T-327-10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia  T-327/10
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES QUE PRESTAN SERVICIO PUBLICO-Procedencia
SERVICIO
PUBLICO DE TELEVISION-Alcance
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Protección constitucional
Según el artículo 20 de la
Constitución, el estado colombiano garantiza a toda persona la libertad de expresar
y difundir su pensamiento y opiniones, informar y recibir información veraz e
imparcial, y fundar medios masivos de comunicación, de manera libre y con
responsabilidad social, asegurándose también el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad y prohibiéndose de manera expresa la censura.
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION-Acepción genérica
La libertad de expresión es un
derecho humano y fundamental que constituye uno de los pilares del ordenamiento
constitucional y democrático, de carácter universal y merecedor de protección
en todo tiempo y lugar, consistente en manifestar o recibir, de forma
individual o colectiva, ideas, puntos de vista, información o pensamientos,
entre otros, a través de cualquier medio o instrumento elegido, que busca
satisfacer las inclinaciones humanas hacia el conocimiento y la comunicación,
connaturales a la vida en sociedad.
LIBERTAD DE
EXPRESION-Elementos normativos que conforman el artículo 20 de la
Constitución Política
El artículo 20 de la Carta
Política consagra simultáneamente varios derechos y libertades fundamentales
distintos, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Carta
Política, se ha de interpretar a la luz de los tratados e instrumentos
internacionales de derechos humanos que obligan a Colombia y que contienen
disposiciones sobre el particular. A la luz de tales instrumentos
internacionales, se tiene que el artículo 20 de la Constitución contiene un
total de once elementos normativos diferenciables: (a) La libertad de expresar
y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin
limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión –sea oral,
escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien
se expresa-, y el derecho a no ser molestado por ellas. Esta libertad
fundamental constituye la libertad de expresión stricto senso, y tiene una
doble dimensión – la de quien se expresa, y la de los receptores del mensaje
que se está expresando. (b) La libertad de buscar o investigar información
sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole, que junto con la libertad de
informar y la de recibir información, configura la llamada libertad de
información. (c) La libertad de informar, que cobija tanto información sobre
hechos como información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier
medio de expresión; junto con la libertad de buscar información y la libertad
de recibirla, configura la llamada libertad de información. (d) La libertad y
el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre hechos, así como sobre
ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de expresión. Junto con
los anteriores elementos, configura la libertad de información. (e) La libertad
de fundar medios masivos de comunicación. (f) La libertad de prensa, o libertad
de funcionamiento dichos medios masivos de comunicación, con la consiguiente
responsabilidad social. (g) El derecho a la rectificación en condiciones de
equidad. (h) La prohibición de la censura, cualificada y precisada por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, (i) La prohibición de la
propaganda de la guerra y la apología del odio, la violencia y el delito,
cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial, (j) La prohibición de la pornografía infantil, y (k) La
prohibición de la instigación pública y directa al genocidio.
LIBERTAD DE
EXPRESION Y LIBERTAD DE INFORMACION-Tratamiento distinto/LIBERTAD
DE INFORMACION-Condiciones de veracidad e imparcialidad
Las dos libertades reciben un
trato distinto: así, mientras que la libertad de expresión prima facie no
conoce límites, la libertad de informar está atada constitucionalmente a dos
condiciones, a saber: la veracidad y la imparcialidad. La explicación del
desigual tratamiento de estas dos libertades salta a la vista: en una sociedad
democrática y liberal no se puede impedir que cada cual tenga y exponga sus
propias opiniones, pero algo diferente es que exponga hechos que no
corresponden a la realidad o que suministren una versión sesgada de ella,
induciendo así a engaño a los receptores de información.
LIBERTAD DE
EXPRESION STRICTO SENSU-Definición
La libertad de expresión
stricto sensu consiste en la posibilidad de expresar o difundir su propio
pensamiento o ideas y, debido a que estas facetas del ser humano no pueden ser
intervenidas o limitadas, no es procedente sujetarla a las exigencias de
veracidad o imparcialidad, lo cual no significa que por esa vía puedan
vulnerarse impunemente derechos fundamentales de terceros.
DERECHO A LA
INFORMACION-Definición
El derecho a la información
puede entenderse como la propensión innata del hombre hacia el conocimiento de
los seres humanos con los cuales se interrelaciona y de su entorno físico,
social, cultural y económico, lo cual le permite reflexionar, razonar sobre la
realidad, adquirir experiencias e incluso transmitir a terceros la información
y el conocimiento recibidos.
DERECHO A LA
INFORMACION-Alcance
DERECHO A LA
INFORMACION-Dimensiones
LIBERTAD DE
EXPRESION-Requisitos básicos a las limitaciones para que sean
constitucionales
CENSURA-Configuración
La jurisprudencia de esta
corporación, ha establecido que se configura censura cuando el contenido de lo
que un medio de comunicación quiere informar, publicar, transmitir o expresar,
con la finalidad de supeditar la divulgación de ese contenido a su permiso,
autorización o previo examen -así no lo prohíban-, o al recorte, adaptación,
adición o reforma del material que se piensa difundir. Prohibir, recoger,
suspender, interrumpir o suprimir la emisión o publicación del producto
elaborado por el medio son modalidades de censura, aunque también lo es, a
juicio de la Corte, el sólo hecho de que se exija el previo trámite de una
inspección oficial sobre el contenido o el sentido de lo publicable; el visto
bueno o la supervisión de lo que se emite o imprime, pues la sujeción al
dictamen de la autoridad es, de suyo, lesiva de la libertad de expresión o del
derecho a la información, según el caso.
PLURALISMO
INFORMATIVO-Garantía
La salvaguarda del pluralismo
informativo constituye uno de los principales valores constitucionales, en la
órbita de los medios masivos de comunicación, por cuyo intermedio pueden
reproducirse a gran escala las distintas corrientes de pensamiento y expresión
que conviven en una sociedad. Si no existiere o no fuera respetada, no sería
posible que los ciudadanos receptores de información de cualquier tipo pudiesen
elegir reflexiva y libremente dentro de las alternativas existentes, qué es lo
mejor para sí mismos, según sus convicciones.
ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES-Intervención del
Estado
SERVICIO PUBLICO DE TELEVISION-Finalidad
social del Estado
SERVICIO PUBLICO DE TELEVISION-Finalidad
TELEVISION-Construcción
de imaginarios sociales e identidades culturales
ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO-Garantía de pluralismo para evitar concentración
monopolística en acceso
DERECHO A LA
INFORMACION-Límites
ACCION DE
TUTELA CONTRA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE TELEVISION POR SUSCRIPCION-Caso
en que no se vulneraron los derechos a la libertad de expresión, recepción de
información veraz e imparcial y pluralismo informativo
por la supresión de canales televisivos
Referencia: Expediente T-2290333
Acción de tutela incoada por Virgilio Agustín Contreras Salerno
contra Telmex Hogar S. A., Telmex Colombia S. A..
Procedencia: Juzgado
3° Civil del Circuito de Barranquilla
Magistrado ponente:
NILSON
PINILLA PINILLA
Bogotá D. C.,
diez (10) de mayo de dos mil diez (2010)
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio,
Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
En la
revisión del fallo emitido en segunda instancia por el Juzgado 3° Civil del
Circuito de Barranquilla en abril 27 de 2009, dentro de la acción de tutela
presentada por Virgilio Agustín Contreras Salerno contra Telmex Hogar S. A.,
luego Telmex Colombia S. A. (en adelante Telmex).
El
asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que efectuó dicho despacho
judicial, en virtud de lo ordenado por los artículos 86 inciso 2° de la
Constitución Política y 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección
número seis, en junio 25 de 2009, lo eligió para efectos de su revisión.
I.
ANTECEDENTES[1]
Virgilio Agustín Contreras Salerno instauró acción de
tutela en noviembre 25 de 2008 contra la empresa referenciada, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales “a la libertad de expresión, a recibir
información veraz e imparcial, a la igualdad y al pluralismo informativo”,
por motivo de la supresión de los canales televisivos “Venezolana de
Televisión, Cubavisión Internacional y Telesur” (f. 1 cd. inicial), según
se relata a continuación.
A. Hechos
y relato efectuado por la parte accionante.
1. Virgilio
Agustín Contreras Salerno celebró contrato con la sociedad Teledinámica S. A.
para acceder a la prestación del servicio de televisión por suscripción, en la
medida en que dicha empresa respetaba “los derechos a la información veraz e
imparcial y el pluralismo informativo, presentando a sus suscriptores y
usuarios, distintas alternativas culturales e informativas, dando la opción de
acceder a canales de televisión de diferentes posiciones políticas, ideológicas
y culturales” (f. 1 ib.).
2. Expresó
que en septiembre de 2008, Teledinámica S. A. le informó a sus suscriptores que
“luego de surtirse todos los procedimientos legales, Telmex Hogar SA, ha
sido autorizado para asumir la prestación de los servicios a partir del 1º de
octubre del año en curso”, agregando que “por supuesto esta operación no
afectará el nivel de los servicios que ha venido recibiendo, ni implica
modificación de los contratos celebrados” (f. 1 ib.).
3. A pesar de esa manifestación, el accionante informó que
a partir de noviembre 1° de 2008, Telmex suprimió de la programación los
canales “Venezolana de Televisión (VTV), Cubavisión Internacional y Telesur”,
modificando la oferta de canales, sin consentimiento de los suscriptores, “manteniendo
en su parrilla a CNN, Venevisión Internacional, BBC de Londres, FOX News, TVE
España, RCN, Caracol y otros canales de televisión norteamericanos y de otros
países controlados por grandes conglomerados industriales y financieros”
(f. 2 ib.).
Así, a juicio del actor, esa medida lo priva “de ver el
Ballet Nacional de Cuba, de fama mundial por su excelso arte, al cambiar
Cubavisión Internacional por canales con pobrísimo nivel cultural y educativo”,
obligándosele además “a conocer exclusivamente las informaciones que vienen
de los medios de comunicación de la oposición al gobierno del Presidente Hugo
Chávez Frías”.
4. Agregó que al momento de la instauración de la acción de
tutela, la programación de Telmex ofrecía “83 canales de video, de los
cuales 55 son norteamericanos, es decir, el 66.26%, 15 colombianos con el
18.08% y el resto de canales de otros países con una clara orientación política
y cultural orientada a defender y perpetuar las ideas, conceptos y modo de vida
favorables a los grandes grupos y conglomerados capitalistas” (f. 2 ib.).
5. El accionante manifestó que la
supresión de los mencionados canales alternativos vulnera su derecho a la
igualdad, pues a muchos usuarios del mismo servicio público de televisión se
les suministra información acorde a sus ideas y preferencias ideológicas. Aclaró que él no pretende “que se
suprima la trasmisión televisiva de los grandes medios de comunicación de los
grandes conglomerados, imperiales, industriales y financieros sino que se
permita recibir la información de quienes piensan y actúan de manera diferente
a dichos conglomerados” (f. 2 ib.).
Por todo lo
anterior, el señor Contreras Salerno solicitó al juez de tutela que ampare sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, ordene a Telmex reincluir en el
listado de canales ofrecidos a Venezolana de Televisión (VTV), Cubavisión
Internacional y Telesur.
B.
Documentos relevantes cuya copia obra en el expediente.
1.
Certificado de existencia y representación legal de la entonces empresa Telmex
Hogar S. A. (fs. 15 a 20 ib.).
2. Escrito
enviado por Teledinámica S. A. a sus suscriptores, comunicando que a partir de
octubre 1° de 2008, Telmex Hogar S. A. será la empresa prestadora del servicio
de televisión por cable (f. 21 ib.).
3. Respuesta
a un derecho de petición dirigido por el accionante a Telmex Hogar S. A., de
noviembre 7 de 2008 (fs. 22 y 23 ib.).
4. Cartilla
de información sobre los canales y servicios ofrecidos por Telmex Hogar S. A.
(fs. 24 a 53 ib.).
5. Cartilla
de información sobre los canales y servicios ofrecidos por Teledinámica S. A.
(fs. 58 a 103 ib.).
II. ACTUACIÓN PROCESAL.
El Juzgado 3° Civil Municipal de Barranquilla admitió la acción de
tutela, mediante auto de diciembre 18 de 2008, ordenando notificar a Telmex,
para que informara sobre los hechos descritos. A pesar de las comunicaciones
enviadas, la sociedad accionada guardó silencio.
III. DECISIÓN OBJETO DE REVISIÓN.
Sentencia
de primera instancia.
En sentencia
emitida en enero 21 de 2009, el Juzgado 3° Civil Municipal de Barranquilla negó
el amparo solicitado, ya que, después de citar copiosa jurisprudencia
constitucional en torno a la libertad de expresión y pluralismo informativo,
concluyó que “el derecho a la información, únicamente garantiza para quien
lo reciba, que esta sea veraz e imparcial, en el entendido de la información
que recibe y no determina el equilibrio que puede tener el servicio de
televisión por cable. Y el pluralismo informativo, hace referencia a la
existencia y coexistencia de diferentes operadores de televisión, como ocurre
actualmente en nuestro país, por lo que no se observa violación alguna de los
derechos fundamentales señalados” (sic).
De otra
parte, señaló que si el accionante considera incumplido el contrato suscrito
con Teledinámica S. A., asumido por Telmex, tiene los medios judiciales a su
alcance para iniciar la reclamación respectiva (fs. 115 a 119 ib.).
Impugnación.
Inconforme
con la decisión, el señor Contreras Salerno presentó escrito de impugnación en
febrero 3 de 2009, en el cual recalcó que los canales suprimidos fueron
excluidos debido a que sus orientaciones informativas y conceptuales son
distintas a las que predominan e impulsan “los grandes medios de propiedad
de las multinacionales capitalistas y neoliberales”, lo cual, a su juicio,
es violatorio de la Constitución de 1991, ya que esta establece el derecho “a
recibir distintas informaciones y opiniones con diferentes orientaciones
ideológicas” y prohíbe “que se imponga  una sola concepción del mundo”
(f. 123 ib.).
En esa
medida, solicitó al ad quem tener en cuenta la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Constitución de Colombia, el Pacto de San José de
Costa Rica y los demás instrumentos internacionales pertinentes, que prevalecen
sobre las disposiciones legales que regulan el funcionamiento y la prestación
del servicio de televisión por suscripción.
Sentencia
de segunda instancia.
El Juzgado 3°
Civil del Circuito de Barranquilla confirmó la decisión, mediante sentencia de
abril 27 de 2009, considerando que la situación planteada es de origen
contractual, por lo que debe dirimirse ante la jurisdicción civil ordinaria.
IV.
PRUEBAS DECRETADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1. La
entonces Sala Novena de Revisión de esta Corte[2],
mediante auto de septiembre 18 de 2009, dispuso la práctica pruebas que
permitiesen obtener mayores elementos de juicio para adoptar la decisión
definitiva, resolviendo:
“PRIMERO.-
ORDENAR a la Comisión Nacional de Televisión,
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Superintendencia de Industria y Comercio – División
de Protección al Consumidor, que en el término de (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente Auto, se sirvan rendir un
informe dentro de la órbita de sus competencias, sobre los siguientes puntos:
1.- ¿En
materia de televisión por suscripción, se han trazado límites relacionados con
las modificaciones y contenidos en los canales que ofrecen los cableoperadores?
2.- ¿Según
sea la respuesta, a juicio de la entidad a qué se debe la anterior circunstancia?
3.- ¿Desde
la existencia de la comisión cuántas denuncias se han presentado por parte de
televidentes y/o usuarios en virtud de modificaciones en la oferta y contenidos
de canales de televisión por suscripción y qué trámite se les ha dado?
4.- ¿Cuál
es la protección que la entidad brinda a los televidentes o consumidores de
televisión?
5.- ¿Cuáles
entidades gubernamentales o no gubernamentales ofrecen protección a los
televidentes o consumidores en esta materia, en especial por modificaciones de
cableoperadores en la oferta y contenido de canales o situaciones similares?
6.- ¿Existe
algún tipo de resolución o directriz que disponga algún porcentaje o cuota
respecto del contenido de la oferta de canales por suscripción, ya sea por
nacionalidad, tema, género, pensamiento político, religión, etc.?
7.- ¿Los
canales Telesur, Cubavisión y Venezolana de Televisión cobran por la emisión de
sus respectivas señales en Colombia?
8.- ¿A un
cableoperador presentar un canal cuya emisión es gratuita, a nivel técnico u
operativo implica la asunción de costos adicionales?
SEGUNDO.- ORDENAR que por
Secretaría General de esta Corporación, para mejor proveer, se envíe fotocopia
del expediente de la referencia a las entidades
consultadas, para que se pronuncien dentro de la órbita de sus
competencias sobre las preguntas atrás formuladas y en especial sobre las
particularidades del caso.
TERCERO.-
ORDENAR a la compañía Telmex Hogar S. A. que en el término de (10) días hábiles
contados a partir de la notificación del presente Auto, se pronuncie sobre los
siguientes interrogantes:
1.- ¿Cuáles
fueron las razones o criterios para suprimir los canales Cubavisión, Telesur y
Venezolana de Televisión de la oferta de canales en el caso de la referencia?
2.- ¿Con
los servicios actualmente ofrecidos por la entidad, de qué manera se podría
acceder a los canales suprimidos?
3.- ¿Desde
la existencia en Colombia de la entidad, cuántas quejas o peticiones se han
presentado por parte de usuarios por modificaciones en la oferta y/o contenidos
y qué trámite se les ha dado?
4.- ¿Cuáles
son los criterios que Telmex Hogar S. A. tiene en cuenta para modificar los
contenidos y la oferta de canales que brinda?
5.- ¿Existe
otra oferta de canales con contenidos similares a los suprimidos?
CUARTO.-  INVITAR a los
observatorios de medios o similares de las Universidades Externado de Colombia, del Norte, Nacional de Colombia, de la
Sabana, Javeriana, de los Andes, del Valle y de Antioquia, al igual que
a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), a la
Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) y a la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, para que si lo consideran
oportuno, emitan su opinión sobre la demanda de la referencia, para lo cual se
les enviará copia de la misma por intermedio de la Secretaría General.
QUINTO.- Las
respuestas a lo consultado serán enviadas a la Secretaría de la Corte
Constitucional con los respectivos soportes de la información solicitada….
SEXTO.-
Suspender el término para fallar el asunto de la referencia, hasta tanto se
practiquen y valoren las pruebas y conceptos solicitados.
SÉPTIMO.-
Comunicar al peticionario lo decidido en el numeral sexto del presente Auto.”
2.
Mediante oficios de octubre 15 y noviembre 9 de 2009 y enero 26 de 2010, la
Secretaría General de esta Corte remitió al despacho comunicaciones y escritos
de variada procedencia, cuyo contenido es sintetizado a continuación:
2.1.
Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
2.1.1.
Mediante escrito de octubre 13 de 2009, el Subdirector de Asuntos Legales de la
otrora Comisión Nacional de Televisión, precisó que
su Junta Directiva expidió los Acuerdos 10 y 11 de 2006[3], para la
protección y efectividad de los derechos de los usuarios, de los cuales se
derivan las reglas que rigen dichas relaciones contractuales (fs. 35 a 83 cd. Corte).
El mencionado Subdirector remitió las respuestas del Jefe de la
Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente de esa entidad, a los
interrogantes puntuales formulados por esta Corte. Así, frente a los límites
relacionados con las modificaciones y contenidos de los canales que ofrecen los
cableoperadores del servicio de televisión por suscripción[4], reiteró que “en
cuanto a la calidad de la señal y contenido de la programación… el
concesionario de televisión por suscrición será el único responsable ante la
Comisión Nacional de Televisión” (f. 36 ib.).
En cuanto a la protección y efectividad de los derechos de los
suscriptores, frente al cambio o supresión de canales que ofrecen los
operadores, explicó que el artículo 24 del mencionado Acuerdo 11 de 2006,
regula tal situación así (no está en negrilla en el texto original):
“ARTÍCULO
24. SUPRESIÓN DE CANALES. En los contratos para la
prestación del servicio público de televisión por suscripción, a solicitud del
suscriptor previamente informado por el concesionario, se podrá incluir una
cláusula en la cual se especifique si la oferta es general o caracterizada por
algún canal o canales o género de canales.
Si se elige
la caracterización de la oferta, la misma debe constar clara y expresamente en
el texto del contrato, caso en el cual el suscriptor puede dar por terminado
el contrato, sin penalidad o multa alguna aún bajo la vigencia de cláusula de
permanencia mínima, cuando el operador introduzca cambios en la parrilla de
programación que implique variar dicha oferta.
