T-610-15
Sentencia T-610/15
ACCION DE TUTELA
TEMERARIA-Requisitos para que se configure
La Corte ha decantado los elementos que configuran la
temeridad en sede de tutela, cuando exista entre el asunto que es de
conocimiento del juez de amparo y el que ya ha sido objeto de pronunciamiento
previo: i) identidad de partes; ii) identidad de hechos; iii) identidad de
pretensiones; y iv) ausencia de justificación en el ejercicio de la nueva
acción de tutela.
ACCION DE TUTELA
TEMERARIA-Casos en que pese a la identidad de procesos no
se configura temeridad
TEMERIDAD-Inexistencia
para el caso
LEGITIMACION EN
LA CAUSA POR ACTIVA EN TUTELA DE PERSONA JURIDICA-Reiteración
de jurisprudencia
Desde sus primeros pronunciamientos, esta Corporación ha
establecido que las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos
fundamentales, razón por la cual pueden acudir a la acción de tutela para
buscar su protección.
DEBIDO PROCESO
DE PERSONA JURIDICA-Titularidad
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales
y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA-Improcedencia
sobre controversias económicas
PROTECCION DEL
PATRIMONIO PUBLICO-Obligaciones del juez de tutela
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Relevancia
constitucional del requisito general de subsidiariedad para su procedencia
excepcional
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia cuando
el proceso se encuentra en trámite
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características
CAUCION JUDICIAL-Reiteración de
jurisprudencia
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE EMBARGO PREVENTIVO-Improcedencia
por carecer de relevancia constitucional y no acreditar el requisito de
subsidiariedad
Referencia: Expediente T-4.573.913.
Acción de tutela instaurada
por LBH Colombia Ltda. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Barranquilla.
Asunto: Acción de tutela contra providencias
judiciales. Improcedencia de la acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional y no acreditar el requisito de subsidiariedad.
Magistrada
Ponente:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil quince (2015)
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio
y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
En la
revisión de las providencias judiciales emitidas por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, el 3 de julio de 2014 -en primera instancia- y
por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, el 27 de agosto de
2014 -en segunda instancia-, dentro de la acción de tutela promovida por LBH
Colombia Ltda. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Barranquilla.
El
expediente fue remitido a esta Corporación por la Secretaría de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de los
artículos 86 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991. La
Sala Once de Selección de esta Corporación, mediante auto del 10 de noviembre
de 2014, escogió para su revisión la tutela de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
El 6 de
junio de 2014, LBH Colombia Ltda. presentó a través de apoderado judicial, acción
de tutela en contra de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Barranquilla, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso, teniendo en cuenta que esa autoridad judicial revocó, mediante
providencia del 29 de enero de 2014, aclarada por auto del 10 de marzo de ese
mismo año, el auto del 25 de junio de 2013 proferido por el Juzgado Décimo
Civil del Circuito de Barranquilla.
Estas
actuaciones judiciales se produjeron dentro de un proceso de embargo preventivo
con base en la Decisión 487 de la Comunidad Andina del cual conoce el Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla y que fue promovido por la Sociedad
Portuaria del Norte S.A. (propietaria del muelle marítimo) y Barranquilla
International Terminal Company – BITCO (operador de las instalaciones del
muelle) contra LBH Colombia Ltda., en calidad de agente marítimo de la motonave
“Clipper Lis”. El origen de este litigio se dio por el siniestro
ocasionado por el buque en mención contra las instalaciones de la sociedad
Portuaria del Norte S.A y la embarcación “Caribe Star”.
El debate
sometido a consideración del juez de amparo gravitó en torno a la modificación
del valor y forma de constitución de la caución judicial que debía prestar en
ese proceso la sociedad LBH Colombia Ltda. (para evitar la práctica de medidas
cautelares sobre el buque “Clipper Lis”) que realizó el Tribunal
accionado y que consistió en: i) ordenar que debe prestarse por el valor inicialmente
fijado, con fundamento en que el riesgo garantizado no había disminuido con
ocasión del pago parcial realizado por la aseguradora Royal & Sun Alliance
Colombia S.A. a la sociedad Portuaria del Norte S.A. y Barranquilla
International Terminal Company-BITCO; y ii) no aceptar la sustitución de la
misma por una póliza judicial, bajo el argumento de que no se constituyó por el
valor inicial y además, porque no se incluyó como beneficiaria a la compañía
aseguradora Royal & Sun Alliance, quien conforme al pago realizado
presuntamente ostenta la condición de subrogataria.
La sociedad
LBH Colombia Ltda., solicitó al juez de tutela dejar sin efectos jurídicos las
siguientes providencias: i) la del 29 de enero de 2014 y; ii) del 14 de marzo
de 2014, ambas proferidas por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso de embargo preventivo
radicado bajo el número 08001310301020100021902, para que en su lugar se ordene
al Tribunal accionado, proferir un nuevo auto en el que se acepte: i) la
reducción del valor de la garantía bancaria ofrecida, de una parte; y, ii) la
sustitución de la misma por la póliza judicial número 18-41-101002183, de otra
parte.
Además de lo
anterior, solicitó la accionante que cualquier garantía que obre en el proceso
ejecutivo, sea remitida a la jurisdicción marítima – Capitanía del Puerto de
Barranquilla, con destino al expediente radicado bajo el número 13012010005.
Hechos relevantes
1. El 5 de septiembre de 2010, se
produjo un siniestro en la costa Atlántica, ocasionado por el impacto de la
motonave “Clipper Lis”, cuyo agente marítimo es la sociedad LBH Colombia
Ltda., contra las instalaciones del muelle de propiedad de la Sociedad Portuaria
del Norte S.A.[1]
y el buque “Caribe Star”. Este terminal marítimo es operado por la
sociedad Barranquilla International Terminal Company (BITCO).[2]
2. El mencionado accidente generó que la
Capitanía de Puerto de Barranquilla iniciara la respectiva investigación y
ordenara a la sociedad LBH Colombia Ltda., prestar caución por valor de USD
$23.400.000.oo (equivalente a $42.024.762.000.oo millones de pesos), con base
en el artículo 72 del Decreto Ley 2324 de 1984. Esta garantía fue efectivamente
constituida por el capitán del barco “Clipper Lis” y aportada al proceso
de jurisdicción marítima el 6 de octubre de 2010.
3. La
sociedad Portuaria del Norte S.A, como propietaria de las instalaciones
portuarias afectadas y Barranquilla International Terminal Company
(BITCO), en calidad de operadora de esa infraestructura marítima[3], en simultánea, iniciaron proceso de embargo preventivo en contra
de la sociedad LBH Colombia Ltda., del cual conoce el Juzgado Décimo Civil del
Circuito de Barranquilla. En desarrollo del mismo, esas sociedades solicitaron
al juez de conocimiento el embargo y secuestro del buque “Clipper Lis”, petición
a la que accedió ese despacho mediante auto del 27 de septiembre de 2010,
comunicado a la Capitanía del Puerto de Barranquilla, el 1º de octubre de 2010.
4. Por auto del 19 de enero de 2011, el
juzgado de conocimiento, fijó la garantía necesaria para el levantamiento de
medidas cautelares en un valor en dólares de US$27.000.000.oo, la cual podía
constituirse en dinero, o ser una garantía real, bancaria o de compañía de
seguros.
5. El 1º de febrero de 2011, la
parte demandada en ese proceso aportó la garantía bancaria número 543 expedida
por el banco HSBC Colombia S.A, a favor de la sociedad Portuaria del Norte y
BITCO (demandantes), por el valor establecido por el Juzgado, la cual fue aceptada
en ese momento mediante auto del 9 de febrero de 2011, confirmada por auto del
20 de octubre de 2011, proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Barranquilla.
6. El 25 de febrero de 2011, el barco “Clipper
Lis” zarpó del puerto de Barranquilla, cumplidas las exigencias del auto
del 9 de febrero del mismo año.
7. La sociedad Portuaria del Norte y Barranquilla
International Terminal Company-BITCO tenían suscrita la póliza de seguros
número 20072 del 8 de septiembre de 2010, con vigencia hasta el 1º de
septiembre de 2011, con la compañía Royal & Sun Alliance Colombia S.A., que
cubría los siniestros que se ocasionaran en sus instalaciones.
8. Con ocasión del siniestro causado
por el buque “Clipper Lis” y de la póliza de seguros mencionada
anteriormente, la Sociedad Portuaria del Norte S.A. y Barranquilla
International Terminal Company-BITCO celebraron con la compañía de seguros
Royal & Sun Alliance Colombia S.A., contrato de transacción del 30 de
diciembre de 2011[4],
con la finalidad de que la aseguradora pagara parcialmente los daños
ocasionados por el accidente de la referida motonave.
9. La compañía de seguros Royal &
Sun Alliance, con fundamento en el contrato de transacción referido, se obligó
a pagar parcialmente por los daños ocasionados por el buque “Clipper Lis”
a la infraestructura portuaria asegurada, a la Sociedad Portuaria del Norte
S.A., así como a Barranquilla International Terminal Company-BITCO, la suma en pesos colombianos de $13.512.928.825.oo. Además,
en el mencionado acuerdo las partes establecieron:
“Las partes
entienden que RSA (Royal & Sun Alliance), una vez pague los valores a que
se refiere la presente transacción, por razón de lo dispuesto en el artículo
1096 del Código de Comercio, se subrogará en los derechos y acciones de SPN
(Sociedad Portuaria del Norte S.A) y BITCO (Barranquilla International
Terminal Company) contra los responsables del
siniestro. Sin perjuicio de lo anterior, RSA por virtud del presente documento,
encarga a SPN y BITCO para que cobre esos valores de propiedad de RSA, en
nombre y por cuenta de RSA …”[5]
10. El Capitán del barco “Clipper Lis” con base en el
pago realizado por la compañía de seguros a la Sociedad Portuaria del Norte
S.A. y a Barranquilla International Terminal Company-BITCO, solicitó al juez de
conocimiento la cancelación de la garantía bancaria número 543 del banco HSBC
Colombia S.A, aportada al proceso el 1º de febrero de 2011, porque consideró
que con el pago parcial realizado por Royal & Sun Alliance a las sociedades
embargantes, el riesgo que se protege con la garantía había desaparecido.
Mediante auto del 4 de junio de 2012, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de
Barranquilla, rechazó la solicitud de cancelación de la caución, pero accedió a
reducirla a la suma en pesos de $35.888.245.445.oo, que resulta de restar la
cantidad pagada por la compañía de seguros a las sociedades demandantes. Esta
providencia fue confirmada también por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, mediante auto del 7 de diciembre
de 2012.
11. Posteriormente, el apoderado judicial del buque “Clipper
Lis” solicitó al juez de conocimiento que aceptara la sustitución de la
garantía bancaria número 543 expedida por el banco HSBC Colombia S.A., por la
póliza judicial número 18-41-101002183. A su vez, la aseguradora Royal &
Sun Alliance, elevó una petición al juzgado para que se mantuviera la garantía
otorgada por el valor inicialmente fijado (USD $27.000.000.oo), es decir, sin
descontar las sumas pagadas a la Sociedad Portuaria del Norte y a Barranquilla
International Terminal Company-BITCO, porque a su juicio el riesgo no había
disminuido y lo que ocurrió fue la inclusión de un nuevo acreedor de la
sociedad LBH Colombia Ltda., por el pago realizado y la operancia de la
subrogación de conformidad con la legislación comercial.
12. Estas peticiones fueron resueltas
por el juez de conocimiento mediante auto del 25 de junio de 2013, que
resolvió: i) negar la petición de la aseguradora Royal & Sun Alliance; y
ii) aceptar la sustitución de la garantía bancaria por la póliza de compañía de
seguros.
13. Contra la anterior decisión se
formuló recurso de apelación por parte de las sociedades Portuaria del Norte
S.A., y a Barranquilla International Terminal Company-BITCO, en ejercicio del encargo procesal contenido en el contrato
de transacción celebrado con la aseguradora Royal & Sun Alliance del 30 de
diciembre de 2011. La alzada fue resuelta por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Barranquilla, mediante auto del 29 de enero de 2014, que revocó la
decisión tomada por el a quo y ordenó: i) mantener la garantía bancaría
número 543 en la suma inicialmente fijada de US27.000.000.oo; y ii) no aceptar
la sustitución de la mencionada garantía por la póliza judicial número
18-41101002183.
14. Los motivos que condujeron al
Tribunal accionado a proferir la mencionada decisión gravitaron en torno a que:
i) el pago de los perjuicios no fue realizado por LBH Colombia Ltda, sino por
la aseguradora, lo que implica que el riesgo no ha sido mitigado y el valor de
la caución judicial no puede disminuirse; ii) la póliza de compañía de seguros
presentada por la sociedad embargada no es suficiente y tampoco satisfactoria,
puesto que fue constituida por un menor valor y no tuvo como beneficiaria a la
aseguradora subrogataria; y iii) la aseguradora Royal & Sun Alliance
Colombia S.A.  puede actuar de forma directa o por mandato dentro del trámite
del proceso, puesto que ha operado el fenómeno de la subrogación frente al
causante del siniestro.
15. La anterior providencia fue aclarada
por el mismo Tribunal accionado, mediante auto del 10 de marzo de 2014, en el
que resolvió que la aseguradora Royal & Sun Alliance Colombia S.A., no tiene
la calidad de parte procesal. Además, en esa providencia el despacho judicial
manifestó que la aseguradora subrogataria puede acudir al proceso que se
adelanta ante la jurisdicción marítima, conforme a los principios de economía
procesal y de concentración, para demostrar la configuración de los presupuestos
de la acción resarcitoria a su favor.
Causales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales invocadas
1. La sociedad actora alegó que el desconocimiento de sus
derechos fundamentales, se debió a la indebida interpretación y aplicación de
las normas procesales que regulan la constitución, reducción o modificación de
cauciones judiciales y el reconocimiento judicial de los derechos de
subrogación derivados del contrato de seguro y el pago realizado por la
compañía de seguros subrogataria.
Para LBH
Colombia Ltda., si un tercero paga en cumplimiento de una obligación
contractual, el riesgo disminuye, y en consecuencia, la caución judicial para
evitar el decreto y práctica de medidas cautelares, debe ser proporcional a esa
nueva situación procesal. Además, los derechos derivados de la subrogación de
un contrato de seguro no pueden ser reconocidos en un proceso ejecutivo, sino
que tal actuación es propia de un proceso declarativo.
