C-427-96
Sentencia C-427/96
Sentencia
C-427/96
COSA JUZGADA
FORMAL-Naturaleza
Tiene lugar la
figura de la cosa juzgada formal, cuando existe una decisión previa del juez
constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a
su estudio. Supone la vinculación jurídica que surge para el juez
constitucional en relación con el precepto en sí mismo formalmente considerado.
COSA JUZGADA
MATERIAL-Naturaleza
Se presenta este
fenómeno cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual,
es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos
normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de
los contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión
constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido
suscitado por el contenido normativo de un precepto.
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Campo de
aplicación
Tanto las
decisiones sobre inexequibilidad, como aquellas sobre exequibilidad, están
cobijadas por la cosa juzgada; cuando se trata de normas con contenidos
idénticos, así  sus textos literales normativos difieran entre sí, y cuando
respecto de una de ellas existe una decisión previa del juez constitucional,
obra en relación con los contenidos que le son propios y respecto de la otra,
el fenómeno de la cosa juzgada en sentido material.
AUDIENCIA PUBLICA
EN JUSTICIA REGIONAL-Igual
contenido normativo/COSA JUZGADA MATERIAL-Audiencia por jueces regionales
Si bien es cierto
que éste no hace alusión expresa a la institución procesal de la audiencia
pública, ello es precisamente porque establece un trámite sustitutivo de la
misma; es decir, su consecuencia en la práctica, es que excluye aquella institución
procesal en el marco de la justicia regional. En ese sentido, el contenido
normativo de la norma inicialmente estudiada, en cuanto expresamente consigna
que no habrá audiencia pública en los procesos de competencia de los Jueces de
Orden Público -hoy  jueces regionales- es el mismo de la norma demandada, por
cuanto ésta, excluye de hecho la institución procesal de la audiencia pública
en la justicia regional. La noción de cosa juzgada material, hay que
comprenderla no solamente en relación con la parte resolutiva de la sentencia,
sino también en relación con aquellos conceptos de la parte motiva que guardan
una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia.
Referencia:
Expediente  D-1169
Actor: Gabriel
Torres León
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 457 del Decreto 2700 de 1991 o Código
de Procedimiento Penal.
Temas: Cosa juzgada
material.
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
D.C.,  (12) de septiembre de  mil novecientos noventa y seis (1996).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz y por los
Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes
Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Gabriel
Torres León, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
presentó demanda contra los artículos que ritualizan la etapa de juicio de
competencia de los jueces regionales contenidas en los decretos 2790 de 1990 y
099 de 1991, así como también la totalidad del artículo  457 del decreto 2700
de 1991 o nuevo Código de Procedimiento Penal.
Esta Corporación
admitió la demanda sólo en relación con el artículo 457  del decreto 2700 de
1991, ya que algunas de las normas acusadas fueron derogadas y otras convertidas
en normas permanentes por el Decreto 2266 de 1991. Lo cierto es que estas
normas como tales no se hallan vigentes y no se encuentran produciendo efectos
jurídicos.
En consideración a
lo anterior, y cumplidos los trámites previstos en la Constitución Política y
en el decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte a decidir sobre el asunto
sometido a su revisión .
II. DEL TEXTO LEGAL OBJETO DE REVISION
El artículo 457 del
decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal),es el siguiente:
"Trámite
especial para juzgamiento de delitos de competencia de los jueces regionales. Vencido el término de traslado para la
preparación de la audiencia,  el juez dentro de los tres días siguientes
decretará las pruebas que hayan sido solicitadas  y las que considere
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Las pruebas se
practicarán en un término que no podrá exceder de veinte días hábiles.
Vencido el
término probatorio mediante auto de sustanciación que debe notificarse, el
proceso se dejará en secretaría a disposición de los sujetos procesales por el
término de ocho días, para que presenten sus alegatos de conclusión.
Dentro de  los
diez días hábiles siguientes el juez dictará sentencia.
La notificación y
recursos se tramitarán conforme a lo establecido en los artículos 190 y 213 de
este Código".
III. LA DEMANDA
Son dos los
preceptos constitucionales que el actor considera vulnerados por la norma legal
transcrita.
En primer lugar, el
artículo 13 de la Carta que garantiza la igualdad. A juicio del demandante, al
establecer la norma una ritualidad especial para los procesos que se adelanten
por la llamada justicia regional, al definir aquella un procedimiento especial
paralelo al ordinario, introduce una discriminación en relación con las personas
juzgadas por ese régimen especial. Según su criterio, se desconoce así el
postulado fundamental de la igualdad de las personas ante la ley. A su
entender, la norma le niega a los sujetos procesados por aquel procedimiento
especial, "la protección, el trato, los derechos, las oportunidades y
libertades que la ley y las autoridades están obligadas constitucionalmente a
brindar sin discriminación alguna a TODAS LAS PERSONAS  en igualdad de
condiciones".
El actor reconoce
que si "bien es cierto que hay unos delitos más graves que otros, y que
por lo tanto son objeto de más severas condenas, también es cierto que la
persona humana es una, con mayores o menores cualidades o defectos, con
virtudes o pasiones diversas, etc., y que es para esa PERSONA que la
Constitución Nacional creó la IGUALDAD ANTE LA LEY".
En segundo lugar,
considera el demandante que la norma citada viola el derecho fundamental al
debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta. Desde su punto de
vista, la norma demandada  reemplaza el "juicio público", por una
"seudo comedia" a la que se someten los sindicados. En la dinámica de
este proceso especial, señala el actor, " todo el proceso es reservado. A
la defensa se le ocultan las pruebas inclusive para alegar de conclusión".
Observa que las consecuencias no sólo se revelan en cuanto al carácter
reservado del proceso en sí, sino  que van más allá, pues, "como no hay
audiencia pública, el sindicado no tiene la oportunidad ni el derecho de
nombrar un vocero. La defensa se ve obligada a presentar unos alegatos de
conclusión en los que no  puede controvertir los cargos contenidos en los
alegatos de conclusión que presente la Fiscalía  como un sujeto procesal, o el
Ministerio Público, porque estos alegatos, los de la Fiscalía,  la parte civil
y el ministerio público, son presentados momentos antes de vencerse los
términos respectivos para que la defensa no tenga oportunidad de
refutarlos".
Concluye su escrito
el demandante, abordando el tema de la seguridad de los funcionarios judiciales,
razón por la cual ha sido creada la justicia regional. A su juicio, el precio
que se paga actualmente por la seguridad de los jueces, es muy alto en términos
de garantías y de libertades. Agrega, finalmente que, "en mi modesto
concepto, puede celebrarse un JUICIO PUBLICO  guardando la identidad del juez,
sin necesidad  de violar los derechos fundamentales de los sindicados. El
juicio público no impide el uso racional de la CAPUCHA ni que se tomen
todas y cada uno de las medidas que garantizan la seguridad de funcionarios y
testigos".
IV. INTERVENCION DE AUTORIDADES PUBLICAS
Intervención del
Ministerio de Justicia y del Derecho
El ciudadano Alvaro
Namén Vargas, obrando en representación del Ministerio de Justicia y del
Derecho, interviene en el proceso para defender la constitucionalidad de la
norma impugnada.
El interviniente
sustenta su argumentación con base en citas reiteradas de pronunciamientos
previos de la Corte Constitucional. Afronta los dos cargos efectuados por el
demandante en relación con la norma impugnada. Al respecto considera que el
actor no "tuvo en cuenta algunas razones que permiten verificar la
concordancia de las normas acusadas con la Constitución Política, además de
algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el problema que nos
ocupa y que han determinado que las normas impugnadas en el libelo que se
estudia, fueron expedidas de acuerdo a derecho y a los preceptos
constitucionales, lo cual valida su existencia dentro del ordenamiento jurídico
colombiano".
De esta manera,  en
relación con el cargo formulado en la demanda en contra de la norma por
desconocer ésta la igualdad, considera, remitiéndose a  la sentencia Nº
C-053/93, que aquella no se ve  lesionada. Al respecto, cita la providencia en
el siguiente  aparte que, sobre la igualdad expresa: "ésta,  entendida
como el trato que no discrimina entre quienes se hallan en las mismas
circunstancias, permanece incólume al permitir el mismo juzgamiento para todas
las personas que están sometidas a la competencia de los jueces regionales. Mal
podría establecerse un procedimiento único para todas las jurisdicciones y en
todos los procesos; por ello la legislación contempla diversos tipos de juicios
y ha consagrado respecto de cada uno determinadas ritualidades y ciertas reglas
que los caracterizan y distinguen. Eso sí, cada cual debe aplicarse, sin
preferencia ni tratos peyorativos, a todos aquellos que están bajo la
correspondiente órbita procesal en igualdad de condiciones; lo contrario sería
violar en forma ostensible los principios constitucionales".
De igual manera,
trae a cuento la sentencia No. C-301/93, con el propósito de desvirtuar los
argumentos del demandante según los cuales la reserva de identidad de los
funcionarios en la justicia regional, desconoce  el debido proceso. Cita la
providencia en el siguiente aparte:  "no pugna con la Constitución adoptar
un régimen especial aplicable a cierto tipo de delitos,  si el tratamiento
diferenciado se justifica en razón de factores objetivos que lo hagan necesario
y no entrañe una suerte de discriminación proscrita por la Constitución.  Como
la Corte lo ha reconocido en varias sentencias, este es precisamente el caso de
los delitos asociados con el terrorismo y el  narcotráfico".
Por su parte,
también en relación con la reserva de identidad,  considera el interviniente
que la Corte Constitucional ha sido clara.  Cita, para fundamentar su
argumentación, la sentencia Nº C-090/93 de esta Corporación, en la cual se
establece  que "bien puede el legislador suprimir esta etapa física que es
de debate y de confrontación dialéctica sobre el material probatorio y sobre la
interpretación de la ley, sin dejar de asegurar, claro está, el derecho
constitucional fundamental a la defensa y a la contradicción, y sin olvidar ni
desconocer los presupuestos constitucionales del debido proceso penal, como son
la presunción  de inocencia y el derecho a ser oído y vencido en juicio".
Culmina su
intervención el ciudadano, citando otra providencia de esta Corporación. Dice
la cita escogida de la sentencia Nº C-037/96, que "esta Corporación  ya se
ha referido en diversas oportunidades al tema y ha establecido con pleno
fundamento que este tipo de justicia se ajusta a los preceptos contenidos en la
Carta Política".
V. INTERVENCION CIUDADANA
El ciudadano Alfonso
Mora León interviene en el caso en estudio con el propósito de avalar el
cuestionamiento de inexequibilidad de la norma impugnada. A su juicio y de
igual manera que lo hace el demandante, la norma en cuestión viola los preceptos
constitucionales sobre igualdad y debido proceso.
En relación con el
primer caso, la norma introduce, según su criterio, una  "discriminación
inconstitucional", pues al establecer procesados juzgados por la justicia
ordinaria y otros por la justicia regional,  discrimina, sin ningún asiento en
la Carta, ya que ésta "en ninguna parte establece esta clase de
desigualdades ante la ley, para que el legislador las imponga". A su modo
de ver,  "lo que establece la Ley de Leyes son  FUEROS pero no desigualdades,
asunto muy distinto".
Respecto del
artículo 29 sobre el debido proceso y en relación con el cargo que se formula a
la norma impugnada, anota el  ciudadano interviniente que dicha norma subsumió
"toda la ritualidad del  debido proceso" contenida en el estatuto
procesal penal desde los artículos 444 hasta el 456, "ya que ni hay
traslado para la preparación de la audiencia (art. 446) ni mucho menos
AUDIENCIA PUBLICA y el juicio se reduce a la presentación de escritos que
limitan al máximo el derecho de defensa".
A su juicio,
respecto del problema de la seguridad de los funcionarios,  "el legislador
puede hacer uso de otros mecanismos que bien aplicados tienen los mismos
efectos sin menoscabar los derechos fundamentales, ni las garantías
constitucionales de las personas como está ocurriendo".  Expone, en su
escrito, la idea según la cual, "si las pruebas recepcionadas en la etapa
del juicio son realizadas por funcionarios judiciales comisionados al efecto y
que con base en esas diligencias, el juez regional profiere su sentencia",
entonces, "¿por qué razón no se puede también realizar la AUDIENCIA
PUBLICA  en los procesos de la justicia regional, comisionando para esto un
juez del circuito que la realice con la plenitud de todas las formas propias
del proceso, y con base en las actuaciones y resultados de esa audiencia
pública, el señor juez regional dicte o profiera su sentencia sin que se tengan
que violar los artículos 13 y 29 de la Constitución Nacional?".
Por su parte, los
ciudadanos Manuel Barreto y Carlos Rodríguez Mejía, intervienen a nombre de la
"Comisión Colombiana de Juristas", con el propósito de solicitar la
inconstitucionalidad de la norma impugnada .
En relación con el
primer aspecto que se discute en la demanda, los intervinientes consideran que
"el artículo 13 de la Constitución reconoce el derecho a la igualdad, del
que hace parte el derecho a la igualdad ante la ley. De acuerdo con éste, el
legislador ha de dar iguales consecuencias jurídicas a iguales condiciones de
hecho. Por ello todas las personas que se encuentren en iguales circunstancias
jurídicas han de regirse por normas que no establezcan discriminación alguna
entre ellas". Aceptan los intervinientes y trayendo a consideración doctrina
constitucional reiterada, que el principio ligado a la igualdad no es absoluto
en tanto no supone un "régimen de igualitarismo jurídico", sino que
"admite que se establezcan regulaciones distintas siempre que, entre otros
requisitos, exista proporcionalidad o una adecuada relación entre los fines que
busca la norma y los medios para ello". Sin embargo, encuentran los
intervinientes, que este supuesto no se da en relación con la norma impugnada,
pues pese a que "la supresión de la audiencia pública durante la etapa de
juicio, parece tener como fin asegurar la integridad del juez y de los
testigos, para lograr tal finalidad, no es necesario que se acuda al sacrificio
del debido proceso". Por ello, según los intervinientes, no existe
proporcionalidad entre el fin buscado por el legislador, y las consecuencias
que sobre la comunidad jurídica se generan  en virtud de  los medios utilizados
para tal fin.
Se considera en la
intervención, que "el legislador tiene una amplia capacidad de maniobra al
definir los trámites que han de seguirse en la sustanciación de las distintas
controversias que se dirimen en las instancias judiciales. No obstante esta
facultad no es completamente discrecional, pues se encuentra limitada por las
normas constitucionales pertinentes, entre ellas las que prescriben el respeto
y la garantía de los derechos humanos".
A juicio de los
intervinientes, el legislador ha excedido su discrecionalidad, pues la norma
impugnada, introduce una modificación radical que supone la inexistencia del
"juicio público". Respecto de éste, se citan normas de carácter
internacional, en las cuales de manera muy excepcional se puede afectar la
publicidad del proceso, como es el caso de lo establecido en el aparte primero
del artículo 14 del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En
efecto, consideran los intervinientes, que la excepción a la publicidad del
proceso que permite el artículo, no cobija el procedimiento especial
establecido por la norma demandada. Concluyen así al respecto que, a su juicio,
el artículo 457 en cuestión viola los Pactos Internacionales, "al mismo
tiempo que resulta afectado el derecho a conocer y controvertir en actuaciones
públicas las pruebas que se alleguen en contra del acusado, todo ello en
desmedro del derecho de defensa". A su juicio, la diferenciación
introducida por la norma  resulta menos razonable hoy,  "si se tiene en
cuenta que es esta la normatividad que rige en épocas de normalidad
constitucional. En estas circunstancias esta limitación a un juicio imparcial
resulta injustificable, pues según la doctrina internacional, ella sólo podría
resultar  admisible y en grado muy limitado durante los estados de excepción,
aunque se trabaja en estos momentos para lograr que ello no sea posible ni
siquiera en épocas de emergencia".
