T-079-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-079/04
ACTO PROPIO-Respeto/DEBIDO PROCESO-Respeto del acto propio
ACTO PROPIO-Condiciones para su aplicación
ENTIDAD BANCARIA-Posición dominante
ENTIDAD BANCARIA-Información veraz sobre el estado de obligaciones
financieras del cliente
Es claro que las entidades
bancarias, como prestadoras de un servicio de interés público, y depositarias
de la confianza pública, asumen una posición dominante frente a sus clientes, a
quienes les suministran una información que presumen veraz, y a través de la
cual informan a sus clientes de manera puntual y exacta sobre el estado de sus
obligaciones financieras. Es a partir de esta información que los clientes
pueden establecer si sus obligaciones crediticias ya están canceladas o aún
persiste un saldo pendiente.
ENTIDAD
BANCARIA-No puede modificar obligaciones
financieras sin consentimiento del cliente
ENTIDAD
BANCARIA-Asunción de nueva posición jurídica
contrariando la anterior/ENTIDAD BANCARIA-Asunción de nueva posición
jurídica genera carga económica que se creía inexistente
DEBIDO
PROCESO-Vulneración por el BCH al solicitar saldo
después de expedido paz y salvo
ENTIDAD
BANCARIA-Error en cobro de crédito hipotecario
cancelado/CENTRALES DE RIESGOS-Actualización y rectificación de
información/DERECHO AL BUEN NOMBRE-Actualización y rectificación de
información en centrales de riesgo
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-792125
Acción
de tutela instaurada por Mario Esteban Villa Arbeláez contra el Banco Central
Hipotecario –en Liquidación.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C.,  veintinueve (29) de enero
de dos mil cuatro (2004).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución
Política y en el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos proferidos por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá y por la
Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, en la tutela instaurada
por Mario Esteban Villa Arbeláez contra el Banco Central Hipotecario –en
Liquidación.
I.
ANTECEDENTES.
El 20 de junio de 1997 el señor Mario Esteban Villa
Arbeláez adquirió con el Banco Central Hipotecario un crédito hipotecario de $
57.000.000 de pesos, cuyo número de obligación correspondió al 550-196-4696-3,
y que fue garantizado con hipoteca sobre el lote No. 21 del Condominio Rincón
de las Mercedes, ubicado en el Municipio de Jamundí (Cauca).[1]
El mencionado crédito fue cancelado en el mes de junio
de 1999. Así, en  junio de 2000, el B.C.H. expidió el correspondiente Paz y
Salvo que daba por cancelada la obligación Hipotecaria en su totalidad.
Posteriormente, en el estado de cuenta expedido por el mismo B.C.H. el 2 de
septiembre de 2001, la mencionada obligación hipotecaria indicaba un saldo de
“0.00”.
El 8 de abril de 2002, mediante derecho de petición
presentado al banco accionado, el peticionario solicitó el levantamiento de la
hipoteca sobre el inmueble antes señalado, petición a la cual adjuntó el paz y
salvo expedido por el mismo Banco B.C.H.
Con fecha 25 de abril de 2002, el actor recibe la
comunicación UQR-BCH 33125, en la cual el Banco B.C.H. en Liquidación, le
informa que se están adelantando las gestiones pertinentes al interior de la
misma entidad bancaria, y que se estaba recopilando la documentación para lo
cual se requería de algún tiempo.
El 17 de julio de ese mismo año, el actor radica ante
el Banco B.C.H. en Liquidación, un nuevo requerimiento a fin de que se resuelva
de manera urgente el derecho de petición a ellos presentados tiempo atrás.
Junto con esta nueva comunicación el accionante dice adjuntar los documentos
necesarios para el levantamiento de hipoteca.(certificado de libertad vigente,
copia de la constitución de hipoteca, fotocopia del certificado de paz y salvo
expedido por ese mismo banco y fotocopia de su documento de identidad).
El 23 de julio de 2002, el B.C.H. en Liquidación
mediante comunicación 3115, ratifica que está adelantando las gestiones
necesarias para el levantamiento de la hipoteca, pero solicita se alleguen; el
certificado de tradición y libertad y la fotocopia de la escritura de
constitución de hipoteca sobre el inmueble dado en garantía, documentos que el
actor dice haber aportado desde el primer momento..
En agosto 2 de 2002, nuevamente el B.C.H. en
Liquidación hace referencia al derecho de petición presentado por el actor, y
reitera que el trámite de levantamiento de hipoteca continúa “y que
oportunamente se dará curso a la notaria para lo de su cargo.”[2]
Sin embargo, en el mes de agosto de 2002, de manera
sorpresiva, el demandante recibió una comunicación de la compañía Central de
Inversiones S.A. -CISA, entidad que había asumido parte de la cartera del Banco
B.C.H. en Liquidación, en la cual informaba, que revisada su base de datos,
existía a cargo del actor una deuda pendiente por valor de $ 127.386.619.66 por
capital y de $ 40.848.266.14 por mora, correspondiente a 31.73 cuotas insolutas,
deuda perteneciente al crédito identificado con el número 550-198-4696-3.
Posteriormente, mediante comunicación del 20 de marzo
de 2003, el Banco Granahorrar informa al accionante que mediante petición que
le fuera hecha por el Banco B.C.H. en Liquidación, la obligación radicada bajo
el número  100401612627, - desconocida por el actor-, y que fuera clasificada
inicialmente como obligación comercial y de consumo, fue reclasificada como
obligación hipotecaria. Que en consecuencia, el estado de dicha obligación para
esa fecha era de $ 101.745.273.44 pesos por concepto de capital; $
49.304.013.24 correspondiente a intereses y $ 3.064.650.88 correspondiente al
rubro de seguros.[3]
Frente a esta última comunicación, el accionante dio
respuesta al B.C.H. en Liquidación el día 15 de mayo de 2003, argumentando que
toda la situación debía ser un error, pues la obligación en cuestión ya había
sido cancelada y en consecuencia no se encontraba vigente.
