C-011-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-011/13
IMPLEMENTACION DE
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR VIRTUD DEL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y SU PROTOCOLO
MODIFICATORIO-Inexequibilidad
IMPLEMENTACION DE
COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR VIRTUD DEL ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL ENTRE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y SU PROTOCOLO
MODIFICATORIO-Normas relativas a derechos de autor y derechos conexos
COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES-Competencia
para aprobación en primer debate
COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES-Asignación
de competencias
COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES-Justificación
Existen importantes razones que justifican la
existencia de diferentes comisiones al interior del Congreso de la República, a
las cuales les serán distribuidos los proyectos de ley y de acto legislativo,
según la materia que regulen: (i) Permite un trámite más eficiente de las
iniciativas legislativas, por cuanto los proyectos se asignarán al grupo de
congresistas, en cada una de las cámaras legislativas, que cuente con mayores
conocimientos sobre el tema regulado, lo cual facilita el cumplimiento de las
funciones del Congreso dentro de un régimen jurídico, democrático y
participativo. (ii) Facilita la distribución racional de las actividades del
órgano legislativo, por cuanto permite un reparto adecuado y sin sobrecarga
para ninguna de dichas comisiones. (iii) La asignación de manera organizada y
sistemática por temas a las diferentes comisiones, redunda en una mayor
garantía de publicidad de las actuaciones y deliberaciones en el trámite y
aprobación de los proyectos de ley. (iv) Permite la realización de debates más
especializados que favorecen el proceso legislativo, pues los congresistas que
hagan parte de cada una de las comisiones laborarán sobre materias de su
interés, que guarden relación con su área de formación o de experiencia
laboral. (v) Facilita el ejercicio del control político directo por parte de la
población.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR PRESUNTA FALTA DE
COMPETENCIA DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONGRESO-Jurisprudencia constitucional/CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA LEGAL-Rigor en comisión competente para
primer debate/PROYECTO DE LEY-Distribución temática aproximada
para primer debate/PROYECTO DE LEY-Grado de flexibilidad en
distribución temática/CONGRESO DE LA REPUBLICA-Trabajo
legislativo
Si bien esta Corporación ha reconocido que la
distribución del trabajo legislativo y la asignación de materias a las
diferentes comisiones de las cámaras del Congreso de la República responde a
importantes fines como el de eficiencia y especialidad en la labor legislativa,
ha sido igualmente enfática al precisar que, en consideración al cúmulo de
trabajo del Congreso “sería impracticable y tal vez imposible hacer una
distribución temática precisa y rígida de las materias legislativas entre las
siete (7) comisiones constitucionales permanentes, en cuanto siempre existirán
asuntos de ley que de una u otra manera tendrán relación de conexidad material
con temas diversos pero convergentes, los cuales, sin embargo, podrían exigir
su regulación en un solo texto legislativo”. De esta manera, en consideración a
la apreciación que se ha hecho de la gran dificultad que presenta la exigencia
de rigidez en la distribución de los proyectos de ley, por cuanto los mismos
pueden regular diversas materias que eventualmente corresponderían a diferentes
comisiones constitucionales permanentes, la Corte Constitucional ha establecido
que su examen debe partir de la premisa según la cual, “en muchas ocasiones la
distribución de los proyectos de ley para su aprobación en primer debate es
aproximada, debido a las condiciones especiales del contenido de cada
proyecto”. Así pues, al juez constitucional corresponde tener en cuenta que “si
bien la Ley 3ª de 1992 hace una distribución temática entre las comisiones
permanentes, la amplitud y variedad de los principios constitucionales que
deben ser desarrollados por ley y la dinámica y especificidad de cada materia
exigen cierta flexibilidad al momento de distribuir los proyectos de ley para
su estudio, trámite y aprobación en primer debate”. Como corolario de lo
anterior, surge entonces, que el examen de constitucionalidad de leyes que
cobijen materias adscritas a diferentes comisiones permanentes de las cámaras
legislativas y que, a primera vista, aparezcan como de competencia de varias de
ellas de acuerdo a la distribución temática que establece la Ley 3ª de 1992,
debe ser flexible por las siguientes razones: “1. No se pone en riesgo ningún
precepto constitucional cuando se decide que un proyecto de ley que ofrece duda
razonable acerca de su materia dominante y, por lo tanto, de la comisión competente
para aprobarlo en primer debate, sea tramitado en una u otra comisión
permanente, máxime si se tiene en cuenta que lo relativo a la distribución del
trabajo legislativo fue deferido por la Constitución Política a la ley. 2. La
manera como el legislador reguló la solución de los casos en que exista duda
sobre la materia predominante en un proyecto de ley, fue asignándole poder de
decisión al Presidente de la respectiva Cámara para que, según su criterio,
remita el proyecto a la comisión que considere competente. Esta figura se
encuentra en el Parágrafo 2º - artículo 2º de la Ley 3ª de 1992 […].  3. El
artículo 159 de la Constitución Política señala que el proyecto que sea negado
en primer debate puede ser considerado en plenaria de la respectiva Cámara, con
lo cual se demuestra que en todo caso ese criterio rígido o excluyente de la
especialidad cede ante la decisión de la plenaria. Es más, de acuerdo con el
artículo 166 de la Ley 5ª de 1992 -Ley Orgánica del Congreso- si la plenaria de
la respectiva Cámara acoge la apelación, el proyecto pasará a una comisión
constitucional diferente para que surta el trámite en primer debate. […]. Si,
de acuerdo con lo anterior, es procedente la aprobación de proyectos de ley en
primer debate en una comisión permanente con competencia diferente al tema de
discusión, será de mayor aceptación el reparto en una u otra comisión cuando se
trata de proyectos que ofrecen duda razonable acerca de su materia dominante.
4. Todos los miembros del Congreso tienen la oportunidad de hacer seguimiento
al trámite en primer debate de los diferentes proyectos de ley y pueden
plantear modificaciones, adiciones o supresiones a la comisión respectiva, así
no hagan parte integrante de ella (L. 5ª de 1992, art. 160 nl. 1), lo cual
compagina con el grado de flexibilidad relativa que la Constitución asigna al
trámite en primer debate de los proyectos de ley. […] De acuerdo con lo
expuesto, no existen fundamentos constitucionales para exigir una rigurosidad
estricta en la distribución del trabajo legislativo. Por el contrario, la
Constitución y las Leyes 3ª y 5ª de 1992 consagran preceptos que permiten una
flexibilidad razonable en la designación de la comisión que apruebe en primer
debate los proyectos de ley”.
CONGRESO DE LA REPUBLICA-Exigencia
constitucional de cumplimiento de la distribución del trabajo
Hay una exigencia constitucional de cumplimiento de la
distribución del trabajo en el seno del Congreso de la República, de acuerdo
con las competencias temáticas asignadas por ley a cada una de las comisiones,
pues ésta tiene, “desde una perspectiva estrictamente constitucional,
‘profundas connotaciones democráticas y de eficiencia en el cumplimiento de la
función legislativa’”, lo cual hace que en el examen de constitucionalidad del
procedimiento de formación de una ley “no sea indiferente establecer si la
comisión en particular en la que se inició el [trámite] en cada cámara, era la
que, dada la materia del proyecto, debía ocuparse del asunto”. En este sentido,
la Corte ha determinado que la violación a lo dispuesto en el artículo 2° de la
Ley 3ª de 1992 que asigna las competencias temáticas a las comisiones
congresuales “acarrea un vicio de relevancia constitucional, que daría lugar a
la declaración de inexequibilidad de la disposición legal irregularmente
tramitada.” Tal argumentación se observa plasmada de la siguiente manera: “Si
es el propio constituyente quien dispone que cada comisión permanente se ocupe
de ciertas materias según determinación de la ley, la inobservancia de esta
especialidad temática a la hora de repartir los proyectos, generaría un vicio
que afectaría la constitucionalidad del trámite legislativo correspondiente, y
llevaría a la declaración de inexequibilidad formal de la ley así expedida,
pues resulta claro que no fue respetada la voluntad constitucional”. En igual
sentido apunta lo indicado por esta Corporación en sentencia C-353 de 1995,
como pasa a exponerse textualmente: “En
consecuencia, las leyes que hayan sido tramitadas en primer debate por una
comisión constitucional permanente carente de competencia para ocuparse de las
materias de que trata la respectiva ley, son inconstitucionales por vulnerar
las disposiciones del artículo 151 de la Carta. En efecto, dicha norma supedita
el ejercicio de la actividad legislativa a las disposiciones de una ley
orgánica, la cual, en materia de competencias de las comisiones
constitucionales permanentes del Congreso de la República, es para efectos del
control de constitucionalidad y con la advertencia realizada en la sentencia
antes citada, la Ley 3ª de 1992.”
COMPETENCIAS TEMATICAS DE LAS COMISIONES DEL CONGRESO-Desconocimiento
en el proceso de formación de la ley constituye un vicio de relevancia constitucional/PRESIDENTE
DE CAMARA LEGISLATIVA-Margen de apreciación en el reparto de los
proyectos de ley cuando la materia no esté claramente adscrita a una comisión
Esta Corporación ha reconocido, de una parte, que el
desconocimiento de las competencias temáticas de las comisiones congresuales
-asignadas por la Ley 3ª de 1992- en el proceso de formación de la ley
constituye un vicio de relevancia constitucional que impondría al órgano de
control constitucional el deber de retirar del ordenamiento jurídico el texto
normativo que surtió un trámite irregular. No obstante, también ha tenido en
cuenta que, en virtud del parágrafo 2° del artículo 2° de la ley en comento,
que asigna las competencias a estas comisiones según la materia sobre la cual
verse el proyecto de ley o de acto legislativo a debatir y aprobar en primer
debate, el presidente de la respectiva cámara cuenta con un margen de
apreciación en el reparto de los mismos “cuando la materia de la cual trate el
proyecto de ley, no esté claramente adscrita a una Comisión”, pues en tales
circunstancias, lo faculta para enviarlo a “aquella que, según su criterio, sea
competente para conocer de materias afines”.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY EN COMISIONES
CONSTITUCIONALES PERMANENTES-Alcance respecto de la asignación frente a conflictos
de competencia
La
Corte señaló que la propia ley aporta herramientas importantes para resolver
los conflictos que puedan llegar a surgir en aquellos casos en que la temática
de un proyecto no ley no aparezca adscrita a una determinada comisión
permanente, o cuando en el proyecto de ley se regulen asuntos cuya discusión
competa a diversas comisiones. En efecto, la sentencia indica que tanto la Ley
3ª de 1992, como el reglamento del Congreso contenido en la Ley 5ª del mismo
año dan la clave para resolver estos conflictos. En el primero de los
supuestos, que se configura cuando el proyecto de ley regule asuntos cuya
discusión competa a diversas comisiones, la Corporación señaló que el artículo
146 de la Ley 5ª dispone que cuando un proyecto de ley verse sobre varias
materias, será repartido a la comisión de la materia predominante, la cual
podrá solicitar a las demás comisiones competentes un concepto sobre el mismo.
Respecto de la segunda hipótesis fáctica, referida a la falta de adscripción de
un determinado tema a una comisión particular, la Corte señaló que los
parágrafos 1° y 2° del artículo 2° de la Ley 3ª establecen que para resolver
los conflictos de competencia entre las distintas comisiones, primará el
principio de especialidad, de manera que cuando la materia sobre la cual trate
el proyecto de ley no esté claramente adscrita a una comisión, “el Presidente
de la respectiva Cámara, lo enviará a aquella que, según su criterio, sea
competente para conocer materias afines”.
JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO SOBRE COMPETENCIA DE LA COMISION DEL CONGRESO EN TRAMITE Y
APROBACION EN PRIMER DEBATE-Debe ser un control flexible y, por ende, sólo es
admisible la intervención del juez constitucional cuando quiera que dicho
reparto resulte irrazonable
PROYECTO DE LEY-Falta de competencia para
tramitar en primer debate/PROYECTO DE LEY EN COMISIONES CONSTITUCIONALES
PERMANENTES-Inconstitucionalidad por carencia de competencia en primer
debate/PROYECTO DE LEY EN COMISIONES CONSTITUCIONALES PERMANENTES-Vicio
insubsanable
Referencia: expediente D- 9107
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1520 de
2012 “por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud
del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y
los Estados Unidos de América y su Protocolo Modificatorio, en el marco de la
política de comercio exterior e integración económica”.
Demandante: Jorge Enrique Robledo Castillo
Magistrado Sustanciador:
ALEXEI JULIO ESTRADA
Bogotá, D.C.,  veintitrés (23) de enero de dos mil
trece (2013)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el
artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Jorge Enrique Robledo
Castillo, interpuso acción pública de inconstitucionalidad contra la totalidad de
la Ley 1520 de 2012 y formuló cargos adicionales contra los artículos que se
subrayan en la transcripción.
A
continuación se transcribe la ley demandada y se subrayan los apartes sobre los
cuales recaen cuestionamientos particulares:
“LEY 1520 DE 2012
(abril 13)
Diario oficial No. 48.400 de 13 de abril
de 2012
por medio de la cual se implementan
compromisos adquiridos por virtud del “Acuerdo de Promoción Comercial”,
suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América y su “Protocolo
Modificatorio, en el Marco de la Política de Comercio Exterior e Integración
Económica”.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Objeto.
Implementar compromisos adquiridos por la República de Colombia en
virtud del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América,
sus cartas adjuntas y sus entendimientos, suscrito en Washington el 22 de
noviembre de 2006 y el Protocolo Modificatorio al Acuerdo de Promoción
Comercial con los Estados Unidos de América, firmado en Washington, Distrito de
Columbia, el 28 de junio de 2007, y la carta adjunta de la misma fecha,
aprobados por el Congreso de la República de Colombia mediante Ley
1143 del 4 de julio de 2007 y Ley 1166 del 21 de noviembre de 2007,
respectivamente.
Artículo 2°. El artículo 8°
de la Ley 23 de 1982 quedará así:
Artículo 61. Para los efectos de la presente ley se
entiende por:
Autor. Persona física que realiza la creación
intelectual.
Artista intérprete o
ejecutante. Es el
actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel,
cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma obras literarias
o artísticas o expresiones de folclore.
Comunicación al público
de una interpretación o ejecución o de un fonograma. Para los efectos de los artículos 166 y
173 de la presente ley, es la transmisión al público, por cualquier medio que
no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los
sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. Para los
efectos de los derechos reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes y
productores de fonogramas, la comunicación al público incluye también hacer que
los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten
audibles al público.
Copia o ejemplar. Soporte material que contiene la obra,
como resultado de un acto de reproducción.
Derechohabiente. Persona natural o jurídica a quien por
cualquier título se transmiten derechos reconocidos en la presente ley.
Distribución al
público. Puesta a
disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta,
alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.
Divulgación. Hacer accesible la obra al público por
cualquier medio o procedimiento.
Emisión. Difusión a distancia de sonidos o de
imágenes y sonidos para su recepción por el público.
Fijación. Incorporación de signos, sonidos o
imágenes, o de la representación de estos, a partir de la cual puedan
percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo.
Fonograma. Toda fijación de los sonidos de una
interpretación o ejecución o de otros sonidos, o de una representación de
sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra
cinematográfica o audiovisual.
Grabación efímera. Fijación sonora o audiovisual de una representación
o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un período
transitorio por un organismo de radiodifusión, utilizando sus propios medios, y
empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.
Información sobre la gestión de derechos. Información
que identifica la obra, interpretación o ejecución o fonograma; al autor de la
obra, al artista intérprete o ejecutante de la interpretación o ejecución, o al
productor del fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre la obra,
interpretación o ejecución o fonograma; o información sobre los términos y
condiciones de utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones o
fonogramas; o cualquier número o código que represente dicha información,
cuando cualquiera de estos elementos estén adjuntos a un ejemplar de la obra,
interpretación o ejecución o fonograma o figuren en relación con la
comunicación o puesta a disposición al público de una obra, interpretación o
ejecución o fonograma.
Lucro. Ganancia o provecho que se saca de algo.
Medida tecnológica
efectiva. Cualquier
tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación,
controla el acceso a una obra, interpretación o ejecución o fonograma
protegidos, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho conexo
al derecho de autor.
Obra. Toda creación intelectual original de
naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o
reproducida en cualquier forma.
Obra anónima. Aquella en que no se menciona el nombre
del autor; por voluntad del mismo, o por ser ignorado.
Obra audiovisual. Toda creación expresada mediante una serie
de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada
esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro
medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las
características del soporte material que la contiene.
Obra colectiva. La que sea producida por un grupo de
autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica
que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre.
Obra derivada. Aquella que resulte de la adaptación,
traducción u otra transformación de una originaria, siempre que constituya una
creación autónoma.
Obra en
colaboración. La que
sea producida, conjuntamente, por dos o más personas naturales cuyos aportes no
puedan ser separados.
Obra individual. La que sea producida por una sola persona
natural.
Obra inédita. Aquella que no haya sido dada a conocer al
público.
Obra originaria. Aquella que
es primitivamente creada.
Obra póstuma. Aquella que haya sido dada a la publicidad
solo después de la muerte de su autor.
Obra seudónima. Aquella en que el autor se oculta bajo un
seudónimo que no lo identifica.
Organismo de
radiodifusión. Empresa
de radio o televisión que transmite programas al público.
Productor. Persona natural o jurídica que tiene la
iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de la obra,
por ejemplo, de la obra audiovisual o del programa de ordenador.
Productor de
fonogramas. Es la
persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de
la primera fijación de los sonidos de una interpretación o ejecución u otros
sonidos o las representaciones de sonidos.
Publicación. Producción de ejemplares puestos al
alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho,
siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las
necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la
obra.
Publicación de una
interpretación o ejecución
o de un fonograma. Es la oferta al público de copias de la
interpretación o ejecución o del fonograma con el consentimiento del titular
del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad
razonable.
Radiodifusión. Transmisión al público por medios
inalámbricos o por satélite de los sonidos o sonidos e imágenes, o
representaciones de los mismos; incluyendo la transmisión inalámbrica de
señales codificadas, donde el medio de decodificación es suministrado al
público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento;
“radiodifusión” no incluye las transmisiones por las redes de computación o
cualquier transmisión en donde tanto el lugar como el momento de recepción
pueden ser seleccionados individualmente por miembros del público.
Retransmisión. Remisión de una señal o de un programa
recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos
o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo.
Titularidad. Calidad del titular de derechos
reconocidos por la presente ley”.
Artículo 3°. La
Ley 23 de 1982 tendrá un artículo nuevo 10A el cual quedará así:
“Artículo 10A. En
los procedimientos civiles, administrativos y penales relativos al derecho de
autor y los derechos conexos se presumirá, en ausencia de prueba en contrario,
que la persona natural o jurídica cuyo nombre es indicado de la manera usual,
es el titular de los derechos de la obra, interpretación o ejecución o
fonograma. También se presume que, en ausencia de prueba en contrario, el
derecho de autor o derecho conexo subsiste en relación con la obra,
interpretación o ejecución o fonogramas”.
Artículo 4°. El artículo 11 de la
Ley 23 de 1982 quedará así:
“Artículo 11. De
acuerdo con los artículos 61 y 71 de la Constitución Política de
Colombia, será protegida la propiedad literaria y artística como propiedad
transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta años más, mediante
las formalidades que prescriba la ley.
Esta ley protege las obras,
interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones de organismos de
radiodifusión de los colombianos y extranjeros domiciliados en Colombia o
publicadas por primera vez en el país.
Los extranjeros no
domiciliados en Colombia gozarán de la protección de esta ley de conformidad
con los tratados internacionales a los cuales Colombia está adherida o cuando
las leyes nacionales del otro país impliquen reciprocidad efectiva en la
protección de los derechos consagrados a los autores, intérpretes, ejecutantes,
productores de fonogramas y organismos de radiodifusión colombianos en dichos
países.
Parágrafo. Cuando la protección de un fonograma o
una interpretación o ejecución fijada en un fonograma se otorgue en virtud del
criterio de primera publicación o fijación, se considerará que dicha
interpretación, ejecución o fonograma es publicada por primera vez en Colombia,
cuando la publicación se realice dentro de los 30 días siguientes a la
publicación inicial en otro país”.
Artículo 5°. El artículo 12
de la Ley 23 de 1982 quedará así:
“Artículo 12. El
autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias y
artísticas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir:
a) La reproducción de la obra
bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier
procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica;
b) La comunicación al
público de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean
estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición
al público, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a
ella desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija;
c) La distribución pública
del original y copias de sus obras, mediante la venta o a través de cualquier
forma de transferencia de propiedad;
d) La importación de copias
hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio, incluyendo
la transmisión por medios electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Decisión Andina 351 de 1993;
e) El alquiler comercial al
público del original o de los ejemplares de sus obras. La traducción,
adaptación, arreglo u otra transformación de la obra”.
Artículo 6°. El
artículo 27 de la Ley 23 de 1982, quedará así:
“Artículo 27. En
todos los casos en que una obra literaria o artística tenga por titular una
persona jurídica, el plazo de protección será de 70 años contados a partir del
final del año calendario de la primera publicación autorizada de la obra.
Si dentro de los 50 años
siguientes a la creación de la obra no ha existido publicación autorizada, el
plazo de protección será de 70 años a partir del final del año calendario de la
creación de la obra”.
Artículo 7°. El
artículo 165 de la Ley 23 de 1982 quedará así:
“Artículo 165. La
protección ofrecida por las normas de este capítulo no afectará en modo alguno
la protección del derecho del autor sobre las obras literarias, científicas y
artísticas consagradas por la presente ley. En consecuencia ninguna de las
disposiciones contenidas en él podrá interpretarse en menoscabo de esa
protección.
A fin de no establecer
ninguna jerarquía entre el derecho de autor, por una parte, y los derechos de
los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, por otra
parte, en aquellos casos en donde sea necesaria la autorización tanto del autor
de una obra contenida en un fonograma como del artista intérprete o ejecutante
o productor titular de los derechos del fonograma, el requerimiento de la
autorización del autor no deja de existir debido a que también se requiera la
autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.
Así mismo, en aquellos casos
en donde sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en
un fonograma como del artista intérprete o ejecutante o del productor titular
de los derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del artista
intérprete o ejecutante o productor de fonogramas no deja de existir debido a
que también se requiera la autorización del autor”.
Artículo 8°. El
artículo 166 de la Ley 23 de 1982 quedará así:
“Artículo 166. Los
artistas intérpretes o ejecutantes, o sus representantes, tienen respecto de
sus interpretaciones o ejecuciones el derecho exclusivo de autorizar o
prohibir:
a)       La radiodifusión y la comunicación al público
de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la
interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o
interpretación radiodifundida;
b) La fijación de sus
ejecuciones o interpretaciones no fijadas;
c) La reproducción de sus
interpretaciones o ejecuciones fijadas por cualquier manera o forma, permanente
o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento
temporal en forma electrónica;
d) La distribución pública
del original y copias de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en
fonograma, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de
propiedad;
e) El alquiler comercial al
público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones
fijadas en fonogramas, incluso después de su distribución realizada por el
artista intérprete o ejecutante o con su autorización;
f) La puesta a disposición
al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal
forma que los miembros del público puedan tener acceso a ella desde el lugar y
en el momento que cada uno de ellos elija”.
Artículo 9°. El artículo 172
de la Ley 23 de 1982, quedará así:
“Artículo 172. El
productor de fonogramas tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:
a) La reproducción del
fonograma por cualquier manera o forma, temporal o permanente, mediante
cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma
electrónica;
b) La distribución pública
del original y copias de sus fonogramas, mediante la venta o a través de
cualquier forma de transferencia de propiedad;
c) El alquiler comercial al
público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso después de
su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización;
d) La puesta a disposición
al público de sus fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan
tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos
elija”.