La
manifestación de terminación del contrato de que trata el párrafo anterior debe
efectuarse por parte del suscriptor dentro del mes siguiente a la fecha de
retiro del canal o canales constitutivos de la oferta. Vencido dicho término se
entenderá que acepta tácitamente el cambio introducido en la parrilla de
programación.
En caso de
no expresarse nada en relación con el nombre o género de canales, se entiende
que el usuario no tiene ninguna preferencia y se acoge a la oferta general, por
lo que la supresión de canales no resulta ser justa causa para solicitar la
terminación del contrato.”
Lo
anterior se debe “al ejercicio de las facultades de regulación que le fueron
conferidas a la Comisión Nacional de Televisión por los artículos 5 literal c),
12 literal a) y 18 de la ley 182 de 1995 y 21 de la ley 335 de 1996, así como
lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política en el que se
dispone que la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado
para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho
público con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y
técnica, sujeto a un régimen legal propio” (f. 42 ib.).
2.1.2. En lo referente al tema estadístico, en torno a los
trámites dados a las quejas presentadas por parte de televidentes y/o usuarios
en virtud de cambios en la oferta y contenidos de canales de televisión por
suscripción, expresó que “de acuerdo
al último Informe de Gestión de la Directora de la
CNTV”, en el
período comprendido entre enero de 2008 y febrero de 2009 el Centro de Atención al Usuario tramitó
preguntas, quejas y reclamos (PQR), así:
ASUNTO
CANTIDAD
TIEMPO DE RESPUESTA
PQR- recibidas y tramitadas
3457
15 Días
Llamadas telefónicas atendidas
1375
Inmediato
Atención personalizada
227
Inmediato
Comunicaciones recibidas vía info-total
1466
10 Días
Comunicaciones recibidas vía info- PQR
1434
10 Días
Información recibida
113
10 Días
Solicitudes de copias
108
10 Días
Consultas
420
15 Días
Consultas sobre la página web
367
Inmediato
Cuadro 1. CNTV
(f. 43 ib.).
Especificó
que en 2008, la Oficina de Contenidos y
Defensoría del Televidente atendió 564 PQR, recibió 21 informaciones y atendió
72 consultas. Así mismo, el Centro de Atención al Usuario tramitó llamadas
telefónicas por concesionarios del servicio de televisión por suscripción, así:
OPERADOR
CANTIDAD
TV cable del pacífico /Superview
793
UNE EPM
105
Promisión
1
EPM comunicaciones
1
Cable unión
42
Cable vista
8
Costavisión
1
Visión satélite
70
DirecTV
75
Telefónica Telecom
253
Supercable
61
Teledinámica
23
Cablevisión Ibagué
1
Cablevisión S. A.
6
Cuadro 2.
CNTV (f. 43 ib.).
Frente
a mensajes recibidos a través del correo electrónico info@cntv.org.co, en
2008, el Centro de Atención al Usuario tramitó 1173 PQR, con un tiempo de
respuesta máximo de 15 días.
2.1.3.
En lo relativo a la protección de los usuarios del
servicio de televisión por suscrición, dicha Comisión indicó que es el único
ente gubernamental que la ofrece, a través de
su Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente y el Grupo de Protección
al Usuario.
2.1.4.
Frente al cuestionamiento en torno a la existencia de
algún tipo de resolución o directriz que disponga porcentajes o cuotas respecto
del contenido de la oferta de canales por suscripción, ya sea por nacionalidad,
tema, género, pensamiento político, religión u otro, la Comisión indicó que los
artículos 12 y 13 del Acuerdo 10 de 2006, establecen las obligaciones de
todo concesionario de emitir i) un canal propio con 5 horas diarias de
producción nacional como mínimo; ii) el Canal del Congreso de la República;
iii) los canales de televisión abierta de carácter nacional, regional o
municipal, sin costo alguno. Así mismo, se erigía la facultad de la CNTV de
determinar aquellos canales que por interés para la comunidad, deben también
ser de obligatoria emisión.
2.1.5. A
la cuestión de si los canales Telesur, Cubavisión y Venezolana de Televisión
cobran por la emisión de sus respectivas señales en Colombia, respondió que es importante tener en cuenta que los
concesionarios adelantan sus actividades contractuales de manera autónoma e
independiente y la CNTV no interviene en las condiciones de contratación que
este establezca con sus programadores, ya que carece de competencia para
revisar, conceptuar y/o aprobar contratos o determinaciones de los órganos de
dirección de los canales.
2.1.6.
Por último, frente a si un cableoperador debe asumir
costos adicionales para propiciar la recepción y distribución gratuita de un
canal, el Subdirector de la Oficina Técnica y
de Operaciones de la entidad[5]
explicó que a la distribución de un sistema de cable establecido en
Colombia de cualquier canal (sea de recepción y distribución gratuita,
satelital o de otro origen) se le debe asociar todos los costos necesarios
relacionados con equipos de recepción, de procesamiento, de trasmisión, de red
de planta externa (red de trasmisión, distribución y acometida al usuario), de
operación, de administración y de mantenimiento. Por ello, la distribución de
un canal tiene costos asociados.
2.2.
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El asesor de
la oficina jurídica de esa cartera, mediante escrito de octubre 14 de 2009,
manifestó que “las preguntas formuladas deben ser atendidas por la Comisión
Nacional de Televisión por tratarse de asuntos que, de acuerdo a la
normatividad vigente, hacen parte de la órbita funcional de su exclusiva
competencia” (fs. 84 a 86 cd. Corte).
2.3.
Superintendencia de Industria y Comercio.
La jefe de la
oficina jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante
escrito presentado en octubre 15 de 2009, refirió que esa “entidad no tiene
competencia para absolver los interrogantes formulados en el mencionado auto”
(f. 87 cd. Corte).
2.4.
Telmex Colombia S. A..
El
representante legal de Telmex Colombia S. A. allegó, en octubre 15 de 2009, las
respuestas pedidas en el numeral tercero del auto trascrito, en los siguientes
términos (fs. 89 a 91 cd. Corte):
2.4.1. Frente
a la pregunta por las razones o criterios para suprimir los canales Cubavisión,
Telesur y Venezolana de Televisión de la oferta de canales en el caso de la
referencia, Telmex precisó que al haber adquirido la operación de varias
empresas de televisión a nivel nacional, que ofrecían diversidad de paquetes de
canales, se vio en la necesidad de desarrollar “un proyecto de unificación
de su grilla… ofreciendo a la totalidad del público en el territorio nacional,
una sola parrilla de canales, que satisfagan las necesidades de
entretenimiento, cultura e información de nuestros usuarios”, indicando que
“dentro de este proceso de unificación, se han tenido que descartar canales,
pues técnicamente se generan unos límites de capacidad, que ha implicado que
algunos canales que antes se trasmitían en algunas de nuestras grillas,
actualmente no se encuentren dentro de la oferta” (f. 89 cd. Corte).
2.4.2.
Descartó cualquier posibilidad de que la empresa pueda ofrecer de nuevo a sus
usuarios los canales suprimidos.
2.4.3. En
cuanto al cuestionamiento respecto de las quejas o peticiones por modificación en
la oferta y/o contenidos que ha tenido, Telmex señaló que el registro de las
quejas por “cualquier información” referente a los canales ofrecidos
para los años 2008 y 2009, es el siguiente:
Año
Total
de peticiones, quejas y reclamos
2008
1299
2009
1814
Total
general
3113
Cuadro
3. Telmex (f. 90 ib.).
2.4.4. Telmex
explicó que para modificar los contenidos y la oferta de canales que brindaba,
tuvo en cuenta la normatividad vigente que le otorgaba “plena facultad
dentro de la autonomía de la voluntad, de decidir los canales que incluye en
sus parrillas, potestad que se encuentra limitada únicamente respecto de
aquellos canales que las normas han dispuesto que obligatoriamente deben ser
incluidos, entre los cuales se encuentran los canales nacionales radiodifundidos
y regionales en su área de cubrimiento[6]”.
Advirtió que
su interés primordial fue satisfacer las necesidades de sus suscriptores y
usuarios, por lo que la inclusión o eliminación de canales se basó en estudios
de preferencia (“marketing”), entre otros.
2.4.5.
Finalmente, en torno a la existencia de otra oferta de canales con contenidos
similares a los suprimidos, la empresa accionada mencionó que desconoce el
mercado general, precisando que dentro de su parrilla se incluyen varios
canales de noticias y actualidades nacionales e internacionales.
2.5.
Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Mediante
escrito de noviembre 6 de 2009, el Director Ejecutivo de la FLIP aclaró que el
enfoque usado para abordar el estudio del caso está dado por el derecho
fundamental de acceso a la información, estatuido en el artículo 20 superior y
en diversos instrumentos internacionales de protección de derechos.
Expresó que la
Corte debería abordar dos temas jurídicos ante el caso concreto, a saber, i) “si
efectivamente se está violando el derecho al acceso a la información cuando un
operador de televisión privado elimina de su oferta original algunos canales
que producen una información pública determinada”; y ii) “¿puede el
Estado intervenir en la oferta de canales informativos que ofrece un operador
de televisión privado?” (fs. 94 a 105 ib.).
En esa
medida, frente a la primera cuestión indicó que tanto los operadores de
televisión públicos como los privados utilizan el espectro electromagnético,
que es “un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y
control del Estado”[7],
que es el responsable de velar por el buen uso de esta franja del espacio.
Puntualizó que los operadores de televisión públicos y privados se convierten
en mecanismos de acceso a la información, ya que permiten que los ciudadanos
accedan a la misma, a través de los diferentes canales que incluyen en su
parrilla de programación.
Así, para dar
luces sobre ese primer tema, señaló que debe diferenciarse si Telmex suprimió
la transmisión de los canales referenciados por el accionante por razones
comerciales, como vencimiento del contrato o falta de rating, entre
otras; o si lo efectuó a fin de restringir la información producida y divulgada
por ellos, precisando que si se puede probar, la última hipótesis constituiría
censura indirecta por parte del operador, al no permitir a sus usuarios tener
acceso a una pluralidad de visiones informativas.
Frente al
segundo cuestionamiento la FLIP concluyó que la intervención del Estado puede
tener diferentes consecuencias e implicaciones ya que, de un lado, se podría
pensar que como propietario del espectro electromagnético, debe velar por un
pluralismo informativo, que permita a los ciudadanos tener acceso a diferentes
fuentes, puntos de vista y enfoques. Sin embargo, desde otro punto, “también
es cierto que una intervención estatal podría alterar la esfera interna de la
empresa privada, como es el caso del operador Telmex Hogar S. A., y más grave
aún, una intervención estatal en la oferta de canales informativos de
operadores privados, podría dar pie para que en el futuro esa intervención sea
utilizada para restringir los contenidos y el acceso a la información,
permitiendo una censura directa y limitando la libertad de expresión y el
acceso a la información”.
2.6.
Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de
Colombia.
Mediante
escrito recibido en noviembre 6 de 2009, un docente investigador del
Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia
presentó concepto que se resume a continuación.
En primer
lugar, el docente expuso que la acción de tutela es procedente de conformidad
con los artículos 86 superior y 42 numerales 3° y 4° del Decreto 2591 de 1991,
porque (i) en precedentes jurisprudenciales la Corte ha considerado la
televisión como un servicio publico; (ii) el problema jurídico planteado en el
caso no solo afecta al actor sino que es de interés colectivo; y (iii) el
solicitante podría encontrarse en una situación de indefensión, ante una
presunta posición dominante de la empresa accionada.
En la segunda
parte el docente contextualiza los hechos del caso, refiriendo que estos
ofrecen “una valiosa oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre las
dinámicas actuales de prestación del servicio público de televisión en
Colombia. La Constitución de 1991 liberó el mercado de los servicios públicos,
y simultáneamente diseñó varios mecanismos de control, previendo el poder que
pasarían a detentar algunos particulares”.
Como tercer
punto, el concepto abordó “los derechos en juego”, acápite en el
que reseña la afectación de los derechos fundamentales del actor a la libertad
de pensamiento, a la libertad de expresión y al derecho a la información,
considerando que para su protección, urge la intervención del Estado debido al
poder que tienen los particulares que prestan el servicio público de
televisión, en cuanto a la posibilidad de suprimir ofertas de información,
concluyendo:
“… la
conducta de Telmex Hogar en el asunto bajo estudio ha de ser considerada…
constitucionalmente arbitraria, equivalente a una especie de abuso del derecho…
Esta aseveración encuentra sustento en las siguientes razones: 1) Telmex Hogar
presta un servicio público, considerado inherente al modelo de Estado Social de
Derecho, en condiciones de oligopolio. 2) Telmex Hogar decide unilateralmente
retirar de su parrilla ciertos canales con el efecto neto de afectar
sustantivamente las condiciones de pluralismo informativo. 3) El contenido
político y filosófico de los canales retirados, así como la nacionalidad de los
mismos, permite inferir que Telmex Hogar empleó criterios de discriminación
prohibidos por la Constitución. 4) La conducta de Telmex Hogar tiene el efecto
neto de afectar cualitativamente las condiciones para el ejercicio de las
libertades de pensamiento y expresión, así como el derecho a recibir
información de toda índole de Virgilio Contreras, solicitante de la tutela.”
2.7.
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derecho Humanos de la OEA.
A través de la
Relatora Especial para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos presentó memorial en enero 26 de 2010, en el cual indicó que
dentro del mandato otorgado a dicha oficina se encuentra la facultad de asesorar
a los Estados miembros sobre el contenido y alcance del derecho a la libertad
de pensamiento y expresión contenido en el artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
En esa
medida, presentó información relevante relacionada con estándares
interamericanos en la materia, señalando que el derecho a la libertad de
expresión tienen una doble dimensión, individual y colectiva, a partir de la
cual se “protege el derecho de todas las personas a pensar por cuenta propia
y a expresar –por cualquier medio- sus propios pensamientos o ideas”, y se “asegura
el derecho de todas las personas a conocer ideas, opiniones e informaciones de
la más diversa índole”.
Explicó la
importancia de garantizar la libertad de expresión, debido a su “relación
estructural con la democracia”, que es estrecha, indisoluble, esencial y
fundamental, adicionando que el derecho a la libertad de expresión es una
condición necesaria para el funcionamiento pacífico y libre de las sociedades
democráticas de las Américas, pues en términos de la Comisión Interamericana, “la
plena y libre discusión evita que se paralice una sociedad y la prepara para
las tensiones y fricciones que destruyen las civilizaciones. Una sociedad
libre, hoy y mañana, es aquélla que pueda mantener abiertamente un debate
público y riguroso sobre sí misma”.
La Relatora
explicitó que el Estado se halla en la obligación de crear las condiciones para
la plena vigencia de la libertad de expresión de todas las personas,
manifestando que dicha garantía no solo consiste en evitar la vulneración del
derecho (deber de respeto), sino que se extiende a la necesidad de crear
condiciones para que los particulares se abstengan de vulnerar dichos derechos
y, de llegar a producirse una amenaza o violación, el deber de investigar los
hechos y adoptar las medidas necesarias para reparar a la víctima (deber de
garantía).
Adujo que en
los casos en que se investiga una eventual violación cometida por un particular
es fundamental tener en cuenta que las obligaciones estatales no son idénticas
a las obligaciones de los particulares. Así, relató que el Estado debe asegurar
en los medios de comunicación que controla (públicos) un claro e
incontrovertible pluralismo.
En ese
sentido, manifestó que cuando se trata de particulares que proveen un servicio
esencial y se encuentren en posición dominante, puede resultar comprometido
seriamente el libre flujo de las ideas y opiniones. Para contrarrestarlo, debe
atenderse lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, según el cual “no se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones”.
Culminó
expresando que cuando “un particular se encuentre en una posición tal que
puede de forma indirecta y de manera legítima comprometer el derecho a la
libertad de expresión de otras personas, el remedio debe tener en consideración
los otros derechos que, en todo caso, asisten a dicho particular. En esa
cuidadosa ponderación, lo importante sería lograr que en la práctica existiera
un libre y vigoroso flujo de ideas diversas, sin que ninguna persona encontrara
barreras desproporcionadas o ilegítimas para acceder a la información o las
opiniones que se encuentra en pleno derecho de conocer”[8].
3.
Posteriormente, por medio de auto de enero 19 de 2010, el despacho del
magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, resolvió para mejor proveer:
“PRIMERO.- ORDENAR a la Comisión Nacional de Televisión, que en el término
de cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación del presente
Auto, se sirva rendir un informe detallado sobre los siguientes puntos:
1.- ¿En
Colombia cuántos hogares o personas tienen acceso a la televisión por
suscripción?
2.- ¿Cuáles
empresas o concesionarios debidamente autorizados prestan en la actualidad el
servicio de televisión por suscripción?
3.- ¿De las
anteriores empresas o concesionarios, cuál es el porcentaje de usuarios que
tiene cada una de ellas en la prestación del servicio?
4.- ¿Cuáles
cableoperadores autorizados por la CNTV brindan los canales Telesur, Cubavisión
y/o Venezolana de Televisión?
5.- ¿De
existir la posibilidad de difusión de los referidos canales, en qué zonas del
país y en qué forma opera la oferta del o de los respectivos cableoperadores?
SEGUNDO.- ORDENAR por
Secretaría General de esta Corporación se solicite a la Asociación Colombiana
de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación (Afacom) y a las
decanaturas de los programas o facultades de periodismo o ciencias de la
comunicación, observatorios de medios o similares de las Universidades Sergio Arboleda, de la Sabana, Javeriana y de Antioquia,
que en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
notificación del presente auto se sirvan rendir un concepto dentro del área
especializada a la que se dedican sobre las siguientes cuestiones:
1.) ¿Cuál
es la valoración qué se hace desde la óptica del periodismo y/o la comunicación
social frente a la supresión, por parte de una empresa o concesionario, de
canales televisivos o similares de alto contenido político?
2.) ¿Qué
alcance y tipo de límites plantea la profesión a la situación planteada? …”
4. Mediante
oficio de febrero 5 de 2010, la Secretaría General de esta corporación remitió
al despacho otras comunicaciones y escritos de variada procedencia, cuyo
contenido es sintetizado a continuación:
4.1.
Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
En enero 26
de 2010, un Asesor II de procesos y conceptos jurídicos de la extinta CNTV,
respondió en lo concerniente al número de hogares o personas que tienen acceso
a la televisión por suscripción, que “el Módulo de Televisión de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares DANE y CNTV del año 2009, estimó en 11.852.293
hogares de los cuales aparecen reportados 3.202.343 hogares…”.
Frente al
porcentaje de usuarios que tiene cada empresa, anexó un listado “remitido
por la Subdirección Administrativa y Financiera de la CNTV, Consolidado de
Usuarios Activos de Televisión por Suscripción año 2009”.
A la pregunta
de cuáles cableoperadores autorizados por la CNTV brindan los canales Telesur,
Cubavisión y/o Venezolana de Televisión, adjuntó el siguiente “listado
remitido por la Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente de la CNTV,
que especifica qué concesionarios emiten o no los canales Telesur, Cubavisión y
Venezolana de Televisión”:
CONCESIONARIO
Cubavisión
Telesur
Venezolana
de televisión
ALFASURT LTDA.
NO
SI
NO
ALPEVISIÓN S. A.
NO
NO
NO
ASINAP E.U.
NO
SI
SI
CABLE ANTENA LTDA.
SI
NO
NO
CABLE BELLO
NO
NO
NO
CABLE CAUCA COMUNICACIONES S.
A.
SI
NO
NO
CABLE CAUCA S. A.
NO
NO
NO
CABLE DONCELLO E.U.
-
-
-
CABLE EXPRESS DE COLOMBIA
LTDA.
SI
SI
NO
CABLE GUAJIRA LTDA.
NO
NO
SI
CABLE SABANA LTDA.
-
-
-
CABLE UNIÓN S. A.
NO
NO
NO
CABLE VISIÓN S. A. S.
NO
NO
NO
CABLE VISIÓN JASTADI LTDA.
NO
NO
NO
CABLEMAG TELEVISIÓN P.J. LTDA.
NO
NO
SI
CABLETAME LTDA.
NO
NO
NO
CABLEVISIÓN DE IBAGUÉ LTDA.
-
-
-
CABLEVISIÓN EL PALMAR LTDA.
NO
NO
NO
CABLEVISTA S. A.
NO
NO
NO
CODISERT LTDA.
SI
SI
NO
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.
A. E. S. P.
NO
SI
NO
COME SEE NEWBALL JAY Y CIA
LTDA.
-
-
-
DIRECTV LTDA.
NO
SI
NO
EPM TELECOMUNICACIONES S. A.
