T-689-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-689/16
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Caso en que los accionantes no fueron incluidos en el Programa ser Pilo
Paga 2 pese a cumplir con el puntaje exigido en las pruebas Saber 11, por no
estar registrados o por no estar actualizado su registro en el Sisbén
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR
INCLUSION EN PROGRAMA SER PILO PAGA-Procedencia para
evitar perjuicio irremediable
Con ocasión
de la imposibilidad de acceder a estudios superiores de los acciones, en razón
de su no calificación al programa Ser Pilo Paga 2, debido a la supuesta
ausencia de algunos de los requisitos exigidos, se observa un perjuicio
irremediable que justificaba acudir directamente a la vía de la tutela, pues se
trata de la posibilidad de acceder a la educación superior de alta calidad a
través de un crédito condonable ofrecido para los mejores bachilleres del país,
con menores recursos económicos, esto es, cuyas familias no pueden pagar los
costos de una matrícula universitaria.
PROGRAMA SER PILO PAGA-Desarrolla política pública de fomento a la educación superior para
estudiantes con menores recursos económicos y destacados puntajes en la prueba
Saber 11
PROGRAMA SER PILO PAGA-Requisitos
Los requisitos mínimos de los aspirantes al crédito condonable son: 1)
ser colombiano; 2) ser bachiller graduado en el año en que se determine en la
convocatoria, haber presentado la prueba Saber 11 en las fechas establecidas
para cada convocatoria y haber obtenido un puntaje igual o superior al punto de
corte de cada convocatoria. Estar registrado en la base censal del Sisbén en
las fechas y con los puntos de corte establecidos para cada convocatoria. En
caso de pertenecer a población indígena, estar registrado dentro de la base
censal del Ministerio del interior en las fechas de corte establecidas para
cada convocatoria. 3) Ser admitido en una de las instituciones de educación
superior acreditadas en alta calidad o que estén en proceso de renovación de
dicha acreditación, en un programa académico ofrecido bajo la modalidad
presencial.
EDUCACION SUPERIOR-Goza
de los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en todas sus formas y en todos
los niveles
EDUCACION SUPERIOR-Protección constitucional cuando su amenaza conlleva la vulneración de
otros derechos como igualdad, libre desarrollo de la personalidad y debido
proceso
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR Y
DEBIDO PROCESO-Vulneración por ICETEX por cuanto los
accionantes no fueron incluidos en el Programa ser Pilo Paga 2 pese a cumplir
con el puntaje exigido en las pruebas Saber 11, por no estar registrados o por
no estar actualizado su registro en el Sisbén
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR Y
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Orden a ICETEX aperture
procedimiento de selección al accionante y determine si es beneficiario del
programa Ser Pilo Paga
Referencia: expedientes acumulados        T-5686702 y T-5689281
Acciones de
tutela presentadas por Gerardo Bernal Garzón, en representación de su hijo
Sebastián Felipe Bernal Rodríguez, y Aura Lizeth Bastidas Mora contra el Ministerio de Educación Nacional,
programa Ser Pilo paga, y otras entidades
Magistrada
ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos
mil dieciséis (2016)
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria
Calle Correa y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro
Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos proferidos en el expediente T-5686702, en primera
instancia por el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Bogotá el veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016),
y en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
–Sala de Asuntos Penales para Adolescentes el siete (7) de junio del mismo año,
dentro del proceso de tutela iniciado por Gerardo Bernal Garzón, en
representación de su hijo Sebastián Felipe Bernal Rodríguez, contra
el Ministerio de Educación Nacional, programa Ser pilo paga, y el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES–, con
vinculación oficiosa del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior –ICETEX–; y en el expediente T-5689281, en
primera instancia por el Juzgado Sexto de Familia de Pasto el treinta (30) de
marzo de dos mil dieciséis (2016), dentro del proceso de tutela iniciado por Aura
Lizeth Bastidas Mora contra el Ministerio de
Educación Nacional y el ICETEX.
Los expedientes de
la referencia fueron seleccionados para revisión por la Sala de Selección de
Tutelas Número Ocho, mediante auto proferido el veintidós (22) de agosto de dos
mil dieciséis (2016), en donde se decidió su acumulación por presentar unidad
de materia.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-5686702
Demanda y
solicitud
El dieciocho (18)
de abril de dos mil dieciséis (2016), Gerardo Bernal Garzón, en representación
de su hijo Sebastián Felipe Bernal Rodríguez[1]
(17 años), interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación
Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior –ICFES–,
por considerar vulnerados los derechos de su representado a la educación y a la
igualdad. Lo anterior a raíz de una presunta exclusión del programa Ser Pilo
Paga 2, pues no se le informó con antelación que para gozar del beneficio
de un crédito condonable era obligación el puntaje del Sisbén antes de
presentar prueba Saber 11, situación que implicó que no pudiera ingresar a la
Universidad de los Andes, institución en la que fue admitido[2]. Según sus
palabras:
“El
pasado mes de agosto [de] 2015 mi hijo SEBASTIÁN FELIPE obtuvo puntaje de 348
puesto 34 a nivel Nacional en las pruebas Saber 11, con lo cual se hizo
merecedor al beneficio de una beca universitaria otorgada por el programa SER
PILO PAGA.
Por
no encontrarnos al día con el puntaje del Sisben para ese entonces mi hijo no
fue aceptado en dicho programa, lo cual lo deja sin oportunidad de ingresar a
sus estudios superiores en la Universidad de los Andes que generosamente aceptó
a mi hijo al pregrado [de] asuntos públicos[. P]ara la fecha contamos con el
puntaje del Sisben actualizado, soy persona de 68 años, mi esposa de 60 años,
no poseemos vivienda propia, vivimos en arriendo estrato 3, no hemos cotizado
para pensión”[3].
En consecuencia,
solicitó que se ordene al Ministerio de Educación Nacional
y al ICFES, con fundamento en el derecho de igualdad, incluir en el programa Ser
Pilo Paga a Sebastián Felipe Bernal Rodríguez, para
que pueda iniciar sus estudios superiores en la Universidad de los Andes.
Aportó como pruebas
las siguientes:
-
Original del certificado de bachiller académico de
Sebastián Felipe Bernal Rodríguez del Centro Educativo Distrital Don Bosco V,
del veintisiete (27) de noviembre de dos mil quince (2015)[4].
-
Copia del certificado del Sisbén de Gerardo Bernal
Garzón con corte al veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015), con un
puntaje de cuarenta y siete con noventa y seis (47,96), según ficha 4895291 de
Bogotá D.C., y con fecha de modificación del diez (10) de noviembre de dos mil quince
(2015)[5].
-
Copia del informe individual de resultados Saber 11
de Sebastián Felipe Bernal Rodríguez en donde aparece un puntaje global de 348
puntos y un puesto 34, fechado el dos (2) de agosto de dos mil quince (2015)[6].
-
Copia de la carta de aceptación de Sebastián Felipe
Bernal Rodríguez al pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad
de los Andes, fechada el veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015),
en donde resalta que el joven “sobresalió con uno de los mejores puntajes de
la prueba Saber 11”[7].
-
Mención de honor de reconocimiento académico
otorgada por el Centro Educativo Distrital Don Bosco a Sebastián Felipe Bernal
Rodríguez, en noviembre de dos mil quince (2015)[8].
Mediante auto del veinte
(20) de abril de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Primero Penal para
Adolescentes con Función de Conocimiento del Circuito de Bogotá admitió la
demanda de tutela y le corrió traslado a la Ministra de Educación[9],
requiriéndole información acerca de “cuáles son los requisitos implementados
por [el] Ministerio para el otorgamiento o concesión de los beneficios del PLAN
SER PILO PAGA”[10]
(mayúsculas originales). Asimismo, a la Directora General del Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación Superior –ICFES–[11],
requiriéndole información sobre “los requisitos implementados por esa
Institución para el otorgamiento y concesión de los beneficios del PLAN SER
PILO PAGA” (mayúsculas originales)[12].
Respuesta de las
entidades accionadas
La Asesora de la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación[13] radicó
escrito de contestación el veinticinco (25) de abril de dos mil dieciséis (2016)[14],
en el cual sostuvo la improcedencia de la acción de tutela porque la cartera
ministerial carece de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto,
manifestó:
-
El ICETEX es la entidad encargada de administrar
los recursos presupuestales del programa Ser Pilo Paga a través del
fondo cuenta; además es el responsable de verificar el cumplimiento de los
requisitos de inscripción, gestionar las convocatorias y evaluar, asignar y
hacer seguimiento a cada uno de los créditos condonables otorgados por el
programa hasta el límite presupuestal[15].
-
Sostuvo que en el presente caso no se cumple el
requisito de inmediatez, porque desde el cinco (5) de diciembre de dos mil
quince (2015) fue publicada la lista de los potenciales beneficiarios del
programa y la lista de las personas preseleccionadas fue publicada el
diecinueve (19) del mismo mes y año. Adicionalmente, indicó que todas las
universidades dieron inicio a sus períodos lectivos desde hace aproximadamente
dos meses, por lo que el supuesto perjuicio inminente no existe.
-
Señaló que el acceso al programa Ser Pilo Paga
no es un derecho fundamental, por lo que el juez de tutela no puede ordenar la
ampliación de los cupos del mismo pues ya todos ellos fueron asignados.
-
Indicó que el programa Ser Pilo Paga, “como
política pública, tiene como finalidad facilitarle el ingreso y la permanencia
a la educación superior, a los mejores estudiantes del país, que cumplan con
los requisitos establecidos y obtengan el derecho por haber sido seleccionados
como beneficiarios de acuerdo con los criterios objetivos de escogencia establecidos
desde cada convocatoria”[16].
-
Precisó que “[l]a existencia de criterios
objetivos de escogencia tiene su razón de ser en las limitaciones económicas
del Programa que se derivan de las limitaciones del presupuesto general de la
nación”[17],
y que cuando se desconocen, alteran o modifican los criterios de selección
objetiva establecidos previamente en la convocatoria, “no solo se altera la
finalidad del programa y el objetivo de la política, sino que se lesionan
derechos fundamentales de los aspirantes; máxime, cuando en virtud del límite
de los recursos presupuestales del programa, se le debe privar del beneficio a
una persona que lo adquirió dentro de las reglas y criterios de la
convocatoria, para dárselo a otra persona bajo otros criterios”[18].
Además, en relación
con el programa Ser Pilo Paga, precisó:
“Para
materializar este programa de créditos condonables aclarando que no son becas,
antes de cada convocatoria (a la fecha se han llevado a cabo dos), el
Ministerio de Educación Nacional analiza los resultados de las pruebas SABER 11
del año en el cual se realiza cada convocatoria y los contrasta con los niveles
más bajos del SISBEN, con el fin de otorgar créditos condonables a los
estudiantes con mejores resultados en esas pruebas, dentro de la población que
efectivamente tiene menores recursos económicos.
A
partir de ese análisis, se estableció que la población objetivo debe estar
localizada como mínimo 1.5 desviaciones estándar por encima de la media en el
puntaje de las pruebas SABER 11, es decir, su puntaje en las Pruebas SABER 11
debe estar dentro del 7% superior del puntaje general.
Así
las cosas, para la primera convocatoria del programa, publicada en el año 2014,
este análisis dio como resultado que el punto de corte más eficiente era de 310
puntos sobre 500 en las pruebas SABER 11.
Para
la segunda convocatoria, publicada en 2015, los análisis mostraron que el
desempeño general de los bachilleres había mejorado, desplazando así la
desviación estándar ocho (8) puntos, estableciéndose un puntaje mínimo de 318
puntos para acceder al programa.
Luego
de hacerse una primera selección de estudiantes aspirantes con base en estos
puntos de corte en las pruebas SABER 11, se procede a contrastarlos con los
puntajes del SISBEN, buscando que el Programa impacte a la población con menos
recursos económicos, ubicados en los niveles 1 y 2.
Es
de aclarar que la determinación de los puntajes del SISBEN que aplican para el
programa, se determinan con base en la información que reporta el Departamento
Nacional de Planeación –DNP– enfocada en términos socioeconómicos, con el fin
de garantizar que sean los ciudadanos de más bajos recursos (según corte
establecido) quienes ingresen al programa.
Así,
para la primera y segunda convocatoria, los parámetros considerados para
definir el corte de SISB[É]N de acuerdo con el DNP, fueron los siguientes:
·
Encuesta de Calidad de Vida 2014.
·
Ingreso per cápita vs líneas de pobreza e
indigencia para identificar el corte.
·
Para la población objetivo se usó la población
asistiendo a grado 11 en 2014 o bachilleres con hasta 20 años de edad.
·
El corte para tres criterios significa el corte
para población por debajo de línea de indigencia, dos criterios es para
población por debajo de línea de pobreza, y un criterio para población por
debajo de dos líneas de pobreza. En general, la población en cualquiera de los
tres grupos es población con un nivel de ingresos relativamente bajo. El
requisito de ingreso más exigente (tres criterios), los puntajes son cercanos a
lo que maneja actualmente.
De
acuerdo con lo anterior, los resultados arrojados por el DNP son:
14 ciudades principales*
Criterios
Decíl
Puntaje
3 criterios
5,3
55,77
2 criterios
6,1
57,21
1 criterio
7,4
61,44
Otras Cabeceras Municipales
Criterios
Decíl
Puntaje
3 criterios
6,0
50,45
2 criterios
6,6
53,89
1 criterio
7,0
56,32
Zona Rural
Criterios
Decíl
Puntaje
3 criterios
7,8
39,51
2 criterios
8,1
41,42
1 criterio
8,4
42,82
*Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira,
Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta.
Los
puntajes SISB[É]N para las convocatorias son:
Menor o Igual a:
Territorios
57.2
14 Ciudades Principales
56.3
Otras Cabeceras Municipales
40.75
Zona Rural
Para
la segunda convocatoria se estableció además que las personas pertenecientes a
poblaciones indígenas no necesitan SISB[É]N, pero debían estar registrados en
la base censal del Ministerio del Interior.
Luego
de esto los potenciales beneficiarios debían ser admitidos en una de las
Instituciones de Educación Superior acreditadas de alta calidad, para de esta
manera cumplir con todos los requisitos del programa.
Por
esta razón el solo hecho de cumplir algunos de los requisitos, no impone la
vinculación automática del mismo, razón por la cual no es posible endilgar
conducta alguna activa u omisiva, a las entidades accionadas, lesivas de
derechos fundamentales” (subrayas y mayúsculas originales)[19].
Anexó el reglamento
operativo del programa Ser Pilo Paga, segunda versión[20].
En atención a la
respuesta anterior, mediante auto del veintisiete (27) de abril de dos mil
dieciséis (2016), el Juzgado Primero Penal para Adolescentes con Función de
Conocimiento del Circuito de Bogotá, vinculó a la acción de tutela al ICETEX para
efectos de que informara “cuáles son los requisitos implementados por esa
Institución para el otorgamiento y concesión de los beneficios del PLAN SER
PILO PAGA”[21]
(mayúsculas originales).
La Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del ICFES[22]
radicó escrito de contestación el veintiocho (28) de abril de dos mil dieciséis
(2016)[23],
precisando que los hechos que fundamentan la acción de tutela presentada por el
señor Gerardo Bernal Garzón, en representación de su hijo Sebastián Felipe
Bernal Rodríguez, corresponde aclararlos exclusivamente al Ministerio de
Educación Nacional y al ICETEX, toda vez que la participación del ICFES se
reduce solamente a la aplicación de la prueba Saber 11 y a la publicación de
los resultados obtenidos por los estudiantes, los cuales se encuentran
actualmente publicados en la página web www.icfesinteractivo.gov.co y “corresponden exactamente en el caso del accionante, con los que
aporta como prueba, en copia simple allegada al libelo”[24].
El Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del ICETEX[25]
radicó (extemporáneamente) escrito de contestación el dos (2) de mayo de dos
mil dieciséis (2016)[26],
en el cual solicitó declarar que la tutela carece de objeto porque no existe ni
amenaza ni vulneración de los derechos fundamentales del accionante por parte
de la entidad. Fundamentó su respuesta en el certificado emitido por el Grupo
de Crédito del veintiocho (28) de abril del mismo año, en los siguientes
términos:
“Al
validar en los aplicativos del Icetex no se evidencia registro de solicitud
para acceder al Programa Ser Pilo Paga 2, con cédula de ciudadanía […], así
como tampoco por nombres y apellidos.
·
Requisitos para acceder al programa Ser Pilo Paga
2.0 Once mil (11) Créditos Condonables son los siguientes:
a)
Haber presentado la Prueba Saber 11 el 2 de agosto
de 2015 y haber obtenido un puntaje igual o superior a 318.
b)
Haber cursado y aprobado el grado 11 en 2015.
c)
Estar registrado en el Sisbén en la base del 19 de
junio de 2015 y cumplir con los siguientes puntos de corte.
AREA
MENOR O IGUAL A
14 Ciudades principales
57.21
Otras cabeceras municipales
56.32
Rurales
40.75
d)
Si pertenece a la población indígena debe estar
registrado dentro de la base censal del Ministerio del Interior con corte al 30
de junio de 2015.
e)
Ser admitido en una de las 39 instituciones de
Educación Superior acreditadas en alta calidad.
·
El joven SEBASTIÁN FELIPE BERNAL RODRÍGUEZ,
presentó las Pruebas ICFES Saber 11 el 2 de agosto 2015 con número de documento
[…] con un puntaje de 348. Cumple requisito.
·
Al validar en la base de datos entregada por el
Departamento Nacional de Planeación- DNP con corte a 19 de junio de 2015, no se
evidencia registro del joven SEBASTIÁN FELIPE BERNAL RODRÍGUEZ con documento de
identidad […], así como tampoco por nombres y apellidos. No cumple requisito.
·
Al validar en el listado de admitidos enviados por las
universidades con corte a [d]iembre de 2015, no se evidenció registro del joven
SEBASTIÁN FELIPE BERNAL RODRÍGUEZ con documento de identidad […], así como
tampoco por nombres y apellidos. No cumple requisito.
De acuerdo con lo anterior, el joven SEBASTIÁN FELIPE BERNAL RODRÍGUEZ no
cumple la totalidad de los requisitos para acceder al programa Ser Pilo Paga 2,
debido a que al validar en la base de datos enviada por el Departamento
Nacional de Planeación DNP con corte a 19 de junio de 2015, no se evidencia
registro del joven. Adicionalmente no se evidencia registro del joven SEBASTIÁN
FELIPE BERNAL RODRÍGUEZ en el listado de admitidos enviados por las universidades
con corte a diciembre de 2015 para el programa Ser Pilo Paga 2.
La convocatoria para aplicar al programa Ser Pilo Paga 2.0 Once mil
(11) Créditos Condonables se encuentra cerrada dado que se habilitó desde el 23
de [o]ctubre de 2015 hasta el 13 de diciembre de 2015.
Con el fin de ofrecer las actuales opciones de financiación, le
informamos que el Icetex con el fin de contribuir y apoyar el crecimiento
académico de los jóvenes cuenta con seis modalidades de crédito para Pregrado,
en las cuales de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas y de mérito
académico el estudiante selecciona la línea de crédito que más le beneficie.
[A continuación se especifican las modalidades de crédito y los
requisitos].
Invitamos
al joven en mención a aplicar a las convocatorias vigentes de acuerdo con el
calendario establecido para el período 2016-2, registrándose a través del
portal web www.icetex.gov.co en las diferentes modalidades de crédito.
Es
importante resaltar que los requisitos expuestos por el ICETEX son previamente
estudiados y analizados, para que los jóvenes cuenten con el tiempo suficiente
para iniciar los trámites en la entidad, con el fin de acceder a la educación
superior. Las fechas de corte tienen como fin establecer un parámetro para que
todos los estudios crediticios se logren realizar con mayor efectividad. Por
ello, dichos requisitos son expuestos con un tiempo de anticipación
considerable, precisamente para que los jóvenes  logren acercarse a las
instalaciones  de la entidad, y logren cumplir con las condiciones establecidas
por el ICETEX, para que los beneficiarios puedan ser realmente los jóvenes que
requieren dicho beneficio”[27].
