T-414-15
Sentencia T-414/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por vulneración del debido proceso en lanzamiento por
ocupación de hecho de Comunidad Negra
PROTECCION ESPECIAL AL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS-Caso de la comunidad de Curbaradó
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LEGITIMACION POR ACTIVA-Comunidad Negra de la Cuenca del Río Curbaradó/AGENCIA OFICIOSA Y
COMUNIDADES NEGRAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
TERRITORIO COMO PROPIEDAD COLECTIVA DE UNA COMUNIDAD NEGRA-Se generan distintos efectos jurídicos que hacen realidad la protección
a favor de estos grupos minoritarios
PROCESO AGRARIO DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO-Naturaleza y reglas
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DE LANZAMIENTO-Caso en que se vulneró el derecho al debido proceso/DEMANDA DE
LANZAMIENTO-Cumplimiento de los 120 días que se cuentan para interponer la
demanda de lanzamiento por ocupación de hecho desde ocurrencia del suceso
Entre la
fecha de ocupación a la que hace referencia la misma parte accionante en el
proceso agrario, y aquella en la que se interpuso la demanda, transcurrió un
término de 174 días. De lo cual se concluye que la demandante no cumplió con el
requisito de aportar, si quiera de manera sumaria, prueba de que la ocupación
se haya iniciado dentro de los 120 días anteriores a la fecha de presentación
de la demanda. Por lo contrario, es ella quien da cuenta de que este tiempo fue
superado. Ane este incumplimiento, y de conformidad con las normas antes
citadas, era de esperarse que el Juzgado Promiscuo del Circuito hubiera
rechazado la demanda, sin embargo, omitió aplicar la regla de procedibilidad
contenida en la normatividad específica que regula el procedimiento agrario de
lanzamiento por ocupación de hecho, y, en esa medida, le dio trámite a un
proceso sin el cumplimiento de los requisitos legales. En efecto,
el juez accionado se apartó de manera evidente de la regla procesal que, en las
consideraciones generales de esta providencia, fue identificada como un
requisito de inmediatez, pues el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho
estaba dirigido a resolver una situación de hecho que se produce por la
interrupción inminente de la explotación de un bien agrario. La Sala considera que en la actuación, el Juzgado Promiscuo del Circuito se configuró un defecto
procedimental que determina una violación del derecho al debido proceso y que,
en consecuencia invalida todo el procedimiento adelantado. En consecuencia
con todo lo expuesto, la Sala encuentra que se verifican dos de los requisitos
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. A partir de lo cual, y teniendo en cuenta que con uno solo es
suficiente para que se configure una vulneración del derecho al debido proceso,
y quepa anular el respectivo trámite, se procederá a revocar los fallos de
instancia y, en su lugar, se concederá el amparo solicitado por el Ministerio
del Interior a favor de la comunidad Negra, organizada en el Consejo
Comunitario
DERECHO AL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD NEGRA ORGANIZADA EN EL CONSEJO
COMUNITARIO DEL RIO CURBARADO
Referencia:
Expediente T-2.379.468
Demandante:
Ministerio
del Interior y de Justicia – Dirección de Asuntos de Comunidades Negras.
Demandado:
Juzgado Promiscuo
del Circuito de Ríosucio, Chocó.
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ.
Bogotá, D.C., dos (2) de julio de
dos mil quince (2015).
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
trámite de revisión del fallo de tutela proferido, en primera instancia, por el
Tribunal Superior de Quibdó, Sala Única, el veinte (20) de mayo de dos mil
nueve (2009); y, en segunda instancia, por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, el cinco (5) de agosto de dos mil nueve (2009), en contra
del Juzgado Promiscuo del Circuito de Ríosucio, Chocó.
I.
ANTECEDENTES
1.
La solicitud
El Ministerio
del Interior y de Justicia —Dirección de Asuntos de Comunidades Negras—,
presentó acción de tutela en contra de la actuación procesal adelantada por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de  Ríosucio, Quibdó, dentro del proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho, con radicado 2007-0163, iniciado por
Claudia Ángela Argote Romero contra Liria Rosa García y otras personas. El
Ministerio solicita que se suspenda la diligencia de lanzamiento ordenada por
el despacho y que se anule la sentencia y todo lo actuado dentro de dicho
proceso, por cuanto considera que el Juzgado accionado vulneró el derecho al
debido proceso, a la vida, al territorio colectivo, al trabajo, al mínimo vital
y en general a la vida digna de las accionadas, miembros de la comunidad de
Caracolí,  pertenecientes al Consejo Comunitario de Curbaradó.
2.
Hechos
2.1.
Mediante Resolución No. 02809 del 22 de
noviembre de 2000, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) accedió
a la solicitud hecha por el Consejo Comunitario del Río Curbaradó, a través de
su representante legal, y confirió la titulación colectiva de “Tierras de
Comunidades Negras”, sobre unos territorios baldíos ubicados en la cuenca del
río Curbaradó, en la jurisdicción de Riosucio, Departamento de Chocó. Para tal
efecto, el INCORA consideró que tal territorio estaba conformado por tierras
baldías ocupadas colectivamente por esa comunidad, integrada por las veredas
Bocas de Curbaradó, Andalucía, No hay como Dios, Costa de Oro, San José de
Jengadó, Buena vista, Corobazal, Jengadó Medio, Las Camelias, La Laguna, Villa
Luz, El guamo, Despensa baja y Despensa media.
La entidad justifica la titulación en “[l]a tenencia de la
tierra por parte de la Comunidad negra organizada en el Consejo Comunitario del
río Curvaradó sobre las áreas de vivienda y los lotes de cultivos familiares,
se caracteriza por la ocupación ancestral, ya que se ha venido transmitiendo de
generación en generación si ningún título traslaticio de dominio que haya sido
otorgado por el Estado a través del INCORA y otra entidad pública autorizada
para ello // Sobre las áreas de respaldo y de bosque la ocupación y el
aprovechamiento se ha ejercido en forma colectiva por toda la comunidad de
manera contínua e ininterrumpida”. Y en relación con terceros ocupantes,
indicó que “durante la práctica de la visita no se encontró tenencia de
tierra por personas ajenas a la comunidad que tuvieren esa calidad”.
En virtud de la adjudicación del título colectivo, la misma
Resolución, en el artículo segundo, indica que los terrenos adoptan el carácter
de “Tierras Comunales de Grupos Étnicos”, y que son de propiedad colectiva no
enajenables, imprescriptibles e inembargables. A la vez, el artículo dispone
que sólo se pueden enajenar las áreas que sean asignadas a un grupo familiar,
pero que en todo caso “el ejercicio de derecho preferencia de ocupación o
adquisición únicamente podrá recaer en otros miembros de la comunidad
respectiva o en su caso dentro de otros miembros del grupo étnico al que
pertenece la comunidad negra beneficiaria”.
2.2. El 28 de junio de 2002, suscribieron
contrato de compraventa el señor Oscar de Jesús García Gil, a título de
vendedor, y la señora Claudia Ángela Argote Romero, en calidad de compradora[1],
del inmueble rural, lote de terreno denominado Los Caracoles, ubicado en
el paraje de Bajirá, jurisdicción municipio de Mutatá, Antioquia, con un área
de 47 hectáreas y 2300 metros cuadrados.
2.3. El anterior negocio fue registrado en la oficina de instrumentos
públicos de Frontino, Antioquia, el 24 de septiembre de 2002[2].
2.4. El 10 de septiembre de 2007, el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (INCODER) expidió la Resolución No. 2424, “por la cual se deslindan
los territorios colectivos adjudicados al Consejo Comunitario del Río Curvaradó
de los predios de propiedad privada legítima adjudicados a particulares”.
En dicho acto administrativo se deslindó el territorio de propiedad colectiva
que había sido adjudicado al Consejo Comunitario del Río Curbaradó en la cabida
y linderos detallados en la Resolución 2809 de 2000, de 94 predios de propiedad
privada que fueron detallados en el mismo acto.
Dentro de
estos predios deslindados se incluyeron dos predios de la señora Argote Romero,
pero no el denominado Los Caracoles.
2.5. El 9 de octubre de 2007, la señora Claudia Ángela Argote Romero
instauró demanda por ocupación de hecho del inmueble Los Caracoles, que
hace parte de un lote de mayor extensión denominado La Tukeka, en las
veredas de La Florida y Caracolí, jurisdicción del municipio de Carmen del
Darién[3],
Departamento de Chocó, en contra de Liria Rosa García, Fernando Pérez Florez,
Manuel Gregorio Viloria, Guerto González, Dina Luz Restrepo, Marcelina Sandoval
y Manuel Galarcia “y los demás invasores o personas anónimas que se adhieran
a la invasión de los que no conocemos su identidad (…)”[4].
2.5.1. En la demanda que promueve el proceso de lanzamiento, el
apoderado de la señora Argote indicó que desde la compra del inmueble, la
demandante y su familia lo han ocupado, pero que el 15 de abril de 2007, unas
personas se instalaron en un lote del terreno que estaba destinado a la
ganadería y “de forma arbitraria procedieron a sacar los ganados a realizar
cierre de broches y a sembrar matas de plátano”[5]. Por lo tanto,
solicitó que se declarara a las demandadas y a quienes más hayan hecho
presencia en el predio, como ocupantes de hecho; y que se les ordenase restituir
el predio junto con el pago de los perjuicios materiales causados.
2.5.2. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, Chocó, conoció del
proceso agrario de lanzamiento por ocupación de hecho (bajo las normas
contenidas en el Decreto 2303 de 1989) y ordenó la práctica de varias pruebas.
Entre ellas:
(i) Llamó a
interrogatorio de parte a las demandadas, pero no se presentó ninguna persona.
Además, recibió testimonios a vecinos de lugar, quienes eran trabajadores del
predio de la demandante y declararon que había invasores en el predio, con una
actitud agresiva frente a ellos.
(ii) Ordenó una
inspección judicial con intervención de perito y protección de la fuerza
pública, en la cual constató la presencia de ocupantes entre adultos y menores,
quienes habían construido 9 casas de madera y hojas de árboles.
Adicionalmente,
el perito concluyó que la propietaria del inmueble había sufrido daños, tanto
por la presencia de las personas que califica de invasores que han arruinado su
terreno, como por el lucro cesante en cuanto no ha podido darle al predio el
uso agropecuario para el cual lo destina. Este daño fue tasado en $6.739.200
pesos.
2.5.3. Las personas demandadas no comparecieron ni intervinieron en el
proceso.
2.5.4. En sentencia del 28 de agosto de 2008, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Ríosucio, Chocó, consideró que las accionadas estaban ocupando
parte del predio de la señora Claudia Ángela Argote Romero, de manera ilícita, sin
consentimiento, y que se habían establecido en él, levantando casas y sembrando
cultivos. Así mismo, el juzgado no encontró que en el proceso se haya tenido
conocimiento de “la eventualidad de haber iniciado, por el Incoder, antes de
la presentación de la demanda, procedimientos administrativos de extinción del
derecho de dominio, en contra de la demandante, clasificación de la propiedad,
recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras
pertenecientes al Estado, o delimitación de playones o sábanas comunales”.
En
consecuencia, en la sentencia se resolvió:
“1. Poe estar probadas las razones de hecho y de derecho, el
juzgado se dispone a ATENDER LAS PRETENSIONES de la demandante CLAUDIA ANGELA
ARGOTE ROMERO, y en consecuencia, se ORDENA DECRETAR EL LANZAMIENTO de todos
los ocupantes de hecho del predio de propiedad de la demandante, ubicado en las
veredas La florida y Caracolí, corregimiento de Belén de Bajairá, jurisdicción
del municipio de Ríosucio (…)
2. Se ordena a los señores los demandados (sic) LRIO ROSA
GARCÍA (…) y demás ocupantes si los hubiere, del predio en comento, que dentro
de un plazo de tres (3) días, contados a partir de la ejecutoria de esta
providencia, procedan a desalojar el predio ocupado, caso contrario a ello se
procederá mediante la utilización de la fuerza pública
(…)
4. Por las razones aducidas en la parte considerativa de esta
providencia, se declara que la demandante no está obligada al pago de mejoras a
favor de los ocupantes.
5. Los ocupantes, deberán pagar a favor de la demandante CLAUDIA
ANGELA ARGOTE ROMERO, los perjuicios ocasionados con su actuación de hecho, en
suma de (sic) SEIS MILLONES SEIS MILLONES (sic) SEICIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS PESOS ($6.739.600), por concepto de daño emergente y lucro cesante”.
2.5.5. El 12 de febrero de 2009, la señora Claudia Ángela Argote Romero
interpuso demanda de revisión contra las Resoluciones números 2424 del 10 de
septiembre y 3472 del 11 de diciembre de 2007 expedidas por el INCODER, por
cuanto en el deslinde de los predios particulares de los territorios colectivos
adjudicados al Consejo Comunitario del Río Curbaradó, no se habían incluido tres
predios de su propiedad, entre ellos el denominado Los Caracoles. Este
lote había sido adjudicado inicialmente al señor Oscar de Jesús García Gil en
1976[6],
quien posteriormente se lo vendió.
La demanda fue
admitida mediante Auto del 12 de febrero de 2009, y el 10 de abril de 2015
entró al despacho para fallo en la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado[7].
3. Fundamentos
de la acción de tutela
El 29 de abril de 2009, el Ministerio del Interior y de Justicia –
Dirección de Asuntos de Comunidades Negras el Decreto 4530 de 2008, interpuso
acción de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, por la expedición de la
Sentencia Civil 0019 del veintiocho (28) de agosto de dos mil ocho (2008) en el
proceso de lanzamiento por ocupación de hecho contra Liria Rosa García y otras
personas pertenecientes al territorio del Consejo Comunitario Mayor de la cuenca
del río Curbaradó. Proceso dentro del cual, considera que a estas personas se
les vulneraron los derechos al debido proceso, a la vida digna y al trabajo en
conexidad con el mínimo vital.
3.1. La entidad sustenta su
legitimidad para accionar en favor de dichas personas en que, al modificarse la
estructura del Ministerio, se consolidó el liderazgo de la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Razas y Palenqueras en la atención e
integridad de minorías étnicas y culturales, y, por tanto, hace parte de sus
funciones velar por los derechos fundamentales de estas comunidades, en procura
de que la igualdad de esos grupos sea real y efectiva. Además, dice la entidad
accionante, que la Corte Constitucional, a través del Auto 05 del 26 de
enero de 2009, proferido por la Sala de Seguimiento de la
Sentencia T-025 de 2004, estableció la obligación en las autoridades vinculadas
en dicha providencia, entre ellas este Ministerio, a proteger a estos pueblos,
en especial lo que respecta a la posesión y el uso de las tierras que les
pertenecen.
3.2. En su escrito, la entidad
indica que los terrenos que fueron objeto del proceso de lanzamiento (predio Los
Caracoles y la Tukeca), y que culminó con la orden de desalojo, en agosto
de 2008, habían sido previamente adjudicados por el INCORA a la
comunidad negra organizada en el Consejo Comunitario del río Curbaradó,
mediante Resolución 02809 del 22 de noviembre de 2000. Este
acto administrativo, dice el tutelante, generó una titulación colectiva a favor
de la comunidad que tenía como efectos jurídicos que estos terrenos fueran
inalienables, inembargables e imprescriptibles.
3.3. Con fundamento en lo anterior, señala que la demandante en el
proceso de lanzamiento manifestó que el predio reclamado lo había adquirido el
28 de junio de 2002, sin embargo, cualquier título de propiedad sobre los
predios incluidos en el territorio colectivo adjudicado a las comunidades
negras mencionadas, no puede ser oponible contra las mismas “por no haber
sido debidamente registrados o por haberlo hecho extemporáneamente”.
3.4. La decisión judicial proferida por el Juzgado, dice el
Ministerio, desconoció el título colectivo de la comunidad sobre esos predios,
y con la orden de desalojo agrava la situación de unas personas que han sido
víctimas del desplazamiento forzado, y para quienes, según la Sentencia T-025
de 2004, el derecho al territorio tiene el carácter de fundamental y, en
consecuencia, merece una especial protección.
3.5. La anterior situación, precisa el accionante, supone un perjuicio
irremediable para las personas pertenecientes a la Comunidad que han sido, por
vía judicial, expulsadas del territorio donde habitan y sobre el cual gozan de
un título colectivo. Esto, insiste, genera una vulneración de los derechos
fundamentales en los siguientes términos:
3.5.1. El derecho al debido proceso en tanto que el Juzgado accionado omitió
notificar al representante legal del Consejo Comunitario al que pertenecen las
personas demandadas en el proceso de lanzamiento, con lo cual no se había
conformado el litisconsorcio necesario.
3.5.2. El derecho a la vida en condiciones dignas, por cuanto el
territorio es un elemento fundamental para garantizar la subsistencia de las
comunidades negras: “(…) primero, porque para  ellos, como grupos étnicos,
el territorio es el fundamento sobre el cual se sustenta la supervivencia y se
recrea el acervo cultural, y, segundo, porque la pugna por sus territorios
cierne una amenaza sobre la vida de todos los integrantes del grupo étnico,
hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños”. En este sentido, sostiene que
la misma Corte Constitucional en el fallo T-652 de 1998, reconoció que el
territorio es la base material para su subsistencia, y que todo ello se debe a
la relación especial con el mismo en razón de las costumbres que practican, sus
tradiciones, y la forma de explotar la tierra y los recursos naturales para
garantizar sus necesidades.
3.5.3. En razón a las anteriores consideraciones, y la dependencia de
estas comunidades con su territorio, es que el Ministerio considera también
afectado el derecho al trabajo en conexidad con la posibilidad de generarse un
mínimo vital y por tanto una vida digna.
3.6. El accionante pasa a realizar algunas consideraciones generales
sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio cuando
se genera un perjuicio irremediable, y que en el presente caso, desconocer el
derecho al territorio de las comunidades negras de Caracolí, obligándolas al
destierro y el desplazamiento forzado, les generaría un perjuicio irremediable
que llevaría a que el Estado desconozca sus deberes y obligaciones
constitucionales, los convenios internacionales (Convenio 109 de la OIT) y la
Declaración de Durban.
4. Admisión
de la acción de tutela y actuaciones derivadas
4.1.  El Tribunal Superior de Quibdó–Sala Única, avocó el conocimiento
de la presente acción el 7 de mayo de 2009, y procedió a vincular al juzgado
accionado y a la señora Claudia Ángela Argote Romero para que se pronunciaran
sobre los hechos de la demanda. En el mismo sentido, notificó al Procurador
Agrario Regional del Chocó[8].
El Tribunal también
dispuso oficiar al INCODER para que informara si al señor García Gil le había
sido entregado un predio mediante la Resolución No. 1025 del 14 de septiembre
de 1976, y, de ser así, si éste había solicitado su reconocimiento.
Adicionalmente, el juez de tutela le solicitó a la entidad que informara si aparece
algún derecho reconocido a favor de la señora Claudia Ángela Argote Romero, y
en caso afirmativo, si corresponde a un predio denominado Los Caracoles
o La Tukeka.
Además, el
Tribunal ofició a la Unidad Nacional de Tierras (UNAT), para que ratificara, si
es el caso, que la comunidad que ocupa los predios objetos de la controversia
pertenecen al Consejo Comunitario del río Curbaradó.
