T-159-17
Sentencia T-159/17
TRASLADOS LABORALES POR RAZONES DE SALUD Y
ELABORACION DE LISTAS DE ELEGIBLES EN CARRERA JUDICIAL
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO
QUE ORDENA O NIEGA TRASLADO DE SERVIDOR PUBLICO-Procedencia excepcional
La Corte ha aceptado que se acuda al mecanismo del
amparo constitucional cuando se pretende dejar sin efectos actos
administrativos que presuntamente lesionan derechos de carrera, como puede
ocurrir en el presente caso con el derecho al traslado de un servidor judicial
por razones de salud. Además, ha estimado que la acción de tutela proporciona
una solución más integral, máxime cuando está en entredicho el derecho a la
salud de quien acude a ella, por lo que se constituye en el mecanismo idóneo y
eficaz para dar una protección inmediata y definitiva.
TRASLADO DE SERVIDOR JUDICIAL POR RAZONES DE
SALUD Y ELABORACION DE LISTA DE ELEGIBLES-Reiteración de jurisprudencia
SERVIDOR JUDICIAL-Traslado por razones de salud o seguridad
TRASLADO DE SERVIDOR JUDICIAL POR RAZONES DE
SALUD-Marco normativo
TRASLADO DE SERVIDOR JUDICIAL POR RAZONES DE
SALUD-Procedimiento
SOLICITUD DE TRASLADO DE SERVIDOR JUDICIAL POR
RAZONES DE SALUD-Requisitos
La solicitud de traslado por razones de salud debe ser
presentada por escrito dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada
mes, de acuerdo con las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial o las Salas Administrativas de
los Consejos Seccionales según corresponda, a través de la página web de la
Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co. Si la solicitud de traslado es
realizada por Magistrados de Tribunal deberán dirigirse y presentarse en la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial para el respectivo trámite y
concepto ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Cuando se trate de servidores judiciales cuyas sedes estén adscritas a un mismo
Consejo Seccional de la Judicatura, la solicitud de traslado deberá allegarse
en el mismo término referido en párrafos anteriores, ante la Sala
Administrativa Seccional para el correspondiente concepto.
TRASLADO DE SERVIDOR JUDICIAL POR RAZONES DE
SALUD-Aspectos que debe tener
en cuenta la Sala Administrativa del Consejo Superior y de los Consejos Seccionales
para efectos de emitir concepto sobre peticiones de traslado
SOLICITUD DE TRASLADO POR RAZONES DE SALUD DE
MAGISTRADOS Y JUECES-Deben
ser estudiadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
TRASLADO DE SERVIDOR JUDICIAL POR RAZONES DE
SALUD-Concepto favorable
emitido no es vinculante pues la decisión final sobre quién ocupará el cargo
vacante compete al ente nominador
CARRERA
JUDICIAL-Traslados y elaboración de listas de elegibles
DERECHO
A SER NOMBRADO QUIEN OCUPO PRIMER PUESTO EN LISTA DE ELEGIBLES Y DERECHO A SER
TRASLADADO QUIEN OCUPA CARGO DE CARRERA JUDICIAL-Conflicto
Cuando un ente nominador debe elegir
entre el candidato que ocupa el primer lugar en el listado de elegibles
elaborado para la provisión de una vacante determinada, y un funcionario que
solicita su traslado al mismo cargo por razones de salud, debe ponderar no solo
los méritos y calidades de uno y otro, sino también la situación fáctica en que
se encuentran este último y sus familiares.
SOLICITUD DE TRASLADO POR RAZONES DE SALUD DE
MAGISTRADOS Y JUECES-Tendrá
prioridad sobre la lista de elegibles, siempre que la solicitud sea presentada
en término
TRASLADO DE SERVIDOR JUDICIAL POR RAZONES DE
SALUD-No vulneración del
debido proceso en negativa de traslado de Magistrada de Tribunal
Administrativo, por presentar solicitud de forma extemporánea
La Unidad
de Administración de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no desconoce los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de un servidor
judicial que solicita traslado por razones de salud, cuando emite concepto
desfavorable debido a la extemporaneidad de la solicitud, es decir, cuando esta
no se realiza dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, de
acuerdo con las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial o las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales según corresponda, a través de la página web de la Rama
Judicial. El Consejo de Estado no vulnera los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de un servidor judicial al proveer una vacante de un
cargo del cual es nominador, acudiendo a la lista de candidatos conformada por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en atención al
Registro Nacional de Elegibles vigente, y respetando los derechos de carrera
judicial que responden a los postulados constitucionales del mérito como forma
de acceder al empleo público. Sin embargo, cuando una persona esté en graves
condiciones de salud y por prescripción médica se recomiende su traslado a una
sede específica, tendrá prioridad sobre la lista de elegibles, siempre que la
solicitud sea presentada en término.
Referencia: Expediente
T-5826209
Acción de tutela
presentada por Claudia Patricia Peñuela Arce contra la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Administración de Carrera Judicial–, con
vinculación del Consejo de Estado y del magistrado Iván Mauricio Mendoza
Saavedra
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada
María Victoria Calle Correa y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de tutela proferido en primera instancia por la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el dieciocho
(18) de marzo de dos mil dieciséis (2016), dentro del proceso de tutela
iniciado por Claudia Patricia Peñuela Arce contra la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Administración de Carrera Judicial–,
con vinculación del Consejo de Estado y del magistrado Iván Mauricio Mendoza
Saavedra.
El proceso de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala
de Selección de Tutelas Número Once, mediante auto proferido el dos (2) de noviembre
de dos mil dieciséis (2016).
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y solicitud
1.1. El nueve (9) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Claudia
Patricia Peñuela Arce, en su condición de magistrada del Tribunal
Administrativo de Bolívar, para ese entonces en licencia por incapacidad
médica, presentó acción de tutela contra la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura –Unidad de Administración de Carrera Judicial–,
solicitando la vinculación del Consejo de Estado por ser la Corporación
nominadora y por considerar que el primero le vulneró el derecho fundamental al
debido proceso y, con él, los principios de legalidad, seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima, además de los derechos al trabajo, la
estabilidad laboral reforzada, la igualdad y al mínimo vital. Lo anterior, según
sostuvo, porque dicho ente no publicó en debida forma una vacante creada en el
Tribunal Administrativo de Santander, situación que imposibilitó su opción de
traslado a dicha plaza, pese a que se encontraba en una situación de debilidad
manifiesta en razón de su estado de salud.
En principio peticionó que se ordene a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial que publique en debida forma la vacante de magistrado en el
Tribunal Administrativo de Santander, para permitirle que dentro de los cinco
(5) días hábiles de ley, pueda optar por dicha sede y solicitar traslado por razones
de salud en los términos previstos en la Ley 771 de 2002, en concordancia con
el Acuerdo PSAA10-6837 de 2010[1].
Asimismo, solicitó como medida provisional, ordenar al Consejo de
Estado mientras se decide de fondo el presente amparo, suspender la elección
del magistrado que ocupará en propiedad la vacante del Tribunal Administrativo
de Santander, hasta tanto la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura –Unidad de Administración de Carrera Judicial– cumpla con el
procedimiento previsto en la ley y en el reglamento, en relación con la
publicación de la sede vacante creada en el referido Tribunal mediante Acuerdo
PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015), y envíe
el respectivo concepto sobre la solicitud de traslado por causa de salud que en
su oportunidad y dentro del reglamento presentó, de tal forma que el Consejo de
Estado considere conjuntamente para la provisión definitiva del cargo la lista
de elegibles y la petición de traslado por salud.
A continuación se exponen los hechos más relevantes que derivan del
expediente de tutela:
1.1.1. Ingresó a laborar en la Rama Judicial en junio de dos mil seis
(2006) en el cargo de Juez Administrativo de Bucaramanga[2] y desde el
veinte (20) de enero de dos mil doce (2012) se desempeña como magistrada del
Tribunal Administrativo de Bolívar, después de superar el concurso de méritos
dentro de la Convocatoria 13 de dos mil dos (2002)[3].
1.1.2. Señaló que su Registro de Elegibles para el cargo de magistrada
del Tribunal Administrativo estuvo vigente desde el veintiséis (26) de abril de
dos mil once (2011) y venció el veintiséis (26) de abril de dos mil quince
(2015)[4].
1.1.3. Indicó que el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012),
en ejercicio de su cargo como Magistrada Titular del Tribunal de Bolívar, sufrió
un accidente cerebro vascular que derivó en dos cirugías de cerebro
(embolización y craneotomía) y en posteriores complicaciones de su salud[5],
lo que implicó su incapacidad laboral hasta el veintisiete (27) de noviembre
del mismo año.
1.1.4. Expresó que se reintegró a sus funciones de magistrada del
Tribunal Administrativo de Bolívar a partir del veintisiete (27) de noviembre
de dos mil doce (2012) y trabajó de manera continua hasta el veintinueve (29)
de agosto de dos mil trece (2013), fecha en la que sufrió una recaída en la
salud que la mantuvo de nuevo en incapacidad médica desde esa fecha hasta la
presentación de la acción de tutela, es decir, el nueve (9) de febrero de dos
mil dieciséis (2016).
1.1.5. Sostuvo que su médico tratante le recomendó el traslado a la
ciudad de Bucaramanga, lugar en el que reside su familia, con el fin de
recuperar de manera integral su salud[6],
toda vez que no sólo estaría con su núcleo familiar, sino viviendo en un lugar
con un clima que le facilite recuperarse pues no tiene que estar sometida a
altas temperaturas y luego ingresar a ambientes muy fríos como resultado de los
aires acondicionados.
1.1.6. Indicó que para reintegrarse a la vida laboral cerca de su
núcleo familiar, el seis (6) de agosto de dos mil catorce (2014) elevó petición
especial al Consejo de Estado para ser nombrada en un cargo de descongestión en
la ciudad de Bucaramanga, pero no obtuvo ninguna respuesta.
1.1.7. Planteó que de manera extraoficial se enteró de la creación de
diferentes cargos judiciales de descongestión, entre ellos el de magistrado del
Tribunal Administrativo de Santander. Así, ingresó a la página web de la Rama
Judicial www.ramajudicial.gov.co e imprimió la publicación “Despachos
Creados Mediante Acuerdo PSAA15-10402 - Con Registro de Elegibles Vigente”,
en donde se incluía el Tribunal Administrativo de Santander. Señaló que al
final de dicha lista aparece la siguiente anotación: “Los despachos creados
mediante acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y cuyo registro se
encuentra vencido serán publicados para efectos de traslado próximamente”[7].
Señaló que por lo anterior, y en consideración a que su registro de elegibles
había vencido, todos los días ingresó a la página web referida en donde nunca
se publicaron las vacantes anunciadas.
1.1.8. Afirmó que en enero de dos mil dieciséis (2016) acudió a citas
de control de neurocirugía y psiquiatría, y que los médicos le recomendaron su
reincorporación laboral pero cerca de su núcleo familiar en Bucaramanga[8].
1.1.9. Informó que a través de petición presentada el veintinueve (29)
de enero y adicionada el treinta (30) del mismo mes de dos mil dieciséis (2016)[9],
en su condición de magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar en
situación administrativa debido a la licencia por incapacidad médica que
disfrutaba, le solicitó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura que emitiera concepto de traslado por salud para
la vacante de magistrado creada en el Tribunal Administrativo de Santander
mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre de dos mil
quince (2015)[10].
1.1.10. Narró que mediante oficio CJOFI16-253 del tres (3) de febrero
de dos mil dieciséis (2016), la Directora de la Unidad de Carrera Judicial[11]
emitió concepto desfavorable de traslado por salud por la presentación
extemporánea de la petición, aduciendo que la vacante se publicó en el mes de
noviembre de dos mil quince (2015) en la página web de la Rama Judicial, razón
por la cual los interesados tuvieron como último día para presentar la
solicitud de manera oportuna el once (11) de noviembre de dos mil quince (2015)[12].
1.1.11. Consideró que la respuesta anterior vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, toda vez que en su concepto la Unidad de
Administración de Carrera Judicial no realizó la publicación de la vacante de
magistrado del Tribunal Administrativo de Santander tal como lo ordena el
reglamento, para que los interesados hubieran tenido la oportunidad de hacer sus
respectivas peticiones, en tiempo, entre ellas, traslado por salud.
1.1.12. Afirmó que si se consulta la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov, en la parte correspondiente a sedes vacantes
de magistrados en el mes de noviembre de dos mil quince (2015), solo fueron
publicadas las siguientes: Bucaramanga - Santander, Sala Penal; Pamplona -
Norte de Santander, Sala Única; Pasto - Nariño, Sala Civil-Familia, y Popayán -
Cauca, Sala Civil-Familia. Pero no se publicó ninguna vacante de magistrado del
Tribunal Administrativo de Santander[13].
1.1.13. Sostuvo que en el hipotético evento en que la publicación a la
que hace referencia la Unidad de Administración de Carrera Judicial sea la que
corresponde a los despachos creados mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del
veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015),
con
registro de elegibles vigente, en donde se relacionan todos los Tribunales y
Juzgados que se crearon en el país para solucionar los problemas de congestión,
de ninguna manera se podía asumir que se tratara de la publicación que exigía
el reglamento (vacantes ofertadas como mecanismo de publicidad, transparencia e
igualdad previsto en el artículo tercero del Acuerdo PSAA08-4536 de 2008),
porque al final de la publicación se advirtió de manera clara y precisa que “[l]os
despachos creados mediante acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y
cuyo registro se encuentra vencido serán publicados para efectos de traslado
próximamente”[14].
(Negrillas fuera del texto).
1.1.14. Manifestó que tal publicación podía interpretarse como que se
publicarían luego las vacantes, para quienes, tuvieran registros de elegibles
vencidos, como era su caso, y entonces optaran por el traslado correspondiente.
1.1.15. Sostuvo que hasta la fecha no se le ha calificado la pérdida de
la capacidad laboral, ni tampoco se ha resuelto su derecho pensional.
1.1.16. Afirmó que la EPS Sanitas S.A., por medio de la oficina de
Medicina Laboral Regional Bucaramanga, le recomendó reincorporarse al trabajo
para la recuperación integral de la salud[15].
1.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a través de auto del cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis
(2016), admitió la tutela presentada por la señora Claudia Patricia Peñuela
Arce[16].
Así mismo, negó la medida provisional por ella solicitada, vinculó como tercero
interesado al Consejo de Estado y le solicitó al Secretario de dicha Corporación
el envío de copia del Acuerdo de nombramiento del doctor Iván Mauricio Mendoza
Saavedra en el cargo de magistrado del Tribunal Administrativo de Santander,
con fecha del primero (1) de marzo de dos mil dieciséis (2016). Finalmente, le corrió
traslado al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura y a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
para que ejercieran su derecho de defensa[17].
El ocho (8) de marzo del mismo año, el Tribunal adicionó el auto anterior
ordenando la vinculación del doctor Iván Mauricio Mendoza Saavedra en calidad
del tercero interesado[18].