Frente a los anteriores hechos, el actor considera que
el Banco B.C.H. en Liquidación ha violado sus derechos fundamentales de
petición y debido proceso, pues considera que esta entidad bancaria, en uso de
su posición dominante en la relación comercial que existió entre ellos, le está
imponiendo el pago de una suma de dinero respecto de una obligación hipotecaria
que ya se había dado por cancelada por dicho banco y que él igualmente
consideraba cancelada, pues se había expedido el respectivo paz y salvo y ya se
estaban adelantando los trámites de levantamiento de hipoteca.
Por lo anterior, el actor solicita la protección de
los derechos fundamentales ya mencionados, y pide se ordene el levantamiento de
la hipoteca que recae sobre el inmueble de su propiedad.
II.
INTERVENCIÓN DE
LA ENTIDAD ACCIONADA.
Mediante escrito de fecha 8 de julio de 2003, el
doctor Gustavo Alberto Latorre Cano, Abogado de la Coordinación Jurídica del
Banco B.C.H. en Liquidación, dio respuesta al requerimiento que le fuera hecho
por el Juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá, señalado lo siguiente:
1. No es cierto que la deuda hipotecaria No.
550-198-00004696-3 de la cual el accionante es su deudor, se encuentre en la
actualidad cancelada. Prueba de ello es que el actor no ha demostrado que la
haya pagado efectivamente. Además, el actor atenta contra el principio de la
buena fe, pues pretende aprovecharse del error ocurrido al interior del banco,
lo que llevaría a que su conducta fuera tipificada por el derecho penal como
aprovechamiento de error ajeno.
2. La persona que expidió el Paz y Salvo al cual hace
referencia el actor, no era el representante legal del banco, y además, para la
fecha en que éste documento fue expedido, la obligación ya era propiedad de
CISA. Por esta razón, el Banco B.C.H. en Liquidación tampoco podía certificar
el estado de la obligación en cuestión.
En lo que respecta a la afirmación hecha por el
accionante en el sentido de que la voluntad del Banco B.C.H. se encontraba
plasmada en el paz y salvo que le fuera entregado, ello no corresponde con los
más elementales principios legales, ni con lo expresado en pronunciamientos
jurisprudenciales sobre la materia, que señalan que en las relaciones
contractuales siempre primará la volunta real y no la declarada. En
consecuencia, corresponderá al accionante asumir la carga probatoria, teniendo
que demostrar para ello, que la obligación ya fue cancelada, pues de los
registros contables que obran en el banco no se puede deducir tal situación.
3. De la misma manera, no es cierto que la deuda del
actor se encuentre actualmente con un saldo de $ 0.00 pesos, pues como ya se
explicó, este pretende aprovecharse de un error ocurrido al interior del Banco
al momento de reliquidar su deuda, que lo ha llevado a pensar que la misma ya
se había cancelado en su totalidad.
De igual forma, anota el accionado en su comunicación
dirigida al juez de primera instancia, que la presente tutela resulta
improcedente en razón a que el objeto de la discusión corresponde a una
diferencia de orden contractual. Además, en tanto no se vislumbra la afectación
de derecho fundamental alguno, ni el accionante se encuentra expuesto a la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, la tutela es inviable.
Finalmente, en la medida en que el actual propietario
y titular de la obligación contractual objeto de controversia es la compañía
Central de Inversiones S.A. CISA, será ésta, y no el Banco B.C.H. en
Liquidación quien deba atender los requerimientos del peticionario.
Vinculada por el juez de conocimiento, la compañía
Central de Inversiones S.A. –CISA, ésta dio respuesta mediante escrito del 15
de julio de 2003, al requerimiento judicial, en el cual señaló lo siguiente:
1. El crédito No. 55019846963 a cargo del accionante,
corresponde a un crédito propiedad de Central de Inversiones S.A. desde el año
de 1998, el cual fue adquirido dentro de una operación de compra de cartera
efectuada al Banco Central Hipotecario en Liquidación.
2. De conformidad con la información suministrada el
día 21 de abril de 2003 por el Jefe del Área de Operaciones del Banco Central
Hipotecario, se tiene lo siguiente:
·
El día 20 de junio de
2000, fecha para la cual el crédito en cuestión ya era propiedad de CISA, el
Área de Cartera del Banco B.C.H., había expedido una certificación por la
cancelación total de la obligación    No. 55019846963, basándose en la
información que reposaba en ese momento en el sistema, y que demostraba que
dicha obligación ya había sido cancelada. Sin embargo, tal información no era
correcta, pues de manera equivocada se habían hecho dos abonos extraordinarios
por valor de $ 65.380.000.00 y $ 11.156.345.99, los días 11 y 18 de junio de
1999, motivados en una reliquidación y en un alivio otorgado por FOGAFIN,
abonos que no eran viables para este crédito por estar calificado como cartera
CISA – COLECTOR.
·
El día 7 de noviembre
de 2000, el Área de operaciones del Banco B.C.H. en Liquidación detecta la
inconsistencia y toma las siguientes medidas para su corrección:
- Reversa el abono que por valor
de $ 65.800.000 de pesos se había aplicado el día 18 de junio de 1999 al
crédito del actor, pues correspondió a una reestructuración realizada por el
Banco B.C.H. cuando el crédito ya había sido vendido a Central de Inversiones
S.A.
- Reversa igualmente, el abono de $
11.156.345.99 de pesos, dinero perteneciente a FOGAFIN. Esto da origen a la
obligación No. 4500018018190935, frente a la cual el accionante realizó cinco
(5) abonos que luego fueron retirados y aplicados al crédito colector No.
550198000046963.
- El crédito No. 4500018018190935 fue
retirado de la plataforma Fénix del Banco Granahorrar.
- Se homologa y reliquida la
obligación No. 550198000046963.
3. De conformidad con la anterior información, el
Secretario General de Central de Inversiones S.A. CISA, indica igualmente, que
el mismo Banco B.C.H. en Liquidación le aclaró que el supuesto estado de
cancelación que presenta el crédito No. 550198000046963, plasmado en la
certificación expedida el 20 de junio de 2000, obedeció a un error fruto de la
aplicación indebida de unos valores, y que dicha situación fue de pleno
conocimiento por parte del cliente.
