluyan esos 43 sufragios”.
2.10. Lo aquí decidido fue objeto de las solicitudes
de aclaración y de adición por parte del demandado, todas las cuales fueron
desestimadas en auto del 2 de julio de 2009 por quien avocó conocimiento del
litigio contencioso en segunda instancia. La primera, por tratarse de un reparo
a la decisión, mas no de una consulta sobre el alcance de una frase contenida
en la parte resolutiva de la sentencia, y la segunda, por ser formulada de
forma extemporánea[9].
3.      Fundamento
de la demanda
Teniendo como fondo lo anteriormente descrito, el
tutelante comienza por afirmar que la decisión adoptada por el Consejo de
Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-, de declarar
nulo el acto administrativo contenido en el Acta General de Escrutinio
-Formulario E-26 AG-, expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de
Vichada el 5 de noviembre de 2007, por obra del cual se le declaró elegido como
Gobernador del departamento de Vichada para el período constitucional
2008-2011, es constitutiva de lo que la jurisprudencia ha denominado como una vía
de hecho judicial, al haber incurrido en los defectos procedimental, fáctico y
sustantivo.
3.1. Vía de hecho procedimental: Según sostiene el actor, la sentencia, proferida en
segunda instancia, incurrió en un defecto de este tipo, en cuanto allí no se
dio traslado de la prueba decretada de oficio el 13 de noviembre de 2008, como
tampoco se atendió de manera oportuna el incidente de nulidad que,
posteriormente, fue rechazado por extemporáneo. Con tal omisión, a su entender,
“el Consejo de Estado transgredió la garantía constitucional del debido
proceso consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, como quiera
que no garantizó el derecho de contradicción y audiencia bilateral en relación
con los elementos materiales probatorios remitidos por el fiscal de la causal
penal. De esta forma, además de vulnerar el derecho al debido proceso,
desconoció los tratados internacionales ratificados por Colombia, que por
expresa disposición del artículo 93 constitucional, prevalecen en el
ordenamiento interno”.
Así, el defecto procedimental estriba, entonces, en que
la prueba decretada de oficio por el Consejo de Estado no fue confrontada por
los sujetos procesales, cuestión que, a la postre, resulta absolutamente
trascendental para la definición del proceso.
3.2. Vía de hecho por defecto fáctico: En punto de la declaración de nulidad de la elección
como Gobernador del departamento de Vichada, anota que la misma adolece de un
vicio de carácter fáctico, por cuanto dicha decisión tuvo como soporte
elementos materiales probatorios que no satisfacían los requisitos para ser
considerados como pruebas trasladadas, pues los mismos no fueron válidamente
practicados -el proceso penal se encuentra en etapa de indagación e
investigación y, por consiguiente, cabe hablar tan solo de elementos materiales
o evidencia físicas acopiadas- ni fueron solicitados por su parte ni mucho
menos practicados con su audiencia, “circunstancia que se deriva de la
naturaleza de la etapa de investigación que no comporta el traslado de los
elementos cognoscitivos que recoja el fiscal a los interesados, ni la
posibilidad de controvertirlos, con lo que es evidente que, frente a tales
evidencias físicas, no se ejerció el derecho de contradicción y de audiencia
bilateral”.
Señala también que, a más de la valoración indebida de
pruebas allegadas al proceso y la carencia absoluta de pruebas para sustentar
la decisión, la sentencia incurre igualmente en un defecto fáctico por falta de
motivación, lo cual, explica, se concreta en el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones, en este caso reflejado en la valoración arbitraria del acervo
probatorio existente, como son los informes técnicos enseñados en la etapa de
investigación del proceso penal que, a su vez, cristalizó un nuevo defecto
procedimental, dada la falta de motivación al omitir justificar las razones por
las cuales llegó a considerarse que los votos supuestamente depositados de modo
irregular ascendían a 43.
3.3. Vía de hecho por defecto sustantivo: Para el actor, la providencia del Consejo de Estado
incurrió en un defecto sustantivo, ya que, por su intermedio, se aplicó
indebidamente una disposición normativa, sin que su contenido guarde conexidad
material con los presupuestos del caso. En efecto, considera que se “realizó
una indebida aplicación del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil en
el proceso electoral referido, al tener como prueba trasladada unos elementos
materiales probatorios recogidos por el fiscal de la causa en el proceso penal
adelantado contra el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos, sin que se
reunieran los elementos exigidos para el efecto”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, arriba a la
conclusión de que los alegados yerros cometidos por la corporación demandada fueron
determinantes en la decisión adoptada en el marco del proceso de nulidad
electoral. Esto último, a su juicio, se traduce en el quebrantamiento de su
derecho constitucional fundamental al debido proceso, en la medida en que se
carecía de pruebas para sustentar la decisión, se efectuó una indebida
apreciación de aquellas que se arrimaron al proceso y se aplicó, impropiamente,
una disposición normativa cuyo contenido no guardaba relación de conexidad
alguna con el eje de la controversia.
4.      Pretensiones de la demanda
Para
efectos de lograr la justiciabilidad de la prerrogativa iusfundamental que
estima le ha sido conculcada, el accionante insta al juez de tutela para que deje sin efectos la Sentencia del 5 de junio de 2009,
proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta-, dentro del proceso de nulidad electoral
promovido por el ciudadano Juan Carlos Ávila Juanías contra el acto que declaró
su elección, así como para que se le ordene a dicha autoridad judicial proferir
una nueva providencia con base en las pruebas válidamente decretadas en el
trámite del proceso electoral, con exclusión de los elementos materiales
probatorios practicados en la etapa instructiva del proceso penal adelantado
contra el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos y que fueron indebidamente
trasladados al proceso electoral.
Igualmente
solicita, en caso de que haya sido separado del cargo, que se ordene el
restablecimiento de su calidad de Gobernador del departamento de Vichada, a la
que accedió legítimamente conforme con el resultado electoral contenido en el
Acta General de Escrutinio (Formulario E-26 AG), proferido por la Comisión
Escrutadora Departamental de Vichada, el 5 de noviembre de 2007.
A renglón seguido pide la suspensión de los efectos de
la providencia que censura como una medida provisional encaminada a evitar que
se concrete la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a
elegir y ser elegido.
5.      Oposición a la demanda de tutela
Con el propósito de
conformar debidamente el contradictorio, el Consejo de Estado -Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera-, por medio de Auto del 14 de
agosto de 2009, admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado de la
misma a los Magistrados integrantes de la sección demandada y al señor Juan
Carlos Ávila Juanías en su calidad de tercero con interés legítimo en las
resultas del proceso, para que se pronunciaran acerca de los supuestos de hecho
que motivaron la solicitud de amparo.
En la misma providencia
se ordenó oficiar a la Fiscalía 12 Seccional de Villavicencio, a fin de que
remitiera con destino al proceso la certificación del estado actual del proceso
penal adelantado contra el señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos e informara
si, en efecto, para el 5 de junio de 2009, ya se había practicado el juicio
oral.
De igual manera, allí se resolvió
negar la medida cautelar solicitada en el escrito de la demanda, por no
advertirse la existencia de una vulneración flagrante y ostensible del derecho
fundamental aludido por el actor, que haga factible adoptar el mecanismo de la
suspensión provisional de los efectos jurídicos de la sentencia bajo análisis.
Vale destacar que el término de rigor transcurrió
sin respuesta alguna de los Magistrados que componen la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
5.1.   Juan Carlos
Ávila Juanías
En el término concedido para el efecto, quien fungió como
demandante en el proceso contencioso cuya sentencia es objeto de reproche, dio
respuesta al requerimiento judicial mediante escrito en el que expresó su
disentimiento frente a las pretensiones delineadas en la demanda de tutela y
solicitó el rechazo de la protección constitucional invocada por ser, en su criterio,
temeraria.
Sostuvo al respecto, que
no existe motivo expresamente justificado que logre explicar que similares
hechos y derechos a los acá revelados estén siendo ventilados por el actor en una
segunda acción de tutela, la cual se encuentra en curso actualmente en la
Sección Segunda del Consejo de Estado. Ello impone, sin más, su rechazo de
plano o, cuando menos, que se emita una decisión desfavorable de todo lo solicitado,
conforme con lo establecido en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991[10].