Decisión que se
revisa del juez de tutela de primera instancia
El Juez Primero Penal
para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del
veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016)[28], tuteló el
derecho fundamental a la educación invocado por el señor Gerardo Bernal Garzón,
en representación de su hijo Sebastián Felipe Bernal Rodríguez, vulnerado por
el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX, ordenando a la Ministra de
Educación o a quien haga sus veces, a través del Director del ICETEX, “que
en el término perentorio de VEINTE (20) DÍAS contados a partir de la
notificación de la presente decisión, incluya a Sebastián Felipe Bernal
Rodríguez en la lista de beneficiarios, si aún no lo ha efectuado, y adopte
todas las medidas necesarias para hacer efectivo el crédito ofrecido por el
programa “ser pilo paga 2” […] y, cumplido esto, adelante las gestiones
pertinentes para la asignación de los recursos y ayudas que ese programa
contempla para sus favorecidos”[29].
Para fundamentar su decisión, sostuvo:
“[…]
el joven Sebastián Felipe Bernal Rodríguez, fue excluido del precitado programa
al no encontrarse al día con el puntaje del SISBÉN, lo cual impidió su registro
o inscripción para hacerse acreedor a tal beneficio merced a sus excelentes
resultados en las pruebas de Estado, por lo tanto no puede perderse de vista en
primer lugar que el ICFES al descorrer el traslado de la presente tutela,
advirtió no ser el competente para resolver las pretensiones del actor, […];
mientras que el ICETEX igualmente vinculada oficiosamente por este Despacho
guardó total silencio frente a las pretensiones de la demanda de Tutela,
actitud silente que dejó incólume las aseveraciones del accionante en lo que
atañe al hecho de no habérsele informado oportunamente que debían actualizar
dicho puntaje, lo que sin duda conlleva a que la institución encargada del
programa efectivamente vulneró el derecho a la educación del joven BERNAL
RODRÍGUEZ.
Y
como vemos, resulta palmario que el joven BERNAL RODRÍGUEZ dentro de las
pruebas Saber 11 llevadas a cabo el pasado mes de agosto de 2015, obtuvo un
puntaje de 348 puntos, el cual indudablemente fue superior al mínimo
establecido para la convocatoria 2015, que era de 318 puntos; así mismo tenemos
que el puntaje que fuera otorgado por el SISBÉN de 47,96 está por debajo de los
estándares establecidos para las principales ciudades del país, el cual se
hallaba en 57,2; circunstancias estas que sin dubitación alguna lo hacían
merecedor al incentivo conferido por el Gobierno Nacional dentro del programa
SER PILO PAGA.
[…]
si bien existió una tardanza en el trámite de ese requisito, ello pudo haberse
originado por circunstancias ajenas a la voluntad del interesado, que no le
permitió enterarse oportunamente de las fechas en que debía iniciar el trámite
o como en el caso que nos ocupa, no se encontraba al día con el puntaje
asignado por el SISBÉN, aspecto este que por parte del ICETEX no fue avisado e
informado oportunamente.
Entonces,
tenemos que no puede cargársele al adolescente SEBASTIÁN FELIPE BERNAL
RODRÍGUEZ esa omisión de la administración, a él por completo ajena, y que no
haya aportado el puntaje actualizado del SISBÉN pronta u oportunamente como en
su momento se lo exigió el ICETEX, pues aplicando el principio de confianza
legítima lo eximiría de semejante exigencia, máxime cuando se está frente a la
afectación de derechos prevalentes de un menor de 18 años, sin que de otra
parte se logre excusar el Sisbén de su deber del cumplimiento adecuado e
irrestricto de sus funciones públicas que, por ende, son de exclusiva
responsabilidad. A propósito, no ha de olvidarse que el ICETEX guardó silencio sobre
la presente acción de amparo habiendo sido oportunamente notificada y a pesar
de habérsele advertido que de optar por ello se tendrían por ciertos los hechos
de la demanda, como lo establece el art. 20 del decreto 2591 de 1991.
A
todo lo anterior se suma que dado la minoría de edad del estudiante SEBASTIÁN
FELIPE BERNAL RODRÍGUEZ y la especialidad del tema, como el del puntaje que le
corresponde asignar al Sisbén en el marco de sus competencias legales,
atendiendo al estrato social de los ciudadanos de acuerdo a su situación
económica y ubicación de la vivienda, se torna a todas luces impropio requerir
de él un tal conocimiento”[30].
Impugnación
El cuatro (4) de mayo
de dos mil dieciséis (2016), la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
ICETEX[31]
informó acerca de las actuaciones realizadas por la entidad para dar
cumplimiento al fallo, y presentó impugnación del mismo[32]. Solicitó la
revocatoria de la decisión, toda vez que no se tuvo en consideración el escrito
de contestación de la tutela enviado al despacho, vía correo electrónico, el
veintinueve (29) de abril del año en curso, estando dentro del término otorgado
en el oficio No. 852 del veintisiete (27) de abril, el cual le fue comunicado
al ICETEX al día siguiente[33].
Sostuvo que el veintinueve (29) de abril del año en curso la entidad radicó
mediante correo electrónico la respuesta a la acción de tutela[34]; sin embargo
el juzgado ese mismo día emitió la sentencia y no tuvo en cuenta las
argumentaciones en esa oportunidad realizadas, vulnerando con ello el derecho
de defensa y contradicción de la institución.
Asimismo, planteó
la improcedencia de la acción de tutela, primero, por carencia actual de objeto
debido a que el hecho invocado por el accionante nunca existió, pues al no
cumplir el joven Sebastián Felipe Bernal Rodríguez con los requisitos para
acceder al programa Ser Pilo Paga 2 no cabría afirmar que se le haya vulnerado
algún derecho constitucional fundamental; y, segundo, por inexistencia de un
perjuicio irremediable. Por otra parte, expuso la falta de violación del
derecho fundamental a la igualdad, ya que no existe un criterio razonable que
justifique darle a Sebastián prioridad en relación con las otras personas que
se postularon al programa Ser Pilo Paga 2 y acreditaron similares
condiciones[35],
así como la inexistencia de vulneración de otro derecho fundamental “por
cuanto si algo ha hecho el ICETEX, es facilitar las condiciones para que
cualquier colombiano que se interese por adelantar estudios superiores, desarrolle
su proyecto educativo y pueda convertirse en un nuevo profesional que
contribuya al crecimiento cultural y económico del país”[36].
Con el escrito de
impugnación se adjuntó la siguiente documentación:
-
Copia de la certificación emitida por el Grupo de
Crédito del ICETEX del tres (3) de mayo de dos mil dieciséis (2016), en la cual
se especifican los pasos para dar cumplimiento a la sentencia de primera
instancia[37].
-
Copia de la certificación con guía No. 1127431820
del cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual se
procedió a notificar la anterior decisión al accionante[38].
En la misma fecha,
la Asesora de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación
Nacional[39]
presentó impugnación al fallo de primera instancia por carencia de motivación y
por la no valoración de los argumentos presentados por dicha cartera
ministerial en su escrito de contestación, pasando por alto que a ese gabinete
le corresponde hacer políticas pero no verificar requisitos de acceso al
programa ni hacer gestiones para incluir beneficiarios. En esa ocasión reiteró
los argumentos expuestos en la contestación, entre otros, que el juez de
instancia no puede ampliar los cupos del programa Ser Pilo Paga, ya que
el Estado no tiene la obligación directa de procurar el acceso inmediato de la
población a la educación superior pues este derecho se rige por el principio de
progresividad. Asimismo, que existen unos criterios objetivos para acceder a
los programas de educación y que el cumplimiento de algunos de los mismos no
conduce a la vinculación automática a dichos programas, razón por la que no
cabe afirmar que a Sebastián Felipe Bernal Rodríguez se le estén vulnerando sus
derechos[40].
Decisión que se
revisa del juez de tutela de segunda instancia
El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Asuntos Penales para
Adolescentes, mediante sentencia del siete (7) de junio de dos mil dieciséis
(2016)[41],
revocó parcialmente el fallo impugnado y, en su lugar, negó la acción de
tutela.
Señaló que no es
verdad que al ICETEX se le haya desconocido el derecho de defensa por cuanto “tal
como consta [en el] folio 50, el ICETEX fue notificado por correo electrónico
del auto admisorio de la tutela el 28 de abril de 2016, a las 9:55 a.m., por
medio de oficio No. 852, en el que se le hizo saber que contaba con 24 horas
para que expusiera lo que a bien tuviera, sin que aquél haya hecho
pronunciamiento alguno antes de dictarse el fallo”[42].
Respecto al
Ministerio de Educación Nacional, señaló que el fallo debe ser revocado porque,
conforme al artículo 2º del Decreto 5012 de 2009[43], dentro de
la funciones de dicha cartera ministerial no se encuentra la de otorgar
créditos para estudio. En cambio, según el artículo 2º de la Ley 1002 de 2005[44],
la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter
nacional e internacional le corresponde al ICETEX.
Precisó que en el
caso concreto es viable la tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, que se concreta en la inminencia, gravedad e
irreversibilidad del daño y en la urgencia de la medida que ha de adoptarse, lo
que supone una actuación u omisión arbitraria que, afirmó, “se echa de menos”[45].
Luego de hacer referencia a los requisitos fijados en la convocatoria de 2015
para el programa Ser Pilo paga 2, según el informe rendido por la Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica del ICETEX, señaló:
“Pues
bien, según la certificación del coordinador de Crédito del ICETEX (folio 74),
para el 19 de junio de 2015 SEBASTIÁN FELIPE BERNAL RODRÍGUEZ no se encontraba
registrado en la base de datos enviada al ICETEX por parte del Departamento
Nacional de Planeación, lo que significa que para la fecha no cumplía a
cabalidad los requisitos necesarios para acceder al programa SER PILO PAGA
2.
Además,
en esa misma certificación, consta que, para la fecha de su expedición, a
saber, el 28 de abril de 2016, no existía registro de solicitud a nombre de
SEBASTIÁN FELIPE BERNAL RODRÍGUEZ para acceder a dicho programa.
Así,
entonces, lo que hizo el ICETEX fue simplemente aplicar las cláusulas de la
Convocatoria 2015, lo que excluye que se le pueda atribuir la violación de
derechos constitucionales fundamentales en perjuicio del hijo del demandante.
Con
relación al derecho a la igualdad, cabe recordar que este se vulnera cuando a
situaciones iguales se les da un tratamiento diferenciado o a supuestos
desiguales se les da igual tratamiento, mientras que en este caso no se
acreditó que a otros jóvenes en las mismas condiciones en las que se encuentra
el hijo del demandante se les haya incluido en el programa SER PILO PAGA 2.
Por
lo tanto, ha de concluirse que la presente acción de tutela, frente a ICETEX,
también debe negarse”[46].
Mediante auto del
veintidós (22) de junio de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Asuntos Penales para Adolescentes negó
una solicitud de aclaración del fallo de segunda instancia presentada por el
ICETEX el veinte (20) de junio del mismo año y, en su lugar, decidió estarse a
lo resuelto en el mismo. La petición realizada por la entidad giraba en torno a
aclarar si al revocarse parcialmente el fallo de primera instancia y, en
consecuencia, negar la acción de tutela, debía “anular y por tanto retirar
al menor del programa ser pilo paga 2.0”[47].
La decisión se fundamentó en que la solicitud no envolvía una aclaración de
algún concepto o frase que ofreciera verdadero motivo de duda, sino que estaba
orientada a que se complementara el resolutivo en cuanto a sus efectos en
relación con las actuaciones, “lo cual no tiene nada que ver con lo que
legalmente es la aclaración de una providencia judicial”[48].
2. Expediente T-5689281
Demanda y
solicitud
El siete (7) de marzo
de dos mil dieciséis (2016), Aura Lizeth Bastidas Mora actuando en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y
el ICETEX por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación y
la igualdad. Lo anterior a raíz de una presunta exclusión del programa Ser
Pilo Paga 2 al no tenerle en cuenta su puntaje del Sisbén debido a que no se
encontraba actualizado en la fecha establecida en la convocatoria, esto es, el
diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), pese a que el anterior también
cumplía con el rango exigido por la entidad, lo cual le impidió su inscripción al
programa para ser acreedora de un crédito condonable a pesar de los excelentes
resultados obtenidos en la prueba Saber 11[49].
La accionante
fundamentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos:
-
Es una joven de 18 años residente en el municipio
de Sandoná, Nariño[50].
-
Obtuvo su título como bachiller académico el doce
(12) de diciembre de dos mil quince (2015) en la Institución Educativa Santo
Tomás de Aquino de dicho municipio.
-
El dos (2) de agosto de dos mil quince (2015)
presentó la prueba Saber 11, logrando un puntaje de 341 puntos que la ubicó en
el puesto 42 a nivel nacional[51]
y cumpliendo con ello uno de sus grandes anhelos cual era acceder a una beca
crédito otorgada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación,
dentro del programa Ser Pilo Paga 2, pues el puntaje mínimo requerido
era de 318 puntos.
-
Se inscribió a diferentes universidades a nivel
nacional para poder iniciar sus estudios a nivel de pregrado. Sin embargo, señaló
que “a la hora de llenar los requisitos exigidos por las diferentes
facultades de las universidades acreditadas para este programa de gobierno, no
pud[o] continuar con el registro dado que al diligenciar el documento de
identidad aparec[ía] un recuadro que [decía] “USTED NO ES PILO PAGA”, situación
que a todas luces es extraña por cuanto cumpl[ió] con todos los requisitos
exigidos por el ICETEX para este programa”[52]
(mayúsculas originales).
-
Al solicitar explicación frente a la anterior
situación, fue informada por el ICETEX “que no contaba con el puntaje Sisben
exigido pese a que el puntaje que reporta la base de datos del municipio era de
42.7, completamente inferior al exigido por parte del ICETEX a personas del
área urbana, es decir 56.32”[53].
-
El ICETEX argumentó que el puntaje fue modificado
con fecha posterior al corte exigido por la entidad, es decir, a diecinueve
(19) de junio de dos mil quince (2015), “situación que no estaba en [sus]
manos por cuanto era obligación del Departamento Nacional de Planeación
reportar la información a tiempo dado que la última encuesta [que se] realizó
en el municipio correspondi[ó] al 27 de mayo de 2015 y desde esa fecha [el]
puntaje había cambiado”[54].
-
Pese a lo anterior, sostuvo que aun si el ICETEX
hubiera tenido en cuenta el puntaje anterior, debió acreditarla para ser
beneficiaria del programa Ser Pilo Paga 2, debido a que este también era
inferior al exigido y, en consecuencia, cumplía con los requisitos.
-
Debido a la negativa del ICETEX, su padre, Carlos
Eduardo Bastidas Lagos, radicó derecho de petición con el fin de solicitar el acceso
de Aura Lizeth al programa Ser Pilo Paga 2[55], pero la
entidad mantuvo su negativa y solo recomendó la adquisición de otro tipo de
créditos para el pago de la matrícula[56].
-
Su padre el nueve (9) de octubre de dos mil quince
(2015) se comunicó vía chat con una funcionaria del Ministerio de Educación[57],
quien, al verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al programa,
concluyó que sí los satisfacía y, en consecuencia, le solicitó que siguiera con
el proceso[58].
Sin embargo, señaló que el ICETEX nunca la habilitó para continuar por lo que
no pudo registrarse para aplicar al crédito condonable.
-
Afirmó que se inscribió en algunas universidades
acreditadas por el programa, pero que a su familia no le es posible asumir el alto
costo de las matrículas debido a sus condiciones económicas, aun accediendo a
otro tipo de crédito ofrecido por el ICETEX.
En consecuencia,
solicitó que se ordene al Ministerio de Educación
Nacional, al ICETEX o a quien corresponda, que declare que Aura Lizeth Bastidas
Mora cumplió con todos los requisitos necesarios para acceder al programa Ser
Pilo paga 2, para así poderse inscribir en la carrera que desee de acuerdo
a sus expectativas profesionales.
Mediante auto del
nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto – Sala Unitaria Civil-Familia negó la admisión de la
demanda de tutela y procedió a remitir de forma inmediata el expediente a la
Oficina de Apoyo Judicial de Pasto con la finalidad de que procediera a su
reparto en primera instancia de juzgamiento entre los juzgados del circuito
operantes en la localidad[59],
en atención a las reglas derivadas del Decreto 1382 de 2000[60].
A través del auto
del diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Sexto de Familia
de Pasto admitió la demanda de tutela y le corrió traslado a las entidades
accionadas, Ministerio de Educación Nacional e ICETEX. Asimismo, ofició al
Departamento Nacional de Planeación con el fin de que informara cuál es el
puntaje o los puntajes del Sisbén que se le han otorgado a la accionante y/o a
su grupo familiar durante los años 2015 y 2016, y si hubo modificación,
explicar cuál fue su causa y en qué fecha se realizó[61].
Respuesta de las
entidades accionadas
La Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del ICETEX[62]
radicó escrito de contestación el quince (15) de marzo de dos mil dieciséis
(2016)[63],
en el cual solicitó declarar la improcedencia de la tutela ya que el hecho
invocado por la accionante ha sido superado en el trámite adelantado por la
entidad, toda vez que se le dio respuesta de manera concreta y de fondo a la
petición por ella elevada[64].
En su defecto, pidió que se deniegue el amparo por no existir violación alguna de
derechos fundamentales. Expuso los siguientes hechos:
“Que
conforme al certificado emitido por el Grupo de Crédito, con fecha del 15 de
MARZO del año 2016[65],
responsable de la información emitida a continuación, se dispone lo siguiente:
·
Al validar en los aplicativos del ICETEX no se
evidencia registro de solicitud para acceder al Programa Ser Pilo Paga 2.0 con
documento de identidad […], así como tampoco por nombres y apellidos.
·
Requisitos para acceder al programa Ser Pilo Paga
2.0 Once mil (11) Créditos Condonables son los siguientes:
f)
Haber presentado la Prueba Saber 11 el 2 de agosto
de 2015 y haber obtenido un puntaje igual o superior a 318.
g)
Haber cursado y aprobado el grado 11 en 2015.
h)
Estar registrado en el Sisbén en la base del 19 de
junio de 2015 y cumplir con los siguientes puntos de corte.
AREA
MENOR O IGUAL A
14 Ciudades principales
57.21
Otras cabeceras municipales
56.32
Rurales
40.75
i)
Si pertenece a la población indígena debe estar
registrado dentro de la base censal del Ministerio del Interior con corte al 30
de junio de 2015.
j)
Ser admitido en una de las 39 instituciones de
Educación Superior acreditadas en alta calidad.
·
La joven AURA LIZETH BASTIDAS MORA, presentó las
Pruebas ICFES Saber 11 el 02 de Agosto 2015 con un puntaje de 341.
·
Al validar en la base de datos entregada por el
Departamento nacional de Planeación DNP con corte a junio 19 de 2015, no se
evidencia registro de la joven AURA LIZETH BASTIDAS MORA con documento de
identidad […], así como tampoco por nombres y apellidos.
·
Al validar en la base de datos de admitidos
reportada por las instituciones de educación superior, no se evidencia registro
de la joven AURA LIZETH BASTIDAS MORA con documento de identidad […], así como
tampoco por nombres y apellidos.
De acuerdo con lo anterior, la joven AURA LIZETH BASTIDAS MORA no
cumple la totalidad de los requisitos para acceder al programa Ser Pilo Paga
2.0 dado que no se evidencia registro de la joven en la base de datos entregada
por el Departamento Nacional de Planeación DNP con corte a junio 19 de 2015.
Adicionalmente no se evidencia registro de la joven AURA LIZETH
BASTIDAS MORA en la base de datos de admitidos reportada por las instituciones
de educación superior.
