T-432-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-432/13
SISTEMA INTEGRAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN REGIMEN DE RIESGOS LABORALES-Determinación del origen
del accidente de trabajo y del momento desde el cual son exigibles las
prestaciones que se derivan
Como se consagra en la Ley 100
de 1993 y en las demás normas que la complementan o modifican, el ordenamiento
jurídico distingue dos modalidades de accidentes o enfermedades, según el tipo
de riesgo al cual se expone una persona, esto es, el riesgo laboral o
profesional frente a los denominados riesgos comunes. En el primero se agrupan
los accidentes o enfermedades que sobrevienen por causa o con ocasión del
trabajo, o como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a
la actividad laboral o al medio en el que trabajador se vio obligado a prestar
sus servicios. Por su parte, en el segundo, se compendian los accidentes o
enfermedades que provienen de la realización de cualquier actividad cotidiana
no laboral. Desde este punto de vista, mientras que los primeros son objeto de
protección por parte del Sistema General de Riesgos laborales (SGRL), al tener
como finalidad el amparo del trabajador y de sus beneficiarios; los segundos se
apoyan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y en el Sistema
General de Pensiones, al resguardar las contingencias que puedan afectar a
todos los habitantes en las otras etapas o proyecciones de su vida. Por esta
razón, una vez ocurre un suceso que lesiona la integridad física o psíquica de
una persona, surge a favor de éste o de sus beneficiarios, el derecho a obtener
la determinación de su origen, con el propósito de establecer el sistema que se
encuentra obligado –de cumplirse con los demás requisitos legales– a satisfacer
las prestaciones sociales que brinda el Sistema Integral de Seguridad Social,
de las cuales depende la satisfacción de derechos como la salud, el mínimo
vital, la integridad física y la vida digna.
ACCIDENTE DE TRABAJO-Concepto
Según el artículo 3º de la Ley
1562 de 2012, el accidente de trabajo debe entenderse como “todo suceso
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica,
una invalidez o la muerte”. De manera específica, el legislador también
considera accidente de trabajo, todo aquél suceso que se presenta por fuera del
horario de trabajo, pero bajo las órdenes del empleador, así como el que acaece
durante el ejercicio de la función sindical, o en eventos deportivos o
recreativos, cuando se actúa por cuenta o en representación de la empresa. A
partir de la descripción realizada por el legislador, es claro que el accidente
de trabajo consiste en aquella eventualidad que afecta la salud física o
psíquica del trabajador y que incluso puede conllevar a su muerte, siempre y
cuando ocurra por causa o con ocasión del trabajo. Esto significa que –por su
propia naturaleza– este accidente se encuentra vinculado con el cumplimiento de
las obligaciones que emanan del contrato laboral enunciadas en el artículo 58
del Código Sustantivo del Trabajo, las cuales consisten –básicamente– en
realizar de manera personal la labor encomendada, cumplir con los reglamentos,
obedecer las órdenes e instrucciones impartidas por el empleador, guardar la
reserva de la información que se tenga bajo su custodia, cuidar los bienes y
colaborar en casos de siniestros o de riesgos inminentes que afecten a las
personas o a las cosas de la empresa.
ACCIDENTE DE TRABAJO-Requisitos para ser
considerado accidente laboral
Cuando la norma describe que
el accidente de trabajo no sólo es aquél que sobreviene por causa del trabajo,
sino también aquél que se produce con ocasión del mismo, a juicio de esta
Corporación, quiere significar que el siniestro debe tener ocurrencia mientras
la persona se encuentra desempeñando la labor encomendada, sin que
necesariamente se limite a una hipótesis de una orden dada por el empleador o a
una de las actividades normales que se encuentran a su cargo. Una lectura
contraria conllevaría a que ciertas circunstancias quedarían excluidas del
sistema general de riesgos laborales, como ocurriría con la caída repentina de
una persona que se hallare trabajando o una circunstancia en la cual un
trabajador se lesiona por golpearse con cualquier elemento del lugar destinado
a la prestación del servicio. Desde esta perspectiva, se ha entendido que la
expresión “con ocasión del trabajo” significa que el accidente ocurra mientras
se está trabajando. En conclusión, para que el accidente de trabajo sea
catalogado como tal, es necesario que ocurra por causa o con ocasión de la
labor desempeñada, lo que excluye los sucesos que padezca una persona durante
la realización de cualquier actividad cotidiana no laboral.
ACCIDENTE DE
TRABAJO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL-Forma como se determina
el origen, según Decreto ley 019 de 2012
MUERTE POR
ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES-Prestaciones a
favor de beneficiarios como pensión de sobrevivientes, devolución de saldos a
favor y auxilio funerario
ACCIDENTE DE
TRABAJO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL-Obligación del empleador
de informar la ocurrencia del suceso
ACCIDENTE DE
TRABAJO EN EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES-Trámite dirigido a determinar el
origen del accidente
La iniciación del trámite
dirigido a determinar el origen del accidente no depende únicamente del aviso
del empleador, pues así lo dispone el ordenamiento jurídico y es congruente con
el principio de integralidad, el cual –como ya se dijo– busca brindar una
cobertura completa frente a todas las contingencias que puedan afectar la
situación económica o las condiciones de vida del trabajador o de sus
beneficiarios. En este sentido, sería contrario a los fines del sistema general
de riesgos laborales, la imposición de requisitos que hicieran depender el
derecho de un trabajador o de sus beneficiarios de la diligencia del empleador
en el cumplimiento de sus obligaciones, en especial cuando de por medio se
encuentra el amparo de los derechos al mínimo vital y a la vida digna.
ACCIDENTE DE
TRABAJO EN EL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES-Momento desde el cual son
exigibles las prestaciones que se derivan del sistema
Una vez ocurre un accidente,
el trabajador tiene derecho a que el origen del suceso sea determinado y, en
caso de fallecer, también lo tienen sus beneficiarios, pues de por medio se
encuentra el reconocimiento de prestaciones, como lo es la pensión de
sobrevivientes, vinculadas con el amparo de los derechos al mínimo vital y a la
vida digna. En este orden de ideas, el trámite puede ser iniciado por el
empleador –que por ley tiene el deber de informarle a la ARL el acaecimiento
del accidente–, por el trabajador o por sus beneficiarios. En efecto, como
previamente se dijo, el acceso a la seguridad social como derecho irrenunciable
previsto en la Constitución, no puede depender de la diligencia del empleador
en el cumplimiento de un trámite administrativo. Desde esta perspectiva, la
demora del empleador en reportar el accidente a la ARL, así como las
actuaciones dirigidas a dilatar injustificadamente el reconocimiento y pago de
las prestaciones que surgen del sistema general de riesgos laborales, lo que
incluye el esclarecimiento del origen del accidente, conducen a la imposición
de sanciones administrativas.
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES POR ACCIDENTE DE
TRABAJO-Procedencia excepcional por afectación de derechos fundamentales y
para evitar perjuicio irremediable
Tratándose del reconocimiento
de derechos relacionados con la seguridad social, como lo es la pensión de
sobrevivientes, la acción de tutela no puede, prima facie, ser tenida como un
mecanismo para desplazar los medios ordinarios de defensa judicial, salvo que
ellos no sean idóneos para satisfacer las pretensiones invocadas por los
demandantes o sean ineficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, cuyo examen debe ser apreciado en cada caso concreto, o lo que es
lo mismo, “atendiendo a las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
, la jurisprudencia de la Corte también ha expuesto que, además de acreditar la
procedencia de la acción a partir de la satisfacción del principio de
subsidiaridad, el amparo tan sólo resulta procedente para el reconocimiento de
una pensión de sobrevivientes, (i) cuando quien reclama dicha prestación es
titular del derecho, o lo que es lo mismo, se trata de una persona calificada
por la ley como beneficiario; y (ii) cuando sea ostensible la violación de
algún derecho fundamental, como ocurre con el mínimo vital o el debido proceso.
PENSION DE
SOBREVIVIENTES POR ACCIDENTE DE TRABAJO-Se requiere que la muerte del
causante haya ocurrido por causa o con ocasión del trabajo y que el afiliado
esté cubierto por el sistema desde el día calendario siguiente al de la
afiliación
DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, A LA VIDA DIGNA, AL MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Vulneración
por ARL al no dar trámite para determinar el origen del accidente en el cuál
falleció en el sitio de trabajo el compañero permanente de la accionante
PENSION DE
SOBREVIVIENTES POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y DERECHO AL MINIMO VITAL-Orden a
ARL reconozca el origen del accidente laboral y pague de manera transitoria
pensión de sobrevivientes a la accionante
Referencia: expediente
T-3.814.051
Acción de
Tutela instaurada por la señora Yaneth Castro Quintero, en causa propia y en
representación de sus hijos menores de edad, contra la ARL SURA, la empresa
Metaloc SAS y el Fondo de Pensiones y Cesantías ING
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC.,  diez (10 ) de julio
de dos mil trece (2013)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Guillermo Guerrero Pérez,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos de tutela proferidos por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Manizales
y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, correspondientes al
trámite de la acción de amparo constitucional promovida por la señora Yaneth
Castro Quintero, en causa propia y en representación de sus hijos menores de
edad[1],
en contra de la ARL SURA, la empresa Metaloc y el Fondo de Pensiones y
Cesantías ING[2].
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos
La acción constitucional fue
admitida por la autoridad judicial de primera instancia el 22 de noviembre de
2012[3]
y los hechos se resumen así:
(i)
La accionante hizo vida marital con el señor John Eduard Benavides Chica
desde 1999 y de tal unión fueron nacieron tres hijos: Julián Edwardo, John
Eduard y María José, quienes, respectivamente, nacieron el 9 de abril de 2001,
el 2 de mayo de 2007 y el 12 de noviembre de 2011. En la actualidad tienen la
condición de menores de edad.
(ii)
El 1º de febrero de 2012, el señor Benavides Chica empezó a trabajar
como celador para la Comercializadora Internacional Metaloc SAS (en adelante
Metaloc), bajo un contrato a término definido hasta el 30 de junio de 2012. Como
remuneración se pactó el salario mínimo mensual legal vigente, al tiempo que se
estableció como jornada de trabajo el horario de 8 am a 6 pm de lunes a viernes
y de 8 am a 3:30 pm los sábados.
(iii)
A las 9:45 de la mañana del día 9 de mayo de 2012 y estando en las
instalaciones de Metaloc (durante el desarrollo de la jornada de trabajo), el  señor
Benavides Chica recibió un impacto de bala que le causó la muerte. La empresa
no reportó el suceso como accidente de trabajo, a pesar de los requerimientos
de la demandante.
(iv)
El 15 de junio de 2012, la señora Castro Quintero formuló un derecho petición
ante la ARL SURA, en el que mencionó que el deceso se produjo durante la
jornada laboral, con el propósito de obtener el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes para ella y para sus hijos menores de edad. La citada
aseguradora se negó a otorgar el derecho reclamado, en esencia porque el
empleador no había reportado como accidente de trabajo la muerte de su
compañero permanente.
(v)
Con posterioridad, la accionante interpuso una querella ante el
Ministerio de Trabajo, cuyo trámite concluyó el 17 de julio de 2012 con la
imposición de una multa a la empresa Metaloc de 50 salarios mínimos. Frente a
esta decisión se interpusieron los recursos procedentes, los cuales no habían
sido resueltos hasta la fecha de instauración de la tutela. En todo caso, en su
defensa, la citada empresa señaló que no había reportado el suceso como
accidente de trabajo por haber recibido tal instrucción de la ARL SURA.
(vi)
Finalmente, la accionante aduce que su núcleo familiar dependía económicamente
del salario que percibía su compañero permanente y que ella se dedica a las
labores del hogar.
1.2. Solicitud de amparo
constitucional
1.2.1. Con base en los hechos
relatados, la accionante solicitó al juez de tutela que se ordene a la ARL SURA
“determinar que la muerte del señor John Eduard Benavides Chica se produjo
como consecuencia de un accidente de trabajo”[4] y que, como
resultado de ello, con miras a proteger tanto sus derechos como los de sus
hijos a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso y a la vida
digna, se proceda a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes desde el 9
de mayo de 2012.
