C-935-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-935/13
SISTEMA
NACIONAL DE DISCAPACIDAD-Organización/CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD-Conformación/CONSEJO
NACIONAL DE DISCAPACIDAD-Inclusión de representante de las organizaciones
de personas con sordoceguera/COMITES TERRITORIALES
DE DISCAPACIDAD-Inclusión de un
representante de las organizaciones de sordoceguera/OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA EN NORMA ACUSADA-Implica el desconocimiento del derecho a la
igualdad en detrimento de la participación de las organizaciones de personas
con sordoceguera/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Configuración por situación de discriminación en detrimento de la
garantía de los derechos de un grupo particular del universo de población con
discapacidad
La Corte Constitucional luego de analizar
los deberes constitucionales de protección frente a las personas con
discapacidad y en particular en relación con la población sordociega y su
desarrollo legislativo, estableció que el legislador omitió incluir dentro de
la conformación del Consejo Nacional de Discapacidad y de los Comités
territoriales de discapacidad, un representante de las organizaciones de
personas con sordoceguera, omisión que implica un desconocimiento del derecho a
la igualdad en detrimento de la participación de éste grupo de personas en la
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
enfocadas a superar las condiciones de marginalidad, discriminación y ausencia
de inclusión social de las personas con esta discapacidad. La fijación de un
número específico de representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de
personas con discapacidad en el Consejo Nacional de Discapacidad, excluye la
posibilidad de dar igual participación a un representante de la población
sordociega, por lo cual la Corte considera necesario declarar inexequible la
expresión “Seis (6)”, del inciso
primero del artículo 10, literal d, de la Ley 1145 de
2007. Para dar cabida a un representante de la población con sordoceguera en el
Consejo Nacional de Discapacidad, como espacio de definición de políticas
públicas, y con el fin garantizar el respeto por los derechos de las personas
sordociegas, se declara exequible en todo lo demás el artículo 10, literal d,
de la Ley 1145 de 2007, bajo el entendido que también hará parte del Consejo
Nacional de Discapacidad, un representante de las organizaciones de personas
con sordoceguera. En relación con el artículo 16 de la Ley 1145 de 2007, se
declara exequible bajo en entendido que dentro de la conformación mínima de los
Comités territoriales de discapacidad, se debe dar participación a un
representante de las organizaciones de personas con sordoceguera si existieren
en la entidad territorial correspondiente.
PROTECCION A POBLACION CON DISCAPACIDAD-Marco constitucional y legal/PROTECCION
CONSTITUCIONAL REFORZADA A POBLACION CON DISCAPACIDAD-Contenido y alcance/MEDIDAS
ESPECIALES DE PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Destinatarios
DEBER CONSTITUCIONAL DE PROTECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Requerimiento
de políticas públicas/MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD-Importancia/PROTECCION
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Adopción de medidas que se ajusten al modelo
social de discapacidad
Dentro del
grupo de destinatarios de medidas especiales de protección se encuentran las
personas con discapacidad, quienes conforme al artículo 47 de la Constitución
Política, tienen derecho a que el Estado
adelante una política de previsión, rehabilitación e integración social en su
favor, y  a
que se les preste la atención especializada que requieran, en atención a la
situación de vulnerabilidad generada por barreras y condiciones inadecuadas en
el entorno y la existencia de prácticas discriminatorias contra éste grupo
poblacional que ha logrado hacerse visible y ser reconocido desde su diferencia
con mayor énfasis a partir de la Constitución Política de 1991, en virtud del
carácter vinculante y trasversal del respeto por la dignidad humana. Para
cumplir con este deber constitucional se requiere el desarrollo de políticas
públicas que den cuenta de su atención diferencial y se enfoquen en brindar las
condiciones para el goce efectivo e integral de sus derechos y la defensa de
sus intereses, eliminando barreras que impidan la integración de las personas
con discapacidad. Se habla entonces de adoptar medidas que se ajusten al modelo
social de discapacidad,“[e]l modelo social inspirado en tales ideas, sugiere
tres conclusiones importantes: (i) que la discapacidad no es “de la persona”,
sino el resultado de su exclusión en la participación social; (ii) que la
exclusión no es inevitable como se piensa, al punto en que es posible imaginar
una sociedad que ha solucionado el problema de la integración social en su
conjunto, y (iii) que es correcto reconstruir el concepto de personas con
discapacidad, como una categoría social de personas que han sido excluidas de
los estándares tradicionales de la sociedad y no simplemente como un concepto
que identifica a personas que han padecido circunstancias personales de
limitación. || La superación de la discapacidad desde este análisis, sugiere
una intervención social que exige hacer las modificaciones ambientales que sean
necesarias, para asegurar la participación plena de las personas con esta
condición en las estructuras regulares del entramado colectivo. De ahí que para
quienes se identifican con esta concepción de la discapacidad, el problema
termine siendo de actitud, y por lo tanto su atención requiera de la
introducción de cambios colectivos que permitan la integración de estas
personas || La discapacidad, analizada desde la perspectiva social de no
pertenecer ambientalmente al modelo humano antropométrico, mental y
funcionalmente “perfecto”, permite en materia de accesibilidad, que personas
con deficiencias permanentes, - sean mentales, físicas o sensoriales -,
conjuntamente con las personas afectadas por circunstancias discapacitantes,
como pueden ser las personas de la tercera edad, niños pequeños, personas
embarazadas, etc., puedan ser protegidas a través de las disposiciones que sean
pertinentes en materia de discapacidad y que tengan en cuenta sus específicas
necesidades de integración
PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Sujetos de especial protección por parte del Estado y
de la sociedad/POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Garantías
Las
personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección por
parte del Estado y de la sociedad en general, por lo que, tanto instituciones
como individuos deben facilitar de una forma activa el ejercicio de los
derechos de este sector de la población. … Por ende las personas en situación
de discapacidad deben ser tuteladas en primer lugar (i) mediante la prohibición
de medidas negativas o restrictivas que constituyan obstáculos o barreras para
hacer efectivos sus derechos; y en segundo término (ii) mediante medidas de
acción positiva o acciones afirmativas de tipo legislativo, administrativo o de
otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de dicho
colectivo de personas. En este último caso dichas medidas no deben ser
entendidas como una forma de discriminación, sino como una preferencia que
tiene como fin promover la integración social o el desarrollo individual de las
personas en situación de discapacidad para su integración efectiva en la
sociedad.
PROTECCION ESPECIAL DE PERSONAS EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Instrumentos que hacen
parte del bloque de constitucionalidad/CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA
ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD-Finalidad/PARTICIPACION Y EFECTIVA INTERVENCION DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN ORGANIZACIONES QUE LOS REPRESENTAN-Jurisprudencia constitucional
MEDIDAS EN FAVOR DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD Y
FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE DISCAPACIDAD-Desarrollo legislativo/MEDIDAS Y ACCIONES
AFIRMATIVAS RESPECTO DE LOS SORDOCIEGOS-Contenido y alcance/CONSEJO
NACIONAL DE DISCAPACIDAD-Funciones/COMITES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES
DE DISCAPACIDAD-Objetivos
SORDOCEGUERA-Concepto/SORDOCIEGOS-Concepto
El artículo 1° de la Ley 982 de 2005, fija
el alcance de los conceptos “sordoceguera” y sordociego”, en los siguientes
términos: "Sordoceguera. Es una limitación única caracterizada
por una deficiencia auditiva y visual ya sea parcial o total; trae como
consecuencia dificultades en la comunicación, orientación, movilidad y el
acceso a la información. Sordociego(a). Es aquella persona que en
cualquier momento de la vida puede presentar una deficiencia auditiva y visual
ta l que le ocasiona serios problemas en la comunicación, acceso a información,
orientación y movilidad. Requiere de servicios especializados para su
desarrollo e integración social.
NIÑOS Y JOVENES CON TRASTORNOS AUDITIVOS O VISUALES-Requieren de programas educativos especiales/PERSONAS
SORDOCIEGAS-Requieren de la adopción de medidas especiales de protección
DERECHO FUNDAMENTAL QUE LE ASISTE A PERSONAS SORDAS,
SORDOCIEGAS Y SORDOMUDAS-Jurisprudencia
constitucional
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Eventos en que puede
plantearse
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Condiciones
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para
afirmar que el Congreso incurrió en omisión legislativa relativa deben
acreditarse las siguientes condiciones: i) Que exista una norma en concreto de
la cual se predique la omisión legislativa, ii) Que la norma excluye de sus
consecuencias jurídicas casos que por ser asimilables deben estar contenidos en
la disposición demandada, o no incluye un elemento o condición que resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Constitución
Política, iii) Que la exclusión de casos, elementos o condiciones carezcan de
un principio de razón suficiente; iv) Que a falta de justificación y
objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una
desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma, y en consecuencia se vulnere el principio de
igualdad por esa falta de justificación y objetividad del trato desigual; y v)
Que la omisión sea por el incumplimiento de un deber específico y concreto
impuesto por una norma constitucional al legislador.
.
Referencia: expediente No. D-9669
Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 10, literal d (parcial) y 16 (parcial) de la
Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad y se dictan otras disposiciones”.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá
D.C., once (11) de diciembre de dos mil trece (2013).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes:
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la
Constitución, los ciudadanos Susan Simoneth Suárez Gutiérrez, Oscar Enrique
Ortiz González y Mateo Gómez Vásquez solicitan a la Corte que declare la
inexequibilidad de una de las expresiones normativas contenidas en los
artículos 10, literal d (parcial) y 16 (parcial) de la Ley 1145 de 2007 “Por
medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan
otras disposiciones”. Cumplidos
los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto
Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcriben las normas demandadas,
publicadas en el Diario Oficial No. 46.685 de 10 de julio de 2007 y se subrayan
los apartes acusados.
“Ley 1145 DE 2007
(julio 10)
Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y
se dictan otras disposiciones.
ARTÍCULO 10. El CND estará conformado por:
a) Un delegado del Presidente de la
República designado por este para tal efecto y quien lo presidirá;
b) Los Ministros o sus delegados de nivel
directivo de:
-- De la Protección Social.
-- Educación Nacional.
-- Hacienda y Crédito Público.
-- Comunicaciones.
-- Transportes.
-- Defensa Nacional.
-- Los demás Ministros y Directivos de
Entidades Nacionales o sus delegados;
c) El Director del Departamento Nacional
de Planeación o su representante de rango directivo;
d) Seis (6) representantes de las
organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad, los cuales
tendrán la siguiente composición:
-- Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad física.
-- Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad visual.
-- Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad auditiva.
-- Un representante de organizaciones de
padres de familia de personas con discapacidad cognitiva.
-- Un representante de organizaciones de
personas con discapacidad mental.
-- Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad múltiple;
e) Un representante de personas jurídicas
cuya capacidad de actuación gire en torno a la atención de las personas con
discapacidad;
f) Un representante de la Federación de
Departamentos;
g) Un representante de la Federación de Municipios;
h) Un representante de las Instituciones Académicas de
nivel superior.
PARÁGRAFO 1o. Los Consejeros indicados en los literales d) y e)
serán seleccionados por el Ministerio de la Protección Social o del ente que
haga sus veces, a propuesta de la organización de
sociedad civil de la discapacidad de representación nacional que los agrupe y
de las entidades prestadoras de servicio, legalmente constituidas. Su período
será de cuatro (4) años y podrán ser nuevamente elegidos por una sola vez. En caso
de renuncia o de ausencia a cuatro (4) reuniones consecutivas sin justificación
de alguno de ellos, el procedimiento para nombrar su reemplazo, será el mismo,
por el periodo restante.
PARÁGRAFO 2o. Los representantes de las organizaciones de personas
con discapacidad física, visual, auditiva y mental serán personas con
discapacidad del sector al que representan. En el caso del representante de las
organizaciones de padres de familia de personas con discapacidad cognitiva,
estos deberán tener por lo menos un hijo o un familiar dentro del cuarto grado
de consaguinidad, segundo de afinidad o primero civil con discapacidad.
