T-351-19
Sentencia T-780/10
Sentencia T-351/19
DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS Y CONTROL MIGRATORIO DE NACIONALES
VENEZOLANOS EN EL ESTADO COLOMBIANO-Permiso
Especial de Permanencia –PEP–
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Cualquier
persona puede exigir el cumplimiento de los derechos de los niños
REGIMEN
MIGRATORIO EN COLOMBIA-Generalidades
PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA
–PEP–-Control migratorio de nacionales
venezolanos en el Estado colombiano
El fenómeno migratorio que
está viviendo el Estado colombiano con los nacionales venezolanos debido a la
situación de orden interno y la crisis social, política y económica que vive el
vecino país, el Gobierno Nacional se vio en la necesidad de establecer
mecanismos de facilitación migratoria que permitan a los nacionales venezolanos
permanecer en Colombia de manera regular y ordenada, previo cumplimiento de
determinados requisitos establecidos en la ley. Es así como el 25 de julio de
2017 el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la Resolución 5797 mediante
la cual ordenó la creación del  Permiso Especial de Permanencia –PEP,
otorgable únicamente a los nacionales venezolanos que cumplan con los
siguientes requisitos:  i) encontrarse en el territorio colombiano a la
fecha de publicación del referido acto administrativo; ii) haber ingresado al
territorio nacional por puesto de control migratorio habilitado con pasaporte; (iii)
no tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional; y (iv) no
tener una medida de expulsión o deportación vigente.
DERECHOS
DE EXTRANJEROS EN COLOMBIA-Contenido/DERECHOS
DE EXTRANJEROS EN COLOMBIA-Alcance
El artículo
100 de la Constitución consagra un mandato de igualdad
expreso entre extranjeros y nacionales, pero autoriza la posibilidad de
establecer un tratamiento diferenciado en relación con los nacionales cuando
existan suficientes razones que lo justifican. De lo contrario, toda
diferenciación realizada con fundamento en la nacionalidad se entenderá
inadmisible por basarse en un criterio sospecho de discriminación. En todo
caso, los no nacionales tienen la responsabilidad de cumplir con los deberes
que el legislador establece para todos los que se encuentran en el territorio
colombiano en cuanto al acatamiento de la Constitución, las leyes y el respeto
a las autoridades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 superior.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Contenido y alcance
Esta Corporación en Sentencia
T-283 de 2013 advirtió que del contenido y alcance del derecho de acceso a la
administración de justicia se deriva un conjunto de obligaciones de respetar,
proteger y realizar los derechos humanos, las cuales se traducen en los
siguientes compromisos: i) La obligación de respetar. El derecho a la
administración de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de
adoptar decisiones que impiden o dificulten el acceso a la justicia o su
realización. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas
discriminatorias, basadas en criterios tales como el género o la nacionalidad.
ii) La obligación de proteger. Requiere
que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u
obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho.
iii) La obligación de
realizar. Implica el deber del Estado de facilitar las condiciones para el
disfrute del derecho y hacer efectivo el goce del mismo. Lo anterior, por medio
de la adopción de normas que garanticen que todas las personas, sin distinción,
tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos
que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.
DERECHO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE EXTRANJEROS-Orden de reconocer
a ciudadana venezolana Permiso Especial de Permanencia
–PEP– como medio de prueba para acudir a la
justicia ordinaria laboral
Referencia: Expediente T-7.200.233
Acción de tutela instaurada por Maderleins
Nazaret Briceño Barrio en contra de las Notarías Primera y Segunda del Círculo
de Barrancabermeja, la Oficina de Apoyo Judicial de Barrancabermeja y el
Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja, Santander.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., primero (1) de agosto de dos
mil diecinueve (2019)
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, José Fernando
Reyes Cuartas y Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las decisiones
judiciales proferidas en primera instancia por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el diecinueve (19) de noviembre
de dos mil dieciocho (2018) y en segunda instancia por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve
(2019), en el proceso de tutela de la referencia.
La acción de tutela fue seleccionada
para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro de la Corte
Constitucional[1]
mediante Auto proferido el diez (10) de abril de dos mil diecinueve
(2019), notificado por estado el dos (2) de mayo de la misma anualidad. Lo
anterior, luego del estudio hecho a la insistencia presentada por el Director
Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo por la
vulneración de los derechos fundamentales de los niños, al acceso a la
administración de justicia y a “la protección especial de personas en estado
de vulnerabilidad” de la accionante y su menor hijo, presuntamente
conculcados por las autoridades accionadas al negarse a darle validez al
Permiso Especial de Permanencia –PEP-[2]
como documento idóneo para acreditar la identificación de los
ciudadanos extranjeros en Colombia por no presentarse junto con el pasaporte.
I. ANTECEDENTES
La señora Maderleins Nazaret Briceño Barrios de
nacionalidad venezolana en nombre propio y en representación de su menor
hijo Gabriel Alejandro Rivera Briceño formuló acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de los niños, al
acceso a la administración de justicia y a “la protección especial de
personas en estado de vulnerabilidad” por cuanto las autoridades accionadas
se negaron a reconocer el Permiso Especial de Permanencia –PEP– expedido
por Migración Colombia como medio idóneo para acreditar su identidad en el
territorio nacional, al argumentar que el referido permiso debe acompañarse por
pasaporte o documento nacional de identidad.
1. La demanda
1.1. La accionante
identificada con documento de ciudadanía de la República de Venezuela No. 24449694
informó que desde el 16 de septiembre de 2013 se encuentra domiciliada en la
ciudad de Barrancabermeja, Santander, municipio donde actualmente reside con su
hijo menor de edad.
1.2. La peticionaria aseguró que sostuvo una relación
sentimental con el señor Guillermo Rivera Bran, con quien convivió desde el año
2009 y procreó a su hijo Gabriel Alejandro Rivera Briceño de nacionalidad
colombiana.
1.3. La actora manifestó que
su ex compañero permanente suscribió un contrato de trabajo con la Asociación
para la Enseñanza ASPAEN – Colegio Rosario, para desempeñar las funciones de “oficios
varios”. Sin embargo, el 23 de mayo de 2016 mientras realizaba las labores
para las cuales fue contratado sufrió un accidente que le causó la muerte.
1.4. La señora Maderleins
Nazaret Briceño Barrio aduce que solicitó a las accionadas autenticación de
poder de representación con la finalidad de contratar a
un abogado para que en su nombre iniciara una acción de declaración de la unión
marital de hecho que sostuvo con su fallecido compañero.
Lo anterior, con el objeto de acreditar la legitimación
en la causa por activa para iniciar un proceso ordinario laboral en busca de
que se declare que el accidente sufrido por su pareja y que le ocasionó la
muerte, obedeció a una causa imputable a su empleador; en consecuencia, se le
condene al pago de una indemnización por los perjuicios morales y materiales
causados.
1.5. La actora adujo que las Notarías Primera y
Segunda del Círculo de Barrancabermeja, la Oficina de Apoyo Judicial y el
Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja le informaron que el
Permiso Especial de Permanencia –PEP– debía presentarse en compañía de su
pasaporte o del documento nacional de identidad para proceder a autenticar el
poder de representación o colocar la nota de presentación.
1.6. La accionante indicó que no
cuenta con ninguno de los documentos requeridos pues desde el 19 de octubre de
2016 radicó en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería – SAIME de Venezuela la documentación necesaria para obtener su
pasaporte, sin que a la fecha de la interposición de la acción de tutela de la
referencia la entidad competente haya efectuado su entrega por razones
imputables a la crisis política, económica y social de su país.
1.7. La demandante manifestó que
mediante derecho de petición[3] le solicitó a las entidades accionadas que le informaran una
alternativa legal o jurídica para acceder a la administración de justicia en
Colombia a fin de obtener el resarcimiento integral de los perjuicios causados
a ella y a su menor hijo por la muerte de su compañero.
1.8. La actora indicó que las
autoridades demandadas le informaron[4]
que de conformidad con los Decretos 834 de 2013[5]
y 1067 de 2015[6]
los únicos documentos válidos para fines de
identificación de los extranjeros en territorio nacional son el pasaporte y la
cédula de extranjería. También le comunicaron que según el artículo 5º de la
Resolución 5797 de 2017[7] el Permiso Especial de Permanencia –PEP– debe ser presentado ante
las autoridades colombianas en compañía  del pasaporte o documento nacional de
identidad cuando se pretenda la identificación de nacionales venezolanos en
Colombia.
1.9. La accionante argumentó que la
justificación jurídica alegada por la parte demandada no resulta pertinente
comoquiera que el Permiso Especial de Permanencia –PEP– a su nombre fue
expedido por el Estado colombiano[8] por lo debe entenderse que reúne plenos efectos para adelantar las
diligencias de autenticación del poder que requiere su abogado, sin que a su
juicio sea necesario que su presentación esté acompañada del pasaporte o el
documento nacional de identidad.
Por lo anterior, solicitó la
protección de los derechos fundamentales “al acceso a la administración de
justicia, a la protección especial de personas en estado de vulnerabilidad y
por la violación a los derechos de los niños”. En consecuencia, se
ordene a las autoridades accionadas “coloquen nota de presentación y/o
autenticación a los documentos requeridos por la suscrita” para “adelantar
las acciones judiciales y extrajudiciales necesarias para obtener el
resarcimiento de los daños y perjuicios causados a nosotros por la muerte el
día 23 de mayo de 2016 del señor GUILLERMO RIVERA BRAN (Q.E.P.D), cuando éste
se encontraba laborando para la ASOCIACIÓN PARA LA ENSEÑANZA ASPAEN COLEGIO
ROSARIO, exhibiendo para dichos efectos el Permiso Especial de Permanencia
expedido por Migración Colombia”; asimismo, para “acceder a la
administración de justicia y/o para adelantar trámites judiciales de cualquier
índole, exhibiendo para dichos efectos el Permiso Especial de Permanencia
expedido por Migración Colombia”[9].
2. Contestación de la demanda
Mediante
Auto del siete (7) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga admitió la acción de
tutela de la referencia y ordenó correr traslado a: i) las Notarías
Primera y Segunda del Círculo de Barrancabermeja; ii) la Oficina de
Apoyo Judicial de Barrancabermeja; y, iii) al Juzgado Único Laboral del
Circuito de Barrancabermeja, Santander, para que ejercieran su derecho de
defensa y contradicción.
Asimismo,
ordenó la vinculación al trámite tutelar de: i) la Embajada República
Bolivariana de Venezuela en Colombia; ii) el Consulado de la República
Bolivariana de Venezuela en Bucaramanga; iii) el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – ICBF; y iv) el Ministerio de Relaciones Exteriores
– Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
En
cumplimiento de lo ordenado en la citada providencia, se recibieron las
siguientes respuestas:
2.1.
Notaría Primera de Barrancabermeja
La Notaria Primera Encargada del Círculo de
Barrancabermeja, mediante escrito del nueve (9) de
noviembre de dos mil dieciocho (2018)[10], se refirió a los hechos y pretensiones y solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela.
La entidad accionada manifestó
que el servicio notarial de reconocimiento de contenido y firma de documento
(autenticación) se encuentra debidamente reglado; circunstancia esta que obliga
al usuario que pretenda acceder al mismo a identificarse con los documentos
exigidos por la ley.