1.2.2. En cuanto a la procedencia
de la acción de tutela, la accionante alegó que en su caso se cumplen con los
requisitos excepcionales que la jurisprudencia constitucional ha fijado para el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Para tal efecto, puso de
presente que el mínimo vital de su familia está siendo afectado, pues dependían
económicamente de su compañero permanente. También enfatizó que se trata de una
madre cabeza de familia, responsable del cuidado y manutención de tres menores
de edad. Por ello, en sus propias palabras, con la procedencia del amparo, “se
pretende evitar el perjuicio irremediable que representa la afectación del
mínimo vital familiar y por ende de las condiciones mínimas de subsistencia”[5].
1.2.3. Adicionalmente, la demandante
señaló que se cumplen con los requisitos para obtener el reconocimiento de la
citada prestación, ya que el deceso de su compañero y padre de sus hijos, se
produjo cuando se encontraba desempeñando sus labores como trabajador de
seguridad en la empresa Metaloc.
1.3. Contestación de la
demanda
1.3.1. Contestación de ING
Pensiones[6]
La gerente de ING Pensiones,
sucursal de Manizales, intervino dentro del proceso y alegó que no se cumple con
el requisito de la legitimación por pasiva, ya que el señor Benavides Chica no
se encontraba en su base de datos como afiliado. Por otra parte, apuntó que la
Ley 1562 de 2012, en el artículo 3º, incluye dentro de la definición de
accidente de trabajo la muerte que sobrevenga por causa o con ocasión de la
prestación del servicio remunerado. Así las cosas, como quiera que la muerte
del citado señor acaeció cuando “(…) se encontraba laborando (…) resulta
palmario que estamos en la presencia de un accidente de trabajo”[7].
Por ello, en su opinión, independientemente de la discusión en torno a la
omisión del empleador, la ARL SURA sería la responsable de cubrir los riesgos
laborales del afiliado y no ING.
1.3.2. Contestación de la ARL
SURA[8]
La representante legal de la ARL
SURA intervino dentro del proceso para solicitar que fuera absuelta de
cualquier obligación, ya que en ningún momento le ha conculcado los derechos
fundamentales a la actora. Sobre este punto manifestó que al no haber sido
reportado el suceso como accidente de trabajo, no está obligada a cubrir
prestación alguna.
Para sustentar tal afirmación se
refirió a los hechos de la demanda. En primer lugar, indicó que el occiso se
encontraba afiliado desde el 10 de febrero hasta el 15 de mayo de 2012; y en
segundo lugar, señaló que no tenía en su registro que el disparo que mató al
señor Benavides Chica haya sido reportado como accidente laboral, a pesar de
haber recibido un escrito por parte de la accionante, que fue resuelto el 21 de
junio del mentado año.
En este sentido, enfatizó que es
una obligación del empleador reportar los eventos que con ocasión de la
relación laboral sucedan y que “(…) en ningún momento [la empresa] ha
reportado accidente laboral alguno (…) omitiendo así, en el evento de que el
mismo haya ocurrido, su obligación de reportarlo”[9].
A continuación adujo que la ARL y el empleador responden de manera solidaria, en
aquellos casos en que se haya ocultado el accidente de trabajo y que no era
cierto que Metaloc se hubiese intentado comunicar con la ARL SURA.
Por último, al no haber sido
reportado el accidente, resaltó que la muerte debía entenderse como de origen
común, siendo el fondo de pensiones el obligado a responder por la prestación
reclamada.
1.3.3. Intervención de la
empresa Metaloc
La empresa demandada guardó
silencio dentro del término conferido por la autoridad judicial para ejercer su
derecho de defensa[10].
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN Y ELEMENTOS DE PRUEBA APORTADOS AL PROCESO
2.1. Primera instancia
En sentencia del 3 de diciembre
de 2012, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Manizales resolvió declarar
improcedente el amparo solicitado. Para sustentar su decisión, expuso que a
pesar de existir una omisión por parte del empleador de reportar el suceso como
accidente de trabajo, no observaba que pudiesen desplazarse las competencias
del juez ordinario, quien debía ordenar, si a ello hubiese lugar, el reporte a la
ARL de la muerte del señor Benavides Chica. Por lo demás, en su criterio,
también le correspondía al citado juez esclarecer si el deceso fue producto de
un accidente laboral, si había lugar al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes y si se debía condenar por algún tipo de responsabilidad a la
empresa.
2.2. Impugnación
Inconforme con la decisión, la
accionante interpuso recurso de apelación, el cual sustentó con los mismos
argumentos expuestos en la acción de tutela. No obstante, enfatizó que si bien
el empleador no había reportado el suceso como accidente de trabajo, ella –como
compañera del difunto– sí lo había hecho, por lo que es claro que la ARL tuvo
conocimiento de la muerte y de las circunstancias que la rodearon, entre ellas,
el hecho de que su ocurrencia tuvo lugar durante de la prestación del servicio
laboral. Por esta razón, concluyó  que el incumplimiento del empleador de
reportar el suceso, bajo ninguna circunstancia exonera de responsabilidad a la
ARL.
2.3. Segunda Instancia
En sentencia del 4 de febrero de
2013, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Manizales resolvió confirmar la
decisión del a quo, con el argumento de que no le era posible al juez de
tutela resolver una controversia frente a la cual no existe claridad de la entidad
llamada a asumir la prestación reclamada. En este sentido, a su juicio, no se
cumplían con los requisitos de procedencia excepcional de la acción de amparo
constitucional y, por consiguiente, la accionante debía acudir ante las
autoridades judiciales ordinarias para defender sus intereses.
2.4. Pruebas relevantes
aportadas al proceso
(i) Declaración realizada el 26
de junio de 2006 ante la Notaría 53 del Círculo de Bogotá. En dicha declaración
consta que la señora Yaneth Castro Quintero declaró ocuparse del hogar y el
señor John Eduard Benavides Chica ser empleado. También manifestaron que
dependían de los ingresos del citado señor, que convivían desde hace 9 años y que
–para ese momento– tenían dos hijos. (Cuaderno 1, folio 18).
(ii) Petición formulada el 15 de
junio de 2012 ante la ARL SURA, en la que la accionante pide el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero el 9 de mayo del
año en cita, mientras se encontraba en el lugar de trabajo y cumplía la jornada
laboral. Enfatiza que “(…) hasta la fecha de presentación de esta solicitud
la empresa empleadora no [había] realizado el correspondiente reporte de
accidente de trabajo y se [negaba] a hacerlo”, motivo por el cual procedía
a cumplir con dicha exigencia legal. (Cuaderno 1, folios 2 y 3).
(iii) Respuesta a la anterior
petición, con fecha 21 de junio de 2012, en la que la ARL SURA indica que, al
no haber sido reportado el suceso como accidente de trabajo, “(…) no cuenta
con una calificación de profesional y (…) no es posible que la ARP asuma la
prestación solicitada”[11]. En
consecuencia, le sugiere a la accionante dirigirse al fondo de pensiones donde
se encontraba afiliado su compañero permanente. (Cuaderno 1, folio 4).
(iv) Copia del contrato laboral a
término fijo celebrado entre Metaloc SAS y el señor John Eduard Benavides
Chica, cuyo plazo de duración se fijó del 1º de febrero hasta el 30 de junio de
2012. La labor contratada fue la de seguridad y se pactó como salario la suma
de $ 566.700 pesos mensuales más auxilio de transporte. Por último, se dispuso
que la labor se prestaría durante la jornada ordinaria, en los turnos y en las
horas señaladas por el empleador. (Cuaderno 1, folios 12 a 13).
(v) Registro Civil de Defunción
del señor John Eduard Benavides Chica, con fecha de muerte 9 de mayo de 2012 a las 9:50 am. (Cuaderno 1, folio 17).
(vi) Registros Civiles de
Nacimiento de los menores John Eduard, Julián Edwardo y María José Benavides
Castro, con fechas de nacimiento 2 de mayo de 2007, 9 de abril de 2001 y 12 de
noviembre de 2011, respectivamente. (Cuaderno 1, folios 19 a 21).
(vii) Consulta a Asopagos SA en donde
figura que el señor Benavides Chica estaba afiliado a ING como Administradora
de Fondos Pensionales y a la ARL SURA como Administradora de Riesgos
Profesionales. (Cuaderno 1, folios 14 a 16).
(viii) Copia de la Resolución No.
153 del 17 de julio de 2012, proferida por la Dirección Territorial del
Ministerio del Trabajo de Caldas, en la que se resuelve la querella interpuesta
por la señora Yaneth Castro Quintero contra Metaloc SAS, por no haber reportado
la muerte de su compañero permanente como accidente de trabajo. Al momento de
ejercer su derecho de defensa, la citada empresa indicó que el cargo que
ocupaba el occiso era de seguridad y que murió a las 9:45 de la mañana el día
miércoles 9 de mayo de 2012. Sin embargo, no reportó el suceso como accidente
de trabajo, por cuanto se comunicó con el área jurídica de la ARL SURA y le
manifestaron al representante de la empresa que “(…) no había necesidad de
reportarlo como tal, ya que no se trataba de un accidente de trabajo (…)”.
Dentro de las consideraciones expuestas
por el Inspector de Trabajo, se encuentra que el señor Benavides falleció “(…)
en su puesto de trabajo, en horario de trabajo, desempeñando su labor, [pero]
la empresa no cumplió (violó) con lo estipulado en el artículo 21 literales e)
y h) del Decreto Ley 1295 de 1994, ya que es una obligación de la empresa
reportar todo evento que sufran sus trabajadores en sus puestos de trabajo a la
ARP (…) y está es quién en primer instancia califica el evento como profesional
o no (…)”. En consecuencia, ante la infracción de las normas laborales y de
seguridad social, resolvió imponerle una multa a la citada empresa de $ 28.335.000
de pesos. (Cuaderno 1, folios 22 a 27).
(ix) Constancia del Coordinador
de Afiliaciones y Traslados de ING, donde se indica que el señor John Eduard
Benavides Chica no estaba afiliado al citado fondo. (Cuaderno 1, folio 39).
(x) Finalmente, historia Laboral
del señor Benavides Chica elaborada por la ARL SURA, en donde se observa que,
para el 15 de mayo de 2012, la AFP que lo cubría era ING Fondo de Pensiones.
(Cuaderno 1, folios 59 a 60).
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
3.1. Competencia
Esta Sala es competente para
revisar las decisiones proferidas en la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 21 de marzo 2013
proferido por la Sala de Selección número Tres.
3.2. Problema jurídico y esquema de resolución
3.2.1. A partir de las
circunstancias que rodearon el ejercicio de la acción de tutela y de las
decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales, esta Corporación
debe determinar, (i) si la ARL SURA conculcó los derechos fundamentales a la
seguridad social y al mínimo vital de la accionante y de sus hijos menores de
edad, como consecuencia de su negativa a iniciar el procedimiento para
determinar el origen del accidente sufrido por el señor John Eduard Benavides
Chica, con el argumento de que este suceso sólo podía ser reportado por
el empleador y al indicarle que debía dirigirse –en su lugar– contra el fondo
de pensiones.
En seguida, esta Sala de Revisión
debe determinar, (ii) si es procesalmente viable el ejercicio de la acción de
tutela para reconocer la pensión de sobrevivientes de la señora Yaneth Castro
Quintero y de sus hijos menores de edad.
Finalmente, en caso de que la
respuesta al citado problema jurídico sea afirmativa, es preciso examinar,
(iii) si al no reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes objeto de
controversia, la ARL SURA vulneró los derechos fundamentales a la seguridad
social y mínimo vital de la mencionada señora Castro Quintero y de sus hijos.
3.2.2. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, la Sala (i) inicialmente
se referirá al procedimiento para la determinación del origen de los accidentes
en el Sistema Integral de Seguridad Social, al accidente de trabajo y al
momento desde el cual son exigibles las prestaciones que se derivan del sistema
general de riesgos laborales; (ii) a continuación reiterará la jurisprudencia
constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; y finalmente, (iii)
procederá a solucionar el caso concreto.
3.3. De la determinación del
origen de los accidentes en el Sistema Integral de Seguridad Social, del
accidente de trabajo y del momento desde el cual son exigibles las prestaciones
que se derivan del sistema general de riesgos laborales
3.3.1. En su jurisprudencia, esta
Corporación ha indicado que la seguridad social presenta una dualidad que ha de
tenerse en cuenta al momento de hacer su análisis dentro de las dinámicas
propias del Estado Social de Derecho[12].
Así, conforme con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad
social ha sido concebida como un servicio público de carácter obligatorio y
como un derecho irrenunciable que cobija a todos los habitantes del país[13].