E. S. P.
NO
NO
NO
HV TELEVISIÓN LTDA.
NO
NO
NO
INGECOM SAT LTDA.
SI
SI
NO
INGELCOM LTDA.
NO
SI
NO
INGEPEC LTDA.
NO
NO
NO
INVERSIONES CABLEMUNDO LTDA –
INTER TV LTDA.
SI
NO
NO
LECARVIN TV LTDA.
NO
SI
NO
LEGON COMUNICACIONES
SI
SI
NO
MGN CABLEVISIÓN LTDA.
NO
NO
NO
PARABÓLICA CHINÁCOTA LTDA.
-
-
-
PARABÓLICAS HULIG
NO
NO
NO
PROMOVISIÓN LTDA.
NO
SI
NO
SATELVISIÓN LTDA.
-
-
-
SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES
S. A.
NO
NO
NO
TELE 30 EU
NO
SI
NO
TELMEX COLOMBIA S. A.
NO
NO
NO
TEVECOM LTDA.
SI
SI
NO
TV CABLE SAN GIL LTDA.
NO
SI
NO
TV CABLE VILLANUEVA LTDA.
-
-
-
TV ISLA LTDA.
SI
NO
NO
TV OMEGA SAHAGÚN LTDA.
-
-
-
TV PAUJIL E.U.
-
-
-
TV SANV LTDA.
NO
NO
NO
TV SATÉLITE ARAUCA LTDA.
NO
SI
NO
TV SUR LTDA.
NO
SI
NO
PSI TELECOMUNICACIONES DE
COLOMBIA LTDA.
NO
NO
NO
Cuadro 4. CNTV
(f. 43 ib.).
Del mismo
modo ante la eventual existencia de difusión de los referidos canales, se
averiguo sobre las zonas del país y la forma como opera la oferta de los
respectivos cableoperadores, recibiéndose el listado que en seguida es
transcrito, sobre “concesionarios de televisión por suscripción cableada que
contiene el área autorizada por la CNTV  de difusión de cada
cableoperador”:
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONSOLIDADO
DE USUARIOS ACTIVOS  TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN  AÑO 2009.
No.
CONCESIONARIO
CIUDAD
DEPARTAMENTO
DIC.
%
PARTIC
1
ALFASURT
TV. CABLE LTDA.
PITALITO
HUILA
2.552
0,08%
2
ALPEVISIÓN
S. A.
NEIVA
HUILA
0
0,00%
3
ASINAP
E.U.
VILLA
DEL ROSARIO
NORTE
DE SANTANDER
NR
4
CABLE
ANTENA LTDA.
CALIMA
DARIEN
VALLE
DEL CAUCA
633
0,02%
5
CABLE
BELLO TELEVISIÓN LTDA.
BELLO
ANTIOQUIA
36.318
1,13%
6
CABLE
CAUCA COMUNICACIONES S. A.
FLORIDA
VALLE
DEL CAUCA
2.014
0,06%
7
CABLE
CAUCA S. A.
POPAYÁN
CAUCA
8.240
0,26%
8
CABLE
DONCELLO E.U.
DONCELLO
CAQUETÁ
480
0,01%
9
CABLE
EXPRESS DE COLOMBIA LIMITADA.
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO
7.342
0,23%
10
CABLE
GUAJIRA LTDA.
FONSECA
LA
GUAJIRA
681
0,02%
12
CABLE
UNIÓN DE OCCIDENTE S. A.
ZONAL
ZONAL
151.141
4,72%
13
CABLEVISIÓN
E.U.
CALI
VALLE
DEL CAUCA
7.294
0,23%
14
CABLE
VISIÓN JASTADI LTDA.
LA
PLATA
HUILA
971
0,03%
15
CABLEMAG
TELEVISIÓN P.J. LIMITADA
MAGANGUÉ
BOLÍVAR
3.071
0,10%
16
CABLETAME
LTDA. (POTENCIA Y TEL)
TAME
ARAUCA
698
0,02%
17
CABLEVISIÓN
DE IBAGUÉ LTDA.
IBAGUÉ
TOLIMA
4.402
0,14%
18
CABLEVISIÓN
EL PALMAR LTDA.
CAUCASIA
ANTIOQUIA
1.362
0,04%
19
CABLEVISTA
S. A.
ZONAL
ZONAL
28.321
0,88%
21
CODISERT
LTDA.
BUENAVENTURA
VALLE
DEL CAUCA
9.836
0,31%
22
COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S. A. E. S. P.
NACIONAL
NACIONAL
123.957
3,87%
23
COME
SEE NEWBALL JAY Y CIA. LTDA.
PROVIDENCIA
SAN
ANDRÉS
245
0,01%
25
DIRECTV
LTDA.
NACIONAL
NACIONAL
248.080
7,75%
26
EPM
TELECOMUNICACIONES S. A. - E. S. P
ZONAL
ZONAL
802.408
25,06%
27
HV
TELEVISIÓN LTDA.
SOACHA
CUNDINAMARCA
18.833
0,59%
28
INGECOM
SAT LTDA.
QUIBDÓ
CHOCÓ
719
0,02%
29
INGELCOM,
INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES LTDA.
CÚCUTA
NORTE
DE SANTANDER
7.768
0,24%
30
INGENIERÍA
EN POTENCIA ELÉCTRICA Y COMUNICACIONES LTDA.
OCAÑA
NORTE
DE SANTANDER
2.014
0,06%
31
INVERSIONES
CABLE MUNDO LTDA. - INTER TV LTDA.
MONTELÍBANO
CÓRDOBA
1.381
0,04%
33
LECARVIN
T.V. LIMITADA
CHAPARRAL
TOLIMA
1.665
0,05%
34
LEGON
COMUNICACIONES LTDA.
CONCORDIA
ANTIOQUIA
363
0,01%
36
MGN
CABLEVISIÓN LTDA
EL
BAGRE
ANTIOQUIA
1.168
0,04%
37
PARABÓLICA
CHINACOTA LTDA.
CHINÁCOTA
NORTE
DE SANTANDER
NR
38
PARÁBOLICAS
HULIG LTDA.
GIGANTE
HUILA
642
0,02%
39
PROMOTORA
DE TELEVISIÓN LTDA - PROMOVISIÓN LTDA.
BELÉN
DE UMBRÍA
RISARALDA
1.499
0,05%
40
SATELVISION
LTDA.
SARAVENA
ANTIOQUIA
786
0,02%
41
SOCIEDAD
ALFA T.V. DORADA Y CIA S. A.
LA
DORADA
CALDAS
4.528
0,14%
42
SUPER
CABLE TELECOMUNICACIONES S. A.
ZONAL
ZONAL
17.581
0,55%
44
TELE
30 EU
DAGUA
VALLE
DEL CAUCA
475
0,01%
45
TELMEX
HOGAR S. A.
ZONAL
ZONAL
1.693.714
52,89%
46
TEVECOM
LTDA.
PUERTO
COLOMBIA
ATLÁNTICO
NR
47
TV
CABLE SAN GIL LTDA.
SAN
GIL
SANTANDER
1.642
0,05%
48
TV
CABLE VILLANUEVA LIMITADA
VILLA
NUEVA
LA
GUAJIRA
598
0,02%
49
TV
ISLA LTDA
SAN
ANDRES
SAN
ANDRÉS
2.956
0,09%
50
TV
OMEGA SAHAGUN LTDA.
SAHAGÚN
CÓRDOBA
0
0,00%
51
TV
PAUJIL E.U.
PAUJIL
CAQUETÁ
560
0,02%
52
TV
SANV LIMITADA
SAN
VICENTE DEL CAGUÁN
CAQUETÁ
360
0,01%
53
TV
SATELITE ARAUCA LTDA.
ARAUCA
ARAUCA
2.279
0,07%
54
TV
SUR LTDA.
GARZÓN
HUILA
665
0,02%
55
TV
VISION Y CIA LTDA
CAMPOALEGRE
HUILA
101
0,00%
TOTAL
3.202.343
100,00%
Cuadro
5. CNTV
Posteriormente
afirmó que en lo referente a la oferta de los canales, la CNTV expidió el
Acuerdo 11 de 2006, buscando la protección y efectividad de los derechos de los
usuarios de televisión por suscripción.
Expuso que la
reglamentación prevé que los concesionarios de Televisión por Suscripción
debían registrar anualmente, ante la Comisión Nacional de Televisión, las
tarifas que cobrarán el año siguiente, incluyendo la totalidad de los paquetes
básicos premium, especiales o de cualquier clasificación y tipo de
contratos individuales y colectivos que vaya a ofrecer, señalando para cada uno
de ellos los valores mínimo y máximo a cobrar a los usuarios.
Por
consiguiente, señaló que a dichos operadores les corresponde garantizar la
prestación de los servicios en condiciones de calidad, oportunidad y
eficiencia, independientemente de que se trate de paquetes básicos, premium,
especiales o de cualquier clasificación, prevaleciendo en todo caso los
derechos de los suscriptores y usuarios en la interpretación de cualquier
cláusula y norma aplicable a la prestación del servicio público de televisión
por suscripción.
4.2.
Asociación Colombiana de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación
(Afacom).
En enero 29
de 2010, la presidenta de esa agremiación presentó su intervención en la cual
precisó que “el artículo 20 de nuestra carta constitucional en su inciso
segundo señala que los medios masivos de comunicación son libres y con
responsabilidad social, esa libertad precisamente consiste en poder ofrecer al
consumidor una diversidad de programación que esté encaminada a suplir las
necesidades de información del público en general y no de manera sectorizada a
un público particular. La libertad mencionada está sujeta a que el medio de
comunicación, sea el que fuere, actúe con una gran responsabilidad y con
sujeción a lo establecido en las normas, teniendo en cuenta que se encuentra
dentro de un Estado de Derecho”.
En cuanto a
la programación o canales de alto contenido político, manifestó que los medios
de comunicación son libres de trasmitirlos o no, conforme a lo establecido en la
Constitución y las normas concordantes y reglamentarias relacionadas, con
especial cuidado en “la época preelectoral conforme a lo ordenado por el
Consejo Nacional Electoral, precisamente para no estar en contravía del derecho
a la igualdad”.
En lo que
respecta a los alcances y límites que la respectiva profesión plantea frente a
la problemática concreta, respondió que “los comunicadores sociales y
periodistas están obligados a trasmitir una información veraz e imparcial con
total liberalidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales a la expresión,
pensamiento, opinión y no censura, pero siendo siempre responsables y sujetos a
las necesidades generales y no particulares de los consumidores según el
principio general del derecho. Igualmente, no pueden estar o ir en contravía de
la Constitución, las leyes y de nuestro Estado democrático de Derecho”.
4.3.
Universidad Sergio Arboleda.
En febrero 2 de
2010, la Decana de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de esa Universidad
allegó documento en el cual efectúo la correspondiente evaluación del caso
desde la óptica del periodismo, manifestando que la supresión de información
dentro de un contexto de los derechos fundamentales consagrados en la carta
política, sin duda debe interpretarse como una violación flagrante al artículo
20 de la Constitución, ya que el Estado garantiza que todos los asociados
ostenten la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, así
como la de informar y recibir información veraz e imparcial.
En este sentido,
al interior de la dinámica de la comunicación cualquier interferencia existente
entre el canal emisor y el receptor final de la información, genera una
vicisitud dentro del proceso comunicativo, configurando por lo general un
escenario de censura, el cual se encuentra proscrito. En virtud de ello,
aseveró que se puede inferir “que la supresión es una patología dentro del
derecho a la información, ya que al suprimir el contenido informativo se está
desnaturalizando este mismo y automáticamente pierde su carácter veraz por la
distorsión causada.”
Finalmente,
expuso que a la luz de la comunicación social la prohibición de censura
consagrada en el artículo 20 de la Constitución, procura contrarrestar una
actividad arbitraria, tendiente a obstruir, entorpecer o alterar la información
originalmente emitida, situación que de suyo es irresistible para el
destinatario final del mensaje, quien no puede realizar acción alguna para
evitar la modificación al mensaje inicial.
En lo que
respecta al caso concreto, manifestó que el demandante “libremente podrá
elegir cualquier otro sistema de cable que se ajuste a las necesidades
políticas, culturales, religiosas y sociales que él estime, máxime cuando la
Resolución 1071 del 4 de septiembre de 2008 emitida por la Comisión Nacional de
Televisión le impone la obligación a TELMEX HOGAR S. A. de no hacer
efectivas las cláusulas de permanencia ni las prórrogas automáticas con los
antiguos suscriptores de la compañía cedente TELEDINÁMICA S. A. por
ello, el suscriptor está facultado para escoger libremente el servicio que más
se acople a sus inclinaciones”.
Al segundo
interrogante, relativo el alcance y tipo de límites que plantea la profesión,
respondió que el periodismo es una herramienta democrática dentro de la
sociedad, garante indispensable de la dinámica social, política y cultural de
los pueblos, debido a que su estructura está ligada al fomento de los derechos
humanos consagrados en la carta. De esta manera, la comunicación social se
trasforma en un pilar del Estado de derecho, que está destinado a ejercer la
labor de fiscalización y control en nombre de los ciudadanos a los diferentes
órganos estatales.
Agregó que el
artículo 20 superior establece el alcance de las libertades consagradas a favor
del derecho de la información, alcance que ha sido desarrollado por diversos
fallos del alto tribunal constitucional; así mismo, precisó que los límites al
ejercicio del periodismo y la comunicación social, se encuentran en los
derechos al buen nombre, la intimidad y el fuero interno del individuo.
4.4. Universidad
de Antioquia
El Decano de la
Facultad de Comunicaciones de esa Universidad, en febrero 1° de 2010, presentó
escrito exponiendo que la supresión “entendida en este caso, como dejar de
trasmitir mensajes de alto contenido político, sin el consentimiento de los
receptores, puede tener varías explicaciones y hasta justificaciones. Para
aclarar la situación que se plantea en este caso concreto, se tiene que partir
de los términos pactados para la prestación del servicio de difusión. Si en
forma expresa, se dijo cuales eran las distintas cadenas y sus programas que se
comprometían a trasmitir y después incumplen, estamos ante una causal que puede
dar lugar hasta la extinción del contrato. Pero tal causal, no puede entenderse
como una violación a varios derechos fundamentales, como el derecho a la
libertad de expresión”.
Así mismo,
explicó que “en general, la facultad de difundir mensajes sí puede tener
límites, pero no entendidos como censura, porque no es una actitud de la
autoridad para impedir que haya difusión. Son límites, por ejemplo, el respeto
hacía los derechos ajenos, porque es deber del profesional, al difundir
mensajes, no referirse a temas como la vida íntima de la persona que es
protagonista de la noticia”.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
Esta corporación es competente para examinar, en Sala de Revisión, la
actuación referida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241
(numeral 9º) de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda.
Lo que se debate.
Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si Telmex Hogar S. A.
vulneró los derechos fundamentales del accionante “a la libertad de
expresión, a recibir información veraz e imparcial, a la igualdad y al
pluralismo informativo”, por motivo de la supresión de la oferta de los
canales Venezolana de Televisión, Cubavisión Internacional y Telesur, dentro del
contrato de televisión por suscripción celebrado con el señor Virgilio Agustín
Contreras Salerno, cedido por Teledinámica a dicha empresa.
De los hechos planteados, se desprende adicionalmente la necesidad de
determinar si un cable operador del servicio público de televisión vulnera los
derechos fundamentales a la libertad de expresión, la información y el
pluralismo informativo de sus suscriptores, al suprimir canales televisivos,
presuntamente basado en motivos de carácter político o ideológico.
Para dar solución a los problemas planteados,
previo al análisis del caso concreto, esta Sala verificará: i) la procedencia
de la acción de tutela contra particulares encargados de la prestación de un
servicio público; ii) la protección constitucional de los derechos a la
libertad de expresión y a la información; y iii) la garantía del
pluralismo informativo y las facultades de
intervención del Estado en el espectro electromagnético.
Tercera. Procedencia de la acción de tutela contra particulares
encargados de la prestación de un servicio público.
3.1. El inciso
final del artículo 86 de la Constitución, establece que la acción de tutela
procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público,
o cuando se afecte de manera grave y directa el interés colectivo, o en
aquellos casos en los que el solicitante se encuentre en estado de
subordinación o indefensión.
El Decreto
2591 de 1991 (art. 42) especificó que dicho medio
procede contra particulares, en eventos en los que (i) presten servicios
públicos (numerales 1°, 2° y 3°); (ii) cuando el afectado esté en situación de
indefensión o subordinación frente al particular accionado (numerales 4° y 9°);
cuando le atribuya la vulneración del derecho fundamental de habeas data
(numerales 6° y 7°); cuando el particular contravenga lo vedado por el artículo
17 de la carta política (numeral 5°); o (v) cuando ejerza funciones públicas
(numeral 8°)[9].
3.2. Según el
artículo 1° de la Ley 182 de 1992, la televisión “es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del
Estado, cuya prestación corresponderá, mediante concesión, a las entidades
públicas a que se refiere esta Ley, a los particulares y comunidades
organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política” (no está en negrilla en el texto original), por lo cual es
evidente que la acción de tutela procede contra los concesionarios del servicio
televisivo, siempre que se alegue vulneración o amenaza de algún derecho
fundamental[10].
Lo expuesto
tiene mayor fundamento por la necesaria utilización del espacio
electromagnético en la prestación de tal servicio y la complejidad y relevancia
que dicha actividad ha adquirido en los Estados modernos. Así, esta Corte ha
precisado que “la televisión es un servicio que afecta de manera sustancial
e indiscriminada la vida de sus usuarios, los cuales, dada la cobertura creciente
del mismo, equivalen prácticamente a la totalidad de la población”[11].
3.3 Aún así,
para esta corporación es esencial la alegación de una vulneración concreta a
algún derecho fundamental, cuando se instauren acciones de tutela contra
particulares encargados de la prestación del servicio público de televisión,
teniendo en cuenta que la mayor parte de las labores desarrolladas por estos
concesionarios son de carácter contractual y privado, por lo cual las
controversias surgidas deben solucionarse por las vías ordinarias de defensa.
De tal
manera, para esta Corte no son, prima facie, admisibles las solicitudes
de amparo que i) busquen retribuciones pecuniarias o indemnizatorias, o en las
cuales ii) se discutan inconformidades con la prestación del servicio, como
facturación, calidad, cantidad o frecuencias, entre otras, pues las mismas
tienen cubrimiento por medios usuales de solución de conflictos, ante jueces
regulares o ante organismos de supervisión y control, como la superintendencia
de servicios públicos, entre otras.
En todo caso,
es pertinente que el juez verifique esas actuaciones o conductas en las cuales
intervengan particulares que presten un servicio público, diferenciando
aquellos eventos enunciados anteriormente, que no pueden ser objeto de tutela,
de los que a pesar de emanar de una relación contractual, sitúen derechos
fundamentales de una persona en riesgo o conculcación, circunstancia en la que
la tutela deviene procedente como medio de defensa[12].
3.4.
Adicionalmente, los criterios expuestos
encuentran soporte en la sentencia C-134 de marzo 17 de 1994, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, donde se enfatizó que la justificación de la tutela contra
empresas que prestan un servicio público está dada por la relación de
supremacía material que asume la entidad prestadora frente al usuario, puesto
que:
“… en el derecho privado opera la llamada justicia
conmutativa, donde todas las personas se encuentran en un plano de igualdad. En
consecuencia, si un particular asume la prestación de un servicio público -
como de hecho lo autoriza el artículo 365 superior- o si la actividad que
cumple puede revestir ese carácter, entonces esa persona adquiere una posición
de supremacía material -con relevancia jurídica- frente al usuario; es decir,
recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad referido, y
que, por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un
derecho constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección
judicial.”
En resumen, depende de que se configuren los
elementos descritos o se adviertan circunstancias análogas, para que el juez
constitucional pueda definir si es procedente la reclamación que por
acción de tutela efectúe un usuario, respecto de la presunta vulneración o
amenaza de sus derechos fundamentales, contra un concesionario del servicio
público de televisión.
Cuarta. Protección constitucional de
los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información.
4.1. Según el artículo 20 de la
Constitución, el estado colombiano garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, informar y recibir información
veraz e imparcial, y fundar medios masivos de comunicación, de manera libre y
con responsabilidad social, asegurándose también el derecho a la rectificación
en condiciones de equidad y prohibiéndose de manera expresa la censura.
Aunada a la
legislación nacional, se encuentra la consagración de esos derechos a nivel
internacional. Por ejemplo, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
consagra que “todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”. También el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluido en la normativa interna
mediante Ley 74 de 1968, consagra (art. 19 inciso 2º) que “toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión”.
