T-075-08
REITERACION DE JURISPRUDENCIA
Sentencia T-075/08
ACCION DE
TUTELA-Procedencia excepcional para reconocimiento
y pago de acreencias laborales y pensionales
ACCION DE
TUTELA-Solicitud reconocimiento pensión de vejez
por cumplir la demandante con las semanas de cotización
LINEA
JURISPRUDENCIAL SOBRE BUENA FE, CONFIANZA LEGITIMA Y RESPETO DEL ACTO PROPIO
PRINCIPIO DE
CONFIANZA LEGITIMA-Es incoherente que se le cambien
las condiciones a la peticionaria persona de la tercera edad para el
reconocimiento de la pensión/DEBIDO PROCESO-Vulneración por exigirle a
la peticionaria más semanas de cotización de las que ya había acreditado
Es preciso señalar que la entidad
accionada vulneró el derecho al debido proceso de la demandante al desconocer
los principios de buena fe, confianza legítima y respeto del acto propio, ya
que en la primera respuesta que emitió el ISS sobre el reconocimiento de la
pensión de la señora, se indicó que tenía 995 semanas cotizadas. Con base en
esta respuesta, la accionante cotizó tres meses más para completar las 1000
semanas que señaló el ISS en su resolución del 8 de febrero de 2005. Sin
embargo, en la resolución No. 05171 del 20 de abril de 2007, la entidad
accionada, a pesar de reconocer que la actora ha cotizado 1000 semanas al
Sistema General de Pensiones, le exige un número mayor de semanas cotizadas,
amparándose en la modificación que introdujo la Ley 797 de 2003 que ya estaba
vigente para la fecha en que el ISS emitió la primera respuesta, es decir, 8 de
febrero de 2005, desconociendo la primera resolución donde se reconoció que el
número mínimo de semanas cotizadas era de 1000. Es incoherente que le cambien
súbitamente las condiciones e irrazonable someterlo a un desgaste más, difícil
de resistir dada su edad. Es  precisamente frente a casos como éste que la
Corte Constitucional ha desarrollado el principio de confianza legítima, en
cuanto a los particulares, por lo general, se les debe garantizar estabilidad
jurídica en los actos que profiera el Estado”.
ACCION DE
TUTELA-Reconocimiento, liquidación y pago de la
pensión de jubilación por el ISS a la peticionaria
Referencia: expediente
T-1782824
Acción de
tutela instaurada por Miryam Echeverri de Bravo contra el Instituto de Seguros
Sociales
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., treinta y uno de enero (31) de
dos mil ocho (2008).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Que pone fin al proceso de revisión de los
fallos proferidos por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali, el 14 de junio
de 2007, y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
el 29 de agosto de 2007.
Teniendo en cuenta que el problema jurídico
que suscita la presente acción de tutela ya ha sido objeto de otros
pronunciamientos por parte de esta Corporación, la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional decide reiterar lo dispuesto por la jurisprudencia para
este tipo de casos. Por tal razón, de acuerdo con sus atribuciones
constitucionales y legales, la presente sentencia será motivada brevemente.[1]
I.
ANTECEDENTES
Miryam Echeverri de Bravo, quien tiene 69
años,[2] interpuso demanda de
tutela a través de apoderado contra el Instituto de Seguros Sociales para que
se protegieran sus derechos a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo
vital, al debido proceso y al respeto por sus derechos adquiridos.
La demandante considera que sus derechos
fueron vulnerados porque el Instituto de Seguros Sociales se niega a
reconocerle la pensión de vejez aduciendo que no cumple con las semanas mínimas
de cotización al sistema, según los dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100
de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, a pesar de que, según la actora, ya
completó las semanas exigidas de aportes al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, por lo que tiene derecho a que se le reconozca su pensión de vejez.
