SU053-15
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 147 de fecha 22 de abril de 2015, el cual se
anexa en la parte final de la presente sentencia, se corrige  el numeral
vigésimo quinto de su parte resolutiva, en el sentido de indicar que la fecha  correcta
de la resolución que declaró insubsistente  a la accionante del expediente
T-3431941, es el 7 de enero de 2003 y no, el 7 de enero de 1997, como
erróneamente quedó registrado.
Sentencia SU053/15
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reglas jurisprudenciales sobre la
procedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
PRECEDENTE
JUDICIAL-Definición
El precedente es conocido como la sentencia o el
conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo.
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Importancia
La relevancia de respetar el precedente atiende a
razones de diversa índole, que en todo caso se complementan. La primera razón,
se basa en la necesidad de proteger el derecho a la igualdad de las personas
que acuden a la administración de justicia y de salvaguardar los principios de
buena fe y seguridad jurídica. Esto, debido a que no tener en cuenta las
sentencias anteriores  a un caso que resulta equiparable al analizado,
implicaría el evidente desconocimiento de esos derechos y principios. El
segundo argumento se basa en el reconocimiento del carácter vinculante de las
decisiones judiciales, en especial si son adoptadas por órganos cuya función es
unificar jurisprudencia. Como lo ha explicado esta Corte tal reconocimiento se
funda en una postura teórica que señala que “el Derecho no es una aplicación
mecánica de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba
la práctica jurídica de inicios del siglo XIX…, sino una práctica argumentativa
racional”. Con lo cual, en últimas, se le otorga al precedente la categoría de
fuente de derecho aplicable al caso concreto.
RATIO
DECIDENDI-Criterios de identificación
Esta Corporación fijó los parámetros que permiten
determinar si en un caso es aplicable o no un precedente. Así la sentencia
T-292 de 2006, estableció que deben verificarse los siguientes criterios: i)
que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla
jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos
del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. De no comprobarse la
presencia de estos tres elementos esenciales, no es posible establecer que un
conjunto de sentencias anteriores constituye precedente aplicable al caso
concreto, por lo cual al juez no le es exigible dar aplicación al mismo.
OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE-Carga argumentativa que debe asumir el juez de tutela
para apartarse del precedente constitucional
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
PRECEDENTE
HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias
UNIFICACION
DE JURISPRUDENCIA-Importancia
Cuando el precedente emana de los altos tribunales de
justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo
de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los
principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza,
certeza del derecho y debido proceso. Adicionalmente, se considera
indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia del
ordenamiento. En la práctica jurídica actual,
las instancias de unificación de jurisprudencia son ineludibles, debido a que
el derecho es dado a los operadores jurídicos a través de normas y reglas
jurídicas que no tiene contenidos semánticos únicos. Por tanto, el derecho es
altamente susceptible de traer consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar
diversas interpretaciones o significados que incluso, en ocasiones deriva de la
propia ambigüedad del lenguaje. Eso genera la necesidad de que, en primer
lugar, sea el juez el que fije el alcance de éste en cada caso concreto y, en
segundo lugar, de que haya órganos que permitan disciplinar esa práctica
jurídica en pro de la igualdad. En síntesis, los órganos judiciales de
cierre cumplen el papel fundamental de unificar la jurisprudencia, con base en
los fundamentos constitucionales invocados de igualdad, buena fe, seguridad
jurídica y necesidad de coherencia del orden jurídico.
DEBER DE MOTIVACION DE ACTOS DE RETIRO DE SERVIDORES
PUBLICOS NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES QUE DECLARARON LA
INSUBSISTENCIA SIN MOTIVACION DEL ACTO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS
NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA-Procede declaratoria de nulidad de los actos de insubsistencia, orden de
reintegro a los cargos ocupados y a título indemnizatorio la suma no deberá ser
inferior a seis meses ni superior a veinticuatro meses de salario
FACULTAD DISCRECIONAL DEL GOBIERNO Y DE LA POLICIA
NACIONAL PARA RETIRAR MIEMBROS DEL SERVICIO ACTIVO-Discrecionalidad difiere de arbitrariedad
La
potestad discrecional, en nuestro sistema jurídico, tiene un límite fuerte en
la prohibición de la arbitrariedad, que implica “una garantía para el
administrado y constituye, al propio tiempo, una pauta de control que ejercen
los jueces para proteger los derechos e intereses de las personas con la mira
puesta, fundamentalmente, en la defensa de sus libertades, y someter a la
Administración al Derecho”.
FUNCION CONSTITUCIONAL DE LA POLICIA NACIONAL-Normatividad sobre retiro discrecional de los miembros
de la Policía
Las diversas normas que han
consagrado la facultad discrecional estudiada, han sido respaldadas por la
Constitución, en la medida en que se entienda que no se trata de atribuciones
arbitrarias. Por tanto para la Corte
Constitucional la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros
de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad y, en el caso de los
policías, es verificable a través i) de los procedimientos previos de
evaluación y ii) de las acciones judiciales de defensa correspondientes.
ACCION DE
TUTELA CONTRA ENTIDADES QUE DECLARARON LA INSUBSISTENCIA SIN MOTIVACION DEL
ACTO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE
CARRERA-Cuando haya lugar a reintegro, solo será procedente, sin solución
de continuidad, cuando el cargo específicamente desempeñado no haya sido
provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor desvinculado
no haya llegado a la edad de retiro forzoso
RETIRO DISCRECIONAL POR RAZONES DEL SERVICIO DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL Y FUERZAS MILITARES-Motivación del acto administrativo
FACULTAD
DISCRECIONAL PARA EL RETIRO DE MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Las razones
del retiro deben ser objetivas, probadas, razonables y proporcionadas y
motivadas
FACULTAD
DISCRECIONAL PARA EL RETIRO DE MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Jurisprudencia
del Consejo de Estado, según la cual los actos de
retiro no deben ser motivados, lo cual no implica que el retiro no esté fundado
en razones objetivas
UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE MOTIVACION
DE LOS ACTOS DE RETIRO DISCRECIONAL DE LOS MIEMBROS ACTIVOS DE LA POLICIA
NACIONAL-Subreglas
La
Sala Plena de esta Corporación, en ejercicio de tal función unificadora, pasa a
proponer el estándar mínimo de motivación para que, en todo caso, prevalezca la
interpretación que más se acompasa con los postulados del Estado Social de
Derecho, el principio de legalidad y el respeto por los derechos fundamentales
de los policías: i. Se admite que los actos administrativos de retiro
discrecional de la Policía Nacional no necesariamente deben motivarse en el
sentido de relatar las razones en el cuerpo del acto como tal. Pero, en todo
caso, sí es exigible que estén sustentados en razones objetivas y hechos
ciertos. En este sentido, el estándar de motivación justificante es plenamente
exigible; ii. La motivación se fundamenta en el concepto previo que emiten las
juntas asesoras o los comités de evaluación, el cual debe ser suficiente y
razonado; iii. El acto de retiro debe cumplir los requisitos de proporcionalidad
y razonabilidad, que se expresan en la concordancia y coherencia entre acto
discrecional y la finalidad perseguida por la Institución; esto es, el
mejoramiento del servicio; iv) El concepto emitido por las juntas asesoras o
los comités de evaluación, no debe estar precedido de un procedimiento
administrativo, lo anterior, debido a que ello desvirtuaría la facultad
discrecional que legalmente está instituida para la Policía Nacional, en razón
de función constitucional. No obstante lo anterior, la expedición de ese
concepto previo sí debe estar soportado en unas diligencias exigibles a los
entes evaluadores, como por ejemplo el levantamiento de actas o informes, que
deberán ponerse a disposición del afectado, una vez se produzca el acto
administrativo de retiro, y las cuales servirán de base para evaluar si el
retiro se fundó en la discrecionalidad o en la arbitrariedad; v. El afectado
debe conocer las razones objetivas y los hechos ciertos que dieron lugar a la
recomendación por parte del comité de evaluación o de la junta asesora, una vez
se expida el acto administrativo de retiro. Por lo tanto, en las actas o
informes de evaluación debe quedar constancia de la realización del examen de
fondo, completo y preciso que se efectuó al recomendado. En tal examen se debe
analizar, entre otros, las hojas de vida, las evaluaciones de desempeño y toda
la información adicional pertinente de los policiales; vi. Si los documentos en
los cuales se basa la recomendación de retiro del policía, tienen carácter
reservado, los mismos conservaran tal reserva, pero deben ser puestos en
conocimiento del afectado. El carácter reservado de tales documentos se
mantendrá, mientras el acto administrativo permanezca vigente; vii. Si bien los
informes o actas expedidos por los comités de evaluación o por las juntas
asesoras no son enjuiciables ante la jurisdicción contenciosa, deben ser
valorados por el juez para determinar la legalidad de los actos. Ello implica
que se confronten las hojas de vida de los agentes, las evaluaciones de
desempeño, las pruebas relevantes y los demás documentos que permitan
esclarecer si hubo o no motivos para el retiro.
