T-642-10
Sentencia T-642/10
Sentencia
T-642/10
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE QUIENES SE ENCUENTRAN EN CIRCUNSTANCIAS DE
DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION COMO RESULTADO DEL DETERIORO DE SU ESTADO DE
SALUD-Reiteración de jurisprudencia
En virtud del derecho a la
estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una situación
de debilidad manifiesta como resultado de la grave afectación de su salud,
tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser despedido en razón de su
situación de vulnerabilidad y a permanecer en él hasta que se configure una
causal objetiva que amerite su desvinculación laboral, previa verificación y
autorización de la autoridad laboral correspondiente. En tal sentido, para
efectos del fallo de tutela, el despido que se produzca sin el lleno de los
requisitos legales y jurisprudenciales será ineficaz y, por tanto, el juez de
amparo deberá conceder la protección invocada y ordenar el reintegro del
trabajador a un cargo acorde con su estado de salud.
LIMITES
CONSTITUCIONALES DE LA TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO-Casos en que la
incapacidad médica del trabajador supera 180 días/DERECHO A LA
REINCORPORACION Y REUBICACION-Reiteración de jurisprudencia
El cumplimiento del periodo de
180 días de incapacidad médica no da lugar a la terminación automática del
contrato de trabajo, comoquiera que el empleador tiene los siguientes deberes:
(i) solicitar el permiso respectivo ante la autoridad de Trabajo
correspondiente; (ii) efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones e
indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad; (iii)
reincorporar y reubicar al trabajador que superado ese término haya recuperado
de manera total o parcial su estado de salud; (iv) coordinar con las entidades
encargadas el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en caso de que
se determine que agotados los 180 días de recuperación, la pérdida de capacidad
laboral del empleado supera el 50%, según el dictamen médico; esto, con el fin
de que el trabajador quede provisto de ingresos económicos en todo momento; y
(v) actuar armónicamente con las entidades del Sistema de Salud para garantizar
la continua prestación de los servicios médicos que requiera el trabajador.
ACCION DE
TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL CUANDO SU
AFECTACION SE DERIVA DEL RECONOCIMIENTO DE UNA PENSION-Reiteración de
jurisprudencia
En virtud del carácter
subsidiario de la acción de tutela, en principio, ésta es improcedente para
proteger el derecho fundamental a la seguridad social cuando su afectación se
circunscribe al reconocimiento de derechos pensionales. Sin embargo, la Corte
ha estimado que dada la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos
fundamentales, es posible identificar las siguientes excepciones a la subregla
de la improcedencia: (i) cuando no existe otro medio judicial de protección o
si, de acuerdo con las circunstancias especiales que fundamentan el caso
concreto, se concluye que éste no es idóneo o eficaz para garantizar la
protección constitucional reclamada; (ii) a pesar de existir un medio ordinario
de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor; (iii) el asunto
puesto a consideración del juez de tutela supone un problema de relevancia
constitucional; y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la titularidad del
derecho exigido, así como de que se ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener la protección invocada.
Referencia: expediente
T-2538928
Acción de tutela instaurada por Luis Eduardo Hinestroza Valencia contra
Industrias Fervill Ltda., con vinculación oficiosa del Instituto de Seguro
Social, Seccional Bolívar, y Humanavivir E.P.S.
Magistrado
Ponente:
Dr. LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de
agosto de dos mil diez (2010).
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional integrada por los Magistrados LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA, MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en
el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos
dictados por Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Cartagena y el Juzgado Cuarto Penal con Funciones de Conocimiento
de Cartagena, que resolvieron la acción de tutela promovida por Luis Eduardo
Hinestroza Valencia contra Industrias Fervill Ltda., con vinculación oficiosa
del Instituto de Seguro Social, Seccional Bolívar, y Humanavivir E.P.S.
I. ANTECEDENTES
El 9 de enero de 2008, Franklin Eduardo Córdoba
Palacio, actuando en calidad de apoderado judicial de Luis Eduardo Hinestroza
Valencia, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Tercero Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Cartagena contra Industrias Fervill
Ltda., por considerar que esa Entidad vulneró los derechos fundamentales de su
representado a la salud, a la vida digna, al trabajo y al mínimo vital.
Fundamentó su acción en los siguientes:
1. Hechos:
1.1 El apoderado sostuvo que el
día 30 de enero de 2007, Luis Eduardo Hinestroza Valencia suscribió contrato de
trabajo a término indefinido con la empresa Industrias Fervill Ltda., para
desempeñar el cargo de soldador “A”, con un salario mensual de 1.950.000 pesos.
1.2 Indicó que el 7 de marzo de
2007, su poderdante sufrió un infarto agudo del miocardio, razón por la cual la
E.P.S. Humanavivir le ordenó varias incapacidades consecutivas por un término
superior a 180 días.
1.3 Manifestó que el 7 de
noviembre de 2007, el Instituto de Seguro Social expidió un dictamen en el que
dejó constancia que Luis Eduardo Hinestroza perdió el 66.75% de su capacidad
laboral, con fecha de estructuración del 30 de octubre de 2007, por padecer una
enfermedad de tipo común.
1.4 Señaló que el 16 de noviembre
de 2007, Industrias Fervill Ltda. comunicó a su representado la terminación de
su contrato de trabajo, sin que para ello solicitara la autorización del
Ministerio de la Protección Social.
1.5 Precisó que como resultado de
lo anterior, el 5 de diciembre de 2007, Industrias Fervill Ltda. reconoció y
pagó a favor de Luis Eduardo Hinestroza la suma de 4.211.422 pesos por concepto
de “indemnización por despido con justa causa”.
1.6 Afirmó que ante la negativa
de Industrias Fervill Ltda. de efectuar el reintegro laboral de su poderdante,
el 25 de febrero de 2008 éste solicitó ante el Instituto de Seguro Social,
Seccional Bolívar, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
1.7 Indicó que mediante la Resolución
Nº 22244 del 29 de octubre de 2009, el Instituto de Seguro Social, Seccional
Bolívar, negó la solicitud en comento por considerar que en los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, Luis Eduardo
Hinestroza sólo cotizó al Sistema de Pensiones 48 de las 50 semanas requeridas
para el efecto, según el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
1.8 Sostuvo que su representado
no cuenta con los recursos económicos necesarios para satisfacer las
necesidades básicas de su núcleo familiar compuesto por su cónyuge y sus tres
hijos menores de edad. Adicionalmente, afirmó que debido a su desvinculación
laboral de Industrias Fervill Ltda., en la actualidad Luis Eduardo Hinestroza
no tiene acceso a los servicios médicos que necesita para recuperar su estado
de salud. De hecho, precisó: “En la actualidad el señor Luis Hinestroza
Valencia se encuentra necesitado de una operación a corazón abierto, la cual no
ha sido posible realizarle porque no cuenta con una afiliación a la seguridad
social que le permita ser intervenido quirúrgicamente.”
2. Solicitud de tutela
2.1 Por lo anterior, el
accionante solicitó ante el juez de tutela ordenar a Industrias Fervill Ltda.
su reintegro laboral, así como el reconocimiento y pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de su despido.
Igualmente, solicitó ordenar a Humanavivir E.P.S. la continuidad en la
prestación de los servicios médicos que necesita para recuperar su estado de
salud.
2.2 Además, mediante escrito
enviado a esta Corporación el 4 de mayo de 2010, Franklin Eduardo Córdoba
Palacio, actuando en calidad de apoderado judicial de Luis Eduardo Hinestroza
Valencia, solicitó la protección del derecho fundamental a la seguridad social
de su representado y, en consecuencia, solicitó ordenar al Instituto de Seguro
Social, Seccional Bolívar, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
a su favor.
3. Trámite de instancia
3.1 La acción de tutela fue tramitada ante el Juzgado
Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, el
cual mediante auto del 11 de enero de 2008 ordenó su notificación a Industrias
Fervill Ltda.
3.2 En escrito dirigido al juez
de instancia el 14 de enero de 2008, Industrias Fervill Ltda. solicitó denegar
el amparo invocado. Para el efecto, sostuvo que “Sí existe en este caso otro
mecanismo para la protección del derecho supuestamente vulnerado. Ya que todo
lo que el accionante solicita se tramita ante la jurisdicción laboral, (…).”
3.3 En el mismo sentido, señaló: “No
existe perjuicio, ya que se actuó legalmente y el accionante cuenta con la
asesoría jurídica del colega, quien antes de presentar temerariamente esta
acción, debió tramitar la pensión y requerir al fondo de pensiones para que
éste realizara la debida valoración y se procediera oportunamente a otorgar la
pensión permanente a Luis Hinestroza,”
4. Pruebas relevantes que
obran en el expediente
4.1 Copia de la Resolución Nº 22244
del 29 de octubre de 2009 “Por medio de la cual se resuelve una petición en el
Sistema de Seguridad Social en Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida”, expedida por el Departamento de Atención al Pensionado
del Instituto de Seguro Social, Seccional Atlántico (folios 15 y 16, cuaderno
1).
4.2 Copia del “Formulario de
dictamen para calificación de la pérdida de capacidad laboral” del afiliado
Luis Eduardo Hinestroza Valencia, expedida el 4 de mayo de 2010 (folio 17,
cuaderno 1).
