T-754-10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-754/10
ACCION DE
TUTELA CONTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-No
escogencia para revisión de primera acción de tutela, que plantea misma
pretensión, conlleva a la configuración del fenómeno procesal de cosa juzgada
constitucional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales
genéricas y especiales de procedencia
ACCION DE
TUTELA-Improcedencia por haber operado el fenómeno
de la cosa juzgada constitucional
Referencia: expediente T-2501692
Acción de tutela promovida por
Nubia Elena Gómez Osmán contra la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal
Magistrado
Ponente:
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre
de dos mil diez (2010)
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio
Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de la decisión dictada por el
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 22 de
octubre de 2009, que revocó la dictada por el Consejo Seccional de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 2 de septiembre de la misma
anualidad, en el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
La señora Nubia Elena Gómez Osmán presentó acción de tutela ante
el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, con el fin de que sean protegidos los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, libertad,
honra, locomoción y domicilio, al parecer vulnerados por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con la sentencia dictada el
19 de febrero de 2009 que resolvió el recurso extraordinario de casación “interpuesto
por el representante de la parte civil en el proceso penal seguido contra HUMBERTO
DE JESÚS ARAQUE ROLDÁN y NUBIA ELENA GÓMEZ OSMAN, contra la sentencia
del 13 de agosto de 2007, por medio de la cual el Tribunal Superior de Medellín
confirmó el fallo absolutorio proferido por el Juez Segundo Penal del Circuito
de Bello (Ant.), a quienes se les procesó por los delitos de falsedad
ideológica en documento público y uso de documento público falso,
respectivamente”[1].
La petición de tutela se apoyó en los siguientes
1. Hechos
Indica que el 3 de agosto de 1993, la señora María Leocadia
Díaz Zapata que para ese momento contaba con 86 años de edad, otorgó testamento
mediante escritura pública N° 1962 ante la
Notaría Primera del Círculo de Bello, a favor de su cónyuge, el señor Andrés
Mariano Bedoya, de sus hermanos Luis Eduardo Díaz Zapata, Rita Díaz de Palacio
y Dolores Díaz de Sánchez, de sus sobrinas Rocío Palacio Díaz, Luz Marina Díaz
Puerta, Lilia Díaz Puerta, Libia Díaz de Agudelo y Margarita Díaz de Puerta y del
asilo de ancianos “Padre Rogelio”.[2]
Señala que el 3 de diciembre de 1997, cuando la señora Díaz
Zapata contaba con 90 años de edad, encontrándose en todos sus cabales, otorgó
un nuevo testamento por escritura pública N° 3488, en el que revocó el citado
en precedencia. Asevera que en este nuevo acto, los bienes fueron legados “a
su hermana María Dolores Díaz de Sánchez y a sus sobrinos Alba Nidia Sánchez,
Luz Marina Díaz Puerta, Noemy Palacio Díaz de Pérez, Gloria, Luisa, María
Dolores, María Victoria y Augusto Díaz de Puerta, Rocío Palacio Díaz y
Guillermo Díaz Roldán, y a su empleada del servicio por muchos años, Bernarda
Valencia, y le designó como apoderada judicial a la suscrita.”[3]
Afirma que la intención de revocar el testamento era
evidente, en tanto el principal heredero era el esposo de la testadora ya
fallecido, lo que implicaba que sus bienes quedarían en poder de su familia
política y no de su familia directa. Del mismo modo, justificó dicha actuación
en que la segunda beneficiaria del testamento revocado era la hermana de la
testadora, que para ese momento había fallecido. Precisa que esta circunstancia
fue probada en el proceso penal, así como también la revocatoria de múltiples
testamentos en el pasado por parte de la testadora, los cuales no fueron
valorados por la autoridad judicial demandada al momento de decidir casar la
sentencia.
Manifiesta que con ocasión del fallecimiento de la testadora
el 14 de enero de 2001, los beneficiarios del testamento contenido en la escritura
pública N° 1962 de 1993, iniciaron proceso de sucesión ante el Juzgado Segundo
de Familia de Bello, trámite procesal que igualmente fue iniciado por la
demandante el 20 de noviembre de 2001, al presentar ante el Juzgado de Familia
del Circuito de Bello, demanda de sucesión testada con fundamento en la
escritura pública N° 3488 de 1997.
Ante dicha situación, el 27 de febrero de 2001 la señora
Lucelly Palacio Díaz, sobrina de la causante, promovió denuncia penal por
supuesta falsedad documental en la escritura pública N° 3488 de 1997, en la que
la Fiscalía General de la
Nación ordenó la práctica de una prueba grafológica “que arrojó la
presencia de una supuesta alteración en la firma de la testadora.”[4]
Por tal razón, el 7 de mayo de la misma anualidad la
Fiscalía 25 Seccional de Bello, dispuso la apertura de la investigación previa
en contra de la demandante, por la comisión del presunto delito de uso de
documento público falso, así como también contra el señor Humberto de Jesús
Araque Roldan, quien fungía como Notario Primero del Círculo de Bello para el
momento de la suscripción de los citados instrumentos públicos y contra los
señores Guillermo Díaz Roldán, David Baquero Pérez, María Lía Mejía Uribe y
Clara María Cárdenas Tamayo, por la posible comisión de falsedad en documento
público.
No obstante, el 8 de julio de 2002 la
Fiscalía 56 de Bello dictó resolución de preclusión de la investigación,
decisión que al ser objeto de recurso de apelación por la parte civil de la que
hacían parte algunos sobrinos de la causante, fue revocada por el Fiscal
Tercero Delegado ante el Tribunal Superior de Antioquia, profiriendo en su
lugar resolución de acusación contra el citado fedatario por el delito de
falsedad ideológica en documento público (Decreto-Ley 100 de 1980, Art. 219) y,
contra la peticionaria, por el ilícito de uso de documento público falso (Ley
599 de 2000, Art. 291). La misma providencia decidió declarar la prescripción
de la acción penal a favor de Guillermo Díaz Roldán, David Baquero Pérez, María
Lía Mejía Uribe y Clara María Cárdenas Tamayo.
Manifiesta la demandante que en la etapa de juzgamiento, el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello y el Tribunal Superior de Medellín,
en primera y segunda instancia, respectivamente, dictaron sentencia absolutoria.
A juicio de la primera autoridad judicial, existía una duda insalvable frente a
la autoría del delito de falsedad ideológica, mientras que el superior
funcional se fundamentó en la ilegalidad de la prueba grafológica aportada y en
la falta de credibilidad de los dictámenes posteriores.
Pone de presente que la parte civil interpuso recurso
extraordinario de casación, sin hacer alusión alguna a la casación excepcional,
que era la única alternativa procesal con la que contaba para impugnar en lo
pertinente la sentencia absolutoria en la que la actora había sido absuelta, es
decir, respecto del ilícito de uso de documento público falso, refiriéndose
exclusivamente en los cargos de la demanda al delito de falsedad en documento
público, respecto del cual ninguna responsabilidad fue atribuida en las
decisiones de instancia.
De esta manera, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, en providencia del 28 de enero de 2008 declaró
ajustada a derecho la demanda, sin efectuar ningún tipo de consideración
respecto de la casación excepcional por el delito de uso de documento público falso
atribuido a la demandante, teniendo en cuenta que no fue una solicitud expresa
del recurrente.
Enseguida, hizo referencia a la disposición del Código Penal
que tipifica el delito de uso de documento público falso, así como también de
las circunstancias de agravación punitiva, marco normativo a partir del cual
concluyó lo siguiente:
“1) La improcedencia de la
casación excepcional en materia de uso de documento público falso por la
condición penológica.
2) La independencia de la
falsedad y del uso de documento público falso desde el punto de vista de la
tipicidad, lo que excluye la conexidad entre ambos delitos, desde la
descripción del tipo penal.
3) La conexidad entre los dos
tipos penales, se daría si la suscrita (…) hubiera sido juzgada como partícipe
de la falsedad, agravada por el uso, pero no siendo juzgada por el uso de
documento público falso.
4) De acuerdo con lo anterior,
no cabía ante la ausencia de solicitud de casación excepcional, casación frente
al hecho punible por el cual era investigada la señora GOMEZ (sic) OSMAN.”[5]
En ese orden de ideas, adujo que la posibilidad de promover
casación excepcional solamente era viable respecto del delito de falsedad en
documento público, teniendo en cuenta la pena máxima dispuesta en las normas
sustantivas, pero no por el delito de uso de documento público falso por el
cual fue procesada y absuelta en dos instancias, en tanto “sólo se podría
acceder a la casación excepcional previa solicitud de un sujeto procesal,
solicitud que no existió en el caso que nos ocupa, y por ello la ausencia total
de defensa en el trámite del recurso de casación, pues el mismo no se refería a
la conducta atribuida a NUBIA ELENA GOMEZ (sic) OSMAN”[6], circunstancia
que, a su juicio, contraría claramente lo previsto en el artículo 205 de la
Ley 600 de 2000 y el unánime precedente de la
Corte Suprema de Justicia.
De igual forma, puso de presente el aparte de la sentencia
objeto de tutela que hizo referencia a la competencia para conocer del recurso
extraordinario de casación, respecto de la decisión absolutoria a favor de la
demandante, en los siguientes términos:
“A partir de la impugnación, la
Sala percibió que el fallo objeto del extraordinario recurso podría
comprometer ‘la verdad’ que sin lugar a dudas es garantía fundamental a la que
tienen derecho las partes del proceso, especialmente la parte civil como
representante de las víctimas. Por esta razón admitió sin limitaciones, la
demanda de casación que se presentó de forma conjunta sin soslayar que por la
condición penológica sólo la falsedad ideológica del documento público
(artículo 219 del Decreto 100 de 1980) accedía al recurso extraordinario de
casación (inciso primero del artículo 205 de la
Ley 600 de 2000). La Sala resolverá las impugnaciones de manera conjunta.”[7]
Al respecto, sostuvo la actora que se trata de una hipótesis
de casación extraordinaria que no fue sometida a consideración y que califica
como sorpresiva, reiterando que no tuvo la posibilidad de ejercer el derecho de
defensa, por cuanto solamente fue mencionada en la sentencia censurada que
decidió casar la dictada por el Tribunal Superior de Medellín, sin haber
surtido el trámite procesal consagrado en las normas vigentes, decisión que
inexplicablemente omitió efectuar el análisis de las causales de la casación
excepcional. Lo anterior, denota un exceso en los límites de la competencia de
la autoridad judicial demandada, que estaba circunscrita a los cargos incoados
en la demanda de casación.
Pone de presente que el 3 de marzo de 2009, la sentencia
estimatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia el 19 de febrero de 2009,
declaró la falsedad de la escritura pública N° 3488 del 3 de diciembre de 1997
y condenó al señor Humberto de Jesús Araque Roldán por el delito de falsedad en
documento público a 3 años de prisión y, a la demandante, a 2 años de prisión
como pena principal sin lugar a subrogado penal alguno, por el punible de uso
de documento público falso, disponiendo también la inhabilitación de funciones
públicas por 32 meses y del ejercicio de la profesión de abogada por 5 años, como
pena accesoria, en los términos del artículo 291 de la
Ley 599 de 2000. La misma providencia ordenó la captura inmediata de los
condenados.
El 3 de marzo de 2009, la citada providencia fue objeto de
solicitud de nulidad con fundamento en las causales 1ª, 2ª y 3ª del artículo
306 de la Ley 600 de 2000, la cual extrañamente fue decidida al día siguiente
de su presentación por el magistrado ponente, en el sentido de abstenerse de
tramitarla por considerar que la sentencia dictada como órgano de casación no
es susceptible de recurso alguno. Al respecto, fue enfática la petente en
indicar que se trata de una providencia que adolece de los requisitos formales,
en tanto debió ser dictada por los magistrados que conforman la
Sala y, que evidentemente, vulnera los derechos de defensa, de acceso a la
administración de justicia y contraría el precedente judicial “ya que, en
múltiples oportunidades la Sala de Casación Penal ha tramitado incidentes de
nulidad contra la sentencia de casación, aún cuando hayan sido desfavorables o
no, éstos se han tramitado, han sido decididos y firmados por la
Sala y se ha ordenado su notificación, circunstancia que inexplicablemente no
fue seguida en el caso que nos ocupa.”[8]
Comenta la actora que ante la respuesta obtenida, el 10 de marzo de 2009
presentó nuevamente el escrito de nulidad, precisando que su naturaleza
procesal no es la de un recurso sino la de un incidente. En el mismo escrito, haciendo
uso del derecho de petición solicitó copia del acta de la
Sala que decidió no dar trámite a la solicitud, “sin que a la fecha se
tenga respuesta alguna.”[9]
Para la demandante, un vicio superlativo de la decisión
judicial objeto de reproche constitucional, es la ausencia de motivación para
desvirtuar la presunción de inocencia, así como también la valoración probatoria
efectuada, toda vez que la sentencia solamente tomó como base la declaración de
las denunciantes “quienes evidentemente, tienen un interés directo en la
decisión proferida y que en todo caso de tenerse en cuenta no son declarantes
de la ocurrencia del hecho sino de criterios subjetivos”.[10] Del mismo modo, reprochó
la valoración efectuada al testimonio de la empleada doméstica de la causante,
a través del cual la Corte pretendió establecer por vía de suposición el estado
mental de la paciente y su incidencia en el estado de la firma dubitada.
Lo anterior evidencia para la gestora de tutela que la
demandada desdibujó la finalidad del recurso extraordinario de casación, teniendo
en cuenta que no es una instancia de procesamiento del litigio, sino de
enjuiciamiento de los errores de la sentencia, resultando equivocado estudiar
nuevamente lo relacionado con la responsabilidad penal y, de igual manera,
tampoco efectuó un análisis parcial de los errores en la valoración de las
pruebas realizada por el Tribunal Superior de Medellín.
