T-814-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-814/05
AUXILIO DE SUBSISTENCIA-Previsto en Dec
2681/03
DERECHO DE PETICION-Alcance y contenido
PRESTACIONES ECONOMICAS-Reconocimiento a
grupos vulnerables de población
PROGRAMA DE AUXILIOS PARA ANCIANOS INDIGENTES-Admisión
Los procesos de reconocimiento y asignación de los subsidios deben
tramitarse respetando la igualdad y el debido proceso de quienes han solicitado
las prestaciones que ofrece el sistema de seguridad social. En este orden de
ideas, la Corte Constitucional estableció las exigencias a las cuales deben
atender las autoridades encargadas de tramitar las solicitudes de auxilio: “1)
el deber de precisar, mediante una definición clara, los elementos que
constituyen el supuesto de hecho para reconocer una determinada prestación
pública en cabeza de una persona; 2) el deber de acopiar información empírica
suficiente para establecer si la persona que solicita la asistencia o
protección cae bajo la hipótesis del supuesto de hecho que justifica asignarle
una prestación; 3) el deber de evaluar el impacto que una decisión determinada
– inclusión o exclusión de la persona a un programa – tiene sobre el
cumplimiento presente y futuro de los objetivos del programa”.
DERECHO DE PETICION-Comunicación de
respuesta se dio a la dirección aportada por demandante
Esta Sala
considera que si bien es cierto, la notificación es una obligación de las
entidades que conocen solicitudes de las personas, quien presenta un derecho de
petición debe obrar de manera diligente con el fin de informar adecuadamente el
lugar de notificación o, en caso de que sus condiciones no le permitan aportar
tal información, expresarle a la administración tal condición. En este último
caso, la administración deberá determinar de manera adecuada otro medio de
notificación eficaz al peticionario. Considerando la diferencia entre la
dirección de correspondencia inicialmente aportada por la peticionaria en su
solicitud y la dirección para recibir notificaciones, esta Sala considera que
el Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABS- obró dentro de los
límites de sus facultades, de acuerdo con los datos con los cuales contaba para
poner en conocimiento de la peticionaria la respuesta a lo que ésta solicitó.
En este caso, la ausencia de notificación obedeció a una confusión involuntaria
de la peticionaria y por tanto, no es imputable a la administración una vulneración
del derecho fundamental de petición de la demandante.
DERECHO DE PETICION-Respuesta de fondo y
clara
La respuesta
remitida por la entidad distrital a la peticionaria fue adecuada y se pronunció
sobre el objeto de su solicitud. Es decir que el requisito sobre la calidad de
la respuesta de los derechos de petición, según los lineamientos
constitucionales fue cumplido. La respuesta fue idónea ya que se le informó que
debía acudir a otra entidad y adjuntar alguna documentación sin que ello
signifique que la entidad violó el derecho de petición. En este orden de ideas,
esta Sala considera que la respuesta emitida por la autoridad accionada
representa una respuesta de fondo sobre su petición, ajustada a las condiciones
de un pronunciamiento idóneo y útil.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y PRINCIPIO DE IGUALDAD EN PROCESOS DE
DISTRIBUCION DE BIENES ESCASOS
La Sala
evidencia que con fundamento en la respuesta emitida por el DABS, la demandante
se dirigió a la entidad distrital competente
para atender su solicitud de subsidio y entregó la documentación, tal como le
fue informado en el oficio de respuesta a su solicitud. Como resultado de tales
diligencias, la peticionaria entrará a formar parte de la lista de espera para acceder a la prestación económica que ha solicitado,
situación que es compatible tanto con el principio de debido proceso
administrativo como con el principio de igualdad que informan los procesos de
distribución de bienes escasos.
Referencia: expediente T-1097235
Acción de tutela instaurada por la señora Herminda Mahecha de Murcia
contra la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento
Administrativo de Bienestar Social.
Magistrado Ponente:
Dr.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C.,
ocho ( 8 ) de agosto de dos mil cinco (2005).
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME
ARAÚJO RENTERÍA, ALFREDO BELTRÁN SIERRA y MANUEL JOSÉ CEPEDA
ESPINOSA en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo
proferido por el Juzgado Tercero (3) Penal Municipal de Bogotá, en el trámite
de la acción de tutela instaurada por Herminda
Mahecha de Murcia contra la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y
el Departamento Administrativo de Bienestar Social.
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos y pretensiones.
La señora
Herminda Mahecha de Murcia presenta acción de tutela el día 15 de febrero de
2005 la cual le correspondió resolver al Juzgado Tercero (3) Penal Municipal de
Bogotá, contra la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el
Departamento Administrativo de Bienestar Social, con fundamento en los
siguientes hechos:
1. La señora
Herminda Mahecha de Murcia de 91 años de edad presentó un derecho de petición
el día 14 de noviembre de 2004 ante la Alcaldía Mayor de Bogotá en el cual
solicitó el reconocimiento del auxilio de subsistencia previsto en el Decreto
2681 de 2003 “Por el cual se reglamenta la administración y el
funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional”.
2. Afirma que es una persona de escasos
recursos, el puntaje que le fue asignado en el SISBEN es de 8 puntos y no recibe
pensión que le permita subsistir. Por este motivo, considera que cumple los
requisitos para acceder a la prestación solicitada ante la Alcaldía.
3. Señala que
como respuesta a su solicitud, la Subdirección de Calidad del Servicio de la
Alcaldía Mayor de Bogotá le envió una comunicación en la cual se le informaba “se
solicitó al Departamento Administrativo de Bienestar Social evaluar el
contenido de su solicitud y de acuerdo a la competencia se tomen las medidas
correspondientes” (folio 2).
