T-213-19
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-213/19
SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Protección constitucional cuando se
trata de personas en situación de discapacidad
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES
PARA HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Requisitos
CALIFICACION DE INVALIDEZ PARA
PENSION DE SOBREVIVIENTES-Vulneración del debido
proceso por Junta de Calificación al fijar fecha de estructuración posterior al
fallecimiento del padre del accionante, cuando éste sufre enfermedad mental
desde la niñez
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL
DE HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden a la
UGPP emitir acto administrativo en el cual decida sobre la sustitución
pensional
Referencia:
Expediente T-7.144.455
Acción de tutela
instaurada por el señor Javier Eduyer Caballero Cervantes contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social               -UGPP-.
Magistrado
ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Bogotá D.C., veintiuno
(21) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Octava
de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes
Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos emitidos el 3 de septiembre de 2018 por el
Juzgado Tercero Oral de Familia del Circuito de Barranquilla, en primera
instancia, y el 19 de octubre de 2018 por la Sala Quinta de Decisión
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en
segunda instancia, en la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El señor Javier Eduyer Caballero Cervantes, de 49 años de edad y actuando
a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela al considerar que la
UGPP vulneró sus derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social y a
la dignidad humana, al negarle la sustitución pensional a la que considera le
asiste derecho como hijo en situación de invalidez del causante. Fundamentó su demanda en los siguientes,
Hechos
1.  Mediante escrito de tutela radicado el 16 de agosto de
2018, el señor Javier Eduyer Caballero, de 49 años de edad, indicó que padece
de trastorno “esquizofrénico hebefrénico”, enfermedad que le ha impedido
obtener un trabajo, razón por la cual dependía económicamente de su progenitor,
Martín Salvador Caballero Ariza.
2.  Afirmó que a su padre le fue reconocida la pensión de
jubilación por la sociedad Puertos de Colombia, mediante Resolución n.º 128688
del 5 de septiembre de 1979. Así mismo, señaló que ante su fallecimiento,
acaecido el 09 de agosto de 2006, se inició el trámite de sustitución
pensional.
3.  Adujo que el Grupo interno de trabajo para la gestión
del pasivo social de Puertos de Colombia, a través de la Resolución n.º 407 del
18 de marzo de 2008, definió el derecho pensional del causante de la siguiente
forma: suspendió el 50% correspondiente a la cónyuge o compañera permanente, en
tanto no se tenía seguridad sobre a quién debía ser asignado ante la dualidad
de solicitudes presentadas por las señoras Olinda del Carmen Maza Acuña, como
cónyuge, y Edith María Cervantes Osorio, en calidad de compañera permanente. La
otra mitad de la mesada pensional correspondería a tres hijos: Martín Salvador
Caballero Maza, Jaisson René Caballero Maza y a él como hijo mayor en situación
de invalidez; de ahí que a cada uno le fuera asignado un 16.6%.
4.  Sostuvo que Puertos de Colombia les reconoció el
derecho pensional a los dos primeros hasta los 25 años de edad, sin embargo,
suspendió la parte que a él le correspondía porque no se aportaron los
documentos que acreditaran la invalidez alegada. En consecuencia, la entidad le
solicitó allegar lo siguiente:
“- Copia auténtica del Dictamen de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico, con certificación sobre su
firmeza.
-
Fotocopias
autenticadas de las sentencias de primera y segunda instancia donde se decrete
la interdicción del señor Javier Eduyer Caballero y se designe curador del
mismo, de la respectiva diligencia de posesión y discernimiento del cargo.
-
Copia autenticada el
Registro Civil de Nacimiento del interdicto, con la anotación de la sentencia
de la curaduría.
-
Certificado de
supervivencia de Javier Eduyer Caballero.
-
Dos declaraciones
extrajuicio en la que los declarantes manifiesten sobre la dependencia
económica de Javier Eduyer Caballero respecto del causante, señalando las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de la misma.
-
Fotocopia simple de
la cédula de ciudadanía del interdicto”[1].
5.  El actor manifestó que el 8 de noviembre de 2017,
fecha posterior al cumplimiento de los 25 años de edad de Martín Salvador y
Jaisson René Caballero Maza, su hermano Omar Caballero Cervantes radicó, en su
representación, solicitud de sustitución pensional en calidad de hijo inválido
del causante ante la UGPP [2].
6.  Informó que dicha entidad, en Resolución n.º RDP
001126 del 16 de enero de 2018, negó el pedimento al no haberse acreditado que
la condición de invalidez alegada tuviera origen con anterioridad a la muerte
del causante, toda vez que esta ocurrió el 09 de agosto de 2006 y en el dictamen
de pérdida de la capacidad laboral se fijó como fecha de estructuración de la
invalidez el 1° de noviembre de 2006. El señor Javier Eduyer interpuso los
recursos de reposición y apelación en contra de la decisión de la accionada.
7.  El primero fue resuelto de forma desfavorable a sus intereses,
a través de la Resolución n.º RDP 007659 del 27 de febrero de 2018, en la cual
la UGPP ratificó su postura sobre la determinación de la invalidez, además
señaló que la representación legal el peticionario no estaba debidamente
acreditada, en tanto no se aportó sentencia del proceso de interdicción, ni
acta de posesión de curador, tutor o guardador.
8.  Por otra parte, la apelación fue desatada mediante
Resolución n.º RDP 012455 del 11 de abril de 2018, en la cual se confirmó la
negativa de acceder a la sustitución pensional con base en la fecha de estructuración
de la invalidez.
9.  A juicio del accionante, la decisión de la Junta
Regional de Calificación de Atlántico de establecer una fecha de estructuración
de invalidez posterior a la muerte de su progenitor, careció de soporte
probatorio. Así mismo, indicó que la UGPP no valoró los documentos médicos
aportados, los cuales evidenciaban que desde los 15 años de edad,
aproximadamente, padece de esquizofrenia, documentos que fueron allegados desde
el inicio de la solicitud de sustitución.
10.  Indicó que ante la muerte de su padre, uno de sus
hermanos, Omar Caballero Cervantes, pasó a colaborarle económicamente. Sin
embargo, adujo  que el ingreso que este percibe no da abasto, pues además debe
atender los gastos de su propia familia.
11.  En cuanto a la procedibilidad de la acción de tutela,
adujo que los mecanismos ordinarios de defensa judicial no resultan idóneos ni
eficaces en atención a su estado de salud y a la precaria situación económica
en la que se encuentra desde el fallecimiento de su progenitor.
12.  Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se le
ordene a la accionada:      i) reconocer y pagar la sustitución de la
pensión de jubilación en calidad de hijo en condición de invalidez del causante;
ii) incrementar el porcentaje que sobre la mesada pensional le
corresponde dada la extinción del derecho que gozaban sus otros dos hermanos; y
iii) realizar el pago de forma retroactiva junto con los intereses a los
que haya lugar desde el 09 de agosto de 2006, fecha del fallecimiento del
causante.
Trámite procesal
13.  Mediante Auto del 22 de agosto de 2018, el Juzgado
Tercero Oral de Familia del Circuito de Barranquilla avocó el conocimiento de
la acción de tutela y dispuso su traslado a la Subdirección de determinación de
derechos pensionales y a la Dirección de pensiones, ambas de la UGPP, para que
ejercieran el derecho de defensa y contradicción. Así mismo, ordenó informar de
la acción a la Defensoría del Pueblo.
Respuesta de la entidad demandada
14.  La accionada solicitó declarar la improcedencia de la
acción al no cumplirse con el presupuesto de subsidiariedad, pues el actor no
acudió ante la jurisdicción laboral, en tanto juez natural para dirimir el
conflicto. Por otro lado, adujo que no se acreditó la ocurrencia de un
perjuicio irremediable. Sin embargo, la entidad emitió un pronunciamiento sobre
el fondo del asunto del cual se extraen las siguientes premisas:
a)       La condición de invalidez se acredita por
medio del dictamen que emiten las autoridades competentes para la calificación
de pérdida de la capacidad laboral, en este caso, la Junta Regional de
Calificación de Invalidez. La fecha de estructuración de tal circunstancia debe
ser anterior o concomitante al fallecimiento del causante, y en el presente
caso, la estructuración de invalidez fue fijada con una fecha posterior al
deceso del titular de la pensión deprecada.
b)      Los actos administrativos de la entidad
relativos al reconocimiento de la sustitución pensional se encuentran en firme,
en consecuencia, se debe acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral, en
tanto la acción de tutela no puede ser utilizada como instrumento supletorio
del trámite principal establecido en el ordenamiento jurídico.
c)       Ordenarle a la entidad reconocer una pensión
en la que no se cumplen los requisitos para su adquisición, afecta la
sostenibilidad del Sistema General de Pensiones.
d)      Si el actor se encontraba en desacuerdo con
el dictamen de pérdida de la capacidad laboral debió controvertirlo a través de
los recursos de ley.
e)       La entidad afirmó que no existe vulneración
a los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna del actor, puesto que
este se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud, por lo cual no se
está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
f)
El accionante pretende mediante
el mecanismo de tutela que se le reconozca un beneficio económico como lo es
obtener el pago de prestaciones pensionales, luego, la acción es improcedente.
Sentencias objeto de revisión
Primera instancia
15.
En sentencia del 3 de
septiembre de 2018, el Juzgado Tercero Oral de Familia del Circuito de
Barranquilla declaró la improcedencia de la acción al considerar que no se
cumplió el principio de subsidiariedad, en el entendido que si el actor
pretende que se deje sin efectos el acto administrativo que le negó el
reconocimiento de la pensión, puede acudir ante la jurisdicción contenciosa
administrativa. Por otro lado, señaló que no se acreditó la ocurrencia de un
perjuicio irremediable.
Impugnación
16.  El señor Javier Eduyer Caballero argumentó que el
mecanismo de tutela sí es procedente, en la medida que la vía ordinaria judicial
no se torna idónea ni eficaz para la protección de sus derechos atendiendo la
enfermedad que padece y que lo sitúa en estado de invalidez, y en ese sentido,
en una condición de debilidad manifiesta. Argumentó que en su caso sí se
pretende evitar un perjuicio irremediable, pues no cuenta con los medios
económicos necesarios para subsistir de manera digna, en tanto ya cesó la
colaboración económica que recibía de su hermano Omar Caballero Cervantes.
Segunda instancia
17.
La Sala Quinta de
Decisión Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, en providencia adiada el 19 de octubre de 2018, confirmó la
decisión objeto de impugnación al estimar que no se cumplían las reglas de
procedencia de tutela para el reconocimiento de derechos pensionales. Al
respecto, adujo que el actor cuenta con la jurisdicción administrativa u
ordinaria laboral para la solución de la controversia jurídica y que no se
acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que “el
accionante ha podido solventar sus necesidades básicas desde el fallecimiento
de su padre”[3].
Pruebas
18.  Las
pruebas que obran en el expediente son las que a continuación se relacionan:
(i)      Consulta médica realizada el 16 de noviembre
de 2000 por el señor Caballero Cervantes en el Departamento Administrativo
Distrital de Salud (sin indicación de la ciudad)[4].
(ii)   Prescripciones médicas del accionante
suscritas por profesional de la salud –el nombre de la persona y de la entidad
son ilegibles-[5].
(iii)  Constancia suscrita por el Neurólogo-Psiquiatra,
Herbert Mosquera, adiada el 24 de abril de 2007, relacionada con los síntomas
del actor[6].
(iv)  Constancia del diagnóstico médico del señor Javier
Caballero Cervantes, suscrita por el psiquiatra Patricio García Caro[7].
(v)   Dictamen n.º 6041 del 24 de julio de 2007
de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Atlántico, mediante el
cual se determinó que el señor Caballero Cervantes tiene una pérdida de la
capacidad laboral equivalente al 57.65% y con fecha de estructuración el 1º de
noviembre de 2006[8].
(vi)  Copia de la Resolución n.º 407 del 18 de marzo de
2008 emitida por el Grupo de trabajo para la gestión del pasivo social de
Puertos de Colombia, mediante la cual suspendió el derecho pensional del señor
Javier Eduyer Caballero por no acreditar la condición de invalidez alegada[9].
(vii)   Copia del Registro civil de nacimiento del
accionante[10].
(viii)  Declaración extraproceso rendida por el actor ante la
Notaría Única del Circuito de Salamina (Magdalena), adiada el 29 de septiembre
de 2017, en la que indicó lo siguiente: “Desarrollo todas mis actividades en
el lugar de mi residencia, y además con el fin de demostrar mi supervivencia,
por medio de la presencia que en estos momentos estoy haciendo en este despacho
judicial”[11].