Del mismo modo, puso de relieve que la decisión impugnada
ignoró el concepto rendido por el Ministerio Público que, grosso modo,
indicaba: (i) los cargos de la demanda carecieron de toda demostración, porque
solamente se ocuparon de individualizar la prueba supuestamente ignorada, sin
haber sido acreditada la trascedencia de los supuestos yerros de valoración;
(ii) buena parte de las pruebas aludidas en la demanda de casación, sí fueron
consideradas en el proceso penal en segunda instancia “pero de manera
diversa a como lo deseó el apoderado de la parte civil”[11]; (iii) respecto del
cargo de error de hecho por falso juicio de identidad, no se demostró en la
demanda la tergiversación del contenido material de los medios probatorios
practicados; (iv) la demanda de casación respecto del cargo de error de hecho
por falso juicio de identidad fue inepta “ya que el recurrente no diferenció
entre el error de credibilidad (juicio de valoración y sana crítica) y falso
juicio de identidad (falso raciocinio), aspectos sustancialmente diferentes”[12]; (v) la
demanda tan sólo expuso de manera subjetiva la valoración probatoria efectuada
por el recurrente, sin que haya habido consideración objetiva alguna frente a las
supuestas equivocaciones en las que incurrió el Tribunal.
Afirma que producto de las acciones y omisiones en las que
ha incurrido la autoridad judicial demandada, se encuentra privada de la
libertad, afectada en su honra, dignidad e igualdad procesal, sin acceso a la
recta y adecuada administración de justicia y sin que hubiera sido desvirtuada
la presunción de inocencia, lo cual muestra una evidente vulneración del
derecho al debido proceso.
Asegura que dicha situación, la condujo a promover acción de
tutela contra la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, el 17 de marzo de 2009, la cual fue inadmitida a
trámite el 27 del mismo mes por la Sala de Casación Civil, bajo la
consideración de que por tratarse de una decisión dictada como órgano límite,
no es susceptible de recurso alguno. De igual forma, se abstuvo de remitir para
eventual revisión la tutela a la
Corte Constitucional, disponiendo el consecuente archivo del expediente. Agrega
que la citada decisión fue objeto de recurso de súplica, el cual no fue
decidido por el siguiente magistrado en turno, sino por el mismo que dictó la
providencia recurrida en los mismos términos.
Por lo tanto, la demandante presentó ante la
Corte Constitucional solicitud de revisión de la petición de tutela
inadmitida por la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en los autos 004 de
2004 y 100 de 2008, la cual no fue acogida por la
Sala de Selección N° 7 mediante proveído del 23 de julio de 2009, así como
tampoco fue objeto de insistencia por parte de los funcionarios facultados para
tal efecto. En su sentir, dicha situación denota claramente una afectación
continua de los derechos fundamentales, al no haber obtenido una decisión que
resuelva de fondo la controversia puesta a consideración del juez
constitucional.
2. Fundamentos de la acción
Luego de reiterar los lineamientos jurisprudenciales de la
Corte Constitucional, construidos alrededor de la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la demandante concretó las razones por
las cuales estima que la decisión judicial censurada es violatoria de sus
derechos fundamentales, en los siguientes términos:
2.1. Defecto orgánico y sustantivo: Ausencia de
competencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para
condenar a la demandante por haber incurrido en el delito de uso de documento
público falso y desconocimiento del artículo 205 de la
Ley 600 de 2000, respectivamente
Para la demandante, la autoridad judicial demandada no tenía
competencia para imponer condena penal a la señora Gómez Osmán, razón por la
cual no podía analizar de oficio la sentencia dictada por el Tribunal Superior
de Medellín, en lo que a la absolución de la demandante por el delito de uso de
documento público falso se refiere, por varias razones. En primer término, porque
no se encontraban reunidos los requisitos para que procediera la casación
excepcional, “única alternativa procesal para casar la sentencia, por razón
de la pena imponible”[13].
De otra parte, porque la demanda de casación no efectuó cargos específicos
frente al delito de uso de documento público falso y, por último, porque en
ninguna de las instancias fue debatida ni determinada la existencia de
conexidad de conductas, “de tal manera que los cargos frente a la falsedad
en documento no se hacían extensibles de ninguna manera al delito de uso de
documento público falso.”[14]
Dentro de este contexto, sostiene que de conformidad con lo
previsto en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000 y el precedente judicial de
la corporación judicial demandada, el recurso extraordinario de casación
solamente es procedente contra sentencias proferidas en segunda instancia por
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en
los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada
pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho (8) años, aún cuando
la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.
Refiere en consecuencia, que dicha alternativa procesal no
procede en aquellos casos en los que la pena imponible no sea superior a ocho
(8) años, resultando únicamente viable intentar el ejercicio del recurso de
casación excepcional, lo cual no ocurrió con la demanda presentada por la parte
civil, que tan sólo se limitó a reprochar la absolución respecto del delito de
falsedad ideológica en documento público, “el cual es ajeno a NUBIA ELENA
GÓMEZ OSMÁN (sic), como se concluye de la simple lectura del recurso
presentado por la parte civil.”[15]
2.2. Defecto fáctico: Errada valoración probatoria por
parte de la autoridad judicial demandada e incongruencia entre la parte
considerativa y resolutiva de la sentencia
Sostiene la demandante que la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal erró en la apreciación de
las pruebas allegadas al proceso penal, en tanto (i) el dictamen N° 380 del 26
de marzo de 2001 practicado por el C.T.I. de la
Fiscalía General de la Nación que en efecto confirmó la existencia de la
firma dubitada en la escritura pública N° 3488, pero no encontró posible
determinar la autoría, fue una prueba practicada con anterioridad a la
iniciación de la investigación previa que desconoció el principio de
contradicción de la prueba y, que además, los jueces de instancia excluyeron
por haber sido obtenida con violación del debido proceso, circunstancia que
desconoce el artículo 312 del Decreto-Ley 2700 de 1991 y la sentencia C-150 de
1993, que determinó el alcance constitucional de la citada disposición y (ii)
los dictámenes periciales restantes no brindan elementos de juicio suficientes
para desvirtuar la presunción de inocencia.
Para ilustrar al juez de tutela, transcribe apartes de la
sentencia que resolvió el recurso extraordinario de casación dentro del proceso
N° 23507, referentes al falso juicio de legalidad, de convicción, de
existencia, de identidad y al falso raciocinio que pueden suscitarse en materia
de valoración probatoria, para concluir que la sentencia objeto de tutela
plantea una clara disparidad de criterios objetivos y materiales, al sostener
que “[b]aste simplemente con recordar que todas las experticias son
oficiales y que ningún interés se advierte en los peritos para favorecer a unos
u otros legatarios, luego, no existe motivo alguno para presumir parcialidad en
los peritos, sobre todo si se advierte que (sic) dictámenes no fueron
objetados por alguna de las partes.”[16]
Finalmente, la actora concluye que la motivación expuesta
por la Sala de Casación Penal en la decisión judicial atacada, hace referencia
exclusivamente al delito de falsedad en documento público por el que fue
procesado el notario del municipio de Bello, mientras que la parte resolutiva
dispuso condenarla por haberse tipificado el uso de documento público falso, lo
cual muestra claramente que no fueron indicados los motivos que llevaron a tal
decisión, lo cual condujo por obvias razones a que estuviera imposibilitada
para intervenir en el trámite de la casación, es decir, para que ejerciera su derecho
de defensa.
2.3. Violación del principio de igualdad por
desconocimiento del precedente judicial
A juicio de la demandante, la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha sido consistente en
indicar que es el recurrente quien tiene la carga de invocar y justificar la
procedencia de la casación excepcional o discrecional, para lo cual debe cumplir
con la totalidad de los requisitos dispuestos en las disposiciones procesales, resultando
por completo inviable la posibilidad de que sea estudiada oficiosamente su
viabilidad por tratarse de un recurso esencialmente rogado, “al que sólo se
tiene acceso en virtud de petición de parte.”[17]
En ese orden de ideas, hizo referencia a algunos
pronunciamientos dictados por la citada autoridad judicial, recalcando que su desconocimiento
afrenta notablemente el derecho fundamental a la igualdad, razón adicional para
que sea declarada la existencia de una vía de hecho.
Con todo, concluyó “que la casación excepcional no es
oficiosa y que requiere de unos requisitos que no se cumplieron en el caso que
nos ocupa, y por ello resulta manifiesta la falta de competencia de la
Corte Suprema de Justicia Sala Penal para pronunciarse sobre una casación que
nunca se presentó, pues la demanda de casación que se declaró ajustada a
derecho mediante providencia ejecutoriada se limitó a la casación común nunca a
la excepcional y se limitó por el recurrente al delito de falsedad, sin
realizar ningún cargo relacionado con el uso de documento público falso.”[18]
3. Pretensión
Con fundamento en lo anterior, la señora Nubia Elena Gómez
Osmán busca que el juez constitucional restablezca inmediatamente los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a
la igualdad, a la libertad, a la honra, a la libertad de locomoción y domicilio,
para lo cual solicita dejar sin efecto la sentencia dictada por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 19 de febrero de
2009, “en lo que se refiere a los pronunciamientos relacionados con el uso
de documento público falso”[19].
4. Pruebas relevantes que reposan en el expediente
- Sentencias del 21 de abril de 2006 y 13 de agosto de 2007,
dictadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello y el Tribunal
Superior de Medellín, Sala Penal, respectivamente, mediante las cuales fueron
absueltos Humberto de Jesús Araque Roldán y Nubia Elena Gómez Osmán, por los
ilícitos de falsedad en documento público y uso de documento público falso (folios
1 a 56 del cuaderno anexo).
- Demanda de casación y escrito signado por el señor Araque Roldán,
presentado durante el término de traslado (folios 59
a 85 y 88 a 92 ibídem).
- Concepto rendido por el Procurador Primero Delegado para la
Casación Penal que solicitó no casar la sentencia impugnada (folios 94
a 114 ibíd.).
- Sentencia proferida el 19 de febrero de 2009 por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que decidió casar la dictada
por el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal, el 13 de agosto de 2007
(folios 118 a 179 ibíd.).
- Incidente de nulidad presentado el 3 de marzo de 2009
contra la citada providencia (folios 190
a 196 y 205 a 207 ibíd.).
- Auto emanado el 4 de marzo de 2009 que decidió abstenerse
de dar trámite al incidente de nulidad (folios 199 y 200 ibíd.).
- Escrito del 10 de marzo de 2009, por medio del cual la
demandante solicitó a la Sala de Casación Penal “se sirva dar trámite (…)
del incidente de nulidad de la sentencia proferida por la
Sala, y presentado el 3 de Marzo de 2009”
(folios 205 a 207 ibíd.).
- Acción de tutela presentada por la peticionaria el 17 de
marzo de 2009, ante la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia (folios 221
a 258 ibíd.).
- Auto del 27 de marzo de 2009, que decidió “no admitir a
trámite la demanda” (folios 260 a 263 ibíd.).
- Recurso de súplica contra la citada providencia (folios 264
a 270 ibíd.).
- Auto del 22 de abril de 2009, dictado por la
Sala de Casación Penal que dispuso rechazar el recurso de súplica (folios 274
y 275 ibíd.).
- Solicitud de revisión presentada el 17 de junio de 2009
ante la Corte Constitucional, “ante el hecho de que no hubo pronunciamiento
frente a la tutela y la Corte Suprema Sala Civil no remitió el expediente sino
que lo archivó” (folios 280 a 295 ibíd.).
- Auto dictado por la
Sala Séptima de Selección que decidió no escoger para revisión el expediente
de tutela T-2315460 (folios 296 a 300 ibíd.).
- Solicitud de insistencia promovida por la peticionaria
ante la Defensoría del Pueblo (folios 301
a 307 ibíd.).
5. Trámite procesal
En un primer momento, la acción de tutela fue presentada el
17 de marzo de 2009 ante la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, que en providencia del 27 del mismo mes decidió
inadmitirla por considerar que contra las sentencias del órgano límite y de
cierre de la Jurisdicción Ordinaria no procede recurso alguno, teniendo en
cuenta que por mandato constitucional no es posible “que sus decisiones
puedan ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por otras
autoridades, puesto que en tal condición no existe otro organismo que pueda
disputarle los pronunciamientos que haga dentro de su propio ámbito.”[20]
La citada decisión fue objeto de recurso de súplica, el cual
al pasar al magistrado siguiente en turno fue devuelto al despacho de origen,
por tratarse de un medio de controversia que no está previsto en el trámite de
tutela. De esta manera, en auto del 22 de abril de 2009 la magistrada ponente
del auto inadmisorio, dispuso rechazarlo por improcedente.
Comoquiera que el expediente de tutela no fue remitido a la
Corte Constitucional, la demandante en virtud de los autos N° 004 de 2004 y
100 de 2008, solicitó la revisión de la citada solicitud de amparo
constitucional. Sin embargo, el 23 de julio de 2009 la
Sala Séptima de Selección decidió excluirla de revisión, no siendo objeto de
solicitud de insistencia por parte de los funcionarios facultados para tal
efecto.
Por lo anterior, la señora Gómez Osmán promovió nuevamente
la acción de tutela pero esta vez ante el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, poniendo de
presente lo ocurrido en el trámite anterior, ante lo cual el citado despacho
judicial juzgó necesario estudiar de fondo el asunto. De esta manera, en
sentencia del 2 de septiembre de 2009 denegó la tutela de los derechos fundamentales
al debido proceso, libertad, igualdad y acceso a la administración de justicia,
pero accedió a la protección del derecho de petición.
