T-202-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-202/13
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA DE AUTORIDAD
INDIGENA
DERECHOS DE COMUNIDAD INDIGENA Y PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ-Vulneración de derechos
persiste en el tiempo por restricción del paso de motocicletas al territorio
indígena por parte del Ejército Nacional con la construcción de una cerca de
alambre de púas
ACCION
DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHOS FUNDAMENTALES DE COMUNIDADES INDIGENAS-Procedencia
para evitar perjuicio irremediable por restricción del paso de motocicletas al
territorio indígena por parte del Ejército Nacional con la construcción de una
cerca de alambre de púas
La
restricción del paso de motocicletas ha generado graves perjuicios a los
derechos fundamentales a la comunidad indígena que exigen de una vía sumaria
como la acción de tutela.  En primer lugar, han tenido que esperar dos años,
aún presentando derechos de petición a la entidad demandada, sin obtener una
solución satisfactoria a sus intereses. En segundo lugar, y debido a la falta
de atención de la entidad demandada, se han visto obligados a utilizar el
camino a pie, circunstancia que les ha generado graves inconvenientes para
ingresar alimentos y otros utensilios necesarios para su subsistencia, y en
otras ocasiones, para el ingreso o salida de enfermos. Específicamente, debido
a esta última situación, la accionante relató que dos muertes ocurrieron, pues
no se pudo trasladar oportunamente a las personas enfermas al Hospital de
Leticia. Con base en lo anterior, esta Sala considera que existe un inminente
perjuicio irremediable que hace urgente la intervención del juez constitucional
proteger no sólo el derecho fundamental a la libre circulación, sino también
los derechos a la salud y a la vida. Así, el perjuicio irremediable se constata
con la evaluación concreta de las circunstancias descritas.
DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION Y RESIDENCIA-Fundamental
El derecho a la circulación y residencia es una de las
libertades fundamentales que se ejerce en distintas dimensiones. Por una parte,
está dirigida a garantizar la posibilidad que tiene toda persona de transitar
libremente por los lugares que desee, bien sea dentro de su país o en donde es
visitante, con algunas limitaciones legítimas; por otra parte, se define como
la libertad que tiene toda persona de decidir su lugar de residencia; y
finalmente, se puede traducir en la libertad de cada individuo de salir de
cualquier país, incluso del propio, y de regresar cuando así los considere,
sometiéndose a ciertas restricciones legítimas como el porte de visas,
etc.
DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION Y RESIDENCIA-Consagración constitucional e internacional/DERECHO
A LA LIBRE CIRCULACION-No es absoluto
el derecho a la libre circulación y residencia es una
libertad fundamental reconocida por los instrumentos internacionales y por sus
mismos organismos intérpretes, que impone a los Estados una obligación, en
principio, de abstención, en el sentido en que debe garantizar el libre y goce
efectivo de transitar por donde se desee, pero también implica por parte de las
autoridades estatales un obligación positiva, la cual se traduce en asegurar
las condiciones dignas para transitar sin ser objeto de amenazas u
hostigamientos arbitrarios de terceros o de los mismos agentes estatales. No
obstante, no se trata de una libertad absoluta, pues puede ser restringida,
siempre y cuando la medida cumpla con los requisitos de legalidad, necesidad y
proporcionalidad.
DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION Y RESIDENCIA-Significado y alcance, según jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION Y
RESIDENCIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Vulneración por Ejército por restricción del paso de
motocicletas al territorio indígena por parte del Ejército Nacional con la
construcción de una cerca de alambre de púas
DERECHO A LA LIBRE
CIRCULACION Y RESIDENCIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Orden a Ejército
permita el tránsito terrestre peatonal y de las motocicletas de la comunidad
indígena hasta tanto la Alcaldía aclare la naturaleza jurídica del camino hacia
el territorio indígena
Referencia: expediente T-3.710.565
Acción de Tutela instaurada por Gloria Janeth
Ahuanari, actuando en nombre propio y en representación de la comunidad
indígena “La Playa” de la ciudad de Leticia contra las Fuerzas Militares de
Colombia, Brigada de Selva No. 26, Ejército Nacional.
Derechos fundamentales invocados: libertad personal y
libre locomoción.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil trece
(2013)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la
preside-, Alexei Egor Julio Estrada y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia de única
instancia proferida el primero (1º) de octubre de 2012, por el Juzgado Primero
Promiscuo del Circuito, dentro de la acción promovida por la señora Gloria
Janeth Ahuanari, actuando en nombre propio y en representación de la
Comunidad indígena “La Playa” de la ciudad de Leticia, contra las Fuerzas
Militares de Colombia, Brigada de Selva No. 26, Ejército Nacional.
El expediente llegó a la
Corte Constitucional por remisión del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito
de Leticia, Amazonas, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991. La Sala de Selección No. 11 de la
Corte, el veintinueve (29) de noviembre de 2012, eligió para efectos de su
revisión el asunto de la referencia.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
SOLICITUD
La señora Gloria Janeth Ahuanari, actuando
en nombre propio y en representación de la
Comunidad indígena “La Playa” de la ciudad de Leticia, solicita que se amparen
sus derechos fundamentales a la libertad personal y a la libre circulación, y
en consecuencia, se ordene a la Brigada de Selva No. 26 del Ejército Nacional,
eliminar la restricción de tránsito de motocicletas por la servidumbre de paso
que tiene la comunidad en los predios de la
Brigada de Selva No. 26 del Ejército Nacional.
1.1.1.  Hechos y relato contenido en la demanda
1.1.1.1.
Manifiesta la
accionante que en predios del Ejército Nacional, exactamente a la altura del
Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No. 26, “ha existido desde
siempre una servidumbre de tránsito a favor de la
Comunidad del Resguardo Indígena de La
Playa, y que de acuerdo con el Plan  de Ordenamiento Territorial, dicha
servidumbre es la prolongación de la calle 15 de la ciudad de Leticia”.
1.1.1.2.
Expresa que hace
aproximadamente dos años, unilateralmente y de forma arbitraria, sin consultar
con los miembros de la Comunidad, un Comandante del Batallón ordenó construir
una cerca de alambres de púas, y escasamente dejó abierto un espacio pequeño
que solo permite transitar a pie.
1.1.1.3.
Aduce que ante la
situación descrita, la Comunidad ha presentado solicitudes respetuosas al
Comandante de la Brigada, Jaime Humberto Pinzón Amézquita, con el objeto de que
se restaure el paso por la servidumbre. Sin embargo, no se ha recibido
respuesta alguna.
1.1.1.4.
Aclara que “la
motocicleta, es el medio de transporte masivo en esta región del país y más aún
cuando se trata de desplazamientos a las áreas rurales, sin embargo, los
miembros del Ejército viene impidiendo desde hace dos años la libre movilidad
de este medio de transporte, obligándonos a cargar los víveres a la espalda, a
movilizar nuestros enfermos a pie, lo mismo que a sacar a la espalda los
productos agrícolas y de pesca para la venta, únicos medios de subsistencia de
los miembros de la comunidad, desconociendo el derecho a la servidumbre libre
con que se cuenta por dicho predio”.
1.2.
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.2.1.  Admisión y traslado
El
Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Leticia, Amazonas, mediante auto del
18 de septiembre de 2012,
admitió la demanda y corrió traslado a la parte demandada.
1.2.2.  Contestación de la demanda de la
Brigada de Selva No. 26 de Leticia, Fuerzas Militares de Colombia - Ejército
Nacional.
Dentro del término del traslado de la
demanda, presentó escrito Jaime Humberto Pinzón Amézquita, obrando en calidad
de Comandante de la Brigada No. 26 de Leticia, mediante el cual solicita que se
declare la improcedencia de la acción de tutela, por el no cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad de inmediatez y subsidiariedad, y adicionalmente,
por las siguientes razones:
En primer lugar, precisó que el Concejo de
Leticia, mediante Acuerdo No. 018 del 26 de octubre de 1971, destinó unos lotes
de terrenos baldíos urbanos de la
Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, el cual fue protocolarizado
mediante escritura otorgada en la Notaria Única de Leticia y debidamente
registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 400 – 931 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Explicó que al momento de
otorgarse esos predios a la Armada Nacional, no existía el Plan de Ordenamiento
Territorial para el municipio, pero que, se ha acreditado el derecho de dominio
y la posesión ininterrumpida y continua de esos predios por el Ministerio de
Defensa. Por lo anterior, la afirmación de la actora sobre la existencia de la
servidumbre ya contemplada en el mencionado plan territorial, no corresponde a
la realidad.
En segundo lugar, reiteró que la zona de
tránsito que alega la demandante corresponde a un predio del Ejército Nacional,
sobre el cual no existe ningún tipo de servidumbre legalmente constituida bajo
escritura pública, y en esa medida, tiene restricción de paso en virtud de que
existen elementos de infraestructura, de residencia y otros de especial
atención para las fuerzas militares. No obstante lo anterior, aclaró el
demandado, que “a pesar de no existir ningún tipo de servidumbre legalmente
constituida bajo escritura pública o alguna anotación al registro de
instrumentos públicos, se autorizó para que fuera utilizada como tránsito de
los moradores de la comunidad la Playa”.
En tercer lugar, la entidad demandada anexó
fotografías del lugar del predio donde se encuentra el paso peatonal, y aclaró
que “es evidente que el paso peatonal y con bicicletas se permiten a los
habitantes de la comunidad (…), no obstante es claro que el ingreso de equipos
automotores representa un riesgo para la seguridad de la Institución, para los
elementos de infraestructura, de almacenamiento y transferencia de combustible
que allí existen, pero sobre todo para los mismos civiles que pretenden
transitar utilizando automotores (…)”. También resaltó que el camino que
indica la demandante, presenta hundimientos que ponen en riesgo la seguridad de
los transeúntes.
En cuarto lugar, afirmó que efectivamente
se han recibido varias solicitudes respetuosas por parte de la Comunidad La
Playa para permitir el tránsito de automotores; sin embargo, éstas no han sido
oportunamente respondidas en razón a que cada petición se valora con el fin de
considerar si es procedente acceder o no.
En quinto lugar, advirtió con una
fotografía que los miembros de la Comunidad tienen otra opción de acceso con
automotores; “es por la bajada de la Defensoría del Pueblo mas exactamente
“POR EL PUERTO DE LA VICTORIA REGIA CALLE 13”, es un camino que existe y el
cual no interfiere con ningún predio privado (…)”.
Finalmente, en cuanto a los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, señaló que la accionante no justificó o
demostró los motivos que le impidieron accionar en un término razonable, ni
tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable causado por el
cierre de la servidumbre.
1.3.
DECISIONES
JUDICIALES
1.3.1.
Sentencia de única
instancia
Mediante sentencia proferida el primero
(1º) de octubre de 2012, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Leticia,
Amazonas, decidió negar la protección de los derechos fundamentales invocados
por la actora.
Consideró el a quo, que de las pruebas
allegadas al expediente no se establecía la existencia de una servidumbre sobre
el predio de propiedad de la Armada Nacional – Ejército Nacional, pues el folio
de matrícula inmobiliaria No. 400-931 que identifica la propiedad mencionada,
no contiene anotación alguna que haga referencia a la existencia de este
derecho a favor de terceros. Con base en ello, el juez de instancia afirmó, que
al ser el predio propiedad del Ejército Nacional, esta entidad tiene la
facultad de disponer de él de acuerdo a las necesidades e intereses de la misma
institución. Incluso, advirtió que se encontraba acreditado que el Ejército
había habilitado la vía en beneficio de la personas y que se permitía el
tránsito permanente por el predio, pero con ciertas limitaciones como el de no
permitir vehículos motorizados, en razón de mantener la seguridad. Asimismo
señaló que, podía corroborarse que, de todas maneras, existía una vía alterna habilitada
de acceso a la Comunidad por donde podían circular motocicletas o vehículos
cuando lo requirieran.
Finalmente, el a quo precisó a) que los
miembros de la Comunidad indígena La Playa debían acudir a la justicia
ordinaria, con el fin de que se declarara la existencia de la servidumbre, toda
vez que para que la misma operara en su favor, debía ser declarada
judicialmente, y b) que la presunta vulneración no había sido reclamada en
forma oportuna por los miembros de la comunidad, “toda vez que pese a que la
restricción alegada inició hace más de dos años, sólo hasta este momento se
presentó la actual acción de tutela”.
1.4.
PRUEBAS
1.4.1.
En el expediente
-
Copia del Acta de
posesión No. 025 del 3 de febrero de 2012 de la comunidad indígena de “La
Playa”, en la cual aparece la señora Gloria Janeth Ahuanari como Curaca de la
comunidad[1].
-
Copia del derecho de
petición presentado por el Concejal de Leticia, el señor Álvaro Fernández
Yoldi, dirigido al Coronel Comandante de la Brigada de Selva No. 26, Ernesto
Maldonado Guarnizo, con fecha del 20 de febrero de 2005, solicitando abrir la
vía de acceso a favor de la comunidad indígena[2].
-
Copia del Acuerdo No.
002 del 17 de noviembre de 1964 emitido por el Consejo Comisarial del Amazonas
Municipal “Por el cual se fija el perímetro urbano de la ciudad de Leticia y se
dictan otras disposiciones”[3].
-
Copia de los
certificados de libertad de los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos.
400-931 y 400-1174[4].
-
Copia de la escritura
pública No. 116 del 13 de diciembre de 1971, mediante la cual se protocoliza el
Acuerdo No. 018 de 1971[5].
-
Copia del Acuerdo
municipal No. 018 del 26 de octubre de 1971, mediante el cual se ordena la
destinación de unos lotes de terrenos baldíos urbanos a favor de la Nación,
Ministerio de Defensa, Armada Nacional[6].
-
Copia de la Resolución
No. 526 del 5 de noviembre de 1971, mediante la cual se aprueba sin
modificaciones el Acuerdo municipal No. 018.[7]
1.4.2.
Solicitadas por
la Corte en sede de Revisión
1.4.2.1.
Mediante Auto del
12 de febrero de 2013, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas consideró
necesario, para mejor proveer, ordenar la práctica y solicitud de las
siguientes pruebas.