4. Estima que
las entidades accionadas vulneraron su derecho a la igualdad, el debido
proceso, el derecho de petición toda vez que hasta el momento de instaurar la
acción de tutela no le había sido resuelta su petición aun cuando es una
persona que se encuentra en estado de extrema pobreza, quien cumple los
requisitos para acceder al auxilio solicitado.
5. En su
criterio, la actuación de las autoridades demandadas desconoce los lineamientos
de la jurisprudencia constitucional establecidos en relación con el derecho de
petición de acuerdo con los cuales, la repuesta debe ser pronta, oportuna y
contener una solución de fondo a la situación planteada. De otro lado, se lee
en la demanda que “a todas luces resulta que a mis 93 años de edad y en mis
actuales condiciones económicas mi circunstancia es de debilidad manifiesta y
requiero la protección del Estado para que a través del otorgamiento de un
auxilio de subsistencia se haga menos penosa mi vida, mi salud y mi dignidad”
(folio 6).
6. Sostiene que
aunque desconoce los archivos del Departamento Administrativo de Bienestar
Social (DABS) el subsidio que ella solicita le ha sido otorgado a otras
personas que están en condiciones similares lo cual constituye un trato
discriminatorio.
En virtud de las
circunstancias descritas solicitó la protección de sus derechos a la igualdad,
debido proceso, petición, mínimo vital, seguridad social y expuso las
siguientes pretensiones:
a.
Que se ordene al Departamento Administrativo de
Bienestar Social que en el término de 48 horas disponga lo que corresponda con
el fin de reconocer y entregar el auxilio de subsistencia.
b.
Prevenir al representante legal de la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del Departamento Administrativo de
Bienestar Social para que en lo sucesivo no retarde injustificadamente el
reconocimiento y entrega de los auxilios de subsistencia.
2. Intervención del Departamento
Administrativo de Bienestar Social de Bogotá –DABS-.
MARITHZA
FUENMAYOR DE LA PEÑA, en calidad de Gerenta de
Atención a la Población Adulta y Vejez del DABS contestó la acción de tutela y
expuso las razones por las que el juez de conocimiento debe desestimar las
pretensiones expuestas en la demanda.
En primer lugar,
indica que al Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá no le
consta la situación que la actora describe en la solicitud de tutela referente
a su edad, nacionalidad, puntaje en el SISBEN y tampoco el monto de las rentas
e ingresos que percibe. Por consiguiente, no es posible establecer si cumple
los requisitos legales para ser titular del auxilio de subsistencia.
En segundo
lugar, indica que la entidad a la cual representa responde a las demandas de
las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Explica que la
asignación del subsidio de subsistencia depende de criterios de focalización y
de los recursos para la inversión. Por este motivo, las coberturas de atención
para el pago del subsidio “no alcanzan a cubrir todas las personas mayores
que requieren de éste” (folio 20).
En relación con
el trámite conferido al derecho de petición, informa que la solicitud fue
resuelta por la Subdirección Administrativa y Financiera del DABS radicada con
el número 19847, fechada el 30 de diciembre de 2004, en la cual se le informó
el trámite que debía iniciar con el fin de que se realizara el estudio de la
solicitud del auxilio. En virtud de lo anterior, concluye que la entidad no ha
vulnerado o amenazado los derechos de la demandante.
II. PRUEBAS
RELEVANTES ALLEGADAS AL EXPEDIENTE
1.- Copia de la
Cédula de Ciudadanía de la demandante Herminda Mahecha de Murcia (folio 30).
2.- Copia del
derecho de petición solicitando el auxilio de subsistencia, dirigido a la
Alcaldía Mayor de Bogotá, recibido por esta entidad el día 14 de noviembre de
2004 (folios 27, 28 y 29).
3.- Copias de
registros de la base de datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre trámite de
solicitudes y oficios radicados en la institución, de fecha diciembre 14 de
2004 donde consta la existencia de carta remitida por Herminda Mahecha de
Murcia, trasladada a la Subdirección de Calidad del Servicio, con término de
vencimiento para responder el día 28 de diciembre de 2004 (folios 14 y 15).
4.- Oficio de
diciembre 29 de 2004 suscrito por la Subdirección Administrativa y Financiera
de la Alcaldía Mayor de Bogotá con destino a la señora Herminda Mahecha de
Murcia en donde se informa que el trámite para la solicitud del auxilio debe
ser realizado directamente en el Centro Operativo Local correspondiente de
acuerdo al lugar de residencia de la solicitante (folio 25).
5.- Oficio No.
109 de Marzo 17 de 2005 dirigido a la señora Herminda Mahecha de Murcia por el
Centro Operativo Local Suba en donde informa que el día 15 de marzo de 2005 se
presenta al Centro Operativo Local el señor Germán Mahecha Daza quien presenta
documentación de la señora Herminda Mahecha de Murcia. Indica que a partir de
esta información se procedió a la inscripción de la señora Mahecha al proyecto
de Atención para el Bienestar de la Persona Mayor en Pobreza en Bogotá (folios
63 y 64).
III. TRÁMITE
PROCESAL
1.
Admisión de la solicitud.
Por medio de
providencia de febrero 15 de 2005, el Juez Tercero (3) Penal Municipal, admitió
la acción de tutela instaurada por la señora HERMINDA MAHECHA DE MURCIA y
dispuso poner en conocimiento del Departamento Administrativo de Bienestar
Social y de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor la acción de tutela para
que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.
Mediante oficio
dirigido al juez de conocimiento, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá informó que con fundamento en el artículo 33 del Código Contencioso
Administrativo y el Decreto 854 de 2001[1]
la acción de tutela fue remitida al Departamento Administrativo de Bienestar
Social del Distrito para que brinde respuesta inmediata.