La convocatoria para aplicar al programa Ser Pilo Paga 2.0 Once mil
(11) Créditos Condonables se encuentra cerrada dado que se habilitó desde el 23
de Octubre de 2015 hasta el 13 de diciembre de 2015.
Con el fin de ofrecer las actuales opciones de financiación, le
informamos que el Icetex con el fin de contribuir y apoyar el crecimiento
académico de los jóvenes cuenta con seis modalidades de crédito para Pregrado,
en las cuales de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas y de mérito
académico el estudiante selecciona la línea de crédito que más le beneficie.
[A continuación se especifican las modalidades de crédito y los
requisitos].
Invitamos
a la joven en mención a aplicar a las convocatorias vigentes de acuerdo con el
calendario establecido para el período 2016-2, registrándose a través del
portal web www.icetex.gov.co en las diferentes modalidades de crédito.
[…]
De
acuerdo con lo expuesto, en ningún momento ICETEX está violando el acceso a la
educación [a la] tutelante, contrario sensu [la] accionante NUNCA presentó ni
aplicó a la convocatoria ser pilo paga 2, por ende no puede pregonar vulneración
al derecho a la educación por cuanto no existe prueba siquiera sumaria [de] que
la entidad le ha negado el crédito cumpliendo los requisitos y puntos de corte
requeridos en cada convocatoria; lo anterior por cuanto efectivamente el Icetex
cuenta con el sitio web de la entidad, con el fin de que los aspirantes que NO
cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno nacional a través de la
oferta del programa ser pilo paga 2, y de no ser esta línea posible para el
accionante por no contar con los requisitos establecidos para tal fin, existen
las otras opciones a l[a]s cuales puede acceder en las convocatorias para el
período 2016-2”[66]
(mayúsculas originales).
La Asesora de la
Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación[67] radicó
escrito de contestación el dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis (2016)[68],
en el cual sostuvo la improcedencia de la acción de tutela porque la cartera
ministerial carece de legitimación en la causa por pasiva, ya que el ICETEX es
la entidad encargada de administrar los recursos presupuestales del programa Ser
Pilo Paga a través del fondo de cuenta; además, por no cumplir con el
requisito de inmediatez. Al respecto, señaló: “En el presente caso, desde el
cinco (5) de diciembre de dos mil quince (2015), fue publicada la lista de los
potenciales beneficiarios del programa y la lista de los pilos preseleccionados
fue publicada el diecinueve (19) del mismo mes y año. Adicionalmente, todas las
universidades dieron inicio a sus periodos lectivos desde hace aproximadamente
2 meses, razón suficiente para demostrar que el supuesto perjuicio inminente no
existe…”[69].
Finalmente, sostuvo que el acceso al programa Ser Pilo Paga no es un
derecho fundamental y que el juez de tutela no puede ordenar la ampliación de
cupos, pues todos los cupos disponibles fueron asignados.
El administrador
del Sisbén del municipio de Sandoná, Nariño, en respuesta al requerimiento
realizado por el Juzgado Sexto de Familia de Pasto, el diecisiete (17) de marzo
de dos mil dieciséis (2016), informó que el puntaje de la accionante Aura
Lizeth Bastidas Mora y el de su grupo familiar sí tuvo modificaciones durante
el dos mil quince (2015), a raíz de la “solicitud de nueva encuesta” que
realizara la señora Ángela Lizeth Mora Rodríguez el diecisiete (17) de marzo
del mismo año. Lo anterior debido a que para ese momento su núcleo familiar
constaba de cuatro (4) personas y en la anterior información obrante en el
Sisbén aparecía con los padres de la solicitante. Refirió el funcionario que la
información “fue enviada a la base bruta municipal el día 19 de junio de
2015 acatando lo que establece la resolución 4060 de 2014” y que “[e]l
nuevo puntaje como resultado de la nueva encuesta fue de 42.77 con ficha Número
8435 que fue validada y publicada a partir del 21 de Julio de 2015, desde esta
fecha y hasta el día de hoy no ha tenido modificación ni actualización alguna”[70].
Decisión que se
revisa del juez de tutela de primera instancia
El Juez Sexto de
Familia de Pasto, mediante sentencia del treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis
(2016)[71],
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por Aura Lizeth Bastidas
Mora contra el ICETEX, por no cumplir con el requisito de inmediatez, desvinculando
al Ministerio de Educación Nacional. Al respecto, señaló:
“De
las pruebas que fueron allegadas al expediente se demuestra, una actitud tardía
y poco diligente de la parte accionante durante el procedimiento de acceso a la
convocatoria del programa SER PILO PAGA 2, en vista de que, se ha probado que
el padre de la accionante presentó ante el ICETEX, el día nueve (9) de noviembre
de 2015, solicitud para que se efectúe la modificación de la base de datos de
los beneficiarios al programa, incluyendo a su hija AURA LIZETH BASTIDAS MORA,
como beneficiaria, además, e[n] la acción de tutela no se hizo alguna
referencia de las razones por las que la accionante dejó vencer el término
comprendido entre el 23 de octubre y el 13 de diciembre de 2015, para insistir
en la inclusión del nombre de la accionante en la lista de beneficiarios, pues
según se deduce de la conversación que vía Chat efectúo su padre, CARLOS
EDUARDO BASTIDAS LAGOS, con la empleada del Ministerio de nombre ADRIANA
RODRÍGUEZ, ésta se efectuó antes de que él interpusiera el derecho de petición,
antes aludido, además dejó transcurrir más de tres (3) meses para solicitar por
vía de tutela se proteja sus derechos para el acceso al programa SER PILO PAGA
2.0”[72]
(mayúsculas originales).
La anterior
decisión no fue impugnada.
3. Actuaciones
en sede de revisión
Por requerimiento
telefónico se le solicitó a la accionante Aura Lizeth Bastidas Mora el envío de
documentación pertinente para la demostración de hechos afirmados y no
controvertidos por las entidades demandadas, en relación con la prueba del
grado de bachiller, de las inscripciones a las universidades y del anterior
puntaje del Sisbén que refiere en los supuestos fácticos de la acción de tutela.
Así, el veintitrés (23) de octubre de dos mil dieciséis (2016) vía correo
electrónico remitió:
-
Fotocopia del diploma de grado de bachiller
académico otorgado por la Institución Educativa “Santo Tomás de Aquino”
a Aura Lizeth Bastidas Mora, con fecha del doce (12) de diciembre de dos mil
quince (2015)[73].
-
Fotocopia de dos mensajes de texto enviados por inscripciones@unicauca.edu.co para auritalizeth.98@gmail.com el primero (1) de octubre de dos mil quince (2015), con el asunto:
Confirmación inscripción Universidad del Cauca; en donde se le informa a la
aspirante Aura Bastidas que está pre-inscrita correctamente en los siguientes
programas: 1. Medicina y 2. Enfermería. Allí se le recuerda que “para
finalizar el proceso de inscripción debe descargar el recibo y este puede ser
cancelado en las oficinas del Banco Popular del país o en cualquier punto de
venta Juguemos S.A. de lunes a domingo”[74].
-
Fotocopia de un mensaje de texto enviado por webmaster@icesi.edu.co para auritalizeth.98@gmail.com el diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015), con el asunto:
Clave del formulario de Pregrado  - Universidad Icesi; en donde se le indica a
la aspirante que “[s]u contraseña para el ingreso al sistema de Inscripción
a Pregrado de la Universidad Icesi es: […] ingrese nuevamente http://www.icesi.edu.co/inscripcion_pregrado/”[76].
-
Fotocopia de un mensaje de texto enviado por admisiones@javeriana.edu.co para auritalizeth.98@gmail.com el veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015), con el asunto:
Pontificia Universidad Javeriana Cali; en donde se indica: “Gracias por
escoger la Pontificia Universidad Javeriana Cali para su proceso de formación.
|| Nos complace informarle que el primer paso para la inscripción al programa
de Medicina fue realizado con éxito. || Para continuar con el proceso ahora
debe seguir con los siguientes pasos: || […] || 2. Realiza el pago de los
derechos de inscripción […]. || 3. Entrega o Envía la documentación completa…”[77].
-
Fotocopia de un mensaje de texto enviado por juan.abella1@unisabana.edu.co, Coordinador de Promoción de la Facultad de Medicina, para auritalizeth.98@gmail.com el veintitrés (23) de octubre de dos mil quince (2015), con el asunto:
Entrevista y examen de inglés - Facultad de medicina - Universidad de la
Sabana; en donde se indica: “Con la presente comunicación me permito
informarles que por cuestiones logísticas, debemos reasignar su entrevista del
día 31 al día 30 de Octubre de 2 PM a 5 PM. Agradecemos la comprensión brindada.
El examen de inglés si queda en el mismo horario…”[78]. Luego el
veintisiete (27) de octubre le recuerdan que la entrevista es “el día
viernes 30 de 2 pm a 5 pm”[79].
Luego el tres (3) de noviembre, respondiendo una pregunta acerca de la admisión
que remitiera Aura Lizeth, le informan que su estado es “NO ADMITIDO al
programa de medicina”[80].
-
Fotocopia de un mensaje de texto enviado por inscripcion@utp.edu.co (Universidad Tecnológica de Pereira) para auritalizeth.98@gmail.com el cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015), con el asunto:
Inscripción; en donde se indica: “Su inscripción a la Universidad
Tecnológica de Pereira ha sido realizada exitosamente. El número de su inscripción
es el […], y su número de PIN es el […]. Le deseamos éxito en el proceso de
admisión y esperamos que pronto haga parte de nuestra comunidad universitaria”[81].
-
Fotocopia de la consulta del puntaje de la base
certificada del Sisbén III Colombia, de Aura Lizeth Bastidas Mora, con puntaje
de 51.02. Como fecha del documento figura veintiocho (28) de octubre de dos mil
diez (2010).
Para efectos de contar con mayor
información acerca del programa Ser Pilo Paga 2, la Sala Primera de
Revisión incorporó como pruebas el Reglamento Operativo del
programa Ser Pilo Paga, segunda versión, con fecha del tres (3) de
diciembre de dos mil quince (2015)[82],
y el Convenio Interadministrativo No. 0042 del quince (15) de enero de dos mil
dieciséis (2016), suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el
ICETEX[83].
Ambos documentos se encuentran disponibles en la página institucional del
ICETEX.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de
Revisión es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del
trámite de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 86 inciso 3° y 241 numeral 9° de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
2. Planteamiento
del problema jurídico
En el expediente T-5686702,
el señor Gerardo Bernal Garzón, en representación de su hijo Sebastián Felipe
Bernal Rodríguez de 17 años, interpuso acción de tutela contra el Ministerio de
Educación Nacional y el ICFES, con vinculación oficiosa del ICETEX, por considerar
vulnerados los derechos de su representado a la educación y a la igualdad. Lo
anterior a raíz de una presunta exclusión del programa Ser Pilo Paga 2 por
no encontrarse registrado en el Sisbén[84]
con corte al diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), pese a que con
posterioridad, y en todo caso antes de que finalizara la convocatoria, cumplió
con dicho requisito. Además, obtuvo excelentes resultados en la prueba Saber 11
que lo ubicó en el puesto 34 a nivel nacional, posicionándose como un potencial
beneficiario. Según afirmó, esta exigencia era por él desconocida y tal
situación implicó que su hijo no pudiera ingresar a la Universidad de los
Andes, institución en la que fue aceptado.
En el expediente T-5689281,
la joven Aura Lizeth Bastidas Mora, de 18 años, interpuso acción de tutela
contra el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX por considerar vulnerados
los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad. Lo anterior debido a
una presunta exclusión del programa Ser Pilo Paga 2 al no tenerle en
cuenta su puntaje del Sisbén en razón a que no fue actualizado en la fecha
establecida por la entidad, esto es, el diecinueve (19) de junio de dos mil
quince (2015), pese a que ya venía con un historial en el sistema cuyo puntaje
cumplía con lo requerido por el ICETEX, que el nuevo puntaje (42,77) fue
publicado a partir del veintiuno (21) de julio del mismo año, según la encuesta
atendida el veintisiete (27) de mayo, y que en razón de su notable rendimiento
en la prueba Saber 11 se ubicaba como una potencial beneficiaria.
En ambos casos se
solicitó ordenar a la entidad que corresponda la
inclusión de los jóvenes Sebastián Felipe Bernal Rodríguez
y Aura Lizeth Bastidas Mora en el programa Ser
Pilo Paga 2, para que puedan iniciar prontamente sus
estudios superiores.
La Sala aclara que
si bien en las acciones de tutela también se solicitó la protección del derecho
fundamental a la igualdad de los jóvenes estudiantes, no abordará este aspecto
debido a que no se identificaron casos concretos que puedan servir de parámetro
para establecer un tratamiento diferenciado.
Tanto el Ministerio de Educación como el ICETEX argumentaron que el
programa Ser Pilo Paga 2 estaba dirigido a los mejores bachilleres del
país con menores recursos económicos, que además cumplieran con los requisitos
establecidos en la convocatoria, entre ellos estar registrado en la base de
datos del Sisbén al diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015) y cumplir
con los siguientes puntos de corte: en las 14 ciudades principales[85],
tener un puntaje menor o igual a 57.21; en otras cabeceras municipales, un
puntaje menor o igual a 56.32, y en zonas rurales, un puntaje menor o igual a
40.75.
De acuerdo con los
antecedentes expuestos en los casos acumulados, y teniendo en cuenta que el
ICETEX es el encargado de administrar los recursos presupuestales del programa Ser
Pilo Paga a través del fondo cuenta, además de verificar el cumplimiento de
los requisitos de inscripción, gestionar las convocatorias y evaluar, asignar y
hacer seguimiento a cada uno de los créditos condonables otorgados por el
programa hasta el límite presupuestal, corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico: ¿vulnera el ICETEX los derechos al debido proceso
administrativo y a la educación de Sebastián Felipe Bernal Rodríguez y Aura
Lizeth Bastidas Mora al no haberlos tomado en cuenta para el programa Ser
Pilo Paga 2 pese a cumplir con el puntaje exigido en las pruebas Saber 11, por
no estar registrados o por no tener actualizado su registro en el Sisbén en la
base de datos del diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), pese a que
con posterioridad, y en todo caso antes de que finalizara la convocatoria,
acreditaron el requisito de inclusión en el Sistema de Potenciales
Beneficiarios para programas sociales con el puntaje requerido?
Para resolver el
problema jurídico, la Sala (i) analizará la legitimación para actuar y el
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela de subsidiariedad e inmediatez; (ii) explicará el programa Ser
Pilo Paga 2; y (iii) expondrá las sentencias de tutela de la Corte
Constitucional que han estudiado casos en el marco del programa Ser Pilo
Paga. Finalmente, (iv) resolverá los casos concretos.
3.
Legitimación para actuar
3.1. Legitimación por activa. El artículo 86 de la
Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de
defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales.
El
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”,
establece que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos”.
En esta
oportunidad, en el expediente T-5686702, Gerardo Bernal Garzón,
en representación de su hijo Sebastián Felipe Bernal Rodríguez (de 17 años)[86],
interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación
Nacional y el ICFES, desvinculado por el juez de primera instancia luego de
vincular oficiosamente al ICETEX.
En
ese sentido, es viable que la acción de tutela se interponga por medio del representante
legal. Por ejemplo, en casos que involucren como parte a niños, niñas y
adolescentes, personas con discapacidad mental absoluta, interdictos y personas
jurídicas.
En el expediente
T-5689281, Aura Lizeth Bastidas Mora (de 18
años[87])
presentó acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX por sí misma.
En ambos casos se actúa en
defensa de derechos constitucionales fundamentales, entre ellos, la educación, razón por la cual los demandantes se encuentran legitimados para actuar
en esta causa.
3.2. Legitimación
por pasiva. De conformidad con el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991[88],
“[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En este orden de
ideas, el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX están legitimados como
parte pasiva en los procesos de tutela, toda vez que los accionantes les
atribuyeron la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
educación y a la igualdad.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela
4.1. La Corte Constitucional a través
de su jurisprudencia ha señalado que el respeto de los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de
tutela, es una condición necesaria para el conocimiento de fondo de las
solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por vía excepcional.
De hecho, de manera reiterada, esta Corporación ha reconocido que la acción de
tutela, conforme al artículo 86 de la Carta, es un mecanismo de protección de
carácter residual y subsidiario[89],
que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo y eficaz para la
protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otros medios
de defensa judicial se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable[90].
4.2. Inmediatez. En lo que hace referencia al denominado
requisito de la inmediatez, la acción de tutela debe ser interpuesta
dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de
la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que
se determine su improcedencia[91].
En los casos bajo estudio la Sala advierte que la joven Aura Lizeth Bastidas
Mora interpone la acción de tutela el siete (7) de marzo
de dos mil dieciséis (2016), y el señor Gerardo
Bernal Garzón, en representación de su hijo Sebastián Felipe Bernal Rodríguez,
el dieciocho (18) de abril del mismo año, luego de
conocidos los resultados de la convocatoria Ser Pilo Paga 2 en diciembre
de dos mil quince. Es decir, interponen el amparo
constitucional dentro de los tres (3) y cuatro (4) meses siguientes al hecho
que se identifica como generador de la vulneración de derechos fundamentales, plazo
que se estima razonable.
4.3. Subsidiariedad. La naturaleza
subsidiaria y excepcional de la acción de tutela permite reconocer la
validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial
como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos.
Al existir tales mecanismos, los ciudadanos deben acudir de manera preferente a
ellos cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional[92].
De allí que, quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales, debe
haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el
efecto, antes de acudir a la acción de tutela[93].
Así, el principio de subsidiariedad de la tutela pretende asegurar que una
acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el
trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos
diseñados por el legislador[94]
y, menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las
partes en los procesos judiciales[95].
Sin embargo, esta Corporación también
ha considerado la acción de tutela como un mecanismo procesal supletorio de los
dispositivos ordinarios cuando estos adolecen de idoneidad y eficacia,
circunstancia que está ligada a la inminencia de un perjuicio irremediable.  Es
por ello que se ha señalado que la sola existencia de un medio alternativo de
defensa judicial no implica automáticamente la improcedencia de la acción de
tutela[96],
porque, como se dijo, el medio judicial debe ser idóneo y eficaz para la
defensa de los derechos fundamentales[97].
En este orden de ideas, si el juez
constitucional constata que el otro medio de defensa disponible no resulta
conducente para la protección efectiva de los derechos invocados –al no
asegurar, por ejemplo, la eficacia necesaria para su defensa real–, el fallador
puede válidamente garantizar la protección preeminente y efectiva de los
derechos fundamentales, admitiendo, en estas circunstancias, la procedencia de
la acción de tutela[98].
De acuerdo a
los hechos descritos por los accionantes con ocasión de la imposibilidad de
acceder a estudios superiores en razón de su no calificación al programa Ser
Pilo Paga 2, debido a la supuesta ausencia de algunos de los requisitos
exigidos, se observa un perjuicio irremediable que justificaba acudir
directamente a la vía de la tutela, pues se trata de la posibilidad de acceder
a la educación superior de alta calidad a través de un crédito condonable
ofrecido para los mejores bachilleres del país, con menores recursos económicos,
esto es, cuyas familias no pueden pagar los costos de una matrícula
universitaria.
4.4. Concluye la Sala que en los casos
acumulados se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela, por lo que se debe proceder a estudiar el fondo de los asuntos.
5. El programa Ser Pilo Paga 2
El
programa Ser Pilo Paga desarrolla una política pública de fomento de la excelencia y la
calidad de la educación superior para los estudiantes con menores recursos
económicos y destacados puntajes en la prueba Saber 11.