La accionante elevó solicitud de
reconocimiento de pensión de vejez el día 6 de agosto de 2004.[3]
El ISS resolvió su solicitud el 8 de febrero de 2005[4],
en donde decidió negar la pensión de vejez y jubilación de la actora,
argumentando que si bien la actora cumplía con el requisito de la edad, sólo
acreditaba 995 semanas cotizadas y no las 1.000 mínimas exigidas.[5]
La accionante cotizó al Sistema General de
Pensiones los meses de noviembre y diciembre de 2005 para completar las semanas
que le hacían falta, sin embargo, por un error, estos meses se cotizaron sobre
la base del salario mínimo del año 2004, situación que se subsanó
posteriormente a través de dos autoliquidaciones de corrección.[6]
El 4 de noviembre de 2005, la señora
Echeverri de Bravo elevó derecho de petición al ISS[7]
en donde solicitaba nuevamente su pensión de vejez teniendo en cuenta que ya
había cotizado dos meses más y por lo tanto tenía un total de 1001 semanas
cotizadas. El 2 de febrero de 2006 fue resuelta negativamente su petición[8]
debido a que el mes de julio de 2003 no fue pagado al fondo de pensiones del
ISS y pagó extemporáneamente el mes de enero de 2004, por lo que tenía un total
de 991 semanas cotizadas. Se agrega además que conforme a la Ley 797 de 2003, a
partir del 1 de enero del año 2005, se incrementó 50 semanas a las 1000 mínimas
exigidas, y 25 más por cada año que pase hasta el año 2015.
El 23 de febrero y 8 de marzo de 2006 la
actora radicó comunicaciones ante el Departamento de Atención al Pensionado y el
Jefe de Recaudo y Cartera del ISS[9] en donde aclara las
cotizaciones de los meses de enero y julio de 2003 para que sean tenidas en
cuenta y solicita la inclusión en el régimen de transición de la Ley 100 de
1993 para efectos de su pensión de vejez.
El 28 de abril de 2006 el Departamento de
Atención al Pensionado emite respuesta a la petición de la actora[10]
en donde se convalidan las cotizaciones de los meses de enero y julio de 2003,
pero no se tienen en cuenta las cotizaciones de los meses de noviembre y
diciembre de 2005 porque fueron realizadas bajo un IBC que no correspondía al
salario mínimo legal vigente para estas fechas. De igual manera se advierte que
la señora Echeverri de Bravo se encuentra inmersa en los parámetros
establecidos en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, razones por las cuales no
se puede modificar la Resolución 01188 del 8 de febrero de 2005.
En atención a la anterior comunicación la
actora efectuó los pagos restantes para convalidar las autoliquidaciones de
corrección de los meses de noviembre y diciembre de 2005 y cotizó el mes de
septiembre de 2006[11]. El 9 de febrero de 2007
la actora solicitó la revocatoria directa de la Resolución 01188 de 2005[12]
y en respuesta a su solicitud el ISS emitió la Resolución 05171 de 2007 en
donde niega el reconocimiento de la pensión de vejez. En dicha resolución se
reconoce que la actora cumple uno de los requisitos establecidos en el artículo
33 de la Ley 100 de 1993 relativo a la edad, sin embargo, no cumple el
requisito de las semanas mínimas de cotización exigidas, toda vez que la señora
Echeverri de Bravo cuenta con 1000 semanas cotizadas y de acuerdo a la
modificación introducida por la Ley 797 de 2003, a partir del 1 de enero de
2005 el número de semanas se incrementará en 50 y desde el 1 de enero de 2006
en 25 cada año, hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015. Finalmente se le
recomienda a la actora solicitar la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, consagrada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993.
El 29 de mayo de 2007 la accionante
interpone acción de tutela mediante apoderado en donde se indica que la señora
Echeverri de Bravo se encuentra en una difícil situación económica y no puede
esperar el trámite de un proceso ordinario laboral. Asevera que la accionante
cumple las exigencias contenidas en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, por
lo que el ISS incurre en vías de hecho cuando niega el reconocimiento de la
pensión de vejez.
El proceso correspondió en primera
instancia al Juzgado Trece Penal del Circuito de Cali quien denegó el amparo
mediante sentencia proferida el 14 de junio de 2007. El Juzgado consideró que le
compete al ISS decidir de fondo sobre las prestaciones económicas que le son
reclamadas. Además, la actora tenía otros medios judiciales de defensa, como acudir
ante la jurisdicción ordinaria a demandar el acto administrativo contra el cual
se muestra inconforme. La anterior decisión fue impugnada por la accionante
bajo los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
La Sala Penal del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cali, mediante providencia del 29 de agosto de 2007,
confirmó el fallo de instancia por considerar que la actora debe acudir a la
jurisdicción contencioso administrativa, puesto que la tutela no es el medio
idóneo para hacer efectivas sus pretensiones.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión
judicial reseñada, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Problema jurídico
Corresponde a la Sala Segunda de Revisión
resolver la siguiente pregunta: ¿Vulneró la entidad accionada los derechos
fundamentales de petición, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo
vital, al debido proceso de la accionante y al respeto por sus derechos
adquiridos, al aplicarle la Ley 797 de 2003 y en consecuencia exigirle un
número superior a 1000 semanas cotizadas para reconocer su pensión de vejez, a
pesar de que en una respuesta anterior le había manifestado que debía acreditar
1000 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones?
