T-004-18
Sentencia T-004/18
ACCION DE TUTELA DE POBLACION EN SITUACION DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Mecanismo judicial idóneo para amparar los
derechos fundamentales
En
reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que pese a existir otros
medios de defensa judicial para proteger a la población en situación de
desplazamiento forzado, los mismos resultan
insuficientes para brindar protección eficaz ante las circunstancias de
urgencia y apremio que enfrenta esta población. Además, resultaría
desproporcionado exigir a las personas desplazadas el agotamiento previo de los
recursos judiciales ordinarios, pues equivaldría a imponer cargas adicionales a
las que han tenido que soportar en su condición de víctimas de la violencia. En tal sentido, en el caso de la entrega de la ayuda humanitaria,
la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la acción de
tutela resulta procedente para reclamar el acceso a este beneficio, en la
medida que este es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección
de los derechos de la población desplazada. Ello, en consideración a que estas
personas se enfrentan a una grave situación de exclusión, marginalidad y
violación de sus derechos fundamentales, que las hace sujetos de especial
protección constitucional y por lo tanto, requieren la adopción de medidas
urgentes para frenar dicha amenaza.
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION DE POBLACION DESPLAZADA-Alcance y
contenido
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA DE POBLACION DESPLAZADA Y DERECHO
DE PETICION-Respuesta de fondo, clara y congruente
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Reglas jurisprudenciales
para su entrega y prórroga
AYUDA HUMANITARIA-Naturaleza, características y modalidades
AYUDA HUMANITARIA-Etapas
PRORROGA DE AYUDA HUMANITARIA-Naturaleza
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Eliminación del término máximo para la atención
humanitaria de emergencia/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Término de atención humanitaria de emergencia
debe ser flexible/DESPLAZAMIENTO FORZADO-Término de atención humanitaria de emergencia
será prorrogable hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su
autosostenimiento
PRORROGA DE AYUDA HUMANITARIA-Diferencia entre prórroga general y prórroga
automática
(i) La prórroga general es aquella
que debe ser solicitada por cualquier persona desplazada, la cual se encuentra
sujeta a una valoración realizada previamente por la entidad competente sobre
las circunstancias de vulnerabilidad del posible beneficiario, con el propósito
de determinar si es o no procedente su otorgamiento. (ii)La prórroga automática opera en casos en los
cuales por circunstancias de debilidad manifiesta, como por ejemplo que se
encuentren en riesgo derechos de una persona en condición de discapacidad, debe
otorgarse nuevamente la atención de forma inmediata. Debe entregarse
de manera integral, completa e ininterrumpida, sin necesidad de programar
o realizar visitas de verificación y asumiendo que se trata de personas en
situación de vulnerabilidad extrema lo que justifica el otorgamiento de la
prórroga, hasta el momento en que las autoridades comprueben que se han logrado
condiciones de  autosuficiencia integral y de dignidad, momento en el cual
podrá procederse mediante decisión motivada, a la suspensión de la
prórroga.
AYUDA HUMANITARIA Y DERECHO A LA IGUALDAD-Reglas
jurisprudenciales respecto de turnos y orden de entrega
SOLICITUDES DE PERSONAS EN
SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Presunción de
buena fe
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION DE POBLACION
DESPLAZADA-Orden a la UARIV contestar de fondo las peticiones de ayuda
humanitaria a los accionantes
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION DE POBLACION
DESPLAZADA-Orden a la UARIV contestar de fondo las solicitudes de
prórroga de ayuda humanitaria a los accionantes
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION DE POBLACION
DESPLAZADA-Orden a la UARIV proferir acto administrativo que decida de
fondo la solicitud de indemnización administrativa elevada por los accionantes
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Orden a la UARIV resolver el recurso de reposición que
negó la solicitud de inclusión en el RUV de accionante
Referencia: Expedientes acumulados T-5.538.281,
T-5538282, T-5.538.283,
T-5.538.285, T-5.538.288, T-5.538.290, T-5.538.291, T-5.538.293, T-5.538.294,
T-5.538.295, T-5.538.296, T-5.538.298, T-5.538.299, T-5.538.300, T-6.337.112,
T-6.337.119, T-6.337.120.
Acción de tutela instaurada por Carlina García Martínez y otros
contra la Unidad Administrativa
Especial para la Atención de Reparación Integral a las Víctimas (En adelante “UARIV”)
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de
dos mil dieciocho (2018)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y
Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados por
los correspondientes jueces de instancia en los asuntos
que a continuación se relacionan, que resolvieron las
acciones de tutela promovidas contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención de Reparación
Integral a las Víctimas – UARIV.
Expediente
Accionante
1.
T-5.538.281
Carlina
García Martínez
2.
T-5.538.282
María
Tividad Cogollo Montes
3.
T-5.538.283
María de las
Mercedes Maza Berrio
4.
T-5.538.285
Liris Yohana
Pérez Polo
5.
T-5.538.288
Edinson
Enrique Rodríguez Cavadia
6.
T-5.538.290
López David
María Carlina
7.
T-5.538.291
Duberlina
Várelas Vargas
8.
T-5.538.293
William
Tuberquia Usuga
9.
T-5.538.294
Carmen
Martínez Gómez
10.
T-5.538.295
Wilmer
Antonio Torres David
11.
T-5.538.296
Margarita
Bello Moreno
12.
T-5.538.298
Gloria Inés
Perea Quejada
13.
T-5.538.299
Viviana
María Hernández Pérez
14.
T-5.538.300
María Lely
Huila Bravo
15.
T-6.337.112
Nancy
Jaramillo Ramírez
16.
T-6.337.119
Daniela
Vanessa Oyola Peña
17.
T-6.337.120
Elvira Pérez
Torres
I.
ANTECEDENTES
1. Respecto de
los expedientes comprendidos dentro del rango T-5.538.281 al T-5.538.300 es
pertinente aclarar el motivo por el cual la Sala Novena de Selección decidió
sobre su selección.
1.1. Mediante
Auto del 23 de mayo de 2016, el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo le solicitó
a la Sala de Selección Número Cinco[1],
la exclusión del estudio por parte de la mencionada Sala de los expedientes
comprendidos en el mencionado rango y que se ordenara la reconstrucción de los
mismos comoquiera que habían sido extraviados al parecer bajo su custodia.
1.2. Como
consecuencia de lo anterior, la Sala de Selección Número Cinco mediante Auto
del 27 de mayo de 2016, ordenó la exclusión del estudio para eventual selección
de los referidos expedientes, así como la suspensión de términos para efectos
de su selección hasta que fuera declarada la reconstrucción.
1.3.
Posteriormente, por medio del Auto del 12 de julio de 2017, el magistrado
Antonio José Lizarazo Ocampo[2]
solicitó a la Sala de Selección Número Siete del mismo año levantar la
suspensión de términos que fue ordenada en el Auto del 27 de mayo de 2016, por
la Sala de Selección Número Cinco de 2016.
1.4. Con
fundamento en lo anterior, a través del Auto del 25 de agosto de 2017, la Sala
de Selección Número Ocho[3]
dispuso levantar la suspensión de términos decretada mediante el Auto del 27 de
mayo de 2016, respecto de los expedientes en mención, ordenando su envío a la
Sala de Selección de Tutelas siguiente[4].
1.5. El 30 de
agosto de 2017, la Secretaría General de la Corte remitió el Auto proferido por
la Sala de Selección Número Ocho, con el fin de que fuesen incluidos dentro del
rango de estudio de esta Sala de Selección los expedientes comprendidos en el
rango T-5.538.281 al T-5.538.300.
1.6. Así, el 1º
de septiembre de 2017, los magistrados Iván Humberto Escrucería Mayolo (E) y
Alejandro Linares Cantillo, mediante auto ordenaron a la Secretaría General
ampliar el rango de selección asignado a la Sala de Tutelas Número Nueve e
incluir para su estudio los expedientes T-5.538.281 al T-5.538.300, y de la
misma forma, ordenaron realizar las comunicaciones pertinentes[5] .
2. Teniendo en cuenta lo anterior, en audiencia los magistrados José
Fernando Reyes Cuartas y Alejandro Linares Cantillo, quienes integran la Sala de
Selección Número Nueve, levantaron el término de los expedientes comprendidos
en el rango T-5.538.281 al T-5.538.300 y decidieron sobre su selección. Por lo tanto, mediante Auto del catorce (14) de septiembre de dos
mil diecisiete (2017), se seleccionaron los expedientes mencionados para
revisión y se decidió acumularlos entre sí para que fueran fallados en una
misma providencia por presentar unidad de materia.
a.    Las acciones de tutela
La Corte analiza diecisiete acciones de tutela, presentadas en
forma separada, por las personas ya relacionadas, que en la mayoría de los casos son mujeres, actuando en causa
propia, contra la UARIV,
en las que se alega la vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad
social, a la salud, al debido proceso, a la educación, al libre desarrollo de
la personalidad, a la familia y de petición.
Los
expedientes acumulados presentan un patrón fáctico similar, en el sentido que
los accionantes manifiestan estar en situación de desplazamiento forzado por
causa del conflicto armado y solicitan el amparo de los derechos fundamentales
que consideran vulnerados por la UARIV al no resolver
su solicitud de ayuda humanitaria y/o prórroga de la misma.
En seguida se
exponen los hechos relevantes, que serán agrupados en
categorías según la situación que se plantee y en el análisis de los casos
concretos se abordará las particularidades de cada expediente. La totalidad de los escritos de tutela se
presentaron utilizando formatos
similares, en los que solo se aportó información general que no específica las
circunstancias en las cuales se produjo el desplazamiento, el lugar de
procedencia ni la fecha de su ocurrencia.
Hechos
relevantes
1.
Personas que han formulado peticiones a la
UARIV y no han obtenido ninguna respuesta.
Los peticionarios formularon a la UARIV solicitudes en las cuales piden: (i) la
entrega de ayuda humanitaria por primera vez[6]; (ii) la prórroga de la ayuda humanitaria[7]; y (iii) la entrega de la ayuda humanitaria y/o el pago de la
reparación administrativa[8].
2.
Personas que han solicitado la
indemnización administrativa. En estos casos la
UARIV ha manifestado que esta aún no puede ser entregada[9].
3.
Persona a quien le fue negada la
inscripción en el RUV.  El accionante presentó
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión que negó su
inscripción, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de la UARIV[10].
b.    Respuesta de la entidad accionada
El representante
legal de la UARIV guardó silencio en la mayoría de las acciones de tutela que
han sido acumuladas para ser falladas en esta providencia. La entidad respondió tan solo en dos de los casos objeto de estudio.
Expediente
T-6.337.112
Mediante
escrito del 23 de marzo de 2017[11], la UARIV indicó que la accionante se encuentra inscrita en el
RUV y cumple con el requisito de haber presentado declaración ante el
Ministerio Público. De igual forma, adujo que mediante comunicación del 22 de
marzo de 2017[12], dio respuesta a la demandante señalando que no es posible “indicarle
concretamente el valor y la fecha para la entrega de la mencionada
indemnización, pues del resultado de la evaluación que se desarrolló en su caso
frente a las garantías de subsistencia mínima, no se encontró ninguna solicitud
que buscara iniciar proceso de retorno o reubicación, circunstancia que impide
la aplicación del criterio de priorización, contenido en el Artículo [sic] 2.27.7.4.7
del mencionado Decreto 1084, para la entrega de la medida reclamada”[13].
Por lo tanto,
afirmó que solo tras superar el proceso de retorno o reubicación, se puede
iniciar la fase de reparación y acceder “con prelación a la indemnización
administrativa”[14]. Para apoyar tal respuesta, la entidad hace referencia a la
sentencia C-753 de 2013, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció la
sostenibilidad fiscal en materia de reparación a las víctimas.
Expediente
T- 6.337.119
El 31 de mayo
de 2017[15], la UARIV sostuvo que en el caso concreto se configura un hecho
superado, en razón a que, “mediante comunicación No. 201772015278111 del 23
de mayo de 2017, debidamente notificado al accionante por correo certificado a
la dirección que aportó para recibir las notificaciones”[16] dio respuesta al derecho de petición presentado, informando los
tipos de medidas de reparación previstos en las normas aplicables e indicando
que “no todas las víctimas acceden a las medidas de reparación, el acceso
depende del tipo de hecho, del daño sufrido y de la voluntad de las víctimas
para acceder a las mismas”[17].
c.
Decisiones judiciales objeto de
revisión
El amparo fue
concedido en la totalidad de las sentencias aquí revisadas[18]. El fallo de primera instancia fue impugnado únicamente en el
trámite de la acción correspondiente al expediente T-6.337.112[19], que confirmó la decisión del a quo.
d.    Pruebas decretadas y recaudadas en sede de revisión
1.    Auto de pruebas
1.1. Mediante Auto
del 13 de diciembre de 2017, la Magistrada Sustanciadora decretó la práctica de
pruebas a fin de esclarecer aspectos fácticos de las
tutelas que son objeto de acumulación y solicitó a la
UARIV remitir la siguiente información:
i.
Respecto de cada uno de los accionantes: (i)
indicar si estas personas se encuentran inscritas en el Registro Único de Víctimas
(en adelante, el “RUV”); (ii) Detallar (a) si los accionantes han
recibido ayuda humanitaria; (b) qué tipo de ayuda ha sido entregada (es decir,
inmediata, de emergencia y/o de transición); (c) en cuántas oportunidades y en
qué fechas se ha recibido tal ayuda; y (d) en qué han consistido las ayudas
humanitarias entregadas y por qué valor ha sido cada una de ellas; (iii)
informar en qué casos se ha suspendido la ayuda humanitaria, por qué motivos se
dio la interrupción y que acciones ha tomado la UARIV para tomar una decisión
final respecto a la ayuda humanitaria.
ii.
Respecto a las señoras Nancy Jaramillo Ramírez
y Daniela Vanessa Oyola Peña comunicar i) si la UARIV ha cumplido las
órdenes impartidas por los jueces de instancia que tutelaron los derechos de
las accionantes; y ii) si han recibido la indemnización administrativa
prevista en la Ley 1448 de 2011. De igual forma, detallar la fecha en la que
fue entregada la indemnización administrativa ordenada por el juez de tutela y
el monto real de esta.
iii.
Respecto a la señora Elvira Pérez Torres,
suministrar copia de la Resolución N° 2014-430208 del 1° de abril de 2014 – FUD
NE000179892, que resolvió negar su inclusión y la de los miembros de su núcleo
familiar en el RUV y niega el reconocimiento del hecho victimizante de
homicidio[20].
A falta de dicha resolución, allegar copia del acto administrativo que decidió
la solicitud de inclusión en el RUV. Indicar si de acuerdo con las órdenes
impartidas por el Juzgado Civil del Circuito de La Unión (Nariño) mediante
sentencia del 24 de mayo de 2017, la UARIV (i) resolvió de fondo el recurso de
reposición y en subsidio de apelación interpuesto por la señora Pérez Torres
contra de la Resolución No. 2014-430208 del 1° de abril de 2014 – FUD
NE000179892; y (ii) dio respuesta al derecho de petición presentado por la
misma accionante el día 24 de octubre de 2016. En caso afirmativo, suministrar
copia de las respuestas.
1.2. La UARIV guardó silencio al requerimiento judicial realizado por esta
Corporación.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de
la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991[21].
2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
2.1. Los
accionantes manifestaron ser desplazados por la violencia y no contar con
medios para su subsistencia ni la de su respectivo grupo familiar, por lo cual
presentaron petición a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, con el fin
de que se les entregara: (i) ayuda
humanitaria; (ii) prórroga a la ayuda humanitaria; (iii)
reparación administrativa; y en uno de los casos (iv) la inscripción en
el RUV. Al no obtener respuesta satisfactoria, cada uno de los
peticionarios instauró acción de tutela invocando la protección de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital y petición, entre otros.