ACCION DE
TUTELA CONTRA ENTIDADES QUE DECLARARON LA INSUBSISTENCIA SIN MOTIVACION DEL
ACTO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE
CARRERA-Reglas sobre reintegro y monto de la indemnización debida como restablecimiento
del derecho, según sentencia SU556-14
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente
judicial en materia de necesidad de motivación del acto de desvinculación de
funcionario nombrado en provisionalidad en cargos de carrera
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente
judicial en materia de necesidad de motivación del acto de retiro discrecional
de miembros de la Fuerza Pública
Referencia:
Expedientes acumulados:
T-3358972
(María Ángela Hernández Ramos).
T-3364912 (Andrés
Fernando Jiménez Oviedo).
T-3364925 (Carlos
Arturo Castro Gómez).
T-3430788
(Jorge Luis Rhenals Ayala).
T-3430821
(Rubén Dario Arciniegas Calderón).
T-3431941 (William
Argumedo Doria y otros).
T-3439695
(Diego Zamora).
T-3439717
(Hernán Cruz Henao).
T-3439745 (Javier
Alfonso Prins Vélez).
T-3439758
(Jesús Arcesio Suaza Móvil y otros).
Asunto: Motivación
de los actos administrativos de servidores públicos que ocupan cargos en
provisionalidad y límites a la facultad discrecional del Gobierno y de la Policía
Nacional para retirar miembros del servicio activo.
Magistrada
sustanciadora:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO.
Bogotá D. C.,
febrero doce (12) de dos mil quince (2015).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso
de revisión de los fallos dictados por los respectivos jueces de instancia,
dentro de los asuntos de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala Cuarta de Selección de la Corte Constitucional, mediante Auto del 19 de abril
de 2012 resolvió seleccionar para revisión los procesos de tutela T-3358972,
T-3364912, T-3364925, T-3430788 y T-3430821 y ordenó acumularlos entre sí para
ser fallados en una misma sentencia, por presentar unidad de materia.
Posteriormente, la misma Sala de Selección,
mediante Auto del 30 de abril de 2012 escogió para revisión los expedientes
T-3431941, T-3439695, T-3439717, T-3439745 y T-3439758 y ordenó acumularlos al
expediente T-3358972 para ser fallados en una misma sentencia, por corresponder
a asuntos similares.
En sesión
celebrada el 2 de agosto de 2012, la Sala Plena de la Corte Constitucional
decidió asumir el conocimiento de dicho asunto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 54 A del Acuerdo 05 de 1992[1],
y ordenó la suspensión de términos hasta que profiera la
decisión correspondiente[2].
Breve síntesis de los temas planteados por las
acciones de tutela.
Todas las acciones de tutela
de la referencia se instauraron contra providencias judiciales que no anularon
actos administrativos que retiraron del servicio a servidores públicos, sin
motivación. Sin embargo, en esos expedientes hay dos grupos de temas claramente
diferenciados. En primer término, hay un grupo de tutelas que plantean
problemas relacionados con la motivación de los actos administrativos de retiro
de empleados públicos, vinculados a cargos de carrera en provisionalidad. En
segundo término, se presenta otro conjunto de acciones de tutela contra
sentencias judiciales, pero concernientes a la facultad discrecional de retiro
de miembros activos de la Fuerza Pública, específicamente de la Policía
Nacional.
En el primer grupo de tutela,
se presentan quince (15) demandantes, que están distribuidos en diez (10)
expedientes. En el segundo tema participan  dos (2) peticionarios, que instauraron
un solo proceso de tutela. Todos los accionantes buscan la protección de sus
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la estabilidad laboral.
Para
efectos de una mejor comprensión de la situación fáctica y los problemas jurídicos
que corresponde resolver a la Sala en esta oportunidad, se expondrán de manera
individual, los antecedentes de cada una de las acciones de tutela acumuladas,
por existir elementos puntuales en ellas, que exigen su particular valoración.
Identificación de los
asuntos objeto de revisión
En el cuadro
ilustrativo que sigue, se relacionan tanto el número de radicación de los
distintos expedientes que fueron acumulados, como el nombre de los demandantes,
la identificación de los demandados, y las entidades vinculadas:
No.
Expediente
Accionante
Demandados
Entidades
vinculadas
1
T - 3358972
María Ángela
Hernández Ramos
Sala de Decisión Nº
3 del Tribunal Administrativo de Bolívar
Gobernación de
Bolívar
2
T - 3364912
Andrés Fernando
Jiménez Oviedo
Tribunal Administrativo
de Santander y Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Contraloría
Municipal de Barrancabermeja
3
T - 3364925
Carlos Arturo
Castro Gómez
Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión de Bogotá y Subsección C  de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Fiscalía General de
la Nación
4
T - 3430788
Jorge Luís Rhenals
Ayala
Tribunal
Administrativo de Bolívar
Fiscalía General de
la Nación
5
T- 3430821
Rubén Darío
Arciniegas Calderón
Subsección B
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Fiscalía General de
la Nación
6
T– 3431941
William Argumedo
Doria
Juzgado Trece
Administrativo de Bolívar y Tribunal Administrativo de Bolívar
Fiscalía General de
la Nación
Luís Carlos Gómez
Santa
Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado
Fiscalía General de
la Nación
Hernando Enrique
Pimienta Rengifo
Tribunal
Administrativo de Bolívar y Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
Fiscalía General de
la Nación
Francisco Jesús del
Risco Duarte
Tribunal
Administrativo de Bolívar y Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
Fiscalía General de
la Nación
Amanda Rengifo
Osorio
Tribunal
Administrativo del Valle y Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cali
Roberto Antonio
Bermúdez Martínez
Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Fiscalía General de
la Nación
7
T - 3439695
Diego Zamora
Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Superintendencia de
Economía Solidaria
8
T– 3439717
Hernán Cruz Henao
Subsección Segunda
del Consejo de Estado
Fiscalía General de
la Nación
9
T– 3439745
Javier Alfonso
Prins Vélez
Tribunal
Administrativo de Bolívar
Fiscalía General de
la Nación
10
T - 3439758
Jesús Arcesio Suaza Móvil
Tribunal
Administrativo de Chocó
Policía Nacional
Mauricio Alonso Sierra Reina
Tribunal
Administrativo de Bolívar
Policía Nacional
Alba Lucía Antía Londoño
Tribunal
Administrativo de Caldas
Fiscalía General de
la Nación
1. Expediente T-3358972
El 8 de
junio de 2011, María Ángela Hernández Ramos presentó acción de tutela contra la
Sala de Decisión Nº 3 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por considerar
que la sentencia del 15 de abril de 2011, proferida por esa
autoridad judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciado por ella en contra de la Gobernación de Bolívar, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
A. Hechos y pretensiones
1. Señala la peticionaria que por medio del Decreto
Departamental 1088 del 27 de octubre de 1998[3]
se vinculó en provisionalidad a la Gobernación de Bolívar, como Coordinadora del
Área de Recursos Físicos de la Secretaría de Salud de ese departamento, hasta
que fue declarada insubsistente mediante Decreto Departamental del 18 de abril
de 2001[4],
sin que para el efecto hubiese existido motivación alguna.
2. Por lo
anterior, promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa para obtener la nulidad del precitado
Decreto y, en consecuencia, se le reintegrara a su cargo con el pago de los salarios
y prestaciones sociales causados entre el momento de la desvinculación y la
fecha efectiva del reintegro.
3. En sentencia
del 27 de octubre de 2008[5],
el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena accedió a las súplicas de la
demanda. Para el efecto expresó que la demandante debía conocer las razones que
motivaron la declaración de insubsistencia. En consecuencia, impartió la orden
a la Gobernación de Bolívar de reintegrar a la actora al cargo que desempeñaba,
pagándole los salarios y demás prestaciones sociales dejados de cancelar hasta
la fecha de reintegro, sin que existiera solución de continuidad. Para tal
efecto, subrayó que el acto acusado no contenía motivación alguna, lo cual se
apartaba del criterio expuesto por la Corte Constitucional.
4. Esa
decisión fue apelada por la Gobernación de Bolívar. La Sala de Decisión Nº 3
del Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 15 de abril de 2011[6],
revocó la decisión del Juzgado y, en su lugar, denegó las pretensiones de la
demanda. En criterio de ese Despacho, cuando ocurrió la desvinculación de la
peticionaria, todavía no existía la obligación legal de motivar el acto de
desvinculación, por lo que el acto administrativo demandado se expidió de
conformidad con las normas vigentes para la época.
Solicitud de tutela
La accionante
solicitó al juez de tutela, con fundamento en el desconocimiento del precedente
constitucional: i) dejar sin efectos, en todas sus partes, la sentencia del 15
de abril de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar; ii)
confirmar la sentencia proferida el 28 de octubre de 2008 por el Juzgado Sexto
Administrativo de Cartagena; y iii) advertir a la autoridad judicial demandada
que se abstenga de dictar decisiones judiciales que contraríen la
jurisprudencia constitucional.
Las
actuaciones en sede de tutela pueden resumirse así:
Actuación procesal
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la
tutela, remitió copia de la misma a la accionada para que se pronunciara, y
notificó a la Gobernación de Bolívar, por cuanto podría verse afectada por el
resultado de la decisión.
Contestación
de la demanda del Tribunal Administrativo de Bolívar
El Tribunal
intervino para solicitar que se negaran las pretensiones de la actora, ya que
no se observó vulneración de derechos fundamentales. Sostuvo que la sentencia
proferida por ese despacho expresó los motivos por los cuales se apartó del
criterio de la Corte Constitucional, donde adoptó su decisión con fundamento
en el artículo 230 Superior, y acogió como criterio auxiliar el precedente
vertical del Consejo de Estado[7].