Como servicio público, además de
regirse por los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad, la
seguridad social se torna en una manifestación inherente a las finalidades
sociales del Estado[14],
descritas en el artículo 2º de la Carta, en cuanto apunta a la garantía
efectiva de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución,
dentro de un marco normativo fundado en el respeto de la dignidad humana[15].
Como derecho, la seguridad social
se halla vinculada con la garantía de protección frente a determinadas
contingencias que pueden afectar la vida de las personas. De ahí que su
realización se enfoque en la satisfacción de derechos fundamentales como el
mínimo vital, lo que le otorga el carácter de derecho irrenunciable[16].
3.3.2. En desarrollo de tales
postulados fue proferida la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema de Seguridad
Social Integral (SSSI), el cual, conforme con el artículo 1º, tiene “por
objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la
protección de las contingencias que la afectan”.
Esta ley igualmente contextualizó
el alcance de los distintos principios que rigen el Sistema de Seguridad Social
Integral. Para efectos de esta sentencia, es preciso destacar los principios de
universalidad, solidaridad e integralidad. El primero se contempló en la
aludida Ley 100 de 1993, como “la garantía de la protección para que todas
las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de su vida”[17],
se encuentren amparadas frente a las contingencias que la puedan afectar, desde
el punto de vista de la vejez, la salud y los riesgos laborales. La solidaridad
ha de comprenderse como “la práctica de la mutua ayuda entre las personas,
las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo
el principio del más fuerte hacia el más débil”[18]. Finalmente,
la integralidad supone “la cobertura de todas las contingencias que afectan
la salud, la capacidad económica y en general las condiciones de vida de toda
la población”[19].
3.3.3. Más allá de que el SSSI
responde a un todo regido por los mismos principios, su examen puede
disgregarse en los distintos componentes que lo integran. Precisamente, en lo
que se refiere al asunto sub-judice, en un primer momento, esta
Corporación se pronunciará sobre la forma de distribución de las coberturas que
se ofrecen por el sistema, cuando se presenta un suceso que lesiona la
integridad física o psíquica de una persona.
Al respecto, como se consagra en la
Ley 100 de 1993 y en las demás normas que la complementan o modifican, el
ordenamiento jurídico distingue dos modalidades de accidentes o enfermedades, según
el tipo de riesgo al cual se expone una persona, esto es, el riesgo laboral o
profesional frente a los denominados riesgos comunes. En el primero se agrupan
los accidentes o enfermedades que sobrevienen por causa o con ocasión del
trabajo[20], o como resultado de la
exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o al medio
en el que trabajador se vio obligado a prestar sus servicios[21]. Por su parte, en el
segundo, se compendian los accidentes o enfermedades que provienen de la
realización de cualquier actividad cotidiana no laboral.
Desde este punto de vista, mientras
que los primeros son objeto de protección por parte del Sistema General de
Riesgos laborales (SGRL), al tener como finalidad el amparo del trabajador y de
sus beneficiarios; los segundos se apoyan en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y en el Sistema General de Pensiones, al resguardar las
contingencias que puedan afectar a todos los habitantes en las otras etapas o
proyecciones de su vida.
Por esta razón, una vez ocurre un
suceso que lesiona la integridad física o psíquica de una persona, surge a
favor de éste o de sus beneficiarios, el derecho a obtener la determinación de
su origen, con el propósito de establecer el sistema que se encuentra obligado
–de cumplirse con los demás requisitos legales– a satisfacer las prestaciones
sociales que brinda el Sistema Integral de Seguridad Social, de las cuales
depende la satisfacción de derechos como la salud, el mínimo vital, la
integridad física y la vida digna.
Así las cosas, en principio, una
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sólo estaría obligada a satisfacer
las prestaciones que surgen del accidente o de la enfermedad de uno de sus
afiliados, si la misma es calificada como laboral, pues si la contingencia
tiene su origen en un riesgo común, como ya dijo, son otras las entidades
llamadas a brindar las coberturas que ofrece el sistema. La relevancia en la
determinación del origen ha conducido a que el legislador, por ejemplo, presuma
que todo accidente que no haya sido calificado como de origen profesional sea
considerado como de origen común, tal y como lo dispone el artículo 12 del
Decreto Ley 1295 de 1994[22].
Una vez se ha determinado el
sistema encargado de brindar las prestaciones que salvaguardan el derecho a la
seguridad social, su otorgamiento se sujeta al tipo de afectación que padece la
persona, esto es, si se trata de una hipótesis de incapacidad, invalidez o
muerte. De ahí que, entre otras, se prevean como prestaciones: el subsidio por
incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la
pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario. Por
las condiciones del asunto sometido a decisión, esto es, la muerte del esposo
de la accionante, esta Corporación debe centrarse en el estudio de la pensión
de sobrevivientes.
De este modo, en criterio de esta
Sala de Revisión, para efectos de dar respuesta al caso concreto, es preciso
examinar los siguientes temas: en primer lugar, el concepto de accidente de
trabajo, en aras de distinguirlo de los demás sucesos que se originan con
ocasión de un riesgo común; en segundo lugar, la forma como se determina su
origen en el Sistema Integral de Seguridad Social y; finalmente, el momento
desde el cual son exigibles las prestaciones que se derivan del sistema general
de riesgos laborales, pues, en este caso, como se expuso en el acápite de
antecedentes, la accionante considera que las prestaciones se encuentran a
cargo de la ARL SURA.
3.3.4. Del accidente de
trabajo
3.3.4.1. Según el artículo 3º de la
Ley 1562 de 2012, el accidente de trabajo debe entenderse como “todo suceso
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en
el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica,
una invalidez o la muerte”. De manera específica, el legislador también
considera accidente de trabajo, todo aquél suceso que se presenta por fuera del
horario de trabajo, pero bajo las órdenes del empleador, así como el que acaece
durante el ejercicio de la función sindical, o en eventos deportivos o
recreativos, cuando se actúa por cuenta o en representación de la empresa[23].
A partir de la descripción
realizada por el legislador, es claro que el accidente de trabajo consiste en
aquella eventualidad que afecta la salud física o psíquica del trabajador y que
incluso puede conllevar a su muerte, siempre y cuando ocurra por causa o con
ocasión del trabajo. Esto significa que –por su propia naturaleza– este
accidente se encuentra vinculado con el cumplimiento de las obligaciones que
emanan del contrato laboral enunciadas en el artículo 58 del Código Sustantivo
del Trabajo, las cuales consisten –básicamente– en realizar de manera personal
la labor encomendada, cumplir con los reglamentos, obedecer las órdenes e
instrucciones impartidas por el empleador, guardar la reserva de la información
que se tenga bajo su custodia, cuidar los bienes y colaborar en casos de
siniestros o de riesgos inminentes que afecten a las personas o a las cosas de
la empresa.
3.3.4.2. Cuando la norma describe
que el accidente de trabajo no sólo es aquél que sobreviene por causa
del trabajo, sino también aquél que se produce con ocasión del mismo, a
juicio de esta Corporación, quiere significar que el siniestro debe tener
ocurrencia mientras la persona se encuentra desempeñando la labor encomendada, sin
que necesariamente se limite a una hipótesis de una orden dada por el empleador
o a una de las actividades normales que se encuentran a su cargo.
Una lectura contraria conllevaría
a que ciertas circunstancias quedarían excluidas del sistema general de riesgos
laborales, como ocurriría con la caída repentina de una persona que se hallare
trabajando o una circunstancia en la cual un trabajador se lesiona por golpearse
con cualquier elemento del lugar destinado a la prestación del servicio. Desde
esta perspectiva, se ha entendido que la expresión “con ocasión del trabajo”
significa que el accidente ocurra mientras se está trabajando.
En este mismo sentido, la Corte
Suprema de Justicia ha dicho que:
“No está
por demás anotar que si se  conside­rara que únicamente queda cobijado como
accidente de trabajo el suceso imprevisto y repentino, no querido por la
víctima ni tampoco provocado por grave culpa suya, que ocurre de modo exclusivo
cuando el trabajador se encuentra "dedica­do a sus activida­des
normales" o a las "funciones propias de su empleo", bastaría
entonces que el trabajador no obstante hallarse a disposición del patrono
estuviese ocupado en una faena distinta a la suya propia, o en cualquier
actividad que estrictamente no pudiera conside­rarse como una de "sus
actividades norma­les" o "funciones propias de su empleo", como,
por ejemplo, entrando en la empresa o saliendo de ella, bajando o subiendo unas
escaleras después de terminada su labor habitual, o en fin ejecutando cualquier
otra acción diferente a la labor para la cual fue contratado, para que dejara
de considerársele  como dedicado a una de "sus activi­dades normales",
desapa­recien­do, por ende, el accidente de trabajo por faltar uno de los
elementos que lo configu­ran. Desde luego que este entendimiento de la norma
implicaría un notorio retroceso en el proceso legislativo, doctrinario y
jurisprudencial que se ha recorrido desde las primeras manifestaciones de
amparo al trabajador, que entre nosotros se produjo con la Ley 57 de 1915, o
sea, sería desandar todo lo que en esta materia se ha avanzado para colocarse
en una época anterior a tal ley”[24].
3.3.4.3. En conclusión, para que
el accidente de trabajo sea catalogado como tal, es necesario que ocurra por
causa o con ocasión de la labor desempeñada, lo que excluye los sucesos que
padezca una persona durante la realización de cualquier actividad cotidiana no
laboral. Con fundamento en lo anterior, se procederá a estudiar la forma como
se determina su origen en el Sistema Integral de Seguridad Social.
3.3.5. De la forma como se
determina el origen de un accidente de trabajo en el Sistema Integral de
Seguridad Social
3.3.5.1. El procedimiento
para determinar el origen del accidente del trabajo ha tenido múltiples
modificaciones. En sus inicios, por ejemplo, el Decreto Ley 1295 de 1994
contemplaba, en el artículo 12, que el origen del accidente sería calificado,
en primera instancia, por la institución prestadora de servicio de salud (IPS)
que atendiese al afiliado. Por su parte, en segunda instancia, su determinación
le correspondía a una comisión laboral o un médico de las entonces
Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) y, si llegasen a surgir
discrepancias entre los dictámenes de la IPS y de la ARP, las mismas debían ser
resueltas por unas juntas integradas por representantes de ambas empresas. Aun
así, en caso de desacuerdo, la definición definitiva de la controversia recaía
sobre las juntas regionales de calificación o, en última instancia, sobre la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Tan sólo en este último momento se
consideraba finiquitada la actuación administrativa y el dictamen podía ser controvertido
ante la jurisdicción ordinaria laboral[25].
Este procedimiento ha sido objeto
de varias modificaciones, entre otras, a partir de la reciente expedición del Decreto
Ley 019 de 2012, cuyo objeto consiste en suprimir o recortar trámites,
procedimientos y regulaciones innecesarias, con el fin de facilitar las relaciones
de los ciudadanos con la administración pública y con los particulares que desempeñan
funciones administrativas[26].
Más allá de los cambios que en el
procedimiento de determinación del origen introdujo el citado Decreto Ley 019
de 2012, los cuales se explicarán más adelante, es preciso destacar los
parámetros de interpretación que frente a las actuaciones administrativas
fueron incluidos en sus artículos 5° y 6°. En el primero se establece que las
normas de procedimiento administrativo deben ser utilizadas para agilizar las
decisiones, adelantar los trámites en el menor tiempo posible y reducir los gastos
de quienes intervienen en ellos. En tal virtud, las autoridades y los
particulares que cumplan funciones administrativas deben proceder “con
austeridad y eficiencia (…) procurando el más alto nivel de calidad en sus
actuaciones y [en] la protección de los derechos de las personas”[27].
En el segundo se dispuso que los trámites han de ser sencillos, eliminando
cualquier complejidad innecesaria y ajustando las exigencias procedimentales a
los principios de razonabilidad y proporciona-lidad[28].
La aplicación de estos principios resulta de gran importancia en el sistema
general de riesgos laborales, pues de por medio se encuentra la garantía de los
derechos inalienables de las personas[29], frente a las contingencias
que pueden afectar sus condiciones de vida y las de sus beneficiarios.