(ix)  Declaración extraproceso del 29 de septiembre de
2017, rendida por los señores Martín Caballero Cervantes y Leticia Caballero
Cervantes ante la Notaría Única del Circuito de Salamina (Magdalena), en la
cual expresaron que el accionante (su hermano) dependió económicamente de su
padre hasta que falleció y que de ahí en adelante depende económicamente de su
hermano Omar Caballero Cervantes[12].
(x)   Petición de sustitución pensional
interpuesta el 8 de noviembre de 2017 por Omar Caballero Cervantes, a través de
apoderado judicial y en representación del accionante,  dirigida al Grupo
interno de trabajo para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia y
al Ministerio de la Protección Social[13].
(xi)  Copia de la Resolución n.º RDP 001126 del 16 de enero
de 2018, proferida por la UGPP[14], a través de la cual
negó la sustitución pensional.
(xii)   Recurso de reposición y en subsidio el de
apelación presentado por el señor Javier Eduyer Caballero Cervantes, a través
de apoderado judicial, en contra de la Resolución n.º RDP 001126 del 16 de
enero de 2018, proferida por la UGPP[15].
(xiii)  Copia de la Resolución n.º RDP 007659 del 27 de
febrero de 2018[16], proferida por la UGPP, mediante
la cual resolvió el recurso de reposición.
(xiv)  Copia de la Resolución n.º RDP 012455 del 11 de abril
de 2018[17],  proferida por la UGPP,
que desató el recurso de apelación.
Actuaciones en sede de revisión
19.   Por medio de Auto del 28 de enero de 2019, la Sala de
Selección de Tutelas Número Uno de la Corte Constitucional[18]
escogió para revisión el presente asunto.
20.   En proveído
del 26 de febrero de 2019[19], el Despacho decretó
algunas pruebas tendientes a complementar las razones de juicio necesarias para
el estudio del caso objeto de revisión.
Al señor Javier Eduyer Caballero le
solicitó responder los siguientes cuestionamientos: i) ¿cómo se ha
sostenido económicamente desde que dejó de recibir la colaboración económica de
su hermano?; ii) ¿vive en un inmueble propio y/o arrendado? En caso de
ser esto último, informar su valor; iii) ¿con quién vive? ¿quiénes
integran su núcleo familiar? En caso de tener personas a cargo, ¿cuántos y quiénes?;
iv) ¿cuál es su estado de salud?; v) ¿requiere alguna atención médica?
¿se encuentra en medio de algún tratamiento de salud?; vi) ¿a qué EPS se
encuentra afiliado?; vii) ¿por qué no interpuso el recurso de apelación
contra la decisión de la Junta Regional de Calificación de Atlántico?; y viii)
¿qué actuaciones tendientes a lograr el reconocimiento pensional se llevaron a
cabo entre el 18 de marzo de 2008 y el 08 de noviembre de 2017[20]?
De igual forma, le pidió responder al
hermano del accionante los siguientes planteamientos: i) ¿cuál es la
fuente y el monto de sus ingresos?; ii) ¿vive en un inmueble propio y/o
arrendado? En caso de ser esto último, informar su valor; iii) ¿quiénes
integran su núcleo familiar? En caso de tener personas a cargo, ¿cuántos y
quiénes?; iv) ¿por qué razón cesó el apoyo económico dado al actor?, así
mismo, informar quién se hace cargo de él; y v) indicar si existe
sentencia o proceso judicial de interdicción en curso referente al señor Javier
Eduyer Caballero.
A la UGPP le solicitó informar qué
documentos fueron aportados junto con la petición de sustitución pensional a
favor del accionante, y allegar copia de los mismos.
Por otro lado, el Despacho dispuso la
vinculación procesal de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Atlántico, institución a la que le solicitó informar qué documentos fueron
aportados en el trámite de valoración del accionante, y cuáles fueron las razones
que llevaron a concluir que la fecha de estructuración de invalidez ocurrió el
1º de noviembre de 2006.
21.  Mediante
escrito allegado el 12 de marzo de 2019, la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Atlántico solicitó negar la protección invocada en lo que esa
entidad respecta, al no haber vulnerado los derechos fundamentales del actor.
Por otro lado, expresó que tuvo a su cargo la valoración de la pérdida de
capacidad laboral del accionante, procedimiento que finalizó con el dictamen
6041 del 24 de julio de 2007, en cual se registró una pérdida equivalente al
57.65% con fecha de estructuración el 1º de noviembre de 2006, y que contra el
mismo no se interpusieron los recursos de ley[21].
Posteriormente, el 22 de marzo de 2019 la
entidad remitió a la Corte una nueva comunicación en la cual manifestó que al realizar
la evaluación tuvo en cuenta la historia clínica del señor Javier Eduyer
Caballero, que fue suministrada por su madre. La institución allegó copia tanto
del dictamen como del documento mencionado[22].
22.  Por
su parte, la UGPP allegó un escrito en el cual indicó que con la solitud de
sustitución pensional se aportaron los siguientes documentos: i) dictamen
de pérdida de la capacidad laboral; ii) oficio n.º 3228-17 de la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Atlántico; iii) Registro civil
de nacimiento del actor y copia de su documento de identidad; iv) declaraciones
extrajuicio rendidas por el accionante y los señores Martín Caballero Cervantes
y Leticia Caballero Cervantes; y v) copia del documento de identidad y
de la tarjeta profesional del apoderado judicial. La entidad proporcionó copia
de lo referido[23].
23.  El
accionante y su hermano, Omar Caballero Cervantes, allegaron cada uno, vía
correo electrónico, las respuestas a las preguntas atrás mencionadas. Del
escrito del señor Javier Eduyer Caballero se extrae lo siguiente[24]:
a)       Mencionó que a partir del momento en que disminuyó la ayuda
económica ofrecida por su hermano ha pasado necesidades. Él y su madre obtienen
sus alimentos a partir del suministro que una vez al mes aquel les brinda, o de
las personas que conocen su situación y que usualmente les ayudan por caridad.
b)      Señaló que vive en un inmueble arrendado, cuyo canon es de
$200.000, valor que es sufragado por su hermano. Así mismo, manifestó que vive
con su madre de 82 años de edad- y que no tiene personas a cargo.
c)       En cuanto a su estado de salud, expresó que es enfermo mental,
presenta problemas de desnutrición, no tiene control de esfínteres[25]
y se encuentra afiliado al régimen subsidiado de salud en la EPS Mutual Ser.
d)      Referente a la falta de interposición del recurso de apelación
contra el dictamen de la Junta Regional de Calificación comentó: “el abogado
que me representaba le indico (Sic) a mi hermano que ya no había nada que
hacer; adicional a lo anterior desconocía que eso lo podía hacer y mi estado de
salud físico-mental me inhabilitaba para varios temas cognitivos (…)”[26].
e)       Sostuvo que no realizó ninguna gestión tendiente al reconocimiento
de su derecho pensional entre los años 2008 a 2017, “ya que inicialmente el
abogado que me represento (Sic) en la resolución que me suspendió el derecho
pensional me indico (Sic) que no se podía hacer nada porque el dictamen había
salió (Sic) mal. Por otra parte no he tenido ningún medio económico de como
(Sic) poder pagar un abogado, y pese a que fui a la defensoría del pueblo me
indicaron igualmente que no se podía hacer nada por el dictamen, gracias a que
un amigo de la familia me recomendó con el profesional del derecho que
actualmente me está representando y al buen corazón del mismo en trabajarme sin
pedirme ningún dinero, he podido llegar a este punto para reclamar los derechos
que por ley me corresponden (…)”[27].
Por su parte, el señor Omar Caballero Cervantes
informó lo siguiente[28]:
a)       Es pensionado de la Armada Nacional, por lo cual recibe una pensión
de $3.908.342, monto del que le descuentan $1.343.444[29].
Vive en un inmueble arrendado por el que debe pagar $870.000. Su núcleo
familiar está conformado por su esposa y por tres hijas de 28, 22 y 4 años, siendo
él quien sostiene económicamente el hogar.
b)      Puso de presente que le colabora a su madre Edith María Cervantes
Osorio con el pago del lugar donde vive en compañía de Javier Eduyer y que es ella
la que se encarga del cuidado de este último.
c)       Manifestó que hasta el 2017 era quien se encargaba de la alimentación,
salud, transporte y hospedaje del accionante, pero que debido a la pérdida de unos
ingresos diferentes a su pensión, los gastos de su propio hogar y el hecho de no
tener empleo por su edad -54 años-, disminuyó la colaboración económica
brindada al accionante. Por último, afirmó que la enfermedad de su hermano se originó
desde la infancia.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1.  Esta Sala es competente para revisar los fallos
objeto de discusión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de
1991.
Planteamiento
del caso y problema jurídico
2.  El
señor Javier Eduyer Caballero Cervantes, quien tiene 49 años de edad[30]
y padece de esquizofrenia, presentó ante la UGPP solicitud de sustitución de la
pensión reconocida a su padre en calidad de hijo en condición de invalidez. La
entidad negó tal pedimento, ya que la estructuración de la invalidez había
ocurrido con posterioridad al fallecimiento del causante.
El accionante
interpuso acción de tutela al considerar que esa decisión transgredió sus
derechos fundamentales y que la vía ordinaria judicial no es eficaz en
consideración a su estado de salud y su situación económica. En primera y en
segunda instancia se declaró la improcedencia del amparo, con fundamento en que
el actor debía acudir al trámite ordinario establecido por el legislador, pues
no se avizoraba la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.  En
vista de lo anterior, le corresponde a la Sala de Revisión, en primer lugar,
establecer si la acción de tutela es procedente para verificar la presunta
vulneración de los derechos invocados por el actor.
4.  En
caso de superar el examen de precedibilidad, le compete a la Sala analizar si ¿la
UGPP vulneró los derechos fundamentales del accionante al mínimo vital y a la
seguridad social, al negar la sustitución pensional en calidad de hijo en condición
de invalidez, con fundamento en que la fecha de estructuración de la invalidez es
posterior al fallecimiento del causante?
5.  Para
resolver esta cuestión, se abordarán brevemente los siguientes temas: i) procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones de
carácter pensional; ii) derecho a la seguridad social y al mínimo vital;
iii) requisitos legales para la sustitución pensional al hijo en situación
de invalidez; y iv) análisis del caso concreto.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones de
carácter pensional[31]
6.  La
Constitución Política de 1991 consagra en el artículo 86 la acción de tutela
como un mecanismo judicial que puede ser ejercido por toda persona ante
cualquier juez de la República para solicitar la protección de sus derechos
fundamentales cuando considere que resultan vulnerados o amenazados por la acción
u omisión de una autoridad pública o un particular, este último, en los casos
señalados en la ley. La disposición en cita establece que dicho mecanismo “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
7.  El
legislador colombiano estableció un procedimiento ordinario para dirimir las
controversias que surjan entre las autoridades encargadas del reconocimiento o
pago de prestaciones pensionales y los afiliados o beneficiarios, ya sea ante
la jurisdicción ordinaria laboral o en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, dependiendo de si el litigio surge entre un fondo privado y un
particular, o entre un fondo público y empleados públicos, esto es, vinculados
por medio de una relación legal y reglamentaria. Respecto de la primera, el
artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dispone lo
siguiente:
“ARTICULO
2o. COMPETENCIA GENERAL. La
Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social
conoce de:
(…)
4. Las controversias
relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se
susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las
entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y
los relacionados con contratos. (…)”.
Por otra parte,
frente a la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, el
artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo –CPACA-, consagra:
“ARTÍCULO
104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y
en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo,
en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa.
Igualmente
conocerá de los siguientes procesos: (…)
4. Los
relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y
el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté
administrado por una persona de derecho público.”
