C-740-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-740/08
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud
sustantiva de la demanda por incumplimiento de requisitos de claridad, certeza
y pertinencia
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO-Protección
especial de los niños
Los niños han
concentrado la atención de los Estados y de los organismos internacionales, que
han consagrado en diversos instrumentos de Derecho Internacional su protección
especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado, por su falta de
madurez y consiguiente vulnerabilidad o indefensión, la necesidad de
garantizarles un proceso de formación o desarrollo en condiciones adecuadas y
ser quienes representan el futuro de los pueblos. En concordancia con las
normas del Derecho Internacional Público, la Constitución Política colombiana
de 1991 consagró la protección especial de los niños, al disponer en su Art. 44
que son derechos fundamentales de los mismos la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor,
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, y
estableció que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos.
ADOLESCENTE-Protección y formación
integral/ADOLESCENTE-Comprendido en el concepto amplio de niños
La
Constitución Política en el Art. 45 prescribió que el adolescente tiene derecho
a la protección y a la formación integral y que el Estado y la sociedad
garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y
privados que tengan a cargo la protección, educación  y progreso de la
juventud. En relación con la protección constitucional a los adolescentes, la
Corte Constitucional ha considerado que ellos están comprendidos en el concepto
amplio de “niños” de que trata el Art. 44 de la Constitución y por tanto gozan
de protección especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado y son
titulares de los derechos fundamentales en él consagrados, que prevalecen sobre
los derechos de los demás.
NIÑO O NIÑA-Definición/ADOLESCENTE-Definición/NIÑO
Y ADOLESCENTE-Distinción posibilita el diseño y ejecución de planes y
programas para cada grupo
Las definiciones de niño o niña, como la persona entre cero
y los 12 años de edad, y de adolescente, como la persona entre los 12 y los 18
años de edad, no privan a los adolescentes de la protección especial que les
brindan la Constitución colombiana y la Convención sobre los Derechos del Niño,
en armonía con otros instrumentos internacionales, y en cambio son definiciones
necesarias en la regulación legal  sobre la protección de los menores, que
permiten determinar los marcos respectivos para el diseño y la ejecución de los
planes y programas sobre los niños en sentido estricto o restringido y sobre
los adolescentes.
NIÑO Y ADOLESCENTE-Distinción con fines
de participación
La distinción
entre niños y adolescentes no tiene como finalidad otorgar a
éstos últimos
distinta protección, sino otorgarles participación en los organismos públicos y
privados que adopten decisiones que les conciernen, teniendo en cuenta su mayor
grado de desarrollo respecto de los primeros.
EJERCICIO DE PROFESION U OFICIO-Atribución
legislativa de exigir títulos de idoneidad
DEFENSOR DE FAMILIA-Exigencia de título
de posgrado para desempeñar el cargo se armoniza con la protección especial que
se dispensa al niño
De
conformidad con lo previsto en el Art. 26 de la Constitución, la ley puede
exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones y el
legislador goza de la potestad de configuración en la expedición de las leyes
que regulan la función pública, con los límites impuestos por los valores,
principios y derechos constitucionales, de donde resulta completamente válido
que, con fundamento en la protección especial que aquella y tratados
internacionales ratificados por el Estado colombiano dispensan al niño, el
legislador exija una formación calificada para el desempeño del cargo de
Defensor de Familia.
MINISTERIO PUBLICO-Atribución de hacer
recomendaciones en caso de amenaza y violación de los derechos humanos de los
niños, niñas y adolescentes se corresponde con sus propósitos
POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-En
materia de procedimientos administrativos y judiciales/POTESTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites en materia de procedimientos
administrativos y judiciales
CONTROL DE LEGALIDAD-Actos de la
administración pública
CONTROL DE LEGALIDAD-Actos relacionados
con asuntos susceptibles de conciliación ante el defensor o el comisario de
familia o ante el inspector de policía
HOMOLOGACION DE DECISIONES DE DEFENSORES DE FAMILIA-Ampliación de la protección especial de los niños, niñas y
adolescentes/HOMOLOGACION DE DECISIONES DE DEFENSORES DE FAMILIA-Control
judicial de legalidad de decisiones administrativas
CONFLICTOS DE ASISTENCIA Y PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES-Pérdida de competencia de autoridad
administrativa y asignación de competencia al Juez de Familia
Es
constitucionalmente válido que, por razón del interés superior del niño y la
protección especial que le confieren la Constitución colombiana y tratados
internacionales ratificados por el Estado colombiano, se sometan las decisiones
administrativas adoptadas por los Defensores de Familia y los Comisarios de
Familia, en relación con dicha protección, a la homologación o confirmación de
los Jueces de Familia, que tienen carácter especializado, por petición de una
de las partes o del Ministerio Público y que si la autoridad administrativa no
toma su decisión sobre la actuación  o sobre el recurso de reposición dentro
del término legal  correspondiente, pierda la competencia y deba remitir el
expediente al Juez de Familia para que adelante la actuación o el proceso
respectivo. En ambos casos se pone de manifiesto el interés plausible del
legislador de otorgar efectividad a la protección especial de los menores,
mediante decisiones calificadas por parte de una jurisdicción especializada,
que otorgan  certeza con carácter definitivo y confieren también celeridad al
reconocimiento de sus derechos.
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES-Concepto
El Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes se define como el
conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la
investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre
catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.
ADOLESCENTE-Procedimiento de
responsabilidad penal regido por las normas del sistema penal acusatorio
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Sus normas se
aplican en la determinación de la responsabilidad penal de los adolescentes
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES-Carácter
pedagógico, específico y diferenciado
En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto
el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico
y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección
integral, lo cual guarda concordancia con la protección especial de los niños
consagrada en los Arts. 44 y 45 de la Constitución y en los tratados
internacionales.
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES-Integración
AUDIENCIAS EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES-Determinación por parte del juez de control de garantías y de
conocimiento para que sean públicas o privadas/AUDIENCIAS EN PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES-Consideraciones que deben tener en
cuenta el juez al momento de decidir el tipo de audiencia
La norma dispone que los jueces de control de garantías y
de conocimiento podrán determinar que las audiencias sean públicas o privadas,
lo cual deberán decidir conforme a cada caso, atendiendo a su naturaleza y
características, a las condiciones del adolescente y, en particular, a los
posibles efectos sicológicos negativos de la publicidad de las audiencias sobre
el mismo. La norma otorga así un voto de confianza al juez, como garante o como
director del proceso, para lograr la efectividad de la protección especial del
adolescente.
Referencia: expediente D-7152
Demanda de inconstitucionalidad contra los
Arts. 3° (parcial), 15 (parcial), 24 (parcial), 28, 32 (parcial), 48 (parcial),
51, 62, 71, 73 (parcial), 74 (parcial), 80 (parcial), 82 (parcial), 89
(parcial), 95 (parcial), 96 (parcial), 98 (parcial), 99 (parcial), 100
(parcial), 104 (parcial), 109, 111 (parcial), 129 (parcial), 131, 132, 133,
134, 142 (parcial), 143 (parcial), 144, 147, 148, 150 (parcial), 151(parcial),
157, 158, 162 (parcial), 163 (parcial), 165, 170, 179 (parcial), 180 (parcial),
187 (parcial), 189, 190 (parcial), 191, 193 (parcial), 204 (parcial), 216 y 217
de la Ley 1098 de 2006.
Demandante: Campo Elías Cruz Bermúdez
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de
dos mil ocho (2008).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,  ha
proferido la siguiente
S E N T E N C I A
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Campo Elías Cruz Bermúdez presentó demanda  contra los Arts. 3°
(parcial), 15 (parcial), 24 (parcial), 28, 32 (parcial), 48 (parcial), 51, 62,
71, 73 (parcial), 74 (parcial), 80 (parcial), 82 (parcial), 89 (parcial), 95
(parcial), 96 (parcial), 98 (parcial), 99 (parcial), 100 (parcial), 104
(parcial), 109, 111 (parcial), 129 (parcial), 131, 132, 133, 134, 142
(parcial), 143 (parcial), 144, 147, 148, 150 (parcial), 151(parcial), 157, 158,
162 (parcial), 163 (parcial), 165, 170, 179 (parcial), 180 (parcial), 187
(parcial), 189, 190 (parcial), 191, 193 (parcial), 204 (parcial), 216 y 217 de la
Ley 1098 de 2006, por la cual se expidió el Código de la Infancia y la
Adolescencia.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II. NORMAS  DEMANDADAS
A continuación
se transcriben las disposiciones demandadas, con base en su publicación en el Diario
Oficial N° 46.446 de 8 de Noviembre de 2006, en las cuales se subrayan las
expresiones acusadas:
LEY 1098 DE 2006
(noviembre 8)
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 3o. SUJETOS TITULARES DE DERECHOS. Para todos los efectos de esta ley son
sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o
niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas
entre 12 y 18 años de edad.
ARTÍCULO 15. EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES.
Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños,
las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las
autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y
eficaces y con claro sentido pedagógico.
El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán
cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de
su desarrollo.
En las decisiones jurisdiccionales o administrativas,
sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes se tomarán en
cuenta los dictámenes de especialistas.
ARTÍCULO 24. DERECHO A LOS ALIMENTOS. Los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico,
psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad
económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es
indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica,
recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario
para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los
alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de
embarazo y parto.
ARTÍCULO 28. DERECHO A LA EDUCACIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del
Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación
será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos
establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20
salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los
establecimientos públicos de educación.
ARTÍCULO 32. DERECHO DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN. Los niños, las niñas y los adolescentes
tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales,
deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin
más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad
física o mental y el bienestar del menor.
Este derecho comprende especialmente el de formar
parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos, y el de promover y
constituir asociaciones conformadas por niños, las niñas y los adolescentes.
En la eficacia de los actos de los niños las niñas y
los adolescentes se estará a la ley, pero los menores adultos se entenderán
habilitados para tomar aquellas decisiones propias de la actividad asociativa,
siempre que no afecten negativamente su patrimonio".
Los impúberes deberán contar con la autorización
de sus padres o representantes legales para participar en estas actividades.
Esta autorización se extenderá a todos los actos propios de la actividad
asociativa. Los padres solo podrán revocar esta autorización por justa causa.
ARTÍCULO 48. ESPACIOS PARA MENSAJES DE GARANTÍA Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS. Los contratos
de concesión de los servicios de radiodifusión, televisión y espacios
electromagnéticos incluirán la obligación del concesionario de ceder espacios
de su programación para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de
derechos que para tal fin determine el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar dirigidos a los niños, las niñas y los adolescentes y a sus familias.
En alguno de estos espacios y por lo menos una vez a
la semana, se presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas
que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos
contemplados en el Título IV, “Delitos contra la Libertad, Integridad
y Formación Sexuales”, cuando la víctima haya sido un menor de edad.
ARTÍCULO 51. OBLIGACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS,
LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. El restablecimiento de los derechos de los niños,
las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a
través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar,
oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías
de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías
municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que
se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la
autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales.
ARTÍCULO 62. LA AUTORIDAD CENTRAL EN MATERIA DE
ADOPCIÓN. La
autoridad central en materia de adopción es el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
Solamente podrán desarrollar programas de adopción, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones debidamente
autorizadas por este.
ARTÍCULO 71. PRELACIÓN PARA ADOPTANTES COLOMBIANOS. El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y las instituciones autorizadas por este para adelantar el
programa de adopción, preferirán, en igualdad de condiciones, las solicitudes
presentadas por los y las colombianas, cuando llenen los requisitos
establecidos en el presente Código. Si hay una familia colombiana residente en
el país o en el exterior y una extranjera, se preferirá a la familia
colombiana, y si hay dos familias extranjeras una de un país no adherido a la
Convención de La Haya o a otro convenio de carácter bilateral o multilateral en
el mismo sentido y otra sí, se privilegiará aquella del país firmante del
convenio respectivo.
ARTÍCULO 73. PROGRAMA DE ADOPCIÓN. Por programa de adopción se entiende el
conjunto de actividades tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o
adolescente a tener una familia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través
del Comité de Adopción en cada Regional y Agencia y las Instituciones
Autorizadas por este para desarrollar el Programa de adopción a través de
su Comité de Adopción serán la instancia responsable de la selección de las
familias colombianas y extranjeras adoptantes y de la asignación de los niños,
niñas y adolescentes adoptables.
En la asignación de familia que realice el Comité de
Adopción, se dará prelación a las familias colombianas de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 de este código. El
incumplimiento de esta norma dará lugar a las sanciones disciplinarias del caso
e invalidará la citada asignación.
PARÁGRAFO 1o. Las Instituciones Autorizadas para
desarrollar el Programa de Adopción garantizarán plenamente los derechos de
los niños, niñas y adolescentes susceptibles de ser adoptados, mientras
permanezcan bajo su cuidado y no podrán entregarlos a persona alguna sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Código.
PARÁGRAFO 2o. Integración de los comités de
adopciones. Los Comités de Adopciones del ICBF y de las instituciones
autorizadas, estarán integrados por el Director Regional del ICBF o su
delegado, el director de la institución o su delegado, un trabajador
social, un psicólogo y por las demás personas que designen, según sea el caso,
el ICBF o las juntas directivas de las instituciones.
PARÁGRAFO 3o. Los Requisitos de Acreditación para
agencias o instituciones que presten servicios de adopción internacional
deberán incluir la presentación de pruebas que indiquen una sólida situación
financiera y un sistema efectivo de control financiero interno, así como
auditoría externa. Se exigirá a estas entidades que mantengan estados
contables, para ser sometidas a supervisión de la autoridad, incluyendo una
declaración detallada de los costes y gastos promedio asociados a las distintas
categorías de adopciones.
La información concerniente a los costes, gastos y
honorarios que cobren las agencias o instituciones por la provisión de
servicios de adopción internacional deberá ser puesta a disposición del
público.
ARTÍCULO 74. PROHIBICIÓN DE PAGO. Ni el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ni las instituciones autorizadas por éste para desarrollar el
programa de adopción, podrán cobrar directa o indirectamente retribución
alguna por la entrega de un niño, niña o adolescente para ser adoptado. En
ningún caso podrá darse recompensa a los padres por la entrega que hagan de sus
hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre ellos presión alguna para
obtener su consentimiento. Tampoco podrán recibir donaciones de familias
adoptantes previamente a la adopción.
Quedan absolutamente prohibidas las donaciones de
personas naturales o instituciones extranjeras a las instituciones colombianas
como retribución por la entrega de niños, niñas o adolescentes en adopción.
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las acciones penales a que
haya lugar, el incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución del
funcionario infractor, o la cancelación de la autorización para adelantar el
programa de adopción si el hecho se hubiere cometido por una institución
autorizada.
ARTÍCULO 80. CALIDADES PARA SER DEFENSOR DE FAMILIA. Para ser Defensor de Familia se requieren
las siguientes calidades:
1. Ser abogado en ejercicio y con tarjeta profesional
vigente.
2. No tener antecedentes penales ni disciplinarios.
3. Acreditar título de posgrado en Derecho de
Familia, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho
Procesal, Derechos Humanos, o en Ciencias Sociales siempre y cuando en este
último caso el estudio de la familia sea un componente curricular del programa.
ARTÍCULO 82. FUNCIONES DEL DEFENSOR DE FAMILIA. Corresponde al Defensor de Familia:
(…)
5. Dictar las medidas de restablecimiento de los
derechos para los niños y las niñas menores de catorce (14) años que cometan
delitos.
(…)
ARTÍCULO 89. FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL PARA
GARANTIZAR LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Sin perjuicio de las
funciones atribuidas en otras leyes en relación con los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes, la Policía Nacional y en especial la Policía de
Infancia y Adolescencia, tendrán las siguientes funciones:
(…)
10. Brindar apoyo a las autoridades judiciales, los
Defensores y Comisarios de Familia, Personeros Municipales e Inspectores de
Policía en las acciones de policía y protección de los niños, las niñas y
los adolescentes y de su familia, y trasladarlos cuando sea procedente, a los
hogares de paso o a los lugares en donde se desarrollen los programas de
atención especializada de acuerdo con la orden emitida por estas autoridades.
Es obligación de los centros de atención especializada recibir a los niños, las
niñas o los adolescentes que sean conducidos por la Policía.
(…)
ARTÍCULO 95. EL MINISTERIO PÚBLICO. El Ministerio Público está integrado por la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, y las personerías
distritales y municipales, y tendrán a su cargo, además de las señaladas en la
Constitución Política y en la ley, las siguientes funciones:
(…)
4. Hacer las observaciones y recomendaciones a
las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los
Derechos Humanos de los niños, las niñas y los adolescentes.
(…)
ARTÍCULO 96. AUTORIDADES COMPETENTES. Corresponde a los defensores de familia y
comisarios de familia procurar y promover la realización y restablecimiento de
los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución
Política y en el presente Código.
El seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento
adoptadas por los defensores y comisarios de familia estará a cargo del
respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
ARTÍCULO 98. COMPETENCIA SUBSIDIARIA. En los municipios donde no haya Defensor
de Familia, las funciones que este Código le atribuye serán cumplidas por el
comisario de familia. En ausencia de este último, las funciones asignadas al
defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía.
La declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o
adolescente corresponde exclusivamente al Defensor de Familia.
ARTÍCULO 99. INICIACIÓN DE LA ACTUACIÓN
ADMINISTRATIVA. El
representante legal del niño, niña o adolescente, o la persona que lo tenga
bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de
familia o en su defecto ante el inspector de policía, la protección de
los derechos de aquel. También podrá hacerlo directamente el niño, niña o
adolescente.
Cuando el defensor o el comisario de familia o, en su
caso, el inspector de policía tenga conocimiento de la inobservancia,
vulneración o amenaza de alguno de los derechos que este Código reconoce a los
niños, las niñas y los adolescentes, abrirá la respectiva investigación,
siempre que sea de su competencia; en caso contrario avisará a la autoridad
competente.
(…)
ARTÍCULO 100. TRÁMITE. Cuando se trate de asuntos que puedan
conciliarse, el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el
inspector de policía citará a las partes, por el medio más expedito, a
audiencia de conciliación que deberá efectuarse dentro de los diez días
siguientes al conocimiento de los hechos. Si las partes concilian se levantará
acta y en ella se dejará constancia de lo conciliado y de su aprobación.
Fracasado el intento de conciliación, o transcurrido
el plazo previsto en el inciso anterior sin haberse realizado la audiencia, y
cuando se trate de asuntos que no la admitan, el funcionario citado procederá
establecer mediante resolución motivada las obligaciones de protección al
menor, incluyendo la obligación provisional de alimentos, visitas y custodia.
El funcionario correrá traslado de la solicitud, por
cinco días, a las demás personas interesadas o implicadas de la solicitud, para
que se pronuncien y aporten las pruebas que deseen hacer valer. Vencido el
traslado decretará las pruebas que estime necesarias, fijará audiencia para
practicarlas con sujeción a las reglas del procedimiento civil y en ella
fallará mediante resolución susceptible de reposición. Este recurso deberá
interponerse verbalmente en la audiencia, por quienes asistieron en la misma, y
para quienes no asistieron a la audiencia se les notificará por estado y podrán
interponer el recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.
Resuelto el recurso de reposición o vencido el
término para interponerlo, el expediente deberá ser remitido al Juez de
Familia para homologar el fallo, si dentro de los cinco días siguientes a su
ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita con
expresión de las razones en que se funda la inconformidad, el Juez
resolverá en un término no superior a 10 días.
PARÁGRAFO 1o. Cuando lo estime aconsejable para la
averiguación de los hechos, el defensor, el comisario de familia o, en su
caso, el inspector de policía, podrán ordenar que el equipo técnico
interdisciplinario de la defensoría o de la comisaría, o alguno de sus
integrantes, rinda dictamen pericial.
PARÁGRAFO 2o. En todo caso, la actuación
administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses siguientes a la
fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la
investigación, y el recurso de reposición que contra el fallo se
presente deberá ser resuelto dentro de los diez días siguientes al vencimiento
del término para interponerlo. Vencido el término para fallar o para resolver
el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la
autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto
y remitirá inmediatamente el expediente al Juez de Familia para que, de oficio,
adelante la actuación o el proceso respectivo. Cuando el Juez reciba el
expediente deberá informarlo a la Procuraduría General de la Nación para que se
promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar.
Excepcionalmente y por solicitud razonada del
defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía,
el director regional podrá ampliar el término para fallar la actuación
administrativa hasta por dos meses más, contados a partir del vencimiento de
los cuatro meses iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prórroga.
ARTÍCULO 104. COMISIÓN Y PODER DE
INVESTIGACIÓN. Con
miras a la protección de los derechos reconocidos en este código, los
defensores de familia, el comisario o, en su defecto, el inspector de
policía podrán comisionar a las autoridades administrativas que cumplan
funciones de policía judicial, para la práctica de pruebas fuera de su sede, en
la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil.
Con el mismo propósito los citados funcionarios
también podrán solicitar información al respectivo pagador y a la Dirección de
Impuestos Nacionales sobre la solvencia de las personas obligadas a suministrar
alimentos.
PARÁGRAFO. El defensor, el comisario de familia o,
en su caso, el inspector de policía podrán sancionar con multa de uno a
tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, a los particulares que
rehúsen o retarden el trámite de las solicitudes formuladas en ejercicio de las
funciones que esta ley les atribuye. Si el renuente fuere servidor público,
además se dará aviso al respectivo superior y a la Procuraduría General de la
Nación.