3.3.5.2. Dentro de este contexto,
en procura de establecer un trámite más sencillo y de agilizar los
procedimientos en materia de seguridad social, el inciso 2º del artículo 142
del Decreto Ley 019 de 2012 establece que: “Corresponde al Instituto de
Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, a las
Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, a las Compañías de Seguros que
asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud
EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar
el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso
de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar
su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá
remitirlo a las juntas regionales de calificación de invalidez del orden
regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable
ante la junta nacional de calificación de invalidez, la cual decidirá en un
término de cinco (5) días Contra dichas decisiones proceden las acciones
legales.”[30]
Como se observa de la norma
transcrita, es claro que su rigor normativo amplió el marco de las entidades
habilitadas para participar en la definición del origen de las contingencias,
al incluir, por ejemplo, a las compañías de seguros que asumen el riesgo de
invalidez y muerte. Adicionalmente, como a continuación pasa a demostrarse, redujo
las instancias administrativas a las que se someten los interesados en
desarrollo de este proceso.
En efecto, como ya se expuso, una
revisión al régimen previsto en el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994,
permite inferir que con anterioridad a la reforma introducida en el Decreto Ley
019 de 2012, las controversias vinculadas con el origen del accidente, preveían
la posible intervención de tres entidades distintas, antes de que el asunto
fuese definitivamente resuelto por las juntas regionales y la Junta Nacional de
Calificación, a saber: en primera instancia, la EPS que atendiese al afiliado;
en segunda instancia, el médico o una comisión laboral de la ARP; y en caso de
existir discrepancias, una junta integrada por representantes de la EPS y de la
ARP. Se trataba entonces de un proceso complejo en el que incluso podían llegar
a existir alrededor de cinco instancias administrativas.
Con la expedición del citado
Decreto Ley 019 de 2012, en concreto, del artículo 142, se redujeron a tres las
aludidas instancias administrativas, pues ahora se establece una única
oportunidad para determinar el origen del accidente, a cargo de la entidad ante
la cual se promueva el inicio de este proceso, ya sea COLPENSIONES, las
Administradoras de Riesgos Laborales, las compañías de seguros o las Entidades
Promotoras de Salud, luego de lo cual tan sólo se podrá recurrir por algún interesado
ante las juntas regionales y la Junta Nacional de Calificación, con el
propósito de controvertir la decisión inicialmente adoptada.
Cabe señalar que por interesado
ha de entenderse al empleador, al trabajador, a sus beneficiarios o a las
entidades que tras el dictamen resulten obligadas a responder por las
prestaciones sociales, tal y como se desprende del Decreto 1352 de 2013, que
reglamenta las juntas de calificación de invalidez[31].
Al respecto, el artículo 2° establece como personas interesadas y de
obligatoria notificación o comunicación, entre otras, la persona objeto de
dictamen o sus beneficiarios, la EPS, la ARL, el empleador, el Fondo de
Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media y la compañía de seguros
que asuma el riesgo de invalidez, sobrevivencia y muerte.
3.3.5.3. Adicional a lo expuesto,
también se observa que el inciso 2º del artículo 142 del Decreto Ley 019 de
2012 no sólo se aplica a la determinación de la pérdida de capacidad laboral,
sino que incluye la definición del origen de las contingencias. Ahora bien, la
pregunta que surge consiste en determinar si su aplicación se limita a los
sucesos que conduzcan a la invalidez de una persona, como en principio
parecería inferirse del título del citado artículo, conforme al cual se trata
de una regulación prevista para la “calificación del estado de invalidez”. Una
interpretación en dicho sentido implicaría aceptar que, en tratándose de un
evento en el cual la persona murió, el origen del accidente tendría que
establecerse por el procedimiento contemplado en el Decreto 1295 de 1994, es
decir, los beneficiarios del occiso tendrían que esperar, en caso de una
desavenencia administrativa, las cinco instancias previamente descritas.
En criterio de la Corte, una
lectura sistemática de las normas que integran el sistema de riesgos laborales,
al igual que de los principios generales aplicados a los trámites y
procedimientos administrativos, conllevan a una interpretación distinta, según
la cual dicho régimen también tiene aplicación en la determinación del origen
de los sucesos que conduzcan a la muerte de un afiliado, con fundamento en las
siguientes razones:
(i) En primer lugar, el principio
de simplicidad de los trámites exige que los requisitos establecidos sean
racionales y proporcionales al fin que se persigue cumplir[32].
Desde esta perspectiva, si la finalidad del sistema general de riesgos labores
es brindar la atención que los afiliados o sus beneficiarios requieran frente a
las eventualidades que afecten su capacidad económica o en general sus
condiciones de vida, es lógico concluir que todos los trámites han de seguirse
por las mismas reglas, sin diferenciar si se trata de un accidente que conllevó
a la invalidez o a la muerte.
En efecto, la razonabilidad de un
trámite exige su conformidad con lo justo, que para el caso en concreto implica
la posibilidad de someter a los ciudadanos a unas cargas normales, moderadas, lógicas,
aceptables, equitativas y adecuadas frente a las circunstancias en las que se
encuentran y frente a los derechos cuya salvaguarda se pretende obtener.
Desde esta perspectiva, es claro
que resultaría excesivamente dispendioso e inequitativo someter a una familia
que pierde a su ser querido a la carga de iniciar un trámite sometido a cinco
etapas distintas, sin contar con un eventual proceso judicial, para esclarecer
qué entidad debe responder por la pensión de sobrevivientes. Cuando, por el
contrario, una familia que no perdió a uno de sus miembros, pues éste quedó en
estado de invalidez, tendría que tan sólo soportar un trámite para el cual fueron
fijadas tres instancias administrativas.
Nótese como, en ambos casos, la
contingencia afectaría de manera negativa la solvencia económica de las
personas y su calidad de vida, amenazando con ello el mínimo vital de los
miembros de sus familias, por lo que la sobrevivencia en un caso y la muerte en
el otro, no constituyen razones suficientes para legitimar un trato administrativo
diferenciado, que, además,  conculcaría el derecho a la igualdad.
(ii) En segundo lugar, una
interpretación que privilegiara la aplicación de distintos procedimientos
administrativos, en la práctica generaría conflictos innecesarios y trámites
contrarios a la finalidad perseguida por el sistema general de riesgos labores,
cuyo propósito es asegurar la satisfacción de los derechos irrenunciables del
trabajador o de sus beneficiarios frente a las contingencias que afecten su calidad
de vida. Así, por ejemplo, sería confuso saber qué procedimiento aplicar en situaciones
en las cuales una persona, tras el accidente, primero queda en situación de
invalidez y luego, por una infructuosa convalecencia, muere antes de que sea
determinado el origen de la contingencia. Este tipo de casos generarían
innumerables controversias administrativas en desconocimiento del principio de
economía y con riesgo frente a la satisfacción de los derechos ciudadanos.
(iii) Por último, la Sala
considera que, además de lo anterior, el inciso 1° del artículo 15 de la Ley
1562 de 2012 contempla que: “Frente a las controversias presentadas ante la
calificación en primera oportunidad solo procede el envío a las Juntas de
Calificación de Invalidez (…)”[33]. Obsérvese como
se trata de una norma general que prevé el momento de participación de las
juntas de calificación, para lo cual dispone que, de manera exclusiva, su
competencia proviene de las controversias que se generan por la calificación
realizada en una “primera oportunidad”.
Dicha oportunidad les
corresponde, según lo dispuesto en el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012,
“al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones,
COLPENSIONES, a las Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, a las
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades
Promotoras de Salud EPS”, cuando señala que a las citadas entidades les
asiste el deber “en una primera oportunidad” de determinar “la
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de
[las] controversias”.
En este orden de ideas, no cabe
duda que una interpretación sistemática del régimen normativo referente al SGRL
permite ratificar la postura asumida en esta sentencia, conforme a la cual el
procedimiento administrativo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012 también
aplica para aquellos casos en los cuales el trabajador, a causa del accidente,
fallece. Incluso una hermenéutica distinta no permitiría entender la lógica por
la cual se prevé la participación de las compañías de seguros que asumen el
riesgo de la invalidez y la muerte o el mismo hecho de que el legislador se
refiere en plural a la determinación del origen de las “controversias”.
3.3.5.4. En cuanto al inicio del
trámite para esclarecer el origen de la contingencia, el ordenamiento jurídico
prevé varias posibilidades, en especial, cuando el accidente o la enfermedad de
alguna manera se vincula con la existencia de una relación de trabajo. La
primera se desprende de las obligaciones genéricas del empleador; mientras que
la segunda recae en la iniciativa propia del trabajador o de sus beneficiarios,
como pasa a ilustrarse.
(i) Inicialmente, el artículo 56
del CST contempla como una de las obligaciones que surgen de la relación
laboral, el deber de proteger y brindar seguridad a los trabajadores[34],
al tiempo que a estos últimos les asiste la carga de informar al empleador de
la ocurrencia de cualquier contingencia que afecte su salud física o psíquica,
conforme lo dispone el artículo 221 del CST[35]. En todo caso, una vez
el empleador conoce de la ocurrencia de un accidente, el sistema le impone la
obligación de informar a la ARL acerca de su acaecimiento, como expresamente se
establece en el literal e) del artículo 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, en los
siguientes términos: “Notificar a la entidad administradora a la que se
encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y las enfermedades”.
Ahora bien, comoquiera que se
trata de una eventualidad surgida por causa o con ocasión de la relación
laboral, es lógico que el aviso sobre la ocurrencia de un accidente de trabajo
se haga a la ARL a la que el empleador afilió a sus trabajadores. Así lo
ratifica el artículo 140 del Decreto Ley 019 de 2012 al disponer que: “(…)
el aviso de que trata el artículo 220 del Código Sustantivo del Trabajo se hará
a la Administradora de Riesgos Profesionales a la que se encuentre afiliado el
empleador, en los términos y condiciones establecidos en la normatividad que
rige el Sistema General de Riesgos Profesionales”[36].
(ii) Aunado a lo expuesto, una
segunda vía a través de la cual se puede iniciar el trámite dirigido a
determinar el origen de un accidente, se da por iniciativa propia del
trabajador o de sus beneficiarios, en procura de garantizar el acceso efectivo a
las prestaciones sociales que amparan el derecho a la seguridad social. Así lo
previó inicialmente el Decreto 2463 de 2001, al consagrar que el afectado podía
solicitar directamente el dictamen, cuando las entidades responsables de
iniciar el trámite no lo hicieran. Esta actuación podía hacerla ante la
entonces denominada ARP, ante la EPS o incluso ante la Junta Regional de
Calificación de Invalidez. Al respecto, se dispuso que:
“Cuando las
instituciones prestadoras de servicio de salud no emitan el concepto sobre
determinación de origen y la persona sujeto de la calificación estima que se
trata de un evento de origen profesional, podrá dirigir su solicitud
directamente a la entidad administradora de riesgos profesionales o a la
empresa promotora de salud. Si dichas entidades no inician el trámite
correspondiente podrá acudir directamente a la junta regional de calificación
de invalidez (…)”[37].
Por su parte, una regulación
similar –en el sentido de permitir una actuación por parte del afectado o sus
beneficiarios– también fue establecida en el Decreto 1352 de 2013. Precisamente,
en el artículo 28, se dispuso que “(…) la solicitud ante la junta podrá ser
presentada [entre otros, por] el trabajador o su empleador (…), el pensionado
por invalidez o aspirante a beneficiario (…)”. Con todo, en el artículo
subsiguiente se establecen los casos en los cuales se puede acudir directamente
ante la junta, una de tales hipótesis es cuando han “(…) transcurridos
treinta (30) días calendario después de terminado el proceso de rehabilitación
integral [y] aún no ha sido calificado en primera oportunidad (…)”. Si bien
la norma parecería suponer la sobrevivencia del accionante y una convalecencia
y rehabilitación, no por ello debe dejarse de aplicar en aquellos casos en los
que la persona fallece, pues, el  inciso 1° del citado artículo 29, autoriza al
“(…) trabajador o su empleador, el pensionado por invalidez o aspirante
a beneficiario [para] presentar la solicitud de calificación o recurrir
directamente a la Junta de Calificación de Invalidez (…)”.
3.3.5.5. En conclusión, la
iniciación del trámite dirigido a determinar el origen del accidente no depende
únicamente del aviso del empleador, pues así lo dispone el ordenamiento
jurídico y es congruente con el principio de integralidad, el cual –como ya se
dijo– busca brindar una cobertura completa frente a todas las contingencias que
puedan afectar la situación económica o las condiciones de vida del trabajador
o de sus beneficiarios. En este sentido, sería contrario a los fines del
sistema general de riesgos laborales, la imposición de requisitos que hicieran
depender el derecho de un trabajador o de sus beneficiarios de la diligencia
del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones, en especial cuando de por
medio se encuentra el amparo de los derechos al mínimo vital y a la vida
digna.
