T-631-10
Sentencia T-631/10
Sentencia T-631/10
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA ORDEN DE REINTEGRO
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Vulneración por cuanto empleador se niega a reconocer
y pagar indemnización sustitutiva a la orden de reintegro
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Caso en que empleador fue condenado por sentencia
judicial a reintegro, pero no puede hacerse por la pérdida de capacidad laboral
del demandante
TRANSACCION LABORAL SOBRE EL MODO DE CUMPLIR EL FALLO
PROFERIDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO-Se
acordó cancelación de suma de dinero la que fue aprobada por el Juzgado de
instancia/TRANSACCION LABORAL-En relación con los derechos a la
seguridad social el demandante quedó desprovisto del derecho al reconocimiento
de una pensión de invalidez pese a la orden que se había dado en el fallo
Esta
transacción fue aprobada por el Juzgado Laboral del Circuito de Cartagena, pese
a que en el proceso laboral ordinario, el juez de primera instancia condenó a
Electricaribe al pago de aportes a la seguridad social durante todo el tiempo
que había trascurrido desde el momento del despido sin justa causa y hasta la
fecha en la cual se ordenó judicialmente el reintegro, y a que el Tribunal en
segunda instancia no revocó esa condenaCon todo, la Sala advierte que debido a
la transacción sobre los derechos a la seguridad social, el tutelante quedó
desprovisto del derecho al reconocimiento de una pensión de invalidez, pues si
esos aportes se hubieran efectuado debidamente, él tendría derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y podría satisfacer las
necesidades urgentes que, según el amparo, tiene insatisfechas hasta el
momento.
SOLICITUD DE INDEMNIZACION SUSTITUTIVA A UNA ORDEN
JUDICIAL DE REINTEGRO
La Sala de Revisión estima que la petición del
accionante es improcedente, ya que, el reconocimiento de una indemnización
sustitutiva a una orden de reintegro no es procedente porque el derecho a la
seguridad social es irrenunciable, y si se accediera a la petición, se estaría
autorizando la renuncia del accionante a acceder a una pensión de invalidez. El
accionante se encuentra en un claro estado de necesidad que lo obligó a
solicitar una indemnización sustitutiva de la orden de reintegro consignada en
la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, sin
embargo, tal orden le garantiza al accionante la posibilidad de acceder a una
pensión de invalidez y su derecho a la seguridad social integral. Por lo tanto,
la Sala de Revisión considera que la petición de ordenar a Electricaribe el
pago de una indemnización sustitutiva, siendo la solución procedente que se
cumplan los fallos proferidos dentro del proceso laboral ordinario. Sin
embargo, teniendo en cuenta que en el trámite de revisión se remitió por el accionante
un contrato de transacción sobre el modo de cumplir la sentencia proferida
dentro del proceso laboral ordinario en el que se declaró que su despido fue
injusto; que en tal contrato  éste accedió a recibir una suma de dinero como
contraprestación a su renuncia a reclamar su derecho a la seguridad social, y
que esta transacción fue aprobada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena, mediante auto del 23 de octubre de 2009, la Sala de Revisión deberá
estudiar la constitucionalidad de estos actos.
TRANSACCION LABORAL-No puede recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO DERECHO FUNDAMENTAL
IRRENUNCIABLE
DERECHO FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE QUIENES SE ENCUENTRAN EN CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA O INDEFENSION
La Sala de Revisión considera que en casos en los que
media una situación dentro de la cual el trabajador tiene una afectación en su
salud de tal magnitud que le impide sustancialmente el desempeño de sus
labores, se debe enfatizar el carácter tutelar de los derechos del trabajador,
protegiendo la Corporación el vínculo laboral, activándose la protección
integral a su derecho al trabajo y a la seguridad social, pues está localizado
dentro de un esquema de especial, vulnerabilidad al que el orden jurídico debe
ser sensible.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedibilidad
DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Caso en que se negó por cuanto el demandante no
aportó el número de semanas requeridas/ DERECHO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Caso
en que Electricaribe terminó sin justa el contrato de trabajo y el fallo a
favor del demandante quedó en firme cuando ya se había estructurado invalidez
El accionante no cotizó las semanas requeridas para que
se le reconociera su derecho a la pensión de invalidez porque Electricaribe, le
terminó sin justa causa su contrato de trabajo en noviembre de 2002, y el fallo
proferido por la jurisdicción laboral ordinaria que ordenó su reintegro tan
sólo quedó en firme en julio de 2009, momento en el cual ya se había
estructurado su estado de invalidez. El actor se enfrenta a un perjuicio
inminente a sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital,
ya que es una persona inválida a quien se le negó el reconocimiento de su
derecho a la pensión de invalidez, por no reunir los requisitos exigidos en la
ley, y no puede seguir aportando al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
para que se le reconozca su derecho a la pensión de vejez porque está
incapacitado físicamente para ejercer cualquier actividad remunerada, por lo
tanto, el tutelante y su familia están desamparados frente a las consecuencias
inminentes de su enfermedad. Igualmente, el derecho fundamental a la seguridad
social de una persona que sufre de liposarcoma retroperitoneal inoperable por
involucrar órganos vitales, y que como consecuencia de su padecimiento ha sido
calificada como inválida, es lo suficientemente significativo para que cualquier
vulneración que se le cause sea considerada como grave, pues del respeto de
este derecho depende que un sujeto de especial protección constitucional pueda
vivir en condiciones acordes con la dignidad humana. Por las razones antes
expuestas, la Sala de Revisión considera que, en el presente caso, se cumple
con el segundo de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, ya que la acción pretende evitar la
consumación de un perjuicio irremediable al derecho fundamental a la seguridad
social del demandante.
RECURSO DE CASACION LABORAL-Caso en que demandante no pudo sustentarlo por falta
de recursos económicos para contratar un abogado
El accionante consideró que la vulneración de sus
derechos fundamentales se originó en la providencia proferida el 23 de abril de
2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena en la cual se negó
el reconocimiento de sus salarios y prestaciones sociales causados desde su
desvinculación hasta su reintegro. Esta providencia fue recurrida en casación
pero ante la ausencia de recursos económicos necesarios para contratar los
servicios de un abogado que sustentara este recurso, lo cual está demostrado en
el expediente porque desde el 8 de julio de 2008 el actor había perdido su
capacidad laboral en un 68.30%, no tiene trabajo, ni ingreso adicional alguno, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 2 de julio de
2009, declaró desierto el recurso. Por ello, en cuanto al requisito de
inmediatez, la fecha de interposición de la acción de tutela demuestra que el
accionante cumplió con tal requisito frente a las providencias que él
consideraba habían vulnerado sus derechos fundamentales, ya que interpuso la
acción tan sólo 4 días después de haberse proferido el auto que declaró
desierto el recurso de casación.
CONTRATO DE TRANSACCION Y DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL-Caso en que se desconoció el
carácter irrenunciable de este derecho
La Sala de Revisión debe interpretar que en la
sentencia del 23 de abril de 2008, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena protegió el derecho a la seguridad social del accionante,
dejando en firme la obligación de Electricaribe de pagar los aportes al Sistema
de Seguridad Social del accionante durante el tiempo que estuvo desvinculado
injustificadamente. La Sala de Revisión considera que el juez laboral
desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, porque aprobó un
contrato de transacción sobre el derecho cierto e indiscutible del trabajador,
a que Electricaribe pagara las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social
Integral durante el tiempo que estuvo desvinculado, tiempo que sería suficiente
para que el accionante cumpliera con el requisito legal de cotizar cincuenta
(50) semanas dentro de los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha
de estructuración de su estado de invalidez, y así poder acceder al pago de la
pensión de invalidez por parte del Instituto de Seguros Sociales. Por las
razones antes expuestas, y ante la necesidad de hacer cesar la vulneración a
los derechos fundamentales del accionante, la Sala de Primera de Revisión de la
Corte Constitucional tutelará los derechos al debido proceso, al mínimo vital,
a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada del peticionario, y
por lo tanto, dejará sin efectos parcialmente el Auto de aprobación del
contrato de transacción celebrado entre el accionante y Electricaribe S.A.
E.S.P., en lo que hace referencia a la aprobación de la transacción respecto de
cualquier tipo de controversia sobre el derecho a la seguridad social y
respecto de la terminación por mutuo acuerdo del vínculo laboral. Si bien es
cierto, la terminación de común acuerdo del contrato de trabajo es susceptible
de transacción, si con esa decisión se afectara el derecho a la seguridad
social de una persona inválida, a quien se le niega la pensión de invalidez por
no haber cotizado el número de semanas requeridas dentro de los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez y no está en
condiciones de acceder a ningún otro empleo para garantizarse una vida digna,
ni seguir cotizando al sistema de seguridad social, tal acuerdo sería objeto de
reproche desde el punto de vista constitucional, teniendo en cuenta que
afectaría la seguridad social del trabajador especialmente protegido en
condiciones de vulnerabilidad, como la que  se presenta en este caso.
Referencia:
expediente T-2622079
Acción de tutela instaurada por Pedro Ignacio Jiménez
Ariza contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., trece (13) de  agosto de dos mil diez
(2010)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos
Henao Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y previo el
cumplimiento de los requisitos y trámites legales y reglamentarios, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia, por el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Cartagena el 17 de julio de 2009, y en segunda instancia, por
el Juzgado Segundo Penal del Circuito Adjunto de Cartagena el 15 de septiembre
de 2009, dentro de la acción de tutela promovida por el señor Pedro Jiménez
Ariza contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., en adelante
Electricaribe.
El
expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio del Auto del
veintitrés (23) de abril de dos mil diez (2010), proferido por la Sala de
Selección Número Cuatro.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El
señor Pedro Jiménez Ariza presentó acción de tutela solicitando que se le
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la familia, a la
seguridad social, al mínimo vital  y a la vida, los cuales consideró vulnerados
por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., en adelante Electricaribe.
El accionante fundamentó su solicitud en los siguientes
hechos:
1.1. El ciudadano Pedro Ignacio Jiménez Ariza laboró
inicialmente con la Electrificadora de Bolívar S.A. desde el 01 de abril de 1991,
y posteriormente, por sustitución patronal, con Electrocosta S.A. E.S.P.,
entidad que terminó el contrato de trabajo sin justa causa el 28 de noviembre
de 2002.
1.2. El tutelante adelantó un proceso laboral en
contra de Electrocosta S.A. E.S.P., la cual fue absorbida posteriormente en un
proceso de fusión por Electricaribe S.A. E.S.P., solicitando que se declarara
que la terminación de su contrato de trabajo fue injusta, que se ordenara su
reintegro al cargo que venía desempeñando, y que se condenara a la entidad
demandada al pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de
devengar por el demandante desde la terminación de su contrato de trabajo hasta
cuando se hiciera efectivo su reintegro. Como petición subsidiaria, solicitó
que se condenara a la entidad demandada al pago de la indemnización por la
terminación del contrato sin justa causa.
1.3. En primera instancia, el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de Cartagena, en providencia del 2 de febrero de 2007, declaró la
terminación unilateral sin justa causa del contrato de trabajo y condenó a la
entidad demandada, i) al reintegro del tutelante al cargo que venía
desempeñando, ii) al pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir por el accionante desde la fecha del despido hasta cuando se hiciera
efectivo el reintegro, y iii) al pago de las cotizaciones del tutelante al
Sistema de Seguridad Social en Salud y en Pensiones de manera que no hubiera
solución de continuidad.
1.4. El fallo fue apelado por la entidad demandada,
recurso que fue resuelto por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, mediante providencia del 23 de abril de 2008, revocando
parcialmente la decisión de primera instancia. Específicamente, la revocó en
cuanto se refirió a la condena de la entidad demandada a pagar los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir por el accionante. El Tribunal
consideró que el reintegro operó porque fue pactado en la convención colectiva
de trabajo vigente en la entidad demandada para la época del despido, y que en
dicha convención no se pactó el pago de los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir por el trabajador despedido injustamente. El magistrado
Carlos García Salas salvó parcialmente el voto porque consideró que “(…)
absolver a la demandada del pago de salarios y prestaciones [desconocía] el
sentido teleológico de la norma convencional al consagrar el reintegro en caso
de despido sin justa causa”[1].
1.5. El apoderado del accionante interpuso recurso de
casación contra la decisión de segunda instancia, sin embargo, este no pudo
sustentarse, según afirma el tutelante, por la ausencia de recursos económicos,
y en consecuencia, la Corte Suprema de Justicia lo declaró desierto mediante
auto del 2 de julio de 2009.[2]
1.6.