8.  Como
puede apreciarse, el ordenamiento jurídico prevé dos vías ordinarias para la
resolución de disputas en el reconocimiento de pensiones, razón por la cual la
acción de tutela, por regla general, no es el mecanismo para conocer de dichos
asuntos. Sin embargo, esta Corporación ha reconocido que existen situaciones
que deben considerarse como excepción a la anterior regla. Por ejemplo, a
través de la sentencia T-225 de 2018 adujo lo
siguiente:
“En lo
referente a la posibilidad de instaurar acción de tutela para solicitar el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales, esta Corporación ha dejado
sentado que si bien estos asuntos deben someterse a consideración de los jueces
de la jurisdicción ordinaria laboral, tal regla puede replantearse a medida
que surjan circunstancias excepcionales que ameriten la necesidad de
salvaguardar garantías iusfundamentales cuya protección resulta impostergable.”[32]
(Negrilla fuera del texto original)
En relación con
lo anterior, la Corte en la sentencia T-471 de 2017 señaló que la procedencia
excepcional de la acción de tutela en materia de reconocimiento de prestaciones
de carácter pensional se concibe en dos situaciones: i) protección
transitoria, mientras se define el proceso ordinario ante la jurisdicción
laboral, siempre y cuando se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable; y ii) protección definitiva, cuando se comprueba
que el instrumento principal establecido por el ordenamiento jurídico para
solventar ese tipo de controversias litigiosas no se torna idóneo ni eficaz
para la materialización de las prerrogativas conculcadas.
Así mismo, la jurisprudencia
de la Corporación fijó unas reglas de procedencia material en los casos en los
que mediante acción de tutela se pretende el reconocimiento de un derecho
pensional y también señaló que el análisis de procedibilidad se flexibiliza
cuando los reclamantes son sujetos de especial protección constitucional o se
encuentran en situación de debilidad manifiesta. Sobre esto, la sentencia T-245
de 2017 refiere:
“3.2. Por
otro lado, la Corte Constitucional ha exigido que para la procedencia material
de la acción de tutela cuando se intenta proteger un derecho de naturaleza
pensional, se deben acreditar los siguientes elementos: ‘(i) la existencia y
titularidad del derecho reclamado, (ii) un grado importante de diligencia al
momento de buscar la salvaguarda del derecho invocado y; (iii) la afectación
del mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho prestacional’.
3.3.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el análisis
de procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente, cuando la persona
que reclama el amparo constitucional, es un sujeto de especial protección
constitucional o se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta. Para
ello, es necesario examinar la situación fáctica de cada caso en concreto, y
las situaciones especiales en que se encuentre el o la accionante. Así, cuando
la acción de tutela es presentada por una persona sujeto de especial protección
constitucional, el juez debe: ‘(i) efectuar el análisis de procedibilidad
formal bajo criterios amplios o flexibles dada la tutela reforzada que la Carta
concede en favor de estos colectivos y, (ii) tomar en cuenta que aún dentro de
la categoría de personas de especial protección constitucional existen
diferencias materiales relevantes que rompen su horizontalidad y los sitúan en
disímiles posiciones de vulnerabilidad que merecen distintos grados de
protección’”[33].
9.       A partir de la normativa citada y de los apartados jurisprudenciales
atrás transcritos, es dable indicar que la acción de tutela, por regla general,
es improcedente para pretender el reconocimiento de derechos pensionales, puesto
que el legislador encargó de tal función a la jurisdicción ordinaria laboral o
la de lo contencioso administrativo. Sin embargo, dicha regla admite una
excepción tratándose de circunstancias en las que la vía ordinaria no se torna
idónea o eficaz para la resolución del asunto. En estos últimos casos el
operador judicial debe analizar los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela teniendo en cuenta las razones por las cuales la persona no agotó
dicha vía, y en caso de encontrarse con sujetos de especial protección
constitucional o en situación de debilidad manifiesta, realizar dicho examen de
una forma más flexible o amplia en comparación con la efectuada en casos en que
los accionantes no presentan tales circunstancias.
Relación
entre el derecho a la seguridad social y el mínimo vital[34]
10.  Antes
de establecer la relación que entre ambos derechos existe, se hará una concreta
aproximación conceptual a cada uno. Así las cosas, el derecho a la seguridad
social se encuentra establecido en el artículo 48 de la Constitución Política en
los siguientes términos: “La Seguridad Social
es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
(…)”.
11.  Con
base en el anterior mandato, la jurisprudencia de esta Corporación le reconoce
a la seguridad social una doble naturaleza, como servicio público a  cargo del
Estado y como derecho fundamental irrenunciable. En cuanto al primer aspecto,
ha sostenido que el Estado tiene el deber de establecer los parámetros para su
dirección; coordinar las entidades encargadas de su prestación; y ejercer
funciones de vigilancia y control en su ejecución[35].
Por otro lado,
la Corte en la sentencia T-164 de 2013 derivó su naturaleza de derecho
fundamental a partir las siguientes premisas: “(i) su carácter irrenunciable, (ii) su
reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados
por el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio
público en concordancia con el principio de universalidad”. Así mismo, en la decisión T-327 de 2017 indicó que dicha
prerrogativa se materializa en la cobertura y protección de prestaciones referidas a: i)
pensiones, ii) salud, iii) riesgos profesionales y iv)
servicios sociales complementarios definidas en la ley.
12.  En relación al derecho al mínimo vital, este recibe el
carácter de prerrogativa fundamental a partir de lo consagrado en el artículo
1º de la Constitución Política, disposición que establece como una de las
características esenciales del Estado colombiano el respeto a la dignidad
humana, la cual, en este contexto, puede interpretarse como el aseguramiento de
condiciones materiales de  subsistencia que le permitan a la persona llevar a
cabo un adecuado proyecto de vida.
Esta Corporación en decisión T-678 de 2017 expresó que
el derecho al mínimo vital “constituye un presupuesto básico para el efectivo goce y
ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda
de las condiciones básicas de subsistencia del individuo”. Además, adujo que su
materialización se representa a través de la satisfacción de las necesidades
básicas de la persona.
13.  Establecido lo anterior, el derecho a la
seguridad social busca proteger la atención en salud de
las personas; la posibilidad de obtener determinado subsidio económico cuando
no es posible ejecutar las actividades propias del trabajo debido a situaciones
de incapacidad médica, de carácter definitiva o transitoria, y ocasionada ya
sea por contingencias de salud de origen común o por accidentes laborales; finalmente,
a través de las pensiones se asegura que quienes a lo largo de la vida
realizaron aportes al sistema pensional, reciban una prestación económica a
partir del momento de su retiro laboral, la cual les permita sufragar las
necesidades que antes eran cubiertas mediante la suma económica recibida como
retribución de su trabajo.
La situación
precedente permite entrever la relación que se forja entre los derechos a la
seguridad social y al mínimo vital, pues a través del primero se garantizan las
condiciones que le permiten a la persona afrontar o satisfacer sus necesidades
básicas. De ahí que quien tenga como única fuente de ingresos lo obtenido por
el pago de incapacidades médicas o de mesadas pensionales, y en caso de que en
forma injustificada sean dejadas de cancelar, vería irremediablemente afectado
su derecho al mínimo vital, pues dejaría de percibir aquello que le permite
subsistir de manera digna.
14.  En
acato al mandato constitucional del artículo 13 superior, el vínculo entre los
derechos a la seguridad y al mínimo vital adquiere mayor relevancia en los casos
en los que están de por medio sujetos de especial protección constitucional o
aquellos que requieren de una mayor intervención del Estado en procura de la
igualdad material[36]. Como corolario de
lo atrás expuesto, existe una fuerte relación entre los derechos a la seguridad
social y al mínimo vital, pues al garantizarle a la persona afiliada el pago de
una prestación económica que le permita sortear las vivencias diarias en casos
de incapacidades médicas que imposibilitan ejercer con normalidad las labores
habituales, o una vez llegado el momento del retiro laboral, se le permite
continuar con su vida de una manera digna y consecuente con la llevada durante el
periodo de productividad.
La sustitución pensional para hijos en
condición de discapacidad. Reiteración jurisprudencial[37]
Aproximación conceptual
15.  Con la implementación del Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones el Legislador consagró diferentes prestaciones económicas
dirigidas a prevenir las contingencias de los trabajadores, como la viudez, la
invalidez, la muerte y la vejez. Para ello, fueron creados derechos pensionales
cuyo reconocimiento depende del cumplimiento de los requisitos establecidos
según la eventualidad acaecida[38].
La sustitución pensional es una figura
dirigida a que la familia de la persona que ostentaba una pensión ya
constituida pueda acceder a la misma con el fin de que no se vea desmejorado
ostensiblemente su mínimo vital y para evitar que haya una doble afectación,
tanto moral, como material. En otras palabras, como su nombre lo indica, lo que
pretende tal prestación es sustituir el derecho que otro adquirió, situación
que se puede llevar a cabo siempre y cuando el titular del mismo haya
fallecido, con el propósito de que el apoyo monetario recaiga en quienes
dependían económicamente del causante[39]. En ese sentido, la Ley
100 de 1993 en su artículo 46 estipula:
“Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
1.
Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por
riesgo común, que fallezca.
2.
Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste
hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a)
Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo
menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, y
b)
Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante
por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento
en que se produzca la muerte.
PARAGRAFO.-Para
efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se
tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente
ley”.[40] (Resaltado fuera de texto).
Por lo tanto, es del numeral
primero del artículo transcrito que se desarrolla la sustitución pensional,
cuya finalidad se asimila a la de la pensión de sobrevivientes, salvo que, en
esta última no se ha consolidado el derecho pensional en favor del afiliado; es
decir, se diferencia de la pensión de sobrevivencia en el hecho de que en la
primera, para su configuración ya debe estar causada la pensión de vejez o
invalidez que se pretende sustituir, mientras que para solicitar la segunda, es
preciso demostrar que se cumplen los requisitos que estipula la Ley 100 de
1993, para poder otorgar la prestación a los causantes de la persona que estaba
próxima a obtener su pensión de vejez o invalidez.
16.  Pese a que la figura está regulada en la legislación
colombiana, esta Corporación en múltiples sentencias se ha referido a ella para
delimitar su ámbito de aplicación y su importancia para quienes la solicitan,
con el fin de evitar la vulneración desmesurada de los derechos fundamentales
al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna.
Desde sus primeros pronunciamientos, la
Corte explicó que la sustitución pensional “tiene como
finalidad evitar que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del
producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento
en el desamparo o la desprotección. Principios de justicia retributiva y de
equidad justifican que las personas que constituían la familia del trabajador
tengan derecho a la prestación pensional del fallecido para mitigar el riesgo
de viudez y orfandad al permitirles gozar post-mortem del status laboral del
trabajador fallecido. (...)”[41].
Así
mismo, ha señalado que esta figura persigue “suplir la ausencia repentina
del  apoyo económico que el pensionado ofrecía a sus familiares, y que el
deceso de éste no determine el cambio sustancial de las condiciones de vida del
beneficiario o beneficiarios, pues es un hecho cierto que en la mayoría de los
casos la sustitución tiene el alcance de una ayuda vital para dichos
beneficiarios, es decir, indispensable para su subsistencia”[42]. Concretamente, se ha
pronunciado en los siguientes términos:
“Esta
Corporación en distintas ocasiones ha tenido la oportunidad de pronunciarse
acerca de la constitucionalidad de medidas legislativas relacionadas con la
pensión de sobrevivientes, señalando que la misma busca impedir que, ocurrida
la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a
soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su
fallecimiento. Desde esta perspectiva, la Corte ha dicho que la sustitución
pensional responde a la necesidad de mantener para sus beneficiarios, al menos
el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban en vida del
pensionado o del afiliado fallecido, que al desconocerse puede significar, en
no pocos casos, reducirlos a una evidente desprotección y posiblemente a la
miseria. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y que,
además, en muchos casos compartían con él su vida, reciban una pensión para
satisfacer sus necesidades mínimas”[43].
Así pues, se puede evidenciar que tanto la
legislación colombiana como la Corte Constitucional han abordado el tema de la
sustitución pensional, en cuanto garantía de estabilidad económica para las
personas que solicitan dicho beneficio, en el entendido que el mínimo vital es
considerado como un derecho fundamental, además de estar intrínsecamente
relacionado con la vida en condiciones dignas.
Reiteración
jurisprudencial sobre los requisitos para la sustitución pensional tratándose
de hijos en condición de invalidez
17.  El
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establece los posibles beneficiarios de la
sustitución pensional. Específicamente, frente a los hijos en condición de
invalidez la norma dispone:
“ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes: (…)
c) Los hijos
menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de y, los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones
de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se
aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; (…)
PARÁGRAFO. Para
efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o
el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.” (Negrilla fuera del texto original)
De la
disposición legal transcrita se desprenden tres requisitos que los hijos en
situación de invalidez deben cumplir para la sustitución del derecho, a saber: i)
filiación; ii) encontrarse en una condición de invalidez; y iii)
depender económicamente del causante.
