T-054-18
Sentencia
T-054/18
DEBIDO PROCESO EN EL MARCO
DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONTRACTUALES-Caso en que se termina
unilateralmente contrato a trabajador, debido a que en el pasado éste compartió
fotografías de carácter íntimo con su esposa en un portal web privado
La Sala encuentra que las prácticas sexuales que el accionante tuviera
en el pasado con su esposa, no tienen una relación directa con el desempeño de
sus funciones ni permiten concluir que estas han sido ejercidas
“insatisfactoriamente”, menos aún, que desacrediten su idoneidad o probidad.
DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONTRACTUALES A
LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD-Protección
El derecho fundamental al debido
proceso resulta plenamente aplicable a las relaciones ante autoridades públicas
o particulares, ya sea que se trate de un contrato laboral, de prestación de
servicios o, inclusive, de situaciones en las cuales ni siquiera se ha suscrito
vínculo contractual alguno.
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD Y DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Relación
El núcleo esencial del derecho a la
intimidad tiene una estrecha relación con el libre desarrollo de la
personalidad ya que, en palabras de esta Corporación, “la garantía
de este derecho implica la posibilidad que tiene cada persona de poder manejar
todo aquello que hace parte de su existencia como tal, de la forma que
prefiera, siendo inmune a injerencias externas que lo puedan afectar”.
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Vulneración por empleador, al
terminar el contrato del accionante con base en circunstancias de su vida
íntima y realizar declaraciones denigrantes sobre sus calidades morales y
éticas
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, A LA INTIMIDAD, AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Orden a accionadas contratar
nuevamente al accionante bajo las mismas condiciones contractuales de su
vínculo anterior y durante el tiempo que le restaba para finalizar la ejecución
del mismo
Referencia: Expediente T-6.403.774
Acción de tutela formulada
por Andrés[1]
contra el Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., la empresa Quinta
Generación S.A.S. y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero
de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Carlos
Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos
33 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la
sentencia de tutela proferida el 16 de agosto de 2017 por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, en segunda instancia, la cual confirmó la decisión
adoptada el 16 de junio de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montería, Córdoba, Sala Cuarta de Decisión Civil-Familia-Laboral, que
declaró improcedente el amparo formulado por el ciudadano Andrés contra
el Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., la empresa Quinta Generación
S.A.S. y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
I.       ANTECEDENTES
1.      Hechos
1.1
El Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y el Canal Regional de Televisión
Teveandina Ltda. han suscrito sucesivos convenios interadministrativos[2]
para diseñar e implementar el programa “En TIC Confío”, el cual tiene
como objetivo promover un uso responsable de internet[3].
En virtud de lo anterior, el Canal Regional realizó una convocatoria pública en
el año 2016 con el fin de seleccionar representantes de dicha estrategia
digital en varios departamentos del país[4].
1.2
Tras un proceso de
evaluación que tomó más de seis semanas e incluyó la realización de un análisis
técnico de carácter externo, así como la presentación de una entrevista, el ciudadano
Andrés fue seleccionado como “Embajador Regional” del programa
para el Departamento de Córdoba[5]. Sus obligaciones se centraban en la
realización de charlas y conferencias en las instituciones educativas, empresas
y organizaciones de ese departamento[6].
1.3
Para el año 2017, el programa
“En TIC Confío” felicitó al accionante por su buen desempeño y lo invitó
a seguir haciendo parte del proyecto durante la siguiente vigencia, para ello,
le remitió el siguiente correo electrónico:
“Gracias a
tu trabajo y compromiso como embajador de En TIC Confió en el 2016, impactamos
presencialmente en Córdoba a 27.114 personas con el mensaje de #PoderDigital.
Muy pronto
iniciaremos el proceso de vinculación al programa y queremos contar de nuevo
con tu participación, ¿estás dispuesto a llevar #PoderDigital a tu departamento
durante lo que resta del 2017?
Haznos saber
tu respuesta por este medio lo antes posible, un saludo afectuoso.” [7]
1.4
Debido a lo anterior, el
señor Andrés suscribió un contrato civil de prestación de servicios con
la empresa Quinta Generación S.A.S[8], entidad encargada de “la
planeación, el desarrollo e implementación” del programa “En TIC Confió”
para el año 2017[9]. La cláusula segunda de dicho contrato
establece que el accionante se desempeñará como “Embajador Regional” en
el Departamento de Córdoba desde el 28 de abril hasta el 11 de diciembre de
2017[10].
1.5
Tras haber iniciado sus
labores, específicamente el 19 de mayo de la mencionada anualidad, una persona
no identificada realizó la siguiente publicación en la red social Twitter, acompañada de varias imágenes de carácter
íntimo pertenecientes a él y a su esposa: “Reconocido conferencista de colegios de
@EnTICConfio del @Ministerio_TIC tenía perfil de pornografía en Twitter
@Kalypso69”[11].
1.6
Ese mismo día, el petente
acudió a la Dirección Seccional de Fiscalías de Montería, Córdoba, para instaurar
una querella por el delito de injuria por vías de hecho[12],
en tanto aseguró que las imputaciones realizadas tienen “la intensión de
causarme daño a mí al publicar ese contenido en Twitter con mención expresa a
cuentas oficiales del Ministerio, en una clara violación a mi intimidad con la
finalidad de injuriarme y mancillar mi nombre con una materia que es
estrictamente del resorte de mi vida privada”[13].
También manifestó que: (i) si bien las fotografías no
revelan su identidad, sí le pertenecen; (ii) es falso que la cuenta @Kalypso69 sea
suya o que tenga un perfil pornográfico en Twitter;
(iii) agregó que no sabía cómo habían obtenido sus imágenes; (iv) refirió que,
la única posibilidad de acceder a ellas, era que alguien las hubiera descargado
en el año 2015, cuando las compartió en un portal web privado[14],
utilizado por él y su esposa como parte de una práctica sexual prescrita por un
profesional en psicología para fortalecer su relación de pareja[15].
1.7
El 21 de mayo de 2017, el
actor informó de los hechos al Coordinador General del programa “En TIC
Confío”[16], refiriendo que había sido víctima de
un “hostil e infundado señalamiento (…) con la única finalidad de dañar mi
imagen, mi buen nombre y como consecuencia provocar mi salida del programa”[17].
A lo cual agregó:
“Si bien, la
situación acaecida resulta incómoda (…) no es ilegal; por el contrario: por
tratarse de asuntos de mi esfera íntima y privada de naturaleza sexual, gozan
de especial protección por parte del Estado. (…)
Penar a un
individuo por las conductas de las que infundadamente se me señala, sería tan
contradictorio como penar a alguien en razón de su orientación sexual,
creencias religiosas o políticas, máxime cuando dichos comportamientos no
guardan directa relación con el quehacer profesional ni pone en riesgo mis
cualidades profesionales o las de la institución que represento. (…)
Quiero
seguir en el programa (…) porque estimo justo resarcir mi imagen, imagen que
hoy día está lastimada a causa de la acción hostil de este personaje siniestro
y cobarde. (…) Ceder ante su tácita pretensión, más que proteger los intereses
del Ministerio, se entendería como la legitimación del inapropiado, impune e
ilegal proceder de este personaje.” [18]
1.8
Posteriormente, la
Gerente del Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., por requerimiento
del Director de Apropiación del Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, solicitó a la empresa Quinta Generación S.A.S. que, “con respeto por los derechos al debido proceso y
a la defensa”[19], suspendiera las charlas del actor, “con
el fin de proteger la población beneficiaria del programa”[20].
1.9
En consecuencia, la representante
legal de la empresa Quinta Generación S.A.S., le indicó al accionante que, por
instrucción expresa del Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., debía
suspender sus actividades hasta nueva orden. Adicionalmente, le solicitó que “a
más tardar el día de mañana 31 de mayo a las 8:00 am, se sirva presentar las
respectivas aclaraciones o justificaciones ante los señalamientos hechos”[21].
1.10      Frente a tal requerimiento, el demandante contestó:
(i) “Quisiera precisar que lo sucedido (…) es la comisión de un delito y la
violación de un derecho fundamental como lo es la intimidad personal”[22];
(ii) “el material publicado y que en efecto se trata de imágenes propias, se
produjeron en virtud de la relación con mi esposa y madre de mi hija, como una
práctica del total resorte de nuestra vida íntima y privada, y que nadie, ni
siquiera pretendiendo argumentar libertad de información puede publicar”[23];
(iii) “pretender penarme por las conductas que infundadamente se me señala,
sería tan absurdo, inconsecuente y contrario a derecho como penar a alguien en
razón de su orientación sexual”[24]; y (iv)“Reitero y me mantengo en
que no he hecho nada ilegal ni que contraríe mis funciones y desempeño como
Embajador Regional de la Estrategia En TIC Confío”[25].
1.11      Sin embargo, el 5 de junio la Gerente del
Canal Regional le solicitó a la empresa Quinta Generación S.A.S. que retirara
definitivamente al señor Andrés del programa, debido a que, en su
concepto, todo “Embajador Regional” debía ser “un mentor reconocido
por ser confiable en internet”[26].
También argumentó que, si bien el accionante había
manifestado que la cuenta de Twitter @Kalypso19 nunca le perteneció, era cierto
que las imágenes eran suyas y fueron compartidas en un portal web privado de
manera anónima en el año 2015, razón por la cual, existía un hecho
sobreviniente a la suscripción del contrato, en tanto, el accionante ocultó durante
su proceso de selección que alguna vez había compartido fotografías de carácter
íntimo[27].
Por último, agregó que el Comité Ejecutivo del
Convenio Interadministrativo No. 594 de 2017[28] había concluido que: “la continuidad
en el desarrollo de actividades de embajador por parte de esta persona
significa también un riesgo para los menores de edad, que hacen parte de la
población objetivo del proyecto”[29].
1.12      Como producto de lo anterior, la
representante legal de la empresa Quinta Generación S.A.S. notificó al
accionante la terminación unilateral de su contrato de prestación de servicios,
“en cumplimiento” del parágrafo de la cláusula segunda del mismo, el
cual dispone:
“Parágrafo. El presente contrato podrá terminar anticipadamente,
sin que haya lugar a la indemnización alguna, si el Canal Regional de
Televisión Teveandina Ltda., así lo solicita, en razón del desempeño
insatisfactorio de las funciones que le han sido asignadas al contratista”.[30]
1.13      Ante lo cual, el demandante remitió a la
empresa una carta manifestando los siguientes argumentos: (i) Reiteró que las
fotografías fueron tomadas con anterioridad a su vinculación al programa e
indicó que “nunca se produjeron con la finalidad de hacerlas públicas, tan
así, que en la foto publicada no se diferencia inequívocamente mi rostro”[31];
(ii) cuestionó que tuviera el deber de informar sus
prácticas sexuales con su esposa durante su proceso de selección[32];
(iii) aseguró que no entiende por qué se le acusa de ser un riesgo para la
población infantil; (iv) señaló que el sexting[33]
entre adultos no constituye un delito por el cual pueda ser juzgado y,
menos aún, condenado; (v) afirmó que la finalización de su contrato legítima la
acción criminal de quien vulneró su derecho a la intimidad; y (vi) manifestó
que acudiría a los jueces de la República para lograr la protección de sus
garantías constitucionales[34].
1.14      En consecuencia, formuló acción de tutela
contra el Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., la empresa Quinta
Generación S.A.S. y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, requiriendo el amparo de sus derechos fundamentales a la
intimidad, a la honra, a la imagen, al buen nombre, al trabajo y al mínimo
vital.                           Así mismo,  incluyó las siguientes
solicitudes:
·
“Medida cautelar
urgente. Ordenar a la empresa QUINTA GENERACIÓN S.A.S abstenerse de dar por
terminado el contrato de prestación de servicios que sostiene conmigo (incluso
pretendiéndolo terminar con indemnización, toda vez que lo que está en juego es
el conjunto de derechos vulnerados y reclamados en este escrito de tutela, los
cuales van más allá del derecho al trabajo o al mínimo vital) mientras un juez
decide de fondo este aspecto”[35].
·
“Medida cautelar
urgente. Ordenar al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS
COMUNICACIONES y al CANAL PÚBLICO REGIONAL DE TELEVISIÓN TV ANDINA LTDA.
abstenerse de emitir cualquier comunicado o comunicación pública, que expresa o
tácitamente vulnere mis derechos a la intimidad personal, a la honra, imagen y
al buen nombre, salvo autorización expresa y por escrito de mi parte” [36].
·
“Con la finalidad de
coadyuvar a la reparación del daño causado a mi imagen, honra y buen nombre,
ORDENAR al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES que
se pronuncie sobre los hechos desencadenantes de esta demanda atendiendo única
y exclusivamente a la Constitución, las leyes y en general el ordenamiento jurídico
colombiano, y a la real protección de mis derechos fundamentales a la intimidad
personal, imagen, honra y buen nombre”[37].
2. Trámite impartido a la acción de tutela
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, Córdoba, Sala Cuarta de Decisión Civil−Familia−Laboral, asumió
el conocimiento del amparo y, mediante proveído del 7 de junio de 2017,
comunicó el objeto de la acción de tutela a las demandadas para que se
pronunciaran al respecto[38]. Igualmente, consideró que no podía
acceder a las medidas provisionales solicitadas por el accionante, “pues
para ello se necesita hacer un estudio de fondo sobre el asunto puesto en
conocimiento”[39].
Respuesta de las entidades accionadas
2.1 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
La Coordinadora del Grupo de Procesos Judiciales y
Extrajudiciales del Ministerio señaló que dicha cartera no tenía legitimación
por pasiva en el asunto, dado que, si bien “tiene asidero en la conformación
del comité creado para la supervisión y cumplimiento” del programa “En
TIC Confío” y éste recomendó apartar al señor Andrés de sus
funciones, “las acciones definitivas fueron tomadas por la empresa con quien
suscribió el contrato, esto es, con QUINTA GENERACIÓN S.A.S.”[40]
Agregó que un objetivo esencial del programa es garantizar
la protección de los menores de edad, quienes representan la mayoría de sus
usuarios, razón por la cual, el Comité Técnico del Convenio Interadministrativo
No. 594 de 2017 había llegado al siguiente consenso:
“que se
debía velar por la protección del programa y sus usuarios, y precisamente no
exponer al mismo ni a sus usuarios, la mayoría niños y niñas, a una exposición
pública en redes sociales, precisamente por cuenta de un conferencista que
ocultó tener en las redes sociales y en internet material pornográfico de él y
su cónyuge”. [41]
2.2 Canal
Regional de Televisión Teveandina Ltda.:
La representante legal del Canal indicó que el embajador
debía “ser un referente social respecto de las temáticas de En TIC Confío”[42]
y que                  “es un contrasentido, en un proceso de formación
ofrecido por el Estado, que el agente sensibilizador sobre los riesgos de
internet sea precisamente una persona que produce y comparte en redes material
íntimo y de contenido explícitamente sexual”[43].
Argumentó que el accionante asumió los riesgos que
conllevaba compartir una fotografía íntima en internet y reiteró que ninguna de
las entidades accionadas había vulnerado sus derechos fundamentales a la
intimidad personal, a la honra, a la imagen o al buen nombre.
Concluyó que las publicaciones cuestionadas hicieron
que el comportamiento del señor Andrés: “trascienda de la esfera
privada a lo público, afectando a todos los involucrados en la ejecución de la
estrategia, así como a la población beneficiaria de dicho proyecto, con lo cual
y sin llevar a ponderar unos derechos sobre otros, deben considerarse los
perjuicios a la sociedad a que llevaría mantener un sujeto que no encaje en el
perfil del embajador. (…) se debe tutelar y asegurar el desarrollo armónico,
integral, normal y sano de los niños, desde los puntos de vista físico,
psicológico, afectivo, intelectual y ético”[44].
2.3 Quinta Generación S.A.S.:
La empresa se abstuvo de pronunciarse sobre los hechos
constitutivos de la acción de tutela.
3.      Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera instancia
En sentencia del 16 de junio de 2017, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería, Córdoba, Sala Cuarta de Decisión
Civil−Familia−Laboral, decidió “denegar por improcedente la
acción de tutela impetrada por el señor [Andrés]”[45].
En concepto de ese Despacho, la acción de tutela no es
el mecanismo procesal para debatir las pretensiones del demandante, dado que
existían otros medios de defensa judicial y no se acreditó la necesidad de
evitar un perjuicio irremediable[46].
Impugnación
El accionante impugnó el fallo con base en los
siguientes argumentos:
3.4.1 Adujo que las contestaciones remitidas por el
Ministerio y el Canal Regional se centran en argumentar que no es una persona
proba, ni respetable y que, además, constituye un riesgo para los menores de
edad. Frente a lo cual sostuvo: “apartarme de mi cargo en razón de mis
prácticas sexuales privadas, incluso del pasado, no es solo violatorio de mi
derecho al trabajo y al mínimo vital, sino además discriminatorio y transgresor
de mi derecho a la honra y el buen nombre”[47].
Reiteró que la publicación anónima en Twitter no sólo
es descontextualizada y malintencionada, sino también falsa, debido a que:   la
cuenta @Kalypso69 no le pertenece, no tiene un perfil pornográfico en Twitter,
las fotografías publicadas no revelan su identidad y, además, el hecho de que
se hayan dado a conocer unas imágenes que datan del año 2015 “no constituye
una excusa válida para realizar un juicio moral sobre mi vida privada,
cuestionar mi idoneidad y mi probidad”[48].
3.4.2 Manifestó que las entidades accionadas lo
separaron de su trabajo por “hechos [que] no constituyen una causal
de terminación unilateral del contrato (…); ni por rendimiento satisfactorio en
desarrollo de mis funciones como embajador sino por unas conductas del total
resorte de mi vida privada, del pasado”[49].
Argumentó que ha sido tratado “como si fuera el
delincuente más abominable”[50] y que no existe
un contrasentido entre la estrategia “En TIC Confío” y su actuación,
toda vez que: “el mismo libreto otorgado por el programa En TIC Confío a
todos los embajadores del país, manifiesta que debemos dejar claro a la
audiencia que hacer sexting entre adultos                       no constituye
delito y que es una conducta válida justamente por tratarse de personas adultas”[51].
3.4.3 Respecto a la procedencia formal del amparo,
aseguró que se requiere la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
debido a que su contrato culminaría el 11 de diciembre de 2017; “por lo
tanto se torna natural y comprensible que acudir a la jurisdicción ordinaria
haría ilusoria e ineficaz la protección incoada sobre mi derecho al trabajo y
al mínimo vital, toda vez que el fallo que dirima el asunto se produciría mucho
tiempo después, cuando probablemente las situaciones fácticas del momento hagan
completamente ineficaz la protección”[52].