IV. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
La sentencia
única de instancia proferida por el Juzgado Tercero (3) Penal Municipal de
Bogotá, el día primero (1) de marzo de 2005 decidió no acceder a la protección
del derecho fundamental de petición como tampoco a los demás derechos invocados
ya que con fundamento en las pruebas allegadas durante el trámite, estableció
que la solicitud elevada por la accionante fue respondida en los términos de
ley es decir, dentro de los 15 días siguientes a la suscripción de la misma
además, en la respuesta se le indicó el trámite que debía seguir y se le
dirigió la comunicación a la dirección registrada en la petición.
De conformidad
con la respuesta presentada por el DABS ante el juez de conocimiento de la
acción de tutela, el despacho consideró que aunque no se resuelve de fondo el
asunto planteado por la accionante, concerniente al reconocimiento del auxilio
de subsistencia, sí se señala en forma clara cuál es el procedimiento que debe
agotar para que su petición sea analizada a la luz de los parámetros legales
previstos.
Concluyó que a
la demandante no le ha sido resuelta desfavorablemente  la pretensión de
obtener un subsidio de subsistencia toda vez que hasta el momento, la actora no
se había dirigido al Centro Operativo Local de Suba, instancia encargada de
pronunciarse acerca de la solicitud de la prestación económica mencionada.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia.
La Corte
Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar la sentencia
proferida en el asunto de la referencia, en desarrollo de las facultades
conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º., de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema Jurídico a resolver.
Analizados los
hechos que motivaron la presentación de la acción de tutela, la Corte analizará
en este asunto si en el trámite otorgado a la solicitud de reconocimiento de
auxilio de subsistencia presentada por la señora Herminda Mahecha ante las
autoridades distritales de Bogotá se configuró la violación del derecho de
petición, así como del derecho al debido proceso y la igualdad.
Para resolver el
asunto, la Corte (i) establecerá el alcance constitucional y legal del derecho
de petición, (ii) se pronunciará sobre los principios que informan el trámite
para solicitar el reconocimiento de prestaciones económicas a grupos
vulnerables de población y (iii) analizará el caso concreto.
3. El Derecho
de Petición en la Jurisprudencia Constitucional.
3.1. La
Constitución Colombiana, establece que el derecho de petición –Art. 23- es
fundamental. Por tanto, es una garantía de aplicación inmediata y de
exigibilidad directa ante las autoridades judiciales a través de la acción
constitucional de tutela. El alcance de este derecho, su ámbito de aplicación y
las condiciones bajo las cuales se entiende cumplido han sido definidas en
algunas disposiciones legales y en la jurisprudencia constitucional.
De acuerdo con
la jurisprudencia, el derecho de petición es una manifestación del derecho de
participación ciudadana y un mecanismo para lograr la satisfacción de otros
derechos, tales como el derecho a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, a
la información[2].
En algunas oportunidades, la Corte se ha referido a la eficacia del derecho de
petición en relación con las solicitudes de las personas ante el sistema de
seguridad social referidas al reconocimiento de las pensiones. En este
contexto, ha armonizando las disposiciones de la Ley 700 de 2001[3] que estableció los
términos que deben cumplir las entidades encargadas para reconocer las
solicitudes de carácter pensional[4]
con el contenido del derecho de petición previsto en la Constitución Política.
De otra parte,
cuando se trata de peticiones de las personas ante la administración pública y
particularmente, aquellas entidades encargadas de reconocer prestaciones
económicas, la Corte también ha reconocido la eficacia y el alcance del derecho
de petición el cual permite no solamente dirigirse ante tales autoridades sino
además resolver situaciones concretas, a saber: la decisión sobre la aprobación
y financiación de proyectos económicos a favor de determinados grupos sociales[5], la modificación de la
situación de personas privadas de la libertad[6].
3.2. De
conformidad con la jurisprudencia, el derecho de petición conlleva la
posibilidad de que las personas puedan dirigirse a las autoridades públicas u
organizaciones privadas[7],
en interés particular o general con el fin de presentar solicitudes respetuosas
y esperar una respuesta clara y precisa del asunto presentado a su
consideración en del término legalmente establecido.
En virtud de lo
anterior, la esencia del derecho de petición comprende algunos elementos: (i)
pronta resolución, (ii) respuesta de fondo, (iii) notificación de la respuesta
al interesado[8].
3.2.1. En primer
término, la pronta resolución atiende a la necesidad de que los asuntos sean
respondidos de manera oportuna y dentro de un plazo razonable el cual debe ser
lo más corto posible. Por consiguiente, la falta de respuesta o la resolución
tardía vulneran el derecho de petición[9].
Acerca de esta condición, la Corte Constitucional ha establecido que no es
posible exigir que se resuelva de fondo antes de los lapsos establecidos
normativamente[10].
Igualmente, con
el fin de establecer el límite temporal de una repuesta oportuna, la Corte ha
aplicado la regla del Código Contencioso Administrativo –Art. 6º- según la
cual, el término que tiene la administración para resolver peticiones es de 15
días. De esta manera fue expresado en la sentencia T-377 de 2000 y
posteriormente, reiterado en diferentes pronunciamientos.
“g) En relación con la oportunidad de la
respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver
las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del
Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser
posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha
confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será
ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes”.
3.2.2. En
segundo término, el derecho de petición exige ciertos requisitos de calidad de
la respuesta que debe ser emitida. Así, la jurisprudencia ha sido consistente
en el sentido de que las respuestas deben resolver de fondo, de manera precisa
y congruente con lo pedido las solicitudes elevadas[11].
Con respecto al
contenido de la respuesta que debe proferirse para que ésta cumpla con el
requisito de idoneidad, la Corte ha explicado que la indicación acerca del
trámite que se le dará a una solicitud no es suficiente para satisfacer el
derecho de petición[12].