4.3 Copia del “resumen de semanas
cotizadas por el empleador” del afiliado Luis Eduardo Hinestroza Valencia,
expedido el 2 de mayo de 2010 por el Instituto de Seguro Social (folios 32 a 33, cuaderno 1).
4.4 Copia del “Detalle de pagos
efectuados a partir de 1995” del afiliado Luis Eduardo Hinestroza Valencia,
expedido el 31 de mayo de 2010 por el Instituto de Seguro Social (folios 35 a 38, cuaderno 1).
4.5 Copia del resultado de la
consulta realizada a la base única de afiliación al Sistema de Seguridad Social
del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, sobre el estado de afiliación del
ciudadano Luis Eduardo Hinestroza Valencia  (folio 50, cuaderno 1).
4.6 Copia del contrato de trabajo
suscrito por Luis Eduardo Hinestroza Valencia en la empresa Industrias Fervill
Ltda. (folios 18 y 19, cuaderno 2).
4.7 Copia del escrito dirigido el
16 de diciembre de 2007 por Industrias Fervill Ltda. a Luis Hinestroza,
mediante el cual le informa la terminación de su contrato de trabajo (folio 20,
cuaderno 2).
4.8 Copia de la liquidación de
prestaciones sociales reconocida por Industrias Fervill Ltda. a favor de Luis
Hinestroza el día 5 de diciembre de 2007 (folio 21, cuaderno 2).
4.9 Copia de la declaración
extraprocesal rendida por Luis Eduardo Hinestroza Valencia ante la Notaría
Tercera de Cartagena el día 7 de diciembre de 2007 (folio 22, cuaderno 2).
4.10 Copia de la cédula de
ciudadanía de Luis Eduardo Hinestroza Valencia (folio 23, cuaderno 2).
4.11 Copia del escrito dirigido
el 11 de octubre de 2007 por Humanavivir E.P.S. al Fondo de Pensiones (folio
30, cuaderno 2).
4.12 Copia de la certificación de
incapacidades expedida el 10 de octubre por Humanavivir E.P.S. a favor de Luis
Eduardo Hinestroza Valencia (folio 31, cuaderno 2).
4.13 Copia del certificado médico
expedido por la Clínica Blas de Lezo S.A. el 11 de marzo de 2007, sobre el
estado de salud de Luis Eduardo Hinestroza Valencia (folio 37, cuaderno 2).
4.14 Copia de los informes y
resultados de los exámenes médicos practicados a Luis Eduardo Hinestroza
Valencia durante el año 2007 (folios 38 a 47, cuaderno 2).
4.15 Copia de la factura de
“Liquidación prestaciones sociales del 28 febrero a 28 octubre 2007”, expedida por Industrias Fervill Ltda. a favor de Luis Eduardo Hinestroza Valencia (folio 96,
cuaderno 2).
4.16 Copia del escrito dirigido
el 20 de noviembre de 2007 por Humanavivir E.P.S. a la Administradora del Fondo
de Pensiones, con el fin de iniciar el trámite de reconocimiento de la pensión
de invalidez de Luis Eduardo Hinestroza Valencia (folio 98, cuaderno 2).
4.17 Copia del certificado de
calificación de la pérdida de capacidad laboral de Luis Eduardo Hinestroza
Valencia, expedido el 17 de diciembre de 2007 por el Instituto de Seguro
Social, Seccional Bolívar (folio 110, cuaderno 2).
5. Integración del
contradictorio y pruebas practicadas por la Corte Constitucional
5.1 Por encontrar necesario
practicar algunas pruebas con el fin de contar con mayores elementos de juicio
al momento de proferir el fallo, mediante autos del día 18 de mayo y 6 de julio
de 2010, el magistrado sustanciador dispuso vincular al presente trámite al Instituto
de Seguro Social, Seccional Bolívar, y a Humanavivir E.P.S., respectivamente.
5.2 En escrito remitido a la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 31 de mayo de 2010, Rocío
Castillo García, actuando en calidad de Jefe del Departamento de Pensiones del
Instituto de Seguro Social, Seccional Bolívar, informó que están en trámite los
recursos interpuestos por el actor contra la Resolución Nº 22244 del 29 de
octubre de 2009, mediante la cual esa entidad negó su solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
5.3 Por su parte, mediante
escrito recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 12 de julio de
2010, Humanavivir E.P.S. señaló que el actor se encuentra desafiliado de esa E.P.S.
desde el año 2007. Al respecto, precisó que de acuerdo con la base única de
afiliados del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, desde el mes de enero de
2010 el actor está afiliado a Saludcoop E.P.S.
Dado lo anterior, Humanavivir
E.P.S. afirmó: “no tenemos conocimiento del estado de salud del paciente, ni
tampoco del tratamiento que se le ha prestado ni de la importancia para su
recuperación y gravedad, si no se le suministra el mismo.”
II. LAS SENTENCIAS QUE
SE REVISAN
1.  Sentencia de primera
instancia
1.1 En sentencia del día 24 de enero de 2008, el Juzgado
Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías del Circuito de
Cartagena denegó el amparo invocado.
1.2 Para fundamentar su decisión, el juez de instancia
sostuvo que el actor cuenta con mecanismos judiciales ordinarios para obtener
el reconocimiento de sus pretensiones. Además, precisó que de acuerdo con las
pruebas que obran en el expediente de tutela, la presente acción no procede
como mecanismo transitorio de protección, toda vez que los supuestos fácticos
del caso no dan lugar a la configuración de un perjuicio irremediable sobre los
derechos fundamentales del accionante.
2. Sentencia de segunda instancia
2.1 En sentencia del día 25 de marzo de 2008, el Juzgado Cuarto Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cartagena confirmó la decisión
adoptada el 24 de enero de 2008 por el Juzgado Tercero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías del Circuito de la misma ciudad.
2.2 Para el efecto, el juez de segunda instancia reiteró los
argumentos expuestos por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías del Circuito de Cartagena, en el sentido de señalar que la
presente acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
2.3 Aunque la sentencia de segunda instancia dentro del presente
trámite se profirió el 25 de marzo de 2008, de conformidad con el folio 185 del
cuaderno dos del expediente de tutela, éste fue remitido a la Corte
Constitucional el día 15 de diciembre de 2009.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y con la selección y el reparto efectuados el 19 de febrero de 2010, esta Sala es
competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.
2. Problema jurídico
2.1 De acuerdo con los hechos expuestos y
las pruebas que obran en el expediente, en primer lugar, corresponde a la Corte
Constitucional determinar si Industrias Fervill Ltda. vulneró los derechos
fundamentales del accionante al mínimo vital y al trabajo, en virtud de su
decisión de dar por terminado su contrato de trabajo “debido a que superó
los 180 días por incapacidad no profesional.” En segundo lugar, esta
Corporación deberá examinar si la presente acción de tutela es procedente para
amparar el derecho fundamental a la seguridad social del accionante y, en
consecuencia, si se debe ordenar al Instituto de Seguro Social el
reconocimiento y pago a su favor de la pensión de invalidez.
2.2 Para dar solución al problema
jurídico planteado, la Sala se pronunciará sobre los siguientes temas: (i) el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en
circunstancia de debilidad manifiesta e indefensión como resultado del
deterioro de su estado de salud; (ii) los límites constitucionales de la terminación
del contrato de trabajo cuando se invoca como causal una incapacidad médica
superior a 180 días; y (iii) la procedencia de la acción de tutela para
garantizar la protección del derecho a la seguridad social frente a la
exigencia de derechos pensionales.
2.3 Con base en lo anterior, esta Sala de Revisión estimará
si se debe conceder la acción de tutela interpuesta por Luis Eduardo Hinestroza
Valencia y, por tanto, revocar las sentencias de tutela proferidas el 24 de
enero de 2008 por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías del Circuito de Cartagena y el 25 de marzo de 2008 por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad,
dentro del presente trámite.
3. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de
quienes se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta e indefensión
como resultado del deterioro de su estado de salud. Reiteración de
jurisprudencia
3.1 De conformidad con el
artículo 13 de la Constitución Política, el Estado tiene la obligación de
proteger de manera especial el ejercicio del derecho a la igualdad de “aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta.” De este modo, la misma norma
constitucional establece que el Estado es responsable de  sancionar “los
abusos y maltratos que contra ellas se cometan.”
En igual sentido, con relación a
la protección que el Estado debe a quienes en virtud de sus condiciones físicas
están en situación de debilidad o indefensión, el artículo 47 Constitucional
establece que “El Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
síquicos, a quienes se prestará la atención especial que requieran.”
Así mismo, en concordancia con
el artículo 53 Superior según el cual entre los principios mínimos
fundamentales que deben orientar las relaciones laborales se encuentran la
estabilidad en el empleo y la garantía de la seguridad social, el artículo 54
de la Carta dispone que “Es obligación del Estado y de los empleadores
ofrecer formación y rehabilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la reubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud.[1]”
3.2 En virtud de las normas constitucionales señaladas, la
Corte ha sostenido que en el marco de las relaciones de trabajo, la protección
especial a quienes por su condición económica, física
o mental, están en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión,
implica la titularidad del derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada[2], esto es, (i) el derecho
a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón de su situación de
vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se configure una causal
objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a que el inspector de
trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el despido con base en la verificación
previa de dicha causal, a fin de que éste pueda ser considerado eficaz[3].