La parte demandada señaló que el
Decreto 1067 de 2015 preceptúa que para la identificación de extranjeros se
requiere la presentación del pasaporte vigente o documento nacional de
identidad. También aclaró que en el caso particular de los venezolanos el
Permiso Especial de Permanecía –PEP– no los exime de su obligación de aportar
los documentos referidos para surtir cualquier trámite notarial, en
cumplimiento de la Resolución 5797 de 2017.
Sobre el caso objeto de estudio,
la autoridad aclaró que no fue posible prestar el servicio notarial requerido
pues la accionante no aportó ninguno de los documentos que la  ley colombiana
exige para que un extranjero se identifique en el país.
Por lo anterior, la demandada solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia al argumentar
que no existió vulneración de los derechos que alega la peticionaria por parte
de ese despacho notarial. Aunado a lo anterior, también informó que el derecho
de petición formulado el 13 de septiembre de 2018 por la ahora accionante fue
resulto en el término establecido en la ley.
2.2. Ministerio de Relaciones Exteriores – Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia
El nueve (9) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)[11]
el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia[12] – UAEMC se pronunció sobre los hechos y pretensiones de la demanda y
solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva.
La autoridad vinculada indicó que en atención a la
situación fáctica expuesta por la demandante solicitó a la Regional Oriente un
informe sobre la condición migratoria de Maderliens Nazaret Briceño y el niño
Gabriel Alejandro Rivera Briceño.
El Ministerio manifestó que una vez allegada la
información requerida se pudo inferir que “la accionante y GABRIEL
ALEJANDRO RIVERA BRICEÑO BARRIO (sic) se encuentran en condición
migratoria irregular, al no haber ingresado por puesto habilitado por lo cual,
es necesario que, por intermedio de su Despacho, se conmine a la accionante y
su núcleo familiar a que se acerquen al Centro Facilitador de Servicios
Migratorios más cercano de su jurisdicción para definir su condición
migratoria, e iniciar los trámites correspondientes para regularizar su
permanencia en el país, esto es solicitar la visa correspondiente ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia”[13].
Finalmente, la UAEMC aclaró que la accionante debe adelantar
el trámite administrativo migratorio pertinente para poder expedir el
salvoconducto que le permitirá permanecer en el territorio nacional y solicitar
la respectiva visa ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo
anterior, aseguró no ha vulnerado los derechos sobre los cuales se pretende la
protección en esta oportunidad y solicitó declarar la falta de legitimación en
la causa por pasiva al argumentar que carece de competencia para atender las
pretensiones de la demandante.
2.3. Notaría Segunda de Barrancabermeja
El nueve (9) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)[14] el Notario Segundo del Círculo de Barrancabermeja presentó escrito
de contestación al asunto de la referencia y manifestó su oposición a las
pretensiones de la accionante.
La autoridad notarial indicó que el Permiso Especial
de Permanencia –PEP– que ostenta la peticionaria debe estar acompañado del
pasaporte, el documento nacional de identidad, la cédula de ciudadanía o un
carné diplomático según la Resolución 5797 de 2017 para verificar su identidad
y acceder a realizar el acto notarial de autenticación de poder de
representación.
Por lo anterior, afirmó que no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la actora pues su actuación se ajustó a lo
establecido en la Resolución 5797 de 2017 expedida por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y en ejercicio de sus funciones no puede apartarse de la
ley para solucionar una situación particular.
2.4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF
La Directora Regional Santander del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar – ICBF, mediante escrito del nueve (9) de noviembre de
dos mil dieciocho (2018)[15], se refirió a los hechos y pretensiones de la acción de tutela y alegó
falta de legitimación en la causa por pasiva al asegurar que no ha tenido
relación alguna con los accionantes.
El ICBF aclaró que de la situación fáctica expuesta
en la tutela se observa que las llamadas a atender las pretensiones en esta
oportunidad son las autoridades accionadas.
La entidad vinculada argumentó que en el presente
caso existe una indebida integración del contradictorio al no evidenciarse una
justificación razonable frente a la vinculación hecha al ICBF como agente
vulnerador de los derechos alegados por la peticionaria.
Aunado a lo anterior, el Instituto vinculado manifestó
que se ofició al Centro Zonal La Floresta del Municipio de Barrancabermeja a
fin de realizar la respectiva verificación de los derechos del hijo de la
actora. Una vez constatada la situación del menor Gabriel Alejandro Rivera
Briceño se encontró que no tiene vulnerados los derechos fundamentales.
2.5. Juzgado Único Laboral del Circuito de
Barrancabermeja
El trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho
(2018)[16] el juzgado accionado presentó escrito de contestación al asunto de
la referencia.
De forma sucinta la autoridad judicial informó que el 19 de septiembre de 2018 dio respuesta a un derecho de
petición elevado por la accionante en el que se le indicó que no era posible
suscribir nota de presentación pues el Permiso Especial de Permanencia –PEP– no
es un documento idóneo para certificar su identidad.
Aunado a lo anterior, el demandado manifestó que al resultar
imperioso que la peticionaria allegara algún documento legalmente válido en
Colombia para acreditar su identidad como extranjera ante una autoridad
colombiana, se le señalaron las normas que regulan la materia para que
procediera con el cumplimiento de algunos de los requisitos establecidos para
su plena identificación.
2.6. Oficina de Apoyo Judicial de Barrancabermeja
El Jefe de la Oficina de Servicios Judiciales,
mediante escrito del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)[17], dio contestación a la acción de tutela objeto de revisión.
La entidad accionada informó que el 13 de septiembre
de 2018 se le indicó a la accionante sobre la necesidad de allegar un documento
de identificación válido en Colombia para la suscripción de la nota de
presentación personal que requiere con el fin de iniciar los trámites
judiciales descritos en la tutela. Lo anterior, al constatar que no era posible
acreditar legalmente su identidad pues no aportó ninguno de los documentos que
la normativa vigente impone a los extranjeros en estos casos.
3. Pruebas aportadas por la accionante y valoradas
por los jueces de instancias
Se allegaron los siguientes documentos: (i) copia de
la cédula de ciudadanía de Guillermo Rivera Bran, quien fuera el compañero
permanente de la peticionaria; (ii) copia del Permiso Especial de Permanencia –PEP–
de la accionante, expedido por Migración Colombia; (iii) copia del registro
civil de nacimiento de menor Gabriel Alejandro Rivera Briceño; (iv) copia del
registro civil de defunción de Guillermo Rivera Bran; (v) constancia de
tramitación del pasaporte de la actora, proferida por el Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela; (vii) Comprobante
del registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia; (viii) copia
de los derechos de petición formulados por la demandante ante las autoridades
accionadas y de las respuestas proferidas.
4. Sentencias objeto de revisión
4.1. Primera Instancia
Mediante providencia del
diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) la Sala de Decisión Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negó el amparo de
los derechos fundamentales deprecados en la acción de tutela promovida por Maderleins
Nazaret Briceño Barrio en contra de las Notarías Primera y Segunda del Círculo
de Barrancabermeja, la Oficina de Apoyo Judicial de Barrancabermeja y el
Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja, Santander.
Luego de referirse al contenido de los artículos 17
del Decreto 0834 de 2013 y 5º de la Resolución 5797 de 2017 y de analizar los
elementos fácticos el juez de primera instancia precisó que las autoridades
accionadas actuaron bajo la normativa que regula la materia.
El a quo indicó que la decisión de negar lo requerido
por la accionante no obedeció a un capricho de la parte accionada sino a la
imposibilidad de corroborar la identidad de la actora pues los extranjeros en
Colombia deben presentar el Permiso Especial de Permanencia –PEP– acompañado
del pasaporte o documento nacional de identificación.
La autoridad judicial advirtió que la señora
Maderleins Nazaret Briceño Barrio no cuenta con su pasaporte venezolano, documento
indispensable para poder identificarse en Colombia. Asimismo, resaltó que la peticionaria
se encontraba establecida en este país desde hace más de 5 años sin que se
observara que hubiere realizado mayor gestión para lograr la expedición y
entrega de su pasaporte.
El Tribunal indicó que según el informe de Migración
Colombia la accionante y su menor hijo “no registran historia de extranjero,
ni movimiento migratorio de ingreso legal al país, ni pre registro de tarjeta
de movilidad fronteriza, ni permiso especial de permanencia PEP, razón por la
que en principio se considera que su permanencia en este país es irregular y
debe tramitar ante las autoridades competentes la regulación de su permanencia
en Colombia”[18].
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga enfatizó que en los casos en que se requiera apoderado
especial para acceder a la administración de justicia es necesario cumplir con
las normalidades establecidas en la ley. Por lo anterior, afirmó que la
peticionaria debe poder identificarse ante la autoridad competente si desea obtener
la nota de presentación personal como otorgante del poder de representación.
El juez de primera instancia concluyó que la
accionante no se encuentra plenamente identificada en Colombia pues el Permiso
Especial de Permanencia –PEP– debe estar acompañado del pasaporte o del
documento nacional de identidad.
Por lo anterior, el a quo sugirió a la
demandante agotar el trámite pertinente ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Migración Colombia a efectos de lograr regularizar su situación
migratoria e identificación plena en este país, y así poder acceder a la
administración de justicia.
4.2. Impugnación
La señora Maderleins Nazaret Briceño Barrio presentó escrito de impugnación en el que afirmó que está
plenamente demostrado que su ingreso a Colombia no fue irregular pues llegó a
este país en el año 2013 con un documento denominado “pase andino” y desde el 3
de agosto de 2017 cuenta con el Permiso Especial de Permanencia –PEP–,
actualizado el 28 de septiembre de 2018.
La accionante informó que la Personería Municipal de
Barrancabermeja realizó un censo programado por Migración Colombia para la
población venezolana en ese municipio, diligencia en la cual se registró y se
le entregó el carné número 1365548.
La peticionaria arguyó que el 19 de octubre de 2016
radicó ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería – SAIME, entidad encargada de la expedición de los pasaportes en
Venezuela, la información y documentos necesarios para obtener su pasaporte,
sin que a la fecha se haya hecho efectiva su entrega pues “en el vecino país
se encuentran frenadas las entregas de pasaportes a ciudadanos venezolanos”[19].
La demandante aseguró que no puede adelantar ningún
trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia para
efectos de obtener algún tipo de visa pues debe contar previamente con su
pasaporte; circunstancia esta que por el momento no es posible superar debido a
la crisis política y administrativa de su país natal.
Finalmente, la actora indicó que era injusto no poder
acceder a la administración de justicia colombiana por una causa que no le es
atribuible pues “obedece a políticas arbitrarias a las que estoy sometida
por ser ciudadana venezolana, causándonos de esta forma un perjuicio
irremediable”[20]. Por lo anterior, insistió en que se despachen favorablemente las
pretensiones formuladas en el escrito de tutela.
4.3. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia del dieciséis (16) de enero de dos mil diecinueve
(2019), resolvió confirmar el fallo impugnado por las razones que se exponen a
continuación:
El juez de segunda instancia destacó que la
accionante le asistía razón al argumentar que el a quo erró al sostener
que no contaba con el Permiso Especial de Permanencia –PEP– pues de los
documentos aportados al expediente se evidencia que el mismo fue expedido el 3
de marzo de 2017 y actualizado el 28 de septiembre de 2018. Asimismo, afirmó
que de su tenencia dan cuenta las autoridades accionadas al señalar que la
peticionaria  presentó el referido permiso al momento de solicitar  la
autenticación y/o nota de presentación personal.
