T-198-10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-198/10
ACCION DE
TUTELA-Procedencia excepcional frente a controversias laborales
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS O EN CONDICIONES
DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Reiteración de especial protección constitucional/DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS-El
empleador debe probar que la razón del despido no tiene ninguna conexión
con la situación de debilidad manifiesta en que se encuentra el trabajador
SUBORDINACION
DEL TRABAJADOR EN CONTRATO DE ASOCIACION-Se configura estado de subordinación
y dependencia respecto a un tercero cuando se dan los elementos de un contrato
realidad
COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO-No pueden desconocer derechos fundamentales de sus
asociados amparados en la ley que las regulan
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR
RAZONES DE SALUD-El despido será procedente únicamente cuando medie permiso
de la entidad competente
ACCION DE
TUTELA-Procede el amparo para reintegro de los peticionarios a los cargos
que desempeñaban o a uno de igual jerarquía acorde con sus estados de salud
ACCION DE
TUTELA-Orden de pago de la sanción impuesta a que hace referencia el inciso
segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es decir por no mediar
autorización previa de la oficina de trabajo para el despido
Referencia: expedientes  T-2409356,
T-2426950,  T-2430949,  T-2447055,
T-2457269.
Acción de tutela interpuesta
por Silvia Ruth Sierra Hernández contra Cooperativa de Trabajo Asociado Coopcrecemos
y otro. Gilberto Agudelo Giraldo contra la Sociedad Mabe y otro. Clementina
Caicedo Mosquera contra Centro de Atención Integral al Preescolar y otro.
Víctor Manuel Portela contra Seguros de Vida Suramericana S.A. José Jairo
Betancourt Rodríguez contra Industria Carbonífera de Samaca S.A.- Incarsa S.A.
Magistrada Ponente:
Dra. MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de
dos mil diez (2010).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Juan
Carlos Henao Pérez y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos adoptados en los asuntos de la referencia, en las acciones de tutela
promovidas por Silvia Ruth Sierra Hernández contra Cooperativa de Trabajo
Asociado COOPCRECEMOS y otro. Gilberto Agudelo Giraldo contra Servicio
Occidental de Salud SOS EPS. Clementina Caicedo Mosquera contra Centro de
Atención Integral al Preescolar y otro. Víctor Manuel Portela contra
Suramericana de Seguros S.A. José Jairo Betancourt Rodríguez contra Industria
Carbonífera de Samaca S.A.- Incarsa S.A.
Las Acciones de Tutela de la
referencia fueron escogidas para revisión por la Sala de Selección Número Once,
mediante Auto proferido el 20 de Noviembre de 2009. En el mismo Auto, la Sala
de Selección decidió acumular los citados procesos por presentar unidad de
materia, para que sean fallados en una sola sentencia.
I. ANTECEDENTES
1. Demandas de Tutela
·
Expediente T-2409356
Silvia Ruth Sierra Hernández,
acudió a la Defensoría del Pueblo para, a través de ésta instaurar acción de
tutela contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopcrecemos CTA y Aldimark
S.A., por considerar que las entidades mencionadas vulneraron sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones de dignidad, al mínimo vital, a la
seguridad social y a la protección especial a los disminuidos físicos, que
establece la Constitución.
Afirma la accionante que trabajó
para las entidades accionadas desde el 5 de enero de 2006 en el cargo de
auxiliar de cocina. Manifiesta que padece entre otras afecciones de
hipotiroidismo, lo que le ha generado varias dolencias que la han obligado a
acudir al médico en repetidas ocasiones, determinándose la necesidad de que le
fuera practicada una cirugía.[1]
Relata que el 21 de mayo de 2009
le fue notificada la terminación de su orden de trabajo lo que
consiguientemente supuso la desafiliación al sistema de seguridad social,
quedando por fuera de la atención en salud requerida. Afirma que en el examen
médico de retiro quedó constancia de la necesidad de la práctica de la cirugía
y en tal sentido las entidades demandadas omitieron los procedimientos legales
establecidos en la Ley 361 de 1997, para dar por terminada su orden de trabajo,
desconociendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la especial
protección de los disminuidos físicos, ocasionando con ello la vulneración de
sus derechos a la vida en condiciones de dignidad, a la seguridad social, al
mínimo vital, específicamente su derecho a la estabilidad laboral, más aún
teniendo en cuenta que se trata de una madre cabeza de familia.
·
Expediente T-2426950
Gilberto Agudelo Giraldo,
interpuso Acción de Tutela contra Mabe y Servicio Occidental de Salud SOS EPS,
por considerar que ambas entidades con su actuación vulneraron sus derechos a
la vida en condiciones dignas, al trabajo, a la salud y a la seguridad social.
Afirma que fue despedido sin justa causa por parte de la empresa Mabe, a pesar
de padecer de una hernia discal L5 S1, que lo limita en todas los aspectos de
su vida. Manifiesta que la enfermedad la desarrolló en la empresa accionada y
que ésta dio por terminada su relación laboral con conocimiento de que la labor
que desempeñaba para ese momento no lo favorecía en relación con su enfermedad.
Sostiene también que la EPS
Servicio Occidental de Salud SOS no ha querido practicarle la cirugía ordenada
por su médico tratante para el manejo de su enfermedad por considerarla como no
urgente, negándosele de esa forma su derecho a una mejor calidad de vida y a
mantener su trabajo, pues considera que la incapacidad que le genera su
enfermedad fue la causa de su despido.
·
Expediente T-2430949
Clementina Caicedo Mosquera
instauró acción de tutela contra el Centro de Atención Integral al Preescolar
(CAIP) “Pío-Pío” y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Regional Valle
del Cauca, por considerar que la primera entidad y solidariamente la segunda,
vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, al trabajo, al mínimo
vital y a la seguridad social. Afirma que celebró un contrato de trabajo a
término fijo con el CAIP “Pío-Pío” en abril de 1988, para desempeñarse como
auxiliar de servicios generales. Manifiesta que en el año 2004 fue
diagnosticada por parte del Seguro Social con una incapacidad laboral del
20.73% debido a una tendinitis del hombro derecho y al síndrome de túnel del
carpo derecho y que por esta razón la entidad demandada la obligó a retirarse
un mes, pagándole la respectiva liquidación y presentándole un nuevo contrato
de trabajo en mayo de 2004. A partir de dicha fecha, la entidad accionada renovaba
el contrato de trabajo por un término inferior a un año, cada que el mismo se
vencía, hasta su desvinculación definitiva.
Afirma además la accionante que
debido al padecimiento de su brazo derecho, la EPS a la que se encontraba
afiliada le recomendó a la entidad demandada, la reubicación en un puesto de
trabajo que le permitiera un adecuado manejo de su condición, a lo que la
entidad hizo caso omiso, pues hasta el momento de su despido no se dio la reubicación.
Finalmente el día 11 de noviembre de 2008, el CAIP “Pío-Pío” informó a la
accionante la culminación de la relación laboral a partir del 16 de diciembre
de 2008 por cumplimiento del término del contrato de trabajo. Considera en este
sentido la accionante que la razón para la no renovación del contrato de
trabajo no es la aducida por su empleador, sino la incapacidad laboral que padece,
dejándola en una situación de desprotección en relación con los servicios de
salud requeridos para el tratamiento adecuado de su condición.
·
Expediente T-2447055
Víctor Manuel Mora Portela
presentó acción de tutela contra Suramericana de Seguros de Vida S.A., por
considerar que dicha empresa al darle por terminado su contrato de trabajo a
término fijo el 30 junio de 2009, vulneró sus derechos fundamentales a la vida
digna, a la salud, a la seguridad social y a la protección de los disminuidos
físicos en relación con la estabilidad laboral. Manifiesta que celebró contrato
de trabajo a término fijo con la entidad accionada el 23 de julio de 2008 para
desempeñarse como asesor comercial.  Sostiene que en febrero de 2009 notificó a
la empresa sobre la enfermedad que padecía en su rodilla derecha, diagnosticada
por la EPS Coomeva que inició el tratamiento dentro del cuál se ordenaron una
serie de medidas que fueron transmitidas al empleador a fin de que fuera
posible la mejoría en su condición. Manifiesta que el 26 de Junio de 2009, el
médico tratante, le practicó la cirugía ordenada para su condición, otorgándole
adicionalmente 20 días de incapacidad. Situación que fue informada a la empresa
demandada el día 03 de julio del mismo año.
Afirma que el día 30 de junio de
2009, se le comunicó telefónicamente de la decisión de la empresa de declarar
la terminación anticipada de su contrato de trabajo, con el argumento de haber
incumplido las metas en ventas establecidas. Sostiene el accionante ha quedado
desprotegido, por fuera del sistema de seguridad social, y sin la posibilidad
de un ingreso que le permita llevar una vida digna.
·
Expediente T-2457269
José Jairo Betancourt Rodríguez
interpuso acción de tutela contra la Industria Carbonífera de Samaca “Incarsa”
S.A. Considera el accionante que la empresa mencionada, vulneró sus derechos
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, al trabajo, y a la estabilidad
laboral reforzada de los disminuidos físicos, así como el derecho fundamental a
la vida en condiciones de dignidad de sus cuatro hijos menores, al dar por
terminado de manera unilateral e injusta, el contrato de trabajo suscrito desde
el año de 2006, siendo vinculado como maderero en la mina de propiedad de la
empresa demandada. Manifiesta que en noviembre de 2008 sufrió un accidente de
trabajo, reportado en oportunidad a la empresa, cumpliéndose con el respectivo
trámite ante Coomeva EPS prestadora de los servicios de salud. Realizados los
exámenes correspondientes, concluyó que la enfermedad del accionante es de
origen profesional y recomendó que fuera trasladado de su puesto de trabajo,
con el objeto de que su condición pudiera mejorar.
Afirma el señor Betancourt
Rodríguez, que aunque fue reubicado de su puesto de trabajo, esto significó una
reducción significativa de su salario y que ante su inconformidad y sus
reclamos, la empresa demandada decidió el 01 de junio de 2009, dar por
terminado de manera unilateral su contrato de trabajo. Asegura el accionante
que dicha situación es injusta y lo deja en una situación de indefensión y
desprotección, no sólo en relación con el tratamiento de su condición de salud,
sino además con su posibilidad de tener una vida en condiciones de dignidad.
2. Contestación de la Entidad
Accionada
·
Expediente T-2409356
El 16 de Julio de 2009, la
representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado “Coopcrecemos”,
manifestó que la accionante no es empleada, ni de la entidad que representa, ni
de la empresa demandada solidariamente, a la cual la señora Silvia Ruth Sierra
Hernández prestó sus servicios. Afirma que la relación estaba enmarcada por un
contrato asociativo, cuya regulación es específica y no por un contrato de
trabajo como pretende hacerlo aparecer. Sostiene así mismo, que no estaba
informada de la enfermedad de la tutelante y que dadas las pretensiones y el
tipo de relación que esta tenía con la empresa demandada, la acción de tutela
no es el medio adecuado para tramitar y solucionar su reclamación.[2]
En similar sentido se pronunció la
Empresa Aldimark S.A., a través de su representante legal. Afirmó que no hay
ningún vínculo entre la empresa y la accionante, pues su relación es de tipo
comercial con la Cooperativa de Trabajo Asociado demandada. Manifiesta que no
le constaba el estado de salud de la demandante y que la tutela no es el medio
adecuado para tramitar su reclamación.[3]
·
Expediente T-2426950
El 05 de Junio de 2009, la
empresa Mabe a través de su coordinadora de compensaciones, manifestó que en
efecto el accionante celebró contrato de trabajo a término indefinido con la
empresa y que la causa del despido fue la terminación del contrato sin justa
causa, por lo cual se le canceló la respectiva indemnización. Afirmó que en el
momento de terminación de la relación laboral, el señor Gilberto Agudelo
Giraldo no se encontraba incapacitado. Agregó que el demandante no fue enviado
a Junta de Calificación de Invalidez, pues no existía estudio de la EPS ni de la
ARP que lo recomendara. Insistió en el pago respectivo de la indemnización
correspondiente al momento del despido, conforme la Convención vigente, y en el
hecho de que a la terminación el contrato, el accionante no se encontraba
incapacitado y laboraba en su turno normal.[4]
Por su parte, el director de la
sede Caldas de la EPS Servicio Occidental de Salud SOS, manifestó que el
accionante desde el mes de abril solicitó la autorización del procedimiento
denominado disectomía lumbar más laminectomía, aprobados ambos
para el momento de contestación de la acción. Afirmó también, que el señor
Agudelo Giraldo para ese momento, se encontraba afiliado y con derecho a la
prestación de todos los servicios de salud requeridos.