Durante el trámite del amparo tutelar la UARIV guardó silencio y tan solo en
dos de los casos emitió concepto. A través de fallos de tutela proferidos por
los despachos judiciales correspondientes[22],
se decidió conceder cada una de las tutelas.
2.2 En sede de
revisión, se ofició a la UARIV para que remitiera entre otras, información del
Registro Único de Víctimas de los accionantes e informara si han recibido ayuda
humanitaria o prórroga de la misma. La entidad no dio respuesta alguna.
2.3 Con base en lo expuesto, corresponde a la Sala Segunda
de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera la UARIV los derechos
fundamentales a la dignidad humana, mínimo vital y
petición, de los accionantes, víctimas del desplazamiento forzado, quienes
manifiestan que no cuentan con medios para su subsistencia, al omitir contestar
la petición de entrega de (i) ayuda humanitaria; (ii) prórroga de
ayuda humanitaria, (iii) reparación administrativa; así como
también (iv) la inscripción en el RUV y no atender materialmente estas
solicitudes?
2.4
Para dar solución al problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala mencionará la jurisprudencia de esta
Corporación relacionada con la procedencia de la acción de tutela para exigir
la protección de los derechos fundamentales vulnerados a la población
desplazada. En segundo lugar, reiterará los criterios que se deben tener en
cuenta para responder satisfactoriamente derechos de petición elevados por este
especial grupo poblacional. Así mismo, señalará las reglas jurisprudenciales
definidas para la entrega de la ayuda humanitaria y su prórroga; y por último,
resolverá el caso concreto detallando las particularidades de caso.
3.
Procedencia de la acción de tutela para reclamar la protección constitucional
de los derechos de la población desplazada
Esta Sala
de Revisión considera oportuno precisar que, de acuerdo con el Decreto 2591 de
1991[23],
quien sienta
amenazado o vulnerado un derecho fundamental puede acudir ante un juez de la
República, “en todo momento y lugar”, con el fin obtener la orden
para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de
hacerlo. Esta posibilidad la puede ejercer toda persona que padezca esa amenaza
o vulneración, directamente o por quien actúe a su nombre. No obstante, este mecanismo de defensa
judicial requiere que la representación judicial se ejerza cumpliendo unos
requisitos mínimos, pues no es admisible que la misma se pueda asumir de manera
indeterminada o ilimitada y demandar la protección constitucional a su nombre,
pese a la informalidad que caracteriza a la acción de tutela.
En concordancia con ello, los artículos 1º, 5º, 6º, 8º y 10º del
Decreto 2591 de 1991 establecen como los elementos de procedencia de la acción
de tutela, la legitimación en la causa (activa y pasiva) la inmediatez y la
subsidiaridad.
3.1. Respecto, a la legitimación en la causa para actuar es de
precisar que, luego de revisar cada una de estas tutelas, pudo constatarse que
se presentaron actuando en causa propia por las personas que alegan la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales, tal como se aprecia en el conjunto
de expedientes acumulados[24].
Cabe agregar que los accionantes exigieron directamente y sin
intermediarios por vía de tutela la protección de sus derechos fundamentales,
también suscribieron las peticiones ante la UARIV pidiendo en algunos casos la
entrega de la ayuda humanitaria, y en otros la prórroga o la reparación
integral, reclamación que no obtuvo respuesta, por lo tanto, dada su condición
de víctimas del desplazamiento forzado se encuentran plenamente legitimados
para actuar.
3.2. Sobre la subsidiaridad,
el propio artículo 86 Superior le reconoce a la acción de tutela un carácter
residual, en el entendido de que la misma procede para proteger los derechos
fundamentales, solo cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”. No obstante dicha regla, los artículos 86 de la Constitución y
6-1 del Decreto 2591 de 1991, le fijan dos excepciones a la misma. En virtud de
la primera, la acción de tutela será procedente aun cuando el afectado
disponga de otro medio defensa judicial, si la misma se utiliza “como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”, caso en el
cual la decisión de amparo constitucional se mantendrá vigente solo durante el
término que utilice la autoridad judicial competente para decidir de fondo
sobre la acción ordinaria instaurada por el afectado. La segunda en
virtud de la cual, será procedente la tutela así existan otros medios de
defensa judicial, siempre que los mismos sean ineficaces para enfrentar
la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales invocados, caso en el
cual la decisión tiene un carácter definitivo.
3.2.1. En reiterada jurisprudencia esta Corporación ha sostenido que pese a
existir otros medios de defensa judicial para proteger a la población en situación de desplazamiento forzado[25], los mismos
resultan insuficientes para brindar protección eficaz ante las circunstancias
de urgencia y apremio que enfrenta esta población. Además, resultaría
desproporcionado exigir a las personas desplazadas el agotamiento previo de los
recursos judiciales ordinarios, pues equivaldría a imponer cargas adicionales a
las que han tenido que soportar en su condición de víctimas de la violencia.
En tal sentido,
en el caso de la entrega de la ayuda humanitaria, la jurisprudencia de esta
Corporación[26]
ha establecido que la acción de tutela resulta procedente para reclamar el
acceso a este beneficio, en la medida que este es el mecanismo judicial
idóneo y eficaz para la protección de los derechos de la población desplazada.
Ello, en consideración a que estas personas se enfrentan a una grave situación
de exclusión, marginalidad y violación de sus derechos fundamentales, que las
hace sujetos de especial protección constitucional y por lo tanto, requieren la
adopción de medidas urgentes para frenar dicha amenaza.
En ese orden, tratándose específicamente de personas
víctimas de desplazamiento forzado, el análisis de procedencia es más laxo[27].
Así exigir a la
población desplazada agotar los mecanismos judiciales y administrativos
ordinarios para lograr la protección constitucional de sus derechos
fundamentales “no se compadece con el peligro inminente al que se ven
expuestos, y les obliga a soportar una carga desproporcionada[28]”.
3.2.2. Conforme a con expuesto, la Sala considera que se cumple el
principio de subsidiariedad en las acciones de tutela bajo estudio, por cuanto:
(i) los accionantes manifiestan ser cabezas de hogar, no tener empleo,
ni contar con recursos para la subsistencia de su grupo familiar; (ii) no
tienen otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo para exigir la entrega
de la ayuda humanitaria y su prórroga, la cual les ha sido negada por la UARIV. En consecuencia, es necesaria la intervención del
juez constitucional pues se trata de familias desplazadas que al parecer
están viendo amenazados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, mínimo
vital y petición.
3.3. El cumplimiento del requisito de inmediatez procura
que el amparo sea interpuesto oportunamente. Su satisfacción pretende asegurar
que se cumpla el objetivo de protección actual, inmediata y efectiva de
garantías fundamentales. El juez debe verificar que la interposición de la
tutela no se haga en forma tardía, o en tal caso, determinar si existe un
motivo válido o una justa causa para el no ejercicio oportuno de la acción
constitucional[29]. En relación con la situación
de desplazamiento forzado, esta supone un escenario de enorme vulneración de
los derechos fundamentales de las personas afectadas, que no culmina con su
traslado temporal a un territorio que le es ajeno[30]. Así, determinar el
momento específico en el que se produce o en el que cesa la afectación es
una circunstancia difícil, al igual que lo es saber si la tutela fue
interpuesta en un término razonable.
Frente a dicha cuestión, esta Corporación[31] sostuvo que
reclamar por vía de tutela “la entrega de aquellos componentes de la ayuda
humanitaria que no le fueron suministrados en su momento, no puede suponer una
tardía reclamación y mucho menos se puede inferir que el simple transcurso del
tiempo sea suficiente para dar por cierto que ya superó su situación de
desplazamiento”. En tal sentido, reclamar la entrega de ayuda
humanitaria después de varios años de ocurrir la situación de desplazamiento
forzoso puede justificarse, cuando durante ese lapso no ha sido posible superar
la situación de emergencia y vulnerabilidad, siendo imperioso que el juez
constitucional brinde la protección pertinente.
3.3.1. En el presente análisis se tiene una particularidad respecto
de los expedientes comprendidos dentro del rango T-5.538.281 al T-5.538.300,
los cuales en mayo de 2016, en razón a un extravío, fueron excluidos de estudio
para su eventual revisión, se suspendieron sus términos y se ordenó la
reconstrucción de los mismos. Posteriormente, en agosto de 2017, la correspondiente
Sala de Selección dispuso levantar la suspensión de términos decretada,
ordenando su envío a la Sala de Selección de Tutelas siguiente con el fin de
que fuesen incluidos dentro del rango de estudio.
En consecuencia, dadas las circunstancias particulares que rodean
estos casos, la Sala considera que las tutelas promovidas por los accionantes
en cada uno de los expedientes de la referencia fueron instauradas en un plazo
proporcional y razonable.
3.3.2. Aclarado lo anterior, y específicamente revisados los
expedientes, se tiene que los actores radicaron[32] ante la UARIV derechos
de petición de interés particular, solicitando en algunos casos ayuda
humanitaria, y en otros, prórroga de la misma o reparación administrativa.
Teniendo en cuenta que la UARIV no realizó ningún pronunciamiento sobre su
solicitud, decidieron entablar acciones de tutela[33] que fueron falladas
durante el tiempo correspondiente[34].
Es decir, que entre la solicitud de asistencia humanitaria y la interposición
de las tutelas transcurrió un lapso no superior a 3 meses, el cual es moderado
y permite concluir que se cumple con el requisito de inmediatez. Además, considerando
el contexto del conflicto armado interno en el que se ha presentado la
vulneración de sus derechos fundamentales, se puede inferir que las condiciones
de afectación aún subsisten.
3.3.3. Una vez
superado el análisis de procedencia de las acciones de tutela objeto de
acumulación, a continuación la Sala entrará a estudiar de fondo los hechos
planteados en las acciones de tutela, y se ocupará de resolver los problemas jurídicos
formulados.
4. El deber
de dar respuesta oportuna, eficaz y de fondo, a las peticiones elevadas por la
población desplazada
4.1. La jurisprudencia
constitucional ha resaltado la obligación de las autoridades ante quienes se
elevan solicitudes respetuosas, de atender las mismas en forma oportuna, eficaz
y de fondo[35]. Asimismo, ha determinado que esta
obligación cobra mayor trascendencia en aquellas entidades responsables de
atender y reparar a las víctimas de desplazamiento forzado[36].
4.2 En relación
con las peticiones de ayuda que eleva la población desplazada, la sentencia
T-025 de 2004[37]
estableció que las autoridades competentes tienen el deber de: i)
incorporar la solicitud en la lista de desplazados; ii) informar a la
víctima de desplazamiento forzado dentro del término de quince (15) días el
tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; iii)
informar dentro del mismo término si la solicitud cumple con los requisitos
para su trámite, y en caso contrario, indicar claramente cómo puede corregirla
para que pueda acceder a los programas de ayuda; iv) si la solicitud
cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal,
tendrá que adelantar los trámites necesarios para obtener los recursos,
determinar las prioridades y el orden en que las resolverá; v) si la
solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal
suficiente, procederá a informar cuándo se hará realidad el beneficio y el
procedimiento que se seguirá para que sea efectivamente recibido. En todo caso,
deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes legales
y respetar los derechos fundamentales de las personas en situación de
desplazamiento forzado[38].
4.3. En igual sentido, esta Corporación ha sostenido
que el derecho de petición de personas que se encuentran en condición de
desplazamiento tiene una protección reforzada, por tanto el manejo de la
información, su registro y control resultan de vital importancia, dado que las
autoridades competentes deben tener pleno conocimiento de las solicitudes
recibidas, su estado, trámite y respuesta, así como de su comunicación efectiva
a la persona desplazada[39].
La atención adecuada a los derechos de petición de la
población desplazada hace parte del mínimo de protección constitucional que
debe brindarse a quienes tienen tal condición, pues integra el derecho a ser reconocido,
escuchado y atendido por el Estado, lo cual es inherente al principio de la
dignidad humana, y por tal motivo, debe ser amparado con el fin de obtener por
parte de las autoridades una decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano,
con base en un estudio sustentado del requerimiento, acorde con las
competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición[40].
5. Reglas
jurisprudenciales definidas para la entrega de la ayuda humanitaria y su
prórroga
5.1. Naturaleza
y características de la ayuda humanitaria[41].
En sentencia T-062 de 2016[42]
la Corte señaló que uno de los principales problemas que tienen las víctimas
del desplazamiento forzado es la incapacidad de generar ingresos para proveer
su propio sostenimiento, pues una vez salen de su lugar de origen son sometidas
a condiciones infrahumanas, hacinadas en zonas marginadas de las ciudades
intermedias o capitales, donde la insatisfacción de las necesidades básicas es
habitual y su arribo influye decididamente en el empeoramiento de las
condiciones generales de vida de la comunidad allí asentada: alojamiento,
salubridad, abastecimiento de alimentos y agua potable, entre otros[43].
5.2. Así, una
vez ocurren los hechos que generan el desplazamiento forzado se origina el
deber del Estado de brindar ayuda humanitaria a la población víctima del
flagelo dada su estrecha conexión con el derecho a la subsistencia mínima y el
derecho fundamental al mínimo vital[44].
Tales derechos, deben ser satisfechos en cualquier circunstancia por las
autoridades competentes, puesto que en ello se juega la subsistencia digna de
las personas que se hallan en esta situación. Por lo tanto, la ayuda humanitaria tiene como finalidad asistir,
proteger y auxiliar a la población desplazada para superar la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra.
5.3. En cuanto a
las características de la atención humanitaria esta Corporación ha identificado
las siguientes: (i) protege la
subsistencia mínima de la población desplazada[45]; (ii) es considerada un derecho fundamental[46]; (iii) es temporal; (iv) es integral[47]; (v)
tiene que reconocerse y entregarse de manera adecuada y oportuna,
atendiendo la situación de emergencia y las condiciones de vulnerabilidad de la
población desplazada[48];
y (vi) tiene que garantizarse sin perjuicio de las restricciones
presupuestales[49].
5.4. Etapas
que comprende la ayuda humanitaria. La política pública en materia de
desplazamiento forzado, está contenida principalmente en la Ley 387 de 1997[50]
y la Ley 1448 de 2011[51]. En la sentencia T-707 de 2014[52], se hace un resumen de
estas etapas que se complementa con lo establecido en otras disposiciones
normativas, tal y como se puede ver a continuación:
(i) Ayuda
humanitaria inmediata: se encuentra contemplada en
el artículo 63 de la Ley 1448 de 2011[53]
y en el artículo 108 del Decreto 4800 de 2011[54],
y es aquella que se otorga a las personas que (i) manifiesten haber sido
víctimas del desplazamiento forzado en los casos que resulta agravada la
situación de vulnerabilidad que enfrentan; (ii) requieren un albergue temporal
y (iii) asistencia alimentaria. La obligación de entrega de este beneficio se
encuentra en cabeza del ente territorial de nivel municipal, el cual, sin
demora alguna, debe facilitarlo desde el momento que se presenta la declaración
del hecho victimizante y hasta que tenga lugar la inclusión en el Registro
Único de Víctimas[55].