El escrito ahonda en
el problema específico de la controversia probatoria. Señala que el numeral 3
del artículo 457 demandado, restringe gravemente el derecho de defensa,
"pues dicho precepto permite que con frecuencia tanto el Fiscal como el
agente del Ministerio Público presenten sus alegatos poco antes del momento de
expiración del  término previsto para tal fin, forzando al defensor a presentar
los suyos sin tener conocimiento de la formulación final de los cargos y del
análisis final  de su sustento probatorio". Agregan, que "ello no
ocurre en el procedimiento ordinario pues tanto las pruebas como los cargos,
pueden ser objeto de controversia durante el desarrollo de la audiencia
pública".
Consideran los
intervinientes, que en la etapa del juicio es donde mayor garantía debe tener
la defensa, pues se presenta de hecho una gran restricción de la misma en la
etapa de investigación dentro de la justicia regional. Conciben que la garantía
de la publicidad no afecta en la etapa de juicio los intereses del proceso.
Para tal efecto, citan la sentencia Nº C-138/96, de esta Corporación. El aparte
citado es el siguiente:  "la publicidad, por lo tanto,  sólo puede tener
cabida en la etapa del juicio en la cual no corre el riesgo de socavar la
investigación que ha concluido, ni de afectar de manera grave el respeto y la
dignidad del reo, pues sólo con suficientes elementos probatorios puede haberse
formulado la imputación por la comisión de un delito, la que en todo caso no
tiene la naturaleza de condena y por sí misma no desvirtúa la presunción de
inocencia".
Al respecto se cita
además el "Proyecto de conjunto de principios sobre el derecho a un juicio
imparcial", elaborado por Naciones Unidas, en el cual se establece que en
una causa adelantada equitativamente, "se exige que una persona tenga
derecho a que sus derechos y obligaciones sean afectados sólo por decisiones
basada exclusivamente en las pruebas conocidas por las partes en actuaciones
públicas".
Concluyen los
intervinientes, citando el segundo informe, de 1994, sobre la situación de
derechos humanos en Colombia, emitido por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en relación con la justicia secreta. El aparte citado del
documento es el siguiente: "La existencia de jueces  'sin rostro'  y de
procedimientos secretos para la presentación y deposición de testigos,
ofrecimientos y actuación de pruebas y pericias, contradice los postulados de
la Convención Americana. En Colombia debe superarse cualquier modalidad de
justicia secreta para favorecer en general el fortalecimiento de la
administración de justicia y en particular, de las garantías
fundamentales".
VI. EL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION
La vista fiscal
considera que la norma demandada es exequible. En relación con la igualdad,
aclara el Procurador General de la Nación, que "el legislador está
facultado por la Constitución para definir los trámites procesales que han de
contemplarse en las distintas leyes procedimentales. De allí que existan
diversas clases de procesos previstos por la ley y que ello no resulte en
contravía con el ordenamiento superior". A manera de ejemplo, cita la
vista fiscal,  los juicios que deben adelantarse ante el Senado de la
República". Observa el Procurador General, que la discrecionalidad del
legislador se encuentra fundada "en razones objetivas que permiten
establecer circunstancias distintas y  especiales que justifican que el
procedimiento que debe aplicarse no sea el ordinario".
Tanto más clara se
hace la finalidad perseguida por la norma, sostiene el Procurador, cuando con
ella se pretende "la salvaguarda de la vida y la seguridad de los
funcionarios encargados de administrar justicia, dada la peligrosidad de los
sujetos activos que son objeto de esta jurisdicción especial".
Respecto del
procedimiento sustitutivo previsto en la norma demandada, sostiene el
Procurador que de su lectura, "así como de las normas que la preceden y
que contemplan los pasos procesales que han de darse antes de la presentación
de los alegatos de conclusión previstos en la misma, se observa que la práctica
de pruebas,  así como la oportunidad de controvertirlas están claramente
reguladas en la normatividad en estudio".
Finalmente y en
relación con los  pronunciamientos previos del juez constitucional aceptando
figuras propias de la justicia regional, el Procurador General concibe que
dichos pronunciamientos constituyen  una "manifestación de solidaridad que
el Estado debe dispensar a sus asociados, en particular a los servidores de la
Rama Jurisdiccional". Al mismo tiempo, que ello constituye, aclara la
vista fiscal, un loable "propósito de devolverle a la justicia la
operatividad y por ende la credibilidad que había perdido".
VII. FUNDAMENTO JURIDICO
Competencia y
admisibilidad de la norma impugnada.
La Corte es
competente para el estudio de la norma impugnada, conforme al artículo 10
transitorio de la Constitución Política, que dispone el control de esta
Corporación de los decretos que expida el Gobierno en virtud de las facultades
otorgadas por el artículo 5º transitorio.
El asunto bajo
revisión.
1. Lo primero que
la  Corte debe entrar a resolver es,  si en razón a que esta misma Corporación
se ha pronunciado en relación con el tema general de la Justicia Regional y en
relación con distintas figuras que la componen, se produce, respecto de la
norma específicamente  demandada en  este caso, el fenómeno de la cosa
juzgada,  bien sea esta formal o material.
De la cosa
juzgada constitucional en sentido material.
2. En razón a lo
anterior, es importante establecer las siguientes distinciones respecto de la
figura de la cosa juzgada.
En primer lugar, la
noción de Cosa Juzgada formal. De la manera más genérica, entiende esta
Corporación que tiene lugar la figura de la cosa juzgada formal, cuando existe
una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que
es llevada posteriormente a su estudio. Supone la vinculación jurídica que
surge para el juez constitucional en relación con el precepto en sí mismo
formalmente considerado.
En segundo lugar, la
noción de Cosa juzgada material. Se presenta este fenómeno cuando no se
trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente
igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El
fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma
jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del
asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de
un precepto, de acuerdo con el  artículo 243 de la Carta Política. Por su
parte, en el marco de la discusión sobre la reforma constitucional, esta figura
jurídica fue explicada de la siguiente manera por el constituyente José María
Velasco Guerrero:
"los fallos
que el plenario de la Corte emite en ejercicio del control jurisdiccional,
producen efectos universales, "erga omnes" y hacen tránsito a la
(sic) juzgada constitucional. Por ello el gobierno ni el congreso pueden
reproducir el contenido material jurídico del acto declarado inexequible en el
fondo, mientras subsistan en la Carta las mismas normas que sirvieron para
confrontar la norma ordinaria en el texto superior. Si así no fuere, la Corte,
por virtud de los imperativos universales que emanan de sus fallos de
inexequibilidad, se convertiría en una pequeña asamblea nacional constituyente,
en función permanente.[1]
Del cambio de
perspectiva en relación con el concepto de cosa juzgada constitucional.
3. Con la redacción
del artículo 24 se supera la teoría prohijada por la Corte Suprema de Justicia,
que no aceptaba la noción de cosa juzgada material. En efecto, durante la
vigencia de la anterior Constitución, cuando no se encontraba regulada
normativamente esta figura,  el guardián de la misma concebía, por vía de
doctrina constitucional, y tomando como base el ordenamiento procesal civil,
que la cosa juzgada constitucional operaba cuando se trataba de la revisión del
mismo precepto demandado, y no se extendía por ello a "otro precepto de
igual contenido normativo".[2]
Providencia ésta que reiteraba tesis expuesta con anterioridad por aquella
misma Corporación. Así, en una cita que merece ser leída en toda su extensión
para comprender el cambio de perspectiva frente al tema que ocupa a esta
Corporación,  dijo la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:
"Pero en el
proceso constitucional dicho instituto no está rigurosamente asentado en la
triple identidad que lo caracteriza en el proceso civil ya que la índole propia
que lo distingue de los demás procesos establece matices o modalidades a dichos
ingredientes, o los excluye como presupuestos de dicha institución.
Con respecto a la
IDENTIDAD DE PARTES, requisito fundamental de la cosa juzgada en el proceso
civil, en el constitucional no se da pues en él no se presenta enfrentamiento
entre litigantes con intereses contrapuestos, y ni siquiera el Estado autor de
la norma general que se acusa, asume esta posición por conducto del Procurador
General de la Nación ya que la intervención de éste en dicho proceso, se impone
en guarda y prevalencia del ordenamiento constitucional.
(...) Cuanto a la
identidad de la causa petendi (aedemen causa petendi) debe tenerse en cuenta
que el Juez de la constitucionalidad no está limitado a examinar la norma
acusada sólo a través de los motivos que haya aducido el demandante, ya que la
Corte debe confrontar el acto acusado con la norma fundamental no sólo por las
razones que presente el actor, sino a la luz de todos los textos
constitucionales y por todas las posibles causas de inconstitucionalidad que
existan, a fin de que la decisión final produzca efectos absolutos y erga omnes
respecto de los textos acusados.
Esto quiere decir
entonces que siempre habrá ´identidad´ de causa petendi cuando la nueva acción
tome apoyo en motivos o causales que no fueron alegadas en el primer proceso.
Finalmente para
la existencia de la cosa juzgada es necesario que el objeto del nuevo proceso
sea idéntico al del proceso en que la sentencia que la genera fue dictada
(eadem res).
En este punto es
donde los impugnantes de la demanda consideran que no es menester que se
presente una identidad en los textos mismos de las disposiciones legales que
fueron materia de la sentencia originaria, para que se configure la excepción
anotada ya que según sus palabras ´en público, el principio jurídico de la cosa
juzgada se refiere al contenido normativo de un precepto legal, no al precepto
en si mismo formalmente considerado´.
Estima por el
contrario la Corte que no se puede prescindir en el proceso constitucional de
la identidad del precepto como ingrediente de la excepción de cosa juzgada y
limitar este requisito al sólo contenido normativo de la nueva disposición que
es materia de impugnación constitucional. Lejos de ampliarse en esta forma el
campo de control de constitucionalidad y lograrse la absoluta eficacia del
pronunciamiento judicial que hace la Corte, se elimina una de las pocas
posibilidades que tiene el juez constitucional para revisar los fundamentos de
la primera decisión enmendando los errores cometidos, y mantener una línea
doctrinal actualizada permanentemente.
Lo anterior se
logra precisamente cuando en el nuevo proceso se impugna no el texto literal de
la norma que fue objeto de la anterior decisión, sino otro precepto de igual
contenido normativo, y se le abre así a la Corte la posibilidad de reexaminar
el criterio jurisprudencial precedente o matizarlo y afrontar la evolución
doctrinaria sin que la seguridad jurídica se afecte ni los atributos de
definitividad, inmutabilidad, intangibilidad e indiscutibilidad que resumen los
efectos de la cosa juzgada tanto material como formal de la primera decisión,
resulten comprometidos o excepcionados con el nuevo pronunciamiento.
(...) Si como lo
tiene resuelto la doctrina el objeto del proceso es la pretensión, es menester
entonces que las dos pretensiones sean idénticas y para que así ocurra debe
existir identidad en el petitum y en la causa petendi"[3].
4. Así entonces, la
Corte Constitucional, a partir del artículo 243,  ha elaborado  una nueva
doctrina acerca de la cosa juzgada en sentido material. De esta forma,  en la
sentencia No. C-301 de 1993,  dijo la Corte  al respecto:
"4. La
Constitución firmemente repele los actos de las autoridades que reproduzcan el
contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para
hacer la confrontación entre la norma ordinaria y aquélla (C.P. art.
243)."
Pero también las
decisiones de la Corte sobre exequibilidad, se hallan cobijadas por el fenómeno
de la cosa juzgada material. Así lo estableció esta Corporación en la misma
sentencia precitada que, en relación con los efectos de la cosa juzgada, aclaró
que ésta se "predica tanto de los fallos de inexequibilidad como de los de
exequibilidad (C.P. art. 243, inc 1º), vincula a todas las autoridades -
incluida la misma Corte Constitucional - y se extiende, por igual, al
continente de la norma como a su contenido material - precepto o proposición
jurídica en sí misma considerada." Profundiza la misma providencia en el
carácter y alcances de los contenidos materiales de las normas objeto de
estudio constitucional. Dice así en efecto la Corte:
"Sólo
olvidando los presupuestos sobre los cuales se asienta la cosa juzgada y
cayendo en el absurdo cabe sostener que la reproducción material del acto
jurídico declarado exequible no está cobijado por la cosa juzgada y podría ser
declarado inexequible, de instaurarse una nueva demanda. En este último caso,
el contenido material del acto jurídico declarado inexequible no podría en el
futuro ser reproducido. En este escenario hipotético sólo los fallos de
inexequibilidad serían definitivos. Esta conclusión contradice abiertamente la
Constitución que otorga a todas las sentencias de la Corte Constitucional el
valor de la cosa juzgada: ´Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada´ (C.P art. 243). Los
juicios que pronuncia la Corte tienen valor y fuerza porque la Corte los
pronuncia y no porque sean positivos o negativos. No puede, pues, pensarse que
las sentencias de inexequibilidad tengan mayor fuerza y sean más definitivas
que las sentencias de exequibilidad. Ambas despliegan idéntica eficacia, son
igualmente definitivas y comprenden tanto la fuente como el contenido material
del acto."
Ha sido pues clara
esta Corporación en que tanto sus decisiones sobre inexequibilidad, como
aquellas sobre exequibilidad, están cobijadas por la cosa juzgada; en que,
cuando se trata de normas con contenidos idénticos, así  sus textos literales
normativos difieran entre sí, y cuando respecto de una de ellas existe una
decisión previa del juez constitucional, obra en relación con los contenidos
que le son propios y respecto de la otra,  el fenómeno de la cosa juzgada en
sentido material.
De la norma que
constituye el caso concreto en estudio.
5. De acuerdo con el
análisis anterior, se pregunta entonces esta Corporación: ¿ En el caso concreto
en estudio, la norma demandada es una norma respecto de la cual existe una
decisión previa de la Corte? ¿Se trata de una norma formalmente igual a otra
norma previamente estudiada por la Corte o, no siéndolo, es idéntica en sus
contenidos? ¿Si existe decisión previa, ha tenido lugar entonces la figura de
la cosa juzgada material?.
En sentencia No.
C-093/93, la Corte asumió el estudio de múltiples normas originadas en decretos
dictados en virtud del antiguo estado de sitio y que fueron convertidas en
legislación permanente por el Ejecutivo, de acuerdo a las facultades que le
fueron otorgadas a éste por el artículo 8° transitorio de la Carta Política.
En aquel
pronunciamiento, se declaró exequible, entre otras normas, el Parágrafo del
artículo 13 del decreto 2790 de 1990, modificado por el artículo 1° del decreto
390 de 1991, que fue a su vez adoptado como legislación permanente por el
artículo 5° del decreto 2271 de 1991.
