T-483-14
Sentencia T-483/14
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional por afectación al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial
protección
PROTECCION
CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Reiteración
de jurisprudencia
Las personas con
discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas y a que se adopten medidas
tendientes a lograr que su derecho a la igualdad sea efectivo, garantizándoles
su participación e integración plena en la sociedad. Este derecho está
consagrado en la Constitución y en tratados internacionales, normas en las que
se establecen obligaciones en cabeza del Estado, entre las que se encuentran la
de “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con discapacidad” , y
la de abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con su
protección especial. Para cumplir estas obligaciones, existe un deber de
adoptar medidas como la implementación de “ajustes razonables”, entendido como
las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que se requieren en un
caso particular, para garantizarle a las personas con discapacidad el goce y
ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos humanos y libertades
fundamentales, las cuales no deben imponer una carga desproporcionada o
indebida.
PENSION
DE INVALIDEZ DE ORIGEN COMUN-Régimen legal
DERECHO
A LA PENSION DE INVALIDEZ-Aplicación del principio de la condición
más beneficiosa
PENSION
DE INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha
de estructuración de la invalidez desde el momento de la pérdida permanente y
definitiva de la capacidad laboral
En aquellos casos
en los que se deba establecer la fecha de estructuración de la pérdida de la
capacidad laboral de una persona que sufra una enfermedad congénita, que tal
padecimiento no le haya impedido ejercer actividades laborales remuneradas
durante ciertos períodos de tiempo, la entidad encargada de realizar el
dictamen de pérdida de la capacidad laboral deberá tener en cuenta que la fecha
de estructuración corresponde a aquella en que el afiliado ve disminuidas sus
destrezas físicas y mentales, en forma permanente y definitiva, en tal grado,
que le impide desarrollar cualquier actividad económicamente productiva. Pues
de lo contrario, se estaría poniendo en riesgo los derechos fundamentales al
mínimo vital y a la seguridad social de sujetos en condiciones de debilidad
manifiesta.
PENSION
DE INVALIDEZ Y MINIMO VITAL-Caso en el que persona con discapacidad
desde su nacimiento, logra ejercer actividad laboral que permite su ingreso al
Sistema General de Pensiones, no obstante se niega el reconocimiento de pensión
de invalidez
DERECHO
A LA SEGURIDAD SOCIAL, MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a
Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez por cumplir con requisitos
Referencia:
expediente T-4258819
Acción
de tutela presentada Asdrubal Jesús Ariza Piña, contra
Colpensiones
Magistrada Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos
mil catorce (2014)
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa,
Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos en primera instancia, por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Barranquilla, el trece (13) de noviembre de dos mil
trece (2013) y, en segunda instancia por la Sala de Decisión Oral del Tribunal
Administrativo del Atlántico, el catorce (14) de enero de dos mil catorce
(2014), en el trámite de la acción de tutela instaurada por Asdrubal Jesús
Ariza Piña, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones.
El expediente de
la referencia fue seleccionado para revisión y acumulado al expediente T-4255281
por la Sala de Selección Número Tres, mediante auto proferido el dieciocho (18)
de marzo de dos mil catorce (2014). Sin embargo, mediante auto de diecinueve
(19) de mayo de dos mil catorce (2014) la Sala Primera de Revisión decidió
desacumularlo.
I.
ANTECEDENTES
El señor Asdrubal
Jesús Ariza considera que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados
por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, porque esta le negó
la pensión de invalidez argumentando que la fecha en que se fijó la
estructuración de su pérdida de capacidad laboral es concomitante con su día de
nacimiento, por lo que no tenían ninguna semana cotizada al sistema de seguridad
social en pensiones con anterioridad a la fecha de estructuración.
A continuación se
exponen los antecedentes de la acción de tutela:
1. Hechos
1.1.  El
peticionario es una persona de cincuenta y seis (56) años de edad,[1]
que se afilió al sistema de seguridad social en pensiones desde el cinco (5) de
enero de mil novecientos noventa y tres (1993), y realizó aportes hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de dos mil ocho (2008), completando un total de setecientas
sesenta y nueve (769) semanas cotizadas.[2]
1.2. El
veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008), se le diagnosticó al señor
Ariza un retraso mental grave congénito.[3]
1.3. Pese a tal
diagnóstico, desde el año mil novecientos noventa y tres (1993) el accionante
trabajó en la finca del señor Eduardo José María Buchaar,[4]
en donde se desempeñó en las labores propias del campo que su empleador le
asignaba. Sin embargo, debido a su discapacidad y al desgaste físico que
implican tareas duras y al aire libre durante quince (15) años, a finales del
año dos mil ocho (2008) no pudo continuar trabajando al ver disminuida en su
totalidad su capacidad laboral.
1.4. El veintinueve
(29) de mayo de dos mil nueve (2009), la Vicepresidencia de Pensiones del ISS
emitió dictamen en donde fijó una pérdida de la capacidad laboral del
accionante del cincuenta y dos punto treinta y cinco por ciento (52.35%), con
fecha de estructuración del diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos
cincuenta y ocho (1958), esto es, el día de su nacimiento.[5]
1.5. El accionante sostuvo que solicitó al
Instituto de Seguros Sociales (ISS) el reconocimiento de su pensión de
invalidez. Sin embargo, mediante resolución No. 22113 del veintiocho (28) de
octubre de dos mil nueve (2009) “por medio de la cual se resuelve una
solicitud de prestaciones económicas en el sistema de seguridad social en
pensiones-régimen de prima media con prestación definida”,[6]
dicha entidad negó el reconocimiento pensional. Pues consideró, que la fecha de
estructuración de la invalidez de origen común es concomitante con su fecha de
nacimiento, por lo que es imposible que cumpla con el requisito exigido por la
normatividad vigente en la fecha en que fue estructurada su invalidez (artículo
1 del Acuerdo 019 de 1983, el cual fue aprobado por Decreto 232 de 1984), que
exige haber cotizado ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años
anteriores a la invalidez o trescientas (300) semanas de cotización en
cualquier tiempo.[7]
1.6. Afirmó el accionante
que con tal decisión, el ISS, hoy Colpensiones, desconoció que durante quince (15)
años cotizó al sistema general de seguridad social en pensiones, para un total
de setecientas sesenta y nueve (769) semanas.[8]
1.7. Con base en
los hechos narrados, el actor solicitó al juez de tutela la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad social, así
como el reconocimiento definitivo de la pensión de invalidez.
2. Respuesta de la
entidad accionada
Durante el término
de traslado de la presente acción de tutela y pese a haber sido notificada de
la misma,[9]
la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones guardó silencio sobre
los hechos y las pretensiones incoadas por el accionante.
3. Decisiones
objeto de revisión
3.1. En primera
instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla mediante
sentencia del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), declaró
improcedente la presente acción. Para tal efecto, consideró que mediante la acción
de tutela no es posible controvertir el acto administrativo por medio del cual
se negó el reconocimiento de la pensión de invalidez al peticionario.
3.2  El apoderado
del actor impugnó la decisión de primera instancia. En su concepto, el señor
Ariza tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez en tanto: (i)
cotizó al sistema setecientas sesenta y nueve (769) semanas pese a la
enfermedad congénita que padece (retraso mental) y (ii) le fue dictaminada una
pérdida de la capacidad laboral superior al cincuenta por ciento (50%).
3.3. En segunda
instancia, la Sala Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia
del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014) confirmó el fallo impugnado.
El juez de instancia afirmó que el peticionario cuenta con otros mecanismos de
defensa judicial para plantear allí la inconformidad frente a la negativa de la
pensión.
II.  Consideraciones y fundamentos
1.  Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
2. Planteamiento
del caso y problema jurídico
2.1. En el asunto
objeto de estudio, la Sala encuentra que el señor Asdrubal Jesús Ariza Piña
interpuso la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital, mediante
el reconocimiento de la pensión de invalidez. Por su parte, Colpensiones
consideró que el accionante no tiene derecho al reconocimiento pensional, en
tanto “se estableció que la fecha de estructuración de la invalidez es 19 de
noviembre de 1958, es decir, es concomitante con la fecha de nacimiento del
asegurado por lo cual no es posible que figuren semanas cotizadas con
anterioridad a la fecha de estructuración”.[10]
2.2. De acuerdo
con los antecedentes anteriormente expuestos, la Sala debe resolver el siguiente
problema jurídico: ¿Vulnera un fondo de pensiones (Colpensiones) los derechos fundamentales
a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de una persona con una discapacidad
(Asdrubal Jesús Ariza Piña), al negarle el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez, argumentando que la invalidez del peticionario se estructuró
desde su nacimiento, sin tener en cuenta que ha laborado y cotizado al sistema general
de pensiones durante quince (15) años?
2.3. Con el fin de
resolver el problema jurídico planteado la Sala abordará, en primer lugar, el
tema de la procedibilidad de la acción de tutela cuando es interpuesta por una
persona que tiene una enfermedad congénita, crónica o degenerativa que solicita
el reconocimiento de la pensión de invalidez. En segundo lugar, se hará
referencia a los instrumentos internacionales sobre la protección de las
personas en situación de discapacidad. En tercer lugar, se hará una breve reseña
de las normas vigentes y la jurisprudencia constitucional sobre el
reconocimiento de la pensión de invalidez. En cuarto lugar, la Sala examinará
el tema de la estructuración en forma retroactiva del estado de invalidez de
personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas. Finalmente,
se analizará el caso concreto de conformidad con los postulados expuestos.
3. Procedencia
excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez
3.1. La subsidiariedad
como requisito de procedibilidad  de la acción de tutela
3.1.1.
El
artículo 86 de la
Constitución Política establece que la acción de tutela “sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. En consecuencia, la procedibilidad de la tutela estará
supeditada a que el actor no cuente con otro medio de defensa judicial; que el
medio existente no sea idóneo o eficaz para la defensa de los derechos cuyo
amparo se pretende, o, finalmente que se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela se concede de manera
transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva el respectivo asunto por
la vía judicial ordinaria.
3.1.2. Bajo
estas consideraciones, esta Corporación ha sostenido que en principio, la
acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para resolver las
controversias relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales, toda
vez que la competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos, ha
sido asignada a la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral, o a la jurisdicción
contencioso administrativa, según el caso.[11]
Sin
embargo, la Corte Constitucional ha establecido que cuando se presenta una
tutela para la protección de un derecho fundamental, basada en el reconocimiento
de una pensión, sea ésta de vejez, sobrevivientes o invalidez, es preciso
establecer si en el caso concreto, existe un medio de defensa judicial eficaz
para proteger las garantías constitucionales del interesado. Asimismo, ha
considerado que hay especiales condiciones que deben ser analizadas en cada
caso concreto, para determinar la procedencia de la acción, por ejemplo: que la
persona interesada sea sujeto de especial protección constitucional, como
sucede con las personas de la tercera edad; o a quienes por sus condiciones de
vulnerabilidad económica, de salud o familiares, no les es exigible acudir a
otra vía judicial para solicitar la protección de su derecho, habida cuenta del
tratamiento preferencial que su condición exige. Al respecto ha indicado:
“[C]uando la reclamación pensional se concreta en el
reconocimiento de una pensión por invalidez, la jurisprudencia
constitucional ha considerado que se trata de un derecho fundamental per se, susceptible
de protección por vía del amparo constitucional, particularmente por coincidir
dos elementos fundamentales: (i) por una parte, la calidad del sujeto que la
reclama. Es claro que las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad
manifiesta de una persona declarada inválida, hacen necesaria la inmediata
protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando de esa manera la
garantía y respeto de derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la
integridad física y el mínimo vital entre otros; (ii) En segundo lugar, porque
la importancia de tal  reconocimiento radica en el hecho de que en la gran
mayoría de los casos, esta prestación se constituye en el único sustento
económico con el que contaría la persona  y su grupo familiar dependiente
para sobrellevar  su existencia en condiciones más dignas y justas”.[12]
3.1.3. Las
diferentes Salas de Revisión se han pronunciado en varias oportunidades
respecto de casos similares al que se estudia en esta ocasión. Por ejemplo, en
la sentencia T-427 de 2012,[13]
esta Sala estudió una acción de tutela interpuesta por una persona que sufría
de una discapacidad mental congénita, a la que la administradora de pensiones
le había negado su pensión de invalidez, porque el hecho había surgido al
nacer. Al concluir que la acción era procedente, la Sala estableció que el
actor no debía agotar el proceso laboral, porque era un sujeto de especial
protección constitucional, que no contaba con recursos económicos propios y
desde hace más de diez (10) años depende económicamente de su madre, quien es
una persona de avanzada edad, que padece varias enfermedades y que tan sólo
recibe una mesada pensional cercana a un salario mínimo legal mensual. Y agregó
que “para resolver su solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez
requiere que se haga un estudio especial en el que se tenga en cuenta su
derecho a no ser discriminado”, porque la falta de reconocimiento se había
fundamentado por parte de la entidad accionada en su situación de discapacidad congénita.