La Corte Suprema de Justicia afirmó que cualquier
persona en un país que no es el suyo debe contar con un pasaporte o documento
de viaje válido para verificar su plena identidad, indicando que en Colombia
tal requisito está consagrado en el artículo 17 del Decreto 0834 de 2013.
El ad quem indicó que en el caso concreto de
los venezolanos el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Resolución
5797 de 2017 creó el Permiso Especial de Permanencia –PEP–, documento que como
dicta la norma citada debe ser presentado ante las autoridades colombianas en
compañía del pasaporte o documento nacional de identidad para efectos de
identificar a los nacionales venezolanos en el territorio colombiano.
En ese orden, el juez de segunda instancia consideró
que no se evidencia vulneración alguna sobre los derechos fundamentales de la
accionante pues las autoridades accionadas en ejercicio de sus funciones
estaban en la obligación de constatar, como en efecto lo hicieron, si la señora
Maderleins Nazaret Briceño Barrio acreditaba su identidad, lo cual no logró
demostrar; circunstancia esta que resulta suficiente para no acceder a la
autenticación o nota de presentación requerida por la actora.
Finalmente, el ad quem concluyó que la
determinación de los accionados no denota arbitrariedad alguna que por su
envergadura imponga la intervención del juez constitucional; toda vez que la
misma se efectuó en cumplimiento de las exigencias de la ley colombiana a la
que están sometidos los nacionales y extranjeros sin excepción alguna. Aunado a
lo anterior, invitó a la peticionaria a insistir en la expedición de su
pasaporte pues “de ello depende que las autoridades colombianas, le permitan
el acceso a la administración de justicia que requiere”[21].
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala Séptima de Revisión es competente para
revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°,
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36
del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso
La señora
Maderleins Nazaret Briceño Barrio, ciudadana venezolana, formuló acción de
tutela en nombre propio y en representación de su menor hijo Gabriel Alejandro
Rivera Briceño para la protección de los derechos fundamentales de los niños,
al acceso a la administración de justicia y a “la protección especial de
personas en estado de vulnerabilidad”, por cuanto las autoridades
accionadas se negaron a reconocer el Permiso Especial de Permanencia –PEP– como
documento único e idóneo para acreditar su identidad como de ciudadana
extranjera en Colombia.
Los
accionados afirman que el Permiso Especial de Permanencia
–PEP– otorgado en calidad de extranjera residente en Colombia no es un
documento idóneo para acreditar la identidad de quien lo porta; circunstancia
esta que impide adelantar algún trámite legal para autenticar o colocar nota de
presentación.
Asimismo,
los accionados coincidieron en indicar que debe aportar para tal efecto el
pasaporte o el documento nacional de identidad. Lo anterior, al argumentar que
el Decreto 0834 de 2013 y la Resolución 5797 de 2017, normativa vigente en
materia de migrantes venezolanos, estipula que el referido permiso de
permanencia debe presentarse en compañía de alguno de los referidos documentos.
La accionante indicó que no
cuenta con el pasaporte requerido pues desde el 19 de octubre de 2016 radicó en
el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería – SAIME de
Venezuela la documentación necesaria para su expedición; sin embargo, a la
fecha de la interposición de la acción de tutela de la referencia no se ha
efectuado su entrega por razones imputables a la crisis política, económica y
social de su país.
La demandante insiste en que requiere con carácter
urgente los servicios profesionales de un abogado para que en su nombre formule
acción de declaración de la unión marital de hecho y se reconozca la relación
que sostuvo con su fallecido compañero y así contar con la legitimación en la causa
por activa para iniciar un proceso ordinario laboral en busca de que se declare
que el accidente sufrido por su compañero y que le ocasionó la muerte, obedeció
a una causa imputable a su empleador.
3. Procedencia de la acción de tutela
3.1. Legitimación por activa
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de
la Constitución Política, en armonía con el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991[22], la jurisprudencia constitucional ha reiterado en múltiples
oportunidades que toda persona tiene el derecho constitucional de acudir a la
acción de tutela con el fin de reivindicar la protección de sus derechos
fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados. No obstante, es
necesario cumplir con el requisito de legitimación en la causa por activa, esto
es, estar legitimado para poder interponer dicho amparo constitucional, lo cual
se cumple en ciertas circunstancias:
(i) cuando  la persona
afectada es quien directamente ejerce la acción de tutela;
(ii) cuando la acción
es interpuesta a través de representantes legales, como en el caso de personas
jurídicas, menores de edad, incapaces absolutos o interdictos;
(iii) cuando se ejerce
este derecho mediante un apoderado judicial, esto es, de abogado titulado,
previo el otorgamiento del correspondiente poder para ello; y finalmente,
(iv) cuando la acción
de tutela es interpuesta por un agente oficioso, como cuando las personas no
están capacitadas o habilitadas para hacerlo directamente y lo hacen a través
de agentes del Ministerio Público que velan por el interés general[23].
A su vez, la Corte ha establecido que la acción de
tutela puede ser ejercida por ciudadanos extranjeros: “En tal sentido, esta
Corporación ha considerado que (i) cualquier persona, sea colombiana o
extranjera, puede instaurar una acción de tutela, por cuanto ´Los sujetos de la
protección no lo son por virtud del vínculo político que exista con el Estado
colombiano sino por ser personas´[24]
(…)”[25].
Así, la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional en
Sentencia T-380 de 1998 concluyó que el artículo 86 de la Constitución se
refiere al derecho que tiene toda persona a solicitar el amparo
constitucional, sin diferenciar si se trata de un nacional o de un extranjero,
en la medida en que todos son titulares de derechos fundamentales[26].
En el presente caso, la señora Maderleins Nazaret Briceño Barrio, ciudadana
venezolana, acude a la acción de tutela con un interés directo y particular
respecto de la solicitud de amparo que eleva ante el juez constitucional, de
manera que puede establecerse sin dificultad que lo que reclama es la
protección de su derecho fundamental al acceso a la admiración de justicia al
encontrarse legitimada para el efecto.
Ahora bien, cuando la acción de tutela se interpone en nombre de un menor,
la Corte Constitucional ha considerado que cualquier persona está
legitimada “para interponer acción de tutela en nombre de un menor,
siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste la inminencia de la
violación a los derechos fundamentales del niño”[27].
Bajo ese contexto, la Sala encuentra que en el caso objeto de revisión la
peticionaria actúa en defensa de los derechos fundamentales de su menor hijo Gabriel Alejandro Rivera Briceño, por tanto, está facultada
para invocar la protección de los mismos ante la presunta vulneración en la que
incurrieron las autoridades accionadas.
3.2. Legitimación por pasiva
De conformidad con los
artículos 86 de la Constitución Política y 1º del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública e incluso contra
particulares[28]. En sede de
tutela, la legitimación por pasiva se entiende como la aptitud legal que tiene
la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte
demostrada.
En el caso objeto de análisis, se advierte que los accionados son autoridades públicas o particulares
que ejercen funciones públicas con “autoridad pública”  encaminadas a
otorgar la nota de presentación o la autenticación de documentos según lo
establece la ley, y por tanto están legitimados por
pasiva para actuar en este proceso.
2.3. Subsidiariedad
El
artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
procedimiento preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos
fundamentales de las personas en Colombia. Adicionalmente, el Decreto 2591 de
1991 determina que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial pues su carácter es subsidiario y excepcional; en esa medida,
su procedencia está sujeta al agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, así como al principio de inmediatez.
En
el caso concreto se cuestiona la negativa de las autoridades notariales y
judiciales accionadas a autenticar o colocar nota de presentación a un poder
otorgado por una ciudadana venezolana a un abogado para que ejerza su
representación legal por no contar con su pasaporte; circunstancia esta que
considera la accionante vulnera su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.
De
los hechos y de las pruebas que obran en el expediente se deduce que la
inconformidad de la accionante se centra en la presunta vulneración al derecho
de acceso a la administración de justicia por el exceso de formalidades en el
trámite de autenticación de un poder de representación, desconociendo
presuntamente el principio constitucional de la prevalencia del derecho
sustancial.
Debe
observarse que en el presente caso se está buscando la protección de un derecho
de rango fundamental, como el acceso a la administración de justicia. Asimismo,
la actora pretende obtener mediante la acción de declaración de unión marital
de hecho la legitimación en la causa por activa para actuar en otros trámites
judiciales en la salvaguarda de sus derechos e intereses.
En
consecuencia, los hechos alegados por la accionante requieren de un mecanismo
expedito y efectivo que dé solución a la problemática, en razón a que las
situaciones afirmadas implican la falta de acceso a un servicio público de
vital importancia, así como la imposibilidad de ejercer los mecanismos
judiciales para la salvaguarda de sus derechos fundamentales.
En
ese contexto, esta Sala estima que el ordenamiento jurídico colombiano no tiene
previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción
de tutela mediante el cual la peticionaria pueda lograr la protección de la
referida garantía fundamental.
Por
lo expuesto y teniendo en cuenta que el asunto que ocupa a esta Corporación
adquiere una relevancia iusfundamental que activa la competencia del juez de
tutela, en tanto lo que se estudia es la posible vulneración del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia de la señora Maderleins
Nazaret Briceño Barrio y al no disponer de ningún mecanismo ordinario de
naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo, la Sala Séptima de
Revisión considera que se acredita el requisito de subsidiariedad y, en
consecuencia, pasará a examinar a fondo el asunto.
3.4. Inmediatez
En el presente caso, se observa que la
última actuación desplegada por la accionante con el fin de obtener la nota de
presentación o autenticación del poder de representación se surtió el 13 de
septiembre de 2018 mediante derecho de petición formulado a las accionadas, cuya
última respuesta fue proferida por la Notaría Primera de Barrancabermeja el 27
de septiembre de 2018. La acción de tutela fue
presentada el seis (6) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), es decir, 40 días después, terminó que, según la jurisprudencia de
esta Corte resulta oportuno, justo y razonable.
En suma, la acción de tutela resulta
formalmente procedente pues (i) existe legitimación en la causa por activa y
por pasiva, (ii) se cumple la exigencia de subsidiariedad, dado que la accionante
no cuenta con otro mecanismo de defensa idóneo y eficaz para obtener el amparo
de los derechos fundamentales invocados. Así mismo, (iii) se satisface el
presupuesto de inmediatez, pues la acción de amparo se formuló en un término
oportuno, justo y razonable.
4. Planteamiento del problema jurídico
4.1. Le corresponde a la Sala Séptima de
Revisión resolver el siguiente problema jurídico:
¿ Las Notarías Primera y Segunda del Círculo de
Barrancabermeja, la Oficina de Apoyo Judicial de Barrancabermeja y el Juzgado
Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja vulneraron el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia de Maderleins Nazaret
Briceño al negarse a autenticar o colocar nota de presentación a un poder
otorgado en calidad de ciudadana venezolana a un abogado para que ejerza su
representación legal en distintos trámites judiciales, por no
cumplir con el requisito previsto en el artículo 5º de la Resolución 5797 de
2017, esto es, aportar el Permiso Especial de Permanencia –PEP– en compañía de
su pasaporte o documento nacional de identidad, pese a que la accionante alega que
ya realizó el proceso para su expedición ante la autoridad venezolana
competente y desde el 2 de noviembre de 2016 se encuentra en espera para su
impresión?