Contestación
de la demanda de la Gobernación de Bolívar
La
Gobernación de Bolívar expresó su respeto por las decisiones judiciales, así
como por la jurisprudencia unificadora de las cortes y su disposición para
acatar la que se profiera en este caso. Sin embargo, solicitó al juez de
tutela negar las pretensiones de la acción de tutela e indicar que ese ente
territorial es respetuoso de los criterios jurisprudenciales de unificación[8].
Sentencia de primera instancia
El 11 de agosto de 2011, la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la actora, bajo el argumento de que la decisión del Tribunal
se ajustó al precedente vertical del órgano de cierre en materia Contencioso
Administrativa y la discrepancia de la accionante reside en la interpretación
de normas, cuyo sentido fue acertadamente expuesto por el Tribunal[9].
Impugnación
Dicha decisión fue impugnada
por la demandante, al considerar que no se analizó la obligatoriedad del
precedente judicial de la Corte Constitucional.
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 26 de octubre
del 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, confirmó la decisión
impugnada, ratificó el argumento expuesto en el sentido de que el Tribunal
actuó con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado que regula el
asunto objeto de controversia[10].
2. Expediente
T-3364912
El 8 de junio
de 2011, Andrés Fernando Jiménez Oviedo presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Santander y la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por considerar que con las sentencias proferidas
por esas autoridades judiciales en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por él contra la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se
violaron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
A. Hechos
y pretensiones
1. Mediante Resolución 272 del 3 de agosto
de 1999, el demandante fue nombrado en provisionalidad en el cargo de
Profesional Universitario de la División de Control de Gestión y Evaluación de
Resultados de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, hasta que fue
declarado insubsistente mediante Resolución Nº 5 del 12 de enero de 2001[11],
a su juicio, “por unos supuestos de hecho y de derecho falsos”[12].
2. En la Resolución Nº 5 del 12 de enero de
2001, se presentaron como motivación del acto, las siguientes razones:
- Mediante acta de posesión de 1992 el señor
Víctor Hugo Flórez Salazar tomo posesión del cargo de tecnólogo de la
Contraloría Municipal. Luego, mediante Resolución 042 del 15 de febrero de
1994, la Comisión Seccional del Servicio Civil lo inscribió en el escalafón de
la carrera administrativa, en el empleo de tecnólogo de la división de control
y evaluación de resultados.
-Posteriormente, mediante Resolución 003 del
7 de enero  de 1998, el Contralor Municipal le confirió una comisión al señor
Flórez Salazar para que desempeñara el cargo de Secretario del Concejo
Municipal de Barrancabermeja, debiéndose reintegrar al empleo de carrera
administrativa, una vez finalizada la Comisión.
- Mediante Acuerdo 037 del 21 de diciembre
de 1998, el Concejo Municipal de Barrancabermeja suprimió el cargo que el señor
Flórez Salazar desempeñaba, por lo que mediante oficio 1062 del 6 de julio de
2000, el Contralor Municipal le comunicó que le asistía el derecho de optar
entre percibir la indemnización, o contar con un tratamiento preferencial para
ser incorporado a un empleo equivalente, previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos para el cargo.  Así, a través de oficio del 11 de julio
de 2000, el señor Flórez Salazar le solicitó al Contralor un tratamiento
preferencial.
-En Resolución 272 del 3 de agosto de 1999
el Contralor Municipal de Barrancabermeja, al considerar que el titular del
cargo denominado profesional universitario de la división de control de gestión
y evaluación de resultado, se encontraba en comisión, nombró en provisionalidad
al señor Andrés Fernando Jiménez Oviedo.
-Posteriormente, al haberse definido la
situación administrativa del señor Víctor Hugo Flórez Salazar, cesaron los
efectos de la provisionalidad del cargo que venía desempeñando el señor Andrés
Fernando Jiménez Oviedo, quien es accionante de la tutela objeto de estudio por
parte de esta Corporación.
3. Según el peticionario, con las razones
expuestas en la anterior Resolución se presentó falsa motivación, en razón a
que debió incorporarse al señor Flórez Salazar, antes de que transcurrieran los
seis meses establecidos en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998[13],
para incorporar a los empleados de carrera a partir de la supresión de sus
cargos. En consecuencia, promovió  acción de nulidad y restablecimiento del
derecho para que se anulara el acto administrativo de su desvinculación y se
reintegre el cargo que desempeñaba en provisionalidad.
4. En sentencia del 22 de junio de 2007[14],
el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones de la demanda. En
criterio de ese despacho no hubo falsa motivación,  “toda vez que si el
lapso dentro del cual la administración –luego de hacer conocido la decisión
del empleado de carrera de optar por ser reincorporado-, procede a reintegrar
al funcionario supera seis meses, la demora no puede achacarse en detrimento de
las prerrogativas del escalafonado, menos cuando él, al siguiente día de haber
conocido la supresión de su cargo, es decir, el 7 de julio de 2000 informó a la
Contraloría Municipal de Barrancabermeja su derecho de ser tratado en forma
preferencial”[15].
5. Contra  esa decisión, el demandante
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el 23 de septiembre de
2010 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que no se encontró
probada la falsa motivación, toda vez que si el término dentro del cual la
administración reintegra a un servidor supera los seis meses, tal demora no
puede interpretarse en detrimento de las prerrogativas de quien se encuentra
escalafonado en carrera administrativa.
Solicitud de tutela
Por considerar que ambas decisiones
judiciales vulneran sus derechos fundamentales, y se cumplen los requisitos
para que proceda la tutela contra providencias judiciales, el demandante interpuso
acción de tutela, para lo cual solicitó: i) dejar sin efectos las sentencias
dictadas por el Tribunal Administrativo de Santander y por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado; y ii) ordenar al Consejo de Estado
adoptar una nueva decisión para acoger favorablemente las pretensiones de la
demanda.
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
El 14 de junio de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la demanda, notificó a las partes y vinculó a la Contraloría
Municipal de Barrancabermeja, para que tuviera la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa, en cuanto podría verse afectada con la decisión a tomar.
Contestación de la demanda: Tribunal Superior de
Santander
El Tribunal
intervino para solicitar que se rechazara por improcedente la acción de
tutela. Expuso que la sentencia proferida se encuentra debidamente
justificada y garantiza los postulados constitucionales, por lo que no
constituye una vía de hecho[16].
Contestación de la demanda: Consejo de Estado
La
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado guardó silencio.
Contestación
de la demanda: Contraloría Municipal de Barrancabermeja
La
Contraloría expresó que su actuación se sujetó a la normatividad legal y
solicitó al Consejo de Estado dejar incólumes las sentencias atacadas[17].
Sentencia de primera instancia
En providencia del 4 de agosto
de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la tutela por
improcedente, al encontrar que no se cumplió el requisito de inmediatez, pues
la sentencia de segunda instancia atacada fue proferida el 23 de septiembre
de 2010 y la acción de tutela se interpuso el 9 de junio de 2011, es decir
más de nueve meses después de dictarse la providencia, sin que el accionante
justificara la tardanza en su actuar[18].
Impugnación
El accionante impugnó la
decisión por considerar que se cumplió con el requisito de inmediatez,  ya
que la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2010 fue notificada el 18
de febrero de 2011, por lo que ratificó que se cumplen los requisitos
jurisprudenciales constitucionales para que proceda la tutela contra
providencias judiciales[19].
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 17 de
noviembre de 2011, la Sección Quinta del Consejo de Estado, modificó la
decisión de primera instancia y rechazó por improcedente la tutela. Para
ello, argumentó que no se acreditó una vía de hecho que afectara los derechos
fundamentales del demandante[20].
3.
Expediente T-3364925
El 22 de marzo
de 2011, Carlos Arturo Castro Gómez interpuso acción de tutela contra el
Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Bogotá y la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar
que con las sentencias proferidas por esas autoridades judiciales,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por él contra
la Fiscalía General de la Nación, se vulneraron sus derechos
fundamentales  al debido proceso, a la  igualdad, al acceso efectivo a la
administración de justicia y al trabajo.
A. Hechos
y pretensiones
1. Relata el
accionante que por medio de Resolución 1706 del 13 de agosto de 1998, fue
nombrado en provisionalidad en el cargo de Investigador Judicial I, asignado a
la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bogotá de la
Fiscalía General de la Nación, y posteriormente nombrado Investigador
Criminalístico II en la misma institución, hasta que fue declarado
insubsistente mediante Resolución 1037 del 3 de abril de 2006[21],
sin existir motivación alguna para ello.
2. Contra la
anterior resolución, al actor formuló acción de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al considerar que el
acto administrativo incurría en una causal de falta de motivación.
3. En sentencia del 13 de julio de 2009, el
Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Bogotá negó las pretensiones
de la demanda. Para el efecto expresó que, como el demandante se encontraba
nombrado en provisionalidad, no era necesario motivar el acto administrativo
que lo declaró insubsistente. Esa decisión fue apelada por el accionante, la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en decisión del 2 de diciembre de 2010, confirmó la sentencia de primera
instancia, reiterando los argumentos expuestos por el Juzgado.