2. Estas actuaciones según la accionante, son generadoras de
las causales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por defecto
sustancial puesto que: i) desconocieron  los artículos 679 numeral 4º del
Código de Procedimiento Civil, 1451 y 1481 del Código de Comercio y 45 de la
Decisión 487 de la Comunidad Andina; y ii) se apartaron del principio de
confianza legítima, al no respetar el acto propio producido en decisiones
judiciales anteriores a las que se censuran en sede de amparo.
Además, consideró
que se ha producido un defecto procedimental, puesto que el juez del
proceso ejecutivo, declaró la existencia de una subrogación a favor de una
compañía de seguros, situación jurídica que solo puede ser resuelta en un
proceso declarativo.
Por último
manifestó, que las providencias censuradas incurrieron en defectos orgánico,
sustancial y violación directa de la Constitución, al atribuir competencias
ajenas a la jurisdicción marítima con desconocimiento del artículo 116 de la
Carta Política y el Decreto 2324 de 1984.
Actuación
procesal y contestaciones de las entidades accionadas
Conoció de
esta acción de tutela en primera instancia, la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia. El fallador de instancia avocó conocimiento por auto
del 20 de junio de 2014 y ordenó comunicar la existencia de la misma al despacho
judicial accionado y a los intervinientes en el proceso de embargo preventivo.
Durante el término
otorgado por el Tribunal, la entidad accionada y algunos intervinientes se pronunciaron
en los siguientes términos:
1. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla,
Sala Civil-Familia
La
magistrada Sonia Esther Rodríguez Noriega en representación del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Barranquilla-Sala Civil, presentó intervención
dentro de la acción de tutela de la referencia, en la que expuso brevemente los
antecedentes y los fundamentos de la decisión censurada en sede de amparo y
concluyó que la misma no puede ser considerada como arbitraria ni constitutiva
de vía de hecho, puesto que la actuación judicial fue respetuosa de una debida
interpretación normativa y valoración de las pruebas obrantes en el proceso de
embargo preventivo que se adelanta ante el Juzgado Décimo Civil del Circuito de
Barranquilla.
2. Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla
El
Juez Edgardo Luis Vizcaíno Pacheco en representación del Juzgado Décimo Civil
del Circuito de Barranquilla, presentó intervención en el presente trámite de
tutela. En su escrito manifestó que la acción de tutela se sustenta en un gran
esfuerzo legal demostrativo “(…) para establecer la alegada vía de hecho”[6],
por lo que solicitó declarar la improcedencia de la misma. Además, manifestó que
una solicitud de amparo se presentó anteriormente por los mismos hechos, sin
que aportara prueba documental que sustentara la supuesta temeridad.
3. Sociedad Portuaria del Norte S.A y Barranquilla
International Terminal Company-BITCO
Mediante
apoderado judicial, la sociedad Portuaria del Norte S.A y la empresa
Barranquilla International Terminal Company-BITCO, presentaron intervención conjunta
en el presente trámite de tutela. En su escrito manifestaron:
i) La improcedencia de la acción de tutela, puesto que
supuestamente existen 2 acciones de tutela presentadas anteriormente por los
apoderados del Capital y Agente Marítimo de la motonave “Clipper Lis”,
con base en hechos muy similares a la presente solicitud de amparo;
ii) La existencia de otros mecanismos judiciales, como la posibilidad
de que en cualquier momento quien haya prestado una garantía judicial, pueda
pedir su reducción, modificación o cancelación;
iii) La ausencia de vía de hecho por defecto sustancial,
puesto que el Tribunal accionado fundamentó las decisiones censuradas en normas
aplicables al caso como son los artículos 1096 del Código de Comercio sobre la
subrogación del asegurador, 44 y 51 de la Decisión 487 del Acuerdo de Cartagena
sobre garantías marítimas y el artículo 678 del Código de Procedimiento Civil;
iv) También alegaron que no existió negación de la sustitución
de la garantía bancaria. El despacho de conocimiento exigió que la póliza  de
seguros cumpliera con determinados requisitos, como eran su otorgamiento por el
valor inicial y la constitución de la aseguradora-subrogataria como
beneficiaria, pues no existió reducción del riesgo amparado con ocasión del
pago realizado por la sociedad Royal & Sun Alliance a la Sociedad Portuaria
del Norte S.A. y Barranquilla International Terminal Company – BITCO;
v) No se configuró duplicidad en las garantías otorgadas, ya
que sus mandantes renunciaron a ser beneficiarias de la caución constituida en
el proceso de jurisdicción marítima;
vi) No se acreditó defecto procedimental; sus decisiones
tuvieron como fundamento la interpretación del artículo 1096 del Código de
Comercio y los efectos procesales de la subrogación;
vii) No hubo defecto sustancial por violación directa de la
Constitución, debido a que el despacho accionado no otorgó competencias
comerciales a la jurisdicción marítima. Solo manifestó que la aseguradora
podría acudir al proceso que se adelanta ante la Capitanía de Puerto de
Barranquilla, sin que eso implique vía de hecho;
viii) No puede remitirse la garantía otorgada ante el Juez
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla a la Capitanía de Puerto de
Barranquilla, puesto que ese despacho judicial adelantó el proceso de embargo
preventivo y dicha caución se hará efectiva una vez se resuelva, por parte de
la jurisdicción marítima, la responsabilidad de la accionante en el siniestro.
Concluyeron su
intervención con la petición al juez de tutela de declarar la improcedencia de
la solicitud de amparo formulada por la sociedad accionante.
4. Sociedad Royal & Sun Alliance
Seguros Colombia S.A
La compañía de seguros Royal
& Sun Alliance Seguros Colombia S.A, en su calidad de aseguradora de las
sociedades Portuaria del Norte S.A y Barranquilla International Terminal
Company – BITCO, presentó escrito de intervención dentro del
trámite de tutela de la referencia, en el que afirmó:
i) Existió un contrato de seguro
suscrito por la Sociedad Portuaria del Norte S.A. y Barranquilla
International Terminal Company-BITCO con la aseguradora
Royal & Sun Alliance S.A, representado con la póliza número 20072 expedida
por Royal & Sun Alliance, que amparaba el terminal portuario de propiedad
de la Sociedad Portuaria del Norte S.A y operado por Barranquilla
International Terminal Company-BITCO, por todo riesgo industrial
y comercial, de manera que el incidente acaecido con la motonave “Clipper Lis”,
se encontraba incluido.
ii) Ocurrido el siniestro en la terminal
en el que se vio involucrada la motonave “Clipper Lis”, la sociedad
Portuaria del Norte S.A y Barranquilla International Terminal Company-BITCO, presentaron ante la aseguradora, reclamación para hacer
efectiva la póliza de seguros mencionada anteriormente.
iii) Con ocasión del accidente
ocasionado por el buque “Clipper Lis”, el conflicto sobre el pago de las
indemnizaciones derivadas del contrato de seguro, fue resuelto por las partes
mediante la celebración de un contrato de transacción, en el que la aseguradora
se obligó a pagar parcialmente la suma en pesos de $13.512.928.825.oo a las
sociedades beneficiarias de la póliza. Esta suma, según el interviniente, no
implicó el pago integral de los perjuicios sufridos por la sociedad Portuaria
de Barranquilla y Barranquilla International Terminal Company – BITCO.
iv) Como consecuencia del pago parcial
realizado por la aseguradora a las sociedades mencionadas anteriormente y con
fundamento en el artículo 1096 del Código de Comercio, alega la sociedad Royal &
Sun Alliance que operó el fenómeno de la subrogación a su favor todos los derechos
de las sociedades beneficiarias del contrato de seguro, en proporción a la
retribución parcial realizada.
v) Para hacer valer sus derechos como
subrogataria la aseguradora confirió un mandato específico a las sociedades
beneficiarias, para que en el proceso de embargo preventivo, que se adelanta
ante el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, cobraran en su
nombre los valores pagados con ocasión del cumplimento de las obligaciones
derivadas del contrato de seguro celebrado entre ambas partes.
Con fundamento
en estos hechos, reiteró los antecedentes que dieron origen a la expedición de
las providencias judiciales censuradas en sede de tutela, la posibilidad de
intervenir en el proceso de embargo preventivo. Con ocasión de la operancia de
la subrogación por ministerio de la ley -conforme al artículo 1096 del Código
de Comercio-. Afirmó que no existió vía de hecho en las actuaciones judiciales
adelantadas por el Tribunal accionado, ante la falta de acreditación de los defectos
sustancial, procedimental, orgánico y por violación directa de la Constitución.
En ese orden de
ideas, consideró que no se trataron de providencias judiciales que revistieran
el carácter de arbitrarias, sino que, por el contrario, corrigieron actuaciones
ilegales, como era el desconocimiento de los derechos que le asisten a la
aseguradora, como subrogataria de las embargantes. Así las cosas, ni la orden
de prestar nuevamente caución por el total de la obligación, ni la negativa de
aceptar la sustitución de la garantía bancaria por una póliza judicial,
revisten arbitrariedad, puesto que buscaban salvaguardar los intereses
procesales de la aseguradora en su condición de subrogataria.
Finalizó la
interviniente con la petición al juez constitucional de negar la solicitud de
amparo presentada por la accionante.
Decisiones
objeto de revisión
Primera
instancia[7]
La Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, profirió sentencia de primera instancia el 3 de julio
de 2014 y resolvió negar el amparo solicitado. A esta decisión llegó el juez de
instancia, con base en los siguientes argumentos:
i) Las providencias censuradas en sede
de tutela no incurrieron en arbitrariedad o en un proceder claramente opuesto
al ordenamiento jurídico, ni a los elementos probatorios que obran en el
expediente.
ii) Los argumentos que sustentaron las
decisiones judiciales no constituyen vía de hecho, puesto que no se pueden
considerar “completamente subjetivas o antojadizas”[8],
razón por la cual no fueron arbitrarias ni caprichosas.
Segunda instancia[9]
La Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 27 de agosto de 2014,
confirmó el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de esa misma
Corporación, providencia que en su momento negó el amparo del derecho fundamental
al debido proceso, promovido por la sociedad LBH Colombia Ltda. Las razones de
la decisión del juez de segunda instancia gravitaron en torno a que: i) las
providencias atacadas en sede de tutela fueron proferidas conforme a la
normatividad aplicable y a la realidad procesal, circunstancias que tornaron
razonables los fundamentos de las decisiones; ii) el Tribunal accionado en sede
de tutela analizó en conjunto las pruebas allegadas al proceso, interpretó las
normas que regulan el objeto y explicó objetivamente el fundamento que
sustentan las mencionadas decisiones judiciales.
Concluyó esa alta Corporación,
que la sola inconformidad de la actora con el juicio del fallador, no es razón
suficiente que permita asegurar la procedibilidad de la acción de tutela contra
sentencias judiciales, tal y como ocurre con el amparo presentado por las
entidades accionantes.
Actuación
en sede de Revisión
1. Esta Sala de Revisión, mediante auto
del 9 de febrero de 2015, ordenó poner en conocimiento de las sociedades DUAGA
y COQUECOL Ltda., así como a la Capitanía de Puerto de Barranquilla, la
presente acción de tutela. Además, ofició al Juzgado Décimo Civil del Circuito
de Barranquilla y a la Capitanía de Puerto de Barranquilla para que remitieran
copias de los procesos judiciales que se adelantan ante esos despachos y que
tienen incidencia en la solicitud de amparo de la referencia.
2. El 24 de febrero de 2015, se recibió
en la Secretaria General de esta Corporación, memorial suscrito por el
apoderado judicial de la sociedad LBH Colombia Ltda., mediante el cual
reafirmaba las razones por las cuales solicitó originalmente la concesión de la
acción de tutela “(…) contra los Autos proferidos por la Sala Civil y de
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.”[10], por
aparente violación al debido proceso.
3. La Dirección General Marítima –
DIMAR, Capitanía de Puerto de Barranquilla, radicó ante la Secretaría General
de la Corte Constitucional, el 2 de marzo de 2015[11], escrito con
el que contestaba la presente acción de tutela y en el que expuso la forma en
que ejerce sus funciones jurisdiccionales en relación con la investigación de
siniestros marítimos, así como las actuaciones adelantadas en la investigación
No. 13012010005 por el siniestro ocasionado con la colisión del buque “Clipper
Lis”.
4. Según informe secretarial del 2 de marzo de 2015, no fue posible
entregar las comunicaciones a las sociedades DUAGA y COQUECOL S.A., además
ninguno de los despachos judiciales oficiados dio cumplimiento a la referida
orden, razón por la cual, esta Sala de Revisión ordenó mediante auto del 9 de
marzo de 2015: i) comisionar a la Capitanía de Puerto de Barranquilla para en
el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación de esta
providencia, procediera a entregar las comunicaciones que dan cuenta sobre la
existencia de la solicitud de amparo de la referencia y su oportunidad para
intervenir a las sociedades DUAGA y COQUECOL S.A., en las direcciones de
notificación que reposan en el expediente radicado número 13012010005, del cual
conoce ese despacho; y ii) requerir a la Capitanía de Puerto de Barranquilla y
al Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla para que en el
improrrogable término de tres (3) días, procedan a dar cumplimiento al numeral
3º del auto del 9 de febrero de 2015, so pena de incurrir en desacato conforme
al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
5. Mediante oficio No. 13201500312 13
del 1º de abril de 2015[12],
radicado en la Secretaria General de la Corte el 6 de ese mismo mes y año, la
DIMAR, remitió copia del expediente radicado bajo el número 1301201002, que
contiene la investigación por el siniestro marítimo de colisión del buque “Clipper
Lis”. Además indicó que dicho trámite se encuentra actualmente en la etapa
probatoria.
6. El 8 de abril de 2015, el Juez Décimo Civil del Circuito de
Barranquilla, informó que el proceso que se adelanta en ese despacho, tiene
como objeto el embargo preventivo del buque “Clipper Lis”, “…
conforme a la normatividad de la CAN en especial de las decisiones 879 y 487
emanadas de la CAN (…) cuyas copias fueron remitidas con destino a la Honorable
Corte Constitucional el 25 de febrero del año 2015 por conducto del correo 472…”[13]. Además de
que actualmente en el proceso:
“(…)
se tramitó (sic) una solicitud de cambio de garantía bancaria por una de
compañía de seguros, y la cancelación de dicha garantía, la cual fue ordenada
por auto de junio 25 de 2013 que fue objeto de apelación, en la que el Tribunal
Superior Sala Civil Familia con ponencia de la Dra. SONIA RODRÍGUEZ revocó en
todas sus partes a través del auto de enero 29 de 2014 y dejó incólume la
garantía bancaria, además el Despacho negó una solicitud de subrogación elevada
por la Compañía de Seguros Royal And Sun, Alianza Seguros (sic), la cual fue confirmada
por el Superior.”
