C-749-13
Sentencia C-749/13
Sentencia C-749/13
(Bogotá DC, 30 de octubre)
ACUERDO DE COOPERACION
OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE COLOMBIA Y OFICINA EUROPEA DE POLICIA-Exequibilidad
El examen de validez formal
del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de
Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de
septiembre de 2010 y su Ley aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es
válida la suscripción del Acuerdo entre el Estado colombiano y la Oficina
Europea de la Policía, autorizada por el Consejo de la Unión Europea, según lo
prescrito en el artículo 23, de la “Decisión del Consejo de la Unión Europea”
de abril 6 de 2009 y (ii) se observaron las reglas propias del trámite
legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones del “Acuerdo de
Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina
Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010,  la Corte
encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la
integración con otros Estado u organizaciones internacionales, a la soberanía
nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado de
garantizar el respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas
que la integran (CP. Art. 2),  el deber de las autoridades de proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida,  honra y en el ejercicio de
sus derechos y libertades (CP. Art. 2), la protección del derecho a la
intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el derecho a conocer, actualizar
y rectificar la información que sobre ellas hayan sido recogidas en los bancos
de datos y en archivos públicos o privados (CP., art. 15), a la facultad del
Presidente de la Republica de dirigir las relaciones internacionales. (CP. Art.
189.2), a la función del Congreso de aprobar o improbar los tratados que
celebre el Gobierno Nacional con otros Estados o con entidades de derecho
internacional (CP. Art. 150.16) y a la efectividad de los principios y derechos
consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida
de todos las personas residentes en Colombia y la función de la Policía
Nacional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades publicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia
convivan en paz (CP., art. 218). Con fundamento en las anteriores
consideraciones, la Corte Constitucional declara exequible el contenido del
“Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia
y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”, así como la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012, que lo aprobó.
CONTROL CONSTITUCIONAL EN
MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia de la
Corte Constitucional/CONTROL CONSTITUCIONAL DE LEY APROBATORIA DE TRATADO-Características
La Corte Constitucional es competente para examinar la
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias,
según lo establecido por el artículo 241.10 de la Constitución Política, para
evitar que el Gobierno asuma compromisos internacionales incompatibles con la
Constitución. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de
las leyes que los aprueban, presenta unas características singulares, al ser:
(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del
Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada
directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro
de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la
medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los
materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto
Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine
qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una
función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la
Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado
colombiano.
ACUERDO DE COOPERACION
OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE COLOMBIA Y OFICINA EUROPEA DE POLICIA-Trámite
legislativo
ACUERDO DE COOPERACION
OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE COLOMBIA Y OFICINA EUROPEA DE POLICIA-Régimen
constitucional de las relaciones internacionales/ACUERDO DE COOPERACION
OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE COLOMBIA Y OFICINA EUROPEA DE POLICIA-Antecedentes
Referencia:
expediente LAT - 396
Revisión de Constitucionalidad:
de la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012 “Por medio de la cual se aprueba
el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de
Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de
septiembre de 2010”
Magistrado
ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I.
ANTECEDENTES.
1. Textos
normativos: El Acuerdo y la Ley Aprobatoria.
El texto del
“Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de
Colombia y la Oficina Europea de Policía”  suscrito en Bogotá, el 20 de
septiembre de 2010 y su Ley aprobatoria 1582 del 30 de octubre de 2012, se
incorporan como Anexos  de esta sentencia.
2.
Intervenciones.
2.1.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dado el cumplimiento
de los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su
suscripción y aprobación legislativa, y en tanto el contenido del mismo
consulta los principios y postulados que gobiernan al Estado colombiano y a su
política exterior, considera que la Corte debe declarar exequible el
instrumento internacional  a la par con la ley aprobatoria numero 1582 de 2012.
2.2.
Ministerio de Defensa Nacional.
Debe la Corte declarar la exequibilidad de la ley 1582
de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de
Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina
Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010” por cuanto en sus aspectos formales y materiales cumple con los preceptos constitucionales.
Lo anterior,
en razón de que se dio cumplimiento a los requisitos procedimentales exigidos
por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico y de otra,
en la medida que sus objetivos y su contenido  buscan la realización de los
fines del Estado colombiano al regular la cooperación entre Europol y la
Republica de Colombia, con el fin de apoyar a este ultimo, y a los Estados
miembros de la Unión Europea, en la lucha contra las formas graves de
delincuencia internacional en los ámbitos del artículo 3 del Acuerdo.
2.3. Departamento Administrativo Dirección
Nacional de Inteligencia.
Propugna por
su exequibilidad, tras considerar que el convenio bajo estudio tiene previstas
las disposiciones y regulaciones exigidas en el ordenamiento jurídico interno y
la jurisprudencia nacional, para que pueda darse intercambio de información de
personas entre países.
Además de lo
expuesto, el “intercambio de conocimientos especializados, de los resultados
de análisis estratégicos, la información sobre procedimientos de investigación
penal, la información para la prevención del delito, la participación en
actividades de formación y la prestación de apoyo y asesoramiento en
investigaciones especificas”, previstos en el convenio guardan relación con
los fines esenciales del Estado.
2.4. Superintendencia de Industria y
Comercio.
No se encuentra objeción formal o
sustancial de constitucionalidad, en relación con la ley 1582 de 2012, “Por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la
República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el
20 de septiembre de 2010” máxime cuando la misma reviste una relevancia
constitucional en la protección y los fines e intereses legítimos del Estado
colombiano y se encuentra acorde a los parámetros y principios previstos en la
Constitución y la Ley.
2.5 Academia Colombiana de Jurisprudencia.
No se evidencia contrariedad entre el
Acuerdo y la Constitución Política, en tanto se  orienta a regular la
cooperación con la Oficina Europea de la Policía, con el fin de que Colombia y
los Estados miembros de la Unión Europea cuenten con un apoyo mas en la lucha
contra formas graves de delincuencia internacional , principalmente mediante el
intercambio de información.
Lo anterior desarrolla varios principios y
valores establecidos en nuestra Constitución Política, como lo son la
prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo como fin
esencial del Estado; la razón de la institución de las autoridades para la
protección de las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes.
Frente a la protección de los derechos
fundamentales de las personas, como la honra, el derecho al buen nombre y el
habeas data, el acuerdo es respetuoso de ellos, analizado desde el fin que se
propone y la idoneidad del medio para alcanzarlo.
3.
Concepto del Procurador General de la Nación[1].
Debe
devolverse la Ley 1582 de 2012, a la Presidencia de la Cámara de
Representantes, para que proceda al saneamiento del vicio de procedimiento
detectado en el primer debate y aprobación del
proyecto de Ley, al no seguirse el procedimiento establecido en el artículo 8°
del Acto Legislativo 01 de 2003, según el cual ningún proyecto de ley
será sometido a votación en sesión diferente a aquella en la que previamente se
haya anunciado.
Frente al
contenido material del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre
la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá,
el 20 de septiembre de 2010”, debe declararse exequible, al encontrarlas
ajustadas a la Carta Política (Arts. 9, 226 y 227), en tanto fortalece las
relaciones entre Colombia y la Oficina Europea de Policía mediante el
intercambio de información y conocimientos especializados tendientes a crear un
frente común, contra la delincuencia y a su vez impedir el incremento de las
diversas actividades delictivas que atentan contra el orden y la paz
transnacional.
II.
CONSIDERACIONES.
1.
Competencia.
1.1. La Corte Constitucional es
competente para examinar la constitucionalidad de los tratados internacionales
y de las leyes aprobatorias, según lo establecido por el artículo 241.10 de la
Constitución Política, para evitar que el Gobierno asuma compromisos internacionales
incompatibles con la Constitución.
1.2. El
control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los
aprueban, presenta unas características singulares, al ser: “(i) previo al
perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a
la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente
por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis
días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que
la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la
ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación
del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.”
1.3. En consecuencia, la Corte
realizará el control de Constitucionalidad del presente Acuerdo y su ley
aprobatoria, de la siguiente manera: (i) sobre el proceso de formación del
instrumento internacional, en cuanto a la validez de la representación del
Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento
y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado;
(ii) respecto del trámite legislativo del correspondiente proyecto de ley en el
Congreso de la República; (iii) sobre la necesidad de la realización de
consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y en caso
necesario, si la misma se llevó a cabo en debida forma y iv) sobre el contenido
material de las disposiciones del tratado y la ley.
2. Examen
Formal.
2.1. El
proceso de negociación del instrumento internacional: representación y
competencia en la suscripción de las convenciones.
2.1.1. El
control de Constitucionalidad comprende la verificación de las facultades del
representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado
mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena,
sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969.
2.1.2. En cuanto a la representación del Estado colombiano
durante este proceso, según certificación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la
República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el
20 de septiembre de 2010”, fue firmado en
nombre y representación de la República de Colombia, por el entonces Director
General de la Policía Nacional, Mayor General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo a
quien le fueron otorgados plenos poderes por el entonces Presidente de la
República, Doctor Álvaro Uribe Vélez,  el 22 de junio de 2010[2].
2.1.3. Sobre
este punto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º de la
C.P., la Rama Ejecutiva en cabeza del señor Presidente de la República, Doctor
Juan Manuel Santos Calderón, autorizó y ordenó someter a consideración del
Congreso de la República el acuerdo, el 19 de julio de 2011.  Mediante dicho
decreto se dio aprobación al “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica
entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en
Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”, y se manifestó que obligaría al país
a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo.
2.2. El
proceso de formación de la ley en el Congreso de la República[3].
2.2.1.
El proyecto de ley.
2.2.1.1.
Iniciativa y radicación.
El Proyecto
de Ley fue radicado en el Senado de la República, por el Gobierno Nacional,
por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional, el
07 de septiembre de 2011, de conformidad con lo prescrito por la Constitución
Política (art 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos
en el Senado de la República.
2.2.1.2.
Publicación del texto y la exposición de motivos.
Aparecen
publicados en la Gaceta del Congreso No. 674[4]
de septiembre 9 de 2011, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes del
curso en la comisión respectiva (CP., artículo 157.1).
2.2.2.
Trámite en el Senado de la República.
2.2.2.1.
Primer debate en Senado.
-
Publicación de la ponencia.
La ponencia
para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
de la República fue presentada en sentido favorable, por el Senador Juan Lozano
Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 751 del 5 de octubre de
2011[5].
-
Anuncio para votación en primer debate.
El Proyecto
de Ley 125 de 2011 Senado fue anunciado previamente en la sesión del 9
de noviembre de 2011, para ser discutido y aprobado en primer debate, en la
próxima sesión, según consta en Acta No. 10[6],
publicada en la Gaceta del Congreso 153 de abril 17 de 2012[7]
y conforme certificación del Secretario General  de la Comisión Segunda del
Senado de la República, de fecha 17 de enero de 2013[8].
- Aprobación
en primer Debate (quorum y mayoría).
El proyecto
de ley fue discutido y aprobado el 16 de noviembre de 2011, conforme al
Acto Legislativo 01 de 2009, por doce (12) de los trece (13) Senadores, que
conforman la Comisión y que se encontraban presentes en la sesión, según consta
en la Acta No. 11[9] del 16 de noviembre
de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso No. 155 del 17 de abril de 2012[10]
y  certificación[11] emitida por
el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República[12].
2.2.2.2.
Segundo Debate:
- Término
entre Comisión y plenaria.
Habiendo
sido aprobado el proyecto de ley en primer debate de Senado el día 16 de
noviembre de 2011 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 5 de
diciembre de 2011, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de
ocho (8)  días entre uno y otro momento legislativo (C.P. art. 160)
-
Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
La ponencia
para segundo debate en el Senado fue presentada favorablemente por el
Senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 878 del
23 de noviembre de 2011[13].
- Anuncio
para votación para segundo debate.
El proyecto
de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 30 de noviembre de
2011, según consta en el Acta No. 24[14] de esa
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 36 del 16 de febrero de 2012,
para ser discutido y votado en la siguiente sesión y conforme la certificación
expedida por el Secretario General del Senado de la República[15].
- Aprobación
en Segundo Debate.
El proyecto
de ley fue discutido y aprobado en  la sesión del 5 de diciembre de
2011, según consta en el Acta No. 25[16] de
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 37 del 16 de febrero de
2012, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la Ley 5 de
1992, y un quorum de 87 de 100 Senadores, conforme certificación[17]
expedida el 8 de enero de 2013 por el Secretario General del Senado de la
República[18].
-
Publicación texto aprobado en Plenaria.
El texto
definitivo del proyecto de ley aprobado en la plenaria de Senado de la
República fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 946 del 7 de diciembre de
2011.
2.2.3.
Trámite en la Cámara de Representantes.
2.2.3.1.
Primer Debate.
- Término
entre Senado y Cámara.
Habiendo
sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día 5 de diciembre de
2011, e iniciado el primer debate en la Cámara de Representantes el día  7
junio de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de
quince días entre uno y otro momento legislativo. (C.P. art. 160).
-
Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
La
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes fue presentada por el representante a la Cámara Yahir Fernando
Acuña Cardales y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 250 del 18 de mayo
de 2012[19].
-   Anuncio
de Votación.
En anuncio
de la votación fue realizado el 30 de mayo de 2012, según consta en el Acta No.
26 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 563 del 28 de agosto
de 2012[20], en los
siguientes términos:
“(...)
Cuarto. Anuncio de Proyectos de ley para la discusión y
aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto
Legislativo número 01 de 2003, para ser discutidos y votados en la próxima
sesión donde se discutan y aprueben Proyectos de Ley.
Segundo. Proyecto de ley
número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa
y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina
Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, Distrito Capital, el 20 de
septiembre de 2010.
Autores: Ministra de
Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y,
Ministro de Defensa y Seguridad Nacional, doctor Rodrigo Rivera
Salazar.
Ponente: honorable
Representante Yahir Fernando Acuña Cardales.
Publicaciones.
Texto: Gaceta del
Congreso número 674 de 2011.
Ponencia Primer Debate
Cámara: Gaceta del Congreso número 250 de 2012.
(...)
Hace uso de la palabra el
Presidente de la Comisión (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo:
Citamos para el próximo martes
5 de junio a las 11 de la mañana.
Hace uso de la
palabra la Subsecretaria, doctora Carmen Susana Arias Perdomo:
Así se hará señor Presidente.
Se levanta la sesión a la 1:25
p. m.
(...)” (subrayas fuera de
texto)
Conforme a lo
expuesto, la siguiente sesión de la Comisión Segunda Permanente de la Cámara de
Representantes se realizó el martes 5 de junio del mismo año, fecha en la que
no se discutieron proyectos de ley, sino que se llevó a cabo una sesión de
control político, como lo manifiesta el Secretario General de la Cámara de
Representantes en su certificación cuando dijo: “Es de anotar que en la
sesión del día 05 de junio de 2012, Acta No. 27, no hubo discusión y aprobación
de proyectos de ley, en dicha sesión se realizó Control Político, No. 563 del
28 de agosto de 2012. Paginas 23 a 34”, de manera que fue en la siguiente
sesión llevada a cabo el día 7 de junio de 2012, en la que se discutieron y
aprobaron proyectos de ley[21].
- Aprobación
del Proyecto.
El proyecto
de ley fue aprobado el 7 de junio de 2012, por unanimidad en
votación ordinaria, con la presencia de dieciséis (16) Representantes, lo que
se encuentra registrado en el Acta No. 28[22]
del 7 de junio de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No.
563 del 28 de agosto de 2012[23] y según
consta en la certificación[24] expedida por
la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,
del 6 de diciembre de 2012[25].
Para el
Procurador General de la Nación, se presentó un vicio de trámite del proyecto
de ley, al haber omitido el anuncio previo consagrado en el artículo 8 del A.L.
03 de 2003.
La Corte no
comparte la conclusión a la que arriba el señor Procurador, puesto que la
disposición Constitucional si bien exige que en una sesión anterior se
anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión
posterior, y que se convoque para su aprobación en una fecha futura,
también es cierto que esa fecha puede ser prefijada y determinada, o por lo
menos, determinable. Lo anterior, en la medida que el objeto del anuncio
previo es el conocimiento de los proyectos que serán objeto de decisión, por lo
que, si por razones del desarrollo del debate legislativo, la votación de un
proyecto no tiene lugar el día inicialmente fijado, no se incurre
inexorablemente en una vulneración a la Carta Fundamental, si se hace clara y
nuevamente el anuncio o si del contexto existen elementos que permitan
determinar con claridad cuando se realizará la votación.
En
consecuencia, fue en esos términos en los que se produjo el anuncio de la
discusión y aprobación del proyecto de ley bajo examen, toda vez que se
estableció: “Anuncio de proyectos para para la discusión y aprobación...para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se
discutan y aprueben Proyectos de Ley”, lo que
permitía deducir que si bien la fecha para su discusión y aprobación no estaba
determinada como una fecha cierta, era determinable, permitiéndose así la
participación de las minorías en el debate parlamentario y respectando el
principio democrático.
Además si la
sesión siguiente al anuncio tuvo por objeto el ejercicio de control político y
no la discusión y aprobación de proyectos de ley, era de esperarse que en ella
no se llevaría a cabo el examen del proyecto de ley bajo estudio.
En
conclusión, para la Corte no existe vicio alguno en el proceso de aprobación
del proyecto de ley en el primer debate en la Cámara de Representantes.
2.2.3.2.
Segundo Debate.
- Término
entre Comisión y Plenaria.
Habiendo
sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día 7
de junio de 2012 e iniciado el segundo debate el 25 de septiembre de 2012, se
cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre
uno y otro  momento legislativo. (C.P. art. 160).
-
Publicación del Texto aprobado en primer debate y de la ponencia.
La ponencia
para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes
también fue presentada por el mismo Representante y publicada en la Gaceta
del Congreso No. 595 del 6 de septiembre de 2012[26].
- Anuncio
para votación en Plenaria.
El proyecto
de ley fue anunciado en la sesión Plenaria del día 25 de septiembre de
2012, según consta en el Acta No. 155 de esa misma fecha, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 14 del 6 de febrero de 2013[27]
y conforme certificación del 1 de diciembre de 2012, expedida por el Secretario
General de la Cámara de Representantes y radicada en esta Corporación el 17 de
diciembre de esa misma anualidad.
-
Aprobación.
El proyecto
fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 26 de septiembre de
2012, por unanimidad con el voto de los 150 Representantes presentes,
según consta en el Acta No. 156[28] del
26 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 15 del 6 de
febrero de 2013[29] y acorde a
certificación[30] allegada por
el Secretario General de la Cámara Representantes[31].
En la Gaceta
del Congreso No 658 del 1 de octubre de 2012 se publicó el texto
aprobado del Proyecto Ley 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado.
2.3.
Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional.
2.3.1.
Sanción.
El
Presidente de la República sancionó la ley “Por medio de la cual se aprueba
el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de
Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de
septiembre de 2010”, convirtiéndose en la Ley 1582 del 30 de octubre de
2012, la cual fue debidamente publicada en el Diario Oficial No. Diario Oficial
No. 48.599 de 30 de octubre de 2012.
2.3.2.
Remisión gubernamental oportuna.
Mediante
oficio recibido el día 31 de octubre de 2012, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica de
Acuerdo y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días contados a
partir de la sanción de ésta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la
Constitución.
2.4.
Conclusión.
El proyecto
de la ley “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación
operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de
Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010, (i) surtió los
cuatro debates de aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias;
(ii) contó con las publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate;
(iii) recibió los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos
que deben existir entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras
y entre Senado y Cámara de Representantes y v) su trámite no excedió dos
legislaturas. Por lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de
Constitucionalidad en el trámite de este proyecto.