4. Que de esta manera, teniendo en cuenta una
proyección realizada para la el 21 de julio de 2003, el estado del crédito No.
550198000046963 presenta un saldo pendiente por valor de $ 167.715.010.84 de
pesos, equivalente a treinta y nueve (39) cuotas en mora. Esta cuantía por
pagar esta soportada en un certificado expedido por el Departamento de
Operaciones de Central de Inversiones S.A.
5 Finaliza la comunicación de Central de Inversiones
S.A. CISA señalando que si el actor ha cancelado la totalidad de la obligación,
deberá aportar copia de las consignaciones realizadas, para ser aplicadas a su
crédito y poder posteriormente cancelar dicha obligación, levantar la hipoteca
y actualizar la información suministrada a las Centrales de Riesgo.
III.
SENTENCIAS
OBJETO DE REVISIÓN.
En sentencia del 18 de julio de 2003, el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Bogotá amparó los derechos fundamentales al debido
proceso y de petición del actor. Consideró el a quo que efectivamente
tanto el Banco B.C.H. en Liquidación como Central de Inversiones S.A. CISA,
desconocieron abiertamente el principio de buena fe que debe acompañar todas
las actuaciones en los términos que señala la misma Constitución. Encuentra el
juzgado que le asiste razón al accionante al considerar violados sus derechos
fundamentales al debido proceso y petición, pues una vez que le fue informado
el monto de la primera reliquidación esta información se convierte en
obligación legal impuesta a las entidades bancarias según la Ley 546 de 1999.
De aceptarse que los errores en la aplicación de la metodología fijada deben
ser soportados por el usuario, iría en contra de los principios, valores y
derechos de la Constitución.
En consecuencia, la sentencia de primera instancia
ordenó “al Banco Central Hipotecario en Liquidación como a la sociedad
Central de Inversiones S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
dejen sin efecto la segunda reliquidación realizada al crédito hipotecario del
demandante, y por tanto, procedan a reconocer la primera de las reliquidaciones
aplicadas al mencionado crédito, con los beneficios que se generen del mismo.”
Impugnada la anterior decisión, conoció la Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá, la cual en sentencia del 20 de agosto de 2003,
revocó la decisión del juez de primera instancia, y en su lugar, negó la
tutela. Señaló la Sala que la entidad accionada fue clara al darle respuesta a
las peticiones de levantamiento de hipoteca presentadas por el actor, cuando en
varias comunicaciones le señala que dicha petición se encontraba en trámite y
que este se agotaría cuando se hubiere verificado el cumplimiento de todos los
requisitos para ello. Pero de igual manera, en comunicación hecha al accionante
por parte de Central de Inversiones S.A. CISA, se hace evidente que el crédito
hipotecario se encontraba vigente, y que hasta tanto el accionante probara
haber efectuado los respectivos pagos, esta continuaría pendiente por pagar.
De otra parte, el ad quem manifestó que cuando
el paz y salvo fue expedido por el Banco B.C.H. en junio 20 de 2000, la
obligación ya no era de su propiedad, pues había sido vendida a Central de
Inversiones S.A. desde 1998, a través de una operación de compra de cartera.
Además, dicha certificación fue expedida con base en una información errónea.
De esta manera, no le es posible al juez
constitucional prohijar el aprovechamiento de un error cometido por el Área de
Cartera del Banco Central Hipotecario, el cual fue corregido posteriormente por
el mismo banco, para ordenar el levantamiento de una hipoteca respecto de la
cual no existe certeza de que se hubiese cancelado.
En consecuencia, el accionante cuenta con otras vías
judiciales para hacer valer sus derechos, pues no le corresponde al juez
constitucional entrar a determinar si existió o no el contrato en cuestión, o
impartir órdenes derivadas de ese mismo contrato.
IV.
PRUEBAS OBRANTES
EN EL EXPEDIENTE.
-
Folio 1, fotocopia de
la certificación expedida por el Banco Central Hipotecario en Liquidación, de
fecha 20 de junio de 200, que da por cancelada en su totalidad la obligación
No. 550-198-4696-3 a cargo del señor Mario Esteban Villa Arbeláez.
-
Folios 2 a 7,
correspondiente a las comunicaciones que se cruzaron entre el accionante y el
Banco B.C.H. en Liquidación entre el 8 de abril de 2002 y el 2 de agosto del
mismo año, relacionadas con la petición del actor de adelantar los trámites de
levantamiento de la hipoteca.
-
Folios 8 y 9, fotocopia
de la comunicación de fecha 6 de agosto de 2002, en la que Central de
Inversiones S.A. informa al accionante que la obligación hipotecaria a su cargo
se encuentra en mora, y presenta un saldo por pagar.
-
Folios 10, fotocopia de
la comunicación que el Banco Granahorrar enviara al actor el día 20 de marzo de
2003, en la que le informa que la obligación hipotecaria que el asumió con el
Banco B.C.H. en Liquidación, está vigente y en mora-
-
Folio 11, fotocopia de
la carta que el accionante enviara el 15 de mayo de 2003 al Banco Granahorrar
en la que señala que lo comunicado por ellos debe ser consecuencia de un error
pues la obligación financiera a la que hacen referencia ya fue cancelada tal y
como consta en paz y salvo que le fuera expedido.
-
Folios 13 a 17, demanda
de tutela.
-
Folios 23 a 42,
respuesta dada por el Banco Central Hipotecario en Liquidación, al
requerimiento que le fuera hecho por el Juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá
para que se pronunciara en relación con la presente acción de tutela.
-
Folios 47 a 68,
respuesta entregada por la compañía Central de Inversiones S.A. CISA al ser
vinculada a esta tutela por el Juez Sexto Civil del Circuito de Bogotá.
-
Folios 77 a 99, escrito
de impugnación de la decisión de primera instancia, presentado por el Banco
Central Hipotecario en Liquidación.
V.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 86
y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones
judiciales mencionadas.