Artículo 10. El artículo 2°
de la Ley 44 de 1993 que modifica el artículo 29 de la
Ley 23 de 1982, quedará así:
“Artículo 2°. Los derechos consagrados a favor de
los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusión tendrán la siguiente duración:
Cuando el titular sea
persona natural, la protección se dispensará durante su vida y ochenta años más
a partir de su muerte.
Cuando el titular sea
persona jurídica, el plazo de protección será de 70 años contados a partir:
Del final del año calendario
de la primera publicación autorizada de la interpretación, ejecución o del
fonograma. A falta de tal publicación autorizada dentro de los 50 años contados
a partir de la realización de la interpretación, ejecución, o del fonograma, el
plazo será de 70 años a partir del final del año calendario en que se realizó
la interpretación o ejecución o el fonograma.
Del final del año calendario
en que se haya realizado la primera emisión de su radiodifusión”.
Artículo 11. Supresión
de la Licencia de Reproducción. Suprímase la licencia de
reproducción ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor de que
tratan los artículos 58 a 71 de la Ley 23 de 1982.
Artículo 12. Las
limitaciones y excepciones que se establezcan en materia de derecho de autor y
derechos conexos, se circunscribirán a aquellos casos especiales que no atenten
contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a
los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos.
Artículo 13. No obstante
la posibilidad que tiene el Estado de establecer limitaciones y excepciones a
los derechos exclusivos previstos en la legislación nacional sobre derecho de
autor y derechos conexos, no se permite la retransmisión a través de Internet de
señales de televisión, sean terrestres, por cable o por satélite sin la
autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal y,
si es del caso, de la señal.
Artículo 14.
Independientemente de que concurra una infracción al derecho de autor o a los
derechos conexos, incurrirá en responsabilidad civil y deberá indemnizar los
perjuicios que ocasione quien realice cualquiera de las siguientes conductas:
a) Sin autorización eluda
las medidas tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso o los
usos no autorizados de las obras, interpretaciones artísticas o ejecuciones,
fonogramas o emisiones radiodifundidas;
b) Fabrique, importe,
distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera comercialice
dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o proporcione
servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva:
Sean promocionados,
publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha medida; o
Tengan un limitado propósito
o un uso comercial significativo, diferente al de eludir dicha medida; o
Sean diseñados, producidos,
ejecutados principalmente con el fin de permitir o facilitar la elusión de
dicha medida;
c) Suprima o altere
cualquier información sobre la gestión de derechos;
d) Distribuya o importe para
su distribución, información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha
información ha sido suprimida o alterada sin autorización;
e) Distribuya, importe para
su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias
de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la
información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin
autorización.
Parágrafo. Salvo orden
judicial, ninguna autoridad administrativa podrá requerir que el diseño o la
selección de las partes y componentes para un producto de consumo electrónico,
de telecomunicaciones o de computación, responda a una medida tecnológica en
particular, a condición de que dicho producto no viole de alguna otra forma las
disposiciones estipuladas en este artículo.
Artículo 15. Las siguientes
son excepciones a la responsabilidad consagrada en los literales a y b del
artículo anterior y será aplicada en consonancia con los parágrafos de este
artículo.
a) Actividades no
infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia de un programa de
computación obtenida legalmente, realizadas de buena fe con respecto a los
elementos particulares de dicho programa de computación que no han estado a la
disposición inmediata de la persona involucrada en dichas actividades, con el
único propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación
creado independientemente con otros programas;
b) Actividades de buena fe
no infractoras, realizadas por un investigador apropiadamente calificado que
haya obtenido legalmente una copia, interpretación o ejecución no fijada o
muestra de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, y que haya hecho
un esfuerzo de buena fe por obtener autorización para realizar dichas
actividades, en la medida necesaria, y con el único propósito de identificar y
analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y
decodificar la información;
c) La inclusión de un
componente o parte con el único fin de prevenir el acceso de menores al
contenido inapropiado en línea en una tecnología, producto, servicio o
dispositivo que por sí mismo sea diferente de los mencionados en el literal b)
del artículo 14 de la presente ley;
d) Actividades de buena fe
no infractoras autorizadas por el titular de una computadora, sistema de
cómputo o red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la
seguridad de dicha computadora, sistema de cómputo o red de cómputo;
e) El acceso por parte de
bibliotecas, archivos o instituciones educativas, sin fines de lucro, a una
obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de
otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones;
f) Actividades no
infractoras con el único fin de identificar y deshabilitar la capacidad de
realizar de manera no divulgada la recolección o difusión de datos de
identificación personal que reflejen las actividades en línea de una persona
natural, de manera que no tenga otro efecto en la capacidad de cualquier
persona de obtener acceso a cualquier obra;
g) Usos no infractores de
una obra, interpretación o ejecución o fonograma, en una clase particular de
obras determinadas por la ley y teniendo en cuenta la existencia de evidencia
sustancial de un impacto adverso real o potencial en aquellos usos no
infractores. El Gobierno Nacional hará una revisión periódica de dicho impacto,
en intervalos de no más de cuatro años, para determinar la necesidad y
conveniencia de presentar al Congreso de la República un proyecto de
ley en que se consagren los usos no infractores que han de ser objeto de la
excepción prevista en este literal;
h) La actividad legalmente
autorizada de investigación, protección, seguridad de la información o
inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del
gobierno. Para los efectos de este literal, el término ¿seguridad de la información?
significa actividades llevadas a cabo para identificar y abordar la
vulnerabilidad de una computadora, un sistema de cómputo o una red de computo
gubernamentales.
Parágrafo 1°. Todas las
excepciones a las conductas establecidas en el presente artículo aplican para
las medidas tecnológicas efectivas que controlen el acceso a una obra,
interpretación, ejecución o fonograma.
Parágrafo 2°. A las
actividades relacionadas en el artículo 252bis literal b), cuando se refieran a
medidas tecnológicas que controlen el acceso a una obra, interpretación,
ejecución o fonograma, solo se aplicarán las excepciones establecidas
en los literales a), b), c), d) del presente artículo.
Parágrafo 3°. A las
actividades relacionadas en el artículo 252bis literal b), cuando se refieran a
medidas tecnológicas que controlen usos no autorizados de una obra,
interpretación, ejecución o fonograma, solo se aplicará la excepción
establecida en el literal a) del presente artículo.
Artículo 16. El
artículo 2° de la Ley 1032 de 2006 que reformó el artículo 271 de la
Ley 599 de 2000, quedará así:
“Artículo 2°. Violación
a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Incurrirá en
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y
seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien,
salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa
del titular de los derechos correspondientes:
Por cualquier medio o
procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico
o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de
ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe,
exporte, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a
cualquier título dichas reproducciones.
Represente, ejecute o exhiba
públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras
cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico.
Alquile o, de cualquier otro
modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o
soportes lógicos u obras cinematográficas.
Fije, reproduzca o
comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales.
Disponga, realice o utilice,
por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución,
exhibición, comercialización, difusión o distribución y representación de una
obra de las protegidas en este título.
Retransmita, fije,
reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones
de los organismos de radiodifusión.
Recepcione, difunda o
distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción”.
Artículo 17. El artículo 3°
de la Ley 1032 de 2006 que modificó el artículo 272 de la
Ley 599 de 2000, quedará así:
“Artículo 3°. Violación
a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos, y otras
defraudaciones. Incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y
multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, quien con el fin de lograr una ventaja comercial o
ganancia económica privada, actuando sin autorización de los titulares de
derecho de autor y derechos conexos y salvo las excepciones previstas en la
ley:
1. Eluda las medidas
tecnológicas efectivas impuestas para controlar el acceso o los usos no
autorizados de las obras, interpretaciones artísticas o ejecuciones, fonogramas
o emisiones radiodifundidas.
2. Fabrique, importe,
distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera comercialice
dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o proporcione
servicios que, respecto de cualquier medida tecnológica efectiva:
Sean promocionados,
publicitados o comercializados con el propósito de eludir dicha medida; o
tengan un limitado propósito o uso comercialmente significativo diferente al de
eludir dicha medida; o sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente
con el fin de permitir o facilitar la elusión de dicha medida.
3. Suprima o altere
cualquier información sobre la gestión de derechos.
4. Distribuya o importe para
su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha
información ha sido suprimida o alterada sin autorización.
5. Distribuya, importe para
su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público copias
de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la
información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin
autorización.
6. Fabrique, ensamble,
modifique, importe, exporte, venda, arriende o distribuya por otro medio un
dispositivo o sistema tangible o intangible, a sabiendas o con razones para
saber que la función principal del dispositivo o sistema es asistir en la
descodificación de una señal codificada de satélite portadora de programas
codificados sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal.
7. Recepcione o
posteriormente distribuya una señal de satélite portadora de un programa que se
originó como señal por satélite codificada a sabiendas de que ha sido
descodificada sin la autorización del distribuidor legítimo de la señal.
8. Presente declaraciones o
informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación,
liquidación o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos,
alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los datos
necesarios para estos efectos.
Parágrafo. Los
numerales 1 a 5 de este artículo no serán aplicables cuando se trate
de una biblioteca sin ánimo de lucro, archivo, institución educativa u
organismo público de radiodifusión no comercial.
Artículo 18. Las
disposiciones de los artículos anteriores se aplicarán a todas las obras,
interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones de organismos de
radiodifusión que, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley no
hayan pasado al dominio público.
Artículo
19. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución
Política, las autoridades administrativas en ejercicio de funciones
jurisdiccionales y las autoridades judiciales competentes para resolver los procesos
de infracción en materia de propiedad intelectual, estarán facultadas para
ordenarle al infractor que proporcione cualquier información que posea respecto
de cualquier persona involucrada en la infracción, así como de los medios o
instrumentos de producción o canales de distribución utilizados para ello.
Artículo 20. En los procesos
sobre infracciones al derecho de autor, los derechos conexos y las marcas, el
juez estará facultado para ordenar que los materiales e implementos que hayan
sido utilizados en la fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o
falsificadas sean destruidas, a cargo de la parte vencida y sin compensación
alguna, o en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna, se disponga
su retiro de los canales comerciales.
En el caso de mercancías
consideradas piratas o falsificadas, en la sentencia el juez deberá ordenar su
destrucción, a cargo de quien resulte condenado en el proceso, a menos que el
titular de derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma. En
casos apropiados las mercancías de marcas falsificadas podrán ser donadas con
fines de caridad para uso fuera de los canales de comercio, cuando la remoción
de la marca elimine las características infractoras de la mercancía y la
mercancía ya no sea identificable con la marca removida. En ningún caso los
jueces podrán permitir la exportación de las mercancías falsificadas o
pirateadas o permitir que tales mercancías se sometan a otros procedimientos
aduaneros, salvo en circunstancias excepcionales. En relación con las
mercancías de marca falsificadas, la simple remoción de la marca que fuera
adherida ilegalmente no será suficiente para permitir que las mercancías
ingresen en los canales comerciales.
Artículo 21. El
parágrafo del artículo 4° de la Ley 680 de 2001 que modificó el
artículo 33 de la Ley 182 de 1995, quedará así:
Parágrafo. En sábados, domingos y festivos el
porcentaje de producción nacional será mínimo del 30% en los siguientes
horarios:
“De las 19:00 horas a las
22:30 horas (triple A).
“De las 22:30 horas a las
24:00 horas.
“De las 10:00 horas a las
19:00 horas.
Artículo 22. Vigencia. La
presente ley rige a partir de su publicación, deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias”.
II. DEMANDA
1.- A juicio del actor, el cuerpo normativo demandado
es contrario a los artículos 20 (libertad de expresión y derecho fundamental a
la información), 142 (obligación de tramitar los proyectos de ley en las
comisiones competentes), 153 (trámite de las leyes estatutarias) y 157
(requisitos que deben cumplir los proyectos para convertirse en ley) de la
Constitución Política.
2.- En primer lugar el ciudadano demandante expone lo
relacionado con la vulneración de los artículos 142 y 157 constitucionales. Al
respecto, sostiene que la Ley 1520 de 2012, la cual, de manera evidente y sin
lugar a dudas regula los derechos de autor, fue tramitada por las comisiones
segundas del Senado y de la Cámara de Representantes, a pesar de que el
artículo 2° de la Ley 3ª de 1992 señala que los proyectos sobre propiedad
intelectual –de la cual hacen parte los derechos de autor- deben surtir primer
debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Por ello, concluye que se
incurrió en un vicio en el procedimiento de formación de la ley, en tanto fue
tramitada por comisiones constitucionales permanentes del Congreso que eran incompetentes
en la materia.
3.- En segundo lugar señala que, de conformidad con lo
señalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los derechos de
autor tienen el carácter de derechos fundamentales. Deduce, por lo tanto, que
la ley demandada, al haber sido tramitada mediante el procedimiento establecido
para las leyes ordinarias, desconoció el procedimiento previsto en el
artículo 153 constitucional para los proyectos de ley estatutaria.
A su juicio, la ley demandada fue expedida en contra
de lo preceptuado por la Constitución en relación con la reserva de ley
estatutaria no sólo porque ésta regula los derechos de autor, sino que lo
anterior se ve reforzado, comoquiera que estos afectan de manera directa otros derechos
fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, “pues
las normas que los protegen limitan los derechos de los ciudadanos a difundir una
determinada información y a acceder a la misma”.
En este punto, cita algunos ejemplos puntuales como
los artículos 6° y 13, los cuales, a su juicio, restringen el derecho
fundamental de acceder a la información y divulgarla. Y los artículos 16, 17 y
18 de la ley objeto de cuestionamiento, que modifican los delitos contra los derechos
de autor y, en consecuencia, guardan una relación directa con el derecho
fundamental a la libertad.
4.- Por otra parte, el demandante plantea un cargo por
el desconocimiento de los derechos fundamentales de acceso a la información y a
la libertad de expresión contra los artículos 6° y 13 de la Ley 1520 de 2012.
Respecto del primero de estos, argumenta que amplía de
manera desproporcionada el tiempo de protección de los derechos de autor bajo
titularidad de las personas jurídicas, pues éste pasa de 50 a 70 años, aumentando en 20 años el plazo en el que los ciudadanos no podrán acceder a una obra o difundirla
libremente.
Por otra parte, el artículo 13, que prohíbe la
retransmisión de señales de televisión por internet resulta, asimismo, excesivo,
en opinión del demandante. Indica que los canales de televisión antes de la
presente restricción de retransmisión de sus programas por internet ya obtenían
cuantiosas utilidades de sus inversiones, lo cual hacía innecesario adoptar esta
medida. Agrega que de acuerdo con lo anterior, se evidencia que “[l]as
medidas de la Ley 1520, acordes con las disposiciones del TLC, no están hechas
para proteger los derechos de los autores. Su objeto es proteger el monopolio,
la inversión y las ganancias presentes y futuras de las personas jurídicas
titulares de un derecho de autor”. Y concluye: “[b]uscan proteger, más
allá de las necesidades de los autores, el poder del monopolio privado, lo que
en la práctica viola los derechos fundamentales de los colombianos al acceso a
la información”.
Señala el ciudadano Robledo Castillo que en un país
tan desigual como Colombia, adoptar medidas legales que en la práctica aumentan
el precio de los bienes que permiten el acceso a más información y
conocimientos impide un cambio en la desigualdad e inequidad que lo
caracterizan y, de hecho, refuerza estas condiciones. Así, considera que “[a]umentar
los estándares de protección de propiedad intelectual de personas jurídicas foráneas,
además de una medida en contravía del progreso nacional, evita que la
información llegue a más capas sociales y, en consecuencia, hará crecer a
quienes se ven excluidos de los avances de la humanidad”.
Finalmente, el ciudadano accionante sostiene que la
ley cuya constitucionalidad cuestiona va más allá de las obligaciones
adquiridas por el Estado colombiano en virtud del TLC suscrito con los Estados
Unidos y que dicho tratado, a su vez, excede las normas internacionales, en la
medida en que amplía los derechos de propiedad intelectual contemplados en el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio –ADPIC- de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). Sobre este punto, afirma, por último, que esta ley es aún más
restrictiva que la misma ley estadounidense en la materia y cita el siguiente aparte
del concepto del programa Información Justa y Propiedad Intelectual respecto
del artículo 13 demandado:
“El artículo 13 del proyecto de ley impide la ‘retransmisión
a través de internet de señales de televisión, sean terrestres, por cable o por
satélite’ sin el permiso del propietario del copy right de la señal o de su
contenido ‘no obstante de’ las limitaciones y excepciones a los derechos
exclusivos en la legislación de Colombia. En la ley de EE.UU., por el
contrario, ningún derecho exclusivo es categóricamente inmune a las
limitaciones y excepciones generales, incluyendo el ‘uso justo’, que
prevé la ley. Así, por ejemplo, una retransmisión por internet de las partes de
una emisión terrestre para el uso educativo puede considerarse como un uso no
fraudulento. En Colombia, en el marco del proyecto de ley, esto sí se considera
como tal. Estudiantes colombianos y profesores por lo tanto serían menos libres
para participar en el uso efectivo de la educación de la Internet que sus
contrapartes de EE.UU. Por supuesto, el TLC no exige este resultado anómalo, y
la constitución de los EE.UU. seguramente impediría la promulgación de una ley
similar en EE.UU”.
III. INTERVENCIONES
Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
1.- El Ministerio, actuando por intermedio de
apoderado judicial, allegó a la Secretaría General de esta Corporación escrito
de intervención el 30 de julio de 2012. Mediante éste, solicita la declaratoria
de exequibilidad de la ley acusada.
El apoderado judicial del Ministerio empieza por
señalar que la ley bajo revisión fue adoptada con el fin de implementar los
compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Tratado de Libre Comercio suscrito
con los Estados Unidos, lo cual hacía necesario ajustar la legislación actual
en materia de propiedad intelectual.
Respecto del primero de los cargos por vicios de
forma, esgrimidos por el ciudadano demandante, relativo a la falta de
competencia de las comisiones segundas de Senado y Cámara para debatir la ley
cuestionada, indica el escrito que, si bien varios de los temas desarrollados en
ésta se refieren a la propiedad intelectual, en particular a los derechos de
autor y conexos, el objeto de su expedición se encuentra enmarcado en asuntos
relacionados con la política internacional, los tratados públicos y el comercio
exterior, de suerte que al abordar diversidad de materias, podría haber sido
presentada ante diferentes comisiones. Adicional a ello, según el
interviniente, de conformidad con el segundo parágrafo del artículo 2° de la
Ley 3ª de 1992, cuando el asunto no se encuentre claramente adscrito a una comisión
constitucional permanente, el presidente de la respectiva cámara podrá enviar
el proyecto a la que considere competente para conocer de materias afines.
Concluye, entonces, que el presidente de la cámara a la que correspondió,
haciendo uso de sus facultades constitucionales y legales repartió el proyecto
de ley de acuerdo a su criterio, en consideración a las competencias de las
comisiones segundas para conocer de las materias señaladas, atinentes a  la
política internacional, los tratados públicos y el comercio exterior, sin que
dicha decisión pueda tacharse de abiertamente irrazonable y, en consecuencia,
pueda tomarse por un vicio de inconstitucionalidad de la Ley 1520 de 2012.
A continuación el escrito de intervención del
Ministerio se centra en el segundo cargo por vicios de forma planteado por el
demandante, consistente en que, a pesar de que la ley demandada regula una
materia con reserva de ley estatutaria –los derechos de autor-, se le imprimió
el trámite de ley ordinaria. La entidad considera en relación con este punto
que la reserva de ley estatutaria en materia de derechos fundamentales es excepcional,
“por cuanto la regla general, es su regulación dentro de la órbita del
legislador ordinario y no del estatutario”.
Además, el apoderado judicial señala que el accionante
incurre en un error al afirmar que los derechos de autor son fundamentales con
base en una sentencia de la Corte Constitucional que atribuye dicho carácter a los
derechos morales de autor, no así a los patrimoniales. Por otra parte, afirma
que la ley objeto de impugnación no tiene por objeto directo la regulación del
núcleo esencial de los derechos de autor, sino que su propósito es la
implementación del tratado de libre comercio celebrado con los Estados Unidos,
todo lo cual lo lleva a concluir que el cargo no debe prosperar, por cuanto la
materia de la ley no tenía reserva de ley estatutaria.
La intervención del Ministerio de las
Telecomunicaciones plantea, respecto del cargo de fondo sobre la
inconstitucionalidad de los artículos 6° y 13 de la Ley 1520 de 2012 por
desconocimiento de la libertad de expresión y el acceso a la información, que
el mismo es infundado, comoquiera que (i) estos artículos no introducen
regulaciones novedosas en relación con la legislación anterior, (ii) el
legislador cuenta con un amplio margen de configuración en materia de propiedad
intelectual, cuyos únicos límites son: - que la normatividad esté enderezada a la
protección de la propiedad intelectual y – que no establezca condiciones
irrazonables o desproporcionadas para acceder a dicha protección.
Finaliza su intervención con la mención de que en los
antecedentes de la ley quedó claro que en el TLC suscrito con los Estados
Unidos, “el país se comprometió a elevar el término de protección del
derecho de autor a 70 años en los casos en que el titular del derecho es una
persona jurídica” y que mediante la prohibición de retransmisión por
internet de señales de televisión, se buscó proteger el derecho exclusivo a
favor de los titulares de ese contenido en su circulación a través de la red.
Considera, pues, que en virtud del acuerdo firmado era necesario actualizar la
legislación en materia de propiedad intelectual para garantizar su protección
en los nuevos escenarios, tanto para los titulares de los derechos como para
sus usuarios, lo cual implica necesariamente unos límites razonables a la
libertad de expresión y al acceso a la información que no son derechos
absolutos.
Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la
Universidad de los Andes
2.- Los ciudadanos César Augusto Rodríguez Garavito,
Camila Soto Mouraille, Luisa Ferreira Peralta, María Angélica Prada Uribe,
Laura Romero Villamizar, Lina María Uribe Briceño, Carlos Andrés Baquero Díaz y
Luis Alejandro Moya Riveros, en calidad de profesores y estudiantes del
programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes,
solicitaron a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de la
totalidad de la Ley 1520 de 2012 por vicios de forma, y como petición
subsidiaria, en caso de no considerarse procedente la pretensión anterior, la
de la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 13, 15, 16, 17, 19
y 21 por vicios de fondo.
Los mencionados intervinientes allegaron escrito a la
Secretaría General el 30 de julio de 2012. Empiezan por señalar los mandatos
constitucionales que consideran vulnerados con la expedición de la ley
demandada. A su juicio, ésta desconoce los derechos a la igualdad (C.P., art.
13), la intimidad (C.P., art. 15), la libertad de expresión y el acceso a la
información (C.P., art. 20), el debido proceso (C.P., art. 29), así como la
educación en general y este derecho de los menores de edad (C.P., arts. 67 y
44). Igualmente, estiman que la ley objeto de examen es contraria a los
artículos 142 y 157, que establecen la competencia material de las comisiones
permanentes, 152 y 153 sobre el trámite de las leyes estatutarias, y, por
último, el artículo 158 constitucional que consagra el principio de unidad de
materia.
En primer lugar indican que tratándose de la
regulación de los derechos de autor, que modifica la Ley 23 de 1982, la Ley
1520 de 2012 ha debido expedirse siguiendo el trámite propio de las leyes
estatutarias, por cuanto la Corte Constitucional ha señalado que la dimensión
moral del derecho de autor tiene rango fundamental.
