SU058-03
ANTECEDENTES
Sentencia SU.058/03
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional por vía de hecho judicial
RATIO DECIDENDI-Alcance
BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD LATO SENSU
ACCION DE TUTELA-Protección de derechos fundamentales/NORMA
INTERNACIONAL-Prevalencia
De acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución, toda persona tiene derecho a un recurso judicial para proteger
sus derechos constitucionales fundamentales contra violaciones cometidas por
“personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. Dicho recurso
corresponde a la acción de tutela, mientras el legislador no establezca otros
recursos que desarrollan el artículo 89 de la Carta. Ahora, como quiera que la
Constitución ha previsto la existencia de dicho recurso, el carácter prevalente
de la norma internacional se manifiesta en que la interpretación de la norma
constitucional habrá de hacerse de conformidad con lo dispuesto en la norma
internacional.
JUEZ DE TUTELA-Alcance de su intervención frente a vías
de hecho
TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO-Interpretación
del acuerdo de operación conjunta
OBLIGACION
CONTRACTUAL-Defecto
fáctico relacionado con su cumplimiento o incumplimiento
La existencia de un defecto fáctico, en
relación con la prueba del cumplimiento o incumplimiento de una obligación
contractual, supone que (i) existen pruebas decisivas sobre el cumplimiento o
incumplimiento y que (ii) existen problemas de valoración probatoria: el juez
no las tomó en consideración o que a partir de ellas arribó a conclusiones que
lógicamente no se derivan de las mismas. Es decir, que se dio como probado el
cumplimiento o el incumplimiento, cuando no lo estaban, o viceversa.
TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO-No incurrió
en defecto fáctico
La valoración de que no existían las
autorizaciones ambientales para explorar debe hacerse de acuerdo con las
obligaciones contractuales, pues estaba en discusión el incumplimiento del
contrato “acuerdo de operación conjunta”. Conforme entiende la Corte la
posición del Tribunal de Arbitramento, la obtención de las mismas correspondía
a CARBOANDES, sea porque fuera su obligación lograr la autorización o simplemente
la realización de los estudios para que SORIA los pudiera solicitar. En este
orden de ideas, no puede afirmarse que el Tribunal hubiese incurrido en defecto
fáctico, pues, en últimas, entendió que CARBOANDES confesaba que no había
cumplido.
SENTENCIA DEL
CONSEJO DE ESTADO-Incongruente
por incurrir en error de técnica judicial
Referencia: expediente T-509109
Acción de Tutela
instaurada por Carbones de los Andes S.A. (CARBOANDES) en contra del laudo
arbitral dictado el 25 de julio de 2001, por el Tribunal de Arbitramento
convocado por la Cámara de Comercio de Valledupar en el proceso de Carbones
Soria Ltda. contra Carbones de los Andes S.A.
Magistrado ponente:
Dr. EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos
mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Renteria,
Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Cordoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Clara
Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del Cesar y la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el
trámite de la Acción de Tutela instaurada por Carbones de los Andes S.A.
(CARBOANDES) en contra del laudo arbitral dictado el 25 de julio de 2001, por
el Tribunal de Arbitramento convocado por la Cámara de Comercio de Valledupar
en el proceso de Carbones Soria Ltda. contra Carbones de los Andes S.A
I. ANTECEDENTES
Hechos
1.  Para efectos de dar claridad a los
problemas jurídicos objeto de debate, primero se hará una descripción general
de los hechos ocurridos.  Luego se entrará a explicar el contenido de las
obligaciones contractuales que dieron origen al proceso arbitral demandado;
seguido de una exposición sobre laudo arbitral y la demanda de tutela.
2.  En el año de 1990, Carbones Soria Ltda.
(en adelante SORIA) celebró un contrato de mediana explotación carbonera con
CARBOCOL, en una zona carbonífera ubicada en el municipio de La Jagua de
Ibirico; contrato identificado como Contrato 056-90.  Debido a la creación de
ECOCARBON, esta entidad pasó a reemplazar a CARBOCOL en el contrato 056-90.
El día 6 de marzo de 1997 se celebró un
acuerdo entre SORIA y Carbones de los Andes S.A. (en adelante CARBOANDES), en
virtud del cual el primero cedía al segundo el 50% de sus derechos mineros en
una zona carbonífera (comprendida dentro del contrato 056-90) y estos se
obligarían solidariamente ante ECOCARBON.  Con posterioridad, el día 12 de
marzo de 1997 se firmó un acuerdo privado denominado “ACUERDO DE OPERACIÓN
CONJUNTA ENTRE CARBONES SORIA LTDA. Y CARBONES DE LOS ANDES S.A. –CARBOANDES-”,
que tenía por objeto “acordar las condiciones de ejecución del contrato 056-90
y determinar las obligaciones y derechos a cargo de cada una de las partes”.
Los anteriores acuerdos obligaron a la celebración del OTROSI n°2 al contrato
056-90, en virtud del cual  ECOCARBON autorizó la cesión parcial del contrato
056-90 de SORIA a CARBOANDES.  Dicho acuerdo fue registrado en el Registro
Minero el día 25 de febrero de 1998.
3.  El día 6 de diciembre de 1999, SORIA
solicitó a la Cámara de Comercio de Valledupar la convocatoria de un Tribunal
de Arbitramento para que se declararan resueltos, debido al incumplimiento de
CARBOANDES, los contratos de CESION DE DERECHOS, del 6 de marzo de 1997 y de
OPERACIÓN CONJUNTA del 12 de marzo de 1997.  El día 12 de enero de 2000,
CARBOANDES  contestó la demanda presentada por SORIA y presentó demanda de
reconvención en contra de SORIA, por considerar que ella había incumplido sus
obligaciones contractuales.  SORIA, por su parte, contestó la demanda el día 1
de febrero de 2000.
El 25 de julio de 2000, en la audiencia de
trámite n°11, el Tribunal de Arbitramento dictó laudo arbitral en el que se
declaró resuelto el “ACUERDO DE OPERACIÓN CONJUNTA”, se condenó a CARBONANDES
al pago de perjuicios y a ceder gratuitamente a SORIA los derechos que tiene en
el contrato 056-90, y se negó las pretensiones de la demanda de reconvención.
4.  CARBOANDES presentó demanda de nulidad
contra el anterior Laudo Arbitral.  Mediante providencia del 15 de febrero de
2001, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Valledupar negó las
pretensiones de CARBOANDES, salvo una, relativa a la no resolución del contrato
del 6 de marzo de 1997 sobre la cesión de derechos de SORIA  a CARBOANDES.
El día 8 de junio de 2001, CARBOANDES
presentó demanda de tutela en contra del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Comercio de Valledupar, el Tribunal de Arbitramento conformado para resolver
las demandas presentadas por SORIA y CARBOANDES y la Sala Civil-Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a fin de que se dejara
sin efectos el laudo arbitral del 25 de julio de 2000.  CARBOANDES alega, como
luego se explicará, que el Tribunal de Arbitramento incurrió en vía de hecho
por defecto fáctico, pues desconoció pruebas que demostraban que SORIA había
incumplido con sus obligaciones contractuales, en particular su obligación de
mantener vigentes los permisos administrativos (ambientales) para ejecutar el
contrato.
Demanda de resolución de los contratos,
demanda de reconvención y obligaciones contractuales.
5.  La demanda de SORIA contra CARBOANDES y
la demanda de reconvención de la última versan sobre el incumplimiento de
diversas obligaciones contractuales.  En el proceso de tutela no se cuestiona
directamente las decisiones del Tribunal de Arbitramento sobre el
incumplimiento de todas las obligaciones contractuales mencionadas por las
partes, sino que se limita a lo relativo a las autorizaciones ambientales para
la ejecución del contrato, estipuladas en el ACUERDO DE OPERACIÓN CONJUNTA.
Por lo tanto, el presente fallo se limitará a dicho punto.
5.1  Contrato 056-90 y OTROSI n°2.  El
contrato suscrito entre SORIA y CARBOCOL, contrato 056-90, estipulaba: “el
objeto del presente contrato es el desarrollo de un proyecto carbonífero en su
etapa de explotación”.  Por su parte, en el OTROSI, celebrado entre ECOCARBON
por una parte y SORIA y CARBOANDES, por la otra, se estipuló que el objeto del
acuerdo era aprobar la cesión parcial de derechos de SORIA a favor de
CARBOANDES, “objeto del Contrato N° 056-90 de mediana exploración-explotación
carbonífera con explotación anticipada, suscrito el 14 de marzo de 1990 y del
OTROSI n°1 al mismo, celebrado el 11 de julio de 1997, a los cuales corresponde
el Certificado de Registro Minero Nacional 90-0507-00066-05-00871-04”.
El OTROSI n°1 fue suscrito entre ECOCARBON
y SORIA.  En el contrato se estipulan las razones del mismo, en los siguientes
términos:
“…4. Que en reunión de la Junta Directiva
de ECOCARBON realizada el 30 de  Abril de 1996, se recomendó la modificación
del contrato 056/90, para efectos de disminuir el área contratada, autorizar la
realización de labores de exploración y ampliar la duración del contrato…”
En el acuerdo se fijó como objeto “la
realización por parte de EL CONTRATISTA (SORIA) de un proyecto carbonífero de
mediana minería, en sus etapas de exploración, construcción y montaje y,
explotación, en el área total que más adelante se describe…”.  En punto a las
obligaciones ambientales, se acordó:
“SEXTA: Autorizaciones Ambientales.-
16.1  El CONTRATISTA (SORIA) para la ejecución del proyecto, deberá ajustar su
actividad a la normatividad ambiental vigente.  En consecuencia, de acuerdo con
el Decreto 883 de 1997.  EL CONTRATISTA deberá adelantar los trámites y
gestiones que le permitan realizar las labores de exploración.  En el evento de
que la autoridad competente le efectúe exigencias relativas a la presentación o
complementación de los estudios ambientales del proyecto, deberá informar a
ECOCARBON sobre los mismos y mantenerla informada de los trámites que al efecto
surta ante la autoridad ambiental, sobre las autorizaciones, recomendaciones e
instrucciones impartidas y relacionadas con la ejecución del proyecto minero.
Las autorizaciones ambientales son requisito previo a la ejecución del presente
otrosi. 16.2 EL CONTRATISTA deberá entregar a ECOCARBON, copia de los estudios
y planes que sirvieron de base para el otorgamiento de las mencionadas autorizaciones,
con el fin de que ECOCARBON pueda ejercer sus funciones de control y vigilancia
del cumplimiento de las obligaciones contractuales”.
5.2  En el acuerdo de operación conjunta se
acordó que al operador (CARBOANDES) le correspondería realizar una serie de
estudios técnicos, económicos y ambientales –cláusula quinta-, mientras que al
asociado (SORIA) le correspondía mantener vigentes las autorizaciones mineras y
ambientales –cláusula sexta-:
“CLAUSULA QUINTA.  Estudios técnicos y
ambientales.  El OPERADOR realizará, a su costa, los estudios de carácter
técnico, económico y ambiental a que haya lugar para la cumplida ejecución del
contrato 056-90, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: el programa
de trabajos e inversiones definitivo (PTI), el plan de exploración geológica
(PEG), los estudios de ingeniería (hidrológico, hidrogeológico y geotecnia), la
cartografía necesaria, el estudio de impacto ambiental, los informes de
exploración y/o explotación, el cronograma de trabajos e inversiones, así como
los levantamientos topográficos mensuales y los de factibilidad
técnico-económica del programa de minería subterránea.
Los estudios mencionados, así como
cualquier otro que se requiera conforme a la ley, el contrato 056-90, o por
petición de autoridad competente, deberán realizarse dentro de los plazos y
oportunidades legales.  Si como resultado del incumplimiento de esta obligación
se imponen sanciones, serán asumidas por el OPERADOR.
Con el objeto de colaborar en la
elaboración de los documentos relacionados en la presente cláusula, el ASOCIADO
entregará al OPERADOR en forma inmediata toda la información técnica y
ambiental que posea sobre el área, incluidos los estudios de cualquier orden ya
realizados.
El OPERADOR realizará, con cargo a los 20
centavos de dólar de que trata la cláusula décima quinta, literal 2º.), los
estudios técnicos y exploración complementaria, que el Comité Operativo
determine como necesarios, y que no estén contemplados en el programa de
exploración geológica (PEG) y el programa de trabajos e inversiones (PTI),
aprobados por ECOCARBON LTDA.; y el plan de manejo ambiental aprobado por
Corpocesar.
CLAUSULA SEXTA.  Derechos mineros y
permisos ambientales.  El ASOCIADO asume, a su costa, la obligación de
mantener vigentes los derechos mineros y autorizaciones ambientales, así como
cualquiera otra autorización que se requiera conforme a la ley, para lo cual
llevará la representación de las partes frente a ECOCARBON LTDA., Ministerio de
Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Corporación Autónoma Regional y
ante cualquier otra autoridad competente.
