T-124-01
Sentencia T-124/01
Sentencia
T-124/01
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de mesadas
pensionales
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por no afectación del mínimo
vital
EMPLEADOR-Situación económica o presupuestal no es
óbice para desconocer pago de mesadas pensionales
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-370370
Acción de tutela
instaurada por Flaminio Figueroa Caceres contra Acerías Paz del Río S.A.
Magistrado ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Bogotá D.C., al
primer (1°) día del mes de febrero de dos mil uno (2001).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores
Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Rodrigo Escobar Gil, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente,
SENTENCIA
que pone fin al
proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de
Puerto Berrio, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por Flaminio
Figueroa Caceres contra Acerías Paz del Río S.A.
I. ANTECEDENTES.
Manifiesta el
demandante, que la empresa Acerías Paz de Río S.A. no le ha cancelado sus
mesadas pensionales correspondientes a los meses de abril a diciembre de 1999,
pues al parecer el giro que se le hizo por parte de la empresa, cubrió los
meses de enero, febrero, y marzo. Señala que inicialmente recibía los servicios
de salud, por medio de un médico particular. Posteriormente fue afiliado al
I.S.S., pero desde hace dos (2) años no recibe atención médica alguna, pues la
empresa no ha cancelado los aportes correspondientes. El actor considera por lo
tanto, que le han sido violados sus derechos fundamentales a la seguridad
social y la protección de las personas de la tercera edad. Solicita se ordene a
la empresa Acerías Paz del Río S.A., transfiera los aportes de salud al
Instituto de Seguros Sociales, así como también cancele todas las mesadas
pensionales que le adeuda.
Por su parte, la
empresa demandada señala en varios escritos que la mora en el pago de las
mesadas pensionales a que tiene derecho el accionante y otros pensionados,
obedece a los problemas de liquidez que viene afrontando la empresa desde hace
mucho tiempo y que son de público conocimiento.
Por otra parte, en
declaración que rindiera el mismo accionante ante el juez de instancia, señaló
que no sabe a ciencia cierta el monto exacto de los dineros adeudados por
concepto de mesadas pensionales. Sin embargo, aclara que su ingreso asciende a
un promedio de doscientos sesenta mil ($ 260.000) pesos mensuales. Explicó al  a
quo que percibe algunos otros ingresos por concepto de la venta de repuestos
en un pequeño almacén de su propiedad. Igualmente, señala que percibe otras
rentas por concepto de arrendamientos de locales y apartamentos, que suman en
su totalidad once (11) predios, seis (6) de ellos, locales comerciales.
Finalmente, aclara que de dichos asuntos se encarga una de sus hijas, y que
algunos de los dineros percibidos por el arrendamiento de dichos inmuebles no
los puede tener en cuenta, pues estos deben ser entregados a una entidad
financiera con la cual tiene obligaciones económicas.
II. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
En sentencia del 28
de julio de 2000, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrio, negó la
tutela. Consideró el juez de instancia, que la protección de la seguridad
social y del pago de la pensión procede, respecto de las personas  tercera
edad, cuando quien reclama dicha protección ve en su pensión impaga su única
fuente de recursos económicos para garantizar su mínimo vital. En el presente
caso, el actor dispone de otras fuentes de recursos económicos, razón por la
cual, y aún siendo una persona de la tercera edad, su mínimo vital no se
encuentra en peligro. Por ello, igualmente le asiste otra vía judicial de
defensa judicial a través del proceso ejecutivo laboral, para reclamar allí las
acreencias laborales adeudadas.
III. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE.
1. Competencia.
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente
para revisar la decisión judicial mencionada.
2. Protección
constitucional a los pensionados.
En relación con la
condición especial de los pensionados, esta Corporación ha manifestado que la
acción de tutela les garantiza de manera efectiva y ágil sus derechos
fundamentales cuando aquéllos estén frente a situaciones apremiantes como la
ausencia temporal e indefinida en el pago de sus mesadas pensionales, cuando
estas sean su única fuente de recursos económicos de que disponen para cubrir
sus necesidades básicas y las de su familia.
Esta Corporación, en
sentencia T-711 de 1999, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo,
señaló sobre el particular, lo siguiente:
“...la acción de
tutela no es en principio el mecanismo adecuado para hacer valer pretensiones
de carácter laboral susceptibles de ser reclamadas por medios judiciales
distintos, cabe el amparo cuando el mínimo vital del peticionario y de su
familia resulta afectado, siendo evidente que el medio judicial alternativo
llevaría a una decisión tardía e inútil en lo referente a la protección de los
derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la salud y a la
seguridad social"
En el presente caso,
y vista la declaración rendida por el actor al juez de instancia (ver folios 34,
34 vto, y 35 del expediente objeto de revisión), deja muy en claro, que dispone
de muy variadas fuentes de ingresos económicos, que no sólo le permiten
garantizar su mínimo vital, sino que puede cubrir sus necesidades básicas con
cierta tranquilidad. Por ello, no encuentra esta Sala de Revisión que se haya
afectado ni puesto en peligro el mínimo vital del actor, motivo suficiente que
permite que este mecanismo judicial no sea el más apropiado, pues no se
presenta un perjuicio irremediable o una amenaza inminente a sus derechos
fundamentales. Surgen  así, las vías judiciales ordinarias, como los caminos
más expeditos para reclamar la cancelación de sus mesadas pensionales.
Sin embargo, lo
anterior no obsta para aclararle nuevamente a la empresa demandada, como así se
lo ha hecho saber esta Corporación en varias de sus sentencias,[1] que
la iliquidez o las dificultades económicos que debe afrontar el ente accionado
o cualquiera otro, sea de carácter público o privado, no sirve de excusa para
eximirse de la obligación de pagar oportunamente las mesadas pensionales.
Recuérdese que según jurisprudencia de esta Corporación, aún en situaciones
concordatarias, las acreencias laborales constituyen gastos de administración,
con prevalencia en su pago.[2]
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.
CONFIRMAR el fallo
proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrio, pero con base en
las consideraciones expuestas en el presente fallo.
Segundo. Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado Ponente
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. sentencias T-149, T-151, T-154, T-250, T-254 y
T-461 de 2000
[2] Cfr. sentencias  T-323 de 1996, T-458 de 1997, T-307
y T-658 de 1998, T-005, T-014,     T-025 y T-075 de 1999 entre muchas otras.