Lo anterior se ratifica con la
consecuencia que se prevé en el ordenamiento jurídico por la demora del empleador
en informar a la ARL la ocurrencia del suceso, cuya sanción consiste en la
imposición de una multa. En este contexto, el literal a) del numeral 5º del artículo
91 del Decreto Ley 1295 de 1994 establece que: “(…) La no presentación o
extemporaneidad del informe del accidente de trabajo o de enfermedad
profesional o el incumplimiento por parte del empleador de las demás
obligaciones establecidas en este Decreto, [le otorga la competencia a] la
Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, (…) [para] imponer multas de hasta doscientos (200) salarios
mínimos legales mensuales”. Desde esta perspectiva, no cabe duda que la
consecuencia jurídica derivada de la omisión del empleador en avisar la
ocurrencia del accidente es la imposición de una sanción económica y no la
imposibilidad de las entidades obligadas de iniciar las pesquisas necesarias
para esclarecer su origen.
En todo caso, es preciso aclarar
que la forma como se prevé el inicio del trámite dirigido a esclarecer el
origen de la contingencia, cuando el accidente o la enfermedad de alguna manera
se vincula con la existencia de una relación de trabajo, supone que tal
actuación se realiza inicialmente por parte del empleador y sólo supletivamente
por el afectado o sus beneficiarios. De esta forma no sólo cobra sentido la
existencia de la obligación patronal de informar la ocurrencia del suceso, sino
también la imposición de una sanción como consecuencia de su vulneración.
3.3.6. Del momento desde el
cual son exigibles las prestaciones que se derivan del sistema general de
riesgos laborales
3.3.6.1. Una vez se inicie y
concluya el trámite administrativo, si se cumplen los requisitos y se determina
que el origen de la contingencia del trabajador afiliado fue laboral, entonces la
ARL deberá –en caso de invalidez o muerte– reconocer la pensión de invalidez o
de sobrevivientes[38]. Esta obligación no sólo
emana de los fines que explican el Sistema Integral de Seguridad Social, sino
que también se encuentra reseñada en el artículo 34 del Decreto Ley 1295 de
1994, conforme al cual: “Todo afiliado al Sistema General de Riesgos
Profesionales que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o
como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a
que le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones
económicas [correspondientes] (…)”[39].
No obstante, la jurisprudencia de
esta Corporación ha expuesto que debido a la posibilidad de ejercer las acciones
de repetición, a pesar de que no esté en firme la calificación del origen, si éste
ha sido considerado en un primer momento como laboral, las ARL deben asumir el
reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que correspondan, si se
satisfacen el resto de requisitos previstos en la ley, en aras de evitar –entre
otras– la afectación del mínimo vital del trabajador o de sus beneficiarios. En
este sentido, por ejemplo, en tratándose de la pensión de sobrevivientes, en la
Sentencia T-316 de 2011 se señaló que: “(…) cuando ya ha habido una primera
calificación de la causa que ocasionó la muerte del trabajador, debe la ARP
respectiva, si se dictaminó que el fallecimiento tuvo un origen profesional,
entrar a pagar las prestaciones que se reclaman. Si se llegare a determinar que
el origen de la muerte es atribuible a una causa común, entonces, podrá la ARP
repetir contra el Fondo de Pensiones que está obligado a responder por el pago
de la pensión. De esta manera, se evitaría aumentar los padecimientos morales
que pesan sobre los beneficiarios del causante”[40].
No sobra recordar que este tipo
de prestaciones económicas y, en especial, la pensión de sobrevivientes, tiene
como finalidad servir como medio de protección para que la muerte de una
persona no deje desamparado a quienes le sobreviven, supliendo la inesperada
desaparición de su apoyo físico y económico, en aras de evitar un cambio
sustancial en las condiciones de vida de sus beneficiarios. En este sentido, en
la Sentencia C-1094 de 2003[41], este Tribunal expresó
que:
“La pensión de
sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el
legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes
mencionado.  La finalidad esencial de esta prestación social es la
protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte
que las personas que dependían económicamente del causante puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación
social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha
fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y
compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.”
3.3.6.2. Dentro de este contexto
y en procura de la garantía de la seguridad social, el propio legislador le ha
otorgado un carácter prevalente al reconocimiento de las prestaciones del
sistema general de riesgos laborales, con independencia de las acciones de
recobro que permiten garantizar la recuperación de los recursos que se hayan
destinado para el pago de las mismas. En este sentido, el inciso 5° del
parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 776 de 2002 dispone que: “Las
acciones de recobro que adelanten las administradoras son independientes a su
obligación de reconocimiento del pago de las prestaciones económicas dentro de
los dos (2) meses siguientes contados desde la fecha en la cual se alleguen o
acrediten los requisitos exigidos para su reconocimiento (…)”.
La demora en el cumplimiento de
esta obligación, según lo dispuesto en el literal c) del artículo 91 del
Decreto Ley 1295 de 1994, acarrea la imposición de multas de hasta de mil
salarios mínimos legales mensuales vigentes. En efecto, en la norma en cita se
establece que: “Las entidades administradoras de riesgos laborales que incurran
en conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de las
prestaciones (…) serán sancionadas por la Superintendencia Financiera, (…) con
multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
sin perjuicio de las demás previstas en la ley o en este decreto”.
Una de las actuaciones que conduciría
a dilatar injustificadamente el pago de las prestaciones, sería demorar –por
fuera de las exigencias previstas en la ley– el trámite dirigido a determinar
el origen del accidente, pues, conforme ha sido reiterado por esta Corporación[42],
los problemas administrativos no pueden conllevar a que una persona quede
desprotegida, sobre todo cuando de por medio se encuentra la protección del
derecho al mínimo vital, en especial, frente a sujetos de especial protección
constitucional[43].
3.3.7. Conclusiones
En suma, una vez ocurre un
accidente, el trabajador tiene derecho a que el origen del suceso sea
determinado y, en caso de fallecer, también lo tienen sus beneficiarios, pues de
por medio se encuentra el reconocimiento de prestaciones, como lo es la pensión
de sobrevivientes, vinculadas con el amparo de los derechos al mínimo vital y a
la vida digna. En este orden de ideas, el trámite puede ser iniciado por el
empleador –que por ley tiene el deber de informarle a la ARL el acaecimiento
del accidente–, por el trabajador o por sus beneficiarios. En efecto, como
previamente se dijo, el acceso a la seguridad social como derecho irrenunciable
previsto en la Constitución, no puede depender de la diligencia del empleador
en el cumplimiento de un trámite administrativo.
Desde esta perspectiva, la demora
del empleador en reportar el accidente a la ARL, así como las actuaciones
dirigidas a dilatar injustificadamente el reconocimiento y pago de las
prestaciones que surgen del sistema general de riesgos laborales, lo que
incluye el esclarecimiento del origen del accidente, conducen a la imposición
de sanciones administrativas.
Finalmente, una vez se concluya
que el origen de la contingencia fue laboral, la ARL deberá –en caso de
invalidez o muerte– reconocer la pensión de invalidez o de sobrevivientes. No
obstante, la jurisprudencia de la Corte ha expuesto que debido a la posibilidad
de ejercer las acciones de repetición, a pesar de que no esté en firme la
calificación del origen, si éste ha sido considerado en un primer momento como
laboral, la ARL debe asumir el reconocimiento y pago de las prestaciones
económicas que correspondan, si se satisfacen el resto de requisitos previstos
en la ley, en aras de evitar –entre otras– la afectación del mínimo vital del
trabajador o de sus beneficiarios, sin que ello implique que las citadas
entidades pierdan el derecho de controvertir o cuestionar el alcance de dicho
dictamen.
3.3.8. De la procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión
de sobrevivientes por accidentes de trabajo
3.3.8.1. Según fue
establecido por el Constituyente, la acción de tutela es un mecanismo
excepcional para la defensa de los derechos fundamentales, en tanto se parte de
la base de que en el ordenamiento jurídico se consagran otros instrumentos
judiciales para asegurar la protección de los mismos[44]. Por esta razón, a
partir de lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política[45] y en el
numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991[46], esta Corporación ha
admitido que la acción de amparo constitucional se torna procesalmente viable,
en el evento en que los derechos fundamentales resulten afectados o amenazados
y los medios ordinarios de defensa judicial sean: a) inexistentes, b) carezcan
de idoneidad para responder a la pretensión invocada o c) sean ineficaces ante
la posible configuración de un perjuicio irremediable[47].
Estas reglas de procedencia constituyen el origen de una de las principales
características de la acción de tutela, conforme a la cual tiene una naturaleza
residual o subsidiaria.
Ahora bien, siguiendo los
postulados contemplados en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de
1991, la jurisprudencia de este Tribunal ha sido enfática en señalar que la
configuración de las causales excepcionales de procedencia de la acción de
tutela ha de estudiarse según las circunstancias particulares en que se
encuentra el solicitante[48].
3.3.8.2. En este orden de ideas,
tratándose del reconocimiento de derechos relacionados con la seguridad social,
como lo es la pensión de sobrevivientes, la acción de tutela no puede, prima
facie, ser tenida como un mecanismo para desplazar los medios ordinarios de
defensa judicial, salvo que ellos no sean idóneos para satisfacer las
pretensiones invocadas por los demandantes o sean ineficaces para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, cuyo examen –como ya se dijo– debe ser
apreciado en cada caso concreto, o lo que es lo mismo, “atendiendo a las
circunstancias en que se encuentra el solicitante”[49].
En cuanto a la configuración del
perjuicio irremediable, en tratándose de la pensión de sobrevivientes, en la
Sentencia T-316 de 2011, este Tribunal vinculó su ocurrencia con la necesidad
de asegurar los medios de subsistencia y el sustento económico del grupo
familiar del trabajador fallecido. Esto significa que, a pesar de la
informalidad de la acción, “de todos modos el accionante debe acompañar la
afirmación de su vulneración, con alguna prueba siquiera sumaria que permita
dilucidar la existencia de la trasgresión alegada”[50].
3.3.8.3. Ahora bien, la
jurisprudencia de la Corte también ha expuesto que, además de acreditar la
procedencia de la acción a partir de la satisfacción del principio de
subsidiaridad, el amparo tan sólo resulta procedente para el reconocimiento de
una pensión de sobrevivientes[51], (i) cuando quien
reclama dicha prestación es titular del derecho, o lo que es lo mismo, se trata
de una persona calificada por la ley como beneficiario[52];
y (ii) cuando sea ostensible la violación de algún derecho fundamental, como
ocurre con el mínimo vital o el debido proceso. En este último caso, por ejemplo,
ante una resolución que, arbitrariamente, a pesar del cumplimiento de los
requisitos legales, se abstiene de satisfacer la citada obligación jurídica
atinente a la seguridad social. En este orden de ideas, en la Sentencia T-168
de 2007, previamente citada, se apuntó que: “la tutela constitucional (…) es
procedente si se dan las siguientes condiciones: (1) que el derecho
prestacional alegado pueda, efectivamente, radicarse, en los términos
predeterminados por la ley, en cabeza del actor; (2) que la negativa (…)
comprometa, directamente, un derecho de carácter fundamental y; (3) que se
cumplan los restantes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela”[53].
3.3.8.4. En desarrollo de lo
expuesto, en el sistema general de riesgos laborales, es claro que una persona
tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, cuando, en primer lugar, se
determina que el origen del deceso del causante se debió a una enfermedad o a
un accidente catalogado como laboral, esto es, que haya ocurrido con ocasión o
por causa del trabajo desempeñado. No obstante, como se indicó con
anterioridad, a pesar de que no esté en firme la calificación del origen, si
éste ha sido considerado en un primer momento como laboral, la ARL debe asumir
el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que correspondan, entre
otras, en aras de evitar la afectación del mínimo vital de los beneficiarios.
En todo caso, si el origen del accidente no es laboral y así se determina en
las instancias correspondientes, la ARL podrá repetir contra la entidad
encargada de sufragar las mesadas de la pensión de sobrevivientes por riesgo
común[54] o con cargo a las
prestaciones supletorias que en lugar se reconozcan, como lo serían, por
ejemplo, la indemnización sustitutiva en el régimen de prima media con
prestación definida[55] o la devolución de
saldos en el régimen de ahorro individual con solidaridad[56].
