T-791-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-791/03
DERECHO A LA SALUD-Fundamental por conexidad con la vida
ADMINISTRADORA DEL REGIMEN SUBSIDIADO-Suministro de pipetas de oxígeno a
domicilio
La Corte procederá a garantizar la
efectividad de la atención requerida aplicando la primera medida señalada en
esta sentencia, es decir ordenando la prestación de los servicios de salud
directamente por parte de la entidad Administradora del Régimen Subsidiado, no
obstante su exclusión del POS-S, por tratarse de una persona que goza de
especial protección por parte del Estado, la sociedad  y la familia y carece de
recursos económicos para asumir los gastos de la atención requerida.
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-757979
Acción de tutela instaurada por Octavio
Barón Segura contra la A.R.S. COMPARTA.
Magistrado Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS
HERNANDEZ
Bogotá, D. C., once (11) de septiembre de dos mil tres
(2003).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo
Rentería y Alfredo Beltrán Sierra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por
el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería (Córdoba), en la acción de
tutela instaurada por el señor Octavio Barón Segura contra la A.R.S COMPARTA.
I.       ANTECEDENTES.
1. Hechos.
El señor Martín Octavio Barón Segura instauró acción
de tutela en nombre de su compañera permanente, Olga Cecilia Pérez Gutiérrez,
en contra de la A.R.S COMPARTA. Los hechos que dieron lugar a esta acción
constitucional se pueden resumir así:
Desde el día 4 de enero de 2003 la señora Olga Cecilia
Rodríguez es usuaria de los beneficios de salud ofrecidos por la A.R.S.
COMPARTA. Desde el 4 de mayo del año en curso presentó un cuadro clínico grave,
razón por la que fue internada  de urgencias en el hospital Manuel Uribe Ángel
de Envigado (Antioquia), en donde se le practicaron algunos exámenes siéndole
diagnosticado "COR-PULMONALE", dolencia  ésta que según se afirma en
la demanda, "exige suministrar oxígeno a tres litros por minuto durante
seis meses, hasta nueva orden médica, teniendo en cuenta que cada pipeta
tiene una duración de día y medio”, siendo indispensable para mantener
estabilizada su salud.
Por lo expuesto, solicitó a la entidad demandada la
provisión de las mencionadas pipetas de oxígeno a lo que le respondieron que la
A.R.S no se encargaba de la provisión de las mismas, pues tal servicio no
aparecía en el contrato de afiliación.
2. Pretensiones.
El demandante, quien actúa en nombre de su compañera
permanente, solicita que se le tutelen los derechos constitucionales
fundamentales a la vida, la salud y a la seguridad social y en consecuencia se
ordene a la entidad demandada el suministro de las pipetas de oxígeno
necesarias para la  pronta recuperación de su salud, pues de ello depende su existencia.
3. Pruebas relevantes que obran en el expediente.
- Folios  2 a 4, escrito de tutela.
-
Folio 5, fotocopia de la cédula de ciudadanía y carné de afiliación  a COMPARTA
A.R.S. para efectos de atención en salud.
- Folios 6, fotocopia de atención de urgencias en el
Hospital Manuel Uribe Ángel, de fecha 5 de mayo de 2003.
- Folios 7, 8 y 9, fotocopia de  evolución de la
paciente mientras permanecía hospitalizada entre los días 5 a 7 de mayo de
2003.
- Folios 13 y 14, obra copia de "IMAGENOLOGIA
CARDIOVASCULAR" de fecha 7 de mayo de 2003, en la que se concluye
"HIPERTENSION CARDIOVASCULAR MODERADA (EPOC). DISFUSIÓN DIASTOLICA . DEMÁS
ESTRUCTURAS NORMALES".
- Folio 17, fotocopia "EPICRISIS",  que en
la parte de diagnóstico principal se lee: "COR PULMONALE" y en el de
manejo ambulatorio  dice: "DIURETICO, OXIGENO DOMICILIARIO".
- Folio 20, fotocopia de "REMISIÓN DE PACIENTES -
SOLICITUD ORDEN DE SERVICIOS", de fecha 7 de mayo de 2003, que en la parte
de actividad, procedimiento e intervención solicitadas se lee: "OXIGENO
DOMICILIARIO".
- Folio 21, auto proferido por el  Juez Tercero Penal
del Circuito de Montería, por medio del que se aprehende el conocimiento de la
acción de tutela y se corre traslado de la misma a la entidad demandada.
- Folios 24 a 27, obra respuesta de COMPARTA A.R.S a
la acción de tutela interpuesta en su contra.
- Folios 28 al 32, decisión de primera instancia, de
fecha 26 de mayo de 2003, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Montería, en la acción de tutela de la referencia.
