T-364-18
Sentencia T-364/18
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Caso en que accionantes fueron sancionados y expulsados de
escuela militar por la realización de actos sexuales al interior de la
institución
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Protección constitucional
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Concepto y alcance
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Características generales
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Jurisprudencia constitucional
DOMICILIO-Definición/DOMICILIO-Inviolabilidad
Esta Corporación ha precisado
que ‘por inviolabilidad de domicilio se entiende en general el respeto a la
casa de habitación de las personas, lo cual muestra que el concepto de
domicilio a nivel constitucional no corresponde a su acepción en el derecho
civil.’ En efecto, ha precisado la Corte, ‘la definición constitucional de
domicilio excede la noción civilista y comprende, además de los lugares de
habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan
de manera más inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre
ejercicio de su libertad. Esto muestra que,
conforme a tales criterios, la protección del domicilio no comprende
exclusivamente el lugar de habitación sino que se proyecta a otros espacios
cerrados, que son importantes para el amparo de la intimidad y del libre
ejercicio de la libertad individual. En síntesis,
conforme a los criterios adelantados por esta Corte, la definición
constitucional de domicilio ‘comprende, además de los lugares de habitación,
trabajo, estudio, todos aquellos espacios o recintos aislados en los que la
persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia vida privada,
separada de los terceros y sin su presencia”.
DERECHO A LA INTIMIDAD-Protege espacios
privados, adicionales al domicilio del individuo, en los que éste desarrolla
actividades que solo le conciernen a sus intereses
DERECHO A LA INTIMIDAD-Vulneración
por publicación de grabaciones de imagen o voz sin autorización del titular
Las
grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos privados de la persona,
con destino a ser publicadas o sin ese propósito, constituyen violación del
derecho a la intimidad personal, si las mismas no han sido autorizadas
directamente por el titular del derecho y, además, en caso extremo, si no han
sido autorizadas expresa y previamente por autoridad judicial competente. El resultado
de la recolección de la imagen o la voz sin la debida autorización del titular
implica, sin más, el quebrantamiento de su órbita de privacidad y, por tanto,
la vulneración del derecho a la intimidad del sujeto.
DERECHO A LA INTIMIDAD
ESPACIAL-Está medido por el reconocimiento de tres tipos de lugares en donde ésta se
manifiesta de forma diferenciada
Ha establecido la Corte que el
derecho a la intimidad implica la reserva del lugar de habitación, o del
recinto privado en que se encuentre la persona. Esta Corporación
ha expuesto que el respeto del derecho a la intimidad espacial está mediada por
el reconocimiento de tres tipos de lugares en donde ésta se manifiesta de forma
diferenciada. De conformidad con la sentencia T-407 de 2012, la garantía del
derecho a la privacidad depende en gran parte del lugar donde tienen lugar las
acciones humanas. Desde esa perspectiva existen “espacios públicos,
en los que el interés general prima sobre el particular y por tanto la
intimidad se ve ciertamente menguada; espacios privados en
los que el carácter personalísimo del entorno hace que la protección de la
intimidad presente un estándar ciertamente más estricto; espacios
intermedios, como lo son los semi-privados y
otros semi-públicos, que integran características tanto públicas
como privadas, los primeros, respectivamente, relacionados con escenarios “cerrados en los que
un conjunto de personas comparten una actividad y en los que el acceso al
público es restringido” y los segundos, con “acceso
relativamente abierto en los que diferentes personas se encuentran en
determinado momento para realizar cierta actividad puntual dentro de un espacio
compartido: un cine, un centro comercial, un estadio”.
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS-Espacios semiprivados
En el caso de
establecimientos educativos, la Corte ha expuesto que no se tratan de espacios
públicos o privados sino que caen en la categoría de semiprivados teniendo en
cuenta que se trata de una comunidad en la cual existen códigos de
convivencia y reglas preestablecidas, que también comparte cierta
intimidad circunscrita a la vida común en el contexto cerrado del trabajo y del
establecimiento educativo al cual solo acceden los trabajadores, o los
estudiantes y profesores. “Estos espacios cerrados en los que un conjunto de personas
comparten una actividad y en los que el acceso al público es restringido, son
espacios semi-privados y, por ende, las injerencias a la intimidad y demás
libertades que se ejercen en tales contextos, son limitados. Sin embargo, no
son espacios privados, porque las acciones de cada uno de los individuos en una
oficina, o en un establecimiento educativo, tiene repercusiones sociales: no se
trata del individuo en su propio ámbito de acción, sino del individuo en una
comunidad.”.
ESPACIOS
SEMI-PUBLICOS Y SEMI-PRIVADOS-Pueden existir algunas acciones o actividades que
solo interesan a la persona que las realice, y que de ninguna manera pueden ser
objeto de restricciones
DERECHO A LA
INTIMIDAD-Garantía fundamental protegida por el Estado, la
cual implica el ejercicio de la libertad, adecuada a los lugares donde se
desarrollan los actos del comportamiento humano y la influencia social sobre
tales espacios
AUTONOMIA
PERSONAL Y RESPETO POR LA INTIMIDAD SEXUAL-Alcance
DERECHO A LA
INTIMIDAD SEXUAL-Jurisprudencia constitucional
DEBIDO
PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Reiteración
de jurisprudencia
La Corte Constitucional ha indicado que la protección
del derecho fundamental al debido proceso tiene aplicación en el curso de las
investigaciones disciplinarias que se adelantan en las instituciones educativas
tanto públicas como privadas.
PARTICULARIDADES
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO EN LAS ESCUELAS DE FORMACION MILITAR-Reiteración de jurisprudencia
Para la
jurisprudencia constitucional, los procedimientos disciplinarios desarrollados
en las escuelas de formación educativa militar deben estar acordes con los derechos, principios y
valores constitucionales, en especial las garantías que se derivan del derecho
fundamental al debido proceso en materia sancionatoria, pues son plenamente exigibles en idénticas
condiciones que los demás establecimientos de educación universitaria.
VALORACION DE LA PRUEBA OBTENIDA CON VIOLACION DEL
DEBIDO PROCESO-Reiteración
de jurisprudencia
De conformidad con el artículo
29 Superior “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del
debido proceso”. Así las cosas, la Corte Constitucional ha expuesto que la
norma citada faculta la exclusión de material probatorio que haya sido recaudado
vulnerando los derechos fundamentales del procesado. Sin embargo, de conformidad con la sentencia T-233 de 2007 “no toda
irregularidad procesal que involucre la obtención, recaudo y valoración de una
prueba implica la violación del debido proceso. Los defectos procesales
relativos a la prueba pueden ser de diversa índole y distinta intensidad y es
claro que no todos tienen la potencialidad de dañar el debido proceso del
afectado”. En ese entendido la Corte
Constitucional ha establecido que las irregularidades procesales pueden ser de
diversa índole e intensidad y que dependiendo de ello debe procederse a su
exclusión, dejándola reservada a los casos en los cuales el recaudo probatorio
vulnera aspectos sustantivos del debido proceso.
DERECHO A LA
INTIMIDAD Y AL DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS-Vulneración por Escuela Militar al expulsar a accionantes por
la realización de actos sexuales al interior de la institución
Sobre el derecho a
la intimidad, se concluyó que no basta con mantener la reserva en relación con el material probatorio (video) que
mostraba a los estudiantes sosteniendo relaciones sexuales, pues es necesario
adoptar diferentes medidas para salvaguardar la intimidad de los estudiantes,
así como abordar de manera integral la valoración
de la falta cometida, máxime si de una institución educativa se trata. En relación con el derecho al debido proceso, la Sala evidenció
que, al momento de imponer la sanción de expulsión y cancelación de la
matrícula, la escuela militar demandada inobservó el principio de
proporcionalidad que es un elemento esencial del proceso disciplinario
sancionatorio.
Referencia: Expediente
T-6.488.782
Acción de tutela formulada
por MM y YY contra Escuela Militar.[1]
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., cuatro (4)
de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión
del fallo de tutela proferido el seis (6) de septiembre de 2017, en primera
instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección A, que negó
el amparo del derecho fundamental al debido proceso formulado por los
ciudadanos MM y YY contra Escuela Militar.
I. ANTECEDENTES
1.     Hechos relevantes
1.1. Los accionantes: MM (al
momento de los hechos menor de edad) y el señor YY cursaban estudios militares en la Escuela (…) (en adelante Escuela Militar).
1.2. La accionante afirma que
el 19 de junio de 2017, ella y el accionante fueron grabados en video, sin su
consentimiento, manteniendo un encuentro sexual íntimo, por un cadete de la
institución militar quien a su vez, presentó tal material ante sus superiores académicos.
1.3. Los accionantes
manifiestan que con ocasión del video fueron llamados a descargos y se les
avisó que la falta cometida era de carácter gravísimo, razón por la cual fueron
inducidos por parte de las Directivas de la Escuela Militar a pedir la baja
voluntaria para evitar que fueran reseñados ante las Fuerzas Militares, o de lo
contrario serían sometidos a un Consejo Académico donde sería reproducido el
video frente a todos los miembros del comité[2]:
“[e]n las horas de la tarde, fuimos citados al
Despacho del Director en donde se encontraban el Coronel…, en dicha reunión el
Director de la escuela, no dio dos opciones: 1.-) pedir la baja de forma
voluntaria para evitar ser reseñados ante las fuerzas militares. 2.-)
someternos a un Consejo Académico donde sería reproducido el video frente a
todos los miembros del comité. Situación que generó angustia y pánico entre
nosotros convirtiéndose en una tortura psicológica especialmente para mi [la
accionante], en razón a que era consciente de que mis partes superiores íntimas
habían sido grabadas. La angustia, desespero y tortura psicológica a que fuimos
sometidos de solo imaginar la publicación del video nos llevó a expresar que
firmaríamos la baja voluntariamente.”[3].
1.4. Los accionantes
manifiestan que debido a las amenazas a las que fueron sometidos, suscribieron
la baja voluntaria. Sin embargo, luego de buscar asesoría jurídica se
retractaron, pues les fue indicado que
la prueba obtenida era ilegal, aludiendo que la accionante era menor de edad
para el momento de los hechos.
1.5. Posteriormente, los días
29 de junio y 4 de julio de 2017, los accionantes, por separado, interpusieron
los recursos de reposición respectivos, y solicitaron copia del material
probatorio en su contra, donde constataron la existencia del aludido video. De
los recursos afirman que nunca obtuvieron respuesta alguna.
1.6. La accionante, en ese entonces menor de
edad, expuso que el proceso que
se le adelantó provocó burlas, “bullying”,
agresiones verbales y actos discriminatorios, donde se vio involucrada su
sexualidad y condición de mujer por parte de compañeros y directivos de la Escuela Militar,
generando como consecuencia daños psicológicos en su salud.
1.7. El 24 de julio de 2017, la
actora refiere que tuvo que ser internada y aislada por recomendación de médico
–sicólogo– tratante durante tres
semanas[4],
como resultado de la gravedad de las secuelas ocasionadas (intento de suicidio,
inicios de depresión, estrés agudo y alto nivel de ansiedad).
1.8. La peticionaria narra que
el 25 de julio de 2017 sufrió una fuerte crisis, que obligó su desplazamiento
al hospital Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá. Ese mismo día le notificaron a su
acudiente que, al día siguiente (26 de julio), se iba a celebrar un Consejo
Académico para tratar su caso, al cual no le fue posible asistir debido a que
se encontraba en otra ciudad.
A pesar de la ausencia de la entonces
menor los miembros el Consejo desarrollaron la audiencia y decidieron que se
debía dar la cancelación y la pérdida del cupo de los accionantes en la
Institución. Debido a esto interpusieron recursos de reposición que, aseveran, nunca fueron
resueltos.
1.9. Sostiene la accionante que
lo ocurrido sobrepasó las barreras de la institución y llegó a conocimiento de
sus amigos en la vida civil. Adicional, narra que fue víctima de persecución
por parte del Sargento Mayor de Comando, quien por vía de
aplicaciones de internet intentó obtener
información con su amiga, refiriéndose a la actora con palabras que afectaron su dignidad[5].
1.10. En consecuencia, debido al
proceso que se les adelantó, el cual culminó con la pérdida de su cupo, formularon
acción de tutela contra la Escuela Militar, requiriendo el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, educación, dignidad humana, buen
nombre y a la honra.