En seguida, los ciudadanos afirman que la ley
cuestionada ha debido ser discutida en las comisiones primeras de Senado y
Cámara, pues son éstas las competentes para conocer de los proyectos de ley que
pretenden ser leyes estatutarias o que traten sobre derechos, garantías y
deberes, como es el caso de los derechos que tienen que ver con la propiedad
intelectual. Sobre este punto recuerdan que, según la jurisprudencia de esta
Corporación, la distribución de los proyectos de ley dependerá de la materia
dominante en cada caso y que, a pesar de la variedad de temas que recoja un
proyecto, éste deberá ser tramitado en la Comisión que se ocupe de su tema
central.
Concluyen, en relación con este tema que, si bien la
Corte ha determinado que la inobservancia de las competencias definidas en el
artículo 2° de la Ley 3ª. de 1992 no implica necesariamente la
inconstitucionalidad de la ley en cuestión, en este caso sí es esa la
conclusión que debe extraerse, pues la materia central de la Ley 1520 de 2012
es la estructura y regulación de la propiedad intelectual en Colombia, por lo
que ha debido ser tramitada ante las comisiones primeras “sin que pueda
presentarse excusa o justificación suficiente en favor de una decisión
contraria”.
Finalmente, hacen referencia a los vicios de fondo que
advierten en la ley objeto de examen constitucional. Inician dicho análisis con
la aplicación de un test estricto de proporcionalidad sobre el cual concluyen
que “el fin expuesto en la ley (implementar compromisos adquiridos en el
marco del TLC con Estados Unidos) es legítimo, importante e incluso imperioso.
Sin embargo, la adopción de una ley restrictiva como medio para cumplir este
fin, no es adecuado ni necesario, en otras palabras, puede ser reemplazado por
un medio alternativo menos lesivo del derecho fundamental a la libertad de
expresión”. Específicamente, en relación con el artículo 13 de la Ley,
mediante el cual se prohíbe la retransmisión de señales terrestres por
internet, indican que es excesivo en comparación con la regulación
estadounidense, denominada “Digital Millennium Copyright Act”, según la
cual ningún derecho exclusivo es inmune a limitaciones y excepciones, como el “uso
justo” (fair use), que tiene que ver con el uso racional y limitado de un
material protegido que no requiere permiso del titular de los derechos de
autor. En Colombia, en cambio, se penaliza dicha retransmisión sin distinción
alguna respecto de fines académicos, informativos, de investigación o de
crítica, lo cual resulta excesivamente restrictivo para el derecho a la
libertad de expresión.
En relación con la violación que alegan del derecho a
la educación, los ciudadanos intervinientes señalan que la misma tiene lugar
como consecuencia del desconocimiento del principio de progresividad y la
prohibición de regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales
por el artículo 15.e y el parágrafo del artículo 17 de la ley bajo examen, en
la medida en que suponen un régimen de excepciones más estrecho que aquel
contemplado en la Ley 23 de 1982, en relación con la educación. Mencionan que
el artículo 32 de esta última ley permitía la utilización de “obras
literarias o artísticas o parte de ellas, a título de ilustración en obras
destinadas a la enseñanza […] o comunicar con propósitos de enseñanza la
obra radiodifundida para fines escolares, educativos, universitarios y de
formación profesional sin fines de lucro, con la obligación de mencionar el
nombre del autor y el título de las obras así utilizadas”; mientras que el
artículo 15.e de la ley demandada restringe “el acceso por parte de
bibliotecas, archivos o instituciones educativas, sin fines de lucro, a una
obra, interpretación o ejecución o fonograma a la cual no tendrían acceso de
otro modo, con el único fin de tomar decisiones sobre adquisiciones”.
De igual modo, remarcan que el parágrafo del artículo 17 señala, respecto de
las violaciones a la protección a los derechos de autor, que se exceptúa el uso
por parte de “bibliotecas sin ánimo de lucro, archivos, instituciones
educativas u organismos públicos de radiodifusión no comercial”, lo cual en
ambos casos, como se evidencia, establece unas excepciones mucho más limitadas
si se comparan con la normatividad anterior a la ley cuya constitucionalidad se
revisa, pues las mismas ya no atienden el propósito general de enseñanza, sino un
único propósito específico atinente a las adquisiciones por parte de
determinadas instituciones educativas oficiales.
En igual sentido, los intervinientes estiman que la
prohibición de retrasmisión por internet de señales terrestres, establecida en
el artículo 13 de la Ley 1520 de 2012 es excesiva frente al derecho a la
educación, específicamente en sus componentes de aceptabilidad y adaptabilidad.
Para ellos, las exigencias que hace este artículo suponen que la enseñanza se
vea privada de información y material didáctico que puede proporcionar la señal
de televisión. Así, concluyen que la ley privilegia de manera desproporcionada
la protección de la propiedad intelectual, en contradicción con la naturaleza y
las limitaciones que la jurisprudencia constitucional y los instrumentos
internacionales han establecido respecto del mismo.
Por otra parte, el grupo de intervinientes señala que
la ley demandada es inconstitucional, por cuanto genera una omisión legislativa
relativa vulneratoria de los derechos a la igualdad, al acceso a la información
y a la educación de las personas con discapacidad, reconocidos en la
Constitución Política y la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (art. 30.3). A su juicio, tal omisión consiste en que el artículo
15 de la ley revisada no estableció dentro de las excepciones de
responsabilidad a las personas discapacitadas y, para ellos, en tanto “se
trata de sujetos de especial protección constitucional, la excepción debía ser
contenida en el listado de causales de responsabilidad por las dificultades en
términos de costos –morales y económicos- que genera para este grupo poblacional
no tener la posibilidad de ser eximidos de responsabilidad”, sin ninguna
justificación de dicha exclusión, lo cual genera para este segmento poblacional
una desigualdad negativa frente a quienes no pertenecen al mismo y sí fueron
incluidos en el artículo 15 mencionado. Concluyen señalando que lo anterior
implica una discriminación formal indirecta, en términos del Comité DESC, pues
ocasiona “una privación de los derechos a la información de la población con
discapacidad. […] En ese sentido, en la práctica se le estaría negado (sic)
a la población con discapacidad el acceso a los materiales protegidos por los
altos costos que esto implica”.
Los intervinientes sostienen, además, que el artículo
19 de la ley sub examine también resulta contrario a los derechos al
debido proceso y a la intimidad. Exponen que dicha disposición desconoce una de
las principales  garantías del debido proceso, cual es la del juez imparcial,
por cuanto “estas autoridades [judiciales y administrativas] se
encontrarían actuando en un proceso con incidencias penales, que sólo debería
llevarse a cabo ante un juez imparcial, lo cual solo se garantiza con la
separación funcional y orgánica entre el ente acusador y el juez. No obstante,
el art. 19 otorga la facultad de ordenar la entrega de información a una
autoridad administrativa, a la que por ley se asignaron funciones
jurisdiccionales”. Y concluyen, más adelante: “De esta manera, la ley se
refiere a una entidad que se convertirá en juzgador del sindicado infractor,
pero que al mismo tiempo, tiene plena capacidad para ordenar la
entrega de información”. Adicional a lo anterior, en opinión de los
ciudadanos, derivado de esta falta de garantía de imparcialidad, junto con la
falta de control de la conexidad necesaria entre la información que se ordene
proporcionar y la conducta que se investiga –cualquier información sobre
cualquier persona-, el artículo 19 genera un espacio en el que habría
potenciales vulneraciones al derecho a la intimidad.
Al final de la intervención mencionan, asimismo que el
artículo 21 de la ley examinada viola el principio de unidad de materia (C.P.,
art. 158), dado que su objetivo de implementar las obligaciones de servicios
transfronterizos no guarda relación “teleológica, causal, sistemática ni
temática con el núcleo temático de la Ley 1520 de 2012”, cual es la
implementación de las obligaciones de propiedad intelectual contraídas en el
Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos. Y, para terminar,
manifiestan que, a su parecer, los artículos 16 y 17 de la ley impugnada
desconocen el principio de proporcionalidad de la pena (C.P., art. 20), al
encontrar que la respuesta punitiva respecto de las conductas atentatorias de
los derechos de autor -además de la sanción civil  de indemnización de
perjuicios al titular de los derechos-, de pena de prisión de cuatro (4) a ocho
(8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000)
salarios mínimos, es excesiva frente a la conducta de transgresión de los
derechos de propiedad intelectual. Una sanción civil, opinan, es
suficientemente disuasiva y proporcionada frente al daño causado con las
conductas tipificadas contra los derechos de autor, por lo cual éste puede ser
reparado por medio de una indemnización de perjuicios al titular.
Ministerio de Justicia y del Derecho
3.- Este Ministerio, actuando por intermedio de
apoderada judicial, presentó escrito de intervención en la Secretaría General
de la Corporación, el día 6 de agosto de 2012, con el fin de presentar las
razones que, para dicho órgano, justifican la constitucionalidad de las normas
acusadas.
En primer lugar el memorial de intervención señala
que, contrario al cargo de la demanda, las comisiones segundas en efecto son
las competentes para tramitar una ley de la naturaleza de la que ahora es
objeto de examen por la Corte Constitucional, comoquiera que su objeto es
implementar el TLC con los Estados Unidos, tratado público de política
internacional. De esta suerte, según la posición del Ministerio, no se incurrió
en un vicio en el procedimiento de formación de la ley, pues la misma fue tramitada
por las comisiones constitucionales permanentes competentes para ello, aun
cuando los derechos de autor tengan el carácter de derechos fundamentales. Y
añade que tampoco se desconoció el procedimiento previsto en el artículo 153
para dar trámite a los proyectos de ley estatutaria, sin presentar razones que
justifiquen su afirmación.
En segundo lugar, el escrito del Ministerio indica que
en lo que tiene que ver con los cargos dirigidos contra los artículos 6º y 13
de la Ley 1520 de 2012 por el presunto desconocimiento de la libertad de
expresión y de información, el actor no sustentó el concepto de violación, por
lo cual frente a estos no se cumplen los requisitos de especificidad, pertinencia
y suficiencia para que puedan ser tenidos como verdaderos cargos que susciten
una mínima duda de inconstitucionalidad, lo cual necesariamente debe conducir a
esta Corporación a declararse inhibida para proferir una decisión de fondo.
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de
Derecho de Autor –DNDA-
4.- El director general de la DNDA presentó memorial
de intervención, recibido en la Secretaría General el 9 de agosto del año en
curso, por medio del cual solicita a esta Corporación declarar exequible la Ley
1520 de 2012. Después de hacer un recuento sobre los derechos de autor en la
legislación colombiana y en los tratados internacionales incorporados a la
misma, se refiere al artículo 6° de la ley demandada, mediante el cual se
aumenta el término de protección de los derechos de autor a las personas
jurídicas. Para la entidad, el demandante yerra en su argumentación al
confundir el régimen de derechos de autor y conexos con la protección de las
invenciones y los descubrimientos, pues éste señala que las invenciones son un
producto social y que el aumento a 70 años de protección de los derechos de
autor de las personas jurídicas restringe desproporcionadamente el acceso y
utilización de los mismos por la humanidad, sin que la ley acusada tenga
ninguna relación con la protección de los descubrimientos científicos. Y
concluye que “es absolutamente legítima la protección otorgada por el
sistema jurídico del derecho de autor a las personas jurídicas que hacer (sic)
parte del sector de las industrias creativas […]”, por lo que no puede
catalogarse como inconstitucional cuando la propia Carta garantiza la libertad
de empresa y la libre iniciativa privada. Adicional a lo anterior, pone de
presente que, en virtud del principio de reciprocidad, las producciones
literarias y artísticas colombianas podrán gozar del reconocimiento del mismo
plazo de protección que los Estados Unidos reconoce a las producciones literarias
y artísticas de las cuales son titulares sus propios nacionales.
El análisis en torno al artículo 13 de la ley objeto
de revisión, parte de señalar que éste hace referencia a uno de los derechos
conexos de que son titulares los organismos de radiodifusión, como personas
encargadas de divulgar y dar a conocer una determinada obra. En este caso lo
que se tutela es, entonces, “la interpretación artística, la fijación de
sonidos, y la emisión de señales a través de las cuales se transmiten al público
obras, acontecimientos o simplemente información”. Continúa con la
exposición de los antecedentes en el derecho internacional y comunitario de
regulaciones similares en las que se ha prohibido la retransmisión de señales
de televisión, en dependencia de la autorización de los organismos de
radiodifusión. Finalmente, concluye el representante legal de la entidad
interviniente que “la prohibición consagrada en el artículo 13 de la Ley
1520 de 2012 no genera una carga o prohibición novedosa, mucho menos
injustificada; simplemente ratifica lo consagrado de tiempo atrás en nuestra
legislación, reiterando que para que un tercero diferente al titular de los
derechos pueda realizar este tipo de actos, debe tener la autorización clara y
expresa, siempre que no se este (sic) amparado por las excepciones
consagradas en el artículo 22 de la Decisión Andina 351 de 1993, y los
artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 178
(relacionado con los derechos conexos) de la Ley 23 de 1982”.
Después del extenso análisis, el escrito de la DNDA arriba
a la conclusión, según la cual la regulación de los derechos de autor no puede
ser considerada como una afectación de la libertad de expresión de la
ciudadanía “[s]iendo el derecho de autor, producto de la libertad de
creación literaria y artística y esta a su vez parte de la libertad de
expresión, no es posible la existencia de una sociedad con libertad de
expresión pero sin derecho de autor”. Además, manifiesta la entidad que el
derecho a la libertad de expresión, lejos de ser absoluto, se encuentra
limitado por el efectivo ejercicio de los otros derechos, entre los que se
encuentran los derechos de autor y conexos.
Por último, el memorial se ocupa de los cargos por los
presuntos vicios formales en el procedimiento de formación de la Ley 1520 de
2012. Respecto del primero de ellos, atinente a la falta de competencia de las
comisiones segundas de Senado y Cámara para dar primer debate a esta ley,
señala que, si bien es cierto su eje temático central es el de los derechos de
autor, la propiedad intelectual y la responsabilidad en el uso de tecnologías
de comunicación, se trata de un compendio normativo que pretende dar aplicación
interna a un tratado bilateral, por lo cual las comisiones segundas tienen
competencia en atención a que éstas se ocupan de tramitar las leyes vinculadas
con el comercio internacional, dentro del cual encaja la ley acusada. Por lo
anterior, no encuentra caprichosa ni irrazonable la opción de dar trámite al
proyecto de ley mediante estas comisiones y no las primeras, pues, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, la asignación de comisiones
debe hacerse con criterios de flexibilidad, como consecuencia de lo cual, la
duda debe resolverse en favor de la legitimidad del proceso legislativo.
En relación con el cargo por desconocimiento de la
reserva de ley estatutaria en el trámite de la ley impugnada, la entidad alega
la ineptitud sustantiva de la demanda, por cuanto el actor no señala, a
excepción de los artículos 6° y 13, cuáles de las disposiciones de la ley que debieron
ser aprobadas por medio de ese trámite ni por qué razones. Y añade que si en
gracia de discusión se aceptara el argumento de que varias de las disposiciones
de la ley sub examine tenían reserva de ley estatutaria, por cuanto
modifican el alcance de derechos fundamentales, es importante tomar en
consideración la jurisprudencia constitucional que establece que el hecho de
que las normas jurídicas afecten el alcance de los derechos fundamentales, no
implica necesariamente que deban ser tramitadas por una ley de esa categoría.
Centro Regional para el Fomento del Libro en América
Latina y el Caribe –CERLALC-
5.- El director de CERLALC –organismo de carácter
intergubernamental del ámbito Iberoamericano bajo el auspicio de la UNESCO- presentó
escrito de intervención el 9 de agosto del año en curso, aclarando que rinde
concepto en atención a la solicitud hecha por los Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo.
La intervención se centra en los aspectos de fondo de la demanda y en ésta
defiende la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:
Para
empezar, señala el escrito que la libertad de expresión, si bien juega un papel
fundamental dentro del ordenamiento jurídico colombiano, no puede ser
considerada como de carácter absoluto, pues el mismo ordenamiento permite
imponer restricciones, siempre y cuando éstas se encuentren acordes al
principio de legalidad y estén encaminadas a la consecución de un fin
constitucionalmente legítimo.
Tales
restricciones deben ser necesarias para: (i) asegurar el respeto a los derechos
o a la reputación de los demás y/o;  (ii) buscar la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud y moral públicas.
Por
otro lado, indica el interviniente que es el mismo ordenamiento el que consagra
una especial protección del derecho de autor como una forma sui generis
de propiedad, en su doble carácter, tanto patrimonial como moral y que el mismo
también encuentra unos límites materiales configurados en algunos supuestos de
hecho de carácter excepcional, previamente señalados por el legislador a fin de
proteger valores como la educación, la información y la cultura.
Los
anteriores planteamientos sirven al interviniente para defender la
constitucionalidad del artículo 6º demandado, pues considera que el plazo de
protección en él establecido cumple con los dos criterios señalados por la
jurisprudencia como requisitos para que el legislador pueda adoptar medidas en
relación con un área de la propiedad intelectual como lo es el derecho de
autor. En primer lugar, manifiesta que es una medida que se orienta a la
protección de la propiedad intelectual del autor y, en segundo lugar, no
establece condiciones irrazonables para acceder a la protección, sino por el
contrario, aumenta el nivel, en tiempo de la misma.
Adicional
a lo anterior, se lee en el escrito que el aumento del plazo de protección no
fue un mero capricho del legislador colombiano, sino que antes bien, obedeció a
fundadas razones que justificaron su decisión, tales como:
(i)
Se adoptó en cumplimiento de un
compromiso internacional adquirido con los Estados Unidos al suscribir el
Tratado de Libre Comercio.
(ii)  La medida tiene como resultado nivelar, hasta cierto
punto, una situación desigual en lo que se refiere a plazo de protección. Lo
anterior, ya que en Colombia existía una dicotomía entre el plazo de protección
otorgado a las personas naturales y el que se brindaba a las personas
jurídicas.
(iii)
El aumento del plazo de protección
se ajusta a los estándares internacionales.
(iv)
El aumento del plazo no incluye un
factor donde cualitativa o cuantitativamente se rompa con el equilibrio entre
el derecho de autor y el acceso a la información.
De
otra parte, en relación con la constitucionalidad del artículo 13 de la ley impugnada,
señala la intervención los siguientes puntos relevantes:
(i)  La norma tiene como objeto la protección de dos
bienes jurídicos  -las señales de televisión y su contenido- que de tiempo
atrás ya eran protegidos por el derecho de autor colombiano y por el derecho de
la Comunidad Andina.
(ii)  La regulación mantiene vigente las limitaciones y
excepciones del artículo 178 de la Ley 23 de 1982, lo que significa que cualquier
persona puede hacer uso de las señales de televisión para su uso privado, con el
propósito de informar sucesos de actualidad, con fines de enseñanza, o para
hacer citaciones de breves fragmentos, siempre que estén conformes con las buenas
costumbres y justificadas.
(iii)
El artículo 13 demandado no rompe
con el equilibrio buscado por el derecho de autor y los derechos conexos, entre
la protección al titular del derecho y el acceso a la información, pues no
niega la posibilidad de establecer limitaciones y excepciones a una prestación
protegida como son las señales de televisión y las obras contenidas en ésta.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
6.- El ministro del ramo allegó a la Secretaría de la
Corte memorial de intervención, mediante el cual expone argumentos tendentes a
desestimar la demanda. El primero de ellos, relativo al cargo por la supuesta
falta de competencia de las comisiones segundas de ambas cámaras para tramitar
en primer debate el proyecto de ley que dio lugar a la ley bajo revisión, el
cual, en su opinión, en tanto regula materias disímiles como derecho de autor,
marcas (propiedad industrial, materia adscrita a la comisión cuarta), la
distribución de espacios televisivos (propio del comercio transfronterizo de
servicios) y, además, es la ley mediante la cual se implementan los compromisos
adquiridos en virtud del acuerdo comercial suscrito con los Estados Unidos
podía haber sido tramitada en varias comisiones, siendo justamente la segunda competente
para conocer proyectos de ley sobre tratados públicos, comercio exterior,
integración económica y zonas de libre comercio. Agrega que, dada esta
característica que se presenta en buena parte de los proyectos de ley, la Corte
Constitucional ha señalado que los artículos 142 de la Constitución Política y
2º de la Ley 3ª de 1992 deben interpretarse con criterios de flexibilidad, de
manera que se permita al presidente de la cámara respectiva repartir las
iniciativas legislativas de acuerdo con su propio criterio, siempre y cuando el
mismo sea razonable.
De otra parte, la intervención sostiene, en torno al
cargo sobre reserva de ley estatutaria que, de conformidad con la propia
jurisprudencia constitucional, sólo en casos en que se (i) desarrollen
elementos estructurales de derechos fundamentales, (ii) definan límites o
restricciones que afecten el núcleo esencial de un derecho fundamental, (iii) regulen
íntegramente alguno de estos derechos (iv) aluda a la estructura general y a
los principios reguladores de los derechos fundamentales, o, (v) refieran a
leyes que traten sobre principios vinculados con este tipo de derechos, se
puede considerar que un proyecto de ley debe surtir el trámite más exigente
correspondiente a las leyes estatutarias. De lo anterior colige entonces que,
comoquiera las normas acusadas regulan aspectos relacionados con los derechos
de autor, infracción marcaria, o el contenido de la televisión nacional los
fines de semana y festivos, se hace evidente que no se enmarcan en ninguno de los
eventos que la Corte Constitucional ha clasificado con reserva de ley
estatutaria, y lo expresa como sigue: “[l]as normas acusadas efectivamente
establecen restricciones y delimitan el alcance de ciertos derechos vinculados
con el derecho de autor, pero ninguna de ellas pretende elaborar una regulación
integral en la materia ni definir los contornos del núcleo esencial del derecho,
máxime cuando, según se explicará, solo los derechos morales derivados del
ejercicio de los derechos de autor se consideran derechos fundamentales”.
En relación con los cargos de forma dirigidos contra
los artículos 6º y 13 de la Constitución Política, el Ministerio considera que
se presenta el fenómeno de cosa juzgada absoluta, pues la Corte
Constitucional declaró exequibles previamente contenidos normativos de la Ley
1143 de 2007, aprobatoria del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con los
Estados Unidos, que guardan plena coincidencia en cuanto a su alcance con los
ahora impugnados, mediante sentencia C-750 de 2008.
Finaliza el escrito con la consideración, según la
cual, la demanda en lo que al cargo de fondo contra el artículo 13 se refiere,
contiene elementos de conveniencia política, mas no de carácter jurídico que
susciten dudas sobre la constitucionalidad de la ley, por lo cual no reúne las
condiciones que la Corte exige en cuanto a pertinencia, certeza y suficiencia
para dar impulso a un pronunciamiento de fondo sobre su conformidad o
inconformidad respecto de la Carta Fundamental. En lo que toca con el artículo
6º impugnado, concluye que “[s]i bien es apenas obvio que la protección a
que hace referencia restringe la posibilidad de expresión de una persona, de
todas formas esta restricción no puede catalogarse como irrazonable pues, […]
ningún derecho, incluido el de libertad de expresión, es absoluto”.
Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a
la Información –CELE- de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo
(Argentina)
7.- El CELE, el cual actúa por intermedio de Eduardo
Bertoni, director, y Carlos Eduardo Cortés, investigador, presentó escrito de
intervención dentro del proceso de la referencia, recibido en la Secretaría de la
Corte Constitucional el 6 de agosto del año en curso. Quienes suscriben el
memorial, exponen una serie de conceptos con los cuales pretenden hacer aportes
para el análisis de constitucionalidad de la normatividad demandada, como los
de eficiencia e innovación, proporcionalidad, usos permitidos o justos y
efecto inhibitorio.