El Reglamento Operativo del programa Ser Pilo Paga 2, con fecha
del tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015)[99], cuyo objeto
es establecer el procedimiento que se debe seguir para el otorgamiento y
continuidad de los créditos condonables de dicho programa, de acuerdo con lo
establecido en el Convenio Interadministrativo No. 0042 del quince (15) de
enero de dos mil dieciséis (2016), suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional
y el ICETEX[100],
describe la naturaleza del fondo de administración surgido del convenio
referido y le otorga su administración al ICETEX, quien deberá nombrar una
Junta Administradora que será la encargada de establecer las políticas y el
direccionamiento del programa Ser Pilo Paga (capítulo I). En los
artículos sexto, séptimo y octavo se establecen, en su orden, las funciones de
la Junta Administradora, del Ministerio de Educación Nacional y del ICETEX
(capítulo II).
El parágrafo segundo del artículo quinto (capítulo II) establece que el
ICETEX ejecutará las órdenes, políticas y planes trazados por la Junta Administradora
y “prestará asistencia y asesoría directa a las instituciones de educación
superior y a los beneficiarios en los temas de su competencia y de acuerdo con
las obligaciones contenidas en el Contrato”[101]. La
anterior función se complementa con la establecida en el numeral 8º del
artículo octavo, que dispone que el ICETEX deberá “[b]rindar a los
beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, protocolos con información veraz y
oportuna, así como asesoría detallada indicando paso a paso cada una de las
etapas necesarias para realizar los trámites de legalización del crédito condonable,
entrega del medio de pago del apoyo de sostenimiento, renovación del crédito
condonable y actualización de datos semestre a semestre, condonación del
crédito, paso a cobro de los créditos no condonables, entre otros que se puedan
requerir…”[102].
El capítulo III del Reglamento está dedicado al proceso de adjudicación
de los créditos condonables. En la lectura de este apartado se pueden
identificar las siguientes fases: 1) convocatoria para la selección de los
beneficiarios; 2) adjudicación de los créditos condonables; 3) publicación de
resultados, y 4) legalización del crédito ante la institución de educación
superior.
El artículo décimo señala que “[t]odo el proceso de selección cuyo
fin sea dar alcance al objeto [del] Fondo, deberá ser ampliamente divulgado a
través de los medios que para tal efecto disponga la Junta Administradora del
Fondo. Cualquier mecanismo que se escoja para la divulgación de la convocatoria
debe buscar que toda la población objeto de este programa educativo tenga
acceso a esta información en forma clara y oportuna”[103]. En dicha
disposición normativa también se indica que la convocatoria que se adelante
para la selección de los beneficiarios deberá contener como mínimo los
siguientes aspectos: 1) fecha de apertura de la convocatoria; 2) condiciones y
requisitos mínimos que los aspirantes deben cumplir; 3) fecha límite para el
diligenciamiento del formulario correspondiente; 4) fechas del proceso de
adjudicación; 5) fecha y canales de comunicación para la publicación de los
resultados de la convocatoria, y 6) requisitos y fecha límite para la
legalización del crédito condonable.
Según el artículo decimoprimero del Reglamento, los requisitos mínimos
de los aspirantes al crédito condonable son: 1) ser colombiano; 2) ser
bachiller graduado en el año en que se determine en la convocatoria, haber
presentado la prueba Saber 11 en las fechas establecidas para cada convocatoria
y haber obtenido un puntaje igual o superior al punto de corte de cada
convocatoria. Estar registrado en la base censal del Sisbén en las fechas y con
los puntos de corte establecidos para cada convocatoria. En caso de pertenecer
a población indígena, estar registrado dentro de la base censal del Ministerio
del interior en las fechas de corte establecidas para cada convocatoria. 3) Ser
admitido en una de las instituciones de educación superior acreditadas en alta
calidad o que estén en proceso de renovación de dicha acreditación, en un
programa académico ofrecido bajo la modalidad presencial.
El artículo decimosegundo del reglamento define los criterios de
adjudicación de los créditos condonables, cuyo proceso estará a cargo de la
Junta Administradora, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de
cada uno de los aspirantes por parte del ICETEX. Así, dispone que “[e]n caso
que existan aspirantes que cumpliendo los requisitos mínimos establecidos y en
el evento en que no alcancen los recursos para el cubrimiento de todos, se
priorizará la adjudicación a aquellos que presenten los más altos puntajes en
la prueba Saber 11 y a su vez los puntajes de SISBEN más bajos y cercanos a
cero, situación que será aclarada en forma específica en la respectiva
convocatoria”. Asimismo, señala que “[e]l ICETEX podrá adjudicar
créditos condonables a beneficiarios como cumplimiento de una orden judicial
sin que se requiera de la aprobación previa de la Junta Administradora del
Fondo”[104].
Continúa el reglamento disponiendo las condiciones del crédito condonable
(capítulo IV), la condonación del crédito (artículo V), la modalidad Ser Pilo
Paga-fuerzas militares y Policía Nacional (capítulo VI), la modalidad Ser Pilo
Paga-profe (capítulo VII) y, finalmente, establece unas generalidades (capítulo
VIII).
El Reglamento incorpora en el Anexo 2 los requisitos de la convocatoria
Ser Pilo Paga 2. El artículo primero señala los requisitos mínimos de
los aspirantes, en los siguientes términos:
1)
Ser colombiano.
2)
Haber presentado la prueba Saber 11 el 2 de agosto
de 2015 y haber obtenido un puntaje igual o superior a 318 y haber cursado y
aprobado el grado 11 en el año 2015.
3)  Estar registrado en el SISBÉN en la base del 19 de junio de 2015 y
cumplir con los siguientes puntos de corte:
No.
Área
Puntaje máximo
1
14 Ciudades
principales sin áreas metropolitanas a saber: Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio,
Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta.
57.21
2
Resto urbano:
Zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, los centros poblados y
la zona rural dispersa de las 14 principales ciudades.
56.32
3
Área rural.
40.75
En caso de pertenecer a población indígena, estar registrado dentro de
la base censal del Ministerio del Interior con corte al 30 de junio de 2015.
4)  Ser admitido en una de las 39 instituciones de educación superior acreditadas
el Alta Calidad o que estén en proceso de renovación de dicha acreditación en un
programa académico ofrecido bajo la modalidad presencial.
PARÁGRAFO.
Para efectos de lo previsto en el numeral 4) de este artículo, el beneficiario
del Programa Ser Pilo Paga deberá estar matriculado exclusivamente en la
institución de educación superior principal o seccional que cuente con
acreditación en alta calidad o en proceso de renovación de la misma.
6. El programa Ser Pilo Paga en las sentencias de tutela de la
Corte Constitucional
6.1. Debido a que el programa Ser Pilo Paga inició en el 2015 no
hay muchos pronunciamientos de la Corporación al respecto. A continuación se
hará referencia a las dos decisiones que hasta el momento han sido proferidas y
que estudiaron la vulneración de derechos fundamentales en el marco del referido
programa.
6.2. En la sentencia
T-138 de 2016[105]
se estudió el caso de una madre que interpuso una acción de tutela contra la
Universidad de Caldas por considerar que dicha institución vulneró los derechos
fundamentales de su hijo al debido proceso, a la educación y el principio de
confianza legítima. Según los hechos narrados, el joven beneficiario del programa Ser Pilo Paga en el 2014 ingresó a la
facultad de medicina de la institución educativa en el primer semestre de 2015
por una orden de tutela que fue anulada[106].
Posteriormente se negó dicho amparo. Para el momento en el que fue notificada
esa decisión, el estudiante ya había cursado gran parte del semestre. Por ello,
en un nuevo proceso se le amparó el derecho a la educación por el principio de
confianza legítima y se ordenó a la institución de educación superior permitirle
terminar el semestre. Luego, cursando una materia intersemestral, el plantel le
notificó su desvinculación bajo el argumento que las órdenes de tutela del
segundo proceso estaban limitadas a que terminara los estudios correspondientes
al primer semestre. Sin embargo, para la demandante la decisión de la
Universidad de Caldas de retirar el cupo a su hijo fue arbitraria porque
desconoció el amparo del derecho a la educación del proceso de tutela previo y,
al mismo tiempo, contrarió la confianza legítima, por cuanto permitió al
estudiante inscribirse y asistir a las clases del intersemestral. En la
sentencia se aclaró que el joven se postuló para ser admitido en
dicho centro educativo en el programa de medicina en tres
ocasiones sin ser admitido.
Entonces, la solicitud estaba
orientada a que se ordenara a la institución permitirle continuar sus
estudios en el plantel, siempre y cuando cumpliera con los deberes como
estudiante de acuerdo con los reglamentos internos, en garantía de la autonomía
universitaria; nivelarlo en las clases en caso de haber iniciado al momento de
que se profiera una decisión y, no incurrir en más fallas en el servicio.
Así las cosas, le
correspondió en esa ocasión a la Sala Sexta de Revisión
determinar si una universidad vulnera el derecho fundamental a la
educación de un estudiante que obtuvo un cupo no previsto por el reglamento
interno por una orden de tutela, cuando lo desvincula y no lo deja terminar un
curso intersemestral, bajo el argumento que dicha resolución estaba limitada a
que cursara un solo período académico, a pesar de que por un error
administrativo no se percataron y lo dejaron avanzar en su carrera.
La Sala concluyó
que con el propósito de garantizar la permanencia del estudiante en la
formación profesional de su escogencia y, simultáneamente, para salvaguardar el
acceso a la financiación de la educación superior de la que es beneficiario,
sin afectar de manera desmedida las condiciones presupuestales del programa, la
mejor alternativa para amparar su derecho a la educación era permitirle
continuar sus estudios en la Universidad de Caldas, donde había demostrado su
valor académico. Por ello, le ordenó a dicha institución permitirle al
estudiante presentar las tareas, trabajos y exámenes que habían sido
programados para calcular la nota final de la materia cursada en el período
intersemestral (Bioquímica General) y que dejó de presentar debido a la cancelación
del cupo por parte de la institución, así como asignar un cupo en el programa
de medicina al joven para que continuara sus estudios a partir del
segundo período académico de 2016, teniendo en cuenta los créditos académicos
aprobados anteriormente. Adicionalmente, instó al Ministerio de
Educación Nacional a continuar brindando el acompañamiento y asistencia
administrativa al estudiante con el fin de que pudiera hacer uso del crédito
condonable.
6.3. En la sentencia T-457 de 2016[107] se estudió
el caso de una madre que interpuso una acción de tutela contra la Jefatura de
Reclutamiento del Ejército Nacional por el presunto desconocimiento de los
derechos a la educación y a la vida digna de su hijo, entre otros, al haber
sido reclutado sin tener en cuenta que ya había sido admitido en la Universidad
Autónoma del Occidente del Valle y que era un potencial beneficiario del
Programa Ser pilo paga 2. En consecuencia, en esa ocasión le correspondió
a la Sala Tercera de Revisión determinar si el Ejército Nacional vulneró los
derechos fundamentales del joven por disponer su incorporación para prestar el
servicio militar obligatorio.
La Sala resolvió tutelar los derechos al debido
proceso y a la educación del joven en consideración a que el Ejército Nacional lo
incorporó pese a estar incurso en la causal de exención
del servicio militar obligatorio tras haber sido admitido, al momento de
definir su situación militar, en una institución de educación superior. Así, ordenó a la Séptima Brigada de Villavicencio desincorporar al
actor del servicio militar obligatorio, bajo ciertas condiciones. Además, y luego
de considerar que el accionante se encontraba registrado en el SISBÉN con un
puntaje de 14,81 y tras obtener un global de 319 puntos en la prueba del
Estado, había iniciado el proceso para ser beneficiario del programa Ser
Pilo Paga 2 que le hubiera permitido obtener un crédito condonable por ser
un estudiante destacado, situación que implicó que dicha expectativa se frustrara
a causa del reclutamiento que evitó su ingreso a una institución de educación
superior, le ordenó al Ministerio de Educación Nacional que (i) reanudara
el procedimiento que incluye la realización del Comité de Preselección del
Programa y el de Adjudicación, (ii) para que después de analizar las
condiciones particulares del joven, determine, dentro del mes siguiente a su
conformación, si debe considerarse como beneficiario de Ser Pilo Paga 2,
teniendo en cuenta que no podrá reprocharle la ausencia de inscripción, ni que
esta etapa del programa ya se agotó. Igualmente, advirtió que si no existe una
razón objetiva para la exclusión del actor deberá proceder a otorgarle dicho
beneficio.
6.4. Como se
observa, las anteriores decisiones no constituyen un precedente aplicable en
los casos que en esta oportunidad estudia la Sala Primera de Revisión, pues se
trata de hechos muy disímiles. No obstante, indican una orientación de la
Corporación en el sentido de proteger el derecho a la educación en el marco del
programa Ser Pilo Paga del Ministerio de Educación Nacional, bajo la
consideración de que “[…] la educación, vista como un servicio público y un
derecho, es en esencia, una de las mejores y más eficientes maneras de
dignificar al ser humano, de mejorar su calidad de vida, de integrarlo de
manera efectiva a la sociedad, así como un factor de desarrollo personal y de
la comunidad a la que pertenece, y cuyo ejercicio debe garantizarse sin ningún
tipo de limitación, más allá del respeto de otras garantías constitucionales y
del cumplimiento de los requisitos propios de cada modelo de educación”[108]
.
7. El derecho a la educación superior[109]
7.1. La
educación tiene cuatro dimensiones constitucionales[110]. Por una parte, es un derecho prestacional porque hace parte de los
Derechos Sociales, Económicos y Culturales –en adelante DESC– (arts. 67, 68 y
69 de la Constitución). Esto implica que su efectividad plena está ligada a la
disponibilidad de recursos económicos, una regulación legal y una estructura
organizacional[111].
Por otra parte, se constituye como derecho fundamental cuando se trata de educación
primaria y básica[112]
y, de manera excepcional, de educación superior[113],
como se explicará más adelante.
Así mismo, se trata de un servicio
público regulado por la Ley 30 de 1992[114]
(art. 365)[115]
y por el Decreto 1075 de 2015[116].
Además, es un derecho-deber[117]
ya que implica obligaciones y derechos causados
por la relación entre prestadores del servicio y usuarios, es decir, se refiere
“concretamente a las obligaciones que se generan por parte de los planteles
educativos –públicos o privados-– con los estudiantes y la obligación que
tienen éstos a cumplir con los deberes y obligaciones que se estipulan en el reglamento estudiantil”[118].
7.2. El núcleo esencial del derecho a la educación
abarca las siguientes dimensiones según la jurisprudencia constitucional[119]:
“(i) disponibilidad, que consiste en la existencia de los medios para
que se satisfaga la demanda educativa de las personas, como por ejemplo
escuelas, docentes calificados, materiales de enseñanza, entre otros;[120](ii)
accesibilidad, que pone en cabeza del Estado el deber de garantizar en los
niños el ingreso a la educación básica, de manera obligatoria y gratuita;[121]
(iii) permanencia en el sistema educativo, que protege el derecho a conservar
la educación básica sin que existan criterios de exclusión irrazonables[122]
y finalmente, (iv) calidad, que consiste en brindarle a los estudiantes una
educación que les permita adquirir y producir conocimientos suficientes para
desarrollar sus planes de vida, sin importar el nivel socioeconómico.[123]”[124].
7.3. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución[125], la educación obligatoria “comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica”. Lo anterior revela que es
imperativo que el Estado brinde la educación de cinco años de primaria y cuatro
de secundaria que comprende la educación básica[126].
Sin embargo, no exime al Estado de la responsabilidad de brindar la
disponibilidad respecto de todas las etapas de la educación (preescolar,
primaria, secundaria y superior)[127].
En este sentido, la Corte Constitucional ha
señalado que, si bien la
obligación del Estado en materia de educación se limita según el nivel de enseñanza, con base en el principio de progresividad[128] le
corresponde, junto con la familia y la sociedad, “el deber de procurar el
acceso progresivo de las personas a los distintos niveles de escolaridad,
mediante la adopción de diferentes medidas, dentro de las que se destaca, por
expreso mandato constitucional, la obligación de facilitar mecanismos
financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la
educación superior”[129].
7.4. Por otro lado, múltiples
instrumentos internacionales, que forman parte del bloque de
constitucionalidad, soportan esta restricción en relación con la educación
superior. La Convención sobre los Derechos de los
Niños, adoptada por la Ley 12 de 1991, en su artículo 28 dispone:
“1.
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que
se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades
ese derecho, deberán en particular:
[…]
c)
Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la
capacidad, por cuantos medios sean apropiados;…” (cursivas fuera del texto
original)[130].
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en
su artículo 13 numeral 2º literal c), limita la obligatoriedad de la educación
a la primaria, lo que deja por fuera al nivel preescolar y a los cuatro años de
secundaria que están contemplados en la Carta del 1991[131]:
“Artículo 13. 2. Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:
|| […]
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente
accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita; […]” (cursivas fuera del texto
original).
Así mismo, con arreglo en el apartado c) del numeral
3º del artículo 13 del Protocolo de San Salvador:
“Artículo
13. 2. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con [el] objeto
de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: […]
c.
La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la
base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y, en
particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; […]” (cursivas fuera del
texto original).
Por otra parte, aunque no hacen parte del bloque de
constitucionalidad pero sí son criterios útiles de interpretación, la
Declaración Mundial sobre la Educación Superior (1998) y el Marco de Acción
Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior, adoptados
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), hacen un llamado a los Estados miembros para que adopten las
medidas necesarias para fomentar la accesibilidad a la educación superior. Por
ejemplo, “crear, cuando proceda, el marco legislativo, político y financiero
para reformar y desarrollar la educación superior”, e impulsar la
vinculación con la investigación y los distintos sectores de la sociedad para
que contribuyan eficazmente con el desarrollo. Visto lo anterior, no fija una
obligación directa de brindar la educación superior.
Teniendo en cuenta que las disposiciones citadas
expresan que el acceso y gratuidad de la enseñanza superior es un compromiso gradual  de los
Estados, estos deben tomar medidas para estimular su acceso y permanencia.
En cumplimiento de este deber,
una de las funciones otorgadas al Ministerio de Educación consiste en formular
políticas para el fomento de la educación superior[132].
De igual forma, el ICETEX está encargado de facilitar mecanismos financieros
que hagan posible el acceso a la educación superior “priorizando la población de bajos recursos
económicos y aquella con mérito académico”[133],
de manera que, por esta vía, el Estado colombiano tiende progresivamente a la
provisión de mecanismos para que los asociados puedan realizarse personal y
profesionalmente.
7.5. En concordancia con
lo anterior, el derecho a la educación no solo goza de protección
constitucional en su modalidad primaria, básica y secundaria[134]. La Corte
también ha protegido el derecho al acceso a la
educación superior cuando su amenaza o vulneración provoca la amenaza o
vulneración de otros derechos de carácter fundamental como la igualdad, el
libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso por conexidad[135].
La Corte ha protegido el derecho a la educación por la correspondencia
que esta tiene con el desarrollo personal e inclusive el plan de vida del individuo
como herramienta para superar situaciones de marginación. Esta perspectiva
presume que el grado de educación formal incide decisivamente en la calidad de
vida de los individuos, las familias y las colectividades. En efecto, atiende a
la relación entre la educación y la mejora de los niveles de ingreso, el acceso
a oportunidades profesionales, la inserción en la vida productiva, la movilidad
social, la salud de las personas, los cambios en la estructura de la familia,
la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad
autónoma y responsable de las personas.
En este sentido, en la sentencia T-321 de 2007[136] expresó que
“se puede concluir que el derecho a la educación goza de naturaleza
fundamental, como quiera que su núcleo esencial comporta un factor de
desarrollo personal y social, de manera que su ejercicio se dirige a la
realización de la dignidad humana, en tanto permite la concreción de un plan de
vida y el desarrollo pleno del individuo en sociedad”[137].
Posteriormente, en la sentencia T-056 de 2011[138] la Sala
Quinta de Revisión afirmó que el derecho fundamental a la educación: (i) es
objeto de protección especial del Estado; (ii) es presupuesto
básico de la efectividad de otros derechos fundamentales como la escogencia de
una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa y de
realización personal, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre
otros[139],
y (iii) es uno de los fines esenciales del Estado social y
democrático de derecho.