Al respecto, en la sentencia C-531 de 2000[4],
al analizar la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 “Por
la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con
limitación y se dictan otras disposiciones”, que dispone la prohibición de
despedir de su trabajado a una persona con limitaciones físicas o mentales por
razones relacionadas con su situación especial -salvo en los casos en que medie
autorización del inspector de trabajo-, la Corte indicó[5]:
“El ámbito laboral constituye, por consiguiente,
objetivo específico para el cumplimiento de esos propósitos proteccionistas, en
aras de asegurar la productividad económica de las personas discapacitadas, así
como su desarrollo personal. De ahí que, elemento prioritario de esa protección
lo constituya una ubicación laboral acorde con sus condiciones de salud y el
acceso efectivo a los bienes y servicios básicos para su subsistencia y el
sostenimiento de su familia (C.P., arts. 54 y 334), para todos aquellos que se
encuentren en edad de trabajar.
Para la consecución de esos fines, la efectividad del ejercicio del
derecho al trabajo, como ocurre para cualquier otro trabajador, está sometida a
la vigencia directa en las relaciones laborales de unos principios mínimos
fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Carta Política. Cuando la
parte trabajadora de dicha relación está conformada por un discapacitado, uno
de ellos adquiere principal prevalencia, como es el principio a la estabilidad
en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar de cierta seguridad en la
continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal
justificativa del despido, como consecuencia de la protección especial laboral
de la cual se viene hablando con respecto a este grupo de personas.
Tal seguridad ha sido identificada como una "estabilidad laboral
reforzada" que a la vez constituye un derecho constitucional, igualmente
predicable de otros grupos sociales como sucede con las mujeres embarazadas y
los trabajadores aforados, (…).”
3.3 Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la protección laboral reforzada en comento no sólo se aplica a
quienes tienen la calidad de inválidos o discapacitados[6].
Por el contrario, en criterio de esta Corporación, la estabilidad laboral
reforzada se hace extensiva a todos los trabajadores que se encuentren en una
situación de debilidad manifiesta como consecuencia de la grave afectación de
su estado de salud[7].
En efecto, en la sentencia T-198 de 2006[8],
la Corte precisó:
“Aquellos trabajadores que sufren una disminución en
su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral, deben ser consideradas
como personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, razón por
la cual frente a ellas también procede la llamada estabilidad laboral
reforzada, por la aplicación inmediata de la Constitución. La protección legal
opera por el sólo hecho de encontrarse la persona dentro de la categoría
protegida, consagrando las medidas de defensa previstas en la ley. Por su
parte, el amparo constitucional de las personas en circunstancia de debilidad
manifiesta permite al juez de tutela identificar y ponderar un conjunto más o
menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal
circunstancia y le da un amplio margen de decisión para proteger el derecho
fundamental amenazado o restablecerlo cuando hubiera sido vulnerado. En materia
laboral, la protección especial de quienes por su condición física están
en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas
respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o
dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones
regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su
condición de discapacitados o de invalidez.”
3.4 Así, en aplicación del derecho a la estabilidad
laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una situación de debilidad
manifiesta como resultado del deterioro de su estado de salud, tiene derecho a
permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure una causal objetiva
que amerite la desvinculación laboral, previamente verificada por el inspector
de trabajo o la autoridad que haga sus veces.
De hecho, en atención a la tesis anterior, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que cuando la relación laboral depende
de un contrato de trabajo a término fijo o de obra o labor contratada, el
vencimiento del término de dicho contrato o la culminación de la obra, no
significan necesariamente una justa causa para su terminación[9].
De este modo, en todos aquellos casos en que (i) subsistan las causas que
dieron origen a la relación laboral y (ii) se tenga que el trabajador ha
cumplido de manera adecuada sus funciones, el trabajador tiene el derecho de
conservar su trabajo aunque el término del contrato haya expirado o la labor
haya finiquitado[10].
3.5 En virtud de lo anterior, si
el juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación del
contrato de trabajo de una persona cuya salud se encuentra afectada seriamente
se produjo sin la autorización de la autoridad del trabajo, deberá presumir
que la causa de desvinculación laboral es la circunstancia de debilidad e
indefensión del trabajador[11] y, por tanto, concluir
que se causó una grave afectación de los derechos fundamentales del accionante.
Así, el juez deberá conceder el amparo invocado, declarar la ineficacia del
despido y ordenar su reintegro a un cargo acorde con su situación especial[12].
3.6 En suma, en virtud del
derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta como resultado de la grave afectación de
su salud, tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser despedido en razón de
su situación de vulnerabilidad y a permanecer en él hasta que se configure una
causal objetiva que amerite su desvinculación laboral, previa verificación y
autorización de la autoridad laboral correspondiente. En tal sentido, para
efectos del fallo de tutela, el despido que se produzca sin el lleno de los
requisitos legales y jurisprudenciales será ineficaz y, por tanto, el juez de
amparo deberá conceder la protección invocada y ordenar el reintegro del
trabajador a un cargo acorde con su estado de salud.
4. Límites constitucionales de
la terminación del contrato de trabajo cuando la incapacidad médica del
trabajador supera 180 días. Derecho a la reincorporación y reubicación.
Reiteración de jurisprudencia
4.1 En virtud del numeral 15,
literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye una
justa causa de terminación del contrato de trabajo, “La enfermedad
contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así
como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo,
cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días.”
4.2 La constitucionalidad de la
disposición transcrita fue examinada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-079 de 1996[13]. En esa oportunidad,
esta Corporación precisó que, en todo caso, la enfermedad o lesión que
incapacite al trabajador por un período superior a 180 días, no exime al
empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas
de la enfermedad, incluso las previstas en el artículo 227 del Código
Sustantivo del Trabajo[14]. A juicio de la Corte,
esta previsión a favor del trabajador debe ser entendida como un medio de
protección cuando “éste no pudo cumplir con la obligación contractual de
prestar el servicio en forma personal, dentro del plazo mencionado, ante la
imposibilidad de la curación de la enfermedad, previamente acreditada por los
medios legales pertinentes.”
Además, en la citada sentencia la
Corte afirmó que cuando el trabajador recupere su estado de salud una vez
transcurridos los 180 días en comento, “el empleador está en la obligación
de reinstalar al trabajador en el cargo que desempeñaba”.  Así, las
incapacidades parciales no constituyen un obstáculo  para la reincorporación
laboral, “si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede
continuar desempeñando el trabajo.” En estos casos, “corresponde al
empleador proporcionar al trabajador incapacitado parcialmente un trabajo
compatible con sus aptitudes.[15]”
4.3 En concordancia con lo
anterior, la Corte ha sostenido que el cumplimiento del periodo de 180 días de
incapacidad médica no da lugar a la terminación automática del contrato de
trabajo, comoquiera que, justamente, el empleador tiene el deber de
reincorporar a aquellos trabajadores que una vez superado ese lapso recuperan
su estado de salud, así como de reubicar a aquellos que presentan incapacidades
parciales, según el dictamen del médico tratante[16].
En este sentido, resulta de
especial importancia el precedente fijado por la Corte en la sentencia T-062 de
2007[17], pues en esa sentencia
esta Corporación sostuvo que en virtud de las normas que regulan la materia,
particularmente las contenidas en la Ley 100 de 1993, una vez agotado el
término de recuperación de 180 días, el trabajador debe ser sometido a una
calificación de su pérdida de capacidad laboral. De conformidad con los
resultados que arroje dicha calificación, si la pérdida de capacidad laboral
del trabajador supera el 50%, éste adquiere el derecho a obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. En criterio de la Corte, sólo
en este supuesto el empleador puede dar por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo con justa causa, en aplicación del numeral 15, literal A)
del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Empero, si la pérdida de
capacidad laboral es inferior a ese porcentaje o el trabajador recupera su
estado de salud concluido el término en cuestión, el empleador tiene el deber
de reincorporarlo y reubicarlo según las necesidades de su nueva condición
médica.
Lo anterior guarda una relación
directa con el precedente establecido por esta Corporación en la sentencia
T-279 de 2006[18]. En efecto, al examinar
el caso de una persona que a raíz de una enfermedad no profesional, su
empleador dio por terminado su contrato de trabajo por haber superado más de
180 días continuos de incapacidad médica, la Corte concluyó:
“(i) El empleador no goza de la facultad plena de
aplicar el artículo 7, numeral 15, del Decreto 2351 de 1965 [numeral 15, literal A) del artículo 62 del Código
Sustantivo del Trabajo], pues, para aplicarlo debe dar cumplimiento del
artículo 16 del mismo Decreto[[19]] y de las otras
disposiciones laborales, incluidos el Convenio 159 de la OIT y normas
relacionadas con la obligación de reintegro; (ii) debe existir siempre el
dictamen médico o calificación de la autoridad competente sobre la capacidad
laboral, con el fin de conocer la situación personal del trabajador; (iii) el
empleador y las entidades responsables del Sistema de Seguridad Social Integral
deben obrar armónicamente entre sí, y, a su vez, con el trabajador, con el fin
de que el empleado incapacitado no interrumpa ni el tratamiento ni el acceso a
la atención médica, ni deje de percibir los medios de subsistencia, bien sea a
través del salario, o de la pensión de invalidez, si a ella tiene derecho.”