PARÁGRAFO 3o. (Transitorio) Defínase un período de transición máximo
de cuatro (4) años a partir de la vigencia de la presente ley para que la
sociedad civil de la discapacidad se organice y presente sus candidatos al CND al Gobierno Nacional según lo
establecido en el presente artículo.
PARÁGRAFO 4o. El Ministerio de la Protección Social reglamentará y
convocará en el término de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley la elección de los nuevos integrantes del CND., teniendo en
cuenta lo establecido en este artículo.
PARÁGRAFO 5o. El CND se reunirá, por lo menos, una vez
cada dos (2) meses, y podrá ser convocado en cualquier tiempo a solicitud de la
cuarta parte de sus Consejeros.
PARÁGRAFO 6o. El CND,
podrá convocar a los directivos de los entes públicos o privados del orden
nacional que considere pertinente a sus deliberaciones.
PARÁGRAFO 7o. La asistencia a las reuniones del CND y de los Grupos de Enlace
Sectorial, GES, por parte
de los representantes de las organizaciones públicas del nivel nacional serán
de carácter obligatorio, y su incumplimiento será causal de mala conducta.
ARTÍCULO 16. Los CDD, CMD o CLD, estarán conformados como mínimo
por:
-- El Gobernador o Alcalde respectivo o su
representante de rango directivo, quien lo presidirá.
-- El Secretario de Salud o su
representante de rango directivo.
-- El Secretario de Educación o su
representante de rango directivo;
-- El Secretario de Tránsito y Transporte
o su representante de rango directivo.
-- El Secretario de Desarrollo Social o su
representante de rango directivo.
-- El Secretario o Jefe de Planeación o su
representante de rango directivo.
-- Cinco (5) representantes de las
organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad, los cuales
tendrán la siguiente composición:
-- Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad física.
-- Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad visual.
-- Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad auditiva.
-- Un representante de las organizaciones
de padres de familia de personas con discapacidad mental y/o cognitiva.
-- Un representante, de las organizaciones
de personas con discapacidad múltiple.
-- Un representante de las personas jurídicas cuya
capacidad de actuación gire en torno a la atención de las personas con
discapacidad del correspondiente ente territorial.
PARÁGRAFO 1o. Los cinco (5) representantes de las organizaciones de
las personas con discapacidad de los departamentos y distritos, serán elegidos
por las personas con y en situación de discapacidad que integren los comités
municipales o locales de la respectiva división territorial.
PARÁGRAFO 2o. Un (1) miembro representativo de las personas con y en
situación de discapacidad del correspondiente Comité de discapacidad de cada
ente departamental, distrital, municipal o local, harán parte de los respectivos
Consejos Territoriales de Política Social, CTPS,
para articular la Política Pública de Discapacidad, la cual deberá estar en
concordancia y armonía con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental,
Distrital, Municipal y Local.
PARÁGRAFO 3o. Las entidades departamentales, distritales,
municipales y locales dispondrán de una instancia permanente responsable de la
política de discapacidad y la cual ejercerá la secretaria técnica del
correspondiente Comité.
PARÁGRAFO 4o. Las autoridades del orden departamental, distrital,
municipal y local dispondrán de seis (6) meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley para la conformación de los Comités creados por
este artículo.
PARÁGRAFO 5o. El CND a través de su secretaría técnica
reglamentará dentro de un término de seis (6) meses a
partir de la vigencia de la presente ley, la mecánica de elección y el
funcionamiento de los comités territoriales de discapacidad creados en los
artículos 14 y 15 de este capítulo.
III. LA DEMANDA
Los ciudadanos Susan Simoneth Suárez Gutiérrez, Oscar Enrique Ortiz
González y Mateo Gómez Vásquez presentaron
acción de inconstitucionalidad contra los artículos 10, literal d
(parcial) y 16 (parcial) de la Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se
organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”, por considerar que se incurrió en una violación al
principio de igualdad por omisión legislativa relativa (art. 13, CP).
La demanda fue inicialmente inadmitida mediante auto del 17
de junio de 2013 y luego de presentado el escrito de corrección, admitida por
auto del 8 de julio de 2013. Los fundamentos para solicitar la
inconstitucionalidad son:
1- El Sistema Nacional de Discapacidad del cual hacen parte
el Consejo Nacional y los Comités Distritales y Municipales de Discapacidad, es
un mecanismo de articulación para la integración de las personas con
discapacidad encaminado a lograr su efectiva inserción en procesos
organizativos y de participación en los cuales puedan relacionarse con
distintas entidades públicas del orden nacional o territorial y la sociedad
civil para la realización de sus derechos constitucionales y legales.
2- Los artículos 10, literal d (parcial) y 16 de la Ley
1145 de 2007, que establecen la participación en el Consejo Nacional y en los
Comités Distrital y Municipal de Discapacidad de representantes de la población
con esta condición según el tipo de discapacidad, no incluyeron a la población
sordociega que conforma un grupo autónomo con una condición de discapacidad
singular y diferente a las que tienen representación en los mencionados
Consejos.
Esta omisión del legislador constituye un trato
discriminatorio hacia la población sordociega que viola el principio de
igualdad pues a diferencia de quienes tienen otras discapacidades, las personas
que padecen esta discapacidad no tienen participación en el Consejo Nacional y
en los Comités Distrital y Municipal de Discapacidad.
3- Se vulnera el derecho de participación de la población
con sordoceguera porque no pueden intervenir en los mencionados espacios de
interlocución para la defensa de sus derechos e intereses.
4- La omisión legislativa que afecta las disposiciones
acusadas desconoce el derecho a la previsión, rehabilitación e integración
social para las personas sordociegas, a las que no se les permite intervenir en
adopción de las decisiones del Sistema Nacional de Discapacidad referidas a
esos temas y tampoco pueden ser parte del proceso de integración social
mediante la participación en los referidos organismos.
IV. INTERVENCIONES
4.1
Ministerio de Salud y Protección Social
La
representante del Ministerio de Salud y Protección Social solicita se desestime
la pretensión ciudadana de inexequibilidad por cuanto todas las personas con
capacidades diferentes hacen parte del Sistema Nacional de Discapacidad, incluida
la sordoceguera que hace parte de la representación de la discapacidad múltiple
por lo cual no existe la omisión legislativa formulada en la demanda de control
de constitucionalidad.
Indica
que de acuerdo con la definición de sordoseguera contenida en el artículo 1° de
la Ley 982 de 2005, es una limitación única que se caracteriza por tener unas
particularidades especiales que se tienen en cuenta al momento de definir los
programas, planes y proyectos de inclusión. La sordoceguera es considerada por
la doctrina como una discapacidad múltiple dado que quien tiene una disminución
sensorial encuentra limitado el universo de la percepción y los elementos de
socialización.
Señala
que en la convocatoria efectuada en febrero de 2010 para la selección de los
representantes de organizaciones sin ánimo de lucro de personas con
discapacidad al CND, se tuvo en cuenta la participación de la población con
sordoceguera, lo cual permitió que una persona con ésta discapacidad represente
a las organizaciones con discapacidades múltiples, de tal manera que la
participación de la población sordociega es real y efectiva en el máximo
consejo del nivel asesor y consultor del sector de la discapacidad.
4.2
Instituto Nacional para Sordos INSOR
El
Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional para Sordos – INSOR-,
entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, indica que  se debe
recurrir para efectos del concepto solicitado al Consejo nacional de
Discapacidad, pues el Instituto brinda procesos de investigación, asesoría o
asistencia técnica a la población sordo ciega en relación con la deficiencia auditiva,
pero no por ello INSOR direcciona sus funciones a la atención de este grupo
poblacional.
4.3
Asociación Colombiana de Sordociegos – SURCOE
La
representante legal de la Asociación SURCOE, intervino en el proceso de la
referencia para coadyuvar la solicitud de inconstitucionalidad de los artículos 10 y 16 de la Ley 1145 de 2007,  en lo
acusado, por las siguientes razones:
a-
La sordoceguera es una discapacidad única y no puede considerarse como la suma
de dos, por las limitaciones que genera en comunicación, acceso a la información,
orientación y movilidad, e impone la necesidad de utilizar el sentido del tacto
para recibir información y comunicarse con el medio y con los demás. De lo
anterior “se deriva la necesidad de estrategias y técnicas específicas, tanto
para educar a los niños con sordoceguera, como para facilitar la adaptación
(habilitación y rehabilitación) a su nueva situación de los adultos que han
quedado sordociegos”
b-
El grupo de personas sordociegas es diverso y complejo por las variables que
determinan las distintas características individuales motivadas por
particularidades como el tipo y grado de pérdida sensorial, y el momento de la
vida y orden en que aparece cada uno de los déficit. Del mismo modo necesitan
múltiples servicios: comunicación, educación, habilitación, rehabilitación,
tratamiento psicológico, medios técnicos y tecnológicos, adaptación y
actualización formativa y educativa, formación pre-vocacional. Vocacional y
empleo, servicios de apoyo – mediadores y guías – intérpretes, alternativas de
residencia, ocio y tiempo libre, atención a familias, asesoramiento jurídico,
prestaciones económicas y servicios de guía-intérprete.
c-
La violación del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad se
genera porque la medida restringe sus derechos y oportunidades sin
justificación objetiva y razonable. “De tal manera que por tratarse de un
escenario de paridad donde la situación equivalente que se debe provocar es la
de las discapacidades reconocidas a través de la estructuración del SDA con la
población sordociega, es factible señalar que existe un quebrantamiento del
orden constitucional, en cuanto al derechos a la igualdad, regido por los
anteriores parámetros que denotan un trato discriminatorio inconstitucional en
detrimento de los derechos y garantía de la población sordociega.”
d-
Las normas demandadas vulneran el derecho de participación por la imposibilidad
que tiene la población sordociega de garantizar un lugar en el Sistema Nacional
de Discapacidad, pues quedaría condicionada a que el grupo de ciegos, sordos o
con discapacidad múltiple tengan a bien elegir a una persona sordociega; y en
segundo lugar, por el condicionamiento que tienen las personas con discapacidad
múltiple para acceder al mismo sistema, pues si su representante es una persona
sordociega, les resta posibilidades de representación en el Sistema Nacional de
Discapacidad.
4.4.
Intervención ciudadana
El
señor Dean Lermen González coadyuva la demanda de inexequibilidad de los
artículos 10 literal d y 16 de la Ley 1145 de 2007 al considerar que son
muchas las razones para considerar la sordoceguera como una discapacidad única
que no puede confundirse ni subsumirse en la discapacidad múltiple. El derecho
a participar en la formulación de políticas públicas y la construcción de
normas que den respuesta a sus necesidades particulares es muy importante
porque les permite demandar efectivamente las medidas de equidad y equiparación
que les garanticen su plena inclusión social y política,  por lo cual las
disposiciones que lo impiden son inconstitucionales.
La
Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad adoptada mediante la Ley 1346 de 2009 establece la discapacidad
cono un componente de la diversidad humana y en el artículo 24 hace mención
expresa a la sordoceguera para efectos del derecho a la educación, reconociendo
la especificidad de sus diferencias. Se refuerza así la calificación de la
sordoceguera como una discapacidad única que prevé la Ley 982 de 2005 y
corrobora la inexequibilidad de las normas demandadas.
4.5
Instituto Nacional para Ciegos INCI
El
director del Instituto Nacional para Ciegos, estima que la población sordociega
debe tener una representación particular y diferente a la de personas con
multimpedimento, pues aunque es considerada una discapacidad múltiple que
implica una limitación en los sentidos de la distancia – visión y audición- que
desencadena problemas de desarrollo, aprendizaje, comunicación, acceso a la
información y movilidad, por lo que los sordociegos necesitan  servicios,
personal y métodos de comunicación especializados y diversos de los dirigidos s
la población con discapacidad visual o auditiva.