En relación con el análisis concreto de la Ley 1520 de
2012, los intervinientes señalan que el artículo 16, que modifica una norma
penal y establece que incurrirá en pena de prisión, quien adelante unas
conductas determinadas, implica que “cualquier uso no comercial –como el de
un amigo que copia un disco de música de otro amigo- parece estar tipificado
como delito […]. Se trata, al parecer, de una respuesta estatal radical,
que pone la sanción penal como primera solución y que abre la posibilidad de
castigar conductas legítimas, lo cual aparece como una regulación
desproporcionada.
En relación con las causales de los usos justos o
permitidos, señalan quienes intervienen, que éstas son más amplias que las
contenidas en la legislación colombiana. Así, por ejemplo, mencionan que la Ley
23 de 1982 (modificada por la Ley 1520 de 2012) se refiere, entre otros, a la
cita, la reproducción con fines de enseñanza o noticiosos, las representaciones
o ejecuciones en instituciones de enseñanza y la excepción a favor de
bibliotecas y archivos, regulación ya restrictiva en relación con el llamado fair
use anglosajón. No obstante, consideran que los artículos 14 y 17 de la Ley
1520 de 2012 no podrían ser más restrictivos y estar más lejos de tener en
cuenta los usos justos que puede tener una obra protegida, pues estos prohíben
la elusión de medidas tecnológicas de manera general, el primero en el plano
civil y el segundo en el plano penal. Y señalan que en el caso del artículo 17
que impone sanciones penales, si bien condiciona el tipo penal a que se obtenga
una “ventaja comercial o ganancia económica privada”, tal situación no
protege a quienes alteran la gestión de los derechos digitales (DRM) para hacer
un uso permitido de un contenido, más allá de que eso les reporte una ganancia
económica que no afecta al titular del derecho. Por ello, concluyen que “[l]a
relevancia de un régimen razonable de usos permitidos o causales de uso justo
busca atender la realidad de conductas habituales en línea que no van en
detrimento de los titulares de derechos de autor”; y añaden que “aunque
este tipo de protección exista, puede terminar siendo irrisoria en la práctica
si el proceso de protección es desproporcionado, o si una norma adicional
prohíbe las acciones necesarias para llevar a cabo ese uso justo, como la
elusión de ciertas medidas de protección digital”.
Finalmente, sobre el efecto inhibitorio, los
intervinientes señalan que el efecto que genera un sistema desproporcionado de
protección de derechos de autor y restringido en materia de usos permitidos, es
“estrechar el entorno digital e inhibir la libertad de expresión de los
ciudadanos. Y mientras la piratería en línea puede resultar parcialmente
afectada, el principal costo lo asumen los usuarios, que de simples
consumidores de contenidos en el pasado, pasaron a jugar un rol activo en la
producción de conocimiento”.
Para terminar su intervención, los señores Bertoni y
Cortés hacen unos apuntes sobre disposiciones puntuales de la ley bajo
cuestionamiento. Así, indican que el artículo 5º otorga al titular del derecho
de autor una potestad bastante amplia frente al uso de su material, como la
prohibición de cualquier tipo de reproducción o comunicación en público. Por su
parte, en relación con el artículo 13 que prohíbe la retransmisión por internet
de señales de televisión, estiman que una tal aproximación al tema de la
regulación de los derechos de autor en lo que tiene que ver con los usos en
internet “parece desconocer dinámicas propias de la actividad en línea que […]
no parecen afectar los intereses de los titulares. Y si a esta potestad se suma
una definición demasiado estrecha de los usos permitidos –como expresamente lo
estipula el propio artículo 13-, nos enfrentamos a una serie de condiciones
susceptibles de retraer la libre expresión en internet”.
Sociedad Colombiana de Gestión ACTORES
8.- La sociedad de gestión intervino dentro del
presente proceso mediante escrito allegado a esta Corporación el 8 de agosto de
2012. Su representante legal se refirió concretamente al cargo dirigido contra
el artículo 13 de la ley demandada y solicitó su declaratoria de exequibilidad.
Después de consignar unas consideraciones sobre el concepto y la jurisprudencia
sobre propiedad intelectual, la sociedad que interviene concluyó que dicha
disposición legal no es contraria al artículo 20 superior, pues el régimen de
excepciones y limitaciones existentes, en su parecer, garantiza el ejercicio de
los derechos de acceso a la información y libertad de expresión. Así menciona
varios artículos de la Ley 23 de 1982 que contemplan la posibilidad de hacer
uso de obras, interpretaciones, fonogramas y señales, sin la autorización de
sus titulares, con la finalidad de promover el acceso a la información, la
educación y la cultura.
Asociación para la protección de los Derechos
Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales – APDIF-
9.- APDIF intervino por intermedio de su representante
legal en el presente proceso, con el fin de solicitar la declaratoria de
exequibilidad de la Ley 1520 de 2012. El memorial, allegado a la Secretaría
General el 9 de agosto del año en curso expone la posición de la asociación, la
cual puede resumirse en los siguientes puntos.
(i)
En tanto se trata de una ley sobre
derechos de autor que, teleológicamente buscaba dar cumplimiento a compromisos
internacionales derivados del TLC con Estados Unidos, la decisión de darle
trámite en las comisiones segundas permanentes es razonable, en tanto a éstas
les corresponde debatir y aprobar los proyectos de ley que tengan que ver con
asuntos internacionales, por lo que la misma debe ser respetada por el juez
constitucional, en virtud del principio democrático.
(ii)
La ley acusada brinda una
protección real y efectiva a los titulares de derechos de autor y, con ello,
busca disuadir a la ciudadanía de causar un detrimento no sólo al patrimonio
cultural, sino también al desarrollo económico del país. Por ello, la adopción
de sanciones penales más severas por violación a los derechos patrimoniales de
autor y derechos conexos, o la responsabilidad civil por la elusión de las
medidas tecnológicas de protección y violación a la información sobre la
gestión de derechos, constituyen mecanismos idóneos que permiten a los
titulares de derechos de esta naturaleza, hacerlos efectivos frente a
violaciones.
(iii)
La acusación sobre la violación de
la libertad de expresión no satisface los requisitos mínimos para su estudio de
fondo. No obstante, las normas demandadas no restringen el ejercicio de esta
libertad sino que simplemente establecen prohibiciones al ejercicio ilegítimo
de la misma.
DIRECTV COLOMBIA LTDA.
10.- La representante legal de la compañía operadora
del servicio de suscripción en la modalidad satelital, presentó escrito de
intervención el 9 de agosto del año en curso, solicitando a esta Corporación la
declaratoria de constitucionalidad de la Ley 1520 de 2012 y presentó los
siguientes argumentos, a fin de defender su posición.
En
primer lugar, señala que las disposiciones de la ley acusada no son nuevas en
el ordenamiento jurídico colombiano, pues éstas tuvieron como fin dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Libre
Comercio, suscrito con los Estados Unidos en noviembre de 2006 y aprobado por
el Congreso de la República en julio de 2007 a través de la Ley 1143.
En
tal sentido, este cuerpo normativo no representa una modificación a las normas
preexistentes sobre temas específicos relacionados con derechos de autor, sino
que implica la aprobación de compromisos adquiridos por Colombia ante la firma
de un tratado, y por eso su competencia recaía sobre las comisiones segundas de
Senado y Cámara.
De
igual manera, la interviniente indica que las disposiciones acusadas no
carecieron de suficiente sustento y debate público en su proceso de creación,
ya que dentro del trámite de dicho TLC se dieron, entre otras, una serie de
audiencias televisadas, sesiones dedicadas a temas de propiedad intelectual y
comercio de servicios, debates de control político y foros o audiencias
públicas citadas por el Congreso de la República, con el fin de garantizar la
participación de los interesados.
En
segundo lugar, en relación con el contenido del artículo 13 de la Ley 1520,
según el cual se prohíbe la retransmisión a través de internet de señales de
televisión sin la autorización del titular del contenido de la señal, encuentra
la interviniente que la misma es una réplica de la norma prevista en el
artículo 39 de la Decisión Andina 351 de 1993, aplicable en Colombia desde ese
año.
Señaló,
además, que con tal disposición se busca proteger los derechos de autor, al no
permitir la retrasmisión de contenidos protegidos o codificados mediante llaves
o mecanismos de protección, pues por su naturaleza, sólo pueden ser de acceso
condicionado al tener un  alto costo para su producción. Concluyó, de esta
manera, que con la disposición demandada en ningún momento se restringe el
acceso a la información, sino que por el contrario, se le permite a un
organismo que difunde contenidos protegidos, la salvaguardia de dichas
emisiones que desde su origen no son consideradas como de libre acceso.
Finalmente,
indica que, en aras de garantizar el derecho a la información no se puede
desconocer otros derechos fundamentales como los de autor,  así como tampoco se
puede pretender divulgar contenidos sin autorización de manera gratuita a
través de internet alegando libertad de expresión, pues ello implicaría desconocer
que existen entidades que han adquirido el derecho de transmitir señales
pagando valores que terminan reflejándose en los derechos patrimoniales de los
autores y creadores de obras o canales de televisión.
Fundación Karisma y Fundación para la Libertad de
Prensa
11.- Los ciudadanos Carolina Botero, directora del
grupo Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Karisma, miembro del
colectivo de Internautas RedPaTodos, Andrés Morales Arciniegas y Emmanuel
Vargas Penagos, director y asesor de la Fundación para la Libertad de Prensa,
allegaron escrito de intervención, mediante el cual solicitan se declare la inexequibilidad de los
artículos 6º y 13 de la Ley 1520 de 2012 por las siguientes razones:
En
primer lugar, en relación con el artículo 6°, señalan que la norma demandada
impone estándares de protección desproporcionados en menoscabo de los derechos
fundamentales de acceso a la información y libertad de expresión de la
ciudadanía en general.
Lo
anterior, por cuanto tal artículo constituye un exceso a la libertad de
configuración del legislador al aumentar de cincuenta (50) a setenta (70) años
el ámbito de protección de la titularidad de una obra de las personas
jurídicas, pues dicho incremento supone restricciones a derechos fundamentales
como el libre acceso a la información y a la libertad de expresión, sin que
exista una justificación constitucional válida para ello.
Indican
además que, la norma acusada no busca proteger el derecho de autor en estricto
sentido, en la medida en que no constituye una extensión para favorecer a los
autores o creadores de las obras, sino que contiene una limitación dirigida a
favorecer la explotación de los derechos patrimoniales por parte de ciertas
compañías que detentan la titularidad de la obra.
Así
mismo, señalan que la restricción impuesta a la libertad de expresión no cumple
con las exigencias requeridas por la Corte Constitucional, ya que ésta debe (a)
perseguir una necesidad social imperiosa; (b) ser razonable u oportuna para
lograr dicha necesidad social; (c) entre todas las medidas disponibles para
lograr el objetivo propuesto, ser la más benigna para la libertad de expresión
y; (d) estar justificada por la importancia del fin perseguido con la medida.
En
segundo lugar, en relación con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1520 de
2012, afirman que el mismo viola los derechos a la educación, al acceso a la
cultura y la ciencia, a la información e incluso a la libertad de expresión,
porque desconoce la aplicación de las excepciones y limitaciones como elemento
de equilibrio de los derechos fundamentales.
A
su juicio, esto es así principalmente porque la retransmisión de una emisión
terrestre para el uso educativo se podrá considerar como un uso fraudulento, a
pesar de que la propia legislación, tanto la Ley 23 de 1982 como la Decisión
351 de 1993, consagran excepciones y limitaciones para usos académicos que
deberían ser de aplicación respecto de cualquier obra protegida. Igual sucede
con la oblación que tienen los Estados de favorecer el acceso de todos a los
resultados de la investigación científica, que cada vez más pasan por los
medios audiovisuales.
De
igual manera, cuestionan los intervinientes el hecho de que se haya limitado la
posibilidad del Estado de crear nuevas excepciones a fin de garantizar derechos
diferentes a los de autor, pues son éstas las que  permiten que exista un
equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales.
Finalmente,
señalan que la restricción a la libertad de expresión sólo se puede dar  por
medio de sanciones ulteriores, las cuales deben cumplir con los siguientes
requisitos (i) legalidad de la medida; (ii) que ésta persiga un fin legítimo; y
(iii) que cumpla un juicio de necesidad y proporcionalidad. Por ello,
cuestionan medidas como las impuestas, que pueden implicar censura previa.
Intervenciones de ciudadanos
12.- Los ciudadanos Miguel Ángel Espinosa González,
Diego Alejandro Hernández Rivera y Jaime Andrés Nieto Criado, intervinieron en
el presente proceso mediante escrito allegado a la Secretaría de esta
Corporación el 2 de agosto de 2012. Solicitaron la declaratoria de
inexequibilidad de la ley demandada. Y expusieron los siguientes argumentos
para fundamentar su petición.
Los ciudadanos que intervienen manifiestan, en primer
lugar, que tal y como lo afirma el demandante, las comisiones competentes para haber
dado trámite al proyecto de ley que más adelante se convertiría en la Ley 1520
de 2012, eran las primeras porque, si bien es cierto, la ley tiene lugar en el
marco de los compromisos adquiridos en virtud del TLC con los Estados Unidos, la
materia central de la misma son los derechos de autor.
En cuanto a los cargos por los presuntos vicios de
fondo, los intervinientes consideran que la ley acusada, en sus artículos 6º y
13, es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la
jurisprudencia de la Corte Interamericana, como su intérprete autorizada en
materia de libertad de expresión y de información, así como al artículo 20 de
nuestra Carta Política. A su juicio, las restricciones contenidas en estas
disposiciones de la ley resultan desproporcionadas y, en consecuencia, vulneratorias
del derecho a la libertad de expresión “ya que no simplemente garantizan los
derechos de autor, sino que crean un monopolio respecto a la información y la
expresión, algo que la misma Corte Interamericana rechaza al proclamar que
‘tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir
informaciones e ideas (derechos de autor), se constituyeran monopolios públicos
o privados sobre los medios de comunicación’ (paréntesis fuera de texto)”.
Finalmente, señalan los ciudadanos que dichas
restricciones terminan por afectar, asimismo, el derecho a la educación y
aumentan la desigualdad tan marcada que existe en el país, pues imponen que el
acceso a cierta información dependa de la capacidad económica, privatizando con
ello el derecho a la información.
13.- La ciudadana Karen Paola Cruz Triana presentó
memorial de intervención el 6 de agosto del presente año, con el fin de
solicitar a esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley
demandada. Planteó, en el mismo sentido de la demanda, que las comisiones
segundas de Senado y Cámara carecían de competencia para adelantar el trámite
de la Ley 1520 de 2012, por cuanto la materia de la que se ocupa dicha ley es la
propiedad intelectual que, según la Ley 3ª de 1992, corresponde a las comisiones
primeras. Por ende, colige que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional al respecto, el desconocimiento de dicho mandato “acarrea un
vicio de relevancia constitucional” que impone a la Corte el deber de
retirar del ordenamiento jurídico la regulación normativa tramitada de manera
irregular.
14.- El ciudadano Camilo Araque Blanco, quien actúa en
calidad de asesor jurídico del senador Armando Benedetti Villaneda, intervino
en el presente proceso, mediante escrito presentado en la Secretaría General el
6 de agosto del año en curso. El interviniente señala que apoya los argumentos
de inconstitucionalidad defendidos por el actor, centrándose en razones de
fondo que le llevan a concluir que, en efecto, los artículos 6º y 13 de la ley
en cuestión son atentatorios del derecho a la información consagrado en el
artículo 20 de la Constitución Política. De igual manera pone de presente que
la ley en su integridad lesiona de manera grave el mencionado derecho
fundamental, por cuanto las medidas penales que contempla para sancionar a los
transgresores de los derechos de autor, resultan desproporcionadas e
irrazonables frente al fin pretendido en el marco de un tratado de libre
comercio, como el suscrito con los Estados Unidos, Estado éste que además, no
ha dado cumplimiento al principio de reciprocidad, en la medida en que su
legislación no es tan restrictiva como la que ahora se revisa.
Más adelante, el interviniente se refiere a los que
considera vicios insubsanables en el trámite de formación de la ley, los cuales
consistieron, a su juicio, en: “(i) [la utilización] de la figura de
las sesiones conjuntas entre las diferentes comisiones segundas
constitucionales permanentes sin que hubiere lugar para ello, (ii) hubo omisión
de la lectura integral del proyecto con cada uno de sus artículos que lo
componen, (iii) ausencia de debate real por todos y cada uno de los miembros de
las cámaras, (iv) votación en bloque, (v) la votación no fue nominal, sino
conocida coloquialmente como a ‘pupitrazo’, y (vi) ausencia de cláusula
residual de reserva de ley”.
En relación con el último de los vicios advertidos por
el ciudadano Araque Blanco, relativo a la reserva de ley estatutaria de la ley
demandada, expone que siendo evidente que ésta afecta de manera directa el
núcleo esencial del derecho a la información y a la libertad de expresión, es
evidente que la misma ha debido surtir el trámite de ley estatutaria y no el de
ley ordinaria que en efecto se le imprimió.
Finaliza su escrito manifestando que comparte
plenamente el cargo planteado por el senador Robledo Castillo en cuanto a la
falta de competencia de las comisiones segundas permanentes, pues no se
encuentra dentro de éstas el tema atinente a los derechos de autor como un subtema
de la propiedad intelectual, el cual está atribuido privativamente a las
comisiones primeras constitucionales, de acuerdo con el artículo 2º de la Ley
3ª de 1992.
15.- El ciudadano Juan Carlos Lancheros Gámez,
mediante escrito allegado a la Corte Constitucional el 9 de agosto de 2012,
solicitó la declaratoria de exequibilidad de la ley objeto de examen.
Para justificar su petición sostiene, en primer lugar,
que las comisiones segundas de ambas cámaras sí eran competentes para dar
trámite al proyecto de ley que se convertiría en la Ley 1520 de 2012, en la
medida en que ésta no sólo regula los derechos de autor, sino que también es
una normatividad que apunta a cumplir los compromisos adquiridos por el
Gobierno Nacional con ocasión de la entrada en vigencia del Acuerdo de
Promoción Comercial suscrito con los Estados Unidos. Así pues, considera que la
decisión de haberle dado trámite en estas comisiones constitucionales
permanentes no fue irrazonable ni caprichosa y que, en todo caso, esta
Corporación ha sostenido que cuando quiera haya dudas sobre la competencia de
una determinada comisión respecto de cierta materia, debe aplicarse un test
flexible que sólo arrojará como resultado la declaratoria de
inconstitucionalidad del texto normativo acusado, en caso de que la decisión de
remisión a la comisión sea abiertamente irrazonable, o evidentemente contraria
al artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, lo cual no ocurrió en el presente caso.
De igual manera, el interviniente encuentra que el
trámite que se le dio al proyecto de ley, como ley ordinaria, se ajusta a la
Constitución, comoquiera que la ley bajo revisión se ocupa mayoritariamente de los
derechos patrimoniales de autor, como reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación, no a los derechos morales que son los únicos que en
esta materia han sido clasificados como derechos fundamentales por la Corte
Constitucional, por lo que, colige, la ley no estaba sujeta a reserva de ley
estatutaria.
En cuanto a los cargos de fondo que pesan sobre los
artículos 6° y 13 de la Ley 1520 de 2012, el ciudadano señaló que no se observa
la contradicción entre dichas disposiciones y los derechos a la libertad de
expresión e información, pues estos últimos “NO presentan ningún tipo de
conflicto con el Derecho de autor en la medida que la ley delimita el campo de
protección de este derecho y, por lo tanto, excluye de su ámbito de garantía a
otros derechos”. Y finaliza señalando que “[d]esde esta perspectiva, el
test de proporcionalidad carece de sentido pues no hay necesidad de ponderar ni
de establecer jerarquías axiológicas móviles (Guastini) de ninguna especie”.
No obstante, después de hacer unas consideraciones en torno a derecho de acceso
a la información, determina que se debe aplicar un test leve de
proporcionalidad, por cuanto se trata de la protección de los derechos
patrimoniales de autor y, de esa manera, el legislador cuenta con un amplio
margen de discrecionalidad para regular los compromisos derivados del
intercambio comercial con los Estados Unidos. Más adelante, con todo, el
ciudadano Lancheros Gámez señala que respecto de estos cargos de fondo, hay una
ineptitud sustantiva de la demanda, pues el actor no cumple con la carga
argumentativa necesaria para suscitar dudas respecto de la constitucionalidad
de las disposiciones. A él correspondía, según el interviniente, el deber de “demostrar
con claridad la existencia de una prohibición constitucional relacionada con la
consecución del fin o del medio empleado y que para el presente caso son
inexistentes. De hecho, tampoco el accionante demostró que las medidas
incorporadas en los artículos 6 y 13 de la Ley 1520 de 2012 son manifiestamente
inadecuadas para la obtención del fin de la norma que es, fundamentalmente,
la protección de los derechos patrimoniales de los autores”. Y concluye al
respecto que “[e]sto significaría automáticamente que la acción fuera
declarada improcedente por ineptitud de la demanda. No obstante, en tanto la
constitucionalidad de la norma se presume, se solicita a la Corte declarar su
exequibilidad”.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
1.- De conformidad con los artículos 242-2 y 278-5 de la
Constitución, el Procurador General de la Nación rindió el concepto de
constitucionalidad número 5429 en el proceso de la referencia. La Vista Fiscal
solicita a la Corte Constitucional que declare la exequibilidad de la ley demandada.
2.- Según el concepto del Ministerio Público no es
irrazonable que los presidentes de las respectivas cámaras hayan decidido que
la competencia para dar trámite al proyecto de ley que se convertiría en la Ley
1520 de 2012, le correspondía a las comisiones segundas constitucionales
permanentes, pues ésta versa sobre un asunto relacionado con la política internacional,
con los tratados públicos, comercio exterior e integración económica. De esta
suerte, a pesar de que la ley gire en torno al tema de la propiedad intelectual
y los derechos de autor, “no es posible afirmar que la estimación hecha por los
presidentes de las cámaras sea visible o abiertamente irrazonable”.
3.- En relación con el cargo por la presunta reserva
de ley estatutaria, el Procurador General señala que, en tanto la materia
regulada por la ley cuya constitucionalidad se examina es el derecho de autor
en su dimensión patrimonial, ésta no puede enmarcarse dentro de los derechos
fundamentales. Agrega que la ley bajo revisión tampoco toca el núcleo esencial
de ningún derecho fundamental, ni regula ninguno de estos, por lo cual el
trámite de ley ordinaria que se imprimió a la presente es ajustado al
ordenamiento superior.
4.- Finalmente, en punto de los cargos por violación
de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información, el
Ministerio Público manifiesta que, “[s]i bien es cierto las personas pueden
tener interés en acceder a las obras literarias o artísticas, cuya explotación
corresponde a una persona jurídica, no se puede asumir que por este mero hecho
tengan el derecho fundamental a obtener este acceso de manera gratuita. Si bien
las obras literarias o artísticas son valiosas para la vida, y es muy difícil
ignorarlas o prescindir de ellas, no contienen elementos cruciales para la vida
cívica, como es el caso de la información científica, económica, política o
noticiosa. Además, toda obra literaria o artística tiene un creador y un titular
de los derechos para explotarla, a quien corresponde definir si para acceder a
ella es o no menester pagar una suma de dinero, o si se dispone un acceso
gratuito con publicidad. Algo semejante puede decirse de la transmisión de una
señal de televisión por internet, sin autorización de los titulares del derecho
contenido en la señal o de la señal, si es del caso”.