4.2. El Procurador 9º Judicial II Ambiental y Agrario del Chocó presento
escrito de intervención[9]
en el que solicitó conceder la presente tutela con base en los siguientes
argumentos:
4.2.1. En el proceso de lanzamiento la demandante no informó que las
personas demandadas pertenecían a una Comunidad Negra, organizada en el Consejo
Comunitario del Río Curbaradó, lo que impidió al juez de la causa notificar al
representante legal de dicho Consejo y conformar el litisconsorcio necesario
para garantizar el derecho de defensa.
4.2.2. No se cumplió con el requisito establecido en el artículo 100 del
Decreto 2303 de 1989, que establece que la ocupación se haya iniciado dentro de
los 120 días anteriores a la fecha de presentación de la demanda. Esto, por
cuanto en el mismo escrito de demanda se indicó que los accionados habían
ocupado el predio desde el 15 de abril de 2007, y la demanda fue interpuesta el
9 de octubre de la misma anualidad.
4.2.3. Mediante la Resolución 2809 del 22 de noviembre de 2000 el INCORA
había adjudicado terrenos a favor de la Comunidad y por tanto gozaban de un
título colectivo que les legitimaba para ocupar los predios en disputa.
4.2.4. Finalmente, sostuvo que la situación de los territorios privados
había quedado resuelta mediante la Resolución No. 2424 de 2007, que el INCODER
expidió para deslindar dichos territorios pertenecientes a las Comunidades
Negras, y a la señora Argote Romero se le habían adjudicaron dos predios
distintos al que era objeto de controversia.
4.3. Contestación de la demanda de tutela
4.3.1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, Chocó, dio
respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos:
4.3.1.1. El proceso agrario de lanzamiento por ocupación de hecho se había
realizado en cumplimiento del Decreto 2303 de 1989, y se había notificado
debidamente a las personas demandadas, quienes, sin embargo, no comparecieron
al proceso.
4.3.1.2. En el curso del proceso se había determinado por conducto de una
inspección judicial que la señora Claudia Argote era la propietaria del predio
objeto del litigio, y que había sido ocupado por invasores, quienes no habían
demostrado, dentro de las oportunidades procesales, su legitimidad para la
ocupación, es decir, que no probaron “que sobre esas tierras se hubiere
expedido título colectivo, no probaron que pertenecieran al Consejo Comentario
(sic) de Curbaradó y menos que por autorización de éste (sic) consejo o de
cualquiera otro, estuvieran ocupando el predio, antes por el contrario en la
diligencia de inspección judicial se pudo evidenciar con la prueba allí
recaudada que la ocupación se hizo con la utilización de medios violentos”[10].
4.3.13. Ante el desconocimiento de los hechos narrados en la tutela, el
juzgado estaba eximido de hacer consideraciones al respecto, por lo que su
consideración se fundamentó en las normas propias del procedimiento adelantado
y en el material probatorio aportado.
4.3.14. El Ministerio del Interior no está legitimado para invocar la
acción de tutela a favor de quienes no comparecieron al proceso de lanzamiento,
y no puede pretender que, ahora, en sede de tutela, se eximan de cumplir la
decisión judicial. Además, que aquellas personas pueden acudir ante distintas
autoridades para hacer valer sus derechos.
4.3.2. La señora Claudia Ángela Argote Romero, quien fuera accionante en
el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, presenta escrito sobre la
presente acción de tutela, y en el que manifiesta:
4.3.2.1. El Ministerio del Interior no está legitimado para interponer la
presente acción de tutela, en la medida en que, (i) el proceso agrario no se
adelantó contra comunidades afro descendientes, sino contra colonos pertenecientes
a una comunidad llamada Caracolí quienes no son titulares de derecho alguno
sobre el terreno invadido. “La comunidad de Caracolí defendida por medio de
esta tutela no es comunidad de negritudes, en términos de ser una comunidad
negra o afrodescendiente, no existe reconocimiento de esta comunidad, ni está
conformada por gente de la raza negra afrodescendeinte, ni tienen
reconocimiento de orden legal como su inscripción como grupo étnico, ni existe
el censo de su población, ni tiene órganos de representación. Sencillamente se
trata de unos invasores que comúnmente en esa zona del Curbaradó se llaman
colonos o chilapos. Además que, (ii) en caso de que se afectaran derechos
de alguna comunidad afro descendiente, la defensa de sus derechos está a cargo
de un representante legal, “y las decisiones que les afectan a todos ellos
son tomadas por su Asamblea General y la administración de sus recursos está en
cabeza de una junta directiva y su representante”.
4.3.2.2. Mediante la Resolución 2809 de 2000, el INCORA procedió a
adjudicar títulos colectivos sobre un territorio sin reparar en la necesidad
del deslinde de los territorios privados que ya existían, lo que llevó a que,
mucho después, en el año 2007, se expidiera la Resolución No. 2424 con este
propósito, la cual se demandó ante el Consejo de Estado (proceso de revisión).
Es, entonces, el Consejo de Estado quien debe definir si el predio en litigio
es de carácter privado o tiene título colectivo, bajo el entendido que sobre el
mismo ya existía un registro a su nombre, como predio particular inscrito en la
oficina de instrumentos públicos.
Todo esto,
indica, son asuntos que deben ser definidos por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y que desbordan la competencia del juez de tutela,
quien no puede sustituir al juez natural.
4.3.2.3. Reitera, en oposición con el concepto rendido por el Procurador Agrario,
que los invasores no hacen parte de una comunidad negra especialmente
protegida, sino que son invasores extraños, sin arraigo en la zona, que no son afro
descendientes, y que en ningún momento dentro del proceso de lanzamiento se
puso de presente alguna situación relacionada con las comunidades negras.
En este
sentido, no encuentra sustento la especial protección perseguida por el
Ministerio del Interior por vía de tutela, pues las personas demandadas en el
proceso de lanzamiento no hacen parte de una comunidad negra, no tienen
siquiera su fenotipo, por ser personas mestizas, no tienen prácticas culturales
de la etnia que se reivindica en sede de tutela, “sino que son colonos de
ascendencia cordobesa y antioqueña dedicados a la agricultura o ganadería. No
son del tipo de comunidad que vive del pan coger”.
Según la
interviniente, el criterio principal para determinar si una persona es afro
descendiente es el auto reconocimiento, “que puede entenderse del siguiente
modo: Una persona es afordescendiente porque es autorreconocida en su comunidad
negra como miembro de ella o de haber adoptado sus prácticas culturales y estar
integrado con ella”. Sobre lo cual anexa una certificación de la Personería
Municipal del Carmen del Darién, expedida el 15 de mayo de 2009, en la que se
lee: “Que, en la comunidad de CARACOLI – CARMEN DEL DARIEN no residen
personas de etnia negra, además las personas asentadas en ese territorio son
netamente mestizas”[11].
5.
Sentencias objeto de revisión
5.1. El Tribunal Superior de Quibdó – Sala Única, en sentencia del 20
de mayo de 2009, negó el amparo solicitado al considerar que no existió una vulneración
al debido proceso, pues el juzgado demandado adelantó el trámite de lanzamiento
por ocupación de hecho según los parámetros legales y sin que haya desconocido alguna
situación especial de protección a comunidades afro descendientes. En el
proceso de lanzamiento, dice el juez de tutela, no se puso de manifiesto por
parte de los demandados esta condición, incluso los mismos no comparecieron al
proceso, no actuaron, a pesar de que se envió comunicación para su notificación
y de que se practicó una inspección judicial en el terreno donde habitan en la
que tampoco se hicieron presentes, ni impugnaron la sentencia que ordenó el
lanzamiento.
Insiste en que
si las demandadas no alegaron su condición de miembros del Consejo Comunitario
del Río Curbaradó, no se podía exigir que el despacho conociera esta situación,
más cuando no ha quedado claro que las personas que hacen presencia en el
predio en litigio pertenezcan a una comunidad negra. Incluso, destaca el
Tribunal, el Personero Municipal de Carmen del Darién expidió una certificación
en el sentido que en la comunidad de Caracolí no existen personas de etnia
negra.
Estima que, si
bien en el proceso de lanzamiento no se debate la propiedad, sí era la
oportunidad para que las partes pusieran de manifiesto sus derechos, lo que no
realizaron los miembros de la comunidad de Caracolí. Sostiene que, en todo
caso, no es la tutela el escenario idóneo para resolver esta controversia, más
cuando ya se solicitó al Consejo de Estado la anulación de la Resolución 2424
de 2007.
Respecto a la
procedibilidad de la acción de amparo, se refiere, primeramente, a la falta de
legitimación del Ministerio del Interior para elevarla, pues, en todo caso, la defensa
legal del Consejo Comunitario corresponde a su representante legal. En segundo
lugar, el juez considera que la presente acción resulta improcedente por no
satisfacer el requisito de inmediatez, toda vez que se interpuso (29 de abril
de 2009) nueve meses después de que se profirió la sentencia que ordenó el
lanzamiento (28 de agosto de 2008).
5.2. El Ministerio presenta escrito de impugnación en el que indica
que:
(i) Se
encuentra legitimado para interponer la acción en la medida que la tutela no se
eleva para la protección concreta de las personas que fueron demandadas en el
proceso agrario, cuyo fallo se pretende dejar sin efectos, sino en procura de
la protección del territorio colectivo como un derecho fundamental de las
Comunidades Negras del Consejo Comunitario del Río Curbaradó. Lo anterior,
debido a que el Ministerio, en representación del Estado, tiene la obligación
de garantizar a estas comunidades unas condiciones de subsistencia en igualdad
de oportunidades y liderar las políticas públicas en favor de los grupos
minoritarios. En tal sentido, no era necesario demostrar la imposibilidad de la
Comunidad para instaurar la acción de tutela, pues, tratándose de la protección
del territorio como derecho fundamental de estos grupos, el Ministerio tiene la
facultad para actuar dentro del escenario de violencia del que son víctimas.
(ii) En este
orden de ideas, en la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional se
pronunció sobre la obligación de las autoridades públicas de desplegar las
actividades necesarias para impedir que personas extrañas a los pueblos
afrocolombianos se aprovechen de sus territorios. Lo anterior se traduce, en el
presente caso, en que el territorio ocupado por la comunidad de Caracolí y que pertenece
al Consejo Comunitario del río Curbaradó, está definido precisamente por la
autoridad competente —INCODER—, mediante la Resolución 2424 de 2007, como “Tierra
de Comunidad Negra”, y por tanto, debe ser especialmente protegido.
iii) Puede
reclamarse la protección de los derechos de la comunidad de Caracolí en tanto
que hace parte del Consejo Comunitario del Río Curbaradó, según consta en una
visita de verificación realizada por el Ministerio al predio en litigio, a la
cual asistieron representantes del Consejo Comunitario[12], y en una certificación
expedida por el Fiscal del mismo Consejo[13].
Esta situación debe tenerse en cuenta para efectos de establecer si la
Comunidad de Caracolí tiene la condición de Comunidad Negra, pues las únicas
autoridades legitimadas para expedir certificación de pertenencia étnica son
los consejos comunitarios o el Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Raizales y palenqueras. Por tal razón, debe llamarse
la atención en que el personero no cuenta con competencia para hacerlo ni
cuenta con un listado de personas censadas.
iv) Frente a
la inmediatez, no resulta aceptable la aseveración del Tribunal en tanto que el
Consejo Comunitario no fue vinculado al proceso de lanzamiento, y en este
sentido la afectación a los derechos fundamentales se originó desde las
actuaciones de desalojo que tuvieron lugar en el predio.
v) El Tribunal
no puede reprochar que el único legitimado para defender los derechos del
Consejo Comunitario es su representante legal, cuando no se usó tal raciocinio para
notificarlo en el proceso de lanzamiento.
5.3. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, mediante
sentencia del 5 de agosto de 2009, resolvió la impugnación y confirmó el fallo
de primera instancia, al considerar que la acción de tutela era improcedente
por faltar al requisito de inmediatez, pues se dejó transcurrir un plazo que
pone en duda la afectación a los intereses alegados. Esto, por cuanto la misma
jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que seis meses es un plazo
razonable para instaurar la acción, y en el presente caso ese término se
sobrepasó sobradamente.
Adicionalmente,
la Corte Suprema indica que las demandadas en el proceso de lanzamiento
mostraron desinterés, puesto que ninguna persona controvirtió la providencia
que ahora se cuestiona en sede de tutela, incluso, ni siquiera comparecieron al
proceso no obstante se enteraron del auto admisorio. Tenía que haber sido
dentro del proceso de lanzamiento, es decir el escenario indicado y frente al juez
natural, donde debieron “fundamentar la queja constitucional”, y no pretender
usar la acción de tutela para sustituir los mecanismos ordinarios de defensa.
6.
Actuación de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004
En el marco
del estado de cosas inconstitucionales declarado en la Sentencia T-025 de 2004,
con ocasión del fenómeno del desplazamiento forzado, la Sala Especial de
Seguimiento, intervino en el proceso de lanzamiento adelantado por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Riosucio. En consecuencia la Sala profirió el Auto
222 del 17 de junio 2009, mediante el cual adoptó ciertas medidas cautelares en
favor de la comunidad de Caracolí.
En dicha
providencia la Sala Especial de Seguimiento realizó unas consideraciones generales
sobre la problemática que enfrenta la población afro colombiana por el
desplazamiento forzado y, en particular, se refirió al caso de las comunidades
de Jiguamiandó y Curbaradó.
En este
contexto, la Sala consideró importante intervenir en el proceso agrario y la
orden de lanzamiento que en el presente trámite de tutela es cuestionada, toda
vez que la comunidad Caracolí hace parte del territorio colectivo perteneciente
al Concejo Comunitario de Curbaradó, por lo que encontraba que la orden de
lanzamiento proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, en
principio, iba en contravía con las medidas que la Corte Constitucional ha
venido adoptando para proteger a la población afro colombiana y, en especial, a
favor de las comunidades de Jiguamiandó y Curbaradó.
En este
sentido, la Sala consideró que, para proteger a la población de Caracolí, “perteneciente
al Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio Curvaradó”(sic), era necesario
adoptar medidas cautelares de carácter urgente orientadas a suspender los
efectos de la sentencia de lanzamiento. En su providencia,
la Sala Especial de Seguimiento decidió:
“Primero.-
CONSTATAR que los individuos y la comunidad afrocolombiana de Caracolí
perteneciente a la comunidad de Curvaradó, víctima de desplazamiento son
sujetos de especial protección constitucional, en sí mismos titulares de
derechos individuales y colectivos fundamentales, y merecedores de atención y
protección prioritaria y diferenciada; y DECLARAR que sus derechos fundamentales
prevalecientes vienen siendo masiva y continuamente desconocidos.
Segundo.-
CONSTATAR que la orden del Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio – Chocó
de desalojar a la comunidad de Caracoli perteneciente a la comunidad de
Curvaradó de los predios ocupados en el corregimiento de Belén de Bajirá,
jurisdicción del Municipio de Riosucio, atenta prima facie contra los derechos
fundamentales individuales y colectivos de la comunidad afrodescendiente de
Caracolí perteneciente a la comunidad de Curvaradó, especialmente de su derecho
al territorio; y DECLARAR que las autoridades colombianas están en la
obligación constitucional e internacional de proteger y garantizar los derechos
fundamentales individuales y colectivos de estas comunidades, tanto de evitar cualquier
acción o medida que pueda afectar sus derechos, como de prevenir, proteger y
atender la garantía de sus derechos con medidas que respondan a la realidad de
estas comunidades afrocolombianas.
Tercero.-
ORDENAR al Juez Promiscuo del Circuito de Riosucio – Chocó, la suspensión
inmediata de la orden de lanzamiento en contra de la señora Liria Rosa García y
otros, del predio Caracolí, corregimiento de Belén de Bajirá, Jurisdicción del
Municipio de Riosucio, adoptada mediante la Sentencia Civil No. 0019 del
veintiocho (28) de agosto de dos mil ocho (2008), dentro del proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por la señora Claudia Angela Argote
Romero. Lo anterior como medida cautelar urgente dirigida a proteger los
derechos fundamentales individuales y colectivos de la comunidad
afrodescendiente de Caracolí perteneciente al Consejo Comunitario de la Cuenca
del Rio Curvaradó, y garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas por
la Corte Constitucional en la T- 025 de 2004 y el Auto 005 de 2009, para
superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento
forzado interno.
(…)”.
III.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
1.      Competencia
Esta Corte es
competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por
la escogencia del caso que hizo la Sala de Selección Número Once de la Corte
Constitucional, mediante Auto del 21 de noviembre  de 2009.
2. Trámite
surtido en la Corte Constitucional
El 5 de marzo
de 2010, el Magistrado Sustanciador profirió Auto con la finalidad de, en
primer lugar, vincular a terceros interesados que no habían sido llamados al
presente proceso de tutela, para que se pronunciaran sobre los hechos que la
originaron; y, en segundo lugar, solicitar algunos informes a distintas
entidades para mejor proveer.
2.1.  Se dispuso vincular al consejo Comunitario del Río Curbaradó y a
las personas demandadas en el proceso de lanzamiento. Sin embargo, sólo allegó
escrito de intervención el Consejo Comunitario a través de su representante
legal.
En el escrito
presentado señaló, primeramente, que el Ministerio del Interior no goza de
legitimación para interponer la acción de tutela en favor de personas que no
hacen parte de las comunidades negras, toda vez que las personas que fueron
demandadas en el proceso de lanzamiento son invasores que no comparten “las
costumbres etno (sic) culturales, educativas y sociales que ancestralmente
gobiernan nuestras comunidades negras, no podemos admitir como miembros de
nuestras comunidades negras a personas y familias como la señora LIRIA ROSA
(hija del señor OSCAR DE JESÚS GARCÍA GIL) y su familia GARCÍA GIL, que actúan
bajo fenómenos de RESISTENCIA CIVIL amparados en medidas de hecho (…)”. Se
opone, entonces, a que personas mestizas se auto reconozcan como miembros de la
comunidades negras.
Posteriormente,
indicó que “los invasores”, están desconociendo el justo título que la
señora Argote ostenta sobre una propiedad que adquirió mediante contrato de
compraventa “y para tal efecto, aducen que son miembros de la comunidad
negra de Caracolí, inexistente dentro de nuestra cuenca y por ende, no
pertenecen al CONSEJO COMUNITARIO DE CURBARADÓ, así hayan actuado en asambleas
por imposición de las Farc; por ende son terceros ocupantes de mala fe (…)”
(Resaltado del texto original).
Insistió en
que la señora Argote Romero adquirió la propiedad de buena fe, sin embargo las
personas que se hacen llamar de la Comunidad Negra de Caracolí, “amparadas
en una ZONA HUMANITARIA, acompañadas de la COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y
PAZ y avalados por la Oficina de DDHH de VICEPRESIDENCIA  y por el MINISTERIO
DEL INTERIOR Y JUSTICIA, vienen perturbando de manera sistemática la posesión
pacífica e ininterrumpida y, en general, el derecho a la PROPIEDAD PRIVADA
adquirido por esta señora mediante compraventa que el señor  JESÚS GARCÍA GIL
le hizo (…)”.