En segunda instancia el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria revocó la sentencia el 22 de
octubre de 2009 y, en su lugar, declaró la improcedencia del amparo deprecado, por
considerar que existe una decisión previa adoptada por la
Corte Constitucional que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.
6. Escrito de contestación de la acción de tutela
Mediante escrito del 25 de agosto de 2010, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ejerció su derecho de
defensa, solicitando la declaratoria de incompetencia para conocer la acción de
tutela incoada por la demandante, atendiendo las reglas administrativas
previstas en el Decreto 1382 de 2000 en tanto “de admitir este tipo de
solicitudes de amparo, las jurisdicciones previstas en la
Carta Magna se reducirían tan sólo a una, que sería el centro de unificación
de la jurisprudencia nacional en todas las materias, suprimiendo de paso el
recurso extraordinario de casación y el control de constitucionalidad y
legalidad que ejerce la jurisdicción disciplinaria.”[21]
Para terminar, precisó que de no ser atendida la citada
petición, el amparo constitucional solicitado no está llamado a prosperar
teniendo en cuenta que no fue afectada ninguna garantía constitucional con la
decisión judicial cuestionada.
7. Decisiones judiciales objeto de revisión
7.1. Sentencia de primera instancia
El Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante
providencia del 2 de septiembre de 2009, además de no acceder a la nulidad
propuesta, negó la protección constitucional de los derechos fundamentales al
debido proceso, libertad, igualdad, acceso a la administración de justicia,
honra, locomoción y domicilio, solicitada por la demandante. Sin embargo,
respecto del derecho de petición accedió al amparo pedido. La decisión adoptada
tuvo apoyo en los siguientes argumentos:
En primer término, puntualizó que si bien el Decreto 1382 de
2000 establece como regla de reparto administrativo que las acciones de tutela
dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia, deberán ser conocidas por la
misma corporación, la circunstancia de que no le hubiera impreso el trámite
correspondiente a la primera petición de amparo formulada, lo llevó a asumir el
conocimiento en virtud de la competencia a prevención establecida en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991. Del mismo modo, justificó su actuar en la
necesidad de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia, en
tanto la controversia suscitada no había sido resuelta de fondo.
En el mismo sentido, resaltó que cuando la autoridad
judicial que está legalmente facultada para conocer de una demanda de tutela se
niega a garantizar el acceso a la administración de justicia -en este caso la
Corte Suprema de Justicia-, cualquiera de los integrantes de la
Jurisdicción Constitucional, exceptuando a la
Corte Constitucional, estaría habilitado para decidir de fondo el asunto puesto
a consideración del juez de tutela.
En segundo lugar, trajo a colación las causales generales y
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
a partir de lo cual coligió que es el único mecanismo de defensa judicial con
el que cuenta la demandante para ventilar la supuesta afectación iusfundamental
reclamada, aunado a que se trata de una discusión de relevancia
constitucional.
Dentro de este contexto, efectuó el estudio de los supuestos
defectos en los que incurrió la
Corte Suprema de Justicia al dictar la sentencia objeto de tutela,
concluyendo que la citada corporación no carecía de competencia para conocer
del recurso de casación excepcional, teniendo en cuenta que si bien el
recurrente no mencionó expresamente que se trataba de esta modalidad,
verificada la normatividad procesal puede concluirse que se trata de un requisito
que no está consagrado expresamente para su procedencia, “así que el modo de
redacción o planteamiento de la situación por el que se opte resulta
indiferente siempre que se logre advertir que el impugnante demuestre uno de
los dos presupuestos que dan lugar a la procedencia de la casación excepcional”[22]. Agregó, que
el inconformismo de la peticionaria radica en que el recurso extraordinario de
casación no satisfizo el requisito de demostrar la necesidad de su estudio para
el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales,
lo cual si bien no fue señalado explícitamente, puede extraerse de algunos
apartes del libelo, es decir, se trataba de “una solicitud implícita de
Casación excepcional, donde fueron satisfechos los requisitos para su
procedencia”.[23]
Igualmente, encontró que la supuesta afectación del debido
proceso derivada de la falta de trámite de la solicitud de nulidad contra la
sentencia objeto de tutela, se trata más de una apreciación subjetiva de la
peticionaria que de la aplicación de las normas que regulan la materia. Luego
de hacer referencia al marco normativo, concluyó que la sentencia de la
Sala de Casación objeto de reproche constitucional no era susceptible de
recurso alguno, razón por la cual, “[e]jecutoriada una providencia, el
trámite penal concluye, y por ende ya no se cuenta con la posibilidad de
invocar la existencia de una nulidad procesal, pues se reitera, la misma es
procedente durante el trámite del proceso, no cuando el mismo ha fenecido.”[24]
Del mismo modo, no advirtió vulneración alguna de derechos
fundamentales en lo que tiene que ver con la formulación de los cargos en la
demanda de casación, los cuales estaban referidos únicamente al delito de
falsedad en documento público, respecto del cual no fue procesada la
demandante. Al respecto, indicó que esta circunstancia es insuficiente para
concluir que el recurso extraordinario no estaba dirigido contra ella, teniendo
en cuenta que en el recurso extraordinario se hizo mención expresa de su
nombre, lo cual significa que “llevaba una pretensión implícita en su
contra, así que, independientemente de que el cargo estuviese o no formulado
adecuadamente, lo cierto es que resultaba evidente la vinculación al trámite,
más cuando el recurso fue admitido sin reparo alguno.”[25]
En ese orden de ideas, consideró que la imposibilidad de que
la accionante interviniera en el trámite de casación, no puede ser endilgada a
la autoridad judicial demandada, sino que obedeció a una decisión deliberada, “sin
que pueda considerarse que fuese razonable el considerar que su situación
jurídica se encontraba definida con el fallo de segunda instancia emanado de la
Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.”[26] Del mismo modo, resaltó
que la condición de profesional del derecho de la peticionaria se constituye en
argumento adicional para desvirtuar este cargo, pues pretendió beneficiarse de
una situación que realmente correspondió a un error de transcripción fácilmente
determinable que en nada afectaba la intención de la parte civil, cual era,
obtener la casación de la sentencia absolutoria dictada a favor de los dos
procesados.
Tampoco fueron acogidas las razones expuestas por la actora,
en relación con la supuesta existencia de defectos fácticos en la decisión
judicial objeto de reproche, por cuanto el dictamen N° 380 del 26 de marzo de
2001 no adolecía de vicio alguno y las declaraciones de la empleada doméstica
de la causante y de las denunciantes, no fueron los únicos elementos
probatorios a los que acudió la Sala de Casación Penal para llegar al convencimiento
de que se habían configurado los delitos de falsedad en documento público y uso
de documento público falso. Al respecto, precisó que la certeza sobre la
falsedad de la escritura pública N° 3488 de 1997, se dedujo de los resultados
de las pruebas periciales que para la Corte fueron uniformes y concluyentes,
las cuales hubiera podido controvertir la actora de haber concurrido al trámite
de casación, “aportando elementos de convicción que descalificaran dichas
probanzas, lo que, según la documental obrante en el diligenciamiento que se
tuvo a la vista, se abstuvo la ahora peticionaria de hacer.”[27] Más aún, si
la finalidad del proceso penal era dilucidar la existencia de una falsedad
ideológica de una escritura pública, “lógicamente serán sus familiares o
personas cercanas quienes estén en la mejor posibilidad de allegar documentos
contentivos de parámetros de medición para realizar un cotejo como el que se
ordenó en las diferentes pruebas periciales, lo que en manera alguna constituye
una irregularidad, sino que responde a un principio de la lógica, pues raro si
sería que fuesen extraños quienes estuvieren en mejor posibilidad de contribuir
con la evacuación de la prueba, sin que por ello pretenda la
Sala descartar la posibilidad.”[28]
Por último, no acogió lo referente a la supuesta falta de
contradicción que recaía sobre la autoridad judicial demandada respeto del
concepto rendido por el representante del Ministerio Público, por considerar
que su función estaba circunscrita a analizar los cargos de casación efectuados
contra la sentencia de segunda instancia, precisando que la única obligación
que sobre ella recaía era la de motivar de manera suficiente la correspondiente
decisión.
7.2. Impugnación
El 7 de septiembre de 2009, la demandante impugnó la
sentencia bajo la consideración de que además de tratarse de un ejemplo de
juicio inverso, tan sólo se limitó a realizar un análisis parcial e incompleto
de la decisión dictada por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia objeto de censura, contrariando a la sazón la
doctrina, la ley y el precedente relativo a la casación excepcional.
Asevera en su escrito, que de ser aceptada la argumentación
dada por el juez de tutela de primera instancia, “llevaría a sostener que el
texto de la Ley 600 de 2000, la doctrina procesal penal sostenida por años y el
mismo precedente obligatorio de la entidad accionada (…) estarían equivocados,
sin que el despacho haya dado un argumento suficiente en relación con el tema
sino una simple proposición subjetiva carente de todo fundamento fáctico y
jurídico.”[29]
En relación con el cargo por supuesta falta de competencia
de la autoridad judicial accionada, para conocer de la demanda de casación en
los términos formulados por el recurrente, la actora insistió en que la única posibilidad
de impugnar la sentencia absolutoria del Tribunal de Medellín en lo atinente al
delito de uso de documento público falso, era invocando la casación
excepcional, lo cual no ocurrió, no siendo de recibo el argumento del Consejo
Seccional de la Judicatura de  Cundinamarca, de que se trata de una solicitud
implícita, en tanto “denota desconocimiento en torno a los fines, naturaleza
y formalidad propia del recurso del casación, especialmente de las
implicaciones y requisitos de la casación excepcional”[30], recalcando a renglón
seguido que lo implícito en materia penal siempre será violatorio del debido
proceso.
De igual manera, advierte que la sentencia de tutela es poco
garantista al desconocer las formalidades propias del recurso de casación en
términos generales y, de la casación excepcional, de manera específica,
alternativa procesal que para su ejercicio requiere manifestación expresa con
el fin de salvaguardar el principio de contradicción, “con el objeto de que
desde la admisión de la demanda sea claro que a pesar de que en principio por
el cuantum (sic) de la pena, no habría casación, por vía excepcional y
en razón de la proposición expresa y de la acreditación de unos requisitos
adicionales, se tramitará la casación de forma excepcional, hipótesis que no se
presentó en el caso que nos ocupa y es suficiente para concluir el error
orgánico de la sentencia de casación.”[31]
Así las cosas, insistió en que de conformidad con las normas
sustantivas y procesales vigentes, siempre entendió que la demanda de casación
solamente se refería al delito de falsedad ideológica en documento público,
razón por la cual no intervino en el trámite casacional, tratándose a su juicio
de una sentencia condenatoria dictada de oficio en su contra, lo cual
claramente constituye una vía de hecho.
En lo demás, el escrito de impugnación reitera en buena
medida los argumentos expuestos en la solicitud de tutela referentes (i) a la
inadecuada valoración del material probatorio allegado al proceso penal; (ii)
al desconocimiento del artículo 205 de la
Ley 600 de 2000; (iii) a la incongruencia entre la parte considerativa y
resolutiva de la sentencia impugnada y (iv) a la supuesta vulneración del
derecho a la igualdad derivada del desconocimiento del precedente judicial
relativo a la casación excepcional y a la procedencia de solicitudes de nulidad
contra la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de casación.
7.3. Sentencia de segunda instancia
El Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 22 de octubre de 2009
decidió revocar la sentencia impugnada, para en su lugar, declarar la
improcedencia de la solicitud de amparo constitucional promovida por la señora
Nubia Elena Gómez Osmán.
Luego de hacer referencia a la naturaleza de la eventual
revisión, apoyada en la jurisprudencia constitucional, estimó que el test de
procedibilidad efectuado por el a quo dejó de lado que la decisión de la
Corte Constitucional de no escoger para revisión la acción de tutela intentada
por la actora con anterioridad, hace tránsito a cosa juzgada constitucional,
razón por la cual no es posible “reabrir debates que fueron cerrados en las
instancias judiciales correspondientes, situación que dista mucho de ser la
regulada en el Auto 100 de 2008, pues en dicha disposición ante unos
presupuestos totalmente distintos, como es el rechazo que del recurso de amparo
realizan diferentes autoridades judiciales negándose a conocer del asunto, pero
sin que el mismo haya sido excluido de revisión por parte de la
Corte Constitucional, por ello no puede alegarse dicho precedente como
fundamento jurídico para fundar la procedencia del recurso de amparo en el
presente caso.”[32]
8. Trámite ante la
Corte Constitucional
Escogido para revisión el expediente de tutela mediante auto
del 25 de enero de 2010, el Magistrado sustanciador en consideración a que no
obraba la totalidad de las actuaciones procesales necesarias para dictar la
decisión de fondo, dispuso oficiar al Juzgado 4° de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Medellín, para que remitiera en calidad de préstamo el
expediente penal seguido contra Humberto de Jesús Araque Roldán y Nubia Elena
Gómez Osmán, por los delitos de falsedad ideológica en documento público y uso
de documento público falso, respectivamente.
En vista de que no fue atendido en su oportunidad el citado
pedimento judicial, la Sala Quinta de Revisión requirió a la misma autoridad
judicial el siguiente 11 de mayo, momento a partir del cual fueron suspendidos
los términos del proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 57
del Reglamento Interno de la Corte. El expediente solicitado fue recibido
mediante oficio N° 1408 del 24 de mayo de 2010, aunque solamente contenía las
decisiones de instancia y de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, así como las actuaciones
emprendidas por diferentes autoridades para garantizar el cumplimiento de esta
última, echándose de menos igualmente piezas procesales indispensables para
decidir el asunto objeto de revisión.