4.2. Para
resolver el problema jurídico, la Sala examinará (i) el marco legal migratorio
en Colombia; (ii) el control migratorio de nacionales venezolanos en el Estado
colombiano, Permiso Especial de Permanencia –PEP; (iii) derechos de los
extranjeros y su protección constitucional; (iv) el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia, el principio de la justicia material y
la prevalencia del derecho sustancial; (v) el principio de solidaridad como
elemento esencial del Estado social de derecho; (vi) la excepción de
inconstitucionalidad, para luego realizar el análisis del caso en concreto.
5. Marco legal migratorio en Colombia.
El numeral 2º del artículo 189 de la
Constitución establece que al Presidente de la República le corresponde dirigir
las relaciones internacionales del Estado, lo cual incluye la facultad de
definir políticas migratorias que regulen el ingreso, la permanencia y la
salida de personas de su territorio.
En desarrollo de lo anterior, se expidió
el Decreto 4000 de 2004[29] que establecía las siguientes clases de visas, otorgables a los
no nacionales bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley:
(i) temporal; (ii) negocios; (iii) tripulante; (iv) residente; (v) visitante y
(vi) cortesía. La anterior norma fue derogada por el Decreto 834 de 2013,
reduciendo a tres los tipos de visas otorgadas a los extranjeros: negocios
(NE); temporal (TP) y residente (RE).
En virtud de que el Consejo de Mercado
Común de Mercosur decidió atribuir a la República de Colombia la condición de
Estado Asociado del MERCOSUR, el Ministerio de Relaciones Exteriores dictó el
Decreto 941 de 2014[30] mediante el cual incluyó la visa TP-15 que se otorga a los
extranjeros de los Estados Partes de MERCOSUR y sus asociados, que vayan a
ingresar o hubieran ingresado al territorio nacional con la finalidad de
solicitar su residencia en el territorio colombiano.
Posteriormente, el Gobierno Nacional
profirió el Decreto 1067 de 2015,  mediante el cual se expidió el Decreto
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores. El
objeto de este decreto es compilar la normatividad vigente expedida por el
Gobierno Nacional mediante las facultades reglamentarias conferidas por el
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política al Presidente de la
República para la cumplida ejecución de las leyes.
El Decreto 1067 de 2015 define el concepto de
ingreso irregular y determina los casos en los que un extranjero se encuentra
en esa situación en el territorio colombiano. En efecto, el artículo
2.2.1.11.2.4 señala que se considera irregular el ingreso al país cuando: (i)
se realice por un lugar no habilitado para ello;  (ii) se realice por un
lugar habilitado pero se evada u omita el control migratorio; y (iii) no
se cuente con la correspondiente documentación o se
verifique que la misma es falsa.
Adicionalmente,
señala que un extranjero se encuentra en permanencia irregular en los
siguientes casos:
“1. Cuando se dan los supuestos
mencionados en el artículo  2.2.1.11.2.4  del presente decreto.
2. Cuando el extranjero habiendo
ingresado legalmente permanece en el país una vez vencido el término concedido
en la visa o permiso respectivo.
3. Cuando permanece en el
territorio nacional con documentación   falsa.
4. Cuando el permiso otorgado al
extranjero ha sido cancelado de conformidad con lo indicado en el
artículo  2.2.1.11.2.11  del presente decreto[31]”.
6. Control migratorio de nacionales venezolanos en
el Estado colombiano, Permiso Especial de Permanencia –PEP
El Gobierno Nacional mediante Decreto Ley 4062 de
2011 creo la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, organismo civil
de seguridad adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores cuyo objetivo es
ejercer las funciones de vigilancia y control migratorio y de extranjería del
Estado colombiano.
El artículo 4 del citado decreto establece las funciones
en materia migratoria, entre las cuales se destaca la
vigilancia y el control migratorio de nacionales y extranjeros en el territorio
nacional; así como el registro y verificación de su identificación en Colombia.
A la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia le corresponde expedir los documentos relacionados con cédulas de
extranjería, salvoconductos y prórrogas de permanencia y salida del país,
certificado de movimientos migratorios, permiso de ingreso, registro de
extranjeros y los demás trámites de migración y extranjería que sean asignados
a la entidad, dentro de la política que para tal efecto establezca el Gobierno
Nacional.
Aunado a lo anterior, el artículo 2 del Decreto 1325
de 2016[32] establece que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
desarrollará lo concerniente a los tipos, características y requisitos para el
otorgamiento de los permisos de ingreso y permanencia, permisos temporales de
permanencia a los visitantes extranjeros que no requieran visa y que ingresen
al territorio nacional sin el ánimo de establecerse en él, y los permisos de
ingreso de grupos en tránsito.
En cumplimiento del referido mandato legal, y
teniendo en cuenta el fenómeno migratorio que está viviendo el Estado colombiano
con los nacionales venezolanos debido a la situación de orden interno y la
crisis social, política y económica que vive el vecino país, el Gobierno
Nacional se vio en la necesidad de establecer mecanismos de facilitación
migratoria que permitan a los nacionales venezolanos permanecer en Colombia de
manera regular y ordenada, previo cumplimiento de determinados requisitos
establecidos en la ley.
Es así como el 25 de julio de 2017 el Ministerio de
Relaciones Exteriores expidió la Resolución 5797 mediante la cual ordenó la
creación del  Permiso Especial de Permanencia –PEP, otorgable únicamente a
los nacionales venezolanos que cumplan con los siguientes requisitos:
i) encontrarse en el territorio colombiano a la fecha
de publicación del referido acto administrativo;
ii) haber ingresado al territorio nacional por puesto
de control migratorio habilitado con pasaporte;
(iii) no tener antecedentes judiciales a nivel
nacional e internacional; y
(iv) no tener una medida de expulsión o deportación vigente.
El artículo 3º de la Resolución 5797 de 2017 estipula que el titular del Permiso Especial
de Permanencia –PEP– queda autorizado para ejercer cualquier actividad u
ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de
una vinculación o de un contrato laboral, sin perjuicio de los requisitos
establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las
actividades reguladas.
Seguidamente, el artículo 5 del citado acto
administrativo indica que, debido a las circunstancias especiales que amerita
el caso, el Permiso Especial de Permanencia –PEP– servirá como identificación
de los nacionales venezolanos en el territorio nacional. No obstante, aclara
que el mismo debe ser presentado ante las autoridades colombianas en compañía
del pasaporte o del documento nacional de identidad.
Mediante Resolución 1272 de 2017[33] se implementó el Permiso Especial de Permanencia –PEP– como un
documento administrativo de control, autorización y registro de los nacionales
venezolanos que se encuentren en Colombia, se otorgará por un periodo de
noventa (90) días calendario, prorrogables por periodos iguales, sin que exceda
el término de dos (2) años.
En el artículo 4 del referido acto administrativo se
reitera que el –PEP– deberá ser presentado ante las
autoridades colombianas en compañía del pasaporte o del documento nacional de
identidad y servirá como identificación de los nacionales venezolanos en el
territorio nacional.
Finalmente, sobre el Control migratorio y de
extranjería en el Estado colombiano se destaca la medida adoptada en el Decreto
542 de 2018, en desarrollo del artículo 140 de la Ley 1873 de 2017[34], mediante la cual se decretó el registro administrativo de
migrantes venezolanos en Colombia por parte de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD con fines informativos para el diseño de
una política integral de atención humanitaria para atender la emergencia social
que se viene presentando en la frontera con Venezuela y la asignación de los
recursos necesarios en la vigencia fiscal por parte del Gobierno Nacional.
Lo anterior, como respuesta al significativo aumento
en la entrada masiva de venezolanos al territorio colombiano y en atención a
que dicha migración no sólo se adelanta a través de los puestos oficiales de
control fronterizo sino también por rutas de acceso irregular al país, motivo
que imposibilita su registro.
7. Tarjeta Andina Migratoria (TAM)
La Tarjeta Andina Migratoria (TAM) es un documento
que permite controlar la entrada y salida de los ciudadanos de los países
miembros de la Comunidad Andina de Naciones[35]
(Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) y de Mercosur[36]
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile).
La TAM fue creada en la Decisión 397 de la Comisión
del Acuerdo de Cartagena[37] el 16 de septiembre de 1996. El artículo 1º de la citada decisión
consagra que la tarjeta andina constituye el único documento de control
migratorio y estadístico de uso obligatorio para el ingreso y salida de las personas
del territorio de los Países Miembros, ya sea por sus propios medios o
utilizando cualquier forma de transporte. Asimismo, el referido precepto aclara
que su uso no excluye la presentación del pasaporte, visa u otro documento de
viaje previstos en las normas nacionales o comunitarias, así como en los
convenios bilaterales vigentes.
Mediante la Resolución 527 del 11 de julio de 2001 el
Comité Andino de Autoridades de Migración (CAAM), en su Quinta Reunión, aprobó
la modificación del contenido y la forma de la Tarjeta Andina de Migración
(TAM). Así, resolvió que dicho formato deberá estar dividido en dos partes, la
primera de las cuales quedará en poder de la autoridad de migración del País
Miembro receptor, y la segunda en poder del viajero. La autoridad migratoria
consignará en ambas partes la fecha de ingreso y el tiempo autorizado de
permanencia.
Para solicitar una Tarjeta Andina Migratoria (TAM) se
deberán acreditar los siguientes requisitos[38]:
a) Ser ciudadano nacional o residente en el
territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones -CAN- o
del Mercado Común del Sur –MERCOSUR[39].
b) Acercarse personalmente al Puesto de Control
Migratorio y presentar el Documento Nacional de Identificación (DNI) del país
miembro de la CAN o del MERCOSUR.
c) Si es menor de edad, el representante legal o
acompañante debe presentar el Registro Civil de Nacimiento o documento que
corresponda.
d) Diligenciar el formato
La TAM deberá contener, como mínimo, la siguiente
información:
En la primera parte que permanecerá en poder de la
autoridad de migración:
·
APELLIDO (S)
·
NOMBRE (S)
·
FECHA DE NACIMIENTO
·
SEXO
·
NACIONALIDAD
·
OCUPACION O PROFESIÓN
·
TIPO DE DOCUMENTO DE
VIAJE
·
NUMERO DE DOCUMENTO DE
VIAJE
·
MEDIO DE TRANSPORTE
·
TIPO DE ALOJAMIENTO
(HOTEL, CASA FAMILIAR)
·
MOTIVO DEL VIAJE
·
TIPO DE VISA
·
DIAS DE PERMANENCIA
En la segunda parte que permanecerá en poder del
viajero:
·
APELLIDO (S)
·
NOMBRE (S)
·
FECHA DE NACIMIENTO
·
NACIONALIDAD
·
TIPO DE DOCUMENTO DE
VIAJE
·
NUMERO DE DOCUMENTO DE
VIAJE
En conclusión, la Tarjeta Andina de Migración (TAM)
es un documento de control migratorio uniforme y constituye un medio eficaz de
recolección de datos para la elaboración de estadísticas relacionadas con el
movimiento de personas, de acuerdo con lo previsto en la Decisión 397. Lo
anterior, permite a las autoridades de migración, transporte y turismo tener
acceso a la información necesaria para conocer, con detalle, las
características de los flujos de personas y actividades que se desarrollan en
la subregión andina, y realizar un intercambio más eficiente de todo lo
relativo al ingreso y salida de los habitantes del territorio de cada uno de
los Países Miembros[40].