·
Expediente T-2430949
El 07 de Julio de 2009 el
representante legal del CAIP “Pío-Pío”, manifestó que en efecto la señora
Clementina Caicedo Mosquera trabajaba para la entidad que representa desde
1988, por medio de contratos sucesivos que se renovaban cada año, teniendo en
cuenta que la entidad que dirige depende de los aportes realizados por el ICBF
por medio de contratos de esta naturaleza. Manifestó que sí se atendieron las
recomendaciones médicas en relación con el cambio de puesto de trabajo y que se
le canceló una suma de dinero como pago único de indemnización por la pérdida
de capacidad laboral. Asegura que la causa de terminación del contrato fue el
cumplimiento del plazo pactado.[5]
El director del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, regional Valle del Cauca, intervino para
oponerse a la acción en contra de la entidad que representa. Afirmó que el
vínculo del ICBF con la entidad a la cual se encontraba vinculada la accionante
está regulado por la ley en todos sus efectos, estableciendo claramente la
ausencia total de solidaridad entre la entidad que representa y las
contrapartes en los contratos de aporte suscritos para la atención de niños y
niñas. Sostiene que por ello la acción es improcedente y que además la
demandante cuenta con otros mecanismos de defensa de sus derechos.
·
Expediente T-2447055
Seguros de Vida Suramericana S.A.
a través de su representante, manifestó que en efecto el señor Víctor Manuel
Mora Portela se encontraba vinculado a la empresa accionada como asesor
comercial. Afirmó, que una vez informada la empresa sobre las recomendaciones
médicas en el caso del accionante, se impartieron las instrucciones  necesarias
a fin de atenderlas. Sostiene que la terminación unilateral del contrato de
trabajo del demandante se dio por justa causa, debido al incumplimiento de las
metas mínimas en ventas del cargo que desempeñaba. Finalmente señala que la
tutela no es el mecanismo idóneo para el trámite de las reclamaciones
presentadas.[6]
·
Expediente T-2457269
El 19 de agosto de 2009, la
empresa Incarsa S.A. por medio de apoderado dio respuesta a la acción de
tutela. Manifestó que el señor José Jairo Betancourt Rodríguez, en efecto
laboraba para la empresa demandada por medio de sucesivos contratos de trabajo
a término fijo. Afirmó así mismo, que “Incarsa”, una vez informada del
accidente de trabajo sufrido por el ex empleado, atendió las recomendaciones
del médico tratante y lo reubicó en un nuevo puesto de trabajo con funciones
que permitieran el mejoramiento de su condición de salud, lo que si bien causó
una baja en su salario, no implicó una variación del mismo, pues desde el
inicio de la relación, el salario se basaba en las funciones realizadas o a
“destajo”. Manifestó que si bien la terminación del contrato fue sin justa
causa, la empresa pagó la indemnización legal correspondiente, y finalmente,
que la acción de tutela dado su carácter residual, no es el mecanismo adecuado
para la reclamación del demandante.[7]
3. Decisiones de Instancia
·
Expediente T-2409356
El 22 de Julio de 2009, el
Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá, en sentencia de primera
instancia, decidió negar el amparo solicitado por la accionante a través de la
Defensoría del Pueblo. El Despacho fundamenta su decisión, en que el conflicto
presentado, es de carácter puramente laboral, sin que se evidencie la violación
o amenaza de derecho fundamental alguno, de modo que la tutela se torna
inviable, pues la controversia debe decidirla un juez laboral. En relación con
su situación de salud, afirmó el Juez, que la accionante podrá solicitar su
inclusión en el régimen subsidiado, de no contar con los recursos necesarios
para continuar en el régimen contributivo, de modo que pueda garantizarse la
continuidad de su atención en salud.
Impugnada la sentencia, el
Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito, profiere sentencia el 07 de
septiembre de 2009, confirmando el fallo de primera instancia. Comparte el Juez
de Segunda Instancia el criterio según el cual, para el presente caso, la vía
adecuada para tramitar la reclamación de la accionante es la ordinaria laboral
y no la acción de tutela, lo que torna inviable este mecanismo judicial.
·
Expediente T-2426950
El 16 de Junio de 2009 el Juzgado
Séptimo Civil Municipal de Manizales mediante sentencia denegó el amparo solicitado.
Consideró el Juez que no existe prueba de que el accionante haya sido
discriminado por la enfermedad que padecía, pues para el momento de su despido
se encontraba laborando normalmente, de modo que no resulta evidente que se
trate de una situación que amerite la intervención del juez de tutela, ya que el
accionante puede acudir a la Jurisdicción Laboral. Aclaró, que en todo caso
debe garantizársele la atención en salud ya sea a través del régimen
contributivo o del subsidiado, o en su defecto a través de la Dirección
Territorial de Salud de Caldas. Ordenó en tal sentido, que en aras de la
continuidad en la prestación del servicio de salud, la EPS Servicio Occidental
de Salud SOS, debe practicarle a la accionante el procedimiento ordenado por su
médico tratante dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la
sentencia.
Impugnada la Sentencia, el
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales en fallo del 30 de julio de
2009 confirmó la providencia de primera instancia. Consideró el Juez que
teniendo en cuenta que el derecho a la salud había sido amparado con la orden a
la EPS encargada de practicar el procedimiento médico ordenado, las
pretensiones del accionante, orientadas al reintegro laboral deben ser
tramitadas por la vía ordinaria y no por la vía subsidiaria de la acción de
tutela. Señaló además en la sentencia que el accionante debía probar que
existió un nexo de causalidad entre su despido y su condición de salud, lo que
no ocurrió y que reposaban en el expediente pruebas que permitieran deducir tal
circunstancia.
·
Expediente T-2430949
En sentencia de 15 de Julio de
2009, el Juzgado Primero de Familia de Santiago de Cali amparo el derecho al
trabajo de la accionante. Consideró que en este caso el despido de que fue
objeto se debió a la situación de salud que la aquejaba y que correspondía al
empleador probar que la decisión de no renovar el contrato de trabajo se
fundaba en una circunstancia que pudiera considerarse objetiva. Por otra parte,
en relación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estimó
improcedente la acción de tutela, porque la entidad demandada, “lo que hace
a través de los Contratos de Aporte, es dotar de los recursos presupuestales a
las entidades privadas, que como los Hogares Infantiles, cumplen una función
social encaminada a la prestación del servicio público de bienestar, del cual
es le organismo rector, servicio que estas deben prestar bajo su cuenta y
riesgo, sin que exista ninguna vinculación entre el ICBF y el personal
contratado por el Hogar Infantil, ni siquiera la solidaridad, como se ha
reconocido jurisprudencialmente”.
Por su parte, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali en sentencia de agosto 25 de 2009,
decidió revocar la providencia de primera instancia, y en su lugar negar el
amparo solicitado. Consideró que en el presente caso no existen indicios que
permitan demostrar que el despido se dio como consecuencia de la enfermedad de
la accionante, que haya configurado un acto de discriminación en su contra, y
ella misma no aporta pruebas en tal sentido, de modo que no existe constancia
de que se trate de una vulneración de la estabilidad laboral reforzada.
·
Expediente T-2447055
El Juzgado Cuarenta y Tres Penal
Municipal de Bogotá, en sentencia de agosto 24 de 2009 decidió negar el amparo
solicitado. Consideró el Despacho que para el caso bajo examen no existen
pruebas de la ocurrencia de algún acto de discriminación porque el despido
ocurrió como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del
accionante, en relación con las metas de venta establecidas, circunstancia que
llevó a la terminación de los contratos de otras seis personas al mismo tiempo.
De tal forma que no es la tutela el mecanismo idóneo para el trámite de su
reclamaciones, quedando la alternativa de acudir a la vía ordinaria laboral.
El Juzgado Cuarto Penal del
Circuito de Bogotá en sentencia de octubre 01 de 2009 confirmó el fallo de
primera instancia, afirmando que le asiste razón al Juzgado 43 Penal Municipal
de Bogotá, en cuanto a que el debate planteado, dada su naturaleza y el objeto
de las pretensiones, debe ser resuelto por la vía ordinaria laboral y no a
través de la acción de tutela, cuyo carácter es eminentemente residual y/o  subsidiario.
·
Expediente T-2457269
En sentencia de agosto 27 de
2009, el Juzgado Quince Civil Municipal de Bogotá decidió negar el amparo
solicitado. Consideró el despacho que en el caso en cuestión, no se encontraba
probado que la causa del despido del accionante haya sido la enfermedad que
padecía, circunstancia fundamental para poder conceder el amparo, pues de lo
contrario se torna en una discusión de carácter estrictamente laboral, para la
cual, el juez de tutela resulta incompetente.
El Juzgado Veintidós Civil del
Circuito de Bogotá, el 8 de octubre de 2009 confirmó el fallo de primera
instancia que negaba el amparo solicitado. Consideró el Juzgado que dado que,
como lo afirma el mismo accionante, existen otros medios de defensa judicial,
la acción de tutela resulta improcedente.
II.      CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema Jurídico
En el presente caso, teniendo en
cuenta que se trata de un proceso acumulado, la Sala de Revisión, formulará un
problema jurídico general que alude a los  derechos fundamentales presuntamente
vulnerados y que expresa la razón material que justifica la presente
acumulación. Posteriormente, se aplicará la respuesta al problema a cada caso
con el objeto de solucionarlo.
Así pues, con base en el recuento
fáctico realizado, en el que se expusieron las razones de las partes
involucradas en cada uno de los procesos, corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico: ¿Vulnera una entidad empleadora, el derecho a la
estabilidad laboral reforzada de unas personas en condición de discapacidad o
de disminución física, al haber terminado anticipadamente –en unos casos-, o no
haber renovado el contrato de trabajo –en otros casos-, a pesar de argumentar,
que no conocía dicho estado de salud o que, en todo caso, siguió el
procedimiento legal establecido para efectuar la terminación de la relación?
Para resolver el problema
jurídico planteado, la Sala de Revisión procederá de la siguiente forma: (i)
reiterará la posición de la Corte Constitucional en relación con la
procedibilidad excepcional de la acción de tutela frente a controversias laborales,
posteriormente (ii) se ocupará del derecho a la estabilidad reforzada de las
personas en condición de discapacidad o de disminución física. Finalmente (iii)
planteará las soluciones a los casos concretos.
3. Procedibilidad Excepcional
de la Acción de Tutela frente a controversias laborales. Reiteración de
Jurisprudencia.
La Corte Constitucional ha
afirmado en repetidas ocasiones que la acción de tutela no procede de manera
general para resolver controversias laborales. Siendo la tutela un mecanismo
subsidiario de defensa de derechos, ello implica que dicha acción no puede
desplazar los medios principales de defensa judicial. En materia laboral por
ejemplo, las controversias orientadas a asuntos derivados de la relación de
trabajo, tales como el pago de salarios, el pago o reliquidación de
prestaciones sociales, e incluso la solicitud de reintegro, deberán ser
tramitadas y resueltas por el Juez Laboral, quien es en principio el juez
competente para pronunciarse sobre ellas.[8]
No obstante, la Corte
Constitucional ha admitido la procedencia de la Acción de Tutela frente a
controversias laborales en determinados casos. Para los que ha señalado una
serie de presupuestos: “en materia laboral, es procedente la acción de
tutela cuando las acciones laborales ordinarias resultan ineficaces,[9]
insuficientes o cuando se demuestra la afectación del mínimo vital”. En tal
sentido, en la sentencia SU-667 de 1998 (MP. José Gregorio Hernández Galindo)
se sostuvo: “(...) las acciones laborales no siempre son suficientes para
salvaguardar los derechos constitucionales fundamentales que pueden resultar
violados por actos contrarios a la normatividad de la legislación del trabajo
que ante todo desconocen el Ordenamiento Fundamental y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, y en esos eventos, dejando a salvo la
plena competencia de los jueces laborales para resolver acerca de los asuntos
que les corresponden, es posible tutelar los derechos de orden constitucional
respecto de cuya efectividad no resulta idóneo el medio judicial ordinario”.
Esta posición se ha mantenido por
parte de la Corporación, reiterando que si bien existen mecanismos ordinarios
de defensa, y el carácter de la tutela es subsidiario, no puede derivarse de
tales circunstancias una suerte de naturaleza per se de los mecanismos
de defensa de los derechos, pues debe el Juez en cada caso, ponderar las
circunstancias que lo constituyen a fin de definir la procedencia del mecanismo
de la tutela. Dijo al respecto la sentencia T-819 de 2008 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández):[10]
“La jurisprudencia constitucional ha establecido la
procedencia excepcional de la acción de tutela, respecto de derechos de naturaleza
laboral, cuando los mecanismos ordinarios que brinda el ordenamiento jurídico,
no resultan eficaces y oportunos para la protección de los derechos
fundamentales, y cuando es manifiesta la existencia de un perjuicio
irremediable. Al respecto en sentencia T-368 de 2008[11],
sostuvo:
“Ahora bien, en materia laboral esta Corte ha
reiterado de manera general la procedibilidad de la acción de tutela, cuando
las acciones laborales que en principio serían conducentes como mecanismos
idóneos para resolver conflictos de índole laboral, en algunos casos resultan
insuficientes, especialmente cuando la protección que se solicita es de
carácter esencialmente constitucional y no legal, y el medio de defensa resulta
ineficaz para la protección de los derechos fundamentales involucrados o existe
un perjuicio irremediable.”