5.2. Fiscalía 12
Seccional de Villavicencio -Unidad Primera Seccional de Fiscalías-
Al haberle correspondido
el conocimiento de la causa penal por la presunta comisión del delito de alteración
de resultados electorales, el Fiscal 12 Seccional de Villavicencio intervino en
el presente juicio para informar que en el trámite del proceso se suscribió un
Acta de Preacuerdo con el imputado Jorge Enrique Orjuela Barrientos que fue
aprobada por el Tribunal Superior de Villavicencio -Sala Penal-.
6.      Pruebas que obran en el expediente
Las pruebas relevantes aportadas al trámite de tutela,
todas de origen documental, conformadas por las principales piezas del proceso
contencioso administrativo de nulidad electoral, promovido por Juan Carlos Ávila
Juanías contra Blas Arvelio Ortiz Rebolledo, son las que a continuación se
relacionan:
- Copia de la
totalidad de las actuaciones surtidas en el marco de la investigación penal
adelantada por la Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño contra Jorge Enrique
Orjuela Barrientos por la presunta comisión del delito de alteración de
resultados electorales (cuadernos 3, 4, 5, 6 y 7 del expediente).
- Copia de la
Sentencia del 29 de julio de 2008, proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual decidió denegar las
pretensiones de la demanda, por no encontrarse acreditados los supuestos de
hecho de las normas que pretendían hacerse valer (folios 261 a 272 del cuaderno No. 9 del expediente).
- Copia de la
Sentencia del 05 de junio de 2009, dictada, en segunda instancia, por el
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-, a
través de la cual resolvió revocar el pronunciamiento del a quo y, en su
lugar, declaró nulo el acto administrativo contenido en el Acta General de
Escrutinio proferido por la Comisión Escrutadora Departamental de Vichada, por
medio de la que se le declaró elegido al señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo
como Gobernador del departamento de Vichada para el período constitucional
2008-2011 (folios 322 a 364 del cuaderno No. 10 del expediente).
II.      DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1.      Primera Instancia
1.1. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, en providencia dictada el 15 de octubre de
2009, decidió denegar la protección iusfundamental impetrada por el
actor, en cuanto que, por regla general, la acción de tutela no es procedente
para que mediante ella se controviertan sentencias judiciales.
1.2. A manera de consideración preliminar, puso de
presente que la solicitud de rechazo que elevó el tercero interesado contra la
acción de tutela por el supuesto ejercicio temerario en el que se incurría no
era de recibo, en tanto la verificación que se efectuó de la segunda demanda
presentada revela que se trata de hechos, por entero, distintos a los debatidos
en el sub-lite[11].
1.3. En seguida puntualizó que sólo excepcionalmente cabe
el recurso de amparo constitucional contra providencias, en aquellos casos en
que se vulnere el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
esto es, cuando el afectado no cuente con
otro mecanismo para obtener la protección del derecho o derechos conculcados, evento
en el cual no se infringe la cosa juzgada ni la seguridad jurídica como notas
características de dichos pronunciamientos que ponen fin a un proceso.
1.4. Sobre esa base, estimó que del caso concreto no emergía
una particular circunstancia que hiciera procedente la acción de tutela contra
la providencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, dictada en el marco
de un proceso electoral en el que el actor “fue asistido por un abogado, se
opuso a los cargos de la demanda los cuales fueron atendidos en la sentencia,
ejerció los recursos de ley y, en general, ejecutó los actos procesales en
garantía del debido proceso”.
1.5. Por manera que la sola inconformidad de los
sujetos procesales frente al sentido de una decisión judicial ordinaria no
implica, per se, que pueda representar una afectación de sus derechos
fundamentales.
2.      Impugnación
2.1. La decisión del a-quo fue recurrida oportunamente
por el apoderado del actor al considerar que aquella es diametralmente opuesta
a la jurisprudencia constitucional desarrollada en materia de la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, a partir de la cual se ha
reconocido que los funcionarios y órganos de la rama judicial son autoridades
públicas y, en tal virtud, sus actos pueden ser sometidos al control concreto
de constitucionalidad, tal y como lo dispone el artículo 86 de la Carta
Política.
Desde esa perspectiva, señala que no le era dable a la
Sección Primera del Consejo de Estado, en su calidad de juez constitucional,
desconocer la procedencia del recurso tuitivo de los derechos fundamentales
formulado y, menos aún, negar el amparo deprecado sin abordar de fondo la
problemática jurídica de la cual avocó conocimiento.
2.2. Con todo, advierte que aun si, en gracia de
discusión, se admitiera la tesis restrictiva adoptada por el operador jurídico
de primera instancia, tendría que haberse revisado de fondo la demanda
entablada, toda vez que uno de los defectos alegados alude a la vulneración del
derecho de acceso a la administración de justicia, en la medida en que no se
dio traslado a las partes de las pruebas decretadas de oficio que sirvieron de
fundamento a la decisión controvertida.
2.3. Así las cosas, solicita la revocatoria de la
Sentencia proferida por parte del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, para que, en su lugar, se conceda la
protección tutelar invocada, de suerte que sean protegidos los derechos
constitucionales fundamentales del accionante.
3.      Segunda Instancia
3.1. De la causa conoció el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, que, en Sentencia
del 21 de enero de 2010, confirmó el fallo judicial adoptado en primera
instancia, tras hacer hincapié en el hecho de que existe otro mecanismo de
defensa judicial dispuesto en el ordenamiento jurídico que el actor puede
activar en procura de salvaguardar las prerrogativas que estima infringidas.
3.2. En efecto, adujo que, si bien comparte la
jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la procedencia de la
acción de amparo contra providencias judiciales, lo cierto es que en el caso de
autos no se acredita el cumplimiento de la totalidad de las exigencias que han
sido delineadas en ella para acceder a su estudio de fondo, como lo es, por
ejemplo, el tema del debido agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios de defensa al alcance de la persona afectada.
3.3. Esto, por cuanto las inconformidades planteadas
por parte del actor son susceptibles de ser examinadas por vía del recurso
extraordinario de revisión previsto en el artículo 185 del Código Contencioso
Administrativo, mecanismo judicial que, al paso que se torna eficaz para la
protección de sus derechos fundamentales, constituye el escenario natural de
resolución del litigio, máxime, cuando no logra advertirse del mismo la
ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable que habilite la procedencia
de la acción de tutela como herramienta de protección judicial transitoria.
III.    ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1.1. A través de Auto del 13 de septiembre de 2010, la
Sala Cuarta de Revisión consideró necesario recaudar algunas pruebas para
verificar los hechos relevantes del proceso y mejor proveer en el presente
asunto. En consecuencia, resolvió oficiar al accionante, señor Blas Arvelio Ortiz
Rebolledo, para que informara a esta Sala lo siguiente:
1.
Indique si, como consecuencia de
las órdenes emitidas por el Consejo de Estado -Sección Quinta-, relativas a la
práctica de un nuevo escrutinio de los votos emitidos para elegir Gobernador de
Vichada el 28 de octubre de 2007, ya fue separado de su cargo o aún se mantiene
en aquél.
2.
Manifieste si promovió o no el
recurso extraordinario de revisión -Art. 185 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo- instituido como la herramienta judicial de
defensa para atacar la Sentencia del 5 de junio de 2009, dictada en segunda
instancia por parte del Consejo de Estado -Sección Quinta-, dentro del proceso
de nulidad electoral promovido por el ciudadano Juan Carlos Ávila Juanías
contra el acto que declaró su elección.
De
igual forma, se le requirió al Consejo de Estado -Sección Quinta- para que
diera cuenta del trámite que le dio al material probatorio que fue trasladado del proceso penal adelantado contra el
señor Jorge Enrique Orjuela Barrientos por la presunta comisión del delito de
alteración de resultados electorales, al contencioso de nulidad electoral
frente al cual resolvió decretar la nulidad del acto administrativo contenido
en el Acta General de Escrutinio (Formulario E-26 AG) de la Comisión
Escrutadora Departamental de Vichada, de fecha 5 de noviembre de 2007, por
medio del cual se declaró elegido Gobernador del Departamento de Vichada al
señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo. Lo anterior, con el propósito de corroborar
el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 185 del Código de Procedimiento
Civil.
Así mismo, se dispuso oficiar al Tribunal Administrativo del Meta para que indicara si,
como consecuencia de lo ordenado por la Sentencia dictada en segunda instancia,
el 5 de junio de 2009, por el Consejo de Estado -Sección Quinta-, practicó la
diligencia de nuevo escrutinio de los votos para elegir Gobernador de Vichada
el 28 de octubre de 2007, tomando como base el escrutinio realizado por la
Comisión Escrutadora Departamental, en el cual se excluyan los 43 votos
irregulares depositados por el candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo en la
mesa 01 del puesto 50 de la zona 99, única de la inspección de policía del
municipio de Cumaribo, Vichada.