7. Con oficio número 13201500390 13 del 9 de abril de 2015[14], radicado
ante la Secretaria General de la Corte, el 13 de ese mismo mes y año, la DIMAR
informó que dio cumplimiento al despacho comisorio No. 001 de 2015, que
ordenaba comunicar la existencia de la presente solicitud de amparo a las
sociedades DUAGA LTDA y COQUECOL S.A. CL.
8. La sociedad COQUECOL S.A. CI., mediante escrito radicado el 9 de
abril de 2015 en la Secretaria General de la Corte[15], presentó su
intervención en el presente trámite de tutela y solicitó a esta Sala de
Revisión rechazar de plano la solicitud de amparo, o en su defecto, negar el
mismo, y que se confirmen los fallos de primera y segunda instancia proferidos
por la Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
9. Por su parte, la sociedad DUAGA
Ltda., radicó ante la Secretaria General de esta Corporación el 9 de abril de
2015, escrito de intervención en el que solicitó, en términos similares a la
sociedad COQUECOL S.A. CI, que se rechace de plano la solicitud de amparo, o
que se niegue el mismo y se confirmen las sentencias de instancia[16].
10. El
25 de marzo de 2015, el doctor Rodrigo Escobar Gil, apoderado de la Sociedad
Portuaria del Norte S.A., presentó renuncia al poder que le fuera concedido por
esa entidad y declaró estar a paz y salvo a la mencionada sociedad[17].
11. El 20 de abril de 2015, el doctor
Julio César González Arango, presentó ante la Secretaría General de esta
Corporación, poder especial conferido por la Sociedad Portuaria del Norte S.A y
adjuntó copia del memorial presentado ante la Procuraduría General de la
Nación, en el que solicitó, a ese órgano de control, intervención y vigilancia
especial en el presente asunto[18].
12. El apoderado judicial de la Sociedad
Portuaria del Norte S.A, radicó ante la Secretaria General de la Corte, el 24
de abril de 2015, memorial en el que solicitó: i) copia de las contestaciones o
intervenciones presentadas por las sociedades DUAGA y COQUECOL S.A; ii) copia
de la contestación o intervención presentada por la Capitanía del Puerto de
Barranquilla; iii) traslado de todas las intervenciones presentadas; y iv) una
solicitud de acceso al expediente de tutela[19].
13. A través de oficio del 25 de febrero
de 2015, recibido en la Secretaria General de la Corte, el Juzgado Décimo Civil
del Circuito de Barranquilla remitió copia del proceso radicado bajo el número
2010-00219-00, en cumplimiento del auto del 9 de febrero de 2015[20].
14. Ante la Secretaría General de esta
Corporación, el doctor Andrés Balcázar González, Procurador Auxiliar para
Asuntos Constitucionales, el 5 de mayo de 2015, radicó escrito mediante el cual
solicitó copias del expediente de tutela de la referencia, con base en la
función que ejerce el Ministerio Público de velar por la protección de los
derechos constitucionales fundamentales y la consolidación de criterios
hermenéuticos para su aplicación e interpretación[21].
15. El doctor Manuel José Cepeda
Espinosa, apoderado judicial de la sociedad LBH Colombia, radicó el 15 de mayo
de 2015, ante la Secretaria General de la Corte, solicitud de expedición de
copias a su costa de los siguientes documentos: i) oficio No. 13201500312 13
del 01/04/2015 del Capitán de Fragata Armando Adolfo de Lisa Bornachera –
Capitán de Puerto de Barranquilla; ii) oficio remitido por el doctor Edgardo
Luís Vizcaíno Pacheco, en su condición de Juez Décimo Civil del Circuito de
Barranquilla; iii) oficio 13201500390 13 del 9 de abril de 2015 suscrito por el
Capitán de Fragata Armando Adolfo de Lisa Bornachera – Capitán de Puerto de
Barranquilla; iv) intervenciones de las sociedades COQUECOL S.A. C.I
y
DUAGA Ltda. C.I.; y v) oficio No. PAC-00001071 del 4 de mayo de 2015 suscrito
por el doctor Andrés Balcázar González, Procurador Auxiliar para Asuntos
Constitucionales[22].
16. Esta Sala de Revisión, mediante auto
del 21 de mayo de 2015, resolvió: i) aceptar la renuncia presentada por el
doctor Rodrigo Escobar Gil en su condición de apoderado de la Sociedad
Portuaria del Norte S.A.; ii) reconocer personería jurídica al doctor Julio
César González Arango como apoderado judicial de la Sociedad Portuaria del
Norte S.A., en los términos del poder que le fue conferido; iii) ordenar la
expedición de copias de las piezas procesales solicitadas por el apoderado de
la Sociedad Portuaria del Norte S.A., conforme al escrito radicado ante la
Secretaria General de esta Corporación el 24 de abril de 2015; iv) ordenar la
expedición de copias del expediente solicitadas por el doctor Andrés Balcázar
González, en su condición de Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales;
v) ordenar la expedición de copias de las piezas procesales solicitadas por el
apoderado de LBH Colombia Ltda., conforme al memorial radicado ante la
Secretaría de esta Corporación el 15 de mayo de 2015. Además de lo anterior, la
Sala ordenó que por Secretaría General se pusiera a disposición de las partes y
los terceros interesados el expediente de tutela de la referencia por el
término de tres (3) días, contados a partir del momento de notificación de esa
providencia, con la finalidad de garantizar el derecho de defensa y
contradicción que les asiste.
17. El apoderado judicial de la
sociedad Portuaria del Norte S.A., radicó ante la Secretaría General de la
Corte, el 28 de mayo de 2015, escrito en el que adjuntó copia informal del
dictamen 07/2012 del 14 de noviembre de 2012, proferido por la Secretaría
General de la Comunidad Andina de Naciones. Además, reiteró su solicitud de
improcedencia del amparo solicitado, puesto que, según el interviniente: “(…)
la tutela presentada (además de otras anteriores presentadas por el Capitán de
la Nave) por LBH solo tiene un contenido eminentemente patrimonial y en todo
caso dicha sociedad siempre ha estado rodeada de todas las garantías (…)”[23] procesales.
18. De la misma manera, el apoderado
judicial de la sociedad Royal & Sun Alliance Seguros (Colombia) S.A.,
presentó escrito ante la Secretaria General de esta Corporación el 28 de mayo
de 2015[24],
en el que reiteró su petición de denegar el amparo solicitado por la
accionante, al considerar que no existen vulneraciones a los derechos
fundamentales invocados, ni mucho menos, se configuraron los defectos
sustanciales o procesales alegados.
19. Según constancia secretarial del 5 de junio de 2015[25], se informó
que el folio 298 del cuaderno principal del proceso de tutela que se cursa en
esta Corporación se “traspapeló” y que esa dependencia se encuentra
indagando al respecto. Con base en lo anterior, la Sala dispuso mediante auto
del 1º de julio de 2015, la reconstrucción parcial del expediente con
fundamento en el artículo 126 del Código General del Proceso, para lo cual fijó
el día 14 de julio de 2015 a las 8:00 de la mañana, como fecha y hora para
llevar a cabo la audiencia de reconstrucción parcial del plenario.
20. El día 14 de julio de 2015, a las
8:00 a.m., se realizó audiencia pública en la que se reconstruyó parcialmente
el expediente, específicamente del folio 298 del cuaderno de revisión, que
contenía la solicitud de copias del proceso presentada por el Procurador
Auxiliar de Asuntos Constitucionales, doctor Andrés Balcázar González.
CONSIDERACIONES
Competencia
1. Es competente esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional para revisar los fallos proferidos dentro de la acción de
tutela número T-4.573.913, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto bajo revisión
2. LBH Colombia Ltda. presentó a
través de apoderado judicial, acción de tutela en contra de la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, teniendo en
cuenta que esa autoridad judicial revocó el auto del 25 de junio de 2013
proferido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla.
Estas
actuaciones judiciales se produjeron dentro de un proceso de embargo preventivo
con base en la Decisión 487 de la Comunidad Andina del cual conoce el Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla y que fue promovido por la Sociedad
Portuaria del Norte S.A. (propietaria del muelle marítimo) y Barranquilla
International Terminal Company – BITCO (operador de las instalaciones del
muelle) contra LBH Colombia Ltda., en calidad de agente marítimo de la motonave
“Clipper Lis”. El origen de este litigio se dio por el siniestro
ocasionado por el buque en mención contra las instalaciones de la sociedad
Portuaria del Norte S.A y la embarcación “Caribe Star”.
El debate
sometido a consideración del juez de amparo gravita en torno a la modificación
del valor y forma de consituticion de la caución judicial que debía prestar en
ese proceso la sociedad LBH Colombia Ltda. (para evitar la práctica de medidas
cautelares sobre el buque “Clipper Lis”) que realizó el Tribunal
accionado y que consistió en: i) ordenar que debe prestarse por el valor
inicialmente fijado, con fundamento en que el riesgo garantizado no había
disminuido con ocasión del pago parcial realizado por la aseguradora Royal
& Sun Alliance Colombia S.A. a la sociedad Portuaria del Norte S.A. y
Barranquilla International Terminal Company-BITCO; y ii) no aceptar la
sustitución de la misma por una póliza judicial, bajo el argumento de que no se
constituyó por el valor inicial y además, porque no se incluyó como
beneficiaria a la compañía aseguradora Royal & Sun Alliance, quien conforme
al pago realizado presuntamente ostenta la condición de subrogataria.
La sociedad
LBH Colombia Ltda., solicitó al juez de tutela dejar sin efectos jurídicos los
autos del 29 de enero de 2014 y del 14 de marzo de 2014, ambos proferidos por
la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Barranquilla, dentro del proceso de embargo preventivo radicado bajo el número
08001310301020100021902, para que en su lugar se ordene al Tribunal accionado,
proferir un nuevo auto en el que se acepte: i) la reducción del valor de la
garantía bancaria ofrecida, de una parte; y, ii) la sustitución de la misma por
la póliza judicial, de otra parte.
Además de lo
anterior, solicitó la accionante que cualquier garantía que obre en el proceso
ejecutivo, sea remitida a la jurisdicción marítima – Capitanía del Puerto de
Barranquilla, con destino al expediente radicado bajo el número 13012010005.
3. Su solicitud la sustenta en el presunto
desconocimiento de su derecho fundamental al debido proceso, en tanto
que el Tribunal accionado interpretó y aplicó indebidamente las normas
procesales que regulan la constitución, reducción o modificación de cauciones
judiciales y el reconocimiento judicial de los derechos de subrogación
derivados del contrato de seguro y el pago realizado por la compañía de seguros
subrogataria.
Para LBH
Colombia Ltda., si un tercero paga en cumplimiento de una obligación
contractual, el riesgo disminuye, y en consecuencia, la caución judicial para
evitar el decreto y práctica de medidas cautelares, debe ser proporcional a esa
nueva situación procesal. Además, los derechos derivados de la subrogación de
un contrato de seguro no pueden ser reconocidos en un proceso ejecutivo, sino
que tal actuación es propia de un proceso declarativo.
4. Estas actuaciones, según la accionante, son presuntamente
generadoras de las causales de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, por defecto sustancial puesto que: i) desconocieron  los
artículos 679 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, 1451 y 1481 del
Código de Comercio y 45 de la Decisión 487 de la Comunidad Andina; y ii) se
apartaron del principio de confianza legítima, al no respetar el acto propio
producido en decisiones judiciales anteriores a las que se censuran en sede de
amparo.
Además,
consideró que se ha producido un defecto procedimental, puesto que el
juez del proceso ejecutivo, declaró la existencia de una subrogación a favor de
una compañía de seguros, situación jurídica que solo puede ser resuelta en un
proceso declarativo.
Por último
manifestó, que las providencias censuradas incurrieron en defectos orgánico,
sustancial y violación directa de la Constitución, al atribuir competencias
ajenas a la jurisdicción marítima con desconocimiento del artículo 116 de la
Carta Política y el Decreto 2324 de 1984.
Cuestión previa a la formulación del problema jurídico
5. Previamente a la formulación del problema
jurídico, encuentra la Sala que debe ocuparse de las siguientes cuestiones
preliminares: i) la presunta temeridad de la acción de tutela que revisa
actualmente la Corte; ii) el ejercicio del derecho fundamental al debido
proceso de las personas jurídicas y la acción de tutela; y iii) los requisitos
generales de procedibilidad y su acreditación en la solicitud de amparo de la
referencia.
6. En efecto, algunos de los
intervinientes en el presente trámite de tutela han solicitado la declaratoria
de improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia, debido a la
supuesta existencia de temeridad, pues se alega la previa formulación de dos
(2) acciones de tutela con base en los mismos hechos. Bajo ese entendido, la
Sala deberá inicialmente verificar si en este caso se ha configurado una
actuación temeraria en el ejercicio de la solicitud de amparo de la referencia.
7. En el evento de no existir temeridad,
procederá la Corte al análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra autos y sentencias, para que, una
vez se verifique su acreditación, si es del caso, formularse el respectivo
problema jurídico que permita realizar el estudio de las causales específicas
de procedencia excepcional del amparo contra providencias judiciales.
Ausencia de temeridad de la acción de tutela de la
referencia
8. La actuación temeraria en el trámite de amparo constitucional está
regulada por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, que establece que: “Cuando sin motivo expresamente justificado la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas
las solicitudes.”
9. La Corte ha decantado los
elementos que configuran la temeridad en sede de tutela, cuando exista entre el
asunto que es de conocimiento del juez de amparo y el que ya ha sido objeto de
pronunciamiento previo: i) identidad de partes; ii) identidad de hechos; iii)
identidad de pretensiones; y iv) ausencia de justificación en el ejercicio de
la nueva acción de tutela[26].
10. No obstante lo anterior, la
Sala reitera que el juez de tutela debe verificar en cada caso concreto la
existencia de los elementos que estructuran la temeridad en el ejercicio del
amparo, con la finalidad de salvaguardar principios constitucionales como la
buena fe, lealtad procesal, cosa juzgada, seguridad jurídica y evitar el abuso
del derecho. En ese sentido, se acreditará la temeridad cuando:
“(…)
considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en la medida en que el actor
se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones[27];
(ii) denote el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación
judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”[28]; (iii)
deje al descubierto el "abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción”[29];
o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la “buena
fe de los administradores de justicia”[30].Es
que, la duplicidad en el ejercicio de la acción de amparo constitucional sobre
la misma materia, además de ser reprochable y desconocer los principios de
economía procesal, eficiencia y eficacia, resulta desleal y deshonesta por
comprometer la capacidad judicial del Estado[31].