Por tal razón, se hizo necesario oficiar al Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Bello mediante auto del 21 de julio de 2010, para que
remitiera con destino al asunto de la referencia la totalidad del aludido expediente
penal, el cual fue recibido en la
Secretaría General de esta corporación el 27 del mismo mes y año.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de la
Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas
dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. La no escogencia para revisión de la primera acción de
tutela presentada por la señora Nubia Elena Gómez Osmán, que planteaba
exactamente la misma pretensión, conlleva a la configuración del fenómeno procesal
de la cosa juzgada constitucional
El Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, actuando como juez de tutela de
segunda instancia en el asunto objeto de revisión, decidió el 22 de octubre de
2009 revocar la sentencia impugnada que denegó el amparo constitucional
deprecado por la señora Nubia Elena Gómez Osmán, bajo la consideración de que
había operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Estimó, que la
circunstancia de que la demandante hubiera promovido previamente una acción de
tutela con idéntica pretensión, esto es, dejar sin efectos la sentencia dictada
por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia el 19 de febrero de 2009 (Rad. 29062),
cohíbe al juez constitucional para efectuar un nuevo pronunciamiento. Sobre el
particular, el ad quem sostuvo:
“[A]ntes de realizar cualquier
otra consideración de orden conceptual, es necesario precisar que la acción de
tutela que con anterioridad adelantó la actora y que fue conocida en sus dos
instancias por las Salas de Decisión de la
Corte  accionada, no fue objeto de selección dentro del trámite de la
Corte Constitucional, decisión que es fácil de constatar al revisar el
sistema de consulta de dicha Corporación, de donde se puede afirmar que el
proceso de tutela fue radicado en dicha Colegiatura el 19 de junio de 2009 con
el número T-2315460 (…), siendo no seleccionada el 23 de julio de la anualidad
que transcurre, decisión que fue comunicada a la actora el 30 del referido mes.
(…)
[L]a Sala considera que no
puede compartirse lo decidido por la Sala a quo al momento de superar el test
de procedibilidad de la presente acción de tutela para pasar a analizar el
fondo de las peticiones elevadas por la actora, pues es claro que se está ante
la existencia de una cosa juzgada constitucional que no faculta a este juez
constitucional para reabrir debates que fueron cerrados en las instancias
judiciales correspondientes, situación que dista mucho de ser la regulada en el
Auto 100 de 2008, pues en dicha disposición ante unos presupuestos totalmente
distintos, como es el rechazo que del recurso de amparo realizan diferentes
autoridades judiciales negándose a conocer del asunto, pero sin que el mismo
haya sido excluido de revisión por parte de la
Corte Constitucional, por ello no puede alegarse dicho precedente como fundamento
jurídico para fundar la procedencia del recurso de amparo en el presente caso.”
Valga recordar, que la primera acción de tutela promovida
por la actora no fue admitida a trámite por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el 27 de marzo de 2009, dada
su condición de órgano límite y de cierre de la
Jurisdicción Ordinaria, “la que impide que sus decisiones puedan ser objeto
de nueva revisión o examen por ella misma o por otras autoridades, puesto que
en tal condición no existe otro organismo que pueda disputarle los
pronunciamientos que haga dentro de su propio ámbito.”[33]
Dicha decisión fue objeto de recurso de súplica, el cual
luego de pasar al siguiente magistrado en turno dentro de la misma Sala de
Casación Civil, fue devuelto al despacho de origen, en tanto “dentro del
trámite no está previsto como medio de controversia”[34], siendo rechazado por
improcedente el 22 de abril de 2009 en tanto “no aparece enlistada entre las
susceptibles de algún mecanismo de impugnación.”[35]
El 27 de mayo siguiente, la peticionaria amparada en los
autos 004 de 2004 y 100 de 2008[36],
solicitó a este Tribunal como petición principal “se sirva dar trámite a la
revisión de la tutela incoada por la suscrita en contra de la
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal y del Magistrado Alfredo
Gómez Quintero, asumiendo las funciones de juez constitucional de instancia o
conocimiento”.[37]
De manera subsidiaria, pidió la remisión del escrito de tutela a un despacho
judicial de igual o menor jerarquía a la entidad accionada, para su conocimiento.
El expediente de tutela fue radicado bajo el número T-2315460.
Efectuado el trámite en los términos de la
Constitución y la ley, la Sala de Selección N° 7 en proveído del 23 de julio
de 2009, decidió excluir de revisión la acción tuitiva. Dentro del término
previsto en el Reglamento Interno, esto es, 15 días calendario siguientes a la
notificación por estado (Acuerdo 05 de 1992, Art. 51)[38], no fue objeto de
solicitud de insistencia por parte de las autoridades facultadas para tal
efecto.
Así las cosas, las consecuencias de naturaleza procesal que
se derivan de la exclusión de revisión de un expediente de tutela, son: (i) la
ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda instancia; (ii) la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional que hace la
decisión inmutable e inmodificable, salvo la eventualidad de que la sentencia
sea anulable por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la
ley; y (iii) la improcedencia de tutela contra tutela. Sobre el particular, este
Tribunal en sentencia SU-1219 de 2001, expresó:
“(…) [L]a
decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión
una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y
material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por
parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión
de excluir la sentencia de tutela de la revisión se traduce en el
establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se
resguarda el principio de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la
Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema jurídico.
(…) El
procedimiento de revisión es, por tanto, un mecanismo expresamente regulado en la
Constitución con el fin de brindar una protección óptima a los derechos
fundamentales en atención a la importancia que ellos tienen para las personas y
el sistema democrático y constitucional de derecho. Ninguna otra acción, sea
constitucional o legal, goza de un mecanismo equivalente al de la revisión de
la decisión judicial. Y no podía ser de otra manera, dada la función confiada a
la Corte Constitucional para la constante defensa de los derechos
fundamentales.
(…)
En
conclusión, no procede la acción de tutela contra fallos de tutela.”
En la misma decisión, la
Corte agregó:
“(…) Admitir que los fallos de
tutela definitivamente decididos o excluidos para revisión sean luego objeto de
una nueva acción de tutela, sería como instituir un recurso adicional ante la
Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de
tutela ya concluido, lo cual es contrario a la
Constitución (art. 86 C.P.), a la ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991) y a
las normas reglamentarias en la materia (arts. 49
a 52 del Reglamento Interno de la
Corte Constitucional). Las Salas de Selección de la
Corte Constitucional, salvo sus facultades legales y reglamentarias, no tienen
la facultad de seleccionar lo que ya ha sido excluido de selección para
revisión ni una acción de tutela contra uno de sus fallos de tutela. Esto por
una poderosa razón. Decidido un caso por la
Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y
precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de
tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49
a 52 del Reglamento Interno de la
Corte Constitucional), opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
(art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una
sentencia de tutela por decisión judicial de la
Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.
(…) Una vez terminados
definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la sentencia hace
tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1
C.P.), y se torna, entonces, inmutable y definitivamente vinculante.”
Entonces, ante la intangibilidad de la decisión adoptada en
su momento por la Sala de Selección de esta corporación, lo que se impone es
confirmar la sentencia del Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por existir cosa juzgada
constitucional. No obstante, la Corte con fundamento en la función pedagógica y
unificadora que le corresponde cumplir como tribunal de revisión en materia de
tutela[39],
y en razón a que el expediente fue seleccionado, hará explícitas las razones que
dieron lugar a la no escogencia de la solicitud tutelar en su momento, que evidencian
la ausencia de afectación de los derechos fundamentales invocados por la actora,
en la decisión judicial objetada por inconstitucional.
Para tal efecto, reiterará la jurisprudencia constitucional
relativa a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales y, posteriormente, indicará de manera precisa por qué
la sentencia objeto de reproche constitucional no constituye una vía de hecho.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
Siguiendo los lineamientos del artículo
86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
constitucional que tiene como pretensión la garantía reforzada e inmediata de
los derechos fundamentales, es decir, que frente a la imposibilidad real de que
sean protegidos en cualquier tipo de escenario judicial o administrativo, se
habilita este dispositivo procesal con el fin de que sean restablecidos. Lo
anterior significa que se trata de una alternativa judicial subsidiaria y
residual de los mecanismos de defensa judicial ordinarios o extraordinarios,
previstos en el ordenamiento jurídico.
Dichos parámetros procesales, resultan igualmente aplicables
respecto de la procedencia de la solicitud de amparo constitucional contra
providencias judiciales. Al respecto, debe tenerse en cuenta la subregla
establecida jurisprudencialmente, en el sentido de que en términos generales,
la tutela no procede cuando lo que busca es controvertir decisiones judiciales,
en la medida en que “es a través de la actividad judicial en el ámbito de
los procesos ordinarios, que se concreta también la protección y garantía de
los derechos fundamentales de los ciudadanos.”[40] Esta postura del
intérprete constitucional, se apoya en la necesidad de preservar los principios
constitucionales de autonomía funcional, seguridad jurídica y cosa juzgada.
En efecto, la Corte ha considerado categóricamente que la
improcedencia de la acción tutelar contra decisiones judiciales, tiene
justificación desde una dimensión constitucional por cuanto (i) se trata de
decisiones que constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización
de los derechos fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente
formados para aplicar la Constitución y la ley; (ii) se confirma el valor de
cosa juzgada de las decisiones que resuelven las controversias planteadas ante
los jueces y la garantía del principio de seguridad jurídica y (iii) se
garantiza la autonomía e independencia que caracteriza el poder judicial, como
principio estructurante de los estados democráticos[41].
Ahora bien, obra el criterio según el
cual en un estado constitucional de derecho no existen derechos, valores y
principios absolutos. Por tal razón, este Tribunal ha habilitado el ejercicio
de la acción de tutela contra providencias judiciales de manera excepcional,
cuando corrobora o encuentra que una decisión judicial es caprichosa o arbitraria,
es decir, que constituye una vía de hecho o, dicho en otras palabras, se trata
de una decisión que es abiertamente antijurídica y que en consecuencia enerva
la garantía de derechos fundamentales.
Ahora bien, no puede pasarse por alto
que esta corporación en sentencia C-543 de 1992, declaró la inexequibilidad de
los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que establecían
lineamientos procesales relativos a la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, por considerar que desvirtuaban las reglas de
competencia fijadas en el Texto Superior. No obstante, la misma decisión dejó
contemplado en la ratio decidendi la posibilidad excepcional de que la
solicitud tutelar proceda cuando se configure una vía de hecho. Al respecto,
indicó:
“(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que
ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo
que proceda a resolver o que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se
desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 de la
Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).  En hipótesis como
éstas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia.” (Subrayas
por fuera del texto original).
Este momento muestra el surgimiento de
un paradigma que resultaba impensable e irrealizable en vigencia de la
Constitución de 1886: la posibilidad excepcional de revisar por parte del juez
constitucional las decisiones dictadas en cualquier tipo de proceso judicial y
el eventual reproche en caso de lesionar derechos fundamentales. De una parte,
porque solamente mediante el ejercicio de recursos extraordinarios era posible
revisar una decisión judicial; en segundo término, porque no existía Jurisdicción
Constitucional y, finalmente, porque a pesar de que paradójicamente el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 2°, Nral. 3°)[42]
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica (Art. 25)[43],
exigían al Estado Colombiano el establecimiento de un recurso sencillo y rápido
ante los jueces o tribunales competentes, como mecanismo efectivo para
restablecer los derechos o libertades reconocidos en dichos instrumentos
internacionales, inclusive cuando la vulneración hubiere sido cometida por
autoridades públicas, solamente hasta la entrada en vigencia de la
Constitución Política de 1991 (Art. 86), esta exigencia del derecho
internacional se materializó[44].
Entonces, es a partir de la citada sentencia que la
jurisprudencia constitucional empieza a delinear los criterios o presupuestos
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, señalando
inicialmente los siguientes defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y
procedimental[45].
De igual forma, constató que el término “vía de hecho” podía ser restrictivo o
limitado, en el entendido de que no siempre la vulneración de derechos
fundamentales derivada de una decisión judicial, corresponde a una actuación
arbitraria, caprichosa[46].
Por tal razón, este Tribunal avanzó hacia la construcción de causales generales
y específicas de procedibilidad de la acción de tutela, que fueron recogidas en
la sentencia C-590 de 2005 y que han seguido reiterándose en innumerables
pronunciamientos[47].
4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la demandante
4.1. A juicio de la demandante, la autoridad judicial accionada
carecía de competencia para dictar sentencia condenatoria por el delito de uso
de documento público falso, del que había sido absuelta por el Tribunal
Superior de Medellín, Sala Penal, el 13 de agosto de 2007, en consideración a
que la única alternativa procesal plausible con la que contaba la parte
recurrente era el recurso extraordinario de casación excepcional o
discrecional, que en ningún momento fue invocado, alternativa procesal que en
todo caso “requiere ser solicitada de forma expresa por parte de algún sujeto
procesal, requisito que no se da en el caso que nos ocupa, pues el recurrente
en casación (parte civil) no invoca ni sustenta esta alternativa de casación
excepcional, y se limita a la casación ordinaria que sólo procedía en relación
con el delito de falsedad en documento”[48].
En efecto, con ocasión del trámite sucesoral adelantado por
la actora al que allegó la escritura pública dubitada (N° 3488 del 3 de
diciembre de 1997) y del cual derivó el proceso penal que finalizó con la condena
objeto de censura constitucional proferida el 19 de febrero de 2009, la citada
conducta punible se encontraba tipificada en los siguientes términos (Ley 599
de 2000, Art. 291):
“Uso de documento falso. El
que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público
falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8)
años (…).”[49]
A su turno, el artículo 205 de la
Ley 600 de 2000 contiene los supuestos en los que procede la casación
ordinaria o común y la discrecional o excepcional. En relación con la primera, establece
la norma adjetiva que puede intentarse contra aquellas sentencias dictadas en
segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el
Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los
delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad, cuyo máximo exceda
de ocho años, aún cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad.