1.3. La accionante a través de memorial del diez (10) de marzo de dos
mil dieciséis (2016) modificó los hechos de la solicitud de amparo, la
pretensión y la medida provisional, en consideración a los cambios presentados
en la situación fáctica y jurídica desde la presentación de la acción de
tutela, toda vez que el dos (2) de marzo del mismo año se reintegró al cargo de
magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, según afirmó, desatendiendo
las recomendaciones de los médicos tratantes que le han sugerido estar cerca de
su núcleo familiar para la recuperación integral de su salud, debido a que no
le fue posible obtener el concepto favorable de traslado por salud por parte de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
1.4. Así las cosas, señaló que por su actual condición de salud, dadas
las secuelas dejadas por el accidente cerebro vascular que sufrió el dieciséis
(16) de agosto de dos mil doce (2012)[19],
debe ser considerada como sujeto de especial protección y con estabilidad
laboral reforzada por parte de todas las autoridades del Estado incluidos los
jueces y su nominador.
1.5. Explicó que vive sola en Cartagena y desarraigada de su núcleo
familiar, al que no puede trasladar a dicha ciudad porque su “hijo de 10
años está estudiando 3º de primaria en el Colegio la Quinta del Puente y sufrió
varios cambios en su vida escolar cuando vivi[eron] en Cartagena al momento en
que [se] enfermó al desempeñar el cargo de Magistrada en [dicha] ciudad por
espacio de 2 años y volverlo a sacar de su entorno lo afectaría notablemente”.
En relación con su madre, sostuvo que “sufre de cáncer de estómago y es
atendida en la ciudad de Bucaramanga, por lo que tampoco es posible [llevarla]
a vivir [Cartagena]”[20].
1.6. Señaló que pese a las reiteradas solicitudes elevadas al Consejo
de Estado[21]
para que fuera reubicada en el cargo que se encontraba vacante de magistrada en
el Tribunal Administrativo de Santander[22],
dicha Corporación en sesión de la Sala Plena del primero (1) de marzo de dos
mil dieciséis (2016), eligió en la plaza vacante al doctor Iván Mauricio
Mendoza, sin tener en cuenta su petición de reubicación que acompañó con las
debidas prescripciones médicas (médico laboral, médico neurocirujano[23]
y médico psiquiatra[24]).
Lo anterior, indicó, pese a que el doctor Mendoza no solo optó por el cargo
vacante de magistrado del Tribunal Administrativo de Santander sino también por
el de Cundinamarca.
En relación con la modificación de la medida provisional, solicitó la
suspensión de los trámites administrativos posteriores de notificación y
confirmación ordenados en la ley para que el doctor Iván Mauricio Mendoza tomara
posesión del cargo. Y frente a la variación de la pretensión, solicitó que se
ordene al Consejo de Estado su reubicación en el cargo vacante del Tribunal
Administrativo de Santander.
1.4. A través de auto del once (11) de marzo de dos mil dieciséis
(2016), la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó la medida provisional solicitada por la accionante debido a
que “la suspensión del trámite para proveer esa vacante, puede afectar
también los derechos fundamentales del Dr. Iván Mauricio Mendoza Saavedra quien
igualmente tiene un interés legítimo para ejercer dicho cargo, como resultado
del concurso de méritos respectivo”[25].
2. Respuesta de las autoridades accionadas y
vinculadas
2.1. El Vicepresidente del Consejo de Estado[26], mediante escrito
del nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016), informó:
“La Sala Plena de la Corporación agotó el
procedimiento administrativo para suplir las vacantes creadas mediante Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015. En virtud de ello nombró al doctor Iván
Mauricio Mendoza Saavedra (mediante Acuerdo n.° 034 del 1° de marzo de 2016)
para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Administrativo de Santander,
con base en la lista de elegibles remitida por el Consejo Superior de la
Judicatura mediante Acuerdo PSAA15-10433 de 2015 “Por medio del cual se
formula ante el H. Consejo de Estado, la lista de candidatos para proveer la
vacante del cargo de Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander,
creada a través del Acuerdo 10402 del 29 de Octubre de 2015”[27].
La Sala Plena de esta Corporación tuvo en cuenta para
el efecto los derechos de carrera judicial que responden a los postulados
constitucionales del mérito como forma de acceder al empleo público.
[…]
Vale la pena indicar que el 29 de enero de 2016, la
peticionaria elevó solicitud a la presidencia de la Corporación encaminada a su
traslado del Tribunal Administrativo de Bolívar al Tribunal Administrativo de
Santander por razones de Salud. Solicitud que amplió en dos oportunidades: el
1° de febrero y el 7 de marzo de este año, trámite que se encuentra en curso
ante la Sala Administrativa.
Igualmente, solicitó su reubicación en el mismo cargo
para el que fue nombrado el doctor Mendoza, petición que también se encuentra
en trámite.
Conviene advertir que antes de resolver los traslados
pendientes, la Sala Plena dispuso agotar la lista de elegibles dando prelación
al mérito; en consecuencia, la elección fue surtida con anterioridad a la
notificación de la presente acción de tutela”[28]
(cursivas fuera de texto).
2.2. La Directora de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura[29], a través de
memorial fechado el diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016), solicitó la
desvinculación de dicha entidad debido a que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno toda vez que “se encuentra ajustado a derecho el concepto
desfavorable de traslado por razones de salud emitido por [dicha] Unidad
mediante el oficio CJOFI15-253 del 03 de febrero de 2016”[30], en razón de
su presentación extemporánea. Precisó que frente a la petición referida,
corresponde a dicho ente emitir concepto previo, pero que la decisión de
conceder o no el traslado incumbe a la respectiva autoridad nominadora. Además
explicó:
“En relación con el cumplimiento de los factores
objetivos el artículo 17 del Acuerdo PSAA10-6837 establece que “los servidores
judiciales en carrera, deberán presentar por escrito, las correspondientes
solicitudes de traslado como servidor de carrera, salud y razones del servicio,
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, de acuerdo con las
publicaciones de vacantes definitivas que efectúe la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial o las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales
según corresponda, a través de la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.
Conforme a lo anterior, existe una relación de
conexidad entre la existencia de la vacante, su publicidad y la presentación de
la solicitud de traslado, sustentada en los principios de transparencia,
igualdad, permanencia y la promoción en el servicio, y cumple dos finalidades:
1) que los integrantes del Registro de Elegibles manifiesten su interés en
formar parte de las listas de candidatos y/o 2) que los funcionarios de carrera
puedan solicitar traslado en la forma y términos señalados en el
correspondiente reglamento.
Revisada la documentación del caso se evidencia que la
solicitud de traslado de la doctora CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE fue recibida
y radicada en la Oficina de correspondencia externa de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura los días 29 de enero y 1° de febrero de
2016, es decir, por fuera del término exigido en el Acuerdo reglamentario,
teniendo en cuenta que la vacante del cargo de Magistrado de Tribunal
Administrativo de Santander creada mediante el Acuerdo PSAA15-10402 se ofertó
durante los primeros cinco días hábiles del mes de noviembre de 2015.
Publicación que puede ser consultada en el portal web
de la Rama Judicial, en el link carrera judicial/concursos nivel
central/convocatoria 17 y 18/vacantes definitivas/vacantes creadas mediante el
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015; así como en el link carrera
judicial/traslados/vacantes creadas mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015; como se evidencia a continuación.
[Se incluye el pantallazo de la página web descrita][31].
Como resultado de dicha publicación, se presentó manifestación
de intención de sede por parte de un integrante del Registro de Elegibles
vigente con quien se formuló la respectiva lista de candidatos mediante Acuerdo
PSAA15-10433 del 9 de diciembre de 2015 y una solicitud de traslado con
concepto favorable mediante el oficio CJOFI15-3673 del 19 de noviembre de 2015,
que fueron remitidas al Consejo de Estado mediante el oficio PSA15-4995 para la
correspondiente provisión de la vacante, del cual se anexa copia[32].
Así mismo, respecto de las demás vacantes creadas para los cargos de
Magistrados de Tribunal Administrativo publicadas en la misma oportunidad, se
resolvieron 10 solicitudes de traslados más.
[…]
Interpretación errónea de la publicación.
En los links relacionados con anterioridad y como lo
manifiesta la accionante en su escrito, se efectuó la publicación de los cargos
creados para las vacantes de Tribunal Administrativo, Tribunal Superior de
Distrito Judicial – Sala penal y Juez Administrativo, los cuales tenían
registro vigente al momento de la generación de la vacante, como se evidencia a
continuación:
[Se incluye cuadro completo del cual se extracta lo
pertinente para el presente trámite de revisión]
Cargo
Fecha inicio vigencia del registro
Resolución que conformó el Registro de Elegibles
Fecha de la Resolución
Fecha de publicación de la Resolución
Tiempo de publicación (días hábiles)
Fecha vencimiento registros
Observaciones
Magistrado Tribunal Administrativo
15/11/2011
PSAR11-869
25/10/2011
31/10/2011
8
21/11/2015
Vigente al momento de la creación de los cargos
En ese orden de ideas, se dejó la observación al final
de la publicación en la que se especificó: “Los despachos creados mediante
acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y cuyo registro se encuentra
vencido serán publicados para efectos de traslado próximamente”, tratándose
de los demás cargos relacionados en el cuadro anterior y respecto de los cuales
se crearon cargos nuevos.
Diferente es la interpretación particular de la señora
CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE al considerar que como ella participó en un
concurso realizado en el año 2002 con Acuerdo 1550 y que como ya venció el
registro de Elegibles que se integró como resultado de ese proceso de selección,
entonces que posteriormente se publicarían los mismos cargos para ella
solicitar traslado. Que de ser así y en cumplimiento del procedimiento
establecido para el trámite de los traslados, que la accionante señala en el
escrito de tutela como de estricto cumplimiento, no se entiende porque (sic) la
misma presenta su solicitud de traslado en el mes de enero de 2016, cuando no
se había efectuado la publicación que presuntamente se encontraba pendiente”[33].
Asimismo solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela toda vez que no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable que justifique la protección constitucional, “máxime si se
tiene en cuenta que desde el 29 de agosto de 2013 la accionante no se viene
desempeñando en el cargo, debido a que desde esa fecha se encuentra
incapacitada, a la espera como lo afirma, de que se califique la pérdida de
capacidad laboral o se genere su derecho pensional”[34].
2.3. El señor Iván Mauricio Mendoza Saavedra, a través de
memorial fechado el catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016), se opuso
a las pretensiones de la acción de tutela. En primer lugar, señaló que la
Unidad de Carrera Judicial no omitió publicar la vacante ya que efectivamente fue
divulgada a través de la página web de la Rama Judicial. A continuación habló
del derecho que le asiste de ocupar el cargo de magistrado del Tribunal
Administrativo de Santander, creado mediante el Acuerdo No. PSAA15-10402 del
veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015), toda vez que superó las
pruebas de conocimiento y aptitud fijadas en el concurso de méritos de la Rama
Judicial, fijado a través del Acuerdo No. 4528 de 2008, ocupando el primer
puesto en dicha plaza y optando oportunamente en el mes de noviembre de dos mil
quince (2015) para desempeñar esa vacante. En tal sentido, señaló que no se
evidencia vulneración alguna a los derechos fundamentales de la accionante ya
que se dio cumplimiento a la regla general de la carrera judicial, cual es el
criterio del mérito para acceder a cargos públicos, debiendo el nominador dar
aplicación a la lista de elegibles para proveer las plazas de carrera que
fueron sometidas a concurso, como en efecto lo hizo el máximo tribunal de la
jurisdicción contencioso administrativo[35].
Finalmente, solicitó la vinculación de quienes hacían parte de la lista de
elegibles para los cargos de magistrado creados en el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y a quienes pidieron traslado, puesto que una decisión adversa
a sus intereses implicaría retrotraer las cosas al estado anterior, incluido su
derecho a ocupar una de tales vacantes.
3. Decisión del juez de tutela de primera
instancia
La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis
(2016)[36],
negó las peticiones de amparo. En relación con la solicitud inicial, sostuvo
que no encontró que la publicación de la vacante para el cargo de magistrado
del Tribunal Administrativo de Santander se hubiera realizado en forma
irregular o contraria al debido proceso como lo adujo la accionante, ni que la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura al haber rendido concepto desfavorable para su traslado en razón de
la extemporaneidad de la solicitud, hubiera vulnerado sus derechos
fundamentales[37].
Por ende, consideró que no es dable afectar el nombramiento del señor Iván
Mauricio Mendoza Saavedra en el cargo de magistrado en el Tribunal referido “ya
que la prevalencia entre el derecho al traslado por razones de salud frente al
derecho al mérito, aplica siempre que los interesados cumplan con sus
respectivas cargas frente al trámite de las solicitudes”[38].
En cuanto a la pretensión adicionada referente a la reubicación laboral
de la accionante, solicitud que formulara ante el Consejo de Estado en diversas
oportunidades, señaló que el Vicepresidente del Consejo de Estado en respuesta
a la solicitud de amparo, indicó que dicha petición se encontraba en trámite,
es decir, que el nominador para ese momento no había tomado una decisión de
fondo y el término para ello no se había agotado. Sin embargo, expresó la
negativa a conceder la solicitud adicional de la accionante, porque  para la
época no se encontraba vacante el cargo al cual aspira ser reubicada, pues se
agotó la actuación administrativa que consolidó los derechos del doctor Mendoza
Saavedra mediante su nombramiento.
4. Impugnación
Mediante memorial del cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis (2016),
la accionante impugnó la decisión de la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, reiterando los hechos y la pretensión
adicionada al trámite de tutela. En cuanto a la publicación de la vacante para
efectos de traslado, señaló que difiere de la conclusión del Tribunal y
explicó:
“En el caso concreto, según la página web que allego
con este escrito[39],
aparecen las vacantes que se publicaron y claramente se establece que se
publicó la del Tribunal Administrativo de Santander, entre otras, el día 29 de
octubre de 2015, haciendo dos advertencias claras, la primera que eran vacantes
para registros de elegibles vigentes y la segunda al margen final de la
publicación que para efectos de traslado por razones de salud –que era mi caso
particular– y en los eventos en que los registros de elegibles estuviesen
vencidos –también mi caso particular– las vacantes serían publicadas
próximamente.
Esas anotaciones, crearon en mí la certeza clara e
indiscutible que no debía revisar ninguna otra página web, ni escudriñar más
publicaciones en otros registros de elegibles […].
Revisadas las publicaciones del mes de noviembre, en
ellas no se ofertó la de Tribunal Administrativo de Santander, como lo acredito
nuevamente con la copia de la impresión de la página web correspondiente[40].
Por ello, en mi conciencia, operaron los principios de buena fe y confianza
legítima frente a la actuación del Consejo Superior de la Judicatura sobre la
cual no tuve ninguna duda.