En primer lugar, ordenó comisionar al Juzgado Primero
(1º) Promiscuo del Circuito de Leticia, Amazonas, juez de primera instancia,  para que practicara una inspección judicial
al lugar donde se encuentra la servidumbre de tránsito pretendida por la parte
demandante, ubicada en la Brigada de Selva No. 26 del Ejército Nacional, aproximadamente
en la calle 15, desde la calle 11 hasta el brazo del Río Amazonas, con la
presencia de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de que, “(i) aclare con las partes el lugar que atraviesa el camino
de paso que utiliza la Comunidad “La Playa”, (ii) verifique las
condiciones en las que se encuentra el camino por donde pasan los miembros de
la comunidad “La Playa”, y los presuntos riesgos que generan los implementos
militares que hay alrededor, y (iii) verifique si existe otro camino de
acceso a través del cual los miembros de la comunidad “La Playa” puedan acceder
a sus territorios con motos o vehículos motorizados”.
En desarrollo de la
inspección judicial, la Sala ordenó, con
el propósito de tener un mejor conocimiento de la situación de la comunidad
actora, practicar un interrogatorio de parte a la señora Gloria Janeth
Ahuanari, Cuaraca de la comunidad indígena de “La Playa”, quien actúa como
accionante en el proceso de la referencia, para que ampliara la solicitud de tutela dando respuesta a los
siguientes interrogantes:
a.
“¿Desde
hace cuánto tiempo la Comunidad “La Playa” utiliza el paso por el territorio de
la Brigada de selva No. 26?
b.
¿Cuáles
son las razones por las cuales considera necesario el paso de motocicletas a
través del camino utilizado?
c.
¿Cuáles
son los víveres que transporta la comunidad?
d.
¿Cuáles
han sido las consecuencias de la restricción de paso impuesta por el Batallón
en lo relacionado con la subsistencia de la comunidad? Precisar ejemplos
específicos, y si es posible, aportar pruebas de su ocurrencia.
e.
¿Existe
otra opción de tránsito para acceder a los territorios de la comunidad? ¿Qué
ventajas o desventajas presenta?
f.
¿Por
qué razón se presenta la acción de tutela dos años después de impuesta la restricción
de las motocicletas? En este tiempo, ¿Por cuál paso han reemplazado el acceso
de las motocicletas de la comunidad “La Playa”?
g.
Aportar
al proceso un mapa del lugar donde se encuentra la comunidad “La Playa”
asentada e indicar de manera detallada el lugar de la servidumbre de paso”.
De la misma manera, se ordenó un
interrogatorio de parte a la parte demandada, específicamente, al Comandante de la Brigada de Selva No. 26 de
las Fuerzas Militares, Ejército Nacional de Leticia, Amazonas, para que expresara lo que estimara conveniente, y
concretamente; “(i) allegue a la Corte Constitucional un mapa
en el que se muestre el lugar donde se encuentra el camino de paso alegado por
la comunidad de “La Playa” y que atraviesa el terreno de la Brigada de Selva
No. 26, y (ii) aclare a esta Corporación qué elementos o
implementos de uso militar se encuentran cerca del paso de los transeúntes y
qué riesgos se producen al permitir el paso de motocicletas”.
En segundo lugar, se ordenó remitir a la Defensoría
del Pueblo, copia completa de la demanda
y sus anexos, para que acompañara al Juzgado Primero (1º) Promiscuo del
Circuito de Leticia, Amazonas, durante la realización de la inspección
judicial; allegara a la Corte Constitucional, un informe sobre la visita
realizada y todo lo que estimara pertinente en lo relacionado con la situación
de la comunidad indígena “La Playa” y el acceso a sus territorios.
En tercer lugar, la Sala de Revisión puso en
conocimiento de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio
del Interior  y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
–INCODER-, para que manifestaran lo que
estimaran pertinente, y remitieran los documentos necesarios para verificar el
asentamiento territorial de la Comunidad Indígena “La Playa” de Leticia,
Amazonas. Para el efecto, se remitió copia completa de la demanda y sus anexos.
En cuarto lugar, debido a que la controversia
involucra decisiones de las autoridades locales, la Sala ordenó poner en
conocimiento de la Alcaldía de Leticia y de la Personería Municipal de Leticia,
Amazonas, solicitud de la tutela con el fin de que, expresaran todo lo que
estimaran conveniente sobre la problemática de la presunta servidumbre de paso
entre la comunidad “La Playa” y la Brigada de Selva No. 26. Para el efecto, se
les remitió copia completa de la demanda y sus anexos.
Finalmente, la Sala invitó a la Organización Nacional
Indígena de Colombia –ONIC- y al Instituto Colombiano de Antropología e
Historia –ICANH, con el fin de que emitieran un concepto técnico sobre los
problemas jurídicos que plantea el proceso bajo revisión, y si tenían
conocimiento sobre la
comunidad indígena “La Playa” ubicada en Leticia, Amazonas.
Sobre lo solicitado a cada entidad y las
respuestas oportunamente allegadas a la Secretaría General de la Corte
Constitucional, se hará referencia a lo largo de las consideraciones y el
análisis del caso concreto.
2.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el
proceso de esta referencia. Además,
procede la revisión en virtud de la selección realizada por la sala
correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el
reglamento de la Corporación.
2.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
La Sala debe estudiar si la decisión de la
Brigada de Selva No. 26 del Ejército Nacional de restringir el paso de
motocicletas de la comunidad indígena “La Playa”, por el camino ubicado en
terrenos de la Brigada, vulnera sus derechos fundamentales a la libertad y a la
libre circulación y residencia.
Para resolver este problema jurídico, la
Sala se referirá al derecho fundamental a la libre circulación y residencia, y
con fundamento en esas consideraciones, se realizará el análisis del caso
concreto.
2.3.     EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBRE
CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA
2.3.1.
El derecho a la
circulación y residencia es una de las libertades fundamentales que se ejerce
en distintas dimensiones. Por una parte, está dirigida a garantizar la
posibilidad que tiene toda persona de transitar libremente por los lugares que
desee, bien sea dentro de su país o en donde es visitante, con algunas
limitaciones legítimas; por otra parte, se define como la libertad que tiene
toda persona de decidir su lugar de residencia; y finalmente, se puede traducir
en la libertad de cada individuo de salir de cualquier país, incluso del
propio, y de regresar cuando así los considere, sometiéndose a ciertas
restricciones legítimas como el porte de visas, etc. En ese sentido, a
continuación se hará referencia a los instrumentos internacionales más
relevantes donde se encuentra consagrado el derecho a libre circulación y
residencia, complementando esto con los pronunciamientos de los organismos
internacionales. Posteriormente, se hará referencia a su reconocimiento en la
Constitución Política y su desarrollo en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
2.3.2.  Marco internacional
La libertad de circulación y residencia se encuentra
consagrada en varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Pueden mencionarse los siguientes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948 en su artículo 13 dispone:
“1. Toda persona tiene derecho a
circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir
de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
La Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (Bogotá, 1948), señala:
“Artículo VIII.- Derecho de residencia
y tránsito. Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el
territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no
abandonarlo sino por su voluntad”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[8] en el
artículo 12 reconoce:
“1. Toda persona que se halle
legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente
por él y a escoger libremente en él su residencia.
2. Toda persona tendrá derecho a salir
libremente de cualquier país, incluso del propio.
3. Los derechos antes mencionados no
podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la
ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles
con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto.
4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho
a entrar en su propio país”.
Esta disposición es desarrolla por el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual en su Observación General No.
27 precisó ciertos parámetros del alcance de esta libertad fundamental, entre
los cuales pueden mencionarse los siguientes: (a) es una condición
indispensable para el libre desarrollo de la persona que se relaciona con otros
derechos; (b) no es un derecho absoluto, y en esa medida es susceptible de
limitaciones, pero éstas no pueden anular el principio de la libertad de
circulación y se rigen por las exigencias establecidas en el párrafo 3º; (c)
toda persona que se encuentre legalmente dentro del territorio de un Estado
disfruta, dentro de ese territorio, del derecho de desplazarse libremente y de
escoger su lugar de residencia; (d) tratándose de extranjeros, pueden imponerse
diferentes restricciones conforme a la ley del país en cuestión, pero se debe
considerar que un extranjero que hubiese entrado ilegalmente a un Estado, pero
cuya condición se hubiese regularizado, se encuentra legalmente dentro del
territorio a los fines del artículo 12. Así, “una vez que una persona se
encuentra legalmente dentro de un Estado, todas las restricciones a sus
derechos garantizados por los párrafos 1 y 2 del artículo 12, así como todo
trato diferente del dado a los nacionales, deberán justificarse en virtud de
las normas establecidas en el párrafo 3 del artículo 12”; (e) el derecho de
circular libremente se predica de todo el territorio de un Estado, incluidas
todas las partes de los Estados federales. Según el párrafo 1 del artículo 12,
las personas tienen derecho a circular de una parte a otra y a establecerse en
el lugar de su elección. “El disfrute de este derecho no debe depender de
ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o
permanecer en un lugar”; (f) con sujeción a las disposiciones del párrafo 3
del artículo 12, el derecho a residir en el lugar escogido dentro del
territorio incluye la protección contra toda forma de desplazamiento interno
forzado, entre otros; (g) la libertad de salir del territorio de un Estado no
puede hacerse depender de ningún fin concreto o del plazo que el individuo
decida permanecer fuera del país. En consecuencia, dicha libertad incluye el
viaje temporal al extranjero y la partida en caso de emigración permanente.
Igualmente, el derecho de la persona a determinar el Estado de destino es parte
de la garantía jurídica.
Por su parte, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[9]
dispone en su artículo 22:
“Derecho de Circulación y
de Residencia
1. Toda persona que se
halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el
mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene
derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.
3. El ejercicio de los
derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la
medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones
penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos,
la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.
4. El ejercicio de los
derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley,
en zonas determinadas, por razones de interés público”.
El organismo intérprete de la
Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido varias
oportunidades para referirse al contenido de esta libertad, en casos relativos
a (i) medidas preventivas impuestas en procesos penales que restringen la
salida del país de quien está siendo procesado[10]; (ii) desplazamiento forzado,[11]
(iii) víctimas que se han visto forzadas a abandonar su lugar de residencia o a
desplazarse a otro lugar debido a graves amenazas y hostigamientos contra su
vida[12];
y (iv) fenómenos de migración en los que se han surtido trámites de deportación
y expulsión[13].
El primer caso en el que la
Corte IDH se pronunció sobre el derecho de circulación y de residencia, fue en
la sentencia del asunto de Ricardo Canese contra la República de Paraguay. En
esta ocasión, las autoridades judiciales, en el marco de un proceso penal,
ordenaron restringir la salida del país del señor Canese mientras se adelantaba
la investigación en su contra. El Tribunal Internacional hizo referencia a la
Observación General No. 27 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, y procedió analizar si la restricción, como medida cautelar en un
proceso penal, cumplía con los requisitos de legalidad, necesidad y
proporcionalidad de la medida:
“(…) la Corte destaca la importancia de
la vigencia del principio de legalidad en el establecimiento de una restricción
al derecho de salir del país en una sociedad democrática, dada la alta
incidencia que dicha restricción tiene en el ejercicio de la libertad
personal.  Por ello, es necesario que el Estado defina de manera precisa y
clara mediante una ley los supuestos excepcionales en los que puede proceder
una medida como la restricción de salir del país.  La falta de regulación legal
impide la aplicación de tales restricciones, puesto que no se encontrará
definido su propósito y los supuestos específicos en los cuales se hace
indispensable aplicar la restricción para cumplir con alguno de los fines
indicados en el artículo 22.3 de la Convención, así como también impide al
procesado presentar los alegatos que estime pertinentes sobre la imposición de
tal medida.  No obstante, cuando la restricción se encuentre contemplada por
ley, su regulación debe carecer de ambigüedad de tal forma que no genere dudas en
los encargados de aplicar la restricción permitiendo que actúen de manera
arbitraria y discrecional realizando interpretaciones extensivas de la
restricción, particularmente indeseable cuando se trata de medidas que afectan
severamente bienes fundamentales, como la libertad[14]
(…) la Corte considera indispensable
destacar que las medidas cautelares que afectan la libertad personal y el
derecho de circulación del procesado tienen un carácter excepcional, ya que se
encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los
principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad
democrática.  (…)
La Corte considera que la restricción
al derecho a salir del país que se imponga en un proceso penal mediante una
medida cautelar debe guardar proporcionalidad con el fin legítimo perseguido,
de manera que se aplique solamente si no existe otro medio menos restrictivo y
durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con su función, en este
caso la de evitar la fuga del señor Canese”[15]
Posteriormente, en casos
relativos a desplazamiento forzado de poblaciones campesinas e indígenas, la
Corte IDH definió el alcance del derecho a la circulación en las siguientes
palabras:
“Esta Corte ha sostenido que la libertad de
circulación es una condición indispensable para el libre desarrollo de la
persona[16].
Asimismo, el Tribunal coincide con lo indicado por el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en su Comentario General No. 27, el cual
establece que el derecho de circulación y de residencia consiste, inter alia,
en lo siguiente: a) el derecho de quienes se encuentren legalmente dentro de un
Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia; y
b) el derecho de una persona a ingresar a su país y permanecer en él.  El
disfrute de este derecho no depende de ningún objetivo o motivo en particular
de la persona que desea circular o permanecer en un lugar.”[17]
Asimismo, la Corte IDH ha señalado que el
derecho de circulación y de residencia puede ser vulnerado por restricciones de
facto si el Estado no ha establecido las condiciones necesarias para su
garantía, ni provisto los medios que permiten ejercerlo[18].  En ese sentido, el
derecho de circulación y de residencia puede resultar afectado cuando una
persona es víctima de amenazas u hostigamientos y el Estado no provee las
garantías necesarias para que pueda transitar y residir libremente en el
territorio de que se trate, incluso cuando las amenazas y hostigamientos
provienen de actores no estatales[19].