El artículo 38
de la Ley 100 de 1993 prescribe lo que debe entenderse por “estado de
invalidez”. Al respecto, esa disposición consagra: “(…) se considera inválida la persona que por cualquier causa
de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere
perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
18.  La
jurisprudencia constitucional ha revisado casos de sustitución pensional a
favor de personas en condición de invalidez, haciendo referencia a los
requisitos legales que los interesados deben cumplir y sobre la manera como los
fondos pensionales deben analizar dichas solicitudes, particularmente, cuando
la fecha de estructuración es posterior al fallecimiento del causante.
19.  En la sentencia T-859 de 2004 la Corte revisó un caso en el
cual la accionante solicitó la sustitución pensional a favor de su hermana en
calidad de hija en condición de invalidez, teniendo en cuenta que desde los dos
años de edad padecía de “retraso mental grave de origen genético”. La
accionada -Ministerio de Protección Social- negó el pedimento al argumentar que
en el dictamen de la Junta Regional de Calificación se determinó que la fecha
de estructuración de la invalidez acaeció con posterioridad a la muerte del
causante. En sede de tutela, en única instancia, se declaró la improcedencia de
la acción al existir medios idóneos para la consecución de acreencias
laborales.
En esa oportunidad la Corte expresó sobre los requisitos para el
reconocimiento de la sustitución pensional lo siguiente:
“De lo anterior se infiere que a fin de obtener el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes es necesario que el solicitante acredite el
cumplimiento de los siguientes requisitos: i) el parentesco,  ii) el estado de
invalidez del solicitante y iii) la dependencia económica respecto del
causante.  En cuanto a la última condición, la Corte ha precisado que ‘las
condiciones de dependencia que establece la ley deben estar presentes a la
muerte del causante y la continuidad de su pago requiere que tales condiciones
persistan a lo largo del tiempo. Si desaparece la condición de invalidez o si
se deja de estudiar o cumpla más de 25 años, se extingue su derecho a la
pensión’”.
Por otro lado, la Corporación adujo que al analizar la
estructuración de la invalidez las autoridades competentes deben analizar la
historia médica de la persona junto con los demás soportes que sobre su
diagnóstico se alleguen. Situación que no sucedió en dicha oportunidad. Al
respecto, la providencia en cita refiere:
“Así las cosas, considera la Sala
que el no reconocimiento de la sustitución pensional, sin haber tenido en
cuenta la totalidad del acervo probatorio, tratándose de una persona que
presenta una discapacidad mental severa, constituye una vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante y un desconocimiento de la obligación de prestar
especial protección a la misma, teniendo en cuenta su condición síquica.
En el presente caso existen
pruebas que acreditan que el estado de invalidez de la señora Emelina Carbono
Escorcia es de origen genético.  Por tal razón, como se ha insistido, le es
aplicable la doctrina de la Corte relacionada con la especial protección que se
le debe brindar a las personas discapacitadas física o mentalmente, a fin de
garantizarles su derecho a la igualdad.  El no reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes representa por parte de la entidad demandada el desconocimiento
del derecho de la accionante a ser tratada de manera especial, por encontrarse
en una condición de desventaja frente a las demás personas”.
Lo anterior, toda vez que la Corporación encontró un examen sobre la
salud mental de la agenciada realizado por el Instituto de Medicina Legal, el
cual no había sido tenido en cuenta por el Ministerio accionado, por lo cual le
ordenó analizarlo junto con las demás pruebas obrantes en el proceso y, en caso
que la decisión de sustitución fuera desfavorable, concediera la pensión de
forma transitoria hasta tanto el juez ordinario dirimiera el fondo del asunto.
20.  Más adelante, la Corte profirió la sentencia T-230 de 2012,
en la cual la acción de tutela fue presentada por el hermano -y curador- de una
persona que sufría de retardo mental y epilepsia, a quien el Instituto de
Seguros Sociales le había reconocido el derecho a la sustitución pensional. Sin
embargo, al cumplir los 18 años de edad, la accionada decidió suspender el pago
de las mesadas por no haber acreditado la calidad de estudiante. En única
instancia se ordenó emitir una respuesta de fondo frente al requerimiento
realizado por el actor, pero negó lo relacionado al mínimo vital y seguridad
social al esgrimir que no se aportaron los suficientes rudimentos probatorios.
La Corte en fallo de revisión tuteló los derechos fundamentales y le
ordenó a la accionada pagar las mesadas suspendidas y continuar con su
reconocimiento. Indicó que es tarea del juez constitucional a la hora acreditar
el requisito de invalidez analizar los documentos que reposan en el expediente,
de forma principal el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, pero cuando
este no es allegado, se debe tener en cuenta aquellos que se refieran al
diagnóstico de la persona, pues “[e]n caso contrario, se desconocería la
obligación de prestar una protección especial a las personas que se encuentran
en situación de debilidad manifiesta”. Al abordar el estudio del caso
concreto expresó:
“Por lo tanto, la suspensión de la pensión de sobreviviente
adquirida por el joven Luis Fernando Rebolledo Zabaleta, al cumplir la mayoría
de edad, por falta de dictamen médico de pérdida de la capacidad laboral con
fecha de estructuración de la invalidez en los términos del artículo 38 de la
Ley 100 de 1993 – previsto para la pensión de invalidez – sin tener en
cuenta la totalidad del acervo probatorio, tratándose de una persona que
presenta una discapacidad mental severa, constituye una exigencia desproporcionada
que configura una vulneración de los derechos fundamentales del accionante y un
desconocimiento de la obligación de prestar especial protección a la misma,
teniendo en cuenta su condición síquica.” (Negrilla por fuera del texto
original)
21.  Al año siguiente se profirió la decisión T-395 de 2013 en la
cual esta Corporación revisó un caso en el cual la accionante como agente
oficiosa de su hijo diagnosticado con esquizofrenia paranoide, solicitó
a su favor la sustitución pensional como hijo en condición de invalidez. La Junta
Regional de Calificación dictaminó un 61.50% de pérdida de la capacidad laboral,
la cual ocurrió siete días después de la muerte del causante. De ahí que la
entidad encargada de analizar la solicitud indicara que no se cumplió con el
requisito de que la invalidez fuera anterior al fallecimiento del titular de la
prestación. Sobre dicho presupuesto la providencia adujo:
“Como puede observarse, si bien la exigencia de una fecha de
estructuración de la invalidez del beneficiario anterior a la muerte del
causante es razonable y apunta a garantizar la sostenibilidad del sistema
pensional, también lo es que, en ocasiones, se presentan situaciones
excepcionales que conducen a que la aplicación de la norma conlleve resultados
no solo inaceptables desde una óptica de justicia material, sino contrarios a
los mandatos constitucionales de protección de los discapacitados mentales
(art. 13 superior). En efecto, la interpretación y aplicación de las normas
legales referentes a las condiciones y requisitos para acceder a una pensión de
sobrevivientes, deben ser interpretadas de conformidad con la Constitución y
los instrumentos internacionales que reconocen derechos subjetivos a quienes
padecen de discapacidad mental.” (Negrilla fuera del
texto original)
Por otro lado, la Corporación expresó que la esquizofrenia paranoide
es “de origen genético, de etiología bio-sico-social” y que en el
agenciado las  manifestaciones de dicho padecimiento empezaron desde sus años
de infancia, situación que pasó desapercibida por la institución que valoró la
invalidez. En consecuencia, le ordenó a la accionada reconocer y pagar la
sustitución pensional a la que tenía derecho como hijo en situación de
invalidez del causante.
22.  Posteriormente, a través de la decisión T-350 de 2015, la
Corte conoció el caso de una persona que fue calificada con una pérdida de la
capacidad laboral del 55.85% con fecha de estructuración el 31 de  mayo de
2005; sin embargo,  tras ser nuevamente valorado por orden de un juez
constitucional, la entidad ratificó el porcentaje, pero modificó la fecha de
estructuración de la invalidez por el 16 de marzo de 2006. La accionada no
accedió a la solicitud de sustitución pensional efectuada por el actor como hijo
en situación de invalidez del causante, al argumentar que la invalidez surgió
con posterioridad al fallecimiento del causante -7 de diciembre de 2004-. El
actor interpuso acción de tutela, la cual fue declarada improcedente por los
jueces de instancia.
La Corte, en sede de revisión, reiteró los tres requisitos atrás
señalados y mencionó que hay ocasiones en las cuales la fecha de estructuración
de la invalidez no concuerda con la determinada en los dictámenes de pérdida de
la capacidad laboral, especialmente cuando la persona padece de una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, situación en la cual se debe analizar la
totalidad de la historia clínica y conceptos médicos allegados al proceso. Al
respecto, la sentencia en cita expresó:
“42. Esta Corporación ha reconocido que a veces, la fecha de
estructuración de la invalidez, no coincide con la fecha señalada en el
dictamen. Esto, sucede generalmente, cuando una persona padece de enfermedades
crónicas, degenerativas o congénitas. (…)
44. Bajo esta óptica, resulta válido afirmar que las Juntas de
Calificación de Invalidez no pueden desconocer las circunstancias propias de
determinadas enfermedades, como es el caso de aquellas de naturaleza crónica,
degenerativa o congénita, las cuales no permiten a las personas que las
padecen, ejercer ciertas actividades por algún tiempo o de manera indefinida en
razón al carácter progresivo de dichas afecciones.
45. Este Tribunal también ha señalado que el dictamen de
calificación de invalidez debe incluir la evaluación médica exhaustiva de la
totalidad de los elementos relevantes para cada caso en concreto.” (Negrillas por fuera del texto original)
Al abordar el estudio del caso concreto la Corte estableció que el
dictamen proferido por la Junta de Calificación omitió valorar aspectos propios
de la enfermedad del accionante, en tanto era de naturaleza congénita, por lo
cual, había desconocido las pautas señaladas sobre la materia por la
jurisprudencia constitucional. Por otro lado, al analizar los soportes médicos
aportados al proceso de tutela se encontró un concepto rendido por el Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se registró como fecha de
estructuración de la invalidez el 18 de noviembre de 1998, documento que
acreditaba que el padecimiento del actor era anterior a la muerte del causante,
por consiguiente, la Corporación dio por cumplido ese requisito y le ordenó a
la accionada reconocer la sustitución pensional.
23.  Tiempo después, se emitió la sentencia T-370 de 2017 en la
cual la accionante, de 71 años edad y quien refirió sufrir del oído por más de
20 años, le solicitó a Colpensiones la sustitución pensional en calidad de
hermana invalida de la causante, quien había fallecido el 1° de febrero de
2016. En la solicitud aportó dictamen emitido por la Junta de Calificación en
el cual se registró que la interesada padecía de hipoacusia neurosensorial
bilateral, con una invalidez del 50.96% y con fecha de estructuración el 2 de
febrero de 2016. La entidad accionada negó el pedimento al establecer que la
causación de la invalidez fue posterior a la muerte del titular de la pensión.
Con sustento en lo anterior se interpuso acción de tutela que fue
concedida en primera instancia de forma transitoria, y revocada en segunda
instancia, en tanto la persona podía agotar la vía ordinaria judicial. Al
revisar el caso, la Corte Constitucional señaló que el análisis de la invalidez
debía realizarse bajo los parámetros de las enfermedades crónicas,
degenerativas o congénitas. De ahí que las autoridades debían valorar no solo
el dictamen de la Junta de Calificación sino los demás conceptos médicos
aportados. Sobre esto, explicó la Corporación:
“Sin embargo, en el caso bajo estudio, se advierte que la accionante
padece de hipoacusia neurosensorial bilateral, dolencia que, acorde con el
concepto rendido por medicina legal, es una enfermedad crónica y progresiva. La
historia clínica allegada por la actora evidencia que ha sufrido dicho
padecimiento por más de 20 años, circunstancia que concuerda con el hecho de
que no ha podido laborar debido a esa enfermedad, como se corrobora con las
distintas declaraciones juramentadas que se allegaron al proceso.
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe traer a colación la
jurisprudencia reseñada en el numeral 3.7.2 de esta providencia, relacionada
con la forma como debe realizarse la evaluación del momento en que se
estructura la invalidez en los casos de enfermedades crónicas, degenerativas o
progresivas, en las cuales la fecha de estructuración no siempre coincide con
el momento en que la persona pierde la aptitud para trabajar o para continuar
laborando. Al respecto, se ha dicho que ese momento puede ser posterior o
anterior a la fecha que se señale el dictamen, para lo cual, como elementos de
juicio, se pueden tener la historia clínica o los dictámenes técnicos que se
hayan realizado.”