Al señor Pedro Jiménez Ariza se le diagnosticó además liposarcoma
retroperitoneal inoperable por tratarse de una gran masa intrabdominal con
compromiso de órganos abdominales,[3]
y como consecuencia de ello, fue calificado con un porcentaje de pérdida de
capacidad laboral del sesenta y ocho punto treinta por ciento (68,30%), con
fecha de estructuración del 8 de julio de 2008, encontrándose en imposibilidad
física de reintegrarse a las labores que desempeñaba cuando fue despedido sin
justa causa.
1.7.
Como consecuencia de lo anterior, el señor Pedro Jiménez Ariza solicitó la
tutela de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso,
a la familia, a la vida, y al mínimo vital, los cuales considera que deben ser
amparados mediante una orden a Electricaribe para que cumpla con la sentencia
proferida por la jurisdicción laboral ordinaria mediante el pago de una
indemnización sustitutiva al reintegro, pues por su delicado estado de salud le
resulta imposible ejercer cualquier actividad laboral.
2.
Respuesta de la entidad accionada
Electricaribe
respondió la tutela, solicitando que se declarara la improcedencia de la
acción, argumentando que el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena no estaba en firme porque la
declaratoria de desierto del recurso de casación no había quedado ejecutoriada,
y por lo tanto, no incumplía orden judicial alguna, ni vulneraba los derechos
fundamentales del tutelante.
3. Sentencia de primera instancia
El
17 de julio de 2009, el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Cartagena negó el amparo solicitado, porque consideró que la
petición de ordenar una indemnización sustitutiva a la orden de reintegro no
tenía soporte legal, y que el accionante cuenta con otros recursos legales por
medio de los cuales puede defender sus derechos.
4.
Impugnación
Esta
sentencia fue impugnada por el tutelante, sin presentar argumentos adicionales
a los manifestados en el escrito de tutela.
5.
Sentencia de segunda instancia
El
11 de agosto de 2009, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Adjunto de
Cartagena de Indias confirmó el fallo de primera instancia, pues consideró que
la acción de tutela no cumplía con los requisitos de subsidiariedad y
residualidad, ya que en su concepto, “(…) las herramientas defensivas
previstas por el legislador ante la jurisdicción laboral ordinaria (recurso de
casación) era[n] claramente idónea[s] para la aclaración del
punto en debate” [4],
y que la acción de tutela “(…) no puede ser empleada como
derrotero alternativo o supletivo a los establecidos primigeniamente para tal
fin y, mucho menos, como una instancia adicional, que permita al actor obtener
una decisión judicial favorable por fuera del proceso mismo donde figura como
sujeto procesal, desplazando al funcionario judicial de conocimiento” [5].
II.
ACTUACIONES EN SEDE DE REVISIÓN
1. Vinculación al proceso en sede de revisión de
aquellas entidades que no fueron llamadas en el trámite de la acción de tutela
y registran un interés en el proceso
Debido a que la presente acción de tutela planteaba un
problema relacionado con el pago de una indemnización sustitutiva a la orden de
reintegro proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena y
confirmada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, así como una posible vulneración al derecho a la
seguridad social del tutelante, quien fue calificado con una pérdida de
capacidad laboral del sesenta y ocho punto treinta por ciento (68,30%) sin que
se le haya reconocido el derecho a la pensión de invalidez, y que el Instituto
de Seguros Sociales, Seccional Bolívar, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito
de Cartagena y la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, no habían sido vinculadas por los jueces de instancia,
dado el delicado estado de salud y las graves circunstancias excepcionales en
las que se encuentra el accionante, la Sala Primera de Revisión, siguiendo
reiterada jurisprudencia de esta Corporación, procedió a subsanar en sede de
revisión este defecto.
La jurisprudencia constitucional al interpretar el alcance
del artículo 140, numeral 9 del Código de Procedimiento Civil,[6] ha señalado que cuando el
demandante no integra la causa pasiva en debida forma, es deber del juez
constitucional proceder a su vinculación oficiosa a fin de garantizarles su
derecho a la defensa y en esa medida, permitirle a la autoridad establecer el
grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos materia de
controversia. En esas circunstancias, se ha considerado que el trámite dado a
la acción de tutela se encuentra viciado por una nulidad saneable.[7]
Aun cuando en principio es criterio de la Corte
Constitucional no tramitar directamente el incidente de nulidad por falta de
notificación o por la indebida conformación de la parte pasiva, y ordena
generalmente la devolución del expediente al juez de primera instancia para que
éste lo tramite, en casos muy excepcionales, en los que se requiere adoptar una
medida de protección inmediata para garantizar derechos como la vida, la salud
o la integridad física, o se encuentran en juego derechos fundamentales de
personas cuyo estado de debilidad es manifiesto, como cuando se trata de
sujetos en estado de invalidez afectadas por una enfermedad grave que
compromete seriamente su expectativa de vida, puede la Corte directamente
vincular al proceso a aquellas entidades que no fueron llamadas en los fallos
de instancia.[8]
En
virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el accionante es una persona
inválida quien padece una enfermedad grave que afecta seriamente su expectativa
de vida, y que reclama con urgencia la protección de sus derechos a la vida, a
la seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital, la Sala Primera de
Revisión, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal,
vinculó al presente proceso a las entidades mencionadas, mediante Auto del 31
de mayo de 2010.
1.1. Respuesta del Juzgado Sexto Laboral del Circuito
de Cartagena
El 21 de junio del año en curso, el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de Cartagena presentó informe sobre la acción de tutela de la
referencia, señalando que en su concepto “(…) cuando se ordena reintegro por
despido injusto, es porque debido a la anormal terminación del contrato, no ha
habido solución de continuidad en el mismo, por ello sigue vigente el contrato
con todos sus efectos entre las partes. Siendo esto así, se siguen generando
los salarios y se mantienen las relaciones de afiliación que anteriormente se
acordaron con organismos de Seguridad Social, conllevando a hacer los aportes o
cotizaciones necesarios, para que pueda obtener pensión de invalidez o de
jubilación según las condiciones de estas prestaciones económicas”.[9]
Igualmente, manifestó su desacuerdo con la interpretación
dada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena al alcance de la Convención Colectiva de Trabajo pactada
por entre la entidad demandada y sus trabajadores, pues en su concepto, “(…)
en la Convención Colectiva Laboral no se está acordando sanción alguna, que en
el fondo lo que se está acordando es la ineficacia del despido y ello, le da
vigencia al contrato en el interregno que va desde el despido hasta cuando se
produzca el reintegro, momento en que se normaliza la ejecución del contrato. A
partir de este momento el cumplimiento de las obligaciones bilaterales es el
que genera los derechos a las partes.”[10]
Por último, señaló que las partes allegaron al proceso un
contrato de transacción sobre el modo de cumplir la sentencia proferida en el
proceso laboral adelantado por el señor Pedro Jiménez Ariza contra
Electricaribe, en el cual se acordó reintegrar al trabajador e inmediatamente
terminar el contrato de mutuo acuerdo, con la consecuente indemnización al
trabajador. Manifestó que aprobó dicho acuerdo, porque consideró que en él se
dejó a salvo los derechos irrenunciables del tutelante.
1.2. Respuesta de la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
El 21 de junio del año en curso, la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena presentó
informe sobre los hechos de la acción de tutela, manifestando que “(…) el demandante
contó con los recursos de ley para la prosperidad de las pretensiones de los
cuales no hizo uso, pues interpuesto el recurso de casación este fue declarado
desierto por la Corte Suprema de Justicia. Además la tutela es extemporánea
dado que la sentencia de segunda instancia se profirió en abril de 2008 (…) y
la acción fue presentada el 2 de [j]ulio de 2009.”
1.3. Respuesta del Instituto de Seguros Sociales
Seccional Bolívar
El 16 de junio del año en curso, el Instituto de Seguros
Sociales presentó informe sobre los hechos que dieron lugar a la acción de
tutela, solicitando la aplicación del artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, “en
lo relacionado con la cesación de la actuación y la consecuente negación del
presente fallo de tutela”[11],
porque consideraron que el interés que había motivado la acción de tutela
se encontraba satisfecho.
2. Decreto de pruebas
Mediante Auto del 31 de mayo de 2010, esta Sala de
Revisión solicitó a la Oficina de Pensionados del Instituto de Seguros Sociales
– Seccional Bolívar, el envío de un informe completo sobre la historia laboral
de Pedro Jiménez Ariza, en el que se incluyera el número total de semanas
cotizadas al sistema. Igualmente, pidió al señor Pedro Jiménez Ariza que
remitiera un informe a la Corte Constitucional sobre su estado de salud actual
y la entidad a través de la cual se le prestan los servicios de salud
requeridos, así como, información sobre su situación económica actual y la
forma como son atendidas sus necesidades básicas.
El 16 de junio del año en curso, el Instituto de Seguros
Sociales – Seccional Bolívar, envió el resumen de semanas cotizadas en
pensiones a nombre del señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza, en la cual se reporta
un total de 796.29 semanas, desde enero de 1967 hasta junio de 2010.
El 15 de junio de 2010, el señor Pedro Ignacio Jiménez
Ariza allegó los siguientes documentos:
¾
Fotocopia del carné de afiliación
del tutelante al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en
Salud y fotocopia de su cédula de ciudadanía (folio 40 del cuaderno de
revisión).
¾
Fotocopia del carné del tutelante,
en el cual se acredita que está registrado en el nivel 2 del Sistema de
Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas
Sociales (folio 41 del cuaderno de revisión).
¾
Fotocopia de los más recientes
registros de la historia clínica del señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza (folios
36 – 39 del cuaderno de revisión).
¾
Fotocopia de la sentencia
proferida el 23 de abril de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, dentro del proceso laboral adelantado por Pedro Jiménez
Ariza contra Electricaribe (folios 48-54 del cuaderno de revisión).
¾
Fotocopia del contrato de
transacción sobre el modo de cumplir la sentencia en firme dentro del proceso
laboral adelantado por Pedro Jiménez Ariza contra Electricaribe (folios 46 y 47
del cuaderno de revisión).
¾
Fotocopia de la Resolución del 15
de febrero de 2010, expedida por el Instituto de Seguros Sociales – Seccional
Atlántico, mediante la cual niega el reconocimiento del derecho a la pensión de
invalidez al señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza por no cumplir con el requisito
de haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de su estado de
invalidez (folios 55-57 del cuaderno de revisión).
¾
Formato de persona no declarante
diligenciado por el señor Pedro Jiménez Ariza, en el cual manifiesta que es
desempleado y que en el año 2009 no recibió ningún tipo de ingreso (folio 58
del cuaderno de revisión).
El 12 de julio de 2010, el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Cartagena, por solicitud telefónica que hiciera en esa misma fecha
el despacho de la magistrada ponente, envió vía fax, copia del Auto proferido
el 23 de octubre de 2009, mediante el cual aprobó el contrato de transacción
suscrito entre el señor Pedro Jiménez Ariza y Electricaribe, sobre el modo de
cumplir la sentencia proferida por ese juzgado el 02 de febrero de 2007,
modificada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cartagena
el 23 de abril de 2008 (folio 62 del cuaderno de revisión).
III. Consideraciones y
fundamentos
1. Competencia
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos
de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y planteamiento de los problemas jurídicos
El
señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza solicitó a Electricaribe que le concediera
una indemnización sustitutiva de la orden de reintegro dictada por una
autoridad judicial de la República, a pesar de que esa no fue una alternativa
expresamente dispuesta en la resolución judicial, porque a su juicio lo
verdaderamente útil en sus condiciones de salud (padece un liposarcoma
retroperitoneal de órganos abdominales que le ocasionó la pérdida de la
capacidad laboral en un 68.30%), es el dinero para satisfacer sus necesidades
básicas, y no el reintegro a las labores, pues no puede laborar. Sin embargo, Electricaribe
se opuso a la prosperidad de la petición, porque si bien había sido condenada a
reintegrarlo a las labores, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, en segunda instancia, dicha orden no estaba
vigente al momento de la presentación de la acción de tutela, pues la sentencia
no había quedado ejecutoriada, y por lo tanto, no estaba incumpliendo orden
judicial alguna.