3. Examen
Material.
El examen
material o de fondo de la constitucionalidad de las disposiciones del presente
Acuerdo, consiste en juzgar las disposiciones de su texto y de su ley
aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones de la Constitución
Política,  con el fin de determinar si se ajustan o no a ellas.
3.1. El
régimen Constitucional de las relaciones internacionales y aspectos generales.
Las
relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos (CP., art. 9) y en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el
Estado (CP, artículos 150.16, 226 y 227). Adicionalmente se señala que la
internacionalización del país, así como la celebración de tratados internacionales,
debe edificarse sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional
(artículos 226 y 227). Finalmente, el ámbito de desarrollo de la integración
internacional comprende las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas (artículo 226).
3.2.
Antecedentes.
La Oficina
Europea de Policía – EUROPOL - , fue creada mediante acuerdo en el tratado de
la Unidad Europea, el 7 de febrero de 1992 e inicio el ejercicio de sus
actividades en 1994, bajo el nombre de Unidad de Drogas de Europol, combatiendo
principalmente crímenes de narcotráfico. En 1998 se ratificó la convención de
la Europol, por todos los Estados miembros de la Unión Europea, entrando en
vigencia el 1º de octubre de 1998. Actualmente cuenta con el aporte de 27
cuerpos de policía de la Unión Europea, que orientan su acción en problemas
como trafico de drogas, redes de inmigración ilegal, trata de seres humanos y
pornografía infantil, falsificación de dinero y otros medios de pago, trafico
de sustancias radioactivas y nucleares y terrorismo[32].
En razón del
fenómeno de la globalización y de la evolución de los riesgos y amenazas a
problemáticas transnacionales y globales, la Policía Nacional ha entablado
canales de cooperación que permitan enfrentarlos de manera eficaz. Es así como
el 9 de febrero de 2004 el Estado Colombiano suscribió el primer Acuerdo de
Cooperación Estratégica con Europol, firmado por el entonces director de la Policía
Nacional de Colombia, General Jorge Daniel Castro, y el director de la Europol,
Jürgen Storkeck.
Posteriormente,
con el fin de dar continuidad y un mayor alcance al acuerdo existente, el
Consejo de la Unión Europea autorizó a la Europol para suscribir el presente
acuerdo con el Estado colombiano, según lo prescrito en el artículo 23, de la
“Decisión del Consejo de la Unión Europea” de abril 6 de 2009, el cual
señala:
“Artículo 23
Relaciones con terceros
Estados y organizaciones.
1. En la medida en que sea
necesario para el ejercicio de sus funciones, Europol también podrá establecer
y mantener relaciones de cooperación con:
a) terceros Estados;
(...)
2. Europol podrá celebrar
acuerdos con las entidades mencionadas en el apartado 1 que estén incluidas en
la lista contemplada por el artículo 26, apartado 1, letra a). Tales acuerdos
podrán referirse al intercambio de información operativa, estratégica y
técnica, incluidos los datos personales y la información clasificada, siempre
que se transmitan a través de un punto de contacto designado que figure en el
acuerdo a que se hace referencia en el apartado 6, letra b), del presente
artículo. La celebración de tales acuerdos requerirá la aprobación previa del
Consejo, tras consultar al consejo de administración y, por lo que se refiere
al intercambio de datos personales, una vez recabado el dictamen de la
Autoridad común de control a través del consejo de administración (...)”[33]
En síntesis,
encuentra la Corte que la Oficina Europea de la Policía - Europol - se
encuentra facultada por el Consejo de la Unión Europea, para la celebración de
acuerdos de cooperación con el Estado Colombiano, que lo suscribió conforme a
lo expresado en el numeral 2.1.2. de este providencia, según lo prescrito por
el artículo 189.2 constitucional que señala que corresponde al Presidente de la
República “Dirigir las relaciones internacionales (...) y celebrar con otros
Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenio que se
someterán a la aprobación del Congreso”.
3.3. El
Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y
la Oficina Europea de Policía.
El “Acuerdo
de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la
Oficina Europea de Policía”, se suscribió en Bogotá, D.C., el 20 de
septiembre de 2010 y se compone de un preámbulo, veintitrés (23) artículos y
cuatro anexos:
Disposiciones preliminares
Artículo 1. Definiciones.
Artículo 2. Objeto del
Acuerdo.
Artículo 3. Ámbitos de
delincuencia a los que es aplicable el Acuerdo
Artículo 4. Ámbitos de
cooperación
Artículo 5. Centro Nacional de
Enlace
Artículo 6. Autoridades
competentes
Artículo 7. Disposiciones
generales relativas al intercambio de información
Artículo 8. Suministro de
información por Colombia
Artículo 9. Entrega de datos
personales por parte de Europol
Artículo 10.Evaluación de la
fuente y de la información
Artículo 11.Corrección y
eliminación de la información facilitada por Colombia
Artículo 12. Asociación a
grupos de análisis
Artículo 13. Confidencialidad
de la información
Artículo 14. Funcionarios de
enlace representantes de Colombia en Europol
Artículo 15. Responsabilidad
Artículo 16.Disposiciones
relativas a los medios de comunicación
Artículo 17. Gastos
Artículo 18. Resolución de
controversias y litigios
Artículo 19.Cláusula de
reserva
Artículo 20. Modificaciones y
añadidos
Artículo 21. Entrada en vigor
y validez
Artículo 22. Extinción del
acuerdo y de cooperación estratégica
Artículo 23. Resolución del
acuerdo
ANEXO I
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4.
3.4.
Contenido del Acuerdo.
3.4.1.
Preámbulo.
En el Preámbulo
del Acuerdo, se contempla la importancia de suscribirlo, con el fin de
enfrentar los graves problemas que ocasiona la delincuencia organizada
internacional y se señala la autorización conferida por el Consejo de la Unión
Europea a la Europol, para entablar negociaciones, la inexistencia de
obstáculos para la transmisión de datos personales, la existencia de un acuerdo
previo desde 2004 y la autorización  para la suscripción del Acuerdo.
Esta
declaración preliminar, se enmarca dentro de los objetivos de la Convención de
las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y tiene
como soporte, la Decisión del Consejo de la Unión Europea del 6 de abril de
2009, artículo 23, que señala las relaciones con terceros Estados y
organizaciones.
Encuentra la
Corte que la importancia de la suscripción del Acuerdo consagrada en su
preámbulo, armoniza con los fines del Estado colombiano y de sus autoridades de
proteger a sus habitantes en su vida, honra y bienes, así como en el ejercicio
de las garantías y libertades (CP., art. 2)
3.4.2.
Definiciones - Artículo  1.
Señala el
significado para efectos del Acuerdo, de las siguientes expresiones: “Decisión
del Consejo sobre Europol”[34], “Datos
Personales”[35], “Tratamiento
de Datos Personales”[36] e “Información”[37],
conceptos que dan claridad y permiten una adecuada interpretación del Acuerdo
por las partes del mismo.
3.4.3.
Objeto del Acuerdo - Artículo 2.
La
disposición contenida en el presente artículo señala que el objeto del Acuerdo
es regular la cooperación entre el Estado colombiano y la Europol, con el fin
de apoyar la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional, el
cual se ejercerá en los ámbitos definidos en el artículo 3º , compromisos que
están en consonancia con el deber del Estado y de sus autoridades (CP., Art.
218) de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de las personas
residentes en Colombia, para lo que podrá celebrar tratados internacionales
con otros Estados o con entidades de derecho internacional, bajo condiciones de
equidad y reciprocidad (CP., arts. 2, 9, 150. 16, 189.2).
3.4.4.
Ámbitos de delincuencia a los que es aplicable el Acuerdo de Cooperación -
Artículos 3 y 4.
El artículo 3 define el ámbito de los delitos a los
que se aplica el Acuerdo de cooperación, delimitándolos a los que son
competencia de la Europol, y sus delitos conexos, los cuales se encuentran
especificados en el anexo 2 y que son: i) el tráfico ilícito de
estupefacientes[38];
ii) la delincuencia relacionada con materiales nucleares y radiactivos[39]; iii) la
Introducción ilegal de inmigrantes[40];
iv) la trata de seres humanos[41];
v) la Delincuencia relacionada con el tráfico de vehículos robados[42]; vi)  la
falsificación de los medios de pago[43]
y las vii) actividades ilícitas de blanqueo de dinero[44] y lo delitos conexos,
los cuales define como los cometidos para procurarse los medios para perpetrar
las conductas delictivas antes descritas, y los delitos para lograr la
impunidad.
Indica este
artículo que una vez se modifique el mandato de la Europol, deberá ponerlo en
conocimiento del Estado colombiano, a fin de introducir las modificaciones al
Acuerdo, las cuales solo entraran en vigencia una vez el Estado Colombiano
manifieste su aceptación, para lo que deberá cumplir con las condiciones
establecidas en el ordenamiento jurídico interno (CP., arts. 189.2, 150.16,
241.10)
El artículo
4 que delimita el ámbito de la cooperación, al intercambio de información, de
conocimientos especializados, de informes generales de situación y de
resultados de análisis estratégicos, así como la participación en actividades
de formación, y la prestación de apoyo y asesoramiento en investigaciones delictivas,
no contradice ningún postulado constitucional. Por el contrario, permite al
Estado colombiano el fortalecimiento de las acciones en la lucha contra la
delincuencia internacional, través de un mejor desempeño de las funciones de la
Policía Nacional como organismo encargado del mantenimiento de las condiciones
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar la
convivencia pacifica de los habitantes de Colombia. (CP., Art. 218)
3.4.5.
Centro Nacional de Enlace, Autoridades Competentes,  Asociación a Grupos de
Análisis y Funcionarios de Enlace Representantes de Colombia en Europol  –
Artículos 5,  6, 12 y 14.
Esta Corporación, no tiene objeción de
constitucionalidad, con relación al contenido de los artículos 5 y 6 del
Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y
la Europol, que establecen las condiciones para la aplicación del Acuerdo, como
son la designación de la Policía Nacional como el punto nacional de enlace
entre la Europol y las demás autoridades competentes, el compromiso de
celebración de reuniones periódicas y consultas entre Europol y la Policía,
así como la designación de  las autoridades competentes para prevenir y luchar
contra los delitos referidos en el artículo 3 del Acuerdo, en tanto busca
establecer las condiciones de operación del Acuerdo, que permitan a través de
la cooperación mutua, cumplir los objetivos en la lucha contra el crimen
organizado y la delincuencia internacional, en salvaguarda de sus habitantes y
de la seguridad del Estado colombiano y de los Estados miembros de la Unión
Europea (CP., arts. 1, 2, 216, 218) .
Tampoco encuentra la Sala observaciones respecto de
la constitucionalidad de los artículos 12 y 14 del Acuerdo, según los cuales la
Europol podrá invitar a Colombia a incorporarse a grupos de análisis conforme
al artículo 14 apartado 8 de la Decisión del Consejo de Europol, para lo que la
Policía Nacional colombiana podrá emplazar a uno o varios funcionarios de
enlace ante la Europol, quienes contarán con todo el apoyo de Europol, en la
medida debido a la internacionalización del delito, su investigación a nivel
trasnacional es de utilidad,  garantiza la eficacia de la cooperación entre las
partes y fortalece la capacidad de la Policía Nacional para enfrentar la
delincuencia internacional, con las consecuencias positivas para el Estado
colombiano y para sus habitantes.
Dado que estos funcionarios desempeñarán sus labores
dentro de las dependencias de la Europol, y la posible sensibilidad de la
información que manejan a efectos de los intereses del Estado colombiano y de
su seguridad nacional, el Acuerdo establece la confidencialidad de su
información, señalando que sus archivos no podrán ser objeto de injerencia por
la Europol, entre los que se encuentran “todos los registros,
correspondencia, documentos, manuscritos, archivos informáticos, fotografías,
películas y grabaciones pertenecientes a los funcionarios de enlace, o en
posesión de estos”, disposición que para la Corte se ajusta a la
Constitución.
Como parte de los compromisos adquiridos por
Colombia en el marco del acuerdo, está  el asumir los costos de las
telecomunicaciones y garantizar que los funcionarios de enlace dispongan de un
acceso rápido a las bases de datos nacionales, - cuando ello sea técnicamente
posible – necesarias para llevar a cabo sus labores mientras se encuentren en
la Europol.
En el anexo No. 4 se describen en forma detallada
los funcionarios de enlace, tareas, estatuto, métodos de trabajo,
confidencialidad, aspectos administrativos y responsabilidad y casos de
conflicto.
3.4.6.
Disposiciones Generales Relativas al Intercambio de Información - Artículo 7.
Para la Corte las disposiciones del artículo 7,
referidas a la restricción del intercambio de información, a la lucha contra
las formas graves de delincuencia internacional, a que su recolección,
almacenamiento y transmisión se realice conforme a las disposiciones
jurídicas de cada una de las partes, a la definición de las autoridades que
se encargarán del intercambio de información y a la garantía de un nivel
adecuado de protección de los datos, no riñe con ningún postulado de la
Constitución Política, al estar orientadas a la salvaguarda de la seguridad y
la vida de los habitantes del territorio colombiano (CP., arts. 1 y 2) y a la
protección de los datos intercambiados, en tanto ellos puedan afectar los
procesos de investigación  que realice la Policía Nacional en ejercicio de sus
competencias (CP., art. 218) y a la protección de los datos que puedan afectar
a las personas (CP., art. 15).
Las disposiciones del artículo 7, relativas al
derecho de las personas a acceder a la información que les ataña y a solicitar
su comprobación, corrección, borrado o revelación, debiendo las partes
informarse sobre ello; a juicio de esta Corporación son concordantes con la
Constitución Política, en especial con lo prescrito con el artículo 15, que
señala que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar
la información que sobre ellas se haya recogido en entidades publicas y
privadas y a que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se
respeten las garantías consagradas en la Constitución.
Sobre este asunto la Corte en jurisprudencia ha
dicho:
“El contenido del derecho al
habeas data.
De conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las prerrogativas –contenidos
mínimos- que se desprenden de este derecho encontramos por lo menos las
siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la información
que sobre ellas está recogida en bases de datos, lo que conlleva el acceso a
las bases de datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a
incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular;
(iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el
contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la información
contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que
concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir información de una base de
datos, bien por que se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple
voluntad del titular –salvo las excepciones previstas en la normativa.”[45]
3.4.7.
Suministro de Información por Colombia y Entrega de Datos por Europol --
Artículos 8 y 9.
Para la Sala, los artículos 8[46] y 9[47] del
Acuerdo, que consagran las condiciones para el suministro de información entre
Colombia y la Europol, entre las que resaltan: i) la indicación del motivo de
la comunicación, las restricciones a su uso, borrado, destrucción y transmisión
de la misma; ii)  el procedimiento y plazos que se surtirán en la Europol, para
definir la inclusión de los datos en sus bases de datos; iii) las condiciones
que Europol y Colombia deberán cumplir respecto de las transmisiones de datos personales
y iv) el deber de asegurar la protección de los datos mediante la aplicación de
medidas técnicas y organizativas, no contravienen la Carta Política, en tanto
constituyen disposiciones propias de la mecánica del intercambio de la
información y de la protección de los datos suministrados por cada una de las
partes.
Sobre la protección de datos, la sentencia C- 748 de
2011, expuso:
“La transferencia
internacional de datos personales ha surgido como consecuencia de la
globalización y los fenómenos de integración económica y social, en los que
tanto las empresas como las entidades gubernamentales requieren transferir
datos personales destinados a diferentes propósitos[48].
Debido a la necesidad de
circular internacionalmente datos personales se han dispuesto reglas que deben
observarse con miras a que los esfuerzos internos de protección de cada país no
sean inútiles al momento de su exportación a otros países.
Europa ha sido considerada
pionera en establecer fórmulas jurídicas tendientes a la protección de datos
cuando se transfieren a terceros países. Así, uno de los presupuestos exigidos
para que se pueda realizar la transferencia es que el país receptor cuente con
un adecuado nivel de protección a la luz del estándar europeo.”
En consecuencia, las condiciones así establecidas,
garantizan que el uso de los datos estará restringido a los fines del Acuerdo,
a los motivos que ocasionaron la solicitud, a que los datos no se transmitan a
terceros sin la autorización del emisor y a la garantía de la seguridad a
través de los medios tecnológicos pertinentes, en procura de la salvaguarda de
los derechos de las personas a la intimidad y la honra y de la seguridad de los
Estados (CP., art.15).
3.4.8.
Evaluación de la fuente de información – Artículo 10.
El artículo 10, señala que las cuando las partes
contratantes faciliten información con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo,
indicaran la fuente de la misma, conforme a los siguientes criterios: “a) Que no quepa duda sobre la autenticidad, veracidad y
competencia de la fuente, o si la información es suministrada por una fuente
que haya resultado en el pasado ser fiable en todos los casos; b) Que se trate
de una fuente cuya información haya resultado en el pasado ser fiable en la
mayoría de los casos; c) Que se trate de una fuente cuya información haya
resultado en el pasado no ser fiable en la mayoría de los casos; x) Que no
pueda evaluarse la fiabilidad de la fuente.”
En relación con la fiabilidad de la fuente, señala
el Acuerdo que igualmente cuando las partes contratantes faciliten información
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo, indicarán la fiabilidad de la misma,
según a los criterios  que se enumeran a continuación: “(1) Que se sepa
que la información es verdadera sin reserva alguna;(2) Que la información sea
conocida personalmente por la fuente, pero no personalmente por el funcionario
que informa; (3) Que la información no sea conocida personalmente por la
fuente, pero esté corroborada por otras informaciones ya registradas;(4) Que la
información no sea conocida personalmente por la fuente y no pueda ser
corroborada de ninguna manera.”
Se indica también la posibilidad de corregir las
evaluaciones suministradas, la evaluación de información recibida, así como la
posibilidad de suscribir Memorándum de Acuerdo, para llevar a cabo la
evaluación de determinados tipos de información y fuente, los cuales se
someterán a la aprobación de cada una de las partes contratantes, con arreglo a
sus procedimientos internos.
Para la Corte, las normas contenidas en el artículo
10, son disposiciones de carácter operativo que se orientan a que la
información que se suministre, incluya en la medida de lo posible, la fuente y
la fiabilidad de la misma, en aras de que el receptor lo conozca. Lo anterior,
para la Corte no contradice ningún postulado constitucional, sino que permite
que la información recibida pueda ser clasificada y utilizada acorde a su
calidad, coadyuvando a los propósitos de lucha contra la delincuencia
internacional que permitirán la salvaguarda de la vida e integridad de los
habitantes del Estado Colombiano.
3.4.9.
Corrección y eliminación de la información facilitada por Colombia – Artículo
11.
El artículo 11 contempla las reglas sobre corrección
y eliminación de la información suministrada por Colombia a la Europol y las
advertencias que las partes se harán al respecto, disposiciones contra las que
no hay reparo de constitucionalidad, por tratarse de reglas operativas relativas
al mantenimiento de la información intercambiada entre las partes, por
criterios de fiabilidad, actualización, falta de precisión, entre otros,
aspectos, que fortalecen la posibilidad de que datos intercambiados contrarios
a la verdad sean verificados, corregidos y el último caso eliminados, en
garantía de los derechos de las personas a su intimidad personal y familiar y a
su buen nombre (CP., art. 15) y en aras de que la información sea útil en la
realización de investigaciones sobre la presunta comisión de delitos dentro de
la lucha contra la delincuencia internacional.
3.4.10.
Confidencialidad de la Información – Artículo 13.