En la citada
sentencia, la Corte reiteró que en estos casos, le asiste al empleador el deber
de solidaridad frente al trabajador que está en situación de debilidad
manifiesta debido al deterioro de su estado de salud. Así, la Corporación
estimó que el despido en estas condiciones vulnera los derechos fundamentales
del trabajador, en tanto se produce su desafiliación del Sistema de Salud. Al
respecto, indicó que de no ser posible la reincorporación y reubicación laboral
del trabajador, el empleador debe “informarse de la situación personal del [actor]
y adoptar las medidas pertinentes mientras se produc[e] el reconocimiento
pensional a que habría lugar.” En consecuencia, para el caso objeto de
estudio en esa oportunidad, el Tribunal afirmó: “Para los efectos de la
acción de tutela, queda claro que el empleador, en principio, no desplegó el
deber de solidaridad con la trabajadora y, que con la aplicación aislada de una
disposición legal, sin considerar las otras obligaciones constitucionales y
legales que debía a cumplir, vulneró los derechos a la seguridad social y de
acceso a la salud de la trabajadora, que en este caso, se convierten en
fundamentales.”
Adicionalmente, en este punto se
debe tener en cuenta que, como se señaló en el fundamento jurídico tres de esta
decisión, en la sentencia C-531 de 2000 este Tribunal sostuvo que el despido
del trabajador de su empleo o la terminación del contrato de trabajo por razón
de su limitación o discapacidad, sin la autorización de la autoridad de Trabajo
correspondiente, “no produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida
en que se obtenga la respectiva autorización.” Ahora, en caso de que el
empleador contravenga esa disposición, “deberá asumir además de la
ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización
sancionatoria.”
4.4 En síntesis, el cumplimiento
del periodo de 180 días de incapacidad médica no da lugar a la terminación automática
del contrato de trabajo, comoquiera que el empleador tiene los siguientes
deberes: (i) solicitar el permiso respectivo ante la autoridad de Trabajo
correspondiente; (ii) efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones e
indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad; (iii)
reincorporar y reubicar al trabajador que superado ese término haya recuperado
de manera total o parcial su estado de salud; (iv) coordinar con las entidades
encargadas el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en caso de que
se determine que agotados los 180 días de recuperación, la pérdida de capacidad
laboral del empleado supera el 50%, según el dictamen médico; esto, con el fin
de que el trabajador quede provisto de ingresos económicos en todo momento; y
(v) actuar armónicamente con las entidades del Sistema de Salud para garantizar
la continua prestación de los servicios médicos que requiera el trabajador.
5. Procedencia de la acción de tutela para
proteger el derecho fundamental a la seguridad social cuando su afectación se
deriva del reconocimiento de una pensión. Reiteración de jurisprudencia
5.1 Esta Corporación ha precisado que de conformidad con
el artículo 86 de la Constitución y el numeral 1° del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, en virtud del principio de subsidiariedad[20],
la acción de tutela es improcedente para proteger el derecho fundamental a la
seguridad social cuando su afectación se circunscribe al reconocimiento de
derechos pensionales[21]. Bajo este criterio, la
jurisprudencia ha entendido que la acción de tutela no puede ser tramitada para
decidir conflictos sobre el reconocimiento de una pensión[22],
pues con ese propósito el legislador dispuso los medios y recursos judiciales
adecuados, así como las autoridades y jueces competentes. De ahí que, ante la
existencia de medios ordinarios de defensa judicial para obtener el amparo de
esa pretensión, se debe concluir prima facie que no resulta imperiosa la
intervención del juez constitucional.
En efecto, al abordar el tema de la procedibilidad de la
acción de tutela para reconocer prestaciones relacionadas con el derecho a la
seguridad social, en la sentencia T-658 de 2008[23],
la Corte explicó:
“En este punto resulta oportuno indicar
que, de acuerdo a la regla descrita en el inciso 3° del artículo 86 superior
-principio de subsidiariedad- en principio, no corresponde al juez de tutela
resolver este tipo de controversias en la medida en que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto un cauce procedimental específico para la composición de
esta suerte de litigios. Así las cosas, la jurisdicción laboral y de seguridad
social es la encargada de dar aplicación a dicha normatividad y, en
consecuencia, ha recibido el alto encargo de garantizar protección al derecho
fundamental a la seguridad social. Así lo recomienda el experticio propio de
las autoridades judiciales que hacen parte de la jurisdicción laboral y la
idoneidad que ostentan los procedimientos ordinarios.”
5.2 Sin embargo, desde sus primeras sentencias, la Corte
ha estimado que dada la necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos
fundamentales, es posible identificar algunas excepciones a la subregla de la
improcedencia[24]. Al respecto, es
pertinente advertir que aunque teóricamente tales excepciones se han enmarcado
en el estudio de procedibilidad de la acción de tutela, en la práctica también
han permitido analizar la prosperidad del amparo invocado y, en consecuencia,
ordenar el reconocimiento de la pensión[25]. Dichas excepciones
tienen relación con el tipo de protección que se concede (definitiva o
transitoria) y con otros aspectos más cercanos al análisis de la
prosperidad de la acción:
5.2.1 En primer lugar, la acción de tutela será procedente
si no existe otro medio judicial de protección. Como se indicó, en principio,
respecto de las prestaciones que se derivan del derecho a la seguridad social
el legislador dispuso los medios y recursos judiciales adecuados, así como las
autoridades y jueces competentes. Sin embargo, puede ocurrir que aunque dicho
medio exista, luego de analizar las circunstancias especiales que fundamentan
el caso concreto se concluya que éste no es idóneo o eficaz para garantizar la
protección constitucional reclamada, comprobación que da lugar a que la acción
de tutela sea concedida como mecanismo definitivo[26].
En relación con este requisito, de manera reiterada, la
Corte ha considerado que la condición de sujeto de especial protección constitucional
-especialmente en el caso de las personas de la tercera edad y de los
discapacitados-, así como la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se
encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios de defensa
judicial no son idóneos[27]. De ahí que, por
ejemplo, cuando la pretensión se ciñe al reconocimiento de la pensión de vejez,
se estime que “el mecanismo ordinario resulta ineficaz si es probable que la
persona no exista para el momento en el que se adopte un fallo definitivo
tomando en cuenta el tiempo considerable que demora un proceso de esta índole y
la edad del actor[28].[29]”
En este sentido, la condición de sujeto de especial protección constitucional
refuerza la necesidad de conceder la protección invocada de manera definitiva y
de ordenar las medidas requeridas para la efectividad del derecho a la
seguridad social.
5.2.2 En
segundo lugar, la jurisprudencia ha sostenido que la acción de tutela es
procedente cuando a pesar de existir un medio ordinario de protección idóneo y
eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a
los derechos fundamentales del actor. En estos casos, dicha comprobación da
lugar a que la acción de tutela sea concedida como mecanismo transitorio hasta
tanto la jurisdicción competente resuelva el litigio[30].
En todo caso, se debe tener en cuenta que “la Corte ha señalado que no
existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la
acción de tutela, basta que dicha posibilidad esté abierta al interponer la
demanda de tutela, pues si el accionante ha dejado vencer la oportunidad
para iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no procede como
mecanismo transitorio.[31]”[32].
Al respecto, es menester
considerar que las circunstancias especiales que dan lugar a la configuración
de un perjuicio irremediable deben ser analizadas por el juez de tutela a la
luz de las especificidades del caso concreto. Sin embargo, en concordancia con
la jurisprudencia, el perjuicio irremediable debe ser inminente y grave y, en
consecuencia, la protección invocada debe concederse de manera urgente e
impostergable[33].
5.2.3 En tercer lugar, la Corte
ha sostenido que para la procedibilidad de la acción de tutela interpuesta con
el objeto de obtener el reconocimiento de una pensión, “es necesario que la
controversia planteada suponga un problema de relevancia constitucional”[34],
es decir, que transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y
tenga relación directa con el contenido normativo superior[35].
Sobre la relevancia constitucional
del asunto objeto de estudio en los casos en que vía de tutela se pretende el
reconocimiento de una pensión, en la sentencia T-414 de 2009[36],
esta Corporación indicó:
“De
conformidad con la jurisprudencia, el reconocimiento de una pensión adquiere
relevancia constitucional cuando: (i) del conjunto de condiciones objetivas en
las cuales se encuentra el accionante, por ejemplo, su edad avanzada[37],
su estado de salud, su precaria situación económica[38],
se concluye que se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta[39].
En este punto, la relevancia constitucional se deriva de la necesidad de
garantizar la efectividad del derecho a la igualdad y el acceso al Sistema de
Seguridad Social sin ningún tipo de discriminación[40];
(ii) se verifica la grave afectación de otros de derechos fundamentales como la
vida digna, la salud, el mínimo vital y el debido proceso[41].
Sobra advertir que este criterio no puede ser confundido con el requisito de la
conexidad, pues a la luz del carácter fundamental del derecho a la seguridad
social, la comprobación de la afectación de otros derechos fundamentales
refuerza la necesidad de conceder la protección invocada, más no constituye un
criterio para examinar la procedibilidad de la acción de tutela. Por el
contrario, este requisito debe ser entendido “en tanto enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se
presentan en el caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en
cuanto vía para hacer efectivo el derecho fundamental.[42]”;
y (iii) se constata la afectación de principios constitucionales como el
principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley, el
principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal y el principio de
irrenunciabilidad de las prestaciones establecidas en las normas que dan
contenido al derecho a la seguridad social[43].”