Para el cabal cumplimiento de esta
obligación, el OPERADOR le suministrará toda la información de carácter técnico
y económico, así como los estudios e informes a que haya lugar.
El ASOCIADO deberá comunicar por escrito a
EL OPERADOR sobre las providencias judiciales y administrativas de cualquier
naturaleza, dentro de las 24 horas siguientes a su notificación.  Igualmente
deberá informar en el menor plazo posible sobre las comunicaciones que reciba
de las autoridades.  Se entenderá cumplida esta obligación con la comunicación
al Comité de Operación.
(…)
CLAUSULA NOVENA.  Pasivo ambiental.
El OPERADOR no responderá por el pasivo ambiental que existe a la fecha de
suscripción del presente contrato.  Para determinar las condiciones ambientales
y morfológicas en que se encuentra la zona, se realizarán visitas conjuntas
dentro de los 15 días siguientes a la firma del presente contrato, de las
cuales se dejarán actas suscritas por las dos partes.
El ASOCIADO deberá comunicar a EL OPERADOR
los requerimientos ambientales existentes a la fecha de la firma del presente
contrato, así como futuros requerimientos o providencias de cualquier
naturaleza expedida por las autoridades ambientales, dentro de la 24 horas
siguientes a su ocurrencia o notificación.  Se entenderá cumplida la obligación
con la comunicación al Comité de Operación”
5.3  Demanda de SORIA contra CARBOANDES.  En
punto a las obligaciones de SORIA en materia ambiental, la empresa señaló en su
demanda que “3.11. Pese al incumplimiento de CARBOANDES, mi poderdante ha
cumplido sus obligaciones contractuales.  Es así como ha mantenido vigentes los
derechos y las licencias ambientales que permiten la exploración de la mina;…
entregó en forma oportuna la documentación que señala la CLAUSULA QUINTA del
acuerdo de operación conjunta entre las partes de este proceso”.  Respecto de
las obligaciones de CARBOANDES, señala que la empresa demandada estaba obligada
a realizar los estudios previstos en la cláusula quinta y “3.5.2 Suministrar a
SORIA toda la información técnica y económica requerida para mantener vigentes
los derechos mineros y las autorizaciones ambientales. CLAUSULA SEXTA DEL
ACUERDO DE OPERACIÓN CONJUNTA”.
En punto al incumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte de CARBOANDES, SORIA señala que “3.9 A la
fecha de esta demanda, es decir, cuando han transcurrido mas de 30 meses de
firmados los contratos que relaciono… y mas 20 (sic) meses de registrada la
autorización de tales acuerdos, CARBOANDES no ha cumplido ninguna de las
obligaciones contractuales adquiridas”.
5.4  Contestación de la demanda por parte
de CARBOANDES.  En la contestación a la demanda presentada por SORIA,
CARBOANDES señala que los hechos narrados por SORIA no son ciertos e
inexactos.  Sostiene que “bastará decir que la pretendida lista de
incumplimientos no es cierta, y que por el contrario, el incumplido es Carbones
Soria Ltda.., por cuanto a manera de ejemplo, al 20 de octubre de  1999, ni a
otra fecha, Carbones Soria Ltda., no tenía Autorización Ambiental por parte de
Corpocesar para adelantar la exploración en el área del contrato 056-90; y no
consta que esa autorización haya sido obtenida;…”.
Mas adelante, en el capítulo dedicado a la
excepciones, CARBOANDES señala que:
“[presento las siguientes excepciones] 6.1
Contrato no cumplido por parte de Carbones Soria Ltda.  Se fundamenta esta
excepción en que el demandante no cumplió entre otras que se demostrarán en
este proceso, con la siguiente obligación…De la debilidad financiera que de
ello resulta nace la explicación de los demás incumplimientos que aparecerán
demostrados en el proceso además de los ya demostrados y de los que presento
bajo la forma de negaciones tanto definidas como indefinidas”.
5.5  Demanda de reconvención.  En la
demanda de reconvención CARBOANDES solicitó al Tribunal que, de manera
subsidiaria, declarara que SORIA no había cumplido con las obligaciones
estipuladas en la cláusula sexta del Acuerdo de Operación conjunta:
“2.2.3  Que se declare que Carbones Soria
Limitada incumplió la obligación pactada en la cláusula secta (sic) del
“Acuerdo de operaciones conjunta entre Carbones Soria Ltda.. y Carbones de los
Andes S.A. Carboandes”, en cuanto no obtuvo las autorizaciones allí mencionadas
requeridas para la explotación en el área del contrato 056-90 que menciónale
Acuerdo de operación conjunta.”
5.6  Contestación a la demanda de
reconvención.  SORIA se opuso a todas las pretensiones de la demanda de
reconvención.  En relación con la solicitud subsidiaria 2.2.3 de la demanda de
reconvención adujo que “la no obtención de esas autorizaciones es solo otra
fábula de las muchas que teje la contraparte en su afán de distraer la atención
sobre el meollo del asunto”.  Así mismo, frente al hecho que alega CARBOANDES
sobre la no obtención de las autorizaciones, SORIA señala que “No es cierto.
Que se pruebe.  Advierto: no es una negación indefinida y por lo tanto admite y
requiere prueba”.
Pruebas y alegatos de conclusión.
6.  Al proceso arbitral se aportaron
documentos, se realizaron testimonios, se solicitó auxilio de peritos y se
practicó una inspección en la sede empresarial de SORIA.  La Corte únicamente considerará
aquellas pruebas relacionadas con los asuntos medioambientales.
6.1  Pruebas documentales.  Entre las
pruebas documentales se encuentran las siguientes resoluciones, solicitadas por
el Tribunal de Arbitramento:
a) Resolución 324 del 1 de septiembre de
1995, proferida por CORPOCESAR:
“CONSIDERANDO
Que mediante concepto de fecha Diciembre 17
de 1993, la unidad de control ambiental de Corpocesar consideró que el Plan de
Manejo Ambiental presentado por CARBONES SORIA LTDA. “cumple con casi la
totalidad de los ítems solicitados por Corpocesar…”
Que en la actualidad, Jame Olivilla
Calderón, en su calidad de la empresa citada allegó la información
complementaria solicitada por la unidad de control ambiental.
Que la ingeniera ambiental y sanitaria de
Corporcesar con el aval de la subdirección técnica procedió al análisis de los
documentos técnicos aquí mencionados, conceptuando, que “al haberse cumplido
los requisitos queda aprobado el plan de manejo ambiental para la mina cerro
largo”.
Que las explotaciones carboníferas
adelantadas en el área del aporte N° 371 localizado en la Jagua de Ibirico
obtuvieron viabilidad ambiental  por parte del Ministerio de Minas y Energía en
junio 12 de 1991.  Una de las obligaciones atribuidas a los contratistas
mineros fue la de presentar sus respectivos planes de manejo ambiental.  De
igual manera la Corporación había requerido la presentación de dichos planes.
Que Corpocesar ejerce la función de máxima
autoridad ambiental.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aceptar el Plan de Manejo
Ambiental de la mina Cerro Largo de Carbones Soria Ltda..
ARTICULO SEGUNDO: Las obligaciones
ambientales que se derivan del citado plan deberán cumplirse estrictamente por
parte del titular del derecho minero.
ARTICULO TERCERO: CARBONES SORIA LTDA. deberá
obtener los permisos, concesiones, autorizaciones o similares que se requieran
para el aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
(…)
ARTICULO QUINTO: CARBONES SORIA LTDA. debe
presentar a Corpocesar, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria
de este proveído, el costo anual de las obras que pretende desarrollar conforme
a los planes aprobados.  Durante el mismo período deberá constituir a favor de
Corpocesar una póliza de garantía de cumplimiento, equivalente al 30% del costo
anual de dichas obras.  La póliza será renovada anualmente y tendrá vigencia
durante la vida útil del proyecto y dos años más…”
b) Resolución 156 del 25 de octubre de
1995, dictada por CORPOCESAR, mediante la cual se aprueba la póliza expedida
por Seguros Aseguradora Colseguros S.A., el día 6 de octubre de 1995.
c) Resolución 033 del 16 de  febrero de
1996, mediante la cual CORPOCESAR otorga un permiso de vertimiento a CARBONES
SORIA:
“RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar a la empresa
Carbones Soria Ltda., permiso de vertimiento de aguas de minería de la mina
Cerro Largo a la quebrada Santa Cruz, por un término de seis (6) meses
prorrogables previa verificación de cumplimiento….”
d)  Solicitud de términos de referencia del
Estudio de Impacto Ambiental a Corpocesar.  El día 20 de octubre de 1999, SORIA
solicitó a Corpocesar que indicara los términos de referencia para elaborar el
estudio de impacto ambiental, “con el objeto de obtener la Autorización
Ambiental que dé viabilidad para la ejecución de los trabajos exploratorios
contemplados en el Programa de exploración geológica (P.E.G.) y que hacen parte
del Otrosí N°1 al contrato 056-90 suscrito entre ECOCARBON y la empresa
CARBONES SORIA LTDA.”.  Como soporte de dicha solicitud, SORIA adujo las
resoluciones antes mencionadas.
e)  Carta dirigida por Enrique López Lozano
–Representante técnico asociación Carbones Soria Ltda.-Carboandes S.A., a
CARBOANDES Y SORIA, el día 3 de febrero de 2000.  En esta carta, el señor López
pone a las partes “en conocimiento de los plazos para la entrega de los
respectivos compromisos contractuales”.  En punto a las licencias y
autorizaciones ambientales informa:
“CORPOCESAR
El próximo 29 de febrero del 2000 vence al
plazo para entregar el PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL para obtener la autorización
para realizar la exploración minera en la mina Cerro Largo.  Lo anterior con
base en la notificación del 30 de diciembre de 1999 en donde mediante el Auto
No. 119 de Corpocesar se hace entrega de los Términos de Referencia par la
elaboración del mencionado estudio.”
6.2  Pruebas testimoniales.  Unicamente se
trascribirán apartes de algunos testimonios, mencionados por las partes en sus
alegatos ante las distintas instancias judiciales.
a) Testimonio de Enrique López Lozano,
representante técnico (de SORIA y CARBOANDES) del contrato 056-90 ante
MINERCOL.  “…PREGUNTADO.  Según resolución sin número legible de CORPOCESAR,
del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis y que trata de un
permiso de vertimiento de aguas CARBONES SORIA LIMITADA debía presentar planos
de diseño de laguna de sedimentación y cronograma de actividades de
construcción de canales de sedimentación.  Tenga la amabilidad de decirle al
Tribunal, lo que le conste sobre esos requerimientos y si se dio cumplimiento a
los mismos.  CONTESTO. Si me consta, y si se dio cumplimiento a los
requerimientos y por eso fue aprobado el permiso de vertimiento por seis
meses.  PREGUNTADO.  Qué pasó después de los seis meses que usted menciona.
CONTESTO.  Se está en mora por parte de la Mina de actualizar el permiso de
vertimiento, previo cumplimiento de las exigencias que haga CORPOCESAR, de
acuerdo al tamaño o volumen de las actividades que comiencen nuevamente.  Hay
que volver hacer (sic)  el trámite de vertimiento porque ha estado paralizado.
PREGUNTADO.  En su opinión con excepción del permiso acabado de mencionar están
o no están vigentes la totalidad de los permisos y licencias ambientales que
requiere la explotación de las minas (sic) Cerro largo.  CONTESTO.  Para la
explotación está vigente el plan de manejo ambiental.  Para la exploración ya
se solicitó ante CORPOCESAR los términos de referencia para presentar el debido
plan que autorice ambientalmente la exploración del Contrato 056-90”.
b)  Testimonio de Jaime Olivilla Celedón
–Representante legal de SORIA-. “…PREGUNTADO.  Diga e informe al Tribunal todo
lo que le conste sobre la obligación de CARBONES SORIA LIMITADA que aparece en
la cláusula SEXTA del documento ya mencionado [Acuerdo de operación
conjunta]…CONTESTO. Los derechos mineros y permisos ambientales CORBONES SORIA
los ha mantenido vigentes como consta en los documentos allegados al expediente
en el momento de iniciarse este proceso. No 4. PREGUNTADO. Diga e informe al
Tribunal la fecha precisa en la cual se obtuvieron, si es que se obtuvieron,
las autorizaciones de que trata la pregunta anterior.  CONTESTO.  No puedo
recordar exactamente esas fechas pero están en los documentos que se anexaron y
que se pueden entregar en caso necesario…19. PREGUNTADO.  Diga como es cierto,
si o no, como yo afirmo que si es cierto [interroga el apoderado de
CARBOANDES], que CARBONES SORIA LIMITADA, no ha dado o presentado las
informaciones de que trata el último inciso de la CLAUSULA SEXTA del CONTRATO
DE OPERACIÓN CONJUTA…CONTESTO.  Lo que el doctor afirma no es cierto. Las
providencias judiciales todas reposan en CARBOANDES, las copias están en
CARBOANDES en manos del Asesor jurídico, doctor…, porque yo se las enviaba las
providencias administrativas emanadas de las autoridades mineras salen
directamente a CARBOANDES y a CARBONES SORIA como titulares conjuntos del
contrato 056-90 porque está inscrito a nombre de CARGONES SORIA Y CARBOANDES.