Este artículo del Acuerdo señala que toda
la información tratada por Europol – excepto la expresamente reconocida como pública
– estará sujeta a un nivel básico de protección, tratamiento que debe ser
garantizado por las partes a toda la información intercambiada en virtud del
Acuerdo mediante la aplicación de una serie de medidas, incluida la obligación
de reserva y confidencialidad, la limitación del acceso a la información al
personal autorizado y la adopción de medidas técnicas especializadas para
proteger su seguridad.
La información que requiera de medidas de
seguridad adicionales, estará sujeta a clasificación en Colombia y la Europol y
su intercambio tendrá lugar de conformidad con las medidas de protección
detalladas en el anexo 1.
Para la Corte la clasificación de la
información por el nivel de seguridad que requiera, se aviene a la Carta
Política en tanto permite la protección del derecho de las personas a su
intimidad personal y familiar y al buen nombre, consagrados en el artículo 15
constitucional que señala que: “Todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos
y hacerlos respetar y hacerlos respetar...En la recolección, tratamiento y
divulgación de datos se respetaran la libertad y demás garantías
constitucionales”  y en términos de la lucha contra la delincuencia
internacional, permite la protección de la información
que será el objeto para la toma de decisiones dentro de los procesos
investigativos.
Sobre el tipo de información y el acceso o
divulgación de la misma, ésta Corporación, en Sentencia C- 540 de 2012,
resaltó:
“Clasificación de los datos
personales. Esta Corte ha dividido
los datos personales según el mayor o menor grado en que puedan ser divulgados:
“La información pública
es aquella que puede ser obtenida sin reserva alguna, entre ella los documentos
públicos, habida cuenta el mandato previsto en el artículo 74 C.P. […] Esta
información, puede ser adquirida por cualquier persona, sin necesidad de
autorización alguna para ello.
La información semiprivada
es aquel dato personal o impersonal que, al no pertenecer a la categoría de
información pública, sí requiere de algún grado de limitación para su acceso,
incorporación a bases de datos y divulgación. Por ende, se trata de información
que sólo puede accederse por orden de autoridad judicial o administrativa y
para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los
principios de administración de datos personales antes analizados. […]
La información privada
es aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto concernido y, por
ende, sólo puede accederse por orden de autoridad judicial competente y en
ejercicio de sus funciones.
Por último, se encuentra la información
reservada, eso es, aquella que sólo interesa al titular en razón a que está
estrechamente relacionada con la protección de sus derechos a la dignidad
humana, la intimidad y la libertad […]. Estos datos, que han sido agrupados por
la jurisprudencia bajo la categoría de “información sensible”,[49] no son susceptibles de acceso por parte de terceros,
salvo que se trate en una situación excepcional, en la que el dato reservado
constituya un elemento probatorio pertinente y conducente dentro de una
investigación penal y que, a su vez, esté directamente relacionado con el
objeto de la investigación. En este escenario, habida cuenta la naturaleza del
dato incorporado en el proceso, la información deberá estar sometida a la
reserva propia del proceso penal”[50]
En consecuencia, las disposiciones contempladas en
el artículo bajo examen, tendientes a la protección de la información
intercambiada que no sea clasificada como pública, incluida la obligación de
reserva y confidencialidad, el deber de limitar el acceso a la misma y de
implementar las herramientas tecnológicas requeridas, si bien pueden
considerarse una restricción al derecho al acceso a la información, cumple con objetivos legítimos, por cuanto garantiza el derecho de las
personas a la intimidad personal, familiar y al buen nombre, a la protección de
la garantías constitucionales frente a la recolección, tratamiento y
divulgación de información, y propende por la realización de fines
constitucionales como la seguridad y la defensa nacional, la integridad
territorial, la soberanía nacional y el régimen democrático, frente a
comportamientos punibles como son las amenazas producto del terrorismo, el
crimen organizado, el narcotráfico, la trata de seres humanos, el lavado de
activos, la delincuencia con el trafico de vehículos, la falsificación de
medios de pago, entre otros. (CP., arts. 2, 9, 15, 113, 209, 217 y 218)
3.4.11.
Responsabilidad, manejo de medios de comunicación y Gastos – Artículos 15, 16 y
17.
Encuentra la Sala que la disposición del artículo 15
que indica que Colombia será responsable de conformidad con su legislación
interna, de lo daños o perjuicios que cause a personas físicas, como resultado
de los errores de hecho o derecho en la información intercambiada con Europol y
que si los errores se generaron como consecuencia de la información comunicada
equivocadamente por Europol, esta deberá devolver los importes abonados como
indemnización, es respetuosa de la Carta Política, en tanto la responsabilidad
del Estado Colombiano se sujeta a su legislación interna, a que el daño haya
sido ocasionado por su acción u omisión de sus agentes y que en el evento de
que los daños se deban a la acción de la Europol, corresponde a esta última
reembolsar los importes pagados a titulo de indemnización (CP., art. 90).
La Corte no encuentra reparo de constitucionalidad
frente a lo dispuesto en artículo 16 del Acuerdo, que establece que las partes
se abstendrán de comunicar públicamente la función, las acciones y la conducta
de la otra, en cualquier investigación u otros asuntos que conlleven el
intercambio de información si no media consulta previa.
Tampoco considera la Corte que riña con la Carta
Política, el artículo 17 del Acuerdo que señala que cada una de las partes
sufragará sus propios gastos ocasionados en el curso de la ejecución del
Acuerdo.
3.4.12.
Resolución de controversias, Clausula de reserva, modificaciones, Entrada en
Vigor y Validez,  Extinción del Acuerdo de Cooperación Estratégica y Resolución
del Acuerdo – Artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Las
disposiciones referentes a: i) el sometimiento a un Tribunal de arbitramento en
caso de controversia; ii) la exclusión del acuerdo de la asistencia jurídica
mutua en asuntos penales y la afectación de obligaciones de intercambio de
información contemplados en otros tratados de asistencia jurídica mutua; iii)
la posibilidad de introducir modificaciones al Acuerdo, por escrito y con el
consentimiento mutuo, previa aprobación del Consejo de la Unión Europea; iv) a
su entrada en vigor, una vez Colombia notifique a Europol que el Acuerdo ha
sido ratificado; v) a la extinción del Acuerdo de Cooperación suscrito en 2004
y vi) a las reglas sobre la resolución del Acuerdo, armonizan con la
Constitución Política, al ser una expresión de la libertad y autonomía que le
asiste al Estado colombiano para suscribir acuerdos de cooperación, proponer
modificaciones y  disponer la resolución del mismo, cuando lo considere
conveniente, acorde al artículo 9 Superior que determina que las relaciones
exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a
la autodeterminación de los pueblos.
Para la
Corte no riñe con la Constitución, el procedimiento bilateral de reforma al
Acuerdo, contemplado en su artículo 20, según el cual estas se realizarán
mediante acuerdo mutuo entre las partes contratantes, siempre que conlleven a
la modificación del alcance de su ejecución y no al establecimiento de nuevas
obligaciones.
3.4.13.
El Anexo 1.
El artículo 1 de este anexo establece las
definiciones de los conceptos de: i) información[51]; ii) información clasificada[52]; iii) confidencialidad[53]; iv) nivel de clasificación[54]; v) batería de seguridad[55]; principio de necesidad de conocer[56]; vi) enlaces de comunicación seguros[57]; vii) Europol Restrient UE/EU restricted[58]; viii) Europol Confidentiel UE/EU Confidential[59]; ix) Europol Secret UE/EU Secret[60]; x) Europol Trés Secret UE/EU Top Secret[61], las cuales constituyen un elemento importante en
la adecuada interpretación del Acuerdo y de las obligaciones de las partes, en
la protección de los datos de cualquier tipo que puedan intercambiarse entre
las partes.
El artículo 2 del anexo, señala las acciones que
desplegarán las partes para la protección de la información clasificada, que
sea intercambiada, en cuanto a su salvaguarda, el mantenimiento de la
clasificación de seguridad que le haya asignado el emisor; la restricción del
para los fines y dentro de los limites indicados por el emisor y la no
comunicación a terceros sin la autorización del emisor.
Por su parte el artículo 3 del anexo, establece que “cada
una de las partes contará con una organización de seguridad y con programas de
seguridad basados en principios básicos y normas mínimas de seguridad, que se
aplicarán a los sistemas de seguridad de las Partes para garantizar que se
aplica al menos un nivel equivalente de protección a la información clasificada
sujeta al presente acuerdo.”
Los principios básicos y las normas de seguridad
mínimas se establecen en los artículos 4 a 15 del anexo No. 1 que se enumeran a
continuación: artículo 4. Principio de necesidad de conocer; rtículo 5.
Habilitación de seguridad y autorización de acceso; artículo 6. Elección del
nivel de clasificación; artículo 7. Tabla de equivalencias; artículo 8.
Registro; artículo 9. Identificación; artículo 10. Almacenamiento; artículo 11.
Reproducción; artículo 12. Transmisión; artículo 13. Destrucción; artículo 14.
Evaluaciones y artículo 15. Riesgo para la Información clasificada.
Examinado el contenido del anexo, se evidencia que
su objeto es la determinación de las medidas de seguridad y protección de la
información que se intercambie entre las partes, y que haya sido definida como
clasificada, aspectos sobre los que la Sala no encuentra objeción de
constitucionalidad, al tratarse de disposiciones operativas e instrumentales
cuyo objeto final es la lucha contra la delincuencia internacional organizada y
que reflejan el deber del Estado de garantizar el respeto por la
dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran,  el deber de
las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su
vida, honra,  bienes, y demás derechos y libertades, sin que con ello se afecte
la soberanía del Estado Colombiano y la
libre autodeterminación de los pueblos (CP., Arts. 1, 2, 9, 113, 217 y 218).
3.4.14.
El Anexo 2.
Este Anexo, define las formas graves de delincuencia
organizada internacional que hacen parte del objeto del Acuerdo de “regular
la  Cooperación entre la Europol y la Republica de Colombia con el fin de
apoyar a este país y a los Estados miembros de la Unión Europea en la lucha
contra las formas graves de delincuencia internacional (...)”
Las formas de delincuencia son: el trafico ilícito
de estupefacientes[62], la delincuencia relacionada con materiales
nucleares y radioactivos[63], la introducción ilegal de inmigrantes[64], la trata de seres humanos[65], la delincuencia relacionada con el trafico de
vehículos robados[66], la falsificación de medios de pago[67] y las actividades ilícitas de blanqueo de dinero[68].
Dichas definiciones permiten tener claridad sobre el
ámbito de acción del intercambio de la información, entre la Europol y la
República de Colombia, facilitando el desarrollo del Acuerdo de Cooperación
operativa y estratégica y como tal no revisten reparo de constitucionalidad
alguno.
5.4.15.
El Anexo 3.
Por su parte, el anexo No. 3, señala que la
autoridad competente y responsable en Colombia de prevención y lucha contra los
delitos mencionados en el anexo 2, es la Policía Nacional, asignación que
resulta conforme al artículo 218 de la Constitución Política, que establece que
corresponde a ella el  mantenimiento de la convivencia pacifica, la seguridad
ciudadana y el ejercicio de las libertades y garantías publicas.
3.4.16.
El Anexo  4.
Las disposiciones contenidas en el Anexo 4, regulan
el desarrollo de las tareas de los funcionarios de enlace, como lo son las
labores a desempeñar, su estatuto jurídico, los métodos de trabajo, la
confidencialidad de la información, aspectos administrativos y la
responsabilidad y casos de conflicto,  normas que por tratarse de aspectos
operativos, no vulneran la Carta Política, sino que permiten la ejecución del
Acuerdo y el cumplimiento de las labores por las partes sin inconvenientes de
carácter administrativo.
3.5.
Conclusión sobre el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la
Republica de Colombia y la Oficina Europea de la Policía.
3.5.1. El
examen de validez formal del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica
entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito
en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010 y su Ley aprobatoria, arroja para la
Corte que: (i) es válida la suscripción del Acuerdo entre el Estado colombiano
y la Oficina Europea de la Policía, autorizada por el Consejo de la Unión
Europea, según lo prescrito en el artículo 23, de la “Decisión del Consejo
de la Unión Europea” de abril 6 de 2009 y (ii) se observaron las reglas
propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto
de análisis.
3.5.2.
Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones del “Acuerdo de
Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina
Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010,  la
Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la
integración con otros Estado u organizaciones internacionales, a la soberanía
nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado de
garantizar el respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas
que la integran (CP. Art. 2),  el deber de las autoridades de proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida,  honra y en el ejercicio de
sus derechos y libertades (CP. Art. 2), la protección del derecho a la
intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el derecho a conocer,
actualizar y rectificar la información que sobre ellas hayan sido recogidas en
los bancos de datos y en archivos públicos o privados (CP., art. 15), a la
facultad del Presidente de la Republica de dirigir las relaciones
internacionales. (CP. Art. 189.2), a la función del Congreso de aprobar o
improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros Estados o con
entidades de derecho internacional (CP. Art. 150.16) y a la efectividad de los
principios y derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de
protección de la vida de todos las personas residentes en Colombia y la función
de la Policía Nacional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio
de los derechos y libertades publicas, y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz (CP., art. 218) .
3.5.3. Con fundamento en las
anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declarará exequible el
contenido del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la
República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá,
el 20 de septiembre de 2010”, así como la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012,
que lo aprobó.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE
el “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de
Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de
septiembre de 2010”
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE
la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y
la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”
Tercero-.
Disponer que se comunique inmediatamente esta sentencia al Presidente de
la República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de
la República.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
Con
aclaración de voto
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con
salvamento de voto
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
aclaración de voto
NILSON
ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con
salvamento de voto
Con
aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Anexos
LEY 1582 DE 2012
(octubre 30)
Diario Oficial No. 48.599 de 30 de octubre de 2012
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación
Operativa y Estratégica Entre la República de Colombia y la Oficina Europea de
Policía”, suscrito en Bogotá D. C., el 20 de septiembre de 2010.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA,
Visto el
texto del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de
Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá D. C., el 20 de
septiembre de 2010, que a la letra dice:
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del acuerdo mencionado,
certificada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones
Exteriores, documento que reposa en los Archivos de ese Ministerio).
ACUERDO DE
COOPERACIÓN OPERATIVA Y ESTRATÉGICA ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA OFICINA
EUROPEA DE POLICÍA.
La República de Colombia y la Oficina Europea de Policía
(conjuntamente en lo sucesivo «las partes contratantes»)
Conscientes de los urgentes problemas que plantea la
delincuencia organizada internacional, especialmente el terrorismo, y otras
formas de delincuencia grave, como las consignadas en el anexo 2 al presente
acuerdo;
Considerando que el Consejo de la Unión Europea otorgó a la
Oficina Europea de Policía (en lo sucesivo «Europol») autorización para
entablar negociaciones para la firma de un acuerdo de cooperación con la
República de Colombia el 23 de octubre de 2009;
Considerando que el Consejo de la Unión Europea concluyó el
(23 de octubre de 2009) que no existen obstáculos para incluir la transmisión
de datos personales entre Europol y la República de Colombia en el presente
acuerdo;
Considerando que Europol y la República de Colombia
suscribieron un acuerdo de cooperación estratégica el 9 de febrero de 2004;
Considerando que, el 24 de junio de 2010, el Consejo de la
Unión Europea otorgó a Europol autorización para aprobar el presente
acuerdo entre la República de Colombia y Europol;
Convienen en
lo siguiente:
ARTÍCULO 1.
DEFINICIONES.
A efectos
del presente Acuerdo, se entenderá por:
a) «Decisión
del Consejo sobre Europol» la Decisión del Consejo, de 6 de abril de 2009, por
la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol);
b) «datos
personales»: toda información sobre una persona física identificada o
identificable: se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda
determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de
identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su
identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;
c)
«tratamiento de datos personales» (en lo sucesivo «tratamiento»): cualquier
operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos
automatizados, aplicadas a datos personales, como la recogida, registro,
organización, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta,
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que
permita el acceso a los mismos, así como el cotejo o interconexión, y el
bloqueo, eliminación o destrucción;
d)
«información»: los datos personales y no personales.
ARTÍCULO 2. OBJETO DEL
ACUERDO.
La finalidad
del presente acuerdo consiste en regular la cooperación entre Europol y la
República de Colombia (en lo sucesivo, “Colombia”) con el fin de apoyar a este
país y a los Estados miembros de la Unión Europea en la lucha contra las formas
graves de delincuencia internacional en los ámbitos citados en el artículo 3o
del presente acuerdo, en particular mediante el intercambio de información y
los contactos periódicos entre Europol y Colombia a todos los niveles
apropiados.
ARTÍCULO 3. ÁMBITOS DE
DELINCUENCIA A LOS QUE ES APLICABLE EL ACUERDO.
1. El marco
de cooperación establecido en el presente acuerdo se referirá, con arreglo al
interés de las partes contratantes, a todos los ámbitos de la delincuencia que
sean competencia de Europol, según se establece en su convenio constitutivo,
así como los delitos conexos.
2. Se
entenderá por delitos conexos los cometidos para procurarse los medios de
perpetrar los actos delictivos a que se refiere el apartado 1, los delitos
cometidos para facilitar o ejecutar dichos actos y los delitos cometidos para
lograr su impunidad.
3. Cuando se
introduzca cualquier modificación en el mandato de Europol, Europol deberá, a
partir de la fecha de entrada en vigor de la modificación de su mandato,
remitir a Colombia una propuesta por escrito para ampliar el ámbito de
aplicación del presente acuerdo con arreglo al nuevo mandato. En dicho escrito,
Europol deberá señalar a Colombia todas las cuestiones relevantes que se
derivan de la modificación del mandato. El acuerdo se aplicará en relación con
el nuevo mandato a partir de la fecha en que Europol reciba de Colombia una
aceptación por escrito de la propuesta.
4. Para las
formas de delincuencia específicas enumeradas en el anexo 2 de este acuerdo
serán de aplicación las definiciones incluidas en dicho anexo. Cuando una
modificación del mandato, tal y como se establece en el apartado 3, implique la
aceptación de la definición de otro tipo de delito, tal definición será
igualmente aplicable cuando este tipo de delincuencia pase a formar parte del
presente acuerdo con arreglo al apartado 3. Europol deberá informar a Colombia
sobre sí y sobre cuándo se amplía, modifica o completa la definición de un ámbito
de delincuencia. La nueva definición pasará a formar parte de este acuerdo a
partir de la fecha en que Europol reciba de Colombia una aceptación por escrito
de la definición. Toda modificación del instrumento al que aluda la definición
se entenderá asimismo como una modificación de la definición.
ARTÍCULO 4. ÁMBITOS DE
COOPERACIÓN.
La
cooperación, además del intercambio de información relacionada con
investigaciones específicas, podrá incluir cualquier otra tarea de Europol
mencionada en la Decisión del Consejo sobre Europol, y en particular, las
relacionadas con el intercambio de conocimientos especializados, los informes
generales de situación, los resultados de análisis estratégicos, la información
sobre procedimientos de investigación penal, la información sobre métodos de
prevención de delitos, la participación en actividades de formación, y la
prestación de apoyo y asesoramiento en investigaciones delictivas específicas,
entre otras.
ARTÍCULO 5. CENTRO
NACIONAL DE ENLACE.
1. Colombia
designa a su Policía Nacional como punto nacional de contacto entre Europol y
las demás autoridades competentes colombianas.
2. Europol y
Policía Nacional de Colombia celebrarán periódicamente reuniones de alto nivel
para examinar cuestiones relacionadas con el presente acuerdo y la cooperación
en general.