Destacó que la vulneración de sus derechos
fundamentales sobrepasa el ámbito meramente contractual, por lo que “no se
debe analizar como una solicitud de protección aislada orientada hacia la
garantía del desarrollo de una actividad profesional y su respectiva
remuneración, sino analizarla en un contexto mucho más amplio”[53].
3.4.4 Precisó que no pretende una indemnización de
perjuicios sino el restablecimiento de sus derechos intangibles a la imagen, la
honra, el buen nombre, la igualdad (no discriminación), la intimidad personal y
el libre desarrollo de su personalidad[54].
También, afirmó que ya había acudido a la acción penal, mediante la formulación
de una querella ante la Dirección Seccional de Fiscalías de Montería, Córdoba, para
que se investigara quien publicó sus imágenes en la red social Twitter[55]. Frente a este punto, resaltó que las
actuaciones y pronunciamientos de las entidades accionadas constituyen una re
victimización, así como una vulneración de sus derechos inmateriales[56].
3.4.5 Por último, refirió que su derecho al mínimo
vital se encuentra en peligro, en tanto su única fuente de ingresos era su trabajo
como “Embajador Regional”, carece de bienes inmuebles o establecimientos
de comercio y, además, debe sufragar los gastos de su esposa y tres menores,
incluida su hija de tan sólo 17 meses de edad[57].
De conformidad con lo anterior, anexó una relación de
todos sus ingresos y gastos, y adicionalmente indicó:
“Como se
aprecia, lo devengado por concepto de mi actividad como embajador de En TIC
Confío apenas alcanza a cubrir de manera muy estrecha los gastos que satisfacen
mis necesidades más apremiantes. De tal suerte que es apenas comprensible que
conceptos como la cuota prepagada del vehículo se encuentren en mora desde hace
varios meses. (…)
Señores
Magistrados, consideren que cortar de tajo la expectativa y el derecho
adquirido originado alrededor del contrato que suscribí con Quinta Generación
S.A.S, vulneraría de plano el derecho al mínimo vital, pues como he manifestado,
la única fuente de ingresos que tengo actualmente es la proveniente de la
remuneración por el pago de honorarios en virtud de dicho contrato. Reitero
enfáticamente, no solo se vulneraría mi derecho al mínimo vital, sino el de mi
hija de tan solo 17 meses de edad”[58].
Segunda instancia
En sentencia del 16 de agosto de 2017, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, confirmó la decisión del a
quo. Para tal efecto, sostuvo que el asunto sub iudice se
circunscribía a establecer la legalidad de la terminación del contrato de
prestación de servicios del accionante, por lo cual, excedía la competencia del
juez de tutela[59].
Remisión del expediente a la Corte Constitucional
Mediante la orden tercera de la sentencia adoptada por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se ordenó el envío
del expediente a esta Corporación para su eventual revisión[60],
conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
4.      Material probatorio obrante en el expediente
4.1    Copia del
Convenio Interadministrativo No. 594 de 2017 entre el Fondo de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y el Canal Regional de Televisión
Teveandina Ltda.[61]
4.2    Copia
del contrato de prestación de servicios entre el Canal Regional de Televisión
Teveandina Ltda., y la empresa Quinta Generación S.A.S.[62]
4.3    Copia
del contrato de prestación de servicios entre Quinta Generación S.A.S y Andrés[63].
4.4    Copia de
la publicación en Twitter que indica: “Reconocido conferencista de colegios
de @EnTICConfio del @Ministerio_TIC tenía perfil de pornografía en Twitter
@Kalypso69”[64].
4.5    Copia de
la noticia criminal No. 2300160991022017-01758 formulada por el señor Andrés[65].
4.6    Copia
del oficio enviado el 21 de mayo de 2017 por el accionante al Coordinador
General del Programa “En TIC Confío”[66].
4.7    Copia
del correo electrónico que le informa al señor Andrés la suspensión de
sus labores[67].
4.8    Copia de
la solicitud de descargos realizada por la empresa Quinta Generación S.A.S al
actor[68].
4.9    Copia
del memorial de descargos presentado por el accionante[69].
4.10  Copia de
la solicitud del Gerente del Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., a
la empresa Quinta Generación S.A.S respecto a la desvinculación del señor Andrés[70].
4.11  Copia de la
carta de terminación unilateral del contrato de prestación de servicios[71].
4.12
Copia de
la respuesta del actor a la carta de terminación unilateral de su contrato[72].
4.13  Copia de
la cédula de ciudadanía del demandante[73].
4.14  Copia del
registro civil de nacimiento de la hija del actor, quien al momento de la
formulación del amparo, tenía 17 meses de edad[74].
4.15  Copia de
la relación de ingresos y gastos del señor Andrés[75].
5.      Selección del expediente por parte de la Corte
Constitucional
Mediante Auto del 27 de octubre de 2017,
la Sala de Selección de Tutelas Número Diez, conformada por la Magistrada Diana
Fajardo Rivera y el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, escogió el
expediente de la referencia y lo asignó, previo reparto, al Magistrado Alberto
Rojas Ríos para efectuar su revisión, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a
36 del Decreto Ley 2591 de 1991. El Auto indica que el expediente fue
seleccionado bajo los siguientes criterios objetivos de selección: asunto
novedoso y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea
jurisprudencial.
6.      Actuaciones surtidas en sede de
revisión
El 16 de febrero de 2018, el accionante
allegó al expediente un escrito titulado “ampliación de información”, en
el cual resaltó que la publicación anónima de la red social Twitter “resulta
alejada de la realidad” toda vez que desconoce el origen de la cuenta
@Kalypso69. En relación con las fotografías, señaló que si bien son suyas “se
produjeron en el marco de la relación íntima con mi pareja como método para
fortalecer nuestra vida de pareja y vida sexual”[76].
En relación al portal web privado en el
cual compartió sus imágenes en el año 2015, señaló:
“En dicha red de
entretenimiento para adultos, interactuábamos bajo un seudónimo justamente para
proteger nuestra identidad y desligar y evitar asociar nuestras preferencias y
prácticas sexuales con nuestro perfil profesional o de vida pública. Desconozco
quién o quiénes pudieron identificarme en dicha red y subir el contenido a Twitter pretendiendo hacer creer que lo
subíamos nosotros mismos (…) Reitero, ni yo ni mi compañera subimos
el contenido a la red social Twitter ni mucho menos pretendiendo que púbicamente
se conociera nuestra identidad”[77]
Por otra parte, narró que la “denuncia” en
su contra no representó una afectación tan importante a su vida cotidiana y
entorno social, ya que la publicación fue retirada rápidamente de Twitter, sin
embargo, fueron las actuaciones posteriores de las entidades accionadas, las
que perjudicaron gravemente su imagen y buen nombre. Sobre este punto, relató
que sus compañeros, allegados y múltiples personas de su región conocieron
claramente las razones que motivaron su desvinculación, por lo cual destacó
que: “el rotulo de ‘pornógrafo’ que me asignó MINTIC ha sido difícil de
borrar”[78]. En ese sentido, señaló:
“Luego de la publicación del
contenido en Twitter, del cual nunca me he pronunciado públicamente, mis
relaciones personales y profesionales se han visto mermadas. Y no tanto por la
publicación como tal, porque este hecho fue rápidamente olvidado y el material
desmontando por Twitter a las horas, sino por la acción posterior efectuada por
el Ministerio TIC / Canal TV Andina de desvincularme de mi rol de embajador en
virtud de ello, ya que, para quienes tuvieran la duda de si la persona de la
publicación era yo o no, quedaba clarísimo con mi expulsión que lo acontecido
(el tener ese tipo de prácticas) constituía una hecho suficiente para que una
organización/empresa no quisiera tenerme dentro de su equipo de trabajo; como
ciertamente ha ocurrido con las empresas u organizaciones con las que
regularmente trabajaba. Desde la ocurrencia de los hechos, no he participado
en proyecto alguno ni he conseguido trabajo. El rotulo de “pornógrafo” que
me asignó MINTIC ha sido difícil de borrar.”[79]
También indicó que, desde la terminación
anticipada de su contrato, ha tenido que enfrentar difíciles circunstancias
económicas, marcadas por la necesidad de sostener a su hija, quien ya tiene
veintisiete meses de edad, así como dos menores de nueve y catorce años:
“Esta situación, ha conllevado
a otro tipo de situaciones igualmente complejas, tales como tener que
desvincularme del sistema de seguridad social por imposibilidad material de
pagar sus costos, premuras económicas para la manutención de mi compañera y los
tres menores de edad a mi cargo, una hija de 27 meses de edad, y dos menores
(hijos de ella de una relación anterior) de 9 y 14 años. El daño ha sido
inconmensurable, no se ha reparado.”
Finalmente, indicó que: “en
comunicación telefónica con el Ministerio TIC me fue indicado que el Convenio
Interadministrativo para la operación del programa “En TIC Confío” durante el
año 2018 ya fue suscrito y de hecho ya se inició la contratación de personal
por parte del Canal TV Andina para las tareas propias del proyecto este año.
Solicité copia de dicho convenio al Ministerio y estoy a espera del mismo”[80].
II. CONSIDERACIONES
1.     Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer los fallos proferidos dentro de la acción de tutela de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y
241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33, 34, 35 y 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2.     Planteamiento del caso
2.1 El ciudadano Andrés argumenta que la
decisión de terminar anticipadamente su contrato de prestación de servicios, en
primer lugar, resulta vulneratoria de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al libre desarrollo de su personalidad, en tanto se le apartó de sus
funciones por una publicación falsa y malintencionada, en la cual se revelan
fotografías que corresponden al pasado y al estricto ámbito de su intimidad
personal y familiar, como lo es, su vida sexual con su esposa.
Además, asegura que las actuaciones y manifestaciones
realizadas en su contra durante los días previos a su desvinculación, también
lesionaron sus garantías constitucionales a la intimidad, a la honra y al buen
nombre, dado que las entidades accionadas adelantaron un escrutinio sobre su
vida privada, así como un juicio moral sobre sus calidades éticas, con base en
el cual concluyeron que no era una persona “proba” e “idónea” y que, inclusive, representaba un riesgo para
los menores de edad.
2.2 Por su parte, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, y el Canal Regional de Televisión Teveandina
Ltda., coinciden en sostener que, tras analizar la “denuncia” realizada en
Twitter por una cuenta anónima, así como las explicaciones y aclaraciones
mencionadas por el accionante, concluyeron que era necesario finalizar su
contrato de manera anticipada, debido a que, si bien se corroboró que el señor Andrés
no tenía un perfil pornográfico en Twitter, sí informó haber compartido
imágenes íntimas con su esposa en un portal web privado a inicios del año 2015.
Con fundamento en ello, consideraron que el actor no “encajaba” en el perfil de
un “Embajador Regional” y debía ser apartado de sus funciones como una
medida para proteger a los beneficiarios de la estrategia digital.
2.3 Los jueces de instancia declararon el amparo improcedente,
asegurando que, en su criterio, el conflicto expuesto por el accionante se
circunscribía a un asunto meramente contractual, por lo cual debía ser resuelto
por la jurisdicción civil.
2.4 Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala de
Revisión estudiará de manera previa si los fallos proferidos por los jueces de
instancia fueron acertados en relación con los requisitos de procedibilidad
formal de la acción de tutela. De llegar a superarse tal examen, se planteará
el problema jurídico respectivo y se resolverán los aspectos sustantivos del
asunto sub examine.
3.     Cuestión previa: procedibilidad formal de
la acción de tutela
3.1 Subreglas constitucionales aplicables
al caso concreto
El artículo 86 Superior establece que toda
persona puede acudir a la acción de tutela para solicitar la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y/o de algún particular, en los casos que determine la ley[81].
Esta disposición, en concordancia con lo previsto en
los artículos 1°, 5°, 6°, 8°, 10 y 42 del Decreto Ley 2591 de 1991, indica los
requisitos de procedencia formal de la acción de tutela, a saber: (i) legitimación
en la causa -por activa y pasiva-; (ii) inmediatez; y (iii) subsidiariedad[82].
3.1.1 La legitimación en la causa -por
activa y pasiva- hace referencia a la capacidad o potestad procesal que tiene
cada parte para actuar en el trámite judicial de la acción de tutela, ya sea
con el fin de requerir la salvaguarda de sus garantías constitucionales
(activa) o de esgrimir argumentos en su defensa (pasiva)[83].
En relación con la legitimación por activa, la
jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que esta acción constitucional
puede ejercerse: (i) de manera directa; (ii) mediante representante legal;
(iii) a través de apoderado judicial; o (iv) por medio de agente oficioso[84].
Por su parte, la legitimación por pasiva se encuentra
regulada en los artículos 86 Superior y 42 del Decreto Ley 2591 de 1991, los
cuales disponen que el amparo puede ser formulado contra autoridades públicas
y, excepcionalmente, contra particulares que “estén encargados de la
prestación de un servicio público, cuya conducta afecte gravemente el interés
colectivo o, respecto de quienes el solicitante se halle en situación de
subordinación [o] indefensión.”[85]
Respecto a los supuestos de subordinación e indefensión,
este Tribunal ha indicado lo siguiente:
“La jurisprudencia ha declarado procedente
innumerables casos contra particulares por la relación de subordinación o
indefensión que tiene el actor de la acción de tutela ante el accionado.  Ha
definido que la subordinación hace referencia a la situación en
la que se encuentra una persona cuando tiene la obligación jurídica de
acatar las órdenes de un tercero, como consecuencia de un contrato o
relación jurídica determinada que ubica a ambas partes en una situación
jerárquica.
Por su parte, en cuanto al estado de indefensión,
la Corte en su jurisprudencia ha señalado que éste no tiene origen en la
obligatoriedad que se deriva de un vínculo jurídico, sino en la situación de
ausencia o insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir
u oponerse a la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales.
La indefensión no puede ser, entonces, analizada en abstracto, sino que
requiere de un vínculo entre quien la alega y quien la genera, que permita
asegurar el nexo causal y la respectiva vulneración del derecho fundamental.”[86]
De modo semejante, la Sentencia T-083 de 2010,
estableció:
“Esta Corte, desde la sentencia T-290 de
1993, indicó que ‘la subordinación alude a la existencia de una
relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los
trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus
profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en
tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación
que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, no tiene su
origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado
sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en
su derecho carece de defensa, entendida como la posibilidad de respuesta
efectiva ante la  violación o la amenaza de que se trate.”[87]
Así las cosas, el fundamento jurídico de la
procedencia de la acción de tutela contra particulares gira en torno a la
relación desigual que se presenta entre accionante y accionado, con ocasión a
la vulneración de sus derechos fundamentales. Al respecto, la Sentencia T-131
de 2006 refiere que:
“El fundamento jurídico de la tutela contra
particulares procede en la situación en que el solicitante se encuentre en un
estado de indefensión o de subordinación, y esta facultad tiene fundamento
jurídico en el derecho de igualdad, toda vez que quien se encuentra en alguna
de las situaciones referidas no cuenta con las mismas posibilidades de defensa
que otro particular, por ello el Estado debe acudir a [su] protección.”
3.1.2 El requisito de inmediatez prescribe que la
acción de tutela debe ser formulada en un tiempo razonable desde el momento en
que se produjo la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales. Ello se
colige de la finalidad esencial del amparo, a saber, la protección inmediata
y efectiva de las garantías constitucionales[88].
Sobre este punto, la Sentencia T-533 de 2017 dispuso:
“Si bien la jurisprudencia constitucional
ha establecido que no existe término expreso de caducidad para la acción de
tutela, también ha precisado que la inmediatez en su interposición sí
constituye un requisito de procedibilidad, pues ésta debe ser intentada dentro
de un plazo razonable y oportuno, lo cual es coherente con el fin de aquella y
la urgencia manifiesta de proteger el derecho fundamental amenazado o
conculcado.”
3.1.3 Por último, la subsidiariedad
indica que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”[89]. Sin embargo, esta Corporación ha señalado
que la mera existencia de otro procedimiento o trámite de carácter judicial, no
excluye per se la procedencia del amparo, pues aquel debe ser idóneo
y eficaz de acuerdo a las circunstancias propias del caso concreto[90].
Tal examen implica, por una parte, analizar si el juez
ordinario está en la capacidad de solucionar el conflicto de manera clara,
definitiva y precisa, teniendo en cuenta el tipo y la magnitud de la
vulneración, así como los derechos fundamentales invocados (idoneidad)[91]; y por otra, que el mecanismo judicial
tenga la aptitud de brindar una inmediata y plena protección al accionante, “de
modo que su utilización asegure los efectos que se lograrían con la acción de
tutela” (eficacia)[92].
De conformidad con lo anterior, el juez constitucional
debe examinar si el medio de defensa que, en principio, sería el indicado para
resolver el conflicto jurídico sometido a su conocimiento, resulta adecuado para
las circunstancias específicas del caso concreto[93].
Como ilustración de este punto, se reseñarán algunas
sentencias relativas al cumplimiento del requisito de subsidiariedad en
razón a la falta de idoneidad del mecanismo ordinario:
En la Sentencia T-034 de 2013, la Corte analizó el
amparo formulado por una copropietaria que cuestionaba una decisión de la
Asamblea General de su conjunto residencial, debido a que ésta prohibía el
transporte de mascotas en los ascensores comunales, lo cual, en su criterio,
desconocía los derechos fundamentales a la igualdad, a la libre locomoción, al
libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar.
En las consideraciones generales sobre la procedencia
de la acción de tutela, este Tribunal resaltó que “si el medio no permite
resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una
solución integral frente al derecho comprometido, es procedente conceder la
tutela como mecanismo de amparo definitivo de los derechos fundamentales
invocados”.
Con base en ello, consideró que el mecanismo inicialmente
llamado a resolver la controversia, no resultaba idóneo para el caso
concreto, toda vez que la naturaleza del asunto giraba en torno a un debate de
raigambre constitucional. De tal forma, sostuvo:
“En el caso sometido a revisión, el
asunto que da pie a la interposición de la solicitud de amparo no se refiere a
una mera controversia legal, o a una simple discrepancia económica, o a
una pretensión dirigida a incumplir con los deberes y obligaciones de la
copropiedad. Se trata de una disputa en la que se cuestiona una decisión
adoptada por la mayoría (la modificación del manual de convivencia) que puede
afectar los derechos fundamentales de la accionante a la libertad de
locomoción, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad familiar y
personal. Existe un problema jurídico de relevancia constitucional,
en donde se busca determinar si la decisión de la Asamblea General de
Propietarios de prohibir el transporte de mascotas en el ascensor del conjunto
residencial, vulnera los derechos fundamentales previamente mencionados.”[94]
Del mismo modo, la Sentencia T-088 de 2013 resulta ilustrativa
frente al presupuesto de idoneidad, dado que la Corte consideró que ni
la acción civil ni la penal resultaban adecuadas para proteger los derechos a
la honra y al buen nombre de la Comunidad Indígena Resguardo Yaguará II, debido
a que sus integrantes no pretendían una indemnización de perjuicios ni el
establecimiento de responsabilidades de ningún tipo:
“la Comunidad Indígena
accionante no busca establecer responsabilidades civiles o penales,
sino estrictamente buscar el restablecimiento de los derechos a la honra, al
buen nombre y a la rectificación, presuntamente vulnerados con la publicación.