2. Fundamentos del amparo
Los accionantes
consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la integridad
personal, la igualdad, al honor, la intimidad y el
habeas data,
la honra, de petición, a la libertad de escoger
profesión u oficio, al debido proceso y la doble instancia.
2.1. Afirmaron que la exposición de los hechos
por parte de la escuela militar les ocasionó problemas a su salud física y
mental, al exponer un tema personal ante la sociedad, sus amigos y su familia. Sostuvieron
que han tenido que recibir ayuda médica y sicológica.
2.2. Señalaron que durante el proceso
disciplinario se vulneró su derecho a la igualdad, en tanto no se vincularon a
todas las personas que intervinieron en la actuación que conllevó a adelantar
el proceso disciplinario, como el centinela, o el oficial que realizó el
informe de los hechos del caso.
2.3. Agregaron que su derecho a
la honra fue lesionado debido a la exposición y censura social a la que fueron
sometidos por parte de los directivos de la institución.
2.4. Adujeron que se vulneró su
derecho de petición, pues no recibieron respuesta ni notificación de las
decisiones tomadas, pese a que las autoridades de la escuela conocían a sus
acudientes. Anotaron que sus padres fueron tratados irrespetuosamente por parte
de las directivas de la institución.
2.5. Argumentaron que se afectó
gravemente su derecho a escoger una profesión u oficio (art. 26 C.N.), debido a
que su proyecto de vida se edificaba en hacer parte de las fuerzas militares de
Colombia. En este sentido, explicaron que superaron diferentes obstáculos
personales, económicos y académicos para ingresar a la escuela militar, y que
no es “justo que por un error disciplinario donde la escuela lo eleva a una
presunta tipificación penal, seamos nosotros y nuestros sueños sacrificados.”
Resaltaron que era la primera vez que ingresaban mujeres al proceso académico
de la institución, y que lo sucedido demuestra la falta de experiencia en el
manejo de situaciones en las que se ve involucrada la vida sexual.
2.6. En relación con su derecho
al debido proceso, señalaron que las decisiones adoptadas por la escuela
militar, como la cancelación de la matrícula y la pérdida del cupo, vulneraron
la Constitución y la ley, bajo el argumento de que se trata de una institución
autónoma, sin la oportunidad de ejercer recursos en contra de las decisiones
definitivas.
2.7. Finalmente, señalaron que
no se les dio la oportunidad de acudir a una segunda instancia para revisar su
caso y que, ni siquiera el recurso de reposición que presentaron fue atendido.
3. Trámite impartido a la
acción de tutela
El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección “A”, asumió el conocimiento del amparo
y, mediante proveído del 6 de septiembre de 2017, comunicó el objeto de la
acción de tutela a la demandada para que se pronunciara al respecto[6].
Respuesta de la entidad
accionada: Escuela Militar
El Director de la referida
Escuela indicó que el actuar de los accionantes se configura en una falta
gravísima, la cual se encuentra contemplada en el artículo 82 del reglamento
interno[7],
razón por la cual se procedió a realizar audiencia ante el Comité Académico con
el fin de determinar la sanción a la que diera lugar dicha falta.
Afirmó que la acción de
tutela es improcedente, toda vez que durante la permanencia de los accionantes
en la Escuela Militar se respetaron todos los derechos fundamentales invocados
ante los procedimientos disciplinarios y académicos adelantados en su contra.
Por otro lado, expuso que:
“[e]l
video fue grabado por quien en ese momento ejercía las labores de centinela con
el fin de demostrar la ocurrencia de la falta, pero que este desconocía que la alumna fuera menor de
edad, constatado lo anterior se excluyó de forma inmediata del material
probatorio y destruido en presencia del Comisario de Familia y el Personero del
municipio del N, por lo que considera que la acción de tutela no puede
utilizarse como supletiva de la acción penal en razón del principio de la
especialidad”[8].
5. Decisión judicial objeto
de revisión
5.1. Primera instancia
El Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Segunda, Subsección A, mediante fallo del 6 de septiembre de 2017,
resolvió “negar el amparo de los derechos fundamentales invocados en la
acción de tutela impetrada por MM y YY”[9].
Encontró que, una vez
analizadas las pruebas obrantes en el expediente, se logró deducir que los
peticionarios incurrieron en una falta gravísima, la cual se encuentra
establecida en el reglamento interno de la Escuela Militar y que tiene por
sanción la cancelación de la matrícula y pérdida del cupo. Observó la Sala, que
la Escuela Militar:
“[g]arantizó los derechos de la menor de edad
involucrada en los hechos ocurridos el 19 de junio de 2017, al excluir como
material probatorio el video de contenido sexual en el que aparecía esta, y
proceder a su destrucción; decisión que fue adoptada por el Consejo Académico
el mismo 26 de julio de 2017, contando con la presencia de la Personera
municipal, el comisario de Familia del N, Cundinamarca, y el hoy accionante
señor YY, diligencia que se llevó a cabo a continuación de culminada la sesión
extraordinaria en que se decidió la cancelación de la matrícula y pérdida del
cupo”.[10]
La sentencia no fue
impugnada.
5.2. Remisión del expediente a
la Corte Constitucional
Mediante la orden tercera
de la sentencia adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
2, Subsección A, se ordenó el envío del expediente a esta Corporación para su
eventual revisión[11],
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
6. Material probatorio que
obra en el expediente
-
Constancia
de realización de Consejo Académico Emsub[12].
-
Copia
de informe y solicitud de Consejo Académico emitido por la Escuela Militar[13].
-
Copia
de informe rendido por el alumno CHE[14].
-
Copia
de acta de destrucción de 01 CD cuyo nombre indica “Video de actos sexuales 1
Alumna y 1 Dg (Sic)”[15].
-
Copia
de acta del Décimo Tercer Consejo Académico Extraordinario de Escuela Militar
en el cual se determina la cancelación del cupo de los accionantes[16].
-
Copia
de diagnóstico e incapacidad emitido por el psicólogo Dr. AMS, especialista en
pacientes adolescentes, especialmente mujeres que han sido víctimas en su
condición de mujer[17].
-
Copia
de certificación del Hospital Simón Bolívar de Bogotá. En donde se especifica
que la accionante ingresó por urgencias, debido a una crisis generada por la
somatización del problema psicológico originado por los múltiples actos
discriminatorios[18].
-
Copia
de denuncio ante Fiscalía General de la Nación[19]. Por el delito de pornografía con
menores. Art. 218 Código Penal. Denunciante: José Hernán Saavedra Trujillo.
Indiciado: CHE.
-
Copia
de comunicación con fecha de Consejo Académico[20]. Remitido a la señora LTA, en
calidad de representante legal, madre y acudiente de la accionante.
-
Copia
de correos electrónicos con respuestas de recursos interpuestos por los
accionantes[21].
7. Selección del expediente
por parte de la Corte Constitucional
Mediante Auto del 15 de diciembre de 2017, la Sala de Selección de
Tutelas Número Doce, conformada por el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo
y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, escogió el expediente de la
referencia y lo asignó, previo reparto, al Magistrado Alberto Rojas Ríos para
efectuar su revisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9° del
artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del Decreto
2591 de 1991, indicando como criterio objetivo de selección: asunto
novedoso, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho
fundamental.
II. FUNDAMENTOS
Y CONSIDERACIONES
1. Competencia
1. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para
conocer el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Adicionalmente, el proceso fue repartido al despacho
sustanciador en virtud del Auto del 15 de diciembre de 2017, proferido por la
Sala de Selección de Tutelas Número Doce de 2017.
2.   Asunto objeto
de revisión, planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión
2. La Sala estudia la tutela de la referencia presentada por dos estudiantes de una escuela militar a quienes se les inició un
proceso disciplinario por la presunta realización de actos sexuales dentro de la institución educativa, que
quedaron registrados en un video que fue obtenido sin su consentimiento.
A partir de ese material probatorio, los estudiantes señalan que fueron presionados para pedir
la baja en el servicio ante la institución, pero luego de asesorarse jurídicamente, se retractaron y se sometieron a un proceso –disciplinario– en el que finalmente fueron
sancionados y expulsados.
Por tal razón, presentaron el
amparo que ahora se revisa, en
el que solicitaron la protección de sus derechos fundamentales, pues consideraron
que el tema no fue tratado adecuadamente por las
directivas de la institución y que fueron objeto de afectación en su honra,
buen nombre e intimidad, pues la situación trascendió el escenario institucional
y terminó por afectar a sus
familias, su entorno social externo y a su proyecto de
vida profesional.
3. Con base en el anterior contexto fáctico, la Sala considera que debe resolver el
siguiente problema jurídico:
¿La Escuela Militar vulneró
los derechos fundamentales, en especial al debido proceso y a la intimidad, de
los accionantes al adelantarles un proceso
disciplinario que surgió a partir del conocimiento de
un video que los muestra sosteniendo relaciones sexuales en un aula de clase (espacio
semi-privado) dentro de las instalaciones de la institución, y que conllevó a la imposición de las sanciones de pérdida de cupo y
expulsión?
5. Para resolver el problema planteado, la Sala reiterará la jurisprudencia sobre
los siguientes temas: (i) la protección
constitucional al derecho a la intimidad, con especial énfasis en la protección a la autonomía personal y a
la intimidad sexual; (ii) posteriormente, se hará refencia al derecho fundamental al debido proceso en el desarrollo
de procesos disciplinarios en instituciones educativas; (iii) seguidamente, se hará alusión a la valoración de la prueba obtenida con violación del debido
proceso. Finalmente, con base en el anterior marco
teórico, se abordará (iv) el análisis del caso concreto.
3. Protección constitucional del derecho fundamental a la intimidad: autonomía
personal y derecho a la intimidad sexual. Reiteración de
jurisprudencia.[22]
El derecho
fundamental a la intimidad
6. La Carta Política establece la garantía ius fundamental
a la intimidad en los siguientes términos:
“ARTICULO 15. Todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre,
y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la
recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia
y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser
interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las
formalidades que establezca la ley.
Para efectos
tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.”
7. Para la Corte el derecho a la intimidad garantiza la
preservación de un espacio personal, aislado a la injerencia de otros. De
conformidad con la sentencia T-696 de 1996, la intimidad personal es el “área
restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser
penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden
dictada por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley.”.
8. La Corte en sentencia
SU-089 de 1995 expuso que entre los distintos aspectos que comprende el derecho
a la intimidad se encuentran “los asuntos circunscritos a las
relaciones  familiares de la persona,  sus costumbres y prácticas
sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los espacios
limitados y legales para la utilización  de datos a nivel informático, las
creencias religiosas, los secretos profesionales y en general  todo
"comportamiento del sujeto  que no es conocido por los
extraños y que de ser conocido originaría críticas  o desmejoraría la
apreciación que  éstos tienen de aquel.”.
9. Frente al particular la
Corte en sentencia C-282 de 1997 señaló que: “el derecho a la intimidad
de toda persona y de toda familia, protegido por la Constitución, que las
autoridades deben respetar y hacer respetar según el precepto mencionado, comprende
el ámbito reservado e inalienable al que aquéllas se acogen, con total
independencia de la propiedad o administración del inmueble que las cobija, o
del tiempo durante el cual permanezcan dentro de él, por lo cual no es
menos susceptible de amparo constitucional la casa tomada en arriendo, la
habitación de un inquilinato o el cuarto de un hotel, que la casa cuyo derecho
de dominio puede demostrar quien la habita, o en la cual ha
vivido por muchos años.”.
10. Como se expuso en
sentencia T-233 de 2007, el concepto de intimidad empleado por la Corte no se
restringe al lugar de habitación, sino que “irradia todo espacio privado
en el que el individuo desarrolla sus actividades personales,
independientemente de que resida permanentemente en él.”. En aquel
pronunciamiento se reiteró lo expuesto en las sentencias C-024 de 1994 y C-041
de 1994 en los siguientes términos:
“Esta Corporación ha
precisado que ‘por inviolabilidad de domicilio se entiende en general el
respeto a la casa de habitación de las personas, lo cual muestra que el
concepto de domicilio a nivel constitucional no corresponde a su acepción en el
derecho civil.’ En efecto, ha precisado la Corte, ‘la definición constitucional
de domicilio excede la noción civilista y comprende, además de los lugares de
habitación, todos aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan
de manera más inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre
ejercicio de su libertad[23].