3. Los
puntos de contacto designados por Colombia y Europol se consultarán
regularmente sobre asuntos políticos y temas de interés común, con el fin de
alcanzar sus objetivos y coordinar sus actividades respectivas.
4. Podrá
invitarse a un representante de la Policía Nacional de Colombia a asistir a las
reuniones de los Jefes de las Unidades Nacionales de Europol.
ARTÍCULO 6. AUTORIDADES
COMPETENTES.
1. A efectos
del presente Acuerdo, en el anexo 3 del mismo figura una relación de los
organismos judiciales y policiales de Colombia competentes en virtud de la
legislación nacional para prevenir y luchar contra los delitos mencionados en
el artículo 3o
(en lo sucesivo, las «autoridades competentes»). Colombia notificará a Europol
cualquier modificación que experimente esta lista en un plazo de tres meses a
contar desde que dichas modificaciones entren en vigor.
2. A
petición de Europol, Colombia le proporcionará a través de su Policía Nacional
toda la información relativa a la organización interna, las tareas y los
mecanismos para la protección de los datos personales de las autoridades
competentes mencionadas en el apartado 1, de conformidad con la Constitución y
el Derecho de Colombia.
3. Cuando
corresponda, se dispondrá una consulta al nivel apropiado entre representantes
de las autoridades competentes de Colombia y Europol responsables de las formas
de delincuencia objeto del presente Acuerdo, para acordar la forma más efectiva
de organización de sus actividades concretas.
ARTÍCULO 7.
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
1. El
intercambio de información entre las partes contratantes tendrá lugar
únicamente a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo, y
de conformidad con el mismo.
2. El
intercambio de información especificado en el presente acuerdo tendrá lugar
entre Europol y la Policía Nacional de Colombia y, si se estima apropiado,
podrá incluir intercambios directos de información con las autoridades
competentes establecidas de conformidad con el artículo 6o.
Las partes contratantes se asegurarán de que el intercambio de información
pueda efectuarse en un plazo de 24 horas. La Policía Nacional de Colombia
garantizará que la información pueda compartirse sin demora con las autoridades
competentes conforme se dispone en el artículo 6o,
apartado 1.
3. Europol
únicamente proporcionará a Colombia información que se haya recogido,
almacenado y transmitido de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
Decisión del Consejo sobre Europol y su normativa de desarrollo. En este
contexto, Europol se someterá en particular a lo dispuesto en el artículo 20,
apartado 4 de la Decisión del Consejo por la que se adoptan las normas de
desarrollo que rigen las relaciones de Europol con los socios, incluido el
intercambio de datos personales y de información clasificada.
4. Colombia
únicamente proporcionará a Europol la información que se haya recabado,
almacenado y transmitido de conformidad con su legislación nacional.
5. Las
personas físicas tendrán derecho a acceder a la información que les ataña y se
haya procesado con arreglo al presente acuerdo, y a que tal información sea
comprobada, corregida o borrada. En los casos en que se ejerza tal derecho, se
consultará con la parte contratante transmisora de la información antes de
adoptar una decisión definitiva sobre la solicitud.
6. En caso
de que una persona física presente a una parte contratante una solicitud para
la revelación de la información transmitida con arreglo al presente acuerdo, se
consultará a la parte que ha facilitado dicha información lo antes posible. La
información en cuestión no se revelará si la parte contratante que la haya
facilitado se opone a ello.
7. No se
facilitarán datos personales en los casos en que deje de garantizarse un nivel
adecuado de protección de los mismos.
8. El
Procurador General de Colombia supervisará la aplicación de la legislación de
este país en materia de protección de datos.
ARTÍCULO 8. SUMINISTRO
DE INFORMACIÓN POR COLOMBIA.
1. Colombia
comunicará a Europol, en la fecha en la que facilite información, o con
anterioridad a la misma, el motivo de que se facilite, así como cualquier
restricción a su uso, borrado o destrucción, incluidas las que puedan incumbir
a su acceso, en términos generales o específicos. Cuando la necesidad de tales
restricciones se haga patente una vez suministradas, Colombia informará a
Europol sobre las mismas en una fecha posterior.
2. Tras la
recepción de la información, Europol determinará sin demora injustificada, y en
cualquier caso en un plazo de seis meses desde dicha recepción, si los datos
personales facilitados pueden incluirse en los sistemas de procesamiento de
Europol, y en caso afirmativo, en qué medida, de conformidad con la finalidad
para la que hayan sido suministrados por Colombia. Europol le notificará a esta,
con la mayor brevedad posible, los casos en que se haya decidido que los datos
personales no se incluirán. Los datos personales que se hayan transmitido se
eliminarán, destruirán o devolverán, si no son necesarios, o dejan de serlo,
para las tareas de Europol, o si no se ha adoptado ninguna decisión respecto a
su inclusión en un archivo de datos de Europol en el plazo de los seis meses
siguientes a la recepción.
3. Cuando
sea transmitida por Colombia a Europol, incluidos los casos en que medie la
solicitud de Europol, la información solo podrá ser utilizada para los fines
para los que se comunicó, o para los que se efectuó la solicitud.
4. Europol
será responsable de garantizar que solo puedan acceder a los datos personales
mencionados en el apartado 2, hasta su inclusión en los sistemas de
procesamiento de Europol, los funcionarios de Europol debidamente autorizados
para determinar si los datos personales pueden incluirse o no en tales
sistemas.
5. Si
Europol, tras la evaluación, tiene motivos para suponer que la información
facilitada no es precisa, o no se encuentra actualizada, informará a Colombia
de tal circunstancia. Colombia verificará la información y comunicará a Europol
el resultado de tal comprobación, tras lo cual Europol adoptará las medidas
oportunas de conformidad con el artículo 11.
6. La
transmisión de la información por Europol se limitará a las autoridades
competentes en los Estados miembros de la Unión Europea en los ámbitos de
delincuencia a los que se aplicará el presente Acuerdo, y tendrá lugar en las
mismas condiciones que las que se aplican a la transmisión original. Europol se
abstendrá de comunicar los datos a terceros Estados o entidades, salvo en los
casos en que medie el consentimiento previo de Colombia.
7. Cuando se
faciliten datos conforme a la solicitud de Europol, en la petición
correspondiente figurarán las indicaciones relativas al motivo y la finalidad de
la misma. En ausencia de tales indicaciones, los datos no se transmitirán.
8. Europol
se asegurará de que los datos personales recibidos de Colombia se protejan
mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas conformes con lo
dispuesto en el artículo 35 de la Decisión del Consejo sobre Europol.
9. Europol
mantendrá los datos recibidos de Colombia en sistemas de procesamiento
únicamente durante el período de tiempo que sea necesario para la ejecución de
sus tareas. La necesidad de mantener el almacenamiento de tales datos se
revisará, a más tardar, en el plazo de tres años transcurridos desde la
recepción de los mismos. Durante la revisión, Europol podrá optar por la
continuación del almacenamiento hasta la siguiente revisión, que tendrá lugar
tras otro período de tres años, siempre que siga siendo necesario para la
ejecución de sus tareas. Si no se adopta ninguna decisión respecto a la
continuidad del almacenamiento de los datos, estos se suprimirán de manera
automática.
ARTÍCULO 9. ENTREGA DE
DATOS PERSONALES POR PARTE DE EUROPOL.
1. Cuando se
transmitan datos personales a petición de Colombia, la información facilitada
solo podrá utilizarse con los fines para los que se haya realizado la
solicitud. Cuando se transmitan datos personales sin una solicitud concreta, en
la fecha de la transmisión, o con anterioridad a la misma, se indicará el fin
para el que se facilitan los datos, así como toda restricción relativa a su
utilización, borrado o destrucción, incluidas las posibles restricciones de
acceso de índole general o específica. Cuando la necesidad de tales
restricciones se haga patente después del suministro, Europol informará a
Colombia de las mismas en una fecha posterior.
2. Colombia
cumplirá las siguientes condiciones respecto a todas las transmisiones de datos
personales por parte de Europol:
1. Después
de la recepción, Colombia determinará, sin demora injustificada y a ser posible
en un plazo de seis meses desde la recepción, si los datos que se han
suministrado son necesarios para la finalidad para los que se han facilitado y,
en caso afirmativo, en qué medida;
2. Colombia
no comunicará los datos a terceros Estados u organismos, salvo que medie el
consentimiento previo y explícito de Europol;
3. La
transmisión ulterior de los datos por el destinatario inicial se limitará a las
autoridades competentes mencionadas en el artículo 6o,
y se efectuará en condiciones idénticas a las aplicables a la transmisión
original;
4. El
suministro de la información ha de ser necesario en cada caso para prevenir o
combatir los delitos referidos en el artículo 3o,
apartado 1;
5. Deberá
respetarse toda condición relativa a la utilización de los datos especificada
por Europol;
6. Cuando se
faciliten datos mediante solicitud, en la petición correspondiente figurarán
las indicaciones relativas al propósito y la finalidad de la misma. En ausencia
de tales indicaciones, los datos no se transmitirán;
7. Los datos
podrán utilizarse únicamente a los efectos para los que se facilitaron;
8. Colombia
corregirá y eliminará los datos si se determina que son incorrectos,
imprecisos, u obsoletos, o que no deberían haberse transmitido;
9. Los datos
se eliminarán cuando dejen de ser necesarios para atender los fines para los
que se transmitieron;
10. Cuando
Europol comunique a Colombia que ha borrado información transmitida a la misma,
esta suprimirá tal información en consecuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 9o,
apartado 7, la Policía Nacional de Colombia podrá optar por no borrar la
información si concluye, sobre la base de los datos consignados en sus
archivos, y de mayor amplitud que los que posea Europol, que existe una
necesidad ulterior de procesar dicha información. La Policía Nacional de
Colombia comunicará a Europol de los motivos para continuar almacenando esa
información;
3. Colombia
se asegurará de que los datos personales recibidos de Europol queden protegidos
mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas. Tales medidas solo
serán necesarias cuando el esfuerzo que requieran sea proporcional al objetivo
para cuyo logro se hayan formulado en materia de protección, y se diseñarán
para:
1. Impedir
que una persona no autorizada acceda a las instalaciones utilizadas para el
tratamiento de datos de carácter personal,
2. Impedir
que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o eliminados
por una persona no autorizada,
3. Impedir
que se introduzcan sin autorización en el fichero, o que puedan conocerse,
modificarse o suprimirse sin autorización, datos de carácter personal
almacenados,
4. Impedir
que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser utilizados por
personas no autorizadas por medio de instalaciones de transmisión de datos,
5.
Garantizar que, para la utilización de un sistema de tratamiento automatizado
de datos, las personas autorizadas solo puedan tener acceso a los datos que
sean de su competencia,
6.
Garantizar la posibilidad de verificar y comprobar a qué autoridades pueden ser
remitidos datos de carácter personal a través de las instalaciones de
transmisión de datos,
7.
Garantizar que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos de carácter personal se
han introducido en el sistema de tratamiento automatizado de datos, en qué
momento, por qué persona y para qué fines han sido introducidos,
8. Impedir
que, en el momento de la transmisión de datos de carácter personal y durante el
transporte de los soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados,
modificados o suprimidos sin autorización,
9.
Garantizar que los sistemas utilizados puedan repararse rápidamente en caso de
avería,
10.
Garantizar que las funciones del sistema no presenten defectos, que los errores
de funcionamiento sean señalados inmediatamente y que los datos almacenados no
sean falseados por fallos de funcionamiento del sistema.
4. Los datos
personales en los que se revele el origen racial, las opiniones políticas o las
creencias religiosas o de otra índole, o aspectos de la salud o la vida sexual,
como a los que se alude en la primera frase del artículo 6o del Convenio del
Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, solo se
entregarán en casos absolutamente necesarios y de manera complementaria a otra
información.
5. Cuando
Europol observe que los datos personales transmitidos son imprecisos u
obsoletos, o que no se deberían haber transmitido, informará de lo sucedido a
la Policía Nacional de Colombia con la mayor brevedad. Europol solicitará
asimismo de inmediato a la Policía Nacional de Colombia que le confirme que los
datos se corregirán o eliminarán.
6. Europol
mantendrá un registro de todas las comunicaciones de datos personales
efectuadas de conformidad con el presente artículo, así como de las razones de
las mismas.
7. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o, apartado 2, subapartado 9, el
período de almacenamiento de los datos personales transmitidos por Europol no
podrá exceder de un total de tres años. Los plazos volverán a empezar de cero
en las fechas en que se produzcan los acontecimientos que den lugar al
almacenamiento de tales datos. Si, en virtud de la aplicación del presente
párrafo, el período total de almacenamiento de datos personales transmitidos
por Europol excediera de tres años, la necesidad de continuidad de tal
almacenamiento se revisará anualmente, y se documentará tal revisión.
ARTÍCULO 10.
EVALUACIÓN DE LA FUENTE Y DE LA INFORMACIÓN.
1. Cuando
las partes contratantes faciliten información con arreglo a lo dispuesto en el
presente Acuerdo, se indicará la fuente de la misma, en la medida de lo
posible, conforme a los criterios que siguen:
a) Que no
quepa duda sobre la autenticidad, veracidad y competencia de la fuente, o si la
información es suministrada por una fuente que haya resultado en el pasado ser
fiable en todos los casos;
b) Que se
trate de una fuente cuya información haya resultado en el pasado ser fiable en
la mayoría de los casos;
c) Que se
trate de una fuente cuya información haya resultado en el pasado no ser fiable
en la mayoría de los casos;
x) Que no
pueda evaluarse la fiabilidad de la fuente.
2. Cuando
las partes contratantes faciliten información con arreglo a lo dispuesto en el
presente acuerdo, la fiabilidad de la misma se indicará, en la medida de lo
posible, conforme a los criterios que siguen:
(1) Que se
sepa que la información es verdadera sin reserva alguna;
(2) Que la
información sea conocida personalmente por la fuente, pero no personalmente por
el funcionario que informa;
(3) Que la
información no sea conocida personalmente por la fuente, pero esté corroborada
por otras informaciones ya registradas;
(4) Que la
información no sea conocida personalmente por la fuente y no pueda ser
corroborada de ninguna manera.
3. Si
cualquiera de las partes contratantes, con arreglo a la información en su
poder, llegara a la conclusión de que la evaluación de la información
suministrada por la otra parte ha de ser corregida, informará a esta de tal
circunstancia, e intentará convenir una modificación de la evaluación referida.
Ninguna de las partes contratantes modificará la evaluación de la información
recibida sin que medie tal convenio.
4. Si una
parte contratante recibe información sin una evaluación, tratará, en la medida
de lo posible y de acuerdo con la parte transmitente, de evaluar la fiabilidad
de la fuente o de la información sobre la base de los datos que ya obren en su
poder.
5. Las
partes contratantes podrán convenir, en términos generales, la evaluación de
determinados tipos de información y fuentes, y lo acordado se dispondrá en un
Memorándum de Acuerdo entre Colombia y Europol. Tales acuerdos generales
tendrán que recibir la aprobación de cada una de las Partes contratantes, con
arreglo a sus respectivos procedimientos internos. En caso de que la
información se haya facilitado sobre la base de tales acuerdos generales, este
hecho deberá indicarse junto a la información de que se trate.
6. Si no
puede realizarse una evaluación fiable, ni existe un acuerdo de términos
generales, la información se evaluará con arreglo a los apartados 1 (X) y 2 (4)
anteriores.
ARTÍCULO 11.
CORRECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN FACILITADA POR COLOMBIA.
1. La
Policía Nacional de Colombia comunicará a Europol los casos en que la
información que se haya transmitido a esta sea corregida o eliminada. La
Policía Nacional de Colombia notificará asimismo a Europol, en la medida de lo
posible, los casos en que tenga motivos para suponer que la información
facilitada no es precisa, o no se encuentra actualizada.
2. Cuando la
Policía Nacional de Colombia comunique a Europol que ha corregido información
transmitida a Europol, esta procederá a la corrección de tal información en
consecuencia.
3. Cuando la
Policía Nacional de Colombia comunique a Europol que ha borrado información
transmitida a Europol, esta procederá al borrado de la misma en consecuencia.
Europol podrá optar por no eliminar la información si determina, con arreglo a
los datos consignados en sus archivos de mayor amplitud que los que se
encuentren en poder de Colombia, que existe una necesidad ulterior de procesar
la información en cuestión. Europol advertirá a la Policía Nacional de Colombia
que sigue almacenando dicha información.
4. Si
Europol tiene motivos para suponer que la información proporcionada no es
precisa, o no se encuentra actualizada, comunicará esta circunstancia a la
Policía Nacional de Colombia. Esta comprobará la información, y referirá a
Europol el resultado de tal verificación. En el caso de que la información sea
corregida o eliminada por Europol, esta informará a la Policía Nacional de
Colombia de la corrección o la eliminación.
ARTÍCULO 12.
ASOCIACIÓN A GRUPOS DE ANÁLISIS.
Europol
podrá invitar a Colombia a incorporarse a las actividades de los grupos de
análisis establecidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14,
apartado 8, de la Decisión del Consejo sobre Europol.
ARTÍCULO 13.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.
1. Toda la
información tratada por o a través de Europol, excepto la información indicada
expresamente o susceptible de ser claramente reconocida como pública, estará
sujeta a un nivel básico de protección en el seno de Europol y en los Estados
miembros de la Unión Europea. La información sujeta únicamente al nivel básico
de protección no precisará de una indicación específica de un nivel de
clasificación de Europol, pero deberá ser designada como información de
Europol.
2. Las
partes contratantes garantizarán la aplicación del nivel básico de protección
mencionado en el apartado 1 a toda información intercambiada en virtud del
presente acuerdo, mediante una serie de medidas, incluida la obligación de
reserva y confidencialidad, la limitación del acceso a la información al
personal autorizado y la adopción de medidas técnicas y generales de
procedimiento para proteger la seguridad de la información.
3. La
información que requiera medidas de seguridad adicionales estará sujeta a un
nivel de clasificación de Colombia o Europol, que será objeto de una indicación
específica. El intercambio de información clasificada entre las Partes tendrá
lugar de conformidad con las detalladas medidas de protección que se describen
en el anexo 1. El nivel de información clasificada que vaya a intercambiarse
estará determinado por los correspondientes niveles de clasificación
establecidos en la tabla de equivalencias que figura en el artículo 7o,
apartado 3, del anexo 1.
ARTÍCULO 14.
FUNCIONARIOS DE ENLACE REPRESENTANTES DE COLOMBIA EN EUROPOL.
1. Las
partes contratantes convienen en promover la cooperación tal como se estipula
en el presente Acuerdo, mediante el emplazamiento en Europol de uno o varios
funcionarios de enlace de la Policía Nacional de Colombia, representantes de
este país en Europol. Las tareas, derechos y obligaciones de los funcionarios
de enlace respecto a Europol, así como los pormenores de su designación en
Europol y los costes asociados a la misma se exponen en el anexo 4.
2. Europol
se ocupará de que se ponga a disposición de tales funcionarios de enlace todos
los medios necesarios, como el espacio de oficina y los equipos de
telecomunicaciones, en las instalaciones de Europol y a cargo de esta. No
obstante, los costes de las telecomunicaciones correrán a cargo de Colombia.
3. Los
archivos de los funcionarios de enlace no podrán ser objeto de la injerencia de
funcionarios de Europol. En tales archivos se incluirán todos los registros,
correspondencia, documentos, manuscritos, archivos informáticos, fotografías,
películas y grabaciones pertenecientes a los funcionarios de enlace, o en
posesión de estos.