En este sentido, no existe mecanismo judicial distinto de la acción de tutela
para conseguir lo pretendido por la actora.”[95]
Por otra parte, en el fallo T-349 de 2016 se afirmó
que las sanciones impuestas a una menor debido a su corte de cabello, hacían
necesaria la intervención del juez constitucional debido a la vulneración de
sus derechos fundamentales a la intimidad y al libre desarrollo de la
personalidad. En relación con esto, la Corte afirmó categóricamente que:
“Subsidiariedad: No existe otra vía
judicial distinta a la acción de tutela para proteger el derecho fundamental al
libre desarrollo de la personalidad de Erika Lizeth Arteaga Lemus.
Tratándose de los adolescentes, la sociedad y el Estado, incluyendo a los
jueces constitucionales, tienen a su cargo la pronta protección de sus
garantías constitucionales frente a hechos que desconozcan sus derechos
constitucionales, con miras a garantizar que su desarrollo sea integral, sin
obstáculos diferentes a los que imponen el adecuado desenvolvimiento en el
ámbito familiar, social y educativo, y respetando las decisiones que adopten en
torno a lo que es mejor para su vida, la identidad que quieren forjar y su
forma de relacionase con las demás personas.”
En un sentido similar, este Tribunal consideró, en
Sentencia T-155 de 2012, que resultaba procedente la acción de tutela formulada
por un ciudadano que solicitaba dejar sin efecto la decisión de la Junta Directiva
de su conjunto residencial, debido a que se le ordenaba vender o donar su
mascota. La Sala de Revisión correspondiente argumentó que las circunstancias
especiales del caso tenían una especial relevancia constitucional en torno al
derecho al libre desarrollo de la personalidad del accionante, por lo cual
afirmó que el medio ordinario no resultaba idóneo para el caso concreto:
“la Sala estima que la acción es procedente
para definir si efectivamente se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante. A esta conclusión arriba, teniendo en cuenta que
en el caso objeto de estudio, lo que se pretende es el amparo del ejercicio del
derecho a la tenencia de animales domésticos, como parte del libre desarrollo de
la personalidad y de la intimidad familiar, posiblemente afectados por una
decisión proferida por la Junta Directiva de un Conjunto Residencial, con
supuesta violación del derecho del debido proceso, circunstancias
especiales que requieren la intervención del juez constitucional para
garantizar la defensa y el goce efectivo de los derechos constitucionales
fundamentales.”[96]
De manera reciente, la Sala Primera de Revisión de
este Tribunal, mediante Sentencia T-595 de 2017, resolvió el caso del ciudadano
Daniel Francisco Polo Paredes, a quien le impedían ingresar a la Alcaldía
Municipal de Neiva por su modo de vestir, concretamente, por estar usando
bermudas.
En el acápite relativo a la procedencia del amparo, se
afirmó que éste cumplía el requisito de subsidiariedad en tanto podía
existir una afectación intensa de los derechos fundamentales del
accionante, por lo cual resultaba desproporcionado supeditar la solución del asunto
a un proceso contencioso que no tenía la capacidad de responder en el tiempo y
de forma efectiva a las circunstancias del caso concreto.
En tal sentido, la Corte resaltó que el análisis del
asunto tenía un carácter eminentemente constitucional:
“Sin embargo, debe tenerse en cuenta que se
está en presencia de una probable afectación intensa de los derechos
fundamentales del tutelante, derivada de una decisión de la administración
municipal de imponer medidas restrictivas de acceso a sus instalaciones, las
cuales, en caso de contravenir los mandatos constitucionales, no pueden
pervivir bajo el amparo de la presunción de legalidad, mientras se define un
litigio que resulta ser dispendioso, técnico y costoso. Por tanto, supeditar
en este particular caso la protección de las garantías ius fundamentales del
accionante a la tramitación de un proceso contencioso mediante el cual se
de.clare la nulidad de la circular contentiva de la restricción, se erige en
una exigencia desproporcionada para el goce efectivo de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad. (…)
En consecuencia, someter al accionante a un
litigio que le exigiría asumir gastos para la contratación de un abogado para
efectos de su representación judicial y a la indefinición en el tiempo del
pleito mientras se agotan las diferentes etapas procesales del juicio en
primera y segunda instancia, son razones que permiten afirmar que el mecanismo
judicial existente, no resulta eficaz (…)
Con fundamento en lo anterior, esta Sala de
Revisión encuentra cumplidos los requisitos de legitimación en la causa y de
inmediatez de la acción de tutela, y considera que, en el presente asunto, se
flexibiliza el requisito de subsidiariedad al encontrar acreditada la falta de
eficacia del medio ordinario de defensa judicial con el que cuenta el accionante
para la protección de sus derechos fundamentales, sumado al hecho de que
el caso bajo análisis ostenta un carácter eminentemente constitucional.
En consecuencia, la acción de tutela impetrada es procedente, razón por la cual
hay lugar a estudiar el fondo de la controversia.”
3.2 Examen sobre el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad formal en el asunto sub examine
3.2.1 Legitimación en la causa -por activa y
pasiva-
El ciudadano Andrés, actuando en ejercicio de
las facultades que le concede el artículo 86 constitucional, formuló la acción
de tutela objeto de estudio a nombre propio, en atención a que considera que se
vulneraron sus garantías fundamentales a la intimidad, la honra, el buen
nombre, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros.                                       En
consecuencia, la Sala encuentra que el accionante se encuentra legitimado por
activa en el presente asunto.
Por su parte, la legitimación procesal de las
entidades accionadas requiere un análisis más detallado. En relación con el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se destaca
que la Coordinadora del Grupo
de Procesos Judiciales y Extrajudiciales de dicha Cartera argumentó en su
contestación que el Ministerio debía ser desvinculado del proceso, toda vez que
el contrato del actor únicamente se había suscrito con
la empresa Quinta Generación S.A.S[97].
Pese a lo anterior, la Corte constata que, de
conformidad al Convenio Interadministrativo
No. 594 de 2017[98], el Ministerio es el creador y principal responsable
del programa “En TIC Confío”, aspecto que resulta evidente en todos los
documentos y páginas de internet asociadas a dicha estrategia digital[99].
Además, se destaca que el Comité Ejecutivo encargado de
la supervisión del programa y de los “Embajadores Regionales” se
encuentra conformado dos representantes del Ministerio y uno del Canal
Teveandina Ltda[100]. Aspecto de especial relevancia en el caso
concreto, debido a que dicho Comité solicitó la terminación unilateral e
inmediata del contrato del señor Andrés, en atención al supuesto “riesgo”
que él representaba para los menores de edad[101].
Por lo tanto, resulta claro el papel activo del
Ministerio en el asunto sub examine, así como su eventual
responsabilidad constitucional en relación al presunto desconocimiento de los
derechos fundamentales del accionante[102].
Respecto a la legitimación por pasiva del Canal de
Televisión Teveandina Ltda. y la empresa Quinta Generación S.A.S., la Sala de
Revisión destaca que ambas entidades se encuentran directamente implicadas en el
proceso, dada su participación en el desarrollo de la estrategia digital y, más
aún, en la desvinculación del actor, toda vez que el día 5 de junio de 2017 la
Gerente del Canal le notificó a la empresa Quinta Generación S.A.S que debía finalizar
el contrato del demandante dada su “incompatibilidad” con el perfil de un “Embajador
Regional”[103].
Aunque el accionante sólo tenía un vínculo contractual
con la empresa Quinta Generación S.A.S, la Corte destaca que, del material
probatorio obrante en el expediente, se encuentra que los “embajadores
regionales” tenían una especial relación de sujeción respecto al Ministerio
y al Canal Teveandina Ltda., quienes no sólo se encargaban de su evaluación y
selección, sino también tenían la potestad de solicitar su exclusión de la
estrategia “En TIC Confío”[104].
Como producto de lo anterior, se concluye que, si bien
no existía una subordinación propia del contrato laboral, el actor sí se
encontraba en un estado de indefensión respecto a las accionadas, dado
que, a pesar de sus constantes intentos por no ser expulsado del programa y sus
reiteradas aclaraciones ante los requerimientos del Ministerio, del Canal y  de
la empresa Quinta Generación S.A.S, estas entidades tomaron la determinación de
finalizar de manera unilateral y anticipada su contrato de prestación de
servicios.
Circunstancias que corresponden claramente al concepto
de indefensión adoptado por este Tribunal, a saber: “situación de
ausencia o insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir
u oponerse a la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales”
[105].
En conclusión, teniendo en cuenta los argumentos
expuestos y las subreglas constitucionales relativas a la procedencia de la
acción de tutela contra particulares, se considera que las tres entidades
accionadas se encuentran legitimadas por pasiva en el presente asunto.
3.2.2 Inmediatez
El demandante formuló acción de tutela el 7 de junio
de 2017, es decir, tan sólo un día después de la terminación unilateral de su
contrato, la cual tuvo lugar el 6 de junio de esa misma anualidad[106].
En consecuencia, se observa el acatamiento de este requisito, en tanto el
amparo fue presentado de manera oportuna y casi inmediata respecto al hecho
presuntamente vulneratorio de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.
3.2.3 Subsidiariedad
Los fallos de instancia, proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, Córdoba, Sala Cuarta de Decisión
Civil−Familia−Laboral, y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, coincidieron en
afirmar que la acción de tutela no cumplía con este requisito, dado que, en su
criterio, el objeto de la litis se reducía a un asunto meramente
contractual y, por lo tanto, excedía la competencia del juez constitucional.
Por su parte, el accionante destacó en su escrito de
impugnación que no pretende una indemnización de perjuicios sino el
restablecimiento de sus derechos inmateriales a la imagen, la honra, el buen
nombre, la intimidad personal y el libre desarrollo de su personalidad. También,
indicó que el desconocimiento de sus garantías constitucionales sobrepasa el
ámbito contractual, por lo que su amparo “no se debe analizar como una solicitud de
protección aislada orientada hacia la garantía del desarrollo de una actividad
profesional y su respectiva remuneración, sino analizarla en un contexto mucho
más amplio”[107].
Del mismo modo, señaló que acudir a la jurisdicción
civil “haría ilusoria e ineficaz la protección incoada”[108],
dado el límite temporal que tenía su contrato de prestación de servicios (11 de
diciembre de 2017), así como la puesta en peligro de su derecho al mínimo vital
en tanto su única fuente de ingresos era su trabajo como “embajador regional”.
Frente a este punto, resaltó que carece de bienes inmuebles o establecimientos de comercio y,
además, debe sufragar los gastos de su esposa, de su hija de tan sólo 17 meses
de edad y también de dos menores de 9 y 14 años[109],
aspecto que reiteró en su oficio del 16 de febrero de 2018[110].
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte destaca que
el caso sometido a su conocimiento, no implica decidir simplemente si la
terminación del contrato de prestación de servicios de una persona fue acorde a
derecho, lo cual, en principio, correspondería a un litigio propio de la
jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.
Por el contrario, se resaltan las siguientes circunstancias
específicas del  asunto sub iudice: (i) un ciudadano es seleccionado
para desempeñar ciertas funciones debido a sus cualidades profesionales y al
cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto; (ii) tras un año de
labores, se felicita al accionante y se le invita a continuar en el proyecto;
(iii) una persona anónima “denuncia” que tiene un perfil pornográfico en
Twitter y pública imágenes íntimas de él y su esposa; (iv) el demandante
manifiesta que dicha acusación es falsa y malintencionada, sin embargo reconoce
que las fotografías sí le pertenecen; (v) tras requerimientos de sus
superiores, relata que aquellas no revelan su identidad, fueron tomadas en el
año 2015 y compartidas en un portal web privado usando un seudónimo, como parte
de una práctica recomendada por un profesional en psicología para fortalecer la
relación con su esposa; (vi) pese a lo anterior, las entidades accionadas
deciden terminar su contrato, argumentando que no es una persona “proba” ni
“idónea” para desempeñar el cargo y que, además, es un riesgo para los menores
de edad.
Así las cosas, se evidencia que los hechos que
justificaron la exclusión del demandante versan sobre las prácticas sexuales
que éste tenía con su esposa antes de la vigencia de su contrato, aspecto que se
ve caracterizado por el rol de las redes sociales y los riesgos que representa
el uso de internet.
Ante este escenario existirían dos alternativas: (i) considerar
reprochables las conductas del actor, concluir que éste asumió las contingencias
de compartir contenido íntimo en un portal web privado -así fuera utilizando un
seudónimo- y avalar su exclusión del programa “En TIC Confío”; o por el
contrario: (ii) argumentar que las prácticas sexuales de los ciudadanos se
encuentran amparadas bajo sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de
su personalidad, y, en consecuencia, éstas no pueden ser un sustento válido
para terminar el contrato laboral o de prestación de servicios de una persona,
en razón a que no tienen relación con el ejercicio de sus funciones.
En cualquiera de los dos casos, se corrobora que la litis
no radica en el simple incumplimiento de una cláusula contractual, sino que
aquella involucra distintos aspectos de especial relevancia constitucional, los
cuales giran en torno a los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad, la intimidad, la honra, y el buen nombre.
En efecto, la Sala considera que el asunto sub
iudice va más allá del ámbito meramente contractual y civil, en cambio,
requiere un especial estudio desde una perspectiva constitucional y de derechos
fundamentales, propia de la acción de tutela. Aspecto que resulta relevante,
tomando en cuenta que la Sala de Selección de Tutelas Número Diez[111]
de esta Corporación, seleccionó el presente asunto en razón a que era un asunto
novedoso e implicaba la necesidad de pronunciarse sobre una determinada
línea jurisprudencial, a saber, la relación entre las garantías mencionadas
y la autonomía privada en el marco del contrato de prestación de servicios.
Debido a lo anterior y atendiendo los precedentes
jurisprudenciales citados con anterioridad, los cuales definen el presupuesto
de idoneidad como la capacidad de solucionar un conflicto de manera
clara, definitiva y precisa, teniendo en cuenta el tipo y la magnitud de la
vulneración, así como los derechos fundamentales invocados y la naturaleza
constitucional del asunto, se concluye que la acción civil no es idónea para
resolver el caso concreto.
Ante lo cual, también se resalta que el accionante no
pretende una reparación de perjuicios sino el amparo oportuno de sus garantías
inmateriales al libre desarrollo de su personalidad, la honra, el buen nombre y
la intimidad[112]. Además, ha manifestado que su
derecho al mínimo vital se encuentra en riesgo, toda vez que: (i) su único
ingreso era el proveniente de su contrato como “embajador regional”, (ii)
desde la terminación de su contrato no ha podido conseguir trabajo y ha debido
desvincularse del sistema de seguridad social; y (iii) enfrenta premuras
económicas para sostener a su compañera, a su hija de 27 meses de edad y a dos
menores de 9 y 14 años[113].
Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela de la referencia sí es
procedente, en tanto se acredita el primer supuesto del artículo 86 Superior
(inciso tercero), a saber, que el accionante no tiene a su disposición un
recurso idóneo y eficaz para la salvaguarda de sus garantías ius
fundamentales[114].
4.     Problema jurídico
Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos
de procedencia formal de la acción de tutela presentada por el ciudadano Andrés,
esta Corporación abordará el estudio del siguiente problema jurídico:
¿Terminar unilateralmente el contrato de una persona que
se encargaba de realizar conferencias sobre los riesgos asociados al uso de
internet, debido a que en el pasado compartió fotografías de carácter íntimo
con su esposa en un portal web privado, desconoce sus derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, al libre desarrollo de su personalidad, a la honra,
a la intimidad y al buen nombre?
Con el fin de dar solución al cuestionamiento
planteado, la Sala de Revisión analizará los siguientes asuntos: (i) La
protección del derecho fundamental al debido proceso en el marco de las
relaciones laborales y contractuales a la luz de los principios de razonabilidad
y proporcionalidad; (ii) El derecho fundamental a la intimidad y su
estrecha relación con el libre desarrollo de la personalidad; y (iii) Resolución
del caso concreto.
5.     La protección del derecho fundamental al
debido proceso en el marco de las relaciones laborales y contractuales a la luz
de los principios de razonabilidad y proporcionalidad
Esta Corporación ha sostenido de manera
reiterada[115] que las garantías previstas en el
texto constitucional tienen plena aplicación en las relaciones entre
particulares, ya sea respecto a contratos laborales, de prestación de
servicios, de aprendizaje, de servicios educativos o de salud, entre otros[116].
Lo anterior, debido a que uno de los principales fines del Estado Social de
Derecho es garantizar la efectividad material de los principios, derechos y
deberes consagrados constitucionalmente en todos los ámbitos de la sociedad,
tal como lo dispone el artículo 2° Superior[117].
Al respecto, la Sentencia T-247 de 2010
dispuso: “En un Estado democrático la protección de los derechos
fundamentales debe estar presente en los principales aspectos de la vida
social, la cual incluye, sin lugar a duda, las relaciones surgidas entre
particulares, las cuales no pueden entenderse ajenas a los parámetros de
relación trazados por los derechos fundamentales.”
Del mismo modo, este Tribunal ha sostenido
que la garantía del debido proceso no sólo es aplicable frente a los trámites o
procedimientos que se adelantan ante las autoridades públicas, sino también,
respecto a las relaciones que existen entre los particulares. La Sentencia
T-470 de 1999 indicó al respecto lo siguiente:
“No podría entenderse cómo
semejante garantía, reconocida al ser humano frente a quien juzga o evalúa su
conducta, pudiera ser exigible únicamente al Estado. También los
particulares, cuando se hallen en posibilidad de aplicar sanciones o castigos,
están obligados por la Constitución a observar las reglas del debido proceso, y
es un derecho fundamental de la persona procesada la de que, en su integridad,
los fundamentos y postulados que a esa garantía corresponden le sean aplicados.”[118]
En dicha oportunidad, la Corte aplicó
dicha subregla constitucional y decidió amparar los derechos fundamentales al
debido proceso y a la vivienda digna de un ciudadano que había sido expulsado
de su conjunto residencial debido a una discusión que tuvo al frente del mismo,
sanción que se consideró desproporcionada frente a la falta cometida.