Así las cosas, la anotación puesta en la publicación a
que he hecho referencia vulneró las reglas del debido proceso, el principio de
legalidad y en esa medida no tuve oportunidad de ejercer en tiempo mi derecho a
solicitar traslado por razones de salud. Se quebrantó el artículo tercero del
Acuerdo PSAA08-4536 de 2008 que reglamenta el artículo 165 de la Ley 270 de
1996, el cual dispone, entre otras cosas, que “…la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, publicará a través de la página web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), durante los primeros cinco (5) días hábiles
de cada mes las sedes que correspondan a los despachos donde se presenten las
vacantes definitivas, indicando las categorías y especialidades de los cargos, con
el fin de que los integrantes del registro de Elegibles manifiesten su interés
en formar parte de las listas de candidatos…”.
Revisada la página web, en las publicaciones
efectuadas en el mes de noviembre sólo aparecen las Salas Penal, Única y
Civil-Familia de Bucaramanga, Pamplona, Pasto y Popayán, como anexo en
fotocopia del link correspondiente al presente escrito y que ya obra en el
expediente de tutela.
En este orden de ideas, las sola circunstancia que
(sic) la publicación que efectúo el Consejo Superior de la Judicatura en la
página web para los registros de elegibles vigentes hubiese sido eficaz para
otras personas no hace que esa publicación lo sea para la suscrita, porque mi
situación concreta y particular es diferente, de donde deviene la nulidad de la
actuación”[41].
El diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016), la doctora
Claudia Patricia Peñuela Arce desistió de la impugnación en consideración a que
el trámite surtido ante el Consejo de Estado, tribunal de segunda instancia, no
garantizaba la protección inmediata de los derechos fundamentales invocados
ante el juez constitucional. Por ende, solicitó la remisión del expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión de conformidad con el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991[42].
A través del auto del diecinueve (19) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado admitió el desistimiento de la impugnación presentada por
la doctora Claudia Patricia Peñuela Arce, en contra de la sentencia de tutela
de primera instancia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y ordenó el envío del expediente a la
Corte Constitucional.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Primera es competente para revisar los fallos de tutela
proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 86 inciso 3° y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema
jurídico
Claudia Patricia Peñuela Arce, quien en la actualidad se desempeña como
magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, presentó acción de tutela
contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de
Administración de Carrera Judicial–, solicitando la vinculación del Consejo de
Estado por ser la Corporación nominadora, al considerar vulnerados sus derechos
al debido proceso, a la salud, al trabajo y a la igualdad. Lo anterior, porque
en su criterio, la Unidad de Administración de Carrera Judicial no publicó en
debida forma en la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co la vacante del cargo de magistrado creada en
el Tribunal Administrativo de Santander a través del Acuerdo PSAA15-10402 del
veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015), situación que generó que
la solicitud de traslado por razones de salud, del cargo de magistrada del
Tribunal Administrativo de Bolívar al Tribunal Administrativo de Santander,
para efectos de estar cerca de su familia y facilitar la recuperación integral
de su salud, se presentara en enero de dos mil dieciséis (2016), pese a que tal
publicación se efectuó en noviembre de dos mil quince (2015) y, según el
reglamento, tales solicitudes deben presentarse dentro de los primeros cinco
días hábiles de cada mes.
En términos concretos, y como su reclamo apunta a la indebida publicación
de la vacante del cargo de magistrado del Tribunal Administrativo de Santander,
su petición está orientada a que se le ordene a la Unidad de Administración de
Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura que publique, en debida forma, dicha vacante, para permitir que
dentro del término reglamentario la accionante pueda optar por esa sede y
solicitar el traslado por razones de salud en los términos previstos en la Ley
771 de 2002[43],
en concordancia con el Acuerdo PSAA10-6837 de 2010[44]. Lo anterior,
y dado que en dicha plaza la Sala Plena del Consejo de Estado nombró al señor
Iván Mauricio Mendoza Saavedra mediante el Acuerdo 034 del primero (1) de marzo
de dos mil dieciséis (2016), quien ocupó el primer lugar en el Registro Nacional
de Elegibles, implicaría retrotraer las actuaciones surtidas en el curso del
proceso de provisión del cargo.
El Vicepresidente del Consejo de Estado[45] informó que la Sala Plena de la Corporación
agotó el procedimiento administrativo para suplir las vacantes creadas mediante
el Acuerdo PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre de dos mil quince
(2015) y, en virtud de ello, nombró al doctor Iván Mauricio Mendoza Saavedra
mediante Acuerdo 034 del primero (1) de marzo de dos mil dieciséis (2016) para
ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, con
base en la lista de elegibles remitida por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante Acuerdo PSAA15-10433 de 2015 “Por medio del cual se formula ante el
H. Consejo de Estado, la lista de candidatos para proveer la vacante del cargo
de Magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, creada a través del
Acuerdo 10402 del 29 de Octubre de 2015”. Lo anterior, con fundamento en los derechos de
carrera judicial que responden a los postulados constitucionales del mérito
como forma de acceder al empleo público.
La Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura[46]
señaló que dicha dependencia dio concepto desfavorable a la solicitud de
traslado por razones de salud de la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, mediante
el oficio CJOFI15-253 del tres (3) de febrero de dos mil dieciséis (2016), en
razón de su presentación extemporánea, pues si bien la vacante del cargo de magistrado
del Tribunal Administrativo de Santander creada mediante el Acuerdo
PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015) se ofertó
durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes de noviembre, luego de su
publicación en la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co –link carrera judicial/traslados/Vacantes
creadas mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 (publicadas en octubre
de 2015)–, la accionante hizo la solicitud de traslado a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura el veintinueve (29) de enero de dos mil
dieciséis (2016), siendo complementada el primero (1) de febrero del mismo año,
es decir, por fuera del término regulado en el artículo 17 del Acuerdo
PSAA10-6837 de 2010, que establece que las solicitudes de traslado deberán ser
presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes, de acuerdo con
las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe la Unidad de
Administración de Carrera Judicial o las Salas Administrativas  de los Consejos
Seccionales según corresponda, a través de la página web de la Rama Judicial.
Además, informó que como resultado de la publicación referida se
presentó manifestación de intención de sede por parte de un integrante del
Registro Nacional de Elegibles vigente, con quien se formuló la respectiva
lista de candidatos mediante Acuerdo PSAA15-10433 del nueve (9) de diciembre de
dos mil quince (2015)[47]
y una solicitud de traslado con concepto favorable mediante el oficio
CJOFI15-3673 del diecinueve (19) de noviembre del mismo año. La respectiva
documentación fue remitida al Consejo de Estado, mediante el oficio PSA15-4995
del nueve (9) de diciembre, para la correspondiente provisión de la vacante. Finalmente,
precisó que corresponde a la Unidad emitir concepto previo, pero que la
decisión de conceder o no el traslado incumbe a la respectiva autoridad
nominadora.
Por su parte, el doctor Iván Mauricio Mendoza Saavedra, quien fue
nombrado por el Consejo de Estado en el cargo de magistrado del Tribunal
Administrativo de Santander mediante Acuerdo 034 del primero (1) de marzo de
dos mil dieciséis (2016), señaló que la Unidad de Carrera Judicial no omitió
publicar en la página web de la Rama Judicial dicha vacante, prueba de lo cual
es que él oportunamente pudo optar por el cargo en ejercicio del derecho que le
asistía al ocupar el primer lugar en el Registro Nacional de Elegibles, luego
de superar las pruebas de conocimiento y aptitud fijadas en el concurso de
méritos de la Rama Judicial a través del Acuerdo No. 4528 de 2008. Así, resaltó
que no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante toda vez que
el ente nominador dio cumplimiento a la regla general de la carrera judicial,
cual es el criterio del mérito para acceder a cargos públicos.
Identificados los hechos, en el presente caso
corresponde a la Sala Primera de esta Corporación resolver los siguientes
problemas jurídicos:
¿Desconoció la Unidad de Administración de Carrera
Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura los
derechos al debido proceso, a la salud, al trabajo y a la igualdad de la
magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, supuestamente por no publicar en
debida forma en la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co la vacante creada en el Tribunal
Administrativo de Santander a través del Acuerdo PSAA15-10402 del veintinueve
(29) de octubre de dos mil quince (2015), para que ella pudiera realizar
oportunamente la solicitud de traslado por razones de salud del cargo de
magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar al Tribunal Administrativo de
Santander y, posteriormente, dar concepto negativo por extemporaneidad a la
petición de traslado que realizara la accionante?
¿Vulneró el Consejo de Estado los derechos al debido
proceso, a la salud, al trabajo y a la igualdad de la magistrada Claudia
Patricia Peñuela Arce, al nombrar en el cargo de magistrado, creado en el
Tribunal de Santander, a quien ocupó el primer puesto en la lista de elegibles
para dicha plaza (Iván Mauricio Mendoza Saavedra), sin tener en cuenta las
reiteradas solicitudes de traslado por razones de salud que presentara la
actora?
Para resolver los problemas jurídicos, la Sala (i) analizará la
legitimación para actuar y el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela de subsidiariedad e inmediatez, y (ii)
reiterará la jurisprudencia en relación con los traslados por razones de salud
y la elaboración de los listados de elegibles, y expondrá el marco normativo
que regula dichos procedimientos.  Finalmente, (iii) resolverá el caso
concreto.
3.  Legitimación
para
actuar
3.1. Legitimación
por activa. El artículo 86 de
la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de
defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales.
En concordancia con lo anterior, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991[48]
establece que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos”.
En esta oportunidad, se trata de una servidora judicial que se
desempeña como magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, quien acudió
a la acción de tutela al considerar que la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura –Unidad de Administración de Carrera Judicial–, y el
Consejo de Estado, Corporación a la que solicitó integrar al trámite, con las
actuaciones realizadas en el proceso de provisión de una vacante del cargo de
magistrado creada en el Tribunal Administrativo de Santander, vulneraron
presuntamente sus derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, al
trabajo y a la igualdad.
En
este orden de ideas, la accionante actúa en defensa de derechos
constitucionales fundamentales que presuntamente fueron afectados, razón por la cual se encuentra legitimada para
actuar en esta causa.
3.2. Legitimación por pasiva. De conformidad con el artículo 5º
del Decreto 2591 de 1991[49],
“[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. Así las cosas, la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de
Administración de Carrera Judicial–, y el Consejo de Estado están legitimados
como parte pasiva en el proceso de tutela, toda vez que en su calidad de
entidades públicas, la accionante les atribuye la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, al trabajo y a la
igualdad.
4. Requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela
4.1. La Corte Constitucional a través de su
jurisprudencia ha señalado que el respeto de los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, como exigencias generales de procedencia de la acción de
tutela, es una condición necesaria para el conocimiento de fondo de las
solicitudes de protección de los derechos fundamentales, por vía excepcional.
De hecho, de manera reiterada, esta Corporación ha reconocido que la acción de
tutela, conforme al artículo 86 de la Carta, es un mecanismo de protección de
carácter residual y subsidiario[50],
que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo y eficaz para la
protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otros medios
de defensa judicial se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable[51].
4.2. Inmediatez. En lo que hace
referencia al denominado requisito de la inmediatez, la acción de tutela
debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del
evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia[52].
En el caso bajo
estudio la Sala advierte el cumplimiento del requisito de inmediatez dado que la
magistrada del Tribunal
Administrativo de Bolívar, doctora Claudia Patricia Peñuela Arce, interpuso la
acción de tutela el nueve (9) de febrero de dos mil dieciséis (2016), luego de conocer
la respuesta de la Dirección de la Unidad de Carrera Judicial contenida en el
oficio CJOFI16-253 del tres (3) de febrero del mismo año, en el sentido de
emitir concepto desfavorable de traslado por salud debido a la presentación
extemporánea de la petición[53],
actuación esta a la que le atribuye, en parte, la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la salud, al trabajo y a la igualdad.
4.3. Subsidiariedad. La naturaleza
subsidiaria y excepcional de la acción de tutela permite reconocer la validez y
viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial como
dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al
existir tales mecanismos, los ciudadanos deben acudir de manera preferente a
ellos cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional[54].
De allí que, quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales, debe
haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el
efecto, antes de acudir a la acción de tutela[55].
Así, el principio de subsidiariedad de la tutela pretende asegurar que una
acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el
trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos
diseñados por el legislador[56]
y, menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las
partes en los procesos judiciales[57].
Sin embargo, esta Corporación también ha
considerado la acción de tutela como un mecanismo procesal supletorio de los
dispositivos ordinarios cuando estos carecen de idoneidad y eficacia,
circunstancia que está ligada a la inminencia de un perjuicio irremediable.  Es
por ello que se ha señalado que la sola existencia de un medio alternativo de
defensa judicial no implica automáticamente la improcedencia de la acción de
tutela[58],
porque, como se dijo, el medio judicial debe ser idóneo y eficaz para la
defensa de los derechos fundamentales[59].
En este orden de ideas, si el juez
constitucional constata que el otro medio de defensa disponible no resulta
conducente para la protección efectiva de los derechos invocados –al no
asegurar, por ejemplo, la eficacia necesaria para su defensa real–, el fallador
puede válidamente garantizar la protección preeminente y efectiva de los
derechos fundamentales admitiendo, en esas circunstancias, la procedencia de la
acción de tutela[60].
De acuerdo a los hechos descritos por la accionante la Unidad de Administración de Carrera
Judicial emitió un concepto desfavorable de traslado por razones de salud del
cargo de magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar al Tribunal
Administrativo de Santander, debido a la presentación extemporánea de la
petición, pues si bien el cargo fue ofertado dentro de los primeros cinco (5)
días hábiles del mes de noviembre de dos mil quince (2015), la solicitud de
traslado solo se hizo en el mes de enero de dos mil dieciséis (2016), es decir
por fuera del término reglamentario. Al parecer la extemporaneidad en la
solicitud de traslado se debió a que la Unidad no publicó en debida forma en la
página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co la vacante del cargo de magistrado creada en
el Tribunal Administrativo de Santander a través del Acuerdo PSAA15-10402 del
veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015), situación que le hizo
imposible a la servidora judicial la oportuna presentación de la solicitud de
traslado por salud al Tribunal Administrativo de Santander, para efectos de
estar cerca de su familia y facilitar la recuperación integral de su salud, dadas
las secuelas que le dejó un accidente cerebro vascular sufrido el dieciséis
(16) de agosto de dos mil doce (2012).
Si bien la accionante pudo acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa en procura de perseguir la nulidad de los actos administrativos
a los que les atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales, además del
restablecimiento de los mismos, y solicitar las medidas cautelares pertinentes
para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia, conforme a los artículos 229 y 230 de la Ley 1437
de 2011[61],
la Corte ha aceptado que se acuda al mecanismo del amparo constitucional cuando
se pretende dejar sin efectos actos administrativos que presuntamente lesionan
derechos de carrera, como puede ocurrir en el presente caso con el derecho al
traslado de un servidor judicial por razones de salud. Además, ha estimado que
la acción de tutela proporciona una solución más integral, máxime cuando está
en entredicho el derecho a la salud de quien acude a ella, por lo que se
constituye en el mecanismo idóneo y eficaz para dar una protección inmediata y
definitiva[62].