Luego, en la
sentencia T-143 de 2013,[14]
esta Sala de Revisión analizó la acción de tutela interpuesta por una persona
que sufría diferentes problemas de salud mental, que llevaron a que perdiera el
cincuenta y siete punto cuarenta por ciento (57.40%) de su capacidad laboral.
Esta Sala sostuvo:
“[D]entro
de los elementos de análisis utilizados por la Corte para evaluar la eficacia
de los medios de defensa judicial en el escenario de las pensiones, se
encuentra su nivel de vulnerabilidad social o económica y su condición de salud
actual, sin que esta lista pueda considerarse taxativa. Concretamente, si de
esos elementos es posible inferir que la carga procesal de acudir al medio
ordinario de defensa se torna desproporcionada debido a la condición de la
persona que invoca el amparo, porque la extensión del trámite lleve a la
persona a una situación incompatible con la dignidad humana, la tutela es
procedente”.
En
aquella oportunidad, la Sala concluyó que no resultaba necesario agotar el
proceso ordinario, porque el actor tenía una grave situación económica y
social, debido a que se encontraba acreditada su pérdida de capacidad laboral
en un porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%), y la única fuente de
ingresos que podía tener era su pensión de invalidez.
3.1.4. En el
caso que se revisa los jueces de instancia argumentaron que la acción de tutela
es improcedente, pues en su concepto, el señor Asdrubal Jesús Ariza tiene a su
disposición la jurisdicción ordinaria, para solicitar su pensión de invalidez.
A diferencia de las decisiones de instancia, la Sala considera que las
circunstancias personales del actor exigen que la protección de sus derechos sea
inmediata, por ende, no se encuentra en la obligación de agotar el proceso
ordinario, tal como se argumentará a continuación.
3.1.5. En el
expediente está probado que el peticionario (i) es un sujeto de especial
protección constitucional, pues se encuentra en situación de invalidez, al
tener una pérdida de la capacidad laboral del cincuenta y dos punto treinta y
cinco por ciento (52.35%). Adicionalmente (ii) aunque trabajó desde el año mil
novecientos noventa y tres (1993) hasta el año dos mil nueve (2009) en la finca
del señor Eduardo José María Buchaar,[15]
con el fin de satisfacer autónomamente sus necesidades básicas, actualmente no
percibe ningún ingreso, debido a su discapacidad. Razón por la cual el señor
Ariza es sostenido económicamente por su sobrina.
En atención a las
circunstancias personales del accionante, la Sala estima que exigirle agotar el
proceso ordinario, implica un menoscabo de sus derechos fundamentales, en tanto
en este momento no está en condiciones de garantizarse autónomamente el
cubrimiento de sus necesidades para garantizarse una vida en condiciones
mínimas de dignidad.
3.2. La inmediatez
como requisito de procedibilidad de la acción
3.2.1. El
principio de inmediatez, por su parte, exige que la acción de tutela sea
interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que generó la
presunta vulneración de los derechos fundamentales. Como requisito de
procedibilidad, la inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente
entre el derecho constitucional a presentar una acción de tutela “en todo
momento” y el deber de respetar la configuración de la acción como un
medio de protección “inmediata” de derechos fundamentales.[16] Es decir, que pese a no
contar con un término de prescripción por mandato expreso del artículo 86
superior, debe existir necesariamente una
correspondencia entre la célere
naturaleza de la tutela y su interposición justa y oportuna.
3.2.2. Para verificar el
cumplimiento de este principio, el juez debe constatar si el tiempo trascurrido
entre la supuesta violación o amenaza y la interposición de la tutela es
razonable. De no serlo, debe analizar si existe una razón válida que justifique
la inactividad del accionante al ser inconstitucional pretender darle un
término de caducidad a la acción, o rechazarla únicamente con fundamento en el
paso del tiempo.[17]
De tal modo que, si bien el término para interponer la acción de tutela no
puede establecerse de antemano, el juez está en la obligación de verificar
cuándo no se ha interpuesto de manera razonable para evitar que se convierta en
un factor de inseguridad que lesione los derechos fundamentales de terceros, o
que desnaturalice la acción. A este respecto, la Corte Constitucional ha puesto
de presente la existencia de dos (2) factores excepcionales que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre el momento de la vulneración del
derecho y la fecha de interposición de la acción. Estos son (i) que se demuestre que la vulneración es permanente en el
tiempo en el entendido de que si bien el hecho que la originó es muy antiguo,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto a sus derechos
continúa y es actual; y (ii) que la especial situación del actor convierta en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de ejercer los medios
ordinarios de defensa judicial.[18]
En este
sentido, la Corte señaló en sentencia T-1028 de 2010,[19]
respecto de la razonabilidad del plazo entre la interposición la tutela y la
época del hecho generador lo siguiente:
“Insistentemente
ha resaltado esta Corporación que la razonabilidad del plazo no puede determinarse
a priori, lo que se traduciría en la imposición de un término de caducidad o
prescripción prohibido por el artículo 86 de la Constitución, sino de
conformidad con los hechos de cada caso concreto. Es por ello que “en algunos
casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela
improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar
razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las
particularidades del caso”[20].”
3.2.3. Ahora bien, la decisión del
Instituto de Seguros Sociales, de negarle el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación al peticionario, quedó consignada en la No. 22113 del
veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009).[21]
Frente a la negativa de la entidad accionada, el veintinueve (29) de octubre de
dos mil trece (2013), el peticionario presentó acción de tutela al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales.
Una vez analizada la inmediatez como
requisito de procedibilidad, la Sala encuentra que el hecho de que hayan
transcurrido cuatro (4) años entre el hecho generador y la interposición de la
acción, no implica per se que la misma sea improcedente por no cumplir con el
presupuesto de inmediatez, pues, como se expuso, el juez constitucional debe
valorar las condiciones particulares del peticionario y los derechos
fundamentales que se encuentran amenazados o vulnerados.
3.2.4. La Sala Primera de Revisión
considera que el tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho vulnerador y
la presentación de la acción de tutela no es desproporcionado, si se tienen en
cuenta las circunstancias particulares del peticionario. De acuerdo con las
cuales el señor Ariza es un sujeto de especial protección constitucional que se
encuentra en estado de vulnerabilidad, por lo que se presume que la infracción
de sus derechos fundamentales ha persistido en el tiempo.
Además, no puede perderse de vista que
esta Corporación ha señalado que cuando se trata de acciones de tutela
presentadas por sujetos de especial protección constitucional, el análisis de
procedencia por inmediatez debe ser flexible. Se protege con esto que los obstáculos
propios de la edad o la enfermedad,[22]
se tomen en cuenta como razones válidas para admitir demora en el acceso a la
administración de justicia,[23]
aunque si bien se trata de situaciones que no justifican la interposición de
las acciones correspondientes en términos desproporcionados, pueden ser
factores tenidos en cuenta frente a una demora razonable.
4. Protección
constitucional e internacional de las personas con discapacidad. Reiteración de
jurisprudencia
4.1. La
Constitución Política reconoce una protección especial para las personas con
discapacidad. En efecto, en su artículo 13 se consagra el derecho de todas las
personas a recibir la misma protección y trato de las autoridades, y a que se
les garanticen los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación. Adicionalmente, en los incisos 2 y 3 del mismo artículo se
establece el deber del Estado de brindar una protección especial a las personas
que se encuentren en estado de debilidad manifiesta por su condición económica,
física o mental, con el fin de lograr que la igualdad de estas personas sea material
y no simplemente formal.[24]
Por otra parte, en
el artículo 47 de la Constitución Política se consagra el deber del Estado de
adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos,[25]
en el artículo 54, se establece el deber del Estado de garantizar a los
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud,[26]
y en el artículo 68, la obligación especial del Estado de brindar educación a
las personas con limitaciones físicas o mentales.[27]
4.2. De la
interpretación de estas normas, la Corte Constitucional ha concluido que las
personas con discapacidad tienen derecho a que el Estado adopte medidas
positivas con el fin de lograr que su derecho a la igualdad sea efectivo, pues
ha reconocido que estas personas han sido históricamente discriminadas y han
tenido que enfrentar distintas barreras que les han impedido gozar y disfrutar
de sus derechos en las mismas condiciones que las demás personas. Respecto de
la forma de discriminación a la que han sido sometidas las personas con
discapacidad, la Corte ha señalado:
“6. Tal
como ha ocurrido con otros grupos sociales, los discapacitados han sido objeto
constante de marginación social a través de los siglos. La discriminación
contra los discapacitados presenta, sin embargo, características que le son
propias y que no se observan en otros casos. Por un lado, porque el sector de
los discapacitados ha sido durante largos períodos una minoría oculta o invisible,
en la medida en que en muchas ocasiones las personas afectadas por
discapacidades fueron internadas en instituciones o mantenidas por fuera del
ámbito de la vida pública. De otra parte, porque la minoría de los
discapacitados es tan heterogénea como disímiles son las limitaciones que
pueden causar las múltiples formas en que se manifiestan las discapacidades. Y
finalmente, porque la discriminación contra los discapacitados frecuentemente
es ajena al alto grado de hostilidad, odio e irracionalidad que acompaña otras
formas de discriminación, tal como la que causa la segregación racial. En
efecto, en muchos casos la discriminación contra los discapacitados no tiene
origen en sentimientos de animadversión, y recibe una justificación con la
limitación física o mental que presenta la persona afectada - claro está,
haciendo caso omiso de las condiciones especiales de cada discapacidad y de los
diferentes grados de limitación que ellas pueden generar. De esta manera, la
marginación de los discapacitados frecuentemente no está acompañada de
hostilidad, sino que es más bien producto de ignorancia, de prejuicios, de
simple negligencia, de lástima, de vergüenza o de la incomodidad que genera el
encuentro con personas diferentes”.[28]
4.3. La protección
constitucional antes descrita, está acorde con los instrumentos internacionales
que han sido suscritos y ratificados por Colombia, con el propósito de
garantizar a las personas con discapacidad el goce pleno en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En efecto,
el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales interpretó mediante su
Observación General No. 5, que el Pacto de Derechos Económicos Sociales y
Culturales establece una protección especial a las personas con discapacidad.