Por
este motivo, la Sala debe resolver en primer lugar el siguiente problema
jurídico: ¿vulnera una entidad empleadora (Electricaribe S.A. E.S.P.), el
derecho al mínimo vital de un trabajador (Pedro Jiménez Ariza) al negarse a
reconocerle y pagarle una indemnización sustitutiva a la orden de reintegro a
la cual fue condenada mediante sentencia judicial, a pesar de que en sentir del
trabajador el reintegro sería inútil pues lo que requiere es un ingreso
dinerario urgente que le permita satisfacer sus necesidades básicas, y a pesar
también de que el trabajador perdió su capacidad laboral en un 68.30%, por la
enfermedad catastrófica (cáncer) que padece, lo cual le imposibilita retornar
al trabajo?
Ahora
bien, dentro del trámite de la revisión de la tutela, la Sala de Revisión
encontró que el señor Pedro Jiménez Ariza, actuando a través de apoderado
judicial, suscribió una transacción con Electricaribe, sobre el modo de cumplir
el fallo proferido dentro del proceso laboral antes mencionado. En esta
transacción se acordó la cancelación de una suma de dinero, como pago de “(…)
cualquier tipo de controversia pasada, presente o futura de índole laboral o de
Seguridad Social derivada de la relación laboral que se termina de común
acuerdo (…)”[12].
Esta
transacción fue aprobada por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena
mediante auto del 23 de octubre de 2009, pese a que en el proceso laboral
ordinario, el juez de primera instancia condenó a Electricaribe al pago de
aportes a la seguridad social durante todo el tiempo que había trascurrido
desde el momento del despido sin justa causa y hasta la fecha en la cual se
ordenó judicialmente el reintegro, y a que el Tribunal en segunda instancia no
revocó esa condena[13].
Con todo, la Sala advierte que debido a la transacción sobre los derechos a la
seguridad social, el tutelante quedó desprovisto del derecho al reconocimiento
de una pensión de invalidez, pues si esos aportes se hubieran efectuado
debidamente, él tendría derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez y podría satisfacer las necesidades urgentes que, según el amparo,
tiene insatisfechas hasta el momento.
En
consecuencia, la Sala debe resolver otro problema jurídico adicional, esta vez
del siguiente tenor: ¿viola el derecho a la seguridad social de un trabajador
una providencia (auto) que aprueba la transacción que este hace con su
empleador sobre el derecho a que se paguen a nombre suyo aportes al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, a pesar de que ese derecho está expresamente
reconocido en una providencia judicial en firme, y de que si este no hubiera
transigido esos derechos tendría actualmente adquirido el derecho a la pensión
de invalidez?
Para
resolver el primer problema jurídico, esta Sala de Revisión estudiará la
procedencia de la acción de tutela para resolver una solicitud de indemnización
sustitutiva a una orden de reintegro. Para resolver el segundo problema
jurídico, estudiará la validez de los contratos de transacción sobre derechos
laborales ciertos e indiscutibles. En segundo lugar, analizará la
irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social. En tercer lugar, reiterará
la jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales. Por último, estudiará el caso concreto.
3.     La solicitud de indemnización sustitutiva a una
orden judicial de reintegro
En
la acción de tutela en estudio, el accionante solicitó que se tutelaran sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la familia, a la seguridad social,
al mínimo vital  y a la vida, los cuales consideró vulnerados por Electricaribe
S.A. E.S.P., al no reconocerle el pago de una indemnización sustitutiva a la orden
de reintegro proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena, teniendo en cuenta que se le dictaminó una pérdida de su
capacidad laboral del sesenta y ocho punto treinta por ciento (68.30%), pues
padece una grave enfermedad que compromete su expectativa de vida.
Esta solicitud fue negada por los jueces de tutela, porque
consideraron que carecía de soporte legal y convencional.
La Sala de Revisión también estima que la petición del
accionante es improcedente, ya que, el reconocimiento de una indemnización
sustitutiva a una orden de reintegro no es procedente porque el derecho a la
seguridad social es irrenunciable, y si se accediera a la petición, se estaría
autorizando la renuncia del accionante a acceder a una pensión de invalidez. En
este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha dicho:
“El
Estado Social de Derecho, que tiene como fin servir a la comunidad, no puede
tolerar que el derecho al trabajo –que es de interés general-, se vea menguado
por renuncias que el trabajador en estado de necesidad pueda verse forzado a
hacer. Como, por ejemplo, aceptar un despido sin justa causa, ante la
perspectiva de recibir con prontitud el dinero proveniente de una
indemnización”.[14]
En este caso, el accionante se encuentra en un claro estado
de necesidad que lo obligó a solicitar una indemnización sustitutiva de la
orden de reintegro consignada en la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cartagena, sin embargo, tal orden le garantiza al accionante la
posibilidad de acceder a una pensión de invalidez y su derecho a la seguridad
social integral. Por lo tanto, la Sala de Revisión considera que la petición de
ordenar a Electricaribe el pago de una indemnización sustitutiva, siendo la
solución procedente que se cumplan los fallos proferidos dentro del proceso
laboral ordinario.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en el trámite de
revisión se remitió por el señor Jiménez Ariza un contrato de transacción[15] sobre el
modo de cumplir la sentencia proferida dentro del proceso laboral ordinario en
el que se declaró que su despido fue injusto; que en tal contrato  éste accedió
a recibir una suma de dinero como contraprestación a su renuncia a reclamar su
derecho a la seguridad social, y que esta transacción fue aprobada por el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, mediante auto del 23 de
octubre de 2009, la Sala de Revisión deberá estudiar la constitucionalidad de
estos actos.
4.
La transacción en materia laboral no puede recaer sobre derechos ciertos e
indiscutibles
La
transacción es definida en el ordenamiento jurídico colombiano, como “(…) un
contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o
precaven un litigio eventual”.[16]
Cuando en el litigio objeto de transacción se discute un derecho laboral, el
objeto de la transacción sólo puede referirse a derechos inciertos y
discutibles, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la
Constitución Política.
En
concordancia con lo anterior, el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo
ha establecido que “[e]s válida la transacción en los asuntos del
trabajo, salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles”.
Ahora
bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la transacción sobre
derechos laborales no puede recaer sobre derechos ciertos e indiscutibles. Así,
en la sentencia C-160 de 1999,[17]
la Corte consideró que:
“A juicio de la Corte, la conciliación no opera en los
procesos ejecutivos, porque en razón de su naturaleza la conciliación busca
crear una situación de certeza en cuanto a los derechos laborales que el
trabajador reclama al empleador, lo cual, por sustracción de materia no se
requiere cuando ya se posee un título ejecutivo del cual emana una obligación a
cargo de éste que para el trabajador configura un derecho cierto e indiscutible
que no se puede renunciar ni negociar, como lo prevé el art. 53 de la
Constitución Política”.
5.
La seguridad social es un derecho fundamental irrenunciable
Ahora
bien, en el numeral 3 del contrato de transacción celebrado por el señor Pedro
Jiménez Ariza con Electricaribe, se estipuló “(…) como fórmula transaccional
a la cual las partes imputan cualquier tipo de controversia pasada, presente o
futura de índole laboral o de Seguridad Social derivada de la relación laboral
que se termina de común acuerdo”,[18]
el pago de sesenta millones de pesos ($60’000.000). Dentro de las posibles
controversias futuras derivadas de la relación laboral entre el señor Pedro
Jiménez Ariza y Electricaribe, las partes estipularon que se incluyeran las “(…)
expectativas de pensión sanción o cotización sanción, pensiones convencionales
o extralegales, diferencias pensionales, reajustes de éstas con fundamento en
la [L]ey 4ª de 1976, compartibilidad o compatibilidad entre éstas y, en
general, por expectativas sobre las mismas, salarios, exoneración del pago del
12% de la pensión para cubrir salud, pensión de sobreviviente[s], (…)
retroactivos de la pensión cancelado por el ISS, sin que quede reserva de
reclamo judicial posterior por ningún título y bajo ningún concepto”.[19]
Como
se puede ver, el contrato de transacción celebrado por las partes incluyó un
acuerdo sobre la renuncia del señor Pedro Jiménez Ariza a reclamar con
posterioridad a la firma de la transacción, sus posibles derechos a la seguridad
social, por lo tanto, la Sala de Revisión considera necesario reiterar lo
expresado por la jurisprudencia constitucional sobre el carácter de derecho
fundamental irrenunciable de la seguridad social.
Así,
el artículo 48 de la Constitución Política establece que la Seguridad Social es
un servicio público de carácter obligatorio y es un derecho fundamental
irrenunciable. En el artículo 3° de la Ley 100 de 1993, se establece igualmente
que “El Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional, el
derecho irrenunciable a la Seguridad Social”. En el mismo sentido, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la Seguridad Social es un
derecho fundamental irrenunciable susceptible de ser protegido a través de la
acción de tutela siempre que se cumpla con los requisitos de procedibilidad de
la acción.[20]
En
desarrollo de lo anterior, el legislador nacional creó el Sistema de Seguridad
Social Integral para, entre otros fines, “[g]arantizar las
prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o
capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema”[21]. Dentro
de las prestaciones económicas que se garantizan a través del Sistema de
Seguridad Social Integral, se encuentra el reconocimiento de las pensiones que
amparan a los afiliados contra los riesgos de la vejez, la invalidez o la
muerte, derechos que son irrenunciables.
Es
importante resaltar que en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, el
derecho a la pensión que ampara a las personas contra los riesgos de la vejez,
la invalidez o la muerte, se reconoce y paga a las personas afiliadas al
sistema. Esta afiliación implica la obligación de los trabajadores dependientes
e independientes de hacer los aportes que se establezcan en la ley. Para el
caso de los trabajadores dependientes, los empleadores tienen la obligación de
pagar las cotizaciones de sus trabajadores al sistema de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993[22]. En este artículo, el
legislador responsabilizó a los empleadores del pago de sus aportes y del
aporte de los trabajadores a su servicio, autorizando el descuento del salario
de los trabajadores del porcentaje de las cotizaciones que estos deben asumir.
6.     El
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran
en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión.
La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado que los trabajadores
que puedan catalogarse como (i) inválidos, (ii) discapacitados,  (iii)
disminuidos físicos, síquicos o sensoriales en un grado relevante, y (iv)
en general  todos aquellos que (a) tengan una afectación en su salud; (b) esa
circunstancia les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus
labores en las condiciones regulares, y (c) se tema que, en esas condiciones
particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, están en
circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la
estabilidad laboral reforzada.
El
derecho a la estabilidad laboral reforzada es resultado de una interpretación
conjunta de, al menos, cuatro preceptos constitucionales: en primer lugar, del
artículo 53 de la Constitución, que consagra el derecho a “la estabilidad en
el empleo”;[23]
en segundo lugar, del deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración
social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos” (art. 47, C.P.); en tercer lugar,  del derecho que tienen todas las personas que “se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente”,
con miras a promover  las condiciones que hagan posible una igualdad “real y
efectiva” (art. 13, C.P);[24]
en último lugar, del deber de todos de “obrar conforme al principio de
solidaridad social”, ante eventos que supongan peligro para la salud física
o mental de las personas (art. 95, C.P.).[25]
Por ello, la Sala de Revisión considera que en casos en
los que media una situación dentro de la cual el trabajador tiene una
afectación en su salud de tal magnitud que le impide sustancialmente el
desempeño de sus labores, se debe enfatizar el carácter tutelar de los derechos
del trabajador, protegiendo la Corporación el vínculo laboral, activándose la
protección integral a su derecho al trabajo y a la seguridad social, pues está
localizado dentro de un esquema de especial, vulnerabilidad al que el orden
jurídico debe ser sensible.
7.     Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales
Dentro de la revisión de la acción de tutela en estudio, la
Sala de Revisión encontró que el contrato de transacción suscrito entre el
señor Pedro Jiménez Ariza y Electricaribe, fue aprobado por el Juzgado Sexto
Laboral del Circuito de Cartagena, mediante Auto del 23 de octubre de 2009.[26] En
consecuencia, la Sala de Revisión considera necesario reiterar su
jurisprudencia respecto de la procedencia de la acción de tutela en contra de
providencias judiciales.
El artículo 86 de la Constitución dice que la acción de
tutela es un medio de defensa judicial de los derechos fundamentales cuando “resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Los jueces son autoridades públicas, y algunas de sus acciones
toman la forma de providencias. Por lo tanto, según el propio texto de la
Carta, si con una providencia se amenazan o violan derechos fundamentales, la
acción de tutela es procedente para solicitar la protección de los mismos.