En este
sentido, y después de reiterar que “los invasores” no hacen parte de las etnias
negras por no compartir rasgos culturales y sociales, ni una identidad grupal, afirmó
que persiguen una estrategia “comunista (marxista – leninista), para invadir
territorios privados y/o colectivos (…)”. Incluso, afirma que se han
valido de la calidad de beneficiarios de las medidas provisionales otorgadas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y “al respecto queremos
significar el rechazo unánime de las comunidades negras ante el trámite
surtido en el sistema interamericano de DDHH adelantado oficiosamente por la
Ong Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (…)”.
Para el
representante de Consejo, las actividades desempeñadas en la zona por el
INCODER y la Unidad Nacional de Tierras (UNAT) están determinadas por miembros
de ONGs  según una estrategia marxista – leninista que ha impuesto el grupo de
las Farc, con la intención de contaminar y someter a la etnia negra. Lo
anterior, según afirmó, determinó que los predios de la señora Argote no
figuren dentro de los territorios de propiedad privada incluidos en la
Resolución 2424 de 2007, pero no por ello “a la luz de lo interpretado por
esta nueva junta del Consejo Comunitario deben ser desconocidos ya que el
trámite fue direccionado por las Ongs que vienen generando caos, anarquía y
división en las comunidades negras y mestizas”.
Para finalizar,
el interviniente hizo una solicitud especial a la Corte Constitucional para que
proteja sus derechos como etnia negra y aclare “el concepto de auto
reconocimiento de comunidades enteras de mestizos como miembro de etnias negras”.
Esto, por cuanto afirmó que ha habido ambigüedad en el reconocimiento de las
comunidades negras, incorporando, equivocadamente, a comunidades mestizas, como
sucedió en el censo que realizó el INCORA  en el año 1999 antes de proferir la
Resolución 2809, sin reparar en que “no hay identidad en los rasgos culturales
y sociales; las comunidades mestizas son diferentes totalmente a la comunidades
negras, no existen elementos que nos unan de manera tan masiva y colectiva”.
Y en estos términos, señaló que, si bien los mestizos no deben ser considerados
dentro de las comunidades negras, si han de ser respetados sus derechos de
propiedad o sus expectativas como ocupantes de buena fe.
2.2. El Magistrado Sustanciador solicitó información a diferentes
autoridades, según como se relaciona a continuación:
2.2.1. A la Magistrada del Consejo de Estado que es ponente dentro del
proceso de revisión, le solicitó copia de la demanda instaurada por Claudia
Ángela Argote Romero contra los actos administrativos proferidos por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), de la contestación y de los
memoriales presentados por el Departamento del Chocó, y del Instituto Agustín
Codazzi, y que informara las actuaciones realizadas en el proceso y su estado.
La Secretaría
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado informó a esta Corporación que la señora Claudia Ángela Argote Romero
había presentado demanda de revisión contra las Resoluciones números 2424 del
10 de septiembre y 3472 del 11 de diciembre de 2007 expedidas por el INCODER;
admitida mediante auto del 12 de febrero de 2009; que la entidad había
presentado la contestación a la demanda; que mediante auto del 27 de agosto de
2009 se abrió a pruebas y que se encuentra pendiente de proveer respecto de las
pruebas decretadas. La Secretaría remitió copia de estas actuaciones, así como
de los memoriales presentados por el Secretario General de la Asamblea
Departamental del Chocó y por el Subdirector de Geografía y Cartografía del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Después de
revisar en el sistema de consulta del Consejo de Estado  se encuentra que el 10
de abril de 2015 el proceso entró al despacho para fallo[14].
2.2.2. Al Director del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER),
le requirió que informara sobre tres aspectos:
a) “Si el
predio objeto del proceso que se censura hace parte del territorio adjudicado
al Consejo Comunitariio del Río Curvadaradó por medio de Resolución 02809 del
22 de noviembre de 2000 emitida por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria.
Adjúntesele copia dela demanda de tutela (…)”.
Sobre lo cual
informó que a través de la Resolución 2809 del 22 de noviembre de 2000 se
adjudicaron, a favor del Consejo Comunitario del río Curbaradó, territorios
baldíos, a quien se le concedió título colectivo por ser “tierras de
comunidades negras” que estas ocupaban. Pero se hizo la precisión de que tal
adjudicación no incluía los predios rurales sobre los cuales se adjudicara
propiedad privada. Razón por la cual se procedió a deslindarlas mediante la Resolución
2424 de 2007, pero “confrontada la información suministrada dentro del
escrito de tutela relativa al predio objeto de la decisión del Juzgado
Promiscuo del Circuito de Ríosucio, se establece que dicho predio no figura
dentro de los 94 predios que fueron deslindados como de propiedad privada”
b) “Si
el señor Oscar de Jesús García gil se le adjudicó un predio por medio de Resolución
No. 1025 del 14 de septiembre de 1979 del INCORA; si aparece algún derecho
reconocido a la señora Claudia Angela respecto de este predio y en caso afirmativo,
si corresponde a un predio denominado Los Caracoles la Tukeka”.
Al respecto indicó
que esos predios no fueron objeto del deslinde y, por tanto, sobre los mismos
no existe propiedad privada, “en tal orden hoy no existe ningún derecho
eficaz reconocido a favor de el (sic) señor Oscar de Jesús García Gil”.
Mientras que a la señora Claudia Ángela Argote Romero,  en la resolución de
deslinde le fueron reconocidos dos predios, pero que “son distintos a aquel
objeto de la decisión censurada con la acción de tutela, por lo que se aclara
finalmente que respecto del predio denominado “Los Caracoles” o “La Tukeka” no
fueron reconocidos derechos de propiedad privada a favor de la señora Claudia
Angela Argote”.
c) “Con
base en el numeral 1º del artículo 19 de la Ley 387 de 1997, si respecto del
territorio de la Cuenca del río Curvaradó lleva algún registro de predios
rurales abandonados a causa del desplazamiento forzado por la violencia. En
caso afirmativo, señale si informó a las autoridades competentes para que
procedieran a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de
títulos de propiedad de estos bienes”.
Señala que en
el Registro Único de predios y Territorios Abandonados no se encuentra inscrita
ninguna medida de protección sobre territorios colectivos. Pero que se debe
tener en cuenta que “la calidad de terrenos colectivos impide que sobre el
mismo se realicen actos de enajenación o transferencia”-
2.2.3. A los alcaldes de los municipios de Carmen del Darién y de Belén
de Bajirá, les solicitó que informaran si, con ocasión del Decreto 2007 de 2001,
se ha declarado la inminencia de riesgo o de desplazamiento en la zona de la
cuenca del río Curbaradó. Al respecto sólo presenta respuesta el mandatario del
primero de ellos.
El Alcalde del
municipio de Carmen del Darién indicó que no cuenta con reportes de
desplazamientos en la cuenca del río Curbaradó, aunque, pone de presente que
cuando el municipio de Carmen del Darién no existía, “dicha zona si sufrió
un proceso en ese sentido en el año 1996 y 1997 por presiones del grupo
insurgente de las Farc E.P. y de otros actores armados (…) y la población de
esa época se movilizó al hoy casco urbano de esta localidad (Curbaradó), el
cual era corregimiento de Riosucio (…)”. En consecuencia el mandatario
municipal considera que un censo de la población desplazada de esa época debe
ser solicitado al Municipio de Riosucio quien ejercía jurisdicción en ese
territorio. Además agrega que era obligación del INCODER, al proferir la
Resolución 2809 de 2000,  hacer un censo de los propietarios, poseedores y
tenedores de predios en el territorio que adjudicaría el título colectivo.
Sobre la
comunidad de Caracolí informa que es una población conformada por personas de
otros departamentos, lo que ha generado una situación de inestabilidad en la
región, toda vez que estas personas se han venido ubicando en predios privados
o cuya titularidad está en discusión con el Consejo Comunitario del Río
Curbaradó.
2.2.4. Al Superintendente de Notariado y Registro le solicitó que informara
si cuenta con datos de población desplazada y predios abandonados a causa de la
violencia en el territorio que cobija la cuenca del río Curbaradó, y en caso
afirmativo, “señale que (sic) predios son, sus propietarios si sobre estos
ha ocurrido alguna transferencia luego del desplazamiento”.
En su
contestación, el Superintendente señaló que el Registro Único de Predios y Territorios
Abandonados por la Violencia (RUPTA), es de competencia del INCODER y
coadministrado por esta Superintendencia, por lo que accediendo a sus datos,
determinó que de los municipios que conforman la cuenca del río Curbaradó, el
INCODER ha registrado como predios abandonados que no pueden ser objeto de
enajenación  las siguientes cifras:
(i)
368 sobe predios del Municipio de Riosucio,
(ii)
55 sobre predios del Municipio de Bojayá,
(iii)
62 sobre predios del Municipio de El Carmen
del Darién, y
(iv)
23 sobre predios del Municipio de Vigía del
Fuerte
A continuación
adjuntó el informe correspondiente con la especificación de los predios
registrados.
2.2.5. Al, entonces Ministro del Interior y de Justicia, le solicitó que
informara las acciones tomadas en cumplimiento de las medidas provisionales
dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la
Comunidad de Curbaradó. Así mismo, “requiérasele a fin de que informe
si la comunidad de Caracolí está constituida en una zona humanitaria protegida
por las medidas tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
En nombre del
Ministerio dio respuesta la Directora de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; quien presentó un informe en el que
detalla las acciones que el Ministerio ha  adoptado para dar cumplimiento a las
medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), a fin de garantizar la vida e integridad  personal de los miembros de
las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó.
En relación
con la segunda solicitud, indicó que mediante la Resolución del 17 de noviembre
de 2009, proferida por la CIDH, las medidas provisionales se restringieron a
161 familias que habían sido representadas por la Organización No Gubernamental
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz “excluyéndose a un gran porcentaje
de las Comunidades Negras del Jiguamiandó y del Curvaradó del goce de las
mismas, haciendo parte de estas últimas los integrantes de la comunidad del
caracolí”.
2.2.6. Al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural le solicitó el
informe por el cual la Unidad Nacional de Tierras estableció que la comunidad
de Caracolí está ocupando terrenos pertenecientes al Consejo Comunitario del
Río Curbaradó. “Así mismo informe, si en el territorio conocido como la
Cuenca del Río Curvaradó se ha otorgado licencias para explotación agrícola o
ganadera de la zona”.
2.2.6.1. Sobre el primer aspecto, la Jefe de la Oficina Jurídica del
Ministerio precisó que el informe que la entidad presentó a la Viceministra del
Interior, en marzo de 2009, tuvo origen en una visita técnica realizada a la
zona por un contratista de la Unidad Nacional de Tierras (UNAT) y,
posteriormente, avalado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Dentro del contenido de dicho informe, que adjunta, se puede destacar:
Consideraciones
generales: del 8 al 12 de febrero de 2009 se realiza una visita técnica al
Municipio de Belén De Bajirá en el Departamento del Chocó, con el objeto de
realizar levantamientos topográficos en terrenos pertenecientes al Consejo Comunitario
del Río Curbaradó, para deslindar los terrenos ocupados por empresas
palmicultoras, además para deslindar una zona de asentamientos de personas
nativas.
En el informe,
además, se destina un apartado para especificar la situación de la comunidad de
Caracolí, en el que, del levantamiento topográfico realizado en la zona de
ocupación de esta comunidad, se concluye que:
“en la actualidad están ocupando un área de 19 Ha 9330 m2.
Esta  comunidad es perteneciente al consejo comunitario del Río Curvaradó y
tienen cultivos de arroz, pan coger, y plátano, los cuales son sembrados y
cosechados de manera tradicional para su alimentación.
Existe una cerca en terreno, a 64 metros del mojón ubicado en el
alinderamiento adelantado por el INCODER, que según miembros de la comunidad es
de propiedad de personas ajenas al consejo comunitario, además se encontró
anomalías en la ubicación del mojón nororiental del predio de propiedad
particular, ya que esta (sic) a 261 metros de su correcta ubicación.
De acuerdo al levantamiento topográfico, se determina que la
comunidad de Caracolí está ocupando terrenos pertenecientes al consejo
comunitario del Río Curvaradó, y no terrenos de propiedad privada”
A partir de lo
cual, en el informe se pasa a hacer la siguiente recomendación: “[e]s
recomendable para la comunidad, adelantar una inspección de los predios de
propiedad particular, para definir su correcta localización en los terrenos
pertenecientes al consejo comunitario, a fin de evitar problemas territoriales
por ocupación indebida”.
2.2.6.2. Ahora que, respecto a las licencias para la explotación agrícola
y ganadera señaló que “después de un exhaustiva búsqueda, no encontramos
normativa que otorgue facultades al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural para otorgar este tipo de licencias”.
2.2.7. Al Ministro de Minas y Energía le solicitó que informara si
en la cuenca del río Curbaradó se han otorgado licencias para la explotación de
minerales.
A lo que la
entidad respondió que, si bien no es la encargada de expedir estos títulos,
pues delegó las funciones de autoridad minera al Instituto de Geología y
Minería (INGEOMINAS), trasmitió la solicitud a esta entidad, la cual había
señalado que en la zona existe un título concedido y siete solicitudes
vigentes.
2.2.8. A la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, le cuestionó si conocía sobre hechos de desplazamiento ocurridos
en la cuenca del río Curbaradó.
Para tal
efecto dio respuesta la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (UARIV), en el sentido que existen 122 declaraciones en las que
figuran 3694 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) cuyos
declarantes manifestaron ser desplazados de la cuenta del río Curbaradó.
2.2.9. A la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura le
solicitó que informara si en el Circuito Judicial de Quibdó y Riosucio existen
procesos judiciales relacionados con la propiedad y, en general, con derechos
reales respecto de predios que se encuentren en la cuenca del río Curbaradó.
Para dar
respuesta la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura remitió
comunicación del Consejo Seccional mencionado, en la que anunciaba la remisión
de oficios de varios despachos; pero solo se adjuntan los oficios de dos de
ellos. (i) Del Juzgado Promiscuo Municipal de Muquí, que hace referencia a un
proceso de deslinde y amojonamiento, dos reivindicatorios de dominio, uno de
usurpación e invasión de tierras y uno de restitución de inmueble; de los
cuales ninguno tiene aparente relación con las partes de la presente acción de
tutela. Y oficio (ii) del Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, en el que
menciona dos procesos de lanzamiento por ocupación de hecho y una acción
reivindicativa de dominio; entre los cuales está el proceso que originó la
presente acción de tutela.
2.2.10. Solicitó a la Defensoría General de la Nación, a la Procuraduría
General de la Nación – Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios, a la
Comisión Intereclesial Justicia y Paz, al representante en Colombia del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que se pronuncien
sobre los hechos que son materia de la presente tutela. Sólo las dos primeras
rindieron informe a esta Corporación. De estas entidades se pronunciaron las
siguientes:
2.2.10.1. La Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría
del Pueblo puso de presente que ante la orden de lanzamiento, participó en
reuniones para coordinar su realización, y aunque no fue posible llevarla a
cabo en la fecha programada en mayo de 2009 por enfrentamientos entre la comunidad
con miembros de la fuerza pública, la entidad se ha centrado en la protección
de la vida y la integridad de las personas objeto del desalojo. Así mismo,
indicó que solicitó a varias entidades que se pronunciaran sobre las medidas
adoptadas para la protección de los Derechos Humanos de las comunidades de
Jiguamiandó y Curbaradó, y remitió sus respuestas:
2.2.10.2. Por parte de la Procuraduría General de la Nación, se dio traslado
de las actuaciones adelantadas por el Grupo  de Atención a Víctimas y Testigos
de la Procuraduría, respecto de quejas presentadas por la Comisión Intereclesial
de Justicia y Paz en relación con amenazas de grupos paramilitares contra los habitantes
de Curbaradó y los miembros de la Comisión de Justicia y Paz que trabaja en
dichas comunidades. Frente a tales quejas, el Grupo de Atención solicitó al Comandante
de la Policía del Chocó, al Comandante de la Policía de Apartadó y al
Comandante de la Decimoséptima Brigada  que se estudiara la situación de riesgo
de las comunidades de Cacarica, Curbaradó, Jiguamiandó y demás municipios que
se encuentren amenazados por grupos al margen de la ley, y, en dado caso, se
tomen las medidas de protección que se requieran. Así mismo, se solicitó a la
Procuradora Regional del Chocó, al Procurador Provincial de Apartadó, al
Director de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, para
realizaran las actividades necesarias de gestión humanitaria.
2.2.10.3. Por parte de las Fuerzas Militares, el Segundo Comandante y Jefe
de Estado Mayor, Decimoquinta Brigada informó que en cumplimiento de las
medidas provisionales que decidió mantener la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, mediante Resolución del 6 de febrero de 2008[15], se han realizado
las acciones en favor de las comunidades de Jiguamiandó y Curbaradó, con el
objeto de garantizar la seguridad, el tránsito y la convivencia en la zona,
como la adopción de un dispositivo permanente de seguridad en la zona tanto
para los habitantes de las comunidades como para los miembros de la Comisión de
Justicia y Paz.
2.2.10.4. En respuesta de la solicitud elevada a la Procuraduría Delegada
para Asuntos Agrarios, el Procurador 29 Judicial II
Ambiental y Agrario consideró que en el presente caso los títulos que exhibe la
demandante en el proceso de lanzamiento no son oponibles al Consejo Comunitario
del río Curbaradó, pues el bien que alega como propio lo adquirió tiempo
después de que el INCORA hubiera adjudicado esos terrenos a favor del Consejo.
En este sentido los predios denominados Los Caracoles y La Tukeka
no figuran dentro de los 94 predios  de propiedad privada que fueron
deslindados de las tierras de propiedad colectiva pertenecientes al mismo
Consejo.
Con fundamento
en lo anterior, consideró que el juzgado accionado en tutela desconoció los
derechos que especialmente son reconocidos en favor de las comunidades afro
descendientes, en relación con su territorio, y la orden de desalojo les
llevaría a una situación de desplazamiento.
2.12. Finalmente la Sala dispuso suspender los términos para fallar
dentro del proceso de revisión, hasta tanto se allegara y evaluara la
información solicitada.
3.
Planteamiento del caso y problema jurídico a resolver
3.1.
En el presente caso, la controversia de tutela se suscita con ocasión del proceso
judicial de lanzamiento por ocupación de hecho, promovido por Claudia Ángela
Argote Romero, en contra de Liria Rosa García y otras
personas, el cual fue resuelto por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Riosucio, Chocó. En la sentencia el fallador consideró que las demandadas
estaban ocupando el predio de manera ilícita y ordenó el desalojo.
3.2.
Contra este proceso, el Ministerio del Interior interpuso acción de tutela, por
considerar que el fallo había desconocido el hecho de que el predio hacía parte
de un título colectivo adjudicado a favor del Consejo Comunitario del Río Curbaradó,
y por lo tanto la orden de desalojo vulneraba, no solo el derecho al debido
proceso de las personas accionadas en dicho trámite, sino el que tiene la
comunidad negra sobre el territorio como elemento fundamental para el
desarrollo de su vida digna.
3.3.
Adicionalmente, el Procurador 9º Judicial II Ambiental y
Agrario del Chocó, quien fue notificado por el juez de tutela de primera
instancia, presentó escrito de intervención, en el que cuestionó el trámite
adelantado por el juzgado demandado, en especial, por el hecho de que se superó
el término de 120 días que el artículo 100 del Decreto 2303 de 1989 fijó para
interponer la demanda de lanzamiento, contado a partir de la ocurrencia de la
ocupación alegada.