La vulneración del derecho a la educación y su conexidad con el debido
proceso administrativo
7.6. En
relación con el derecho a la educación y su conexidad con el debido proceso
administrativo, se advierte que no existe un precedente idéntico proferido por
esta Corporación para efectos de decidir los asuntos bajo análisis. Sin
embargo, hay algunos pronunciamientos a partir de los cuales se han construido
reglas jurisprudenciales que pueden ser de utilidad en dicha tarea[140].
Por
ejemplo, en la sentencia T-845 de 2010[141] la Sala Novena de Revisión abordó un
caso en el que uno de los problemas jurídicos que se debía resolver era si el
rechazo de una solicitud de crédito presentada ante el ICETEX, originado en un
requisito que no se encontraba publicado en el servicio de información virtual
de la entidad al momento de elevarse la petición de crédito, desconocía el
debido proceso de la accionante. La Sala consideró que el ICETEX había
vulnerado el debido proceso de la actora al rechazar su crédito, con base
en una exigencia desconocida por ella e impuesto unilateral y
sorpresivamente por parte de la entidad accionada. En consecuencia, dictó una
orden de prevención en contra del ICETEX, con el fin de que no incurriera a
futuro en este tipo de actuaciones incompatibles con el contenido normativo del
principio de buena fe y lesivas del derecho fundamental al debido proceso[142].
Otro caso que sirve de referente para decidir el problema
jurídico planteado en esta providencia es la sentencia T-375 de 2013[143]. De acuerdo con los
antecedentes fácticos, la alcaldía de un municipio se negó a entregar a un
estudiante un incentivo educativo para cubrir gastos de matrícula y
mantenimiento que le fueron reconocidos mediante decreto municipal del ente
territorial, con el argumento de no haber sido expedido dicho acto
administrativo que concedía el subsidio educativo bajo el mandato del “actual”
gobierno local. Conforme a lo expuesto, la Sala Novena de Revisión encontró que
al estudiante le habían adjudicado legalmente el beneficio, y que el mismo era
producto de sus méritos académicos. Sostuvo en aquella oportunidad que el respeto al acto
propio es una expresión del principio de buena fe que no puede soslayarse. Por
lo tanto, argumentó que las decisiones que fueron adoptadas por la máxima
autoridad administrativa del municipio, a través de un acto administrativo que
creó una situación jurídica de carácter particular y concreto, no pueden ser
desconocidas por la nueva cúpula de la administración con razones de carácter
administrativo ajenas al ciudadano. Asimismo, que el actor no debía soportar la
carga de ver suspendido un beneficio que adquirió en debida forma al amparo de
unas reglas de juego previamente establecidas y cumplidas.
En el mismo orden de ideas se encuentra la sentencia T-079 de 2015[144] en
la que se examinó si una entidad territorial que había creado becas para los
mejores bachilleres vulneraba los derechos fundamentales a la educación, la igualdad
y el debido proceso, de una joven de escasos recursos que pertenecía a una
comunidad indígena, con su decisión de negarle el mencionado incentivo
educativo. La razón que sustentó la entidad territorial para negar la beca fue
que al verificar la base de datos del Sisben advirtió que el puntaje asignado a
la menor no era suficiente. Sin embargo, pese a que la joven demostró que ese
puntaje era erróneo y que no correspondía con su situación socioeconómica, para
lo cual pidió una nueva encuesta que arrojó un puntaje que sí le permitía
obtener el beneficio educativo, la entidad no accedió a modificar su decisión
inicial. Al respecto, la Sala Sexta de Revisión sostuvo que la entidad
territorial había vulnerado la garantía fundamental al debido proceso, pues “suprimió de toda posibilidad a la
comunidad educativa de aportar o controvertir las pruebas que se consideraran
necesarias en el desarrollo de la actuación administrativa y asumió con ello
que la labor de verificación de sus propias bases de datos dotaba de veracidad
la información obtenida”. En consecuencia, amparó el derecho
fundamental a la educación de la joven ordenando la entrega del incentivo
educativo reclamado a través de la acción de tutela.
7.7. Los precedentes
jurisprudenciales enunciados resaltan la forma como la negación y restricción
de beneficios e incentivos educativos, a pesar de que en algunas oportunidades
se sustente en la aplicación de normas reglamentarias, puede afectar el núcleo
esencial de los derechos al debido proceso y a la educación, y como dicha
vulneración puede acentuarse tratándose de población vulnerable, siendo
necesaria la intervención del juez constitucional para garantizar su
protección.
7.8. Así, se tiene que las
entidades encargadas de reconocer subsidios o incentivos que cumplan una
finalidad educativa, vulneran los derechos al debido proceso y la educación
cuando: (i) rechazan el acceso a un incentivo educativo exigiendo
requisitos fijados de forma unilateral y arbitraria, que no fueron conocidos
previamente por quien aspira a ser favorecido con el mencionado beneficio; (ii)
suspenden un auxilio económico para educación, adquirido en debida forma y que
se venía recibiendo por cumplir estrictamente con requisitos establecidos con
antelación; y (iii) suprimen la posibilidad de que los aspirantes al ser
favorecidos con un subsidio económico para educación puedan aportar o
controvertir pruebas para desvirtuar información desactualizada que conste en
bases de datos consultadas por la entidad encargada de reconocer dicho
subsidio, o para desvirtuar cualquier otra circunstancia que no se hubiese
tenido en cuenta e igualmente restrinja el acceso al incentivo educativo.
8. Análisis de
los casos concretos
8.1. Como ya fue
indicado en el acápite correspondiente al planteamiento del problema jurídico,
las decisiones que son objeto de revisión por la Sala Primera plantean casos
que involucran la presunta vulneración del derecho fundamental a la educación
de dos jóvenes, que luego de terminar su bachillerato querían continuar con el
ciclo de educación superior a través del programa social Ser Pilo Paga 2,
cuyos recursos presupuestales son manejados por el ICETEX, quien a su vez es el
encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción,
gestionar las convocatorias y evaluar, asignar y hacer seguimiento a cada uno
de los créditos condonables otorgados hasta el límite presupuestal.
Según se narró en
las solicitudes de amparo, los jóvenes perdieron la oportunidad de acceder a
dicho beneficio económico para poder adelantar sus estudios universitarios:
(i) En el caso de Sebastián Felipe Bernal Rodríguez, de 17 años de edad (expediente
T-5686702), a raíz de una presunta exclusión del programa Ser Pilo Paga 2
por no encontrarse registrado en el Sisbén con corte al diecinueve (19) de
junio de dos mil quince (2015), pese a que con posterioridad, y en todo caso
antes de que finalizara la convocatoria, cumplió con dicho requisito, y que en
razón de su excelente rendimiento en la prueba Saber 11 se ubicaba como un
potencial beneficiario. Según afirmó el representante legal del joven, la
exigencia del registro en el Sisbén era por él desconocida y tal situación
implicó que su hijo no pudiera ingresar a la Universidad de los Andes,
institución en la que fue admitido.
(ii) En el caso de Aura Lizeth Bastidas Mora, de 18 años de edad (expediente
T-5689281), dicha exclusión del programa se debió a que el registro del Sisbén fue
modificado con fecha posterior al corte exigido en la convocatoria, esto es, el
diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), pese a que ya venía con un
historial en el sistema cuyo puntaje cumplía con lo requerido por el ICETEX,
que el nuevo puntaje (42,77) fue publicado a partir del veintiuno (21) de julio
del mismo año, según la encuesta atendida el veintisiete (27) de mayo, y que en
razón de su notable rendimiento en la prueba Saber 11 se ubicaba como una
potencial beneficiaria.
En ambos eventos se
discute la actuación del ICETEX al descartar a dos jóvenes que obtuvieron
excelentes resultados en la prueba Saber 11, lo que los potenciaba para ser
beneficiarios del programa Ser Pilo Paga 2, por no estar registrados o
por no tener actualizado su registro en el Sisbén en la base de datos del
diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), pese a que con
posterioridad, y en todo caso antes de que finalizara la convocatoria, acreditaron
el requisito de inclusión en el Sistema de Potenciales Beneficiarios para
programas sociales con el puntaje requerido.
Según la información suministrada por el ICETEX los requisitos
objetivos establecidos para que un joven pueda ser beneficiario del Programa Ser
Pilo Paga 2 son los siguientes:
-
Haber presentado la prueba Saber 11 el 2 de agosto
de 2015 y haber obtenido un puntaje igual o superior a 318.
-
Haber cursado y aprobado el grado 11 en 2015.
-
Estar registrado en el Sisbén en la base del 19 de
junio de 2015 y cumplir con los siguientes puntos de corte: en las 14 ciudades
principales[145],
tener un puntaje menor o igual a 57.21; en otras cabeceras municipales, un
puntaje menor o igual a 56.32, y en zonas rurales, un puntaje menor o igual a
40.75.
-
Si pertenece a la población indígena debe estar
registrado dentro de la base censal del Ministerio del Interior con corte al 30
de junio de 2015.
-
Ser admitido en una de las 39 instituciones de
Educación Superior acreditadas en alta calidad.
Estos requisitos
también aparecen descritos en el Anexo 2 “Requisitos de la convocatoria Ser
Pilo Paga 2”, incorporado al Reglamento Operativo del programa Ser Pilo Paga
2, con fecha del tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015);
documentación aportada por el Ministerio de Educación Superior en su escrito de
respuesta a la tutela presentada por Gerardo Bernal Garzón[146].
Según el Ministerio
de Educación Nacional, de acuerdo a la etapa de selección en la que se
encuentre, el joven que cumpla con las anteriores exigencias será: (i) potencial
beneficiario, que es cuando la persona natural satisface los
requisitos establecidos en la convocatoria; (ii) preseleccionado,
que se da cuando la persona natural que cumple con los requisitos
establecidos en la convocatoria es aprobado por el Comité de Preselección del
programa, y (iii) beneficiario, que es quien, después de
agotar las etapas anteriores, es aprobado en el último Comité de Adjudicación[147].
Para resolver los
casos concretos, la Sala de Revisión debe tener en cuenta que la educación
universitaria tiene un nexo con el desarrollo personal e inclusive con
la dignidad humana, porque determina el plan de vida del individuo y sirve de
herramienta para superar situaciones de marginación y reducir brechas de
desigualdad. En razón de ello, como se vio en el acápite anterior, la
jurisprudencia constitucional ha protegido el derecho a la educación superior.
En efecto, este
planteamiento es el presupuesto del programa Ser Pilo Paga[148].
Dicho esquema desarrolla una política pública del Gobierno Nacional, ejecutada
por el Ministerio de Educación y el ICETEX[149],
a través de la cual se realizan acciones afirmativas a favor de jóvenes de
escasos recursos económicos con resultados destacados en la prueba Saber 11.
Para ello, y a partir del reconocimiento del mérito o esfuerzo académico,
otorga créditos condonables de tal manera que se facilite la financiación para
acceder y permanecer en la educación superior de alta calidad.
Las consideraciones
generales del Convenio Interadministrativo No. 0042 del quince (15) de enero de
dos mil dieciséis (2016), suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y
el ICETEX[150],
cuyo objeto es constituir el fondo de administración denominado Ser Pilo
Paga versión 2; denotan la función social de la educación. Allí, se
establece como reflexión orientadora que para “generar las condiciones para
un país en paz, equidad y con educación, [el Gobierno Nacional] busca
posicionar a Colombia como la más educada de América Latina, para que cada
niño, niña o adolescente tenga un desarrollo integral que le permita llevar a
cabo el proyecto de vida que desea, y aporte al desarrollo, la reconciliación,
la solidaridad y la prosperidad del país”[151].
A continuación, pasa la Sala a hacer el estudio de los casos concretos.
8.2. Expediente T-5686702
De conformidad con
la certificación emitida por el Grupo de Crédito del ICETEX del tres (3) de
mayo de dos mil dieciséis (2016)[152],
el joven Sebastián Felipe Bernal Rodríguez presentó las pruebas ICFES Saber 11
el dos (2) de agosto de dos mil quince (2015), obteniendo un puntaje de 348[153],
es decir, 30 puntos por encima de lo exigido por la entidad, por lo que se
señaló que cumplía con dicho requisito. Sin embargo, se explicó que al validar
en la base de datos entregada por el Departamento Nacional de Planeación –DNP–
con corte al diecinueve (19) de junio de 2015 no se evidenció registro de
Sebastián Felipe en el Sisbén, por lo que se especificó que no cumplía con este
requisito. A su vez, se afirmó que al validar en el listado de admitidos
enviados por las universidades con corte a diciembre de dos mil quince (2015)
no se evidenció registro del joven, por lo que tampoco cumplía con esta
exigencia para ser potencial beneficiario del programa Ser Pilo Paga 2.
En relación con este último punto, la información suministrada por el
ICETEX es contraria a la prueba aportada con el escrito de tutela por el padre
de Sebastián Felipe Bernal Rodríguez, consistente en la copia de una carta de admisión
del joven en el pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de
los Andes, fechada el veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), en la
que se resalta que “sobresalió con uno de los mejores puntajes de la prueba
Saber 11”[154].
En lo que tiene que
ver con el registro en la base de datos del Sisbén, se consultó en la página
web del Departamento Nacional de Planeación –DNP– encontrando que el señor
Gerardo Bernal Garzón y su hijo Sebastián Felipe Bernal Rodríguez aparecen
registrados con un puntaje de 47,96, según ficha 4895291 de Bogotá D.C., con
fecha de modificación del diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015)[155].
Como no aparece en
el expediente prueba alguna que acredite el registro de Sebastián Felipe en el
Sisbén antes de la fecha referida, a través de llamada telefónica realizada al
padre del joven, señor Gerardo Bernal Garzón[156],
se logró determinar que antes de noviembre de dos mil quince (2015) el joven no
se había registrado en la base de datos del Sisbén. El señor explicó que en
algún momento, aproximadamente hace diez (10) años, estuvieron en el Sisbén
pero que después de que su esposa consiguió trabajo en una lavandería ella se
afilió a la seguridad social y lo incluyó como beneficiario hasta que se
separaron, quedando el hogar conformado solo por padre e hijo, quienes en la
actualidad residen en un barrio de Suba. En este punto precisó que no sabía que
dicho sistema servía para acceder a programas sociales. Asimismo, explicó que
cuando se enteró de los resultados de su hijo en la prueba Saber 11, y teniendo
en cuenta que no había finalizado la convocatoria para el programa Ser Pilo
paga 2, inició los trámites para ser encuestado, obteniendo un puntaje de
47,96 con fecha del diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015).
En esta
oportunidad, nuevamente la queja del padre fue la falta de información en
relación con este requisito, pues señaló que ni por los medios de comunicación ni
por conducto de la institución educativa donde su hijo cursaba su último grado
de bachillerato se enteró de que para ser un potencial beneficiario del
programa de condonación de créditos era requisito estar registrado en el Sisbén
con corte al diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015).
Como puede
observarse, se pone de presente la falta de información oportuna para acceder
al programa Ser Pilo Paga 2. En la respuesta suministrada por el ICETEX
se indica que la convocatoria para aplicar al programa se habilitó desde el
veintitrés (23) de octubre hasta el trece (13) de diciembre de dos mil quince
(2015)[157];
sin embargo, ninguna de las entidades accionadas especificó la forma en que se
dio a conocer o fue publicitada dicha convocatoria, pese a que el señor Gerardo
Bernal Garzón afirmó la falta de información en relación con el requisito del
registro en el Sisbén.
El Ministerio de
Educación Nacional, con la respuesta a la acción de tutela, aportó el
reglamento operativo del programa Ser Pilo Paga, segunda versión, suscrito
el tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015) por la Viceministra de
Educación Superior y el Presidente del ICETEX[158], con sus
anexos, entre ellos el No. 2 que se refiere a los requisitos de la convocatoria
Ser Pilo Paga 2. Entonces, este documento institucional fija unos
requisitos para participar en la convocatoria al programa Ser Pilo Paga 2
cuando faltaban diez (10) días para cerrarse. La pregunta que en este punto se
hace la Sala es ¿cómo pudo Sebastián Felipe Bernal Rodríguez (o su padre)
enterarse oportunamente del requisito específico del registro en el Sisbén con
una fecha de corte concreta, para poder ser un potencial beneficiario al
programa social?
En este punto es
importante tener en consideración que en el artículo décimo del Reglamento
Operativo del programa Ser Pilo Paga 2, con fecha del tres (3) de
diciembre de dos mil quince (2015)[159],
se establece: “CONVOCATORIA. Todo proceso de selección cuyo fin sea dar
alcance al objeto de este Fondo, deberá ser ampliamente divulgado a través de
los medios que para tal efecto disponga la Junta Administradora del Fondo.
Cualquier mecanismo que se escoja para la divulgación de la convocatoria debe
buscar que toda la población objeto de este programa educativo tenga acceso a
esta información en forma clara y oportuna” (mayúsculas
originales, negrillas fuera de texto).
Haciendo una
consulta vía web para tratar de identificar desde qué momento habían sido
publicados los requisitos para postularse a la convocatoria Ser Pilo Paga 2,
se revisó la página web Urna de Cristal del Gobierno Nacional con fecha
del diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), en donde se lee “Todo
lo que debes saber sobre Ser Pilo Paga 2”. A continuación se indica que “[c]on
la entrega de resultados de las pruebas SABER el Gobierno pone en marcha la
segunda edición del programa Ser Pilo Paga. Se aumentaron los cupos a 11 mil y
el puntaje mínimo es 318. Déjanos todas tus preguntas sobre el tema”.
Luego, aparecen descritos los requisitos así:
“Requisitos
Ser Pilo Paga 2
1.
Puntaje de 318 o superior
2.
Cursar y aprobar el grado 11 en el 2015
3.
Estar registrado en el Sisbén en la base del 19 de
junio de 2015
4.
Ser admitidos por una de las 39 Instituciones de
Educación Superior acreditadas en Alta Calidad
5.
Aspirantes de la población indígena deben estar
registrados dentro de la base censal del Ministerio del Interior con corte al
30 de junio de 2015”[160].
Sebastián Felipe
Bernal Rodríguez, enterado de que había obtenido un puntaje de 348 en la prueba
Saber 11, empezó a imaginar un mejor futuro a través de la educación. Así las
cosas, y presumiendo que ya para esa época tenía conocimiento de los requisitos
descritos, aunque por fuera del término fijado en la convocatoria, inició el
trámite del registro en el Sisbén con su padre, siendo categorizados con un
puntaje de 47,96, según ficha 4895291 de Bogotá D.C., con fecha de modificación
del diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015). Es decir, durante el
tiempo en que estuvo abierta la convocatoria del programa Ser Pilo Paga 2
logró acceder al registro y obtener un puntaje que lo hacía potencial
beneficiario de este programa.
A su vez, se
inscribió en la Universidad de los Andes en donde fue admitido al pregrado en
Gobierno y Asuntos Públicos, resaltándose su sobresaliente puntaje en la prueba
Saber 11[161].
En realidad el joven demostró ser uno de los mejores estudiantes del país al
obtener, a nivel nacional, el puesto 34, lo que le valió una mención de honor
de reconocimiento académico otorgada por el Centro Educativo Distrital Don
Bosco en noviembre de dos mil quince (2015), institución en donde terminó su
bachillerato[162].
Si se toma en consideración que Ser Pilo Paga está dirigido a
los mejores bachilleres del país con menores recursos económicos, para que
accedan a Instituciones de Educación Superior acreditadas en alta calidad,
Sebastián Felipe Bernal Rodríguez podía ser un potencial beneficiario del
programa, porque alcanzó un puntaje global de 348 en las pruebas Saber 11, obteniendo
el puesto 34 a nivel nacional (incluso superando el que en la actualidad es
exigido para ser potencial beneficiario de Ser Pilo Paga 3, que corresponde
a un puntaje igual o superior 342[163]),
y antes del cierre de la convocatoria logró su registro en el Sisbén con un
puntaje casi diez (10) puntos menor al exigido por el ICETEX.