Por otra parte, la Sentencia T-083 de 2010
se refirió al caso de un trabajador del Puerto de la ciudad de Buenaventura, quien,
pese a no estar vinculado directamente con la respectiva Sociedad Portuaria,
fue sancionado por ésta con la prohibición de ingresar al puerto durante un
año.
La mencionada autoridad justificó su
determinación en que el accionante portaba herramientas que no hacían parte de su
equipo de dotación, conducta que estaba claramente prohibida en su reglamento
de seguridad interno. Además, argumentó que, debido a su calidad de empresa
privada tenía la potestad de tomar las medidas que considerara necesarias para
proteger a sus clientes.
La
Corte señaló que, si bien la Sociedad Portuaria era, en principio, ajena a la
relación contractual que existía entre el accionante y la cooperativa para la
cual trabajaba, su facultad de sancionar a cualquier funcionario del puerto y
prohibir su ingreso al mismo, le imponía la obligación de acatar las
prerrogativas que exigen el derecho al debido proceso.
Sobre el particular concluyó que esta
garantía:
“no sólo involucra u obliga a
las autoridades públicas, en el sentido amplio de este término, sino a los
particulares que se arrogan esta facultad, como una forma de mantener un
principio de orden al interior de sus organizaciones  (v. gr. establecimientos
educativos, empleadores, asociaciones con o sin ánimo de lucro, etc.). (…)
Siguiendo la jurisprudencia
constitucional, para la Sala es claro que si la demandada tiene la facultad de
imponer sanciones o castigos a ello se le apareja la obligación de respetar el
derecho fundamental al debido proceso en las investigaciones y procesos
disciplinarios que lleve a cabo contra los trabajadores del puerto por el
incumplimiento de su reglamento interno de seguridad.”
En consonancia con lo anterior, este
Tribunal determinó que el juez de primera instancia, quien había concedido el
amparo de los derechos fundamentales invocados, tenía razón en afirmar que: “el
solo hecho de portar en su maletín, un sello con serial borrado y, una segueta,
por sí solo no resulta razonable y proporcionado [para] suspender por un
año a una persona del ingreso de los recintos de la sociedad portuaria”[119].
En
la providencia T-247 de 2010 la Corte analizó el caso de una ciudadana que fue
excluida del proceso de selección que adelantaba ante la empresa Ecopetrol
S.A.S., en razón a su género, frente a lo cual, se resaltó que la autonomía
privada para escoger o descartar trabajadores tiene como límite infranqueable
la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Aspecto que resulta especialmente
relevante frente a los alcances que tiene la autonomía de la voluntad
contractual en relación con las garantías previstas en la Constitución, pues en
este caso, ni siquiera se estaba en vigencia de contrato alguno, sino en meras
tratativas preliminares.
En este asunto, la Corte indicó que el
género no era una fundamentación objetiva o razonable para excluir a una
persona, teniendo en cuenta que la actora había cumplido todos los requisitos
previstos para ser nombrada en el cargo vacante, razón por la cual se concluyó
que: “La señora Pascuas Cifuentes fue excluida sin que mediara un criterio
objetivo que demostrara que ella, en cuanto mujer, no estaba en capacidad para
realizar la labor de vigilancia en el puesto de la Batería Santa Clara”.
Del mismo modo, la Sentencia T-694 de 2013
explicó la concordancia que existe entre la jurisprudencia colombiana e
interamericana sobre la vigencia de la garantía constitucional del debido
proceso en las relaciones contractuales, aspecto que enfatizó con motivo de un
caso relativo a la presunta discriminación por origen familiar que habría
sufrido un ciudadano para acceder a un puesto de trabajo.
En dicha oportunidad, esta Corporación expuso:
“La Corte IDH, ha establecido
que “el artículo 8 de la Convención Americana se aplica al conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales, cualesquiera que
ellas sean, a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante
cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.
En el mismo sentido, ha
señalado que las reglas del debido proceso y las garantías judiciales deben
aplicarse no sólo a procesos judiciales, sino a cualesquiera otros procesos que
siga el Estado, o bien, que estén bajo la supervisión de éste. De manera que,
para la Corte IDH el debido proceso es el derecho de todo ser humano de obtener
todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, y estas garantías
mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro
procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. (…)
El derecho fundamental al
debido proceso es exigible, tanto para las entidades estatales y sus
actuaciones, como también para los particulares, pues un Estado
Social de Derecho debe garantizar en toda relación jurídica unos parámetros
mínimos que protejan a las personas de actos arbitrarios e injustificados
que atenten contra otros derechos fundamentales. Así, en las relaciones
laborales, incluso tratándose de empresas del sector privado, éstas no escapan
del ámbito de los principios contemplados en la Carta Política.”[120]
Además, se destacó que la Corte
Constitucional ha sido enfática en resolver casos relativos a los procesos de
selección para cargos de carrera administrativa, con base en las exigencias del debido proceso, el cual implica la obligación
de fijar requisitos objetivos que no impliquen discriminaciones o
preferencias carentes de justificación y que tampoco sean ajenos a las
aptitudes puntuales que se requieren para desempeñar un determinado cargo.
Lineamientos sobre los cuales, señaló:
“También las reglas del debido
proceso se aplican estrictamente a los procesos de selección en los cargos de
carrera administrativa para los cargos públicos, en los que la Corte ha sido
clara en señalar que deben exigirse unos requisitos objetivos para
desempeñar determinadas labores, los cuales no pueden fijar de forma explícita
o implícita discriminaciones o preferencias carentes de justificación.
Igualmente, los requisitos para el acceso al cargo al cual se aplica deben ser
públicos y conocidos previamente por los aspirantes, de manera que se entiende
que ‘la dignidad humana se ofende, cuando a una persona, apta para
desempeñar un cargo, se la excluye con base en criterios ajenos a la aptitud y
que no inciden en ella.’”[121]
En relación con este último punto, resulta
pertinente reseñar la Sentencia T-463 de 1996, en la cual se estudió la acción
de tutela formulada por una aspirante al curso de suboficiales femeninos del
cuerpo administrativo del Ejército Nacional. A pesar de haber aprobado todos
los exámenes médicos y de conocimiento para el cargo, fue excluida en razón a
su estatura, hecho que resultaba ajeno a las exigencias requeridas para desempeñar
una labor relacionada con tareas administrativas y de informática.
La Sala de Revisión indicó al respecto que
las entidades estatales y privadas deben respetar los criterios de objetividad
y razonabilidad en esta clase de decisiones, por cuanto resulta
contrarío a la Carta Política descartar a una persona con base en aspectos que
no tienen relación directa con el ejercicio de sus funciones. En tal sentido,
afirmó:
“En realidad, la persona
humana en su esencia es ofendida cuando, para el desempeño de actividades
respecto de las cuales es apta, se la excluye apelando a un factor accidental
que no incide en esa aptitud.
Las entidades estatales y
privadas, y por supuesto los cuerpos armados pueden exigir requisitos
para ingresar a un determinado programa académico, a cierto tipo de formación
especializada o a desempeñar determinadas tareas. Cuando así lo hacen y, en
consecuencia, rechazan a los aspirantes que no cumplen cualquiera de los
requisitos señalados, no violan los derechos de aquéllos si deciden su no
aceptación, siempre que los candidatos hayan sido previa y debidamente
advertidos acerca de lo que se les exigía, que el proceso de selección se haya
adelantado en igualdad de condiciones y que la decisión correspondiente se haya
tomado con base en la consideración objetiva en torno al cumplimiento de las
reglas aplicables.
Pero los requisitos que se
fijen deben ser razonables, no pueden implicar discriminaciones injustificadas
entre las personas, y han de ser proporcionales a los fines para los cuales
se establecen.
La razonabilidad del requisito
implica que ninguna autoridad pública o privada puede demandar de quienes
aspiran a un cupo o puesto académico, o a un cargo, condiciones que resulten
contrarias a la razón o a la naturaleza humana.
De otro lado, no pueden ser establecidas
exigencias que lleven implícita o explícita una discriminación o preferencia
injustificada.
Tampoco es aceptable el
señalamiento de requisitos que no guardan proporción con la clase de asunto
respecto del cual se convoca a los aspirantes. La naturaleza de cada
actividad suministra por sí misma las exigencias correspondientes.”[122]
Así las cosas, el derecho fundamental al
debido proceso resulta plenamente aplicable a las relaciones ante autoridades
públicas o particulares, ya sea que se trate de un contrato laboral, de
prestación de servicios o, inclusive, de situaciones en las cuales ni siquiera
se ha suscrito vínculo contractual alguno.
En este sentido, la
autonomía de la voluntad contractual encuentra claros límites ante la eficacia
directa de la Carta Política y la vigencia plena de los derechos fundamentales
en el Estado Social de Derecho.                           Como producto de
ello, la garantía constitucional del debido proceso exige la aplicación de los
principios de razonabilidad y proporcionalidad en las decisiones
que se tomen respecto a la selección o exclusión de una persona para desempeñar
una determinada función. Lo cual también conlleva la obligación de fijar
requisitos objetivos que no impliquen discriminaciones o preferencias
carentes de justificación y que tampoco sean ajenos a las aptitudes puntuales
que se requieren para el cargo.
6.     El derecho fundamental a la intimidad y su
especial relación con el libre desarrollo de la personalidad
El artículo 15 de la
Constitución establece que “todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar”, lo cual conlleva una obligación correlativa del
Estado y de los particulares de abstenerse de intervenir en la esfera privada
del individuo, la cual involucra sus asuntos familiares, conyugales, de salud,
costumbres, prácticas sexuales, creencias religiosas, entre otras.
En tal sentido, la
Sentencia T-050 de 2016 señala que “el derecho a la intimidad comprende
garantizar la privacidad de la vida personal y familiar del sujeto, implicando
una abstención por parte del Estado o de terceros de intervenir
injustificada o arbitrariamente en dicho ámbito”[123].
Aquella órbita de
intimidad protegida por el ordenamiento jurídico incluye el conjunto de
actividades y conductas que corresponden exclusivamente al fuero interno de la
persona, por lo cual, en principio, carecerían de relevancia para el
conglomerado social. Sobre este aspecto, el fallo T-841 de 2011 dispone:
“Lo íntimo es una “esfera
o espacio de vida privada” en la cual se inscribe aquello
que “incumbe solamente al individuo”, es decir, “aquellas conductas o
actitudes que corresponden al fuero personal” y en las cuales “la
sociedad, de manera general, sólo tiene un interés secundario”. Ha dicho
esta Corte que “el concepto de privacidad o de lo privado, corresponde a
los asuntos que en principio tocan exclusivamente con los intereses propios y
específicos de la persona humana, sin que afecten o se refieran a los demás
miembros de la colectividad;
La jurisprudencia
constitucional ha citado como ejemplo de aquello que pertenece a la
esfera de lo íntimo todo lo que le permite al ser humano desarrollar su
personalidad e identidad: “las relaciones familiares, las
prácticas sexuales, la salud, el domicilio, las comunicaciones
personales, las creencias religiosas, los secretos profesionales”, “los
acontecimientos personales, el pensamiento y sus expresiones”.[124]
Por esta razón, el núcleo
esencial del derecho a la intimidad tiene una estrecha relación con el libre desarrollo
de la personalidad ya que, en palabras de esta Corporación, “la garantía de
este derecho implica la posibilidad que tiene cada persona de poder manejar
todo aquello que hace parte de su existencia como tal, de la forma que
prefiera, siendo inmune a injerencias externas que lo puedan afectar”[125].
Dicha relación se
encuentra caracterizada por el mandato de
no intervención que tienen el Estado y los particulares respecto a los
asuntos que únicamente le competen al individuo, lo cual parte del presupuesto
de considerarlo como un ser naturalmente libre y autónomo[126].
La Sentencia T-413 de
2017 explica al respecto que:
“El artículo 16 de la
Constitución Política reconoce el derecho de las personas a desarrollar su
personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás y el orden
jurídico. (…)
Correlativamente, este derecho
implica una restricción para el Estado como una obligación de no
interferencia y para la sociedad respecto de las decisiones que hacen parte del
ámbito de la intimidad de cada persona, lo cual incluye la expresión
exterior del sujeto en el ejercicio de la autonomía personal, siempre que ésta
no afecte derechos de terceros ni los valores y principios del Estado.
Así pues, el ejercicio de
algunas de las libertades que se derivan del libre desarrollo de la
personalidad a su vez se inscriben en las protecciones del derecho a la
intimidad que “hace parte de la esfera o espacio de vida privada no
susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas, que al ser
considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder
actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad
personal y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el
ordenamiento jurídico”.
Ambas garantías presuponen en el ser humano la capacidad
volitiva para llevar a cabo juicios de valor y tomar decisiones autónomas que
le permitan dirigir su conducta[127]. De tal
forma, “no corresponde al Estado ni a la sociedad sino a las propias
personas decidir la manera como desarrollan sus derechos y construyen sus
proyectos de vida y sus modelos de realización personal”[128].
Esta concepción sobre el
individuo es uno de los principios esenciales de la democracia liberal y del
Estado Social de Derecho adoptado por la Carta Política de 1991, tal como lo
indica la Sentencia T-445 de 2015:
“La democracia liberal y el
Estado Social de Derecho reconocen la autonomía y la libertad del individuo
como una de las bases que la justifican y le sirven como presupuesto
deontológico. En ese sentido, todas las personas tienen derecho a ejercer
sus proyectos de vida de forma compatible con su conciencia, sin ningún otro
límite que la eficacia de los derechos de terceros.”
De tal forma, el Estado y los particulares
tienen un mandato de no intervención frente a aquellas decisiones que
corresponden a la intimidad de la persona, lo cual encuentra su límite, de
acuerdo al artículo 16 Superior, en “los derechos de los demás y el orden
jurídico”[129].
En consecuencia, las
interferencias en la órbita privada del individuo son constitucionalmente
inadmisibles, así como las restricciones o sanciones que se adopten en razón a
una conducta amparada por los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de
la personalidad.
Como ejemplo de ello, la Sentencia T-595
de 2017 determinó que la prohibición de ingresar a la Alcaldía Municipal de
Neiva en razón a una determinada forma de vestir, implicaba una medida irrazonable
y desproporcionada respecto a la libertad de los ciudadanos y su
intimidad. En tal sentido, este Tribunal afirmó:
“La medida impuesta por la
administración municipal de Neiva afecta tanto los derechos fundamentales del
tutelante, como los de la ciudadanía en general.     La órbita de las
preferencias personales, la intimidad, la imagen, las creencias,
todas ellas manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad,
resultan conculcadas, pues la imposición de un particular estilo de
vestir resulta irrazonable y desproporcionado, cuando lo que pretenden los
ciudadanos es acceder a la Alcaldía Municipal, en procura de gestionar,
solicitar o cumplir con las prerrogativas que la administración pública
territorial, otorga o demanda a sus asociados.”[130]
Del mismo modo, esta Corporación analizó
el caso de un aspirante al cargo de dragoneante dentro del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario           -INPEC- que fue excluido debido a que
tenía un tatuaje en su brazo, razón por la cual fue considerado “no apto”.
La Corte resaltó que tal decisión resultaba desproporcionada teniendo en
cuenta que tal hecho correspondía a la esfera privada de la persona y no afectaba
su aptitud para el cargo:
“En estos términos, la
exclusión del señor García Narváez del proceso de selección para desempeñar el
cargo de dragoneante del INPEC por tener un tatuaje en un lugar que no es
visible con los uniformes dispuestos por la entidad, es una medida
desproporcionada y, por lo tanto, tal exclusión constituye una
violación de sus derechos fundamentales al trabajo, al acceso a la función
pública y al libre desarrollo de la personalidad.”[131]
Además, en la Sentencia C-636 de 2016,
este Tribunal analizó en profundidad los límites que tienen las intervenciones
del Estado y los particulares en las conductas privadas del trabajador, aspecto
que resulta ilustrativo para otras alternativas productivas, como los contratos
de prestación de servicios o de aprendizaje.
En dicha oportunidad se examinó la acción
de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 60 del Código Sustantivo
del Trabajo, el cual prohíbe “presentarse al trabajo en estado de embriaguez
o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes”.
La Sala Plena de la Corte decidió declarar
condicionalmente exequible dicha disposición, en tanto sólo pueden tener consecuencias sancionatorias aquellas
conductas que afecten directamente el desempeño laboral del trabajador, pues de
lo contrario, existiría una intromisión desproporcionada en su órbita privada
y, en consecuencia, se vulnerarían sus derechos fundamentales a la intimidad y
al libre desarrollo de la personalidad.
En tal sentido, la Corte explicó que el
poder ejercido por el empleador sólo será legítimo si tiene relación directa
con el trabajo contratado y si es respetuoso de los derechos fundamentales del
trabajador:
“Al respecto, insiste la Corte
en que, en aplicación de la prohibición establecida en la norma demandada, no
puede el empleador afectar los derechos fundamentales del trabajador, en
particular sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la
personalidad. Por lo tanto, no le es posible, por ejemplo, sancionar
disciplinariamente la conducta de los trabajadores en su tiempo libre cuando
ella no tenga incidencia directa en su desempeño laboral.
En este sentido, las únicas
conductas de los trabajadores que pueden ser de su interés legítimo son
aquellas que tengan un directo vínculo  con el ejercicio de las funciones
encomendadas al trabajador, por lo que no le
corresponde al empleador realizar un escrutinio  sobre las conductas o modo de
vida que el empleado realice en su esfera privada, lo cual para
este caso comprende el tiempo por fuera del horario laboral, que no tengan
relación directa con el ejercicio de sus deberes como trabajador. (…)
No puede entonces el empleador,
amparado en su potestad disciplinaria, exigir al trabajador comportamientos que
no tengan una relación directa con la actividad laboral. Ello supondría una
intromisión injustificada en la órbita privada del trabajador, lo cual
implicaría un desconocimiento de su autonomía, protegida entre otros por
los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad (artículos
15 y 16 de la Constitución)”[132].
Con base en lo anterior, resulta claro que
la jurisprudencia constitucional ha establecido que el ámbito de las relaciones
laborales o contractuales debe regirse siempre a la luz de los derechos
fundamentales previstos en la Carta Política. Como producto de ello, se
concluye que las amplias potestades del empleador[133]
no implican que éste pueda llevar a cabo un escrutinio sobre la vida privada del
trabajador, ni atribuirle consecuencias sancionatorias por comportamientos que
no tengan una relación directa con el ejercicio de sus funciones.