4.6
Universidad Popular del Cesar
En
su intervención, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular
del Cesar solicita la constitucionalidad condicionada de los artículos 10
literal d y 16 de la Ley 1145 de 2007 , en el sentido que se entienda que
también ha de conformar el Consejo Nacional de Discapacidad un representante de
las organizaciones de personas con discapacidad visual – auditiva
(sordociegos), e igualmente sean representados por una persona en los comités
distrital, municipal y local de discapacidad.
Esta
solicitud se fundamenta en que la sordoceguera es una discapacidad única, de
características independientes y necesidades particulares, pues va más allá de
la suma de dos o más incapacidades (sic), por lo cual no puede equipararse a
una discapacidad múltiple que se caracteriza por la presencia de distintas
discapacidades en diferentes grados y combinaciones: discapacidad intelectual,
auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes
específicos, epilepsia, hidrocefálea, escoliosis y problemas de comportamiento.
La
exclusión de los sordociegos de las categorías de discapacidades que conforman
el Consejo Nacional de Discapacidad y los Comités distrital, municipal y local
de discapacidad, vulnera el derecho a la igualdad por omisión legislativa
relativa pues el legislador negó representación a las personas con
sordoceguera, que es una discapacidad reconocida como única por el ordenamiento
nacional y por ello debe reconocérsele un lugar en los mencionados espacios de
interlocución. No existe, indica el interviniente, justificación razonable para
su exclusión y el trato diferencial dado a este grupo de discapacitados.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En
ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242.2 y 278 del texto
constitucional, el Procurador General de la Nación, el 23 de agosto de 2013,
presentó concepto número 5623, en el cual solicitó a la Corte declarar
exequibles los apartes acusados de los artículos 10 y 16 de la Ley 1145 de 2007
y exhortar al Congreso
de la República para que regule la composición del Consejo
Nacional de Discapacidad CND, de los Comités
Departamentales y Distritales de Discapacidad, CDD, y de los Comités
Municipales y Locales de Discapacidad, CMD o CLD, incluyendo al menos un representante de las organizaciones de personas
con sordoceguera, al considerar que se configura una omisión legislativa
relativa, que por comprometer la composición del Consejo Nacional de
Discapacidad y los Comités Distritales y Municipales de Discapacidad, debe ser
subsanada por el legislador, en virtud del principio democrático.
El
Señor Procurador General de la Nación indicó en su concepto:
“Las normas acusadas en esta oportunidad excluyen de
sus consecuencias jurídicas un caso que debía estar contenido en ellas, como es
la representación de los sordociegos; … Tal como se mencionó anteriormente, no
existe razón que justifique el tratamiento diferente a este grupo de personas,
cuyos integrantes tienen derecho, al igual que los demás discapacitados, a ser
representados en el Sistema Nacional de Discapacidad, pues la sordoceguera es
una discapacidad única; … La falta de representación de los sordociegos causa
una desigualdad negativa frente a los demás discapacitados, pues en
consideración a la especialidad de sus limitaciones es preciso adoptar frente a
ellos acciones afirmativas; … “la omisión sea el resultado del
incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al
legislador”, tales como proteger especialmente a aquellas personas que por
su condición física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta (art. 13 C.P.) y hacer posible el ejercicio del derecho a participar
en las decisiones que los afectan (arts. 1 y 2 C.P.).
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha
manifestado (sentencia C- 1053 de 2012) que en virtud del principio democrático
esa Corporación no es competente para definir la composición específica de
organismos tales como el Consejo Nacional de Discapacidad, de los Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad,
CDD, y de los Comités Municipales y Locales de Discapacidad, CMD o CLD, indicando
así mismo, que adoptar una decisión sobre
el número de miembros que representen a los sordociegos podría tener
consecuencias complejas en el funcionamiento de los mismos, pues si se agregan
miembros podrían afectarse las mayorías determinadas por el legislador, razón
por la cual tal aspecto debe ser decidido por el Congreso de la República.
En este sentido, esa Corporación ha reconocido que en
casos como el que se estudia el exhorto permite respetar la facultad de
configuración del Congreso y garantizar los derechos de los asociados”
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
La competencia y el objeto del control
La Corte Constitucional es competente, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la
Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad
presentada contra los artículos 10, literal d
(parcial) y 16 (parcial) de la Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se
organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones”
2. Planteamiento del caso y Problema jurídico
Mediante acción de control de constitucionalidad los ciudadanos Susan Simoneth Suárez Gutiérrez,
Oscar Enrique Ortiz González y Mateo Gómez Vásquez solicitan a la Corte
Constitucional declarar la inexequibilidad de los artículos 10, literal d
(parcial) y 16 (parcial) de la Ley 1145 de 2007, porque no previeron la
participación de un representante de la población con sordoceguera en el
Consejo Nacional y en los Comités Distrital y Municipal de Discapacidad,
omisión que a juicio de los demandantes constituye un trato discriminatorio a
las personas sordociegas que restringe su derecho de participación en los
mencionados espacios de interlocución para la defensa de sus derechos e
intereses.
Frente a tales
cuestionamientos el Ministerio de Salud y Protección Social intervino para solicitar
se desestimen los cargos, al considerar que  no existe una omisión legislativa
pues la población sordociega puede intervenir en los mencionados espacios de
interlocución en representación de las personas con discapacidad múltiple.
La Asociación Colombiana de Sordociegos – SURCOE, el
Instituto Nacional para Ciegos INCI, la Universidad Popular del Cesar y el ciudadano interviniente consideran que en los artículos 10 y 16 de la Ley 1145 de 2007, el
legislador incurrió en una omisión relativa pues  estableció la participación
de representantes de organizaciones de personas con distintas discapacidades,
pero no se incluyó a las organizaciones de personas sordociegas aunque de
acuerdo al artículo 1° de la Ley 982 de 2005, la
sordoceguera es una limitación singular que no puede confundirse ni
subsumirse en la discapacidad múltiple porque tiene
unas particularidades y necesidades de comunicación, acceso a la información,
orientación y movilidad especiales y diferentes a las de las personas con limitaciones
auditivas o visuales. Estos intervinientes igualmente coinciden en afirmar que esta
exclusión de los órganos que integran el Sistema Nacional de Discapacidad vulnera
el derecho de participación pues impide a la población sordociega tener un
lugar en ellos.
Por
su parte el Procurador General de la Nación, solicita a la Corte declarar
exequibles los apartes acusados de los artículos 10 y 16 de la Ley 1145 de 2007
y exhortar al Congreso
de la República para que regule la composición del Consejo
Nacional de Discapacidad CND, de los Comités
Departamentales y Distritales de Discapacidad, CDD, y de los Comités
Municipales y Locales de Discapacidad, CMD o CLD, incluyendo al menos un representante de las organizaciones de personas
con sordoceguera, al considerar que si bien existe una omisión legislativa
relativa porque el legislador al consagrar la representatividad de las
organizaciones de personas con discapacidad en tales cuerpos colegiados no
incluyó a la población sordociega, como la omisión compromete la composición
del Consejo Nacional de Discapacidad y los Comités territoriales de
Discapacidad, debe ser subsanada por el legislador, en virtud del principio
democrático, conforme al criterio adoptado en la sentencia C-1053 de 2012.
Problema Jurídico
En atención a los cargos formulados en el
escrito de la demanda, esta Sala Plena debe resolver si los artículos 10, literal d (parcial) y 16 (parcial) de la
Ley 1145 de 2007, que determinan la conformación del Consejo Nacional de
Discapacidad y de los Comités Distritales, Municipales y Locales de
Discapacidad con representantes de organizaciones de personas con discapacidad
física, visual, auditiva, mental, cognitiva y múltiple, vulneran el principio
de igualdad y el derecho de participación de la población sordociega, por no
incluir un representante de personas con esta discapacidad en la conformación
de los mencionados órganos del Sistema Nacional de Discapacidad.
Con el propósito de realizar el estudio
respectivo la Corte se referirá a los siguientes temas: (i) Marco constitucional
de protección a la población con discapacidad; (ii) Desarrollo legislativo de medidas a favor de la población
con discapacidad; (iii) La Sordoceguera
como discapacidad única y diferente de la discapacidad auditiva y de la
discapacidad visual; (iv) Elementos para la
configuración de omisión legislativa relativa; y (v) análisis concreto de los
cargos.
3. Marco constitucional de protección a la población con
discapacidad. Protección constitucional reforzada.
Un aspecto esencial derivado de la adopción de un modelo de
Estado Social de Derecho en la Constitución Política de 1991, es el propósito
de asegurar condiciones de igualdad material entre los habitantes del territorio
nacional, como se anticipa en el preámbulo de la Constitución.[1]
El principio de igualdad se fundamenta en la dignidad
humana, en reconocimiento de la diversidad entre los integrantes de la nación,
el cual impone dar igual trato, derechos y oportunidades a quienes se
encuentran en las mismas condiciones, y brindar un tratamiento disímil a
quienes no lo están.
El artículo 13 de la Constitución recoge este aspecto del
derecho a la igualdad, e igualmente reconociendo la existencia de grupos
históricamente marginados o discriminados, con el fin de superar esta situación
y procurar el bienestar del ser humano que es el eje central de la actividad
estatal en un Estado Social, consagra la obligación de adoptar acciones
afirmativas a favor de éstos grupos en aras de que la igualdad sea real y
efectiva[2].
En garantía del derecho fundamental a la igualdad la norma
constitucional también contempla una correlativa obligación para el Estado que consiste
en brindar especial protección a quienes por sus condiciones físicas, mentales
o económicas se encuentran en situación de debilidad manifiesta o
vulnerabilidad.
Dispone el artículo 13 de la Constitución:
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.
Dentro de este grupo de destinatarios de medidas especiales
de protección se encuentran las personas con discapacidad, quienes conforme al artículo
47 de la Constitución Política, tienen derecho a que
el Estado adelante una política de previsión, rehabilitación e integración
social en su favor, y  a que
se les preste la atención especializada que requieran[3],
en atención a la situación de vulnerabilidad generada por barreras y
condiciones inadecuadas en el entorno y la existencia de prácticas
discriminatorias contra éste grupo poblacional que ha logrado hacerse visible y
ser reconocido desde su diferencia con mayor énfasis a partir de la
Constitución Política de 1991, en virtud del carácter vinculante y trasversal
del respeto por la dignidad humana[4].
Para cumplir con este deber constitucional se requiere el
desarrollo de políticas públicas que den cuenta de su atención diferencial y se
enfoquen en brindar las condiciones para el goce efectivo e integral de sus
derechos y la defensa de sus intereses, eliminando barreras que impidan la
integración de las personas con discapacidad[5].
Se habla entonces de adoptar medidas que se ajusten al modelo
social de discapacidad,“[e]l modelo social inspirado en tales ideas,
sugiere tres conclusiones importantes: (i) que la discapacidad no es “de la
persona”, sino el resultado de su exclusión en la participación social; (ii)
que la exclusión no es inevitable como se piensa, al punto en que es posible
imaginar una sociedad que ha solucionado el problema de la integración social
en su conjunto, y (iii) que es correcto reconstruir el concepto de personas con
discapacidad, como una categoría social de personas que han sido excluidas de
los estándares tradicionales de la sociedad y no simplemente como un concepto
que identifica a personas que han padecido circunstancias personales de
limitación. || La superación de la discapacidad desde este análisis, sugiere
una intervención social que exige hacer las modificaciones ambientales que sean
necesarias, para asegurar la participación plena de las personas con esta
condición en las estructuras regulares del entramado colectivo. De ahí que para
quienes se identifican con esta concepción de la discapacidad, el problema
termine siendo de actitud, y por lo tanto su atención requiera de la
introducción de cambios colectivos que permitan la integración de estas personas
|| La discapacidad, analizada desde la perspectiva social de no pertenecer
ambientalmente al modelo humano antropométrico, mental y funcionalmente
“perfecto”, permite en materia de accesibilidad, que personas con deficiencias
permanentes, - sean mentales, físicas o sensoriales -, conjuntamente con las
personas afectadas por circunstancias discapacitantes, como pueden ser las
personas de la tercera edad, niños pequeños, personas embarazadas, etc., puedan
ser protegidas a través de las disposiciones que sean pertinentes en materia de
discapacidad y que tengan en cuenta sus específicas necesidades de
integración.”[6]
De igual forma, los
artículos 54 y 68 de la Constitución establecen normas encaminadas a
garantizar a las personas con discapacidad el acceso al trabajo y a la
educación[7].