En la observación en mención, se señaló:
“5. El
Pacto no se refiere explícitamente a personas con discapacidad. Sin embargo, la
Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos los seres humanos
han nacido libres e iguales en dignidad y en derechos y, como las disposiciones
del Pacto se aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, las
personas con discapacidad tienen claramente derecho a toda la gama de derechos
reconocidos en el Pacto. Además, en la medida en que se requiera un tratamiento
especial, los Estados Partes han de adoptar medidas apropiadas, en toda la
medida que se lo permitan los recursos disponibles, para lograr que dichas
personas procuren superar los inconvenientes, en términos del disfrute de los
derechos especificados en el Pacto, derivados de su discapacidad. Además, el
requisito que se estipula en el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto que
garantiza "el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin
discriminación alguna" basada en determinados motivos especificados
"o cualquier otra condición social" se aplica claramente a la
discriminación basada en motivos de discapacidad”.
4.4. Ahora bien,
la Organización de las Naciones Unidad adoptó el trece (13) de diciembre de dos
mil seis (2006) la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, tratado ratificado por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009.
Esta ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia
C-293 de 2010.[29]
En esta, la Corporación hizo mención de los tratados internacionales que hasta
la adopción de la Convención habían desarrollado los derechos humanos de las
personas con discapacidad. Al respecto, señaló:
“Entre
los tratados internacionales que previamente a la firma de esta Convención se
han ocupado del tema cabe mencionar, comenzando por los emanados de la
Organización de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos del
Retrasado Mental (1971) y la Declaración de los Derechos de los
Impedidos (1975), y las Normas Uniformes sobre la igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad (de carácter no
vinculante, adoptadas en 1993). Dentro del ámbito continental se destaca la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad de 1999, incorporada al derecho interno por
Ley 762 de 2002.
“Además
de los anteriores instrumentos, específicamente dirigidos a la población
discapacitada, la Corte ha identificado otros tratados multilaterales que
protegen también, aunque de manera global y menos directa, los derechos de ese
grupo especial de personas. Entre estos, deben destacarse la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales suscritos ambos de 1966, la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, así como los
instrumentos relativos a la eliminación de distintas formas de discriminación[30]”.[31]
4.5. En la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados
Partes reconocieron que el concepto de discapacidad evoluciona y que es el
resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
que se les imponen y que evitan su participación plena y efectiva en
condiciones de igualdad.[32]
De igual manera, establecieron que el concepto de discapacidad incluye a
aquellas personas “que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás”.[33]
Asimismo, en el
artículo 1° se señaló que el propósito de la Convención es el de “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Para alcanzar los
fines propuestos y en armonía con el marco de protección constitucional para
este grupo poblacional, la Convención estableció en cabeza del Estado unas
obligaciones de acción y otras de omisión respecto de los derechos de los que
son titulares las personas con discapacidad. Entre estas obligaciones, se
encuentra la de “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas
legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad”,[34]
y la de abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con la
referida Convención velando porque todas las autoridades e instituciones
públicas actúen de acuerdo a lo que en ella se dispone.
Igualmente, en el
artículo 3 del instrumento internacional, se consagraron unos principios
generales, entre los cuales cabe destacar el respeto por la dignidad, autonomía
individual y la independencia de las personas con discapacidad, la no
discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, y
la igualdad de oportunidades.[35]
Entre estos principios, la Convención se ocupó de desarrollar el de no
discriminación,  señalando que los Estados Partes, i) prohibirán toda
discriminación por motivo de discapacidad, ii) garantizarán protección legal a
las personas con discapacidad contra cualquier tipo de discriminación, y iii)
realizarán ajustes razonables para promover la igualdad de las personas con
discapacidad y eliminar la discriminación a la que este grupo de personas ha
sido sometido.
Para una mejor
comprensión de los compromisos adquiridos por los Estados Parte, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad definió los conceptos de “discriminación
por motivos de discapacidad” y de “ajustes razonables”. Respecto del
primer concepto, se estableció que la discriminación ocurre cuando se presentan
actos de distinción, exclusión o restricción, que tengan el propósito o el
efecto de obstaculizar o impedir el goce de los derechos y libertades de las
personas con discapacidad. Asimismo, señaló que existe discriminación contra
las personas con discapacidad cuando se deniegan ajustes razonables,[36]
concepto que fue definido como las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que se requieran en un caso particular, para garantizarle a las
personas con discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus
derechos humanos y libertades fundamentales, las cuales no deben imponer una
carga desproporcionada o indebida.[37]
Finalmente, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consagró una
serie de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad, los cuales tienen especial importancia en la consecución de los
fines y principios ya mencionados. Por esta razón, la Convención estableció
obligaciones especiales de los Estados Partes para garantizar a las personas
con discapacidad el goce efectivo de esos derechos en condiciones de igualdad.
4.6. En esta
oportunidad es pertinente resaltar el derecho de las personas con discapacidad
a ser habilitadas y rehabilitadas en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación, y los servicios sociales, con el fin de lograr la máxima
independencia posible de estas personas y su inclusión social efectiva. Esta
garantía reconoce que las personas con discapacidad pueden ejercer actividades
productivas acordes con sus capacidades y hacer aportes importantes a la
sociedad. Con este fin, la Convención establece la obligación de los Estados de
adelantar servicios y programas voluntarios, que comiencen en la etapa más
temprana posible y se basen en una “evaluación multidisciplinaria de las
necesidades y capacidades de la persona”.[38]
Asimismo, la
Convención reconoce los derechos de las personas con discapacidad a trabajar en
igualdad de condiciones con las demás personas,[39]
a procurarse un nivel adecuado de vida y al acceso en igualdad de condiciones a
programas y beneficios de jubilación.[40]
Estos derechos también son una muestra de que la discapacidad, por sí sola, no
implica que las personas que las padecen sean inválidas, ya que si estas
personas voluntariamente son habilitadas laboralmente, debe dárseles la
oportunidad de trabajar, garantizarse en forma independiente un nivel de vida
digno, y, en condiciones especiales, acceder a las prestaciones que el sistema general
de pensiones les garantiza a los demás.
4.7. En resumen,
las personas con discapacidad tienen derecho a no ser discriminadas y a que se
adopten medidas tendientes a lograr que su derecho a la igualdad sea efectivo,
garantizándoles su participación e integración plena en la sociedad. Este
derecho está consagrado en la Constitución y en tratados internacionales,
normas en las que se establecen obligaciones en cabeza del Estado, entre las
que se encuentran la de “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y
prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad” ,[41]
y la de abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con su
protección especial. Para cumplir estas obligaciones, existe un deber de
adoptar medidas como la implementación de “ajustes razonables”,
entendido como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que se
requieren en un caso particular, para garantizarle a las personas con
discapacidad el goce y ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos
humanos y libertades fundamentales, las cuales no deben imponer una carga
desproporcionada o indebida.[42]
5. Régimen jurídico de la Pensión de
Invalidez de origen común
5.1. La
pensión de invalidez puede generarse por enfermedades o accidentes de riesgo
común o de origen profesional. [43]
Respecto
de las contingencias derivadas de la pérdida de la capacidad laboral por riesgo
común,[44]
el sistema general de pensiones consagró el reconocimiento de una pensión de
invalidez para aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en los
artículos 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º
de la Ley 860 de 2003, a saber, (i) ser una persona invalida, es decir, sufrir
una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%),[45]
y (ii) haber cotizado
cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha de
estructuración
de la invalidez.
5.2. De esta
forma, la pérdida de la capacidad laboral se establece por medio de una
calificación que realizan las entidades autorizadas por la ley,[46]
y a partir de tal dictamen se determina la condición de la persona, indicándose
el porcentaje de afectación producida por la enfermedad, en términos de
deficiencia, discapacidad, y minusvalía, de modo que se le asigna un valor a
cada uno de estos conceptos, lo cual determina un porcentaje global de pérdida
de la capacidad laboral, el origen de esta situación y la fecha en la que se
estructuró la invalidez.[47]
5.3. Por su parte,
en el artículo 3º del Decreto 917 de 1999 “por
el cual se modifica el Decreto 692 de 1995”, se define la fecha de
estructuración de la invalidez como aquella “[…] en que se genera en el
individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva.
Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia
clínica, los exámenes
clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación”.
5.4. Debido a que
el ISS negó el derecho a la pensión de invalidez del actor, argumentando que
este no cumplía los requisitos establecidos en el Decreto 232 de 1984,[48]
la Sala estima pertinente hacer una breve referencia en relación con la
aplicación de las normas relativas a la pensión de invalidez.
Para
tal efecto, se debe recordar que el principio de la condición más beneficiosa
ha sido aplicado en materia pensional para determinar si una persona tiene
derecho a acceder a la pensión de invalidez a partir del cumplimiento de los
requisitos consagrados en una norma anterior y derogada, teniendo en cuenta que
no puede acceder a la prestación que solicita a la luz de la legislación
vigente. De esta manera, se ha otorgado una protección especial a aquellos que,
para el momento en que se presentó el cambio normativo que hoy les impide
pensionarse, habían acreditado completamente el requisito de las semanas
cotizadas, pero no habían perdido su capacidad laboral en un porcentaje igual o
superior al cincuenta por ciento (50%).
Así,
por ejemplo, diferentes Salas de Revisión de esta Corporación[49] han amparado los derechos de personas en situación de invalidez
que no lograron cumplir con el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en cuanto no
pudieron cotizar cincuenta (50) semanas durante los tres (3) años anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez, sino que, por el contrario,
pudieron (i) cotizar veintiséis (26) semanas durante el año inmediatamente anterior
a la fecha de estructuración en los términos del artículo 39 de la Ley 100 de
1993, o (ii) cotizar trescientas (300) semanas en toda su historia laboral y
acreditar así las condiciones estipuladas en el Acuerdo 049 de 1990,[50] o (iii) cotizar ciento cincuenta
(150)
semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o trescientas
(300) semanas en cualquier época en los términos del Decreto
232 de 1984.
Sin
embargo, es importante aclarar que al otorgar esta protección, la Corte siempre
ha verificado que la persona hubiera cumplido con las condiciones de las normas
derogadas antes de la entrada en vigencia de la norma posterior. Es decir, que
si se iba a aplicar el Acuerdo 049 de 1990, el accionante tenía que haber
cotizado las semanas exigidas antes del primero (1º) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), día en que entró a regir la Ley 100 de
1993.
6. En el caso de
las enfermedades congénitas, la fecha de estructuración de la invalidez debe
ser aquella en la cual hay una pérdida permanente y definitiva de la
capacidad laboral, de forma tal que no se fije la fecha de forma arbitraria
6.1. Como se dijo
en el acápite anterior, respecto de las contingencias derivadas de la invalidez
por riesgo común, el sistema general de pensiones consagró el reconocimiento de
la pensión de invalidez para aquellas personas que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, a saber, (i) ser una persona con invalidez,
es decir, sufrir una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta
por ciento (50%) y (ii) haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres
(3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
6.2. Sobre el
segundo requisito, esta Corporación ha señalado que las personas cuya pérdida
de la capacidad laboral es producto de una enfermedad crónica, degenerativa o
congénita, tienen derecho a que la fecha de estructuración de la invalidez se
fije en relación con el momento en que se pierde efectivamente la
capacidad laboral, en tanto se trata de enfermedades cuyos efectos se
manifiestan de forma progresiva, por lo que la capacidad para trabajar va
perdiéndose poco a poco. Entendiendo la pérdida de capacidad como la
incapacidad de seguir ofreciendo la fuerza de trabajo en el mercado laboral, y
en consecuencia, la imposibilidad de proveerse autónomamente un sustento
económico, así como de continuar efectuando cotizaciones al sistema general de seguridad
social.