ARTÍCULO 109. RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. Cuando el padre extramatrimonial
reconozca, ante el defensor, el comisario de familia o el inspector de
policía, la paternidad de un niño, una niña o un adolescente, se levantará
acta y se ordenará su inscripción en el registro del estado civil.
ARTÍCULO 111. ALIMENTOS. Para la fijación de cuota alimentaria se
observarán las siguientes reglas:
(…)
5. El procedimiento para la fijación de la cuota
alimentaria será el especial previsto actualmente en el Decreto 2737 de 1989.
ARTÍCULO 129. ALIMENTOS. En el auto que corre traslado de la
demanda o del informe del Defensor de Familia, el juez fijará cuota provisional
de alimentos, siempre que haya prueba del vínculo que origina la obligación
alimentaria. Si no tiene la prueba sobre la solvencia económica del
alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio,
posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y
circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se
presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal.
La sentencia podrá disponer que los alimentos se
paguen y aseguren mediante la constitución de un capital cuya renta los
satisfaga. En tal caso, si el obligado no cumple la orden dentro de los diez
días hábiles siguientes, el juez procederá en la forma indicada en el inciso
siguiente.
El juez deberá adoptar las medidas necesarias para que
el obligado cumpla lo dispuesto en el auto que fije la cuota provisional de
alimentos, en la conciliación o en la sentencia que los señale. Con dicho fin
decretará embargo, secuestro, avalúo y remate de los bienes o derechos de
aquél, los cuales se practicarán con sujeción a las reglas del proceso
ejecutivo.
El embargo se levantará si el obligado paga las cuotas
atrasadas y presta caución que garantice el pago de las cuotas correspondientes
a los dos años siguientes.
Cuando se trate de arreglo privado o de conciliación
extrajudicial, con la copia de aquél o del acta de la diligencia el interesado
podrá adelantar proceso ejecutivo ante el juez de familia para el cobro de las
cuotas vencidas y las que en lo sucesivo se causen.
Cuando se tenga información de que el obligado a
suministrar alimentos ha incurrido en mora de pagar la cuota alimentaria por
más de un mes, el juez que conozca o haya conocido del proceso de alimentos o
el que adelante el ejecutivo dará aviso al Departamento Administrativo de
Seguridad ordenando impedirle la salida del país hasta tanto preste garantía suficiente
del cumplimiento de la obligación alimentaría y será reportado a las centrales
de riesgo.
La cuota alimentaria fijada en providencia judicial,
en audiencia de conciliación o en acuerdo privado se entenderá reajustada a
partir del 1o de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje
igual al índice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez,
o las partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste periódico.
Con todo, cuando haya variado la capacidad económica
del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo
podrán modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al
juez su modificación. En este último caso el interesado deberá aportar con la
demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de
conciliación o del acuerdo privado en que haya sido señalada.
Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la
obligación alimentaria que tenga respecto del niño, niña o adolescente, no será
escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en ejercicio
de otros derechos sobre él o ella.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará también al
ofrecimiento de alimentos a niños, niñas o adolescentes.
El incumplimiento de la obligación alimentaria genera
responsabilidad penal.
ARTÍCULO 130. MEDIDAS ESPECIALES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA. Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier
clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las
siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar
la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria:
1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere
asalariado, el Juez podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar
y consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo
que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje
de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley. El
incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su caso,
responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos,
previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de este se
extenderá la orden de pago.
2. Cuando no sea posible el embargo del salario y de
las prestaciones, pero se demuestre el derecho de dominio sobre bienes muebles
o inmuebles, o la titularidad sobre bienes o derechos patrimoniales de
cualquier otra naturaleza, en cabeza del demandado, el Juez podrá decretar
medidas cautelares sobre ellos, en cantidad suficiente para garantizar el pago
de la obligación y hasta el cincuenta por ciento (50%) de los frutos que produzcan.
Del embargo y secuestro quedarán excluidos los útiles e implementos de trabajo
de la persona llamada a cumplir con la obligación alimentaria.
ARTÍCULO 131. ACUMULACIÓN DE PROCESOS DE
ALIMENTOS. Si
los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por
virtud de una acción anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de
una sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener
conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento de
los distintos procesos para el sólo efecto de señalar la cuantía de las varias
pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las
necesidades de los diferentes alimentarios.
ARTÍCULO 132. CONTINUIDAD DE LA OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA. Cuando
a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria
potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina
cuando el niño, la niña o el adolescente es entregado en adopción.
ARTÍCULO 133. PROHIBICIONES EN RELACIÓN CON
LOS ALIMENTOS. El
derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni
venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no
puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.
No obstante lo anterior, las pensiones alimentarias
atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas
transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, con autorización
judicial, sin perjuicio de la prescripción que compete alegar al deudor.
ARTÍCULO 134. PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR
ALIMENTOS. Los
créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan
de prelación sobre todos los demás.
ARTÍCULO 142. EXCLUSIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. Sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o
representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el
numeral 2 del artículo 25 del Código Penal,
las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni declaradas
responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de
haber cometido una conducta punible. La persona menor de catorce (14) años
deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia y adolescencia
ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus
derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a
su identificación y a la recolección de los datos de la conducta punible.
Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente
responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de catorce
(14) y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquico o mental, pero
se les aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben
probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde
relación con la discapacidad.
ARTÍCULO 143. NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE
CATORCE (14) AÑOS.
Cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de
un delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía de
derechos, de su restablecimiento y deberán vincularse a procesos de educación y
de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los cuales
observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de
defensa.
Si un niño o niña o un adolescente menor de catorce
(14) años es sorprendido en flagrancia por una autoridad de policía, esta
lo pondrá inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia a
disposición de las autoridades competentes de protección y restablecimiento de
derechos. Si es un particular quien lo sorprende, deberá ponerlo de
inmediato a disposición de la autoridad policial para que esta proceda en la
misma forma.
PARÁGRAFO 1o. Cuando del resultado de una
investigación o juicio surjan serias evidencias de la concurrencia de un niño o
niña o un adolescente menor de catorce (14) años en la comisión de un
delito, se remitirá copia de lo pertinente a las autoridades competentes de
protección y restablecimiento de derechos.
PARÁGRAFO 2o. El ICBF establecerá los lineamientos
técnicos para los programas especiales de protección y restablecimiento de
derechos, destinados a la atención de los niños, niñas o adolescentes
menores de catorce (14) años que han cometido delitos.
ARTÍCULO 144. PROCEDIMIENTO APLICABLE. Salvo las reglas especiales de
procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en
la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio),
exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.
ARTÍCULO 147. AUDIENCIAS EN EL SISTEMA DE
RESPONSABILIDAD PENAL
PARA ADOLESCENTES. Las audiencias que se surtan en el proceso de
responsabilidad penal para adolescentes, ante los jueces de control de
garantías y ante los jueces de conocimiento, serán cerradas al público si
el juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño
psicológico al niño, niña o adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas
solamente podrán intervenir los sujetos procesales.
ARTÍCULO 148. CARÁCTER ESPECIALIZADO. La aplicación de esta ley tanto en el
proceso como en la ejecución de medidas por responsabilidad penal para
adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados en materia
de infancia y adolescencia.
PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de las medidas de
restablecimiento de derechos de los menores de 14 años y ejecución de
sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que
cometan delitos, el ICBF diseñará los lineamientos de los programas
especializados en los que tendrán prevalencia los principios de política
pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución
Política y los Tratados, Convenios y Reglas Internacionales que rigen la
materia.
ARTÍCULO 150. PRÁCTICA DE TESTIMONIOS. Los niños, las niñas y los adolescentes
podrán ser citados como testigos en los procesos penales que se adelanten
contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el Defensor de
Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El
defensor sólo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior.
Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el
interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que este
responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y
precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la
audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus
derechos prevalentes.
El mismo procedimiento se adoptará para las
declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía Judicial y la
Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación.
A discreción del juez, los testimonios podrán
practicarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual no será
necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente.
ARTÍCULO 151. DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A
LAS GARANTÍAS PROCESALES.
Los adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso penal, a
las garantías procesales básicas tales como: la presunción de inocencia, el
derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de
contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los
padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la
confrontación con los testigos e interrogar a estos, el derecho de
apelación ante autoridad superior y, las demás garantías consagradas en la
Constitución, la ley y los tratados internacionales.
En todos los casos los derechos de los que goza bajo
el presente sistema un adolescente autor o partícipe de una conducta punible
son, como mínimo, los previstos por la Ley 906 de 2004.
ARTÍCULO 157. PROHIBICIONES ESPECIALES. En los procesos de responsabilidad
penal para adolescentes no proceden los acuerdos entre la Fiscalía y la
Defensa.
Cuando el adolescente aceptare los cargos en la
audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación se procederá a
remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la
audiencia de imposición de la sanción. El juez instará a la Defensoría de
Familia para que proceda al estudio de la situación familiar, económica,
social, sicológica y cultural del adolescente y rinda el informe en dicha
audiencia.
El Juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer
tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente, y durante la
ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la
misma.
ARTÍCULO 158. PROHIBICIÓN DE JUZGAMIENTO EN
AUSENCIA. Los
adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no serán
juzgados en su ausencia. En caso de no lograrse su comparecencia se continuará
la investigación y el defensor público o apoderado asumirá plenamente su
defensa hasta la acusación o la preclusión. Si hay acusación, se notificará al
defensor público o apoderado y al Defensor de Familia. El proceso se suspenderá
mientras se logra la comparecencia del procesado. En estos eventos la
prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte.
ARTÍCULO 162. SEPARACIÓN DE LOS
ADOLESCENTES PRIVADOS DE LA LIBERTAD. La privación de la libertad de adolescentes,
en los casos que proceda, se cumplirá en establecimientos de atención
especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar siempre
separados de los adultos.
En tanto no existan establecimientos especiales
separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la
libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles, libertad provisional o
la detención domiciliaria.
ARTÍCULO 163. INTEGRACIÓN. Forman parte del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes:
1. Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales
para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección de las investigaciones
en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos adolescentes, como
autores o partícipes de conductas delictivas.
2. Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de
Familia y los Municipales quienes adelantarán las actuaciones y funciones
judiciales que les asigna la ley.
3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial que integrarán la Sala de Asuntos Penales para
adolescentes en los mismos tribunales, ante quienes se surtirá la segunda
instancia.
4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de casación, y la
acción de revisión.
5. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico
Especializados adscritos a la Fiscalía delegada ante los jueces Penales para
adolescentes y Promiscuos de Familia.
6. La Policía Nacional con su personal especializado
quien deberá apoyar las acciones de las autoridades judiciales y entidades del
sistema.
7. Los Defensores Públicos del Sistema Nacional de
Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa
técnica del proceso, cuando el niño, niña o adolescente carezca de apoderado.
8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, y las Comisarías de Familia, o los Inspectores de
Policía, cuando deban tomar las medidas para la verificación de la garantía
de derechos, y las medidas para su restablecimiento.
9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien
responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas
pedagógicas dispuestas en este Libro.
10. Las demás Instituciones que formen parte del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
PARÁGRAFO 1o. Cada responsable de las entidades que
integran el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes deberá
garantizar la provisión o asignación de los cargos que se requieran para su
funcionamiento y la especialización del personal correspondiente.
PARÁGRAFO 2o. La designación de quienes conforman
el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas
que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y
familia, y de las normas internas e internacionales relativas a derechos
humanos.
PARÁGRAFO 3o. Los equipos que desarrollan programas
especializados, brindarán a las Autoridades judiciales apoyo y asesoría sobre
el proceso de cada uno de los adolescentes que están vinculados a estos
programas, informando los progresos y necesidades que presenten.
ARTÍCULO 165. COMPETENCIA DE LOS JUECES PENALES
PARA ADOLESCENTES.
Los jueces penales para adolescentes conocerán del juzgamiento de las personas
menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14) años acusadas de
violar la ley penal. Igualmente conocerán de la función de control de garantías
en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de su
conocimiento.
ARTÍCULO 170. INCIDENTE DE REPARACIÓN. Los padres, o representantes legales,
son solidariamente responsables, y en tal calidad, deberán ser citados o acudir
al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su
defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite
del incidente.
ARTÍCULO 179. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN
DE LAS SANCIONES.
Para definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta:
1. La naturaleza y gravedad de los hechos.
2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción
atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y
necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad.
3. La edad del adolescente.
4. La aceptación de cargos por el adolescente.
5. El incumplimiento de los compromisos adquiridos con
el Juez.
6. El incumplimiento de las sanciones.
PARÁGRAFO 1o. Al computar la privación de la libertad
en centro de atención especializada, la autoridad judicial deberá descontar el
período de internamiento preventivo al que haya sido sometido el adolescente.
PARÁGRAFO 2o. Los adolescentes entre 14 y 18 años que
incumplan cualquiera de las sanciones previstas en este Código, terminarán el
tiempo de sanción en internamiento.
El incumplimiento por parte del adolescente del
compromiso de no volver a infringir la ley penal, ocasionará la imposición de
la sanción de privación de libertad por parte del juez.
ARTÍCULO 180. DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES
DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LAS SANCIONES. Durante la ejecución de las sanciones, el adolescente tiene
los siguientes derechos, además de los consagrados en la Constitución Política
y en el presente código:
(…)
4. Comunicarse reservadamente con su apoderado o
Defensor Público, con el Defensor de Familia, con el Fiscal y con la
autoridad judicial.
(…)
ARTÍCULO 187. LA
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La privación de la libertad en centro de atención especializada se
aplicará a los adolescentes mayores de dieciséis (16) y menores de dieciocho
(18) años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena
mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de (6) años de prisión. En
estos casos, la privación de libertad en centro de atención especializada
tendrá una duración de uno (1) hasta cinco (5) años.
En los casos en que los adolescentes mayores de
catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de
homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación
de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos
(2) hasta ocho (8) años.
Parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por
el establecimiento de presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el
compromiso de no volver a delinquir y guardar buen comportamiento, por el
tiempo que fije el juez. El incumplimiento de estos compromisos acarreará la
pérdida de estos beneficios y el cumplimiento del resto de la sanción
inicialmente impuesta bajo privación de libertad.
PARÁGRAFO. Si estando vigente la sanción de privación
de la libertad el adolescente cumpliere los dieciocho (18) años, esta podrá
continuar hasta que este cumpla los veintiún (21) años. En ningún caso esta
sanción podrá cumplirse en sitios destinados a infractores mayores de edad.
Los Centros de Atención Especializada tendrán una
atención diferencial entre los adolescentes menores de dieciocho (18) años y
aquellos que alcanzaron su mayoría de edad y deben continuar con el
cumplimiento de la sanción. Esta atención deberá incluir su separación física
al interior del Centro.
ARTÍCULO 189. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. Concluidos los alegatos de los
intervinientes en la audiencia del juicio oral el juez declarará si hay lugar o
no a la imposición de medida de protección, citará a audiencia para la
imposición de la sanción a la cual deberá asistir la Defensoría de Familia
para presentar un estudio que contendrá por lo menos los siguientes aspectos:
Situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente y
cualquier otra materia que a juicio del funcionario sea de relevancia para
imposición de la sanción. Escuchada la Defensoría de Familia el juez
impondrá la sanción que corresponda.
Las sanciones se impondrán en la audiencia de juicio
oral que debe ser continua y privada, so pena de nulidad. Si la audiencia de
juicio no puede realizarse en una sola jornada, continuará durante todas las
audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá
suspender por un plazo máximo de 10 días hábiles y la interrupción por más
tiempo conlleva a la nueva realización del debate desde su inicio.
ARTÍCULO 190. SANCIÓN PARA CONTRAVENCIONES
DE POLICÍA COMETIDAS
POR ADOLESCENTES. Las contravenciones de policía cometidas por adolescentes
serán sancionadas de la siguiente manera:
Será competente para conocer el proceso y sancionar el
Comisario de Familia del lugar donde se cometió la contravención o en su
defecto el Alcalde Municipal.
Cuando la contravención dé lugar a sanciones
pecuniarias, estas serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la
custodia y este será responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por
jurisdicción coactiva.
Las contravenciones de tránsito cometidas por
adolescentes entre los 15 y los 18 años serán sancionadas por los Comisarios de
Familia o en su defecto por el Alcalde Municipal.
Para la sanción de contravenciones cometidas por
adolescentes se seguirán los mismos procedimientos establecidos para los
mayores de edad, siempre que sean compatibles con los principios de este Código
y especialmente con los contemplados en el presente título.
ARTÍCULO 191. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. El adolescente sorprendido en flagrancia
será conducido de inmediato ante el Fiscal Delegado para la autoridad
judicial, quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al Juez de
Control de Garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Por
solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de
garantías enviará la actuación al juez de conocimiento para que este cite a
audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. En lo demás
se seguirá el procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del
proceso para adolescentes establecidas en el presente libro.
ARTÍCULO 193. CRITERIOS PARA EL DESARROLLO
DEL PROCESO JUDICIAL
DE DELITOS EN LOS CUALES SON VÍCTIMAS LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES
VÍCTIMAS DE LOS DELITOS. Con el fin de hacer efectivos los principios previstos
en el artículo anterior y garantizar el restablecimiento de los derechos, en
los procesos por delitos en los cuales sean víctimas los niños, las niñas y los
adolescentes la autoridad judicial tendrá en cuenta los siguientes criterios
específicos:
(…)
6. Se abstendrá de aplicar el principio de
oportunidad y la condena de ejecución condicional cuando los niños, las niñas o
los adolescentes sean víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que
fueron indemnizados.
(…)
8. Tendrá en cuenta la opinión de los niños, las niñas
y los adolescentes víctimas de delitos en los reconocimientos médicos que deban
practicárseles. Cuando no la puedan expresar, el consentimiento lo darán sus
padres, representantes legales o en su defecto el defensor de familia o la
Comisaría de Familia y a falta de estos, el personero o el inspector de
familia. Si por alguna razón no la prestaren, se les explicará la
importancia que tiene para la investigación y las consecuencias probables que
se derivarían de la imposibilidad de practicarlos. De perseverar en su negativa
se acudirá al juez de control de garantías quien decidirá si la medida debe o
no practicarse. Las medidas se practicarán siempre que sean estrictamente
necesarias y cuando no representen peligro de menoscabo para la salud del
adolescente.
(…)
ARTÍCULO 204. RESPONSABLES DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Son responsables del diseño,
la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y
adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el
Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento
será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La
responsabilidad es indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas.
En el nivel territorial se deberá contar con una
política pública diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia que
propicie la articulación entre los Concejos Municipales, Asambleas y Congreso
Nacional, para garantizar la definición y asignación de los recursos para la
ejecución de la política pública propuesta.
El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio
de la Protección Social y el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica
del ICBF deberá
diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de
desarrollo, en materia de infancia y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo
de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos.
El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros
cuatro (4) meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la
niñez y la adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de
establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de
Desarrollo, así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo
que se implementarán para ello.
Las Asambleas y Concejos para aprobar el plan de
desarrollo e inversión deberán verificar que este se corresponda con los
resultados del diagnóstico realizado. Para esto requerirán al gobernador y al
alcalde, para que lo den a conocer antes del debate de aprobación del Plan de
Desarrollo.
PARÁGRAFO. La totalidad de los excedentes financieros
derivados de la gestión del ICBF se aplicará a la financiación de las políticas
públicas de Infancia y Adolescencia definidas en esta ley.
ARTÍCULO 216. VIGENCIA. La presente ley entrará en vigencia seis
(6) meses después de su promulgación. Con excepción de los artículos
correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad penal para
adolescentes, los cuales se implementarán de manera gradual en el territorio
nacional empezando el primero de enero de 2007 hasta su realización total el 31
de diciembre de 2009.
El artículo 199 relativo a los
beneficios y mecanismos sustitutivos entrará en vigencia a partir de la
promulgación de la presente ley
PARÁGRAFO. La Fiscalía General de la Nación
realizará los estudios necesarios y tomará las medidas pertinentes para la
implementación gradual del sistema de responsabilidad penal para adolescentes
dentro del término señalado en esta ley.
ARTÍCULO 217. DEROGATORIA. El presente Código deroga el Decreto 2737 de 1989 o Código
del Menor a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de
alimentos los cuales quedan vigentes, también deroga las demás disposiciones
que le sean contrarias.
III. DEMANDA
El demandante
considera que las normas acusadas de la Ley 1098 de 2006 vulneran preceptos
superiores con base en las siguientes razones:
Art. 3º
Expresa que esta
disposición, en virtud de la cual, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 34 del Código Civil,
se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por
adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad, vulnera el Art. 1º de la
Convención sobre los Derechos del Niño y los Arts. 44 y 45 de la Constitución,
en cuanto estas disposiciones contemplan el concepto general de niño, mientras
que en la norma acusada “se le dan denominaciones diferentes niño o niña o
adolescente” y se hace una clasificación contraria a aquellas.
Art. 15
Afirma que esta
norma, según la cual en las decisiones jurisdiccionales o administrativas sobre
el ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta
los dictámenes de especialistas, infringe los Códigos de Procedimiento Penal y
Civil, en cuanto obliga al funcionario judicial o administrativo a tener en
cuenta los dictámenes de los peritos, cuando dichos códigos otorgan libertad a
este último para acogerlos o no.