20.  PREGUNTADO.  Considera usted, si o no que los temas tratados en la
CLAUSULA SEXTA del contrato… son serios o por el contrario puedo uno referirse
a ellos con el calificativo de “FABULA”…CONTESTO.  No es fábula.  El honorable
Tribunal de Arbitramento (sic) se presentaron los documentos, certificación de
Minercol y certificación de Corpocesar de permisos ambientales”.
c)  Testimonio de Jhonny Alfonso Hernández
Igirio –Gerente de Fiscalización Minera en MINERCOL (Empresa que sucedió a
ECOCARBON). “PREGUNTADO.  Sírvase decirnos lo que le conste en relación con la
ejecución del mencionado acuerdo [Operación conjunta]. CONSTESTO.  En el
seguimiento que se ha hecho por parte de la Gerencia de Fiscalización se ha
establecido que CARBOANDES no ha hecho ningún trabajo de exploración, no ha
presentado los estudios correspondientes, ni ha presentado hasta la fecha el
informe final de exploración y actualmente está corriendo el término para
presentar el programa de trabajos e inversiones que define la etapa de
construcción y montaje y como se va a ejecutar la etapa de explotación.
PREGUNTADO.  Sírvase decirnos cuales son las obligaciones de CARBONES SORIA en
el mencionado Acuerdo.  CONTESTO.  En el acuerdo se estableció que SORIA se
comprometía a adelantar las gestiones administrativas para presentar los
informes como cotitular con CARBOANDES.  PREGUNTADO. Sírvase decirnos si
CARBONES SORIA cumplió o no con dicha obligación. CONTESTO. Ha cumplido
parcialmente, porque su cumplimiento como cotitular depende de la ejecución del
proyecto por parte de CARBOANDES, SORIA ha solicitado incluso la suspensión de
término del contrato, teniendo en cuenta que CARBOANDES hasta ahora no ha
operado la mina… [Interroga el apoderado de CARBOANDES] PREGUNTADO.  Doctor
Hernández, cuéntele al Tribunal que le consta del incumplimiento de las
obligaciones de CARBONES SORIA de reestructurar sus obligaciones financieras y
mantener vigentes licencias, permisos, pólizas ambientales asumida (sic) en el
Acuerdo de Operación Conjunta. CONTESTO.  Bueno, mi responsabilidad está
limitada a verificar el cumplimiento de las obligaciones mineras, pero nunca a
establecer el cumplimiento de obligaciones entre las partes que no correspondan
o no tengan una directa relación con la operación minera.  En cuanto a las
obligaciones ambientales, SORIA había cumplido las obligaciones (sic)
establecidas en el contrato original, pero por el Acuerdo privado, CARBOANDES
se había obligado a adelantar los correspondientes estudios ambientales ante la
autoridad competente”.
7.  Alegatos de conclusión.  El día 21 de
junio de 2000, las partes presentaron sus respectivos alegatos de conclusión.
7.1  Argumentos de SORIA.  “… La demandada
dice que no cumplió sus obligaciones por carencia de licencia estado ésta
acreditada.  Ahora si la mina no registra ninguna actividad, que (sic) sentido
tiene la alegación de que esos permisos se obtuvieron? (sic) Acaso lo que se
acredito no es lo contrario, es decir, que no obstante, que las licencias
administrativas fueron oportunamente concedidas, CARBOANDES no ha movido un
metro de tierra, y es tan cierto que SORIA cumplió sus obligaciones, que el
mismo deponente al responder una pregunta del apoderado de la demandada, afirma
tener constancia directa de que SORIA cumplió en forma puntual todos lo
requerimientos técnicos necesarios a la obtención de la licencia y al
cumplimiento de las condiciones establecidas en ella.. El doctor JHONY
HERNANDEZ a folio 213 manifiesta que en un seguimiento hecho por parte de la
Gerencia de Fiscalización, se ha establecido que CARBOANDES, no ha hecho ningún
trabajo de exploración, no ha presentado los estudios correspondientes, ni ha
presentado el informe final de exploración y actualmente está corriendo el
término para presentar el Programa de trabajo de inversiones.  Pero el asunto
es aún más disiente, al interrogársele sobre las obligaciones de CARBONES SORIA
y su cumplimiento, respondió: ‘Ha cumplido parcialmente porque su cumplimiento
como cotitular depende de la ejecución del proyecto por parte de CARBOANDES,
SORIA incluso ha solicitado una suspensión del término del contrato teniendo en
cuenta que CARBOANDES hasta ahora no ha operado la Mina’…”
7.2  Argumentos de CARBOANDES. “Veamos los
hechos que están demostrados en el proceso:…SEXTO, que SORIA no entregó a
CARBOANDES ni obtuvo autorización ambiental oportuna, de acuerdo con los plazos
previstos por la autoridad minera MINERCOL, para iniciar el desarrollo de las
labores de exploración, no explotación, en el área del Contrato 056-90 y
tampoco mantuvo vigente la autorización de vertimiento de la Mina, según
manifestación ésta última del Representante técnico”.
Laudo arbitral
8.  Mediante decisión del día 25 de julio
de 2000, se dictó el Laudo Arbitral.  El Tribunal partió de la necesidad de
comprender cual era la intención de las partes, para lo cual se apoyó en las
pruebas documentales y los testimonios recopilados en el proceso. En punto a las
obligaciones ambientales, considera probado que SORIA cumplió con sus
obligaciones, mientras que CARBOANDES no desplegó actividad alguna como
OPERADOR en el contrato de OPERACIÓN CONJUNTA.  Estima, además, que la
información suministrada por CORPOCESAR es prueba suficiente de la diligencia
de SORIA:
“E) Con los documentos auténticos remitidos
al proceso por CORPOCESAR relacionados en el ordinal DECIMO PRIMERO
[resoluciones 324 de 1995, 033 de 1996 y 156 de 1995] del capítulo anterior se
demuestra que SORIA LTDA. cumplió con su obligación de mantener al día sus
permisos ambientales.  El incumplimiento de tal obligación por parte de SORIA
LTDA. es prédica no demostrada de CARBOANDES S.A. y en manera alguna constituye
negación indefinida ya que ese incumplimiento puede probarse con
certificaciones de los entes respectivos.
Es mas, al plantear la excepción de
contrato no cumplido en la contestación de la demanda, se afirmó que los
incumplimientos se probarían en el proceso, demostración en pro de la cual
CARBOANDES S.A. no adelantó gestión procesal alguna y que de todas maneras se
contradice con las copias remitidas por CORPOCESAR a este proceso.
(...)
A fls. 219 y stes. se encuentra el acta de
la inspección judicial.  Sobre su contenido el Tribunal hace las siguientes
precisiones:
x)  Los documentos aportados en la misma no
permiten afirmar que SORIA LTDA. haya incurrido en incumplimientos
contractuales que permitan desestimar los incumplimientos que a su ves predica
de su contraparte.  Ello porque solo el primer documento, esto es la solicitud
del término de referencia de E.I.A., presentado en fotocopia simple, está
suscrito por SORIA LTDA. y de su contenido no se deriva certeza de
incumplimiento alguno”. [Esta solicitud fue presentada en octubre de 1999].
Demanda de tutela
9.  El día 8 de junio de 2000, CARBOANDES,
por intermedio de su representante legal, interpuso, ante el Tribunal
Administrativo del Cesar, acción de tutela contra el anterior laudo arbitral.
Alega que se violaron sus derechos fundamentales al debido proceso y “al acceso
a la recta administración de justicia”.
En su concepto, está probado que “SORIA no
contaba con los permisos y autorizaciones ambientales necesarios para exploración
del área del contrato 056-90, suscrito entre CARBOANDES Y SORIA, por una parte,
y ECOCARBON (hoy MINERCOL LTDA), por otra; y en general no tenía estos permisos
al día”.  Ello se desprende del documento remitido por Enrique López Lozano a
SORIA y CABOANDES (ver numeral 6.1 literal e) de esta sentencia), así como de
su testimonio (ver numeral 6.2 literal a) de esta sentencia).  Este hecho fue
alegado por CARBOANDES en sus alegatos de conclusión.
Las certificaciones otorgadas por
CORPOCESAR, únicamente se referían a la explotación, pues las autorizaciones
ambientales fueron otorgadas antes de firmarse el otrosí n° 1, que incluía la
exploración.
El Tribunal de Arbitramento desconoció que
la cláusula sexta del contrato de operación conjunta imponía a SORIA la
obligación de mantener vigentes las autorizaciones ambientales, “así como
cualquiera otra autorización que se requiera conforme a la ley”.  El artículo 1
del decreto 1481 de 1996 establece que para ejecutar labores de exploración, el
contratista deberá allegar “la aprobación del plan de manejo ambiental”.  Como quedó
probado en el proceso, en octubre de 1999, SORIA solicitó a CORPOCESAR que le
remitiera los términos de referencia para elaborar el Estudio de Impacto
Ambiental “para realizar exploración minera en la mina Cerro Largo”.  Respecto
de este documento, el Tribunal adujo que “de su contenido no se deriva certeza
de incumplimiento alguno”.
Así, “la autoridad ambiental podría
certificar si una licencia o Plan de Manejo Ambiental está al día con respecto
a un procedimiento administrativo interno, pero no le es fácil precisar si está
a tiempo con las obligaciones de una persona con respecto a una obligación
contractual con terceros o con el Estado.  En el asunto materia de controversia
no se podía iniciar la etapa de exploración sin la Autorización Ambiental previa
de CORPOCESAR, y es el Representante Técnico quien en prueba documental
aportada por CARBOANDES al proceso comunica que se ha agotado el plazo de 12
meses para explorar (1 de diciembre de 1999, un año después del
perfeccionamiento con el Registro del Otrosí No. 1 del contrato estatal minero
056-90) y no se cuenta aun con la respectiva autorización.  No se trata de
estar al día con CORPOCESAR, y por ello cualquier certificación de su parte
sólo sería un elemento, de lo que se trata es de estar al día en las
obligaciones con MINERCOL”.
De lo anterior se colige que el Tribunal
incurrió “por omisión y/o falsa apreciación de las pruebas en una evidente vía
de hecho por defecto fáctico, ya que carecía de cualquier apoyo probatorio que
le permitiera aplicar a CARBOANDES el supuesto legal de su exclusivo
incumplimiento y la consiguiente pena, cuando era ineludible declarar la
excepción de contrato no cumplido aducida por CARBOANDES”.
Respuesta de SORIA.
10.  Por intermedio de su representante
legal, SORIA expuso las razones por las cuales se oponía a las pretensiones de
la demandad de tutela.  Señala que CARBOANDES ha tergiversado los hechos del
proceso.  En primer lugar, explica lo relativo a las cláusulas quinta y sexta
del acuerdo de operación conjunta.  La cláusula quinta (ver numeral 5.2 de esta
sentencia) dispone que al OPERADOR le corresponde realizar los “estudios de
carácter técnico, económico y ambiental a que haya lugar para la cumplida ejecución
del contrato 056-90”.  El representante de SORIA explica que “EL OPERADOR
señora magistrado no es otro que CARBOANDES S.A…. y para empezar a destruir
sofismas de los que contiene la demanda de tutela, dejemos en claro que el PTI,
el PEG y todos los estudios de impacto ambiental y manejo ambiental que la
demanda de tutela alega son incumplimientos de SORIA LTDA., son por virtud de
la cláusula transcrita responsabilidad primigenia de CARBOANDES S.A. quien
tiene la obligación contractual expresa de realizarlos.  De manera que por este
solo aspecto, si es cierta la inexistencia de licencias y permisos ambientales
que CARBOANDES S.A. predica, esa carencia es incumplimiento contractual suyo y
no de SORIA LTDA”.
En relación con la cláusula sexta (ver
numeral 5.2 de esta sentencia), que el demandante recuerda en el escrito de
tutela, SORIA explica que:
“Las normas contractuales señaladas
implican para CARBOANDES S.A. un dilema probatorio que se resuelve en dos
alternativas, cualesquiera de las cuales hace válido el laudo en contra de las
pretensiones del tutelante.  Lo digo porque el contrato no deja posibilidad
diversa a la de concluir que si los permisos administrativos que se echan de
menos se obtienen con base en los estudios técnicos, económicos y ambientales
que haga previamente CARBOANDES S.A., la inexistencia de licencias que se
predica solo puede ser efecto de una de dos causas: o bien esos estudios no
fueron hechos, o bien SORIA LTDA. no obtuvo los permisos pese a que CARBOANDES
S.A. suministró oportunamente los estudios.  Si lo primero hay incumplimiento
contractual de CARBOANDES S.A. que exonera a SORIA LTDA de toda responsabilidad
y si lo segundo, CARBOANDES S.A. tenía que demostrar en el proceso el
cumplimiento por su parte de la etapa previa de estudios, tal como se lo impone
la cláusula QUINTA”.