V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- La Corte Constitucional es competente para conocer
de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4° de la Carta
Política.
El asunto bajo revisión
2.- El demandante plantea que la Ley 1520 de 2012 es
inconstitucional, en su integridad, y advierte dos vicios en su procedimiento
de formación, consistentes en que: (i) tuvo primer debate en las comisiones
segundas constitucionales permanentes de Senado y Cámara de Representantes,
cuando, de conformidad con el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, al tratarse de
una ley que regula los derechos de autor –subgrupo incluido dentro de la propiedad
intelectual-, las comisiones competentes eran las primeras, lo cual va en
contra de los artículos 142 y 157 de la Constitución Política (obligación de
tramitar los proyectos de ley en las comisiones competentes); y (ii) surtió el
trámite de ley ordinaria, a pesar de que la materia regulada tiene reserva de
ley estatutaria, no sólo por cuanto la jurisprudencia constitucional ha
establecido que los derechos de autor tienen el rango de derechos fundamentales,
sino también porque afecta de manera directa otros derechos fundamentales como
la libertad de expresión y el acceso a la información, desconociendo el mandato
contenido en el artículo 153 superior.
Adicional a lo anterior, el senador Robledo Castillo
considera que los artículos 6° y 13 de esta ley vulneran los derechos a la
libertad de expresión y al acceso a la información (C.P., art. 20). La primera
de estas disposiciones, al ampliar de manera desproporcionada el tiempo de
protección de los derechos de autor bajo titularidad de las personas jurídicas,
pues éste pasa de 50 a 70 años, aumentando en 20 años el plazo en el que los
ciudadanos tendrán restringido el acceso a una obra y a su libre difusión. Y el
artículo 13, que prohíbe la retransmisión por internet de señales de televisión,
en la medida en que establece una medida innecesaria en favor del “monopolio
privado” que, además profundiza las condiciones de desigualdad e inequidad existentes
en el país al dificultar el acceso a la información de más capas de la sociedad.
3.- Quienes intervienen, defienden en su mayoría la constitucionalidad
de la ley objeto de cuestionamiento. Los escritos de los Ministerios de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Justicia y del Derecho, y
de Comercio, Industria y Turismo, al igual que la Unidad Administrativa
Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor –DNDA-, el Centro Regional
para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe –CERLALC-, la Sociedad
Colombiana de Gestión ACTORES, la Asociación para la Protección de los Derechos
Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales –APDIF-, DIRECTV
COLOMBIA LTDA. y el ciudadano Juan Carlos Lancheros Gámez, apuntan, en el mismo
sentido que el concepto de la Procuraduría General de la Nación, a presentar
argumentos a favor de la exequibilidad de la Ley 1520 de 2012. La argumentación
varía en cada uno de los memoriales, pero las principales razones que esgrimen
los intervinientes, pueden resumirse en los siguientes puntos:
(i)
Si bien la materia que regula la
ley demandada es la relativa a la propiedad intelectual, en particular a los
derechos de autor y conexos, el objeto de su expedición se enmarca en el
desarrollo de los compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Tratado de
Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos, lo cual guarda íntima relación
con la política internacional, los tratados públicos y el comercio exterior. Por
manera que, al tocar diversidad de temas que podrían estar adscritos a diferentes
comisiones constitucionales permanentes, el presidente de la respectiva cámara
–de conformidad con el segundo parágrafo del artículo 2° de la Ley 3ª de 1992-
tenía la potestad de enviar el proyecto de ley a aquella comisión que, según su
criterio, fuera competente para conocerlo.
(ii)
En virtud del principio
democrático, únicamente cuando dicha decisión apareciera irrazonable o
arbitraria, el juez constitucional podría válidamente declarar su
inconstitucionalidad.
(iii)
La ley bajo examen no estaba
sujeta a reserva de ley estatutaria, comoquiera que sólo los derechos morales
de autor han sido catalogados por la Corte Constitucional como derechos
fundamentales, a más de que este cuerpo normativo no tiene por objeto directo
la regulación del núcleo esencial de dichos derechos, sino la implementación
del TLC celebrado con los Estados Unidos.
(iv)
Los artículos 6° y 13 no atentan
contra los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información, en
tanto no establecen restricciones irrazonables ni injustificadas, sino que
reiteran contenidos normativos ya establecidos en la legislación anterior y
cuyo único propósito es otorgar una protección real a los titulares de derechos
de autor para que no sufran detrimento patrimonial por la utilización de sus
obras, interpretaciones, fonogramas y señales. Adicionalmente, la Ley 23 de
1982 contiene un régimen de excepciones y limitaciones que garantizan el
ejercicio de los derechos del artículo 20 constitucional.
4.- Es importante destacar que los Ministerios de
Justicia y del Derecho y de Comercio, Industria y Turismo, la Asociación para la
Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas Musicales
–APDIF-, DIRECTV COLOMBIA LTDA. y el ciudadano Juan Carlos Lancheros Gámez señalaron
en sus intervenciones que los cargos por la presunta vulneración del artículo
20 de la Constitución Política esgrimidos por el ciudadano demandante, no
cumplen los requisitos mínimos para que la Corte se pronuncie de fondo respecto
de ellos, por lo cual solicitaron su inhibición en lo que tiene que ver con las
acusaciones formuladas contra los artículos 6° y 13, por ineptitud sustantiva
de la demanda.
5.- Por su parte, el grupo de profesores y estudiantes
del programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los
Andes, el asesor jurídico del senador Armando Benedetti Villaneda, el Centro de
Estudios y Acceso a la Información -CELE- de la facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo (Argentina), los ciudadanos que actúan en representación
del grupo Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Karisma (miembro del
colectivo de Internautas RedPaTodos) y de la Fundación para la Libertad de
Prensa, así como las intervenciones de la ciudadana Karen Paola Cruz Triana y
de los ciudadanos Miguel Ángel Espinosa González, Diego Alejandro Hernández Rivera
y Jaime Andrés Nieto Criado, señalan, con el demandante, que la ley bajo la revisión
de esta Corporación es inconstitucional, y exponen diversos argumentos para
fundamentar su posición. A continuación, esta Sala expone los que considera más
relevantes y que se refieren a los cargos estructurados por el ciudadano
accionante, pues aclara que no hará mención de las acusaciones hechas contra
otras disposiciones de este cuerpo normativo, ni aquellas elaboradas por el
presunto desconocimiento de mandatos constitucionales diversos a los que
fundamentan la demanda, en tanto la Corte Constitucional debe sujetarse a los
cargos que ésta plantea:
(i)
La materia que regula la Ley 1520
de 2012, que es la relativa a los derechos de autor, tiene reserva de ley
estatutaria por dos razones: a) en primer lugar, por cuanto la jurisprudencia
de esta Corporación ha establecido que los derechos morales de autor tienen el
rango de derechos fundamentales; y, b) en segundo lugar, en consideración a que
varias de sus disposiciones conllevan una afectación directa de otros derechos
fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información,
consagrados en el artículo 20 constitucional. A partir de lo anterior,
concluyen que la ley cuestionada tuvo un vicio en su proceso de formación, al
ser contraria a los artículos 152 y 153 del Texto Superior sobre las materias que
deben ser objeto de regulación mediante ley estatutaria y su trámite.
(ii)
Si bien es cierto, cuandoquiera
que un proyecto de ley abarque diversas materias o su contenido no esté
claramente adscrito a una comisión constitucional permanente, el presidente de
la respectiva cámara tiene la potestad de repartirlo a aquella que según su
criterio sea competente para conocer de materias afines (Ley 3ª de 1992, art.
2°, par. 2°), no lo es menos que en el presente caso el tema de la ley es el de
los derechos de autor y conexos, que se enmarcan dentro de la propiedad
intelectual y este último está expresamente adscrito a las comisiones primeras
constitucionales permanentes. Por lo anterior no es válido, para justificar que
su trámite se haya surtido en las comisiones segundas, alegar que la ley
cuestionada ha sido aprobada con el propósito de implementar los compromisos
adquiridos por Colombia en virtud del TLC suscrito con los Estados Unidos, pues
lo que determina la competencia de las comisiones es la materia a regular, no el
marco dentro del cual dicha regulación pretende implementarse. Este trámite
indebido implica así, un vicio insubsanable de inconstitucionalidad por el
desconocimiento del artículo 142 superior.
(iii)
La prohibición de retransmisión
por internet de señales de televisión, prescrita por el artículo 13 de la ley cuya
constitucionalidad se impugna, resulta desproporcionadamente restrictiva frente
a los derechos de acceso a la información y libertad de expresión, ya que ni
siquiera admite un régimen de usos permitidos o causales de uso justo (fair
use) amplio (son muy pocos los usos permitidos en la Ley 23 de 1982) como
sí existe en la legislación de los Estados Unidos. Tal prohibición aparece aún
más irrazonable y desproporcionada al advertirse que la consecuencia que se
deriva de su transgresión es la pena privativa de la libertad, lo cual
evidencia una respuesta estatal radical que opera en este caso como primera
solución y no como ultima ratio (principio que rige el derecho penal) y
que abre, además, la posibilidad de castigar conductas legítimas.
Planteamiento de los problemas jurídicos y esquema de
análisis
6.- En primer lugar es importante aclarar que esta
Corporación restringirá el análisis de constitucionalidad del texto normativo
de la Ley 1520 de 2012 a los cargos formulados por el ciudadano accionante, sin
ocuparse del estudio de los otros reparos de inconstitucionalidad planteados
por los diferentes intervinientes. Lo anterior, comoquiera que dentro del
control abstracto de constitucionalidad de las leyes que compete ejercer a esta
Corte, el de las demandas de inconstitucionalidad configura un control no
oficioso, en el que la delimitación del examen está dado por los cargos estructurados
por el demandante y son estos los que determinan la materia sobre la cual debe
pronunciarse.[1]
Aclarado el punto anterior, la controversia jurídica
planteada en el presente asunto hace necesario dar respuesta a los siguientes problemas
constitucionales, en lo que tiene que ver con los cargos por los presuntos vicios
en el procedimiento de formación de la ley:
(i)
¿Se configura un vicio de
inconstitucionalidad –por la vulneración del artículo 142 superior- al haberse
dado trámite a la ley cuestionada en las comisiones segundas constitucionales
permanentes de la Cámara de Representantes y del Senado, a pesar de que la
materia por ésta regulada son los derechos de autor y conexos, los cuales hacen
parte del tema más amplio de la propiedad intelectual, expresamente adscrito a
las comisiones primeras por el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992?
(ii)
¿Las materias reguladas por la Ley
1520 de 2012 tenían reserva de ley estatutaria, en tanto se trata de una
regulación integral de los derechos de autor, de manera que al ser tramitada ésta
como ley ordinaria, su procedimiento de formación está afectado por un vicio
insubsanable por desconocimiento de los artículos 152 y 153 de la Carta
Política?
(iii)
¿Dicho cuerpo normativo tenía reserva
de ley estatutaria por su eventual incidencia en el ejercicio de derechos
fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información?
Si bien algunos de los intervinientes señalaron la
supuesta ineptitud sustantiva de la demanda respecto de los cargos por vicios de
fondo contra los artículos 6° y 13 de la ley acusada, la Sala Plena de esta
Corporación encuentra que dichos cargos, contrario a lo apuntado, sí cumplen
con los requisitos mínimos del artículo 2°
del Decreto 2067 de 1991. Lo anterior, por cuanto la argumentación desplegada
por el ciudadano accionante efectivamente contiene  el señalamiento claro,
cierto, específico, pertinente y suficiente de las razones por las
cuales las normas constitucionales invocadas se estiman violadas y, en esa
medida, es susceptible de generar una verdadera controversia constitucional.[2]
No obstante, se aclara que únicamente en caso de descartar los cargos por vicios de forma, la Corte deberá entrar a resolver
un último problema jurídico:
(iv)
¿Las disposiciones acusadas de
manera particular (art. 6° que amplía a 70 años el plazo de protección de los
derechos de autor sobre una obra literaria o artística, cuya titularidad
radique en cabeza de una persona jurídica; y art. 13, mediante el cual se
prohíbe la retransmisión a través de internet de señales de televisión), representan
una restricción desproporcionada de los derechos de acceso a la información y
libertad de expresión, reconocidos por el artículo 20 constitucional?
7.- A fin de resolver los anteriores problemas
jurídicos, la Corte Constitucional seguirá el siguiente esquema, mediante el
cual procurará abordar los temas relevantes que en esta oportunidad se
plantean: (i) hará un análisis de la ley impugnada, que permita contar con los
elementos de juicio suficientes en relación con las materias que regula, así
como su alcance; (ii) presentará unas consideraciones en relación con la
naturaleza y las principales características de los derechos de autor y sus
derechos conexos; (iii) estudiará la jurisprudencia constitucional en torno al tema
del cumplimiento del mandato constitucional que impone darle trámite a los
proyectos de ley en las comisiones constitucionales competentes, según la
materia, (iv) al igual que la jurisprudencia relativa a la intensidad del
juicio que debe adelantar la Corte Constitucional para evaluar cuándo se
configura una falta de competencia por parte de las comisiones, que implique la
inconstitucionalidad del cuerpo normativo; en el caso de que la Sala Plena
desestime el cargo por falta de competencia de las comisiones, (v) repasará la
jurisprudencia atinente a la reserva de ley estatutaria y evaluará la
configuración del vicio alegado; todo lo cual permitirá a la Sala (vi)
determinar si la ley demandada está afectada por  uno de estos vicios en su
procedimiento de formación, que implique su inexequibilidad.
Si después de realizar el anterior análisis, la Corte
descarta los cargos por vicios formales, (vii) le corresponderá, finalmente,
determinar si los artículos 6° y 13 de la ley cuestionada son contrarios a los
derechos fundamentales a la libertad de expresión y al acceso a la información,
por las razones expresadas en la demanda.
Contenidos normativos y
alcance de la Ley 1520 de 2012
8.- El cuerpo normativo cuya constitucionalidad
analiza la Corte fue debatido y aprobado por el Congreso de la República con el
propósito de implementar compromisos adquiridos por la República de Colombia en
virtud del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos, compuesto por
los siguientes documentos: i) Texto del Acuerdo, sus cartas adjuntas y entendimientos,
suscritos el 22 de noviembre de 2006 y aprobados por el Congreso de la
República mediante Ley 1143 de 2007;[3]
y ii) Protocolo Modificatorio, suscrito el 28 de junio de 2007 y aprobado por el
Congreso de la República por la Ley 1166 de 2007[4]
(art. 1°).
9.- Tal y como lo ponen de presente el ciudadano
demandante y varios de los intervinientes, la materia que esta ley regula es la
relativa a los derechos de autor y sus derechos conexos, lo que se ve reforzado
al constatarse que múltiples disposiciones modifican algunos artículos de la
Ley 23 de 1982 “sobre derechos de autor”. Así, por ejemplo, el artículo 2°
de la Ley 1520 de 2012 modifica el artículo 8° de la ley referida[5]
y contiene un nuevo listado de definiciones de términos propios de la materia
regulada: autor, artista, intérprete o ejecutante, derechohabiente, productor,
organismo de radiodifusión, en lo que tiene que ver con los sujetos titulares
de derechos de autor y derechos conexos. De igual manera, determina los
contornos de lo que debe entenderse por cada objeto de protección, como copia o
ejemplar, fonograma, grabación efímera, obra,[6]
publicación, radiodifusión y retransmisión. Señala, asimismo, en qué consisten las
actuaciones relevantes jurídicamente que pueden desplegarse respecto de los
objetos protegidos, dentro de las que se encuentran: la comunicación al público
de una interpretación o ejecución o de un fonograma, su distribución al
público, divulgación, emisión, fijación, publicación, radiodifusión o
retransmisión. Y, finalmente, define conceptos tan importantes en la regulación
de los derechos de autor, como lucro o medida tecnológica efectiva.
A este cuerpo normativo fueron incorporadas las
definiciones de información sobre gestión de derechos y medidas tecnológicas
efectivas. La primera de estas definiciones hace referencia a la información
que utiliza el autor, el intérprete y el productor de fonograma para
identificar su obra, interpretación o fonograma tanto en el ámbito analógico
como en el digital, por lo que se incluye también la información sobre las
condiciones de su utilización o los números y códigos que la representan. En lo
que toca con la definición de medidas tecnológicas efectivas, la ley dispone
que se trata de aquellos mecanismos tecnológicos usados por los titulares del
derecho de autor y los derechos conexos, que permiten controlar los usos que
hagan los terceros de las obras en el entorno digital.
Los artículos siguientes de la ley cuestionada también
modifican disposiciones de la Ley 23 de 1982 o la adicionan. En efecto, el
artículo 3° adiciona el artículo 10A, en el que introduce dos presunciones que
deberán tenerse en cuenta en los procedimientos civiles, administrativos y
penales, según las cuales: i) la persona natural o jurídica cuyo nombre sea
indicado, se tendrá por titular de los derechos de la obra, interpretación o
ejecución, o fonograma, y ii) el derecho de autor o derecho conexo subsiste en
relación con la obra, en ausencia de prueba en contrario.
El artículo 4° (modificatorio del artículo 11 de la
Ley 23 de 1982[7]),
por su parte, consagra expresamente la protección de “la propiedad literaria
y artística como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y
ochenta años más” e incluye dentro de los objetos protegidos “las obras,
interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y emisiones de organismos de
radiodifusión de los colombianos y extranjeros domiciliados en Colombia o
publicadas por primera vez en el país”. Por último, indica que los
extranjeros no domiciliados en el país gozarán de la protección de esta ley de
conformidad con los tratados internacionales a los que haya adherido o cuando
las leyes nacionales del otro país impliquen reciprocidad efectiva en la
protección de estos derechos, con lo que se busca otorgar a los extranjeros el
mismo trato que la ley reconoce a los colombianos y que los titulares de la
propiedad intelectual cuenten con protección en varios países.
De igual manera, el artículo 5° introduce una
modificación al artículo 12 de la anterior legislación sobre esta materia y amplía
los derechos exclusivos del autor o sus derechohabientes, mediante un listado
que adiciona otras actuaciones que requieren de su autorización. En efecto, en
el artículo que se modifica se otorgaba al autor el derecho exclusivo sobre una
obra protegida de realizar o autorizar los siguientes actos: a) reproducir la
obra; b) efectuar una traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra
transformación de la obra; y c) comunicarla al público mediante representación,
ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. La modificación introducida
por la Ley 1520 de 2012, por su parte, faculta al autor o sus derechohabientes a
autorizar o prohibir, además: a) la reproducción de la obra por cualquier medio,
de forma permanente o temporal, incluyendo su almacenamiento temporal en forma
electrónica; b) la comunicación al público de la obra por cualquier medio o
procedimiento, incluyendo la puesta a disposición al público, de forma que éste
pueda tener acceso a la misma en cualquier momento y desde cualquier lugar; c) la
distribución pública del original y copias de sus obras, mediante la venta o
cualquier otra forma de transferencia de propiedad; d) la importación de copias
hechas sin autorización del titular del derecho por cualquier medio, incluyendo
la transmisión por medios electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la
Decisión Andina 351 de 1993; e) el alquiler comercial al público del original o
de los ejemplares de sus obras; y f) la traducción, adaptación, arreglo u otra
transformación de la obra.
Las modificaciones más significativas en esta
disposición respecto de la legislación anterior se presentan en materia de
derecho de reproducción y del derecho de comunicación al público. En el primero
de los casos se reconoce expresamente como derecho de reproducción el
almacenamiento temporal en forma electrónica. En cuanto al derecho de
comunicación al público, se aclara que también constituye uno de estos actos la
puesta a disposición al público de una obra protegida, de tal forma que
cualquier persona pueda tener acceso a ésta desde el lugar y en el momento que
elija.
En esta misma línea, el artículo 8° de la normatividad
bajo revisión amplía las acciones que los artistas intérpretes o ejecutantes tienen
el derecho exclusivo de autorizar o prohibir respecto de sus interpretaciones o
ejecuciones, en éstas incluye:[8]
a) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o
ejecuciones no fijadas (excepto cuando ésta constituya por sí misma una
ejecución o interpretación radiodifundida); b) la fijación de sus ejecuciones o
interpretaciones no fijadas; c) la reproducción de sus interpretaciones o
ejecuciones mediante cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento
temporal en forma electrónica; d) la distribución pública del original y copias
de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonograma, mediante la venta o
a través de cualquier forma de transferencia de propiedad; e) el alquiler
comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o
ejecuciones fijadas en fonogramas, incluso después de su distribución realizada
por el artista intérprete o ejecutante, o con su autorización; f) la puesta a
disposición al público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en
fonogramas, de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a
estos en cualquier momento y lugar.
De esta manera, los cambios más relevantes en relación
con la normatividad anterior, se presentan en materia de derecho de reproducción
y de puesta a disposición del público en el mismo sentido anotado respecto del
artículo 5°.
Además de esta ampliación del listado de acciones que requieren
autorización o prohibición por parte del autor y de los artistas intérpretes o ejecutantes,
el artículo 9° amplía las acciones que requieren autorización o prohibición del
productor del fonograma,[9]
de manera que en la actualidad éste último tiene el derecho exclusivo para
autorizar o prohibir: a) su reproducción; b) la distribución al público del
original y copias del fonograma, mediante la venta o por cualquier forma de transferencia
de propiedad; c) el alquiler comercial al público del original y de los
ejemplares de sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por
ellos mismos o con su autorización; d) la puesta a disposición del público de
estos, de forma que se tenga acceso en cualquier momento y lugar.
El artículo 6°, el cual fue demandado de manera
particular por el senador Robledo Castillo, como ya ha sido esbozado en apartes
anteriores de la presente providencia, modifica el artículo 27 de la Ley 23 de
1982[10]
y amplía el plazo de protección para las personas jurídicas titulares de los
derechos sobre una obra literaria o artística a setenta (70) años, contados a
partir del final del año calendario de la primera publicación autorizada de la
obra, o a partir del final del año calendario de la creación de la obra, en
caso de que dentro de los 50 años siguientes a ésta no haya existido
publicación autorizada.
De igual manera ocurre con el artículo 10 de la ley
bajo revisión, modificatorio del artículo 2° de la Ley 44 de 1993 y que a su
vez modificó el artículo 29 de la Ley 23 de 1982, en tanto define los tiempos
de protección de los derechos consagrados en favor de artistas intérpretes o
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.
Con la presente modificación, para las personas naturales el tiempo de
protección es la vida y ochenta (80) años más a partir de la muerte;[11]
mientras que para las personas jurídicas el tiempo de protección fue ampliado a
setenta (70) años a partir del final del año de la primera publicación
autorizada de la interpretación, ejecución o del fonograma y, al mismo lapso
contado a partir de la realización de la interpretación, ejecución, o del
fonograma, a falta de publicación autorizada dentro de los cincuenta (50) años
siguientes a ésta.[12]
El artículo 7°, modificatorio del artículo 165 del
anterior cuerpo normativo,[13]
por su parte, mantiene la regla interpretativa que aquel contenía, al señalar
que las normas que otorgan protección a los artistas intérpretes, ejecutantes y
productores, en  ningún caso podrán ser interpretadas en menoscabo de la
protección del derecho del autor sobre las obras literarias, científicas y
artísticas; y adiciona otra regla, según la cual, no existe jerarquía entre el
derecho de autor, por una parte, y los derechos de los artistas, intérpretes o
ejecutantes y productores de fonogramas por otra, lo que se traduce en que cuandoquiera
sea necesaria la autorización tanto del autor de una obra contenida en un
fonograma, como del artista intérprete, ejecutante o productor, titular de los
derechos del fonograma, el requerimiento de la autorización del autor no deja
de existir debido a que también sea necesaria la de aquellos, lo que también
ocurre en el caso contrario.