Igualmente, la respuesta debe consistir en una decisión que defina de fondo -
sea positiva o negativamente- lo solicitado, "o por lo menos, que
exprese con claridad las etapas, medios, términos o procesos necesarios para
dar una respuesta definitiva y contundente a quien presentó la solicitud"[13].
Asimismo, se ha
afirmado que la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea un
derecho de petición no la exonera del deber de responder sobre la cuestión que
le ha sido puesta en conocimiento[14].
Por ello, quien es destinatario inicial de una solicitud debe realizar las
gestiones dirigidas a responder de manera adecuada dentro del ámbito de sus
facultades, indicar al peticionario quién es el competente para resolver su
solicitud y realizar el traslado de la solicitud a aquel[15]. Para la Corte, la
simple respuesta de incompetencia constituye una evasiva a la solicitud, con lo
cual la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el
principio de eficacia que inspira la función administrativa[16].
En efecto, en
casos en los cuales la entidad ante la cual se presenta la petición no es
competente, la contestación que emita “no puede consistir sino en la
expresión oportuna de que le es imposible resolver, procediendo por tanto, a
dar traslado a quien corresponda la competencia. De todas maneras para cumplir
en estos casos con el mandato constitucional, es necesaria la respuesta en el
expresado sentido; se violaría el derecho si, basado en su incompetencia, el
servidor público se olvidara del tema o, aun remitiéndolo al competente, dejara
de dar oportuna noticia sobre ello al peticionario”[17].
3.2.3. En tercer
lugar, la Corte Constitucional ha considerado que las autoridades tienen el
deber de poner en conocimiento del peticionario la respuesta que emitan acerca
de una solicitud o sea, notificar la respuesta al interesado[18].
Esta obligación
genera para la administración la responsabilidad de actuar con diligencia en
aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido en la
sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde se
determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el
debido acceso de la persona a la administración para que esta considere el
asunto que se le plantea, y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el
campo de la simple adopción de decisiones y se proyecta a la necesidad de
llevarlas al conocimiento del solicitante”
Del mismo modo,
en el fallo T-669 de 2003 la Corte expresó:
“el derecho de petición sólo se ve protegido en el momento en que la
persona que elevó la solicitud conoce de “la (sic)” su respuesta[19]. Se
hace necesario reiterar que no se considera como respuesta al derecho de
petición aquella presentada ante el juez, puesto que no es él el titular del
derecho fundamental[20]”.
“Por otro
lado, es oportuno indicar que la entidad a la cual se eleva el derecho de
petición debe velar porque la forma en que se surta la notificación sea
efectiva. Por ejemplo, en la sentencia T-545/96, Magistrado Ponente Antonio
Barrera Carbonel, la Corte concedió la tutela al derecho de petición en virtud
de que la respuesta acerca del reconocimiento del derecho de pensión de la
accionante había sido enviada a una dirección diferente a la aportada por ésta.
Consideró la Corte que no había existido efectiva notificación a la
peticionaria”.
En consecuencia,
se vulnera el derecho de petición en casos en los cuales una respuesta emitida
por la autoridad pública o una organización privada no ha sido comunicada al
peticionario es decir, éste no ha conocido la respuesta proferida.
3.3.
Considerando los lineamientos expuestos, el juez de tutela debe verificar si el
derecho de petición ha sido satisfecho en debida forma, de manera que
comprenda y resuelva el fondo de lo solicitado y haga efectiva tal garantía[21]. Del mismo modo, le
corresponde constatar que la notificación de la respuesta se ha surtido
efectivamente[22].
4. Acceso a
prestaciones económicas en el Estado Social de Derecho colombiano.
4.1. El principio de solidaridad sobre el
cual se encuentra fundado el Estado colombiano (C.P. art. 1) conlleva para las
autoridades públicas así como para la sociedad una serie de deberes, tales como
intervenir a favor de las personas que se encuentran en condiciones de
debilidad manifiesta. Asimismo, dicho principio permite la realización de los
derechos sociales constitucionales de las personas y se encuentra en armonía
con otras garantías como la dignidad humana y la prevalencia del interés
general[23].
En este contexto, las medidas de
protección dirigidas a las personas de la tercera edad (C.P. art. 46), son una
de las manifestaciones del principio de solidaridad social en virtud del cual
tanto el Estado, como la sociedad y la familia deben asumir responsabilidades.
Estas medidas de protección comprenden servicios de seguridad social integral y
el subsidio alimentario en caso de indigencia (artículo 46 inc. 2).
4.2. El auxilio para ancianos indigentes
es una prestación derivada del texto constitucional –art. 46- y consiste en un
subsidio alimentario para adultos incapacitados. El desarrollo legal de este
mandato se encuentra en la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de
seguridad social integral y el Decreto 569 de 2004[24].
4.2.1. Los artículos 257 y 258 de la Ley
100 de 1993 crean un programa de auxilios para los ancianos indigentes y
enuncian los objetivos que cumplirá el mismo.
“Artículo 257. Programa y Requisitos. Establécese un programa de auxilios para los ancianos indigentes
que cumplan los siguientes requisitos:
a. Ser Colombiano;
b. Llegar a una edad de sesenta y cinco o más años;
c. Residir durante los últimos diez años en el territorio nacional;
d.
Carecer de rentas o de ingresos suficientes para su subsistencia, o encontrarse
en condiciones de extrema pobreza o indigencia, de acuerdo con la
reglamentación que para tal fin expida el Consejo Nacional de Política Social.
e. Residir en una institución sin ánimo de lucro para la atención de
ancianos indigentes, limitados físicos o mentales y que no dependan
económicamente de persona alguna. En estos casos el monto se podrá aumentar de
acuerdo con las disponibilidades presupuestales y el nivel de cobertura. En
este evento parte de la pensión se podrá pagar a la respectiva institución.