4. Colombia
se asegurará de que sus funcionarios de enlace dispongan de un acceso rápido y,
cuando resulte técnicamente viable, directo a las bases de datos nacionales
necesarias para llevar a cabo su tarea mientras se encuentren destinados en
Europol.
ARTÍCULO 15.
RESPONSABILIDAD.
1. Colombia
será responsable, de conformidad con su legislación nacional, de cualesquiera
daños y perjuicios causados a personas físicas como resultado de los errores de
hecho o de derecho en la información intercambiada con Europol. Colombia no
alegará que Europol había transmitido información inexacta para eludir su
responsabilidad conforme a su legislación nacional frente a las partes
agraviadas.
2. Si tales errores
de hecho o de derecho se produjeron como resultado de la información comunicada
equivocadamente, o del incumplimiento de sus obligaciones por parte de Europol,
alguno de los Estados miembros de la Unión Europea u otro tercero, Europol
deberá reembolsar, previa petición, los importes abonados como indemnización
conforme al apartado 1 anterior, salvo que la información fuera utilizada en
contravención del presente acuerdo.
3. En los
casos en que Europol esté obligada a reembolsar a Estados miembros de la Unión
Europea u otro tercero determinados importes adjudicados como indemnización por
daños y perjuicios a una parte agraviada, y tales daños se deban al
incumplimiento por parte de Colombia de las obligaciones que le incumben
conforme al presente acuerdo, Colombia deberá abonar, previa petición, los
importes que Europol haya abonado a un Estado miembro u otro tercero, con el
fin de compensar las cantidades que satisfizo Europol en concepto de
indemnización. El incumplimiento por Colombia de las obligaciones referidas se
determinará mediante laudo arbitral con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 del presente acuerdo.
4. Las
partes contratantes no se exigirán recíprocamente el pago de indemnizaciones
por los daños y perjuicios referidos en los apartados 2 y 3 anteriores en la
medida en que la indemnización se exija por daños punitivos, aumentados o de
otra índole no compensatoria.
ARTÍCULO 16.
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Cada una de
las Partes se abstendrá de comentar públicamente la función, las acciones y la
conducta de la otra en cualesquiera investigaciones u otros asuntos que
conlleven el intercambio de información con arreglo al presente acuerdo si no
media consulta previa.
ARTÍCULO 17. GASTOS.
Las partes
contratantes sufragarán sus propios gastos ocasionados en el curso de la
ejecución del presente acuerdo, a menos que se acuerde lo contrario en cada
caso particular.
ARTÍCULO 18.
RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS.
1. Toda
controversia o litigio entre las partes contratantes relativo a la
interpretación o la aplicación del presente acuerdo, así como cualquier
cuestión que afecte a la relación entre las mismas que no se resuelva
amigablemente, se someterá a la decisión definitiva de un tribunal compuesto
por tres árbitros, a petición de una u otra parte. Cada parte contratante
designará a un árbitro. El tercero, que ejercerá como Presidente del Tribunal,
será elegido por los dos primeros árbitros.
2. Si una de
las partes contratantes dejara de designar un árbitro en un plazo de dos meses
transcurridos desde la solicitud de la otra parte de realizar tal designación,
la otra parte contratante podrá exigir al Presidente de la Corte Internacional
de Justicia, o en su ausencia, al Vicepresidente, que efectúe dicha
designación.
3. Si los
dos primeros árbitros no llegaran a un acuerdo respecto al tercero en el plazo
de dos meses transcurridos desde su designación, podrán solicitar al Presidente
de la Corte Internacional de Justicia, o en su ausencia, al Vicepresidente, que
efectúe tal designación.
4. Salvo en
el caso de que las partes contratantes convengan lo contrario, el Tribunal
determinará su propio procedimiento. Este se llevará a cabo en una de las
lenguas del presente acuerdo.
5. El
Tribunal adoptará su decisión por mayoría de votos. En caso de empate, el
Presidente ejercerá un voto de calidad. El laudo se considerará definitivo y
vinculante para las partes contratantes en disputa.
6. Cada una
de las partes contratantes se reserva el derecho a suspender las obligaciones
que le atañan con arreglo al presente acuerdo cuando el procedimiento
establecido en este artículo se aplique o pueda aplicarse de conformidad con el
apartado 1, o en cualquier otro caso, cuando una parte contratante opine que
las obligaciones que le incumben a la otra en virtud del presente acuerdo se
han incumplido.
ARTÍCULO 19. CLÁUSULA
DE RESERVA.
1. El
intercambio de información con arreglo al presente acuerdo no comprende la
asistencia jurídica mutua en asuntos penales. En consecuencia, nada de lo
estipulado en el presente acuerdo perjudicará, ni afectará o repercutirá de
otro modo en los derechos o las obligaciones generales relativos al intercambio
de información contemplados en tratados de asistencia jurídica mutua,
relaciones de trabajo en materia policial, o cualquier otro acuerdo o convenio
relativos al intercambio de información entre Colombia y cualquier Estado
miembro de la Unión Europea[1].
2. Ahora
bien, las disposiciones sobre el tratamiento de la información que se mencionan
en este acuerdo serán respetadas por las partes contratantes en relación con
toda la información que se intercambie en virtud del mismo.
ARTÍCULO 20.
MODIFICACIONES Y AÑADIDOS.
1. El
presente acuerdo podrá modificarse en cualquier momento con el consentimiento
mutuo de las partes contratantes. Toda enmienda y añadido deberá efectuarse por
escrito. Europol solo aceptará realizar modificaciones si estas han sido
previamente aprobadas por el Consejo de la Unión Europea.
2. El cuadro
de equivalencias consignado en el artículo 7o,
apartado 3, del anexo I y en los anexos 2, 3 y 4 del presente acuerdo podrán
modificarse mediante un intercambio de notas entre las partes contratantes.
3. Por lo
que se refiere a las modificaciones del presente acuerdo o de sus anexos, las
partes contratantes deberán consultarse a petición de cualquiera de ellas.
ARTÍCULO 21. ENTRADA
EN VIGOR Y VALIDEZ.
El presente
acuerdo entrará en vigor el día en que Colombia notifique a Europol, por
escrito y a través de los canales diplomáticos correspondientes, que ha
ratificado el mismo.
ARTÍCULO 22.
EXTINCIÓN DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN ESTRATÉGICA.
El Acuerdo
de Cooperación estratégica suscrito por Europol y Colombia el 9 de febrero de
2004 se extinguirá de inmediato tras la entrada en vigor del presente acuerdo.
Los efectos jurídicos del Acuerdo de Cooperación estratégica seguirán siendo
vigentes.
ARTÍCULO 23.
RESOLUCIÓN DEL ACUERDO.
1.
Cualquiera de las partes contratantes podrá resolver el presente acuerdo
notificándolo con tres meses de antelación.
2. En caso
de resolución, las partes contratantes llegarán a un acuerdo sobre la
utilización y el almacenamiento posterior de la información que se hayan
transmitido mutuamente. De no llegarse a acuerdo alguno, cualquiera de las dos
partes tendrá derecho a exigir que la información que haya transmitido se
destruya o se devuelva a la parte emisora.
Hecho en
_________, el _________, por duplicado en las lenguas española e inglesa,
siendo cada una de las versiones igualmente auténtica.
ANEXO 1.
DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN OPERATIVA Y
ESTRATÉGICA ENTRE COLOMBIA Y LA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA.
ARTÍCULO 1o.
DEFINICIONES.
A efectos
del presente anexo, se entenderá por:
a)
«Información»: conocimiento que puede transmitirse en cualquier forma y que
puede incluir datos personales y/o no personales;
b)
«Información clasificada»: cualquier información o material determinado que
requiera protección frente a la divulgación no autorizada y que se haya
designado así mediante la asignación de un nivel de clasificación;
c)
«Confidencialidad»: El nivel de protección atribuido a la información por las
medidas de seguridad;
d) «Nivel de
clasificación»: un marcado de protección atribuido a un documento que indica
las medidas de seguridad que deben aplicarse a la información;
e) «Batería
de seguridad»: una combinación específica de medidas de seguridad que se
aplicarán a la información en función del nivel de seguridad;
f)
«Principio de necesidad de conocer»: El principio conforme al que la
información sólo puede distribuirse o hacerse accesible a las personas que
tienen que conocer los documentos en cuestión en el desempeño de sus funciones;
g) «Enlaces
de comunicación seguros»: los enlaces de comunicación a los que se aplican
medidas especiales para la protección de la confidencialidad, la integridad y
la disponibilidad de la transmisión con objeto de evitar la detección y la
intercepción de información y datos (por ejemplo, a través de métodos
criptográficos);
h) «Europol
Restreint UE/EU Restricted» (Europol - Difusión restringida): el nivel de
clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada
podría ser inconveniente para los intereses de Europol o uno o varios Estados
miembros;
i) «Europol
Confidentiel UE/EU Confidential» (Europol - Confidencial)»: El nivel de
clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada
podría resultar inoportuna para los intereses esenciales de Europol o de uno o
varios Estados miembros;
j) «Europol
Secret UE/EU Secret» (Europol - Secreto): el nivel de clasificación aplicable a
información y material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un
perjuicio grave para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios
Estados miembros.
k) «Europol
Très Secret UE/EU Top Secret» (Europol - Secreto riguroso): El nivel de
clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada
podría ocasionar un perjuicio excepcionalmente grave para los intereses
esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros.
ARTÍCULO 2o.
OBJETO.
Cada Parte
Contratante:
1) Protegerá
y salvaguardará la información clasificada sujeta al presente Acuerdo facilitada
por la otra Parte o intercambiada con ella;
2)
Garantizará que la información clasificada, facilitada o intercambiada, sujeta
al presente Acuerdo guarda la clasificación de seguridad que le haya asignado
la Parte emisora. La Parte destinataria protegerá y salvaguardará la
información clasificada con arreglo a lo dispuesto en las baterías de seguridad
relativas a los respectivos niveles de clasificación acordados por las Partes
Contratantes;
3) No
utilizará o permitirá el uso de la información clasificada sujeta al presente
Acuerdo excepto para los fines y dentro de los límites establecidos por o en
nombre de la fuente originaria de la misma sin el consentimiento escrito de
dicha fuente;
4) No
comunicará o permitirá que se comunique la información clasificada sujeta al
presente Acuerdo a terceros sin el consentimiento escrito de la fuente
originaria.
ARTÍCULO 3o.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN.
Cada una de
las Partes contará con una organización de seguridad y con programas de
seguridad basados en principios básicos y normas mínimas de seguridad, que se
aplicarán en los sistemas de seguridad de las Partes para garantizar que se
aplica al menos un nivel equivalente de protección a la información clasificada
sujeta al presente Acuerdo. Los principios básicos y las normas de seguridad
mínimas se establecen en los artículos 4o
a 15 del presente anexo.
ARTÍCULO 4o.
PRINCIPIO DE 'NECESIDAD DE CONOCER'.
El acceso a
la información y su posesión estarán limitados en el seno de Europol y de las
autoridades competentes de Colombia a las personas que, por razón de sus
deberes y obligaciones, deban tener conocimiento de dicha información o
manejarla.
ARTÍCULO 5o.
HABILITACIÓN DE SEGURIDAD Y AUTORIZACIÓN DE ACCESO.
1. Las
Partes Contratantes garantizarán que todas las personas que en el ejercicio de
sus obligaciones oficiales requieran acceso a la información clasificada,
facilitada o intercambiada según el presente Acuerdo, o cuyas obligaciones o
funciones les procuren acceso a él, han pasado por la habilitación de seguridad
apropiada antes de que se les conceda acceso a dicha información.
2. Los
procedimientos de habilitación de seguridad estarán concebidos para determinar
si una persona puede tener acceso a información clasificada, teniéndose en
cuenta su lealtad, honradez y fiabilidad.
3. Antes de
otorgarles acceso a información clasificada, se tendrá que informar a todas las
personas que precisen gozar de acceso a dicha información clasificada acerca de
los procedimientos de seguridad específicos para la gestión de la información
clasificada. Las personas que accedan a información clasificada deberán ser
conscientes de que cualquier infracción de la normativa de seguridad dará lugar
a una acción disciplinaria y/o a una posible demanda ulterior, de conformidad
con las normas o disposiciones de seguridad correspondientes.
4. Colombia
garantizará que las autorizaciones de acceso y la protección de la información
clasificada serán igualmente respetadas por cualquier otra autoridad a la que,
con arreglo al presente Acuerdo, pudieran transmitírsele los datos.
5. La
concesión de una habilitación de seguridad no debe considerarse el paso final
en el proceso de seguridad relativo al personal: deberá garantizarse asimismo
la permanente idoneidad de la persona en lo que se refiere al acceso a la
información clasificada.
ARTÍCULO 6o.
ELECCIÓN DEL NIVEL DE CLASIFICACIÓN.
1. Cada
Parte Contratante será responsable de la elección del correspondiente nivel de
clasificación de la información que suministre a la otra Parte y tendrá en
cuenta la necesidad de flexibilidad, así como la condición de que clasificar
una información policial deberá ser la excepción y que, si esta información ha
de ser clasificada como confidencial, deberá atribuírsele el nivel más bajo
posible.
2. Las
Partes Contratantes identificarán la información señalada con su propio nivel
de seguridad y conforme al nivel equivalente citado en la tabla de
equivalencias.
3. Si,
basándose en la información que ya posee, una de las Partes llega a la
conclusión de que es necesario modificar el nivel de clasificación, se lo hará
saber a la otra Parte y tratará de llegar a un acuerdo sobre el nivel de
clasificación apropiado. Ninguna de las Partes especificará o modificará un
nivel de clasificación establecido por la otra Parte sin el consentimiento de
la misma.
4. Ambas
Partes podrán solicitar, en cualquier momento, que se modifique el nivel de
clasificación relativo a la información por ellas transmitida, e incluso la
eventual supresión de dicho nivel. La otra Parte modificará el nivel de
seguridad de acuerdo con tal petición. Tan pronto como las circunstancias lo
permitan, cada Parte solicitará que el nivel de clasificación se reduzca o se
elimine por completo.
5. Cada
Parte podrá especificar el período durante el cual tendrá validez el nivel de
clasificación atribuido, así como cualquier posible modificación del nivel de
clasificación una vez transcurrido dicho período.
6. En caso
de que se haya facilitado a uno o varios Estados miembros de la Unión Europea o
a terceros información cuyo nivel de clasificación se modifique de conformidad
con el presente artículo, se informará a todos los destinatarios de dicho
cambio del nivel de clasificación.
7. La
traducción de los documentos que lleven indicaciones de protección estará
sujeta a la misma protección que los originales.
ARTÍCULO 7o.
TABLA DE EQUIVALENCIAS.
1. Los
niveles de clasificación de las Partes Contratantes y sus designaciones se
especifican en la tabla de equivalencias que figura a continuación.
2. Los
niveles de seguridad de Europol remitirán a una batería de seguridad
específica, tal como se establece en los artículos 9o
a 16,
que ofrezca diferentes niveles de protección además de la obligación de
discreción y confidencialidad, limitación del acceso a la información del
personal autorizado, protección de los datos personales y medidas generales
técnicas y de procedimiento para proteger la seguridad de la información. Los
niveles de seguridad dependerán del contenido de la información y tendrán en
cuenta los efectos perjudiciales que el acceso, la difusión o la utilización no
autorizadas de la información pudieran guardar para los intereses de las
Partes.
3. Las
Partes determinarán que los siguientes niveles de clasificación con arreglo a
la legislación nacional de Colombia/a la normativa de Colombia y los niveles de
clasificación de Europol son equivalentes y proporcionarán una protección
equivalente a la información señalada con tal nivel de clasificación:
Por
Europol
Por
Colombia
Europol
RESTREINT UE/EU
RESTRICTED (Europol -
Difusión restringida)
Colombia
RESTRINGIDO
Europol
CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL
(Europol Confidencial)
Colombia
CONFIDENCIAL[2]
Colombia RESERVADO
Europol
SECRET UE/EU
SECRET (Europol Secreto)
Colombia
SECRETO
Europol
TRÈS SECRET UE/EU
TOP SECRET (Europol Secreto riguroso)
Colombia
ULTRASECRETO
ARTÍCULO 8. REGISTRO.
1. Ambas
Partes inscribirán la información a la se haya otorgado una clasificación de “Europol Confidentiel UE/EU
Confidential” (Europol -
confidencial) o superior en un registro especial con columnas en las que
consten la fecha de recepción, detalles del documento (fecha, referencia y
número de copia), clasificación, título, nombre del destinatario y fecha de
devolución del documento al emisor o de destrucción del mismo.
2. Estos
documentos llevarán un número de expediente. En el caso de los documentos
clasificados como «Europol Secret UE/EU Secret» y «Europol Très Secret UE/EU
Top Secret», o sus equivalentes en Colombia, se añadirá un número de copia.
ARTÍCULO 9.
IDENTIFICACIÓN.
1. Los
documentos clasificados se identificarán en la parte central superior e
inferior de cada página y cada una de ellas estará numerada.
2. La
información que corresponda al nivel “Europol
Restreint UE/EU Restricted” (Europol
- Difusión restringida) o a su equivalente en Colombia se identificará como «Europol Restreint UE/EU
Restricted» o su equivalente
en dicho país por medios mecánicos o electrónicos.
3. La
información que corresponda al nivel de “Europol
Confidentiel UE/EU Confidential” (Europol
- Confidencial) y superior, o a su equivalente en Colombia se identificará como «Europol Confidentiel UE/EU
Confidential», «Europol Secret UE/EU Secret» o «Europol Très Secret UE/EU Top
Secret» o su equivalente en
dicho país por medios mecánicos o electrónicos o mediante impresión en papel
preestampillado.
ARTÍCULO 10.
ALMACENAMIENTO.
1. Los
documentos que contengan información clasificada podrán redactarse en un puesto
de trabajo acreditado al nivel apropiado.
2. La
información clasificada por Europol o su equivalente en Colombia, sea
información impresa o contenida en cualquier otro medio de almacenamiento
portátil, sólo podrá almacenarse en zonas de seguridad autorizadas.
3. La
información clasificada como Europol
Restreint UE/EU Restricted (Europol
- Difusión restringida) o su equivalente en Colombia, sea información impresa o
contenida en cualquier otro medio de almacenamiento portátil, se almacenará,
cuando menos, en un mueble de oficina cerrado con llave.
4. La
información clasificada como Europol
Confidentiel UE/EU Confidential (Europol
- Confidencial) o su equivalente en Colombia, sea información impresa o
contenida en cualquier otro medio de almacenamiento portátil, sólo podrá
almacenarse en armarios de seguridad.
ARTÍCULO 11.
REPRODUCCIÓN.
1. El número
de copias de los documentos clasificados se limitará a lo estrictamente
necesario para cumplir los requisitos fundamentales. Las medidas de seguridad
aplicables al documento original también serán aplicables a la reproducción del
mismo.
2. La
información clasificada podrá copiarse o imprimirse en una fotocopiadora o
impresora conectadas a una red acreditada al nivel apropiado.
3. La
reproducción total o parcial de los documentos que contengan información
clasificada como Europol Très
Secret UE/EU Top Secret (Europol
- Secreto) o sus equivalentes en Colombia sólo podrá llevarse a cabo contando
con la autorización del emisor, quien especificará el número de copias
autorizadas.
4. La copia
o la impresión de los documentos que contengan información clasificada como
Europol Confidentiel UE/EU Confidential (Europol - Confidencial) o superior o
sus equivalentes en Colombia sólo podrá llevarla a cabo el Registro.
5. Se
aplicarán disposiciones análogas a las reproducciones electrónicas de
información clasificada.