De igual forma, ha considerado que si bien no existe
un derecho a la conservación del empleo o un término mínimo de permanencia en
él, para el caso de los sujetos que se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta, y ante la necesidad de conjurar la vulneración de sus
derechos fundamentales, se impone el reconocimiento del derecho a una
estabilidad laboral reforzada. Tal es el caso, de las mujeres embarazadas, los
trabajadores aforados y las personas con discapacidad o limitaciones, eventos
en los que la jurisprudencia se ha tornado más laxa respecto de la procedencia
de la acción de tutela, pues a partir del lugar preponderante que ocupan desde
el ordenamiento constitucional, es requisito sine qua non para terminar
la relación laboral, que previamente la autoridad administrativa o un juez de
la república, autorice previamente tal determinación. En caso de que se omita
este presupuesto, y por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional “la Corte considera procedente su solicitud de reintegro en
sede de tutela.”[12]
4. Derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de disminución
física o de discapacidad. Reiteración de Jurisprudencia.
La estabilidad laboral dentro del
régimen jurídico colombiano es relativa, de modo que, como lo establece la Ley,
resulta constitucional declarar de forma unilateral y sin justa causa, la
terminación del contrato de trabajo pagando la indemnización correspondiente.
No obstante, la facultad del empleador para dar por terminado un contrato de
trabajo -o no renovarlo cuando finaliza el plazo pactado-, encuentra límites
objetivos, pues se ha determinado que las personas que se encuentran en
estado de debilidad manifiesta gozan de la estabilidad laboral reforzada[13].[14]
Varios artículos de la Constitución expresan esta garantía, desde el artículo
1º que funda el Estado Social de Derecho en el respeto de la dignidad humana, así
como los artículos 13, 47, 53 y 54. Es así que para la Corte Constitucional
esta regla se justifica porque “(…) se discrimina a un trabajador cuando el
despido estuvo motivado en su estado de salud siempre que este no resulte
claramente incompatible con las funciones que puedan serle asignadas por el
empleador.[15] En efecto, como lo
ha reconocido la Corte terminar unilateralmente la relación laboral en razón a
una limitación física del trabajador, constituye una discriminación, puesto
que: “a las personas en estado de debilidad física manifiesta no se les puede
tratar de igual manera que aquellas sanas”[16].[17]”[18]
Este derecho, cuya protección
supone un ámbito constitucional autónomo, no implica solamente la imposibilidad
prima facie de retirar al trabajador que se encuentra en estado de
discapacidad o de disminución física, se refiere también la obligación del
empleador y el derecho del trabajador, de ser reubicado de un puesto de trabajo
que le permita, de un lado, la maximización de su productividad, y de otro, su
realización profesional, de forma que sea posible conciliar los intereses del
trabajador y los del empleador.[19]
Ahora bien, esta garantía constitucional
de estabilidad laboral reforzada se concreta en formas instrumentales-legales
que regulan el procedimiento para que el despido de una persona en condición de
discapacidad o de disminución física tenga validez jurídica, de modo que si
este procedimiento no se cumple, entonces el despido que se haga en
circunstancias como estas, resulta ineficaz, pues se opone a lo que establece la
Constitución y la Ley. De lo que se trata, es de impedir que en uso de las
facultades legales que tiene el empleador para regular el funcionamiento de las
relaciones laborales, abuse de dicho derecho y so pretexto de su ejercicio
cometa actos de discriminación que contradicen los límites impuestos por los
derechos fundamentales a dichas facultades. La jurisprudencia de la Corte
Constitucional, ha señalado al respecto:
“2.5. Cuando se comprueba que la causa del despido fue
en realidad el estado de salud del accionante, la Corte ha encontrado que la
desvinculación configura una discriminación, frente a la cual procede la tutela
como mecanismo de protección. Para justificar tal actuación no cabe invocar
argumentos legales que soporten la desvinculación como la posibilidad legal de
despido sin justa causa. Ha dicho esta Corporación:
‘No existen actos humanos desprovistos de razón
suficiente o de motivos. Tal hipótesis sólo se contempla en los casos de
alienación mental. Cualquier despido laboral debe ser motivado; aun los que
frente a la ley son "sin justa causa" o injustificados. En el caso de
autos resulta evidente, como se desprende del material probatorio allegado, en
especial de la comunicación del 14 de marzo de 1996, suscrita por el
representante legal de la Corporación Gun Club, que la motivación de la
desvinculación del trabajador fue precisamente el hecho de estar infectado con
el virus V.I.H.
(…)No existe, pues, una libertad absoluta para
terminar unilateralmente, por cualquier motivo una relación laboral. Si ese
motivo resulta lesivo de derechos fundamentales, hace que el despido constituya
un acto de atropello y no una situación jurídica que pueda ser reconocida como
legal.´[20]
2.6. Esta protección especial se soporta, además del
singular amparo brindado por la Constitución a determinadas personas por su
especial condición, en el cumplimiento del deber de solidaridad; en efecto, en
estas circunstancias, el empleador asume una posición de sujeto obligado a
brindar especial protección a su empleado en virtud de la condición que
presenta. Ha dicho la Corte con respecto a este deber:
‘La construcción de la
solidaridad humana y no la competencia mal entendida por sobrevivir, es el
principio de razón suficiente del artículo 95 de la Carta Política y por ello,
en lugar de rechazar a quien está en situación ostensible de debilidad, es
deber positivo de todo ciudadano - impuesto categóricamente por la
Constitución- el de socorrer a quien padece la necesidad, con medidas
humanitarias. La acción humanitaria es aquella que desde tiempos antiquísimos
inspiraba a las religiones y a las sociedades filantrópicas hacia la compasión
y se traducía en medidas efectivas de socorro, que hoy recoge el derecho
internacional humanitario. En el caso sub-judice, lo solidario, lo humanitario,
lo respetuoso de los derechos fundamentales implicados era, se insiste,
mantener al trabajador en su cargo o trasladarlo a otro similar que implicara
menos riesgo hipotético.’ [21]
2.7. Por
último, la Corte ha afirmado que de presentarse un despido sin justa causa que
tenga como velada motivación las condiciones de debilidad manifiesta del
trabajador se configura un abuso del derecho. Al respecto, ha dicho la
Corporación:
‘la falta de interés de la empresa por atender los
particulares requerimientos de salud de la demandante, pese al conocimiento que
tenía de su estado llevan a esta Corporación a la conclusión de que el despido
se efectuó como consecuencia de que la empresa no quiso asumir correctamente el
deber de reubicar y capacitar a la demandante en un puesto de trabajo con
funciones aptas para su condición de salud y prefirió terminarle
unilateralmente su contrato de trabajo, abusando de una facultad legal para
legitimar su conducta omisiva (…).’[22]”[23]
(Subrayas del texto de la sentencia T-519 de 2003-MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra).
Así, tratándose de un sujeto de
especial protección, y el empleador tenga conocimiento de la situación de
debilidad manifiesta del trabajador, cuando este sea despedido sin la
autorización de la oficina del trabajo, tiene aquél el deber de probar que en
efecto, la razón del despido no tiene ninguna conexión con la situación
que configuraría un trato discriminatorio injustificado. Dos razones apoyan
esta conclusión, una fáctica y una normativa. La primera implica que es el empleador
quien en últimas está en la facultad de tomar la decisión de no renovar el
contrato o de terminarlo anticipadamente, además, es quién tiene conocimiento
de las circunstancias en que se desarrolla la relación de trabajo y de las
motivaciones de la decisión. La razón normativa se basa en la condición de
debilidad del trabajador en la relación laboral y la especial protección
constitucional.
5. Caso Concreto. Los
empleadores vulneraron el derecho a la estabilidad reforzada de las personas en
condición de disminución física, al no probar que la terminación unilateral de
la relación laboral, o la decisión de no renovar el contrato, se fundaba en
razones ajenas a la situación de debilidad manifiesta o disminución física de
sus empleados.
En los casos bajo examen,
encuentra la Sala que los argumentos de las entidades demandas pueden dividirse
en tres tipos.
(i) Aducen que en ningún caso,
tenían conocimiento del estado de disminución física o de debilidad manifiesta de
los accionantes, por lo que no puede alegarse que hayan vulnerado las
prohibiciones constitucionales y legales al respecto.
(ii) Controvierten la vía
procesal elegida por los accionantes para hacer su reclamación. En efecto, en
todos los casos, los empleadores dicen que los tutelantes tienen a su alcance
la vía laboral ordinaria, por lo que la tutela debería declararse de entrada
improcedente.
(iii) Finalmente, cuestionan el
carácter jurídico del vínculo existente entre ellas y las personas que accionan
en su contra. Este argumento tiene dos variantes. En un caso discuten la
existencia del vínculo, afirmando que de hecho no existe o que en todo caso no
es de carácter laboral.[24] Se alega por ejemplo,
que el vínculo que unía a las partes era de tipo civil y por tanto se niega la
existencia de la subordinación propia de las relaciones laborales. En otros
casos, argumentan el desarrollo normal del contrato celebrado, cumpliéndose el
plazo pactado y la terminación del vínculo laboral como consecuencia lógica de
su finalización.[25]
Ahora bien, frente a estos
argumentos, encuentra la Sala que (i) los empleadores sí conocían que sus
trabajadores se encontraban en situación de disminución física o de debilidad
manifiesta, por los informes médicos, las incapacidades y las recomendaciones
sobre la forma de ejecutar las funciones; (ii) en ningún caso se señaló que la
función que cumplían los accionantes hubiera desaparecido o su cargo suprimido;
(iii) la relación laboral se desarrolló en términos generales de manera normal,
sin que existieran circunstancias que hicieran pensar, prima facie que
el despido se basaba en razones ajenas al estado de salud de las personas, y
finalmente, (iv) en ninguno de los casos, los empleadores acudieron al
procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Por tanto, para
la Sala, los argumentos de conocimiento, procesal y de legalidad
no resultan suficientes frente a la solicitud del amparo solicitado.
En estas circunstancias, tenían el
deber los empleadores, si insistían en la terminación de la relación laboral,
de solicitar el permiso correspondiente al inspector de trabajo, procedimiento
que en ninguno de los casos que son objeto de análisis, se llevó a cabo. La
Corte Constitucional al respecto en la sentencia T-812 de 2008 (MP Jaime
Córdoba Triviño), refiriéndose a la estabilidad laboral de los sujetos para
quienes el Constituyente señaló un deber especial de protección, dijo:
“12. Como se ha expresado, a
pesar de que la estabilidad laboral no es un derecho absoluto, cuando uno de
los extremos de la relación laboral está compuesto por un sujeto para quien el
constituyente consagró un deber especial de protección[26]
por pertenecer a un grupo social particularmente vulnerable, o por tratarse de
una persona que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta[27],
el derecho a la estabilidad laboral adquiere el carácter de fundamental[28],
en virtud de diversas razones de carácter constitucional:
Así,  (i)
la existencia de mandatos de protección especial vinculantes para todos los
actores sociales y el Estado[29], (ii) el principio
de solidaridad social, y de eficacia de los derechos fundamentales[30],
y (iii) el principio y derecho a la igualdad material, que comporta la adopción
de medidas afirmativas[31] en favor de grupos
desfavorecidos, o de personas en condición de debilidad manifiesta (art. 13,
incisos 2º a 4º) [32], han llevado a la
Corte a considerar que un despido que tiene como motivación -explícita o
velada- la condición física del empleado, constituye una acción discriminatoria[33],
y un abuso de la facultad legal de dar por terminado unilateralmente un
contrato de trabajo[34].
13.
Con todo, esta Corporación ha explicado que la terminación de una
relación laboral, esté o no justificada, no constituye, en sí misma, un
problema de relevancia constitucional. Lo que resulta inadmisible desde el
punto de vista de los derechos fundamentales, es que este despido obedezca a
una utilización abusiva de una facultad legal, para esconder un trato
discriminatorio hacia un empleado pues, de acuerdo con el principio de
igualdad, no puede darse un trato igual a una persona sana que a una que se
encuentra en condición de debilidad manifiesta[35].
Por ello, la
procedencia del amparo está condicionada a que se compruebe que el despido se
efectuó por motivo de la incapacidad, o de la limitación del afectado. Se
trata, sin embargo, de un hecho difícil de probar, pues la  motivación de la  acción
discriminatoria se encuentra en el fuero interno del empleador. En
consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el hecho de
que un empleador despida sin justa causa, y sin permiso del Ministerio de la
Protección Social, a un empleado en condición de debilidad manifiesta, permite
presumir que la causa del despido fue tal situación, aunque el trabajador debe
aportar, por lo menos, prueba sumaria de este hecho.