Entonces, advierte la Sala que hay
situaciones jurídicas de relevancia constitucional que justifican la
intervención del juez de tutela, esto es, (i) las actuales condiciones
de salud que padece la accionante –entre las cuales se debe destacar la
presencia de un cuadro sintomático de ansiedad y depresión–; (ii) la
madre de la magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, que reside en
Bucaramanga, padece de cáncer, hecho que refuerza la urgencia del traslado; (iii)
la imposibilidad de movilizar a su núcleo familiar al lugar actual donde reside,
y, finalmente, (iv) la pretensión presenta, a su vez, un contenido
dirigido a garantizar la unidad familiar.
4.4. Concluye la Sala que en el caso
analizado se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela, por lo que se debe proceder a estudiar el fondo del asunto.
5. Traslados por razones de salud y elaboración de
listados de elegibles. Reiteración de jurisprudencia[63]
5.1. El artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por
el artículo 1º de la Ley 771 de 2002, dispone que “[s]e produce traslado
cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad
otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los
mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial. Nunca podrá haber
traslados entre las dos Salas de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.
Asimismo estableció entre los eventos en los cuales procede:
“1. Cuando el interesado lo
solicite por razones de salud o seguridad debidamente comprobadas, que le
hagan imposible continuar en el cargo o por estas mismas razones se encuentre
afectado o afectada su cónyuge, compañera o compañero permanente, descendiente
o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, siempre que ello
no implique condiciones menos favorables para el funcionario y medie su
consentimiento expreso”. (Negrilla fuera del texto).
En consonancia con la Ley 771 de 2002, el Acuerdo PSAA10-6837
de 2010[64] proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, que derogó el Acuerdo PSAA02-1581 de 2002, regula en el capítulo II el traslado por razones de
salud. El artículo 7º establece que “[l]os servidores judiciales en carrera,
tienen derecho a ser traslados por razones de salud, debidamente comprobadas, a
otro despacho judicial, cuando las mismas le hagan imposible continuar en el
cargo o por éstas se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañero o
compañera permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de
consanguinidad o único civil”.
En estos eventos, de conformidad con el artículo 17
del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010 el procedimiento que debe seguirse es el
siguiente:
La solicitud de traslado por razones de salud debe ser
presentada por escrito dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada
mes, de acuerdo con las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial o las Salas Administrativas de
los Consejos Seccionales según corresponda, a través de la página web de la
Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.
Si la solicitud de traslado es realizada por
Magistrados de Tribunal deberán dirigirse y presentarse en la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial para el respectivo trámite y concepto
ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura[65].
Cuando se trate de servidores judiciales cuyas sedes
estén adscritas a un mismo Consejo Seccional de la Judicatura, la solicitud de
traslado deberá allegarse en el mismo término referido en párrafos anteriores,
ante la Sala Administrativa Seccional para el correspondiente concepto.
Toda solicitud de traslado deberá estar acompañada “de
todos los documentos en los términos requeridos que permitan determinar su
viabilidad, de lo contrario serán rechazadas” (artículo 20 del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010). En este orden de ideas, cuando se trate de traslado
por salud deberán anexarse los dictámenes médicos que reflejan las condiciones
de salud (diagnóstico médico y recomendaciones de traslado) expedidos por la Entidad Promotora de Salud o la
Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se encuentre afiliado el
servidor, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses. Cuando se trate
de su cónyuge, compañero o compañera permanente, descendiente o ascendiente en
primer grado de consanguinidad o único civil, según corresponda, también se
aceptará el dictamen médico que provenga del Sistema de Seguridad Social en
Salud[66].
Conforme al artículo 9º del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010, para efectos de emitir concepto sobre las peticiones
de traslado por razones de salud, las Salas Administrativas de los Consejos Superior
y Seccionales tendrán en cuenta entre otros aspectos los siguientes:
“a) El diagnóstico médico sobre las
condiciones de salud que se invocan, expedido en los términos señalados en el
artículo octavo de este Acuerdo, en el cual se recomiende expresamente el
traslado por la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo del cual es
titular.
Cuando se trate de la enfermedad del
cónyuge, compañero o compañera permanente, descendiente o ascendiente en primer
grado de consanguinidad o único civil, el dictamen médico debe contener
recomendación clara y expresa que permita concluir a la Administración, sobre
la necesidad del traslado.
b) Acreditación del parentesco: Cuando se
trate de enfermedad del cónyuge, compañero o compañera permanente, descendiente
o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil.
c) En el evento que la sede escogida no
atienda la recomendación médica, la Unidad de Carrera le ofrecerá las vacantes
existentes al momento, a efectos de obtener el consentimiento expreso del
servidor”.
Para la decisión definitiva de las solicitudes de
traslado, se remitirán a las respectivas autoridades nominadoras los conceptos
favorables conjuntamente con las listas de aspirantes por sede, si a ello
hubiere lugar. Si la decisión es negativa, el concepto será comunicado al
interesado y, para su conocimiento, al nominador del cargo de aspiración de
traslado correspondiente a través de la Unidad de Carrera Judicial o la Sala
Administrativa Seccional según corresponda (artículo 22 del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010).
En todos los casos las autoridades nominadoras deberán
informar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –Unidad
de Administración de Carrera Judicial–, o Seccional de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva
o Seccional según corresponda, de manera inmediata conforme a la normativa
vigente, sobre la decisión del traslado o listas de elegibles, para que se
realicen las anotaciones respectivas y se ejerza el adecuado control de
movimiento de personal. Con el informe, el nominador deberá allegar copia del
acto administrativo mediante el cual se resuelve la solicitud de traslado, e
indicará la fecha de nombramiento y posesión de los servidores judiciales
sujetos del traslado, a efectos de elaborar la actualización del Registro
Nacional de Escalafón. El nominador deberá tener en cuenta la evaluación de los
factores objetivos de antigüedad, la evaluación de servicios y los resultados
obtenidos en los concursos públicos para el acceso a la Rama Judicial, al momento
de evaluar las solicitudes de traslados de los servidores de carrera (artículo
23 del Acuerdo PSAA10-6837 de
2010).
5.2. Así
las cosas, tratándose de magistrados y jueces de la República las peticiones de
traslado deben ser estudiadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura –Unidad de Administración de Carrera Judicial–, entidad que
debe valorar, cuando las solicitudes sean por razones de salud, documentos
tales como los dictámenes médicos que acreditan el problema de salud del
funcionario o de sus familiares y la recomendación de traslado, la existencia
del certificado de vacancia definitiva del cargo al que se pretende el traslado
y la manifestación expresa del deseo del funcionario de ser trasladado a la plaza
que se encuentra vacante.
El concepto favorable emitido no es vinculante pues la decisión final
sobre quién ocupará el cargo vacante compete al ente nominador. Sin embargo,
sin el aludido concepto, la hoja de vida del funcionario que solicita el traslado
no podrá ser valorada por el ente nominador[67].
Ahora, si bien el concepto emitido no es vinculante para el ente nominador, sí
es un requisito para que el funcionario sea tenido en cuenta a la hora de
elegir quien ocupará la vacante a proveer.
5.3. En relación con la elaboración de los Registros de Elegibles, como
fue indicado en la sentencia T-488 de 2004[68],
estos son conformados por las Salas Administrativas de los Consejos Superior o
Seccionales de la Judicatura, dependiendo del tipo de cargo del que se trate,
con las personas que han superado el concurso de méritos previsto por el
artículo 164 de la Ley 270 de 1996, y de conformidad con los puntajes obtenidos
en el proceso de selección, las sedes territoriales para las que han optado y
sus respectivas especialidades.
Cuando se presenta una vacante definitiva en un cargo, el
correspondiente ente nominador debe comunicar tal situación a las Salas
Administrativas del Consejo Superior o Seccionales de la Judicatura, para que estas,
a más tardar dentro de los tres días (3) siguientes, informen a los aspirantes
que de acuerdo con el Registro de Elegibles pueden ocupar el cargo y han optado
por la sede territorial en la que se encuentra la vacante[69]. Recibida
dicha información, el ente nominador debe realizar el nombramiento del primero
de la lista dentro de los diez días siguientes (artículo 167 de la Ley 270 de
1996).
La inscripción individual en el Registro de Elegibles tiene una
vigencia de cuatro años y los inscritos tienen anualmente la oportunidad de
actualizar sus datos para ser reclasificados, si hay lugar a ello. Igualmente,
los aspirantes a ocupar cargos de carrera en la Rama Judicial pueden optar
hasta por dos sedes territoriales, que pueden cambiar mediante solicitud
escrita y presentada en cualquier tiempo (artículo primero del Acuerdo 1395 de
2002[70]
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y parágrafo del
artículo 165 de la Ley 270 de 1996). Las solicitudes de cambio de sede deben
ser estudiadas y decididas, a más tardar, el último día de los meses de marzo y
septiembre de cada año (artículo segundo del Acuerdo 1395 de 2002).
5.4. Estos son los parámetros generales que rigen los sistemas de
provisión de vacantes de carrera con funcionarios que solicitan su traslado por
razones de salud y con listados de elegibles. Corresponde ahora a la Sala
ocuparse de las reglas que deben seguirse cuando estos dos sistemas concurren.
En la sentencia T-488 de 2004 antes citada, esta Corporación afirmó,
acogiendo la interpretación del numeral 3º del artículo 1º de la Ley 771 de
2002 y la efectuada por la Corte en la sentencia C-295 de 2002[71], que cuando
concurren una solicitud de traslado horizontal y un listado de elegibles, la
elección de quién debe ocupar la vacante debe hacerse atendiendo al mérito y a
las calidades de los aspirantes, cuyas hojas de vida deben ser cotejadas. En
esa ocasión se afirmó:
“Es así como, en concordancia con la sentencia C-295
de 2.002 de esta Corporación, cuando un ente nominador debe elegir entre un
servidor que solicita su traslado y el aspirante que ocupa el primer lugar en
el listado de candidatos conformado para proveer una misma vacante[72],
éste tiene la obligación de cotejar las hojas de vida de las dos personas[73],
previo concepto favorable de la respectiva Sala Administrativa del Consejo
Superior o Seccional de la Judicatura, dependiendo del tipo de cargo[74],
en el caso de la solicitud de traslado.
Además, para realizar esta comparación, es necesario
que el ente nominador evalúe el mérito y las calidades profesionales, tanto en
el ingreso a la carrera, como en el desempeño de las funciones asignadas
(tratándose de los servidores que desean ser traslados), para que con base en
estos criterios objetivos elija al mejor candidato para ocupar el cargo.
En resumen, en tanto el mérito es el único criterio
que debe regir el ingreso, la permanencia y el ascenso en la carrera judicial,
es con base en éste, exclusivamente, que las entidades nominadoras deben elegir
a los servidores que ocuparán las vacantes que surjan en sus respectivas
jurisdicciones, sin importar el sistema o sistemas que se empleen para la
provisión de los cargos”.
No obstante, este Tribunal ha considerado que
esta regla encuentra una excepción en materia de traslados por razones de salud
al considerarse que, en estos casos, es necesario ponderar el derecho a la
salud y la vida del funcionario o de sus familiares frente al derecho a acceder
a cargos públicos en igualdad de condiciones. Al respecto, en la sentencia
T-953 de 2004[75]
la Sala Sexta de la Corporación sostuvo:
“[…] cuando se presenta un enfrentamiento entre un
funcionario de carrera que solicita su traslado por razones de salud y el
primer candidato del listado de elegibles elaborado para proveer la misma
vacante, no basta con una ponderación de las calidades y méritos de uno y otro,
sino que el ente nominador debe también tener en cuenta la situación fáctica en
la que se encuentra quién solicita el traslado por razones de salud, en tanto
en la hipótesis bajo estudio no sólo está en juego la protección del derecho a
acceder a cargos públicos en igualdad de oportunidades, sino también la del
derecho a la salud e incluso, a la vida del funcionario y sus familiares”.
En este orden de ideas, cuando un ente nominador debe elegir entre el
candidato que ocupa el primer lugar en el listado de elegibles elaborado para
la provisión de una vacante determinada, y un funcionario que solicita su
traslado al mismo cargo por razones de salud, debe ponderar no solo los méritos
y calidades de uno y otro, sino también la situación fáctica en que se
encuentran este último y sus familiares.
6. Nombramientos por lista de elegibles vs traslados
de funcionarios de carrera
6.1. En esta oportunidad corresponde a la
Sala establecer si la Unidad de
Administración de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura desconoció los derechos al debido proceso, a la
salud, al trabajo y a la igualdad de la magistrada Claudia Patricia Peñuela
Arce, porque en su criterio, no se publicó en debida forma en la página web de
la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co la vacante creada en el Tribunal
Administrativo de Santander a través del Acuerdo PSAA15-10402 del veintinueve
(29) de octubre de dos mil quince (2015), para que ella pudiera realizar
oportunamente la solicitud de traslado por razones de salud del cargo de
magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar al Tribunal Administrativo de
Santander, para efectos de estar cerca de su familia y facilitar así su
recuperación integral.
6.2. Mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del veintinueve
(29) de octubre de dos mil quince (2015)[76] la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó, entre otros, “[u]n (1) Despacho de magistrado en el
Tribunal Administrativo de Santander, conformado por Magistrado, un (1) cargo
de Auxiliar Judicial grado 1, un (1) cargo de Abogado Asesor grado 23 y un (1)
cargo de Profesional Universitario grado 16” (numeral 14, artículo 86)[77]. [78].
En el enlace correspondiente puede leerse: “Vacantes creadas
mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de Octubre de 2015 (Publicadas en Octubre
de 2015)”; el sistema remite al usuario a otra página en donde aparece un
cuadro de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –Unidad
de Administración de Carrera Judicial–, con todos los “Despachos Creados
Mediante Acuerdo PSAA15-10402 - Con Registro de Elegibles Vigente”. Allí
está enunciado el Tribunal Administrativo de Santander. Y al final se lee la
siguiente nota: “Los despachos creados mediante acuerdo PSAA15-10402 del 29
de octubre de 2015 y cuyo registro se encuentra vencido serán publicados para
efectos de traslado próximamente” [79].
El Acuerdo PSAA10-6837 de 2010 reglamenta lo concerniente a los
traslados de los servidores judiciales[80],
entre ellos, el que se solicita por razones de salud. El Título III del
Acuerdo, en su artículo décimo séptimo (modificado parcialmente por el artículo
tercero del Acuerdo PSAA12-9312 de 2012[81]),
dispone el término y competencia para la solicitud de traslado[82].