Igualmente, se ofició al Consejo Nacional Electoral, a
la Registraduría Nacional del Estado Civil y a los Delegados del Registrador
Nacional del Estado Civil en Vichada, Puerto Carreño, a fin de que precisaran
si el Tribunal Administrativo del Meta llevó
a cabo la orden contenida en la Sentencia de segunda instancia, el 5 de junio
de 2009, proferida por el Consejo de Estado -Sección Quinta-, relacionada con
la práctica de un nuevo escrutinio de los votos para elegir Gobernador del
Vichada el 28 de octubre de 2007, tomando como base el realizado por la
Comisión Escrutadora Departamental, con exclusión de los 43 votos irregulares
depositados por el candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo en la mesa 01 del
puesto 50 de la zona 99, única de la inspección de policía del municipio de
Cumaribo, Vichada.
Por último, se solicitó a la Fiscalía 31 Seccional de
Puerto Carreño, Vichada, información sobre el estado actual del proceso que se sigue en contra del señor Jorge Enrique Orjuela
Barrientos, instaurado por el señor Juan Carlos Ávila Juanías, por la presunta
comisión del delito de alteración de resultados electorales.
1.2. Ha de anotarse, que el 17 de septiembre de 2010, la
Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho del Magistrado
Ponente un memorial del Consejo Nacional Electoral, en el que expuso que el
Tribunal Administrativo del Meta llevó a feliz término la orden impartida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado relacionada con la práctica de un nuevo
escrutinio de los votos para elegir Gobernador del Vichada para el periodo
constitucional 2008-2011, ya que, según oficio No. 1658[12],
comunicado por la Secretaría del mismo Tribunal, el 6 de agosto de 2009,
mediante una audiencia pública, y actuando en condición de Comisión
Escrutadora, procedió a declarar elegido al señor Juan Carlos Ávila Juanías y a
expedirle la correspondiente credencial, así como también a dejar sin valor ni
efecto aquella que le fuere reconocida a Blas Arvelio Ortiz Rebolledo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código Contencioso
Administrativo.
Valga resaltar, que dicha información fue corroborada
ulteriormente por el Tribunal Administrativo del Meta a través de escrito del
21 de septiembre de 2010, junto al cual acompañó copia del acta en la que
consta la celebración de la audiencia y lo fijado en ella[13].
En adición a lo anterior, cabe apuntar que el 23 de
septiembre pasado, por conducto de la Secretaría General de la Corte, el actor
dirigió escrito al despacho del Magistrado Sustanciador en el que contestó los
interrogantes formulados en el trámite de revisión. En él señaló, básicamente, que
no había promovido el recurso extraordinario de revisión contra la providencia
de la Sección Quinta del Consejo de Estado -Art. 185 y ss. Del Código
Contencioso Administrativo-, merced a su manifiesta improcedencia, pues contra
la misma no se configura ninguna de las causales taxativamente estipuladas en
el artículo 188 del C.C.A. para activar el citado recurso, por fuera de lo cual
insistió en la separación que de su cargo se produjo el 14 de agosto de 2009, a raíz de lo ordenado por el juez contencioso administrativo.
Así también, en comunicación del 28 de septiembre de
2010, la Secretaría General de esta Corporación dio cuenta de memorial en el
que el Consejero de Estado Filemón Jiménez Ochoa se opuso a los argumentos
insertos en la demanda de tutela, por considerar que las diligencias de que se
compone el expediente contentivo del proceso penal en el que se investigó la
conducta de “alteración de resultados electorales”, arribaron a la causa
electoral en copia auténtica expedida por las autoridades competentes y con la
anuencia del señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo, quien se constituyó en calidad
de víctima en el primero de los procesos y coadyuvó en su confección[14];
todo lo cual permitía tenerlas no ya solamente como simples elementos con
cierto valor demostrativo, sino como piezas probatorias basilares para ilustrar
una decisión de fondo.
Finalmente, es de relievar que la Fiscalía 12 Delegada
ante los Jueces Penales del Circuito -Unidad Primera-, por medio de oficio No. 872,
puso en conocimiento de esta Corporación que el señor Jorge Enrique Orjuela
Barrientos fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Villavicencio, en Sentencia del 28 de enero de 2010, a la pena principal de 35 meses y 6 días de prisión, siéndole negado el subrogado de la
suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como el de la
sustitución de la prisión intramural por la domiciliaria.
IV.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional
para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241,
numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto del 27 de mayo de 2010, proferido por la
Sala de Selección de Tutelas Número Cinco de esta Corporación.
2.      Problema Jurídico
2.1. De acuerdo con el acontecer fáctico descrito en
precedencia, la problemática de índole jurídica por resolver, en sede de
revisión, se contrae a la necesidad de establecer, si por obra de la sentencia
de segunda instancia, dictada dentro del proceso contencioso de nulidad
electoral, promovido por Juan Carlos Ávila Juanías contra el actor Blas Arvelio
Ortiz Rebolledo, se violó el derecho fundamental de éste último al debido
proceso, por el hecho de haberse decidido
en ella la nulidad del acto administrativo mediante el cual se le había
declarado elegido como Gobernador del departamento de Vichada para el período
constitucional 2008-2011 y la práctica de un nuevo escrutinio de los votos
emitidos para dicha elección.
2.2. Tal panorama conduce a la Sala, indefectiblemente,
a examinar si, en efecto, el fallo cuestionado (i) respetó las normas
procedimentales básicas aplicables al caso concreto, (ii) si analizó
correctamente los hechos realmente ocurridos y alegados, y (iii) si
examinó adecuadamente las pruebas allegadas al proceso.
2.3. Con ese objetivo entonces, se iniciará por (i)
reiterar la doctrina de la Corte Constitucional en torno a la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, para luego (ii) verificar
si en el caso bajo examen, se cumplen con los requisitos generales y
específicos de procedibilidad de la misma.
3.      De la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia
3.1. No pocos han sido los pronunciamientos que tanto
en sede de control abstracto como por vía del control concreto de
constitucionalidad esta Corporación ha proferido en tratándose de la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales[15]. Inclusive, podría afirmarse que el tema ha sido objeto
de un interesante desarrollo jurisprudencial que ha servido para perfilar de
mejor manera sus contornos en orden a garantizar la primacía, prevalencia y
efectividad de los derechos constitucionales fundamentales, introducir esa
perspectiva a juicios tradicionalmente
tramitados y definidos, actualizar el derecho y nutrirlo de valores y
principios propios del Estado Social y Democrático de Derecho[16].
3.2. Según se ha expresado en la jurisprudencia de
esta Corte, la tutela contra decisiones judiciales, encuentra un claro
fundamento de principio en la implementación por parte del Constituyente del
91, de un nuevo modelo de justicia constitucional basado, concretamente, (i)
en el carácter normativo y supremo de la Carta Política, que vincula a todos
los poderes públicos             -C.P. art. 4°-; (ii) en el
reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales -C.P.
arts. 2° y 85-; (iii) en la existencia de la Corte Constitucional, a
quien se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política,
y dentro de tal función, la de interpretar el alcance de las normas superiores
y proteger los derechos fundamentales -C.P. art. 241-;    (iv) y en la
posibilidad reconocida a toda persona para promover acción de tutela contra cualquier
autoridad pública, en defensa de sus derechos fundamentales -C.P: art. 86-[17].
3.3. No obstante, ha sido la propia jurisprudencia la
que también ha dejado en claro, que la posibilidad de controvertir las providencias
judiciales mediante el recurso de amparo constitucional es, en todo caso, de
alcance excepcional y restrictivo, en atención a que están de por medio los
principios constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa
juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la
independencia y autonomía de los jueces, y el sometimiento de los conflictos a
las competencias ordinarias de éstos[18].
Comprensión que, desde luego, encuentra particular sustento en la condición
supletiva que el artículo 86 Superior le ha atribuido al recurso tuitivo de los
derechos fundamentales, lo que ha llevado justamente a entender que su
ejercicio sólo sea procedente de manera residual, es decir, cuando no existan
otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos,
se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[19].
En tal
virtud, a la acción de tutela no puede
admitírsele, bajo ningún motivo, como un medio judicial alternativo, adicional
o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los
derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o
especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos
para controvertir las decisiones que se adopten[20].