En segundo lugar, para que la ARL
sea responsable del reconocimiento de las prestaciones del sistema general de
riesgos laborales, se necesita que el trabajador se encuentre cubierto por
dicho sistema y esto sucede al día siguiente de la afiliación. En este sentido
se pronunció esta Corporación en la Sentencia T-321 de 2010, en donde se
determinó que existe una diferencia entre la afiliación y el cubrimiento, ya
que el literal k) del artículo 4º del Decreto Ley 1295 de 1994 establece que: “(…)
la cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente al de la
afiliación”[57].
Finalmente, en cuanto a las
personas beneficiarias de esta prestación, su consagración aparece prevista en
el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó los artículos 47 y 74 de la
Ley 100 de 1993, en los siguientes términos:
“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de
que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge
o la compañera permanente o compañero permanente supérstite, deberá acreditar
que estuvo haciendo vida matinal con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con
éste. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una
duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene
hijos con el causante se aplicará el literal a) (…).
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18
años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios
y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y
cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez (…).
d) A falta
de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste.
e) A falta
de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán
beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente
de éste.”
Parágrafo.
Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el
hijo o el hermano inválido sea establecido en el Código Civil”.
3.3.8.5. En suma, para que la
pensión de sobrevivientes por un accidente de trabajo sea reconocida y pagada
se requiere, en primer lugar, que la muerte del causante haya ocurrido por
causa o con ocasión del trabajo. En segundo lugar, que el afiliado esté
cubierto por el sistema desde el día calendario siguiente al de la afiliación.
Y, en tercer lugar, que la persona que reclama la prestación tenga la condición
de beneficiario, como lo son el cónyuge o compañero permanente del afiliado y
sus hijos menores de edad.
IV. CASO CONCRETO
4.1. Como se estableció en el
acápite de antecedentes, en este caso se solicita la protección de los derechos
al mínimo vital, a la seguridad social, al debido proceso y a la vida digna de
la accionante y de sus tres hijos menores de edad, con ocasión de la negativa
de la ARL demandada de determinar el origen del accidente sufrido por el señor
John Eduard Benavides Chica y, como consecuencia de ello, de proceder al
reconocimiento y pago a su favor de una pensión de sobrevivientes, por el hecho
de que el citado suceso no fue reportado por el empleador y por considerar que
dichas pretensiones debían tramitarse –en su lugar– frente al fondo de
pensiones.
4.2. En desarrollo de lo expuesto,
para resolver el asunto objeto de estudio se hace necesario establecer, en
primer lugar, si la ARL SURA, al negarse a iniciar el procedimiento para
determinar el origen del accidente sufrido por el señor John Eduard Benavides
Chica, con el argumento de que sólo podía ser reportado por el empleador, vulneró
los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la
accionante y de sus hijos. Con posterioridad, analizará si resulta procedente
la acción de tutela para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, y finalmente, si la misma ha de concederse a favor de la señora
Yaneth Castro Quintero y de sus descendientes.
4.3. Como se señaló en las
consideraciones generales de esta providencia, una vez ocurre un accidente, el
trabajador o sus beneficiarios tienen derecho a que el origen del mismo sea
determinado, pues de ello se deriva el reconocimiento de un conjunto de
prestaciones dirigidas a salvaguardar sus derechos fundamentales al mínimo
vital y a la vida digna, como sucede con la pensión de sobrevivientes. Igualmente,
como se indicó con antelación, el trámite puede ser iniciado por el empleador –quién
tiene la obligación de reportar cualquier incidente ante la ARL–, por el
trabajador o por sus beneficiarios, en el entendido que la materialización del
derecho a la seguridad social, no puede depender de la diligencia del primero.
4.3.1. A partir de los medios
probatorios obrantes en el expediente, la Corte evidencia dos aspectos
relevantes. El primero de ellos es que Metaloc, empresa que contrató la labor
del señor Benavides Chica, no reportó el accidente por éste sufrido como
laboral. Tal actuación, independientemente de la justificación que se le haya
dado (básicamente se hace referencia a la asesoría de la ARL), condujo a la
imposición de una sanción en su contra por $ 28.335.000 pesos, impuesta por la
Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo de Caldas[58].
4.3.2. El segundo es que mediante
petición formulada el 15 de junio de 2012 ante la ARL SURA, poco más de un mes
después de la muerte de su compañero permanente[59],
expresamente la señora Yaneth Castro Quintero informó a la citada
administradora sobre las circunstancias que condujeron al deceso del señor
Benavides Chica. En esta misiva no sólo se adujo que el accidente había
ocurrido el 9 de mayo, en el lugar de trabajo y durante la jornada laboral,
sino que también se enfatizó en que la empresa no había realizado el reporte,
razón por la cual ella lo hacía directamente[60].
Frente a la citada petición, la
ARL SURA dio respuesta mediante escrito del 21 de junio 2012, en la que lejos
de iniciar los trámites correspondientes dirigidos a determinar el origen del
accidente, se limitó a señalar que no le era posible asumir prestación alguna,
pues el incidente no contaba con la calificación de laboral, al no haber sido
reportado por el empleador. De ahí que, le sugería, dirigirse al Fondo de
Pensiones donde se hallaba afiliado su compañero permanente, con el propósito
de reclamar cualquier prestación a la que hubiera lugar[61].
4.3.3. De la descripción de los
citados hechos, es claro para la Sala que tal actuación conculcó los derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida digna, al mínimo vital y a la
seguridad social de la accionante y de sus tres hijos menores de edad, pues la
ARL tenía la obligación de iniciar el proceso dirigido a determinar el origen
del accidente, una vez dicha circunstancia fue solicitada por la señora Yaneth
Castro Quintero, ante la omisión en la que incurrió el empleador, como lo
exigía para el momento de los hechos el  parágrafo 3° del artículo 6º del
Decreto 2463 de 2001, previamente señalado[62].
Por lo demás, con la actuación de
la ARL SURA se desconocieron varios principios consagrados en la Ley 100 de
1993, pues en vez de agilizar los trámites y buscar su eficiencia, se impusieron
requisitos irracionales y desproporcionados que se alejaron de los fines que
busca materializar el SSSI y su componente de riesgos laborales. En efecto, se
vulneró el principio de solidaridad, cuando en vez de iniciar los trámites
pertinentes para determinar el origen del accidente y proceder al
reconocimiento de las prestaciones a que hubiere lugar, como fue indicado en
las consideraciones generales de esta providencia, se impuso a una madre cabeza
de familia, a cargo de tres menores de edad y que acababa de perder a su pareja,
el deber de acudir a otra instancia administrativa para poder solicitar y
reclamar sus derechos, en este caso, la pensión de sobrevivientes, cuyo
reconocimiento es esencial para garantizar las condiciones mínimas de
subsistencia de quienes dependían económicamente del causante.
En este orden de ideas, también
se desconoció el principio de integralidad, ya que la contingencia que se
encuentra afectando la vida digna de la accionante y de sus hijos, esto es, la
muerte del señor Benavides Chica –de quien dependían económicamente[63]–
no fue debidamente cubierta, dejando a sus beneficiarios desprotegidos en una
dura etapa de su vida, en especial, al tratarse de menores de 1, 6 y 12 años de
edad.
4.3.4. Lo anterior es suficiente
para concluir que la actuación de la ARL SURA condujo a la violación de los
derechos al debido proceso, a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad
social de la accionante y de sus tres hijos menores de edad, razón por la cual,
además de revocar las decisiones de instancia, que erradamente declararon
improcedente la acción de tutela incoada, cabría ordenar que dicha entidad inicie
los trámites administrativos dirigidos a calificar el origen del accidente, que
condujo a la muerte del señor Benavides Chica. Sin embargo, en criterio de esta
Corporación, tal decisión dejaría de lado la situación apremiante que
actualmente vive la señora Castro Quintero y sus hijos menores de edad, quienes,
en este momento –acorde con los medios probatorios obrantes en el expediente–
se encuentran sin el soporte económico que les brindaba el causante. Por lo anterior,
se hace necesario analizar si el amparo constitucional resulta procedente para
ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, y si la misma
–para efectos de esta sentencia– está llamada a prosperar.
4.4. Como se señaló en las
consideraciones generales de esta providencia, de manera excepcional, la acción
de tutela puede proceder para el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes. Como todavía se encontraría pendiente de definición los
procedimientos administrativos y judiciales que permiten establecer el origen
del accidente que sufrió el señor Benavides Chica, no es posible considerar que
los otros medios de defensa carezcan de idoneidad. Por esta razón, la Sala
estima necesario analizar si la demandante y sus hijos menores de edad, se
encuentran en una situación apremiante, que requiera de medidas urgentes e
impostergables, con el propósito de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.
En criterio de esta Sala de
Revisión, en el asunto sub-judice, tales requisitos se cumplen. Por una
parte, porque obra en el expediente una declaración juramentada rendida en el
año 2006 por la señora Castro Quintero y su compañero Benavides Chica, donde
afirmaron vivir juntos desde 1997, tener en ese momento dos hijos y ser el causante
el responsable de sostener económicamente a la familia, mientras que la accionante
se ocupaba del hogar[64]. Y, por la otra, porque
consta que los tres hijos de la pareja son menores de edad, ya que nacieron –según
los registros civiles– el 9 de abril de 2001, el 2 de mayo de 2007 y el 12 de
noviembre de 2011[65]. Así las cosas, la
intervención del juez de tutela resulta urgente e impostergable, para evitar
que el mínimo vital de la familia continúe siendo trasgredido gravemente.
4.5. Adicionalmente, en el asunto
bajo examen, también se acreditan los otros requisitos que la jurisprudencia constitucional
ha exigido para que proceda el reconocimiento excepcional de la pensión de
sobrevivientes por la vía del amparo constitucional, a saber: (i) que el
derecho alegado pueda radicarse en cabeza del actor y (ii) que la negativa a su
otorgamiento comprometa uno o varios derechos fundamentales.
4.5.1. Para determinar si la
señora Yaneth Castro Quintero y sus hijos tienen la condición de beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes del sistema general de riesgos laborales, como
se expuso en las consideraciones generales de esta providencia, es necesario
acreditar, en primer lugar, que la muerte del causante ocurrió por causa o con
ocasión del trabajo. En segundo lugar, que el afiliado estaba cubierto por el
citado sistema de protección. Y, en tercer lugar, que la persona que reclama la
prestación tiene –por mandato de ley– la condición de beneficiario.
4.5.2. No cabe duda de que el
señor Benavides Chica se encontraba cubierto por el sistema general de riesgos
laborales, pues la propia ARL SURA reconoce –en el escrito de contestación de
la demanda– que el citado señor estaba afiliado desde el 10 de febrero de 2012,
lo que significa que al momento en que se produjo el suceso que condujo a su
muerte (9 de mayo del año en cita), se hallaba bajo la protección del aludido
sistema.
4.5.3. De igual manera, es claro
que la señora Castro Quintero y los menores Julián Edwardo, John Eduard y María
José Benavides Castro tienen –por mandato de ley– la condición de beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes. La primera por su calidad de compañera
permanente, teniendo en cuenta que existía una unión reconocida desde el 26 de
junio de 2006[66] y de la cual se tuvo
tres hijos con el causante, en los términos previstos en los literales a) y b)
del artículo 47 de la Ley 100 de 1993[67]. Y, frente a los
segundos, por su condición de hijos menores de 18 años de edad, conforme lo
dispone el literal c) de la norma en cita[68].
4.5.4. Finalmente, en cuanto a la
calificación del accidente que condujo a la muerte del señor Benavides Chica
como de origen laboral, según se expuso con anterioridad, en la medida en que la
ARL SURA se negó a iniciar el procedimiento tal fin, a partir de la solicitud
enviada por la señora Castro Quintero, no sólo se conculcaron sus derechos
fundamentales, sino también los de sus hijos al debido proceso, a la vida
digna, al mínimo vital y a la seguridad social. Por esta razón, como se señaló
en el acápite 4.3.4 de esta sentencia, cabría ordenar que dicha entidad inicie
los trámites administrativos dirigidos a calificar el origen del accidente.