Sobre
este punto, se resalta que ni siquiera en el marco de un contrato de
trabajo, en el cual el empleador tiene todas aquellas potestades que se derivan
del ejercicio de la subordinación (tales como, modificar unilateralmente
el contrato -ius variandi-, disciplinar la conducta del trabajador,
exigirle un horario, entre otras[134]), es admisible interferir en
el ámbito privado e íntimo del trabajador; menos aún, puede hacerlo en un
contrato de prestación de servicios, donde el contratista tiene una mayor
autonomía para ejercer su labor[135].
Así las cosas, resulta pertinente
mencionar la Sentencia T-405 de 2007, en la cual se decidió el caso de una
trabajadora que tenía fotografías íntimas en el computador de su oficina, razón
por la cual, uno de sus compañeros de trabajo, informó del hecho a la gerente
de la empresa[136].
Posteriormente, la Junta Directiva citó a
la actora para que rindiera las explicaciones a que hubiere lugar, sin embargo,
le manifestaron que debía presentar su renuncia por la “gravedad” de sus actos,
a saber:                                    “la introducción de
pornográficas e inmorales fotografías al computador de la asociación”[137].
Dada la relevancia constitucional del caso
y la situación de indefensión de la actora frente a su empleador, la
Corte consideró necesario abordar el estudio de los derechos fundamentales al buen
nombre y a la honra, en los siguientes términos:
“El buen nombre
ha sido definido por la jurisprudencia como la reputación, o el concepto
que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas
o informaciones falsas o tendenciosas. Este derecho de la personalidad “es
uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor
intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto
por el Estado, como por la sociedad. El derecho al buen nombre, como expresión
de la reputación o la fama que tiene una persona, se lesiona por las
informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”.
Por su parte el derecho a
la honra, ha sido definido como la estimación o deferencia
con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida
por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso
de presente la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que
debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los
individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada
consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”[138].
Con base en ello,
determinó que la conducta de la accionada no sólo implicaba una sanción desproporcionada
y una intromisión en la vida privada de la actora, sino también, una violación
de sus garantías al buen nombre y a la honra en su lugar de trabajo y su
entorno familiar. En tal sentido, concluyó:
“La relación laboral
existente entre actora y demandada no autorizaba esta invasión a aspectos de la
vida privada de la primera, por antiestético, desagradable o “escabroso”
como lo define la demandada, que le pareciera el contenido de las imágenes que
halló en el archivo auscultado. Se trataba de una información que revelaba
escenas de la vida personal de la actora, sin incidencia alguna en su
desempeño laboral.
Advierte la Corte que en el
presente evento se presenta una lesión plural a los derechos fundamentales de
la actora. Así, mediante el acceso no consentido a la información personal
se vulneró el derecho a la intimidad personal de la actora; a través de su
divulgación con pretensiones de descalificación, e incluso de presión para
obtener su renuncia, se violó su derecho a la honra y al buen nombre en
su lugar de trabajo y en su entorno familiar; y con la manipulación y
exposición no autorizada de las fotografías personales se vulneró el derecho a
la autodeterminación sobre la propia imagen”[139].
Con base en lo anterior, la Sala enfatiza que el
derecho fundamental a la intimidad implica un mandato de no intervención
por parte del Estado y de los particulares en los asuntos que corresponden
exclusivamente a la esfera privada del individuo, en cuanto ser naturalmente
libre y autónomo, aspecto que tiene una especial relación con la garantía
constitucional del libre desarrollo de la personalidad.
El respeto de dicho mandato conlleva la
imposibilidad para el empleador o contratante de realizar un escrutinio sobre la vida privada del trabajador, menos aún, puede
atribuirle consecuencias sancionatorias por comportamientos que carezcan de
relación directa con el ejercicio de sus funciones, pues ello supondría una
intervención injustificada y desproporcionada en su órbita íntima.
7.     Resolución del caso concreto
En el presente asunto le corresponde a la
Sala Novena de Revisión determinar si se vulneraron los derechos fundamentales
al trabajo, al debido proceso, a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la honra y al buen nombre del ciudadano Andrés, quien
fue desvinculado de la estrategia digital “En TIC Confío” mediante la terminación
unilateral y anticipada de su contrato como “Embajador Regional” para el
Departamento de Córdoba.
El accionante narra que fue seleccionado
para desempeñar esa función en el año 2016 debido a sus cualidades profesionales
y al cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto. Indica también
que, el 19 de mayo de 2017 una persona anónima “denunció” que tenía un perfil pornográfico
en Twitter y publicó imágenes íntimas de él y su esposa, ante lo cual, manifestó
el actor que dicha acusación es totalmente falsa y malintencionada, sin embargo,
reconoció que las fotografías sí le pertenecían.
Posteriormente, la Gerente del Canal
Regional de Televisión Teveandina Ltda., por requerimiento del Director de Apropiación
del Ministerio accionado, solicitó a la empresa Quinta Generación S.A.S. que “con
respeto por los derechos al debido proceso y a la defensa” suspendiera al
señor Andrés e indagara lo sucedido[140], razón por la cual, se le notificó
que debía presentar las aclaraciones y explicaciones a que hubiere lugar[141].
El actor reiteró la falsedad de la
publicación y explicó que no sabe cómo tuvieron acceso a sus imágenes, no
obstante, refirió que la única posibilidad de acceder a ellas, era que alguien las hubiera
descargado en el año 2015 de un portal web privado, donde compartió las fotografías
utilizando un seudónimo como parte de una práctica sexual con su esposa, la
cual había sido prescrita por un profesional en psicología para fortalecer su
relación de pareja[142].
Pese a lo anterior, las entidades
accionadas tomaron la determinación de finalizar de manera anticipada su
contrato debido a que, si bien la “denuncia” realizada en Twitter era falsa, el
accionante admitió que alguna vez había compartido imágenes íntimas en un
portal web privado, con lo cual aseguraron que no era una persona “proba” ni “idónea” que
encajara en el perfil de un “Embajador Regional” e, inclusive, señalaron
que el petente representaba un “riesgo” para los menores de edad.
Frente al recuento fáctico explicado, la
Sala destaca en primer lugar que la conducta reprochada por las entidades
demandadas gira en torno a las fotografías que el accionante tomó con su esposa
en el ámbito de su esfera íntima y familiar, además, corresponden a un momento
previo a su vinculación contractual (2015)[143]. En consecuencia, se trata de un comportamiento
que hace parte de su fuero interno. Al respecto, la Sentencia T-841 de 2011
menciona:
“Lo íntimo es una “esfera o
espacio de vida privada” en la cual se inscribe aquello que “incumbe solamente
al individuo”, es decir, “aquellas conductas o actitudes que corresponden al
fuero personal” y en las cuales “la sociedad, de manera general, sólo tiene un
interés secundario”. (…)
La jurisprudencia
constitucional ha citado como ejemplo de aquello que pertenece a la esfera
de lo íntimo todo lo que le permite al ser humano desarrollar su
personalidad e identidad: “las relaciones familiares, las
prácticas sexuales, la salud, el domicilio, las comunicaciones
personales, las creencias religiosas, los secretos profesionales”, “los
acontecimientos personales, el pensamiento y sus expresiones”[144].
Este aspecto resulta especialmente
relevante para el asunto sub iudice, dado que esta Corporación ha
reiterado que las interferencias en la órbita privada del individuo son
constitucionalmente inadmisibles, así como las restricciones o sanciones que se
adopten con motivo de una conducta amparada por los derechos a la intimidad y
al libre desarrollo de la personalidad.
En este sentido, la Sala Plena de la Corte
señaló, en Sentencia C-636 de 2016, que ni siquiera en una relación de
naturaleza laboral, en la cual el empleador tiene amplias facultades disciplinables
sobre sus trabajadores, puede éste “realizar un escrutinio sobre las
conductas o modo de vida que el empleado realice en su esfera privada”.
Con lo cual, los únicos comportamientos que
pueden tener consecuencias sancionatorias son aquellos que afecten directamente
el desempeño laboral del trabajador, pues de lo contrario existiría una
intromisión desproporcionada en su órbita privada y, en consecuencia, se
vulnerarían sus garantías constitucionales.
De tal forma, este Tribunal mencionó:
“No puede el empleador afectar
los derechos fundamentales del trabajador, en particular sus derechos a la
intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, no le es
posible, por ejemplo, sancionar disciplinariamente la conducta de los
trabajadores en su tiempo libre cuando ella no tenga incidencia directa en su
desempeño laboral. (…)
Las únicas conductas de los
trabajadores que pueden ser de su interés legítimo son aquellas que tengan un
directo vínculo con el ejercicio de las funciones encomendadas al
trabajador, por lo que no le corresponde al empleador realizar un escrutinio
sobre las conductas o modo de vida que el empleado realice en su esfera privada.
(…)
No puede entonces el empleador,
amparado en su potestad disciplinaria, exigir al trabajador comportamientos que
no tengan una relación directa con la actividad laboral. Ello supondría una
intromisión injustificada en la órbita privada del trabajador, lo cual
implicaría un desconocimiento de su autonomía, protegida entre otros por los
derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad (artículos 15
y 16 de la Constitución)”[145].
Teniendo en cuenta esta subregla
constitucional, la determinación de las entidades accionadas únicamente estaría
justificada si el comportamiento objeto de reproche tuvo una relación directa
con el desempeño laboral del accionante. Lo cual también se colige, de las
razones esgrimidas en la carta de terminación unilateral de su contrato, la
cual indicó:
“Nos
permitimos notificarle la terminación unilateral, a partir de la fecha, del
contrato de prestación de servicios suscrito entre usted y la empresa, el
pasado 28 de abril.
Lo
anterior, en cumplimiento de lo estipulado en el Parágrafo de la
Cláusula Segunda
del mencionado contrato de prestación de servicios que textualmente consagra:
‘PARÁGRAFO. El
presente contrato podrá terminar anticipadamente, sin que haya lugar a la
indemnización alguna, si el Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., así
lo solicita, en razón del desempeño insatisfactorio de las funciones que
le han sido asignadas al contratista”.[146]
De las pruebas obrantes en el expediente,
la Sala corrobora que el ejercicio de las funciones encomendadas al señor Andrés
no mereció crítica alguna hasta el 19 de mayo de 2017, día en el cual una
persona anónima “denunció” que el actor, supuestamente, tenía un perfil
pornográfico en la red social Twitter bajo la cuenta @Kalypso69.
Inclusive, se resalta que la estrategia
digital “En TIC Confío” lo felicitó por su desempeño durante el año
2016, razón por la cual le envío el siguiente correo electrónico invitándolo a
continuar en el programa para el período 2017:
“Gracias
a tu trabajo y compromiso como embajador de En TIC Confió en el 2016,
impactamos presencialmente en Córdoba a 27.114 personas con el mensaje de
#PoderDigital.
Muy pronto
iniciaremos el proceso de vinculación al programa y queremos contar de nuevo
con tu participación, ¿estás dispuesto a llevar #PoderDigital a tu departamento
durante lo que resta del 2017?
Haznos saber
tu respuesta por este medio lo antes posible, un saludo afectuoso.” [147]
Tampoco se encuentra en el plenario alguna
queja, memorando o argumento relativo al “desempeño insatisfactorio” del
accionante, ya sea por el contenido de sus conferencias, sus conocimientos
sobre los riesgos de internet o su metodología de enseñanza. El único suceso
que modificó radicalmente la opinión que se tenía sobre el petente, fue la
publicación anónima ya referida.
Aunque el actor explicó reiteradamente que
no tiene un perfil pornográfico en Twitter y que la cuenta @Kalypso69 no le pertenece, las
entidades demandadas decidieron suspenderlo y requerirlo para que rindiera
mayores explicaciones. Como consecuencia de ello, el accionante relató que las
fotografías pudieron ser descargadas en 2015 de un portal web privado,
utilizado por él y su esposa como parte de una práctica sexual “que fue
incluso prescrita por un profesional en psicología para el fortalecimiento de
nuestra relación de pareja”[148].
A pesar que las entidades demandadas no
contradijeron ninguna de las afirmaciones del actor y que, incluso,
reconocieron que los hechos “provienen de situaciones anteriores al proyecto”[149],  concluyeron que eran
suficientes para concluir que era necesario terminar anticipadamente el
contrato de prestación de servicios del señor Andrés.
Sobre este punto, la Sala encuentra que
las prácticas sexuales que el accionante tuviera en el pasado con su esposa, no
tienen una relación directa con el desempeño de sus funciones ni permiten
concluir que estas han sido ejercidas “insatisfactoriamente”, menos aún, que
desacrediten su idoneidad o probidad como “Embajador Regional”, pues tal
como lo resaltó la estrategia digital, gracias a su trabajo y compromiso se
logró impactar a “27.114 personas con el mensaje de #PoderDigital.”[150]
Así las cosas, resulta injustificado
apartar al accionante de sus funciones con base en un hecho del pasado que en
manera alguna afecta el ejercicio de las mismas en el presente. Más allá del
posible reproche moral que pudiera merecer el compartir imágenes íntimas en un
portal web, no puede aducirse que, por ello, el actor “asumió los riesgos
que ello representaba”[151] o que sus fotografías ya no se
encuentran protegidas por el derecho a la intimidad, al trascender “de lo
privado a lo público”[152].
Frente a lo cual, se destaca que, de
acuerdo a lo explicado por el accionante, la decisión de utilizar dicho portal
obedeció al consejo de un profesional en psicología para fortalecer su relación
de pareja, y no, el hacer pública su vida sexual. Por lo cual, el actor
explicó:
“En dicha
red de entretenimiento para adultos, interactuábamos bajo un seudónimo
justamente para proteger nuestra identidad y desligar y evitar asociar nuestras
preferencias y prácticas sexuales con nuestro perfil profesional o de vida
pública. Desconozco quién o quiénes pudieron identificarme en dicha red y subir
el contenido a Twitter pretendiendo hacer creer que lo subíamos nosotros
mismos (…) Reitero, ni yo ni mi compañera subimos el contenido a la red
social Twitter ni mucho menos pretendiendo que púbicamente se conociera nuestra
identidad”[153]
Frente a este punto, se evidencia que las prácticas
sexuales que el accionante tuviera con su esposa en el año 2015, sólo se dieron
a conocer debido a la publicación anónima realizada el 19 de mayo de 2017 y el posterior
escrutinio en la vida privada del actor por parte de las entidades accionadas.
Con lo cual, la Sala considera que, en
aplicación de los precedentes citados anteriormente, y en especial, la
Sentencia T-405 de 2007, las accionadas desconocieron los derechos
fundamentales a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad del
demandante, en tanto las actuaciones de aquellas transgredieron el mandato
de no intervención que tienen el Estado y los particulares respecto a la
órbita privada del individuo[154].
Sobre esta materia, la Sentencia T-413 de
2017 mencionó:
“El
derecho al libre desarrollo de la personalidad como una extensión de la
autonomía indudablemente conlleva a la construcción de la identidad personal
como la facultad de decidir quién se es como ser individual (…)
Correlativamente,
este derecho implica una restricción para el Estado como una obligación
de no interferencia y para la sociedad del respeto de las decisiones que hacen
parte del ámbito de la intimidad de cada persona, lo cual incluye la
expresión exterior del sujeto en el ejercicio de la autonomía personal, siempre
que ésta no afecte derechos de terceros ni los valores y principios del Estado.
Así pues,
el ejercicio de algunas de las libertades que se derivan del libre desarrollo
de la personalidad a su vez se inscriben en las protecciones del derecho
a la intimidad que “hace parte de la esfera o espacio de vida privada no
susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas, que
al ser considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a
poder actuar libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la
libertad personal y familiar, sin más limitaciones que los derechos de los
demás y el ordenamiento jurídico.”[155]
En consecuencia, mal podría afirmarse que los
ciudadanos tienen derecho a desarrollar su vida de acuerdo a sus preferencias -sin
que pueda existir una intervención del Estado o los particulares en ella-, si
se justifica la terminación anticipada del contrato del accionante por un hecho
de su vida sexual e íntima.
De modo semejante, la Sala encuentra que la
determinación de las demandadas también desconoció el derecho fundamental al
debido proceso del actor, pues tal como se sostuvo en las consideraciones generales
de este fallo, la autonomía de la voluntad contractual encuentra límites ante
la eficacia directa de la Carta, por lo cual, la garantía constitucional
establecida en el artículo 29 Superior exige la aplicación de los principios de razonabilidad
y proporcionalidad en las decisiones que se tomen respecto a la
selección o exclusión de una persona para desempeñar una determinada función.
Aspecto que también conlleva la obligación
de fijar y aplicar requisitos objetivos que no impliquen discriminaciones
o preferencias carentes de justificación y que tampoco sean ajenos a las
aptitudes puntuales que se requieren para el cargo.  En este sentido, la Corte
ha reiterado que:
“En
realidad, la persona humana en su esencia es ofendida cuando, para el desempeño
de actividades respecto de las cuales es apta, se la excluye apelando a un
factor accidental que no incide en esa aptitud.”[156]
Por otra parte, la Sala estima necesario
resaltar los fuertes señalamientos que realizaron las accionadas sobre el señor
Andrés, a quien catalogaron en distintas comunicaciones internas e
intervenciones judiciales[157] como una persona que no era “proba”, “idónea”
ni “confiable” en internet, y que, además, representaba “un riesgo para los
menores de edad que hacen parte de la población objetivo del proyecto”[158].
Bajo tales afirmaciones, también se aseguraron
que era necesario culminar el contrato del accionante dado que debía asegurarse
“el desarrollo
armónico, integral, normal y sano de los niños, desde los puntos de vista físico,
psicológico, afectivo, intelectual y ético”[159].
Frente a tales aseveraciones, el demandante refiere lo siguiente:
“Apartarme
de mi cargo  en razón de mis prácticas sexuales privadas, incluso del pasado,
no es solo vulneratorio de mi derecho al trabajo y al mínimo vital, sino además
discriminatorio y transgresor de mi derecho a la honra y al buen nombre”[160].
“Ha sido
suprimido mi perfil y nombre de la página del programa EN TIC Confío, me
restringieron el acceso a mi cuenta de correo institucional y sistemáticamente
se ha dedicado el MINTIC a eliminar cualquier indicio que los relacione conmigo,
como si yo fuera el delincuente más abominable y detestable con el que
nadie jamás desearía estar relacionado”[161].