5.2.4 Por último, esta
Corporación ha afirmado que la acción de tutela procede cuando se encuentra
debidamente probado que el accionante tiene derecho al reconocimiento de la
pensión y, sin embargo, la entidad encargada, luego de la solicitud respectiva,
no ha actuado en consecuencia[44]. Así, para admitir la
procedibilidad de la acción de tutela en estos casos, quien alega una
vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de reconocimiento de
su pensión, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, de
la titularidad del derecho a la pensión y de que ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener la protección de sus derechos,
salvo que haya resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad[45].
En todo caso, se debe tener en
cuenta que “en aquellos eventos en los cuales la situación fáctica que rodea
la acción no resulte del todo clara, el juez de amparo debe emplear las facultades
probatorias conferidas por el Decreto 2591 de 1991, en la medida en que la
eventual indeterminación probatoria dentro del proceso de tutela no puede
emplearse de manera legítima como justificación para dar respaldo a decisiones
judiciales contrarias a los accionantes. Antes bien, dicha oscuridad probatoria
debe ser remediada de manera perentoria por parte del juez de amparo en su
calidad de garante de los derechos fundamentales que se vean comprometidos en
la controversia.[46]”
5.3 En conclusión, en virtud del
carácter subsidiario de la acción de tutela, en principio, ésta es improcedente
para proteger el derecho fundamental a la seguridad social cuando su afectación
se circunscribe al reconocimiento de derechos pensionales. Sin embargo, la
Corte ha estimado que dada la necesidad de garantizar la prevalencia de los
derechos fundamentales, es posible identificar las siguientes excepciones a la
subregla de la improcedencia: (i) cuando no existe otro medio judicial de
protección o si, de acuerdo con las circunstancias especiales que fundamentan
el caso concreto, se concluye que éste no es idóneo o eficaz para garantizar la
protección constitucional reclamada; (ii) a pesar de existir un medio ordinario
de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor; (iii) el asunto
puesto a consideración del juez de tutela supone un problema de relevancia
constitucional; y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la titularidad del
derecho exigido, así como de que se ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener la protección invocada.
6. Estudio del caso concreto
6.1 Con base en las
consideraciones y fundamentos expuestos, a continuación la Sala de Revisión
determinará si Industrias Fervill Ltda. vulneró los derechos fundamentales del
accionante al mínimo vital y al trabajo, en virtud de su decisión de dar por
terminado su contrato de trabajo “debido a que superó los 180 días por
incapacidad no profesional.” En segundo lugar, esta Corporación entrará a
examinar si la presente acción de tutela es procedente para amparar el derecho
fundamental a la seguridad social del accionante y, en consecuencia, se debe
ordenar al Instituto de Seguro Social el reconocimiento y pago a su favor de la
pensión de invalidez.
6.2 Para resolver el presente
caso, en las consideraciones generales de esta sentencia la Sala concluyó que en
virtud del derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado de la grave
afectación de su salud, tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser
despedido en razón de su situación de vulnerabilidad y a permanecer en él hasta
que se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación laboral,
previa verificación y autorización de la autoridad laboral correspondiente.
En este sentido, indicó que el
cumplimiento del periodo de 180 días de incapacidad médica no da lugar a la
terminación automática del contrato de trabajo, pues el empleador tiene el
deber de efectuar el reconocimiento y pago de las prestaciones e
indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad;
reincorporar y reubicar al trabajador que superado ese término haya recuperado
de manera total o parcial su estado de salud; coordinar con las entidades
encargadas el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en caso de que
se determine que agotados los 180 días de recuperación, la pérdida de capacidad
laboral del empleado supera el 50%; y actuar armónicamente con las entidades
del Sistema de Salud para garantizar la continua prestación de los servicios
médicos que requiera el trabajador.
De otro lado, precisó que la
acción de tutela es improcedente para proteger el derecho fundamental a la
seguridad social cuando su afectación se circunscribe al reconocimiento de
derechos pensionales, salvo en los siguientes casos: cuando no existe otro
medio judicial de protección o si, de acuerdo con las circunstancias especiales
que fundamentan el caso concreto, se concluye que éste no es idóneo o eficaz
para garantizar la protección constitucional reclamada; a pesar de existir un
medio ordinario de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor;
el asunto puesto a consideración del juez de tutela supone un problema de
relevancia constitucional; y existe prueba, al menos sumaria, de la titularidad
del derecho exigido, así como de que se ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener la protección invocada.
6.3 Ahora bien, de acuerdo con
los hechos y pruebas que fundamentan la presente acción de tutela, está
demostrado que el día 30 de enero de 2007, Luis Eduardo Hinestroza Valencia
suscribió contrato de trabajo a término indefinido con la empresa Industrias
Fervill Ltda., para desempeñar el cargo de soldador “A”, con un salario mensual
de 1.950.000 pesos[47].
Así mismo, está demostrado que Luis
Eduardo Hinestroza padece “enfermedad coronaria severa de dos vasos”[48].
También está demostrado que el 16
de noviembre de 2007, Industrias Fervill Ltda. comunicó a Luis Eduardo
Hinestroza la terminación de su contrato de trabajo, debido a que “superó
los 180 días por incapacidad no profesional[49]”.
En este sentido, se encuentra probado que el 5 de diciembre de 2007,
Industrias Fervill Ltda. reconoció y pagó a favor de Luis Eduardo Hinestroza la
suma de 4.211.422 pesos por concepto de “indemnización por despido con justa
causa”[50].
De otro lado, de conformidad con
las pruebas que obran en el expediente, está demostrado que el 7 de noviembre
de 2007, el Instituto de Seguro Social expidió un dictamen en el que dejó
constancia que el actor perdió el 66.75% de su capacidad laboral, con fecha de
estructuración del 30 de octubre de 2007, por padecer una enfermedad de tipo
común[51]. En este punto, está
probado que el 25 de febrero de 2008 el accionante solicitó ante el Instituto
de Seguro Social el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez[52].
En concordancia con los folios 15
y 16 del cuaderno dos, está demostrado que mediante la Resolución Nº 22244 del
29 de octubre de 2009, el Instituto de Seguro Social negó la solicitud en
comento por considerar que en los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de su invalidez, Luis Eduardo Hinestroza sólo cotizó al Sistema
de Pensiones 48 de las 50 semanas requeridas para el efecto, según el artículo
39 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, en escrito remitido a la Corte el 3 de
mayo de 2010, el apoderado judicial del accionante indicó: “La actitud
asumida por el instituto de los seguros sociales al negarle la solicitud de
pensión al señor Hinestroza, no es ajustada a derecho, ni toma en cuenta la
realidad que como trabajador presenta su historia laboral, toda vez que en la
misma historia se puede demostrar que sus empleadores aportaron a la AFP ISS
cotizaciones desde el día 1° de septiembre de 2006 hasta el día 31 de octubre
de 2007, acumulando en consecuencia un número de semanas superior a las 50
requeridas por la Ley 797 de 2003.”
Según lo sostenido en el escrito
de tutela, el actor no cuenta con los recursos económicos necesarios para
satisfacer las necesidades básicas de su núcleo familiar compuesto por su
cónyuge y sus tres hijos menores de edad. Además, debido a su desvinculación
laboral de Industrias Fervill Ltda., en la actualidad no tiene acceso a los
servicios médicos que necesita para recuperar su estado de salud.
6.4 En este orden de ideas, la
presente acción de tutela debe ser concedida por las siguientes razones:
En primer lugar, en atención a
los hechos expuestos y en aplicación del criterio jurisprudencial desarrollado
en los fundamentos normativos de esta sentencia, la Sala concluye que la
decisión de Industrias Fervill Ltda. de dar por terminado el contrato de
trabajo de Luis Eduardo Hinestroza debido a que éste “superó los 180 días
por incapacidad no profesional”, vulnera su derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada porque: (i) se encuentra plenamente establecido
que el accionante sufre serios problemas de salud, comoquiera que padece “enfermedad
coronaria severa de dos vasos”; (ii) no existe prueba de que la presunta
causal objetiva de desvinculación haya sido verificada por la autoridad laboral
competente y, por tanto, de que exista una autorización para despedir al
accionante; y (iii) tampoco está demostrado que dicha empresa haya coordinado
con las entidades encargadas el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez a favor del actor, en consideración de que éste perdió el 66.75% de
su capacidad laboral.
Al respecto, cabe agregar que
aunque el despido se produjo con posterioridad a la calificación de la pérdida
de capacidad laboral del accionante, en esta oportunidad la Sala debe reiterar
el criterio expuesto por la Corte en la sentencia T-279 de 2006. Como se indicó
en los fundamentos jurídicos de esta decisión, en esa sentencia la Corte
sostuvo que en estos casos le asiste al empleador el deber de solidaridad
frente al trabajador que está en situación de debilidad manifiesta como
consecuencia del deterioro de su estado de salud. Deber de solidaridad que se
traduce en que el empleador se encuentra llamado a “adoptar las medidas
pertinentes mientras se produc[e] el reconocimiento pensional a que habría
lugar”, así como actuar armónicamente con las entidades del Sistema de
Salud para garantizar la continua prestación de los servicios médicos que
requiera el trabajador.