Art. 24
Sostiene que la
expresión demandada de esta norma, que contiene el concepto de alimentos,
reproduce el texto del Art. 133 del Código del Menor y que ello es un
contrasentido que resulta desfavorable a los derechos prevalecientes de los
menores, ya que genera controversia, y quebranta los Arts. 2, 44, 45, 133, 158
y 209 de la Constitución.
Art. 28
Manifiesta que el
aparte demandado de esta norma, en virtud del cual la educación será
obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar, quebranta los Arts. 44,
45 y 67, inciso 4º, de la Constitución y los Arts. 28 de la Convención sobre los
Derechos del Niño y 7º de la Declaración de los Derechos del Niño, que
consagran el derecho de los niños a la educación, de modo que el Estado debe
impartir ésta en forma gratuita desde el preescolar hasta el noveno grado de
educación básica, y no únicamente en un año de preescolar como lo señala el
aparte demandado.
Art. 32
Sostiene que la
expresión demandada de esta norma, en virtud de la cual los menores adultos se
entenderán habilitados para tomar aquellas decisiones propias de la actividad
asociativa, siempre que no afecten negativamente su patrimonio, es contraria a
los Arts. 2º, 44 y 45 de la Constitución, porque aunque daría facilidad a los
menores adultos para actuar rápidamente en defensa de su patrimonio, podrían
ser víctimas de engaños por su inmadurez física y síquica, su inexperiencia y la
falta de criterios de responsabilidad.
Así mismo, indica
que dicho texto fue corregido por el Art. 1° del Decreto 4011 de 2006, decreto
éste que fue derogado por el Decreto 578 de 2007. Plantea que la corrección fue
una modificación del texto legal, que el ejecutivo sólo puede efectuar en
ejercicio de facultades extraordinarias conforme a lo dispuesto en el Art. 150,
Num. 10, de la Constitución, las cuales no fueron otorgadas.
Art. 48
Expone que el
inciso 2° de esta norma, en virtud del cual en alguno de los  espacios de
programación cedidos por los concesionarios de los servicios de radiodifusión,
televisión y espacios electromagnéticos, y por lo menos una vez a la semana, se
presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido
condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el
Título IV, “Delitos contra
la Libertad, Integridad y Formación Sexuales”, cuando la víctima haya sido
un menor de edad, es contrario al preámbulo y los Arts. 2, 11, 13, 15, 28, 29,
158, 228 y 230 de la Constitución.
Señala que el
segmento impugnado es contrario a la presunción de inocencia, al derecho a la
intimidad, al principio de favorabilidad en materia penal, a la integridad
moral o síquica, el derecho a la igualdad y el derecho al buen nombre del
delincuente que comete delitos sexuales contra los niños.
Art. 51
Asevera que el
aparte “los inspectores de policía” contenido en esta norma, según la
cual el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes estará a cargo de las autoridades públicas, entre las cuales se
indica a los inspectores de policía, es contrario a los Arts. 2, 13, 28, 29,
44, 45, 93, 94 y 228 de la Constitución y a los Arts. 3 y 40 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por no contar los
inspectores de policía con la preparación y la idoneidad necesarias para ejercer
esa función.
Arts. 62, 71,
73 y 74
Expone que las
expresiones “instituciones debidamente autorizadas” e “instituciones
autorizadas” por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para
desarrollar programas de adopción, contenidas en estas disposiciones, quebrantan
los Arts. 2, 13, 44 y 45 de la Constitución, porque el Estado no debe permitir
que entidades o personas jurídicas o naturales distintas de aquel Instituto
desarrollen dichos programas e integren comités de adopción, tomando en
consideración que aquellas no cuentan con los medios técnicos, humanos,
pedagógicos y educativos para desempeñar esa función.
De otro lado,
expresa que tales expresiones son contrarias al Art. 123 de la Constitución, en
virtud del cual las funciones públicas asignadas a los particulares deben tener
carácter temporal y no permanente.
Art. 80
Afirma que esta
norma contraría los Arts. 2, 13 y 25 de la Constitución, al exigir posgrados en
algunas ramas del Derecho o en Ciencias Sociales para ser Defensor de Familia,
por lo cual se violan los derechos a la igualdad, al trabajo y de protección y
efectividad de los derechos de los profesionales del Derecho, pues a su juicio
el título de abogado es suficiente para ejercer las funciones que corresponden
a dicho cargo.
Art. 82
Expresa que el
Num. 5 de esta disposición vulnera los Arts. 2, 13, 44 y 45 de la Constitución,
al prever que es función del Defensor de Familia dictar las medidas de
restablecimiento de los derechos para los niños y las niñas menores de catorce
(14) años que cometan delitos, excluyendo a los menores de edad entre los
catorce (14) y los dieciocho (18) años, cuando tales medidas deben aplicarse en
forma general a todos los menores.
Art. 89
Sostiene que en
relación con el Num. 10 de esta norma, en virtud del cual la Policía Nacional
y, en especial, la Policía de Infancia y Adolescencia, debe brindar apoyo a los
Inspectores de Policía, entre otros funcionarios, en las acciones de policía y protección
de los niños, las niñas y los adolescentes y de su familia, deben considerarse
los mismos argumentos expuestos en relación con los Arts. 51, 98, 99, 100, 104
y 109 de la misma ley.
Art. 95
Manifiesta que el
Num. 4 de esta disposición, al contemplar que es función del Ministerio Público
hacer las recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso de
amenaza o violación de los Derechos Humanos de los niños, las niñas y los
adolescentes, transgrede los Arts. 118, 277 y 278 de la Constitución, porque
éstos no prevén dicha función.
Art. 96
Considera que el
inciso 2º de esta norma, al prever que el seguimiento de las medidas de
protección o de restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de
familia estará a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, infringe los Arts. 1, 2, 44, 45,
113 y 121 de la Constitución, en cuanto la ley no ha asignado funciones al
cargo de Coordinador de Centro Zonal y además quienes lo ejercen no tienen por
lo general formación jurídica.
Art. 98
Asevera que el
inciso 1º de esta disposición, al contemplar que en los municipios donde no hubiere
Defensor de Familia ni Comisario de Familia sus funciones serán ejercidas por
el Inspector de Policía, viola los Arts. 2, 13, 28, 29, 44, 45, 93, 94 y 228 de
la Constitución y los Arts. 3 y 40 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que el Inspector de Policía es
un funcionario por lo general con poca formación intelectual y sin
conocimientos jurídicos, que no está en condiciones de otorgar a los niños,
niñas y adolescentes la protección especial que prevén la Constitución y las normas
de Derecho Internacional Público.
Art. 99
Enuncia que la
expresión “el Inspector de Policía” contenida en este artículo
contraviene la Constitución, conforme a lo expresado en la demanda en relación
con dicha expresión contenida en los Arts. 51, 98, 100, 104 y 109 de la misma
ley.
Art. 100
Plantea que la
expresión “o, en su caso, el inspector de policía” contenida en este
artículo, en el inciso 1º y en el parágrafo 1º, es contraria a la Constitución
por las razones expresadas respecto de los Arts. 51, 98, 99, 104 y 109 de la
misma ley.
Acerca del
inciso 4º, en virtud del cual, en la actuación administrativa adelantada para
proteger los derechos del niño, niña o adolescente, una vez resuelto el recurso
de reposición o vencido el término para interponerlo, el expediente deberá ser
remitido al Juez de Familia para homologar el fallo, si dentro de los cinco
días siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el Ministerio Público lo
solicita con expresión de las razones en que se funda la inconformidad, afirma
que quebranta los Arts. 113 y 209 de la Constitución, en cuanto establece una
intromisión indebida de la rama judicial en el ejercicio de las funciones
administrativas de protección de los menores atribuidas al Defensor de Familia
y al Comisario de Familia.
Relativamente al
parágrafo 2º, sostiene que al prever únicamente el recurso de reposición contra
la decisión de la actuación administrativa sobre el restablecimiento de los
derechos de los menores, es contrario a los Arts. 13, 28, 29 y 31 de la
Constitución, pues se viola el principio de la doble instancia y el derecho de
defensa de los padres del menor o de las personas que lo tienen bajo su
cuidado.
Señala también que
el mismo parágrafo, en virtud del cual cuando el Defensor de Familia o el
Comisario de Familia no adopte la decisión de la actuación administrativa o no
resuelva el recurso de reposición contra ella dentro del término
correspondiente, dicho funcionario perderá la competencia y deberá remitir el
expediente al Juez de Familia para que de oficio adelante la actuación o el
proceso respectivo, es contrario a la Constitución en cuanto establece una
intromisión indebida de la rama judicial en el ejercicio de las funciones
administrativas de protección de los menores atribuidas al Defensor de Familia
y al Comisario de Familia.
Indica que, igualmente,
al disponer el mismo parágrafo que el Juez de Familia, cuando reciba el
expediente, deberá informarlo a la Procuraduría General de la Nación para que
se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar, crea una nueva
causal disciplinaria y vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia
previstos en los Arts. 28 y 29 de la Constitución y viola también el Art. 157
ibídem.
Art. 104
Plantea que las
expresiones “o, en su defecto, el inspector de policía” contenida en el
inciso 1º de esta norma y “o, en su caso, el inspector de policía” contenida
en el  parágrafo de la misma son contrarias a la Constitución, por las razones
expresadas en relación con los Arts. 51, 98, 99, 100 y 109 de la misma ley.
Art. 109
Expone que la
expresión “o el inspector de policía” contenida en este artículo es
contraria a la Constitución, por las razones expresadas respecto de los Arts.
51, 98, 99, 100
y 104 de la misma ley.
Art. 111
Sostiene que el
Num. 5 de esta disposición, en virtud del cual el procedimiento para la
fijación de la cuota alimentaria será el especial previsto actualmente en el
Decreto ley 2737 de 1989, es contrario a la Constitución por las razones
expresadas en relación con los Arts. 24, 129, 130, 131, 132 y 133 de la misma
ley.
Art. 129
Aduce que el
contenido de esta disposición, que trata de los alimentos, es contrario a la
Constitución porque la última parte del inciso 1º es similar al texto del Art.
155 del Código del Menor; el inciso 2º, por tener una redacción similar al
texto del Art. 151 del Código del Menor; el inciso 9°, por tener una redacción
igual al inciso 1º del Art. 150 del Código del Menor. Indica que las razones de
la vulneración son las expresadas respecto de los Arts. 24, 130, 131, 132 y 133
de la misma ley.
Arguye que, así
mismo, los incisos 6° y 7° de esta norma quebrantan los Arts. 2, 28, 29 y 44 de
la Constitución.
El inciso 6°, porque
al impedir la salida del país del deudor de cuotas alimentarias sin adelantar
un proceso de alimentos  o ejecutivo de alimentos vulnera su derecho de defensa
y la presunción de inocencia y porque la información a las centrales de riesgo
sólo es posible por deudas comerciales y no por este tipo de deudas propias del
campo del Derecho de Familia; por tanto, por este aspecto se quebrantan también
los Arts. 13, 15, 28 y 29 de la Constitución.
El  inciso 7°, porque
no se puede dejar al juez que conoce del asunto de alimentos la libertad para
reajustar la cuota alimentaria con un criterio distinto al índice de precios al
consumidor, pues ello podría afectar en forma grave la equidad y la justicia.
Por tanto, dicho aparte vulnera los Arts. 2, 13, 28, 29, 44, 45 y 228 de la
Constitución.
Art. 130
Expone que este
artículo es inconstitucional porque el inciso 1º es igual al inciso 1º del Art.
153 del Código del Menor; el Num. 1, por tener una redacción igual al Num. 1
del Art. 153 del Código del Menor; el Num. 2, por tener una redacción igual al
Num. 2 del Art. 153 del Código del Menor.
Afirma que
dichos textos son inconstitucionales por las razones expresadas en relación con
los Arts. 24, 129, 131, 132 y 133 de la misma ley
Art. 131
Manifiesta que este
artículo es contrario a la Constitución por tener una redacción igual al Art.
154 del Código del Menor y que son aplicables las razones expresadas respecto
de los Arts. 24, 129, 130, 132 y 133 de la misma ley.
Art. 132
Sostiene que este
artículo es contrario a la Constitución por tener una redacción  igual al Art.
156 del Código del Menor y que son aplicables las razones expresadas respecto
de los Arts. 24, 129, 130, 131 y 133 de la misma ley.
Art. 133
Plantea que es
contrario a la Constitución por tener el inciso 1º una redacción igual al Art.
158 del Código del Menor y por tener el inciso 2º una redacción igual al Art.
159 del Código del Menor y que son aplicables las razones expresadas respecto
de los Arts. 24, 129, 130, 131 y 132 de la misma ley.
Art. 134
Expresa que es
contrario a la Constitución por ser contradictorio con el Art. 134 del Código
del Menor, teniendo en cuenta que la norma demandada establece la prelación de
los créditos por alimentos a favor de menores “sin sujeción a la
calificación crediticia del anterior código” y que son aplicables las
razones expresadas respecto de los Arts. 24, 129, 130, 131, 132 y 133 de la
misma ley.
Art. 142
Manifiesta que al
establecer esta disposición que la Policía de Infancia y Adolescencia procederá
a la identificación del menor de 14 años de edad que ha cometido una conducta
punible y a la recolección de los datos de dicha conducta, se lesionan los
derechos fundamentales de los menores, al aplicarles “la misma dinámica de
las normas penales de los adultos” y se violan las normas del Derecho
Internacional Público sobre protección de los menores.
Art. 143
Señala que al
contemplar este artículo que cuando una persona menor de catorce (14) años
incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán medidas de
verificación de la garantía y restablecimiento de derechos y deberán vincularse
a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, vulnera los Arts. 2, 13, 28, 29, 44, 45 y 228 de la
Constitución, por discriminar a los menores de edad que tienen más de 14 años y
cometan delitos, pues todos los menores son iguales y deben recibir un mismo
trato.
De otro lado,
sostiene que al prever el mismo artículo que si un particular sorprende en
flagrancia a un menor de 14 años de edad deberá ponerlo de inmediato a
disposición de las autoridades de policía para que éstas, a su vez, lo pongan a
disposición de la autoridad competente de protección y restablecimiento de
derechos, infringe los Arts. 2, 13, 28, 29, 92, 93, 94 y 228 de la Constitución
y los Arts. 6, 8, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que
se somete a los menores a los mismos procedimientos aplicables a los adultos y
se les expone al riesgo de que el particular lesione su dignidad, su honor o
integridad física.
Art. 144
Expresa que al establecer
esta disposición que el procedimiento de responsabilidad penal de los
adolescentes se regirá por las normas del sistema penal acusatorio contenidas en
la Ley 906 de 2004, infringe los Arts. 28, 29, 44 y 45 de la Constitución  y
los Arts. 2º y 5º de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, 40 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, 24 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues
con fundamento en estos preceptos superiores el procedimiento penal aplicable a
los menores debe ser distinto del aplicable a los adultos y autónomo.
Art. 147
Plantea que este
artículo, al disponer que las audiencias que se surtan en el proceso de
responsabilidad penal para adolescentes, ante los jueces de control de
garantías y ante los jueces de conocimiento, serán cerradas al público si el
juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño psicológico
al niño, niña o adolescente, son contrarias a los Arts. 44, 45, 93 y 94 de la
Constitución y a los Arts. 6, 8, 9, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, en cuanto el desarrollo de un proceso penal por supuestos delitos
cometidos por menores afecta en sumo grado su personalidad y lo expone a daños
sicológicos y morales, y en cuanto se da a los menores un trato igual al de los
adultos, con desconocimiento de la prevalencia de los derechos de aquellos.
Art. 148
Expresa que esta
norma, que se refiere al cumplimiento de las medidas de restablecimiento de
derechos de los menores de 14 años y la ejecución de sanciones impuestas a los
adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, es
contraria a la Constitución, por las razones expresadas en relación con el Art.
143 de la misma ley.
Art. 150
Manifiesta que
esta disposición, que establece que a discreción del juez, los testimonios
podrán practicarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual no
será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente, es
contraria a los Arts. 44  y 45 de la Constitución, por las razones expresadas
respecto de los Arts. 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165,
179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley.
Art. 151
Expone que al
disponer esta norma, en el inciso 1º, que los adolescentes que cometan delitos
tienen derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos, se
lesiona la intimidad de los menores y la privacidad del proceso y no se da a
aquellos la protección que exigen la inmadurez de su personalidad y su
fragilidad.
Señala que,
también, al prever la misma norma, en el inciso 2º, que en todos los casos los
derechos de los que goza un adolescente autor o partícipe de una conducta
punible son, como mínimo, los previstos por la Ley 906 de 2004, infringe los
Arts. 44, 45, 93 y 94 de la Constitución  y los Arts. 37 y 40 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, por no otorgar a los menores unas garantías especiales y
someterlos a las garantías contempladas para los adultos.
Art. 157
Considera que el
inciso 2° de esta norma, al disponer que el adolescente sindicado de cometer
delitos puede aceptar los cargos en la audiencia de legalización de la
aprehensión o de imputación, viola la Constitución y los Arts. 3 y 40 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, puesto que en los procesos penales por
delitos cometidos por menores los cargos deben ser siempre demostrados por el
Estado.
En relación con
el inciso 3º, en virtud del cual el Juez al proceder a seleccionar la sanción a
imponer tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente, y durante
la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de
la misma, expresa que también desfavorece a los menores, pues el juez debe
tener en cuenta otros aspectos en la determinación y modificación de la sanción,
y quebranta el Art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Art. 158
Asevera que esta
disposición, que estatuye que los adolescentes sometidos a procesos judiciales
por responsabilidad penal no serán juzgados en su ausencia y que en este evento
la prescripción de la acción penal se aumentará en una tercera parte, es
contraria por este aumento al principio de prevalencia de los derechos de los
niños y a los Arts. 6, 8, 9, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
Art. 162
Arguye que la
expresión “o la detención domiciliaria” contenida en esta disposición,
que contempla que en tanto no existan establecimientos especiales separados de
los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el
funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o detención
domiciliaria, vulnera los Arts. 2, 28, 29, 44, 45, 93, 94 y 228 de la
Constitución y el Art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque
la detención domiciliaria se convertirá en la medida de aplicación común por
parte de los jueces, sin que éstos diferencien la situación de los menores de
la situación de los adultos.
Art. 163
Aduce que los
Nums. 1 y 5 de esta norma, según los cuales forman parte del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes, entre otros, los Fiscales Delegados
ante los Jueces Penales para adolescentes, quienes se ocuparán de la dirección
de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente comprometidos
adolescentes, como autores o partícipes de conductas delictivas, y la Policía
Judicial y el Cuerpo Técnico Especializados adscritos a la Fiscalía delegada
ante los jueces Penales para adolescentes y Promiscuos de Familia, son
contrarios a los Arts. 2, 28, 29, 44, 45, 93 y 94 de la Constitución y 1, 3, 6,
8, 9, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues el sistema de
responsabilidad penal de los adolescentes debe ser especial, autónomo y libre
de las “inferencias”  de los procesos penales relativos a los adultos.
Igualmente, indica
que la expresión “o los Inspectores de Policía” contenida en el Num. 8 del
mismo artículo desconoce la Constitución, por las razones expresadas respecto
de los Arts. 51, 89, 98, 99, 100, 104 y 109 de la misma ley.
De otro lado,
acerca del parágrafo 2º de este artículo, que prevé que la designación de
quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes deberá
recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y
de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a
derechos humanos, sostiene que vulnera la Constitución por las razones
expresadas en relación con los Arts. 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158,
162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley.
Art. 165
Afirma que esta
norma, en virtud de la cual los Jueces Penales para Adolescentes igualmente ejercerán
la función de control de garantías en procesos de responsabilidad penal para
adolescentes que no sean de su conocimiento, es ambigua, confusa e imprecisa,
quebranta el Art. 158 de la Constitución y desconoce que el sistema penal de
responsabilidad de menores no se puede asimilar al sistema penal acusatorio de
los adultos.
Art. 170
Alega que esta
disposición, en virtud de la cual los padres o representantes legales son
solidariamente responsables por los daños causados y, en tal calidad, deberán
ser citados o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, del
condenado o su defensor, es contraria a los Arts. 13, 28 y 29 de la
Constitución, porque la responsabilidad penal de los menores es individual y
así debe ser también la responsabilidad civil por los daños causados, de modo
que los padres o representantes legales no deben tener dicha responsabilidad.
Art. 179
Plantea que esta
norma, que preceptúa i) que para definir las sanciones aplicables se deberán
tener en cuenta, entre otros criterios, la aceptación de cargos por el
adolescente, el incumplimiento de los compromisos adquiridos con el Juez y el
incumplimiento de las sanciones (Nums. 4, 5 y 6), ii) que los adolescentes
entre 14 y 18 años que incumplan cualquiera de las sanciones previstas en el
Código de la Infancia y la Adolescencia terminarán el tiempo de sanción en
internamiento (Parágrafo 2°), y iii) que el incumplimiento por parte del
adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal ocasionará la
imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez (Parágrafo
2º), quebranta los Arts. 2, 13, 16, 28, 29, 44, 45, 93 y 94 de la Constitución
y los Arts. 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto
lesiona el sentimiento de arraigo, el libre desarrollo de la personalidad y el
derecho de defensa del niño.
Art. 180
Señala que la
expresión “con el Fiscal” contenida en el Num. 4 de esta disposición es
inconstitucional, por las razones expresadas en relación con los Arts. 143,
144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de
la misma ley.