Ciertamente,
en la Sentencia C-543 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo), la
Corporación estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto
2591 de 1991, preceptos que regulaban el ejercicio de la acción de tutela
contra sentencias judiciales, y los declaró inexequibles, por considerar que,
tal como estaban formulados, desconocían las reglas de competencia fijadas por la
Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica. Esa
decisión ha conducido a algunas autoridades judiciales a interpretar que, en
Colombia, ni la Constitución, ni las leyes ni los reglamentos, autorizan a los
jueces a emitir un pronunciamiento de fondo sobre acciones de tutela dirigidas
contra providencias judiciales.
Pues
bien, la Sala es consciente de que una sentencia, como cualquier texto jurídico,
está sujeta a diversas interpretaciones, algunas de ellas posiblemente
incompatibles entre sí. Eso puede estar ocurriendo, efectivamente, con el
sentido de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-543 de 1992. Pero, asimismo, es necesario resaltar que en un caso de
discrepancias interpretativas a propósito de las sentencias de la Corte
Constitucional, quien tiene competencia jurídica, conferida por la Constitución
y la Ley, para interpretarlas con autoridad, es la propia Corte
Constitucional. Del mismo modo, quien interpreta con autoridad las sentencias
de la Corte Suprema o del Consejo de Estado es, según el caso, la Corte Suprema
(artículo 234, C.P.) o el Consejo de Estado (artículo 237.1, C.P.).[27]
Nótese, respecto de la competencia de la Corte Constitucional para interpretar
sus propias providencias, que la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la
Administración de Justicia”, dispone expresamente que a la Corte
Constitucional es a quien le corresponde determinar los efectos de sus fallos e
interpretar con autoridad el sentido de sus decisiones, y que en esos
casos el pronunciamiento de la Corte tiene carácter “obligatorio general”.
En efecto, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia prescribe que en
el control constitucional de las normas legales, ya sea por vía de acción, de
revisión previa o en ejercicio del control automático, la interpretación
autorizada que efectúe la Corte Constitucional “tiene carácter obligatorio
general” (art. 48). Y la obligatoriedad a que se refiere la Ley, se predica
no sólo de la interpretación del texto de la Constitución, sino también
naturalmente de la de sus propios pronunciamientos y de la interpretación que
haga de las leyes, cuando quebranten la Constitución.[28]
En
consecuencia, la interpretación vinculante del sentido de la Sentencia C-543 de
1992 es la que efectúa la Corte Constitucional por vía de autoridad en el
control de las leyes. De ese modo, debe señalarse que en la referida Sentencia,
la Sala Plena de la Corte Constitucional no adoptó una resolución en
términos absolutos y categóricos. Por el contrario, en el cuerpo mismo de
las consideraciones matizó sus alcances, al prever casos en los cuales la
acción de tutela puede prosperar para cuestionar actuaciones cuya juridicidad
es apenas aparente, porque en realidad implican una ‘vía de hecho’. Al
respecto, dijo la Sala Plena en la referida Sentencia:
“(…) nada obsta para que por la vía
de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero
como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991).  En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
En
ese sentido, la tutela contra providencias judiciales no quedó descartada en
esa Sentencia. Al contrario, en ese fallo se ha fundado la ulterior y reiterada
jurisprudencia de la Corte Constitucional, expedida en pronunciamientos remotos
y recientes, tanto de su Sala Plena como de sus Salas de Revisión de tutelas.
Así, por ejemplo, pueden mencionarse las siguientes sentencias en las cuales se
han tomado decisiones con fundamento en la doctrina de acuerdo con la cual es posible
interponer tutela contra providencias judiciales: C-037 de 1996[29], SU-1184 de 2001[30], SU-159 de
2002[31]
y, más adelante, en la Sentencia C-590 de 2005[32].
También lo han reiterado las diversas Salas de Revisión de tutela, y desde el
comienzo, por ejemplo en las Sentencias T-079[33]
y T-158 de 1993,[34]
en las cuales la Corte Constitucional consideró que por violación del derecho
fundamental al debido proceso, debían ser revocadas sendas providencias
judiciales, que le ponían fin a procesos jurisdiccionales ordinarios. En esa
misma dirección, en la Sentencia T-173 de 1993, con ponencia del Magistrado
José Gregorio Hernández Galindo –ponente de la Sentencia C-543 de 1992–, la
Corte consideró que:
“la violación flagrante y grosera de la
Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respe­table
de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela
siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la
Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de
su derecho.” (Subrayas fuera del texto)
En
síntesis, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido coherente en su
doctrina en cuanto a que algunos actos judiciales, en determinadas condiciones,
pueden ser cuestionados por vía de acción de tutela si violan derechos
fundamentales. En cambio, debe anotarse que la magnitud del defecto judicial,
que amerita una intervención del juez de tutela para proteger derechos
fundamentales violados por autoridades judiciales, no ha sido valorada durante
todo el tiempo con rigidez monolítica. Como lo expuso la Sala Segunda de
Revisión en la Sentencia T-377 de 2009, al referirse a la jurisprudencia sobre
tutela contra sentencias: “[e]sta línea jurisprudencial se conoció
inicialmente bajo el concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, esta Corporación
recientemente, con el propósito de superar una percepción restringida de esta
figura que había permitido su asociación siempre con el capricho y la
arbitrariedad judicial, sustituyó la expresión de vía de hecho por la de
“causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales”[35]
que responde mejor a su realidad constitucional.[36] La
sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución, señalando que cuando se
está ante la acción de tutela contra providencias judiciales es más adecuado
hablar de “causales genéricas de procedibilidad de la acción”, que el de vía de
hecho[37]”[38].
Actualmente,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional exige la satisfacción de
condiciones para conceder la tutela contra sentencias[39]. En primer lugar, la
acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad –o de
procedibilidad general-, que le permitan al juez evaluar el fondo del asunto.
Para verificar si están dadas esas condiciones, el juez de tutela debe
preguntarse, en síntesis, si: (i) la problemática tiene relevancia
constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos o medios
–ordinarios o extraordinarios- de defensa de los derechos, a menos que se trate
de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las
circunstancias particulares del peticionario[40];
(iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el
amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación)[41]; (iv) si se
trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la
decisión que se impugna, salvo que de suyo se atente gravemente contra los
derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que
originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de haber sido
posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o
contencioso; (vi) si la sentencia impugnada no es de tutela[42].
Sólo después de superados los requisitos –generales- de procedibilidad,
el juez de tutela debe verificar si se configura alguna de las condiciones de prosperidad
del amparo. En este plano, el juez debe evaluar si la providencia
cuestionada incurrió en alguno de los defectos específicos. De
acuerdo con la Sala Plena de la Corporación (C-590 de 2005), los defectos en
los que el funcionario judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto
material y sustantivo[43];
(ii) defecto fáctico[44];
(iii) defecto orgánico[45];
(iv) defecto procedimental[46];
(v) error inducido o por consecuencia[47];
(vi) decisión sin motivación[48];
(vii) desconocimiento del precedente[49];
(viii) violación directa de la Constitución.  Son varios los casos en los que
se ha desarrollado esta jurisprudencia[50],
así como los casos en los que se ha reiterado recientemente.[51]
8.
Desconocimiento directo de la Constitución
Este
defecto fue concebido por la Corte, en algún momento inicial, como un defecto
sustantivo. Por ejemplo, en el año dos mil (2000), al momento de dictar la
Sentencia SU-1722,[52]
cuando estudió diversas acciones de tutela contra providencias de la justicia
penal, en las cuales se les agravó la pena a apelantes únicos bajo el pretexto
de que concurrían el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de
consulta, la Corte Constitucional señaló que desconocer la disposición
constitucional que expresamente prohíbe al superior funcional “agravar la
pena impuesta cuando el condenado sea apelante único” (art. 31, C.P.), suponía un defecto sustantivo. En palabras de la Corporación:
“2.11. En los casos que son objeto de revisión, la
Corte aprecia un defecto sustantivo, en la medida en que las decisiones
impugnadas se fundan en la sumisión de la no reforma en peor frente al
principio de legalidad, lo cual resulta evidentemente inaplicable.  En este
sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades demandadas
consistió en el desconocimiento del principio constitucional consagrado en el
inciso 2º del artículo 31 de la Constitución”.
Del mismo modo, en la Sentencia SU-159 de 2002,[53] la Corte
incluyó la violación directa de la Constitución como un ejemplo más de posibles
defectos sustantivos en las providencias judiciales. Y justamente citó, para
ilustrarlo, la Sentencia SU-1722 de 2000.[54]
Dijo la Corporación, específicamente, en la SU-159 de 2002:
“[l]a Corte Constitucional ha señalado en su
jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una
sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto[55],
bien sea, por ejemplo  (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún
efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad[56],
(iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[57], (iv.)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[58] o, (v.)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador”[59].
Sin embargo, posteriormente la Corte le empezó a
conferir autonomía e independencia conceptual a este defecto. En la Sentencia
T-949 de 2003[60],
la Corte Constitucional al estudiar una tutela contra providencias penales que
habían condenado a una persona erróneamente, como resultado de una suplantación
palmaria, reiteró lo dicho por la jurisprudencia en torno a los defectos
sustantivo, fáctico, procedimental y orgánico, pero mencionó otros defectos
adicionales, entre los cuales incluyó el derivado del desconocimiento de una
norma constitucional aplicable al caso:
“todo
pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de
los seis eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i)
defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y
(vi) violación directa de la Constitución”[61].
Finalmente, en la Sentencia
C-590 de 2005,[62]
al estudiar una acción pública contra la disposición del Código de
Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la acción de tutela contra
los fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, la Corte Constitucional incluyó definitivamente a la violación
directa de un precepto constitucional en el conjunto de defectos autónomos que
justifican la presentación de una tutela contra providencias judiciales. De ese
modo, le confirió tanta autonomía como la que institucionalmente han tenido los
defectos fáctico, sustantivo propiamente dicho, orgánico, procedimental, por
consecuencia, por desconocimiento del precedente y por decidir sin motivación
suficiente. Al hacerlo no modificó, por supuesto, el sentido específico que la
jurisprudencia anterior le había atribuido, aunque sí la inicial importancia
que al comienzo le reconoció.
En otras palabras, la
jurisprudencia más reciente no ha cambiado su criterio en cuanto a que el
desconocimiento de la Constitución es un defecto sustantivo. Lo que ha cambiado
es la valoración que inicialmente le confirió al defecto, pues ahora entiende
que se presenta cuando no se aplica una norma aplicable al caso, pero que por
ser la inaplicación de la “norma de normas” merece un puesto especial en
el conjunto de causales de prosperidad de la acción de tutela (art. 4°, C.P.).
Este linaje del desconocimiento directo de la Constitución lo ha reconocido la
Corte, recientemente, al decidir una tutela contra la providencia de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia en la cual condenaba a un senador de la
República. En dicho fallo, esta Corporación caracterizó este defecto como un
desconocimiento expreso de las normas constitucionales:
“7.2.8.  Violación directa de la Constitución, causal
de procedencia de la acción de tutela que se estructura cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de
la Carta Política.  A este respecto, debe insistirse en que el actual modelo de
ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación
directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los
particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial
pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica
indebida e irrazonablemente tales postulados”[63].
Con fundamento en las consideraciones jurisprudenciales
previamente expuestas, la Sala deberá determinar en el caso concreto, si la
tutela presentada por el ciudadano Pedro Ignacio Jiménez Ariza cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. Superado ese análisis preliminar, podrá
la Corte  establecer si el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena
desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, en la providencia que
aprobó la transacción suscrita por el tutelante y Electricaribe.
9.  El análisis de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales en el caso
concreto
La Sala de Revisión encuentra que el problema jurídico
debatido dentro de la acción de tutela tiene evidente relevancia
constitucional, pues se refiere al alcance de la irrenunciabilidad al derecho
fundamental a la seguridad social  establecido en el artículo 48 de la
Constitución Política y a la prohibición de transigir derechos laborales
ciertos e indiscutibles, establecida en el artículo 53 de la Constitución
Política.