6.3. En varias
ocasiones, esta Corporación se ha pronunciado respecto de acciones de tutela
interpuestas por personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas, a quienes las entidades encargadas de asuntos pensionales, les han
negado el reconocimiento y pago del derecho a la pensión de invalidez por
considerar que no tienen las semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de
estructuración de su invalidez, pese a que tal fecha es fijada en un momento
anterior al cual perdieron de manera permanente y definitiva la capacidad
laboral.
En la sentencia
T-561 de 2010,[51]
la Sala Sexta de Revisión analizó una acción de tutela, en la cual se debatía
si resultaba procedente reconocer la pensión de invalidez para garantizar los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de una persona
que había perdido su capacidad laboral, porque se había agravado su diagnóstico
de esquizofrenia esquizo-afectiva. La peticionaria solicitó al Seguro
Social, en el año dos mil cuatro (2004), después de cotizar durante dos
décadas, el reconocimiento de la pensión de invalidez cuando su condición su
agravó. Sin embargo, la entidad fijó como fecha de estructuración aquella en la
cual la actora había pasado por una situación clínica compleja en mil
novecientos ochenta y tres (1983). En esta oportunidad, la Corte determinó que
debía considerarse como fecha de estructuración, el día en que se realizó el
dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez. Al respecto la Sala
advirtió:
“En
efecto, el proceso de aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez o muerte
exige el cumplimiento de algunos requisitos, pero el sistema no puede
desconocer las circunstancias particulares de un caso como el que se revisa,
para negar el reconocimiento de una pensión por invalidez, cuando está
demostrado más que suficientemente que la interesada pudo cotizar a pensiones
hasta el año 2004, muy a pesar de la supuesta condición de invalidez que se
habría estructurado desde 1983. Por tal motivo, entiende la Sala que sólo en el
año de 2004 se consolida en la accionante una verdadera situación de invalidez,
por lo que serán las normas y las situaciones fácticas de ese momento las que
en efecto han de ser tenidas en cuenta para una adecuada valoración y
calificación de su invalidez y del efectivo cumplimiento o no de la condición
de persona inválida”.
6.4. En el mismo
sentido, en la sentencia T-671 de 2011 la Sala Octava de Revisión consideró que
cuando una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita
solicita el reconocimiento de su pensión de invalidez, la entidad encargada de
realizar el dictamen, debe establecer como fecha de estructuración de la
invalidez el momento en que la persona perdió de forma definitiva y permanente
su capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al cincuenta por
ciento (50%).
Al respecto indicó:
“[E]xisten casos en los que la fecha en
que se pierde la aptitud para trabajar, es diferente a la fecha en que comenzó
la enfermedad u ocurrió el accidente que causó ésta mengua. Lo anterior se
presenta, generalmente, cuando se padecen enfermedades crónicas, que al ser estos
padecimientos de
larga duración, su fin o curación no puede preverse claramente,
degenerativas o congénitas por manifestarse éstas desde el nacimiento, en
donde la pérdida de capacidad laboral es paulatina.
“Frente
a este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado que los órganos encargados
de determinar la pérdida de capacidad laboral, es decir las Juntas de
Calificación de Invalidez, establecen como fecha de estructuración de la
invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la que
se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la
enfermedad, a pesar de que en ese momento, no se haya presentado una pérdida de
capacidad laboral permanente y definitiva superior
al 50 %, tal y como establece el Manual Único para la calificación de la
invalidez – Decreto 917 de 1999-.
“Esta
situación genera una vulneración al derecho a la seguridad social de las
personas que se encuentran en situación de invalidez y han solicitado su
pensión para conjurar este riesgo, por cuanto, en primer lugar, desconoce que,
en el caso de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, la pérdida de
capacidad laboral es gradual y por tanto la persona que sufre de alguno de este
tipo de padecimientos puede continuar desarrollando sus actividades […].
“En
este orden de ideas, cuando una entidad estudia la solicitud de reconocimiento
de una pensión de invalidez de una persona que padece una enfermedad crónica,
degenerativa o congénita deberá establecer como fecha de estructuración de la
invalidez el momento en que la persona haya perdido de forma definitiva y
permanente su capacidad laboral igual o superior al 50% y a
partir de ésta verificar si la persona que ha solicitado la pensión de invalidez
cumple con los requisitos establecidos por la normatividad aplicable para el
caso concreto”.[52]
(Negrilla en texto original).
6.5. Por su parte,
en la sentencia T-427 de 2012,[53]
la Sala Primera de Revisión tuteló el derecho a la seguridad social y a no ser
discriminado de una persona que tenía una discapacidad mental congénita, que
solicitaba su pensión de invalidez, la cual fue negada, porque la entidad
demandada tuvo como fecha de estructuración su nacimiento. El actor laboró
durante cinco (5) años en una empresa, y con posterioridad buscó trabajo
durante diez (10) años inútilmente, por lo que en ese momento decidió solicitar
la pensión de invalidez. La Sala decidió acoger la definición de discapacidad
como barrera social, prevista en la Convención Internacional sobre Derechos de
Personas con Discapacidad.[54]
La Corte consideró
que los argumentos expuestos por la administradora de fondos de pensiones para
negar el reconocimiento de la pensión de invalidez discriminaban al actor por
motivo de su discapacidad y vulneraban su derecho a la igualdad, ya que, de
aplicarse, se estaría admitiendo que las personas con discapacidad desde su
nacimiento no tendrían derecho a acceder a una prestación económica que les
garantice su seguridad social, prestación a la que sí podrían acceder otras
personas que no tienen esa condición especial. También sostuvo que esa decisión
era contraria a otros postulados de la Constitución, la ley y los tratados
internacionales suscritos por Colombia sobre la protección especial de las
personas con discapacidad. En concreto, se sostuvo:
“50.
[la entidad accionada] interpretó que el hecho de que la fecha de
estructuración de la invalidez del actor sea anterior a la fecha de su
afiliación al Sistema General de Pensiones, implica que no tiene derecho a la
pensión de invalidez.
“51.
Si se aceptara esta interpretación, se estaría admitiendo que a las personas
que nacieron con discapacidad, por razón de su especial condición, no se les
debe garantizar la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad
de vida acorde con la dignidad humana, ni la posibilidad de acceder a una
pensión de invalidez, derechos que sí están reconocidos a las demás personas.
“52.
Como es evidente, esta interpretación constituye un acto de discriminación
contra el [actor] por motivo de su discapacidad, pues tiene el efecto de
impedir que este acceda a la pensión de invalidez, la cual resulta contraria a
la Constitución y a los tratados internacionales que protegen a las personas
con discapacidad de ser discriminadas por su condición especial.[55]
“53.
Pero además de vulnerar el derecho a la igualdad de las personas con
discapacidad desde su nacimiento, esa decisión resulta completamente contraria
a otros postulados de la Constitución, la ley y los tratados internacionales
suscritos por Colombia, sobre la protección especial de las personas con
discapacidad.
“54.
En efecto, en el artículo 47 de la Constitución Política se consagra el deber
del Estado de adelantar políticas de rehabilitación e integración social para
las personas con discapacidad, y en el artículo 54 se consagra el deber de
garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud. Como ya se indicó en el título anterior de esta
sentencia, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
también se garantiza el derecho de las personas con discapacidad a acceder en
forma voluntaria a programas de habilitación y rehabilitación en los ámbitos de
la salud, el empleo, la educación, y los servicios sociales, con el fin de
lograr su máxima independencia y su integración social, así como el derecho a
trabajar en igualdad de condiciones con los demás en una actividad acorde con
sus capacidades y consecuencialmente, a acceder a programas y beneficios de
jubilación[56]”.[57]
Luego de
establecer que la decisión de la entidad accionada constituía un acto
discriminatorio en contra de una persona con discapacidad, la Corte encontró
que las normas legales que regulan los requisitos para obtener la pensión de
invalidez no contemplan una forma de garantizarle ese derecho a las personas
que nacieron con una discapacidad que es calificada como superior al cincuenta
por ciento (50%) y, a pesar de ello, han laborado en actividades acordes con
sus capacidades. Esta situación se presenta siempre que la estructuración de la
invalidez sea fijada en la fecha de nacimiento del afiliado, ya que le sería
imposible cotizar cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a la
estructuración, porque para esa época no existiría.
En concepto de la
Corte, la problemática descrita requería una solución jurídica diferente, la
cual estaba justificada en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
Estado colombiano respecto de las personas con discapacidad, “de realizar
‘ajustes razonables’ cuando se requiera en un caso particular, ‘para garantizar[les]
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales’[58]”,[59]
ya que, de no hacerlo, incurriría a su vez en una conducta discriminatoria
denominada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
como “denegación de ajustes razonables”.[60]
Con este fin,
sostuvo que la pérdida de la capacidad laboral del actor no pudo haberse
estructurado en su fecha de nacimiento, teniendo en cuenta que su discapacidad
no le había impedido ejercer actividades remuneradas que le brindaron autonomía
e independencia financiera durante un período prolongado de tiempo.
Adicionalmente, partiendo de una concepción de la discapacidad fundamentada en
un “modelo social”, consideró que la razón por la que el actor no pudo seguir
laborando no estaba relacionada con su diversidad funcional sino con una
barrera social, “ya que la sociedad no le brindó la oportunidad de seguir
realizándose como persona en forma autónoma e independiente”.[61]
Con fundamento en los argumentos expuestos, concluyó:
“[…] la
fecha en que el actor dejó de trabajar constituye el momento en que su
discapacidad se convirtió en invalidez, porque fue en ese momento en el que la
barrera social de la discriminación le impidió seguir trabajando, ya que no tuvo
acceso a una oportunidad laboral debido a su condición especial,
constituyéndose en la causa directa por la que no pudo seguir laborando y
aportando al Sistema General de Pensiones”.[62]
Finalmente,
consideró que esa decisión constituía un “ajuste razonable” a la
interpretación de las normas sobre la fecha de estructuración de la pérdida de la
capacidad laboral del actor, medida (i) necesaria porque, de no hacerla, “se
le estaría negando a una persona con discapacidad su derecho a la pensión de
invalidez por razones derivadas de su diversidad funcional”; (ii) adecuada
porque incluía “en la interpretación de esas normas las concepciones sobre
la discapacidad que actualmente acepta el derecho internacional de los derechos
humanos”; y (iii) que no imponía una carga desproporcionada, porque en ese
caso estaba acreditado que el actor había cumplido con su obligación de
afiliarse y aportar al sistema cuando la sociedad le brindó la oportunidad de
trabajar, y porque el reconocimiento de los derecho fundamentales de un sujeto
de especial protección constitucional no podía considerarse como una carga al
sistema.[63]
Por las razones
expuestas, la Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la
igualdad y a la seguridad social del actor, dejó parcialmente sin efectos el
dictamen de pérdida de la capacidad laboral respecto de la fecha de
estructuración de su invalidez, para que en su lugar se entendiera que la
estructuración de la invalidez se dio a partir de la fecha en que el actor tuvo
que dejar de trabajar, y ordenó a la administradora de fondos de pensiones
accionada que reconociera y pagara la pensión de invalidez del actor.