Dice textualmente el
parágrafo enunciado: "En los procesos de competencia de los Jueces de Orden
Público, no habrá audiencia pública en ningún caso".  Respecto de este
texto normativo, en concreto, dijo la Corte en su momento:
"La segunda
parte de este artículo que aparece en su parágrafo contiene una regla
procedimental especial, según la cual en este tipo de procesos no habrá lugar a
audiencia pública; en este sentido la Corte estima que no obstante que la
audiencia pública en materia de juzgamiento de las conductas punibles haya sido
una práctica legal y judicial de suma importancia para el debate sobre la
responsabilidad de las personas procesadas, no es en verdad un instituto de
rango constitucional que obligue a su consagración para todos los tipos de
procesos; por el contrario, se trata de una etapa procedimental que en algunos
eventos puede contribuir al mejor ejercicio de las labores de defensa y de
controversia de las acusaciones y de las pruebas, lo mismo que de la
fundamentación de la resolución acusatoria que califique los hechos y la
conducta, lo cual no significa que sea necesario y obligatorio en todos los
casos su realización dentro de los mandatos constitucionales.
Es cierto que la
audiencia pública permite al juez oír y presenciar en igualdad de condiciones
las argumentaciones formuladas tanto por los sujetos procesales y le garantiza
a éste una relación de inmediatez con las versiones orales de los llamados a
participar en el debate judicial. Empero, éste no es un presupuesto absoluto e
indisponible para el legislador, el que, dentro de la política criminal y
previendo los instrumentos procedimentales que correspondan para señalar el
cabal ejercicio de la función judicial y de el fin constitucional y legal de
administrar justicia, puede establecerla o no.
Desde otro punto
de vista y por razones de coherencia y sistematicidad de la legislación
especial a la que pertenece la norma acusada, nada más procedente que no
consagrarla como un instrumento más dentro de las actuaciones que correspondan,
ya que, de lo que se trata entre otras cosas, es de asegurar la identidad del
juez y precaver que en el ejercicio de su función no sea sujeto de amenazas e
intimidaciones, las que pueden presentarse aún antes, dentro y después de
verificada dicha actuación. El ideal de una justicia civilizada en los tiempos
que corren en el mundo contemporáneo es el de asegurarle al juez plena
autonomía e independencia, acompasada con un haz de herramientas idóneas que le
permitan ejercer su función para que la justicia sea expresión objetiva de
acierto dentro de los cometidos de la Constitución y de la ley; por tanto,
existiendo razones como las que actualmente existen, bien puede el legislador
suprimir esta etapa física que es de  debate y de confrontación dialéctica
sobre el material probatorio y sobre la interpretación de la ley, sin dejar de
asegurar, claro está, el derecho constitucional fundamental a la defensa y a la
contradicción y sin olvidar ni desconocer los presupuestos constitucionales del
debido proceso penal como son la presunción de inocencia y el derecho de ser
oído y vencido en juicio.
En este sentido
encuentra la Corte que en la legislación especial que regula los procedimientos
aplicables para los delitos de competencia de los jueces y fiscales regionales,
dichas garantías están aseguradas al permitirse la contradicción y los alegatos
por escrito de las partes procesales; igualmente está garantizado el derecho a
pedir pruebas en todo momento y a controvertirlas en la etapa del juicio, así
como el de la posibilidad de plantear nulidades y obtener su resolución, al
igual que el derecho a que el superior revise la actuación surtida sea por
consulta o en ejercicio de los recursos correspondientes. Así pues, el
parágrafo del artículo 13 que se acusa será declarado exequible".
6. De otra parte, el
parágrafo declarado exequible, fue adoptado como legislación permanente por el
decreto 2271 de 1991. Es decir, no se trata  de una norma de excepción.
Respecto de normas dictadas bajo los Estados de Excepción, la Corte también ha
sido clara: de ellas no se predica el fenómeno de la cosa juzgada. Es decir, la
decisión del juez constitucional, cuando adelanta un juicio de
constitucionalidad de una norma dictada en virtud de los estados de excepción,
se restringe a los presupuestos fácticos y a los contenidos de esa norma
adoptada en ese momento preciso, como una norma de carácter excepcional. En
efecto, así lo ha establecido la Corte, en la misma sentencia C-301/93
precitada:
"... Sin
embargo, fuera del estado de excepción, la misma norma como mandato permanente
incorporado a la legislación ordinaria, puede encontrarse inconstitucional ya
sea por falta de competencia en el órgano del que emana ora por entrañar una
reducción de los derechos fundamentales incompatible y carente de razonabilidad
en un estado de normalidad y como estatuto con vocación de gobernar el
discurrir cotidiano de la vida civil. La Constitución traza una nítida linea
divisoria entre la normalidad y la anormalidad institucional, que se
desvanecería si todas o la mayoría de las reglas de la segunda, temporales y
eminentemente excepcionales, pudieran - bajo la égida de la ley - hacer su
tránsito a la primera, convirtiéndose en permanentes y generales. Por
ministerio de la ley, el campo de los estados de excepción, desplazaría el de
la  normalidad. La Constitución no autoriza esta suerte de laxas migraciones
normativas. Las sentencias de exequibilidad de los decretos dictados bajo los
estados de excepción, no se ocupan de anticipar la exequibilidad de sus
preceptos en la hipótesis de que sean luego incorporados como legislación
permanente. Se trata en este caso de una circunstancia futura e incierta, ajena
a la materia examinada y al ejercicio de confrontación efectuado por la Corte
cuyo único referente en esa oportunidad es el estado de excepción. A ese
aspecto, no considerado en la sentencia de exequibilidad, no puede, en
consecuencia, extenderse el imperio de la cosa juzgada".
7. Ahora bien, en
relación con el caso específico del artículo 457 del Código de Procedimiento Penal
en esta oportunidad demandado, aclara esta Corporación, que si bien es cierto
que éste no hace alusión expresa a la institución procesal de la audiencia
pública, ello es precisamente porque establece un trámite sustitutivo de la
misma; es decir, su consecuencia en la práctica, es que excluye aquella
institución procesal en el marco de la justicia regional. En ese sentido, el
contenido normativo de la norma inicialmente estudiada, en cuanto expresamente
consigna que no habrá audiencia pública en los procesos de competencia de los
Jueces de Orden Público- hoy  jueces regionales - es el mismo de la norma
demandada en el caso en estudio, por cuanto ésta, como se advierte, excluye de
hecho la institución procesal de la audiencia pública en la justicia regional.
8. La noción de cosa
juzgada material que motiva la presente demanda, hay que comprenderla no
solamente en relación con la parte resolutiva de la sentencia C-093/93, sino
también en relación con aquellos conceptos de la parte motiva que guardan una unidad
de sentido con el dispositivo de la sentencia; en el presente caso, el concepto
central de la sentencia C-093/93, sin el cual no se entendería la declaratoria
de exequibilidad, es que la ausencia de audiencia pública no constituye una
violación al debido proceso.
La remisión a los
considerandos de un fallo, en circunstancias rigurosas e imprescindibles,
constituye la llamada cosa juzgada implícita explicada en las sentencias
C-113/93 y C-037/96, de la Corte Constitucional, con antecedentes que se remontan
a la Corte Suprema de Justicia cuando estableció en providencia del 20 de
octubre de 1916, que aquellas partes de los considerandos que constituyen
"el alma y nervio de la sentencia" conforman un todo con la parte
dispositiva.
Actualmente, la
Corte Constitucional sostiene en  Sentencia Nº C-037/96, lo siguiente:
"En cuanto a
la parte motiva, como lo establece la norma, ésta constituye criterio auxiliar
para la actividad  judicial y para la aplicación de las normas de derecho en
general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta
parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte
resolutiva".  (Subrayado por fuera de texto).
Pues bien, fue
básico, tanto para la mayoría, como para quienes salvaron el voto en la
sentencia C-093/93, el criterio que se sostuvo por unos y se criticó por otros,
en cuanto que la inexistencia de la audiencia pública no implicaba
desconocimiento de las normas constitucionales. Este criterio fue el soporte
directo de la parte resolutiva, luego hizo tránsito a cosa juzgada en su
calidad de implícita.
Así entonces, y de
acuerdo a todo lo expuesto, no existiendo nuevos hechos que admitirían que no
se diera el fenómeno de la cosa juzgada, como es el caso de una tránsito de
normatividad constitucional por ejemplo, la Corte no entra a estudiar la norma
cuestionada en este caso, pues como se ha establecido, respecto de ella opera
el fenómeno de la cosa juzgada material.
DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, Sala Plena, oído el concepto del Procurador
General de la Nación, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Estarse a lo
resuelto de acuerdo con la sentencia No. C-093 de 1993, a través de  la cual se
declaró exequible el parágrafo del artículo 13 del decreto 2790 de 1990,
modificado por el artículo 1° del decreto 390 de 1991, adoptado como
legislación permanente por el artículo 5° del decreto 2271 de 1991.
Notifíquese,
Comuníquese, Cópiese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
Archívese el expediente.
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Presidente
-Con aclaración de voto-
JORGE ARANGO
MEJÍA                   ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ       JOSÉ GREGORIO
HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
Magistrado
-Con
aclaración de voto-        -Con salvamento y aclaración                                                                de
voto-
HERNANDO HERRERA
VERGARA         ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado                                                    Magistrado
-Con
aclaración de voto-
VLADIMIRO NARANJO
MESA                  FABIO MORON     DIAZ
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia C-427/96
AUDIENCIA PUBLICA
EN JUSTICIA REGIONAL-Necesidad/PROCEDIMIENTO
EN JUSTICIA REGIONAL-Restricción de derechos (Aclaración de voto)
La oportunidad
restrictiva prevista para el debate probatorio que trae el procedimiento
sustitutivo del artículo demandado,  no es comparable con la amplitud que para
dicho debate existe a instancia de la audiencia publica. Los períodos, como
oportunidades para solicitar y practicar pruebas, son  además muy restringidos
en un momento en el cual se tomará una decisión definitiva por parte del juez.
En la justicia ordinaria, la audiencia pública, como confluencia de elementos
de juicio allegados durante todo el proceso, representa una oportunidad para
subsanar errores procesales y situaciones de indefensión. En un procedimiento
restringido, como el que se analiza, ello se hace en extremo difícil. Siendo
especialmente problemático, en tanto éste tiene lugar en un contexto general de
restricción de garantías, como es el caso de la justicia regional. La
exclusión, en sí misma de la audiencia dentro del discurrir procesal
imposibilita, lógicamente, la inmediación del juez y el procesado. La justicia
penal particular que se estudia, radica en que ella se encuentra dirigida a
procesar sindicados de alta peligrosidad que presupone una especie de mensaje
anterior a toda investigación misma, acerca de la personalidad del acusado. Por
ello, la exposición de las condiciones subjetivas de dicha personalidad,
adquiere un significado de particular importancia en el marco global del
derecho de defensa.
PRINCIPIO DE
DIGNIDAD HUMANA-Capacidad
verbal del procesado (Aclaración de voto)
Encontrándose la
oralidad ligada al principio de culpabilidad y siendo rescatada ésta en el
horizonte de la dignidad, debe concluirse que aquel principio de la oralidad se
halla ligado igualmente a la dignidad de la persona humana. La audiencia
pública como expresión de la oralidad, no sólo constituye un elemento
integrante del debido proceso, sino que participa de la anterior deducción.
Así, la palabra es defensa; la palabra es dignidad. Restringirla, restringir la
opción verbal, el debate verbalizado; transformarlo en una instancia escrita
como lo hace escuetamente el artículo demandado, entraña el riesgo de prohijar
en la práctica el silencio..., el silencio escrito.
AUDIENCIA PUBLICA
EN DEBIDO PROCESO PENAL-Elemento
integrante para el sindicado (Aclaración de voto)
La audiencia es
un elemento integrante del debido proceso en materia penal, por cuanto ella se
encuentra íntimamente ligada a la publicidad del juicio, al principio de
contradicción, a la inmediación de la prueba y de todo el proceso; además de
constituir una posibilidad de control ciudadano al desarrollo transparente de
los procesos penales. Sin embargo, la audiencia  pública, en todos los
elementos que la componen, como es  el caso del  acceso a ella del público o de
los medios, no constituye parte integrante del núcleo esencial del debido
proceso: existen elementos que la estructuran que pueden ser eventualmente
restringidos. Exclusión que no se predica en relación con los procesados.
Respecto de ellos, los principios que se articulan en la audiencia pública y
que poseen un marco de referencia constitucional, se ligan al núcleo esencial
del debido proceso.   Es pues posible restringir algunos aspectos de la
publicidad del juicio, y por consiguiente limitar el alcance de la audiencia en
aquello que no afecte el núcleo esencial del debido proceso en relación con el
sindicado.
JUICIO DE
PROPORCIONALIDAD EN PROCEDIMIENTO DE JUSTICIA REGIONAL-Supresión de audiencia/AUDIENCIA
PUBLICA EN JUSTICIA REGIONAL-Inexistencia vulnera derechos (Aclaración de
voto)
La supresión de
la audiencia y su reemplazo por un trámite especial, es una medida adecuada
para proteger la seguridad de funcionarios judiciales y testigos, por cuanto
reduce los riesgos de ser descubierta su identidad reservada. Sin embargo, la
medida no es estrictamente necesaria, por cuanto existen instrumentos técnicos
alternativos que permiten la realización de la audiencia, sin afectar la
reserva de identidad en estos ámbitos. La audiencia pública, celebrada con
medios técnicos que la hagan plausible, no constituye una excepción; es también
una instancia procesal que puede ser ventilada a través de medios ideados para
ello. La medida es desproporcionada stricto sensu, pues afecta el contenido
esencial del debido proceso, por cuanto el trámite especial no se limita a
restringir la publicidad de la audiencia, sino que la suprime totalmente,
cuando los pactos internacionales de derechos y la Constitución únicamente
admiten limitaciones parciales al acceso del público y la prensa a los juicios.
Las dos finalidades intrínsecas a la audiencia, no pueden ser alcanzadas a
través del proceso sustitutivo establecido por el artículo demandado. Tanto en
aquello que concierne al régimen  probatorio, como en lo relacionado con el
acercamiento del juez a la personalidad del sindicado, el procedimiento
sustitutivo no alcanza a propiciar su logro. El escueto procedimiento
alternativo, apenas representa un modo de culminar la etapa de juzgamiento, sin
que a través suyo sea posible remediar fallas procesales anteriores. El
problema central de la discusión es el costo a nivel de garantías
constitucionales que representa la inexistencia de la audiencia pública en la
justicia regional.
Consideramos los
suscritos magistrados, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro
Martínez Caballero, dentro de los cuales se encuentra incluso quien es ponente
de la presente providencia, no obstante compartir la parte motiva y  resolutiva
de la misma, de gran importancia aclarar aspectos centrales en relación con el
tema del cual ella se ocupa: la audiencia pública en el proceso penal.
Teniendo en cuenta
la importancia que para la seguridad jurídica tiene la noción de cosa juzgada
constitucional, asumimos la decisión adoptada por esta Corporación. Sin
embargo, como decimos, la trascendencia del tema, su relevancia constitucional
y, el hecho mismo de existir salvamento de voto respecto de la sentencia previa
No. C-093/93 en función de la cual la Corte ha aplicado la teoría de la cosa
juzgada material, hacen preciso dejar nuestra constancia respecto de las implicaciones
negativas que genera la exclusión de la audiencia pública en el marco de la
justicia regional. Uno de los magistrados que firma esta aclaración, suscribió
también en su momento el salvamento de voto; de la misma forma, otro de sus
Magistrados que suscriben este documento hizo aclaración de voto a la sentencia
referida.
