T-185-18
Sentencia T-185/18
DERECHO LA CAPACIDAD JURIDICA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONA EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD-Casos
en que Colpensiones condicionó inclusión en nómina y correspondiente pago de
pensión de invalidez de accionantes, a la presentación de una sentencia de
interdicción
ACCION DE
TUTELA PARA RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia excepcional
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia excepcional
Respecto a la posibilidad excepcional de acudir al mecanismo
tutelar para reclamar el reconocimiento y pago específico de la pensión de
invalidez, las Sentencias T-503 de 2017, T-728 de 2017, T-533 de 2010, T-653 de
2004, entre otras, destacan que ello obedece a dos elementos fundamentales:  “(i) por una parte, la calidad del sujeto que la reclama. Es claro
que las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta de
una persona declarada inválida, hacen necesaria la inmediata protección del
derecho a la pensión de invalidez, asegurando de esa manera la garantía y
respeto de derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad
física y el mínimo vital entre otros; (ii)
En segundo lugar, porque la importancia de tal reconocimiento radica en el
hecho de que en la gran mayoría de los casos, esta prestación se
constituye en el único sustento económico con el que contaría la persona y
su grupo familiar dependiente para sobrellevar su existencia en condiciones más
dignas y justas.”
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Protección nacional e internacional
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Capacidad jurídica
CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Será correlativa a su afectación, según ley 1306 de
2009
DISCAPACIDAD
MENTAL RELATIVA Y ABSOLUTA-Diferencias
La Ley 1306 de 2009 diferencia entre
la discapacidad mental relativa y absoluta, la primera se predica de quienes
“padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y
que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio”; y
la segunda, se refiere a quienes “sufren una afección o patología severa o
profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental”. En el caso
de la discapacidad mental relativa, el artículo 32 dispone la medida de inhabilitación
respecto de aquellos negocios que, por su cuantía o complejidad, hacen
necesario que el afectado cuente con la asistencia de un consejero. En relación
con la absoluta, la disposición número 25 establece una medida más drástica: la
interdicción, la cual consiste en la privación de la capacidad de ejercicio de
la persona, la respectiva anotación en su registro civil de nacimiento y el
nombramiento de un curador para que decida por ella y administre su patrimonio.
EXIGENCIA DE
SENTENCIA DE INTERDICCION PARA INCLUIR EN NOMINA
DE PENSIONADOS A PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Reiteración de jurisprudencia
EXIGENCIA DE
SENTENCIA DE INTERDICCION PARA INCLUIR EN NOMINA
DE PENSIONADOS A PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD MENTAL-Subreglas
Aquellos casos en los cuales se exija sentencia de interdicción para
incluir a una persona en nómina de pensionados deben resolverse de acuerdo con
las siguientes subreglas: i) Todas
las personas, sin distinción alguna, tienen los mismos derechos y libertades en
razón a la dignidad inherente de todo ser humano. ii) Las personas
con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones en un marco que
respete su autonomía, libertad e independencia individual. iii) Toda persona
se presume plenamente capaz hasta que se demuestre lo contrario. iv) Si una
persona ha sido diagnosticada con alguna afección mental, resulta
discriminatorio considerar prima facie que debe ser declarada interdicta y
someterse a la curaduría de un tercero. v) En
principio, constituye una medida discriminatoria condicionar el pago de una
prestación social a una persona con discapacidad, argumentando que debe allegar
sentencia de interdicción y acta de posesión del curador que
administrara sus bienes. vi) Sólo
en aquellos casos en los cuales se acredite claramente que la persona padece
una discapacidad mental absoluta y no puede administrar sus propios
recursos, resulta excepcionalmente posible condicionar su inclusión en nómina
de pensionados al inicio de un proceso de interdicción y no
a su culminación. vii) En
el supuesto anterior, es viable condicionar el pago del retroactivo pensional
al nombramiento definitivo de un curador, sin embargo, a efectos de garantizar
el derecho fundamental al mínimo vital del afectado, debe ordenarse el pago de
las mesadas pensionales de forma directa o por intermedio de su cónyuge,
compañero permanente o pariente, siempre comunicando la decisión al Defensor de
Familia para que ejerza las labores de supervisión correspondientes.
DERECHO A LA INCLUSION EN NOMINA DE PENSIONADOS-Orden a Colpensiones pagar pensión de invalidez sin exigir
requisitos adicionales que no estén previstos en el ordenamiento jurídico
Referencia:
Expedientes T-6.462.653,                          T-6.543.048 y T- 6.559.019
AC.
Acciones de tutela formuladas por (i) Julio
César Guerrero Muñoz, (ii) Miriam Morales Osorio y, (iii) Solangel Sánchez de
Aguirre contra la Administradora Colombiana de Pensiones.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los
Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en el artículo 241, numeral 9° de la Constitución Política y en los
artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos de tutela que se indican a continuación:
1. Expediente T-6.462.653: El 31 de agosto
de 2017, en primera instancia, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C. concedió la acción de tutela formulada
por Julio César Guerrero  Muñoz contra la Administradora Colombiana de
Pensiones               -en adelante Colpensiones-. El 11 de octubre de esa
misma anualidad, en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C., Sala Penal, revocó dicha decisión y negó el amparo
invocado.
2. Expediente T-6.559.019: El 10 de agosto
de 2017, en primera instancia,  el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira
concedió la acción de tutela  formulada por Miriam Morales Osorio contra
Colpensiones. El 19 de septiembre siguiente, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, revocó el fallo y declaró
improcedente el amparo.
3. Expediente T-6.543.048: El 9 de agosto
de 2017, en primera instancia,  el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira
concedió el amparo invocado por Solangel Sánchez de Aguirre contra
Colpensiones. El 4 de octubre de ese año, en segunda instancia, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil – Familia, revocó dicha
providencia y negó la protección solicitada.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-6.462.653: Julio César Guerrero  Muñoz
contra Colpensiones
1.1.   Hechos
El accionante tiene 47 años
de edad y ha sido diagnosticado con “trastorno depresivo y ansioso con
deterioro cognitivo asociado + lumbalgia”[1].
Debido a ello, el 5 de mayo de 2017, el Departamento de Medicina Laboral de
Colpensiones determinó su pérdida de capacidad laboral en un 63.7%, con fecha
de estructuración del 30 de diciembre de 2016.
El 1º de junio de 2017, el actor
solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez,
argumentando el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Mediante Resolución
SUB 147741 del 3 de agosto del mismo año, dicha entidad reconoció la pensión
solicitada, sin embargo, suspendió su pago e ingreso a nómina hasta que se
aportara sentencia de interdicción[2].
Como fundamento de ello, la accionada
destacó que el dictamen de pérdida de capacidad laboral del tutelante indica
que éste necesita ayuda de un tercero para tomar decisiones, por lo cual,
consideró que el actor era                  “un mayor inválido sin capacidad
legal declarada medicamente, para actuar en su mismo nombre”[3].
El 15 de agosto de 2017, el
señor Guerrero Muñoz formuló acción de tutela contra Colpensiones, indicando
que, suspender el pago de la pensión a la cual tiene derecho, vulnera su
garantía constitucional al mínimo vital, toda vez que no posee otro tipo de
ingreso, requiere de constantes traslados para asistir a citas médicas y,
además, tiene a su cargo los gastos de su compañera permanente y su hijo menor
de edad[4].
1.2.   Trámite impartido a la acción de tutela
Mediante
Auto del 16 de agosto de 2017, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C. admitió la acción de tutela y corrió
traslado a Colpensiones para que ejerciera su derecho a la defensa.
Respuesta de la entidad accionada
El Director de Acciones
Constitucionales de la Gerencia de Defesa Judicial de Colpensiones solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción de
tutela por el desconocimiento de su carácter subsidiario. Al respecto,
señaló que el amparo invocado no es el mecanismo idóneo para el pago de una
prestación social.
También,
reiteró que su decisión de suspender el pago de la pensión de invalidez, se
justificó en que “en el dictamen emitido por esta administradora se indicó
que el afiliado requiere de terceras personas para la toma de decisiones,
dictamen que se encuentra en firme y ejecutoriado y contra el mismo sólo
procede la jurisdicción laboral”[5].
Con
base en ello, argumentó que la inclusión en nómina del señor Guerrero Muñoz
sólo se realizará cuando se dicte sentencia judicial de interdicción, “para
que el acto administrativo que se profiera surta efectos jurídicos y esté libre
de vicios de nulidad”[6].
1.3.   Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia
El Juzgado
Veintisiete Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, mediante fallo del 31 de
agosto de 2017, concedió el amparo invocado al estimar que los mecanismos ordinarios
de defensa judicial      no eran idóneos ni eficaces para resolver el caso
concreto, dada la situación de vulnerabilidad del accionante[7].
Frente a su capacidad jurídica,
destacó que el actor instauró el amparo a nombre propio y no a través de un
tercero, un apoderado o un agente oficioso; además, cuenta con 47 años y
Colpensiones lo notificó personalmente del acto administrativo que resolvió su
solicitud pensional, sin realizar advertencia alguna sobre su presunta discapacidad
absoluta[8].
Sumado a ello, en la declaración
extrajuicio aportada al proceso, el Notario 38 del Círculo de Bogotá D.C. dejó
constancia que el señor Guerrero Muñoz y su compañera permanente, la señora Luz
Marina Merchán Sanabria, comparecieron personalmente y declararon bajo la
gravedad de juramento que han convivido 15 años y que, como fruto de su
relación, nació su hijo Cristian Camilo Guerrero Merchán.                              Tal
documento fue suscrito por el tutelante con firma y huella, sin que el señor
Notario advirtiera o realizara una nota marginal sobre su eventual discapacidad[9].
Agregó que Colpensiones no argumentó
con claridad qué razones justificaban su conclusión respecto a la discapacidad absoluta
del actor. Por ello, consideró que no existen motivos suficientes para sostener
que el actor carece de las facultades necesarias para ejercer sus derechos y
administrar sus propios recursos. De tal forma, afirmó:
“No es viable privarlo
arbitrariamente de la posibilidad de controlar sus propios asuntos económicos,
disfrutar de su pensión de invalidez y contar con los recursos necesarios para
asegurar su digna subsistencia.
Es que es diametralmente diferente
una discapacidad laboral a una incapacidad para ejercer sus propios derechos y
contraer sus propias obligaciones y la resolución de Colpensiones se limitó a
transcribir normas jurídicas descritas en el código civil, sobre la capacidad
jurídica, la capacidad de goce y ejercicio, sin que determinara con claridad lo
que dijo el concepto médico sobre la discapacidad que eventualmente afecta la
voluntad y el intelecto del accionante”[10].
Como consecuencia de ello, el Juzgado
concedió la protección del derecho fundamental al mínimo vital del señor Julio César
Guerrero  Muñoz y ordenó dejar sin efecto parcial los numerales 1° y 2° de la
Resolución SUB 147741 del 3 de agosto de 2017, en tanto suspendió su ingreso a
nómina. Del mismo modo, dispuso que Colpensiones debía pagar la pensión
invalidez al accionante sin que pudiera exigirle actuar a través de tutor.
Impugnación
La entidad accionada impugnó dicha decisión del a quo,
indicando que, en su criterio, no es posible pagar las mesadas pensionales al
tutelante hasta que se alleguen los siguientes documentos:
“1. Sentencia judicial de designación
de curaduría, en donde se especifique si es un incapaz absoluto o relativo.
2. Carta de autorización con las
facultades específicas.
3. Documento de identidad del tercero
ampliado al 150%.
4. Cuando se trate de curador, acta
de posesión y discernimiento del cargo, además de la sentencia judicial que lo
designa con tal calidad.” [11]
También reiteró que tales requisitos resultaban necesarios para
que el reconocimiento de la pensión surtiera efectos jurídicos y estuviera
libre de vicios de nulidad[12].
Segunda
instancia
En sentencia del 11 de octubre de 2017,
el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala de Decisión Penal, decidió revocar la
providencia de primera instancia, aduciendo que, si bien la acción de tutela
era procedente dado el estado de debilidad manifiesta del accionante,
Colpensiones no había vulnerado su derecho fundamental al mínimo vital.
Como sustento de ello, refirió que la
entidad demandada allegó el dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor
Guerrero Muñoz, el cual “determinó que el demandante (…) requería de la
designación de un curador y en tales condiciones, resultaba necesario exigir
sentencia de jurisdicción voluntaria ante el juez de familia con el fin de
establecer si la discapacidad del demandante es absoluta o relativa”[13].
Salvamento de voto del Magistrado
Marco Antonio Rueda Soto:
En el fallo antes referido, uno de
los tres integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá D.C., decidió apartarse de la decisión adoptaba, manifestando
su disenso frente a la suspensión del pago de la pensión hasta que se le
designara un curador al accionante.
Aseveró que resultaba contradictorio
esgrimir una medida concebida para proteger a las personas con alguna
discapacidad mental, a efectos de proferir una decisión en contravía de los
derechos del tutelante, además, tal determinación “lo deja a él y a los
integrantes de su familia en la más absoluta desprotección”[14].
También reprochó que Colpensiones
haya concluido que el señor Guerrero Muñoz requería una interdicción judicial,
basándose en un dictamen que tenía como único propósito determinar su pérdida
de capacidad laboral.  Del mismo modo, resaltó como incongruencias de la entidad,
admitir que el actor tuviera la capacidad para formular acción de tutela o ser
notificado personalmente, pero no con el fin de recibir el pago de su pensión
o, a lo sumo, autorizar a su compañera permanente para tal efecto.
Destacó que el proceso de interdicción
es de carácter eminentemente voluntario, por lo cual, las personas legitimadas
por activa en este trámite judicial se circunscriben al cónyuge o compañero permanente,
un pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o el propio afectado.
Por último, refirió que la mayoría de
la Sala se sustentó en el fallo T-471 de 2014 de la Corte Constitucional, sin
embargo, en esa oportunidad, únicamente se condicionó el pago de la pensión al inicio
del proceso de interdicción y no a su culminación mediante sentencia.
Con lo cual, concluyó que se está condenando a una persona en condición de
discapacidad a esperar un tiempo desproporcionado para recibir sus mesadas
pensionales:
“Considero que el fallo de primera instancia debió
confirmarse y, si se consideraba del caso, con una
modulación igual o similar a la efectuada en la sentencia de la Corte. No
condenar al accionante discapacitado (sic) y quien concita protección especial,
a que esté desprovisto de todo ingreso y del acceso al régimen de seguridad
social en salud hasta que esté en posibilidad de presentar el fallo en firme de
designación del curador respectivo, para que sea éste el que reciba en forma
retroactiva las mesadas que GUERRERO MUÑOZ requiere para la subsistencia digna
propia y de su familia. Nada más desproporcionado e injusto.”[15]
1.4.   Pruebas relevantes aportadas con la acción de
tutela
·
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Julio César
Guerrero  Muñoz[16].
·
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Luz
Marina Merchán Sanabria[17].
·
Fotocopia de la Resolución SUB 147741 del
3 de agosto de 2017, en la cual Colpensiones reconoce la pensión de invalidez
a favor del accionante, pero suspende su pago efectivo hasta que se allegue
sentencia de interdicción[18].
·
Declaración con fines extraprocesales No. 2113,
rendida ante la Notaria 38 del Circulo de Bogotá, por Julio César Guerrero  Muñoz
y Luz Marina Merchán Sanabria, en la cual manifiestan:
“1. QUE CONVIVIMOS EN UNIÓN LIBRE Y BAJO EL
MISMO TECHO DESDE HACE QUINCE (15) AÑOS.
2. QUE DE LA UNIÓN PROCREAMOS UN HIJO DE
NOMBRE CRISTIAN CAMILO GUERRERO MERCHAN, DE DOCE (12) AÑOS DE EDAD,
IDENTIFICADO CON T.I. NO 1.019.984.625, DE BOGOTÁ D.C.”[19].
·
Copia del dictamen médico laboral No.