Por otra parte, SORIA explica aspectos
relacionados con el Programa de trabajo e inversiones (PTI), que SORIA tenía
vigente antes de que suscribiera el contrato con CARBOANDES.  Dicho programa,
señala SORIA, no pueden ser aprobados sin que se acredite “las licencias
ambientales de CORPOCESAR”, que son necesarias para hacer el estudio geológico,
base del PTI.  Es decir, “SORIA LTDA. tenía al día todos los requisitos y
documentos requeridos para desarrollar la explotación de carbón en forma
inmediata”.
Nuevos argumentos de CARBOANDES
11. Una vez SORIA remitió al a-quo
su respuesta, CARBOANDES presentó un escrito en el cual expresa su opinión
sobre el escrito de SORIA.  Señala que el “el encadenamiento de incumplimientos
mutuos” es materia del proceso arbitral y no de la tutela, pues únicamente
pretende que se discuta lo relativo al defecto fáctico.
En relación con los términos de referencia,
indica que para su solicitud no eran necesarios estudios, sino una carta, como
la enviada, “inoportunamente”, el 20 de octubre de 1999.
En cuanto al otrosí No. 1 del contrato
056-90, en el cual se hace mención al PTI (y que SORIA considera es prueba de
su diligencia), CABOANDES recuerda que el mismo otrosí exige (cláusula 16.1)
ponerse al día con las normas vigentes en materia exploratoria.  Dicha
obligación no sólo era contractual, sino legal.
Posteriormente CARBOANDES presentó un
escrito ante el a-quo, en el que reitera su posición.
Sentencia de primera instancia.
12. Mediante providencia del 27 de junio de
2001, el Tribunal Administrativo del Cesar negó la tutela.  En concepto del
Tribunal, “no se aprecia en su texto [se refiere al Laudo Arbitral] conducta
alguna arbitraria o caprichosa por parte de los árbitros que la suscriben.  Por
el contrario lo allí dilucidado aparece debidamente motivado tanto en el
aspecto fáctico como en el jurídico”.  A lo anterior agrega que no toda
irregularidad en el proceso resulta de la entidad suficiente para que prospere
una acción de tutela.  Así, “las interpretaciones que de las normas y del
estudio de las pruebas que hagan los jueces, por si solas no constituyen vía de
hecho”.
Finalmente, señala que el demandante
instaura la acción de tutela como mecanismo transitorio, pero no hace análisis
alguno sobre el perjuicio irremediable al cual se enfrentaría.
Impugnación de CARBOANDES
13. CARBOANDES presentó escrito de
impugnación en contra de la decisión del a-quo.  En su concepto, el Tribunal
Administrativo del Cesar no entró a resolver la cuestión litigiosa, pues nunca
analizó si los árbitros incurrieron en omisión al apreciar las pruebas:
·
No apreció las pruebas
sobre inexistencia de autorización ambiental para explorar y que no estaba
vigente el permiso para vertimiento de aguas
·
No “examinó concreta
y específicamente si era falsa o no la apreciación de la prueba por parte
de los árbitros en el laudo”, de manera que no pudo establecer, como lo ha
señalado la Corte Constitucional, si existió relación entre lo probado y lo
decido.
14.  Una vez radicado el proceso ante el
Consejo de Estado, CARBOANDES presentó, el 16 de agosto de 2001, nuevo escrito,
en el cual se hacen precisiones sobre el objeto del debate.
Luego de una presentación sobre los
pormenores del contrato y su ejecución, el apoderado de CARBOANDES inicia su
análisis de la supuesta vía de hecho en los siguientes términos:
“Como se expuso
en la demanda de tutela, la sociedad que represento, al ser demandada por
Carbones Soria, planteó la excepción de contrato no cumplido por el demandante,
alegando la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, debido a la ausencia
de las licencias y permisos ambientales, cuyo trámite correspondía a Carbones
Soria”
El origen de dicha obligación eran las
cláusulas sextas del acuerdo de operación conjunta y del otrosí nº1 al contrato
056-90 (Ver numerales 5.1 y  5.2 de esta sentencia).  Según entiende
CARBOANDES, la ejecución del contrato dependía de la obtención de las
autorizaciones ambientales, hecho que, “inexplicablemente, no fue tenido en
cuenta por el Tribunal de Arbitramento”.  De otra parte, el Decreto 1481 de
1996 (el otrosí nº1 hace referencia al decreto 883 de 1997, que fue anulado por
el Consejo de Estado) dispone que para realizar trabajos de exploración
ambiental es obligatorio obtener “la aprobación del plan de manejo ambiental” y
para la explotación “la correspondiente licencia ambiental” (art. 1).  El
otrosí exigía autorizaciones ambientales, razón por la cual era imposible
realizar labores de exploración, explotación, explotación anticipada o
montaje.  Por lo tanto, era imposible, así mismo, que CARBOANDES adelantara las
labores pactadas.
Respecto a la decisión del Tribunal, apunta
que éste “desechó la prueba, obrando en horma absolutamente arbitraria y
caprichosa, abusando de la discrecionalidad que la ley le confiere al juzgador
en la apreciación de la prueba, incurriendo así en conducta constitutiva de vía
de hecho”.  Lo anterior, por las siguientes razones:
·
No era cierto que
correspondía a CARBOANDES probar que las autorizaciones fueran inexistentes o
vencidas, pues (i) era una negación indefinida y (ii), en todo caso la carga
pesaba sobre SORIA y “tampoco habría razón para sostener que este
incumplimiento por parte de Soria no se había probado, pues dentro del
expediente obraban documentos y declaraciones que acreditaban la conducta
omisiva de Carbones Soria”.
·
Las autorizaciones
ambientales que certificó CORPOCESAR, corresponden a actuaciones anteriores al
otrosí nº1, que exigía el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Este otrosí sólo entró a operar en noviembre de 1998.
·
El Tribunal privilegió
el testimonio del señor Olivella, representante de Soria, por encima de la
declaración de Enrique López Lozano, que era un “testigo cualificado”.
·
Finalmente “sobra
decir, que el Tribunal tampoco se preocupó por determinar si los permisos
estaban o no vigentes. Le bastó con la aportación de unos documentos que ni
siquiera examinó”.
15. El día 23 de agosto de 2001, nuevamente
el apoderado de CARBOANDES presenta un escrito dirigido a precisar sus
argumentos. En dicho documento hace alusión al contenido de la demanda de SORIA
contra CARBOANDES, en la que la primera dice que cumplió con su obligación de mantener
vigentes los derechos y las licencias ambientales que permiten la explotación
de la mina. El apoderado de CARBOANDES concluye de lo anterior que, en
consecuencia, SORIA era consciente de la inexistencia de licencias para
exploración.  Reitera, además, que no es cierto que tales licencias estuvieran
vigentes.
16. El día 28 de agosto de 2001, por
tercera ocasión, el apoderado de CARBOANDES presente un escrito al Consejo de
Estado. En esta oportunidad remite copia de la comunicación enviada por MINERCOL,
el día 16 de agosto de 2001, a SORIA y a CARBOANDES.  En dicho documento
MINERCOL señala que “el contratista no ha allegado las copias de los
respectivos permisos de la autoridad ambiental para adelantar los trabajos de
exploración geológica ni para la ejecución dela minería anticipada”.
Escrito de SORIA ante el Consejo de Estado.
17. El día 27 de agosto de 2001, SORIA, por
intermedio de su representante legal, presentó una constancia de MINERCOL, de
la cual desprende que lo afirmado por el demandante en el proceso de tutela es
falso.  Dice el memorialista:
“...constancia anexa... de la cual se
desprende:
1. Que el Programa de Trabajos e
Inversiones –P.T.I. de minería anticipada si está aprobado y no se puede alegar
para su no ejecución la falta de permisos ambientales.
2. Que no se podía ejecutar la etapa de
exploración hasta tanto no se tuviera el plan de manejo ambiental para la
exploración aprobado por la autoridad competente, que fue radicada en
CORPOCESAR el 19 de junio del año 2001, y remitido a MIERCOL LTDA. Bogotá, el
27 de junio del año 2001...”
Sentencia del ad-quem.
18. La Sección Quinta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante providencia del 31
de agosto de 2001, confirmó la decisión del a quo.  En su concepto, la tutela
resulta improcedente pues no admite la posibilidad de que se interpongan
tutelas en contra de providencias judiciales, aún tratándose de vías de hecho.
El siguiente es el análisis del ad-quem:
“De manera que la tutela interpuesta
resulta improcedente, pues esta Sección invariablemente ha sostenido la
improcedencia de esa acción respecto de las providencias judiciales, aún antes
de que la Corte Constitucional declarara inexequibles los artículos 11, 12 y 40
del Decreto 2591 –en la sentencia C-543 de 1992-, que sí lo permitían.  La
citada Corporación mantiene criterio exceptivo a la improcedencia de la acción
de tutela respecto de providencias judiciales, en cuanto considera que sí
procede ese mecanismo cuando éstas contienen decisiones que pueden catalogarse
de vías de hecho.
Esta la [sic] Sala no comparte el anterior
criterio, pues, como lo ha dicho ya en otras oportunidades, considera que su
aceptación implica el desconocimiento de los principios de la cosa juzgada, la
seguridad de las decisiones judiciales, e incluso, de la independencia de los
jueces, consagrada en el artículo 228 de nuestra Constitución. Así, en
sentencia de marzo 4 de 1999, con ponencia del Consejero Doctor Roberto Medina
López, la Sección señaló:
“Las decisiones
de los jueces no se pueden discutir dentro del proceso breve y sumario
establecido para el ejercicio de una acción de tutela, no solamente por la
autonomía que respalda al juez al dictarlas, sino porque existen los
procedimientos genuinos para controvertirlas. Con esta somera consideración se
destacan los sencillos instrumentos usuales y regulares de que dispone la
propia rama judicial para solucionar toda suerte de discrepancias internas y
externas que son de su competencia y para solucionar los atropellos de los
funcionarios judiciales”
En esta forma, la Sala confirmará la
sentencia impugnada.”
Documentos allegados ante la
Corte Constitucional
19. SORIA y CARBOANDES, por intermedio de
sus apoderados, presentaron ante la Corte Constitucional argumentos adicionales
a los expuestos. El primero, aduce que, de conformidad con la cláusula sexta
del contrato “acuerdo de operación conjunta”, correspondía a CARBOANDES
realizar los estudios necesarios para obtener las autorizaciones ambientales
para exploración. Así mismo, que de acuerdo con la normatividad aplicable a su
caso, debe entenderse vigente la autorización ambiental para explotar.
CARBOANDES, por su parte, presentó un estudio
realizado por una firma de consultoría jurídica, que concluye que las
autorizaciones ambientales no estaban vigentes y que, por lo mismo SORIA
incumplió con sus obligaciones.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia
20. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos
33, 34 y 35 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar
las sentencias de la referencia.
Presentación
preeliminar
21. Para efectos de dar claridad y orden a
la presente sentencia, la Corte Constitucional abordará en primera medida la
revisión de la decisión de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso -
administrativo del Consejo de Estado, pues en ella no se realiza análisis alguno
sobre el problema jurídico planteado por el demandante.  Una vez resuelto dicho
punto, se entrará a estudiar el conflicto jurídico –alegada vía de hecho por
defecto sustantivo- del caso y, por lo mismo, en dicho momento se planteará el
respectivo problema que abordará la Corte Constitucional.
Sentencia del ad-quem.
22. En el presente caso, la Sección Quinta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dictado
una providencia judicial que confirma la decisión del a quo. De las consideraciones
de dicha decisión se observa que el ad quem no realizó análisis de fondo
sobre el objeto de la demanda.
Por otra parte, la sección quinta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado considera que la
acción de tutela no procede contra decisiones judiciales. Apoya su respetable
posición en la interpretación particular de la Constitución y en la sentencia
C-543 de 1992.  La tesis de la sección quinta resultaría admisible si en la
sentencia C-543 de 1992 la Corte Constitucional hubiese prohibido que contra
decisiones judiciales procediera la tutela. Lo anterior, por cuanto una vez la
Corte Constitucional ha fijado su posición, como máximo y superior intérprete
de la Constitución (C.P. art. 241), en una decisión con efectos erga omnes,
no le es dable a otra autoridad apartarse de su postura[1], habiendo
operado la cosa juzgada constitucional[2].
Por lo tanto, la Corte Constitucional
deberá (i) analizar la postura del ad quem y (ii) definir cuál es la
decisión, si la posición no es aceptable, que debe adoptarse frente a la
sentencia seleccionada para revisión por parte de la Corporación.