No obstante, como ya se dijo, tal
decisión dejaría de lado la situación apremiante que actualmente vive la señora
Castro Quintero y sus tres hijos menores de edad y, además, no respondería al
perjuicio irremediable que actualmente padecen. Ante esta circunstancia y dada
la necesidad de proteger de manera inmediata y de forma efectiva los derechos
fundamentales comprometidos, esta Sala de Revisión considera que existen
suficientes elementos de juicio que permiten calificar, en una primera
oportunidad, el accidente que condujo a la muerte del señor Benavides Chica
como de origen de laboral, imponiéndole la carga a la ARL SURA, si así lo
estima pertinente, de controvertir dicha determinación ante las juntas de
calificación, en los términos consagrados en el artículo 142 del Decreto Ley
019 de 2012.
En efecto, no hay duda de que el
señor Benavides Chica celebró el 1º de febrero de 2012 un contrato de trabajo
con la empresa Metaloc SAS, que terminaría el 30 de junio de dicha anualidad. Por
lo demás, el citado señor se comprometió a servir como celador, con una jornada
de trabajo cuyo horario se acordó entre las 8 am y las 6 pm de lunes a viernes
y de 8 am a 3:30 pm los sábados[69]. Así las cosas, es
evidente que el señor Benavides Chica era un trabajador de la empresa Metaloc y
que se hallaba cubierto por la ARL a la que estaba afiliado cuando murió, hecho
que acaeció, por un disparo, el 9 de mayo de 2012 a las 9:50 de la mañana, según consta en el registro civil de defunción[70].
Obsérvese como, además de que el
señor Benavides Chica falleció durante la jornada de trabajo y en las
instalaciones de la empresa, pues es de público conocimiento que ese día era un
miércoles, aspecto que es suficiente para estimar que el hecho ocurrió por
causa o con ocasión del trabajo, lo cierto es que la Dirección Territorial del
Ministerio del Trabajo también consideró que el origen de la contingencia era
laboral, ya que el señor Benavides falleció “(…) en su puesto de trabajo, en
horario de trabajo, [y] desempeñando su labor (…)”[71].
Este aspecto sirvió de sustento
para que el Ministerio sancionara a la empresa, pues faltó a su deber de
informar a la ARL sobre el incidente. En este sentido, es importante enfatizar
que en la Resolución No 153 del 17 de julio de 2012, expresamente se indica que:
“(…) es claro que cuando ocurrieron los hechos, el trabajador John Eduard
Benavides Chica (…) al sufrir el evento en el que falleció según lo informado
por la compañera permanente del trabajador y confirmado por la empresa[,]
se encontraba en su puesto de trabajo, en horario de trabajo [y] cumpliendo su
labor (…)”[72]. (Subrayas por fuera
del texto original).
En este contexto, a juicio de la Sala
y para los efectos de esta sentencia, es claro que el suceso acaecido corresponde
a un accidente de trabajo, pues así fue reconocido por el Ministerio del
Trabajo y no existe nada que permita considerar que se trata de un accidente de
origen común, pues, como ya se dijo, el señor Benavides Chica murió durante la
jornada laboral, en su puesto de trabajo como celador y de un disparo por arma
de fuego.
No es extraño a las competencias
del juez de tutela, el hecho de que excepcionalmente se pronuncie sobre la
naturaleza de un accidente y de que se ordene a una ARL realizar una
calificación en determinado sentido. No sobra recordar que el artículo 86 de la
Constitución Política le otorga una amplia potestad para decretar órdenes de
amparo, cuyo desarrollo se concreta en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991,
conforme al cual la autoridad judicial deberá definir de manera precisa “la
conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela”. Como se señaló
en la Sentencia T-086 de 2003[73], al momento de proferir
una orden, el juez de amparo debe tener presente que su imposición es una
consecuencia lógica de la decisión de proteger un derecho fundamental y, por
ello, debe ser un remedio concreto atendiendo a las condiciones reales de cada
caso, con el potencial de lograr el pleno restableci-miento del derecho
vulnerado o de eliminar las causas que lo amenazan. En este sentido, por
ejemplo, en la Sentencia T-134 de 2013[74], esta Corporación reconoció
la existencia de un accidente de trabajo que le causó la muerte a un obrero que
prestaba sus servicios en una mina, luego de que la ARP –en hoy ARL– se negó a
conceder una pensión de sobrevivientes, por el hecho de considerar que la labor
que condujo al citado suceso se produjo por fuera de las órdenes dadas por el
empleador.
4.5.5. Como se consecuencia de lo
expuesto, en criterio de la Corte, está plenamente acreditado que la muerte del
causante ocurrió por causa o con ocasión del trabajo, que el afiliado estaba
cubierto por la ARL SURA en el momento en que ocurrió el accidente y que las
personas que reclaman el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
tienen la condición de beneficiarios. Finalmente, también es innegable que
quien murió –como ya se dijo– brindaba el sustento económico de la familia y
que, con ello, el derecho fundamental al mínimo vital de sus miembros se ve
afectado. Por lo demás, tampoco admite discusión que con la negativa de iniciar
el trámite administrativo de calificación del origen del accidente, se les
conculcaron los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la
seguridad social de la accionante y de sus hijos menores de edad.
4.6. En conclusión, ante la
violación de los derechos fundamentales previamente mencionados y dado que se
acreditan los requisitos de procedencia de la acción de tutela para el
reconocimiento excepcional de la pensión de sobrevivientes, se adoptarán las
siguientes órdenes:
- En primer lugar, la Sala
ordenará a la ARL SURA que califique el origen del accidente sufrido por el
señor Benavides Chica como laboral y que, como resultado de ello, reconozca y
pague la pensión de sobrevivientes a que tienen derecho la accionante y sus
hijos menores de edad, de acuerdo con las consideraciones y el acervo
probatorio obrante en el expediente. En efecto, como se indicó con
anterioridad, a pesar de que no esté en firme la calificación del origen, si
éste ha sido considerado en un primer momento como laboral, la ARL debe asumir
el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que correspondan, entre
otras, en aras de evitar la afectación del mínimo vital de los beneficiarios.
En caso de que la citada ARL no
esté de acuerdo con la calificación ordenada en esta providencia, si así lo
estima pertinente, podrá controvertir dicha determinación ante las juntas de
calificación, en los términos consagrados en el artículo 142 del Decreto Ley
019 de 2012, o ante las autoridades judiciales competentes, de acuerdo con las
acciones legales previstas para tal efecto. Hasta tanto no exista una decisión
definitiva frente a dicha controversia en sede administrativa o judicial, la
ARL SURA continuará pagando la pensión de sobrevivientes a favor de los
beneficiarios.
Una vez agotados los
procedimientos previstos para tal fin, si por alguna circunstancia se concluye
que el accidente fue de origen común, la ARL SURA podrá ejercer las acciones de
repetición contra la entidad encargada de sufragar las mesadas de la pensión de
sobrevivientes por riesgo común o con cargo a las prestaciones supletorias que
en su lugar se reconozcan.
- En segundo lugar, en lo que se refiere
al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, comoquiera que el
amparo se concede de manera transitoria, sólo en el caso en que la ARL SURA
decida controvertir la calificación del accidente como de origen laboral y se
determine por las juntas de invalidez que su origen es común, le corresponderá
a la accionante acudir ante las autoridades judiciales competentes, si así lo considera
pertinente, dentro del término máximo de cuatro (4) meses contados desde cuando
se notifique la decisión definitiva adoptada en la última de las citadas
instancias administrativas. En caso contrario, tal y como lo dispone el
artículo 8° del Decreto 2591 de 1991, cesarán los efectos de este fallo.
- Finalmente, teniendo en cuenta
la complejidad del caso y la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra la señora Yaneth Castro Quintero y sus hijos menores de edad, se
ordenará a la Defensoría del Pueblo apoyar, acompañar y vigilar el pleno
cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de manera efectiva
los derechos aquí protegidos.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la
sentencia proferida el 4 de febrero de 2013 por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Manizales, que a su vez confirmó la providencia emanada el 3 de
diciembre de 2012 por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de la misma ciudad, en
la que se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su
lugar, se CONCEDE el amparo de los derechos al mínimo vital, a la vida
digna, al debido proceso y a la seguridad social de la señora Yaneth Castro
Quintero y de sus hijos Julián Edwardo, John Eduard y María José Benavides
Castro.
Segundo.- ORDENAR a
la ARL SURA que, en el término perentorio de cinco (5) días contados a partir de
la notificación de esta providencia, reconozca el origen del accidente sufrido
por el señor John Eduard Benavides Chica como laboral y, como resultado de
ello, reconozca y pague la pensión de sobrevivientes a que tienen derecho la
accionante y sus hijos menores de edad, de acuerdo con las consideraciones expuestas
en esta sentencia.
En caso de que la citada ARL no
esté de acuerdo con la calificación ordenada en esta providencia, si así lo
estima pertinente, podrá controvertir dicha determinación ante las juntas de
calificación, en los términos consagrados en el artículo 142 del Decreto Ley
019 de 2012, o ante las autoridades judiciales competentes, de acuerdo con las
acciones legales previstas para tal efecto. Hasta tanto no exista una decisión
definitiva frente a dicha controversia en sede administrativa o judicial, la
ARL SURA continuará pagando la pensión de sobrevivientes a favor de los
beneficiarios.
Una vez agotados los
procedimientos previstos para tal fin, si por alguna circunstancia se concluye
que el accidente fue de origen común, la ARL SURA podrá ejercer las acciones de
repetición contra la entidad encargada de sufragar las mesadas de la pensión de
sobrevivientes por riesgo común o con cargo a las prestaciones supletorias que
en lugar se reconozcan.
Tercero.- INFORMAR a la
señora Yaneth Castro Quintero que, en lo que se refiere al reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes, comoquiera que el amparo se concede de
manera transitoria, sólo en el caso en que la ARL SURA decida controvertir la
calificación del accidente como de origen laboral y se determine por las juntas
de invalidez que su origen es común, le corresponderá a la accionante acudir
ante las autoridades judiciales competentes, si así lo considera pertinente,
dentro del término máximo de cuatro (4) meses contados desde cuando se
notifique la decisión definitiva adoptada en la última de las citadas
instancias administrativas. En caso contrario, tal y como lo dispone el
artículo 8° del Decreto 2591 de 1991, cesarán los efectos de este fallo.
Cuarto.- ORDENAR a la
Defensoría del Pueblo apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento del
presente fallo, con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos aquí
protegidos.
Quinto.- Por Secretaría
General, LIBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Julián Edwardo, John Eduard y María José Benavides Castro.
[2] La autoridad judicial de primera instancia vinculó de manera oficiosa
a Metaloc SAS y al Fondo de Pensiones y Cesantías ING.
[3] Cuaderno 1, folios 28 a 30.
[4] Cuaderno 1, folio 7.
[5] Cuaderno 1, folio 10.
[6] Cuaderno 1, folios 31 a  38.
[7] Cuaderno 1, folio 33.
[8] Cuaderno 1, folios 52 a 56
[9] Cuaderno 1, folio 53.
[10] Cabe destacar que el juez de primera instancia
indicó que la empresa sí había dado contestación a la acción constitucional
incoada. Sin embargo, tal yerro fue corregido por el ad quem. En
criterio de esta Sala de Revisión, el a quo confundió la resolución de la Oficina del Trabajo –frente a la cual la empresa demandada ejerció su derecho de defensa– con
la contestación de la acción de tutela. Tal actuación, seguida dentro de la
querella elevada por la accionante contra la empresa, se encuentra resumida en
el acápite de pruebas de esta providencia.
[11] No sobra recordar que a partir de la expedición de la Ley 1562 de 2012, las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) se transformaron en
Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).
[12] Véase, entre otras, las Sentencias T-849A de 2009, T-1088 de 2007 y
T-972 de 2006.
[13] Los incisos 1º y 2º del citado artículo establecen que: “La
seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la ley. // Se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la seguridad social”.
[14] C.P. art. 365.
[15] C.P. preámbulo.
[16] El artículo 3º de la Ley 100 de 1993 establece que “El Estado
garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el derecho
irrenunciable a la seguridad social (…)”.
[17] Ley 100 de 1993, art. 2°.
[18] Ibídem.
[19] Ibídem.
[20] Ley 1562 de 2012, art. 3°.
[21] Ley 1562 de 2012, art. 4°.