14. Las subreglas
jurisprudenciales relacionadas con el alcance de la protección constitucional a
la estabilidad laboral de las personas en condición de discapacidad, fue
juiciosamente sintetizada por la Sala Sexta de Revisión en la Sentencia T-519
de 2003.[36] Resulta relevante, en
consecuencia, reiterar las conclusiones presentadas en el citado
pronunciamiento:
“En
concusión se puede afirmar que (i) en principio no existe un derecho
fundamental a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas
personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de su especial
condición física o laboral. No obstante, (iii) si se ha presentado una
desvinculación laboral de una persona que reúna las calidades de especial
protección la tutela no prosperará por la simple presencia de esta característica,
sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre la condición de
debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de un acto
discriminatorio y un abuso del derecho. Por último, (v) la tutela sí puede ser
mecanismo para el reintegro laboral de las personas que por su estado de salud
ameriten la protección laboral reforzada, no olvidando que de presentarse una
justa causa podrán desvincularse, con el respeto del debido proceso
correspondiente”.[37]
15. Por
último, debe señalarse que la protección a la estabilidad laboral de las
personas discapacitadas no se agota en la prohibición impuesta al empleador de
dar por terminado el contrato de trabajo en razón a la discapacidad del empleado.
El Legislador ha previsto[38], además,  que un
trabajador parcialmente incapacitado debe ser reubicado cuando sus condiciones
de salud puedan verse afectadas por las funciones de su cargo, debiendo el
empleador realizar los ajustes pertinentes en su planta de personal[39],
salvo que ello resulte fácticamente imposible”.[40]
En este, como puede apreciarse en
el acápite de antecedentes y en los propios expedientes, todos los accionantes
se encontraban en estado de discapacidad o de disminución física al momento de
ser despedidos o no renovado su contrato de trabajo. Pasará entonces la Sala
con base en la jurisprudencia de esta Corporación y previo análisis particular
de cada caso, a decidir sobre los mismos.
·
Expediente T-2409356
Este es el único de los expedientes
acumulados para ser decidido en la presente sentencia, que se relaciona con una
cooperativa de trabajo asociado y por esa razón, considera la Sala debe hacer
una mención especial en relación con esta circunstancia particular.
Silvia Ruth Sierra Hernández se
vinculó, como asociada de la cooperativa de trabajo asociado Coopcrecemos, a la
empresa Aldimark S.A., desde el 5 de enero de 2006 en el cargo de auxiliar de
cocina. Manifestó que mientras prestaba sus servicios para la empresa, empezó a
padecer, hipotiroidismo, enfermedad que le generó varias dolencias que la
obligaron a acudir al médico en repetidas ocasiones. Además, le fueron
diagnosticadas varices severas.[41] Afirmó que pese  a
encontrarse enferma, Aldimark S.A. decidió “prescindir del cargo” que
ocupaba, resolviendo la Cooperativa a la cual se encontraba afiliada, dar por
terminada “la orden de trabajo”.
La Corte Constitucional, en
varias ocasiones se ha ocupado de las llamadas cooperativas de trabajo asociado.
Dichas formas asociativas se encuentran reguladas por el Decreto 4588 de
diciembre 27 de 2006 “Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado”
[que establece que] las cooperativas  y precooperativas de trabajo
asociado son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector
solidario de la economía[42], cuyo objeto social “es
el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria,
con autonomía, autodeterminación y autogobierno[43]”.[44]
En palabras de la Corporación: “(…)
estas organizaciones solidarias se caracterizan por asociar personas
naturales que de manera simultánea son gestoras, contribuyen económicamente a
la organización y son aportantes directas de su capacidad de trabajo para el
desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin
de producir bienes o prestar servicios. Es por ello que la conformación de las
organizaciones cooperativas se perfecciona a través de la celebración de un
acuerdo, el cual surge de la manifestación libre y voluntaria de la persona
natural que participa en su creación o que posteriormente se adhiere
suscribiendo el acuerdo cooperativo de trabajo asociado respectivo[45]”.[46]
Dicha forma de configuración excluye que, en principio, en su regulación sea
aplicable la legislación laboral, pues dado el origen voluntario de la
organización, ésta termina sujetándose en todos sus aspectos –como el régimen
de trabajo y compensaciones- al contenido mismo del contrato asociativo.
Teniendo en
cuenta esta forma de creación, su naturaleza jurídica impone restricciones a
sus facultades contractuales, con el fin de que no termine desnaturalizándose
la forma asociativa que le da su origen y determina su contenido.[47]
Esto indica
que pese a la libertad de regulación interna de las cooperativas, dichas
organizaciones tienen por lo menos dos tipos de límites, a saber, los referidos
a su naturaleza y funciones como forma asociativa particular y los que se
derivan de los principios y derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. En relación con los primeros ha dicho la Corte Constitucional, en
reciente jurisprudencia:
“En concordancia con lo anterior y a fin de garantizar
la permanencia de las características esenciales del trabajo asociado, en
virtud de las normas que regulan la materia, los asociados a estas
organizaciones solidarias gozan, entre otros, de los siguientes derechos[48]:
(i) A no ser empleados como mano de obra a favor de usuarios o terceros
beneficiarios de tal manera que se configure relaciones de subordinación o
dependencia con sus contratantes. (ii) Recibir una compensación por la
ejecución de su actividad que sea equitativa al tipo de labor desempeñada, el
rendimiento y la cantidad aportada a la organización[49].
(iii) Estar afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral “mientras dure
el contrato de asociación”[50], esto es, su
afiliación a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales[51].
║ 3.6 Ahora bien, en términos de la Corte Constitucional, las
características de las cooperativas de trabajo asociado son: (i) la asociación
es voluntaria y libre; (ii) se rigen por el principio de igualdad de los
asociados; (iii) no existe ánimo de lucro; (iv) la organización es democrática;
(v) el trabajo de los asociados es su base fundamental; (vi) desarrolla
actividades económico sociales; (vii) hay solidaridad en la compensación o
retribución; (viii) existe autonomía empresarial[52]. ║En efecto, de conformidad con la sentencia
C-211 de 2000, “Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre
y autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar
mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos
estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los mismos
trabajadores éstos pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones
laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los asociados
tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado, además de
participar en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga la
cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en forma transitoria u ocasional se
les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se regirán por la
legislación laboral vigente”.[53]
De esta
forma, cuando la Cooperativa de Trabajo Asociado en la ejecución del contrato
que le da origen viola las prohibiciones legales que le impiden: [cumplir
actividades de] intermediación laboral, [y] disponer del trabajo de sus
asociados para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o permitir
que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia, se debe dar aplicación a la legislación laboral, y no a la legislación
comercial o civil, toda vez que bajo tales supuestos fácticos concurren los
elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato de trabajo
encubierto por el contrato cooperativo[54].[55]
La propia
Corporación ha señalado elementos que permiten analizar cuando un contrato de
trabajo se ha hecho pasar por un contrato resultante del ejercicio cooperativo.
Dijo la Corte Constitucional en aquella oportunidad:
“En relación con los elementos que pueden conducir a
que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación
horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de
la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado
de subordinación, se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo (i)
el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene
derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones
indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el
poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo
con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte
del asociado a la designación de la Cooperativa del tercero a favor del cual se
va a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará;
entre otros”.[56]
Pues bien, como aparece probado,
la señora Silvia Ruth Sierra Hernández prestaba sus servicios para un tercero
en las condiciones establecidas por la empresa que se beneficiaba de sus
servicios –Aldimark S.A.-.[57] Sumado a esto, como
aparece en el expediente, el vínculo entre la accionante y la organización
cooperativa, estaba determinado por las oportunidades laborales que ésta le
ofrecía a aquella, tanto así, que de no existir ninguna oportunidad de trabajo
y la consiguiente prestación personal de un servicio o labor, los aportes
personales de la accionante asociada se hacían inviables y las respectivas
compensaciones inexistentes, como ocurrió en el presente caso, con la
consiguiente desafiliación al sistema de seguridad social.[58]
Ahora bien, revisadas las pruebas
que obran en el expediente es factible deducir que se configuran los
supuestos fácticos que dan lugar al surgimiento de una relación de
intermediación laboral. En efecto, en la copia del contrato asociativo firmado
entre la accionante y la mencionada Cooperativa (Folio 44), se establece que la
señora Silvia Ruth Sierra prestará sus servicios personales como auxiliar de
cafetería (cláusula primera del contrato) para la empresa Aldimark S.A., en un
horario previamente establecido y que dicha labor tendrá una compensación,
previo reporte entregado por la mencionada empresa (cláusula segunda).
Con base en estos elementos, para
la Sala, las empresas accionadas en este caso, dejaron de actuar conforme las
normas que regulan el objeto social propio de las Cooperativas de Trabajo
Asociado –CTA-, y violaron las prohibiciones consagradas en el artículo 17 del
Decreto 4588 de 2006. Si bien es cierto que el inicio de la relación entre la
accionante y la cooperativa de trabajo asociado, Coopcrecemos, estuvo enmarcada
por un contrato de asociación, también lo es que conforme los hechos aludidos y
las pruebas aportadas, dicha relación mutó y se transformó en una de
intermediación laboral, respecto del tercero que se beneficiaba de la
prestación personal del servicio (Aldimark S.A.). Como aparece probado en el
expediente, las circunstancias que determinaron el curso de la relación entre
las partes, dieron lugar a la configuración de una relación que contradice el
plano de horizontalidad determinante y esencial de las partes en un contrato
cuya forma exige que de hecho, los dos sujetos de la relación, se muevan en un
mismo nivel determinado por los roles normativos que el contrato de
asociación les impone.
La Corte ha señalado que “tanto
la ley como la jurisprudencia han establecido la presunción de existencia de
una relación laboral al margen del nombre asignado al contrato lo que ha sido
denominado como contrato realidad, es decir aquél que teniendo apariencia
distinta, encierra por sus contenidos materiales una verdadera relación laboral
en donde se establece el primado de la sustancia sobre la forma”.[59]
En
conclusión, del hecho de que la legislación autorice la celebración de
contratos de asociación en los términos de las normas que regulan las
cooperativas de trabajo asociado, no se deriva una autorización normativa, para
que bajo dicha forma se vulneren los derechos fundamentales o se esquiven
obligaciones sustantivas derivadas del ordenamiento constitucional en relación
con una persona que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta y
subordinación, pues en todo caso la Corte Constitucional ha establecido, que de
la capacidad de autorregulación de las cooperativas de trabajo asociado, no contiene
una autorización para la violación de los límites impuestos por la Constitución
y la ley, en amparo de los derechos fundamentales de las personas asociadas.[60]
En este caso, la Cooperativa de Trabajo Asociado desconoció la prohibición
establecida en el artículo 17 del Decreto 4588 de diciembre 27 de 2006.
Pero además no se tuvo en cuenta
la condición especial de debilidad manifiesta de la señora Silvia Ruth Sierra,
a la que se le había diagnosticado en los exámenes médicos ocupacionales
periódicos hipotiroidismo, anemia y varices severas. Es con base en tales
exámenes que la Sala considera suficientemente acreditado el conocimiento del
estado de salud de la señora Sierra por parte de Aldimark S.A. y la Cooperativa
de Trabajo Asociado. Pese a esta circunstancia se le terminó su contrato,
informándole que Aldimark S.A., decidió incoar la cláusula quinta del suscrito
con la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopcrecemos.[61]
Tal
cooperativa permitió que con respecto a una de sus asociadas se generará una
relación de subordinación y dependencia con un tercero contratante (Aldimark
S.A.), y cuando decidió terminar tal relación no se llevo a cabo el
procedimiento consagrado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es decir no
medió autorización previa de la oficina del trabajo para que el despido pudiese
tener eficacia, toda vez que bajo los supuestos fácticos analizados concurren
los elementos esenciales que dan lugar a la existencia de un contrato de
trabajo encubierto bajo la modalidad de un contrato cooperativo[62]
y tampoco se probó en el trámite de la acción que la terminación de la relación
laboral no estaba relacionada con el estado de salud de la accionante. En tal
sentido, se declarará que la terminación del contrato no produce ningún efecto.