“Me rotulan
de:
1.
Eventual
vulnerador de derechos fundamentales de la población infantil, es decir un
peligro.
2.
Agente
generador de perjuicios a la sociedad.
3.
No
confiable, desprovisto de probidad e idoneidad.
Persisten en penarme y
satanizarme por hechos del pasado, los cuales al momento de presentarme a la convocatoria
seguían haciendo parte del pasado y por lo tanto NO desvirtuaban mi perfil como
mentor reconocido en internet.”[162]
Del mismo modo, el actor relató que la
publicación anónima no afectó tanto su vida cotidiana y entorno social, como
las actuaciones posteriores de las accionadas. Al respecto, indicó que sus compañeros, allegados y
múltiples personas de su región conocieron claramente las razones de su
desvinculación, por lo cual destacó que “el rotulo de ‘pornógrafo’ que me
asignó MINTIC ha sido difícil de borrar”.
En ese sentido, señaló:
“Luego de la
publicación del contenido en Twitter, del cual nunca me he pronunciado
públicamente, mis relaciones personales y profesionales se han visto
mermadas. Y no tanto por la publicación como tal, porque este hecho fue
rápidamente olvidado y el material desmontando por Twitter a las horas, sino por
la acción posterior efectuada por el Ministerio TIC / Canal TV Andina de
desvincularme de mi rol de embajador en virtud de ello, ya que, para
quienes tuvieran la duda de si la persona de la publicación era yo o no,
quedaba clarísimo con mi expulsión que lo acontecido (el tener ese tipo de
prácticas) constituía una hecho suficiente para que una organización/empresa no
quisiera tenerme dentro de su equipo de trabajo; como ciertamente ha ocurrido
con las empresas u organizaciones con las que regularmente trabajaba. Desde
la ocurrencia de los hechos, no he participado en proyecto alguno ni he
conseguido trabajo. El rotulo de “pornógrafo” que me asignó MINTIC ha sido
difícil de borrar.”[163]
Sobre este aspecto, la Sala considera que
las afirmaciones y señalamientos contra el actor no sólo resultan
desproporcionadas, injuriosas y ultrajantes, además, vulneraron sus garantías
constitucionales a la honra y al buen nombre, en tanto menoscaban el valor
intrínseco que merece cada persona frente a sí mismo y frente a la sociedad[164].
Aunque las declaraciones referidas no
fueron incluidas en un comunicado público, sí tuvieron lugar en comunicaciones
internas tanto del programa “En TIC Confío”, como del Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Canal Teveandina Ltda.,
y la empresa Quinta Generación S.A.S., además, fueron reiteradas en las
intervenciones judiciales de estas entidades. Por lo tanto, la Sala concluye
que sí existió una vulneración de las garantías inmateriales del actor aunque
ésta se circunscribe únicamente a su entorno laboral y profesional[165].
En suma, se destaca que en el presente
caso las entidades accionadas transgredieron gravemente los límites impuestos
por la Constitución, al terminar el contrato del accionante con base en
circunstancias de su vida íntima y, más aún, al realizar declaraciones
denigrantes sobre sus calidades morales y éticas.
Por lo anterior, la Corte concederá el
amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la
intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la honra y al buen nombre
del ciudadano Andrés.
En relación con las órdenes a impartir, se
encuentra que, si bien no resulta posible restablecer el contrato del
accionante, en tanto éste culminaba el 11 de diciembre de 2017[166],
es viable ordenar que se suscriba un nuevo vínculo contractual en razón a la
continuidad del proyecto “En TIC Confío”[167].
En consecuencia se ordenara al Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al Canal Regional de
Televisión Teveandina Ltda., y a la empresa Quinta Generación S.A.S que, en
ejercicio de sus competencias, dispongan los mecanismos legales que resulten
pertinentes y eficaces para contratar nuevamente al accionante, dentro del
objeto denominado “Embajador Regional” del Departamento de Córdoba para
el programa “En TIC Confío”, al menos, bajo las mismas condiciones contractuales
de su vínculo anterior y durante el tiempo que le restaba para finalizar la
ejecución del mismo[168].
Igualmente, se advertirá a dichas entidades
que, de haber lugar a ello, sólo podrán terminar anticipadamente el contrato
del petente por hechos que tengan relación directa con el ejercicio de sus
funciones y en observancia de sus garantías constitucionales al debido proceso,
a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad.
Por otra parte, la Sala ordenará a las
accionadas que dispongan un espacio privado para excusarse con el accionante y
su familia por la injusta terminación de su contrato y por las afirmaciones
denigrantes proferidas en su contra. Dicho acto deberá respetar la intimidad
del petente respecto a los hechos que motivaron tal decisión y, además, deberá
contar con la participación de al menos un representante de cada entidad
demandada.
8.     Síntesis
1. Hechos de la solicitud de amparo. El ciudadano Andrés se
desempeñaba como “Embajador Regional” (conferencista) del Departamento
de Córdoba para el programa “En TIC Confío”, estrategia digital que
tiene como objetivo promover un uso responsable y seguro de internet en
distintas empresas e instituciones educativas del país, además, es implementada
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el
Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., y la empresa Quinta Generación
S.A.S.
El accionante refiere que el día 19 de
mayo de 2017 una persona                           no identificada realizó la
siguiente publicación en la red social Twitter, acompañada de varias imágenes
de carácter íntimo pertenecientes a él y a su esposa: “Reconocido
conferencista de colegios de @EnTICConfio del @Ministerio_TIC tenía perfil de
pornografía en Twitter @Kalypso69”.
En atención a ello, señala que informó de
los hechos al Coordinador General del programa “En TIC Confío”
explicando que la cuenta @Kalypso69 no le pertenece y tampoco tiene un perfil
pornográfico en Twitter, sin embargo, agregó que, si bien las fotografías no
revelan su identidad, sí le pertenecen.
Como producto de lo anterior, las
entidades accionadas decidieron suspender al accionante e investigar lo
sucedido, por lo cual, le requirieron presentar las aclaraciones y
explicaciones a que hubiere lugar. El actor refirió que no sabía cómo habían
tenido acceso a sus imágenes, no obstante, indicó que la única posibilidad de
ello era que alguien las hubiera descargado en el año 2015 de un portal web
privado, utilizado por él y su esposa como parte de una práctica sexual
recomendada por un profesional en psicología para fortalecer su relación de
pareja.
Pese a lo anterior, las entidades accionadas
decidieron terminar unilateral y anticipadamente su contrato de prestación de
servicios, asegurando que, en su concepto, el accionante no era una persona
“proba” e “idónea” para el cargo, y que, inclusive, representaba un “riesgo”
para los menores de edad que participaban en el programa.
2. Formulación de la acción de tutela y
decisiones de instancia.                      Como consecuencia de lo anterior, el
ciudadano Andrés formuló acción de tutela contra el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, el Canal Regional de Televisión Teveandina
Ltda. y la empresa Quinta Generación S.A.S, requiriendo el amparo de sus
derechos fundamentales al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a la
intimidad, a la honra y al buen nombre.
No obstante, los jueces de instancia declararon el
amparo improcedente debido a que, en su concepto, el conflicto expuesto por el
accionante se reducía a un asunto meramente contractual, por lo cual debía ser
resuelto por la jurisdicción civil.
3. Cuestión previa:
procedibilidad del amparo. La Sala de Revisión aborda de manera preliminar la procedencia
formal de la acción de tutela. En relación con el requisito de subsidiariedad,
destaca que el juez constitucional debe analizar si el medio ordinario es
capaz de brindar una solución de manera clara, definitiva y precisa al caso
concreto, teniendo en cuenta el tipo y la magnitud de la vulneración, así como
los derechos fundamentales invocados y la dimensión constitucional del asunto.
Con base en ello, considera que las
circunstancias del caso involucran un conflicto que trasciende el ámbito
meramente contractual y civil, por lo cual, se requiere un especial estudio del
asunto desde una perspectiva constitucional y de derechos fundamentales, propia
de la acción de tutela.
Frente a este punto, se resalta que el
petente manifestó que: (i) no pretendía una reparación de perjuicios sino el
restablecimiento de sus garantías inmateriales al libre desarrollo de la
personalidad, a la intimidad, la honra y al buen nombre; y (ii) su derecho al
mínimo vital se encuentra en riesgo debido a que su único ingreso era el
proveniente de su contrato y, debido a su terminación anticipada, enfrenta
premuras económicas para sostener a su esposa, a su hija de 27 meses y a dos
menores de 9 y 14 años de edad.
En atención a ello, la Corte concluye que
los mecanismos ordinarios que el actor tiene a su disposición no resultan idóneos
ni eficaces para la salvaguarda de sus garantías ius fundamentales.
4. Problema jurídico. Con posterioridad, la Sala
aborda el estudio del siguiente problema jurídico: ¿Terminar unilateralmente el contrato de
una persona que se encargaba de realizar conferencias sobre los riesgos
asociados al uso de internet, debido a que en el pasado publicó fotografías de
carácter íntimo con su esposa en un portal web privado, desconoce sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, al libre desarrollo de su
personalidad, a la intimidad, a la honra y al buen nombre?
5. La protección del derecho fundamental
al debido proceso en el marco de las relaciones laborales y contractuales. Esta Corporación ha sostenido
que la garantía constitucional prevista en el artículo 29 Superior resulta
plenamente aplicable a las relaciones ante autoridades públicas y entre
particulares. En ese sentido, la autonomía de la voluntad contractual encuentra claros límites
ante la eficacia directa de la Carta Política y la vigencia plena de los
derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho.
Como producto de ello, la garantía
constitucional del debido proceso exige la aplicación de los principios de razonabilidad
y proporcionalidad en las decisiones que se tomen respecto a la
selección o exclusión de una persona para desempeñar una determinada función.
Lo cual también conlleva la obligación de fijar requisitos objetivos que
no impliquen discriminaciones o preferencias carentes de justificación y que
tampoco sean ajenos a las aptitudes puntuales que se requieren para el cargo.
6. El derecho fundamental a la intimidad y
su especial relación con el libre desarrollo de la personalidad. La protección constitucional de
la intimidad en el ordenamiento jurídico colombiano implica un mandato de no
intervención, por parte del Estado y de los particulares, en los asuntos
que corresponden exclusivamente a la esfera privada del individuo, en cuanto
ser naturalmente libre y autónomo, aspecto que tiene una especial relación con
la garantía constitucional del libre desarrollo de la personalidad.
El respeto de dicho mandato
conlleva la imposibilidad para el empleador o contratante de realizar un
escrutinio sobre la vida privada del trabajador, menos aún, puede atribuirle
consecuencias sancionatorias por comportamientos que carezcan de relación
directa con el ejercicio de sus funciones, pues ello supondría una intervención
injustificada y desproporcionada en su órbita íntima.
7. Resolución del caso concreto. La Sala destaca en primer lugar
que la conducta reprochada por las entidades demandadas gira en torno a las
fotografías que el accionante tomó con su esposa en el ámbito de su esfera
íntima y familiar, en consecuencia, se trata de un comportamiento amparado por
los derechos fundamentales a la intimidad y al libre desarrollo de la
personalidad.
Por otra parte, se reitera que, ni
siquiera en una relación de naturaleza laboral, caracterizada por las
facultades propias de la subordinación, el empleador puede atribuir
consecuencias sancionatorias al trabajador por comportamientos que no afecten
directamente su desempeño laboral.               Como consecuencia de ello, la
determinación de las entidades accionadas en el asunto sub iudice, únicamente
estaría justificada si se acredita un ejercicio deficiente de las funciones
encargadas al accionante.
De las pruebas obrantes en el expediente,
se evidencia que el ejercicio de las funciones encomendadas al señor Andrés
nunca mereció reproche alguno, inclusive, el programa “En TIC Confío” lo
felicitó por su desempeño durante el año 2016. Del mismo modo, se encuentra que
la conducta sancionada por las entidades accionadas: (i) Corresponde al ámbito de su intimidad
personal y familiar; (ii) se encuentra amparada bajo el derecho
fundamental al libre desarrollo de su personalidad; y (iii) tuvo lugar
con anterioridad a la vigencia de su contrato.
Por lo tanto, esta Corporación concluye
que las prácticas sexuales que el señor Andrés tuviera en el pasado con
su esposa, no tienen una relación directa con el desempeño de sus funciones ni
permiten concluir que estas han sido ejercidas insatisfactoriamente. En
consecuencia, la finalización unilateral de su contrato constituye una
interferencia injustificada y desproporcionada en su órbita privada, y además,
contraría los principios de razonabilidad y proporcionalidad que
se desprenden del derecho fundamental al debido proceso.
Finalmente, se destaca que las
afirmaciones y señalamientos contra el accionante, relativas a su “falta de
probidad e idoneidad”, así como al “riesgo” que representaría para
los menores de edad que participan en la estrategia digital, resultan
ultrajantes y vulneran sus garantías constitucionales a la honra y al buen
nombre en su entorno laboral, en tanto menoscaban el valor intrínseco que
merece cada persona frente a sí mismo y frente a la sociedad.
8. Decisión. Teniendo en cuenta la procedencia formal y
material de la acción de tutela, así como la grave vulneración de las garantías
constitucionales del ciudadano Andrés, la Sala revoca las decisiones de instancia, concede el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al libre desarrollo de la
personalidad, a la honra y al buen nombre; y, en consecuencia, ordena a las
entidades accionadas que dispongan: (i) Los mecanismos legales que
resulten pertinentes y eficaces para contratar nuevamente al accionante, dentro
del objeto denominado “Embajador Regional” del Departamento de Córdoba
para el programa “En TIC Confío”; y (ii) Un espacio privado para excusarse con él y su familia
por la injusta terminación de su contrato y por las afirmaciones denigrantes
proferidas en su contra.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 16 de agosto de 2017, por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, así como, la providencia
emitida el 16 de junio de 2017, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Montería, Córdoba, Sala Cuarta de Decisión Civil-Familia-Laboral, las cuales
declararon improcedente el amparo formulado por el ciudadano Andrés contra
el Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., la empresa Quinta Generación
S.A.S. y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En su lugar, CONCEDER la protección de los
derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la honra y al buen nombre del ciudadano Andrés.
Segundo.- ORDENAR al Canal Regional de Televisión Teveandina
Ltda., a la empresa Quinta Generación S.A.S. y al Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones que, dentro de las  cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia y en ejercicio de sus
competencias, dispongan los mecanismos legales que resulten pertinentes y eficaces para contratar
nuevamente al ciudadano Andrés, dentro del objeto denominado “Embajador
Regional” del Departamento de Córdoba para el programa “En TIC Confío”
o en una estrategia digital de características semejantes, al menos, bajo las
mismas condiciones contractuales de su vínculo anterior y durante el tiempo que
le restaba para finalizar la ejecución del mismo.
Tercero.- ADVERTIR al Canal Regional de
Televisión Teveandina Ltda., a la empresa Quinta Generación S.A.S. y al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, de haber
lugar a ello, sólo podrán terminar unilateralmente el contrato del ciudadano Andrés por hechos que tengan relación
directa con el ejercicio de sus funciones y con observancia de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la intimidad y al libre desarrollo de la
personalidad.
Cuarto.- ORDENAR al Canal Regional de
Televisión Teveandina Ltda., a la empresa Quinta Generación S.A.S. y al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que, dentro de
las  cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, dispongan un espacio privado
para excusarse con el ciudadano Andrés y su familia por la injusta finalización de su contrato y por las
afirmaciones denigrantes proferidas en su contra.
Dicho acto deberá respetar la intimidad
del accionante respecto de los hechos que motivaron tal decisión y, además,
deberá contar con la participación de al menos un representante de cada entidad
demandada.
Quinto.- Por la Secretaría de la Corporación, LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONTRACTUALES-No se cumple con el requisito de
subsidiariedad por cuanto los asuntos pueden ser discutidos ante la justicia
ordinaria (Salvamento de voto)
No estoy de acuerdo
con el análisis de la subsidiariedad. En nuestro concepto no se cumple con este
requisito. Las pretensiones del accionante se relacionan con mantener la
vigencia de su contrato de prestación de servicios y alega que su terminación
no está justificada. Esta es una valoración que debe llevar a cabo el juez
ordinario y no el juez de tutela, más aún cuando está absolutamente claro en el
expediente que no fue ninguna de las accionadas las que realizaron la
publicación en Twiter,
ni han realizado divulgación alguna de información del accionante. Así las
cosas, se sale del contexto de los derechos a la intimidad, libre desarrollo de
la personalidad, honra, buen nombre, y se centra en asuntos atinentes al
trabajo y al debido proceso, que pueden ser discutidos ante la justicia
ordinaria.
Referencia:
Sentencia T-054 de 2018
Expediente No. T-6.403.774
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
En atención a la decisión adoptada por la Sala Novena
de Revisión, el día 22 de febrero de 2018 en sentencia T-054 de 2018, me
permito presentar Salvamento de Voto conforme a las siguientes consideraciones:
1. No estoy de acuerdo
con el análisis de la subsidiariedad. En nuestro concepto no se cumple con este
requisito. Las pretensiones del accionante se relacionan con mantener la
vigencia de su contrato de prestación de servicios y alega que su terminación
no está justificada. Esta es una valoración que debe llevar a cabo el juez
ordinario y no el juez de tutela, más aún cuando está absolutamente claro en el
expediente que no fue ninguna de las accionadas las que realizaron la
publicación en Twiter, ni han realizado divulgación alguna de
información del accionante. Así las cosas, se sale del contexto de los derechos
a la intimidad, libre desarrollo de la personalidad, honra, buen nombre, y se
centra en asuntos atinentes al trabajo y al debido proceso, que pueden ser
discutidos ante la justicia ordinaria.
2. Las pretensiones del accionante se enmarcan en que
se ordene a las accionadas abstenerse de dar por terminado el contrato y
abstenerse de emitir cualquier comunicado  público que vulnere sus derechos. A
partir de esto, consideramos que la acción si está relacionada con la
valoración de la aplicación que realizó la contratante de la cláusula de
terminación unilateral del contrato de prestación de servicios y, en ese
sentido, existe un medio eficaz para resolver este conflicto jurídico, que
corresponde a la jurisdicción ordinaria.
3. Considero que del estado de cosas probado, no puede
evidenciarse que las entidades accionadas hayan violado los derechos a la
intimidad, libre desarrollo de la personalidad, honra, debido proceso y buen
nombre.