6.6. Otro ejemplo
de casos resueltos con base en la jurisprudencia citada es la sentencia T-022
de 2013.[64]
En esa oportunidad se estudió una acción de tutela presentada por una persona a
quien le fue establecida la pérdida de la capacidad laboral desde el día de
nacimiento, que laboró y aportó al sistema durante siete (7) años, desde el año
dos mil cuatro (2004) hasta el dos mil once (2011) para un total de trescientas
(300) semanas, pero no pudo seguirlo haciendo por el deterioro de su visión
causado por su enfermedad. Por lo que solicitó el reconocimiento de su pensión
de invalidez. La entidad administradora de fondos de pensiones le negó el
derecho porque la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral
fue fijada desde el momento del nacimiento de la accionante, razón por la cual
no cumplía con los requisitos legales para acceder al derecho. En este sentido
afirmó:
“[S]i una persona con discapacidad ejerce
una actividad productiva, el Estado debe garantizarle los mismos derechos que
tiene todo trabajador, entre los cuales se incluye el derecho a afiliarse al
Sistema General de Pensiones y de beneficiarse de las prestaciones sociales que
este Sistema reconoce. En consecuencia, debe concluirse que la Administradora
de Fondos de Pensiones Protección S.A. vulneró el derecho a la igualdad y a la
seguridad social de la señora Nancy Alexis Ramírez Peñuela, al interpretar que
su condición de ser una persona con discapacidad desde su nacimiento le impedía
obtener la pensión de invalidez”.
6.7. Con base en
lo expuesto, la Sala Primera de Revisión considera que en aquellos casos en los
que se deba establecer la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad
laboral de una persona que sufra una enfermedad congénita, que tal padecimiento
no le haya impedido ejercer actividades laborales remuneradas durante ciertos
períodos de tiempo, la entidad encargada de realizar el dictamen de pérdida de la
capacidad laboral deberá tener en cuenta que la fecha de estructuración
corresponde a aquella en que el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y
mentales, en forma permanente y definitiva, en tal grado, que le impide
desarrollar cualquier actividad económicamente productiva. Pues de lo
contrario, se estaría poniendo en riesgo los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social de sujetos en condiciones de debilidad manifiesta.
Una vez reiterada
la jurisprudencia de la Corte sobre el establecimiento en forma retroactiva de
la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de personas
que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, la Sala de
Revisión resolverá el caso concreto.
7. Colpensiones vulneró
los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad
social del señor Asdrubal Jesús Ariza Piña, al negar el reconocimiento de la
pensión de invalidez, por considerar que al ser la fecha de estructuración de
la invalidez el día de su nacimiento, no podía cumplir con el requisito de las
semanas cotizadas con anterioridad a tal fecha
7.1.  En efecto, el señor Asdrubal Jesús Ariza
Piña es una persona que nació con un retraso mental congénito. A pesar de ello,
trabajó durante quince (15) años en la finca del señor Eduardo José María
Buchaar,[65]
desarrollando las labores propias del campo. Con ocasión de su vinculación
laboral, estuvo afiliado al sistema de seguridad social en pensiones como
trabajador dependiente desde el cinco (5) de enero de mil novecientos noventa y
tres (1993) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil ocho (2008),
cotizando un total de setecientas sesenta y nueve (769) semanas.[66]
Sin embargo, ante las dificultades propias de su condición de discapacidad, y
debido al desgaste físico derivado de los esfuerzos realizados durante quince
(15) años en su trabajo, no pudo seguir trabajando y aportando al Sistema.
El veintinueve (29) de mayo de dos mil
nueve (2009) la Vicepresidencia de Pensiones del ISS emitió dictamen en donde
fijó una pérdida de la capacidad laboral del accionante del cincuenta y dos
punto treinta y cinco por ciento (52.35%), con fecha de estructuración desde su
nacimiento, esto es, el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos
cincuenta y ocho (1958).[67]
Ello, con base en su historia clínica, en la cual se indica que al parecer el
peticionario tuvo una “hipoxia neonatal, que repercute en su sistema
nervioso central (SNC), quedando como secuela éste retraso mental congénito e
irreversible”.[68]
Por lo anterior, Asdrubal Jesús Ariza solicitó
al ISS el reconocimiento de su pensión de invalidez y éste mediante Resolución
No. 22113 del veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009) “por medio
de la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el sistema
de seguridad social en pensiones-régimen de prima media con prestación
definida”,[69]
negó el reconocimiento pensional, al considerar que la fecha de estructuración
de la invalidez de origen común es concomitante con su fecha de nacimiento, por
lo que no cumple con el requisito de las semanas cotizadas en los
últimos seis (6) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez,[70] de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del Acuerdo 019 de 1983, el
cual fue aprobado por Decreto 232 de 1984.[71]
Pese a que la
negativa del ISS se fundamentó en los requisitos establecidos en el Decreto
antes citado, la Sala considera, tal como fue explicado en el acápite quinto (5º)
de esta providencia, que en el caso concreto al actor le es aplicable el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la ley 860
de 2003. Ello, en tanto para poder aplicar el Decreto 232 de 1984, el accionante tenía que haber cotizado ciento
cincuenta (150) semanas, dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez
o trescientas (300) semanas en cualquier época antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993. Es decir, tener las
semanas exigidas por tal normatividad antes del primero (1º) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994). Sin embargo, el accionante al momento de
entrada en vigencia de la Ley 100 había cotizado menos de cien (100) semanas al
sistema,[72] razón por la cual no cumple con
la condición exigida para que pueda aplicarse en el caso objeto de análisis el
Decreto 232 de 1984.
7.2. De
conformidad con lo expuesto, la Sala Primera de Revisión no considera razonable
la interpretación de la entidad accionada, pues, de darle eficacia jurídica a tal
interpretación, se le restaría valor a los mandatos constitucionales de
prohibición de discriminación, a la protección especial de las personas con
discapacidad, así como al principio de igualdad, porque bajo la legislación
actual no existe posibilidad de que el señor Ariza se pensione por invalidez. Esta
interpretación implica, que sin importar el número de semanas que trabaje y
cotice una persona al sistema de seguridad social en pensiones, bajo la
legislación vigente no podrá gozar de este derecho, por habérsele diagnosticado
desde su nacimiento una pérdida de la capacidad laboral superior al cincuenta
por ciento (50%).
7.3. Ahora bien,
en la Ley 100 de 1993 “se considera inválida la persona que por cualquier
causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido
el 50% o más de su capacidad laboral”.[73] Una definición
similar de “invalidez” fue consagrada en el Manual Único de Calificación
de Invalidez contenido en el Decreto 917 de 1999.[74]
En el mencionado manual también se definen los términos “capacidad laboral”,
“trabajo habitual” y “fecha de estructuración o declaratoria de la
pérdida de la capacidad laboral”.[75]
7.4. De la
información que obra en el expediente y de las definiciones sobre estado de
invalidez y pérdida de la capacidad laboral citadas, puede concluirse que la fecha
de estructuración de la invalidez de una persona está relacionada con el
momento en que esta pierde las habilidades, destrezas, aptitudes y/o
potencialidades, físicas, mentales y sociales, para desempeñar un trabajo
habitual.
La Corte ha sostenido que un fondo de pensiones debe tener
en cuenta las cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez. Esta postura parte de considerar que, aunque la
fecha de estructuración se haya fijado en un momento determinado, en ciertos
casos es posible que con posterioridad a esa fecha, la persona conserve una
capacidad laboral residual que, sin que se advierta ánimo de defraudar al
sistema de pensiones, le haya permitido seguir trabajando y cotizando al sistema
hasta que llega a un punto en que la incapacidad se vuelve total.
En este orden de
ideas puede afirmarse que la pérdida de la capacidad laboral de Asdrubal Jesús Ariza
Piña, de acuerdo con el dictamen se estructuró desde su nacimiento.[76]
No obstante lo anterior, desde el año mil novecientos noventa y tres (1993) y
hasta el año dos mil ocho (2008), es decir, durante quince (15) años, pese a
padecer un retraso mental congénito, trabajó en la finca del señor Eduardo José
María Buchaar donde realizó los trabajos que su empleador le asignaba. Posteriormente,
con ocasión del desgaste físico que está implícito en la labor desarrollada, se
vio imposibilitado para seguir trabajando y aportando al sistema al perder su
capacidad laboral. De lo que se desprende que si bien  el peticionario fue considerado
una persona que padece una invalidez desde su nacimiento, mantuvo por varios
años las habilidades, destrezas y aptitudes físicas, mentales y sociales, para
trabajar y cotizar al sistema, por lo cual, conforme a los principios
constitucionales consagrados en el artículo 53 superior, es merecedor de una
protección especial con el fin de garantizar sus derechos fundamentales.
7.5. Por tal
motivo, debe concluirse que al momento de afiliarse al sistema general de pensiones
el cinco (5) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993), el señor
Asdrubal Jesús Ariza, pese a ser una persona con discapacidad no era inválido,
pues en razón de su  capacidad laboral residual trabajó y aportó al sistema de
seguridad social.
Así, como se
señaló en párrafos anteriores, la jurisprudencia de esta Corporación, ha sostenido
que aquellos casos en los que una entidad encargada de practicar el dictamen de
pérdida de la capacidad laboral de una persona que padece una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, ha establecido la estructuración de la misma
en una fecha muy antigua en el tiempo, con base en el momento en que se
dictaminó por primera vez la enfermedad o aparecieron los primeros síntomas,
sin tener en cuenta que esa persona ha conservado su capacidad laboral, y aportó
al sistema luego de ese momento, y esa decisión hace que le sea imposible
cumplir con los requisitos legales para pensionarse, vulnera su derecho a la
seguridad social de esa persona y con ello el derecho al mínimo vital.[77]
7.6. El ISS, hoy
Colpensiones, mediante la Resolución No. 22113 del veintiocho (28) de octubre
de dos mil nueve (2009) negó la pensión de invalidez al peticionario,[78]
al considerar que el señor Asdrubal Jesús Ariza no tenía derecho a tal
prestación, argumentando que la fecha de estructuración de su invalidez ocurrió
desde de su nacimiento. De aceptarse esta interpretación, se estaría (i)
admitiendo que las personas que nacieron con una discapacidad, por razón de su
especial condición no pueden trabajar ni procurarse por sus propios medios una
calidad de vida acorde con la dignidad humana, ni la posibilidad de acceder a
una pensión de invalidez, derechos que sí están reconocidos a las demás
personas.[79]
Así como también, (ii) se estaría aceptando un acto de discriminación contra el
peticionario por motivo de su discapacidad, que tiene el efecto de impedir que
este acceda a la pensión de invalidez.
7.7. Respecto de
la protección especial de las personas con discapacidad, la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad garantiza el derecho de estos a
acceder en forma voluntaria a programas de habilitación y rehabilitación en los
ámbitos de la salud, el empleo, la educación, y los servicios sociales, con el
fin de lograr su máxima independencia y su integración social, así como el
derecho a trabajar en igualdad de condiciones con los demás en una actividad
acorde con sus capacidades y consecuencialmente, a acceder a programas y
beneficios de jubilación.[80]
La consagración de
los derechos mencionados en la Convención, debe entenderse en concordancia con
los principios de autonomía e independencia de las personas con discapacidad,
que propugnan porque estas personas no sean discriminadas y puedan participar y
ser incluidas plenamente en la sociedad.[81] Tales
principios, llevan implícito el reconocimiento de que tales ciudadanos pueden
hacer aportes valiosos a la sociedad, ejerciendo actividades acordes con sus
capacidades. Sostener lo contrario, perpetúa los prejuicios y las barreras que
han llevado a equiparar la discapacidad con minusvalía.