De igual forma, se extiende a los delitos conexos, aunque la pena sea inferior
a la señalada.
De otra parte, el tribunal de casación puede admitir la
casación excepcional contra sentencias de segunda instancia en las que el
quantum de la pena sea inferior al previsto para las sentencias arriba
mencionadas, a solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo
considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de
los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos en
la ley.
Se trata en consecuencia, de una modalidad de casación de
naturaleza rogada, en la que además del cumplimiento de los presupuestos señalados
en precedencia, le corresponde a quien tiene interés legítimo (Ley 600 de 2000,
Art. 209) “la enunciación de la causal y la formulación del cargo, indicando
en forma clara y precisa sus fundamentos y las normas que (…) estime
infringidas” (Ley 600 de 2000, artículo 212, numeral 3°). Sobre el
particular, la Corte Suprema de Justicia en providencia del 4 de mayo de 2005,
precisó:
“En tratándose de la casación
discrecional compete al demandante expresar con claridad y precisión los
motivos por los cuales debe intervenir la
Corte, ya para proveer un pronunciamiento con criterio de autoridad respecto
de un tema jurídico especial, bien para unificar posturas conceptuales o
actualizar la doctrina, ora para abordar un tópico aún no desarrollado, con el
deber de indicar de qué manera la decisión solicitada tiene la utilidad
simultánea de brindar solución al asunto y a la par servir de guía a la
actividad judicial.
Pero si lo pretendido por
quien demanda es asegurar la garantía de derechos fundamentales, tiene la
obligación de demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que
protegen el derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido.
También se tiene que las dos
especies de casación (ordinaria y discrecional) no pueden reclamarse de manera
simultánea, pues son excluyentes, en cuanto la segunda es subsidiaria de la
primera, es decir, solo procede en la medida en que no resulte viable la
casación ordinaria.”[50]
En este contexto, razón le asiste a la accionante cuando
afirma que la parte civil en el proceso penal hizo uso de la casación ordinaria
o común, no de la excepcional o discrecional, lo cual se desprende sin mayor
complicación del escrito presentado ante el Tribunal Superior de Medellín, Sala
Penal, el 20 de noviembre de 2007 (folios 1002
a 1027 del cuaderno N° 3 del proceso penal), en el que el recurrente (apoderado
de la parte civil), señaló:
“(…) [P]or medio del presente
procedo a sustentar el correspondiente recurso extraordinario de CASACIÓN
contra la sentencia de segunda instancia emanada del Tribunal Superior de
Medellín el 13 de agosto de 2007, mediante el cual se absuelve a los procesados
NUBIA ELENA GOMEZ (sic) Y HUMBERTO DE ARAQUE ROLDAN (sic) de los
delitos de falsedad ideológica en documento público para la primera y uso de
documento público falso para el segundo.”[51]
Así las cosas, surge el siguiente interrogante: ¿A qué
figura apeló entonces la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal en
la sentencia emanada el 19 de febrero de 2009, para declarar penalmente
responsable a Nubia Elena Gómez Osmán, por el delito de uso de documento
público falso y, en consecuencia, condenarla a 2 años de prisión, más las
accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
por 32 meses y para el ejercicio de la profesión de abogada por 5 años,
teniendo en cuenta que solamente procedía la casación excepcional, la cual no
fue invocada por la parte recurrente?
De las pruebas que reposan en el expediente, se tiene que luego
de que fue sustentado el referido recurso extraordinario y tan pronto surtió el
trámite de traslado a los no demandantes para que presentaran sus alegatos
(folios 996 y 1028 ibíd.), el proceso penal fue remitido al despacho judicial
accionado, que en auto del 28 de enero de 2008, dispuso:
“De conformidad con los
requisitos consagrados en el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, DECLÁRESE
AJUSTADA la demanda de casación presentada por el apoderado de la parte
civil dentro del proceso que se adelanta contra HUMBERTO ARAQUE ROLDAN y NUBIA
ELENA GÓMEZ, contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de Medellín el
13 de agosto de 2007 (…).”[52]
Posteriormente, en la sentencia objeto de reproche
constitucional la Corte en cuanto a la competencia funcional, sostuvo:
“Es competente la
Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso extraordinario de casación
propuesto por el opugnador contra la sentencia del 13 de agosto de 2007
proferida por el Tribunal Superior de Medellín, de conformidad con el artículo
205 de la Ley 600 de 2000.
En su estudio preliminar (de
admisibilidad del recurso, el 28 de enero de 2008 (…), la
Sala advirtió el juzgamiento conjunto de dos personas que actuaron en un mismo
contexto de acción, finalmente orientado a hacer valer un testamento (tachado
de falso) en un proceso judicial ante el cual se presentó, en procura de lograr
las asignaciones testamentarias.
A partir de la impugnación, la
Sala percibió que el fallo objeto del extraordinario recurso podría
comprometer ‘la verdad’, que sin lugar a dudas es garantía fundamental a
que tienen derecho las partes del proceso, especialmente la parte civil como
representante de las víctimas.
Por esa razón admitió, sin
más limitaciones, la demanda de casación que se presentó de forma conjunta,
sin soslayar que -por la condición penológica- sólo la falsedad ideológica en
documento público (artículo 219 del Decreto 100 de 1980) accedía al recurso
extraordinario de casación (inciso primero del artículo 205 de la
Ley 600 de 2000).”[53]
Al respecto, valga decir que el argumento esgrimido por la
Corte Suprema de Justicia además de ser procesalmente correcto, no constituye
una afrenta al debido proceso, en la medida en que era manifiesta la imposibilidad
de escindir la sentencia objeto de casación, teniendo en cuenta que las
personas sindicadas (Humberto de Jesús Araque Roldán y Nubia Elena Gómez Osmán)
actuaron dentro de un mismo contexto de acción, esto es, hacer valer un
testamento abierto dubitado con el fin de que fueran legadas las
correspondientes asignaciones.
De esta manera, la autoridad judicial accionada con el fin
de privilegiar el derecho a la verdad de la parte civil, que debe ser una de
las finalidades del proceso penal tal como lo ha considerado este Tribunal[54], acudió a la
casación oficiosa contenida en el aparte final del artículo 217 de la Ley 600
de 2000, de cara a efectuar el estudio relativo a la decisión de absolución
proferida a favor de la señora Gómez Osmán por el Tribunal Superior de
Medellín, Sala Penal, el 13 de agosto de 2007, modalidad de casación que está
íntimamente ligada a uno de los fines del Estado, cual es, garantizar la
efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (Art. 2°)[55].
Valga recordar, que uno de los principios que orienta el
ejercicio de la casación es el de limitación, en virtud del cual “el
Tribunal de casación, asume competencia funcional para decidir, sólo en cuanto
a los aspectos singularmente acusados por el impugnante en puntos de lo
consignado y desarrollado en la demanda de casación.”[56] Sin embargo, la
Ley 600 de 2000 (Art. 216) que conserva este parámetro como regla general,
faculta a dicho órgano colegiado para casar de oficio una sentencia “cuando
sea ostensible que la misma atenta contra las garantías fundamentales.” De
manera reciente, la Sala de Casación Penal sobre el particular in extenso dijo[57]:
“La anterior disposición es el producto de la
evolución que el recurso extraordinario ha experimentado en Colombia. En un principio,
el modelo de la casación fue adoptado del derecho procesal francés posterior a la
Revolución de 1789, con fundamento en la idea de que a todo Estado de Derecho
le era indispensable una institución de tinte superior que, dotada por sus miembros de
conocimientos, experiencia y sabiduría, controlara la aplicación de la ley en las providencias de
los funcionarios judiciales, sin perjuicio de que de forma secundaria o
accesoria también lograra la reparación de los agravios sufridos por el que
recurriere.
A la luz de la
Constitución Política de 1886, que en el artículo 151 atribuyó a la
Corte Suprema de Justicia la facultad de actuar como tribunal de casación,
este recurso fue restringido en materia penal a los asuntos previstos con pena
de muerte, que subsistió en nuestro país hasta que fue abolida por el acto
legislativo número 03 de 1910, momento en el cual también desapareció el
recurso por sustracción de materia, para ser consagrado de nuevo mediante la
ley 78 de 1923, que creó la Sala de Casación en lo Criminal, actualmente conocida
como Sala de Casación Penal.
Por aquel entonces, el ordenamiento jurídico
colombiano consagraba la aplicación del principio de limitación del recurso de
casación de modo absoluto, esto es, que la
Corte de ninguna manera podía tener en cuenta causales que no fueran invocadas
en forma expresa por el demandante, ni tampoco proceder de oficio en aras de
asegurar los fines del recurso.
Lo anterior, por cuanto se aducía que la
naturaleza de la casación no correspondía a la de un recurso común de plena
jurisdicción, sino a la de una actuación extraordinaria, impulsada de manera
discrecional por los sujetos procesales, en la medida, extensión y complejidad
que quisieran otorgarle. La función de la
Corte, por lo tanto, no consistía en buscar la justicia natural del caso
concreto, sino que su ámbito estaba restringido en todos los eventos a lo que
le fijara el recurrente.
Esta postura, sin embargo, devino con el
transcurrir de los años en insostenible, toda vez que implicaba, en la práctica, que la salvaguarda de las garantías judiciales residía en
las pretensiones de la demanda y no en los mandatos de la
Carta Fundamental.
De ahí que la
Sala, ante el manifiesto error in procedendo de un asunto, y en aras de
proteger el contenido material de los artículos 26 y 28 de la
Constitución Política anterior, tuvo que relativizar el principio de
limitación mediante la declaración oficiosa de la llamada “nulidad supralegal”,
tal como se advierte en fallos como los de 4 de diciembre de 1974, 27 de
noviembre de 1975, 29 de septiembre de 1976 y 24 de marzo de 1981.
(…)
Y como la vulneración o el desconocimiento de
tales postulados no siempre
ni necesariamente suscita la nulidad de la actuación procesal, es obvio que la actuación oficiosa de la
Corte no puede limitarse a la declaratoria de invalidez, sino a la corrección
que sea del caso en razón de la procedencia de las distintas causales de
casación, en la medida en que fuera ostensible el desconocimiento de garantías,
tal como lo señala el aludido artículo 216 de la ley 600 de 2000.”
Así las cosas, la circunstancia de que la autoridad judicial
demandada no hubiera mencionado expresamente el tipo de casación empleado para
efectuar el estudio de la recurrida sentencia, no implica per se una afectación
del derecho al debido proceso, más aún porque no puede dejarse de lado que la
actora dejó pasar inadvertidamente el término de traslado de la demanda de
casación concedido por el Tribunal Superior de Medellín el 26 de noviembre de
2007 (folios 996 y 1028 del proceso penal), en el que hubiera podido alegar las
razones de su disenso respecto del recurso extraordinario promovido y porque, en
su condición de profesional del derecho, no le puede resultar sorpresivo que la
Corte Suprema de Justicia case oficiosamente una sentencia.
Entonces, pretender en este estado de la actuación alegar
una supuesta afectación del derecho de defensa bajo el ropaje de que no “no
realizó actuación procesal alguna dentro del trámite de casación,
atendiendo la confianza legítima de los términos del artículo 205 y la
abundante y unánime jurisprudencia de la entidad accionada frente a este punto”[58], o
porque sencillamente entendió que la demanda de casación promovida por la parte
civil, únicamente estaba direccionada a impugnar lo relativo a la absolución
del delito de falsedad ideológica en documento público, sería tanto como aceptar
la culpa de la actora para obtener un beneficio y desconocer de tajo la
posibilidad procesal legítima de la que es titular el funcionario judicial
demandado.
En ese orden de consideraciones, el derecho a la verdad
entendido como una garantía fundamental que ostenta la parte civil en
representación de las víctimas, se constituye para esta corporación en una justificación
constitucionalmente admisible para que el órgano de cierre de la
Jurisdicción Ordinaria acuda a la casación oficiosa, facultad que no debe ser
anunciada únicamente en el auto admisorio de la demanda de casación, como lo
pretende la demandante, sino que puede acudir a ella en cualquier momento,
inclusive al dictar la sentencia, sin que ello implique una amenaza o
vulneración del debido proceso, en tanto como acabó de indicarse, los no
recurrentes han contado con la oportunidad procesal para que presenten sus
alegatos, luego de haber sido sustentado el recurso de casación.
Las razones expuestas, son suficientes para desvirtuar los
defectos sustantivo y orgánico, así como la supuesta afectación del principio
de igualdad por desconocimiento del precedente relativo a la casación
excepcional, alegados por la demandante en el escrito tutelar.
4.2. De otra parte, la peticionaria estima que la decisión
judicial objeto de reproche constitucional incurre en defecto fáctico, al darle
pleno valor probatorio al dictamen N° 380 del 26 de marzo de 2001, practicado
por la
Fiscalía General de la Nación, el cual fue excluido por los jueces de
instancia bajo la consideración de que había sido obtenido con violación del
debido proceso, “lo que hace que estemos frente a una prueba nula desde el
punto de vista constitucional.”[59]
Al respecto, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello
en providencia del 21 de abril de 2006, indicó que “hay que
destacar que además de que se incorporó de manera irregular al proceso por
cuanto no existe resolución emitida por funcionario competente, que lo haya
ordenado, el cotejo se hizo con material no apto para el efecto (…), de un lado
por insuficiente y del otro por no ser coetáneo al documento cuya autenticidad
se cuestiona, pues se cotejó la firma de la testadora estampada o impresa en la
escritura N° 3.488 del 3 de diciembre de 1997, con siete firmas presuntamente
de la misma que aparecen en dos libretas de calificaciones de los años 1979 y
1980 (…), o sea de 17 y 18 años atrás, en consecuencia, dicho dictamen no
resiste el más riguroso examen crítico”[60].