No compartimos la
posición de la Corte Constitucional en la sentencia No. 093/93, en la cual no
se juzga la figura de la audiencia pública como parte integrante del debido
proceso. En ella se descarta como parte constitutiva de aquel derecho
fundamental,  la audiencia pública en la totalidad de los elementos que la
componen. Es decir, no se acepta que alguno de sus elementos sí haga parte de
ese derecho fundamental al debido proceso.
A nuestro juicio
empero,  y como se explicará en la presente aclaración de voto, si bien existen
elementos de aquella institución procesal que pueden ser limitados, por el
contrario, aquellos que constituyen principios rectores del procedimiento penal,
que poseen un claro marco de referencia constitucional y que encuentran ese
marco también en los instrumentos internacionales -sobre todo en relación
concreta con el sindicado dentro de un proceso penal- sí constituyen parte
integrante del debido proceso y su restricción causa, por esa  razón, una
violación del mismo.
De allí el porqué de
esta aclaración. De la misma forma, nuestra posición se fundamenta en el análisis
y el sopesamiento de aquellas circunstancias que en su momento confluyeron para
que el legislador adoptara medidas concretas en beneficio de la seguridad de
los jueces y otros intervinientes en el proceso penal. Ello fue aceptado en ese
momento preciso; no obstante, y como se explicará, en tanto se afectan
principios fundamentales, y ello entraña costos negativos concretos para la
propia administración de justicia, consideramos que con los recursos técnicos
viables hoy,  y que son confirmados además por la experiencia, es posible
preservar la seguridad de los jueces y demás intervinientes en el proceso, sin
el desconocimiento del derecho de defensa y del debido  proceso. Si es posible
su protección, no aparece hoy del todo razonable la disposición normativa que
excluye la audiencia pública en la justicia regional.
Ahora bien, para
desarrollar coherentemente la presente aclaración, es necesario iniciar el
análisis de las implicaciones  -en su sentido más general -de aquellas
decisiones previas de la Corte Constitucional en relación con la justicia
regional.
1. Justicia
Regional y  Debido Proceso.
En  efecto, en
ocasiones anteriores, la  Corte ha estudiado figuras que componen  la justicia
regional y, sobre todo, ha evaluado el concepto mismo de este modelo de
justicia, que ha sido llamado  igualmente  "Justicia sin Rostro". Ha
sido claro y lo es hoy para nosotros,  la confluencia de graves circunstancias
de violencia que se han concretado en la intimidación de los jueces y, con
ellos, en la amenaza a otros funcionarios estatales que ejercen la función de
justicia penal. Sobre todo cuando dicha función actúa frente a delitos de
especial magnitud.  Bajo este supuesto, bajo el reconocimiento de aquellas
circunstancias especiales de violencia e intimidación que generaron en su
momento medidas específicas para proteger a los funcionarios judiciales y, con
ellos, a otros intervinientes en el proceso penal, la Corte Constitucional ha
reconocido el sentido que subyace y alimenta este modelo de justicia especial.
En un
pronunciamiento central que hizo la Corte al respecto, declaró exequibles los
artículos 158 y 293 del Decreto 2700 de 1991, normas que  restringen la
identidad de jueces y testigos[4].
La constitucionalidad
de la reserva de la identidad de jueces ha sido aceptada igualmente en fallos
posteriores. Es el caso de la sentencia No. C-150/93 que declaró exequibles
varios artículos del Código de Procedimiento Penal que regulan esta materia. De
la misma forma, en la sentencia C-093/93, se aceptó la reserva de identidad de
jueces y de fiscales igualmente, y la imposibilidad para estos funcionarios de
ser recusados. Todo ello, como se ha expuesto, dentro del sentido general de la
justicia regional. Así lo sintetiza la providencia No C-150/93:
"Se trata de
expresiones normativas fundadas en la idea de rodear de garantías y seguridades
a los jueces, funcionarios y empleados de la Rama Judicial del poder público,
para ser efectivas sus decisiones, con miras a la necesidad de fortalecer la
acción de los organismos judiciales en las labores de investigación, acusación
y juzgamiento, en un ámbito especial de las modalidades criminales
contemporáneas, en la que están de por medio grandes poderes de organización y
financiación, que denotan propósitos conscientes de ataques sistemáticos a la
vida e integridad de los funcionarios judiciales y de sus familias, lo mismo
que a los testigos y colaboradores eficaces de la administración de justicia y
a los miembros de la fuerza pública, que colaboran en el ejercicio de las
funciones de policía judicial".
Sin embargo, desde
la primera providencia, la Corte ha establecido importantes limitaciones a las
figuras declaradas como exequibles. Esta Corporación ha sopesado la necesidad
de protección de jueces, fiscales y testigos, con el respeto efectivo del
debido proceso. En la parte motiva de las providencias, la Corte ha expuesto
como límite y restricción a las figuras aceptadas, el ejercicio verdadero del
derecho de defensa; ha hecho hincapié especialmente, siendo ello relevante para
el caso en estudio, en el principio de contradicción. No ha existido pues una
aceptación incondicional de la justicia regional: frente a ella, el núcleo
general del debido proceso ha constituido una preocupación, en tanto límite,
para el juez constitucional. En la misma providencia inmediatamente citada
C-150/93, una vez expuesta la necesidad de un replanteamiento de la función de
justicia para afrontar graves amenazas, señala la Corte, que no obstante, dicho
"replanteamiento presupone el celoso cuidado que exigen  los derechos
fundamentales de las personas".
De la misma forma,
sostiene esta Corporación por ejemplo, en relación con los testigos secretos,
que el desconocimiento de su identidad por parte del sindicado, no afecta
significativamente "su defensa mientras goce de todas las posibilidades de
controvertir las pruebas que se esgrimen en su contra y de hacer valer aquellas
que lo favorecen, en lo cual radica el núcleo esencial del derecho al debido
proceso en lo relativo al régimen probatorio"[5]
Así mismo, la Corte,
en fallo posterior, consideró que condenar a un procesado exclusivamente con
base en testigos secretos, es contrario a la Carta Política.  Rescatando con
ello, aun en procedimientos con grandes restricciones, el valor de los
principios de publicidad y del contradictorio. Señaló en su momento esta
Corporación:
"Admitir que
se pueda condenar con fundamento únicamente con testimonios de personas de
identidad reservada, sería desconocer la Constitución Política, cuyo artículo
29 reconoce el derecho fundamental de toda persona a un "debido
proceso", tanto en las actuaciones administrativas como judiciales.
Se vulneraría el debido proceso, toda vez que, se desconocería el derecho de
toda persona a controvertir las pruebas que se presenten en su contra, en
atención a que sin conocer al declarante que lo inculpa y consecuencialmente
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que percibió los hechos, no puede
contradecir la respectiva declaración"[6].
Así entonces, la
Corte Constitucional ha aceptado el sentido, la razón de fondo que subyace a la
Justicia regional, pero ha sopesado y evaluado siempre sus contenidos: la
manera cómo aquella justicia penal particular se concreta.
Ahora bien, para el
juez constitucional, no constituye ello tan sólo una posibilidad, sino que hace
parte del sentido mismo de su tarea, el revisar los contenidos de verdad -el
sustrato axiológico que les subyace- de los decretos excepcionales que crean
figuras sustantivas o que introducen estatutos procesales especiales paralelos
a los ordinarios. Dichos decretos constituyen, como se sabe, el origen de las
figuras que le dan contenido hoy a la justicia regional. Ese origen les otorga
de suyo a dichas figuras un carácter complejo que no lo deja de ser por el paso
del tiempo; al contrario, es el tiempo, en cuanto elemento inescindible de la
lógica de la excepción y de la emergencia; en cuanto presupuesto de valoración
del legislador excepcional de aquellas circunstancias que a su juicio exigen
las medidas excepcionales, es el tiempo justamente el que invita a una
evaluación seria y detenida de dichas medidas por parte del juez
constitucional: el sentido del tiempo al momento de la emergencia, no se
proyecta indefinidamente y sin examen. Ello equivaldría a establecer como
permanente y sin reflexión, aquello que se definió en su momento como
transitorio. Este es un punto central del tema en discusión; y lo es incluso en
relación concreta con la norma que excluye la audiencia pública en la justicia
regional, pues ella, hoy suscita serios interrogantes en relación con su
constitucionalidad, luego de un período importante de vigencia. El tiempo ha
sido, por lo demás, consustancial a éste modelo de justicia especial: en razón
a ser reconocida desde el principio la problematicidad inherente a toda la
justicia regional -más aún en virtud del tránsito constitucional- se estableció
para la misma una vigencia temporal limitada.
Además de todo lo
anterior, no puede pasar inadvertido para el juez constitucional, el hecho de
tratarse de disposiciones a las cuales subyace un profundo caos normativo; caos
que, con independencia de ser hoy una gran mayoría de dichas normas legislación
permanente, en todo caso ellas se convierten  en  fuente de extrema inseguridad
jurídica. Es el caso concreto del precepto normativo que sirvió de base para la
configuración de la cosa juzgada material constitucional. Se trata de un
parágrafo de un artículo con múltiples numerales, todos ellos con muy complejas
reglas procedimentales de competencia. Todo el artículo se encuentra modificado
por un decreto de estado de sitio, que es a su vez modificado -con muy poco
tiempo de diferencia- por otro decreto de carácter excepcional. Finalmente,
esta sucesión de preceptos, es adoptada por un nuevo decreto que les otorga
carácter permanente.
Huelga aclarar la
extrema dificultad que subyace a la comunidad jurídica para reconocer
verdaderamente qué preceptos se aplican, cuáles se hallan en realidad vigentes,
cuáles modificaron a cuáles, qué norma se refiere a qué tipo de actor
especial.  Ello es un fenómeno que posee implicaciones directas sobre la
seguridad jurídica y representa un problema fundamental que aqueja en conjunto
a toda la justicia regional. Es ello de gran importancia en este escrito, pues
justamente es la necesidad de preservar la seguridad jurídica, el motivo
central  de nuestra aceptación de la sentencia respecto de la cual aclaramos
nuestro voto.
El escueto
pragmatismo en la adopción de figuras penales sustantivas y procedimentales por
parte del legislador de excepción, ha obedecido sin duda a la dinámica
dramática de la violencia,  y al surgimiento de modelos delincuenciales
extraordinariamente desestabilizadores. Sin embargo, el resultado final del
pragmatismo en el tiempo, es la ambigüedad, la superposición y confusión de
decretos, artículos,  numerales, parágrafos... entre sí.  Es un desconcierto
general  que además le resta capacidad operativa al sistema del derecho mismo y
que lo afecta, no sólo en el ámbito de la justicia regional especial, sino en
el marco general de toda la función de justicia penal.
Aclarado lo
anterior, es menester adelantar ahora un análisis detallado de lo qué es y
significa la audiencia pública en la legislación procesal penal y su
comparación, una vez se estudien los principios que a dicha institución le dan
sentido, con el trámite sustitutivo de la misma, previsto por el artículo 457
de la legislación procesal.
2. De la
institución procesal de la audiencia pública en el procedimiento penal
colombiano
El libro III de
nuestra legislación procesal penal abre la etapa de juicio. El artículo 444
dispone que,
"Con la
ejecutoria de la resolución de acusación, adquieren competencia los jueces
encargados del juzgamiento. A partir de este momento, el fiscal adquiere la
calidad de sujeto procesal y pierde la dirección de la investigación".
Inmediatamente, el
artículo 445 establece la presunción de inocencia. Esta se ha proyectado en el
tiempo y adquiere en este momento, ad portas de la sentencia definitiva, un
relieve especial: se asegura la inocencia del procesado hasta tanto ella no sea
desvirtuada por una decisión final. Seguidamente, el artículo 446 dispone la
preparación de la audiencia Pública.  Dice en efecto la norma:
"Al día
siguiente de recibido el proceso, previa constancia secretarial, el expediente
quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de treinta
días hábiles, para preparar la audiencia pública, solicitar las nulidades que
se hayan originado en la etapa de instrucción que no se hayan resuelto y las
pruebas que sean conducentes".
Luego, en el
artículo 447, se fija fecha para la audiencia, mientras que el artículo 448
prevé la práctica de pruebas que habrá de adelantarse dentro de la misma, salvo
casos excepcionales, por un período señalado. Establece la norma que en todo caso,
las pruebas deberán "ser solicitadas y practicadas antes de que finalice
la audiencia pública". En seguida,  el artículo 449 dispone la celebración
de la audiencia pública.
Como se observa,
todo el discurrir procesal desde el momento en que culmina la etapa de
investigación y se inicia la de juzgamiento, se halla encaminado hacia la
celebración de la audiencia pública.
Ella constituye un
verdadero "telos", un fin último de la etapa de juzgamiento. No es un
mero hecho procesal. La audiencia es el acto a través del cual la autoridad
judicial, en función del juzgamiento, oye a las partes y evalúa las pruebas. Se
trata de  un auténtico medio de comunicación entre las partes y el juez: representa
una ocasión procesal decisiva para adoptar pruebas e invocar las razones ante
esa autoridad judicial. De allí, el por qué sea lo público su esencia. La
publicidad le da sentido a la audiencia y, con aquella, la oralidad, la
exposición de razones orales  frente al juez... el ser oído el procesado por
aquel.  Ella representa además un marco general de confluencia de todos los
elementos que le han dado vida al proceso, que han sido relevantes en él. La
palabra Audiencia viene del latín audientia, que significa  el acto de
oír los soberanos u otras autoridades a las personas que exponen, reclaman o
solicitan alguna cosa.
Así lo establece el
artículo 449 del Código de Procedimiento Penal:
"Llegado el
día y la hora para la vista pública, se dará lectura a la resolución de
acusación y a las demás piezas del proceso que soliciten las partes o que el
juez considere necesarias.
Acto seguido, el
juez interrogará personalmente al sindicado acerca del hecho y sobre todo
aquello que conduzca a revelar su personalidad. Los sujetos procesales podrán
interrogar al sindicado, e inmediatamente se procederá a la práctica de las
pruebas, de lo cual se dejará constancia en acta, pudiendo utilizarse los
medios mecánicos autorizados en este código".
Así lo ha
reconocido, por su parte, la jurisprudencia penal. A propósito de la
intervención de las partes procesales dentro de audiencia, ha dicho en efecto
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia:
"El proceso,
como siempre se ha sostenido, es fundamentalmente dialéctico, porque en su
desarrollo siempre se hayan posiciones encontradas que imponen a las partes un
ejercicio intelectual de argumentos y contra argumentos y ejercer con la mayor
amplitud los derechos de contradicción y de interposición de recursos bien para
oponerse a las argumentaciones de las otras partes o para contraprobar lo que
estas hayan probado o para manifestar la discrepancia con las decisiones
judiciales.
La Sala entiende
que el derecho a la interpelación surge claro de las preceptivas constitucional
y legal que consagran el derecho a un debido proceso, en igualdad de
circunstancias para todas las partes, institucionalizando como un proceso
público, de partes, contradictorio, que tiene como finalidad fundamental hacer
realidad el derecho penal. Con ello se quiere afirmar que su objetivo es la
obtención de la justicia real, en el sentido de que en la medida de lo posible
la decisión del juez debe coincidir con la realidad de los hechos tal como
estos acontecieron".[7]
3. Audiencia
Pública y Debido Proceso.