4. Contestación de COMPARTA A.R.S.
En contestación de la demanda, María Brigitte Barguil
Orrego, obrando en calidad de Gerente Departamental de COMPARTA A.R.S,
manifestó que de acuerdo a la circular externa conjunta "04MS-056NS"
del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud y del contrato
celebrado entre esa entidad y el municipio de Pueblo Nuevo, se desprende que la
obligación de esa A.R.S. es prestar los servicios contenidos en el Plan
Obligatorio de Salud Subsidiado P.O.S-S.  Pero advierte que el Cor Pulmonale, "el
cual es secundario a un e.p.o.c (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)"
que presenta la actora, así como su tratamiento no están incluidos en el
P.O.S-S, siendo una obligación del Estado cubrirlo mediante el subsidio a la
oferta a través de las instituciones prestadoras del servicio de salud (I.P.S)
públicas o privadas con las que el Estado tenga contrato y que para el caso
está a cargo del departamento.
Agrega le gerente de la entidad demandada, que de
acuerdo a la cláusula tercera del contrato de administración de recursos del
régimen subsidiado en el literal j) dice: "Garantizar a sus afiliados
los protocolos de referencia y contrarreferencia que permitan la
complementariedad en la prestación de los servicios no contemplados en el Plan
Obligatorio de Salud Subsidiado". Esto significa mantener a disposición de
los afiliados la información sobre las instituciones públicas o privadas con
las que el Estado tenga contrato que puedan prestarle los servicios no
contemplados en el POS-S que necesite el afiliado". Atendiendo a lo
expuesto, señala, se le informó al señor Martín Octavio Barón Segura sobre el
procedimiento para acceder a los servicios que  necesita como afiliado y que no
están contemplados en el POS-S y las instituciones públicas en donde podía ser
atendido, habiéndose negado a recibir tal información y exigiendo directamente
la prestación del servicio.
II.      SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN.
De la presente acción de tutela conoció el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Montería (Córdoba), que en providencia de fecha 26 de
mayo de 2003 decidió no tutelar los derechos invocados por considerar que el
señor Martín Barón Segura, actuando a favor de su compañera permanente,
equivocó el procedimiento porque la A.R.S a la que se encuentra afiliada la
señora Olga Cecilia Pérez sólo es una Administradora de Recursos del Régimen
Subsidiado de Salud.  Por tal motivo, continúa, el actor debe proceder de
acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del Decreto 1530 de 1996, que
indica  al afiliado del  régimen subsidiado que requiera de los servicios
adicionales a los incluidos en el POS y no tenga capacidad de pago para asumir
el costo de dichos servicios, acudir a las instituciones públicas o privadas
que tengan contrato con el Estado, las que estarán en la obligación de
atenderlo de conformidad con su capacidad de oferta.
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
De conformidad con los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, y por la escogencia del caso
por la Sala de Selección Número 7, esta Sala es competente para revisar la
sentencia de la referencia.
2. Obligaciones de las Administradoras del Régimen
Subsidiado en Salud frente a la prestación de servicios no cubiertos por el
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S – Reiteración de jurisprudencia.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 del
Decreto 2591 de 1991, la decisión a tomar se limitará a una breve
justificación, toda vez que existe reiterada jurisprudencia sobre el
particular.
Corresponde
a esta Sala determinar si con la conducta asumida por la entidad demandada, en
el sentido de negar el suministro de las pipetas de oxigeno ordenadas por el
médico tratante, por considerar que  no está incluido dentro del Plan
Obligatorio de Salud Subsidiado P.O.S-S, pero que requiere la peticionaria como
tratamiento para su enfermedad, implica el desconocimiento de sus derechos a la
vida, a la salud y a la seguridad social.
Mediante sentencia T-632 de 2002, esta Corporación con
ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, en relación al tema de la
prestación de los servicios no cubiertos por el Plan Obligatorio de Servicios
de Salud Subsidiado POS-S, después de hacer un análisis de lo dispuesto en el
artículo 31 del decreto 806 de 1998, artículo 4 del Acuerdo 72 de 1997 y de la
Resolución 3384 de 2000, concluyó que, “cuando una persona está afiliada al
Régimen Subsidiado en Salud y requiere de servicios no contemplados en el
POS-S, ella puede acudir a las instituciones públicas o a las privadas con las
cuales el Estado tenga contrato de prestación de servicios, ante las cuales
tendrá prioridad para ser atendido conforme a la ley”.
En la misma sentencia antes citada se sostuvo que  no
obstante las ARS no estar obligadas a realizar intervenciones quirúrgicas o a
suministrar medicamentos por no encontrarse incluidos en el Plan Obligatorio de
Salud Subsidiado POS-S, la protección de los derechos constitucionales
fundamentales invocados por vía de tutela se puede llevar a cabo de dos
formas:  “i) mediante la orden a la ARS para que realice la intervención o
suministre los medicamentos, evento en el cual se autoriza a la entidad para
que repita contra el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de
Seguridad Social en Salud FOSYGA, o ii) mediante la orden a la ARS de coordinar
con la entidad pública o privada con la que el Estado tenga contrato para que
se preste efectivamente el servicio de salud que demanda el peticionario. Esta
dualidad obedece a las fuentes de financiación del régimen subsidiado de salud:
con fondos del Fondo de Solidaridad y Garantía o con recursos del subsector
oficial de salud que se destinen para el efecto.[1]
“(...)