En atención a la normativa vigente, y en el caso de la solicitud de
traslado por salud que es el que se discute en la presente acción de tutela, teniendo
en cuenta la publicación de la vacante del cargo de magistrado creada en el
Tribunal Administrativo de Santander mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del
veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015) y que como lo indica el
enlace se realizó y se publicó, dando paso a que los servidores judiciales de
carrera que ocupan en propiedad otras funciones afines de la misma categoría y
para el cual se exijan los mismos requisitos aunque tuvieran distinta sede
territorial, solicitando por escrito, dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles del mes de noviembre del año en mención la solicitud de traslado por
razones de salud.
Así mismo, la oferta del cargo de magistrado del Tribunal
Administrativo de Santander, abrió la posibilidad para que integrantes del Registro
Nacional de Elegibles manifestaran su interés en formar parte de la lista de
candidatos.
La Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura[83]
a través de memorial del diez (10) de marzo de dos mil dieciséis (2016)[84],
dispuso que “[c]omo resultado de dicha publicación, se presentó
manifestación de intención de sede por parte de un integrante del Registro de
Elegibles vigente con quien se formuló la respectiva lista de candidatos
mediante Acuerdo PSAA15-10433 del 9 de diciembre de 2015[85] y una
solicitud de traslado con concepto favorable mediante el oficio CJOFI15-3673
del 19 de noviembre de 2015, que fueron remitidas al Consejo de Estado mediante
el oficio PSA15-4995 para la correspondiente provisión de la vacante”[86].
6.3. La accionante a través de memorial del veintinueve (29) de enero
de dos mil dieciséis (2016), complementado el primero (1) de febrero, dirigido
a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de
Administración de Carrera Judicial–, formuló la solicitud de traslado por salud
aduciendo las razones ampliamente conocidas en el presente trámite de amparo
constitucional[87].
En respuesta a la anterior petición, la Directora de la Unidad[88] el tres (3)
de febrero del mismo año emitió concepto desfavorable de traslado por salud por
la presentación extemporánea de la solicitud[89].
Obtenida la respuesta anterior, la funcionaria remitió
diferentes solicitudes al Presidente del Consejo de Estado[90] el treinta
(30) de enero de dos mil dieciséis (2016)[91],
el primero (1) de febrero[92]
y el diecinueve (19) de febrero, del mismo año, las dos primeras solicitando su
nombramiento en el cargo creado de Magistrado del Tribunal Administrativo de
Santander, y la otra requiriendo su reubicación en el cargo vacante, en
aplicación del Acuerdo 756 de 2000 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura[93].
El siete (7) de marzo de ese mismo año señaló en un
escrito que se había omitido el estudio de reubicación laboral en su caso, presentado
el 19 de febrero de 2016, con antelación a los cargos creados mediante Acuerdo
PSAAQ15-10402 del 29 de octubre de 2015[94].
A las anteriores solicitudes, y durante el trámite de la acción de
tutela, el presidente del Consejo de Estado[95]
a través de memorial fechado el quince (15) de marzo de dos mil dieciséis
(2016), dio respuesta en los siguientes términos: (i) en relación con la
solicitud de reincorporación y reubicación laboral, indicó que “el
procedimiento a seguir debe adelantarse ante la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, –artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por el
artículo 1º de la Ley 771 de 2002 y el Acuerdo 756 de 2000 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura– [señalando los pasos a continuación]”[96].
(ii) Frente a la solicitud de traslado, “en el sentido de continuar
ejerciendo su cargo actual de magistrada, pero en plaza distinta que coincida
con el lugar de residencia de su núcleo familiar, según lo recomendado por
médico tratante –exactamente en el tribunal Administrativo de Santander– debe
estarse a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA10-6837 de 2010, mediante el cual
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamenta los
traslados de los servidores judiciales, e indica que debe adelantarse dicho
trámite ante la Unidad de Administración de carrera Judicial, previo concepto
favorable de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”[97].
Si bien la Sala de Revisión extraña la tardanza del ente nominador en
la respuesta a las solicitudes iniciales de la actora, en la comunicación que
le enviara la Corporación, su Presidente resolvió las inquietudes formuladas
por la accionante.
La
Sala Plena del Consejo de Estado agotó el procedimiento administrativo para
suplir las vacantes en los despachos creados mediante el Acuerdo PSAA15-10402
del veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015), con Registro de
Elegibles vigente, nombrando al doctor Iván Mauricio Mendoza Saavedra, mediante
Acuerdo 034 del primero (1) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en el cargo
de magistrado del Tribunal Administrativo de Santander[98].
En el caso concreto está probado que la solicitud de traslado por salud
de la magistrada Claudia Patricia
Peñuela Arce no se hizo dentro del término reglamentario, es decir, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes
de noviembre de dos mil quince (2015), teniendo en cuenta que la publicación de
las vacantes creadas mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre
de dos mil quince (2015), y que tenían Registro de Elegibles vigente, se realizó
oportunamente, luego de expedido dicho acto administrativo. Ello implicó que la
Unidad de Administración de Carrera Judicial el tres (3) de febrero del mismo año emitiera concepto
desfavorable de traslado por salud, por la extemporaneidad[99].
Hay que aclarar que el Acuerdo PSAA15-10402 crea muchos cargos y despachos
judiciales, y que el listado publicado en la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co[101]
especifica los “Despachos Creados Mediante Acuerdo PSAA15-10402 - Con
Registro de Elegibles Vigente”, incluyendo en la lista al Tribunal
Administrativo de Santander. Es decir, la misma Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura –Unidad de Administración de Carrera Judicial–, está señalando que el cargo de magistrado
del Tribunal Administrativo de Santander se encuentra con Registro de Elegibles
vigente[102].
Pero ello no quería decir que quienes estuvieran ocupando un cargo de
Magistrado en propiedad, no pudieran solicitar su traslado, una vez cumplidas las
condiciones para que el mismo operara.
La accionante interpretó que dicha publicación no aplicaba para efectos
de traslado para el cargo de magistrado en el Tribunal Administrativo de
Santander, expresamente incluido en el listado, entendiendo que debía esperar
una nueva publicación con fundamento en la nota que aparece al final en el
siguiente sentido: “Los despachos creados mediante acuerdo PSAA15-10402 del
29 de octubre de 2015 y cuyo registro se encuentra vencido serán publicados
para efectos de traslado próximamente”.
Ahora bien, la accionante además sostiene que en las vacantes de
funcionarios publicadas en la página de la Rama Judicial en noviembre de dos
mil quince (2015) no se enuncia el cargo de magistrado del Tribunal
Administrativo de Santander, pues solo aparecen los siguientes despachos[103]:
“VACANTES MAGISTRADOS - NOVIEMBRE DE 2015
Sede
Despacho
Vacante de:
Bucaramanga - Santander
Sala Penal
ALBARRACIN POSADA LUIS EDGAR
Pamplona - Norte de Santander
Sala Única
LINDARTE ORTIZ JESUS HERNANDO
Pasto - Nariño
Sala Civil-Familia
LOPEZ CHAVEZ FABIO RAUL
Popayán - Cauca
Sala Civil-Familia
CASTRO GUZMÁN ALBERTO”
Sin embargo, de la lectura del anterior registro se entiende que la
publicación hacía referencia a vacantes de magistrados en despachos ya
existentes en las sedes indicadas, y no a los despachos creados mediante el
Acuerdo PSAA15-10402, cuya publicación se hizo luego de expedido el veintinueve (29) de octubre de dos mil
quince (2015) el acto administrativo de creación de cargos.
Así, la accionante para
efectos de la solicitud de traslado por razones de salud debía guiarse por la
publicación de las “Vacantes creadas mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
Octubre de 2015 (publicadas en octubre de 2015)”, si es que quería optar
por ser trasladada al cargo de magistrada del recién despacho creado en el Tribunal
Administrativo de Santander[104].
6.4. Concluye la Sala que la Unidad de Administración de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no desconoció los
derechos al debido proceso, a la salud, al trabajo y a la igualdad de la
magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, al emitir concepto desfavorable por
razones de salud debido a la extemporaneidad de la solicitud, pues la misma no
se realizó durante los cinco (5) primeros
días hábiles de noviembre de dos mil quince (2015), de acuerdo con la
publicación de vacantes efectuada en octubre del mismo año, luego de la
creación de la vacante del cargo de magistrado en el Tribunal Administrativo de
Santander mediante el Acuerdo
PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015).
Es claro que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la
Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 1º de la Ley 771 de 2002, y
reglamentado por el Acuerdo PSAA10-6837 de 2010, a su vez modificado por el
Acuerdo PSAA12-9312 de 2012, los servidores judiciales en carrera tienen
derecho a ser trasladados por razones de salud a otra sede. Pero el ejercicio
de ese derecho debe someterse al cumplimiento de los requisitos señalados por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo
PSAA10-6837 de 2010, entre ellos, que la petición se formule dentro de los cinco (5) primeros días hábiles
de cada mes, de acuerdo con la publicación de vacantes que efectúe la Unidad de
Carrera Judicial o las Salas Administrativas Seccionales, según su competencia.
Lo anterior, constituye el mecanismo que permite que, en igualdad de condiciones,
los servidores judiciales en carrera puedan presentar sus solicitudes de
traslado a cargos que se encuentren vacantes, y que quienes estén en el
Registro Nacional de Elegibles manifiesten su interés de formar parte de las
listas de candidatos.
En todo caso, una vez llegue esta información
al órgano nominador, y en el evento de que se presente concurrencia de
solicitudes de traslado por salud que llenen los requisitos reglamentarios y la
lista de elegibles para la provisión de un mismo cargo vacante, deberá ponderarse el derecho a la salud y a la
vida del funcionario o de sus familiares frente al derecho a acceder a cargos
públicos en igualdad de condiciones.
La Sala tampoco encuentra que el Consejo de Estado haya vulnerado los
derechos al debido proceso, a la salud, al trabajo y a la igualdad de la accionante,
al nombrar al doctor Iván Mauricio Mendoza Saavedra en el cargo de magistrado
del Tribunal Administrativo de Santander, toda vez que su actuación se basó en
la información allegada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial que
le comunicó la oportuna manifestación de intención de sede por parte del doctor
Mendoza Saavedra, integrante en primer lugar opta por dicho Registro Nacional
de Elegibles vigente y con quien se formuló la respectiva lista de candidatos
mediante el Acuerdo PSAA15-10433 del nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015)[105].
El ente nominador tuvo en cuenta los derechos de carrera judicial que responden
a los postulados constitucionales del mérito como forma de acceder al empleo
público.
Además, debe tenerse presente que si bien la decisión de conceder o no
traslado incumbe a la respectiva autoridad nominadora, en el caso concreto al
Consejo de Estado, corresponde a la Dirección de la Unidad de Administración de
la Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, emitir el respectivo concepto favorable para traslado por salud, de
conformidad con el Acuerdo PSAA13-9958, modificado por el Acuerdo PSAA13-9974
del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013)[106], sin el
cual el órgano nominador no puede proceder a tomar una determinación.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del dieciocho (18) de
marzo de dos mil dieciséis (2016) de la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó la solicitud
de amparo, pero por las razones señaladas en esta oportunidad.
Sin embargo, cabe precisar que la actora acreditó que: (i) sufrió
un accidente cerebro-vascular que derivó en dos (2) cirugías de cerebro
(embolización y craneotomía); (ii) la grave situación de salud hizo que
permaneciera incapacitada inicialmente por tres (3) meses y unos días (desde el
16 de agosto de 2012 hasta el 27 de noviembre del mismo año); (iii) se
reintegró a laborar, pero sufrió una recaída que le ocasionó una nueva
incapacidad a partir del veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013); (iv)
se reintegró a laborar, pero su médico tratante le recomendó trasladarse a la
ciudad de Bucaramanga, donde residen su esposo, su hijo, su madre enferma de
cáncer y todo su núcleo familiar; (v) además de su enfermedad, la
paciente presenta un cuadro de ansiedad y depresión, iniciado un año después de
haber sufrido la ruptura de un aneurisma cerebral; (vi) la prescripción médica es que se produzca el traslado a
su entorno familiar, y (vii) su grave situación de salud está
suficientemente acreditada.
Ante
la grave situación de salud que atraviesa la accionante, la Sala no puede
permanecer ajena y, por ello, procederá a proteger sus derechos a la vida, a la
salud y al trabajo. Para ello ordenará que cuando se presente en el Tribunal
Contencioso Administrativo de Santander una vacante en una magistratura, la
actora tendrá prioridad sobre cualquier otra petición para ocupar cualquiera de
las situaciones administrativas que pudieran presentarse, a saber: (i)
separación temporal del servidor judicial por licencia remunerada, incapacidad
por enfermedad o accidente de trabajo o por el hecho de la maternidad, o suspensión
por medida penal o disciplinaria[107];
(ii) comisión de servicios[108];
(iii) licencia no remunerada[109];
(iv) retiro del servicio por a) renuncia aceptada, b) invalidez absoluta
declarada por la autoridad competente, c) retiro forzoso motivado por la edad,
d) retiro con derecho a pensión de jubilación, e) abandono del cargo, f)
destitución o g) muerte del funcionario; y (iv) creación de cargos de
descongestión o permanentes.
7. Conclusión
La Unidad de Administración
de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura no desconoce los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad de un servidor judicial que solicita traslado por razones de salud,
cuando emite concepto desfavorable debido a la extemporaneidad de la solicitud,
es decir, cuando esta no se realiza dentro de los primeros cinco (5) días
hábiles de cada mes, de acuerdo con las publicaciones de vacantes definitivas
que efectúe la Unidad de Administración de la Carrera Judicial o las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales según corresponda, a través de la
página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co, de conformidad con el inciso primero del
artículo décimo séptimo del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010[110].
El Consejo de Estado no vulnera los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de un servidor judicial al proveer una vacante de un
cargo del cual es nominador, acudiendo a la lista de candidatos conformada por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en atención al Registro
Nacional de Elegibles vigente, y respetando los derechos de carrera judicial
que responden a los postulados constitucionales del mérito como forma de
acceder al empleo público. Sin embargo, cuando una persona esté en graves
condiciones de salud y por prescripción médica se recomiende su traslado a una
sede específica, tendrá prioridad sobre la lista de elegibles, siempre que la
solicitud sea presentada en término.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la sentencia del dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis
(2016) proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó la solicitud de amparo
de la accionante Claudia Patricia Peñuela Arce.
Segundo.-
Adicionar la decisión confirmada en
el sentido de tutelar, el derecho a la vida, a la salud y al trabajo de la
Magistrada Claudia Patricia Peñuela Arce, para que en el futuro, cuando se
presente una situación administrativa de las descritas en esta providencia, se
ordene su traslado con prioridad sobre cualquier otra solicitud, cuando se
presente una vacancia definitiva o se cree un cargo en descongestión o
permanente. Igualmente si se presenta una vacancia temporal, su traslado debe operar,
conforme la prescripción de su médico tratante. Lo anterior, siempre que la solicitud sea presentada en
término.