(ii) Ayuda humanitaria de emergencia:
aparece regulada en el artículo 64 de la Ley 1448 de 2011 reglamentado
por el Decreto Nacional 2569 de 2014[56],
y en los artículos 109 a 111 del Decreto 4800 de 2011. De acuerdo con las
normas en cita, su entrega tiene lugar después de que se ha logrado el registro
en el RUV, siempre que el desplazamiento haya ocurrido dentro del año previo a
la declaración. Para el efecto, es preciso que se haya superado la etapa inicial
de urgencia y el desplazado haya ingresado al sistema integral de atención y
reparación. Esta asistencia se compone de auxilios en materia de alimentación,
artículos de aseo, manejo de abastecimiento, utensilios de cocina y alojamiento
transitorio. Dependiendo del nivel de vulnerabilidad que se determine luego de
la caracterización de la situación particular que afronta cada núcleo familiar,
variarán los montos y cantidades de la ayuda. Por último, la administración del
beneficio en comento se encuentra a cargo de la UARIV.
(iii) Ayuda humanitaria de transición: está
establecida en el artículo 65 de la Ley 1448 de 2011 y en los artículos 112
a 116 del Decreto 4800 de 2011. En general, es aquella que se entrega a las
personas desplazadas incluidas en el Registro Único de Víctimas, cuyo
desplazamiento haya ocurrido en un término superior a un año contado a partir
de la declaración, cuando no se hubiere podido restablecer las condiciones de
subsistencia, pero cuya valoración no sea de tal gravedad y urgencia que los
haría destinatarios de la atención humanitaria de emergencia. Esta ayuda tiene
como finalidad servir de puente para consolidar soluciones duraderas. Desde
esta perspectiva, incluye componentes de alimentación y alojamiento los cuales
se encuentran a cargo de la UARIV y del ente territorial[57].
5.5. Prórroga
de la ayuda humanitaria de emergencia. Con relación al carácter temporal de
la ayuda humanitaria de emergencia, solicitada en los expedientes que han sido
objeto de acumulación, la Corte en sentencia C-278 de 2007[58] se pronunció al
realizar el control de constitucionalidad del artículo
15 de la Ley 387 de 1997[59],
señalando que esta no puede estar sujeta a un plazo fijo inexorable, pues
aunque es conveniente tener una referencia temporal, la ayuda debe ser flexible
y estar condicionada a que se supere la situación de vulnerabilidad. En igual
sentido, esta Corporación[60]
se ha pronunciado en sede de tutela sobre la necesidad de que la entrega de la
ayuda humanitaria no se interrumpa sino hasta cuando el afectado se encuentre
en condiciones materiales para asumir su propia manutención.
Conforme con lo expuesto, no existe un plazo máximo
para el otorgamiento de la ayuda humanitaria, y la misma puede prorrogarse y
extenderse en el tiempo para aquellas víctimas que: (i) se encuentren en
una situación de especial vulnerabilidad o urgencia extraordinaria; (ii)
no estén en condiciones de asumir por sí mismos su sostenimiento a través de un
proyecto de estabilización o restablecimiento socioeconómico; y (iii)
sean sujetos de protección constitucional reforzada o protección con enfoque
diferencial como los niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad,
mujeres cabeza de familia. Los
requisitos para determinar si es procedente la prórroga de la ayuda humanitaria
no dependerán de un tiempo, sino de la evaluación que se efectúe en cada caso,
teniendo en cuenta las necesidades y las condiciones personales de los afectados[61].
5.6 Por otra parte, de acuerdo con el desarrollo de la
jurisprudencia constitucional, la prórroga varía de acuerdo con la etapa de
atención humanitaria en la que se encuentre el beneficiario, por lo cual puede
ser de orden general o automática. (i) La prórroga
general es aquella que debe ser solicitada por cualquier persona
desplazada, la cual se encuentra sujeta a una valoración realizada previamente
por la entidad competente sobre las circunstancias de vulnerabilidad del
posible beneficiario, con el propósito de determinar si es o no procedente su
otorgamiento. (ii) La prórroga automática opera en casos en los cuales por circunstancias de debilidad
manifiesta, como por ejemplo que se encuentren en riesgo derechos de una
persona en condición de discapacidad, debe otorgarse nuevamente la atención de
forma inmediata. Debe entregarse de manera integral, completa e
ininterrumpida, sin necesidad de programar o realizar visitas de verificación y
asumiendo que se trata de personas en situación de vulnerabilidad extrema lo
que justifica el otorgamiento de la prórroga, hasta el momento en que las
autoridades comprueben que se han logrado condiciones de  autosuficiencia
integral y de dignidad, momento en el cual podrá procederse mediante decisión
motivada, a la suspensión de la prórroga[62].
5.7. Turnos y orden de entrega de la ayuda humanitaria. Una expresión del derecho a
la igualdad en la asignación de la ayuda humanitaria es que para su entrega se
prevean turnos que permitan optimizar su asignación. En reiterada
jurisprudencia esta Corporación ha señalado que los turnos son un mecanismo
operativo que permite garantizar la eficiencia, eficacia, racionalización y
especialmente, la igualdad al momento de hacer la entrega de la ayuda
humanitaria. Sin embargo, la fijación de turnos en un lapso desproporcionado
desnaturaliza la ayuda que debe ser inmediata, oportuna y efectiva, por lo que
es necesario determinar el momento concreto y real en el que se hará la entrega
de la ayuda, el cual en todo caso debe ser un término razonable[63].
Asimismo,
esta Corporación también ha sostenido que la asignación de turnos debe
consultar el nivel de vulnerabilidad de los beneficiarios, pues es
imprescindible brindar protección reforzada a quien además de desplazado
pertenece a uno de los grupos de especial protección constitucional como son
las madres cabeza de familia,
personas en situación de discapacidad, adultos mayores, entre otros[64].
5.8. Finalmente,
es pertinente mencionar que mediante Auto 373 del 23 de agosto de 2016[65], la Sala Especial de
Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, al evaluar las acciones
gubernamentales para la superación del estado de cosas inconstitucional en la
situación de la población desplazada, y específicamente pronunciarse sobre el
componente de ayuda humanitaria, señaló que el nivel de cumplimiento de la
sentencia frente a la orden de realizar ajustes importantes a dicho componente
es medio, toda vez que las actuaciones desplegadas muestran resultados
que impactan favorablemente el goce efectivo del derecho a la subsistencia
mínima de la población desplazada. No obstante, los programas implementados y
la capacidad institucional demostrada aún es formalmente aceptable, pues pese a
que ha aumentado el número de ayudas entregadas, continúan las demoras que
afectan a las personas que se encuentran en vulnerabilidades altas, a las
cuales se les exigen requisitos desmedidos que condicionan su acceso a las
ayudas humanitarias[66].
Así, las
falencias de las políticas públicas en la situación de la población desplazada
subsisten, y en esta medida también lo hacen las prácticas inconstitucionales
que obligan a la intervención del juez constitucional de acuerdo con la
problemática específica que presente cada caso[67].
6. La presunción de buena fe en solicitudes de personas en situación de
desplazamiento forzado
Como
consecuencia de la especial protección y atención constitucional reconocida por
el ordenamiento jurídico colombiano a la población desplazada, la
interpretación que las autoridades administrativas y judiciales realicen de las
normas que consagran sus derechos fundamentales, debe hacerse siempre en
consideración a esa particular condición[68].
En este orden de
ideas, cuando se está ante una norma que consagra o desarrolla un derecho
fundamental de las personas que han sido desplazadas, su interpretación debe
tener en cuenta: i) los principios de interpretación y aplicación
contenidos en la Ley 387 de 1997 (art. 2°);[69]
ii) “los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos” [70]; iii) “el principio de
favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a la población
desplazada”[71]; iv) “el principio de buena fe y el derecho a la
confianza legítima”; y v) “el principio de prevalencia del
derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho”[72].
Ahora bien, en
materia probatoria y con fundamento en el artículo 83 de la Carta Política, la
Corte Constitucional ha establecido que cuando se trate de solicitudes emanadas
de la población desplazada, tanto la Administración como el juez de tutela,
deben presumir la buena fe en las actuaciones de estos sujetos.
Al respecto,
esta Corporación en sentencia T-327 de 2001[73],
estableció que cuando se presume la buena fe, la carga de la prueba debe
invertirse de manera que corresponde a las autoridades probar que la persona
que manifiesta tener la calidad de desplazado por la violencia, no asume tal
condición. Por ende, son las autoridades las que deben acreditar plenamente que
la persona respectiva no tiene la calidad de desplazado.
No obstante, la
presunción de buena fe no implica que el juez decida aplicar sin ninguna otra
consideración el principio de la carga de la prueba, ya que ello modificaría
los parámetros que indican que la sentencia debe estar sustentada en hechos
verificados, para lo cual el ordenamiento jurídico le otorga las herramientas
pertinentes en la materialización del fin de la justicia.[74]
En
ese orden, para proferir una decisión judicial, el juez constitucional que
ponga fin a la controversia originada por la aparente amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales, debe alcanzar el convencimiento necesario para
determinar si existió o no la afectación de los derechos del actor y si la
entidad accionada es la responsable de tal circunstancia. Para tal efecto, le
corresponde al juez de tutela constatar la veracidad de los hechos narrados y
valorar las pruebas que aporta el accionante y en caso de que ellas no sean
presentadas, deberá decretar y practicar las pruebas que considere necesarias
para la constatación de la problemática que se puso de presente con el escrito
de tutela.
Bajo
esta línea, la Corte Constitucional ha reiterado que “Al juez constitucional
no le es dable simplemente afirmar que las pruebas no se aportaron al proceso,
o que las aportadas no son suficientes para sustentar su convencimiento, ya que
si duda sobre las circunstancias planteadas, es su potestad y su deber mínimo
solicitar información. En conclusión, es necesario preponderar la importancia
que tiene para el trámite tutelar una apreciación conjunta, seria y concienzuda
del material probatorio incorporado, no siendo jurídicamente aceptable que se
presuma la mala fe, lo cual resultaría contrario a lo instituido en el artículo
83 de la Constitución Política, ni que se perpetúe la vulneración de derechos
fundamentales”[75].
En
relación con anterior, en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991[76]
se establece una herramienta jurídica a la que debe acudir el juez
constitucional antes de adoptar una decisión definitiva en caso que al momento
de emitir el fallo respectivo no pueda alcanzar, con las pruebas que obran en
el expediente, la certeza necesaria para determinar si existió o no vulneración
de los derechos fundamentales. Esta consiste en la posibilidad de pedir
informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud
y pedir el expediente administrativo o la documentación donde consten los
antecedentes del asunto.
De la misma manera, el artículo 20 del mencionado
precepto establece las consecuencias jurídicas que se originan en caso de que
la entidad accionada no responda la solicitud efectuada por el juez
constitucional. Concretamente, señala lo siguiente: “Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de
plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.
La finalidad de esa presunción concuerda con el
desarrollo de los principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de
tutela, con la cual se pretende lograr la eficacia de los derechos
fundamentales y de los deberes asignados a las autoridades en la Constitución
Política (Arts. 2º, 6º, 121 y 123, Inc. 2º). No obstante, es imperioso aclarar que, si bien el
ordenamiento jurídico autoriza al juez constitucional para que en caso de no
obtener una respuesta por parte de la entidad accionada, adopte una decisión
sobre las pretensiones de la acción de tutela a partir de la presunción de
veracidad sobre los hechos que fueron puestos de presente en el escrito de
tutela, la jurisprudencia constitucional ha establecido que dicha presunción “no
habilita al juez para que decida sin certeza respecto de los hechos informados”[77] en el escrito de tutela.
7. Casos concretos
Los accionantes
actuando en nombre y representación propia, entablaron tutelas en forma
individual contra la UARIV, con
el fin de que se amparen sus derechos fundamentales de petición, dignidad
humana, mínimo vital, entre otros. Lo anterior, en virtud a que: son
desplazadas víctimas de la violencia y presentaron peticiones a la UARIV para
que les entreguen, bien sea, la ayuda humanitaria, la prórroga de la misma y/o
la reparación administrativa, sin obtener respuesta alguna.
Por lo anterior, esta Sala de Revisión considera
necesario
examinar si los expedientes objeto de análisis encajan dentro de la presunción
de veracidad consignada en Decreto 2591 de 1991, según la cual se tendrán por
ciertos los hechos alegados por el accionante cuando el juez requiera
información y la misma no sea allegada oportunamente, salvo que el juez estime
necesaria otra averiguación previa[78].
La jurisprudencia constitucional de esta Corporación ha sostenido
que tal presunción tiene sustento en: (i) la necesidad de resolver con
prontitud las acciones de tutela, en la medida en que están de por medio
derechos fundamentales; y (ii) el carácter vinculante de las decisiones
judiciales del cual depende la eficaz protección de las garantías fundamentales[79].
Tratándose de la población desplazada la presunción de veracidad ha
sido aplicada por esta Corporación en un sinnúmero de oportunidades cuando se
presenta desinterés o negligencia de la autoridad pública o particular contra
quien se ha interpuesto la acción de tutela[80].
Es extensa la jurisprudencia que reconoce que dadas las especiales condiciones
de vulnerabilidad y debilidad manifiesta de las personas en condición de
desplazamiento, presumir la veracidad de los hechos que ellas narran, es una consecuencia
necesaria y útil para castigar la desidia de aquel que omitió pronunciarse
sobre el requerimiento judicial y no lo hizo.
La presunción de veracidad esta armonizada con el principio de buena
fe en virtud de la cual deben tenerse como ciertas, prima facie, las
declaraciones y pruebas aportadas por el declarante, pues es a quien desea
contradecir la afirmación al que le corresponde probar la ocurrencia o no del
hecho[81].
Para esta Corte, en muchas ocasiones las causas
del desplazamiento son silenciosas y casi imperceptibles, siendo imperioso que
se presuma la buena fe y se brinde protección urgente a quien se encuentra en
situación de desplazamiento[82].
Una de las formas en que se proyecta el
principio de buena fe es a través de la inversión de la carga de la prueba, por
tanto corresponde al Estado y no a la persona en condición de desplazamiento
demostrar que sus afirmaciones y declaraciones no coinciden con la verdad. En
este sentido, esta Corte ha indicado que uno de los elementos que pueden
conformar el conjunto probatorio de un desplazamiento forzado son los indicios
y especialmente el hecho de que la persona haya abandonado sus bienes y
comunidad[83].
Así, afirmar que se es desplazado es una circunstancia que en principio supone
la existencia de vivencias en medio del conflicto armado donde está presente el
despojo, los actos de violencia y las crisis humanitarias. En este contexto se
impone un deber de atención prioritaria por parte del Estado, el cual deja de
subsistir cuando se demuestra que la información brindada por quien manifiesta
ser desplazado es contraria a la realidad[84].
Ante la ausencia de elementos probatorios
que permitan al juez tener certeza sobre el derecho que reclama el accionante,
o cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad pueda
conducir a una decisión que carezca de un sentido de justicia material, le
corresponde hacer uso de sus facultades de oficiosidad en materia probatoria
para indagar y auscultar la realidad de la situación fáctica sometida a su
conocimiento. En caso de no lograr que la accionada le responda, tendrá el
deber de ponderar las circunstancias específicas del caso sub judice,
podrá invocar la presunción de veracidad y adoptar la decisión que en derecho
corresponda.
Bajo las
consideraciones descritas se analizarán cada uno de los expedientes objeto de
revisión.
7.1. En relación con las
tutelas que solicitan ayuda humanitaria
7.1.1. Las acciones
de tutela que solicitan ayuda humanitaria se dividen en dos grupos, que se
detallan de la siguiente forma:
i)
Entrega de ayuda humanitaria por
primera vez
María de las Mercedes Maza Berrio (T-5.538.283). La accionante presentó acción de tutela contra la
UARIV el 2 de diciembre de 2015[85].
Nació el 26 de septiembre de 1989[86].