Por consiguiente, la Sala concederá
el amparo solicitado y ordenará a la Cooperativa de Trabajo Asociado, Coopcrecemos,
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta tutela, si aún
no lo ha hecho, efectúe la reubicación laboral de la señora Silvia Ruth Sierra
Hernández, a un trabajo igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le despidió, acorde con su estado de salud. Coopcrecemos, deberá darle
la primera opción laboral que surja como resultado de la ejecución de cualquier
contrato de prestación de servicio de trabajo asociado celebrado entre la
cooperativa y otra persona natural o jurídica, y en caso de no existir dichos
contratos, deberá contratarla dentro de la misma cooperativa. Así mismo, en el
mismo término, la cooperativa de trabajo asociado Coopcrecemos deberá afiliar a
Silvia Ruth Sierra Hernández al Sistema de Seguridad Social Integral, a fin de
que esta reciba la atención médica que necesita para la recuperación de su
estado de salud. Se ordenará también la cancelación de la sanción impuesta a
que hace referencia el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y el reconocimiento y
pago solidario por parte de Aldimark S.A. (tercero contratante) y de la cooperativa
de trabajo asociado (Coopcrecemos) de todas las obligaciones surgidas a favor
de la trabajadora asociada, las compensaciones y prestaciones sociales dejados
de percibir, desde la fecha de su desvinculación, así como los aportes a la
seguridad social correspondientes a salud y pensión.[63]
·
Expediente T-2426950
En este caso, Gilberto Agudelo
Giraldo, interpuso Acción de Tutela contra Mabe y Servicio Occidental de Salud
SOS EPS, por considerar que ambas entidades con su actuación vulneraron sus
derechos a la vida en condiciones dignas, al trabajo, a la salud y a la
seguridad social. Afirma que fue despedido por la empresa Mabe, en la que
laboró 5 años y medio por contrato a término fijo y 6 años por contrato a
término indefinido a pesar de padecer de una hernia discal L5 S1, lateral
derecha y Neuforaminal,[64] que lo limita en todas
los aspectos de su vida. Tiene además ordenada una cirugía relativa a su
enfermedad desde el 2009 por el neurocirujano tratante.[65]
Manifiesta que su padecimiento lo desarrolló en la empresa accionada y que ésta
dio por terminada su relación laboral sin justa causa con indemnización a
partir del 20 de marzo de 2009.[66]
La empresa Mabe al contestar la
tutela argumentó que al momento de ser despedido el trabajador no se encontraba
incapacitado, ni fue enviado a la Junta de Calificación de Invalidez, porque no
tenía estudio laboral por parte de la EPS, salud ocupacional de la empresa, ni
de la ARP Suratep, en relación con la patología ocupacional.
Agrega que se dio por terminado
su contrato sin justa causa, pero que fue indemnizado de acuerdo con la
convención vigente en la empresa.
Encuentra la Sala que conforme
las pruebas que obran en el proceso, en efecto, el señor Gilberto Agudelo
Giraldo, se encontraba en un estado de disminución de su capacidad física al
momento de ser terminado su contrato de trabajo, incluso se le había prescrito
una cirugía con ocasión de su enfermedad, la empresa demandada, no sólo conocía
la limitación física del accionante, porque así lo demuestran las diversas
incapacidades que le fueron prescritas,[67] sino que a pesar de ello
dio por terminada la relación laboral, sin que mediara autorización previa de
la oficina de trabajo en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y sin
haber probado en el trámite de la presente acción, que dicha terminación no
estaba relacionada con el estado de salud del accionante. En tal sentido se
declarará que la terminación del contrato no produce ningún efecto.
Por consiguiente, la Sala
concederá el amparo solicitado y ordenará a Mabe que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, reintegre, sin
solución de continuidad, al señor Gilberto Agudelo Giraldo al cargo que venía
desempeñando al momento del despido o a otro de igual o superior jerarquía, acorde
con sus actuales condiciones de salud, conforme a lo prescrito por su médico
tratante. Además, deberá pagarle al accionante la sanción impuesta, a que hace
referencia el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y todos los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, desde el momento en que
fue desvinculado y hasta que se haga efectivo el reintegro deduciéndose de
dicha suma el pago de la indemnización por despido sin justa causa que le
hubiere sido reconocida.
En cuanto a la cirugía que le
fuera prescrita, si esta no se le ha realizado, se ordenará a la EPS Servicio
Occidental de Salud S.O.S., dentro de la continuidad al tratamiento que viene
siendo sometido el señor Agudelo Giraldo que proceda a efectuarse la cirugía
requerida en los términos de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo
Civil Municipal de Manizales el 16 de junio de 2009, y confirmada por el
Juzgado Tercero Civil del Circuito  de la misma ciudad.
·
Expediente T-2430949
Clementina Caicedo Mosquera
instauró acción de tutela contra el Centro de Atención Integral al Preescolar
(CAIP) “Pío-Pío” y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Regional Valle
del Cauca, por considerar que la primera entidad y solidariamente la segunda,
vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad, al trabajo, al mínimo
vital y a la seguridad social. Afirma que celebró un contrato de trabajo a
término fijo con el CAIP “Pío-Pío” en abril de 1988, para desempeñarse como
auxiliar de servicios generales. Manifiesta que en el año 2004 fue diagnosticada
por parte del Seguro Social con una incapacidad laboral del 20.73% debido a una
tendinitis del hombro derecho y síndrome de túnel del carpo derecho[68]
y que por esta razón la entidad demandada la obligó a retirarse un mes,
pagándole la respectiva liquidación, suscribiendo un nuevo contrato de trabajo
en mayo de ese año. Manifestó la accionante que con posterioridad, su médico
ordenó la reubicación y reasignación de funciones,[69]
a lo que su empleador hizo caso omiso, dando finalmente por terminada la
relación de trabajo, con el argumento del cumplimiento del plazo del contrato,
a partir del 16 de diciembre del año 2008.
El representante legal del CAIP
“Pío-Pío”, al contestar la tutela, manifestó que en efecto la señora Clementina
Caicedo Mosquera trabajaba para la entidad que representa desde 1988, por medio
de contratos a término fijo, regidos por el Código Sustantivo de Trabajo, que
se renovaban cada año, teniendo en cuenta que la entidad CAIP depende de los
aportes realizados por el ICBF. Manifestó que sí se atendieron las
recomendaciones médicas en relación con el cambio de puesto de trabajo y que se
le canceló una suma de dinero como pago único de indemnización por la pérdida
de capacidad laboral. Asegura que la causa de terminación del contrato fue el cumplimiento
del plazo pactado.[70]
De otra parte, el director del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Valle del Cauca, intervino
para oponerse a la acción. Afirmó que el vínculo del ICBF con la entidad a la
cual se encontraba vinculada la accionante está regulado por la ley en todos
sus efectos, estableciendo claramente la ausencia total de solidaridad entre el
ICBF y las contrapartes en los contratos de aporte suscritos para la atención
de niños y niñas. Sostiene que por ello la acción es improcedente y que además
la demandante cuenta con otros mecanismos de defensa de sus derechos.
Similar a lo ocurrido en los
demás casos que se revisan en la presente sentencia, encuentra la Sala que se
configuran todas las condiciones para que resulte procedente la garantía de la
estabilidad laboral reforzada, en lo que se refiere al Centro de Atención
Integral al Pre-escolar CAIP PIO-PIO. En primer lugar, conforme las pruebas que
obran en el expediente, es claro que la institución accionada conocía la
condición de disminución física de la accionante en relación con las funciones
específicas que como auxiliar de servicios generales debía desempeñar, pues las
comunicaciones referidas relacionadas con las recomendaciones médicas para el
ejercicio de sus labores, eran enviadas directamente al representante de dicha
institución. Por otra parte, no ofreció ningún argumento siquiera sumario, que
explicara la razón, para no renovar el vínculo laboral entre las partes, como
venía ocurriendo sucesivamente, de acuerdo con lo manifestado, tanto por la
accionante como por el accionado, y el tipo de labor que desempeñaba la
accionante no es de aquellas de las cuales pueda predicarse su transitoriedad, de
donde puede concluirse válidamente que la mencionada situación de disminución
física de la señora Clementina Caicedo Mosquera, sí resultó determinante para
dar por terminada la relación laboral, por lo menos durante el trámite de la
tutela no demostró que esta no hubiese sido la razón del despido. Por ello la
Corte considera necesario proteger los derechos que le fueron vulnerados a la
señora Caicedo Mosquera, por la conducta discriminatoria y por ello declarará
que la terminación del contrato no produce efecto alguno.
En relación con el ICBF,
encuentra la Sala que son válidos los argumentos expuestos, para eximirse de su
responsabilidad en el presente caso, pues el vínculo de esta Institución con consiste
solamente en contratos de aporte, cuya finalidad es simplemente dotar de
recursos a entidades privadas sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de una
finalidad social consistente en un servicio público de bienestar, sin que sea
posible por este hecho, derivar la existencia de una relación laboral entre la
accionante y la entidad pública, además de que las cláusulas del contrato que
celebrara con el Centro de Atención Integral al Pre-escolar CAIP PIO-PIO, así
lo estipula (cláusula decimotercera).[71]
Además según concepto de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Consejero ponente Luis
Camilo Osorio Isaza, radicación N° 907: “…quienes operan los hogares infantiles
son personas naturales y estas no tienen relación laboral con el ICBF, ni los
trabajadores vinculados a estas entidades con contrato de trabajo”.[72]
Por lo tanto, la Sala en este
caso, ordenará al Centro de Atención Integral al Pre-escolar CAIP PIO-PIO, que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia reintegre, sin solución de continuidad, a la señora Clementina
Caicedo Mosquera al cargo que venía desempeñando al momento del despido o a
otro de igual o superior jerarquía, acorde con sus actuales condiciones de
salud. Además, deberá pagarle a la accionante la sanción impuesta, a que hace
referencia el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Se ordenará también, el pago de
todos los salarios y prestaciones dejadas de percibir, desde el momento en que
fue desvinculada y hasta que se haga efectivo el reintegro.
·
Expediente T-2447055
En este caso, el señor Víctor
Manuel Mora Portela presentó acción de tutela contra Suramericana de Seguros de
Vida S.A., por considerar que dicha empresa al darle por terminado su contrato
de trabajo el 30 junio de 2009,[73] vulneró sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social y a la
protección de los disminuidos físicos en relación con la estabilidad laboral.
Manifiesta que celebró contrato
de trabajo a término fijo con la entidad accionada el 23 de julio de 2008[74]
para desempeñarse como asesor comercial, oficio que lo obligaba a hacer largos
desplazamientos a pie. Sostiene que en febrero de 2009 notificó a la empresa
sobre la enfermedad que padecía en su rodilla derecha, diagnosticada por la EPS
Coomeva que inició el tratamiento dentro del cuál se ordenaron una serie de
medidas que fueron transmitidas al empleador a fin de que fuera posible la mejoría
en su condición. Manifiesta que el 26 de Junio de 2009, el médico tratante, le
practicó la cirugía ordenada para el tratamiento de su condición, otorgándole
adicionalmente 20 días de incapacidad.[75] Situación que fue
informada a la empresa demandada el día 03 de julio del mismo año, según lo
afirma el accionante.
Por su parte Seguros de Vida
Suramericana S.A. a través de su representante, se opuso a la acción de tutela
manifestando en primer lugar, que este mecanismo resulta improcedente cuando se
dirige a obtener el reintegro laboral, además de que vulnera el principio de
subsidiariedad de la tutela y que no existe en el caso concreto un perjuicio
irremediable. Además afirmó, que en efecto el señor Víctor Manuel Mora Portela
se encontraba vinculado a la empresa accionada como asesor comercial. Señaló,
que una vez informada la empresa sobre las recomendaciones médicas en el caso
del accionante, se impartieron las instrucciones  necesarias a fin de
atenderlas. Sostiene que la terminación unilateral del contrato de trabajo del
demandante se dio por justa causa, debido al incumplimiento de las metas
mínimas en ventas del cargo que desempeñaba.[76]
Revisado el expediente de tutela,
encuentra la Sala que varios documentos aportados como pruebas anexos a la
tutela, aparece la evidencia de la situación concreta de disminución física del
accionante. A folios 17 y siguientes, obran copias de la solicitud de cirugía
(artroscopia + biopsia rodilla derecha-), la hoja de cirugía (folio 25), copia
de las recomendaciones médicas relacionadas con la forma de desarrollar las
labores concretas, imponiendo restricciones como el manejo de cargas superiores
a 30Kg, o la prohibición de permanecer de pie por más de 30 minutos o marchas
largas (Folio 54). También copia impresa de los correos electrónicos enviados
por la encargada de salud ocupacional Análida Yazmín Gómez Bernal, en la que
consta el conocimiento de la condición de disminución física sufrida por el
accionante y la necesidad de atender las recomendaciones médicas en relación
con el desarrollo de las funciones específicas y las restricciones en el puesto
de trabajo (folio 57).
Ahora bien, las partes firmaron
el contrato el 23 de julio de 2008 con un término fijo hasta el 22 de enero de
2009. Conforme lo informa la representante de la entidad demandada, el contrato
de trabajo después de esta última fecha, fue prorrogado hasta el 30 de junio de
2009.
En estas circunstancias, el
accionante fue despedido durante el término en que se encontraba incapacitado, y
en condición de disminución física y sin embargo no se realizó el procedimiento
señalado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 a propósito de solicitar
autorización previa de la oficina de trabajo para tal despido, y la empresa
tampoco demostró durante el trámite de la tutela que no fue por razón de la disminución
física, que la relación laboral se terminó, lo que hace que el despido se torne
ineficaz y la terminación del contrato de trabajo no tenga efecto alguno.