3.4.
El sentido de los reproches comentados, determina que la presente acción de
tutela se dirija contra el proceso judicial que culminó con la sentencia que
ordenó el lanzamiento, por lo tanto, según los antecedentes presentados, se
hace necesario tener en cuenta para resolver en sede de revisión que: (i)
efectivamente el terreno sobre el cual versó el proceso de lanzamiento,
denominado Los Caracoles, hace parte de una extensión de tierra sobre la
cual  hay un título colectivo en favor del Consejo Comunitario del Río
Curbaradó; (ii) dicho predio no fue deslindado en la
Resolución No. 2424, por lo que en febrero de 2009 la señora Argote
Romero instauró una acción de nulidad contra dicho acto administrativo; y (iii)
la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, mediante Auto
222 del 26 de enero de 2009, adoptó, como medida cautelar a
favor de la comunidad de Caracolí, la suspensión de la orden de lanzamiento
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, Chocó.
3.5. En estos términos, el problema
jurídico que enfrenta la Sala consiste en determinar si el proceso de
lanzamiento adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio,
Chocó, que derivó en la orden de lanzamiento, se adelantó conforme al derecho al
debido proceso. Esto, en relación con, por una parte, en lo que respecta a los
derechos fundamentales de la comunidad negra perteneciente al Consejo
Comunitario del Río Curbaradó, por cuanto el territorio sobre el cual versó el
proceso de lanzamiento hace parte del territorio colectivo que le ha sido
adjudicado por ministerio de la ley. Y , por la otra, en relación con el
cumplimiento de los 120 días que se cuenta para interponer la demanda de
lanzamiento por ocupación de hecho desde la ocurrencia de los hechos, y, por
otra parte.
Para tal efecto, corresponde pasar a definir, antes que nada, (i) la
legitimación por activa del Ministerio del Interior para interponer la presente
acción, toda vez que fue un aspecto controvertido en el trámite de tutela;
posteriormente (ii) la protección especial en favor de las comunidades negras y,
en particular, la situación de la Comunidad Negra de la Cuenca del  Río
Curbaradó, y, por último, (iii) la naturaleza y reglas del proceso agrario de lanzamiento
por ocupación de hecho, de tal modo que se pueda hacer un examen del caso
concreto, a la luz de las reglas que la jurisprudencia ha establecido cuando se
trata de tutelas elevadas contra providencias judiciales.
4. Legitimación por activa
4.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que
todas las personas tienen el derecho a interponer acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, por un procedimiento
preferente y sumario, “por sí misma o por quien actúe a su nombre”,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública, o por los particulares en los casos que
determina la ley.
La disposición normativa prevé la posibilidad de
que la acción sea interpuesta, no sólo por la persona afectada en sus derechos,
sino por quien actúe en su nombre. Al respecto, el Decreto 2591 de 1991 "[p]or
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política", establece en el artículo 10, al regular la
legitimidad e interés para interponer la acción de amparo, que ésta podía ser
ejercida, bien sea a través de representante, o, “[t]ambién se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa”.
Esta última posibilidad, es la denominada agencia
oficiosa, y está destinada a otorgarle legitimación a una persona para que
actúe en favor de otra, siempre y cuando se esté ante la amenaza o vulneración
de algún derecho fundamental, y la persona afectada no se encuentre en la
posibilidad de promover su propia defensa[16].
Tal figura ha sido desarrollada por la jurisprudencia
constitucional y se han definido las siguientes reglas:
“(i) la manifestación del agente oficioso en el
sentido de actuar como tal; (ii) la circunstancia real, que se desprenda del
escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda
inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no está en
condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa; (iii) la
existencia de la agencia no implica una relación formal entre el agente y los
agenciados titulares de los derechos; (iv) la ratificación oportuna por parte
del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de
acción de tutela por el agente”[17].
4.2. En relación con dichas reglas, debe
tenerse en cuenta que por la misma naturaleza de la figura, que opera en favor
de personas en determinadas condiciones de debilidad, que les dificulta
instaurar por sí mismas la acción de tutela, la jurisprudencia se ha detenido en
el caso de los sujetos de especial protección constitucional, y ha señalado
que, a la hora de verificar la legitimidad del agente oficioso, debe hacerse con
cierta flexibilidad. Lo anterior, antes que nada, en desarrollo de una
consideración general en cuanto al tratamiento preferencial que deben tener los
sujetos de especial protección respecto a los mecanismos de acceso a la
administración de justicia. Así lo dispuso la Sentencia T- 736 de 2013  en el
siguiente sentido:
“(…) la Corte Constitucional ha señalado como
sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de
familia, a las personas en situación de discapacidad,  a la población
desplazada, a los adultos mayores, y todas aquellas personas que por su
situación de debilidad manifiesta los ubican en una posición de desigualdad
material con respecto al resto de la población; motivo por el cual
considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales tiene una
incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida
cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento
preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de
derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones
afirmativas a favor de los grupos mencionados”.
Este tratamiento preferencial, en términos de
acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, se manifiesta en
la comentada flexibilización de las reglas aplicables a la agencia oficiosa
cuando se trata de sujetos de especial protección, y así lo ha indicado
expresamente este Tribunal, por ejemplo, en el caso de la agencia de derechos
de los menores:
“Las reglas anteriores, cuando se trata de agenciar
derechos fundamentales de niños, niñas o adolescentes, deben aplicarse de
manera aún más flexible por tratarse de sujetos de especial protección
constitucional, frente a los cuales el Estado, la sociedad y la familia tienen
la obligación de garantizar su prevalencia en los amplios términos del artículo
44 constitucional”[18].
4.3. Todo lo dicho tiene especial
relevancia en el presente caso, por cuanto el Ministerio del Interior interpone
la acción de tutela con la finalidad de proteger los derechos de las
comunidades negras, en especial, al territorio colectivo. Al respecto, para
determinar su legitimidad, habrá que tenerse en cuenta dos aspectos
determinantes: por una parte, (i) la condición de sujetos de especial
protección de estas comunidades; y, por la otra, (ii) la función del Ministerio
como garante de sus derechos.
4.3.1. Sobre el primer aspecto, es de
observarse que esta Corporación ha reconocido la importancia en el
reconocimiento y protección de los derechos de las comunidades étnicas en
general y los grupos humanos poseedores de una cultura diferente a la mayoritaria,
como medio para garantizar su subsistencia. Lo anterior, toda vez que se
encuentran en una situación de vulnerabilidad debido, entre otras razones, a: (i)
la existencia de patrones históricos de discriminación que les impiden el pleno
ejercicio de sus derechos y su cultura; (ii) la presión ejercida sobre sus
territorios, su forma de ver el mundo, su organización social, sus modos de
producción y su concepción sobre el desarrollo, originada en la explotación de
los recursos naturales y la formulación de proyectos de desarrollo de diversa
naturaleza en sus territorios ancestrales; (iii) el grave impacto que el
conflicto armado ha generado en su modo de vida, reflejado en desplazamiento
forzado y afectaciones de especial gravedad a sus territorios ancestrales,
usados como corredores estratégicos o escenarios directos del conflicto; y (iv)
la marginación económica, política, geográfica y social que, por regla general,
enfrentan como grupos minoritarios”[19].
Bajo estas consideraciones es que esta
Corporación ha sido clara al señalar que “[l]os
pueblos indígenas y las comunidades negras, afrodescendientes o
afrocolombianas son titulares de derechos fundamentales y sujetos de
especial protección constitucional”[20].
De manera que, tratándose de la protección efectiva que pueda ofrecer la acción
de tutela para sus derechos fundamentales, la agencia oficiosa puede, en dado
caso, ser una herramienta adecuada e incluso necesaria para garantizarlos.
Ahora bien, no puede pasarse por alto que, por expresa
disposición legal, en el artículo 5 de la Ley 70 de 1993 se estableció que las
comunidades negras pueden organizarse en Consejos Comunitarios, entidades con
personalidad jurídica para la administración de los territorios, por lo que, en
principio, el representante legal de cada Consejo sería la persona legitimada
para actuar en favor de sus derechos y, por tanto, instaurar la acción de
tutela. Sin embargo, ello no obsta para que, en algunos casos, personas
distintas al representante legal de sujetos en condiciones de vulnerabilidad
agencien sus intereses.
En tal sentido, esta Corporación ha indicado
que, por ejemplo, tratándose de los menores, atendiendo a que son sujetos de
especial protección, “cualquier
persona está llamada a actuar como agente oficioso de sus derechos, aún
existiendo representante legal, pues puede acontecer que éste, por negligencia,
ignorancia o simplemente porque es el vulnerador del derecho, no hace uso de
los instrumentos jurídicos diseñados para lograr el amparo de quien se
encuentra bajo su representación”.
En el caso de las comunidades negras, vale la
pena referirse a la Sentencia T-955 de 2003, en la cual la Corte conoció de la
acción de tutela promovida por miembros de la Comunidad  Negra de la cuenca del
río Cacarica, contra el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó CODECHOCO y Maderas del Darién S.A., por permitir, estas entidades, la
explotación de maderas en su territorio colectivo. En dicha oportunidad, al
definir el aspecto de la legitimación por activa, la Corte consideró que,
aunque ninguna de las personas accionantes ostentaba la representación de la
persona jurídica — Consejo
Mayor de la Cuenca del río Cacarica—, en todo caso, éstas estaban legitimadas
para actuar, “habida cuenta que los actores son integrantes de las
comunidades negras de la Cuenca del río Cacarica”. Lo anterior fue
concluido en la sentencia mencionada, con fundamento en la jurisprudencia que
ya se ha referido sobre el mismo aspecto cuando se trata de pueblos indígenas y
tribales. Así indicó la mencionada providencia:
“Dentro de este contexto, y en
consideración a que los señores Naufal Quinto, Teófilo Avila Julio, Angel Nelis
Palacios, Alirio Mosquera Palacios y Luis Anibal Lemus invocan la protección de
su derecho constitucional a la diversidad étnica y cultural, fundada en la
propiedad colectiva de sus territorios, y en sus prácticas tradicionales de
producción, y habida cuenta que los actores son integrantes de las comunidades
negras de la Cuenca del río Cacarica[85],
no interesa para efecto de determinar la legitimación de su pretensión que
ostenten la representación de la persona jurídica –Consejo Mayor de la Cuenca
del Cacarica-, como tampoco que dicha representación se encuentre actualmente
en disputa.
Lo expuesto en razón de que la
jurisprudencia constitucional tiene definido que las organizaciones que agrupan
a los pueblos indígenas y tribales, y quienes pertenecen a éstos, están
legitimados para invocar su derecho a la subsistencia e integridad cultural”
En dicha oportunidad se reconoció el hecho de
que los integrantes de las comunidades negras, como sucede con las indígenas,
tienen un interés generalizado respecto a sus derechos que les permite acudir
ante las instancias judiciales[21].
Por tanto, la legitimación activa se derivó del interés que defendían las
accionantes en relación con la comunidad, y que, para el caso, se derivó del
hecho de ser parte de la misma.
Bajo esta misma lógica, nada impide que personas
diferentes al representante legal de un Consejo Comunitario, o una entidad del
Estado, puedan agenciar sus derechos, cuando tengan como propósito favorecer
los intereses de un sujeto de especial protección, como es el caso una
comunidad negra.
4.3.2 A partir de los anteriores
presupuestos, es que debe considerarse la legitimación del Ministerio del
Interior cuando actúa en sede de tutela como agente oficio de las comunidades
negras, ya que, prima facie, existe una vinculación general del Estado
en la protección de las comunidades afro descendientes, que
encuentra sustento en el artículo 13 cuando dispone: “[e]l Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Esta vinculación, tratándose de las comunidades
negras, se concreta en las funciones que el Decreto 2893 de 2011, “[p]or el
cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del
Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”,
le asignó al Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; en concreto, “el
deber de velar por los derechos y la integridad de las personas pertenecientes
a estas comunidades”[22].
De
manera que, es en desarrollo de tales funciones que al Ministerio del Interior
se le ha encargado en ciertos escenarios  atender la difícil situación y
proteger los derechos de las comunidades negras, por ejemplo, afectadas por el
fenómeno del desplazamiento forzado. En la Sentencia T-025 de 2004, en la cual
se declaró el estado de cosas inconstitucional en la situación de la población
desplazada, y se adoptaron diferentes medidas para afrontarlo. Entre ellas, se estableció,
a cargo de dicho Ministerio, la obligación de “realizar las acciones
indispensables para garantizar una solución efectiva a esta población y adoptar
las medidas necesarias para proteger efectivamente sus derechos
constitucionales”. Obligación que ha sido desarrollada y dirigida mediante
distintos autos proferidos por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia
T-025 de 2004. Así, en el Auto 05 del 26 de enero de 2009 se le ordenó diseñar
un plan de caracterización de los territorios colectivos;  y en el Auto 045 del 7 de marzo de 2012 se le ordenó que rindiera informes
sobre la situación de crisis de las comunidades afro descendientes afectadas
por el desplazamiento forzado, e implementara planes de atención, en especial
respecto a las Comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó. A partir de este último
Auto se adoptaron una serie de medidas (autos 112 y 299 de 2012) para atender
los problemas de representatividad del Consejo Comunitario del Río de Curbaradó,
en las que al Ministerio se le designó una función fundamental en relación con la
organización de los censos y de las elecciones de la asamblea y del
representante legal.
Lo
anterior da cuenta de la posición del Ministerio del Interior como garante y
gestor de los intereses y derechos de las comunidades negras, y que se concreta
en la posibilidad de agenciarlos cuando considere que están siendo vulnerados o
amenazados. Esta legitimación, en todo caso, como ya se indicó, deberá analizarse
en el caso concreto, con una valoración flexible de las reglas generales que la
jurisprudencia constitucional ha establecido para la agencia oficiosa respecto
a sujetos de especial protección constitucional.
4.4.
En el presente asunto, el Ministerio del Interior actúa en favor de las comunidades
negras de la cuenca del río Curbaradó, para proteger sus derechos a la vida
digna y al territorio, en la medida en que se adelantó un proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho dentro de un predio que hace parte del
territorio colectivo adjudicado a dicha comunidad mediante la Resolución No. 02809 del 22 de noviembre de 2000.
Encuentra la Sala que, antes que todo, la comunidad mencionada está
organizada en el Consejo Comunitario del Río Curbaradó, y que, en principio, dicho
Consejo debe contar con un representante legal, quien es el primer llamado a
gestionar sus derechos. Empero, nada obsta para que, teniendo en cuenta lo
dicho en el presente acápite, dada la condición de sujetos de especial
protección de las comunidades afro descendientes, y la particular vinculación
del Ministerio del Interior, como entidad encargada de proteger y promover sus
derechos, actúe en este caso como agente oficioso de dicha comunidad.
Además, no pueden pasarse por alto los problemas de
representatividad y legitimidad que ha sufrido dicho Consejo, y que han sido
atendidos por la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, en
particular en el Auto 045 del 7 de marzo de 2012, entre otras disposiciones, se
ordenó al Ministerio del Interior que coordine el actuar de varias entidades
para que “ofrezca una respuesta continua, permanente y congruente a
la problemática que enfrentan, y que permita la realización de la Asamblea
General de los Consejos Comunitarios de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y
Curvaradó”[23].
Y, en el mismo sentido, en el Auto del 18 de mayo de 2012, también se le ordenó
a dicho Ministerio, entre otras entidades, que “adelante de manera
concertada con las 23 comunidades de la cuenca del río Curvaradó una ruta
metodológica para acordar el reglamento aplicable a la Asamblea y a la elección
de sus representantes, que supere los obstáculos señalados a lo largo del
presente auto”[24].
Todo lo cual parece hacer más clara la necesidad de que el Ministerio del
Interior actúe en favor de los derechos de esta comunidad negra en particular.
Ahora bien, sobre las reglas generales que son aplicables a la
figura de la agencia oficiosa, un análisis flexible de las mismas, en atención
a que las comunidades negras son sujetos de especial protección, permite
concluir que se satisfacen, pues: (i) en relación con la manifestación que el
agente oficioso realice, en el sentido que actúa como tal, el Ministerio del
Interior la expresa en el escrito de tutela al indicar que actúa por las
funciones que la ley le asigna en la defensa de los derechos de las comunidades
negras; (ii ) frente a la falta de condiciones del sujeto agenciado para
interponer la acción de tutela, es de tenerse en cuenta la situación de
vulnerabilidad y las circunstancias de marginación que aún sufren estos grupos
como minorías, todo lo cual determina su condición de dificultad material o de
desconocimiento para acceder a los mecanismos de defensa; (iii) de otra parte,
efectivamente no hay una relación directa de representación entre los
agenciados y el agente, pues como ya se mencionó la vinculación e interés resulta
por ministerio de la ley; y, finalmente, (iv) sobre la ratificación, debe
tenerse en cuenta que, en el fondo, el Ministerio no actúa por una persona en
concreto, o por un derecho subjetivado, sino en favor del derecho al territorio
y la aplicación de la ley, de toda la comunidad negra de la cuenca del río
Curbaradó.
5. La protección especial al territorio de las comunidades negras.
El caso de la Comunidad de Curbaradó.
5.1.
Muchos fueron los cambios en la concepción, no sólo política, sino social
que introdujo la Constitución de 1991. En especial, reconoció una realidad de
diversidad que había sido ignorada en la Constitución de 1886[25], y que se manifestó
jurídicamente. Así, el artículo 1 de la Constitución vigente, se refiere al
Estado colombiano como una Republica “(…) democrática, participativa y
pluralista”, con lo cual describe, no sólo el sistema de gobierno en el que
el pueblo, como sujeto gobernante y gobernado[26]
ejerce el poder político a través de la participación, sino que, a la vez, se
refiere a la composición del mismo pueblo en sentido plural.
Al
respecto, es importante rescatar el reconocimiento político del pluralismo como
una característica del pueblo, que, antes que nada, describe la realidad social
en un contexto tan diverso como el colombiano, y que se hizo manifiesto en el
proceso constituyente. Sin embargo, una vez el pluralismo se consagró en la
Constitución, en tanto norma jurídica, no sólo significó una mera descripción
social, sino que significó, como quedó dicho en la Sentencia T-527 de 1992, un
reconocimiento de tipo individual al pluralismo ideológico, y, a la vez, al
pluralismo institucional, esto es, al “reconocimiento de derechos a grupos y
organizaciones, configurando, en la práctica, varias modalidades de titulares
colectivos; dentro de los cuales se cuentan sindicatos, partidos políticos,
agremiaciones profesionales, instituciones académicas, etc”.
De
tal modo que su dimensión comprende la concepción de variedad de la sociedad, “pues
en ella confluyen grupos y tendencias de diverso signo”[27]. El pluralismo expresa,
como indica este Tribunal, la distancia frente al unilateralismo y la
uniformidad para permitir la convivencia pacífica e interrelación de diferentes
grupos y opiniones[28]
.
Lejos
de una visión abstracta que enseñaría al pueblo como un sujeto homogéneo, la
Constitución reconoce expresamente su composición pluralista a través de
diferentes normas. Así, en el artículo 7 Superior se dispone que “[e]l
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana”: lo que es una expresión del pluralismo que incluye la existencia
de diferentes etnias y culturas, y que se ve, además, complementado en el
artículo 8 que establece: “[e]s obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.