Entonces, si la
Constitución y las normas internacionales garantizan estos principios, debe
concluirse que las personas con discapacidad que ejerzan una actividad
productiva tienen derecho a que, cumplidas ciertas condiciones, el sistema general
de pensiones les reconozca todas las prestaciones económicas que se les
garantiza a las demás personas, entre las cuales se encuentra la pensión de
invalidez. Por lo tanto, si una persona con discapacidad ejerce una actividad
productiva, el Estado debe garantizarle los mismos derechos que tiene todo
trabajador, entre los cuales se incluye el derecho a afiliarse al sistema general
de pensiones y de beneficiarse de las prestaciones sociales que este Sistema
reconoce.
7.8. Con base en
lo expuesto, la Sala de Revisión considera que con la actuación de Colpensiones
se vulneraron los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital, a la igualdad y la protección especial de que es titular el señor Ariza por
ser una persona con discapacidad. Pues, el asunto objeto de estudio, versa
sobre una persona que (i) tiene una discapacidad desde su nacimiento, (ii)
trabajó durante quince (15) años en labores que implican esfuerzo físico y por
ende un desgaste en su salud, (iii) actualmente tiene cincuenta y cinco (55)
años de edad y (iv) en el reporte detallado de su estado de cuenta emitido por Colpensiones,
se evidencia que laboró como trabajador dependiente hasta el treinta y uno (31)
de diciembre de dos mil ocho (2008), siendo esta la fecha en que efectivamente
dejó de trabajar y perdió de forma definitiva y permanente su capacidad laboral
y, a partir de tal fecha se vio en la necesidad de solicitar la
pensión de invalidez.
Lo
anterior, hace presumir a la Sala que el accionante es una persona que durante
su vida, pese al retraso mental congénito que padece, se ha esforzado por ser autónomo
y no depender económicamente de nadie. Sin embargo, debido a tantos años de
esfuerzo físico en su trabajo[82]
y al desgaste que este tipo de labores implica, sumado a su condición de
discapacidad no pudo seguir laborando. Por lo que una sobrina es quien
actualmente es la encargada de su sostenimiento y satisfacción de las
necesidades básicas.
7.9. La Sala considera que el estudio
sobre el cumplimiento de los requisitos legales para obtener la pensión de
invalidez por parte del peticionario debe hacerse a partir del veintinueve (29) de mayo de dos mil nueve (2009),[83] fecha en que se realizó el dictamen,
ya que en ese momento se presentó la pérdida definitiva y permanente de
capacidad
laboral del señor Ariza.[84]
En consecuencia, los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, tiempo
en el cual el peticionario debió cotizar 50 semanas al Sistema según lo dispone
el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, deben ser contados entre el veintinueve
(29) de mayo de dos mil nueve (2009) (fecha real de
su pérdida de capacidad laboral de forma permanente y definitiva), y el veintinueve
(29) de mayo de dos mil seis (2006). En este período,
la Sala encontró probado que el accionante cotizó al Sistema más de (110.16)
semanas, superando con esto el número mínimo de
semanas que impone la Ley. En esta medida, la Sala concluye que el señor
Asdrubal Jesús Ariza Piña cumple con los requisitos legales para obtener la
pensión de invalidez, ya que el accionante dejó de trabajar al perder de forma
permanente y definitiva su capacidad laboral, sin embargo realizó cotizaciones
al sistema durante varios años, las cuales no pueden ser desconocidas por el
sistema.[85]
7.10. En
consecuencia, la Sala Primera de Revisión concluye que la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones, vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social del señor Asdrubal Jesús
Ariza Piña, al interpretar que su condición de ser una persona con discapacidad
desde su nacimiento le impedía obtener la pensión de invalidez en tanto no era
posible acceder a tal prestación al no cumplir con el requisito de las
cincuenta (50) semanas cotizadas en los últimos tres (3) años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez, de acuerdo con el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la ley 860 de 2003, normatividad
vigente al momento en que el accionante perdió más del cincuenta por ciento (50%)
de su capacidad laboral.
7.11. Por las
razones expuestas y para proteger los derechos fundamentales del accionante, en
la parte resolutiva de esta sentencia, se revocará la sentencia proferida por
la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Atlántico, el catorce
(14) de enero de dos mil catorce (2014), que confirmó el fallo proferido por el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla el trece (13) de noviembre
de dos mil trece (2013), en el cual se declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por el peticionario, por considerar que el señor Asdrubal Jesús
Ariza cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para plantear allí la
inconformidad frente a la negativa de la pensión. En su lugar, se tutelarán los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad del
señor Ariza, y se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones que dentro de los quince (15) días hábiles, contados a partir de
la notificación de la presente sentencia, reconozca y pague en forma definitiva
la pensión de invalidez a favor del accionante.
8. Conclusión
8.1.
Reiterando las decisiones de las diferentes Salas de Revisión, una persona que
haya nacido con discapacidad  y, pese a ello haya laborado y cotizado al
sistema por varios años, no puede ser considerada inválida desde su nacimiento,
si se constata que se afilió al sistema de seguridad social en pensiones y en
razón de su capacidad laboral residual ha aportado al sistema un número
relevante de semanas.
8.2.
En casos específicos en los cuales una persona que ha nacido con una
discapacidad se le niega la pensión de invalidez, es preciso examinar el caso,
con el fin no sólo de evitar discriminaciones injustificadas, sino de cumplir
el mandato constitucional de promover “las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y [adoptar] medidas en favor de grupos discriminados o
marginados”.[86]
8.3.
Finalmente, la decisión de tutelar los derechos del actor en forma definitiva
se justifica en que, por regla general, los mecanismos ordinarios no garantizan
en forma efectiva el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR el
fallo proferido por la Sala de Decisión Oral del Tribunal Administrativo
del Atlántico, el catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), que confirmó
la sentencia expedida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Barranquilla, el trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), en el cual se
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el peticionario. En su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital
y a la seguridad social del señor Asdrubal Jesús Ariza Piña.
Segundo.-
ORDENAR a
la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, que en un término de
quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, reconozca y pague en forma definitiva la pensión de invalidez a
favor del señor Asdrubal Jesús Ariza Piña.
Tercero.-
Líbrese
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En el dictamen de pérdida de la capacidad laboral proferido por el
ISS el veintinueve (29) de mayo de dos mil nueve (2009), consta que la fecha de
nacimiento del señor Asdrubal Jesús Ariza es el diecinueve (19) de noviembre de
mil novecientos cincuenta y ocho (1958) (folio 8 del cuaderno principal). En
adelante siempre que se haga mención a un folio se entenderá que hace parte del
cuaderno principal, a menos que se diga expresamente lo contrario.
[2] Reporte de semanas cotizadas en pensiones, en el cual consta que
Asdrubal Jesús Ariza Piña que se afilió al sistema el cinco (5) de enero de mil
novecientos noventa y tres (1993) y ha cotizado un total de setecientas sesenta
y nueve (769) semanas (folio 10).
[3] Folio 1.
[4] En el Reporte de semanas cotizadas en pensiones y en el Dictamen de
pérdida de la capacidad laboral, se evidencia que el peticionario trabajó desde
mil novecientos noventa y tres (1993) hasta el año dos mil ocho (2008) en la
finca del señor Eduardo José María Buchaar, en donde realizaba labores propias
del lugar (folios 8 al 10).
[5] Dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral No. 1558 del veintinueve
(29) de mayo de dos mil nueve (2009), en el cual se indicó que la calificación
se fundamenta en su historia clínica donde consta que “tiene antecedentes de
retraso mental congénito, lo cual es un trastorno irreversible, secundario a
probable hipoxia neonatal, que repercute en su sistema nervioso central,
quedando como secuela este retraso mental congénito e irreversible” (folio 8).
[6] Folios 6 al 7.
[7] Resolución No. 22113 del veintiocho (28) de octubre de dos mil
nueve (2009) “por medio de la cual se resuelve una solicitud de prestaciones
económicas en el sistema de seguridad social en pensiones-régimen solidario de
prima media con prestación definida” (folios 6 al 7).
[8] En el Reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones, se
indica que el peticionario ha aportado al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones desde el año mil novecientos noventa y tres (1993) hasta el año dos
mil ocho (2008) (folio 10).
[9] Folio 19.
[10] Folio 6.
[11] De conformidad con el numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la
Constitución Política”, la acción de tutela será
improcedente en aquellos casos en que existan otros medios de defensa judicial
al alcance del accionante. Ello significa que existiendo tales medios,
corresponde al actor agotarlos antes de acudir la vía constitucional; a esto se
refiere el carácter subsidiario de la acción de tutela.
[12]
Sentencia T-533 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esta sentencia, se
estudió una acción de tutela instaurada por una persona calificada con un cincuenta
y ocho punto cincuenta y cuatro por ciento (58.54%) de pérdida de la capacidad
laboral con fecha de estructuración del ocho (8) de septiembre de dos mil cinco
(2005), a quien el Instituto de Seguros Sociales le negó el reconocimiento de
su derecho a la pensión de invalidez argumentando que no cumplió con el
requisito de fidelidad al Sistema. La Corte consideró que la acción de tutela
era procedente porque con ella se pretendía proteger el derecho al mínimo vital
de un sujeto de especial protección constitucional, afirmación que no fue
desvirtuada por la entidad accionada.
[13] MP
María Victoria Calle.
[14] (MP María Victoria
Calle Correa). Respecto de la procedibilidad de la acción de tutela, la Sala
Primera de Revisión consideró que “al contrastar los
presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para habilitar
la interposición de la acción de tutela en procesos relacionados con el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con las particularidades del
caso concreto, la Sala Primera de Revisión aprecia que el señor Fernando
Calderón Aldana acudió al mecanismo adecuado para tramitar sus pretensiones. En
primer lugar, es evidente que la condición económica y social del accionante es
delicada y grave, en razón de que se encuentra incapacitado para trabajar pues
acredita una pérdida de la capacidad laboral del cincuenta y siete punto
cuarenta por ciento (57.40%), según lo certificó Seguros de Vida Alfa S.A. A
esto se suma que la única fuente de recursos frente a la cual puede tener una
expectativa cierta y real que es la pensión de invalidez, cuyo reconocimiento
se invoca en este proceso, se encuentra en suspenso y su solicitud ha sido
denegada, debido no solo a la postura asumida por la administradora de
pensiones y cesantías Porvenir S.A., sino a la expuesta por los jueces de
instancia en las providencias que ratificaron tal negativa, motivo por el que
el actor no tiene la forma de asumir sus gastos convencionales con los que
pueda sortear sus necesidades básicas. Tal situación le permite reflexionar a
la Corte en que someter al señor Calderón Aldana a que acuda a la jurisdicción
ordinaria para solicitar el reconocimiento de su prestación, constituiría una
carga desproporcionada para una persona que sufre una enfermedad degenerativa,
como lo es la esquizofrenia esquizo-afectiva, trastorno depresivo severo y
síndrome neuroléptico maligno. Ese
conjunto de elementos de juicio le permiten a la Sala concluir que en este
proceso existen razones suficientes para considerar que la acción de tutela es
procedente”. En esta ocasión, la Corte concluyó que Porvenir S.A. vulneró los
derechos a la seguridad social y al mínimo vital del accionante, al negarle la
pensión de invalidez sin contabilizar sus aportes efectuados luego de la fecha
de estructuración dictaminada, ya que puede establecerse con las pruebas
obrantes en el expediente que la pérdida de capacidad laboral se perfeccionó en
una fecha posterior.