Antes bien, lo que se pretende es el reconocimiento del carácter preferente de los diversos mecanismos judiciales
de defensa delineados en el ordenamiento jurídico, a los que deben acudir las
personas en procura de la efectiva garantía de protección de sus derechos[21].
3.4. Ahora, si bien es cierto que la función judicial
se encuentra sometida al principio de legalidad, lo que, de suyo, le reconoce
legitimidad a la misma y la rodea de garantías institucionales para su
desarrollo, también lo es que las autoridades judiciales se encuentran compelidas a proceder razonablemente y en estricto
apego a la Constitución y a la ley. En ese contexto, “el principio de
legalidad actúa como un límite a la discrecionalidad del juez, quien en el
ejercicio de sus funciones no puede interpretar y aplicar la ley de forma
arbitraria, apartándose del ámbito del derecho, e incurriendo en actuaciones
abusivas contrarias al ordenamiento jurídico”[22].
3.5. Por eso, la
acción de tutela contra providencias judiciales sólo puede ser valorada por el
juez constitucional, en aquellos eventos en los que logre comprobarse que la actuación del funcionario judicial fue “manifiestamente
contraria al orden jurídico, o al precedente judicial aplicable, y violatoria
de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia”[23]. En estos casos,
el control que se ejerce a través del mecanismo de amparo constitucional se
justifica, toda vez que las decisiones judiciales que no se corresponden con
las reglas preestablecidas y que constituyen una afectación indebida a los
derechos fundamentales, se traducen, en realidad, en una desfiguración de la
actividad judicial que, en últimas, deslegitima la autoridad confiada al juez
para administrar justicia e, impone, sin más, su declaración constitucional para
dar paso al derecho sustancial y salvaguardar los derechos fundamentales de los
coasociados[24].
3.6. Conforme con lo anterior, la tarea inicial de
este Tribunal se orientó, principalmente, por la elaboración y fijación de
parámetros a partir de los cuales el operador jurídico pudiera identificar
aquellos escenarios en los que la acción de tutela resultara procedente para
controvertir los posibles defectos de que puedan adolecer las decisiones
judiciales, para con ello determinar si hay o no lugar a la protección,
excepcional y restrictiva, de los derechos fundamentales por vía del recurso de
amparo constitucional[25].
3.7. Y, en efecto, la Corte, partiendo de la necesidad
de armonizar intereses constitucionales tales como la autonomía de la actividad
jurisdiccional del Estado y la seguridad jurídica, junto con la efectiva
prevalencia y eficacia de los derechos fundamentales, ha consolidado una
doctrina en torno a los eventos y condiciones para disponer sobre su
protección, cuando éstos han resultado ilegítimamente afectados con una
decisión judicial[26].
3.8. Así las cosas, producto de una labor de
sistematización sobre la materia, en la Sentencia C-590 de 2005[27],
la Corte distinguió entre requisitos generales y causales específicas de
procedibilidad. En cuanto a los primeros, también denominados requisitos
formales, debe decirse que son aquellos presupuestos cuyo cumplimiento
habilitan al juez de tutela para que pueda entrar a evaluar, en el caso
concreto, si se ha presentado alguna causa específica de procedibilidad del
amparo constitucional contra una decisión judicial. Dicho de otro modo, son
condiciones sin las cuales no sería posible abordar el estudio del fallo objeto
de reproche[28].
Ellas son:
“a. Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el
juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones[29].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes[30].
b. Que se hayan agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[31].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de
la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[32]. De lo contrario, esto es, de
permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos[33].
d. Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[34].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[35]. Esta exigencia es comprensible pues,
sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[36]. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas”[37].
3.9. Superada la observancia de los anteriores
supuestos, el juez debe comprobar que se configura por lo menos uno de los
requisitos de procedibilidad especiales, o defectos materiales, identificados
por la jurisprudencia constitucional y definidos en la misma como las fuentes
de vulneración de derechos fundamentales. Recientemente, esta Sala de Revisión,
al abordar el estudio de un asunto similar al que ahora ocupa su atención, tuvo
la oportunidad de citarlos y complementarlos de la siguiente manera:
“a. En un defecto orgánico. El cual se
configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras palabras, tal
defecto se estructura en los eventos en que la decisión cuestionada vía tutela,
ha sido proferida por un operador jurídico jurídicamente incompetente.
b. En un Defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado completamente
al margen del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se aparta
abiertamente y sin justificación válida, de la normatividad procesal que era
aplicable al caso concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que al
ignorar completamente el
procedimiento determinado por la ley, el juez termina dictando una sentencia
contraria a derecho, arbitraria, que vulnera derechos fundamentales. No
obstante, también la jurisprudencia ha precisado que para configurar el
defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a los siguientes
requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto, que afecte de
manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una influencia
directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la deficiencia no
resulte atribuible al afectado.
Así, por ejemplo, la Corte ha encontrado que se
configura un defecto procedimental, en los siguientes casos: (i) cuando se deja
de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde
arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión. Sin embargo, si
la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, o si se
deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un
efecto real, lo cual puede ocurrir porque el afectado tuvo oportunidad de
conocer el acto por otros medios, no procederá la tutela; (ii) cuando existe
una dilación injustificada, tanto en la adopción de decisiones como en el
cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando la autoridad judicial
pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya práctica previamente
había sido ordenada; y (iii) cuando  resulta evidente que una decisión
condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una clara
deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado.
c. En un defecto fáctico. Este surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión. Se estructura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales
en la decisión, que sean atribuibles a deficiencias probatorias del proceso.
Según esta Corporación, el fundamento de la intervención del juez de tutela por
deficiencias probatorias en el proceso, radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales con que cuenta el
juez del proceso para el análisis del material probatorio, éste debe actuar de
acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir, con base en criterios
objetivos y racionales. En ese
contexto, La Corte ha explicado que las deficiencias probatorias pueden
generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser la
falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido,
presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una acción
positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas allegadas al
proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho o que son
totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el primer caso, un
defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto por ineptitud e
ilegalidad de la prueba.
En punto a los fundamentos y al margen de intervención
que tiene el juez de tutela para configurar la ocurrencia de un defecto
fáctico, la Corte ha fijado los siguientes criterios de aplicación:
- La intervención del juez de tutela, frente al manejo
dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido.
El respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez
natural, impiden que en sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del
material probatorio.
- Las
diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su
autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El
juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que
sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le
impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos
que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por
aquél es razonable y legítima.
- Para que
la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[38].
d. En un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial adoptada por
el juez, desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen,
al sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al caso
concreto. Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando una
decisión judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente equivocada,
que la excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella pasa a
ser una simple manifestación de arbitrariedad,  que debe dejarse sin efectos,
para lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y apropiado. Al
respecto, ha explicado la Corte que tal situación de arbitrariedad se presenta
cuando se aplica: (i) una norma inexistente; (ii) o que ha sido derogada o
declarada inexequible; (iii) o que estando vigente, resulta inconstitucional
frente al caso concreto y el funcionario se haya abstenido de aplicar la excepción
de inconstitucionalidad; (iv) o que estando vigente y siendo constitucional, la
misma es incompatible con la materia objeto de definición judicial.
e. En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal
ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a
la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos
eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya
realización participan personas obligadas a colaborar con la administración de
justicia -autoridades o particulares-, y cuyo manejo irregular induce en error
al funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de
alguna de las partes o de terceros.
f. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les
competen proferir.
g. En
desconocimiento del precedente judicial. Se presenta en aquellos casos en
los cuales la autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se aparta
del precedente jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un
mínimo razonable de argumentación jurídica que justifique tal cambio de
jurisprudencia. Ocurre, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Se presenta
igualmente, cuando el juez del proceso ignora el alcance de una ley, fijado por
la Corte Constitucional con efectos erga omnes.
h. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la
decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados amparados por la Carta Política”[39]. (Negrilla propia del texto).
3.10. En los
términos referidos, para que proceda la acción de tutela contra providencias
judiciales, resulta imprescindible: (i) no sólo que se cumplan los
requisitos generales de procedibilidad, (ii) sino también, que la
decisión cuestionada por vía de tutela, haya incurrido en uno o varios de los
defectos o vicios específicos, y, finalmente, (iii) que el defecto sea
de tal magnitud que implique una lesión o afectación a derechos fundamentales.