También
se concreta la idea de un Estado pluralista en disposiciones como el artículo
10, en el cual, si bien establece el castellano como idioma oficial, en seguida
la norma pasa a reconocer que “[l]as lenguas y dialectos de los grupos
étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte
en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”.
En
este sentido, se podrían tener en cuenta las muchas disposiciones normativas en
la Constitución que se encargan de hacer manifiesta la diversidad, tanto
individual, cuando, por ejemplo, se garantiza el libre desarrollo de la
personalidad (artículo 16), la libertad de cultos (artículo 19); como en un
contexto colectivo cuando se prevén disposiciones a favor de grupos
específicos, verbigracia el artículo 68 que regula algunos aspectos en
materia educativa, y se detiene en la identidad cultural de los distintos
grupos étnicos, en el sentido que “[l]os integrantes de los grupos étnicos
tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”.
Todo
lo anterior, se traduce, no sólo en una redefinición del pueblo como un
sujeto colectivo compuesto de diferencias y, por tanto, del principio de
igualdad, sino también en la creación de distintos mecanismos que hacen posible
la diferencia individual y la subsistencia de grupos minoritarios que encarnan la
diversidad respecto a la cultura mayoritaria. Uno de los mecanismos más
importante de reconocimiento y afirmación de esta diversidad, en atención al
modelo democrático, es la posibilidad de que estos grupos puedan participar
continuamente en la conformación de la voluntad general. Así, en el artículo
176 Superior, se dispuso la creación de una circunscripción especial en la
Cámara de Representantes para los grupos étnicos, las minorías políticas y los
colombianos en el exterior, lo cual se concretó en la Ley 649 de 2001 que
distribuyó la circunscripción en cinco curules: dos para las comunidades
negras, una para las comunidades indígenas, una para las minorías políticas, y
una para los colombianos residentes en el exterior.
5.2.
Las comunidades negras, como se mencionó, son uno de esos grupos minoritarios
reconocidos expresamente por la Constitución, y que concretan el contenido
pluralista del Estado desde el punto de vista racial y cultural. Estas
comunidades, además, han sido destinatarias de una especial protección en
procura de atender la condición de debilidad manifiesta en la que se encentran debido
principalmente, según lo ha manifestado esta Corporación, a la situación de
histórica marginalidad y segregación de la cual ha sido víctima[29].
Sin
embargo, no obstante que en la Carta de 1991 no se cuenta con un extenso
compendio de normas referidas a proteger a las comunidades negras, les han sido
extendidas, por vía jurisprudencial, muchas de las disposiciones que la
Constitución había reservado inicialmente para las comunidades indígenas. Sobre esto, en la Sentencia T-955 de 2003 se indica que “si
bien la Carta en algunas de sus disposiciones, solo se refiere a los grupos
indígenas, en realidad debe entenderse a partir de los artículos 5°, 13,
16, 63, 68, 70, 72, 79 y 176 superiores, que los derechos consagrados para
estos últimos se extienden a los primeros”.
En el mismo sentido, la Sentencia C-253 de 2013 precisó: “[e]n
otras sentencias, además de resaltar a estas comunidades —negras— como sujetos
colectivos titulares de derechos de diversa índole, se les han extendido
diferentes disposiciones constitucionales inicialmente reservadas a los pueblos
indígenas”. Frente a lo cual, la providencia citada hizo referencia a los
casos en que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la extensión del
mecanismo de la consulta previa para estas comunidades en función del derecho
que tienen las comunidades afro descendientes, al igual que los pueblos
indígenas, a la subsistencia de acuerdo con sus formas y medios tradicionales
de producción dentro de sus territorios, porque de esta manera se realiza y hace
efectivo su derecho a la integridad cultural, social y económica[30].
5.3.
A propósito, la subsistencia de estas comunidades ha estado ligada directamente
al territorio de asentamiento, lo que tiene definitiva importancia en el caso
de las comunidades negras por su componente tradicional y ancestral. En este
sentido, la Constitución Política hizo un reconocimiento expreso a su favor en
el artículo 55 transitorio. En dicha norma se estableció  que “[d]entro de
los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente, el Congreso
expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno
creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que
han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los rías
de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de
demarcar la misma ley”.
Lo
anterior, da cuenta de la importancia del territorio para la subsistencia y
desarrollo de estas comunidades, de manera que constituye un elemento
fundamental para garantizar, en el sentido más estricto, la presencia y
existencia de las mismas, y por ende la realización del pluralismo. No sólo como
un elemento general, que implica que cualquier persona o grupo requiere un
espacio donde vivir, sino por la “especial relación de esos conglomerados
étnicos con su entorno, no sólo por encontrar allí su principal medio de
subsistencia, sino porque constituye un elemento integrante de su cultura,
costumbres y tradiciones, habiendo resaltado el constituyente la importancia
cardinal del derecho de dichas comunidades sobre el territorio”[31].
En
desarrollo del artículo transitorio anteriormente mencionado, se expidió la Ley
70 de 1993, en cuyo artículo 1 se dispuso como objeto “reconocer a
las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las
zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con
sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene
como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural
y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el
fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas
comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al
resto de la sociedad colombiana”[32].
El
objeto de la ley revela que la especial transcendencia que tiene el territorio
para este tipo de comunidades, y que se concreta en la posibilidad de que les
sean adjudicados territorios a título colectivo. Sin embargo, esta adjudicación
desborda la protección general del derecho a la propiedad. Así se hace
evidente en los principios en los cuales se basa la Ley 70 de 1993, en tanto
que se refieren a bienes jurídicos mucho más amplios, como se pasa a observar:
“Artículo 3. La presente ley se
fundamenta en los siguientes principios:
1. El reconocimiento y la protección de
la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de todas las
culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la
dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.
3. La participación de las comunidades
negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía, en las decisiones
que las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de conformidad
con la ley.
4. La protección del medio ambiente
atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades negras con la
naturaleza”.
La
protección especial al territorio, requiere, para hacerse efectiva una
delimitación  precisa del espacio que será objeto de adjudicación por el
arraigo de las comunidades negras. En concreto, el artículo 4[33] estableció que el
reconocimiento de la propiedad colectiva comprende los territorios baldíos en
las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico que venían  ocupando
las comunidades negras, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de
producción. Estos terrenos, precisó la misma norma, una vez adjudicados se
denominarían, para efectos legales, “Tierras de las Comunidades Negras”[34].
Ahora
bien, con la finalidad de hacer efectivo el derecho de estas comunidades sobre
el territorio descrito, la misma Ley 70 de 1993 le otorgó la competencia para
adelantar los trámites de titulación y para expedir los actos administrativos
por medio de los cuales se adjudica la propiedad colectiva, al Instituto
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA)[35],
función que, una vez suprimida la referida entidad, fue asumida por el
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)[36].
Ahora
bien, para efectos de solicitar y recibir la adjudicación de un determinado
territorio, el artículo 5 estableció que cada comunidad formaría una entidad
jurídica denominada Consejo Comunitario, el cual estaría encargado de recibir y
administrar la propiedad colectiva adjudicada[37].
Al
compás de esta disposición, y para hacerla posible, el artículo 3 del Decreto
1745 de 1995 estableció que tales consejos, en tanto personas jurídicas,
ejercen  “la máxima autoridad de administración interna dentro de las
Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos constitucionales
y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho propio
de cada comunidad”.
5.4.
Así pues, una vez que el respectivo Consejo Comunitario solicita la
adjudicación y la INCODER expide la resolución que adjudica un territorio como
propiedad colectiva de una comunidad negra, se generan distintos efectos
jurídicos que, en últimas, hacen realidad la protección especial a favor de
estos grupos minoritarios. Uno de estos efectos es la destinación a la que se
refiere el artículo 7 de la Ley 70 de 1993, al decir que el territorio está destinado
al uso colectivo de la comunidad y, por tanto, es inalienable, imprescriptible
e inembargable. En consecuencia se restringe la libre enajenación, restringida
solamente en los eventos en que un territorio haya sido asignado para el uso de
un grupo familiar que se haya disuelto, y, en todo caso, esta enajenación sólo
puede hacerse a favor de “otros miembros de la comunidad y en su defecto en
otro miembro del grupo étnico, con el propósito de preservar la integridad de
las tierras de las comunidades negras y la identidad cultural de las mismas”.
Conforme
con lo anterior, el título colectivo establece de manera clara el territorio
destinado a la subsistencia y desarrollo de la misma y, a la vez, en tanto que
la Resolución de adjudicación es una norma jurídica de carácter público,
modifica la naturaleza de la tierra titulada.
En
este sentido, es que el acto administrativo de titulación tiene una importancia
mayúscula en cuanto a las consecuencias jurídicas sobre la tierra, a tal punto
que no importa que un territorio cumpla las condiciones de ley y que una
comunidad negra la ocupe, pues, al tenor del artículo 17 de la Ley 70 de 1993,
antes de que se expida el título de adjudicación en debida forma, no es posible
conceder, ni siquiera a favor de una comunidad negra que lo esté ocupando, otro
título de adjudicación o una licencia de explotación[38].
A
partir de la expedición del título colectivo, entonces, cambia la naturaleza
del territorio, y se concede una protección especial que impide a terceros, ajenos
a la comunidad, afectar la propiedad colectiva. Esto, no sólo por las
limitaciones a la transferencia ya comentadas, sino, incluso, frente a
situaciones de hecho y que podrían terminar afectando la función de esta tierra
si personas ajenas a la comunidad ocupan el inmueble. En este orden de ideas es
que el artículo 15 se refiere a las ocupaciones realizadas por personas ajenas
a la comunidad, en el sentido que “no darán derecho al interesado para
obtener la titulación ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos
legales se considerará como poseedor de mala fe”.
Lo
anterior pone de presente la transcendencia de que un territorio sea adjudicado
como Tierra de la Comunidad Negra; no sólo porque adquiere una connotación especial
en cuanto escenario de sus prácticas y tradiciones, sino porque, además, se configura
una protección jurídica especial en función de las características del derecho
a la propiedad, en tanto que: (i) tiene el carácter de colectivo, es decir en
favor de las personas que pertenecen a la comunidad afro descendiente, quienes gozan
de un derecho oponible frente a terceros, y (ii) está afectado con una
limitación al traspaso que concreta, de manera permanente, la relación
histórica y tradicional entre el territorio y la comunidad.
5.5.
La Comunidad Negra de Curbaradó
5.5.1.
Dentro de este esquema general de protección especial al territorio de las
comunidades negras, es que tiene presencia la Comunidad Negra a la que se hace
referencia en el presente proceso de tutela, y que se encuentra ubicada en la
cuenca del río Curbaradó jurisdicción del Municipio de Riosucio, Chocó.
Esta
comunidad constituyó el Consejo Comunitario del  Río Curbaradó, a favor de la
cual el INCORA, mediante Resolución 02809 el 22 de noviembre de 2000, reconoció
que históricamente había formado palenques y se había asentado a lo largo del
río, huyendo de la esclavitud desde tiempo colonial. Además, indicó que su
tenencia de la tierra “se caracteriza por la ocupación ancestral, ya que se
ha venido transmitiendo de generación en generación sin ningún título
traslaticio de dominio que haya sido otorgado por el Estado (…)”.
En
el mencionado acto administrativo, se resolvió adjudicar el título colectivo
sobre los terrenos baldíos que ocupaba dicha Comunidad en la cuenca del río
Curbaradó. En la misma norma jurídica, el INCODER precisó los límites del
territorio colectivo, el carácter inembargable, imprescriptible e inalienable;
la administración a cargo del Consejo Comunitario del Río Curbaradó; y, entre
otras disposiciones, en el artículo decimoprimero estableció que la Resolución representaba
el título de dominio, y que “una vez inscrita en la oficina de registro de
instrumentos públicos competente y publicada en el Diario oficial, constituye
título suficiente de dominio y prueba de propiedad”.
Sin
embargo, en atención a que dentro de los límites del terreno colectivo había
terrenos de propiedad privada, y que la misma Resolución 02809, en su artículo
5, indicó que la adjudicación colectiva no incluía los predios rurales en los
cuales se acreditara dicha propiedad, el INCODER profirió la Resolución 2424,
el 10 de septiembre de 2007, por medio de la cual pasó a deslindar los
territorios colectivos de los predios de propiedad privada legítima. En
consecuencia, fueron deslindados 94 predios particulares. De modo que, el
derecho a la propiedad colectiva a favor del Consejo Comunitario del Ríos
Curbaradó quedó definido por el territorio delimitado en la Resolución 02809 el
22 de noviembre de 2000, con excepción de los terrenos deslindados en la
Resolución de 2007.
5.5.2.
Adicionalmente, no puede pasarse por alto el escenario especial que afronta la
comunidad de Curbaradó en el contexto de desplazamiento forzado, y que tiene
particular relevancia en la disposición y uso del territorio que le ha sido
adjudicado en el título colectivo. Al respecto, es preciso tener en cuenta que
como consecuencia del estado de cosas inconstitucionales decretado en la
Sentencia T-025 de 2004 a raíz del fenómeno del desplazamiento forzado, esta
Corporación ha adoptado medidas de protección a favor de la población
afrocolombiana afectada.
Para
tal efecto, la Corte ha venido realizando el seguimiento a la Sentencia T-025
de 2004, con el objeto de verificar el cumplimiento de las órdenes allí
contenidas y que pretenden poner fin al referido estado de cosas
inconstitucionales. Sin embargo, ante la exigente labor de realizar el
seguimiento, la Sala Plena de la Corte, mediante acta #19, en sesión del 1 de
abril de 2009, decidió crear una Sala Especial de Seguimiento encargada de la
constatación judicial del avance, rezago o retroceso en la superación del
estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado y la
adopción de todas las decisiones de fondo y de trámite a las que haya lugar
para verificar el cumplimiento de las órdenes dictadas en la sentencia T-025 y
sus autos de seguimiento.
En
este contexto, la Corte ha proferido diferentes autos de seguimiento para
atender la problemática del desplazamiento de la población afrocolombiana,
entre los cuales, unos, han afectado colateralmente la situación del territorio
colectivo de la comunidad de Curbaradó, y, otros, particularmente se han
referido a ella, a sus problemas de representatividad, a la ocupación del
territorio colectivo y al proceso de lanzamiento que es objeto de este trámite
de tutela. Vale la pena, pues, hacer un breve comentario sobre estas
providencias.
5.5.2.1.
En el Auto 05 del 26 de enero de 2009, se constató que, de manera general, los
individuos y las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento y
confinamiento “no son tratados de manera acorde con su
status como sujetos de especial protección constitucional, en sí mismos
titulares de derechos individuales y colectivos fundamentales, y merecedores de
atención y protección prioritaria y diferenciada”.
A la vez, se declaró “que sus derechos fundamentales
prevalecientes que (sic) están siendo masiva y continuamente desconocidos”.
En
consecuencia, la Corte pasó a proferir distintas órdenes destinadas a atender
esta situación, para lo cual vinculó a diferentes entidades, con el objeto de
diseñar planes de protección y atención a la comunidad afrocolombiana. Dentro
de estas medidas, se ordenó[39]
al Ministerio del Interior y de Justicia realizar un plan de caracterización de
los territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por la
población afrocolombiana.
5.5.2.2.
De manera concreta, en el Auto  del 18 de mayo de 2010[40], la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 se refirió a la situación especial de
la Comunidad Negra de la Cuenca de Curbaradó. En principio, se constató, en el
numeral primero de la parte resolutiva, que “los derechos fundamentales
prevalecientes de los individuos y las comunidades afrocolombianas ubicadas en
las cuencas de los ríos de Curvaradó y Jiguamiandó, continúan siendo masiva y
sistemáticamente desconocidos”. Por lo tanto, en el numeral segundo, se
hizo especial mención al incumplimiento de las órdenes impartidas en el
anteriormente mencionado Auto 05 del 26 de enero de 2009. En consecuencia, la
Sala Especial pasó a adoptar medidas para hacer cumplir las órdenes proferidas
en éste Auto, por lo que pasó a reiterar la obligación constitucional e
internacional de las autoridades colombianas al respecto.
Especialmente,
el Auto del 18 de mayo de 2010, tuvo en cuenta la problemática de orden público
que había impedido que se restituyeran los territorios que hacían parte de
títulos colectivos de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó. Para lo cual se
le ordenó al, en ese entonces Ministerio del Interior y de Justicia, que “dada
la situación de orden público y tensión en la zona de las cuencas de los ríos
de Curvaradó y Jiguamiandó, y la necesidad de avanzar en el proceso de
restitución de los territorios colectivos de la región, a más tardar el 18 de
junio de 2010, diseñe e implemente una metodología para la realización del
censo y proceso de caracterización ordenado en el Auto 005 de 2009, que
garantice la transparencia del proceso y prevenga la utilización de medio
fraudulentos que puedan distorsionar la información de estas comunidades (…)”.
Respecto
a estos territorios amparados por el título colectivo, la Sala, en el numeral
cuarto, ordenó al Ministerio del Interior y de Justicia que, en aplicación del
Decreto 2007 de 2001, por el cual se reglamenta  lo relativo a la oportuna
atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco del
retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar, procediera
a “congelar a partir del presente Auto, todas las transacciones relativas al
uso, posesión, tenencia, propiedad o explotación agroindustrial o minera de los
predios amparados por el título colectivo de las cuencas del ríos Curvaradó y
Jiguamiandó, e impedir que se realicen transacciones sobre estos territorios
que puedan hacer nugatoria su restitución efectiva. Sobre tales transacciones
opera la presunción de ilegalidad a que hace referencia el Auto 008 de 2009”.
5.5.2.3.
En el mismo sentido, la Sala Especial de Seguimiento, mediante el Auto 299 del
18 de diciembre de 2012, adoptó medidas concretas destinadas a proteger los
territorios colectivos de las comunidades del río Curbaradó y Jiguamiandó. En
concreto, estaban dirigidas a resolver los problemas que se habían presentado
para la realización del censo y la caracterización de la población, la elección
de la Asamblea, y, en general, el proceso eleccionario. En el mismo Auto se
contempló un segundo grupo de medidas “a adoptar para proteger el territorio
colectivo de las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los ríos
Curvarado y Jiguamiando”. Entre ellas, la contenida en el numeral décimo, dispuso
sobre la realización de un plan de desalojo “a corto, mediano y largo plazo
de las áreas de los territorios colectivos de las cuencas de los rios Curvarado
y Jiguamiando indebidamente ocupadas por parte de poseedores de mala fe y de
las invadidas o repobladas por parte de personas ajenas a las comunidades
afrocolombianas protegidas”.
Todo
lo anterior, indica que el problema del desplazamiento forzado y la situación
de orden público han terminado por afectar la permanencia de la Comunidad Negra
de la cuenca del río Curbaradó en el territorio adjudicado mediante la
Resolución 02809 de 2000, de tal manera que se ha detectado que los territorios
adjudicados han sufrido de ocupaciones, explotaciones y transferencias de los
derechos reales incluyendo la propiedad, que termina por afectar la naturaleza
de la propiedad colectiva como lugar para la subsistencia y desarrollo de las
comunidades negras.
5.5.2.4.