Art. 187
Expone que esta
norma, en virtud de la cual en los casos en que los adolescentes mayores de
catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de
homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación
de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos (2)
hasta ocho (8) años,  quebranta el preámbulo y los Arts. 2, 28, 29, 44, 45, 93
y 94 de la Constitución Política y los Arts. 6, 8, 9, 37 y 40 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, porque estas normas internacionales establecen que las
penas que se apliquen a los menores deben ser “el más breve plazo posible”.
Agrega que las razones de inconstitucionalidad son las mismas expresadas
respecto de los Arts. 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165,
179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley.
Art. 189
Sostiene que la
expresión “la Defensoría de Familia” contenida en el inciso 1º de esta
norma es impropia, porque no es concebible que deba participar en la audiencia
todo el grupo que preside el Defensor de Familia, pues sólo este funcionario
debe asistir a aquella, por lo cual se infringen los Arts. 28, 29, 44, 45 y 158
de la Constitución.
Así mismo,
expone que dicha expresión fue introducida por una Comisión Accidental de
Conciliación, modificando la voluntad de la plenaria del Senado y contrariando
los Arts. 150 y 161 de la Constitución.
Art. 190
Señala que esta
norma, que dispone que cuando la contravención dé lugar a sanciones
pecuniarias, éstas serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la
custodia y éste será responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por
jurisdicción coactiva (inciso 3º) y que para la sanción de contravenciones
cometidas por adolescentes se seguirán los mismos procedimientos establecidos
para los mayores de edad, siempre que sean compatibles con los principios del
mismo código y especialmente con los contemplados en el mismo título (inciso
5º), es contraria a la Constitución por las razones expresadas respecto de los
Arts. 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190
y 191 de la misma ley, pues los procesos penales de los menores no deben seguir
el sistema penal de los adultos.
Art. 191
Manifiesta que
esta disposición, en virtud de la cual el adolescente sorprendido en flagrancia
será conducido de inmediato ante el Fiscal Delegado para la autoridad judicial,
quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al Juez de Control de
Garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión, lesiona la dignidad, el
honor, el libre desarrollo de la personalidad, el interés superior y la
prevalencia de los derechos de los niños y es contraria a los Arts. 11, 16, 28,
29, 44, 45, 93, 94 y 228 de la Constitución y los Arts. 6, 8, 9, 37 y 40 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, por las razones expresadas en relación
con los Arts. 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180,
187, 190 y 191 de la misma ley.
Art. 193
Argumenta que
esta disposición, que consagra los criterios específicos para el desarrollo del
proceso judicial por delitos en los cuales son víctimas los niños, las niñas y
los adolescentes, es contraria a los Arts. 44, 45, 93 y 94 de la Constitución y
el Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, al establecer que la
autoridad judicial se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la
condena de ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes
sean víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron
indemnizados, en cuanto con ello se favorece a los delincuentes que hayan pagado
la indemnización.
Por otra parte,
manifiesta que la expresión “o el inspector de familia” contenida en el
Num. 8 de este artículo es contraria a la Constitución, por las razones
expresadas respecto de los Arts. 51, 89, 98, 99, 100, 104 y 109 de la misma
ley.
Art. 204
Acerca de esta
norma, en virtud de la cual el Departamento Nacional de Planeación, el
Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación, con la
asesoría técnica del ICBF, deberán diseñar los lineamientos técnicos mínimos
que deberán contener los planes de desarrollo en materia de infancia y
adolescencia, afirma que esta función no debe estar a cargo de los citados
departamento nacional y ministerios sino exclusivamente a cargo del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, por ser ésta la institución que por su naturaleza y
funciones puede asegurar mejor la protección efectiva e integral de los niños y
de la familia, y que por ello se infringen los Arts. 2º, 13, incisos 2º y 3º,
44, 45, 93, 94 y 228 de la Constitución y el Art. 3 de la Convención sobre los Derechos
del Niño.
Art. 216
Plantea que el
parágrafo de esta norma, en virtud del cual la Fiscalía General de la Nación
realizará los estudios necesarios y tomará las medidas pertinentes para la
implementación gradual del sistema de responsabilidad penal para adolescentes
dentro del término señalado en la misma ley, es contrario a la Constitución y a
los tratados internacionales sobre protección especial de los niños, por
someter a éstos al sistema acusatorio penal de los adultos, desconociendo su
interés superior y la prevalencia de sus derechos, conforme a las razones expresadas
respecto de los Arts. 143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165,
179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley.
Art. 217
Expone que esta
norma, al mantener la vigencia de los artículos del Decreto ley 2737 de 1989 o
Código del Menor relativos al juicio especial de alimentos, es contraria al
preámbulo y a los Arts. 1, 2, 13, 44, 45 y 209 de la Constitución, porque los
Arts. 133, 135, 150, 151 y 153 a 159 de dicho código tienen el mismo sentido,
redacción y contenido de los Arts. 24, 111, 129 y 130 a 134 de la Ley 1098 de
2006, y además se generan confusiones, ambigüedades y contradicciones que
afectan la efectividad de la protección de los derechos de los niños.
IV.
INTERVENCIONES
1.
Intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Por medio de
representante, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar propugnó por la
declaratoria de constitucionalidad de las normas acusadas de la Ley 1098 de
2006. Adujo como sustento de su solicitud las siguientes razones:
1.1 La
clasificación de niños, niñas y adolescentes expuesta en el artículo 3° es
técnica y facilita la atención a efectos de restablecer con eficacia y
asertividad los derechos vulnerados, responde al derecho a la igualdad en
perspectiva de género contenido en el artículo 13 de la Constitución Política
que implica una discriminación positiva a favor de uno u otro, es acorde con el
texto constitucional (artículo 45) que les confiere a los adolescentes una titularidad
específica de derechos. La distinción que trae el código es de rango
constitucional y debe entenderse como una manera específica de amparar los
derechos de los menores de 18 años. Adicionalmente, el Derecho Internacional
distingue entre categorías de niños y niñas, en especial ampara a los niños de
la primera infancia, sin que esa situación cercene los derechos de los niños.
1.2. No existe
juicio concreto de constitucionalidad por parte del demandante en contra del
artículo 15. Esta norma, por ser posterior, se aplica de preferencia sobre las
normas legales que le sean contrarias. Los dictámenes de especialistas son un
medio preciso y garantista de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
en la toma de decisiones judiciales; el derecho de familia es una disciplina
sistemática que significa que se debe contar con el diagnóstico de otras
(psicosociales), pues la ley prevé una atención interdisciplinaria con el
objeto de garantizar que las decisiones privilegien ante todo el interés
superior del niño. Los peritajes no obligan al juez, sino que en su actuación
debe considerarlos.
1.3. No resulta
clara la demanda de constitucionalidad en contra del artículo 24, pues del
hecho de que existan diferencias en la interpretación no se deduce que ésta sea
inconstitucional y la alusión a la unidad de materia tampoco resulta
suficiente, ya que el tema es el de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
El legislador al
definir los alimentos pretende una concordancia con el artículo 44 de la
Constitución Política que dispone la alimentación equilibrada como un derecho
fundamental de los niños, niñas y adolescentes y con el artículo 11.2 del Pacto
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece el derecho de toda
persona a estar protegida contra el hambre. El derecho a los alimentos no puede
reducirse a una cuota económica mensual, sino que debe estar integrado con el
derecho al amor y al cuidado, al vestuario, a estar inscrito en el registro
civil y en los sistemas de salud y educación, y debe estar dispuesto de manera
integral por la familia, la sociedad y el Estado.
1.4. No se
entiende el juicio de constitucionalidad que se propone en la demanda respecto del
artículo 28, comoquiera que éste repite el artículo 67 de la Constitución
Política referente a que “la educación será gratuita en las instituciones”;
la educación es un derecho fundamental y un servicio público, por lo que
tratándose de niños, niñas y adolescentes “desescolarizados”, es
obligación del Estado ordenar su inscripción en el sistema cuando no la han
tenido u ordenar restablecer el derecho cuando ha sido vulnerado.
1.5. Existe un
vicio de forma específico de la demanda contra el artículo 32, pues la
transcripción de la norma que se acusa es incompleta, “tal parece que el
error en los cargos proviene de la indebida transcripción del texto demandado”.
El artículo 32
pretende garantizar el derecho de reunión y de asociación de los niños, niñas y
adolescentes, sin más limitaciones que las que imponen la ley, las buenas
costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor.
1.6. La
publicación de los datos de los condenados -condenas definitivas y en firme-
por los delitos contra los niños, niñas y adolescentes de que trata el artículo
48, se justifican como un mecanismo de defensa social y para prevenir la
reincidencia, privilegia los derechos de las víctimas -menores- en concordancia
con el artículo 44 Superior y no transgrede el principio de presunción de
inocencia. Sobre el carácter definitivo que debe tener esta condena el Decreto
2200 de 2007 despeja cualquier duda.
1.7. Los
inspectores de policía son competentes por defecto de los defensores y
comisarios de familia; no es evidente la incapacidad de éstos para cumplir lo
que es materia de su competencia y si ello fuere así, no es demostrable,
comoquiera que la ley exige calidades especiales para el cumplimiento del
cargo, es por tanto inadmisible la descalificación que se hace de los
inspectores en la demanda. Además la asignación de esta competencia “cabe
perfectamente dentro de las facultades del legislador” (artículos 51, 98,
99, 104,109).
1.8. Sobre los
artículos 62, 71, 74 y 144 no existe juicio de constitucionalidad en la
demanda.
1.9. “No se
puede hacer una confrontación entre normas de la misma categoría, para concluir
de ello que es inconstitucional, por cuanto este adjetivo sólo se puede
predicar respecto de la Constitución Política y sus contenidos” (artículo
73).
1.10. Corresponde
a la ley señalar las calidades para el desempeño de determinadas funciones
públicas que respondan a las necesidades del buen servicio. “Resulta
contradictoria la demanda cuando, en cargo anterior, descalifica a los
Inspectores de Policía” (artículo 80).
1.11.  La
cesación de las medidas de restablecimiento de derechos cuando cometen delitos
los menores entre 14 y 18 años es una hipótesis razonable, aspecto diferente es
cuando sea la víctima de un delito, pues las medidas son protectoras y no de
control del delito (artículo 82).
1.12. El numeral
4 del artículo 95 es “perfectamente compatible con las funciones propias del
Ministerio Público, especialmente con las señaladas en el numeral 5 del
artículo 277 de la Constitución Política”.
1.13. Las
funciones de los coordinadores de los centros zonales se pueden establecer con
mayor precisión mediante decretos reglamentarios, resoluciones internas o
políticas administrativas, sin que quepa afirmar que resulta inconstitucional
esta institución. Respecto al cargo de la intromisión en la esfera municipal, “la
observación no está llamada a prosperar, en tanto que debe entenderse la labor
no sólo en el marco de las relaciones interinstitucionales, sino además como la
asignación de una competencia especial, para la que el legislador está
facultado”(artículo 96).
1.14. “El
traslado de las competencias a la jurisdicción propiamente dicha no es contrario
al principio de separación de poderes, sino que se enmarca dentro de la debida
colaboración y concurrencia de las funciones públicas…, la competencia asignada
es para la homologación de las decisiones tomadas en trámite de conciliación, a
manera de fallo de segunda instancia en busca de la mayor legalidad y sólo a
petición de parte o del Ministerio Público” (artículo 100).
1.15. Es
incomprensible el cargo formulado en contra del artículo 111, “ningún
principio constitucional se opone a que una ley derogue otra parcialmente o
conserve de ella normas que se considere merecedoras de continuar en vigencia”.
1.16. Impedir la
salida del país al deudor de alimentos es un recurso que evita el
incumplimiento de las obligaciones alimentarias y que puede resultar eficaz; al
igual que reportar al moroso a las centrales de riesgo, pues si esto último
resulta justificado en el régimen de las obligaciones económicas, en general,
con mayor razón se justifica si se trata de las obligaciones alimentarias
(artículo 129).
1.17. No se
entiende la justificación o consideraciones que darían lugar a la
inconstitucionalidad de los artículos 130, 131, 132, 133, 143, 179, 180. El
criterio personal del demandante para censurar el artículo 190 sobre el
procedimiento nuevo, no constituye causal o fundamento de inconstitucionalidad.
1.18. Respecto
del artículo 134, “la norma del Código del Menor aludida fue derogada por la
Ley 1098 de 2006. En consecuencia, de ella no puede alegarse contradicción
alguna con el ordenamiento vigente”.
1.19. La Policía
de la Infancia y de la Adolescencia procede a la identificación y a la recolección
de los datos de la conducta punible del menor de 14 años o del menor de 18 años
si padece de alguna discapacidad; es una manera de hacer seguimiento, sin
perjuicio de la exclusión de su responsabilidad penal; es una herramienta que
puede contribuir al seguimiento de los menores para su rehabilitación y trato
consecuente en el futuro. La información recaudada por la Policía es entregada
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual  deberá diseñar y poner
en funcionamiento programas de atención especializada para niños y niñas
menores de catorce años que cometan delitos y que están por fuera del sistema
de responsabilidad penal juvenil. De igual forma, la Policía especializada
podrá diseñar programas focalizados para niños y niñas que están en riesgo
social o vulnerabilidad manifiesta conforme a la sentencia C-203 de 2005
(artículo 142).
1.20. El
artículo 147 determina que si el juez considera que el menor adolescente puede
exponerse a un daño sicológico las audiencias serán cerradas al público, como
un mecanismo de protección de los derechos de los investigados. Si prospera la
demanda podría generarse un estímulo a la delincuencia de los menores.
1.21. El
artículo 148 no desfavorece a los menores de edad que son mayores de catorce
años, sino que establece un tratamiento acorde con su edad.
1.22. “La
confrontación puede ser en muchos casos un recurso que, a juicio del juez,
permita la adecuada valoración del testimonio. Debe entenderse que existe una
responsabilidad penal acorde con el rango de edad (14 a 18)” (artículo150).
1.23. El cargo
formulado no coincide con el artículo 151, en el cual se indica que los
adolescentes que cometan delitos tienen derecho al debido proceso y a las
garantías procesales.
1.24. Permitir
la confesión del menor sindicado (artículo 157) no atenta contra el mismo;
puede ser liberatoria para él y es una norma positiva de conducta moral.
1.25. El aumento
del término de la prescripción en una tercera parte (artículo 158) es racional,
no sólo como una manera de evitar la impunidad del delito cometido por un
adolescente, sino también como un complemento del beneficio de no ser juzgado
en  ausencia. Además la defensa social justifica el aumento señalado.
1.26. El cargo
formulado en contra del artículo 162 es contradictorio, pues señala que la
norma es a la vez favorable y atentatoria contra los derechos de los menores.
1.27. Los
numerales 1 y 5 del artículo 163 “son constitucionales y convenientes, pues
se refieren a los fiscales especializados y funcionarios especializados, que
toman en cuenta las características del autor de la conducta punible”.
1.28. El
artículo 165 no es contrario al principio de unidad de materia, “por cuanto
el Código regula el régimen penal de los niños, niñas y adolescentes, con los
que tiene el precepto directa relación”.
1.29. La
reparación económica establecida en el artículo 170 es compatible con el régimen
de responsabilidad de los padres de los menores en todos los aspectos civiles.
1.30. La
dosimetría penal prevista en el artículo 187 es baja y de trato benigno a los
menores de edad autores de la conducta delictiva, por lo que se acompasa con la
normatividad internacional aceptada por Colombia y con la protección a los
niños, niñas y adolescentes que ordena la Constitución.
1.31. Las
expresiones del artículo 189 sobre la Defensoría de Familia, pretenden proteger
los derechos de los sindicados, se entiende que quien acude es el defensor de
familia, funcionario que representa esos despachos.
1.32. La expresión
“dentro de las 36 horas siguientes” contenida en el artículo 189, tiene
carácter procedimental; protege la integridad y la dignidad de los adolescentes
que cometen infracciones a la ley penal, y cumple con el debido proceso.
1.33. “La no
aplicación del principio de oportunidad cuando no se haya reparado el daño, es
a favor de los menores víctimas, por lo que, al modo de ver de este Instituto,
no se contraviene la norma superior” (artículo 193). Es claro que el
legislador quiso referirse al inspector de Policía en el numeral 8.
1.34.“El
reparo en el sentido de que sólo el ICBF debe ser responsable del Plan de
Desarrollo, es por el contrario, negar la posibilidad de que varias
instituciones del Estado intervengan, y sería violatorio de los principios de
corresponsabilidad y solidaridad establecidos en la Ley 1098 de 2006 y en la
Constitución Política” (artículos 204 y 216).
1.35. Es
descaminado pensar que es inconstitucional el artículo 217, por establecer la
figura de la derogatoria parcial, que implica la aplicación de las normas
nuevas en forma concurrente con las anteriores.
2.
Intervención del Ministerio de la Protección Social
El ciudadano
Otoniel Camargo Ramírez, obrando en nombre del Ministerio de la Protección
Social, intervino dentro del presente proceso indicando lo siguiente:
Respecto al
inciso primero del artículo 3º de la Ley en comento, consideró que  no  viola la
Constitución o deroga el artículo 34 del Código Civil, toda vez que “(…) es
muy clara porque consagra “sin perjuicio” de lo establecido en ésta última.
(…)” Indica entonces que lo fundamental es que la mayoría de edad se
adquiere a partir de los 18 años, y no antes, siendo ese hecho objetivo el que
determina consecuencias jurídicas distintas para los menores de edad.
Sobre al aparte
del inciso 3º del artículo 15 de la Ley 1098 de 2006 demandado, manifestó “(…)
que no existe diferencia alguna entre el concepto y alcances del peritazgo tal
como está consagrado en las demás jurisdicciones frente a lo establecido en la
norma acusada (…)”. Por ende la expresión “se tomarán en cuenta los
dictámenes de especialistas” corresponde a dicho medio probatorio.
En lo referente
al aparte del inciso 2º del artículo 24 adujo que el actor no demostró de qué
manera el concepto de alimentos allí consagrado es contrario a la Constitución.
Así mismo enfatizó que la norma en comento es amplia y un “(…) texto como
abierto como el citado difícilmente puede considerarse conculcatorio de la
constitución precisamente porque es lo suficientemente flexible (…)”.
Ante la
acusación del aparte del artículo 28 argumentó que se trata del año escolar
correspondiente a preescolar, por lo que se están asegurando en total 10 años
de educación a los menores de edad.
Respecto del
inciso 3º del artículo 32 manifestó que el sentido de la norma es “(…)
proteger el patrimonio de los menores de edad y no a perjudicarlo.”
Sobre el inciso
2º del artículo 48 indicó que no agrega pena accesoria al condenado, ni
modifica los regímenes penitenciario y penal, pues la reserva sumarial existe
tan sólo mientras perdure el proceso; “(…) una vez ejecutoriada la sentencia
condenatoria, no existe proceso penal sino ejecución de la pena, inexistiendo
de paso la reserva sumarial.”
Con respecto a
los apartes demandados de los artículos 51, 89 Num. 10, 99, 100, 104 y 109
adujo que hacen referencia a los inspectores de policía que, evidentemente,
hacen parte de las autoridades públicas vinculadas con el reestablecimiento de
los derechos. El hecho de que las normas en comento citen a algunas autoridades
no es óbice para que otras concurran en la protección de derechos.
En lo referente
a los apartes demandados del inciso 2° del artículo 62, así como el artículo
71, el inciso 2º del artículo 73 y los parágrafos 1 y 2 del artículo 74 adujo
que la corte debía determinar si se trata de una “(…) especie de
privatización de una delicada función pública. ¿Qué razones habría para delegar
en particulares una atribución hasta ahora reservada al ICBF?”.
Ante la
acusación contra el aparte del artículo 80.3 manifestó que no existe violación
a la igualdad de los profesionales del derecho. Se trata de un requisito mínimo
de idoneidad para todos los aspirantes.
Respecto del
aparte del artículo 82.5 demandado adujo que la expresión hace referencia al
restablecimiento de derechos en relación con los menores de menos de 14 años que
cometan delitos, excluyendo así a los demás menores y a otras circunstancias.
En lo referente
al aparte demandado del artículo 95.4 indicó que la norma acusada no afecta las
funciones constitucionales y legales del Ministerio Público, entre las que se
encuentra el ejercicio del control disciplinario de los funcionarios públicos y
actuar como parte en las distintas jurisdicciones, “(…) condición que
indistintamente pueden ejercer las Personerías Municipales y Procuraduría
General de la Nación –en el primer caso- y los antes citados más Defensores
Públicos en el segundo.”
Sobre el aparte
demandado del artículo 96.2  argumentó que la ausencia de determinadas funciones
en el reglamento interno no implica que las mismas no puedan establecerse mediante
de una norma legal.
Sobre el aparte
demandado del artículo 98 adujo que es una descalificación sin fundamento de
los Inspectores de Policía.
En lo referente
al aparte demandado del artículo 100 señaló que no existe tal intromisión
indebida por parte de la rama judicial en asuntos de competencia exclusiva del
Defensor y Comisario de Familia. La expresión homologar significa “(…)
validar lo que otra autoridad ha decidido; por tanto el propósito no es
violatorio sino garantista de los derechos de los menores, porque agrega un
control judicial al que preexiste en términos administrativos.” La
expresión “fallo” fue empleada de forma antitécnica por el legislador;
por tanto, debe entenderse que la intervención jurisdiccional se adelanta
dentro del trámite administrativo.
Por otra parte,
el control jurisdiccional existe dentro del ordenamiento jurídico colombiano y
recae sobre todas las decisiones administrativas. A su juicio, el parágrafo
acusado es claro, el término para resolver administrativamente el trámite es
preciso, sin que se presente la mora aducida por el actor. Sólo de acaecer
ésta, la autoridad administrativa pierde competencia y la asume el Juez de
Familia. Por último, indica que la norma demandada remite al Código Único
Disciplinario.