2017214727TT proferido el 5 de mayo de 2017 por Colpensiones, en el cual se
determina que el accionante tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral
del 63.7%, con fecha de estructuración del 30 de diciembre de 2016, por
enfermedad de origen común con diagnóstico de “trastorno depresivo y
ansioso con deterioro conjuntivo asociado + lumbalgia”[20].
1.5. Escrito remitido por el accionante a la Corte Constitucional,
durante el trámite de revisión
El 31 de enero de 2018, el accionante allegó a esta
Corporación un escrito en el cual requiere el amparo urgente de sus derechos
fundamentales y que se ordene a Colpensiones pagar de manera provisional su
pensión de invalidez mientras se profiere sentencia en el proceso de interdicción
que ahora decidió adelantar ante su necesidad imperiosa de recursos económicos
para su sustento y el de su familia.
En ese sentido, indicó:
“Este proceso puede tardar entre 1 año y 1 año y medio por
las demoras y complejidades propios de ésta clase de procesos implicando mayor
riesgo en mi salud, bienestar y vida para esperar ese fallo que requiere
COLPENSIONES y obtener de esta manera el disfrute de la pensión la cual
estoy requiriendo de manera urgente dada mis criticas condiciones económicas
por las que me encuentro así como ser el sustento también de mi familia,
quienes dependen económicamente de mi”[21].
El actor también allegó los siguientes documentos:
·
Fotocopia de la demanda
de interdicción judicial, interpuesta por Diana Patricia Bautista Torres
quien actúa como apoderada de la señora Luz Marina Merchán Sanabria[22].
·
Fotocopia del Registro
Civil de Nacimiento de Cristian Camilo Merchán Guerrero (hijo menor del
accionante)[23].
·
Fotocopia de su
Historia Clínica expedida por PSQ S.A., el 16 de mayo de 2017[24].
·
Fotocopia del informe de
evaluación neuropsicológica expedida el 30 de diciembre de 2016 por la
Fundación Centro de Psicología Clínica y de Familia “Anita”[25].
·
Fotocopia de la
Resolución SUB 202533 del 22 de septiembre de 2017, en la cual Colpensiones da
cumplimiento al fallo de tutela del Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Funciones
de Conocimiento de Bogotá D.C. y, en consecuencia, ordena el pago de la pensión
de invalidez[26].
·
Fotocopia de la
Resolución SUB 296829 del 28 de diciembre de 2017, en la cual Colpensiones revoca
la Resolución SUB 202533 del 22 de septiembre de 2017 y ordena nuevamente la
suspensión del pago[27].
2.      Expediente T-6.559.019: Miriam Morales
Osorio contra Colpensiones
2.1.   Hechos
La accionante indica que fue diagnosticada con una
enfermedad huérfana denominada “purpura trombocitopenica idiopática severa”[28],
trastorno autoinmune que afecta la coagulación normal de la sangre[29].
A raíz de ello, refiere que se le administró “prednisolona” para
combatir la enfermedad, sin embargo, este medicamento tuvo varios efectos
secundarios sobre su salud, llegando a afectar sus habilidades motoras y
cognoscitivas[30].
Señala que debido a ello fue remitida “a un
hospital mental para unos días de reposo”, sin embargo, relata que allí fue
objeto de múltiples tratos degradantes e inhumanos:
“me trasladaron del cuarto donde me
encontraba, a empujones por un enfermero y guarda de seguridad a la sala de urgencias
(…) me sometieron de manera brusca y violenta, fui amarrada de pies y manos, me
durmieron con una inyección que me aplicaron en contra de mi voluntad (…) me
quitaron el celular, hasta que por intermedio de una señora que fue a visitar a
su hija le rogué que me hiciera el favor de comunicarse con mi hija, para que
fuera a sacarme de allá, en ese momento comprendí lo vulnerables que somos los
seres humanos frente a otros con una mediana forma de poder, donde el más débil
es aplastado, vulnerado, violentando, desconociendo sus derechos y libertades,
por lo que jamás quise, ni quiero volver a ese lugar, donde fui tratada como
algo sin valor.”
Por otra parte, menciona que su visión se ha
deteriorado progresivamente y ha sido diagnosticada con síndrome de Cushing[31],
fibromialgia[32],
osteopenia[33],
síndrome del túnel carpiano y trastorno depresivo[34], por lo cual
la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda determinó su
pérdida de capacidad laboral en un 60.16%[35].
Como consecuencia de lo anterior, solicitó a
Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez. Dicha entidad
profirió la Resolución SUB 93054 del 12 de junio de 2017, mediante la cual
concedió la prestación solicitada, no obstante condicionó su pago a que se
allegara sentencia de interdicción y el nombramiento de un curador[36].
La tutelante formuló recurso de reposición contra
dicho acto administrativo argumentando que requiere con urgencia el pago de su
pensión, debido a que se encuentra a cargo de su madre, quien tiene 85 años y
presenta un delicado cuadro de salud caracterizado por múltiples afecciones
cardiacas y pulmonares, por lo cual afirmó: “en el caso de iniciar un
proceso de interdicción no tendría recursos para llevar a cabo este proceso y
estaría de por medio nuestra subsistencia, comprometiendo nuestro mínimo vital”[37].
Además, adujo que no existe evidencia alguna que
permita concluir que se encuentra incapacitada para hacer uso de sus ingresos, con
lo cual aseveró: “no encuentro fundamentos jurídicos razonables para obligarme
a declararme interdicta”[38].
Arguyó también que dicho proceso judicial está diseñado para la protección de
los derechos de las personas diagnosticadas con algún trastorno mental y es de
carácter voluntario, no forzoso.                     A lo cual, agregó:
“Declararme interdicta sería algo en
contra de mi voluntad, de mi conciencia, sería degradarme, ver menoscabada mi
integridad humana, mi honor y me pondría en desventaja, inequidad y
desigualdad. (…) He trabajado toda la vida para sostener mi hogar, con mucho
sacrificio pude hacer una carrera profesional [Finanzas] y especializarme en
Gestión Pública”.[39]
Pese a lo anterior, Colpensiones confirmó su
condicionamiento mediante Resolución SUB 127410 del 17 de julio de 2017, reiterando
que, según su dictamen de pérdida de capacidad laboral, “requiere de terceros
para la toma de decisiones”[40].
El 3 de agosto de 2017, la señora Miriam Morales
Osorio formuló acción de tutela contra dicha entidad, solicitando: (i) la
protección urgente de su derecho fundamental al mínimo vital y, (ii) que se
ordene a Colpensiones pagar las mesadas pensionales a las cuales tiene derecho,
para lo cual, aseveró:
“No existen evidencias que demuestren que
he tenido malos comportamientos sobre mis recursos económicos, ya que los dineros
que he recibido por ocasión de los períodos de incapacidad que hasta ahora he
recibido han sido para cubrir las necesidades en el hogar: el obligarme a
declararme interdicta para incluirme en nómina de Colpensiones es una forma de
discriminación y considero que como ciudadana colombiana debo gozar de
los mismos derechos, libertades y oportunidades de los demás pensionados (…)
Considero que declararme interdicta para
recibir la pensión por parte de COLPENSIONES es obligarme a violar mi
intimidad personal, ir en contra de mi dignidad y mi buen nombre,
obligarme a actuar en contra de mi voluntad y conciencia (…)
Me siento discriminada y estigmatizada por
parte de Colpensiones al exigirme declararme interdicta por tener una depresión
la cual en este momento está siendo tratada por psiquiatría y medicamentos.”[41]
2.2.   Trámite impartido a la acción de tutela
Mediante
Auto del 4 de agosto de 2017, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira admitió
la acción de tutela y corrió traslado a Colpensiones para que ejerciera su
derecho a la defensa.
Respuesta de la entidad accionada
El Director de Acciones
Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de Colpensiones argumentó
que el mecanismo tutelar era improcedente y que, en todo caso, su decisión de
condicionar el pago de la pensión de invalidez se debía a lo establecido en su
dictamen de pérdida de capacidad laboral[42].
2.3.   Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira,
mediante fallo del 10 de agosto de 2017, concedió el amparo de los derechos
fundamentales a la seguridad
social, el mínimo vital, a la dignidad humana y al debido proceso de la
ciudadana Miriam Morales Osorio. Como fundamento de ello, cuestionó la
actuación de Colpensiones al proferir un acto administrativo y posteriormente
dejar en suspenso su materialización, hecho que consideró vulneratorio del
principio de confianza legítima y del derecho al debido proceso administrativo.
Por otra parte, destacó que el presente caso tenía
varias similitudes con el resuelto en sede de revisión mediante Sentencia T-655
de 2016. En razón a ello, reiteró las siguientes consideraciones de ese fallo:
“Colpensiones, pese a reconocer que no
es competente para designar curaduría o definir la interdicción de una persona,
estimó que el solicitante requería curador para administrar sus bienes, con
base en un dictamen de medicina laboral que indicaba que el actor necesitaba
ayuda de terceros por problemas físicos y psicológicos. A partir de este
concepto, la entidad presumió que el actor no contaba con capacidad jurídica y
le exigió que allegara sentencia judicial en la que renunciara al ejercicio de
ese derecho y se sometiera a la tutela de un tercero. (…)
En el expediente no obraba prueba de la
discapacidad mental absoluta que esta Corporación prevé para autorizar la
suspensión en el pago de la mesada pensional frente a una persona en esas
condiciones. Los documentos allegados al trámite, por el contrario, permitían
advertir que el señor (...) cuenta con facultades para ejercer sus derechos,
pues solicitó por sí mismo el reconocimiento de su pensión de invalidez,
interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la
resolución que suspendió el pago de su pensión y compareció ante notario para
otorgar poder general a su cónyuge.
En el presente caso, el derecho a la
capacidad jurídica del señor (…) fue irrespetado, ya que la Administradora
Colombiana de Pensiones anuló la posibilidad de que este dispusiera de su
patrimonio pensional, pese a que expresó claramente su voluntad de acceder
al reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. La conducta de la entidad
lesionó los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al
mínimo vital del accionantes, pues lo privó arbitrariamente de la posibilidad
de controlar sus propios asuntos económicos, disfrutar su pensión de invalidez
y contar con los recursos necesarios para asegurar su digna subsistencia.”[43]
Tomando como base esta argumentación, el juez sostuvo
que Colpensiones estaba imponiendo cargas a la tutelante que no estaba en la
obligación de soportar, más aún, teniendo en cuenta que su dictamen médico
otorgó un mayor porcentaje de pérdida de capacidad laboral a sus afecciones
visuales que a su trastorno depresivo, además, tan sólo refiere la necesidad de
“ayuda de terceros para tomar decisiones”, de lo cual no se puede argüir
que la accionante carece de las facultades necesarias para gestionar sus
propios recursos[44].
Impugnación
La entidad accionada impugnó el fallo del a quo,
reiterando que, en su concepto, (i) el amparo debió ser declarado improcedente
dado el incumplimiento del requisito de subsidiariedad y (ii) que la
suspensión del pago de la pensión obedece al dictamen de pérdida de capacidad
laboral de la accionante, el cual se encuentra en firme y ejecutoriado[45].
Segunda instancia
El Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal, revocó el fallo de primera
instancia y declaró la improcedencia de la acción de tutela, argumentando que
la jurisdicción de familia es la competente para determinar si la accionante
requiere ser representada por un tercero o si puede administrar sus propios
bienes[46].
2.4. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del
expediente
·
Fotocopia de la cedula
de ciudadanía de Miriam Morales Osorio[47].
·
Fotocopia de la cedula
de ciudadanía de María Pastora Osorio de Morales, madre de la accionante[48].
·
Fotocopia del dictamen
de pérdida de capacidad laboral y ocupacional de Miriam Morales Osorio, realizado
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda el 1° de marzo
de 2017[49].
·
Fotocopia de la
Resolución SUB 93054 del 12 de junio de 2017, en la cual Colpensiones
reconoce la pensión de invalidez a la tutelante, pero supedita su pago al nombramiento
de un curador y la presentación de una sentencia de interdicción[50].
·
Fotocopia del recurso
de reposición formulado contra la Resolución SUB 93054 del 12 de junio de 2017[51].
·
Fotocopia de la
Resolución SUB 127410 del 17 de julio de 2017, en la cual negó el recurso de
reposición presentado por la actora[52].
·
Historia Clínica de la
ciudadana María Pastora Osorio de Morales[53].
3.      Expediente T-6.543.048: Solangel
Sánchez de Aguirre contra Colpensiones
3.1.   Hechos
La ciudadana Solangel Sánchez
de Aguirre cuenta con 64 años y ha sido diagnosticada con diabetes mellitus,
tumor maligno de mama, hipertensión esencial, demencia no especificada y
disminución indeterminada de la agudeza visual en ambos ojos, razón por la cual
Colpensiones determinó su pérdida de capacidad laboral en 52.4%, mediante
dictamen del 30 de noviembre de 2015[54].
Como consecuencia de lo
anterior, la accionante solicitó pensión de invalidez a Colpensiones, sin
embargo, mediante Resolución GNR 130575 del 2 de mayo de 2016, dicha entidad
negó su petición argumentando que en el año 2009 le había otorgado una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
La actora formuló una primera
acción de tutela solicitando el reconocimiento de la pensión de invalidez, la
cual fue resuelta el 23 de agosto de 2016, en primera instancia, por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, y el 26 de septiembre de 2016, en
segunda instancia, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de
Risaralda[55].
Ambas autoridades judiciales
concedieron el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital de la señora Sánchez, ordenando a la Administradora Colombiana de
Pensiones que:
“en el término improrrogable de veinte (20)
días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
expida nuevo acto administrativo en el que reconozca con carácter definitivo,
la pensión de invalidez a la señora Solangel Sánchez de Aguirre, incluyéndosele
en nómina inmediatamente y pagándole las mesadas dejadas de percibir que
en los términos de la ley no hayan prescrito para su cobo, de conformidad con
el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 en su texto original”[56].
Pese a lo anterior, Colpensiones
emitió la Resolución GNR 328024 del 3 de noviembre de 2016, mediante la cual,
si bien reconoció la pensión de invalidez a la accionante, “en cumplimiento
del fallo de tutela”[57], condicionó su pago a que se anexara copia auténtica de sentencia
de interdicción con acta de posesión y discernimiento del cargo de
curador[58].
Ante lo cual, la señora
Sánchez formuló una nueva acción tutelar el 19 de mayo de 2017, solicitando la
protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la salud, al
debido proceso, al mínimo vital y a la dignidad humana, ante la suspensión del
pago de su pensión de invalidez. Para tal efecto, señaló:
“Señor juez, de lo antes expuesto quiero
señalar que sufro una enfermedad terminal; COLPENSIONES al no hacer el pago
efectivo atenta contra mi seguridad social, el mínimo vital y a la salud, puesto
que al esperar a que se inicie trámite de la interdicción no puedo
recibir los tratamientos para tratar mi enfermedad que día a día se vuelve más
degenerativa.
Señor juez desgraciadamente no cuento con
el tiempo para iniciar un proceso de interdicción, el tiempo para mi es
apremiante, ya que lamentablemente sufro de una enfermedad terminal, como lo es
el cáncer de mama.
Por último, señor juez, no es
pertinente dilatar más el proceso del pago de mi pensión de invalidez,
esperando a que se termine el proceso de interdicción con un fallo
judicial, el cual es solicitado por COLPENSIONES, puesto que soy una persona de
especial protección.”[59]
3.2.   Trámite impartido a la acción de tutela
Mediante
Auto del 22 de mayo de 2017, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira
admitió la acción de tutela y corrió traslado a Colpensiones para que ejerciera
su derecho a la defensa[60].
Respuesta de la entidad accionada
La Administradora Colombiana de Pensiones argumentó
que se desconocía el carácter subsidiario de la acción de tutela, dada
la existencia de otro recurso judicial para resolver la controversia. Agregó
que, en su criterio, no es competencia del juez constitucional realizar un
análisis de fondo frente a la inclusión en nómina de pensionados de una persona,
además, argumentó que su decisión se motivó en que el dictamen de la accionante
señala que ésta “requiere de terceras personas para que decidan por él (sic)”[61].