Afirmó ser víctima de desplazamiento forzado desde el año 2005, como
consecuencia de la actuación de grupos armados ilegales. Señaló que vive con
dos menores de edad y no tiene fuente de ingresos alguna. Según relató, declaró
su condición de víctima el 19 de octubre de 2013 en la Personería de San Pedro
de Urabá y le fue asignado un número de turno. Sin embargo, pese a que ha
pedido (vía telefónica) la ayuda humanitaria que requiere, no ha obtenido
respuesta. Anexa copia de la cédula de ciudadanía y una prueba documental que
equivale, aparentemente, a una captura de pantalla en la que la UARIV le
informa a la accionante que (i) no tiene turno asignado y (ii) no tiene giro
alguno asignado.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó (Antioquia). La autoridad judicial cita la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la procedibilidad de la acción de tutela para proteger los
derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado.
Tuteló los derechos a la vida digna, ordenó entregar las ayudas humanitarias a
que tiene derecho la accionante y remitir la constancia de cumplimiento.
Previno a la UARIV para que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada y
advirtió que su representante legal podrá incurrir en sanciones, penales,
civiles y por desacato.
Carmen Martínez Gómez
(T-5.538.294). La accionante presentó acción de tutela el 14 de diciembre de
2015[87]
contra la UARIV y el ICBF. Nació el 3 de diciembre de 1974[88]. Sostuvo que
es víctima de desplazamiento forzado, como consecuencia de la actuación de
grupos armados ilegales, y se encuentra desempleada. Declaró su condición de
víctima el 29 de abril de 2001 y se encuentra inscrita en el RUPD y no ha
recibido respuesta sobre la ayuda humanitaria solicitada. Anexó transcripción
de conversación con funcionaria de la UARIV vía chat, copia de la petición
presentada ante el ICBF, copia de la cédula de ciudadanía y de los documentos
de identidad de sus hijos Ana Julieth Arrieta Martínez y Jan Carlos Reyes
Martínez.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). Tuteló los derechos a la vida digna,
ordenó entregar las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y
remitir la constancia de cumplimiento. Previno a la UARIV para que no vuelva a
incurrir en la omisión denunciada y le advierte que su representante legal
podrá incurrir en sanciones, penales, civiles y por desacato. El despacho
judicial decidio no vincular al ICBF en razón a que “conforme al Art. 122 de
la Ley 1753 del 09 de junio de 2015, esta entidad no está legitimada en la
causa”.
Margarita
Bello Moreno (T-5.538.296). La accionante
presentó acción de tutela el 10 de diciembre de 2015[89] contra la
UARIV. Nació el 30 de octubre de 1979[90].
Afirmó ser víctima de desplazamiento forzado desde el 29 de agosto de 1995,
consecuencia de la actuación de grupos armados ilegales. Según relato, se
encuentra inscrita en el RUV. Sostuvo que el 13 de noviembre de 2015 solicitó a
la UARIV, vía correo postal, “la ayuda humanitaria y la reparación
administrativa por el mero hecho del desplazamiento”, frente a lo cual no
ha obtenido respuesta. Anexó derecho de petición dirigido a la UARIV (original
firmado), planilla de envío de la empresa 472, correspondiente al 13 de
noviembre de 2015, en la que aparece registrado el nombre de la accionante como
una de las remitentes de documentos enviados a la UARIV y copia de la cédula de
ciudadanía.
Juzgado Primero Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó (Antioquia). Tuteló los derechos a la vida digna, ordenó entregar las ayudas
humanitarias a que tiene derecho la accionante y remitir la constancia de
cumplimiento. Previno a la UARIV para que no vuelva a incurrir en la omisión
denunciada y advierte que su representante legal podrá incurrir en sanciones,
penales, civiles y por desacato.
7.1.2. En los casos bajo
análisis en los cuales se solicita ayuda humanitaria, debe señalarse que de
acuerdo con los elementos probatorios aportados en los expedientes y lo
afirmado en cada uno de los escritos de tutela, no se describe la situación
fáctica específica de cada actor, su núcleo familiar ni la afectación a sus
condiciones mínimas de subsistencia. Tampoco existe certeza ni claridad sobre
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó el
desplazamiento forzado. Las solicitudes de amparo han omitido mencionar el
contexto o las condiciones en las que se produjo el desplazamiento, el
territorio del cual se han tenido que trasladar o la época en que tales hechos
ocurrieron. Los escritos de tutela se limitan a registrar y plasmar hechos genéricos
e indeterminados, utilizando para ello formatos de tutela idénticos, de los
cuales solo se deduce la calidad de víctimas de desplazamiento forzado de las
actoras y la pretensión de que se reconozca la ayuda humanitaria.
En cuanto a los
medios de prueba aportados en cada uno de los expedientes, los  documentos que
se adjuntaron fueron las cédulas de ciudadanía y los derechos de petición que
se radicaron en la UARIV por parte de los accionantes. Estos derechos de
petición, al igual que los escritos de tutela, se presentaron en formatos
preestablecidos. En este sentido, ninguno de estos documentos contribuye a
aportar medios de convicción de los cuales se pueda advertir la afectación a la
subsistencia mínima.
Ante tal
realidad procesal, tanto los jueces de instancia como esta Sala de Revisión
solicitaron a la UARIV que se pronunciara sobre las afirmaciones de los
accionantes. No obstante, la entidad demandada guardó silencio.
Por lo tanto, esta
Sala de Revisión considera que en los expedientes mencionados al (i) no
contar con un mínimo de certeza y elementos probatorios con los que se pueda
concluir la afectación a la subsistencia mínima de los actores; y (ii)
tratarse de un caso en el que se solicita por primera vez la ayuda humanitaria
y, por tanto, en el que la UARIV no ha realizado una evaluación previa de las
condiciones de vulnerabilidad de las actoras, se hace imposible acceder a la
entrega inmediata de la ayuda humanitaria solicitada, más aún, cuando su
necesidad no se advirtió ni se explicó en el trámite tutelar.
No
obstante lo anterior, se hace necesario amparar el derecho fundamental de
petición de quienes elevaron la solicitud de ayuda humanitaria, dado que la
UARIV no acreditó en el trámite de la tutela haber dado respuesta efectiva a
tal requerimiento.
(ii)
Prórroga de la ayuda humanitaria.
Carlina García Martínez
(T-5.538.281). La accionante presentó acción de tutela contra la UARIV el 2 de
diciembre de 2015[91].
Nació el 6 de abril de 1986[92].
Señaló que es víctima de desplazamiento forzado desde el 11 de agosto de 1995,
como consecuencia de la actuación de grupos armados ilegales. Manifestó
encontrarse desempleada y tener dos hijos de dos y cinco años de edad. Dice
estar inscrita en el RUPD. Sostuvo que la ayuda humanitaria que venía
recibiendo fue suspendida desde el mes de agosto de 2015, y que en diferentes
oportunidades ha solicitado la prórroga de ayuda humanitaria, sin que hasta la
fecha de presentación de la acción de tutela obtuviera respuesta al respecto. Anexó
transcripción de conversación con funcionaria de la UARIV vía chat y copia de
la cédula de ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó (Antioquia). La autoridad judicial cita la jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la procedibilidad de la acción de tutela para proteger los
derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado.
Tuteló los derechos a la vida digna, y ordenó entregar las ayudas humanitarias
a que tiene derecho la accionante y remitir la constancia de cumplimiento.
Previno a la UARIV para que no vuelva a incurrir en la omisión denunciada y le
advierte que su representante legal podrá incurrir en sanciones, penales,
civiles y por desacato.
María
Tividad Cogollo Montes (T-5.538.282). La
accionante presentó acción de tutela contra la UARIV el 2 de diciembre de 2015[93].
Nació el 25 de abril de 1937[94].
Señaló que es víctima de desplazamiento forzado desde el 20 de diciembre de
1997, como consecuencia de la actuación de grupos armados ilegales. Adujo estar
inscrita en el RUPD. Sostuvo que la ayuda humanitaria que venía recibiendo fue
suspendida desde el mes de agosto de 2015, y que en diferentes oportunidades ha
solicitado vía telefónica la prórroga de ayuda humanitaria, sin que hasta la
fecha de presentación de la acción de tutela obtuviera respuesta al respecto. Anexó
transcripción de conversación con funcionaria de la UARIV vía chat y copia de
la cédula de ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). La autoridad judicial cita la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la procedibilidad de la acción
de tutela para proteger los derechos fundamentales de las personas en situación
de desplazamiento forzado. Tuteló los derechos a la vida digna, ordenó entregar
las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y remitir la
constancia de cumplimiento. Previno a la UARIV para que no vuelva a incurrir en
la omisión denunciada y le advirtió que su representante legal podrá incurrir
en sanciones, penales, civiles y por desacato.
Liris
Yohana Pérez Polo (T-5.538.285). La
accionante presentó acción de tutela el 2 de diciembre de 2015[95] contra la
UARIV. Nació el 7 de octubre de 1987[96].
Señaló que es víctima de desplazamiento forzado desde el año 2005, como
consecuencia de la actuación de grupos armados ilegales. Adujo estar inscrita
en el RUPD y ser madre cabeza de familia. La ayuda humanitaria que venía
recibiendo fue suspendida desde el mes de junio de 2015 y en diferentes
oportunidades solicitó vía telefónica la prórroga de ayuda humanitaria, sin que
hasta la fecha de presentación de la acción de tutela obtuviera solución. Anexó
transcripción de conversación con funcionaria de la UARIV vía chat y copia de
la cédula de ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). Tuteló los derechos a la vida digna,
y ordenó entregar las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y
remitir la constancia de cumplimiento. Previno a la UARIV para que no vuelva a
incurrir en la omisión denunciada y le advierte que su representante legal
podrá incurrir en sanciones, penales, civiles y por desacato.
Edinson
Enrique Rodríguez Cavadia (T-5.538.288). El
accionante presentó acción de tutela el 3 de diciembre de 2015[97] contra la
UARIV. Nació el 3 de diciembre de 1975[98].
Afirmó que es víctima de desplazamiento forzado desde 2003, como consecuencia
de la actuación de grupos armados ilegales. Sostuvo que está desempleado y que
su núcleo familiar está conformado por él (cabeza de hogar) y por su hija de 13
años. Señaló que está inscrito en el RUPD. Según relató, la ayuda humanitaria
que venía recibiendo fue suspendida desde el mes de agosto de 2014 y en
diferentes oportunidades había solicitado vía telefónica la prórroga de ayuda
humanitaria, sin que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela
obtuviera respuesta al respecto. Anexó transcripción de conversación con
funcionaria de la UARIV vía chat y copia de la cédula de ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). Tuteló los derechos a la vida digna,
y ordenó entregar las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y
remitir la constancia de cumplimiento. Previno a la UARIV para que no vuelva a
incurrir en la omisión denunciada y le advierte que su representante legal
podrá incurrir en sanciones, penales, civiles y por desacato.
María
Carlina López David (T-5.538.290). La accionante presentó acción de tutela el 7 de
diciembre de 2015[99]
contra la UARIV. Nació el 11 de enero de 1972[100]. Afirmó ser
víctima de desplazamiento forzado, como consecuencia de la actuación de grupos
armados ilegales. Sostuvo que está inscrita en el RUPD. En el texto de la
acción de amparo la demandante afirmó que solicitó “a la entidad la
asistencia humanitaria por derecho de petición el 18 de noviembre del año 2015,
y hasta la fecha la entidad no se ha pronunciado” sobre su entrega. No
obstante, en la comunicación radicada ante la UARIV el 18 de noviembre de 2015,
que se anexa a la demanda, la accionante solicita la prórroga de su ayuda
humanitaria y sostiene que su ayuda “es de $1.475.000”[101]. La
accionante señala que no ha recibido respuesta de la entidad. Anexó solicitud
de prórroga de ayuda humanitaria y copia de la cédula de ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). Tuteló los derechos a la vida digna,
y ordenó entregar las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y
remitir la constancia de cumplimiento. Previno a la UARIV para que no vuelva a
incurrir en la omisión denunciada y le advierte que su representante legal
podrá incurrir en sanciones, penales, civiles y por desacato.
Duberlina
Várelas Vargas (T-5.538.291). La accionante
presentó acción de tutela el 7 de diciembre de 2015[102] contra la
UARIV. Nació el 30 de marzo de 1973[103].
Afirmó ser víctima de desplazamiento forzado, como consecuencia de la actuación
de grupos armados ilegales. Sostuvo que está inscrita en el RUPD. Solicitó
prórroga de su ayuda humanitaria el 18 de noviembre de 2015, pero señaló que no
ha recibido respuesta de la entidad. Anexó solicitud de prórroga de ayuda
humanitaria y copia de la cédula de ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). Tuteló los derechos a la vida digna,
y ordenó entregar las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y
remitir la constancia de cumplimiento. Previno a la UARIV para que no vuelva a
incurrir en la omisión denunciada y le advierte que su representante legal
podrá incurrir en sanciones, penales, civiles y por desacato.
William
Tuberquia Usuga (T-5.538.293). El accionante
presentó acción de tutela el 14 de diciembre de 2015[104] contra la
UARIV y el ICBF. Nació el 10 de marzo de 1988[105]. Afirmó ser
víctima de desplazamiento forzado, consecuencia de la actuación de grupos
armados ilegales. Según relató, declaró su condición de víctima el 31 de julio
de 2012 en la Personería de Carepa (Antioquia) y se encuentra registrado en el
RUPD y en el RUV. Sostuvo que el 25 de noviembre de 2015 solicitó vía
telefónica la prórroga de la ayuda humanitaria que requiere, frente a lo cual
no ha obtenido respuesta. Anexó copia de la cédula de ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). Tuteló los derechos a la vida digna,
y ordena entregar las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y
remitir la constancia de cumplimiento. Previno a la UARIV para que no vuelva a
incurrir en la omisión denunciada y le advierte que su representante legal
podrá incurrir en sanciones, penales, civiles y por desacato. El despacho
judicial, decidió no vincular al ICBF en razón a que “conforme al Art. 122
de la Ley 1753 del 09 de junio de 2015, esta entidad no está legitimada en la
causa”.
Wilmer
Antonio Torres David (T-5.538.295). El
demandante presentó acción de tutela el 10 de diciembre de 2015[106]
contra la UARIV. Nació el 16 de enero de 1977[107]. Afirmó ser
víctima de desplazamiento forzado, como consecuencia de la actuación de grupos
armados ilegales. Sostuvo que está inscrito en el RUPD. Solicitó prórroga de su
ayuda humanitaria el 18 de noviembre de 2015, pero señala que no ha recibido
respuesta de la entidad. Anexó solicitud de prórroga de ayuda humanitaria y copia
de la cédula de ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). Tuteló los derechos a la vida digna,
y ordenó entregar las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y
remitir la constancia de cumplimiento. Previno a la UARIV para que no vuelva a
incurrir en la omisión denunciada y le advierte que su representante legal
podrá incurrir en sanciones, penales, civiles y por desacato.
Gloria
Inés Perea Quejada (T-5.538.298). La
accionante presentó acción de tutela el 9 de diciembre de 2015[108] contra la
UARIV. Nació el 25 de diciembre de 1968[109].
Afirmó ser víctima de desplazamiento forzado. Señaló que es madre soltera y que
a su cargo están cuatro personas, incluido un menor de 18 años.  Sostuvo que en
septiembre de 2015 solicitó a la UARIV la ayuda humanitaria, frente a lo cual
no ha obtenido respuesta. Anexó copia de derecho de petición radicado ante la
UARIV el 12 de noviembre de 2015 y copia de la cédula de ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). Tuteló los derechos a la vida digna,
y ordenó entregar las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y
remitir la constancia de cumplimiento. Previene a la UARIV para que no vuelva a
incurrir en la omisión denunciada y le advierte que su representante legal
podrá incurrir en sanciones, penales, civiles y por desacato.