Antes de resolver el anterior problema, la Corte examinará si en
este caso se cumplen las condiciones constitucionales para la procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión de
vejez.
3.     Las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional de
la acción de tutela para el reconocimiento y cobro de acreencias laborales y
pensionales y su aplicación al caso concreto
La Corte ha señalado de manera reiterada
que, por regla general, la tutela no procede para ordenar el reconocimiento de
pensiones. Generalmente, para estos propósitos existen medios ordinarios
idóneos para resolver dichas pretensiones, no se evidencia la vulneración de un
derecho fundamental,[13] o la
acción no se ha interpuesto para evitar un perjuicio irremediable.[14]
Para esta Corporación, dado el carácter excepcional de este mecanismo constitucional
de protección de los derechos,[15] la
acción de tutela no puede desplazar ni sustituir los mecanismos ordinarios
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.[16]
Para determinar si la acción de tutela es
procedente, la Corte Constitucional ha señalado dos aspectos distintos. En
primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, es preciso
examinar que no exista otro medio judicial. Si no existe otro medio, o aún si
existe pero éste no resulta idóneo en el caso concreto, la tutela procede como
mecanismo principal de amparo de los derechos fundamentales.
En segundo lugar, cuando la tutela se
interpone como mecanismo transitorio, habida cuenta de la existencia de un
medio judicial ordinario idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria
para evitar un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio se caracteriza, según la
jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que
se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser
grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv)
porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.[17]
Adicionalmente, en relación con la existencia del otro medio de defensa
judicial, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que no existe la obligación
de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela. Basta
que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda de tutela, pues si
el accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del
proceso ordinario, la tutela no procede como mecanismo transitorio.[18]
Cuando lo que se alega como perjuicio
irremediable es la afectación del mínimo vital, la Corte ha establecido, en
esencia, dos presunciones de afectación al mínimo vital.[19]
De un lado, cuando se dé un incumplimiento prolongado o indefinido de las
prestaciones, estimándose el término de más de dos meses como suficiente para
tal efecto;[20] y, de otro, un
incumplimiento aún inferior a dos meses, si la prestación es menor a dos
salarios mínimos.[21] Si no se dan las
condiciones reunidas en estas hipótesis, aunque no se presuma su afectación,
todavía puede considerarse vulnerado el derecho al mínimo vital cuando el actor
pruebe así sea sumariamente, que su subsistencia digna se ve conculcada por el
incumplimiento. No obstante, en general quien
alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de pago de
alguna acreencia laboral o pensional, debe acompañar su afirmación de alguna
prueba, al menos sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no
exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que
basa sus pretensiones.[22]
En ese
evento, la Corte analiza las circunstancias concretas
en cada caso,[23]
teniendo en cuenta, por ejemplo, la calidad de la persona que alega la
vulneración del mínimo vital, el tiempo durante el cual se ha afectado
supuestamente ese derecho, el tipo de pago reclamado y el tiempo que deberá
esperar para que sea resuelta la acción ordinaria a través de la cual puede
reclamar el pago de sus acreencias laborales o pensionales.[24]
4.
El principio de la buena fe, la confianza legítima y el respeto del acto
propio.
En el campo de
las relaciones administrado y administración, el principio de la buena fe, ha
dicho esta Corporación,[25] “juega un papel no
sólo señalado en el ámbito del ejercicio de los derechos y potestades, sino en
el de la constitución de las relaciones y en el cumplimiento de los deberes,
comporta la necesidad de una conducta leal, honesta, aquella conducta que,
según la estimación de la gente, puede esperarse de una persona".[26]
La buena fe incorpora el valor de la
confianza. En razón a esto, tanto la administración como los administrados
deben actuar conforme a las exigencias de la buena fe, sin olvidar "Que
el derecho nunca debe ser manejado de espaldas a su fundamento ético que debe
ser el factor informante y espiritualizador”[27].