Por ello, a juicio de la Sala, no
resulta suficiente que el 30 de octubre de 2007 Industrias Fervill Ltda. haya
solicitado a Humanavivir E.P.S. que remitiera al Instituto de Seguro Social “el
expediente completo del señor Luis Eduardo Hinestroza Valencia”, a fin
de que ese Instituto adelantara los trámites del reconocimiento de la pensión
de invalidez[53]. Esto por cuanto, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el deber de esa empresa consistía
en coordinar con las entidades encargadas el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez a favor del actor, de manera que éste quedara provisto de ingresos
económicos en todo momento.
En segundo lugar, con relación a
la negativa del Instituto de Seguro Social frente a la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a favor de Luis Eduardo
Hinestroza, en criterio de la Sala la presente acción de tutela es procedente
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante.
Esto por cuanto, (i) dicho
perjuicio es inminente por dos razones: el actor no cuenta con los recursos
económicos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de su núcleo
familiar compuesto por su cónyuge y sus tres hijos menores de edad; y como se
dijo, debido a sus padecimientos de salud, perdió el 66.75% de su capacidad
laboral. Así, en este caso la reclamación del derecho al reconocimiento y pago
de la pensión de invalidez mediante la acción de tutela se justifica en que es
el único medio de subsistencia que puede garantizar la vida digna a una persona
incapacitada para laborar y propenderse su manutención y la de su familia. En
este sentido, (ii) se hace urgente la adopción de medidas orientadas a conjurar
el perjuicio, si se tiene que la dilación de una decisión definitiva sobre el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez pone en peligro el derecho a
la vida en condiciones dignas y el derecho fundamental al mínimo vital de ese
núcleo familiar. Además, (iii) la vulneración de los derechos fundamentales del
actor y su familia es grave, en tanto los bienes jurídicos cuya afectación se
deriva de la negativa de reconocimiento y pago de la pensión exigida, son
importantes para la preservación de sus condiciones de vida. Finalmente, (iv)
en el presente caso, se hace necesario e impostergable conceder la protección
constitucional incoada, pues de ello depende evitar la lesión severa de los
derechos fundamentales invocados.
Por tanto, dada
la condición de discapacitado Luis Eduardo Hinestroza y la precaria situación
económica por la que atraviesa actualmente su familia, esta Sala estima que se
hace necesaria la intervención del juez constitucional para garantizar el
ejercicio de los derechos fundamentales vulnerados, a fin de evitar un
perjuicio irremediable. Esto, bajo el entendido que la decisión definitiva
sobre si al actor le asiste o no el derecho a la reconocimiento de la pensión
de invalidez debe ser adoptada por la jurisdicción ordinaria correspondiente, y
no por el juez de tutela, comoquiera que en el presente caso existe
controversia acerca del número de semanas cotizadas por el accionante al
Sistema con anterioridad a la estructuración de la invalidez.
De otro lado, en criterio de la
Sala el presente caso plantea un problema de relevancia constitucional, pues
como se señaló, el accionante no sólo está en una precaria situación económica,
sino que también padece serios problemas de salud que lo ubican en una
situación debilidad manifiesta e indefensión. Así, en este punto, la relevancia
constitucional se deriva de la necesidad de garantizar la efectividad del
derecho a la igualdad y el acceso al Sistema de Seguridad Social del actor, sin
ningún tipo de discriminación por su condición. Además, de acuerdo con lo
expuesto, la decisión del Instituto de Seguro Social frente a la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez también afecta los derechos
fundamentales a la vida digna y a la salud del accionante.
Por último,
dado que el 25 de febrero de 2008 el accionante solicitó ante el Instituto de
Seguro Social, el reconocimiento y pago a su favor de la pensión de invalidez
prevista en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, se encuentra acreditado que
Luis Eduardo Hinestroza adelantó las actuaciones pertinentes para obtener la
protección de sus derechos pensionales. Igualmente, de conformidad con el folio
24 del cuaderno uno del expediente, el actor interpuso “los respectivos recursos
de ley” contra la Resolución Nº 22244 del 29 de octubre de 2009, por medio
de la cual se negó su derecho a la pensión en comento.
6.6 En virtud de lo expuesto, en
sentir de esta Sala, aunque como se indicó, está demostrado que Industrias
Fervill Ltda. vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
del accionante, en el presente caso no corresponde ordenar su reintegro
laboral. Esto, en atención a que perdió más del 50% de su capacidad laboral y,
por tanto, en aplicación de las normas que regulan la materia y la
jurisprudencia constitucional desarrollada en los fundamentos jurídicos de esta
sentencia, corresponde el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a su
favor.
Sin embargo, dado que como se
indicó, el despido de una persona que se encuentra en estado de indefensión y
debilidad manifiesta es ineficaz, y que se encuentra demostrado que Industrias
Fervill Ltda. despidió al accionante a pesar de su delicado estado de salud, se
hace necesario ordenar que Industrias Fervill Ltda. reconozca y pague a favor
de Luis Eduardo Hinestroza Valencia los salarios, prestaciones y demás
emolumentos laborales que él dejó de percibir desde su desvinculación laboral,
hasta que el ISS reconozca y pague la pensión de invalidez correspondiente.
6.7 Entonces, en virtud de la
necesidad de evitar la configuración de un perjuicio irremediable sobre los
derechos fundamentales invocados, es menester conceder la presente acción de
tutela como mecanismo transitorio de protección y, en consecuencia, dejar sin
efectos las resoluciones mediante las cuales el Instituto de Seguro Social,
Seccional Bolívar, negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a
favor del accionante. En este sentido, la Corte ordenará a ese Instituto que
dentro las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, expida la
resolución correspondiente al reconocimiento de la pensión de invalidez de Luis
Eduardo Hinestroza.
En todo caso, el accionante deberá
ejercer las acciones judiciales pertinentes a fin de que se decida de manera
definitiva el litigio sobre el reconocimiento del derecho a la pensión de
invalidez reclamada, en un término máximo de cuatro meses a partir de la
notificación de esta sentencia. La orden dada por esta Corte al Instituto de
Seguro Social en el presente caso permanecerá vigente sólo durante el término
que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la
acción instaurada por el actor. Si no se instaura en el término señalado,
cesarán sus efectos.
6.8 Por último, esta Sala no pasa
por alto que aunque la sentencia de segunda instancia dentro del presente
trámite se profirió el 25 de marzo de 2008, de conformidad con el folio 185 del
cuaderno dos del expediente de tutela, éste fue remitido a la Corte
Constitucional el día 15 de diciembre de 2009. En consencuencia, esta dilación
injustificada en el envío del expediente de tutela a la Corte Constitucional será
puesta en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura, para cuyo efecto,
por Secretaría General de esta Corporación, se enviará copia del presente fallo
y del expediente de tutela, para que adelante las investigaciones que considere
pertinentes.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REANUDAR el término para resolver
la revisión, suspendido por esta Sala mediante auto del día 18 de mayo de 2010.
Segundo.- REVOCAR la decisión
adoptada el día veinticuatro (24) de enero de 2008 por el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías del Circuito de Cartagena y el
veinticinco (25) de marzo de 2008 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, mediante las cuales se denegó el
amparo invocado dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por
Franklin Eduardo Córdoba Palacio, en calidad de apoderado judicial de Luis
Eduardo Hinestroza Valencia, contra Industrias Fervill Ltda., con vinculación
oficiosa del Instituto de Seguro Social, Seccional Bolívar, y Humanavivir
E.P.S.; y en su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales
a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS la
Resolución Nº 22244 del 29 de octubre de 2009, expedida por el Instituto de
Seguro Social, Seccional Bolívar, y demás decisiones mediante las cuales se
haya negado la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez a favor
de Luis Eduardo Hinestroza Valencia.
Cuarto.- ORDENAR al Instituto
de Seguro Social, Seccional Bolívar, que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, expida a favor de Luis
Eduardo Hinestroza Valencia la resolución correspondiente al reconocimiento de
la pensión de invalidez establecida en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
Quinto.- ADVERTIR a
Luis Eduardo Hinestroza Valencia que deberá ejercer las acciones judiciales
pertinentes a fin de que se decida de manera definitiva el litigio sobre el
reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez reclamada, en un término
máximo de cuatro meses a partir de la notificación de esta sentencia.
La orden dada por esta Corte al
Instituto de Seguro Social, Seccional Bolívar, en el presente caso permanecerá
vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice
para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el actor. Si la acción
judicial no se instaura en el término señalado, cesarán sus efectos.
Sexto.- ORDENAR a
Industrias Fervill Ltda. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia, reconozca y pague a favor de
Luis Eduardo Hinestroza Valencia los salarios, prestaciones y demás emolumentos
laborales dejados de percibir desde su desvinculación laboral, hasta que el ISS
reconozca y pague la pensión de invalidez correspondiente.
Séptimo.- REMITIR copia del presente fallo y del
expediente de tutela al Consejo Superior de la Judicatura, para que adelante
las investigaciones que considere pertinentes con ocasión de la dilación en el
envío del expediente de tutela a esta Corporación.
Octavo.- DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ
CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Al respecto, se puede consultar el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado en el ordenamiento jurídico interno
mediante la Ley  82 de 1988.