PARAGRAFO 1.‑ El Gobierno Nacional reglamentará el pago de los
auxilios para aquellas personas que no residan en una institución sin ánimo de
lucro y que cumplan los demás requisitos establecidos en este artículo.
PARAGRAFO 2.‑ Cuando se trate de ancianos indígenas que
residan en sus propias comunidades, la edad que se exige es de cincuenta (50)
años o más. Esta misma edad se aplicará para dementes y minusválidos.
PARAGRAFO 3.‑ Las entidades territoriales que establezcan este
beneficio con cargo a sus propios recursos, podrán modificar los requisitos
anteriormente definidos.
“Artículo 258.- Objeto del Programa. El programa para los ancianos tendrá por objeto apoyar económicamente
y hasta por el 50% del salario mínimo legal mensual vigente, a las personas que
cumplan las condiciones señaladas en el artículo anterior y de conformidad con
las metas que el CONPES establezca para tal programa.
El programa se financiará con los recursos del presupuesto general
de la nación que el Conpes destine para ello anualmente, y con los recursos que
para tal efecto puedan destinar los departamentos, distritos y municipios.
PARAGRAFO.‑ El Gobierno Nacional reglamentará
los mecanismos y procedimientos para hacer efectivo el programa de que trata el
presente artículo, contemplando mecanismos para la cofinanciación por parte de
los departamentos, distritos y municipios. El programa podrá ser administrado y
ejecutado de manera descentralizada. Así mismo, el Gobierno podrá modificar los
requisitos dependiendo de la evolución demográfica y la evolución de la
población beneficiaria del programa”.
4.2.2. Por su
parte, el Decreto 569 de 2004 crea el Fondo de solidaridad pensional y señala
que uno de sus fines es el otorgamiento de subsidios económicos para la
protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema (art.
1), determina que el fondo tendrá un administrador fiduciario, quien tendrá a
su cargo la labor de realizar la promoción de los subsidios que otorga el Fondo
de Solidaridad Pensional para lo cual deberá difundir los programas a través de
los mecanismos que garanticen la mayor difusión y efectividad en la población
objetivo (art. 2), establece los requisitos para ser beneficiario de la
subcuenta de subsistencia (art. 12), las modalidades de beneficios (art. 13) y
los criterios de priorización de beneficios (art. 14).
Así las cosas, las personas que aspiran a
ser beneficiarias de los recursos del sistema se seguridad social provenientes
de la subcuenta de subsistencia deben cumplir una serie de requisitos que serán
verificados y evaluados por las autoridades encargadas de reconocer tales
auxilios.
En concordancia con lo anterior, los procesos de reconocimiento y
asignación de los subsidios deben tramitarse respetando la igualdad y el debido
proceso de quienes han solicitado las prestaciones que ofrece el sistema de
seguridad social. En este orden de ideas, la Corte Constitucional estableció
las exigencias a las cuales deben atender las autoridades encargadas de
tramitar las solicitudes de auxilio[25]:
“1) el deber de precisar, mediante una definición clara, los elementos que
constituyen el supuesto de hecho para reconocer una determinada prestación
pública en cabeza de una persona; 2) el deber de acopiar información empírica
suficiente para establecer si la persona que solicita la asistencia o
protección cae bajo la hipótesis del supuesto de hecho que justifica asignarle
una prestación; 3) el deber de evaluar el impacto que una decisión determinada
– inclusión o exclusión de la persona a un programa – tiene sobre el
cumplimiento presente y futuro de los objetivos del programa”.
A la luz de las anteriores
circunstancias, esta sala analizará la calidad de la respuesta ofrecida a la
señora Herminda Mahecha en relación con su solicitud de reconocimiento de un
subsidio proveniente de la subcuenta de solidaridad ante la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
5. Análisis
del caso concreto.
5.1. En la controversia planteada, la
accionante, señora Herminda Mahecha de 91 años de edad considera que la
ausencia de respuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento
Administrativo de Bienestar Social –DABS-, en relación con la solicitud de
reconocimiento de un subsidio para personas ancianas, al cual considera tener
derecho vulnera su derecho fundamental de petición y su derecho a la igualdad.
En su escrito de
respuesta a la solicitud de tutela, el Departamento Administrativo de Bienestar
Social expresó que no vulneró los derechos fundamentales de la peticionaria por
cuanto la petición elevada por la actora fue contestada de manera oportuna,
mediante oficio en el cual se le indicó el trámite que debía realizar con el
fin de acceder al auxilio para ancianos.
El juez que conoció la solicitud de
amparo constitucional indicó que de acuerdo con las pruebas allegadas durante
el proceso, la petición presentada por la peticionaria fue respondida
oportunamente por el Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABS- y
por ende, dicho organismo no incurrió en la violación aludida.
De otro lado, a
la luz de la jurisprudencia constitucional analizada y de las consideraciones
expuestas por esta Sala, el derecho de petición es de carácter fundamental y su
protección a través de la acción de tutela puede exigirse de manera autónoma.
Asimismo, este derecho comprende la posibilidad de elevar peticiones
respetuosas ante las autoridades y obtener respuesta oportuna y de fondo sobre
lo solicitado, dicha respuesta debe ser comunicada efectivamente al interesado.
Igualmente, fue expresado en este fallo que las autoridades administrativas
encargadas de resolver peticiones acerca del reconocimiento de prestaciones
económicas deben cumplir en el trámite de las mismas con los parámetros de
igualdad y debido proceso administrativo frente a los peticionarios.
En este orden de ideas, el análisis del
caso concreto se desarrollará en tres puntos. El primero, la prontitud en la
respuesta del derecho de petición, el segundo, la comunicación efectiva a la
peticionaria y el tercero, la calidad de la respuesta ofrecida con respecto a
la materia objeto de la solicitud.