Solicitud de tutela
Por considerar que ambas decisiones judiciales
vulneran sus derechos fundamentales y se cumplen los requisitos para que
proceda la tutela contra providencias judiciales, por violación del precedente
constitucional, el actor solicitó: i) dejar sin efectos las sentencias dictadas
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Bogotá y por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
y ii) se profiera sentencia que anule la Resolución 1037 de 3 de abril de 2006,
reintegrándolo a su cargo con el pago de los salarios y prestaciones dejados de
recibir.
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la tutela, notificó a
las partes y a la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de tercera
interesada.
Contestación de la demanda: Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Expresó que
en el proceso originado con la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho no se desvirtuó la presunción de legalidad del acto acusado, por lo
que confirmó la decisión de primera instancia[22].
Contestación de la demanda: Fiscalía General de
la Nación
La Fiscalía
General de la Nación expresó que su actuación se ajustó a la ley y que no se
cumplen los presupuestos necesarios para que proceda la acción de tutela
contra las providencias judiciales atacadas[23].
Contestación de la demanda: Juzgado
Cuarto Administrativo de Descongestión de Bogotá
El Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión de Bogotá expresó que se atiene a lo que
resulte probado en la acción de tutela, pues su actual titular no estaba
asignada al despacho para la fecha de los hechos y revisado el archivo no se
encontró información alguna que le permitiera pronunciarse[24].
Sentencia de primera instancia
El 15 de septiembre de 2011, la
Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de
tutela, al considerar que la inconformidad del accionante recae sobre la
labor interpretativa de los jueces respecto del acto administrativo
demandado, asunto que no es debatible ante el juez de tutela.
De igual forma consideró que la
desvinculación del demandante se produjo antes de la expedición de la sentencia
C-279 de 2007, proferida por la Corte Constitucional, y que esta providencia
no otorgó efectos retroactivos en su decisión, por lo que no es aplicable esa
jurisprudencia[25].
Impugnación
El accionante impugnó la
decisión y ratificó los argumentos de la tutela, específicamente que se
cumplen los requisitos jurisprudenciales para que proceda la tutela contra
providencias judiciales[26].
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 1º de
diciembre de 2011, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la
decisión de primera instancia. Ratificó la tesis de la improcedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, salvo excepcionalísimos
casos, como la vulneración del derecho al acceso a la administración de
justicia, lo cual no ocurrió en el asunto estudiado[27].
4. Expediente T-3430788
El 22 de
marzo de 2011, Jorge Luis Rhenals Ayala interpuso acción de tutela[28]
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por considerar que la sentencia
del 17 de febrero de 2011, proferida por esa autoridad judicial
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por él contra
la Fiscalía General de la Nación, vulneró su derecho fundamental al
debido proceso.
A. Hechos
y pretensiones
1. Afirma el
accionante que por medio de Resolución 2975 de 25 de diciembre de 1995, se
vinculó en provisionalidad a la Fiscalía General de la Nación, como Auxiliar
Judicial Local, siendo posteriormente nombrado como Auxiliar Judicial mediante
Resolución 1183 del 1º de junio de 1998[29],
hasta que fue declarado insubsistente mediante Resolución 0592 del 20 de
febrero de 2004[30],
sin que para el efecto hubiese existido motivación alguna.
2. Por esas
razones, el actor formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al estimar que el acto
administrativo incurría en una causal de falta de motivación.
3. En
sentencia del 22 de julio de 2009[31],
el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena accedió a las pretensiones de la
demanda, y ordenó el reintegro del demandante al cargo que desempeñaba, con el
pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de recibir, sin existir
solución de continuidad. Para el efecto, señaló que la desvinculación de los
cargos de los servidores que ejercen en provisionalidad cargos de carrera sin
motivación, es contrario al ejercicio efectivo del derecho fundamental al
debido proceso, en la medida en que la reserva, en cuanto a las razones que
sustentaron el retiro, impide una adecuada defensa ante la jurisdicción contenciosa.
4.  Contra
esa decisión la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto el 17 de febrero de 2011[32]
por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, que
revocó la sentencia de primera instancia, al considerar que los empleados que
ocupan en provisionalidad cargos de carrera, pueden ser declarados
insubsistentes sin necesidad de motivar el acto, salvo que la desvinculación se
produzca antes del vencimiento del término.
Solicitud de tutela
Por considerar que la decisión del 17 de
febrero de 2011 vulnera sus derechos fundamentales y se cumplen los requisitos
para que proceda la tutela contra providencias judiciales, el accionante solicitó
al juez de tutela: i) dejar sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar; y ii) ordenar la emisión de un nuevo fallo con sujeción
al precedente constitucional  desatendido en materia de motivación de actos
administrativos.
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela, notificó a
las partes y a la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de tercera
interesada.
Contestación de la demanda: Fiscalía
General de la Nación
La Fiscalía
expresó que su actuación se ajustó a la ley y que no se cumplen los
presupuestos necesarios para que proceda la acción de tutela contra las
providencias judiciales atacadas[33].
Contestación de la demanda: Tribunal
Administrativo de Bolívar
El Tribunal
respondió que su actuación se ajustó a la ley, pues para el caso concreto, la
obligación de motivar surge para los retiros efectuados con posterioridad a
la sentencia de constitucionalidad C-279 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa[34].
Sentencia de primera instancia
En providencia de 19 de mayo de
2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la tutela por encontrar
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sustentó su decisión en el
precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado. Igualmente
consideró que la desvinculación del demandante se produjo antes de la
expedición de la sentencia C-279 de 2007 y esa providencia no otorgó efectos
retroactivos a su decisión, por lo que tal precedente no es aplicable[35].
Impugnación
El accionante impugnó la
decisión bajo el argumento de que la sentencia SU-917 de 2010 se refirió a
casos de tutela de empleados de la entidad accionada que se encontraban en la
misma situación fáctica, por lo que argumentó violación del derecho a la
igualdad y solicitó la aplicación del precedente jurisprudencial[36].
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 9 de febrero
de 2012 la Sección Quinta del Consejo de Estado, modificó la decisión de
primera instancia, al declarar improcedente la acción de tutela interpuesta,
bajo el argumento de que ella no procede contra providencias judiciales salvo
casos excepcionales, como puede ser la vulneración del derecho al acceso a la
administración de justicia, lo cual no ocurrió para el asunto debatido.
Expuso que el accionante disiente de los argumentos expuestos por el Tribunal,
lo cual no es razón suficiente para que proceda la acción de tutela[37].
5. Expediente T-3430821
El 19 de noviembre de 2010, Rubén Darío
Arciniegas Calderón interpuso acción de tutela[38],
contra la Subsección B  de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
considerar que con las sentencias proferidas por esas autoridades
judiciales, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado
por él contra la Fiscalía General de la Nación, por falta de motivación en la
declaratoria de insubsistencia, se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso.
A. Hechos y pretensiones
1. Indica el accionante que mediante
Resolución 26 del 13 de enero de 2006[39],
le fue terminado su nombramiento en provisionalidad en el cargo de Fiscal
Delegado ante el Tribunal de Distrito, ordenándosele ocupar nuevamente el cargo
de Fiscal Delegado ante los Jueces de Circuito de la Dirección Seccional de
Fiscalías de Bogotá, en el cual se encontraba inscrito en el escalafón de la
carrera administrativa.
2. Sin embargo, presentó renuncia al último
cargo, por considerar que fue producto de una “situación angustiosa, no solo
por la drástica reducción de sus ingresos mensuales, sino por el deshonor que
causa la degradación laboral, en virtud de la designación en un cargo de menor
categoría”[40].
La renuncia le fue aceptada mediante Resolución 2-0490 del 24 de febrero de
2006.
3. Iniciada la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos administrativos enunciados, en
decisión del 7 de mayo de 2009 la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
Para ese efecto, indicó que no se pueden predicar derechos adquiridos en un
cargo provisional; por lo tanto al dar por terminado su nombramiento como
Fiscal Delegado ante Tribunal, no se evidenció una desmejora, pues fue
vinculado nuevamente en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces del
Circuito, donde sí ostentaba derechos de carrera, es decir, que la Fiscalía si
le garantizó los derechos derivados de la carrera administrativa.
4. Interpuesto el recurso de apelación
contra esa decisión, el 27 de mayo de 2010 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, confirmó la sentencia de primera instancia. En
criterio de ese despacho, si bien es cierto que “el cargo de Fiscal Delegado
ante Tribunal es de mayor jerarquía, también lo es que lo desempeña de manera
provisional, por lo tanto, no puede exigir derechos frente a éste, ni ello
configura una desmejora. Si él hubiese estado inscrito en carrera en este cargo
y hubiera sido nombrado en el cargo de fiscal Delegado ante los Jueces del
Circuito sí se configuraría perfectamente una desmejora laboral”[41].
Sobre la renuncia presentada por el
demandante, indicó que no se observó ningún tipo de constreñimiento o coacción
indebida e insuperable que doblegó su voluntad, por lo tanto fue libre,
voluntaria y espontánea.
Solicitud de tutela
Por considerar que ambas decisiones
judiciales vulneran sus derechos fundamentales y se desconoce el precedente constitucional
sobre la motivación de los actos de retiro, el actor solicitó: i) dejar sin
efectos las sentencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y ii) se
profiera sentencia de nulidad de la Resolución 26 del 13 de enero de 2006,
reintegrándolo a su cargo con el pago de los salarios y prestaciones dejados de
recibir.