3.3.   Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia
El 9 de agosto de 2017, el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Pereira amparó los derechos invocados por la actora[62] y ordenó a Colpensiones el pago de su
pensión de invalidez, en razón a su grave estado de salud y la falta de pruebas
que permitieran acreditar su presunta imposibilidad de recibir las mesadas
pensionales, por lo cual afirmó: “es claro que en este momento mal podría la
entidad accionada hacer esta exigencia vulnerando los derechos fundamentales
incoados por la actora, máxime que se trata de una persona que goza de especial
protección por sufrir una enfermedad catastrófica”[63].
Impugnación
El Director de Acciones Constitucionales de la
Gerencia de Defensa Judicial de Colpensiones impugnó dicha decisión,
solicitando al juez de segunda instancia que declarara la improcedencia de la
acción de tutela debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad y
a las condiciones mentales de la accionantes, las cuales motivaron que se
exigiera una decisión judicial de interdicción, “con el objeto de
evitar que se aprovechen de su condición y realicen actuaciones o negocios que
puedan afectarle”[64].
Segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pereira, Sala Civil-Familia, revocó el fallo del a quo y negó el
amparo invocado, argumentando que, si bien la tutelante requiere el pago
urgente de su pensión a efectos de costear los tratamientos para su enfermedad,
Colpensiones no vulneró sus derechos fundamentales al justificar su condicionamiento
en el dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado el 30 de noviembre de
2015[65].
3.4. Pruebas relevantes cuyas copias obran dentro del
expediente
·
Fotocopia de la cedula
de ciudadanía de Solangel Sánchez de Aguirre[66].
·
Fotocopia del dictamen médico laboral No. 2015121834WW proferido
el 30 de noviembre de 2015 por Colpensiones, el cual determina la pérdida de
capacidad laboral de la accionante en 52.4%”[67].
·
Fotocopia de la Resolución GNR 328024 del
3 de noviembre de 2016, en la cual Colpensiones reconoce y deja en suspenso el
pago de la pensión de invalidez a favor de la actora[68].
4. Selección de los expedientes por parte de la Corte
Constitucional
La Sala de Selección Número Once de esta Corporación,
mediante Auto del 24 de noviembre de 2017, escogió el expediente T-6.462.653
(Julio César Guerrero  Muñoz contra Colpensiones), bajo el criterio objetivo
de selección: “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea
jurisprudencial”[69].
El caso fue asignado, previo reparto, al Magistrado Alberto Rojas Ríos para su
revisión[70].
La Sala de Selección Número Uno, mediante Auto del 26
de enero de 2018, eligió los expedientes T-6.543.048 (Solangel Sánchez de
Aguirre contra Colpensiones) y T-6.559.019 (Miriam Morales Osorio contra
Colpensiones), en atención a los siguientes criterios de selección: “necesidad
de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial” y “urgencia
de proteger un derecho fundamental”[71].
La Sala también dispuso su acumulación entre sí y su reparto al Magistrado
Alberto Rojas Ríos[72].
El 22 de febrero de 2018, la Sala Novena de Revisión
ordenó acumular los expedientes T-6.543.048 y T-6.559.019 al expediente
T-6.462.653, para que fueran tramitados y decididos en una sola sentencia[73].
II. CONSIDERACIONES
1.    Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para conocer los fallos proferidos dentro de las
acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2.    Planteamiento del asunto sub iúdice
Al examinar los tres casos sometidos al conocimiento
de la Corte, la Sala encuentra las siguientes similitudes entre sí:
(i)   Las acciones de tutela fueron formuladas
por personas diagnosticadas con alguna afección mental que, a la vez, padecen
otras enfermedades de distinta naturaleza.
(ii) Los tres tutelantes fueron calificados con una pérdida
de capacidad laboral superior al 50%.
(iii)
Debido a lo anterior y
al cumplimiento de los requisitos correspondientes, Colpensiones les reconoció
pensión de invalidez de conformidad a lo establecido en los artículos 38 y 39
de la Ley 100 de 1993.
(iv)
En todos los casos,
dicha entidad decidió suspender la inclusión en nómina y el pago de la pensión
a los tutelantes, argumentado que debían anexar sentencia de interdicción
judicial y acta de posesión del curador que administraría sus bienes.
(v) Los demandantes formularon acción de tutela contra
Colpensiones sosteniendo que la exigencia de ser declarados interdictos,
a efectos de recibir las mesadas pensionales correspondientes, constituye una
violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital
y a la dignidad humana.
Razón por la cual, solicitaron la
protección urgente de sus garantías constitucionales y que se ordene a la
Administradora de Pensiones incluirlos en nómina de pensionados.
(vi)
Los jueces de primera
instancia coincidieron en afirmar que, del cuadro clínico de los accionantes,
no podía concluirse que estos fueran incapaces absolutos o que no
pudieran administrar sus propios recursos, por lo cual ordenaron la protección
invocada y el pago correspondiente.
(vii)
En contraste, los
jueces de segunda instancia consideraron que las acciones de amparo eran
improcedentes ante la existencia de otros mecanismos judiciales para resolver
la controversia, o debían ser negadas al encontrar justificado el obrar de
Colpensiones.
3.    Problema jurídico
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta
Corporación abordará el análisis del siguiente problema jurídico:
¿Colpensiones desconoce los derechos fundamentales a
la seguridad social, al mínimo vital, a la capacidad jurídica y a la vida en
condiciones dignas de las personas diagnosticadas con alguna afección mental,
al condicionar su inclusión en nómina y el correspondiente pago de su pensión
de invalidez, a la presentación de una sentencia de interdicción judicial y la
designación de un curador a efectos de administrar su patrimonio?
Con el fin de dar solución al cuestionamiento
planteado, la Sala examinará los siguientes puntos: (i) procedencia excepcional
de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales;
(ii) protección nacional e internacional de las personas con discapacidad
mental;                         (iii) capacidad jurídica de las personas diagnosticadas
con alguna afección mental; (iv) jurisprudencia constitucional sobre la
exigencia de interdicción para incluir a una persona con discapacidad en nómina
de pensionados; y, (v) resolución de los casos concretos.
4.    Procedencia excepcional de la acción de
tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Reiteración de
jurisprudencia
El artículo 86 de la Constitución establece que la
acción de tutela es un mecanismo de protección directo, inmediato y efectivo de
los derechos fundamentales, al cual puede acudir cualquier persona en nombre
propio o de otro, cuando quiera que sus garantías constitucionales sean
vulneradas o amenazadas por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de algún particular, en los casos que dispone la ley.
De acuerdo con esta disposición, la acción de tutela “solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”. A su vez, el Decreto 2591 de 1991 establece en su
artículo 6° que: “la existencia de dicho medio será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.”
En razón a ello, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha considerado reiteradamente[74]
que la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y/o pago de
prestaciones sociales se debe analizar a la luz de los siguientes lineamientos:
“(i) procede como mecanismo transitorio,
cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa para el
reconocimiento de la prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, conforme a la especial situación del peticionario; (ii)
procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario dispuesto
para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las
especiales circunstancias del caso que se estudia. Además, (iii) cuando la
acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección
constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas
en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros, el
examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos.”[75]
Del mismo modo, esta Corporación ha establecido que el
análisis de procedencia de las acciones de amparo que solicitan el
reconocimiento y/o pago de una prestación social debe realizarse tomando en
consideración las particularidades fácticas que rodean el asunto sub iúdice
y el mandato constitucional de superar las desigualdades materiales existentes
y posibilitar una “salvaguarda reforzada de aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta”[76].
Respecto a la posibilidad excepcional de acudir al
mecanismo tutelar para reclamar el reconocimiento y pago específico de la
pensión de invalidez, las Sentencias T-503 de 2017, T-728 de 2017, T-533 de
2010, T-653 de 2004, entre otras, destacan que ello obedece a dos elementos
fundamentales:
“(i) por una parte, la calidad del sujeto
que la reclama. Es claro que las circunstancias de vulnerabilidad y de
debilidad manifiesta de una persona declarada inválida, hacen necesaria
la inmediata protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando de
esa manera la garantía y respeto de derechos fundamentales como la vida, la
dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros;
(ii) En segundo lugar, porque la
importancia de tal reconocimiento radica en el hecho de que en la gran
mayoría de los casos, esta prestación se constituye en el único sustento
económico con el que contaría la persona y su grupo familiar
dependiente para sobrellevar su existencia en condiciones más dignas y justas.”[77]
5.    Protección nacional e internacional de las
personas con discapacidad mental
En el marco del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (DIDH), se destaca que el presupuesto esencial de las garantías fundamentales
de las personas diagnosticadas con alguna discapacidad es “el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana”[78],
tal como lo dispone el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos
Humanos adoptada en 1948, este instrumento internacional también establece que
todas las personas tienen derechos inalienables sin distinción de carácter
alguno:
“Artículo 1. Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2. Toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.[79]”
Esta realidad ha sido reconocida, entre otros, por el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[80], el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)[81]
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)[82].
A la luz de este reconocimiento, la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
las Personas con Discapacidad, suscrita en Guatemala el 7 de junio de 1999, reafirma
“que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y
libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el
de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan
de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”.
Igualmente, establece que los Estados Partes tienen la obligación de prevenir y
eliminar todas las formas de discriminación contra esta población a efectos de
propiciar su plena participación e integración a la sociedad.
En este sentido, merece especial atención y énfasis la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006[83],
la cual tiene por objeto “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad”[84].
Bajo este propósito, la Convención define la discapacidad
como un concepto que resulta de la interacción entre el diagnóstico médico de
la persona y las barreras sociales e institucionales que ésta enfrenta para participar
plena y efectivamente en comunidad[85].
De tal forma, el preámbulo de este instrumento internacional resalta “la
importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”[86].
Este aspecto se ve reflejado en la mayoría de los principios
que ilustran la Convención, a saber: “a) el respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas; b) la no discriminación; c) La
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por
la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La
accesibilidad”[87].
En relación con la proscripción de toda forma de
discriminación contra las personas con discapacidad, los artículos 2°, 4° y 5°
convencionales imponen la obligación a los Estados Partes de eliminar cualquier
distinción o restricción, por motivos de discapacidad, que tenga el propósito o
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio
de un derecho o libertad fundamental[88].
Por otra parte, resulta especialmente relevante lo
dispuesto en el artículo 12 de la Convención, ya que su objeto central es el
compromiso de los Estados Partes de reconocer la capacidad jurídica de
las personas con discapacidad y garantizar su derecho a controlar sus propios
asuntos económicos.
El tenor del mencionado artículo es el siguiente:
“Artículo 12. Igual reconocimiento como
persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las
personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de
su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que
las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de
condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados
Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las
personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en
todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas (…) Esas salvaguardias
asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica
respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona (…) Las
salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los
derechos e intereses de las personas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias
y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y
tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y
otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con
discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.”[89]
En un sentido similar, se establece que cada Estado debe
adoptar medidas “para que las personas con discapacidad puedan lograr y
mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y
vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la
vida”[90].
Además, se reconoce el derecho a la protección social de esta población, bajo
el mandato de “asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas
con discapacidad a programas y beneficios de jubilación”[91].
Con base en ello, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sostenido que la Convención “inauguró un nuevo marco de
protección que, ante todo, se propuso superar la idea de la discapacidad como
una condición médica asociada a condiciones físicas, fisiológicas o sicológicas
que requieren tratamiento”[92],
al aludir a la discapacidad “como un concepto en evolución, asociado a
las barreras sociales que impiden a las personas funcional, física, mental,
intelectual o sensorialmente diversas participar plena y efectivamente en la
sociedad”[93].
En relación con este nuevo marco de protección,
la Corte se ha referido en varias ocasiones[94]
a los distintos modelos y etapas de comprensión de la discapacidad. El primero
de ellos fue el de la prescindencia, según el cual debía separarse o
aislarse a la persona afectada como una “medida de protección” de la sociedad;
el segundo se denominó marginación y se basaba en la distinción entre normalidad
y anormalidad, al considerar que las personas con discapacidad eran “anormales”
y por lo tanto se justificaba su segregación parcial; el tercero es un modelo rehabilitador,
que hace énfasis en el tratamiento médico de la persona a efectos de
“posibilitar” su vida en comunidad; y, finalmente, el modelo social, adoptado
por la Convención en comentario, el cual se fundamenta en la adopción de
medidas que:
“(i) permitan al mayor nivel posible el
ejercicio de la autonomía de la persona con discapacidad;
(ii) aseguren su participación en todas
las decisiones que los afecten;
(iii) garanticen la adaptación del
entorno a las necesidades de la persona con discapacidad; y
(iv), aprovechen al máximo las
capacidades de la persona, desplazando así el concepto de “discapacidad”
por el de “diversidad funcional”[95].
Así las cosas, este modelo se centra en el
reconocimiento de la dignidad y la capacidad jurídica de las personas
diagnosticadas con alguna afección mental, quienes, por ende, tienen el derecho
a participar en todas las decisiones que los afecten. Igualmente, se basa en
que la sociedad debe propender por su integración “y no que ellas tengan la
gravosa obligación de ajustarse al entorno en el que se encuentran”[96].
6.    Capacidad jurídica de las personas
diagnosticadas con alguna afección mental
A efectos de analizar la capacidad jurídica de esta
población, resulta especialmente relevante lo dispuesto en la Ley 1306 de 2009,
la cual tiene como objeto “la protección e inclusión social de toda persona
natural con discapacidad mental”[97]
y la regulación de guardas y consejerías que tienen “como objetivo principal
la rehabilitación y el bienestar del afectado”[98].
En el artículo 2° de dicha normativa se establece que
una persona tiene discapacidad mental “cuando padece limitaciones psíquicas
o de comportamiento, que no le permiten comprender el alcance de sus actos o
asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio”. Del
mismo modo, plantea que la incapacidad jurídica de la persona será correlativa
a su afectación, aspecto que se relaciona con lo dispuesto en el artículo 1503
del Código Civil, según el cual toda persona se presume legalmente capaz hasta
que se demuestre lo contrario[99].
Como principios que ilustran y delimitan la
interpretación de la Ley 1306 de 2009, se destacan los siguientes:
“a). El respeto de su dignidad, su
autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones y su independencia;
b). La no discriminación por razón de
discapacidad;
c). La participación e inclusión
plenas y efectivas en la sociedad;
d). El respeto por la diferencia y
la aceptación de las personas con discapacidad mental como parte de la
diversidad y la condición humana;
e). La igualdad de oportunidades;
f). La accesibilidad”[100]
Igualmente, se resaltan las siguientes obligaciones del
Estado y la sociedad respecto a la protección de quienes padecen una afección
mental:
“1. Garantizar el disfrute pleno de todos
los derechos a las personas con discapacidad mental, de acuerdo a su capacidad
de ejercicio;
2. Prohibir, prevenir, investigar y
sancionar toda forma de discriminación por razones de discapacidad;
3. Proteger especialmente a las personas
con discapacidad mental;
4. Crear medidas de acción afirmativa que
promuevan la igualdad real a las personas con discapacidad mental;
5. Establecer medidas normativas
y administrativas acorde a las obligaciones derivadas de los tratados
internacionales de derechos humanos a favor de las personas en situación de
discapacidad mental y las acciones necesarias para dar cumplimiento a los
programas nacionales;
6. Fomentar que las dependencias y
organismos de los diferentes órdenes de gobierno trabajen en favor de la
integración social de las personas con discapacidad mental;
7. Establecer y desarrollar las políticas y
acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas nacionales en favor
de las personas en situación de discapacidad mental; así como aquellas que
garanticen la equidad e igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus
derechos.”[101]
Por otra parte, la Ley 1306 de 2009 diferencia entre
la discapacidad mental relativa y absoluta, la primera se predica
de quienes “padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o
inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio
riesgo su patrimonio”[102];
y la segunda, se refiere a quienes “sufren una afección o patología severa o
profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental”[103].