Considera que, en el caso en estudio, se busca evitar la
consumación de un perjuicio irremediable al derecho fundamental a la seguridad
social del tutelante. Para sustentar esta afirmación es necesario reiterar la
jurisprudencia constitucional sobre los requisitos que se deben verificar para
que un perjuicio sea considerado como irremediable:
“[e]n
primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder.  Este exige
un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse
medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble
perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio,
y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último,
las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño
antijurídico irreparable.”[64]
Pues bien, la Sala estima que el perjuicio al derecho
fundamental a la seguridad social del señor Pedro Jiménez Ariza es inminente,
ya que, con base en los medios de prueba que obran en el expediente, se
constata que el tutelante es una persona inválida como consecuencia del
liposarcoma retroperitoneal inoperable que padece, a quien el Instituto de
Seguros Sociales le negó el reconocimiento de su derecho a la pensión de
invalidez, porque durante los tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración de su estado de invalidez en julio de 2008, no aportó
el número de semanas requerido para acceder a la pensión.
En este caso, el señor Pedro Jiménez Ariza no cotizó las
semanas requeridas para que se le reconociera su derecho a la pensión de
invalidez porque Electricaribe, le terminó sin justa causa su contrato de
trabajo en noviembre de 2002, y el fallo proferido por la jurisdicción laboral
ordinaria que ordenó su reintegro tan sólo quedó en firme en julio de 2009,
momento en el cual ya se había estructurado su estado de invalidez.[65]
El señor Pedro Jiménez Ariza se enfrenta a un perjuicio
inminente a sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital,
ya que es una persona inválida a quien se le negó el reconocimiento de su
derecho a la pensión de invalidez, por no reunir los requisitos exigidos en la
ley, y no puede seguir aportando al Sistema de Seguridad Social en Pensiones
para que se le reconozca su derecho a la pensión de vejez porque está
incapacitado físicamente para ejercer cualquier actividad remunerada, por lo
tanto, el tutelante y su familia están desamparados frente a las consecuencias
inminentes de su enfermedad.
Igualmente, el derecho fundamental a la seguridad social
de una persona que sufre de liposarcoma retroperitoneal inoperable por
involucrar órganos vitales, y que como consecuencia de su padecimiento ha sido
calificada como inválida, es lo suficientemente significativo para que
cualquier vulneración que se le cause sea considerada como grave, pues del
respeto de este derecho depende que un sujeto de especial protección
constitucional pueda vivir en condiciones acordes con la dignidad humana.
Por las razones antes expuestas, la Sala de Revisión considera
que, en el presente caso, se cumple con el segundo de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, ya que
la acción pretende evitar la consumación de un perjuicio irremediable al
derecho fundamental a la seguridad social del señor Pedro Jiménez Ariza.
Ahora bien, el accionante consideró que la vulneración de
sus derechos fundamentales se originó en la providencia proferida el 23 de
abril de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena en la cual
se negó el reconocimiento de sus salarios y prestaciones sociales causados
desde su desvinculación hasta su reintegro. Esta providencia fue recurrida en
casación pero ante la ausencia de recursos económicos necesarios para contratar
los servicios de un abogado que sustentara este recurso, lo cual está
demostrado en el expediente porque desde el 8 de julio de 2008 el señor Pedro
Jiménez Ariza había perdido su capacidad laboral en un 68.30%,[66] no tiene trabajo, ni
ingreso adicional alguno, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia
mediante auto del 2 de julio de 2009, declaró desierto el recurso.
Por ello, en cuanto al requisito de inmediatez, la fecha
de interposición de la acción de tutela demuestra que el accionante cumplió con
tal requisito frente a las providencias que él consideraba habían vulnerado sus
derechos fundamentales, ya que interpuso la acción tan sólo 4 días después de
haberse proferido el auto que declaró desierto el recurso de casación.[67]
Sin embargo, la Sala de Revisión debe ocuparse también del
contrato de transacción celebrado entre el señor Pedro Jiménez Ariza y
Electricaribe y del auto de aprobación de tal contrato, proferido por el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena el 23 de octubre de 2009. Ello
teniendo en cuenta que dicho auto fue expedido durante el trámite de la acción
de tutela y que está relacionado directamente con los hechos que originalmente
dieron lugar a la interposición de la solicitud de amparo, y teniendo en cuenta
que la posible irregularidad en la que incurrió el Juzgado Sexto Laboral del Circuito
de Cartagena al expedir el auto aprobatorio de la transacción, puede implicar
una violación directa de la Constitución, de lo cual se deduce que el defecto
por el cual se está estudiando dicha providencia no es una irregularidad
procesal, y, que no se está cuestionando con relación a este, una sentencia de
tutela.
Por último, es necesario resaltar que los hechos que
probablemente vulneraron los derechos fundamentales del tutelante al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, tienen su origen en los
sucesos narrados en el escrito de tutela, y se estima que en éste el tutelante
cumplió con la carga de identificar de manera razonable tanto los presupuestos
fácticos que originaron la vulneración como los derechos vulnerados.
Por las razones antes expuestas, la Corte considera que en
la acción de tutela en estudio, se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
10.    Caso concreto
10.1. En el presente caso, el señor Pedro Jiménez Ariza
interpuso acción de tutela solicitando que se ordenara a Electricaribe el pago
de una indemnización sustitutiva a la orden de reintegro proferida por el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito, y confirmada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
Durante la revisión de la acción de tutela, la Corte
decidió decretar la práctica de unas pruebas y vincular al trámite de la acción
de tutela al Instituto de Seguros Sociales, al Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Cartagena y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena.
En el escrito presentado por el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Cartagena, se informó que el tutelante celebró un contrato de
transacción con Electricaribe sobre el modo de cumplir los fallos proferidos en
el proceso laboral adelantado por el señor Pedro Jiménez Ariza, acuerdo que fue
aprobado por ese juzgado mediante auto del 23 de octubre de 2009.
Igualmente, el señor Pedro Jiménez Ariza mediante
comunicación recibida en la Corte el 15 de junio de 2010, anexó fotocopia del
contrato de transacción. Este documento fue valorado por la Sala de Revisión,
encontrando que las partes estipularon:
“(…) [Pedro Jiménez Ariza] es reintegrado a partir
de la presente fecha y hora a la ocupación de Auxiliar de Mantenimiento Red de
Distribución I, con la asignación básica mensual asignada a tal cargo,
circunstancia que se verifica a partir del momento mismo de la celebración de
la presente transacción.
2.-
Como acto inmediatamente siguiente al de dicho reintegro, es decir, sin que
medie solución de continuidad entre dicho reintegro efectivamente realizado en
cumplimiento de las decisiones judiciales proferidas dentro de la mencionada
radicación, los aquí intervinientes, incluyendo el señor JIMÉNEZ ARIZA que al
finalizar avala expresamente todo lo aquí acordado, resuelven de común acuerdo
terminar la relación laboral existente entre ELECTRICARIBE SA ESP y el señor
PEDRO JIMÉNEZ ARIZA.
3.-
Como fórmula transaccional a la cual las partes imputan cualquier tipo de
controversia pasada, presente o futura de índole laboral o de seguridad social derivada de la relación
laboral que se termina de común acuerdo entre ELECTRICARIBE SA ESP y el señor
JIMÉNEZ ARIZA, las partes establecen el pago de una suma por valor de SESENTA
MILLONES DE PESOS ($60.000.000.oo). Las potenciales controversias incluyen,
pero sin que tal enumeración signifique cualquier otra que pudiera ser
concebida con naturaleza laboral o de seguridad social,
expectativas de pensión sanción o cotización sanción, pensiones convencionales
o extralegales, diferencias de éstas con fundamento en la [L]ey 4ª de
1976, compartibilidad o compatibilidad entre éstas y, en general, por
expectativas sobre las mismas, salarios, exoneración del pago del 12% de la
pensión para cubrir salud, pensión de sobreviviente[s], prestaciones
sociales legales y extralegales, indemnizaciones, perjuicios morales o de
cualquier índole, vacaciones, secuelas por cualquier accidente de trabajo que
hubiere podido sufrir al servicio de la empresa, recargos de horas extras
nocturnas o diurnas, retroactivos de la pensión cancelad[a] por el ISS,
sin que quede reserva de reclamo judicial posterior por ningún título y bajo
ningún concepto”.[68]
10.2. Con base en esta información, la Sala de Revisión
considera necesario determinar si el auto que aprobó el contrato de transacción
suscrito entre el señor Pedro Jiménez Ariza y la Electrificadora del Caribe
S.A. E.S.P., respeta los derechos fundamentales del tutelante, o si por el
contrario, los vulneran.
Para dar respuesta a este interrogante, debe resaltarse
que dentro de la transacción celebrada entre el tutelante y la entidad
demandada, se acordó el reintegro del tutelante al cargo de Auxiliar de
Mantenimiento Red de Distribución I, la posterior terminación del contrato de
común acuerdo y la renuncia por parte del trabajador a reclamar judicialmente
cualquier tipo de controversia sobre los derechos a la seguridad social que se
pudieran derivar de la relación laboral que lo vinculaba con Electricaribe, es
decir que, el tutelante renunció a su derecho fundamental a la seguridad
social.
Ahora bien, con base en las consideraciones de esta
sentencia, se reitera que la seguridad social es un derecho fundamental
irrenunciable, susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela, y,
por lo tanto, debe concluirse que el Auto de aprobación del contrato de
transacción celebrado entre el señor Pedro Jiménez Ariza y Electricaribe,
proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena violó
directamente la Constitución Política, pues aprobó un acuerdo en donde un
trabajador que padece una enfermedad grave, al cual se le dictaminó una pérdida
de su capacidad laboral del sesenta y ocho punto treinta por ciento (68.30%), y
quien no tiene recursos económicos para garantizarse su mínimo vital y el de su
familia, renunció a su derecho a la seguridad social ante la inminencia de
recibir una suma de dinero que le permitiera aliviar sus necesidades básicas,
desconociendo el contenido del artículo 48 de la Carta Superior, en la que se
establece que la seguridad social es un derecho irrenunciable.
10.3. En segundo lugar, la Sala de Revisión considera que
en el auto de aprobación del contrato de transacción, el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito aprobó una transacción sobre el cumplimiento de una obligación
cierta e indiscutible de Electricaribe, de hacer los aportes del trabajador al
Sistema de Seguridad Social.
Esta afirmación se hace, considerando que la obligación de
la entidad accionada de realizar los aportes del trabajador al Sistema de
Seguridad Social desde que estuvo desvinculado hasta que fue reintegrado a su
cargo sin solución de continuidad, es cierta e indiscutible, ya que, en la
sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena se
resolvió:
“PRIMERO:
DECLARAR que el despido del señor PEDRO IGNACIO JIMENEZ ARIZA del cargo que
venía desempeñando en la sociedad ELECTRIFICADORA DE LA COSTA S.A., ESP. ELECTROCOSTA
S.A., ESP., fue injusto.
SEGUNDO: CONDENAR a la
demandada, la sociedad ELECTRIFICADORA DE LA COSTA S.A., ESP. ELECTROCOSTA
S.A., ESP., a reintegrar al demandante al cargo que venía desempeñando en su
empresa.
TERCERO: CONDENAR a la
demandada, ELECTRIFICADORA DE LA COSTA S.A., ESP. ELECTROCOSTA S.A., ESP., al
pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, desde cuando fue
despedido hasta cuando se haga efectivo su reintegro al cargo, con sus
incrementos legales o convencionales. Estos emolumentos serán indexados
anualmente, desde la fecha del despido hasta su pago total.
CUARTO: CONDENAR a la
demandada a hacer los descuentos proporcionales al salario del trabajador y,
junto con sus aportes e incrementos por extemporaneidad, los cotice a las EPS e
IPS y fondo o administradora de pensiones a que venía afiliado el trabajador, o
la que posteriormente el escoja, para que no haya solución de continuidad.”[69](negrilla
dentro del texto)
Esta sentencia fue revocada parcialmente por la Sala de Decisión
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante
fallo del 23 de abril de 2008, en la cual textualmente se resolvió:
“PRIMERO:
REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia apelada calendada el dos (02) del mes de
febrero del año dos mil siete (2007) proferida por el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Cartagena. En consecuencia, el numeral tercero de la parte resolutiva
de dicha sentencia, quedará así: ABSOLVER a la demandada ELECTROCOSTA
S.A. ESP del pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir, dentro
del proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en
lo demás la sentencia apelada”.[70]
(negrilla dentro del texto).