En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Ley 16 de 1972, art. 13) establece: “Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
La libertad
de expresión, genéricamente[13]
referida, es entonces un derecho humano y fundamental que constituye uno de los
pilares del ordenamiento constitucional y democrático[14], de carácter universal y
merecedor de protección en todo tiempo y lugar, consistente en manifestar o
recibir, de forma individual o colectiva[15],
ideas, puntos de vista, información o pensamientos, entre otros, a través de
cualquier medio o instrumento elegido, que busca satisfacer las inclinaciones
humanas hacia el conocimiento y la comunicación, connaturales a la vida en
sociedad.
4.2. Ahora
bien, la libertad de expresión tiene diversas facetas normativas de protección,
de mayor especificidad y objeto, además de contenido y alcance diferenciables,
derivadas de la integración del citado artículo 20 superior y el bloque de
constitucionalidad, que esta Corte en sentencia T-391 de mayo 22 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, sistematizó de la siguiente manera (está en negrilla y
subrayado en el texto original):
“(a) La
libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones,
informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier
medio de expresión –sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico,
electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser
molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de
expresión stricto senso, y tiene una doble dimensión – la de quien se
expresa, y la de los receptores del mensaje que se está expresando.
(b) La
libertad de buscar o investigar información sobre hechos, ideas y
opiniones de toda índole, que junto con la libertad de informar y la de recibir
información, configura la llamada libertad de información.
(c) La
libertad de informar, que cobija tanto información sobre hechos como
información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier medio
de expresión; junto con la libertad de buscar información y la libertad de
recibirla, configura la llamada libertad de información.
(d) La
libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre
hechos, así como sobre ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de
expresión. Junto con los anteriores elementos, configura la libertad de
información.
(e) La
libertad de fundar medios masivos de comunicación.
(f) La libertad
de prensa, o libertad de funcionamiento dichos medios masivos de
comunicación, con la consiguiente responsabilidad social.
(g) El derecho
a la rectificación en condiciones de equidad.
(h) La prohibición
de la censura, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos,
(i) La prohibición
de la propaganda de la guerra y la apología del odio, la violencia y el delito,
cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial,
(j) La prohibición
de la pornografía infantil, y
(k) La prohibición
de la instigación pública y directa al genocidio.”
4.3. Por ser
pertinente para el presente caso, es imperioso ahondar en la definición y
alcance de las facetas denominadas libertad de expresión stricto sensu y
libertad de información, que implican en sí mismas objeto, contenido y ámbitos
de aplicación, si bien concomitantes, también autónomos y diferenciables.
Como
características afines de estas dos libertades se encuentran, entre otras, i) la
universalidad de quien es el titular de las mismas, puesto que toda
persona, sin discriminación o distinción alguna cuenta con estas garantías; ii)
la protección en doble vía, toda vez que pueden ser reclamadas no solo
por los emisores o difusores de información (sujetos activos en el proceso
comunicativo), sino también por los receptores de la misma (sujetos pasivos);
iii) son garantías inalienables e imprescriptibles que merecen
protección estatal en todo tiempo y lugar; y iv) no son libertades absolutas[16], es decir,
no pueden ser ejercidas en contra del bien común ni del interés general y están
sometidas a ponderación y proporcionalidad con otros derechos fundamentales.
Ahora bien,
al identificar diferencias entre estas dos libertades, la Corte Constitucional
ha reiterado que mientras la libertad de expresión suele estar relacionada con
ideas y opiniones propias del individuo, la de información se ciñe
mayoritariamente sobre hechos o sucesos que se trasmiten a un grupo social
determinado[17]
y, en esa medida, se incrementan las exigencias y los límites constitucionales
para la segunda, respecto de la primera.
En sentencia
T-066 de 1998, precitada, se lee: “Las
dos libertades reciben un trato distinto: así, mientras que la libertad de
expresión prima facie no conoce límites, la libertad de informar está atada
constitucionalmente a dos condiciones, a saber: la veracidad y la
imparcialidad. La explicación del desigual tratamiento de estas dos libertades
salta a la vista: en una sociedad democrática y liberal no se puede impedir que
cada cual tenga y exponga sus propias opiniones, pero algo diferente es que
exponga hechos que no corresponden a la realidad o que suministren una versión
sesgada de ella, induciendo así a engaño a los receptores de información.”
4.4.  A
partir de esa diferenciación, se puede establecer entonces que el derecho a la
libertad de expresión stricto sensu consiste en la
posibilidad de expresar o difundir su propio pensamiento o ideas y, debido a
que estas facetas del ser humano no pueden ser intervenidas o limitadas, no es
procedente sujetarla a las exigencias de veracidad o imparcialidad, lo cual no
significa que por esa vía puedan vulnerarse impunemente derechos fundamentales
de terceros[18].
4.5. Frente
al derecho a la información, en sentencia SU-056 de 1995, precitada, se
explicó que puede entenderse como “la propensión innata del hombre hacia el
conocimiento de los seres humanos con los cuales se interrelaciona y de su
entorno físico, social, cultural y económico, lo cual le permite reflexionar,
razonar sobre la realidad, adquirir experiencias, e incluso transmitir a
terceros la información y el conocimiento recibidos”.
Así mismo, el
contenido del derecho a la información trasciende e implica la posibilidad de “recibir,
buscar, investigar, almacenar, procesar, sistematizar, analizar, clasificar y
difundir informaciones, concepto éste genérico que cubre tanto las noticias de
interés para la totalidad del conglomerado como los informes científicos,
técnicos, académicos, deportivos o de cualquier otra índole y los datos
almacenados y procesados por archivos y centrales informáticas”[19].
El derecho a
la información está compuesto por dos dimensiones diferentes pero
complementarias: i) esencial o fundamental, que se traduce en el
ejercicio del derecho a la libertad, así como la posibilidad de difundir
información sin que pueda censurarse directa o indirectamente; y ii)
estructural, que supone la garantía de las condiciones operativas
necesarias para que la información pueda llegar a todos los habitantes, en
condiciones tales que aseguren la posibilidad de fundar medios masivos de
comunicación libres y con responsabilidad social.
4.6. Respecto
de las limitaciones que el Estado puede imponer a estos dos derechos, esta
Corte ha identificado que las mismas deben tener ciertas especificidades, tales
como: “(1) estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2)
perseguir el logro de ciertas finalidades imperativas, (3) ser necesarias para
el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas a la
expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye
el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se
limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho
fundamental, es decir, ser proporcionada.”[20].
Según lo
establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[21], las limitaciones
impuestas a la libertad de expresión, en forma genérica, no deben “perpetuar
los prejuicios ni fomentar la intolerancia”[22]. Por ello, tales
limitaciones no pueden ser discriminatorias, ya que ello contraría el artículo
24 de la Convención Americana[23].
Recordó también que según el artículo 13 de la Convención, “la libertad de
expresión es un derecho de ‘toda persona’; y que en virtud del principio 2 de la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, ‘todas las
personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e
impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación,
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, idioma,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social’” (no
está en negrilla en el texto original).
4.7. Como se
vislumbra, los derechos a la información y a la libertad de expresión stricto
sensu son complejos, puesto que incluyen como objeto de protección las
diferentes formas y manifestaciones a través de las cuales los individuos
acceden al conocimiento, que si bien pueden ser limitados, gozan de amplia
protección.
Dentro de
esas complejidades, está inmersa la prohibición de censura, instituida
principalmente para que la información no sea objeto de examen y aprobación
previa de un interventor determinado.
La censura,
entendida como el control por medio de actos de contenido general o particular
sobre la información que se transmite, constituye una forma de limitación
inadmisible de la libertad de expresión y del derecho a la información por
parte, principalmente, de entidades públicas, pero también susceptible de
ejecutarse por aquellos entes privados que prestan un servicio público en
general, por ejemplo, un prestador del servicio de televisión.
La
jurisprudencia de esta corporación, ha establecido que se configura censura
cuando “el contenido de lo que un medio de comunicación quiere informar,
publicar, transmitir o expresar, con la finalidad de supeditar la divulgación
de ese contenido a su permiso, autorización o previo examen -así no lo
prohíban-, o al recorte, adaptación, adición o reforma del material que se
piensa difundir. Prohibir, recoger, suspender, interrumpir o suprimir la
emisión o publicación del producto elaborado por el medio son modalidades de
censura, aunque también lo es, a juicio de la Corte, el sólo hecho de que se
exija el previo trámite de una inspección oficial sobre el contenido o el
sentido de lo publicable; el visto bueno o la supervisión de lo que se emite o
imprime, pues la sujeción al dictamen de la autoridad es, de suyo, lesiva de la
libertad de expresión o del derecho a la información, según el caso”[24].
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “(l)a censura previa,
interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión
o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral,
escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las
restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la
imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”[25].
4.8. Aunado a
lo anterior, se ha de precisar que, de forma general, la censura proviene de
las limitaciones injustificadas y desproporcionadas que efectúan los poderes
públicos sobre la libre circulación de ideas, pensamientos e información;
empero, existen también cierto tipo de restricciones que no solo proviene de
ese ejercicio del poder estatal y que tienen otras causas.
Así, según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otra forma de quebrantamiento es
la constitución de oligopolios o monopolios en las fuentes de información, por
concentración de la propiedad de los medios masivos de comunicación, a partir
de los cuales se pueden imponer indirectamente límites a la libre circulación
de ideas y opiniones.
En ese
sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de dicha
Comisión establece (principio 12): “… los monopolios u oligopolios en la
propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes
antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la
pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la
información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas
para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben
considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades
para todos los individuos en el acceso a los mismos.”
A partir de
este imperativo, proveniente de la preceptiva internacional, el Estado
colombiano ha regulado las formas de intervención estatal a fin de proteger el
pluralismo informativo.
Quinta. Garantía del pluralismo informativo y las
facultades de intervención del Estado en el espectro electromagnético.
Normativa aplicable al servicio público de televisión.
Reiteración de jurisprudencia.
5.1. La salvaguarda del pluralismo informativo
constituye uno de los principales valores constitucionales, en la órbita de los
medios masivos de comunicación, por cuyo intermedio pueden reproducirse a gran
escala las distintas corrientes de pensamiento y expresión que conviven en una
sociedad. Si no existiere o no fuera respetada, no sería posible que los
ciudadanos receptores de información de cualquier tipo pudiesen elegir
reflexiva y libremente dentro de las alternativas existentes, qué es lo mejor
para sí mismos, según sus convicciones.
De igual manera, el ejercicio del pluralismo
informativo, está ligado intrínsicamente con el principio democrático, puesto
que la diversidad de medios de comunicación se traduce en la existencia de un
público reflexivo y variado, lo que sin duda está en el marco programático del
Estado social de derecho, respetuoso de la libertad y la diferencia.
Por ello, la Constitución de 1991 consagró en el
artículo 76, la igualdad de oportunidades en el uso del espectro
electromagnético y la facultad, en cabeza del Estado, de intervenir y regular
el uso de dicho bien público, a fin de garantizar “el pluralismo informativo
y la competencia”.
5.2. Según el artículo 1° de la Ley 182 de 1995, la
televisión es un servicio público de telecomunicaciones que ofrece programación
dirigida al público en general o a una parte de él, mediante la emisión,
transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales
simultáneas de audio y video.
Como se deriva del artículo 2° de
esa ley, la televisión, como servicio público que es, deviene unido a la
finalidad social del Estado, sujeto a su titularidad, reserva, control y
regulación, pudiendo encomendarse su prestación eficiente mediante concesión a
particulares, incluyendo comunidades organizadas, de conformidad con lo
determinado por el artículo 365 de la carta.
En dicha regulación también se
establece que el servicio público de televisión está vinculado intrínsecamente
a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de
los procesos de información y comunicación audiovisuales, y tiene por finalidad
informar veraz y objetivamente, formar, educar y recrear de manera sana, a fin
de coadyuvar a satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el
respeto de las garantías, libertades, deberes y derechos fundamentales,
consolidar la democracia y la paz y propender por la difusión de los valores
humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local[26].
5.3. Para esta Corte, “la
televisión, es cierto, cumple un papel decisivo en la construcción de los
imaginarios sociales y de las identidades culturales, pues contribuye al
ejercicio cotidiano de la cultura democrática y al reconocimiento de la
historia y el destino nacional, objetivos estos que indudablemente han de ser
preservados por el Estado máxime en una época como la actual donde los avances
tecnológicos en la materia permiten a los usuarios del servicio televisivo
acceder al conocimiento de culturas foráneas con sus propios lenguajes
audiovisuales e interpretaciones de la realidad” [27].
Acerca de la importancia que
tiene la televisión en los procesos comunicativos y en la formación de la
opinión pública, esta Corte precisó:
“La
televisión, sobra decirlo, ocupa un lugar central en el proceso comunicativo
social. La libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado, en
una escala masiva, dependen del soporte que les brinda el medio de
comunicación. La opinión pública, no es ajena a las ideas e intereses que se
movilizan a través de la televisión. Por consiguiente, el tamaño y la
profundidad de la democracia, en cierta medida resultan afectados por la
libertad de acceso y el pluralismo que caracterice a la televisión y ellas, sin
lugar a dudas, pueden resentirse cuando el medio se convierte en canal
propagandístico de la mayoría política o,  más grave aún, de los grupos
económicos dominantes. En otro campo, la televisión despliega efectos positivos
o negativos, según sea su manejo, para la conservación y difusión de las
diferentes culturas que convergen en una sociedad compleja. Los efectos de las
políticas y regulaciones en esta materia, unido al poder que envuelve la
intervención en el principal y más penetrante medio de comunicación social,
exige que su manejo se guíe en todo momento por el más alto interés público y
que ningún sector o grupo por sí sólo, así disponga de la mayoría electoral,
pueda controlarlo directa o indirectamente.”[28]
Así mismo, ha sostenido esta
Corte:
“La
televisión, como se ha dicho en forma reiterada por parte de esta Corporación,
es el medio masivo de comunicación al que más poder de penetración se le
atribuye en la sociedad moderna; a ella se le hace responsable de la
consolidación de un nuevo paradigma de vida, un paradigma cuyo epicentro es un
individuo que, determinado por la complejidad y densidad del contexto en el que
se desenvuelve, necesita, para relacionarse con otros, para poder realizar
actos de comunicación que afectan y determinan su vida diaria, de
intermediarios, necesidad que en gran medida suplió la tecnología con la
televisión; de hecho, a través de ella se han cimentado las bases de una nueva
cultura, en la cual el dominio del poder político y económico lo determina, en
gran medida, la capacidad de orientar la toma de decisiones de la opinión
pública, decisiones que van desde aquellas relacionadas con el sistema político
del que hacen parte las personas, hasta aquellas que caracterizan y definen su
cotidianidad, esto es, sus hábitos de consumo.”[29]
5.4. En ejercicio de la potestad
estatal de intervenir el espectro electromagnético utilizado para los servicios
de televisión, el legislador se halla facultado constitucionalmente para
imponer restricciones, tendientes a lograr determinados fines estatales[30], por
ejemplo, asegurar el pluralismo informativo, que para esta Corte “se
manifiesta en la existencia y coexistencia de distintos operadores de televisión
que puedan llevar a los usuarios diferentes contenidos que sean reflejo de la
realidad circundante, así como en la multiplicidad de puntos de vista en los
contenidos de los medios de comunicación ya sea en términos políticos, étnicos,
religiosos, culturales, etc. de modo que la inmensa variedad de realidades
sociales encuentre su lugar y representación en los medios de comunicación”[31].
Debe precisarse que las
restricciones que imponga el legislador a quienes crean medios masivos de
comunicación que utilicen el servicio público de televisión también pueden
fundarse en el carácter relativo del derecho a la información. Al respecto la
jurisprudencia ha señalado:
“...el
derecho a la información no es absoluto ni puede alegarse la garantía de su
pleno disfrute como argumento para desconocer derechos de los asociados ni para
evadir los necesarios controles estatales sobre la observancia del orden
jurídico o sobre la prestación de los servicios que permitan canalizar
informaciones al público. Por tanto, nada impide, a la luz de la Constitución,
que el Estado contemple requisitos para recibir, manejar, difundir, distribuir
o transmitir informaciones, ni que establezca restricciones o limitaciones por
razón del imperio del orden jurídico, para hacer efectivos los derechos de las
demás personas - tales como la honra, el buen nombre o la intimidad- o con el
objeto de preservar el interés colectivo.
Por eso, la
normatividad legal puede incluir normas y regulaciones aplicables a quienes
reciben, captan, graban, procesan, transmiten, difunden o distribuyen señales
incidentales de televisión vía satélite mediante la instalación y uso de
antenas o estaciones terrestres, comúnmente denominadas antenas parabólicas,
sin que ello implique vulneración o desconocimiento del derecho fundamental de
información en su núcleo esencial, ya que - se repite- no puede predicarse lo
absoluto como una de sus características básicas y, además, la Corte
Constitucional ha sostenido que es de doble vía, toda vez que puede ser
reclamado no sólo por los emisores o difusores de información (sujetos activos)
sino por los receptores de la misma (sujetos pasivos), quienes deben recibirla
veraz e imparcial.”[32]
De lo anterior puede concluirse
que al intervenir en el espectro electromagnético destinado a los servicios de
televisión, el Estado tiene facultad para establecer condiciones y
restricciones a quienes funden medios masivos de comunicación y utilicen dichos
servicios, limitaciones que pueden estar dadas en función de los objetivos que
persigue tal intervención así como en el carácter relativo que tiene el derecho
a la información.
Sexta. Caso concreto.
6.1. Esta acción de tutela fue instaurada por
Virgilio Agustín Contreras Salerno, alegando vulneración de sus derechos
fundamentales a la libertad de expresión, a recibir información veraz e
imparcial y al pluralismo informativo, debido a la supresión de la oferta de
los canales Venezolana de Televisión, Cubavisión Internacional y Telesur,
dentro de un contrato de televisión por suscripción.
El accionante acusó a la empresa de suprimir los
canales referidos con base en criterios políticos e ideológicos, lo cual, a su
juicio, constituyó una forma de discriminación y “censura”. Por su
parte, Telmex precisó que la modificación de la oferta de canales estuvo
motivada por la necesidad de satisfacer a los usuarios y prestarles un mejor
servicio.
6.2. El juez de primera instancia negó la acción
de tutela al considerar que no se presentó vulneración contra los derechos
fundamentales aducidos, anotando que la inconformidad versaba sobre el posible
incumplimiento del contrato suscrito con Teledinámica S. A., asumido luego por
Telmex, frente a lo cual el actor tenía a su alcance otros medios judiciales
para incoar la reclamación respectiva, decisión que fue confirmada por el ad
quem.
6.3. Previo al análisis de fondo, es necesario
verificar si la presente acción de tutela es procedente, al estar dirigida
contra una empresa particular, observándose que si bien la controversia está
enmarcada dentro de una relación contractual, dicha empresa estaba prestando un
servicio público y la situación presenta aspectos de relevancia constitucional.
Recuérdese
que, a pesar de que el asunto bajo análisis pueda identificarse como una “inconformidad
con la prestación del servicio”, lo cual haría que el medio de defensa
fuera otro distinto a la acción de amparo, existen eventos en los cuales, no
obstante el carácter privado y contractual de los derechos en juego, debe
discurrirse también sobre las circunstancias subjetivas de quien pide la
tutela, en cuanto a si se está presentando el “efecto de irradiación”,
reseñado en la sentencia T-160 de 2010, citada en la nota 12 de pie de página
en esta sentencia, que conlleva que las garantías y libertadas constitucionales
permanezcan vigentes, aún bajo el influjo de las relaciones contractuales.
Teniendo en cuenta
lo expuesto, la Sala encuentra que la tutela pedida por el señor Virgilio
Agustín Contreras Salerno contra Telmex sí es procedente, al
configurarse la causal 3ª del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, debido a
que una empresa particular prestadora de un servicio público, habría vulnerado
derechos fundamentales, por la probable afectación contra la libertad de
expresión y contra el pluralismo en la recepción de información veraz e
imparcial (arts. 20 y 75 Const.).
6.4. Corresponde
entonces verificar si efectivamente fueron conculcados los referidos derechos
del demandante, al suprimir la empresa Telmex algunos canales de televisión de
su oferta inicial.