A partir de las disposiciones constitucionales
en cita, la Corte Constitucional en la sentencia C-478 de 2003, al referirse a
los deberes asignados al Estado para garantizar la efectividad del derecho a la
igualdad a la población con discapacidad, indicó:
“De tal suerte,
que de conformidad con la Constitución el compromiso que tiene el Estado para
con las personas discapacitadas es doble: por una parte, abstenerse de adoptar
o ejecutar cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el
principio de igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar una igualdad
de oportunidades, remover todos los obstáculos que en los ámbitos normativo,
económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan
al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar
acciones positivas.”[8]
En el mismo sentido, en la sentencia C-606 de 2012, la
Corte precisó:
“las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial
protección por parte del Estado y de la sociedad en general, por lo que, tanto
instituciones como individuos deben facilitar de una forma activa el ejercicio
de los derechos de este sector de la población. … Por ende las personas en
situación de discapacidad deben ser tuteladas en primer lugar (i) mediante la
prohibición de medidas negativas o restrictivas que constituyan obstáculos o
barreras para hacer efectivos sus derechos; y en segundo término (ii) mediante
medidas de acción positiva o acciones afirmativas de tipo legislativo,
administrativo o de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos de dicho colectivo de personas. En este último caso dichas medidas no
deben ser entendidas como una forma de discriminación, sino como una
preferencia que tiene como fin promover la integración social o el desarrollo
individual de las personas en situación de discapacidad para su integración
efectiva en la sociedad.”[9]
Este deber de protección también encuentra fundamento en
los compromisos del Estado frente a la población con discapacidad, asumidos a
través de distintos instrumentos que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución[10].
En
primer lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita en San José
de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y adoptada en el derecho interno
mediante la Ley 16 de 1972,  establece como principio general la igualdad
material en el artículo 24.
Dentro de ellos igualmente cabe destacar la Convención Interamericana Para La
Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las Personas Con
Discapacidad, aprobada por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos, en ciudad de Guatemala el 6
de julio de 1999, e incorporada al derecho interno mediante la Ley 762 de 2002[11],  tiene como
objetivo central contribuir a la eliminación de la
discriminación[12]
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración.
Para efectos de resolver el problema jurídico que
se debate en esta oportunidad, cabe resaltar que de acuerdo con el artículo 2:
“b) No constituye
discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin
de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con
discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma
el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos
con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia.
..”(negrillas fuera del texto)
Así mismo, unos de los
compromisos asumidos por el Estado mediante la adopción de este instrumento
internacional es el consagrado en el Artículo V, el cual indica que:
“1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea
compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de
representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones
no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones,
personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas
y políticas para aplicar la presente Convención.
2. Los Estados parte crearán canales de comunicación
eficaces que permitan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que
trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos
que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con
discapacidad.”
En
relación con este deber de promover la participación y efectiva intervención de
las personas con discapacidad en las organizaciones que los representan, la
Corte Constitucional en la sentencia C-401 de 2003, expresó:
“El artículo quinto de la Convención establece que
los Estados promoverán, en la medida en que sea compatible con las respectivas
legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones
de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en
este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con
discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas
para aplicar la Convención.
El segundo inciso compromete a los Estados parte a
crear canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las
organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con
discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren para la
eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad.
Dichas previsiones resultan en todo compatibles con el
ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que  se encuentran acordes con los
principios democráticos y participativos que lo gobiernan y en especial,
concuerdan con el fin esencial del Estado de facilitar la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la nación. (art. 2 C.P.)
Cabe precisar que la norma no impone una determinada
forma de participación ni establece cuotas, ni fija consecuencias específicas
por la ausencia de representantes de las organizaciones especializadas en el
tema o de personas con discapacidad  en las instancias a que ella alude.”
De otra parte, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad adoptada
por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 31 de Diciembre de 2006 e
incorporada al derecho interno mediante la Ley 1346 de 2009[13],
establece que:
ARTÍCULO 5o. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son
iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a igual
protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación
alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por
motivos de discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad
protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier
motivo.
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la
discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para
asegurar la realización de ajustes razonables.
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la
presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias para acelerar
o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad.
Y
sobre la participación indica:
ARTÍCULO 29.
PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA
Y PÚBLICA.
Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en
igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de
condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente
elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas,…
(…)
b) Promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la
dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de
condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos
y, entre otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y asociaciones
no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país,
incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con
discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional,
regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.”
La
misma Convención en el artículo 3 estableció dentro de los principios generales
el de no discriminación y la
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
Dentro de los
instrumentos internacionales que buscan brindar protección especial, garantizar
la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad y constituyen un parámetro interpretativo para la
aplicación en el ordenamiento interno de los Estados también se destacan
la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las
Naciones Unidas de 1948, la Declaración de los Derechos de las Personas con
Limitación, aprobada por la Resolución 3447 de la ONU del 9 de diciembre de
1975, la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco 1981, la Declaración
de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de 1983, la
recomendación 168 de la OIT de 1983, el Convenio 159 de la OIT “sobre
la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas” aprobado
mediante la Ley 82 de 1988[14]; el “Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad”; el artículo 23 de la Convención sobre los
Derechos del Niño[15]; la Observación General No 5 sobre las
personas en situación de discapacidad proferida por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y la Resolución 48/96 del 20 de
diciembre de 1993, de la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre “Normas
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad”,
Son entonces varios los instrumentos
internacionales que tienen por objetivo superar la discriminación que
históricamente ha afectado a las personas con discapacidad mediante el
establecimiento de diversas acciones afirmativas dentro de los cuales es
preciso resaltar la obligación asumida en virtud del artículo V de la Convención
Interamericana Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra
Las Personas Con Discapacidad, encaminada a generar espacios de
participación de las personas con discapacidad en el diseño, implementación y
seguimiento de las políticas públicas para este grupo poblacional.
Si bien, como lo refirió la Corte
Constitucional en la sentencia C-401 de 2003 el artículo quinto de la Convención no impone una
determinada forma de participación ni establece cuotas, ni fija consecuencias
específicas por la ausencia de representantes de las organizaciones
especializadas en el tema o de personas con discapacidad en las instancias a
que ella alude, es claro que el mandato de respeto de derecho a la igualdad
contenido en el artículo 13 de la Constitución también debe proyectarse al
definir tales aspectos dentro del ordenamiento interno de los Estados, pues es
inadmisible considerar que la normativa internacional promueve la eliminación
de la discriminación de las personas con discapacidad respecto de quienes no lo
son, pero tolera prácticas, modelos o medidas de diferenciación negativa entre
quienes integran la población con discapacidad, otorgando derechos que a otros
niega sin justificación.
4. Desarrollo legislativo de medidas a favor de la
población con discapacidad y funciones de los organismos que integran el
Sistema Nacional de Discapacidad.
En desarrollo
de la normativa que integra el marco constitucional de protección de los
derechos de las personas con discapacidad, el legislador además de las leyes
mediante las cuales incorpora distintos instrumentos internacionales sobre el
tema, ha expedido otros ordenamientos bajo el denominador común de promover la
eliminación de la discriminación de las personas con discapacidad y generar
espacios de inclusión.
Es así como la Ley 361 del 11 de febrero de 1997
“Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas
con limitación y se dictan otras disposiciones”, contempla normas
encaminadas a asegurar una mejor prestación de los servicios de salud y
educación, promover la inclusión en espacios laborales, facilitar la movilidad
y la comunicación de las personas con discapacidad. De igual forma, esta
normativa consagra mecanismos que buscan garantizar la efectiva incorporación
social de las personas con limitaciones en todos los ámbitos de la vida en
sociedad.
En el año 2005, el legislador, reconociendo
a la sordoceguera como una discapacidad única que resulta de la combinación de
dos deficiencias sensoriales (auditiva y visual), que genera en las personas
necesidades particulares por las dificultades considerables para relacionarse
con el entorno, expidió la Ley 982 del 2 de agosto “Por la cual se
establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las
personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones”, o Ley de
equiparación de oportunidades para personas sordas y sordociegas.
En particular, en el Capítulo IV la Ley
982 se ocupa de fijar el alcance de las medidas y acciones afirmativas allí
consagradas respecto de los sordociegos, y al respecto señala:
“Artículo 11. Todos los derechos de educación, salud,
interpretación, traducción e información referidos a los sordos señantes se
extenderán a los sordociegos señantes, quienes además tendrán derecho a exigir
servicio de guía-intérprete para permitir la interacción comunicativa de estas
personas sordociegas mediante el uso de los diversos sistemas de comunicación.
Los entes
competentes en los departamentos, distritos y municipios deben promover,
adecuar, implementar servicios de atención integral a las personas sordociegas
para evitar su degeneramiento en la calidad de vida.
“Artículo 12. Todos los derechos de educación, salud,
interpretación, traducción e información referidos a
los sordos hablantes de español se extenderán a los sordociegos hablantes,
quienes, además, tendrán derecho a exigir formas táctiles de texto o
intérpretes especializados en la representación táctil del español u otros
sistemas de comunicación.”
Posteriormente el legislador expidió la Ley 1145 de 2007,
mediante la cual crea, conforma y reglamenta el Sistema Nacional de
Discapacidad del cual hace parte el Consejo Nacional de Discapacidad y los
Comités Distrital, Municipal y Local de Discapacidad, establecidos como
espacios de interlocución a través de los cuales las personas con discapacidad
pueden participar en el diseño, construcción y seguimiento y articulación de las
políticas públicas a nivel nacional y territorial en materia de discapacidad.
El Sistema Nacional de Discapacidad, es “el mecanismo de
coordinación de los diferentes actores que intervienen en la integración social
de esta población, en el marco de los Derechos Humanos, con el fin de
racionalizar los esfuerzos, aumentar la cobertura y organizar la oferta de
programas y servicios, promover la participación de la población fortaleciendo
su organización, así como la de las organizaciones públicas y de la sociedad
civil que actúan mediante diversas estrategias de planeación, administración,
normalización, promoción/prevención, habilitación/rehabilitación,
investigación, y equiparación de oportunidades”. (artículo 5 ídem).
El marco funcional del Consejo Nacional de
Discapacidad, cuyo eje central es la participación en el proceso de
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
a favor de las personas con discapacidad y de los planes,
estrategias y programas que las desarrollan, está contemplado en el
artículo 12 de la citada ley, el cual estipula que:
“Son funciones del Consejo Nacional de
Discapacidad, CND:
1.
Participar y asesorar el proceso para la formulación de la Política Pública
para la Discapacidad, en el marco de los Derechos Humanos.
2.
Concertar las políticas generales del Sistema Nacional de Discapacidad, para
que sean coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo.
3.
Presentar recomendaciones técnicas y las que correspondan, para el desarrollo
de la política social a favor de las personas con algún tipo de discapacidad.
4.
Verificar el cumplimiento, hacer seguimiento de la puesta en marcha de las
políticas, planes, estrategias y programas de intervención del sector de la
discapacidad.
5.
Conceptuar sobre los proyectos de ley y de decretos para desarrollar los
principios, derechos y deberes de las personas con discapacidad y la prevención
de las mismas.
6.