2. Problema jurídico.
El examen de la solicitud de
tutela que se plantea y consiguientemente, de los derechos que se dicen
violados, se ciñe en síntesis a lo siguiente:
El Banco Central Hipotecario
expidió un paz y salvo a favor del actor, en el cual daba por cancelada una
obligación hipotecaria. El Banco revierte su acto cuando ya había cedido la
obligación a la compañía Central de Inversiones S.A. –CISA, quien tres años
después exige del actor el pago de una gran suma de dinero para cancelar el
crédito hipotecario del cual hoy es su acreedora.
En consecuencia, puede
considerarse que el presente caso plantea dos aspectos de un mismo problema
jurídico: 1) Por una parte, debe determinarse por esta Sala, si el Banco
B.C.H. en Liquidación podía, sin afectar la confianza legítima del accionante,
dar por cancelada una obligación hipotecaria y luego modificar su posición,
corregirla y argumentar que la obligación no era de su propiedad cuando
efectiva y materialmente ya  había expedido un paz y salvo.
2) Por otra parte, cabría precisar, si  puede la compañía Central de
Inversiones S.A. –CISA, exigir del actor el pago de una obligación sobre la
cual existe un paz y salvo expedido por el anterior acreedor de dicha
obligación, y que haría presumir además, que la obligación reclamada era
inexistente cuando le fue cedida. Para tales efectos, se reiterarán los
criterios de la jurisprudencia en casos anteriores que constituyen precedente
obligado para este caso.
3. Reiteración de
jurisprudencia. Posición de la Corte frente  a casos similares al que se
revisa. Aplicación del principio de respeto al acto propio como desarrollo del
derecho al debido proceso.
Son varias las normas en la Constitución Política que
hacen mención al debido proceso, pero es el artículo 49 el que de manera
expresa lo define como un derecho fundamental. El  debido proceso comprende no
solo el respeto de las garantías procesales de orden legal a las cuales tienen
derecho todas las personas, sino que también garantiza los principios y valores
constitucionales que dan plena vigencia a un orden justo.
El asunto que involucra esta tutela esta referido a la
garantía del debido proceso en la modalidad de respeto a la actuación propia,
entendida como la  imposibilidad para quien actúa y genera con ello una
situación particular y concreta, de desconocer su propia conducta, y  vulnerar
con ello los  principios de buena fe y de confianza legítima.[4]
Jurisprudencialmente, esta Corporación ha definido el
principio del respeto al acto propio en los siguientes términos:
“Un tema jurídico que tiene como sustento
el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del
cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe. Principio constitucional, que sanciona
como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con
respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto. Se trata de una
limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser
ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso,
dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una
anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar,
porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una
extralimitación del propio derecho.”[5]
Más recientemente en sentencia T-083 de 2003[6], se
dijo lo siguiente:
“El principio
de respeto del acto propio opera cuando un sujeto de derecho ha emitido un acto
que ha generado una situación particular, concreta y definida a favor de otro.
Tal principio le impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su
decisión, pues la confianza del administrado no se genera por la convicción de
la apariencia de legalidad de una actuación, sino por la seguridad de haber
obtenido una posición jurídica definida a través de un acto que creó
situaciones particulares y concretas a su favor.”
Definido así el principio de respeto al acto propio,
resulta igualmente importante establecer cuáles son los elementos que deben necesariamente
coincidir para considerar que efectivamente dicho principio ha sido
desconocido. Sobre este punto, igualmente la jurisprudencia constitucional se
ha pronunciado en los siguientes términos:
“a. Una conducta jurídicamente anterior,
relevante y eficaz. b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo
por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa,
debido a la contradicción -atentatorio de la buena fe- existente entre ambas
conductas. c. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en
ambas conductas.”[7]
En consecuencia, la importancia del respeto del acto
propio como componente fundamental del derecho al debido proceso, exige que las
actuaciones de las autoridades públicas, y en el caso que aquí se revisa, el
comportamiento de las entidades bancarias, respete en todo momento el plexo de
garantías fundamentales de sus clientes, en especial  el derecho fundamental al
debido proceso.
En desarrollo de tal  primado,
esta  Corporación ha sido unánime en censurar la práctica de las entidades
financieras de no respetar ni ser fieles a sus propios procederes,[8] y
ha puesto en evidencia la jurisprudencia constitucional que las entidades
bancarias en desarrollo de las relaciones contractuales con sus clientes,
aprovechan su posición dominante, logrando con ello alterar las condiciones
contractuales inicialmente pactadas, y vulnerando de contera  los derechos
fundamentales de sus usuarios financieros. En tales decisiones, ha señalado la
Corte:
“Como se dijo, en las tres acciones de
tutela que ahora ocupan la atención de la Corte, existe un elemento común cual
es, que los deudores hipotecarios del Banco Granahorrar S.A., al momento en que
dicha entidad financiera les informa sobre un saldo insoluto resultante de una
reliquidación posterior a la inicialmente aplicada a sus créditos, ya habían
cancelado la totalidad de la obligación con fundamento en la información que
para el efecto les suministró la entidad accionada. Ello significa, ni más ni
menos, que legítimamente confiados en la información financiera suministrada
por Granahorrar, cancelaron la totalidad de sus deudas a fin de liberar sus
viviendas.
“(...)
“Los demandantes en las acciones de tutela
que ahora se revisan, coinciden en alegar como vulnerados, entre otros, el
derecho fundamental al debido proceso. En la sentencia T-083 de 2003, ya
citada, se estableció la relevancia del principio de respeto del acto propio
como componente del derecho fundamental al debido proceso. Se dijo al respecto
en esa oportunidad[9]
“ (...).
“El precedente citado permite concluir que
las entidades financieras, en las actuaciones frente a sus usuarios, tienen una
posición privilegiada que las erige como verdaderas autoridades ante ellos,
condición que, a la vez que les otorga prerrogativas superiores a la de los
particulares, las obliga a ejercer las acciones necesarias para garantizar el
libre y adecuado ejercicio de los derechos fundamentales de sus clientes y,
entre ellos, el del debido proceso.
“(...).
“10. El principio de respeto del acto
propio opera cuando un sujeto de derecho ha emitido un acto que ha generado una
situación particular, concreta y definida a favor de otro. Tal principio le
impide a ese sujeto de derecho modificar unilateralmente su decisión, pues la
confianza del administrado no se genera por la convicción de la apariencia de
legalidad de una actuación, sino por la seguridad de haber obtenido una posición
jurídica definida a través de un acto que creó situaciones particulares y
concretas a su favor.