Acerca de la libertad
de expresión y el derecho a recibir información veraz e imparcial, es de
recordar la relación que el accionante infiere de la exclusión de los canales
Venezolana de Televisión, Cubavisión Internacional y Telesur, que apoyaban y
promocionaban al “Gobierno de Hugo Chávez Frías”, incurriéndose así en “una
censura a los medios de comunicación alternativos o de ideas izquierdistas
diferentes a los que expresan las ideas, informaciones e intereses del modelo
capitalista salvaje o neoliberal” (f. 2 ib.), configuraría una
discriminación injustificada, vulneradora de su derecho a recibir información
veraz e imparcial.
Es claro que
supresiones basadas en criterios de condición social y filiación política o
ideológica, no son constitucionalmente válidas y constituyen censura, al
quebrantar el derecho de toda persona a recibir y buscar información, sin que
esa búsqueda o recepción sea entorpecida o limitada arbitrariamente.
6.5. Con
todo, en el presente asunto es necesario verificar los asertos del actor, pues
la simple enunciación de su parecer sobre la situación presuntamente
vulneradora no es suficiente para probarla, ni para habilitar una intervención
estatal sobre la empresa prestadora del servicio público de televisión por
suscripción, como es la pretensión del señor Contreras Salerno.
En esa
medida, ha de ser tenida en cuenta la documentación aportada, a partir de la
cual se develan los motivos de la exclusión de los canales televisivos en
cuestión. Así, debe valorarse la respuesta que a un derecho de petición del
actor dio Telmex, en noviembre 7 de 2008, indicando que es “empresa
comprometida con la excelencia de nuestros productos y servicios, por lo cual
ha efectuado modificaciones a la parrilla de programación tendientes a ofrecer
una mejor oferta de programación, cambiando algunas señales incidentales por canales
codificados, modificación realizada en aras del beneficio de nuestros usuarios”
(f. 23 ib.), manifestación verosímil que no permite colegir algún motivo
ideológico o político, como razón discriminatoria o tan siquiera sospechosa de
la variación de la oferta de canales.
A falta de
una demostración en contrario y de una encuesta que denotara amplio rechazo
contra la determinación supresora de esos canales, contra los cuales tan no se
tendría sesgos que en principio fueron ofrecidos, se mantiene incólume la
presunción de buena fe.
Más aún, en
respuesta a esta corporación, que expresamente pidió a la empresa demandada
especificar por qué sacó de oferta los canales Venezolana de Televisión,
Telesur y Cubavisión Internacional, en octubre 15 de 2009 Telmex expresó que
debido a la adquisición de varias empresas que incluían multiplicidad de
canales, se vio en la necesidad de desarrollar “un proyecto de unificación
de su grilla… ofreciendo a la totalidad del público en el territorio nacional,
una sola parrilla de canales, que satisfagan las necesidades de
entretenimiento, cultura e información de nuestros usuarios”, anotando que “dentro
de este proceso de unificación, se han tenido que descartar canales, pues
técnicamente se generan unos límites de capacidad, que ha implicado que algunos
canales que antes se trasmitían en algunas de nuestras grillas, actualmente no
se encuentren dentro de la oferta…” (f. 89 cd. Corte).
Esta
contestación tampoco insinúa censura alguna hacia los canales referidos, por su
eventual contenido político o ideológico. Por el contrario, se pudo establecer
que los cambios efectuados a partir de la cesión del contrato de televisión por
suscripción, de Teledinámica a Telmex, se basaron en estudios de mercadeo y “rating”,
razones constitucionalmente válidas a la luz de lo determinado en los artículos
75 y 333 de la Constitución, atinentes a la promoción de la competencia en la
utilización del espectro electromagnético y la libertad de empresa.
6.6. Aunado a
lo anterior, frente a la presunta vulneración del pluralismo informativo,
no surgió demostración de tal quebrantamiento, pues como se indicó ut supra,
el usuario mantiene la posibilidad de acudir a varios otros concesionarios del
servicio público de televisión, garantizada como está la pluralidad de opciones
y la libre circulación de información, ideas, pensamientos y opiniones, al
tiempo en que son evitados los monopolios u oligopolios y la censura,
manteniéndose vigente el deber de intervención del Estado para preservar el
buen uso del espectro electromagnético.
Ello aparece
corroborado, además, con la información que suministró la Comisión Nacional de
Televisión (CNTV, cuadros 4 y 5 anteriormente incluidos, entre otras
informaciones), denotando que en Colombia existe alrededor de 50 empresas
concesionarias del servicio de televisión por suscripción, con cobertura sobre
el territorio nacional, de las cuales cerca de 22 ofrecen alguno o algunos de
los canales Cubavisión Internacional, Venezolana de Televisión o Telesur.
6.7. Con toda
la verificación referida en precedencia, se concluye: i) No existe monopolio en
la operación del servicio público de televisión por suscripción; ii) ni el
Estado, ni la empresa de cableoperación demandada están ejerciendo censura
directa ni indirecta sobre los canales Cubavisión Internacional, Venezolana de
Televisión o Telesur, que mantienen frecuencia de variada connotación en el territorio
nacional; iii) no se ha vulnerado el derecho a buscar o recibir información al
accionante, pues él puede acceder por otros proveedores y diferentes medios a
los canales referidos.
Adicionalmente,
contrario a lo afirmado por el demandante, el Estado colombiano, a través de
los órganos de regulación del servicio de televisión, viene garantizando el
pluralismo informativo y ejerce en debida forma la facultad de intervención.
Así, la CNTV explicó que a partir de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del
Acuerdo 10 de 2006, se establecieron obligaciones sobre todos los
concesionarios, de emitir i) un canal propio con 5 horas diarias de producción
nacional como mínimo; ii) el Canal del Congreso de la República; iii) los
canales de televisión abierta, de carácter nacional, regional o municipal, sin
costo alguno. Así mismo, se erigió la facultad de la CNTV de determinar
aquellos canales que, por interés para la comunidad, deben también ser de
obligatoria emisión.
Es de tal
forma claro que la pluralidad en ese sentido es necesaria y válida
constitucionalmente, al fomentar la cultura nacional y fortalecer el debate
público y político sobre temas de interés general; sin embargo, no puede
pretenderse que el Estado intervenga la operación de las empresas
concesionarias, para imponerles la obligatoria emisión de uno o varios canales,
que no tengan ese interés y carácter público de producción nacional, regional o
municipal, posibilidad que sí podría conducir a fomentar la imposición de
informaciones determinadas, que escapan a los fines del estado y habilitarían
un injustificado y dañino exceso en la facultad de intervención estatal, en
detrimento de los derechos que, paradójicamente, se pretende proteger.
6.8. Por todas las razones
expuestas, esta Sala confirmará el fallo proferido en abril 27 de 2009 por el
Juzgado 3° Civil del Circuito de Barranquilla, que confirmó el dictado en enero
29 de 2009 por el Juzgado 3° Civil Municipal de la misma ciudad, negando el
amparo a los derechos a la libertad de expresión, la recepción de información
veraz e imparcial y el pluralismo informativo, invocados por el señor Virgilio
Agustín Contreras Salerno, dentro de la acción de tutela instaurada contra la
empresa Telmex Colombia S. A..
VI.-
DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. LEVANTAR la
suspensión de términos decretada para decidir el asunto de la referencia.
Segundo. CONFIRMAR el
fallo proferido en abril 27 de 2009 por el Juzgado 3° Civil del Circuito de
Barranquilla, que confirmó el dictado en enero 29 de 2009 por el Juzgado 3°
Civil Municipal de la misma ciudad, negando el amparo a los derechos a la
libertad de expresión, la recepción de información veraz e imparcial y el
pluralismo informativo, invocados por el señor Virgilio Agustín Contreras
Salerno, dentro de la acción de tutela instaurada contra la empresa Telmex
Colombia S. A..
Tercero. Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento de
voto
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
A LA SENTENCIA
T-327/10
ACCION DE
TUTELA CONTRA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE TELEVISION POR SUSCRIPCION-Se
debió conceder el amparo de los derechos fundamentales a la libertad de
expresión, recepción de información veraz e imparcial y pluralismo informativo
por la supresión de canales televisivos (Salvamento de voto)
DERECHOS FUNDAMENTALES A LA LIBERTAD DE EXPRESION, A LA INFORMACION Y
AL PLURALISMO INFORMATIVO-Protección constitucional (Salvamento de voto)
LIBERTAD DE
EXPRESION-Características (Salvamento de voto)
DERECHO A
RECIBIR INFORMACION VERAZ E IMPARCIAL-Garantía (Salvamento de voto)
La
información como actividad es protegida, pero también lo es el derecho que
tiene toda persona a informarse por sí misma, y a que la información que recibe
sea veraz e imparcial. El conocimiento que se comunica, o que se adquiere por
sí mismo, debe ser protegido por el Estado, pero siempre y cuando no vulnere
valores sustanciales como el buen nombre, la intimidad, el orden público, y el
bien común, que es la expresión del interés general.
VERACIDAD DE
LA INFORMACION-Alcance (Salvamento de voto)
LIBERTAD DE
EXPRESION-Objetivo (Salvamento de voto)
DERECHO A LA
INFORMACION-Definición (Salvamento de voto)
DERECHO A LA
INFORMACION-Dimensiones (Salvamento de voto)
CENSURA-Prohibición
directa o indirecta (Salvamento de voto)
PLURALISMO
INFORMATIVO-Garantía (Salvamento de voto)
La salvaguarda del pluralismo
informativo constituye uno de los principales valores constitucionales, en la órbita
de los medios masivos de comunicación, por cuyo intermedio pueden reproducirse
a gran escala las distintas corrientes de pensamiento y expresión  que conviven
en una sociedad. Si no existiere o no fuera respetada, no sería posible que los
ciudadanos receptores de información de cualquier tipo pudiesen elegir
reflexiva y libremente dentro de las alternativas existentes, qué es lo mejor
para sí mismos, según sus convicciones, incluso cuando para algunos o para
muchos se consideren contrarias o heterodoxas.
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION, DE INFORMACION Y
PLURALISMO INFORMATIVO-Limites
(Salvamento de voto)
TELEVISION-Poder
de penetración y cobertura (Salvamento de voto)
SERVICIO PUBLICO DE TELEVISION-Finalidad
(Salvamento de voto)
ESPECTRO
ELECTROMAGNETICO EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES-Intervención del
Estado (Salvamento de voto)
COMISION
NACIONAL DE TELEVISION CNTV-Funciones (Salvamento de voto)
REF.: Expediente T-2290333
Acción de
tutela interpuesta por Virgilio Agustín Contreras Salerno contra Telmex Hogar
SA. (Hoy Telmex Colombia SA).
Magistrado
Ponente:
NILSON
PINILLA PINILLA
Con el respeto acostumbrado por
las decisiones que toma esta corporación, me permito disentir del fallo
adoptado por la Sala Quinta de Revisión dentro del expediente de la referencia,
ya que considero que el amparo de los derechos fundamentales invocados debió
haber sido concedido.
Algunas de las razones puestas
a consideración de la Sala y que me condujeron a apartarme de la posición
mayoritaria se trascriben a continuación:
1.-
Protección constitucional de los derechos fundamentales a la libertad de
expresión, a la información y al pluralismo informativo.
1.1
Generalidades.
El artículo
20 de la Constitución de 1991 estipula:
“ART. 20.
— Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son
libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
La libertad
de expresión puede ser entendida como el derecho fundamental que tienen todos
los individuos a manifestar o recibir de forma individual o colectiva[33] ideas,
pensamientos o similares, a través de los medios y los instrumentos elegidos
para un fin determinado o indeterminado. En otras palabras, es el derecho a la
libre expresión de la opinión.[34]
En la sentencia
T-391 de 2007 consta un amplio estudio relacionado con el derecho a la
libertad de expresión.[35]
En dicha providencia se reiteró y recopiló la doctrina constitucional sentada
por esta Corporación a partir de la interpretación del bloque de
constitucionalidad y la amplia jurisprudencia sobre el tema.[36] En lo que respecta al
alcance del artículo 20 de la Constitución, se concluyó que los
elementos normativos que lo conforman contemplan varios derechos y
libertades fundamentales, las cuales deben ser interpretadas y respetadas
conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que
obligan al Estado Colombiano.
Adicionalmente,
la titularidad del derecho fundamental a la libertad de expresión y a la
información es universal, puesto que toda persona, sin discriminación o
distinción alguna, cuenta con esta garantía. Así lo quiso el Constituyente de
1991, contrario a lo dispuesto por el de 1886 que hacía referencia
exclusivamente a la libertad de prensa.[37]
Además, se trata de un derecho de doble vía, toda vez que puede ser reclamado
no sólo por los emisores o difusores de información (sujetos activos) sino
también por los receptores de la misma (sujetos pasivos).
1.2
Características de la libertad de expresión:
(i) Es un
derecho fundamental y uno de los pilares sobre el cual está fundamentado el
ordenamiento constitucional. Corresponde a una expresión de la esencia humana,
común a todos los individuos, en el que se satisfacen las inclinaciones al
conocimiento y a la comunicación, sin importar cual sea su condición social,
política, jurídica, económica o el espacio en que se desenvuelva la persona.
(ii)
Garantía de informar y ser informado veraz e imparcialmente.
El objeto
jurídico protegido es la información y el acceso a la verdad, lo cual implica
la imparcialidad del contenido. En ese sentido, la Corte ha puntualizado que “la
información como actividad es protegida, pero también lo es el derecho que
tiene toda persona a informarse por sí misma, y a que la información que recibe
sea veraz e imparcial. El conocimiento que se comunica, o que se adquiere
por sí mismo, debe ser protegido por el Estado, pero siempre y cuando no
vulnere valores sustanciales como el buen nombre, la intimidad, el orden
público, y el bien común, que es la  expresión del interés general.”[38] (Subrayado
por fuera del texto original).
Los datos
comunicados deben enmarcarse dentro del esquema de verdad. En este sentido, la
Corte no exige una relación milimétrica entre lo real y lo informado ya que tal
ejercicio es ontológicamente imposible y podría desencadenar problemas
irresolubles. En su lugar, es necesario que la mensaje se pueda comprobar o
esté debidamente contrastado con fuentes que ameriten rigor y objetividad. Al
respecto la Corte, en la Sentencia SU-1723/00, estableció:
“El
principio de veracidad se constituye en requisito y a la vez límite del derecho
a informar que impone al emisor la obligación de actuar de manera prudente
y diligente en la comprobación de los hechos o situaciones a divulgar.  No
se exige que la información sea estrictamente verdadera, sino que comporta la
necesidad de haber agotado un razonable proceso de verificación, aunque la
total exactitud sea controvertible o se incurra en errores circunstanciales
siempre y cuando no afecten la esencia de lo informado.  Sobre el particular
esta Corte ha dicho que, “la definición de lo que es veraz puede arrojar
muchas dificultades (...) pero más aún, en muchos eventos puede ser imposible
para el informador determinar con precisión si el hecho que llega a su
conocimiento es absolutamente cierto o no.  Si en este último caso se
aplicara una noción absolutamente estricta de veracidad se podría paralizar la
actividad investigativa de los medios de comunicación, con lo cual se afectaría
en forma fundamental su labor de control a las instancias de poder”.
(Subrayado por fuera del texto original.)
Teniendo en
cuenta lo anterior, es pertinente afirmar que la veracidad de la información
que se trasmite o recibe y que tiene implicaciones para un grupo general o
particular, es deseable y necesaria. En todo caso, ese escenario no debe ser
confundido con la esfera artística, en donde la ficción, la subjetividad o la
fantasía, en la mayoría de los casos es la materia prima de la producción de
las obras. En contraste, en cuestiones propias del desenvolvimiento del
individuo como ciudadano, la verdad y la objetividad son la sustancia que
cumple el mandato contenido en el artículo 20 de la Constitución.[39]
(iii)
Tiene como objetivo que la persona juzgue la realidad con conocimiento
suficiente.
Si la
información ha cumplido con los requisitos señalados anteriormente, es
plausible afirmar que el discernimiento del sujeto receptor frente a la
realidad que lo circunda contribuirá a la conquista y acción real de los
ideales constitucionales, lo más importantes, el ejercicio pleno de las
libertades y la construcción de una verdadera organización democrática. Por
esto, resulta no solo indeseable sino altamente rechazable, que se prive a la
comunidad del conocimiento de las actividades propias de la vida publica y de
su autenticidad. Además, se hace imperativo garantizar que todo ser humano
tenga el derecho a manifestar en lo que cree, por equivocado o heterodoxo que
pueda llegar a ser, y a saber lo que los demás piensan, todo bajo la premisa
fundamental del pluralismo y la diferencia, dentro de un marco de tolerancia y
respeto mutuo.
Al respecto,
en el informe de 2008, la Relatoría para la Libertad de Expresión recordó,
sobre la importancia de garantizar el derecho a la libertad de expresión, lo
siguiente: “(…) la Comisión y la Corte Interamericana han subrayado en su
jurisprudencia que la importancia de la libertad de expresión dentro del
catálogo de los derechos humanos se deriva también de su relación estructural
con la democracia. Esta relación, que ha sido calificada por los órganos del
sistema interamericano de derechos humanos como “estrecha”, “indisoluble”,
“esencial” y “fundamental” –entre otras-, explica gran parte de los desarrollos
interpretativos que se han otorgado a la libertad de expresión por parte de la
Comisión y la Corte en sus distintas decisiones sobre el particular. 9. Es tan
importante el vínculo entre la libertad de expresión y la democracia, que según
ha explicado la Comisión Interamericana, el objetivo mismo del artículo 13 de la
Convención Americana es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas
democráticos pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de
la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole”. [40]
1.3.-  Del
derecho a la información.
El derecho a
la información, conforme a la Sentencia SU-056/95, puede entenderse como “la
propensión innata del hombre hacia el conocimiento de los seres humanos con los
cuales se interrelaciona y de su entorno físico, social, cultural y económico,
lo cual le permite reflexionar, razonar sobre la realidad, adquirir
experiencias, e incluso transmitir a terceros la información y el conocimiento
recibidos.”
Así mismo, el
contenido del derecho a la información trasciende e implica la posibilidad de “recibir,
buscar, investigar, almacenar, procesar, sistematizar, analizar, clasificar y
difundir informaciones, concepto éste genérico que cubre tanto las noticias de
interés para la totalidad del conglomerado como los informes científicos,
técnicos, académicos, deportivos o de cualquier otra índole y los datos
almacenados y procesados por archivos y centrales informáticas.”[41]
El derecho a
la información está compuesto por dos dimensiones diferentes pero
complementarias:
(i) fundamentalidad, que se traduce en el ejercicio libre del
derecho, así como la posibilidad de difundir información sin que pueda
censurarse directa o indirectamente; y
(ii) carácter estructural, que supone la garantía de las
condiciones operativas necesarias para que los datos puedan llegar a todos. En
este sentido, adquieren relevancia los parámetros aplicables a la prestación de
un medio masivo de comunicación como la televisión. Estos se desarrollarán más
adelante, haciendo énfasis en el acceso democrático e igualitario en el uso del
espectro electromagnético.
En virtud de
lo anterior, el derecho a la información corresponde a lo que se suele
denominarse un derecho complejo, puesto que incluye como objeto de protección
las diferentes formas y manifestaciones a través de las cuales los individuos
acceden al conocimiento.
1.4.-  De
la prohibición de censura directa o indirecta.
La
prohibición de censura contemplada en el artículo 20 constitucional lejos de
tener un contenido retórico está instituida principalmente para que los datos
no sean objeto de examen y aprobación previa de un censor.[42] Ese fenómeno, que
también puede ser entendido como el control sobre la información que se
transmite, constituye una forma de limitación inadmisible de la libertad de
expresión por parte de las entidades públicas o las privadas que prestan un
servicio público en general.[43]
La
jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido que se configura censura
cuando “(…) el contenido de lo que un medio de comunicación quiere informar,
publicar, transmitir o expresar, con la finalidad de supeditar la divulgación
de ese contenido a su permiso, autorización o previo examen -así no lo
prohíban-, o al recorte, adaptación, adición o reforma del material que se
piensa difundir. Prohibir, recoger, suspender, interrumpir o suprimir la
emisión o publicación del producto elaborado por el medio son modalidades de
censura, aunque también lo es, a juicio de la Corte, el sólo hecho de que se
exija el previo trámite de una inspección oficial sobre el contenido o el
sentido de lo publicable; el visto bueno o la supervisión de lo que se emite o
imprime, pues la sujeción al dictamen de la autoridad es, de suyo, lesiva de la
libertad de expresión o del derecho a la información, según el caso.”[44]
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos también ha incluido dentro de la categoría
de censura los siguientes actos: “La censura previa, interferencia o presión
directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o
información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral,
escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las
restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la
imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”.[45] Énfasis por
fuera del texto original.