Promover la apropiación de presupuestos en las entidades nacionales y
territoriales que conforman el Sistema, en búsqueda de garantizar los recursos
necesarios para ejecutar los planes, programas y proyectos del Plan Nacional de
Discapacidad.
7.
Proponer mecanismos para la conformación, consolidación y puesta en marcha de
los grupos de enlace sectorial GES.
8.
Promover las alianzas estratégicas entre el Gobierno, sector privado, ONG y
organismos internacionales para el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con algún tipo de discapacidad.
9.
Darse su propio reglamento.
10.
Proponer los ajustes y cambios necesarios de la política pública y del Plan
Nacional de intervención para la discapacidad.
11.
Promover la difusión y el cumplimiento de las disposiciones, principios y
derechos establecidos y reconocidos por la Constitución Política Nacional y las
demás disposiciones legales que reglamenten la materia.
12.
Contribuir al desarrollo de estrategias que permitan crear condiciones de
institucionalización del tema de discapacidad, en las diferentes entidades
públicas y privadas, haciendo de este un tema transversal a las mismas.
13.
Proponer los nombres de los representantes del sector de la discapacidad a los
diferentes eventos internacionales, relacionados con este sector y conceptuar
sobre los informes presentados por estos al Ministerio de la Protección Social.
14.
Las demás que le sean asignadas por ley o que sean necesarias para el adecuado
funcionamiento del CND”.
A su turno, el artículo 14 define los Comités
Departamentales y Distritales como espacios de nivel intermedio de
concertación, asesoría, consolidación, seguimiento y verificación de la puesta
en marcha de la Política Pública de la Discapacidad.
Y el artículo 15
contempla señala a los Comités Municipales y Locales de Discapacidad como el nivel
de deliberación, construcción, seguimiento y verificación de la puesta en
marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración
social de las personas con y en situación de discapacidad.
En cumplimiento
de lo establecido en el parágrafo 5° del artículo 16 de la Ley 1145 de 2007, el
Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 3317 del 16 de
octubre 2012, mediante la cual reglamenta la elección y funcionamiento de los
comités territoriales de discapacidad.
En relación con los
Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad (CDD), indica que les corresponde la elaboración y
aprobación de los Planes Departamentales o Distritales de Discapacidad, en
concordancia con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1145 de 2007, y el artículo 3° le asigna los siguientes objetivos:
“Los CDD tendrán los siguientes objetivos:
1. Promover la formulación de la Política Departamental o
Distrital de Discapacidad y orientar la formación de las políticas municipales
y locales de discapacidad.
2. Construir el Plan Departamental o Distrital de
Discapacidad y asesorar a los comités municipales y locales de discapacidad en
la construcción de los Planes Municipales de Discapacidad, los cuales deberán
ir articulados con los Planes de Desarrollo correspondientes.
3. Articular sus acciones con otros comités y consejos del
orden departamental o distrital, tales como el Consejo Departamental o
Distrital de Política Social, el Comité de Desplazamiento, de Atención a la
Primera Infancia, de Atención a las Personas Mayores, entre otros.
4. Organizar la información relevante relacionada con el
tema de discapacidad en el departamento o distrito, identificando las
necesidades de las personas con discapacidad, los proyectos y programas
existentes que aportan a la inclusión de las personas con discapacidad, así
como los programas, proyectos y servicios requeridos para la inclusión social
de las personas con discapacidad.
5. Consolidar información sobre la conformación y
funcionamiento de los comités municipales y locales de discapacidad de su
territorio a través de la respectiva Secretaría Técnica.
6. Designar entre los representantes de las organizaciones
sin ánimo de lucro de las personas con discapacidad un delegado que hará parte
del Consejo Departamental o Distrital de Política Social y quien llevará la
vocería del CDD, para aportar a la articulación de la política pública de
discapacidad a nivel departamental o distrital.
7. Organizar reuniones periódicas con un representante de
cada CMD o CLD, según corresponda, que den lugar a la presentación de informes
de gestión, socialización de la política pública de discapacidad en su
territorio y de los lineamientos para la elaboración de programas y proyectos
en discapacidad, coordinación y articulación de acciones en red y
fortalecimiento de los comités de discapacidad.”
Corresponde a los Comités Municipales y Locales (CMD y CLD),
elaborar y aprobar los planes de discapacidad a
nivel municipal o local, que deben ser incluidos en el Plan de Desarrollo
Municipal o Local y estar basados en las necesidades de las personas con
discapacidad, los programas y proyectos con los que cuenta la administración
territorial correspondiente, los servicios que se prestan por las ONG y
entidades privadas, la identificación de programas y servicios faltantes. A
través de estos planes de discapacidad se definen las acciones, compromisos,
responsables y corresponsables, el cronograma para su ejecución y recurso a
disponer. (artículo 18 de la Resolución 3317 del 16 de octubre
2012)
La Resolución en mención, en el artículo 12 igualmente
determina que los Comités Municipales y Locales tienen como fines:
“1. Construir el Plan Municipal o Local de Discapacidad, el
cual deberá ir articulado con el Plan de Desarrollo Territorial
correspondiente, definiendo claramente, entre otras, las líneas de política,
objetivos, actividades, estrategias, metas, indicadores de cumplimento y
recursos.
2. Promover la deliberación, construcción y seguimiento de
las políticas municipales o locales de discapacidad, según corresponda.
3. Concertar las políticas de discapacidad emanadas del CMD
o CLD en el respectivo Consejo Territorial de Política Social.
4. Articular sus acciones con otros comités y consejos del
orden municipal o local, tales como el Consejo Municipal de Política Social, el
comité de desplazamiento, de atención a la primera infancia, de atención al
adulto mayor, entre otros.
5. Organizar la información relevante relacionada con el
tema de discapacidad en el municipio o localidad, identificando las necesidades
de las personas con discapacidad, los proyectos y programas existentes que
aportan a la inclusión de las personas con discapacidad, así como los
programas, proyectos y servicios requeridos para aportar a la inclusión social
de las personas con discapacidad.
6. Promover la conformación y fortalecimiento de las
organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad y su
participación en procesos de deliberación, construcción y seguimiento de
políticas de discapacidad de su territorio.
7. Consolidar información sobre la conformación y
funcionamiento del comité municipal o local de discapacidad de su jurisdicción
a través de la respectiva Secretaría Técnica.
8. Asistir, por medio de un representante del CMD o CLD, a
las reuniones a las que convoque el CDD correspondiente, para socializar la
política pública de discapacidad de su territorio y coordinar y articular
acciones en red que fortalezcan los comités de discapacidad, los lineamientos
para la elaboración de programas y proyectos en discapacidad.
9. Solicitar asesoría al Comité Departamental de
Discapacidad (CDD).
Luego de dictada la ley que establece el Sistema Nacional
de Discapacidad, mediante la Ley 1346 de 2009, el legislador aprobó la “Convención
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la
Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, cuyos
aspectos más relevantes para efectos de resolver el problema jurídico que
plantea la demanda se refirieron en precedencia.
En el año 2011, el legislador expidió la Ley 1438, “Por
medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y
se dictan otras disposiciones” en la cual se determina que uno de os
principios del referido sistema es el enfoque diferencial, en virtud del cual
se “reconoce que hay poblaciones con
características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia,
condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales el Sistema
General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos
encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y
marginación”, e igualmente determina en el artículo 66 el deber de
brindar atención integral en salud para las personas con discapacidad, e
implementar una política nacional de salud con
un enfoque diferencial con base en un plan de salud del Ministerio de la
Protección Social.
Recientemente, el 27 de febrero de 2013, se expidió la Ley
Estatutaria 1618 de 2013, “por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad", con el fin de garantizar y asegurar el
ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante
la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables
y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia
con la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.
Esta normatividad al contemplar medidas para garantizar el
derecho al trabajo de la población con discapacidad, respecto de la población con
discapacidad múltiple en el artículo 13 establece que el Ministerio de Salud y
Protección Social deberá: “c) Desarrollar planes y programas de inclusión
laboral y generación de ingresos flexibles para las personas que por su
discapacidad severa o discapacidad múltiple, no puedan ser fácilmente incluidos
por el mercado laboral, o vinculados en sistemas de producción rentables o
empleos regulares. Para el efecto, deberá fijar estrategias protegidas o
asistidas de generación de ingresos o empleo que garanticen en cualquiera de
las formas ingresos dignos y en las condiciones de seguridad social que
correspondan, y permitiendo a sus cuidadoras y cuidadores, y sus familias, las
posibilidades de intervenir en estos procesos;”
Y en relación con las personas con sordoceguera impone al
SENA el deber de b) “Garantizar la prestación del servicio de intérpretes de
lengua de señas y guías intérpretes, para la población con discapacidad
auditiva y sordoceguera, y ayudas tecnológicas para las personas con
discapacidad visual, así como los apoyos específicos que requieren las personas
con discapacidad intelectual.”
5. La Sordoceguera como discapacidad única y diferente de
la limitación auditiva y de la visual.
El artículo 1° de la Ley 982 de 2005, fija
el alcance de los conceptos “sordoceguera” y sordociego”, en los siguientes
términos:
“16. "Sordoceguera". Es
una limitación única caracterizada por una deficiencia auditiva y
visual ya sea parcial o total; trae como consecuencia dificultades en la
comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información.
17. "Sordociego(a)". Es
aquella persona que en cualquier momento de la vida puede presentar una
deficiencia auditiva y visual ta l que le ocasiona serios problemas en la
comunicación, acceso a información, orientación y movilidad. Requiere de
servicios especializados para su desarrollo e integración social.” (resaltado fuera del texto)
A través de la disposición en cita la ley reconoce
y determina que la sordoceguera es una discapacidad única que resulta de la
combinación de dos deficiencias sensoriales (auditiva y visual). La confluencia
en esta discapacidad de trastornos visuales y
auditivos genera problemas de comunicación y movilidad únicos y otras
necesidades muy particulares de desarrollo y aprendizaje, por cuanto las
posibilidades de conexión y relación con el entorno están marcadas esencialmente
por el sentido del tacto a través del cual recibe la información y se
produce la comunicación con el medio y con los demás, ante las dificultades
para usar el lenguaje de señas que usan los
sordos. Esta
afectación de las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente
autónoma, exige una política de atención especial encaminada a establecer mecanismos
que les permitan percibir, conocer y desenvolverse en su entorno.
En efecto, las intervenciones de organizaciones
especializadas indican que en atención a la multiplicidad y complejidad de problemas
sensoriales que se incluyen en el término “sordoceguera” no son apropiados para
las personas sordociegas los programas educativos especiales para niños y jóvenes
con trastornos auditivos o visuales. “Los niños que son sordos y ciegos
necesitan una educación individualizada debido a que los problemas de vista y
audición requieren enfoques educativos especiales y exclusivos para asegurar
que los niños tengan la oportunidad de alcanzar plenamente su potencial.”[16]
Estas condiciones particulares imponen igualmente la
adopción de medidas especiales de protección a favor de las personas
sordociegas.
La Corte Constitucional en la Sentencia T-006 de 2008, al
referirse a la exigencia de un intérprete de lenguaje de señas en los
centros hospitalarios para garantizar la accesibilidad al servicio de la
población con limitaciones auditiva, señaló:
“la Corte ha señalado que respecto de las personas con
limitaciones auditivas, de habla o de visión graves, la Constitución establece
una protección constitucional reforzada orientada al establecimiento de
condiciones reales de inclusión social (arts. 13, 47 y 54; art.2)[17],
lo que se extiende a: (i) la proscripción de medidas discriminatorias o
excluyentes; (ii) la remoción de obstáculos y barreras de acceso a sus derechos
de ciudadanía política, civil y social; (iii) las acciones afirmativas o de
discriminación positiva, que les permitan acceder, en igualdad de condiciones,
al goce de sus derechos fundamentales; y (iv) las políticas de prevención,
rehabilitación e integración social.[18]
Se trata entonces de una equiparación efectiva de oportunidades para el goce de
los derechos que se reconocen a toda persona[19].”