Considera la Sala que resulta
procedente conceder el amparo a la garantía a la estabilidad laboral reforzada.
En tal sentido ordenará a Suramericana de Seguros de Vida S.A., el reintegro, sin
solución de continuidad, del señor Víctor Manuel Mora Portela, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, al
cargo que desempeñaba, si aún no lo ha hecho, o a otro de igual o superior
jerarquía, acorde con su estado de salud. Además, se ordenará que cancele al
accionante la sanción impuesta, a que hace referencia el inciso segundo del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997,[77] así como el pago de
todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante el
tiempo que estuvo desvinculado y hasta que se haga efectivo el reintegro.
·
Expediente T-2457269
José Jairo Betancourt Rodríguez
interpuso acción de tutela contra la Industria Carbonífera de Samaca “Incarsa”
S.A. Considera el accionante que la empresa mencionada, vulneró sus derechos
fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, al trabajo, y a la estabilidad
laboral reforzada de los disminuidos físicos, así como el derecho fundamental a
la vida en condiciones de dignidad de sus cuatro hijos menores, al dar por
terminado de manera unilateral e injusta, el contrato de trabajo suscrito desde
el año de 2006, para desempeñarse como maderero en la mina de propiedad de la
empresa demandada. Manifiesta que en noviembre de 2008 sufrió un accidente de
trabajo, reportado en oportunidad a la empresa demandada, cumpliéndose con el
respectivo trámite ante Coomeva EPS prestadora de los servicios de salud.[78]
Manifestó el señor Betancourt Rodríguez, que aunque como lo ordenaron las
recomendaciones médicas, en efecto fue trasladado de su puesto de trabajo,[79]
esto significó una reducción significativa de su salario y que ante su
inconformidad y sus reclamos, la empresa demandada decidió el 01 de junio de
2009, dar por terminado de manera unilateral su contrato de trabajo.
La empresa Incarsa S.A. por medio
de apoderado dio respuesta a la acción de tutela. Manifestó que el señor José
Jairo Betancourt Rodríguez, en efecto laboraba para la empresa por medio de
sucesivos contratos de trabajo a término fijo. Afirmó así mismo, una vez
informada del accidente de trabajo sufrido por el ex-empleado, atendió las
recomendaciones del médico tratante y lo reubicó en nuevo puesto de trabajo con
funciones que permitieran el mejoramiento de su condición de salud, lo que si
bien causó una baja en su salario, no implicó una variación del mismo, pues
desde el inicio de la relación, el salario se basaba en las funciones
realizadas o a “destajo”. Manifestó que la terminación del contrato fue sin
justa causa, la empresa pagó la indemnización legal correspondiente, y
finalmente, que la acción de tutela dado su carácter residual, no es el
mecanismo adecuado para la reclamación del demandante.[80]
Por otra parte, en escrito de 14
de enero de 2010, enviado a la Corte Constitucional, el señor José Jairo
Betancourt Rodríguez, anexó copias de la EPS Saludcoop en la que se hace
referencia al origen de su patología. El informe expresa que se trata de una
patología de origen ocupacional por enfermedad profesional. Menciona el
accidente de trabajo por sobre esfuerzo, refiriendo el estado de limitación funcional
y la necesidad de manejo neuroquirúrjico.[81]
Así las cosas, considera la Sala
que en este caso se presentan todas las condiciones que hacen procedente la
concesión del amparo solicitado. En efecto, la empresa dio por terminada la
relación de trabajo con pleno conocimiento de que el accionante se encontraba
enfermo. Dicha enfermedad fue calificada como de origen ocupacional por la EPS
Saludcoop[82] y sin embargo no se
solicitó autorización a la Oficina del Trabajo en los términos del art. 26 de la
Ley 361 de 1997, lo que torna el despido ineficaz.
Ahora bien, dadas las
circunstancias particulares aducidas por el accionante, de ser padre cabeza de
familia de cuatro niños, considera la Sala que debe pronunciarse sobre el
interés superior que ampara los derechos de los menores y actuar en consecuencia.
De
conformidad con el artículo 44 de la Constitución son derechos fundamentales de
los niños: la vida, la integridad física, la salud y seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y
la libre expresión de su opinión. Gozan también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia.
Esta
protección reforzada de los derechos de los niños, según la jurisprudencia
constitucional, encuentra sustento en tres (3) razones principales: i) su
situación de fragilidad frente al mundo, en mayor o menor grado dependiendo de
su desarrollo personal; (ii) es una manera de promover  una sociedad
democrática en la que sus miembros conozcan y compartan los principios de
libertad, igualdad, tolerancia y solidaridad; y (iii) es una forma de corregir
el déficit de representación política que padecen los niños en nuestro sistema
político, al no poder participar directamente en el debate legislativo.[83]
La
Corte ha sostenido que la protección especial de los niños y la prevalencia de
sus derechos, reconocidos de forma expresa por el artículo 44 constitucional,
representan verdaderos valores y principios que no solo están llamados a irradiar
la expedición, interpretación y aplicación de todas las normas de justicia
imputable a los menores, sino también a orientar la promoción de políticas y la
realización de acciones concretas dirigidas al logro de su bienestar físico,
moral, intelectual y espiritual;[84]
entendiendo dicho bienestar como una de las causas finales de la sociedad y del
Estado, y como un objetivo del sistema jurídico.[85]
Este
tratamiento preferencial del menor como interés jurídico relevante, implica
adoptar “una forma de comportamiento determinado, un deber ser, que delimita
la actuación tanto estatal como particular en las materias que los involucran”,[86]
encuentra un claro respaldo y reconocimiento en el derecho internacional
contemporáneo a través del llamado principio del interés superior del menor,
consagrado por primera vez en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos
del niño, y posteriormente reproducido en otros instrumentos internacionales
como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los
Derechos del Niño de 1959, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Sobre Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
En este sentido, la Corte ha
señalado insistentemente que en todas las actuaciones de los particulares y
funcionarios públicos en las que se encuentren involucrados menores de edad,
deben estar siempre orientadas por el principio del interés superior del menor.[87] El Código de la
Infancia y la Adolescencia ha definido el interés superior de los niños, las
niñas y los adolescentes como “el imperativo que obliga a todas las personas
a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos
humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.
Dentro de este contexto, para la
Corte, “el interés superior del menor no constituye un ente abstracto,
desprovisto de vínculos con la realidad concreta, sobre el cual se puedan
formular reglas generales de aplicación mecánica. Al contrario: el contenido de
dicho interés, que es de naturaleza real y relacional, sólo se puede establecer
prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e
irrepetibles de cada menor de edad, que en tanto sujeto digno, debe ser
atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere
su situación personal”.[88]
Para el caso concreto, encuentra la
Sala que dicho interés se ve evidentemente afectado con la decisión de la
empresa demandada que se controvierte, pues el hecho de que el accionante sea
padre cabeza de familia, implica, como se anotó, que la decisión deba atender
dicha circunstancia y en consecuencia orientar su decisión en amparo también,
del interés superior que la Constitución ha establecido en la garantía y
protección de los derechos de los niños.
Así las cosas se considera que la
empresa demandada actúo violando las normas constitucionales que amparan los derechos
fundamentales del accionante, no sólo las relacionadas con su estado de
debilidad manifiesta, sino aquellas relacionadas con los derechos derivados de
la relación laboral.
Por tal razón, la Sala ordenará,
que dado que se cumplen todas las condiciones para tutelar el derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada del señor José Jairo Betancourt
Rodríguez, se lo reintegre, sin solución de continuidad, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, al cargo que
desempeñaba o a uno de igual o superior jerarquía acorde con su estado de
salud. Se ordenará además, que se pague al accionante la sanción impuesta, a
que hace referencia el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y
se le reconozcan todos los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el
momento en que fue desvinculado y hasta que se haga efectivo el reintegro,
descontando el pago de la indemnización por despido sin justa causa.
Conclusión.
Finalmente, es
pertinente subrayar como se ha sostenido a lo largo de esta sentencia que aún
cuando el despido se efectué con previa indemnización, el empleador no puede
eximirse de la obligación de solicitar permiso previo a la oficina del trabajo
para proceder al despido, dado que la protección legal derivada de la
estabilidad laboral reforzada, opera por el sólo hecho de encontrarse la
persona dentro de la categoría protegida, a menos que se demuestre dentro del
trámite del proceso que la terminación del contrato de trabajo no ocurrió por
causa de la limitación o la disminución física.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
sentencia proferida el 07 de septiembre de 2009 por el Juzgado Treinta y Ocho
Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó el fallo del 22 de julio de 2009 del
Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá, y en su lugar CONCEDER la
tutela del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo
vital de la señora Silvia Ruth Sierra Hernández.
Segundo.- ORDENAR a
la Cooperativa de Trabajo Asociado “Coopcrecemos”, que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la presente decisión, si aún no lo ha hecho,
efectúe la reubicación laboral de la señora Silvia Ruth Sierra Hernández, en un
trabajo igual o superior al que venía desempeñando cuando se le despidió,
acorde con su estado de salud. En tal sentido, Coopcrecemos, le dará la primera
opción laboral que surja como resultado de la ejecución de cualquier contrato
de prestación de servicio de trabajo asociado celebrado entre la cooperativa y
otra persona natural o jurídica, y en caso de no existir dichos contratos,
deberá contratarla dentro de la misma cooperativa.
Así mismo, dentro del mismo
término, la cooperativa de trabajo asociado Coopcrecemos deberá afiliar a
Silvia Ruth Sierra Hernández al Sistema de Seguridad Social Integral, a fin de
que esta reciba la atención médica que necesita para la recuperación de su
estado de salud. Aldimark S.A. (tercero contratante) y de la Cooperativa de
Trabajo Asociado (Coopcrecemos) responderán solidariamente. En consecuencia
reconocerán la sanción impuesta a que hace referencia el artículo 26 de la Ley
361 de 1997 y cancelarán las compensaciones y prestaciones sociales causadas y
no pagadas desde el momento en que la accionante fue desvinculada de sus
labores hasta cuando se haga efectivo el reintegro, así como los aportes a la
seguridad social correspondientes a salud y pensión.
Tercero.- REVOCAR PARCIALMENTE
la sentencia del 30 de julio de 2009 proferida por el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Manizales, que confirmó la decisión del 16 de Junio de 2009 del
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Manizales y en su lugar CONCEDER la
tutela del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo
vital del señor Gilberto Agudelo Giraldo y confirmar el numeral segundo de la
parte resolutiva del fallo del Juzgado Séptimo Civil Municipal.
Cuarto.- ORDENAR a la empresa Mabe que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, reintegre al señor
Gilberto Agudelo Giraldo al cargo que venía desempeñando al momento del despido
o a otro de igual o superior jerarquía, acorde con sus actuales condiciones de
salud, de acuerdo con lo prescrito por su médico tratante. Ordenará además, que
se pague al accionante la sanción impuesta, a que hace referencia el inciso
segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y cancele todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, previo descuento de la indemnización
pagada por despido sin justa causa, así como los aportes a la seguridad social
correspondientes a salud y pensiones, desde el momento en que el demandado fue
desvinculado de sus labores, hasta cuando se haga efectivo el reintegro en la
empresa citada.
Quinto.- REVOCAR la sentencia de agosto 25 de
2009 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que resolvió revocar
la sentencia de 15 de Julio de 2009, proferida por el Juzgado Primero de
Familia de Santiago de Cali, y en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital de la señora
Clementina Caicedo Mosquera.
Sexto.- ORDENAR al Centro de Atención Integral al
Preescolar CAIP “Pío-Pío” que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente decisión  reintegre a la accionante, al cargo que
venía desempeñando al momento del despido o a otro de igual o superior
jerarquía, acorde con sus actuales condiciones de salud, de acuerdo con lo
prescrito por su médico tratante. Ordenará además, que se pague al accionante
la sanción impuesta, a que hace referencia el inciso segundo del artículo 26 de
la Ley 361 de 1997 y cancele todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir, así como los aportes a la seguridad social correspondientes a
salud y pensiones, desde el momento en que fue desvinculada de sus labores,
hasta cuando se haga efectivo el reintegro en la empresa citada.
Séptimo.- REVOCAR la
sentencia de octubre 01 de 2009 proferida por el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito de Bogotá, que confirmó la decisión de agosto 24 de 2009 emanada del
Juzgado Cuarenta y Tres Penal Municipal de Bogotá, y en su lugar CONCEDER la
tutela del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada y al
mínimo vital del señor del Víctor Manuel Mora Portela.