En síntesis,
la censura en los términos de la Convención
Interamericana y del precedente constitucional, tiene lugar cuando por diversas
razones, se impide u obstaculiza gravemente la emisión de un mensaje o la
publicación de un determinado contenido. No obstante, las limitaciones
fundamentadas en la imposición de responsabilidades por la violación de
prohibiciones previas, no constituyen censura y se encuentran claramente
autorizadas por dicho instrumento internacional, siempre y cuando representen
medidas necesarias para defender garantías constitucionales. [46]
1.5.-  El
pluralismo informativo
El derecho a
la información presupone la posibilidad de acceder a distintos medios masivos
de comunicación y de disfrutar de la variedad de pensamientos o posturas sobre
cualquier asunto. Es claro que la Constitución expresamente contempló dicha
garantía, teniendo en cuenta la lectura sistemática de los artículos 7º,
concerniente a que “el Estado reconoce y protege la diversidad (…)”,
20 que “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial(…)”, y 75 “(…) para garantizar el pluralismo informativo y la
competencia, el Estado intervendrá (…)”. [47]
La salvaguarda del pluralismo informativo
constituye uno de los principales valores constitucionales dentro de la órbita
de los medios masivos de comunicación, ya que a través de estos pueden reproducirse
a gran escala las distintas corrientes de pensamiento y expresión que conviven
en una sociedad. Si no existiere o no fuera respetada, no sería posible que los
ciudadanos receptores de cualquier tipo pudiesen elegir reflexiva y libremente
dentro de las alternativas existentes, qué es lo mejor para sí mismos según sus
convicciones, incluso cuando para algunos o para muchos se consideren
contrarias o heterodoxas.
De igual manera, el ejercicio del pluralismo
informativo, está ligado intrínsicamente con el principio democrático, puesto
que la existencia de medios de comunicación plurales se traduce en la
existencia de un público reflexivo y variado, lo que sin duda está en el marco
programático de un Estado social democrático de derecho que respeta la libertad
y la alteridad.
1.6.-
Límites
Los derechos
analizados no tienen categoría absoluta, ni puede solicitarse su amparo como
premisa para desconocer otros valores constitucionales, ni para evadir los
controles estatales obligatorios. Por ello, el ordenamiento jurídico contempla
requisitos para recibir, manejar, difundir, distribuir y transmitir
informaciones, con el fin de hacer efectivos los derechos de todos -tales como
la honra, el buen nombre o la intimidad- o con el objeto de preservar el interés
general y garantizar la protección de la seguridad y el orden público, la
salvaguarda de la salud pública y de la moral pública, entre otros.
En esta
medida, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de información,
pluralismo informativo y conexos contiene la prohibición de realizar propaganda
a la guerra, a la violencia, a la comisión de un delito o la apología del odio,
puesto que el ejercicio y disfrute de los derechos conforme al artículo 95 de la
Constitución involucra responsabilidades y deberes, entre los que se encuentra
el de no hacer uso de ellos abusivamente o con irrespeto de los derechos de los
demás, así como el de obrar conforme al principio de solidaridad social y
conservación de un ambiente sano, por mencionar algunos de ellos.
En cuanto a
los requisitos básicos que deben contener las limitaciones legítimas al derecho
a la libertad de expresión, de información y el pluralismo informativo, en la Sentencia
T-391/07 se estableció lo siguiente:
“(1)
estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir
el logro de ciertas finalidades imperativas, (3) ser necesarias para el
logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas a la
expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual
incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión
que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este
derecho fundamental, es decir, ser proporcionada.”
En el mismo
sentido y para finalizar este acápite, es pertinente insistir que de conformidad con los tratados internacionales de
derechos humanos obligatorios para Colombia, las limitaciones sobre la libertad
de expresión y el derecho a la información deben estar contempladas de forma
previa, clara, expresa, taxativa y precisa en la ley, por lo que las
autoridades que establezcan dichas limitaciones por fuera de la autorización
legal, o sin ella, desconocen los derechos constitucionalmente protegidos.[48]
2.- Influencia y poder de la televisión como medio
masivo de comunicación.
En el desarrollo histórico de la humanidad, la
implementación de grandes descubrimientos es uno de los factores fundamentales
que ha condicionado y definido las formas de interrelación y desarrollo. La
televisión,[49] a pesar de su corta existencia, ha logrado
penetrar distintos ámbitos de sociedades a nivel global, sin importar condición
social, económica o política.[50]
Así, debido al aumento demográfico, los actos
comunicativos y la información por distintos factores ha llegado a la necesidad
de ser trasmitida por medios masivos como la prensa, la radio, el cine, la
televisión y “el ordenador o computador”, instrumento que aprovecha la red
Internet para reproducir todos los anteriores. En Colombia, según el último
informe Trimestral de Conectividad, correspondiente al mes de noviembre de 2009
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el monto de
usuarios residenciales, corporativos y centros colectivos de Internet fijo[51] equivale a
20.788.818 de personas.[52]
Tomando el anterior dato y contrastándolo con la última
gran encuesta integrada de hogares, se puede evidenciar que aún es
preponderante y generalizado el uso de la televisión. El cálculo de ese
instrumento muestra que el 80,4% de las personas consultadas,
mayores o iguales a 5 años, usan este dispositivo. Dentro de ese grupo, en el
área urbana el porcentaje sube hasta un 85,7% de las personas y en la
rural a un 63,4% de los encuestados. [53]
Personas que ven televisión (%):
De otra parte, en el Estudio General de Medios -
Segunda Ola 2009, se determinó la audiencia de medios con respecto a la
televisión, con los siguientes resultados:[54]
La televisión frente a otros medios de
comunicación:
Las audiencias de los medios se midieron así: televisión
(espectadores/día), radio (oyentes/día), revistas independientes y de prensa
(lectores/período de publicación, prensa), Internet (usuarios/día) y cine
(espectadores/semana).
En el cuadro comparativo salta a la vista la
influencia preponderante que la televisión comporta dentro de la audiencia
frente a otros medios masivos de comunicación, lo cual denota la importancia de
que su uso esté regulado y encausado para el disfrute y beneficio de las
personas, dentro de los limites que imponen la Constitución y la ley.
Conforme a lo expuesto, es necesario recordar que
los fines contemplados en el artículo segundo (2º) de la Ley 182 de 1995[55]
están armonizados con la Constitución en la medida en que buscan “formar,
educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. Con el
cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del
Estado, promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales
y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y
propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de
carácter nacional, regional y local.”
Del mismo
modo, el legislador determinó que esa disposición se cumplirá con arreglo a los
siguientes principios:[56]
(i)
La
imparcialidad en las informaciones
(ii)
La
separación entre opiniones e informaciones, en concordancia con los artículos
15 y 20 de la Constitución Política;
(iii)
El respeto
al pluralismo político, religioso, social y cultural;
(iv)
El respeto
a la honra, el buen nombre, la intimidad de las personas y los derechos y
libertades que reconoce la Constitución Política;
(v)
La
protección de la juventud, la infancia y la familia;
(vi)
El respeto
a los valores de igualdad consagrados en el artículo 13 de la Constitución
Política;
(vii)
La
preeminencia del interés público sobre el privado, y
(viii)
La
responsabilidad social de los medios de comunicación.
Esta corporación se ha pronunciado sobre la
influencia generalizada y el papel que cumple la televisión sobre los
ciudadanos, dando cuenta de ello la sentencia C-497/95, en la que se
reconoció lo siguiente:
“La
televisión, sobra decirlo, ocupa un lugar central en el proceso comunicativo
social. La libertad de expresión y el derecho a informar y ser informado, en
una escala masiva, dependen del soporte que les brinda el medio de
comunicación. La opinión pública, no es ajena a las ideas e intereses que se
movilizan a través de la televisión. (…) la televisión despliega efectos
positivos o negativos, según sea su manejo, para la conservación y difusión de
las diferentes culturas que convergen en una sociedad compleja”.[57]
Así mismo, en
la sentencia C-350 de 1997, respecto del poder de penetración que este
medio comporta y su cercana relación con el poder político y económico, la
Corte reconoció la influencia que él despliega en la determinación de una nueva
cultura sobre la toma de decisiones públicas y la configuración de hábitos de
consumo. Dijo entonces:
“La
televisión es el medio masivo de comunicación al que más poder de penetración
se le atribuye en la sociedad moderna; a ella se le hace responsable de la
consolidación de un nuevo paradigma de vida, un paradigma cuyo epicentro es un
individuo que, determinado por la complejidad y densidad del contexto en el que
se desenvuelve, necesita, para relacionarse con otros, para poder realizar
actos de comunicación que afectan y determinan su vida diaria, de
intermediarios, necesidad que en gran medida suplió la tecnología con la
televisión; de hecho, a través de ella se han cimentado las bases de una nueva
cultura, en la cual el dominio del poder político y económico lo determina, en
gran medida, la capacidad de orientar la toma de decisiones de la opinión
pública, decisiones que van desde aquellas relacionadas con el sistema político
del que hacen parte las personas, hasta aquellas que caracterizan y definen su
cotidianidad, esto es, sus hábitos de consumo.
“Es tal su
poder de penetración y su cobertura, que incluso actualmente se discute si su
uso es o no, efectivamente, una decisión libre y personal, o si su fuerza ha
hecho de ella una imposición tácita a la cual el hombre de la modernidad, y de
la postmodernidad, está supeditado.”
Del mismo modo, en la Sentencia C-654-03,
añadió:
“ (…) el
servicio público de televisión está vinculado intrínsecamente a la opinión
pública y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos
de información y comunicación audiovisuales, y tiene por  finalidad informar
veraz y objetivamente, formar, educar, y recrear de manera sana, a fin de
satisfacer las finalidades sociales del Estado, promover el respeto de las
garantías, libertades, deberes y derechos fundamentales, consolidar la
democracia y la paz y propender por la difusión de los valores humanos y
expresiones culturales de carácter nacional, regional y local. [58]
“La
televisión, es cierto, cumple un papel decisivo en la construcción de los
imaginarios sociales y de las identidades culturales, pues contribuye al
ejercicio cotidiano de la cultura democrática y al reconocimiento de la
historia y el destino nacional, objetivos estos que indudablemente han de ser
preservados por el Estado máxime en una época como la actual donde los avances
tecnológicos en la materia le permiten a los usuarios del servicio televisivo
acceder al conocimiento de culturas foráneas con sus propios lenguajes
audiovisuales e interpretaciones de la realidad.”
Una forma de
explicar el éxito generalizado de la televisión respecto de otros medios
masivos está en que el receptor encuentra en la pantalla una atractiva ventana
que combina imagen y sonido, a la vez que puede trasladarse en tiempo real al
acontecimiento y conocer su qué, cómo, cuándo y dónde. Sumado a ello, este
medio cuenta con un acceso fácil y cómodo a un amplio y diverso número de
contenidos. [59]
Es pertinente
tener en cuenta que ante el surgimiento de la televisión como elemento
dinamizador de la sociedad, se introdujo al individuo en una dinámica distinta
en cuanto a la forma de recibir la información. En este medio la transmisión
suele estar fragmentada o reducida, ya que el tele-espectador capta las
imágenes y sonidos, previa y unilateralmente editadas e interpretadas por el
emisor.
Siguiendo a
Umberto Eco,  y concluyendo con él, “la televisión se nos aparece como algo
semejante a la energía nuclear, y como ésta sólo puede canalizarse hacía buen
fin a base de claras decisiones culturales y morales (…) si se admite que en
este terrible y potente medio de masas se encierran y reúnen las varias
posibilidades de difusión cultural para el futuro próximo, es preciso no
olvidar la naturaleza emocional, intuitiva, irreflexiva de una comunicación por
la imagen  (…) en la comunicación por la imagen hay algo radicalmente
limitativo, insuperablemente reaccionario. Y sin embargo no podemos rechazar la
riqueza de impresiones y de descubrimientos que en toda la historia de la
civilización los razonamientos por medio de imágenes han dado a los hombres.” [60]
3.-
Intervención del Estado en el espectro electromagnético. Normativa aplicable al
servicio público de televisión y la necesidad de garantizar efectivamente el
pluralismo informativo en el marco de la libertad de expresión.
3.1.-  El
artículo 75 de la Constitución estipula que el espectro electromagnético es un
bien público inenajenable e imprescriptible, sujeto a la gestión y control del
Estado. Del mismo modo, establece la igualdad de oportunidades en el acceso a
su uso en los términos que fije la ley.
Técnicamente,
el espectro electromagnético puede ser entendido como “una franja de espacio
alrededor de la tierra a través de la cual se desplazan las ondas
radioeléctricas que portan diversos mensajes sonoros o visuales. Su importancia
reside en ser un bien con aptitud para transmitir información e imágenes a
corta y larga distancia. Las frecuencias del espectro electromagnético tienen
la capacidad de servir para satisfacer la necesidad general de comunicación de
la sociedad. La transmisión "inteligente" de informaciones con la
infraestructura tecnológica contemporánea, ha sido incorporada en los términos
del servicio público, por la tradición legislativa colombiana y los
instrumentos internacionales que gobiernan la comunicación internacional, el
uso del espectro y sus frecuencias.” [61]
Según los
artículos 101 y 102 de la Carta, el espectro electromagnético y el espacio
donde actúa hacen parte del territorio de Colombia y, por tanto, pertenecen a la
Nación. Adicionalmente, el  artículo 365 de la Constitución fija el deber de
asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los
habitantes del territorio nacional, los cuales están sometidos al régimen
jurídico que fije la ley. En cumplimiento de lo anterior, la Ley 182 de 1995,
atendiendo el mandato constitucional prescrito en los artículos 76 y 77[62], creó la
Comisión Nacional de Televisión (CNTV), organismo, con autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, y con la independencia funcional
necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la
Constitución, la ley y sus estatutos.
Corresponde a
la CNTV como entidad autónoma del orden nacional en representación del Estado,
la titularidad y reserva del servicio público de televisión. En virtud de ello
le corresponde desarrollar y ejecutar sus planes y programas, al igual que
regular, intervenir, gestionar y controlar el uso del espectro electromagnético,
con el fin de garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la
eficiencia, así como evitar prácticas monopolísticas y similares en su
operación y explotación.
Dentro de las
funciones de la referida Comisión, el artículo 5º de la Ley 182 de 1995
establece que le corresponde ejercer, entre otras, las siguientes:
“a)
Dirigir, ejecutar y desarrollar la política general del servicio de televisión
determinada en la ley y velar por su cumplimiento, para lo cual podrá realizar
los actos que considere necesarios para preservar el espíritu de la ley (…);
b)  Adelantar
las actividades de inspección, vigilancia, seguimiento y control para  una
adecuada prestación del servicio público de televisión (…);
c)  Clasificar,
de conformidad con la presente ley, las distintas modalidades del servicio
público de televisión, y regular las condiciones de operación y explotación del
mismo;
d)  Investigar
y sancionar a los operadores, concesionarios de espacios y contratistas de
televisión por violación del régimen de protección de la competencia, el
pluralismo informativo y del régimen para evitar las prácticas monopolísticas
previsto en la Constitución y en la presente y en otras leyes, o por incurrir
en prácticas, actividades o arreglos que sean contrarios a la libre y leal
competencia y a la igualdad de oportunidades entre aquéllos, o que tiendan a la
concentración de la propiedad o del poder informativo en los servicios de
televisión, o a la formación indebida de una posición dominante en el mercado,
o que constituyan una especie de práctica monopolística en el uso del espectro
electromagnético en la prestación del servicio.
(…);
i)  Cumplir
las decisiones de las autoridades y resolver las peticiones y quejas de los
particulares o de las ligas de televidentes legalmente establecidas sobre el
contenido y calidad de la programación, la publicidad de los servicios de
televisión y, en general, sobre la cumplida prestación del servicio por parte
de los operadores, concesionarios de espacios de televisión y los contratistas
de televisión regional (…)”.
En cuanto a
la autonomía entregada a la CNTV, esta corporación en sentencia C-310 de
1996 especificó que “tiene como propósito fundamental evitar que la
televisión sea controlada por grupos políticos o económicos, tratando siempre
de conservar su independencia en beneficio del bien común; dicha intención se
expresó en las diferentes discusiones que sobre el tema adelantó la Asamblea
Nacional Constituyente, y que coincidieron en  la necesidad de crear un
organismo de intervención en la televisión, independiente y autónomo.”
A partir de
esas normas y de los principios de democracia participativa e igualdad, así
como la seguridad y la necesidad de garantizar el acceso efectivo al pluralismo
informativo, el Estado puede intervenir el servicio público de la televisión.
En la misma medida, factores geográficos, económicos, tecnológicos y de
protección de derechos fundamentales, hacen necesario le ejecución de este
poder que para que sea prestado no sólo en condiciones óptimas de transmisión,
sino dentro del marco garantista y pluralista de la Constitución.
La
intervención estatal - gestión y control - en el ámbito de las comunicaciones
responde a la potestad del Estado para regular el uso del territorio, con el
fin de garantizar, entre otras, la igualdad de oportunidades en el acceso al
uso del espectro electromagnético y de evitar las prácticas monopolísticas en
la prestación del servicio de televisión. Los medios masivos que utilizan este
bien por concesión del Estado, inexorablemente están sujetos en su
funcionamiento a la gestión y al control del mismo.
3.2.-  Esta
corporación ha sostenido que la libertad económica[63] y la libre competencia[64] en los
medios masivos de comunicación que usan el espectro electromagnético, puede
estar delimitada por la ley cuando así lo exija el interés social, el ambiente
y el patrimonio cultural de la Nación.
Asimismo, la potestad de
fundar medios masivos de comunicación no es enteramente libre, ya que requiere
la intervención estatal en razón del carácter de bien público que tiene el
espectro electromagnético. Así lo reconoció esta corporación en la Sentencia
C-329 de 2000, cuando sostuvo:
“La libertad de fundar
medios masivos de comunicación y la consiguiente efectivización de esta a
través de la organización de empresas que cumplan con la actividad social que
implica la realización práctica del derecho contenido en el inciso 1 del art.
20, se encuentra hasta cierto punto limitada, por la circunstancia de que cuando
se requiere acceder al espectro electromagnético sujeto a la intervención del
Estado, el operador  para estos solos efectos deberá someterse a las reglas
jurídicas que regulan la materia”.
La naturaleza y el alcance
del servicio público televisivo permiten derivar que cuando los particulares
nacionales e incluso los extranjeros[65]
asumen su prestación no solo están cobijados por las garantías adscritas a la
iniciativa económica y la libre competencia, sino a los deberes y restricciones
de la función pública.[66]
3.3.-  En
síntesis, el ejercicio de la libertad económica para la operación de medios
masivos de comunicación como la televisión, está supeditado a las medidas,
calidades y condiciones fijadas por el Estado. Para que ese servicio público
cumpla con los axiomas de la libertad de expresión y del derecho a informar y
ser informado, debe atender la garantía del pluralismo informativo y el derecho
de los usuarios de contar con diferentes opciones que los incluya dentro de su
contexto étnico, cultural, religioso, social y político, entre otros.
Conclusión general  y cargas impuestas a
quien pretenda limitar los derechos estudiados.
La
Constitución contempla una protección amplia de los derechos fundamentales a la
libertad de expresión, a la información y al pluralismo informativo. Ahora,
atendiendo las distintas formas de comunicación actual y su influencia en el
generación de prácticas culturales, posturas políticas y exigencias económicas,
el Estado tiene el deber de controlar el ejercicio del servicio público y
garantizar la protección de los derechos constitucionales, de manera que la
libertad de empresa no termine por frustrar las diferentes formas de
pensamiento o impedir el acceso de las minorías para la difusión de sus ideas.
Adicionalmente,
dada su íntima conexión con el valor democrático, toda limitación de la
libertad de expresión, además de encontrarse consagrada en la Constitución o la
Ley deberá cumplir con las siguientes cargas:
(i) Carga definitoria: la limitación debe incluir una
explicación evidente sobre su fundamento legal y la incidencia que tiene sobre
el derecho;
(ii) Carga argumentativa: toda restricción debe dejar plasmados
los argumentos que demuestren la mínima afectación posible, dentro de varias
alternativas, de los derechos constitucionales;
(iii) Carga probatoria: la decisión debe estar soportada
en conclusiones con una base sólida en evidencias fácticas, técnicas o
científicas.[67]
Para el caso específico de la
prestación del servicio de televisión, la supresión unilateral de un canal ya
sea de forma total o parcial implica, en principio, una restricción de los
derechos fundamentales a la libertad de expresión, de acceso a la información y
pluralismo informativo. Para que el límite resulte legítimo, los prestadores
del servicio público, así como la entidad estatal que deba controlarlo, deben
comprobar que cumple con las cargas mencionadas y que, en todo caso, no se
afectan los derechos de las minorías y el flujo diverso de los datos.