Para finalizar esta parte de la Ley 1520 de 2012,
descriptiva de los derechos de autor y los derechos conexos, los tiempos y los
objetos de protección, el artículo 11 prescribe la supresión de la licencia de
reproducción que antes establecía la Ley 23 de 1982 en sus artículos 58 a 71.
En adelante, la ley se ocupa de las limitaciones y
excepciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, las
infracciones contras estos y las sanciones a que éstas dan lugar.
El artículo 12 aclara así, que dichas limitaciones y
excepciones se circunscribirán a (i) los casos especiales (ii) en que no se
atente contra la normal explotación de las obras o (iii) no se cause perjuicio
injustificado a los titulares.[14]
El artículo 13, demandado de manera particular por el
ciudadano accionante, estipula que sin perjuicio del régimen de excepciones que
pueda establecer el Estado a los derechos exclusivos de autor y conexos, no
está permitida la retransmisión de señales de televisión a través de internet,
ya sean éstas terrestres, por cable o por satélite, sin la autorización del
titular del derecho del contenido de la señal y, si es el del caso, de la señal,
de suerte que establece un derecho exclusivo en favor de los titulares de ese
contenido de televisión en su circulación a través de internet.
A partir del artículo 14, el cuerpo normativo
impugnado establece las conductas que acarrearán responsabilidad civil y sus
excepciones, así como aquellas consideradas delitos y las penas que serán
impuestas por su comisión.
De esta manera, el artículo 14 contiene un listado de
las conductas por las cuales se incurrirá en responsabilidad civil, por
infracción a los derechos de autor y sus derechos conexos. Dichas infracciones
son: a) eludir las medidas tecnológicas impuestas para controlar el acceso o
los usos no autorizados de las obras, interpretaciones artísticas o
ejecuciones, fonogramas o emisiones radiodifundidas; b) fabricar, importar,
distribuir, ofrecer al público, proporcionar o comercializar dispositivos,
productos o componentes, u ofrecer al público o proporcionar servicios que,
respecto de cualquier medida tecnológica efectiva: sean promocionados, publicitados
o comercializados con el propósito de eludir dicha medida; o tengan un limitado
propósito o un uso comercial significativo, diferente al de eludir dicha medida;
o sean diseñados, producidos, ejecutados principalmente con el fin de permitir
o facilitar la elusión de dicha medida; c) suprimir o alterar cualquier
información sobre la gestión de derechos; d) distribuir o importar para su
distribución, información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha
información ha sido suprimida o alterada sin autorización; e) distribuir,
importar para su distribución, transmitir, comunicar o poner a disposición del
público copias de las obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, a
sabiendas de que la información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o
alterada sin autorización.
En seguida, la ley establece el régimen de excepciones
a dicha responsabilidad por la comisión de las infracciones de los literales a)
y b) del artículo anterior, entre las que se encuentran: a) actividades no
infractoras de ingeniería inversa respecto a la copia de un programa de
computación obtenida legalmente, realizadas de buena fe y con el único
propósito de lograr la interoperabilidad de un programa de computación creado
independientemente con otros programas; b) actividades de buena fe realizadas
por un investigador que haya obtenido legalmente una copia, interpretación o
ejecución no fijada o muestra de una obra, interpretación o ejecución o
fonograma, y que haya hecho un esfuerzo de buena fe por obtener la autorización
para realizar dichas actividades y con el único propósito de identificar y
analizar fallas y vulnerabilidades de las tecnologías para codificar y
descodificar la información; c) la inclusión de un componente o parte con el
único fin de prevenir el acceso de menores al contenido inapropiado en línea en
una tecnología, producto, servicio o dispositivo que por sí mismo sea diferente
a los mencionados en el literal b) del artículo 14; d) actividades de buena fe no
infractoras autorizadas por el titular de una computadora, sistema de cómputo o
red de cómputo con el único fin de probar, investigar o corregir la seguridad
de los mismos; e) el acceso por parte de bibliotecas, archivos o instituciones
educativas, sin fines de lucro, a una obra, interpretación o ejecución o
fonograma a la cual no tendría acceso de otro modo, con el único fin de tomar decisiones
sobre adquisiciones; f) actividades no infractoras con el único fin de
identificar y deshabilitar la capacidad de realizar de manera no divulgada la
recolección o difusión de datos de identificación personal que reflejen las
actividades en línea de una persona natural, de manera que no tenga otro efecto
en la capacidad de cualquier persona de obtener acceso a cualquier obra; g) usos
no infractores de una obra, interpretación o ejecución o fonograma, en una
clase particular de obras determinadas por la ley y teniendo en cuenta la
existencia de evidencia sustancial de un impacto adverso real o potencial en
aquellos usos no infractores; h) la actividad legalmente autorizada de
investigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, llevada
a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno.
Los artículos 16 y 17, a su vez, modifican disposiciones del Código Penal (Ley 599 de 2000, modificada por la Ley 1032
de 2006[15]).
El primero de estos asigna una pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y
multa a quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización
previa y expresa del titular de los derechos correspondientes: (i) por
cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario,
científico, artístico o cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico
o programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe,
exporte, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a
cualquier título dichas reproducciones; (ii) represente, ejecute o exhiba públicamente
obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o
cualquier otra obra de carácter literario o artístico; (iii) alquile o
comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógicos
u obras cinematográficas; (iv) fije, reproduzca o comercialice las
representaciones públicas de obras teatrales o musicales; (v) disponga, realice
o utilice la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, comercialización,
difusión o distribución y representación de una de las obras protegidas; (vi)
retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual,
divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusión; y (vii) recepcione,
difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por
suscripción.
En este caso se añadió el verbo “exportación”
como conducta violatoria de los derechos patrimoniales de autor y, por ende,
sancionable.
Por su parte, el artículo 17 modifica el artículo 3°
de la Ley 1032 de 2006 (modificatorio del artículo 272 de la Ley 599 de 2000) y
establece la pena privativa de la libertad de cuatro (4) a ocho (8) años y
multa para quien, con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia
económica privada, y actuando sin autorización de los titulares de derecho de
autor y derechos conexos y salvo las excepciones previstas en la ley adelante
las actuaciones señaladas en el artículo 14 que acarrean responsabilidad civil,
además de: (i) fabricar, ensamblar, modificar, importar, exportar, vender,
arrendar o distribuir por otro medio un dispositivo o sistema tangible o
intangible a sabiendas de que su función principal es la de asistir en la
descodificación de una señal codificada de satélite portadora de programas
codificados, sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal; (ii) recepcionar
o, posteriormente, distribuir una señal de satélite portadora de un programa con
el conocimiento de que ha sido descodificada sin la autorización del
distribuidor legítimo de la señal; (iii) presentar declaraciones o
informaciones destinadas directa o indirectamente al pago, recaudación, liquidación
o distribución de derechos económicos de autor o derechos conexos, alterando o
falseando los datos necesarios para estos efectos. El parágrafo de este
artículo, no obstante, aclara que los numerales 1 a 5 del artículo no serán aplicables a las bibliotecas sin ánimo de lucro, archivo, institución
educativa u organismo público de radiodifusión no comercial, estableciendo una
excepción penal especial para dichas instituciones.
Asimismo, el artículo 18 señala expresamente que los
artículos anteriores se aplicarán a las obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas
y emisiones de organismos de radiodifusión que, al momento de la entrada en
vigencia de la ley, no hubieren pasado al dominio público.
Los artículos 19 y 20 otorgan facultades a las
autoridades administrativas y judiciales competentes para resolver los procesos
de infracción en materia de propiedad intelectual. La primera de estas
disposiciones las faculta para ordenar al infractor que proporcione la
información que posea respecto de cualquier persona involucrada en la infracción,
así como de los medios de producción o canales de distribución utilizados para
ello. De igual manera, el artículo 20 dispone que el juez estará facultado para
ordenar que los materiales e implementos que hayan sido utilizados en la
fabricación o creación de dichas mercancías pirateadas o falsificadas sean
destruidos, o se disponga su retiro de los canales comerciales. También
contempla la disposición que, en casos apropiados, las mercancías de marcas
falsificadas podrán ser donadas con fines de caridad para uso fuera de los
canales de comercio. Y que, en ningún caso, los jueces podrán permitir la
exportación de las mercancías falsificadas o pirateadas o permitir que las
mismas se sometan a otros procedimientos aduaneros, salvo en circunstancias
excepcionales.
Finalmente, el artículo 21 introduce una modificación
al parágrafo del artículo 4° de la Ley 680 de 2001 que modificó el artículo 33
de la Ley 182 de 1995[16]
y estableció un porcentaje mínimo de 30% de producción nacional en determinados
horarios de sábados, domingos y festivos, mientras que en la legislación
anterior éste era del 50%.
10.- Se observa después del anterior recuento que, en
efecto, la ley demandada regula diversos aspectos en materia de propiedad
intelectual y derechos de autor y conexos. La ponencia para primer debate en
sesión conjunta[17],
consigna que “con objeto de la implementación del Acuerdo, se hace oportuno
actualizar esta normatividad [Decisión Andina 351 de 1993 y Ley 23 de 1982]
para garantizar la efectiva protección a los autores, intérpretes,
productores de fonogramas y organismos de radiodifusión en el entorno digital”,
aclarando que hace referencia a “los derechos sustantivos otorgados por la
ley al autor, intérprete, producto de fonograma y organismo de radiodifusión”
y señala expresamente que “no se reglamenta la responsabilidad de
intermediarios como los ISP (Internet Service Provider), por cuanto para este
último tema el Acuerdo establece un plazo de 1 año a partir de su entrada en
vigencia”.
Una vez analizado el contenido de la Ley 1520 de 2012,
corresponde a la Sala Plena de esta Corporación determinar si la misma ha
debido surtir el trámite de ley estatutaria por la materia que regula. Con el
fin de resolver el primero de los cargos planteados por el ciudadano Robledo
Castillo, previamente, deberá hacer unas consideraciones en torno a la
naturaleza de los derechos de autor según la jurisprudencia constitucional y determinar
si los contenidos examinados efectivamente tenían esa reserva.
Naturaleza y principales características de los
derechos de autor y sus derechos conexos
11.- Es importante contextualizar el tema de los
derechos de autor desde una perspectiva doctrinal para comprender mejor su
origen y posterior desarrollo. Estudiosos de esta área del Derecho han señalado
que su origen tiene lugar en la Francia de finales del siglo XVIII y durante el
siglo XIX, pudiendo ser representados en la frase de Le Chapelier en el informe
para las deliberaciones del Decreto de enero de 1791: “Las más sagrada, la
más legítima, la más inatacable, y si se me permite decirlo, la más personal de
las propiedades es la obra, fruto del espíritu de un escritor”. Bajo esta
inspiración se estableció un derecho de autor, dándose prioridad al derecho
personal, y dejando en un segundo plano la creación como un bien comercial.
Bien por el contrario, la idea del copyright anglosajón surgió a partir
de una visión utilitarista por su importancia comercial, menos que por los
derechos personales que estos envuelven.[18]
A partir de estas dos concepciones, la protección que
deriva de los derechos sobre las obras literarias, artísticas y científicas se
brinda en dos sentidos: el patrimonial y el moral. Así, los derechos
patrimoniales consisten en las prerrogativas de tipo económico, que buscan la
explotación económica de la obra, mientras que los morales procuran brindar una
protección al autor “en su relación personalísima con la obra; el poder que
le otorga la ley al autor mediante estos derechos no corresponde a un interés
económico, son de carácter extrapatrimonial, y buscan que el vínculo directo de
la creación de la obra, como una exteriorización de su individualidad, sea
respetado ante todo”.[19]
Los derechos morales de autor son entonces aquellos
que la ley otorga al creador, por lo cual su titularidad únicamente recae sobre
las personas naturales como reconocimiento de la aptitud creadora del ser
humano. De esta condición se derivan ciertas notas que los caracterizan, como
la inalienabilidad, la irrenunciabilidad, la inexpropiabilidad y la
inembargabilidad. Asimismo, es importante señalar que dentro de estos, se
encuentran: (i) el reconocimiento de autoría, mediante el cual el autor o
creador de una obra tiene derecho a exigir que se le reconozca como autor y a
oponerse a aquellos actos que infrinjan tal reconocimiento; (ii) el respeto a
la integridad de la obra, que dota al autor de la facultad de oponerse a los
actos que realice un tercero sobre su obra y que impliquen su mutilación,
transformación o daño en perjuicio de la honra del autor; (iii) la conservación
inédita de la obra, en virtud del cual, un autor o creador cuenta con la
potestad de decidir el momento en que su obra va a ser publicada o si, por el
contrario, quiere mantenerla inédita, sin que puedan oponerse aún razones de
interés público; es a partir del momento de la publicación de una obra que el
autor adquiere derechos patrimoniales; (iv) la modificación de la obra y (v) su
retiro de circulación, los cuales implican que así haya transferido los
derechos patrimoniales sobre su obra, el autor conserva la facultad de realizar
modificaciones a la obra en cualquier momento o exigir el retiro de circulación
de la misma.
El segundo género de estos derechos, esto es, los
derechos patrimoniales de autor son aquellas facultades exclusivas de
explotación reservadas para el autor y que le permiten autorizar o prohibir a
terceros que realicen determinados actos de explotación de su obra. Entre estos
actos se encuentran, la reproducción, la transformación, la distribución, la
comunicación pública, la traducción o la adaptación.[20]
12.-
Otro aspecto destacable es el que tiene que ver con la temporalidad de la
protección, en la medida en que la misma es limitada en el tiempo, a diferencia
de la propiedad de los bienes materiales. Se ha argumentado mayoritariamente que
dicha temporalidad se debe a la búsqueda de un equilibrio entre los intereses
particulares del titular y el interés general del acceso a la información, al
igual que como una manifestación del principio de función social de la
propiedad. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado pues, que “la
razón de ser de la limitación no es otra que la función social de la propiedad,
consagrada en los artículos 58 y 2° inciso segundo de la Carta”. A lo cual
ha agregado que, “[e]n efecto, la doctrina coincide en afirmar que una creación
del espíritu que beneficie la cultura de un pueblo es algo que involucra simultáneamente
los derechos del creador como los derechos de la comunidad. Tanto a nivel
tecnológico como artístico, un nuevo aporte nunca es un fenómeno individual. De
allí que el derecho de propiedad sobre dichos aportes no sea intemporal sino
que, por un fenónemo convencional de transacción entre el mínimo que exige el
goce exclusivo y el máximo de difusión que la comunidad exige, se fija
discrecionalmente por el legislador un término razonable al cabo del cual el
derecho individual de propiedad se extingue. La temporalidad del derecho
intelectual busca finalmente resolver la tensión que existe entre el interés
privado y el interés público”.[21]
13.- De igual manera, puede decirse que con el fin de lograr
cierto equilibrio entre intereses contrapuestos: el interés general de la
comunidad y el interés particular del titular de la obra protegida, la
legislación colombiana, en consonancia con las legislaciones mundiales en la
materia, ha establecido un régimen de excepciones que corresponden a aquellas
situaciones en las que no es necesario solicitar autorización del titular del
derecho, ni realizar una remuneración por la utilización de la obra. Todas las
excepciones deben cumplir con los requisitos de la llamada regla de los tres
pasos: (i) que se trate de un caso especial y específico, (ii) que con su
aplicación no se atente contra la normal explotación de la obra, y (iii) que
con ésta no se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del
titular del derecho de autor.[22]
Según la doctrina, dentro de las razones que
justifican la existencia de un régimen de excepciones, se encuentran las
siguientes: (i) la función social que debe cumplir la propiedad; (ii) la
protección e incentivación de la educación; (iii) la difusión de la cultura;
(iv) lograr la eficacia de la ley; (v) la conservación del patrimonio cultural;
(vi) lograr una mayor participación ciudadana en la vida democrática; (vii) la
búsqueda de que los derechos de autor no sean un obstáculo para las nuevas creaciones;
(viii) no obstaculizar actividades ni investigaciones judiciales; y (ix)
garantizar la libertad de expresión.[23]
14.- En Colombia, la protección de estos derechos
deriva directamente del mandato constitucional consagrado en el artículo 61,
que estipula la protección por parte del Estado de la propiedad intelectual, en
los términos en que lo establezca la ley. Esto es así, por cuanto la propiedad intelectual
comprende la regulación de todas aquellas relaciones que surgen con ocasión de
los derechos de autor y sus derechos conexos, los derechos sobre la propiedad
industrial y los derechos sobre descubrimientos científicos, invenciones y
mejoras útiles.[24]
Asimismo, es importante anotar que dentro de los
derechos de autor, en un sentido amplio, se suele incluir los derechos conexos,
considerados como aquellos que protegen a los artistas, intérpretes y
ejecutantes, así como a los productores de fonogramas y a los organismos de
radiodifusión.[25]
En sentido estricto, no obstante, los derechos de autor son aquellos que
otorgan protección a las personas naturales creadoras de obras científicas,
literarias y artísticas[26]
y que recaen sobre los objetos en que éstas se materializan. De esta suerte, el
objeto que se protege a través del derecho de autor es la obra considerada como
“… la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un pensamiento
que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad o individualidad
suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida”.[27]
15.- Esta Corte se ha ocupado en varias ocasiones del
tema de la propiedad intelectual y más concretamente de la naturaleza de estos
derechos.[28]
Desde temprana jurisprudencia, ha señalado que los derechos morales de autor tienen
la categoría de derechos fundamentales comoquiera que todas las formas de manifestación
del espíritu son inherentes al ser humano, mientras que los derechos
patrimoniales derivados de los derechos de autor, si bien merecen la protección
del Estado, no ostentan tal categoría. La sentencia C-155 de 1998[29]
lo estableció en los siguientes términos:
“Los derechos morales de autor se consideran  derechos de
rango fundamental, en cuanto la facultad creadora del hombre, la posibilidad de
expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su capacidad de
invención, su ingenio y en general todas las formas de manifestación del
espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la
naturaleza humana, y a la dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer al
hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su propia creatividad, la
manifestación exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre
su condición de individuo que piensa y que crea, y que expresa esta
racionalidad y creatividad como manifestación de su propia naturaleza. Por tal
razón, los derechos morales de autor, deben ser protegidos como derechos que
emanan de la misma condición de hombre.
Por su parte, los
derechos patrimoniales derivados de los derechos de autor, aunque no se
consideran fundamentales, merecen también la protección del Estado. Así lo
establece la Constitución Política en el artículo 61 superior, que señala que ‘(el)
Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las
formalidades que establezca la Ley’”.[30]
16.- Hecha esta contextualización del
tema sobre el cual versa la Ley 1520 de 2012, corresponde a la Sala adentrarse
en el análisis de los vicios formales alegados en la demanda. En primer lugar, examinará
si se configuró el presunto vicio de falta de competencia de las comisiones
segundas constitucionales permanentes del Congreso de la República, para lo
cual estudiará el aspecto relativo a dicha asignación de competencias y la
jurisprudencia en torno al grado de intensidad del examen de constitucionalidad
de las mismas.
Competencia de las comisiones constitucionales
permanentes del Congreso de la República para aprobación en primer debate de los
proyectos de ley
17.- La Constitución Política establece en su artículo
157 los requisitos que deben cumplirse para que un proyecto de ley se convierta
en ley de la República. Dichas exigencias formales consisten en: (i) haber sido
publicado oficialmente por el Congreso, previo trámite en la comisión
respectiva; (ii) haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión
permanente de cada cámara, o en sesión conjunta de las comisiones de ambas
cámaras, en los casos que así lo determine el reglamento del Congreso; (iii) haber
sido aprobado en cada cámara en segundo debate; y (iv) haber obtenido la sanción
del Gobierno.
A su turno, el artículo 142 superior señala que cada
una de las cámaras del órgano legislativo elegirá para cada período las
comisiones permanentes que darán primer debate a los proyectos de ley o de acto
legislativo. Delega, asimismo, al legislador, la función de regular el número
de comisiones permanentes, su número de miembros y las materias de las que cada
una de éstas deberá ocuparse.
Es así como la materia fue reglada mediante la Ley 3ª
de 1992 “Por la cual se
expiden normas sobre las Comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras
disposiciones”. El artículo 2° de dicha normatividad (modificado por el
artículo 1° de la Ley 754 de 2002), establece el número de comisiones que
tendrá cada cámara legislativa y determina el número de miembros de cada una de
éstas y las materias que le competen y que deben ser tenidas en cuenta al
momento de efectuar el reparto de los proyectos de ley para aprobación en
primer debate.
18.- En consideración a que el cargo del
ciudadano Robledo Castillo consiste en la presunta falta de competencia de las
comisiones segundas para dar trámite en primer debate a la ley que demanda, por
cuanto el tema atinente a la propiedad intelectual fue adscrito por la ley a
las primeras, la Corte deberá revisar cuáles son los asuntos asignados a estas
comisiones para poder analizar si le asiste o no la razón al accionante en este
punto.
19.- De conformidad con el artículo 2° de la
mencionada Ley 3ª de 1992, son de competencia de las comisiones primeras: i)
las reformas constitucionales; ii) las leyes estatutarias; iii) la organización
territorial; iv) los reglamentos de los organismos de control; v) las normas
generales sobre contratación administrativa; vi) notariado y registro; vii) estructura
y organización de la administración nacional central; viii) los derechos,
garantías y deberes; ix) la rama legislativa; x) las estrategias y políticas de
paz; xi) la propiedad intelectual; xii) la variación de la
residencia de los altos poderes nacionales; y xiii) los asuntos étnicos.
(Resaltado añadido).
Por su parte, a las comisiones segundas les corresponde
conocer de los proyectos de ley que versen sobre: i) política internacional;
ii) defensa nacional y fuerza pública; iii) tratados públicos, iv) carrera
diplomática y consular; v) comercio exterior e integración económica; vi)
política portuaria; vii) relaciones parlamentarias, internacionales y
supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno;
viii) fronteras; ix) nacionalidad; x) extranjeros; xi) migración; xii) honores
y monumentos públicos; xiii) servicio militar; xiv) zonas francas y de libre
comercio; y xv) contratación internacional.
20.- Es claro pues, de acuerdo con el artículo 2° de la
Ley 3ª de 1992, que los proyectos de ley que versen sobre propiedad intelectual
deberán ser repartidos para aprobación en primer debate a las comisiones
primeras del Senado y de la Cámara de Representantes, mientras que aquellos
cuya materia principal sea relativa a política internacional, tratados públicos,
comercio exterior e integración económica, serán de conocimiento de las
comisiones segundas.
21.- La Corte ha considerado que tal asignación de
competencias, según la materia a regular, obedece a importantes razones que
buscan racionalizar y facilitar el trabajo legislativo, a fin de que este
órgano funcione de manera eficiente y sus actividades se sujeten a los
principios rectores de publicidad y participación democrática. En sentencia
C-540 de 2001,[31]
esta Corporación se pronunció ampliamente al respecto y señaló lo siguiente:
“Para la Corte la distribución del trabajo
durante el trámite de un proyecto de ley en el Congreso de la República obedece
a varios criterios confluyentes, relacionados con la especialización del
trabajo legislativo y con la distribución racional de las actividades a cargo
del Congreso, los cuales están adicionados con la regla de la publicidad de las
actuaciones y deliberaciones en el trámite y aprobación de los proyectos de
ley. Estos elementos tienen como común denominador el procurar la consecución
de los fines esenciales del Estado, entre los cuales se destaca el de
“facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” (C.P., art.
2º), además de facilitar y organizar el cumplimiento eficiente de las funciones
del Congreso, dentro  de un régimen jurídico, democrático y participativo
(C.P., Preámbulo y arts. 1º, 114, 150 y ss).