Del artículo 449 se
derivan los siguientes principios consustanciales a la  institución procesal de
la audiencia pública:
1) Del
contradictorio. Este constituye un principio rector y guía de todo el
"desarrollo del proceso" (art.7 C.P.P). Representa el principio de
contradicción, la posibilidad del interrogatorio de las partes al procesado, la
idea de debate y discusión, la opción abierta de contestación para el
sindicado: en la audiencia pública  es siempre posible  la interpelación.
Un aspecto central
del proceso como búsqueda de la verdad es la duda permanente. La duda del juez
es inherente al propósito de verdad, surgiendo aquella del debate, del
principio de contradicción.  Ello se origina en el más claro sentido del
proceso como duelo institucionalizado. Sobre el principio de contradicción y
cómo en él subyace igualmente el principio de la oralidad; ha señalado la Corte
Constitucional en la providencia reseñada:
"la
investigación y el descubrimiento de la verdad suponen la puesta en tela de
juicio de los elementos fácticos y normativos que ingresen al proceso y, en
consecuencia, presuponen el debate y la confrontación entre las diferentes versiones
y partes (...) El principio de contradicción (C.P.P. art.7) es el fundamento de
la realización del principio de defensa (C.P.P. art. 1 inc. 1) y, éste a su
vez, es condición necesaria para la efectividad del debido proceso (C.P.P. art.
1)".[8]
De la misma forma,
en otra decisión también citada, en la cual se declaran exequibles figuras de
la justicia regional, la Corte preserva sin embargo y  en todo caso, el valor
del principio de contradicción -esta vez en la investigación previa-. Como se
anotó, la Corte consideró que la condena con fundamento exclusivo de personas
con identidad reservada, viola el debido proceso. Valga citar de nuevo la
providencia al respecto:
"Admitir que se pueda condenar con
fundamento únicamente con testimonios de personas de identidad reservada, sería
desconocer la Constitución Política, cuyo artículo 29 reconoce el derecho
fundamental de toda persona a un "debido proceso", tanto en
las actuaciones administrativas como judiciales.  Se vulneraría el debido
proceso, toda vez que, se desconocería el derecho de toda persona a
controvertir las pruebas que se presenten en su contra, en atención a que sin
conocer al declarante que lo inculpa y consecuencialmente las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que percibió los hechos, no puede contradecir la
respectiva declaración"[9].
2) Publicidad.
Es un principio de exigencia constitucional. El artículo 29 de la Carta
Política, al consagrar el debido proceso, establece que el sindicado tiene
derecho a "un juicio público y sin dilaciones injustificadas". La
norma constituye a su vez el fundamento constitucional del  primer principio
rector que informa todo la legislación procesal penal colombiana y que
garantiza en su forma más genérica, el debido proceso. Es un principio que se
liga inescindiblemente al principio del contradictorio,  y que le confiere
sentido al principio de la oralidad.
La Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia ha reconocido la confluencia de estos principios en
el marco general de la audiencia pública. A propósito del sentido general  de
la intervención de las partes dentro de ella, señala dicha  Corporación: "lo
esencial del derecho probatorio radica en la aducción de la prueba y la
publicidad y la contradicción de ésta".[10]
De otra parte, la
imbricación de principios rectores que encuentran en la Carta Política su marco
constitucional de referencia, informan todas las figuras procesales del
procedimiento penal y su transcurso en el tiempo. Así lo aclara el artículo 22
de la legislación procesal: "las normas rectoras son obligatorias y
prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas
como fundamento de interpretación".
3) Oralidad.
Constituye, como se ampliará en su momento,  la capacidad verbal del acusado y
con él de otros intervinientes en el proceso; supone el sentido general y
fundamental de la  discursividad en el marco del duelo procesal. La oralidad,
como elemento inmanente a la noción de  proceso penal, encuentra su  fundamento
y se deriva de él, en el principio de publicidad. Así lo consagra por lo demás,
la normatividad internacional. En efecto, como será estudiado, tanto en el
sistema europeo de protección de derechos humanos, como en el sistema
interamericano, confluyen estos dos principios de manera inescindible.
4) Inmediación.
Es un concepto más amplio de aquél de la inmediación de la prueba: la
inmediación de ésta se haya contenida por él. Es natural, que en un juicio en
el cual confluyen la contradicción, la publicidad y la oralidad,  se cumpla la
regla de la inmediación procesal. Es un principio del cual se derivan tres
consecuencias claras:
En primer lugar,
supone la presencia insustituible e indelegable del juez como supremo director
de la audiencia pública (art. 453 C.P.P.). Significa este principio el contacto
real y personal del juez con todos los elementos que serán relevantes para  la
decisión final.
En segundo lugar,
indica que abierto el juicio oral, en el plenario de la audiencia pública, ésta
se debe llevar a cabo hasta su conclusión.  Por esa razón la audiencia
constituye una etapa  procesal definitiva.
En tercer lugar,
siendo éste un aspecto esencial en el caso en estudio, el principio de la
inmediación procesal presupone el contacto, la intermediación, el acercamiento
real del juez con el sindicado. Así lo informa el artículo 449 del Código de
Procedimiento Penal, al prever que el juez interrogará al "sindicado
acerca del hecho y sobre todo aquello que conduzca a revelar su
personalidad".
Del análisis
anterior se deduce que teniendo los principios señalados como un marco de
referencia constitucional el artículo 29 que garantiza el debido proceso, ello
hace que la institución procesal de la audiencia pública pueda ser concebida a
su vez  como un elemento integrante del debido proceso mismo.
De otra parte,  ya
el salvamento de voto a la sentencia C-093/93 que, como se recuerda, constituye
la presente decisión del juez constitucional en el marco de la cosa juzgada
material, advertía de modo genérico sobre la importancia de estos principios en
el ámbito procesal penal. A propósito de la controversia del material
probatorio previsto, por una norma de excepción, sólo para la etapa del juicio,
expresan los magistrados disidentes:
"El artículo
20 del decreto 099 de 1.991 adoptado como legislación permanente por el
artículo 4º del decreto 2271 de 1.991, dice:
La controversia
del material probatorio se adelantará durante la etapa de juicio...
Esta norma
contraviene las disposiciones constitucionales porque produce como resultado la
supresión del ejercicio del derecho constitucional de defensa, colocando
durante esta etapa procesal  en estado de indefensión al imputado frente al
Estado.
(...)
El derecho de
defensa en la práctica se descompone, entre otros, en los derechos de
impugnación y de contradicción esenciales a él y consecuencia jurídico procesal
de su aplicación. Su fuente constitucional es la misma.
(...) La defensa
ha de ser unitaria y continua, y debe existir ab initio del proceso, sobre todo
si se trata del sistema mixto que este consagra con marcada acentuación hacia
el acusatorio en obedecimiento a lo ordenado por el literal c) del artículo 1º
de la Ley 6a. de 1.979, pues bien se sabe que en este sistema el acusador es el
mismo investigador que dispone en la primera etapa del proceso los elementos
que determinarán  el resultado final del juzgamiento, sin que sus actuaciones
procesales puedan ser objeto de impugnación o de contradicción en su momento,
para depurarlas  y conformarlas a la verdad (...) El hecho de que los
principios de impugnación y contradicción se encuentren consagrados para la
etapa de juzgamiento no es suficiente. La norma de la Ley de facultades se
refiere a la necesidad de que tales derechos existan en todo el proceso y no
sólo en una parte de él, con mayor razón si las actuaciones ocurridas en la
primera etapa son determinantes de la segunda e influyen tan poderosamente en
su resultado.[11] Los abajos firmantes compartimos la tesis
de la Corte Suprema de Justicia y es por ello que nos separamos de la decisión
de la mayoría"[12].
Ahora bien, los
principios que han sido decantados, confluyen y sustentan a su vez dos grandes
finalidades que dan sentido a la audiencia pública. Estos fines se infieren
claramente del  artículo 449:
1) En primer lugar,
el acercamiento del juez a la personalidad del sindicado.
2) Solicitud,
decreto y  práctica  de  pruebas.
Surge en este
momento una pregunta central: ¿pueden ser alcanzadas estas finalidades a través
del proceso sustitutivo que dispone el artículo 457 objeto de estudio? O, por
el contrario, compromete la inexistencia de la audiencia pública  los
principios analizados y  con ellos,  imposibilita la consecución de los fines
que le dan sentido a la institución procesal?
Podría argumentarse
que la segunda  finalidad sería posible lograrse a instancia del  trámite
procesal sustitutivo.  Ello en razón a la oportunidad que establece la norma de
solicitar y ser decretadas las pruebas que se estimen conducentes. Dicho
artículo prevé, en efecto, que vencido el término de traslado para la preparación
de la audiencia, el juez decretará las pruebas pertinentes dentro de los tres
días siguientes. Las pruebas se practicarán en un término no superior a veinte
días hábiles. A continuación, el expediente se dejará a disposición de los
sujetos procesales por el término de 8 días, para que éstos presenten sus
alegatos de conclusión.
Frente a esa
posibilidad alternativa establecida por el artículo 457, es necesario hacer las
siguientes precisiones:
También en el
aspecto probatorio se muestra que la audiencia pública constituye un punto de
llegada de toda la etapa del juicio. En efecto, en primer lugar, las
oportunidades para la solicitud y práctica de las pruebas, son más amplias
dentro de la audiencia que en el marco del procedimiento alterno. De acuerdo
con  éste, las pruebas se "practicarán en un término que no podrá exceder
de veinte días hábiles". El procedimiento ordinario permite sin embargo,
que sea durante la audiencia que se  practiquen las pruebas decretadas en el
mismo auto mediante el cual se señala la fecha para la misma. La audiencia
pública puede tener varias sesiones. Lo que se exige es que la audiencia se
concluya y que las pruebas se practiquen dentro de ella, mientras que el
procedimiento especial alterno es escueto y taxativo en sus términos. Además,
dentro de la justicia ordinaria, no sólo pueden ser practicadas aquellas
pruebas que han sido decretadas en dicho auto, sino que también podrán serlo,
como lo señala el artículo 448 en su inciso 1°, otras pruebas que surjan como
necesarias a partir de aquellas que son practicadas inicialmente.
De la misma forma,
el juez puede decretar las pruebas que por alguna u otra razón no se hubieran
podido practicar en la etapa de investigación  (art. 448., inc.3). Todo ello es
posible gracias a que es el juez el supremo director del juicio oral que
transcurre en la audiencia pública.
Existe además una
notoria inclinación por parte del legislador para que las pruebas se practiquen
en la audiencia pública. En esta dirección se inscribe también  el artículo
450, al autorizar al juez para ordenar el retiro de las personas que, siendo
citadas como testigos, todavía no han declarado, para evitar que conozcan las
versiones dadas por otros. En razón a la gran discrecionalidad del juez como
conductor de la audiencia y a las posibilidades establecidas por la propia
legislación, existe la posibilidad en ella, como se ha visto, de un amplio
debate probatorio. Ello no es así a instancia del procedimiento sustitutivo.
Tanto más relevante es todo lo señalado, cuanto que la importancia que mantiene
el Código de Procedimiento Penal del período probatorio en la audiencia
pública, obedece a que en este momento procesal se determina en gran medida la
congruencia entre resolución de acusación y sentencia.  Este es un aspecto
central dentro del proceso penal y se encuentra ligado directamente al núcleo
fundamental del debido proceso.
Del análisis
anterior aparece claro que la oportunidad restrictiva prevista para el debate
probatorio que trae el procedimiento sustitutivo del artículo demandado,  no es
comparable con la amplitud que para dicho debate existe a instancia de la
audiencia publica. Los períodos que trae el artículo demandado, como
oportunidades para solicitar y practicar pruebas, son  además muy restringidos
en un momento en el cual se tomará una decisión definitiva por parte del juez.
En la justicia ordinaria, la audiencia pública, como confluencia de elementos
de juicio allegados durante todo el proceso, representa una oportunidad para
subsanar errores procesales y situaciones de indefensión. En un procedimiento
restringido, como el que se analiza, ello se hace en extremo difícil. Siendo
especialmente problemático, en tanto éste tiene lugar en un contexto general de
restricción de garantías, como es el caso de la justicia regional.
También en el
salvamento de voto previamente citado, se aborda el problema de la sustitución
de lo oral por lo escrito y su impacto sobre las garantías. Dice así en efecto
el salvamento, a propósito de los contrainterrogatorios realizados sólo por
escrito:
"El artículo
50 del decreto 099 de 1991 dice:
A fin de
garantizar su seguridad, cuando el Juez considere conveniente, mantener la
reserva de su identidad o las de los intervinientes en el proceso, dispondrá
que en la práctica de pruebas se utilice cualquier medio o mecanismo adecuado
para tal efecto, o que los contrainterrogatorios, solicitud de aclaración de
dictámenes o cualquier petición similar, se formulen y tramiten por escrito.
La importancia
del interrogatorio se hace manifiesta porque un interrogatorio bien dirigido
permite a los funcionarios judiciales y a los sujetos procesales sacar el
máximo de provecho de un testimonio, pues fácilmente puede conocerse cuando el
declarante o el procesado están mintiendo u ocultando hechos que son de
importancia para la investigación.
Interrogar es un
arte que exige conocimientos, capacidad, preparación y cuidado. El
interrogatorio técnico no puede improvisarse y por eso es importante para el
investigador, para el funcionario instructor y para el juez fallador, conocer
algunas pautas, y prepararse adecuadamente sobre ese aspecto.
Para los
suscritos entonces esta norma es inconstitucional porque el
contrainterrogatorio escrito dificulta de tal manera la contrainterrogación,
que la desnaturaliza y, por esa vía, la niega, violándose así el artículo 29 de
la Constitución en la parte que dice: ´quien sea sindicado tiene derecho... a
controvertir las pruebas que se alleguen en su contra...´ En otras palabras, la
ausencia de inmediación en la interrogación dificulta hasta impedir una
auténtica posibilidad de ´controvertir´ las pruebas, violándose así la
Constitución Política"[13].
Respecto de la
segunda finalidad, el análisis es aún más claro: la exclusión, en sí misma de
la audiencia dentro del discurrir procesal imposibilita, lógicamente, la
inmediación del juez y el procesado. Podría argumentarse que al encontrarse el
expediente a disposición de las partes, existe una oportunidad de
intermediación del procesado con el juez. Ello es no obstante en extremo
difícil. En  la audiencia publica, las constancias escritas dan fe de lo que se
discute; el expediente mismo, abstraído de los debates, no representa un
contacto entre el juez y su procesado. El propósito de la intermediación del
procesado con su juez natural, propósito central, pues la audiencia es una
instancia procesal situada ad portas de la sentencia definitiva,  no se logra
con el procedimiento previsto por el artículo demandado.
Tanto más complejo y
fundamental se torna el fenómeno de la "revelación de la
personalidad", cuanto que justamente el carácter de la justicia penal
particular que se estudia, radica en que ella se encuentra dirigida a procesar
sindicados de alta peligrosidad; existe, por así decirlo, un presupuesto
fáctico que de hecho acompaña y condiciona todo el proceso dentro de la
justicia regional: la peligrosidad presupone una especie de mensaje anterior a
toda investigación misma, acerca de la personalidad del acusado. Por ello, la
exposición de las condiciones subjetivas de dicha personalidad, adquiere en
este contexto un significado de particular importancia en el marco global del
derecho de defensa.
4. Sobre  la
importancia del "juicio oral".