En segunda instancia, el Tribunal
Superior de Medellín, Sala Penal, en sentencia del 13 de agosto de 2007,
sostuvo que “[e]sta experticia técnica no es prueba válidamente decretada y
practicada dentro del proceso, tal y como lo dejó dicho el mismo Fiscal
instructor (…), por tanto ningún valor probatorio tendrían dentro de la
actuación de conformidad con el art. 313 del C.P.P. y el art. 50 de la ley 504
de 1991. (…) Para el momento en que se practicaron las labores de verificación
a las que alude el informe del C.T.I., estaba vigente el Decreto 2700 de 1991,
que en su art. 312 precisó que las labores de investigación previa realizadas
por iniciativa propia por parte de la policía judicial, sólo serían procedentes
en casos de flagrancia y en el lugar de los hechos. (…) Ninguna facultad
entonces le asistía a la policía judicial de practicar pruebas en el presente
caso, pues no se estaba frente a una situación de flagrancia, al contrario las
pesquisas adelantadas desconocieron por completo el procedimiento legalmente
establecido, al punto que el citado dictamen grafológico fue practicado por el
perito sobre unas fotocopias que la supuesta denunciante por la línea 9800,
dejó en la portería del edificio donde funcionaba la fiscalía.”[61]
Igualmente, consideró la actora que si bien los dictámenes
restantes concluyeron que la firma plasmada en la escritura que dio lugar al
proceso penal “era una imitación con respecto a los documentos que le
sirvieron de comparación”[62],
no pudo establecerse con certeza que alguna de las grafías de los testigos o
intervinientes en el citado instrumento público “coincidían con las características
de la grafía dubitativa.” [63]
Para este Tribunal, no le asiste razón a la solicitante en
relación con el primer cargo formulado, en la medida en que no es posible
deducir explícita o implícitamente de la sentencia objeto de reproche
constitucional, que la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia le hubiera otorgado valor probatorio al citado
dictamen pericial. Por el contrario, lo que quiso precisar fue que la actividad
desplegada por la
Policía Judicial no derivó de una situación de flagrancia como lo sostuvo de
manera equivocada el fallador de segunda instancia[64], sino que dicha labor tuvo
lugar en virtud de la posibilidad de presentar informes tal y como lo preveía
el Código de Procedimiento Penal vigente para la época[65], los cuales en ningún
caso tenían valor probatorio en el proceso[66].
Sobre el particular, la autoridad judicial demandada precisó:
1. Para la
Sala resulta claro que ninguna experticia científica se adujo al proceso de
manera ilegal:
(…)
En materia de legalidad de las
experticias, la Sala aprecia que ninguna de ellas es obra de la arbitrariedad,
de la oficiosidad del perito (Dactiloscopista y Grafólogo y documentólogo),
sino de una orden de trabajo impartida por el Coordinador de la
Sección de Información y Análisis del C.T.I., con base en las funciones
atribuidas a los servidores públicos que ejercen funciones de Policía Judicial,
a (sic) tenor de lo que disponían entonces los artículos 312 y 316 del
Código de Procedimiento Penal vigente (Decreto 2700 de 1991).
En tal sentido se muestra en
el informe de Policía Judicial número 098 del 4 de mayo de 2001 (folios 1-3 y
sus anexos, folios 4-33) y el testimonio que rindió Clara Inés Hernández H.,
Investigador Judicial, código número 7286. La funcionaria testificó sobre el
procedimiento investigativo previo (de verificación de los hechos) que adelantó
la Sección de Información y Análisis del C.T.I., Seccional Antioquia, de donde
surgió la necesidad de judicializar las diligencias en atención a la existencia
de una conducta punible, pendiente hasta ese momento por identificar a los
responsables.
En ese orden, el organismo
investigador dejó las diligencias a disposición de la
Fiscal Coordinadora de la Unidad Seccional de Fiscalías de Bello mediante
oficio número F.G.N., C.T.I., SIA, No. 1487 del 4 de mayo de 2001 (ver folio
34).
Desde esta perspectiva, no
comparte la Sala el criterio del Tribunal cuando sostiene que es ilegal la
actuación de la
Policía Judicial en el caso objeto de estudio, entre otras razones porque
el apoyo logístico de la
Policía Judicial se limitó a establecer la probable existencia de una
conducta punible, más no identificó, y ni siquiera individualizó, algún
probable responsable de la falsedad documentaria.
Encuentra que la actividad
de la
Policía Judicial se limitó a labores previas de verificación exclusivamente,
que siguen siendo del resorte de la
Policía técnica. La Ley 504 de 1999, que adicionó el artículo 312 del Decreto
2700 de 1991, no hizo cosa diversa que refrendar el criterio de que las pruebas
aducidas por el Cuerpo Técnico de Investigación tienen el carácter de
orientación de la actividad judicial y a la
Policía Judicial corresponde el aporte de evidencias preliminares al
proceso.” (Negrillas por fuera del texto original).
De igual forma, valga indicar que el citado artículo 50 de la
Ley 504 de 1999 que adicionó el último inciso al artículo 313 del Decreto 2700
de 1991, que otorgó tarifa legal negativa a los informes rendidos por la
Policía Judicial, fue declarado exequible por esta Corte en sentencia C-392
de 2000. En aquella oportunidad, sostuvo:
“La mencionada disposición se
ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor
probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones
extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían
oponer dentro del proceso.
(…)
En el
presente caso la finalidad buscada por el legislador es legítima, pues tiene su
fundamento en el art. 29 de la
Constitución que consagra la presunción de inocencia, la cual solamente puede
ser destruida cuando se incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que
el sindicado esta en la posibilidad de controvertir.
Los
informes de la Policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que
han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con
terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o
apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba; pero en
todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden
verse afectados por ellos.
El
legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base
de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la
unilateralidad de éstos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar
se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso,
en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos
de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional,
no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas,
pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar
la norma jurídica procesal.
Sin
embargo, lo anterior no obsta para que el funcionario judicial competente
pueda, a partir de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba que
se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos que son
relevantes en éste, la cual naturalmente puede ser controvertida por el
sindicado. Pero se anota que lo que dicho funcionario puede valorar es la
prueba producida regularmente en el proceso, mas no los mencionados informes.”
En consecuencia, una cosa es que la
Sala de Casación Penal haya considerado que la mencionada experticia técnica
fue allegada legalmente por la
Policía Judicial, a partir de las previsiones establecidas en el Decreto 2700
de 1991 (Art. 316) y, otra completamente diferente, que le hubiera atribuido validez
probatoria.
Dentro de este contexto, es preciso señalar que la circunstancia
de que la sentencia censurada sostenga que “razón le asiste al impugnante
cuando sostiene que las tres experticias fueron legítimamente aportadas,
técnicamente bien fundamentadas y elaboradas por funcionarios idóneos de
entidades oficiales que concluyeron de manera unánime que la firma de la
escritura es una imitación y por ello, falso el documento”[67], donde está incluido el
dictamen N° 380 de 2001, no puede ser considerado como un principio de razón
suficiente para concluir que otorgó valor probatorio a la citada prueba técnica
y que con base en él endilgó responsabilidad a los sindicados, pues téngase en
cuenta que en el curso del proceso penal se practicaron y decretaron dos
pruebas grafológicas[68]
que fueron en últimas las que le permitieron colegir al funcionario judicial
accionado a partir de las reglas de la sana crítica, “que se trató, a todas
luces, de una mancomunidad (que la integraron tanto las personas vinculadas al
proceso en indagatoria, como la totalidad de los beneficiarios del testamento
adulterado) orientada a desviar un patrimonio herencial a manos de impostores
legatarios”[69].
De esta manera, encuentra la Corte que la valoración de las pruebas allegadas
legal y oportunamente al proceso penal, obedeció a una actividad racional del
funcionario judicial enjuiciado, que se enmarca dentro del principio
constitucional de autonomía funcional del poder judicial, razón por la cual no
se avizora ningún tipo de actuación arbitraria o contraria a los preceptos
superiores.
4.3. Otro reparo planteado por la actora como defecto
fáctico, está contenido en la presunta falta de congruencia entre la parte
considerativa y resolutiva de la sentencia objeto de amparo constitucional, el
cual queda sin fundamento jurídico alguno en la medida en que la decisión de
casar la decisión absolutoria entendida como un todo inescindible, a pesar de
que comprenda conductas penales disímiles, obedeció al ejercicio de la casación
oficiosa, como quedó demostrado con suficiencia en el numeral 4.1. de esta
providencia.
De esta manera, no encuentra la
Corte asidero constitucional alguno a los defectos fácticos alegados por la
señora Nubia Elena Gómez Osmán en la solicitud tuitiva.
4.4. Para terminar, respecto de la afectación del derecho a
la igualdad de la demandante derivado de la decisión de no tramitar el
incidente de nulidad formulado el 3 y 10 de marzo de 2009 (folios 122
a 129 y 143 a 145 del cuaderno de casación), peticiones que se apoyaban en (i)
falta de competencia por considerar que respecto del ilícito de uso de
documento público falso solamente procedía casación excepcional o discrecional
y (ii) imposibilidad de ejercitar el derecho de defensa por cuanto entendió que
el recurso de casación solamente estaba encaminado a estudiar la absolución
relativa al delito de falsedad ideológica en documento público, la
Corte estima que por sustracción de materia resulta inútil efectuar mención
alguna, en tanto fueron suficientes los argumentos esgrimidos a lo largo de
este proveído que permitieron concluir con total claridad que la
Sala de Casación Penal tenía competencia para casar de oficio la sentencia
tachada de inconstitucional, por ser ostensible la afectación del derecho a la
verdad del que son titulares las partes en el proceso penal, especialmente la
parte civil que representa a las víctimas.
4.5. Los argumentos expuestos en precedencia, muestran que
la decisión dictada por la autoridad judicial demandada, no desconoció los
derechos fundamentales de la accionante, razón por la cual no puede ser tildada
como constitutiva de una vía de hecho.
4.6. Así las cosas, la configuración del fenómeno de la cosa
juzgada constitucional, como quedó dicho en la consideración N° 2 supra,
conlleva a  la confirmación de la sentencia emanada del Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 22 de octubre de 2009 que
declaró la improcedencia del amparo deprecado, dentro de la acción de tutela
promovida por la señora Nubia Elena Gómez Osmán contra la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- Levantar la suspensión de los términos.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia emanada del Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el 22 de octubre de 2009 que
declaró la improcedencia el amparo deprecado, por haber operado el fenómeno de
la cosa juzgada constitucional, dentro de la solicitud de tutela promovida por
la señora Nubia Elena Gómez Osmán contra la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.
TERCERO.- Por intermedio de la
Secretaría General, DEVUÉLVANSE los expedientes remitidos a esta corporación
en calidad de préstamo a los correspondientes despachos judiciales de origen.
CUARTO.- Por la
Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la
Corte Constitucional y Cúmplase.
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
Con salvamento de
voto
MARTHA VICTORIA SACHICA
DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
A LA SENTENCIA
T-754/10
CON PONENCIA DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO, POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMANADA DEL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA, EL 22 DE
OCTUBRE DE 2009 DENTRO DE LA SOLICITUD DE TUTELA PROMOVIDA POR LA SEÑORA NUBIA
ELENA GÓMEZ OSMÁN CONTRA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL.
Referencia:
Expediente
T-2'501.692
Problema jurídico
planteado en la sentencia: ¿Se vulneraron los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a
la libertad, a la honra, a la libertad de locomoción y domicilio, por conducto
de la sentencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia el 19 de febrero de 2009?
Motivo del
Salvamento: (i) Considero que no procede el fenómeno de cosa juzgada
constitucional, (ii) la sentencia que se estudia adolece de
varios defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia
judicial
Salvo el voto en la Sentencia T-754 de 2010, acogida por la
Sala Quinta de Revisión de esta Corte, puesto que considero que debieron
ampararse los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la libertad, a la honra, a la
libre locomoción y a la elección de domicilio de la accionante, dado que, en primer lugar, no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional y, en segundo
lugar, la sentencia de casación oficiosa de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra la que se dirigió la
solicitud de amparo adolece de varios defectos que hacen procedente la acción
de tutela contra la referida providencia.
1.      ANTECENDENTES
Dentro de un proceso penal en contra de
la accionante por el presunto delito de uso de documento público falso, la
primera y segunda instancia dictaron sentencia absolutoria. En dicho proceso,
la parte civil interpuso el recurso extraordinario de casación y la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia estimatoria en la que declaró
a la actora como responsable por el delito de uso de documento público falso y
en consecuencia, la condenó a 2 años de prisión, más las accesorias de
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 32 meses
y para el ejercicio de la profesión de abogada por 5 años.
