T-837-12
I
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 234 de fecha 3 de junio de 2015, el cual se
anexa en la parte final,  se declara parcialmente nula la presente
providencia, únicamente en lo referente al expediente T-3469991
Sentencia T-837/12
ACCION DE
TUTELA TEMERARIA-Inexistencia por cuanto se presentan hechos nuevos
La
Corte ha considerado temerario el ejercicio de la acción de tutela
cuando el peticionario acude más de una vez ante la rama judicial del Estado,
con el fin de que sea estudiado un mismo caso, con iguales pretensiones y,
además si la tutela fue interpuesta sin un motivo expresamente justificado.
Bajo estos supuestos, se está ante una actuación temeraria y su consecuencia es
el rechazo o la decisión desfavorable. En suma, el juez debe estudiar
cuidadosamente cada caso en concreto, para establecer si se presenta la
identidad de hechos, partes y pretensiones que harían la acción temeraria, o si
por el contrario existen hechos nuevos, incluso debe estudiar si el contenido
de los anteriores fallos de la acción de tutela resolvieron de fondo la
pretensión del accionante.
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA/DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Línea jurisprudencial en materia de protección mediante
acción de tutela
Respecto a lo que debe
entenderse por una vivienda digna, la Corte ha señalado que la misma implica
contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse
en unas mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida. Así
mismo, se han sentado las condiciones mínimas con las que debe contar una vivienda
para ser considerada como digna. El derecho a una vivienda digna puede ser
invocado en sede de tutela, cuando por conexidad se afectan otros derechos
catalogados como fundamentales que se encuentran en cabeza de la misma persona.
Por lo tanto, el juez deberá estudiar en cada caso concreto la eventual puesta
en peligro del derecho a una vivienda digna, pero también de otros derechos
fundamentales directamente vinculados entre sí.
DERECHO DE
PROPIEDAD-Fundamental por conexidad
El derecho a la propiedad tiene
carácter constitucional y puede ser apreciado como un derecho fundamental
cuando tiene nexos con otros derechos fundamentales y, por lo tanto puede ser
reclamado mediante la acción de tutela. Así mismo, es importante mencionar que
otra de sus características, es que es un derecho exclusivo en la medida en que
quien ostenta el carácter de propietario sobre un bien, puede por regla general
oponerse a las intromisiones de terceros.
DERECHO DE
PROPIEDAD-Caso de damnificada por la ola invernal la cual le destruyó su
casa y es madre cabeza de familia de 4 menores
DERECHO A LA
VIVIENDA DIGNA-Orden al Instituto de Vivienda Urbana de Bucaramanga
realizar las gestiones para reubicar a la accionante y a sus cuatro hijos
Referencia: expedientes T- 3.352.756 y T-3.469.991
Acción de tutela instaurada por Deyanira Pedraza Cárdenas, contra el municipio de Bucaramanga y, Doris Lilia Saray Rodríguez
contra la Gobernación del Meta y otro.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de
octubre de dos mil doce (2012).
La
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados LUIS ERNESTO VARGAS SILVA,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA y MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos emitidos por el Juzgado segundo Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga el  15 de noviembre de
2011 en única instancia, dentro del proceso de tutela iniciado por Deyanira
Pedraza Cárdenas actuando en nombre propio y en representación de sus mejores
hijos Carlos Fabián, Helen Julieta, Jorge Luis y Yesid Andrés Pedraza, contra la Alcaldía municipal de Bucaramanga y, el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Villavicencio-Meta en única instancia,
dentro del proceso de tutela inciado por Doris Lilia Saray Rodríguez contra la
Gobernación del Meta y otro.
I.
ANTECEDENTES.
Acumulación
de procesos.
La
Sala de Selección de Tutelas Número Dos, mediante auto del 17 de febrero de
2012, escogió para su revisión el expediente T-3.352.756 y dispuso su reparto a
este despacho. Igualmente, por medio del auto proferido el 23 de mayo de 2012, la
Sala Selección de Tutelas Número Cinco asignó a este despacho la revisión del
expediente T-3.469.991.
Teniendo en cuenta que ambos
expedientes guardan una estrecha similitud en cuanto a hechos y pretensiones, la
Sala Novena de Revisión profirió el auto del 14 de agosto de 2012, en virtud
del cual ordenó acumularlos para que fueran fallados en una misma sentencia.
1.
Expediente T-3.352.756
1.1  Hechos
y demanda de tutela.
El 18 de octubre de 2010,
Deyanira Pedraza Cárdenas interpuso acción de tutela contra la
Alcaldía del municipio de Bucaramanga, por considerar que le están siendo
vulnerados sus derechos a una vivienda digna, los derechos de los niños y a
tener una familia. Luego de surtirse el trámite de doble instancia, la
Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal mediante sentencia de tutela
del 27 de octubre de 2011, declaró la nulidad de todo lo actuado. En
consecuencia, el 1° de noviembre de 2011 el  Juzgado segundo Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga retomó el conocimiento de
la misma. La acción de tutela se basó en los siguientes hechos:
1.1 La accionante manifestó que
en el 2005 fue víctima con su familia de la avalancha que produjo el Río de Oro
en las vecindades de Bucaramanga y Girón, en el departamento de Santander.
1.2  A raíz de dicho suceso, la
alcaldía de Bucaramanga censó los hogares afectados, entre los cuales se
incluyó a la accionante y su núcleo familiar compuesto por sus cuatro hijos
menores de edad uno de los cuales sufre de leucemia. Sin embargo, se cometió un
error de digitación en su número de cédula, razón por la cual afirmó que no ha
podido acceder a los beneficios de vivienda a los que tiene derecho.
1.3 Manifestó que al no contar
con un lugar fijo en donde vivir, trató de tomar en arriendo una habitación
pero el canon le resultó imposible de asumir. En vista de lo anterior, el 13 de
octubre de 2010 decidió ocupar con sus cuatro hijos la vivienda ubicada en la
calle 10 NB No. 2 Occ – 03 de la urbanización Villas de San Ignacio, la cual
fue construida por el municipio meses atrás y se encontraba deshabitada.
1.4 El Instituto de Vivienda de
Bucaramanga –Invisbu, acudió a su vivienda y después de indagar sobre su
situación familiar se retiró. No obstante, la actora fue informada de que se
había programado una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho en la
vivienda que habita para el lunes 19 de octubre de 2010.
1.5
En consecuencia, solicitó al juez de tutela que como medida provisional
de protección ordenara la suspensión de la diligencia de lanzamiento por
ocupación de hecho mencionada ya que no tiene a donde ir y, de ser desalojada
se pondrían en grave riesgo los derechos de sus menores hijos.
1.6
Adicionalmente, pidió que se amparara su derecho a una vivienda digna y,
se ordene al municipio de Bucaramanga dar una solución definitiva a su problema
de vivienda, en igualdad de condiciones con las demás familias que ya tienen
definida su situación.
1.7
Finalmente, informó la actora que sólo cursó hasta el grado segundo de
primaria y que es una persona de escasos recursos económicos, que no tiene un
trabajo estable por lo cual no devenga ingresos fijos mensuales, vive de la
informalidad y es madre cabeza de familia, pues se encarga sola del
mantenimiento de sus 4 menores hijos. Afirmó que le ha realizado varias mejoras
al inmueble, para adecuarlo a sus necesidades específicas, para lo cual,
naturalmente ha incurrido en una serie de gastos que perdería si la obligan a
desalojar el inmueble.
1.2.
Intervención de las partes demandadas.
Mediante auto del 1° de noviembre
de 2011, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías
avocó el conocimiento de la acción de tutela y resolvió vincular al trámite al
Instituto de Vivienda de Bucaramanga –Invisbu, al Gobernador del Departamento
de Santander, al Alcalde municipal de Girón y, a los señores Luís Alfredo
Aguillón Villamizar y Marina Pabón Cardozo, por considerar que pueden tener
interés sobre la materia.
Adicionalmente, debe señalarse
que en auto del 18 de octubre de 2010, en el que se admitió inicialmente la acción
de tutela, también se concedió la medida cautelar solicitada por la accionante
y, se ordenó al municipio de Bucaramanga suspender inmediatamente y de manera
provisional la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, programada
contra la actora el 19 de octubre de 2010, mientras el Alcalde de Bucaramanga
le brinda una solución definitiva al problema de vivienda de la actora. Esta
orden permaneció en firme hasta el momento en que la
Corte asumió la revisión del caso.
1.2.1
Instituto de Vivienda de Bucaramanga Invisbu.
Mediante apoderado judicial el
Instituto de vivienda de interés social y desarrollo urbano de Bucaramanga - en
adelante Invisbu - dio respuesta a la acción de tutela, y dijo que la señora
Deyanira Pedraza Cárdenas invadió el predio ubicado en la calle 10 NB No. 2
Occ-03, de la Urbanización Villas de San Ignacio por lo cual se encontraba
adelantando las acciones penales y policivas correspondientes en contra de la
ciudadana. Estableció que el Invisbu se acercó al inmueble mencionado a
realizar la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, pero la
accionante “de una manera inescrupulosa utilizó a sus menores hijos,
interponiéndolos frente a la fuerza policial con el propósito de impedir el
lanzamiento.” Sin embargo atendiendo a la orden dada por el despacho se
suspendieron las actividades de recuperación del inmueble invadido.
Adicionalmente, informó que esta
es la tercera vez que la demandante interpone una acción de tutela por los
mismos hechos, y que es necesario tener en cuenta que no formuló recurso alguno
contra el acto administrativo mediante el cual fue excluida del subsidio de
vivienda familiar, de manera que lo que pretende es revivir oportunidades
procesales vencidas mediante el uso temerario de la acción de tutela.
En consecuencia solicitó que sea
denegado el amparo, pues la accionante no ha adelantado los procedimientos
administrativos necesarios para acceder al subsidio de vivienda familiar, el
cual es otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda previo cumplimiento de los
requisitos contenidos en el decreto 2190 de 2009. Así mismo pidió oficiar al
Juzgado Quinto de Familia del Circuito de Bucaramanga, para que aportara copia
auténtica de la sentencia de primera instancia de la acción de tutela No.
2010-0589 con el fin de demostrar la actuación temeraria de la actora.
1.2.2.
Municipio de Bucaramanga.
Camilo Andrés Mogollón Navarro
actuando como apoderado del representante legal del municipio de Bucaramanga,
dio respuesta a la acción de tutela en la que manifestó que la señora Deyanira
Pedraza Cárdenas ya había instaurado otra acción por los mismos hechos bajo el
radicado número 2010-000589 que cursó en el Juzgado Quinto de Familia de
Bucaramanga, la cual no prosperó en razón a la actuación temeraria de la
actora.
Estableció que el municipio de
Bucaramanga no le ha vulnerado ningún derecho fundamental a la señora Pedraza
Cárdenas y que el riesgo al que fue expuesta cuando se incurrió en el error en
el número de su documento de identidad, ya fue superado mediante la
certificación expedida por el coordinador del Comité Local para Prevención y
Atención de Desastres de Bucaramanga (Clopad), en la cual se
establece su calidad de damnificada, así mismo afirmó que se encuentra
registrada en el programa de la
Alcaldía. Por lo tanto, solicitó que sea rechazado el amparo, porque además no
se cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y sus pretensiones
se traducen exclusivamente en una prestación económica.
1.2.3
Municipio de San Juan Girón.
María del Pilar Florez Galvis, en
su calidad de Secretaria de Gobierno del municipio San Juan Girón contestó la
acción de tutela, manifestó que ninguno de los hechos y pretensiones le atañen
a la entidad que representa, porque la accionante es damnificada del municipio
de Bucaramanga y éste fue quien evaluó su situación de inclusión en el censo,
de manera que es dicho municipio y no San Juan de Girón quien tiene la
responsabilidad por los hechos que ahora se denuncian.
1.2.4 Luís
Alfredo Aguillón Villamizar y Marina Pabón Cardozo.
El señor Luís Alfredo Aguillón
Villamizar y la señora Marina Pabón Cardozo intervinieron en la acción de
tutela en su calidad de propietarios del inmueble que actualmente ocupa la
actora. Manifestaron que fueron damnificados por la ola invernal del año 2005,
a raíz de lo cual hicieron los trámites de postulación para obtener un subsidio
de vivienda, entregaron el inmueble que amenazaba ruina, cancelaron los
servicios públicos del mismo y, firmaron las escrituras correspondientes para
que el Invisbu les entregara la vivienda acordada; la diligencia de entrega se
tenía prevista para el 15 de octubre de 2010, pero ésta no se pudo realizar
porque la señora Deyanira Pedraza Cárdenas la ocupó con sus hijos.
Consideraron que la anterior
situación vulnera sus derechos a una vivienda digna y a la vida pues, se han
visto obligados a vivir en la calle, en cambuches, y en habitaciones de una
manera que consideran indigna; por lo tanto solicitaron que no se acceda a las
pretensiones de la actora pues se estarían premiando las vías de hecho
cometidas por encima de sus derechos legalmente constituidos.
1.3.
Pruebas relevantes aportadas al proceso.
1.3.1 Fotocopia de la cédula de
la accionante. (Folio 4 cuaderno 1)
1.3.2 Comunicación emitida por el
Coordinador del grupo para la prevención y atención de desastres de la
Gobernación de Santander al municipio de Bucaramanga, el 6 de septiembre de
2007, en la que consta que la señora Deyanira Pedraza Cárdenas fue afectada por
la ola invernal del 2005, censada y ubicada en los cambuches del club Chimita
de Bucaramanga. Así mismo se hizo saber que se encontraba solicitando de manera
urgente fuera incluida en un programa de vivienda de interés social. (Folio 5,
cuaderno 1).
1.3.3 Derecho de petición
presentado por Deyanira Pedraza Cárdenas, el 14 de septiembre de 2009, ante el Gobernador
del Departamento de Santander y el Alcalde del municipio de Bucaramanga, en el
que les informó que por un error en el número de su cédula no le fue otorgada
ninguna solución de vivienda en el año 2005, por lo tanto les pidió que se le
brinde un auxilio de vivienda a su núcleo familiar ya que no tiene un lugar en
donde vivir con sus 4 hijos menores de edad, recalcando que uno de ellos padece
de leucemia. (Folio 6, cuaderno 1).
1.3.4 Certificación emitida por la
Alcaldía de Bucaramanga – Secretaría de gobierno, Oficina de prevención y
atención de desastres, en la que consta que Deyanira Pedraza Cárdenas fue
damnificada por la ola invernal del 9 y 12 de febrero de 2005 y que aparece
registrada en el censo oficial de damnificados. Se dejó claridad sobre su
número de cédula porque existía un error en el mismo, siendo el correcto
37.551.962 de Girón. (Folio 7, cuaderno 1).