En el caso de la discapacidad mental relativa,
el artículo 32 dispone la medida de inhabilitación respecto de aquellos
negocios que, por su cuantía o complejidad, hacen necesario que el afectado
cuente con la asistencia de un consejero[104].
En relación con la absoluta, la disposición número 25 establece una
medida más drástica: la interdicción, la cual consiste en la privación
de la capacidad de ejercicio de la persona[105], la respectiva
anotación en su registro civil de nacimiento y el nombramiento de un curador
para que decida por ella y administre su patrimonio[106].
Como consecuencia civil de la interdicción,
también se destaca que todos los actos jurídicos de la persona serán considerados
“absolutamente nulos”[107],
sin embargo, la ley establece la siguiente salvedad respecto a las actuaciones
en favor del afectado: “todo acto gratuito desinteresado o de mera
liberalidad de persona capaz, en favor de personas con discapacidad mental
absoluta o a impúberes es válido”[108].
Tal es la gravedad de la declaratoria de interdicción,
que el artículo 28 de esta ley dispone que, en el curso del proceso judicial correspondiente,
debe realizarse: “un dictamen completo y técnico sobre la persona con
discapacidad mental absoluta realizado por un equipo interdisciplinario
compuesto del modo que lo establece el inciso 2° del artículo [17] de
esta Ley”[109].
Dicho dictamen tiene el propósito de precisar: “la
naturaleza de la enfermedad, su posible etiología y evolución, las
recomendaciones de manejo y tratamiento y las condiciones de actuación o roles
de desempeño del individuo”[110],
así como la indicación expresa de las consecuencias que tendría la afección
mental “en la capacidad del paciente para administrar sus bienes y disponer
de ellos”[111].
En el caso del proceso de inhabilitación, se
establece que el juez realizará audiencia con la persona diagnosticada con
alguna afección mental y dispondrá la práctica de todas aquellas pruebas que
estime convenientes para verificar su estado de salud, expresamente se indica
que deberá ordenar la realización de un examen psicológico u ocupacional por un
equipo interdisciplinario[112].
Así las cosas, se concluye que el ordenamiento
jurídico colombiano dispone que toda persona se presume capaz hasta que se
demuestre lo contrario, para lo cual la Ley 1306 de 2009 previó los procesos
judiciales de interdicción e inhabilitación a efectos de
comprobar las consecuencias precisas de una determinada afección mental en la capacidad
de ejercicio del afectado.
En todo caso, las disposiciones de dicha normativa deberán
interpretarse a la luz de: (i) el objeto esencial de la ley, a saber, “la
protección e inclusión social de la persona con discapacidad mental”; (ii)
los principios de no discriminación y “respeto de su dignidad, su autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su
independencia”; (iii) la obligación del Estado y la sociedad de “garantizar
el disfrute pleno de todos los derechos a las personas con discapacidad mental,
de acuerdo a su capacidad de ejercicio”; y, (iv) lo dispuesto en “las
convenciones internacionales sobre los derechos humanos relativos a las
personas en situación de discapacidad, aprobados por Colombia, que integran el bloque
de constitucionalidad”[113].
7.    Jurisprudencia constitucional sobre la
exigencia de interdicción para incluir a una persona con discapacidad en nómina
de pensionados
La Corte Constitucional ha resuelto varios casos
relacionados con el pago de prestaciones sociales en favor de una persona con
discapacidad, debido a que éste se condicionó a la declaratoria de interdicción
del afectado y el nombramiento de un curador para administrar sus bienes.
Así, por ejemplo, en la Sentencia T-043 de 2008,
esta Corporación  resolvió la acción de tutela formulada por Rosa Yamili Rua,
en representación de su hijo, quien padecía un retraso mental severo y sordera.
La accionante manifestó que la entidad “Puertos de Colombia” reconoció pensión
de sobrevivientes en favor de ella y el menor Alfonso Rafael Pizarro Rua, sin
embargo, decidió suspender el pago de las mesadas pensionales de su hijo hasta
que se allegara copia de la respectiva sentencia de interdicción.
Tras analizar el asunto, la Corte corroboró que el infante
se encontraba en un grave estado de salud, razón por la cual sí requería el
nombramiento de un curador. Pese a ello, destacó que el menor era un sujeto de
especial protección constitucional que requería con urgencia el pago de las
mesadas pensionales, por lo cual, concedió el amparo de sus derechos fundamentales
a la vida, a la salud, al mínimo vital y a la seguridad social, y, en
consecuencia, ordenó: (i) pagar las mesadas pensionales al afectado, únicamente
bajo el condicionamiento de haber iniciado el proceso de interdicción;
(ii) pagar el retroactivo correspondiente cuando se nombrara un curador; y
(iii) comunicar la sentencia al Defensor del Pueblo para que realizara un
acompañamiento para salvaguardar sus derechos fundamentales[114].
Una decisión similar se adoptó en la Sentencia T-674
de 2010, en la cual se analizó el amparo instaurado por Gabriela Restrepo
Restrepo en calidad de agente oficiosa de su sobrino Oscar Isaza Restrepo,
quien padecía depresión mayor crónica con trastorno de personalidad y había intentado
suicidarse en varias ocasiones, por lo cual había sido hospitalizado en distintos
centros de salud mental.
Este Tribunal determinó que el Instituto de Seguros
Sociales había desconocido sus derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad
social y al mínimo vital, al negarle injustamente el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes. Por otra parte, constató que el ciudadano Oscar
Isaza Restrepo requería “una protección preferente y especial, pues su
estado le aparejaba una manifiesta condición de indefensión y limitación”,
por lo que, si bien consideró que se debía adelantar un proceso para declarar
su interdicción, ordenó que, una vez se iniciara el trámite
judicial, debían pagarse las mesadas pensionales a su agente oficiosa -bajo la
supervisión del Defensor de Familia[115]-,
adicionalmente, se dispuso que el retroactivo correspondiente se pagaría cuando
se nombrara a un curador[116].
En la Sentencia T-471 de 2014 se ampararon los
derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la vida digna de Karina Cañón
Casas, quien padecía un retraso mental severo y, al llegar a su mayoría de
edad, Colpensiones suspendió el pago de su pensión de sobrevivientes
argumentando que debía ser declarada interdicta.
La Corte encontró que, dada la gravedad de la afección
sufrida por la joven, sí era necesario adelantar dicho proceso judicial, sin
embargo, esto no podía ser óbice para interrumpir el pago de las mesadas
pensionales a las cuales tenía legítimo derecho.
En consecuencia, ordenó a su progenitora, la señora
María Edelmira Casas, que iniciara un proceso de interdicción y
solicitara el nombramiento de un curador provisional a efectos de recibir el
pago de la pensión, del mismo modo, condicionó el pago del retroactivo a la
sentencia correspondiente y ordenó a la Defensoría del Pueblo que efectuara un
acompañamiento a la accionante[117].
Por otra parte, se destaca la Sentencia T-509 de
2016, en la cual se resolvió la acción de tutela formulada por Luis Felipe
Hernández Jaimes, quien padecía un retraso mental leve e hipoacusia[118],
como causa de ello se determinó que su pérdida de capacidad laboral era de 55.2%.
El actor solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez,
a lo cual accedió dicha entidad, sin embargo, decidió dejar en suspenso su
pago, hasta que se allegara sentencia de interdicción.
El tutelante sostuvo que tal exigencia no se encontraba
contemplada en el ordenamiento jurídico para el pago de la pensión de
invalidez, además, argumentó que contaba con plenas capacidades para su auto
sostenimiento, razón por la cual consideró que Colpensiones había vulnerado sus
derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo
vital.           Por su parte, la accionada sostuvo que la decisión cuestionada
se motivaba en una de las afirmaciones de su dictamen de pérdida de capacidad
laboral, el cual mencionaba que el actor requería de terceros para que
decidieran por él.
La Corte destacó en sus consideraciones que el Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas[119]
ha señalado que: “el derecho al igual reconocimiento como persona ante la
ley entraña que la capacidad jurídica es un atributo universal inherente a
todas las personas en razón de su condición humana y debe mantenerse para
las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás.”[120]
Igualmente, el Comité clarificó que, en virtud del
artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad,              “´el desequilibrio mental´ y otras denominaciones
discriminatorias no son razones legitimas para denegar la capacidad jurídica
(ni la capacidad legal ni la legitimación para actuar)”[121]; en
contraste, deben fijarse únicamente apoyos que respeten “los
derechos, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad y
nunca deben consistir en decidir por ellas”[122].
Dada la relevancia de este punto, se transcriben las siguientes
consideraciones del Comité sobre el significado y las implicaciones precisas de
los párrafos 3°[123]
y 5°[124]
del artículo 12 de la Convención:
“El artículo 12, párrafo 5, obliga a los
Estados partes a adoptar medidas (entre otras, medidas legislativas,
administrativas, judiciales y otras medidas prácticas), a fin de garantizar
los derechos de las personas con discapacidad en lo que respecta a las
cuestiones financieras y económicas, en igualdad de condiciones con las demás.
Tradicionalmente se ha negado a las personas con discapacidad el acceso a las
finanzas y la propiedad en función del modelo médico de la discapacidad. Ese
criterio de negar a las personas con discapacidad la capacidad jurídica para
las cuestiones financieras debe sustituirse por el apoyo para ejercer la
capacidad jurídica, de acuerdo con el artículo 12, párrafo 3. (…)
Los sistemas que
niegan la capacidad jurídica basándose en la condición de la persona
constituyen una violación del artículo 12 porque son discriminatorios prima
facie, ya que permiten imponer la sustitución en la adopción de decisiones
basándose únicamente en que la persona tiene un determinado diagnóstico. (…) los Estados partes en cuestión deben
examinar las leyes que regulan la guarda y la tutela y tomar medidas para
elaborar leyes y políticas por las que se reemplacen los regímenes basados
en la sustitución en la adopción de decisiones por un apoyo para la adopción
de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la
persona.
Los regímenes basados en la sustitución en
la adopción de decisiones pueden ser de muchas formas diferentes, entre ellas
la tutela plena, la interdicción judicial y la tutela parcial. Sin
embargo, todos esos regímenes tienen determinadas características comunes:
pueden describirse como sistemas en los que: i) se despoja a la persona de la
capacidad jurídica, aunque solo sea con respecto a una única decisión; ii)
puede nombrar al sustituto que tomará las decisiones alguien que no es la
persona concernida y ese nombramiento puede hacerse en contra de su voluntad; y
iii) toda decisión adoptada por el sustituto en la adopción de decisiones se
basa en lo que se considera el "interés superior" objetivo de la
persona concernida, en lugar de basarse en su voluntad y preferencias propias.”[125]
En relación con el caso del ciudadano Luis Felipe
Hernández, la Corte consideró que Colpensiones había vulnerado sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital, por
cuanto la discapacidad mental que padecía no justifica una medida tan drástica
como la interdicción, frente a lo cual resaltó que el ordenamiento
nacional presume que toda persona es plenamente capaz hasta que se demuestre lo
contrario, en razón a ello ordenó a la Administradora de Pensiones pagar
inmediatamente las mesadas pensionales adeudadas al actor[126].
Finalmente, se hace referencia a la Sentencia T-655
de 2016, en la cual se resolvió el caso del señor Gessner Gómez Ruiz, quien
sufrió una enfermedad por accidente vascular encefálico agudo que le generó una
pérdida de capacidad laboral del 58.09%. Colpensiones reconoció la pensión de
invalidez solicitada por el actor, pero suspendió su pago advirtiendo que en su
dictamen se consignaba que éste requería la ayuda de terceros, por lo cual,
debía allegar sentencia de interdicción.
El señor Gómez Ruíz formuló acción de tutela contra la
entidad argumentando que el requisito exigido era “innecesario y cruel”
ya que contaba con plenas capacidades para administrar sus recursos y que, si
bien estaba enfermo, “no estaba demente”, por lo cual solicitó la
protección de sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a la
igualdad.
Esta Corporación destacó que, a la luz del artículo 13
Superior:
“todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, legua, religión, opinión
política o filosófica.
El Estado, dice la disposición, promoverá
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. Por último, la cláusula señala que
el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
Adicionalmente, resaltó los desarrollos recientes en
materia de protección internacional de los derechos de las personas en
condición de discapacidad, según los cuales el modelo de sustitución, que
se fundamenta en remplazar totalmente la voluntad del afectado, contraría su
autonomía y derecho a la igualdad, por lo cual, se debe acoger un modelo de
apoyos a efectos de fomentar su participación e inclusión en la sociedad, así
como permitir que tomen sus propias decisiones con una orientación y consejería
responsable para el efecto.
Así las cosas, sostuvo:
“En criterio de la Sala, el contenido del
artículo 12 de la Convención obliga a la Corte a redefinir el alcance de la
exigencia de curador para el pago de las prestaciones pensionales reconocidas a
personas en situación de discapacidad intelectual o psicosocial. En esa
dirección, al resolver el caso concreto la Sala tendrá en cuenta i) que las
personas en condición de discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su
capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida en iguales condiciones que
los demás; ii) que las salvaguardias que se prevean para realizar su capacidad
jurídica deben respetar sus derechos, voluntad y preferencias y iii) que se
deben otorgar los apoyos necesarios para que la persona pueda ejercer su
capacidad jurídica, expresar su voluntad y obrar conforme a ella.”
Con base en lo anterior, la Corte afirmó que
Colpensiones no es competente para determinar si una persona padece una discapacidad
mental absoluta o no, justamente, son los procesos de interdicción
e inhabilitación los que tienen como finalidad determinar el grado de
discapacidad de la persona.
A su vez, reprochó que la entidad haya concluido que
el accionante requería ser declarado interdicto con base en la
indicación “requiere ayuda de terceros para tomar decisiones” de su
dictamen de pérdida de capacidad laboral. Por el contrario, la Corte evidenció
que el señor Gómez Ruiz contaba con plenas capacidades para ejercer sus derechos
y no someterse al arbitrio de un curador.
En consecuencia, argumentó que el derecho a la
capacidad jurídica del tutelante había sido vulnerado, así como sus
garantías a la igualdad, la seguridad social y al mínimo vital, por lo tanto,
ordenó a Colpensiones que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de la sentencia, dispusiera su inclusión en nómina de pensionados y procediera
a pagar las mesadas pensionales a las cuales tenía derecho[127].
Así las cosas, la Corte Constitucional
concluye que, con base en los instrumentos internacionales que rigen la
materia, así como las normas relativas a la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad y la jurisprudencia constitucional reseñada, aquellos casos en
los cuales se exija sentencia de interdicción para incluir a una persona
en nómina de pensionados deben resolverse de acuerdo con las siguientes
subreglas:
i)      Todas las personas, sin distinción alguna,
tienen los mismos derechos y libertades en razón a la dignidad inherente de
todo ser humano.
ii)    Las personas con discapacidad tienen
derecho a tomar sus propias decisiones en un marco que respete su autonomía,
libertad e independencia individual.
iii) Toda persona se presume plenamente capaz hasta que se
demuestre lo contrario.
iv) Si una persona ha sido diagnosticada con alguna
afección mental, resulta discriminatorio considerar prima facie que debe
ser declarada interdicta y someterse a la curaduría de un tercero.
v)    En principio, constituye una medida
discriminatoria condicionar el pago de una prestación social a una persona con
discapacidad, argumentando que debe allegar sentencia de interdicción y
acta de posesión del curador que administrara sus bienes.
vi) Sólo en aquellos casos en los cuales se acredite
claramente que la persona padece una discapacidad mental absoluta y no
puede administrar sus propios recursos, resulta excepcionalmente posible
condicionar su inclusión en nómina de pensionados al inicio de un
proceso de interdicción y no a su culminación.
vii)
En el supuesto
anterior, es viable condicionar el pago del retroactivo pensional al
nombramiento definitivo de un curador, sin embargo, a efectos de garantizar el
derecho fundamental al mínimo vital del afectado, debe ordenarse el pago de las
mesadas pensionales de forma directa o por intermedio de su cónyuge, compañero
permanente o pariente, siempre comunicando la decisión al Defensor de Familia
para que ejerza las labores de supervisión correspondientes.