Alcance de la tutela y tutelas contra
providencias judiciales que constituyan actuaciones de hecho.
23. Al explicar el objeto y alcance del
mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales –tutela-,
la Corte, en la aludida sentencia C-543 de 1992 -que la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado invoca en la
decisión que se revisa-, señala que ella procede únicamente contra “situaciones
de hecho” de las autoridades públicas:
“En otros términos, la acción de tutela ha
sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de
lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del
ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a
circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el
afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente
a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental.” (Negrilla en
el original).
La Corte, en dicha oportunidad, restringió
el alcance de la acción de tutela para que únicamente procediera contra
determinadas clases de actuaciones de las autoridades públicas. Las actuaciones
que no se pueden reputar como “situaciones de hecho creadas por actos u
omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental”,
están vedadas al control judicial constitucional por vía de tutela. De manera
consistente con esta interpretación del artículo 86 de la Constitución, la
Corte, en punto a la tutela contra providencias judiciales, precisó:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa
que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta
para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991).   En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.” (Negrillas en el original).
Es decir, la Corte claramente admitió que
la tutela procede contra determinadas actuaciones u omisiones de los jueces que
violen o amenacen derechos fundamentales. No existe duda sobre este punto, pues
la Corte, a manera de ejemplo, indica que “ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales”.
Con todo, el Consejo de Estado sostiene que
la autorización que hiciera la Corte Constitucional para que procediera la
tutela contra tales actuaciones de hecho, no es vinculante, habida
consideración de que sólo tiene fuerza vinculante la parte resolutiva de las
sentencias judiciales.
Fuerza vinculante de las sentencias y ratio
decidendi.
24. La Corte ya ha abordado esta cuestión
en otras oportunidades. En sentencia C-131 de 1993, reiterada en la sentencia
C-037 de 1996, la Corte señaló que la parte motiva que integra la cosa juzgada
y, por lo mismo, son de obligatorio cumplimiento algunos elementos de la parte
motiva de la sentencia: “goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la
parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la
sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a
aquéllos”. La Corte arribó a tal conclusión apoyándose en los siguientes
argumentos:
“Son pues dos los fundamentos de la cosa
juzgada implícita: primero, el artículo 241 de la Carta le ordena a la Corte
Constitucional velar por la guarda y supremacía de la Constitución, que es norma
normarum, de conformidad con el artículo 4° idem. En ejercicio de tal
función, la Corte expide fallos con fuerza de cosa juzgada constitucional,
al tenor del artículo 243 superior. Segundo, dichos fallos son erga omnes,
según se desprende del propio artículo 243 constitucional.
Considerar lo contrario, esto es, que
únicamente la parte resolutiva tiene fuerza de cosa juzgada, sería desconocer
que, admitiendo una norma diferentes lecturas, el intérprete se acoja a lo
dispositivo de una sentencia de la Corte Constitucional e ignore el sentido que
la Corporación  -guardiana de la integridad y supremacía de la Carta-, le ha
conferido a dicha norma para encontrarla conforme o inconforme con la
Constitución. Ello de paso atentaría contra la seguridad jurídica dentro de un
ordenamiento normativo jerárquico, como claramente lo es el colombiano por
disposición del artículo 4° superior.
Ahora en respaldo de esta posición se
encuentra la tradición jurídica del país, que la Corte Constitucional recoge.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia afirmó
en 1916 lo siguiente:
La cosa juzgada ha de hallarse en lo
general en la parte definitiva de la sentencia, pero los motivos de ésta
carecen de fuerza de fallo, porque son simples elementos de la convicción del
juez, que pudiendo ser idóneos en ocasiones, no afectan sin embargo la decisión
misma. Empero tiene una excepción este principio, también aceptada generalmente
en teoría y en jurisprudencia, y es que cuando los motivos son, no ya simples
móviles de la determinación del juez sino que se liga (sic) internamente al
dispositivo y son como "el alma y nervio de la sentencia" constituye
entonces un todo con la parte dispositiva y participa entonces de la fuerza que
ésta tenga. Numerosos son los casos en que sin conexionar los motivos determinantes
de un fallo, ella sería incompatible e inejecutable.[3]
La misma doctrina fue reiterada por aquella
Corporación en 1928[4]
y en 1967.[5]
El Consejo de Estado, en providencia de
1981 sostuvo la misma tesis de la cosa juzgada implícita, así:
Considera esta Sala que el pronunciamiento
sobre competencia que hizo la Corte en relación con las materias del Decreto
autónomo 2617 de 1973 constituye cosa juzgada implícita que, conforme a
doctrina reiterada de esta Corporación, debe acatarse, así se compartan o no
los fundamentos mismos del citado fallo...
Sobre lo que es la cosa juzgada implícita
dijo esta Sala en fallo dictado el 20 de junio de 1979 lo siguiente:
"En un fallo de inexequibilidad, como
en cualquiera otra sentencia, hace tránsito a cosa juzgada no solamente lo
decidido explícitamente, vale decir, lo expresado en la parte resolutiva, sino
también lo implícito en ella. A este respecto dice Carnelutti:
Ello no significa que la cosa juzgada se
limite a las cuestiones que encuentre en la decisión una solución expresa: no
se olvide que la decisión es una declaración como las demás, en la que muchas
cosas se sobreentienden lógicamente sin necesidad de decirlas. Especialmente
cuando la solución de una cuestión supone como 'Prius' lógico la solución de
otra, esta otra se halla también implícitamente contenida en la decisión (al
llamado 'Judicato' implícito). Se halla implícitamente consultadas todas las
cuestiones cuya solución sean lógicamente necesarias para llegar a la solución
expresadas en la decisión. Si, por ejemplo, el juez se pronuncia sobre la
resolución de un contrato, afirma implícitamente su validez (Sistema de Derecho
Procesal Civil Utena-Argentina 1944 T.I. N° 92)...
"Si la decisión implícita, tal y como
se ha delimitado no hiciera tránsito a cosa juzgada, sería factible entonces
que la Corte Suprema de Justicia pudiera reexaminar de nuevo la competencia
constitucional en la materia ya dicha, con la posibilidad de un cambio de
criterio que, a su vez, implicara la conclusión de que la competencia no fuera
del Congreso sino del Gobierno. De ser ello posible la Corte asumiría,
prácticamente, un poder que se habilitaría para variar las competencias
constitucionales de los poderes públicos al vaivén de los cambios
jurisprudenciales, equiparándose al poder constituyente y convirtiéndose, de
guardián que es de la integridad, en órgano con capacidad para modificarla, lo
cual sería manifiestamente absurdo.
"Obviamente la cosa juzgada implícita
no comprende las elaboraciones puramente doctrinales, o sea, aquellas que
dentro del desarrollo lógico del razonamiento, constituyan el sustento de una
conclusión fundamental, pues tales elaboraciones apenas pueden tener el valor y
el alcance de la jurisprudencia como fuente de derecho y como tales, participan
de su movilidad o de su versatilidad".[6]
Debe destacarse que la figura de la cosa
juzgada implícita no es el resultado de una interpretación amañada de la
Constitución, sino que responde a claros criterios jurídicos –seguridad
jurídica- y a la tradición jurídica del país. Además, dicho fenómeno se impone
como consecuencia de la misión de la Corte Constitucional, de unificar la
interpretación de la Constitución, como le corresponde, por ejemplo, a la Corte
Suprema en materia ordinaria.[7]
25. La pregunta central en este punto es
establecer qué parte de la motivación guarda relación de sentido con la parte
resolutiva. En la sentencia SU-047 de 1999 la Corte resolvió este punto. En la
mencionada decisión indicó que la ratio decidendi “es la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general
que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se
quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva” (Negrillas
añadidas).[8] Es decir, la ratio decidendi
corresponde a aquellos argumentos de la parte motiva de la sentencia que explican
la decisión. Así, resulta claro que goza de cosa juzgada aquella parte de la
motivación que corresponde a la ratio decidendi de la sentencia.[9]
Por lo mismo, tal como se indicó en sentencia T-705 de 2002, “reiterar
un precedente no consiste en repetir la misma orden que en éste se impartió,
sino en resolver un caso con base en la misma ratio decidendi”.
26. Lo anterior lleva a una nueva cuestión,
cual es la de establecer la manera en que se identifica la ratio decidendi
de una sentencia. Si bien el juez tiene la posibilidad de establecer de manera
directa o explícita lo que considera ratio decidendi, la Corte ha
indicado que tal evaluación, en realidad, corresponde al juez en una
oportunidad posterior[10].
En sentencia SU-1300 de 2001, la Corte recogió esta idea en los siguientes
términos:
“En la sentencia que
se viene siguiendo[SU-047 de 1999], se precisa que "en
realidad son los jueces posteriores, o el mismo juez en casos ulteriores,
quienes precisan el verdadero alcance de la ratio decidendi de un
asunto, de suerte que la doctrina vinculante de un precedente 'puede no ser la ratio
decidendi que el juez que decidió el caso hubiera escogido sino aquella que
es aprobada por los jueces posteriores'". El juez que decide el caso no
puede caprichosamente atribuir el papel de ratio decidendi a cualquier
principio o regla sino que únicamente tienen tal carácter aquellas
consideraciones normativas que sean realmente la razón necesaria para decidir
el asunto.”
Por lo tanto, no es suficiente considerar
la sentencia C-543 de 1992 para establecer la ratio decidendi, sino que,
dado que se han dictado numerosas sentencias con posterioridad sobre el mismo
punto, habrá de analizarse qué ha asumido la misma Corte Constitucional como ratio
decidendi.
Jurisprudencia de la Corte en la materia:
identificación de la ratio decidendi de la sentencia C-543 de 1992.
27. Desde el año de 1993, la Corte ha
dictado numerosas sentencias en las cuales ha aludido a la posibilidad de
tutela contra sentencias judiciales cuando se presenta una vía de hecho. En la
primera sentencia que trató el tema de la tutela contra sentencias judiciales
por vía de hecho – T-079 de 1993-, la Corte hizo expresa alusión a la sentencia
C-543 de 1992.  En dicha oportunidad, la Corte hizo el siguiente razonamiento:
“6. En el caso sub-examine, la Sala Civil
de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia que
concediera la tutela solicitada por considerar que la violación del derecho
fundamental era tan manifiesta por parte de la autoridad administrativa
que el Juez Promiscuo de Familia no tenía alternativa diferente que negar
la medida administrativa y ordenar se subsanara la actuación viciosa.
La tesis expuesta por la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia para confirmar la sentencia que concediera la tutela
contra una decisión judicial es coherente con la doctrina constitucional
acogida por esta Corporación, según la cual es procedente la acción de tutela
cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de
hecho vulneren o amenacen los derechos fundamentales. A este respecto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció en los siguientes términos:
"Nada obsta para que por vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales (...)"2.”
Podría alegarse que la postura de la Corte
en la sentencia T-079 de 1993 y todas aquellas que le han sucedido, constituye
un precedente del cual, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el
juez podría, bajo las condiciones fijadas por la misma Corte, apartarse. Así,
la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, simplemente se limitó a apartarse del precedente de tutela, ofreciendo
las razones pertinentes para ello.
28. La declaración de la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales cuando estas constituyan una vía de hecho
no sólo constituye precedente de tutela de la Corte Constitucional.  Esta
declaración integra normativamente el ordenamiento jurídico. Las sentencias
dictadas por la Corte Constitucional en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad, tienen fuerza de cosa juzgada constitucional y efectos erga
omnes. Dicha fuerza erga omnes obliga a todas las autoridades
públicas y a los particulares a acatar los mandatos de la Corte Constitucional,
pues la decisión (parte resolutiva y parte motiva con fuerza de cosa juzgada
implícita) tiene carácter vinculante en el sentido de que es un referente
normativo de obligatorio cumplimiento[11].
La Corte Constitucional se ha ocupado de la
procedencia de la tutela contra sentencias judiciales que constituyen vías de
hecho (inválidas por violar o amenazar derechos fundamentales) en distintas
ocasiones. Así, en sentencia C-037 de 1993, la Corte declaró exequible de
manera condicionada el artículo 66 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia. En dicha oportunidad, la Corte precisó expresamente que cabía la
tutela, en los términos de la sentencia C-543 de 1992, contra determinadas
providencias judiciales:
“Por otra
parte, conviene aclarar que la argumentación expuesta no significa que el juez
de tutela y la Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución contenida en
el artículo 86 superior, no pueda revisar las providencias proferidas por
cualquier autoridad judicial, en aquellos casos en que al presentarse una “vía
de hecho”, en los términos que han sido definidos en la Sentencia C-543 de 1992
y demás jurisprudencia de esta Corporación, se amenace o se vulnere un derecho
constitucional fundamental. Nótese que en este caso se trata de una facultad de
origen constitucional, que no implica la resolución de fondo del conflicto
jurídico contenido en la providencia bajo revisión , ni se enmarca dentro del
análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado -como es el caso del
artículo que se examina-. Se trata simplemente del reconocimiento de que el
juez, al igual que cualquier otra autoridad pública, se encuentra comprometido
con el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los asociados
dentro de la órbita constitucional; por ende, en caso de que una actuación
judicial, incluso aquellas contenidas en una providencia, vulnere un derecho,
será posible su amparo a través de la acción de tutela, sin perjuicio de la
definición de las demás responsabilidades en los términos que han sido
descritos en esta sentencia.