1.3.5 Copia de la sentencia
emitida en primera instancia por el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga,
el 4 de octubre de 2010 dentro del proceso de tutela iniciado por Deyanira
Pedraza Cárdenas contra el municipio de Bucaramanga, Cajasan y el Ministerio de
ambiente, vivienda y desarrollo territorial con el fin de que se ampararan sus
derechos a la vida, a la dignidad humana a la igualdad y a una vivienda digna y
se ordenara a los accionados el otorgamiento de un subsidio de vivienda,
teniendo en cuenta que fue censada como afectada de la ola invernal del 2005
pero por un error en su cédula no había sido beneficiada con ninguna ayuda.
El Juzgado decidió negar el
amparo solicitado por la actora, en tanto encontró que la accionante ya había
interpuesto una acción de tutela en el año 2008 con los mismos hechos y
pretensiones, la cual conoció el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de
Control de Garantías y fue negada en tanto se comprobó que:
(i) la lista
de personas censadas estuvo publicada durante 6 meses y solo 2 años después la
accionante se percató del error en su número de documento e inició los trámites
para corregirlo,
(ii) frente a
la decisión adoptada por Fonvivienda que le negó el acceso a un subsidio de
vivienda, la actora no presentó los recursos correspondientes para
controvertirla,
(iii)
anteriormente ya había interpuesto otra acción de tutela en la cual se le
informó que podía volverse a presentar a otras convocatorias para subsidio de
vivienda pero que según el sistema la actora solo lo intentó una vez en el año
2005,
(iv) no
existió un hecho nuevo entre la acción interpuesta en el año 2008 y la que se
revisó en ese entonces, por lo tanto se consideró como temeraria. También se
dijo en dicha ocasión que no se cumplió con el requisito de inmediatez porque
los hechos datan del año 2005 y la acción fue interpuesta en el 2010. (Folios 46
a 56, cuaderno 1).
1.3.6 Certificado de tradición y
libertad del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 300-339302
de Bucaramanga, ubicado en la Calle 10NC # 2 OCC -03 Bloque B Casa 1 Villas de
San Ignacio, Lote 1 Manzana B etapa 3, en el que consta que es de propiedad de
los señores Luís Alfredo Aguillón Villamizar y Marina Pabón Acosta,  quienes lo
adquirieron mediante cesión a título gratuito de bienes fiscales – subsidio del
Instituto de vivienda de interés social y reforma urbana del municipio de
Bucaramanga Invisbu. (Folios 101 y 102, cuaderno 1).
1.3.7 Copia de la sentencia de
segunda instancia, emitida por la
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, dentro del trámite de acción
de tutela iniciado por Luis Alfredo Aguillón Villamizar contra los Juzgados
Segundo Penal Municipal con función de control de garantías y Octavo Penal del
Circuito ambos de Bucaramanga, en la cual se accedió a las pretensiones del
actor y se resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de
tutela iniciado por Deyanira Pedraza Cárdenas, en tanto no se integró
debidamente el contradictorio al omitir vincular al demandante y su esposa al
trámite, siendo que son terceros que se pueden ver directamente afectados al
ser los propietarios del inmueble que se encuentra ocupando la señora Pedraza
Cárdenas. (Folios 123 a 130, cuaderno 1).
1.4.
Sentencia objeto de revisión.
El 15 de noviembre de 2011, el
Juzgado Segundo Penal municipal con funciones de control de garantías de
Bucaramanga profirió sentencia de única instancia, en la cual se resolvió
amparar los derechos de la accionante a una vivienda digna y los derechos de los
niños.
En consecuencia, ordenó “manténgase
la orden impartida en la medida provisional ordenada en auto de fecha 18 de
octubre del presente año y en consecuencia se ORDENA suspender la diligencia de
desalojo de la señora DEYANIRA PEDRAZA y un núcleo familiar de la vivienda
ubicada en la  calle 10NB No. 1 Occ-03 de la urbanización Villas de San
Ignacio, hasta tanto no se de una solución definitiva a su problema de
vivienda, y proceda a ubicar e incluir a la señora DEYANIRA PEDRAZA CÁRDENAS y
a sus hijos en un programa que solucione de fondo su problema de vivienda, de
tal forma que una vez se haga efectivo el desalojo pueda la accionante gozar de
una vivienda en condiciones dignas, o medie una orden proferida al interior de
un proceso policivo en su contra garantizando siempre la protección de ésta, su
núcleo familiar y especialmente su derecho a la vivienda digna, so pena de
imponer las sanciones a que se refieren los artículos 52 y 53 del Decreto 2591
de 1.991.”
Lo anterior, porque consideró que
la actuación de la accionante no es temeraria pues si bien ya había interpuesto
otra acción de tutela similar a la actual en la que solicitó la protección de
su derecho a la vivienda digna, lo cierto es que los fundamentos fácticos de
una y otra son distintos, pues la primera se basó en la ausencia de vivienda de
la accionante que la llevó a solicitar el otorgamiento de un inmueble en el
marco de la política de atención de desastres del municipio de Bucaramanga, y
la actual se basa en la ocupación del inmueble que realizó y la diligencia de
lanzamiento por ocupación de hecho decretada sobre el mismo.
A su juicio, el Invisbu
desconoció el principio de confianza legítima del cual es titular la accionante
obligándola a soportar una carga indebida y desproporcionada, al no darle una
solución pacífica a la situación que ahora se analiza, iniciando un proceso
policivo de lanzamiento por ocupación de hecho sin tener en cuenta la especial
condición de la actora y sin plantearle ninguna opción de reubicación.
1.5 Trámite surtido
en sede de revisión.
Mediante auto del 23 de mayo de
2012, esta Corporación le solicitó al Invisbu de Bucaramanga que manifestara:
a.     Si
tiene información acerca de trámites que haya adelantado la señora Deyanira
Pedraza Cárdenas identificada con la c.c. 37.551.962 de Girón, para ser
acreedora de un subsidio de vivienda. En caso afirmativo explique cuál fue el
resultado del mismo, y si fue negado exponga las razones específicas que
motivaron tal decisión.
b.     Si
ha brindado alguna solución de vivienda a los señores Luis Alfredo Aguillón
Villamizar identificado con la cc. 91.341.635 de Bucaramanga y Marina Pabón
Cardozo identificada con la cc. 63.480.879 de Bucaramanga. En caso afirmativo
especifique las condiciones de la misma.
Silvia Johan Camargo Gutiérrez,
Directora del Invisbu dio respuesta a lo solicitado por la
Sala, afirmó que desconoce si la señora Deyanira Pedraza Cárdenas ha
adelantado trámites para ser acreedora de un subsidio de vivienda familiar,
pues esto no es de su competencia, adicionalmente informó que los señores Luís
Alfredo Aguillón y Marina Pabón se encuentran ubicados en un inmueble del
proyecto de Vivienda de Interés Social Villas de San Ignacio, a título de
préstamo, “lo anterior, en razón a que dicho inmueble es de propiedad de
otro ciudadano (…) es de advertir que a la suscrita le resulta absolutamente
imposible escriturar otra vivienda a los señores Alfredo y Marina, toda vez que
éstos son los legítimos propietarios de la vivienda que invadió la señora
DEYANIRA PEDRAZA (…). Por lo anterior, Honorables Magistrados, ruego se
verifiquen todos los aspectos fácticos que se describen en los memoriales
precedentes, a efecto que se tome la mejor decisión, que no vulnere los
derechos fundamentales de los señores LUÍS ALFREDO Y MARINA, ya que
éstos si cumplieron con el trámite legal ordenado en la ley y por el contrario
se les está castigando y reprimiendo sus derechos.” Mayúsculas y negrita
dentro del texto.
2.
Expediente T-3.469.991.
2.1  Hechos
y demanda de tutela.
El 10 de enero de 2012, la señora
Doris Lilia Saray Rodríguez interpuso acción de tutela contra la
Oficina de vivienda del Departamento del Meta y la
Gobernación del Meta, por considerar que le están siendo vulnerados sus
derechos a la igualdad y el debido proceso, con base en los siguientes hechos:
2.1.1
La accionante manifestó ser madre cabeza de familia de dos hijos y, al
no contar con los recursos suficientes para adquirir independientemente una
vivienda para sus hijos, se postuló para adquirir una vivienda de subsidio
familiar en la Urbanización Semillas de Paz ubicada en Villavicencio-Meta.
2.1.2
Luego de haberse surtido todo el trámite correspondiente, mediante la
Resolución No. 268 de 2011, el Gerente de vivienda del Departamento del Meta
le transfirió a título de subsidio de vivienda familiar en especie a la
accionante y sus dos hijos un lote de terreno ubicado en la
Calle 29 A sur No. 37-47 en la
Urbanización Semillas de Paz.
2.1.3
Para poder ser adjudicataria del inmueble, la accionante tuvo que pedir
un crédito para poder pagar la suma de $7’500.000 al Departamento del Meta, por
concepto de una vivienda de interés social.
2.1.4
Señaló que cuando se disponían a realizar la diligencia de entrega real
y material del inmueble, la misma no pudo llevarse a cabo porque en éste se
encontraba habitando una familia, que no obstante la presencia de la
Policía, se negó a abandonar el predio.
2.1.5
De acuerdo con lo anterior, la
Oficina de vivienda del Departamento del Meta, se comprometió a adelantar
todas las diligencias necesarias para recuperar el bien que le fue adjudicado a
la actora.
2.1.6
Sin embargo, al ver que no recibía respuesta alguna, la accionante
radicó un derecho de petición el 13 de septiembre de 2011 ante dicha oficina,
para que solucionaran su situación. Sin embargo, para el momento de la
interposición de la tutela, éste no había sido contestado.
2.1.7
Lo anterior, constituye para la actora una vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a una vivienda digna, pues la
entidad demandada no le ha dado solución a la barrera encontrada para poder
ocupar la casa que adquirió y, actualmente se encuentra pagando arriendo, el
crédito que solicitó para solventar el pago de su vivienda y, mantiene ella
sola a sus dos hijos, por lo cual se ve amenazado su mínimo vital, en
consecuencia solicitó al juez de tutela que ordene a la demandada que le de la
entrega real y material de la casa que adquirió.
2.2  Intervención
de las partes demandadas.
Jorge Carmelo Pérez Alvarado,
actuando en su condición de Gerente de Vivienda del Departamento del Meta, dio
respuesta a la acción de tutela, en donde señaló que es cierto que la señora
Doris Lilia Saray Rodríguez presentó petición el día 13 de septiembre de 2011
a través de la cual solicitó la entrega del inmueble que le fue adjudicado
mediante la Resolución 268 del 18 de junio de 2011, pero no encontró en su
sistema respuesta alguna a dicha petición.
Por otra parte, afirmó que “se
adelantan en este momento ante la
Secretaría Jurídica de la Gobernación, las gestiones para constituir apoderado
especial que se encargue del trámite de la acción reivindicatoria
correspondiente, aclarando que la titularidad del derecho radica en cabeza de la
Señora Doris Lilia Saray Rodríguez, quien se encuentra inscrita como titular
del derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la ocupación, ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Villavicencio.”
Finalmente dijo que su escrito se
debía entender también, como el pronunciamiento del Gobernador del Meta.
2.3  Pruebas
relevantes aportadas al proceso.
2.3.1
Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante, en donde consta que
actualmente tiene 43 años de edad. (Folio 6, cuaderno principal).
2.3.2
Copia de la consignación realizada por la accionante a favor del
Departamento del Meta, por el monto de 7’500.000. (Folio 7, cuaderno
principal).
2.3.3
Resolución No. 268 de 2011, mediante la cual, el Gerente de vivienda del
Departamento del Meta, transfirió “un lote de terreno urbanizado y vivienda
de interés social a título de subsidio familiar en especie, un hogar
beneficiado del proyecto de vivienda de interés social denominado ‘URBANIZACIÓN
SEMILLAS DE PAZ’, en el municipio de Villavicencio-Meta”, a la señora Doris
Lilia Saray Rodríguez y a sus dos menores hijos, Laura Marcela Gutierrez Saray
y Miguel Ángel Gutierrez Saray, teniendo en cuenta que cancelaron en su
totalidad el valor de $7.500.000 para la adquisición de la vivienda, valor éste
no subsidiado por el Departamento del Meta y, que cumplieron con los requisitos
establecidos en el Acuerdo 006 de 2005 del Fondo de Vivienda del Meta.”
(Folios 8 a 14, cuaderno principal).
2.3.4
Copia del derecho de petición radicado por la accionante el 13 de
septiembre de 2011, ante el Gerente de vivienda del Departamento del Meta, en
el cual solicitó que se realizara la entrega real y material del inmueble que
le fue asignado. (Folio 15, cuaderno principal).
2.4  Sentencia
que se revisa.
El 23 de enero de 2012, el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio-Meta,
profirió sentencia de única instancia en la cual resolvió amparar el derecho de
petición de la accionante y, negar las demás pretensiones de la demanda. Lo anterior,
en tanto evidentemente la entidad demandada no había dado respuesta de fondo a
la petición realizada el 13 de septiembre de 2011 por la accionante. Ordenó a la
Oficina de vivienda del Departamento del Meta, dar respuesta de fondo  en
donde se señalara la fecha probable en la que se le daría entrega del inmueble,
o por lo menos la fecha exacta en la que se iniciarían las actuaciones
tendientes a recuperar el bien que le pertenece a la actora, sin embargo,
consideró que no habían sido vulnerados los derechos a la igualdad y al debido
proceso de la accionante, dentro del procedimiento adelantado por la
Gobernación del Meta para la selección y adjudicación de la mencionada
vivienda de interés social.
III. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala es competente para revisar la presente
decisión de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de
la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
2. Problema Jurídico
1.
En los casos que se
someten a estudio de la Sala, se encuentran en tensión los derechos
fundamentales de dos tipos de familias, por un lado están aquellas que
realizaron todo un procedimiento para obtener una vivienda de interés familiar,
a las que efectivamente se les transfirió el derecho de dominio sobre un bien
inmueble y, por otro lado aquellas familias que ante la urgencia de encontrar
un lugar digno en donde vivir, ocuparon de hecho viviendas de interés social,
impidiendo así que aquellas personas a las que les había sido adjudicada,
pudieran habitar la casa que les fue otorgada.
Así pues corresponde a la
Sala estudiar si en este caso los derechos a la propiedad y a la vivienda
adquieren el carácter de fundamentales y, en esta medida, es posible
protegerlos en sede de tutela, y establecer si existe una vulneración de los
mismos al permitir que una familia habite un inmueble que no es de su propiedad
y, que pertenece a otro núcleo familiar que se encuentra en similares
condiciones.
2.