Las actuaciones en sede de tutela, pueden
resumirse así:
Actuación procesal
La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela y ordenó
notificar a las partes y a la Fiscalía General de la Nación, en su calidad de
tercera interesada.
Contestación de la demanda: Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
El Consejo
de Estado manifestó que en el proceso originado con la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho no se desvirtuó la presunción de legalidad de
los actos acusados[42].
Contestación de la demanda: Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El Tribunal
expresó que su actuación se ajustó a la ley y al precedente jurisprudencial
del Consejo de Estado[43].
Sentencia de primera instancia
En providencia de 3 de febrero
de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó por improcedente la
tutela, por encontrar que la inconformidad del accionante recae sobre la
labor interpretativa de los jueces respecto del acto administrativo demandado,
asunto que no es debatible ante el juez de tutela. De igual forma consideró
que esta acción no es una tercera instancia, pues eso equivaldría a que el
juez constitucional suplantara las funciones del juez de cierre[44].
Impugnación
El accionante impugnó la
decisión y expresó que se cumplen los requisitos jurisprudenciales
constitucionales para que proceda la tutela contra providencias judiciales[45].
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 26 de enero de
2012, la Sección Quinta del Consejo de Estado modificó la sentencia de
primera instancia, y en su lugar declaró improcedente la acción de tutela.
Expresó que las decisiones judiciales que en esta tutela constituyen motivo
de reclamo, para la época de su expedición no contaban con el precedente
jurisprudencial del fallo SU-917 de 2010, proferido por la Corte
Constitucional[46].
6. Expediente T-3431941
La Sección
Quinta del Consejo de Estado acumuló bajo este número de radicación seis (6) casos
diferentes, para resolver las respectivas impugnaciones de las acciones de
tutela en una misma sentencia. En esa medida, se expondrán primero los
antecedentes de los asuntos uno a uno y, luego, se hará el resumen de las
sentencias de tutela objeto de revisión, tal y como sigue:
Primero. William Argumedo Doria contra el
Juzgado Trece Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de
Bolívar
El 8 de
octubre de 2010, William Argumedo Doria interpuso acción de tutela[47]
contra el Juzgado Trece Administrativo de Cartagena y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por considerar que con las decisiones proferidas por
esas autoridades judiciales, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por él contra la Fiscalía General de la Nación, se violaron
sus derechos fundamentales a la igualdad, la seguridad jurídica, al debido
proceso, al trabajo y al mínimo vital.
A. Hechos
y pretensiones
1. Señala el
accionante que por medio de Resolución 1990 del 21 de diciembre de 2001 fue
nombrado en provisionalidad, asignado a la Dirección Seccional del Cuerpo
Técnico de Investigación Judicial de Valledupar de la Fiscalía General de la
Nación, siendo posteriormente nombrado en provisionalidad en el cargo de
Auxiliar Administrativo III de la Dirección Seccional de la Fiscalía de
Cartagena, hasta que fue declarado insubsistente mediante Resolución 2133 del
24 de octubre de 2003.
2. Por lo anterior
inició acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, precisamente, por considerar que el acto
administrativo carecía de motivación.
3. En
sentencia del 14 de diciembre de 2007, el Juzgado Trece Administrativo de
Cartagena negó las pretensiones de la demanda. Contra esa decisión el
accionante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 16 de septiembre de 2010, que
confirmó la decisión proferida por el Juzgado, al señalar que en el expediente
no se halló prueba que demostrara que el actor se encontraba en carrera
administrativa  y por lo tanto, su desvinculación podía efectuarse bajo la
figura de la insubsistencia, sin necesidad de motivación.
Solicitud
de tutela
Por considerar que ambas decisiones
judiciales vulneran sus derechos fundamentales y se cumplen los requisitos para
que proceda la tutela contra providencias judiciales, por desconocer el
precedente constitucional que exige la motivación, el demandante solicitó al
juez de tutela: i) dejar sin efectos las sentencias dictadas por el Juzgado Trece
Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar; y ii)
ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar proferir una nueva decisión con
base en el precedente constitucional y ordenar su reintegro al cargo.
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la demanda y notificó
al Tribunal Administrativo de Bolívar para que ejerciera su derecho de
defensa[48].
Contestación de la demanda: Tribunal
Administrativo de Bolívar
El Tribunal
respondió que en el proceso originado con la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, no se vulneraron los derechos del accionante.
Aclaró que si bien la Corte Constitucional ha tutelado los derechos
fundamentales de funcionarios nombrados en provisionalidad, sus argumentos
no constituyen  precedente jurisprudencial obligatorio para ese Tribunal,
dado que las consideraciones expuestas en las mismas solo tienen efectos
obligatorios inter partes.
Contestación de la demanda: Juzgado
Trece Administrativo de Cartagena
El Juzgado
manifestó que no se vulneraron derechos del accionante ni se incurrió en una
vía de hecho. Lo anterior, debido a que el despacho realizó un análisis del
material probatorio que reposaba en el expediente y aplicó la jurisprudencia
de la máxima corporación de lo Contencioso Administrativo[49].
Contestación de la demanda: Fiscalía
General de la Nación
La Fiscalía
expuso que no se cumplen los presupuestos para que proceda la acción de
tutela contra las providencias judiciales atacadas[50].
Sentencia de primera instancia
En providencia del 28 de abril
de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las pretensiones de la
demanda de tutela, al concluir que no existió defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial, por cuanto el Tribunal accionado aplicó lo
dispuesto por esa Corporación frente a un caso similar[51]
Impugnación
El actor impugnó la anterior
decisión, ratificándose en todo lo manifestado en su escrito de tutela.
Segunda instancia en sede de tutela
La segunda instancia se resume
posteriormente por tratarse de una sola sentencia para los seis casos
acumulados.
Segundo.
Luis Carlos Gómez Santa contra la Fiscalía General de la Nación y Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado
El 23 de
marzo de 2011, Luis Carlos Gómez Santa interpuso acción de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar que
con la sentencia del 20 de enero de 2011, proferida por esa autoridad judicial
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por él contra
la Fiscalía General de la Nación, se violaron sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la seguridad jurídica.
A. Hechos
y pretensiones
1. Señala el
accionante que mediante Resolución 01921 de 23 de noviembre de 1999 fue
nombrado en provisionalidad en el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces
Penales del Circuito de Villavicencio, siendo posteriormente nombrado en
encargo como Fiscal 18 Delegado ante los Jueces Penales de la Unidad Segunda de
esa misma ciudad.
En 2002 fue
trasladado a la Fiscalía 19 de la Unidad Cuarta de Delitos contra la Administración
Pública. Luego,  mediante Resolución 0672 del 25 de junio de 2002 fue designado
como Delegado ante la Fiscalía 11 de la misma unidad, y en septiembre de ese
mismo año fue trasladado a la Fiscalía 12 de la Unidad de Delitos contra la Fe
Pública, Patrimonio Económico y Otros de Villavicencio. Finalmente, mediante
Resolución 2078 del 23 de octubre de 2003[52],
fue declarado insubsistente, sin motivación.
2. Por lo anterior inició
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la anterior resolución,
y solicitó el reintegro al cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del
Circuito de Villavicencio, pretensión acogida por el Tribunal Administrativo
del Meta en sentencia del 4 de junio de 2008. Para tal efecto, sostuvo que “si
bien en anteriores oportunidades, acogió la tesis según la cual, la
Administración no tiene el deber de motivar los actos administrativos de retiro
de empleados provisionales, pues se encuentran amparados bajo la presunción del
mejoramiento del servicio; aplicar la desvinculación discrecional propia de los
empleados de libre nombramiento y remoción, desconoce sus derechos
fundamentales, pues estas dos categorías de empleos difieren en su naturaleza”[53].
3. La Fiscalía General de la
Nación interpuso recurso de apelación, que fue resuelto el 20 de enero de 2011
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que revocó la
sentencia de primera instancia y absolvió a la entidad demandada.  En criterio
de ese despacho, al empleado nombrado en provisionalidad no le asiste fuero de
estabilidad alguno, por lo que procede su retiro sin que sea necesaria su
motivación.
Solicitud de la tutela[54]
Por considerar que la decisión
judicial vulnera sus derechos fundamentales y se cumplen los requisitos para
que proceda la tutela contra providencias judiciales por desconocimiento del
precedente judicial, presentó acción de tutela, en la cual solicitó: i) dejar
sin efectos la sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado; y ii) declarar ejecutoriada y en firme la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta.
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela, notificó a
las partes y a la Fiscalía General de la Nación para que ejercieran su
derecho de defensa.
Contestación de la demanda: Sección
Segunda del Consejo de Estado
El Consejo
de Estado indicó que lo pretendido por el tutelante consiste en reabrir un
debate jurídico ya resuelto a la luz de los postulados de la jurisprudencia
del Consejo de Estado, por lo que no procede la acción de tutela[55].
Contestación de la demanda: Fiscalía
General de la Nación
La Fiscalía
expresó que no se cumplen los presupuestos necesarios para que proceda la
acción de tutela contra las providencias judiciales atacadas[56].