8. Derechos de los extranjeros y su protección
constitucional. Reiteración de jurisprudencia
El
artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos determina que “[t]oda
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición”. Asimismo, el artículo 24 de la
Convención Interamericana precisa que “[t]odas las personas son
iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación,
a igual protección de la ley”.
En Colombia, el artículo 13 de la
Constitución Política señala que todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de
iguales derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica.
Más adelante, el artículo 100 superior
establece que “[l]os extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos
derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá,
por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el
ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros”. En
desarrollo de la citada norma, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
por mandato constitucional los extranjeros en el territorio colombiano gozan de
las mismas garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones
establecidas en la Constitución y en la ley.
La jurisprudencia constitucional ha
armonizado los artículos 13 y 100 de la Constitución Política con el fin de
precisar el alcance del derecho a la igualdad de los extranjeros y otorgar una
protección jurídica en materia de derechos civiles en cabeza de los no
nacionales.
Así,
esta Corporación en la Sentencia C-768 de 1998 precisó que si bien el artículo 13 consagra la obligación estatal de tratar a todos en
igualdad de condiciones, esto no significa que no se puedan formular
diferenciaciones en el momento de regular los distintos ámbitos en los que se
desarrolla la convivencia; siempre y cuando, existan justificaciones ligadas a
razones de orden público, como lo determina el artículo 100 superior.
Para la Corte Constitucional no en todos los
casos las garantías, derechos y beneficios que genera el Estado colombiano se
deben entenderse en igualdad de condiciones a extranjeros y nacionales[41],
pues el derecho consagrado en el artículo 13 superior no tiene el mismo
alcance para los extranjeros que para los nacionales[42].
En
esa medida, cuando el legislador establece un trato diferente entre el
extranjero y el nacional, es necesario determinar: i) sí el objeto regulado
permite realizar tales distinciones[43];
ii) la clase de derecho que se encuentre comprometido[44]; iii) el carácter
objetivo y razonable de la medida[45];
iv) la no afectación de derechos fundamentales; v) la no violación de normas
internacionales[46]
y vi) las particularidades del caso concreto”[47].
La Corte en la Sentencia C-834 de 2007
precisó que las diferenciaciones basadas en origen nacional, en principio, son
constitucionalmente problemáticas pues se basan en un criterio sospecho de
discriminación[48]. En ese sentido, la Corporación advirtió:
“(…)
cuando las autoridades debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los
extranjeros en una situación particular, para el efecto de preservar el derecho
de igualdad, habrán de determinar en primera instancia cuál es el ámbito en el
que se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite
realizar diferenciaciones (…) por lo tanto, la intensidad del examen de
igualdad sobre casos en los que estén comprometidos los derechos de los
extranjeros dependerá del tipo de derecho y de la situación concreta por
analizar”[49].
Ahora bien, esta Corporación
también precisó en Sentencia T-314 de 2016 que el reconocimiento de derechos en cabeza de extranjeros genera al
mismo tiempo la responsabilidad de cumplir la normatividad
consagrada para todos los residentes en el territorio Colombiano.
En el mismo sentido, la Sala
Plena en Sentencia SU-677 de 2017 indicó que el reconocimiento de
derechos genera al mismo tiempo una exigencia a los extranjeros de cumplir la
Constitución Política y la ley[50], tal como lo
establece el artículo 4º constitucional al disponer “es deber de los
nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes,
y respetar y obedecer a las autoridades”.
En conclusión, el artículo 100
de la Constitución consagra un mandato de igualdad expreso entre
extranjeros y nacionales, pero autoriza la posibilidad de establecer un
tratamiento diferenciado en relación con los nacionales cuando existan
suficientes razones que lo justifican. De lo contrario, toda diferenciación
realizada con fundamento en la nacionalidad se entenderá inadmisible por
basarse en un criterio sospecho de discriminación. En todo caso, los no
nacionales tienen la responsabilidad de cumplir con los deberes que el
legislador establece para todos los que se encuentran en el territorio
colombiano en cuanto al acatamiento de la Constitución, las leyes y el respeto
a las autoridades, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 superior.
9.
El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, el principio
de la justicia material y la prevalencia del derecho sustancial
En el artículo 229 de la Constitución Política
consagra que toda persona tiene el derecho de acceder a la administración de
justicia, lo cual quiere significar que por mandato expreso se
reconoce y protege la posibilidad de todos los residentes del territorio para
acudir en igualdad de condiciones ante los jueces y demás corporaciones
judiciales con el fin de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías
y libertades consagradas en el ordenamiento vigente.
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el
derecho de acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental[51] pues constituye para el individuo una
necesidad inherente a su condición y naturaleza, en la medida en que “los
sujetos y la sociedad misma no podrían desarrollarse y carecerían de un
instrumento esencial para garantizar su convivencia armónica, cuando se
presente entre ellos algún tipo de controversia”[52].
De
igual forma, el artículo 228 de la Constitución establece que la administración
de justicia es función pública y se concreta en la prevalencia del derecho
sustancial, en la independencia de sus decisiones y en su funcionamiento
desconcentrado y autónomo. De esta manera, “se debe tener siempre presente
que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía del derecho
sustancial”[53] como quiera que “tanto el procedimiento
judicial como el administrativo son en esencia medios o vías creadas por el
ordenamiento jurídico para concretar o efectivizar los derechos sustanciales
que le asisten a los ciudadanos en la legislación”[54] .
Para
la Corte dichas características impiden que el acceso a la justicia se vea
limitado a una perspectiva formal y, en contrario, obligan a que las controversias
sometidas al estudio de la jurisdicción obtengan una decisión de fondo que
otorgue certidumbre sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos objeto
de litigio, circunstancia esta que garantiza su pleno ejercicio[55].
Sobre el acceso a la administración de justicia la Corte
Constitucional en Sentencia C-426 de 2002 indicó que se trata del derecho a la
tutela judicial efectiva para propugnar por la debida protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses legítimos, con plena observancia
de las garantías sustanciales y procedimentales consagradas en las normas
legales.
Esta
Corporación ha entendido que el acceso a la administración de justicia es un
derecho directamente relacionado con la justicia como valor fundamental de la Constitución,
al dotar a los individuos de
una garantía real y efectiva con el fin de asegurar la realización material de
esta y prevenir en todo caso la existencia de algún grado de indefensión[56].
Así
mismo, en Sentencia C-426 de 2002 indicó que el derecho a acceder a la justicia garantiza un orden político,
económico y social justo, promueve la convivencia pacífica, vela por el respeto
a la legalidad y a la dignidad humana y asegura la protección de los asociados
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas
como fines esenciales e inmediatos del Estado[57].
En la referida oportunidad, esta Corporación concluyó que el acceso
a la justicia le otorga a los individuos una garantía real y efectiva, previa
al proceso, que busca asegurar la realización material de esta, previniendo en
todo caso que pueda existir algún grado de indefensión frente a la inminente
necesidad de resolver las diferencias o controversias que surjan entre los
particulares -como consecuencia de sus relaciones interpersonales-, o entre
éstos y la propia organización estatal[58].
Asimismo, adquiere la connotación de servicio
público esencial tal como se consagra en el inciso 2 del artículo 125 de la Ley
270 de 1996[59]; en esa
medida su prestación se sujeta al principio de continuidad, en virtud del cual
se exige la obligación a las autoridades competentes de prestar el servicio de
justicia en forma permanente y regular, sin interrupciones en el tiempo, salvo
las excepciones que establezca la ley. A través de este derecho se asegura la
efectividad y el amparo de otras garantías fundamentales, cuando lleguen a
verse vulneradas o amenazadas.
La jurisprudencia
constitucional sostiene que el principio de la justicia material “se opone a la aplicación formal y
mecánica de la ley en la definición de una determinada situación jurídica. Por
el contrario, exige una preocupación por las consecuencias mismas de la
decisión y por la persona que es su destinataria, bajo el entendido de que
aquella debe implicar y significar una efectiva concreción de los principios,
valores y derechos constitucionales”[60].
Así, en las actuaciones y decisiones de la administración que
definen situaciones jurídicas, las autoridades competentes deben ponderar los
requisitos, formas y procedimientos establecidos en la ley para la demostración
de los hechos que llevan al reconocimiento de los derechos reclamados. Lo
anterior, en aplicación del principio de justicia material y la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, con el fin de evitar el exceso ritual
manifiesto y velar por la efectiva protección de las garantías fundamentales de
los administrados[61].
Esta Corporación en Sentencia T-283 de 2013 advirtió que del
contenido y alcance del derecho de acceso a la administración de justicia se
deriva un conjunto de obligaciones de respetar, proteger y realizar los
derechos humanos, las cuales se traducen en los siguientes compromisos:
i) La obligación
de respetar. El derecho a la administración de justicia implica el
compromiso del Estado de abstenerse de adoptar decisiones que impiden o
dificulten el acceso a la justicia o su realización. Asimismo, conlleva el
deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios
tales como el género o la nacionalidad.
ii) La obligación
de proteger. Requiere que el Estado adopte medidas para impedir que
terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia
del titular del derecho.
iii) La obligación
de realizar. Implica el deber del Estado de facilitar las condiciones para
el disfrute del derecho y hacer efectivo el goce del mismo. Lo anterior, por
medio de la adopción de normas que garanticen que todas las personas, sin distinción,
tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos
que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.
En conclusión, el operador judicial como funcionario
principal encargado de salvaguardar el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia tiene la obligación de permitir que todas las
personas dispongan del derecho que les asiste a obtener una solución de fondo
al problema jurídico planteado. Lo anterior, no conlleva el desconocimiento de
las normas procesales que rigen cada uno de los procedimientos, sino a que se dé
prevalencia al derecho sustancial, por lo que el juez debe analizar
detenidamente cada caso puesto en su conocimiento.
10. Principio de solidaridad como
elemento esencial del Estado social de derecho
De acuerdo con el artículo 1º constitucional, el
principio de solidaridad se erige como el pilar fundamental de la Constitución
Política de 1991 y como uno de los ejes característicos del modelo de Estado
social de derecho. En el ordenamiento jurídico colombiano la solidaridad se
entiende como una obligación en cabeza de todas las personas que integran la
sociedad[62].
Esta Corporación en la Sentencia C-767 de 2014 indicó
que el principio de solidaridad “impone una serie de
‘deberes fundamentales’ al poder público y a la sociedad para la satisfacción
plena de los derechos”. Lo anterior, mediante la obligación del Estado social
de derecho de reforzar ciertos escenarios para asegurar a sujetos
en condiciones desfavorables la protección de todas las facetas de sus
garantías fundamentales.
En palabras de la Corte, la Constitución “proyecta
este deber de solidaridad, de manera específica, a partir de los mandatos
constitucionales que establecen una obligación de especial protección para
personas y grupos humanos en situación de vulnerabilidad y debilidad
manifiesta, como las mujeres cabeza de familia (art. 43 CP), los menores de
edad (arts. 44 y 45), las personas enfermas y discapacitadas (art. 47) y los
ancianos (art. 46), entre otros”[63].