Esto muestra
que, conforme a tales criterios, la protección del domicilio no comprende
exclusivamente el lugar de habitación sino que se proyecta a otros espacios
cerrados, que son importantes para el amparo de la intimidad y del libre
ejercicio de la libertad individual.
(…)
En síntesis,
conforme a los criterios adelantados por esta Corte, la definición
constitucional de domicilio ‘comprende, además de los lugares de habitación,
trabajo, estudio, todos aquellos espacios o recintos aislados en los que la
persona normal y legítimamente pretenda desarrollar su propia vida privada, separada
de los terceros y sin su presencia”.
11. De conformidad con lo expuesto el derecho a la intimidad
incluso protege espacios privados, adicionales al domicilio del individuo, en
los que éste desarrolla actividades que sólo le conciernen a sus intereses. Por
tal razón, “las grabaciones de imagen o de voz realizadas en ámbitos
privados de la persona, con destino a ser publicadas o sin ese propósito,
constituyen violación del derecho a la intimidad personal, si las mismas no han
sido autorizadas directamente por el titular del derecho y, además, en caso
extremo, si no han sido autorizadas expresa y previamente por autoridad
judicial competente. El resultado de la recolección de la imagen o la voz sin
la debida autorización del titular implica, sin más, el quebrantamiento de su
órbita de privacidad y, por tanto, la vulneración del derecho a la intimidad
del sujeto.”[24].
12. Ha establecido la Corte
que el derecho a la intimidad implica la reserva del lugar de habitación, o del
recinto privado en que se encuentre la persona. Esta Corporación ha expuesto que el respeto del derecho a
la intimidad espacial está mediada por el reconocimiento de tres tipos de
lugares en donde ésta se manifiesta de forma diferenciada. De conformidad con
la sentencia T-407 de 2012, la garantía del derecho a la privacidad depende en
gran parte del lugar donde tienen lugar las acciones humanas. Desde esa
perspectiva existen “espacios públicos, en los que el interés general prima sobre el particular y por tanto la
intimidad se ve ciertamente menguada; espacios privados en los que el carácter personalísimo
del entorno hace que la protección de la intimidad presente un estándar
ciertamente más estricto; espacios intermedios, como lo son los semi-privados y otros semi-públicos, que integran características tanto
públicas como privadas, los primeros, respectivamente, relacionados con
escenarios “cerrados en
los que un conjunto de personas comparten una actividad y en los que el acceso
al público es restringido” y los segundos, con “acceso relativamente abierto en los que
diferentes personas se encuentran en determinado momento para realizar cierta
actividad puntual dentro de un espacio compartido: un cine, un centro
comercial, un estadio”.
13. En el
caso de establecimientos educativos, la Corte ha expuesto que no se tratan de
espacios públicos o privados sino que caen en la categoría de semiprivados
teniendo en cuenta que se trata de una comunidad en la cual existen códigos de
convivencia y reglas
preestablecidas, que también comparte cierta intimidad circunscrita a la vida
común en el contexto cerrado del trabajo y del establecimiento educativo al
cual solo acceden los trabajadores, o los estudiantes y profesores. “Estos
espacios cerrados en los que un conjunto de personas comparten una actividad y
en los que el acceso al público es restringido, son espacios semi-privados y,
por ende, las injerencias a la intimidad y demás libertades que se ejercen en
tales contextos, son limitados. Sin embargo, no son espacios privados, porque
las acciones de cada uno de los individuos en una oficina, o en un
establecimiento educativo, tiene repercusiones sociales: no se trata del
individuo en su propio ámbito de acción, sino del individuo en una comunidad.”[25].
14. Sin embargo, la Corte ha expuesto que a pesar que
en los espacios semi-públicos como los semi-privados la mayoría
de las actividades que llevan a cabo las personas tienen repercusiones
sociales, aun así, pueden existir algunas acciones o actividades que solo
interesan a la persona que las realice, y que de ninguna manera pueden ser
objeto de restricciones (en lugares de servicios personales, de vestuario o
descanso)[26].
15. A su vez, ha determinado que en los espacios semi-privados
y semi-públicos “son cerrados y exigen cierto comportamiento a las
personas, pero se diferencian por el mayor o menor grado de acceso público a
los mismos, o por la permanencia de determinado grupo de personas en dicho
lugar, o por el mayor o menor efecto social de las conductas de los individuos”[27].
16. Finalmente ha señalado que “existe una relación
inversamente proporcional entre la mayor o menor libertad en los espacios y el
nivel de control de la conducta para fines preventivos que justifica la
intromisión en la intimidad de las personas, siempre que no afecte la dignidad
humana o que resulte desproporcionadamente lesiva para los derechos
fundamentales: los espacios semi-públicos, cuentan con menores limitaciones a
las libertades individuales, pero, por lo mismo, hay mayor tolerancia al
control y vigilancia sobre las conductas de las personas con el fin de evitar y
prevenir situaciones de riesgo ya que las repercusiones sociales son mayores;
por el contrario, a pesar de las reglas y restricciones en los espacios
semi-privados, el hecho de que se trate de lugares en los que las personas
realizan actividades cotidianas, como el estudio o el trabajo, o que sean
espacios en los que son menores los efectos sociales de las conductas
desplegadas por los sujetos, limita las intromisiones a la intimidad.”[28].
17. De esta manera,
se concluye que el derecho a la intimidad es una garantía fundamental protegida
por el Estado, la cual implica el ejercicio de la libertad, adecuada a los
lugares donde se desarrollan los actos del comportamiento humano y la
influencia social sobre tales espacios.
La autonomía personal y el respeto por la intimidad sexual
18. La jurisprudencia constitucional ha explicado[29] que el
derecho a la autonomía personal es una garantía que se deriva de varios principios constitucionales
como el pluralismo jurídico (art. 1º C.N.), el libre desarrollo de la
personalidad (art. 16 C.N.), el derecho a la autodeterminación (art. 9 C.N.) y
del derecho a la dignidad humana (art. 1º C.N.).
19. En este sentido se ha advertido que el
principio de autonomía se erige como una garantía de que los ciudadanos pueden
tomar decisiones, en tanto no afecten derechos de terceros, a partir del
reconocimiento de su capacidad de reflexión sobre sus propias preferencias, deseos, valores ideales y aspiraciones.[30]
20. Adicionalmente, la Corte también ha enfatizado[31] en que la
toma de decisiones que supone la autonomía, y la reflexión que ella conlleva, se basa en un profundo respeto por el
principio de libertad. De manera que la autonomía implicaría una doble
dimensión: (i) el valor de llevar una vida de acuerdo con las propias decisiones, y (ii) el valor de decidir sin
limitaciones externas de otros.
21. Ahora bien, en relación con el derecho a la intimidad, la
jurisprudencia constitucional ha recabado en que el
Estado tiene el deber de respetar aquellas decisiones de los individuos que
tengan como fundamento su condición de seres libres y autónomos, siempre que
tales decisiones no comprometan el goce de los derechos de otras personas.[32]
22. Al aceptar que la autonomía personal es una condición de la
dignidad humana de todos los ciudadanos, aquella adquiere el estatus de
garantía, lo que supone que las personas pueden adoptar ciertas actitudes o
adoptar las posiciones personales en virtud de su autonomía. Dicho
reconocimiento se extiende al ámbito de la intimidad. La intimidad entendida
como derecho conlleva al respeto de las diferentes conductas que las
personas consideran, se corresponden con sus
convicciones.
23. Como se
puede apreciar, en la protección de la intimidad es esencial
la noción de respeto, entendido particularmente como respeto por la
manifestación de las prácticas que se corresponden con las propias creencias,
las cuales son indisponibles para terceros, pues hacen parte del espacio íntimo,
el espacio de la autonomía.
24. Ahora bien, específicamente sobre el derecho a la intimidad sexual,
la jurisprudencia también ha tenido la oportunidad de realizar algunas
consideraciones.
25. En términos de la doctrina constitucional, el derecho a la
intimidad sexual excluye la “imposición perfeccionista de comportamientos
sexuales exigidos por una concepción del bien diferente a la que el sujeto ha
elegido libremente.”[33]
Y las posibles limitaciones de este ámbito de la conducta sexual de los
ciudadanos está prohibida, pues hace parte de su
autonomía, salvo que implique la afectación de los derechos de terceros.
26. En particular, la protección del derecho a la intimidad sexual está
ligado al de la dignidad, entendida no sólo dentro del
ámbito del respeto de las decisiones de los individuos, pero sobre todo del respeto de las consecuencias de las decisiones que
se toman.
27. Bajo tal entendido, la jurisprudencia de esta Corte ha concluido
que los eventuales límites al derecho a la intimidad sexual, adoptados mediante
alguna regulación jurídica, se traducen en que: (i) se puede restringir
las conductas sexuales que atenten contra la autonomía y la intimidad de
terceros, y (ii) no se podrá adjudicar consecuencias jurídicas
restrictivas según el gusto, la tendencia o cualquier manifestación práctica de
la sexualidad, pues esto pertenece a la esfera inviolable del proyecto de vida íntima.[34]
4. El derecho fundamental al debido proceso en las actuaciones disciplinarias adelantadas en instituciones educativas
28. El artículo 29 de la Constitución Política impone distintas
condiciones para que las actuaciones judiciales y administrativas, entre ellas
los trámites destinados a la imposición de sanciones, se ajusten a los
postulados propios del derecho fundamental al debido proceso.
29. La Corte Constitucional ha indicado que la protección del derecho
fundamental al debido proceso tiene aplicación en el curso de las
investigaciones disciplinarias que se adelantan en las instituciones educativas
tanto públicas como privadas.[35]
30. Esto
significa que los procedimientos propios de las instituciones que prestan el
servicio público de educación superior, incluidos los de investigación
y sanción de faltas disciplinarias, están sujetos al complejo normativo que
protege el derecho fundamental al debido proceso, que en este caso constituye
un claro límite de la autonomía universitaria (art. 69 C.N.).[36]
31. En este sentido, la doctrina constitucional ha señalado que si bien
las instituciones educativas universitarias gozan de una especial protección en
su autonomía, en los términos previstos en el artículo 69 de la Carta, también
es cierto que sus decisiones deben ser armónicas
con la protección de los derechos constitucionales, especialmente,
en el desarrollo de los procedimientos disciplinarios desarrollados
en las instituciones de educación superior.
32. Así, los presupuestos de legalidad, favorabilidad, presunción
de inocencia, contradicción, celeridad, protección de los derechos
fundamentales en la consecución y valoración probatoria y consagración del non
bis in idem, informan todo el derecho sancionador[37], incluido el adelantado en instituciones educativas.[38]
De allí que si el análisis de cada caso concreto permite concluir que se han
desplegado conductas o verificado omisiones que impidan el cumplimiento de estos
principios, el derecho citado resulta vulnerado.
33. Adicionalmente, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que
el contenido del derecho fundamental al debido proceso no se agota en los
postulados enunciados, sino que se configura como una cláusula abierta, que
incluye todos aquellos principios que tengan relación con la protección de
derechos constitucionales[39].
34. En particular, la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional ha
anotado[40]
que dentro de los requisitos esenciales que deben observar las instituciones
educativas para garantizar los presupuestos mínimos del debido proceso, en el
marco de los procedimientos disciplinarios, se
encuentran los siguientes:
(i) Que las reglas de
conducta que dan origen a una sanción hayan sido determinadas previamente en la
ley o el reglamento de la institución.[41]
(ii) Las sanciones imponibles también deben
encontrarse expresamente señaladas en el manual de conducta, pues sólo con ello
la persona puede comprender la dimensión y los efectos derivados de su
comportamiento.