4. La publicación que se hizo en la red social de Twiter
(que es lo que efectivamente está vulnerando estos derechos del accionante) no
es imputable a las accionadas. Conforme al expediente, ni el canal regional, ni
la empresa contratista, ni el Min Tic, han realizado publicaciones de
fotografía íntimas del actor. Tampoco han realizado publicaciones o comentarios
públicos sobre tal hecho, ni realizado ningún acto contra la honra, el buen
nombre, la intimidad o libre desarrollo de la personalidad del accionante.
Atentamente,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA
FAJARDO RIVERA
A LA
SENTENCIA T-054/18
DERECHO A LA
INTIMIDAD, HONRA, BUEN NOMBRE Y LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD EN EL
ENTORNO LABORAL-Procedencia
de la acción de tutela (Aclaración de voto)
El asunto objeto de estudio reviste una
especial relevancia constitucional, dada la necesidad de que esta Corporación
se pronuncie sobre el alcance de los derechos fundamentales a la intimidad, a
la honra, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad en el marco
de una relación laboral, análisis que no tendría cabida en los procesos civiles
o laborales que pudieran iniciarse por estos hechos
DEBIDO
PROCESO EN EL MARCO DE LAS RELACIONES LABORALES Y CONTRACTUALES-La facultad de terminación
anticipada del contrato no es absoluta, incluso en el marco de la prestación de
servicios (Aclaración de voto)
DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD Y DERECHO AL
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-El
derecho a la intimidad del accionante se transgredió por la publicación no
autorizada que un tercero hizo de fotos íntimas suyas (Aclaración de voto)
DERECHO FUNDAMENTAL
A LA INTIMIDAD Y DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Se desconoce la protección de garantías fundamentales en escenarios
virtuales (Aclaración de voto)
M.P.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Sala Primera de Revisión, procedo a aclarar mi voto respecto de la Sentencia
T-054 de 2018. La providencia resolvió amparar los derechos fundamentales al
debido proceso, al trabajo, a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la honra y al buen nombre del accionante, vulnerados por el
Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., la empresa Quinta Generación
S.A.S. y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En este caso se consideró que la terminación anticipada y unilateral del
contrato de servicios suscrito por el peticionario con la empresa referida
resultaba injustificada y desproporcionada, debido a que la publicación en un
portal web de carácter restringido de fotografías íntimas con su esposa,
los dos mayores de edad, no tenía incidencia en el buen desempeño de sus
funciones como embajador regional del programa “En Tic Confío”.
Pese a que comparto la decisión de otorgar el amparo,
considero importante suscribir este voto particular porque fue la suma de las
circunstancias que concurrieron en este asunto las que me llevaron a apoyar la
protección solicitada por el ciudadano Andrés, cuyo escenario era
complejo dado que, precisamente, el programa al que prestaba sus servicios
tenía por objeto el uso responsable de la internet, en favor, entre otros
objetivos, de cero tolerancia con la pornografía infantil.
En primer lugar debo indicar que este caso exigía la
intervención del juez de tutela porque estamos frente a un debate
constitucional que escapa a la órbita de la jurisdicción ordinaria. En efecto,
los mecanismos judiciales ante dicha jurisdicción no tienen como fin principal
adoptar remedios para garantizar los derechos fundamentales a la intimidad, a
la honra, al buen nombre o al libre desarrollo de la personalidad, pues en este
escenario el debate giraría en torno a determinar el posible incumplimiento
contractual de Andrés, razón por la cual estos mecanismos no resultan
idóneos. Así mismo, estos medios se advierten ineficaces, toda vez que no
revisten la rapidez y oportunidad necesaria en este caso, y no pueden
satisfacer prontamente las pretensiones del actor. Al respecto, en casos
similares la jurisprudencia constitucional ha señalado que, “en razón a la afectación
a los derechos a la honra y al buen nombre que se puede causar con las
publicaciones de información en medios masivos de comunicación, la acción de
tutela resulta o, al menos, puede resultar, en razón de su celeridad, en el
mecanismo idóneo para contener su posible afectación actual y, en principio,
irreparable”[169]. Aunado a lo anterior, el asunto objeto de estudio
reviste una especial relevancia constitucional, dada la necesidad de que esta
Corporación se pronuncie sobre el alcance de los derechos fundamentales a la
intimidad, a la honra, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad
en el marco de una relación laboral, análisis que, como ya se dijo, no tendría
cabida en los procesos civiles o laborales que pudieran iniciarse por estos hechos.
En segundo término, acompaño las consideraciones
relativas a la vulneración del derecho al debido proceso del accionante, dado
que no se respetaron los principios de razonabilidad y proporcionalidad al
momento de dar por terminado el contrato de prestación de servicios que
suscribió Andrés con la empresa Quinta Generación S.A.S. Al respecto, es
necesario señalar que (i) fue el mismo accionante quien puso en conocimiento
del Coordinador del programa “En Tic Confío” la publicación en Twitter,
sin su autorización, de las fotografías que tiempo atrás él había compartido en
un portal web de carácter restringido; (ii) el contenido sexual
de las fotografías involucra a dos personas mayores de edad; (iii) no hay
evidencia de que para la toma de las fotografías o su publicación inicial en
el portal web de carácter restringido haya mediado fuerza o presión de o
hacia los involucrados, por lo tanto; (iv) las fotos y su publicación en el
mencionado portal eran un asunto propio del fuero interno de Andrés.
En tales condiciones, teniendo en cuenta que la
facultad de terminación anticipada del contrato no es absoluta, incluso en el
marco de la prestación de servicios, la configuración de la causal expuesta
por  la empresa contratante: “desempeño insatisfactorio de las funciones que
le han sido asignadas al contratista”, de acuerdo a lo consignado en el
parágrafo de la cláusula segunda del referido contrato, debía estar
adecuadamente soportada, acudiendo a razones respetuosas de los derechos
fundamentales del involucrado. Contrario a ello, las demandadas, sin valorar
las particularidades del caso, censuraron las fotos como si se tratara de un
acto de pornografía reprochable desde la ley penal, y sin que se evidenciara
tampoco una deficiente prestación de los servicios por parte de Andrés,
por el contrario, las razones que antecedieron a su vinculación dan cuenta de
su buen desempeño.
En tercer lugar, frente a la afectación de derecho a
la intimidad del accionante, estimo importante resaltar que el principio de
abstención del Estado o de terceros de intervenir injustificada o
arbitrariamente en la esfera privada de una persona, desarrollado en la
sentencia, comprende de manera particular la protección frente a la divulgación
no autorizada de los asuntos relacionados a ese espacio de privacidad. Este
último aspecto ha sido considerado por la Corte como parte del principio de
libertad que fundamenta el derecho a la intimidad. Sobre el particular se ha
señalado: “El principio de libertad, de acuerdo con el cual el registro o
divulgación de los datos personales de una persona requiere de su
consentimiento libre, previo, expreso o tácito o que el ordenamiento jurídico
imponga una obligación de relevar dicha información con el fin de cumplir un
objetivo constitucionalmente legítimo”[170]. Por lo
anterior, en este caso el derecho a la intimidad de Andrés se
transgredió por la publicación no autorizada que un tercero hizo de fotos
íntimas suyas, las cuales, si bien fueron subidas previamente por el accionante
en una página web, esta tenía un carácter restringido, por lo que la
intención del accionante nunca fue hacer públicas dichas imágenes, sino compartirlas
a través de una precisa página web de manera limitada.
Finalmente, debe resaltarse que las fotos íntimas del
accionante y su esposa, y la manera en que fueron compartidas por ellos a
través de una página web de carácter restringido, no contravienen
ninguno de los objetivos del programa “En TIC Confío”, el cual se enfoca en
promocionar un uso responsable de internet, enfrentar los riesgos asociados al
uso de nuevas tecnologías y promover la cero tolerancia con la pornografía
infantil. Por el contrario, lo que se evidencia es que el propio accionante fue
víctima, precisamente, de uno de los peligros que se derivan del uso de las
nuevas tecnologías, esto es, el ciberacoso, el cual está contemplado en
la descripción del programa “En TIC Confío” como un riesgo producto del manejo
de internet. En efecto, el accionante fue intimidado por un tercero no
identificado, quien publicó las mencionadas fotos íntimas con el único fin de
afectar su honra y buen nombre, al mencionar, en el mensaje que difundió junto
con las imágenes, el trabajo que realizaba Andrés y la supuesta
titularidad de un perfil pornográfico en la red social twitter. Llama la
atención entonces que la reacción de las entidades accionadas ante esta
situación haya sido la de terminar unilateralmente el contrato del Andrés,
y no la de tomar las acciones necesarias para denunciar y enfrentar el ciberacoso
del que era víctima uno de sus trabajadores, cuando precisamente este es uno de
los objetivos del programa “En TIC Confío”. La Corte Constitucional se ha
referido en varias ocasiones a los riesgos que los nuevos escenarios digitales
plantean para los derechos fundamentales y su efectiva protección en estas
situaciones. Al respecto ha señalado:
“Si bien los
espacios desarrollados en internet generan un constante intercambio de ideas y
fomentan la participación e información, cuyos beneficios redundan en temas
como el fortalecimiento de la libertad de expresión, hay peligros potenciales
que devienen del uso de esta herramienta, ya que no existen barreras de tipo
geográfico o normativo suficientes para combatir los abusos. Está claro que la
protección de los derechos fundamentales se hace necesaria en escenarios
virtuales por la multiplicidad y las características de las plataformas que se
encuentran alojadas en internet. La jurisprudencia constitucional, no ha sido
ajena al debate y reconoce que las garantías de carácter fundamental son objeto
de protección, aún en los casos en que la afectación o puesta en peligro de los
bienes jurídicamente tutelados se lleve a cabo en la red”.[171]
Por lo tanto, la decisión de las entidades
accionadas de terminar anticipadamente el contrato del accionante, además de
vulnerar los derechos fundamentales mencionados en la Sentencia, resulta
contraria al propósito mismo del programa “En
TIC Confío” que implementaban las entidades accionadas y en el que trabajaba el
actor, el cual propende por garantizar la seguridad digital. De igual manera,
se desconoce la protección de garantías fundamentales en escenarios virtuales,
asunto que, de acuerdo con sus competencias, debe ser de la mayor relevancia
para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
En estos términos dejo plasmadas las razones por las
cuales aclaro el voto en la presente decisión.
Fecha ut supra.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Nombre ficticio asignado para proteger el derecho a la intimidad
del accionante y su familia.
[2] Cfr. Folio 103. El Convenio
Interadministrativo No. 594 de 2017, suscrito entre el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Canal Regional de
Televisión Teveandina Ltda., señala que, desde el año 2011, se han ejecutado
los Convenio Interadministrativos 351 en 2011, 387 en 2012, 470 en 2013, 499 en
2014, 344 en 2015 y 436 en 2016 con el fin de diseñar e implementar el
programa “En TIC Confío”.
[3] “En TIC confío es la estrategia de promoción de uso responsable
de internet y de las nuevas tecnologías del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Ayuda a la sociedad a desenvolverse e
interactuar responsablemente con las TIC, al tiempo que promueve la cero
tolerancia con la pornografía infantil y la convivencia digital. En TIC confío
ofrece a la ciudadanía herramientas para elevar su #PoderDigital: enfrentar los
riesgos asociados al uso de nuevas tecnologías, como el grooming, el sexting,
el phishing, el ciberacoso, la ciberdependencia y la pornografía Infantil. En
sus iniciativas, En TIC confío realiza cátedras gratuitas y cuenta con diversos
canales digitales, que se actualizan con contenidos para niños, padres de
familia, educadores y público en general.” Información disponible en: https://www.enticconfio.gov.co/quienes-somos
[4] Cfr. Folios 1 y 98.
[5] El sitio oficial del programa “En TIC Confío” indica lo
siguiente: “10 - Mayo – 16. A partir de esta semana, En TIC confío cuenta
con una nueva conferencia y nuevos embajadores en las regiones. (…). Después
de un proceso de selección que tomó más de seis semanas, estamos orgullosos
de presentarles a nuestros nuevos embajadores regionales, quienes llevarán el
mensaje de #PoderDigital a todas las poblaciones de Colombia. (…) La selección
de estos jóvenes no fue sencilla. Después de que se anunció la convocatoria
para encontrar a estas 27 personas, se recibieron 3.559 propuestas de todos
los rincones del país. Estas se sometieron a un proceso externo de análisis
técnico, que determinó sus cualidades y arrojó un listado más pequeño de
aspirantes, a quienes se invitó a una entrevista virtual. (...) Hoy estamos
orgullosos de presentarles a los embajadores regionales de En TIC confío para
2016, en cada departamento: (…) Córdoba. [Andrés]”
(Nombre modificado) Información disponible en: ---------- (Se omite la
dirección URL en protección del derecho a la intimidad del accionante)
[6] Cfr. Folio 10.Cláusula Quinta del contrato
de prestación de servicios suscrito entre la empresa Quinta Generación S.A.S y
el accionante.
[7] Cfr. Folio 147. Correo electrónico enviado por el programa “En
TIC Confío”.
[8] Cfr. Folios 10 al 13. Contrato de prestación de servicios suscrito
entre Andrés y la empresa Quinta Generación S.A.S.
[9] Cfr. Folio 109. Contrato de prestación de servicios No. 279
suscrito entre el Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda. y la empresa
Quinta Generación S.A.S.
[10] Cfr. Folio 10. Cláusula Segunda del contrato de prestación de
servicios suscrito entre Andrés y la empresa Quinta Generación S.A.S.
[11] Cfr. Folio 23. Publicación en Twitter.
[12] El Código Penal, Ley 599 de 2000, establece en su artículo 220 lo
siguiente: “Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas,
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de diez (10) a mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes” Del mismo modo, el
artículo 226 indica: “Injuria por vías de hecho. En la
misma pena prevista en el artículo 220 incurrirá el que por vías de hecho
agravie a otra persona.” Énfasis agregado.
[13] Cfr. Folio 14. Noticia criminal.
[14] Ibídem.
[15] Cfr. Folio 26
[16] Cfr. Folio 17.
[17] Cfr. Folio 18.
[18] Cfr. Folio 20.
[19] Cfr. Folio 114.
[20] Ibídem. El texto completo de la referida
comunicación es el siguiente: “Señora Sonia Jaimes Cobos. Representante
legal. Quinta Generación S.A.S. Asunto: suspensión de las charlas a realizar
por el embajador de Córdoba [Andrés] por requerimiento del Director de
Apropiación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Respetada señora Jaimes: El 19 de mayo de 2017 la cuenta de Twitter
@informacor hizo publicaciones que denuncian al señor (…), embajador del En TIC
Confío en el departamento de Córdoba, por tener un perfil de pornografía en la
red social Twitter. Conforme con lo anterior, agradecemos se investigue la
queja presentada en redes y, con respeto por los derechos al debido
proceso y a la defensa, preventivamente se suspendan las charlas que
realiza este embajador, hasta que los hechos denunciados se aclaren, con el fin
de proteger a la población beneficiaria del programa. Es por lo anterior que le
solicitamos atender el requerimiento y tomar las medidas del caso hasta que se
determine la responsabilidad del embajador.”
[21] Cfr. Folio 22.
[22] Cfr. Folio 24.
[23] Cfr. Folio 25.
[24] Cfr. Folio 26.
[25] Ibìdem.
[26] Cfr. Folio 33.
[27] Ibídem.
[28] Conformado por dos representantes del Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, más una persona designada por el Canal
Regional de Televisión de Teveandina Ltda. El Comité tiene como fin verificar
el cumplimiento del Convenio Interadministrativo. (Cláusula quinta del
Convenio) Cfr. Folio 106.
[29] Ibídem.
[30] Cfr. Folio 30.
[31] Cfr. Folio 38.
[32] Cfr. Folio 37. Textualmente, el accionante indicó: “¿Debía yo
mencionar al momento de mi selección la naturaleza de mis prácticas sexuales que
sostenía con mi pareja? ¡Por Dios! No comentaré más al respecto porque nuestra
Corte Constitucional ampliamente se ha referido al tema y que bueno habría sido
que TV Andina hubiera hecho consulta de esas consideraciones jurisprudenciales”
[33] De conformidad con el glosario del programa “En TIC Confío”
el sexting es: “cuando alguien toma una foto poco apropiada de sí
mismo (sugestiva o sexualmente explicita), y la envía a alguien vía teléfono
celular o internet”. Definición visible en:
https://www.enticconfio.gov.co/glosario?field_letra_value=S
[34] Cfr. Folios 36-39.
[35] Cfr. Folio 8.
[36] Ibídem.
[37] Ibídem.
[38] Cfr. Folio 51.
[39] Ibídem.
[40] Cfr. Folio 65.
[41] Cfr. Folio 69.
[42] Cfr. Folio 98.
[43] Cfr. Folio 99.
[44] Cfr. Folio 102.
[45] Cfr. Folio 126. Nombre modificado.
[46] Ibídem.
[47] Cfr. Folio 132.
[48] Cfr. Folio 135.
[49] Cfr. Folio 137.
[50] Cfr. Folio 136.
[51] Cfr. Folio 139.
[52] Cfr. Folio 142.
[53] Ibídem.
[54] Cfr. Folios 134 y 143.
[55] Cfr. Folio 142.
[56] Ibídem.
[57] Cfr. Folios 144, 145 y 146.
[58] Cfr. Folio 145.
[59] Cfr. Folio 5. Cuaderno de Segunda Instancia.
[60] Ibíd. Folio 6.
[61] Cfr. Folio 103.
[62] Cfr. Folio 109.
[63] Cfr. Folio 10.
[64] Cfr. Folio 23.
[65] Cfr. Folio 14.
[66] Cfr. Folio 17.
[67] Cfr. Folio 21.
[68] Cfr. Folio 22.
[69] Cfr. Folio 24.
[70] Cfr. Folio 32.
[71] Cfr. Folio 30.
[72] Cfr. Folio 36.
[73] Cfr. Folio 40.
[74] Cfr. Folio 158.
[75] Cfr. Folio 145.
[76] Cfr. Folios 20 y 21 del Cuaderno de Revisión.
[77] Ibídem. Énfasis agregado.
[78] Sobre el rotulo de “pornógrafo” que refiere el accionante, la
contestación del Ministerio refiere: “esas fotos sí le pertenecen (…)
presuntamente y según manifestó ante autoridad competente en la denuncia que él
mismo aduce en la TUTELA, subía videos PORNOGRÁFICOS” (Mayúsculas
originales) (Cfr. Folio 68). Del mismo modo, se lee en la contestación del
Canal Teveandina Ltda.: “El comportamiento del señor [ANDRÉS] de
realizar publicaciones con contenido erótico o pornográfico, que se
evidencia a partir de la denuncia realizada durante la ejecución de la
estrategia (…)”. (Cfr. Folio 102.)