En lo referente
al aparte del ordinal 5º del artículo 111, manifestó que “(…) no existe
derogatoria alguna (ni expresa ni tácita) y que respecto a dicho procedimiento
la remisión normativa continúa teniendo plena vigencia”, ya que el texto
normativo al cual remite es idéntico.
Con respecto al
aparte demandado del artículo 129 señaló que no se constituye en una
irregularidad “(…) el hecho que se retome parte de los textos del anterior
Código del Menor (…)”. La comunicación al DAS para condicionar la salida
del país del deudor de alimentos no desconoce el derecho de defensa ni la
presunción de inocencia, ya que no se trata de una condena penal que suponga la
privación de la libertad. Tampoco es una restricción a la movilidad, pues “(…)
basta con que preste garantía suficiente del cumplimiento de la obligación
alimentaria”. Por otra parte, el reajuste de la cuota alimentaria por
encima del IPC sólo puede realizarse cuando se tenga fundamento probatorio de
la capacidad del vinculado.
Sobre la demanda
contra los apartes de los artículos 130, 131, 132 y 133 señaló que la remisión
expresa a ciertas normas del Código del Menor indica “(…) simplemente (…)
que habrá apartes de dicha norma que no se han derogado (…)”.
En lo referente
al aparte del artículo 134 demandado indicó la claridad de la prevalencia a
favor de los menores de edad.
Respecto del
aparte del artículo 142 demandado señaló que la norma plantea “(…) la total
exclusión de responsabilidad penal en determinados casos y parcial en otros y
por tanto la sustracción al respectivo proceso (…)”.
Sobre el aparte
del artículo 143 manifestó que se establecen medidas protectoras y
restablecedoras a cambio de represivas. Al no ser medidas penales, es
inaplicable entonces el concepto de aprehensión, detención o captura.
Ante la
acusación del aparte del artículo 144 señala que la norma remite únicamente al
procedimiento penal y no al derecho sustantivo penal, por tanto si “(…) el
sistema acusatorio es violatorio de derechos según considera el actor, no lo
sería solamente respecto de los que son titulares los menores sino de todos los
procesados; por tanto, lo que debió acusar el actor no fue la norma del
presente código que remite sino al de procedimiento penal remitido.”
En lo referente
al aparte del artículo 177 demandado, señala que el sentido de la norma es
contrario al aducido por el actor, pues “(…) no se pasa de la privacidad a
la publicidad sino exactamente lo contrario, facultándose para que puedan
realizarse audiencias cerradas al público.” Si los jueces tienen la
facultad de decidir sobre la libertad de las personas, con mayor razón son
competentes para determinar la “(…) pertinencia de la privacidad cuando las
circunstancias lo requieran.”
Respecto del
aparte del artículo 148 demandado adujo que “[e]l restablecimiento de
derechos procede de manera general respecto a todos los menores de edad y
frente a todos los derechos; la norma acusada apenas regula los aspectos
penales de esos derechos y es natural que sobre el particular establezca
determinadas restricciones.”
En relación con
el aparte demandado del artículo 150 indicó que regula el testimonio del menor
dentro del proceso penal que se adelante contra adultos, por lo que las
eventualidades ahí descritas son garantías para aquel.
Sobre los
incisos 1 y 2 del artículo 151 señaló que la confrontación a la que hace
referencia la norma no es el escarnio público sino, por el contrario, la
prueba. Por ende, la remisión a las garantías del procedimiento penal ordinario
no conculca ni restringe los derechos de los menores.
En lo referente
a los apartes del artículo 157 argumentó que no se afecta el ejercicio de la
defensa ni el derecho de audiencia, ni se obliga al menor a que acepte los
cargos. “El estudio referido que debe practicar el Defensor de Familia y la
aceptación de los cargos, se sobreentiende que se considerará con criterio
favorable al momento de imponer y modificar la sanción y no justamente para
hacer más gravosa la situación del menor.”
Acerca del
aparte del artículo 158 adujo que no existe jurídicamente problema alguno con la
remisión, y que es cierto que no pueden imponerse criterios penales
desfavorables respecto de una comunidad determinada.
Sobre el aparte
demandado del inciso segundo del artículo 162 señaló que consagra la privación
de la libertad, pero en centros “(…) en condiciones dignas para los menores,
como quiera que se hará “en establecimientos de atención especializada en
programas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar”.
Respecto  de los
apartes de los numerales 1 y 5 del artículo 163 argumentó que el sistema de
responsabilidad penal de los adolescentes es especial y eso explica la
existencia del código de la infancia y la adolescencia así como las
instituciones jurídicas, procedimientos e instancias que concurren en el mismo.
En lo referente
al cargo formulado en contra del aparte del artículo 165 señala que no es un
ataque de constitucionalidad, sino una manifestación contra la ambigüedad,
confusión e imprecisión de la norma.
Respecto del
aparte del artículo 170 demandado señala que la norma no vincula a los padres o
representantes legales frente a la responsabilidad penal, sino en lo
concerniente a la responsabilidad económica que todo delito ocasiona.
Sobre el aparte
del artículo 179 indica que la privación de libertad de los menores no es
comparable con aquella que debe ejercerse contra los adultos delincuentes.
Respecto del
aparte del artículo 180, Num. 4, aduce que consagra un derecho y no una
obligación, por lo que el menor puede o no hacer uso de él, o sea, comunicarse
o no reservadamente con el Fiscal durante la ejecución de las sanciones.
Respecto de los
apartes de los artículos 187, 190.3 y 204.3 argumenta que no se formuló cargo
de inconstitucionalidad alguno.
Frente al cargo
contra el artículo 189.1 indica que “(…) se sobreentiende que cuando en
tales casos el legislador se refiere a la Procuraduría General de la Nación,
Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, fiscalía General de la Nación,
etc, se está refiriendo a su representante, lo cual igualmente funciona para la
Defensoría de Familia.” Respecto de las falencias en el trámite de la ley,
considera que deberán probarse.
Sobre los cargos
formulados contra el aparte del artículo 191 señala que el término es de un día
y medio de privación efectiva de la libertad, lo cual guarda correspondencia
con la protección de la figura de habeas corpus.
Respecto de los
cargos en contra del artículo 193 indica que los principios de oportunidad e
indemnización han sido creados en el sistema penal, tienen carácter general,
pero en el aparte demandado se constituyen en norma especial por tratarse de
menores de edad. Por tanto, si se formula un cargo contra dichos principios
debe atacarse el conjunto del sistema penal y no la simple remisión. Por otra
parte considera que la Corte Constitucional debe determinar“(…) si el
Inspector de Familia es una institución nueva o debe entenderse Inspector de
Policía”.
Frente al
parágrafo del artículo 216 señaló que la norma acusada ordena la realización de
un estudio, por lo que el actor debió demandar las normas que lo crean y no las
que ordenan su implementación.
Por último
aduce, en lo referente al aparte del artículo 217, que la Corte Constitucional
deberá determinar la existencia del paralelismo jurídico referido por el actor
y la derogatoria correspondiente.
3.
Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia
El Ministerio
del Interior y de Justicia, por intermedio de apoderado, solicitó “declarar
exequibles las normas acusadas de la Ley 1098 de 2006 sobre las cuales la Corte
no se declare inhibida para pronunciarse por ineptitud de los cargos”. Sus
argumentos son los siguientes:
Expresa que la
demanda no explica en qué consiste la vulneración en forma inteligible y
concreta acerca de que las normas demandadas transgreden los artículos 42, 44 y
45 de la Constitución Política, incumpliendo el accionante, de esta forma, con
el deber de sustentar las acusaciones y afirmaciones que plantea.
La disposición
que estableció que “para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares
de derecho todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las
personas entre los 0 y 12 años, y por adolescente las personas entre los 12 y
18 años de edad” no es inconstitucional, pues con bases objetivas,
científicas, razonables, coherentes y lógicas se distinguió entre los menores
de edad en niños y adolescentes, diferenciación que no es nueva, ni arbitraria,
sino que es acogida ampliamente por médicos, psicólogos, psiquiatras y por el
sentido común, por lo que la expresión citada en el artículo 3° es exequible.
El inciso 3° del
artículo 15 de la ley demandada es constitucional, comoquiera que es una “cuestión
meramente potestativa” del juez tomar en cuenta para la decisión de un caso
el concepto que los expertos allegan, lo cual no obsta para que el juez lo analice,
pondere, estudie, con el fin único de informar el proceso y tener herramientas
para administrar justicia, pues el juez de la República está sujeto a la Constitución
y a la ley, sus decisiones gozan de un alto grado de independencia en la que
impera el sistema de la sana crítica en la apreciación de las pruebas que se
allegan al proceso.
Solicita que la
Corte se inhiba de pronunciarse acerca de la censura por inconstitucional del
inciso 2° del artículo 24 de la Ley 1098 de 2006, toda vez que dicho inciso “no
existe en la ley acusada”; sin embargo, adujo que “la expresión que se
acusa, independientemente de que la misma no se encuentra en el inexistente
inciso atacado, el hecho de que sea la misma expresión que contienen otras
disposiciones jurídicas, no queda más sino recordar que ese no es un tema de
constitucionalidad o no, sino de aplicación de la ley en el tiempo, que
corresponde analizar al operador jurídico”.
La expresión
acusada del artículo 28 pretende dar un paso adelante en la educación de los
menores, como es establecer un año obligatorio de educación preescolar gratuita
a cargo del Estado, por lo que dicha disposición no se puede considerar
contraria al mandato constitucional, ya que desarrolla los postulados sobre la
importancia de los menores y la consolidación de sus derechos en el seno del
Estado y la sociedad y permite que los niños “se desarrollen individual y
socialmente desde la etapa preescolar a fin de que logren el pleno desarrollo
de todas las potencialidades que les son inherentes como seres humanos en
proceso de formación”.
En ejercicio de
la potestad legislativa, el Congreso de la República consideró oportuno,
conveniente y pertinente otorgarle al inspector de policía en los artículos 51,
99, 104, 109 y parágrafos 1° y 2° del artículo 100 y el inciso 1° del artículo
98, facultades excepcionales en situaciones legalmente identificadas -ausencia
en un lugar del funcionario idóneo para determinados temas de infancia- que
buscan “brindar la garantía a la sociedad de que incluso en el más remoto
lugar, al cual aún no ha llegado completamente la estructura de servicios
especializados del Estado, hay un funcionario… que deberá proteger con todo el
esmero y esfuerzo, en los términos y actuaciones que la ley acusada prevé, la
prevalencia constitucional de los derechos de los menores”, lo que no excusa
al Estado del cumplimiento del deber de tener en los lugares que la sociedad
reclame el funcionario especializado, sino que la misma ley contempla una
excepción partiendo de la realidad objetiva de nuestro país.
Asimismo, el
legislador en ejercicio legítimo de su potestad estableció en el inciso 2° del
artículo 62, en el artículo 71, en el inciso 2° parágrafos 1° y 2° del artículo
73 y en el artículo 74 de la Ley 1098 de 2006 la ejecución por parte de
particulares de la función pública de desarrollar programas de adopción de
acuerdo con la Constitución y la ley, dejando en claro que la instancia
responsable de la “selección de las familias adoptantes y la suprema
autoridad central en materia de adopción” es el ICBF  y que  “las
instituciones autorizadas nunca suplantan a éste en las mismas, sino que
simplemente desarrollan un labor sin ánimo de lucro en pro del bienestar de los
menores y en cumplimiento del deber de solidaridad”.
El numeral 3°
del artículo 80 de la ley acusada es constitucional, debido a que “el
legislador actuó correcta y sabiamente en el ejercicio de sus potestades
constitucionales buscando que las personas que lleguen a ocupar los cargos de
defensores de familia sean personas con una mínima capacitación específica…,
que tengan un título de postgrado en alguna de las áreas señaladas, que les
haya permitido profundizar e interiorizar los temas de fondo, los temas
estructurales de la institución familiar… por cuanto es un tema tan delicado y
tan intrínsecamente relacionado con la protección de los derechos fundamentales
de los menores y la estructura básica sobre la cual se erige la sociedad”.
La expresión “catorce
años” contenida en el numeral 5° del artículo 82 de la ley demandada es
acorde con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que
trata del “conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades
judiciales especializadas y entes administrativos que rigen e intervienen en la
investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que tengan
entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el punible”  y
que encuentra sustento en la sentencia C-019 de 1993 de la Corte Constitucional
que determinó que “los adolescentes poseen garantías propias de su edad y de
su nivel de madurez, pero gozan de los mismos privilegios y derechos
fundamentales que los niños, y son, por tanto, menores” y en la sentencia
C-839 de 2001 que estableció que “la institucionalización de una justicia de
menores no constituye, per se, un atentado contra los derechos de los menores,
ni va en detrimento del deber de protección que recae en la sociedad y el
Estado”.
La acusación al
inciso 2° del artículo 96 carece de fundamento, toda vez que el legislador
reguló el “grueso de los temas más relevantes que deben tratarse en el marco
de una ley de infancia y adolescencia” y dejó al ICBF la regulación de
aspectos importantes, por lo que no es procedente “un cargo de
inconstitucionalidad que se resume a que las funciones asignadas a los
coordinadores de los centros zonales del ICBF son ambiguas”.
El inciso 4° del
artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 no es inconstitucional, ya que el control
por parte del Juez de Familia de las conciliaciones extrajudiciales que se
surtan en el marco de la ley acusada no es una intromisión indebida de la rama
judicial, sino que debido a la importancia de los temas sujetos a conciliación,
pues están en juego los derechos  fundamentales prevalecientes de los menores,
es necesario que se adelante un control de legalidad.
Considera que
respecto de la acusación de que varias disposiciones de la Ley 1098 de 2006 son
inconstitucionales porque son iguales a otras del antiguo Código del Menor, la
Corte debe declararse inhibida, ya que es un cargo inepto para efectos de una
demanda de inconstitucionalidad.
Por último,
solicitó el interviniente la exequibilidad de las normas que rigen el Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes dispuesto en la Ley 1098 de 2006,
toda vez que es respetuoso de la Constitución y de los tratados
internacionales, se ajusta a la Convención sobre los Derechos del Niño que
supone una separación entre el tema de protección de los menores y el de la
administración de justicia para aquéllos señalados de infringir la legislación
penal, se fundamenta en la Reglas de Beijing también conocida como la
Resolución 40/33 del 29 de noviembre de 1985 que promulgó los parámetros
mínimos de regulación para los sistemas de administración de justicia y busca “prevenir
y brindar herramientas jurídicas que permitan al Estado garantizar los derechos
de los niños, niñas y adolescentes …de acuerdo a las directrices de la ONU”.
Expone que el
anterior Código del Menor -Decreto ley 2737 de 1989- hacía énfasis en tutelar
al menor que delinquía, la nueva ley tiene en cuenta las “condiciones
particulares del joven y las condiciones de la conducta realizada, se enfatiza
en que el adolescente es un sujeto de derechos y obligaciones, y por tanto
existe la necesidad de que responda por el daño infringido a las víctimas, a
través de medidas de carácter formativo, educador, pero también a través de las
medidas de reparación a las víctimas”.
Considera que los
cambios más importantes del proceso penal que se adelanta a los adolescentes
son, entre otros, tratamiento especial en lo que atañe a la restricción de sus
libertades, internamiento preventivo excepcionalmente durante el proceso cuando
la sanción procedente sea la privación de la libertad, las medidas tiene
carácter formativo y educador, las audiencias son reservadas, establecimientos
especiales para las medidas de internamiento, creación de juzgados penales de
adolescentes, policía especializada para infancia y adolescencia,
acompañamiento en toda la actuación de la defensoría de familia, adecuación
física y tecnológica de la sala de audiencias, sólo interroga a la víctima
menor de edad el defensor de familia, el sistema se fundamenta en la
corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia, en la prevención y en
la consecución de los objetivos de las sanciones que se impongan a los menores
que hayan cometido un delito.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
La Procuradora
Auxiliar para Asuntos Constitucionales de la Procuraduría General de la Nación,
Carmenza Isaza Delgado, rindió concepto sobre los cargos planteados por el
actor, manifestando lo siguiente:
1. La Corte
Constitucional, respecto de los cargos formulados contra el inciso 2º del
artículo 48 de la Ley 1098 de 2006, debe estarse a lo resuelto en la sentencia
C-061 del 30 de enero de 2008, mediante la cual la Sala Plena de esta
Corporación declaró inexequible el mentado inciso. De igual forma, la Corte
debe estarse a lo resuelto en la sentencia C-228 de 2008, en la cual se
declararon exequibles el inciso 2º del artículo 96 y el artículo 100 de la Ley
1098 de 2006 en lo relativo a la doble instancia.
2. A su juicio, la
Corte debe declarar “(…) exequibles los artículos 3º, 28, 62, inciso 2º, 71
y 73, inciso 2º y parágrafos 1 y 2, 80, numeral 3º, 95, numeral 4º, 100, inciso
4º, 144, 170, 187 y 189 de la Ley 1098 de 2006, en lo acusado y exclusivamente
respecto de los cargos objeto de análisis.” De otro lado, solicitó que declare
inexequible el artículo 147 de la ley 1098 de 2006.
3. Por último,
pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de emitir pronunciamiento de
fondo respecto de los cargos presentados contra las demás disposiciones
acusadas, debido a ineptitud sustantiva de la demanda.
4. Los
argumentos expuestos por la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales
son los siguientes:
4.1 Argumentó la
existencia de cosa Juzgada Constitucional en lo referente a la acusación
formulada contra el inciso 2º del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006, ya que la
sentencia C-061 de 2008 lo declaró inexequible. De igual forma, la Corte
Constitucional - en sentencia C-228 de 2008- se pronunció en lo referente a la
vulneración de los artículos 113 y 121 de la Carta Fundamental por parte del
inciso 2º del artículo 96 de la mentada Ley. En dicha ocasión, la guardiana de la
Constitución lo declaró ajustado a la Norma Fundamental.
Señaló que en
esta última sentencia la Corte se pronunció también respecto de dos cargos
formulados contra el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006. En esa ocasión se decidió
la no prosperidad de aquellos, pues la norma “(…) corresponde a la potestad
de configuración normativa de los procedimientos, ejercida en este caso sin contrariar
los valores, principios y derechos fundamentales. En este caso, la falta de
previsión de una segunda instancia no se revela contraria a los preceptos
constitucionales (…)”. Así mismo, en lo relativo a la pérdida de
competencia por el vencimiento de los términos para decidir, en la mentada
sentencia se señaló que resultaba acorde con  el debido proceso sin dilaciones
injustificadas, cosa que favorece el interés de los menores.
4.2 Para
sustentar la exequibilidad de las normas antes señaladas, argumentó que los
conceptos de niño y de adolescente establecidos en el artículo 3º de la Ley
1098 de 2006 no riñen con la Constitución ni con el Bloque de
Constitucionalidad, toda vez que la Norma Fundamental, en los artículos 44 y
45, categoriza a los menores sin entrar a definir una particular edad. De igual
forma, “(…) la definición de niño inserta en el artículo 1º de la Convención
sobre los Derechos de los Niños, como allí se indica tiene proyección en tal
normativa y carece de la pretensión de implantar con carácter general e
ineluctable, una particular definición de niño (…).”
En cuanto a la
expresión “un año” contenida en el artículo 28 de la Ley 1098 de 2006,
señaló que el texto acusado no desconoce el artículo 67 de la Constitución, ya
que reitera lo dicho por dicha disposición. De igual forma, los cargos
formulados contra el inciso 2º del artículo 62, el artículo 71 y el inciso 2º
parágrafos 1 y 2 del artículo 73 carecen de fundamento, pues el ICBF será la
entidad que decida autorizar o no a determinadas instituciones para desarrollar
programas de adopción, sin que la función ejercida por privados pueda ser
contemplada como perenne.
Frente a la
exigencia de títulos idóneos para ser Defensor de Familia, indicó que la
Constitución avala dichos requisitos, pues el artículo 26 Superior consagra que
“(…) la Ley podrá exigir títulos de idoneidad (…).” En el caso de los
derechos de los niños y adolescentes, dichos requisitos se imponen con mayor
razón, pues se trata de sujetos de especial protección.
Sostiene que las
funciones del Ministerio Público, definidas en el artículo 95 de la Ley 1098 de
2006, entre las cuales se encuentra la formulación de  recomendaciones a las
autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación de los derechos
humanos de los niños, las niñas y los adolescentes; son acordes con la
normatividad superior, pues el artículo 118 de la Constitución confiere a la
Procuraduría General de la Nación la protección y aseguramiento del
cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Así mismo, argumentó que nada se
opone a que el legislador asigne nuevas funciones a los funcionarios públicos,
siempre y cuando se respeten los principios y valores constitucionales.
En lo referente
a la competencia del juez de familia para homologar el fallo administrativo del
defensor o comisario de familia, establecido en el inciso 4º del artículo 100
de la mentada Ley, indicó que no riñe con la norma fundamental, toda vez que no
se trata de un control jurisdiccional automático, mas sí de un mecanismo que
garantiza los derechos de las niñas y los niños tras la petición de parte o del
Ministerio Público.
Conceptúa que el
artículo 144 de la Ley 1098 de 2006 estableció  la aplicación del Código de
Procedimiento Penal en aquello que no riña con las reglas especiales de
procedimiento definidas en dicha disposición. A juicio de la Procuraduría el
cargo debe ser desestimado, ya que la existencia de un régimen especial no
contraría la aplicación en otras esferas del procedimiento determinado por la
Ley 906 de 2004 en todo aquello que no riña con la especialidad de la Ley 1098
de 2006.