(iii) Debe señalarse con claridad un
procedimiento a seguir, de manera que el implicado pueda ejercer razonablemente
su derecho de contradicción y defensa, siempre bajo el supuesto de la
presunción de inocencia.[42]
(iv) El proceso disciplinario se sustenta en el
principio de publicidad, porque “sólo de esta manera el acusado puede
conocer oportunamente los cargos que se le imputan y los hechos en que éstos se
basan.”[43]
(v) Por último, el principio
de proporcionalidad constituye un elemento inherente a cualquier proceso
disciplinario, no sólo frente a la conducta que se espera del sujeto, sino
también frente a la sanción que conlleva su incumplimiento.[44]
35. Sobre este último aspecto en particular, la Corte ha destacado que el procedimiento disciplinario en instituciones
educativas debe observar los principios de
proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones, concluyendo que su inobservancia vulnera el derecho al
debido proceso. Lo anterior,
debido a que tanto las
reglas de conducta como la censura a su incumplimiento deben tener una
finalidad adecuada y constitucionalmente legítima, so pena de tornarse
arbitrarias.[45] Al respecto, en la sentencia T-391 de 2003[46], este
Tribunal Constitucional advirtió:
“El principio de proporcionalidad constituye un
elemento inherente a cualquier proceso disciplinario, no sólo frente a la
conducta que se espera del sujeto, sino también frente a la sanción que
conlleva su incumplimiento. Ni las reglas de conducta, ni menos aún las
sanciones disciplinarias, pueden apartarse de los criterios de finalidad,
necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. En otras palabras, las reglas
de comportamiento, así como las sanciones que de su inobservancia se derivan,
deben perseguir un fin constitucionalmente legítimo, ser adecuadas y necesarias
para su realización, y guardar la debida correspondencia de medio a fin entre
la conducta y la sanción.”
36. Como ha explicado la Corte[47], la exigencia de este principio subyace la concepción de Estado de Derecho y la noción de
justicia material, al combinar los elementos de un caso concreto dentro de la
lógica de la moderación en el ejercicio del poder.  En los términos
de la jurisprudencia:
“la razón jurídica de la razonabilidad y
de la proporcionalidad no es otra que la necesidad de interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos.  El principio de proporcionalidad
rige todas las actuaciones de la administración pública y de los actos de los
particulares que estén encargados de la prestación de un servicio público
cuando se trate de la imposición de una sanción que conlleve pérdida o
disminución de un derecho.”[48]
37. En suma, los trámites discplinarios deben
respetar la garantía del derecho fundamental al debido proceso[49], de manera que las
normas que regulen el régimen disciplinario de las instituciones educativas
están sujetas a reglas constitucionales estrictas que condicionan su
configuración, postulados que encuentran sentido en el otorgamiento de
facultades suficientes al investigado, y que hagan cierta la observancia de sus
derechos fundamentales.[50] Dentro de dicha actuación, el principio de proporcionalidad
adquiere una especial relevancia pues permite valorar la adecuación de la
sanción.
Particularidades del régimen disciplinario en las escuelas de
formación militar.  Reiteración de jurisprudencia[51]
38. La
jurisprudencia constitucional ha señalado que las
instituciones de formación militar, al igual que las demás instituciones de
educación, están sujetas a las mismas garantías de
estas últimas (p. e. autonomía universitaria, art. 69 C.N.) y a los límites que
implica el desarrollo de procedimientos disciplinarios y sancionatorios.
39. En
particular, se ha reconocido
que las instituciones de formación militar, por las
particularidades de la instrucción en las que se fundamentan (jerarquía
militar, exigencias en el comportamiento de sus alumnos, tipo de
formación, etc), pueden establecer un conjunto de exigencias
o condiciones de conducta que no son comunes a los
demás establecimientos educativos.
40. En
principio, podría considerarse que tales particularidades inciden en la
naturaleza de los procedimientos disciplinarios al
diferenciar la educación de profesionales civiles y la
de militares. No obstante, la Corte ha determinado[52]
que las particularidades en la valoración de la falta disciplinaria cometida
por alumnos de escuelas de formación militar no limita la obligatoriedad de los
requisitos constitucionales propios de cualquier establecimiento
educativo, siendo por lo tanto plenamente aplicables en aquellos centros.
41. Lo anterior, pues si bien la disciplina militar restringe con mayor rigurosidad la conducta esperada por el alumno y su análisis (desde el punto de vista disciplinario), no
constituye un aval para que los superiores jerárquicos ejerzan la potestad
disciplinaria de forma arbitraria, pues en todos los
casos, esta facultad deberá sujetarse a las reglas
constitucionales que ordenan el derecho sancionador.
42. En suma, para la jurisprudencia
constitucional, los procedimientos disciplinarios desarrollados
en las escuelas de formación educativa militar deben estar acordes con los derechos, principios y valores constitucionales,
en especial las garantías que se derivan del derecho fundamental al debido
proceso en materia sancionatoria, pues son plenamente
exigibles en idénticas condiciones que los demás establecimientos de educación
universitaria.[53]
6. La valoración de la prueba obtenida con violación del debido
proceso. Reiteración de jurisprudencia
43. De conformidad con el artículo 29 Superior “es nula, de pleno
derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. Así las
cosas, la Corte Constitucional ha expuesto que la norma citada faculta la
exclusión de material probatorio que haya sido recaudado vulnerando los
derechos fundamentales del procesado.
44. Sin embargo, de conformidad con la sentencia T-233 de 2007 “no
toda irregularidad procesal que involucre la obtención, recaudo y valoración de
una prueba implica la violación del debido proceso. Los defectos procesales relativos
a la prueba pueden ser de diversa índole y distinta intensidad y es claro que
no todos tienen la potencialidad de dañar el debido proceso del afectado”.
45. En ese entendido la Corte Constitucional ha establecido que
las irregularidades procesales pueden ser de diversa índole e intensidad y que
dependiendo de ello debe procederse a su exclusión, dejándola reservada a los
casos en los cuales el recaudo probatorio vulnera aspectos sustantivos del
debido proceso.
46. Por ello, las irregularidades menores que no inciden en la
definición del conflicto, sino que se refieren al recaudo defectuoso por no
respetar la forma propia de los juicios –aspecto exclusivamente
procedimental−, no quedan dentro de la hipótesis contemplada por el
inciso final del artículo 29 Superior. Sobre este particular dijo la Corte:
“(…)
las irregularidades menores o los errores inofensivos que no
tienen el potencial de sacrificar estos principios y derechos constitucionales
no han de provocar la exclusión de las pruebas. El mandato constitucional de
exclusión cobija a las pruebas obtenidas de manera inconstitucional o con
violación de reglas legales que por su importancia tornan a una prueba en
ilícita”. (Sentencia SU-159 de 2002)
47. En sentido similar la Corte Suprema de Justicia ha expuesto
que las irregularidades menores que no afectan la estructura del proceso ni el
derecho de defensa, no imponen la exclusión de la prueba defectuosa[54].
48. La Corte ha entendido que la irregularidad de la prueba puede
derivarse tanto de su incompatibilidad con las formas propias de cada juicio
–prueba ilegal− como de su oposición a la vigencia de los derechos
fundamentales –prueba ilícita− y sólo en este último caso la prueba se
entiende nula de pleno derecho.
49. No obstante, el hecho de que la prueba obtenida con violación
del debido proceso sea nula de pleno derecho, no implica la nulidad del proceso
en el que se inserta. En este sentido, la jurisprudencia define la
interpretación que debe dársele al artículo 29 constitucional, cuando advierte
que es “nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del
debido proceso”, al precisar que la nulidad de dicha prueba se
restringe a ella misma, no al proceso, como se expuso en sentencia C-372 de
1997:
“De todas maneras, es preciso advertir que la nulidad prevista
en el último inciso del artículo 29 de la Constitución, es la de una
prueba (la obtenida con violación del debido proceso), y no la del proceso en
sí. En un proceso civil, por ejemplo, si se declara nula una prueba,
aún podría dictarse sentencia con base en otras no afectadas por la nulidad. La
Corte observa que, en todo caso, la nulidad del artículo 29 debe ser declarada
judicialmente dentro del proceso. No tendría sentido el que so pretexto de
alegar una nulidad de éstas, se revivieran procesos legalmente terminados, por
fuera de la ley procesal.” (Sentencia C-372 de 1997 M.P. Jorge Arango
Mejía) (Subrayado adicionado al texto
original).
50. En sentido similar la sentencia SU-159 de 2002 expuso:
“el artículo 29 inciso último de
la Constitución claramente sanciona de nulidad únicamente a la prueba obtenida
ilícitamente, no a todas las pruebas del acervo probatorio dentro del cual ésta
se encuentre ni a la resolución de acusación y a la sentencia basadas en dicho
acervo, conformado por numerosas pruebas válidas e independientes en sí mismas
determinantes.”
51. Teniendo en cuenta lo expuesto, el proceso si puede declarase
nulo si el fundamento de la decisión que concluye el mismo fue la valoración de
una prueba obtenida de manera irregular. Al respecto la Corte en sentencia
T-233 de 2007 señaló que “si la prueba ilegal o inconstitucional es crucial para la adopción
de la providencia judicial, esto es, si su incidencia en la decisión judicial
es de tal magnitud que, de no haberse tenido en cuenta, el fallo racionalmente
habría podido ser otro, el juez de tutela está obligado a anular el proceso por
violación grave del debido proceso del afectado”.
52. En síntesis, la Corte ha señalado que el análisis de la
violación del debido proceso por admisión de una prueba obtenida de manera
irregular y la anulación del proceso en que se inscribe, corresponde al estudio
particular del caso, pues es necesario verificar, en el texto del fallo
concreto, si la decisión judicial tiene como base el contenido probatorio
ilegítimo[55].
III.    ANALISIS DEL CASO
CONCRETO
1.     Análisis de la
procedibilidad formal
53. Previo estudio sobre la materialidad del amparo, la Sala
estudiará si en el asunto de la referencia se encuentran acreditados los
requisitos de procedibilidad formal.
1.1. Legitimación
54. Teniendo
en cuenta que los accionantes son las personas que se han visto afectados por
la decisión de adoptada por la Escuela Militar, consistente en la cancelación y
la pérdida del cupo en la Institución y que, a su vez, ellos mismos
interpusieron la acción de tutela, la Sala encuentra acreditado el requisito de
legitimidad por activa.
55. Por su
parte, al interponerse la acción de tutela contra la Escuela Militar, entidad
que presuntamente vulneró los derechos fundamentales del ciudadano YY y de la ciudadana MM, la Sala encuentra que la accionada es sujeto pasible de la
acción.
1.2.
Subsidiariedad
56. En
cumplimiento del artículo 157 del reglamento académico y disciplinario de la
Escuela Militar, el Consejo Académico de esa institución realizó el Décimo
Tercer Consejo Académico Extraordinario el 26 de julio de 2017, mediante el
cual se definió la situación disciplinaria de los accionantes. En aquella
diligencia se decidió la expulsión de los disciplinados del centro educativo y
los actores interpusieron los recursos administrativos pertinentes.
57. El
recurso de reposición interpuesto por el accionante a la decisión de
cancelación de la matrícula y pérdida del cupo ya fue resuelto en forma negativa
por la entidad, en la misma audiencia del Consejo Académico Extraordinario del
26 de julio de 2017[56].
58. En lo que
se refiere a la accionante, esta estuvo representada, en la mayoría de
actuaciones, por su apoderada, sus familiares o su acudiente, a quienes se les notificaba
de las actuaciones a adelantar por parte del Consejo Académico, quienes
hicieron uso del recurso procedente contra la decisión de cancelación de la
matrícula y pérdida del cupo, el cual fue resuelto por la Escuela Militar el 30
de agosto de 2017 confirmando la decisión anterior.
59. Es
pertinente tener en cuenta que los actos que emanan del Consejo Académico
pueden ser (i) académicos, que como su nombre lo indica estudian actos
relacionados con el desempeño de las actividades pedagógicas[57], los cuales no son
objeto de control por otros medios de defensa judicial distinto de la acción de
tutela[58],
y (ii) administrativos[59]
entre los cuales se encuentran aquellos relacionados con procedimientos
disciplinarios, los cuales, de afectar situaciones particulares y concretas son
demandables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través del
medio de nulidad y restablecimiento del derecho.
60. En el
asunto de la referencia, el acto proferido por el Consejo Académico corresponde
a uno de naturaleza administrativa y es susceptible de ser cuestionado ante los
jueces administrativos. No obstante, aunque el medio de control de nulidad y
restablecimiento sea idóneo para resolver la controversia, en el entendido que
es el mecanismo que permite enjuiciar la legalidad del acto que ordena la cancelación del cupo a los
accionantes, tal acción no es eficaz para proteger sus derechos fundamentales
debido a, al menos, dos razones.