Esta decisión fue objeto de solicitud de
nulidad, la cual fue decidida en el sentido de abstenerse de darle trámite, en
cuanto que la sentencia dictada como órgano de cierre no es susceptible de
recurso alguno. Por considerar que en dicha decisión la autoridad judicial
incurrió en acciones y omisiones que vulneraron sus derechos fundamentales, se
presentó una acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal y la misma
fue inadmitida a trámite por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema, quien
consecuentemente con la decisión, no la envió a la Corte Constitucional para
una eventual revisión. La accionante, amparada en el Auto 100 de 2008 dictado
por esta Corporación, presentó solicitud de revisión de la petición de tutela
inadmitida, y la misma no fue acogida por la Sala de Selección, ni tampoco
insistida por parte de los funcionarios facultados para el efecto. La
accionante presentó una nueva acción de tutela en contra de la Sala Penal de la
Corte Suprema y esta vez; el Consejo Superior de la Judicatura en su condición
de juez de segunda instancia, revocó el fallo de primera instancia y declaró la
improcedencia del amparo solicitado, por considerar que existía una decisión
previa adoptada por la Corte Constitucional, que hacía tránsito a cosa juzgada
constitucional.
En sede de revisión, la Corte no encontró
asidero constitucional alguno a los defectos fácticos alegados por la
demandante y tampoco encontró que la decisión de la autoridad judicial
demandada, pudiera tildarse como constitutiva de una vía de hecho. Así mismo
encontró que, se configuró el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por
existir decisión previa de la Corporación, frente a una demanda de tutela de la
accionante, que planteaba exactamente la misma pretensión estudiada en el presente
caso.
2.    FUNDAMENTOS
DEL SALVAMENTO
2.1. No ha
operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional
De conformidad con la posición adoptada
por la mayoría, en la sentencia T-754 de 2010 se consideró que se configuró el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por cuanto en el caso concreto
previamente la Sala de Selección Siete no había escogido para revisión la
acción de tutela interpuesta por la accionante también contra la Corte Suprema
de Justiciaba decisión se fundamentó en la sentencia SU-1219 de 2001.
En este orden de ideas, se decidió
confirmar la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, por existir cosa juzgada constitucional. En ese
sentido, la providencia en mención sostuvo lo siguiente:
"Efectuado el trámite en los
términos de la Constitución y la ley, la Sala de Selección N° 7 en proveído del
23 de julio de 2009, decidió excluir de revisión la acción tuitiva. Dentro del
término previsto en el Reglamento Interno, esto es, 15 días calendario
siguientes a la notificación por estado (Acuerdo 05 de 1992, Art. 51), no fue
objeto de solicitud de insistencia por parte de las autoridades facultadas para
tal efecto.
Así las cosas, las consecuencias de
naturaleza procesal que se derivan de la exclusión de revisión de un expediente
de tutela, son: (i) la ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda
instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional
que hace la decisión inmutable e inmodificable, salvo la eventualidad de que la
sentencia sea anulable por parte de la misma Corte Constitucional de
conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia de tutela contra tutela
(...)
Entonces, ante la intangibilidad de la
decisión adoptada en su momento por la Sala de Selección de esta corporación,
lo que se impone es confirmar la sentencia del Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por existir cosa juzgada
constitucional."
Sin embargo, a mi juicio, la cosa juzgada
constitucional no había operado en el caso bajo revisión, considerando que no
existía hasta ese momento una decisión de fondo de la controversia suscitada en
la solicitud de tutela formulada por Nubia Elena Gómez Osmán.
El que las decisiones de la Corte Suprema
de Justica que declaran de plano improcedente una tutela contra una providencia
judicial y ordenan el archivo del expediente no constituyen decisiones de
fondo, ha sido manifestado de forma reiterada por esta Corporación en
providencias como los autos 004 de 2004 y 100 de 2008.
En primer lugar,
el auto 004 de 2004 señaló:
"(...)si la Constitución Política
(art. 86), el Decreto 2591 de 1991 (art. 1o), y el Decreto
Reglamentario 1382 de 2000, establecen que la tutela procede contra cualquier
autoridad pública y no solo en contra de las autoridades administrativas,
y así lo han reiterado la Corte Constitucional en sus sentencias sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales por vía de hecho y el
Consejo de Estado en la sentencia anteriormente citada, es evidente que lo
resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia
al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las personas
contra providencia judicial proferida por una Sala de dicha Corporación, les vulnera
su derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia
(C.N., art. 229) y a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos
fundamentales, de conformidad con los Tratados Internacionales (Convención
Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las Opiniones Consultivas de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99).
Le corresponde por lo tanto a la Corte
Constitucional, como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, impedir que
continúe la violación advertida, dado que las solicitudes de tutela en los
casos en que las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia
resuelven no admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna" (negrilla fuera
de texto).
Por su parte, el
auto 100 de 2008 estableció:
"Debido a la efectiva conculcación
de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y de
tutela judicial efectiva de los accionantes que puede tener lugar en casos
similares al estudiado en la presente decisión, en el cual a pesar que el
peticionario hizo uso de la regla fijada en el Auto 04 de 2004 y ante la
negativa de la Corte Suprema de Justicia a admitir la acción instaurada acudió
ante otras autoridades judiciales las cuales tampoco abocaron el conocimiento
de la petición presentada, en adelante, cuando se presente una situación
semejante en la cual la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una
acción de tutela contra una de sus providencias, el tutelante tendrá la opción
de (i) acudir a la regla fijada en el Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es
decir, presentar la acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado) o incluso ante una corporación judicial de la misma jerarquía de la
Corte Suprema de Justicia; o (ii) solicitar ante la Secretaría General de la
Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la
Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas
correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado
adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que
la tutela era  absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la
acción de tutela."
Adicionalmente, en sentencia T-1029 de
2008, se definió como sigue el alcance del auto 100 de 2008 y las consecuencias
jurídicas que de él se derivan en relación con el actuar de esta Corporación:
"(...) ante la negativa de la
admisibilidad de tutelas contra providencias judiciales mediante AUTOS cuya
denominación ha llevado a suponer que no constituyen 'un fallo que
suscite la competencia de la Corte Constitucional en materia de revisión de
sentencia de tutela', ésta Corporación mediante el Auto 100 de 2008
consideró que 'de la lectura atenta de esas providencias se
desprende que se trata de una de las 'decisiones judiciales relacionadas con la
acción de tutela de los derechos constitucionales' a la que se refiere el
numeral 9) del artículo 241 de la Constitución Política, pues desde el punto de
vista material, equivale a un fallo mediante el cual se declaró absolutamente
improcedente la acción de tutela. En esa medida la providencia referida debe
ser sometida al trámite fijado para el proceso de selección de los fallos de
tutela en la Corte Constitucional, con la finalidad que la Sala de selección
correspondiente pueda ejercer sus competencias y adoptar una decisión sobre su
selección para revisión'.
(...)
Consecuencia de lo dicho anteriormente es
que corresponde a la Corte realizar la revisión de esos fallos, una vez
seleccionado para revisión de la Corte Constitucional un proceso de tutela en
el que se ha denegado el amparo, en tanto esta decisión se asimila a una
providencia que declara improcedente la acción." (Negrilla fuera de texto)
Como se puede apreciar, este Tribunal ha
reconocido en múltiples ocasiones que los rechazos de plano de solicitudes de
tutela contra providencias judiciales no pueden tomarse como decisiones que
ponen fin a una controversia a la luz del derecho a la administración de
justicia. En consecuencia, en el caso bajo revisión, la providencia emitida por
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ante la primera
solicitud de tutela formulada por Nubia Elena Gómez Osmán, no podía tomarse
como una "sentencia" que resuelve la petición y, por ende, no podía
generar efectos de cosa juzgada.
Para concluir, es
necesario poner de manifiesto que al día de hoy, el problema jurídico de la
posible vulneración de los derechos fundamentales de la accionante permanece
indefinido.
2.2. La decisión
de casación oficiosa de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente
De acuerdo con la accionante, la
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha
sido consistente en indicar que quien solicita la casación, debe cumplir con la
totalidad de los requisitos dispuestos en las disposiciones procesales,
resultando por completo inviable la posibilidad de que sea estudiada
oficiosamente su viabilidad por tratarse de un recurso esencialmente rogado,
"al que sólo se tiene acceso en virtud de petición de parte”[70]. Por tal razón,
el hecho de que en el presente caso se hubiera efectuado la casación oficiosa
constituía, según la peticionaria, una afrenta notable a su derecho fundamental
a la igualdad.
Sin embargo, esta
Sala de Revisión afirmó:
"(...)
respecto de la afectación del derecho a la igualdad de la demandante derivado
de la decisión de no tramitar el incidente de nulidad formulado el 3 y 10 de
marzo de 2009 (folios 122 a 129 y 143 a 145 del cuaderno de casación),
peticiones que se apoyaban en (i) falta de competencia por considerar que
respecto del ilícito de uso de documento público falso solamente procedía
casación excepcional o discrecional y (ii) imposibilidad de ejercitar el
derecho de defensa por cuanto entendió que el recurso de casación solamente
estaba encaminado a estudiar la absolución relativa al delito de falsedad
ideológica en documento público, la Corte estima que por sustracción de materia
resulta inútil efectuar mención alguna, en tanto fueron suficientes los
argumentos esgrimidos a lo largo de este proveído que permitieron concluir con
total claridad que la Sala de Casación Penal tenía competencia para casar de
oficio la sentencia tachada de inconstitucional, por ser ostensible la
afectación del derecho a la verdad del que son titulares las partes en el
proceso penal, especialmente la parte civil que representa a las víctimas.
"
Para determinar la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es necesario constatar la
existencia de alguna de las causales especiales de procedibilidad, esto es algunos
de los defectos, suficientemente reconocidos por la jurisprudencia, entre los
cuales se encuentran el defecto sustantivo, el defecto orgánico o
procedimental, defecto fáctico, el error inducido, la decisión sin motivación,
el desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución. En
el caso objeto de estudio, la decisión de casación oficiosa adoptada por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto
por desconocimiento del precedente, puesto que de conformidad con la
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y el artículo 217 de la ley 600 de
2000, la casación oficiosa solo puede operar en los siguientes términos:
"En tratándose de la casación
discrecional compete al demandante expresar con claridad y precisión los
motivos por los cuales debe intervenir la Corte, ya para proveer un
pronunciamiento con criterio de autoridad respecto de un tema jurídico
especial, bien para unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina,
ora para abordar un tópico aún no desarrollado, con el deber de indicar de qué
manera la decisión solicitada tiene la utilidad simultánea de brindar solución
al asunto y a la par servir de guía a la actividad judicial.
Pero si lo pretendido por quien demanda
es asegurar la garantía de derechos fundamentales, tiene la obligación de
demostrar la violación e indicar las normas constitucionales que protegen el
derecho invocado, así como su desconocimiento en el fallo recurrido.
También se tiene que las dos especies de
casación (ordinaria y discrecional) no pueden reclamarse de manera simultánea,
pues son excluyentes, en cuanto la segunda es subsidiaria de la primera, es
decir, solo procede en la medida en que no resulte viable la casación ordinaria
"[71] (negrilla fuera
de texto).
A pesar de la claridad del anterior
pronunciamiento, la Sala de Casación Penal no indicó las razones por las cuales
en su sentir la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín
constituye un ostensible atentado contra garantías fundamentales o una
afectación de derechos fundamentales de algún implicado en el proceso penal. La
falta de argumentación de la decisión censurada no solo desconoce el precedente
sentado por la misma Corporación, sino que torna caprichosa y carente de
fundamento la decisión de casar oficiosamente la sentencia del Tribunal.
En ese sentido, la argumentación sobre la
que reposa el fallo proferido por la Sala de Revisión es ambigua, abstracta y
no se compadece con la especificidad de la situación jurídica en que se
encontraba la impugnante como parte del proceso penal adelantado en su contra.
En otras palabras, se justificó la procedencia de la casación oficiosa por
considerarse de manera genérica (a pesar de no hallarse específicamente
demostrado) que existía una violación al derecho fundamental de las víctimas a
la verdad.
Si bien, la defensa del mencionado
derecho es absolutamente obligatoria e imprescindible dentro de nuestro
ordenamiento jurídico, el juez penal, y en este caso el juez de casación, debe
tener en cuenta que dicho derecho no es de carácter absoluto, más aún cuando se
trata de un proceso penal. En ese sentido, la defensa del derecho a la verdad de
las víctimas debe realizarse con observancia de los principios que gobiernan el
proceso penal y ponderando el alcance de ese derecho con los otros derechos
fundamentales que se encuentran en tensión con ocasión del proceso y del que
son titulares quienes son objeto de la acción penal. Luego, la defensa del
derecho a la verdad no puede imponerse en detrimento de principios esenciales
que se deben garantizar al procesado como son los principios de legalidad,
favorabilidad, el in dubio pro reo, el debido proceso,
el juez natural, el derecho de defensa, entre otros.
Lo anterior ha sido expresamente
reconocido por esta Corporación en su jurisprudencia relacionada con los
derechos de las partes dentro del proceso penal:
"(...)el juez no es un mero árbitro
del proceso; y por otra, intervienen activamente en el curso del mismo el
Ministerio Público y la víctima. Cabe recordar, que en desarrollo de la
investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión que
corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de
conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas
procesales, sino en buscar la aplicación de una justicia material, y sobre
todo, en ser un guardián del respeto de los derechos
fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la
víctima"[72](Negrilla fuera
de texto).
Finalmente, la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia reconoce que casó oficiosamente el fallo objeto de
censura por cuanto consideró que "podría comprometer 'la
verdad"'. Esto desconoce abiertamente los postulados del
artículo 217 de la ley 600 de 2000, por cuanto la casación oficiosa exige la
existencia de una violación ostensible de los derechos fundamentales de alguna
de las partes en el proceso.
En el caso objeto de estudio nos
encontramos no ante una ostensible violación del derecho fundamental de las
víctimas a la verdad, sino ante una sospecha, una simple percepción de que ello
podría eventualmente ocurrir con ocasión del proceso penal adelantado contra la
accionante y como consecuencia del fallo absolutorio a su favor. Ello entonces
desconoce tanto la ley penal como la jurisprudencia de la misma Corte Suprema
de Justicia, tal como se ha expuesto a lo largo de éste salvamento.