Lo anterior implica que, así como la administración pública no puede ejercer
sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se
relacionan, tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas
exigencias.
La aplicación
del principio de la buena fe "permitirá al administrado recobrar la
confianza en que la administración no va a exigirle más de lo que estrictamente
sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso
concreto persiga. Y en que no le va a ser exigido en su lugar, en el momento ni
en la forma más inadecuados, en atención a sus circunstancias personales y
sociales, y a las propias necesidades públicas. Confianza legítima de que no se
le va a imponer una prestación cuando sólo, superando dificultades
extraordinarias podrá ser cumplida”[28]
Por su parte, ha afirmado la Corte
Constitucional,[29] que el principio de la
confianza legítima constituye una proyección de la buena fe que debe gobernar
la relación entre las autoridades y los particulares y permite conciliar, en
ocasiones, el interés general y los derechos de las personas.[30]
Esa confianza legítima se fundamenta en los principios de la buena fe (artículo
83 C.P.), seguridad jurídica (arts. 1º y 4 de la C.P.), respeto al acto propio[31]
y adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se
imponen en la relación entre administración y administrado. Es, según la
jurisprudencia de la Corte, jurídicamente exigible. Al respecto la Corte ha
dicho:
"Este principio, que fue desarrollado por la
jurisprudencia alemana, recogido por el Tribunal Europeo de Justicia en la
sentencia del 13 de julio de 1965, y aceptado por doctrina jurídica muy
autorizada, pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios
bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de
situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho
adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin
embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad
de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su
situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales
casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe proporcionar al
afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso
sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una
actividad que antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber
del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política.[32]
"
De la misma forma, ha dicho la Corte[33]
que la garantía del debido proceso en la modalidad de respeto a la actuación
propia, se entiende como la imposibilidad para la autoridad que actúa y genera
con ello una situación particular y concreta, en cuya estabilidad el afectado
pudiera de buena fe confiar, de desconocer su propio acto y vulnerar con ello
los principios de buena fe y de confianza legítima.[34]
Jurisprudencialmente, esta Corporación ha
definido el principio del respeto al acto propio en los siguientes términos:
"Un tema jurídico que tiene como sustento el
principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual,
las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe. Principio Constitucional, que sanciona
como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con
respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. Se trata de una
limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser
ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso,
dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una
anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar,
porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una
extralimitación del propio derecho”[35].
Esta Corporación también afirmó[36]
que el principio de respeto al acto propio, opera cuando una autoridad ha
emitido un acto que ha generado una situación particular, concreta y definida a
favor de otro. Tal principio le impide a esa autoridad modificar
unilateralmente su decisión, pues la confianza del administrado no se genera
por la convicción de la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la
seguridad de haber obtenido una posición jurídica definida a través de un acto
que creó situaciones particulares y concretas a su favor.
De ello se
desprende que el respeto al acto propio comprende una limitación del ejercicio
de las potestades consistente en la fidelidad de las autoridades a las decisiones
que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismas, cuando afectan a
particulares y sin seguir el debido proceso para ello, más aún cuando el acto
posterior este fundado en criterios irrazonables, desproporcionados o
extemporáneos.[37]
En el mismo
sentido, la Corte Constitucional en su jurisprudencia[38]
ha expresado que la autoridad pública o el particular que ejerza funciones
públicas, no puede de manera unilateral revocar o inaplicar actos administrativos
que han creado o modificado una situación jurídica particular y concreta, salvo
que medie el consentimiento expreso y escrito del titular. El artículo 73 del
Código Contencioso Administrativo[39] señala el procedimiento
para que la administración revoque sus propios actos. En caso de que la
administración pretenda desconocerlos, no podrá revocarlo directamente por
fuera de las causales allí previstas, sino que deberá cumplir los postulados
constitucionales y legales demandando su propio acto, ante el contencioso
administrativo, a través de la acción de lesividad para obtener la nulidad del
mismo. De no ser así estaría desconociendo el debido proceso del administrado.