Viviana
María Hernández Pérez (T-5.538.299). La
accionante presentó acción de tutela el 18 de diciembre de 2015[110]
contra la UARIV. Nació el 6 de diciembre de 1985[111]. Afirma ser
víctima de desplazamiento forzado, consecuencia de la actuación de grupos
armados ilegales. Según relata, se encuentra inscrita en el RUV. Sostuvo que el
25 de noviembre de 2015 solicitó a la UARIV la prórroga de su ayuda
humanitaria, frente a lo cual no ha obtenido respuesta. Anexó copia de derecho
de petición radicado ante la UARIV el 25 de noviembre de 2015 y copia de la
cédula de ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). Tuteló los derechos a la vida digna,
y ordenó entregar las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y
remitir la constancia de cumplimiento. Previene a la UARIV para que no vuelva a
incurrir en la omisión denunciada y le advierte que su representante legal
podrá incurrir en sanciones, penales, civiles y por desacato.
María
Lely Huila Bravo (T-5.538.300). La accionante
presentó acción de tutela el 9 de diciembre de 2015[112] contra la
UARIV. Nació el 15 de noviembre de 1944[113].
Afirma que el 31 de julio de 2015 presentó derecho de petición ante la UARIV
para solicitar la prórroga de su ayuda humanitaria, frente a lo cual no ha
obtenido respuesta. Anexó copia de derecho de petición y copia de la cédula de
ciudadanía.
Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia). Tutela los derechos a la vida digna,
y ordena entregar las ayudas humanitarias a que tiene derecho la accionante y
remitir la constancia de cumplimiento. Previene a la UARIV para que no vuelva a
incurrir en la omisión denunciada y le advierte que su representante legal
podrá incurrir en sanciones, penales, civiles y por desacato.
7.1.3. En estos casos, los accionantes
presentaron derecho de petición con el fin de obtener el beneficio de la
prórroga de la ayuda humanitaria que venían percibiendo. A su juicio la falta
de continuidad y oportunidad en la entrega de la ayuda humanitaria pone en
riesgo el derecho al mínimo vital y vulnera el derecho de petición ante la
falta de respuesta de fondo por parte de la entidad accionada.
7.1.3.1. Esta
Sala de Revisión considera importante efectuar el siguiente análisis en torno a
los fallos de tutela que se revisan en este grupo de expedientes:
Al momento de
proferir los fallos de instancia (año 2015), no se encontraban acreditados en
los expedientes respectivos, los presupuestos suficientes que habilitaban a los
accionantes para acceder al reconocimiento de la ayuda humanitaria en etapa de
transición, los cuales, radican en la acreditación: (i) de la condición de
desplazado y (ii) que no se ha superado la situación de vulnerabilidad producto
del desplazamiento forzado. No obstante, el juez de instancia[114]
que decidió en todos los casos, concluyó que los accionantes cumplían los
mencionados requerimientos, pues en la medida en que la entidad accionada no
respondió el escrito de tutela, aplicó el principio de veracidad sobre los
hechos narrados por los accionantes, conforme a lo establecido en el artículo
20 del Decreto 2591 de 1991.
Transcurridos más de dos años
después de la solicitud de los accionantes a la UARIV, con el fin de obtener
información actualizada para verificar las condiciones en que se encuentran
este grupo de desplazados, la Corte solicitó a la misma entidad información relacionada
con el tipo de ayuda que ha sido entregada (es decir,
inmediata, de emergencia y/o de transición), la fecha en que se había recibido
tal ayuda; así como en qué casos se ha suspendido la ayuda humanitaria, por qué
motivos se dio la interrupción y qué acciones ha tomado la UARIV para tomar una
decisión final respecto a la ayuda humanitaria. De nuevo, la entidad accionada
no respondió el requerimiento efectuado por este Tribunal.
7.1.4. Ante la falta de respuesta
por parte de la UARIV, lo que no permite a esta Corte constatar el cumplimiento
de los presupuestos para tal efecto, ya enunciados, la Sala Segunda de Revisión
confirmará las decisiones proferidas por el juez de instancia en lo pertinente
a la prórroga de la ayuda humanitaria, en la medida en que esta
ayuda tiene el fin constitucional de “mitigar las
necesidades básicas en alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento,
transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública”, y “brindar
aquellos mínimos necesarios para aplacar las necesidades más apremiantes de la
población desplazada”[115], y
así garantizar una subsistencia en condiciones de dignidad. Y la UARIV vulnera
los derechos fundamentales de los peticionarios al omitir dar respuesta y fijar
un turno con fecha cierta en la cual será suministrada.
Por lo tanto, se
ordenará a la
UARIV que si aún no lo ha hecho, de manera inmediata, proceda
a dar respuesta a los accionantes, previa verificación de la ayuda humanitaria que inicialmente les fue
reconocida y otorgada a los actores; y si las víctimas mantienen su
afectación a la subsistencia mínima, ello con el fin de garantizar la transición a soluciones duraderas a través de la
estabilización socioeconómica, y hasta constatar que las condiciones de
vulnerabilidad han cesado y que los actores tienen la posibilidad de asumir su
propia manutención.
7.2. En relación
con las tutelas que solicitan la indemnización
administrativa integral
Nancy Jaramillo Ramírez
(T-6.337.112). La accionante presentó acción de tutela el 21 de marzo de 2017[116]. Afirmó
que la UARIV le suspendió la ayuda humanitaria, en consecuencia, mediante
petición enviada a la UARIV por correo postal el 2 de marzo de 2017[117], decidió
solicitar indemnización integral, sin obtener respuesta alguna. Anexó copia de
la cédula de ciudadanía, derecho de petición. Respuesta emitida por la UARIV el
22 de marzo de 2017. Comunicación enviada por la UARIV de fecha 2 de junio de
2017, en la que la autoridad le informa los criterios para determinar el monto
de la indemnización administrativa, e indica que “sólo [sic] le es
posible a la Unidad para las Víctimas, [sic] asignar un turno para
otorgar la indemnización para las ejecuciones del año 2019, una vez se tenga
disponibilidad presupuestal, toda vez que el pago de la indemnización
administrativa prioritario está supeditado a la verificación de los criterios
de priorización”.
La UARIV contestó la acción de tutela el 23 de marzo de 2017[118]. La
entidad indicó que la accionante se encuentra inscrita en el RUV y cumple con
el requisito de haber presentado declaración ante el Ministerio Público. Señala
que, mediante comunicación del 22 de marzo de 2017[119],
respondió a la demandante que no era posible “indicarle concretamente el
valor y la fecha para la entrega de la mencionada indemnización, pues del
resultado de la evaluación que se desarrolló en su caso frente a las garantías
de subsistencia mínima, no se encontró ninguna solicitud” mediante la cual la
accionante “buscara iniciar proceso de retorno o reubicación, circunstancia
que impide la aplicación del criterio de priorización, contenido en el Artículo
[sic] 2.27.7.4.7 del mencionado Decreto 1084, para la entrega de la
medida reclamada”[120].
Entonces, solo tras superar el proceso de retorno o reubicación, se puede
iniciar la fase de reparación y acceder “con prelación a la indemnización
administrativa”[121].
La entidad hace referencia a la sentencia C-753 de 2013 mediante la cual la
Corte Constitucional reconoció la sostenibilidad fiscal en materia de
reparación a las víctimas. En este sentido, considera se configura carencia de
objeto en el caso concreto, en consecuencia, aduce se debe negar el amparo
solicitado por la accionante.
Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali. El
despacho judicial decidió tutelar el derecho de la actora a percibir la
indemnización administrativa como medida de reparación integral. Por
consiguiente, ordenó a la UARIV reconocer la indemnización administrativa a la
accionante, dentro del término de 48 de horas.
La UARIV impugnó[122] la
decisión e invocó de nuevo el “principio de sostenibilidad fiscal”, así
como el de “gradualidad y progresividad para el pago de las reparaciones
administrativas”. Alegó que se configuró un hecho superado, por existir una
respuesta de fondo al derecho de petición.
El Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca resolvió confirmar la
decisión del a quo, y consideró que la solicitud de la accionante
consiste en que le sea otorgada la indemnización integral y no en “ser
priorizada”[123].
Por lo tanto, en su concepto, la UARIV vulneró el derecho de la accionante a la
reparación integral, “al no indicarle a la accionante la fecha y el monto de
su indemnización”, dado que “si bien existen parámetros de priorización
establecidos en la ley (…), ella [la demandante] pretende su
indemnización integral, misma que la entidad está en la obligación de
reconocerle indicándole una fecha probable de pago y su monto”[124].
El 5 de junio de 2017[125],
la UARIV presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca un “informe en grado jurisdiccional de consulta”, en el que
insiste en los mismos argumentos expuestos durante el trámite de la acción de
tutela e indica que el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali
decidió, en incidente de desacato promovido por la accionante, sancionar al Director
General de la UARIV y a la Directora Regional Valle de la UARIV, por el
incumplimiento de la orden impartida a la entidad.
Así las cosas, la UARIV solicitó se declare la nulidad de la
sanción impuesta a la segunda funcionaria, en la medida en que, según argumenta
la entidad, se desconoció “que se trata de un funcionario [sic] que,
si bien presta sus servicios a la Entidad, no ostenta competencia alguna en la
materia del presente asunto y por tanto carece del factor subjetivo para poder
dar cumplimiento a la orden judicial impartida”[126]. En
relación con el Director General de la UARIV sostuvo que no era este el
funcionario a quien se debía imponer la sanción, pues “la responsabilidad en
el cumplimiento de órdenes judiciales como en el caso que nos ocupa y de
acuerdo a las funciones establecidas en el Decreto 4802 será responsabilidad
del [sic] Directora Técnica de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cargo que actualmente ostenta
la Doctora CLAUDIA JULIANA MELO ROMERO; pues el tema que se aborda en la acción
se refiere a sus dependencias” (negrilla en texto original)[127]. Por
consiguiente, la UARIV solicita se revoquen las sanciones impuestas a los
funcionarios mencionados y se declare el cumplimiento del fallo de tutela.
Daniela Vanessa Oyola Peña
(T-6.337.119). La accionante presentó acción de tutela el 15 de mayo de 2017[128]. Afirmó
estar debidamente inscrita en el RUV. Señaló que a sus padres y a sus tres
hermanos ya les fue pagada la indemnización administrativa, por lo que sostiene
que la UARIV ha vulnerado su derecho de petición, así como su derecho a la vida
digna, pues no ha pagado la suya todavía. Anexó copia de las cédulas de
ciudadanía de la accionante y de sus padres, certificado de inclusión de la
señora Irma Peña Matta y de su núcleo familiar (incluida la accionante) en el
RUV, respuesta de la UARIV al derecho de petición enviada por correo
certificado el 23 de mayo de 2017.
Mediante sentencia de 26 de mayo de 2017, el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Soacha (Cundinamarca) decidió conceder la tutela. No obstante, adujo
que la accionante no probó debidamente que la UARIV no hubiese “atendido su
reclamación respecto de la indemnización por vía administrativa, haciendo
alusión a un derecho de petición en el que aparentemente reclamaba tal
reparación”[129],
y decidió otorgar la tutela solicitada, en la medida en que “se prevé que el
principal motivo que aqueja a la aquí querellante, es la falta de indemnización
de reparación integral”[130].
El 31 de mayo de 2017[131],
de manera extemporánea, la UARIV contestó la acción de tutela. En el escrito de
contestación, la entidad sostiene que en el caso concreto se configura un hecho
superado, por cuanto dio respuesta al derecho de petición de la accionante “mediante
comunicación No. 201772015278111 del 23 de mayo de 2017, debidamente
notificado al accionante por correo certificado a la dirección que aportó para
recibir las notificaciones”[132]
(negrilla en el texto original). A través de dicha comunicación, la UARIV informó
los tipos de medidas de reparación previstos en las normas aplicables e indicó
que “no todas las víctimas acceden a todas las medidas de reparación, el
acceso depende del tipo de hecho, del daño sufrido y de la voluntad de las
víctimas para acceder a las mismas”[133].
7.2.1. La indemnización por vía administrativa
que solicitan los accionantes, es uno de los mecanismos dispuestos por el
ordenamiento jurídico para garantizar el derecho de reparación integral de las
víctimas del conflicto en Colombia. Sobre el particular, la Ley 1448 de 2011
estableció los diferentes medios a través de los cuales es posible reparar a
las víctimas y los principios y criterios que deben orientarlos.
Precisamente,
esta Corte a través de su jurisprudencia, ha recalcado que la entrega de la
indemnización administrativa y los demás mecanismos dispuestos para la
reparación, no obedecen al orden de las solicitudes, sino que para ello la Ley
1448 de 2011 y su decreto reglamentario establecieron criterios de gradualidad,
progresividad y priorización. Es decir que, para poder determinar el orden de
entrega por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas –UARIV, le corresponde verificar el grado de
vulnerabilidad en el que se encuentra la persona y su núcleo familiar, ya que es
la única forma de realizar una reparación efectiva, con enfoque diferencial y
garantizar así que las necesidades de quienes más lo requieren se van a ver
satisfechas de manera prioritaria, esto de acuerdo con los principios de
equidad e igualdad que deben orientar todas las actuaciones del Estado.
Frente a los
criterios de priorización, el artículo número 2.2.7.4.6.7. del Decreto 1084 de
2015 estableció las condiciones en la cuales las víctimas de desplazamiento
forzado y sus núcleos familiares pueden acceder a la indemnización por vía
administrativa de manera más pronta. Frente a esto, el numeral 2 de la norma
citada establece: “2. Que no hayan suplido sus carencias en materia de
subsistencia mínima debido a que se encuentran en situación de extrema
urgencia y vulnerabilidad manifiesta debido a la condición de discapacidad,
edad o composición del hogar”.
7.2.2. De las pruebas obrantes en los expedientes
de tutela, advierte la Sala que, en efecto, se encuentran acreditada la
condición de víctima del conflicto armado interno que ostentan ambos
accionantes, en tanto que están inscritos en el Registro Único de Víctimas.
Ahora bien, analizados los fallos
judiciales de instancia que son objeto de revisión en este apartado (expedientes T-6.337.112 y T-6.337.119), se
advierte que los mismos dieron plena validez a las manifestaciones que los actores
plasmaron en los escritos de tutela, y en consecuencia procedieron al
reconocimiento de plano de las prestaciones económicas reclamadas, esto es, la
ayuda humanitaria de emergencia e indemnización administrativa,
respectivamente. En tal sentido, cada una de estas ordenó a la UARIV el
reconocimiento de las obligaciones pecuniarias mencionadas, presumiendo la
veracidad y la buena fe en lo narrado por los actores.
7.2.3. Con relación a
las sentencias que aquí se analizan, esta Sala de Revisión considera que le era
dable presumir al juez de instancia la veracidad de lo narrado por los actores,
en relación a que son desplazados por la violencia, y que habían pedido a la
entidad el reconocimiento de ayuda humanitaria e indemnización administrativa,
respectivamente. En tal sentido, se confirmarán las sentencias de instancia y
se ordenará a la UARIV que, si aún no lo ha hecho, profiera
un acto administrativo que decida de fondo la solicitud de indemnización
administrativa elevada por Nancy Jaramillo Ramírez
(T-6.337.112) y la de Daniela Vanessa Oyola Peña (T-6.337.119). En caso de ser procedente el
reconocimiento de dicha prestación, en el mismo acto
deberá indicar un término razonable y perentorio en el que se hará la
correspondiente entrega material.