4.-  Análisis del caso concreto.
4.1.  La
acción de tutela implica resolver si un concesionario o cableoperador prestador
del servicio publico de televisión por suscripción, vulnera los derechos fundamentales
a la libertad de expresión, a la información y al pluralismo informativo de un
usuario, al suprimir los canales televisivos Telesur, Cubavisión y Venezolana
de Televisión (de naturaleza informativa), en virtud de la facultad que como
cableoperador tiene para modificar la programación que oferta.
Adicionalmente,
se estudiará si se debe proteger la libertad de expresar, difundir y recibir la
información que puede ser considerada contraria o heterodoxa.
4.2
Razones expuestas por Telmex para suprimir los canales.
Dada la
complejidad del presente asunto por los derechos fundamentales que se
encuentran en juego, ante la ausencia de respuesta por parte de Telmex en las
instancias de la presente acción de tutela, en sede de revisión, a pesar de la
presunción del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[68] y con el fin de
garantizar integralmente el debido proceso y defensa de la entidad, se concedió
la oportunidad para que expusiera las razones por las cuales fueron suprimidos
los canales referidos. Al respecto, la Corte preguntó y el representante de
Telmex respondió lo siguiente:
“1.- ¿Cuáles
fueron las razones o criterios para suprimir los canales Cubavisión, Telesur y
Venezolana de Televisión de la oferta de canales en el caso de la referencia?
“Telmex
adquirió la operación de varias empresas prestadoras del servicio de televisión
por suscripción, las cuales cada una contaba con su respectiva oferta de
canales, contenida en su parrilla de canales que proporcionaba a sus usuarios.
En consecuencia, Telmex cuenta con una serie de parrillas de canales diferentes
para sus usuarios dependiendo del departamento, municipio o estrato en el que
se encuentren.
“Dado lo
anterior, la compañía se encuentra desarrollando un proyecto de unificación de
su grilla, para posicionar su producto de televisión por suscripción en el
mercado, ofreciendo a la totalidad del público en el territorio nacional, una
sola parrilla de canales, que satisfagan las necesidades de entretenimiento,
cultura e información de nuestros usuarios, al tiempo que sean canales que
cuenten con la mejor calidad de señal.
“Dentro de
este proceso de unificación, se han tenido que descartar canales, pues
técnicamente se generan unos límites de capacidad, que ha implicado que algunos
canales que antes se trasmitían en algunas de nuestras grillas, actualmente no
se encuentren dentro de la oferta de canales de Telmex”.
2.- ¿Con los
servicios actualmente ofrecidos por la entidad, de qué manera se podría acceder
a los canales suprimidos?
“Telmex no
ofrece servicio alguno, que le permita a sus usuarios acceder a las señales de
los canales que han sido suprimidos de sus parrillas.”
3.- ¿Desde la
existencia en Colombia de la entidad, cuántas quejas o peticiones se han
presentado por parte de usuarios por modificaciones en la oferta y/o contenidos
y qué trámite se les ha dado?
“Telmex no
cuenta con la información discriminada de peticiones, quejas y reclamos,
presentados por nuestros usuarios relativos a la modificación de la oferta de
canales y/o contenido. No obstante sí contamos con la información respecto de
peticiones, quejas y reclamos que se han presentado respecto de cualquier
información relativa a los canales que Telmex ofrece en sus parrillas, para el
efecto le remitimos estadística de los dos últimos años:
AÑO
Total
de peticiones quejas y reclamos
2008
2009
1299
1814
Total
general
3113
4.- ¿Cuáles
son los criterios que Telmex Hogar S.A tiene en cuenta para modificar
los contenidos y la oferta de canales que brinda?
“Sobre este
tema es de resaltar que de acuerdo con la normatividad vigente, los prestadores
de los servicios de televisión por suscripción, entre estos, los de cable donde
se encuentra Telmex, tiene la plena facultad dentro, de la autonomía de la
voluntad, de decidir los canales que incluye en sus parrillas, potestad que se
encuentra limitada únicamente respecto de aquellos canales que las normas han
dispuesto que obligatoriamente deben ser incluidos, entre los cuales se
encuentran los canales nacionales – radiodifundidos y regionales en su área de
cubrimiento[69].
“No obstante
lo anterior, el interés primordial de Telmex es satisfacer las necesidades de
sus suscriptores y usuarios, por lo que la inclusión o eliminación de canales
se basa en estudios de preferencias de los canales y aquellos respecto de los
cuales se garantice una excelente señal a nuestros suscriptores”.
5.- ¿Existe
otra oferta de canales con contenidos similares a los suprimidos?
“En relación
con este tema es de mencionar, que Telmex desconoce si dentro de la oferta del
mercado, alguno otro operador tiene una oferta de canales con contenidos
similares a los suprimidos. Ahora bien, en relación con nuestra parrilla es de
mencionar que existen varios canales de noticias y de actualidades tanto
nacionales como internacionales.”
4.3.-
Teniendo en cuenta los criterios y las cargas expuestas en la parte
considerativa del presente salvamento de voto, se evaluará si las razones y
motivos expuestos por el concesionario de televisión para limitar los derechos
a la libertad de expresión, de información y de pluralismo informativo del
señor Contreras se cumplieron o no.
Lo anterior, teniendo en cuenta
que en materia de televisión la supresión unilateral de un canal ya sea de
forma total o parcial conlleva la restricción de los derechos fundamentales
citados, máxime cuando (i) ese acto se efectúa sobre patrones de información
minoritarios e incompatibles con el modelo económico imperante y (ii) el
operador tiene el poder de acumular buena parte de la oferta del servicio
público de televisión, lo que restringe gravemente la capacidad del ciudadano
para escoger otra alternativa.
Si se verifica el debido
cumplimiento de las cargas definitoria, argumentativa y probatoria que
se enunciaron, el acto restrictivo puede estar constitucionalmente validado.
4.3.1.-  En
cuanto a la carga definitoria, la cual busca que se exponga de
forma clara el fundamento normativo de la limitación de los derechos referidos,
se advierte de las respuestas del cableoperador accionado, que la cumple
parcialmente. A pesar de que afirma que su acto se basa en el artículo 13 del
Acuerdo 11 de 2006 expedido por la CNTV, dicho precepto hace referencia al
vencimiento del plazo contractual, lo cual en nada está relacionado con la
facultad de supresión de canales. Sumado a ello, afirma genéricamente que “de
acuerdo con la normatividad vigente”, los prestadores de los servicios de
televisión están facultados para hacerlo, sin referir fundamento normativo
preciso, claro y taxativo.
No obstante,
de la respuesta a la petición presentada por el accionante el 02 de noviembre
de 2008, en la que puso de presente su inconformidad con la eliminación de los
canales, la entidad en escrito de respuesta fechado del 07 de noviembre de
2008, expuso que lo hizo sobre la base del “artículo 24 del Acuerdo 11 del
24 de febrero de 2007 (sic) de la CNTV”, pues a su juicio “los
operadores del servicio de televisión se encuentran facultados para modificar
la parrilla de programación, sin que implique una modificación del contrato o
un incumplimiento del mismo”. [70]
De lo
anterior se colige que la norma sobre la que se fundamentó la restricción fue
reseñada con impropiedades incluso en la respuesta al escrito de petición.
Además, en ese mismo escrito el accionado le informó al usuario: “Telmex
Hogar SA, modificó la parrilla de programación, pensando en el beneficio de sus
usuarios (…)”.[71]
De acuerdo a
la jurisprudencia de la Corte, Telmex no cumplió con la carga definitoria para
justificar el establecimiento de una limitación sobre la libertad de expresión
o el acceso a cierto tipo de información. La necesidad de definir las bases que
se invocan para justificar la limitación de los derechos fundamentales, se
sustenta en evitar el subjetivismo y la arbitrariedad.
4.3.2.-
En lo que respecta a la carga argumentativa, se evidencia que el
prestador tampoco la cumplió, puesto que la restricción de los derechos no
estuvo sustentada en ninguno de los escritos presentes en el expediente. La
entidad se limitó a sostener que se encuentra desarrollando un proyecto de
unificación de su grilla para posesionar su producto en el mercado, sumado a
que dentro de dicho proceso había tenido que descartar canales teniendo en
cuenta parámetros técnicos.
Sí bien esta
podría ser una razón para derrotar las distintas presunciones que  amparan los
derechos fundamentales, su contenido indeterminado no se ajusta al precedente
jurisprudencial, ni a la necesidad de certeza que el usuario de un medio masivo
como la televisión reclama, merece y del que es titular conforme a la
Constitución.
En este
sentido, el accionante afirmó que con la supresión de los canales en cuestión, “la
accionada me obliga a recibir solamente las informaciones y versiones que
difunden las cadenas de televisión norteamericanas, de países capitalistas
desarrollados y de Colombia, sobre la situación y acontecimientos políticos,
económicos, sociales y culturales de Colombia y demás naciones de America
Latina y el Mundo”.
En
concordancia con lo anterior, a la pregunta relacionada con la existencia de
otra oferta de canales con contenidos similares a los suprimidos, la empresa,
teniendo la posibilidad de presentar sus argumentos o controvertir los del
accionante, se limitó a mencionar “que existen varios canales de noticias y
de actualidad tanto nacionales como internacionales”. De esta forma, la
demandada omitió la necesidad explicativa que permitiera eludir el criterio
sospechoso advertido, relativo a la existencia de sólo una línea editorial,
puesto que la mera existencia de un número plural de canales de naturaleza
informativa no garantiza el acceso al pluralismo informativo.
Adicionalmente,
el cableoperador Teledinámica Ltda y Telmex, en comunicación fechada del mes de
septiembre de 2008, informó a todos sus suscriptores que a partir del mes de
octubre del referido año, este último empezaría a prestar el servicio público
de televisión, circunstancia que “no afectará el nivel de los servicios que
ha venido recibiendo”[72].
Sin embargo, está probado que por razones no especificadas, el tipo de servicio
público televisivo que se le prestaba al actor sí cambió, ya que conforme a las
revistas allegadas como prueba por el accionante, consta que los canales
citados sí hacían parte de la programación y a partir de la entrada de Telmex,
de un mes a otro, a pesar de usar los mismos medios para llevar el servicio,
los canales desaparecieron de la programación sin justificación.
4.3.3.-  Relacionado
con la carga probatoria, Telmex se circunscribió a las meras
enunciaciones, teniendo la obligación de sustentar por los distintos medios
probatorios contemplados en el ordenamiento jurídico el sentido de las mismas,
desconociendo además con ello la función y responsabilidad social  que tiene al
llevar en concesión del Estado un servicio como la televisión.
Si bien la
entidad puso de presente que los canales fueron suprimidos debido a que “técnicamente
se generan limites” o que “la inclusión o eliminación de canales se basa
en estudios de preferencias de los canales y aquellos respecto de los cuales se
garantice una excelente señal a nuestros suscriptores”, en el expediente no
reposa herramienta alguna que sustente dichas afirmaciones. Por lo tanto, la
decisión no cuenta con una base sólida en evidencias sobre la necesidad de la
determinación.
Es necesario
recordar que la Carta Constitucional reconoce el pluralismo, lo que explica que
a través de la televisión pueda y sea trasmitido lo que el “otro” piensa,
circunstancia que sin duda entre distintos factores conlleva a la coexistencia
de otro prejuicio, otro argumento, otra idea, otra razón, otro capricho, otro
hallazgo, otra superstición, otra creencia, otro gusto, otra convicción, otro
mito, otra ilusión, otra utopía, otra idea política, etc. [73]
En este
sentido, es pertinente señalar que consagrar el pluralismo en rango
constitucional e incluso legal, no puede ni debe ser entendido como una
manifestación retórica o poética del constituyente o del legislador. No. Puesto
que en una Nación como la colombiana compuesta de distintas culturas y formas
de pensamiento, en la que la mayoría de su población acude a la televisión para
recrearse o informarse, es necesario tener en cuenta que esa mayoría no es
homogénea, analógica o prefabricada y ella no es merecedora de un sólo tipo de
contenido que coarte sus derechos y principalmente su creatividad.
4.4.-
En conclusión, el cableoperador Telmex, al decidir suprimir los canales demandados
por el accionante coartó y vulneró los derechos a la libertad de expresión, al
acceso a la información y al pluralismo informativo del señor Virgilio
Contreras; usuario que antes de la puesta en funcionamiento de dicho
concesionario contaba con un mínimo de pluralidad de contenidos informativos,
circunstancia que se vio limitada por la decisión infundamentada de la empresa
accionada.
4.5.- De
la posible preeminencia de Telmex en la prestación del servicio público de
televisión.
Conforme a
las consideraciones reiteradas en la presente providencia, es necesario
recordar que el usuario es la parte débil de la relación jurídica que se
configura entre el consumidor y el concesionario de un servicio público como la
televisión. En virtud de este enlace, es decir, por el desequilibrio entre las
partes, es probable que sean vulnerados derechos fundamentales de los usuarios.
En este evento, la intervención del Estado como garante de los postulados
constitucionales se hace necesaria para evitar el abuso de la posición
dominante del prestador.
Recurrentemente,
Telmex expuso como argumento para sus actuaciones la consolidación de su
producto de televisión  en el “mercado”, propósito que la Constitución
permite e estimula. No obstante, dentro de ese proceso los ciudadanos no pueden
ser tratados como mercancías u objetos irreflexivos. Todo lo contrario, quizá
por el único mercado por el que se debe propugnar, es el del libre mercado de
ideas, en el cual puedan converger los derechos, principios y valores
constitucionales - es decir, el del llamado interés general - y no aquél
al servicio de intereses particulares, políticos, económicos, religiosos,
ideológicos o de cualquiera otra índole. Como lo ha sugerido esta corporación,
sólo una garantía tal asegura la existencia de un libre flujo de ideas que
patrocine la fiscalización y el control de las distintas fuerzas que conforman
el poder.
Por todo lo
expuesto, la iniciativa privada de la cual es titular la compañía Telmex
Colombia SA a la luz del artículo 333 de la Constitución Colombiana, si bien es
libre implica responsabilidades debido a la función social de la empresa y a la
potestad que tiene el Estado por mandato de la ley, de evitar o controlar
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el
mercado nacional.
Si bien un
medio multiplicador de información como Telmex busca dentro del ejercicio de
sus derechos configurar una empresa lucrativa que otorgue a distintas escalas
réditos económicos en el “mercado” de la prestación del servicio de televisión,
no debe pasar por alto que otras personas también tienen derecho a hacerlo y
que por encima de esos derechos se encuentran los de los ciudadanos. En este punto
del análisis, es pertinente traer a colación lo informado por la CNTV, relativo
a las empresas o concesionarios debidamente autorizados a prestar, en el año
2009, el servicio de televisión por suscripción y el porcentaje de usuarios que
tiene cada una de ellas en la prestación del servicio:
SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONSOLIDADO
DE USUARIOS ACTIVOS  TELEVISION POR SUSCRIPCIÓN  AÑO 2009.
No.
CONCESIONARIO
CIUDAD
DEPARTAMENTO
DICIEMBRE
%
PARTIC.
1
ALFASURT TV. CABLE LTDA.
PITALITO
HUILA
2.552
0,08%
2
ALPEVISION S.A.
NEIVA
HUILA
0
0,00%
3
ASINAP E.U.
VILLA DEL ROSARIO
NORTE
DE SANTANDER
NR
4
CABLE ANTENA LTDA.
CALIMA DARIEN
VALLE
633
0,02%
5
CABLE BELLO TELEVISION LTDA.
BELLO
ANTIOQUIA
36.318
1,13%
6
CABLE CAUCA COMUNICACIONES
S.A.
FLORIDA
VALLE
2.014
0,06%
7
CABLE CAUCA S.A.
POPAYAN
CAUCA
8.240
0,26%
8
CABLE DONCELLO E.U.
DONCELLO
CAQUETA
480
0,01%
9
CABLE EXPRESS DE COLOMBIA
LIMITADA.
BARRANQUILLA
ATLANTICO
7.342
0,23%
10
CABLE GUAJIRA LTDA
FONSECA
GUAJIRA
681
0,02%
12
CABLE UNION DE OCCIDENTE S.A.
ZONAL
ZONAL
151.141
4,72%
13
CABLEVISION E.U.
CALI
VALLE
7.294
0,23%
14
CABLE VISION JASTADI LTDA.
LA PLATA
HUILA
971
0,03%
15
CABLEMAG TELEVISION P.J.
LIMITADA
MAGANGUE
BOLIVAR
3.071
0,10%
16
CABLETAME LTDA (POTENCIA Y
TEL)
TAME
ARAUCA
698
0,02%
17
CABLEVISION DE IBAGUE LTDA
IBAGUE
TOLIMA
4.402
0,14%
18
CABLEVISION EL PALMAR LTDA.
CAUCACIA
ANTIOQUIA
1.362
0,04%
19
CABLEVISTA S.A.
ZONAL
ZONAL
28.321
0,88%
21
CODISERT LTDA
BUENAVENTURA
VALLE
9.836
0,31%
22
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. ESP
NACIONAL
NACIONAL
123.957
3,87%
23
COME SEE NEWBALL JAY Y CIA. LTDA.
PROVIDENCIA
SAN
ANDRES
245
0,01%
25
DIRECTV LTDA.
NACIONAL
NACIONAL
248.080
7,75%
26
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -
E.S.P
ZONAL
ZONAL
802.408
25,06%
27
HV TELEVISION LTDA
SOACHA
CUNDINAMARCA
18.833
0,59%
28
INGECOM SAT LTDA.
QUIBDO
CHOCÓ
719
0,02%
29
INGELCOM, INGENIERIA
ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES LTDA
CUCUTA
NORTE
DE SANTANDER
7.768
0,24%
30
INGENIERIA EN POTENCIA
ELECTRICA Y COMUNICACIONES LTDA..
OCAÑA
NORTE
DE SANTANDER
2.014
0,06%
31
INVERSIONES CABLE MUNDO LTDA.
- INTER TV LTDA.
MONTELIBANO
CORDOBA
1.381
0,04%
33
LECARVIN T.V. LIMITADA
CHAPARRAL
TOLIMA
1.665
0,05%
34
LEGON COMUNICACIONES LTDA.
CONCORDIA
ANTIOQUIA
363
0,01%
36
MGN CABLEVISION LTDA
EL BAGRE
ANTIOQUIA
1.168
0,04%
37
PARABOLICA CHINACOTA LIMITADA
CHINACOTA
NORTE
DE SANTANDER
NR
38
PARABOLICAS HULIG LTDA.
GIGANTE
HUILA
642
0,02%
39
PROMOTORA DE TELEVISION LTDA -
PROMOVISION LTDA
BELEN DE UMBRIA
RISARALDA
1.499
0,05%
40
SATELVISION LTDA.
SARAVENA
ANTIOQUIA
786
0,02%
41
SOCIEDAD ALFA T.V. DORADA Y
CIA S.A
LA DORADA
CALDAS
4.528
0,14%
42
SUPER CABLE TELECOMUNICACIONES
S.A.
ZONAL
ZONAL
17.581
0,55%
44
TELE 30 EU
DAGUA
VALLE
475
0,01%
45
TELMEX HOGAR S.A.
ZONAL
ZONAL
1.693.714
52,89%
46
TEVECOM LIMITADA
PUERTO COLOMBIA
ATLANTICO
NR
47
TV CABLE SAN GIL LIMITADA
SAN GIL
SANTANDER
1.642
0,05%
48
TV CABLE VILLANUEVA LIMITADA
VILLA NUEVA
GUAJIRA
598
0,02%
49
TV ISLA LTDA
SAN ANDRES
SAN
ANDRES
2.956
0,09%
50
TV OMEGA SAHAGUN LTDA.
SAHAGUN
CORDOBA
0
0,00%
51
TV PAUJIL E.U.
PAUJIL
CAQUETA
560
0,02%
52
TV SANV LIMITADA
SAN V. DEL CAGUAN
CAQUETA
360
0,01%
53
TV SATELITE ARAUCA LTDA.
ARAUCA
ARAUCA
2.279
0,07%
54
TV SUR LTDA.
GARZON
HUILA
665
0,02%
55
TV VISION Y CIA LTDA
CAMPOALEGRE
HUILA
101
0,00%
TOTAL
3.202.343
100,00%
Fuente: Comisión Nacional de Televisión.