Para resolver el
problema planteado, la Sala se referirá a (i) la figura de la temeridad y la
posibilidad de interponer varias acciones de tutela por las mismas
circunstancias, si se demuestra el acaecimiento de hechos nuevos (ii) la
naturaleza y el contenido del derecho a una vivienda digna y, (iii) el derecho
de propiedad como derecho fundamental. Finalmente, (vi) resolverá los casos en
concreto.
La temeridad en la acción de tutela. No hay acción
temeraria cuando se demuestra que han ocurrido hechos nuevos.  Reiteración
de jurisprudencia.[1]
3.
El artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, establece que cuando una persona o su representante
presenten una misma acción de tutela ante varios jueces o tribunales, sin que
exista un motivo que lo justifique, se deberán rechazar o resolver
desfavorablemente las solicitudes.
4.
En desarrollo de lo
anterior, la Corte ha considerado temerario el ejercicio de la acción de tutela
cuando el peticionario acude más de una vez ante la rama judicial del Estado,
con el fin de que sea estudiado un mismo caso, con iguales pretensiones y,
además si la tutela fue interpuesta sin un motivo expresamente justificado.
Bajo estos supuestos, se está ante una actuación temeraria y su consecuencia es
el rechazo o la decisión desfavorable.[2]
5.
El artículo 39 del
citado decreto, establece también unas sanciones específicas cuando el
ejercicio temerario de la acción de tutela es realizado por un abogado, así
pues, si interpone varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y
derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional, al menos
por dos años y, en caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta, sin
perjuicio de las demás acciones a las que haya lugar.
6.
Lo anterior tiene
fundamento en los artículos 83 y 95 de la
Constitución política, que instituyen que las actuaciones de los particulares
y de las autoridades públicas deben ceñirse al principio de la buena fe,
además, las personas tienen el deber de respetar los derechos ajenos y no
extralimitarse en el ejercicio de los propios. Así las cosas, las personas
deben comprometerse a usar adecuadamente la acción de tutela, pues de
conformidad con lo conceptuado por esta Corte, “el abuso desmedido e
irracional del recurso judicial, para efectos de obtener múltiples
pronunciamientos a partir de un mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la
sociedad civil, porque de un 100% de la capacidad total de la administración de
justicia, un incremento en cualquier porcentaje, derivado de la repetición de
casos idénticos necesariamente implica una pérdida directamente proporcional en
la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de
la sociedad civil”[3].
7.
En este orden de
ideas, es claro que el constituyente creó una acción ágil y sumaria
específicamente para la salvaguarda de los derechos fundamentales, por lo
tanto, no debe hacerse un uso irresponsable de la misma, y utilizarla para
fines ajenos para el que fue creada o, para revivir controversias que ya fueron
dirimidas previamente por los jueces de tutela.
8.
No obstante lo
anterior, esta Corte ha aceptado que existe la posibilidad de que “luego
de presentada una acción de tutela en donde se exponen unos hechos y derechos
concretos, con posterioridad pueda presentarse otra por el mismo solicitante y
con base en similares hechos y derechos, pero con la connotación de que han
surgido elementos nuevos o adicionales que varían sustancialmente la situación
inicial. En esos casos sí es procedente la acción y no podría ser catalogada
como temeraria[4].”[5]
9.
Así, la interposición
de una nueva demanda puede estar justificada en el acaecimiento de nuevas
circunstancias fácticas o jurídicas, o del hecho de que la jurisdicción
constitucional no se haya pronunciado sobre la real pretensión del accionante[6]. Adicionalmente, la Corte[7] ha sostenido que un hecho nuevo puede ser la
consagración de una doctrina constitucional que reconozca la violación de
derechos fundamentales en casos similares.
10.
En suma, el juez debe
estudiar cuidadosamente cada caso en concreto, para establecer si se presenta
la identidad de hechos, partes y pretensiones que harían la acción temeraria, o
si por el contrario existen hechos nuevos, incluso debe estudiar si el
contenido de los anteriores fallos de la acción de tutela resolvieron de fondo
la pretensión del accionante. Esto en tanto “la buena fe se presume [y]  la temeridad debe ser cuidadosamente
valorada por el juez con el fin de no propiciar situaciones injustas. El
estudio -se insiste- debe ser minucioso y sólo después de haber llegado a la
fundada convicción de que la actuación procesal de la respectiva parte carece
en absoluto de justificación, será tildada de temeraria”.[8]
El derecho a la vivienda en condiciones dignas. Naturaleza, contenido y
exigibilidad en sede de tutela. Reiteración de jurisprudencia.
11.
El derecho a una
vivienda digna se encuentra consagrado en el artículo 51 constitucional, que
establece: “[t]odos los colombianos tienen derecho a
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados
de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda.” Asimismo, el
Pacto Internacional de derechos económicos sociales y culturales en su artículo
11 numeral 1°, establece que “[l]os Estados Partes en
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación
internacional fundada en el libre consentimiento”.
12.
El derecho a una vivienda digna
se ha entendido tradicionalmente como un derecho social que tiene un contenido
esencialmente prestacional, sin embargo, tal como se verá más adelante, existen
situaciones en las que puede considerarse como un derecho fundamental; en
consecuencia, esta
Corporación ha establecido los alcances de este derecho, los cuales “se han desplegado (…), entre el reconocimiento de los elementos
inherentes a la naturaleza prestacional del mismo y su excepcional carácter
fundamental[9]”[10].
13.
Respecto a lo que debe
entenderse por una vivienda digna, la Corte ha señalado que la misma implica
contar con un lugar, propio o ajeno, que le permita a la persona desarrollarse
en unas mínimas condiciones de dignidad y satisfacer su proyecto de vida[11].
Así mismo, se han sentado las condiciones mínimas con las que debe contar una
vivienda para ser considerada como digna, al respecto ha dicho:
“En
primer lugar, debe presentar condiciones adecuadas, las cuales dependen de la
satisfacción de los siguientes factores, entre otros: (i) Habitabilidad, es
decir, que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de higiene, calidad y
espacio necesarios para que una persona y su familia puedan ocuparla sin
peligro para su integridad física y su salud. (ii) Facilidad de acceso a los
servicios indispensables para la salud, la seguridad, la comodidad y la
nutrición de sus ocupantes. (iii) Ubicación que permita el fácil acceso a
opciones de empleo, centros de salud y educativos, y otros servicios sociales,
y en zonas que no pongan en riesgo la salud de los habitantes. (iv) Adecuación
cultural a sus habitantes.// En segundo lugar, debe rodearse de garantías de
seguridad en la tenencia, condición que comprende, entre otros aspectos: (i)
Asequibilidad, que consiste en la existencia de una oferta suficiente de
vivienda y de posibilidades de acceso a los recursos requeridos para satisfacer
alguna modalidad de tenencia, entre otros. (…). (ii) Gastos soportables, que
significa que los gastos de tenencia –en cualquier modalidad- deben ser de un
nivel tal que no comprometan la satisfacción de otros bienes necesarios para la
garantía de una vida digna de los habitantes de la vivienda. Para satisfacer
este componente, el Estado debe, por ejemplo, crear subsidios para quienes no
puedan sufragar el costo de la tenencia y sistemas de financiación que permitan
a las familias acceder a la vivienda sin comprometer su vida en condiciones
dignas, proteger a los inquilinos contra aumentos desproporcionados en los
cánones de arrendamiento y facilitar el acceso a materiales de construcción.
(iii) Seguridad jurídica en la tenencia, que implica que las distintas formas
de tenencia estén protegidas jurídicamente, principalmente contra el desahucio,
el hostigamiento, o cualquier forma de interferencia arbitraria e ilegal.”[12]
En este orden de ideas, una vivienda
digna debe tener condiciones adecuadas que no pongan en peligro la vida y
la integridad física de sus ocupantes, pues además de ser un refugio para las
inclemencias externas, es el lugar donde se desarrolla gran parte de la vida de
las personas que la ocupan, por lo que “adquiere importancia en la
realización de la dignidad del ser humano”[13].
14.
Así pues, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que el derecho a una vivienda digna, tiene una
naturaleza prestacional, en tanto  “requiere un
desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la
administración o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin,
sin olvidar que su aplicación exige cargas recíprocas para el Estado y para los
asociados que pretendan beneficiarse de los programas y subsidios”[14],
razón por la cual no es
exigible su satisfacción de forma directa o inmediata en sede de tutela.
15.
No obstante, esta
Corte también ha considerado que éste derecho puede ser objeto de protección
por vía de tutela, cuando la afectación del mismo se refleja directamente en
derechos fundamentales per se, tales como la vida, la dignidad, la integridad
física, la igualdad, el debido proceso, entre otros[15], siempre que
exista una vulneración concreta del derecho en cabeza de su titular[16].
16.
De acuerdo con lo
anterior, el derecho a una vivienda digna puede ser invocado en sede de tutela,
cuando por conexidad se afectan otros derechos catalogados como fundamentales
que se encuentran en cabeza de la misma persona. Por lo tanto, el juez deberá
estudiar en cada caso concreto la eventual puesta en peligro del derecho a una
vivienda digna, pero también de otros derechos fundamentales directamente
vinculados entre sí.
Esta Corporación ha señalado los aspectos que han de ser estudiados por
el juez, a saber:
“(i) la inminencia
del peligro; (ii) la existencia de sujetos de especial protección que se
encuentren en riesgo; (iii) la afectación del mínimo vital; (iv) el desmedro de
la dignidad humana, expresado en situaciones degradantes que afecten el derecho
a la vida y la salud, y (v) la existencia de otro medio de defensa judicial de
igual efectividad para lo pretendido. Con ello se concluirá si la protección
tutelar procede.
Con respecto a la
inminencia del peligro a que se encuentre expuesta la persona, debe ser de tal
magnitud y actualidad que ponga en riesgo la vida, la salud, la integridad
física o la dignidad del interesado y su núcleo familiar, y que no exista otra
forma de conjurar dicha situación.
Igualmente, la
presencia de menores en el entorno amenazado convierte en más apremiante la
situación, ya que los derechos de los niños se encuentran en un rango superior,
según disposiciones internacionales y constitucionales, jurisprudencialmente
desarrolladas.”[17]
17.
En suma, el derecho a
una vivienda digna puede ser susceptible de protección en sede de tutela,
cuando con su afectación se ven involucrados también otros derechos cuya
naturaleza fundamental no se discute. Adicionalmente, al estudiar cada caso el
juez debe tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla y, establecer si
se trata de personas en condición de vulnerabilidad que merecen una especial
protección constitucional, pues de ser así, la acción de tutela es el medio
judicial idóneo para la protección de dicho derecho.
El derecho de propiedad como derecho fundamental.
Reiteración de jurisprudencia.
18.
El artículo 58 de la
Constitución Política establece que se garantiza la propiedad privada, así mismo señala que la propiedad es una
función social que implica obligaciones, y le
es inherente una función ecológica. Así pues,
el derecho de propiedad tiene rango constitucional y como tal cuenta con varios
mecanismos de defensa, sin embargo no es en sí mismo un derecho fundamental y
en esta medida, no es la acción de tutela la llamada en principio a prosperar
para su protección.
19.
No obstante, la
jurisprudencia de esta Corte ha determinado que excepcionalmente, cuando la
afectación del derecho a la propiedad implica también la vulneración de otros
derechos que tienen un claro carácter fundamental, la tutela es la vía eficaz
para su protección. Sobre el particular ha dicho la
Corte:
“La propiedad es un derecho económico y social a
la vez. En consecuencia, la posibilidad de considerarlo como derecho
fundamental depende de las circunstancias específicas  de su ejercicio. De
aquí se concluye que tal carácter  no puede ser definido en abstracto,
sino en cada caso concreto. Sin embargo, esto no significa que tal definición
pueda hacerse de manera arbitraria.
A la hora de definir el carácter de derecho
fundamental de la propiedad en un caso concreto, el juez de tutela debe tener
como criterio de referencia a la
Constitución misma y no simplemente al conjunto de normas inferiores que
definen sus condiciones de validez. Esto significa que, en su interpretación,
el juez de tutela debe mirar el caso concreto  bajo la óptica de los
principios, valores y derechos constitucionales, de tal manera que ellos sean
respetados.
Sólo en el evento en que ocurra una violación
del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento
evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho
a la vida a la dignidad y a la igualdad,  la propiedad adquiere naturaleza
de derecho fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela. Dicho
en otros términos, la propiedad debe ser considerada como un derecho
fundamental, siempre que ella se encuentre vinculada de tal manera al
mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, que su
desconocimiento afecte el derecho a la igualdad  y a llevar una vida
digna.” [18]
De lo anterior se deduce entonces, que el
derecho a la propiedad adquiere carácter fundamental en la medida en que su
afectación implique un nexo con otros derechos fundamentales, como la dignidad
humana, la igualdad, el derecho a la salud, a vivir en condiciones dignas,
entre otros.
20.
Ahora bien, el artículo 669 del
Código Civil define el derecho de propiedad como el
derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo
contra ley o contra derecho ajeno[19] y, el artículo 673 del mismo código
menciona algunos modos por medio de los cuales se puede adquirirlo tales como
la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la
prescripción.
21.
En concordancia con
lo anterior, esta Corte en la sentencia C-189 de 2006[20], señaló
cuales son las características del derecho a la propiedad privada:
“Al derecho de propiedad se le
atribuyen varias características, entre las cuales, se pueden destacar las
siguientes: (i) Es un derecho pleno porque le confiere a su titular un
conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los
límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es
un derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el
propietario puede oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio;
(iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras persista el bien
sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principio-
por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no depender su
existencia de la continuidad de un derecho principal; (v) Es un derecho
irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión
depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la
realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente;
(vi) Es un derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder
jurídico que se otorga sobre una cosa, con el deber correlativo de ser
respetado por todas las personas.”
22.
En conclusión, el
derecho a la propiedad tiene carácter constitucional y puede ser apreciado como
un derecho fundamental cuando tiene nexos con otros derechos fundamentales y,
por lo tanto puede ser reclamado mediante la acción de tutela. Así mismo, es
importante mencionar que otra de sus características, es que es un derecho
exclusivo en la medida en que quien ostenta el carácter de propietario sobre un
bien, puede por regla general oponerse a las intromisiones de terceros, de
conformidad con la jurisprudencia que se acaba de reseñar.
Análisis de los casos en concreto.
1.
Expediente
T-3.3523756
23.
La señora Deyanira
Pedraza Cárdenas interpuso acción de tutela para la protección de sus derechos
a una vivienda digna, a la familia y los derechos de los niños, los cuales
considera vulnerados por el municipio de Bucaramanga. Afirmó que es una de las
damnificadas por la ola invernal que sufrió el Departamento de Santander en el
2005, la cual causó una avalancha en el Río de Oro que destruyó su casa.