En síntesis, el
derecho a la libre circulación y residencia es una libertad fundamental
reconocida por los instrumentos internacionales y por sus mismos organismos
intérpretes, que impone a los Estados una obligación, en principio, de
abstención, en el sentido en que debe garantizar el libre y goce efectivo de
transitar por donde se desee, pero también implica por parte de las autoridades
estatales un obligación positiva, la cual se traduce en asegurar las
condiciones dignas para transitar sin ser objeto de amenazas u hostigamientos
arbitrarios de terceros o de los mismos agentes estatales. No obstante, no se
trata de una libertad absoluta, pues puede ser restringida, siempre y cuando la
medida cumpla con los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
2.3.3.  Definición y alcance del derecho a la
libre circulación según la jurisprudencia constitucional
Ahora bien, la libertad fundamental sub examine
se encuentra consagrada en el artículo 24 de la Constitución Política
colombiana, el cual dispone:
“Todo colombiano, con las limitaciones que establezca
la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a
entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”
La Corte Constitucional, desde muy temprano en su
jurisprudencia, señaló que este derecho consiste en “la posibilidad de desplazarse libremente de un lugar
a otro, de " ir y venir", como dice Colliard. Es un derecho
fundamental del individuo que atañe directamente a su propio desarrollo
material e intelectual”[20]. En esta ocasión[21], la Corte
analizó la medida cautelar impuesta al accionante dentro de un proceso de alimentos que le impedía
volver a su lugar de residencia en EE.UU. La Corte encontró vulnerado el
derecho fundamental a la circulación pues, a pesar de que la misma Constitución admite limitaciones
de la ley, también era cierto que el juez, en un proceso de alimentos, no
podía, por su propia voluntad, imponer esa limitación, más aun cuando era claro
que la medida no era la única posible y existían otras alternativas viables que
evitaban hacer nugatorio este derecho[22],
es decir, encontró que la limitación impuesta era desproporcionada.
De la misma forma, la Corte Constitucional
ha establecido que la libre circulación es un derecho inherente a la condición
humana, lo que justifica su carácter fundamental dentro del ordenamiento. Así,
en la sentencia T-518 de 1992[23]
afirmó que en el sentido más elemental, este derecho “radicaba en la
posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio
del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios
públicos”. En esta oportunidad, se analizó la acción de tutela interpuesta
por un ciudadano que residía en Medellín, el cual alegaba que mediante acto
administrativo, el Departamento Administrativo de Planeación de la mencionada
ciudad, había autorizado el cierre de una vía pública que beneficiaba a una
urbanización, pero que impedía el acceso a las demás urbanizaciones
colindantes. La Corte advirtió que el derecho a la libre locomoción no es un
derecho absoluto y por tanto podía ser susceptible de restricciones, en ese
orden, estudió las relaciones que se presentan entre este derecho fundamental y
el espacio público y la propiedad privada, de la siguiente forma:
“Aunque,
desde luego, no se trata de un derecho absoluto sino susceptible de
restricciones como las que indica la norma citada, o como las provenientes de
la aplicación de sanciones penales previo proceso judicial, mientras no haya un
motivo legal tiene que ser respetado por autoridades y particulares.
En ese orden de ideas, el cierre de una
calle afecta la libertad de locomoción en cuanto impide a las personas
transitar en espacios que, por su carácter público, deben ser accesibles a
todos los miembros de la colectividad en iguales condiciones.
Repárese en que, aún tratándose de
propiedad que en principio pudiera considerarse privada como la que integra los
terrenos que habrán de destinarse a una urbanización, deben tenerse en cuenta
la función social de la propiedad (artículo 58 de la Constitución) y el
predominio del interés general (artículo 1º) como elementos con arreglo a los
cuales se ordene el uso del suelo urbano por las autoridades municipales,
según pasa a examinarse.
Así una vía pública no puede obstruirse
privando a las personas del simple tránsito por ella, pues semejante
conducta atenta contra la libertad de locomoción de la mayoría de los
habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés general,
además de que constituye una apropiación contra derecho del espacio público,
esto es, un verdadero abuso por parte de quien pone en práctica el mecanismo de
cierre.  No pueden tampoco ocuparse los andenes -que son parte de la vía
pública- ni las áreas de circulación peatonal, espacios que se hallan
reservados para el tránsito de toda persona sin interferencias ni obstáculos
como, por ejemplo, estacionamiento de vehículos y el levantamiento de casetas
de vendedores ambulantes.  Tampoco puede invadirse el espacio público con
materiales de construcción o exhibiciones de muebles o mercaderías, ni con la
improvisación de espectáculos u otra forma de ocupación de las calles, claro
está sin detrimento de las libertades de trabajo, empresa y reunión, las cuales
deben ejercerse de tal forma que no lesionen otros derechos y de conformidad
con las restricciones que impone el ordenamiento urbano a cargo de las
autoridades municipales (…)
Ahora bien, si se alega que el área
cerrada tiene carácter privado y no público y fuere realmente
indispensable para el afectado como única vía de acceso o de salida, deberá,
mediante un proceso civil, solicitar que se establezca una servidumbre de
tránsito, prevista en el artículo 905 del Código Civil”.[24] (Énfasis de la Sala)
Posteriormente, en la sentencia T-370 de 1993[25], en un caso
en el que el Ingenio María Luisa  restringió la vía de salida y acceso a un
corregimiento de la población en el municipio de Florida, Valle, y en el cual
los actores alegaban que el cerramiento había provocado una vulneración del
derecho a la libre locomoción, la Corte reiteró que la libertad de circulación
y residencia es fundamental, esencial e inherente al ser humano. Igualmente,
una vez determinado que el callejón cerrado por la empresa era una vía pública,
la Corte adujo que:
“La libertad de locomoción es un derecho
fundamental, si bien ese carácter no lo deriva, de la ubicación formal del
citado artículo dentro del capítulo de los derechos así denominados. Es
fundamental en consideración a la libertad -inherente a la condición humana-,
cuyo sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar o desplazarse
de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se
trata de las vías y los espacios públicos. La alteración, por obra de
particulares, del aparente carácter público del Callejón, conduce al
quebrantamiento de la libertad de circulación de los actores.
(…)
En conclusión, los testimonios del Alcalde
y el Secretario de Gobierno, permiten afirmar que los habitantes de  la
región han tenido el uso del "Callejón de Calanda" desde tiempos
inmemoriales. Esta circunstancia no puede pasar inadvertida. Por el contrario, el
que los dueños del Ingenio María Luisa no hayan impedido el uso público de tal
camino por tantos años, es prueba de su condición de bien de uso público. Dicho
en otros términos: el uso público de un bien por mucho tiempo, un camino por
ejemplo, bien puede conferirle a éste tal  carácter. Es lo que
ocurrió, y ocurre generalmente, en los caminos utilizados por los colonos de
territorios nuevos”.
(Énfasis de la Sala)
De la misma forma, la Corte afirmó, que como se
trataba del cerramiento de una vía pública, los actores podían acudir a una
acción popular, y por ende la tutela no resultaba ser el mecanismo judicial
procedente. No obstante, observó que los habitantes al verse obligados acceder
a su corregimiento por otro camino, estaban poniendo su vida e integridad
personal en riesgo, pues había sido probado que la vía alterna era peligrosa e
insegura; así, ante la amenaza de un perjuicio irremediable, la Corte concedió
el amparo transitoriamente a los pobladores del corregimiento. En consecuencia,
ordenó  a la administración del “Ingenio María Luisa” la suspensión de
cualquier actividad que impidiera la libre circulación por el Callejón de
Calanda.
La jurisprudencia de la Corte también ha establecido
que el legítimo ejercicio del
derecho a la circulación se constituye en un presupuesto para el ejercicio de
otros derechos constitucionales, cuyo desarrollo supone el reconocimiento a un
derecho de movimiento que garantiza la independencia física del individuo[26]. Así, la
principal manifestación de este derecho se encuentra en la libre elección que
tiene el individuo de transitar sobre lugares que desee y cuyo uso se
encuentran a su disposición.
En providencias posteriores y más recientes, la Corte
Constitucional ha reiterado los criterios expuestos en las sentencias
reseñadas, sobretodo en controversias referentes a la limitación de libre
circulación en San Andrés Isla[27],
a las restricciones impuestas por autoridades distritales sobre la circulación
de vehículos particulares y de transporte como un medio para regular el tráfico[28], a la
invasión del espacio público por vendedores ambulantes[29] y a la regulación de
derechos de los extranjeros en territorio colombiano y salida y entrada de
nacionales[30].
Por tanto, en virtud de las circunstancias de caso
concreto, pueden extraerse los siguientes criterios del contenido del derecho a
la libre circulación y residencia consagrado en el artículo 24 de la
Constitución:
(i) Es un derecho de carácter fundamental por ser
inherente y esencial para el desarrollo de la libertad de todo ciudadano.
(ii)   Es un presupuesto para el ejercicio de
otros derechos fundamentales, como la libertad personal, la propiedad privada,
etc.
(iii) Constituye una manifestación del derecho general a la libertad, que se traduce en
la facultad primaria y elemental que tiene la persona humana para transitar,
movilizarse o circular libremente de un lugar a otro dentro del territorio
nacional, e igualmente en la posibilidad de entrar y salir de él libremente; y
el derecho a  permanecer y a residenciarse en Colombia, en el lugar que
considere conveniente para vivir y constituir el asiento de sus negocios y
actividades, conforme lo demanden sus propios intereses.
(iv)      La libre circulación y residencia no se
conciben como derechos absolutos, pues el legislador se encuentra facultado
para establecer limitaciones dentro de parámetros objetivos que respondan a los
criterios establecidos en los instrumentos internacionales y las normas
nacionales, tales como el orden público, la seguridad nacional, la salud
pública y los derechos y libertades de los demás, todo ello con sujeción al
principio de proporcionalidad. (Ver para el efecto, sentencias T-1117 de 2002[31],
T-031 de 2002[32]
y C-292 de 2008[33])
(v)   Como consecuencia de lo anterior, por
regla general, en el espacio público, concretamente los bienes de uso público,
no existen restricciones para la libre circulación de los ciudadanos, y en caso
de darse, deben estar plenamente justificadas. En el caso de la propiedad
privada, debe tenerse en cuenta su función social conforme con el parágrafo
segundo del artículo 58 de la Constitución Política. Para el efecto, existen
mecanismos que materializan esta exigencia como las servidumbres de tránsito, las
cuales se constituyen por vía judicial y tienen por objeto prevalente el
permitir que el dueño de otro predio pueda gozar plenamente del predio, sobre
el que se constituye la servidumbre, teniendo acceso y salida permanente de él[34].
(vi) Si bien la norma constitucional destaca la reserva
exclusiva de tales derechos a favor de los colombianos, su entendimiento no
significa que los extranjeros no gocen de ellos, lo que ocurre es que la
Constitución los protege con arreglo a las previsiones del art. 100 de la
Constitución, conforme al cual si bien los extranjeros disfrutan en Colombia de
los mismos derechos civiles y garantías concedidas a los nacionales, ello debe
entenderse sin perjuicio de las limitaciones que establezcan la Constitución o la
ley, o de la posibilidad de negar el ejercicio de determinados derechos
civiles, por razones de orden público.
2.4.
CASO CONCRETO
2.4.1.  Resumen de los hechos probados y de la
solicitud de tutela
2.4.1.1.
Los pueblos
indígenas Ticuna y Cocama de Leticia, se encuentran localizados al margen
izquierdo del río Amazonas en el sector conocido como “La Playa” y su
asentamiento data desde el año 1975[35].
Estas comunidades se constituyeron como resguardo indígena “La Playa” por
el Incora (hoy Incoder), mediante Resoluciones No. 09 del 5 de mayo de 1999 y
No. 20 del 28 de junio de 2001, por la cual se realizó la ampliación del
resguardo[36].
2.4.1.2.
En un lugar que
atraviesa predios del Ejército Nacional, exactamente a la altura de la Brigada
No. 26 del Ejército Nacional, en la calle 15 con carrera 11 de Leticia, existe
un paso por el cual los miembros de la comunidad indígena La Playa han
transitado desde hace 30 años para llegar a su territorio[37].
La actora sostiene que hace aproximadamente
dos años, unilateralmente y de forma arbitraria, sin consultar con los miembros
de la Comunidad, un Comandante de la Brigada ordenó construir una cerca de
alambres de púas, y escasamente dejó abierto un espacio pequeño que solo
permite transitar a pie.
La Personería de Leticia advirtió que“(…) con el
pasar de los años los señores Comandantes de Selva Nro. 26 del Ejército
Nacional, que han pasado por este comando, algunos han ordenado restringir el
paso de las motocicletas colocando a la entrada palos o estacas con alambres de
púas, y realizando requisas por un soldado allí instalado a las personas que
usan este paso”.
2.4.1.3.
Ante tal
situación, la Comunidad ha
presentado solicitudes respetuosas al Comandante de la Brigada, Jaime Humberto
Pinzón Amézquita, con el objeto de que se restaure el paso por el camino bajo
el argumento de que es una vía pública[38].
Sin embargo, no ha recibido respuesta alguna, tal como fue afirmado por la
misma actora y no fue desvirtuado por la entidad demandada[39].
2.4.1.4.
Finalmente, el 18 de
septiembre de 2012, la señora Gloria Janeth Ahuanari[40], actuando en nombre
propio y en representación de la Comunidad Indígena “La Playa” de la ciudad de
Leticia[41],
interpuso acción de tutela contra la Brigada de Selva No. 26 del Ejército
Nacional, por considerar que aquella entidad está vulnerando sus derechos
fundamentales a la libertad personal y a la libre circulación.
La actora relata que para acceder al
territorio de la comunidad con víveres y otros elementos indispensables para su
vida diaria, es necesario transportarse en motocicletas, y debido a que los
miembros del Ejército vienen impidiendo la libre movilidad por este medio de
transporte, los miembros de la comunidad se ven obligados a cargar los víveres
a la espalda, a movilizar sus enfermos a pie, “lo mismo que a sacar a la espalda
sus productos agrícolas y de pesca para la venta, únicos medios de subsistencia
de los miembros de la comunidad, desconociendo el derecho al tránsito libre con
que se cuenta por dicho predio”.