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el
principio de solidaridad se caracteriza por ser exigible a todas las personas y
al Estado, con el objetivo de garantizar las condiciones mínimas de vida digna
a todos los habitantes, especialmente la asistencia y protección de quienes se
encuentren en situación de vulnerabilidad[64].
De otro lado, la Corte reconoce que el mencionado
principio tiene una triple dimensión como valor constitucional pues
“es el fundamento de la organización política; sirve, además, de pauta de
comportamiento conforme al que deben obrar las personas en determinadas
situaciones y, de otro lado, es útil como un criterio de interpretación en el
análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o
amenacen los derechos fundamentales”[65].
La Sala Plena de esta Corporación en
Sentencia SU-677 de 2017 se refirió a la adopción de
medidas especiales por parte del Estado encaminadas a enfrentar la crisis
humanitaria originada por la migración masiva de ciudadanos venezolanos al
territorio nacional y su tratamiento como sujetos de especial protección
constitucional, debido a la situación de vulnerabilidad, exclusión y desventaja
en que se encuentra.
En esa oportunidad, la Corte enfatizó en
la necesidad de dinamizar el principio de solidaridad como medida efectiva para
garantizar los derechos fundamentales de esa población migrante, a través de la
solidaridad de los habitantes del territorio nacional y el apoyo internacional.
11. Excepción de
inconstitucionalidad
El artículo 4º superior establece que la Constitución
es norma de normas y en caso de incompatibilidad entre ésta y una ley,
prevalece la norma constitucional. Es tal su importancia en un Estado Social de
Derecho, que incluso, la inaplicación de una norma que en el caso concreto
resulta contraria a la Constitución es una facultad que debe ejercerse
oficiosamente por parte de la autoridad bajo la figura de la “excepción de
inconstitucionalidad”.
Esta Corporación ha sido enfática en señalar que se trata de
una facultad-deber que tienen las autoridades para inaplicar una norma y
en su lugar hacer efectiva la Constitución, consolidándose como una suerte de
control de constitucionalidad difuso. Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional ha definido que “es una
facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores
jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una
acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no
pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara
contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas
constitucionales”. En consecuencia, esta herramienta se usa con el fin de
proteger, en un caso concreto y con efecto inter partes, los derechos
fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior
jerarquía y que, de forma clara y evidente, contraría las normas contenidas
dentro de la Constitución Política”[66].
En este sentido consiste en una eficaz herramienta
jurídica-política de protección al principio de supremacía constitucional,
garantizando (en el caso concreto) su jerarquía y materialidad dentro del
sistema de fuentes del derecho.
Dicha facultad puede ser ejercida de manera oficiosa[67] o a solicitud de
parte cuando se está frente a alguna de las siguientes circunstancias:
(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha
producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad, toda vez que “de ya existir
un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos erga
omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable
por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia
judicial, incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz
de la sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado[68];
(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce
en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de
inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del
Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o
nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso[69]; o,
(iii) En virtud de la especificidad de las condiciones
del caso particular, la aplicación de la norma acarrea
consecuencias que no estarían acordes con el ordenamiento iusfundamental[70]. En otras
palabras, “puede ocurrir
también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte
conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin
vulnerar disposiciones constitucionales”[71].
En todo caso, vale la pena aclarar que el alcance de esta
figura es inter-partes y, por contera, la norma inaplicada no desaparece del
sistema jurídico y continúa siendo válida[72].
De modo que “las excepciones de constitucionalidad pueden ser acogidas o no
por ésta Corporación, no configura un precedente vinculante y tiene
preeminencia sobre los fallos particulares que se hayan dado por vía de
excepción”[73].
Así se preserva la competencia funcional de la Sala Plena para
pronunciarse de fondo sobre la materia, siendo esta la instancia última de control abstracto de
constitucionalidad de las leyes, conforme al artículo 241 superior.
Por consiguiente, en el presente escenario, es
necesario examinar si el precepto que establece que el
Permiso Especial de Permanencia –PEP– debe ser presentado ante las autoridades
colombianas en compañía del pasaporte o del documento nacional de identidad como
medio de identificación de los nacionales venezolanos en el territorio
colombiano, contenido en la Resolución 5797 de 2017[74], en el caso que se analiza debe ser objeto de aplicación de la
excepción de inconstitucionalidad, para que la accionante pueda obtener nota de
presentación o autenticación de poder de representación por parte de las
autoridades competentes, y posteriormente, acceder a los medios de defensa
judiciales contemplados en el ordenamiento colombiano.
Lo anterior, toda vez que no cuenta con pasaporte o documento
nacional de identidad debido a la actual crisis social, política y económica
que vive su país de origen; circunstancia esta que restringe el efectivo goce
del derecho fundamental a la administración de justicia e impide que la actora
pueda accionar ante la justicia ordinaria en busca del resarcimiento de los
derechos que considera transgredidos.
12. Análisis del caso concreto.
Síntesis del caso.
La demandante
de nacionalidad venezolana reside en Colombia desde el 13 de septiembre de 2013
junto con su hijo de siete años de edad[75], actualmente se
encuentra en situación regular[76] y al momento de interponer la acción de
tutela no contaba con un pasaporte que acreditara su identidad. No obstante,
requiere otorgar poder de representación a un abogado para que actúe en su
nombre dentro de un proceso de acción de declaración de unión marital de hecho,
al asegurar que sostuvo una relación sentimental con su fallecido compañero y
padre de su hijo.
La accionante
pretende mediante la acción declarativa de unión marital de hecho que se
reconozca su legitimación en la causa por activa para iniciar ante la jurisdicción
ordinaria un proceso por los hechos en los que perdió la vida su ex pareja.
Según las autoridades accionadas la peticionaria
no puede acceder al servicio público notarial para otorgar nota de presentación
o autenticación de poder de representación para que un abogado actúe en su
nombre en determinados actos jurídicos porque no cuenta con pasaporte o
documento nacional de identidad, requisito establecido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores en la Resolución 5797 de 2017 para la identificación de
los nacionales venezolanos.
La señora Maderleins
Briceño Barrio ha acudido a las Notarías Primera y Segunda del Círculo de Barrancabermeja, a la
Oficina de Apoyo Judicial y al Juzgado Único Laboral del Circuito de
Barrancabermeja, Santander, con la finalidad de obtener la nota de presentación o
autenticación del poder otorgado a su abogado para acceder a la administración
de justicia.
Lo anterior, con
el objeto de iniciar acción de declaración de unión marital de hecho con su ex
compañero, fallecido el 23 de mayo de 2016, y demás acciones judiciales para el
resarcimiento de los daños y perjuicios por la muerte del causante.
De manera
reiterada las accionadas han negado el servicio público requerido con base en
lo dispuesto en el artículo 5º de la Resolución 5797 de 2017 a pesar  haber presentado
su Permiso Especial de Permanencia –PEP– y expuesto la imposibilidad de obtener su pasaporte por motivos ajenos a
su voluntad pues desde el 19 de octubre de 2016[77] la expedición
del referido documento se encuentra en trámite ante el Servicio Administrativo
de Identificación, Migración y Extranjería – SAIME de Venezuela.
Así las cosas, la Sala debe evaluar si
la negativa de las autoridades notariales y judiciales accionadas a autenticar
o colocar nota de presentación a un poder otorgado por una ciudadana venezolana
a un abogado para que ejerza su representación legal vulnera su derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia, al argumentar que no aportó su
pasaporte para verificar su identidad en calidad de no nacional.
Análisis de la vulneración del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia
De acuerdo con el marco
normativo expuesto en las consideraciones de esta providencia, le corresponde al Gobierno Nacional dirigir las relaciones
internacionales del Estado, lo cual incluye la facultad de definir políticas
migratorias que regulen el ingreso, la permanencia y la salida de personas de
su territorio.
Así,
el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la Resolución 5797 de 2017[78] mediante
la cual ordenó la creación del Permiso Especial de Permanencia –PEP– otorgable a los
nacionales venezolanos residentes en Colombia.
El artículo 3º de la Resolución 5797 de 2017 estipula que el titular del Permiso Especial
de Permanencia –PEP– queda autorizado para ejercer cualquier actividad u
ocupación legal en el país, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el
ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades
reguladas.
Seguidamente, el artículo 5 del citado acto
administrativo indica que, debido a las circunstancias especiales que amerita el
caso, el Permiso Especial de Permanencia –PEP– servirá como identificación de
los ciudadanos venezolanos en el territorio nacional. No obstante, aclara que
el mismo debe ser presentado ante las autoridades colombianas en compañía del
pasaporte o del documento nacional de identidad.
En virtud del artículo 8º de la resolución antes
citada, corresponde a Migración Colombia establecer los mecanismos y demás
condiciones necesarias para la implementación del Permiso Especial de
Permanencia –PEP.
Por lo anterior, el Director de la Unidad
Administrativa de Migración Colombia mediante la Resolución 1272 de 2017[79]
implementó el Permiso Especial de Permanencia –PEP– como
un documento de control, autorización y registro de los nacionales venezolanos
que se encuentren en Colombia.
En el artículo 4 del referido acto administrativo se
reitera que el –PEP– deberá ser presentado ante las
autoridades colombianas en compañía del pasaporte o del documento nacional de
identidad y servirá como identificación de los nacionales venezolanos en el
territorio nacional.
En Colombia, el artículo 13 de la
Constitución Política señala que todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de
iguales derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.
En desarrollo de la citada norma, la
Corte Constitucional ha indicado que por mandato constitucional los extranjeros
en el territorio colombiano gozan de las mismas garantías concedidas a los
nacionales, salvo las limitaciones establecidas en la Constitución y en la ley.
De igual importancia, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en el marco de un
Estado social de derecho, corresponde a las autoridades estatales,
administrativas y en general a todas las personas que integran la sociedad atender
integralmente a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
derivadas de su nacionalidad.
Así, la Sala Plena de esta Corporación en Sentencia SU-677 de 2017 se refirió a la adopción de medidas especiales por parte
del Estado encaminadas a enfrentar la crisis humanitaria originada por la
migración masiva de ciudadanos venezolanos al territorio nacional y su
tratamiento como sujetos de especial protección constitucional, debido a la
situación de vulnerabilidad, exclusión y desventaja en que se encuentran.
Conforme a la parte dogmática, la demandante es acreedora de los mecanismos
de facilitación migratoria creados por el Gobierno Nacional para permitirle
permanecer en Colombia, quedando autorizada para ejercer cualquier actividad
legal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Al
respecto, esta Sala comprobó que la accionante se encuentra en situación
regular en el territorio colombiano pues ostenta el Permiso Especial de
Permanencia –PEP– No. 824024402111992 expedido el 28 de
septiembre de 2018 cuyo estado es vigente, según certificación proferida por
Migración Colombia[80].
Asimismo, se encuentra acreditado que la peticionaria cumplió con
todos los trámites necesarios ante el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería – SAIME para la expedición de su pasaporte. No obstante, como se
evidencia a folio 158 del cuaderno principal, desde el 2 de noviembre de 2016
el estado del proceso de expedición es “pasaporte por imprimir”; circunstancia
esta que excede su capacidad de gestión.