Manifestó que por un error en la digitación del número de su cédula no pudo
acceder oportunamente a una solución de vivienda para su núcleo familiar, por
lo tanto, se vio obligada a pagar un arriendo que no pudo sostener y, ante su
desesperación decidió ocupar una casa que había sido construida por el
municipio de Bucaramanga y estaba deshabitada al momento de su llegada.
Finalmente informó que es madre cabeza de familia, pues tiene a su cargo a sus
cuatro menores hijos uno de los cuales padece de leucemia, así mismo, manifestó
que no tiene un trabajo formal y, que ha realizado mejoras y adecuaciones a la
vivienda, con el fin de procurarse un lugar digno en donde vivir. En este orden
de ideas, solicitó al juez te tutela amparar sus derechos fundamentales, y que
se le permita seguir viviendo en dicho inmueble.
Las entidades que fueron demandadas señalaron que no
se le ha vulnerado ningún derecho fundamental a la accionante. En especial el
Invisbu informó que esta es la tercera vez que la actora interpone una tutela
por los mismos hechos, dijo que ya se le ha advertido que debe realizar todo el
proceso de postulación para ser beneficiaria de una vivienda. Estableció que
cuando intentó realizar la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho la
accionante usó a sus hijos para evitar el desalojo y, que en todo caso, todo
tipo de trámite relacionado con esta diligencia de desalojo fue suspendido a
raíz de la orden del juez de instancia.
Adicionalmente, el
señor Luís Alfredo Aguillón Villamizar y la señora Marina Pabón Cardozo también
intervinieron en la acción de tutela, manifestaron que al igual que la
accionante fueron damnificados por la avalancha del Río de Oro en el año 2005
y, en consecuencia su casa quedó en riesgo de derrumbe. Por lo tanto, se
postularon para recibir un subsidio de vivienda, para lo cual tuvieron que
entregar su antiguo hogar y dejar a paz y salvo todos los servicios públicos.
Manifestaron que actualmente son propietarios del inmueble en el cual se
encuentra alojada la accionante, pues les fue adjudicado por parte del Invisbu,
sin embargo, no han podido pasarse a vivir allí por la ocupación mencionada, y
en consecuencia se han visto obligados a pagar arriendo, e incluso pasar noches
en la calle. Así pues, solicitaron que sean negadas las pretensiones de la
actora y, se les entregue el inmueble que les pertenece para que cese la
afectación a sus derechos fundamentales.
24.
Presentado el caso,
en primer lugar la Sala se ocupará de estudiar si la accionante actuó de manera
temeraria al interponer la acción de tutela que se revisa, teniendo en cuenta
que se acreditó que anteriormente ya había interpuesto otras dos acciones
similares.
25.
Pues bien, en efecto
en el expediente –folios 46 a 55, del cuaderno de primera instancia- se
encuentra la sentencia emitida por el Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga
el 4 de octubre de 2010, dentro del proceso de tutela iniciado por Deyanira Pedraza
Cárdenas contra el municipio de Bucaramanga, Cajasan y el Ministerio de
ambiente, vivienda y desarrollo territorial, en la que expuso que es
damnificada de la avalancha del Río de Oro en el año 2005, que por un error en
su número de cédula no pudo acceder a un subsidio de vivienda y, solicitó que
se le diera solución a su problema de habitación.
25.1
Dicha acción
de tutela no prosperó por considerarse temeraria, pues la actora ya había
interpuesto otra acción idéntica en el año 2008, en la que tampoco se accedió a
sus pretensiones, toda vez que (i) no se cumplió con el requisito de inmediatez
pues los hechos datan del año 2005, (ii) pasaron 2 años desde que se publicó la
lista de damnificados hasta que la actora se percató del error en su cédula, (iii)
la actora no presentó los recursos correspondientes frente a los actos
administrativos que le negaron el subsidio de vivienda, (iv) anteriormente ya
había interpuesto otra acción de tutela en donde se le había informado que
podía volverse a presentar a otra convocatoria, pero no lo hizo.
25.2
No obstante lo
anterior, después de un análisis cuidadoso de las pruebas allegadas al
proceso,  para la Sala existen diferencias sustanciales por las cuales no es
posible afirmar que se trata de una actuación temeraria, pues no existe
identidad entre los hechos y las pretensiones. Sobre la situación fáctica, se
advierte que en esta oportunidad ocurrió un hecho nuevo, pues la actora, en
medio de su desesperación decidió ocupar un bien que había sido construido por
el Invisbu, y esto llevó a que su pretensión también cambiara, pues lo que
solicitó en esta ocasión no fue que se le asignara un subsidio de vivienda
familiar sino que se suspendieran los trámites de la diligencia de lanzamiento
por ocupación de hecho que se adelantaba en su contra.
25.3
Adicionalmente, es
importante tener en cuenta que en el caso que ahora ocupa a la
Sala, con el proceder de la accionante, al ocupar un bien que no le pertenece,
es posible que exista una afectación a los derechos fundamentales de terceras
personas, pues como se dejó dicho, el señor Luís  Alfredo Aguillón y la señora
Marina Pabón, quienes también fueron damnificados por la ola invernal del 2005,
en el municipio de Bucaramanga son los propietarios de la casa en la que
actualmente se encuentra la señora Pedraza Cárdenas, y la misma les fue
adjudicada precisamente por su condición de víctimas de un desastre natural.
25.4
Así las cosas, la
Sala debe entrar a estudiar el fondo del asunto que se ha presentado, toda vez
que esta acción de tutela plantea un problema jurídico sustancialmente distinto
al que fue estudiado anteriormente por el Juzgado Quinto de Familia de
Bucaramanga, por presentar nuevos hechos, nuevas pretensiones e incluso nuevos
sujetos afectados.
26.
Tal como se dejó
expuesto en la parte considerativa de esta sentencia, todas las personas tienen
derecho a vivir dignamente, lo cual se materializa cuando se cuenta con un
lugar que tenga por lo menos unas condiciones de higiene aceptables, no ponga
en riesgo la vida u otros derechos fundamentales de sus habitantes, posea los
servicios públicos básicos indispensables y se tenga la seguridad jurídica de
la tenencia, entre otros aspectos[21].
Adicionalmente, se dijo que la garantía de este derecho puede ser amparada en
sede de tutela cuando se evidencia que se encuentra en conexidad con otros
derechos fundamentales, tales como la vida, la salud o la dignidad humana.
27.
Pues bien, la
Sala estima que la señora Deyanira Pedraza Cárdenas es una persona que merece
una especial protección constitucional, porque se encuentra en estado de
vulnerabilidad, teniendo en cuenta que por un lado es una madre cabeza de
familia que tiene a su cargo 4 menores hijos, uno de los cuales padece de
leucemia y, por otro fue damnificada por un desastre natural el cual causó la
pérdida de su casa. De igual forma, sus cuatro hijos por ser menores de edad,
gozan de una especial protección por parte del Estado colombiano.
28.
La Corte ha considerado en varias ocasiones, que a
partir de la consagración en el artículo 1[22]
de la Constitución Política de Colombia del principio de la solidaridad, el
cual es también un deber de toda persona según el artículo 95, numeral 2[23]
Ibídem., se desprende la garantía de que el Estado, los particulares y la
sociedad en general, participarán en la materialización del deber
constitucional de asegurar unas condiciones de vida indispensables para que
todas las personas puedan hacer uso de su libertad, desarrollar sus proyectos
de vida y mantener un pleno disfrute de sus derechos fundamentales.
En esta medida, ante la presencia de personas que se
encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, por ejemplo porque han sido
víctimas de un desastre natural[24],
el principio y deber de solidaridad adquiere una especial importancia puesto
que en dichas circunstancias  “el derecho a una vida
digna se relacion[a] directamente con la salud, con la seguridad alimentaria y
con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la intemperie entre
otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la sociedad y la familia
deben concurrir a la protección de este bien jurídico.”[25]
En este orden de ideas, “en
situaciones de desastre la solidaridad se concreta como una pauta de
comportamiento conforme a la cual deben obrar tanto el Estado como la sociedad”[26]. Por lo tanto, las víctimas de desastres
naturales tienen derecho a recibir apoyo para superar la crisis a la que
repentinamente se exponen la cual incluye, en muchos casos, la pérdida del
lugar en donde solían vivir. Para el efecto, las administraciones locales deben
implementar planes que progresivamente avancen sobre dicho objetivo hasta
lograr una estabilidad que garantice su derecho a una vivienda digna y, todos
los demás que se ven conexamente afectados en este tipo de circunstancias.[27]
29.
Pues bien, para la
Sala la señora Deyanira Pedraza Cárdenas y sus cuatro menores hijos, se
encuentran ante una vulneración continuada de sus derechos fundamentales, pues
la ausencia de un lugar en donde vivir desde que ocurrió la catástrofe del 2005
en la cual perdieron su casa, no solo afecta su derecho a una vivienda digna,
sino también sus derechos a la salud, la vida, la dignidad y la integridad
física, pues se han visto en una situación completamente precaria, hasta el
punto en que la actora se vio obligada a instalarse en un predio que no era
suyo, con el fin de aliviar sus necesidades básicas y procurarles a sus hijos
un techo en donde resguardarse. Por lo tanto, las entidades encargadas de
atender la emergencia mencionada, vulneraron el derecho a una vivienda digna de
la accionante, al incumplir con las obligaciones emanadas del deber de
solidaridad, que fue expuesto previamente.
30.
Por otra parte, en
este caso también debe atender la Sala a la situación en la que se encuentran
los señores Luís Eduardo Villamil y Marina Pabón, de los cuales se puede
afirmar que merecen una especial protección constitucional, en tanto al igual
que la señora Pedraza Cárdenas sufrieron las inclemencias de la avalancha del
Río de Oro en el 2005, en la que perdieron su lugar de habitación.
31.
Tal como quedó probado
dentro del expediente[28],
el señor Villamil y la señora Pabón son los propietarios del inmueble en el que
actualmente habita la señora Deyanira y, esto es así, en tanto cumplieron a
cabalidad con todo un proceso de postulación y cumplieron todos los requisitos
para que finalmente les fuera adjudicada una vivienda de interés social, pues,
no cuentan con la solvencia suficiente para pagar un arriendo y se han visto
obligados incluso a pasar noches en la calle por no tener un lugar digno en
donde vivir.
31.1       Ésta situación, claramente es
vulneratoria de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y
se deriva directamente de la ausencia de un inmueble propicio para resguardarse
y construir un hogar, para poder desarrollar su proyecto de vida que se vio
interrumpido por causa del desastre natural que tuvieron que soportar.
32.
Antes bien, en el caso
del señor Villamil y la Señora Pabón, no solo existe una afectación al derecho
a una vivienda digna sino también al derecho de propiedad. De conformidad con
el fundamento 20 de la parte considerativa de esta sentencia, el derecho de
propiedad le otorga a su titular la plena disposición del bien, y cuenta con
ciertas características que le permiten incluso defenderse ante una
perturbación de su derecho. Sin embargo, para que su protección pueda ser
reclamada en sede de tutela, es necesario que implique la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales, tales como la vida, la dignidad, la integridad
física, la igualdad y el debido proceso[29].
32.1
En este caso, la
afectación al derecho de propiedad del señor Villamil y la señora Pabón,
evidentemente afecta también otros derechos fundamentales, pues se encuentran
ante una situación en la que su salud y su vida se encuentran permanentemente
amenazados, pues ante la imposibilidad de contar con un lugar digno en donde
vivir, han tenido que realizar grandes e insostenibles esfuerzos económicos
para poder pagar un arriendo e incluso relatan que han tenido que pasar noches
en la calle.
32.2
De otra parte, si bien
el Invisbu manifestó que le brindó una solución de vivienda a los propietarios
del bien en el que se encuentra la demandante en sede de tutela, la
Sala considera que ésta medida no es suficiente para cesar la vulneración de
sus derechos fundamentales, pues (i) esto no les garantiza la seguridad
jurídica de la tenencia sobre el bien[30]
en tanto siguen en una situación indefinida, que no les permite defenderse ante
un posible desalojo, pues tal como lo manifestó dicha entidad, el lugar les fue
asignado en calidad de préstamo; (ii) con esta situación se afecta el debido
proceso de los señores, pues después de haber agotado todas las etapas de un
procedimiento para ser beneficiarios de una vivienda, se les priva de su
posesión y disfrute por una situación ajena a su voluntad y; (iii) bajo estas
circunstancias, se repite lo que ocurrió con ellos, pues la vivienda temporal
que les brindó el Invisbu pertenece a una tercera persona, que eventualmente
también puede ver afectados sus derechos ante la ocupación del bien que le fue
adjudicado.
33.
En este orden de
ideas, la Sala considera que las pretensiones de la señora Deyanira Pedraza
Cárdenas no pueden ser acogidas, pues no resulta constitucionalmente admisible
avalar situaciones de hecho como la cometida por la actora, máxime cuando éstas
implican la vulneración de derechos fundamentales de terceras personas. En
consecuencia, en este caso deben primar los derechos del señor Luís Eduardo Villamizar
y Marina Pabón, pues ante la misma situación a la que se vio sometida la
accionante, siguieron las pautas y trámites correspondientes para poder acceder
a una solución de vivienda, hasta que finalmente son propietarios de un bien
inmueble, el cual les fue adjudicado para dar una solución definitiva a la
falta de un lugar digno en donde vivir.
34.
No obstante lo
anterior, la Sala no puede pasar por alto la angustiosa situación en la que se
encuentra la señora Pedraza Cárdenas, quien es una madre cabeza de familia que
tiene a su cargo cuatro menores de edad, y a partir de los sucesos que han sido
narrados a lo largo de esta providencia no cuenta con un lugar digno en donde
vivir. Por lo tanto, se tomará una decisión que armonice todo lo que hasta aquí
se ha dicho sobre la protección del derecho a la vivienda digna y, la especial
protección constitucional que merecen tanto las víctimas de desastres
naturales, así como los niños en razón de la condición de vulnerabilidad en la
que se encuentran.[31]
35.
Finalmente, la
accionante manifestó que le ha realizado varias mejoras al inmueble que se
encuentra habitando, sobre el particular la
Sala advierte que no es la acción de tutela el escenario previsto por el
legislador para resolver este tipo de controversias, de manera que la
accionante deberá acudir a la justicia ordinaria, pues es ésta la llamada a
estudiar las prestaciones económicas que planteó la señora Deyanira Pedraza
Cárdenas.
36.