Tercero.- LÍBRESE por Secretaría General las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La demanda obra a folios 1 al 12.  En adelante, los folios a que se
haga referencia corresponderán al cuaderno principal a menos que se señale otra
cosa.
[2] A folios 13 y 14 obra fotocopia del Acuerdo No. 029 del
veinticuatro (24) de mayo de dos mil seis (2006) por el cual se confirma el
nombramiento en propiedad de la doctora Claudia Patricia Peñuela Arce como Juez
Octava del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, y a folio 15 obra
el acta de posesión en el cargo con fecha del primero (1) de junio del mismo
año.
[3] A folio 16 obra fotocopia del certificado expedido por el Coordinador
del Área de Talento Humano de la Rama Judicial de Cartagena, con fecha del doce
(12) de febrero de dos mil quince (2015), en el que se lee que la accionante
labora en la Rama Judicial en propiedad como magistrada grado 00 del despacho 4
del Tribunal Administrativo de Bolívar desde el veinticinco (25) de enero de
dos mil doce (2012). A folio 17 obra fotocopia de un documento emanado de la Unidad
de Administración de Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, en donde se indica que la doctora Claudia Patricia
Peñuela Arce integraba el primer orden del listado de integrantes de los
Registros de Elegibles con los resultados de la reclasificación de dos mil once
(2011), en el marco de la Convocatoria 13 de dos mil dos (2002), para el cargo
de magistrada del Tribunal Administrativo, con vigencia desde el veintiséis
(26) de abril de dos mil once (2011) y con un puntaje total de 811,17.
[4] Folio 17.
[5] A folios 18 al 30 aparece fotocopia del registro clínico de la
Promotora Bocagrande S.A. en donde se describe el ingreso al servicio de
urgencias de la accionante el dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012) y
el egreso del veintiséis (26) del mismo mes y año con diagnóstico de cefalea
R51X.
[6] A folio 31 aparece fotocopia del concepto de atención psiquiátrica de
la accionante en donde se lee: “Paciente […], quien viene bajo tratamiento
psiquiátrico desde el 26/09/2013, por presentar cuadro sintomático de ansiedad
y depresión, iniciado un año después de haber sufrido ruptura de un aneurisma
cerebral, pero sin relación directa con este evento, sino, con factores
directamente relacionados con estrés laboral, sin la posibilidad de un adecuado
apoyo al desarrollarse el proceso lejos de su tierra natal y de su nicho
familiar. || Ante la imposibilidad de reducir la carga exagerada, y mientras se
desarrollaba el proceso de atención y rehabilitación psicosocial se ha
mantenido bajo incapacidad médica, en concordancia con el concepto del
neurocirujano tratante. El enfoque psicoterapéutico ha sido integral, orientado
durante todo el proceso a la reintegración laboral. || En concordancia se le
recomendó regresar a su ciudad de origen para que la recuperación ocurriera
cerca al núcleo familiar y a su red de apoyo social; […]. || Teniendo en cuenta
que por su evolución se ha demostrado que la patología presentada estuvo
determinada por alto nivel de estrés laboral, experimentado durante su
desempeño en la ciudad de Cartagena, y que viviendo cerca a su familia se ha
notado una respuesta significativa a las diferentes intervenciones
terapéuticas, evidenciado por la remisión de síntomas; actualmente se le ha
recomendado hacer la gestión para reintegrarse laboralmente en su ciudad de
origen (Bucaramanga), con el objetivo que la recuperación de su salud sea
integral, continua, y cerca del medio ambiente familiar”. El concepto está
firmado por el médico psiquiatra Christian Ayola Gómez de la Unidad de Salud
Mental de CEMIC, con fecha del veinte (20) de enero de dos mil dieciséis
(2016).
[7] Folio 36. En dicho documento no aparece fecha ni de elaboración ni de
publicación.
[8] A folio 56 obra fotocopia de una constancia de la evolución médica de
Claudia Peñuela Arce con fecha del veintiséis (26) de enero de dos mil
dieciséis (2016), en donde se lee: “IDX 1.- Trastorno de ansiedad controlado.
2.- Cefalea crónica diaria contralada. || I/Paciente con antecedentes de
sangrado intracerebral por ruptura malformación arteriovenosa mas craneotomía
para drenaje de hematoma subdural agudo. Las cefaleas son desencadenadas por el
stress con componente tensional. Por antecedentes de enfermedad neurológica
mayor, persisten secuelas dadas por alteración de campos visuales
(cuadrantanosia homónima izquierda), lo cual limita, parcialmente, a la
paciente para la lecto-escritura y poder caminar en superficies con desnivel
(ej: escaleras). No existe contraindicación para reintegrarse a actividades
laborales de su profesión (abogada), preferiblemente cercana a su núcleo familiar”.
El documento está suscrito por el médico Juan Carlos Benedetti Isaac de la
empresa Colsanitas.
[9] Folios 57 al 62.
[10] A folios 57 al 61 obra fotocopia del derecho de petición
referido bajo el asunto de “Solicitud traslado por salud”, con fecha de
recibido en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura del
veintinueve (29) de enero de dos mil dieciséis (2016).
[11] Doctora María Claudia Vivas Rojas.
[12] Folios 100 al 101. En dicha respuesta se lee: “El Acuerdo No.
PSAA10-6837 de 2010, “Por el cual se reglamentan los traslados de los
servidores judiciales”, que tiene su fundamento en los artículos 134 y 152
numeral 6º de la Ley 270 de 1996, determina como uno de los presupuestos
necesarios para la emisión de los conceptos favorables de traslado, la
existencia de una vacante definitiva, la cual debe ser ofertada como mecanismo
de publicidad, transparencia e igualdad, en los términos del artículo 17 del
Acuerdo No. PSAA10-6837 de 2010. || Así las cosas, el referido Acuerdo
reglamentario, en especial el artículo 17, expresa que las solicitudes de
traslado deberán efectuarse dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de
cada mes, de acuerdo con las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial o las Salas Administrativas
de los Consejos Seccionales según corresponda, a través de la página web de la
Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co. || […]. || Por
consiguiente, su solicitud de traslado y su adición que fueron recibidas en la
oficina de correspondencia externa de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura los días 29 de enero y 1º de febrero de 2016, se
encuentran fuera de los términos establecidos en el referido Acuerdo No.
PSAA10-6837 de 2010, de suerte que la misma es extemporánea…”.
[13] Folio 37.
[14] Folio 36.
[15] A folio 102 obra la recomendación médico-laboral emitida por la médica
Mónica Gutiérrez Donado con fecha del nueve (9) de febrero de dos mil dieciséis
(2016). En dicho documento se lee: “En este caso particular, y una vez
confrontada la documentación médica aportada, por indicación expresa del
Neurocirujano tratante, se recomienda: || Realizar sus actividades laborales
como Abogada, “preferiblemente cercana a núcleo familiar”. || Evitar
desplazamientos en terrenos con desniveles. || Al subir o bajar escaleras
estructurales utilizar pasamanos. || No conducir vehículos automotores. ||
Realizar pausas activas de cinco (5) minutos cada dos (2) horas. || Término de
la solicitud un (1) año”.
[16] Debe precisarse que la acción de tutela inicialmente fue
presentada ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá, organismo que decidió su remisión al Consejo de Estado
por auto del diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016) (folio 104).
Dicho auto fue recurrido por la accionante sin que se observe en el expediente
decisión a dicha petición (folios 107 al 111). Repartido el expediente en el
Consejo de Estado, se ordenó remitirlo al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en aplicación del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de
2000 y considerando que “[s]i bien la parte actora solicita vincular al Consejo
de Estado a la presente actuación, el despacho observa que [la] Corporación no
ha desplegado ninguna actuación ni proferido decisión alguna sobre los hechos
sustento de la solicitud de tutela, y siendo así, no hay mérito para vincularlo
como parte dentro del proceso” (folio 117).
[17] Folios 125 y 125.
[18] Folio 126.
[19] Refirió alteración en los campos visuales (folio 149).
[20] Folio 147.
[21] Se refiere a las solicitudes dirigidas al presidente del Consejo de
Estado, doctor Danilo Rojas Betancourth, fechadas el treinta (30) de enero de
dos mil dieciséis (2016), asunto: solicitud de nombramiento en provisionalidad
en el cargo vacante de magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de
Santander (folios 182 y 185); el primero (1) de febrero, asunto: adición
solicitud de nombramiento en provisionalidad en el cargo vacante de magistrado
del Tribunal Contencioso Administrativo de Santander (folios 186 al 188); el
diecinueve (19) de febrero, asunto: solicitud de reincorporación y reubicación
en el cargo vacante magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de
Santander, en aplicación del Acuerdo 756 de 2000 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura (folios 171 al 176); y el siete (7) de marzo,
asunto: “Derecho de petición a resolverse junto a las solicitudes de traslado
en los cargos de magistrados de Tribunales Administrativos atendiendo a que se
omitió el estudio de reubicación laboral de Claudia Patricia Peñuela Arce
presentado el 19 de febrero de 2016, con antelación a la provisión de cargos
creados mediante Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015” (folios 158 al
169).
[22] Señaló que las peticiones dirigidas al Consejo de Estado fueron
coadyuvadas por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPASST
No. 001 del veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016) de
Cartagena (folios 177 al 179), en el siguiente sentido: “8. En consideración a
lo anterior, aunado a que existe el cargo vacante en la ciudad de Bucaramanga y
la recomendación de los médicos tratantes en especial de MEDICINA LABORAL por
salud ocupacional, este COMITÉ PARITARIO decide por UNANIMIDAD RECOMENDAR
COADYUVAR para ante el H. Consejo de Estado la reubicación urgente de la
magistrada CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE en el cargo vacante en la ciudad de
Bucaramanga, en aras de salvaguardar sus derechos a la salud, vida, vida en
condiciones dignas, trabajo, estabilidad laboral reforzada, entre otros”
(mayúsculas originales) (folios 148 y 149). Asimismo, expuso que el Director
Seccional de Administración Judicial de Bolívar (doctor Hernando Darío Sierra
Porto), con oficio del veintinueve (29) de febrero de dos mil dieciséis (2016),
también coadyuvó su reubicación laboral en el Tribunal Administrativo de
Santander, “en cumplimiento de sus deberes y en especial del consignado en la
Circular Interna DEAJ14-103 de fecha 14 de septiembre de 2014 de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, ‘en la que dispone que es esa dependencia
la encargada de acompañar a los funcionarios o empleados que deban ser
reincorporados o reubicados cuando haya concepto favorable de rehabilitación y
no se ha concedido pensión de invalidez, como es el caso de la mencionada
funcionaria judicial’” (el oficio obra a folios 180 y 181). La circular
mencionada obra a folios 153 al 156.
[23] A folio 170 obra fotocopia de la historia clínica de la accionante con
fecha del veintiséis (26) de enero de dos mil dieciséis (2016), y suscrita por
el médico Juan Carlos Benedetti Isaac (Neurocirugía – Cirugía Estereotáctica).
En dicho documente se lee: “Informe de neuropsicología: síndrome de deterioro
cognoscitivo moderado a grave con predominio de disfunción ejecutiva
(compromiso de la memoria a corto plazo/memoria de trabajo, disfunción ejecutiva,
déficit visiconstruccionales y visoespaciales, síndrome depresivo ansioso…”.
“Paciente con
antecedentes de sangrado intracerebral por ruptura malformación arteriovenosa
más craneotomía para drenaje de hematoma subdural agudo. Las cefaleas son desencadenadas
por el stress con componente tensional. Por antecedentes de enfermedad
neurológica mayor, persisten secuelas dadas por alteración de campos visuales
(cuadrantanosia homónima izquierda), lo cual limita, parcialmente, a la
paciente para la lecto-escritura y poder caminar en superficies con desnivel
(ej. Escaleras). No existe contraindicación para reintegrarse a actividades
laborales de su profesión (abogada), preferiblemente cercana a núcleo
familiar”. En el apartado correspondiente al PLAN se indica que la paciente
tuvo una incapacidad laboral desde el “01-02-2015 hasta el 01-03-2016” y que se
continua seguimiento por psiquiatría (folio
207).
[24] A folio 207 obra fotocopia de una constancia acerca de la evolución
actualizada de la accionante suscrita por el médico especialista en
psiquiatría, doctor Christian Ayola Gómez) el ocho (8) de marzo de dos mil
dieciséis (2016). En ella se refiere que se encuentra “bajo tratamiento
psiquiátrico desde el 26/09/2013, por presentar cuadro sintomático de ansiedad
y depresión, iniciado un año después de haber sufrido ruptura de un aneurisma
cerebral, pero sin relación directa con este evento, sino, con factores
directamente relacionados con el estrés laboral, sin la posibilidad de un
adecuado apoyo familiar”. Se refiere en el documento que se reintegró a su cargo
el primero (1) de marzo de dos mil dieciséis (2016) “con la expectativa de ser
reubicada cerca del núcleo familiar, de acuerdo con las recomendaciones de los
médicos especialistas en psiquiatría y neurocirugía que [que la han tratado]
hasta lograr su recuperación, su rehabilitación, y su reintegración
condicionada para evitar que los altos niveles de estrés logren de nuevo
reactivar la condición patológica vascular cerebral por su referida
vulnerabilidad estructural…”.
[25] Folio 210.
[26] Doctor Jorge Octavio Ramírez.
[27] El Acuerdo referido obra a folio 23 del cuaderno de revisión.
[28] Folios 136 y 137).
[29] Doctora María Claudia Vivas Rojas.
[30] Folio 140.
[31] Siguiendo las instrucciones indicadas por la funcionaria en su
respuesta, se ubica en la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co un cuadro
que describe los despachos creados mediante el Acuerdo PSAA15-10402 “con
registro de elegibles vigente”, en donde se incluye el Tribunal Administrativo
de Santander. Al final aparece la siguiente nota: “Los despachos creados
mediante acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y cuyo registro se
encuentra vencido serán publicados para efectos de traslado próximamente”. Ver
folio 13 del expediente de revisión.
[32] Folios 144 al 146.
[33] Folios 140 (reverso) al 142.
[34] Folio 140.
[35] Folios 230 y 231.
[36] Folios 233 al 244.