La peticionaria solicita que se amparen sus derechos fundamentales,
y en consecuencia, se ordene a la Brigada de Selva No. 26 del Ejército
Nacional, eliminar la restricción de tránsito de motocicletas por el paso
referido.
2.4.1.5.
Por su lado, la
parte demandada señala que este camino se encuentra dentro de los predios que
le pertenecen al Ejército Nacional, y para probar ello, aportó el certificado
de tradición inmobiliaria No. 400-931 y el Acuerdo municipal No. 018 del 26 de
octubre de 1971; por esa razón aseguran que es legítima la restricción del
paso.
Se observa de los documentos allegados por
las partes y entidades puestas en conocimiento del caso, que mediante Acuerdo
municipal No. 018 del 26 de octubre de 1971, la Alcaldía de Leticia, adjudicó
al fondo rotatorio Naval A.R.C., el predio donde a la fecha se encuentra el
Casino de Sub Oficiales del Ejército Nacional, adjudicación que fue
posteriormente protocolizada mediante escritura pública No. 116 del 13 de
diciembre de 1971[42].
Lo anterior fue registrado en el folio de matrícula inmobiliaria No. 400 -931
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Leticia[43].
2.4.1.6.
Al respecto, según
la Alcaldía de Leticia “(…) la carta catastral urbana suministrada por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde se observan claramente cada uno de
los límites y linderos del lote de propiedad del Ejército Nacional, demostrando
igualmente que el límite Norte del mencionado predio es la calle 15,
información catastral que se encuentra debidamente registrada desde el año
1960, la cual fue formalizada mediante actualización catastral realizada en el
año 1987”[44].
Con base en eso, la misma autoridad local advirtió que la calle 15 se encuentra
proyectada dentro del Plan Vial que forma parte del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial de Leticia, el cual fue adoptado mediante Acuerdo municipal No. 032
del 14 de noviembre de 2002[45].
2.4.1.7.
La Sala debe anotar
que en cuanto a la realización de la inspección judicial ordenada en sede de
revisión, el juez de instancia allegó el video en el cual se realiza la
grabación de cada una de las intervenciones de las partes y de la Defensoría
del Pueblo, entidad que acompañó la visita[46].
De la inspección judicial pueden concluirse los siguientes hallazgos:
2.4.1.7.1.
El camino en
controversia tiene un ancho de 14.40 metros, el cual se encuentra cercado con
estantillos y alambre, y un paso abierto de 2.20 metros. Es un camino que no es
apto para el tránsito automotor, con excepción de motocicletas y el paso
peatonal. Se observó en el video de la inspección judicial que es un camino que
cuenta con alumbrado y alcantarillado.
2.4.1.7.2.
Colindan con el
camino, predios del Ejército Nacional en los que se ubican las casas fiscales y
el club militar de la Brigada de Selva No. 26 de Leticia, sin que se observen
elementos que generen un riesgo a la vida y seguridad de las personas que
transitan por el paso.
2.4.1.7.3.
Al momento de la
diligencia no existía presencia militar a modo de vigilancia, así como tampoco
se halló la presencia de ningún aparato o equipo militar que pudiera
obstaculizar el libre tránsito de personas y menos representar un peligro para
la Brigada del Ejército Nacional.
2.4.1.7.4.
Desde el inicio del
camino, es decir, desde el punto de ingreso de la calle 15 con carrera 11,
hasta el sector de asentamiento de la comunidad indígena “La Playa”, existe una
distancia de más de 1.500 metros y hasta la comunidad indígena “La Milagrosa”
existe una distancia de 4.700 metros. De los territorios de la comunidad al
municipio de Leticia son casi 3 km[47].
2.4.1.7.5.
El paso de la
prolongación de la calle 15, camino en controversia, es el más cercano para
llegar al territorio del pueblo indígena accionante, pues la otra vía para
ingresar implica necesariamente utilizar transporte fluvial y debe tomarse dos
cuadras más abajo, en la calle 13.
2.4.1.7.6.
En época de lluvia ambas
opciones de vía para salir a su territorio se ven perjudicadas por el nivel del
río, por ende necesitan embarcaciones para llegar a su territorio. No obstante,
en la inspección judicial quedó claro que la temporada de lluvias ocurre sólo
los primeros 5 meses al año, y los problemas vienen en la temporada seca, en la
que los indígenas pueden pasar a su territorio por la prolongación de la calle
15 a una distancia razonable. Mientras que la otra vía, la de la calle 13,
necesariamente, en cualquier época del año deben tomar embarcaciones para
llegar a su territorio. Incluso, la interposición de la acción de tutela fue en
el tiempo de sequía por los conflictos que generó la restricción impuesta.
2.4.1.7.7.
Pudo acreditarse
que existe una buena relación entre los miembros del Ejército y los de la
comunidad indígena, sin embargo, la entidad demandada sostiene que el camino
pasa sobre los predios del Ejército Nacional, y por eso pueden restringir el
paso de las motocicletas.
2.4.1.7.8.
En consecuencia,
existe una controversia sobre la naturaleza del camino en controversia. El
Comandante de la Brigada de Selva No. 26 conoce la existencia de la proyección
de la calle 15 mediante el Plan de Ordenamiento Básico del municipio, no
obstante manifestó en la diligencia, que la Alcaldía no ha realizado ninguna
actuación con el Ministerio de Defensa para aclarar la delimitación de los
predios del Ejército y tampoco ha ejecutado ninguna medida administrativa para
mejorar la infraestructura de la vía como parte del plan de urbanismo
municipal. El comandante manifestó la necesidad de llegar a un acuerdo que
beneficie a ambas partes, tanto a la comunidad indígena como a la Brigada.
2.4.1.7.9.
Finalmente, es
importante mencionar que, sobre los víveres que se transportan, la actora
expresó que “nosotros manejamos el restaurante escolar de la escuela, que es
diario, que los transportan de Leticia a la Comunidad, también la gente de allá
vive de la pesca, de la agricultura, y entonces para trasladar los productos a
Leticia necesitan de la motocicleta (…)”. En igual sentido, relató la
muerte de dos miembros de la comunidad que por circunstancias graves de salud y
por no contar con el transporte oportuno para salir del territorio, no
alcanzaron a llegar al hospital de Leticia[48].
2.4.2.
Examen de procedencia de la
acción de tutela
2.4.2.1.
Legitimación por activa
2.4.2.1.1.
El artículo 86 de la Constitución dispone que la acción de tutela es un
mecanismo que puede ser ejercido por toda persona “por sí mismo o por quien
actúe a su nombre”, para obtener la protección urgente de los derechos
fundamentales que se estimen violados por la acción u omisión de cualquier
autoridad estatal o entidad particular, en este último caso en ciertos eventos. En el mismo sentido lo establece
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
2.4.2.1.2.
En lo referente al
caso concreto, la Sala encuentra que la accionante representa a la comunidad
indígena La Playa, pues, como aparece acreditado en el expediente, la señora
Gloria Janeth Ahuanari ostenta el cargo de ”Curaca”[49] de esta
comunidad[50].
Por ello, se encuentra debidamente acreditada su legitimidad para actuar.
2.4.2.2.
Legitimación por pasiva
2.4.2.2.1.
El artículo 5 del
decreto 2591 de 1991 dispone la procedencia de la acción de tutela contra toda
acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares (en ciertos
casos) que viole o amenace violar los derechos fundamentales. En
desarrollo de esta disposición, la Corte Constitucional ha mencionado que la
legitimación pasiva debe ser entendida como la facultad procesal que se le
reconoce al demandado para que éste desconozca o controvierta la reclamación
que el actor dirige contra él mediante demanda[51].
2.4.2.2.2.
En el caso concreto, la
entidad demandada es una autoridad pública que, por tanto, puede ser sujeto
pasivo de la acción de tutela.
2.4.2.3.Principio de inmediatez
2.4.2.3.1.
La naturaleza
principal de la acción de tutela es: (i) proteger y restablecer los
derechos fundamentales que han sido vulnerados, y (ii) evitar un
perjuicio irremediable cuando exista una amenaza real e inminente a un derecho
fundamental. Es por esa razón que el accionante debe solicitar la protección en
un plazo razonable o prudencial, es decir, la acción de tutela no puede
ejercitarse en un tiempo indefinido desde el momento en que ocurrió el hecho
que originó la vulneración o amenaza, porque perdería su misma naturaleza[52].
2.4.2.3.2.
En el presente caso, la Sala
observa, a diferencia del juez de instancia, que la solicitud de tutela fue
presentada en un plazo razonable en el que la vulneración de los derechos
fundamentales continúa vigente, es más, cada vez ha sido más grave para la comunidad,
pues además de que se ha vuelto más difícil el tránsito de alimentos y víveres
necesarios para su subsistencia, se han presentado circunstancias de urgencia
por motivos de salud, en los que no se ha podido movilizar a tiempo a los
enfermos al Hospital de Leticia; debido a esta situación, un miembro de la
comunidad falleció[53].
Igualmente, a pesar de que la comunidad accionante alega que la restricción del
paso se materializó desde hace dos años, la Sala considera que su presunta
inacción desde cuando comenzó la restricción se encuentra justificada si se
tiene en cuenta que han presentado numerosos derechos de petición al Batallón
durante ese lapso en los que han solicitado eliminar las restricciones del paso[54].
2.4.2.4.Principio de subsidiariedad
2.4.2.4.1.
El artículo 86,
inciso 3, de la Constitución y el artículo 6, numeral 1°, del Decreto 2591 de
1991 disponen que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, y en caso de existir otros medios,
procede de manera excepcional cuando (ii)
las acciones judiciales ordinarias no
sean idóneas para la protección inmediata de los derechos involucrados o (i)
comprobándose esa idoneidad, exista una amenaza de perjuicio
irremediable en términos de derechos fundamentales.
La Corte ha sostenido que los medios alternativos con los que cuenta el
interesado tienen que ser aptos para obtener la protección con la urgencia que
el asunto amerita, de modo que si los medios de defensa resultan ineficaces o
insuficientes para proteger los derechos fundamentales o evitar un perjuicio
irremediable, la acción de tutela debe ser procedente[55].
Concretamente, en cuanto a la inminencia del perjuicio
irremediable, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que:
“(…) la calificación de la inminencia de un perjuicio
irremediable no se basa en una determinación estándar de las condiciones
fácticas antes expuestas, sino que en cambio, responde a un modelo e
evaluación diferenciada, sensible a las condiciones particulares del afectado
que alega la vulneración de sus derechos fundamentales. En este sentido, la
jurisprudencia constitucional ha
señalado que del adecuado entendimiento del artículo 13 Superior es necesario
concluir que el grado de evaluación del perjuicio irremediable para aquellas
categorías de sujetos que, por sus particulares características son acreedores
de la especial protección del Estado, debe tener una intensidad menor. Esto en
el entendido que, como regla general, el acceso a los mecanismos judiciales
ordinarios para dichos sujetos suele tener mayores restricciones, precisamente en
razón de su vulnerabilidad”[56]. (Énfasis de la Sala)
2.4.2.4.2.
En el caso
concreto, la restricción del paso de motocicletas ha generado graves perjuicios
a los derechos fundamentales a la comunidad indígena que exigen de una vía
sumaria como la acción de tutela.  En primer lugar, han tenido que esperar dos
años, aún presentando derechos de petición a la entidad demandada, sin obtener
una solución satisfactoria a sus intereses. No puede ignorarse que la comunidad
indígena La Playa, venía usando permanentemente el paso por el territorio de la
Brigada No. 26, pero repentinamente el camino fue restringido sin su consulta,
y ante esta situación, los miembros de la comunidad han acudido a ejercer
derechos de petición sin obtener ningún resultado a su favor.
En segundo lugar, y debido a la falta de atención de
la entidad demandada, se han visto obligados a utilizar el camino a pie,
circunstancia que les ha generado graves inconvenientes para ingresar alimentos
y otros utensilios necesarios para su subsistencia, y en otras ocasiones, para
el ingreso o salida de enfermos. Específicamente, debido a esta última situación,
la accionante relató en el interrogatorio de parte que dos muertes ocurrieron,
pues no se pudo trasladar oportunamente a las personas enfermas al Hospital de
Leticia[57]. Con base en lo anterior, esta Sala
considera que existe un inminente perjuicio irremediable que hace urgente la
intervención del juez constitucional proteger no sólo el derecho fundamental a
la libre circulación, sino también los derechos a la salud y a la vida. Así, el
perjuicio irremediable se constata con la evaluación concreta de las
circunstancias descritas.
En tercer lugar, y en gracia de discusión, en cuanto a
la idoneidad de otros medios de defensa judicial como la acción popular, la
Sala considera que el resultado de la decisión judicial en tal proceso no
conduciría al más alto nivel de protección de los derechos fundamentales del
pueblo indígena accionante, pues  las pretensiones que se formulan en el caso
concreto no tienen relación con derechos colectivos, sino que hacen referencia
concreta a la vulneración del derecho a la libre circulación que asegura
adecuadamente la salida e ingreso de una comunidad indígena de su territorio,
como un sujeto de especial protección constitucional.
Adicionalmente, la Sala observa que el otro camino de
acceso que alega la parte demandada no desvirtúa la procedencia de la acción de
tutela, toda vez que  resulta desproporcional a los intereses de la comunidad.
De los escritos allegados en sede de revisión[58],
y concretamente la Defensoría del Pueblo, afirmó que la comunidad indígena no
tiene otra opción viable para acceder al territorio donde se asienta, pues la
vía alterna que alega la parte demandada es mucho más gravosa por ser una vía
fluvial que les representa costos y no es el paso tradicional sobre el cual
están acostumbrados a ingresar a su territorio[59].
Por lo anterior, el caso en cuestión presenta la
existencia de un perjuicio irremediable, y además, no existen otros medios de
defensa judicial a los cuales puedan acudir para garantizar integralmente la
protección de sus derechos fundamentales.
2.4.2.5.
Conclusión
En suma, la Sala concluye que la acción
de tutela interpuesta por la representante de la comunidad indígena La Playa,
cumple con los requisitos de procedencia para ser analizada de fondo.
2.4.3.
Análisis de la vulneración
alegada
2.4.3.1.