Como puede observarse, la decisión de condenar a
Electricaribe al pago de los aportes del trabajador al Sistema de Seguridad
Social desde su desvinculación hasta su reintegro sin solución de continuidad,
fue confirmada por el fallo de segunda instancia proferido el 23 de abril de
2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, pues en esta decisión tan sólo se revocó parcialmente la sentencia
de primera instancia respecto de la condena a la entidad demandada del pago de
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por el trabajador
desde la desvinculación hasta el reintegro, confirmando las demás condenas a
Electricaribe, es decir, se reafirma que se trataba de una obligación cierta e
indiscutible porque proviene de una decisión judicial en firme.
Los argumentos planteados en la parte motiva de la
sentencia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena para revocar la condena a Electricaribe de pagar los salarios y
prestaciones sociales del trabajador desde su desvinculación hasta su
reintegro, hacen referencia a una interpretación restrictiva de la cláusula de
la convención colectiva suscrita entre Electrocaribe y sus trabajadores, en la
que se establece que “en caso de despido injusto de un trabajador, la
empresa además de cumplir el fallo judicial íntegramente, reintegrará a dicho
trabajador aun cuando la justicia no lo ordene, siempre y cuando en ella se
declare, que el despido fue sin justa causa”.[71]
El juez de segunda instancia interpretó que “como el
reintegro del trabajador no le deviene de la ley sino de la convención
colectiva de trabajo vigente en la empresa para la época de su despido, al no
contemplarse en ésta el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir en el interregno, no es posible su imposición por vía judicial, en la
medida en que la referida convención constituye en este caso, la fuente de
donde proviene el derecho del actor”.[72]
Como se observa, ni en la parte motiva ni en la parte resolutiva de la
sentencia, se hace mención a la modificación de la obligación de la entidad
demandada de pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social, contenida en el
numeral cuarto de la sentencia de primera instancia.
Ahora bien, puede interpretarse que con la decisión del
juez de segunda instancia de revocar la condena a Electricaribe de pagar los
salarios y prestaciones sociales del trabajador durante el tiempo que estuvo
desvinculado, la condena a Electricaribe de pagar los aportes del trabajador al
Sistema de Seguridad Social quedaría sin efectos, ya que, con base en el
artículo 17 de la Ley 100 de 1993, el empleador tiene la obligación de realizar
las cotizaciones al Sistema tan sólo durante la vigencia de la relación
laboral.
Si la Sala de Revisión adoptara esta interpretación, los
derechos fundamentales a la seguridad social del señor Pedro Jiménez Ariza,
quien es una persona en situación de debilidad manifiesta, quedarían
desprotegidos, pues no podría acceder a la pensión de invalidez ya que en los
tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez
no cotizó al Sistema de Seguridad Social, entre otras razones, porque
Electricaribe lo desvinculó de su trabajo sin justa causa.
La segunda interpretación posible al contenido del fallo
de segunda instancia, implica que el juez ordinario protegió el derecho a la
seguridad social del demandante, dejando en firme la condena a Electricaribe de
pagar las cotizaciones del trabajador al Sistema de Seguridad Social.
La Corte considera que ésta es la interpretación más
acorde con los postulados del Estado Social de Derecho, pues es la
interpretación que le garantiza a una persona en estado de debilidad
manifiesta, acceder al derecho a una pensión de invalidez. Entre otras razones
para adoptar esta interpretación, la Corte considera que debe aplicar el
principio de favorabilidad[73]
en materia laboral.
En consecuencia, la Sala de Revisión debe interpretar que
en la sentencia del 23 de abril de 2008, la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cartagena protegió el derecho a la seguridad social
del señor Pedro Jiménez Ariza, dejando en firme la obligación de Electricaribe
de pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social del accionante durante el
tiempo que estuvo desvinculado injustificadamente.
Por lo tanto, la Sala de Revisión considera que el juez
laboral desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, porque aprobó un
contrato de transacción sobre el derecho cierto e indiscutible del trabajador,
a que Electricaribe pagara las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social
Integral durante el tiempo que estuvo desvinculado, tiempo que sería suficiente
para que el señor Pedro Jiménez Ariza cumpliera con el requisito legal de
cotizar cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez, y así poder
acceder al pago de la pensión de invalidez por parte del Instituto de Seguros
Sociales.
10.4. Por las razones antes expuestas, y ante la necesidad
de hacer cesar la vulneración a los derechos fundamentales del accionante, la
Sala de Primera de Revisión de la Corte Constitucional tutelará los derechos al
debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad
laboral reforzada del señor Jiménez Ariza, y por lo tanto, dejará sin efectos
parcialmente el Auto de aprobación del contrato de transacción celebrado entre
el señor Pedro Jiménez Ariza y Electricaribe S.A. E.S.P., en lo que hace
referencia a la aprobación de la transacción respecto de cualquier tipo de
controversia sobre el derecho a la seguridad social y respecto de la
terminación por mutuo acuerdo del vínculo laboral, es decir, el contrato de
transacción será aprobado en su título, preámbulo, y respecto de las
estipulaciones establecidas en las cláusulas 1, 4 y 5 inicial (puesto que en el
contrato el numeral 5 está repetido).
10.5.    Ahora bien, en
la cláusula 2 del contrato de transacción se estipuló la terminación de común
acuerdo del contrato de trabajo suscrito entre el señor Pedro Ignacio Jiménez
Ariza y Electricaribe, como acto inmediatamente siguiente al reintegro pactado
en la cláusula 1 de la transacción.[74]
Si
bien es cierto, la terminación de común acuerdo del contrato de trabajo es
susceptible de transacción, si con esa decisión se afectara el derecho a la seguridad
social de una persona inválida, a quien se le niega la pensión de invalidez por
no haber cotizado el número de semanas requeridas dentro de los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez y no está en
condiciones de acceder a ningún otro empleo para garantizarse una vida digna,
ni seguir cotizando al sistema de seguridad social, tal acuerdo sería objeto de
reproche desde el punto de vista constitucional, teniendo en cuenta que
afectaría la seguridad social del trabajador especialmente protegido en
condiciones de vulnerabilidad, como la que  se presenta en este caso.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la decisión del
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, contenida en la sentencia de 2
de febrero de 2007, numeral cuarto de la parte resolutiva, no fue revocada por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, y que
por lo tanto la orden de que Electricaribe S.A. E.S.P. “[…] cotice a las EPS
e IPS y fondo de pensiones a que venía afiliado el trabajador, o la que
posteriormente el escoja, para que no haya solución de continuidad […]”,[75]
durante todo el tiempo que estuvo desvinculado el trabajador injustamente,
subsiste y debe ser acatada por la empresa, el señor Pedro Ignacio Jiménez
Ariza, una vez cancelados los aportes correspondientes, cumplirá los requisitos
legales para que se le reconozca el derecho a la pensión de invalidez, en
consecuencia, la Sala concluirá que la estipulación de terminar el contrato de
mutuo acuerdo entre el señor Jiménez Ariza y Electricaribe S.A. E.S.P., reviste
eficacia jurídica porque no afecta los derechos fundamentales del tutelante.
10.6. En lo que hace referencia a la cláusula 5 (repetida
en el contrato de transacción) en la que se estipula que “[l]a no aprobación
de este negocio de manera incondicional por parte del Señor Juez Sexto Laboral
es condición resolutoria expresa de la eficacia del negocio.”,[76]
la Sala de Revisión considera que este acuerdo carece de eficacia jurídica,
ya que, una cláusula contractual no puede obligar a un juez que es ajeno a
la misma, a aprobar disposiciones abiertamente inconstitucionales y que
vulneran los derechos fundamentales de un trabajador en estado de debilidad
manifiesta.
10.7. Respecto de la cláusula 3 del contrato de
transacción que más adelante se transcribe, la Sala de Revisión considera que
las expresiones en negrilla y subrayas carecen también de eficacia y no tendrán
efectos por ser contrarias al artículo 48 de la Constitución Política, ya que,
tal y como se dijo en las consideraciones de esta sentencia, aquellas
contemplan la renuncia del tutelante a su derecho a la seguridad social, el
cual es un derecho fundamental irrenunciable. El texto de dicho numeral es el
siguiente:
“3.-
Como fórmula transaccional a la cual las partes imputan cualquier tipo de
controversia pasada, presente o futura de índole laboral o de seguridad social derivada de la relación
laboral que se termina de común acuerdo entre ELECTRICARIBE SA ESP y el señor JIMÉNEZ ARIZA,
las partes establecen el pago de una suma por valor de SESENTA MILLONES DE
PESOS ($60.000.000.oo). Las potenciales controversias incluyen, pero sin que
tal enumeración signifique cualquier otra que pudiera ser concebida con
naturaleza laboral o de seguridad social, expectativas de pensión sanción o
cotización sanción, pensiones convencionales o extralegales, diferencias de
éstas con fundamento en la [L]ey 4ª de 1976, compartibilidad o
compatibilidad entre éstas y, en general, por expectativas sobre las mismas, salarios, exoneración del pago del 12% de la
pensión para cubrir salud, pensión de sobreviviente[s], prestaciones sociales legales y extralegales,
indemnizaciones, perjuicios morales o de cualquier índole,
vacaciones, secuelas por cualquier accidente de trabajo que hubiere podido
sufrir al servicio de la empresa, recargos de horas extras nocturnas o diurnas,
retroactivos de la pensión cancelad[a] por el ISS, sin
que quede reserva de reclamo judicial posterior por ningún título y bajo ningún
concepto”[77].
(Las
expresiones en negrilla y subrayadas carecerán de eficacia jurídica por ser
contrarias a la Constitución Política y no tendrán efecto alguno).
10.8. Sobre la fórmula transaccional en la que se acordó
el pago de Electricaribe al señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza de sesenta
millones de pesos ($60.000.000), la Sala de Revisión considera que esa suma
debe imputarse como indemnización integral, en la cual se incluye la
indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa
establecida en el artículo 64 de la Ley 50 de 1990.[78] En ningún caso esa suma
incluye el pago de prestaciones que garantizan su derecho a la seguridad social
del tutelante (salud y pensiones).
11.    Órdenes a impartir
Con fundamento en las anteriores consideraciones, se
ordenará a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. que cumpla el numeral
cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Cartagena el 2 de febrero de 2007, y en consecuencia, dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, cancele al
Instituto de Seguros Sociales los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral del señor Pedro Jiménez Ariza, causados durante el tiempo que estuvo
desvinculado sin justa causa, es decir, desde el 28 de noviembre de 2002, hasta
el 22 de octubre de 2009, fecha de terminación del contrato de trabajo por
mutuo acuerdo. El valor de la suma a pagar deberá ser definido en coordinación
con el Instituto de Seguros Sociales con base en el salario que hubiera
percibido el trabajador si el empleador no hubiera terminado el contrato de
trabajo sin justa causa.
Estas cotizaciones resultan suficientes para que, de
conformidad con la ley,[79]
el Instituto de Seguros Sociales pueda reconocer el derecho a la pensión de
invalidez al señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza, pues en ellas se incluye el
pago de los aportes causados durante los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de su estado de invalidez.
Por último, se ordenará al Instituto de Seguros Sociales
que reconozca y pague la pensión de invalidez al señor Pedro Ignacio Jiménez
Ariza, en un término no superior a diez (10) días hábiles posteriores a la
fecha en que la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. cancele los
correspondientes aportes por concepto de pensiones del señor Pedro Jiménez
Ariza.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el
fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Adjunto de Cartagena,
el 11 de agosto de 2009, que a su vez confirmó el fallo proferido por el
Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Cartagena, el 17 de julio de 2009, en el que se negó la tutela por improcedente
y en su lugar tutelar los derechos a la seguridad social y al debido proceso
del señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza.
Segundo.- DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTO el Auto del veintitrés (23) de octubre de dos mil nueve (2009), proferido por el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena, en el proceso adelantado por
Pedro Ignacio Jiménez Ariza contra Electrocosta S.A E.S.P., hoy Electricaribe
S.A. E.S.P., y en su lugar, APROBAR las cláusulas 1, 2, 4 y 5 inicial,[80] del contrato
de transacción suscrito entre Electricaribe S.A. E.S.P., y el señor Pedro
Ignacio Jiménez Ariza. Declarar que carece de eficacia jurídica y por lo tanto
no tendrá efecto alguno la cláusula 5 repetida (o 6 si no se hubiese cometido
tal error), del contrato de transacción, con base en lo establecido en las
consideraciones de esta sentencia. Declarar que las expresiones en negrilla y
subrayadas de la cláusula tercera del contrato de transacción transcrita en el
apartado 10.7 de las consideraciones de esta sentencia, carecen de eficacia
jurídica y por lo tanto no tendrán efecto alguno.