61. En primer
lugar, porque se requiere una medida inmediata para que cesen los efectos de la
vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes, a su buen nombre,
a su honra, a su plan de vida y a su debido proceso, sobre los cuales existe
una afectación actual e intensa que amerita la intervención urgente del juez
constitucional. Y en segundo lugar, porque a pesar de la existencia de medidas
cautelares ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, prolongar la
definición de la situación académica de los accionantes perpetuaría la
afectación de sus derechos, pues es necesario resolver –definitivamente– la presente
controversia, teniendo en cuenta que pueden perder periodos adicionales de
estudio mientras se tramita cualquier actuación ante la justicia ordinaria
administrativa.
En ese
sentido, la Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad.
1.3.   Inmediatez
62. La acción
de tutela se instauró el 16 de
agosto de 2017[60],
contra la decisión de cancelar la matrícula que adoptó la Escuela Militar el 26
de julio de 2017[61].
63. El lapso
de tiempo de veinte (20) días que transcurrió entre la decisión que el Consejo
Académico adoptó en el caso de los demandantes y la presentación del mecanismo de amparo, que presentaron en conjunto, es razonable.
2.     Análisis de la
procedibilidad material
64. Como se indicó en los antecedentes y la presentación del asunto
objeto de revisión, la Sala estudia
la demanda de dos estudiantes,
quienes alegan que la escuela militar de la que hacían parte, vulneró sus derechos fundamentales
por la sanción y expulsión que les impuso, luego de adelantado un proceso
disciplinario a raíz de un video que los mostraba sosteniendo relaciones
sexuales en una de las aulas de clase de la institución.
65. Los actores afirman que la situación no fue tratada adecuadamente
por la escuela militar, pues les ocasionó problemas a su salud física y mental,
y afectó sus vidas personal, social y familiar. Señalan que el proceso
disciplinario no respectó su debido proceso y que terminó por afectar su
intimidad y honra, debido a la exposición y censura social, sumada a la
frustración de su proyecto de vida profesional.
Precisiones metodológicas del análisis
66. Pues bien, para la Sala, los elementos fácticos y jurídicos del
caso bajo examen, envuelve, esencialmente, la discusión constitucional de tres
elementos: (i) el derecho fundamental al debido proceso, (ii) el
derecho a la intimidad, en su faceta correspondiente a la intimidad sexual, y el (iii) adecuado
desarrollo de la potestad disciplinaria de las instituciones educativas, en
particular, de una escuela con orientación militar.
67. Bajo este entendido, la Corte estima que, en el caso concreto, se
deben resolver dos aspectos:
68. En primer lugar, se debe determinar si se vulneró el derecho
a la intimidad de los accionantes al someterlos a un proceso disciplinario que
se adelantó a partir del conocimiento de un video que demostró la comisión de
la falta disciplinaria por
haber sostenido relaciones sexuales dentro de las instalaciones de la escuela
militar.
69. En segundo lugar, resulta necesario establecer si la sanción
adoptada por la institución educativa salvaguardó los contenidos esenciales del
derecho al debido proceso, en particular, en lo que a la proporcionalidad de la
sanción corresponde.
70. Con base en estos dos aspectos, procede la Sala a determinar si se
produjo la vulneración de los derechos fundamentales alegada en la demanda de
tutela de la referencia.
a.
La utilización de un video que
muestra a estudiantes sosteniendo relaciones sexuales, en el marco del
procedimiento sancionatorio en una institución educativa, afecta
intensamente el derecho a la intimidad sexual
de los estudiantes
71. De conformidad con las consideraciones expuestas sobre el
derecho a la intimidad y su correlación con el escenario en el que se efectúan
los actos del comportamiento humano, la Sala encuentra que el lugar en donde sucedieron los hechos, el aula de la Escuela Militar, es
un escenario semi-privado, esto es, un espacio en el cual un conjunto de
personas comparten una actividad y en el que el acceso al público es restringido.
72. En tales espacios, como se explicó, las
injerencias a la intimidad y demás libertades que se ejercen, son limitados, y
no pueden ser restringidos salvo
que se trate de actos que afecten los derechos de terceros. En este sentido, la intromisión en esos espacios por parte de las
directivas de la Escuela Militar es legítima si las acciones allí desarrolladas
tienen repercusiones sociales
para la comunidad académica.
73. No obstante, a pesar de que en los espacios semi-privados (así
como los semi-públicos,) la mayoría de las actividades que llevan a cabo
las personas tienen repercusiones sociales, pueden existir algunas acciones o
actividades que solo interesan a la persona que las realice, y que de ninguna
manera pueden ser objeto de restricciones, debido a que hacen parte de la esfera protegida por su autonomía.
74. En este sentido, la intromisión o restricción de una conducta en
espacios semi-privados sólo puede tener lugar en el evento que no se
afecte la dignidad humana o que tal accionar resulte desproporcionadamente
lesivo de los derechos fundamentales.
75. En el caso sub examine, al considerar que se trata de un recinto semi-privado, esta condición incide en la valoración
del respeto de las garantías ius fundamentales, dentro del procedimiento disciplinario
pues es necesario valorar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que le den una connotación más pública
que privada al recinto y a las conductas que en él se desarrollaron.
76. Partiendo de la base de que
la conducta objeto de la sanción y la prueba que fundamentó la apertura de la investigación se dieron en el contexto de un escenario semi-privado, la Sala considera
pertinente examinar si tal escenario, para el caso específico, revestía
características preeminentemente públicas y si el desarrollo de la actividad
probatoria y sancionatoria se efectúo con apego a los postulados constitucionales, sin
desconocimiento de las garantías ius fundamentales a la privacidad y el
debido proceso de los accionantes.
77. Para tal efecto, es pertinente tener en cuenta el acta que
consignó el informe que dio lugar a la apertura de la investigación disciplinaria:
“INFORME DE
ALUMNO CHE
FUERZAS
MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO
NACIONAL
ESCUELA
MILITAR
Señor
Capitán NMA
Comandante BAAL 1 (E)
Asunto: Informe
Respetuosamente me permito informar al
Señor Capitán NMA Comandante BAAL 1 (E),  los hechos sucedidos el día de hoy 19
de junio del 2017,  aproximadamente a las 11:30 en los cuales yo me encontraba
de centinela en los cajeros automáticos ubicados en el bloque de aulas en el
turno de 9:30 a 12:00 horas mientras me encontraba barriendo en ese sector
cuando pasó una alumna me saludó y entró al aula ciento cinco (105), después de
10 minutos aproximadamente se acercó mi Dragoneante YY que reconozco porque fue
de la fase mando de la compañía Nariño cuando estaba en primer nivel,  el pasó
al aula 105 hablando por celular se asomó y se devolvió caminando hacia la
tienda, aproximadamente a los 2 minutos vuelve y pasa hacia el aula y al llegar
a la puerta observa hacia los lados, abre la puerta y entró al aula, pasados
unos 3 o 4 minutos aproximadamente llegó un alumno del curso 100 tocó la puerta
y la alumna le abrió al momento, el sacó el menaje y salió nuevamente la alumna
quedó dentro del aula con mi Dragoneante.
Esa situación me pareció muy sospechosa por
la cual procedo a verificar lo que está sucediendo me asomo por los calados que
hay en el aula y observó a mí dragoneante YY sosteniendo relaciones sexuales
con la alumna que acabó de ingresar minutos antes. De inmediato procedo a
grabar con mi teléfono celular con el único fin de demostrar este hecho de
indisciplina grave en menos de 2 minutos y me retiré pasados unos 4 minutos
salió mi Dragoneante YY del aula y pasados otros 2 o 3 minutos salió la alumna
con una cartelera en la mano, a las 12:20 entrego mi turno de centinela y
procedo informarle a mi Teniente JTR Comandante de la compañía Junín el cual
toma contacto con mi Capitán NMA como Comandante BAAL 1 (E) quien me ordena
hacer el respectivo informe.
Reitero que el video grabado y que anexo al
presente informe, solo tiene como fin demostrar el acto de indisciplina de la
alumna y mi Dragoneante.
Alumno
CHE
Compañía (…)
Anexo: 01 CD que contiene la grabación
realizada por mí, donde se observan actos sexuales por parte de los arriba
mencionados.[62]”.
78. Pues bien, para empezar la Sala encuentra necesario precisar que la
prueba que dio lugar a la investigación y posterior sanción disciplinaria no está viciada por
ilicitud o por ilegalidad en los términos expuestos en los fundamentos de esta
decisión.
79. La grabación se dio en el marco de las actividades de vigilancia
que desarrollaba el estudiante encargado como “centinela” dentro de la institución educativa, razón por la cual no podría, en principio,
reprochárse que al evidenciar una conducta disciplinaria contraria al
reglamento de la institución, faltara a sus deberes de información a sus
superiores y a las autoridades correspondientes. En este sentido, la grabación
en video, en
principio, no ostentaría ninguna
irregularidad si su finalidad es la de comprobar, exclusivamente, la
ocurrencia de una falta disciplinaria y si no implica la exposición social de los afectados.
80. Este último aspecto se cumplió, si se tiene en cuenta que las autoridades
de la escuela militar tomaron la noticia de la infracción y luego decidieron no exponer el video de
grabación de la falta disciplinaria y procedieron, posteriormente, a ponerlo en custodia[63] y destruirlo, con el fin de
salvaguardar los derechos de los accionantes, en especial de la estudiante MM, quien era menor
de edad al
momento de los hechos. Sobre
el partircular,
consta en el expediente los siguientes elementos probatorios:
(i)
Constancia del 5 de julio de 2017, suscrita
por la Coordinadora Jurídica de la Escuela Militar en la que se señala que “No
se entrega copia del CD que se adjunta por parte del AL. YY, toda vez que este no va a ser
considerado como prueba dentro del proceso”[64];
(ii)   Acta del 26 de julio de 2017 suscrita por los participantes en el
Décimotercer Consejo Académico Estraordinario del año 2017, en el que se
señala:
“ASUNTO: Trata (sic) del Acta de destrucción de 01 CD cuyo
nombre indica ‘Video actos sexuales 1 Alumna y 01 Dg’ (sic) contentivo de
material fílmico consistente en video de fecha 19 de junio de 2017 respecto de
hechos ocurridos en la misma fecha, dentro de las cuales resultan inmersos la
estudiante (…) y el dragoneante (…).”[65];
(iii) Acta del 26 de julio de 2017 suscrita por los participantes en el
Décimotercer Consejo Académico Estraordinario del año 2017, en el que se indica:
“Respecto
del CD relacionado como anexo del informe rendido por el estudiante (…) este
Consejo Académico atendiendo a la protección de los derechos de los menores,
niños, niñas y adolescentes en compañía del Ministerio Público y en atención a
que se trata de contenido de tipo sexual en el que se encuentra inmersa una
menor de edad, se tiene que genera una trasgresión de derechos a al menor al
considerar el material fílmico como medio de prueba
para comprobar la concreción de faltas gravísimas que contempla el Reglamento
Académico y Disciplinario de la Escuela Militar (…), razón por la cual además
de desestimar su existencia como material de evidencia o probatorio dentro del
procedimiento disciplinario de Audiencia de
Consejo Académico, se procederá a su destrucción en aras de evitar el riesgo
que puede generar su existencia en virtud del principio de corresponsabilidad
consagrado en el artículo 10º de la Ley de Infancia y Adolescencia, haciendo la
salvedad de que se trata del ejemplar del video con el que cuenta la EMSUB, en
aras de salvaguardar los derechos de la menor (…) identificada con tarjeta de
identidad N° (…).”[66]
81. De esta manera, se evidencia que la entidad accionada actuó, en
principio,  con observancia de las garantías propias del derecho a la
intimidad, pues al considerar que el video recaudado incluía contenido de tipo
sexual que relacionaba a los investigados, y en especial a una menor de edad,
optó por privilegiar la privacidad que a los disciplinados correspondía.
82. No obstante lo anterior, la Sala encuentra que si
bien la actuación de la escuela pretendió proteger la intimidad de los
accionantes, el desarrollo del procedimiento disciplinario y la posterior
imposición de la sanción en la que culminó el proceso, no se compadecen con el
respeto y la garantía efectiva del derecho a la intimidad –sexual– y del debido
proceso de los accionantes.