Así las cosas, la
Sala revocará la sentencia del juez de instancia que accedió a las
pretensiones de la actora y, en su lugar protegerá los derechos a la propiedad
y a la vivienda digna de los señores Luís Eduardo Villamizar y Marina Pabón que
como se vio en este caso adquieren carácter fundamental. Para el efecto
ordenará al Invisbu que provea de un lugar temporal  de habitación para la
accionante y sus cuatro hijos, que deberá contar con las condiciones mínimas
para que pueda ser considerado como digno. Por otra parte, deberá realizar
todas las diligencias necesarias para que se efectúe la entrega real y material
de la vivienda que les fue asignada al señor Luís Eduardo Villamizar y a la
señora Marina Pabón, de manera que finalmente puedan desarrollar su proyecto de
vida en el inmueble que deberían estar habitando desde el momento en el que el
mismo fue registrado a su nombre.
2.
Expediente T-3.469.991
37.
La señora Doris Lilia
Saray Rodríguez, interpuso acción de tutela contra la
Oficina de vivienda del Departamento del Meta y la
Gobernación del Meta, porque considera que están siendo vulnerados sus
derechos a la vivienda digna, a la igualdad y al debido proceso, en tanto se
postuló para adquirir una vivienda de subsidio familiar y, después de cumplir
con todos los trámites correspondientes y de cancelar la suma de $7’500.000 al
Departamento, para lo cual tuvo que pedir un crédito, finalmente le fue
adjudicado un inmueble ubicado en la Calle 29
A sur No. 37-47 en la Urbanización Semillas de Paz ubicada en Villavicencio.
Sin embargo, cuando se disponían a realizar la entrega real y material del
inmueble, la misma no fue posible porque se encontraron con que una familia
había invadido el inmueble que adquirió.
Frente a esta situación, la
Oficina de vivienda del Departamento del Meta, manifestó que se encargaría de
adelantar el procedimiento necesario para poder entregar la vivienda a la
accionante, especificó que se estaba en el proceso de otorgar un poder especial
para que un abogado adelante la acción reivindicatoria correspondiente.
Finalmente, teniendo en cuenta que la actora interpuso
un derecho de petición ante la entidad demandada para obtener información sobre
el estado de su caso, y nunca recibió respuesta del mismo, el juez de instancia
resolvió amparar el derecho de petición de la señora Saray Rodríguez y, negar
las demás pretensiones habida cuenta de que no encontró vulnerados los otros
derechos fundamentales invocados por la accionante.
38.
Pues bien, en primer
lugar debe señalar la Sala que esta acción de tutela es procedente porque tal
como se verá más adelante, en este caso los derechos a la propiedad y a la
vivienda digna  adquieren carácter fundamental y, adicionalmente debe tenerse
en cuenta que la accionante merece una especial protección constitucional
porque es madre cabeza de familia de dos menores de edad y, por lo tanto no
resulta constitucionalmente admisible, someterla a un proceso ordinario.
38.1.  Sobre el particular, el artículo 43
de la Constitución Política establece que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación… El estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de
familia. Por
lo tanto, la jurisprudencia de esta Corporación[32]
ha admitido que se realice un análisis menos estricto de las reglas de
procedibilidad de la acción de tutela, cuando quien la interpone es un sujeto
de especial protección, de manera que a pesar de existir otros medios de
defensa judicial, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para amparar los
derechos de los grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. En la
sentencia T-944 de 2004[33], se estableció:
“Con la categoría “mujer cabeza de familia” se pretende apoyar a la
mujer a soportar la pesada carga que por razones, sociales, culturales e
históricas han tenido que asumir, abriéndoles oportunidades en todas las
esferas de su vida y de su desarrollo personal y garantizándoles acceso a
ciertos recursos escasos, al tiempo que se busca preservar condiciones de vida
digna a los menores y personas que se encuentran en estado de debilidad
manifiesta a cargo de ella[34]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-944-04.htm
- _ftn7.
Cabe hacer énfasis en que la protección constitucional a la madre
cabeza de familia, a la que la jurisprudencia  de esta Corporación desde
sus inicios ha dado aplicación[35],
guarda especial relación y encuentra específico fundamento  en la
protección a  los derechos  fundamentales de  los niños que de
ella dependen (art. 44 C.P.).”
38.2 En
consecuencia, si bien la accionante cuenta con mecanismos legales para obtener
la salvaguarda de su derecho de propiedad, como sería por ejemplo esperar a que
se surta todo el proceso reivindicatorio que debería estar adelantando la
Gobernación del Meta, para la Sala la tutela es el medio idóneo para la
protección de sus derechos fundamentales y los de sus hijos, pues se trata de
propiciar un lugar digno en donde vivir a dos menores de edad, que cuentan
únicamente con el apoyo económico y emocional que les puede brindar su madre,
la señora Dora Lilia Saray Rodríguez. Por lo tanto, la acción de tutela que se
revisa procede formalmente, en tanto se encuentra probado que la actora y sus
hijos se encuentran en una condición de vulnerabilidad, lo cual los hace
merecedores de una especial protección constitucional.
39.
Sobre el fondo del
asunto, la Sala encuentra que los derechos a una vivienda en condiciones
dignas, a la propiedad, al debido proceso a la dignidad y la vida de la señora
Dora Lilia Saray Rodríguez y sus dos menores hijos, han sido vulnerados por
parte de la Gobernación del Meta.
40.
Tal como se señaló en
la parte considerativa de esta sentencia, los derechos a una vivienda en
condiciones dignas y a la propiedad, no son en principio derechos fundamentales
y en esta medida la acción de tutela no es el mecanismo pertinente para su
protección. No obstante lo anterior, se expuso también que cuando la
vulneración de estos derechos acarrea así mismo la de otros cuya naturaleza
fundamental no se debate, los derechos a la propiedad y a una vivienda digna
adquieren ese mismo carácter y, pueden ser garantizados mediante dicha acción constitucional.
40.1 En el caso de la señora Dora Lilia
Saray Rodríguez, sus derechos a la vivienda digna y a la propiedad adquieren
carácter fundamental, en tanto su vulneración incluye también la de sus
derechos a la vida, a la dignidad y al mínimo vital, ya que se encuentra en una
difícil situación económica, pues además de estar pagando un canon de
arrendamiento para procurarles a sus hijos un lugar digno en donde vivir, debe
asumir también las cuotas del crédito que solicitó para adquirir su casa y, adicionalmente
costea todos los gastos propios y de sus dos menores hijos correspondientes a
sus necesidades básicas. En consecuencia, la
Sala encuentra procedente el amparo de los derechos fundamentales de la actora
y su núcleo familiar.
41.
En este sentido,
considera la Sala que no le asiste razón al juez de instancia al establecer que
en este caso existe únicamente una vulneración al derecho de petición de la
accionante, pues es cierto que la entidad demandada no dio respuesta oportuna y
de fondo a la solicitud que elevara la actora, pero además de esto, es claro
que la situación que ha puesto a consideración del juez de tutela, presenta un
asunto que va más allá de la violación de dicho derecho, pues tal como se vió
previamente, la señora Saray Rodríguez pagó por una vivienda de interés social
y se endeudó para el efecto, con el propósito de encontrar un lugar digno en
donde vivir con sus dos menores hijos y así poder desarrollar tranquilamente su
proyecto de vida, con la seguridad de que cuenta con un espacio que le
pertenece, en donde podrá resguardarse de las inclemencias del exterior, y la
inseguridad y angustia que le produce el hecho de añadir a sus gastos un canon
de arrendamiento, siendo que actualmente es propietaria de un inmueble que por
razones ajenas a su voluntad no puede ocupar.
Así pues, evidentemente amparar el derecho de
petición de la accionante, no soluciona la situación que se ha advertido, según
la cual los derechos de propiedad y a una vivienda digna, han adquirido
carácter fundamental, en razón de la afectación de otros derechos como la vida,
la salud y el mínimo vital.
42.
No obstante lo
anterior, la Sala debe tener en cuenta que existe una familia que también puede
ver afectados sus derechos fundamentales, pues si bien la
Corte no puede avalar vías de hecho como lo es invadir un predio a sabiendas
de que no es propio, lo cierto es que tal como se dejó dicho en la parte
considerativa de esta sentencia, el Estado tiene una serie de deberes con las
personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad entre los que se
incluyen la implementación de planes que garanticen por lo menos
progresivamente el derecho a una vivienda en condiciones dignas.[36]
43.
En este orden de
ideas, la Sala no puede ignorar el agobiante contexto en el que se encuentran
muchas familias que no cuentan con un lugar digno en donde vivir. Por lo tanto,
las medidas que se adopten en esta oportunidad, tendrán en cuenta que existe un
riesgo no solo para los derechos fundamentales de la señora Doris Lilia Saray
Rodríguez y su núcleo familiar, sino también para los de la familia que invadió
el bien inmueble de su propiedad.
44.
En consecuencia, la
Sala ordenará al Gerente de vivienda del Departamento del Meta que provea un
alojamiento temporal familia que se encuentra ocupando el inmueble que
pertenece a la señora Doris Lilia Saray Rodríguez, que cuente con los
estándares mínimos de una vivienda digna, hasta que puedan proveerse un lugar
por sí mismos. Por otra parte, se ordenará que se adelanten todas las
diligencias necesarias para que le sea entregada la casa que adquirió la
accionante, para que así cese la vulneración de sus derechos fundamentales y,
pueda desarrollar su proyecto de vida junto a sus hijos, bajo el techo que le
pertenece.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de términos decretada en el asunto de la referencia.
Segundo.-  REVOCAR  la
sentencia emitida por el Juzgado Segundo Penal municipal con funciones de
control de garantías de Bucaramanga, el 15 de noviembre de 2011 dentro del
proceso de tutela iniciado por Deyanira Pedraza Cárdenas contra
la Alcaldía municipal de Bucaramanga y en su lugar, NEGAR el
amparo solicitado la actora.
Tercero.- ORDENAR al
Instituto de Vivienda Urbana de Bucaramanga, que en el término de quince (15)
días contados a partir de la notificación de esta providencia, realice las gestiones
necesarias para reubicar a la señora Deyanira Pedraza Cárdenas y a sus cuatro
hijos, en un alojamiento temporal que cuente con las condiciones mínimas
necesarias para garantizarles una vivienda digna hasta tanto puedan procurarse
un lugar para habitar por sus propios medios, para dar cumplimiento a esta
orden podrá hacer uso de todas las acciones legales y policiales que tenga a su
alcance, en las cuales se garantice el derecho al debido proceso de la actora.
Adicionalmente, dicha autoridad deberá informar y explicar a la accionante, a
cuáles convocatorias para adquisición de vivienda de interés social puede
postularse, según la oferta que se encuentre vigente por parte de Fonvivienda.
Por otra parte, una vez se logre
reubicar a la señora Deyanira Pedraza Cárdenas, del predio identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 300-339302 de Bucaramanga, ubicado en la
Calle 10NC # 2 OCC -03 Bloque B Casa 1 Villas de San Ignacio, Lote 1 Manzana B
etapa 3, dentro de los siguientes cinco (5) días el Instituto de Vivienda
Urbana de Bucaramanga deberá realizar la entrega material y real de dicho
inmueble, al señor Luís Alfredo Aguillón Villamizar y la señora Marina Pabón
Cardozo, quienes figuran como propietarios del mismo.
Cuarto.- REVOCAR parcialmente
el fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
de Villavicencio-Meta el 23 de enero de 2012, dentro del proceso de
tutela iniciado por Doris Lilia Saray Rodríguez contra la
oficina de vivienda del Departamento del Meta, en tanto solo amparó su derecho
de petición y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos
fundamentales a una vivienda digna y de propiedad de la accionante.
Quinto.- ORDENAR
al Coordinador de la Oficina de vivienda del Departamento del Meta,  que en el
término de quince (15) días contados a partir de la notificación de esta
providencia, realice las gestiones necesarias para reubicar a la familia que
actualmente se encuentra ocupando la vivienda situada en la
Calle 29ª Sur 37-47 de la Urbanización semillas de Paz, del municipio de
Villavicencio, en un alojamiento temporal que cuente con las condiciones
mínimas necesarias para garantizarles una vivienda digna hasta tanto puedan
procurarse un lugar digno en donde vivir por sus propios medios, para dar
cumplimiento a esta orden podrá hacer uso de todas las acciones legales y
policiales que tenga a su alcance, en las cuales se garantice el derecho al debido
proceso de los implicados. Adicionalmente, dicha autoridad deberá informar y
explicar a dicha familia, las convocatorias para adquisición de vivienda de
interés social a las que pueden postularse, según la oferta que se encuentre
vigente por parte del municipio de Villavicencio y el Departamento del Meta.
Por otra parte, una vez se logre
reubicar a la familia señalada, del predio identificado con la matrícula inmobiliaria
No. 230-145152 de Villavicencio- Meta y, la cédula catastral número 00-16-0855-0009-000,
dentro del término de los siguientes cinco (5) días el Coordinador de la
Oficina de vivienda del Departamento del Meta deberá realizar la entrega
material y real de dicho inmueble, a la señora Doris Lilia Saray Rodríguez
Sexto.- REMITIR copia del
presente expediente de tutela y de esta decisión judicial a la
Defensoría del Pueblo y a la
Procuraduría General de la Nación, para que en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, realicen el seguimiento del cumplimiento de las
órdenes impartidas en la presente sentencia.
Séptimo.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Con salvamento de
voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA T-837/12
ACCION DE
TUTELA DE DAMNIFICADA POR OLA INVERNAL-Improcedencia por no haber sido
vinculada dentro del proceso la familia (Salvamento de Voto)
Referencia:
Expedientes T – 3352756 y T – 3469991
Acción de
Tutela instaurada por Deyanira Pedraza Cárdenas contra el municipio de
Bucaramanga y, Doris Lilia Saray Rodríguez contra la
Gobernación del Meta y otro.
Magistrado
Ponente:
Luís Ernesto
Vargas Silva
A continuación salvo parcialmente
mi voto a la presente providencia de acuerdo con las siguientes
consideraciones.
En primer lugar, es necesario
señalar que comparto en su integridad las decisiones tomadas por la
Sala Novena de Revisión en relación con la acción de tutela instaurada por la
señora Deyanira Pedraza Cárdenas (T – 3.352.756).
Así mismo, comparto la decisión
de amparar los derechos constitucionales alegados por parte de la señora Doris
Lilia Saray Rodríguez dentro del expediente de Tutela No. 3.469.991 y la
ordenen otorgada a la Oficina de vivienda del Departamento del Meta en relación
con adelantar todas aquellas actuaciones necesarias para realizar la entrega
material y real del inmueble de su propiedad.
No obstante, dentro del mismo
proceso T – 3.469.991 me aparto de la decisión establecida en numeral quinto de
la parte resolutiva, en la cual se ordena a dicha entidad territorial para que realice
las gestiones necesarias para reubicar a la familia que actualmente se
encuentra ubicada dentro del inmueble de propiedad de la accionante “hasta
tanto puedan procurarse un lugar digno en donde vivir por sus propios medios”. No
comparto dicha decisión ya que debido a que la mencionada familia no fue
vinculada dentro del proceso, no se tiene ningún elemento probatorio que
otorgue siquiera indicios sobre la situación y circunstancias en las cuales
esta se encuentra.