Por el contrario, la Corte ha señalado que aun cuando se presente
la cuádruple identidad referida, es posible que la actuación no sea temeraria,
entre otros, en los casos que a continuación se señalan, a saber: “i) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo
insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos, ii) en el
asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho, iii) en nuevos
eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el
trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como fundamento
para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los
derechos, y iv) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de
una sentencia de unificación de la Corte Constitucional , [cuando el actor] en
sus actuaciones siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa
existencia de una demanda de igual naturaleza”[32].”[33]
11. La Sociedad
Portuaria del Norte S.A., Barranquilla International Terminal Company –
BITCO y las sociedades COQUECOL y DUAGA, en su calidad de
intervinientes, han coincidido en solicitar a la Sala la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela de la referencia, tras considerar un
presunto ejercicio temerario de la misma, puesto que previamente se han
formulado dos (2) amparos con base en los mismos hechos.
En efecto, la Sociedad Portuaria del Norte S.A. manifestó que:
“(…) existen dos tutelas presentadas con anterioridad a la acción de
tutela que es objeto de estudio (en adelante Tutela III), interpuestas por
parte del Capitán de la M/N “Clipper Lis”, el Sr. Hou Xin Yan (en adelante
Tutela I, del 23 de noviembre de 2010), y del Agente Marítimo de dicha
embarcación, esto es, la sociedad LBH Colombia Ltda. (en adelante Tutela II,
del 21 de noviembre de 2011), las cuales, según se puede comprobar en su texto
y en el cuadro anexo al presente escrito están soportadas en los mismos hechos.”[34]
Precisó la interviniente que:
“(…) tal como se puede comprobar en el expediente que obra ante el
Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, ambas acciones de tutela
están dirigidas a revivir los términos del recurso de apelación que de manera
negligente no fue interpuesto en la oportunidad debida por los apoderados del
Capitán y Agente Marítimo de la motonave “Clipper Lis” una vez decretado el
embargo de la nave, buscando lograr de esta forma que otros mecanismos y/o
alternativas jurídicas remitan subsanar dicho error, atacando la naturaleza y
legitimidad del embargo decretado.”[35]
En el mismo
sentido, las sociedades intervinientes DUAGA Y COQUECOL, a través de apoderado
judicial, consideraron que existe temeridad en el ejercicio de la actual acción
de tutela, por existir dos (2) solicitudes de amparo previas, que supuestamente
configuran identidad de: i) partes, ii) causa petendi; y iii) objeto[36].
12. Con base en lo anterior, procede esta Corporación al
estudio de la supuesta temeridad en el presente caso. A tal efecto analizará
las siguientes solicitudes de amparo: i)  del 23 de noviembre de 2010; ii)  del
21 de noviembre de 2011; y iii) la actual acción de tutela, estudiada en sede
de Revisión y radicada en la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia,
el 6 de junio de 2014. Las particularidades de cada asunto son las siguientes:
Radicación
Partes
Hechos que sustentan las
vulneraciones
Pretensiones
Sentencias Judiciales
Accionante
Accionado
23 de noviembre de 2010[37]
Huo Xin Yan, Capitán del buque Clipper Lis
1. Juez Décimo
Civil del Circuito de Barranquilla.
2. Sr. Capitán
de Puerto de Barranquilla.
Decreto de “embargo preventivo”
del buque “Clipper Lis” por parte del Juez Décimo Civil del Circuito de
Barranquilla.
Defecto orgánico del juzgado 10º
Civil del Circuito de Barranquilla; sustancial del juzgado 10º Civil del
Circuito de Barranquilla; y error inducido de Capitán de Puerto de
Barranquilla.
1. Ordenar al
Juez 10º Civil del Circuito de Barranquilla cancele y levante la medida de
embargo del buque “Clipper Lis”.
2. Ordenar a la
Capitanía de Puerto de Barranquilla autorizar el zarpe inmediato de la
Motonave “Clipper Lis”.
1. Sentencia del
13 de diciembre de 2010, proferida por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia. Niega por improcedente, no se
acreditó un perjuicio irremediable y el actor cuenta con otros mecanismos
judiciales al interior de la solicitud de embargo preventivo de buque.[38]
2. Sentencia del
21 de febrero de 2011, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia. Confirma[39].
21 de noviembre de 2011[40]
LBH-Colombia Ltda.
1. Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia.
2. Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla.
1. Auto del 20
de octubre de 2011, proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Barranquilla, Sala Civil.
2. Autos del 9
de febrero de 2010 y del 17 de noviembre del mismo año, proferidos por el
Juzgado 10º Civil del Circuito de Barranquilla.
Las providencias no resolvieron
un asunto relacionado con la falta de jurisdicción del juez civil para
decretar el embargo preventivo del buque “Clipper Lis”
1. Dejar sin
efectos jurídicos la providencia del 20 de octubre de 2011, proferida por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil. En
consecuencia, declarar la nulidad de todo lo actuado, en especial la
declaración de responsabilidad, diligencias de embargo y desembargo de la MN
“Clipper Lis”.
1. Sentencia del
30 de noviembre de 2011, proferida por la Sala de Casación Civil dela Corte
Suprema de Justicia. Concede el amparo y ordena a los Despachos judiciales
accionados resolver la impugnación propuesta por la accionante. [41]
2. Sentencia del
31 de enero de 2012, proferida por la Sala de Casación Laboral. Confirma
sentencia de primera instancia.
6 de junio de 2014[42].
LBH Colombia Ltda.
Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Civil.
1. Auto del 29
de enero de 2014.
2. Providencia
del 14 de marzo de 2014, que aclaró el auto del 29 de enero del mismo año.
Ambos proferidos por el Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Ambas providencias resolvieron una solicitud de
reducción de la caución prestada dentro del proceso de embargo preventivo del
buque “Clipper Lis”.
Se las acusa de presuntos defectos sustantivo;
procedimental; violación directa de la Constitución; y defecto orgánico.
1. Dejar sin
efectos jurídicos el auto del 29 de enero de 2014, aclarado por auto del 10
de marzo del mismo año. En consecuencia se ordene al Tribunal accionado
acepte la reducción del valor de la garantía bancaria y la sustitución de la
misma.
2. Que en
cualquier caso, la garantía que obre en el embargo preventivo, sea enviada a
la Jurisdicción marítima – Capitanía de Puerto de Barranquilla, para que
ejerza exclusivamente sus competencias legales, precisas y restringidas.
1. Sentencia del
3 de julio de 2014, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia. Deniega el amparo solicitado. Consideró que la
funcionaria demandada expuso los motivos para arribar a la conclusión materia
de inconformidad[43].
2. Sentencia del
27 de agosto de 2014, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Confirma[44].
13. Realizado el anterior recuento, encuentra
este Tribunal que no se acreditan los elementos necesarios para configurar la
temeridad de la acción de tutela de la referencia. En efecto:
i) Entre la acción de tutela del 23 de
noviembre de 2010 y la que se conoce actualmente en sede de Revisión, no existe
identidad de partes, puesto que en su momento el accionante de la solicitud de
amparo del año 2010 fue el señor Huo Xin Yan en calidad de Capitán del buque “Clipper
Lis”, mientras que la que conoce actualmente esta Corporación fue
interpuesta por la sociedad LBH Colombia Ltda. Además se dirigió en contra del
Juez Décimo Civil del Circuito de Barranquilla y el Capitán de Puerto de la
misma ciudad. En esta oportunidad, la acción de tutela de la referencia fue
promovida en contra del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla,
Sala Civil-Familia.
De otra parte, tampoco se acreditó la identidad de hechos,
puesto que el amparo solicitado en el año 2010, se concentró en controvertir situaciones
fácticas de ese momento causantes de la vulneración a los derechos fundamentales
invocados, y el embargo preventivo decretado por el Juez Décimo Civil del
Circuito de Barranquilla, sobre el buque “Clipper Lis”. Actualmente, el
asunto sometido al conocimiento de la Corte, versa sobre la censura constitucional
del auto del 29 de enero de 2014, aclarado el 14 de marzo de ese mismo año,
providencias que negaron la reducción y sustitución de la caución judicial
prestada por la accionante.
Por último, no hay identidad en las pretensiones, puesto que
en el año 2010 se solicitó en esa oportunidad que el Juez Décimo Civil del
Circuito de Barranquilla ordenara la cancelación y el levantamiento de la
medida cautelar de embargo sobre el buque “Clipper Lis”, además que se
ordenara al Capitán de Puerto de Barranquilla el zarpe inmediato de la
mencionada motonave. Por su parte, la actual solicitud de amparo busca dejar
sin efectos las providencias judiciales acusadas, y que se ordene al Despacho
judicial accionado que acepte la reducción y sustitución de una póliza
judicial.
ii) En relación con la acción de tutela
presentada el 21 de noviembre de 2011 y aquella que conoce actualmente la Corte
en sede de revisión, si bien existe identidad de partes en relación con la
accionante (sociedad LBH Colombia Ltda.), hay identidad parcial en la parte
pasiva, puesto que en esta oportunidad, actúa como parte accionada, el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil, pero no se demandó
al Juzgado Décimo Civil del Circuito de la mencionada ciudad.
A su vez, no existe identidad de hechos vulneradores de los
derechos fundamentales, puesto que, en el amparo solicitado en el año 2011, se
reprocharon los autos del 20 de octubre de 2011, proferido por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil y del 9 de febrero de
2010 y del 17 de noviembre del mismo año, dictado por el Juzgado Décimo Civil
del Circuito de Barranquilla, como presuntos generadores de la violación
aparente al debido proceso. El asunto que hoy estudia la Sala, presenta como
presuntas generadoras de vía de hecho, las providencias del 29 de enero y del
14 de marzo, ambas del año 2014, emitidas por el Tribunal Superior del Distrito
de Barranquilla, Sala Civil-Familia.
Para finalizar, no hay identidad de pretensiones puesto que
en el año 2011 se solicitó dejar sin efectos jurídicos las providencias
censuradas en ese momento y además, que se declarara la nulidad de todo lo
actuado por la jurisdicción civil, en especial, lo relacionado con la medida de
embargo del buque “Clipper Lis”. En esta oportunidad, las pretensiones
gravitan en torno a declarar sin efectos jurídicos los autos del año 2014,
proferidos por el Tribunal accionado para que en consecuencia, se ordene la
aceptación de la reducción del riesgo y sustitución de una caución judicial.
14. En conclusión, encuentra la Sala que en
el presente caso, no se acreditaron los elementos que configuran una actuación
temeraria en la formulación de la acción de tutela de la referencia, es decir,
no se verificó: i) identidad de partes; ii) identidad de hechos; e iii)
identidad de pretensiones, con solicitudes de amparo promovidas anteriormente,
tal y como lo habían solicitado algunos de los intervinientes.
En ese orden, procede esta Corporación a verificar si
concurren en este asunto, los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales.
Con base en lo anterior, la Corte reiterará la titularidad de
derechos fundamentales de las personas jurídicas, en especial el debido
proceso, así como las reglas generales de procedibilidad excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales, para después estudiar si las
mismas se encuentran acreditadas en este amparo.
El derecho fundamental al
debido proceso de las personas jurídicas y la acción de tutela
15. Desde sus primeros pronunciamientos, esta Corporación ha establecido
que las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales, razón
por la cual pueden acudir a la acción de tutela para buscar su protección. En
efecto, la sentencia T-644 de 2013[45],
dijo:
“El artículo 86 superior, ampliamente
desarrollado por el Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela
permite a toda persona acudir ante cualquier juez para solicitar la protección
inmediata de los derechos constitucionalmente fundamentales de los cuales es
titular, en todo momento y lugar, directamente o mediante alguien que actúe en
su nombre.
En reiteradas ocasiones y desde sus primeros
pronunciamientos, esta corporación ha adoptado como tesis que las personas
jurídicas son titulares de derechos fundamentales[46], por
ende, están legitimadas por activa para instaurar acciones de tutela, al igual
que ocurre en otras latitudes[47],
en procura de la salvaguarda de esas garantías que requieran para alcanzar sus
fines jurídicamente protegidos[48].”
En sentencia T-267 de
2009[49],
este Tribunal manifestó que el reconocimiento de los derechos fundamentales a
las personas jurídicas reviste dos fuentes legitimadoras, de una parte de
carácter directo cuando por la naturaleza de los derechos fundamentales son
predicables de las mencionadas entidades; y de otra parte de forma indirecta
cuando las vulneraciones acusadas afectan los derechos fundamentales de las
personas naturales que las integran. A tal efecto:
“(…) las
personas jurídicas, aún las de derecho público, están legitimadas para ejercer
la acción de tutela debido a que son titulares de derechos constitucionales
fundamentales por dos vías, directamente como titulares de aquellos derechos
que por su naturaleza son predicables de  estos sujetos de derechos, e
indirectamente cuando la vulneración puede afectar  los derechos fundamentales
de la personas naturales que las integran[50].
Así por
ejemplo, en la sentencia  C-360 de 1996, la Corte reconoció que en determinados
eventos las personas jurídicas -incluso las personas jurídicas de derecho
público- pueden ser titulares de derechos fundamentales. En esa misma
providencia señaló que dicha titularidad depende de (i) que así lo permita la
naturaleza del derecho objeto de la vulneración o amenaza, y, (ii) que exista
una relación directa entre la persona jurídica que alega la vulneración y una
persona o grupo de personas naturales, virtualmente afectado. Advirtió también
que las personas jurídicas de derecho público pueden ser titulares de aquellos
derechos fundamentales cuya naturaleza así lo admita y, por lo tanto, están
constitucionalmente habilitadas para ejercitarlos y defenderlos a través de los
recursos que, para tales efectos, ofrece el ordenamiento jurídico[51].”
Conforme a
lo expuesto, las personas jurídicas pueden ser directamente titulares de
derechos fundamentales como el debido proceso, libertad de asociación,
inviolabilidad de las comunicaciones, entre otros. En ese sentido, la Corte en sentencia
T-411 de 1992[52]
ha manifestado que:
“Otros derechos constitucionales fundamentales, sin
embargo, las personas jurídicas los poseen directamente: es el caso de la
inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada
(artículo 15 de la Constitución), la libertad de asociación sindical (artículo
38); el debido proceso (artículo 29), entre otros.”
16. De esta suerte, las personas jurídicas son titulares
directos de los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, razón por la cual pueden hacer uso de la acción
de tutela para su protección. A esta conclusión se llegó en sentencia T-644
de 2013[53],
al afirmar que: “Las personas jurídicas privadas o
públicas también son titulares de derechos fundamentales como el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, pues se derivan
de su “capacidad para obrar” (…)”. Reglas
jurisprudenciales que se reiteran en esta oportunidad.