Aunado a lo
anterior, se resalta que mediante Auto del 7 de noviembre de 2018 la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga vinculó al
proceso de la referencia a la Embajada y al Consulado de la República
Bolivariana de Venezuela en Colombia, este último en su sede en la ciudad de
Bucaramanga, para que se pronunciaran sobre los hechos que originaron la acción
de tutela objeto de revisión e informaran sobre las directrices tomadas por ese
gobierno en la expedición de los pasaportes de ciudadanos venezolanos. Sin
embargo, las referidas autoridades guardaron silencio.
La Corte en reiteradas oportunidades ha reconocido que la función
notarial debe ser entendida como un servicio público en virtud de lo dispuesto
en los artículos 131 de la Constitución y 1° del Estatuto del Notario[81].
Así, las atribuciones de las que han sido investidos los notarios implican la promoción
del bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y
la garantía de cumplimiento de los deberes  sociales de los particulares[82].
La Sala reitera
que en las actuaciones de la administración de justicia y de los procedimientos
administrativos o de otra índole ejecutados con la finalidad de acceder a las
instancias judiciales, como es el caso de la autenticación de poder o nota de
presentación para actuar mediante representante judicial, se debe respetar el
principio de la prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo
228 de la Constitución Política al ser medios o vías creadas por el
ordenamiento jurídico para concretar o efectivizar los derechos sustanciales
que le asisten a las personas sin distinción de raza, sexo o nacionalidad[83].
Encuentra la Corte que, aunque
las autoridades accionadas actuaron movidas por una interpretación legal que
consideraron legítima, impidieron que el Estado prestara sus servicios en favor
de la accionante e incluso obstaculizaron su derecho fundamental a acceder a la
administración de justicia; circunstancia esta que restringió el goce de las
garantías consagradas en la Constitución Política a los extranjeros pues a
través del referido derecho constitucional se asegura la efectividad y el
amparo de otros derechos fundamentales, cuando lleguen a verse vulnerados o
amenazados.
En el presente
caso se puede observar que en la contestación brindada por los demandados se le
niega a la actora la posibilidad de obtener la autenticación o nota de
presentación del poder otorgado a su abogado para que inicie la acción de
declaración de unión marital de hecho que afirma sostuvo con su difunto
compañero, por ende, lograr el reconocimiento de la legitimación en la causa
por activa dentro de las acciones judiciales pertinentes para el resarcimiento
de los perjuicios morales y materiales causados por la muerte del padre de su
hijo, en razón de que no ha aportado el pasaporte o documento nacional de
identidad exigidos por el ordenamiento jurídico colombiano.
A pesar de
haber evidenciado en múltiples ocasiones la situación de desprotección en la
que se encuentra la accionante ante la imposibilidad de obtener en corto tiempo
su pasaporte debido a la crisis social, política y económica en la que se
encuentra su país de origen, los accionados decidieron aplicar de forma
irreflexiva la normativa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores
(Resoluciones 5797  y 1272 de 2017) lo que conllevó el desconocimiento
consciente de la verdad objetiva.
Lo anterior, olvidando
la obligación en cabeza del Estado y de todas las personas que integran la sociedad
de adoptar medidas especiales encaminadas a enfrentar la crisis humanitaria
originada por la migración masiva de ciudadanos venezolanos al territorio
nacional y su tratamiento como sujetos de especial protección constitucional,
debido a su situación de vulnerabilidad, exclusión y desventaja en que se encuentran.
Así las cosas,
las autoridades accionadas omitieron el deber de solidaridad que demanda la
Constitución como pilar del Estado social de derecho exigible a todas las
personas con el objetivo de garantizar la especial asistencia y protección de
quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad por su nacionalidad.
Para la Sala es reprochable que el derecho de acceso a la
administración de justicia de la accionante se haya visto obstaculizado por la
aplicación formal y mecánica de la ley sin realizar un análisis de fondo sobre
las consecuencias negativas que la decisión tomada por las demandadas le causó
a la peticionaria en su condición de migrante y madre cabeza de familia.
En el asunto que se revisa se debe
tener en cuenta que la accionante goza de un estatuto migratorio regular al
portar el Permiso Especial de Permanencia –PEP,
documento público de carácter administrativo expedido por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y cuyo objetivo es llevar un control y registro de los ciudadanos
venezolanos que residen en Colombia.
Asimismo, se reitera que el artículo 5º de la
Resolución 5797 de 2017[84] determina que el citado permiso sirve como identificación de los
venezolanos en el territorio nacional y aun cuando la misma norma estipula que
debe presentarse en compañía del pasaporte o del documento nacional de
identidad, no debe entenderse que la simple ausencia de los deferidos documentos
restringe su validez o anula su presunción de autenticidad.
La Sala encuentra que de las pruebas aportadas por la
demandante se evidencia que los nombres, apellidos y número de cédula de
identidad venezolana plasmados en el Permiso Especial de Permanencia –PEP– expedido
por Migración Colombia coinciden con los datos de identificación verificados
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, entidad
del Estado mediante la cual se efectuó el Registro Administrativo de Migrantes
Venezolanos – RAMV[85].
Aunado a lo anterior, del registro
civil de nacimiento del menor Gabriel
Alejandro Rivera Briceño, expedido por la Registraduría Nacional del Estado
Civil de la República de Colombia, se comprueba la identidad de su progenitora
Maderleins Nazaret Briceño Barrio con documento nacional de identidad número
24449694, datos que coinciden con la solicitud de tramitación de pasaporte
proferido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería de la República Bolivariana de Venezuela – SAIME[86].
Así las cosas, para la Sala existen
suficientes elementos probatorios para comprobar la identidad de la accionante
pese a no contar con su pasaporte o documento nacional de identidad. Por lo
tanto, las medidas de protección que se adoptarán se orientaran a corregir esta
deficiencia de la Administración.
Aplicación de la excepción de inconstitucionalidad.
Esta Corporación ha
reconocido en decisiones previas el uso legítimo de la excepción de
inconstitucionalidad para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales
de sujetos de especial protección[87],
cuando la
aplicación de una norma acarrea consecuencias que no estarían acordes con
el ordenamiento constitucional debido a las condiciones de vulnerabilidad
advertidas en cada caso concreto[88].
En relación con el caso sub-examine, la Sala Séptima de
Revisión corroboró que la
consecuencia natural de aplicar los artículos 5º de la Resolución 5797 de 2017
y 4º de la Resolución 1272 de la misma anualidad es mantener una situación de
desprotección al perpetuar la imposibilidad de la actora de acceder a la
administración de justicia a través de abogado pues para obtener la autenticación
del poder de representación debe aportar su pasaporte junto con su Permiso
Especial de Permanencia –PEP,
documento cuya entrega es incierta debido a la crisis social, política y
economía que presenta Venezuela. Prueba de ello, es que desde el 2 de noviembre
de 2016 el requerido documento de identificación se encuentra en espera de ser
impreso por parte de la entidad competente sin que la accionante puede efectuar
alguna diligencia adicional para su entrega.
La Sala observa que obran en el plenario múltiples documentos que
demuestran que la señora Maderleins Nazaret Briceño Barrio ha sido diligente en
los trámites para regularizar su situación migratoria en Colombia pues
actualmente cuenta con el Permiso de Permanencia –PEP– en los términos de la Resolución
5797 de 2017 y en cumplimiento del Decreto 542 de 2018 se registró en el censo
administrativo de migrantes venezolanos en Colombia realizado por la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD[89].
También se acreditó que desde el 19 de octubre de 2016 radicó y
canceló el valor correspondiente para la expedición de su pasaporte, el cual se
encuentra a la espera de ser impreso por parte de la autoridad venezolana
competente. Asimismo, ha realizado múltiples solicitudes a autoridades
notariales y judiciales con la finalidad de que se le informe o asesore sobre
la vía legal o administrativa correspondiente para suplir la carencia del
documento requerido y exigido según la Resolución 5797 de 2017[90]. Lo anterior, con el fin
de iniciar una acción de declaración de unión marital de hecho a través de
representante judicial sin que haya obtenido una solución que le permita
acceder a la administración de justicia.
En
consecuencia, aunque existan las condiciones objetivas para no proceder con el
trámite de autenticación o nota de presentación que requiere la accionante para
poner en marcha el aparato judicial, es posible concluir que ello resultaría
desproporcionado pues la expedición de su pasaporte depende de la voluntad del
gobierno de su país de origen (Venezuela); circunstancia esta que excede su
capacidad de gestión.
Al mismo tiempo, la Sala advierte que si bien la disposición
normativa en cuestión no es en sí misma contraria a la Constitución, en el caso
concreto lesiona las garantías constitucionales de la actora al quedar
imposibilitada para acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y
tribunales de justicia para propugnar por la protección o el restablecimiento
de sus derechos e intereses legítimos con plena observancia del derecho
sustancial y los procedimientos previstos en las leyes.  Ello, debido a las
peculiaridades de la situación de la demandante y los hechos referidos.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que las Notarías Primera
y Segunda del Círculo de Barrancabermeja, la Oficina de Apoyo Judicial y el
Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja vulneraron el derecho de
acceso a la administración de justicia de la accionante por aplicar el artículo
5º de la Resolución 5797 de 2017[91]
de forma  irreflexiva aun cuando tenían pleno conocimiento de la particular
situación de vulnerabilidad de la peticionaria y las consecuencias
inconstitucionales que acarrearía su empleo. Lo anterior, al darle prevalencia
a las normas procesales y desconociendo la prevalencia del derecho sustancial y
su obligación de aplicar el principio de justicia material dentro de sus
actuaciones y decisiones al definir situaciones jurídicas.
En vista de lo anterior, y
teniendo en cuenta la circunstancia de sujeto de especial protección de la
señora Maderleins
Nazaret Briceño Barrio, la
Sala considera que aplicar la exigencia de aportar el pasaporte para acceder al
trámite de autenticación o nota de presentación personal de poder de
representación con base en lo dispuesto en los artículos 5º de la Resolución 5797 de 2017
y 4º de la Resolución 1272 de 2017 pone en riesgo el acceso a la administración de justicia de la
peticionaria, de modo que se deben inaplicar dichas disposiciones en el caso
concreto con base en lo dispuesto en el artículo 4º superior y de esta manera garantizar
el referido derecho fundamental y el principio de supremacía de la
Constitución.
Precisadas esas condiciones, se señala que la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad tiene un alcance inter partes, lo que significa
que las normas mantienen su validez general y siguen incluidas en el
ordenamiento jurídico, ya que sus efectos únicamente se eliminan para el caso
concreto.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el dieciséis
(16) de enero de dos mil diecinueve (2019), que confirmó el fallo dictado por
la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
el diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), que negó la acción
de tutela impetrada por la señora Maderleins Nazaret Briceño Barrio en contra
de las Notarías Primera y Segunda del Círculo de Barrancabermeja, la Oficina de
Apoyo Judicial de Barrancabermeja y el Juzgado Único Laboral del Circuito de
Barrancabermeja, Santander. En su lugar, CONCEDER
el amparo el amparo del derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia de la accionante por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- En consecuencia, ORDENAR a
las Notarías Primera y Segunda del Círculo de Barrancabermeja,
a la Oficina de Apoyo Judicial de Barrancabermeja y al Juzgado Único Laboral
del Circuito de Barrancabermeja, Santander que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de
esta decisión, procedan, respectivamente, a efectuar el trámite de
autenticación o nota de presentación del poder de representación otorgado a su
abogado por la señora Maderleins
Nazaret Briceño Barrio con documento nacional de identidad número 24449694, inaplicando los artículos
5º de la Resolución 5797 de 2017 y 4° de la Resolución 1272 de 2017 en el caso
concreto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Constitución Política
y por las razones expuestas en esta providencia. En
tal virtud, tomarán en cuenta como documento de identificación  el Permiso Especial de
Permanencia –PEP– a nombre de la accionante.