“De ello se desprende que el respeto del
acto propio comprende una limitación del ejercicio de los derechos consistente
en la fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que puedan
revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto posterior se funde en
criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos[10].
“El principio de respeto del acto propio
resulta aplicable cuando (i) se ha proferido un acto que contenga una situación
subjetiva concreta y verificable que conceda confianza a su beneficiario de la
titularidad de una posición jurídica determinada, esto es, que la disposición
sea eficaz y jurídicamente vinculante; (ii) la decisión sea revocada
unilateralmente por su emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para
ello y con base en parámetros irrazonables o desproporcionados y (iii) exista
identidad entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la
disposición inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos
actos regulen la misma situación jurídica subjetiva.[11]”
“(...).
“No se discute la posibilidad que se haya
cometido un error en la reliquidación del crédito, error que en caso de ser
cierto, es imputable a Granahorrar, entidad que cuenta con toda la
infraestructura técnica y humana requerida para ese tipo de labores. Con todo,
independientemente de que tal error se haya o no presentado, lo que es
absolutamente claro es que se trata de una entidad crediticia que está sujeta a
la Constitución y a la ley y que está en la necesidad de agotar los mecanismos
jurídicos que tiene a su alcance si lo que pretende es el reconocimiento de
sumas adicionales a aquellas que fueron pagadas por el actor y que le llevaron
a certificar la extinción de la obligación.
“(...).
“En ese marco, la revocación del acto
proferido por la entidad financiera, aunque aparentemente se funda en una
circunstancia lícita, cual era la de disminuir el monto del alivio reconocido
al deudor, en realidad desborda el marco jurídico aplicable pues extiende las
consecuencias de su propio error a la reliquidación del crédito y revive los
efectos de una obligación extinta. Sostener lo contrario, esto es, que la
entidad financiera está facultada para cobrar sumas adicionales con
posterioridad a la extinción de la obligación, configura la imposición de una
carga especialmente gravosa e irrazonable al deudor.
“(...).
“De otro lado, quien tenía a su disposición
los mecanismos judiciales ordinarios para obtener el pago de las sumas
probablemente canceladas de más por el error en la reliquidación del crédito,
era la misma entidad financiera. No obstante, abusando de su condición de
preeminencia, exigió, más de un año después de la cancelación del crédito, el
pago de la diferencia generada por su propio yerro y lo hizo mediante la
revocatoria unilateral de su propio acto y extendiendo los efectos de una
garantía constituida para una obligación distinta, proceder con el que se
abrogó para sí facultades que sólo reposan en la jurisdicción.
“(...).
“Es claro que en virtud de esa relación
contractual entre acreedor y deudor, con la anuencia de éste, podría haberse
convenido una reliquidación del crédito a propuesta del acreedor si consideraba
que en la primera existía un error. El mutuo consentimiento, como se sabe, es
una de las formas en que pueden modificarse las obligaciones contractuales.
“No obstante, si el deudor no otorga su
consentimiento, el ordenamiento jurídico le otorga a la entidad financiera la
posibilidad de acudir al juez competente para dirimir la controversia así
suscitada en torno a las obligaciones contractuales.
“Pero en este caso, Granahorrar  ni obtuvo
el consentimiento del deudor para la modificación de la cuantía de la
obligación, ni tampoco acudió a la jurisdicción del Estado para dirimir la
controversia. No, por el contrario en forma que por ello resulta arbitraria
optó por imponer su decisión para manifestar luego que si el otro contratante
no la acepta es a él al que le corresponde acudir ante los jueces. Tal
situación equivale a administrar justicia por su propia cuenta, lo que resulta
inaceptable por cuanto es claro que de esta manera la entidad financiera
desconoció en forma diáfana el ordenamiento jurídico. Ello es así, por cuanto
el mundo civilizado, desde antaño, tiene proscrita la autotutela de lo que se
considera ser su derecho por una de las partes, así como igualmente tiene
establecido que si no existe autocomposición del litigio debe entonces acudirse
al proceso, sin que sea admisible que primero se produzca la autotutela de lo
que se considera ser su derecho por una de las partes y perpetrado así el
atropello a la otra parte, se le responda que si lo quiere acuda entonces el
agraviado a iniciar un proceso, que ha debido ser promovido por la otra parte.
“Granahorrar sencillamente, al percatarse
de su yerro impuso su posición dominante frente al usuario, obligándolo a
acogerse a la voluntad unilateral de éste, no teniendo el deudor alternativa
distinta que la de aceptar so pena de verse avocado a los juicios judiciales
pertinentes, con la posibilidad de perder su vivienda pues, precisamente la
entidad financiera por ostentar una posición más fuerte y tener a su alcance la
posibilidad de un mecanismo de defensa apto como es un proceso ejecutivo
hipotecario, impone su voluntad sin tener el más mínimo reparo en la situación
particular y concreta del usuario. Es justamente ahí en donde resulta vulnerado
el debido proceso pues se impone una carga unilateral sin contar con la
anuencia del usuario, alegando que se trata de un contrato cuyas controversias
han de ser resueltas por la jurisdicción competente, sin tener en cuenta que
los contratos se rigen por el principio de la buena fe, que el demandante
también considera vulnerada”.[12]
“(...).
“Aceptar como lo pretende  que el “error”
en la aplicación de la metodología fijada para el efecto por la
Superintendencia Bancaria debe ser soportado por el usuario, iría en contra de
los principios, valores y derechos que rigen la Constitución Política, entre
los últimos, el derecho a tener una vivienda digna (art. 51 C.P.). Así lo
sostuvo recientemente la Corte en la sentencia T-1085 de 2002 ya citada, cuando
expresó “[p]or supuesto que la Corte no puede avalar ese tipo de
comportamientos, es decir, el cambio unilateral en las reglas de juego que las
entidades financieras imponen a sus clientes abusando de su posición dominante,
máxime cuando estas entidades son las que tienen la información exacta sobre
cada crédito y pueden realizar las verificaciones previas que estimen
convenientes, no pudiendo endilgarle a sus usuarios los efectos negativos de
sus propios yerros, tal como ocurre en el presente caso”[13]
Conforme lo ha establecido la
jurisprudencia, es claro que las entidades bancarias, como prestadoras de un
servicio de interés público, y depositarias de la confianza pública, asumen una
posición dominante frente a sus clientes,[14]
a quienes les suministran una información que presumen veraz, y a través de la
cual informan a sus clientes de manera puntual y exacta sobre el estado de sus
obligaciones financieras. Es a partir de esta información que los clientes
pueden establecer si sus obligaciones crediticias ya están canceladas o aún
persiste un saldo pendiente.