Dentro de este tipo de afectaciones al territorio de propiedad colectiva
adjudicado al Consejo Comunitario del Río Curbaradó, la Sala Especial de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 también advirtió el conflicto que se
suscitó dentro de este territorio en el proceso de lanzamiento por ocupación de
hecho que es objeto de revisión en el presente proceso de tutela.
En
efecto, la Sala Especial de Seguimiento profirió el Auto 222 del 17 de junio de
2009, el cual se refirió a la comunidad de Caracolí como población afro
descendiente destinataria de especial protección constitucional, en especial,
frente al fenómeno del desplazamiento forzado. Por tanto, consideró que la
orden de lanzamiento proferida por el Juez Promiscuo del Circuito
de Riosucio, Chocó, afectaba a la Comunidad de Caracolí, toda vez que ésta
“hace parte del Consejo Mayor Comunitario de la Cuenca del Rio Curvaradó,
víctimas de desplazamiento forzado, con medidas provisionales de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”, a favor de la cual se había adjudicado
título colectivo sobre los territorios que ocupa. En consecuencia, la Sala
ordenó suspender la orden de lanzamiento, como medida cautelar urgente para
proteger los territorios colectivos y los derechos “de la comunidad
afrodescendiente de Caracolí, perteneciente al Consejo Comunitario de la Cuenca
del Río Curvaradó”.
Como
se observa, la Sala Especial de Seguimiento tuvo en cuenta la naturaleza del
territorio sobre el que se refería el proceso de lanzamiento, el cual, en tanto
que había sido adjudicado como propiedad colectiva del Consejo Comunitario del
Río Curbaradó, no podía ser objeto de lanzamiento en contra de unas personas
que, en principio, podían ser parte de la comunidad negra en favor de la cual
el territorio fue adjudicado.
5.5.2.5.
Todo lo dicho permite completar un panorama de protección especial a favor de
las comunidades negras, quienes, como se comentó en el acápite de legitimación
por activa, se encuentran en una condición de debilidad manifiesta. Ello las hace
destinatarias de la protección especial por parte del Estado que trata el
artículo 13 de la Constitución, con el objetivo de garantizar la igualdad real
y efectiva a favor de los grupos marginados y discriminados[41].
Lo
anterior se ha hecho efectivo, entre otras, con la especial protección al
territorio adjudicado a estas comunidades, y que goza de distintas protecciones,
entre ellas, la naturaleza especial del territorio donde están asentadas. En
este sentido ha sido adjudicado el título colectivo a favor del Consejo
Comunitario del Río Curbaradó, el cual, además, ha sido protegido particularmente
en el marco de la problemática del desplazamiento forzado, y las dificultades
que este escenario presenta en la tenencia y uso del suelo.  Lo que, en última
instancia, ha derivado en una medida cautelar por parte de la Sala de
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 dentro del proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho del que es objeto la presente acción de tutela, en el
sentido que, estimó la Sala Especial de Seguimiento que la orden del juez civil
terminaba por ser una afectación al territorio especialmente protegido y, en
últimas, a la comunidad negra titular del derecho colectivo.
En
este contexto, es que se pasa a revisar los fallos de tutela que se refirieron
al proceso de lanzamiento por ocupación de hecho que es cuestionado en la
presente acción de tutela. Para tal fin, es necesario, antes, hacer algunas
consideraciones respecto del mencionado proceso agrario que permitan,
posteriormente, abordar en concreto la solicitud de tutela elevada.
6.
Proceso agrario de lanzamiento por ocupación de hecho
6.1.
La explotación agraria es una actividad a la que la Constitución de 1991 le dio
un lugar importante en la concepción del uso del suelo rural. Ello se
manifiesta, antes que nada, en la cláusula general expresada en el artículo 58 de
la Carta, que indica que la propiedad tiene una función social[42]; esto, en el entendido que
la producción agraria, en últimas, termina por ser una actividad que redunda en
un beneficio general, en tanto que de ella provienen los medios de alimentación
para el resto de la sociedad. En este orden de ideas, el artículo 65 Superior
establece que “[l]a producción de alimentos gozará de la especial protección
del Estado. Para tal efecto se  otorgará prioridad al desarrollo integral de
las actividades agrícolas, pecuniarias, pesqueras, forestales y agropecuarias,
así como también a la construcción de obras de infraestructura física y
adecuación de tierras”.
En
armonía con ello, la Carta de 1991 tuvo en cuenta la importancia de que los
trabajadores tengan acceso a la tierra y obtengan facilidades para explotarla. Al
respecto, el artículo 64 dispone sobre la promoción del Estado “al acceso
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma
individual o asociativa (…)”. Y en el mismo sentido, el artículo 66
prevé la posibilidad de que en materia crediticia, se tenga en cuenta para los
créditos agropecuarios “los ciclos de las cosechas y de los precios, como
también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales”.
Con
lo anterior, la Constitución hace un particular énfasis en la función de la
tierra como medio principal del sustento de la sociedad, por lo que la
actividad agraria resulta ser destinataria de medias de protección especial. Así
las cosas, la ley 101 de 1993 denominada la Ley General de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero, tuvo como propósito, identificado en su artículo
primero, el desarrollo de los mencionados artículos 64, 65 y 66 de la Cara, “con
miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras, y
promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores
rurales (…)”.
6.2.
En este contexto, no resulta ajeno a la importancia de la explotación agraria,
la creación de una jurisdicción especial para resolver los conflictos que se
presenten en el desarrollo de esta actividad. Para tal efecto, se cuenta con
una normatividad que, aunque anterior a la Constitución, no ha resultado
contraria a la misma y se encuentra actualmente vigente.
El
Decreto 2303 de 1989, “por el cual se crea y organiza la jurisdicción
agraria”, estableció, en el artículo primero, que a cargo de esta
jurisdicción se someten los asuntos de naturaleza agraria “especialmente las
que deriven de la propiedad, la posesión, y mera tenencia de predios agrarios,
de las actividades agrarias de producción y de las conexas de transformación y
enajenación de los productos (…)”. En este orden de ideas, el artículo
segundo pasó a hacer un listado de los procesos que conoce esta jurisdicción, según
los posibles conflictos que se puedan presentar sobre predios agrarios.
Dentro
de estos procesos, el numeral sexto del artículo segundo, incluye el proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho, sobre el cual versa el conflicto ahora
planteado al juez constitucional, y es desarrollado en los artículos 98 y
siguientes del Decreto mencionado. Este proceso, se ocupa de una situación
concreta que se describe en el mismo artículo 98 cuando regula lo referente a
las partes:
“ARTICULO
98. PARTES. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil,
la persona que explote económicamente un predio agrario, según el artículo 2o.
de la Ley 4a. de 1973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de
hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya
mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni
exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez agrario que
efectúe el lanzamiento del ocupante”.
De lo anterior se deriva que el proceso de lanzamiento por ocupación
de hecho está destinado a proteger, no al propietario del bien, o a quien
ostente un derecho específico, sino a quien explota económicamente el predio
agrario y es interrumpido por otra persona, (i) sin que haya mediado
consentimiento y  (ii) sin orden de autoridad competente, o  sin otra causa que
lo justifique.
6.3. Este proceso especial, no es más
que una forma de garantizar la explotación agropecuaria, dada la importancia
que la Constitución le dio a esta actividad como sustento de la sociedad. No se
trata, pues, de un proceso destinado a la discusión sobre el título de
propiedad, o algún otro derecho real, sino a proteger el uso natural de los
predios agrarios, que es su explotación, de una ocupación inminente.
Es decir que, con el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho,
no se pretende definir algún derecho de manera definitiva, sino atender una
situación de hecho, y que está afectando materialmente la explotación de un
predio. Al respecto, el Decreto 2303 de 1989 establece un requisito de
procedibilidad de la demanda, orientado a que se demuestre la inmediatez entre
la ocupación y la solicitud de lanzamiento, que se regula en los artículos 100
y 101, como se ve a continuación:
Art. 100. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse prueba
siquiera sumaria con la que se acredite que el demandante ha venido poseyendo
económicamente el predio y que la ocupación se inició dentro de los ciento
veinte (120) días anteriores a la fecha de presentación de la demanda.
Art. 101. Rechazo de la demanda. Si la demanda no reúne los requisitos
indicados en el artículo 99 o no se allegare la prueba que exige el anterior,
el juez la devolverá para que el demandante subsane el defecto dentro de los
tres (3) días siguientes, y si así no lo hiciere, la rechazará.
También procederá
el rechazo cuando haya transcurrido el término de ciento veinte (120) días.
A partir de estas normas,
se puede deducir que un aspecto determinante para la procedibilidad del proceso
de lanzamiento por ocupación de hecho es la inmediatez entre la ocupación y la
presentación de la demanda, y que la ley fija en un término de 120 días. Este
requisito hace énfasis en la naturaleza del proceso, dirigido a proteger la
actividad agraria que se puede ver afectada por situaciones de hecho
inminentes, lo cual excluye la discusión sobre situaciones consumadas en el
tiempo, o que tengan otra finalidad distinta a la interrupción del ejercicio
agropecuario.
6.4. Lo anterior indica que, para que
proceda la demanda es preciso demostrar, siquiera sumariamente, la explotación
del bien y su interrupción por una reciente ocupación. Como se observa, no es
necesario que el demandante demuestre la propiedad o algún derecho adquirido
sobre el bien, sino simplemente que lo está explotando y que ha sido perturbado.
Todo lo dicho, sin embargo, no significa tampoco que por medio del lanzamiento
se pretenda imponer situaciones de hecho sobre derechos, y que por tanto, se desconozcan
los justos títulos que pueda ostentar el llamado ocupante; o que se dé
preferencia al tenedor que explota el predio sobre el nudo propietario,
o el poseedor. Aceptar estas situaciones significaría, entonces, que con el
proceso de lanzamiento se concede la oportunidad para afectar a quien pueda
tener un mejor derecho, bajo el pretexto de la explotación agraria.
Esta situación es atendida de dos maneras por las normas que regulan
el proceso. En primer lugar, según el artículo 105, el lanzamiento resulta improcedente
cuando los ocupantes exhiben títulos que justifican la ocupación. Dice la
norma:
“ARTICULO
105. SUSPENSION DE LA ACTUACION E IMPROCEDENCIA DEL LANZAMIENTO. Si durante la
diligencia de inspección judicial o antes de practicarse el lanzamiento, el
ocupante u ocupantes exhibiesen títulos o pruebas que justifiquen legalmente la
ocupación, el juez agrario suspenderá la actuación y las partes quedarán en
libertad para iniciar las acciones que estimen pertinentes
(…)”.
En segundo lugar, la orden de
lanzamiento debe estar basada en la certeza de que se trate de una ocupación de
hecho, para lo cual se debe hacer un examen del material aportado por las
partes o del proveído de oficio por el juez, para, así, determinar que la
ocupación no tiene una causa jurídica que la justifique. En este sentido, es
claro el artículo 106 al disponer:
“ARTICULO
106. LANZAMIENTO. Practicada la inspección judicial, si de ésta y demás pruebas
producidas por las partes o allegadas de oficio al expediente, resultare que
efectivamente se ha realizado una ocupación de hecho, esto es, efectuada sin
causa jurídica que la justifique, el juez decreta el lanzamiento, el cual se
efectuará dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la providencia
(…)”.
Así las cosas, sin un
derecho que lo justifique, la ocupación se concreta como un fenómeno de hecho,
y el juez, en consecuencia, ordenará el desalojo para que los ocupantes “abandonen
el terreno y consecuentemente el demandante recupere su tenencia”[43].
Empero, admitir la posibilidad de que se adviertan justas causas que justifique
la ocupación, es una garantía para que, por motivo del lanzamiento, no se
promueva una imposición de facto sobre quien goza de un derecho para ocupar un
predio.
6.5. Para resumir, se tiene que: el proceso de lanzamiento surge de una
situación fáctica —la inminente interrupción de la explotación económica— que
no exige del demandante demostrar la titularidad de un derecho sobre el bien, pero
que tampoco pretende desconocer la existencia del derecho que pueda ostentar la
persona demandada. En este sentido, la normatividad es enfática a la hora que
el juez del proceso de lanzamiento tenga en cuenta si el ocupante tiene un
mejor derecho sobre el predio, toda vez que no se puede ordenar el lanzamiento
cuando éste ostenta una causa jurídica que justifica la ocupación.
7. Caso concreto.
Evaluación de procedibilidad de la acción de tutela contra la providencia
judicial de lanzamiento
En el presente asunto, el
Ministerio del Interior instaura acción de tutela en contra de la Sentencia
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Riosucio, el 28 de agosto de 2008, dentro del proceso agrario de lanzamiento
por ocupación de hecho, toda vez que, considera, el terreno objeto del mismo
hacía parte del territorio adjudicado al Consejo Comunitario del Río
Curbaradó, mediante Resolución 02809 del 22 de noviembre de 2000. Por lo tanto,
a decir del accionante, con el lanzamiento de las personas de la Comunidad de
Caracolí, perteneciente al Consejo Comunitario, se desconocieron los derechos
al territorio, no sólo de estas personas en particular, sino de toda la
comunidad titular del derecho colectivo.
Lo anterior supone la
promoción de la acción de amparo en contra de una providencia judicial, para lo
cual se hace necesario tener en cuenta los requisitos de procedibilidad que, de
manera reiterada, esta Corporación ha sentado en su jurisprudencia.
En consecuencia se pasará,
en primer lugar, a mencionar de manera muy breve cuáles son estos requisitos,
y, a continuación, se hará un examen para determinar si en el caso concreto se
satisfacen.
7.1. Cuando se trata de una acción de tutela instaurada en contra de una
providencia judicial, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que su
procedibilidad es excepcional, por lo que se hace necesario el cumplimiento de
ciertos requisitos estrictos de procedibilidad, y que en la Sentencia
C-590 de 2005 fueron clasificados en dos grupos: (i) los requisitos de
procedibilidad de carácter general que deben ser satisfechos integralmente para
habilitar la viabilidad procesal del amparo y,  entonces, sea posible pasar a
abordar (ii) los requisitos o causas especiales, que determinan su prosperidad[44]. Ante la
presencia de alguno de estos últimos, entonces, se configura una vulneración
del derecho al debido proceso. La Sentencia recién referida los organizó de la
siguiente manera:
(i)
Requisitos generales de procedibilidad:
“a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[45].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de
un perjuicio iusfundamental irremediable[46]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en
el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[47].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[48]. No obstante, de
acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.
e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[49].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de
sentencias de tutela[50].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
(ii)
Requisitos o causales especiales de procedibilidad:
“a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico,
que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes
o inconstitucionales[51]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que
se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h. Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[52].
i. Violación directa
de la Constitución”.
En este contexto, corresponde analizar si la
acción de tutela presentada satisface todos los requisitos generales de
procedibilidad, y así poder pasar a verificar si el reproche que el tutelante hace
de la sentencia que ordenó el lanzamiento, configura alguno de los requisitos
especiales, y, por tanto, si se vulneró el derecho al debido proceso.
7.2. Examen del cumplimiento de
los requisitos generales de procedibilidad
7.2.1. La relevancia constitucional
exige que el amparo no tenga la finalidad de resolver cuestiones meramente
legales, y así reemplazar las instancias ordinarias o convertirse en una
instancia adicional, sino que en la acción de tutela se trascienda a controversias
de carácter constitucional, en las que se vean implicados derechos
fundamentales[53].
En el caso concreto, se encuentra satisfecho
este requisito, no sólo porque, en general, la acción de tutela contra
providencias judiciales plantea una controversia sobre el derecho al debido
proceso, situación que también tiene lugar en esta oportunidad; sino porque, de
manera particular, en el presente asunto se ven comprometidos bienes de
relevancia constitucional relacionados con la protección a la diversidad étnica
y cultural que pueden requerir de la intervención del juez constitucional.
Concretamente, frente a los derechos de las comunidades negras y su relación
con el territorio, que, en cuanto grupos minoritarios en condiciones de
debilidad manifiesta, son sujetos destinatarios, como ya se ha indicado
reiteradamente a lo largo de esta providencia, de una protección constitucional
especial a cargo del Estado, materializada, entre otros, en la garantía a los
derechos a la igualdad y a la propiedad colectiva.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la
difícil situación de orden público y los fenómenos de desplazamiento que se
presentan en esta zona, y que han sido reconocidos y atendidos por la Sala
Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, incluso en relación con
la Comunidad Negra de la cuenca del río Curbaradó. Todo ello, a partir de la
importancia que tiene el territorio para las comunidades afro descendientes, lo
que en el presente asunto resulta ser el punto central de la discusión en torno
a una orden de lanzamiento en un territorio colectivo adjudicado a una
comunidad afrocolombiana.
7.2.2. Por su parte, el análisis del
requisito de subsidiariedad debe hacerse desde una perspectiva flexible, en
atención a los sujetos de especial protección involucrados en la presente
acción de amparo. Así lo señaló esta Corporación en la Sentencia T-717 de
2011,  al decir que resulta admisible la procedibilidad de la acción de tutela,
aun cuando no se agotaron los recursos ordinarios, “(…) si se trata de
sujetos en estado de vulnerabilidad que merecen una especial protección
constitucional”[54].
En el presente caso, si bien no se hizo uso
de la impugnación contra la sentencia de lanzamiento, debe tenerse en cuenta
que la acción de tutela es presentada por el Ministerio del Interior en calidad
de agente oficioso, quien, no fue parte del proceso de lanzamiento por
ocupación de hecho, y en ese sentido no se le puede exigir el agotamiento de
los recursos dentro del mismo. El Ministerio entró a actuar en sede de tutela sobre
una situación ya consumada, que es la expedición de una providencia
ejecutoriada, y sobre la cual eleva el amparo.
Lo anterior no quiere decir
que la acción de tutela pretenda remplazar los mecanismos ordinarios para
definir de manera definitiva sobre los derechos reales del bien objeto del
litigio, pues en el presente caso, el amparo está dirigido contra una orden de
lanzamiento que resuelve una situación de facto, de carácter temporal
sobre la tenencia del bien. Y, en todo caso, no puede pasarse por alto que
actualmente se encuentra pendiente para fallo en el Consejo de Estado la acción
de nulidad que la señora Argote Romero interpuso contra las resoluciones que
resolvieron el deslinde de los predios, la cual definirá todos los aspectos
relacionados con los derechos reales, y a partir de la cual se podrán adoptar los
mecanismos necesarios para proteger los respectivos derechos.
7.2.3. Sobre el requisito de inmediatez, esta Corporación definió
que, de manera general, es una valoración que le corresponde hacer al juez de
tutela, quien, atendiendo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cada
caso concreto, debe establecer si el término transcurrido entre la ocurrencia
del hecho generador de la amenaza o violación de derechos, y la fecha en que se
interpuso la tutela, resulta razonable, y si existen o no motivos que
justifiquen la inactividad de la persona afectada[55].
De modo que, no obstante no exista un plazo
de caducidad, la naturaleza de la tutela como mecanismo de protección inmediata
de derechos fundamentales, impone que se deba interponer en un término
razonable al hecho que originó la violación o amenaza del derecho fundamental
alegado[56].
Sin embargo, la Corte ha indicado que, según las condiciones del caso, este
término de razonabilidad podría ser de seis meses y, en otros casos, dos años
cabrían dentro de lo razonable para promover la acción[57].