7.3. En relación con la tutela
de la persona a quien le fue negada la
inscripción en el RUV
Elvira Pérez Torres (T-6.337.120). La
accionante presentó acción de tutela el 11 de mayo de 2017[134]. Afirmó
que mediante Resolución 2014-430208 del 1° de abril de 2014 FUD-NE000179892, la
UARIV negó su solicitud de inclusión en el RUV y el reconocimiento del hecho
victimizante de homicidio, decisión contra la cual, el 5 de junio de 2015[135] presentó
recurso de reposición y en subsidio de apelación. Posteriormente, presentó
derecho de petición el 24 de octubre de 2016[136],
en el que solicitó ser informada sobre “que [sic] ha pasado con el
recurso interpuesto”. Manifiesta no haber recibido respuesta frente a
ninguna de sus solicitudes a la fecha de presentación de la acción de tutela. Anexó
copia de la cédula de ciudadanía, copia de derecho de petición, y copia de
recurso de reposición y en subsidio de apelación.
Juzgado
Civil del Circuito de La Unión (Nariño) concedió
el amparo, en razón a que la UARIV no contestó la demanda. La autoridad
judicial decidió presumir como ciertos los hechos descritos en el recurso de
amparo, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Por lo tanto,
ordenó a la UARIV “que si aún no lo ha hecho, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al de la notificación de este fallo, proceda a resolver el
recurso de reposición interpuesto por la accionante Elvira Pérez Torres (…), y
en consecuencia el derecho de petición de 20 de septiembre de 2016, recibido
por la accionada el 24 de octubre de 2016”[137].
7.3.1. La jurisprudencia
constitucional ha reconocido que la inscripción en el RUV no es
constitutiva de la condición de víctima, puesto que esta se adquiere cuando
ocurre el hecho victimizante[138].
En este sentido, en sentencia T-832 de 2014[139],
la Corte sostuvo que “de conformidad con el
artículo 154 de esa normativa, (la inscripción en el RUV) es un requisito
meramente declarativo y no constitutivo de la condición de víctima, en donde, a
través de un trámite de carácter administrativo, se declara la condición de
desplazado, a efectos de que las víctimas de este delito puedan acceder a los
beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección de derechos, con
carácter específico, prevalente y diferencial, para dicha población”.
Sin embargo, ha
decantado la importancia de la suscripción a esta base de datos ya que es una
condición sine qua non para el acceso a las medidas de asistencia y
reparación previstas en la Ley 1448 de 2011. Ello por cuanto no otorga la
calidad de víctima pero es una herramienta administrativa para distribuir la
ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud que se requiera como
consecuencia directa del hecho victimizante.
Con fundamento en lo anterior, esta
Corporación ha ordenado la inscripción de manera directa de personas en RUV o
la revisión de la negativa del registro[140],
“siempre y cuando se verifique que la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas: i) ha efectuado una interpretación de las normas
aplicables contraria a los principios de favorabilidad y buena fe; ii) ha
exigido formalidades irrazonables o desproporcionadas o ha impuesto limitantes
para acceder al registro que no se encuentran en las normas aplicables; iii) ha
proferido una decisión que no cuenta con una motivación suficiente; iv) ha
negado la inscripción por causas ajenas al solicitante; o v) ha impedido
que el solicitante exponga las razones por las cuales considera que se halla en
situación de desplazamiento forzado interno o que ejerza los recursos
arbitrados por el ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que
le niega la inscripción en el Registro”[141].
7.3.2. En este orden, la Corte considera que, no puede la entidad
accionada abstenerse definitivamente de incluir en el registro de la población
desplazada a la solicitante, hasta que se concluya que en realidad no es
desplazada. Adicionalmente, de
acuerdo con lo aportado en el expediente de tutela se vislumbra que el derecho
de petición ha sido vulnerado por parte de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas dado que no ha resuelto i) el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto; y ii)
el derecho de petición interpuesto por la accionante.
8. Conclusiones
8.1 Los
accionantes solicitaron el amparo de sus derechos constitucionales
fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la reparación integral y de
petición, los cuales consideran vulnerados por la Unidad Administrativa para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas- UARIV al
no suministrar de forma inmediata la ayuda humanitaria y la prórroga de la
misma. Así como también, respecto a la omisión de brindar
respuesta a las solicitudes de indemnización administrativa e inscripción en el
RUV, en razón a la condición de desplazados por la violencia.
8.2. Como resultado de las sub-reglas
jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia, observa la Sala que se vulneran los
derechos constitucionales fundamentales invocados por una víctima del conflicto
armado interno, cuando la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas -UARIV no responde de fondo y dentro del término
oportuno las solicitudes de ayuda humanitaria, prórroga de la misma,
reconocimiento de la indemnización administrativa, entre otras.
Ello en razón a que el derecho de petición de las
personas que se encuentran en condición de desplazamiento tiene una protección
reforzada y su atención adecuada hace parte del mínimo de protección
constitucional que debe brindarse a quienes tienen tal condición, pues integra
el derecho a ser reconocido, escuchado y atendido por el Estado, lo cual es
inherente al principio de dignidad humana.
8.3. Uno de los principales problemas que tienen las
víctimas del desplazamiento forzado es la incapacidad de generar ingresos para
proveer su propio sostenimiento, por ello la
ayuda humanitaria tiene como finalidad asistir, proteger y auxiliar a la
población desplazada para superar la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentra. De ahí surge el deber del Estado de brindar ayuda humanitaria
a la población víctima del flagelo dada su estrecha conexión con el derecho a
la subsistencia digna y el derecho fundamental al mínimo vital de las personas
que se hallan en esta situación.
8.4. De la necesidad de que la entrega de
la ayuda humanitaria no se interrumpa sino hasta cuando el afectado se
encuentre en condiciones materiales para asumir su propia manutención, surge
que, previo el cumplimiento de ciertos requisitos[142], la
misma pueda prorrogarse y extenderse en el tiempo para las víctimas que no
estén en condiciones de asumir por sí mismos su sostenimiento. Sin embargo, en casos como los
que en esta oportunidad se analizan, la fijación de turnos en un lapso
desproporcionado desnaturaliza la ayuda que debe ser inmediata, oportuna y
efectiva.
8.5. Cuando se trata de solicitudes emanadas de la población desplazada,
tanto la Administración como el juez de tutela, deben presumir la buena fe en
las actuaciones de estos sujetos. En el mismo sentido, respecto a las
consecuencias jurídicas que se originan en caso de que la entidad accionada no
responda la solicitud efectuada por el juez constitucional, la aplicación de la
presunción de veracidad concuerda con el desarrollo de los principios de
inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, con la cual se pretende
lograr la eficacia de los derechos fundamentales y de los deberes asignados a
las autoridades en la Constitución Política (Arts. 2º, 6º, 121 y 123, Inc. 2º).
8.6. Sobre la base de lo anterior, la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional concluye que la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral de las Víctimas -UARIV vulneró los derechos
constitucionales fundamentales al mínimo vital, a la
vida digna, a la reparación integral y de petición de
los accionantes y, en esa medida, confirmará las decisiones de los Juzgados Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Apartadó, Antioquia (T-5.538.281, T-5538282, T-5.538.283, T-5.538.285, T-5.538.288, T-5.538.290, T-5.538.291,
T-5.538.293, T-5.538.294, T-5.538.295, T-5.538.296, T-5.538.298, T-5.538.299,
T-5.538.300), Primero Civil del Circuito de Soacha, Cundinamarca (T-6.337.119),
Civil del Circuito de La Unión, Nariño (T-6.337.120) y el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca (T-6.337.112), que
concedieron el amparo solicitado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- En relación con los expedientes T-5.538.283, T-5.538.294 y
T-5.538.296 CONFIRMAR los
fallos únicos de instancia proferidos por el Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Apartadó
(Antioquia), en el sentido de CONCEDER la
protección de los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y de petición de las señoras María de las Mercedes Maza Berrio, Carmen Martínez Gómez y
Margarita Bello Moreno.
Segundo.- En consecuencia ORDENAR a la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, que si aún no lo ha hecho, en un plazo no superior a quince (15)
días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, conteste de fondo
las peticiones de ayuda humanitaria a las señoras María de las Mercedes Maza Berrio (T-5.538.283), Carmen Martínez Gómez (T-5.538.294) y Margarita Bello Moreno (T-5.538.296.
La respuesta de la UARIV deberá contener como mínimo: (i) una
explicación y orientación puntual sobre el procedimiento que se debe surtir
para el reconocimiento de la ayuda humanitaria; y (ii) la
indicación de un término razonable y perentorio, en el cual la UARIV adoptará
el acto administrativo que decida definitivamente sobre el reconocimiento o la
negación de la correspondiente ayuda humanitaria,
efectúe evaluación de las condiciones de vulnerabilidad de las actoras y verifique
previamente las condiciones materiales de las accionantes y sus grupos
familiares, antes de acceder a la entrega de la ayuda humanitaria solicitada.
Tercero.- En relación con los expedientes T-5.538.281, T-5.538.282, T-5.538.285, T-5.538.288,
T-5.538.290, T-5.538.291, T-5.538.293, T-5.538.295, T-5.538.298, T-5.538.299,
T-5.538.300 CONFIRMAR los fallos únicos de instancia proferidos por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Apartadó (Antioquia), que tutelaron los derechos
fundamentales a la protección especial a las víctimas, a
la dignidad humana, al mínimo vital y de petición que ordenaron
la entrega de la prórroga de la ayuda humanitaria a Carlina
García Martínez, María Tividad Cogollo Montes, Liris Yohana Pérez Polo, Edinson
Enrique Rodríguez Cavadia, María Carlina López David, Duberlina Várelas Vargas,
William Tuberquia Usuga, Wilmer Antonio Torres David, Gloria Inés Perea
Quejada, Viviana María Hernández Pérez, María Lely Huila Bravo.
Cuarto.- En consecuencia ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –
UARIV, que si aún no lo ha hecho, en un plazo no
superior a treinta (30) días, contados a partir de la notificación de la
presente providencia, conteste de fondo las solicitudes de  prórroga de la ayuda
humanitaria presentadas por Carlina García Martínez
(T-5.538.281), María Tividad Cogollo Montes (T-5.538.282), Liris Yohana Pérez
Polo (T-5.538.285), Edinson Enrique Rodríguez Cavadia (T-5.538.288), María
Carlina López David (T-5.538.290), Duberlina Várelas Vargas (T-5.538.291),
William Tuberquia Usuga (T-5.538.293), Wilmer Antonio Torres David
(T-5.538.295), Gloria Inés Perea Quejada (T-5.538.298), Viviana María Hernández
Pérez (T-5.538.299) y María Lely Huila Bravo (T-5.538.300).
La UARIV deberá  (i) verificar en un
plazo no superior a quince (15) días calendario contados a partir de la
notificación de la presente providencia, a través del medio que
considere más idóneo, las condiciones en las que se efectuó la entrega de la
ayuda humanitaria que inicialmente fue reconocida a los accionantes; (ii)
posteriormente, procederá a determinar si las víctimas mantienen su afectación
a la subsistencia mínima, y en caso afirmativo, deberá establecer el tipo de
prórroga de ayuda humanitaria que se ajuste estrictamente a las necesidades
actuales de los accionantes; (iii) cumplida la orden anterior, la UARIV
en un término máximo de cinco (5) días calendario contados a partir la verificación,
hará la entrega efectiva, completa y directa de la prórroga de la ayuda
humanitaria.
Por lo tanto, se
ordenará a la
UARIV verifique la ayuda humanitaria que inicialmente les fue reconocida y
otorgada a los actores; y si las víctimas mantienen su afectación a la
subsistencia mínima, ello con el fin de garantizar la transición a soluciones duraderas a través de la
estabilización socioeconómica, y hasta constatar que las condiciones de
vulnerabilidad han cesado y que los actores tienen la posibilidad de asumir su
propia manutención.
Quinto.- En relación con los expedientes T-6.337.112, T-6.337.119 CONFIRMAR por las razones expuestas en
esta providencia, los fallos de primera y segunda instancia proferidos
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle
del Cauca (T-6.337.112) y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha,
Cundinamarca (T-6.337.119), respectivamente, que
tutelaron los derechos fundamentales a la protección especial a las víctimas de
Nancy Jaramillo Ramírez y Daniela Vanessa Oyola Peña.
Sexto.- En consecuencia ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –
UARIV, que en un plazo no superior a treinta (30) días,
contados a partir de la notificación de la presente providencia, si aún no lo
ha hecho, profiera acto administrativo que decida de fondo la solicitud de
indemnización administrativa elevada por Nancy
Jaramillo Ramírez (T-6.337.112) y Daniela Vanessa Oyola Peña (T-6.337.119). En caso de ser procedente el
reconocimiento de dicha prestación, en el mismo acto
deberá indicar un término razonable y perentorio en el que se hará la correspondiente
entrega material.
Séptimo.- Respecto al expediente T-6337120 CONFIRMAR el fallo único de instancia proferido por el Juzgado Civil del Circuito de La Unión (Nariño) que concedió el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna,
petición, dignidad humana y mínimo vital de la señora Elvira Pérez Torres. En el
sentido de ORDENAR a la UARIV, que si aún no lo ha hecho, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación de este fallo, proceda
a resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
2014-430208 del 1° de abril de 2014 FUD-NE000179892, que negó la solicitud de
inclusión en el RUV. De igual forma, de respuesta al derecho de petición
presentado el 20 de septiembre de 2016 por la accionante.
No puede la
entidad accionada abstenerse definitivamente de incluir en el registro de la
población desplazada a la solicitante, hasta que se concluya que en realidad no
es desplazada.  Por lo tanto, la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV-, en
el término máximo de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la
presente decisión, deberá realizar una evaluación complementaria de las
condiciones de la accionante, con el fin de establecer de la manera más exacta
posible su situación actual.
Octavo.- EXHORTAR a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, para que informe a los
despachos judiciales de conocimiento, el cumplimiento de las órdenes emitidas
en esta providencia. De igual forma, remita un
informe a esta Sala de Revisión sobre el acatamiento del presente fallo,
adjuntando los soportes documentales a que haya lugar.
Noveno.- REMITIR copia de la presente sentencia
a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, quienes en
ejercicio de sus funciones deberán acompañar el cumplimiento de lo dispuesto en
esta sentencia.
Décimo.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos.
[2]
Según informó el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, los expedientes
originales correspondientes al rango T-5.538.281 al T-5.538.300, fueron
encontrados en las instalaciones del Juzgado Primero Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Apartadó, motivo por el cual ordenó su remisión a
esta Corte.
[3]
Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Diana Fajardo Rivera.
[4]
“TERCERO.- SOLICITAR a la Secretaría General que, una vez este Despacho le
allegue los expedientes, oficie al Jefe de Sistemas para que los incluya en el
Aplicativo de Selección de Judicantes del despacho con el fin de que sean
elaboradas las respectivas reseñas esquemáticas y, posteriormente, en el rango
a estudiar por la Sala de Selección de Tutela siguiente”.
[5]
Teniendo en cuenta que (i) el 25 de agosto de 2017, la Sala de Selección Número
Ocho levantó el término de los expedientes comprendidos en el rango T-5.538.281
al T-5.538.300; (ii) el trámite de preselección de dichos expedientes,
realizado por el despacho del Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo, finalizó el
viernes 8 de septiembre del año en curso; y (iii) que el término contemplado en
el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 estaba próximo a cumplirse; los
magistrados que conforman la Sala de Selección Número Nueve decidieron mediante
Auto de fecha 11 de septiembre del presente año, la suspensión del término de
los mencionados expedientes hasta el día 15 de septiembre de 2017.
[6] Expedientes T-5.538.283, T-5.538.294 y T-5.538.296.