La especialización del trabajo legislativo
se justifica en cuanto ofrece la oportunidad para que los proyectos de ley
inicien su trámite de fondo en un grupo de congresistas preestablecido, quienes
pueden ser seleccionados para las comisiones permanentes de acuerdo con su área
de formación, de experiencia laboral o de interés, con lo cual se establece un
vínculo importante entre el perfil de los congresistas y la competencia de la
comisión permanente a la que pertenezcan. Esta circunstancia promueve la
empatía del congresista con determinadas materias de su interés; ofrece
espacios para que aporte sus iniciativas al proceso legislativo; permite la
realización de debates más especializados en beneficio del proceso legislativo
y, además, facilita el ejercicio del control político directo por parte de la
población.
La distribución racional del trabajo
legislativo permite equilibrar la asignación de actividades entre Senadores y
Representantes a la Cámara; agilizar el desarrollo de las funciones del
Congreso; organizar la actividad legislativa, y facilitar la asignación de
responsabilidades políticas a los congresistas durante el proceso legislativo,
en aras de la eficiencia y modernización de la función legislativa.
En relación con la regla de la publicidad
en el proceso legislativo y el ejercicio del control democrático, la Ley 5ª de
1992 señala la oportunidad y la finalidad para la participación ciudadana en el
estudio de los proyectos de ley. Establece la figura de la presentación de
observaciones sobre cualquier proyecto de ley o de acto legislativo ‘cuyo
examen y estudio esté adelantando alguna de las Comisiones Constitucionales
Permanentes’, la publicación en la Gaceta del Congreso de las opiniones
expuestas por ‘toda persona natural o jurídica’ y la obligatoriedad de consignar
en el respectivo proyecto ‘la totalidad de las propuestas o modificaciones
planteadas que considere importantes’ (L. 5ª de 1992, arts. 230 a 232)”.
Como se ve, existen importantes razones que justifican
la existencia de diferentes comisiones al interior del Congreso de la
República, a las cuales les serán distribuidos los proyectos de ley y de acto
legislativo, según la materia que regulen:
i)
Permite un trámite más eficiente
de las iniciativas legislativas, por cuanto los proyectos se asignarán al grupo
de congresistas, en cada una de las cámaras legislativas, que cuente con
mayores conocimientos sobre el tema regulado, lo cual facilita el cumplimiento de
las funciones del Congreso dentro de un régimen jurídico, democrático y
participativo.
ii)
Facilita la distribución racional
de las actividades del órgano legislativo, por cuanto permite un reparto
adecuado y sin sobrecarga para ninguna de dichas comisiones.
iii)  La asignación de manera organizada y sistemática por
temas a las diferentes comisiones, redunda en una mayor garantía de publicidad
de las actuaciones y deliberaciones en el trámite y aprobación de los proyectos
de ley.
iv) Permite la realización de debates más especializados que
favorecen el proceso legislativo, pues los congresistas que hagan parte de cada
una de las comisiones laborarán sobre materias de su interés, que guarden
relación con su área de formación o de experiencia laboral.
v)
Facilita el ejercicio del control político
directo por parte de la población.
La jurisprudencia en torno al grado de rigor en el control
de constitucionalidad por la presunta falta de competencia de las comisiones
permanentes del Congreso
22.- Si bien esta Corporación ha reconocido que la
distribución del trabajo legislativo y la asignación de materias a las
diferentes comisiones de las cámaras del Congreso de la República responde a importantes
fines como el de eficiencia y especialidad en la labor legislativa, ha sido igualmente
enfática al precisar que, en consideración al cúmulo de trabajo del Congreso “sería
impracticable y tal vez imposible hacer una distribución temática precisa y
rígida de las materias legislativas entre las siete (7) comisiones
constitucionales permanentes, en cuanto siempre existirán asuntos de ley que de
una u otra manera tendrán relación de conexidad material con temas diversos
pero convergentes, los cuales, sin embargo, podrían exigir su regulación en un
solo texto legislativo”.[32]
De esta manera, en consideración a la apreciación que
se ha hecho de la gran dificultad que presenta la exigencia de rigidez en la distribución
de los proyectos de ley, por cuanto los mismos pueden regular diversas materias
que eventualmente corresponderían a diferentes comisiones constitucionales
permanentes, la Corte Constitucional ha establecido que su examen debe partir
de la premisa según la cual, “en muchas ocasiones la distribución de los
proyectos de ley para su aprobación en primer debate es aproximada, debido a
las condiciones especiales del contenido de cada proyecto”.[33]
Así pues, al juez constitucional corresponde tener en cuenta que “si bien la
Ley 3ª de 1992 hace una distribución temática entre las comisiones permanentes,
la amplitud y variedad de los principios constitucionales que deben ser
desarrollados por ley y la dinámica y especificidad de cada materia exigen
cierta flexibilidad al momento de distribuir los proyectos de ley para su
estudio, trámite y aprobación en primer debate”.[34]
23.- Como corolario de lo anterior, surge entonces,
que el examen de constitucionalidad de leyes que cobijen materias adscritas a
diferentes comisiones permanentes de las cámaras legislativas y que, a primera
vista, aparezcan como de competencia de varias de ellas de acuerdo a la
distribución temática que establece la Ley 3ª de 1992, debe ser flexible por
las siguientes razones:
“1. No se pone en riesgo ningún precepto
constitucional cuando se decide que un proyecto de ley que ofrece duda
razonable acerca de su materia dominante y, por lo tanto, de la comisión
competente para aprobarlo en primer debate, sea tramitado en una u otra
comisión permanente, máxime si se tiene en cuenta que lo relativo a la
distribución del trabajo legislativo fue deferido por la Constitución Política
a la ley.[35]
2. La manera como el legislador reguló la
solución de los casos en que exista duda sobre la materia predominante en un
proyecto de ley, fue asignándole poder de decisión al Presidente de la
respectiva Cámara para que, según su criterio, remita el proyecto a la
comisión que considere competente. Esta figura se encuentra en el Parágrafo 2º
- artículo 2º de la Ley 3ª de 1992 […].
3. El artículo 159 de la Constitución
Política señala que el proyecto que sea negado en primer debate puede ser
considerado en plenaria de la respectiva Cámara, con lo cual se demuestra que
en todo caso ese criterio rígido o excluyente de la especialidad cede ante la
decisión de la plenaria. Es más, de acuerdo con el artículo 166 de la Ley 5ª de
1992 -Ley Orgánica del Congreso- si la plenaria de la respectiva Cámara acoge
la apelación, el proyecto pasará a una comisión constitucional diferente para
que surta el trámite en primer debate.
[…]
Si, de acuerdo con lo anterior, es
procedente la aprobación de proyectos de ley en primer debate en una comisión
permanente con competencia diferente al tema de discusión, será de mayor
aceptación el reparto en una u otra comisión cuando se trata de proyectos que
ofrecen duda razonable acerca de su materia dominante.
4. Todos los miembros del Congreso tienen
la oportunidad de hacer seguimiento al trámite en primer debate de los
diferentes proyectos de ley y pueden plantear modificaciones, adiciones o
supresiones a la comisión respectiva, así no hagan parte integrante de ella (L.
5ª de 1992, art. 160 nl. 1), lo cual compagina con el grado de flexibilidad
relativa que la Constitución asigna al trámite en primer debate de los
proyectos de ley.
[…]
De acuerdo con lo expuesto, no existen
fundamentos constitucionales para exigir una rigurosidad estricta en la
distribución del trabajo legislativo. Por el contrario, la Constitución y las
Leyes 3ª y 5ª de 1992 consagran preceptos que permiten una flexibilidad
razonable en la designación de la comisión que apruebe en primer debate los
proyectos de ley”.[36]
24.- Con fundamento en las anteriores consideraciones,
esta Corte, mediante sentencia C-540 de 2001, declaró exequible la Ley 617 de
2000 por el cargo relativo a la falta de competencia de la Comisión Primera de
Senado y Cámara para darle trámite y aprobación en primer debate. Consideró al
respecto la Sala Plena que una revisión integral del cuerpo normativo bajo
examen permitía apreciar que la finalidad de la norma no era la de reformar la
Ley Orgánica del Presupuesto, sino que su objeto principal era el de afectar el
tema de la organización territorial, por lo cual era razonable su reparto a las
comisiones primeras para su trámite en primer debate.[37]
De igual manera, en jurisprudencia más reciente, esta
Corporación ha mantenido la anterior postura frente a la intensidad o el rigor
del análisis que debe llevar a cabo la Corte Constitucional en torno al tema de
la competencia de las comisiones constitucionales permanentes. Así, por
ejemplo, en las sentencias C-475 de 2006[38]
y C-306 de 2009,[39]
esta Corporación reiteró que para efectos de determinar la razonabilidad de un
determinado reparto de un proyecto de ley, se debe establecer cuál es la
materia dominante y que la inconstitucionalidad de dicho proyecto o de la ley,
sólo surgirá como consecuencia de una decisión de asignación por parte del
presidente de la respectiva cámara que aparezca como irrazonable.
25.- Es importante recordar, no obstante lo anterior, que
hay una exigencia constitucional de cumplimiento de la distribución del trabajo
en el seno del Congreso de la República, de acuerdo con las competencias temáticas
asignadas por ley a cada una de las comisiones, pues ésta tiene, “desde una
perspectiva estrictamente constitucional, ‘profundas connotaciones democráticas
y de eficiencia en el cumplimiento de la función legislativa’”,[40]
lo cual hace que en el examen de constitucionalidad del procedimiento de formación
de una ley “no sea indiferente establecer si la comisión en particular en la
que se inició el [trámite] en cada cámara, era la que, dada la materia
del proyecto, debía ocuparse del asunto”.[41]
En este sentido, la Corte ha determinado que la violación a lo dispuesto en el
artículo 2° de la Ley 3ª de 1992 que asigna las competencias temáticas a las
comisiones congresuales “acarrea un vicio de relevancia constitucional, que
daría lugar a la declaración de inexequibilidad de la disposición legal irregularmente
tramitada.” Tal argumentación se observa plasmada de la siguiente manera:
“Si es el propio constituyente quien dispone que cada
comisión permanente se ocupe de ciertas materias según determinación de la ley,
la inobservancia de esta especialidad temática a la hora de repartir los
proyectos, generaría un vicio que afectaría la constitucionalidad del trámite
legislativo correspondiente, y llevaría a la declaración de inexequibilidad
formal de la ley así expedida, pues resulta claro que no fue respetada la
voluntad constitucional”.[42]
En igual sentido apunta lo indicado por esta
Corporación en sentencia C-353 de 1995, como pasa a exponerse textualmente:
“En consecuencia, las leyes que hayan sido
tramitadas en primer debate por una comisión constitucional permanente carente
de competencia para ocuparse de las materias de que trata la respectiva ley,
son inconstitucionales por vulnerar las disposiciones del artículo 151 de la
Carta. En efecto, dicha norma supedita el ejercicio de la actividad legislativa
a las disposiciones de una ley orgánica, la cual, en materia de competencias de
las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República, es
para efectos del control de constitucionalidad y con la advertencia realizada
en la sentencia antes citada, la Ley 3ª de 1992.”
26.- Lo anterior pone en evidencia que esta
Corporación ha reconocido, de una parte, que el desconocimiento de las
competencias temáticas de las comisiones congresuales -asignadas por la Ley 3ª
de 1992- en el proceso de formación de la ley constituye un vicio de relevancia
constitucional que impondría al órgano de control constitucional el deber de
retirar del ordenamiento jurídico el texto normativo que surtió un trámite
irregular.
No obstante, también ha tenido en cuenta que, en
virtud del parágrafo 2° del artículo 2° de la ley en comento, que asigna las
competencias a estas comisiones según la materia sobre la cual verse el
proyecto de ley o de acto legislativo a debatir y aprobar en primer debate, el
presidente de la respectiva cámara cuenta con un margen de apreciación en el
reparto de los mismos “cuando la materia de la cual trate el proyecto
de ley, no esté claramente adscrita a una Comisión”, pues en tales
circunstancias, lo faculta para enviarlo a “aquella que, según su criterio,
sea competente para conocer de materias afines”. (Subraya la Corte).
Asimismo, y derivado de la facultad mencionada con que
cuenta el presidente a quien corresponda hacer el reparto del proyecto de ley
de que se trate, la Corte ha establecido que el juicio de constitucionalidad del
procedimiento legislativo por parte del órgano constitucional surtido en lo que
tiene que ver con la competencia de la comisión que le haya dado trámite y
aprobación en primer debate, debe ser un control flexible y, por ende, sólo es
admisible la intervención del juez constitucional cuandoquiera que dicho
reparto resulte irrazonable.
27.- Para el asunto bajo examen en esta oportunidad
resulta de gran relevancia el precedente sentado en la sentencia C-975 de 2002,
en el que la Corte declaró inconstitucional la Ley 719 de 2001 “por la cual
se modifican las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras disposiciones”.
En aquella oportunidad la Sala Plena debió resolver un cargo por vicios de
forma en el proceso de formación de la ley consistente justamente en la falta
de competencia de las comisiones sextas constitucionales permanentes de las cámaras
legislativas. El demandante del cuerpo normativo sostenía que en el trámite
legislativo se había desconocido el mandato constitucional consagrado en el
artículo 142, comoquiera que su materia dominante –los derechos de autor- era
de competencia de las comisiones primeras, pues éstas tienen señalada la
atribución de conocer los proyectos relativos a la propiedad intelectual, la
cual comprende estos derechos.
La Corte señaló que la propia ley aporta herramientas
importantes para resolver los conflictos que puedan llegar a surgir en aquellos
casos en que la temática de un proyecto no ley no aparezca adscrita a una
determinada comisión permanente, o cuando en el proyecto de ley se regulen asuntos
cuya discusión competa a diversas comisiones. En efecto, la sentencia indica
que tanto la Ley 3ª de 1992, como el reglamento del Congreso contenido en la
Ley 5ª del mismo año dan la clave para resolver estos conflictos. En el primero
de los supuestos, que se configura cuando el proyecto de ley regule asuntos
cuya discusión competa a diversas comisiones, la Corporación señaló que el
artículo 146 de la Ley 5ª dispone que cuando un proyecto de ley verse sobre
varias materias, será repartido a la comisión de la materia predominante, la
cual podrá solicitar a las demás comisiones competentes un concepto sobre el
mismo. Respecto de la segunda hipótesis fáctica, referida a la falta de
adscripción de un determinado tema a una comisión particular, la Corte señaló que
los parágrafos 1° y 2° del artículo 2° de la Ley 3ª establecen que para
resolver los conflictos de competencia entre las distintas comisiones, primará
el principio de especialidad, de manera que cuando la materia sobre la cual
trate el proyecto de ley no esté claramente adscrita a una comisión, “el
Presidente de la respectiva Cámara, lo enviará a aquella que, según su
criterio, sea competente para conocer materias afines”. Lo anterior llevó a
la Corte a concluir sobre este punto que:
“[E]n aquellos casos donde las materias reguladas en
un proyecto de ley no aparezcan claramente asignadas a una determinada y
específica comisión o puedan ser estudiadas por varias de ellas, y el Presidente
de la respectiva célula congresional haya dispuesto su envío a la comisión que
considere pertinente en atención a su afinidad temática, en acatamiento al
respeto por el principio democrático, el control de constitucionalidad que se
adelante en esa causa debe ser flexible, de forma tal que sólo se pueda
considerar la declaratoria de inconstitucionalidad del precepto, cuando la
asignación de competencia resulte irrazonable y claramente contraria a los
contenidos normativos del artículo 2° de la ley 3ª de 1992. Sólo en este último
caso -lo dijo la Corte-, “el juez de la Carta podría sustituir la decisión del
presidente del Senado de la República o de la Cámara de Representantes,
decretando la inexequibilidad por vicios de forma de la ley que se trate”.
La duda razonable sobre cuál es la comisión competente
para dar trámite en primer debate a determinado proyecto de ley, permite pues,
que el presidente de la respectiva cámara lo asigne según su criterio, el cual,
en todo caso, debe estar orientado por el tema y la finalidad que persigue la
ley, “sin que resulte relevante que entre las varias materias tratadas una
tenga un mayor número de artículos […] sin perjuicio  de que, en todos
los demás casos, la inobservancia deliberada e inadvertida de las competencias
definidas en el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, conduzca necesariamente a la
declaratoria de inexequibilidad del texto acusado”.
Finalmente, la Sala Plena de esta
Corporación, después de haber realizado el análisis del trámite legislativo del
proyecto de ley que se convertiría más adelante en la Ley 719 de 2001 y al
advertir, por su epígrafe, que ésta era modificatoria de las Leyes 23 de 1982, “Sobre
derechos de Autor” y 44 de 1993 “Por
la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944”,
concluyó que, efectivamente, las comisiones sextas a las cuales les fue
repartido dicho proyecto, carecían de competencia para darle trámite, pues “por expreso mandato del artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, a la Comisión Primera de Senado y Cámara le corresponde conocer, entre otras materias, la
relacionada con la “propiedad
intelectual”, mientras que a la
Comisión Sexta de las mencionadas células legislativas le compete estudiar
proyectos de ley relacionados con: “comunicaciones;
tarifas; calamidades públicas; funciones públicas y prestación de los servicios
públicos; medios de comunicación; investigación científica y tecnológica;
espectros electromagnéticos; órbita geoestacionaria; sistemas digitales de
comunicación e informática; espacio aéreo; obras públicas y transporte; turismo
y desarrollo turístico; educación y cultura”.
Así pues, en consideración a que “la materia dominante de la Ley 719 es lo referente a
la modificación del régimen de los derechos de autor, buscando convalidar el
reconocimiento de tales derechos, en asocio con los mecanismos de recaudo y
distribución de los recursos que se puedan apropiar por dicho concepto” y que estos derechos se enmarcan en el área más amplia
de propiedad intelectual, la Corte concluyó que las comisiones competentes eran,
tal y como lo señalaba el demandante, las primeras y no las sextas, en virtud
de lo cual procedió a declarar la inexequibilidad de la ley por vicios de forma
en el procedimiento de formación.
Análisis del cargo por falta de competencia de las
comisiones segundas para aprobar en primer debate la Ley 1520 de 2012
28.- Con fundamento en todo lo expuesto en relación
con el tema de la competencia de las comisiones constitucionales permanentes
del Senado y el tipo de examen que esta Corporación debe realizar, procederá a continuación
a determinar si el cargo en relación con este punto debe prosperar o si, por el
contrario, no le asiste la razón al ciudadano demandante.
29.- Para empezar, es importante indicar que la
demanda cumple el requisito exigido por el artículo 242, numeral 3°, de la
Constitución Política,[43]
ya que al tratarse de cargos por vicios de forma, la misma debía ser
interpuesta en el término de un año a partir de la publicación de la ley. En
efecto, la acción pública de inconstitucionalidad fue presentada en la
Secretaría de esta Corporación el día 4 de mayo de 2012 y la publicación de la
ley objeto de acusación es de 13 de abril de 2012, en el Diario Oficial N°
48.400.[44]
30.- En segundo lugar, la Corte considera necesario hacer
un recuento del procedimiento que se le imprimió al proyecto de ley que se
convertiría en la Ley 1520 de 2012.
En la Gaceta del Congreso N° 75 del 20 de marzo de
2012, consta que ese día fue radicado por el Gobierno Nacional, a través del
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados Guida; el
Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras y el Ministro de Tecnología de la
Información y las Telecomunicaciones, Diego Molano Vega, y ante la Secretaría
General del Senado de la República el Proyecto de ley número 201.
El mismo día, el Secretario General del Senado de la
República procedió a remitir al despacho del Presidente del Senado el
expediente de la iniciativa legislativa con el objeto de que se repartiera,
teniendo en cuenta que “la materia de que trata el mencionado proyecto de
ley, es competencia de la Comisión Segunda Constitucional Permanente”.[45]
De esta manera, aparece claro dentro del expediente
legislativo que se inició su trámite en las comisiones segundas, más
específicamente, en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de
la República y que, posteriormente, se continuó el procedimiento ante la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
31.- Ahora bien, vale la pena volver sobre el punto ya
aclarado en las consideraciones relativas al alcance y contenido de la ley bajo
examen. Como se vio de manera detallada, la materia predominante que la misma regula
es la de los derechos de autor y sus derechos conexos, mediante la modificación
de la Ley 23 de 1982 “sobre derechos de autor” en diversos aspectos, y
del Código Penal en lo atinente a los delitos contra los derechos de autor y
sus derechos conexos.[46]
32.- No obstante lo anterior, las intervenciones de
los Ministerios que presentaron esta iniciativa legislativa ante el Congreso de
la República, así como todas aquellas que defienden la constitucionalidad del
cuerpo normativo, argumentaron que las comisiones segundas permanentes en las
dos células legislativas eran efectivamente competentes para dar aprobación en
primer debate a la ley cuestionada, en tanto ésta debía ser expedida en el
marco de la implementación de los compromisos adquiridos por Colombia en virtud
del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América, su
Protocolo modificatorio y sus Cartas adjuntas.
33.- Al respecto es importante hacer varias
precisiones. En primer lugar, si bien la Corte no pone en discusión que dicha
ley fue expedida con el fin de implementar los compromisos adquiridos por el
Estado, con ocasión de la suscripción de dicho acuerdo;[47]
en todo caso, reitera que la materia regulada no es otra que la relativa a los
derechos de autor y conexos, los cuales, como ya ha sido establecido en apartes
precedentes de esta sentencia, hacen parte, junto con el de propiedad
industrial, del tema más amplio de la propiedad intelectual, adscrito a las
comisiones primeras permanentes constitucionales.
Así pues, es importante poner de presente que son dos
aspectos claramente diferenciables (i) el atinente al marco dentro del cual se
adopta una regulación normativa, o en virtud del cual se procede a regular o a
modificar una normatividad sobre determinada materia; y (ii) aquel relativo a
la materia regulada propiamente dicha, es decir, el tema predominante en
determinado cuerpo normativo.
En este punto vale la pena hacer especial énfasis en
que lo que ha sido sometido al control de constitucionalidad de esta Corporación
es la regulación interna de lo que tiene que ver con los derechos patrimoniales
de autor, en virtud de los compromisos que ha adquirido el Estado colombiano al
suscribir el Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América,
sin que la ley bajo examen guarde relación alguna con temas atinentes a relaciones
comerciales entre los dos Estados, ni ataña de ninguna manera al ámbito
internacional.
Lo anterior se ve reforzado si se observa que las
competencias temáticas obedecen a un criterio de especialidad, en la medida en
que la comisión especializada en determinada materia va a ser más eficiente debido
a su mayor cualificación por experticia para regularla. En el caso concreto que
ahora ocupa a la Corte, se observa que las comisiones primeras fueron
expresamente designadas por la Ley 3ª de 1992 para dar primer debate a los
proyectos de ley o de acto legislativo que versen sobre “propiedad
intelectual”. Las comisiones segundas, por su parte, se ocuparán de
tramitar aquellas que guarden relación con “política
internacional; defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos; carrera
diplomática y consular; comercio exterior e integración económica; política
portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales,
asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras;
nacionalidad; extranjeros; migración; honores y monumentos públicos; servicio
militar; zonas francas y de libre comercio; contratación internacional”. Esto implica que las áreas de especialización de
estas últimas no tienen relación alguna con los derechos de autor, ni la
propiedad intelectual y que, en esa medida, a pesar de haberse surtido en su
seno los trámites de las leyes aprobatorias del Acuerdo Comercial con los
Estados Unidos, su Protocolo modificatorio y su Carta adjunta, en virtud de los
cuales se implementan algunos compromisos relativos a la propiedad intelectual,
las comisiones competentes, por expresa disposición legal, eran las primeras y
no dejan de serlo por el solo hecho de que las leyes aprobatorias de dichos
instrumentos internacionales se hayan tramitado en primer debate por las
comisiones segundas que eran las competentes para el efecto.