Señala que el
artículo 170 de la Ley 1098 de 2006 establece la responsabilidad solidaria de
los padres y los representantes legales, la cual opera exclusivamente en
materia económica, por lo que no es cierto que se transgreda el principio
constitucional de la responsabilidad penal individual.
Considera
igualmente ajustada a la Constitución la proporcionalidad en las penas por los delitos
de homicidio doloso, secuestro o extorsión, fijada en el inciso 2º del artículo
187 de la mencionada ley. A su juicio “(…) la determinación de las sanciones
por el legislador hace parte de su libertad de configuración y la fijada en el
inciso acusado no se considera abiertamente desproporcionada por excesiva dado
que la privación de la libertad durante un lapso de 2 a 8 años para los
responsables de delitos tan graves (…) es totalmente razonable.”
Por último,
indica que en lo referente al reproche elevado por el actor respecto
de que  “(…) la
Comisión de Conciliación no adoptó el texto aprobado por el Senado de la
República del que actualmente es el artículo 189 de la Ley 1098 de 2006 (…)”,
debe ser desestimado, toda vez que el texto final es idéntico a aquel publicado
en la Gaceta No 376 de 2006.
4.3 Manifiesta
que la potestad conferida al juez respecto de la publicidad en las audiencias,
señalada en el artículo 147 de la mencionada Ley, que permite la realización de
éstas de forma cerrada si se considera que “(…) expone a un daño psicológico
al niño, niña o adolescente (…)” resulta menos garantista que “(…) la
regulación que sobre publicidad de las audiencias consagra el procedimiento
penal aplicable a los adultos (…)”, pues en el caso de mayores de edad se
permite la no publicidad si el juez considera que la víctima, los jurados, los
testigos, los peritos y demás intervinientes se ponen en peligro. De igual
forma, la realización cerrada de la audiencia se autoriza en el caso de los
adultos si se afecta la seguridad nacional, se expone a daño psicológico a los menores
que intervienen, se menoscaba el derecho del acusado a un juicio justo o se
compromete seriamente el éxito de la investigación.
Así mismo,
indica que el sometimiento a audiencias públicas como regla general, en el caso
del menor de edad, trunca la reintegración social de aquel, pues “(…) se le
expone a una publicidad no querida e incluso temida por el adolescente
procesado(…). La ley no contempla siquiera la posibilidad de escuchar
previamente al adolescente procesado o el que éste pueda pedir que las
audiencias sean cerradas y exponer las razones para ello .” En este sentido
y señalando que los menores de edad deben contar con una protección especial
del Estado, a su juicio, la disposición debe ser declarada inexequible.
4.4 Respecto de
la ineptitud sustantiva de la demanda indica que esta Corporación ha señalado
que el concepto de la violación se cumple cuando “(…) la demanda expresa en
forma cierta, clara, específica, pertinente y suficiente las razones por las
cuales la norma superior se considera vulnerada.” En caso de faltar alguna
de estas condiciones, se hace inepta la demanda. A su juicio, los cargos
carecen de fundamentos, han sido confusamente formulados y son incoherentes.
Señala que “(…) no es posible pronunciarse mediante la acción de control de
constitucionalidad” respecto de la ausencia de capacidades, requeridas para
cumplir las atribuciones que prevé la ley de protección a menores, de
funcionarios públicos alegada por el actor. De igual forma, sostiene que los
cargos están basados en interpretaciones ajenas a los textos normativos
demandados, en visiones fraccionadas de los mismos y no en su verdadero
contenido.
VI. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
Competencia
1. La Corte
Constitucional es competente para conocer de  la presente demanda, conforme a
lo dispuesto en el artículo 241, Num. 4, de la Constitución, por estar dirigida
contra unas disposiciones que forman parte de una  ley.
Consideraciones
preliminares
Declaración
de inhibición para adoptar decisión de fondo respecto de algunas disposiciones
demandadas
2. El Art. 2º
del Decreto 2067 de 1991 consagra los requisitos de las demandas en las
acciones públicas de inconstitucionalidad, los cuales constituyen las
condiciones mínimas para que la Corte Constitucional pueda ejercer su función
general de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.
Entre dichos
requisitos se encuentra la expresión de las razones por las cuales los textos
constitucionales se estiman violados (Num. 3).
Acerca del
cumplimiento de esta exigencia, la Corte Constitucional ha expresado:
3.4.2. El segundo elemento de toda demanda
de inconstitucionalidad es el concepto de la violación, que supone la exposición
de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma
constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de  la
demanda.  En este orden de ideas, al ciudadano le corresponderá (i.) hacer “el
señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas”
(artículo 2 del numeral 2 del Decreto 2067 de 1991), pues “si bien cada
ciudadano es libre de escoger la estrategia que considere conveniente para
demostrar la inconstitucionalidad de un precepto (siempre y cuando respete los
parámetros fijados por la Corte), considera la Corte que… el [particular] tiene
el deber de concretar el o los cargos contra las disposiciones acusadas, lo que
implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las
normas constitucionales violadas”[1]. Este
señalamiento supone, además, (ii.) la exposición del contenido normativo de las
disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir,
manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y
resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan[2].
No basta, pues, con que el demandante se limite a transcribir la norma
constitucional o a recordar su contenido.
Finalmente, (iii.) tendrán que presentarse
las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la
Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 2000).  Esta es una
materia que ya ha sido objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional
y en la que se revela buena parte de la efectividad de la acción pública de
inconstitucionalidad como forma de control del poder público.  La efectividad
del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las
razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes[3].  De lo
contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la
expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo
por parte de la Corte Constitucional”[4].
La claridad de la demanda es un requisito
indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues
aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla
general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y
técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto
Fundamental”[5], no lo
excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al
lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que
se basa.
Adicionalmente, las razones que respaldan
los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda
recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[6]
“y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”[7]
e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto
concreto de la demanda[8].  Así, el
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación
del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable
a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control
difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones
inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender
deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se
desprenden”[9].
De otra parte, las razones son específicas
si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o
vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un
cargo constitucional concreto contra la norma demandada”[10].
El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba
resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[11]
que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se
desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad[12].
La pertinencia también es un elemento
esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad.
Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de
naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de
una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este
orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de
consideraciones puramente legales[13] y
doctrinarias[14], o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
“el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como
podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”[15];
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia[16],
calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa”[17]
a partir de una valoración parcial de sus efectos.
Finalmente, la suficiencia que se predica
de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer
lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y
probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto
del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el
trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha
sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué
consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991),
circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la
Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las
pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la
suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la
demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime
facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución,
si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar
la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace
necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” [18]
3. En el
presente asunto no se cumplen los anteriores requisitos en la formulación de
los cargos de inconstitucionalidad contra varias de las disposiciones
demandadas, como se expone  a continuación:
3.1. El cargo
contra un aparte del Art. 15 de la Ley 1098 de 2006, argumentando que  infringe
los Arts. 2, 13, 28, 29, 44 y 45 de la Constitución, por obligar supuestamente al
funcionario judicial o administrativo a tener en cuenta los dictámenes de los
peritos, cuando los Códigos de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil
otorgan libertad a dicho funcionario para acogerlos o no, no expresa las
razones concretas por las cuales se vulneran los preceptos superiores, por lo que
no es posible el examen de constitucionalidad.
3.2. El cargo
contra una expresión del Art. 24 de la Ley 1098 de 2006,  que contiene el
concepto de alimentos, en el sentido de que reproduce el texto del Art. 133 del
Código del Menor y es un contrasentido, desfavorable a los derechos
prevalecientes de los menores por generar controversia, de modo que se violarían
los Arts. 2, 44, 45, 133, 158 y 209 de la Constitución, no expresa las razones concretas
de la infracción de estas disposiciones, por lo cual no es posible el examen de
constitucionalidad.
3.3. El cargo
contra la expresión “en un año de preescolar” contenida en el Art. 28 de
la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al establecer que la educación será
gratuita únicamente en un año de preescolar, y no desde el preescolar hasta el
noveno grado de educación básica, contraría los Arts. 44, 45 y 67, inciso 4º,
de la Constitución y los Arts. 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño
y 7º de la Declaración de los Derechos del Niño, que consagran el derecho de
los niños a la educación, no cumple el requisito de certeza, puesto que la
norma acusada claramente establece que la educación “será obligatoria por
parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica” y que
la misma “será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los
términos establecidos en la Constitución Política”. Se observa así que
dicha disposición no prevé que  la educación será gratuita en un año de
preescolar, como lo sostiene la demanda, sino obligatoria por parte del Estado
en ese año y nueve de educación básica y, por otra parte, que será gratuita en
las instituciones estatales.
3.4. El cargo
contra un segmento del Art. 32 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del cual los
menores adultos se entenderán habilitados para tomar aquellas decisiones
propias de la actividad asociativa, siempre que no afecten negativamente su
patrimonio, en el sentido de que es contrario a los Arts. 2º, 44 y 45 de la
Constitución, porque aunque daría facilidad a los menores adultos para actuar
rápidamente en defensa de su patrimonio, podrían ser víctimas de engaños por su
inmadurez física y síquica, su inexperiencia y la falta de criterios de
responsabilidad, es un argumento de conveniencia, con base en el cual no
procede un examen de constitucionalidad. Por tanto, el cargo no cumple el
requisito de pertinencia.
De otro lado, se
indica en la demanda que el texto legal impugnado fue corregido por el Art. 1°
del Decreto 4011 de 2006, decreto éste que fue derogado por el Decreto 578 de
2007. Se plantea que la corrección fue una modificación del texto, que el
ejecutivo sólo puede efectuar en ejercicio de facultades extraordinarias
conforme a lo dispuesto en el Art. 150, Num. 10, de la Constitución, las cuales
no fueron otorgadas.
A este respecto,
debe señalarse que el Art. 1° del Decreto 4011 de 2006 no está comprendido en
la demanda que es materia de estudio y, si lo estuviera, la Corte
Constitucional carecería de competencia para el estudio de su
constitucionalidad, de conformidad con lo previsto en el Art. 241 de la
Constitución, por haber sido dictado por el Ministro del Interior y de Justicia
Delegatario de las Funciones Presidenciales en ejercicio de las facultades
conferidas en el Art. 189, Num. 10, de la Constitución Política y en el Art. 45
de la Ley 4ª de 1913 y no tener por tanto el mismo fuerza de ley.
3.5. El cargo
contra la expresión “los inspectores de policía” contenida en el Art. 51
de la Ley 1098 de 2006, según el cual el restablecimiento de los derechos de
los niños, las niñas y los adolescentes estará a cargo de las autoridades
públicas, entre las cuales se indica a los inspectores de policía, en el
sentido de que es contrario a los Arts. 2, 13, 28, 29, 44, 45, 93, 94 y 228 de la
Constitución y a los Arts. 3 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, por no contar los inspectores de
policía con la preparación y la idoneidad necesarias para ejercer esa función, no
se funda en una razón jurídica, que permita confrontar la norma legal con el
precepto constitucional, sino en una razón fáctica, que además no aparece
demostrada, por lo cual no cumple el requisito de pertinencia.
Esta
consideración es aplicable al cargo contra la misma expresión contenida en los
Arts. 89, Num. 10; 98, inciso 1°; 99; 100, inciso 1° y parágrafos 1° y 2°; 104,
inciso 1°; 109, y 163, Num. 8, y contra la expresión “inspector de familia”
contenida en el Art. 193, Num. 8, de la Ley 1098 de 2006.
3.6. El cargo
contra las expresiones “instituciones debidamente autorizadas” e “instituciones
autorizadas” por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para
desarrollar programas de adopción, contenidas en los Arts. 62, 71, 73 y 74 de la
Ley 1098 de 2006, en el sentido de que quebrantan los Arts. 2, 13, 44 y 45 de la
Constitución, porque el Estado no debe permitir que entidades o personas
jurídicas o naturales distintas de aquel Instituto desarrollen dichos programas
e integren comités de adopción, tomando en consideración que aquellas no
cuentan con los medios técnicos, humanos, pedagógicos y educativos para
desempeñar esa función, no expresa las razones concretas en que se sustenta,
por lo cual no es procedente el examen de constitucionalidad.
3.7. El cargo
contra el Num. 5 del Art. 82 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al
prever que es función del Defensor de Familia dictar las medidas de
restablecimiento de los derechos para los niños y las niñas menores de catorce
(14) años que cometan delitos, excluyendo a los menores de edad entre los
catorce (14) y los dieciocho (18) años, cuando tales medidas deben aplicarse en
forma general a todos los menores, vulnera los Arts. 2, 13, 44 y 45 de la
Constitución, no expresa las razones concretas en que se sustenta, por lo cual
no es procedente el examen de constitucionalidad.
3.8. Uno de los
cargos contra el Art. 96, inciso 2°, de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de
que al establecer que el seguimiento de las medidas de protección o de
restablecimiento de los derechos de los menores, adoptadas por los defensores y
comisarios de familia, estará a cargo del respectivo coordinador del centro
zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, infringe los Arts. 1, 2,
44, 45, 113 y 121 de la Constitución,  en cuanto quienes ejercen ese cargo no
tienen por lo general formación jurídica, no es de orden constitucional, o sea,
no cumple el requisito de pertinencia.
3.9. El cargo
contra el Art. 100, parágrafo 2º, de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al
disponer que el Juez de Familia, cuando reciba el expediente enviado por el
Defensor de Familia o el Comisario de Familia, deberá informarlo a la
Procuraduría General de la Nación para que promueva la investigación
disciplinaria a que haya lugar, tal aparte crea una nueva causal disciplinaria
contra los mencionados funcionarios administrativos y viola los Arts. 28, 29 y
157 de la Constitución, no cumple el requisito de certeza, pues la norma sólo
establece el deber de informar, a cargo del Juez de Familia, para los efectos
disciplinarios a que haya lugar, y no prevé falta o sanción disciplinaria.
3.10.  El cargo
contra el Num. 5 del Art. 111 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del cual el
procedimiento para la fijación de la cuota alimentaria será el especial
previsto actualmente en el Decreto ley 2737 de 1989, en el sentido de que es
contrario a la Constitución por las razones expresadas en relación con los
Arts. 24, 129, 130, 131, 132 y 133 de la misma ley, no determina las razones de
la violación, ya que los cargos acerca de estas últimas normas no tienen la
fundamentación necesaria o aducen diversas razones y no es posible por tanto establecer
las de este cargo.
3.11. El cargo
contra el Art. 129 de la Ley 1098 de 2006, que trata de los alimentos, en el
sentido de que es contrario a la Constitución porque la última parte del inciso
1º es similar al texto del Art. 155 del Código del Menor; el inciso 2º, por
tener una redacción similar al texto del Art. 151 del Código del Menor; el
inciso 9°, por tener una redacción igual al inciso 1º del Art. 150 del Código
del Menor, con base en las razones expresadas respecto de los Arts. 24, 130,
131, 132 y 133 de la misma ley, no expresa las razones que le sirven de
sustento, pues la remisión a las variadas razones expuestas en los cargos
formulados respecto de otras normas de la misma ley no permite determinar el
concepto de la violación.
Así mismo, el
cargo contra el inciso 6° del mismo Art. 129, en el sentido de que al impedir
la salida del país del deudor de cuotas alimentarias sin adelantar un proceso
de alimentos o ejecutivo de alimentos vulnera su derecho de defensa y la
presunción de inocencia, no cumple el requisito de certeza, porque el contenido
del artículo se refiere precisamente al proceso de alimentos en el cual el juez
competente puede adoptar dicha medida.
Igualmente, el
cargo contra el mismo inciso en el sentido de que se quebrantan los Arts. 13,
15, 28 y 29 de la Constitución porque la información a las centrales de riesgo
sólo es posible por deudas comerciales y no por deudas propias del campo del
Derecho de Familia, no expresa las razones concretas de la violación, por lo
cual no es posible el examen de constitucionalidad.
De otro lado, el
cargo contra el inciso 7° del mismo Art. 129 de la Ley 1098 de 2006, en el
sentido de que contraviene los  Arts. 2, 13, 28, 29, 44, 45 y 228 de la
Constitución porque no se puede dejar al juez que conoce del caso de alimentos
la libertad para reajustar la cuota alimentaria con un criterio distinto al
índice de precios al consumidor, pues ello podría afectar en forma grave la
equidad y la justicia, no expresa tampoco las razones concretas de la violación
y no es posible el examen de constitucionalidad.
3.12. El cargo
contra los Arts. 130, 131, 132 y 133 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de
que contrarían la Constitución porque reproducen unos textos de disposiciones del
Decreto ley 2737 de 1989, Código del Menor, no expresa las razones concretas de
la violación, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.
Así mismo, el
cargo contra el Art. 134 de la misma ley, en el sentido de que quebranta la
Constitución por ser contradictorio con el Art. 134 del Código del Menor,
teniendo en cuenta que la norma demandada establece la prelación de los
créditos por alimentos a favor de menores “sin sujeción a la calificación
crediticia del anterior código”, no expresa tampoco las razones concretas de
la violación, por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.
Además, la
remisión que en este cargo contra las citadas normas se hace a las razones
expresadas en los cargos contra otras disposiciones de la misma ley no permite
determinar el concepto de la violación, por ser aquellas inexistentes o
diversas.
3.13. El cargo
contra el Art. 142 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que se vulneran los
derechos fundamentales de los menores de 14 años y las normas de Derecho
Internacional sobre su protección, al establecer que cuando han cometido una
conducta punible la Policía de Infancia y Adolescencia procederá a su
identificación y a la recolección de los datos de dicha conducta,  en cuanto se
les aplica “la misma dinámica de las normas penales de los adultos”, no
expresa las razones concretas de la violación, por lo cual no es posible el
examen de constitucionalidad.
A este respecto
debe señalarse que la misma disposición establece que los menores de 14 años no
serán juzgados ni declarados responsables penalmente, ni privados de la
libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible.
3.14.  El cargo
contra el Art. 143 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al contemplar
que cuando una persona menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un
delito sólo se le aplicarán medidas de verificación de la garantía y
restablecimiento de derechos y deberán vincularse a procesos de educación y de
protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, vulnera los Arts.
2, 13, 28, 29, 44, 45 y 228 de la Constitución, por discriminar a los menores
de edad que tienen más de 14 años y cometan delitos, pues todos los menores son
iguales y deben recibir un mismo trato, no tiene sustentación, esto es, no
expone las razones por las cuales el trato diferenciado que otorga el
legislador a los menores de edad que tienen más de 14 años y cometan delitos,
considerándolos penalmente responsables, no tiene una justificación objetiva y
razonable a la luz de la Constitución. En consecuencia, no es posible el examen
de constitucionalidad.
De igual modo,
el cargo contra el mismo artículo en el sentido de que al prescribir que si un
particular sorprende en flagrancia a un menor de 14 años de edad deberá ponerlo
de inmediato a disposición de las autoridades de policía para que éstas, a su
vez, lo pongan a disposición de la autoridad competente de protección y
restablecimiento de derechos, infringe los Arts. 2, 13, 28, 29, 92, 93, 94 y
228 de la Constitución y 6, 8, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, ya que se expone a dichos menores al riesgo de que el particular lesione
su dignidad, su honor o integridad física, se basa en un argumento relativo a
la posible aplicación indebida de la disposición, esto es, en un argumento de inconveniencia
en el campo práctico, y no se funda en el contenido de la misma, por lo cual no
se cumple el requisito de pertinencia.
3.15. El cargo
contra el Art. 148 de la Ley 1098 de 2006, que regula el cumplimiento de las
medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 años y la ejecución
de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que
cometan delitos, en el sentido de que vulnera la Constitución por las razones
expresadas en relación con el Art. 143 de la misma ley, remite a
argumentaciones que son inexistentes e impertinentes, por lo cual no es posible
el examen de constitucionalidad.
3.16. El cargo
contra el Art. 150 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al establecer
que, a discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de
comunicación de audio video, caso en el cual no será necesaria la presencia
física del niño, la niña o el adolescente, contraviene los Arts. 44 y 45 de la
Constitución por las razones expresadas respecto de los Arts. 143, 144, 147,
148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma
ley, no expresa en forma concreta su sustentación, porque las razones expuestas
en relación con la mencionada serie de normas, a las cuales remite, son diversas,
de modo que no es posible el examen de constitucionalidad.
3.17. El cargo
contra el Art. 151 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al disponer que
los adolescentes que cometan delitos tienen derecho a la confrontación con los
testigos y a interrogar a éstos, lesiona la intimidad de los menores y la
privacidad del proceso y no da a aquellos la protección que exigen la inmadurez
de su personalidad y su fragilidad, por lo cual quebranta  la Constitución, no
cumple el requisito de certeza, ya que la norma impugnada trata solamente de la
confrontación de los menores con los testigos y del interrogatorio a éstos por
parte de aquellos, y no trata de la publicidad de dichas diligencias.
3.18. El cargo
contra el Art. 157 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al disponer que
el adolescente sindicado de cometer delitos puede aceptar los cargos en la
audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación, viola la
Constitución y los Arts. 3 y 40 de la Convención sobre los Derechos  del Niño, puesto
que en los procesos penales por delitos cometidos por menores los cargos deben
ser siempre demostrados por el Estado, no cumple el requisito de certeza, ya
que la norma sólo brinda al adolescente la facultad de confesar la comisión del
delito y no libera al Estado de la carga de probar la imputación que se hace al
mismo.