[7] Las acciones de tutela que plantean esta situación son las
identificadas con los siguientes números de expediente: T-5.538.281,
T-5.538.282, T-5.538.285, T-5.538.288, T-5.538.290, T-5.538.291, T-5.538.293,
T-5.538.295, T-5.538.298, T-5.538.299 y T-5.538.300.
[8]
Expediente T-5.538.296.
[9]
Expedientes T-6.337.112 y T-6.337.119.
[10] Expediente T-6.337.120.
[11] Folio 15,
Cuaderno principal.
[12] Folio 18, Ibídem.
[13] Folio 17, Ibídem.
[14] Folio 17, Ibídem.
[15] Folio 39. Cuaderno principal,
[16] Ibídem.
[17] Folio 35, ibídem.
[18] Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Apartadó, Antioquia (T-5.538.281, T-5538282, T-5.538.283, T-5.538.285, T-5.538.288, T-5.538.290, T-5.538.291,
T-5.538.293, T-5.538.294, T-5.538.295, T-5.538.296, T-5.538.298, T-5.538.299,
T-5.538.300). Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, Cundinamarca
(T-6.337.119). Juzgado Civil del Circuito de La Unión, Nariño (T-6.337.120).
[19] Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca (T-6.337.112).
[20] Según se indica en el recurso de reposición y en subsidio de
apelación presentado por la accionante ante la UARIV el 5 de junio de 2015
(expedienteT-6.337.120, folio 8 del cuaderno principal).
[21] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”.
[22] El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Apartadó, Antioquia (T-5.538.281, T-5538282, T-5.538.283, T-5.538.285, T-5.538.288, T-5.538.290, T-5.538.291,
T-5.538.293, T-5.538.294, T-5.538.295, T-5.538.296, T-5.538.298, T-5.538.299,
T-5.538.300). Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca
(T-6.337.112). Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, Cundinamarca
(T-6.337.119). Juzgado Civil del Circuito de La Unión (T-6.337.120).
[23] DECRETO NÚMERO 2591 de 1991, "Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política", Artículo 10. “Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales”.
[24] Carlina García Martínez (T-5.538.281), María Tividad
Cogollo Montes (T-5.538.282), María de las Mercedes Maza Berrío (T-5.538.283),
Liris Yojana Pérez Polo (T-5.538.285), Edinson Enrique Rodríguez Cavadía
(T-5.538.288), María Carlina López David (T-5.538.290), Duberlina Varelas
Vargas (T-5.538.291), William Tuberquia Usuga (T-5.538.293), Carmen Martínez
Gómez (T-5.538.294), Wilmer Antonio Torres David (T-5.538.295), Margarita Bello
Moreno (T-5.538.296), Gloria Inés Perea Quejada (T-5.538.298), Viviana María Hernández
Pérez (T-5.538.299), María Lely Huila Bravo (T-5.538.300), Nancy Jaramillo
Ramírez (T-6.337.112), Daniela Vanessa Oyola Peña (T-6.337.119), Elvira Pérez
Torres (T-6.337.120).
[25] En tal sentido, pueden consultarse las sentencias T-1635 de 2000.
M.P. José Gregorio Hernández; T-098 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-038 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-042 de 2009.
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-234 de 2009. M.P. Clara Elena Reales Gutiérrez;
T-299 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo; T-840
de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa; T-106 de 2010. M.P. Jorge
Iván Palacio; T-946 de 2011. M.P María Victoria Calle Correa; T-218 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-832 de 2014. M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[26] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-227 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-056 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-821 de 2007. M.P.(e). Catalina
Botero Marino; T-086 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-563 de 2005.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1094 de 2004 MP Manuel José Cepeda Espinosa;
T-813 de 2004. M.P.(e). Rodrigo Uprimny Yepes; T-1346 de 2001. M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-328 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1144 de 2005. M.P.
Álvaro Tafur Galvis; T-882 de 2005. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-563 de 2005.
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;   T-985 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño;
T-327 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-098 de 2002. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-268 de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-419 de 2003.
M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-740 de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-006
de 2009. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-719 de 2009. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[27] Sentencias T-188 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-462 de 2012.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-364 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo y
T-377 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[28] Sentencia T-719 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] En este sentido, cfr. T-526 de 2005.
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-016 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
T-243 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-883 de 2009. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, entre otras.
[30] T-840 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa. En esta sentencia
la Corte consideró que se vulneraba el derecho al mínimo vital y dignidad
humana de la accionante y de su núcleo familiar, al suspenderse la entrega de
la ayuda humanitaria sin haberse probado que en el caso de la actora no habían
cesado las condiciones que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales.
[31] T-1056 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En esta
decisión se tutelaron los derechos al mínimo vital y la vida digna de varias
personas que años antes ya habían recibido ayuda humanitaria de emergencia. No
obstante, la misma les había resultado insuficiente pues continuaban padeciendo
circunstancias de vulnerabilidad. En el fallo se ordenó entre otras cosas,
conceder una nueva prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia previa
entrevista y evaluación de cada actor a fin de determinar su situación
socioeconómica.
[32] T-5.538.290 (18 de noviembre de 2015), T-5.538.291 (18
de noviembre de 2015), T-5.538.293 (25 de noviembre de 2015), T-5.538.294 (29
de noviembre de 2015), T-5.538.295 (18 de noviembre de 2015), T-5.538.296 (13
de noviembre de 2015), T-5.538.298 (12 de noviembre de 2015), T-5.538.299 (25
de noviembre de 2015), T-5.538.300 (31 de julio de 2015), T-6.337.112 (2 de
marzo de 2017), T-6.337.120 (24 de octubre de 2016).
[33] T-5.538.281, T-5.538.282, T-5.538.283,
T-5.538.285 (2 de diciembre de 2015), T-5.538.288 (3 de diciembre de 2015),
T-5.538.290, T-5.538.291 (7 de diciembre de 2015), T-5.538.293, T-5.538.294 (14
de diciembre de 2015), T-5.538.295, T-5.538.296 (10 de diciembre de 2015),
T-5.538.298 (9 de diciembre de 2015), T-5.538.299 (18 de diciembre de 2015),
T-5.538.300 (9 de diciembre de 2015), T-6.337.112 (21 de marzo de 2017),
T-6.337.119 (15 de mayo de 2017), T-6.337.120 (11 de mayo de 2017).
[34] T-5.538.281 (16 de diciembre de 2015),
T-5.538.282 (16 de diciembre de 2015), T-5.538.283 (16 de diciembre de 2015),
T-5.538.285 (16 de diciembre de 2015), T-5.538.288 (18 de diciembre de 2015),
T-5.538.290 (13 de enero de 2016), T-5.538.291 (13 de enero de 2016),
T-5.538.293 (19 de enero de 2016), T-5.538.294 (19 de enero de 2016),
T-5.538.295 (15 de enero de 2016), T-5.538.296 (15 de enero de 2016),
T-5.538.298 (14 de enero de 2016), T-5.538.299 (22 de enero de 2016),
T-5.538.300 (14 de enero de 2016), T-6.337.112 (18 de mayo de 2017),
T-6.337.119 (26 de mayo de 2017), T-6.337.120 (24 de mayo de 2017).
[35] Con relación al derecho de petición de la población desplazada se
puede ver, entre otras, las siguientes sentencias: T-025 de 2004. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-417 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-839 de 2006.
M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-136 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-559 de
2007. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-501 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo;
T-044 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa; T-085 de 2010. M.P. María
Victoria Calle Correa; T-106 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-463 de
2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-466 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-497 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-517 de 2010.
M.P. Mauricio González Cuervo; T-705 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-702 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-955 de 2012. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-172 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-192 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo; T-831A de 2013. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-218 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-692 de 2014.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-908 de 2014. M.P. Mauricio González
Cuervo; T-001 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo; T-112 de 2015. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; T-527 de 2015. M.P Gloria Stella Ortiz Delgado; T-167 de
2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-377 de 2017. M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
[36] T-172 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[37] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta ocasión, la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional
en razón a la violación masiva, prolongada y reiterada de los derechos de la
población desplazada, la cual a juicio de la Corporación, no era imputable a
una única autoridad, sino que obedecía a un problema estructural que afectaba a
toda la política de atención diseñada por el Estado. En razón de lo anterior,
la Corte impartió una serie de órdenes con el fin de solventar esa grave situación.
[38] Sentencias T-307 de 1999. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, T-839 de 2006. M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-501 de 2009. M.P.
Mauricio González Cuervo, en las cuales la Corte dejó sentado que “La
protección reforzada en materia de derecho de petición es claramente exigible,
más aún de las autoridades encargadas de la superación del “estado de
cosas inconstitucional” que ha generado dicho fenómeno, en la medida que
se trata de personas que se encuentran en una situación de violación múltiple,
masiva y continua de sus derechos fundamentales”.
[39] Sentencia T-501 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo. En este
pronunciamiento de la Sala Quinta de Revisión, se consideró que Acción Social
vulneró el derecho de petición de una mujer desplazada, al omitir dar respuesta
a sus solicitudes de la entrega de ayuda humanitaria de emergencia y un plan
para la ejecución de un proyecto productivo. El Alto Tribunal en la parte
resolutiva, ordenó a la entidad accionada realizar una visita al hogar de la
peticionaria a fin de determinar su situación socioeconómica y la procedencia
de la ayuda humanitaria de emergencia.
[40] Ibídem.
[41] Sobre la ayuda humanitaria y su prórroga pueden verse, entre otras
sentencias, las siguientes: T-419 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-645
de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-025 de
2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-770 de 2004.
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-136 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-496 de
2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-605 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-704 de 2008. M.P.  Manuel José Cepeda Espinosa; T- 817 del 2008. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; T-868 de 2008. M.P Rodrigo Escobar Gil; T-042 de
2009. M.P Jaime Córdoba Triviño; T-840 de 2009. M.P. María Victoria Calle
Correa; T-882 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-044 de 2010.
M.P. María Victoria Calle Correa; T-419 de 2010. M.P. María Victoria Calle
Correa; T-033 de 2012. M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-182 de 2012. M.P
María Victoria Calle Correa; T-561 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa;
T-702 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-162 de 2013. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-192 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo; T-414 de
2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-590 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-831A de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-950 de 2013. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-218 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-520 de
2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-689 de 2014. M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez; T-707 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-112 de
2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-134 de 2015. M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez; T-157 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo; T-511 de 2015.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-062 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[42] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta decisión la Sala Novena de
Revisión de esta Corporación, resolvió varios expedientes de tutela acumulados
en los que el problema jurídico era determinar si los actores eran
beneficiarios o no de ayudas humanitarias..
[43] Ver también sentencia SU-1150 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[44] Ver Auto 099 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[45] En la sentencia T-025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte sostuvo que según los
Principios Rectores para los Desplazamientos Internos, “la población
desplazada tiene derecho a la subsistencia mínima como expresión del derecho
fundamental al mínimo vital y que a través de la provisión de la ayuda
humanitaria el Estado satisface su deber imprescindible en relación con la
subsistencia mínima de esa población”. En igual sentido
pueden verse otras sentencias como la T-888 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[46] Ver sentencias T-025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
T-136 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-868 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar
Gil, entre otras.
[47] “La entrega dispersa de la ayuda humanitaria va de la mano, en
muchas ocasiones, con la entrega incompleta de los componentes que debe cubrir
dicha ayuda. Esta situación, ha reiterado la Corte Constitucional, no sólo
desnaturaliza el propósito que debe regir la entrega de la ayuda humanitaria
puesto que no llega efectivamente a entregarse durante la etapa de emergencia,
y su entrega parcial y tardía equivale a paliar esporádicamente necesidades
básicas insatisfechas sino que se perpetúa la situación de emergencia producto
del desplazamiento forzado al permanecer la población desplazada en condiciones
de vida violatorias de su derecho al mínimo vital, poniendo en riesgo y/o
vulnerando el derecho al mínimo vital de la población desplazada.” Corte
Constitucional. Auto 099 del 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas. También las
sentencias T-451 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda y T- 817 del 2008. M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[48] T-856 de 2011. M.P Nilson Pinilla Pinilla.
[49]“El Estado tiene la obligación constitucional y legal de reservar el
presupuesto necesario para proveer oportunamente la Ayuda Humanitaria de
Emergencia, de suerte que la ausencia de recursos no puede convertirse de
ninguna manera en una excusa para someter al conjunto de la población
desplazada a una espera desproporcionada de la asistencia". Sentencia T-690A de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En la
misma dirección, ver las sentencias T-868 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar
Gil y T-496 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño, esta última reiterada
en los pronunciamientos T-476 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, y
T-586 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[50] “Por
la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.”
[51] “Por
la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.” El
artículo 47 de esta ley desarrolla la garantía de la ayuda humanitaria en los
siguientes términos:  “Las
víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, recibirán ayuda
humanitaria de acuerdo a las necesidades que guarden relación con el hecho
victimizante, con el objetivo de socorrer, asistir, proteger y atender sus
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte
de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas, y con enfoque
diferencial, en el momento de la violación de los derechos o en el momento en
el que las autoridades tengan conocimiento de la misma”. Debe consultarse también, el Decreto
4157 de 2011, “Por el cual se determina la adscripción de la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, el Decreto 4800 de 2011, “Por
el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”,
y el Decreto 4802 de 2011, “Por el cual se establece la estructura de la
Unidad Administrativa Especial para la atención y reparación integral a las
víctimas.”
[52] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En esta sentencia que resolvió
varios expedientes acumulados, los problemas jurídicos giraron en torno a
determinar si la UARIV vulneró los derechos fundamentales a la defensa, a la
igualdad, a la vida digna y al mínimo vital, entre otros, de los accionantes y
sus núcleos familiares, cuando no priorizó la entrega de la ayuda humanitaria y
dejó de tener en cuenta las condiciones de especial vulnerabilidad de los
actores. En la decisión se protegieron los derechos de los accionantes.
[53] “Por
la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.”
[54] “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras
disposiciones.” Artículo 108. Ayuda humanitaria inmediata. La entidad
territorial receptora de la población víctima de desplazamiento, debe
garantizar los componentes de alimentación, artículos de aseo, manejo de
abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio, mientras se
realiza el trámite de inscripción en el Registro Único de Víctimas. (…)
[55] El parágrafo 1º del artículo 63 de la Ley 1448 de 2011 señala que: “Podrán
acceder a esta ayuda humanitaria las personas que presenten la declaración de
que trata el artículo 61
de esta Ley, y cuyo hecho que dio origen al desplazamiento haya ocurrido dentro
de los tres (3) meses previos a la solicitud. // Cuando se presenten casos de
fuerza mayor que le impidan a la víctima del desplazamiento forzado presentar
su declaración en el término que este parágrafo establece, se empezará a contar
el mismo desde el momento en que cesen las circunstancias motivo de tal
impedimento, frente a lo cual, el funcionario del Ministerio Público indagará
por dichas circunstancias e informará a la Entidad competente para que realicen
las acciones pertinentes.”
[56] “Mediante el cual se reglamentan los artículos 182 de la Ley
1450 de 2011, 62, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley 1448 de 2011, se modifican los
artículos 81 y 83 del Decreto número 4800 de 2011, se deroga el inciso 2° del
artículo 112 del Decreto número 4800 de 2011.”