Octavo.- ORDENAR a Seguros
de Vida Suramericana S.A. que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente decisión, reintegre al  accionante, al cargo que
venía desempeñando al momento del despido o a otro de igual o superior
jerarquía, acorde con sus actuales condiciones de salud, de acuerdo con lo
prescrito por su médico tratante. Ordenará además, que se pague al señor Víctor
Manuel Mora Portela la sanción impuesta, a que hace referencia el inciso
segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y cancele todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, así como los aportes a la seguridad
social correspondientes a salud y pensiones, desde el momento en que  fue
desvinculado de sus labores, hasta cuando se haga efectivo el reintegro en la
empresa citada.
Noveno.- REVOCAR la
sentencia de 08 de octubre de 2009, proferida por el Juzgado Veintidós Civil
del Circuito de Bogotá, que confirmó la sentencia de agosto 27 de 2009,
proferida por el Juzgado Quince Civil Municipal de Bogotá, y en su lugar CONCEDER
la tutela del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
y al mínimo vital del señor José Jairo Betancourt Rodríguez y a los derechos de
los niños vulnerados por Incarsa S.A.
Décimo.- ORDENAR a la
empresa Incarsa S.A., que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de la presente decisión  reintegre al accionante, al cargo que venía
desempeñando al momento del despido o a otro de igual o superior jerarquía,
acorde con sus actuales condiciones de salud, de acuerdo con lo prescrito por
su médico tratante. Ordenará además, que se pague al señor José Jairo
Betancourt Rodríguez la sanción impuesta, a que hace referencia el inciso
segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y le cancele todos los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, previo descuento de la indemnización
pagada por despido sin justa causa, así como los aportes a la seguridad social
correspondientes a salud y pensiones, desde el momento en que fue desvinculado
de sus labores, hasta cuando se haga efectivo el reintegro en la empresa
citada.
Décimo primero.- PREVENIR a la
Cooperativa de Trabajo Asociado Coopcrecemos CTA y a las empresas Mabe, Centro
de Atención Integral al Preescolar (CAIP) “Pío-Pío”, Seguros de Vida Suramericana
S.A., Industria Carbonífera de Samaca “Incarsa” S.A., para que en adelante se
abstengan de ejecutar prácticas que vulneren los derechos fundamentales de sus
asociados o trabajadores, en los términos establecidos por la Jurisprudencia de
la Corte Constitucional.
Décimo segundo.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Revisado el expediente, si bien aparece la referencia a la
cirugía general, no se especifica en ningún documento el procedimiento médico
concreto requerido por la accionante (Folio 46).
[2] Folios 52 a 61- expediente T-2409356.
[3] Folios 69 a 74- expediente T-2409356.
[4] Folios 21 y 22- expediente T-2426950.
[5] Folios 43-46- expediente T-2430949.
[6] Folios 75-79- expediente T-2447055.
[7] Folios 62 a 66- expediente T-2457269.
[8] A este respeto puede consultarse entre otras, las Sentencias
T-698 de 2004 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), SU-484 de 2008 (MP. Jaime Araújo
Rentería).
[9]
Ver, entre otras las  Sentencias T-605 de 1999 (MP. Alfredo Beltrán Sierra, SV
Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-777 de 2002 (MP. Alfredo Beltrán Sierra).
[10] Así por ejemplo, la sentencia T-819 de 2008 (MP. Clara Inés
Vargas Hernández). En esta sentencia, una persona en condición de disminución
física de su capacidad laboral, interpuso acción de tutela contra la entidad en
la que laboraba, a fin de obtener su reintegro, por violación de su derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada. La Corte Constitucional, a fin
de definir el alcance de la procedibilidad de este mecanismo de defensa de los
derechos, analizó la línea jurisprudencial al respecto, y determinó, además de
las causales objetivas, referidas a la eficacia y existencia de mecanismos
idóneos de defensa de derechos, las causales subjetivas, relacionadas con las
circunstancias de indefensión y subordinación de la persona que considera
vulnerados sus derechos.
[11] (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[12] T-062 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En esta
providencia, la Corte sostuvo: “La Corte arribó a esta conclusión debido a
que, si bien no existe un derecho fundamental que asegure a los empleados la
conservación del trabajo o un término máximo de permanencia en él, gracias a la
acentuada protección que el texto constitucional ofrece a algunos sujetos en
atención a las circunstancias particulares en que se encuentran, las cuales
dificultan el pleno goce de los derechos fundamentales, se impone el
reconocimiento del ‘derecho a una estabilidad laboral reforzada’. Es éste el
caso de las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores aforados y las
personas con limitaciones, entre otros, cuyo despido debe ser previamente
autorizado por la oficina del trabajo o el juez. En este caso, por ser sujetos de
especial protección, como ya ha sido señalado, la Corte considera procedente su
solicitud de reintegro en sede de tutela.”
[13] En la sentencia C-531 de 2000 (MP. Álvaro Tafur Galvis) se declaró la
constitucionalidad de la exigencia de permiso de la Oficina del Trabajo para
despedir trabajadores discapacitados.
[14] Sentencia T-968 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[15] En sentencia T-632 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) la Corte
consideró que se había desconocido la especial protección de que goza  el
trabajador que padece una enfermedad profesional que era conocida por el
empleador al momento del despido. En el mismo sentido, en sentencia T-530 de
2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte reiteró que se viola la protec­ción
a la estabilidad laboral reforzada, cuando se despide a un trabajador en razón
a la condición de debilidad manifiesta en que se encuentra por su estado de
salud. Por el contrario, en sentencia T-689 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis) la
Corte señaló que el empleador, una vez conocido la enfermedad de la trabajadora,
adoptó una posición de garante al brindar una discriminación positiva, dado que
durante 6 años se le redistribuyeron funciones y se le proporcionaron
facilidades respecto de su lugar de trabajo y su uniforme. En este caso la
Corte concluyó que no existió nexo causal entre la enfermedad de la trabajadora
y su despido, sino que este último estuvo motivado exclusivamente por un
proceso de reestructuración de la empresa que impedía la reubicación de la
trabajadora.
[16] Sentencia T-943 de 1999 (MP. Carlos Gaviria Díaz) en la que la Corte
indicó que: “la empresa (...) dio a la actora un tratamiento
discriminatorio, porque la trató como si fuera un empleado sano, al que basta
indemnizar en los términos del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo,
para dejar cesante de manera unilateral, cuando esa firma sabía, por las
incapacidades que el Instituto de Seguros Sociales le había otorgado a la
actora, que ésta se encontraba disminuida físicamente, y merecía un trato
diferente al que exige la ley para una persona en buenas condiciones de salud.
De esa manera, la dejó expuesta a perder la atención médica que precisa, pues
dejó de darle el trato que, de acuerdo con el artículo 13 de la Carta Política,
debe otorgarse al que está en condi­ciones de debilidad manifiesta; al omitir
considerar la situación de invalidez de su trabajadora, para dar por terminada
la relación laboral de la manera más gravosa para la empleada, también vulneró
la entidad empleadora el derecho de la accionante a un trabajo en condi­ci­ones
dignas y justas y, en consecuencia, los argumentos que adujo no son de recibo.”
[17] Sentencia T-002 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[18] Sentencia T-968 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[19] Sentencia T-1040 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[20] Ver sentencia SU-256/96 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, SV Jorge Arango
Mejía, AV Hernando Herrera Vergara). En esta ocasión, la Corte conoció de una
tutela interpuesta por un portador de VIH a quien el empleador, al haber
conocido su estado de salud, despidió, supuestamente, sin justa causa y luego
indemnizó en los términos pactados por las partes en una conciliación, la cual
fue cuestionada por el accionante con posterioridad. La Corte concedió la
tutela al encontrar que no se trataba de un despido “sin justa causa” sino
fruto de la discriminación de la empresa por el hecho de que el empleado era
portador del VIH. La Corte encontró que a pesar de que la desvinculación se
había dado como fruto de la discriminación, en el caso concreto el reintegro
laboral no era la opción más favorable para el empleado, puesto que se podían
presentar posteriores discriminaciones en el ámbito laboral debido al conocimiento
del estado de portador. No obstante, como sí se había sufrido un daño en virtud
de la desvinculación procedió a decretar la indemnización derivada de la
vulneración de los derechos fundamentales.
[21] En la sentencia T-1040/01, (Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil), la
Corte conoció de un caso de características similares al presente. En esa
ocasión, la accionante quien se desempeñaba como mensajera interna de la
empresa accionada comenzó a sufrir de un fuerte dolor en sus rodillas, motivo
por el cual el médico de la empresa le recomendó mantener quietud y solicitó a
la empresa la trasladara a un cargo que no implicara tanto movimiento. Al
comienzo, la empresa no atendió la solicitud de la empleada, motivo por el cual
esta, ante la necesidad de mantenerse en el empleo, se deterioró su salud.
Posteriormente se le trasladó de cargo, pero para esto no le dieron la
suficiente capacitación; además, la nueva labor también le implicaba un
esfuerzo físico perjudicial. Finalmente, la despidió sin justa causa pagándole
la respectiva indemnización. La Sala, después de recordar que en estos casos se
presentaba una estabilidad laboral reforzada, señaló que para que ésta se
garantizara debería estar probado que el despido sin justa causa se debió a la
limitación física presentada. Acto seguido afirmó que al estar probado que el
despido sin justa causa se debía al problema de salud se había producido un
abuso del derecho por parte del empleador.
[22] [T-1040/01, MP. Rodrigo Escobar Gil.]
[23] Cita tomada de la Sentencia T-519 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra). También puede consultarse las sentencias T-656 de 2006 (MP. Jaime
Araújo Rentería) y sentencia T-687 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
También, entre otras, las sentencias T-853 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y
T-968 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[24] Esto aplica específicamente para el expediente T-2409356-(Folios 52 a
61) en el que la entidad accionada es una Cooperativa de Trabajo Asociado.
[25] Esto aplica para los expedientes T-2430949
(Folios 43–46)-; T-2447055 (Folios 75–79); T-2426950-(Folios 21 y 22) y
T-2457269- (Folios 62 a 66).
[26] Entre éstos, considérense los discapacitados (47), los minusválidos
(54), las mujeres embarazadas, los enfermos de VIH sentencia SU-256 de 1996
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); madres cabeza de familia (SU-388 de 2005 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández SPV. Jaime Araujo Rentería) y padres de familia
(SU-389 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería, AV. Jaime Araujo Rentería), entre
otros. Sobre los discapacitados, el artículo 47 C.P. Señala: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
[27] Artículo 13, inciso 4º C.P.
[28] Ver, al respecto, las sentencias T-198 de 2006 (MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra) y C-531 de 2000 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[29] Como se ha señalado, estos mandatos se encuentran contenidos en
los artículos 13, 47 y 54 de la Constitución Política).
[30] A partir de los artículos 1º, 2º y 4º de la Constitución.
[31] Sobre las acciones afirmativas en el ordenamiento colombiano,
se pueden consultar entre otras, las sentencias C-371 de 2000
(MP. Carlos Gaviria Díaz, AV. Vladimiro Naranjo Mesa, SPV. Carlos Gaviria Díaz
y Alejandro Martínez Caballero, SV. Eduardo Cifuentes Muñoz y SPV Álvaro Tafur
Galvis), (Ley 581 de 2000, conocida como Ley de cuotas); C-112 de 2000
(M.P. Alejandro Martínez Caballero, AV. Alfredo Beltrán Sierra y José Gregorio
Hernández Galindo), T-500 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), C-184 de
2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Jaime Araujo Rentería), en relación
con la Ley 750 de 2002, relativa al beneficio de prisión domiciliaria para
madres cabeza de familia, C-044 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería) y C-174 de
2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y, las sentencias de unificación SU-388
de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández, SPV. Jaime Araujo Rentería) y SU-389
de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería, AV. Jaime Araujo Rentería).
[32]  Artículo 13, inciso 2º. El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. Inciso 4: El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
[33]
Ver, sobre el particular las sentencias SU-256 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa, AV. Hernando Herrera Vergara, SV. Jorge Arango Mejía) sobre empleados
despedidos por ser portadores del Virus de Inmudeficiencia Humano, y la T-943 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[34] Sobre el trato discriminatorio que supone un despido en tales
condiciones, ver entre otras, las sentencias T-576 de 1998 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero), T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-519 de 2003
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-1038 y 1083 de 2007 (las dos con ponencia del Magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto). En relación con la configuración de un abuso del
derecho, ver la T-1757 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-1040
de 2001 y, de forma reciente, la T-853 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[35] Sentencia T-943 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria
Díaz). Sobre el abuso del derecho, ver sentencia T-1757 de 2000 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo).
[36] Esta sentencia se ocupó de sistematizar las subreglas vigentes
en la materia, y ha sido posteriormente reiterada por la Corte en los pronunciamientos
T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-853 de 2006 (MP. Álvaro
Tafur Galvis), T-1038 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-1083 de
2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[37] Sentencia T-519 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[38] Ver, Ley 776 de 2002, artículo 8º.