La Sala concluyó, a partir de los documentos obrantes en el expediente
de primera instancia, que se hallaba acreditado que la accionante se encontraba
en situación de invalidez antes de fallecer su hermana, por ello cumplía con
los requisitos legales para la sustitución pensional, luego, revocó la decisión
de segunda instancia y le ordenó a la accionada reconocer y pagar la prestación
pensional.
24.  Finalmente, en la sentencia T-273 de 2018 revisó el caso de
una persona de 52 años de edad que sufría de esquizofrenia paranoide, diagnóstico
por el cual Colpensiones le dictaminó un 65% de pérdida de la capacidad laboral
con fecha de estructuración el 15 de agosto de 2013. Con posterioridad, esa
misma entidad negó su solicitud de sustitución pensional como hija inválida del
causante con base en que la invalidez fue posterior a la muerte del causante
-11 de julio de 2011-. El mecanismo de tutela fue declarado improcedente en
primera y segunda instancia al existir un mecanismo ordinario para
dirimir el asunto.
La Corte reiteró los tres requisitos para la sustitución pensional
cuando se trata de hijos en condición de invalidez, y la manera como se debe
analizar la fecha de estructuración de la invalidez tratándose de enfermedades
crónicas, degenerativas y congénitas. Abordado el caso concreto sostuvo:
“En cuanto al estado de invalidez, se tiene que Yomaira cuenta con
una pérdida de capacidad laboral del 65% en virtud del diagnóstico de
esquizofrenia paranoide que padece. Si bien, el dictamen estableció como fecha
de estructuración el 15 de agosto de 2013, esto es, un momento posterior a la
muerte de su padre, de la apreciación conjunta del acervo probatorio, en
especial, la historia clínica aportada por el accionante, se evidencia que su
representada desde el año 1990 fue diagnosticada con hebefrenia, circunstancia
que concuerda con el hecho de que no ha podido laborar debido a esa enfermedad,
como se corrobora con las distintas declaraciones juramentadas que se
adjuntaron al proceso. De ahí que, las pruebas allegadas permiten constatar que
la incapacidad para trabajar de Yomaira es preexistente al deceso del causante.
Así, se encuentran acreditados los requisitos legales para acceder a
la sustitución pensional  consagrados en el literal c) del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 en el caso de Yomaira Castro Difilippo en su condición de hija
en situación de discapacidad y dependiente económica del causante.” (Negrilla por fuera del texto original)
En consecuencia, revocó las decisiones de instancia, concedió el
amparo definitivo de los derechos y le ordenó a la accionada reconocer y pagar
la prestación pensional.
25.  A
manera de colofón, del recorrido jurisprudencial realizado en este acápite se
puede deducir que la Corte Constitucional ha señalado que tratándose de
sustituciones pensionales a favor de hijos en situación de invalidez cuando esta
es negada con base en que la estructuración de la invalidez fue posterior al
deceso del causante, el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, prima
facie, es el documento idóneo para valorar si esta ocurrió con anterioridad
o posterioridad al fallecimiento del titular de la prestación. Sin embargo, hay
ocasiones en las cuales no refleja cabalmente su surgimiento, por ejemplo,
frente a enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, pues en estas es frecuente
encontrar episodios de crisis que suelen aparecer de forma usual, o presentar
una evolución progresiva, es decir, que los síntomas cobran mayor intensidad
hasta llegar al punto de imposibilitar a la persona para ejercer sus deberes
laborales, por lo cual también se debe valorar la historia clínica y los
conceptos médicos que obren en el proceso, a efectos de determinar las primeras
manifestaciones del padecimiento que imposibilitaron a quien solicita la
sustitución pensional a llevar una vida con plena potencialidad de sus
capacidades.
En estos casos,
la Corte estudió el cumplimiento de los requisitos para la sustitución
pensional de cara a la información obrante en el expediente, y en los supuestos
en los que fueran satisfechos, concedió la protección definitiva a los derechos
fundamentales ordenándole a la entidad responsable reconocer y pagar las
mesadas pensionales.
Caso concreto
Breve
presentación del asunto
26.  El
señor Javier Eduyer Caballero Cervantes cuenta con 49 años de edad y padece de
esquizofrenia hebefrénica, situación por la cual siempre dependió
económicamente de su padre Martín Salvador Caballero Ariza. La Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Atlántico, le dictaminó una pérdida de la
capacidad laboral equivalente al 57.65% y como fecha de estructuración el 1º de
noviembre de 2006. La UGPP negó el reconocimiento de la sustitución pensional, bajo
el argumento que la invalidez sobrevino con posterioridad a la muerte del causante.
El accionante apeló
la determinación, sin embargo, la entidad ratificó su decisión. El actor, al
considerar que la vía ordinaria no es eficaz atendiendo su situación económica
y de salud, interpuso acción de tutela en contra de la entidad atrás citada por,
presuntamente, vulnerar sus derechos fundamentales al negar su pedimento con
desconocimiento de las constancias médicas que indican que su enfermedad lo
acompaña desde la infancia, reproche que también dirigió a la Junta Regional de
Calificación de Atlántico.
Los jueces de
instancia declararon la improcedencia de la acción, en tanto el ordenamiento
jurídico consagra una vía ordinaria principal para la solución del asunto,
además, por no haberse acreditado la ocurrencia de un perjuicio irremediable
que legitimara la protección transitoria.
Análisis de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela
27.  Antes
de abordar el fondo del asunto, la Sala analizará el cumplimiento de los
presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela. Para ello, de forma
concreta se establecerá si se cumplen las siguientes exigencias: i)
legitimación por activa y pasiva; ii) inmediatez; y iii)
subsidiariedad.
Legitimación
por activa y por pasiva
28.  Sobre
este tema, el primer inciso del artículo 86 Superior expresa que “toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Por
otra parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 refiere que “la acción
de tutela podrá ser ejercida…por cualquier persona…quien actuará por
sí misma o a través de representante” (Negrilla por fuera del texto
original).
De las normas
citadas se desprende que cualquier persona que considere que sus derechos
fundamentales son vulnerados o puestos bajo amenaza podrá interponer acción de
tutela, por sí misma o a través de agente oficioso, representante legal o
judicial. La legitimación por activa en el mecanismo de amparo exige que quien
lo ejerza sea el titular de los derechos conculcados o mediante un tercero que
actúe a su nombre debidamente acreditado para tal fin. La legitimación por
pasiva hace alusión a la autoridad o el particular contra quien se dirige la
acción de tutela, en tanto se considera que es efectivamente la llamada a
responder por la vulneración o amenaza de la prerrogativa constitucional.
A tono con lo precedente, se supera el
cumplimiento de la legitimación por activa, pues el señor Javier Eduyer Caballero
Cervantes interpuso la acción de amparo, a través de representante judicial con
poder debidamente otorgado[44], al estimar vulnerados
sus derechos fundamentales en el trámite de sustitución pensional como hijo en
condición de invalidez del causante.
29.  La Corte encuentra acreditada la legitimación en la
causa por pasiva respecto de UGPP, pues fue quien decidió no acceder a la
sustitución pensional deprecada por el actor, determinación que este tilda como
transgresora de sus derechos fundamentales.  De hallarse demostrada la
violación a las prerrogativas, deberá ser esa entidad la que realice las
actuaciones necesarias para la reivindicación de las garantías.
Así mismo, la parte pasiva está integrada por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Atlántico, al haber, presuntamente,
desconocido la información expuesta en la historia clínica y en los conceptos
médicos aportados al trámite, en relación con el origen de la enfermedad mental
del actor para establecer la fecha de estructuración de la invalidez.
Inmediatez
30.  El
artículo 86 de la Constitución Política consagra que cualquier persona podrá
interponer acción de tutela “en todo momento”, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales, expresión que es reiterada en el artículo 1° del
Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, pese a la informalidad que caracteriza a
este mecanismo, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que su
interposición debe hacerse dentro de un plazo oportuno y justo[45], contado a
partir del momento en que ocurre la situación transgresora o que amenaza los
derechos fundamentales.
La anterior
regla tiene sentido dada la naturaleza del mecanismo de amparo, en tanto instrumento
de protección inmediata y efectiva de derechos fundamentales, razón por la cual
el constituyente de 1991 lo estructuró como un trámite breve y sumario al
alcance de cualquier persona. En consecuencia, acudir a la tutela después de haber
transcurrido un tiempo considerable a partir del hecho o actuación que se tilda
de conculcar garantías fundamentales desnaturalizaría la esencia y finalidad de
mentada acción constitucional.
Sin embargo, el
anterior planteamiento no es absoluto, pues la jurisprudencia de esta
Corporación ha establecido que existen circunstancias en las cuales el solo
transcurso del tiempo antes de acudir a la tutela, no es justificación para declarar
su improcedencia, pues tal exigencia, dadas las condiciones de la persona,
podría tornarse como una carga desproporcionada, ante casos de fuerza mayor o
de debilidad manifiesta.
Sobre este
punto, valga citar algunos pronunciamientos recientes emitidos por la Corte
Constitucional. Por ejemplo, en sentencia SU-108 de 2018 se mencionaron algunas
circunstancias en las cuales dicha omisión o tardanza puede considerarse
razonable, labor que le corresponderá determinar al juez de tutela. Al respecto,
la providencia en cita hace referencia -de forma enunciativa- a las siguientes
eventualidades:
“(i) [Ante]
La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser,
por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término
razonable, la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que
hubiere cambiado drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando
a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se
recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un
término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera,
en realidad, una protección inmediata.
(iii)
Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta
en la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente
autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan’” (Subrayas del texto
original, y negrilla de la Sala)
Por otro lado, y a tono con lo precedente,
la Corte en decisión T-314 de 2018 expresó que existen dos factores que tornan
procedente la acción de amparo pese al transcurso de un lapso prolongado entre
la vulneración del derecho y la fecha de interposición de la acción, a saber: “(i)
que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo en el entendido
de que si bien el hecho que la originó es muy antiguo, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto a sus derechos continúa y es
actual; y (ii) que la especial situación del actor convierta en desproporcionado
el hecho de adjudicarle la carga de ejercer los medios ordinarios de defensa
judicial”.
Finalmente, valga indicar que en
providencia T-167 de 2018 este Tribunal Constitucional adujo que la autoridad
judicial, al momento de analizar el cumplimiento del principio de inmediatez,
debe tener en cuenta “el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”[46],
situaciones en las que puede encontrarse quien
acude a la administración de justicia.
31.  Al examinar
las actuaciones que el actor ha realizado tendientes al reconocimiento del
derecho pensional que ahora solicita ante la jurisdicción constitucional, se
tiene lo siguiente:
-
Mediante peticiones adiadas el 19 de enero y 13
de junio de 2007[47], solicitó al Grupo
interno de gestión del pasivo social de Puertos de Colombia la sustitución
pensional, en calidad de hijo en condición de invalidez, de la prestación
reconocida al señor Martín Salvador Caballero Ariza, pedimento que fue negado a
través de acto administrativo adiado el 18 de marzo de 2008.
-
Inició el procedimiento de calificación de pérdida
de la capacidad laboral, que concluyó en el dictamen n.º 6041 del 24 de julio
de 2007, emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Atlántico.
-
El 8 de noviembre de 2017, presentó una nueva solicitud
de sustitución pensional que le correspondió a la UGPP, entidad que la despachó
de forma negativa mediante Resolución del 16 de enero de 2018.
-
Contra la anterior determinación el actor
interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación. El primero
fue resuelto mediante resolución del 27 de febrero de 2018 y el recurso de
alzada fue resuelto a través de resolución adiada el 11 de abril de ese mismo año.
-
Finalmente, se incoó la presente acción de
tutela el 16 de agosto de 2018.
32.  A
partir de lo anterior, podría afirmarse que desde la resolución del recurso de
apelación[48] interpuesto en contra
del acto administrativo que negó la segunda solicitud de sustitución pensional,
trascurrieron poco más de cuatro meses para que el actor instaurara la acción
de tutela[49] objeto de revisión,
término que en principio se considera razonable.