Sentencia de primera instancia
En providencia del 19 de mayo
de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó por improcedente la
tutela, al observar que no se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales[57].
Impugnación
El accionante impugnó la
decisión y ratificó los argumentos de la tutela, específicamente en cuanto
considera que se cumplen los requisitos jurisprudenciales para que proceda la
acción contra providencias judiciales[58].
Tercero. Hernando
Enrique Pimienta Rengifo contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y la
Subsección A de Sección Segunda del Consejo de Estado
El 22 de
marzo de 2011, Hernando Enrique Pimienta Rengifo[59]
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al considerar que con
las sentencias proferidas por esas autoridades judiciales en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por él contra la Fiscalía
General de la Nación, se violaron sus derechos fundamentales a la igualdad y a
la seguridad jurídica.
A. Hechos
y pretensiones
1. Señala el
demandante que mediante Resolución 01276 del 24 de noviembre de 1993[60]
fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Investigador Judicial II,
asignado a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial
de Cartagena de la Fiscalía General de la Nación, hasta que mediante Resolución
0712 del 31 de marzo de 1997[61]
fue declarado insubsistente sin motivación.
2. El
accionante consideró que ese acto de retiro, al expedirse sin motivación, era
violatorio de sus derechos fundamentales. Además refirió que las verdaderas
razones por las que fue declarado insubsistente correspondían a los “hechos
ocurridos el 8 de marzo de 1997, cuando el fiscal VALDIVIESO llegó a Cartagena,
y por acusaciones de faltas disciplinarias hechas por el superior Jhon Jairo
López Rueda”, que llevaron a que se le iniciara un proceso disciplinario
que “terminó 5 años después de haber sido declarado insubsistente”[62].
3.
Agregó que en el informe presentado por el señor Jhon Jairo López Rueda, se
indicó que “él había llegado a prestar su servicio en estado de embriaguez
lo que no es cierto ya que solo había tomado una copa en una reunión de
integración del CTI a la que había asistido anteriormente”[63].
4. Contra la Resolución 0712,
el accionante formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El caso
fue conocido en primera instancia por la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que en sentencia del 30 de marzo de 2001[64],
no accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que “las causales
alegadas de Falsa Motivación y desviación de poder no prosperarán porque los
testimonios no conducen a probar los hechos acaecidos el día 8 de marzo de 1997
y que éstos hayan producido la insubsistencia del actor”[65].
3. Interpuesto recurso de
apelación por el demandante, fue resuelto por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que en sentencia del 5 de junio de 2003[66],
decidió confirmar la decisión de primera
instancia, por los siguientes motivos:
-
El empleo que ocupaba el accionante al momento en que fue declarado insubsistente
no pertenecía al régimen de carrera, puesto que la Ley 116 de febrero 9 de 1994,
que modifica, entre otros, el artículo 66 del Decreto 2699 de 1991,
establece que los empleados del Cuerpo Técnico de Investigación a nivel
nacional, regional y seccional serán catalogados como personal de libre
nombramiento y remoción. En consecuencia, sobre el accionante podía ejercerse
válidamente la facultad discrecional.
- Los testimonios que obran
en el expediente, no prueban que el acto de retiro fue expedido con desviación
de poder y falsa motivación, “pues apenas dicen los declarantes que en la
entidad corría el rumor de que como consecuencia de los hechos del 8 de
marzo de 1997, iba a ser declarado insubsistente el señor Pimienta Rengifo”[67].
- Sobre la facultad
discrecional señaló que:
“la jurisprudencia de la
Sub Sección ha sido insistente al sostener que la facultad discrecional está
demarcada  por la buena prestación del servicio público encomendado al ente
estatal; dentro de tales lineamientos flúctua la apreciación que hace el
nominador en relación con el desempeño de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción. Tal facultad está circunscrita a la ponderada
evaluación que hace de diversos factores que en determinado momento conducen a
decidir el retiro del funcionario.
De modo que el juicio de
valor bien puede apuntar a criterios de eficiencia, conveniencia, oportunidad o
armonía, entre otros. Por ello, únicamente cuando el nominador abandona los
paradigmas que atañen a la finalidad del buen servicio e invade el ámbito de
intereses extraños a tal cometido, puede hablarse de desviación de poder, pero
esta circunstancia debe hallarse probada en el proceso. Es por ello que la
idoneidad en el desempeño nunca ha constituido un factor de estabilidad”[68]
Solicitud de tutela
Al estimar que ambas decisiones
judiciales vulneran sus derechos fundamentales; desconocen el precedente de la
Corte Constitucional; y se cumplen los requisitos para que proceda la tutela
contra providencias judiciales, entre ellos el de inmediatez, ya que formuló la
acción de tutela “después de la RECIENTE, HUMANA, JUSTA Y SABIA DECISIÓN de
la Corte Constitucional, con la sentencia SU 917/10”, el demandante
interpuso acción de tutela para que: i) se dejen sin efectos las sentencias
dictadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado; y ii) se dicte una nueva sentencia que ordene su
reintegro, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir[69].
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela, notificó a
las partes y vinculó a la Fiscalía General de la Nación como tercero interesado.
Contestación de la demanda: Fiscalía
General de la Nación
La Fiscalía
General de la Nación expresó en su intervención que no se cumplen los
presupuestos necesarios para que proceda la acción de tutela contra las
providencias judiciales atacadas[70].
Contestación de la demanda: Tribunal
Administrativo de Bolívar
El Tribunal
Administrativo de Bolívar señaló que la decisión se adoptó con base en los
parámetros legales respecto de la declaración de insubsistencia de empleados
provisionales y la posición que sobre ese punto ha establecido el Consejo de
Estado[71].
Consejo de Estado
La
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado no se pronunció.
Sentencia de primera instancia
En providencia del 28 de abril
de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó por improcedente la
acción de tutela presentada por el actor. En criterio de ese despacho, no se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad contra sentencias
judiciales, toda vez que la solicitud de amparo se interpuso 7 años después
de proferirse las providencias acusadas, lo que evidencia que no se cumple
con el requisito de inmediatez[72].
Impugnación
El actor impugnó la anterior
decisión, ratificándose en lo manifestado en su escrito de tutela. Agregó que
en su caso deben aplicar el precedente SU-917 de 2010, que unificó la
jurisprudencia en torno al deber  de motivación  de los actos administrativos
de desvinculación de servidores públicos nombrados en provisionalidad en
cargos de carrera[73].
Cuarto. Francisco
Jesús Del Risco Duarte contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
El 10 de
marzo de 2011, Francisco Jesús del Risco Duarte interpuso acción de tutela[74]
contra la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Bolívar y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar que
con las sentencias proferidas por esas autoridades judiciales en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por él contra la Fiscalía
General de la Nación, se violaron sus derechos fundamentales a la igualdad y a
la seguridad jurídica.
A. Hechos
y pretensiones
1. Mediante Resolución 1434
de 21 de julio de 1994[75],
el accionante fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Investigador
Judicial I, asignado a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de
Investigación Judicial de Cartagena, en la Fiscalía General de la Nación, hasta
que mediante Resolución 1088 del 2 de mayo de 1997[76]
fue declarado insubsistente sin motivación.
2.  En consecuencia, el
accionante inició un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el acto administrativo de retiro. El asunto fue conocido, en primera instancia,
por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Bolívar, que en sentencia
del 12 de marzo de 2001[77],
negó las pretensiones de  la demanda. Para tal efecto, subrayó que al
encontrarse sujeto el actor al régimen de libre nombramiento y remoción, podía
declararse insubsistente en cualquier momento sin motivación.
3. Interpuesto recurso de
apelación por el demandante contra la referida sentencia, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en decisión del 21 de febrero de 2002[78]
recogió  en su integridad los argumentos expuestos por el Tribunal.
Solicitud de tutela
Por considerar que ambas
decisiones judiciales vulneran sus derechos fundamentales; desconocen el precedente
de la Corte Constitucional, específicamente la sentencia de unificación 917 de
2010; y se cumplen los requisitos para que proceda la tutela contra
providencias judiciales, el demandante interpuso acción de tutela, con el fin
de que: i) se dejen sin efectos las sentencias dictadas por el Tribunal
Administrativo de Bolívar y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado;  ii)  se anule la Resolución 1088 de 2 de mayo de 1997 de la
Fiscalía General de la Nación; y iii) sea reintegrado a su cargo con el pago de
los salarios y prestaciones dejados de recibir.
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela, notificó a
las partes y vinculó a la Fiscalía General de la Nación como tercera
interesada.
Contestación de la demanda: Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
El Consejo
de Estado manifestó que la inconformidad del accionante recae sobre la labor
interpretativa de los jueces, y que no se cumple el requisito de inmediatez
para la procedencia de la acción de tutela[79].
Contestación de la demanda: Fiscalía
General de la Nación
La Fiscalía
General de la Nación expresó que no se cumplen los presupuestos necesarios
para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales[80].
Contestación de la demanda: Tribunal
Administrativo de Bolívar
El Tribunal
Administrativo de Bolívar expresó que la decisión adoptada no carece
de fundamento legal y en ella se dio aplicación a la ley, de acuerdo con reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado[81].