En  suma, cuando una entidad
financiera profiere una comunicación dirigida a uno de sus clientes en la cual
le señala una circunstancia en particular respecto de la obligación financiera
que hubieren, dicha entidad financiera asume una posición jurídica en relación
con tal obligación, y no podrá modificarla de manera  unilateral e inconsulta,
imponiendo una nueva posición jurídica, que al no poderse controvertir por
parte de su cliente, vulnera su derecho al debido proceso y en particular
desconoce el principio del respeto del acto propio. “Frente a estas
eventualidades, lo correcto es que la entidad financiera acuda ante la
jurisdicción ordinaria, pues no podrá entrar a corregir sus actos sin el
consentimiento de su cliente, quien además no tiene porque asumir las
consecuencias negativas de los actos de la entidad financiera.” (T-959 de
2003).
4. Caso concreto.
Luego de analizar los hechos expuestos por el
accionante en su demanda de tutela, las pruebas obrantes en el expediente  y
las intervenciones de la entidad accionada, se advierte que lo realmente
acontecido en este caso fue lo siguiente:
El señor Mario Esteban Villa Arbeláez, adquirió del
Banco B.C.H. en Liquidación un crédito hipotecario No. 550-196-4696-3, en el
año de 1997, el cual el mismo Banco dio por cancelado en su totalidad, según se
desprende del contenido mismo de la certificación que éste expidiera a favor
del señor Villa Arbeláez el 20 de junio de 2000. Sin embargo, meses después de
que dicho paz y salvo fuera expedido, el Banco B.C.H. en Liquidación se percata
de que hubo un error en el manejo de dicho crédito, al encontrar que había
aplicado equivocadamente dos abonos extraordinarios por valor de $
65.380.000.00 y   $ 11.1563.345.99, los cuales se realizaron los días 11 y 18
de junio de 1999. Hallada la inconsistencia, el 7 de noviembre de 2000, el
Banco procede a reversar dichos abonos a fin de corregir su yerro, advirtiendo
que el accionante en todo momento fue informado sobre esta situación.
No obstante lo anterior, en las  numerosas
comunicaciones que dicho Banco cruzó con el accionante durante el año 2002, en
las cuales el señor Villa Arbeláez solicitaba se agotaran los trámites para el
levantamiento de la hipoteca, el Banco B.C.H. en Liquidación dio  a entender a
su cliente, que estaba recopilando la información pertinente, a fin de agotar
el trámite de levantamiento de hipoteca. No existe en las comunicaciones entre
el Banco y el cliente ninguna información de donde se logre inferir que  el
Banco  había errado en la liquidación y posterior cancelación del crédito.
Sin embargo, mientras esto ocurre, el peticionario
recibe una comunicación del Banco Granahorrar, y otra de la compañía Central de
Inversiones S.A – CISA, en las cuales ambas entidades coinciden en señalar que
la obligación  No. 550-196-4696-3 de la cual el tutelante es su deudor, se
encuentra “vigente” y en mora, presentando como saldo pendiente al 21 de
julio de 2003 la suma de $ 167.715.010.84 de pesos, correspondiente a 39
cuotas, dinero que debía ser cancelado a la compañía Central de Inversiones S.A
CISA, actual propietaria de la obligación.
Frente a lo anterior, el accionante considera que sus
derechos fundamentales al debido proceso y de petición han sido violados por el
Banco Central Hipotecario en Liquidación, pues éste de manera unilateral y
arbitraria pretende ahora, desconocer la posición jurídica por el definida en
el paz y salvo que expidiera a su favor el 20 de junio de 2000, con el cual
daba por cancelada la obligación hipotecaria que aduce estar vigente. Además,
considera que la excusa presentada por el Banco B.C.H. en Liquidación relativa
a la indebida aplicación de unos abonos a dicho crédito hipotecario desconoce
el principio de respeto al acto propio.
Visto los elementos fácticos del presente caso, la
Sala de Revisión, entrará a revisar la presente acción de tutela siguiendo para
ello los lineamientos jurisprudenciales que en relación al postulado del
respeto al acto propio resultan aplicables en el presente caso.
Recordemos que es necesario la coincidencia de tres
elementos para la aplicación de este principio. Esos elementos son los
siguientes:
a. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y
eficaz.
b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo
por la misma persona o centros de interés que crea la situación litigiosa,
debido a la contradicción -atentatorio de la buena fe- existente entre ambas
conductas.
c. La identidad del sujeto o centros de interés que se
vinculan en ambas conductas.[15]
Veamos:
a. Es
claro para la Sala de Revisión, que el 20 de junio de 2000, el Banco Central
Hipotecario en Liquidación, estableció de manera concreta, su posición jurídica
frente al crédito hipotecario No. 550-198-4696-3 a cargo del señor Mario
Esteban Villa Arbeláez, al certificar que éste se encontraba TOTALMENTE
CANCELADO.