“En síntesis, cuando la ARS no está obligada a
practicar el procedimiento o la intervención ordenada ni a suministrar los
medicamentos ordenados --por no encontrarse incluidos éstos ni aquellos en el
POS-S--, la protección constitucional del derecho a la salud, cuando adquiere
el carácter de fundamental por conexidad, puede llevarse a cabo a través de una
de las dos alternativas antes mencionadas. Por lo tanto, corresponderá al juez
de tutela analizar las circunstancias fácticas en cada caso y tomar la decisión
a que haya lugar en consideración al grado de vulneración del derecho
fundamental involucrado, a la naturaleza de las obligaciones asumidas por las
ARS y a la finalidad de las limitaciones y exclusiones del POS-S”.
3. Caso concreto.
En el presente caso quien instaura la acción de tutela
es el cónyuge de  una persona que se encuentra enferma y en imposibilidad de
ejercer su propia defensa, motivo por el cual la situación se ajusta a las
prescripciones del artículo 10 del decreto 2591 de 1991, sobre la posibilidad
de agenciar derechos ajenos.
De  acuerdo a las pruebas obrantes en el expediente de
tutela se concluye que la señora Olga Cecilia Pérez Gutiérrez es usuaria de los
servicios de salud de la Administradora del Régimen Subsidiado A.R.S. COMPARTA
(folio 5); que el día 5 de mayo de 2003 fue internada de urgencia en el
Hospital Manuel Uribe Angel de Envigado (Antioquia), razón por la cual se le
practicaron una serie de exámenes que permitieron al médico tratante
diagnosticarle COR-PULMONALE (folio 17), dolencia que requiere para su
tratamiento el suministro de oxígeno domiciliario (folio 17 y 20), el cual la
ARS se niega a suministrar argumentando que se encuentra por fuera del Plan
Obligatorio de Salud Subsidiado POS-S.
Igualmente, se encuentra demostrado que a
la señora Olga Cecilia Pérez
Gutiérrez  se le diagnosticó COR PULMONALE, y que
requiere de manera urgente del suministro de pipetas de oxígeno a domicilio
ordenado por su médico tratante, siendo necesario este tratamiento para
recuperar su salud, pues la carencia de este elemento esencial podría
desencadenar consecuencias funestas en su salud o poner en peligro su vida
misma. Para este propósito, la Corte procederá a garantizar la efectividad de
la atención requerida aplicando la primera medida señalada en esta
sentencia, es decir ordenando la prestación de los servicios de salud directamente
por parte de la entidad Administradora del Régimen Subsidiado, no obstante su
exclusión del POS-S, por tratarse de una persona que goza de especial
protección por parte del Estado, la sociedad  y la familia (Art. 46 C.P.) y
carece de recursos económicos para asumir los gastos que la atención requerida.[2]
En consecuencia, teniendo en cuenta que en
el presente caso se cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia
constitucional para ordenar a las Administradoras del Régimen Subsidiado la
prestación de un servicio que está por fuera del POS-S,  y dada la urgencia del
elemento requerido por la compañera permanente del tutelante, esta Sala
revocará el fallo de fecha 26 de mayo de 2003, proferido por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Montería (Córdoba) que negó el amparo de los derechos invocados,
y en su lugar tutelará el derecho a la salud en conexidad con la vida digna y
la seguridad social de la señora Olga Cecilia Pérez Gutiérrez. Para ello
ordenará a la ARS COMPARTA que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de este fallo, si aún no lo ha hecho, suministre las pipetas de
oxígeno ordenadas por el médico tratante y que se requieran para la
recuperación de la salud de la señora Olga Cecilia Pérez Gutiérrez, con la
opción de repetir contra el Fosyga  por los gastos adicionales en los que
incurra, con el fin de mantener el equilibrio financiero del sistema.
IV.    DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR el fallo de fecha 26 de mayo
de 2003, proferido por el  Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería
(Córdoba) que negó el amparo de los derechos invocados en el asunto de la
referencia.
Segundo. CONCEDER la protección de los derechos  fundamentales a la
salud  en conexidad con la  vida digna y la seguridad social de la señora Olga Cecilia Pérez Gutiérrez.
Tercero. ORDENAR a la ARS COMPARTA que dentro de las 48
horas siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo ha hecho,
suministre las pipetas de oxígeno ordenadas por el médico tratante y que se
requieren para la recuperación de la salud de la señora Olga Cecilia Pérez
Gutiérrez. Se advierte a la ARS COMPARTA que podrá repetir contra el Fondo de
Solidaridad y Garantía (FOSYGA) por los gastos en que incurra en el
cumplimiento de lo ordenado en esta providencia y que no estén cubierto por el
POS- S.
Cuarto. Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
[1]   Un
común denominador de las dos alternativas de solución parte de reconocer la
vulneración de un derecho fundamental del peticionario, generalmente del
derecho a la salud o a la seguridad social en conexidad con los derechos
fundamentales a la vida o a la integridad de la persona, lo cual, como se
indicó, constituye una condición de procedencia de la acción de tutela.
[2] En
igual  sentido   las sentencias  T-541 y T- 738  de 2003 M. P Jaime Araújo
Rentería.