3.11. Con
todo, no sobra resaltar nuevamente, tal como fue mencionado en precedencia, que
la acción de tutela contra providencias judiciales se instituye como un
mecanismo jurídico de protección de los derechos fundamentales, que encuentra
soporte y entidad propia, directamente en la Constitución Política de 1991,
cuya raigambre es verdaderamente excepcionalísima, circunscrita a la
comprobación de unas determinadas condiciones de procedencia que han sido
objeto del más prolijo proceso de elaboración jurisprudencial.
3.12. De conformidad con lo dicho, pasa la Sala a
verificar si los hechos que se alegan en la presente causa, se enmarcan en el test
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales y hacen factible,
por consiguiente, la adopción de medidas de protección del derecho fundamental
invocado.
4.      Resolución del Caso Concreto
4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad
4.1.1. En la línea de las consideraciones plasmadas, encuentra
la Corte que en el presente asunto, pueden tenerse como cumplidos los
requisitos generales de procedencia establecidos por la jurisprudencia
constitucional.
4.1.2. En efecto, vale destacar que la cuestión que se
debate es, prima facie,  (i) de indiscutible relevancia
constitucional, puesto que se persigue la efectiva protección del derecho fundamental
al debido proceso, frente a una presunta
actuación arbitraria del juez contencioso que ha adquirido firmeza; (ii) así mismo, es
claro que dentro del proceso contencioso de nulidad electoral, el actor agotó
todos los medios ordinarios de defensa que tenía a su disposición para procurar
la salvaguarda de las prerrogativas iusfundamentales que estima
vulneradas, pues contra la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, promovió recurso de apelación, tramitado y
resuelto mediante sentencia por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta-, siendo esta última providencia la que se
reprocha en sede de tutela.
En este punto específico, interesa aclarar que, aun
cuando por expreso mandato del artículo 185 del Código Contencioso
Administrativo (en adelante C.C.A.), contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las Secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado en segunda instancia, procede el Recurso Extraordinario de
Revisión, el mismo no es susceptible de ser invocado en el caso de autos, ya
que los hechos alegados en la acción de amparo presentada no se enmarcan en
ninguna de las causales de procedibilidad del citado recurso, previstas en el
artículo 188 ejusdem; (iii) adicionalmente, se tiene que la
acción de tutela fue promovida en un término razonable y proporcional al de la
ocurrencia del hecho que presuntamente originó la vulneración, pues ésta se
interpuso con menos de dos meses de diferencia luego de haberse dictado la
sentencia en segunda instancia -la tutela se presentó el 30 de julio de 2009 y
la providencia de segunda instancia se profirió el 05 de junio de ese mismo
año-; (iv) de igual forma, estima la Sala que en el presente caso el
actor logra identificar con claridad los hechos que, en su concepto, generaron
la vulneración alegada y los derechos presuntamente violados, así como la
incidencia de los defectos en la decisión que se cuestiona; (v)
finalmente, la polémica que se plantea no gira en torno a una sentencia de
tutela.
4.2. La sentencia cuestionada no se enmarca en ninguno
de los requisitos específicos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales
4.2.1. En el asunto bajo estudio, el actor sostiene
que el Consejo de Estado      -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta-, al resolver el recurso de apelación promovido contra el fallo de
primera instancia, dentro del curso de la acción de nulidad electoral,
transgredió su derecho constitucional fundamental al debido proceso, por el
hecho de haber declarado la nulidad del acto administrativo mediante el cual se
le había elegido como Gobernador del departamento de Vichada para el periodo
constitucional 2008-2011 y haber ordenado, en consecuencia, la práctica de un
nuevo escrutinio de los votos emitidos, previa exclusión de aquellos
depositados de manera irregular.
Afirma que tal situación se configuró, gracias a que
el Consejo de Estado no contaba con pruebas propiamente dichas para sustentar
la decisión, así como tampoco aplicó las normas sustantivas y procesales pertinentes
al caso, por fuera de lo cual efectuó una desacertada ponderación de los
elementos de prueba que se aportaron al proceso. En este sentido, aduce el actor que la autoridad acusada incurrió en
defecto fáctico, procedimental y sustantivo.
4.2.2 Pues bien, evaluadas las circunstancias de hecho
que dieron lugar al proceso de nulidad electoral, las pruebas acopiadas al
mismo y el contenido de la sentencia de segunda instancia, no encuentra la
Corte que en ella, el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta- haya vulnerado el derecho del actor al debido proceso, y
tampoco que hubiere incurrido en alguno de los defectos específicos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales que aquél le
endilga.
4.2.3. En criterio de esta Sala, la sentencia objeto
de cuestionamiento, no se constituye en una actuación arbitraria o abusiva del
juez del proceso y, por el contrario, encuentra que la misma fue proferida de
conformidad con la Constitución y la ley, dentro del marco de la autonomía e
independencia judicial, apoyándose en disposiciones claramente aplicables al
caso concreto, con base en el material probatorio aportado al proceso, y
ajustado al procedimiento establecido para tramitar la acción de nulidad
electoral.
Baste simplemente con recordar lo ocurrido en el
referido proceso contencioso para ratificar este aserto.
4.2.4. Con fecha 28 de octubre de 2007, se realizaron
las elecciones de autoridades locales para el periodo constitucional 2008-2011,
en las que el ciudadano Blas Arvelio Ortiz Rebolledo resultó elegido Gobernador
del departamento del Vichada.
4.2.5. Una vez concluida la jornada electoral, el
ciudadano Juan Carlos Ávila presentó denuncia penal contra el señor Jorge
Enrique Orjuela Barrientos, supernumerario de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, por haber incurrido, presuntamente, en una serie de
irregularidades en la mesa 01 del puesto 50 de la zona 99 del municipio de
Cumaribo, Vichada, a saber:           (i) incineró algunos de los votos, (ii)
entregó la tula contentiva de documentos electorales sin sellos de seguridad, (iii)
abiertas, algunas de las bolsas que contenían votos, lo cual daba la impresión
de que hubiesen sido marcados por la misma persona y no revelaban marcas de
haber sido doblados.
Adicionalmente, (iv)
unos de los ejemplares del formulario E-14, al parecer, no fue suscrito por los
miembros del jurado y (v) el formulario E-14 fue firmado, supuestamente, por
unas personas diferentes a quienes, como jurados de votación, suscribieron el
formulario E-11.
4.2.6. Paralelamente, el 27 de noviembre de 2007, el
señor Juan Carlos Ávila Juanías promovió demanda de nulidad electoral contra el
acto de elección del Gobernador del departamento de Vichada, para que declarara
la nulidad del acto de la comisión
escrutadora departamental contenido en el Acta General de Escrutinio
Departamental por obra del cual se realizó la elección, así como también de las
actas de escrutinios y los registros de los votantes correspondientes a la mesa
de votación de Mataven, Cumaribo, y de las resoluciones de la Comisión
Escrutadora Departamental, toda vez que estas últimas no consintieron las
reclamaciones efectuadas con motivo de los escrutinios de votos para gobernador
y negaron la apelación ante el Consejo Nacional Electoral.
4.2.7. El Tribunal Administrativo del Meta, que
conoció en primera instancia del referido proceso, admitió la demanda
instaurada el 15 de enero de 2008[40] y procedió a notificar
el auto mediante edicto por el término de 5 días, tal y como lo señala el
artículo 233 del C.C.A. En la misma providencia, se resolvió correr traslado al
Procurador Judicial delegado para que hiciera el concepto de rigor.
De otro lado, también se resolvió negar la solicitud
de suspensión provisional del acto de la comisión escrutadora departamental
contenido en el Acta General de Escrutinio Departamental que había elevado el
demandante, habida cuenta que no se advertía fácilmente que éste infringía las
normas citadas por aquél[41].
Una vez vencido el término de fijación en lista, el
señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo contestó la demanda contenciosa, proponiendo
como excepciones de mérito la ausencia de nulidad del acta general de
escrutinio departamental y la validez del acta de escrutinio del jurado de
votación de la mesa 1 de la inspección de Mataven. En el escrito de respuesta
al requerimiento judicial instó al juez de la causa para que tuviera en cuenta
como pruebas, entre otras, varias certificaciones de la Policía del Vichada,
del Batallón fluvial de Infantería Marina NR 40, del Registrador Municipal de
Cumaribo, sobre la normalidad que se vivió durante los comicios celebrados el
28 de octubre de 2007, así como que solicitara a la Fiscalía 31 Seccional de
Puerto Carreño para que remitiera copia de las actuaciones adelantadas en
relación con los hechos ocurridos en la inspección de Mataven[42].