En estas
condiciones el artículo será declarado exequible.”
De igual manera, en la misma oportunidad,
al referirse a la naturaleza de sentencias judiciales de las decisiones de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (art.
111 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia), la Corte dijo:
“Se tiene, entonces, que las providencias
que dicte la Sala Jurisdiccional Disciplinarias son en realidad sentencias y,
por tanto, cuentan con la misma fuerza y efectos jurídicos que aquellas que
profiera cualquier otra autoridad judicial. No obstante, si una providencia que
resuelva un asunto disciplinario contiene, en los términos que ha definido la
Corte Constitucional, una vía de hecho que acarree la ostensible vulneración de
un derecho constitucional fundamental, entonces será posible acudir a un medio
de defensa judicial como la acción de tutela para reparar el menoscabo que se
ha causado mediante esa decisión.
La norma será declarada exequible, pero en
lo que respecta a sus dos últimos incisos, habrá de atenerse a lo dispuesto en
esta providencia.”
Con posterioridad, en sentencia C-666 de
1996, la Corte al analizar normas relativas a las sentencias inhibitorias,
declaró exequibles de manera condicionada expresiones del artículo 91, numeral
3, del Código de Procedimiento Civil, reformado por el 1, modificación 42, del
Decreto 2282 de 1989 y el numeral 4 del artículo 333. En el análisis realizado
por la Corte, de manera expresa se indica que la inhibición, cuando no provenga
de causas o hechos imputables al demandante o cuando no se adopta “cuando,
ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de
las medidas procesales para integrar los presupuestos del fallo, resulte
absolutamente imposible proferir decisión de fondo”, constituye una vía de
hecho y, por lo tanto procede acción de tutela contra la decisión judicial.
En la sentencia C-384 de 2000, la Corte, de
manera expresa, condicionó la exequibilidad de las normas acusadas a que se
admitiera la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.  En dicha
oportunidad la Corte resolvió:
“Primero:
Declarar EXEQUIBLE el inciso 3° del artículo 52 de la Ley 510 de 1999, bajo el
entendido de que no impide el ejercicio de la acción de tutela contra las
providencia adoptadas por las superintendencias en ejercicio de funciones
jurisdiccionales, ni las acciones contencioso administrativas en caso que
dichos entes actuaren excediendo sus competencias jurisdiccionales.”
Así mismo, motivó su decisión en los
siguientes términos:
“Desde este punto de vista, la Corte
encuentra que la norma bajo examen, en cuanto se refiere a la improcedencia
de  recursos, se ajusta a los mandatos superiores. En efecto, la libertad
configurativa del legislador se ha ejercido acudiendo a criterios que hacen
referencia a situaciones procesales particulares y diferenciadas de cualquier
otra, por lo cual el principio de igualdad resulta respetado. Las funciones
jurisdiccionales que ejercen las superintendencias, no se llevan a cabo bajo
principios absolutamente iguales a los que rigen  las funciones que ejercen los
organismos que componen la Rama Judicial; antes bien existen justamente para
adelantarse respondiendo a principios propios, en circunstancias diversas de
aquellas en las cuales se administra justicia de manera ordinaria, similarmente
con lo que sucede con la justicia arbitral. Así, aunque en ciertos casos un
mismo litigio pueda ser llevado a conocimiento bien de tales superintendencias
o bien de la justicia ordinaria, como sucede, por ejemplo en el caso del
artículo 148 de la Ley 446 de 1998 modificado por el artículo 52 de la Ley 510
ahora bajo examen, lo cierto es que justamente lo que el legislador ha querido
es facilitar un mecanismo procesal diferente, por lo cual las particularidades
con las que lo reviste son igualmente distintas. Por esa razón, la previsión contenida
en la disposición que se examina, según la cual en este tipo de procesos no
cabrá la interposición de recurso alguno, salvo los expresamente mencionados,
no vulnera la Constitución.
7. No sucede lo mismo en lo relativo a la
improcedencia que establece la norma respecto de todo tipo de acciones que
puedan ser incoadas ante las autoridades judiciales en relación con los actos
que dicten las superintendencias en uso de sus facultades jurisdiccionales. En
este caso la restricción introducida por el legislador rebasa ostensiblemente
la libertad configurativa de que es titular en materia de procedimientos
judiciales. En efecto, al prescribir tal prohibición en términos así de
absolutos, ha impedido la interposición de la acción de tutela respecto de las decisiones
que en ejercicio de funciones jurisdiccionales adopten las superintendencias,
con lo cual ha vulnerado el artículo 86 superior que autoriza esa posibilidad.
Dichas decisiones bien pueden llegar a desconocer o amenazar por acción o por
omisión derechos fundamentales de los ciudadanos, y en esos eventos es claro
que la situación sería la descrita en la norma constitucional mencionada,
frente a la cual se otorga a la persona la posibilidad de buscar amparo y
protección inmediata a través de la acción referida.”
La Corte ha reconocido que contra las
decisiones judiciales ejecutoriadas procede en ciertos casos la acción de
tutela. De conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, en
especial la contenida en la Sentencia C-543 de 1992, la tutela procede contra
providencias judiciales cuando respecto de ellas se configura una vía de hecho,
concepto que esta Corporación ha definido así:
"Obsérvese que los defectos
calificados como vía de hecho  son aquellos que tienen una dimensión superlativa
y que, en esa misma medida, agravian el ordenamiento jurídico. Los errores
ordinarios, aún graves, de los jueces in iudicando o in procedendo,
no franquean las puertas de este tipo de control que, por lo visto, se reserva
para los que en grado absoluto y protuberante se apartan de los dictados
del derecho y de sus principios y que, por lo tanto, en la forma o en su
contenido traslucen un comportamiento arbitrario y puramente voluntarista por
parte del juez que los profiere."[12]
Como resulta evidente que la
Superintendencias, en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que les
competen, pueden, al igual que los funcionarios de la Rama Judicial, incurrir
en vías de hecho como las definidas anteriormente, es claro que la acción de
tutela vendría a ser el mecanismo de defensa judicial propio para defender los
derechos fundamentales involucrados en el caso, máxime cuando por prescripción
de la norma acusada, no existiría ningún otro mecanismo de defensa judicial,
salvo el recurso de apelación en los casos que menciona la disposición.
(...)
10. Con fundamento en lo anteriormente
expuesto, la Corte declarará la exequibilidad de la disposición parcialmente
demandada, bajo el entendido de que ella no impide el ejercicio de la acción de
tutela contra las providencia adoptadas por las superintendencias en ejercicio
de funciones jurisdiccionales.”
De las sentencias anotadas, resulta forzoso
concluir que la Corte Constitucional, mediante sentencias con fuerza erga
omnes, ha admitido la posibilidad de que se demande, mediante la acción de
tutela, sentencias judiciales que violen o amenacen derechos fundamentales y,
por lo mismo, constituyan vías de hecho.
29. No sobra mencionar que la Corte ha
admitido esta posibilidad frente a sentencias dictadas por autoridades
estatales –jueces, tribunales y altas corporaciones, así como autoridades
administrativas investidas de funciones judiciales-, sino que ha admitido la
tutela contra sentencias judiciales que constituyan vía de hecho cuando la
decisión de carácter judicial es dictada por particulares que ejercen
jurisdicción. Así, en sentencia SU-837 de 2002, la Corte hizo el siguiente
análisis:
“4.2 Por la
naturaleza especial del arbitramento, la acción de tutela sólo es procedente
contra laudos arbitrales en circunstancias realmente excepcionales,[13] como las que se
determinarán posteriormente (ver apartados 4.3, 4.4 y 5.5), ya que contra ellos
el ordenamiento jurídico tiene previsto otro mecanismo judicial específico,
v.gr. el recurso de homologación ante la Corte Suprema de Justicia.
(…)
4.3 La
procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales en
materia laboral admite dos modalidades: la tutela como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable y la tutela como vía principal.
4.3.1 La acción
de tutela procede como mecanismo transitorio contra un laudo arbitral, cuando
se interpone para evitar un perjuicio irremediable mientras se resuelve el
recurso de homologación.
(…)
4.3.2 La acción
de tutela procede contra el laudo arbitral y la sentencia de homologación,
cuando se ha hecho uso de todos los otros medios de defensa judicial en contra
del laudo arbitral y, sin embargo, persiste aún la vulneración o amenaza a un
derecho fundamental. Este es por cierto un caso excepcional, en el que es
necesario demostrar que tanto el tribunal de arbitramento respectivo, así como
el juez de homologación, incurrieron en vías de hecho. La acción de tutela no
es un mecanismo adicional, sustituto ni complementario de los demás recursos
constitucionales o legales, en especial del recurso de homologación (arts. 141
a 143 Código Procesal del Trabajo – CPT–).
(…)
Una vez se ha
surtido la homologación de un laudo arbitral por fallo judicial, el laudo
adquiere fuerza de sentencia (art. 143 CPT), reemplazando la convención
colectiva existente hasta ese momento. Por ello, en estricto sentido, la acción
de tutela se dirige contra el laudo arbitral y la sentencia de homologación
como unidad inescindible. Ahora bien, dado que la acción de tutela no procede
contra sentencias (C-543 de 1992), salvo que se trate de una vía de hecho que
coloca la actuación judicial en los extramuros del derecho, es claro que sólo
la arbitrariedad que torna la presunta sentencia en un acto ajeno al derecho
puede dar lugar a la concesión de la tutela de los derechos fundamentales ante
vulneraciones que se concretan en un laudo arbitral y su homologación por vía
judicial.
4.5 En caso de
que la sentencia de homologación convalide el laudo arbitral pese a constituir
éste una vía de hecho violatoria de los derechos fundamentales, el vicio de
inconstitucionalidad se comunica a la sentencia de homologación. Esto porque la
justicia laboral habría errado gravemente en el control que sobre el laudo
había debido realizar, lo cual trae como consecuencia el que derechos
fundamentales resulten vulnerados por el laudo en virtud de su exequibilidad
declarada por la sentencia de homologación. En dicho evento, la sentencia de
homologación que omitió proteger los derechos constitucionales fundamentales
desconocidos, por los árbitros o el laudo, es inválida por consecuencia. En
esas circunstancias, la acción de tutela debe dirigirse contra ambas decisiones
y debe demostrarse que ambas, por razones semejantes o diferentes, constituyen
vías de hecho que vulneran derechos fundamentales.
Por último, se
podría presentar la hipótesis extrema e inusual en la cual el laudo arbitral
sea plenamente conforme con la Constitución, pero la sentencia de homologación
constituya una vía de hecho. En este evento, la acción de tutela por vía de
hecho se dirigiría exclusivamente contra la providencia que homologó el laudo,
no contra el laudo mismo. Por ejemplo, cuando la sentencia, en forma inopinada
y, por demás, arbitraria, resuelve declarar exequible el laudo pero anular
algunas de sus cláusulas, sin dar ninguna razón para ello ni devolver el laudo
a los árbitros para que lo modifiquen en lo pertinente, se configura una vía de
hecho que es pasible de la acción de tutela para la defensa de los derechos
fundamentales de los afectados.”
30. De las sentencias anteriores se
desprende claramente que la Corte Constitucional entendió que la ratio
decidendi de la sentencia C-543 de 1992 no excluyó por completo la tutela
contra decisiones judiciales, sino que las autorizó cuando se presentaba
violación de derechos fundamentales y, así, se incurría en una vía de hecho.
Tal interpretación de su propia jurisprudencia ha sido fijada tanto en
decisiones con fuerza erga omnes, como en sentencias de tutela. Esta
interpretación de su propia jurisprudencia, por otra parte, es la única
compatible con el ordenamiento constitucional vigente.
Bloque de constitucionalidad,
interpretación de conformidad con tratados de derechos humanos y tutela contra
providencias judiciales.
31. La Corte Constitucional, ha señalado[14] que el parámetro del
control de constitucionalidad está definido por normas de rango constitucional
(bloque de constitucionalidad stricto sensu[15]) y por normas no
contenidas en la Constitución pero que la integran a la hora de realizar el
control constitucional (bloque de constitucionalidad latu sensu).
El contenido del bloque de
constitucionalidad latu sensu, está definido de manera parcial en el
artículo 93 de la Constitución. De acuerdo con el inciso primero, primarán en
el ordenamiento interno, aquellos tratados relativos a derechos humanos y que
prohíben su limitación durante los estados de excepción. En este orden de
ideas, debe admitirse que las normas que cumplan con los requisitos mencionados,
integran la Constitución.