Tercero.- ORDENAR a
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P., que en el término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente sentencia, cancele
los aportes al Instituto de Seguros Sociales correspondientes al Sistema de
Seguridad Social Integral del señor Pedro Jiménez Ariza, durante el tiempo que
estuvo desvinculado sin justa causa, es decir, desde el 28 de noviembre de 2002
hasta el 22 de octubre de 2009. El valor de la suma a pagar será definida en
coordinación con el Instituto de Seguros Sociales, con base en el salario que
hubiera percibido el accionante si la entidad accionada no hubiera terminado el
contrato de trabajo sin justa causa, conforme al cálculo actuarial
correspondiente, junto con sus incrementos por extemporaneidad.
Cuarto.- ORDENAR
al Instituto de Seguros Sociales que, en un término no superior a diez (10)
días hábiles posteriores a la fecha en que la Electrificadora del Caribe S.A.
E.S.P. cancele los correspondientes aportes por concepto de pensiones,
reconozca y pague la pensión de invalidez al señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza.
Quinto.- Por Secretaría
General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Ver folio 18.
[2]
Esta información fue obtenida mediante consulta de la página
de procesos judiciales de la rama judicial,  En esta consulta se encontró que
en el proceso identificado con número único 13001310500620030008801, en el cual
el demandante es el señor Pedro Jiménez Ariza y la demandada es la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. Electrocosta S.A. E.S.P., el 2 de julio de 2009 el
despacho del magistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, profirió auto que declaró desierto
el recurso.
[3]
Ver folio 26.
[4]
Ver folio 99.
[5]
Ver folio 99.
[6] Código de Procedimiento Civil, Artículo 140-Modificado. Decreto 2282 de
1989, Artículo 1. núm. 80. Causales de nulidad. El proceso es nulo en todo o en
parte, solamente en los siguientes casos: (…) 9. Cuando no se practica en legal
forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás
personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de
aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la
ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los
casos de ley. ║ Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha
dejado de notificar una providencia distinta de la que admite la demanda, el
defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la
actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que la parte a
quien se dejó de notificar haya actuado sin proponerla. ║ Parágrafo.-Las
demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan
oportunamente por medio de los recursos que este Código establece.
[7]
En este sentido se pueden consultar, entre otros, los Autos No. 287/01 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett), No. 289/01 (MP. Rodrigo Escobar Gil), No. 295/01
(MP. Eduardo Montealegre Lynett), No. 007/03 (MP. Clara Inés Vargas Hernández),
No. 115/05 (MP. Rodrigo Escobar Gil) y No. 147/05 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández).
[8] Ver entre otras las sentencias: T-1294/00
(MP. Fabio Morón Díaz), T-426/01 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-387/02
(MP. Rodrigo Escobar Gil), T-250/07 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[9]
Ver folio 22, del cuaderno de revisión.
[10]
Ver folios 22 y 23, del cuaderno de revisión.
[11]
Ver folio 28, del cuaderno de revisión.
[12]
Folio 46 del cuaderno de revisión.
[13]
La sentencia proferida por el Juez Sexto Laboral del Circuito
de Cartagena el 2 de febrero de 2007 (folios 4-11, cuaderno 1), resolvió: “PRIMERO:
DECLARAR que el despido del señor PEDRO IGNACIO JIMENEZ ARIZA del cargo que
venía desempeñando en la sociedad ELECTRIFICADORA DE LA COSTA S.A., ESP. ELECTROCOSTA S.A., ESP., fue injusto.
SEGUNDO: CONDENAR a la demandada, la sociedad ELECTRIFICADORA DE LA COSTA S.A., ESP. ELECTROCOSTA S.A., ESP., a reintegrar al demandante al cargo que venía
desempeñando en su empresa.
TERCERO: CONDENAR a la demandada, ELECTRIFICADORA DE LA COSTA S.A., ESP. ELECTROCOSTA S.A., ESP., al pago de los salarios y prestaciones dejados de
percibir, desde cuando fue despedido hasta cuando se haga efectivo su reintegro
al cargo, con sus incrementos legales o convencionales. Estos emolumentos serán
indexados anualmente, desde la fecha del despido hasta su pago total.
CUARTO:
CONDENAR a la demandada a hacer los descuentos proporcionales al salario del
trabajador y, junto con sus aportes e incrementos por extemporaneidad, los
cotice a las EPS e IPS y fondo o administradora de pensiones a que venía
afiliado el trabajador, o la que posteriormente el escoja, para que no haya
solución de continuidad.”(negrilla dentro del texto)
Por su parte, la sentencia proferida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 23 de abril de
2008 (folios 12-18, cuaderno 1), resolvió: “PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE
la sentencia apelada calendada el dos (02) del mes de febrero del año dos mil
siete (2007) proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena.
En consecuencia, el numeral tercero de la parte resolutiva de dicha sentencia,
quedará así: ABSOLVER a la demandada ELECTROCOSTA S.A. ESP del pago de
los salarios y prestaciones dejados de percibir, dentro del proceso de la
referencia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.”(negrilla dentro del texto).
[14]
Sentencia C-023/94 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). En esta
sentencia, la Corte estudió una acción de inconstitucionalidad en contra de los
artículos 39 y 40 del Decreto 1647 de 1991, por el cual se establece el régimen
de personal, de carrera tributaria, sistema de planta y el régimen prestacional
de los funcionarios de la Dirección de Impuestos Nacionales. Los artículos
demandados consagraron la facultad discrecional de la  administración de
desvincular a los trabajadores de carrera tributaria previo pago de una
indemnización. El accionante consideró que la norma demandada vulneraba, ente
otros, el principio a la estabilidad laboral consagrada en el artículo 53 de la C.P. La Corte declaró la inexequibilidad de los artículos demandados.
[15]
Folios 46 y 47 cuaderno de revisión.
[16]
Código Civil, artículo 2469.
[17]
MP. Antonio Barrera Carbonell. En esta sentencia, la Corte estudió la constitucionalidad de los artículos de la Ley 446 de 1998, que establecían la conciliación prejudicial obligatoria en materia laboral, como requisito de
procedibilidad. La Corte concluyó que dichos artículos eran inconstitucionales,
entre otras razones, porque no determinaron los casos en los que la
conciliación prejudicial no era obligatoria, tales como los procesos laborales
ejecutivos, pues en estos casos no existía incertidumbre sobre la titularidad
de los derechos.
[18]
Ver folio 46, cuaderno de revisión.
[19]
Ver folios 46 y 47, cuaderno de revisión.
[20]
Ver sentencia T-610/09 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto). En
esta sentencia, la Corte hace un estudio de la evolución de la jurisprudencia
constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para la protección
del derecho a la Seguridad Social   .
[21]
Artículo 6°, Ley 100 de 1993.
[22] Ley 100 de 1993, artículo 22: “Obligaciones del empleador. El empleador será
responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su
servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento
de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias
que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas
sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a
su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.
El empleador responderá por la totalidad del aporte
aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador.”
[23]
Entre otras, así lo ha dicho la Corte por ejemplo en la sentencia T-1219 de
2005 (MP Jaime Córdoba Triviño). En ella, la Corte examinaba si una persona que sufría de diabetes y ocultaba esa información en una entrevista de trabajo para
acceder al empleo, tenía derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada
frente a la decisión de la empresa de desvincularlo por haber ocultado dicha
información. Para decidir, la Corte consideró que cuando se trata de personas
en “circunstancias excepcionales de discriminación, marginación o debilidad
[m]anifiesta”, la estabilidad en el empleo contemplada en el artículo 53
Superior tiene una relevancia especial y puede ser protegida por medio de la
acción de tutela, como garantía fundamental.  Concluyó que, en ese caso, a
causa de las condiciones de debilidad, sí tenía ese derecho fundamental. En
consecuencia, ordenó el reintegro del trabajador.
[24]
Véase la sentencia T-520 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esa
oportunidad, al examinar si un accionante de tutela tenía derecho a la
estabilidad laboral reforzada, la Corte concluyó que sí, debido a sus
condiciones de salud, pero que no se le había violado por parte de su
empleador. Para construir el derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada, la Corte Constitucional hizo alusión al derecho a la igualdad de las
personas que por su condición física o mental “se encuentr[a]n en
circunstancias de debilidad manifiesta”, consagrado en el artículo 13 de la Constitución.
[25]
En la sentencia T-519 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy), la Corte vinculó los fundamentos del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada al
principio de solidaridad. Dijo, a este respecto, que el derecho a la
estabilidad especial o reforzada, que se predica respecto de ciertos sujetos,  “se
soporta, además […] en el cumplimiento del deber de solidaridad; en efecto, en
estas circunstancias, el empleador asume una posición de sujeto obligado a
brindar especial protección a su empleado en virtud de la condición que
presenta”.
[26]
Folio 62, cuaderno de revisión.
[27]
En la Sentencia C-557/01 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), se consideró al
respecto lo siguiente: “Si bien el control de constitucionalidad de las normas
es un control abstracto porque no surge de su aplicación en un pro­ceso
particular, ello no significa que el juicio de exequibilidad deba efectuarse
sin tener en cuenta el contexto dentro del cual la norma fue creada (i.e.
su nacimiento), y dentro del cual ha sido interpretada (i.e. ha
vi­vido). En fin: en buena medida, el sentido de toda norma jurídica depende
del contexto dentro del cual es aplicada. || Ahora, dentro de las múltiples
dimensiones de ese contexto –bien sea la lingüística, que permite fijar su
sentido natural, o bien la sociológica, que hace posible apreciar sus funciones
reales- se destaca la actividad de los expertos que han interpretado los
conceptos técnicos que ella contiene y que los han aplicado a casos concretos.
Obviamente, esos expertos son los jueces y los doctrinantes especializados en
la materia tratada en la norma; dentro de ellos, una posición preeminente la
ocupan los órganos judiciales colegiados que se encuentran en la cima de una
jurisdicción. Así lo ha establecido la Constitución al definir al Consejo de Estado como “tribunal supremo de lo contencioso administrativo” (art. 237- 1 de la CP) y a la Corte Suprema de Justicia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”
(art. 234 de la CP). Por lo tanto, la jurisprudencia de ambos órganos es un
referente indispensable para apreciar el significado viviente de las normas
demandadas. Al prestarles la atención que su ubicación institucional exige, la Corte Constitucional está valorando su labor hermenéutica dentro de un mismo sistema
jurídico. Obviamente, cuando no exista jurisprudencia sobre las normas objeto
del control constitucional, la Corte Constitucional tendrá que acudir a otras fuentes del derecho para interpretar los artículos demandados.”
[28]
Sentencia C-037 de 1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), (SV José Gregorio
Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa, Alejandro Martínez Caballero y
Hernando Herrera Vergara), (AV Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández
Galindo, Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa).
[29]
Sentencia C-037/96 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa). Al controlar el proyecto de
ley estatutaria de administración de justicia, la Corte evaluaba la constitucionalidad del artículo 66, que contemplaba la posibilidad de
condenar al Estado por ‘error jurisdiccional’. La Corte señaló que no cabía predicar responsabilidad del estado por cualquier error
jurisdiccional, sino sólo por la que constituyera una actuación subjetiva,
arbitraria, caprichosa y violatoria del derecho al debido proceso. Y que frente
de las decisiones de las altas Cortes o de los tribunales supremos de cada
jurisdicción no cabría predicar el ‘error jurisdiccional’. Pero hizo énfasis en
que la Corte Constitucional, por ser el intérprete máximo de los derechos
constitucionales fundamentales, podía controlar las decisiones judiciales que
se apartaran groseramente del Derecho. (S.V. José Gregorio Hernández Galindo,
Vladimiro Naranjo Mesa, Alejandro Martínez Caballero y Hernando Herrera
Vergara), (A.V. Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo,
Hernando Herrera Vergara y Vladimiro Naranjo Mesa).
[30] Sentencia SU-1184/01 (MP Eduardo
Montealegre Lynett). En esta Sentencia, la Corporación afirmó que “[l]a Corte Constitucional ha construido una nutrida línea de
precedentes en materia de tutela contra providencias judiciales, bajo las
condiciones particulares de lo que se ha denominado la vía de hecho. No es de
interés para este proceso en particular hacer un recuento de dicha línea de
precedentes. Baste considerar que sus elementos básicos fueron fijados en la Sentencia T-231/94, en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de
los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental.”