8.    Resolución de los casos concretos
A continuación la Sala abordará el análisis de cada
uno de los casos sometidos a su revisión, para lo cual determinará su
procedencia tanto formal como material y enunciará las órdenes a tomar.
Expediente T-6.462.653: Julio César Guerrero  Muñoz
contra Colpensiones
El 15 de agosto de 2017, el ciudadano Julio César
Guerrero  Muñoz formuló acción de tutela contra Colpensiones argumentando que
dicha entidad había desconocido su derecho fundamental al mínimo vital, debido
a que supeditó el pago de su pensión de invalidez hasta que se aportara
sentencia de interdicción.
En primera instancia, el Juzgado Veintisiete Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C. concedió el amparo
invocado al considerar que Colpensiones no argumentó razones suficientes para
concluir que el accionante padecía una discapacidad mental absoluta, por
lo cual resultaba desproporcionado “privarlo arbitrariamente de la
posibilidad de controlar sus propios asuntos económicos”[128].
Pese a lo anterior, el Tribunal Superior de Bogotá
D.C., en decisión dividida, revocó dicha providencia y negó la protección del
derecho al mínimo vital del actor, para lo cual, sostuvo que Colpensiones
justificó su decisión en una de las afirmaciones del dictamen de pérdida de
capacidad laboral realizado el 5 de mayo de 2017, según el cual el tutelante
requería ayuda de terceros para tomar decisiones.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala Novena de
Revisión aborda en primer lugar el examen de procedencia formal de la acción de
tutela:
La Sala corrobora que se acredita el requisito de legitimación
por activa y pasiva en el presente caso, dado que el señor Guerrero Muñoz es
el principal afectado con el condicionamiento para acceder a las mesadas
pensionales. Por su parte, Colpensiones es la entidad que presuntamente vulneró
sus derechos fundamentales al tomar tal determinación mediante la Resolución
SUB 147741 del 3 de agosto de 2017.
En relación con el presupuesto de inmediatez,
se encuentra que la acción de tutela fue formulada tan sólo 12 días después de
que se hubiera proferido la Resolución comentada[129], por lo
cual fue ejercida dentro de un término más que razonable y oportuno.
Respecto al requisito de subsidiariedad, se
destaca que el accionante fue diagnosticado con “trastorno depresivo y
ansioso con deterioro cognitivo asociado + lumbalgia”[130], su pérdida
de capacidad laboral es del 63.7%[131]
y acudió a la acción de tutela solicitando la protección urgente de su derecho
fundamental al mínimo vital, dado que no posee otro tipo de ingreso, requiere
de constantes traslados para asistir a citas médicas y, además, tiene a su
cargo los gastos de su compañera permanente y su hijo menor de edad[132].
Teniendo en cuenta lo anterior y las consideraciones
expuestas en esta sentencia respecto a la procedencia excepcional de la acción
de tutela para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, se considera
que, si bien la acción ordinaria laboral sería idónea para resolver la
presente controversia[133],
ésta no resulta eficaz para el caso concreto, dadas las especiales
circunstancias del tutelante.
En ese sentido, el amparo bajo estudio resulta
procedente como mecanismo definitivo, en atención a las exigencias del artículo
13 Superior, el cual indica: “El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan”.
Así las cosas, la Corte procede a resolver el fondo
del asunto sub examine a efectos de establecer si Colpensiones
desconoció los derechos fundamentales del ciudadano Julio César Guerrero  Muñoz,
al condicionar el pago de su pensión de invalidez a la sentencia de interdicción
y al nombramiento del curador que administraría sus bienes.
En las contestaciones de la entidad accionada se
argumenta que no se vulneraron los derechos invocados “toda vez que en el
dictamen emitido por esta administradora se indicó que el afiliado requiere de
terceras personas para la toma de decisiones”[134], razón por
la cual Colpensiones consideró que el señor Guerrero Muñoz era “un mayor
inválido sin capacidad legal”[135].
Dada la importancia del dictamen de pérdida de
capacidad laboral realizado al accionante, la Sala procede a realizar un
análisis detallado de su contenido:
Tal como lo refiere la Administradora de Pensiones, el
dictamen refiere que el accionante “requiere de terceras personas para la
toma de decisiones”[136],
sin embargo también indica que no requiere de terceros “para realizar sus
actividades de la vida diaria”[137],
más aun, en el texto del dictamen se realiza la siguiente relación de conductas
con la indicación dependiente, requiere ayuda o independiente:
“Bañarse: requiere ayuda
Vestirse: requiere ayuda
Arreglarse: requiere ayuda
Higiene Oral: independiente
Higiene en el Inodoro: independiente
Transferencias: requiere ayuda
Movilidad Funcional: requiere ayuda
Expresión Sexual: independiente
Comer: independiente
Ir de compras: requiere ayuda
Cocinar: requiere ayuda
Rutina de medicamentos: independiente
Usar el teléfono: requiere ayuda
Mantenimiento del hogar: requiere ayuda
Lavandería: requiere ayuda
Conducir: dependiente
Manejar sus Finanzas: independiente
Cuidado de otros: requiere ayuda:
independiente
Exploración y/o desempeño en el tiempo de
ocio y/o tiempo libre: independiente”.[138]
Adicionalmente, en el acápite “Fundamentos para la
calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional”, Título I,
se tiene que el accionante fue diagnosticado con “trastornos psicóticos y
del humor” y “deficiencias de la columna lumbar”, ambas
representaron un total de 34.79% de discapacidad[139].
En el Título II, relativo a la “valoración del rol
laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales”, se evidencia que el
criterio “rol laboral” representó un 20%, debido a que el actor se desempeñaba
como operario de planta; en el ítem de “edad económicamente activa” se
menciona un 1.50%, mientras que en el de “autosuficiencia económica” no
se reportó nivel alguno de discapacidad (0%)[140].
En el apartado “otras áreas ocupacionales” se determinó
un porcentaje de 7.4%, dentro del cual se destaca que la categoría denominada “resolver
problemas y tomar decisiones”[141]
tuvo un valor de 0.2%, lo cual indica que el actor tiene una “dificultad
moderada-dependencia moderada” para dicha tarea[142].
En suma, se extrae el siguiente esquema de calificación
de la pérdida de capacidad laboral del actor:
Criterio
Porcentaje
Título I:
-Deficiencias de la columna lumbar
-Trastornos psicóticos y del humor
34.79%
Título II:
Cambio de rol laboral
20.00%
Edad económicamente activa
1.50%
Autosuficiencia económica
0%
Otras áreas ocupacionales
7.40%
Total
63.70%
Del análisis anterior, la Sala destaca que el criterio
relativo a la autosuficiencia económica del accionante fue valorada
favorablemente y no mereció porcentaje alguno de discapacidad, más aún, el
dictamen indica textualmente que el señor Guerrero Muñoz puede manejar sus
finanzas de manera independiente.
Con lo cual, se evidencia que la afección mental que
padece el actor no tiene la entidad suficiente para considerar que éste tiene
una discapacidad absoluta o que carece de las aptitudes cognoscitivas
para administrar sus propios recursos. Tampoco puede llegarse a tal conclusión
con base en la afirmación: requiere ayuda de terceros, pues de ello no
se colige que el actor deba ser declarado interdicto sino que necesita
un apoyo para tal efecto[143].
Se destaca que, de conformidad con lo expuesto en este
fallo, las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias
decisiones en un marco que respete su autonomía, libertad e independencia
individual, en tal sentido, desvirtuar la presunción de capacidad de una
persona requiere un análisis preciso, detallado y suficiente, tanto así, que la
misma Ley 1306 de 2009 exige la realización de un  “dictamen completo y
técnico sobre la persona con discapacidad mental absoluta realizado por un
equipo interdisciplinario”[144],
con el propósito de esclarecer “la naturaleza de la enfermedad, su
posible etiología y evolución”[145],
e indicar  las consecuencias puntuales que tendría la afección “en la capacidad
del paciente para administrar sus bienes y disponer de ellos”[146].
En atención a ello, la Sala concluye que Colpensiones
desconoció los derechos fundamentales a la capacidad jurídica, a la seguridad
social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas[147] del
ciudadano Julio César Guerrero  Muñoz, por cuanto condicionó injustamente el
pago de la pensión de invalidez a la cual tenía derecho, argumentando que el
actor era “un mayor inválido sin capacidad legal”[148] sin que
existieran pruebas determinantes para ello.
Inclusive, si se hubiera acreditado con suficiencia que
el accionante padecía una discapacidad mental absoluta, la accionada no
podía supeditar su inclusión en nómina a la sentencia de interdicción,
dado que, tal como se sostuvo en las consideraciones generales de esta
providencia, únicamente resulta posible condicionar el pago de la pensión al inicio
de ese proceso y no a su culminación.
Por otra parte, se evidencia que Colpensiones también incurrió
en una contradicción al presumir la capacidad del tutelante durante el trámite que
éste adelantó para el reconocimiento de su pensión, tanto así que lo notificó
personalmente del acto administrativo que resolvió su solicitud pensional[149].
De tal forma, se observa que sólo hasta el momento en que debía ordenar su
inclusión en nómina, requirió que el señor Guerrero Muñoz actuara mediante un
curador, lo cual constituye un cambio abrupto, injustificado e incoherente en su
obrar y, por ende, implica un desconocimiento del principio de confianza
legítima[150].
En consecuencia, la Corte confirmará parcialmente la
sentencia proferida en primera instancia, por el Juzgado Veintisiete Penal con
Funciones de Conocimiento de Bogotá D.C., el cual amparó el derecho fundamental
al mínimo vital del ciudadano Julio César Guerrero Muñoz y ordenó a
Colpensiones que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del fallo dispusiera su inclusión en nómina de pensionados. En
este sentido, se ordenará adicionar la protección de sus garantías
constitucionales a la seguridad social, a la capacidad jurídica y a la vida en
condiciones dignas, en los términos expuestos en esta providencia[151].
Expediente T-6.559.019: Miriam Morales Osorio contra
Colpensiones
La ciudadana Miriam Morales Osorio formuló acción de
tutela contra Colpensiones debido a que supeditó el pago de su pensión de
invalidez a que la accionante anexara sentencia de interdicción y acta
de posesión de su curador. La actora manifiesta que este condicionamiento resulta
discriminatorio, en cuanto se le exige promover su propia discapacidad absoluta
en contra de su voluntad y sin que exista evidencia alguna sobre su
imposibilidad de gestionar su patrimonio.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira
consideró que le asistía razón a la tutelante, puesto que Colpensiones no
acreditó que padeciera una afección mental que justificara una declaratoria de interdicción,
por lo tanto, argumentó que se había irrespetado su derecho a la capacidad
jurídica, a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira
decidió revocar ese fallo y declarar improcedente la acción de tutela, debido a
que, en su concepto, no se acreditaba el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.
De conformidad con lo anterior, la Corte aborda el
examen sobre los presupuestos de procedencia formal del amparo:
Por una parte, se acredita el supuesto de legitimación
por activa y pasiva de las partes, dado que los derechos de la ciudadana
Miriam Morales Osorio se encuentran presuntamente afectados ante la decisión de
Colpensiones de impedir su inclusión en nómina de pensionados.
Igualmente, se acata el requisito de inmediatez debido
a que la Resolución SUB 127410 que cuestiona la tutelante fue proferida el 17
de julio de 2017 y la acción constitucional fue formulada el 3 de agosto de esa
misma anualidad, con lo cual se evidencia un ejercicio oportuno de la tutela.
Respecto a la exigencia de subsidiariedad, la
Corte destaca que la actora ha sido diagnosticada con síndrome de Cushing,
fibromialgia, osteopenia, síndrome del túnel carpiano y trastorno depresivo[152],
por lo cual su pérdida de capacidad laboral asciende a 60.16%. Adicionalmente,
la demandante se encuentra a cargo de su madre, quien tiene 85 años y presenta
un delicado cuadro de salud caracterizado por múltiples afecciones cardiacas y
pulmonares, en razón a ello la accionante requiere con urgencia los recursos
provenientes de su pensión[153].
Tal recuento fáctico justifica ampliamente la ineficacia
de la acción ordinaria laboral que, en principio, sería el mecanismo
judicial idóneo para resolver la presente litis[154]. En
consecuencia, el amparo sub examine procede como mecanismo definitivo, debido
a que la accionante se encuentra en un especial estado de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta.
En relación con el fondo del presente caso, la Sala
corrobora que, al igual que el asunto resuelto en precedencia, éste gira en
torno a la interpretación del dictamen de pérdida de calificación laboral de la
tutelante, toda vez que Colpensiones justifica su decisión en que la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda consideró que “requiere
de terceros para que decidan por él (sic)”[155].
Sin embargo, tras analizar el contenido preciso de la
valoración realizada al demandante, la Corte encuentra que el dictamen tan solo
afirma que necesita “ayuda de terceros para toma de decisiones”[156].
Por otra parte, en el Título I “Calificación /
Valoración de las deficiencias”, se hace el siguiente diagnóstico de la
actora: (i) alteraciones del sistema hematopoyético[157] -purpura
trombocitopenica idiopática severa[158]-;
(ii) deficiencias por alteraciones del sistema visual; (iii) síndrome del túnel
carpiano en ambos brazos; y, (iv) deficiencia por trastorno del humor. Se
destaca que la deficiencia con mayor valor asignado fue la relativa al sistema
visual de la señora Morales Osorio[159].
Las restricciones a su “rol laboral” significaron
un 15% de pérdida de capacidad laboral, las “restricciones de
autosuficiencia económica” un 1.5%[160],
al igual que las limitaciones en función de la edad cronológica (1.5%).
El criterio “otras áreas ocupacionales” fue
calificado con un 3.5%, dentro del cual se destaca que el ítem “autocuidado
personal” no mereció valor alguno, lo cual significa que “no hay
dificultad - no hay dependencia” para ello; así mismo, la categoría “resolver
problemas y tomar decisiones” obtuvo un valor de 0.2%, es decir, “dificultad
moderada-dependencia moderada”)[161].
Con base en lo anterior, el esquema de pérdida de
capacidad laboral de la señora Miriam Morales Osorio es el siguiente:
Criterio
Porcentaje
Título I:
-Alteraciones del sistema hematopoyético
-Alteraciones del sistema visual
-Síndrome del túnel carpiano
-Deficiencia por trastorno del humor
38.66%
Título II:
Restricciones al rol laboral
15.00%
Limitaciones en función de la edad cronológica
1.50%
Restricciones de autosuficiencia económica
1.50%
Otras áreas ocupacionales
3.50%
Total
60.16%
Del análisis realizado, la Sala destaca que: (i) las
alteraciones en el sistema visual de la accionante representaron la afección
con el mayor porcentaje; (ii) las “restricciones de autosuficiencia
económica” significaron sólo un 1.5%;  y, (iii) en el ítem de “autocuidado
personal” se consideró que la actora no tenía dependencia alguna.
Como resultado de lo anterior, la Sala concluye que no
existen elementos suficientes para considerar que la señora Miriam Morales
Osorio padece una discapacidad mental absoluta o que no puede
administrar su patrimonio, más aun, se destaca que la tutelante es profesional
en Finanzas y especialista en Gestión Pública[162] y, además,
fue notificada personalmente del acto administrativo que resolvió su solicitud
pensional[163].
Así las cosas, teniendo en cuenta las subreglas
descritas en esta sentencia y la resolución del caso anterior, la Corte
considera que, tal como lo refirió la accionante, el obligarla a declararse interdicta
para recibir su pensión de invalidez constituye una forma de discriminación contra
las personas con discapacidad[164].