El artículo 27 del Pacto de San José -Convención
Americana sobre Derechos Humanos- dispone, en su segundo inciso, que
“2. La
disposición precedente [que autoriza suspender o limitar derechos durante los
estados de excepción] no autoriza la suspensión de los derechos determinados en
los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad
Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6
(Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de
Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la
Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la
Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos.”
En relación con la expresión “garantías
judiciales indispensables para la protección de tales derechos”, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, órgano competente para interpretar el Pacto
de San José, ha precisado que:
“20. La Corte examinará en primer lugar qué
son, de conformidad con la Convención, “las garantías judiciales
indispensables” a las que alude el artículo 27.2 de la misma. A este respecto,
en anterior ocasión, la Corte ha definido, en términos generales, que por tales
garantías  deben entenderse “aquellos procedimientos judiciales que
ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los
derechos y libertades a que se refiere dicho artículo (27.2) y cuya supresión o
limitación pondría en peligro esa plenitud” (El hábeas corpus bajo suspensión
de garantías, supra 16, párr. 29). Asimismo ha subrayado que el carácter
judicial de tales medios “implica la intervención de un órgano judicial independiente
e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se
cumplan dentro del estado de excepción” (Ibid., párr. 30).
(...)
38. La Corte concluye que las garantías
judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos no
susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la
Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los
artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y según los principios
del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de
Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de
garantías.
39. Naturalmente, cuando en un estado de
emergencia el Gobierno no haya suspendido algunos derechos y libertades de
aquéllos susceptibles de suspensión, deberán conservarse las garantías
judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y libertades.
40. Debe reconocerse que no es posible ni
sería aconsejable que la Corte, en la presente opinión consultiva, trate de dar
una enumeración exhaustiva de todas las posibles “garantías judiciales
indispensables” que no pueden ser suspendidas de conformidad con el artículo
27.2, que dependerá en cada caso de un análisis del ordenamiento jurídico y la
práctica de cada Estado Parte, de cuáles son los derechos involucrados y de los
hechos concretos que motiven la indagación. Desde luego y por las mismas
razones, la Corte tampoco ha considerado en esta opinión las implicaciones de
otros instrumentos internacionales (art. 27.1) que pudieren ser aplicables en
casos concretos.
Corte I.D.H., Garantías judiciales en
estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9,
párrs. 38-40. (Negrilla  agregada al texto)
El artículo 25 del Pacto de San José, alude
a la protección judicial. El inciso primero, que la Corte Interamericana indica
corresponde a una de las garantías judiciales no susceptible de suspenderse
durante los estados de excepción y, de conformidad con el artículo 93 de la
Constitución, integra y prevalece en la Constitución, dispone:
“1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales.” (Negrilla añadida)
Es decir, de acuerdo con lo dispuesto en
la Constitución, toda persona tiene derecho a un recurso judicial para proteger
sus derechos constitucionales fundamentales contra violaciones cometidas por
“personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. Dicho recurso
corresponde a la acción de tutela, mientras el legislador no establezca otros
recursos que desarrollan el artículo 89 de la Carta. Ahora, como quiera que la
Constitución ha previsto la existencia de dicho recurso, el carácter prevalente
de la norma internacional (C.P. art. 93) se manifiesta en que la interpretación
de la norma constitucional habrá de hacerse de conformidad con lo dispuesto en
la norma internacional.
La interpretación de los derechos
constitucionales (entre ellos a la protección efectiva de los derechos
fundamentales) de conformidad a lo dispuesto en los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia, es imperativa según lo manda
el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución. Sobre el particular, la
Corte ha señalado:
“En tales condiciones, el inciso primero
del artículo 93 de la Carta permite incorporar ciertos derechos y principios al
bloque de constitucionalidad, incluso cuando éstos no han sido reconocidos por
el articulado constitucional, pero para ello se requiere que sean derechos no
limitables en estados de excepción. Este artículo 93-1 adquiere entonces una
verdadera eficacia cuando se trata de derechos o principios que no aparecen
expresamente en el articulado constitucional, pero que se refieren a derechos
intangibles incorporados en tratados ratificados por Colombia. Por su parte, el
inciso segundo del artículo 93 superior tiene otra finalidad pues esa norma
completa y dinamiza el contenido protegido de un derecho que ya está consagrado
en la Carta, puesto que, conforme a ese inciso, tal derecho debe ser
interpretado de conformidad con los tratados ratificados por Colombia. Ahora
bien, los convenios en esta materia suelen incorporar una cláusula hermenéutica
de favorabilidad, según la cual no puede restringirse o menoscabarse ninguno de
los derechos reconocidos en un Estado en virtud de su legislación interna o de
otros tratados internacionales, invocando como pretexto que el convenio en
cuestión no los reconoce o los reconoce en menor grado. Esta Corte, en varias
sentencias, ha reconocido el carácter vinculante en el ordenamiento colombiano
de esta regla hermenéutica, según la cual, en caso de conflictos entre
distintas normas que consagran o desarrollan los derechos humanos, el intérprete
debe preferir aquella que sea más favorable al goce de los derechos. En ese
contexto, la Corte concluye que el artículo 93-2 constitucionaliza todos los
tratados de derechos humanos ratificados por Colombia y referidos a derechos
que ya aparecen en la Carta y, en virtud de la regla hermenéutica sobre
favorabilidad, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más
favorable a la vigencia de los derechos humanos.
13. Ahora bien, la Constitución dispone que
la incorporación se realiza por vía de interpretación: “....se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia”. Ello obliga a indagar sobre lo que realmente se incorpora por
esta vía, pues no puede interpretarse una norma positiva de textura abierta
(como las que definen derechos constitucionales) con otra norma que reviste las
mismas características. Sólo es posible (i) fundir ambas normas (la nacional y
la internacional) y (ii), acoger la interpretación que las autoridades
competentes hacen de las normas internacionales e integrar dicha interpretación
al ejercicio hermenéutico de la Corte. Por ello esta Corte ha señalado, en
varias oportunidades, que la jurisprudencia de las instancias internacionales
de derechos humanos constituye una pauta relevante para interpretar el alcance
de esos tratados y por ende de los propios derechos constitucionales.”[16]
De acuerdo con los anteriores parámetros,
la interpretación del artículo 86 de la Constitución tiene que hacerse
de manera compatible con el Pacto de San José.
32. El inciso primero del artículo 25 del
Pacto de San José no establece limitaciones respecto de las actuaciones o
autoridades públicas contra quienes deba proceder el “recurso sencillo y rápido”;
tampoco se encuentra restricción alguna en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, cuyo artículo XVIII dispone que toda persona “debe
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare
contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”[17]. Por lo tanto, en la
medida en que la interpretación del alcance del artículo 86 de la Constitución
tiene que ser compatible con las citadas normas internacionales, es forzoso
concluir que la tutela procede contra cualquier decisión o mandato de una
autoridad pública, inclusive contra las que dictan los jueces: sentencias.
Lo anterior torna inadmisible la
interpretación de la sentencia C-543 de 1992 en el sentido de que la Corte
declaró la inconstitucionalidad de la tutela contra toda clase de providencias.
Por el contrario, la única interpretación compatible con los mandatos
constitucionales (así como con el deber de cumplir de buena fe los tratados
internacionales, como lo manda el artículo 26 de la Convención de Viena Sobre
el Derecho de los Tratados[18])
es aquella que autoriza la acción de tutela contra las providencias judiciales
que constituyan vías de hecho y, esa es la ratio decidendi de la
sentencia C-543 de 1992.
Conclusión
33. Como se ha dicho, la Sección Quinta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró
improcedente la tutela interpuesta por CARBOANDES, con el argumento de que la
Constitución de Colombia no autoriza la tutela contra providencias judiciales y
así lo declaró la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992. Como se ha
demostrado, tal interpretación de la Carta y de la mencionada decisión
judicial, no corresponde al mandato Constitucional ni a la jurisprudencia de
esta Corporación, que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional y goza de
fuerza erga omnes. Por lo tanto, se revocará la sentencia segunda
instancia en el proceso de la referencia, dictada por la Sección Quinta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Conflicto jurídico planteado por CARBOANDES
y problema jurídico que considerará la Corte Constitucional.
34. La posición de CARBOANDES ha variado
sustancialmente durante todo el proceso. En el proceso arbitral consideró que,
aunque existían permisos para la explotación, no habían permisos para la
exploración. En el trámite de la tutela, propuso idéntica posición, aunque los
últimos escritos están dirigidos a demostrar que, por razones de cambio
normativo (del régimen del Código de Recursos Naturales Renovables hasta los
desarrollos de la Ley 99 de 1993) no existen permisos ambientales para realizar
operaciones en la mina objeto del contrato 056-90. El hecho de que los árbitros
no hubiese tenido en cuenta tales pruebas (bien sea de inexistencia de
autorizaciones ambientales para la exploración, o para toda operación de la
mina), constituye una vía de hecho por defecto fáctico, que de haberse
considerado, hubiera modificado sustancialmente la resolución del Laudo
Arbitral, habida cuenta que era obligación de SORIA garantizar la existencia de
tales autorizaciones (cláusula sexta del acuerdo de operación conjunta).
SORIA, por su parte, ha insistido en la
existencia de una autorización ambiental para la explotación parcial de la mina
y la inexistencia de autorizaciones ambientales para la exploración. La
obtención de esta autorización correspondía iniciarla a CARBOANDES, de
conformidad con lo acordado en la cláusula quinta del acuerdo de operación
conjunta.
De acuerdo con lo que obra en el expediente
y por lo expresado por las partes en conflicto (SORIA y CARBOANDES), pareciera
que no existe consenso sobre la discusión en sede de tutela. De lo afirmado por
el demandante se desprende claramente que alega la existencia de una vía de
hecho por defecto fáctico. Por su parte, de lo expuesto por SORIA se desprende
que no hay discusión probatoria (se acepta la inexistencia de autorizaciones
ambientales para explorar), sino un problema de interpretación del alcance de
las cláusulas quinta y sexta del acuerdo de operación conjunta.
En vista de lo anterior, la Corte deberá
abordar, en primera medida, lo relativo a la interpretación del contrato
“acuerdo de operación conjunta”, pues es necesario establecer si existe claridad
sobre las obligaciones de las partes contractuales. Una vez establecidas dichas
obligaciones, podrá entrar a establecer si el tribunal de arbitramento incurrió
en defecto fáctico.
Alcance de la intervención del juez de
tutela frente a vías de hecho.
35. El primer punto que la Corte debe
abordar es lo relativo a la certeza sobre las obligaciones de SORIA y
CARBOANDES, pues únicamente si existe dicha certeza es posible establecer si el
tribunal de arbitramento erró de manera grave y con violación de derechos
fundamentales, la valoración probatoria. En este orden de ideas, resulta
decisivo establecer si era responsabilidad de SORIA obtener las autorizaciones
ambientales para realizar la exploración en el área estipulada en el contrato
056-90 (con sus modificaciones) o si le competía a CARBOANDES. Intentar
resolver este punto genera un pregunta que la Corte no puede eludir: ¿puede el
juez de tutela entrar a resolver esta cuestión?  De manera abstracta, esta
pregunta lleva a indagar sobre los alcances del juez constitucional frente a
las tutelas interpuestas en contra de sentencias judiciales.
Por definición, la acción de tutela
únicamente procede si existe amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales de la parte demandante (C.P. art. 86). Esta constituye la primera
restricción al juez de tutela, pues únicamente le compete analizar la violación
de los derechos fundamentales producida con ocasión, en este caso, de dictar
una sentencia judicial.
Por otra parte, el principio de autonomía
judicial impone una segunda y fuerte restricción a la competencia del juez
constitucional. En virtud de dicho principio, el juez constitucional no puede
invalidar las actuaciones judiciales e invadir la órbita funcional del juez
(derecho al juez natural), más que cuando (i) el juez desconozca (o se aparte
sin justificar debida y suficientemente) el precedente judicial aplicable al
caso; (ii) el juez interprete el ordenamiento jurídico de manera incompatible
con la Constitución; (iii) incurra en vía de hecho (defecto sustantivo,
fáctico, orgánico o procedimental); y, finalmente, (iv) la protección efectiva
del derecho fundamental violado demande del juez constitucional que resuelva el
problema de fondo.
De lo anterior se desprende que (i) el juez
constitucional tiene facultades limitadas para estudiar el proceso y la
sentencia judicial sometida a su control; (ii) únicamente podrá cuestionar
aquellos aspectos del trámite del proceso y la sentencia que, de suyo,
conlleven a la violación de un derecho fundamental. Así las cosas, frente al
caso que ocupa a la Corte, salvo que resulte claro que la interpretación que
hizo el juez natural (tribunal de arbitramento) del contrato y las obligaciones
de las partes, viole un derecho fundamental, no le corresponde al juez de
tutela invalidar o desconocer la postura del juez natural.