[15] En el Reporte de semanas cotizadas en pensiones y en el Dictamen de
pérdida de la capacidad laboral, se evidencia que el peticionario trabajó desde
mil novecientos noventa y tres (1993) hasta el año dos mil nueve (2009) en la
finca del señor Eduardo José María Buchaar, en donde realizaba labores propias
del lugar (folios 8 al 10).
[16] Ver, entre otras, la Sentencia T-521 de
2013 (MP Mauricio González Cuervo) donde la Corte hizo una exposición detallada
del principio de inmediatez al estudiar una acción de tutela mediante la cual
se solicitó una sustitución pensional después de que había transcurrido más de
un (1) año entre la expedición de la Resolución que negó el acceso a la pensión
y la interposición de la acción.
[17] A este respecto, véase la Sentencia C-543
de 1992 (MP José Gregorio Hernández) en la que se declaró la inexequibilidad de
los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, los cuales regulaban la
caducidad de la tutela cuando era interpuesta contra providencias judiciales.
[18] Ver Sentencias T-1110 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T- 429 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-998 de 2012 (MP María
Victoria Calle Correa), SU-158 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa) y T-521
de 2013 (MP Mauricio González Cuervo). Allí la Sala Plena y las diferentes
Salas de Revisión han hecho alusión a estas situaciones excepcionales al
abordar la procedibilidad de acciones de tutela mediante las cuales se
pretendía obtener acceso a una defensa técnica, a un recalculo del monto base
de la pensión, a la indemnización por daños y perjuicios, a la sustitución
pensional, a la pensión de sobreviviente y a la pensión de invalidez,
respectivamente.
[19] (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En esta sentencia se discutía
la negativa del acceso a la pensión de sobrevivientes de una mujer, la Corte
consideró que debía efectuarse un análisis flexible de la inmediatez, a partir
de (i) el carácter permanente y actual de la violación alegada; (ii) la edad de
la peticionaria; y (iii) su situación de vulnerabilidad económica. En aquella
oportunidad, el alto Tribunal Constitucional sostuvo que a pesar de haberse
presentado la tutela despues de 32 meses del hecho vulnerador: “La finalidad
de la exigencia de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o
caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza
o violación de derechos fundamentales que requiera, en realidad, una protección
inmediata, como se logra ver en el presente caso.” Por lo que concluyó que
“el término transcurrido no resulta demasiado
prolongado de modo tal que afecte los derechos de terceros, la seguridad
jurídica o convierta la tutela en un premio a la desidia de la peticionaria
quien por varios años ha luchado por obtener el reconocimiento de su pensión
ante la justicia ordinaria.” En este mismo
sentido, en sentencia T- 145 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa) la Corte
se pronunció sobre la situación de un ciudadano a quien se le negó la acción de
tutela presentada para obtener el reconocimiento de la pensión de vejez, por
haber dejado transcurrir 11 meses desde el momento del hecho generador de la
vulneración. La Corte concedió el amparo y para ello sostuvo que el tiempo
transcurrido para interponer la acción de tutela estaba justificado en tanto
(i) el presente asunto estaba relacionado con una
presunta vulneración permanente y actual del derecho fundamental a la seguridad
social y (ii) el actor había demostrado ser diligente en el agotamiento de los
mecanismos administrativos y judiciales para obtener su derecho.
[20] Sentencia T-328 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio, SV Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[21] Folio 6.
[22] A folio 8, obra copia del dictamen sobre pérdida de la capacidad
laboral No. 1558 del veintinueve (29) de mayo de dos mil nueve (2009), en el
cual se indicó que la calificación se fundamenta en su historia clínica donde
consta que “tiene antecedentes de retraso mental congénito, lo cual es un
trastorno irreversible, secundario a probable hipoxia neonatal, que repercute
en su sistema nervioso central, quedando como secuela este retraso mental
congénito e irreversible”
[23] Pese a padecer un retraso mental congénito, desde su nacimiento, el
accionante trabajó en la finca del señor Eduardo José María Buchaar, en donde
se desempeñó en las labores propias del campo que su empleador le asignaba. Por
lo que, sumado a su discapacidad, el actor presenta desgaste físico debido a
las tareas duras que desarrollo durante quince (15) años con su empleador.
[24] Constitución Política de Colombia, artículo 13. “Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de
las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica. // El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. // El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”
[25] Constitución Política de Colombia, artículo 47. “El Estado
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran”.
[26] Constitución Política de Colombia, artículo 54. “Es obligación del
Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y
técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral
de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho
a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.
[27] Constitución Política de Colombia, artículo 68. “[…] La
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones
físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado”.
[28] Sentencia T-207 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En este caso,
la Corte estudió la situación de un egresado de medicina, persona con
discapacidad, a quien la Secretaría de salud competente no pudo ubicar en una
plaza para el ejercicio del SSO, debido a que las instituciones prestadoras de
salud consideraban que las dificultades de locomoción del actor le impedían
adelantar adecuadamente el servicio social. La Corte concedió el amparo,
considerando que las autoridades demandadas estaban en obligación de adoptar
las medidas pertinentes para adaptar el entorno a la persona con discapacidad,
en lugar de obligar a la persona con discapacidad a adaptarse a un entorno que
le resulta hostil.
[29] MP Nilson Pinilla Pinilla.
[30] Las anteriores enumeraciones no agotan el conjunto de
pronunciamientos y/o tratados internacionales sobre el tema de la discapacidad.
La Corte hizo un recuento aún más exhaustivo de tales documentos en el Auto
A-006 de 2009 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) en el que analizó la
problemática especial de las personas víctimas de desplazamiento forzado que
además padecen alguna discapacidad.
[31] Sentencia C-293 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[32] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
“Preámbulo. Los Estados Partes en la presente Convención, // […] Reconociendo
que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, […].”
[33]
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 1°,
inciso 2°. “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
[34]
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4°,
literal b.
[35] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 3°. “Principios generales // Los principios de la presente Convención
serán: // a) El respecto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición
humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad
entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de
los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad”.
[36]
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 2,
inciso 3. “Por discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá
cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que
tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.
[37]
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 2,
inciso 4. “Por ‘ajustes razonables’ se entenderán las modificaciones y
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada
o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.
[38] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 26. “Habilitación y rehabilitación. // 1. Los Estados Partes
adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de
personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con
discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad
física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en
todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán,
intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y
rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas: //
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación
multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona; // b) Apoyen
la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la
sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con
discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas
rurales […]”.
[39] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 27. “Trabajo y empleo. // 1. Los Estados Partes reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las
demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante
un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales
que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los
Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo,
incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo,
adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre
ellas: […]”.
[40] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 28. “Nivel de vida adecuado y protección social. // 1. Los Estados
Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida
adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y
adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de
este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad. // 2. Los Estados
Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección
social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad,
y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de
ese derecho, entre ellas: // […] e) Asegurar el acceso en igualdad de
condiciones de las personas con discapacidad a programas y beneficios de
jubilación”.
[41] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 4°, literal b.
[42] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 2, inciso 4, antes citado.
[43] En
desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley 100 de
1993, estableciendo el sistema de seguridad social integral, dentro del cual se
encuentra el sistema general de pensiones que tiene por objeto garantizar a la
población una protección frente a las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte.
[44] En
relación con la pensión de invalidez, el sistema general de pensiones consagró
el reconocimiento de esta prestación frente a aquellas personas que hubieren
cotizado al sistema o se encontraren realizando aportes y eventualmente
sufrieran una pérdida en su capacidad laboral. Lo que se buscó con la
consagración de la norma, fue, precisamente garantizar el acceso de aquellas
personas disminuidas en su capacidad laboral, a una fuente de ingresos que les
permitiera solventar sus necesidades vitales, ante la imposibilidad de obtener
por sus propios medios y en forma autónoma, una solución económica para
satisfacer sus necesidades básicas.
[45] Artículo 38 de la Ley 100 de 1993: “Para los efectos del presente
capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.”
[46]  El
artículo 41 de la Ley 100 de 1993, establece: “Corresponde al Instituto de
Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, a las
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a las
Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera oportunidad la pérdida
de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las
contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la
calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación que
hiciere sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de
Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante la Junta
Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”.
[47]  Artículo 31 del Decreto 2463 de 2001, “por el cual se reglamenta
la integración, financiación y funcionamiento de la Juntas de Calificación de
Invalidez”.
[48] Artículo primero,
“El artículo 59 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por Decreto 3041 del mismo año
quedará así: Tendrán derecho a pensión por invalidez los asegurados que reúnan
las siguientes- condiciones: a) Ser inválido permanente conforme a lo
preceptuado en el artículo 62 del Decreto-ley 433 de 1971. b) Tener acreditadas
150 semanas de cotización- para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V.
M., dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de
cotización en cualquier época”.
[49] Véase, por ejemplo, las Sentencias T-062A
de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-594 de 2011 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-
668 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y T-1042 de
2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), entre muchas otras, en donde la Corte ha sentado su jurisprudencia
sobre la condición más beneficiosa. En la primera y la tercera providencia
citada, (T-062A y T-668 de 2011) la Corte aplicó el Acuerdo 049 de 1990 a dos
(2) de los casos que estaba estudiando a pesar de que se encontraba vigente la
Ley 860 de 2003.
[50] A
diferencia de lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia, la Corte
Constitucional ha considerado que la aplicación de la condición más beneficiosa
no se limita a aplicar la norma inmediatamente anterior a aquella que se
encuentra vigente. Por el contrario, ha señalado que no existe un límite a este
respecto siempre y cuando la persona que solicita la pensión de invalidez haya
acreditado uno de los requisitos necesarios durante la vigencia de la norma
derogada. Así, por ejemplo, lo precisó en la Sentencia T-832A de 2013 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva) al señalar que “en lo relativo a la posición de la Sala
de Casación Laboral sobre la imposibilidad de confrontar regímenes jurídicos
que no son inmediatamente sucesivos para efecto de aplicar el principio de la
condición más beneficiosa, la Sala Novena de Revisión considera que si bien la
protección de los derechos eventuales tiene límites como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional y ordinaria, el argumento acogido por la Sala de
Casación desconocería que las mencionadas restricciones están dadas por
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Para esta Sala de la Corte
Constitucional no basta efectuar reformas legislativas sucesivas para suprimir
la protección de las expectativas legítimas. Una medida tal desconocería la
necesidad de tomar en consideración aspectos como la proximidad entre el cambio
legislativo que varió los presupuestos de reconocimiento de la garantía
pretendida y el instante en que la persona adquiriría definitivamente la
pensión, la intensidad del esfuerzo económico desplegado por el afiliado, entre
otros elementos indispensables para determinar una protección razonable y
proporcionada de los derechos eventuales como por ejemplo los índices de
desempleo, los niveles de informalidad laboral o la ausencia o presencia de
mecanismos de protección social supletorios”.
[51] (MP Nilson Pinilla Pinilla). En
consecuencia la Sala ordenó al Instituto de Seguros Sociales, tramitar el
otorgamiento de la pensión de invalidez a la señora Luz Ángela Currea Peñuela,
la cual habrá de reconocer aplicando para ello la normatividad vigente a la
fecha en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez emitió su dictamen
de calificación de invalidez, esto es, el veintiuno (21) de octubre de dos mil
cuatro (2004).
[51] MP Humberto Antonio Sierra Porto.