Así, la decisión no debió haber
sido la de ordenar la reubicación de forma inmediata en otra vivienda, sino la
de obligar a la entidad territorial para que llevara a cabo un estudio, en el
menor tiempo posible, sobre la situación y circunstancias particulares de dicha
familia. Únicamente en caso en que se encontrara que se compartían los
elementos esenciales establecidos en la presente sentencia y que dieron lugar a
los amparos realizados, sí resulta posible la reubicación en un alojamiento
temporal hasta tanto la familia pueda procurarse otro lugar digno de vivienda
por sus propios medios. De lo contrario, se está amparando una situación de la
cual no se tiene conocimiento, lo que puede repercutir negativamente en otras
familias que cumplan con las especiales características que fueron descritas en
la presente providencia.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Auto 234/15
Referencia: Solicitud de nulidad de la Sentencia
T-837 de 2012
Magistrada Ponente (E)
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Bogotá D. C., tres (3) de junio de dos mil quince
(2015)
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a
resolver la solicitud de nulidad de la sentencia T-837 de 2012 proferida por la
Sala Novena de Revisión.
I. ANTECEDENTES
La señora Dilma Rodríguez García presentó solicitud
de nulidad de la sentencia T-837 de 2012. Dicha sentencia resolvió dos casos que fueron acumulados por la Sala
Novena de Revisión, mediante auto del 14
de agosto de 2012, para que fueran fallados en una misma sentencia, teniendo en
cuenta que ambos expedientes guardaban una estrecha similitud en cuanto a
hechos y pretensiones. La nulidad que ahora ocupa a la Sala corresponde
únicamente al caso T-3.469.991, y por lo tanto, lo resuelto sobre el caso
T-3.352.756 en la sentencia T-837 de 2012, no será objeto de pronunciamiento en
esta oportunidad.
Los antecedentes de la acción de tutela T-3.469.991 se resumen a continuación:
1.1
La señora  Doris Lilia Saray Rodríguez interpuso acción de tutela contra la
Oficina de vivienda del Departamento del Meta y la Gobernación del Meta.
Manifestó ser madre cabeza de familia de dos hijos y, al no contar con los
recursos suficientes para comprar independientemente una vivienda para ellos,
se postuló para adquirir una vivienda de subsidio familiar en la Urbanización
Semillas de Paz ubicada en Villavicencio.
1.2
Luego de haberse surtido todo
el trámite correspondiente, mediante la Resolución No. 268 de 2011, el Gerente
de vivienda del Departamento del Meta le transfirió a título de subsidio de
vivienda familiar en especie a la accionante y sus dos hijos un lote de terreno
ubicado en la Calle 29 A sur No. 37-47 en la Urbanización Semillas de Paz. Para
poder ser adjudicataria del inmueble la accionante tuvo que pedir un crédito
para cancelar la suma de $7’500.000 al Departamento del Meta.
1.3
Señaló que cuando se disponían
a realizar la diligencia de entrega real y material del inmueble, no pudo
llevarse a cabo porque en éste se encontraba habitando una familia, que no
obstante la presencia de la Policía, se negó a abandonar el predio.
1.4
En consecuencia, la Oficina de
vivienda del Departamento del Meta, se comprometió a adelantar todas las
diligencias necesarias para recuperar el bien que le fue adjudicado a la
actora. Sin embargo, al ver que no recibía respuesta alguna, la accionante
radicó un derecho de petición el 13 de septiembre de 2011 ante dicha oficina,
para que solucionaran su situación. Para el momento de la interposición de la
tutela, éste no había sido contestado.
1.5
La actora consideraba que
dicha situación vulneraba sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y a una vivienda digna, pues la entidad demandada no le había dado
solución a la imposibilidad de entregarle  la casa que adquirió. También dijo
que se encontraba pagando arriendo y el crédito que solicitó para solventar el
pago de su vivienda, así mismo, respondía económicamente por sus dos hijos, y
por ello consideraba amenazado su mínimo vital. En consecuencia solicitó al
juez de tutela que ordenara a la demandada realizar la entrega real y material
de la casa que adquirió.
1.6. La Corte Constitucional seleccionó para
revisión la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Villavicencio-Meta, que resolvió la acción de tutela promovida
por la señora Doris Lilia Saray Rodríguez contra la Oficina de vivienda del
Departamento del Meta y la Gobernación del Meta. En ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley
2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión, profirió la sentencia T-837 del
veintitrés (23) de octubre de dos mil doce (2012).
2. Fundamento de la sentencia T-837 de 2012.
Revisados los hechos narrados y probados durante el
trámite de la acción de tutela, la Sala Novena de Revisión encontró que los
derechos fundamentales de la accionante, Doris Lilia Saray Rodríguez y los de
sus menores hijos estaban siendo vulnerados por la Secretaría de Vivienda del
Departamento del Meta, pues pese a que Jorge Carmelo Pérez Alvarado, Gerente de Vivienda del Departamento del
Meta, afirmó que “la titularidad del derecho radica en cabeza de la
Señora Doris Lilia Saray Rodríguez, quien se encuentra inscrita como titular
del derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la ocupación, ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Villavicencio.”, dicha entidad no había avanzado en los trámites
necesarios para hacer la entrega real del inmueble que afirmó, era propiedad de
la accionante.
Teniendo en cuenta lo anterior, la
Sala Novena de Revisión ordenó:
“Cuarto.- REVOCAR parcialmente
el fallo emitido por el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio-Meta el 23 de enero
de 2012, dentro del proceso de tutela iniciado por Doris Lilia Saray Rodríguez
contra la oficina de vivienda del Departamento del Meta, en tanto solo amparó
su derecho de petición y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a
una vivienda digna y de propiedad de la accionante.
Quinto.- ORDENAR al
Coordinador de la Oficina de vivienda del Departamento del Meta,  que en
el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de esta
providencia, realice las gestiones necesarias para reubicar a la familia que
actualmente se encuentra ocupando la vivienda situada en la Calle 29ª Sur 37-47
de la Urbanización semillas de Paz, del municipio de Villavicencio, en un
alojamiento temporal que cuente con las condiciones mínimas necesarias para
garantizarles una vivienda digna hasta tanto puedan procurarse un lugar digno
en donde vivir por sus propios medios, para dar cumplimiento a esta orden podrá
hacer uso de todas las acciones legales y policiales que tenga a su alcance, en
las cuales se garantice el derecho al debido proceso de los implicados.
Adicionalmente, dicha autoridad deberá informar y explicar a dicha familia, las
convocatorias para adquisición de vivienda de interés social a las que pueden
postularse, según la oferta que se encuentre vigente por parte del municipio de
Villavicencio y el Departamento del Meta.
Por otra parte, una
vez se logre reubicar a la familia señalada, del predio identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 230-145152 de Villavicencio- Meta y, la cédula
catastral número 00-16-0855-0009-000, dentro del término de los siguientes
cinco (5) días el Coordinador de la Oficina de vivienda del Departamento del
Meta deberá realizar la entrega material y real de dicho inmueble, a la señora
Doris Lilia Saray Rodríguez”
Contra la sentencia T-837 de 2012 de la Corte
Constitucional, la señora Dilma Rodríguez García, presentó solicitud de
nulidad, el diecinueve (19) de marzo de dos mil trece (2013).
II. SOLICITUD DE NULIDAD
La
señora Dilma Rodríguez García, interpuso el 19 de marzo de 2013, incidente de
nulidad contra la sentencia T-837 de 2012.
En
primer lugar, señaló que a pesar de resultar directamente afectada por la
decisión adoptada en la sentencia T-837 de 2012, nunca fue vinculada al
proceso. Por lo anterior, solicitó que se tenga como fecha para su notificación
el 15 de marzo de 2013, día en que afirmó tuvo conocimiento sobre el proceso de
tutela y decisión adoptada por esta Corporación. Así las cosas, manifestó estar
en término para solicitar la nulidad de la providencia, esto es, dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia.
En
segundo lugar, fundamentó la solicitud
de nulidad en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
de defensa, pues al no haber sido parte dentro del proceso de tutela, no tuvo
la oportunidad de controvertir los hechos y pruebas recaudadas en el mismo, y
aun así,  terminó directamente afectada por la decisión tomada en la sentencia
T-837 de 2012.
Afirmó
que mediante la resolución No. 710 del 6 de septiembre de 2009 la Gobernación
del Meta le adjudicó una vivienda de interés social ubicada en la Calle 29 A
sur # 37-47, Urbanización Semillas de Paz, ciudad de Villavicencio. El día 9 de
ese mes, le fueron entregadas las llaves de la misma, y empezó a habitarla.
Para obtener lo anterior, dijo que pagó $7’500.000. También aseguró que con el
fin de legalizar la entrega, se dirigió varias veces a la Empresa de vivienda
de interés social de la Gobernación del Meta, y a la oficina de instrumentos
públicos de Villavicencio lugares en los que le informaron que la Gobernación
era la entidad encargada de realizar las escrituras y que éstas se encontraban
en trámite.
Sostuvo
que es una poseedora de buena fe, con justo título y que ha ejercido actos de
señora y dueña de forma continua, tranquila, pacífica e ininterrumpida, junto
con su familia, que está compuesta por tres hijos menores de 6, 15 y 17 años de
edad, un hijo mayor de edad que cuenta con 23 años, su nuera (de la cual no
informa edad) y su nieto de dos años de edad. Dice ser madre soltera y cabeza
de familia.
Así
mismo, contó que realizó varias mejoras al inmueble que según sus cálculos
pueden ser estimadas en $25’000.000, las cuales hacen parte de su patrimonio, y
actualmente no tiene cómo exigir que le sea reembolsado su valor.
Manifestó
que solo hasta el 13 de marzo de 2013 recibió una comunicación proveniente de
la Secretaría de vivienda de interés social de la Gobernación del Meta, en la
cual se le requirió para que se acercara a las oficinas de dicha entidad. Una
vez se presentó, le informaron que debían reasignarle provisionalmente una
vivienda para dar cumplimiento a la sentencia T-837 de 2012.
En
consecuencia, solicitó que se declare nula la sentencia T-837 de 2012 en lo que
tiene que ver con el caso de la señora Doris Lilia Saray Rodríguez, toda vez
que al no ser vinculada al proceso no pudo exponer sus argumentos y demostrar
su buena fe, teniendo en cuenta que al parecer, la Gobernación habría incurrido
en un error al adjudicar a dos personas distintas el mismo inmueble.
Finalmente,
para ilustrar a la Corte sobre su situación adjuntó los siguientes documentos:
a.
Copia de algunos folios del proceso de tutela No. 50-001-31-07-002-2012-00002-00
de Doris Lilia Saray Rodríguez contra la Oficina de vivienda del Departamento
del Meta y otro. (Folios 9 a 59)
b.
Copia de los trámites surtidos después de la expedición de la sentencia T-837
de 2012, tales como otorgamiento de poderes por parte de la Gobernación del
Meta a abogados para adelantar un proceso reivindicatorio, así como solicitudes
de conciliación pre judicial. (Folios  60 a 109).
c.
Copia autenticada de la Resolución No. 710 de 2009, en la cual, la Gerencia de
Vivienda del Meta le adjudicó a la señora Dilma Rodríguez García una vivienda
de interés social en el proyecto denominado “Semillas de Paz”, ubicado en la
ciudad de Villavicencio. En ésta no se señala cuál casa específicamente le fue
adjudicada a la beneficiaria, pero se reconoce que canceló el valor de la
misma, es decir, $7’500.000. (Folios 140 a 143).
d.
Copia autenticada de varios recibos de pago a favor de la “Gerencia de vivienda
de interés social” de la Gobernación del Meta, cancelados por la señora Dilma
Rodríguez García. (Folios 144 a 147).
e.
Declaración extra juicio rendida por el señor Johnatan Gabriel Perez Yumbo,
ante la Notaria Primera del Circuito de Villavicencio, en la que manifestó que
conoce a la señora Dilma Rodríguez García, de quien le consta es poseedora
desde el año 2009 de la casa de habitación ubicada en la Super manzana 3,
manzana I, casa 3 del barrio Semillas de Paz en el municipio de Villavicencio.
Afirmó que fue quien le ayudó a remodelarla. (Folio 148).
f.
Certificado de tradición con matrícula inmobiliaria No. 230-145152 del predio
ubicado en la dirección Manzana I Lote 8 Urbanización Guatape II – Calle 29 A
Sur 37 47 SM3, expedido el 18 de marzo de 2013 por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Villavicencio, en el que consta que el propietario es
el Departamento del Meta, el cual lo adquirió mediante compra venta junto con
otros predios. (Folios 150 y 151)
g.
Actas del proceso policivo de desalojo de inmueble, iniciado por la Inspección
de Policía No. 9 de Catumaré, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia
T-837 de 2012 y entregar el bien inmueble previamente identificado, a la señora
Doris Lilia Saray Rodríguez. En ésta consta que la diligencia fue suspendida
por solicitud del apoderado de la señora Dilma Rodríguez García. (Folio 348)
h.
Acta de entrega y recibo a satisfacción de una unidad de vivienda de interés
social prioritario por parte del Fondo de Vivienda de Interés Social del
Departamento del Meta, a la señora Dilma Rodríguez García en la Urbanización La
Madrid Etapa II, ubicada en la manzana 48 casa 05. (Folios 418 a 423)
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Asunto objeto de análisis.
1. La Corte debe determinar si en el presente caso
es procedente la solicitud de nulidad propuesta por la señora Dilma Rodríguez
García respecto a su falta de vinculación dentro del proceso que dio origen a
la sentencia T-837 de 2012, por considerar que con ello se vulneran sus
derechos al debido proceso, a la defensa, y a una vivienda digna.
De conformidad con los asuntos
planteados por la señora Rodríguez García en la solicitud de nulidad, la Corte
adoptará la siguiente metodología: en primer lugar, recordará las reglas sobre
la procedencia de la nulidad, y en particular, se referirá a la causal de falta
de vinculación a particulares con interés o que resultaron afectados con las
órdenes impartidas en la sentencia. Posteriormente, estudiará los argumentos
planteados por la peticionaria.
Requisitos para la procedencia excepcional de la
declaratoria de  nulidad de las sentencias de revisión de acciones de tutela.
Reiteración de jurisprudencia.
2. El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 dispone
que contra las sentencias proferidas por la Corte Constitucional no procede
recurso alguno.  La misma norma prevé que la nulidad de los procesos que se
surtan ante esta Corporación sólo podrá alegarse antes de proferido el fallo y
deberá sustentarse en irregularidades que comporten la violación del debido
proceso.