5.2. En el presente asunto se encuentra
acreditado que (i) la señora Herminda Mahecha de Murcia instauró un derecho de
petición ante la Alcaldía Mayor de  Bogotá con fecha diciembre catorce (14) del
año 2004 (folios 27, 28 y 29), (ii) que con ocasión de la materia objeto de su
solicitud, dicha petición fue trasladada al Departamento Administrativo de
Bienestar Social –DABS- (folio 26) para que dicha entidad emitiera una
respuesta oportuna, (iii) que mediante oficio de fecha diciembre 29 de 2004, el
DABS suscribió respuesta a la solicitud indicándole a la peticionaria el
trámite que debía seguir ante las autoridades distritales de la localidad de
Suba en aras de obtener el subsidio correspondiente (folio 25) y (iv) que en el
momento en el cual la señora Herminda Mahecha instauró la acción de tutela no había
sido notificada de la respuesta a su solicitud de subsidio.
La solicitud
elevada por la peticionaria el día 14 de diciembre de 2004 fue radicada por la
Alcaldía Mayor de Bogotá bajo el número 1-2004-72014 (folio 12). La entidad le
otorgó el trámite de un derecho de petición e indicó, según se lee en el
registro de la base de datos de la entidad que el tiempo total de trámite es de
quince (15) días y por este motivo, determinó que su vencimiento era el 4 de
enero de 2005 (folio 14). Asimismo, el registro de sistemas disponía que el
destinatario de la respuesta debía ser la señora Herminda Mahecha de Murcia y
agregó la siguiente dirección de correspondencia: “Calle 154 A No. 95-04”
(folio 15).
De acuerdo con
la fecha en que fue instaurada la acción y la disposición constitucional sobre
el término para responder peticiones, desarrollado en el numeral 3.2.1 de estas
consideraciones, la entidad demandada tenía un término de 15 días hábiles para
responder la solicitud por tanto, la fecha límite en la cual la respuesta a la
peticionaria era oportuna correspondía al día 4 de enero del año 2005, tal como
se expresó en el informe del trámite de peticiones del DABS.
Por este motivo,
el oficio de respuesta suscrito por el DABS, de fecha diciembre 29 de 2004, en el
cual se le otorgaba repuesta a la señora peticionaria fue expedido dentro del
término legal establecido para tal fin y fue oportuno en los términos
jurisprudenciales expuestos en los fundamentos jurídicos de esta sentencia.
5.3. No
obstante, la Sala observa que en la solicitud de tutela la peticionaria
manifestó que no recibió respuesta a su petición. Considerando tal afirmación
es indispensable analizar si la entidad distrital encargada de ofrecer una
respuesta a la solicitud de la hoy accionante, notificó el oficio que resolvió
dicha solicitud.
Según lo
establecido en el fundamento jurídico número 3.2.3 de la presente
argumentación, la respuesta al derecho de petición debe ser debidamente
notificada al peticionario porque de lo contrario se incurriría en la violación
del derecho del solicitante. Este requerimiento del derecho de petición
corresponde a la administración es decir, es ésta quien debe obrar con la
debida diligencia en aras de que el peticionario reciba la respuesta a su
solicitud y asimismo, probar que respondió oportunamente.
Pues bien, en el
caso sub-examine, la señora Herminda Mahecha instauró su solicitud de
tutela el día febrero 15 de 2005 es decir, un mes y 11 días vencido el término
legal de respuesta oportuna con el cual contaba la entidad. Por consiguiente,
aun cuando la contestación al derecho de petición se profirió oportunamente, la
peticionaria no conoció el contenido de la misma.
En efecto,
durante la diligencia de declaración que rindió la peticionaria ante el Juez
Tercero (3) Penal Municipal de Bogotá, el día 1º de marzo de 2005 afirmó que no
recibió la comunicación suscrita por el Departamento Administrativo de
Bienestar Social, fechada el día 29 de diciembre de 2004 y por tanto, no llevó
los documentos que se indicaron para tramitar su solicitud (folio 33).
Ahora bien, la
Sala observa que en el trámite de la acción de tutela, la entidad accionante
suministró copia de la respuesta conferida en la cual se incluye como dirección
del destinatario la siguiente: Calle 154 A No. 95-04 barrio Salitre Suba,
la cual correspondía a la dirección aportada por la peticionaria en su
solicitud (folios 25 y 29). Sin embargo, durante la diligencia de declaración
llevada a cabo ante el juez de conocimiento, la peticionaria indicó que su
dirección exacta de correspondencia es “Calle 154 A No. 95-04 Apartamento
202, interior 2, conjunto residencial Cantabrea sector Campanella Suba” (folio
33).
Esta Sala
considera que si bien es cierto, la notificación es una obligación de las
entidades que conocen solicitudes de las personas, quien presenta un derecho de
petición debe obrar de manera diligente con el fin de informar adecuadamente el
lugar de notificación o, en caso de que sus condiciones no le permitan aportar
tal información, expresarle a la administración tal condición. En este último
caso, la administración deberá determinar de manera adecuada otro medio de
notificación eficaz al peticionario.
Considerando la
diferencia entre la dirección de correspondencia inicialmente aportada por la
peticionaria en su solicitud y la dirección para recibir notificaciones, esta
Sala considera que el Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABS-
obró dentro de los límites de sus facultades, de acuerdo con los datos con los
cuales contaba para poner en conocimiento de la peticionaria la respuesta a lo
que ésta solicitó.
En este caso, la
ausencia de notificación obedeció a una confusión involuntaria de la
peticionaria y por tanto, no es imputable a la administración una  vulneración
del derecho fundamental de petición de la señora Herminda Mahecha.
5.4. Por otra
parte, la Sala analizará si el contenido de la respuesta brindada por la
administración distrital a la señora Herminda Mahecha, referente al subsidio
económico que aquella solicitó, constituyó una respuesta de fondo y clara ante
la solicitante.