[52] (MP Humberto Antonio Sierra Porto). La Sala Octava de Revisión
amparó el derecho a la pensión de invalidez de una persona que fue calificada
con el sesenta y cuatro punto sesenta y cuatro por ciento (64.64%)  de pérdida
de capacidad laboral y la fecha de estructuración de esa invalidez se fijó para
el trece (13) de marzo de mil novecientos
ochenta y uno (1981), momento en el que le fue diagnosticada por primera vez la
enfermedad que padecía y que fue la causa de su invalidez y no el día en que
perdió de forma definitiva y permanente su capacidad laboral en más del cincuenta
por ciento (50%), como lo establecen los artículos 2 y 3 del  Decreto 917 de 1999. La entidad de
pensiones responsable negó el derecho a la pensión porque en los tres (3) años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez la persona no registró
semanas cotizadas. En el mismo sentido, se pueden revisar las sentencias
T-420 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y T-432 de 2011 (MP Mauricio
González Cuervo).
[53] MP María Victoria Calle Correa.
[54] Al respecto en la sentencia se advierte: “Como ejemplo de las
normas que adoptan una concepción “social” de la discapacidad, se encuentra la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Colombia por medio de la Ley 1346 de 2009. Esta norma desde su preámbulo, reconoce que la discapacidad “es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás’”.
[55] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículos 4. “Obligaciones generales. // 1. Los Estados Partes se
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados
Partes se comprometen a: // […] a) Adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los
derechos reconocidos en la presente Convención; // b) Tomar todas las medidas
pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad; // […] e) Tomar todas las medidas
pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine
por motivos de discapacidad; […].”
[56] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículos 26, 27 y 28. (Antes citados).
[57] Sentencia T-427 de 2012.
[58] Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 2. “Definiciones // A los fines de la presente Convención: //
[…] Por ‘ajustes razonables’ se entenderán las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales; […]”.
[59] Sentencia T-427 de 2012, numeral 64.
[60] Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 2. “Definiciones // A los fines de la presente Convención: // […] Por
‘discriminación por motivos de discapacidad’ se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la
denegación de ajustes razonables: […]”.
[61] Sentencia T-427 de 2012, numeral 76.
[62] Sentencia T-427 de 2012, numeral 95.
[63] Sentencia T-427 de 2012, numerales 97 al 100.
[64] (MP.
María Victoria Calle Correa). En esta oportunidad, la Sala Primera de Revisión
estudió la acción de tutela interpuesta por una mujer que nació con una
enfermedad denominada toxoplasmosis congénita. Mediante dictamen del siete (7)
de marzo de dos mil doce (2012), se calificó la pérdida de la capacidad laboral
de la accionante en un cincuenta y tres punto quince por ciento (53.15%), y se
estableció como fecha de estructuración el veinticuatro (24) de marzo de mil
novecientos ochenta (1980), es decir, a partir de su nacimiento. Con base en
ese dictamen, Protección S.A. decidió negar el reconocimiento de la pensión de
invalidez de la actora. En concepto de la administradora de fondos de pensiones
accionada, el hecho de que la estructuración de la invalidez de la actora sea
anterior a su afiliación al sistema le impide acceder a las prestaciones
derivadas de su pérdida de la capacidad laboral. La Corte consideró que de
aceptarse la interpretación realizada por la accionada “se estaría admitiendo
que a las personas que nacieron con discapacidad, por razón de su especial
condición, no se les debe garantizar la posibilidad de procurarse por sus
propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana, ni la
posibilidad de acceder a una pensión de invalidez, derechos que sí están
reconocidos a las demás personas”. Por lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
accedió a la protección de los derechos a la igualdad y a la seguridad social
de la actora, dejó parcialmente sin efectos el dictamen de pérdida de capacidad
laboral practicado a la accionante respecto de la fecha de estructuración de su
estado de invalidez, para que en su lugar se entienda que la estructuración se
dio a partir del veintisiete (27) de julio de dos mil once (2011). Lo anterior,
“teniendo en cuenta que la pérdida de capacidad laboral de la actora es
permanente y definitiva en un porcentaje superior al cincuenta por ciento
(50%), y que cumplió con las semanas de cotización requeridas en los tres (3)
años anteriores a esa fecha”, por lo que ordenó a la Administradora de Fondos
de Pensiones Protección S.A. reconocer y pagar en forma definitiva la pensión
de invalidez a la señora Nancy Alexis Ramírez Peñuela.
[65] En el Reporte de semanas cotizadas en pensiones y en el Dictamen de
pérdida de la capacidad laboral, se evidencia que el peticionario trabajó desde
mil novecientos noventa y tres (1993) hasta el año dos mil ocho (2008) en la
finca del señor Eduardo José María Buchaar, en donde realizaba labores propias
del lugar (folios 8 al 10).
[66] En el reporte de semanas cotizadas en pensiones proferido por el
ISS, consta que el señor Asdrubal Jesús Ariza Piña se afilió al sistema de
seguridad social en pensiones el cinco (5) de enero de mil novecientos noventa
y tres (1993) (folio 10).
[67] Dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral No. 1558 del
veintinueve (29) de mayo de dos mil nueve (2009), en el cual se indicó que la
calificación se fundamenta en su historia clínica donde consta que “tiene
antecedentes de retraso mental congénito, lo cual es un trastorno irreversible,
secundario a probable hipoxia neonatal, que repercute en su sistema nervioso
central, quedando como secuela este retraso mental congénito e irreversible”
(folio 8).
[68] Ibídem.
[69] Folios 6 al 7.
[70] Resolución No. 22113 del veintiocho (28) de octubre de dos mil
nueve (2009) “por medio de la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas
en el sistema de seguridad social en pensiones-régimen solidario de prima media
con prestación definida” (folios 6 al 7).
[71] Acuerdo
número 019 de 1983. Artículo primero, “El
artículo 59 del Acuerdo 224 de 1966 aprobado por Decreto 3041 del mismo año
quedará así: Tendrán derecho a pensión por invalidez los asegurados que
reúnan las siguientes- condiciones: a) Ser inválido permanente conforme a lo
preceptuado en el artículo 62 del Decreto-ley 433 de 1971. b) Tener acreditadas
150 semanas de cotización- para los riesgos de invalidez, vejez y muerte I. V.
M., dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización
en cualquier época”.
[72] Folio 10.
[73] Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”. Artículo 38. “Estado de invalidez.
Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el cincuenta por ciento (50%) de su capacidad laboral”.
[74] Decreto 917 de 1999, “Por el cual se modifica el Decreto 692 de
1995”.
[75] El
artículo 2° del Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de 1999)
define en su literal c) la capacidad laboral y en el literal d) el trabajo
habitual, así: “Capacidad Laboral: Se entiende por capacidad laboral del
individuo el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o
potencialidades de orden físico, mental y social, que le permite desempeñarse
en un trabajo habitual.” || “Trabajo habitual: Se entiende como trabajo
habitual aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el individuo con su
capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional,
recibiendo una remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual
cotiza al Sistema Integral de Seguridad Social.” Asimismo, en el artículo 3° se
define la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, así: “Es la fecha en que se genera en el individuo una
pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para
cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica,
los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba
subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones
derivadas de la invalidez”.
[76] Folio 9.
[77] Al
respecto, se pueden revisar, las sentencias previamente citadas: T-561 de 2010
(MP. Nilson Pinilla Pinilla), T-420 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-432
de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), T-671 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto) y T-427 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[78] Folio 6.
[79] Sentencia T-022 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[80] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículos 26, 27 y 28. (Antes citados).
[81] Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
artículo 3°. “Principios generales. // Los principios de la presente Convención
serán: // a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas; // b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de
las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición
humanas; e) La igualdad de oportunidades; […]”.
[82] En la finca del señor Eduardo José María Buchaar.
[83] Folio 8.
[84] En la
sentencia T- 485 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Sala Cuarta
de Revisión estudio la acción de tutela interpuesta por una persona afiliada al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones desde febrero (cotizó un total de 79.1
semanas), que en el año 2004, le fue diagnosticado cáncer. El 30 de mayo de
2011, la Junta Regional de Calificación, calificó de manera definitiva la
pérdida de capacidad laboral de la accionante, arrojando como resultado un
porcentaje del 66.25% con fecha de estructuración, 22 de noviembre de 2010. Con
base en tales hechos, la Corte resaltó que “en concordancia con lo manifestado por
esta Corporación en casos similares, para efectos de contabilizar las semanas
requeridas, se tendrá como punto de partida la fecha de calificación como
momento de pérdida definitiva y permanente de capacidad y, en consecuencia, los
aportes que se tendrán en cuenta son aquellos realizados en los 3 años
anteriores a esta fecha. Esto, ajustándose a lo señalado precedentemente por la
Corte, en lo referente a evitar la conculcación de los derechos fundamentales
de las personas que, en condiciones de deficiencia física o mental, continúan
aportando al sistema y que deben recurrir a éste en el momento en que la
enfermedad no les permite seguir su actividad laboral. Por ende, es apenas
lógico que se les reconozca el esfuerzo realizado y se tengan como válidas las
cotizaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de estructuración”. En esa
medida, la Sala Cuarta de Revisión verificó que en los 3 años anteriores a la fecha
de calificación de pérdida de la capacidad laboral de la accionante, la señora
tenía más de 60 semanas cotizadas al sistema y por tal razón, tenía derecho a
ser beneficiaria de la pensión de invalidez. En consecuencia, ordenó al BBVA Horizonte Pensiones y
Cesantías, tomar como fecha de estructuración de invalidez de la accionante, el
30 de mayo de 2011 y reconocer y pagar a la peticionaria la pensión de
invalidez.
En el
mismo sentido, la Sala Primera de Revisión en sentencia T-163 de 2011 (MP María
Victoria Calle Correa) conoció el caso de una señora
que padecía diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica terminal,
y que fue calificada con pérdida de capacidad laboral del 71.91%, con fecha de
estructuración el 22 de noviembre de 2008 (dictamen del 30 de diciembre de
2009). La peticionaria presentó acción de tutela contra la Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. con el fin de
lograr la protección de sus derechos fundamentales y le fuera reconocido su
derecho a la pensión de invalidez. Sin embargo, la accionada señaló que para
reconocer la pensión de invalidez, el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 dispone
que es necesario haber cotizado 50 semanas en los 3 años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, y en ese tiempo, la
peticionaria sólo cotizó tan solo 28.26 semanas. La Corte consideró que “a pesar de lo que
señala el dictamen, [la fecha de estructuración] no representa el momento en
que la accionante perdió su capacidad laboral en forma permanente
y definitiva, como exige el Decreto 917 de 1999. Por el contrario, es la
fecha de la calificación de la invalidez, como se señaló en las consideraciones
precedentes, la que se debe tener en cuenta, dadas las especiales condiciones
de salud de la peticionaria, y el hecho de que ella continúo cotizando al
Sistema, a pesar de los síntomas de su enfermad. En consecuencia, los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, tiempo
en el cual la peticionaria debió cotizar 50 semanas al Sistema según lo dispone
el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, deben ser contados entre el 30 de diciembre de 2009 (fecha
real de su pérdida de capacidad laboral de forma permanente y definitiva), y el
30 de diciembre 2006. En este período, la Sala encontró probado que la
accionante cotizó al Sistema más de 80 semanas, es decir, superó las
semanas mínimas para acceder a la pensión”.
[85] Información tomada del reporte del estado de cuenta del señor
Asdrubal Jesús Ariza Piña (folio 10).
[86] Constitución Política de Colombia, artículo 13.