ARTÍCULO 12.
TRANSMISIÓN.
1. Los
documentos clasificados como Europol
Restreint UE/EU Restricted (Europol
- Difusión restringida) o sus equivalentes en Colombia se transmitirán en el
seno de la organización por correo interno, en un único sobre cerrado, y fuera
de ésta, por correo ordinario, en doble sobre cerrado, en cuyo caso únicamente
el sobre interior se identificará con el nivel de clasificación
correspondiente.
2. El
Registro enviará, dentro de la organización, los documentos que contengan
información clasificada como Europol
Confidentiel UE/EU Confidential (Europol
- Confidencial) o superior y sus equivalentes en Colombia en doble sobre
cerrado. Únicamente el sobre interior se identificará con el nivel de
clasificación correspondiente. El envío se inscribirá en el registro mantenido
con tal fin.
3. El
Registro enviará, fuera de la organización, los documentos que contengan
información clasificada como Europol
Confidentiel UE/EU Confidential (Europol
- Confidencial) o superior y sus equivalentes en Colombia por valija
diplomática o a través de un servicio de mensajería autorizado por la Autoridad
de Seguridad competente, en doble sobre cerrado. Únicamente el sobre interior
se identificará con el nivel de clasificación correspondiente. El sobre
exterior llevará un número de paquete con fines de recepción. El envío se
inscribirá en el registro mantenido con tal fin.
4. Se
confirmará la recepción de la información clasificada, se haya enviado ésta
internamente o bien hacia el exterior.
5. Todos los
medios de comunicación interna y hacia el exterior (como fax, correo
electrónico, teléfono, datos y vídeo) utilizados para el tratamiento de
información clasificada por Europol contarán con la aprobación de la Autoridad
de Seguridad competente.
6. A pesar
del principio de «necesidad de conocer» y de la necesidad de contar con una
habilitación de seguridad adecuada, la información clasificada como Europol Restreint UE/EU Restricted (Europol - Difusión restringida) o
su equivalente podrá enviarse por medios electrónicos, a través del sistema
interno de correo electrónico, si cuenta con la aprobación de la Autoridad de
Seguridad pertinente.
7. La
información clasificada como “Europol
Confidentiel UE/EU Confidential” (Europol
- Confidencial) o su equivalente no podrá enviarse de manera independiente, a
través del sistema interno de correo electrónico, desde el puesto de trabajo
del usuario, salvo que dicho puesto haya sido acreditado debidamente.
8. Los
documentos clasificados como “Europol
Secret UE/EU Secret o Europol Très Secret UE/EU Top
Secret” no se remitirán por
medios electrónicos, a menos que éstos se hayan acreditado debidamente.
9. La
información clasificada como “Europol
Restreint UE/EU Restricted” (Europol
- Difusión restringida) o “Europol
Confidentiel UE/EU Confidential” (Europol
- Confidencial) sólo podrá transmitirse al exterior a través de medios de
comunicación seguros acreditados debidamente.
10. La
transmisión de información clasificada como “Europol
Confidentiel UE/EU Confidential” (Europol
- Confidencial) la llevará a cabo el registro.
ARTÍCULO 13.
DESTRUCCIÓN.
1. Los
documentos clasificados que no sean ya necesarios y las copias de información
clasificada sobrantes se destruirán, tras recibir la autorización de la
Autoridad de Seguridad pertinente, de una manera que baste para impedir el
reconocimiento o la reconstrucción de dicha información clasificada.
2. Los
restos de información clasificada derivados de la preparación de la misma, como
fotocopias desechadas, proyectos de documentos de trabajo, notas
mecanografiadas y copias en papel de calco, se destruirán mediante
incineración, trituración, desmenuzamiento o cualquier otro método que los
reduzca a una forma no reconocible y no reconstruible.
3. En cuanto
a la información clasificada como “Europol
Confidentiel UE/EU Confidential” (Europol
- Confidencial) y superior y su equivalente en Colombia, la destrucción de la
misma se inscribirá en el registro.
ARTÍCULO 14.
EVALUACIONES.
Cada Parte
Contratante permitirá a la otra visitar su territorio o sus dependencias,
previa autorización por escrito, para evaluar sus procedimientos y las
instalaciones para la protección de la información clasificada recibida de la
otra Parte. El régimen de tales visitas será acordado de manera bilateral. Cada
Parte Contratante ayudará a la otra a verificar si la información clasificada
que ha sido puesta a disposición por la otra Parte goza de una protección
adecuada.
ARTÍCULO 15.
RIESGO PARA LA INFORMACIÓN CLASIFICADA.
1. La
información estará sujeta a riesgo cuando haya caído, total o parcialmente, en
manos de personas no autorizadas.
2. Se
investigará la infracción de las disposiciones que rigen la protección de la
información clasificada y las autoridades competentes y los tribunales de la
Parte a la que corresponda la competencia emprenderán las acciones judiciales
pertinentes de conformidad con la legislación y/o la normativa de la misma.
3. La
Autoridad de Seguridad de cualquiera de las Partes informará de inmediato a la
Autoridad de Seguridad de la otra de cualquier publicación no autorizada de la
información clasificada y del resultado de las acciones mencionadas en el
apartado 2. Cuando se haya producido una divulgación no autorizada, ambas
Partes cooperarán debidamente en la investigación.
ANEXO 2.
DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN OPERATIVA Y
ESTRATÉGICA ENTRE COLOMBIA Y LA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA.
Formas de delincuencia
Por lo que
respecta a las formas de delincuencia enumeradas en el artículo 3o, apartado 1,
del Acuerdo de cooperación entre Colombia y la Oficina Europea de Policía, y a
los efectos del mismo, se entenderá por:
1) «Tráfico
ilícito de estupefacientes»: los actos delictivos mencionados en el apartado 1
del artículo 3o de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de diciembre de
1988, y en las disposiciones que la modifican o sustituyen;
2)
«Delincuencia relacionada con materiales nucleares y radiactivos»: los delitos
enumerados en el apartado 1 del artículo 7o de la Convención sobre protección
física de los materiales nucleares, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de
marzo de 1980, y que se refieran a materiales nucleares o radioactivos, o a
ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom y en la
Directiva 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980, respectivamente;
3)
«Introducción ilegal de inmigrantes»: las acciones destinadas a facilitar
deliberadamente, con fines de lucro, la entrada, la estancia o el trabajo en el
territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, con incumplimiento de
las reglamentaciones y las condiciones aplicables en dichos territorios, y en
Colombia, con incumplimiento de su legislación nacional;
4) «Trata de
seres humanos»: la captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la
recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza u otras
formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de
vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la producción, venta o
distribución de material de pronografía infantil, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o
la extracción de órganos;
5)
«Delincuencia relacionada con el tráfico de vehículos robados»: el robo o la
sustracción de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de
cargamentos de camiones o semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de
caravanas, de vehículos agrícolas, de vehículos para obras y de recambios de vehículos,
así como la reaceptación de dichos objetos;
6)
«Falsificación de los medios de pago»: los actos definidos en el artículo 3 del
Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para la represión de la
falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo como a otros
medios de pago;
7)
«Actividades ilícitas de blanqueo de dinero»: los delitos enumerados en los
apartados 1 a 3 del artículo 6o del Convenio del Consejo de Europa sobre
reciclaje, identificación, secuestro y confiscación de los beneficios del
delito, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.
ANEXO 3.
DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN OPERATIVA Y
ESTRATÉGICA ENTRE COLOMBIA Y LA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA.
Autoridades competentes
Las
autoridades competentes de Colombia, responsables en virtud de la legislación
nacional de la prevención y la lucha contra los delitos mencionados en el
artículo 3o, apartado 1 del Acuerdo de cooperación operativa y estratégica
entre Colombia y la Oficina Europea de Policía son: la Policía Nacional de
Colombia.
ANEXO 4.
DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN OPERATIVA Y
ESTRATÉGICA ENTRE COLOMBIA Y LA OFICINA EUROPEA DE POLICÍA.
Funcionarios de enlace
ARTÍCULO 1o.
TAREAS DE LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE DE COLOMBIA.
La tarea de
los funcionarios de enlace de Colombia (en lo sucesivo, los «funcionarios de
enlace») consistirá en apoyar y coordinar la cooperación entre dicho país y
Europol. En particular, estos funcionarios serán responsables de facilitar los
contactos entre Europol y Colombia, así como el intercambio de información.
ARTÍCULO 2o.
ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE.
1. Los
funcionarios de enlace serán considerados representantes formales de Colombia
en lo que respecta a Europol, y agregados de policía de la Embajada de Colombia
en los Países Bajos, con arreglo a los privilegios y las inmunidades de tal
condición. Europol facilitará la estancia de estos funcionarios en los Países
Bajos en la medida de sus posibilidades; en particular, cooperará con las
autoridades neerlandesas competentes en lo que se refiere a privilegios e
inmunidades cuando sea necesario.
2. Los
funcionarios de enlace serán representantes de las autoridades de Colombia
responsables de la prevención y la lucha contra el delito, con arreglo a lo
dispuesto en el Acuerdo de cooperación operativa y estratégica entre dicho país
y la Oficina Europea de Policía (en lo sucesivo, el «Acuerdo»).
ARTÍCULO 3.
MÉTODOS DE TRABAJO.
1. Todo
intercambio de información entre Europol y los funcionarios de enlace se
efectuará únicamente con arreglo a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
2.
Normalmente, cuando se intercambie información, los funcionarios de enlace se
comunicarán de manera directa con Europol a través de los representantes
designados a tal efecto por Europol. Dichos funcionarios no dispondrán de
acceso directo a los sistemas de procesamiento de Europol.
ARTÍCULO 4.
CONFIDENCIALIDAD.
1. Colombia
se asegurará de que los funcionarios de enlace se sometan a mecanismos de
control a la escala nacional pertinente para que puedan manejar la información
facilitada por Europol, o a través de esta, que esté sujeta a un requisito
específico de confidencialidad, de conformidad con el anexo 1 al Acuerdo.
2. Europol
asistirá a los funcionarios de enlace en lo que atañe a la provisión de los
recursos adecuados para atender los requisitos relativos a la protección de la
confidencialidad de la información intercambiada con Europol.
ARTÍCULO 5.
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS.
1. Los
funcionarios de enlace cumplirán las normas internas de Europol, sin perjuicio
de lo dispuesto en su legislación nacional. En el ejercicio de sus
obligaciones, procederán de conformidad con lo establecido en su legislación
nacional en materia de protección de datos.
2. Los
funcionarios de enlace mantendrán informada a Europol de sus horarios de
trabajo y de los datos de contacto en caso de emergencia. Comunicarán asimismo
a Europol cualquier ampliación de su estancia fuera de la sede central de
Europol.
ARTÍCULO 6.
RESPONSABILIDAD Y CASOS DE CONFLICTO.
1. Colombia
será responsable de los daños que puedan causar los funcionarios enlace a las
propiedades de Europol. Tales daños serán reembolsados con la mayor brevedad
por dicho país, con arreglo a una solicitud debidamente fundada formulada por
Europol. En caso de discrepancia en lo que se refiere al reembolso, podrá
aplicarse lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo.
2. En casos
de conflicto entre Colombia y Europol, o entre un funcionario de enlace y
Europol, el Director de Europol estará facultado para prohibir el acceso a la
sede de Europol de los funcionarios de enlace pertinentes, y otorgar tal acceso
únicamente con arreglo a determinadas condiciones o restricciones.
3. Cuando
exista un conflicto grave entre Europol y un funcionario de enlace, el Director
de Europol podrá solicitar a Colombia que lo sustituya.
LA SUSCRITA
COORDINADORA DE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CERTIFICA:
Que la
reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completa del “Acuerdo de Cooperación Operativa y
Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el día
20 de septiembre de 2010, documento que reposa en los archivos del Grupo
Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales de este Ministerio.
Dada en Bogotá, D. C., a los once (11) días del mes de julio
de dos mil once (2011).
ALEJANDRA VALENCIA GARTNER.
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D.C., 19 de julio de 2011
Autorizado
sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN
MANUEL SANTOS CALDERÓN.
La
Viceministra de Asuntos Multilaterales, encargada de las funciones del Despacho
de la Ministra de Relaciones Exteriores.
(Fdo.) Patti Londoño Jaramillo
DECRETA:
Artículo
Primero. Apruébase el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la
República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.
C., el día 20 de septiembre de 2010.
Artículo
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de
1944, el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de
Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20
de septiembre de 2010, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de los mismos.
Artículo
Tercero. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en
Bogotá, D.C., a los …
Presentado
al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores
y el Ministro de Defensa Nacional.
María Ángela Holguín Cuéllar
Ministra de Relaciones Exteriores
Rodrigo Rivera Salazar
Ministro de Defensa Nacional
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de julio de 2011
Autorizado sométase a la consideración del honorable
Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Viceministra de Asuntos Multilaterales, encargada de las
funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Patti
Londoño Jaramillo
DECRETA:
Artículo
Primero: Apruébase el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la
República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D.
C., el 20 de septiembre de 2010.
Artículo
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944,
el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de
Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el 20 de
septiembre de 2010, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto de los mismos.
Artículo
tercero. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
ROY BARRERAS MONTEALEGRE.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
GREGORIO ELJACH PACHECO.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ.
El Secretario General de la Honorable Cámara de
Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPÚBLICA DE COLOMBIAGOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional
conforme al artículo 241-10
de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro de Defensa Nacional,
JUAN CARLOS PINZÓN BUENO.
SALVAMENTO
Y ACLARACIÓN DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-749/13
ACUERDO DE COOPERACION
OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE COLOMBIA Y OFICINA EUROPEA DE POLICIA-Vicio
de procedimiento por rompimiento de cadena de anuncios (Salvamento de voto)
En el trámite surtido en la Comisión Segunda de la Cámara
de Representantes se rompió la cadena de anuncios, debido a una irregularidad
similar a la que nos llevó a salvar el voto a la sentencia C-622 de 2013.  Al
igual que ocurrió en aquella ocasión, en la sesión del 30 de mayo de 2012 se
anunció la votación del Proyecto de Ley número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011
Senado, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Operativa y
Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía’,
suscrito en Bogotá, Distrito Capital, el 20 de septiembre de 2010”. El proyecto
se anunció para ser discutido y votado “en la próxima sesión donde se discutan
y aprueben proyectos de ley”. La sesión siguiente, realizada el 5 de junio, fue
dedicada al control político y en la inmediatamente posterior, realizada el 7
de junio, se llevó a cabo la votación de proyectos, entre ellos del que hoy es
objeto de control. Visto así, la tesis sostenida por la Sala Plena al
desestimar la existencia del vicio de procedimiento parecería razonable, puesto
que, en efecto, el proyecto fue votado en la primera sesión, con posterioridad
a la fecha del anuncio, en la que se discutieron y aprobaron proyectos de ley.
Sin embargo, esta tesis elude dar cuenta de un dato relevante: en la sesión
intermedia del 5 de junio sólo se anunció el debate de un proyecto para la
próxima sesión, que no fue el Proyecto de Ley 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011
Senado “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Operativa y
Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía’, suscrito
en Bogotá, Distrito Capital, el 20 de septiembre de 2010”.  Este único anuncio
permitía suponer que el que se anunció sería el único proyecto de ley a
discutir y aprobar en la sesión citada para el 7 de junio.  La omisión de
anunciar los demás proyectos que efectivamente fueron debatidos y aprobados en
esta sesión, supone una ruptura en la cadena de anuncios de dichos proyectos.
Tal proceder desconoció lo previsto en el inciso 5º del artículo 160 de la
Constitución, adicionado por el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003,
donde se establece: “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión
diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión
en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. Como lo ha
reiterado esta Corporación, dicha exigencia está orientada a garantizar el
derecho a la participación política oportuna, en primer lugar, de los
congresistas que intervienen en la discusión y aprobación de los proyectos, que
de este modo no serán sorprendidos con votaciones no anunciadas e
intempestivas, pero también el derecho de los ciudadanos y organizaciones
sociales que tengan interés en conocer e incidir en el proceso de aprobación de
un determinado proyecto de ley. El cumplimiento de esta exigencia, en aquellos
casos en los que la votación del proyecto no se lleva a cabo en la sesión para
la que había sido inicialmente anunciado sino que se difiere para una posterior,
requiere mantener la continuidad en la cadena de anuncios en todas las sesiones
intermedias entre aquella en la que se llevó a cabo el anuncio inicial y
aquella en la que finalmente tiene lugar la votación.
VOTACION NOMINAL EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Exigencias (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente LAT-396
Revisión constitucional de la Ley
1582 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación
operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de
Policía’, suscrito en Bogotá el 20 de septiembre de 2012”
Magistrado Ponente:
Mauricio González Cuervo
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión nos
apartamos de la mayoría en relación con la declaratoria de exequibilidad de la
Ley 1582 de 2012, por cuanto consideramos que durante el trámite surtido en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes  se incurrió en un vicio de
procedimiento, debido al rompimiento de la cadena de anuncios. Además,
aclaramos nuestro voto en lo atinente a la constatación del cumplimiento de la
regla de votación nominal y pública, excepto en los casos previstos en la ley
(art. 133 C.P.).
1. En el
trámite surtido en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se rompió
la cadena de anuncios, debido a una irregularidad similar a la que nos llevó a
salvar el voto a la sentencia C-622 de 2013[69].  Al igual que ocurrió
en aquella ocasión, en la sesión del 30 de mayo de 2012 se anunció la votación
del Proyecto de Ley número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, “por
medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica
entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía’, suscrito en
Bogotá, Distrito Capital, el 20 de septiembre de 2010”. El proyecto se
anunció para ser discutido y votado “en la próxima sesión donde se discutan
y aprueben proyectos de ley”. La sesión siguiente, realizada el 5 de junio,
fue dedicada al control político y en la inmediatamente posterior, realizada el
7 de junio, se llevó a cabo la votación de proyectos, entre ellos del que hoy
es objeto de control.
Visto así,
la tesis sostenida por la Sala Plena al desestimar la existencia del vicio de
procedimiento parecería razonable, puesto que, en efecto, el proyecto fue
votado en la primera sesión, con posterioridad a la fecha del anuncio, en la
que se discutieron y aprobaron proyectos de ley. Sin embargo, esta tesis elude
dar cuenta de un dato relevante: en la sesión intermedia del 5 de junio sólo se
anunció el debate de un proyecto para la próxima sesión, que no fue el Proyecto
de Ley 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado “por medio de la cual se
aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República
de Colombia y la Oficina Europea de Policía’, suscrito en Bogotá, Distrito
Capital, el 20 de septiembre de 2010”.  Este único anuncio permitía suponer
que el que se anunció sería el único proyecto de ley a discutir y aprobar en la
sesión citada para el 7 de junio.  La omisión de anunciar los demás proyectos
que efectivamente fueron debatidos y aprobados en esta sesión, supone una
ruptura en la cadena de anuncios de dichos proyectos.
Si el
sentido de respetar la cadena de anuncios es garantizar que los integrantes de
la respectiva célula legislativa puedan tener certeza sobre los proyectos que
efectivamente serán debatidos en cada sesión, con el fin de tener oportunidad
de prepararse para el debate y no ser sorprendidos con la votación de proyectos
no anunciados en la sesión anterior, cabe concluir que en este caso se
menoscabó dicha certeza, en tanto al efectuar el anuncio de un único proyecto
en la sesión del 5 de junio, no quedaba claro que además fueran a debatirse
otros que no fueron anunciados en dicha oportunidad.