En el presente asunto, se observa que desde que se profirió la sentencia de lanzamiento, el 28 de agosto
de 2008, y la instauración de la tutela, el 29 de abril de 2009, transcurrieron
8 meses, lo cual parece un término razonable, más si se tiene en cuenta que, en
primer lugar, el Ministerio del Interior no fue parte en dicho proceso agrario,
por lo que no fue notificado de su decisión, lo que explica una mayor distancia
de la entidad respecto de los hechos y el proceso mismo.
Lo anterior permite concluir que el lapso
transcurrido resulta razonable, aunado por el hecho de que en
aquellos casos en los que se encuentran involucradas personas en
situación de debilidad manifiesta, también corresponde hacer
un análisis flexible del requisito de inmediatez, y, en especial, de la
razonabilidad mencionada, toda vez que, como se indica en la Sentencia T-410
de 2013, la condición especial de los sujetos “hace desproporcionada la
carga de razonabilidad del plazo para intentar la acción”.
Tampoco puede pasarse por
alto que la sentencia de lanzamiento produce consecuencias en el tiempo, que no
se presentan y agotan de manera inmediata. En concreto, la situación de
desalojo depende de las acciones de facto que se tomen en el predio para
hacer efectiva la orden judicial, y que en definitiva constituyen la amenaza
del derecho al territorio y la vida digna de la comunidad afectada. Al respecto,
es de tenerse en cuenta que, al 4 de febrero de 2009 no se había practicado la
diligencia, pues consta en una comunicación de esta fecha, que la Inspectora
Local de Policía y Tránsito de Riosucio, solicitó al juzgado que, dado que el
predio objeto de desalojo pertenece a la jurisdicción de Carmen del Darién, y
para evitar gastos de trámites intermunicipales, correspondía comisionar a las
autoridades de este municipio la realización de la diligencia[58].
Vistas las circunstancias del
caso concreto, vale la pena traer a colación los dos supuestos en que la
jurisprudencia ha establecido que resulta admisible que transcurra un amplio
lapso entre el hecho que generó la vulneración y la interposición de la acción
de tutela: “la primera de ellas, cuando se demuestra que la
afectación es permanente en el tiempo y, en segundo lugar, cuando se pueda
establecer que la especial situación de aquella persona a quien se le han
vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de
adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”[59].
Con fundamento en lo dicho, la valoración flexible de la inmediatez que corresponde hacer en el
caso concreto arroja como resultado que en la presente acción se satisface el
requisito.
7.2.4. El siguiente requisito de procedibilidad general, hace
referencia a que aquellas irregularidades procesales que se alegaron en el
escrito de tutela, deben tener un efecto decisivo o determinante en la
providencia cuestionada. Este requisito aparece satisfecho en tanto que la
alegación del tutelante, dirigida a señalar la omisión del juzgado demandado
respecto a la existencia de un título colectivo en favor del Consejo
Comunitario del Río Curbaradó, tiene un efecto definitivo en el fallo, toda vez
que dicho título concede un derecho de propiedad sobre el mismo predio objeto
del lanzamiento que podría determinar, de manera definitiva, el curso del
proceso.
7.2.5. Por último, se
tiene que la providencia que se acusa no es una sentencia de tutela, sino una
sentencia civil dentro de un proceso agrario de lanzamiento por ocupación de
hecho.
7.2.6. Verificados los
requisitos generales de procedibilidad la Sala pasa a analizar si se configura,
al menos, uno de los requisitos especiales, de lo cual se derive la vulneración
del derecho al debido proceso por parte del Juzgado Promiscuo
del Circuito de Riosucio.
7.3. Examen del cumplimiento
de las causales especiales de procedibilidad
Para el desarrollo del presente
acápite se tendrán en cuenta las alegaciones que dentro del proceso de tutela
se hizo sobre la actuación del juzgado accionado. Eso es, (i) la argumentación
que el Ministerio del Interior, como accionante, realizó sobre la omisión del
juzgado respecto a que el territorio objeto de lanzamiento hace parte del título
colectivo adjudicado al Consejo Comunitario del Río Curbaradó; y (ii) la
alegación hecha por el Procurador 9º Judicial II Ambiental y
Agrario del Chocó, en el sentido que se había incumplido el requisito de
que en la demanda se demuestre que no transcurrieron más de 120 días desde que
ocurrieron los hechos de ocupación, hasta la interposición de la demanda de
lanzamiento.
7.3.1. Defecto
material o sustantivo.
En el escrito de tutela
presentado por el Ministerio del Interior se realiza una aseveración general en
la que indica que la sentencia que ordenó el lanzamiento no tuvo en cuenta el
título colectivo que fue adjudicado a favor del Consejo Comunitario del Río
Curbaradó, y que comprende el predio sobre el cual se refiere el proceso
agrario. En consecuencia, el Ministerio del Interior señala que la comunidad de
Caracolí, pertenece a dicho Consejo y por tanto no puede ser lanzada.
En estos términos, si bien el
actor no hace una formulación expresa de alguno de los defectos que la
jurisprudencia ha desarrollado, es posible concluir que su reproche está
dirigido a indicar que el juzgado demandado no tuvo en cuenta el título
colectivo conferido mediante la Resolución 02809 del 22 de
noviembre de 2000, es decir, que dentro del proceso se omitió la norma
jurídica proferida por el INCORA. A la vez que, con tal desconocimiento, se
pasaba por alto la protección constitucional especial a favor de las
comunidades negras y su relación especial con el territorio.
7.3.1.1. Este cargo, si
bien no está desarrollado expresamente en los términos de los defectos
enunciados por la jurisprudencia constitucional, la Sala advierte que su
planteamiento corresponde con lo que esta Corporación ha denominado defecto
material o sustantivo, y que se refiere, como se indicó en la Sentencia
C-590 de 2005 a “los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión”.
Empero, la jurisprudencia de la Corte ha
desarrollado los varios supuestos que configuran un defecto de esta índole y
que desbordan su descripción inicial:
“Un defecto
sustantivo se configura, entonces, cuando (i) la decisión cuestionada se
funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo,
ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por
haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio
margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso
concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su
alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada
y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la
situación fáctica a la cual se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”[60]. (Resaltado
fuera del texto).
De los anteriores supuestos, resulta
pertinente tener en cuenta la ocurrencia de un defecto sustantivo cuando la
norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada. Esta circunstancia
está justificada por el hecho de que, si bien los jueces en el ejercicio de sus
competencias gozan de cierta autonomía e independencia para interpretar y
aplicar las normas jurídicas, éstas no son absolutas, pues la administración de
justicia está “limitada por el orden jurídico
preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho”[61].
En consecuencia,
el juez de conocimiento, si bien tiene cierto margen interpretativo, no puede
omitir la aplicación de las normas jurídicas vigentes, de lo contrario se
configura un defecto sustantivo. Así pues, “cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se
mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango
legal o infralegal aplicables en un caso determinado”[62].
De lo que se deriva que, para que se configure este defecto, debe haber una
omisión respecto de una norma jurídica, y que la misma sea aplicable y
pertinente en el caso sub examine.
7.3.1.2. En este orden de
ideas, la alegación del Ministerio del Interior en su escrito de tutela
corresponde al escenario recién comentado del defecto material o sustantivo, en
el entendido que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio, no tuvo en
cuenta la norma jurídica (Resolución No. 02809 del 22 de
noviembre de 2000) por medio de la cual se confirió el título colectivo a
favor del Consejo Comunitario del Río Curbaradó, y del cual se derivan las
protecciones constitucionales y legales para sus miembros.
7.3.1.3. Efectivamente,
después de examinar la providencia que es objeto de la presente acción de
tutela no se encuentra que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio haya
hecho referencia a la Resolución No. 02809 del 22 de
noviembre de 2000, ni a su contenido; y, en cambio, la orden de
lanzamiento estuvo fundamentada de la siguiente manera:
“(…) se ha
verificado que los ocupantes no cuentan con el consentimiento expreso o tácito
de la propietaria del feudo, que los demandados, no comparecieron al proceso, y
que no existe impedimento alguno para decretar el lanzamiento, toda vez que no
se informó al proceso, acerca de la eventualidad de haber iniciado, por el
Incoder, antes de la presentación de la demanda, procedimientos administrativos
de extinción del derecho de dominio, en contra de la demandante, clasificación
de la propiedad, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de
tierras pertenecientes al Estado, o delimitación de playones y sabanas
comunales. // De frente al anterior estado de cosas, es procedente entonces,
ordenar el desalojo”.
De modo que, se puede constatar
que el juez no tuvo en cuenta la Resolución de adjudicación y en consecuencia
tampoco advirtió que sobre el terreno existía un título de propiedad
—colectiva— a favor del Consejo Comunitario del Río Curbaradó.
7.3.1.4. Ahora bien, sobre
la pertinencia de esta norma jurídica dentro del proceso de lanzamiento que se
cuestiona en la presente acción de tutela, debe tenerse en cuenta que la
Resolución No. 02809 del 22 de noviembre de 2000 confirió un
título colectivo sobre un territorio dentro del cual se encontraba comprendido
el predio objeto del proceso de lanzamiento, es decir, que los efectos de la
norma administrativa, afectaban el predio que se reclamaba como ocupado
ilegalmente.
Estos efectos
están determinados porque, como se indicó en las consideraciones generales, el
título colectivo que se otorga a favor de las comunidades negras genera unas
consecuencias muy particulares respecto el derecho a la propiedad, las
limitaciones para transferirla, ocuparla y, en general, la destinación y
protección específica a favor de las mismas comunidades.
En efecto, la
Resolución No. 02809 del 22 de noviembre de 2000, modificó la naturaleza del
territorio sobre el cual reconoció la presencia ancestral de la Comunidad Negra
organizada en el Consejo Comunitario del Río Curbaradó, con el objeto de garantizar
que en el mismo pudieran desarrollar sus tradiciones, modos de producción y
costumbres. En general, como lo dispone el artículo primero  de la Ley 70 de
1993, la concesión de los territorios colectivos tiene como propósito “la
protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras
de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y
social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones
reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”.
La Resolución en comento,
entonces, confirió todas las garantías que la ley dispone para permitir que, en
el territorio que delimitó sobre la cuenca del río Curbaradó, se cumplan los
propósitos recién comentados. Entre ellas, no solo las destinadas a impedir la
transferencia de la propiedad, sino, también, las previstas para precaver las
ocupaciones realizadas por personas ajenas a la comunidad, pues, tal y como lo
dispone el ya comentado artículo 15 de la Ley 70 de 1993, “(…) no darán
derecho al interesado para obtener la titulación ni el reconocimiento de
mejoras y para todos los efectos legales se considerará como poseedor de mala
fe”.
Todo
lo anterior pone de presente que la adjudicación del título colectivo a la
Comunidad de Curbaradó definió la propiedad y la destinación del territorio,
con el objetivo de que permitiera la realización de su vida y costumbres. Esto
excluye, por su misma naturaleza, que sobre el territorio colectivo se pueda
reclamar la propiedad, o el reconocimiento de derechos a favor de una persona
que no hace parte de esta comunidad. De lo contrario, el territorio no podría
cumplir con su propósito histórico, cultural y de supervivencia de una
comunidad que está constitucionalmente protegida de manera especial y que tiene
un vínculo particular con el territorio.
En
consecuencia, la Sala observa que la promoción de un proceso de lanzamiento
sobre un predio comprendido en un territorio colectivo, impulsado en favor de
intereses particulares ajenos a los de la comunidad, pone en riesgo la
protección constitucional y legal a favor del territorio de las comunidades
negras. Además que, como se indicó recién, contraviene la naturaleza del
territorio que, por ministerio de la ley, a través de un acto administrativo,
está destinado a realizar las actividades de vida de la misma comunidad.
Así las cosas,
en el caso objeto de revisión, resultaba determinante que dentro del proceso de
lanzamiento se hubiera tomado en consideración la Resolución No. 02809 del 22
de noviembre de 2000 que adjudicó al Consejo Comunitario del Río Curbaradó la
propiedad colectiva de un territorio que comprendía el que fue motivo de la Litis
(Los Caracoles). Esto, en la medida que esta norma es la realización de la
protección especial que la Constitución dispuso a favor de las minorías
étnicas, para proteger la relación especial que tienen con el territorio.
7.3.1.5. Ahora bien, tampoco puede omitirse que, como quedó expuesto en las
consideraciones generales, el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho
regulado en el Decreto 2303 de 1989, tiene respaldo en el interés constitucional
de proteger y promover la actividad agraria, en concreto, la explotación de un
predio. Sin embargo, esta situación no justifica que el juzgado demandado no
haya siquiera advertido y tenido en cuenta la norma que adjudicaba el
territorio a la Comunidad Curbaradó, lo que le hubiera llevado a considerar la
condición especial del territorio.
Pero, además,
las mismas reglas del proceso de lanzamiento advierten al juez civil que debe
tener en cuenta los títulos que existan sobre el predio objeto del lanzamiento
y las justas causas que acompañen a los ocupantes. Lo anterior, en tanto que, si
bien el procedimiento previsto en el Decreto 2303 de 1989 no está
destinado a discutir la propiedad del predio, e incluso no exige a quien
demanda demostrar este título u otro derecho sobre el mismo, por otra parte, no
es indiferente respecto a los títulos que puedan justificar la ocupación de las
personas demandadas. Esto, al tenor de los artículos 105 y 106 del mencionado
Decreto, sea porque los ocupantes cuentan con títulos de propiedad, órdenes de
autoridad competente, o cualquier justa causa que justifiquen la ocupación.
Lo anterior significa que, en el
presente caso, la Resolución de adjudicación, en tanto norma jurídica, es una
causa que puede justificar la ocupación de personas miembros del Consejo
Comunitario del Río Curbaradó, en predios que hacen parte de su territorio
colectivo. Es decir, que tal Resolución podría ser un título válido para que no
procediera el lanzamiento, en el entendido que, en principio, las personas
demandadas hacen parte de la Comunidad de Caracolí; esta última, parte del
Consejo Comunitario, tal y como lo señaló la Sala Especial
de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 en el Auto 222 del 17 de junio
2009.
Pero, en todo
caso, corresponde al juez civil, cuando adelanta una diligencia de esta
calidad, tener en cuenta las posibles resoluciones de adjudicación de
territorios colectivos, pues ellas, en sí mismas configuran un título
suficiente que justifique la ocupación de cualquier persona perteneciente a la
comunidad. Lo que no cabe es pasar por alto una situación jurídica con efectos
determinantes en un proceso que se refiere a la tenencia de una tierra con una
naturaleza particular.
En
consecuencia, la Sala considera que el juzgado
accionado no tuvo en cuenta la Resolución No. 02809 del 22
de noviembre de 2000, con lo cual se configura un defecto material o
sustantivo, por haber inobservado una norma pertinente en el proceso que
resolvió, lo que, además, derivó en un desconocimiento de los derechos al
territorio de la Comunidad de Curbaradó.
Todo lo anterior, en la medida que el juzgado demandado adelantó
un proceso de lanzamiento sobre un territorio de especial protección y que está
sujeto a concretas limitaciones para que personas ajenas a la comunidad hagan
uso del mismo. Además, como consta en la trascripción de los motivos de
su fallo, el juez civil partió del supuesto que la demandante era la
propietaria del predio, cuando esta situación, por una parte, no correspondía
definirla en aquel trámite y, en todo caso, enseña la omisión total de la norma
en lo referente a que sobre este predio, como parte del territorio adjudicado
al  Consejo Comunitario del Río Curbaradó, existe un título de propiedad
colectiva a su favor. Esto, teniendo en cuenta que en la Resolución No. 2424 del 10 de septiembre de 2007, el predio objeto del
proceso de lanzamiento no fue deslindado del territorio colectivo.
En estos
términos, no es de recibo el argumento del juzgado tutelado en el sentido que dentro
del proceso de lanzamiento no se habían alegado los hechos aducidos en sede de
tutela, por lo que su consideración y decisión sólo podía fundamentarse en las
normas propias del proceso agrario. No es de recibo en la medida en que, por
una parte, la naturaleza del predio como parte de un territorio colectivo de la
Comunidad Negra fue determinada por un acto administrativo de público
conocimiento, sobre el cual no era posible alegar su ignorancia. Y, por otra
parte, el juez tampoco podía abstraerse de la realidad en su jurisdicción,
respecto a la presencia de comunidades negras y de los múltiples territorios
colectivos que han sido adjudicados a ellas.
Lo dicho,
además, aunado por la difícil situación que en la cuenca del río Curbaradó se
vive a causa del desplazamiento forzado y de los problemas de orden público, los
cuales tienen incidencia en la transmisión y ocupación de los predios.
Situaciones que han sido también de público conocimiento, que han afectado la
tranquilidad de la región y que han sido motivo del seguimiento por parte de
esta Corte con ocasión del estado de cosas inconstitucional que decretó, y
sobre el cual un juez de la República no puede, ahora, abstraerse totalmente y
restringirse a aplicar las normas de un proceso civil sin atender la
normatividad que termina afectando los derechos de las comunidades negras de la
zona.
7.3.1.6.
Por lo tanto, es posible concluir que el juzgado accionado omitió aplicar la
Resolución No. 02809 de 22 de noviembre de 2000 que determinaba la naturaleza
colectiva del territorio sobre el cual predicaba el proceso de lanzamiento y,
con ello, también pretermitió la protección constitucional derivada de este
reconocimiento en favor de las comunidades negras. Así pues, además de desconocer
la mencionada Resolución, no tuvo en cuenta los derechos constitucionales
relativos al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, materializado
en el derecho a la propiedad colectiva, los cuales encuentran fundamento en el artículo
7 y 63 Superior[63],
en concordancia con el derecho de las comunidades negras al territorio
colectivo reconocido en el Convenio 169 de la OIT, cuya protección,
específicamente en la zona de Jiguamiandó y Curbaradó, ha sido reclamada por la
Comisión de Expertos de dicha organización[64],
así como también por el artículo primero de la Ley 70 de 1993, que, en
desarrollo del artículo 55 transitorio de la Constitución, también reconoció el
derecho a la propiedad colectiva de estas comunidades sobre territorios en la
Cuenca del Pacífico.
7.3.1.7.
En este orden de ideas, y después de que la Sala haya identificado que en la
Sentencia proferida por el Juzgado se configuró un defecto material o
sustantivo por inobservar las normas aplicables, se pasará, a continuación, a
hacer un examen de la alegación que hizo el Procurador 9º
Judicial II Ambiental y Agrario del Chocó, respecto a que la demanda de
lanzamiento no era procedente.
7.3.2. Defecto
procedimental
7.3.2.1. El Procurador 9º Judicial II Ambiental y Agrario del Chocó, fue
vinculado en el presente proceso de amparo por el Tribunal Superior de
Quibdó–Sala Única. En su escrito de intervención solicitó conceder la tutela
por cuanto, además de que se habían desconocido los derechos de la comunidad
negra en relación con el territorio del que es titular, el juez civil no había
tenido en cuenta el requisito establecido en el artículo 100 del Decreto 2303
de 1989 “por el cual se crea y organiza la jurisdicción agraria”, que
establece que la ocupación se haya iniciado dentro de los 120 días anteriores a
la fecha de presentación de la demanda.