Sin embargo, la
Sala no pasa por desapercibido el hecho que el señor Javier Eduyer Caballero haya
dejado transcurrir diez años entre la primera y la segunda solicitud de
sustitución pensional. Sobre el particular, al requerírsele en sede de revisión
para que explicara las razones de tal omisión, el accionante refirió: “inicialmente el abogado que me represento (Sic) en la resolución
que me suspendió el derecho pensional me indico (Sic) que no se podía hacer
nada porque el dictamen había salió (Sic) mal. Por otra parte no he tenido
ningún medio económico de como (Sic) poder pagar un abogado, y pese a que fui a
la defensoría del pueblo me indicaron
igualmente que no se podía hacer nada por el dictamen, gracias a que un amigo
de la familia me recomendó con el profesional del derecho que actualmente me
está representando y al buen corazón del mismo en trabajarme sin pedirme ningún
dinero, he podido llegar a este punto para reclamar los derechos que por ley me
corresponden (…)”[50].
A partir de
dicha manifestación se desprende que el actor tuvo una deficiente asesoría
legal en relación con la reclamación administrativa y/o judicial de sus
derechos pensionales. Esto, en consideración conjunta con: i) la
precaria situación económica que presenta el accionante; ii) el tipo de
enfermedad que padece -circunstancias que se abordarán más adelante-; iii)
los pronunciamientos jurisprudenciales atrás referidos; y iv) el no
reconocimiento y pago de prestaciones sociales que constituye una vulneración que
perdura en el tiempo, son razones suficientes para que la Sala emita un
pronunciamiento sobre este asunto pese a la falta de actividad del accionante
durante el tiempo señalado. En conclusión, se cumple con el principio de
inmediatez.
Subsidiariedad
33.  Este
presupuesto demanda que la persona antes de acudir al mecanismo de tutela haya
ejercido las herramientas e instrumentos establecidos en el ordenamiento legal
para la resolución de la controversia jurídica. Sin embargo, esta regla
presenta dos excepciones: i) cuando se pretende el amparo constitucional
de forma transitoria mientras la jurisdicción ordinaria resuelve el asunto,
siempre y cuando se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable;
y ii) cuando se acredite que la vía ordinaria para resolver el asunto no
resulta idónea o eficaz para la protección de los derechos fundamentales
conculcados.
El juez
constitucional tiene el imperativo de analizar el cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad del mecanismo de amparo antes de adoptar cualquier
orden judicial. Así mismo, debe ser más exhaustivo antes de declarar la
improcedencia de la acción, en los casos en los que exista  amenaza de que
ocurra un perjuicio irremediable, cuando el accionante se encuentre en
condiciones de vulnerabilidad manifiesta o se trate de un sujeto de especial
protección constitucional. Sobre esto, la Corte ha establecido que en ciertos
casos, dadas las particularidades de vulnerabilidad de la persona que interpone
el mecanismo de amparo, se justifica que el análisis de procedencia sea más laxo[51].
Así las cosas,
de los documentos y afirmaciones que obran en el expediente se tiene que el
actor inició el trámite de calificación de la pérdida de la capacidad laboral
que concluyó en el Dictamen n.º 6041; agotó la reclamación administrativa ante
la accionada al interponer los recursos de reposición y apelación en contra de
la decisión desfavorable a sus intereses. Empero, no acudió ante la
jurisdicción ordinaria de forma previa, pues adujo que dicha vía no se tornaba
idónea ni eficaz para la protección de sus derechos, ya que, dado su estado de
salud y la difícil situación económica por la que atraviesa, someterlo a
esperar las resultas de un procedimiento ordinario representa para él una carga
muy gravosa. Los jueces de instancia declararon la improcedencia de la acción
al argumentar que no se advertía la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
34.   La
Sala encuentra que en el caso objeto de revisión se presentan dos situaciones
que deben ser valoradas al momento de realizar el examen de procedibilidad del
mecanismo de amparo, a saber: i) el actor sufre de una enfermedad mental
como lo es la esquizofrenia, padecimiento que motivó que fuera calificado con
una pérdida de la capacidad laboral del 57.65%; y ii) vive con su madre
de 82 años, y ambos pasan por una difícil situación económica desde la muerte
del señor Martín Salvador Caballero Ariza. Sobre esto último, téngase en cuenta
lo manifestado por el accionante en el escrito enviado a la Corporación mediante
el cual refiere que actualmente no percibe ningún
ingreso: “[n]o he podido sostenerme
económicamente, he aguantado hambre y los alimentos que me han suministrado se
los debo a la caridad de mi hermano omar (Sic) (por mucho una vez al mes), la
ayuda de la gente que conoce a mi madre y se compadecen de mi estado”[52].
Por otro lado,
de acuerdo a la sentencia T-245 de 2017 “el análisis de procedibilidad se
flexibiliza haciéndose menos exigente, cuando la persona que reclama el amparo
constitucional, es un sujeto de especial protección constitucional o se
encuentra en condiciones de debilidad manifiesta. Para ello, es necesario
examinar la situación fáctica de cada caso en concreto, y las situaciones
especiales en que se encuentre el o la accionante.”. Este trato se
fundamenta en el mandato del artículo 13 de la Constitución Política que contiene
el principio de igualdad material, según el cual “El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados./ El Estado protegerá especialmente
a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.
Al confrontar
estas premisas con el sub examine, la Sala encuentra que el accionante
ha desplegado ante la UGPP actuaciones tendientes al reconocimiento del derecho
pensional que considera que le asiste como hijo en situación de invalidez, en
la medida que allegó la correspondiente solicitud y al obtener una decisión
adversa a sus intereses interpuso los recursos de reposición y apelación. El
ordenamiento jurídico establece que el siguiente paso sería, de forma regular,
acudir a la jurisdicción competente para la resolución de la controversia jurídica,
sin embargo, debido a las circunstancias que presenta el accionante se activa
la competencia del juez constitucional para conocer el asunto.
Pese a lo
anterior, esta Corporación debe pronunciarse respecto de los reparos que el actor
formuló en contra de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del
Atlántico, en el sentido que no superan el presupuesto subsidiariedad en la
medida que el interesado no apeló el dictamen de pérdida de la capacidad
laboral ante la Junta Nacional de Calificación al estimarlo inconsecuente,
razón por la cual la acción de tutela no puede utilizarse como instrumento
judicial para enmendar las omisiones de las partes. Por otro lado, este
razonamiento encuentra también apoyo en el incumplimiento del principio de
inmediatez, pues el dictamen que se reprocha de vulnerar garantías
fundamentales data del 24 de julio de 2007, es decir, que el accionante dejó
transcurrir doce años para acudir a la administración de justicia frente a este
aspecto. En consecuencia, la Sala estima improcedente la protección invocada
frente a la Junta Regional de Atlántico.
Análisis sobre
la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo
vital
35.  En
el presente caso la UGPP negó la sustitución pensional que solicitó el señor
Javier Eduyer Caballero Cervantes en calidad de hijo en condición de invalidez,
al argumentar que no cumplió uno de los requisitos legales establecidos para el
reconocimiento del derecho pensional, esto es, que la condición de invalidez fuera
preexistente al fallecimiento del causante, pues en su caso fue fijada en una
fecha posterior a este suceso.
El actor alegó
que el dictamen de invalidez y la decisión de la accionada desconocen la
naturaleza de la enfermedad que padece y que se originó desde su infancia. Para
acreditar esta afirmación allegó algunas constancias médicas junto con declaraciones
de familiares y conocidos.
36.  Con
fundamento en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, la jurisprudencia de esta
Corporación ha expuesto que tratándose de la sustitución pensional en hijos en
condición de invalidez deben acreditarse tres requisitos: i) la relación
filial; ii) la dependencia económica del hijo en situación de
invalidez respecto del titular de la prestación; y iii) que la condición
de discapacidad hubiese generado una pérdida de la capacidad laboral igual o
superior al 50%.
37.  Frente
a la acreditación de la relación filial existente entre el actor y el
señor Martin Salvador Caballero Ariza –causante de la pensión-, obra en el
expediente Registro civil de nacimiento del señor Javier Eduyer Caballero
Cervantes, en el cual figura que aquel es su padre[53];
por otro lado, tanto el Grupo interno del pasivo social de Puertos de Colombia como
la UGPP reconocieron dicho parentesco en los diferentes trámites
administrativos que ante ellas se han llevado a cabo. En consecuencia, no
existe duda frente al cumplimiento de este requisito.
38.  En
cuanto a la dependencia económica del actor frente al señor Caballero
Ariza, además del dicho de aquel, en el expediente obran las siguientes
pruebas:
a)       Declaración de Martín Caballero Cervantes y Leticia Caballero
Cervantes, hermanos del causante, adiada el 29 de septiembre de 2017, en la que
manifiestan: “DECLARAMOS: bajo la gravedad de juramento, que nuestro hermano
JAVIER CABALLERO CERVANTES, (…) dependió el 100% económicamente de nuestro
finado padre MARTIN CABALLERO ARIAZA(Sic)…”[54].
b)      En el escrito en el que el señor Omar Caballero Cervantes respondió
los cuestionamientos del Despacho afirmó: “mi padre en vida siempre fue el
que se encargó económicamente de mi hermano Javier Eduyer Caballero Cervantes y
de mi madre a su muerte ambos se han quedado sin ningún sustento”[55].
De este modo,
son los propios hermanos del accionante quienes afirman que este siempre
dependió económicamente de su padre, incluso dos de ellos -Daniel y Leticia
Caballero Cervantes- dieron fe de tal circunstancia bajo la gravedad de
juramento. Por consiguiente, las anteriores manifestaciones son suficientes
para dar como probado el requisito en comento.
39.  Referente
a la acreditación del requisito de la invalidez, la cual debe ser igual
o superior al 50%, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Como se
estableció en el recuento jurisprudencial atrás realizado, en ocasiones el solo
dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral no resulta
idóneo para determinar el momento de origen de la invalidez, por ejemplo,
cuando están de por medio enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, entre
las cuales la Corte ha relacionado a las enfermedades mentales como la
esquizofrenia. Por ese motivo deben ser objeto de valoración los demás documentos
que obren en el expediente, entre ellos, la historia clínica de la persona o
los conceptos que sobre su diagnóstico hayan realizado los profesionales de la
salud.
Sobre el
particular, es preciso señalar que según la Organización Mundial de la Salud no
se ha podido identificar un único factor determinante de las causas de la
esquizofrenia, sin embargo, se considera que “puede
estar provocada por la interacción entre la genética y una serie de factores
ambientales” [56]. Así mismo,
sobre la naturaleza y síntomas de dicho padecimiento, refiere:
“La
esquizofrenia es una psicosis, un tipo de enfermedad mental caracterizado por
una distorsión del pensamiento, las percepciones, las emociones, el lenguaje,
la conciencia de sí mismo y la conducta. Algunas de las experiencias más
comunes son:
-
Alucinaciones: oír, ver o percibir algo que
no existe.
-
Delirios: creencias o sospechas erróneas y
persistentes no compartidas por otras personas de la misma cultura, de las que
el paciente está firmemente convencido incluso cuando hay pruebas de lo
contrario.
-
Conducta extravagante: conducta desorganizada
que puede manifestarse como vagabundeo, murmuraciones y risas para sí mismo,
aspecto estrafalario, abandono del aseo personal o aspecto desaliñado.
-
Discurso desorganizado: incoherente o no
pertinente.
-
Alteraciones de las emociones: notable
apatía o desconexión entre la emoción declarada y sus manifestaciones
objetivas, tales como la expresión facial o el lenguaje corporal”[57].
(Negrilla por fuera del texto original).
De otra
parte, en el portal MedlinePlus se indicó que “los síntomas de la
esquizofrenia suelen comenzar entre los 16 y 30 años. Los hombres a menudo
desarrollan síntomas a una edad más temprana que las mujeres. Por lo general no
se desarrolla después de los 45 años”[58].
En el sub
examine se cuenta con el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación
de Atlántico, la cual determinó que el accionante presenta una pérdida de la
capacidad laboral del 57.65% con fecha de estructuración el 1º de noviembre de
2006. Al confrontar dicho postulado con los demás soportes documentales
aportados por el accionante, la Sala encuentra que tal determinación no expresa
de forma cabal la situación de salud del señor Caballero Cervantes. Esto, con
sustento en dos valoraciones médicas allegadas por el actor tanto en el trámite
de calificación de la invalidez como en sede de tutela. Al respecto, sobre su
diagnóstico consagra la primera:
“Desde
abril del 2000 inició la evaluación diagnóstica y tratamiento del paciente JAVIER
CABALLERO CERVANTES como se informa a continuación: edad, 30 años; natural
de Salamina (Magdalena), residente en Barranquilla, Barrio Manuel Beltrán…soltero,
sin ocupación, arte u oficio, Católico.