Tal proceder
desconoció lo previsto en el inciso 5º del artículo 160 de la Constitución,
adicionado por el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, donde se
establece: “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión
diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un
proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o
comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
Como lo ha reiterado esta Corporación, dicha exigencia está orientada a
garantizar el derecho a la participación política oportuna, en primer lugar, de
los congresistas que intervienen en la discusión y aprobación de los proyectos,
que de este modo no serán sorprendidos con votaciones no anunciadas e
intempestivas, pero también el derecho de los ciudadanos y organizaciones
sociales que tengan interés en conocer e incidir en el proceso de aprobación de
un determinado proyecto de ley.[70]  El cumplimiento de esta
exigencia, en aquellos casos en los que la votación del proyecto no se lleva a
cabo en la sesión para la que había sido inicialmente anunciado sino que se
difiere para una posterior, requiere mantener la continuidad en la cadena de
anuncios en todas las sesiones intermedias entre aquella en la que se llevó a
cabo el anuncio inicial y aquella en la que finalmente tiene lugar la votación.
De acuerdo al precedente
fijado en la sentencia C-576 de 2006[71], para determinar el carácter
subsanable o no de las infracciones al precepto constitucional antes citado,
debe atenderse al momento del trámite legislativo en el que se configura este
vicio de procedimiento en relación con las leyes aprobatorias de tratados
internacionales. Conforme a esta regla, si la falencia en el cumplimiento del
requisito del anuncio previo tiene lugar en los dos primeros debates, esto es,
hasta la votación en la Plenaria del Senado, se considera un vicio insubsanable
que origina la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria del
tratado. Entretanto, si el vicio tiene lugar en un momento posterior a la
votación en la Plenaria del Senado, habrá lugar a considerarla como un vicio
subsanable, que da lugar a la devolución de la ley al Congreso para que subsane
el vicio.  En atención a este criterio, en el presente caso la ruptura de la
cadena de anuncios ha de estimarse como un vicio subsanable, en tanto tuvo
lugar durante el primer debate del proyecto en la Comisión Segunda de la Cámara
de Representantes, esto es, en el tercero de los cuatro debates que debe surtir
el proyecto antes de convertirse en ley.
Por lo anterior, se
verificaba un vicio en el trámite legislativo que impedía a esta Corporación
emitir un pronunciamiento de fondo, sin antes devolver al Congreso la Ley 1582
de 2012 a fin de subsanar el defecto señalado.
2. Adicionalmente, aclaramos
nuestro voto respecto de la constatación del cumplimiento de la regla de
votación nominal y pública, excepto en los casos previstos en la ley (art. 133
CP.). Entre estas excepciones, el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado
por el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, en su numeral 16, establece la
posibilidad de aprobar un proyecto por votación ordinaria cuando exista
unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar
todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que alguno de los miembros
de la célula legislativa solicite que se efectúe votación nominal y pública.
En el presente caso, si bien
consta que en los cuatro debates el proyecto se aprobó mediante votación
ordinaria, en relación con los debates surtidos en la Comisión Segunda[72]
y en la Plenaria de la Cámara de Representantes[73],
no existe constancia expresa ni elementos que permitan inferir que el proyecto
haya sido aprobado por unanimidad, razón por la cual no concurrían los
supuestos que habilitaban la excepción a la regla de votación nominal y
pública.
En tal
sentido, la Sala debió atender al precedente establecido en decisiones
anteriores[74] para  mantener una línea
consistente en la exigencia de verificar y dejar constancia explícita del
número de votos con el que se aprueba cualquier proyecto, pues así lo exige el
parágrafo 1º del art. 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1°
de la Ley 1431 de 2011. De lo contrario, se seguirá fomentando la práctica de
consignar de manera ambigua el resultado de la votación de los proyectos de
modo tal que se presuma la existencia de unanimidad y la votación ordinaria,
que debería ser excepcional, se convierta en la regla, impidiendo satisfacer
las exigencias de claridad y publicidad que el propio legislador estableció
respecto a este tipo de votación.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
C-749/13
Referencia:
expediente LAT-396
Revisión
de constitucionalidad de la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012 “Por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la
República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el
20 de septiembre de 2010”.
Magistrado
Ponente:
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Con el respeto que merecen las decisiones de esta
Corporación, me permito manifestar mi aclaración de voto en relación con lo
decidido por la Sala Plena en el asunto de la referencia.
Si bien
estoy de acuerdo con la exequibilidad del instrumento internacional cuya
validez analizó la Corte en esta oportunidad, creo necesario hacer algunas precisiones
acerca de aspectos importantes que la sentencia no tuvo en cuenta.
Lo primero
es destacar que el acuerdo de cooperación con la Oficina Europea de Policía es
de gran importancia. No solo porque persigue el fin constitucionalmente
legítimo de combatir diversas formas de delincuencia, sino también debido a que
tiene una relación directa con el ejercicio de derechos fundamentales de los
colombianos. Sin embargo, considero que la sentencia C-749 de 2013 no indagó de
manera suficiente las implicaciones que tal acuerdo puede tener respecto de
derechos como la intimidad, el buen nombre y el habeas data, entre otros.
De igual
manera, se regulan en él aspectos vitales acerca del manejo y clasificación de
información reservada, tal y como se registra en el articulado del tratado y en
los anexos 1 al 4 del mismo. En relación con estos últimos, considero que la
Corte debió examinarlos con mayor profundidad, por cuanto abordan directamente
cuáles son los niveles de protección de la información y su confidencialidad.
Considero
que el análisis de la sentencia debió basarse en la consolidada jurisprudencia
que esta Corporación ha producido en relación con la materia. Cabe destacar, en
este sentido, los múltiples pronunciamientos acerca de los contenidos del derecho
al habeas data (sentencias C-1011 de 2008 y C-748 de 2011), así como en la
providencia que abordó el estudio de la ley estatutaria en materia de acceso a
la información pública (C-247 de 2013).
Así mismo,
la sentencia C-749 de 2013 debió armonizar los contenidos del instrumento
internacional estudiado con lo dispuesto por la Corte en el pronunciamiento
C-540 de 2012, mediante el cual la Corporación decidió sobre la
constitucionalidad de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia.
Cabe destacar que se debieron abordar temas que resultaban fundamentales como
i) los organismos que llevan a cabo la inteligencia; ii) la interceptación de
comunicaciones privadas, los centros de protección de datos, la depuración de
datos y archivos, la actualización, corrección y retiro de datos; y iii) la
reserva de la información y los niveles de clasificación de la información,
entre otros.
De haber tenido en cuenta tales fallos, la Corte podría
haber llegado a la conclusión de que se hacía imperativo incluir una
declaración interpretativa en el sentido que todas las obligaciones adquiridas
en virtud del acuerdo de cooperación debían sujetarse a la Constitución
Política y a las leyes estatutarias sobre información e inteligencia.
Fecha ut supra
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
[1] Concepto 5586 de junio 14 de 2013.
[2] Certificación de la Cancillería aFolio 34 cuaderno principal..
[3] En lo relativo a la realización
de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, la Corte
aprecia que el objeto del Acuerdo es establecer vínculos de cooperación
estratégica y operativa entre la Republica de Colombia y la Oficina Europea de
la Policía, con el fin de combatir la delincuencia internacional, mediante el
intercambio de información y el manejo de la misma, la realización de contactos
periódicos, disposiciones que no
implican una regulación para las
comunidades étnicas que como tal pueda afectarlas de manera directa, sino que
prevé normas generales que pueden tener incidencia en todas las personas. En
conclusión, estima la Sala que las disposiciones del Acuerdo no constituyen ni
contienen medidas que afecten de forma directa a las comunidades indígenas
y afrodescendientes colombianas y, en consecuencia, su consulta previa no se
torna obligatoria. Lo anterior, en tanto la afectación que se puede derivar del
mismo frente a estos grupos no difiere de la que se produce para los demás
habitantes del territorio colombiano, la cual proviene del efecto general que,
en principio, tienen las leyes y los tratados internacionales.
[4] Folios 9 a 24.
[5] Folios 37 a 53.
[6] “Sesión Ordinaria del
día miércoles 9 de noviembre de 2011//Recinto Comisión Segunda del Senado
de la República.
La señora Presidente, Senadora Alexandra
Moreno Piraquive, informa:
Anunciamos para la próxima sesión de la Comisión, posiblemente el
martes esperamos evacuar los proyectos de ley, y para el miércoles ya está
confirmado el debate con el señor Ministro de Comercio. Anunciemos proyectos
para la próxima sesión de la Comisión señor Secretario.
El Secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro
González González, procede con el anuncio de los proyectos de ley: Por
instrucciones de la presidenta de la Comisión Segunda del Senado
de la República, me permito realizar el anuncio para discusión y votación
de proyectos de ley para la próxima sesión:
(...)
7. Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la
cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la
República de Colombia y la Oficina Europea de Policía¿, suscrito
en Bogotá, D.C., el día 20 de septiembre de 2010.
Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Defensa
Nacional.
Ponente: honorable Senador Juan Francisco Lozano Ramírez.
Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del
Congreso número 674 de 2011.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 751 de
2011.”
[7] Folios 52 a 55.
[8] Folios 1 a 3 del cuaderno de pruebas.
[9] “(...)Siendo las 10:30 a. m. del miércoles
dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011), previa convocatoria
hecha por el Secretario de la Comisión
Segunda, doctor Diego Alejandro González González, se
reunieron los honorables Senadores para sesionar en la Comisión Segunda de Relaciones
Internacionales, Comercio Exterior, Seguridad y Defensa Nacional y Honores
Patrios, del honorable Senado de la República.
(...)
El señor Secretario, doctor
Diego González González, informa a la Presidenta que
se ha configurado el quórum para decidir.
(...)
Le informo además que hay una
proposición del Senador Juan Lozano Ramírez, en el sentido de reabrir el debate
de los dos proyectos de su ponencia, debido a que ya hizo presencia en el
recinto, llegó precisamente en el momento en que se estaba aplazando.
La señora Presidente, Senadora
Alexandra Moreno Piraquive:
Pregunta a los Senadores de la
Comisión si aprueban la proposición del Senador Lozano. Sírvase leer el
proyecto de ley.
El Secretario informa a la
Presidente que sí ha sido aprobada la proposición de reabrir el debate de
los dos proyectos del Senador Juan Lozano. Me permito dar lectura al
proyecto: Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica,
entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía,
suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Ponente: honorable Senador Juan
Francisco Lozano Ramírez.
Publicaciones:
Texto del Proyecto de ley: Gaceta
del Congreso número 674 de 2011.
Ponencia Primer Debate: Gaceta
del Congreso número 751 de 2011.
Presenta ponencia el honorable
Senador Juan Francisco Lozano Ramírez:
Este es un acuerdo que presenta a
nuestra consideración el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio
de Defensa Nacional, es la ratificación del Acuerdo de Cooperación, para que
Europol pueda funcionar; es algo que Colombia ha querido desde el año 2004, han
mantenido una relación muy estrecha y fructífera con Europol. Solamente hasta
septiembre de este año finalmente se cruzaron los instrumentos legales, es así
como en este momento lo traemos a la consideración de nuestra Comisión, para
que surta el proceso ratificatorio. El énfasis que se plantea en esta
cooperación con Europol, está en materia de tráfico de drogas, redes de
inmigración ilegal, trata de seres humano, pornografía infantil, falsificación
de dinero y otros medios de pago; tráficos de sustancias radioactivas y
nucleares y el terrorismo.
Nuestra recomendación, es que el
Tratado tal como lo solicita la Cancillería y el Ministerio de
Defensa, pueda ser ratificado. Por eso tiene un informe favorable de ponencia.
La Presidencia solicita
a la Secretaría dar lectura al informe de ponencia.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego González González, da lectura al informe con que termina
la ponencia:
Proposición Final:
En consecuencia de lo expuesto y
con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me
permito proponer ante la honorable Comisión Segunda Constitucional del Senado
de la República, dar primer debate al presente proyecto de ley. Firma el
honorable Senador Juan Lozano Ramírez.
Está leída la proposición final con
que termina el informe de ponencia.
La señora Presidenta, Senadora
Alexandra Moreno Piraquive:
Informa a los Senadores de la
Comisión, que está en consideración el informe final de la ponencia. Se abre la
discusión, se anuncia que se va a cerrar, lo aprueba la Comisión el
informe.
El Secretario le informa a la
Presidente, que sí ha sido aprobado por los Senadores de la
Comisión el informe final de ponencia del Proyecto de ley 125 de 2011
Senado.
Informa la Presidenta,
Senadora Alexandra Moreno Piraquive:
Que se ha solicitado la omisión de
la lectura del artículo; vamos a aprobar la omisión de lectura del articulado y
el articulado del proyecto de ley. ¿Lo aprueba la Comisión?
Informa el Secretario de la
Comisión a la Presidencia: que sí es aprobado la omisión de la lectura
del articulado y el articulado del Proyecto de ley leído número 125 de 2011
Senado.
El Secretario da lectura al título
del proyecto: Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica,
entre la República de Colombia y la Oficina Europea de
Policía, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Está leído el título del proyecto
señora Presidente.
La Presidente, Senadora
Alexandra Moreno Piraquive:
Somete a consideración de los
Senadores de la Comisión el título del proyecto leído.
Aprueba la Comisión el título del proyecto.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego González González:
Informa a la
Presidencia que ha sido aprobado el título del Proyecto de ley
leído número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, entre la República de
Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, D.C.,
el día 20 de septiembre de 2010.
Pregunta la Presidente, Senadora
Alexandra Moreno Piraquive:
Quiere la Comisión que
este Proyecto de ley 125 de 2011, tenga el siguiente debate para ser ley
de la República.
El Secretario informa a la
Presidencia:
La Comisión sí quiere y
aprueba que el Proyecto de ley 125 de 2011 pase al segundo debate y se
convierta en ley de la República.
Por lo tanto, la señora Presidente,
Senadora Alexandra Moreno Piraquive, nombra como ponente para el segundo debate
en la Plenaria del Senado al Senador Juan Lozano Ramírez. (...)”
[10] Folios 1,5, 19 y 20.
[11] Folio 1 a 3 del cuaderno de pruebas.
[12] “(...) En relación con el quorum se informa
que este quedó integrado por doce (12) de los trece(13) Senadores que conforman
la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al
iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes  durante el transcurso de
la misma, según consta en el Acta 11 del 16 de noviembre de 201, publicada en
la gaceta No. 155 de 17 de abril de 2012(...)”
[13] Folios 15 a 31.
[14] “En Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del
mes de noviembre de dos mil once (2011), previa citación, se reunieron en el
recinto del honorable Senado de la República los miembros del mismo, con el fin
de sesionar en pleno.
(...)
La Presidencia
indica a la Secretaría continuar con el siguiente punto del Orden del Día.
II
Anuncio de
proyectos
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en
la próxima sesión.
(...)
Proyectos
para Segundo Debate
(...)
Proyecto de
ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el
¿Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia
y la Oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
(...)”
[15] Folio 123 del cuaderno de pruebas.
[16] “En Bogotá, D. C., a los
cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil once (2011) previa citación, se
reunieron en el recinto del honorable Senado de la República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
(...)
La
Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente proyecto
del Orden del Día:
Proyecto de ley
número 125 de 2011 Senado
por medio de
la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica
entre la República de Colombia y la Oficina Europea de
Policía¿, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición
con que termina el informe de ponencia.
Por Secretaría
se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición leída y,
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.
SE ABRE SEGUNDO
DEBATE.
Por solicitud
del honorable Senador Lidio Arturo García Turbay, la Presidencia pregunta
a la plenaria si acepta omitir la lectura del articulado del proyecto y,
cerrada su discusión, esta responde afirmativamente.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado en bloque
con las modificaciones propuestas y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la
plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del
proyecto.
Por Secretaría
se da lectura al título del Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado:
Por medio de
la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica
entre la República de Colombia y la Oficina Europea de
Policía¿, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Leído
este, la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria y,
cerrada su discusión, pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los
trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la
Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de
ley aprobado surta su tránsito en la Cámara de Representantes? Y
estos responden afirmativamente. (...)”
[17] Folio 123 del cuaderno de pruebas.
[18] “(...) Que el mencionado proyecto de ley
fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales,
legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria señalada en el artículo
129 de la ley 5ª de 1992, y un quorum de 87 de 100 Senadores, en la sesión
Plenaria correspondiente al día cinco de diciembre de 2012 (...)”
[19] Folios 6 a 18.
[20] Folios 1 a  23.
[21] “Comisión Segunda Constitucional permanente
ACTA NÚMERO 27 DE 2012
(...)
Le informo,
señor Presidente, que han contestado a lista diez (10) honorables
Representantes en consecuencia tenemos quórum decisorio señor Presidente.
Hace uso de la palabra el señor
Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
Continúe señora Secretaria
sírvase leer el orden del día.
Hace uso de
la palabra la Subsecretaria de la Comisión Segunda, doctora
Carmen Susana Arias Perdomo:
Sí, señor
Presidente.
ORDEN DEL
DÍA
Sesión
Ordinaria día martes 5 de junio de 2012
I
Llamado a
lista y verificación del quórum
II
Aprobación
del Orden del Día
III
Debate de
control político
IV
Negocios
Sustanciados por Presidencia
V
Lo que
propongan los honorables Representantes
Leído el Orden
del Día, señor Presidente.
Hace uso de
la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez
Franco:
Yo les propongo
a ustedes modificar el orden del día, en el sentido de que primero,
aprovechando que tenemos el quórum, tratemos el tema de las proposiciones, ¿les
parece?
En
consideración la proposición de modificar el orden del día, poniendo en primer
lugar las proposiciones, se abre la discusión, continúa, anuncio que va a
cerrarse queda cerrada, lo aprueba la Comisión?
Hace uso de
la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobado el orden del día con la modificación propuesta por el señor Presidente
en el sentido que las proposiciones, siguen inmediatamente a la aprobación del
orden del día.
(...)”
[22]“(...) Hace uso de la palabra el
señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco: Continúe señora Secretaria.
Hace uso de
la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Proyectos de
ley 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de cooperación operativa y estratégica
entre la República de Colombia y la Oficina Europea de
Policía¿, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Autor: señora
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar;
señor Ministro de Defensa y Seguridad Nacional, doctor Rodrigo Rivera
Salazar.
Ponente:
honorable Representante Yahir Fernando Acuña Cardales.
(...)
Hace uso de
la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez
Franco:
En consideración la proposición que acaba de leerse, se abre la
discusión, continúa, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿la
aprueba la Comisión?
Hace uso de
la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobada la proposición con que termina el informe de ponencia señor
Presidente.
Hace uso de
la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez
Franco:
Sírvase dar
lectura al articulado.
Hace uso de
la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Articulado del
proyecto señor Presidente. Son 3 artículos debidamente publicados
en la Gaceta del Congreso correspondiente.
Hace uso de
la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez
Franco:
En
consideración los artículos leídos. Se abre la discusión, continúa, anuncio que
va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión?
Hace uso de
la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobado el articulado del proyecto señor Presidente.
Hace uso de
la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez
Franco:
Leamos el
título y hagamos la pregunta si quiere esta Comisión que sea esta norma ley
de la República.
Hace uso de
la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Título del
proyecto: por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de cooperación
operativa y estratégica entre la República de Colombia y la
Oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20
de septiembre de 2010.
Y así mismo el
señor Presidente les pregunta, honorables Representantes, si ustedes quieren
que este proyecto pase a Plenaria de Cámara y sea ley de la República.
Hace uso de
la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez
Franco:
En
consideración el título y la pregunta, se abre la discusión, anuncio que va a
cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la Comisión?