3. No obstante, la jurisprudencia constitucional,
con base en un análisis armónico de la legislación aplicable, ha aceptado la
posibilidad de solicitar la nulidad de las sentencias de revisión de acciones
de tutela con posterioridad al fallo o de manera oficiosa[37].  Para ello, ha fijado una
serie de requisitos que se sintetizan a continuación.[38]
3.1
Naturaleza excepcional.  La
declaratoria de nulidad de una sentencia de revisión proferida por la Corte
Constitucional es una medida excepcional. A esta decisión sólo puede arribarse
cuando concurran “situaciones jurídicas especialísimas y
excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso
cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable
y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos
constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y
2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración
del debido proceso. Ella tiene que ser significativa y
trascendental, en cuanto a la decisión adoptada, es decir, debe tener
unas repercusiones sustanciales, para que la petición de nulidad pueda
prosperar.’[39] (Subrayado
fuera de texto)”[40].
En este sentido, la jurisprudencia ha concluido que
la solicitud de nulidad de una sentencia de revisión no puede, en ningún caso,
convertirse en un recurso adicional contra la providencia adoptada por la Sala
de Revisión. De hecho, el debate sobre el asunto respectivo no puede reabrirse
gracias a la utilización de una solicitud de nulidad de la sentencia[41].
Lo anterior, teniendo en cuenta que no se trata de
un recurso para impugnar las decisiones de este Tribunal, ni de una instancia
adicional y menos de una oportunidad para reabrir debates probatorios o
argumentativos decididos en sus providencias.
3.2. Presupuestos formales de procedencia.  La
jurisprudencia constitucional ha señalado que deben concurrir para la
admisibilidad de la solicitud de nulidad de las sentencias de revisión los
siguientes requisitos[42]:
(i)
La solicitud debe
presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo
adoptado por la Corte.  Vencido este término, se entiende que toda
circunstancia que acarrearía la nulidad del fallo queda saneada[43];
(ii)
En caso que el vicio se
funde en situaciones acaecidas con anterioridad al momento de proferir el
fallo, la solicitud de nulidad deberá solicitarse, de conformidad con lo
señalado en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, antes de que la Sala de
Revisión emita la sentencia correspondiente.  En caso que las partes que
intervinieron en el proceso constitucional no eleven petición en ese sentido
dentro de la oportunidad prevista, pierden su legitimidad para invocar la
nulidad posteriormente;[44]
3.3. Presupuestos materiales de procedencia.  En
igual sentido, la doctrina constitucional relativa a los requisitos de
admisibilidad de las solicitudes de nulidad también ha establecido determinadas
condiciones y limitaciones a los argumentos que se utilicen para fundar los
cargos en contra de la sentencia respectiva, las cuales se resumen de la
siguiente manera:
(i)
El solicitante tiene la
carga de demostrar, con base en argumentos serios y coherentes que la
sentencia vulnera el derecho al debido proceso.  Como se indicó, el incidente
de nulidad no es una oportunidad para reabrir la discusión jurídica resuelta en
el fallo, por lo que una censura al fallo sustentada en el inconformismo del
peticionario ante lo decidido o en una crítica al estilo argumentativo o de
redacción utilizado por la Sala de Revisión carece de eficacia para obtener la
anulación de la sentencia[45].
(ii)
La solicitud de nulidad no
puede utilizarse como alternativa para que la Sala Plena de la Corte
Constitucional reabra el debate probatorio realizado por la Sala de Revisión
que profirió el fallo respectivo.  En consecuencia, el cargo que sustente la
solicitud de nulidad no puede estar dirigido hacia ese fin.
(iii)      La afectación del debido proceso por parte de la
Sala de Revisión tiene naturaleza cualificada.  Por tanto, “debe ser ostensible,
probada, significativa y trascendental, es decir, que
tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en
sus efectos (Subraya la Corte)”.[46]  Con base en estas características, la
jurisprudencia identifica algunos casos en que la vulneración reúne esas
características, tales como:
“- Cuando una Sala de Revisión
cambia la jurisprudencia de la Corte. (…)[47]
- Cuando una decisión de la Corte
es aprobada por una mayoría no calificada según los criterios que exige la ley.[48]
- Cuando existe incongruencia
entre la parte motiva de una sentencia y la parte resolutiva de la misma, que
hace anfibológica o ininteligible la decisión adoptada;[49] igualmente, en
aquellos eventos donde la sentencia se contradice abiertamente, o cuando la
decisión carece por completo de fundamentación.
- Cuando la parte resolutiva de
una sentencia de tutela da órdenes a particulares que no fueron vinculados o
informados del proceso.[50]
- Cuando la sentencia proferida
por una Sala de Revisión desconoce la cosa juzgada constitucional, pues ello
significa la extralimitación en el ejercicio de sus atribuciones.[51]”[52]
(iv)   La
jurisprudencia también ha contemplado la configuración de una causal de nulidad
de las sentencias de revisión cuando, de manera arbitraria, se dejan de
analizar asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos
transcendentales para el sentido de la decisión.[53]
4. En conclusión, la solicitud de nulidad de las
sentencias que profiere la Corte Constitucional es un trámite de configuración
jurisprudencial relacionado con la protección del derecho al debido proceso,
que tiene naturaleza excepcional y que está sometido a estrictos requisitos de
procedencia, los cuales versan sobre la acreditación suficiente de
circunstancias ostensibles y trascendentales que  afecten de manera cierta el
derecho fundamental mencionado.  Igualmente, constituye un procedimiento que,
en ningún caso, puede originar la reapertura del debate jurídico resuelto por
la sentencia correspondiente[54].
Reiteración de jurisprudencia. La causal de falta
de vinculación a particulares que se ven afectados con la decisión.
5. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, una de
las causales que puede dar lugar a la anulación de una sentencia proferida por
la Corte Constitucional tiene que ver con la ausencia de vinculación al
proceso, de personas (terceros) que pueden verse directamente afectados con las
órdenes impartidas, toda vez que ello significaría una grave vulneración de su
derecho al debido proceso.
Sobre la notificación en materia de acción de
tutela, es necesario tener en cuenta que pese a su naturaleza informal, de las
garantías que hacen parte del debido proceso, tales como el derecho de defensa
y contradicción, se deriva la necesidad de notificar a todas aquellas personas
que puedan tener interés o resultar afectadas sobre el proceso. Además, en
virtud de las normas que a continuación se señalan, se trata de un
procedimiento evidentemente aplicable a la acción de tutela:
a.
El artículo 29 de la
Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas.
b.
La posibilidad de que, según el
artículo 13, inciso final y 16 del Decreto 2591 de 1991, los terceros con
interés legítimo intervengan como coadyuvantes o como partes. [55]
c.
Los principios de oficiosidad e
informalidad que rigen la acción de tutela, que llevan al juez a proteger el
derecho al debido proceso de partes y terceros cuando se evidencie una posible
vulneración.
d.
El Art. 140 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela en virtud de la
disposición contenida en el Art. 4º del Decreto 306 de 1992, que contempla que
el proceso es nulo “cuando no se practica en legal forma la notificación a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban
suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena
(...)”[56].
Así pues, en algunas ocasiones la Sala Plena de la
Corte Constitucional ha anulado sentencias proferidas por las distintas Salas
de Revisión, porque se había omitido notificar a terceras personas que resultaron
afectadas por las órdenes en ellas impartidas.
5.1 Por ejemplo, en el Auto 022 de 1999, la Corte
anuló parcialmente la sentencia T-014 de 1999 porque al amparar los derechos
fundamentales de los accionantes al mínimo vital y a la seguridad social,
condenó a la entidad demandada –Colcurtidos S.A.- al pago de las mesadas
pensionales reclamadas, pero además condenó a sus socios a responder
solidariamente por dichas obligaciones, personas que no estuvieron vinculadas
al proceso en ninguna de sus instancias.
La Corte recordó que el debido proceso es un
principio y un derecho constitucional que debe ser respetado por todas las
autoridades, más aún por aquellas que hacen parte de la jurisdicción
constitucional, de manera que ante la omisión de notificación de personas que
resultan afectadas con las órdenes impartidas en una sentencia de tutela, la
Corte debe admitir el error y declarar la nulidad de la misma, para así
remediar la violación al debido proceso en la que habría incurrido. En
consecuencia, resolvió declarar la nulidad de la sentencia T-014 de 1999,
únicamente en lo que tenía que ver con la responsabilidad solidaria de los
socios de la empresa demandada.
5.2 En similar sentido, la Sala Plena de esta
Corporación mediante el Auto 097 de 2005 declaró nula la sentencia T-268 de
2005, tras comprobar que personas que no habían sido notificadas del proceso,
se vieron afectadas con las órdenes allí impartidas. Se trató de un caso en el
que el accionante –que había sido parte de la terna para la alcaldía local de
la Candelaria en Bogotá-  cuestionó la constitucionalidad del acto de
nombramiento de la alcaldesa local. El proceso culminó con la protección a sus
derechos a la igualdad y al debido proceso, no obstante, los demás miembros de
la terna, incluida quien en ese momento se desempeñaba en el cargo de alcaldesa
local no habían hecho parte del mismo. La Corte consideró que su falta de
vinculación significaba una violación al debido proceso y por ello, resolvió
declarar la nulidad de todo el proceso, desde el auto admisorio de la demanda,
y ordenó al Juzgado de primera instancia renovar la actuación y resolver
nuevamente el asunto, respetando los derechos de las personas que se verían
afectadas con la decisión.
5.3 A la misma conclusión se llegó en el Auto 054
de 2006, en el que la Sala Plena resolvió la solicitud de nulidad de la
sentencia T-1006 de 2004. Esta se fundamentó en la indebida notificación de la
sociedad mercantil Omnitempus Ltda, del proceso de tutela instaurado por el
señor Adonay González, contra una sentencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia en el marco de un proceso laboral iniciado por el señor González
contra la empresa antes mencionada. La Corte comprobó que en efecto, los
telegramas en los que se le comunicaba del proceso en su contra y se le citaba
para comparecer al mismo, le habían sido enviados a una dirección diferente a
la consignada en el registro mercantil para el recibo de notificaciones
judiciales. Por lo tanto, declaró la nulidad de todo el proceso de tutela, y ordenó
renovar la actuación anulada, con la vinculación en debida forma de la sociedad
comercial Omnitempus Ltda.
5.4 Recientemente, el Auto 223 de 2014 declaró la
nulidad de la sentencia T-893 de 2011, por la causal que se viene analizando.
Se trató de un caso en el que dos compañeras permanentes de un difunto se
disputaban el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, que sólo
le había sido otorgada a una de ellas por parte de la Corte Suprema de
Justicia. La Sala Séptima de Revisión concedió el amparo y dejó sin efectos las
sentencias del proceso ordinario, y en su lugar, le ordenó a la Corte Suprema
proferir una nueva providencia en la que se dividera el pago de la pensión de
sobrevivientes en 50% para cada compañera permanente del difunto, sin embargo,
la empresa encargada de cancelar la prestación nunca fue  notificada del
proceso de tutela, y en consecuencia su derecho al debido proceso y de defensa
habían sido vulnerados.
5.5 En suma, la Corte ha aceptado que la falta de
notificación a terceros directamente afectados por la decisión adoptada en una
sentencia de tutela proferida por ella misma, constituye una grave vulneración
al debido proceso, y por lo tanto, da lugar a declarar la nulidad de la
sentencia.
Con base en los fallos reseñados, la Sala pasará a
estudiar la solicitud de nulidad.
Estudio de la solicitud de nulidad. Requisitos
formales y materiales de procedencia.
6. La señora Dilma Rodríguez García, solicitó
declarar nula la sentencia T-837 de 2012, por haber incurrido en una
vulneración de su derecho al debido proceso ya que no estuvo vinculada al
trámite de la acción de tutela instaurada por Doris Lilia Saray Rodríguez
contra la Gobernación del Departamento del Meta, para la asignación de una
vivienda de interés familiar.
De acuerdo con las pruebas recaudadas
dentro del incidente de nulidad, se pudo constatar que pese a los esfuerzos del
inspector de policía, la Secretaría de Vivienda de la Gobernación del Meta y el
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, fue muy
difícil encontrar a la señora Rodríguez García, pues le enviaron varias
comunicaciones, para asistir a audiencia de conciliación[57], para entrevistarla[58], entre otros, pero nunca compareció, y quienes se
encargaban de entregar los citatorios, dejaban constancia de que la vivienda
estaba cerrada.
De igual forma, durante el trámite de
nulidad, el magistrado ponente decretó varias pruebas tendientes a verificar si
la señora Dilma tuvo conocimiento del proceso antes de la fecha que indicó en
su escrito[59], sin embargo, la misma respuesta de las
autoridades fue que tras múltiples intentos de notificación, sólo fue posible
contactarla hasta el 13 de marzo de 2013.
Por lo tanto, ante la falta de
vinculación de la accionante a la acción de tutela, en este caso no es posible
contabilizar para efectos de revisar los presupuestos formales el término para
interponer la nulidad como tres días después de notificado el fallo de la
Corte.
Por otra parte, la solicitud de nulidad
fue presentada por la señora Dilma Rodríguez García, persona que se vio
directamente afectada con las órdenes que fueron impartidas en la sentencia
T-837 de 2012, toda vez que ella y su familia eran quienes habitaban la casa
que se ordenó entregar a la accionante de tutela, la señora Doris Lilia Saray
Rodríguez. En otras palabras, la peticionaria fue desalojada del lugar en el
que vivía con su familia, y trasladada a una vivienda provisional, con el fin
de dar cumplimiento a lo resuelto en la sentencia T-837 de 2012, y entregar la
vivienda ubicada en la Urbanización Semillas de Paz a la señora Doris Lilia
Saray Rodríguez.
Así pues, existe legitimación para actuar. En consecuencia, en el caso bajo estudio se
encuentra acreditado el cumplimiento de los requisitos formales, y por ende, es
preciso realizar el análisis de fondo de la solicitud de nulidad.
- Sobre el fondo del
asunto.
7. En lo referente a los presupuestos
materiales de procedencia, la carga argumentativa que se impone al solicitante
comprende el planteamiento de razones serias y coherentes relacionados con la
violación al derecho al debido proceso. La peticionaria señaló que con la
sentencia T-837 de 2012, se vulneró su derecho al debido proceso, porque no
estuvo vinculada a la acción, teniendo un evidente interés en la misma pues,
tal como lo demuestran las pruebas que aportó al trámite de la nulidad, ella
-al igual que la entonces accionante Doris Lilia Saray Rodríguez- pagó a favor
de la Gerencia de Vivienda del Meta por la adjudicación de una vivienda de
interés social; de igual forma, mediante la Resolución No. 710 de 2009 dicha
oficina le adjudicó una vivienda de interés social en el proyecto denominado
“Semillas de Paz”.