[2]
Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias T-992 de 2008, T-976 de
2008, T-953 de 2008, T-1083 de 2007, T-661 de 2006, T-530 de 2005, T-309 de
2005 y T-689 de 2004.
[3]
Sobre el contenido del derecho a la estabilidad laboral reforzada, en la
sentencia T-962 de 2008, la Corte señaló: “Al respecto, la Corporación ha precisado que a la luz de la Constitución Política y las normas que regulan la materia, en el marco del derecho fundamental al trabajo, a los disminuidos físicos les asiste
tres derechos esenciales: (i) tener las mimas oportunidades para acceder a un
empleo y gozar de todos los beneficios que se desprenden de la ejecución del
contrato de trabajo (Sentencia T-513 de 2006, M.P. Álvaro Tafúr Gálvis); (ii) permanecer
en él mientras no se configure una causal objetiva que justifique su
desvinculación (Sentencia C-531 de 2000, M.P. Álvaro Tafúr Gálvis); y (iii) desempeñar trabajos y funciones
acordes con sus condiciones de salud que le permitan acceder a los bienes y
servicios necesarios para su subsistencia (Sentencias T-504 de 2008 y
T-1040 de 2001).”
[4] M.P. Álvaro Tafúr Galvis.
[5]
En esta oportunidad, la Corte declaró la exequibilidad de  la
expresión "salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo",
contenida en el inciso 1°. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Igualmente, declaró la exequibilidad del inciso 2° del mismo artículo, “bajo el supuesto de
que en los términos de esta providencia y debido a los principios de respeto a
la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts. 2o. y 13), así como de
especial protección constitucional en favor de los disminuidos físicos,
sensoriales y síquicos (C.P., arts. 47 y 54), carece de todo efecto jurídico el
despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación
sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la
configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación
del respectivo contrato.”
[6] En la sentencia T-992 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo, la Corte tuteló los derechos fundamentales al mínimo vital, la estabilidad laboral reforzada, el
trabajo y la seguridad social de un trabajador que como consecuencia de un
accidente de tránsito, fue sometido a incapacidades médicas superiores a 180
días. En consideración de su situación de incapacidad laboral, su empleador lo
despidió alegando la configuración de la causa relativa a la existencia de un
período de incapacidad superior a 180 días (numeral 15 del artículo 62 el
Código Sustantivo del Trabajo). En esa oportunidad, al estimar que el empleador
vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, toda vez que
efectuó el despido del actor cuando éste se encontraba incapacitado y sin autorización
de la autoridad del trabajo correspondiente, la Corte ordenó:  “Segundo.- ORDENAR al señor José Aucaris Galvis Márquez que dentro del
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este
fallo, previa valoración médica, reintegre sin solución de continuidad, al
accionante en el cargo que venia desempeñando y en caso de que persista la
incapacidad parcial, lo ubique en un puesto de trabajo conforme a sus
capacidades laborales, respetando el ingreso que devengaba y su dignidad
laboral. // Tercera.- ORDENAR al empleador demandado abstenerse de despedir al
demandante hasta tanto recupere su capacidad funcional, en un nivel que le
permita desempeñar un empleo en condiciones normales.”
En
el mismo sentido, en la sentencia T-513 de 2006, Álvaro Tafúr Gálvis, la Corte concedió la tutela interpuesta por una trabajadora del la E.S.E. Hospital San Antonio de Soatá, quien a pesar de padecer el Mal de Chagas, fue despedida
de su trabajo por estructuración de la entidad. En su decisión, al verificar la
violación del derecho fundamental de la accionante a la estabilidad laboral
reforzada, en razón a la disminución de su estado de salud, la Corte ordenó: “En consecuencia la E.S.E. accionada i) en las 48 horas siguientes a la
notificación de esta decisión dispondrá lo conducente para que la actora sea
valorada y asistida médicamente, dentro del estricto término que los
procedimientos médicos así lo indiquen; ii) conocida la valoración, decidirá,
en las 48 horas siguientes, sobre la adecuación de las condiciones de trabajo,
la reubicación o la desvinculación de la actora del cargo que ocupaba el 31 de
enero de 2005, para lo cual solicitará la intervención dispuesta en el artículo
26 de la Ley 367 de 1997 e iniciará los trámites para que la señora Figueroa
Barón sea valorada con miras a que le sea reconocida la pensión
correspondiente, de ser ello necesario; y iii) adelantará, dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de esta providencia, las gestiones dirigidas
a que la actora reciba el “equivalente a ciento ochenta días del salario”, a
título de indemnización, de conformidad con la misma disposición.”
[7]
Este criterio encuentra respaldo en lo previsto en el numeral 1° del artículo
1° del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado en el ordenamiento jurídico interno mediante la Ley  82 de 1988: “A los efectos del
presente convenio, se entiende por "persona inválida" toda personas
cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en
el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de
carácter físico o mental debidamente reconocida.” Sobre este mismo
punto, en la sentencia T-992 de 2008 la Corte afirmó: la Ley 361 de 1997 [Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones] ampara, por una
parte, aquellos que tienen la condición de discapacitados, y que como tales han
sido calificados por los organismos competentes. Sin embargo, también cobija a
quienes, sin tener tal calificación se encuentran en una situación de debilidad
manifiesta debida a la ocurrencia de un suceso que afectó su salud o generó una
limitación física.”
[8]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[9]
Sentencia T-1083 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta
oportunidad, esta Corporación precisó:”La Sala considera pertinente esbozar algunas consideraciones respecto del tipo de
contratos de trabajo frente a los cuales opera la estabilidad laboral reforzada
consagrada a favor de los discapacitados. Al respecto, cabe destacar que dicha
protección no se aplica exclusivamente a los contratos de trabajo celebrados
por un término indefinido, puesto que la jurisprudencia constitucional ha
encontrado necesario hacer extensiva la exigencia de autorización de la Oficina del Trabajo a las hipótesis de no renovación de los contratos a término fijo. En tal
sentido, se ha señalado que el vencimiento del plazo inicialmente pactado o de
una de las prórrogas, no constituye razón suficiente para darlo por terminado,
especialmente cuando el trabajador es sujeto de especial protección
constitucional. Para dar por terminado un contrato de trabajo que involucra a
un sujeto de especial protección y que, pese a haber sido celebrado por un
plazo determinado, de conformidad con el principio de primacía de la realidad
sobre las formas, envuelve una relación laboral cuyo objeto aún no ha cesado,
no basta el cumplimiento del plazo, sino que deberá acreditarse además, el
incumplimiento por parte del trabajador de las obligaciones que le eran
exigibles. Y es que, en última instancia, lo que determina la posibilidad de
dar por terminada la relación laboral en la que es parte uno de estos sujetos
es la autorización que para tal efecto confiera la Oficina del Trabajo, entidad que para el efecto examinará, a la luz del principio antes
mencionado, si la decisión del empleador se funda en razones del servicio y no
en motivos discriminatorios, sin atender a la calificación que formalmente se
le halla dado al vínculo laboral.”
[10] Sobre el particular, en la sentencia C-016 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, mediante la cual la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos 46 y 61 del Código
Sustantivo del Trabajo, esta Corporación precisó: “el sólo vencimiento del
plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para
legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo así se
garantizará, de una parte la efectividad del principio de estabilidad, en
cuanto “expectativa cierta y fundada” del trabajador de mantener su empleo, si
de su parte ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de
otra la realización del principio, también consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
los sujetos de la relación laboral.”
Así mismo, en la sentencia T-449 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte señaló: "en
los contratos laborales celebrados a término definido en los que esté inmerso
un sujeto de especial protección y en los que el objeto jurídico no haya
desaparecido, no basta con el vencimiento del plazo ó de la prorroga para dotar
de eficacia la terminación unilateral del contrato, sino que, es obligación del
patrono acudir ante Inspector del Trabajo para que sea éste quien, en
aplicación del principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las
formas, determine si la decisión del empleador se funda en razones del
servicio, como por ejemplo el incumplimiento por parte del trabajador de las
obligaciones que le eran exigibles, y no en motivos discriminatorios, sin
atender a la calificación que formalmente se le haya dado al vínculo laboral.” Igualmente, con relación a los contratos de trabajo de obra o labor contratada, en
la sentencia T-1083 de 2007, este Tribunal aclaró: “Al respecto, es
importante tener en cuenta que este tipo de relaciones laborales se constituyen
con el objeto de adelantar una específica tarea que debe ser cuidadosamente
determinada al momento del surgimiento del vínculo y que una vez concluida
tendrá como consecuencia la finalización del mismo. Por tal razón, la
aspiración de continuidad es en principio extraña a este tipo de  contratos, lo
cual no obsta para que, en los casos en los cuales la realidad de la relación
permita advertir que el objeto del contrato no es el desempeño de una obra o
labor determinada sino una prestación continuada, y que por ende, la denominación
del mismo constituye más bien una forma de evadir la estabilidad del mismo, el
empleador estará obligado a requerir de la Oficina del Trabajo la correspondiente autorización para dar por terminado el contrato de un sujeto de especial
protección, como podría serlo una persona que sufre discapacidad.”
[11]
Al respecto, se pueden consultar entre otras, las sentencias T-518 de 2008,
T-1219 de 2005 y T-1040 de 2001.