[57] Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018“. Artículo 122. Componente de alimentación en la
atención integral a las víctimas. Modifíquese los siguientes parágrafos de los
artículos 47, 65 y 66 de la Ley 1448 de 2011, los cuales quedarán así: “Las
entidades territoriales en primera instancia y la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación a Víctimas subsidiariamente deberán prestar
el alojamiento y alimentación transitoria en condiciones dignas y de manera
inmediata a la violación de los derechos o en el momento en que las autoridades
tengan conocimiento de la misma”. “(…) La Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) deberá adelantar las
acciones pertinentes para garantizar la alimentación de los hogares en
situación de desplazamiento. De igual forma lo hará en coordinación con los
entes territoriales para garantizar el alojamiento temporal de la población en
situación de desplazamiento. (…)”
[58] M.P Nilson Pinilla Pinilla. En esta sentencia se declaró
INEXEQUIBLE las expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros tres (3)
más”, contenidas en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, y
EXEQUIBLE el resto del parágrafo, en el entendido que el término de la atención
humanitaria de emergencia previsto en esa disposición será prorrogable hasta
que el afectado esté en condiciones de asumir su autosostenimiento.
[59] “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en
la República de Colombia. Artículo 15 De la Atención Humanitaria de Emergencia.
Una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las
acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de
emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población
desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica transporte
de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. En todos los
casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren
en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de
los envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a
la población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o
permanentes para la defensa y protección de Derechos Humanos y el cumplimiento
de las normas del Derecho Internacional Humanitario. (…)”.
[60] Sentencia
T-312 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño;
T-688 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-560 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-868 de 2008. M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-840 de 2009. M.P. María
Victoria Calle Correa; T-497 de 2010. M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-157 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo; T-062
de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-561 de 2012. M.P. María Victoria
Calle Correa y T-950 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[61] T-702 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta
sentencia se amparó, entre otras cosas, el derecho a la prórroga de la ayuda
humanitaria de los accionantes que en su calidad de población desplazada por la
violencia.
[62] Ver sentencias T-704 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
T-702 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-707 de 2014. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[63] T-112 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En esta sentencia
se resolvieron varios casos relacionados con el derecho fundamental de petición
y de ayuda humanitaria.
[64] Ver sentencias T-182 de 2012 y T-218 de 2014. M.P. María Victoria
Calle Correa. En igual sentido, el Decreto 2569 de 2014 (Mediante el cual se
reglamentan los artículos 182 de la Ley 1450 de 2011, 62, 64, 65, 66, 67 y 68
de la Ley 1448 de 2011, se modifican los artículos 81 y 83 del Decreto número
4800 de 2011, se deroga el inciso 2° del artículo 112 del Decreto número 4800
de 2011”) en su artículo 7º dispone los criterios para la entrega de la
atención humanitaria señalando: “Atendiendo lo dispuesto en el artículo 107 del
Decreto número 4800 de 2011, la entrega de los componentes de la atención
humanitaria a las víctimas del desplazamiento forzado se fundamenta en los
siguientes criterios: 1. Vulnerabilidad en la subsistencia mínima. Para los
efectos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley 1448 de 2011 y en el
Capítulo V del Título VI del Decreto número 4800 de 2011 se entenderá como
vulnerabilidad en la subsistencia mínima la situación de una persona que
presenta carencias en los componentes de la atención humanitaria a que se
refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 5° de este decreto. 2.
Variabilidad de la atención humanitaria. Los montos y componentes de la
atención humanitaria dependerán de la vulnerabilidad de cada hogar, determinada
con base en la evaluación de las condiciones y las características
particulares, reales y actuales de cada uno de sus miembros, en el marco de la
aplicación del Modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las
Víctimas (MAARIV). 3. Persona designada para recibir la atención humanitaria.
La atención humanitaria se entregará al integrante del hogar que se designe
como su representante según las preferencias, costumbres, condiciones y
características particulares del hogar. 4. Temporalidad. La entrega de atención
humanitaria dependerá de las carencias en los componentes de alojamiento
temporal y/o alimentación de los hogares solicitantes y de la relación de estas
carencias con el hecho del desplazamiento. Esta entrega deberá suspenderse
definitivamente cuando se dé cualquiera de las condiciones descritas en el
artículo 21 de este decreto.”
[65] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Auto por medio del cual se hace una
“Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado
de Cosas Inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, en el
marco del seguimiento a los autos 008 de 2009, 385 de 2010 y 219 de 2011”.
[66] Auto 373 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. (Páginas 226 y
227).
[67] Si bien al juez constitucional no le corresponde analizar por vía
de tutela el presupuesto que manejan las entidades accionadas, sí está dentro
de sus atribuciones amparar los derechos fundamentales vulnerados por la
omisión de las autoridades encargadas de desarrollar políticas y programas de
prevención, atención y protección a personas desplazadas. Un ejemplo adicional
a los que aquí se han mostrado es la sentencia T-419 de 2003. M.P.
Alfredo Beltrán Sierra.
[68] La Corte Constitucional, en las sentencias
T-600 de 2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez y T-690A-2009. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, revisó cinco (5) y diez (10) expedientes acumulados,
respectivamente, sobre personas desplazadas por el conflicto armado. La
Corporación se vio avocada a recordar que ante la ausencia de medios de prueba
en estos tipos de casos, la labor probatoria del juez constitucional en el
ejercicio de esta acción, cuando se trata de la protección de los derechos
fundamentales de personas en estado de debilidad manifiesta como la población
desplazada, no puede escatimar en razones ni medios de prueba para que la
justicia se materialice. De allí, que en la sentencia T-600 de 2009 haya
concluido: “El juez de tutela para llegar a la certeza acerca de la vulneración
de los derechos fundamentales de las personas víctimas del desplazamiento
forzado, sujetos de especial protección constitucional, debe desplegar una
conducta oficiosa a fin de determinar la certeza de los hechos para la emisión
de un fallo ajustado a derecho. El juez debe ser el promotor de decisiones
justas, no un simple espectador y le corresponde dar órdenes claras, que
encajen el contenido de los derechos a situaciones empíricas para adoptar los
remedios y, finalmente, supervisar el cumplimiento de las órdenes, pues sólo de
este modo se estaría cumpliendo el mandato constitucional de la garantía de los
derechos fundamentales y asimismo se estaría administrando justicia legítima.”
Aunado a lo anterior, en la
Sentencia T-690 A de 2009, se dijo que “no debe olvidarse que estos deberes
adquieren un carácter reforzado frente a las personas que están en estado de
debilidad manifiesta, indefensión o vulnerabilidad, ya que la Constitución les
otorga un mayor nivel de protección cuya efectividad depende del Estado en su
conjunto. De esta suerte, si la satisfacción de los deberes del juez de tutela
constituyen obligaciones constitucionales de gran magnitud, lo son en mayor
medida frente a las acciones instauradas por personas a quienes la misma
Constitución ha otorgado una protección reforzada.”
[69] El artículo 2 de la Ley 387 de 1997
predica: “Artículo 2º. De los principios. La interpretación y aplicación de
la presente Ley se orienta por los siguientes principios:
1º. Los desplazados
forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y ello genera
un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda
humanitaria.
2º. El desplazado forzado
gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente.
3º. El desplazado y/o
desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su condición
social de desplazados, motivo de raza, religión, opinión pública, lugar de
origen o incapacidad física.
4º. La familia del
desplazado forzado deberá beneficiarse del derecho fundamental de reunificación
familiar.
5º. El desplazado forzado
tiene derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación.
6º. El desplazado forzado
tiene derecho al regreso a su lugar de origen.
7º. Los colombianos
tienen derecho a no ser desplazados forzadamente.
8º. El desplazado y/o los
desplazados forzados tienen el derecho a que su libertad de movimiento no sea
sujeta a más restricciones que las previstas en la Ley.
9º. Es deber del Estado
propiciar las condiciones que faciliten la convivencia entre los colombianos,
la equidad y la justicia social.”
[70] Sentencia T-025 de 2004.
[71] Ibídem.
[72] Ibídem.
[73] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[74] Concerniente a la carga de la prueba pueden consultarse las
sentencias T-721 de 2008. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-1095 de 2008. M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; y T- 923 de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
entre otras.
[75] Sentencia
T-773 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo.
[76] Artículos 19 a 22 del Decreto 2591
de 1991.
[77] Sentencia T-142 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
[78] Decreto 2591 de 1991 "Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'', artículo
19 y 20. Artículo 19.-Informes. El juez podrá requerir informes al órgano o a
la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente
administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. La
omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad.
El plazo para informar será de uno a tres días, y se fijará según sean la
índole del asunto, la distancia y la rapidez de los medios de comunicación. Los
informes se considerarán rendidos bajo juramento. Artículo 20.-Presunción de
veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el
juez estime necesaria otra averiguación previa.
[79] T-825 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo.
[80] Sobre la presunción de veracidad en
materia de desplazamiento forzado pueden verse, entre otras sentencias, las
siguientes: T-268 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-721 de 2003. M.P.
Álvaro Tafur Galvis, T-1094 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-563 de
2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1144 de 2005. M.P. Álvaro Tafur
Galvis, T-086 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-468 de 2006.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-110 de 2007.
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-630 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero Marino, T-156 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar
Gil, T-458 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T 299 de 2009. M.P.
Mauricio González Cuervo, T-541 de 2009. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
T-169 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo, T-179 de 2010. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-517 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo, T-746 de 2010.
M.P. Mauricio González Cuervo, T-423 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez,
T-092 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo, T-441 de 2012. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, T-579 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-218
de 2014. María Victoria Calle Correa, T-675 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, T-680 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-068 de 2015. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[81] T-169 de 2010. M.P Mauricio González Cuervo.
[82] T-327 de 2001. M.P Marco Gerardo
Monroy Cabra. En esta decisión la Corte indicó que ante la sistemática
violación de los derechos fundamentales de la población desplazada los
funcionarios encargados de recibirles declaración para la inscripción en el
Registro Único de Víctimas, deben tener en cuenta que: “(i) la mayoría de
las personas desplazadas por la violencia provienen de ambientes donde la
educación a la que tuvieron acceso es exigua -motivo por el cual el grado de
analfabetismo es alto-; (ii) en muchas ocasiones quien es desplazado por la
violencia proviene de contextos en los cuales se ha educado a las personas en
una especie de "temor reverencial" hacia las autoridades públicas;
(iii) en el momento de rendir un testimonio ante las autoridades, el grado de
espontaneidad y claridad con el que podrían hacerlo se reduce
considerablemente; (iv) a las circunstancias del entorno de origen de los
desplazados, se añaden las secuelas de la violencia. No es fácil superar el
trauma causado por los hechos generadores del desplazamiento forzado. Esta situación
puede conllevar traumas sicológicos, heridas físicas y afectivas de difícil
recuperación, además de la inminente violación de derechos humanos que se da
desde que la persona es víctima del delito de desplazamiento que pueden influir
en el desenvolvimiento del desplazado al momento de rendir la declaración; y
(v) el temor de denunciar los hechos que dieron lugar al desplazamiento hace
que no exista espontaneidad en su declaración.”
[83] Ibídem.
[84] La Corte ha
sostenido que en materia de desplazamiento forzado es el Estado quien tiene la
carga de probar que las declaraciones de la persona no corresponden a la
verdad. Por ejemplo, en sentencia T-563 de 2005. M.P Marco Gerardo Monroy
Cabra, la Corte indicó algunas pautas que deben guiar la valoración de las
declaraciones de quienes solicitan la inscripción en el Registro Único de Víctimas
(Antes Registro Único de Población Desplazada). En aquella oportunidad sostuvo:
“en primer lugar,  debe presumirse la buena fe de los peticionarios, no sólo
en virtud del artículo 83 de la Carta, sino en atención a los factores antes
citados, lo cual conlleva un desplazamiento de la carga de la prueba hacia la
dependencia de la Red encargada del registro. En segundo lugar, ha indicado que
en caso de duda sobre la veracidad de los hechos declarados, debe favorecerse
al desplazado, sin perjuicio de que una vez que se le ha comenzado a brindar
asistencia se revise su caso y se tomen las medidas que correspondan. Para
terminar, ha afirmado que la Red no puede negar la inscripción de una persona
en el RUPD por el simple hecho de encontrar contradicciones en sus
declaraciones. En estos eventos, la Corte ha señalado que, en tanto se invierte
la carga de la prueba, le corresponde a la Red probar que las declaraciones del
peticionario son falsas, de manera que sin tal prueba no puede negar el
registro y la entrega de las ayudas. Por último y en concordancia con lo
anterior, si una persona desplazada afirma haber realizado una declaración
sobre los hechos que dieron lugar a su traslado y aporta certificación al
respecto proveniente de una de las autoridades previstas en la ley 387 de 1997
para realizar tal labor, la Red de Solidaridad debe presumir que el documento
es verdadero y debe dar trámite a la solicitud de inscripción. En este orden,
si la declaración no fue remitida a una de sus unidades territoriales, no podrá
concluir sin prueba adicional, que la declaración no se realizó, sino que
tendrá que tomar una nueva declaración al peticionario y efectuar su respectiva
valoración.”
[85] Cuaderno principal, f. 4.
[86] Cuaderno principal, f. 7.
[87] Cuaderno principal, f. 1.
[88] Cuaderno principal, f. 11.
[89] Cuaderno principal, f. 1.
[90] Cuaderno principal, f. 7.
[91] Cuaderno principal, f. 4.
[92] Cuaderno principal, f. 7.
[93] Cuaderno principal, f. 4.
[94] Cuaderno principal, f. 7.
[95] Cuaderno principal, f. 7.
[96] Cuaderno principal, f. 10.
[97] Cuaderno principal, f. 1.
[98] Cuaderno principal, f. 7.
[99] Cuaderno principal, f. 1.
[100] Cuaderno principal, f. 5.
[101] Cuaderno principal, f. 4.
[102] Cuaderno principal, f. 1.
[103] Cuaderno principal, f. 5.
[104] Cuaderno principal, f. 1.
[105] Cuaderno principal, f. 5.
[106] Cuaderno principal, f. 1.
[107] Cuaderno principal, f. 5.
[108] Cuaderno principal, f. 1.
[109] Cuaderno principal, f. 4.
[110] Cuaderno principal, f. 1.
[111] Cuaderno principal, f. 7.
[112] Cuaderno principal, f. 1.
[113] Cuaderno principal, f. 4.
[114] Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Apartadó, Antioquia.
[115] Sentencia T-025 de 2004. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[116] Cuaderno principal, f. 6 y 7.
[117] Cuaderno principal, f. 2.
[118] Cuaderno principal, folio 15.
[119] Cuaderno principal, f. 18.
[120] Cuaderno principal, folio 17.
[121] Cuaderno principal, folio 17.
[122] Cuaderno principal, f. 33-37.
[123] Cuaderno principal, f. 55.
[124] Cuaderno principal, ff. 55-56.
[125] Cuaderno principal, f. 63.
[126] Cuaderno principal, f. 65.
[127] Cuaderno principal, f. 65.
[128] Cuaderno principal, f. 5.
[129] Cuaderno principal, fs. 30-31.
[130] Cuaderno principal, f. 31.
[131] Cuaderno principal, f. 39.
[132] Cuaderno principal, f. 39.
[133] Cuaderno principal, f. 35.
[134] Cuaderno principal, f. 1.
[135] Cuaderno principal, f. 8.
[136] Cuaderno principal, f. 7.
[137] Cuaderno principal, f. 22.
[138] En este mismo sentido, el artículo
16 del Decreto 4800 de 2011, dispone que: “(…) La condición de víctima es
una situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través
de la inscripción en el registro. Por lo tanto, el registro no confiere la
calidad de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de
herramienta técnica para la identificación de la población que ha sufrido un
daño en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y de sus
necesidades, y como instrumento para el diseño e implementación de políticas
públicas que busquen materializar los derechos constitucionales de las
víctimas”. Ver sentencia T-598 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[139] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[140] Sentencia T-1094 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[141] Sentencia T-112 de 2015. M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio  T-832 de
2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y T-087 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[142] La evaluación que se efectúe en cada
caso, teniendo en cuenta las necesidades y las condiciones personales de los
afectados.