Reglas jurisprudenciales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia
17. En reciente pronunciamiento, la Sala Plena de esta Corporación
reiteró que:
“La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es
excepcional[54]
y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 86 de la Carta, que
establece su viabilidad cuando la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales se produce por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, incluidos los jueces de la República.
En sede
de convencionalidad, sustentan la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, el numeral 1º del artículo 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos[55]
y el literal a. del numeral 3º del artículo 2º del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos[56].
Con
la sentencia C-590 de 2005[57],
la Corte Constitucional superó el concepto de  vías de hecho, utilizado
previamente en el análisis de la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, para dar paso a la doctrina de específicos supuestos de
procedibilidad. En la sentencia SU–195 de 2012[58], ésta
Corporación reiteró la doctrina establecida en la sentencia C–590 de 2005[59], en
el sentido de condicionar la procedencia de la acción de tutela al cumplimiento
de ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, agrupados en: i)
requisitos generales de procedencia y ii) causales específicas de
procedibilidad.”[60]
18. En relación con los requisitos generales de procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Corporación ha
precisado que:
“Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales son: i) que la cuestión sea de relevancia constitucional; ii) el
agotamiento de todos los medios de defensa judicial –ordinarios y
extraordinarios -, salvo que se trate de evitar la ocurrencia de un perjuicio
iusfundamental irremediable[61];
iii) la observancia del requisito de inmediatez, es decir, que la acción de
tutela se interponga en un tiempo razonable y proporcionado a la ocurrencia del
hecho generador de la vulneración[62];
iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en la
providencia que se impugna en sede de amparo[63];
v) la identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de
derechos fundamentales y de haber sido posible, que los mismos hayan sido
alegados en el proceso judicial[64];
y vi) que no se trate de una tutela contra tutela.”[65]
Verificación en el presente asunto de las causales genéricas de
procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
19. Consideró la accionante que la solicitud de amparo de la
referencia cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, con base en la acreditación de[66]:
i) Relevancia constitucional: puesto que las
actuaciones censuradas en sede de amparo presuntamente desconocieron el derecho
fundamental al debido proceso y los principios constitucionales de buena fe,
confianza legítima y legalidad. De igual manera adujo que el despacho judicial
accionado vulneró el artículo 116 de la Constitución.
ii) Agotamiento de los medios judiciales de
defensa: manifestó que contra las providencias acusadas en sede de tutela se
formularon solicitud de adición y aclaración, las cuales fueron resueltas por
el Tribunal accionado, situación que conforme al artículo 309 del Código de Procedimiento
Civil, no admite recursos.
iii) Inmediatez: afirmó que desde la
presentación de la acción de tutela de la referencia tan solo han transcurrido dos
meses desde la notificación del auto del 10 de marzo de 2014, y cerca de cuatro
meses desde el auto aclarado del 29 de enero de 2014.
iv) Efecto determinante de la irregularidad
procesal: adujo que de las causales especiales de procedibilidad invocadas,
solo una versa sobre irregularidad procesal. En efecto, se trata de aquella que
gira en torno a la supuesta desviación procesal del despacho accionado al
decidir sobre la subrogación de la aseguradora Royal & Sun Alliance, al
igual que aquella actuación que otorgó a la Jurisdicción marítima facultades
inexistentes en la ley.
v) Identificación razonable de los hechos y
derechos vulnerados: expuso que en la presente acción de tutela identificó los
hechos y los presuntos derechos fundamentales vulnerados.
vi) No se trata de una tutela contra tutela:
las actuaciones judiciales censuradas no fueron proferidas dentro de una acción
de tutela.
20. Con base en lo anterior, la Sala procede a verificar la
acreditación de las causales genéricas de procedibilidad de la presente acción
de tutela. A tal efecto, se realizará una breve exposición sobre la relevancia
constitucional que debe revestir el asunto sometido al juez de amparo, en
especial, cuando el objeto de la acción de tutela reviste un carácter
eminentemente económico o cuando es utilizada como instrumento para la
resolución de litigios comerciales.
De
otra parte, la Sala estudiara además el principio de subsidiariedad,
representado en la obligación que tiene el accionante de agotar todos los
medios judiciales de defensa ordinarios y extraordinarios, especialmente,
cuando la acción de tutela es promovida cuando el proceso jurisdiccional aún se
encuentra en curso. Y, si existen otros medios judiciales idóneos y eficaces la
obligación de acreditar la existencia de un perjuicio irremediable, en el
evento de que se pretenda la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio.
Relevancia
constitucional especial requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
21. La relevancia constitucional del asunto sometido al juez
de amparo, es uno de los requisitos generales principales que deben acreditarse
para avalar la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. La Corte en sentencia C-590 de 2005, estableció que este
requisito implica:
“(…) el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[67]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa, porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.”[68]
En
sentencia T-635 de 2010[69]
este Tribunal manifestó que su acreditación requiere que: “(…) el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para
la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su
desarrollo eficaz,  así como para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales.”
Improcedencia
de la tutela para resolver controversias estrictamente económicas que no
representen un interés general o una injusta y antijuridica afectación al
patrimonio público
22. Así las cosas, la relevancia
constitucional requiere que el asunto sometido a conocimiento del juez de
tutela, debe tener trascendencia Superior y no solamente legal o de otra
naturaleza, como sería la exclusivamente económica de connotaciones
particulares y privadas.
La Corte en sentencia T-470 de 1998[70] manifestó que:
“Las
controversias por elementos puramente económicos, que dependen de la aplicación
al caso concreto de las normas legales ­–no constitucionales– reguladoras
de la materia, exceden ampliamente el campo propio de la acción de tutela, cuyo
único objeto, por mandato del artículo 86 de la Constitución y según
consolidada jurisprudencia de esta Corte, radica en la protección efectiva,
inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales, ante
actos u omisiones que los vulneren o amenacen.”
En posterior pronunciamiento,
esta Corporación afirmó que:
"Constituye
regla general en materia del amparo tutelar, que la jurisdicción constitucional
debe pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente
constitucional; por lo tanto, resultan ajenas a la misma las
discusiones que surjan respecto del derecho (...), cuando el mismo es de
índole económica, en tanto que las discusiones de orden legal escapan a ese
radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos
instrumentos procesales propios para su trámite y resolución.
A lo
anterior debe añadirse que uno de los presupuestos de procedibilidad de la
acción de tutela lo constituye, precisamente, la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales de las personas, cuyos efectos pretenden
contrarrestarse con las respectivas órdenes de inmediato cumplimiento proferidas
por los jueces de tutela, en razón a la primacía de los mismos (..)"[71]
(Lo énfasis agregado)
23. No obstante lo manifestado, esta Sala aclara que el juez
de tutela está en la obligación de actuar con vocación de protección del
patrimonio que envuelva interés público, es decir, aunque se trate de
controversias económicas, la intervención del juez de amparo en estas
circunstancias puede justificarse y se encontraría legitimada ante la afectación
de intereses públicos que las tales vulneraciones a los derechos fundamentales
puedan ocasionar. En otras palabras, el juez de tutela no puede excluir, prima
facie, el estudio de aquellas controversias económicas que revistan una
afectación del patrimonio público.
La Corte manifestó en sentencia T-540 de 2013[72]
que:
“(…) debe
tenerse en cuenta en relación con el patrimonio público y su defensa, la
definición que del mismo ha dado el Consejo de Estado como aquel que “cobija la
totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del Estado y
que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad con el
ordenamiento normativo”[73].
En el mismo
sentido ha afirmado que el derecho y deber de defender el patrimonio público es
de carácter colectivo:
“(…) el
derecho colectivo a la defensa del patrimonio público implica que los recursos
públicos sean administrados de manera eficiente, oportuna y responsable, de
acuerdo con las normas presupuestales, con lo cual se evita el detrimento
patrimonial. A su vez, el Consejo de Estado ha concluido en múltiples ocasiones
"que la afectación de patrimonio público implica de suyo la vulneración
al derecho colectivo de la moralidad administrativa" por cuanto
generalmente supone "la falta de honestidad y pulcritud en las actuaciones
administrativas en el manejo de recursos públicos" Por último, es
preciso resaltar que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que
el derecho a la defensa del patrimonio público ostenta doble finalidad: "la
primera, el mantenimiento de la integridad de su contenido, es decir prevenir y
combatir su detrimento; y la segunda, que sus elementos sean eficiente y responsablemente
administrados; todo ello, obviamente, conforme lo dispone la normatividad
respectiva"[74].
(Subrayado fuera de texto).”
De igual manera, recientemente este Tribunal modificó su reglamento
interno (Acuerdo 05 de 1992), en el que incluyó como criterio orientador para
la selección de tutelas, la posibilidad de revisar asuntos económicos ante la grave
afectación del patrimonio público, es decir, cuando dicha controversia
económica tenga interés general en tanto que perjudica el erario. En efecto, el
artículo 49A del Acuerdo 05 de 1992, establece:
“Artículo
49A. Adicionado por el Acuerdo 01 de 30 de abril de 2015. Criterios
Orientadores de Selección. Sin perjuicio del carácter discrecional de la
selección de fallos de tutelas y ante la inexistencia constitucional de un 16
derecho subjetivo a que un determinado caso sea seleccionado, la Corte se
guiará por los siguientes criterios orientadores:
a)
Criterios objetivos: unificación de jurisprudencia, asunto
novedoso, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea
jurisprudencial, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho
fundamental, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte
Constitucional.
b)
Criterios subjetivos: urgencia de proteger un derecho fundamental o la
necesidad de materializar un enfoque diferencial.
c)
Criterios complementarios: lucha contra la corrupción, examen de
pronunciamientos de instancias internacionales judiciales o cuasi judiciales,
tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia
constitucional; preservación del interés general y grave afectación del
patrimonio público.
Estos
criterios de selección, en todo caso, deben entenderse como meramente
enunciativos y no taxativos.
Parágrafo.
En todos los casos, al aplicar los criterios de selección, deberá tenerse en
cuenta la relevancia constitucional del asunto, particularmente tratándose de
casos de contenido económico.” (Negrillas fuera de texto)
24. No obstante lo anterior, aclara la Sala que la
habilitación para el estudio de controversias económicas solamente opera en el
evento de evidenciarse una violación de derechos fundamentales que afecte en
forma injusta y antijurídica el patrimonio público. Con base en lo expuesto, la
procedibilidad general de la acción de tutela, está condicionada a una
argumentación sólida que demuestre que el litigio económico afecta de manera
injusta y antijurídica el erario.
25. En conclusión, por regla general la jurisdicción
constitucional no es el escenario idóneo para el debate de derechos que
contengan naturaleza estrictamente económica, que involucre intereses de
carácter personal y particular, es decir, eminentemente privados. Sin embargo,
cuando la controversia económica reviste un interés general porque afecta de
manera injusta y antijurídica el patrimonio público, tal situación, habilita la
intervención del juez de tutela con fundamento en el derecho y la obligación de
proteger el erario.
26. Expuesto lo anterior, descendiendo al caso concreto,
encuentra la Sala que la acción de tutela de la referencia carece de absoluta
relevancia constitucional, lo que hace que la misma sea improcedente. En
efecto, para la sociedad accionante, la trascendencia Superior de la solicitud
de amparo radica en que: “(…) el Auto del 29 de enero de 2014, tanto antes
como después de su aclaración, desconoce el derecho fundamental al debido
proceso así como otros principios de suma importancia.”[75].
A su vez, consideró que el Tribunal accionado “(…) atenta gravemente contra
los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima al apartarse
abruptamente de pronunciamientos previos emitidos por él mismo, los cuales ya
estaban ejecutoriados y habían quedado en firme hace aproximadamente un año.”[76].
Igualmente expuso que: “Otro principio constitucional gravemente
transgredido en el presente caso es el principio de legalidad que rige el
ejercicio de las competencias y los procedimientos judiciales. De manera
sorprendente, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla se
extralimitó en sus funciones, pues dentro de un embargo preventivo agotado se
pronunció sobre materias propias de un proceso civil declarativo que deben
tramitarse de manera independiente.”[77]
Para finalizar manifestó que: “(…) el Tribunal desconoce
el principio de legalidad y contradice el artículo 116 de la Constitución, al
concluir que dentro del proceso en curso ante la Jurisdicción Marítima era
posible que se tramitaran pretensiones de carácter comercial.”[78]
27. Si bien en su argumentación se presenta
la presunta vulneración del derecho al debido proceso y la transgresión de
algunos principios de naturaleza constitucional, el actor no logra edificar una
fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad
de la intervención del juez de amparo para hacer cesar las presuntas
vulneraciones a los derechos fundamentales invocados. La accionante se limitó a
exponer la trasgresión en abstracto de determinadas normas constitucionales y
eludió la carga argumentativa y demostrativa de la concreta afectación de las garantías
fundamentales invocadas, en otras palabras, como lo ha establecido esta
Corporación, no basta con mencionar que se viola el debido proceso, sino que
debe asumirse una carga argumentativa mayor que demuestre una real y concreta
amenaza o vulneración a los derechos fundamentales.
Nótese que en este caso no se demuestra que las vulneraciones
a las garantías procesales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia de la entidad accionante, ni la movilidad del buque, ni el acceso
a la administración de justicia, ni limitaciones directas al derecho de defensa
de la persona jurídica que demanda en el presente asunto la protección de sus
derechos. Además tampoco se acreditó que exista una vulneración indirecta de
los derechos fundamentales de las personas naturales que tienen relación con la
sociedad, tal y como lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte.
28. Por el contrario, estima esta Sala de
Revisión que la supuesta afectación del debido proceso está circunscrita a
debatir la interpretación de normas que regulan relaciones privadas. En efecto,
el presente asunto tiene como objeto una inequívoca resolución de un litigio de
naturaleza económica, que a pesar de su elevada suma, sólo involucra intereses particulares
y personales, es decir, eminentemente privados. A esta conclusión se llega tras
analizar el objeto de la solicitud de amparo, que gravita en torno a la
reducción del valor económico de una póliza judicial, sin que tal situación,
como se expuso anteriormente, revista trascendencia constitucional, en
especial, afectación al erario y una clara vulneración de derechos
fundamentales.
En efecto, dentro del proceso de embargo preventivo promovido
por la Sociedad Portuaria del Norte S.A. y Barranquilla International Terminal
Company – BITCO contra LBH Colombia Ltda., el Juzgado Décimo Civil del Circuito
de Barranquilla, mediante auto del 19 de enero de 2011, fijó el valor de la
caución judicial que debía constituir la sociedad accionante en USD $27.000.000.oo
de dólares[79].