El cuadro
expuesto muestra quién, en qué zonas del país, en qué época y cuál es el
porcentaje de suscriptores del servicio de televisión por suscripción al año
2009. La empresa accionada ocupa la casilla cuarenta y cinco (45) y cuenta con
un porcentaje de participación superior al cincuenta por ciento (50%) de los
usuarios de televisión por suscripción.
En otras
palabras, si se toma el informe oficial, Telmex Colombia SA estaría teniendo
preeminencia en la prestación del servicio público de televisión, lo que dado
al alto impacto y al poder de ese servicio como medio masivo de comunicación,
sumado al rol de garante y multiplicador que tiene la empresa, se podría
traducir en el corto, mediano o largo plazo en posibles vulneraciones de
garantías constitucionales y legales de los usuarios como se vio en el presente
caso.
4.6.-  En
virtud de esas razones señaladas con anterioridad, era pertinente compulsar
copias de esta decisión y del proceso a la Comisión Nacional de Televisión
(CNTV), quien sería la entidad competente conforme a lo señalado por el
articulo 5º de la Ley 182 de 1995, para adelantar las diligencias relacionadas
con las posibles irregularidades en que esté incurriendo la empresa Telmex
Colombia SA respecto del régimen de protección de la competencia, el pluralismo
informativo y la normativa que prohíbe las prácticas monopolísticas previstas
en la Constitución, en la referida ley o en otras leyes.
Así las cosas presento mi
salvamento de voto, apartándome respetuosamente de la decisión plasmada en la
sentencia T-327 de 2010, teniendo en cuenta que considero que en el presente
caso se debió haber concedido la protección de los derechos invocados.
Fecha ut supra,
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
[1] Algunos apartes presentados en los acápites siguientes, son
trascritos del proyecto inicialmente presentado por el Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio, que no obtuvo mayoría en la Sala Quinta de Revisión.
[2] A la cual correspondía, en ese momento y
estaba presidida por el Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
[3] “Que busca la protección y efectividad de
los derechos de los usuarios del servicio de televisión por suscripción,
desarrollando los principios y reglas que rigen las relaciones entre
concesionarios y operadores del servicio público de televisión por suscripción
y los suscriptores y usuarios, con ocasión de la prestación del servicio, para
la efectividad de los derechos, deberes y responsabilidades mutuas” (f. 35 ib.).
[4] Definida en el escrito como “aquella en
la que la señal, independientemente de la tecnología de transmisión utilizada y
con sujeción a un mismo régimen jurídico de prestación, está destinada a ser
recibida únicamente por personas autorizadas para la recepción” (art. 20 L. 182/95).
[5] Aclaró que no existen canales de emisión
gratuita, sino de recepción gratuita y/o distribución gratuita.
[6] “Según lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 11
de 2006, expedido por la Comisión Nacional de Televisión, ente encargado de la
regulación, vigilancia y control del servicio público de televisión.”
[7] Art. 75 Constitución.
[8] Para sustentar su intervención, la Relatoría anexó el marco jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión, al igual que hizo referencia a precedentes jurisprudenciales tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[9] Cfr. T-118 de febrero 16 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[10] Cfr. T-635 de noviembre 4 de 1998, M. P. Antonio Barrera Carbonell y T-147 de febrero 28 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[11] C-350 de julio 29 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz.
[12] Cfr. T-160 de marzo 8 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto: “No puede, por lo tanto, el juez de tutela desechar el
estudio de una controversia contractual con el mero pretexto que en este tipo
de disputas no están envueltos derechos de rango fundamental, por el contrario,
debe analizar si en ellas existe una discusión de esta naturaleza para lo cual
es relevante no sólo elementos de carácter objetivo, tales como la naturaleza
de los derechos en juego, sino también circunstancias subjetivas de las partes
que solicitan el amparo constitucional, pues existen precedentes en los cuales
se ha concedido la tutela respecto de asuntos en apariencia de índole estrictamente contractual,
controvertibles ante la jurisdicción ordinaria, debido a las circunstancias de debilidad manifiesta
en que se encontraban los accionantes. Esta postura interpretativa se apoya en
el denominado “efecto de irradiación” y en la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales, de conformidad con la cual el ordenamiento jurídico no está
conformado por compartimentos estancos, algunos de los cuales escapan del
influjo de las garantías y libertades constitucionales, pues éstas se difunden
en todos los ámbitos del derecho, inclusive en espacios inicialmente
considerados como coto reservado del derecho privado, como las relaciones
contractuales. No se trata, entonces, que todo el derecho existente se disuelva
en el derecho constitucional, que de esta suerte se convertiría en una especie
de todo omnicomprensivo, sino que permite a los distintos ámbitos del derecho
conservar su independencia y sus características propias; pero los derechos
fundamentales actúan como un principio de interpretación de sus preceptos y por
tanto se impone en ellos acuñándolos e influyéndolos, de esta manera estos
ámbitos del derecho quedan iusfundamentalmente conformados.”
[13] “La categoría genérica de ‘libertad de expresión’ es, pues, tan
amplia y compleja como lo es el ámbito de la comunicación, y los distintos
elementos que la conforman responden a la especificidad de las facetas del
proceso comunicativo en las sociedades contemporáneas”. Cfr. T-391 de 2007,
precitada.
[14] “Es tan importante el vínculo entre la libertad de expresión y la
democracia, que según ha explicado la Comisión Interamericana, el objetivo mismo del artículo 13 de la Convención Americana es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos
pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre
circulación de información, ideas y expresiones de toda índole.” Cfr.
Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, 2008, capítulo III, párr. 8.
[15] Según
el marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión, este
cuenta con dos dimensiones (individual y colectiva) la dimensión individual,
consiste “en el derecho de cada persona a expresar los propios pensamientos,
ideas e informaciones, y [la] colectiva o social, consistente en el derecho de
la sociedad a procurar y recibir cualquier información, a conocer los
pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada…. Teniendo
en cuenta esta doble dimensión, se ha explicado que la libertad de expresión es
un medio para el intercambio de informaciones e ideas entre las personas y para
la comunicación masiva entre los seres humanos, que implica tanto el derecho a
comunicar a otros el propio punto de vista y las informaciones u opiniones que
se quieran, como el derecho de todos a recibir y conocer tales puntos de vista,
informaciones, opiniones, relatos y noticias, libremente y sin interferencias
que las distorsionen u obstaculicen. A este respecto se ha precisado que para
el ciudadano común es tan importante el conocimiento de la opinión ajena o la
información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia”.
Cfr. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, 2008, capítulo III, párr. 12.
[16] Según el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH para 2008, en la parte referida al estado colombiano, párr. 76, “la Corte Interamericana recordó que éste no es un derecho absoluto, y que por lo mismo puede estar
sujeto a restricciones cuando interfiere con otros derechos garantizados por la Convención Americana, y especialmente con los deberes del Estado respecto de todos los habitantes
del respectivo territorio”.
[17] Sobre la distinción señalada, pueden confrontarse las sentencias T-048
de febrero 15 de 1993, M. P. Fabio Morón Díaz; T-080 de febrero 26 de 1993, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-056 de febrero 16 de 1995, M. P. Antonio Barrera Carbonell y T-066 de marzo 5 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
[18] “En lo que concierne con la libertad de expresión que no se
materializa o no tiene por objeto informar, sino recrear en una obra literaria,
gráfica, plástica o fílmica, hechos o situaciones reales o inmaginarios, no es
procedente sujetarla a las exigencias impuestas a la libertad de información,
como son el atenerse a la verdad e imparcialidad de la noticia, lo cual no
significa que el artista -escritor, periodista, caricaturista, pintor,
director- pueda desconocer impunemente los derechos fundamentales de terceras
personas, en particular sus derechos a la intimidad, a la honra y al buen
nombre.” Cfr. SU-
065 de 1995, precitada.
[19] C-073 de febrero 22 de 1996, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[20] T-391 de 2007, precitada.
[21] Informe Anual 2008, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
[22] “CIDH, Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Titulo III: la Convención protege y promueve un amplio concepto de libertad de expresión para preservar la
existencia de las sociedades democráticas en los estados miembros de la OEA. Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de 1995. Aprobado en el 88° período ordinario
de sesiones”
[23] “Corte IDH. Caso López Álvarez. Sentencia del 1º de febrero de
2006, Serie C No. 141. Párr. 170.”
[24] T-505 de mayo 8 de 2000, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[25] Principio número cinco de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión.
[26] Artículos 1° y 2° de la Ley 182 de 1995.
[27] C-654 de agosto 5 de
2003, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[28] C-497 de 1995, precitada.
[29] C-350 de 1997, precitada.
[30] De esas restricciones son ejemplo las impuestas en los
artículos 32 y 35 de la Ley 182 de 1995, que esta Corte halló exequibles,
primero habilitando al Presidente de la República a utilizar en cualquier momento los servicios de televisión; y el segundo, imponiendo la exigencia de que
los operadores del servicio de televisión sean personas jurídicas y en ningún
caso naturales.
[31] C- 654 de 2003, precitada.
[32] C-073 de 1996, precitada.
[33] Según el marco jurídico interamericano del derecho a la
libertad de expresión éste cuenta con dos dimensiones (individual y colectiva)
la dimensión individual, consiste “en el derecho de cada persona a expresar
los propios pensamientos, ideas e informaciones, y [la] colectiva o social,
consistente en el derecho de la sociedad a procurar y recibir cualquier
información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar
bien informada”.
“Teniendo en cuenta esta doble dimensión, se ha explicado que
la libertad de expresión es un medio para el intercambio de informaciones e
ideas entre las personas y para la comunicación masiva entre los seres humanos,
que implica tanto el derecho a comunicar a otros el propio punto de vista y las
informaciones u opiniones que se quieran, como el derecho de todos a recibir y
conocer tales puntos de vista, informaciones, opiniones, relatos y noticias,
libremente y sin interferencias que las distorsionen u obstaculicen15. A este
respecto se ha precisado que para el ciudadano común es tan importante el
conocimiento de la opinión ajena o la información de que disponen otros, como
el derecho a difundir la propia”.
[34] El artículo 19 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, consagra: “Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.”En el mismo sentido la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13, establece: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
[35]Caso  RCN (programa radial  “El Mañanero”) contra el Consejo de Estado.
[36] Las sentencias sobre las cuales se fundamentó la providencia fueron
las Sentencias C-010 de 2000, C-650 de 2003, SU-1721 de 2000, SU-1723 de 2000,
SU-056 de 1995, T-104 de 1996, T-505 de 2000, T-637 de 2001, T-235A de 2002 y
T-1319 de 2001.
[37] El artículo 42 de la Constitución de 1886 contemplaba la libertad de prensa en los siguientes términos: “La prensa es libre en tiempo de paz;
pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la honra de las
personas, al orden social o a la tranquilidad pública (…)”.
[38]  Sentencia C-488/93
[39] Con animo de acentuar lo afirmado, es
pertinente recordar las reflexiones del escritor británico Harold Pinter,
realizadas en el discurso de agradecimiento por el  Nobel de Literatura de
2005, cuando al inicio del mismo, manifestó: “En 1958, escribí lo siguiente:
'No hay distinciones concretas entre lo que es real y lo que es irreal, ni
entre lo que es verdadero o falso. Una cosa no es necesariamente verdadera o
falsa; ya que puede ser al mismo tiempo verdadera y falsa. “Creo que estas
aseveraciones aún tienen sentido y aún aplican a la exploración de la realidad
por medio del arte. Entonces, como escritor las mantengo, pero como ciudadano
no. Como ciudadano debo preguntar: ¿Qué es cierto? ¿Qué es falso?
[Traducción informal: “In 1958 I wrote the following: “‘there are no
hard distinctions between what is real and what is unreal, nor between what is
true and what is false. A thing is not necessarily either true or false; it can
be both true and false.' “I believe that these assertions still make sense and
do still apply to the exploration of reality through art. So as a writer I
stand by them but as a citizen I cannot. As a citizen I must ask: What is true?
What is false?”] Fuente: Nobelprize.org
[40] Las citas o referencias al pie del texto trascrito han sido
suprimidas.
[41] Sentencia C-073/96. Es aconsejable tener en
cuenta que la libertad de expresión suele estar relacionada con ideas y
opiniones propias del individuo y la libertad de información mayoritariamente
sobre hechos o sucesos que se trasmiten a un grupo social. Sobre la distinción
señalada, pueden confrontarse las Sentencias T-048/93, T-080/93, SU-056/95 y
T-066/98, entre otras.
[42] En la Sentencia T-391/07, se puntualizó: “la propia Carta enuncia en forma contundente una
presunción que no admite ser desvirtuada: la censura previa está prohibida de
tal forma que cualquier regulación estatal o decisión de un funcionario del
Estado que constituya censura implica, ipso jure, una violación del derecho a
la libertad de expresión.”
[43] En cuanto al tema del particular que presta un servicio publico, son
perfectamente aplicables las consideraciones hechas en el numeral tercero (3)
de las consideraciones de esta providencia respecto de la procedencia en
general de la acción de tutela contra entidades de dicha naturaleza, las cuales
para dichos efectos pueden ser entendidas como autoridades puesto que están
prestando un servicio público propio del Estado.
[44] Sentencia T-505/00
[45] Principio número cinco (5) de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión.
[46] Al respecto pueden consultarse las Sentencias C-010/00, y T-391/07.
[47] Relacionado con el tema del pluralismo
informativo, pueden consultarse las Sentencias C-010/00 y C-1153/05.
[48] El marco general de las limitaciones
admisibles a la libertad de expresión, lo contemplan los artículos 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los siguientes términos:  (i)  “3. El
ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas
restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley
y ser necesarias para: (a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás; (b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas.” (ii) “El ejercicio del derecho
previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas. (iii) “Los
espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2
(…)”. Al respecto pueden confrontarse el desarrollo de dichas limitaciones
en las Sentencias C-010/00, T-505/00,
C-431/04 y T-391/07, entre otras.
[49] Según lo define el inciso segundo del artículo primero de la Ley 182 de 1995, técnicamente la televisión “es un servicio de
telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a
una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión,
distribución, radiación y recepción de señales de audio y vídeo en forma
simultánea.”
[50]“La  televisión empieza a ser el medio de comunicación por excelencia
en diferentes países del mundo incluido Colombia a mediados del siglo XX”.
Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República."Historia de la Televisión". Publicación digital en la página
electrónica de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.
<http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/1953.htm
Búsqueda realizada el 08 de febrero de 2010
[51] En el referido estudio  no se tuvo en cuenta el acceso a redes móviles
de Internet.
[52] Información consultada en el portal electrónico de la referida
Comisión: www.crcom.gov.co
http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-documents/BibliotecaVirtual/InformeInternet/Informe_Internet_Septiembre_2009.pdf
Consulta realizada el 23 de febrero de 2010
[53] Estudio adelantado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) y la Comisión Nacional de Televisión (CNTV),
durante los meses de enero y marzo de 2009. La muestra de dicha encuesta estuvo
efectuada a 55.055 de hogares y 204.327 personas, para un universo estimado de
11.852.293 de hogares y 43.563.156 de personas. Las personas encuestadas fueron
población civil no institucional; hombres y mujeres entre 0 y 100 años de
hogares de las áreas urbano-rurales de 24 capitales de departamento, incluyendo
sus áreas metropolitanas, resto de cabeceras y área rural. (No se incluyeron
los denominados antiguos territorios de la nación).  Fuente:
www.cntv.org.co
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2009/julio/anuario_2009.pdf
Consulta realizada el 23 de
febrero de 2010
[54] Asociación Colombiana para la Investigación de Medios (ACIM) y la Comisión Nacional de Televisión (CNTV). Grupo objetivo:
Hombres y mujeres entre 12 años y 69 años, de los estratos 1 al 6. Ciudades:
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Ibagué,
Neiva, Santa Marta, Armenia, Cúcuta, Manizales, Villavicencio y Tunja (con sus
respectivas áreas metropolitanas para un total de 50 municipios). Universo:
16.402.000 individuos. Fecha trabajo de campo: Febrero - marzo 2009 / junio –
julio de 2009 (seis principales ciudades) y agosto – septiembre de 2008 /
febrero - marzo 2009 / junio-julio de 2009 (nueve ciudades intermedias).
Fuente:  www.cntv.org.co
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/estudios/egm_09_2ola.pdf
Consulta realizada el 23 de
febrero de 2010
[55] “Por la cual se reglamenta el servicio de
televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso
a éste, se conforma la comisión nacional de televisión, se promueven la
industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación
de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras
disposiciones en materia de telecomunicaciones”.
[56] Cuadro elaborado a partir de lo dispuesto en el articulo segundo de la
referida Ley 182 de 1995.
[57] Sentencia C-497 de 1995
[58] Artículos 1° y 2° de la Ley 182 de 1995
[59] En cuanto a la facilidad y comodidad del medio, el profesor Manuel
Castells, en su obra la era de la información. Economía, sociedad y cultura,
manifestó lo siguiente “tal y como son las condiciones sociales de nuestras
sociedades, el síndrome del mínimo esfuerzo que parece asociarse con la
comunicación trasmitida por la televisión podría explicar la rapidez y
penetración de su dominio como medio de comunicación tan pronto como apareció
en el escenario histórico”. Volumen 1. El Estado red, 1997, página 363.
[60]  Eco, Umberto. Apocalípticos e
integrados. Editorial Lumen y Tusquets Editores. Barcelona. 1995. Páginas 341 y
342.
[61] Consejo de Estado, Sala de Consulta y
Servicio Civil, Providencia del 05 de agosto de
1998. Radicación número 1120.
[62] Art. 76. —La intervención estatal en el
espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión, estará a
cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.
Dicho organismo desarrollará y ejecutará los
planes y programas del Estado en el servicio a que hace referencia en el inciso
anterior.
Art. 77. —La dirección de la política que en
materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades
consagradas en esta Constitución, estará a cargo del organismo mencionado.
[63] Libertad  económica contemplada en el artículo 333 de la Constitución,  entendida como la posibilidad que tiene toda persona de ejercer actividades de
carácter económico según sus preferencias o habilidades, con miras a crear,
mantener o incrementar su patrimonio.  Relativo al tema pueden consultarse las Sentencias
T-419/92, T-425/92, T-475/92, C-040/93, T-251/93, T-028/94, T-291/94, C-415/94, C-624/98, C-697/00, entre
otras.
[64] En cuanto al alcance de la libre competencia pueden confrontarse las
Sentencias C-535/97, C-815/01, C-369/02, C-654/03, entre
otras.
[65] Reconocimiento contemplado para el servicio de público de televisión
en el artículo 1º de la Ley 680 de 2001.
[66]  En cuanto a la función pública en el campo de las comunicaciones,
consúltese la Sentencia C-815 de 2001.
[67] En cuanto a las cargas que se exigen para la limitación de los
derechos sometidos a estudio, puede consultarse la Sentencia T-391/07, especialmente el acápite IV-3.
[68] El articulo 20 del Decreto 2591, estipula
que: “si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se
tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el
juez estime necesaria otra averiguación previa.
[69] Según lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 11 de 2006,
expedido por la Comisión Nacional de Televisión, ente encargado de la
regulación, vigilancia y control del servicio publico de televisión.
[70] Folio 22 del cuaderno principal.  (En realidad el  Acuerdo es el  011
del 24 de noviembre de 2006 y no como lo referenció la entidad, por ello el
sic).
[71] Ibídem
[72] Folio 21
[73] Como bien lo señala Estanislao Zuleta en El Elogio de la Dificultad, el “otro” en nuestro sistema es sinónimo de enemigo; una alternativa hermenéutica
para afrontar ésta irreductible forma de interrelación, se reformula por el
profesor Carlos B. Gutiérrez  al sostener que así no sea fácil entender
por qué “haya que darle la razón al otro, por qué deba uno no tener razón en
contra de uno mismo y de sus propios intereses. Hay sin embargo, que aprender a
respetar al otro y a lo otro. Para ello tenemos que aprender a poder no tener
razón, a perder en el juego; quien no lo aprende temprano no podrá sacar
adelante las grandes tareas de la vida. Vivir con el otro, vivir como el otro
del otro, es por ello la tarea humana básica válida tanto para los individuos
como para los pueblos y los estados (…). De lo que se trata es de reconocer la
radical e inconmensurable singularidad del otro y de recuperar un sentido de la
pluralidad que desafíe cualquier fácil reconciliación total.” Carlos B. Gutiérrez. Ensayos Hermenéuticos, “Gadamer
Humanista”, siglo veintiuno editores.  México. 2008. Páginas 95 y 96.