[37] Al respecto, argumentó: “La vacante se produjo por la creación del
cargo según Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y su publicación se
realizó en una página web de la Rama Judicial dentro del término previsto en el
artículo 17 del Acuerdo PSAA10-6837 del 17 de marzo de 2010. || Lo anterior se
verifica con la sola consulta electrónica en el siguiente link: https://ramajudicial.gov.co/documents/7227621/7343308/C18-VAC-1115-4.pdf/1667a946-4529-421d-96d0-299202b91bd5
publicado desde noviembre de 2015. || No se considera que la nota explicativa
contenida al final de esa publicación, en cuanto a que estos despachos cuyo
registro se encuentre vencido serán “publicados para efectos de traslado con
posterioridad”, implique una nueva y posterior publicación para las
solicitudes de traslado en todos los casos, puesto que esa no era la situación
del cargo, ante la vigencia del registro. Es decir que esa anotación no creó
siquiera una expectativa respecto de posibilidad futura de solicitar un
traslado para el cargo, lo cual habría contrariado el término reglamentario,
dado que los cinco días hábiles para la presentación de la solicitud de
traslado corrieron hasta el 9 de noviembre de 2015. || Además, para la misma
época de esa publicación, todos los aspirantes del registro de elegibles
manifestaron expresamente su opción de sede y al menos otros diez funcionarios
judiciales solicitaron traslado horizontal a los diversos cargos creados con el
mismo acto del 29 de octubre de 2015. || La Sala destaca que el debido proceso
en la actuación para definir la provisión de la vacante en un cargo de
funcionario judicial, involucra también los principios de igualdad e
imparcialidad propios de la función pública, de modo que la modificación
injustificada en alguna de las etapas o formas tendientes a garantizarlos,
tiene repercusiones en los derechos fundamentales de los aspirantes” (folio
241, reverso).
[38] Folio 241 (reverso).
[39] Folio 299.
[40] Folio 295.
[41] Folios 258 y 259.
[42] Folio 308. A través de memorial posterior, con fecha del catorce (14)
de septiembre de dos mil dieciséis (2016), explicó que “[a]nte la mora evidente
en el plazo razonable para decidir la presente acción de tutela, [se vio]
precisada a desistir de la impugnación, porque resultan más sacrificados [sus]
derechos si se continúan declarando impedidos uno a uno los H. Consejeros de
Estado para después designar conjueces, pues sigue transcurriendo el tiempo con
grave peligro y amenaza a tales derechos fundamentales...” (folio 312). En esa
oportunidad indicó que la plaza de magistrado del Tribunal Administrativo de
Santander ya había sido ocupada por el doctor Iván Mauricio Mendoza (folio
316). Anexó fotocopia de la historia clínica por psiquiatría suscrita por la
médica Candelaria Rambal Pastor de la EPS Sanitas (folio 320) y del certificado
médico psiquiátrico del doctor Christian Ayola Gómez (folio 321); fotocopia de
la solicitud de vacaciones realizada ante el Consejo de Estado (folios 339 al
342); fotocopia del Acuerdo No. 152 de 2016 emanado de la Sala de Gobierno del
Consejo de Estado, a través del cual se concede “licencia no remunerada por el
término de tres (3) meses a partir del 8 de julio de 2016, a la doctora Claudia
Patricia Peñuela Arce, magistrada del tribunal Administrativo de Bolívar, con
el fin de atender asuntos de carácter personal” (folio 322); fotocopia del
examen médico ocupacional de la Rama Judicial del nueve (9) de agosto de dos
mil dieciséis (2016) (folios 323 y 324); y fotocopia de los diferentes
memoriales radicados ante el Consejo de Estado (folios 325 al 338).
[43] “Por la cual se modifica el artículo 134 y el numeral 6 del artículo
152 de la Ley 270 de 1996”, en lo que tiene que ver con la figura del traslado.
[44] “Por el cual se reglamentan los traslados de los servidores
judiciales”.
[45] Doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[46] Doctora María Claudia Vivas Rojas.
[47] Folio 23 del expediente de revisión.
[48] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”.
[49] “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
[50] Sentencia T-827 de 2003
(M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[51] Sobre la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, resultan relevantes las sentencias T-225 de 1993 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa) en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la
materia, que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior;  T-1670 de
2000 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),  SU-544 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), SU-1070 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-827 de 2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), T-698 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) y
C-1225 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[52] En este sentido, pueden
consultarse las sentencias T-526 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-016 de
2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), T-905 de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-1084 de 2006
(M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-1009 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández),
T-792 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de 2007 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa),  T-243 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-594
de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva),  T-299 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-265 de 2009 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto),  T-691 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-883 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-328 de 2010
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), entre muchas otras.
[53] Folios 100 al 101. En dicha respuesta se lee: “El Acuerdo No.
PSAA10-6837 de 2010, “Por el cual se reglamentan los traslados de los
servidores judiciales”, que tiene su fundamento en los artículos 134 y 152
numeral 6º de la Ley 270 de 1996, determina como uno de los presupuestos
necesarios para la emisión de los conceptos favorables de traslado, la
existencia de una vacante definitiva, la cual debe ser ofertada como mecanismo
de publicidad, transparencia e igualdad, en los términos del artículo 17 del
Acuerdo No. PSAA10-6837 de 2010. || Así las cosas, el referido Acuerdo
reglamentario, en especial el artículo 17, expresa que las solicitudes de
traslado deberán efectuarse dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de
cada mes, de acuerdo con las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial o las Salas Administrativas
de los Consejos Seccionales según corresponda, a través de la página web de la
Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co. || […]. || Por
consiguiente, su solicitud de traslado y su adición que fueron recibidas en la
oficina de correspondencia externa de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura los días 29 de enero y 1º de febrero de 2016, se
encuentran fuera de los términos establecidos en el referido Acuerdo No.
PSAA10-6837 de 2010, de suerte que la misma es extemporánea…”.
[54] Sentencia
T-803 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
[55] Sentencias T-742 de 2002
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-441 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett) y T-606 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.
[56] Sentencia SU-622 de 2001
(M.P. Jaime Araujo Rentería).
[57] Sentencias C-543 de 1992
(M.P. José Gregorio Hernández), T-567 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-511 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), SU-622 de 2001 (M.P. Jaime
Araujo Rentería), T-108 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-200 de 2004
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández), entre otras.
[58] Sentencia
T-972 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[59] Sentencias T-315 de 2000
(M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-626 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis), T-585 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-822 de 2002 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil) y T-972 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), entre otras.
[60] Al respecto en la
sentencia T-580 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se indicó que “[l]a
aptitud del medio judicial alternativo, podrá acreditarse o desvirtuarse en
estos casos, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes aspectos: i) el
objeto de la opción judicial alternativa y ii) el resultado previsible de
acudir a ese otro  medio de defensa judicial.  El juez  constitucional deberá
observar, en consecuencia, si las otras acciones legales traen como resultado
el restablecimiento pleno y oportuno de los derechos fundamentales
vulnerados en la situación puesta en su conocimiento, evento en el que, de
resultar afirmativa la apreciación, la tutela resultará en principio
improcedente. A contrario sensu, si el juez determina que el mecanismo de
defensa judicial aparentemente preeminente no es idóneo para restablecer los
derechos fundamentales vulnerados, la tutela puede llegar a ser procedente”
(negrillas fuera de texto).
[61] Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[62] Ver las sentencias T-947 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo) y T-396 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[63] En esta línea argumentativa se siguen de cerca las sentencias T-953 de
2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-588 de 2010 (M.P. María Victoria
Calle Correa), en las que se estudiaron problemas referentes a si la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura desconoció derechos
fundamentales, entre ellos, el debido proceso y la igualdad, de unos ciudadanos
al realizar unos traslados por razones de salud sin tener en cuenta los
derechos de quienes ocuparon el primer lugar en el listado de elegibles
conformado para proveer las plazas. En la sentencia T-588 de 2010, correspondió
a la Sala Primera de Revisión establecer si la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura desconoció los derechos al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a cargos públicos de una ciudadana, al proveer una vacante
de magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
de Bolívar, ordenando el traslado horizontal de un magistrado (de Nariño a
Bolívar), con fundamento en la salud de una hija menor de edad de dicho
magistrado, pese a que quien había solicitado previamente ser designada ocupaba
el primer lugar en la lista de elegibles. La Sala negó el amparo solicitado al
considerar que la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de trasladar
al funcionario judicial de la sede de Pasto a la sede Bolívar resultó razonable
y adecuada, principalmente, en aras de proteger la salud en conexidad con la
vida y la dignidad de su hija menor de edad, teniendo en cuenta que padecía una
enfermedad degenerativa que la ubicaba en una condición especial de
vulnerabilidad que implicaba una protección reforzada. También en la sentencia
T-396 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) fue estudiado el caso de un
funcionario judicial que solicitaba traslado a una nueva sede por motivos de
salud. En otras sentencias la Corporación se ha pronunciado acerca de la
concurrencia entre una solicitud de traslado por causas diferentes a la salud y
una lista de elegibles para proveer un mismo cargo vacante. Ver las sentencias
T-488 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-947 de 2012 (M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
[64] “Por el cual se reglamentan los traslados de los servidores
judiciales”.
[65] Aunque debe tenerse en cuenta que a través del Acuerdo PSAA13-9974 del
veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013), “Por medio del cual se
modifica el Acuerdo PSAA13-9958 de 2013”, se dispuso: “ARTÍCULO PRIMERO.
Modificar el artículo 1° del Acuerdo PSAA13-9958 del 18 de julio de 2013, el
cual quedará así: || Delegar en la Dirección de la Unidad de Administración de
la Carrera Judicial la función [de] emitir concepto sobre los traslados de
carrera, recíprocos, por razones de salud y por razones del servicio de los
magistrados, jueces y empleados judiciales de tribunales y juzgados, en los
cuales exista un criterio definido de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, cuando se trate de solicitudes cuya competencia esté
atribuida a ésta, en los términos del Acuerdo PSAA10-6837 de 2010. Así mismo,
se delega la resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra
dichas decisiones y de apelación contra las que profieran las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, según su competencia”.
[66] Al respecto, el artículo 8º del Acuerdo 3837 de 2010 establece:
“Requisitos: Los dictámenes médicos que reflejan las condiciones de salud
(diagnóstico médico y recomendaciones de traslado), deberán ser expedidos por
la Entidad Promotora de Salud (EPS - IPS) o Administradora de Riesgos
Profesionales (A.R.P) a la cual se encuentre afiliado el servidor. Cuando se
trate de su cónyuge, compañero o compañera permanente, descendiente o
ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil, según corresponda,
también se aceptará el dictamen médico que provenga del Sistema de Seguridad
Social en Salud. Los dictámenes médicos no deberán tener fecha de expedición
superior a tres (3) meses. || Igualmente, si el diagnóstico proviene de un
médico particular éste deberá ser refrendado, por la EPS o por la
Administradora de Riesgos Profesionales de la Rama Judicial cuando se trate de
una enfermedad profesional del servidor”.
[67] Ver la sentencia C-295 de 2002 (M.P. Álvaro Tafus Gálvis).
[68] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esa ocasión le correspondió a la
Sala Sexta de la Corte Constitucional determinar si se habían vulnerado los
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de un ciudadano con la actuación del Tribunal
Superior de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, y de las Salas Administrativas del
Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y del Consejo Superior de la
Judicatura, al evaluar y aceptar la solicitud de traslado de un funcionario del
cargo de Juez Promiscuo Municipal de Socha, Boyacá, al cargo de Juez Promiscuo
Municipal de Tutazá, Boyacá, sin tener en cuenta que el accionante, ya habiendo
superado el concurso de méritos para ingresar a la carrera judicial, en fecha
previa había optado por la misma plaza y había entrado a ocupar el primer lugar
en el listado de elegibles conformado para proveerla. Luego de analizar los
sistemas para la provisión de cargos de carrera judicial: traslados y
elaboración de listados de elegibles, resolvió conceder la tutela para la
protección del derecho al debido proceso del accionante al verificar el actuar
negligente de la administración al no remitir al respectivo ente nominador el
listado de elegibles conformado antes de la presentación de la petición de
traslado, para que aquél examinará la hoja de vida del accionante, como
aspirante que ocupaba el primer lugar en el listado de elegibles, junto con la
del servidor que requirió el traslado. Como puede observarse en esa oportunidad
el caso concreto comprendía un enfrentamiento entre la solicitud de traslado de
un funcionario de carrera de acuerdo con el numeral 3º del artículo 1º de la
Ley 771 de 2002, y el derecho de quién ocupaba el primer lugar en el listado de
elegibles elaborado para la provisión de un mismo cargo.
[69] Al respecto, debe tenerse en cuenta el Acuerdo PSAA08-4536 de 2008
“Por medio del cual se reglamenta el parágrafo del artículo 165 de la Ley 270
de 1996 y se dictan otras disposiciones relacionadas con la actualización de
los registros de elegibles y listas de candidatos para los cargos de carrera de
funcionarios judiciales”, en cuyo artículo segundo se establece: “DETERMINACIÓN
Y PUBLICACIÓN DE SEDES Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
ocurrencia de una vacante definitiva, la autoridad nominadora correspondiente,
lo informará a la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura y a la del respectivo Consejo Seccional. || Por su parte, las
Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en
ejercicio de sus funciones, tienen la obligación de reportar en los formatos
diseñados al efecto, a la Presidencia de esta Sala, las vacantes que les hayan
sido comunicadas por las autoridades nominadoras en el ámbito de su competencia
territorial. || De igual manera, las Direcciones Seccionales de Administración
Judicial, en ejercicio de sus funciones, y como quiera que en las respectivas
oficinas de Recursos Humanos o las que hagan sus veces, se reportan todas las
novedades de personal, tienen la obligación de comunicar en forma inmediata a
esta Sala, las novedades administrativas relacionadas con el retiro y posesión
en propiedad de los funcionarios vinculados a despachos judiciales ubicados en
su circunscripción territorial. || Definidas las sedes donde se presenten
vacantes definitivas, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial,
publicará, a través de la página web de la Rama Judicial
(www.ramajudicial.gov.co), durante los cinco (5) primeros días hábiles de cada
mes, las sedes que correspondan a los despachos donde se presenten las vacantes
definitivas, indicando las categorías y especialidades de los cargos, con el
fin de que los integrantes del Registro de Elegibles manifiesten su interés en
formar parte de las listas de candidatos. || La publicación de sedes de
Distrito Judicial se hará previo concepto de la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico, en el que se indique si la plaza vacante se encuentra o no en un
programa de reordenamiento judicial. || De manera adicional, a título
informativo, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, comunicará por
correo electrónico, a los integrantes de los respectivos Registros de
Elegibles, las sedes donde exista vacante, siempre que lo hayan registrado en
la citada Unidad. || PARÁGRAFO. La publicación de la que trata éste Artículo,
se hará también con el fin de que los funcionarios de carrera puedan solicitar
traslado en la forma y términos señalados en el correspondiente reglamento”.
[70] Por medio del cual se reforma el Acuerdo 196 de 1997, reglamentario
del artículo 165 de la Ley 270 de 1996, en cuanto a la actualización de los
Registros de Elegibles.
[71] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[72] Esta Corporación en numerosas ocasiones ha sostenido que cuando se
emplea un listado de elegibles para proveer un cargo de carrera judicial, quien
debe ser nombrado en la respectiva plaza es quien, de conformidad con los
puntajes obtenidos en el concurso de méritos, ocupa el primer lugar. Ver entre
otras sentencias: SU-136 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández), T-388 de 1998
(M.P. Fabio Morón Díaz), T-396 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), SU-086
de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), SU-961 de 1999 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa), T-624 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-451 de 2001
(M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y SU-613 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett).