El accionante además asumió, que el Banco B.C.H. en el
proceso previo a expedir el paz y salvo en cuestión, había realizado un estudio
cuidadoso y pormenorizado de su obligación  con el fin de reflejar con
precisión la realidad de la obligación hipotecaria. Fue ello lo que le permitió
al accionante  adquirir la certeza de que la obligación hipotecaria de la cual
era su deudor ya había sido pagada en su totalidad. Por otra parte, los
documentos expedidos por las entidades bancarias, se “presumen veraces en su
contenido”,  [16]
circunstancia que también se agrega a la confianza  legítima depositada  en el
proceder del Banco para tener la plena seguridad de que la obligación
hipotecaria ya estaba cancelada. [17]
La confianza legítima que tenía el actor
de que su obligación ya se había cancelado, en razón del paz y salvo que le
fuera expedido a su favor por parte del Banco, se vió corroborada igualmente,
con las distintas comunicaciones que recibió del mismo Banco B.C.H. en
Liquidación durante el año 2002, en las cuales éste le indicó que estaba
adelantando la recopilación de los documentos necesarios para levantar la
hipoteca; contrario sensu, en ningún momento puso de presente al accionante
alguna inconsistencia en las gestiones previas a la expedición del paz y
salvo,  que  hicieran sospechar al actor  sobre la existencia de un error o una
equivocación involuntaria del Banco.  De esta manera, el accionante tenía el
pleno convencimiento de que su crédito hipotecario ya estaba cancelado.
b.
Junto con la respuesta dada al juez de primera instancia por parte de la
compañía Central de Inversiones S.A – CISA, se anexa una comunicación que el
Banco Central Hipotecario en Liquidación dirigió a Central de Inversiones S.A.
–CISA, con fecha 21 de abril de 2003, en la cual le pone al tanto del estado
actual de la obligación hipotecario a cargo del señor Villa Arbeláez, y en la
que de manera clara señala lo siguiente:
·
El 20 de junio de 2000,
el B.C.H. en Liquidación, expide a favor del accionante una certificación que
da por cancelada en su totalidad la obligación No. 550-198-4696-3.
·
Que el 7 de noviembre
de 2000, el Área de Operaciones del Banco, detecta una inconsistencia en la
obligación hipotecaria en cuestión, consistente en la indebida aplicación a la
misma, de dos abonos.
·
Que los dos abonos se
reversan, con lo cual la obligación queda vigente.
Con las anteriores actuaciones adelantadas por el
Banco B.C.H. en Liquidación en el mes de noviembre del año 2000, la posición
jurídica por él asumida respecto de la obligación a cargo del actor y contenida
en el paz y salvo que la daba por cancelada, había sido modificada de manera
unilateral y desconsiderada, estableciendo una nueva posición jurídica con la
cual le creaba al actor una nueva carga económica, que éste ya creía
inexistente.
Si bien el Banco B.C.H. argumenta que el actor tuvo
conocimiento de esta situación,  no aportó los documentos que así lo
certificaran, y además olvidó que para que la nueva posición jurídica asumida
frente a la obligación hipotecara fuera legalmente válida, requería, además de
informar a su cliente, que éste diera su consentimiento, pues de no obtener su
aquiescencia, el Banco estaba transfiriendo al actor los efectos negativos de
sus propios errores. Así lo ha entendido la jurisprudencia cuando ha señalado
lo siguiente:
“De otro lado, quien tenía a su disposición
los mecanismos judiciales ordinarios para obtener el pago de las sumas
probablemente canceladas de más por el error en la reliquidación del crédito,
era la misma entidad financiera. No obstante, abusando de su condición de
preeminencia, exigió, más de un año después de la cancelación del crédito, el
pago de la diferencia generada por su propio yerro y lo hizo mediante la
revocatoria unilateral de su propio acto y extendiendo los efectos de una
garantía constituida para una obligación distinta, proceder con el que se
abrogó para sí facultades que sólo reposan en la jurisdicción. (T-083 de 2003).
c.
Finalmente, existe plena coincidencia entre los sujetos involucrados en ambas
conductas.
Ciertamente es el Banco Central Hipotecario en
Liquidación quien expide un paz y salvo a favor del actor, con el cual da por
cancelada la obligación hipotecaria adquirida por éste último, sentando su
posición jurídica frente a la obligación. Posteriormente, es el mismo Banco
B.C.H. en Liquidación quien de manera unilateral e inconsulta, modifica su
posición jurídica inicial, revoca varios de sus actos e impone una nueva
posición jurídica frente a la obligación hipotecaria que meses antes había dado
por cancelada, desconociendo con ello su propio acto e imponiendo al actor una
nueva carga económica que se suponía extinta.
De esta manera, queda probado que efectivamente el
Banco Central Hipotecario en Liquidación, debilita la confianza legítima
depositada en el actuar del Banco, socava la seguridad en el sistema
financiero, desconoce el principio del respeto al acto propio y  vulnera en
consecuencia,  el derecho fundamental al debido proceso del señor Mario Esteban
Villa Arbeláez. Por tal motivo, se revocará la sentencia de segunda instancia y
se confirmará la de primera, en tanto amparó el derecho al debido proceso del
señor Villa Arbeláez. Sin embargo, esta Sala estima que la orden proferida por
el juez de primera instancia no se adecua a la jurisprudencia de esta
Corporación. En consecuencia, ésta será variada en la parte resolutiva de la
presente sentencia.
Ahora bien, existe un segundo problema jurídico por
resolver y es el relativo al  hecho de que la obligación inicialmente adquirida
por el accionante es actualmente propiedad de la compañía Central de
Inversiones S.A. CISA, la cual la había adquirido como parte de una operación
de compra de cartera celebrada con el Banco B.C.H. en Liquidación. De esta
manera, podría suponerse, que actualmente CISA está reclamando del accionante
el pago de un crédito hipotecario inexistente por haberse este cancelado en su
totalidad tal y como se deduce del contenido mismo del paz y salvo expedido a
favor del actor.
Sobre una situación similar que fuera revisada por
esta misma Corporación, se dijo de manera especial lo siguiente:
“Es en este punto en el cual habrá de
resolverse el segundo problema jurídico que se planteó inicialmente, y que se
relaciona con la posibilidad que le puede asistir al Banco Granahorrar de
cobrar unos dineros relacionados con un crédito hipotecario que al parecer le fue
cedido cuando ya se había cancelado la obligación. En este punto, debemos
recordar que en los procesos de cesión de cartera, las obligaciones cedidas
conservan consigo todas aquellas acciones legales propias de su figura
jurídica, y que estas pueden ser ejercidas por el cesionario de la obligación.