Lo anterior, se debe a que la entidad accionada
restringe o deja sin efecto práctico el reconocimiento de un derecho pensional,
sin analizar en detalle si la afección mental que padece la tutelante tiene el
alcance suficiente para justificar un proceso de interdicción, además,
omite adoptar una formula decisoria que no le impida acceder a recursos que
resultan indispensables para su subsistencia digna.
De tal forma, se concluye que Colpensiones desconoció el
principio de confianza legítima y los derechos fundamentales a la
capacidad jurídica, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en
condiciones dignas de la ciudadana Miriam Morales Osorio. En consecuencia, se confirmará
parcialmente la sentencia proferida en primera instancia, por el Juzgado Quinto
Penal del Circuito de Pereira, en el sentido de agregar la protección de su
garantía constitucional a la capacidad jurídica[165].
Expediente T-6.543.048: Solangel Sánchez de Aguirre
contra Colpensiones
La ciudadana Solangel Sánchez de Aguirre solicitó el
reconocimiento de la pensión de invalidez a Colpensiones, dicha entidad negó su
petición con fundamento en que se le había otorgado previamente una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. En razón a ello, la actora
formuló una primera acción de tutela contra Colpensiones, la cual fue resuelta
favorablemente por los dos jueces de instancia, quienes consideraron que el
argumento esbozado por la accionada no constituía un impedimento para conceder
la pensión de invalidez[166],
por lo tanto, ordenaron el reconocimiento de dicha prestación “incluyéndosele
en nómina inmediatamente y pagándole las mesadas dejadas de percibir”[167].
Pese a lo anterior, la Administradora de Pensiones dispuso
que, si bien se reconocía la pensión de invalidez a la tutelante, se
condicionaba su pago a que anexara copia autentica de sentencia de interdicción
y acta de posesión del respectivo curador.
Debido a ello, la ciudadana Sánchez de Aguirre acudió
nuevamente al mecanismo tutelar solicitando el amparo de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la salud, al debido proceso, al mínimo
vital y a la dignidad humana, argumentando que resulta inconstitucional seguir
dilatando el pago de su pensión.
El juez de primera instancia concedió la protección
invocada haciendo especial énfasis en que la accionante padece cáncer de seno
y, en general, se encuentra en un grave estado de salud. No obstante, el juez
de segunda instancia revocó el amparo argumentando que la decisión de
Colpensiones se justificaba en lo mencionado por el dictamen de pérdida de
capacidad laboral de la actora.
Con base en lo anterior, la Corte realiza el análisis
de procedencia formal de dicha acción de tutela:
Al igual que en los casos precedentes, se encuentra
acreditado el requisito de legitimación por activa y pasiva dado que es
Colpensiones la autoridad llamada a responder procesalmente ante los argumentos
de la ciudadana Sánchez de Aguirre, cuyos derechos fundamentales estarían
siendo presuntamente vulnerados por dicha autoridad.
Por otra parte, se evidencia que la Resolución GNR
328024 que condiciona el pago de la pensión de invalidez de la actora fue emitida
el 3 de noviembre de 2016, seis meses después, la accionante formuló amparo
contra Colpensiones, concretamente el 19 de mayo de 2017.
La Corte encuentra que se cumple con el requisito de inmediatez
en el presente asunto, dado que la litis versa sobre el pago de una
prestación periódica y un eventual desconocimiento de derechos fundamentales
que permanece en el tiempo[168],
más aún, se resalta que la accionante ha tenido que acudir a dos acciones de
tutela para lograr el pago efectivo de su pensión.
Frente al examen de subsidiariedad, la Sala
observa que la señora Sánchez de Aguirre tiene 64 años y padece diabetes
mellitus, tumor maligno de mama, hipertensión esencial, demencia no
especificada y disminución indeterminada de la agudeza visual en ambos ojos[169],
en razón a ello argumenta lo siguiente: “no puedo recibir los tratamientos
para tratar mi enfermedad que día a día se vuelve más degenerativa (…) el tiempo
para mi es apremiante, ya que lamentablemente sufro una enfermedad terminal”[170].
Así las cosas, es claro que resultaría
desproporcionado exigirle a la accionante acudir a la jurisdicción ordinaria
laboral[171]
para cuestionar la actuación de Colpensiones, ya que tal opción se torna ineficaz
ante su latente estado de vulnerabilidad.
En cuanto al presunto desconocimiento de los derechos
fundamentales invocados en el amparo, la entidad pensional argumenta que su
exigencia a la accionante de promover su interdicción tiene el propósito
de “evitar que se aprovechen de su condición y realicen actuaciones o
negocios que puedan afectarle”[172]
y se justifica en que su dictamen de pérdida de capacidad laboral afirma que “requiere
de terceras personas para que decidan por él (sic)”[173].
Tras analizar en detalle el referido dictamen, la
Corte encuentra que la actora fue calificada con un porcentaje del 52.4%,
distribuido de la siguiente manera:
Al Título I del dictamen, “Calificación / Valoración
de las deficiencias”, se le asignó un valor del 35.4%. El criterio de “rol
laboral” tuvo un 10%, el de “autosuficiencia económica” 1.5% y las “restricciones
en función de la edad” 2.5%[174].
En el análisis relativo a “otras áreas
ocupacionales” se destaca que las secciones de “aprendizaje y aplicación
del conocimiento” y “cuidado personal” tuvieron una calificación de
0.0%, es decir “no hay dificultad – no hay dependencia”. Además, la
categoría específica de “resolver problemas y tomar decisiones” no
mereció valor alguno, lo cual indica que no tiene dificultad para esta tarea[175].
Con base en lo anterior, la Corte realiza el siguiente
cuadro ilustrativo:
Criterio
Porcentaje
Título I:
-Hipertensión esencial
-Demencia no especificada
-Diabetes mellitus
-Disminución indeterminada de la agudeza visual en
ambos ojos
-Tumor maligno de mama
35.40%
Título II:
Restricciones al rol laboral
10.00%
Limitaciones en función de la edad cronológica
2.50%
Restricciones de autosuficiencia económica
1.50%
Otras áreas ocupacionales
3.00%
Total
52.4%
La Sala destaca que, en el presente caso, Colpensiones
concluyó que la señora Solangel Sánchez de Aguirre padecía una discapacidad
mental absoluta y requería ser declarada interdicta, no obstante
su dictamen de pérdida de capacidad laboral tan sólo sobrepasa por escasos
puntos el porcentaje exigido para acceder a una pensión de invalidez (50%).
Además, tal valor no obedeció únicamente a su afección
mental pues fue obtenido bajo la confluencia de múltiples factores y la
interrelación de todas las enfermedades padecidas por la actora. Más aún, se
resalta que en la sección del dictamen denominada “otras áreas ocupacionales”
se evaluó su aptitud cognoscitiva para “resolver problemas y tomar
decisiones”, dado como resultado un valor de 0.0%, es decir, “no hay
dificultad – no hay dependencia”.
En consecuencia, la decisión de Colpensiones resulta
desproporcionada dada la gravedad de la declaratoria de interdicción, la
cual, se reitera, tiene como efecto la privación de la capacidad de ejercicio
de la persona[176],
la respectiva anotación en su registro civil de nacimiento, el nombramiento de
un curador para que decida por ella y administre su patrimonio, así como la
nulidad absoluta de todos sus actos jurídicos[177].
Por lo cual, la Sala evidencia que se vulneraron las
garantías constitucionales invocadas por la accionante, así como el principio
de confianza legítima, en consecuencia, confirmará parcialmente el
amparo concedido en primera instancia, por el Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Pereira, en el sentido de agregar la protección de sus derechos
fundamentales a la capacidad jurídica y a la vida en condiciones dignas de la
ciudadana Solangel Sánchez de Aguirre[178].
Conclusiones generales
Teniendo en cuenta las subreglas expuestas con
anterioridad, la Corte enfatiza que resulta discriminatorio considerar que las
personas diagnosticadas con alguna afección mental deben ser declaradas interdictas
y someterse a la curaduría de un tercero, pues tal conclusión sólo debería
deducirse tras un proceso judicial que determine con claridad y suficiencia el
grado de discapacidad del afectado y las consecuencias precisas de su afección respecto
a la administración de sus bienes.
Es por ello que Colpensiones no es la autoridad
competente para determinar si una persona tiene capacidades cognoscitivas para
gestionar sus finanzas, menos aún, puede exigirle a alguien que adelante un
proceso de interdicción contra su voluntad, toda vez que carece
de la legitimidad necesaria para tal efecto.
Adicionalmente, se advierte que el requisito impuesto
por la Administradora de Pensiones a fin de condicionar el acceso de una
persona con discapacidad a recursos que resultan indispensables para garantizar
su mínimo vital y subsistencia en condiciones dignas, contradice las
obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano, ya que
el efecto práctico de dicho condicionamiento es agravar su estado de vulnerabilidad
y debilidad manifiesta, además, constituye un desconocimiento del principio
de confianza legítima.
La pretensión de evitar que terceros se aprovechen de
quien padece una discapacidad, puede ser absuelta bajo formulas decisorias
menos lesivas de sus derechos fundamentales, así por ejemplo, puede informarse
del reconocimiento de la pensión a la Defensoría del Pueblo o al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de “prestar asistencia
personal y jurídica a las personas con discapacidad”[179], con
el fin de que se realicen las labores de supervisión correspondientes.
En aquellos casos en los cuales se acredite claramente
que la persona padece una discapacidad mental absoluta, podría
excepcionalmente condicionarse su inclusión en nómina de pensionados al inicio
del proceso de interdicción, para que mientras éste se lleva a cabo el
afectado pueda acceder a las mesadas pensionales de forma directa o por
intermedio de los sujetos inicialmente llamados a promover su interdicción o
inhabilitación, a saber, su cónyuge, compañero o compañera permanente o
un pariente hasta el tercer grado de consanguinidad[180].
Dada la confluencia de casos semejantes y la necesidad
imperiosa de salvaguardar los derechos fundamentales de esta población[181],
la Corte Constitucional advertirá a Colpensiones que, en lo sucesivo, debe resolver
las solicitudes pensionales formuladas por personas diagnosticadas con una
afección mental, de conformidad con las subreglas expuestas en esta providencia
y lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
9.    Síntesis
1. Hechos de las solicitudes de amparo. En los tres casos sometidos al conocimiento
de la Corte, los ciudadanos Julio César Guerrero  Muñoz,  Miriam Morales Osorio
y Solangel Sánchez de Aguirre fueron calificados con una pérdida de capacidad
laboral superior al 50%, en razón a la confluencia de diferentes dolencias y
enfermedades, dentro de las cuales se destaca una afección mental.
La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
reconoció pensión de invalidez a los tres accionantes, sin embargo condicionó
su pago hasta que allegaran sentencia de interdicción y acta de posesión
del curador que administraría sus bienes. Como fundamento de ello, consideró
que los tutelantes carecían de las aptitudes cognoscitivas necesarias para
tomar decisiones y gestionar sus propios recursos.
2. Formulación de las acciones de tutela y decisiones
de instancia.              Los
demandantes aseguran que el condicionamiento impuesto por Colpensiones
desconoce sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a
la dignidad humana, dado que su afección mental no implica que deban promover
su propia interdicción y someterse a la curaduría de un tercero en
contra de su voluntad.
Los jueces de primera instancia coincidieron en afirmar
que, tras analizar el cuadro clínico de los actores, no podía concluirse que padecían
una discapacidad mental absoluta, por lo cual concedieron el amparo
invocado y ordenaron el pago inmediato de su pensión. En contraste, los jueces
de segunda instancia argumentaron que las acciones de tutela eran improcedentes
o debían ser negadas ante el obrar justificado de Colpensiones.
3. Problema jurídico.  De acuerdo con lo anterior, la Corte aborda el examen
del siguiente problema jurídico: ¿Colpensiones desconoce los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la capacidad jurídica y
a la vida en condiciones dignas de las personas diagnosticadas con alguna
afección mental, al condicionar su inclusión en nómina y el correspondiente
pago de su pensión de invalidez, a la presentación de una sentencia de interdicción
judicial y la designación de un curador a efectos de administrar su patrimonio?
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela para
el reconocimiento y pago de prestaciones sociales. Reiteración de
jurisprudencia. Esta
Corporación ha sostenido que el mecanismo tutelar procede excepcionalmente para
el reconocimiento y pago de una prestación social, cuando los mecanismos
ordinarios carecen de idoneidad o eficacia para proteger los
derechos fundamentales invocados. De tal forma, el juez constitucional debe
examinar las particularidades de cada caso concreto y flexibilizar su análisis
ante las acciones promovidas por sujetos de especial protección, tales como las
personas diagnosticadas con alguna discapacidad.
5. Protección nacional e internacional de las personas
con discapacidad mental. En
el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), todas las
personas, sin distinción alguna, poseen los mismos derechos y libertades en
razón a la dignidad inherente a todo ser humano. En ese sentido, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de esta
población a tomar sus propias decisiones y controlar sus asuntos económicos, en
un marco de autonomía y respeto por su independencia individual.
6. Capacidad jurídica de las personas diagnosticadas
con alguna afección mental. El
Código Civil colombiano establece que toda persona es legalmente capaz hasta
que se demuestre lo contrario, por su parte, la Ley 1306 de 2009 define los
conceptos de discapacidad mental absoluta y relativa, además,
regula los procesos judiciales de interdicción e inhabilitación previstos
con el fin de establecer el grado de discapacidad de una persona, para ello, la
ley dispone la realización de un examen médico interdisciplinario que especifique
la naturaleza de la enfermedad y sus consecuencias sobre “la capacidad del
paciente para administrar sus bienes”.
7. Jurisprudencia constitucional sobre la exigencia de
interdicción para incluir a una persona con discapacidad en nómina de
pensionados. La Corte Constitucional
considera que resulta discriminatorio asumir prima facie que una persona
diagnosticada con alguna afección mental debe ser declarada interdicta y
someterse a la curaduría de un tercero. Sólo en aquellos casos en los cuales se
acredite claramente que el afectado padece una discapacidad mental absoluta
y no puede administrar sus propios recursos, resulta excepcionalmente posible
condicionar su inclusión en nómina de pensionados hasta que se inicie el
proceso de interdicción correspondiente, pues supeditar tal acto hasta
su culminación tiene el efecto práctico de agravar su estado de vulnerabilidad y
debilidad manifiesta.
8. Resolución de los casos concretos. (i) Expediente
T-6.462.653.                    El ciudadano Julio César Guerrero  Muñoz padece “trastorno
depresivo y ansioso con deterioro cognitivo asociado + lumbalgia”, debido a
ello su pérdida de capacidad laboral corresponde a un 63.7%. Tras analizar en
profundidad el dictamen médico realizado por Colpensiones, se evidencia que:
(i) éste indica textualmente que el actor puede manejar sus finanzas de manera
independiente, y (ii) el criterio de “autosuficiencia económica” fue
valorado con un 0.0% de discapacidad; con lo cual, se concluye que la afección
mental padecida por el actor no tiene la entidad suficiente para asumir que
carece de las aptitudes necesarias para administrar sus bienes.
(ii) Expediente T-6.559.019. La ciudadana Miriam Morales Osorio ha sido
diagnosticada con síndrome de Cushing, fibromialgia, osteopenia,
síndrome del túnel carpiano, alteraciones del sistema visual y trastorno
depresivo, por lo cual su disminución de capacidad laboral asciende a 60.16%.
Se resalta que, con base en su dictamen médico, la deficiencia calificada con un
mayor valor de discapacidad fue la relativa a su sistema visual, además, aquel
sólo refiere que la actora necesita “ayuda de terceros para toma de
decisiones”. La Sala concluye que, de conformidad a la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, la recomendación de un apoyo no
implica que la actora deba ser declarada interdicta, de hecho, se
resalta que la señora Morales Osorio es profesional en Finanzas y especialista
en Gestión Pública.