Y recientemente, al estudiar la constitucionalidad de
algunas disposiciones de la Ley 982 de 2005 en la Sentencia C-605 de 2012, indicó
la Corte:
“En síntesis, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido el derecho fundamental que les asiste a las personas sordas,
sordociegas y sordomudas a expresarse jurídicamente, de forma válida, tanto por
escrito, como por señas, incluyendo, por supuesto lenguajes de señas como la
Lengua de Señas de Colombia, LSC. Ha protegido los derechos de esta población
en diversos ámbitos como el derecho a la autonomía de la voluntad y a ejercer
su libertad contractual y de actuación jurídica en general, el derecho a la
salud o el derecho a la educación. Es deber del juez constitucional, por tanto,
proteger y garantizar los derechos de personas con discapacidades y permitir
que mediante políticas de promoción y de inclusión, en desarrollo del derecho a
la igualdad, que demanda la protección de minorías (como lo son personas que no
tienen o no pueden usar adecuadamente sentidos que la sociedad mayoritaria
privilegia en ciertas áreas y ámbitos de la vida). Pero los jueces
constitucionales se han de encargar también de que la promoción de una práctica
lingüística no sea leída e interpretada como un privilegio o una exclusión de
ciertos grupos de personas, igual o más vulnerable que los que se pretende
proteger. Promocionar no es privilegiar y muchos menos excluir.”
6. Requisitos para la configuración de
omisión legislativa relativa
El
quebrantamiento de las normas de la Constitución Política y aquellas que a ella
se integran como parte del bloque de constitucionalidad, puede   generarse por
la consagración en una disposición de un contenido normativo que desconozca
aquellas normas superiores, o por la inobservancia, al momento de ejercer la
función legislativa, de principios y deberes de orden constitucional que llevan
a crear normativas que descuidan incluir en su campo de aplicación,
destinatarios o alcance, supuestos necesarios para que resulten conforme a la
Constitución.
En sentencia C-715 de 2012, al referirse a
la inconstitucionalidad derivada de la omisión legislativa relativa, reiteró la
Corte Constitucional que:
“[s]e presenta una  omisión legislativa relativa
cuando el legislador regula una materia de manera parcial, insuficiente o
incompleta, omitiendo una condición, un sujeto destinatario, un ingrediente
esencial o algún supuesto que, en atención a los contenidos superiores del
ordenamiento, debería formar parte de la disciplina legal o de la materia
normativa. En esta hipótesis de control, el debate se suscita en torno a
un texto legal que se reputa incompleto en su concepción, y que puede ser
cotejado con la Carta, por resultar arbitrario, inequitativo o discriminatorio
en perjuicio de ciertas garantías constitucionales como la igualdad y el debido
proceso”.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para
afirmar que el Congreso incurrió en omisión legislativa relativa deben
acreditarse las siguientes condiciones:
i)
Que exista una norma en concreto de la
cual se predique la omisión legislativa
ii)
Que la norma excluye de sus
consecuencias jurídicas casos que por ser asimilables deben estar contenidos en
la disposición demandada, o no incluye un elemento o condición que resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Constitución Política
iii)
Que la exclusión de casos, elementos o
condiciones carezcan de un principio de razón suficiente;
iv)
Que a falta de justificación y
objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una
desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma, y en consecuencia se vulnere el principio de
igualdad por esa falta de justificación y objetividad del trato desigual; y
v)
Que la omisión sea por el
incumplimiento de un deber específico y concreto impuesto por una norma
constitucional al legislador
Decantado el marco constitucional y legal
en el que habrá de realizarse el análisis del cargo de inconstitucionalidad por
omisión legislativa relativa planteado por los demandantes contra las
expresiones acusadas de los artículos 10, literal d y 16 de la Ley 1145 de
2007, pasa la Corte a dar solución al problema
jurídico planteado.
7. Análisis concreto de los cargos.
7.1. Los artículos 10, literal d y 16 de la
Ley 1145 de 2007, en lo acusado, desconocen el principio de igualdad y el
derecho de participación de las personas con sordoceguera.
Toda vez que la censura ciudadana parte de
afirmar que el legislador omitió contemplar a un sector de la población con
discapacidad en las normas demandadas y ello conlleva la trasgresión de los
derechos a la igualdad y de participación de las personas con sordoceguera, el
ejercicio del control constitucional se hará a partir de las cinco condiciones
que deben presentarse para que pueda sostenerse que hay una omisión
inconstitucional en las disposiciones legales mencionadas.
i)
Que exista una norma en concreto
de la cual se predique al omisión legislativa
El artículo 10,
literal d, de la Ley 1145 de 2007 establece que del Consejo Nacional de
Discapacidad harán parte seis (6) representantes de las organizaciones sin
ánimo de lucro de personas con discapacidad, los cuales tendrán la siguiente
composición:
1. Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad física.
2. Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad visual.
3. Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad auditiva.
4. Un representante de organizaciones de
padres de familia de personas con discapacidad cognitiva.
5. Un representante de organizaciones de
personas con discapacidad mental.
6. Un representante de las organizaciones
de personas con discapacidad múltiple;
El artículo 16 de la Ley 1145 de 2007 establece que los CDD, CMD o CLD, estarán conformados como mínimo por
los funcionarios del ente territorial que allí se indican, un representante de
las personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno a la atención
de las personas con discapacidad del correspondiente ente territorial y por cinco (5) representantes de las organizaciones sin ánimo de
lucro de personas con discapacidad, los cuales tendrán la siguiente
composición:
Un representante de las organizaciones de
personas con discapacidad física.
Un representante de las organizaciones de
personas con discapacidad visual.
Un representante de las organizaciones de
personas con discapacidad auditiva.
Un representante de las organizaciones de
padres de familia de personas con discapacidad mental y/o cognitiva.
Un representante, de las organizaciones de
personas con discapacidad múltiple.
La omisión se predica de las citadas normas en concreto, en
cuanto en la conformación de los citados órganos del Sistema Nacional de
Discapacidad no instituyeron la participación de un representante de la
población con sordoceguera.
ii)
Que la norma excluye de sus
consecuencias jurídicas casos que por ser asimilables deben estar contenidos en
la disposición demandada, o no incluye un elemento o condición que resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Constitución
Política
El artículo 10, literal d, de la Ley 1145
de 2007, al establecer la participación de los representantes de las
organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad en el Consejo
Nacional de Discapacidad (CND), establece la participación de delegados de
personas con las siguientes discapacidades: física, visual, auditiva, mental,
padres de familia de personas con discapacidad cognitiva y de personas con
discapacidad múltiple.
Del mismo modo, el artículo 16 de la ley
1145 de 2007, indica que en los Comités territoriales de discapacidad –CDD, CMD
Y CLD-, tendrán representatividad las organizaciones sin ánimo de lucro de
personas con discapacidad en la siguiente conformación:
Un representante de las
organizaciones de personas con discapacidad física.
Un representante de las organizaciones de
personas con discapacidad visual.
Un representante de las organizaciones de
personas con discapacidad auditiva.
Un representante de las organizaciones de
padres de familia de personas con discapacidad mental y/o cognitiva.
Un representante de las organizaciones de
personas con discapacidad múltiple.
Como se señala en el escrito de la demanda
estas disposiciones no contemplan la participación en el Consejo Nacional de
Discapacidad y en los Comités Distrital, Municipal y Local de discapacidad, de
un representante de las organizaciones de personas con otra discapacidad única
como es la discapacidad audio-visual o sordoceguera.
Para determinar si la condición de los sordociegos es
asimilable o no a la de las demás personas con discapacidad respecto de la
posibilidad de conformar los órganos en los cuales no tienen representación, es
necesario considerar las funciones y objetivos de éstos:
En primer lugar, el Consejo Nacional de Discapacidad,
participa y asesora el proceso para la formulación de la Política Pública
para la Discapacidad, en el marco de los Derechos Humanos, Presenta
recomendaciones técnicas y las que correspondan, para el desarrollo de la
política social a favor de las personas con algún tipo de discapacidad e
igualmente realiza el proceso de verificación de la puesta en marcha y
cumplimiento de las políticas, planes, estrategias y programas de intervención
del sector de la discapacidad.
En segundo lugar, los Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad
(CDD), elaboran y aprueban los Planes
Departamentales o Distritales de Discapacidad y tiene dentro de sus objetivos Promover
la formulación de la Política Departamental o Distrital de Discapacidad y
orientar la formación de las políticas municipales y locales de discapacidad,
Construir el Plan Departamental o Distrital de Discapacidad y asesorar a los
comités municipales y locales de discapacidad en la construcción de los Planes
Municipales de Discapacidad.
Y en un tercer nivel, los Comités Municipales y Locales
(CMD y CLD), son los encargados de elaborar y aprobar los planes de discapacidad a nivel municipal o local, que
deben ser incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal o Local y estar basados
en las necesidades de las personas con discapacidad, los programas y proyectos
con los que cuenta la administración territorial correspondiente, los servicios
que se prestan por las ONG y entidades privadas, la identificación de programas
y servicios faltantes.
Conforme con lo anterior, en los citados
espacios de interlocución se diseña, formula hace seguimiento y evalúa la
política pública para el sector de la discapacidad en general y con el objetivo
de adoptar políticas integrales, que tengan en cuenta las necesidades
particulares de todas y cada una de las clases de discapacidad, sin excluir a
algún tipo de discapacidad en particular. Es por ello que en su conformación se
establece la representación de organizaciones de personas con diversas limitaciones
para que intervengan en la planeación, elaboración, seguimiento y evaluación de
las políticas, planes y proyectos dirigidos a la inclusión social y la superación
de las desigualdades de la población con algún tipo de discapacidad,
De acuerdo con lo expuesto, los
sordociegos, en cuanto personas con una discapacidad, se encuentran en una
situación en todo asimilable a la de los demás grupos de personas con diversas
discapacidades que tienen representación en el Consejo Nacional y en los
Comités territoriales de discapacidad. En efecto, converge en todos ellos y en
las personas con sordoceguera la misma condición de tener una discapacidad. Los
sordociegos, al igual que los demás grupos representados en los mencionados
organismos del Sistema Nacional de Discapacidad, son personas que tienen limitaciones
o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la participación
social por causa de una condición de salud, o de barreras físicas, ambientales,
culturales, sociales y del entorno cotidiano, que se buscan eliminar a través
del diseño de políticas públicas que tengan en cuenta las necesidades
especiales de cada grupo de personas con discapacidad que tiene asiento en la
conformación de los mencionados organismos.
En este punto resulta fundamental reiterar
que la sordoceguera, de acuerdo con el artículo 1º, numera 16, de la Ley 982 de
2005 es una limitación única caracterizada por una deficiencia auditiva
y visual ya sea parcial o total que en cuanto trae como consecuencia
dificultades en la comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la
información, que son diferentes a las de las personas sordas o ciegas, requiere
de la adopción del diseño de una política especial que les permita el acceso a
la educación, la salud, el trabajo, la recreación, la cultura y otros espacios
de socialización y desarrollo de los individuos. Como se indicó en precedencia, dado que la población con esta discapacidad
padece una grave afectación de las habilidades diarias
necesarias para una vida mínimamente autónoma, exige una política de atención
especial encaminada a establecer mecanismos que les permitan percibir, conocer
y desenvolverse en su entorno.
No obstante lo anterior, en la
conformación del Consejo Nacional y los Comités Territoriales de Discapacidad,
establecida en las normas demandadas, no se contempló la representación de
personas afectadas por este tipo único de discapacidad, participación que si se
permite a quienes tienen otras limitaciones.