Hace uso de
la palabra la Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora
Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobado el título del proyecto y los honorables Representantes desean que tenga
segundo debate y sea ley de la República, señor Presidente.
Hace uso de
la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez
Franco:
Se nombra como
ponente al honorable Representante Yahir Fernando Acuña. Continuemos señora
Secretaria.(...)”
[23] Folios 34 a 44.
[24] Folios 37 y 38.
[25] “(...) Certifico: que en la sesión del día
jueves 07 de junio de 2012, Acta No. 28, se le dio primer debate y se aprobó
por unanimidad en votación ordinaria, de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, el
Proyecto de Ley N. 160 CAMARA, 125/11 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL
“ACUERDO DE COOPERACION OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y LA OFICINA EUROPEA DE POLICIA” SUSCRITO EN BOGOTA D.C., EL DIA 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2010”, con la presencia de 16 Honorables Representantes(...)”
[26] Folios 1 a 16.
[27] Folio 37.
[28] “(...) Dirección de la
Sesión por la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Próximo proyecto
en el Orden del Día.
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo:
Por medio de la
cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y estratégica
entre la República de Colombia y la oficina Europea de Policía¿,
suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre del 2010¿. El informe de ponencia
es como sigue, dese segundo debate al proyecto por medio de la cual se aprueba
el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y estratégica entre la
República de Colombia y la oficina Europea de Policía¿, suscrito en
Bogotá, el 20 de septiembre del 2010¿. Firma. Yahir Acuña.
Ha sido leído
el informe de ponencia señor Presidente.
(...)
Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor
Augusto Posada Sánchez:
A usted doctor
Telésforo, le agradecemos inmensamente por su intervención. Anuncio que va a
cerrarse la discusión del informe de ponencia, queda cerrada, ¿aprueba la
Plenaria el informe de ponencia?
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo:
Aprobado señor
Presidente.
Tiene 3
artículos.
Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor
Augusto Posada Sánchez:
En
consideración el articulado del proyecto, anuncio que va a cerrarse, queda
cerrado, ¿aprueba la Plenaria el articulado del proyecto?
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo:
Aprobado señor
Presidente.
Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor
Augusto Posada Sánchez:
Título y
pregunta si la Plenaria quiere que este proyecto sea ley de la
República.
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo:
Por medio
de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y estratégica
entre la República de Colombia y la oficina Europea de Policía¿, suscrito
en Bogotá, el 20 de septiembre del 2010¿.
Ha sido leído
el título, señor Presidente.
Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor
Augusto Posada Sánchez:
En
consideración el título del proyecto y la pregunta si la
Plenaria quiere que este proyecto sea ley de la República, anuncio
que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la Plenaria?
La Secretaría General informa, doctor Jesús Alfonso Rodríguez
Camargo:
Aprobado señor
Presidente y la pregunta.
(...)”
[29] Folios 11 y 23.
[30] Folio 92.
[31] “(...) Que en la sesión Plenaria de la H.
Cámara de Representantes del día 26 de Septiembre de 2012, que consta en Acta
No. 156, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta (150) Honorables
Representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad en
votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado titulo y la
pregunta “quiere la Plenaria que este Tratado sea Ley de la Republica” del
Proyecto de ley 160/2011 Cámara – 125/2011 Senado, hoy Ley 1582 de 2012(...)”
[32]
Ponencia para primer debate  en Cámara. GC. 751 de 2011,
[33] DECISIÓN DEL CONSEJO de 6 de abril de 2009
por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (2009/371/JAI).
Diario Oficial de la Unión Europea. L 121/37.
[34] “La
Decisión del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina
Europea de Policía (Europol);”
[35]“ toda información sobre una persona
física identificada o identificable: se considerará identificable toda persona
cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular
mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos,
característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica,
cultural o social;”
[36] “cualquier operación o conjunto de
operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, aplicadas a
datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación,
adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por
transmisión, difusión o cualquier otra forma que permita el acceso a los
mismos, así como el cotejo o interconexión, y el bloqueo, eliminación o
destrucción;”
[37] “los
datos personales y no personales.”
[38] “los actos
delictivos mencionados en el apartado 1 del artículo 3o de la Convención de las
Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988, y en las disposiciones que la
modifican o sustituyen”
[39] “los delitos enumerados en el apartado 1 del artículo
7o de la Convención sobre protección física de los materiales nucleares,
firmada en Viena y en Nueva York el 3 de marzo de 1980, y que se refieran a
materiales nucleares o radioactivos, o a ambos, tal como se definen en el
artículo 197 del Tratado Euratom y en la Directiva 80/836/Euratom de 15 de
julio de 1980, respectivamente.”
[40]“las acciones destinadas a facilitar deliberadamente, con fines
de lucro, la entrada, la estancia o el trabajo en el territorio de los Estados
miembros de la Unión Europea, con incumplimiento de las reglamentaciones y las
condiciones aplicables en dichos territorios, y en Colombia, con incumplimiento
de su legislación nacional.”
[41] “La captación, el transporte, el traslado, la acogida, o
la recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza u otras
formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de
vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la producción, venta o
distribución de material de pornografía infantil, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o
la extracción de órganos”
[42] “el robo o la
sustracción de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de
cargamentos de camiones o semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de
caravanas, de vehículos agrícolas, de vehículos para obras y de recambios de
vehículos, así como la reaceptación de dichos objetos.”
[43] “Los actos
definidos en el artículo 3 del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para
la represión de la falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo
como a otros medios de pago.”
[44] “Los delitos
enumerados en los apartados 1 a 3 del artículo 6o del Convenio del Consejo de
Europa sobre reciclaje, identificación, secuestro y confiscación de los
beneficios del delito, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.”
[45] Sentencia C- 748 de 2011.
[46] “1. Colombia comunicará a Europol, en la fecha en la
que facilite información, o con anterioridad a la misma, el motivo de que se
facilite, así como cualquier restricción a su uso, borrado o destrucción,
incluidas las que puedan incumbir a su acceso, en términos generales o
específicos. Cuando la necesidad de tales restricciones se haga patente una vez
suministradas, Colombia informará a Europol sobre las mismas en una fecha
posterior.
2. Tras la
recepción de la información, Europol determinará sin demora injustificada, y en
cualquier caso en un plazo de seis meses desde dicha recepción, si los datos
personales facilitados pueden incluirse en los sistemas de procesamiento de
Europol, y en caso afirmativo, en qué medida, de conformidad con la finalidad
para la que hayan sido suministrados por Colombia. Europol le notificará a
esta, con la mayor brevedad posible, los casos en que se haya decidido que los
datos personales no se incluirán. Los datos personales que se hayan transmitido
se eliminarán, destruirán o devolverán, si no son necesarios, o dejan de serlo,
para las tareas de Europol, o si no se ha adoptado ninguna decisión respecto a
su inclusión en un archivo de datos de Europol en el plazo de los seis meses
siguientes a la recepción.
3. Cuando sea
transmitida por Colombia a Europol, incluidos los casos en que medie la
solicitud de Europol, la información solo podrá ser utilizada para los fines
para los que se comunicó, o para los que se efectuó la solicitud.
4. Europol
será responsable de garantizar que solo puedan acceder a los datos personales
mencionados en el apartado 2, hasta su inclusión en los sistemas de
procesamiento de Europol, los funcionarios de Europol debidamente autorizados
para determinar si los datos personales pueden incluirse o no en tales
sistemas.
5. Si
Europol, tras la evaluación, tiene motivos para suponer que la información
facilitada no es precisa, o no se encuentra actualizada, informará a Colombia
de tal circunstancia. Colombia verificará la información y comunicará a Europol
el resultado de tal comprobación, tras lo cual Europol adoptará las medidas
oportunas de conformidad con el artículo 11.
6. La
transmisión de la información por Europol se limitará a las autoridades
competentes en los Estados miembros de la Unión Europea en los ámbitos de
delincuencia a los que se aplicará el presente Acuerdo, y tendrá lugar en las
mismas condiciones que las que se aplican a la transmisión original. Europol se
abstendrá de comunicar los datos a terceros Estados o entidades, salvo en los
casos en que medie el consentimiento previo de Colombia.
7. Cuando se
faciliten datos conforme a la solicitud de Europol, en la petición
correspondiente figurarán las indicaciones relativas al motivo y la finalidad
de la misma. En ausencia de tales indicaciones, los datos no se transmitirán.
8. Europol se
asegurará de que los datos personales recibidos de Colombia se protejan
mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas conformes con lo
dispuesto en el artículo 35 de la Decisión del Consejo sobre Europol.
9. Europol
mantendrá los datos recibidos de Colombia en sistemas de procesamiento
únicamente durante el período de tiempo que sea necesario para la ejecución de
sus tareas. La necesidad de mantener el almacenamiento de tales datos se
revisará, a más tardar, en el plazo de tres años transcurridos desde la
recepción de los mismos. Durante la revisión, Europol podrá optar por la
continuación del almacenamiento hasta la siguiente revisión, que tendrá lugar
tras otro período de tres años, siempre que siga siendo necesario para la
ejecución de sus tareas. Si no se adopta ninguna decisión respecto a la
continuidad del almacenamiento de los datos, estos se suprimirán de manera
automática.”
[47] “1. Cuando se transmitan datos personales a petición de Colombia, la
información facilitada solo podrá utilizarse con los fines para los que se haya
realizado la solicitud. Cuando se transmitan datos personales sin una solicitud
concreta, en la fecha de la transmisión, o con anterioridad a la misma, se
indicará el fin para el que se facilitan los datos, así como toda restricción
relativa a su utilización, borrado o destrucción, incluidas las posibles
restricciones de acceso de índole general o específica. Cuando la necesidad de
tales restricciones se haga patente después del suministro, Europol informará a
Colombia de las mismas en una fecha posterior.
2. Colombia cumplirá
las siguientes condiciones respecto a todas las transmisiones de datos
personales por parte de Europol:
1. Después de
la recepción, Colombia determinará, sin demora injustificada y a ser posible en
un plazo de seis meses desde la recepción, si los datos que se han suministrado
son necesarios para la finalidad para los que se han facilitado y, en caso
afirmativo, en qué medida;
2. Colombia
no comunicará los datos a terceros Estados u organismos, salvo que medie el
consentimiento previo y explícito de Europol;
3. La
transmisión ulterior de los datos por el destinatario inicial se limitará a las
autoridades competentes mencionadas en el artículo 6o, y se
efectuará en condiciones idénticas a las aplicables a la transmisión original;
4. El
suministro de la información ha de ser necesario en cada caso para prevenir o
combatir los delitos referidos en el artículo 3o, apartado
1;
5. Deberá
respetarse toda condición relativa a la utilización de los datos especificada
por Europol;
6. Cuando se
faciliten datos mediante solicitud, en la petición correspondiente figurarán
las indicaciones relativas al propósito y la finalidad de la misma. En ausencia
de tales indicaciones, los datos no se transmitirán;
7. Los datos
podrán utilizarse únicamente a los efectos para los que se facilitaron;
8. Colombia
corregirá y eliminará los datos si se determina que son incorrectos,
imprecisos, u obsoletos, o que no deberían haberse transmitido;
9. Los datos
se eliminarán cuando dejen de ser necesarios para atender los fines para los
que se transmitieron;
10. Cuando
Europol comunique a Colombia que ha borrado información transmitida a la misma,
esta suprimirá tal información en consecuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 9o, apartado
7, la Policía Nacional de Colombia podrá optar por no borrar la información si
concluye, sobre la base de los datos consignados en sus archivos, y de mayor
amplitud que los que posea Europol, que existe una necesidad ulterior de
procesar dicha información. La Policía Nacional de Colombia comunicará a
Europol de los motivos para continuar almacenando esa información;
3. Colombia
se asegurará de que los datos personales recibidos de Europol queden protegidos
mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas. Tales medidas solo
serán necesarias cuando el esfuerzo que requieran sea proporcional al objetivo
para cuyo logro se hayan formulado en materia de protección, y se diseñarán
para:
1. Impedir
que una persona no autorizada acceda a las instalaciones utilizadas para el
tratamiento de datos de carácter personal,
2. Impedir
que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o eliminados
por una persona no autorizada,
3. Impedir
que se introduzcan sin autorización en el fichero, o que puedan conocerse,
modificarse o suprimirse sin autorización, datos de carácter personal
almacenados,
4. Impedir
que los sistemas de tratamiento automatizado de datos puedan ser utilizados por
personas no autorizadas por medio de instalaciones de transmisión de datos,
5. Garantizar
que, para la utilización de un sistema de tratamiento automatizado de datos,
las personas autorizadas solo puedan tener acceso a los datos que sean de su
competencia,
6. Garantizar
la posibilidad de verificar y comprobar a qué autoridades pueden ser remitidos
datos de carácter personal a través de las instalaciones de transmisión de
datos,
7. Garantizar
que pueda verificarse y comprobarse a posteriori qué datos de
carácter personal se han introducido en el sistema de tratamiento automatizado
de datos, en qué momento, por qué persona y para qué fines han sido
introducidos,
8. Impedir
que, en el momento de la transmisión de datos de carácter personal y durante el
transporte de los soportes de datos, los datos puedan ser leídos, copiados,
modificados o suprimidos sin autorización,
9. Garantizar
que los sistemas utilizados puedan repararse rápidamente en caso de avería,
10.
Garantizar que las funciones del sistema no presenten defectos, que los errores
de funcionamiento sean señalados inmediatamente y que los datos almacenados no
sean falseados por fallos de funcionamiento del sistema.
4. Los datos
personales en los que se revele el origen racial, las opiniones políticas o las
creencias religiosas o de otra índole, o aspectos de la salud o la vida sexual,
como a los que se alude en la primera frase del artículo 6o del Convenio del
Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, solo se
entregarán en casos absolutamente necesarios y de manera complementaria a otra
información.
5. Cuando
Europol observe que los datos personales transmitidos son imprecisos u
obsoletos, o que no se deberían haber transmitido, informará de lo sucedido a
la Policía Nacional de Colombia con la mayor brevedad. Europol solicitará
asimismo de inmediato a la Policía Nacional de Colombia que le confirme que los
datos se corregirán o eliminarán.
6. Europol
mantendrá un registro de todas las comunicaciones de datos personales
efectuadas de conformidad con el presente artículo, así como de las razones de
las mismas.
7. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o, apartado 2, subapartado 9, el
período de almacenamiento de los datos personales transmitidos por Europol no
podrá exceder de un total de tres años. Los plazos volverán a empezar de cero
en las fechas en que se produzcan los acontecimientos que den lugar al almacenamiento
de tales datos. Si, en virtud de la aplicación del presente párrafo, el período
total de almacenamiento de datos personales transmitidos por Europol excediera
de tres años, la necesidad de continuidad de tal almacenamiento se revisará
anualmente, y se documentará tal revisión.”
[48] Para los Estados es recurrente justificar
la transferencia internacional de datos por motivos de seguridad pública,
seguridad nacional, investigaciones contra el terrorismo, labores de
inteligencia militar o policial, cooperación judicial, controles de
inmigración, etc. En el plano empresarial, las multinacionales necesitan circular
información entre las diferentes sucursales que poseen en varios países del
mundo, o requieren información para brindar atención telefónica a los clientes
por medio de call centers internacionales.
[49] Sentencias SU-082 de 1995 y T-307 de 1999.
[50] Sentencia C-1011 de 2008.
[51] “Conocimiento que
puede transmitirse en cualquier forma y que puede incluir datos personales y/o
no personales.”
[52] “Cualquier información o material
determinado que requiera protección frente a la divulgación no autorizada y que
se haya designado así mediante la asignación de un nivel de clasificación.”
[53] “El nivel de
protección atribuido a la información por las medidas de seguridad.”
[54] “Un marcado de protección atribuido a un
documento que indica las medidas de seguridad que deben aplicarse a la
información.”
[55] “Una combinación
específica de medidas de seguridad que se aplicarán a la información en función
del nivel de seguridad.”
[56] “El principio conforme al que la información
sólo puede distribuirse o hacerse accesible a las personas que tienen que
conocer los documentos en cuestión en el desempeño de sus funciones.”
[57]“Los enlaces de comunicación a los que se
aplican medidas especiales para la protección de la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de la transmisión con objeto de evitar la
detección y la intercepción de información y datos (por ejemplo, a través de
métodos criptográficos).”
[58] “El nivel de clasificación aplicable a
información y material cuya difusión no autorizada podría ser inconveniente
para los intereses de Europol o uno o varios Estados miembros.”
[59] “El nivel de clasificación aplicable a
información y material cuya difusión no autorizada podría resultar inoportuna
para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros.”
[60] “El nivel de
clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada
podría ocasionar un perjuicio grave para los intereses esenciales de Europol o
de uno o varios Estados miembros.”
[61] “El nivel de
clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada
podría ocasionar un perjuicio excepcionalmente grave para los intereses
esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros.”
[62] “Los actos delictivos
mencionados en el apartado 1 del artículo 3o de la Convención de las Naciones
Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
de 20 de diciembre de 1988, y en las disposiciones que la modifican o
sustituyen;”
[63] “los delitos
enumerados en el apartado 1 del artículo 7o de la Convención sobre protección
física de los materiales nucleares, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de
marzo de 1980, y que se refieran a materiales nucleares o radioactivos, o a
ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom y en la
Directiva 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980, respectivamente;”
[64] “las acciones
destinadas a facilitar deliberadamente, con fines de lucro, la entrada, la
estancia o el trabajo en el territorio de los Estados miembros de la Unión
Europea, con incumplimiento de las reglamentaciones y las condiciones
aplicables en dichos territorios, y en Colombia, con incumplimiento de su
legislación nacional;”
[65] “la captación, el
transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, mediante
amenazas o recurriendo a la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude,
engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o entrega o recepción de
pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación
sexual, la producción, venta o distribución de material de pornografía infantil, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos;”
[66] “el robo o la
sustracción de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de
cargamentos de camiones o semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de
caravanas, de vehículos agrícolas, de vehículos para obras y de recambios de
vehículos, así como la reaceptación de dichos objetos;”
[67]  “los actos definidos
en el artículo 3 del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para la
represión de la falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo
como a otros medios de pago;”
[68] “ los delitos enumerados en los apartados 1 a 3 del
artículo 6o del Convenio del Consejo de Europa sobre reciclaje, identificación,
secuestro y confiscación de los beneficios del delito, firmado en Estrasburgo
el 8 de noviembre de 1990.”
[69] MP. Mauricio González Cuervo, SV. María Victoria Calle Correa y Luis
Ernesto Vargas Silva.
[70] Así lo ha establecido, entre otras, en el Auto 038 de 2004 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencias C-533 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis), C-576 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Jaime Araujo
Rentería).
[71] MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Jaime Araujo
Rentería. En esta sentencia se declaró inexequible la Ley 994 de
2005, “por medio de la
cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos
persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós días del mes de mayo de dos
mil uno (2001), debido a que se verificó el rompimiento
de la cadena de anuncios durante el segundo debate en el Senado. Por esta razón, la Corte la declaró
inexequible sin examinar el contenido de la misma, por ser innecesario.
[72] Acta No. 28 del 7 de junio de 2012, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 563 del 28 de agosto de 2012.
[73] Acta No. 156 del 26 de septiembre de 2012,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 15 del 6 de febrero de 2013.
[74] Autos 031 de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa), 032 de 2012 (MP.
Luis Ernesto Vargas Silva, SV. Humberto Sierra Porto) y 118 de 2013 (MP. Jorge
Iván Palacio Palacio, SV. Mauricio González Cuervo, AV. María Victoria Calle
Correa).