[12]
En la sentencia T-449 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,  la Corte concluyó que en estos casos ”el juez estará en la obligación de proteger los derechos fundamentales
del peticionario, declarando la ineficacia del despido, obligando al empleador
a reintegrarlo y de ser necesario reubicarlo, y en el caso de no haberse verificado
el pago de la indemnización prevista por el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, deberá igualmente condenar al empleador al pago de la misma.”
[13] M.P. Hernando Herrera
Vergara.
[14]
“En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada
por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el empleador
le pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos
terceras (2/3) partes del salario durante los primeros noventa (90) días y la
mitad del salario por el tiempo restante.”
[15]
El criterio expuesto, debe entenderse en concordancia con lo establecido en el
artículo 16 del Decreto 2351 de 1965 “Por el cual hacen unas reformas al
Código Sustantivo del Trabajo.,”  según el cual “Al
terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados:
|| a) A reinstalar a los trabajadores en los cargos que desempeñaban si
recuperan su capacidad de trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no
será obstáculo para la reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que
el trabajador puede continuar desempeñando el trabajo. || b) A proporcionar a
los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus
aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean
necesarios. || 2. El incumplimiento de estas disposiciones se considerará como
un despido injustificado.”
[16] Entre otras, las
sentencias T-118 de 2010, T-791 de 2009, T-504 de 2008 y T-062 de 2007.
[17] M.P. Humberto Sierra
Porto.
[18] M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[19] Supra 15.
[20] Sobre el principio de subsidiariedad, en la sentencia
T-297 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, este Tribunal reiteró: “Así,
a la luz del principio de subsidiariedad, la acción de tutela no puede ser
ejercida como un medio de defensa judicial alternativo o supletorio de los
mecanismos ordinarios previstos por el legislador para el amparo de los
derechos. De hecho, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, a través
de la acción de amparo no es admisible la pretensión orientada a revivir
términos concluidos u oportunidades procesales vencidas por la negligencia o
inactividad injustificada del actor (sentencias T-080 de 2009, T-565 de 2008,
T-372 de 2007 y T-275 de 2004). Igualmente, la jurisprudencia tampoco ha
consentido el ejercicio de la acción de tutela como el último recurso de
defensa judicial o como una instancia adicional para proteger los derechos
presuntamente vulnerados (sentencias T-1029 de 2008, T-937 de 2008 y T-421 de
2008).”
[21]
Se pueden consultar las sentencias T-015 de 2009, T-413 de 2008, T-344 de 2008,
T-184 de 2007, T-685 de 2006, T-203 de 2006, T-973 de 2005, T-691
de 2005, T-443 de 2005 y T-425 de 2004.
[22] Al respecto, en la sentencia T-184 de 2007, M.P. Jaime Araújo Rentaría, la Corte estimó: “el juez de tutela no puede indicarle a una
entidad encargada del reconocimiento de una pensión, el contenido, alcance y
efectos de sus decisiones en este sentido. Por el contrario, su competencia se
circunscribe a verificar que la entidad responsable de respuesta oportuna y de
fondo a las solicitudes presentadas por los presuntos beneficiarios del derecho
pensional (sentencias: T-848 de 2006, T-990 de 2005, T-996 de 2005, T-917 de
2005 y T-627 de 2005).”
[23] M.P. Humberto Sierra
Porto.
[24] Sentencias
T-414 de 2009, T-457 de 2009, T-730 de 2008, T-610 de 2008 y T-249 de 2006.
[25]
Entre otras, las sentencias T-229 de 2009, T-021 de 2009, T-007 de 2009, T-938
de 2008, T-826 de 2008, T-681 de 2008, T-634 de 2008, T-854 de 2007, T-628 de
2007, T-389 de 2007, T-1064 de 2006, T-701 de 2006 y T-860 de 2005.
[26]
Se pueden consultar las sentencias T-090 de 2009 y T-621 de 2006.
[27]
Por ejemplo, las sentencias T-702 de 2008, T-681 de 2008 y T-607 de 2007.
[28] Sentencias T-239-08, T-284-07, T-149-07 y T-229-06.
[29]
Sentencia T-090 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[30]
Sentencias T-174 de 2008, T-567 de 2007, T-529 de 2007, T-251 de 2007, T-857 de
2004, T-651 de 2004, T-169 de 2003 y T-631 de 2002.
[31] Sentencias T-871 de 1999, T-812 de 2000.
[32]
Sentencia T-007 de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33] Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta oportunidad, la Corte explicó: “Al examinar cada uno de
los términos que son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, nos encontramos con lo siguiente: || A).El perjuicio ha de ser inminente:
"que amenaza o está por suceder prontamente".  Con lo anterior
se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay
evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las
medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura
hipotética. (…) || B). Las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en
el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o
remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva
actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está
por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la
prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se
ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias
particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la
prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia. ||  C). No basta cualquier
perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad
del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.
La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a
determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  a uno de
ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades
públicas.  (…) Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a
todas luces inconveniente. || D). La urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no
cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del sentido
de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la
actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de
los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.”
[34]
Sentencia T-658 de 2008. M.P. Humberto Sierra Porto. Igualmente, entre otras,
las sentencias T-217 de 2009, T-1030 de 2008, T-826 de 2008, T-108 de 2007.
[35] En la sentencia T-335 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte destacó: “la definición de asuntos meramente legales
o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro,
no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional.”
[36] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta sentencia, la Corte agregó: “de manera general, de conformidad con la Observación General No. 19 del CDESC, se puede concluir que el reconocimiento de una pensión
tiene relevancia constitucional y, en consecuencia, justifica la intervención
del juez de tutela, cuando en el caso concreto se observa que el Estado no
cumplió sus obligaciones de
efecto inmediato, particularmente, las referidas a las facetas de
respeto y de protección del derecho humano a la seguridad social. De ahí que también se pueda concluir que el
juez constitucional debe intervenir en estos casos cuando, dada la relevancia
constitucional del asunto, advierte que el Estado no cumplió su obligación de
asegurar la satisfacción mínima indispensable del derecho a la seguridad social
en el marco del reconocimiento de una pensión, de manera especial, frente a su
deber de: (i) “Asegurar el acceso al sistema de seguridad social (…)
sin discriminación alguna, en especial para las personas y los grupos
desfavorecidos y marginados”; y (ii) de “respetar y proteger los
regímenes de seguridad social existentes de injerencias injustificadas;”.
[37] Al respecto, en la sentencia T-923 de 2008, se
precisó: “No sobra aclarar que la condición de persona de la tercera
edad no es, por sí sola, razón suficiente para definir la procedencia de la
acción de tutela (Sentencia T-463 de 2003).”
[38] Al respecto, en la sentencia T-1206 de  2005, la Corte señaló: “(…) en algunos casos las personas que no han recibido el pago de sus
prestaciones formulan una negación indefinida en el sentido de no contar con
recursos diferentes a la prestación económica adeudada para su subsistencia.
Ante esta situación, la Corte ha indicado que se invierte la carga de la
prueba, correspondiendo en este caso a la entidad demandada demostrar lo
contrario –art. 177 C.P.C.- pues de no hacerlo, se entenderá que el hecho al
que se refiere la negación se encuentra plenamente probado”. En igual
sentido, se pueden consultar las sentencias T-614 de 2007 y T-124 de 2007.
[39] Sobre el particular, en la sentencia T-730 de 2008, la Corte afirmó: “[la] posibilidad de
intervención [del juez de tutela] adquiere particular importancia en
aquellas hipótesis en las cuales de conformidad con el mandato contenido en el
artículo 13 superior, se requiera la adopción de medidas que tornen posible una
igualdad real y efectiva, en especial cuando la protección se torne imperiosa
en atención a las circunstancias de debilidad manifiesta de sujetos
tradicionalmente discriminados o marginados en razón de su condición económica,
física o mental.”
[40] Cfr. Observación General No. 19 del CDESC: “De
conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, los Estados Partes deben
tomar medidas efectivas y revisarlas en caso necesario, hasta el máximo de los
recursos de que dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las
personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social, incluido el
seguro social. La formulación del artículo 9 del Pacto indica que las medidas
que se utilicen para proporcionar las prestaciones de seguridad social no
pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda
persona un disfrute mínimo de este derecho humano.”
[41]
Sentencias T-019 de 2009, T-524 de 2008 y T-920 de 2006.
[42]
Sentencia T-016 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto.
[43] Por ejemplo, las sentencias T-090 de 2009, T-997 de
2007, T-621 de 2006, T-169 de 2003, T-631 de 2002 y T-800 de 1999.
[44]
Sentencias T-019 de 2009, T-099 de 2009, T-752 de 2008, T-729
de 2008, T-702 de 2008, T-052 de 2008, T-597 de 2007, T-836 de 2006, T-169 de
2003 y T-571 de 2002.
[45]
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-567 de 2007, T-529 de
2007 y T-432 de 2005.
[46]
Sentencia T-1213 de 2008, M.P. Humberto Sierra Porto.
[47] Cfr. Folios 18 y
19, cuaderno 2.
[48] Cfr.
Folio 37, cuaderno 2.
[49] Cfr. Folio 20,
cuaderno 2.
[50] Cfr. Folio 96,
cuaderno 2.
[51] Cfr. Folio 110,
cuaderno 2.
[52] Cfr. Folio 15,
cuaderno 1.
[53] Cfr.
Folio 100, cuaderno 2.