34.- Se habrá de dar aplicación, de esta manera, al
precedente sentado en sentencia C-975 de 2002, ampliamente analizada en la
presente providencia, y en la cual esta Corte declaró la inexequibilidad de la
Ley 719 de 2001 por haber sido tramitada en primer debate en las comisiones
sextas de Cámara y Senado que carecían de competencia para ello, en tanto la
materia regulada era precisamente la de derechos de autor, adscrita a las
comisiones primeras constitucionales permanentes del Congreso de la República,
lo cual, a juicio de la Sala configuró un vicio insubsanable en el
procedimiento de formación de la ley.
35.- Las anteriores consideraciones bastan para
declarar inexequible por vicios de forma en su procedimiento de formación la
Ley 1520 de 2012 demandada en la presente oportunidad ante esta Corporación.
36.- Comoquiera que del estudio de este
cargo por vicios de forma se advierte la inconstitucionalidad de la totalidad
de la ley acusada, por razones de economía procesal y respeto al principio de
la cosa juzgada constitucional, la Corte se abstendrá de referirse a las demás
acusaciones que han sido planteadas en la demanda.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1520 de 2012 “por
medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud del Acuerdo
de Promoción Comercial suscrito entre la República de Colombia y los Estados
Unidos de América y su Protocolo Modificatorio, en el marco de la política de
comercio exterior e integración económica”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente con permiso
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
A LA SENTENCIA C-011/13
Referencia: Expediente D-9107
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1520 de
2012, “por medio de la cual se implementan compromisos adquiridos por virtud
del “Acuerdo de Promoción Comercial” suscrito entre la República de Colombia y
los Estados Unidos de América y su “Protocolo modificatorio, en el marco de la
política de comercio exterior e integración económica”.
Actores: Jorge Enrique Robledo Castillo.
Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA.
Salvo
mi voto frente a la Sentencia de constitucionalidad C-011 de 2013, aprobada por
la Sala Plena en sesión del veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013),
por las razones que a continuación expongo:
1.
Frente a la decisión de declarar inexequible la Ley 1520 de 2012, por no
haberse tramitado en las Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes de
ambas Cámaras, considero que tanto por su objeto como por su propósito y
contenido, el proyecto de ley correspondiente podía haberse tramitado en éstas
o en las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes, como en efecto se
hizo.
2.
Si bien es cierto que la ley se refiere a la propiedad intelectual y, en esta
medida, podría corresponder a la competencia de las Comisiones Primeras,
también lo es que su objeto, propósito y contenido están relacionados con
asuntos propios de la política internacional, de los tratados públicos, del
comercio exterior y de la integración económica, materias que corresponden a la
competencia de las Comisiones Segundas.
3.
La Ley 3 de 1992, modificada por la Ley 754 de 2002, define las competencias de
cada una de las Comisiones Constitucionales Permanentes de ambas Cámaras, razón
por la cual fue necesario tenerla como parámetro de juzgamiento en el presente
asunto. En su artículo 2, parágrafo 2, esta ley prevé que: “Cuando la materia
de la cual trate el proyecto de ley, no esté claramente adscrita a una Comisión,
el Presidente de la respectiva Cámara, lo enviará a aquella que, según su
criterio, sea competente para conocer de materias afines”.
4.
Al interpretar el anterior parágrafo, entre otras, en la Sentencia C-306 de 2009,
como motivo del estudio de unas objeciones presidenciales, la Corte puso de
presente el carácter flexible del control de constitucionalidad sobre esta
materia, en razón del principio democrático, al punto que sólo hay lugar a
declarar la inexequibilidad cuando “no exista una duda razonable acerca de la
Comisión que deba conocer sobre el proyecto o un principio de razón para que el
Presidente de una Cámara Legislativa le haya adjudicado un proyecto a una
Comisión determinada”.
5.
En su argumentación, la sentencia dice seguir el precedente sentado en la
Sentencia C-975 de 2002, en la cual la Corte declaró inexequible la Ley 719 de
2001. Esta sentencia, además de ser anterior a la Sentencia C-306 de 2009, no
contiene un precedente relevante para el caso, pues en esa oportunidad la Corte
estudió una norma que regulaba la gestión económica de los derechos de autor y
de sus derechos conexos, y que no tenía ni el propósito de implementar un
tratado internacional, ni una clara relación con la política internacional, el
comercio exterior y la integración económica, como ocurre en este caso. Por el
contrario, en la Sentencia C-975 de 2002 se verificó que asignar el proyecto de
ley a las Comisiones Sextas constituía un vicio en el proceso de formación de
la ley, porque no se estaba frente a una duda razonable sobre la Comisión
competente, ni existía un principio de razón para dicha asignación, ya que por
su objeto, propósito y contenido el proyecto se inscribía con claridad dentro
de la competencia de las Comisiones Primeras.
Respetuosamente,
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
[1] En sentencia C-294 de 2012, la Sala Plena de esta Corporación se abstuvo de pronunciarse sobre un nuevo cargo planteado por
un interviniente, y señaló que: “se trata de un argumento que no fue considerado en modo alguno por
las motivaciones y consideraciones de la acción de inconstitucionalidad objeto
del presente proceso de inconstitucionalidad, y en la medida que se trata de un
cargo concreto y específico, muy distinto a los contenidos en la demanda, es un
asunto al que no pueden responder el Gobierno, los intervinientes ni el
Ministerio Público, pues se trata de un cargo, autónomo y distinto a los de la
demanda de la referencia, y en tal medida no hace parte del problema jurídico
sometido a consideración de la Corte Constitucional ni del debate procesal público que se surtió”. Asimismo, en sentencia C-237A
de 2004, la Corte consideró que era incompetente para pronunciarse sobre un
nuevo cargo presentado por el Procurador General de la Nación y que no guardaba conexidad directa con los esgrimidos por el actor.
[2] Ver, entre otras, las sentencias C-1052 de 2001 y C-1256 de 2001.
[3] El Acuerdo y su ley aprobatoria fueron declarados
exequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-750 de 2008.
[4] Este Protocolo y la Ley 1166 de 2007 fueron objeto de
revisión y declarados constitucionales por esta Corporación mediante sentencia
C-751 de 2008.
[5] El artículo 8° de la Ley 23 de 1982 prescribía textualmente: “Para
los efectos de la presente Ley se entiende por: A. Obras artísticas, científicas y literarias, entre otras,
los: libros, obras musicales, pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel,
dibujo, grabado en madera, obras caligráficas y crisográficas, obras producidas
por medio de corte, grabado, damasquinado, etc., de metal, piedra, madera u otros
materiales, estatuas, relieves, escultura, fotografías artísticas, pantomimas,
u otras obras coreográficas; B. Obra individual: la que sea producida por una
sola persona natural; C. Obra en colaboración: la que sea producida,
conjuntamente, por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser
separados; D. Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, por
iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la
coordine, divulgue y publique bajo su nombre; E. Obra anónima: aquella en que
no se menciona el nombre del autor, por voluntad del mismo, o por ser ignorado;
F. Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no
lo identifica; G. Obra inédita: aquella en que no haya sido dada a conocer al
público; H. Obra póstuma: aquella que no haya sido dada a la publicidad solo
después de la muerte de su autor; I. Obra originaria: aquella que es
primitivamente creada; J. Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación,
traducción, u otra transformación de una originaria, siempre que constituya una
creación autónoma; K. Artista intérprete o ejecutante: el autor, locutor,
narrador, declamador, cantante, bailarín, músico o cualquier otra que
interprete o ejecute una obra literaria o artística; L. Productor de fonograma:
la persona natural o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una
ejecución, u otro sonido; M. Fonograma: la fijación, en soporte material, de
los sonidos de una ejecución o de otros sonidos; N. Organismo de radiodifusión:
la empresa de radio o televisión que trasmite programas al público; Ñ. Emisión
o transmisión: la difusión por medio de ondas radioeléctronicas, de sonido o de
sonidos sincronizados con imágenes. O. Retransmisión: la emisión simultánea de
la transmisión de un organismo de radiodifusión por otro; P. Publicación: la
comunicación al público, por cualquier forma o sistema; Q. Editor: la persona
natural o jurídica, responsable económica y legalmente de la edición de una
obra que, por su cuenta o por contrato celebrado con el autor o autores de
dicha obra, se compromete a reproducirla por la imprenta o por cualquier otro
medio de reproducción y a propagarla; R. Productor cinematográfico: la persona
natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad
de la producción de la obra cinematográfica; S. Obra cinematográfica: cinta de
video y videograma; la fijación en soporte material, de sonidos sincronizados
con imágenes, o de imágenes o de imágenes sin sonido; T. Fijación: la
incorporación de imágenes y/o sonidos sobre una base material suficientemente
permanente o estable para permitir su percepción, reproducción o comunicación.”
[6] Distingue varios tipos de obra: anónima, audiovisual,
colectiva, derivada, en colaboración, individual, inédita, originaria, póstuma,
seudónima.
[7] El texto que se modifica mediante el artículo 4° de la Ley 1520 de 2012, disponía lo siguiente: “Artículo 11. De acuerdo al artículo 35 de la Constitución Nacional “será protegida la propiedad literaria y artística como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta años más, mediante las formalidades que prescriba la Ley. // Ofrécese la misma garantía a los propietarios de obras publicadas en países de lengua
española, siempre que la nación respectiva consigne en su legislación el
principio de la reciprocidad, sin que haya necesidad de celebrar al efecto
convenios internacionales. // Esta Ley protege a las obras y producciones de
los ciudadanos colombianos, de los extranjeros domiciliados en el país, y las
obras de extranjeros publicadas por primera vez en el país. Los extranjeros con
domicilio en el exterior gozarán de protección de esta Ley en la medida que las
convenciones internacionales, a las cuales Colombia está adherida o cuando sus
leyes nacionales aseguren reciprocidad efectiva a los colombianos.”
[8] En la Ley 23 de 1982 el artículo que regulaba esta materia y que
objeto de modificación es el 166 que reconoce el derecho exclusivo en cabeza de
los artistas, intérpretes o ejecutantes, o sus representantes, “de autorizar
o prohibir la fijación, la reproducción, la comunicación al público, la
transmisión, o cualquier otra forma de utilización de sus interpretaciones y
ejecuciones. En consecuencia, nadie podrá sin la autorización de los artistas
intérpretes o ejecutantes , realizar ninguno de los actos siguientes: A. La
radiodifusión y la comunicación al público de la interpretación o ejecución de
dichos artistas, salvo cuando ella se haga a partir de una fijación previamente
autorizada o cuando se trate de una transmisión autorizada por el organismo de
radiodifusión que transmite la primera interpretación o ejecución; B. La
fijación de la interpretación o ejecución no fijada anteriormente sobre un
soporte material; C. La reproducción
de una fijación de la interpretación o ejecución de dichos artistas en los
siguientes casos: 1) Cuando la interpretación o la ejecución se hayan fijado
inicialmente sin autorización; 2) Cuando la reproducción se hace con fines
distintos de aquellos para los que fueron autorizados por los artistas, y, 3)
Cuando la interpretación o la ejecución se haya fijado inicialmente de
conformidad con las disposiciones de esta Ley pero la reproducción se haga con
fines distintos de los indicados”.
[9] Este artículo es modificatorio del 172 de la Ley 23 de 1982 que preceptuaba: “El productor de un fonograma tiene el derecho de
autorizar o de prohibir la reproducción directa o indirecta del mismo. //
Entiéndese por el ejemplar ilícito el que, imitando o no las características
externas del ejemplar legítimo, tiene incorporado el fonograma del productor, o
parte de él, sin su autorización”.
[10] Este artículo prescribe lo siguiente: “En todos los casos en que una obra
literaria, científica o artística tenga por titular una persona jurídica o una
entidad oficial o cualquier institución de derecho público, se considerará que
el plazo de protección será de 30 años contados a partir de su publicación”.
[11] Esta protección tiene un tiempo igual en la legislación anterior.
Este mismo lapso estaba consagrado en el artículo 2° de la Ley 44 de 1993, modificatorio del artículo 29 de la Ley 23 de 1982.
[12] El artículo 29 de la Ley 23 de 1982 extendía la protección para
las personas jurídicas a un tiempo de treinta (30) años a partir de la fecha en
que tuvo lugar la interpretación o ejecución o la primera fijación del
fonograma, o la emisión de la radiodifusión. Por su parte, el artículo 2° de la Ley 44 de 1993, modificatorio del anterior, ampliaba dicho tiempo a cincuenta (50) años.
[13] Este artículo únicamente establecía una regla interpretativa,
según la cual “[l]a protección ofrecida por las normas de este capítulo no
afectará en modo alguno la protección del derecho del autor sobre las obras
literarias, científicas y artísticas consagradas por la presente Ley. En
consecuencia ninguna de las disposiciones contenidas en el podrá interpretarse
en menoscabo de esa protección”.
[14] En la ponencia para primer debate, se explica que estas tres
condiciones son agrupadas en un principio reconocido internacionalmente,
denominado “la regla de los tres pasos”.
[15] El artículo 2° de la Ley 1032 de 2006 disponía lo siguiente: “Violación
a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Incurrirá en prisión
de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis
(26.66) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo
las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y expresa del
titular de los derechos correspondientes: 1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra
de carácter literario, científico, artístico o cinematográfico, fonograma,
videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte,
almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta
o distribución, o suministre a cualquier título dichas reproducciones. // 2.
Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales,
fonogramas, videogramas, obras cinematográficas, o cualquier otra obra de
carácter literario o artístico. // 3. Alquile o, de cualquier otro modo,
comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes lógicos
u obras cinematográficas. // 4. Fije, reproduzca o comercialice las
representaciones públicas de obras teatrales o musicales. // 5. Disponga,
realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación,
fijación, ejecución, exhibición, comercialización, difusión o distribución y
representación de una obra de las protegidas en este título. // 6. Retransmita,
fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las
emisiones de los organismos de radiodifusión. // 7. Recepcione, difunda o
distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción”.
[16] “Cada operador de televisión
abierta y concesionario de espacios en los canales de cubrimiento nacional,
deberá cumplir trimestralmente los siguientes porcentajes mínimos de
programación de producción nacional:
a) Canales nacionales
De las 19:00 horas a las 22:30 horas (triple A), el 70% de
la programación será producción nacional.
De las 22:30 horas a las 24:00 horas, el 50% de la
programación será de producción nacional.
De las 00:00 horas a las 10:00 horas, el 100% de la
programación será libre.
De las 10:00 horas a las 19:00 horas el 50% será
programación de producción nacional.
PARÁGRAFO. En
sábados, domingos y festivos el porcentaje de producción nacional será mínimo
del 50% en horario triple A;
b) Canales regionales y estaciones locales.
En los canales regionales y estaciones locales, la emisión
de programación de producción nacional deberá ser el 50% de la programación
total.
Para efecto de esta ley se establecerán las siguientes
definiciones:
a) Producción Nacional. Se entiende por producciones de
origen nacional aquellas de cualquier género realizadas en todas sus etapas por
personal artístico y técnico colombiano, con la participación de actores
nacionales en roles protagónicos y de reparto. La participación de actores
extranjeros no alterará el carácter de nacional siempre y cuando, ésta no
exceda el 10% del total de los roles protagónicos;
b) La participación de artistas extranjeros se permitirá
siempre y cuando la normatividad de su país de origen permita la contratación
de artistas colombianos;
c) Coproducción. Se entenderá por coproducción, aquella en
donde la participación nacional en las áreas artística y técnica no sea
inferior a la de cualquier otro país.
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la
imposición de sanciones por parte de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), que según la gravedad y reincidencia pueden consistir en la suspensión del servicio por un período de tres (3) a seis (6) meses a la declaratoria de caducidad de la concesión respectiva sin perjuicio de las acciones judiciales a que haya lugar y del incumplimiento de la norma y principios del debido proceso”.
[17] Presentada por el Senador Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar y
el Representante a la Cámara Augusto Posada Sánchez.
[18] “Elementos básicos para la reflexión de la propiedad
intelectual en el contexto digital”. En: Los blogs jurídicos y la WEB 2.0 para la difusión y la enseñanza del Derecho, Ed. Gonzalo A. Ramírez Cleves.
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010, pp. 637 a 661.
[19] Ibíd. , p. 649.
[20] Sobre las diferencias entre los derechos morales y patrimoniales
de autor, véase la sentencia C-523 de 2009, en la que esta Corporación declaró
constitucional el artículo 247 de la Ley 23 de 1982.
[21] Sentencia C-334 de 1993.
[22] Ibíd. , p. 649.
[23] Ibíd. , p. 649.
[24] Ver sentencia C-228 de 1995, en la cual la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 61 y 62 de la Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1994”.
[25] Así lo han señalado las sentencias C-040 de 1994 y C-1139 de
2000.
[26] Artículo 2° de la Ley 23 de 1982.
[27] Lipszyc Delia, “Derechos de autor y Derechos Conexos”, Ediciones
Unesco Cerlalc, 1993. Citado en sentencia C-040 de 1994.
[28] Sobre el tema de la propiedad intelectual y los derechos de
autor, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-509 de 2004, C-1118 de
2005, C-750 de 2008,  C-523 de 2009, C-871 de 2010, entre muchas otras.
[29] En aquella oportunidad, la Corte debió estudiar la constitucionalidad de la Ley 397 de 1997 “Por
la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes
de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural,
fomentos y estímulo a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”. Esta Corporación decidió declarar exequible
la ley en cuanto a la forma de su expedición, pero declaró inexequible la
expresión “irrenunciable” contenida en el artículo 34. A partir de esta sentencia, la Corte ha sostenido que los derechos morales de autor son derechos
fundamentales, mientras que su dimensión patrimonial no ostenta tal rango.
[30] El carácter de derechos fundamentales de los derechos patrimoniales
de autor ha sido reiterado en varias ocasiones por la jurisprudencia de este
Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en las sentencias C-053 de 2001 y C-1118
de 2005, entre otras.
[31] En aquella oportunidad, la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de la Ley 617 de 2000 y la declaró exequible por el cargo de vicios de trámite en su formación al
haber sido aprobada en primer debate en la comisión primera y no en la comisión
cuarta de las cámaras legislativas del Congreso de la República.
[32] Sentencia C-540 de 2001.
[33] Ibíd.
[34] Ibíd.
[35] El artículo 142 de la Constitución señala que “La ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así como las materias de
las que cada una deberá ocuparse” [Nota a pie de página N° 5 en la sentencia
C-540 de 2001 de la cual se hace la transcripción textual].
[36] Sentencia C-540 de 2001.
[37] El criterio de flexibilidad en el control de constitucionalidad
por presuntos vicios derivados de la falta de competencia de las comisiones
permanentes del Congreso había sido previamente sentado en sentencias como la C-648 de 1997, en la que la Corte había señalado que: “[e]n aquellos casos en que las materias de
que trata un determinado proyecto de ley no se encuentren claramente asignadas
a una específica comisión constitucional permanente y, por ello, el Presidente
de la respectiva corporación asigne su trámite a la comisión que considere
pertinente, el respeto por el principio democrático exige que el juicio
efectuado por el mencionado funcionario deba ser respetado por el juez
constitucional, a menos que esa asignación de competencia sea manifiestamente
irrazonable por contravenir abiertamente las disposiciones del artículo 2° de la Ley 3ª de 1992. Sólo en ese evento el juez de la Carta podría sustituir la decisión del presidente del Senado de la República o de la Cámara de Representantes, decretando la inexequibilidad por vicios de forma
de la ley de que se trate”. En dicho fallo, la Corte decidió declarar exequible el capítulo II de la Ley 318 de 1996 por no presentar vicios
de forma. De igual manera, la Corte encontró ajustado a la Carta el Proyecto de Ley No. 001/99 Senado - 82/98
Cámara "Por la cual se concede una autorización a los contribuyentes
del impuesto predial unificado en el Distrito Capital" objetado por el
Presidente de la República, en consideración a lo siguiente: “La Corte observa entonces que el proyecto de ley objetado, se refiere a asuntos que
son de la incumbencia tanto de las comisiones primeras como de las terceras
constitucionales permanentes de las cámaras legislativas. En tal virtud, a fin
de decidir cuál de ellas es competente, no pudiéndose acudir al principio de
especialidad pues, como se ha visto, desde este punto de vista  ambas
comisiones tienen vocación para abocar inicialmente el estudio y debate del
proyecto objetado, resulta menester estarse a lo dispuesto por el parágrafo 2°
del artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, según el cual “cuando la materia de
la cual trate el proyecto de ley, no esté claramente adscrita a una Comisión,
el Presidente de la respectiva Cámara, lo enviará a aquella que, según su
criterio, sea competente para conocer materias afines”. De esta
manera, estima la Corte, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, que la
asignación hecha por el presidente de la respectiva cámara legislativa, tiene
la virtud de definir la competencia de la comisión que inicia el trámite, y a
esta decisión ha de estarse, salvo que sea irrazonable. Por lo tanto, las
comisiones primeras constitucionales de ambas cámaras, en virtud del reparto
que les fue hecho del proyecto bajo examen, reparto verificado de conformidad
con el parágrafo del artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, eran competentes para
dar primer debate al referido proyecto”.
[38] En esa oportunidad, la Corte declaró la
constitucionalidad del trámite que se dio al proyecto
de ley en estudio, pues consideró que la ley demandada tenía como finalidad
fundamental “regular el derecho de acceso al
crédito de vivienda así como ampliar las funciones de protección social de las
Cajas de Compensación”. En este sentido,
expuso que las comisiones séptimas de la Cámara y del Senado eran competentes para conocer de seguridad social, vivienda y familia y que “no existe ningún
argumento para sostener que la asignación de competencias financieras a las
Cajas de Compensación defina como contenido dominante de la ley la materia financiera
y que este contenido pueda primar sobre los temas sociales a los cuales, de manera
explícita, se refiere tanto el texto de la ley como su respectiva exposición de
motivos”.
[39] En sentencia C-306 de 2009, por su parte, la Corte manifestó de nuevo que el control de constitucional debía ser flexible con el fin de
respetar la decisión del presidente de la cámara legislativa correspondiente.
Conforme a ello, este Tribunal determinó que, dado que el proyecto de ley en
estudio contenía varios temas, dentro de los cuales se encontraban algunos referentes
al transporte, resultaba razonable su asignación a las comisiones sextas constitucionales
permanentes.
[40] Sentencia C-975 de 2002, en la que cita la sentencia C-540 de
2001.
[41] Sentencia C-792 de 2000, citada en C-975 de 2002.
[42] Sentencia C-792 de 2000.
[43] Este artículo dispone: “Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley
conforme a las siguientes disposiciones: // 3. Las acciones por vicios de forma
caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo
acto”.
[44] Folios 410 y siguientes del cuaderno principal del expediente.
[45] Gaceta del Congreso No. 75, martes 20 de marzo de 2012,
pág. 11. (Folios 174 y siguientes del cuaderno de pruebas remitido por el
Senado de la República).
[46] No desconoce la Sala que, tal y como lo ponen de presente algunos
de los intervinientes, el artículo 21, por ejemplo, regula una materia
diferente, cual es la de los porcentajes mínimos de televisación de
producciones nacionales, lo cual no implica que la materia dominante a lo largo
de la ley, no sea la de los derechos de autor.
[47] Así consta en el título de la ley y en su artículo 1° que
consagra el objetivo de la misma.