El 16 de enero de 2012, la aseguradora Royal & Sun
Alliance pagó parcialmente por los daños ocasionados al muelle marítimo por el
buque “Clipper Lis” a las sociedades embargantes la suma de
$13.512.928.825.oo millones de pesos, con base en la cobertura derivada del
contrato de seguro celebrado entre ambas partes. Con fundamento en lo anterior,
la sociedad LBH Colombia Ltda., solicitó al juzgado de conocimiento la
reducción del valor de la caución judicial en proporción al pago efectuado por
la aseguradora[80].
Esta petición fue resuelta favorablemente por ese despacho
judicial mediante auto del 4 de junio de 2012, que ordenó reducir la caución a
la suma de $35.888.245,445 millones de pesos, que resulta de restar al valor
inicial de la caución el valor pagado por la aseguradora[81].
Posteriormente, mediante auto del 29 de enero de 2014
(censurado en sede de amparo), el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Barranquilla, Sala Civil, resolvió no aceptar la reducción del valor de la
caución, al considerar que: “el riesgo que ampara la referida caución no se
ha mitigado o disminuido.”[82]
Así las cosas, las pretensiones de la acción de tutela
gravitan en torno a que se ordene la reducción del valor de la caución judicial
otorgada por la sociedad actora. En ese sentido manifestó:
“(…) se ordene al Tribunal proferir un nuevo auto en el cual
se acepte la reducción del valor de la garantía bancaria y
también la sustitución de la misma por la póliza judicial No. 18-41-101002183.”[83]
(Subrayas fuera de texto)
El apoderado judicial de la sociedad accionante, mediante
escrito radicado el 24 de febrero de 2015 ante la Secretaría General de la
Corte, manifestó que:
“Como es bien sabido, la controversia se desató porque,
después de que la aseguradora Royal & Sun Alliance le pagó a la
Sociedad Portuaria un poco más de 13.500 millones de pesos, la sociedad LBH
Colombia procedió a solicitar la disminución y sustitución de la garantía
otorgada por valor de 27.000 millones de pesos (sic) ante el juez civil que
había decretado el embargo de la nave hacía varios años. El juzgado
civil accedió a la solicitud, pero luego el Tribunal de Barranquilla en los
autos de 2014 objeto de la presente acción de tutela revocó y volvió a elevar
el monto de la garantía a la suma original previa al pago.”[84]
(Subrayas fuera de texto)
29. Observa esta Sala que el asunto sometido
a consideración de la Corte, por parte de la sociedad accionante, se
materializa en el reconocimiento económico del pago realizado por la
aseguradora Royal & Sun Alliance a la Sociedad Portuaria del Norte S.A y a
Barranquilla International Terminal Company (BITCO)  por valor
$13.512.928.825.oo millones de pesos, como referente para la reducción de la
caución judicial que debe otorgar dentro del proceso de embargo preventivo, que
se adelanta ante el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla.
30. De otra parte, encuentra la Sala que la
situación descrita no implica un fuerte impacto en la economía nacional, que repercuta
en forma de afectación del interés general o del patrimonio público,
situaciones que habilitarían la intervención del juez constitucional. En
efecto, no existe una argumentación edificada sobre la forma en que el mercado
marítimo se ve afectado y así mismo el erario, y que a su vez tal situación
tenga relevancia constitucional por la vulneración de derechos fundamentales.
Sin embargo, no desconoce en esta oportunidad la Corte que un asunto económico
genere un impacto en la sostenibilidad financiera de una persona jurídica que
incida directamente en su existencia, involucre la afectación de derechos
fundamentales en un asunto que en principio es solo un conflicto entre
particulares.
31. Este caso en particular presenta como
debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente económica, un
litigio que involucra intereses privados, situación que excede la competencia
de esta Corporación, por carecer de absoluta relevancia constitucional,
situación por la cual esta Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela.
Controversias de naturaleza legal carecen de relevancia
constitucional
32. En el asunto de la referencia, encuentra
la Sala que el mismo contempla una típica relevancia legal, en relación con las
normas aplicables a la solución de las controversias surgidas a partir de
siniestros marítimos y el impacto que tal situación genera en ese mercado
económico. A esta conclusión se llega de la lectura del escrito de tutela y de
las posteriores intervenciones de la actora, veamos:
i) Escrito de tutela: en la solicitud de
amparo manifestó la demandante: “Este auto es el último de varias
providencias expedidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla dentro de un embargo preventivo respecto de la motonave Clipper Lis,
la cual se vio involucrada en un siniestro marítimo acaecido el 5 de septiembre
de 2010 en el Puerto de Barranquilla. Como el tráfico marítimo ha aumentado,
los siniestros marítimos han dejado de ser esporádicos, lo cual ilustra la
importancia de este caso.”[85]
(negrillas fuera de texto)
En el pie de página número 3º de la acción de tutela el
apoderado de la sociedad accionante manifestó que: “El presente caso se
inscribe en un contexto de creciente tráfico marítimo en Colombia. Esta
situación reafirma la importancia de que haya reglas claras que den seguridad
jurídica a las empresas que participan de una u otra forma en el comercio
marítimo.
(…)
Por eso los accidentes marítimos ya no son esporádicos.
Según estadísticas de la Dirección General Marítima, en Cartagena, por ejemplo,
entre los años 2011 y 2013 se presentaron un total de 29 siniestros. En las
épocas de mayor actividad, como final de año, entre el 14 de diciembre de 2013
y 19 de enero de 2014, o sea tan solo en un mes largo, hubo 9 siniestros
marítimos en total en todo el país.”[86]
ii) En la intervención radicada el 24 de
febrero de 2014, el doctor Manuel José Cepeda Espinosa, en calidad de apoderado
judicial de la parte actora, reiteró:
“(…)
es importante señalar que el presente caso tiene relación directa con el
tráfico marítimo, el cual ha ido aumentando significativamente y hoy en día es
una actividad directamente involucrada con temas de suma relevancia para el
país, tales como el comercio exterior del cual dependen sectores estratégicos
de la economía nacional y el creciente turismo internacional.
En
razón  de esto, los siniestros marítimos han dejado de ser esporádicos y los
afectados por la inseguridad jurídica en su resolución, generada por los autos
del Tribunal Superior de Barranquilla, son tanto los sectores colombianos como
los actores internacionales de cuya confianza en la seriedad del sistema
jurídico colombiano depende la fluidez del comercio exterior nacional.
Sin
embargo, la conducta de la Sala Civil y Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, al desconocer el precedente constitucional y
vulnerar el artículo 116 de la Constitución Política, ha generado una gran
confusión jurídica sobre las normas nacionales relativas al tráfico marítimo
internacional.”[87]
33. Nótese además que del escrito de tutela
no se vislumbra la inexistencia de garantías procesales ante la ocurrencia de
siniestros marítimos en el país. Si bien tales eventos están regulados por
legislaciones foráneas, la resolución interna de los conflictos ha tenido una
solución pretoriana al aplicar normas procesales contenidas en el Código de
Procedimiento Civil, situación que ha sido aceptada por la parte accionante,
puesto que ha utilizado de manera activa todos los recursos judiciales que esa
legislación contempla. En ese sentido, no existe un vacío normativo que genere
una manifiesta violación del derecho al debido proceso invocado por la entidad
actora. Lo que evidencia esta Sala es la inconformidad de la Sociedad LBH
Colombia Ltda., con la decisión adoptada por el juez de conocimiento, más no
una vulneración a sus garantías constitucionales.
34. Expuesto lo anterior, es claro para la
Sala que la relevancia del presente asunto es de naturaleza legal y comercial,
tal y como lo expone el apoderado judicial de la sociedad actora. En este caso,
la entidad accionante solicita la intervención del juez de amparo para
dilucidar las normas que deben aplicarse al momento de acaecer un siniestro marítimo
y salvaguardar el tráfico de ese comercio internacional, situación que no
reviste trascendencia Superior, pues no implica la vulneración o amenaza directa
o indirecta de algún derecho fundamental invocado por la demandante. En consecuencia,
para la Corte el presente asunto carece de relevancia constitucional, razón por
la cual, esta acción de tutela resulta improcedente para cuestionar las
providencias judiciales censuradas.
No obstante lo anterior a continuación esta Sala verificará
si la presente acción de tutela supera el requisito de subsidiariedad,
representado en la obligación del accionante en sede de amparo de agotar todos
los mecanismos judiciales de defensa ordinarios y extraordinarios.
El principio de subsidiariedad como requisito de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Improcedencia
de la solicitud de amparo cuando el proceso se encuentra en curso, salvo que se
acredite un perjuicio irremediable
35. El principio de subsidiariedad de la acción de tutela se
encuentra consagrado en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución. De
igual manera el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece que la solicitud
de amparo será improcedente “Cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
Esta
Corporación ha decantado desde sus inicios la naturaleza subsidiaria de la
acción de tutela, en especial, cuando se emplea contra providencias judiciales[88].
Recientemente en sentencia C-590 de 2005[89],
la Corte manifestó que tal principio implica:
“Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[90].  De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.”
Esta
posición fue recientemente reiterada en sentencia SU-298 de 2015[91],
en la que este Tribunal afirmó que la naturaleza subsidiaria de la solicitud de
amparo contra providencias judiciales exige: “Que
se hayan agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios para
constatar que la acción es subsidiaria y no se utiliza como mecanismo principal
cuando el sistema judicial ofrece otras vías para tramitar la reclamación. Esto
con el fin de que la tutela no vacíe las competencias de otras jurisdicciones.
Vale anotar que ante la existencia de perjuicio irremediable que no haga
posible acudir a los mecanismos ordinarios, es posible flexibilizar este
principio de acuerdo con el artículo 86 superior.”
En
ese orden de ideas, la acción de tutela ejercida contra providencias judiciales
no puede tenerse como un mecanismo alternativo, adicional o complementario al
proceso que adelanta el juez competente, lo que significa que el juez de amparo
no puede reemplazar en sus competencias y procedimientos a los jueces
ordinarios o especiales que conocen de los asuntos que las partes les someten a
su consideración[92].
Sin embargo, aunque no se hayan agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, la acción de tutela procederá siempre y cuando se acredite la
existencia de un perjuicio irremediable.
36. Las características del principio de subsidiariedad y que
fundamentan la regla general de improcedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, fueron discernidas por la Corte en sentencia T-103
de 2014[93]al
señalar la falta de competencia del juez constitucional cuando: “(i) el
asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en
donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.”
Así
las cosas, la primera característica del principio de subsidiariedad que genera
la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es la
vigencia del proceso jurisdiccional en el que se han producido las supuestas
vulneraciones alegadas.
La
Corte en sentencia SU-599 de 1999[94]
en relación con el cumplimiento de la subsidiariedad, manifestó que:
“Ha
recalcado en su jurisprudencia[95]
(…) que la acción de tutela no puede convertirse en un instrumento adicional o
supletorio al cual se pueda acudir cuando se dejaron de ejercer los medios
ordinarios de defensa dentro de la oportunidad legal, o cuando se ejercieron en
forma extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido
sin el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva jurisdicción.
Su naturaleza, de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º
numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, es la de ser un medio de defensa judicial
subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe otro instrumento de
protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Estima la
Sala que la tutela en el presente asunto es improcedente como mecanismo
definitivo por cuanto el demandante dispone de otro medio de defensa judicial,
como lo es el recurso extraordinario de casación ejercido en su debida
oportunidad, el cual se encuentra actualmente para decisión en la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero adicionalmente tampoco es
procedente el amparo invocado como mecanismo transitorio, pues no se configuran
en el caso materia de examen los elementos propios del perjuicio irremediable,
a saber, la urgencia, la inminencia, la impostergabilidad y la gravedad.”
(Negrillas fuera de texto)
Posteriormente
en sentencia T-589 de 1999[96],
este Tribunal consideró:
“(…)
la tutela debe ceder ante el mecanismo ordinario
de defensa, de manera tal que el juez natural, dentro de su autonomía y con
sujeción estricta a las garantías constitucionales del proceso, tenga
oportunidad de corregir los errores cometidos por el funcionario instructor.”
De
igual manera en sentencia T-1035 de 2004[97]
afirmó:
“(…)
la acción de tutela no está llamada a desplazar
a los recursos ordinarios al alcance del actor, que se encuentran en curso, ni
aun utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
pues el eventual perjuicio puede rápida y válidamente ser conjurado por tales
medios comunes.”
La
sentencia T-212 de 2006[98]
reiteró que:
“La Sala reitera que a pesar de la actual privación de
la libertad personal, de estar en curso un recurso ordinario de protección que
se estima idóneo para la protección de los derechos fundamentales, tal como lo
es la casación penal, no procede la tutela. Lo anterior siguiendo los
razonamientos de las sentencias T-466/02 y T-1107/03.”
En ese sentido, en la sentencia T-113 de 2013[99],
este Tribunal manifestó que:
“(…) al estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se pueden
presentar dos escenarios: i) que el proceso haya concluido[100]; o ii)
que el proceso judicial se encuentre en curso[101]. Lo
anterior constituye un factor para diferenciar el papel del juez constitucional
en cada caso, de una parte, si se enfrenta a la revisión de la actuación
judicial de un proceso concluido deberá asegurarse que la acción de amparo no
se está utilizando para revivir oportunidades procesales vencidas, que se
agotaron todos los recursos previstos por el proceso judicial para cuestionar
las decisiones impugnadas y que no se emplea la acción de amparo como una
instancia adicional. De otra parte, si el proceso se encuentra en curso la
intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se
sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la
vulneración de derechos fundamentales.” (Lo
énfasis agregado)
Conforme a lo
anterior, “(…) la acción de tutela solo resulta
procedente cuando no existen o [no] se han agotado todos los mecanismos
judiciales y administrativos que resultan efectivos para la protección de los
derechos fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Ello con el
fin de evitar que este mecanismo excepcional, se convierta en principal[102].”[103]
Recientemente,
esta Corporación en sentencia T-211 de 2013[104],
adujo que:
“(…)
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el
primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso.
Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes”
(negrillas del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento
jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir
durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.”
(Lo énfasis agregado)
37. En conclusión, cuando se utiliza la acción de tutela
contra providencias dictadas al interior de un proceso judicial que no ha
terminado y que además, contempla dentro de sus etapas mecanismos idóneos para
la protección de los derechos fundamentales, la solicitud de amparo se torna
improcedente, salvo que se utilice como mecanismo para evitar la consumación de
un perjuicio irremediable.