4.2.8. En auto del 4 de febrero de 2008, el Tribunal
Administrativo del Meta abrió a pruebas el asunto por 20 días, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 234 del C.C.A. En consecuencia, solicitó (i) a la
Fiscalía 31 Delegada ante los Jueces del Circuito de Puerto Carreño, copia
auténtica de las actuaciones que conforman el proceso en el que es denunciante
Juan Carlos Ávila Juanías, con motivo de las presuntas irregularidades
cometidas en la mesa única de votación de Mataven, Cumaribo; (ii) al
Registrador Nacional del Estado Civil, certificación sobre “los números de
códigos de barra y demás sistemas de seguridad que permitan establecer la
originalidad de los restos de los tarjetones que se entregaron a la Fiscalía 31
Seccional de Puerto Carreño, tales como códigos de barras asignados a cada uno
y a los formularios E-14 con destino a claveros y E-14 con destino a Delegados
del Registrador Nacional de la Inspección de Policía de Mataven”; (iii) a la
Comandancia Departamental de Policía del Guainía, copia auténtica del acta que
levantaron el delegado de la Registraduría Jorge Enrique Orjuela Barrientos a
la llegada a esa ciudad y antes de ser recogido para ser llevado a Cumaribo a
entregar los documentos y resultados electorales; (iv) al Registrador Municipal
de Cumaribo, Vichada, copia auténtica de los actos administrativos de
designación de jurados de votación para Mataven y certificación de su
coincidencia con quienes desempeñaron finalmente esas funciones; (v) al jefe de
Criminalística del C.T.I. de la Fiscalía de Villavicencio, designación de
grafólogo y documentólogo para que, dentro del procedimiento que corresponda,
rindan un concepto respecto de la “inconsistencia en relación con la falta
de identidad material y del contenido que se presenta entre los formularios
E-14 dirigidos a Claveros y el dirigido a Delegados del Registrador Nacional
del Estado Civil”[43]. Además, resolvió
incorporar como prueba la documentación aportada por el señor Blas Arvelio Ortiz
Rebolledo al contestar el libelo.
4.2.9. En todo caso, el Tribunal Administrativo del
Meta, en providencia del 14 de marzo de 2008, decidió ampliar el término
probatorio por 10 días más, a efecto de allegar algunas de las pruebas
faltantes y ordenar su traslado para la debida contradicción. Así, se ordenó
correr traslado por 3 días a las partes respecto de los dictámenes rendidos por
el área de grafología y documentología, para su eventual aclaración u objeción[44].
Nuevamente el 10 de abril de 2008, el referido
Tribunal amplía el término probatorio por 10 días, para con ello solicitar la
copia auténtica de lo actuado en la investigación penal cursante en la Fiscalía
31 Seccional de Puerto Carreño contra Jorge Enrique Orjuela Barrientos, por el
delito de alteración de resultados electorales[45].
4.2.10. Agotado el anterior estadio procesal, por
medio de Auto del 25 de abril de 2008, se ordenó correr traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión, carga procesal que fue asumida
por ambas partes[46].
4.2.11. Finalmente, el Tribunal Administrativo del Meta,
en sentencia de primera instancia, proferida el 29 de julio de 2008, resolvió
denegar las pretensiones de la demanda, al considerar que había quedado
demostrado, por medio de perito grafólogo, que las firmas de los formularios
E-14 correspondían a las de los jurados de votación, así como también que no se
encontraban acreditadas las irregularidades en los votos depositados en la mesa
cuestionada, ya que no se habían allegado declaraciones de alguna de las
personas que, según se alega, fueron suplantadas o que no decidieron
libremente.
Por otro lado, el Tribunal sostuvo que el formulario
E-14 de la mesa de Mataven, destinado a los Delegados Departamentales, cumplió
con el requisito de estar firmado, al menos, por dos jurados de votación, razón
por la cual no se podía aceptar el alegato del demandante de tener en cuenta
únicamente el E-14 destinado a los claveros que no fue firmado, porque podría
desconocer el principio de eficacia del voto.
4.2.12. Formulada la apelación el 6 de agosto de 2008,
por parte del demandante, el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta-, dispuso de nuevo oficiar a la Fiscalía 31
Seccional de Puerto Carreño, por vía de Auto del 20 de noviembre de 2008, para
que remitiera copia auténtica de las actuaciones surtidas hasta la fecha, en el
proceso que se sigue contra Jorge Enrique Orjuela Barrientos, a fin de “aclarar
puntos dudosos en relación con el presunto fraude electoral, que dice el
demandante, se presentó en la elección del Gobernador de Vichada para el
período 2008-2011” y tener conocimiento del curso actual de la
investigación.
Como consecuencia de lo anterior, la Fiscalía Séptima
Seccional de Villavicencio, en oficio No. 0284 del 11 de diciembre de 2008,
procedió a remitir 4 carpetas con 314, 203, 308 y 138 folios fotocopiados, para
que reposen en el expediente contentivo de las diligencias del proceso
contencioso de nulidad electoral[47].
4.2.13. Así, el 30 de marzo de 2009, una vez allegada
la anterior actuación penal, el señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo propuso
incidente de nulidad, como quiera que el Consejo de Estado no dio traslado de
la prueba oficiosa decretada.
4.2.14. Con todo, en providencia del 5 de junio de
2009, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, previo rechazo del incidente de nulidad por extemporáneo, revocó la
sentencia del 29 de julio de 2008 dictada por el Tribunal Administrativo del Meta
y, en su lugar, decidió declarar nulo el acto administrativo contenido en el
Acta General de Escrutinio (formulario E-26 AG) proferido por la Comisión
Escrutadora Departamental de Vichada el 5 de noviembre de 2007, mediante el
cual se declaró elegido al señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo como Gobernador
del departamento de Vichada para el período constitucional 2008- 2011, y ordenó
practicar nuevo escrutinio de los votos emitidos para elegir Gobernador de
Vichada el 28 de octubre de 2007, tomando como base el escrutinio realizado por
la Comisión Escrutadora Departamental, en el cual se excluyan los votos
irregulares depositados por el candidato Blas Arvelio Ortiz Rebolledo en la
mesa 01 del puesto 50 de la zona 99 de la inspección de policía de Mataven del
municipio de Cumaribo, Vichada, declarando elegido Gobernador a quien
corresponda.
A esta determinación llegó esa Alta Corporación, luego
de que evaluara los elementos probatorios recogidos por la Fiscalía General de la
Nación en el proceso adelantado contra el señor Jorge Enrique Orjuela, por el
presunto delito de alteración de resultados electorales.
En efecto, para el Consejo de Estado, tales elementos
constituían prueba válidamente practicada con audiencia del ciudadano Blas
Arvelio Ortiz, por lo que podían tenerse como prueba trasladada en el proceso
electoral.
Con base en aquellas evidencias, se consideró
plenamente probado:              (i) conforme a dictámenes técnicos, que
se habían depositado varios votos marcados por una misma persona; (ii)
de acuerdo con interrogatorio y declaración extrajuicio del imputado, que éste
había depositado los votos fraudulentos en la mesa respectiva; y (iii) con
base en entrevistas a terceros, que el imputado había marcado algunos
tarjetones e introducido irregularmente otros en la mesa cuestionada.
4.2.15. En este punto, no cabe duda alguna de que el
cuestionamiento en el presente asunto, recae por completo en el tema del
traslado de pruebas que se surtió del proceso penal al contencioso de nulidad
electoral y la importancia capital que se le atribuyó para adoptar la decisión
de segunda instancia.
En efecto, el actor sustentó la violación de su derecho
al debido proceso, a partir de un indebido traslado de la prueba decretada que,
además, no fue confrontada por los
sujetos procesales -defecto procedimental-; igualmente, la decisión
judicial tuvo como soporte elementos materiales probatorios que no podían
tenerse como pruebas trasladadas, en tanto no se cumplió con lo previsto en el
artículo 185 del Código de Procedimiento Civil -defecto fáctico-; por
último, a aquella norma se le dio una aplicación indebida, como quiera que no
podía tenerse como pruebas trasladadas a las evidencias acopiadas en el proceso
penal -defecto sustantivo-.
4.2.16. Por virtud de lo anterior, es de interés para
esta Sala de Revisión efectuar un breve repaso de la jurisprudencia del Consejo
de Estado, en su condición de máximo órgano de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, atinente al mérito probatorio de las pruebas
trasladadas.
4.2.17. El artículo 168 del Código Contencioso
Administrativo dispone que en los procesos seguidos ante esa específica
jurisdicción, se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las
del procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de
prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.