5. Caso Concreto
Dado que el asunto bajo revisión se refiere
al acto que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación, la resolución
de esta controversia le correspondería en principio a la jurisdicción laboral,
ya sea mediante el proceso laboral ordinario o mediante la acción contencioso
administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso. Sin
embargo, debido a las especiales circunstancias del presente caso, en donde la
accionante es una persona de la tercera edad (tiene 68 años), las cotizaciones
a los sistemas de salud y pensiones las realizó sobre la base de uno y dos
salarios mínimos legales vigentes, su situación económica es precaria[40]
y padece problemas de salud,[41] no resultan idóneas las
acciones judiciales de defensa ordinarias, en razón al largo tiempo que debería
esperar para que éstas se resolvieran, teniendo en cuenta que su mínimo vital
se encuentra seriamente comprometido. En consecuencia, en el presente caso, la
tutela procederá como mecanismo definitivo, sin condicionar la vigencia de las
órdenes a que el tutelante acuda dentro de los cuatro meses siguientes a la vía
ordinaria.
Ahora bien, además de que se encuentra
comprometido el mínimo vital de la actora, es preciso señalar que la entidad
accionada vulneró el derecho al debido proceso de la demandante al desconocer
los principios de buena fe, confianza legítima y respeto del acto propio, ya
que en la primera respuesta que emitió el ISS sobre el reconocimiento de la
pensión de la señora Echeverri el día 8 de febrero de 2005, se indicó que tenía
995 semanas cotizadas, por lo que: “No es procedente reconocer la pensión
solicitada pues aunque cumple con uno de los requisitos que establece la Ley
100 de 1993 artículo 33, el cual es acreditar la edad de 55 años de edad no
acredita el número de semanas cotizadas (1000 semanas). Que no obstante lo
anterior, es preciso recomendarle al asegurado(a) Myriam Echeverry de Bravo, si
es su deseo, continúe cotizando al Sistema General de Pensiones hasta completar
las semanas requeridas por la Ley, o en su defecto solicite la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, una vez manifieste su imposibilidad de
continuar cotizando”.
Con base en esta respuesta, la accionante
cotizó tres meses más[42] para completar las 1000
semanas que señaló el ISS en su resolución del 8 de febrero de 2005. Sin
embargo, en la resolución No. 05171 del 20 de abril de 2007, la entidad
accionada, a pesar de reconocer que la actora ha cotizado 1000 semanas al
Sistema General de Pensiones, le exige un número mayor de semanas cotizadas,
amparándose en la modificación que introdujo la Ley 797 de 2003 que ya estaba
vigente para la fecha en que el ISS emitió la primera respuesta, es decir, 8 de
febrero de 2005, desconociendo la primera resolución donde se reconoció que el
número mínimo de semanas cotizadas era de 1000.
En sentencia T-607 de 2007, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla, esta Corporación analizó un problema jurídico similar al
presente[43] en donde al actor le
exigían 1000 semanas cotizadas y posteriormente le solicitaban el pago de 1075
semanas. En esta oportunidad la Corte sostuvo que: “(…) es incoherente que
le cambien súbitamente las condiciones e irrazonable someterlo a un desgaste
más, difícil de resistir dada su edad. Es  precisamente frente a casos como
éste que la Corte Constitucional ha desarrollado el principio de confianza
legítima, en cuanto a los particulares, por lo general, se les debe garantizar
estabilidad jurídica en los actos que profiera el Estado”.
En
consecuencia, esta Sala revocará el fallo de instancia, y en su lugar,
concederá la tutela, protegiendo los derechos al mínimo vital y al debido
proceso de la accionante, vulnerado al desconocerse su confianza legítima, y
por tanto, ordenará al Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle, que en
el término de 10 días siguientes a la notificación de la presente providencia, efectúe
el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de jubilación a que tiene
derecho Miryam Echeverri de Bravo.
III.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia del veintinueve (29) de agosto de dos
mil siete (2007), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,
Sala Penal, y en su lugar CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales
al debido proceso y al mínimo vital de la señora Miryam Echeverri de Bravo.
Segundo.- ORDENAR al representante legal del Instituto de Seguro Social, Seccional
Valle que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, efectúe el
reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de jubilación a que tiene
derecho Miryam Echeverri de Bravo.