[73] En la sentencia C-295 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) se estableció: “Cabe precisar sin embargo que para no
contrariar el principio de igualdad (art. 13 C.P.) y el principio del mérito que orienta la carrera judicial (art 125 C.P.) debe ser este último principio el
que rija la aplicación de la norma que se introduce en la Ley Estatutaria y que
en consecuencia tanto la posibilidad de aceptar la solicitud del o los
interesados, como, si es del caso, la selección de la persona que pueda ser
trasladada, deberá tomar en cuenta los méritos de cada uno tanto en relación
con sus condiciones de ingreso a la carrera judicial, como en el desempeño de
su función. En este sentido no escapa a la Corte la necesidad de hacer
prevalecer el derecho a acceder a la carrera judicial de quien en el concurso
de méritos respectivo obtuvo, a título de ejemplo, un puntaje total de 600,
frente al derecho al traslado de un servidor judicial que al momento de
ingresar a la carrera obtuvo, igualmente a título de ejemplo, un puntaje total
de 300”.
[74] El parágrafo primero del artículo 16 del Acuerdo 2581 de 2002 de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispone: “Cuando se
trate de empleados cuyas sedes están adscritas a un mismo consejo seccional de
la judicatura, la solicitud de traslado corresponde a la sala administrativa
del consejo respectivo, emitir el concepto pertinente (sic)”. Por su parte, el
parágrafo segundo de esta misma norma establece: “Cuando se trate de empleados
cuyas sedes estén adscritas a diferentes consejos seccionales de la judicatura,
el concepto corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura”. Por último, el artículo 17 ibídem señala: “En los asuntos de
competencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
presentada la solicitud, la Unidad de Carrera Judicial efectuará la evaluación
respectiva y, si lo considera pertinente, podrá solicitar concepto a las salas
administrativas de los consejos seccionales de la judicatura respectivos”.
[75] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esa ocasión correspondió a la Sala
Sexta de Revisión determinar si los derechos fundamentales a la igualdad, al
trabajo, al debido proceso y al acceso al desempeño de funciones y cargos
públicos de un ciudadano fueron vulnerados por las entidades demandadas al
evaluar y aceptar la solicitud de traslado de un funcionario judicial al cargo
de Juez Promiscuo Municipal de Villanueva, sin tener en cuenta que el
accionante ocupaba el primer lugar en el listado de elegibles conformado para
proveer la misma plaza. En esa ocasión se produjo un enfrentamiento entre un
traslado por razones de salud y un listado de elegibles, por lo que la sala
abordó el numeral 1º de la disposición en mención, como fue anunciado en
apartes previos. Concluyo: “[…] es claro que existió una vulneración del
derecho al debido proceso de Hernando Méndez Rangel, por cuanto no se surtieron
adecuadamente las etapas que debían conducir al nombramiento del nuevo Juez
Promiscuo Municipal de Villanueva. Sin embargo, dicha vulneración no implica
que aquél fuera quien debía ser nombrado en el referido cargo, pues la elección
de la persona que debe ocupar un cargo de carrera debe ser precedida por una
ponderación de las calidades, méritos y situaciones fácticas de los aspirantes.
|| En esa medida, considera la Sala que la decisión correcta es ordenar al
Tribunal Superior de San Gil efectuar de nuevo la elección de la persona idónea
para desempeñar el citado cargo, previo estudio de las hojas de vida y
situaciones fácticas de todos los aspirantes que todavía deseen acceder a él,
incluyendo al peticionario y al Dr. Sanmiguel. || No obstante, lo anterior no
debe significar un desconocimiento de los derechos de Julio Cesar Sanmiguel
como funcionario de carrera judicial en caso de no confirmarse su nombramiento,
toda vez que las irregularidades que antecedieron su traslado no son atribuibles
a él. Así las cosas, la Sala ordenará a las autoridades administradoras de la
carrera que de ser elegida otra persona para ocupar el aludido cargo, garantice
al Dr. Sanmiguel su permanencia en la Rama Judicial, en un cargo se similares
características a las de aquél que venía desempeñando”.
[76] “Por el cual se crean con carácter permanente; trasladan y transforman
unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional”.
[77] El Acuerdo mencionado puede ser consultado en http://www.asojudiciales.org/wp-content/uploads/2015/11/PSAA15-10402-1.pdf.
[78] En la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co, enlace carrera judicial/traslados, se
ubica el siguiente pantallazo referente a “Traslados Servidores Judiciales”.Ver https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/traslados.
[79] Folio 13 del expediente de revisión.
[80] El Acuerdo obra a folios 18 al 20 del expediente de revisión.
[81] El Acuerdo obra a folios 21 y 22 del expediente de revisión.
[82] En el artículo 3 del Acuerdo PSAA12-9312 de 2012 se establece
lo siguiente: “Término y Competencia para la solicitud de traslado: Los
servidores judiciales en carrera, deberán presentar por escrito, las
correspondientes solicitudes de traslado como servidor de carrera, salud y
razones del servicio, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada
mes, de acuerdo con las publicaciones de vacantes definitivas que efectúe la
Unidad de Administración de la Carrera Judicial o las Salas Administrativas de
los Consejos Seccionales según corresponda, a través de la página web de la
Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.
Las solicitudes de traslados recíprocos y de seguridad, podrán presentarse en
cualquier momento siempre que se alleguen todos los requisitos exigidos. Las
solicitudes de traslado presentadas por Magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional con excepción de las de seguridad, deberán dirigirse y presentarse en
la Unidad de Administración de la Carrera Judicial para el respectivo trámite y
concepto ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Cuando se trate de servidores judiciales cuyas sedes estén adscritas a un mismo
Consejo Seccional de la Judicatura, la solicitud de traslado como servidor de
carrera, de salud y recíprocos deberá allegarse en el mismo término referido en
párrafos anteriores, ante la Sala Administrativa Seccional, para el
correspondiente concepto. Tratándose de solicitudes de traslado para los cargos
de empleados, deberá observarse para la emisión de concepto favorable de
traslado, la especialidad y jurisdicción a la cual se vinculó en propiedad,
salvo para escribientes y citadores para quienes sólo se tendrá en cuenta que
se trate de la misma jurisdicción” (negrillas fuera de texto).
[83] Doctora María Claudia Vivas Rojas.
[84] Folios 139 al 142.
[85] Obrante a folio 23 del expediente de revisión. El artículo
primero del Acuerdo dispone: “Formular ante el H. Consejo de Estado la lista de
candidatos tomada del registro Nacional de Elegibles, integrado por quienes
aprobaron el concurso de méritos convocado mediante Acuerdo No. 4528 de 2008,
destinada a proveer la plaza de Magistrado del tribunal Administrativo de
Santander, creada a través del Acuerdo 10402 del 29 de octubre de 2015. ||
[Orden: 1 – Nombre: MENDOZA SAAVEDRA IVÁN MAURICIO – Puntos: 721,37]”.
[86] Folio 141. Mediante oficio PSA15-4995 del nueve (9) de
diciembre de dos mil quince (2015), el presidente de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, José Agustín Suárez Alba, le remitió al
presidente del Consejo de Estado, doctor Luis Rafael Vergara Quintero, la Lista
de Candidatos en orden descendiente de puntajes, “tomado del Registro Nacional
de Elegibles conformado como resultado del concurso de méritos convocado
mediante Acuerdo No. 4528 de 2008”, para la provisión de cargos de magistrado
de Tribunal Administrativo, entre ellos, el de Santander creado mediante
Acuerdo PSAA15-10402 del veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015).
Así mismo, informó las solicitudes de traslado para el cargo de magistrado del
Tribunal Administrativo de Santander, entre otros despachos, que obtuvieron
concepto favorable. En concreto, se lee que Néstor Trujillo González, servidor
de carrera y magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare, solicitó
traslado al cargo de magistrado del Tribunal Administrativo de Santander,
obteniendo concepto favorable a través de oficio No. 3673 de noviembre
diecinueve (19) de dos mil quince (2015) (folio 146).
[87] Folios 57 al 61.
[88] Doctora María Claudia Vivas Rojas.
[89] Folios 100 al 101.
[90] Doctor Danilo Rojas Betancourth.
[91] Folios 182 y 185.
[92] Folios 186 al 188.
[93] Folios 171 al 176.
[94] Folios 158 al 169.
[95] Doctor Danilo Rojas Betancourth.
[96] Folio 292.
[97] Folio 293.
[98] Acuerdo PSAA15-10433 del nueve (9) de diciembre de dos mil quince
(2015), “Por medio del cual se formula ante el H. Consejo de Estado, la lista
de candidatos para proveer la vacante del cargo de Magistrado del Tribunal
Administrativo de Santander, creada a través del Acuerdo 10402 del 29 de
Octubre de 2015” Folio 23 del expediente de revisión.
[99] Folios 100 al 101.
[100] https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/7343308/C18-VAC-1115-4.pdf/1667a946-4529-421d-96d0-299202b91bd5.
[101] https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/7343308/C18-VAC-1115-4.pdf/1667a946-4529-421d-96d0-299202b91bd5.
[102] En este mismo sentido se pronunció la
Directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura a través de memorial fechado el diez (10) de marzo de
dos mil dieciséis (2016), en el que explicó: “Revisada la documentación del
caso se evidencia que la solicitud de traslado de la doctora CLAUDIA PATRICIA
PEÑUELA ARCE fue recibida y radicada en la Oficina de correspondencia externa
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura los días 29 de
enero y 1° de febrero de 2016, es decir, por fuera del término exigido en el
Acuerdo reglamentario, teniendo en cuenta que la vacante del cargo de
Magistrado de Tribunal Administrativo de Santander creada mediante el Acuerdo
PSAA15-10402 se ofertó durante los primeros cinco días hábiles del mes de
noviembre de 2015. || Publicación que puede ser consultada en el portal web de
la Rama Judicial, en el link carrera judicial/concursos nivel
central/convocatoria 17 y 18/vacantes definitivas/vacantes creadas mediante el Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015; así como en el link carrera
judicial/traslados/vacantes creadas mediante el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de
octubre de 2015; como se evidencia a continuación. || [Se incluye el pantallazo
de la página web indicada]. || Como resultado de dicha publicación, se presentó
manifestación de intención de sede por parte de un integrante del Registro de
Elegibles vigente con quien se formuló la respectiva lista de candidatos
mediante Acuerdo PSAA15-10433 del 9 de diciembre de 2015 y una solicitud de
traslado con concepto favorable mediante el oficio CJOFI15-3673 del 19 de
noviembre de 2015, que fueron remitidas al Consejo de Estado mediante el oficio
PSA15-4995 para la correspondiente provisión de la vacante, del cual se anexa
copia. Así mismo, respecto de las demás vacantes creadas para los cargos de
Magistrados de Tribunal Administrativo publicadas en la misma oportunidad, se
resolvieron 10 solicitudes de traslados más. || […] || Interpretación errónea
de la publicación. || En los links relacionados con anterioridad y como lo
manifiesta la accionante en su escrito, se efectuó la publicación de los cargos
creados para las vacantes de Tribunal Administrativo, Tribunal Superior de
Distrito Judicial - Sala Penal y Juez Administrativo, los cuales tenían
registro vigente al momento de la generación de la vacante, como se evidencia a
continuación: || [Se incluye cuadro completo del cual se extracta lo pertinente
para el presente trámite de revisión]
Cargo
Fecha inicio vigencia del registro
Resolución que conformó el Registro de Elegibles
Fecha de la Resolución
Fecha de publicación de la Resolución
Tiempo de publicación (días hábiles)
Fecha vencimiento registros
Observaciones
Magistrado Tribunal Administrativo
15/11/2011
PSAR11-869
25/10/2011
31/10/2011
8
21/11/2015
Vigente al momento de la creación de los cargos
En ese orden de ideas, se dejó la observación
al final de la publicación en la que se especificó: “Los despachos creados
mediante acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 y cuyo registro se
encuentra vencido serán publicados para efectos de traslado próximamente”,
tratándose de los demás cargos relacionados en el cuadro anterior y respecto de
los cuales se crearon cargos nuevos. || Diferente es la interpretación
particular de la señora CLAUDIA PATRICIA PEÑUELA ARCE al considerar que como
ella participó en un concurso realizado en el año 2002 con Acuerdo 1550 y que
como ya venció el registro de Elegibles que se integró como resultado de ese
proceso de selección, entonces que posteriormente se publicarían los mismos
cargos para ella solicitar traslado. Que de ser así y en cumplimiento del
procedimiento establecido para el trámite de los traslados, que la accionante señala
en el escrito de tutela como de estricto cumplimiento, no se entiende porque
(sic) la misma presenta su solicitud de traslado en el mes de enero de 2016,
cuando no se había efectuado la publicación que presuntamente se encontraba
pendiente” (folios 140, reverso, al 142).
[103] La información es tomada de la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co,
enlace Carrera judicial/Traslados/Vacantes de Funcionarios Publicadas/Año
2015/Noviembre, https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/7343308/C18-VAC-1115-3-3.pdf/7fc3e834-191e-4a58-a185-6a9ed5d7b812.
Ver folio 14 del expediente de revisión.
[104] El artículo 86 del Acuerdo PSAA15-10402, dispone: “Creación de
despachos de magistrado en Tribunales Administrativos. Crear en los Tribunales
Administrativos que se enuncian a continuación, los siguientes despachos
judiciales en la cantidad y conformación que se indican: || […] || 14. Un (1)
Despacho de magistrado en el Tribunal Administrativo de Santander, conformado
por Magistrado, un (1) cargo de Auxiliar Judicial grado 1, un (1) cargo de
Abogado Asesor grado 23 y un (1) cargo de Profesional Universitario grado 16”.
Ver http://www.asojudiciales.org/wp-content/uploads/2015/11/PSAA15-10402-1.pdf.
[105] Folios 144 al 146. Ver oficio PSA15-4995
del nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015).
[106] “Por medio del cual se modifica el Acuerdo PSAA13-9958 de 2013”. El
artículo 1º de dicho acto administrativo señala: “Modificar el artículo 1° del
Acuerdo PSAA13-9958 del 18 de julio de 2013, el cual quedará así: || Delegar en
la Dirección de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial la función
[de] emitir concepto sobre los traslados de carrera, recíprocos, por razones de
salud y por razones del servicio de los magistrados, jueces y empleados
judiciales de tribunales y juzgados, en los cuales exista un criterio definido
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, cuando se trate
de solicitudes cuya competencia esté atribuida a ésta, en los términos del
Acuerdo PSAA10-6837 de 2010. Así mismo, se delega la resolución de los recursos
de reposición que se interpongan contra dichas decisiones y de apelación contra
las que profieran las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, según su competencia”.
[107] Artículo 135 de la Ley 270 de 1996.
[108] Artículo 136 de la Ley 270 de 1996.
[109] Artículo 142 y 149 de la Ley 270 de 1996.
[110] “Por el cual se reglamentan los traslados de los servidores
judiciales”.