En relación con la exigencia de estar registrado en la base de datos
del Sisbén al diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), la Sala entiende
que requerir un corte en determinada fecha es razonable por cuanto le permite al
Ministerio de Educación realizar un cálculo sobre cuántas personas se podrían
presentar al programa. Así, este requisito cumple una finalidad importante. Sin
embargo, se justifica que en determinadas oportunidades se le permita a la
persona que aplica a Ser Pilo Paga cumplir la exigencia del puntaje con
posterioridad a la fecha de corte, como en aquellos eventos en los que no tenía
conocimiento de tal requisito.
En consecuencia, y valorando
la afirmación del accionante en el sentido de que el requisito de tener
registro en la base de datos del Sisbén al diecinueve
(19) de junio de dos mil quince (2015) no fue conocido previamente por
quien aspiraba a ser favorecido con el beneficio educativo y que no obra prueba del mecanismo utilizado por las entidades accionadas para dar a
conocer oportunamente la convocatoria para el programa Ser Pilo Paga 2,
la Sala concluye que en el caso concreto se presenta una vulneración del debido
proceso administrativo por exceso ritual manifiesto, que de manera conexa
afecta el derecho a la educación. En efecto, como se indicó, el artículo décimo
del Reglamento Operativo del programa Ser Pilo Paga 2, con fecha del
tres (3) de diciembre de dos mil quince (2015)[164], reguló el
deber de divulgación de la convocatoria de tal forma que se buscara que toda la
población objeto del programa educativo tuviera acceso a la información en
forma clara y oportuna.
Además de lo anterior, si bien para la fecha requerida Sebastián Felipe
no cumplía con la exigencia de estar registrado en el Sisbén, en fecha
posterior, y en todo caso antes del cierre de la convocatoria, obtuvo el
registro siendo categorizado con un puntaje de 47,96, según ficha 4895291 de
Bogotá D.C., con fecha de modificación del diez (10) de noviembre de dos mil
quince (2015). Esta situación fue planteada por el señor Gerardo Bernal Garzón
en el escrito de tutela: “[P]ara la fecha contamos con el puntaje del Sisben
actualizado, soy persona de 68 años, mi esposa de 60 años, no poseemos vivienda
propia, vivimos en arriendo estrato 3, no hemos cotizado para pensión”[165].
Ninguna de estas afirmaciones fue controvertida por las entidades accionadas.
Así las cosas, el requisito de inscripción en el Sisbén de Sebastián
Felipe Bernal Rodríguez debió ser tenido en cuenta por el ICETEX para brindarle
la oportunidad de ser un potencial beneficiario de un crédito condonable. Como
esto no ocurrió, se afectó el plan vital del joven, quien tenía la expectativa
de cursar sus estudios superiores de Gobierno y Asuntos Públicos en la
Universidad de los Andes, institución que desde el veintiocho (28) de octubre
de dos mil quince (2015), le había informado su admisión al programa.
Así, si se
considera que el acceso a la educación está “implícita como una de las
esferas de la cultura y […] el medio para obtener el conocimiento y lograr el
desarrollo y perfeccionamiento del hombre”[166], Sebastián
Felipe Bernal Rodríguez por su excelencia académica se merece una mejor
oportunidad para acceder a la educación superior de alta calidad.
En
virtud de lo expuesto, esta Sala revocará la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Asuntos
Penales para Adolescentes del siete (7) de junio del dos mil dieciséis (2016),
y confirmará parcialmente la decisión del Juzgado Primero Penal para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá del veintinueve (29) de
abril de dos mil dieciséis (2016), en lo que tiene que ver con la tutela del
derecho a la educación de Sebastián Felipe Bernal Rodríguez, pero por las
razones expuestas en esta oportunidad. Adicionalmente, tutelará el derecho al
debido proceso administrativo del joven.
Como consecuencia
de lo anterior, le ordenará al ICETEX que en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación de esta providencia (i) aperture el
procedimiento de selección que incluya la realización del Comité de
Preselección del Programa y el de Adjudicación, para que analice las
condiciones particulares de Sebastián Felipe Bernal Rodríguez en el marco de la
convocatoria Ser Pilo Paga 2, y (ii) determine, dentro del mes
siguiente a su conformación, si debe considerarse como beneficiario del
programa Ser Pilo Paga, teniendo en cuenta que no podrá reprocharle la
ausencia de inscripción ni el registro extemporáneo en la base de datos del
Sisbén. Con todo, si no existe una razón objetiva para la exclusión del joven
deberá proceder a otorgarle el beneficio del crédito condonable.
Asimismo, instará
al Ministerio de Educación Nacional para que (i) le brinde a Sebastián
Felipe Bernal Rodríguez el acompañamiento y la asistencia administrativa
necesarios, para que pueda adelantar los trámites pertinentes en el marco del
programa Ser Pilo Paga; y (ii) adopte medidas orientadas a
publicitar los requisitos del programa Ser Pilo Paga en los niveles 11
de las diferentes instituciones educativas y verificar que los planteles, a su
vez, suministren oportunamente esta información a los padres de los
estudiantes, para lo cual deberán ser utilizados diferentes medios de
comunicación y no solo Internet.
8.3. Expediente T-5689281
En la certificación emitida por el Grupo de Crédito del ICETEX del
quince (15) de marzo de dos mil dieciséis (2016)[167], que fue
allegada como prueba por dicha institución, se hace constar que: Aura Lizeth
Bastidas Mora presentó la prueba Saber 11 el dos (2) de agosto de dos mil
quince (2015) obteniendo un puntaje de 341; que no se evidencia registro de
solicitud para acceder al Programa Ser Pilo Paga 2; que en la base de
datos entregada por el Departamento Nacional de Planeación –DNP– con corte al
diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015) no se observa registro
actualizado en el Sisbén, y que al validar en la base de datos de admitidos
reportada por las instituciones de educación superior no aparece constancia de
que la joven haya diligenciado su inscripción. Así, se concluye que no cumple
con la totalidad de los requisitos para acceder al programa Ser Pilo Paga 2.
En efecto, Aura
Lizeth presentó la prueba Saber 11 el dos (2) de agosto de dos mil quince
(2015) logrando un puntaje de 341 puntos, que la ubicó en el puesto 42 a nivel
nacional[168],
y superando el requisito mínimo de 318 puntos exigidos por el ICETEX.
En lo que tiene que
ver con el registro en la base de datos del Sisben, si bien a la fecha de corte
exigida en la convocatoria no tenía actualizado su registro, obra prueba en el
expediente de que el administrador del Sisbén del municipio de Sandoná, Nariño[169],
en respuesta al requerimiento realizado por el Juzgado Sexto de Familia de
Pasto, el diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016), informó que el
puntaje de la accionante Aura Lizeth Bastidas Mora y el de su grupo familiar
tuvo modificaciones durante el dos mil quince (2015), a raíz de la “solicitud
de nueva encuesta” que realizara la señora Ángela Lizeth Mora Rodríguez
(madre de la accionante) el diecisiete (17) de marzo del mismo año. Lo
anterior, según indicó el funcionario, debido a que para ese momento su núcleo
familiar constaba de cuatro (4) personas y en la anterior información obrante
en el Sisbén aparecía con los padres de la solicitante. Asimismo, refirió que
la información “fue enviada a la base bruta municipal el día 19 de junio de
2015 acatando lo que establece la resolución 4060 de 2014” y que “[e]l
nuevo puntaje como resultado de la nueva encuesta fue de 42.77 con ficha Número
8435 que fue validada y publicada a partir del 21 de Julio de 2015…”[170].
La Sala observa que
en el caso concreto se gestionó la actualización del registro del Sisbén desde
el mes de marzo de dos mil quince (2015) y que efectivamente se realizó la
encuesta y se obtuvo una nueva calificación de 42,77 puntos[171]. Lo ocurrido,
tal como lo señaló el funcionario encargado, fue que la información resultante
de la encuesta se envió a la base primaria del municipio de Sandoná el
diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), coincidiendo con el día de
corte del registro del Sisbén según la convocatoria del programa Ser Pilo
Paga 2. El hecho es que la información actualizada solo apareció reportada
en la base de datos el veintiuno (21) de julio de ese año, afectando a la
accionante en razón de su exclusión como potencial beneficiaria de un crédito
condonable para financiar sus estudios superiores.
La accionante
manifestó que, pese al anterior retraso en el reporte de la información, si el
ICETEX hubiera tenido en cuenta el puntaje anterior, debió acreditarla para ser
beneficiaria del programa Ser Pilo Paga 2, debido a que este también era
inferior al exigido y, en consecuencia, cumplía con el requisito. Si bien el
administrador del Sisbén del municipio de Sandoná, Nariño, nada dijo en
relación con el anterior registro, la joven allegó al despacho fotocopia de la
consulta del puntaje de la base certificada del Sisbén III Colombia
correspondiente a Aura Lizeth Bastidas Mora, con puntaje de 51.02, según ficha
1072 de Sandoná, Nariño, fechada el veintiocho (28) de octubre de dos mil diez
(2010)[172].
Es claro que esta información no corresponde al puntaje inmediatamente
anterior, que según manifestó el padre de la accionante equivalía a 52,2[173],
sin embargo muestra que ha estado registrada en la base de datos y que presenta
una antigüedad en el sistema.
Ahora bien, en lo
que tiene que ver con el requisito de admisión en una de las 39 Instituciones
de Educación Superior autorizadas por Ser Pilo paga 2, en el escrito de
tutela Aura Lizeth explicó que se inscribió a diferentes universidades a nivel
nacional pero que “a la hora de llenar los requisitos exigidos por las
diferentes facultades de las universidades acreditadas para este programa de
gobierno, no pud[o] continuar con el registro dado que al diligenciar el
documento de identidad aparec[ía] un recuadro que [decía] “USTED NO ES PILO
PAGA”…”[174]
(mayúsculas originales).
Obran pruebas en el
expediente que indican que la joven gestionó su pre-inscripción en la
Universidad del Cauca, en los programas de medicina y enfermería[175];
en la universidad Icesi de Cali[177];
en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en el programa de Medicina[178],
y en la Universidad de la Sabana, en donde le informaron que no fue admitida al
programa de medicina[179].
Esto indica que la
joven desplegó acciones tendientes a obtener un cupo en una universidad, pero
que la exclusión que le generó el sistema como potencial beneficiaria del
programa Ser Pilo Paga 2 impidió que culminara su proceso de registro.
También hay pruebas
que acreditan que el padre de la accionante, Carlos Eduardo Bastidas Lagos,
adelantó gestiones ante el ICETEX con miras a que su hija fuera tenida en
cuenta como potencial beneficiaria del programa Ser Pilo Paga 2, sin que
se lograra la habilitación del procedimiento de aplicación al crédito
condonable[180].
Igualmente, en este caso,  si se toma en consideración que Ser Pilo
Paga está dirigido a los mejores bachilleres del país con menores recursos
económicos, para que accedan a Instituciones de Educación Superior acreditadas
en alta calidad, Aura Lizeth Bastidas Mora podía ser una potencial beneficiaria
del programa, porque alcanzó un puntaje global de 341 en las pruebas Saber 11, ubicándose
en el puesto 42 a nivel nacional, y antes del cierre de la convocatoria logró
su registro en el Sisbén con un puntaje de 42,77 cuando el requerido para el
municipio de Sandoná, Caldas, era 56,32. En este caso es relevante precisar que
la demora en la actualización del registro no se debió a una causa imputable a
la accionante sino a la tardanza en el reporte del puntaje resultante de la
nueva encuesta, situación administrativa ajena a la voluntad de la estudiante
que conllevó su exclusión del programa Ser Pilo Paga 2. Lo anterior,
vulnera el debido proceso administrativo por exceso ritual manifiesto, que de
manera conexa afecta el derecho a la educación.
En
virtud de lo expuesto, esta Sala revocará la sentencia del Juez Sexto de
Familia de Pasto del treinta (30) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por
Aura Lizeth Bastidas Mora y, en su lugar, tutelará sus derechos al debido
proceso administrativo y a la educación.
Como consecuencia
de lo anterior, le ordenará al ICETEX que en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación de esta providencia (i) aperture el
procedimiento de selección que incluya la realización del Comité de
Preselección del Programa y el de Adjudicación, para que analice las
condiciones particulares de Aura Lizeth Bastidas Mora en el marco de la
convocatoria Ser Pilo Paga 2, y (ii) determine, dentro del mes
siguiente a su conformación, si debe considerarse como beneficiaria del
programa Ser Pilo Paga, teniendo en cuenta que no podrá reprocharle la
ausencia de inscripción ni el registro extemporáneo en la base de datos del
Sisbén. Con todo, si no existe una razón objetiva para la exclusión de la joven
deberá proceder a otorgarle el beneficio del crédito condonable.
Asimismo, instará
al Ministerio de Educación Nacional para que le brinde a Aura Lizeth Bastidas
Mora el acompañamiento y la asistencia administrativa necesarios, para que
pueda adelantar los trámites pertinentes en el marco del programa Ser Pilo
Paga 2.
9. Conclusión
El ICETEX, encargado de administrar los recursos presupuestales del
programa Ser Pilo Paga a través del fondo cuenta, además de verificar el
cumplimiento de los requisitos de inscripción, gestionar las convocatorias y
evaluar, asignar y hacer seguimiento a cada uno de los créditos condonables
otorgados por el programa hasta el límite presupuestal, vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso por exceso ritual manifiesto y a la educación
de un joven que aspira a continuar sus estudios universitarios, (i)
cuando lo excluye del programa Ser Pilo Paga, (ii) no obstante
sus excelentes resultados en la prueba Saber 11 que lo ubican como uno de los
mejores estudiantes del país, (iii) por no estar registrado en la base
de datos del Sisbén en el término establecido en la convocatoria, (iv) pese
a que con posterioridad, y en todo caso antes de que finalice la misma, acredita
el requisito de inclusión en el Sistema de Potenciales Beneficiarios para
programas sociales con un puntaje acorde al exigido; (v) sin tener en
cuenta las circunstancias particulares que expone para justificar el
incumplimiento del requisito exigido en la convocatoria.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Primero.- En el expediente T-5686702, REVOCAR la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Asuntos Penales para
Adolescentes del siete (7) de junio del dos mil dieciséis (2016), y CONFIRMAR
PARCIALMENTE la decisión del Juzgado Primero Penal para Adolescentes con
Función de Conocimiento de Bogotá del veintinueve (29) de abril de dos mil
dieciséis (2016), en lo que tiene que ver con la tutela del derecho a la
educación de Sebastián Felipe Bernal Rodríguez, pero por las razones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia. Adicionalmente, TUTELAR el derecho
al debido proceso administrativo del joven.
Segundo.-
ORDENAR al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX– que en el término de quince (15) días
contados a partir de la notificación de esta providencia (i) aperture el
procedimiento de selección que incluya la realización del Comité de
Preselección del Programa y el de Adjudicación, para que analice las
condiciones particulares de Sebastián Felipe Bernal Rodríguez en el marco de la
convocatoria Ser Pilo Paga 2, y (ii) determine, dentro del mes
siguiente a su conformación, si debe considerarse como beneficiario del
programa Ser Pilo Paga, teniendo en cuenta que no podrá reprocharle la
ausencia de inscripción ni el registro extemporáneo en la base de datos del
Sisbén. Con todo, si no existe una razón objetiva para la exclusión del joven
deberá proceder a otorgarle el beneficio del crédito condonable.
Tercero.- INSTAR
al Ministerio de Educación Nacional para que le brinde
a Sebastián Felipe Bernal Rodríguez el acompañamiento y la asistencia
administrativa necesarios, para que pueda adelantar los trámites pertinentes en
el marco del programa Ser Pilo Paga.
Cuarto.- En el expediente T-5689281, REVOCAR la sentencia del Juez
Sexto de Familia de Pasto del treinta (30) de marzo de dos
mil dieciséis (2016), que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta
por Aura Lizeth Bastidas Mora y, en su lugar, TUTELAR sus derechos al
debido proceso administrativo y a la educación.
Quinto.- ORDENAR al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior –ICETEX– que en el término de quince (15) días contados a partir de la
notificación de esta providencia (i) aperture el procedimiento de
selección que incluya la realización del Comité de Preselección del Programa y
el de Adjudicación, para que analice las condiciones particulares de Aura
Lizeth Bastidas Mora en el marco de la convocatoria Ser Pilo Paga 2, y (ii)
determine, dentro del mes siguiente a su conformación, si debe considerarse
como beneficiaria del programa Ser Pilo Paga, teniendo en cuenta que no
podrá reprocharle la ausencia de inscripción ni el registro extemporáneo en la
base de datos del Sisbén. Con todo, si no existe una razón objetiva para la exclusión
de la joven deberá proceder a otorgarle el beneficio del crédito condonable.
Sexto.- INSTAR al Ministerio de Educación Nacional para que le brinde a Aura Lizeth
Bastidas Mora el acompañamiento y la asistencia administrativa necesarios, para
que pueda adelantar los trámites pertinentes en el marco del programa Ser
Pilo Paga.
Séptimo.- INSTAR
al Ministerio de Educación Nacional para que adopte
medidas orientadas a publicitar los requisitos del programa Ser Pilo Paga
en los niveles 11 de las diferentes instituciones educativas y verifique que
los planteles, a su vez, suministren oportunamente esta información a los
padres de los estudiantes, para lo cual deberán ser utilizados diferentes
medios de comunicación y no solo Internet.
Octavo.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y
cúmplase.
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] A folio
118 obra fotocopia del certificado de nacimiento de Sebastián Felipe Bernal
Rodríguez expedido por la Notaría Diecinueve de Santafé de Bogotá, D.C., con
fecha de nacimiento del trece (13) de febrero de mil novecientos noventa y
nueve (1999); padre Gerardo Bernal Garzón y madre María Olga Rodríguez Archila.
A folio 119 aparece fotocopia de la tarjeta de identidad de Sebastián Felipe y
a folio 120 obra fotocopia de la cédula de ciudadanía de Gerardo Bernal Garzón
con fecha de nacimiento del veinticinco (25)  de octubre de mil novecientos
cuarenta y ocho (1948).
[2] La demanda obra
a folios 110 y 111 del cuaderno original. En adelante, siempre que se haga
referencia a un folio se entenderá que el mismo hace parte del cuaderno
principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[3] Folio 110.
[4] Folio
112.
[5] Folio
113. Esta información fue corroborada en la página web www.sisben.gov.co el
trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Folios 11 y 12 del
expediente de revisión.
[6] Folio
119.
[7] Folios
115 y 116.
[8] Folio
117.
[9] Doctora Gina
Parody o quien haga sus veces.
[10] Folio 107.
[11] Doctora Ximena
Dueñas Herrera o quien haga sus veces.
[12] Ibídem.
[13] Doctora
Margarita María Ruiz Ortegón.
[14] La respuesta y
sus anexos obran a folios 75 al 83.
[15] Habló del papel
que desempeña el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior “Mariano Ospina”, ICETEX, en lo que tiene que ver con “el
cumplimiento del deber que la Constitución impuso al Estado en el inciso final
del artículo 69 constitucional, en el sentido de facilitar mecanismos
financieros que hagan posible el acceso a la educación superior, de manera que,
por esta vía, el Estado tiende progresivamente a la provisión de mecanismos
para que los asociados puedan realizarse personal y profesionalmente” (folio
77, reverso).
[16] Folio 76.
[17] Ibídem.
[18] Folio
42 (reverso). En este punto solicitó que en caso de que el juez de tutela
considere que se debe incluir como beneficiario al accionante, precise a cuál
pilo beneficiado se debe excluir del programa, para darle el cupo al amparado.
[19] Folios 77
(reverso) y 78.
[20] Folios 80 al 83.
[21] Folio 73.
[22] Doctora
Martha Bibiana Lozano Medina. Aportó resolución de nombramiento en el cargo de
Jefe de Oficina Asesora grado 04 de la Oficina Asesora Jurídica del ICFES y
acta de posesión (folios 70 y 71).