Por otra parte, el
cargo contra el mismo artículo, inciso 3°, en el sentido de que al estatuir que
el Juez, al seleccionar la sanción que debe imponerse al adolescente, tendrá en
cuenta la aceptación de cargos por el mismo, y que durante la ejecución de la
sanción será un factor a considerar para la modificación de la misma, quebranta
el Art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, por ser ello desfavorable
para el adolescente, pues el juez debe tener en cuenta otros factores en la
determinación y modificación de la sanción, no cumple el requisito de certeza, porque
la exigencia de la norma demandada no excluye la consideración de otros
factores para los fines allí indicados.
3.19. El cargo
contra el Art. 158 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al preceptuar que
los adolescentes sometidos a procesos judiciales por responsabilidad penal no
serán juzgados en su ausencia y que en este evento la prescripción de la acción
penal se aumentará en una tercera parte, vulnera el principio de prevalencia de
los derechos de los niños y los Arts. 6, 8, 9, 37 y 40 de la Convención sobre
los Derechos del Niño, no expresa las razones concretas que lo sustentan, por lo
cual no procede el examen de constitucionalidad.
3.20. El cargo
contra la expresión “o la detención domiciliaria” contenida en el Art.
162 de la Ley 1098 de 2006, que establece que en tanto no existan
establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los
adolescentes privados de la libertad el funcionario judicial procederá a
otorgarles libertad provisional o detención domiciliaria, en el sentido de que
vulnera los Arts. 2, 28, 29, 44, 45, 93, 94 y 228 de la Constitución y el Art.
37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque la detención
domiciliaria se convertirá en la medida de aplicación común por parte de los
jueces, sin que éstos diferencien la situación de los adolescentes de la
situación de los adultos, es una apreciación subjetiva del demandante sobre la
aplicación de la norma acusada, por lo cual no se cumple el requisito de
pertinencia.
3.21. El cargo
contra el Art. 163, Parágrafo 2°, de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que
al disponer que la designación de quienes conforman el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren
conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y de las
normas internas e internacionales relativas a derechos humanos, vulnera la
Constitución por las razones expresadas en relación con los Arts. 143, 144,
147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la
misma ley, no determina las razones de la violación, ya que las planteadas en
relación con la referida serie de normas son diversas y, en consecuencia, no
procede el examen de constitucionalidad.
3.22. El cargo
contra el Art. 165 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del cual los Jueces
Penales para Adolescentes igualmente conocerán de la función de control de
garantías en procesos de responsabilidad penal para adolescentes que no sean de
su conocimiento, en el sentido de que es ambiguo, confuso e impreciso,
quebranta el Art. 158 de la Constitución y desconoce que el sistema penal de
responsabilidad de los menores no se puede asimilar al sistema penal acusatorio
de los adultos, no expresa las razones concretas de la violación, por lo cual
no es procedente el examen de constitucionalidad.
3.23. El cargo
contra el Art. 170 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del cual los padres o
representantes legales son solidariamente responsables por los daños causados,
en el sentido de que es contrario a los Arts. 13, 28 y 29 de la Constitución,
porque la responsabilidad penal de los menores es individual y así debe ser
también la responsabilidad civil por los daños causados, de modo que los padres
o los representantes legales no deben tener dicha responsabilidad, no expresa
las razones de la violación y sólo plantea una apreciación subjetiva del
demandante que no se ciñe al principio de pertinencia. Por tanto, no es
procedente el examen de constitucionalidad.
3.24. El cargo
contra el Art. 179 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al prever: i)
que para definir las sanciones aplicables se deberá tener en cuenta, entre
otros criterios, la aceptación de cargos por el adolescente, el incumplimiento
de los compromisos adquiridos para con el Juez y el incumplimiento de las
sanciones (Nums. 4, 5 y 6), ii) que los adolescentes entre 14 y 18 años que
incumplan cualquiera de las sanciones previstas en el Código de la Infancia y la
Adolescencia terminarán el tiempo de sanción en internamiento (Parágrafo 2°), y
iii) que el incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no
volver a infringir la ley penal ocasionará la imposición de la sanción de
privación de la libertad por parte del juez (Parágrafo 2º), quebranta los Arts.
2, 13, 16, 28, 29, 44, 45, 93 y 94 de la Constitución y los Arts. 37 y 40 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto lesiona el sentimiento de
arraigo, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de defensa del
niño, no contiene las razones concretas de la violación, por lo cual no es
posible el examen de constitucionalidad.
3.25. El cargo
contra el Art. 180 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que  la expresión “con
el Fiscal” contenida en el Num. 4 de esta disposición es inconstitucional,
por las razones expresadas en relación con los Arts. 143, 144, 147, 148, 150,
151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley, no
determina las razones de la violación, puesto que las razones formuladas en
relación con la citada serie de normas, a las cuales remite, son variadas y,
por tanto, no procede hacer el examen de constitucionalidad.
3.26. El cargo
contra el Art. 187 de la Ley 1098 de 2006, en virtud del cual en los casos en
que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años
sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas
sus modalidades, la privación de la libertad en centro de atención
especializada tendrá una duración de dos (2) hasta ocho (8) años, en el sentido
de que quebranta el preámbulo y los Arts. 2, 28, 29, 44, 45, 93 y 94 de la
Constitución Política y los Arts. 6, 8, 9, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, teniendo en cuenta que estas normas internacionales establecen que
las penas que se apliquen a los menores deben ser “el más breve plazo
posible”, por las razones expresadas respecto de los Arts. 143, 144, 147,
148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma
ley, no determina las razones de la violación, pues las razones expresadas en
relación con la serie indicada de normas, a las cuales remite, son diversas,
por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.
3.27. El cargo
según el cual la expresión “la Defensoría de Familia” contenida en el
inciso 1º del Art. 189 de la Ley 1098 de 2006 es impropia, porque no es
concebible que deba participar en la audiencia todo el grupo que preside el
Defensor de Familia, pues sólo este funcionario debe asistir a aquella, por lo
cual se infringen los Arts. 28, 29, 44, 45 y 158 de la Constitución, no cumple
el requisito de pertinencia, ya que sólo plantea una apreciación subjetiva del
demandante sobre la aplicación de la norma acusada, lo cual además desconoce
que conforme al Art. 82 de la misma ley el Defensor de Familia tiene la función
de emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o
administrativas.
Por otra parte, la
demanda expone que dicha expresión fue introducida por una Comisión Accidental
de Conciliación, modificando la voluntad de la plenaria del Senado y
contrariando los Arts. 150 y 161 de la Constitución.
A este respecto
debe señalarse que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 242, num. 3, de la
Constitución,  las acciones por vicios de forma caducan en el término de un
año, contado desde la publicación del respectivo acto.
En este sentido,
por haberse publicado la Ley 1098 de 2006 en el Diario Oficial No. 46.446 de 8
de noviembre de 2006, al presentarse la demanda en la Secretaría de esta
corporación el 3 de Diciembre de 2007 la acción por vicios de forma ya había
caducado. En consecuencia, la Corte Constitucional carece de competencia para
conocer de este cargo.
3.28. El cargo
contra el Art. 190 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al contemplar
que cuando la contravención dé lugar a sanciones pecuniarias, éstas serán
impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia, quien será responsable
de su pago (inciso 3º), y que para la sanción de contravenciones cometidas por
adolescentes se seguirán los mismos procedimientos establecidos para los
mayores de edad, siempre que sean compatibles con los principios del mismo Código
y especialmente con los contemplados en el mismo título (inciso 5º), es
contraria a la Constitución, por las razones expresadas respecto de los Arts.
143, 144, 147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191
de la misma ley, pues los procesos penales de los menores no deben seguir el
sistema penal de los adultos, no determina las razones de la violación,
teniendo en cuenta que las razones expresadas en relación con la serie indicada
de normas, a las cuales remite, son variadas, por lo cual no es posible el
examen de constitucionalidad.
3.29. El cargo
contra el Art. 191 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al disponer que
el adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el
Fiscal Delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas
siguientes lo presentará al Juez de Control de Garantías y le expondrá cómo se
produjo la aprehensión, lesiona la dignidad, el honor, el libre desarrollo de
la personalidad, el interés superior y la prevalencia de los derechos de los
niños y vulnera los Arts. 11, 16, 28, 29, 44, 45, 93, 94 y 228 de la Constitución
y los Arts. 6, 8, 9, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, por
las razones expresadas en relación con los Arts. 143, 144, 147, 148, 150, 151,
157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la misma ley, no determina
las razones de la violación, teniendo en cuenta que las razones expresadas en
relación con la serie indicada de normas, a las cuales remite, son variadas,
por lo cual no es posible el examen de constitucionalidad.
3.30. El cargo
contra el Art. 193 de la Ley 1098 de 2006, que consagra los criterios específicos
para el desarrollo del proceso judicial por delitos en los cuales son víctimas
los niños, las niñas y los adolescentes, en el sentido de que al disponer que
la autoridad judicial se abstendrá de aplicar el principio de oportunidad y la
condena de ejecución condicional cuando los niños, las niñas o los adolescentes
sean víctimas del delito, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados,
vulnera los Arts. 44, 45, 93 y 94 de la Constitución y el Art. 3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto con ello se favorece a los
delincuentes que hayan pagado la indemnización, no expresa las razones concretas
de la violación, por lo cual no es procedente el examen de constitucionalidad.
3.31. El cargo
contra el Art. 204 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al prescribir
que el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección
Social y el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica del ICBF, deberán
diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de
desarrollo en materia de infancia y adolescencia, infringe los Arts. 2º, 13,
incisos 2º y 3º, 44, 45, 93, 94 y 228 de la Constitución y el Art. 3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto esta función no debe estar a
cargo de los citados departamento nacional y ministerios sino exclusivamente a
cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ser ésta la
institución que por su naturaleza y funciones puede asegurar mejor la
protección efectiva e integral de los niños y de la familia, no es un cargo
fundado en razones de inconstitucionalidad sino de inconveniencia y, por tanto,
por no cumplir el requisito de pertinencia, no procede su estudio.
3.32. El cargo
contra el Art. 216 de la Ley 1098 de 2006, parágrafo, en el sentido de que al
disponer que la Fiscalía General de la Nación realizará los estudios necesarios
y tomará las medidas pertinentes para la implementación gradual del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes dentro del término señalado en la misma
ley, es contrario a la Constitución y a los tratados internacionales sobre
protección especial de los niños, por someter a éstos al sistema acusatorio
penal de los adultos, desconociendo su interés superior y la prevalencia de sus
derechos, conforme a las razones expresadas respecto de los Arts. 143, 144,
147, 148, 150, 151, 157, 158, 162, 163, 165, 179, 180, 187, 190 y 191 de la
misma ley, no determina las razones de la violación, puesto que las expresadas
en relación con la serie indicada de normas, a las cuales remite, son diversas.
Por ende, no procede efectuar el examen de constitucionalidad.
3.33. El cargo
contra el Art. 217 de la Ley 1098 de 2006, en el sentido de que al mantener la
vigencia de los artículos del Decreto ley 2737 de 1989 o Código del Menor
relativos al juicio especial de alimentos, infringe el preámbulo y los Arts. 1,
2, 13, 44, 45 y 209 de la Constitución, porque los Arts. 133, 135, 150, 151 y 153
a 159 de dicho código tienen el mismo sentido, redacción y contenido de los
Arts. 24, 111, 129 y 130 a 134 de la Ley 1098 de 2006 y además se generan confusiones,
ambigüedades y contradicciones que afectan la efectividad de la protección especial
de los derechos de los niños, no expresa las razones concretas de la violación,
por lo cual no procede el examen de constitucionalidad.
Existencia de
cosa juzgada constitucional en relación con algunas disposiciones demandadas
4. En este
asunto se configura cosa juzgada constitucional acerca de algunas disposiciones
impugnadas, así:
4.1 La Corte
Constitucional, mediante la Sentencia C-061 de 2008[19]
declaró inexequible el Art. 48, inciso 2°, de la Ley 1098 de 2006. Por tanto,
sobre esta disposición ordenará estarse a lo resuelto en ella.
4.2. Así mismo,
en la demanda se plantea que el Art. 96, inciso 2°, de la Ley 1098 de 2006,
vulnera el Art. 121 de la Constitución, por la ausencia de atribución de funciones
en la ley para el cargo de Coordinador de Centro Zonal del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
Esta
corporación, en la Sentencia C-228 de 2008[20] declaró
exequible dicha disposición  por ese cargo. En consecuencia, se ordenará
estarse a lo resuelto en ella.
4.3. Igualmente,
en la demanda se sostiene que el Art. 100 de la Ley 1098 de 2006 infringe los
Arts. 13, 28, 29 y 31 de la Constitución, por no consagrarse el recurso de
apelación contra la decisión de la actuación administrativa sobre
restablecimiento de los derechos de los menores, adoptada por el Defensor de
Familia o el Comisario de Familia.
La Corte
Constitucional, en la citada Sentencia C-228 de 2008, declaró exequible tal
disposición por el mismo cargo. Por esta razón, se ordenará estarse a lo
resuelto en ella.
Problemas
jurídicos planteados
5. Corresponde a la Corte establecer, en relación con las
disposiciones demandadas de la Ley 1098 de 2006:
5.1. Si las
definiciones de niño y de adolescente contenidas en el Art. 3º son contrarias a
la Constitución, por desconocimiento del Art. 1º de la Convención sobre los
Derechos del Niño, según el cual niño es todo menor de 18 años de edad.
5.2. Si al
exigir el Art. 80, Num. 3, título de posgrado para desempeñar el cargo de
Defensor de Familia vulnera los derechos al trabajo y a la igualdad de los posibles
aspirantes a su desempeño.
5.3. Si la
función de hacer recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso
de amenaza o violación de los derechos humanos de los menores, atribuida en el
Art. 95, Num. 4, al Ministerio Público, quebranta la Constitución por no estar prevista
en ésta.
5.4. Si al
asignar el Art. 100, inciso 4º, competencia al Juez de Familia para homologar
el fallo dictado en la actuación administrativa, y al disponer el parágrafo 2º
del mismo artículo que la autoridad administrativa perderá la competencia en
caso de incumplimiento del término para decidir la actuación o el recurso de
reposición y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para que adelante
la actuación o el proceso respectivo, establecen una intromisión indebida de la
rama judicial en el ejercicio de las funciones administrativas de protección de
los menores por parte de los Defensores de Familia y los Comisarios de Familia
y quebrantan los Arts. 113 y 209 de la Constitución.
5.5. Si i) al
preceptuar el Art. 144 que el procedimiento de responsabilidad penal de los
adolescentes se regirá por las normas del sistema penal acusatorio contenidas
en la Ley 906 de 2004, ii) al disponer el Art. 151, inciso 2º, que los derechos
de los adolescentes serán, como mínimo, los previstos en la Ley 906 de 2004, y iii)
al estatuir el Art. 163, Nums. 1 y 5, que funcionarios de la Fiscalía General
de la Nación forman parte del sistema de responsabilidad penal para los adolescentes,
desconocen que el procedimiento penal aplicable a dichos menores debe ser
específico y distinto del aplicable a los adultos e infringen los Arts. 2, 28,
29, 44, 45, 93 y 94 de la Constitución.
5.6. Si al
disponer el Art. 147 que, en el proceso de responsabilidad penal para
adolescentes, los jueces de control de garantías podrán decidir que las
audiencias sean cerradas al público cuando su publicidad exponga al menor a un
daño psicológico, contraviene los Arts. 44,  45, 93 y 94 de la Constitución.
Para tal efecto,
la Corte hará unas consideraciones sobre la protección especial de los niños en
el Derecho Internacional Público y en la Constitución Política colombiana y a
continuación examinará los cargos formulados.
Protección
especial de los niños en el Derecho Internacional Público y en la Constitución
Política colombiana
6. Desde hace un
tiempo amplio, los niños han concentrado la atención de los Estados y de los
organismos internacionales, que han consagrado en diversos instrumentos de
Derecho Internacional su protección especial por parte de la familia, la
sociedad y el Estado, por su falta de madurez y consiguiente vulnerabilidad o
indefensión, la necesidad de garantizarles un proceso de formación o desarrollo
en condiciones adecuadas y ser quienes representan el futuro de los pueblos.
En este sentido,
la necesidad de proporcionar a los niños una protección especial fue enunciada
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño.
Por su parte, la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25, Num. 2,
establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de
asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
Así mismo, el
Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1959, establece
que “el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades
y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma
saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá
será el interés superior del niño”. (se subraya)
Igualmente, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1966 y aprobado en Colombia mediante la Ley
74 de 1968, dispone en su Art. 24, Num. 1, que “todo niño tiene derecho, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de
protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia
como de la sociedad y del Estado”.
A su vez, el
Art. 10, Num. 3, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y
aprobado en Colombia mediante la Ley 74 de 1968, prevé que “se deben adoptar
medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra
condición”.
En el mismo
sentido, el Art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica), suscrita en 1969 y aprobada en Colombia mediante la
Ley 16 de 1972, contempla que “todo niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado”.
Posteriormente,
en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y aprobada en Colombia
mediante la Ley 12 de 1991, se convino:
Artículo
1
Para los efectos de la presente
Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes
la mayoría de edad.  (se
subraya)
Artículo 3.
1. En todas las medidas concernientes a los niños
que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño  (se subraya)
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al
niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas.
7. En
concordancia con las normas citadas del Derecho Internacional Público, la
Constitución Política colombiana de 1991 consagró la protección especial de los
niños, al disponer en su Art. 44 que son derechos fundamentales de los mismos
la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión.
Así mismo
estableció que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y
trabajos riesgosos.
También, señaló
que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el
ejercicio pleno de sus derechos y que éstos prevalecen sobre los derechos de
los demás.
De igual modo,
en el Art. 45 prescribió que el adolescente tiene derecho a la protección y a
la formación integral y que el Estado y la sociedad garantizan la participación
activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo
la protección, educación  y progreso de la juventud.
En relación con
la protección constitucional a los adolescentes, la Corte Constitucional ha
considerado que ellos están comprendidos en el concepto amplio de “niños” de
que trata el Art. 44 de la Constitución y por tanto gozan de protección
especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado y son titulares de
los derechos fundamentales en él consagrados, que prevalecen sobre los derechos
de los demás. En este sentido ha señalado que la distinción constitucional
entre niños y adolescentes no tiene como finalidad otorgar a estos últimos
distinta protección, sino otorgarles participación en los organismos públicos y
privados que adopten decisiones que les conciernen, teniendo en cuenta su mayor
grado de desarrollo respecto de los primeros. Sobre el particular ha expresado:
“(…) El concepto de adolescente
no se encuentra claramente definido. En los debates de la Comisión Quinta de la
Asamblea Nacional Constituyente se discutió sobre la necesidad de señalar el
límite de edad para efectos de la protección contenida en el artículo 44
superior, lo cual finalmente no fue objeto de consideración alguna, apareciendo
simplemente breves alusiones al tema, existiendo una serie de variables que
dificultan tal delimitación. En este sentido, se expresó:
"¿Quién es joven en el
mundo? Joven es aquel niño pasado de 10 años, según dicen algunos países hasta
que otros, en su extremo, dicen que joven es aquel que, no pasando los 40 años,
se conserva aún soltero; extremos en donde es difícil ubicarnos, pero nosotros
decimos simplemente que jóvenes son todos los que están sometidos a la
protección y formación moral, física, psicológica, intelectual, sexual y social
por parte del Estado y la sociedad." [21]
“De este modo, la Carta utiliza
el término adolescentes para referirse a aquellos jóvenes que no han alcanzado
aún la mayoría de edad, pero que tienen capacidad y madurez para participar en
los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación
y progreso de la juventud, sin definir cuándo comienza y a qué edad termina la
adolescencia. Lo que se buscó con tal consagración fue pues garantizar la
protección y la formación física, psicológica, intelectual y social, así como
la participación activa de los jóvenes en la vida cultural, deportiva,
política, laboral y económica del país, promoviendo su intervención en las
decisiones de los organismos que tienen a su cargo políticas respecto de ese
grupo de la población. Así, la distinción entre niño y adolescente, no se hizo
para efectos de la prevalencia de sus derechos, sino de la participación. La
intención del constituyente no fue excluir a los adolescentes de la protección
especial otorgada a la niñez, sino hacerla más participativa respecto de las
decisiones que les conciernen”.
“(…)
“(…) la Corte, con un gran
sentido garantista y proteccionista ha considerado que es niño, todo ser humano
menor de 18 años, siguiendo los parámetros de la Convención sobre los Derechos
del Niño(...).
“(…)
“Con base en lo anterior, esta
Corporación ha sostenido que "en Colombia, los adolescentes poseen
garantías propias de su edad y nivel de madurez, pero gozan de los mismos
privilegios y derechos fundamentales que los niños, y son, por lo tanto,
"menores" (siempre y cuando no hayan cumplido los 18 años)"[22]. En consecuencia, la protección constitucional estatuida en el
artículo 44 C.P. en favor de los "niños" ha de entenderse referida a
todo menor de dieciocho años[23]”. [24]
Examen de los
cargos formulados
Exequibilidad de la expresión contenida en el Art. 3º de la
Ley 1098 de 2006
8. Afirma el demandante que las
definiciones de niño y de adolescente contenidas en el Art. 3º de la Ley 1098
de 2006 son contrarias a la Constitución, por desconocimiento del Art. 1º de la
Convención sobre los Derechos del Niño, según el cual niño es todo menor de 18
años de edad.