“Luego entonces, cuando el Banco B.C.H. en
Liquidación cede la obligación al Banco Granahorrar, la figura jurídica que
opera es la del endoso de un pagaré en el cual se encuentra respalda la
obligación hipotecaria cedida. Así, el Banco Granahorrar, como poseedor de
buena fe de este título valor, podrá hacer efectiva la obligación adquirida,
incluso si es el caso haciendo uso de todas las acciones legales de que pueda
disponer. Ahora bien, es claro que el tutelante es el directamente afectado por
las actuaciones que en su momento generó el Banco B.C.H. en Liquidación. Sin
embargo, no se puede obligar al actor a que inicie reclamaciones en forma
directa ante el Banco Granahorrar o ante el Banco B.C.H. en Liquidación, pues
ello sería someterlo nuevamente a una situación en la que los bancos accionados
harían prevalecer su posición dominante en la relación, y dilatarían una
posible solución en desmedro de sus derechos fundamentales.” (Sentencia T-959 de 2003, M.P. Rodrigo
Escobar Gil).
A esta misma conclusión llega esta Sala, pues no sería
aceptable que el demandante en este caso, se viera obligado a asumir el pago de
un crédito hipotecario ya cancelado, por el simple hecho de que el Banco B.C.H.
en Liquidación quien dio por pagado dicho crédito, corrija su error y
transfiera la obligación a otra entidad para que esta reclame el pago de una
obligación inexistente. De esta manera, no podrá CISA imponer al accionante la
obligación de pagar más de 39 cuotas en mora que dice se le  adeudan, pues la
inconsistencia surgida en relación con la vigencia o no de la obligación que
reclama es consecuencia de un error surgido al interior del Banco B.C.H. en
Liquidación y no del accionante. Por ello, Central de Inversiones S.A. CISA,
deberá en el término de cuarenta ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia, iniciar los trámites necesarios para levantar
la hipoteca que recae sobre el inmueble propiedad del actor, y que deberán
estar concluidos en un plazo máximo de un (1) mes, sin perjuicio de las
acciones legales que pueda emprender contra el Banco B.C.H. en Liquidación.
Por último, debe anotarse que la misma compañía
Central de Inversiones S.A. CISA en respuesta que diera al juez de primera instancia
en el trámite de ésta tutela, manifestó que la mora de más de 39 cuotas que
presentaba el actor, había sido reportada a las Centrales de Riegos. Ante esta
situación, y teniendo en cuenta que las diferencias surgidas con ocasión del
crédito hipotecario a cargo de señor Villa Arbeláez fueron consecuencia de los
errores cometidos por el Banco B.C.H. en Liquidación, fuerza a concluir que el
reporte hecho por Central de Inversiones S.A. no correspondía a la realidad de
las cosas, motivo por el cual esta entidad, deberá en un plazo máximo de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, actualizar la información remitida a dichas Centrales de Riesgo,
señalando en ella la verdadera situación que presenta el actor en relación con
la obligación hipotecara ya extinta, a efectos de que  la información allí
almacenada sea actualizada y rectificada de manera exacta y oportuna,
garantizado de esta manera el respeto del derecho fundamental al habeas data y
buen nombre del accionante.
VI.
DECISIÓN.
Con fundamento en las consideraciones
expuestas en precedencia, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, y en su lugar, CONFIRMAR la sentencia proferida por
el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá sólo en cuanto concedió la
protección de los derechos fundamentales del accionante.
Segundo. ORDENAR a Central de Inversiones S.A. CISA, deberá en el
término de cuarenta ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de
esta sentencia, iniciar los trámites necesarios para levantar la hipoteca que
recae sobre el inmueble propiedad del actor, y que deberán estar concluidos en
un plazo máximo de un (1) mes, sin perjuicio de las acciones legales que pueda
emprender contra el Banco B.C.H. en Liquidación.
Tercero. ORDENAR a Central de Inversiones S.A. que en un plazo máximo de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
deberá actualizar la información remitida a las Centrales de Riesgo, señalando
en ella la verdadera situación que presenta el actor en relación con la
obligación hipotecara ya extinta, a efectos de la información allí almacenada
sea actualizada y rectificada de manera exacta y oportuna.
Cuarto. Por Secretaria General, líbrese la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] La garantía hipotecaria consta en la
escritura pública No. 04255 del 13 de junio de 1997, de la Notaría 19 del
Circuito de Bogotá, y registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Cali, bajo la Matrícula No. 370-419043.
[2] Ver folio 7 del cuaderno principal del
expediente objeto de revisión.
[3] Ver folio 10 del expediente.
[4] Sentencia T-544 de 2003, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[5]  Sentencia T-295 de 1999, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[6]  Magistrado Ponente Jaime Córdoba Triviño.
[7] Sentencia T-295 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[8] Ver entre otras las sentencias T-1085 de
2002, M.P. Jaime Araújo Rentería, T-083 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño,
T-141, T-323 y T-346 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-546 de 2003,
Manuel José Cepeda Espinosa, T-550, T-705 y T-987 de 2003, M.P. Alvaro Tafur
Galvis, T-727 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-756 y T-959 de 2003
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[9] También expresada en la sentencia T-141 de 2003 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra, en la que además, se reiteró lo que sobre la teoría del acto propio
había establecido la Corte en varias sentencias, entre ellas, la T-475/92 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz y T-295/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[10]  Cfr. T-475/92  M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[11] Cfr. T-265/99  M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[12] Sentencia T-141/03 citada.
[13] Sentencia T-346 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[14] Ver sentencia C-955 de 2000, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[15] Sentencia T-295 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[16] Sentencia T-959 de 2003 M. P. Rodrigo
Escobar Gil .
[17] “En este punto merece recordarse, que los documentos generados
por las entidades bancarias se presumen veraces en su contenido y con mayor
razón habrá de suponerse su veracidad, cuando la comunicación esta firmada por
el propio Presidente del Banco, lo que hace suponer que hubo un análisis
cuidadoso y previo por parte de las diferentes dependencias del banco, que
permitieron asegurar que la información contenida en ese documento correspondía
a un procedimiento serio y que lo allí consignado reflejaba la realidad de la
obligación financiera del actor.”,  T-959 de 2003.