MOTIVO
DE CONSULTA: Ideas raras o extrañas, que
resultan incomprensibles para sus interlocutores y obstaculizan su
comunicación.
ENFERMEDAD
ACTUAL: Se inició aproximadamente a los 15
años con retraimiento de las relaciones personales, tendencia al aislamiento,
soliloquios, risas inmotivadas y conversaciones con seres imaginarios de cuya
presencia real no dudaba, señalándolos con el dedo como si estuvieren frente a él.
En el curso de estas manifestaciones presentó síndrome febril de más o menos 8
días de evolución, durante el cual las manifestaciones anteriores fueron más
protuberantes, agregándose negativismo alimenticio y pérdida de conductas de
auto cuidado. Este cuadro es sugestivo de un Trastorno Esquizofrénico Hebefrénico
vs. Encefalopatía de Etiología a determinar, probablemente viral. Pero cursó
sin diagnóstico ni tratamiento oportuno. Posteriormente las manifestaciones psicopatológicas
severas antes descritas se instauraron de manera permanente, con predominio de la
pérdida de las asociaciones, autismo, afecto inadecuado, apatía y abulia que se
expresaban como apragmatismo y abandono de las conductas básicas de
autocuidado. La evolución hacia la cronicidad y el deterioro han sido demasiado
evidentes.
IMPRESIÓN
DIAGNÓSTICA: TRASTORNO ESQUIZOFRÉNICO HEBEFRÉNICO. Patricio García Caro MD,
Especialista en Psiquiatría”[59].
Así mismo, reposa
en el expediente certificación adiada el 24 de abril de 2007, suscrita por un
médico Neurólogo-Psiquiatra, en la cual expresó:
“Nombre:
Javier Eduyer Caballero Cervantes. Edad: 37 años. Desocupado.
MC Y ES: Desde
hace 5 años empieza a presentar acentuación en cambios de conducta que venía
presentándolos desde mucho antes: Se ríe solo, canta bastante, habla solo y
habla cosas sin sentido. Sale a deambular pero regresa a casa sin perderse a
veces se torna agresivo. No ha recibido tratamiento psiquiátrico (…) A la
entrevista paciente con efecto plano con nula conciencia de enfermedad mental.
Alucinaciones auditivas. Ríe solo y sin motivo durante la entrevista, callado,
aislado. Sin evidenciar delirios en la entrevista. Se piensa evidentemente
en cuadro de esquizofrenia crónica”[60]. (Negrilla fuera del texto original)
A tono con lo
anterior, recuérdese que la UGPP fundamentó su negativa de acceder a la
sustitución pensional deprecada por el actor con base en lo establecido en el
dictamen n.° 6045 de la Junta Regional de Atlántico. Sin embargo, en el mismo
constaban razones que permitían conocer su enfermedad e incluso se consignó una
referencia al surgimiento  de la misma. A la anterior afirmación se llega tras
analizar el contenido del mentado dictamen, específicamente lo relacionado en
el punto 5.3 “EXÁMENES O DIAGNÓSTICO E INTERCONSULTAS PERTINENTES PARA
CALIFICAR”[61], en
el cual la Junta discriminó los conceptos médicos a partir de los cuales se
determinó el padecimiento del accionante y la aparición de los síntomas. Al
respecto, se consagró lo siguiente:
Examen
Resultado
Fecha
PSIQUIATRIA
Trastorno
esquizofrénico. Aislamiento social.
23/05/2007
PSIQUIATRIA
Desde
hace 5 años presenta acentuación de cambios de conducta. No ha recibido tto.
Psiquiatrico (Sic). Esquizofrenia crónica (Sic).
01/11/2006
Al confrontar
dichas manifestaciones con lo conceptuado por los médicos tratantes del actor
en las citas atrás trascritas, se evidencia cómo su conducta puede subsumirse
en varios de los síntomas de la esquizofrenia, de acuerdo a lo expuesto por la
OMS. Así, por ejemplo, el señor Javier Eduyer Caballero presenta i) “[i]deas
raras o extrañas, que resultan incomprensibles para sus interlocutores y
obstaculizan su comunicación”; ii) “Se ríe solo, canta bastante, habla solo y
habla cosas sin sentido”; y iii) “pérdida de las asociaciones, autismo,
afecto inadecuado, apatía y abulia que se expresaban como apragmatismo y
abandono de las conductas básicas de autocuidado”.
De igual
forma, claramente se advierte que en el examen por psiquiatría realizado al
señor Javier Eduyer Caballero el 1° de noviembre de 2006, el profesional de la
salud que lo atendió indicó que cinco años atrás presentaba “acentuación de
cambios en la conducta”[62] y
que sufría de “[e]squizofrenia crónica (Sic)”. Pese a tal manifestación el instituto de calificación determinó como
fecha de estructuración de la invalidez el día en el que se llevó a cabo la
referida consulta, desconociendo lo consignado por el versado en salud mental.
Con
fundamento en las razones precedentes, para la Sala no
existe duda, que pese a que al actor se le determinó como fecha de estructuración
de la invalidez el 1º de noviembre de 2006, éste sufría de esquizofrenia con
anterioridad a lo señalado por la Junta Regional de Calificación. Así las cosas, a partir de lo atrás discurrido, el accionante se hallaba
bajo la dependencia económica de su padre tiempo antes de que este  falleciera,
precisamente, debido al trastorno mental que aún padece y que le ha
imposibilitado llevar a cabo un proyecto de vida con el pleno de sus
potencialidades, circunstancia incluso que ha mermado sus oportunidades en el
contexto social[63].
40.   Ahora
bien, tras considerar lo anterior, valga recordar que la Corte Constitucional
se ha pronunciado sobre “la forma como debe
realizarse la evaluación del momento en que se estructura la invalidez en
los casos de enfermedades crónicas, degenerativas o progresivas, en las
cuales la fecha de estructuración no siempre coincide con el momento en que la
persona pierde la aptitud para trabajar o para continuar laborando. Al
respecto, se ha dicho que ese momento puede ser posterior o anterior a la fecha
que se señale el dictamen, para lo cual, como elementos de juicio, se pueden
tener la historia clínica o los dictámenes técnicos que se hayan realizado”[64].
En el mismo
sentido, ha expresado que el no reconocimiento de la prestación pensional por
falta de dicho de dictamen o por inconsistencias sobre la fecha de
estructuración de la situación incapacitante de la persona “sin tener en cuenta la totalidad del acervo probatorio, tratándose
de una persona que presenta una discapacidad mental severa, constituye una
exigencia desproporcionada que configura una vulneración de los derechos
fundamentales del accionante y un desconocimiento de la obligación de prestar
especial protección a la misma, teniendo en cuenta su condición síquica”[65].
41.  Al
respecto, recuérdese que según la Organización Mundial para la Salud, la
esquizofrenia “es una psicosis, un tipo de
enfermedad mental” y aunque refiere que no se ha
sido posible identificar un único factor determinante, la misma se asocia a
factores genéticos, por lo cual dicho padecimiento haría parte de las patologías
congénitas.
Al consultar el
significado de la palabra “congénito” se obtuvo como respuesta dos acepciones: i)
que se engendra juntamente con algo; y ii) connatural, como nacido con
uno mismo[66]. De ahí, que el
padecimiento en comento acompañe a la persona desde el nacimiento al hacer
parte de su configuración genotípica y su desarrollo dependerá de la
interacción con una “serie de factores ambientales”,
por lo cual, las consecuencias de dicha patología no
son de aquellas que, por decirlo de alguna manera, son producto de un factor externo
único e inmediato, como podría caracterizarse el acaecimiento de un accidente
laboral, sino que pueden presentarse de forma progresiva, con episodios aislados
y con amplios lapsos entre sí o de forma frecuente, circunstancia que dependerá
de la situación de cada paciente.
Por lo
anterior, se reitera, “cuando la invalidez proviene
de un accidente o una situación de salud que generó la pérdida de capacidad de
manera inmediata, la fecha de estructuración coincide con la fecha de la
ocurrencia del hecho”[67], lo que no sucede al analizar la
estructuración de la condición incapacitante en enfermedades de tipo congénito,
pues en estos casos puede ocurrir que “la fecha en que efectivamente una persona está en incapacidad de
trabajar es diferente a la fecha indicada en el dictamen de calificación de la
pérdida de capacidad laboral”[68].
42.  Debe
aclararse que en el caso objeto de revisión la UGPP no conoció de los
documentos relacionados con el diagnóstico médico del actor y que fueron
citados en esta providencia, toda vez que la solitud de sustitución pensional
no los incluyó, circunstancia que se deriva de la respuesta de la entidad
frente al requerimiento realizado en sede de revisión (supra núm. 22).
No obstante,
a juicio de esta Corporación la UGPP, al tener conocimiento de que la
enfermedad se empezó a manifestar cinco años atrás de la fecha de
estructuración según el dictamen de pérdida de capacidad laboral, debió profundizar sobre esta situación, para lo cual pudo requerir al
solicitante para que allegara su historia médica en lo concerniente a dicho
diagnóstico, y de esa forma confrontar el surgimiento de la enfermedad. A pesar
de ello, la entidad accionada se conformó con verificar formalmente la fecha
indicada en el dictamen, lo cual repercutió de forma directa en la decisión
sobre la sustitución pensional, y de suyo sobre los derechos a la seguridad
social y al mínimo vital del accionante.
En
consecuencia, con el propósito de restablecer los derechos fundamentales del
actor, la Corte Constitucional le ordenará a la UGPP que,
en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera un nuevo acto administrativo en el
cual decida la petición de sustitución pensional presentada a favor del señor
Javier Eduyer Caballero Cervantes en calidad de hijo en condición de invalidez
del causante, teniendo en cuenta la clase de enfermedad que padece, los
conceptos médicos allegados en sede de tutela y lo expuesto por la
jurisprudencia constitucional sobre la materia. En el caso de acceder al reconocimiento
pensional, deberá realizar el pago efectivo de las mesadas dentro de los diez
(10) días siguientes a la notificación del acto administrativo que así lo haya
dispuesto.
Para tal fin,
en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 116 del Código General
del Proceso[69], se ordenará el desglose
de los documentos que obran en el expediente relacionados con el diagnóstico
médico del actor[70] para que sean remitidos
a la UGPP, de tal forma que sean tenidos en cuenta al adoptar la decisión
correspondiente frente a la solicitud de sustitución pensional conforme a lo
expuesto en este proveído.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero: REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia el 19 de
octubre de 2018 por la Sala Quinta de Decisión Civil-Familia del Distrito
Judicial de Barranquilla, así como el fallo adoptado en primera instancia el 3
de septiembre de 2018 por el Juzgado Tercero Oral de Familia del Circuito de
Barranquilla, que declararon improcedente la acción de tutela formulada por el
señor Javier Eduyer Caballero Cervantes contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP-. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales
a la seguridad social y al mínimo vital del mentado ciudadano.
Segundo: DEJAR
SIN EFECTOS la Resolución RDP 001126 del 16 de
enero de 2018, mediante la cual la UGPP negó el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional; y las Resoluciones RDP 007659 del 27 de febrero de 2018
y RDP 012455 del 11 de abril de 2018, a través de las cuales resolvió los
recursos de reposición y apelación. Lo anterior, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta decisión.
Tercero:
ORDENAR a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social -UGPP- que, en el término de diez (10) días siguientes a partir de la notificación
de esta providencia, proceda a EMITIR un nuevo acto administrativo en el
cual decida la petición de sustitución pensional presentada a favor del señor
Javier Eduyer Caballero Cervantes en calidad de hijo en condición de invalidez
del causante, teniendo en cuenta la clase de enfermedad que padece, los
conceptos médicos allegados en sede de tutela y lo expuesto por la
jurisprudencia constitucional sobre la materia. En el caso de acceder al
reconocimiento pensional, deberá realizar el pago efectivo de las mesadas
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del acto
administrativo que así lo haya dispuesto.
Cuarto: Por Secretaría General, DESGLOSAR
los documentos que obran en el expediente relacionados con el diagnóstico
médico del actor[71] y remitirlos a la UGPP a
efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral tercero de esta
providencia. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el numeral 4 del
artículo 116 del Código General del Proceso.