[79] Ibídem. Énfasis agregado.
[80] Ibídem.
[81] Cfr. Sentencias T-244 de 2017, T-553 de 2017, entre otras.
[82] Ibíd.
[83] Ibíd.
[84] Cfr. Sentencias T-004 de 2013, T-899 de 2013, entre otras.
[85] Cfr. Sentencia T-533 de 2017.
[86] Cfr. Sentencia T-694 de 2013. Énfasis agregado
[87] Cfr. Énfasis agregado
[88] Cfr. Sentencias SU-499 de 2016, T-553 de 2017, entre otras.
[89] Cfr. Artículo 86 de la Constitución.
[90] Cfr. Sentencia SU-772 de 2014
[91] Ibíd.
[92] Ibíd.
[93] Cfr. Sentencias T-471 de 2017 y T-230 de 2013, entre otras.
[94] En dicha oportunidad la Corte concedió el amparo, aduciendo que: “Es
claro que la restricción del uso del ascensor por parte de las mascotas es
desproporcionada y, por ello, vulnera los derechos de la
accionante al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y
familiar, pues existen otras medidas alternativas que permiten garantizar las
condiciones de salubridad y convivencia de la copropiedad, las cuales pueden
plasmarse en el Manual de Convivencia (horarios, turnos, etc.), sin desconocer
los parámetros normativos previstos en la Ley 746 de 2002 sobre tenencia y
cuidado de ejemplares caninos. Por esta razón, se ordenará a la Asamblea
General de Propietarios del Conjunto Residencial Pinar de la Colina II, no sólo
inaplicar sino también retirar del Manual de Convivencia la norma cuestionada,
al tiempo que le corresponde al Consejo de Administración de la misma copropiedad,
directa o indirectamente, adoptar las medidas necesarias para abstenerse de
hacer efectivo el cobro de las sanciones impuestas por el incumplimiento de la
prohibición allí prevista.” Énfasis agregado.
[95] Énfasis agregado.
[96] Énfasis agregado.
[97] Cfr. Folio 65.
[98] Cfr. Folio 103.
[99] Cfr. Página oficial del programa “En TIC
Confío”: https://www.enticconfio.gov.co/quienes-somos. Página oficial del Ministerio: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-11446.html  También se destaca que, de conformidad al artículo segundo del
contrato suscrito entre el Canal Teveandina Ltda. y la empresa Quinta
Generación S.A.S (obligación No. 2 del aliado estratégico), aunque los embajadores
regionales son contratados por dicha empresa, son evaluados y
seleccionados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como por el Canal Teveandina Ltda. Cfr. Folio 109.
[100] Cfr. Folio 106.
[101] Ibídem.
[102] Aspecto que también se evidencia en la misma contestación del
Ministerio al argumentar el riesgo que el accionante representa para los
menores de edad. En la contestación del Ministerio se
lee: “se debía velar por la protección del programa y sus usuarios, y
precisamente no exponer al mismo ni a sus usuarios, la mayoría niños y niñas, a
una exposición pública en redes sociales, precisamente por cuenta de un
conferencista que ocultó tener en las redes sociales y en internet material
pornográfico de él y su cónyuge. (…). Cfr. Folio 69.
[103] Cfr. Folio 33.
[104] De conformidad al artículo segundo del
contrato suscrito entre el Canal Teveandina Ltda. y la empresa Quinta
Generación S.A.S (obligación No. 2 del aliado estratégico), aunque los embajadores
regionales son contratados por dicha empresa, son evaluados y
seleccionados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, así como por el Canal Teveandina Ltda. Cfr. Folio
109.                  Así mismo, la causal invocada para terminar
anticipadamente el contrato del accionante reza de la siguiente forma: “El
presente contrato podrá terminar anticipadamente, sin que haya lugar a la
indemnización alguna, si el Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda., así
lo solicita, en razón del desempeño insatisfactorio de las funciones que le han
sido asignadas al contratista”.
[105] Cfr. Sentencia T-694 de 2013. Del mismo modo, resulta pertinente
citar el fallo T-083 de 2010, el cual establece: “Esta Corte, desde la
sentencia T-290 de 1993, indicó que “la subordinación alude a la existencia de
una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los
trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus
profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en
tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también
implica la dependencia de una persona respecto de otra, no tiene su origen en
la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en
situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su
derecho carece de defensa, entendida como la posibilidad de respuesta efectiva
ante la  violación o la amenaza de que se trate’” Énfasis agregado
[106] Cfr. Folio 30.
[107] Cfr. Folio 142.
[108] Ibídem.
[109] Cfr. Folios 144, 145 y 146. Sobre este punto, el accionante anexó
una relación de todos sus gastos e ingresos, y refirió: “Como se aprecia, lo
devengado por concepto de mi actividad como embajador de En TIC Confío apenas
alcanza a cubrir de manera muy estrecha los gastos que satisfacen
mis necesidades más apremiantes. De tal suerte que es apenas
comprensible que conceptos como la cuota prepagada del vehículo se encuentren en
mora desde hace varios meses. (…) Señores Magistrados, consideren que
cortar de tajo la expectativa y el derecho adquirido originado alrededor del
contrato que suscribí con Quinta Generación S.A.S, vulneraría de plano el
derecho al mínimo vital, pues como he manifestado, la única fuente de ingresos
que tengo actualmente es la proveniente de la remuneración por el pago de
honorarios en virtud de dicho contrato. Reitero enfáticamente, no solo se
vulneraría mi derecho al mínimo vital, sino el de mi hija de tan solo 17 meses
de edad”. Cfr. Folio 145.
[110] Cfr. Folios 20 y 21 del Cuaderno de
Revisión. El actor indicó que desde su exclusión del programa digital no ha
encontrado trabajo, a lo cual agregó: “Esta situación, ha conllevado a otro
tipo de situaciones igualmente complejas, tales como tener que
desvincularme del sistema de seguridad social por imposibilidad material de
pagar sus costos, premuras económicas para la manutención
de mi compañera y los tres menores de edad a mi cargo, las cuales he detallado
ampliamente en mi escrito de tutela. El daño ha sido inconmensurable,
no se ha reparado.”
[111] Integrada por la Magistrada Diana Fajardo
Rivera y Antonio José Lizarazo Ocampo.
[112] Cfr. Folios 142 y 143.
[113] Cfr. Folios 20 y 21 del Cuaderno de Revisión
[114] La jurisprudencia de esta Corporación ha
sostenido que: “De comprobarse que el medio judicial alternativo no es
idóneo ni eficaz, el juez de tutela será competente para adoptar decisiones
definitivas respecto de la cuestión sometida a su examen”. Cfr. Sentencia
T-040 de 2016, T-800 de 2012, entre otras.
[115] Cfr. Sentencias T-083 de 2010, T-247 de 2010, T-694 de 2013, entre
otras.
[116] Como ejemplo de esto, obsérvese que el
derecho fundamental a la estabilidad reforzada no se prédica solamente de
aquellas personas que tienen un contrato de trabajo, sino de todas las
alternativas productivas: “La jurisprudencia de esta Corporación ha aceptado
la aplicación de la protección constitucional en las diversas alternativas
productivas, lo que incluye el contrato de prestación de servicio (…)ha
señalado de manera reiterada y uniforme que la estabilidad no depende de la
denominación del vínculo por el cual la persona logra ejercer una alternativa
productiva.                           La eficacia directa de la Constitución
Política en lo que hace al principio de no discriminación y el deber de
solidaridad; y la existencia de deberes en cabeza de toda la sociedad para la
integración de la población con discapacidad, proscriben una lectura que limite
la protección al escenario específico del contrato de trabajo, o a una
modalidad determinada de este último.” Sentencia T-040 de 2016, reiterada
en la Sentencia SU-049 de 2017.
[117] “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
[118] Énfasis agregado.
[119] Teniendo en cuenta que el año de
prohibición para ingresar al puerto ya se había cumplido, la Corte decidió
declarar la carencia actual de objeto por daño consumado y advertir a la
Sociedad Portuaria que en adelante debía cumplir las prerrogativas que exigen
el derecho al debido proceso.
[120] Énfasis agregado.
[121] Énfasis agregado.
[122] Énfasis agregado. Estas consideraciones han
sido reiteradas en las Sentencias T-1266 de 2008, T-287 de 2013, entre otras.
[123] Énfasis agregado.
[124] En este extracto se citan, a su vez, las Sentencias T-889 de 2009,
T-916 de 2008, T-787 de 2004, entre otras. Énfasis agregado.
[125] Sentencia T-050 de 2016. En la cual se referencia la Sentencia
C-640 de 2010.
[126] “Cada persona, en tanto sujeto libre y
autónomo, está investida de la potestad de definir su proyecto de vida, bajo la
sola condición que ello no imponga afectaciones esenciales a los derechos de
los demás.” Sentencia T-716 de 2011
[127] “El derecho al libre desarrollo de la
personalidad presupone, en cuanto a su efectividad, que el titular del mismo
tenga la capacidad volitiva y autonomía suficientes para llevar a cabo juicios
de valor que le permitan establecer las opciones vitales conforme a las cuales
dirigirá su senda existencial.” Sentencia SU-642 de 1998
[128] Sentencia T-516 de 1998
[129] Constitución Nacional. Artículo 16. “Todas
las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”.
[130] Énfasis agregado.
[131] Énfasis agregado.
[132] Énfasis agregado.
[133] En Sentencia C-934 de 2004 se afirma: “una
de las expresiones de esa subordinación o dependencia del trabajador respecto
del empleador es el poder de dirección que conlleva a la facultad de impartir
órdenes, de establecer las directrices que han de guiar la actividad laboral y
por supuesto la de imponer un reglamento interno que contenga las normas no
sólo de comportamiento dentro de ella sino las disposiciones reguladoras de la
actuación de ambas partes de la relación laboral.”
[134] La Sentencia T-761 A de 2013 refiere: “Para que haya contrato de
trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales: a. La
actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b. La
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes,
en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los
derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al
país; y c. Un salario como retribución del servicio.” Énfasis agregado.
[135] La Sentencia T-903 de 2010, indica al respecto que: “La
naturaleza del contrato de prestación de servicios. (…) La
autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y
científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa
que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en
cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo
fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas”.
Énfasis agregado.
[136] Cfr. Acápite de hechos de la
Sentencia T-405 de 2007.
[137] Cfr. Acápite de hechos e intervención
de la parte demandada de la Sentencia T-405 de 2007.
[138] La Sentencia T-050 de 2016, expresa lo
siguiente sobre el contenido de los derechos fundamentales al buen nombre y a
la honra: “Por su parte, el derecho al buen nombre hace referencia a
aquel concepto que se forman los demás sobre cierta persona; en otras palabras,
su reputación. Este derecho puede ser vulnerado tanto por autoridades públicas
como por particulares, lo cual ocurre cuando se divulga información falsa o
errónea, o se utilizan de expresiones ofensivas o injuriosas que conlleva que
la reputación o el concepto que se tiene de la persona se distorsionen,
afectando también su dignidad humana. (…) el artículo 21 de la Carta, consagra el
derecho a la honra en concordancia con el artículo 2 Superior que impone
como uno de los deberes de las autoridades colombianas proteger la honra de
quienes residen en el país. Sobre este derecho, la Corporación ha manifestado
que el mismo se refiere al valor intrínseco de los individuos no solo frente a
la sociedad, sino también a sí mismos y debe ser protegido para lograr una
correcta apreciación del individuo dentro de la colectividad”
[139] Énfasis agregado.
[140] Cfr. Folio 114.
[141] Cfr. Folio 22.
[142] Cfr. Folio 26
[143] La representante legal del Canal Regional de Televisión Teveandina
Ltda. afirmó: “los hechos que han dado origen a la situación
del señor ANDRÉS, provienen de situaciones anteriores al proyecto que no
conocía ninguna de las entidades tuteladas en la presente acción”.
Énfasis agregado. Cfr. Folio 102.
[144] Énfasis agregado. En este extracto se citan, a su vez, las
Sentencias T-889 de 2009, T-916 de 2008, T-787 de 2004, entre otras.
[145] Énfasis agregado.
[146] Cfr. Folio 30. Énfasis agregado.
[147] Cfr. Folio 147. Énfasis agregado.
[148] Cfr. Folios 26, 133 y 138.
[149] Cfr. Folio 102.
[150] Cfr. Folio 147.
[151] Cfr. Folio 99. En una de las contestaciones de
las entidades accionadas se afirma “Ni el CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN
TEVEANDINA LIMITADA ni el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES ni QUINTA GENERACIÓN S.A.S han vulnerado el derecho a la
intimidad personal, la honra, a la imagen y al buen nombre del tutelante, ya
que las publicaciones sobre el contenido sexual e íntimo las realizó un tercero
en virtud de las propias acciones del señor ANDRÉS de producir el material
íntimo y de asumir los riesgos que conlleva compartirlos en una red”.
[152] Cfr. Folio 102. Al igual que el píe de
página anterior, en una de las contestaciones se lee: “El comportamiento del
señor ANDRÉS de realizar publicaciones con contenido erótico o pornográfico,
que se evidencia a partir de la denuncia realizada durante la ejecución de la
estrategia, hace que su comportamiento trascienda de la esfera privada a lo
público, afectando a todos los involucrados en la ejecución de la estrategia,
así como a la población beneficiaria de dicho proyecto, con lo cual se podría
estar vulnerando derechos fundamentales de la población a que se dirige la
estrategia, con la cual y sin llevar a ponderar unos derechos sobre otros, si
debe considerarse los perjuicios a la sociedad q que llevaría mantener un
sujeto que no encaje en el perfil de embajador”
[153] Énfasis agregado.
[154] El actor indica que el Ministerio, el Canal y la empresa accionada
penetraron injustificadamente en su vida privada: “i) al expresar
abiertamente que las prácticas sexuales con mi cónyuge son inapropiadas, ii) al
comunicar la situación al Ministro y demás asesores como me lo
manifestó la señora Camila Molinos en su llamada el día de los hechos y iii) el
posterior escrutinio de la situación ante El Comité”. Cfr. Folio
143. Énfasis agregado.
[155] Énfasis agregado.
[156] Cfr. Sentencia T-463 de 1996. En un sentido similar, la Sentencia
T-694 de 2013 menciona: “la dignidad humana se ofende, cuando a una persona,
apta para desempeñar un cargo, se la excluye con base en criterios ajenos a la
aptitud y que no inciden en ella.” Esta subregla constitucional ha sido
reiterad, entre otras, en las Sentencias T-1266 de 2008 y T-694 de 2013.
[157] Cfr. Folios 33, 69, 98, 102, 106, entre otros.
[158] Cfr. Folio 33.
[159] Cfr. Folio 102.
[160] Cfr. Folio 133.
[161] Cfr. Folio 136.
[162] Cfr. Folio 141. Énfasis agregado.
[163] Énfasis agregado. Cfr. Folios 20 y 21 del
Cuaderno de Revisión.
[164] Sobre estas garantías, la Sentencia T-050
de 2016 refiere: “el derecho al buen nombre hace
referencia a aquel concepto que se forman los demás sobre cierta persona; en
otras palabras, su reputación. Este derecho puede ser vulnerado tanto por
autoridades públicas como por particulares, lo cual ocurre cuando se divulga
información falsa o errónea, o se utilizan de expresiones ofensivas o
injuriosas que conlleva que la reputación o el concepto que se tiene de la
persona se distorsionen, afectando también su dignidad humana. (…)
El artículo 21 de la Carta, consagra el derecho a la honra
en concordancia con el artículo 2 Superior que impone como uno de los deberes
de las autoridades colombianas proteger la honra de quienes residen en el país.
Sobre este derecho, la Corporación ha manifestado que el mismo se refiere al
valor intrínseco de los individuos no solo frente a la sociedad, sino también a
sí mismos y debe ser protegido para lograr una correcta apreciación del
individuo dentro de la colectividad”.
[165] Al respecto, resulta aplicable el precedente establecido en la
Sentencia T-405 de 2007, en la cual la Corte manifestó que la vulneración de
los derechos a la honra y buen nombre de la accionante había tenido lugar en su
lugar de trabajo y su entorno laboral: “Advierte la Corte que en el presente
evento se presenta una lesión plural a los derechos fundamentales de la actora.
Así, mediante el acceso no consentido a la información personal se vulneró el
derecho a la intimidad personal de la actora; a través de su divulgación con
pretensiones de descalificación, e incluso de presión para obtener su renuncia,
se violó su derecho a la honra y al buen nombre en su lugar de trabajo y
en su entorno familiar; y con la manipulación y exposición no
autorizada de las fotografías personales se vulneró el derecho a la
autodeterminación sobre la propia imagen”.
[166] Cfr. Folio 10. Cláusula Segunda del contrato de prestación de
servicios suscrito entre Andrés y la empresa Quinta Generación S.A.S.
[167] En escrito del 16 de febrero de 2018, el accionante manifestó:
“en comunicación telefónica con el Ministerio TIC me fue indicado que el
Convenio Interadministrativo para la operación del programa “En TIC Confío”
durante el año 2018 ya fue suscrito y de hecho ya se inició la contratación de
personal por parte del Canal TV Andina para las tareas propias del proyecto este
año. Solicité copa de dicho convenio al Ministerio y estoy a espera del mismo”.
[168] A folios 10 al 13 del expediente se encuentra el contrato de
prestación de servicios suscrito por el accionante para la vigencia del 2017.
[169] Sentencia T-145 de 2016. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[170] Sentencia T-787 de 2004. MP. Rodrigo Escobar Gil. En esta
oportunidad se indicó que el derecho a la intimidad está sustentado en cinco
principios que aseguran la inmunidad del individuo frente a la innecesaria
injerencia de los demás, y permiten delimitar la protección del núcleo esencial
del derecho a la intimidad. Estos principios son: libertad, finalidad,
necesidad, veracidad e integridad.
[171] Sentencia T-725 de 2016. MP. Aquiles Arrieta Gómez. Sobre la
protección de los derechos fundamentales frente al ejercicio de actividades a
través de Internet y el control de los cibermedios, también pueden consultarse,
entre otras, las siguientes sentencias: T-713 de 2010. MP. María Victoria Calle
Correa. SV. Mauricio González Cuervo; T-260 de 2012. MP. Humberto Antonio
Sierra Porto. AV. Luis Ernesto Vargas Silva; T-040 de 2013. MP. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. AV. Alexi Egor Julio Estrada; T-277 de 2015. MP. María
Victoria Calle Correa. SV. Mauricio González Cuervo; T-050 de 2016. MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Gloria Stella Ortiz Delgado.