[31]
Sentencia SU-159/02 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esta ocasión, si bien la Corte no revocó una sentencia adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, reiteró la doctrina sobre la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en caso de que con ella se infringieran
derechos fundamentales, como consecuencia de una interpretación caprichosa y
arbitraria del Derecho objetivo aplicable. (S.V. Alfredo Beltrán Sierra,
Rodrigo Escobar Gil, Jaime Araujo Rentería).
[32]
Sentencia C-590/05 (MP Jaime Córdoba Triviño). En ella,  la Corte  estudiaba la constitucionalidad de una norma del Código de Procedimiento Penal, que
aparentemente proscribía la acción de tutela contra los fallos dictados por las
Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia. La Corte consideró que esa limitación contrariaba no sólo la Constitución, sino además los precedentes de esta Corte, que nunca han desecho completamente
la posibilidad de impetrar el amparo contra actuaciones ilegítimas de las
autoridades judiciales, así revistan el nombre de providencias.
[33]
Sentencia T-079/93 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En esa ocasión, la Corte decidió confirmar el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de acción de tutela estudiado, mediante el cual
confirmó la decisión que había adoptado el juez de tutela de primera instancia
(Sala Civil del Tribunal Superior de Cartagena). Para la Sala de Casación Civil fue evidente la vulneración del derecho fundamental al debido proceso
de la accionante, ya que las declaraciones allegadas al expediente del proceso
acusado, no podían ser fundamento de la decisión por haber sido rendidas como
versiones libres y espontáneas y no bajo la gravedad del juramento, según las
exigencias de los artículos 175 C.P.C. y 55 del Código del Menor. La Corte Suprema había aducido, por lo demás, que las pruebas testimoniales debían ser ordenadas
mediante auto del funcionario instructor, con el fin que contra ellas fuera
posible ejercer el derecho de contradicción.
[34]
Sentencia T-158/93 (MP Vladimiro Naranjo Mesa). La Corte, en esta oportunidad, consideró procedente confirmar la decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior de Popayán, de conceder el amparo solicitado contra una
providencia judicial, por haber sido quebrantado el derecho fundamental al
debido proceso al negar el recurso de apelación bajo el entendimiento de que
faltaba un requisito inexistente en el Código de Procedimiento Civil. En la
providencia, el Tribunal Superior de Popayán invocó una doctrina sobre
quebrantamiento del debido proceso por providencias judiciales, que aceptaba la Corte Suprema de Justicia.
[35] Ver entre otras, las Sentencias T-774/04 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa) y  T-200/04 (MP Clara Inés Vargas). En la Sentencia T-949/03 (MP Eduardo Montealegre Lynett), por ejemplo, la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona
sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye
un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.” En la Sentencia T-774/04 (MP Manuel José Cepeda), la Corte sostuvo lo siguiente: “(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la
presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia
constitucional.  La Corte ha decantado los conceptos de capricho y
arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de
hecho”. Actualmente no “(...) sólo se trata de los casos en que el juez
impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que
incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar
debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda
en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad).
Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal,
máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna
manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo
razonable.  Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a
la Constitución”.
[36] Un ejemplo de ello, es la vía de hecho por
consecuencia que se explica mejor más adelante. Ver al respecto las Sentencias
SU-014/01 (MP Martha Sáchica Méndez); T-407/01 (MP Rodrigo Escobar Gil);
T-1180/01 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[37]
Sentencia C-590/05 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[38]
Sentencia T-377/09 (MP María Victoria Calle Correa).
[39]
Véase, al respecto, la Sentencia T-231/94 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) en la
cual la Corte tipificó algunos de los defectos en que pueden incurrir las
providencias judiciales, con la virtualidad de afectar derechos fundamentales.
Más adelante la Corte, en la Sentencia C-590/05, M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sistematizó la jurisprudencia en torno a la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias.
[40]
Sentencia T-202/09 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). La Corte no concedió una tutela contra sentencias, porque el peticionario no agotó todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial en el curso del proceso
ordinario, sino que lo asumió con actitud de abandono.
[41]
Sentencia T-743/08 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). La Corte analizó algunos de los argumentos que podrían justificar una relativa tardanza en la
interposición de la tutela.
[42]
Sentencia T-282/09 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En ella la Corte recordó la improcedencia de la tutela contra providencias de tutela.
[43]
Defecto material y sustantivo: “Son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales [T-522/01] o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.”
[44]
Defecto fáctico: “Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.”
[45]
Defecto orgánico: “Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello”
[46]
Defecto procedimental: “Se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.”
[47]
Error inducido: “Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.”
[48]
Decisión sin motivación: “Implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.”
[49]
Desconocimiento del precedente: “Esta hipótesis se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado”
[50]
Para ver recopilaciones recientes de la jurisprudencia constitucional al
respecto ver, entre otras, la sentencia T-1276/05 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto) [citada previamente]; la sentencia T-910/08 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa) [en este caso se resolvió, entre otras cosas, dejar sin efecto las
sentencias disciplinarias dictadas por
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, acusadas dentro del proceso, en las cuales se
decidió sancionar a la accionante con la pena de suspensión por el término de
un mes]; la Sentencia T-1029/08 (MP Mauricio González Cuervo)
[previamente citada]; la sentencia T-1065/06 (MP Humberto Antonio Sierra Porto)
[en este caso se resolvió, entre otras cosas, dejar sin efectos la sentencia
emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Laboral,
el día trece (13) de septiembre de dos mil cinco (2005), dentro del proceso
estudiado]; la Sentencia T-1094/08 (MP Clara Inés Vargas Hernández) [en este
caso se resolvió negar el amparo constitucional solicitado por el accionante,
propuesto contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia].
[51]
Recientemente la Corte Constitucional ha aplicado la jurisprudencia
constitucional sobre procedencia de acciones de tutela contra providencias
judiciales, tal como fue recogida en la Sentencia C-590/05 (MP Jaime Córdoba Triviño) en diferentes ocasiones. Entre otras, pueden
consultarse las siguiente sentencias:  la T-156/09 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) [en este caso se resolvió dejar sin efectos una sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar]; la T-425/09 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) [en este caso se resolvió dejar sin efectos un numeral de la parte
resolutiva de una sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional]; la T-594/09 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) [en este caso
se resolvió negar una tutela contra un fallo proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia]; la T-675/09 (MP María Victoria Calle Correa) [en este caso se resolvió dejar sin efectos un fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín]; y la T-736/09 (MP Juan Carlos Henao Pérez) [en este caso se resolvió dejar sin efectos un fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca].
[52]
Sentencia SU-1722/00 (MP Jairo Charry Rivas), (SV Fabio Morón Díaz, Álvaro
Tafur Galvis, Cristina Pardo Schlesinger).
[53]
(MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esta ocasión, la Corte estudiaba una tutela contra sentencia, acusada de incurrir en una vía de hecho, por
haber derivado una conclusión indispensable para la parte resolutiva de una
prueba obtenida, según el tutelante, violando derechos fundamentales del
procesado. Para decidir, la Corte Constitucional efectuó un recuento amplio y una delimitación suficiente de cada defecto. (SV Alfredo Beltrán Sierra,
Rodrigo Escobar Gil, Jaime Araujo Rentería).
[54]
Sentencia SU-1722/00 (MP Jairo Charry Rivas), (SV Fabio Morón Díaz, Álvaro
Tafur Galvis, Cristina Pardo Schlesinger).
[55]
Sobre el particular, además de la ya citada sentencia T-231/94 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), pueden consultarse, entre varias, las Sentencias T-008/98 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-984/99 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[56] Véase, la  Sentencia T-522/01 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
Para la Corte “es evidente que se desconocería y contravendría abiertamente la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y
solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a los sindicados
porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”, razón por la cual
el juez, al constatar su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de
inconstitucionalidad.
[57]
Véase, Sentencia SU-1722/00 (MP Jairo Charry Rivas). Tal es el caso por ejemplo
de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no
reformatio in pejus”. (SV Fabio Morón Díaz, Álvaro Tafur Galvis, Cristina
Pardo Schlesinger).
[58]
Véanse, por ejemplo, las Sentencias T-804/99 (MP Antonio Barrera Carbonell) y
T-984/99 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[59]
Sentencia SU 159/02 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), (S.V. Alfredo Beltrán
Sierra, Rodrigo Escobar Gil, Jaime Araujo Rentería).
[60]
Sentencia T-949/03 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[61]
Sentencia T-949/03 (MP Eduardo Montealegre Lynett), citada.
[62] Sentencia C-590/05 (MP Jaime Córdoba Triviño). Expresamente dijo la Corte: En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican. || a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. || b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. ||
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. ||
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. || f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales. || g.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. || h.  Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. || i. Violación directa de la Constitución”.
[63]
(MP Luís Ernesto Vargas Silva). Finalmente, la Corte señaló en esa providencia que la sentencia cuestionada no había incurrido en una violación directa de la Constitución, como lo sostenía la tutela del implicado.
[64]
Sentencia T-1316/01 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes).  En esta sentencia se estudia
si es procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, teniendo en
cuenta que el accionante había presentado una demanda ante la jurisdicción
contencioso administrativa, solicitando el incremento de su mesada pensional.
En este caso la Corte resolvió confirmar los fallos de instancia, los cuales
negaron la tutela del derecho, pues consideró que para el caso en concreto no
se configuraba una situación irremediable.  Esta sentencia reitera los
argumentos planteados en la sentencia T-225/93 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[65]
Folio 26, cuaderno No. 1. Copia del Dictamen SNML 1703, rendido por la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado – Comisión Médico Laboral del ISS, en el que se
establece que la fecha de estructuración de la pérdida da capacidad laboral del
señor Pedro Ignacio Jiménez Ariza es el 8 de julio de 2008.
[66]
Ver folio 26, cuaderno 1.
[67]
El auto fue expedido el 2 de julio de 2009.
[68]
Folios 46 y 47, del cuaderno de revisión.
[69]
Folios 4-11, cuaderno 1.
[70]
Folios 12-18, cuaderno 1.
[71]
Folio 16, cuaderno 1.
[72]
Folio 16, cuaderno 1.
[73]
Constitución Política, artículo 53. “El Congreso
expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por
lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad. (…)”
[74]
Folio 46, cuaderno de revisión. “2.- Como acto inmediatamente siguiente al
de dicho reintegro, es decir, sin que medie solución de continuidad entre dicho
reintegro efectivamente realizado en cumplimiento de las decisiones judiciales
proferidas dentro de la mencionada radicación, los aquí intervinientes,
incluyendo el señor JIMÉNEZ ARIZA que al finalizar avala expresamente todo lo
aquí acordado, resuelven de común acuerdo terminar la relación laboral
existente entre ELECTRICARIBE SA ESP y el señor PEDRO JIMÉNEZ ARIZA.”
[75]
Ver folio 11, cuaderno principal.
[76]
Folios 47, cuaderno de revisión.
[77]
Folios 46 y 47, del cuaderno de revisión.
[78] Código
Sustantivo de Trabajo. Artículo 64. “1. En todo contrato de trabajo va
envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con
indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización
comprende el lucro cesante y el daño emergente. // 2. En caso de terminación
unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del
empleador o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del
trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero
deberá al segundo una indemnización en los términos que a continuación se
señalan. //  3. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios
correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del
contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor contratada,
caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15) días.
// 4. En los contratos a término indefinido, la indemnización se pagará
así: // a). Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el trabajador
tuviere un tiempo de servicios no mayor de un año; // b). Si el trabajador
tuviere más de un (1) año de servicio continuo y menos de cinco (5), se le
pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45)
básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al
primero, y proporcionalmente por fracción; // c). Si el trabajador tuviere
cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de diez (10), se le pagarán
veinte (20) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) básicos
del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero,
y proporcionalmente por fracción; y // d). Si el trabajador tuviere diez
(10) o más años de servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) días
adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal
a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción. (…)”
[79] Ley 100 de 1993, artículo 39, “Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y
acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración (…).”
[80]
Folio 47, cuaderno de revisión. “5. El señor PEDRO JIMÉNEZ ARIZA cede a
favor de ELECTRICARIBE SA ESP las costas dosificadas a su favor, circunstancia
que también se manifestará en el memorial correspondiente.”