(iii) Expediente T-6.543.048. La ciudadana Solangel Sánchez de Aguirre
padece cáncer de seno, diabetes mellitus, hipertensión esencial,
demencia no especificada y disminución indeterminada de la agudeza visual en
ambos ojos. Su dictamen de pérdida de capacidad laboral establece un porcentaje
del 52.4%, al analizar su contenido, se encuentra que las secciones de “aprendizaje
y aplicación del conocimiento” y “cuidado personal” tuvieron una
calificación de 0.0%, al igual que la categoría específica de “resolver
problemas y tomar decisiones”. Con lo cual, la Sala estima que la decisión
adoptada por Colpensiones resulta desproporcionada ante las graves
implicaciones de la interdicción, a saber, la privación de la
capacidad de ejercicio, la anotación en el registro civil, el nombramiento
de un curador para administrar los bienes del afectado y la nulidad absoluta de
todos sus actos jurídicos.
9. Decisión. La Corte confirma parcialmente las órdenes proferidas
por los jueces de primera instancia, en el sentido de amparar los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la capacidad jurídica y
a la vida en condiciones dignas de los accionantes y ordenar  a Colpensiones su
inmediata inclusión en nómina de pensionados. Adicionalmente, se realiza una
advertencia a dicha entidad con el propósito de salvaguardar las garantías
constitucionales de las personas con discapacidad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- En relación con el expediente T-6.462.653, REVOCAR la
sentencia proferida el 11 de octubre de 2017, por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala de Decisión Penal, en segunda instancia,
mediante la cual se negó el amparo formulado por el ciudadano Julio César
Guerrero Muñoz. En su lugar, CONFIRMAR la providencia emitida el 31 de
agosto de 2017, por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá D.C., en primera instancia, el cual tuteló el derecho
fundamental al mínimo vital del ciudadano Julio César Guerrero  Muñoz; ADICIONANDOLA
con la protección de sus garantías constitucionales a la seguridad social,
a la capacidad jurídica y a la vida en condiciones dignas, en los términos
expuestos en esta providencia.
SEGUNDO.- En relación con el expediente T-6.559.019, REVOCAR la sentencia
proferida el 19 de septiembre de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, en segunda instancia, por la cual
se declaró improcedente el amparo formulado por la ciudadana Miriam Morales
Osorio. En su lugar, CONFIRMAR la providencia emitida el 10 de agosto de
2017, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, en primera
instancia, el cual tuteló los derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital, al debido proceso y a la dignidad humana de la ciudadana Miriam
Morales Osorio; ADICIONANDOLA con la protección de su derecho
fundamental a la capacidad jurídica, en los términos expuestos en esta providencia.
TERCERO.- En relación con el expediente T-6.543.048, REVOCAR
la sentencia proferida el 4 de octubre de 2017, por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia, en segunda instancia,
mediante la cual se negó el amparo formulado por la ciudadana Solangel Sánchez
de Aguirre. En su lugar, CONFIRMAR la providencia emitida el 9 de agosto
de 2017, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en primera
instancia, el cual tuteló los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital de la ciudadana Solangel Sánchez de Aguirre; ADICIONANDOLA con
la protección de sus garantías constitucionales a la capacidad jurídica y a la
vida en condiciones dignas, en los términos expuestos en esta providencia.
CUARTO.- ADVERTIR a la Administradora Colombiana de Pensiones que, en lo
sucesivo, debe resolver las solicitudes pensionales formuladas por personas
diagnosticadas con una afección mental, de conformidad con las subreglas
expuestas en esta providencia y lo establecido en la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese orden de ideas, no puede
condicionar su inclusión en nómina y el correspondiente pago de su pensión de
invalidez, a la presentación de una sentencia de interdicción judicial y a la
designación de un curador a efectos de administrar su patrimonio.
QUINTO.- Por Secretaría General líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cfr. Folio 50
del Cuaderno principal.
[2] Ibídem. Folios
10 al 14.
[3] Ibídem. Folio
13.
[4] Ibídem. Folio
2.
[5] Ibídem.  Folio
24
[6] Ibídem.  Folio
25.
[7] Ibídem.  Folio
39.
[8] Ibídem.
[9] Ibídem. Folio
40.
[10] Ibídem.
[11] Ibídem. Folio
45.
[12] Ibídem.
[13] Cfr. Folio 15
del Cuaderno de Segunda Instancia.
[14] Ibídem. Folio
26.
[15] Ibídem. Folio
29. Énfasis agregado.
[16] Cfr. Folio 6
del Cuaderno Principal.
[17] Ibídem. Folio
7.
[18] Ibídem. Folios
10 al 14.
[19] Ibídem. Folio
16.
[20] Ibídem. Folios
59 al 64.
[21] Cfr. Folios 15
y 16 del Cuaderno de Revisión. Énfasis agregado.
[22] Ibídem. Folios
18 al 22.
[23]  Ibídem. Folio
29.
[24] Ibídem. Folios
30 al 42.
[25] Ibídem. Folios
42 al 47.
[26] Ibídem. Folios
65 al 73.
[27] Ibídem. Folios
74 al 80.
[28] Cfr. Folio 1
del Cuaderno de Primera instancia.
[29] Cfr. U.S.
National Library of Medicine. Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI).
MedlinePlus. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000535.htm
[30] Cfr. Folio 1
del Cuaderno de Primera instancia.
[31] Trastorno que se
caracteriza por un nivel alto de la hormona cortisol, usualmente causado por la
constante toma de medicamentos glucocorticoides o corticosteroides (prednisona,
dexametasona o prednisolona). U.S. National Library of Medicine.
Síndrome de Cushing. MedlinePlus. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000410.htm
[32] “Condición que
causa dolor en los músculos y cansancio”. U.S. National Library of
Medicine. Fibromialgia. MedlinePlus. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/fibromyalgia.html
[33] Baja densidad mineral
ósea. U.S. National Library of Medicine. Densidad ósea. MedlinePlus.
Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/bonedensity.html
[34] Cfr. Folio 2
del Cuaderno de Instancia.
[35] Ibídem. Folio
8 – 10.
[36] Ibídem. Folio
11.
[37] Ibídem. Folio
15.
[38] Ibídem.
[39] Ibídem. Folios
15 y 16. Énfasis agregado.
[40] Ibídem. Folio
20.
[41] Ibídem. Folio
3. Énfasis agregado.
[42] Ibídem. Folio
31
[43] Énfasis agregado
[44] Ibídem. Folio
54 y 55.
[45] Ibídem. Folios
58-60.
[46] Ibídem. Folio
69.
[47] Ibídem. Folio
6.
[48] Ibídem. Folio
7.
[49] Ibídem. Folio
8.
[50] Ibídem. Folio
11.
[51] Ibídem. Folio
15.
[52] Ibídem. Folio
19.
[53] Ibídem. Folios
22-26.
[54]Cfr. Folios 3-4 del Cuaderno
No. 1.
[55] Ibídem. Folio
26.
[56] Ibídem.
Énfasis agregado.
[57] Ibídem. Folio
28.
[58] Ibídem.
[59] Ibídem. Folio
12. Énfasis agregado.
[60] Ibídem. Folio
17.
[61] Ibídem. Folios
21-24.
[62] El 5 de junio de 2017
el Juzgado profirió sentencia en idéntico sentido, sin embargo, el Tribunal
Superior de Pereira, Sala Civil Familia Unitaria, mediante Auto del 14 de julio
de 2017, declaró la nulidad del trámite surtido desde el Auto admisorio debido
a que el Juzgado notificó a los Gerentes Nacionales de Reconocimiento y Defensa
Judicial de Colpensiones y, en su criterio, debió vincularse a los Directores
de Prestaciones Económicas y de Nómina de Pensionados de la misma entidad,
razón por la cual devolvió el expediente al juez de primera instancia para que
se dictará una nueva sentencia.              Cfr. Folios 4 y 5 del
Cuaderno No. 3.
[63] Cfr. Folios
80-83 del Cuaderno No 1.
[64] Ibídem. Folios
99 y 100.
[65] Cfr. Folios 18
y 19 del Cuaderno No. 2.
[66] Cfr. Folio 2
del Cuaderno No. 1.
[67] Ibídem. Folios
3 al 6.
[68] Ibídem. Folios
7 al 10.
[69] Cfr. Folio 7
del Cuaderno de Revisión de dicho expediente.
[70] Ibídem. Folio
9.
[71] Cfr. Folios 6
y 7 de los Cuadernos de Revisión de esos expedientes.
[72] Ibídem. Folios
8 y 9.
[73] Cfr. Folio 84
del Cuaderno de Revisión del expediente T-6.462.653.
[74] Cfr. Sentencias
T-471 de 2017, T-250 de 2015, T-800 de 2012, entre otras.
[75] Énfasis agregado
[76] Cfr.
Sentencias T-471 de 2017, T-1093 de 2012, entre otras.
[77] Énfasis agregado.
[78] Énfasis agregado.
[79] Énfasis agregado.
[80] Preámbulo: “Considerando
que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia
humana y de sus derechos iguales e inalienables, Reconociendo
que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana”.
Énfasis agregado.
Artículo 2: “1. Cada uno de
los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social”. Énfasis agregado.
Artículo 26: “Todas las
personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual
protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y
garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
[81] Preámbulo: “Considerando
que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas,
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento
de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus
derechos iguales e inalienables, Reconociendo que estos derechos se
derivan de la dignidad inherente a la persona humana”. Énfasis
agregado.
Artículo 2.2: “Los Estados
Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.” Énfasis agregado.
[82] Preámbulo: “Reconociendo
que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional
de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la
persona humana, razón por la cual justifican una protección
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la
que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. Énfasis agregado.
Artículo 1: “Los Estados
Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.” Énfasis agregado.
Artículo 24: “Todas las
personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley.”
[83] Instrumento
internacional debidamente aprobado por Colombia a través de la Ley 1349 de 2009
y cuya constitucionalidad fue revisada mediante Sentencia C-293 de 2010.
[84] Cfr. Artículo
1°.
[85] Cfr. Literal
e) del preámbulo.
[86] Cfr. Literal
n) del preámbulo.
[87] Cfr. Artículo
3°.
[88] El artículo 2° de la
Convención establece al respecto: “Por “discriminación por motivos de
discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en
los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de
ajustes razonables. Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada
o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.”
[89] Énfasis agregado.
[90] Cfr. Artículo
26.
[91] Cfr. Artículo
28.
[92] Cfr.
Sentencias T-655 de 2016, T-573 de 2016, entre otras.
[93] Ibídem.
[94] Cfr. Sentencias
C-066 de 2013, T-340 de 2010, C-804 de 2009, entre otras.
[95] Cfr.
Sentencias C-458 de 2015 y T-109 de 2012. Énfasis agregado.
[96] Cfr. Sentencia
C-458 de 2015.
[97] Cfr. Artículo
1°
[98] Ibídem.
[99] Artículo 1503: “PRESUNCION
DE CAPACIDAD. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquéllas que la ley
declara incapaces.”
[100] Cfr. Artículo
3°. Énfasis agregado.
[101] Cfr. Artículo
5°. Énfasis agregado.
[102] Cfr. Artículo
32.
[103] Cfr. Artículo
17.
[104] Cfr. Artículos
32, 34 y 35. Se encuentran legitimados para solicitar la inhabilitación
de una persona “su cónyuge, compañero o compañera permanente, los parientes
hasta el tercer grado de consanguinidad y aún por el mismo afectado”.
[105] Sobre este punto, la
Sentencia C-983 de 2002 explica: “La capacidad, en sentido general, consiste
en la facultad que tiene la persona para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Pero esta capacidad, de acuerdo con el artículo 1502 del Código
Civil, puede ser de goce o de ejercicio. La primera de ellas consiste en la
aptitud general que tiene toda persona natural o jurídica para ser sujeto de
derechos y obligaciones, y es, sin duda alguna, el atributo esencial de la
personalidad jurídica. La capacidad de ejercicio o capacidad legal, por
su parte, consiste en la habilidad que la ley le reconoce a aquélla para
poderse obligar por sí misma, sin la intervención o autorización de otra.
Implica, entonces, el poder realizar negocios jurídicos e intervenir en el
comercio jurídico, sin que para ello requiera acudir a otro.” Énfasis
agregado.
[106] Cfr. Artículos
25, 47 y 48.
[107] Cfr. Artículo
48.
[108] Cfr. Artículo
49.
[109] El inciso 2° del
artículo 17 de la Ley 1306 de 2009 dispone: “La calificación de la
discapacidad se hará siguiendo los parámetros científicos adoptados por el
Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación y utilizando una
nomenclatura internacionalmente aceptada.”
[110] Cfr. Artículo
28.
[111] Cfr. Artículo
42. Numeral 4.
[112] Cfr. Artículo
45.
[113] Cfr. Artículo
4°.
[114] Puntualmente se
ordenó: “Segundo.- ORDENAR a la señora Rosa Yamili Rua de Pizarro,
que dentro de los 8 días siguientes a la comunicación de la presente sentencia,
inicie el proceso de interdicción judicial de Alfonso Rafael Pizarro Rua
mediante la presentación de la demanda correspondiente, para lo cual podrá
anexar copia del dictamen de la Junta Calificadora de Invalidez Regional
Barranquilla como prueba de la discapacidad mental que afecta al señor Pizarro
Rua, y solicitar que se designe un curador provisional mientras se dicta la
sentencia definitiva. Una vez admitida la demanda, deberá remitir copia del
auto admisorio de la misma al Consorcio FOPEP y al Grupo Interno de Trabajo
para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia. Tercero. - ORDENAR
al Consorcio FOPEP y al Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo
Social de Puertos de Colombia para que dentro de los 8 días siguientes a la
recepción del auto admisorio de la demanda de interdicción, incluyan en la
nómina la pensión de sobrevivientes de Alfonso Rafael Pizarro Rua, reactiven el
pago de las mesadas pensionales y su afiliación al sistema de salud, dejando
pendiente el pago del retroactivo pensional hasta cuando se presente la
sentencia definitiva. Cuarto. - Comunicar al Defensor del Pueblo la
presente sentencia para que disponga que un funcionario de la Defensoría
efectúe el acompañamiento de la tutelante en la iniciación del proceso de
interdicción judicial.”
[115] Sobre este punto, el
artículo 18 de la Ley 1306 de 2009 establece: “Protección de estas personas:
Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del
Defensor de Familia, prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con
discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que
cualquier persona haga ante la entidad. El funcionario del ICBF o cualquier otro
ciudadano que reciba noticia o denuncia sobre alguna persona con discapacidad
mental absoluta que requiera asistencia, deberá informar inmediatamente al
Defensor de Familia, a efectos de que éste proceda a tomar las medidas
administrativas de restablecimiento de derechos o a interponer las acciones
judiciales pertinentes. PARÁGRAFO: Las normas sobre vulneración de los
derechos, procedimientos y medidas de restablecimiento de los derechos
contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán aplicables a
las personas con discapacidad mental absoluta, en cuanto sea pertinente y
adecuado a la situación de éstas.”
[116] En esta oportunidad
se ordenó: “SEGUNDO. ORDENAR al Instituto del Seguro Social
que (i) dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia proceda a realizar el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes al señor Oscar Alejandro Isaza Restrepo, en
calidad de hijo discapacitado de la señora María Esperanza Restrepo Restrepo y,
en consecuencia, sea incluido en nómina de pensionados y en el sistema de
seguridad social para que su derecho a la salud se materialice. (ii)  El pago
de la prestación será consignado en la cuenta que para el efecto suministre la
señora María Gabriela Restrepo Restrepo, quien actúa en la presente acción como
agente oficiosa del peticionario. El anterior pago está condicionado a que la
señora María Gabriela Restrepo Restrepo inicie el correspondiente proceso de
interdicción judicial de Oscar Alejandro Isaza Restrepo con su debida atención
e impulso, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta
decisión. (iii) El pago retroactivo pensional se hará hasta cuando se presente
al Instituto del Seguro Social, la sentencia definitiva del proceso de interdicción.