El Art. 44 de la Constitución de 1991 consagra los derechos
fundamentales de “los niños”. Establece que la familia, la sociedad y el
Estado tienen la obligación de asistir y proteger “al niño” para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Agrega que los derechos de “los niños” prevalecen sobre los
derechos de los demás.
Por su parte, el Art. 45 ibídem estatuye que “el adolescente”
tiene derecho a la protección y a la formación integral y que el Estado y la
sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de
la juventud.
El contenido de estas dos disposiciones podría conducir a
pensar que la Constitución otorga una protección distinta a los niños y a los
adolescentes. Sin embargo, de acuerdo con sus antecedentes en los debates en la
Asamblea Constituyente, es claro que la intención de los constituyentes fue otorgar
una misma protección especial tanto a los niños en sentido estricto o
restringido como a los adolescentes, de modo que unos y otros están
comprendidos en el concepto amplio de “niño” contenido en el Art. 44
superior.
En este orden de ideas, la disposición sobre los
adolescentes contenida en el Art. 45 de la Constitución sólo busca permitirles
su participación activa en la adopción de las decisiones que les conciernan,
por parte de organismos o entidades públicos y privados, tomando en consideración
su mayor grado de desarrollo o madurez en relación con los menores de edad
inferior.
Esta concepción del constituyente guarda total armonía con
lo previsto en el Art. 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989,
según el cual “para los efectos de la
presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad”.
La Corte Constitucional ha señalado este mismo criterio, en
varias sentencias, como se indicó en los enunciados normativos contenidos en el
numeral anterior.
Por estas razones, las definiciones de niño o niña, como la
persona entre cero y los 12 años de edad, y de adolescente, como la persona
entre los 12 y los 18 años de edad, que contiene la norma demandada, no privan
a los adolescentes de la protección especial que les brindan la Constitución colombiana
y la Convención sobre los Derechos del Niño, en armonía con otros instrumentos
internacionales, y en cambio son definiciones necesarias en la regulación legal
sobre la protección de los menores, que permiten determinar los marcos respectivos
para el diseño y la ejecución de los planes y programas sobre los niños en
sentido estricto o restringido y sobre los adolescentes.
Por consiguiente, el cargo no puede prosperar y la Corte
declarará exequible la expresión contenida en el Art. 3º de la Ley 1098 de 2006,
por dicho cargo.
Exequibilidad del Art. 80, Num. 3, de la Ley 1098 de 2006
9. Sostiene el
demandante que al exigir el Art. 80, Num. 3, de la Ley 1098 de 2006 título de
posgrado para desempeñar el cargo de Defensor de Familia, vulnera los derechos
al trabajo y a la igualdad de los posibles aspirantes a su desempeño.
Este cargo parte
de la idea equivocada de considerar que la formación de un profesional sin
especialización, en cualquier campo, es la misma de un profesional
especializado, lo que implica que en el camino de la adquisición de los
conocimientos profesionales es inútil hacer estudios adicionales a la obtención
del grado y que si estos últimos se realizan el Estado no debería tomarlos en
cuenta. Este razonamiento es contrario a la Lógica y a la realidad.
En este aspecto
debe tenerse en cuenta que, en forma general, de conformidad con lo previsto en
el Art. 26 de la Constitución, la ley puede exigir títulos de idoneidad para el
ejercicio de las profesiones y que, por otra parte, el legislador goza de la
potestad de configuración en la expedición de las leyes que regulan la función
pública, con los límites impuestos por los valores, principios y derechos
constitucionales (Arts. 114 y 150, Num. 23, C. Pol.).
En este orden de
ideas, a la luz de la Constitución es completamente válido que, con fundamento
en la protección especial que aquella y tratados internacionales ratificados
por el Estado colombiano dispensan al niño, el legislador exija una formación
calificada para el desempeño del cargo de Defensor de Familia.
Por tanto, el
cargo no tiene fundamento y la Corte declarará exequible el Art. 80, Num. 3, de la Ley 1098 de 2006, por dicho cargo.
Exequibilidad de la expresión contenida en el Art. 95, Num.
4, de la Ley 1098 de 2006
10. Expresa el
demandante que la función de hacer recomendaciones a las autoridades y a los
particulares en caso de amenaza o violación de los derechos humanos de los
menores, atribuida en el Art. 95, Num. 4, al Ministerio Público, quebranta la
Constitución por no estar prevista en ésta.
Según lo dispuesto en la disposición impugnada, el
Ministerio Público tendrá a su cargo, entre otras, la función de hacer las
observaciones y recomendaciones a las autoridades y a los particulares en caso
de amenaza o violación de los derechos humanos de los niños, las niñas y los
adolescentes.
En virtud de lo prescrito en el Art. 118 de la Constitución,
al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos
humanos, entre otras funciones, y según lo previsto en el Art. 277 ibídem, el
Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes,
tendrá, entre otras, las funciones de proteger los derechos humanos y asegurar
su efectividad con el auxilio del Defensor del Pueblo y las demás que determine
la ley.
Por otra parte, de acuerdo con lo contemplado en los Arts.
114 y 150, Num. 23, de la Constitución, el legislador goza de potestad de
configuración para regular la función pública, con los límites impuestos por
los valores, principios y derechos constitucionales, los cuales en este asunto
ostensiblemente no aparecen vulnerados, pues, por el contrario, la norma
acusada tiene como propósito la protección de los derechos humanos.
En estas condiciones, el cargo carece de fundamento y la
Corte declarará exequible la expresión contenida en el Art. 95, Num. 4, de la
Ley 1098 de 2006, por dicho cargo.
Exequibilidad de las expresiones contenidas en el Art. 100,
inciso 4º y parágrafo 2º, de la Ley 1098 de 2006
11. Expone el
demandante que al asignar el Art. 100, inciso 4º, de la Ley 1098 de 2006 competencia
al Juez de Familia para homologar el fallo dictado en la actuación
administrativa, y al disponer el parágrafo 2º del mismo artículo que la
autoridad administrativa perderá la competencia en caso de incumplimiento del
término para decidir la actuación o el recurso de reposición y deberá remitir
el expediente al Juez de Familia para que adelante la actuación o el proceso
respectivo, establecen una intromisión indebida de la rama judicial en el
ejercicio de las funciones administrativas de protección de los menores por
parte de los Defensores de Familia y los Comisarios de Familia y quebrantan los
Arts. 113 y 209 de la Constitución.
En virtud de lo
consagrado en el Art. 1º de la Constitución, el Estado colombiano es un Estado
Social de Derecho, una de cuyas características fundamentales es la sujeción de
todos los habitantes al ordenamiento jurídico (Arts. 4º, 6º y 95 C. Pol.). Ello
explica que por regla general los actos de la Administración Pública estén
sometidos al control de legalidad por parte de la rama jurisdiccional, cuya
función general es “decir el Derecho” con carácter definitivo.
Por otra parte,
conforme a la jurisprudencia de esta corporación, el legislador goza de
potestad de configuración para regular los procedimientos administrativos y
judiciales (Arts. 29, 114 y 150, Num. 1 y 2, C. Pol.), con los límites
impuestos por los valores, los principios y los derechos constitucionales.
Así mismo, en
virtud de lo previsto en el Art. 113 superior, los diferentes órganos del
Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la
realización de sus fines, lo cual es una característica del Estado democrático
moderno.
Por estas
razones, en el presente asunto es constitucionalmente válido que, por razón del
interés superior del niño y la protección especial que le confieren la
Constitución colombiana y tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano,
el Art. 100, inciso 4°, de la Ley 1098 de 2006 someta las decisiones
administrativas adoptadas por los Defensores de Familia y los Comisarios de
Familia, en relación con dicha protección, a la homologación o confirmación de
los Jueces de Familia, que tienen carácter especializado, por petición de una
de las partes o del Ministerio Público.
En el mismo
sentido, es constitucionalmente válido que el parágrafo 2º del mismo artículo establezca
que si la autoridad administrativa no toma su decisión sobre la actuación  o
sobre el recurso de reposición dentro del término legal  correspondiente,
pierda la competencia y deba remitir el expediente al Juez de Familia para que
adelante la actuación o el proceso respectivo.
En ambos casos
se pone de manifiesto el interés plausible del legislador de otorgar
efectividad a la protección especial de los menores, mediante decisiones
calificadas por parte de una jurisdicción especializada, que otorgan  certeza con
carácter definitivo y confieren también celeridad al reconocimiento de sus
derechos.
En consecuencia,
el cargo resulta sin fundamento y la Corte declarará exequibles las expresiones
contenidas en el Art. 100, inciso 4º y parágrafo 2º,
de la Ley 1098 de 2006, por dicho cargo.
Exequibilidad de los Art. 144, 151, inciso 2º, y 163, Nums.
1 y 5,  de la Ley 1098 de 2006
12. Plantea el
demandante que: i) al preceptuar el Art. 144 de la Ley 1098 de 2006 que el
procedimiento de responsabilidad penal de los adolescentes se regirá por las
normas del sistema penal acusatorio contenidas en la Ley 906 de 2004, ii) al
disponer  el Art. 151, inciso 2º, de aquella ley que los derechos de los adolescentes
serán, como mínimo, los previstos en la Ley 906 de 2004, y iii) al estatuir el
Art. 163, Nums. 1 y 5, de la primera ley que funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación forman parte del sistema de responsabilidad penal para los
adolescentes, desconocen que el procedimiento penal aplicable a dichos menores debe
ser específico y distinto del aplicable a los adultos e infringen los Arts. 2,
28, 29, 44, 45, 93 y 94 de la Constitución.
Como se ha señalado en estas consideraciones, los niños
gozan de una protección especial en la Constitución Política colombiana (Arts.
44 y 45) y en tratados internacionales ratificados por el Estado Colombiano,
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la
Convención sobre los Derechos del Niño.
En particular, la Convención sobre los Derechos del Niño
establece en el Art. 40, Num. 3, la obligación de los Estados Partes de adoptar
procedimientos específicos o especiales para los niños a quienes se impute
responsabilidad penal, así:
“3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos,
autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se
alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare
culpables de haber infringido esas leyes (…)”. (se subraya)
La Ley 1098 de
2006, de la cual forman parte las normas demandadas, contempla en el Libro II,
Título I, el “Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Otras
Disposiciones” el cual comprende los principios rectores y definiciones del
proceso (Capítulo I), las autoridades y entidades del sistema (Capítulo II), la
reparación del daño (Capítulo III) y las sanciones (Capítulo IV).
El Art. 139 de
dicha ley define el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes como el conjunto de principios, normas, procedimientos,
autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o
intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas
que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el
hecho punible.
Por su parte, el Art. 140 de la misma ley dispone que en
materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las
medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado
respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral, y señala
que el proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la
reparación del daño.
Agrega esta disposición que en caso de conflictos
normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para
todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre
privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la
protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que
rigen este sistema.
En estas condiciones, se puede establecer que el Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes consagrado en la Ley 1098 de 2006 tiene
carácter  específico o especial, lo cual guarda concordancia con la protección
especial de los niños consagrada en los Arts. 44 y 45 de la Constitución y en
los tratados internacionales citados.
En este sentido, por una parte, las remisiones que en forma
complementaria hacen los Arts. 144 y 151, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006 a la
Ley 906 de 2004, que contiene el nuevo Código de Procedimiento Penal y regula
un procedimiento con tendencia  acusatoria, y, por otra parte, la inclusión de
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el citado sistema, por
parte del Art. 163, Nums. 1 y 5, de la primera ley, no desvirtúan la naturaleza
específica o especial del procedimiento de responsabilidad penal para
adolescentes y en, cambio, amplían las garantías de las que tales menores
pueden ser beneficiarios.
En consecuencia, tal norma y tales expresiones serán
declaradas exequibles, por este cargo.
Exequibilidad de las expresiones contenidas en el Art. 147
de la Ley 1098 de 2006
13. Manifiesta
el demandante que al disponer el Art. 147 de la Ley 1098 de 2006 que, en el
proceso de responsabilidad penal para adolescentes, los jueces de control de
garantías podrán decidir que las audiencias sean cerradas al público cuando su
publicidad exponga al menor a un daño psicológico, contraviene los Arts. 44,
45, 93 y 94 de la Constitución.
Relativamente a este cargo debe señalarse que ni la
Constitución Política ni los tratados internacionales mencionados en los
enunciados normativos de estas consideraciones exigen la reserva de los
procesos de responsabilidad penal para adolescentes, en todo o en parte, por
causa del interés superior del niño y de la protección  especial que los mismos
le otorgan. En consecuencia, el legislador, en ejercicio de su potestad de
configuración normativa en materia de procedimientos (Arts. 29, 114 y 150,
Nums. 1 y 2, C. Pol.) puede regular el desarrollo de las audiencias dentro de
dichos procesos en forma amplia, siempre y cuando respete los valores,
principios y derechos constitucionales.
En este asunto la norma parcialmente acusada dispone que los
jueces de control de garantías y de conocimiento podrán determinar que las
audiencias sean públicas o privadas, lo cual deberán decidir conforme a cada
caso, atendiendo a su naturaleza y características, a las condiciones del adolescente
y, en particular, a los posibles efectos sicológicos negativos de la publicidad
de las audiencias sobre el mismo. La norma otorga así un voto de confianza al
juez, como garante o como director del proceso, para lograr la efectividad de
la protección especial del adolescente.
A este respecto es oportuno tener en cuenta que conforme a
lo previsto en el Art. 163, parágrafo 2°, de la misma Ley 1098 de 2006, que
trata de la integración del sistema de responsabilidad penal para adolescentes,
la designación de quienes conforman dicho sistema deberá recaer en personas que
demuestren conocimiento calificado de derecho penal, y de infancia y familia, y
de las normas internas e internacionales relativas a derechos humanos, lo cual
lógicamente garantiza en mayor medida los derechos de los adolescentes.
Por estas razones, las expresiones demandadas contenidas en
el Art. 147 de la Ley 1098 de 2006 confieren una protección adecuada al
adolescente a quien se imputa la comisión de delitos y no vulneran las normas
constitucionales indicadas, por lo cual serán declaradas exequibles, por el
cargo examinado.
VII. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R
E S U E L V E:
Primero.-
DECLARARSE INHIBIDA para adoptar decisión de fondo
en relación con las expresiones demandadas contenidas en los Arts. 15, 24, 28,
32, 51, 62, 71, 73, 74, 82, 89, 98, 99, 100, en el inciso 1º y en los
parágrafos 1º y 2º, 104, 109, 111, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 142, 143, 148,
150, 151, en el inciso 1º, 157, 158, 162, 163, en el Num. 8 y el parágrafo 2º, 165,
170, 179, 180, 187, 189, 190, 191, 193, 204, 216 y 217 de la Ley 1098 de 2006, por
ineptitud sustantiva de la demanda.
Segundo.-
DECLARARSE INHIBIDA para adoptar decisión de fondo
respecto de la expresión “la Defensoría de Familia” contenida en el Art.
189, inciso 1º, de la Ley 1098 de 2006, por incompetencia de la Corte
Constitucional por haber caducado la acción de inconstitucionalidad por vicios
de forma.
Tercero.-
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-061 de 2008
dictada por esta corporación, que declaró INEXEQUIBLE el Art. 48, inciso
2º, de la Ley 1098 de 2006.
Cuarto.-
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-228 de 2008
proferida por esta corporación, que declaró EXEQUIBLE el Art. 96, inciso
2º, de la Ley 1098 de 2006 en relación con el cargo de violación del principio
de legalidad.
Quinto.-
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-228 de 2008
dictada por esta corporación, que declaró EXEQUIBLE el Art. 100 de la Ley
1098 de 2006 respecto del cargo de vulneración del principio de la doble
instancia.
Sexto.-
DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos examinados en
esta sentencia, los siguientes enunciados normativos de la Ley 1098 de 2006:
i) La expresión “sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil,
se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por
adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad” contenida en el Art. 3º;
ii) El Art. 80, Num. 3;
iii) La expresión “y recomendaciones” contenida en
el Art. 95, Num. 4;
iv) Las expresiones “el
expediente deberá ser remitido al Juez de Familia para homologar el fallo, si
dentro de los cinco días siguientes a su ejecutoria alguna de las partes o el
Ministerio Público lo solicita con expresión de las razones en que se funda la
inconformidad” y “sin haberse emitido la
decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para
seguir conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al Juez de
Familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo”,
contenidas en el Art. 100,
inciso 4º y parágrafo 2º;
v) El Art. 144;
vi) Las expresiones “los jueces de control de garantías”
y “si el juez considera que la publicidad del procedimiento expone a un daño
psicológico al niño, niña o adolescente. Cuando así lo disponga, en ellas
solamente podrán intervenir los sujetos procesales”, contenidas
en el Art. 147.
vii) El Art. 151, inciso 2º.
viii) El Art. 163, Nums. 1 y 5.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
JAIME
ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento
aceptado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA
INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-142 de 2001 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.  Se inhibió la Corte en esta oportunidad para conocer de
muchos de los cargos formulados contra algunos numerales de los artículos 223 y
226 del Código Contencioso Administrativo, pues el actor no identificó
claramente las disposiciones constitucionales que resultaban vulneradas.
[2] Cfr. Ibíd. Sentencia C-142 de 2001. En dicha oportunidad, tal y
como fue referido, la falta de claridad en la identificación de las normas
constitucionales que se consideraban vulneradas, que sirvió de base para
inhibir a la Corte de realizar un pronunciamiento de fondo tuvo que ver con el
siguiente hecho: el actor consideró que las normas acusadas contrariaban 76
disposiciones constitucionales, no obstante, la Corte encontró que sólo
respecto de 10 de ellos el actor hizo manifiesta una contradicción posible
entre el sentido de la disposición constitucional infringida y las normas
demandadas, sobre el que precedía un pronunciamiento de este Tribunal.
[3] Cfr., entre varios, los Autos de Sala Plena 244 de 2001 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño) y de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En dichas
oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados por los
actores, confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no presentar
razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.
[4] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-898 de 2001 M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.  La Corte se inhibió de conocer la demanda contra algunos
apartes de los artículos 186, 196, 208 y 214  del Decreto 1355 de 1970 por
ineptitud en la demanda.
[5] Cfr Corte Constitucional Sentencia C-143
de 1993 M.P. José Gregorio Hernández.  Estudió la Corte en aquella ocasión la
demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 16 y 20 de la Ley 3a de
1986, 246, 249 y 250 del Decreto 1222 de 1986. En el mismo sentido puede
consultarse la Sentencia C-428 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[6] Así, por ejemplo en la Sentencia C-362
de 2001; M.P. Alvaro Tafur Gálvis, la Corte también se inhibió de conocer la
demanda contra Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del
Decreto 2700 de 1991, pues “del estudio más detallado de los argumentos
esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede
deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada
no lo son realmente contra ella”.
[7] Sentencia C-504 de 1995; M.P. José
Gregorio Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la
demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989
“por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados
por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carece de
objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador.
[8] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.  La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir
fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por
presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó
cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas.
En el mismo sentido C-113 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516
de 2000 M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[9] En este mismo sentido pueden
consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
C-011 de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Gálvis), entre otras.
[10] Cfr. Corte Constitucional Sentencia
C-568 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  La Corte se declara inhibida para
resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley
106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación
de los preceptos constitucionales invocados.
[11] Estos son los defectos a los cuales se ha referido la
jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de
inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación.
Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001
(M.P. Jaime Cordoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000
(M.P. Alvaro Tafur Gálvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177
de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
[12] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro
Martínez Caballero. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo
sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley
1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
[13] Cfr. la Sentencia C-447 de 1997, ya citada.
[14] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993;
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz. La Corte declaró exequible
en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo,
entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de
inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto,
carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La
doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No
existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la
creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por
excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en
el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de
constitucionalidad sobre extremos comparables”.  Así, la Corte desestimaba
algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías
del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y
con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.
[15] Cfr. Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.
[16] Cfr. Corte Constitucional Sentencia
C-269 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  Este fallo que se encargó de
estudiar la Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo
1° literales b y f, es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima
algunos de los cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a
presentar argumentos de conveniencia.
[17] Son estos los términos descriptivos
utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos
impertinentes a consideración de la Corte. Este asunto también ha sido
abordado, además de las ya citadas, en la C-090 de 1996 (M.P. Antonio Barrera
Carbonell), C-357 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C, 374 de
1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) se desestiman de este modo algunos
argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción
de dominio, C-012 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), C-040 de 2000 (M.P.
Fabio Morón Díaz), C-645 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-876 de
2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-955 de 2000 (M.P. )C-1044 de 2000 (M.P.
Fabio Morón Díaz), C-052 de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Gálvis), C-201 de 2001
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
[18] C-1052 de 2001. Sobre este tema se pueden consultar también,
entre muchas otras, las Sentencias C- 803 de 2006, M.
P. Jaime Córdoba Triviño y  C-777 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[19] M. P. Nilson Pinilla Pinilla.; Aclaración de Voto de Jaime Araújo
Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa y Nilson Pinilla Pinilla.
[20] M. P. Jaime Araújo Rentería.
[21] Actas de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente,
Transcripción de sesiones, Presidencia de la República, Plenaria, Junio 10 de
1991, pag. 68
[22] Sentencia C-019 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón
[23] Ver también sentencias T-415 y T-727de 1998 M.P.
Alejandro Martínez
[24] Sentencia C-092 de 2002, M. P. Jaime Araújo Rentería.