38. La segunda característica del principio de subsidiariedad
tiene que ver con la falta de agotamiento de los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios. En efecto, en sentencia C-590 de 2005[105],
la Corte consideró que:
“(…) [es] un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.”
No obstante lo anterior, esta
Corporación ha precisado que en cada caso debe verificarse la eficacia y la
idoneidad de los mecanismos ordinarios y extraordinarios para proteger los
derechos fundamentales, y en especial, para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable. Así:
“(…) no basta
con la mera existencia de otro mecanismo de defensa judicial para determinar la
improcedencia de la tutela, sino que el juez debe valorar la idoneidad y la
eficacia del mismo de cara a cada caso en particular, sin que ello implique el
desconocimiento de la prevalencia y validez de los medios ordinarios de
protección judicial como instrumentos legítimos para la salvaguarda de los
derechos. Entonces, con miras a obtener la protección de sus garantías, los
ciudadanos están obligados a acudir de manera preferente a los mecanismos
ordinarios y extraordinarios, cuando ellos se presenten como conducentes para
conferir una eficaz protección constitucional[106], y solo
en caso de que dichos mecanismos carezcan de idoneidad o eficacia, es que
procedería la acción de tutela para su protección.”[107]
39. Conforme a lo anterior, el principio de subsidiariedad
exige al actor cumplir con la obligación de agotar todos los mecanismos judiciales
ordinarios y extraordinarios de que dispone, sin perjuicio de que los mismos no
sean idóneos ni eficaces para la protección de los derechos fundamentales, en
especial, cuando se está en presencia de un perjuicio irremediable, carga
argumentativa y demostrativa que debe asumir quien concurre en sede de amparo.
40. La tercera característica del principio de subsidiariedad
aparece cuando la acción de tutela es utilizada para revivir etapas procesales
en las que no fueron usados oportunamente los recursos que prevé el
ordenamiento legal. En ese orden de ideas, la Corte ha establecido que:
“Frente a la
necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela[108],
se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición
las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni
adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por
cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales
ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales,
por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de
convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86
superior.”[109]
41. Expuesto lo anterior, resulta claro que la esencia subsidiaria de la
acción de tutela exige al actor, el aprovechamiento de las oportunidades que
otorga el proceso para formular los recursos ordinarios o extraordinarios, o
promover las actuaciones procesales que le permitan la defensa de sus derechos
fundamentales al interior del mismo.
De otra parte, se ha advertido
que la acción de tutela se torna procedente aun cuando no se han agotado los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, siempre que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. A continuación, la
Sala realizará una breve referencia sobre el concepto de perjuicio irremediable
y los requisitos para su acreditación.
42. El perjuicio irremediable ha sido definido por esta
Corporación como aquel daño o perjuicio que una vez acaecido impide que las
cosas regresen a su estado anterior. En efecto, la sentencia T-458 de 1994[110],
expresó que:
“(…)
la irremediabilidad del perjuicio, implica que
las cosas no puedan retornar a su estado anterior, y que sólo pueda ser
invocada para solicitar al juez la concesión de la tutela como "mecanismo
transitorio" y no como fallo definitivo, ya que éste se reserva a la
decisión del juez o tribunal competente. Es decir, se trata de un remedio
temporal  frente a una actuación arbitraria de autoridad pública, mientras
se resuelve de fondo el asunto por el juez competente.”
En la sentencia T-956 de 2014[111],
la Corte reiteró las características del perjuicio irremediable de ser
inminente, urgente, grave, e impostergable. En efecto en esa oportunidad
manifestó este Tribunal:
“(…)
el perjuicio irremediable reviste carácter de: inminente, es decir, está por
suceder; se requieren medidas urgentes para conjurarlo; es grave, puesto que
puede trascendente al haber jurídico de una persona; y exige una respuesta
impostergable, que asegure la debida protección de los derechos comprometidos[112].”
43. Conforme a lo anterior, procede esta Sala de Revisión al
estudio del requisito de subsidiariedad en la acción de tutela de la
referencia. De entrada se evidencia que las providencias judiciales censuradas
en la solicitud de amparo, fueron proferidas en un proceso que aun continua
vigente. A tal conclusión llega la Sala al valorar las siguientes pruebas que
obran en el expediente de tutela:
i) Intervención del Juzgado Décimo Civil del Circuito de
Barranquilla, en el presente trámite de tutela radicado ante la Secretaria de
esta Corporación el 9 de abril de 2015[113]:
en su escrito el Despacho judicial manifestó que:
“(…)
actualmente se tramitó (sic) una solicitud de cambio de garantía bancaria por
una de compañía de seguros, y la cancelación de dicha garantía, la cual fue
ordenada por auto de junio 25 de 2013 que fue objeto de apelación, en la que el
Tribunal Superior Sala Civil Familia con ponencia de la Dra. SONIA RODRÍGUEZ
revocó en todas sus partes a través del auto de enero 29 de 2014 y dejó
incólume la garantía bancaria, además el Despacho negó una solicitud de
subrogación elevada por la Compañía de Seguros Royal And Sun, Alianza Seguros
(sic), la cual fue confirmada por el Superior.”
ii) Certificación expedida por la secretaria del Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, del 18 de febrero de 2014[114],
en la que da cuenta del estado actual y vigente del embargo preventivo
promovido por la Sociedad Portuaria del Norte S.A. y Barranquilla International
Terminal Company – BITCO, en los siguientes términos:
“(…)
la garantía se encuentra a órdenes del Juzgado Décimo (10º) Civil del Circuito
de Barranquilla, pendiente del resultado de la investigación jurisdiccional que
adelanta la Capitanía del Puerto de Barranquilla sobre la responsabilidad civil
de las partes en el siniestro marítimo de la M/N “CLIPPER LIS”.
En
razón de lo anterior, se certifica que para la fecha el Proceso EJECUTIVO [se
refiere al embargo preventivo] instaurado por la SOCIEDAD PORTUARIA DEL NORTE
contra M.N. CLIPER L.I.S. COLOMBIA, con el radicado número 2010-002019-00, aún
no ha terminado.” (Negrillas, subrayas y agregado fuera de
texto)
iii) En relación con el estado actual del proceso judicial
que se adelanta ante la Jurisdicción marítima, con ocasión del siniestro de
colisión del buque “Clipper Lis”, la Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana (DIMAR), mediante oficio número 1320150031213,
radicado ante la Secretaria General de la Corte el 6 de abril de 2015[115],
certificó que “Actualmente el mencionado proceso se encuentra en la etapa
probatoria en la cual se han recogido y practicado varias pruebas (…)”
44. Con fundamento en lo expuesto, considera esta Sala de
Revisión que el proceso jurisdiccional de embargo preventivo, dentro del cual
fueron proferidas las providencias objeto de censura constitucional, aún se
encuentra vigente, por lo que en principio generaría la improcedencia de la
acción de tutela, conforme ha quedado expuesto con antelación. Sin embargo,
procede la Corte a verificar si la sociedad accionante cuenta con medios
eficaces e idóneos para la protección de sus derechos fundamentales al interior
del proceso en curso.
La
solicitud de embargo preventivo se encuentra regulada en la Decisión 487 de la
Comunidad Andina de Naciones que se refiere a “Garantías
Marítimas (Hipoteca Naval y Privilegios Marítimos) y Embargo Preventivo de
Buques”. En el artículo 40 del citado
instrumento internacional se establece que: “El procedimiento relativo al embargo de un buque, o al
levantamiento de ese embargo, se regirá por la legislación nacional respectiva
del País Miembro en que se haya solicitado o practicado el embargo.”
De
tal suerte que el trámite de las solicitudes de embargo preventivo que se
presenten con fundamento en la Decisión 487 de la Comunidad Andina, deberá
realizarse conforme a la legislación nacional del País miembro en donde se haya
solicitado o practicado el embargo.
Con base en lo anterior, el Juzgado Décimo Civil del
Circuito de Barranquilla, mediante auto del 27 de septiembre de 2010[116],
dio trámite a la solicitud de embargo preventivo, presentada por la sociedad
Portuaria del Norte S.A. y Barranquilla International Terminal Company - BITCO,
con fundamento en los artículos 513 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil que hacen parte de la sección segunda, proceso de ejecución, Título XXVII. Proceso ejecutivo singular, capítulo III de las
medidas ejecutivas. En desarrollo del mismo ordenó a la sociedad LBH Colombia
Ltda., la constitución de una caución judicial por un valor en dólares de
US$23.400.000.oo (equivalentes a $42.024.762.000.oo), monto que posteriormente
fue reducido por petición de la misma sociedad, y que finalmente fue
reestablecido a su valor inicial por el Tribunal accionado en la presente
acción de tutela.
En relación con la definición y
finalidad de la caución judicial, la Corte ha manifestado en sentencia C-523
de 2009[117]
que:
“(…) la
caución se define en el artículo 65 del Código Civil como “una obligación que
se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena.”, su finalidad,
como medida cautelar que es, consiste en garantizar el cumplimiento de
obligaciones surgidas dentro de un proceso. En la sentencia C-316 de 2002, la
Corte afirmó que “en términos generales, el sistema jurídico reconoce que las
cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a
asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éstos durante el
proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones
procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces,
mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de
una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1)
manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite  de
las diligencias y, además (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas
de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las
cauciones operan entonces como mecanismo de seguridad e indemnización dentro
del proceso”.[118]
En el ordenamiento civil, artículo 678 del Código de
Procedimiento Civil, dispone que la caución, puede ser en dinero, y también pueden
ser reales, bancarias y expedidas por entidades de crédito debidamente
autorizadas.
Así
las cosas, la orden de constituir una caución es una expresión de la necesidad
de brindar seguridad jurídica en la eficacia de las decisiones judiciales y
garantizar la indemnización dentro del proceso, con fundamento en el riesgo
acreditado y apreciado por el juez de conocimiento.
La
dinámica del trámite procesal puede generar que el riesgo a garantizar
disminuya o aumente, circunstancia que afecta directamente la caución que
pudiera haberse prestado previamente. Esta situación le permite al juez
ordinario revisar tal situación y tomar las decisiones que estime convenientes
para salvaguardar tal mecanismo de seguridad. El evento descrito está acreditado
en el asunto que se estudia en esta oportunidad, puesto que en el mismo se ha
demostrado la facultad jurisdiccional para revisar el monto de las cauciones
prestadas conforme han variado las condiciones propias del riesgo que amparan.
Lo
anterior permite concluir que la actuación que se acusa no se agota en las
providencias censuradas, puesto que al estar vigente el proceso de embargo
preventivo, la sociedad LBH Colombia Ltda., puede solicitar en cualquier
momento su modificación, bien sea para reducir su valor o ampliarlo, facultad
que también se extiende a las sociedades embargantes, conforme al artículo 679
del Código de Procedimiento Civil, que establece:
“ARTÍCULO 679. CALIFICACION Y CANCELACION. Prestada la caución, el juez calificará su suficiencia
y la aceptará o rechazará, para lo cual observará las siguientes reglas:
1.
La caución hipotecaria se otorgará a favor del respectivo juzgado o tribunal, y
dentro del término señalado para prestarla deberá presentarse un certificado
del notario sobre la fecha de la escritura de hipoteca, copia de la minuta de
ésta autenticada por el mismo funcionario, el título de propiedad del inmueble,
un certificado de su tradición y libertad en un período de veinte años si fuere
posible, y el certificado de avalúo catastral. Los notarios darán prelación a
estas escrituras, y su copia registrada se presentará al juez dentro de los
seis días siguientes al registro.
2.
Cuando se trate de caución prendaria, deberá acompañarse el certificado de la
cotización de los bienes en la última operación que sobre ellos haya habido en
una bolsa de valores que funcione legalmente, o su avalúo por dos peritos que
figuren en la lista de auxiliares de la justicia, autenticado ante juez o
notario, que se entenderá rendido bajo juramento por la sola firma del escrito.
Los
bienes dados en prenda deberán entregarse al juez junto con la solicitud para
que se acepte la caución, si su naturaleza lo permite, y aquél ordenará el
depósito en un establecimiento bancario u otro que preste tal servicio; en los
demás casos, en la misma solicitud se indicará el lugar donde se encuentren los
bienes para que se proceda al secuestro, que el juez decretará y practicará
inmediatamente, previa designación del secuestre y señalamiento de fecha y hora
para la diligencia; si en esta se presenta oposición y el juez la considera
justificada, se prescindirá del secuestro.
3.
Si la caución no reúne los anteriores requisitos, el juez negará su aprobación
y se tendrá por no constituida, y si se trata de hipoteca procederá su
cancelación.
4.
Salvo disposición en contrario, las cauciones se cancelarán mediante auto
apelable en el efecto diferido si el proceso está en curso, o en el suspensivo
si concluyó, una vez extinguido el riesgo que amparen, o cumplida la obligación
que de él se derive, o consignando el valor de la caución a órdenes del juez.” (Negrillas fuera de texto)
Esta
facultad también encuentra sustento en el artículo 44 de la Decisión 487 de la
Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 44.- Levantamiento del embargo.- Un buque
que haya sido embargado será liberado cuando se haya prestado garantía bastante
en forma satisfactoria, salvo que haya sido embargado para responder de
cualquiera de los créditos marítimos enumerados en los numerales 19 y 20 de la
respectiva definición consignada en el Artículo 1 de esta Decisión.
En estos casos, el tribunal podrá autorizar a la
persona en posesión del buque a seguir explotándolo, una vez que esta persona
haya prestado garantía suficiente, o resolver de otro modo la cuestión de la
operación del buque durante el período del embargo.
La persona que haya prestado una garantía en virtud de
las disposiciones del presente artículo, podrá en cualquier momento solicitar
al tribunal su reducción, modificación o cancelación.”
(Negrillas fuera de texto)
En conclusión, las normas transcritas le permiten a la sociedad LBH
Colombia Ltda., solicitar en cualquier etapa del proceso, la revisión de la
caución prestada y la pretendida reducción de su valor, por lo que tales
mecanismos se aprecian idóneos y eficaces para la protección de los derechos
fundamentales invocados en este caso concreto.
45. De otra parte, algunas de las supuestas causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias
judiciales censuradas, gravitaron en torno a presuntos defectos
procedimentales, orgánicos, sustanciales, y por violación directa de la
Constitución, porque el juez accionado presuntamente realizó declaraciones de
derechos sin utilizar el cauce procesal establecido para tales fines y actuó
supuesta con falta de competencia.