Quinto: LÍBRENSE
por Secretaría General las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALBERTO
ROJAS RÍOS
A
LA SENTENCIA T-213/19
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL
DE HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Se debió
otorgar protección definitiva en lugar de conceder el amparo como mecanismo
transitorio para evitar perjuicio irremediable (Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expediente T-7.144.455
Acción
de tutela formulada por Javier Eduyer Caballero Cervantes
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social              ‒UGPP‒
Magistrado Ponente:
José Fernando Reyes Cuartas
LA PROTECCIÓN IUSFUNDAMENTAL QUE SE OTORGA A FAVOR DE QUIEN SE
CONSTATA QUE LE ASISTE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DIRECTO DEL DERECHO PENSIONAL
QUE RECLAMA, CARECE DE EFECTIVIDAD SI PARA TALES EFECTOS SE DISPONE QUE SE
SURTAN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ADICIONALES E INNECESARIOS
Brevemente expongo a continuación las razones de mi
desacuerdo parcial con la decisión mayoritariamente adoptada por la Sala Octava
de Revisión en la sentencia T-213 de 2019, mediante la
cual se concede el amparo de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del ciudadano Javier
Eduyer Caballero Cervantes, protección con la cual, cabe aclarar, estoy de
acuerdo.
Mi disenso radica en el remedio que finalmente se dispuso en los
ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva del fallo, en los cuales prácticamente se deja a discreción de la entidad
accionada la decisión sobre la prestación deprecada. A
mi juicio, demostrada como en efecto lo está en la providencia la observancia
de todos los presupuestos legales y jurisprudenciales para acceder a la
sustitución pensional en los términos reclamados por el peticionario, lo
razonable y adecuado habría sido ordenar a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social –UGPP‒ que expidiera nuevos actos administrativos mediante los cuales
reconociera y dispusiera el pago al demandante, en los siguientes términos:
(i) Del derecho pensional, en los porcentajes que le correspondan
según las circunstancias fácticas y jurídicas acreditadas, esto es, el 16.6%
del 50% de la mesada pensional inicialmente asignado, así como el porcentaje
acrecentado por virtud de que de sus dos hermanos cumplieron 25 años de edad.
(ii) Del retroactivo de las mesadas
pensionales a que haya lugar, desde el 9 de agosto de
2006 ‒fecha de fallecimiento de su progenitor
‒, en lo que no esté prescrito.
Considero que con ello no solo se hubiera garantizado la
protección efectiva de los derechos fundamentales del tutelante ‒sin
someterlo a trámites adicionales e innecesarios como los que se deberán surtir
con ocasión de lo ordenado en los ordinales resolutivos de los que tomo
distancia‒, sino que la Corte también habría cumplido con el deber de
analizar y pronunciarse frente a cada una de las pretensiones formuladas en
la demanda de constitucional de amparo, las cuales se encuentran reseñadas en
la sentencia así:
“Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se le ordene a la
accionada: i) reconocer y pagar la sustitución de la pensión de
jubilación en calidad de hijo en condición de invalidez del causante; ii) incrementar
el porcentaje que sobre la mesada pensional le corresponde dada la extinción
del derecho que gozaban sus otros dos hermanos; y iii) realizar el pago
de forma retroactiva junto con los intereses a los que haya lugar desde el 09
de agosto de 2006, fecha del fallecimiento del causante.”
Encuentro
preocupante que, pese a que distintas Salas de Revisión de esta Corporación sí
han ordenado directamente reconocer y pagar los respectivos derechos
pensionales, como ha ocurrido en las sentencias T-859 de 2004, T-395 de 2013,
T-350 de 2015, T-370 de 2017 y T-273 de 2018, entre otras ‒las cuales
fueron vistas y examinadas en la parte motiva de esta decisión‒, en esta
ocasión lamentablemente se optó por un remedio que implica para el demandante
tener que asumir obstáculos adicionales para obtener la
prestación solicitada en el porcentaje que le corresponde, lo cual sin duda
alguna genera más traumatismos de los que ha tenido que afrontar durante todos
estos años, dada su condición de hijo en situación de invalidez.
Respetuosamente
dejo plasmadas en estos términos las
razones que me llevaron a salvar parcialmente el voto frente a la sentencia
T-213 de 2019, específicamente en relación con lo dispuesto en los ordinales
tercero y cuarto del decisum.
Fecha ut supra,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
[1]
Cuaderno de primera instancia, folio 18.
[2]
La Corte considera pertinente aclarar que aunque la pensión de jubilación
objeto de sustitución fue otorgada por el Grupo interno de trabajo para la
gestión del pasivo social de Puertos de Colombia, la UGPP fue la encargada de
resolver tal petición y la reclamación administrativa, de conformidad con el
artículo 63 del Decreto-Ley 4107 de 2011, según el cual “A partir del 1° de
diciembre de 2011, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, UGPP, deberá asumir el reconocimiento de las pensiones
a cargo del Grupo Interno de Trabajo para la gestión del Pasivo Social de
Puertos de Colombia (…)”, mandato que fue reiterado en el Decreto-Ley 1194
de 2012, al señalar:
“Artículo 1°. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto-ley 4107 de 2011, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, es la entidad encargada de recibir
las solicitudes de reconocimiento pensional que estaban a cargo de la Nación,
Ministerio de la Protección Social, Grupo Interno de Trabajo para la Gestión
del Pasivo Social de Puertos de Colombia, relacionadas con la liquidada Empresa
Puertos de Colombia y/o Foncolpuertos; tramitarlas, resolverlas, reconocer el
derecho cuando haya lugar a ello y en general, adelantar las demás actuaciones
y operaciones propias de tal reconocimiento.
Artículo 2º.
El traslado de las competencias establecido en el artículo 63 del Decreto-ley
4107 de 2011, comprende los procesos judiciales que estaban a cargo de la
Nación, Ministerio de la Protección Social, Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, relacionados con la liquidada
Empresa Puertos de Colombia y/o Foncolpuertos.”
[3]
Cuaderno de segunda instancia, folio 12.
[4]
Cuaderno de la Corte, folio 122.
[5]
Cuaderno de primera instancia, folios 57 y 58.
[6]
Cuaderno de primera instancia, folio 59.
[7]
Cuaderno de primera instancia, folio 56.
[8]
Cuaderno de primera instancia, folios 30 a 33.
[9]
Cuaderno de primera instancia, folios 13 a 20.
[10]
Cuaderno de primera instancia, folio 29.
[11]
Cuaderno de primera instancia, folio 35.
[12]
Cuaderno de primera instancia, folio 36.
[13]
Cuaderno de primera instancia, folios 22 a 28.
[14]
Cuaderno de primera instancia, folios 38 a 41.
[15]
Cuaderno de primera instancia, folios 42 a 46.
[16]
Cuaderno de primera instancia, folios 48 a 52.
[17]
Cuaderno de primera instancia, folios 54 a 55 vuelto.
[18]
Conformada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando
Reyes Cuartas. Cfr. folio 7 del cuaderno de la Corte.
[19]
Cuaderno de la Corte, folios 18 a 23 vuelto.
[20]
La primera corresponde al día de expedición de la resolución por medio de la
cual el Grupo de gestión del pasivo social de Puertos de Colombia decidió suspender
el reconocimiento de derecho pensional del actor, y la segunda a la radicación
de la solicitud de sustitución pensional que precedió a la reclamación
administrativa.
[21]
Cuaderno de la Corte, folios 28 a 39.
[22]
Cuaderno de la Corte, folios 113 a 134.
[23]
Cuaderno de la Corte, folios 86 a 106.
[24]
Cuaderno de la Corte, folios 62 y 63 vuelto.
[25]
El actor no remitió ningún soporte médico que acreditara los diagnósticos de
desnutrición y de no controlar esfínteres.
[26]
Cuaderno de la Corte, folio 62 vuelto.
[27]
Cuaderno de la Corte, folio 63.
[28]
Cuaderno de la Corte, folios 77 a 79.
[29]
El señor Omar Caballero allegó certificación electrónica emitida por la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil-, en la cual figura que el valor
descontado corresponde a los siguientes conceptos: descuento de ley y servicio
médico, excelcredit, capilla de la fe y kusida. Cfr., folio 21 del cuaderno de
la Corte.
[30]
De acuerdo a lo establecido en el Registro Civil de Nacimiento del accionante,
documento que consta a folio 29 del cuaderno de primera instancia.
[31]
La base argumentativa, legal y jurisprudencial referida en este acápite se
fundamenta en la sentencia T-136 de 2019, proferida por esta misma Sala de
Revisión.
[32]
Sentencia T-225 de 2018.
[33]
Sentencia T-
245 de 2017
[34]
La base argumentativa, legal y jurisprudencial referida en este acápite se
fundamenta en la sentencia T-136 de 2019, proferida por esta misma Sala de
Revisión.
[35]
Sentencia T-164 de 2013.
[36]
Sentencia T-086 de 2018.
[37]
La base argumentativa, legal y jurisprudencial referida en este acápite se
fundamenta en la sentencia T-281 de 2018, proferida por esta Sala de Revisión.
[38]
Sentencia T-015 de 2017.
[39]
Ibídem.
[40]
Ley 100 de 1993, artículo 46.
[41]
Sentencia T-190 de 1993.
[42]
Sentencia C-002 de 1999. En esa oportunidad, la Corte estudió la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 5 del decreto ley 1305 de 1975.
[43]
Sentencia C-111 de 2016. Este Tribunal estudió la demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13, literal d),
parcial, de la Ley 797 de 2003.
[44]
Cuaderno de primera instancia, folios 11 y 12.
[45]
Sentencias T-834 de 2005 y T-887 de 2009.
[46] Planteamiento
reiterado de la sentencia T-584 de 2011.
[47]
Al respecto, ver el punto 3 de la Resolución n.º 407 del 18 de marzo de 2008
emitida por el Grupo interno para la gestión pensional de Puertos de Colombia,
cuaderno de primera instancia, folio 14.
[48] Resolución n.º RDP
012455 del 11 de abril de 2018.
[49] El escrito de tutela fue
radicado el 18 de agosto de 2018, ver folio 67 del cuaderno de primera
instancia.
[50]
Cuaderno de la Corte, folio 63.
[51]
Sentencia T-087 de 2018.
[52]
Cuaderno de la Corte, folio 42.
[53]
Cuaderno de primera instancia, folio 29.
[54]
Cuaderno de primera instancia, folio 36.
[55]
Cuaderno de la Corte, folios 54 vuelto y 55 vuelto.
[56] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
(Consultado el 23 de abril de 2019).
[57] Idem.
[58] https://medlineplus.gov/spanish/schizophrenia.html
[59]
Cuaderno de primera instancia, folio 56.
[60]
Cuaderno de primera instancia, folio 59.
[61]
Cuaderno de la Corte, folio 115.
[62]
Diagnóstico que se relaciona con los síntomas de la
esquizofrenia y que concuerda con lo expresado en los conceptos médicos citados
en este proveído al estudiar el cumplimiento del requisito de la invalidez,
razones que se encuentran en la considerativa 38.
[63]
Sobre esto, valga referir que para la Organización Mundial de la Salud las
personas con esquizofrenia “corren un mayor riesgo
de sufrir violaciones de sus derechos humanos tanto en las instituciones de
salud mental como en las comunidades. La enfermedad está muy estigmatizada.
Esto genera discriminación, que a su vez puede limitar el acceso a la atención
sanitaria general, la educación, la vivienda y el empleo.” https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia
[64] Sentencia
T-370 de 2017.
[65] Sentencia
T-230 de 2012.
[66] Diccionario
virtual de la Real Academia de la Lengua Española. Búsqueda disponible en el
siguiente enlace: https://dle.rae.es/?id=AIReszY
[67] Sentencia
T-350 de 2015.
[68] Idem.
[69]
Ley 1564 de 2012, Artículo 116. DESGLOSES. Los documentos
podrán desglosarse del expediente y entregarse a quien los haya presentado, una
vez precluida la oportunidad para tacharlos de falsos o desestimada la tacha,
todo con sujeción a las siguientes reglas y por orden del juez: (…) 4. En el
expediente se dejará una reproducción del documento desglosado”.
[70]
Las piezas aludidas son las que obran a folios 56, 62 y 63 a
66 del cuaderno de primera instancia, y los folios 122, 128 y 128 vuelto y 131
del cuaderno de la Corte.
[71]
Las piezas aludidas son las que obran a folios 56, 62 y 63 a
66 del cuaderno de primera instancia, y los folios 122, 128 y 128 vuelto y 131
del cuaderno de la Corte.