[39] ARTÍCULO 8o. REUBICACIÓN DEL TRABAJADOR. “Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador
incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un
trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán
efectuar los movimientos de personal que sean necesarios”.
[40] Sentencia T-812 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[41] Historia clínica ocupacional folio 15, 45 y 46 del cuaderno N° 1.
[42] Al respecto, se puede consultar el artículo 2
de la Ley 454 de 1998: “[D]enomínase Economía Solidaria al sistema
socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas
sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas
autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para
el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.”
[43] Artículos 3 y 5 del Decreto 4588 de 2006. En el mismo sentido, ver el
artículo 4 de la Ley 79 de 1988 y artículo el 1 del Decreto 468 de 1990.
[44] Citada en la Sentencia T-962 de 2008 (MP. Jaime Araújo
Rentería).
[45] Artículos 3 de la Ley 79 de 1988 y 3 del Decreto
468 de 1990.
[46] Sentencia T-962 de 2008 (MP. Jaime Araújo Rentería).
[47] Establece el artículo 17 del Decreto 4588 de
diciembre 27 de 2006: “Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado
no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del
trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a
terceros beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de
que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario
del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de
subordinación o dependencia con terceros contratantes. ║ Cuando se
configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y
Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado”.
[48] El artículo 23 de la Ley 79 de 1988 establece: “Serán
derechos fundamentales de los asociados: 1o. Utilizar los servicios de la
cooperativa y realizar con ellas las operaciones propias de su objeto social.
2o. Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración
mediante el desempeño de cargos sociales. 3o. Ser informados de la gestión de
la cooperativa de acuerdo con las prescripciones estatutarias. 4o. Ejercer
actos de decisión y elección en las asambleas generales. 5o. Fiscalizar la
gestión de la cooperativa, y 6o. Retirarse voluntariamente de la cooperativa.”
[49] Artículos 11 y 12 del Decreto 468 de 1990 y 25 del Decreto 4588 de
2006.
[50] El artículo 26 del Decreto 4588 de 2006 señala:
“RESPONSABILIDAD DE LAS COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. La Cooperativa y Precooperativa de Trabajo
Asociado será responsable de los
trámites administrativos necesarios para realizar el proceso de afiliación y el
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y para tales efectos le serán aplicables
todas las disposiciones legales vigentes establecidas sobre la materia. Está obligada a contribuir de esta manera a
afiliar a sus asociados al Sistema de Seguridad Social Integral mientras dure
el contrato de asociación.
La Cooperativa no suplirá su obligación de afiliación
al Sistema, a la que se refiere el presente artículo, por el hecho de que sus
asociados aparezcan como beneficiarios en el régimen contributivo en salud,
como cotizantes a un régimen excepcional tanto en salud como en pensiones, como
beneficiarios de un régimen excepcional en salud, como afiliado dependiente por
otra empresa o como afiliado a salud y pensiones por otros ingresos diferentes
a los derivados del contrato de asociación, como beneficiario afiliado al
Régimen Subsidiado en Salud, o porque hayan presentado su clasificación por la
encuesta del SISBEN.
PARAGRAFO. En los aspectos no previstos en el
presente decreto, relacionados con el Sistema de Seguridad Social Integral, se
aplicarán las disposiciones contenidas en la ley 100 de 1993 y las normas que
la reglamentan, modifican o adicionan.”
En igual sentido, el artículo 27 del Decreto en cuestión señala: “AFILIACIÓN E INGRESO BASE DE COTIZACIÓN EN
MATERIA DE SALUD, PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES. Los trabajadores asociados
son afiliados obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral; para
efectos de su afiliación se tendrá en cuenta como base para liquidar los aportes, todos los
ingresos que perciba el asociado, de conformidad con lo señalado en el
parágrafo 1º del artículo 3º de la Ley 797 de 2003 y normas que lo
reglamenten”.
[51] El artículo 8 de la Ley 100 de 1993 precisa: “Conformación
del Sistema de Seguridad Social Integral. El Sistema de Seguridad Social
Integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y
procedimientos y esta conformado por los regímenes generales establecidos para
pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios
que se definen en la presente Ley.”
[52] Sentencia C-211 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[53] Sentencia T-962 de 2008 (MP. Jaime Araújo Rentería). Dicha sentencia
continúa: Empero, este Tribunal ha afirmado que la capacidad de
autorregulación de las cooperativas de trabajo implica, en todo caso, el
respeto por los límites impuestos por la Constitución y la ley frente a los
derechos fundamentales de los asociados y de las
personas en general. En tal sentido, las cooperativas, en virtud de su
autonomía configurativa no podrán contrariar los principios y valores
superiores, e infringir las normas que regulan los mínimos que deben contener
los estatutos de asociación[53],
pues se encuentran supeditadas a la vigilancia de las autoridades competentes.
[54] Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-873 de 2005 (MP.
Manuel José Cepeda), T-063 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-195 de
2007 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-531 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis)
y T-504 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[55] Sentencia T-962 de 2008 (MP. Jaime Araújo Rentería).
[56] Sentencia T-445 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Cita
tomada de la pluricitada sentencia T-962 de 2008 (MP. Jaime
Araújo Rentería).
[57] A folio 2 del expediente figura, copia de un documento PRECISAR que
identifica a la señora Silvia Ruth Sierra Hernández, c.c. 39.652.359, como
“Auxiliar de Cocina” en la empresa Aldimark S.A. Este documento no fue
controvertido por las entidades accionadas.
[58] Además
de las afirmaciones contenidas en el escrito de tutela, esta circunstancia
aparece probada con la afirmación de la representante de la Cooperativa de
Trabajo Asociado, en la respuesta dada al Juzgado de primera instancia en el
trámite de la presente acción (Folios 52 a 61). Al respecto, el artículo 16 del
Decreto 4588 de 2006 establece lo siguiente: “Desnaturalización del trabajo asociado. El asociado que sea enviado por la
Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a prestar servicios a una
persona natural o jurídica, configurando la prohibición contenida en el
artículo 17 del presente decreto, se considerará trabajador dependiente de la
persona natural
o jurídica que se beneficie con
su trabajo”.
[59] Sentencia C-960 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[60] Al respecto, entre otras puede consultarse la sentencia T-962
de 2008 (MP. Jaime Araujo Rentería). Dice en el aparatado 3.9:
“Así, por ejemplo, esta Corte ha precisado que en aplicación de las normas
previstas para el evento, en caso de que durante la ejecución del contrato de
trabajo asociado, la cooperativa viole la prohibición según la cual, estas
organizaciones solidarias no pueden actuar como empresas de intermediación
laboral, ni disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra
a terceros beneficiarios, o permitir que respecto de los asociados se generen
relaciones de subordinación o dependencia, se debe dar aplicación a la legislación
laboral, y no a la legislación comercial o civil, toda vez que bajo tales
supuestos fácticos concurren los elementos esenciales que dan lugar a la
existencia de un contrato de trabajo encubierto por el contrato cooperativo”. También, citadas las sentencias T-873 de 2005 (MP: Manuel José Cepeda
Espinosa), T-063 de 2006 (MP. Clara Inés Vargas Hernández) T-531 de 2007 (MP.
Álvaro Tafúr Galvis); T-195 de 2007 y T-504 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[61] Dicha
cláusula estipulaba: “EL CONTRATANTE, podrá exigir el cambio de
cualquier persona, que a su juicio no cumpla con los requisitos de educación e
idoneidad, el retiro de la prestación del servicio de persona o personas ya sea
por haberse terminado la labor, por reestructuración interna o por que (sic) no
se considere apta para el desempeño (sic) se hace necesario que de acuerdo con
las disposiciones cooperativas, demos aplicación a la cláusula séptima de la
orden de trabajo firmada por usted que establece:
“SEPTIMA:
justas causas para dar por terminado
el presente compromiso contractual asociativo, las consagradas en el régimen de
trabajo en su capítulo sexto, artículo 29 y siguientes. Además y en particular
las que tienen que ver con las exigencias de confidencialidad, expresadas en el
convenio de administración del recurso humano celebrado entre la C.T.A. y la
empresa CONTRATANTE”.
Por
lo anterior damos por terminada la orden de trabajo a partir del 21 de mayo de
2009. (Firmado coordinador de contratación de Coopcrecemos).
[62] Sentencia T-962 de 2008 (MP. Jaime Araujo Rentería)
[63] El inciso segundo del Artículo 17 del citado Decreto 4588 de
2006 establece: “Cuando se configuren prácticas de intermediación
laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el
tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus
directivos, serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas
que se causen a favor del trabajador asociado”.
[64] Folios 6, 7 y 8 cuaderno principal.
[65] Folio 38, 39, 40, 41, 42 y 43 del cuaderno principal.
[66] Comunicación de 19 de marzo de 2009 folio 3 del cuaderno
principal.
[67] Folio 9 y 10 del expediente.
[68] Folio 4 del expediente. En efecto, la accionante anexa a su
solicitud de amparo, copia de dictamen de calificación de incapacidad laboral y
determinación de invalidez, donde se diagnostica a la accionante, síndrome de
túnel carpiano derecho y sumatoria total de minusvalía de 20,73%.
[69] Folio 14 del expediente. Copia de la comunicación de fecha 18
de septiembre de 2006, enviada por el señor Fernando Durán Villamil
MD.-Coordinador Unidad Técnica- Salud Ocupacional al departamento de recursos
humanos de la Institución accionada. En dicha comunicación se hacen una serie
de recomendaciones sobre readaptación de funciones, con el fin de brindar un
adecuado proceso de evolución de la enfermedad de la accionante. El 04 de mayo
de 2006, la EPS Cruz Blanca, en comunicación dirigida a la institución
accionada, refiere que la Junta de Conciliación EPS-ARP del 20 de abril de
2006, determinó que la ARP acepta como enfermedad profesional, la Epicondilitis
de Codo Izquierdo de la accionante y dictamina como no profesional la
sintomatología actual de mano izquierda.
[70] Folios 43-46 del expediente.
[71] Folios 92 al 97 del expediente.
[72] Igualmente en dicho concepto se señaló que las personas que
colaboran con los hogares mediante contrato laboral, son trabajadores
particulares que no tienen carácter de servidores oficiales y que su relación
se establece con las asociaciones o entidades no gubernamentales o con los
propios hogares infantiles.
[73] Folio 63, 64 y 65 del expediente.
[74] Folio 11 del expediente y anexo folio 59 y 60.
[75] Folio 36 del expediente.
[76] Folios 75-79- expediente T-2447055.
[77] Al respecto, puede consultarse la parte resolutiva de la Sentencia
T-819 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández), en un caso de estabilidad
laboral reforzada.
[78] Folio 25 del expediente T-2457269. Dice específicamente el Informe del
accidente lo siguiente: “El colaborador se encontraba en el nivel 8 de la
tercera de la mina Incarsa tratando de encarrilar el coche y cuando fue a
levantarlo sintió un fuerte dolor de espalda y cintura). Así también lo
registra el Informe elaborado por Claudia Cucanchon Espinosa por parte de la
entidad demandada (folio 36).
[79] Folios 19 y 20 del expediente T-2457269. Cartas de recomendaciones
médicas, enviadas por el doctor Iván Ricardo Castillo Monroy- Especialista en
S.O.P.R.L. Médico Laboral- Saludcoop.
[80] Folios 62 a 66- expediente T-2457269.
[81] Comuicación de 14 de enero de 2010. El Informe de Saludcoop EPS es
suscrito por Sandra Piedad Villamil Peña- Gerente Regional Boyacá. Saludcoop
EPS. Por otra parte, el informe médico, es suscrito por el doctor John Jairo
Gutierrez R. Médico Fisiatra-Especialista S.O.- Saludcoop EPS O.C.
[82] Folios 16, 17 del expediente.
[83] Sentencia C-796 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[84] Sentencia C-019 de 1993 (MP. Ciro Angarita Barón).
[85] Sentencia T-029 de 1994 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[86] Sentencia C-1064 de 2000 (MP. Álvaro Tafur Galvis).
[87] En sentencia T-408 de 1995 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz) se señalo al respecto lo siguiente: “El denominado
"interés superior" es un concepto de suma importancia que transformó
sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los
menores de edad. En el pasado, el menor era considerado "menos que los
demás" y, por consiguiente, su intervención y participación, en la vida
jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante representante)
y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácticamente era
inexistente o muy reducida.║“Con la consolidación de la investigación
científica, en disciplinas tales como la medicina, la sicología, la sociología,
etc., se hicieron patentes los rasgos y características propias del desarrollo
de los niños, hasta establecer su carácter singular como personas, y la
especial relevancia que a su status debía otorgar la familia, la sociedad y el
Estado. Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva
humanista - que propende la mayor protección de quien se encuentra en
especiales condiciones de indefensión -, como desde la ética que sostiene que
sólo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto
sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos
consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica
fundada en sus intereses prevalentes.”
[88] T-503 de 2003 y T-397 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).