2.3. La decisión de casación oficiosa de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un
defecto fáctico
Finalmente, en mi concepto, a diferencia
de lo que sostiene la decisión de la que me aparto, la Sala de Casación Penal
también incurrió en un defecto fáctico, como lo señala la accionante, puesto
que se evidencia el error de la Sala en la apreciación de las pruebas allegadas
al proceso penal, dado que como bien se explica en la solicitud de amparo, las
pruebas aportadas al proceso no logran desvirtuar la presunción de inocencia
que beneficia a la peticionaria, tal como lo sostuvo en la segunda instancia
del proceso penal la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
En efecto, en dicha sentencia del 13 de
agosto de 2007, el Tribunal manifestó:
"(...) el dictamen N° 380 del 26 de
marzo de 2001 practicado por el C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación que
en efecto confirmó la existencia de la firma dubitada en la escritura pública
N° 3488, pero no encontró posible determinar la autoría, fue una prueba
practicada con anterioridad a la iniciación de la investigación previa que
desconoció el principio de contradicción de la prueba y, que además, los jueces
de instancia excluyeron por haber sido obtenida con violación del debido
proceso
(…)
(...) esta experticia técnica no es
prueba válidamente decretada y practicada dentro del proceso, tal y como lo
dejó dicho el mismo Fiscal instructor (...), por tanto ningún valor probatorio
tendrían dentro de la actuación de conformidad con el art. 313 del C.P.P. y el
art. 50 de la ley 504 de 1991. (...) " (negrilla y subrayado fuera de
texto).
Sin embargo, en la decisión con la que
estoy en desacuerdo se afirmó que no es posible concluir que la Sala de
Casación Penal basó exclusivamente su decisión condenatoria en el dictamen
pericial que fue excluido por el Tribunal Superior, sino que también se basó en
dos pruebas grafológicas que llevaron a la conclusión de"(...) que se
trató, a todas luces, de una mancomunidad (que la integraron tanto las personas
vinculadas al proceso en indagatoria, como la totalidad de los beneficiarios
del testamento adulterado) orientada a desviar un patrimonio herencial a manos
de impostores legatarios".
Considero que esta conclusión es
ampliamente cuestionable, ya que si bien es claro que la decisión de la Sala de
Casación Penal no se basó exclusivamente en la valoración de este medio
probatorio, la decisión sí fue tomada con base en otras pruebas que pudieron
haberse visto contaminadas de la ilicitud e ilegalidad del dictamen N° 380 del
26 de marzo de 2001.
En este punto, es menester recordar la
posición que ha sido sostenida por ésta Corporación en relación con la
ilegalidad e ilicitud de las pruebas, y las consecuencias que ello produce en
relación con el proceso penal:
"Con todo, la providencia admitió
que el proceso podía quedar 'viciado de nulidad si el defecto probatorio
consistente en haberse valorado una prueba ilegal o inconstitucional que incide
decisivamente en la decisión adoptada por el juez. La Corte Constitucional ha
dicho al respecto que si la prueba ilegal o inconstitucional es crucial para la
adopción de la providencia judicial, esto es, si su incidencia en la decisión
judicial es de tal magnitud que, de no haberse tenido en cuenta, el fallo
racionalmente habría podido ser otro, el juez de tutela está obligado a anular
el proceso por violación grave del debido proceso del afectado'.
'En esa línea,
sostuvo que la prueba ilícitat no afecta el proceso, y 'a
menos que su peso en la definición de la responsabilidad penal sea decisivo, es
decir, que sin la prueba ilícitamente apreciada, la conclusión judicial
respecto de la responsabilidad del procesado habría sido posiblemente
distinta'.
(...)
Por lo anterior, la Sentencia T-233
concluyó diciendo que 'el juez de conocimiento sólo incurre en error fáctico
susceptible de ser revocado por vía de tutela cuando la prueba que no puede
valorarse, por ser ilegal o inconstitucional, es fundamental para el raciocinio
de la decisión judicial, esto es, que haya servido como pieza fundamental para
formar el convencimiento del juez".[73]
En el caso que objeto de estudio es claro
que la prueba pericial excluida por su carácter ilegal e ilícito devenía en
fundamental para la definición de la responsabilidad penal de la actora dentro
del proceso adelantado en su contra. Su peso es decisivo porque la valoración
de la misma habría llevado a que el resultado del proceso fuese otro
completamente distinto.
De hecho, la importancia del dictamen
excluido no sólo se circunscribiría a tener la virtualidad de modificar las
resultas del proceso, sino a tener la virtualidad de influir y cambiar todos
los elementos determinantes para el proceso, incluyendo las otras pruebas que
fueron practicadas con ocasión del dictamen y sobre las cuales se erigió la
decisión condenatoria.
Por tanto, la prueba viciada de ilicitud
e ilegalidad al tener la envergadura suficiente cambiar las resultas del
proceso y llevar a una decisión absolutoria, es claro que sus efectos
irradiaban y contaminaban las otras pruebas que obraban en el proceso y sobre
las cuales se profirió una decisión condenatoria.
Al estar contaminadas esas pruebas, se
imponía al juez de casación el deber de excluirlas del proceso penal y de
verificar si existían otros elementos que le permitieran llegar al
convencimiento sobre la culpabilidad de la actora frente al delito que se le
imputaba, más allá de toda duda razonable. Sin embargo, el juez de casación
incurrió en un defecto fáctico porque en vez de excluir las pruebas contaminadas
y buscar elementos adicionales de convencimiento, fundamentó toda su decisión
sobre pruebas contaminadas.
Por todo lo anterior, respetuosamente me
aparto de la decisión tomada por la mayoría.
Fecha ut supra,
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
[1]
Folio 119 del cuaderno anexo.
[2]
Folio 2 del cuaderno inicial.
[3]
Ibídem.
[4]
Folio 3 ibíd.
[5]
Folio 6 ibíd.
[6]
Ibídem.
[7]
Folio 6 ibíd.
[8]
Folio 13 ibíd.
[9]
Ibídem.
[10]
Folio 8 ibíd.
[11]
Folio 10 ibíd.
[12]
Folio 11 ibíd.
[13]
Folio 31 ibíd.
[14]
Ibídem.
[15]
Folio 17 ibíd.
[16]
Folio 30 ibíd.
[17]
Folio 44 ibíd.
[18]
Folio 47 ibíd.
[19]
Folio 21 ibíd.
[20]
Folio 262 ibíd.
[21]
Folio 64 ibíd.
[22]
Folio 82 ibíd.
[23]
Folio 84 ibíd.
[24]
Folio 86 ibíd.
[25]
Folio 87 ibíd.
[26]
Ibíd.
[27]
Folio 94 ibíd.
[28]
Folio 95 ibíd.
[29]
Folio 129 ibíd.
[30]
Folio 131 ibíd.
[31]
Folio 132 ibíd.
[32]
Folio 20 del cuaderno de segunda instancia.
[33]
Folio 262 del cuaderno anexo.
[34]
Folio 272 ibídem.
[35]
Folio 274 ibíd.
[36]
En esta providencia, la
Corte Constitucional sostuvo que la decisión dictada por la
Corte Suprema de Justicia que no admite a trámite la petición tutelar
promovida contra sus providencias dictadas como órgano de casación, “desde
el punto de vista material, equivale a un fallo mediante el cual se declaró
absolutamente improcedente la acción de tutela.”
[37]
Folio 280 ibíd.
[38]
La providencia fue notificada el 30 de julio de 2009.
[39]
T-428 de 1998, T-027 de 1999, T-410 de 1999. Igualmente, la
Corte en sentencia T-227 de 1997, sostuvo que la pedagogía constitucional “es
muy necesaria para lograr una sociedad democrática, pluralista y humanista.”
[40]
T-086 de 2007.
[41]
C-590 de 2005.
[42]
Aprobado mediante Ley 74 de 1968.
[43]
Aprobado mediante Ley 16 de 1972.
[44]
Sin dejar del lado el artículo 8° de la
Declaración Universal de Derechos Humanos que dispone: “Toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.”
[45]
Cfr. T-231 de 1994.
[46]
Cfr. SU-014 de 2001 y T-1180 de 2001. La
Corte en estas oportunidades, encontró que las decisiones adoptadas eran
judicialmente razonables, pero que por problemas estructurales en el aparato
judicial, se vulneró el debido proceso de los peticionarios, razón por la cual
encontró que estaba frente a vías de hecho.
[47] Estos parámetros fueron construidos inicialmente en
sede de control concreto, específicamente mediante las sentencias T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003, T-949 2003, T-701 de 2004 y T-102 de 2006.
Las causales generales de procedencia son: (i) Que la cuestión planteada al
juez constitucional sea de relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los mecanismos de
defensa judicial, previstos en el ordenamiento jurídico, a menos que se trate
de un perjuicio irremediable; (iii) que la acción de amparo constitucional,
haya sido interpuesta oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de
inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una irregularidad procesal, se
indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisión que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que
la vulneración reclamada en sede de acción de tutela, haya sido alegada en el
proceso judicial respectivo, siempre y cuando hubiera sido posible; (vi) que no
se trate de tutela contra tutela. Por su
parte, las causales específicas son: (i) el defecto material o sustantivo; (ii) el defecto
orgánico; (iii) el defecto procedimental; (iv) el defecto fáctico; (v) el error inducido; (vi) la decisión sin motivación; (vii)
el desconocimiento del precedente y
(viii) la violación directa
de la Constitución.
[48]
Folio 5 del cuaderno inicial.
[49]
Esta disposición del Código Penal fue modificada mediante Ley
1142 de 2007, aumentando el mínimo a 4 años y el máximo a 12 años.
[50]
Radicación N° 22304.
[51]
Sobre el carácter rogado de la casación excepcional en uno de los ámbitos
habilitados por el legislador, la doctrina enseña: “Tal condicionamiento,
exige como imperativo al censor, el no quedarse en la simple enunciativa o
prédica de que se trata de una impugnación con miras a la necesidad del
desarrollo jurisprudencial, sino el de con singularidad, plasmar las
correspondientes confrontaciones a la jurisprudencia existente, aportando
criterios en punto de lo cambiable u objeto de ampliación, o en punto de los
vacíos a llenar respecto del tema casandum.” Luego, de no efectuar estas
dialécticas, y de no ser cierta la necesidad del desarrollo jurisprudencial,
por tratarse por ejemplo de temáticas que hubiesen sido ya ampliamente
debatidas y pronunciadas, la pretensita de admisibilidad del recurso por vía
excepcional, será llamada al fracaso.” De la casación y la
revisión penal en el Estado Social y Democrático de Derecho. PABÓN GÓMEZ,
Germán, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 1999. P. 103.
[52]
Folio 4 del cuaderno de casación.
[53]
Folio 53 ibídem.
[54] La Corte a partir de la sentencia C-228 de 2002,
estimó que la presencia de la parte civil en el proceso penal no está
circunscrita a la reparación de los daños, sino también a la obtención de la
verdad y la justicia. Al respecto, señaló (C.J. 4.3. y 4.4.): “De tal manera que la víctima y los
perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación
pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la
Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar
la norma demandada en el presente proceso: // 1. El derecho a la verdad, esto
es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre
la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente
importante frente a graves violaciones de los derechos humanos. // 2. El
derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que
no haya impunidad. // 3. El derecho a la reparación del daño que se le ha
causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional
como se ha resarcido a la víctima de un delito. // Aun cuando tradicionalmente
la garantía de estos tres derechos le interesan a la parte civil, es posible
que en ciertos casos, ésta sólo esté interesada en el establecimiento de la
verdad o el logro de la justicia, y deje de lado la obtención de una
indemnización.” En el mismo sentido,
pueden consultarse las sentencias C-370 de 2006, C-454 de 2006 y C-1033 de
2006.
[55]
Entre otros muchos, pueden incluirse los siguientes: (i) Hacer
efectivos los derechos, obligaciones, garantía y libertades; respetar,
garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en
el proceso (Ley 270 de 1996, Arts. 1° y 9°, respectivamente); (ii) el respeto a
los derechos fundamentales de los sujetos procesales; prevalencia del derecho
sustancial; sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de
la función jurisdiccional; hacer efectiva la igualdad de los sujetos procesales
en el trámite de la actuación procesal (Ley 600 de 2000, Arts. 9°, 16 y 142-1 y
5, respectivamente).
[56]
De la casación… Op. Cit. P. 122.
[57]
Decisión del 7 de abril de 2010, radicación N° 27595. En el
mismo sentido, véase providencia del 28 de abril de 2010, radicación N° 32718.
[58]
Folio 32 del cuaderno inicial.
[59]
Folio 27 del cuaderno inicial.
[60]
Folio 870 del proceso penal.
[61]
Folio 952 ibídem.
[62]
Folio 29 del cuaderno inicial.
[63]
Ibídem.
[64]
Así lo consagraba el artículo 312 del Decreto 2700 de 1991.
[65]
Cfr. Art. 316 ibídem.
[66]
El artículo 312 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 50 de la
Ley 504 de 1999, señalaba: “En ningún caso los informes de la
Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor
probatorio en el proceso.”
[67]
Folio 68 del cuaderno de casación.
[68]
Folios 290 a 293 y 498 a 502 del proceso penal.
[69]
Folio 72 ibídem.
[70]
Folio 44 ibíd.
[71]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia
de 4 de mayo de 2005.
[72]
Cfr. Sentencia C-591 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[73]Corte
Constitucional. Sala Plena. Auto 227 de 2007. MP. Marco Gerardo Monroy.