Dado que la problemática que
presenta el caso concreto involucra un sujeto de especial protección
constitucional como lo son los pueblos indígenas, es importante para la Sala
recordar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en
señalar que los territorios de los pueblos indígenas son un elemento vital para
la realización de su proyecto de vida acorde con su cultura, costumbres y
creencias. En ese orden, el derecho al territorio de las comunidades indígenas,
no sólo implica otorgarles un terreno donde asentarse, sino además
garantizarles el acceso permanente a él y a otros espacios donde desarrollan
sus actividades tradicionales[60].
En efecto, el artículo 14 del Convenio 169 dispone lo siguiente:
“1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no
estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia.
A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los
pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
(…)
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el
marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de
tierras formuladas por los pueblos interesados”. (Énfasis de la Sala)
Pues bien, en el caso concreto la comunidad indígena
La Playa ha utilizado la extensión de la calle 15 para llegar a su territorio
desde hace más de 30 años[61]
como una vía peatonal y luego como vía vehicular (motocicleta), con el objeto
de transportar alimentos y pasajeros a su territorio tradicional. En otras
palabras, y teniendo en cuenta las características especiales de una comunidad
indígena, este camino para acceder a su territorio hace parte de su vida diaria
y de sus costumbres, tal como lo señaló la accionante en la inspección
judicial. La prolongación de la calle 15 es hoy un paso que no está pavimentado
ni cuenta con la estructura de una malla vial, es sólo un paso rupestre y con
maleza que con el transcurso de los años y el tránsito continuado de la
comunidad, se ha venido marcando como un camino en medio de dos predios del
Ejército Nacional[62].
Con base en esta precisión, la Sala procederá a analizar la problemática que se
presenta en el asunto en referencia debido a la restricción del paso de
motocicletas impuesta unilateralmente por el Comandante de la Brigada de Selva
No. 26, y los perjuicios que genera y ha generado a la comunidad esta
restricción.
2.4.3.2.
Previo al
análisis de la presunta vulneración, la Sala también debe señalar que no existe
ninguna constitución judicial de una servidumbre de tránsito sobre el camino
que presuntamente se encuentra en los predios del Ejército Nacional.
Además, de las pruebas allegadas en sede
de revisión y que obran en el expediente, no es posible concluir con certeza
cuál es la naturaleza del área que ocupa el camino en disputa.
De un lado, el camino que utiliza la
comunidad para llegar a su territorio hace parte del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial como un proyecto de prolongación de la calle 15[63],
cuya proyección aún no ha sido iniciado por parte de la autoridad local. De la
misma manera, se puede acreditar que según la Carta Catastral Urbana de la
cabecera municipal de Leticia, Amazonas, emitido por el Instituto Agustín
Codazzi, la calle 15 aparece hasta la rivera del río amazonas y camino a la
comunidad indígena La Playa[64].
La Alcaldía de Leticia asegura que es una vía pública
y, por tanto, espacio público, de modo que el paso no puede ser restringido por
el Ejército. Asegura que el área por donde se prolongará la calle 15 no fue
materia de adjudicación al Ejército. En palabras del representante del
Municipio:
“(…) es importante resaltar que en ningún momento fue
incluida dentro de la mencionada adjudicación y posterior sesión, el área
correspondiente a la Calle 15, la cual colinda con el predio en este momento
identificado con la cédula catastral No. 01-00-0063-000 de la Oficina Delegada
de Catastro de Leticia, de propiedad del Ejército Nacional. Así las cosas, y de
conformidad con los documentos anteriormente expuestos  y que serán anexados al
presente, se concluye que el lindero norte sigue siendo la calle 15 así: por
este lado partiendo del Punto C, Punto 14, con rumbo 88 grados 00 y distancia
de 12 metros, colinda con predios de la Empresa colombiana de Petróleo
“Ecopetrol” y con rumbo de 85 grados y distancia de  199 metros prolongación de
la calle 15 que media con terrenos de la Armada Nacional, hasta llegar
nuevamente al punto B. Punto No. 15.
(…)
“Tal situación se evidencia en la carta catastral
urbana suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde se
observan claramente cada uno de los límites y linderos del lote de propiedad
del Ejército Nacional, demostrando igualmente que el límite Norte del
mencionado predio es la calle 15, información catastral que se encuentra
debidamente registrada desde el año 1960, la cual fue formalizada mediante la
actualización catastral realizada en el año de 1987”
(…)
“Ahora bien, cabe anotar que la mencionada calle 15,
se encuentra proyectada dentro del Plan Vial que forma parte del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de Leticia, el cual fue adoptado mediante acuerdo
municipal 032 del 14 de noviembre de 2002, quedando esta (sic) clasificada
dentro de la red vial principal como vía V-4, la cual tiene las siguientes
características: ancho total 13 metros, distribuidos de la siguiente manera:
una calzada de 7 metros; 2 andenes peatonales a ambos lados cada uno de 1.5
metros y 2 zonas verdes exteriores de protección de 1.5. metros cada uno”
“La Alcaldía hizo presencia en una reunión realizada
con los habitantes de la Comunidad la Playa y el Comandante de la Brigada de
Selva No. 26, entre otros, en donde se dejó de presente que la calle 15 no
hacía parte del predio del Ejército razón por la cual no debía ser objeto de
cerramiento o de restricción de circulación”[65].
También la Personería de Leticia señaló en su escrito
que “(…) se encontró que el tramo de vía comprendido por la calle 15 entre
la carrera 11 y el margen del río Amazonas se encuentra contemplado dentro del
mismo formando parte integral del espacio público”[66].
Al mismo tiempo, se observa que en el desarrollo de la
inspección judicial al lugar de los hechos, el Comandante de la Brigada de
Selva No. 26 manifestó que el paso había sido incluido dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial como una vía de proyección/prolongación de la calle
15. Por su parte, el Ejército no desconoce las previsiones del Plan de
Ordenamiento Territorial; sin embargo, aduce que hasta el momento la Alcaldía
no ha realizado ninguna gestión con el Ministerio de Defensa para la
realización de las obras, lo cual es necesario en virtud de las escrituras
públicas que tiene esta entidad sobre los predios colindantes[67].
En el contexto de esta disputa, para la
Sala es claro que en el 2002, el año en el cual fue emitido el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial mediante acuerdo municipal No. 032, se contempla la
calle 15 proyectada dentro del Plan Vial del municipio de Leticia por el camino
que utilizan los miembros de la comunidad La Playa, y en esa medida, en
principio correspondería a un bien de uso público, sin embargo, como se
demostró líneas arriba, no existe claridad con los límites de los linderos del
predio que ocupa la Brigada No. 26 de Leticia.
En este punto, la Sala considera necesario
advertir, que a pesar de que las autoridades locales afirman, con base en la
Carta Catastral de la cabecera municipal del Instituto Agustín Codazzi (1987) y
en los contemplado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2002), que el
camino en controversia hace parte de los bienes de uso público por ser una
proyección de la calle 15, existen escrituras públicas anteriores de los
predios sobre los que atraviesa tal prolongación a favor del Ejército Nacional
y el Ministerio de Defensa[68],
cuyo contenido no ofrece claridad exacta sobre su delimitación, en particular,
en relación con el camino materia de controversia.
Por esto, para la Sala es claro que es una
obligación de las entidades territoriales, iniciar las acciones necesarias para
declarar que un bien es o no de uso público cuando se concibe como un proyecto
futuro en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial. De esa forma, le
corresponde a la Alcaldía de Leticia asumir el caso y esclarecer la naturaleza
del área por donde la comunidad indígena ha transitado, así  como, adecuar el
camino de manera idónea para que sea transitable sin ninguna clase de riesgo.
En consecuencia, la Sala advierte que no
existe claridad sobre la naturaleza actual del área donde se ubica el camino
–bien fiscal o bien de uso público constitutivo de espacio público-, lo que no
obsta para que la Sala examine la presunta vulneración de los derechos de la
comunidad indígena, como se llevará a cabo a continuación.
2.4.3.3.
Ahora bien, la
Sala advierte que no existe prueba del presunto peligro en términos de
seguridad derivado del paso de los indígenas, como alega la parte demandada.
En efecto, la entidad demandada adujo que el paso de las motocicletas es
peligroso y que no era la única opción que tenía la comunidad indígena para
llegar a su territorio.  La Sala evidencia que de los escritos recibidos en
sede de revisión y de las pruebas practicadas, deben analizarse dos
circunstancias, a) la primera, si pasar por el camino de la calle 15
genera un riesgo o peligro inminente para la comunidad indígena o para la
seguridad de los miembros del Ejército, y b) la segunda, si es el único
camino que tiene la comunidad indígena para llegar a su territorio, o si por el
contrario, tiene otra opción para llegar a él.
En cuanto a lo primero, es importante señalar que se
encuentra acreditado que de la entrada del camino hasta el territorio de la
comunidad hay aproximadamente una distancia de 1.500 metros[69], los cuales, debido a la
restricción del paso de motocicletas, los miembros de la comunidad deben
caminar con la carga de alimentos y otros elementos necesarios para su
subsistencia. A lado y lado del camino se encuentran instaladas casas fiscales,
el casino del club de suboficiales de la Brigada de Selva No. 26 y un antiguo
centro de acopio de combustible, el cual se encuentra cerrado y apartado del
camino por donde transita normalmente la comunidad.
Esto es acreditado en la grabación de la inspección
judicial por parte del Comandante Delegado de la Brigada: “En cuanto a los
elementos o implementos que se encuentran al paso de los transeúntes se
encuentran: casino suboficiales en donde duermen unas 200 personas, al lado
opuesto continúan con un edificio fiscal en donde residen unas 20 familias, y
el dispensario de atención médica que queda del sitio a unos 70 metros más o
menos, y el centro de acopio de combustible”.
Sobre los presuntos riesgos existentes en el camino
debido a elementos militares, la Defensoría del Pueblo afirmó lo siguiente:
“El presunto temor aludido por el señor representante
de la Brigada, es infundado por cuanto en este Departamento no existen
antecedentes de alteraciones del orden público y/o actos terroristas por parte
de grupos armados al margen de la ley”.
(…)
“Que en el acceso a la servidumbre, al momento de la
diligencia no existe presencia militar a modo de vigilancia, así como tampoco
se halla la presencia de ni (sic) ningún aparato o equipo militar que pueda
obstaculizar el libre tránsito de personas y por ende menos representar peligro
para las Fuerzas Militares – Ejército Nacional-“.[70]
Con base en ello, la Sala puede concluir que no existe
un riesgo o peligro ni para la Brigada, ni para los miembros de la comunidad,
tal como lo expresó la parte demandada como justificación para imponer la
restricción del paso de motocicletas por el camino de la calle 15, y en cambio,
su restricción genera graves perjuicios a la comunidad indígena. Nótese que la
controversia no versa sobre la elección del espacio por donde transitar sino de
la libertad de circulación para  acceder al territorio ancestral y de tener la seguridad
de poder contar con medios de subsistencia (alimentos y salud) necesarios y
oportunos para su comunidad.
Igualmente, cabe resaltar que la Brigada de Selva No.
26, también adujo que ha restringido el paso de las motocicletas, no sólo por
argumentos de seguridad –que ya fueron desvirtuados-, sino también porque
considera que el camino no es idóneo para transitar y genera riesgos para la
comunidad indígena misma. En palabras del Comandante Delegado: “En cuanto a
los riesgos de permitir el paso de motocicletas (…) porque la vía es una trocha
y las condiciones climáticas no hacen apta la vía para este tipo de vehículos”[71]. Por
lo anterior, el Comandante Delegado, señaló que era necesario se buscara un
acuerdo entre la Alcaldía y el Ministerio de Defensa para establecer una
posible servidumbre, que podría ser un camino alterno. La Sala observa que la
Brigada de Selva No. 26 del Ejercito Nacional, no ha actuado de mala fe hacía
la comunidad indígena, y en cambio están a la espera de un pronunciamiento de
la entidad territorial que aclare la situación y establezca condiciones que
beneficie a ambas partes.
Respecto a la segunda situación mencionada, someterlos
a cambiar el camino los ubica en una situación más gravosa, pues de los
informes de la Defensoría del Pueblo y de la Personería se puede concluir que
el camino en disputa es el único camino idóneo para entrar al territorio de la
comunidad indígena La Playa, pues la otra opción los obliga a utilizar
transporte fluvial, lo que les genera un costo permanente que no pueden
sufragar, y además, está aún más alejado de su territorio. Esta situación la
vislumbró la Defensoría del Pueblo con las siguientes palabras:
“es el único camino terrestre para ingresar (…) Según
lo manifiesta el Ejército, respecto de la existencia de otra vía de ingreso,
tenemos, que ésta existe de manera parcial, pero hace más gravosa la
situación de la comunidad, en tanto tiende a provocar que los conciudadanos
moradores del sector, ingresen por la carrera 13 con la calle 11, (es decir,
dos cuadres más atrás) llegando hasta el Río, es decir, desde ese punto hasta
el Río, unos 300 metros aproximadamente a pie y de allí se obliga a utilizar el
transporte fluvial en lanchas o canoas impulsadas a remo o provistas de motor
fuera de borda conocidos en la región como “peque-peque”, lo cual implica que
la comunidad deba pagar por un servicio para llegar hasta su comunidad, cuando
pueden llegar caminando, y de otra parte, tener que hacer un gasto que por su
misma condición de “pobreza extrema” no pueden realizar, haciéndoles más
gravosa y onerosa su situación, sin el menor grado de humanidad no
sensibilidad humana, condenándolos a su confinamiento o a migrar a nuevo sitio
para residir, primero que no tiene, y segundo, apartarse de un lugar que
tradicionalmente han habitado desde tiempo inmemorables donde tienen su
arraigo, atentando contra el rompimiento de las costumbres y cultura de nuestro
pueblos indígenas (…)
“(…) cabe concluir, que el Ejército Nacional no le
perjudica absolutamente en nada, permitir y/o facilitar el paso de los miembros
de las comunidades indígenas La Playa y La Milagrosa, pues los miembros del
Ejército son respetados y valorados (…)”[72].