8. Además, de acuerdo con las pruebas
que fueron aportadas por la peticionaria de la nulidad, es posible concluir que
la Oficina de Vivienda del Departamento del Meta habría incurrido en un error
al adjudicar la casa que le había entregado a ella, a la señora Doris Lilia
Saray Rodríguez. Así pues, la señora Rodríguez García no se encontraba ocupando
de hecho una vivienda que no era suya, sino que vivía en la casa que le había
sido otorgada. Aunado a lo anterior, la peticionaria demostró que había sido
diligente al acercarse varias veces a las entidades territoriales competentes
para gestionar la firma de las escrituras de la casa, y poder legalizar la
compra que realizó; sin embargo, siempre le respondieron que su caso se
encontraba en trámite.
En otras palabras, la oficina de
vivienda del Departamento del Meta entregó una casa a una beneficiaria, que
después adjudicó a otra persona, y esta situación no se conoció durante el
proceso de tutela iniciado por la señora Doris Lilia Saray Rodríguez, debido a
la falta de notificación de la señora Dilma Rodríguez García, persona a la que
le fue entregada la casa que luego reclamó la accionante de tutela. En
consecuencia, el derecho al debido proceso de la peticionaria de nulidad,
resultó evidentemente afectado con la falta de notificación de la acción de
tutela, pues la orden impartida recaía directamente sobre ella, al ser quien se
encontraba en posesión de la vivienda de interés social a la que se hizo
referencia.
9. No hacen falta mayores argumentos
para concluir, que existió una falta de garantía del derecho al debido proceso
de la señora Dilma Rodríguez García, toda vez que no pudo dar a conocer su
posición frente al predio en disputa.
10. En consecuencia, la Sala Plena de
esta Corporación accederá a la petición de nulidad de la sentencia T-837 de
2012, pero únicamente respecto del expediente T-3.469.991, desde la notificación del auto admisorio de la acción de tutela. Por lo
tanto, el trámite debe volver a iniciar desde la primera instancia, con la
respectiva garantía del derecho al debido proceso de la señora Dilma Rodríguez
García.
11. Ahora bien, teniendo en cuenta que
se encuentran de por medio los derechos fundamentales de varios menores de
edad, la Sala considera necesario y adecuado advertir que ninguna de las dos
familias pueden quedar desprotegidas, y en consecuencia deben contar con un
lugar digno para vivir, durante todo el trámite de la acción de tutela.
IV.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.-
DECLARAR parcialmente
nula, la sentencia T-837 de 2012 proferida por la Sala Novena de Revisión, únicamente en lo referente al
expediente T-3.469.991 desde
el auto por medio del cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
de Villavicencio-Meta admitió la solicitud correspondiente.
Segundo.-
COMUNICAR, por
intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, al Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio-Meta esta
providencia, para que, permitiendo el ejercicio del derecho de defensa de la
señora Dilma Rodríguez García, renueve la actuación y decida nuevamente el
asunto sometido a su consideración.
Tercero.- ADVERTIR al Coordinador de la Oficina de vivienda del Departamento del
Meta, o a quien haga sus veces, que el derecho a la vivienda digna de los
menores de edad que se verían afectados por las medidas que se adopten a partir
de esta providencia, deberá ser garantizado durante todo el proceso.
Cuarto.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR esta
decisión a las señoras Dilma Rodríguez García (Urbanización La Madrid Etapa II,
ubicada en la manzana 48, casa 05, Villavicencio - Meta), Doris Lilia Saray
Rodríguez (Supermanzana 3 Manzana I Lote No 8 Calle 29 A sur 37-47,
Urbanización Semillas de Paz, Villavicencio - Meta), y a la Secretaría de
Vivienda de la Gobernación del Meta (Carrera 30 No. 41B – 45 Barrio la Gama,
Villavicencio - Meta), para lo cual se les enviará copia de la providencia.
Quinto.-  Contra este pronunciamiento no procede recurso alguno.
Comuníquese y cúmplase,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta (E)
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada P. (E)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA  MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Ausente en comisión
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
En esta oportunidad, la Sala seguirá lo dispuesto sobre la materia en la
sentencia T-1034 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[2]
Sobre la acción temeraria pueden consultarse, entre muchas otras, las
sentencias T-336 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández,  T-707 de 2003
M.P. Alvaro Tafur Galvis,  T-082 de de 1997
M.P. Hernando Herrera Vergara y, T-518 de 1996
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[3]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-010 del 22 de mayo de 1992 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero).
[4]
Puede consultarse la Sentencia T-707 de 2003, ya citada.
[5]
Sentencia T-1034 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[6]
Cfr. Sentencia T-566 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[7]
Al respecto puede consultarse la
Sentencia T-009 de 2000 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[8] Ob. Cit. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[9]
La Corte Constitucional ha reconocido
el carácter fundamental del derecho a la vivienda digna para el caso de las
familias desplazadas por la violencia. Sobre este asunto Cfr. sentencias T-585
de 2006 y T-966 de 2007, entre otras.
[10]
Ver sentencia T-473 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[11] Ver
sentencias T-958 de 2001, T-791 de 2004, T-894 de 2005 y,
T-079 de 2008 entre otras.
[12]
Sentencia T-585 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13] Sentencia
T-079 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[14]
Sentencia T-363 de 2004, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández.
[15] Ver
sentencias T-895 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-894 de 2005,
M.P. Jaime Araujo Rentería, T-791 de 2004,
M.P. Jaime Araujo Rentería, T-363 de 2004,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-756 de 2003
M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1073 de 2001
M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-626 de 2000,
M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-190 de 1999,
M.P. Fabio Morón Díaz y T-617 de 1995,
M.P. Alejandro Martínez Caballero, entre otras.
[16] Ob. Cit. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[17]
Sentencia T-125 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[18] Sentencia
T- 506 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.  Esta sentencia ha sido reiterada en
múltiples ocasiones, ver por ejemplo las sentencias T-580 de 2011,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-1321 de 2005,
M.P. Jaime Araujo Rentaría, T-171 de 1995,
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[19] Esta
Corporación en sentencia C-595 de 1999, al pronunciarse sobre la exequibilidad
del citado artículo 669 del Código Civil, declaró inexequible la expresión “arbitrariamente”,
bajo las siguientes consideraciones: “La Constitución de 1991 reconstituyó a Colombia como un "Estado
social de derecho organizado en forma de República unitaria... fundada en
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general". ||
Como lógico corolario, la configuración del derecho de propiedad (reiterativa
de la inconsistencia anotada a propósito de la
Reforma de 1936), se hizo atenuando aún más las connotaciones individualistas
del derecho y acentuando su función social; agregó además el Constituyente que
al derecho de propiedad le es inherente una función ecológica y creó,
con el mandato de que sean protegidas, y promovidas formas asociativas y
solidarias de propiedad. ”
[20]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[21]
Sobre el particular, ver el numeral 12 de la parte
considerativa de la presente Sentencia.
[22] Artículo 1°.- Colombia
en un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general.
[23] Artículo
95.- La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades. || Toda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes. || Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 2.
Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas. (…)
[24] En la sentencia T-958 de
2001, MP. Eduardo Montealegre Lynett, la
Corte consideró que los damnificados por acontecimientos naturales son, como
los desplazados, personas en condiciones de debilidad manifiesta. Para
sustentarlo dijo: “[l]as personas víctimas de situaciones sociales extremas o
de los embates de la naturaleza, constituyen, entre el espectro de personas en
situación de debilidad manifiesta, aquellas que los sufren en mayor medida, por
razón del desarraigo, destrucción de la base material que sustenta su proyecto
de vida, así como por la grave afectación del tejido social al cual
pertenecen”.
[25]
Sentencia T-191 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[26]
Ibídem.
[27] Sobre las obligaciones
que se desprenden de éste tipo de circunstancias para el Estado, la
Corte ha distinguido entre aquellas de cumplimiento inmediato, y otras de
carácter progresivo, las cuales fueron ampliamente estudiadas en la sentencia
T-047 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa.
[28] En los folios 101 y 102
del cuaderno no. 1, se encuentra copia del certificado de tradición y libertad
del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 300-339302 de
Bucaramanga, ubicado en la Calle 10NC # 2 OCC -03 Bloque B Casa 1 Villas de San
Ignacio, Lote 1 Manzana B etapa 3, en el que consta que es de propiedad de los
señores Luís Alfredo Aguillón Villamizar y Marina Pabón Acosta,  quienes lo
adquirieron mediante cesión a título gratuito de bienes fiscales – subsidio del
Instituto de vivienda de interés social y reforma urbana del municipio de
Bucaramanga Invisbu.
[29]
Ver supra. numeral 18 de la parte considerativa.
[30]
Ver supra numeral 12 de la presente sentencia.
[31] En la sentencia T-967 de
2009, M.P. María Victoria Calle Correa, se estudió un caso en el que la
accionante, siendo víctima del desplazamiento decidió ocupar un bien de
propiedad del municipio de Fusagasuga, autoridad que al percatarse de dicha
situación inició un proceso policivo para desalojar a la actora. En la acción
de tutela, se solicitó que se suspendieran las diligencias policivas, hasta
tanto la Alcaldía municipal del Fusagasuga realizara todos los esfuerzos
necesarios para atender su situación de desplazamiento. Al respecto dijo la
Corte: “En este punto, en cambio, la
Sala estima que no es posible acceder a la solicitud de la actora de que se
impida el adelantamiento del lanzamiento en el proceso policivo en curso, al
momento de interponer la tutela. Efectivamente, considera la
Corte que si así procediera un juez de tutela en un caso similar,  tendería un
manto de aparente legitimidad sobre una conducta ilegal. Conducta que no deja
de ser contraria a derecho, por más apremiantes que  resulten circunstancias
calamitosas e inconstitucionales como la de ser víctima del delito de
desplazamiento forzado. La actuación de la señora Manrique Gutiérrez no puede
generar, entonces, derechos, ni expectativas legítimas. Entenderlo de ese modo
sería contrario al principio de legalidad que estructura el estado de derecho.”
[32]
Ver por ejemplo las sentencias T-162
de 2010, MP. Jorge Iván Palacio Palacio,  T-1080 de 2006, y  T-773 de 2005,
M.P. Rodrigo Escobar Gil, y  T-546 de 2005, MP. Jaime Araújo Rentería.
[33]
M.P. Álvaro Tafur Galvis
[34]
Ver la Sentencia C- 184/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. A.V. M. Jaime
Araujo Rentería.
[35]
Ver, entre otras las sentencias T-593 de 1992
M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-414 de 1993
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[36]
La Corte ha sido enfática al establecer que no es
posible avalar vías de hecho mediante la acción de tutela, así se trate de
personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y en situaciones
apremiantes. Sobre el particular ver por ejemplo, las sentencias T-245 de 2012,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y,  T-967 de 2009,
M.P. María Victoria Calle Correa.
[37]
Acerca de la declaratoria oficiosa de nulidad de las sentencias, Cfr. Auto
050/00 y 062/00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Igualmente, el Auto 015
de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y el Auto 377 de 2009,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38]
La doctrina sobre la nulidad de las sentencias de revisión puede consultarse,
entre otros, en los Autos  031A de 2002
M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 002A M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 063 de
2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y 131 de 2004
M.P. Rodrigo Escobar Gil, 008 de 2005
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 042 de 2005
M.P. Humberto Sierra Porto.  La clasificación utilizada en esta providencia
está contenida en el Auto 063/04.
[39]
Auto del 22 de junio de 1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[40]
Auto de 30 de abril de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; A-031A de 2002).
[41]
Al respecto pueden consultarse entre otros, los Autos 127 y
128 de 2001.
[42]
Cfr. Corte Constitucional, Autos 031A/02 y 063/04.
[43]
El saneamiento de las nulidades no alegadas oportunamente fue sustentado por la
Corte al afirmar que “i) en primer lugar, atendiendo el principio de
seguridad jurídica y de necesidad de certeza del derecho[43];
(ii) en segundo lugar, ante la imposibilidad presentar acción de tutela contra
las providencias de tutela[43].
Y finalmente, (iii) porque es razonable establecer un término de caducidad
frente a las nulidades de tutela, si incluso esa figura aplica en las acciones
de inconstitucionalidad por vicios de forma”. Cfr. Corte Constitucional,
Auto 031 A/02. Igualmente, se pueden consultar, entre otros, Auto 098 de 2011,
Auto 175 de 2011, Auto 217 de 2011, Auto 225 de 2011, Auto 266 de 2011.
[44]
Una explicación ampliada de los fundamentos de este requisito puede encontrarse
en los Autos del 13 de febrero de 2002,
M.P.  Marco Gerardo Monroy Cabra y del 20 de febrero del mismo año, M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[45]
Cfr. Auto 269 de 2011 en el que
la Corte concluyó: “El peticionario simplemente expresa una discrepancia,
muy respetable, pero que no tiene la aptitud necesaria para promover una
anulación de la sentencia T-169 de 2011.”
[46]
Cfr. Auto 031 A/02.
[47]
Al respecto la Corte señaló en el Auto que se cita que “[e]l artículo 34 del
decreto 2591 de 1991 establece que todo cambio de jurisprudencia debe ser
decidido por la Sala Plena; en consecuencia, si una de las salas de revisión se
apropia de esa función, se extralimita en el ejercicio de sus competencias con
una grave violación al debido proceso. Sin embargo, no toda discrepancia
implica cambio de jurisprudencia, puesto que ella debe guardar relación directa
con la ratio decidendi de la sentencia de la cual se predica la modificación;
en caso contrario, ‘[L]as situaciones fácticas y jurídicas analizadas en una
sentencia de una Sala de Revisión y que sirven de fundamento para proferir un
fallo son intangibles, porque son connaturales a la libertad, autonomía e
independencia que posee el juez para evaluarlas y juzgarlas’.” (Auto de 30
de abril de 2002; M.P. Eduardo Montealegre Lynett; A-031a de 2002).
[48]
Cfr. Auto 062 de 2000 MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[49]
Cfr. Auto 091 de 2000 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[50]
Cfr. Auto 022 de 1999 MP. Alejandro Martínez Caballero.
[51]
Cfr. Auto 082 de 2000 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[52]
Auto de 30 de abril de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett; A-031A de 2002).
[53]
Cfr. Corte Constitucional, Auto 031A  de 2002. Fundamentos jurídicos 13
a 20.
[54]
Auto 108 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[55]
Ver auto de febrero 7 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[56]
Ver auto A-012/02, M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[57]
Folios 80 y 81, cuaderno de nulidad.
[58]
Folios 103 y 104, cuaderno de nulidad.
[59]
Autos del 25 de octubre y 19 de noviembre de 2013, Folios 430
y 456, cuaderno de nulidad.