En este sentido, la condición de las
personas con sordoceguera es similar a la de los sordos, los ciegos, personas con
discapacidad mental y/o cognitiva, las personas con limitación física, en
cuanto todos son parte de la población con discapacidad que busca beneficiarse
con la creación de espacios de interlocución en los cuales se adopten las
políticas que guiarán toda la actividad a nivel nacional y territorial para
lograr la inclusión y superación de la discriminación a las personas con
discapacidad.
iii)
Que la exclusión de casos,
elementos o condiciones carezcan de un principio de razón suficiente;
La Sala no advierte razón alguna que válidamente justifique
que las personas con sordoceguera no estén representadas en el Consejo Nacional
y los Comités territoriales de discapacidad, en cuya conformación si participan
representantes de personas con otros tipos de discapacidad.
Al respecto es importante resaltar que la
sordoceguera no puede asimilarse a la discapacidad múltiple, de la cual no hay
una definición legal pero que ha sido entendida por los intervinientes
especializados como la suma de dos limitaciones. Bajo esta perspectiva
considerar que a través de la representación de personas con discapacidad
múltiple los sordociegos tienen participación en el CND o en los CDD, desconoce
que las medidas afirmativas dirigidas a la inclusión de los sordos y de los
ciegos, no son en todo adecuadas y aplicables a los sordociegos, en cuanto han
sido diseñadas partiendo de las posibilidades de comunicación muy diversas con
el entorno. En el evento de los sordos, a partir de una limitación
exclusivamente auditiva y para el evento de los ciegos a partir de una
deficiencia exclusivamente visual que les brinda posibilidades de comunicarse y
relacionarse a través de los demás sentidos; sin embargo, como lo han informado
en sus intervenciones las organizaciones SURCOE e INSOR, la posibilidad de
relacionarse con el entorno de población sordociega gira alrededor del tacto,
por las limitaciones que en esta forma de discapacidad convergen.
Para la Sala, no hay duda que en el cumplimiento del deber de construir una política
pública especial, la población a favor de la cual se adopta es un actor
fundamental pues a partir del conocimiento de la situación real de satisfacción
de sus necesidades básicas y requerimientos especiales, se pueden fijar con
mayor asertividad los lineamientos adecuados a partir de los cuales se
estructurarán las políticas, planes y programas a favor de las personas con
ésta discapacidad.
Así las cosas, no existe entonces un
argumento contundente que justifique excluir de representación en los citados
organismos del Sistema Nacional de Discapacidad, a la población con
sordoceguera.
iv)
Que a falta de justificación y
objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una
desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma, y en consecuencia se vulnere el principio de
igualdad por esa falta de justificación y objetividad del trato desigual; y
Los artículos 10, literal d, y 16 de la Ley
1145 de 2007, en cuanto no permiten la participación en los citados espacios de
elaboración, concertación y seguimiento de las políticas públicas en
discapacidad, de un representante de las organizaciones de personas sordociegas
crea una situación de desigualdad negativa o discriminación, pues de manera
injustificada se niega a este grupo de población discapacitada la posibilidad
de intervenir en el diseño de medidas que, atendiendo a sus necesidades
particulares puedan fijarse mediante la adopción de políticas públicas
dirigidas a los sordociegos, prerrogativa que si se otorga a los representantes
de personas con otras discapacidades.
La exclusión señalada, además, coarta la
posibilidad que desde los espacios de participación mencionados, al igual que
otras personas con discapacidad, las personas con sordoceguera realicen el
seguimiento y evaluación de las normas fijadas en la Ley 982 de 2005 y que
buscan superar la desigualdad en materia laboral, facilitar la comunicación,
superar las restricciones de acceso a la educación y a la administración de
justicia y favorecer la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de
vida de los sordociegos.
En este sentido, es preciso reiterar que el
mandato de respeto del derecho a la igualdad también debe proyectarse al
definir las formas de participación de la población con discapacidad  en el ordenamiento
colombiano, pues la eliminación de la discriminación de las personas con
discapacidad no sólo tiene campo de aplicación frente a las personas que no
tienen esta condición, pues involucra igualmente a las organizaciones y a toda
la población con discapacidad, sin que resulten admisibles prácticas, modelos o
medidas de diferenciación negativa entre quienes integran la población con
discapacidad, otorgando derechos que a otros se niega sin justificación.
La omisión del legislador antes advertida,
implica un déficit de protección a los
sordociegos que lleva al desconocimiento no sólo del derecho a la igualdad sino
también del derecho de participar en la adopción de las decisiones que los
afectan, cuyo reconocimiento parte de la forma de democracia participativa tal como señala el artículo 2º de la Constitución.
La situación derivada de las normas demandadas impide que
la comunidad sordociega tenga participación e incidencia en la elaboración de
las políticas públicas enfocadas a promover la integración social de quienes
tienen ésta discapacidad, por lo cual riñen con los derechos constitucionales a
la igualdad, de participación, a la prevención, rehabilitación y reintegración
social de las personas con sordoceguera.
En este sentido cabe recordar que, la
Convención Interamericana Para La Eliminación De Todas Las Formas De
Discriminación Contra Las Personas Con Discapacidad, establece que en el
artículo 2 que “b) No constituye discriminación la distinción o preferencia
adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el
desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la
distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las
personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean
obligados a aceptar tal distinción o preferencia. ..”(negrillas fuera del
texto)
v)
Que la omisión sea por el
incumplimiento de un deber específico y concreto impuesto por una norma
constitucional al legislador
La omisión de establecer la participación igualitaria de
las personas con sordoceguera en los cuerpos colectivos encargados de la
formulación de las políticas públicas de discapacidad desconoce el deber
especial de protección que tiene el Estado frente a los sordociegos, y que
dicho deber corresponde ejercerlo brindándole a estas personas las mismas
prerrogativas y escenarios de participación dados a las organizaciones de
personas con otras discapacidades[20].
Esta omisión legislativa igualmente desconoce las
obligaciones asumidas por el Estado Colombiano en la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad
incorporada al derecho interno mediante la Ley 1346 de 2009[21],
que en el artículo 5, numeral 2, establece: “Los Estados Partes
prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a
todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la
discriminación por cualquier motivo.”
Pero
no sólo se trata de la inobservancia del deber de establecer oportunidades
atendiendo a criterios de igualdad, pues al instituir la representación y un
puesto en los mencionados órganos del sistema Nacional de Salud para otras
personas con discapacidades diversas a la sordoceguera y a éstos no, constituye
un desconocimiento del derecho a la participación igualitaria de las personas
con discapacidad en la vida política y pública, reconocido en el artículo 29 de
la la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad ,
conforme al cual:
ARTÍCULO 29.
PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA
Y PÚBLICA.
Los Estados Partes garantizarán a las personas con
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en
igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:
a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de
condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente
elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas,…
(…)
b) Promover activamente un entorno en el que las
personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la
dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de
condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos
y, entre otras cosas:
i) Su participación en organizaciones y asociaciones
no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país,
incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos;
ii) La constitución de organizaciones de personas con
discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional,
regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.”
La omisión legislativa también constituye un obstáculo para
el cumplimiento en condiciones de igualdad de la obligación que establece el
artículo 47 de la Constitución Política,
según el cual el Estado debe adelantar una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos sensoriales, y prestar
la atención especializada que requiera la población con sordoceguera.
Lo anterior por cuanto debe garantizarse
a las personas con sordoceguera la participación en la formulación,
implementación, Seguimiento y Evaluación de los diversos componentes
(disponibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y accesibilidad) de las políticas
públicas  adoptadas por entidades del orden nacional, departamental, distrital
y municipal, y en relación con las obligaciones que surgen de ellas para toda
la sociedad para la materialización concreta de los derechos fundamentales de
las personas con discapacidad, sin que medie ningún tipo de discriminación, ni
en relación con personas con otros tipos de discapacidades
Lo anterior por cuanto no basta reconocer
la existencia de personas con determinada condición de discapacidad, sino de
desarrollar una verdadera política de inclusión, conforme a lo dispuesto por la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Así, aunque no exista una obligación
constitucional de incluir en la conformación del Consejo Nacional de
Discapacidad y en los Comités territoriales, a un representante de la población
sordociega, esta participación se torna en un imperativo en virtud del
principio de igualdad, teniendo en cuenta que en tales escenarios de discusión
de las políticas públicas si se les permite intervenir a representantes de
otras discapacidades igualmente únicas.
7.2 Consecuencias de la omisión legislativa relativa.
Establecido que el legislador incurrió en una omisión legislativa
que genera una situación de discriminación en detrimento de la garantía de los
derechos de un grupo particular del universo de población con discapacidad, entrará
la Sala a establecer las consecuencias de la inconstitucionalidad advertida en
las disposiciones acusadas.
7.2.1 Inclusión de un representante de las organizaciones de
sordociegos en la Comisión Nacional de Discapacidad
Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de las personas
con sordoceguera, se declarará inexequible la expresión “Seis (6)”, del inciso primero del artículo 10, literal d, de la Ley 1145 de 2007, en
cuanto restringe la representación en el Consejo Nacional de Discapacidad de
las organizaciones de personas con diversas discapacidades a ese número y a la
población con las discapacidades indicadas en el literal d, excluyendo la
posibilidad de participación de un representante de las organizaciones de las
personas con sordoceguera. Esta determinación permite eliminar la restricción
numérica del grupo de representantes de organizaciones de personas con
discapacidad, de tal forma que todos tengan cabida y la participación de la población
sordociega no impida la de otros representantes, pues la inclusión de las
personas con discapacidad en los órganos del Sistema Nacional de Discapacidad
debe darse en condiciones de igualdad.
Eliminada la barrera numérica, se declarará exequible el artículo
10, en lo demás, siempre que se entienda que de su conformación también hará
parte un representante de las organizaciones de personas sordociegas – sin que
ello implique la exclusión de un representante de personas con otra discapacidad-.
7.2.2 Inclusión de un representante de las organizaciones de
sordociegos en los Comités Departamental, Distrital, Municipal y Local de
Discapacidad
El artículo 16 de la Ley 1145 de 2007, será declarado exequible
bajo el entendido que dentro de la composición de los representantes de las
organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad, tendrá
participación un representante de las organizaciones de personas con
sordoceguera. Lo anterior por cuanto el inciso primero de la citada disposición
establece que “Los CDD, CMD o CLD, estarán conformados como mínimo por”,
de tal forma que la consagración de cinco, como el número de representantes de
tales organizaciones no debe entenderse en relación con los Comités territoriales
como una limitante, que impida dar participación a los representantes de las
personas con sordoceguera, como sí sucede en el caso del Consejo Nacional de
Discapacidad. En éste orden, dentro de ese mínimo al que se refiere el inciso
primero del artículo 16, deberá incluirse un representante de las personas con
sordoceguera.
Por último, cabe resaltar que la inserción
de un integrante en los cuerpos colectivos fijados por el legislador, obedece a
la necesidad de adecuar la actuación estatal y de las instancias de formulación
de políticas públicas a los principios de igualdad y no discriminación y de
universalidad en materia de derechos humanos, y de corregir los efectos de una
norma que resulta discriminatoria de un grupo especial de personas, que por sus
condiciones exigen por parte del estado, la adopción de medidas necesarias para
garantizar sus derechos humanos de forma plena.
Pese a que las razones expuestas son suficientes para condicionar
la exequibilidad de las normas demandadas en los términos antes señalados, en
atención al principio de lealtad procesal es del caso presentar los argumentos por
las cuales no se acoge la solicitud del Señor Procurador General de la Nación,
en cuanto a declarar exequibles las normas acusadas y exhortar al Congreso de la
República para que regule la composición del Consejo Nacional de Discapacidad y
de los Comités territoriales de discapacidad.
La inclusión de un representante de las personas
con sordoceguera en los mencionados cuerpos colectivos a través de la
declaratoria de inexequibilidad de la expresión “seis (6)” del inciso primero
del artículo 10, literal d, de la Ley 1145 de 2007 y la exequibilidad
condicionada del literal d, en todo lo demás, y del artículo 16 de la misma
ley, busca subsanar la omisión legislativa advertida mediante un
pronunciamiento condicionado, mecanismo éste al cual ha acudido el Juez
constitucional cuando se trata de una omisión relativa en cuanto permite
incorporar el grupo de destinatarios de la norma que ha sido injustificadamente
excluido de sus efectos.