(Énfasis de la Sala)
Por su parte, la Personería de Leticia advirtió que “Igualmente
es importante aclarar que la única vía habilitada para el paso peatonal y de
motocicletas para llegar a la comunidad de La Playa, es la prolongación de la
calle 15, sin que exista otra opción alterna de acceso que quiera habilitar la
entidad demandada”.[73]
Igualmente, en la inspección judicial se pudo
evidenciar que en época de lluvias, ambas opciones de vía para acceder al
territorio de la comunidad se ven perjudicadas por el aumento del nivel del
río, por ende, los indígenas necesitan embarcaciones para llegar a su
territorio. No obstante, quedó claro que la temporada de lluvias ocurre sólo
los primeros 5 meses del año, y los problemas vienen en la temporada seca –en
los 7 meses restantes -, en la que los indígenas pueden pasar a su territorio
por la prolongación de la calle 15 a una distancia razonable y en motocicletas
que les pertenecen, sin costo adicional, mientras que para transitar por la
otra vía, la de la calle 13, necesariamente, en cualquier época del año, deben
tomar embarcaciones para llegar a su territorio[74]. Por esta razón, la
comunidad indígena ha utilizado tradicionalmente el otro camino por más de 30
años; la Sala no encuentra argumentos suficientes para obligarlos a cambiar su
costumbre, que además es la más adecuada a sus necesidades.
2.4.3.4.
La Sala advierte
en este punto, que no es un mero capricho de la comunidad indígena el pretender
transitar con motocicletas hasta su resguardo, toda vez que es gracias a este
medio de transporte que pueden cargar alimentos, utensilios, medicamentos ,y en
ocasiones, a sus enfermos al hospital de Leticia, con el fin de que puedan ser
atendidos oportunamente[75].
Esto fue confirmado por la Defensoría del Pueblo, la cual señaló en su informe:
“Así las cosas, es necesario advertir, que desde el punto de ingreso de la
calle 11 con carrera 15, inicio de la servidumbre, hasta el sector de
asentamiento de la comunidad “La Playa” existe una distancia de más de 1.500
metros (…) los cuales deben recorrer a pie, la gran mayoría de los moradores
residentes de dichas comunidades, Hombres, Mujeres, Niños, Niñas, personas de
la tercera edad, los cuales generalmente van cargados con sus provisiones,
tales como elementos de aseo, remesa, gasolina para sus estufas, etc. Este
camino sirve a la comunidad para ir a trabajar, llevar los niños al Colegio,
asistir al servicio de salud y urgencias que se presentan en cualquier momento
del día o de la noche, teniendo en cuenta que el único Hospital se encuentra en
la ciudad de Leticia”.
Sobre esta necesidad, la accionante agregó en el
interrogatorio de parte que: “(…) ese cierre ha sido un impedimento muy
grande porque la gente viene a vender sus productos como los burritos, al
hombro, y luego regresarse con el mercado que llevan de aquí para la casa, el
azúcar, el arroz. Es muy importante el uso de motocicletas, en caso de una
urgencia, tengo abuelitos que ya no pueden caminar y en la comunidad hay
personas muy solidarias que tiene (sic) la moto y los traen hasta la entrada,
porque de allí para acá el soldado que está con fusil no lo deja pasar”[76].También
mencionó que otra de las consecuencias más graves es el obstáculo que se genera
para acceder a los servicios de salud de urgencia, pues se presentó un caso de
un señor de la tercera edad que murió en la comunidad y sólo pudieron sacarlo
hasta la ciudad, alzado y tapado con sábanas. Relató que en otro caso de un señor
que fue mordido por una culebra, debido a que no dejaron entrar motocicletas,
tuvo que ser sacado en brazos de otras personas y cuando llegó al hospital,
había fallecido[77].
En palabras expresadas por la actora
durante la diligencia: “Al privatizarnos la entrada nos dolió mucho que por
falta de voluntad de un militar en el retén no dejo (sic) pasar un abuelito de
86 años, para la comunidad de La Playa porque él llevaba un bulto de mercado en
la espalda y el soldado le dijo que no porque él iba en mototaxi, yo estaba ahí
cuando el abuelo le pedía muy encarecidamente déme entrar, porque ese sentía
cansado, el militar dijo que eran ordenes (sic) de su superior no dejar pasar a
nadie y el abuelo muy respetuosamente cobijo (sic) el bulto como de 30 kilos en
la espalda íbamos entrado cuando mire (sic) que empezó a comportar como una gallina
por falta de respiración, llego (sic) casi a la mitad de la comunidad muy
cansado, allá unas muchachas el ayudaron a llevar el bulo, lo dejaron en la
casa, cuando llegamos a visitarlo ya estaba muerto, para sacarlo de la
comunidad fue otro problema tampoco dejaron que sus nietos entraras en su moto
(…)” “Tengo otro caso de un señor que le mordió una culebra, fue un señor que
estaba trabajando en pleno sol, pleno verano, que para mí no había porque negar
que una moto entrara hasta allá, nuevamente trajeron al señor cargándolo hasta
la entrada de la calle 15, lo trajeron al hospital y falleció”.
En el mismo sentido, la Personería señaló que: “estos
hechos ha (sic) generado no solo molestia sino un perjuicio a los moradores de
estas comunidades porque estos deben caminar un trayecto aproximado de 1.200 a
4.700 Mts entre la primera y segunda comunidad, situación que humanamente
impide sacar de forma inmediata a un enfermo de gravedad a un centro de salud”.
Sobre esta situación, la Sala desea recordar que la
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que  “una comunidad
indígena que no tenga a su disposición los recursos básicos para realizar sus
derechos constitucionales fundamentales a la salud, a la vivienda digna, a la
educación, a disponer de agua potable, no está recibiendo un trato digno y se
está desconociendo el derecho constitucional fundamental de la colectividad. Es
más, corre el riesgo de sufrir una discriminación injustificada por pertenencia
a una cultura determinada cuando las posibilidades de hacer efectivos sus
derechos constitucionales fundamentales se contrastan con las que tienen otros
sectores de la población”[78].
De manera que no permitirles transportar a su territorio los elementos que
necesitan de manera diaria, puede generar una desintegración de la comunidad,
porque al ver las difíciles condiciones de tránsito –ingreso y salida-, se
verán en la obligación de dejar su territorio ancestral para estar cerca a la ciudad.
En suma, para la Sala Séptima de Revisión
resulta acreditado que la pretensión de la comunidad indígena de permitir el
tránsito de motocicletas hasta su territorio, no es un gusto aislado, sino una
necesidad para satisfacer las necesidades básicas de su población.
2.4.4.  Conclusión y órdenes
2.4.4.1.
En síntesis, no existe claridad sobre la naturaleza del predio sobre el cual atraviesa el
camino por el que transita la comunidad indígena para entrar y salir a su
territorio, pues a pesar de
que las autoridades locales afirman, con base en la Carta Catastral de la
cabecera municipal del Instituto Agustín Codazzi (1987) y en lo contemplado en
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (2002), que el camino en
controversia hace parte de los bienes de uso público por ser una proyección de
la calle 15, también existen escrituras públicas anteriores de los predios
sobre los que atraviesa tal prolongación que sugieren la propiedad del Ejército
Nacional[79]
-sin embargo, el contenido de estos últimos documentos no ofrece claridad
exacta sobre la delimitación de la propiedad del Ejército, en particular, en
relación con el camino materia de controversia-. Debido a esta falta de
claridad y al derecho de propiedad que reclama el Ejército, la Brigada de Selva No. 26 ha restringido el paso de
la comunidad de acuerdo a sus intereses; no obstante, el Comandante de la Brigada conoce la existencia del Plan
de Ordenamiento Territorial del municipio y el proyecto de extensión de la
calle 15 por el sendero materia de controversia.
No es competencia del juez de tutela
solucionar este tipo de controversias, es decir, definir quién es el
propietario del terreno por donde cruza el sendero. Sin embargo, la Sala
resalta que es una obligación del municipio de Leticia iniciar las acciones y
gestiones necesarias para determinar la naturaleza del predio, en particular si
es o no un bien fiscal o un bien de uso público, teniendo en cuenta que el Plan
de Ordenamiento Territorial contiene el proyecto de ampliación de la calle 15
por el camino alrededor del cual gira la controversia y es su deber dar
cumplimiento a dicha norma. De esa forma, le corresponde a la Alcaldía de
Leticia, conforme el artículo 82, inciso 1º, de la Constitución Política[80],
llevar a cabo las gestiones necesarias para esclarecer la naturaleza del área
por donde la comunidad indígena ha transitado y, posteriormente, para dar
cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial, específicamente el proyecto
de  prolongación de la calle 15 y su consecuente adecuación para que sea
transitable sin ninguna clase de riesgo por la comunidad indígena tutelante y
por el resto de la comunidad de Leticia.
No obstante, para la Sala la anterior
dificultad no desvirtúa la vulneración de los derechos fundamentales de la
comunidad indígena relacionados con el acceso y salida de su territorio, pues,
independientemente de la naturaleza del predio y las definiciones que resulten
del proceso administrativo y/o judicial que deberá iniciar el municipio de
Leticia, la Sala encuentra que la
restricción impuesta por la Brigada de Selva No. 26 del Ejército Nacional de
prohibir el tránsito de motocicletas por el camino tradicional de la comunidad
indígena, vulnera su derecho fundamental a la circulación y residencia,
principalmente, y como consecuencia de ello, los sitúa en una situación
vulnerable al obligarlos a caminar a pie con el transporte de sus alimentos y
productos que comercializan, y pone en riesgo su derecho a la salud por no
contar con transporte adecuado para que sus enfermos puedan llegar
oportunamente al hospital de Leticia.
Igualmente, las razones que invocó la
parte demandada para restringir el paso de las motocicletas son infundadas,
dado que, de un lado, no existe ningún riesgo o peligro para la comunidad, como
lo determinó la Defensoría del Pueblo, y de otro, no hay otra vía de acceso tan
idónea como el sendero de la controversia, el cual además a lo largo de más de
30 años la comunidad indígena ha utilizado para ingresar a su territorio. Obligar
a los indígenas a emplear otro camino, dada su precaria situación económica
para sufragar transporte fluvial, es someterlos a una carga desproporcionada
que agrava su situación de vulnerabilidad.
2.4.4.2.
En este orden de
ideas, la Sala Séptima de Revisión revocará el fallo de única instancia y, en
su lugar, concederá el amparo solicitado por la comunidad indígena La Playa del
municipio de Leticia. En consecuencia, ordenará lo siguiente:
En primer lugar,  para la Sala es necesario que la
Brigada de Selva No. 26 permita el tránsito peatonal y de motocicletas de los
miembros de la comunidad sin ningún impedimento.
En segundo lugar, el municipio deberá iniciar, en un
término no mayor a dos (2) meses - dada la eventual complejidad de los estudios
de los títulos y documentos -, los trámites y gestiones necesarias para
determinar la naturaleza y propiedad del terreno donde se ubica el sendero
materia de controversia. Una vez aclarada la naturaleza del área conforme el
trámite administrativo o judicial establecido para este fin y que deberá
promover el municipio, si se trata de un bien fiscal y mientras el municipio de
Leticia adopta las medidas necesarias para dar cumplimiento a su Plan de Ordenamiento
Territorial, la Brigada deberá, en virtud del principio de solidaridad y de la
función social de la propiedad privada –como se expuso en las consideraciones
de esta providencia-, constituir una servidumbre de tránsito a favor de la
comunidad indígena. Si se determina que se trata de un bien de uso público, la
Brigada deberá permitir de inmediato el tránsito de toda la comunidad y la
Alcaldía deberá proceder a adecuar el camino para facilitar el tránsito de los
tutelantes.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra
razonable que mientras se determina la naturaleza del área y se da cumplimiento
al Plan de Ordenamiento Territorial, el Ejército Nacional pueda adoptar ciertas
medidas de seguridad para controlar la entrada y salida por el área, como ubicar
centinelas o censar a los miembros de las comunidades indígenas e identificar
las motocicletas que pasarán por el camino en servicio de los indígenas que se
asientan en “La Playa”. Estas medidas además podrán servir a la comunidad para que no sufran
ninguna clase de riesgos al transitar por el sendero. Cabe advertir que cualquiera de las medidas que se
adopten, deberá ser consultada y acordada con los miembros del pueblo
indígena, y deberán sujetarse al principio de proporcionalidad y atender a la
situación de vulnerabilidad de la comunidad indígena.
En tercer lugar, como quedó probado que
el camino que utilizan y que ha sido restringido, tampoco es un camino
totalmente idóneo para llegar a su territorio, pues presenta caminos frágiles
por estar tan cerca de la playa, la Alcaldía deberá tomar, en colaboración con
la Brigada de Selva No. 26, las medidas necesarias para adecuar el camino para
acceder a su territorio colectivo. Lo anterior, con el fin de que mientras se
adelantan los procesos respectivos, los miembros de la comunidad puedan
transitar de forma peatonal o con motocicletas sin tener el riesgo de algún
deslizamiento u otra eventualidad que pueda presentar el terreno y les genere un
riesgo a su integridad.
En cuarto lugar, se ordenará que la Defensoría del
Pueblo Regional del Amazonas y la Personería de Leticia, acompañen y vigilen,
respectivamente, el cumplimiento de las anteriores órdenes para evitar que se
sigan imponiendo restricciones arbitrarias a la comunidad indígena para acceder
y salir de su territorio.
Finalmente, advertirá al Ministerio de Defensa para
que colabore conjuntamente con la Alcaldía en el proceso administrativo
respectivo.
3.       DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el primero (1º) de octubre de 2012
por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Leticia, Amazonas, en cuanto
denegó el amparo. En su lugar, CONCEDER la protección al derecho
fundamental a la libre circulación de la comunidad indígena La Playa del
municipio de Leticia.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Alcaldía de Leticia, Amazonas, que en el término a más tardar de dos (2)
meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, inicie las gestiones administrativas y/o
judiciales necesarias para esclarecer la naturaleza del área sobre la que se
encuentra el camino y dar cumplimiento al proyecto de extensión de la calle 15
de conformidad con su Plan de Ordenamiento Territorial. Durante el desarrollo
de las gestiones mencionadas, la Brigada de Selva No. 26, podrá tomar las
medidas de seguridad necesarias para controlar el paso por los predios,
de forma proporcionada y consulta con la comunidad tutelante, de conformidad
con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.