7.3.2.2. El requisito al que se refiere el interviniente se encuentra
consagrado, primero, en el artículo 100 del  Decreto 2303 de 1989 como una de
las pruebas, siquiera sumarias, que debe anexarse a la demanda. La norma
mencionada dispone que:
“Art. 100. Anexos de la
demanda. A la demanda deberá acompañarse prueba siquiera sumaria con la que se
acredite que el demandante ha venido poseyendo económicamente el predio y que
la ocupación se inició dentro de los ciento veinte (120) días anteriores a la
fecha de presentación de la demanda”.
(Subrayas fuera del texto original).
Esta prueba
resulta ser un elemento indispensable para la procedibilidad de la acción, toda
vez que como advierte la norma inmediatamente siguiente, su ausencia provoca el
rechazo de la demanda. Así establece la norma:
“Art. 101. Rechazo de la
demanda. Si la demanda no reúne los requisitos indicados en el artículo 99 o no
se allegare la prueba que exige el anterior, el juez la devolverá para que el
demandante subsane el defecto dentro de los tres (3) días siguientes, y si así
no lo hiciere, la rechazará
También procederá el rechazo cuando haya transcurrido el término
de ciento veinte (120) días”.
(Subrayas fuera del texto original).
7.3.2.3. En efecto, después de analizar el expediente de tutela, en el cual
se incluye el proceso de lanzamiento cuestionado, se puede establecer que la
demanda de lanzamiento fue interpuesta el 9 de octubre de 2007[65]; a su vez, la
misma demandante, en el hecho Cuarto del escrito de demanda indica que: “El
día nueve (15) de abril de esta anualidad personas ajenas a mi poderdante en
cuyo nombre instauro la presente demanda se instalaron en un lote de terreno en
donde tiene potreros y ganados y de forma arbitraria procedieron a sacar los
ganados a realizar cierre de broches y a sembrar maras de plátano”[66].
De lo anterior,
es posible concluir que entre la fecha de ocupación a la que hace referencia la
misma parte accionante en el proceso agrario, y aquella en la que se interpuso
la demanda, transcurrió un término de 174 días. De lo cual se concluye que la demandante
no cumplió con el requisito de aportar, si quiera de manera sumaria, prueba de
que la ocupación se haya iniciado dentro de los 120 días anteriores a la fecha
de presentación de la demanda. Por lo contrario, es ella quien da cuenta de que
este tiempo fue superado.
Ane este
incumplimiento, y de conformidad con las normas antes citadas, era de esperarse
que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ríosucio hubiera rechazado la demanda,
sin embargo, omitió aplicar la regla de procedibilidad contenida en la
normatividad específica que regula el procedimiento agrario de lanzamiento por
ocupación de hecho, y, en esa medida, le dio trámite a un proceso sin el
cumplimiento de los requisitos legales.
En efecto, el juez accionado se
apartó de manera evidente de la regla procesal que, en las consideraciones
generales de esta providencia, fue identificada como un requisito de
inmediatez, pues el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho estaba
dirigido a resolver una situación de hecho que se produce por la interrupción
inminente de la explotación de un bien agrario.
7.3.2.4. Esto significa, en los términos de la jurisprudencia
constitucional, que el fallador cometió un defecto de tipo procedimental, el
cual tiene lugar “siempre que, en desarrollo de la actividad
judicial, el funcionario se aparte de manera evidente y grotesca de las normas
procesales aplicables”[67].
Así pues, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ríosucio,
Chocó, omitió de manera evidente una regla procesal determinante, toda vez que
de haberla tenido en cuenta, no hubiera podido darle trámite a la demanda,
deviniendo su rechazo como lo dispone el artículo 101 del Decreto 2303 de
1989.
Al respecto, resulta
útil tener presente lo que esta Corporación ha dejado sentado respecto el
defecto procedimental, que ocurre cuando “el juez se desvía
por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a
determinadas cuestiones, está actuando en forma arbitraria y con fundamento en
su sola voluntad”[68].
En este sentido, puede entenderse también que la ley, en este caso el Decreto 2303 de 1989, estableció un procedimiento para darle
trámite a la acción de lanzamiento por ocupación de hecho, en el que debía
satisfacerse un requisito de procedibilidad de la demanda. Así, puede
entenderse que a la actuación del Juzgado Promiscuo del Circuito de Riosucio le
acompañó la arbitrariedad, en la medida en que desvió por completo el
procedimiento fijado, el cual exigía agotarse un requisito sine qua non
para que procediera el trámite.
7.3.2.5. Visto lo anterior, la Sala considera que en la actuación, el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Ríosucio, Chocó, se
configuró un defecto procedimental que determina una violación del derecho al
debido proceso y que, en consecuencia invalida todo el procedimiento
adelantado.
7.3.3. En consecuencia con
todo lo expuesto, la Sala encuentra que se verifican dos de los requisitos
especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. A partir de lo cual, y teniendo en cuenta que con uno solo es
suficiente para que se configure una vulneración del derecho al debido proceso,
y quepa anular el respectivo trámite, se procederá a revocar los fallos de
instancia y, en su lugar, se concederá el amparo solicitado por el Ministerio del
Interior a favor de la comunidad Negra de Curbaradó, organizada en el Consejo
Comunitario del Río Curbaradó.
Lo anterior, sin pasar por alto
que actualmente cursa, ante el Consejo de Estado, un proceso de nulidad sobre
la Resolución que deslindó el territorio colectivo, y de cuyo resultado podría
verse afectado el título del Consejo Comunitario del Río Curbaradó. La decisión
sobre este asunto podrá constituir una situación nueva, con consecuencias
jurídicas nuevas, y que podrían justificar, en adelante, las respectivas
acciones judiciales para proteger los  derechos reconocidos.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Tercera de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de términos decretada.
Segundo.- Revocar los fallos de tutela
proferidos, en primera instancia, por el Tribunal Superior
de Quibdó-Sala Única, el veinte (20) de mayo de dos mil nueve (2009); y, en
segunda instancia, por la Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil, el
cinco (5) de agosto de dos mil nueve (2009), por medio de los cuales se
negó el amparo de los derechos solicitados. En su lugar, amparar el derecho al debido
proceso de Liria Rosa García y otras personas, y el derecho
al territorio de la Comunidad Negra, organizada en el Consejo Comunitario del
Río Curbaradó.
Tercero.- En consecuencia,
anular la sentencia
proferida el veintiocho (28) de agosto de dos mil ocho
(2008), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ríosucio, Chocó.
Cuarto.- DAR, por la Secretaría General de esta
Corporación, cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Escritura Pública  447 formalizada en la notaría única del Municipio de Carepa
Antioquia. En el Cuaderno 5, folio 9.
[2]
Cuaderno 4, folio 310, y en el Cuaderno 5, folio 12.
[3]
El Secretario de Planeación y Obras Públicas del Municipio Carmen del Darién
del Departamento del Chocó, certificó, el 3 de febrero de 2009, que la vereda
Caracolí, pertenece al municipio de Carmen del Darién, según ordenanza No. 18
del 22 de septiembre de 2000 de la Asamblea Departamental del Chocó 8En el
Cuaderno 5, folio 88..
[4]
De la demanda de lanzamiento en el Cuaderno 5, folio 3.
[5]
Cuaderno 5, folio 4.
[6]
De las copias que remitió a esta Corporación la Secretaría de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del
proceso 36313 (2009-00010-00). En el Cuaderno Principal,
folios 56-102.
[7]
Ver: http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones.asp?numero=11001032600020090001000
[8]
Cuaderno 3, folio 183.
[9]
Cuaderno 3, folio 230.
[10]
Cuaderno 4, folio 236.
[11]
Cuaderno 4, folio 309.
[12]
Cuaderno 4, folios 374- 378.
[13]
Cuaderno 4, folio 381.
[14]
Ver: http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones.asp?numero=11001032600020090001000
[15]
Dicha Resolución estaba dirigida a la protección de los
miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La parte resolutiva
dispuso:
“1. Reiterar al Estado que mantenga las medidas que
hubiese adoptado y disponga de forma inmediata las que sean necesarias para
proteger eficazmente la vida y la integridad personal de todos los miembros de
la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de conformidad con los
Considerandos 11 y 18 a 20 la presente Resolución.
2. Requerir al Estado que informe sobre las
investigación (sic) de los hechos que motivaron la adopción de estas medidas
provisionales, de conformidad con los Considerandos 18 y 19 la presente
Resolución.
3. Reiterar al Estado que debe realizar todos sus
esfuerzos para dar participación a los beneficiarios de las medidas o sus
representantes en la planificación e implementación de las medidas de
protección y que, en general, les mantenga informados sobre el avance de las
medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de
conformidad con los Considerandos 23 y 24 de la presente Resolución.
4. Autorizar a la Presidenta de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos para que convoque, oportunamente, al Estado, a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de los beneficiarios
de las medidas provisionales a una audiencia para supervisar la implementación
de las medidas provisionales.
5. Reiterar al Estado que continúe informando a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos cada dos meses sobre las medidas
provisionales adoptadas, y requerir a los beneficiarios de estas medidas o a su
representante que presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro
semanas contadas a partir de la notificación de los informes del Estado, y a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a
dichos informes del Estado dentro de un plazo de seis semanas contadas a partir
de su recepción”.
6. Notificar la presente Resolución al Estado de
Colombia. a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al representante
de los beneficiarios”.
[16]
Sentencia T- 610 de 2011.
[17]
Sentencia T-531 de 2002, y T-214 de
2014, entre otras.
[18]
Sentencia T-214 de 2014.
[19]
T-376 de 2012.
[20]
Sentencia T-376 de 2012.
[21]
Al respecto, la mencionada Sentencia T-955 de 2003 señaló: “Lo
expuesto sin que la legitimación de los integrantes de las comunidades negras,
para invocar el derecho a la integridad cultural, pueda ser entendida como un
interés generalizado para actuar ante todas las instancias judiciales y
administrativas a nombre de los Consejos Mayores, porque la organización de
éstos, como personas jurídicas, fue la modalidad acogida por el legislador,
previa consulta con la Comisión creada por el efecto, para hacer explícito el
reconocimiento cultural previsto en el artículo 55 transitorio, y debe ser
considerada cada vez que las comunidades negras requieran ejercer sus derechos
civiles y administrativos”.
[22] Artículo 14. En el mismo sentido, el Decreto 4530 de 2008, que establecía la
estructura del, entonces, Ministerio del Interior y de Justicia, disponía en el
artículo 14 una Dirección de Asuntos para Comunidades Negras Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras. Son funciones de la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Con similares
funciones a las indicadas en las del actual Ministerio del Interior.
[23]
En la primera orden contenida en la parte resolutiva del Auto 045 de 2012.
[24]
El numeral segundo de la parte resolutiva.
[25]
En estos términos indicó esta Corporación en la Sentencia
C-253 de 2013:
[26] Al respecto, la Sentencia
C-169 de 2001 fue muy clara al indicar: “Ya ha dicho la Corte que "el
pluralismo establece las condiciones para que los contenidos axiológicos de la
democracia constitucional tengan lugar y fundamento democrático. Dicho
sintéticamente, la opción popular y libre por los mejores valores, está
justificada formalmente por la posibilidad de escoger sin restricción otros
valores, y materialmente por la realidad de una ética superior” (sentencia
C-089/94, ibídem). En la misma oportunidad, se señaló que la democratización
del Estado y de la sociedad que prescribe la Constitución, se encuentra ligada
a un esfuerzo progresivo de construcción histórica, durante el cual es
indispensable que  la esfera de lo público, y con ella el sistema político,
estén abiertos al reconocimiento constante de nuevos actores sociales. En
consecuencia, sólo puede hablarse de una verdadera democracia, representativa y
participativa, allí donde la composición formal y material del sistema guarda
una correspondencia adecuada con las diversas fuerzas que conforman la
sociedad, y les permite, a todas ellas, participar en la adopción de las
decisiones que les conciernan”.
[27] Sentencia T-314 de 2007.
[28] Sentencia C-230ª de 2008.
[29]
Al respecto, por ejemplo, las sentencias T-1095 de 2005, T-025
de 2004, C-169 de 2001, T-422 de 1996.
[30]
La Sentencia C-253 de 2013 se refirió a dos casos en concreto que se refirieron
a la consulta previa como una exigencia tratándose de la afectación a
comunidades afrocolombianas, en la Sentencia C-461 de 2008 y
la  C-702 de 2010.
[31]
Sentencia t-1045A de 2010.
[32] Al respecto, vale la pena aclarar, antes que nada,
que, terminológicamente, es común encontrar que se usa la expresión “comunidad
negra” o “comunidad afrocolombiana”, sobre lo cual, el artículo 2 de
la Ley mencionada, definió a una comunidad negra como “el conjunto de
familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten
una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la
relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las
distinguen de otros grupos étnicos”. Es decir, que, el uso indiscriminado
de estas expresiones no induce a error, ni hacen referencia a comunidades
distintas, sino a una especificación de la naturaleza de las comunidades
negras, que suponen la condición de su ascendencia afrocolombiana. En este
sentido, además, la Sentencia C-253 de 2013, declaró exequible la expresión “comunidad
negra”, usada, tanto en la Ley 70 de 1993 como en el propio artículo
transitorio 55 de la Constitución Política, por cuanto su uso normativo no era
discriminatorio.
[33] Artículo
1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades
negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como
propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y
de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el
fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas
comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al
resto de la sociedad colombiana.
De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del
artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará
también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo
ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de
producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en
esta ley.
[34] Artículo 4. El Estado
adjudicará a las comunidades negras de que trata esta ley la propiedad
colectiva sobre las áreas que, de conformidad con las definiciones contenidas
en el artículo segundo, comprenden las tierras baldías de las zonas rurales
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico y aquellas ubicadas en las
áreas de que trata el inciso segundo del artículo 1o. de la presente ley que
vienen ocupando de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.
Los terrenos respecto de los cuales se determine el
derecho a la propiedad colectiva se denominarán para todos los efectos legales
"Tierras de las Comunidades Negras".
[35]
Artículo 11. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incora, en un
término improrrogable de sesenta (60) días, expedirá los actos administrativos
por medio de los cuales se adjudique la propiedad colectiva a las comunidades
de que trata la presente ley.
El correspondiente acto administrativo se notificará
al representante de la respectiva comunidad y, una vez inscrito en el
competente registro, constituirá título suficiente de dominio y prueba de la
propiedad.
[36]
Esta competencia fue otorgada en el numeral octavo el artículo 4 del
Decreto1300 de 2003, por medio del cual se creó el INOCDER.
[37] En el segundo inciso la
norma dispone: “Además de las que prevea el
reglamento, son funciones de los Consejos Comunitarios: delimitar y asignar
áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y
protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la
identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales;
escoger al representante legal de la respectiva comunidad en cuanto persona
jurídica, y hacer de amigables componedores en los conflictos internos
factibles de conciliación”.
[38]
Artículo 17. A partir de la vigencia de la presente ley, hasta tanto no se haya
adjudicado en debida forma la propiedad colectiva a una comunidad negra que
ocupe un terreno en los términos que esta ley establece, no se adjudicarán las
tierras ocupadas por dicha comunidad ni se otorgarán autorizaciones para
explotar en ella recursos naturales sin concepto previo de la Comisión de que
trata el artículo 8o.
[39]
En el numeral cuarto de la parte resolutiva.
[40]
A esta providencia no le correspondió un número consecutivo, y se hará
referencia por su fecha de expedición.
[41]
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.
[42] “Artículo 58. Se
garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de
utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá
ceder al interés público o social.
La propiedad es una
función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica.
(…)”
[43]
Artículo 106.
[44]
Respecto a los requisitos generales y los específicos en términos de viabilidad
procesal y prosperidad de la acción de tutela ver las Sentencias T-933 de 2012,
T-1047 de 2012 y T-265 de 2014. En esta última se indica:
“(…) en la
Sentencia C-590 de 2005, siguiendo la postura de la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, se planteó que sí se cumplen
ciertos y rigurosos requisitos el juez constitucional puede analizar y decidir
una causa elevada contra sentencias judiciales. Dentro de estos requisitos
pueden distinguirse unos de carácter general que habilitan la viabilidad
procesal del amparo, y otros de carácter específico que determinan su
prosperidad”.
[45] Sentencia 173 de 1993.
[46] Sentencia T-504/00.
[47] Ver entre
otras la reciente Sentencia T-315/05
[48] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[49] Sentencia
T-658-98
[50] Sentencias
T-088-99 y SU-1219-01
[51]
Sentencia T-522/01
[52] Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y
T-1031/01.
[53]
Sentencia T-244 de 2007.
[54]
Además de esta providencia, también tener en cuenta las Sentencias T-972 de
2006, T-340 de 2010, y T-110 de 2011.
[55] Al respecto, en la
Sentencia SU-961 de 1999, se indicó que: “Teniendo en cuenta este sentido de
proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse
dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada
por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado,
de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.”. la T-690 de 2005.
[56] Sobre este aspecto se
refirió la Sentencia T-730 de 2003, y más recientemente la
Sentencia T-1028 de 2010, en la que la corte advirtió que: “la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar, proteger
derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un
plazo irrazonable, caso en el que se rompe la congruencia entre el medio de
protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los
derechos fundamentales de las personas. En segundo lugar, impedir que el amparo
se convierta en factor de inseguridad [jurídica]. En tercer lugar, evitar el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la agencia de los derechos”
[57]
En la Sentencia T-288 de 2011 se indicó: “La Corte ha
dicho que en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para
declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años
se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo
dependerá de las particularidades del caso”. Al respecto ver, entre otras, las
sentencias T-136 de 2007, T-647 de 2008, T-867 de 2009, T-033 de 2010, T-1028
de 2010 y T-860 de 2011, entre otras.
[58]
Folio 85, Cuaderno 5.
[59]
Sentencia T-463 de 2012, y, entre otras, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006 y T-425 de 2009.
[60]
Ver, entre otras, las sentencias: T- 804 de 1999, T-694 DE
2000, T-522 de 2001, SU-159 de 2002,  T-462de 2003,  T-205 , T-807 2004 y
T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-781 de 2011,
[61]
Sentencia T-773A de 2012.
[62] Ibídem. También en la
Sentencia T-042 de 2012 se refirió sobre el defecto sustantivo en los
siguientes términos: “Tiene lugar el defecto sustantivo,
entre otras circunstancias, cuando el juez es inducido a error o cuando falla
los casos sometidos a su conocimiento fundamentándose en preceptos que no son
aplicables a la situación concreta o que, aun cuando hubieran podido ser
aplicables, ya no están a su disposición por haber sido derogados o separados
del ordenamiento debido a su inconstitucionalidad y también, cabe precisar
ahora, cuando el juez deja de tener en cuenta preceptos aplicables al caso y
produce una decisión abiertamente reñida con la normatividad que estaba
obligado a aplicar”. (Resaltado fuera del texto
original).
[63]
El artículo 7 de la Constitución dispone: “El Estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”;
mientras que el artículo 63 establece: “Los bienes de uso público, los parques
naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo,
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la
ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
[64]
Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones de 2010.
[65]
Cuaderno 5, folio 8. En donde consta el sello de presentación
personal de la demanda.
[66]
Cuaderno 5, folio 4.
[67]
T-781 DE 2011.
[68]
T-1180 de 2001.