[22] La norma en cita dispone que: “ORIGEN DEL ACCIDENTE DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE. Toda enfermedad o patología, accidente o muerte, que no hayan
sido clasificados o calificados como de origen profesional, se consideran de
origen común”.
[23] El artículo en cita establece que: “Es accidente de trabajo todo
suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o
psiquiátrica, una invalidez o la muerte. // Es también accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o
contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del
lugar y horas de trabajo. // Igualmente se considera accidente de trabajo el
que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo
suministre el empleador. // También se considerará como accidente de trabajo el
ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se
encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en
cumplimiento de dicha función. // De igual forma se considera accidente de
trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas,
deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del
empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas
de servicios temporales que se encuentren en misión.”
[24] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 20
de septiembre de 1993, Magistrado Ponente Rafael Méndez Arango, radicado 5911.
[25] Sobre la materia se puede consultar la Sentencia T-168 de 2007.
[26] Artículo 1 y 2 del Decreto 019 de 2012.
[27] El artículo 5º del mentado Decreto establece: “ECONOMIA EN LAS
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las normas de procedimiento administrativo
deben ser utilizadas para agilizar las decisiones; los procedimientos se deben
adelantar en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervienen
en ellos; las autoridades administrativas y los particulares que cumplen
funciones administrativas no deben exigir más documentos y copias que los
estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal
sino cuando la ley lo ordene en forma expresa, o tratándose de poderes
especiales. En tal virtud, las autoridades deberán proceder con austeridad y
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el
más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de
las personas”.
[28] El artículo 6º del Decreto en comento contempla: “SIMPLICIDAD DE
LOS TRÁMITES. Los trámites establecidos por las autoridades deberán
ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se
exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines
que se persigue cumplir.// Las autoridades deben estandarizar los trámites,
estableciendo requisitos similares para trámites similares”.
[29] CP art. 5.
[30] Subrayado por fuera del texto original.
[31] Si bien este decreto no estaba vigente al
momento de suceder los hechos que dieron origen a la demanda de tutela, lo
cierto es que su mención resulta pertinente para comprender la forma como opera
el proceso de determinación del origen del accidente.
[32] Decreto 019 de 2012, artículo 6º.
[33] El citado artículo 15 establece: “Frente a las controversias
presentadas ante la calificación en primera oportunidad solo procede el envío a
las Juntas de Calificación de Invalidez conforme a lo establecido en el
artículo 142 del Decreto número 19 de 2012. Adicional a las
competencias establecidas en los artículos 84 y 91 del
Decreto número 1295 de 1994, corresponde a la Superintendencia Financiera, sancionar a las Administradoras de Riesgos Laborales, cuando
incumplan los términos y la normatividad que regula el pago de las prestaciones
económicas.// Las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo deberán
remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia las quejas, y las
comunicaciones, informes o pruebas producto de sus visitas, relacionadas con el
no pago o dilación del pago de las prestaciones económicas de riesgos
laborales, sin perjuicio de la competencia de las Direcciones Territoriales
para adelantar investigaciones administrativas laborales o por violación a las
normas en riesgos laborales”.
[34] El citado artículo 56 del CST contempla: “Obligaciones
de las partes en general. De modo general, incumbe al patrono obligaciones
de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos obligaciones
de obediencia y fidelidad para con el patrono”.
[35] El mencionado artículo 221 del CST establece:
“Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo está en la obligación de dar
inmediatamente aviso al patrono o a su representante. El patrono no es
responsable de la agravación que se presenta en las lesiones o perturbaciones
por razón de no haber dado el trabajador este aviso o haberlo demorado sin
justa causa”.
[36] El artículo 220 del CST se refiere a la obligación genérica del
empleador de avisar la ocurrencia del siniestro. En su versión original dicha
información se remitía al juez laboral. Al respecto, la norma en cita dispone
que: “Artículo 220. Aviso al juez sobre la ocurrencia del
accidente. 1. Para los efectos de información en la controversia a
que pueda dar lugar el accidente, cualquiera que sean sus consecuencias, el
{empleador} debe dar un aviso suscrito por él o quien lo represente, al juez
del trabajo del lugar, o en su defecto al juez municipal, donde conste el día,
hora y lugar del accidente, como se produjo, quienes lo presenciaron, el nombre
de la víctima, el salario que devengaba el día del accidente y la descripción
de la lesión o perturbación, firmada por el facultativo que asista al
trabajador. // 2. La información de que se trata este artículo debe darse
dentro de los ocho (8) días siguientes al de la ocurrencia del accidente.”
[37] Artículo 6º, parágrafo 3º, del Decreto 2463 de
2001 “Por el cual se reglamenta la integración, financiación y
funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez”. Este decreto
fue derogado parcialmente por el Decreto 1352 de 2013, tal y como se establece
en el artículo 61, al disponer que: “El presente decreto deroga las disposiciones que
le sean contrarias, especialmente el Decreto número 2463 de 2001 a excepción de los incisos 1o y 2o de su artículo 5° e inciso 2o y parágrafos 2o y 4o de su
artículo 6°” No obstante, comoquiera que los
hechos que dieron origen a esta causa acaecieron en el 2012, para ese momento
se encontraba vigente.
[38] Este punto será desarrollado en el numeral 3.4 de esta providencia.
[39] La disposición transcrita excluye los apartes declarados inexequibles
en la Sentencia C-452 de 2002. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[40] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En esta sentencia, por analogía, se
recurrió al parágrafo 4°, del artículo 6° del Decreto 2463 de 2001, el cual
señala que: “cuando se halla determinado en primera instancia el origen de
una contingencia, el pago de la incapacidad temporal deberá ser asumido por la
entidad promotora de salud o administradora de riesgos profesionales respectiva procediéndose
a efectuar los reembolsos en la forma prevista por la normatividad
vigente”. Esta misma posición ha sido ampliamente reiterada por la Corte en otros casos relacionados con la protección del derecho a la seguridad social. Así,
en la Sentencia T-384 de 1998 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), este Tribunal
ordenó el reconocimiento transitorio de una pensión de sobrevivientes a cargo
de una ARP, con sujeción al hecho de que administrativamente se había
determinado el origen del accidente como laboral, hasta tanto la justicia
ordinaria definiese si la misma debía quedar definitivamente a cargo de la
citada entidad o del empleador, con ocasión de una discusión sobre la
existencia de la afiliación para el momento en que ocurrió el suceso. En la
parte motiva del fallo en cita se concluyó que: “Lo anterior,
sin embargo, no le impide al juez de tutela ordenar  a una de las partes
en conflicto,  cancelar la pensión correspondiente, si se cumplen los
requisitos legales para ello, mientras la jurisdicción ordinaria decide lo
correspondiente. Orden que en nada altera la situación de las partes en
controversia, ni la competencia del juez ordinario para decidir, pues no se
está dirimiendo el conflicto entre ellas planteado, y, por el contrario, sí se
está garantizado la protección del mínimo vital que, por la mencionada
controversia,  se está vulnerando. // 5.15. Es claro que una vez el juez
laboral resuelva, la parte que resulte exonerada puede repetir contra la otra,
en uso de la acción de repetición, en caso tal de que el juez
constitucional le hubiese ordenado reconocer la prestación correspondiente.”
[41] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[42] Véanse, entre otras, las Sentencias T-316 de 2011 y T-168 de 2007.
[43] Sobre la materia se puede consultar la Sentencia T-1018 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[44] Respecto a la existencia de mecanismos judiciales ordinarios, en la Sentencia T- 453 de 2009  (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), donde se estudió un caso en el cual
el ISS le adeudaba al accionante varias mesadas pensionales afectando su derecho
al mínimo vital, se señaló lo siguiente: “Fue así como la Constitución Política dispuso un sistema jurídico al que todas las personas tienen derecho a
acceder, con el fin de que, en el mismo, todos los conflictos jurídicos fueren
resueltos en derecho en virtud de normas sustanciales y procesales
preexistentes, erigiendo diversas jurisdicciones  (ordinaria -artículo 234-,
contencioso administrativa -artículo236-, constitucional –artículo 239-) y en
cada una de éstas determinando la competencia material, las autoridades y las
acciones y procedimientos para su acceso.// De esta forma, el ordenamiento
jurídico ofrece normas procesales y sustanciales ejecutadas por autoridades
previamente instituidas, para que sean resueltos todos los conflictos que en él
sucedan. (…) // Así, la acción de tutela es un mecanismo efectivo para el
amparo de los derechos fundamentales cuyo ejercicio ante la existencia de otros
medios de defensa judicial, no significa el remplazo de éstos, sino el
desarrollo mismo de su finalidad, esto es, que en interés de la salvaguarda de
los derechos fundamentales afectados, la acción de tutela procederá de manera
excepcional y subsidiaria ante la inexistencia de un medio de defensa judicial
o ante la amenaza de configuración de un perjuicio irremediable”.
[45] “Artículo 86: Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (Subrayado
por fuera del texto original).
[46] “Artículo 6°: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no procederá: // 1. Cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentra el solicitante” (Subrayado por fuera del texto
original). Sobre este tema se pueden consultar, entre otras, las Sentencias
T-705 de 2012,       T-310 de 2012 y T-486 de 2010.
[47] De acuerdo con la Sentencia T-705 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), el perjuicio
irremediable se caracteriza por “(i) ser
inminente, es decir, que se trata de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii)
porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin
de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda
su integridad.”
[48] Véase, por ejemplo, la Sentencia T-645 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En esta providencia se analizó el caso de una mujer de avanzada edad,
que cuidaba de una hija con retardo mental, la cual solicitaba por vía de
tutela el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes. La Corte consideró que, en este asunto, la acción constitucional se tornaba procesalmente
viable, ya que al tener 74 años de edad, encontrarse enferma y responder por
una hija con retraso mental severo y epilepsia, se hallaba en un estado de
indefensión que hacía que los medios ordinarios de defensa judicial resultaren
inanes. Adicionalmente, antes de morir, según lo dispuesto por el Acuerdo 049
de 1990, el cónyuge había cotizado más de 300 semanas, lo que hacía que se
cumpliera con el requisito de período mínimo de cotización.
[49] Numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591
de 1991.
[50] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[51] Véanse, entre otras, las Sentencias T-168 de 2007, T-321 de 2010 y
T-316 de 2011.
[52] Los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes serán señalados más adelante.
[53] M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[54] Ley 100 de 1993, arts. 46 y 73.
[55] Ley 100 de 1993, art. 49.
[56] Ley 100 de 1993, art. 78.
[57] M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En la sentencia
de la referencia, esta Corporación revisó un caso en el cual el hijo de la
accionante, quien sostenía económicamente a la familia, falleció en un
accidente el mismo día en que fue afiliado. Por ello, para no hacerse
responsable del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, la ARL aducía que sólo le correspondía tal obligación desde el día de la cobertura. Tras
analizar el concepto de accidente de trabajo, este Tribunal señaló que la
protección debida por la ARL comienza el día siguiente calendario al de la
afiliación, por lo que si la persona empieza sus labores sin estar cubierto,
los riesgos que se generen son responsabilidad del empleador.
[58] Cuaderno 1, folios 22 a 27.
[59] En la aludida querella consta que el señor
Benavides Chica falleció el 9 de mayo de 2012. Ello también aparece en el
registro civil de defunción (Cuaderno 1, folio 17).
[60] Cuaderno 1, folios 2 y 3.
[61] Cuaderno 1, folio 4.
[62] La norma en cita dispone que: “Cuando las instituciones prestadoras
de servicio de salud no emitan el concepto sobre determinación de origen y la
persona sujeto de la calificación estima que se trata de un evento de origen
profesional, podrá dirigir su solicitud directamente a la entidad
administradora de riesgos profesionales o a la empresa promotora de salud. Si
dichas entidades no inician el trámite correspondiente podrá acudir
directamente a la junta regional de calificación de invalidez (…)”
[63] Cuaderno 1, folio 18.
[64] Cuaderno 1, folio 18.
[65] Cuaderno 1, folios 19 a 21.
[66] Cuaderno 1, folio 18.
[67] “Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: a) En forma
vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento
del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte;  b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a). (…)”
[68] “Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: (…)
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de
condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar
cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993”. El texto subrayado fue declarado inexequible
mediante la Sentencia C-1094 de 2003.
[69] Cuaderno 1, folios 12 a 13.
[70] Cuaderno 1, folio 17.
[71] Cuaderno 1, folio 24.
[72] Ibídem.
[73] M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.
[74] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.