En la solicitud
instaurada por la peticionaria se lee lo siguiente: “(…) en virtud del
derecho fundamental constitucional de petición “consagrada” (sic) en el
artículo 23 de la Carta Magna, le solicito de manera respetuosa impartir las
instrucciones que correspondan (Art. 33 del C.C.A.) para que pueda ser
beneficiaria de uno de los auxilios de subsistencia que contempla el Libro
Cuarto de la Ley 100 de 1993 y que desarrolla el Decreto Nacional 2681 del 24
de septiembre de 2003, dado que reúno los requisitos establecidos en el
artículo 13 del precitado decreto (…)” (folio 27).
Por tanto, esta
Sala estima que la finalidad principal de la solicitud elevada por la
peticionaria consistía en ser reconocida como beneficiaria de un subsidio
proveniente de la subcuenta de subsistencia establecido en el sistema de
seguridad social y especialmente, el Decreto 569 de 2004.
De acuerdo con
el oficio de diciembre 29 de 2004 suscrito por el Departamento Administrativo
de Bienestar Social, se le informa a la señora Herminda Mahecha que el trámite
para la solicitud del auxilio debía ser realizado directamente en el Centro
Operativo Local –COL- correspondiente a su lugar de residencia es decir, el COL
Suba, ubicado en la Carrera 91 No. 143-15. Además, la entidad le indica el
trámite que debe realizar y la documentación necesaria para que su solicitud
sea tenida en cuenta en el proceso de selección.
Así,  para la
Sala es claro que la entidad demandada no hubiese podido remitir directamente
la solicitud al centro administrativo local toda vez que era necesario que la
peticionaria adjuntara información sobre su situación de vulnerabilidad y el
cumplimiento de los requisitos dispuestos para acceder a los subsidios
previstos en el sistema de seguridad social.
En conclusión,
la respuesta remitida por la entidad distrital a la peticionaria fue adecuada y
se pronunció sobre el objeto de su solicitud. Es decir que el requisito sobre
la calidad de la respuesta de los derechos de petición, según los lineamientos
constitucionales fue cumplido. La respuesta fue idónea ya que se le informó que
debía acudir a otra entidad y adjuntar alguna documentación sin que ello
signifique que la entidad violó el derecho de petición.
En este orden de ideas, esta Sala
considera que la respuesta emitida por la autoridad accionada representa una
respuesta de fondo sobre su petición, ajustada a las condiciones de un
pronunciamiento idóneo y útil.
5.5. Finalmente, la sala estima que para
responder una solicitud referente al auxilio para personas ancianas como la
elevada por la peticionaria, las autoridades deben respetar el debido proceso
administrativo y el principio de igualdad -numeral 4.2.2.- de las
consideraciones de este fallo. Por ende, la respuesta de fondo no podía
consistir en la decisión sobre el reconocimiento inmediato de la prestación por
ella solicitada. De manera contraria, le correspondía a la administración
informarle acerca de los requisitos que debía acreditar con el fin de que su
solicitud fuera tramitada en igualdad de condiciones que la de otras personas
en su misma situación.
Por esta razón, no le asiste razón a la
peticionaria cuando indica que el reconocimiento que posiblemente ha realizado
la administración distrital acerca de otros subsidios configura una violación
de su derecho a la igualdad o una discriminación en relación con quienes han
recibido algunos de los beneficios económicos del sistema de seguridad social.
6. De otra parte, en virtud de las pruebas arrimadas al expediente
se establece que la ausencia de notificación de la repuesta elaborada por el
Departamento Administrativo de Bienestar Social a la solicitud de la parte
demandante fue el resultado de la información errada sobre el lugar de
residencia y notificaciones ofrecida por la demandante en su escrito de
contestación.
En consecuencia, una vez rectificada la información sobre la
dirección de correspondencia, el DABS envió a la peticionaria la respuesta al
derecho de petición, la cual obra a folios 63 y 64 del legajo, con número de
radicación 108 y fecha de marzo 17 de 2005.
En el oficio se lee:
“el 15 de marzo de 2005 a las 8:20 a.m. se presenta
ante el Consejo Operativo local el Sr. Germán Mahecha Daza tel (…) quien
entrega una comunicación de la señora Herminda Mahecha de Murcia, presentando
la siguiente documentación en copias:- seis folios del pronunciamiento del
juzgado penal municipal con funciones de conocimiento de Bogotá, cédula de
ciudadanía de la señora Mahecha, clasificación socioeconómica de la oficina de
atención al usuario del Hospital de Suba ESE (diferente del Sistema de
Identificación de Beneficiarios SISBEN) y, recibo de CODENSA (estrato 3)”.
Asimismo declara:
“ A partir de esta información se procedió a la
inscripción de la señora Mahecha al Proyecto “Atención para el Bienestar de la
Persona Mayor en Pobreza en Bogotá”, actuación registrada en el sistema único
de información del DABS SIRBE” (folio 63).
“A continuación la señora entra a formar parte de la
lista de espera para validar sus condiciones socioeconómicas que permitan
verificar si reúne los criterios de eligibilidad. De reunirlos, su caso se
presentará al Comité Persona Mayor de Suba quien decide sobre el ingreso,
egreso o permanencia en e programa de subsidios. En el caso de un concepto
favorable, el ingreso se hace efectivo cuando se disponga del cupo, que
equivale a los recursos pagados a las personas mayores” (folio 64).