[23] La respuesta
obra a folios 68 y 69.
[24] Folio 69.
[25] Doctor
Ricardo Cortes Pardo. A folios 46 al 49 obran los documentos que acreditan su
nombramiento y posesión como Jefe de Oficina (E) Grado 03 de la Oficina Asesora
Jurídica.
[26] La respuesta y
sus anexos obran a folios 38 al 49.
[27] Folios
38 y 39.
[28] Folios
53 al 64.
[29] Folio 63.
[30] Folios 59 al 61.
[31] Doctora Nora
Alejandra Muñoz Barrios. A folios 32 y 33 obran copias de la
Resolución No. 1528 del catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015),
mediante la cual es nombrada Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICETEX, y
del acta de posesión del cuatro (4) de enero de dos mil dieciséis (2016).
[32] En este sentido
afirmó: “Con el propósito de dar cumplimiento a la orden judicial dado que a la
fecha el joven SEBASTIAN FELIPE BERNAL RODRÍGUEZ no registra solicitud de
crédito condonable en el Programa Ser pilo paga 2, es necesario que el
estudiante remita a Icetex comunicación debidamente firmada con los siguientes
datos: || […] || Debe remitir esta información en carta dirigida a Icetex, con
todos los datos mencionados anteriormente, debidamente firmada por el
estudiante y si es menor de edad también por su representante legal (madre o
padre) en formato pdf al correo electrónico serpilopaga2@icetex.gov.co. || […] || Una
vez Icetex reciba esta información, procederá a crear la solicitud en el
Programa ser Pilo paga 2, los días miércoles o viernes siguientes a la
recepción de la información. || Posteriormente le notificaremos para que se
acerque a la Institución de educación Superior, a realizar la legalización del
crédito condonable…” (mayúsculas originales, folios 18 y 19).
[33] Folios 66 y 67.
[34] En
efecto a folios 38 al 49 obra contestación suscrita por el Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica (E) del ICETEX, doctor Ricardo Cortes Pardo, más los anexos,
con sello de recibido en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes
del dos (2) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
[35] Al respecto,
sostuvo: “Vale la pena aclarar que la acción de tutela presentada por [el]
accionante resulta improcedente cuando se utiliza con el interés de obtener
ventajas sobre personas en las mismas condiciones, puesto que ello implicaría
“pasar por encima” de las solicitudes de las demás víctimas del conflicto que
también aspiran obtener un crédito para realizar sus estudios superiores y no
existe criterio razonable que justifique darle prioridad a alguna en especial,
ya que en similares condiciones no puede haber un trato diferencial” (folios 21
y 22).
[36] Folio 22.
[37] Folio
25 al 27.
[38] Folios
28 al 31.
[39] Doctora
Margarita María Ruiz Ortegón.
[40] La
respuesta obra a folios 5 y 6.
[41] Folios
3 al 10 del cuaderno de segunda instancia.
[42] Folio 5
del cuaderno de segunda instancia.
[43] Por el
cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se
determinan las funciones de sus dependencias.
[44] Por la
cual se transforma el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior, Mariano Ospina Pérez, ICETEX, en una entidad financiera de
naturaleza especial y se dictan otras disposiciones. El artículo 2º de la Ley
1002 de 2005, dispone: “Artículo 2°. Objeto. El Icetex tendrá por objeto el
fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos
recursos económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a
través de mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia
de las personas a la educación superior, la canalización y administración de
recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con
recursos propios o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto con criterios de
cobertura, calidad y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial.
Igualmente otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación
superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3…”.
[45] Folio 7
del cuaderno de segunda instancia.
[46] Folios
8 y 9 del cuaderno de segunda instancia.
[47] Folio
18 del cuaderno de segunda instancia.
[48] Folio
22 del cuaderno de segunda instancia.
[49] La demanda obra
a folios 1 al 14 del cuaderno original. En adelante, siempre que se haga
referencia a un folio se entenderá que el mismo hace parte del cuaderno
principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[50] A folio 8 obra
fotocopia de la tarjeta de identidad en donde se indica como fecha de
nacimiento el primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho
(1998).
[51] Copia
del informe individual de resultados Saber 11 de Aura Lizeth Bastidas Mora en
donde aparece un puntaje global de 341 puntos y un puesto 42, fechado el
diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015).
[52] Folio
1.
[53] Folio
2. A folio 10 obra copia del certificado del Sisbén de Aura Lizeth Bastidas
Mora con corte al dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015), con un
puntaje de cuarenta y dos con setenta y siete (42,77), según ficha 8435 de
Sandoná, Nariño,  y con fecha de modificación del veintiséis (26) de junio de
dos mil quince (2015). Esta información fue corroborada en la página web www.sisben.gov.co el trece (11)
de octubre de dos mil dieciséis (2016). Folios 9 y 10 del expediente de
revisión.
[54] Ibídem.
Insiste en que “[s]i bien es cierto que la certificación de cambio de puntaje
expedida por el Sisben, aparece calendada el 26 de junio de 2015, es decir, en
fecha posterior al límite temporal establecido por el Icetex dentro de los
requisitos para optar por la beca estudiantil (19 de junio de 2015), lo cual
impidió [su] registro o inscripción para ser acreedora a tal beneficio merced a
los excelentes resultados obtenidos en las pruebas de Estado, no puede perderse
de vista que ello se produjo exclusivamente con ocasión del error en el cual
incurrió la misma entidad estatal Sisben y el Departamento Nacional de
Planeación, toda vez que reportó la información de manera extemporánea al
sistema nacional, yerro que propició que automáticamente no fuera tenida en
cuenta por el sistema de la página web del Icetex para acceder a la beca de
estudios superiores, sin embargo reunía a cabalidad los requisitos” (folio 3).
[55] Fotocopia del
derecho de petición fechado el nueve (9) de noviembre de dos mil quince (2015)
obra a folio 9. En dicho documento se lee: “[…], me dirijo a ustedes con el fin
de solicitar se ordene a quien corresponda, se incluya en la base de datos de
los estudiantes beneficiarios del Programa nacional “SER PILO PAGA 2”, a mi
hija AURA LIZETH BASTIDAS MORA, […], puesto que por igualdad de derechos de
otros estudiantes que fueron favorecidos, cumple con los requisitos exigidos por
el Gobierno Nacional para acceder al trámite, como lo demuestran los documentos
adjuntos al derecho de petición, en cuanto tiene que ver con el puntaje Sisben
anterior al corte 19 de junio y el actual, Pruebas Saber y ser Bachiller 2015.
|| Cabe anotar que por la no presencia de su nombre en la base de datos del
programa, mi hija dejó de ser admitida en varias de las universidades a las
cuales se inscribió y por las cuales se canceló un dinero por pines y demás
derechos de inscripción. || Es importante que conozcan también que en
conversación sostenida con una funcionaria de chat en línea (Adriana Rodríguez)
del Ministerio de Educación nacional, y tras verificaciones hechas por ella
misma como lo muestra el documento adjunto de la conversación, se pudo comprobar
que mi hija si aplica para ser beneficiaria del programa. || Por lo tanto
quiero solicitar se realice la inscripción de la misma o la modificación de la
base de datos de los beneficiarios del programa, incluyendo a mi hija como
parte de ella…” (mayúsculas originales).
[56] A folios
57 y 58 obra fotocopia de una respuesta con fecha del quince (15) de marzo de
dos mil dieciséis (2016), suscrita por el Asesor Jurídico de Atención al
Usuario, doctor Eduardo Talero Correa. Entre otra información, en la respuesta
se lee: “[…], al validar la información de la joven AURA LIZETH BASTIDAS MORA,
presentó las Pruebas ICFES Saber 11 el 02 de Agosto 2015 con un puntaje de 341.
|| Según la base de datos entregada por el Departamento Nacional de Planeación
DNP con corte a junio 19 de 2015, no se evidencia registro de la joven AURA
LIZETH BASTIDAS MORA con documento de identidad […], así como tampoco por
nombres y apellidos. || Al validar en la base de datos de admitidos reportada
por las instituciones de educación superior, no se evidencia registro de la
joven AURA LIZETH BASTIDAS MORA con documento de identidad […], así como
tampoco por nombres y apellidos. || De acuerdo con lo anterior, la joven AURA
LIZETH BASTIDAS MORA no cumple la totalidad de los requisitos para acceder al
programa Ser Pilo Paga 2.0 dado que no se evidencia registro de la joven en la
base de datos entregada por el Departamento Nacional de Planeación DNP con
corte a junio 19 de 2015. || Adicionalmente no se evidencia registro de la
joven AURA LIZETH BASTIDAS MORA en la base de datos de admitidos reportada por
las instituciones de educación superior. || Sumado a lo anterior, la convocatoria
para aplicar al programa Ser Pilo Paga 2.0 Once mil (11) Créditos Condonables
se encuentra cerrada dado que se habilitó desde el 23 de Octubre de 2015 hasta
el 13 de diciembre de 2015. || La invitamos a aplicar a las convocatorias
vigentes de acuerdo con el calendario establecido para el periodo 2016-2,
registrándose a través del portal www.icetex.gov.co en las
diferentes modalidades de crédito”.
[57] Doctora
Adriana Rodríguez.
[58] A folios 12 y 13
obra una conversación de chat (sin fecha) realizada entre Adriana Rodríguez y
Carlos Eduardo Bastidas Lagos acerca de la aplicación al programa Ser Pilo paga
de Aura Lizeth Bastidas Mora, en donde entre otras líneas se lee: AR: “Con qué
fecha de corte es el puntaje del SISBEN?”. CEBL: “la fecha de corte es del 18
de septiembre y la modificación es de 26 de julio de este año”. AR:
“Lamentablemente no aplica, ya que la fecha de corte de la modificación tuvo
que ser el 19 de junio”. CEBL: “[…] Adriana pero el Sisben se modificó de
acuerdo a una campaña de restructuración pero el anterior a él cumplía también
con los requisitos en esta región del país […] mejor dicho con el anterior
Sisben también cumplía con el puntaje”. AR: “Sr. Carlos, permítame un momento
por favor, ya le aclaro la información”. CEBL: “ok Adriana muchas gracias, una
pregunta más ¿cuál es el puntaje mínimo de Sisben para Nariño? […] en la
información que yo tengo Sandoná es cabecera municipal y está en un puntaje de
56.32 y el puntaje de ella antes del corte era de 52.2”. AR: “Es 56.32 el que
debe tener”. CEBL: “si pero ella tiene menos al corte es de 42.7 y el anterior
a este era de 52.7”. AR: “Permítame un momento por favor, ya le aclaro”. CEBL:
“osea (sic) que por los dos lados cumpliría con el requisito Sisben”. “Sí señor
Carlos, sí aplica, puede hacer el trámite”. CEBL: “ok muchas gracias cuál sería
el siguiente paso discúlpeme”. No aparece la respuesta a esta última
pregunta.
[59] Folios
17 y 18.
[60] “Por el cual
establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”.
[61] Folios
22 y 23.
[62] Doctora
Nora Alejandra Muñoz Barrios. A folios 51 al 56 obran los documentos que
acreditan su nombramiento y posesión como Jefe de Oficina Asesora Grado 03 de
la Oficina Asesora Jurídica.
[63] La respuesta y
sus anexos obran a folios 35 al 58.
[64]
Fotocopia de la respuesta con fecha del quince de marzo de dos mil dieciséis
(2016) obra a folios 57 y 58, y está suscrita por el Asesor Jurídico de
Atención al Usuario, doctor Eduardo Talero Correa.
[65] El informe obra
a folios 45 al 50.
[66] Folios
35 al 38 y 41.
[67] Doctora
Margarita María Ruiz Ortegón.
[68] La respuesta y
sus anexos obran a folios 65 al 67.
[69] Folio 66.
[70] Folio
68.
[71] Folios
86 al 92.
[72] Folio
91. Concluyó: “Así las cosas, se demuestra que la peticionaria no justificó las
razones por las cuales presentó la acción de tutela tres (3) meses después de
que ocurrieran los hechos que generaron la presente acción, sino que al
contrario, la actora demostró una actitud negligente en el procedimiento de
selección de los beneficiarios del programa Ser Pilo Paga 2.0, pues solo actuó,
después de que las Universidades ya habían iniciado su periodo lectivo, y mucho
tiempo después, de que se había efectuado la selección de los beneficiaros del
programa, pues según informa el Ministerio de Educación Nacional, desde el 5 de
diciembre de 2015, fue publicada la lista de los potenciales beneficiarios del
programa y la lista de los pilos preseleccionados fue publicada el 19 del mismo
mes y año”.
[73] Folio
11 del cuaderno de revisión del expediente T-5689281.
[74] Folio
12 y reverso ibíd.
[75] Folio
13 ibíd.
[76] Folio
13 ibíd.
[77] Folios
14 y 15 ibíd.
[78] Folio
16 ibíd.
[79] Folio
17 ibíd.
[80] Folio
18 ibíd.
[81] Folio
19 ibíd.
[82] Folios
13 al 25 del cuaderno de revisión del expediente T-5686702.
[83] Folios
26 al 34 del expediente de revisión T-5686702.
[84] Sistema
de Potenciales Beneficiarios para programas sociales.
[85] Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira,
Villavicencio, Pasto, Montería y Santa Marta.
[86] A folio
118 del expediente T-5686702 obra fotocopia del certificado de nacimiento de
Sebastián Felipe Bernal Rodríguez con fecha de nacimiento del trece (13) de
febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999), expedido por la Notaría
Diecinueve de Santafé de Bogotá, D.C.; padre Gerardo Bernal Garzón y madre
María Olga Rodríguez Archila. A folio 119 aparece fotocopia de la tarjeta de
identidad de Sebastián Felipe y a folio 120 obra fotocopia de la cédula de
ciudadanía de Gerardo Bernal Garzón con fecha de nacimiento del veinticinco
(25)  de octubre de mil novecientos cuarenta y ocho (1948).
[87] A folio 8 del
expediente T-5689281 obra fotocopia de la tarjeta de identidad de Aura Lizeth
Bastidas Mora, en donde se indica como fecha de nacimiento el primero (1) de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).
[88] “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
[89] Sentencia T-827
de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[90] Sobre la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar un
perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias T-225 de 1993 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa) en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la
materia, que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior;  T-1670 de
2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),  SU-544 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), SU-1070 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-827 de 2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), T-698 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) y
C-1225 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[91] En este
sentido, pueden consultarse las sentencias T-526 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), T-016 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño), T-905 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto),
T-1084 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-1009 de 2006 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández), T-792 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de
2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),  T-243 de 2008 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), T-594 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva),  T-299 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo),
T-265 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto),  T-691 de 2009 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio), T-883 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-328 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre muchas otras.
[92] Sentencia T-803
de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[93] Sentencias
T-742 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-441 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett) y T-606 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.
[94] Sentencia
SU-622 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[95] Sentencias
C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández), T-567 de 1998 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), T-511 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), SU-622 de
2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-108 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y
T-200 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.
[96] Sentencia T-972
de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[97] Sentencias
T-315 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-626 de 2000 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), T-585 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-822
de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-972 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), entre otras.
[98] Al respecto en
la sentencia T-580 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se indicó que
“[l]a aptitud del medio judicial alternativo, podrá acreditarse o desvirtuarse
en estos casos, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: i) el
objeto de la opción judicial alternativa y ii) el resultado previsible de
acudir a ese otro  medio de defensa judicial.  El juez  constitucional deberá
observar, en consecuencia, si las otras acciones legales traen como resultado
el restablecimiento pleno y oportuno de los derechos fundamentales
vulnerados en la situación puesta en su conocimiento, evento en el que, de
resultar afirmativa la apreciación, la tutela resultará en principio
improcedente. A contrario sensu, si el juez determina que el mecanismo de
defensa judicial aparentemente preeminente no es idóneo para restablecer los derechos
fundamentales vulnerados, la tutela puede llegar a ser procedente” (negrillas
fuera de texto).
[99]
Documento aportado por la asesora de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio
de Educación Nacional, doctora Margarita María Ruiz Ortegón (folios 93 al 99
del cuaderno principal del expediente T-5686702).
[100] Folios
26 al 34 del expediente de revisión T-5686702.
[101] Folio
93 del cuaderno principal del expediente T-5686702. Esta facultad se reitera en
el artículo octavo del Reglamento que describe las funciones del ICETEX en el
marco del programa Ser Pilo Paga.
[102] Folio
94 ibíd.
[103] Ibídem.
[104] Ibídem.
[105] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio (S.V. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[106] El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Quibdó declaró la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Primero Promiscuo
de Familia de Quibdó, que profirió la sentencia Núm. 003 del
13 de enero de 2015.
[107] M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[108]
Sentencia T-666 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), reiterada en las
sentencias T-592 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-457 de 2016
(M.P. Alejandro Linares Cantillo).
[109] En este
apartado se sigue de cerca la sentencia T-138 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio).
[110] Sobre
esta caracterización, en la sentencia
T-1026 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. A.V. Jorge Iván Palacio
Palacio) la Sala Cuarta de
Revisión sostuvo que la educación: “[E]s
considerada en primer lugar, como derecho de todas las personas que guarda una
estrecha relación con la posibilidad de garantizar el desarrollo de los
individuos y a su vez es un servicio público con función social, vigilado e
inspeccionado por el Estado con el propósito de asegurar el cumplimiento de sus
fines, su calidad, permanencia y las condiciones necesarias para garantizar su
acceso. Así las cosas, se entiende que el Estado, en relación con el derecho
fundamental a la educación, debe propender a su prestación en forma adecuada,
no solo por tratarse de un derecho fundamental que está obligado a garantizar,
sino también, porque su obligación se encamina a crear y desarrollar mecanismos
que garanticen este derecho, además de fomentar y permitir el acceso al mismo…”.
[111] Sentencia T-1026 de 2012 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo. A.V. Jorge Iván Palacio Palacio).
[112] La jurisprudencia constitucional ha
instituido que el carácter fundamental de un derecho no está dado
exclusivamente por su consagración en la Carta Política, sino por su relación
intrínseca con la dignidad humana. Con fundamento en ello, ha otorgado ese
carácter al derecho a la educación, cuando quien exige la prestación del
servicio es un menor de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44
superior; o adultos en relación con el acceso a la educación de nivel de básica
primaria (sentencias T-428 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa, y T-743
de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[113] Sentencias T-780 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis), T-689 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-321 de 2007 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-845 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-068 de 2012
(M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[114] “Por el
cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”.
[115] El artículo
365 de la Ley 30 de 1992, dispone: “Los servicios públicos son inherentes a la
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. || Los servicios
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas,
o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control
y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés
social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una
y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y
plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del
ejercicio de una actividad lícita…”.
[116] Este es
el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, que reglamenta la
educación superior en el Libro 2. Régimen Reglamentario del Sector Educativo,
Parte 5. Reglamentación de la educación superior. Publicado en el Diario
Oficial 49.523 el 26 mayo de 2015.
[117] Ver las
sentencias T-642 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-465 de 2010 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio).
[118]
Sentencia T-153 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada).
[119] De
acuerdo con la sentencia T-356 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo):
“Estos fueron planteados por primera vez en el informe preliminar presentado a
la Comisión de Derechos Humanos por la Relatora Especial sobre el derecho a la
educación el 13 de enero de 1999 y han sido acogidos tanto por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General No. 13
sobre el derecho a la educación, como por esta Corte en varias de sus
sentencias con fundamento en la figura del bloque de constitucionalidad”. Cfr. sentencias
T-1227 de 2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-787 de 2006 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-550 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-805 de 2007 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), T-306 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto) y T-153 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada), entre otras.