83. Por tal motivo, el análisis que prosigue pretende evidenciar en
dónde se generó la vulneración, y así  señalar algunos lineamientos
que además
sean tenidos en cuenta a futuro, para guiar a las autoridades educativas y, en particular, a la escuela
militar accionada, respecto a la observancia de situaciones que envuelven la
tensión entre el derecho a la intimidad sexual y el ejercicio de la potestad
disciplinaria en espacios de convivencia educativa (semi-privados), como
el que se presentó en el caso bajo revisión.
84. Para empezar, la Sala recaba en que el recinto en el cual ocurrieron los
hechos motivo del procedimiento disciplinario es un escenario semi-privado. Como se mencionó
en los fundamentos de esta decisión, en tales espacios, usualmente conviven un
grupo de personas en una comunidad que se rige por códigos de convivencia y reglas
pre-establecidas, y que comparte una relativa intimidad derivada de la vida en
común. Pese a tal condición en dichos espacios pueden existir algunas acciones
o actividades que interesen,
exclusivamente, a las personas que las desarrollan y que, únicamente, podrían
ser limitadas cuando tengan repercusiones sociales y afecten a terceros.
85. Bajo este entendido, la Corte entiende que es legítimo que las
instituciones educativas y, especialmente, instituciones militares como la accionada, desarrollen procedimientos
disciplinarios cuandoquiera que se evidencie que una conducta puede afectar la convivencia de la comunidad
académica o a algunos de sus integrantes. No obstante, tales actuaciones deben
respetar los derechos fundamentales de los afectados y, como en este caso en
particular, garantizar
el
derecho a la intimidad, en su faceta particular a la intimidad sexual.
86. En el caso de la entidad accionada, esta situación es
especialmente sensible, pues como lo puso de presente el Director de la institución, durante el desarrollo del
Consejo Académico que dio lugar a la sanción impuesta a los accionantes[67], la Escuela Militar alberga a un
grupo de personas (3000 estudiantes) que comparten de manera permante durante
las 24 horas del día, a diferencia de cualquier otra institución educativa.
Adicionalmente, se trata del primer curso que incluye personal femenino en la
institución, razón por la que el proceso de adaptación implica mayores
esfuerzos para una escuela militar que históricamente se ha regido por reglas de conducta
destinadas, principalmente, a hombres.
87. A pesar de estos aspectos, la
Corte considera que el tratamiento dado por las autoridades y directivos de la
entidad demandada no se compadeció con la plena garantía del derecho a la la autonomía, la intimidad
y, en particular, la intimidad sexual de los accionantes. Lo anterior, con base
en las siguientes consideraciones.
88. En el caso concreto se señala que el video fue revisado, inicialmente, por el “Comandante de
Batallón (Encargado)”, quien procedió a identificar a los señalados y, una
vez elaborado el informe correspondiente, “resguardó [la prueba] en
la Caja Fuerte del Comando de la EMSUB, a fin de proteger la información en él
consignada (…).”[68]
90. Luego de ello, se señala que los alumnos agotaron el conducto
regular correspondiente para hablar con la máxima autoridad de la escuela, el Director. Al respecto, los
accionantes señalaron que una asesora jurídica de la escuela, así como el propio director, les
indicaron que había dos opciones: “1-) pedir la baja de forma voluntaria
para evitar ser reseñados ante las fuerzas militares. 2-) someter[l]os a un
Consejo Académico donde sería reproducido el video frente a todos los miembros
del comité.”[69]
91. Estas últimas aseveraciones fueron controvertidas por la entidad
accionada en los siguientes términos: “(…) Por útimo jamás existió la
tortura psicológica que manifiesta el hecho, faltando a todas luces a la
verdad, pues la intención del diálogo con el suscrito Director de la EMSUB que
se reitera los mismos tutelantes solicitaron, tuvo la intención de parte de los
alumnos de aceptar los hechos por ellos realizados, lo cual evidentemente no
fue tenido en cuenta por este servidor en consideración al debido proceso que
impera en esta unidad y procediendo a remitir los citados informes para la
realización del Consejo Académico que hoy prentende ser atacado mediante la
suscrita acción constitucional.”
92. Para la Sala, la evidencia probatoria da cuenta de dos aspectos
esenciales.
93. - De una parte, el tratamiento otorgado al caso por parte de las
autoridades y directivos de la escuela implicó una censura a una actuación
personal que, si bien contravino el código de conducta de la institución
educativa, no pierde su carácter de íntimo y privado de los estudiantes, pues afecta uno de los
espacios más reservados de la autonomía de las personas, su intimidad sexual.
94. Dicha situación no solo ameritaba el tratamiento reservado que en
principio siguió la escuela, sino también un protocolo que permitiera dar
el tratamiento psicológico y social adecuado a la falta cometida. Así por
ejemplo, la escuela no dio cuenta –no explicó– qué tipo de actuaciones deben seguir sus autoridades académicas para enfrentar este tipo de situaciones,
o si cuenta con la existencia de
personal, más allá del militar, capacitado para atender las mismas (sicólogos, trabajadores
sociales, consejeros estudiantiles, maestros).
95. Por el contrario, los argumentos de los directivos de la escuela,
muestran que la institución no está preparada para enfrentar este tipo de
situciaciones debido a que se trata del primer curso en el que ingresó alumnado
femenino.
96. En tal sentido, resultaba necesario que la entidad accionada, como
institución educativa, atendiera con el enfoque que correspondía (educativo) la
posible ocurrencia de conductas como las que suscedieron entre los accionantes.
Lo anterior,
comoquiera que la respuesta a la expresión de la condición humana, una
relación íntima
en concreto, como
expresión
libre y autónoma a la que tiene derecho cualquier persona, incluso en los
espacios de mayor exposición social, no podía ser censurada sin primero darle
el tratamiento social y sicológico que correspondía y se esperaría de en un entorno educativo como el de
la escuela.
97. En criterio de la Sala, las autoridades de la escuela debían valorar las
condiciones bajo las que ocurrió la falta disciplinaria para armonizarlas con la facultad sancionatoria, debido a que el caso que se
investigaba envolvía una afectación intensa del derecho a la intimidad de
los estudiantes, quienes, sea dicho de paso, se
encontraban en proceso de formación no
solo profesional, sino personal.
98. En suma, el adecuado manejo de una situación que comprometía la afectación grave –intensa– del derecho a la
intimidad de los accionantes exigía que las autoridades de la escuela militar adoptaran las mayores medidas
que protegieran su privacidad y autonomía. Así por ejemplo, se debía consultar,
previamente, la situación con los afectados, con sus familiares –en el caso de
menores de edad– y con personal capacitado en la materia, para que junto con las
autoridades disciplinarias se evitara una innesaria exposición de la vida íntima y personal de los
estudiantes durante el proceso disciplinario.
99. En este sentido, estrategias como la reserva de la identidad, el acompañamiento
por parte de personal sicológico y de trabajo social, la concurrencia de la
familia –para los menores de edad– y la custodia del material probatorio en asuntos en que se compromete la integridad
personal y la honra de los estudiantes, constituyen elementos que deben ser
tenidos en cuenta por parte de las autoridades y directivos dentro de un
escenario educativo.
100. Bajo tal entendido, la Sala considera que la escuela debió
garantizar estas medidas, de manera previa al inicio y durante el procedimiento
disciplinario, debido a la severa afectación que el caso implicaba para el derecho a la intimidad
personal de los estudiantes.
101. - De otra parte, la falta cometida, a pesar de ser legítimamente reprochable por parte de las
autoridades disciplinarias de la escuela, no terminó por afectar a terceros, es
decir, a la comunidad estudiantil y, además, fue reconocida por los propios
infractores. Este último aspecto, resulta trascendente para valorar el
tratamiento y la proporcionalidad que la entidad accionada otorgó a la sanción,
como se procede a explicar.
b.
La sanción de cancelación de cupo
y expulsión de la institución educativa a los estudiantes que incurrieron en la
falta disciplinaria por sostener relaciones sexuales dentro de la institución
vulnera el principio de proporcionalidad de la sanción –disciplinaria–
102. Como se indicó en los fundamentos de esta decisión[70], la potestad disciplinaria que desarrollan
las autoridades de las instituciones educativas, debe seguir ciertos
parámetros. En particular, se destacó que uno de esos parámetros es el principio
de proporcionalidad en relación con la falta y la sanción que le corresponde.
103. Pues bien, sobre este aspecto, la Sala encuentra que la institución accionada vulneró
el derecho al debido proceso de los accionantes al impartir una sanción que
inobservó el principio de proporcionalidad que debe seguir todo proceso
disciplinario.
104. Como se expuso en el acápite correspondiente[71] la facultad sancionatoria que se desarrolla
por parte de la autoridad educativa debe constatar: (i) que se persiga
un fin legítimo, (ii) que la sanción sea adecuada y necesaria para la
realización del fin, y (iii) que exista una debida correspondencia entre
la conducta –fin– y la sanción –medio–.
105. - Para el caso que se analiza, se encuentra que la escuela militar
buscó a través del
ejercicio de su potestad disciplinaria hacer cumplir con su código académico y
disciplinario, el cual establece un “código de honor del (a) alumno (a)”[72].
106. - La sanción que se impuso a los demandantes es adecudada en el
sentido en que los estudiantes que no cumplen con el reglamento académico y
disciplinario e incurren en una de las faltas “gravísimas” en él estipulado, deben ser expulsados para mantener la convivencia armónica y el código
de honor de los integrantes de la comunidad académica.
107. No obstante, la Sala encuentra que la sanción no es necesaria y tampoco existe correspondencia
entre el medio y el fin, por dos razones fundamentales.
108. En primer lugar, porque la infracción hace referencia a un acto
íntimo sexual que no afectó a terceros o a la comunidad académica en general, pues tanto en la demanda, como la contestación de la
entidad accionada, se señala que la afectación fue
personal, familiar y del entorno social de los accionantes, pero no se
estableció ninguna afectación a la comunidad académica y estudiantil en particular.
109. Para la Sala, tal condición muestra que en la ponderación entre el
derecho a la intimidad –sexual– de los accionantes y la protección de la
convivencia educativa, que se pretendía salvaguardar a través de la imposición de la
sanción por parte de las autoridades de la institución, debía privilegiarse la
protección de la intimidad, en el entendido que la situación no tuvo trascendencia en la
comunidad estudiantil.
110. Adicionalmente, tampoco existió una debida correspondencia entre
la sanción y la finalidad que buscaba proteger la misma, comoquiera que los
accionantes aceptaron la infracción ante los directivos de la institución, lo
que constituye un atenuante de la sanción, con base en los propios términos del
reglamento académico y disciplinario de la entidad.
111. Al respecto, la Sala encuentra que el citado reglamento (artículo
84) establece:
“ARTÍCULO No 84. Clasificación de las
Sanciones y Medios Correctivos. Los medios para encausar y restablecer la
disciplina se clasifican en medios correctivos y sanciones:
”
112. Como se puede apreciar, a las faltas “gravísimas” les
corresponden dos tipos de sanciones: (i) a las gravísimas con “atenuantes”,
les corresponde la sanción por matrícula condicional (por el tiempo que le reste de
permanencia en la Escuela); y (ii) a la falta gravísima –sin atenuantes–
le corresponde la sanción de cancelación de la matrícula y pérdida del cupo.
El artículo 83 del mismo reglamento
académico y disciplinario establece los “criterios para apreciar la falta”, dentro de los cuales establece como “atenuante”
(literal “B”) “3. El confesar la falta antes de la formulación de cargos
ante cualquier superior con atribución disciplinaria[73].”
113. Pues bien, como se mencionó en el apartado anterior, en la
contestación de la demanda, la entidad accionada señaló que los accionantes se
reunieron con el Director de la escuela militar y con una de las asesoras
jurídicas de
esta, para, entre otras cosas, aceptar la comisión de los hechos que
constituyeron la infracción. Al respecto se indicó:
“(…) Por útimo jamás
existió la tortura psicológica que manifiesta el hecho, faltando a todas luces
a la verdad, pues la intención del diálogo con el suscrito Director de la EMSUB
que se reitera los mismos tutelantes solicitaron, tuvo la intención de parte
de los alumnos de aceptar los hechos por ellos realizados, lo cual
evidentemente no fue tenido en cuenta por este servidor en consideración al
debido proceso que impera en esta unidad y procediendo a remitir los citados
informes para la realización del Consejo Académico que hoy prentende ser
atacado mediante la suscrita acción constitucional.” (Resaltado adicionado
al texto)
114. Debido a que los accionantes habían aceptado la comisión de la infracción ante el Director
de la escuela, quien es autoridad disciplinaria de la escuela, la Sala no encuentra
justificación para que no se les hubiera aplicado el atenuante, razón por la que
bien podía aplicarseles una sanción distinta a la “cancelación de la
matrícula y la pérdida del cupo”.