Sentencia de primera instancia
En providencia del 7 de abril
de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidió rechazar por
improcedente la acción de tutela, bajo la consideración de que el Consejo de
Estado, como máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
puso fin a un extenso proceso judicial que le permitió al accionante usar en
cada una de sus etapas los medios ordinarios e idóneos para defender sus
intereses[82].
Impugnación
El actor impugnó la anterior
decisión, ratificándose en todo lo manifestado en su escrito de tutela[83].
Quinto. Amanda
Rengifo Osorio contra el Tribunal Administrativo del Valle y Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado
El 17 de
enero de 2011, Amanda Rengifo Osorio interpuso acción de tutela[84]
contra el Tribunal Administrativo del Valle y la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, al considerar que con las sentencias proferidas
por esas autoridades judiciales en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por ella contra el Consejo Superior de la Judicatura, se
violaron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso
efectivo a la administración de justicia, a la vigencia de un orden justo y al
trabajo.
A. Hechos
y pretensiones
1. Señala la demandante que
por medio de Resolución 045 del 14 de julio de 1999[85]
fue nombrada en provisionalidad en el cargo de Profesional Universitaria Grado
18, de la Unidad de Auditoría de la Sala Administrativa del Consejo Seccional
de la Judicatura de Cali, hasta que mediante Resolución 2 del 7 de enero de
2003[86]
fue declarada insubsistente sin motivación.
2. En razón a lo anterior, presentó
acción de tutela en procura de la protección de sus derechos fundamentales, la
que fue concedida como mecanismo transitorio por  la Sala Penal del Tribunal
Superior de Cali, el 10 de febrero de 2003, la cual ordenó el reintegro de la
accionante, mientras la Jurisdicción Contencioso Administrativa decidía la
controversia definitivamente.
3. En cumplimiento de la
sentencia proferida, la accionante inició acción de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Resolución 2 del 7 de enero de 2003. El asunto fue
conocido en primera instancia por la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo del Valle[87]
y, en segunda instancia, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado[88],
instancias dentro de las cuales se negaron sus pretensiones.
La sentencia proferida por el
Consejo de Estado, que reiteró los argumentos expuestos por el Tribunal
Superior de Cali, precisó que la declaratoria de insubsistencia de un
nombramiento en provisionalidad “no requiere nada diferente a la
consideración subjetiva del nominador sobre la existencia de alguna razón de
buen servicio”[89].
Con fundamento en lo anterior, dejó sin efectos la orden de tutela impartida,
el 10 de febrero de 2003, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, en
cuanto ordenó reintegrar a la demandante al cargo que desempeñaba.
Solicitud
de tutela
Por considerar que ambas
decisiones judiciales vulneran sus derechos fundamentales; desconocieron el
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, específicamente la
sentencia SU-917 de 2010;  y se cumplen los requisitos para que proceda la
tutela contra providencias judiciales, la peticionaria interpuso acción de
tutela, en la que solicitó: i) dejar sin efectos las sentencias dictadas por el
Tribunal Administrativo del Valle y la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) anular la
Resolución 002 de 7 de enero de 2003, por la cual fue declarada insubsistente;
y iii) reintegrarla al cargo con el pago de salarios y prestaciones dejados de
percibir.
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela,
notificó a las partes y al Consejo Superior de la Judicatura como tercera
interesada.
Contestación de la demanda: Consejo
Superior de la Judicatura
La Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura señaló en su
intervención que la acción de tutela es improcedente, al reiterar que los
actos de retiro de personas que ocupan cargos de carrera en provisionalidad
no deben ser motivados[90].
Contestación de la demanda: Subsección
B  de la Sección Segunda del Consejo de Estado
El Consejo
de Estado manifestó que la acción de tutela no procede contra providencias
judiciales, pues lo contrario significaría desconocer la autonomía e
independencia con que cuentan los jueces para fundamentar sus decisiones[91].
Contestación de la demanda: Tribunal
Administrativo de Bolívar
El Tribunal
Administrativo de Bolívar expresó que la decisión adoptada no carece
de fundamento legal y en ella se dio aplicación a la ley, de acuerdo con
reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado[92].
Sentencia de primera instancia
En providencia del 10 de
febrero de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó por
improcedente la tutela, bajo el argumento de que la sentencia censurada fue
proferida por el Consejo de Estado como órgano de cierre de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, por lo tanto no le es viable por seguridad
jurídica y respeto al debido proceso reabrir un debate ya cerrado[93].
Impugnación
Dentro del término legal la
accionante impugnó la decisión y ratificó los argumentos de la tutela[94].
Sexto.
Roberto Antonio Bermúdez Martínez contra la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El 24 de
febrero de 2011, Roberto Antonio Bermúdez Martínez interpuso acción de tutela[95]
contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por considerar que con las sentencias proferidas por esas
autoridades judiciales en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciado por él contra la Fiscalía General de la Nación, se violaron sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.
A. Hechos
y Pretensiones
1. Mediante
Resolución 1924 del 11 de mayo de 2004 fue declarado insubsistente sin
motivación, del cargo de carrera que ocupaba en provisionalidad, como
Investigador Judicial I, asignado a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico
de Investigación Judicial de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación. Por lo
anterior inició acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el referido
acto administrativo.
2. El Juzgado 14 Administrativo de Bogotá, mediante
providencia del 26 de febrero de 2009[96],
resolvió declarar la nulidad de la resolución que declaró insubsistente el
nombramiento del demandante. En criterio de ese despacho se configuró la falsa
motivación del acto acusado, en tanto la demandada omitió exponer las razones
en que fundaba su decisión, al tiempo que dentro del proceso no demostró el
mejoramiento del servicio. Además del material probatorio se advirtió que el
demandante fue un empleado ejemplar, eficaz y eficiente en el desarrollo de
todas sus funciones durante el tiempo que laboró en la Institución.
3. Contra la
anterior decisión, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de
apelación, que fue resuelto el 2 de diciembre de 2010[97],
por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que revocó la sentencia de primera instancia y negó las
pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que  no se logró desvirtuar la
presunción de legalidad del acto acusado.
Además, el
acto de retiro fue expedido con sujeción a la normatividad legal que lo regía
y, que le otorgaba la facultad discrecional al Fiscal para remover al
demandante en función de organizar el desempeño de la Fiscalía General de la
Nación “de acuerdo con su concepción subjetiva”[98].
Solicitud
de tutela
Por considerar que la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca viola sus derechos
fundamentales; desconoce el precedente establecido por la Corte Constitucional;
y se cumplen los requisitos para que proceda la tutela contra providencias
judiciales, el demandante interpuso acción de tutela, para solicitar: i) que se
deje sin efectos la sentencia dictada por la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y ii) declarar vigente material y
formalmente la sentencia proferida por el Juzgado 14 Administrativo de Bogotá,
el 26 de febrero de 2009[99].
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela,
notificó a las partes y a la Fiscalía General de la Nación como tercero
interesado.
Contestación de la demanda: Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca señaló que el proceso originado por la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, se decidió de acuerdo con las
normas legales y constitucionales aplicables[100].
Contestación de la demanda: Fiscalía
General de la Nación
La Fiscalía
solicitó reiterar la jurisprudencia del máximo tribunal de lo Contencioso
Administrativo, que sostiene la improcedencia de la estabilidad laboral
reforzada frente al tema de la desvinculación  de las personas nombradas
provisionalmente en cargos de carrera, y en tal virtud, su retiro puede
hacerse inmotivadamente[101].
Contestación de la demanda: Tribunal
Administrativo de Bolívar
El Tribunal
Administrativo de Bolívar expresó que la decisión adoptada no carece
de fundamento legal y en ella se dio aplicación a la ley, de acuerdo con
reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado[102].
Sentencia de primera instancia
En providencia de 24 de marzo
de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó la acción de tutela, al
encontrar que el Tribunal demandado no incurrió en defecto alguno del que se
pueda derivar vulneración de derechos del accionante, pues aquel se ajustó a
los pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativa, los cuales señalan que no es necesario motivar los actos administrativos
que declaran insubsistentes los nombramientos en provisionalidad de cargos de
carrera administrativa[103].
Impugnación
Dentro del término legal, el
accionante impugnó la decisión y ratificó los argumentos iniciales. Agregó
que el juez administrativo  no puede desligarse del precedente establecido
por la Corte Constitucional, cuya existencia implica un límite para el
ejercicio de la autonomía judicial[104].
Decisión
de segunda instancia en los seis (6) procesos de tutela que corresponden al
expediente T-3431941[105]
En
sentencia del 26 de enero de 2012, la Sección Quinta del Consejo de Estado
modificó todas las decisiones de primera instancia en los expedientes
acumulados y en su lugar declaró que no proceden las tutelas deprecadas. Para
tal efecto, precisó que para la época de expedición de las decisiones
judiciales que se atacan, no existía el precedente jurisprudencial creado por
la sentencia SU-917 de 2010.
En
todo caso, señaló que es legítimo que los jueces sustentadamente, adopten
posturas diferentes “fruto de su autonomía de criterio razonado frente al
alcance de normas legales”[106].
Advirtió
que en los casos de los demandantes Hernando Enrique Pimienta Rengifo y
Francisco Jesús del Risco Duarte, no se cumple el requisito jurisprudencial de
inmediatez.