TERCERO.- ORDENAR a la Alcaldía de Leticia que en el término de un
(1) mes contado a partir de la notificación de esta providencia, tome las
medidas que considere necesarias para adecuar el sendero materia de
controversia, de forma tal que sea transitable sin ninguna clase de riesgo por
la comunidad indígena tutelante, mientras se adelantan los trámites
correspondientes al esclarecimiento de la naturaleza del área sobre la cual
atraviesa el sendero y se da cumplimiento al Plan de Ordenamiento
Territorial.
CUARTO.- ORDENAR a la Brigada de Selva No. 26 de Leticia, Ejército
Nacional, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta sentencia, permita el tránsito terrestre peatonal y de las motocicletas de
la comunidad indígena La Playa, de manera permanente y sin ningún impedimento,
hasta tanto la Alcaldía de Leticia aclare la naturaleza jurídica del área y
adopte las medidas para dar cumplimiento al proyecto de ampliación de la calle
15 contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial. Durante ese tiempo, la Brigada
de Selva No. 26 de
Leticia, Ejército Nacional
podrá tomar las medidas de seguridad que considere necesarias, como realizar
censos o ubicar centinelas en el camino, de forma consulta con la comunidad y
atendiendo a su situación de vulnerabilidad, conforme lo indicado en esta
providencia.
QUINTO.- Por lo anterior, ADVERTIR al Ministerio de Defensa y la
Brigada de Selva No. 26 del Ejército Nacional que conforme a lo ordenado en
la presente providencia, presten la colaboración necesaria a las autoridades
locales involucradas con el fin de hacer efectivas las órdenes contenidas en
esta providencia.
SEXTO.- ORDENAR
a
la Defensoría del Pueblo que en ejercicio de las funciones que le asigna
el artículo 282 de la Constitución, asesore y acompañe a la comunidad indígena
La Playa del municipio de Leticia durante el cumplimiento de las anteriores
órdenes.
SÉPTIMO.- ORDENAR
a
la Personería de Leticia para que acompañe y vigile el cumplimiento de
las anteriores órdenes.
OCTAVO.- ADVERTIR al Ministerio de Defensa, que con el fin de aclarar la naturaleza del área que
colinda con la calle 15 y la carrera 11 sobre la cual custodia la Brigada de
Selva No. 26 de Leticia, Amazonas, y dar cumplimiento a las órdenes emitidas en
este fallo, debe trabajar de manera armónica con la Alcaldía municipal y demás
autoridades locales de la misma ciudad.
NOVENO.- Líbrense por Secretaría las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA T-202/13
DERECHO A LA LIBRE CIRCULACION Y
RESIDENCIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Acceso a territorio indígena para garantizar derechos
fundamentales de comunidad, sin tener en cuenta que vía de acceso pertenece a
bien público o bien fiscal propiedad del
Ejército (Salvamento parcial de voto)
Limitar la apertura de la vía hasta que
se decida sobre la naturaleza del bien desconoce que la misma Sala admitió que,
sin importar si se trata de un bien público o un bien fiscal propiedad del
Ejército, es preciso abrir la vía para frenar la vulneración del derecho al
territorio y a la subsistencia de la comunidad indígena. Bajo este presupuesto,
la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad implica que, aún si
se concluye que el camino hace parte del terreno propiedad de la Brigada de
Selva del Ejército Nacional, éste debe permanecer abierto para permitir el
tránsito de las personas y los alimentos a pie y en bicicleta. Esto obedece, como
lo reiteró la Sala, a que el derecho a usar este camino no depende de la
naturaleza del bien sino de la necesidad de contar con él para acceder al
territorio de la comunidad indígena sin ser sometido a condiciones
excesivamente gravosas, como las ofrecidas por la vía alterna.
Con respeto por las decisiones de la Corte,
a continuación expongo las razones que me llevaron a apartarme parcialmente de
la decisión tomada por la Sala en el presente caso:
1.
Desde hace más de 30
años, la comunidad del resguardo indígena de La Playa en el Amazonas emplea
una ruta que cruza en medio de dos predios propiedad del Ejército Nacional, con
el fin de acceder al territorio de la comunidad y transportar a pie o en
motocicleta a miembros de la comunidad, víveres y alimentos para la venta. Sin
embargo, las fuerzas militares decidieron cerrar parcialmente esta vía
instalando controles físicos y personal armado que solo permitían el paso a
pie. Fundaron su decisión en la escritura pública según la cual el camino está
ubicado en un bien propiedad del Ejército, aun cuando la Alcaldía considera que
se trata de un bien público en el que se proyecta una obra de infraestructura
vial. En cualquier caso, la única vía alterna para entrar al territorio de la
comunidad de La Playa queda a mayor distancia que el camino cerrado y exige el
paso fluvial durante todos los meses del año, por lo que los integrantes que no
cuentan con recursos económicos para pagar el transporte en el río no pueden
usarla.
2.
De forma acertada, la
Sala concluyó que el cierre parcial del camino por parte de la autoridad
accionada vulneró los derechos a la libre circulación y residencia de los
miembros de la comunidad de La Playa. Las premisas que planteó para llegar a
esta conclusión fueron las siguientes: (i) Que el derecho al territorio de las
comunidades indígenas incluye la garantía para acceder a él de forma permanente
y a otros espacios donde la comunidad desarrolla sus actividades tradicionales;
(ii) que el acceso a esta vía no presenta ningún riesgo para la seguridad
pública y que, por el contrario, el cierre es excesivamente gravoso para la
vida y la subsistencia de los miembros de la comunidad de La Playa. Atendiendo
a esta situación de vulneración de derechos, señaló (iii) que la falta de
claridad sobre la propiedad no puede ser obstáculo para que se ordene la
reapertura de la vía y se garanticen los derechos de la comunidad.
3.
Pese al adecuado
desarrollo de estas premisas, la mayoría adoptó dos órdenes en la parte resolutiva
que, en mi concepto, desconocen plenamente la protección que se concedió en la
parte motiva de la sentencia: por un lado, la decisión limitó la orden dada a
la Brigada de reabrir la vía hasta el momento en que se decida sobre la
naturaleza del bien por el que cruza el camino; y, por otro lado, facultó a la
Brigada a realizar controles en el camino tales como el censo de los miembros
de la comunidad.
4.
Limitar la apertura
de la vía hasta que se decida sobre la naturaleza del bien desconoce que la misma
Sala admitió que, sin importar si se trata de un bien público o un bien fiscal
propiedad del Ejército, es preciso abrir la vía para frenar la vulneración del
derecho al territorio y a la subsistencia de la comunidad indígena. Bajo este
presupuesto, la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad implica
que, aún si se concluye que el camino hace parte del terreno propiedad de la
Brigada de Selva del Ejército Nacional, éste debe permanecer abierto para
permitir el tránsito de las personas y los alimentos a pie y en bicicleta. Esto
obedece, como lo reiteró la Sala, a que el derecho a usar este camino no
depende de la naturaleza del bien sino de la necesidad de contar con él para
acceder al territorio de la comunidad indígena sin ser sometido a condiciones
excesivamente gravosas, como las ofrecidas por la vía alterna.
Tal como fue aprobada la sentencia, si la
Alcaldía comprueba que el camino no es un bien público, la comunidad se verá
sometida nuevamente al cierre de la vía. Pero, aún más, si el magistrado
ponente podía concluir con base en las pruebas puestas a su disposición que el
camino era un bien público, como parece sugerirlo la parte resolutiva, entonces
así debió declararlo en la sentencia para garantizar de manera definitiva los
derechos de la comunidad.
Por esta razón, no estoy de acuerdo con
la expresión del numeral cuarto del resuelve según el cual la obligación de la
Brigada “hasta tanto la Alcaldía
de Leticia aclare la naturaleza jurídica del área y adopte las medidas para dar
cumplimiento al proyecto de ampliación de la calle 15 contemplado en el Plan de
Ordenamiento Territorial”.
5.     Además, en el mismo numeral cuarto de la
parte resolutiva la mayoría consideró que mientras se aclaraba la naturaleza
jurídica del área, la Brigada debía ser facultada para “tomar las medidas de seguridad que
considere necesarias, como realizar censos o ubicar centinelas en el camino, de
forma consulta con la comunidad y atendiendo a su situación de vulnerabilidad,
conforme lo indicado en esta providencia”. A mi juicio, esta orden es sumamente inconveniente. Primero,
porque la Sala constató que no había problemas de seguridad pública en la vía
que ameriten un tipo de control como este. Entonces los controles que autoriza
carecen de justificación fáctica. Segundo, porque la realización de censos por
parte de las fuerzas militares a las comunidades indígenas sin que se prueba la
necesidad e idoneidad de esta medida desbalancea desproporcionadamente los
derechos en tensión. Concede una exagerada primacía a la seguridad pública sin
que ella se encuentre en peligro y, al tiempo, restringe innecesariamente los
derechos a la libre circulación de los ciudadanos por esa vía, el derecho a la
libre determinación de la comunidad -pues es ella y no el Ejército quien puede
tomar decisiones en relación con quiénes y de qué modo se accede a su
territorio-, y pone en peligro derechos como la intimidad y la libre
locomoción.
6.     De este
modo, pese a que en la parte motiva la Sala concedió el amparo de los derechos
invocados por la demandante, encuentro que en la parte resolutiva terminó
restringiendo injustificadamente el alcance de ese derecho y de su protección.
Con ello, dejó a la comunidad indígena de La Playa sometido a una situación de
incertidumbre bastante similar a la que se presentaba antes del pronunciamiento
de la Corte Constitucional.
Por estas razones, me aparto parcialmente de la
decisión adoptada por esta Sala.
Fecha ut supra.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Folios 4 y 5, tercer cuaderno.
[2] Folios 6-9, tercer cuaderno.
[3] Folios 11-13, tercer cuaderno.
[4] Folios 14-17, tercer cuaderno.
[5] Folio 31, tercer cuaderno.
[6] Folios 32-34, tercer cuaderno.
[7] Folios 35 y 36, tercer cuaderno.
[8] Aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
[9] Incorporado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
[10] Corte IDH. Caso Ricardo
Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2004. Serie C No. 111.
[11] Corte IDH. Caso de la
Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124; Corte IDH. Caso de la
Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie
C No. 134; Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia
de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148; Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos
Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211; Corte IDH. Caso Chitay
Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212; Corte IDH. Caso
Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250; Corte IDH. Caso
Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252; Corte IDH. Caso
Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala. Fondo
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 253 y
Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones
Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012 Serie
C No. 259.
[12] Corte IDH. Caso Valle
Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de noviembre de 2008. Serie C No. 192; Corte IDH. Caso Fleury y otros Vs.
Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No.
23; Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012
Serie C No. 248
[13] Corte IDH. Caso Nadege
Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251
[14] Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs.
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004.
Serie C No. 111. Párr. 125.
[15] Ibidem, párr. 133.
[16]Cfr. Caso Ricardo Canese.
Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 115; O.N.U., Comité
de Derechos Humanos, Comentario general no. 27 de 2 de noviembre de 1999.
[17] Corte IDH. Caso de la
Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124. Párrafo 110.
[18] Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de
junio de 2005. Serie C No. 124, párrs. 119 y 120; Caso de las Masacres de
Ituango, supra nota 21, párr. 210, y Caso de la “Masacre de Mapiripán”,
supra nota 21, párr. 170.
[19] Corte IDH. Caso Valle
Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párrafo 139.
[20] Cfr. T-224 de 1992 M.P.Ciro Angarita Barón
[21] Ver sentencia T-224 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón.
[22] Criterio posteriormente reiterado en la sentencia T-532 de 1992
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[23] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[24] Con base en las consideraciones transcritas, la Corte
confirmó los fallos de instancia, en el sentido en que declaró la procedencia
de la acción de tutela por existir otros medios de defensa judicial, como la
acción de nulidad contra el acto administrativo que emitió el Departamento
Administrativo de Planeación.
[25] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[26] Ver en ese sentido, entre otras, sentencias T-150 de 1995 M.P.
Alejandro Martínez Caballero, T-438 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-110
de 2000 M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-046 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis
y T-301 de 2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
[27] Ver Sentencia
T-1117 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En la sentencia C-530 de 1993
se reconoció que es razonable a la luz de la Constitución la limitación de los
derechos a la libre circulación de los ciudadanos colombianos y extranjeros en
general, para ingresar a San Andrés, Islas, también señaló con relación a los
funcionarios nacionales que la función de la OCCRE es de registro, no de
control. T-725 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[28] Ver sentencia T-031 de 2002 M.P. Jaime Córdoba
Triviño. La Corte afirmó que la restricción del derecho a la circulación del
transporte público no vulnera el derecho fundamental a la libre circulación y
residencia pues la restricción no se dirige a las personas naturales per se y
en nada se opone a que aquellos ejerzan tal derecho movilizándose en otros
medios de transporte. En el mismo sentido, en la sentencia T-117 de 2003 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández, también se analizó la restricción de circulación a
vehículos particulares denominada “pico y placa” en la ciudad de Bogotá, pero
enfocada a personas en condiciones de discapacidad que necesitaban, durante el
horario de restricción, acudir a tratamientos médicos. En este ocasión, la
Corte concedió el amparo pues consideró que la restricción, en el caso de la
población en condiciones de discapacidad resultaba desproporcionada. También la
sentencia T-318 de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[29] Ver sentencia T-908 de 2010 M.P. Mauricio González Cuervo, entre
otras.
[30] Ver sentencia C-292 de 2008 M.P. Mauricio González
Cuervo. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 821 del Decreto 624
de 1989, el cual consagra la posibilidad de impedir la salida del país de los
extranjeros que hayan obtenido ingresos de fuente nacional mientras no cancelan
el valor de los impuestos. La Corte lo declaró inexequible, puesto que
consideró dudosa la
proporcionalidad de la restricción, en el sentido de que existían otras formas
de hacer efectivo el recaudo de las obligaciones fiscales de los extranjeros no
residentes lo que hacía que la disposición acusada dejara de ser razonable, en
tanto que al ponderarse con las libertades ciudadanas que estaban en juego y
que se encontraban protegidas por los tratados de derechos humanos suscritos
por Colombia, resultaba desproporcionada y, por tanto, inconstitucional.