115. Finalmente, la Sala destaca que la imposición de la sanción no se basó en el principio de
proporcionalidad de la sanción disciplinaria, pues al revisar el acta del
Consejo Académico en el que se impuso esta última[74], se constata que el criterio utilizado por
los integrantes de dicho consejo se basó en sus apreciaciones personales en
relación con el caso, sin hacer referencia a la proporcionalidad que debía regir la imposición de la sanción.
116. En contraste, en el acta del mismo Consejo Académico, consta la intervención del
señor Comisario de Familia de la localidad en donde se ubica la escuela militar (quien intervino a pesar de
no tener voto en el Consejo Académico), en la que se señala lo
siguiente:
“En calidad de defensor de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que en este caso tenemos a
una adolescente involucrada, entiendo que esta es una institución educativa
donde se tiene un reglamenteo académico y que en las instituciones civiles
rigen los manuales de convivencia, los cuales se rigen además por la ley 1620
del 2013 que es la famosa ley ‘antimatoneo y contra el bullying’, en estos
manuales existen varios tipos de faltas y así mismo son los tipos de sanciones
o medidas, en este caso para la estudiante menor de edad se
establece la máxima sanción, no obstante quiero poner
a consideración del comité académico si es posible establecer una sanción
menor, ya que se habla de que no existen atenuantes ni agravantes, ya que la
desescolarización se entiende como última opción para sancionar a un
estudiante, razón por la cual expongo que se reconsidere la expulsión de la
institución y se haga una valoración sicológica y quede
con matrícula condicional la estudiante (…).”[75]
117. Con base en los anteriores elementos de juicio, la Sala concluye que la
autoridad accionada vulneró el derecho al debido proceso de los accionantes, pues inobservó el
principio de proporcionalidad, que es uno de los requisitos del procedimiento sancionatorio, en
particular en lo que al establecimiento de las sanciones corresponde. Como ha
señalado la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, “el modelo de sanciones debe
configurarse gradualmente según la gravedad de la falta, a fin de conservar los
principios de proporcionalidad y razonabilidad.”[76]
El remedio
judicial a adoptar
118. Debido a que se constató la vulneración de los derechos fundamentales a la
intimidad y al debido proceso de los accionantes, la Corte amparará tales derechos y, en
consecuencia, dejará sin efectos el procedimiento disciplinario adelantado en su
contra, así como
las correspondientes sanciones.
119. Como consecuencia del amparo, se ordenará reiniciar el trámite sancionatorio el cual
deberá: (i) ofrecer las garantías del respeto a la intimidad de los
accionantes y su
acompañamiento profesional, familiar e institucional en cabeza de la escuela
accionada; y (ii) se dispondrá que el eventual proceso disciplinario deberá basarse en el respeto del
principio de proporcionalidad de la sanción disciplinaria, así como de las demás
garantías del debido proceso señaladas en los fundamentos de esta decisión, teniendo en
cuenta el enfoque educativo en el que están inmersos los estudiantes.
IV.    SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
120. En el asunto de la referencia, la Corte estudió el caso de dos
estudiantes de una Escuela Militar que fueron sometidos a un proceso
disciplinario por parte de las directivas de esa institución debido a que realizaron actos
sexuales, los cuales fueron grabados en video por un “centinela” de la institución.
121. A los implicados se les encontró responsables de cometer una
falta disciplinaria gravísima y, en consecuencia, les fue impuesta la máxima
sanción, cancelación de la matrícula y expulsión de la institución.
122. Una vez agotados los mecanismos de defensa ante la
institución accionada, formularon acción de tutela, la cual fue negada porque,
en concepto de la autoridad judicial que la conoció, la Escuela Militar garantizó
el debido proceso y se comprobó que los actores incurrieron en una falta gravísima.
123. Con fundamento
en lo expuesto la Corte estudió el siguiente problema jurídico: ¿La Escuela Militar vulneró los derechos fundamentales, en especial
al debido proceso y a la intimidad, de los accionantes al adelantarles un proceso disciplinario que surgió a partir
del conocimiento de un video que los muestra sosteniendo relaciones sexuales en
un aula de clase (espacio semi-privado) dentro de las instalaciones de
la institución, y que conllevó a la imposición de las
sanciones de pérdida de cupo y expulsión?
124. Al analizar los elementos materiales probatorios y con base en las
reglas jurisprudenciales en la materia, la Sala concluyó que se había vulnerado
el derecho a la intimidad, en su faceta de intimidad sexual de los accionantes,
y al debido proceso, en relación con la imposición de la sanción.
125. Sobre el derecho a la intimidad, se concluyó que no basta con mantener
la reserva en relación con el material probatorio
(video) que mostraba a los estudiantes sosteniendo relaciones sexuales, pues es
necesario adoptar diferentes medidas para salvaguardar la intimidad de los
estudiantes, así como abordar de manera integral la valoración de la falta cometida, máxime si de una institución educativa se trata.
126. En relación con el derecho al debido proceso, la Sala evidenció
que, al momento de imponer la sanción de expulsión y cancelación de la
matrícula, la escuela militar demandada inobservó el principio de
proporcionalidad que es un elemento esencial del proceso disciplinario
sancionatorio.
127. Con base en los anteriores elementos, la Corte amparó los derechos
fundamentales de los accionantes para ordenar reiniciar el proceso
disciplinario, con el pleno respeto de las garantías de intimidad a las que tienen derecho los demandantes.
Adicionalmente, al encontrar que la entidad no demostró estar preparada
para abordar adecuadamente este tipo
de situaciones (que son nuevas en la institución) ordenó a la escuela
militar que analice integralmente el tratamiento de la falta
disciplinaria, vinculando tanto a la familia de los estudiantes –en el caso de menores de edad–, como a la
asesoría de profesionales en materia psico-social y/o de trabajo social.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Novena de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Segunda−, de
fecha seis (6) de septiembre de 2017, en única instancia, dentro del proceso de
acción de tutela promovido por los ciudadanos MM y YY contra la Escuela
Militar, mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, la intimidad, la libertad y la dignidad. En su lugar, CONCEDER
la protección invocada en los términos antedichos, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las
decisiones adoptadas en el Acta 7787 de 2017 del 26 de julio de 2017, proferida por el
Consejo Académico de la Escuela Militar, que confirmó la registrada en el Acta
7776 del 21 de julio de 2017, que ordenó la cancelación de la matrícula y la
pérdida del cupo de los estudiantes MM y YY.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS el proceso disciplinario que las directivas de la Escuela Militar,
iniciaron en contra de los estudiantes MM y YY, por la supuesta vulneración del artículo
82 del Reglamento Académico y Disciplinario de la EMSUB, con fundamento en las
consideraciones del presente pronunciamiento judicial.
En consecuencia, ORDENAR el reintegro de
los estudiantes
MM y YY, si así ellos lo
aceptan, a la Escuela Militar, en las mismas condiciones
que gozaban antes de proferirse la decisión de “cancelación de la matrícula y
la pérdida del cupo” que culminó el proceso disciplinario adelantado en su contra.
CUARTO: ORDENAR a la Escuela Militar que al reiniciar el proceso
disciplinario en contra de los accionantes deberá: (i) observar,
previamente, todas las garantías posibles para salvaguardar la reserva de la
identidad de los afectados, con el fin de proteger su derecho a la intimidad; (ii)
disponer del acompañamiento de personal profesional en sicología,
acompañamiento psico-social y/o trabajo social, para valorar la infracción
cometida, la eventual sanción de la misma, y velar por la adopción de las
mejores medidas que se correspondan con el proceso educativo del que hacen
parte los estudiantes; y (iii) observar, en lo suscesivo, el respeto del
principio de proporcionalidad en todas las actuciones disciplinarias que
desarrolle en este caso y en todos los que conozca en adelante.
QUINTO: Por Secretaría de la
Corporación, DISPONER que se omitan todos los datos
personales e institucionales de las partes e intervinientes, de la presente
decisión, con el fin de salvaguardar la reserva de su identidad.
SEXTO: Por la Secretaría de la
Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
(Impedimento
aceptado)
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] En cumplimiento de la orden quinta de la parte resolutiva de esta
providencia, se cambiaron los datos personales de identidad de las partes e
intervinientes del proceso.
[2]
Cuaderno acción de tutela. Folio 2.
[3]
Ibídem.
[4]
Cuaderno principal de la demanda Folio 58.
[5]
Ibíd. Folios 89-123.
[6]
Ibíd. Folio 51.
[7]
“ARTÍCULO 82. FALTAS
GRAVÍSIMAS. se consideran faltas disciplinarias gravísimas el incurrir en las
conductas descritas a continuación: # 3.Contra la moral y el prestigio de la
escuela: // a.
Practicar actos sexuales de manera pública o en desarrollo de actividades del
servicio o dentro de las instalaciones de la Escuela Militar (…) o en comisión
de estudios.”
[8]
Cuaderno principal de la demanda. Folio 174.
[9]
Ibíd. Folios 168-184.
[10] Ibíd. Folio 182.
[11] Ibíd. Folio 183.
[12] Ibíd. Folio 5.
[13] Ibíd. Folio 21.
[14] Ibíd. Folio 23.
[15] Ibíd. Folio 45 y 46.
[16] Ibíd. Folios 47-54.
[17] Ibíd. Folio 58.
[18] Ibíd. Folios 59 - 61.
[19] Ibíd. Folio 80.
[20] Ibíd.  Folios 83.
[21] Ibíd. Folios 159 – 164.
[22] En este apartado se reiterarán, de manera
especial, las consideraciones expuestas en la sentencia T-392A de 2014, que
constituye precedente para el asunto que se estudia en esta oportunidad.
[23] Cfr. Sentencia C-024 de 1994.
[24] Cfr. Sentencia T-233 de 2007. Énfasis agregado.
[25] Cfr. Sentencia T-407 de 2012.
[26] Cfr. T-768 de 2008.
[27] Ibíd.
[28] Ibídem.
[29] Cfr.
Sentencia T-392A de 2014 (M.P. Alberto Rojas Rios; A.V. Luis Ernesto Vargas
Silva y María Victoria Calle Correa).
[30] Cfr.
Sentencia C-930 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; S.V. Mauricio
González Cuervo)
[31] Cfr.
Sentencia T-392A de 2014 (M.P. Alberto Rojas Rios; A.V. Luis Ernesto Vargas
Silva y María Victoria Calle Correa). Así por ejemplo, sobre la jurisprudencia
ha estudiado el alcance del valor de la autonomía personal, en la
relación de los pacientes con los médicos y las instituciones prestadoras del
servicio de salud, que ha sostenido la idea según la cual la evaluación de las
consecuencias de las acciones cambia cuando éstas se han derivado de “nuestra
propia elección”; y ello resulta de vital importancia, porque sin esta
posibilidad no se cumplen las expectativas propias y de otros respecto de
nuestra propia competencia para manejar nuestras vidas. Al
respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-745 de 2013 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; A.V. Luis Ernesto Vargas Silva), T-481 de 2016
(M.P. Alberto Rojas Rios) y T-448 de 2017 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
[32] Ibid.
[33] Cfr.
Sentencia T-392A de 2014 (M.P. Alberto Rojas Rios; A.V. Luis Ernesto Vargas Silva
y María Victoria Calle Correa)
[34] Ibid.
[35] Entre otras, se pueden consultar las
sentencias T-662 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-565 de 2013 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), T-478 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; A.V.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-284A de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
y T-240 de 2018 (M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo).
[36] Cfr.