TERCERO. INFORMAR la presente decisión al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – Regional Antioquia- para que en virtud del artículo 18 de
la Ley 1306 de 2009, y por intermedio del Defensor de Familia, preste la
asistencia personal y jurídica que la señora María Gabriela Restrepo Restrepo
requiera.”
[117] Textualmente las
órdenes fueron las siguientes: “Tercero.- ORDENAR a
Colpensiones, por conducto de su representante legal o de quien haga sus veces,
que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
sentencia, proceda a expedir a favor de la señora Karina Cañón Casas la
resolución de reconocimiento del 50% de la pensión de sobrevivientes en calidad
de hija inválida del señor Ignacio Cañón, desde el momento en que se
interrumpió o suspendió su pago, sin perjuicio de la prescripción establecida
en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. No obstante, para efectos
de ser incluida en nómina y proceder a su pago, se ORDENARÁ a la señora
María Edelmira Casas, que dentro de los ocho (8) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, inicie el proceso de interdicción
judicial de Karina Cañón Casas, para lo cual podrá solicitar que se designe un
curador provisional mientras se dicta la sentencia definitiva. Una vez admitida
la demanda, deberá remitir copia del auto en el que conste la persona designada
para ejercer la interdicción provisional a Colpensiones. Cuarto.- ORDENAR
a Colpensiones, por conducto de su representante legal o de quien haga sus veces,
que dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción del auto en el que
se decrete la interdicción provisoria, se incluya en nómina la pensión de
sobrevivientes de Karina Cañón Casas, se reactive el pago de las mesadas
pensionales y su afiliación al sistema de salud, dejando pendiente el
desembolso del retroactivo pensional hasta cuando se presente la sentencia
definitiva en el proceso de interdicción y se tome posesión del cargo por parte
del curador o se acompañe copia del registro civil con dicha anotación. Quinto.-
ORDENAR a la Defensoría del Pueblo, a través de la Dirección Nacional de
Defensoría Pública, que disponga de un funcionario que efectúe el
acompañamiento de la tutelante, en la iniciación del proceso de interdicción
judicial y en la realización plena de sus derechos ante Colpensiones.”
[118] También denominada Sordera
neurosensorial: “es un tipo de pérdida de la audición (hipoacusia).
Ocurre por daño al oído interno, al nervio que va del oído al cerebro (nervio
auditivo) o al cerebro.” U.S. National Library of Medicine. Sordera
neurosensorial. MedlinePlus. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003291.htm
[119] El artículo 34 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la
composición y las funciones de dicho Comité.
[120] Naciones Unidas.
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general
sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley. Pág. 3.
Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/DGCArticle12_sp.doc Énfasis agregado.
[121] WNUSP. Contribution
to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights from IDA
CRPD Forum. Disponible en:
http://www.wnusp.net/documents/2012/Psychosocial_disability.docx Traducción libre
visible en: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/RUNDIS/ESTERILIZACION%20FORZOSA%20DE%20PCD%20A%20TRAVES%20DE%20LOS%20PROCESOS%20DE%20INTERDICCION.pdf
[122] Naciones Unidas.
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general
sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley. Pág. 5.
Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/DGCArticle12_sp.doc
[123] “3. Los Estados
Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las
personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio
de su capacidad jurídica.”
[124] “5. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las
medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos
bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por
que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera
arbitraria.”
[125] Ibídem. Págs.6
y 7.
[126] De manera puntual, se
dispuso: “SEGUNDO.- ORDENAR a Colpensiones que, dentro de los
cinco (5) días calendario, siguientes a la notificación de esta providencia,
pague la pensión de invalidez al señor Luis Felipe Hernández, sin exigir
requisitos adicionales que no están previstos en el ordenamiento jurídico, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”
[127] En tal sentido, se
ordenó: “SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO el numeral segundo de la
parte resolutiva de la resolución GNR 307679 del 7 de octubre de 2015 proferida
por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en tanto suspendió
el ingreso a nómina de pensionados del señor Gessner Gómez Ruiz. TERCERO.-
ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, que
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda
a incluir en nómina de pensionados al señor Gessner Gómez Ruiz y a sufragar los
valores adeudados al actor con motivo del reconocimiento de una pensión de
invalidez en la resolución GNR 307679 del 7 de octubre de 2015. Para el efecto,
no podrá exigir que este actúe a través de un tercero o curador.”
[128] Cfr. Folio 40
del Cuaderno Principal.
[129] La acción de tutela
fue formulada el 15 de agosto de 2017 y la resolución cuestionada fue proferida
el 3 de agosto de esa anualidad
[130] Ibídem. Folio
50.
[131] Ibídem.
[132] Ibídem. Folio
2.
[133] El Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto-Ley 2158 de 1958, modificado por
las Leyes 712 de 2001 y 1564 de 2012, señala en su artículo 2°: “Competencia
general. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de
seguridad social conoce de: (…) 4. Las controversias relativas a la
prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los
afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades
administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los
relacionados con contratos”. Además, su artículo 11° indica: “Competencia
en los procesos contra las entidades del sistema de seguridad social integral.
En los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el
sistema de seguridad social integral, será competente el juez laboral del
circuito del lugar del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o
el del lugar donde se haya surtido la reclamación del respectivo derecho, a
elección del demandante.” Por lo anterior, la jurisdicción contencioso
administrativa no sería competente para asumir el conocimiento de este asunto,
más aún porque el accionante no ostenta la calidad de empleado público. Al
respecto, ver las Sentencias T-064 de 2016, T-1025 de 2005, entre otras.
[134] Ibídem. Folio
24.
[135] Ibídem. Folio
13
[136] Ibídem. Folio
50.
[137] Ibídem.
[138] Ibídem. Folio
49. Énfasis agregado.
[139] Ibídem. Folio
50.
[140] Ibídem. De
acuerdo con el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad
Laboral y Ocupacional contenido en el Decreto 1507 de 2014, un porcentaje de
0.0% en este ítem: “Implica obtener ingresos económicos, derivados del rol
laboral, con el objetivo de garantizar una seguridad económica para las
necesidades presentes. Implica la capacidad de la persona para cumplir con las
obligaciones de orden personal y familiar, así como la capacidad de la persona
para llevar a cabo transacciones económicas básicas y complejas; por ejemplo
participar en cualquier forma de transacción económica básica, usar dinero para
comprar comida o hacer trueques, intercambiar bienes o servicios y ahorrar
dinero.”
[141] El citado manual
explica esta categoría afirmando: “Resolver problemas y tomar decisiones:
Encontrar soluciones a problemas y situaciones detectando y analizando las
consecuencias,  desarrollando opciones y soluciones, evaluando efectos
potenciales de las soluciones y ejecutando la solución escogida, como resolver
una disputa entre dos personas.”
[142] En el dictamen se
califican las áreas de aprendizaje y aplicación del conocimiento,
comunicación, movilidad, auto cuidado-cuidado personal, y vida doméstica, según
los siguientes criterios: A – 0.0 – no hay dificultad, no dependencia. B -0.1 –
dificultad leve, no dependencia. C -0.2 – dificultad moderada- dependencia
moderada. D -0.3 – dificultad severa – dependencia severa. E - 0.4 – dificultad
completa –dependencia completa.
[143] Tal como fue reseñado
con anterioridad, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas ha mencionado sobre este punto lo siguiente: “El artículo
12, párrafo 5 [de la Convención], obliga a los Estados partes a adoptar
medidas (entre otras, medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras
medidas prácticas), a fin de garantizar los derechos de las personas con
discapacidad en lo que respecta a las cuestiones financieras y económicas,
en igualdad de condiciones con las demás. Tradicionalmente se ha negado a las
personas con discapacidad el acceso a las finanzas y la propiedad en función
del modelo médico de la discapacidad. Ese criterio de negar a las personas con
discapacidad la capacidad jurídica para las cuestiones financieras debe
sustituirse por el apoyo para ejercer la capacidad jurídica, de
acuerdo con el artículo 12, párrafo 3”. Énfasis agregado.
[144] El inciso 2° del
artículo 17 de la Ley 1306 de 2009 dispone: “La calificación de la
discapacidad se hará siguiendo los parámetros científicos adoptados por el
Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación y utilizando una
nomenclatura internacionalmente aceptada.”
[145] Cfr. Artículo
28.
[146] Cfr. Artículo
42. Numeral 4.
[147] “En reiterada
jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que el derecho
constitucional fundamental a la vida no significa la simple posibilidad
de existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que,
por el contrario, supone la garantía de una existencia digna, que
implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades
corporales y espirituales, de manera que cualquier circunstancia que
impida el desarrollo normal de la persona, siendo evitable de alguna manera,
compromete el derecho consagrado en el artículo 11 de la Constitución.”
Cfr. Sentencia T-444 de 1999. Énfasis agregado.
[148] Ibídem. Folio
13
[149] Ibídem.  Folio
39.
[150] Al respecto la Sentencia T-717 de 2012
señala: “El principio de confianza legítima previene a los operadores
jurídicos de “contravenir sus actuaciones precedentes y de defraudar las
expectativas que se generan en los demás, a la vez que compelen a las
autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones,
un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y
durabilidad de las situaciones que objetivamente permitan esperar el
cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico””. Énfasis
agregado.
[151] En relación con el
proceso de interdicción que el accionante decidió adelantar para recibir
el pago de su pensión, se subraya que ello no afecta en manera alguna la
presente litis, ya que el señor Guerrero Muñoz y sus familiares están en
libertad de seguir con el trámite correspondiente hasta su culminación, a
efectos de establecer con exactitud, suficiencia y claridad el grado de
discapacidad del tutelante.
[152] Cfr. Folio 2
del Cuaderno de Instancia.
[153] Ibídem. Folio
15.
[154] Cfr. Artículos
2° y 11 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, Decreto-Ley
2158 de 1958, modificado por las Leyes 712 de 2001 y 1564 de 2012; y las
Sentencias T-064 de 2016, T-1025 de 2005, entre otras.
[155] Ibídem. Folio
31.
[156] Ibídem. Folio
10.
[157] “Sistema de
tejidos y órganos del cuerpo especializado en la formación y maduración de los
componentes de la sangre (glóbulos rojos, plaquetas, glóbulos blancos)”. Enciclopedia
de Salud. Definición de Sistema Hematopoyético. Disponible en:
http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/sistema-hematopoyetico
[158] Cfr. Folio 1
del Cuaderno de Primera instancia.
[159] Ibídem. Folios
9 y 10. A esta afección se le asignó un valor sin ponderar del 53%.
[160] De acuerdo con el
Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y
Ocupacional contenido en el Decreto 1507 de 2014, un porcentaje de 1.5% en este
ítem: “Se refiere a las personas que presentan un rol laboral adaptado y que
como consecuencia de una deficiencia (s), ven sus ingresos económicos afectados
de forma moderada. Pueden requerir ayuda de otras personas o de la comunidad
para mantener su autosuficiencia económica. La persona es o puede ser el único
miembro aportante en el núcleo familiar.”
[161] Ibídem. Folio
10.
[162] Ibídem. Folios
15 y 16.
[163] Ibídem. Folio 18.
[164] El artículo 2° de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establece:            “Por “discriminación por motivos de discapacidad”
se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en
los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de
ajustes razonables.                             Por “ajustes razonables” se
entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en
un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.” Énfasis agregado.
[165] En la referida
decisión se ampararon los derechos fundamentales la seguridad social, al mínimo
vital, al debido proceso y a la dignidad humana de la accionante y se ordenó su
inclusión en nómina de pensionados.
[166] Sobre este punto, la
Sentencia T-728 de 2017 estableció: “La jurisprudencia constitucional ha
considerado que la incompatibilidad de las prestaciones sociales, no justifica
el desconocimiento del derecho pensional de quien ha cumplido los requisitos
legales para acceder a una prestación mejor. Por lo tanto, si el solicitante de
una pensión de invalidez recibió previamente una indemnización sustitutiva,
puede acceder a la prestación que cubra de manera más amplia las contingencias
de su discapacidad, si se descuenta de ésta el valor recibido a título de
indemnización. De tal forma, se impide que un afiliado reciba dos erogaciones
incompatibles por parte del Sistema de Seguridad Social y, a la vez, se
salvaguarda el principio de favorabilidad laboral establecido en el artículo 53
Superior, según el cual, debe priorizarse la “situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho”.
[167] Cfr. Folio 26
del Cuaderno No. 1.
[168] Al respecto,
consultar las Sentencias T-246 de 2015, T-217 de 2013, entre otras.
[169] Cfr. Folios
3-4 del Cuaderno No. 1.
[170] Ibídem. Folio
13.
[171] Dicha jurisdicción
sería la competente para resolver este asunto, en atención a lo dispuesto en
los artículos 2° y 11 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
Decreto-Ley 2158 de 1958, modificado por las Leyes 712 de 2001 y 1564 de 2012;
y en las Sentencias T-064 de 2016, T-1025 de 2005, entre otras.
[172] Ibídem. Folios
99 y 100.
[173] Ibídem.
[174] Ibídem. Folio
5.
[175] Ibídem.
[176] Sobre este punto, la
Sentencia C-983 de 2002 explica: “La capacidad, en sentido general, consiste
en la facultad que tiene la persona para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Pero esta capacidad, de acuerdo con el artículo 1502 del Código
Civil, puede ser de goce o de ejercicio. La primera de ellas consiste en la
aptitud general que tiene toda persona natural o jurídica para ser sujeto de
derechos y obligaciones, y es, sin duda alguna, el atributo esencial de la
personalidad jurídica. La capacidad de ejercicio o capacidad legal, por
su parte, consiste en la habilidad que la ley le reconoce a aquélla para
poderse obligar por sí misma, sin la intervención o autorización de otra.
Implica, entonces, el poder realizar negocios jurídicos e intervenir en el
comercio jurídico, sin que para ello requiera acudir a otro.” Énfasis
agregado.
[177] Cfr. Artículos
25, 47 y 48 de la Ley 1306 de 2009.
[178] La providencia
emitida por el Juzgado ordenó a Colpensiones pagar, en el término de cinco (5)
días, la pensión de invalidez reconocida a la accionante.
[179] Sobre este punto, el
artículo 18 de la Ley 1306 de 2009 establece: “Protección de estas personas:
Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del
Defensor de Familia, prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con
discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que
cualquier persona haga ante la entidad. El funcionario del ICBF o cualquier
otro ciudadano que reciba noticia o denuncia sobre alguna persona con
discapacidad mental absoluta que requiera asistencia, deberá informar
inmediatamente al Defensor de Familia, a efectos de que éste proceda a tomar
las medidas administrativas de restablecimiento de derechos o a interponer las
acciones judiciales pertinentes.
PARÁGRAFO: Las normas sobre
vulneración de los derechos, procedimientos y medidas de restablecimiento de
los derechos contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán
aplicables a las personas con discapacidad mental absoluta, en cuanto sea
pertinente y adecuado a la situación de éstas.”
[180] Cfr. Artículos
25 y 32 de la Ley 1306 de 2009.
[181] “Es unánime el
reconocimiento que la Corte ha hecho de la obligación de las autoridades de
procurar condiciones que permitan la integración de las personas con alguna discapacidad,
como corolario de los principios de dignidad humana, con miras a garantizar un
orden político, económico y social justo –Preámbulo, artículos 1° y 2°, C.P.-.
Dicha obligación corresponde además al reconocimiento que la Constitución hace
de la libertad e igualdad de las personas ante la ley y las autoridades, y del
correlativo deber de éstas de adoptar medidas a favor de los grupos marginados
y discriminados y, en general del Estado, de proteger a quienes por su
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta y de sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan –artículos 13, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54 y 68 ídem-. De modo que
las garantías constitucionales, como el acceso al servicio público de la
seguridad social y a la atención en salud, deben gozar de mayor efectividad
cuando se exigen a favor de quienes adolecen de algún tipo de discapacidad
y, por ello, las políticas del Estado en dichas materias atienden los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.” Cfr. Sentencia
T-674 de 2010. Énfasis agregado.