De ese modo, se acude a las normas del Estatuto
Procesal Civil en cuya virtud las pruebas trasladadas son apreciables, sin
mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren
practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de
ella -art. 185-.
En cuanto al traslado de expedientes, se deben tener
en cuenta las reglas que gobiernan la materia atinente a las pruebas
trasladadas, asunto reiterado en diversas ocasiones, en el sentido de que
aquéllas que no cumplan los requisitos previstos en el artículo 185 del Código
de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso
contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren
sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán ser valoradas en el primer
proceso[48].
También se ha advertido por el Consejo de Estado que,
en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de
otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden
ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando
hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y
no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que,
en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes
solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento
de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para
su inadmisión[49].
Conforme con ello, de no cumplirse alguno de los
mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de
si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley
ha establecido respecto de cada una de éstas. Al respecto, señaló la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en Sentencia del 04 de febrero de 2010
(Expediente 18320)[50], lo siguiente:
“… el artículo 229 del mismo código dispone:
“Sólo podrán ratificarse en un proceso las
declaraciones de testigos:
1.
Cuando se hayan rendido
en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en
el posterior.
2.
Cuando se hayan recibido
fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos
298 y 299.
Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo
soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para
la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.
Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en
la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin
permitir que el testigo lea su declaración anterior”. (Se subraya).
Conforme a lo anterior, se tiene que los
testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se
pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando
son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con
audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este
último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el
procedimiento previsto en el artículo 229 del C. de P. C. Si no se dan estas
condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.
En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse
en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso
administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba
testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una
declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal
que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los
requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas,
siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal,
dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.
En cuanto a los documentos, públicos o privados
autenticados, podrán ser
valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados,
siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código
de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá
expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se
aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su
notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma,
no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de
influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni
manuscrito por la parte a quien perjudica.
Sobre los informes técnicos y peritaciones de
entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán
ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que
puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez
trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para
garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden
hacer valer.
Finalmente, las inspecciones judiciales y los
dictámenes periciales no
pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron
practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte
contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de
contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad
a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los
artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no
podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe
respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse
nuevamente en el nuevo proceso”[51]
En
las anotadas condiciones, consideró la Sección, en el caso que estudiaba, que,
aun cuando no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de
prueba exige y no se surtió el traslado de los mismos para garantizar el
derecho de contradicción de la contraparte contra la cual se aducen, la misma
no configuraba vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del C. de P.
C., razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el
parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas
de nulidad procesal “se tendrán por subsanadas, si no se impugnan
oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”.
Ello,
a juicio de la Sección, se encuentra reforzado por el hecho de que durante la
etapa probatoria, ninguna de las partes se pronunció al respecto y que dentro
del traslado para alegar de conclusión el apoderado de la entidad demandada no
hizo señalamiento alguno en relación con dicho asunto[52].
4.2.18.
Así pues, aplicando los anteriores criterios al caso que ocupa la atención de la
Sala de Revisión, se tiene que las diligencias contentivas del proceso penal
adelantado por la Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño, podían ser valoradas
plenamente en el proceso contencioso administrativo de nulidad electoral, pues,
a pesar de que no se evidencia en el material aportado al plenario el
cumplimiento del trámite establecido en el artículo 289 del Código de
Procedimiento Civil, esto es, que una vez allegada la respectiva documentación,
se expida auto que ordene tenerlo como prueba para, entre otras cosas, asegurar
que la parte contra la cual se aduce pueda
tacharla de falsa dentro de los cinco días siguientes a su notificación, lo
cierto es que ello no configura un vicio insubsanable constitutivo de nulidad
procesal, máxime, cuando el quejoso en el presente asunto nunca se pronunció al
respecto, ni siquiera en los alegatos de conclusión.
4.2.19. De manera que, para esta Sala de Revisión, la
ponderación de las pruebas y de los hechos alegados que realizó el operador
jurídico en el asunto bajo estudio, fue el resultado de una interpretación
razonable de las normas aplicables al mismo, entendiendo, por supuesto, que su
decisión de acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral, tuvo
como principal fundamento la acreditación de la causal 2º establecida en el
artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, según la cual, “cuando
aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los
elementos que hayan servido para su formación”, al estimar una falta de
correspondencia entre la realidad y la información contenida en los diferentes
registros electorales que imponía, desde luego, la vocación de prosperidad del
cargo alegado.
Con razón, entonces, procedió el Consejo de Estado a
analizar la incidencia de la irregularidad detectada en el resultado de la
elección, para, finalmente, mediante unos de los métodos que ha delineado en su
jurisprudencia, establecer la dinámica del procedimiento tendiente a garantizar
el principio de eficacia del voto.
De suerte que entre la exclusión de la votación de las
mesas, la distribución ponderada de las irregularidades en quienes obtuvieron
votos en las mesas afectadas y dejar de considerar los votos irregulares,
escogió la última de las mencionadas metodologías, teniendo en cuenta que, en
el caso concreto, sí se tenía certeza acerca del candidato que resultó
beneficiado con los votos depositados irregularmente.
4.2.20. En suma, de las circunstancias fácticas que
dieron paso al proceso de nulidad electoral sometido a estudio, y de los fundamentos
jurídicos que expuso la Corporación accionada para justificar su decisión, no
se deduce, en modo alguno, que dicha autoridad haya incurrido en un flagrante
error judicial, violatorio de derechos fundamentales, que justifique la
procedencia de la tutela formulada. Por el contrario, la decisión cuestionada
en esta sede, encuentra claro sustento en el principio de libre valoración
judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria, es en
realidad, como ya se dijo, el resultado de una interpretación razonable del
material probatorio aportado, a su vez confrontado con las preceptivas legales
que delimitan el marco del proceso contencioso de nulidad electoral y que
resultaban aplicables al caso concreto.
4.2.21. La Corte advierte que el planteamiento de la
demanda de tutela, sobre un posible defecto fáctico, procedimental y sustantivo
de la providencia acusada, se funda, en realidad, en una evidente diferencia de
valoración en el mérito de las pruebas que fueron trasladadas del proceso penal
al contencioso de nulidad electoral, lo cual, según la jurisprudencia
constitucional, no puede considerarse ni calificarse como errores o defectos
susceptibles de corrección judicial vía tutela. De hecho, frente a interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los
criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál
es la que mejor se ajusta al caso concreto, estando el juez de tutela en la
obligación de asumir, en principio y salvo hechos que tajantemente demuestren
lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es
razonable y legítima.
4.2.22. A más de lo anterior, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que, cuando la providencia judicial se fundamenta
en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de las
normas que son aplicables al caso y en la valoración adecuada de las pruebas
allegadas, como ocurre en esta oportunidad, no es factible alegar la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, pues de ser ello así, habría una
intromisión arbitraria del juez constitucional que menoscabaría de manera grave
los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley -sustancial y
procesal-.
4.2.23. Por tanto,
al margen de que la determinación adoptada por el Consejo de Estado -Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta- no satisfaga las expectativas del
demandante, no es posible afirmar, como equívocamente lo hace éste, que la
autoridad judicial demandada vulneró flagrantemente su derecho fundamental al
debido proceso, por el hecho de haber accedido a las pretensiones de la demanda
de nulidad electoral. Como ya se explicó, tal decisión, se adoptó conforme a
los elementos de hecho y de derecho aplicables al caso.
4.2.24.
En virtud de lo consignado en precedencia, fuerza
concluir que la Corte procederá a confirmar la Sentencia de tutela de
segunda instancia, proferida por el Consejo
de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
B- que, a su turno, confirmó la dictada por el Consejo de Estado -Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera-, que negó la acción de tutela
promovida por el señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo contra la providencia de
segunda instancia dictada por el Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta-, dentro de la acción de nulidad
electoral que el señor Juan Carlos Ávila Juanías entabló en su contra.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos para
fallar el presente asunto, decretada por la Sala de Revisión en auto del 13 de
septiembre de 2010.
SEGUNDO.- CONFIRMAR, por las razones
expuestas en esta providencia, la
Sentencia de segunda instancia, proferida por el
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B- que, a su turno, confirmó la dictada por el Consejo de Estado
-Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera-, que negó la acción de
tutela promovida por el señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo contra la
providencia de segunda instancia dictada por el Consejo de Estado -Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta-, dentro de la acción de
nulidad electoral que el señor Juan Carlos Ávila Juanías entabló en su contra.