La decisión condicionada que se adopta no
desconoce el criterio acogido por la Corte Constitucional en la sentencia
C-1053 de 2012, pues frente a la omisión que aquí se debate, la razón de la
decisión es diversa pues se busca garantizar los derechos de personas frente a
quienes existe un deber especial de protección y la alteración de los
integrantes que conforman los organismos del Sistema Nacional de Discapacidad
no tiene la incidencia de aquella oportunidad.
En efecto, en la sentencia C-1053 de 2012 la
Corte decidió declarar exequible la disposición demandada pero se exhortó al
Congreso para subsanar la omisión advertida porque “en virtud del principio
democrático esta Corporación no es competente para definir la composición
específica del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales.
Así mismo, adoptar una decisión sobre el número de miembros que representen a
los ex docentes pensionados podría tener consecuencias complejas en el
funcionamiento de este organismo, pues si se agregan miembros podrían afectarse
las mayorías determinadas por el legislador, lo cual debe ser decidido por el
Congreso de la República.”,
En este caso, la inclusión de un
representante de las personas con sordoceguera en el Consejo Nacional de
Discapacidad no altera sustancialmente en cuanto al número, la conformación del
mencionado organismo y tampoco tiene relevancia frente a un régimen de
mayorías, pues el CND es esencialmente un espacio de deliberación, formulación
y análisis de políticas públicas para los diferentes grupos de personas con
discapacidad[22],
cuyo funcionamiento no se rige por un sistema particular de mayorías, y
establecido con el fin de dar participación a todas las personas con
discapacidad, a través de sus representantes, en la creación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas que los afectan.
En cuanto al respeto al principio
democrático es preciso tener en cuenta que desde la formulación del proyecto de
ley[23]
y los debates en el seno del Congreso de la República fueron enfocados a la
inclusión de representantes de personas con discapacidad sin hacer exclusión
de ningún sector, intención que no se vio reflejada en el artículo 10,
literal d, de la Ley 1145 de 2007 por la omisión legislativa antes advertida
pero que es posible subsanar mediante una decisión aditiva que respeta en lo
teleológico la Ley 1145 de 2007.
5. Síntesis de la
decisión
La Corte Constitucional luego de analizar
los deberes constitucionales de protección frente a las personas con
discapacidad y en particular en relación con la población sordociega y su
desarrollo legislativo, estableció que el legislador omitió incluir dentro de
la conformación del Consejo Nacional de Discapacidad y de los Comités
territoriales de discapacidad, un representante de las organizaciones de
personas con sordoceguera, omisión que implica un desconocimiento del derecho a
la igualdad en detrimento de la participación de éste grupo de personas en la
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas
enfocadas a superar las condiciones de marginalidad, discriminación y ausencia
de inclusión social de las personas con esta discapacidad.
La fijación de un número específico de
representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con
discapacidad en el Consejo Nacional de Discapacidad, excluye la posibilidad de
dar igual participación a un representante de la población sordociega, por lo
cual la Corte considera necesario declarar inexequible la expresión “Seis (6)”,
del inciso primero del artículo 10, literal d, de la
Ley 1145 de 2007.
Para dar cabida a un representante de la
población con sordoceguera en el Consejo Nacional de Discapacidad, como espacio
de definición de políticas públicas, y con el fin garantizar el respeto por los
derechos de las personas sordociegas, se declarará exequible en todo lo demás
el artículo 10, literal d, de la Ley 1145 de 2007, bajo el entendido que
también hará parte del Consejo Nacional de Discapacidad, un representante de
las organizaciones de personas con sordoceguera.
En relación con el artículo 16 de la Ley
1145 de 2007, se declarará exequible bajo en entendido que dentro de la
conformación mínima de los Comités territoriales de discapacidad, se debe dar
participación a un representante de las organizaciones de personas con
sordoceguera si existieren en la entidad territorial correspondiente.
VI.    DECISION
En mérito
de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la expresión  “Seis (6)”, del inciso primero literal d del artículo 10 de la Ley 1145 de 2007 “Por
medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan
otras disposiciones”:
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los apartes restantes del
literal d del artículo 10 de la Ley
1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad y se dictan otras disposiciones”, bajo el entendido que también
hará parte del Consejo Nacional de Discapacidad, un representante de las
organizaciones de personas con sordoceguera.
Tercero: Declarar EXEQUIBLE  el artículo 16 de la
Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad y se dictan otras disposiciones”, en lo acusado, bajo el entendido
que dentro de la conformación mínima de los Comités territoriales de
discapacidad, se debe dar participación a un representante de las
organizaciones de personas con sordoceguera si existieren en la entidad
territorial correspondiente.
Cuarto: Ordenar al Ministerio de Educación Nacional que a través
del Instituto Nacional de Sordos INSOR e intérpretes oficiales de la Lengua de
Señas Colombiana de a conocer el contenido de este fallo a las organizaciones
de personas sordociegas, a nivel nacional y territorial, a través de los
sistemas especiales de comunicación utilizados por ellas e igualmente se publique
en la página web del Ministerio y del Instituto en mención el contenido de esta
sentencia, utilizando para el efecto medios de comunicación aptos para personas
con discapacidad auditiva y visual.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su
poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer
la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden
político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de
la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente:
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA”
[2]
[3] ARTICULO 47. El Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran.
[4]  Ver, Evaluación de las Políticas Públicas para las personas con
Discapacidad desde la perspectiva del Derecho a la Salud, 2011, Defensoría del Pueblo.
[5] En  la sentencia T-429/92, al referirse a la necesidad de
integrar a los niños y niñas con discapacidad a la educación regular, la Corte expresó que dichos mandatos de integración “…deben
ser tenidos en cuenta cuando se elaboren programas educativos que conlleven los
efectos nocivos de la separación o aislamiento de los niños de aquellas
experiencias  educativas propias del mundo de la "normalidad".
No puede negarse que la educación especial responde a veces a  las mejores
intenciones y propósitos de ayudar eficazmente a los niños a superar sus
dificultades. Pero la  separación o aislamiento pueden  engendrar
sentimientos de inferioridad, con todas sus previsibles secuelas negativas.”
[6] Sentencia T-1258 de 2008, M.P. Dr.
[7] ARTICULO 54. Es obligación del Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud.
ARTICULO 68. (…)
La
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado.
[8] M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández
[9] Criterio que reitera lo que ha expuesto la Cote Constitucional, entre otras sentencias, en la T-288/95, T-378/97 y l C-401 de 2003.
[10] Establece
el artículo 93 de la Constitución que: “Los tratados
y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno.
Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia.”
[11]  Declarada exequible
por la Corte Constitucional en sentencia C-401 de 2003
[12]  “discriminación contra las personas con discapacidad” es “toda distinción, exclusión o restricción basada en una
discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad
anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el
efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por
parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades
fundamentales.” (artículo 2)
[13]  Declarada exequible por la
Corte Constitucional en la sentencia C- 293 de 2010
[14] Revisada por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 824 de 2011.
[15] Adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por Colombia a
través de la Ley 12 de 1991.
[16] Miles, Barbara. “Perspectiva General sobre la sordoceguera”.
Centro de Información Nacional sobre niños que son ciegos y sordos, Programa
Hilton Perkins y Fundación Conrad N. Hilton. Diciembre, 1995.
[17]
Declaración de Derechos de los Impedidos. Resolución 3447 de 1975, Asamblea
General de la ONU: “3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete
su dignidad humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o
la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos
fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en
primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y
plena que sea posible. (se subraya)
[18]
Sentencia C- 076 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[19] Art. 2 Ley 1145 de 2002: “Equiparación
de oportunidades: Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras
de acceso a oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y
cultural que impiden al discapacitado el goce y disfrute de sus derechos”.
[20] Artículo 13 de la Constitución. “... El Estado promoverá las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.”
[21]  Declarada exequible por la
Corte Constitucional en la sentencia C- 293 de 2010
[22] ARTÍCULO 8o. El Sistema Nacional de
Discapacidad estará conformado por cuatro (4) niveles.
1o El Ministerio de la Protección Social o el ente que haga sus veces como el organismo rector del SND.
2o El Consejo Nacional de Discapacidad, CND, como organismo
consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación del
Sistema y de la Política Pública Nacional de Discapacidad.
3o Los Comités Departamentales y Distritales de Discapacidad, CDD,
como niveles intermedios de concertación, asesoría, consolidación y seguimiento
de la Política Pública en Discapacidad.
4o Los Comités Municipales y Locales de Discapacidad –CMD o CLD–
como niveles de deliberación, construcción y seguimiento de la política pública
de discapacidad.
PARÁGRAFO 1o. La instancia de coordinación y concertación inter e
intra sectorial de las políticas de la discapacidad emanadas de los Comités de
Discapacidad CDD y CMD o CLD creados en los numerales 2 y 3 de
este artículo serán los respectivos Consejos Territoriales de Política
Social, CTPS, de los cuales hará parte un representante de la
población con o en situación de discapacidad, elegido por cada uno de los
respectivos comités territoriales.
[23] Al efecto, cabe resaltar que en la
exposición de motivos, en relación con la conformación de los organismos que
conforman el Sistema Nacional de Discapacidad se dijo:
“Por lo anteriormente expuesto, es necesario crear el
Sistema Nacional de Discapacidad como el organismo de coordinación de los
diferentes actores sociales que intervienen en la  atención de la población con y en
situación de discapacidad, con el fin de racionalizar los esfuerzos, aumentar
la cobertura, descentralizar y organizar la oferta de programas y servicios y
promover la participación de la población con discapacidad privilegiando su
organización, así como de las organizaciones públicas y privadas de la sociedad
civil que actúan mediante diversas estrategias de planeación, administración y
normalización, rehabilitación, investigación, promoción, educación y de
atención integral en general, unificando así las políticas públicas en
discapacidad, que lo que se haga en la Nación se repercuta en los entes territoriales, por eso se hace indispensable que sistema esté en cabeza del
Ministerio de la Protección Social, acompañado por el Concejo Nacional de
Discapacidad.”...” C.
DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION
DE LA DISCAPACIDAD (CND) Dado
que la discapacidad forma parte del ciclo vital y es transversal a todos los
programas sociales, se hace necesario diferenciar entre las organizaciones de
las personas, las entidades que manejan los programas de atención a personas
con o en situación de discapacidad y las entidades del Gobierno que deben
confluir en la  formación de políticas públicas en discapacidad. La
competencia del nivel nacional es la formulación y orientación de la política
pública. Por lo tanto, su quehacer debe concentrarse  en los
lineamientos de política y en la gestión social que implica desarrollar
instrumentos y mecanismos de planeación, coordinación y concertación en función
de la asistencia técnica hacia los territorios y de la necesaria transformación
institucional.
En este sentido se propone la conformación de un Consejo Nacional para la Discapacidad que actúe como instancia orientadora de la política y de seguimiento a la
ejecución del Plan Nacional de Discapacidad, adscrito al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, instancia esta que garantiza la continuad de la política pública en el tiempo y que tiene el poder de
convocatoria sobre todos los estamentos gubernam entales y la sociedad civil. Este
Consejo debe estar integrado por representantes de la sociedad civil de
la  discapacidad que tengan representatividad legal y legítima de
orden nacional, por representantes de las redes de las organizaciones
prestadoras de servicios a la discapacidad, de la academia, la empresa privada
y el Gobierno Nacional. En su estructura será similar al actual Comité
Consultivo Nacional (artículo 6º de la Ley 361/97), pero con criterios de
convocatoria y selección que garanticen una adecuada representatividad y
con mecanismos de interacción con otras instancias en el nivel territorial.”[23]