Tercero.- LIBRESE por Secretaría la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
fines allí establecidos.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Ponente
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Con base en lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991 (artículo 35),
la Corte Constitucional ha señalado que las decisiones de revisión que se
limiten a reiterar la jurisprudencia pueden “ser brevemente justificadas”.
Así lo ha hecho en varias ocasiones, entre ellas, por ejemplo, en las
sentencias T-549 de 1995 (MP Jorge Arango Mejía), T-396 de 1999 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-054 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-392 de 2004
(MP Jaime Araujo Rentería), T-325 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil) y T-390 de
2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[2] La accionante nació el 14 de agosto de 1939.
[3] Folios 18 y 19 del expediente.
[4] Folios 20 y 21 del expediente.
[5] A folio 20 y 21 del expediente obra la resolución 01188 del 8 de
febrero de 2005 mediante la cual se le negó la pensión a la actora. De dicha
resolución se colige que la actora cotizó como servidora pública un total de
5042 días y al ISS un total de 981, es decir, tiene un total de 6967 días
cotizados que equivalen a 995 semanas.
[6] A folios 25 y 26 del expediente obran las autoliquidaciones de
corrección.
[7] Folios 27 y 28 del expediente.
[8] Folios 29 y 30 del expediente.
[9] Folios 31 a 34 del expediente.
[10] Folios 35 a 37 del expediente.
[11] Folios 38 a 40 del expediente.
[12] Folios 41 a 45 del expediente.
[13] En la sentencia T-043 de 2007. MP. Jaime Córdoba Triviño, la
Corte reiteró que “de manera general, la acción de tutela
resulta improcedente para el reconocimiento de pensiones. No obstante lo
anterior, el amparo constitucional será viable excepcionalmente, cuando en el
caso sujeto a examen concurran las siguientes tres condiciones: (i) que la
negativa al reconocimiento de la pensión de invalidez, jubilación o vejez se
origine en actos que en razón a su contradicción con preceptos superiores
puedan, prima facie, desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre las
actuaciones de la administración pública; (ii) que esa negativa de
reconocimiento de la prestación vulnere o amenace un derecho fundamental; y
(iii) que la acción de tutela resulte necesaria para evitar la consumación de
un perjuicio ius fundamental irremediable”.
[14] Ver entre otras, las sentencias T-100 de 1994. MP. Carlos Gaviria Díaz, T-1338 de
2001. MP. Jaime Córdoba Triviño y SU-995 de 1999, MP. Carlos Gaviria Díaz,
T-859 de 2004, MP: Clara Inés Vargas Hernández, T-043 de 2007. MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[15] Artículo 86. Constitución Política. “(…) Esta acción solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
(…)”.
[16] Corte Constitucional, Sentencia T-106 de
1993, MP. Antonio Barrera
Carbonell. La Corte afirmó que la posibilidad de acudir a la acción de tutela
“(...)sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece
para la realización de los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para
proteger instantánea y objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de
amenaza por virtud de una conducta positiva o negativa de una autoridad pública
o de particulares en los casos señalados por la ley, a través de una valoración
que siempre se hace en concreto, tomando en consideración las circunstancias
del caso y la situación de la persona, eventualmente afectada con la acción u
omisión.” Ver también, la sentencia T-480 de 1993, MP: José Gregorio Hernández
Galindo.
[17] Esta doctrina ha sido reiterada en las
sentencias de la Corte Constitucional, T-225 de 1993, MP. Vladimiro Naranjo
Mesa, SU-544 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, T-1316 de 2001, MP (E):
Rodrigo Uprimny Yepes, T-983-01, MP: Álvaro Tafur Galvis, entre otras.
[18] Ver, entre otras, las sentencias T-871 de
1999, T-812 de 2000.
[19] Cfr. Sentencias T-259 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-818
de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-370 de 2001, M.P. Jaime Córdoba
Triviño, T-725 de 2001 y T-148 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-326
de 2004, M.P Clara Inés Vargas Hernández, T-133 de 2005 y T-809 de 2006, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-404 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[20] Sentencias T-362 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-148
de 2002, T-133 de 2005 y T-896 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] Sentencia T-795 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22] Corte Constitucional, Sentencia SU-995 de
1999, MP: Carlos Gaviria Díaz, T-1088 de 2000, MP: Alejandro Martínez
Caballero.