TERCERO.- Por
Secretaría General líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Integrada por los
Magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Alberto Rojas Ríos.
[2] Expedido por el Gobierno Nacional.
[3] De fecha 13 de septiembre de 2018.
[4] Respuestas proferidas en las siguientes fechas: el 19 de septiembre
de 2018 el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja,  el 21 de
septiembre de 2018 la Notaría Segunda de Barrancabermeja y el 27 de septiembre
de 2018 la Notaría Primera de Barrancabermeja,
[5] Por el cual se establecen disposiciones en materia migratoria de la
República de Colombia.
[6] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo de Relaciones Exteriores.
[7] “Por medio de la cual se crea un permiso especial de permanencia”, expedida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
[8] Expedido el 3 de agosto de 2017.
[9] Folio 18 del cuaderno principal. (En adelante se entenderá que todos
los folios a los que se haga referencia hacen parte del cuaderno principal a
menos de que se indique lo contrario).
[10] Folios 71 y 72.
[11] Folios 74 al 82.
[12] En adelante UAEMC.
[13]
Folio 75.
[14] Folios 84 y 85.
[15] Folios 86 al 92.
[16] Folios
94 y 95.
[17] Folios 97 y 98.
[18] Folio 141.
[19] Folio 158.
[20] Folio 163.
[21] Folio 9 el cuaderno número 2.
[22] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
[23] Ver Sentencias T-531 de 2002 y SU-447 de 2011,
[24] “Sentencia T- 172 de 1993” M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
Hernando Herrera Vergara y Alejandro Martínez Caballero.
[25] Sentencia C-834 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[26] Sentencia SU-677 de 2017.
[27] Corte Constitucional, Sentencias T- 312 de 2009,
T -020 de 2016 y T-295 de 2018, entre otras.
[28] Ver entre otras las sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur
Galvis y T-373 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[29] Derogado mediante Decretos 834 de 2013 y 132 de 2014.
[30] Por el cual se incorporan al ordenamiento migratorio interno, visas
previstas en el marco del Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los
Estados Parte del Mercosur, Bolivia y Chile, y se dictan otras disposiciones en
materia migratoria.
[31]  Decreto 1067 de 2015, artículo 2.2.1.11.2.11.Cancelación de los
permisos. Los permisos se cancelan en los siguientes casos:
“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente capítulo, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, podrá
cancelar un permiso de los descritos en los artículos 2.2.1.11.2.6 y
2.2.1.11.2.7 del presente decreto en cualquier tiempo, para lo cual dejará
constancia escrita, contra la cual no procederá recurso alguno.
2. Por deportación o expulsión. 3.
Cuando se evidencie la existencia de actos fraudulentos o dolosos por parte del
solicitante para evadir el cumplimiento de requisitos legales que induzcan a
error en el otorgamiento del permiso. En estos casos, se deberá, además,
informar del hecho a las autoridades competentes.
PARÁGRAFO. Una vez notificada la
cancelación del permiso el extranjero deberá abandonar el país dentro de los
siguientes cinco (5) días calendario. De no ser así, el extranjero podrá ser
deportado de acuerdo con lo establecido en el presente capítulo”.
[32] Mediante el cual se modifica el artículo 2.2.1.11.2.5 del Decreto
1067 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Relaciones Exteriores).
[33] "Por la cual se implementa el Permiso Especial de
Permanencia (PEP) creado mediante Resolución 5797 del 25 de julio de 2017 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y se establece el procedimiento para su
expedición a los nacionales venezolanos", proferida por la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia.
[34] "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos
de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31
de diciembre de 2018".
[35] La Comunidad Andina es una organización internacional ubicada en
América del Sur, que cuenta con diversos órganos e instituciones que conforman
el Sistema Andino de Integración (SAI), cuyo objetivo es «alcanzar un
desarrollo integral, equilibrado y autónomo», mediante la integración andina, con
proyección hacia una integración sudamericana y latinoamericana. Antes de 1996
fue conocida como Pacto Andino o Grupo Andino​ y actualmente está
conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
[36] El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración
regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual
en fases posteriores se han incorporado Venezuela y Bolivia, ésta última en
proceso de adhesión. Asimismo, se aclara que la República Bolivariana de Venezuela
se encuentra suspendida, desde el 5 de agosto de 2017, en todos los derechos y
obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del
Protocolo de Ushuaia (24 de julio de
1998).
[37] El Acuerdo de Cartagena es un instrumento jurídico internacional
firmado en Cartagena de Indias, Colombia, el 26 de mayo de 1969, por el cual se
crea la Comunidad Andina.
[38]
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/es/servicios-al-ciudadano/tarjeta-andina-de-mitracion-tam
[39]
Si bien desde el año 2006 Venezuela no pertenece a la
Comunidad Andina de Naciones y actualmente se encuentra suspendida del
MERCOSUR, esto no impide que cualquier ciudadano venezolano pueda solicitar la
Tarjeta Andina Migratoria. Ello se debe a las facilidades y solidaridad que han
demostrado muchos países con el pueblo venezolano. Cabe señalar que la duración
de la TAM para los ciudadanos venezolanos es de un año (a partir del momento de
la emisión).
[40] http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201832185827normasmigracion.pdf
[41] Ver también sentencias T-338 de 2015 y 321 de 2005.
[42] Sentencias C-395 de 2002, C-1259 de 1998, C-768 de 1998 y C- 913 de
2003.
[43] Sentencia C-768 de 1998.
[44] Ibídem.
[45] Sentencia C-179 de 1994.
[46] Sentencia C-1024 de 2002.
[47] Sentencia C-768 de 1998.
[48] Reiterado en Sentencia T-210 de 2018.
[49] Sentencia C-834 de 2007, reiterada en Sentencia T-210 de 2018.
[50] Reiterada en la Sentencia T-210 de 2018.
[51] Sentencias C-059 de 1993, C-544 de 1993, T-538 de 1994, C-037 de 1996, T-268
de 1996, C-215 de 1999, C-163 de 1999, SU-091 de 2000 y C-330 de 2000, entre
otras.
[52] Sentencia T-662 de 2017.
[53] Sentencia T-977 de 2004.
[54] Ibídem.
[55] Sentencia T-134 de 2011.
[56] Sentencia C-279 de 2013 y Sentencia T-339 de 2015.
[57] Reiterada Sentencia C-1177 de 2005.
[58] Sentencia C-426 de 2002.
[59] Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
[60] Sentencia T-618 de 2013. Cfr. Sentencia T-429 de 1994.
[61] Sentencia T-1306 de 2001, T-352 de 2012, T-618 de 2013 y T-339 de
2015, entre otras.
[62] “ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros
de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la
Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del
ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que
pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
3. Respetar y apoyar a las autoridades
democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la
integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos
humanos como fundamento de la convivencia pacífica;
5. Participar en la vida política,
cívica y comunitaria del país;
6. Propender al logro y mantenimiento
de la paz;
7. Colaborar para el buen
funcionamiento de la administración de la justicia;
8. Proteger los recursos culturales y
naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;
9. Contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.” (se resalta).
[63] Sentencia C-767 de 2014.
[64] Sentencia SU-677 de 2017.
[65] Sentencia T-125 de 1994.
[66] Sentencia SU-132 de 2013.
[67] Sentencia T-808 de 2007.
[68] Sentencia T-103 de 2010.
[69] En sentencia T-669 de 1996 se desarrolló esta hipótesis, fijando
que “en tales eventos, el funcionario judicial está obligado a aplicar la
excepción de inconstitucionalidad, pues la Constitución es norma de normas (CP
art. 4º) o, en caso de que no lo considere pertinente, debe mostrar de manera
suficiente que la disposición que, dada la situación del caso concreto,
pretende aplicar tiene en realidad un contenido normativo en parte diferente a
la norma declarada inexequible, por lo cual puede seguirse considerando
constitucional. Si el funcionario aplica la norma y no justifica su
distanciamiento frente al pronunciamiento previo de la Corte Constitucional
sobre el mismo tema, estaríamos en presencia de una vía de hecho, pues el
funcionario judicial decide aplicar caprichosamente de preferencia las
disposiciones legales a las normas constitucionales, en contravía de expresos
pronunciamientos sobre el punto del tribunal constitucional, máximo intérprete
y guardián de la Carta (CP arts. 4º, 241 y 243).”
[70] Sentencia T-103 de 2010.
[71] Sentencia T-331 de 2014. En este mismo sentido, ver Sentencia C-803
de 2006.
[72] Sentencias SU-132 de 2013 y C-122 de 2011, entre otras.
[73]
Sentencia C-122 de 2011.
[74] Proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
[75] Hijo de padre colombiano con registro civil de nacimiento expedido
el 4 de abril de 2018.
[76] El 28 de septiembre de 2018  Migración Colombia renovó el Permiso
Especial de Permanencia a nombre de la accionante.
[77] A folio 158 obra copia del pantallazo de la página web del SAIME en
la que se verifica que el estado actual de la expedición del pasaporte de la
accionante es “pasaporte por imprimir”, sin fecha determinada.
[78] Del 27 de julio de 2017.
[79] Del 28 de julio de 2017.
[80] Información consultada en la página web del Ministerio de Relaciones
Exteriores el 14 de junio de 2019, con código de verificación
DC7A6A27190614173828, https://apps.migracioncolombia.gov.co/consultarVEN/
[81] Decreto 960 de 1970 (modificado por el Decreto 2163 de 1970).
Artículo 1º. “El notariado es un servicio del Estado, que se presta por
funcionarios públicos, en la forma, para fines y con los efectos consagrados en
las leyes. El notariado forma parte de la Rama Ejecutiva, y como función
pública implica el ejercicio de la fe notarial. La fe pública o notarial otorga
plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el Notario y a lo que éste
exprese respecto de los hechos percibidos por él en el ejercicio de sus funciones,
en los casos y con los requisitos que la ley establece”.
[82] Sentencia C-181 de 1997.
[83] Sentencia T-977 de 2004, T-1004 de 2010 y 421 de 2017, entre otras.
[84] Reiterado por el artículo 4º de la Resolución 1272 de 2017.
[85] De fecha 28 de septiembre de 2018.
[86] Folio 27.
[87] El asunto
examinado se circunscribe a la tercera hipótesis referida en el punto 10,
es decir, en el uso legítimo de la excepción por
inconstitucionalidad para garantizar derechos fundamentales de personas de
especial protección constitucional.
[88] Sentencia T-103 de 2010.
[89] Folio 157.
[90]
Implementado mediante Resolución 1272 de 2017.
[91] Expedida
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual se creó el Permiso
Especial de Permanencia –PEP,
implementado por el artículo 4º de la Resolución 1272 de 2017.