El sujeto de la
verdad procesal es la persona concreta. El procesado no es objeto del proceso
penal, es el sujeto del mismo. Si él no puede hablar, se descontextualiza el
esfuerzo de la búsqueda de la verdad procesal. Por dicha razón, el principio
rector de la oralidad, fundado en el  principio de publicidad; el juicio oral y
público, encuentran expresión de manera fundamental en la pieza procesal de la
Audiencia Pública. Allí se estructura un espacio concreto y simultáneo de
discusión. Allí se expresa el valor de los vínculos intersubjetivos que se
ligan al esfuerzo por hallar la verdad.
Valga citar que
también en otros países que, como el nuestro, han vivido tránsitos
constitucionales que redimensionan  la conciencia del valor del derecho, como
es el caso de España, el juicio oral ha sido interpretado en el horizonte del
debido proceso y como sistema de garantías constitucionales. Doctrinantes del
derecho penal de la Constitución, señalan que el período más
"trascendental y crucial del proceso penal es la fase plenaria". Esta
fase es la que constituye el juicio oral, auténtico proceso penal, ya que en
nuestra actual legislación no cabe pensar en un proceso básicamente escrito en
materia penal (art. 120 C.P.), pues la oralidad es garantía del buen hacer constitucional,
porque fundamentalmente implica publicidad de las actuaciones judiciales. Por
consiguiente, el juicio oral es el momento más importante de todo el desarrollo
del proceso penal porque en él tienen y se acentúan, los caracteres del sistema
acusatorio y consecuentemente aumentan las garantías jurisdiccionales; de modo
que un proceso penal sin juicio oral sería una hipótesis que de plantearse iría
contra natura".[14]
Así lo acoge por su
parte el juez constitucional de ese país, al establecer que:
"La
finalidad de esta exigencia de un proceso con todas las garantías como
condición a la imposición de una pena es doble.  De una parte el juicio oral
supone dar a los acusados y en general a las partes que intervienen la plena
posibilidad de exponer sus argumentos y de defender sus derechos. Para el
acusado en particular, en el juicio oral se manifiesta su derecho a la defensa
(...) La segunda finalidad es la de que el Tribunal disponga de todos los
elementos de juicio necesarios para dictar su sentencia (...) Es preciso
señalar que ambas finalidades, íntimamente unidas entre sí, forman el núcleo de
la garantía constitucional: el acusado debe tener plenas posibilidades de
defensa; el Tribunal debe tener el más amplio conjunto de elementos de juicio a
la hora de dictar sentencia".[15]
5. Del  Juicio
oral y público en el marco del debido proceso dentro de la protección
internacional de los derechos humanos.
En el sistema
europeo de protección de los derechos humanos, la figura de la audiencia
pública y, con ella los principios rectores que le dan sentido, han sido
considerados en el marco general del debido proceso. Instituciones procesales
especiales que comprometen dichos principios, que desconocen el derecho de
defensa, han sido rechazadas por la Corte en decisiones reiteradas.
En relación con el
valor de  la doctrina de la Corte Europea como fuente de interpretación, en el
marco del sistema interamericano que nos concierne directamente, se ha
observado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "tiene una
marcada tendencia a emplear la doctrina de la Corte y de la Comisión Europea de
Derechos Humanos, así como de la Corte Internacional de Justicia".[16]
Es clara la
relevancia que poseen los antecedentes de los tribunales internacionales para
el juicio constitucional propio. En jurisprudencia reiterada, la Corte Europea
de Derechos Humanos, ha sido constante en la protección de aquellos principios
e instituciones procesales que constituyen objeto del presente análisis.  Dicha
protección se ha efectuado a partir del artículo 6º del Convenio Europeo Para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,  norma
que garantiza el debido proceso.
El texto del
artículo 6º,  en lo atinente,  es el  siguiente:
"Artículo
6.- 1. Toda persona tienen derecho a que su causa sea vista equitativa y
públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial,
establecido por la ley, que decidirá sea sobre sus derechos y obligaciones
civiles, sea sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal
dirigida contra ella. La sentencia debe ser hecha pública, pero el acceso a la
sala de audiencia  podrá ser prohibido a la prensa y al público durante la
totalidad o una parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público
o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de
los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así
lo exijan, o en la medida juzgada estrictamente necesaria por el tribunal,
cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para
los intereses de la justicia.
(...)
3. Todo acusado
tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a) a ser
informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de una forma
detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación contra él dirigida;
(...)
d) a interrogar o
hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la convocatoria y el
interrogatorio de los testigos de descargo en las mismas condiciones que los
testigos de cargo;
e) a ser asistido
gratuitamente por in intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada
en el proceso".
Por su parte, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, subrayando postulados
esenciales del anterior, aclara en la primera parte de su artículo 14, lo
siguiente:
"Artículo
14.- Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.
Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley,
en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra
ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los
juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una
sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las
partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando
por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los
intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa
será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija
lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la
tutela de menores".
6. Acerca del
principio general de la publicidad.
Ya esta Corporación
ha desglosado elementos normativos fundamentales contenidos en la norma
precitada, así como también de la Convención Americana.  En relación con la
contradicción, señala en efecto la Corte: "De otra parte, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por la ley 74 de
1968), consagra en su artículo 14-3-d, el derecho de toda persona acusada de
haber cometido un delito, de interrogar o hacer interrogar en el proceso, tanto
a los testigos de cargo como a los de descargo y ello en las mismas
condiciones.  La Convención Interamericana (ratificada por la ley 16 de 1972),
establece en su artículo 8-2-f, el derecho del inculpado a obtener la
transparencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar
luz sobre los hechos. Tres posibilidades pueden ser diferenciadas en esta manifestación
del derecho de defensa del sindicado, imputado o procesado: 1) la de interrogar
a los testigos que intervienen en su contra, 2) la de presentar testigos que
declaren a su favor y 3)  la de participar, en condiciones de igualdad, en todo
el proceso de contradicción y debate que se lleva a cabo con la presentación de
testigos". [17]
Además del principio
del contradictorio, de las normas citadas se desprenden otros principios que,
como se ha observado, le dan sentido a la figura de la audiencia pública. El
primero de ellos y fundamental: el de la publicidad. Como se ha establecido, él
constituye un principio inescindible del Estado Social de Derecho, como quiera
que consiste en la visibilidad real por parte de la comunidad social, del
desarrollo de la función de justicia; representa la posibilidad del control
democrático sobre el ejercicio de la función de justicia penal. Evoca además la
dimensión social del proceso penal y el interés de la comunidad por su
resultado: "el interés del público que constituye una especie de halo en
torno al proceso, es el signo infalible del drama que en él se ventila, así
como de su valor para la sociedad y para la civilización".[18]
Es
un principio rector de la legislación procesal (art. 1., C.P.P), que posee un
marco de referencia constitucional (art. 29., Constitución Política), y que
desde allí se encuentra garantizado en los pactos e instrumentos
internacionales.
La institución
procesal  de la "sala de audiencia",  señalada en el artículo 6º del
Convenio Europeo, encuentra su  equivalente en la voz procesal de
"juicios", contenida  por el artículo 14, y que nos concierne
directamente como integrante del sistema interamericano. En los dos textos
normativos las excepciones que se establecen a esa regla general de la
publicidad, se predican de la prensa y del público; se habla de la excepción a
la asistencia a la sala de audiencia y de la exclusión de la prensa y el
público de  la "totalidad o parte de los juicios", lo cual presupone
lógicamente la existencia de  ámbitos públicos de discusión y de debate.  De
esta manera entonces, del principio general de la publicidad, se deduce el
principio  de la oralidad, aquel le da sentido a éste.
De otra parte, las
excepciones a las cuales alude la normatividad,  no se predican respecto del
procesado. Aquellas se  refieren al público y a la prensa, pero no se habla del
sindicado: éste no se sustrae del juicio público. Al contrario, aquel tiene
derecho al  juicio con ese carácter, a que "su causa sea vista equitativa
y públicamente" (art. del Convenio Europeo), a  ser oído públicamente y
con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley, como lo señala expresamente el artículo 14
del Pacto reseñado.
A propósito, el
Comité de Derechos Humanos, dentro del sistema interamericano,  ha señalado,
que "la publicidad de la audiencia constituye una importante salvaguarda
de los intereses del individuo y de la sociedad en general. (...) Debe
observarse que, con independencia de esas circunstancias excepcionales, el
Comité considera que las audiencias deben estar abiertas al público en general,
incluidos los miembros de la prensa sin estar limitadas, por ejemplo, a una
categoría de personas. Debe observarse que, aun en los casos en que el público
quede excluido del proceso, la sentencia, con algunas excepciones estrictamente
definidas, debe hacerse pública".[19]
Ahora bien, dentro
del sistema europeo en relación con el tema que ocupa a esta Corporación, son
de gran relevancia, entre otras, las siguientes decisiones:
En el caso Kostovski
vs. Países Bajos, en el cual la Corte Europea de Derechos Humanos condenó al
país demandado, pues a través de un procedimiento penal especial, fue dictada
sentencia penal contra un procesado teniendo en cuenta fundamentalmente las
declaraciones de testigos secretos. El procesado no sólo no conoció los
testigos, sino que no tuvo oportunidad de contradecirlos.
El caso es particularmente
importante, pues se refiere al problema del crimen organizado y a los
instrumentos penales especiales ideados para combatirlo. Tanto más importante
es ello, cuanto que numerosos modelos especiales de nuestro derecho penal, como
aquellos de la legislación antiterrorista, han sido incorporados a partir de
instrumentos europeos que han servido como ejemplos y modelos a seguir en el
ámbito de las decisiones político-criminales. Generalmente, dichas
incorporaciones se hacen abstrayendo los debates académicos, doctrinales y
jurisprudenciales, que han tenido lugar en aquellos países en los cuales se
originaron los instrumentos especiales. Aquellos debates constituyen sin duda
una fuente de comprensión extremadamente importante, pues contextualizan,
dentro del país de origen, las figuras sustantivas y procesales que se
pretenden adoptar;  y, contextualizan también, dentro del país que las adopta,
sus circunstancias históricas y sociales: en relación con las emergencias, el
momento histórico es siempre de vital importancia.
Dice,  propósito,
la Corte Europea:
"Si la
expansión de la delincuencia organizada exige, sin duda, la adopción de medidas
apropiadas, parece que la tesis del gobierno le da muy poco valor a lo que el
defensor del demandante llama 'el interés de todos, en una sociedad civilizada,
a tener un proceso judicial controlable y equitativo'. En una sociedad
democrática, el derecho a una buena administración de la justicia ocupa un
lugar tan eminente, que no podría sacrificárselo a la oportunidad. La
Convención no impide apoyarse, en la fase de la instrucción preparatoria, sobre
fuentes tales como indicadores ocultos, pero el empleo ulterior de las
declaraciones anónimas como pruebas suficientes para justificar una condena,
suscita un problema diferente. En el caso bajo examen, dicho problema ha
conducido a restringir los derechos de la defensa de una manera incompatible
con  las garantías del artículo 6. De hecho, el gobierno (de los Países Bajos)
reconoció que la condena del demandante se fundaba en un 'grado determinante'
sobre las declaraciones anónimas."[20]
Debe aclararse que
la propia jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en que todos los
mecanismos excepcionales -sobre todo en cuanto a la adopción de normas penales
especiales- deben interpretarse  en el contexto de una sociedad democrática; en
el marco general de una "sociedad humana civilizada". Ello constituye
pues un límite claro, tanto respecto del régimen penal sustantivo, como en
relación al régimen procesal. Son nociones que además sirven de evaluación
constante en el tiempo, de aquellos mecanismos excepcionales; son puntos de
referencia dentro de la tensión entre normalidad y excepción.
En el caso Ekbatani
contra Suecia, la Corte condenó a este país en razón a un procedimiento en cuya
segunda instancia no se preveía la celebración de audiencia pública. Habiendo
sido incluso condenado el sindicado en primera instancia en audiencia pública,
la  Corte exigió la audiencia también para la segunda instancia. Se estableció
en efecto lo siguiente:
"... también
durante la apelación dicha cuestión (de la culpabilidad o  la inocencia del
acusado) figuraba en primer plano. Sin embargo, en  las circunstancias del
proceso no podía resolverse adecuadamente, dentro del respeto del debido
proceso, sin una apreciación directa de las declaraciones personales del
acusado -quien sostenía no haber cometido el acto considerado como infracción
penal- y del denunciante. El nuevo examen, por parte de la corte de apelación,
de la declaración de culpabilidad que controvertía el acusado, debió haber
incluido una nueva audición integral de los dos interesados.
(...) la Corte
concluye la ausencia de toda particularidad capaz de justificar la negación al
acusado de una audiencia pública y del derecho a ser oído personalmente.
Existió, por lo tanto, violación del artículo 6.1."[21]
En el caso Engel y
otros, contra Países Bajos, en el que la Corte condenó a este país, porque uno
de sus tribunales militares condenó a los demandantes (soldados activos) tras
un proceso cuya audiencia fue celebrada con la presencia de los acusados pero a
puerta cerrada, el tribunal de Estrasburgo sostuvo:
"(...) los
debates contradictorios se desarrollaron a puerta cerrada, de acuerdo a la
práctica constante de la Alta Corte Militar en materia disciplinaria. Dentro de
su campo de aplicación, el artículo 6 impone, sin embargo, de manera bastante
general, la publicidad del proceso judicial. Sin duda incluye las excepciones
que enumera, pero el gobierno (de los Países Bajos) no ha alegado, ni se colige
del expediente, la existencia en este caso de una de las situaciones en las que
se permite prohibir el 'acceso a la sala de audiencia (...) a la prensa y al
público'. Sobre este punto ha habido, por lo tanto, violación del parágrafo 1
del artículo 6"[22].
La sentencia destaca
un aspecto central: como se ha advertido, en ningún caso las excepciones que
trae el artículo 14-1, pueden interpretarse en relación con el sindicado.
Incluso frente a la prensa y al público, la Corte ha sido en extremo restrictiva;
la publicidad del proceso ha sido siempre la medida, la regla. Aún, como se
observa en el caso citado, tratándose de ciertos tipos de procedimientos
especiales en los cuales cierta especie de reserva de la publicidad constituye
una "práctica constante", se interpreta muy restrictivamente la
excepción comentada.
En cuanto al derecho
que le asiste al sindicado de contradecir las pruebas en su contra, a propósito
de un caso en el que un tribunal condenó a un acusado con base en las
declaraciones de testigos que aquél nunca pudo interrogar y cuyas afirmaciones
fueron sólo leídas en la audiencia, la Corte sostuvo lo siguiente:
"(...) es
necesario que su utilización como elemento de prueba tenga lugar dentro del
respeto de los derechos de la defensa, cuya protección constituye el objeto y
fin del artículo 6. Esto es así especialmente cuando el 'acusado', a quien el
artículo 6 reconoce el derecho a interrogar y hacer interrogar los testigos en
contra, no ha tenido en ninguna etapa del procedimiento anterior la ocasión de
cuestionar las personas cuyas declaraciones son leídas en la audiencia."[23]
Incluso cuando en la
propia audiencia sea posible la contradicción, habiendo faltado ésta en el
curso general del proceso, la Corte  Europea consideró  desconocido  el debido
proceso. Ello demuestra justamente que los principios rectores constituyen
guías genéricos de todas las actuaciones procesales.
7. Del proceso
penal como sistema de garantías constitucionales.