[31] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[33] M.P. Mauricio González Cuervo.
[34] Ver el artículo 905 del Código Civil: “Si un
predio se halla destituido de comunicación con el camino público, por la
interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho para
imponer a los otros la servidumbre de tránsito en cuanto fuere indispensable
para el uso y beneficio de su predio, pagando el valor del terreno necesario
para la servidumbre, y resarciendo todo otro perjuicio”. Estudiado por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-544 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[35] Escrito allegado en sede de Revisión a la Corte Constitucional el 1
de marzo de 2013 por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
[36] Escrito allegado por la Asesora Dirección de Asuntos Indígenas ROM
y Minorías del Ministerio del Interior, quien anexó copia de ambas
Resoluciones. También el Incoder allegó los documentos respectivos.
[37] Esto fue afirmado por la representante de la comunidad indígena en
la inspección judicial.
[38] Dentro del expediente de revisión se encuentra una carta con fecha
del 20 de octubre de 2005 del Concejal de Leticia, el señor Álvaro Fernández
Yoldi, solicitando al Comandante de la Brigada de aquélla época no restringir
el paso por la prolongación de la calle 15 debido a que eso no es parte de los
predios del Ejército Nacional, y anexa escrituras públicas que señalan que los
linderos van “hasta la calle 15”. Folios 6 al 17.
[39]Esto
fue corroborado por el escrito de contestación de la tutela en el que el
Comandante de la Brigada señaló que se han recibido por parte de la comunidad
solicitudes respetuosas las cuales han sido valoradas cada una según si es
procedente acceder o no a la solicitud.
[40] La accionante es la representante legal del cabildo indígena La
Playa, cargo que es confirmado por la asesora de la Dirección de Asuntos
Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior. Escrito allegado el 20 de
febrero de 2013 a la Secretaría de la Corte Constitucional.
[41] Resolución No. 009 del 5 de mayo de 1999 “Por la cual
se confiere carácter legal de resguardo a favor de las Comunidades Indígenas
Ticuna y Cocama de La Playa, a un globo de terreno baldío, localizado en
jurisdicción del municipio de Leticia, en el departamento del Amazonas” y
Resolución No. 020 del 28 de junio de 2001 “Por la cual se amplía el Resguardo
Indígena Ticuna y Cocama de La Playa constituido mediante la Resolución 09 del
5 de mayo de 1999, localizado en jurisdicción del municipio de Leticia, en el
departamento del Amazonas, con un terreno baldío y se legaliza una mejora
perteneciente al Fondo Nacional Agrario”. Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural –Incoder-. Escrito allegado a la Secretaría de la Corte Constitucional el
7 de marzo de 2013.
[42] Hecho expuesto por la parte demandada y corroborado por la Alcaldía
de Leticia mediante escrito allegado a esta Corporación en sede de revisión.
[43] Dispone en la escritura que: “(…) y distancia de 74 mts hasta la
calle 15 y de este punto y distancia de 137 mts hasta la carrera 2 hoy 11
prolongación de la avenida libertador y de este punto hasta el monumento a la
virgen por la misma carrera 2 (hoy 11) distancia de 110 mts y de este punto
hasta la carretera al aeropuerto distancia de 136 mts de la esquina de la calle
15 (…)”.
[44] Escrito de la Alcaldía de Leticia, Amazonas, allegado a la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 27 de febrero de 2013. Carta
Catastral Urbana, Cabecera Municipal emitida por el Instituto Agustín Codazzi,
folios 70 y 89 del cuaderno de revisión.
[45] Escrito de la Alcaldía allegado en sede de Revisión el 27 de
febrero de 2013. La Personería de Leticia también señaló en su escrito allegado
a esta Corporación que la prolongación de la calle 15 se encuentra contemplado
en el Plan  Básico de Ordenamiento Territorial desde el 14 de noviembre de
2002.
[46] Cabe aclarar que el despacho comisorio no levantó un acta escrita
de la visita, pero la Defensoría del Pueblo allegó el acta desde su
intervención.
[47] Distancia corroborada por ambas partes durante la diligencia y por
la Defensoría del Pueblo.
[48] En palabras  expresadas por la actora durante la diligencia: “Al
privatizarnos la entrada nos dolió mucho que por falta de voluntad de un
militar en el retén no dejo (sic) pasar un abuelito de 86 años, para la
comunidad de La Playa porque él llevaba un bulto de mercado en la espalda y el
soldado le dijo que no porque él iba en mototaxi, yo estaba ahí cuando el
abuelo le pedía muy encarecidamente déme entrar, porque ese sentía cansado, el
militar dijo que eran ordenes (sic) de su superior no dejar pasar a nadie y el
abuelo muy respetuosamente cobijo (sic) el bulto como de 30 kilos en la espalda
íbamos entrado cuando mire (sic) que empezó a comportar como una gallina por
falta de respiración, llego (sic) casi a la mitad de la comunidad muy cansado,
allá unas muchachas el ayudaron a llevar el bulto, lo dejaron en la casa,
cuando llegamos a visitarlo ya estaba muerto, para sacarlo de la comunidad fue
otro problema tampoco dejaron que sus nietos entraras en su moto (…)” “Tengo
otro caso de un señor que le mordió una culebra, fue un señor que estaba
trabajando en pleno sol, pleno verano, que para mí no había porque negar que
una moto entrara hasta allá, nuevamente trajeron al señor cargándolo hasta la
entrada de la calle 15, lo trajeron al hospital y falleció”.
[49] Autoridad política de la comunidad indígena. La Dirección de
Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior, allegó constancia
en la que acredita que la accionante es representante legal de la comunidad
indígena La Playa en el municipio de Leticia, Amazonas.
[50] Cuaderno 3, folio 4.
[51] Ver sentencia T-416 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández. “(…) la
legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal
de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En la medida
que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la
entidad accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la
vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello. Cfr.
sentencias T-1015/06. MP. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de 2011 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[52] Ver, sentencia T-196 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.
[53] En el interrogatorio de parte realizado en el
despacho comisorio ordenado por la Sala de Revisión, la accionante manifestó
que otra de las consecuencias más graves por la restricción de circulación
impuesta, es el acceso a los servicios de salud de urgencia, pues se presentó
un caso de un señor de la tercera edad que murió en la comunidad y sólo
pudieron sacarlo hasta la ciudad, alzado y tapado con sábanas, porque no fue
permitida la entrada de motocicletas para recoger al cuerpo. Además, se
presentó otro caso de un señor que fue mordido por una culebra y, debido a que
no dejaron entrar motocicletas, el señor tuvo que ser sacado en brazos de otras
personas pero cuando llegó al hospital había fallecido.
[54] Afirmación que es confirmada por la misma entidad demandada en su
escrito de contestación. Ver cuaderno 3, folio 24. Además, entidades como la
Personería de Leticia y la Defensoría del Pueblo confirman la existencia de
varias actuaciones por parte de los accionantes sin obtener ninguna respuesta.
[55] Cfr. Sentencia T-191 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[56] Cfr. Sentencia T-076 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57] En el interrogatorio de parte realizado en el despacho comisorio
ordenado por la Sala de Revisión, la accionante manifestó que otra de las
consecuencias más graves por la restricción de circulación impuesta, es el
acceso a los servicios de salud de urgencia, pues se presentó un caso de un
señor de la tercera edad que murió en la comunidad y sólo pudieron sacarlo
hasta la ciudad, alzado y tapado con sábanas, porque no fue permitida la
entrada de motocicletas para recoger al cuerpo. Además, se presentó otro caso
de un señor que fue mordido por una culebra y, debido a que no dejaron entrar
motocicletas, el señor tuvo que ser sacado en brazos de otras personas pero
cuando llegó al hospital había fallecido.
[58] La Personería municipal también advirtió que era la única opción
idónea acorde con los intereses de la comunidad.
[59] Esto además fue corroborado por la comunidad indígena en el
interrogatorio de parte quienes señalaron que : “No existe otra opción de
tránsito (…) para la comunidad en general no existe otra porque la calle 15 ha
sido toda la vida, y para nosotros es difícil transportarnos por río, porque
nos tocaría cruzar en tiempo de verano casi o por el lado del Perú, que es
Rodiña, porque el frente de la comunidad sale una inmensa playa y por el lado
de los lagos es una quebrada que queda seca, entonces para mi no es viable la
opción que supuestamente el comandante de turno dice saber”.
[60] Ver sentencias SU-383 de 2003 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-921 de
2007 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-433 de 2011 M.P. Mauricio González
Cuervo, entre otras.
[61] En el interrogatorio de parte realizado durante la inspección
judicial, la accionante afirmó que su comunidad utilizaba desde el año 1964 el
paso de la calle 15 entre los predios del Ejército Nacional para acceder a su
territorio.
[62] La inspección judicial demuestra las condiciones del camino y se
acredita que mide de ancho 14 metros.
[63] Carta Catastral de la cabecera municipal de Leticia emitida por el
Instituto Agustín Codazzi, allegada a la Corte Constitucional por la Personería
de Leticia.
[64] Allegada por la Alcaldía de Leticia y por
la Defensoría del Pueblo.
[65] Alcaldía de Leticia, Amazonas. Escrito allegado a la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 27 de febrero de 2013.
[66] Personería de Leticia, escrito allegado a la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 8 de marzo de 2013.
[67] La Brigada de Selva No. 26 del Ejército Nacional alegó en el
escrito de tutela que no era cierto que se tratara de un espacio público pues
el Ministerio de Defensa contaba con escrituras públicas de 1971  en las que se
corroboraba que se trataba de un predio completo del Ejército Nacional. Anexo a
la contestación Escritura pública No. 116 del 13 de diciembre de 1971 y
certificado de tradición de matrícula inmobiliaria 400-931.
[68] En el escrito de la Alcaldía se mencionan los siguientes documentos
previos: “Mediante Acuerdo Municipal No. 017 del 26 de octubre de 1971, la
Alcaldía de Leticia adjudicó al fondo rotatorio Naval A.R.C., el predio donde a
la fecha se encuentra el Casino de Sub Oficiales del Ejército Nacional,
adjudicación que fue posteriormente protocolizada mediante escritura pública
No. 118 del 14 de diciembre de 1971, documentos donde quedaron establecidos
de manera clara e inequívoca los linderos objeto de adjudicación, incluyendo la
delimitación del lindero norte objeto de la presente controversia”.
Resolución 363 de 2006, en la cual el fondo rotatorio de la Armada Nacional,
transfiere a título gratuito el bien inmueble mencionado al Ejército Nacional,
junto con sus mejoras, construcciones y anexidades descritos en dicha
resolución. (Cuaderno de revisión, fl. 63)
[69] Defensoría del Pueblo, Regional Amazonas. Informe
sobre la inspección judicial allegado al despacho del Magistrado Sustanciador
el 5 de marzo de 2013.
[70] Defensoría del Pueblo, Regional Amazonas. Informe
sobre la inspección judicial allegado al despacho del Magistrado Sustanciador
el 5 de marzo de 2013.
[71] Expresado por el Comandante Delegado en la inspección judicial. Ver
cuaderno 2 de revisión, fl.13.
[72] Defensoría del Pueblo, Regional Amazonas. Informe
sobre la inspección judicial allegado al despacho del Magistrado Sustanciador
el 5 de marzo de 2013.
[73] Personería de Leticia, escrito allegado a la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 8 de marzo de 2013.
[74] “Que en época de invierno, que dura
aproximadamente cinco meses al año, el ingreso a pie se restringe hasta el
lugar que nos pudimos desplazar, por estar lleno de barro e inundado, pero en
época de verano (que son los otros siete meses del año) el brazo del río se
seca casi en su totalidad, convirtiéndose en una inmensa playa transitable, permitiendo
el ingreso terrestre sin mayor dificultad, tanto de a pie como en
motocicletas”. Afirmación de la Defensoría del Pueblo. Corroborada también
en la inspección judicial realizada en el lugar de los hechos.
[75] Defensoría del Pueblo, Regional Amazonas. Informe
sobre la inspección judicial allegado al despacho del Magistrado Sustanciador
el 5 de marzo de 2013. En el mismo sentido, sobre la restricción del paso de
motocicletas, la Personería señaló que: “estos hechos ha (sic) generado no
solo molestia sino un perjuicio a los moradores de estas comunidades porque
estos deben caminar un trayecto aproximado de 1.200 a 4.700 Mts entre la
primera y segunda comunidad, situación que humanamente impide sacra de forma
inmediata a un enfermo de gravedad a un centro de salud”.
[76] Inspección judicial, interrogatorio de parte
realizado a la señora representante de la comunidad indígena La Playa y
accionante, la señora Gloria Janeth Ahuanari.
[77] Inspección judicial, interrogatorio de parte
realizado a la señora representante de la comunidad indígena La Playa y
accionante, la señora Gloria Janeth Ahuanari.
[78] Cfr. Sentencia T-704 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[79] En el escrito de la Alcaldía se mencionan los siguientes documentos
previos: “Mediante Acuerdo Municipal No. 017 del 26 de octubre de 1971, la
Alcaldía de Leticia adjudicó al fondo rotatorio Naval A.R.C., el predio donde a
la fecha se encuentra el Casino de Sub Oficiales del Ejército Nacional,
adjudicación que fue posteriormente protocolizada mediante escritura pública
No. 118 del 14 de diciembre de 1971, documentos donde quedaron establecidos
de manera clara e inequívoca los linderos objeto de adjudicación, incluyendo la
delimitación del lindero norte objeto de la presente controversia”.
Resolución 363 de 2006, en la cual el fondo rotatorio de la Armada Nacional,
transfiere a título gratuito el bien inmueble mencionado al Ejército Nacional,
junto con sus mejoras, construcciones y anexidades descritos en dicha
resolución. (Cuaderno de revisión, fl. 63)
[80] Establece que “es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular”.