Estas situaciones pueden ser debatidas en el proceso que aún se
encuentra vigente, a través de las causales de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil o en el artículo 133 del Código Genral
del Proceso, en especial aquellas referidas a la falta de jurisdicción, la
falta de competencia y haber dado trámite a la demanda por proceso diferente al
que corresponde.
46. Conforme a lo expuesto, para la Sala es evidente que al
encontrarse el proceso aun en trámite, la sociedad accionada cuenta con los
mecanismos procesales idóneos y eficaces para la protección de sus derechos
fundamentales y conseguir que el juez de conocimiento corrija los presuntos
yerros en los que haya podido incurrir durante el trámite de la solicitud de
embargo preventivo.
47. No obstante lo anterior y en aras de garantizar el derecho
de acceso a la administración de justicia, esta Sala establecerá si en el
presente caso la acción de tutela formulada contra las decisiones judiciales
mencionadas con anterioridad, procede de manera excepcional y como mecanismo
transitorio ante la existencia de un perjuicio irremediable, a pesar de que no
fue invocada bajo esta modalidad por la sociedad accionante.
Conforme
a lo expuesto, encuentra la Sala que en el presente caso tampoco procede la
acción de tutela como mecanismo transitorio contra las providencias judiciales
censuradas, puesto que no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable, con fundamento en que:
i) No existe prueba en el expediente que acredite que con la
constitución de la caución en el valor y en la forma en que lo ordenó la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barraquilla, se
afecte gravemente las finanzas y el patrimonio de la sociedad LBH Colombia
Ltda., que comprometa la existencia jurídica de esa entidad.
ii) Según el escrito de demanda, el buque “Clipper Lis”
zarpó desde el 25 de febrero de 2011[119],
por lo que tampoco se acreditó una grave afectación al ejercicio de su
actividad económica, que a su vez configure la existencia de un perjuicio
irremediable.
iii) Dentro
del proceso de embargo preventivo existe una garantía judicial otorgada por la
sociedad Portuaria del Norte S.A. y Barranquilla International Terminal Company
– BITCO. En efecto, el Juzgado Décimo Civil del
Circuito de Barranquilla, mediante auto del 27 de septiembre de 2010, ordenó a
la sociedad Portuaria del Norte S.A. y Barranquilla International
Terminal Company – BITCO, solicitantes del embargo
preventivo, la constitución de caución judicial para garantizar los perjuicios
que pudieran causarse con el decreto y práctica de la medida cautelar. En la
mencionada providencia manifestó ese despacho:
“Sin embargo, por la remisión a
las reglas de procedimiento colombiano en el caso específico para efecto de la
efectividad de la medida, se impondrá a las sociedades petentes la carga de
prestar caución para garantizar los posibles perjuicios que llegare a causar
con la cautela, por ser esta la filosofía que irradia en la Decisión estudiada
y derechos colombiano para las medias previas. Empero, dada la urgencia que
caracteriza este tipo de trámite, la misma garantía deberá constituirse de
manera posterior a su decreto pero en el plazo perentorio fijado por el
Despacho, so pena de levantar la cautela que pasa a ordenarse (…).
(…) el artículo 50 de la Decisión
487 autoriza al Tribunal competente para establecer como condición para
decretar el embargo la de imponer al acreedor “la obligación de prestar la
garantía de clase, por la cuantía y en las condiciones que determine”,
situación que trae respaldo también en el artículo 510 del C.P.C., y el inciso
10 del artículo 510 del C.P.C. así las cosas, se tomará a juicio de este
despacho el una y media vez el valor estimado de los perjuicios como monto para
el cálculo de la póliza de seguro que deberá constituirse ($49.401.174.270), y
en esa manera se ordenará aportar la prueba de la constitución de la garantía
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente
auto.”[120]
La sociedad embargante prestó
caución judicial, según lo ordenado por el Juzgado que conocía su solicitud, la
cual fue radicada el 5 de octubre de 2010[121]
y aceptada por el mismo mediante auto del 8 de octubre de 2010[122].
48. En conclusión, encuentra esta Sala de Revisión que en el
presente caso la sociedad LBH de Colombia Ltda., no acreditó la existencia de
un perjuicio irremediable, situación que genera la improcedencia de la acción
de tutela contra las providencias judiciales censuradas, aun como mecanismo
transitorio.
Decisión
Con
fundamento en lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución Política,
RESUELVE
Primero: LEVANTAR los
términos suspendidos en el presente proceso.
Segundo:
REVOCAR la sentencia de segunda instancia del 27 de agosto de 2014,
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
dentro de la acción de tutela promovida LBH Colombia LTDA contra la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla. En su
lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia por
carecer de relevancia constitucional y no acreditar el requisito de
subsidiariedad.
Tercero: Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folios 197-200 cuaderno de pruebas número I.
[2]
Folio 549 cuaderno de pruebas número II y folios 158-196
cuaderno de pruebas número I
[3]
Folios 548-549 cuaderno de pruebas número II y folios 197-200
cuaderno de pruebas número I.
[4]
Folios 548 a 563 del Cuaderno de Pruebas II.
[5]
Folio 553 del cuaderno de pruebas número II.
[6]
Folio 194 cuaderno principal.
[7]
Folios 336 a 344 cuaderno principal.
[8]
Folio 341 cuaderno principal.
[9]
Folios 3-12 cuaderno de impugnación.
[10]
Folio 53 cuaderno de revisión.
[11]
Folio 103 – 105 cuaderno de revisión.
[12]
Folio 117 cuaderno de revisión.
[13]
Folio 119 cuaderno de revisión.
[14]
Folio 128 cuaderno de revisión.
[15]
Folios 134 a 201 cuaderno de revisión
[16]
Folios 203 a 268 cuaderno de revisión.
[17]
Folios 275-276 cuaderno de revisión.
[18]
Folios 278-291 cuaderno de revisión.
[19]
Folios 293-294 cuaderno de revisión.
[20]
Folio 295 cuaderno de revisión.
[21]
Folio 298 cuaderno de revisión.
[22]
Folio 300 cuaderno de revisión.
[23]
Folio 316 cuaderno de revisión.
[24]
Folio 342 – 364 cuaderno de revisión.
[25]
Folio 365 cuaderno de revisión.
[26] Ver entre otras las
sentencias T-923 de 2010 M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-718 de 2011 M.P
Luis Ernesto Vargas Silva, T-084 de 2012 M.P Humberto Antonio Sierra Porto,
T-151 de 2012 M.P Juan Carlos Henao Pérez y T-181 de 2012 M.P María Victoria
Calle Correa. Reiteradas en sentencia T-349 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[27] Sentencia
T-149 de 1995.
[28] Sentencia
T-308 de 1995.
[29] Sentencia
T-443 de 1995.
[30] Sentencia
T-001 de 1997.
[31]
Sentencias T-502 de 2008 y T-153 de 2010.
[32] Sentencia
T-751 de 2007.
[33]
Sentencia T-349 de 2013 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[34]
Folio 232 del cuaderno principal.
[35]
Folio 233 del cuaderno principal.
[36]
Folios 140-145 y 209-214 cuaderno de revisión.
[37]
Folios 288 – 324 cuaderno principal
[38]
Folios 155-165 cuaderno de revisión.
[39]
Folios 166-174 cuaderno de revisión.
[40]
Folios 325-334 cuaderno principal.
[41]
Folios 175-183 cuaderno de revisión.
[42]
Folios 69-128 cuaderno principal.
[43]
Folios 336-344 cuaderno principal.
[44]
Folios 3-12 cuaderno de impugnación.
[45]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[46]
Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-411 de junio 17 de 1992,
M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-201 de mayo 26 de 1993,
M. P. Hernando Herrera Vergara; T-238 de mayo 30 de 1996,
M. P Vladimiro Naranjo Mesa; T-300 de marzo 16 de 2000
M. P. José Gregorio Hernández Galindo; SU-1193 de septiembre 14 de 2000,
M. P. Alfredo Beltrán Sierra; T-924 de octubre 31 de 2002,
M. P. Álvaro Tafur Galvis; T-200 de marzo 4 de 2004,
M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1212 de diciembre 3 de 2004,
M. P. Rodrigo Escobar Gil y C-030 de enero 26 de 2006,
M. P. Álvaro Tafur Galvis, entre muchas otras.
[47]
En la sentencia T-411 de 1992, antes referida, se explicó que el reconocimiento
del derecho de amparo tanto a las personas naturales como a las jurídicas,
también es aplicado en el artículo 161.1.b de la Constitución española y en el
artículo 19.III de la Ley Fundamental Alemana.
[48]
Cfr. T-924 de 2002, ya referida.
[49]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[50] En este sentido sentencia
T- 441 de 1992.
[51] Sentencia C-360 de 1996.
[52]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[53]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[54] T-006 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, T-223 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-413 de 1992 M.P. Ciro Angarita
Barón, T-474 de 1992 Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
[55]
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
[56] “Toda persona cuyos derechos o
libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.”
[57] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este
fallo se declaró inexequible una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de
2004, que impedía el ejercicio de cualquier acción, incluida la tutela, contra
las sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
[58]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[59]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[60]
Sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[61] Sentencia T-504 de 2000
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[62] Sentencia T-315 de 2005
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[63] Sentencias T-008 de 1998
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[64] Sentencia T-658 de 1998
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[65]
Sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[66]
Folios 83-86 cuaderno principal.
[67]  Sentencia 173/93.
[68]
Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada
entre otras en sentencia T-006 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[69]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[70]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[71]
Sentencia T-606 del 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[72]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[73] Adicionalmente, el Consejo
de Estado ha reconocido que el concepto de patrimonio público también se
integra por "bienes que no son susceptibles de apreciación pecuniaria y
que, adicionalmente, no involucran la relación de dominio que se extrae del derecho
de propiedad, sino que implica una relación especial que se ve más clara en su
interconexión con la comunidad en general que con el Estado como ente
administrativo, legislador o judicial, como por ejemplo, cuando se trata del
mar territorial, del espacio aéreo, del espectro electromagnético etc., en
donde el papel del Estado es de regulador, controlador y proteccionista, pero
que indudablemente está en cabeza de toda la población". Fallo 1330 de 2011
Consejo de Estado.
[74] Fallo 1330 de 2011 Consejo de Estado. Sobre
el derecho al patrimonio público, Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencias de 13 de febrero de 2006. Rad. AP-15P94, 6 de septiembre de 2001,
Rad. 163, M.P. Jesús María Carrillo, 31 de mayo de 2002, Rad. 13601, MP. Ligia
López Díaz, 21 de febrero de 2007, Rad. 2004-0413,
M.P. Mauricio Fajardo Gómez, 21 de mayo de 2008, Rad. 01423,
M.P. Ramiro Saavedra Becerra y 12 de octubre de 2006, Rad, 857, MP, Ruth
Stella Correa Palacio.
[75]
Folio 83 cuaderno principal.
[76]
Folio 84 cuaderno principal.
[77]
Ibídem.
[78]
Ibídem.
[79]
Folio 78 cuaderno principal
[80]
Folio 78 cuaderno principal.
[81]
Folio 79 cuaderno principal.
[82]
Folio 80 cuaderno principal.
[83]
Folio 127 cuaderno principal.
[84]
Folio 59 cuaderno de revisión.
[85]
Folio 71 del cuaderno principal.
[86]
Ibídem.
[87]
Folio 91 cauderno de revisión.
[88]
Ver entre otras sentencias C-543 de 1992 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; SU-622 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, reiteradas en
sentencia T-103 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[89]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[90] Sentencia T-504/00.
[91]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[92]
Sentencias SU-026 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
SU-424 de 2012 Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, reiteradas en sentencia T-103
de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[93]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[94]
M.P. Álvaro Tafur Galvis, reiterada en sentencia T886 de 2001
M.P. Eduardo Montealegre Lyneth. En aquella oportunidad este Tribunal afirmó
que: “En el presente caso se observa que está en trámite el recurso
de casación interpuesto por el demandante en contra de la sentencia del
Tribunal Nacional.  Es reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el
sentido de que la tutela únicamente procede contra actuaciones judiciales
cuando el afectado ha agotado todos los medios de defensa judicial a su
alcance”
[95]
Ver entre otras, las siguientes sentencias: T-329 de 1996, T-026 de 1997, T-272
de 1997, T-273 de 1997, T-331 de 1997, T-235 de 1998, T-414 de 1998 y T-057 de
1999.
[96]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[97]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[98]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[99]
Ibídem.
[100]
Sentencia T-086 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[101] En la sentencia T-211 de 2009, la Sala precisó: “(…)
el amparo
constitucional no se ha constituido como una instancia adicional para decidir
conflictos de rango legal, ni para que los ciudadanos puedan subsanar  las
omisiones o los errores cometidos al interior de un proceso. En otras palabras,
la Corte ha sostenido que la
acción de tutela no es un medio alternativo, ni complementario, ni puede ser
estimado como último recurso de litigio.”
[102]
Ver sentencia T-003 de 2014.
[103]
Sentencia T-103 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[104]
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[105]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[106] Cfr.
Sentencias SU-544 de 2001, T-803 de 2002, T-227 de 2010 y T-742
de 2011.
[107]
Sentencia T-103 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[108] Sobre
la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, la Corte en sentencia T-1222
de 2001 afirmó: “...el
desconocimiento del principio de subsidiaridad que rige la acción de tutela
implica necesariamente la desarticulación del sistema jurídico. La garantía de
los derechos fundamentales está encomendada en primer término al juez ordinario
y solo en caso de que no exista la posibilidad de acudir a él, cuando no se
pueda calificar de idóneo, vistas las circunstancias del caso concreto, o
cuando se vislumbre la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es que el juez
constitucional está llamado a otorgar la protección invocada. Si no se dan
estas circunstancias, el juez constitucional no puede  intervenir”.
[109]
Sentencia T-753 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Reiterada en sentencia T-103 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[110]
M.P. Jorge Arango Mejía.
[111]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[112] Ver, entre otras, las sentencias T-225 de 1993 y T-808 de 2010,
reiterado en sentencia T-230 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre
otras.
[113]
Folio 122 cuaderno de revisión.
[114]
Folio 842 del cuaderno de pruebas número II.
[115]
Folio 117 cuaderno de revisión.
[116]
Folios 78-79 cuaderno de pruebas número II
[117]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[118]
Citada también en la sentencia C-379 de 2004, MP. Alfredo
Beltrán Sierra.
[119]
Folio 78 del cuaderno principal.
[120]
Folio 78 cuaderno de pruebas número II.
[121]
Folios 270 y 271 cuaderno de pruebas número II.
[122]
Folio 294 cuaderno de pruebas número II.