El proceso penal ha
sido concebido como un conjunto de espacios procesales que discurren en el
tiempo y respecto de las cuales se hallan presentes preceptos constitucionales
que los amparan y los guían. Ello es hoy tanto más claro en el marco de nuestro
nuevo orden constitucional, dentro del cual, especialmente el artículo 29 de la
Constitución Política, consagra garantías y principios anteriormente ligados al
ámbito de lo legal. Así, postulados esenciales de dogmática penal contenidos en
la parte general del Código Penal -y que de allí permean la parte especial-, y
principios rectores del Código de Procedimiento Penal, encuentran  su
referencia concreta en el ámbito constitucional.
Más allá además y
como se ha observado previamente, aquellos principios encuentran referencia en
los instrumentos internacionales de protección a los derechos fundamentales. El
proceso penal es pues también, en tanto sistema de regulación de la función
jurisdiccional penal, un complejo sistema de garantías constitucionales que
están encaminadas a salvaguardar los derechos y libertades de los sindicados,
frente al legítimo ejercicio estatal de la función punitiva. El sistema de
garantías constitucionales se proyecta en el tiempo, verdadero elemento
sustancial del proceso penal. Por serlo es precisamente que el derecho de toda
persona a ser oída en el proceso en que se le juzga, no se agota en ninguna de
sus instancias; es un derecho que transcurre, que se estructura en todo el
ámbito temporal del proceso.
De esta forma, el
proceso penal no posee un carácter meramente subsidiario respecto de la norma
penal: no constituye un instrumento de ejecución de la norma sustantiva;
posee, al contrario, un específico valor en sí mismo.  Lo sustantivo y lo
procesal se unen así, justamente porque es el proceso el que registrará la
verdad que como verdad procesal definirá la responsabilidad o no de quien es
sindicado de violar una norma sustantiva, y las condiciones en que ha tenido
lugar dicha responsabilidad. Careciendo de un carácter secundario o
instrumental y concebido como sistema de garantías constitucionales, el proceso
penal debe ser entendido entonces,  al mismo tiempo que lo es como ejercicio
concreto de la potestad punitiva estatal, como un conjunto institucionalizado y
reglado de espacios de discusión de derechos. El propio juez Constitucional ha
resaltado el valor en sí del proceso penal  y no como la mera realización o
concreción instrumental del tipo penal que le da lugar en cada caso concreto.
Ha dicho en efecto la Corte y relacionando el propósito de hallar la verdad,
con el respeto a las fases que ritualizan el proceso, que éste "no puede
ser concebido como una serie de pasos encaminados a la demostración de una
hipótesis planteada por el fiscal o el juez. Así se eliminará su connatural
elemento dialéctico, cuya presencia  activa en todas sus fases, asegura que la
verdad aflore a partir de la controversia".[24]
8. Acerca de
la "oralidad" como principio rector de la legislación procesal penal.
Toda  la ritualidad
del proceso penal y especialmente aquellos ámbitos del mismo que van definiendo
de distintas formas la situación jurídico-penal de una persona frente al
derecho y al Estado, está enmarcada bajo el supuesto de la discusión. La
reconstrucción probatoria de los hechos, como quiera que de ella se va
estructurando la verdad procesal, está fundada sobre la discusión, sobre el
debate, en el más claro sentido jurídico procesal: discusión, en la voz latina discutio,
proviene de quaestio que quiere decir sacudir; sacudir de aquí y de
allá.
Así, la capacidad
discursiva, la competencia verbal de quienes intervienen en el proceso y, de
manera muy especial, la capacidad  verbal del acusado, constituyen elementos
inescindibles del proceso penal; la discursividad es connatural a la idea y
concepción más originaria de proceso. Ello le ofrece además un gran contenido
de legitimidad al mismo: se unen publicidad y oralidad.
9. De la
capacidad verbal del procesado en el marco general de la dignidad humana.
Al proscribir el
artículo 5º del Código Penal todo tipo de responsabilidad objetiva, se
establece como principio conductor del derecho penal, el principio de
culpabilidad. En virtud suyo, nadie puede ser castigado con base en el mero
hecho objetivo, con base en la conducta en sí y por sí misma, abstraída de las
condiciones de la subjetividad del autor: restar la capacidad verbal de un
procesado podría significar en la práctica real de la justicia penal, un
desconocimiento del principio de culpabilidad.
La competencia
discursiva, la capacidad real de argumentación verbal, el recurso oral, en un
escenario donde confluyen argumentaciones orales como es el caso de la
audiencia pública, significan en la práctica, no sólo el recurso a la defensa,
sino y sobre todo, la opción concreta e insustituible de exponer, por parte del
autor acusado y frente a su juez natural, las condiciones de su propia
subjetividad; se trata de una mediación tradicional esencial entre el juez que
dicta sentencia y el actor que es juzgado, en relación con los hechos y las
condiciones de subjetividad del propio actor. En el marco general de la
ritualidad del proceso, que significa también una reelaboración, a instancia de
la administración de justicia, del delito que se pretende juzgar, y respecto
del cual existe una expectativa social, el encuentro entre juez y acusado, es
de una importancia insoslayable: el juez introduce un destino en aquél a  quien
juzga.
Como creador de
destinos, el juez es a su vez un historiador -se dirige al pasado en la
valoración de los hechos y sus pruebas- y un decisor que se proyecta hacia
delante: las razones y los argumentos le permiten entrar en el futuro. En uno y
otro caso, es fundamental la verdadera inmediación del juez y el
procesado.
Ya el juez
Constitucional en su momento estableció claramente la relación entre el
principio de culpabilidad y la dignidad humana. A propósito del artículo 5°
del   Código Penal, dijo en efecto la Corte Constitucional, que "es de una
evidencia absoluta el que la responsabilidad penal objetiva es incompatible con
el principio de la dignidad humana."[25]
Ello hace parte además de un desarrollo jurisprudencial constitucional
adelantado en otras naciones. En Alemania por ejemplo, luego de la experiencia
dramática de la segunda guerra mundial, la dogmática penal constitucional
recupera el valor de la dignidad humana que el positivismo había dejado por
fuera de la problemática de la ciencia del derecho. Además de encontrar en la
dignidad arraigo constitucional el principio de culpabilidad, el Tribunal
Constitucional alemán lo encuentra en el principio del "Estado de
Derecho": "Con la pena, se formula un  reproche al autor. Tal
reproche jurídico-penal presupone reprochabilidad, es decir, culpabilidad. De
otra manera, la pena sería una retribución incompatible con el  principio del
Estado de Derecho respecto de un suceso por el cual el afectado no tiene por
qué responder"[26]
El hablar, la
posibilidad de argumentar verbalmente en un juicio oral y público, se encuentra
ligada a la exposición de elementos subjetivos relevantes frente al juicio de
culpabilidad: último episodio comprobatorio del hecho  punible. De esta forma,
encontrándose la oralidad ligada al principio de culpabilidad y siendo
rescatada ésta en el horizonte de la dignidad, debe concluirse que aquel
principio de la oralidad se halla ligado igualmente a la dignidad de la persona
humana. La audiencia pública como expresión de la oralidad, no sólo constituye
un elemento integrante del debido proceso, sino que participa de la anterior
deducción. Así, la palabra es defensa; la palabra es dignidad. Restringirla,
restringir la opción verbal, el debate verbalizado; transformarlo en una
instancia escrita como lo hace escuetamente el artículo demandado, entraña el
riesgo de prohijar en la práctica el silencio..., el silencio escrito.
Todo principio debe
concebirse al tanto de la realidad en que éste se juega. Se observa que en el
numeral 3 del artículo 6 precitado del Convenio Europeo Para La Protección de
los Derechos Humanos, se aclara que la defensa del sindicado tiene que
garantizarse en el idioma que la haga propicia. Ello se establece, en la
dimensión de una comunidad humana muy compleja, contra una eventual
discriminación por el lenguaje. En nuestro caso, la sustitución de lo oral por
lo escrito en el marco de la defensa del procesado, agudiza una discriminación
social existente de hecho: el recurso a la escritura no es todavía en Colombia
un logro de mayorías. La oralidad es por el contrario el recurso cotidiano de
solución de derechos en países aquejados por el analfabetismo.
El examen anterior
ha mostrado que la audiencia es un elemento integrante del debido proceso en
materia penal, por cuanto ella se encuentra íntimamente ligada a la publicidad
del juicio, al principio de contradicción, a la inmediación de la prueba y de
todo el proceso; además de constituir una posibilidad de control ciudadano al
desarrollo transparente de los procesos penales. Sin embargo, la audiencia
pública, en todos los elementos que la componen, como es  el caso del  acceso a
ella del público o de los medios, no constituye parte integrante del núcleo
esencial del debido proceso: existen elementos que la estructuran que pueden ser
eventualmente restringidos. Así lo establece la normatividad internacional
cuando, como se estudió,  permite la exclusión excepcional del público y de la
prensa de los juicios o salas de audiencia. Exclusión que no se predica, como
claramente se estableció, en relación con los procesados. Respecto de ellos,
los principios que se articulan en la audiencia pública y que poseen un marco
de referencia constitucional, se ligan al núcleo esencial del debido proceso.
Es pues posible restringir algunos aspectos de la publicidad del juicio, y por
consiguiente limitar el alcance de la audiencia en aquello que no afecte el
núcleo esencial del debido proceso en relación con el sindicado. Por ello, nos
preguntamos los magistrados que aclaramos el voto: ¿es legítimo, en razón  a lo
anterior, eliminar totalmente la audiencia pública y reemplazarla por un
trámite escrito, para lograr el fin propuesto de reservar la identidad de
jueces y testigos y, con ello, el de preservar su seguridad?
10.
Proporcionalidad, seguridad de la justicia y debido proceso.
Consideramos que
dicho interrogante sólo puede ser respondido mediante una adecuada ponderación
de los bienes constitucionales en juego; a saber, de un lado, la protección de
la seguridad de los jueces y testigos que procura la justicia regional y, del
otro, el debido proceso y la igualdad de los sindicados ante la ley.
Para ello, es
importante recordar que la supresión de la audiencia en la justicia regional
busca una finalidad que  no sólo es legítima sino de vital importancia, como es
la de proteger la vida y la seguridad personal de los testigos y de los
funcionarios judiciales. La lógica de la norma es entonces la siguiente: si se
admite la reserva de identidad de jueces, fiscales y testigos, como un
mecanismo para protegerlos, es necesario suprimir la audiencia pública por
cuanto ésta coloca gravemente en peligro esa reserva de identidad. Sin embargo,
surge inevitablemente un interrogante: aquella supresión de la audiencia y su
reemplazo por trámites escritos, ¿no implica  un sacrificio inaceptable del
debido proceso y de la igualdad, teniendo en cuenta que la ley penal
colombiana,  -ofreciendo la Constitución  Política un marco de referencia para
ello- estructuran el proceso penal en torno a la audiencia pública?
En anteriores
ocasiones, la Corte ha utilizado el llamado juicio de proporcionalidad con el
fin de determinar si un trato diferente o la restricción de un derecho, se
ajustan a la Carta[27].
Según tal juicio, cuando diversos principios entran en colisión, como en este
caso la protección de jueces y testigos de un lado, y los derechos al debido
proceso y a la igualdad de los acusados ante la justicia regional del otro,
corresponde al juez constitucional determinar si la reducción de un derecho o
un principio es proporcionada, a la luz de la importancia de los principios en
juego. Para ello, debe el juez primero determinar si el trato diferente y la
restricción a los derechos constitucionales son "adecuados" para
lograr el fin perseguido; segundo, si son "necesarios", en el sentido
de que no exista otro medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros
principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, tercero, si son
"proporcionados stricto sensu", esto es, que no se sacrifiquen
valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende
satisfacer.
Igualmente, se tiene
bien establecido que la intensidad de ese examen de proporcionalidad no es idéntica
en todos los casos, pues en ciertos ámbitos el escrutinio de la Corte tiene que
ser muy intenso, por  la importancia de los bienes constitucionales en juego,
mientras que en otros eventos se impone un estudio diferente, por cuanto la
Constitución ha atribuido al Legislativo una amplia capacidad de regulación de
la materia.
Ahora bien, en el
presente caso, la norma acusada está restringiendo la audiencia pública en
todos sus elementos, por lo cual es dable  concluir  que el examen de la
constitucionalidad de la medida y de su proporcionalidad, tiene que ser muy
estricto. Además, la Corte Constitucional ha precisado que el control del
respeto de la igualdad por el juez constitucional debe ser estricto, cuando
"las clasificaciones efectuadas por el Legislador o por otras autoridades,
se fundan en criterios potencialmente discriminatorios, como la raza o el
origen familiar, desconocen mandatos específicos de igualdad consagradas por la
Carta, restringen derechos fundamentales a ciertos grupos de la población, o
afectan de manera desfavorable a minorías o grupos sociales que se encuentran
en condiciones de debilidad manifiesta"[28].
Conforme a lo anterior, la Corte también ha señalado que en relación con el trato
diferente que establezca la ley en materia de garantías procesales, el
escrutinio debe ser estricto, por cuanto es susceptible de afectar el goce de
un derecho fundamental como el debido proceso[29].
Entramos  entonces a
estudiar, en forma estricta, la proporcionalidad de la disposición acusada.
Sin duda, la
supresión de la audiencia y su reemplazo por un trámite especial, es una medida
adecuada para proteger la seguridad de funcionarios judiciales y testigos, por
cuanto reduce los riesgos de ser descubierta su identidad reservada. Sin
embargo,  consideramos que la medida no es estrictamente necesaria, por cuanto
existen instrumentos técnicos alternativos que permiten la realización de la
audiencia, sin afectar la reserva de identidad en estos ámbitos. En efecto, el
propio procedimiento en la justicia regional prevé la realización de
interrogatorios y contrainterrogatorios a los testigos de identidad reservada.
Así lo dispone el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, modificado
por el artículo 37 de la Ley 81 de 1993 sobre la reserva de la identidad del
testigo. Dice así la norma en su inciso final:
"Las
disposiciones precedentes se aplicarán en todo caso sin perjuicio de las reglas
sobre confrontación de testimonios contenidos en tratados públicos de derechos
humanos ratificados por Colombia, ni el derecho de contradicción de la prueba
en el sumario y en el juicio que garantiza en el artículo 29 de la Constitución
Política. Protegiendo la identidad del testigo, el defensor tendrá derecho a
que se practique diligencia de ampliación del testimonio y a contrainterrogar
en ella al deponente".
De igual manera,
existe la posibilidad de la práctica de declaraciones ante los funcionarios
judiciales con identidad reservada. Si ello es así, ¿no es posible acaso la
realización de una audiencia pública, con mecanismos técnicos que garanticen la
reserva de identidad? La respuesta no puede ser sino afirmativa: de hecho, todo
el procedimiento especial de la justicia regional se encuentra articulado a
partir de múltiples elementos técnicos que permiten, bajo el supuesto de la
reserva, ventilar las distintas diligencias procesales. La audiencia pública,
celebrada con medios técnicos que la hagan plausible, no constituye una
excepción; es también una instancia procesal que puede ser ventilada a través
de medios ideados para ello. Desde finales del año 90, en que fue ideado el
llamado, "Estatuto para la Defensa de la Justicia" -primera versión
de la "justicia sin rostro"- constituyó una preocupación la
adecuación técnica frente al procedimiento especial. Ya existe experiencia
acumulada que pueda aprovecharse en este caso específico.