[120] Título II, Capítulo 2 de la Constitución
Política de Colombia. “Derechos Sociales Económicos y Políticos”, en el inciso
5º del artículo 67: “[…] garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia
en el sistema educativo…”. Con respecto a la disponibilidad o la asequibilidad
del servicio, la sentencia T-1259 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) la explicó
cómo “[…] la obligación del Estado de crear y financiar suficientes
instituciones educativas para ponerlas a disposición de todos aquellos que
demandan su ingreso a este sistema, lo que implica, entre otras cosas, el deber
de abstenerse de impedir a los particulares fundar colegios, escuelas o
cualquier tipo de centro educativo y la necesidad de asegurar la inversión en infraestructura
para la prestación de este servicio…”. Cita original.
[121] Pacto Internacional de Derechos Humanos (en
adelante PIDESC). Artículo 13 “1. Los Estados Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la
educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y
del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la
paz”. Cita original. || 2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza
primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; […]”. En el
mismo sentido, los artículos 41 y 42 del Código de Infancia y Adolescencia,
contemplan las obligaciones del Estado y de las Instituciones Educativas frente
al derecho a la educación de los menores. Entre estas, se señala en los
numerales 1 y 2 del Artículo 42 las siguientes: Facilitar el acceso de los
niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia y
brindar una educación pertinente y de calidad. Cita original.
[122] Al respecto en la sentencia T-290 de 2006
(M.P. Jaime Araujo Rentería), la Corte estudió el caso de una niña a la que le
negaban el cupo para el grado décimo, después de haber cursado los grados 7 y 8
en ese colegio, porque era de monjas y la menor era gestante soltera. Estimó la
Corte, en esa oportunidad que “La efectividad del derecho fundamental a la
educación exige que, en primer lugar, se tenga acceso a un establecimiento que
la brinde y que, una vez superada esa etapa inicial, se garantice la
permanencia del educando en el sistema educativo”. Cita original.
[123] Sentencia T-433 de 1997 (M.P. Fabio Morón
Díaz). En esta oportunidad la Corte al revisar el caso de varios estudiantes de
medicina que solicitaban el amparo del derecho a la educación que consideraban
había sido vulnerado por la Universidad como quiera que habían tenido un débil
y deficiente proceso de formación práctica, no acorde con los objetivos del
mismo según los reglamentos vigentes, desarrolló el componente de calidad en la
educación y señaló: “Una educación de baja calidad, soportada en procesos de
formación débiles y carentes de orientación y dirección, no solo afecta el
derecho fundamental a la educación de quien la recibe, sino el derecho de la
sociedad a contar con profesionales sólidamente preparados que contribuyan con
sus saberes específicos a su consolidación y desarrollo, mucho más cuando
provienen de instituciones públicas financiadas por el Estado”. Cita original.
[124]
Sentencia T-1026 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. A.V. Jorge Iván
Palacio Palacio).
[125] El
artículo 67 superior dispone: “La educación es un derecho de la persona y un
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la
cultura. || La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. || El Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de
educación básica. || La educación será gratuita en las instituciones del
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan
sufragarlos. || Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo. || La Nación y las entidades territoriales participarán en
la dirección, financiación y administración de los servicios educativos
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley…”.
[126] Literal
b) del artículo 11 de la Ley 115 de 1994.
[127] La sentencia T-068 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub) señala: “[S]i bien éste último no tiene una obligación directa
de procurar el acceso inmediato de todas las personas a la educación superior,
sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso
progresivo de las personas al sistema educativo”.
[128] Al
respecto, La Corte ha afirmado que la
progresividad se manifiesta en: “i) la obligación del Estado de adoptar medidas, en un plazo
razonable, para lograr una mayor realización del derecho, de manera que la
simple actitud pasiva de éste se opone al principio en mención (aquí
encontramos la obligación del Estado de procurar el acceso progresivo de las
personas a las Universidades, mediante la adopción de ciertas estrategias, dentro
de las cuales encontramos facilitar mecanismos financieros que hagan posible el
acceso de las personas a la educación superior, así como la garantía de que
progresivamente el nivel de cupos disponibles para el acceso al servicio se
vayan ampliando); (ii) la obligación de no imponer barreras injustificadas
sobre determinados grupos vulnerables y (iii) la prohibición de adoptar medidas
regresivas para la eficacia del derecho concernido” (sentencia T-068 de
2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
También ver las sentencias T-068 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-1026 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. A.V. Jorge Iván
Palacio Palacio), T-375 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-423 de 2013
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[129] Ibídem.
[130] “1. Los Estados Partes reconocen el derecho
del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en
condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a)
Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar
el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la
enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y
tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de
la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de
necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de
la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños
dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y
profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la
asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar…” https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf.
[131] “Artículo 13.1. Los Estados Partes en
el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. […] 2.
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el
pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente…”.
[132] Numeral 18 del
artículo 2º del Decreto 5012 de 2009.
[133] De acuerdo con
el artículo 2º de la Ley 1002 de 2005, el ICETEX “tendrá por objeto el fomento
social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos
económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de
mecanismos financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las
personas a la educación superior, la canalización y administración de recursos,
becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios
o de terceros. El Icetex cumplirá su objeto con criterios de cobertura, calidad
y pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial. Igualmente
otorgará subsidios para el acceso y permanencia en la educación superior de los
estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.
[134] La jurisprudencia constitucional ha instituido que el
carácter fundamental de un derecho no está dado exclusivamente por su
consagración en la Carta Política, sino por su relación intrínseca con la
dignidad humana. Con fundamento en ello, ha otorgado ese carácter al derecho a
la educación, cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de
edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 superior; o adultos en
relación con el acceso a la educación de nivel de básica primaria (sentencias
T-428 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa, y T-743 de 2013, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[135] Sentencias
T-780 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-689 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil), T-321 de 2007 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-845 de 2010 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), T-056 de 2011 (M.P. Jorge Iván palacio Palacio), T-068
de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-774 de 2013 (M.P. María
Victoria Calle Correa), T-854 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-365 de 2015 (M.P. Myriam Ávila Roldán), entre otras.
[136] M.P.
Rodrigo Escobar Gil. En esa oportunidad la Corte estudió si las entidades demandadas vulneraron el derecho
fundamental de educación del actor, como quiera que el ICETEX le había
manifestado que no seguiría realizando los desembolsos para el financiamiento
de la carrera profesional que cursa, por falta de recursos en el fondo
constituido por el Municipio para para el financiamiento de estudios superiores
de los bachilleres destacados de esta municipalidad. Para resolver el caso,
consideró que (i) el crédito se confirió para cursar una carrera profesional
completa, de manera que la interrupción en los desembolsos lesionan las
expectativas que legítimamente fundó y atentan contra su derecho a la
educación, (ii) la falta de apropiación de recursos suficientes del municipio
no es óbice para cumplimiento del financiamiento, no puede generar efectos
adversos sobre los beneficiaros de los créditos de manera que se amenace la permanencia en el plantel educativo
y el cabal ejercicio del derecho fundamental a la educación. Por lo anterior,
resolvió amparar el derecho a la educación por confianza legítima, puesto que
el crédito pretendía cubrir el costo de la carrera y no una parte.
[137] Sobre esto mismo, en sentencia T-202 de 2000
(M.P. Fabio Morón Díaz) se dispuso que “es indudable que el derecho a la
educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su
núcleo esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo
ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades.
Esta Corporación, también ha estimado que este derecho constituye un medio para
que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su
especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas
en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. La
educación está implícita como una de las esferas de la cultura y es el medio
para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del
hombre. La educación, además, realiza el valor y principio material de la
igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y en los artículos 5, 13,
67, 68 y 69 de la C.P. En este orden de ideas, en la medida que la persona
tenga igualdad de probabilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades
en la vida para efecto de realizarse como persona”.
[138] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[139] Al
respecto, la educación universitaria debido a su interdependencia con otros
derechos como la proyección social del ser humano, la dignidad y la equidad
salarial posee una especial importancia. La sentencia C-006 de 1996 (M.P. Fabio
Morón Díaz) se refiere a ello en los siguientes términos: “La consagración de
Colombia como un Estado Social de Derecho, implica la consolidación de una
estructura político-administrativa al servicio de la sociedad, en la cual
priman los propósitos de justicia y equidad, los cuales se desarrollarán sobre
el presupuesto del respeto a la diversidad y a la diferencia de los individuos
que la conforman; en dicho esquema, el conocimiento, la cultura y el acceso a
los desarrollos de la ciencia y la tecnología, se constituyen progresivamente
en bienes cada vez más necesarios para el desarrollo integral de los individuos
y por ende de la sociedad; ello, a su vez, le otorga a la educación la
condición de derecho fundamental de las personas, y a los establecimientos que
la brindan, el carácter de oferentes de un servicio público, por cuya calidad y
pertinencia debe velar el Estado. En este contexto, las universidades, son
entendidas como centros de producción y adecuación del conocimiento, cuyo
quehacer se traduce fundamentalmente en las labores de docencia, investigación
y extensión, entendida esta última como la función dirigida a articularlas con
la sociedad de la cual hacen parte”.
[140] En
relación con el derecho al debido proceso y su aplicación en materia de
educación, pueden verse, entre otras, las siguientes sentencias: T-124 de 1998 (M.P Alejandro
Martínez Caballero), T-913 de 1999 (M.P José Gregorio Hernández Galindo),
T-1207 de 2000 1998 (M.P Alejandro Martínez Caballero), T-380 de 2003 (M.P
Clara Inés Vargas Hernández), T-918 de 2004 (M.P Alfredo Beltrán Sierra), T-254
de 2007 (M.P Clara Inés Vargas Hernández), T-967 de 2007 (M.P Manuel José
Cepeda Espinosa), T- 234 de 2008 (M.P Clara Inés Vargas Hernández), T-698 de 2010 (M.P Juan
Carlos Henao Pérez), T-845 de
2010 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-850 de
2010 (M.P Humberto Antonio Sierra Porto), T-592 de 2011 (M.P Jorge Iván
Palacio Palacio), T-617 de 2011 (M.P María Victoria Calle Correa), T-919
de 2011 (M.P Luis Ernesto Vargas), T-941ª de 2011 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-957 de
2011 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-164 de 2012 (M.P Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), T-375 de 2013 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-625
de 2013 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-362 de 2015 (Mauricio González
Cuervo), T-229 de 2016 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio) y T-309 de 2016 (M.P
Jorge Iván Palacio Palacio).
[141] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[142] En las sentencias T-689 de 2005 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-321 de 2007
(M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-208 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández)
esta Corporación decidió conceder amparo constitucional a personas afectadas
por la modificación intempestiva de los requisitos exigidos para acceder a un
crédito, mediante decisiones unilaterales posteriores al registro de la
solicitud de servicios financieros.
[143] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[144] M.P Jorge Iván
Palacio Palacio.
[145] Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira,
Villavicencio, Pasto, Montería y Santa Marta.
[146] Folios
75 al 83 del expediente T-5686702.
[147]
Consultar la sentencia T-457 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo),
ampliamente referenciada en ideas anteriores.
[148] El Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Educación Nacional, creó el Programa Nacional de Ser Pilo Paga
buscando fomentar la excelencia y calidad de la Educación Superior y promover
el ingreso y permanencia de estudiantes. Este programa procura el acceso
progresivo a la educación superior y facilita los mecanismos financieros para
hacer posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.
Consiste en otorgar créditos condonables a bachilleres de hasta 20 años de
edad, a través del ICETEX, para financiar el 100% del costo de la matrícula de
pregrado y el sostenimiento del estudiante. Este último valor oscila entre 1 y
4 SMMLV de conformidad con el artículo cuarto del Reglamento Operativo. Las
condiciones del crédito condonable están definidas principalmente en el
capítulo IV de la reglamentación referida.
[149] De
acuerdo con el convenio interadministrativo especial de cooperación
institucional  544 de 2012 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional
y el ICETEX, se trabaja por el fortalecimiento de la financiación de la
educación superior e incentivar la permanencia en el sistema de educación
superior
[150] Folios
26 al 34 del expediente de revisión T-5686702.
[151] Folio
26 del cuaderno de revisión del expediente T-5686702.
[152] Folios
25 al 27.
[153] Copia
del informe individual de resultados Saber 11 de Sebastián Felipe Bernal
Rodríguez en donde aparece un puntaje global de 348 puntos y un puesto 34,
fechado el dos (2) de agosto de dos mil quince (2015), obra a folio 119.
[154] Folios
115 y 116.
[155] La
información fue consultada en la página web www.sisben.gov.co el
trece (13) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Folios 11 y 12 del
expediente de revisión.
En el documento se lee: “Base Certificada Nacional - Corte: 22 de
septiembre del 2016”.
[156] Llamada
telefónica llevada a cabo el el dos (2) de noviembre del año en curso.
[157] Folio
38 reverso.
[158] Folios 80 al 83.
[159] Folios
13 al 25 del cuaderno de revisión del expediente T-5686702.
[160] http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/todo-lo-que-debes-saber-sobre-ser-pilo-paga-2.
[161] A folios 115 y
116 obra copia de la carta de aceptación de Sebastián Felipe Bernal Rodríguez
al pregrado en Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de los Andes,
fechada el veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), en donde se resalta
que el joven “sobresalió con uno de los mejores puntajes de la prueba Saber 11”
(folios 115 y 116).
[162] Folio 117.
[163]
Consultado en la página del ICETEX > FONDOS > Programas especiales >
Ser Pilo Paga 3 (no aparece la fecha de la publicación). https://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos/programasespeciales/serpilopaga3.aspx.
[164] Folios
13 al 25 del cuaderno de revisión del expediente T-5686702.
[165] Folio 110.
[166]
Sentencia T-202 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz).
[167] Folios
78 al 80.
[168] Copia
del informe individual de resultados Saber 11 de Aura Lizeth Bastidas Mora en
donde aparece un puntaje global de 341 puntos y un puesto 42, fechado el
diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015).
[169] Andrés Zambrano
Narváez.
[170] Folio
68.
[171] A folio
10 obra copia del certificado del Sisbén de Aura Lizeth Bastidas Mora con corte
al dieciocho (18) de septiembre de dos mil quince (2015), con un puntaje de
cuarenta y dos con setenta y siete (42,77), según ficha 8435 de Sandoná, Nariño,
y con fecha de modificación del veintiséis (26) de junio de dos mil quince
(2015). Esta información fue corroborada en la página web www.sisben.gov.co el trece (11)
de octubre de dos mil dieciséis (2016). En dicho documento se lee: “Base Certificada
Nacional - Corte: 22 de septiembre del 2016” (folios 9 y 10 del expediente de
revisión).
[172] Folio 20 del
expediente de revisión.
[173] Este
dato se toma de un documento anexo a la tutela que contienen una conversación
de chat (sin fecha) realizada entre Adriana Rodríguez y Carlos Eduardo Bastidas
Lagos (padre de la accionante) acerca de la aplicación al programa Ser Pilo
paga de Aura Lizeth Bastidas Mora (folios 12 y 13).
[174] Folio
1.
[175] Folios
12 y reverso del expediente de revisión.
[176] Folio
13 ibíd.
[177] Folio
13 ibíd.
[178] Folios
14 y 15 ibíd.
[179] Folio
18 ibíd.
[180] Fotocopia del
derecho de petición fechado el nueve (9) de noviembre de dos mil quince (2015)
obra a folio 9. En dicho documento se lee: “[…], me dirijo a ustedes con el fin
de solicitar se ordene a quien corresponda, se incluya en la base de datos de
los estudiantes beneficiarios del Programa nacional “SER PILO PAGA 2”, a mi
hija AURA LIZETH BASTIDAS MORA, […], puesto que por igualdad de derechos de
otros estudiantes que fueron favorecidos, cumple con los requisitos exigidos
por el Gobierno Nacional para acceder al trámite, como lo demuestran los
documentos adjuntos al derecho de petición, en cuanto tiene que ver con el
puntaje Sisben anterior al corte 19 de junio y el actual, Pruebas Saber y ser
Bachiller 2015. || Cabe anotar que por la no presencia de su nombre en la base
de datos del programa, mi hija dejó de ser admitida en varias de las
universidades a las cuales se inscribió y por las cuales se canceló un dinero
por pines y demás derechos de inscripción. || Es importante que conozcan
también que en conversación sostenida con una funcionaria de chat en línea
(Adriana Rodríguez) del Ministerio de Educación nacional, y tras verificaciones
hechas por ella misma como lo muestra el documento adjunto de la conversación,
se pudo comprobar que mi hija si aplica para ser beneficiaria del programa. ||
Por lo tanto quiero solicitar se realice la inscripción de la misma o la
modificación de la base de datos de los beneficiarios del programa, incluyendo
a mi hija como parte de ella…” (mayúsculas originales). A folios 57 y 58
obra fotocopia de una respuesta con fecha del quince (15) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), suscrita por el Asesor Jurídico de Atención al Usuario,
doctor Eduardo Talero Correa. Entre otra información, en la respuesta se lee:
“[…], al validar la información de la joven AURA LIZETH BASTIDAS MORA, presentó
las Pruebas ICFES Saber 11 el 02 de Agosto 2015 con un puntaje de 341. || Según
la base de datos entregada por el Departamento Nacional de Planeación DNP con
corte a junio 19 de 2015, no se evidencia registro de la joven AURA LIZETH
BASTIDAS MORA con documento de identidad […], así como tampoco por nombres y
apellidos. || Al validar en la base de datos de admitidos reportada por las
instituciones de educación superior, no se evidencia registro de la joven AURA
LIZETH BASTIDAS MORA con documento de identidad […], así como tampoco por
nombres y apellidos. || De acuerdo con lo anterior, la joven AURA LIZETH
BASTIDAS MORA no cumple la totalidad de los requisitos para acceder al programa
Ser Pilo Paga 2.0 dado que no se evidencia registro de la joven en la base de
datos entregada por el Departamento Nacional de Planeación DNP con corte a
junio 19 de 2015. || Adicionalmente no se evidencia registro de la joven AURA
LIZETH BASTIDAS MORA en la base de datos de admitidos reportada por las
instituciones de educación superior. || Sumado a lo anterior, la convocatoria
para aplicar al programa Ser Pilo Paga 2.0 Once mil (11) Créditos Condonables
se encuentra cerrada dado que se habilitó desde el 23 de Octubre de 2015 hasta
el 13 de diciembre de 2015. || La invitamos a aplicar a las convocatorias
vigentes de acuerdo con el calendario establecido para el periodo 2016-2,
registrándose a través del portal www.icetex.gov.co en las
diferentes modalidades de crédito”. A folios 12 y 13 obra una conversación
de chat (sin fecha) realizada entre Adriana Rodríguez y Carlos Eduardo Bastidas
Lagos acerca de la aplicación al programa Ser Pilo paga de Aura Lizeth Bastidas
Mora, en donde entre otras líneas se lee: AR: “Con qué fecha de corte es el
puntaje del SISBEN?”. CEBL: “la fecha de corte es del 18 de septiembre y la
modificación es de 26 de julio de este año”. AR: “Lamentablemente no aplica, ya
que la fecha de corte de la modificación tuvo que ser el 19 de junio”. CEBL:
“[…] Adriana pero el Sisben se modificó de acuerdo a una campaña de
restructuración pero el anterior a él cumplía también con los requisitos en
esta región del país […] mejor dicho con el anterior Sisben también cumplía con
el puntaje”. AR: “Sr. Carlos, permítame un momento por favor, ya le aclaro la
información”. CEBL: “ok Adriana muchas gracias, una pregunta más cuál es el
puntaje mínimo de Sisben para Nariño? […] en la información que yo tengo
Sandoná es cabecera municipal y está en un puntaje de 56.32 y el puntaje de
ella antes del corte era de 52.2”. AR: “Es 56.32 el que debe tener”. CEBL: “si
pero ella tiene menos al corte es de 42.7 y el anterior a este era de 52.7”.
AR: “Permítame un momento por favor, ya le aclaro”. CEBL: “osea (sic) que por
los dos lados cumpliría con el requisito Sisben”. “Sí señor Carlos, sí aplica,
puede hacer el trámite”. CEBL: “ok muchas gracias cuál sería el siguiente paso
discúlpeme”. No aparece la respuesta a esta última pregunta.