Sentencia T-662 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[37] Sobre el contenido y alcance del derecho sancionador a la luz de
los derechos constitucionales, puede consultarse la Sentencia C-827 de 2001
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[38] Al respecto, consultar las sentencias T-1233 de 2003 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil) y T-196 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
[39] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-280 de 1998  M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[40] Cfr. Sentencias T-596 de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Gálvis), T-301 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz) y T-391 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[41] No obstante, como se señaló en la sentencia
T-301 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) aunque
debe mediar certeza en la descripción de las faltas, no se requiere un
señalamiento riguroso de los supuestos de hecho, pues “las tipificación de
las faltas puede ser lo suficientemente flexible como para permitir a la
autoridad competente disponer de un margen de apreciación discrecional – que no
arbitraria – al momento de determinar la falta disciplinaria concreta y su
respectiva sanción”
[42] Cfr. Sentencias T-460 de 1992, T-583 de 1993 y T-391
de 2003.
[43] Cfr. Sentencias T-198 de 1993, T-301 de 2003 y
T-391 de 2003. En esta última decisión, se precisó (siguiendo la sentencia
C-1076 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández) que la publicidad resulta
importante si por ejemplo “es necesario definir si
la modificación del pliego de cargos en un proceso disciplinario, cuando esa
figura existe, supone la violación del principio de publicidad y con ello el
derecho de defensa.”
[44] Como lo ha señalado la Corte desde sus
primeros pronunciamientos (T-124 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero), “el test de proporcionalidad se predica no solo de la
imposición de una norma específica y de su restricción frente al derecho (...)
sino frente a las posibles sanciones [disciplinarias] que se impriman con
fundamento en esa norma.”
[45] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-391 de 2003 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández).
[46] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[47] Cfr. T-391
de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[48] Al respecto, se pueden consultar entre
muchas otras, las sentencias T-015 de 1994 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), C-445 de 1995, T-563 de
1994, C-022 de 1996, C-309 de 1997, SU-642 de 1998, T-391 de 2003, C-125 de 2003, C-393 de
2006, C-412 de 2015 y C-699 de 2015.
[49] Corte Constitucional, Sentencias T-301 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-391 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). En la Sentencia T-662 de 2003 (M.P. Jaime Códoba Triviño), la
Corte señaló los elementos y requisitos con los que debía cumplir un reglamento
disciplinario en una institución educativa, para que fuera conforme con los
postulados del derecho fundamental al debido proceso. Al respecto se indició: “Un
reglamento disciplinario destinado a regular las relaciones entre los
integrantes de la comunidad universitaria, y en general de toda institución
educativa, debe cumplir, por lo menos, con los siguientes requisitos: // a. La estipulación expresa de las actuaciones y
omisiones que constituyen falta disciplinaria, condición relacionada
estrechamente con el principio de legalidad propio del derecho sancionador.  Si
bien la jurisprudencia constitucional ha aceptado que la tipicidad de las
faltas disciplinarias es flexible, sin que les sea enteramente predicable el
rigor propio del ámbito penal, dicha condición no exime que la identificación
de las conductas sancionables deba contener las características esenciales del
comportamiento prohibido. De este modo, la determinación del ilícito
disciplinario debe otorgar la suficiente certeza sobre qué comportamientos
están prohibidos dentro del entorno educativo y cuál es la finalidad de su
proscripción, la que, en todos los casos, debe responder a objetivos
constitucionalmente legítimos. // b. La
definición de las sanciones, evento en el que, a diferencia de la tipificación
de las faltas, la determinación debe responder a condiciones estrictas, pues
aunque resulta aceptable que la instancia encargada de aplicar el régimen
disciplinario posea un margen de maniobra suficiente en la determinación de la
falta cometida, amén de la pluralidad de situaciones fácticas que no pueden ser
abarcadas de manera exacta por la norma, la fijación de las sanciones se
circunscribe a criterios de taxatividad, permitiéndose de este modo al
disciplinado el conocimiento exacto de las consecuencias de su conducta u omisión.
La sanción, por ende, escapa de la facultad discrecional de quien ejerce la
potestad disciplinaria y por ello debe estar nítidamente contemplada en el
estatuto que instituya el régimen disciplinario correspondiente. A su vez,
el modelo de sanciones debe configurarse gradualmente según la gravedad de la
falta, a fin de conservar los principios de proporcionalidad y razonabilidad. // c. La consagración de un procedimiento que
permita investigar y sancionar las faltas disciplinarias con plena garantía de
protección de los derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso.  Para
llegar a tal objetivo, el trámite debe, por lo menos: (i) Determinar en cabeza
de qué autoridades se encuentran las facultades de investigación de la falta e
imposición de la sanción; (ii) Conceder al integrante de la comunidad educativa
instancias adecuadas y suficientes para que ejerza su derecho de defensa ante
los cargos que se le imputen y de contradicción respecto a las pruebas que
sustenten la comisión de la falta disciplinaria; (iii) Aplicar el principio de
presunción de inocencia a favor del sujeto disciplinado, razón por lo cual el
ejercicio de la actividad probatoria es una tarea propia de quien ejerce la
potestad disciplinaria, sin perjuicio que al afectado se le permita hacer valer
las que considere necesarias para su defensa;  (iv) Garantizar el principio de
publicidad, a fin que el disciplinado tenga la oportunidad de conocer y
controvertir las faltas que se le imputen, lo que lleva a inferir que toda
modificación a la formulación de cargos debe estar precedida de una instancia
de defensa adecuada.” (Resaltado adicionado al texto)
[50] Cfr.
Sentencia T-662 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[51] Algunas de las decisiones que han señalado los lineamientos constitucionales en la materia de la que trata
este apartados, son las Sentencias T-301 de 1996 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-391 de 2003 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández), T-662 de 2003 (M.P. Jaime Códoba Triviño) y
T-392A de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos; A.V. Luis Ernesto Vargas Silva y María
Victoria Calle Correa).
[52] Al respecto, se pueden consultar entre otras las sentencias T-391
de 2003 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández), fundamentos jurídicos 10 a 12 y T-662
de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), fundamentos jurídicos 8 a 9.
[53] Cfr.
Sentencia T-662 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[54] Ver, por ejemplo, el
PROCESO No. 10373, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, M.P.-:
Carlos E. Mejía Escobar, Aprobado Acta No. 195, 16 de diciembre de 1998. En
este fallo, los impugnantes cuestionan la legalidad de testimonios solicitados
por la defensa y practicados sin la presencia de su defensor. La Corte encontró
que tal irregularidad no incidía en la estructura del proceso, ni en su
resultado (la sentencia), ni afectaba el derecho a la defensa, pues los
funcionarios judiciales encargados de recepcionar los testimonios tuvieron en
cuenta que se trataba de una prueba solicitada por la defensa con el fin de
demostrar el lugar en el que se encontraban los procesados, por lo que no se
imponía su exclusión del acervo probatorio al no desconocer el derecho a la
defensa. Según la doctrina seguida por la Corte Suprema, si se presenta un
vicio sustancial en la práctica de la prueba, la prueba afectada debe ser excluida
del acervo probatorio, pero ello no implica necesariamente la anulación de todo
lo actuado. Adicionalmente cabe anotar que la Corte Suprema de Justicia ha
recogido en varios de sus fallos la tesis de la inexistencia de las pruebas
ilícitas. Ver por ejemplo, PROCESO Nº 13545, Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, MP: Carlos E. Mejía Escobar, Aprobado Acta No. 02, 18 de enero
de 2001. La recurrente alega que las pruebas (la confesión de la autora
intelectual y los testimonios grabados de los autores materiales de un
homicidio), en las cuales se comprometía a la actora como autora intelectual
del homicidio, fueron obtenidos sin la presencia del defensor de ésta y por
ello fueron consideradas como pruebas ilegales y excluidas del proceso. Sin embargo,
a juicio de la impugnante, tales declaraciones ilegales a pesar de haber sido
excluidas, se tuvieron en cuenta como indicios de su responsabilidad. La Sala
rechazó el cargo por considerar que tales pruebas habían sido declaradas
inexistentes y correctamente excluidas del acervo y que la responsabilidad de
la actora surgía de otras pruebas válidamente aportadas al proceso. En relación
con la existencia de pruebas nulas dentro del proceso, dijo la Sala lo
siguiente: “El señalamiento del censor en punto a la expresión ‘Es nula de
pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso’ no puede
adoptarse en su tenor literal, pues el instituto de las nulidades no opera de
pleno derecho, sino en la medida en que opere el respectivo juicio de valor, lo
que no ocurre en tratándose de los juicios de existencia de las pruebas, donde
aquella que no reúne los presupuestos de formación para nacer a la vida
jurídica, simplemente no existe. (...) Importa sin embargo destacar que es
deber del juzgador, al momento de evaluar el recaudo probatorio, apreciarlo en
su totalidad para esclarecer así lo que es objeto de su conocimiento, pero
igualmente puede desestimar en su mérito probatorio aquello que no le brinde la
certeza de lo que pretende probar. (...)”.
[55] Sentencia T-233 de 2007.
[56] Sustentación y resolución del recurso de reposición que obra en el
acta de 26 de julio de 2017 del Décimotercer Consejo
Académico Extraordinario. Folio 53 del expediente de tutela.
[57] Aquellos tiene como finalidad es la de formar y evaluar habilidades
profesionales, técnicas o tecnológicas para el desempeño de determinadas
funciones en un campo de acción o en un cargo.
[58] Sobre la naturaleza de los actos meramente académicos: Consejo de
Estado, Sección Primera. Sentencias de 15 de junio de 1970 y de 17 de marzo de
2000, Rad.5583 / Sobre la procedencia de la tutela frente a los actos meramente
de académicos: Corte Constitucional, sentencia de 12 de mayo de 1993, Rad.
T-187 de 1993.
[59] Encaminados al cumplimiento de la función administrativa.
[60] Cuaderno principal de la demanda. Folio 124.
[61] Cuaderno principal de la demanda. Folio 47.
[62] Cuaderno principal de la demanda. Folio 23.
[63] En el informe de contestación de la demanda de tutela por parte de
la Escuela Militar, se señala lo siguiente: “(…) el video que mencionan los
tutelantes entró a custodia de esta dirección una vez entregado con
informe allegado por parte del Comandante del Batallón de Alumnos No. 1
(encargado) y resguardado en la Caja Fuerte del Comando de la EMSUB, a fin de
proteger la información en él consignada hasta tomarse (sic) la decisión
de realizar su destrucción pues al no ser tenido en cuenta en calidad de prueba
para soportar los hechos acaecidos con fecha 19 de junio de 2017 y en
tratándose de material fílmico que incluye a una menor de edad, se opta por
desestimarse como prueba y destruirse, conforme obra en acta que anexo al
presente escrito tutelar, contando con el acompañamiento y verificación por
parte de la delegada del Ministerio Público, Personera Municipal de N y el
Comisario de Familia del mismo municipio.” (negrilla adicional al texto)
Folio 207 del expediente de tutela.
[64] Folio 27 del expediente de tutela.
[65] Folios 45 a 46 del expediente de tutela.
[66] Folios 47 a 54 del expediente.
[67] Sobre estos datos se puede consultar la
intervención del Director de la Escuela Militar durante el desarrollo del
Décimotercer Consejo Académico Extraordinario, que obra (Folio 52) en el acta
de 26 de julio de 2017 a folios 47 a 54 del expediente de tutela.
[68] Folio 207 del expediente de tutela.
[69] Folio 125 del expediente de tutela.
[70] Supra, “4. El derecho fundamental al debido
proceso en las actuaciones disciplinarias adelantadas en instituciones
educativas.”
[71] Ibídem.
[72] Reglamento Académico y Disciplinario,
disponible en la página web de la Escuela Militar.
[73] El artículo 91 del reglamento académico y
disciplinario señala a los titulares de la potestad disciplinaria en los
siguientes términos: “Corresponde al Comandante de Batallón, Subdirector,
Director de la Escuela Militar (…) y al Consejo Académico de esta Institución
conocer de los asuntos disciplinarios de los alumnos (as).”
[74] Acta de 26 de julio de 2017 del
Décimotercer Consejo Académico Extraordinario. Folios 47 a 54 del expediente de
tutela.
[75] Acta de 26 de julio de 2017 del
Décimotercer Consejo Académico Extraordinario. Folio 52 del expediente de
tutela.
[76] Cfr.
Sentencia T-662 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-651 de 2007 (M.P.
Nilson Pinilla Pinilla).