Finalmente,
consideramos que la medida es desproporcionada stricto sensu, pues afecta el
contenido esencial del debido proceso, por cuanto el trámite especial no se
limita a restringir la publicidad de la audiencia, sino que la suprime
totalmente, cuando los pactos internacionales de derechos y la Constitución
únicamente admiten limitaciones parciales al acceso del público y la prensa a
los juicios.
En efecto, en el
análisis detallado adelantado con anterioridad en relación con la audiencia
pública dentro de la justicia ordinaria, se demostró cómo las dos finalidades
intrínsecas a la audiencia, no pueden ser alcanzadas a través del proceso
sustitutivo establecido por el artículo demandado. Tanto en aquello que
concierne al régimen  probatorio, como en lo relacionado con el acercamiento
del juez a la personalidad del sindicado, el procedimiento sustitutivo no
alcanza a propiciar su logro. Al contrario, mientras la audiencia pública se
constituye en un fin último -un punto de llegada dentro de la etapa del
juicio-, y representa por ello, una oportunidad procesal  en la cual confluyen
todos los elementos relevantes previos al momento de dictar sentencia, el
escueto procedimiento alternativo, apenas representa un modo de culminar la
etapa de juzgamiento, sin que a través suyo sea posible remediar fallas
procesales anteriores. Así entonces, si el propósito legislativo es la
protección de los funcionarios e intervinientes dentro del juicio, y si ello,
como se ha indicado, es posible lograrlo sin sacrificar valores
constitucionales fundamentales, la norma demandada respecto de la cual se ha
aplicado la teoría de la cosa juzgada, en fuente de serios reparos en relación
con su constitucionalidad.
El problema central
de la discusión es el costo a nivel de garantías constitucionales que
representa la inexistencia de la audiencia pública en la justicia regional.
Frente a estos costos, a la posibilidad de mermarlos de acuerdo  con la
experiencia acumulada; frente al hecho de que ellos  deben ser evaluados no
sólo en relación con el debido proceso, sino también y de acuerdo con lo
expuesto, en relación con el impacto que causan sobre la dignidad de la
persona;  ante la necesidad siempre acorde con el sentido mismo de la tarea del
juez Constitucional, de estudiar en el tiempo las normas dictadas por vía de
excepción, tanto más si ellas crean verdaderos códigos sustantivos y procesales
de emergencia,   ha sido precisa esta detallada aclaración de voto.
Quedan en
consecuencia expresados los fundamentos de la misma.
La proporcionalidad
de la medida alternativa, debe evaluarse además, y de acuerdo con lo expuesto,
en relación con los costos que ella pueda ocasionar respecto de la dignidad de
la persona. También en este ámbito debe estudiarse si aquella es realmente
necesaria. En efecto, esta Corte ha hecho suyo de manera reiterada el principio
de ponderación como elemento de interpretación constitucional. Hoy se expone en
teoría constitucional, que aquel principio alimenta toda una dogmática de
ponderación; que puede expresar incluso un nuevo paradigma del derecho. Sin
embargo, principios materiales y, en relación con el caso en estudio,
principios del derecho procesal penal que tienen relevancia constitucional,
deben ser indisponibles. Es decir, ellos deben estar por fuera del ámbito de
esta dogmática de ponderación. Es el caso por ejemplo del principio de
culpabilidad: ponderarlo, podría suponer en la práctica una negación del
mismo.   De igual manera ocurre con la protección de la dignidad humana. Volver
ponderable la dignidad, situarla como valor disponible, puede ocasionar en
realidad una negación de la misma con costos paradójicos respecto de las
soluciones que con tal ponderación se desean encontrar.
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                   CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado                             Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
Aclaración y
Salvamento de voto a la Sentencia C-427/96
COSA JUZGADA
MATERIAL-Inexistencia
sobre audiencia por jueces regionales/FALLO DE MERITO-Audiencia por
jueces regionales (Salvamento y aclaración de voto)
Requisito
indispensable para que la fuerza del precedente se haga valer como
absolutamente obligatoria, relevando al Juez Constitucional de nuevo
pronunciamiento, es el de que se trate de normas materialmente iguales; que
ninguna sea más comprehensiva que la otra; que ninguna tenga un alcance más
limitado; que ninguna introduzca elementos divergentes o variantes; que, en
síntesis, las dos disposiciones regulen el fenómeno objeto de legislación
exactamente en la misma forma, con idénticos mandatos y con la misma cobertura.
Cualquier cambio en el contenido de los preceptos materia de examen
constitucional implica, pese a las similitudes, una norma diferente, que, por
tanto, la Corte debe cotejar, tal como está plasmada, con la Constitución
Política.
JUSTICIA REGIONAL-Silencio normativo sobre audiencia
(Salvamento y aclaración de voto)
Dado el silencio
de la norma acusada sobre la prohibición de la audiencia pública en todos los
procesos que se tramitan ante la justicia regional, dicha prohibición depende
de lo consagrado en otras disposiciones, no en ella misma, de lo cual,
juzgándola por lo que no dijo (omisión), la Corte, al reconocerle -fuera de su
texto- que estableció lo mismo que el precepto ya fallado, y al ordenar estarse
a lo resuelto, dictaminó en realidad la constitucionalidad del procedimiento
consagrado en los incisos integrantes del artículo, del todo ausentes en la
disposición que la Corte ya había examinado, y no estudiados en la sentencia
hoy proferida.
Referencia:
Expediente D-1169
Santa Fe de Bogotá, D.C., doce (12) de
septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
Salvo y aclaro mi voto en la siguiente
forma:
1. Me aparto respetuosamente de la decisión
de estarse a lo resuelto, que a la postre es inhibitoria, adoptada en la fecha
por la Corte al culminar el proceso de la referencia, por cuanto estimo que no
se daba el caso de la cosa juzgada material y, por tanto, la Corporación ha
debido fallar de mérito.
En efecto, si bien estoy de acuerdo con la
mayoría en que tanto las decisiones de inexequibilidad como las de
exequibilidad hacen tránsito a cosa juzgada, en lo cual me acojo a la doctrina
establecida por la Corte en otros fallos, no puedo compartir la tesis de que la
decisión que recayó sobre la norma antecedente es aplicable a la ahora
demandada, en cuanto me parece que son distintas.
Requisito indispensable para que la fuerza
del precedente se haga valer como absolutamente obligatoria, relevando al Juez
Constitucional de nuevo pronunciamiento, es el de que se trate de normas
materialmente iguales; que ninguna sea más comprehensiva que la otra; que
ninguna tenga un alcance más limitado; que ninguna introduzca elementos
divergentes o variantes; que, en síntesis, las dos disposiciones regulen el
fenómeno objeto de legislación exactamente en la misma forma, con idénticos
mandatos y con la misma cobertura.
A mi juicio, cualquier cambio en el
contenido de los preceptos materia de examen constitucional implica, pese a las
similitudes, una norma diferente, que, por tanto, la Corte debe cotejar, tal
como está plasmada, con la Constitución Política.
La Corte ha entendido que en el presente
caso operó el principio de la cosa juzgada por cuanto la norma demandada no
reguló la audiencia pública en los procesos de competencia de los jueces
regionales, mientras que un precepto ya fallado (sentencia C-093 de 1993), el
Parágrafo del artículo 13 del Decreto 2790 de 1990, modificado por el artículo
1º del Decreto 390 de 1991, y adoptado como legislación permanente por el
artículo 5º del Decreto 2271 de 1991, dispuso: "En los procesos de
competencia de los jueces de orden público no habrá audiencia pública en ningún
caso".
Así vista la situación, sin volver sobre el
texto del artículo atacado, se tiene la impresión -que predominó en la Sala- de
que, habiéndose ya encontrado constitucional que en la justicia de orden
público (hoy regional) no hubiera en ningún caso audiencia pública, el
contenido de la norma posterior del Código de Procedimiento Penal, en cuanto no
contempló la audiencia pública, no podía ser considerado materialmente por
haberse producido el fenómeno de la cosa juzgada.
No obstante, basta mirar de nuevo el texto
del artículo 457 del Código de Procedimiento Penal para encontrar que su
contenido es mucho más amplio que el ya transcrito, al cual la Corte entendió
que era materialmente igual.
Dice así la norma:
"ART. 457. Trámite
especial para juzgamiento de delitos de competencia de los jueces regionales.
Vencido el término de traslado para preparación de la audiencia, el juez dentro
de los tres días siguientes decretará las pruebas que hayan sido solicitadas y
las que considere necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Las pruebas se
practicarán en un término que no podrá exceder de veinte días hábiles.
Vencido el término
probatorio mediante auto de sustanciación que debe notificarse, el proceso se
dejará en secretaría a disposición de los sujetos procesales por el término de
ocho días, para que presenten sus alegatos de conclusión.
Dentro de los diez
días hábiles siguientes el juez dictará sentencia.
La notificación y
recursos se tramitarán conforme a lo establecido en los artículos 190 y 213 de
este código"
Como puede observarse, esta disposición no
establece positivamente que sea regla procesal, en el juzgamiento de los
delitos a los que se refiere, la de que "no habrá audiencia pública".
Se podría inferir que lo supone, sobre la base de la vigencia del Decreto 2271
de 1991, pero de tal hipótesis no puede deducirse con certidumbre que el legislador
haya querido, en ese texto, excluir la audiencia pública en los mismos términos
en que lo había hecho la disposición anterior.
Me pregunto qué ocurriría, por ejemplo, si
el artículo que excluyó la audiencia pública en todos los casos en la justicia
de orden público, ya objeto de examen constitucional (sentencia C-093 de 1993),
fuera derogado por el legislador: 1) ¿Podría decirse que la norma derogatoria
es inexequible por cuanto la Corte Constitucional declaró exequible la norma
derogada?; 2) ¿Sería posible seguir sosteniendo que el artículo 457 del Código
de Procedimiento Penal prohibe la audiencia pública cuando no lo dice
expresamente?; 3) ¿Cabría aún la tesis de que tal artículo no puede ser
demandado por cuanto respecto de él hay cosa juzgada?; 4) Y, si se pensara que,
en la hipótesis propuesta, es demandable, aduciendo que han cambiado las
circunstancias..., ¿habría sido el legislador quien, al derogar la norma
declarada exequible, dispusiera sobre la suerte de la cosa juzgada
constitucional, volviendo a entregar a la Corte la competencia para conocer
sobre la constitucionalidad del artículo 457 del Código de Procedimiento Penal?
Dado el silencio de la norma acusada sobre
la prohibición de la audiencia pública en todos los procesos que se tramitan
ante la justicia regional, dicha prohibición depende de lo consagrado en otras
disposiciones, no en ella misma, de lo cual deduzco que, juzgándola por lo que
no dijo (omisión), la Corte Constitucional, al reconocerle -fuera de su texto-
que estableció lo mismo que el precepto ya fallado, y al ordenar estarse a lo
resuelto, dictaminó en realidad la constitucionalidad del procedimiento
consagrado en los incisos integrantes del artículo, del todo ausentes en la
disposición que la Corte ya había examinado, y no estudiados en la sentencia
hoy proferida.
Afirmo lo anterior basado no solamente en
la equiparación que hace la Corte entre las dos normas sino en la circunstancia
de que, al resolver, la sentencia de la cual me separo no hizo ninguna
distinción, como si la constitucionalidad de todo el procedimiento consagrado
en el artículo 457 del Decreto 2700 de 1991 hubiese estado implícita en la del
artículo 13 del Decreto 2790 de 1990, adoptado como legislación permanente por
el artículo 5º del Decreto 2271 de 1991.
No puede olvidarse que la demanda no
solamente se refería a la desaparición de la audiencia pública para los delitos
de los cuales conoce la justicia regional, sino a otros aspectos, como por
ejemplo al ocultamiento de las pruebas al defensor para alegar de conclusión y
a la situación, creada por la norma en el sentir del actor, según la cual los
alegatos de la Fiscalía, la parte civil y el Ministerio Público "son
presentados momentos antes de vencerse los términos respectivos para que la
defensa no tenga oportunidad de refutarlos".
Son aspectos de la disposición demandada
sobre los cuales ha debido pronunciarse la Corte, sin remitirse a lo ya fallado
en materia de audiencia pública.
2. Aclaro mi voto para expresar que, si la
Corte hubiera resuelto proferir fallo de mérito, mi criterio era el de la
exequibilidad de la norma demandada.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Fecha, ut supra
[1]Cfr. Gaceta Constitucional N° 36, de abril 4 de 1991, p. 26.
[2] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,  Sentencia No. 16 del 13
de febrero de 1991, MP Jairo Duque Pérez.
[3]Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia del 13 de febrero
de 1990 M.P. Jairo E. Duque Pérez.
[4]Sentencia C-053/93 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
[5]Ibidem, consideración de la Corte No 3.
[6]Sentencia C-275/93 M.P. Antonio Barrera
Carbonell, Consideración de la Corte Nº 4.3.
[7]Corte Suprema de Justicia, Sala Penal.
Sentencia del 3 de noviembre de 1993. M.P Edgar Saavedra Rojas.
[8]Sentencia T-055/94. Loc cit. Fundamento
jurídico No 5.
[9]Sentencia C-275/93 M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[10] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal,
Auto del 19 de octubre de 1993. M.P. Dídimo Páez Velandia.
[11]Corte Suprema de Justicia, Sala
Constitucional. Sentencia de octubre 2 de 1981. M.P. Carlos Medellín.
[12]Corte Constitucional, Salvamento de Voto
a la Sentencia Nº C-093/93, Magistrados: Ciro Angarita Barón y Alejandro
Martínez Caballero, 3.2.
[13]Ibidem, 3.3.
[14]Antonio María Lorca Navarrete, Derecho
Procesal Penal, 2º edición, 1988. Madrid, Tecnos, p.198.
[15]Tribunal Constitucional Español.
Sentencia No 16/1981. Fundamentos jurídicos 5 y 6.
[16]Daniel O'donnell, Protección
Internacional de los Derechos Humanos, Comisión Andina de Juristas,
Lima, p. 35.
[17]Sentencia T-055/94. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico No. 7.
[18]Francesco Carnelutti, Cómo se hace
un Proceso, Editorial Temis, Bogotá, 1989, p. 7.
[19] Daniel O'Donnell, op. cit., p 168.
[20]Sentencia  Kostovski contra Países Bajos.
20 de noviembre de 1989. p. 17.
[21]Sentencia Ekbatani contra Suecia. 26 de
mayo de 1988. p.9.
[22]Sentencia Engel y otros contra Países
Bajos. 8 de junio de 1976 p.31.
[23]Sentencia Unterpertinger contra Austria.
24 de noviembre de 1986. p11.
[24]Sentencia T-055/94. Loc.cit. Fundamento
jurídico No. 6.
[25]Sentencia C-563/95 M.P. Carlos Gaviria
Díaz. Consideración de la Corte B numeral 5.
[26]Tribunal Constitucional Alemán (BVerFG)
20, 323 (331). Sobre la relación, dignidad y culpabilidad,  pueden verse además
las decisiones 23, 127; 28, 26; 28, 51.
[27]Ver, entre otras, las sentencias
T-422/92, C-530/93, T-230/94, T-288/95 y C-022/96
[28]Sentencia C-445/95. Fundamento jurídico
No 17.
[29]Ver sentencia C-017/96. Fundamento
jurídico No 10.