Por consiguiente, la Sala evidencia que con
fundamento en la respuesta emitida por el DABS, la señora Herminda Mahecha se
dirigió a la entidad distrital competente para atender su solicitud de subsidio
y entregó la documentación, tal como le fue informado en el oficio de respuesta
a su
solicitud. Como resultado de tales diligencias, la peticionaria entrará a
formar parte de la lista de espera para acceder a la prestación económica que
ha solicitado, situación que es compatible tanto con el principio de debido
proceso administrativo como con el principio de igualdad que informan los procesos
de distribución de bienes escasos.
Por tales motivos, esta Sala
confirmará la decisión adoptada por el juez de conocimiento de la acción de
tutela.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
CONFIRMAR la decisión adoptada el primero (1) de
marzo de 2005 por el Juzgado Tercero (3) Penal
Municipal de Bogotá en la cual denegó el amparo solicitado por la señora
HERMINDA MAHECHA De MURCIA dentro del trámite de la acción instaurada contra la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento
Administrativo de Bienestar Social –DABS-.
Segundo. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
“Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se precisan
atribuciones propias de algunos empleados de la Administración Distrital".
[2]
Ver sentencia T-807 de 2000. Acerca del derecho de petición como mecanismo
idóneo para obtener información puede consultarse la sentencia T- 463 de 2001.
[3]
“Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones
de vida de los pensionados y se dictan otras disposiciones”.
[4] Sobre este tema puede consultarse la sentencia SU-558 de 2003 M.P.
T-760 de 2003,  T-673 de 2003, T-605 de 2003, T-588 de 2003, T-608 de 2002,
T-601 de 2002, T-495 de 2002.
[5]
T-669 de 2003 En esta sentencia la Corte Constitucional ordenó a la Red de
Solidaridad Social brindar una respuesta a una persona desplazada acerca de la
aprobación de un proyecto productivo;
[6]
En la sentencia T-979 de 2000 la Corte ordenó al -INPEC- dar respuesta de fondo
a la petición de algunos reclusos en lo concerniente al beneficio
administrativo por ellos solicitado.
[7] En las sentencias SU -166 de 1999, T-730 de 2001,
T-661 de 2001 la Corte ha resuelto situaciones que implican el reconocimiento
del derecho de petición por parte de particulares. Algunas de las organizaciones
privadas que están en la obligación de  atender los parámetros constitucionales
del derecho de petición son[7]
las entidades del sector financiero, las empresas prestadoras de servicios
públicos y otras empresas del sector privado. Así, en los fallos T-695 de 2003,
T-766 de 2002, T-846 de 2003, T-147 de 2002, T-628 de 2001, T-693 de 2000, la
Corte ha ordenado a diferentes empresas expedir copias de los contratos de
trabajo de algunos ex empleados que requerían tales documentos.
[8]
En las sentencias T-656 de 2002, T-991 de 2003, T-973 de 2003, T-971 de 2003,
T-947 de 2003, T-979 de 2000, T-947 de 2000 fue ratificado el carácter
fundamental del derecho de petición y se sintetizaron las reglas sobre el
contenido y alcance del derecho de petición.
[9]
Ver Sentencias T-481 de 1992, T-997 de 1999, T- 377 de 2000, T-1160A de 2001,
T-220 de 1994, T-628 de 2002, T-669 de 2003
[10] Sobre el momento en que una entidad entra en mora para dar una
respuesta de fondo pueden consultarse las sentencias T- 467 de 1995, T-414 de
1995 y T-948 de 2003.
[11] Ver sentencias T-466 de 2004,
[12] Cfr. T-628 de 2002.
[13]
Corte Constitucional, Sentencias T-150 de 1998 y T-505 de 2003.
[14] Cfr. Sentencia T-628 de 2002.
[15] Consultar sentencias T-564 de 2002, T-219 de 2001, T-476 de 2001, T-1006
de 2001, T-1556 de 2000,       T-558 de 1995, T-575 de 1994.
[16] Cfr. Sentencias T-476 de 2001.
[17] Cfr. Sentencia T-575 de 1994 reiterada en la sentencia T-564 de
2002.
[18] Esta regla se encuentra enunciada en las sentencias T-249 de 2001,
T-1006 de 2001, T-565 de 2001 y T-466 de 2004, entre otras.
[19] En sentencia T-178 de 2000, la Corte conoció de una tutela
presentada en virtud de que una personería municipal no había respondido a una
solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había
actuado en consecuencia con lo pedido, se comprobó que no había informado al
accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición.
[20] Ver sentencia T-615 de 1998, la Corte concedió la tutela al derecho
de petición por encontrar que si bien se había proferido una respuesta, ésta
había sido enviada al juez y no al interesado.
[21] Sentencia T-720 de 2003.
[22]
Corte Constitucional, sentencias T-669 de 2003, T-249 de 2001, T-529/95, T-164
de 1998.
[23] En relación el vínculo entre el principio de
solidaridad y los derechos constitucionales, la sentencia T- 149 de 2002
establece lo siguiente: “El principio de la solidaridad tiene múltiples
manifestaciones en el texto constitucional: en los fines sociales del Estado
(art. 2 C.P.), en los deberes sociales del Estado – en relación con personas o
grupos discriminados o marginados, niños, adolescentes, mayores de edad,
trabajadores, discapacitados, indigentes, madres cabeza de familia – y de los
particulares (art. 2 inciso 2 y art. 95 inc. 1 num. 1 C.P.), en los derechos
constitucionales a la subsistencia, a la salud, a la seguridad social, a la
vivienda digna, a la educación y al trabajo, en la prioridad del gasto público
social sobre cualquier otra asignación y en la adopción del criterio de
necesidades básicas insatisfechas para la distribución territorial del gasto
público social (art. 350 C.P.), entre otras”.
[24] “Por el cual por el cual se reglamenta la
administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional”.
Esta regulación derogó el Decreto 1135 de 1995 y el Decreto 2681 de 2003 que
anteriormente regulaban la materia.
[25] Consultar sentencia T- 149 de 2002.