[23] Ver por ejemplo la sentencia T-043 de 2007, MP: Jaime Córdoba
Triviño.
[24] Sobre las características que debe tener el perjuicio irremediable,
ver entre muchas otras, las sentencias T-1316 de 2001, MP (E): Rodrigo Uprimny
Yepes, T-225 de 1993, MP: Vladimiro Naranjo Mesa.
[25] Ver entre otras Sentencia T-617 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[26] González Pérez Jesús, El Principio General de la buena fe en el
Derecho Administrativo, Ed.Civitas, pág 43.
[27] Ibídem, Pág 59.
[28] Idem.
[29] Ver entre otras Sentencia T-693 de 2004, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[30] Ver entre otras sentencias T-617 de 1995, T-438 de
1996, T-396 de 1997, T398 de 1998 y SU-250 de 1998.
[31] Ver Sentencia T-295 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[32] Sentencia C-478 de 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero. Sobre este tema también pueden consu1tarse las sentencias T-398 de
1997, T-576 de 1998 y SU-260 de 1998.
[33] Ver entre otras Sentencia T-079 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[34] Sentencia T-544 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[35] Sentencia T-295 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[36] Ver Sentencia T-083 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[37] Cfr. T-475/92  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[38] Ver sentencias T-347 de 1994, M.P.,T-437 de 1994 M.P. Antonio
Barrera Carbonell y T-276 de 2000, M.P. A1fredo Beltrán Sierra.
[39] El artículo 73 del C.C.A. establece: "Cuando un acto administrativo
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y
concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Pero
habrá lugar a la revocación de los actos, cuando resulten de la aplicación del
silencio administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el
artículo 69, o si fuere evidente que el acto ocurrió por medios
ilegales. Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos
administrativos en cuanto sea necesario para corregir simples errores
aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión. "
[40] A folio 17 del expediente obra una declaración extraproceso rendida
por Maria Helena Garcés Vila y Luz Mery Prada Cadena, quienes manifiestan
conocer a la señora Miryam Echeverry quien se encuentra en una precaria
situación económica.
[41] En folios 64 y 65 del expediente obran constancias médicas que
describen el problema visual que padece la actora. Además, afirma que tiene una
cirugía pendiente de realizarse.
[42] La actora cotizó los meses de noviembre y
diciembre de 2005 y septiembre de 2006.
[43] En este caso el actor elevó petición al ISS para que
se le reconociera su pensión de vejez. El 15 de septiembre de 2004 obtuvo
respuesta negativa, en donde se le indicaba que cumplía con el requisito de la
edad, pero no acreditaba las 1000 semanas cotizadas como mínimo, pues sólo
había cotizado 934 semanas. El actor cotizó las 66 semanas restantes y volvió a
solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez, sin embargo, el ISS negó
nuevamente la pensión mediante resolución del 14 de diciembre de 2006, en donde
le manifestó que no acreditó las 1075 exigidas por el artículo 33 de la Ley 100
de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. La Corte concedió
la tutela como mecanismo transitorio y en consecuencia resolvió:  “SEGUNDO.- En
consecuencia, ORDÉNASE al Presidente del Instituto de Seguros Sociales,
o quien haga sus veces, que en el término máximo de 10 días a partir de la
notificación de esta providencia, efectúe el reconocimiento, liquidación y pago
de la pensión de jubilación a que tiene derecho Arturo Enrique Tangarife
Sánchez, debiendo empezar a cubrírsele de ahora en adelante las mesadas correspondientes y, en ese mismo
tiempo, en protección de su mínimo vital, los doce (12) últimos meses, quedando
de allí hacia atrás sujeto a lo que decida el despacho judicial competente.
TERCERO.- ADVERTIR al accionante y a su apoderado
que ante esta medida de protección provisional, deberán iniciar, si no lo han
hecho, la acción ordinaria para el respectivo reconocimiento de la pensión de
vejez, dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del presente fallo, o
al cabal agotamiento de la vía gubernativa, pues de ello depende que esta
decisión de tutela mantenga vigencia, la cual se extenderá hasta que la
autoridad judicial competente se pronuncie de fondo”.