Interpretación del contrato “Acuerdo de
operación conjunta” por parte del Tribunal de Arbitramento.
36. La presente demanda de tutela está
dirigida contra una decisión judicial. Por lo mismo, cualquier análisis sobre
la conducta de los árbitros deberá partir de las precisiones que estos hicieran
en el fallo. Lo primero que debe anotarse, es que el tribunal se limitó a
interpretar los acuerdos privados celebrados entre SORIA y CARBOANDES. Según se
desprende de la lectura de la sentencia, en ningún momento se estudiaron las
obligaciones derivadas del Contrato 056-90 y los Otrosí n° 1 y 2. Las partes
nunca objetaron la ausencia de dicho análisis, salvo referencias claras al
alcance de dichos instrumentos contractuales, que se hicieran ante la Corte
Constitucional. Observa la Corte, con todo y sin que ello implique que la
Corporación realice interpretación alguna de tales documentos, que al aceptar
ECOCARBON la cesión de SORIA a CARBOANDES, se estipuló que las partes serían
solidariamente responsables ante el Estado colombiano.
37. En los alegatos de conclusión (ver
numeral 7 de esta sentencia), las partes plantearon su posición sobre las
obligaciones derivadas de las cláusulas quinta y sexta del acuerdo de operación
conjunta, ante el Tribunal. SORIA considera que cumplió con su obligación de
mantener vigentes las licencias ambientales de explotación y que las
correspondientes a la exploración eran un asunto de competencia de CARBOANDES.
Esta, por su parte, afirma que estaba probado que existían licencias
ambientales para explotación, pero que SORIA incumplió su obligación de
mantener vigentes u obtener licencias para exploración. Este antecedente
resulta decisivo, pues limita el conflicto jurídico y, por lo mismo, restringía
el objeto de análisis del tribunal.  En punto a lo anterior, no sobra recordar
que en la cláusula vigésima octava del acuerdo de operación conjunta, que
regula la cláusula compromisoria, se acordó que “toda controversia de
hecho o de derecho que se origine entre las partes..., de no ser resuelta
directamente por las partes, se someterá a la decisión de un tribunal de
arbitramento...”(Negrillas añadidas). Así las cosas, habiendo SORIA y
CARBOANDES coincidido en que las autorizaciones ambientales para explotación
estaban vigentes, no existía conflicto y el tribunal no podía entrar a estudiar
el asunto.
38. Tal como se desprende de lo trascrito
en los antecedentes de esta sentencia (ver numeral 8), el Tribunal no hizo
precisión absoluta sobre las obligaciones que se derivaban para las partes en
virtud de las cláusulas quinta y sexta del acuerdo de operación conjunta.  Sin
embargo, ello no impide establecer, de manera razonable, lo que el tribunal
entendió.
El Tribunal manifiesta explícitamente que
SORIA “cumplió con su obligación de mantener al día sus permisos ambientales”,
así mismo que respecto de la excepción de contrato no cumplido “se contradice
con las copias remitidas por CORPOCESAR a este proceso”. De lo anterior se
desprende que el Tribunal entiende que a SORIA únicamente le competía mantener
vigentes los permisos ambientales relativos a la explotación. Ello se confirma
con lo dicho respecto de la solicitud de referencia para elaborar el estudio de
impacto ambiental: “de su contenido no se deriva certeza de incumplimiento
alguno”. Es decir, el Tribunal entiende que el que SORIA hubiese solicitado los
términos de referencia no implica que sea prueba de su incumplimiento. Antes
bien, a lo largo del laudo arbitral el Tribunal señala que CARBOANDES no
realizó actividad alguna relativa a la explotación y la exploración. Ello
implica que el Tribunal entiende que SORIA solicitó los términos de referencia
ante el incumplimiento de CARBOANDES, habida consideración de su responsabilidad
solidaria ante MINERCOL. Esta interpretación se compagina con el entendimiento
del contrato “asociación de operación conjunta” que tenía MINERCOL (entidad con
evidente interés en el contrato, habida consideración de que es parte en el
contrato 056-90 y los dos otrosí), como se desprende del testimonio de Jhonny
Alfonso Hernández Igirio –Gerente de Fiscalización Minera en MINERCOL (ver
literal c) del numeral 6.2 de esta sentencia).
39. Podría, con todo, oponerse, como lo
hace CARBOANDES, que el mismo Tribunal afirma que CARBOANDES no probó el
incumplimiento de SORIA. Para invalidar la anterior interpretación, debería
resultar manifiesto que lo único que CARBOANDES podía probar era que SORIA no
tenía vigentes todas las autorizaciones ambientales. Empero, existen elementos
que CARBOANDES podía probar: (i) que SORIA no suministro la información de que
trata la cláusula sexta; (ii) que había requerido a SORIA para que obtuviera
los permisos ambientales para exploración; que elaboró estudios dirigidos a SORIA
para que ésta realizara los trámites, etc. Es decir, no existen argumentos que
desvirtúen como razonable la interpretación que hizo el Tribunal de las
obligaciones derivadas de las cláusulas quinta y sexta.
El alegado defecto fáctico.
40. La existencia de un defecto fáctico, en
relación con la prueba del cumplimiento o incumplimiento de una obligación
contractual, supone que (i) existen pruebas decisivas sobre el cumplimiento o
incumplimiento y que (ii) existen problemas de valoración probatoria: el juez
no las tomó en consideración o que a partir de ellas arribó a conclusiones que
lógicamente no se derivan de las mismas. Es decir, que se dio como probado el
cumplimiento o el incumplimiento, cuando no lo estaban, o viceversa. Obsérvese,
en todo caso, que las pruebas pertinentes son aquellas que apuntan a probar o
improbar el cumplimiento o no de la obligación.
En el presente caso, existe prueba de que
no existía autorización para la exploración. Tal es el argumento de entrada de
CARBOANDES, tanto en la demanda de reconvención, como en la demanda de tutela.
La supuesta inexistencia de las autorizaciones ambientales para la explotación
no es objeto del proceso arbitral, pues, como ya se indicó, CARBOANDES aceptó
que existía y, por lo mismo, no existía conflicto en la materia. Cabe
preguntarse ¿ qué prueba el hecho de que no existían autorizaciones ambientales
para explorar? Por si solas, las pruebas en este sentido no prueban nada
distinto que no estaba permitido explorar.
La valoración de que no existían las
autorizaciones ambientales para explorar debe hacerse de acuerdo con las
obligaciones contractuales, pues estaba en discusión el incumplimiento del
contrato “acuerdo de operación conjunta”. Conforme entiende la Corte la
posición del Tribunal de Arbitramento, la obtención de las mismas correspondía
a CARBOANDES, sea porque fuera su obligación lograr la autorización o
simplemente la realización de los estudios para que SORIA los pudiera
solicitar. En este orden de ideas, no puede afirmarse que el Tribunal hubiese
incurrido en defecto fáctico, pues, en últimas, entendió que CARBOANDES
confesaba que no había cumplido.
Documentos presentados por los apoderados de
CARBOANDES y SORIA ante la Corte Constitucional.
41. Los apoderados de las partes en el
proceso arbitral presentaron documentos ante la Corte Constitucional dirigidos
a sustentar sus posiciones dentro del trámite de tutela. Al revisarlos, se
observa que no se trata de argumentos dirigidos a precisar o aclarar su postura
ante los jueces de tutela, sino que constituyen argumentos adicionales
dirigidos a sustentar sus posturas iniciales. Es decir, han trasladado el
debate jurídico sobre el problema jurídico de fondo –aquel presentado en la
demanda de tutela- a la Corte Constitucional.
La Corte no niega que las partes en los
procesos de tutela seleccionados para su revisión por parte de la Corporación
puedan presentar argumentos que expliquen o precisen el planteamiento jurídico
expuesto ante los jueces de instancia o, si fuera pertinente, rebatan los
argumentos contenidos en las sentencias que la Corte revisa. Lo que resulta
inadmisible es que el debate jurídico se traslade a la Corte. Esta Corporación,
no sobra recordarlo, no es una instancia dentro del proceso de tutela. Su
función se limita a considerar el debate jurídico planteado por las partes (o
lo terceros con interés) y los argumentos de los jueces de instancia.
Con todo, en el presente caso, los
argumentos expuestos por las partes ante la Corte Constitucional únicamente
refuerzan la conclusión a la que arriba la Corporación. Por tal razón, serán
considerados sumariamente.
42. Como se indicó, el apoderado de
CARBOANDES presentó un estudio, realizado por un consultor en materia
jurídico-ambiental, que concluye que no sólo no existían permisos ambientales
para exploración, sino que SORIA además no contaba con permisos ambientales
para explotación. SORIA, por su parte, había presentado un documento en el que
planteaba una posición contraria, es decir, que el cambio normativo no implicaba
que la autorización otorgada en 1995 seguía vigente. De ello se desprende que
se trata de un debate eminentemente jurídico y no un defecto fáctico, es decir,
una errada valoración probatoria.
Por otra parte, CARBOANDES, como se ha
indicado antes, aceptó que estaban vigentes los permisos ambientales para la
explotación. Ello implicaba que el Tribunal debía limitar su estudio a lo
relativo a las obligaciones relacionadas con la exploración. No puede
exigírsele al Tribunal de Arbitramento que abordara consideraciones que las
mismas partes habían, por sus propias manifestaciones, excluido del debate
arbitral. En todo caso, durante el proceso arbitral CARBOANDES nunca esgrimió
este argumento. La tutela no es un espacio para corregir los defectos de la defensa
en procesos civiles o comerciales.
Consideraciones finales sobre la sentencia
de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.
43. La sección quinta del Consejo de Estado
confirmó la decisión del a-quo. Este había negado la tutela, al
considerar que no existía violación de los derechos fundamentales del
demandante. Empero, al analizar las razones de la sentencia de la sección
quinta, se advierte que materialmente declaró improcedente la acción de tutela.
En tales condiciones, incurrió en un error de técnica judicial, pues no podía
confirmar una sentencia que negaba la tutela con argumentos de improcedencia.
Es decir, la sentencia resulta abiertamente incongruente.
III. DECISIÓN
En consideración a
lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR la sentencia del 31 de agosto de 2001,
mediante la cual la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del
Cesar, por cuanto la tutela contra sentencias judiciales o de carácter judicial
si procede, cuando éstas violen los derechos fundamentales de los asociados.
Segundo:
CONFIRMAR, por las razones
expuestas en la presente decisión, la sentencia del 27 de junio de 2001 del
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó la tutela presentada por
CARBOANDES, al no encontrarse que en la decisión arbitral se hubiese incurrido
en vía de hecho por defecto fáctico.
Tercero.- LIBRESE por la Secretaría, la comunicación
prevista el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H.
Magistrado doctor JAIME ARAUJO RENTERIA, no firma la presente sentencia, por
haber sido aceptado en su momento, impedimento para intervenir en el proceso.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA
SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
El Honorable Magistrado doctor RODRIGO
ESCOBAR GIL, no firma la presente sentencia, por encontrase con permiso
concedido con anterioridad.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]  Sentencia C-037 de 1996.
[2]  Sentencia C-774 de 2001.
[3]Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 20 de octubre de 1916.
Magistrado Ponente Juan Méndez. Gaceta Judicial N° 25 pag 250.
[4]Idem. Sentencia de julio 9 de 1928. Gaceta Judicial N° 35, pag 550.
[5]Idem. Septiembre 17 de 1967. Gaceta Judicial N° 86, pags 42 y 43.
[6]Vid Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de septiembre 9 de
1981. Consejero Ponente Jacobo Pérez Escobar
[7] Ver sentencias SU-1184 de 2001 y C-836 de
2001.
[8]  Ver sentencias SU-1219 de 2001, SU-1300 de 2001, C-386 de 2001,
C-003 de 2003, entre otras.
[9]  Ver sentencia SU-1300 de 2001.
[10]  Ver sentencias SU-047 de 1999 y SU-1300 de 2001.
2 Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 de octubre 1o. de 1992
[11] Sobre la diferencia entre el carácter vinculante de una n horma con
efectos erga omnes y la fuerza vinculante de un precedente, ver la aclación de
voto de los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy
Cabra a la sentencia C-836 de 2001.
[12] Sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz
[13] Corte Constitucional, Sentencia T-061 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra.
[14] Ver sentencia C-774 de 2001.
[15] Hace parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto,  los tratados internacionales que
reconocen derechos humanos y que prohiben su limitación es los estados de
excepción. (C-358 de 1997), los tratados limítrofes (C –191 de 1998) y  los
convenios  87 y 88 de la O.I.T ( T- 568 de 1999), entre otros.
[16] Sentencia T-1319 de 2001.
[17] El artículo 29 del Pacto de San José
prohíbe interpretar el pacto de manera que restrinja los derechos y deberes
consagrados en Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
[18] U.N. Doc A/CONF.39/27 1155 U.N.T.S. 331