TERCERO.- Líbrese la comunicación de que
trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese
en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver Folio
2 del Cuaderno Principal -acápite de hechos de la demanda de tutela-.
[2]
Artículo 84.- Modificado. Decr. 2304 de 1989, art. 14. “Toda persona podrá
solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de
los actos administrativos. Procederá no solo cuando los actos administrativos
infrinjan las normas en que debería fundarse, sino también cuando hayan sido
expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o
con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o
corporación que las profirió (…).
Artículo 223.- Modificado.
Ley 62 de 1988, art. 17. Las actas de escrutinio de los jurados de votación y
de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos:
(…)
2o) Cuando aparezca que el
registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan
servido para su formación; (…).”
[3]
A pesar de obrar constancia de la formulación del recurso de apelación por
parte del apoderado judicial del actor en la demanda de nulidad electoral (Ver
folio 278 del Cuaderno No. 9 del expediente), no hay precisión sobre los
argumentos que sustentan dicho recurso.
[4]
El demandado interpuso el incidente de nulidad el 30 de marzo de 2009, no
obstante el mismo fue rechazado al ser presentado luego de que el proceso
ingresara al despacho para fallo. Según el artículo 242 del Código Contencioso
Administrativo, una vez vencido el término para alegar, no se admitirá
incidente alguno distinto de recusación, si el magistrado hubiere comenzado a
conocer después de aquél, y de nulidad, por falta de competencia sobre el cual,
una vez decidido, no cabrá recurso (…).
[5]
Dictamen pericial grafológico, audiencia de interrogatorio del encartado,
diligencia de declaración ante Notario, entrevistas y recepción de múltiples
declaraciones.
[6]
Artículo 185 del Código de Procedimiento Civil. “Prueba trasladada. Las pruebas
practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia
auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso
primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o
con audiencia de ella”.
[7]
Según lo indica la providencia del Consejo de Estado, el señor Blas Arvelio
Ortiz Rebolledo actuó como interviniente especial en el proceso penal
adelantado contra Jorge Enrique Orjuela Barrientos –Delegado del Registrador
Municipal-. Así se infiere de los documentos obrantes en los folios 200, 271 y
272 del Cuaderno No. 1; 105, 106 y 184 del Cuaderno No. 2; y, 163 y ss. del
Cuaderno No. 3 del expediente contentivo del proceso penal.
[8]
En efecto, el Consejo de Estado, entre otros métodos, ha dejado de considerar
los votos irregulares, ha excluido la votación de las mesas en las que la
irregularidad se presentó y, últimamente, ha distribuido, en forma ponderada,
las respectivas irregularidades entre quienes obtuvieron votos en las mesas
afectadas. Todas estas prácticas han sido adelantadas, en principio, por virtud
del secreto del voto, pues en algunos eventos es imposible establecer quien se
benefició de las irregularidades que, alegadas, resultan probadas. Consultar
folio 360 del Cuaderno No. 10 del expediente de tutela.
[9]
Contra el auto del 2 de julio de 2009, el demandado formuló un recurso de
reposición, el cual fue negado en decisión del 23 de julio de 2009 por el
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta-.
[10]
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política”.
[11]
Según la Sentencia, en el proceso que cursa en la Sección Segunda del Consejo de Estado, el actor solicita la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal
Administrativo del Meta, pero en este caso por el procedimiento adoptado para
llevar a cabo los nuevos escrutinios ordenados por el Consejo de Estado en la
providencia que es objeto de reproche por vía de la acción de tutela (ver folio
82 del Cuaderno No.2 del expediente).
[12]
Ver folios 44 a 49 del Cuaderno de elementos de juicio aportados al proceso de
tutela -trámite de revisión-.
[13]
Ver folios 50 a 59 del Cuaderno de elementos de juicio aportados al proceso de
tutela -trámite de revisión-.
[14]
El Consejero de Estado se permite citar un aparte de la providencia adoptada en
segunda instancia por la Sección Quinta, en la que se afirma que las pruebas que fueron arrimadas al proceso electoral en copia auténtica, originadas en el
proceso penal, cumplen con las formalidades establecidas en el artículo 185 del
Código de Procedimiento Civil, por lo que válidamente pueden tenerse como
pruebas trasladadas. Inclusive, se destaca la calidad de interviniente especial
del señor Blas Arvelio Ortiz Rebolledo en el proceso penal adelantado contra
Jorge Enrique Orjuela Barrientos, al haber actuado en calidad de víctima en el
referido trámite.
[15]
Sobre el tema se pueden consultar, entre muchas otras sentencias, las
siguientes, que son particularmente relevantes: C-543 de 1992, T-079 de 1993,
T-231 de 1994, T-327 de 1994, SU-014 de 2001, T-705 de 2002, T-949 de 2003,
T-774 de 2004, C-590 de 2005, T-363 de 2006, T-565 de 2006, T-661 de 2007,
T-213 de 2008, T-249 de 2008, T-027 de 2008, T-066 de 2009, T-162 de 2009,
T-267 de 2009, T-425 de 2009, T-167 de 2010, T-214 de 2010, T-217 de 2010 y
T-285 de 2010.
[16]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-285 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[17]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-217 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[18]
Sentencia T-233 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[19]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-608 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[20]
Sobre el particular, consultar, entre otras, las
Sentencias SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-280 de 2009, T-565 de
2009, T-715 de 2009, T-049 de 2010, T-136 de 2010 y T-524 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[21]
La Carta Política le impone a las autoridades de la República la obligación de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades -C.P.
art. 2º-, por lo que debe entenderse que los diversos mecanismos judiciales de
defensa previstos en la ley, han sido estatuidos como instrumentos de carácter
preferente a los que deben acudir las personas en procura de la efectiva
garantía de protección de sus derechos. De ahí que se justifique el carácter
subsidiario de la acción de tutela. Consultar, entre otras, las Sentencias
T-106 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell, SU-544 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-983 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-514 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-1017 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-715 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-778 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[22]
Sentencia T-217 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[23]
Sentencia T-1066 de 2007. Consultar, además, las Sentencias T-233
de 2007, T-012 de 2008 y T-1275 de 2008.
[24]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-217 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[25]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-462 de 2003.
[26]
Al respecto, consultar, entre otras, la Sentencia T-1275 de 2008.
[27]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[28]
Al respecto, consultar, entre otras, las Sentencias T-012 de 2008 y T-789 de
2008.
[29]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-173 de 1993.
[30]
Al respecto, se manifestó: “(...) el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta derechos
fundamentales de las partes”.
[31]
Sentencia T-504 de 2000.
[32]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-315 de 2005.
[33] Sentencia T-033 de 2002.
[34]
Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de 2000.
[35] Sentencia T-658 de 1998.
[36] Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[37] Sentencia C-590 de 2005.
[38] Sentencia T-590 de 2009.
[39]
Sentencia T-217 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[40]
La demanda contenciosa había sido inadmitida por el Tribunal Administrativo del
Meta en Auto del 3 de diciembre de 2007, al considerarse que carecía por
completo de los requisitos y formalidades consagradas en el Código Contencioso
Administrativo, en particular, porque el demandante no acompañó copia del acto
acusado en los términos del artículo 139 ídem. Consultar folio No. 246 del
Cuaderno No. 8 del expediente.
[41] Consultar folios 252 a 254 del Cuaderno No. 8 del expediente.
[42] Consultar folios 284 a 286 del Cuaderno No. 8 del expediente.
[43]
Consultar folios 303 a 304 del Cuaderno No. 8 del expediente.
[44]
Consultar folio No. 1 del Cuaderno No. 9 del expediente.
[45]
Mediante oficio No. 207 del 18 de abril de 2008, la Fiscalía 31 Seccional de Puerto Carreño, remitió copias auténticas de la investigación penal
adelantada contra Jorge Enrique Orjuela Barrientos, la cual se envía desde el
folio 228 al 411 del cuaderno original.
[46]
Igualmente, vencido el término para alegar, el Tribunal Administrativo del Meta
dispuso la entrega del expediente al Ministerio Público por espacio de 10 días,
conforme lo ordena el artículo 236 del C.C.A.
[47]
Consultar folio 3 del Cuaderno No. 10 del expediente.
[48]
Consultar, entre otras, la Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300.
[49]
Consultar, entre otras, la Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789.
[50] Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez
[51]
Sentencia del 13 de abril de 2000 (Expediente 11.898).
[52] En el mismo sentido, consultar la
Sentencia de junio 5 de 2008, expediente 16.589.