7. Expediente T- 3439695
El 17 de
marzo de 2011, Diego Zamora presentó acción de tutela[107]
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por considerar que con la sentencia proferida por esa autoridad
judicial, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por
él contra la Superintendencia de Economía Solidaria, se violaron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
A. Hechos y pretensiones
1. Señala el demandante que el 5 de mayo de
2001 se vinculó a la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el cargo de
Profesional Universitario código 2044 grado 11, hasta que mediante Resolución
20084100000305 del 30 de enero de 2008, fue declarado insubsistente sin
motivación. Por lo anterior instauró acción de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la referida resolución.
2. El Juzgado 20 Administrativo de Bogotá, mediante
providencia del 28 de octubre de 2009[108],
resolvió negar las pretensiones, al considerar que el nominador está revestido
de la facultad discrecional para determinar libremente el retiro de los
empleados que no se encuentran escalafonados en el sistema de carrera
administrativa.
3. Contra la anterior decisión, el demandante presentó
recurso de apelación, que fue resuelto por la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 2 de diciembre de 2010[109],
que confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que la entidad
demandada no estaba obligada a motivar  el acto mediante el cual se produjo la
declaratoria de insubsistencia.
Solicitud de tutela
Por considerar que la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca viola sus derechos
fundamentales; desconoce el precedente de la Corte Constitucional; y se cumplen
los requisitos para que proceda la tutela contra providencias judiciales, el
accionante interpuso acción de tutela, en la cual solicitó: i) dejar sin
efectos la sentencia dictada por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y ii) ordenar al Tribunal que dicte
una nueva sentencia con base en el precedente constitucional con respecto a la
necesidad de motivar los actos de retiro en los empleos de carrera
administrativa[110].
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela, notificó a
las partes y a la Superintendencia de Economía Solidaria como tercera
interesada.
Contestación de la demanda:
Superintendencia de Economía Solidaria
La
Superintendencia de Economía Solidaría indicó que el actor no había ingresado
a la entidad mediante el sistema de concurso para ocupar un cargo de carrera,
sino que lo había hecho mediante “encargo en provisionalidad” y la
desvinculación se realizó mediante acto administrativo inmotivado, pues de
acuerdo con la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso administrativa
no se requería. Por otra parte, la legalidad del acto administrativo atacado
fue debatida ante la justicia administrativa, encontrándolo ajustado a la ley[111].
Contestación del Consejo de
Estado
La
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca guardó silencio.
Sentencia de primera instancia
En sentencia del 5 de mayo de
2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó por improcedente la
tutela, al encontrar que esta acción no es el mecanismo concebido para
impugnar las providencias judiciales salvo casos excepcionales, como puede
ser la vulneración del derecho al acceso a la administración de justicia, lo
cual no ocurre en este asunto, pues las interpretaciones de los jueces no
constituyen defecto por el simple hecho de no ser compartidas por las partes[112].
Impugnación
El demandante impugnó la
anterior decisión, sobre la base de estimar que también se está desconociendo
el precedente de la jurisdicción administrativa, particularmente la
sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el expediente
2500023250002005134102 del 23 de septiembre de 2010, Consejero Ponente
Gerardo Arenas. Por lo tanto, también se le desconoce su derecho a la
igualdad[113].
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 26 de enero de
2012, la Sección Quinta del Consejo de Estado, modificó la decisión de
primera instancia mediante la cual se negó por improcedente la tutela y en su
lugar decidió que esta “no procede”, bajo el argumento de que la
inconformidad del accionante recae sobre la labor interpretativa del Tribunal
y que no existe norma positiva en el ordenamiento jurídico que obligue al
Juez a acoger las tesis jurisprudenciales de las sentencias de tutela, pues
estas son interpartes[114].
8. Expediente T-3439717
El 5 de mayo
de 2011, Hernán Cruz Henao interpuso acción de tutela[115]
contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
considerar que con la sentencia proferida por esa autoridad judicial en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por él contra la
Fiscalía General de la Nación, se violaron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana, así como los derechos
adquiridos.
A. Hechos
y pretensiones
1. Señaló el demandante que estuvo vinculado
a la Rama Judicial durante dos períodos, el primer período entre el 3 de
octubre de 1974 y 30 de junio de 1992, desempeñándose como escribiente, oficial
mayor, asistente judicial, secretario, Juez Promiscuo Municipal, Juez Primero
Penal Municipal y Juez Segundo de Instrucción Penal. El segundo período en la
Fiscalía General de la Nación entre el 1º de julio de 1992 y 19 de mayo de
2004, como Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito de Armenia, hasta que mediante
Resolución 2090 del 18 de mayo de 2004[116]
fue declarado insubsistente sin motivación. Por lo anterior inició acción de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la referida resolución.
2.  El Tribunal Administrativo de Quindío, mediante
providencia del 1º de noviembre de 2007[117],
negó las pretensiones de la demanda. En criterio de ese despacho, los actos
administrativos que declaran la insubsistencia de “los servidores públicos
vinculados a la Rama Judicial, contienen la presunción de legalidad y
mejoramiento del servicio”, por lo que tal presunción debe ser desvirtuada
por el demandante y en el caso concreto, tal situación no se presentó, ya que
sólo se demostró con pruebas testimoniales su excelente desempeño, circunstancia
que no genera estabilidad, ni constituye un obstáculo para el ejercicio de la
facultad discrecional del nominador.
3. El demandante interpuso recurso de apelación
contra la decisión del Tribunal contencioso administrativo, el cual fue negado bajo
el argumento de que se trataba de un proceso de única instancia.
4. Contra la decisión de negar el recurso de
apelación, el accionante interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Quindío y la Fiscalía General de la Nación. Esa tutela fue
conocida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, quién mediante sentencia del 12 mayo de 2008 negó
el amparo solicitado.
5. Impugnada la anterior decisión por el
demandante, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura concedió el amparo y dejó sin efectos la sentencia del 1º de
noviembre de 2007[118]
proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, ordenándole proferir una
nueva decisión con base en los precedentes jurisprudenciales de la Corte
Constitucional.
6. En cumplimiento de la tutela, el 25 de
agosto de 2008[119],
el Tribunal Administrativo del Quindío profirió nueva decisión que declaró la
nulidad de la Resolución 2090 de 18 de mayo de 2004, como quiera que la entidad
demandada no adujo las razones por las cuales declaró la insubsistencia del
demandante. Por tal razón, ordenó a título de restablecimiento, el reintegro
del señor Cruz Henao al cargo que desempeñaba.
7. Contra esta decisión la Fiscalía General
de la Nación interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 23 de
febrero de 2011[120],
que revocó la sentencia del 25 de agosto de 2008 y negó las pretensiones de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que el buen
desempeño del actor como Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito, no
enerva la facultad discrecional con que cuenta el nominador, “dado que tal
comportamiento es el que cabe esperar de todo servidor público, adicional al
hecho de que la declaratoria de insubsistencia de un empleado de carácter
provisional no implica sanción alguna ni inconformidad con su desempeño”[121].
Solicitud de la tutela
Por considerar que la decisión de la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, vulnera sus derechos
fundamentales; desconoce el precedente de la Corte Constitucional; y se cumplen
los requisitos para que proceda la tutela contra providencias judiciales,
interpuso acción de tutela, en la cual solicitó: i) dejar sin efectos la
sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado; y ii) dejar en firme la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío el 25 de agosto de 2008[122].
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela, notificó a
las partes, y la puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y
del Tribunal Administrativo del Quindío, para que intervinieran si así lo
consideraban.
Contestación de la demanda: Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
El Consejo
de Estado expresó que el hecho de que los sujetos procesales no coincidan con
la interpretación acogida por el operador jurídico no es un asunto debatible
ante el juez de tutela[123].
Contestación de la demanda: Fiscalía
General de la Nación
La Fiscalía
General de la Nación advirtió que no se cumplen los presupuestos necesarios
para que proceda la acción de tutela contra la providencia judicial atacada[124].
Contestación de la demanda: Tribunal
Administrativo del Quindío
El Tribunal
indicó que la providencia objeto de tutela no ha vulnerado derechos del
actor, ya que fue favorable a sus pretensiones. Por lo tanto, solicitó
declarar improcedente el amparo[125].
Sentencia de primera instancia
En providencia del 16 de junio
de 2011, la Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó por improcedente la
tutela, al considerar que la acción constitucional no es viable contra
decisiones judiciales de los órganos de cierre, como ocurre en este caso[126].
Impugnación
El accionante impugnó la
decisión y ratificó los argumentos de la tutela. Agregó que la manifestación
según la cual las sentencias de los órganos de cierre son inmodificables, es
contraria a la amplia y reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional,
sobre la procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales[127].
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 9 de febrero
de 2012, la Sección Quinta del Consejo de Estado, modificó la decisión de
primera instancia y decretó que no procede la tutela deprecada, bajo el
argumento de que, “ la providencia censurada es una decisión laboral
administrativa, proferida por el Consejo de Estado que actúa como Tribunal de
cierre de la Jurisdicción  de lo Contencioso Administrativo y, tratándose de
este tipo de actos, es el único competente según la Constitución para dirimir
esta clase de asuntos”[128].
9. Expediente T-3439745
El 16 de diciembre de 2011, Javier Alfonso
Prins Vélez interpuso acción de tutela[129]
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por considerar que con la
sentencia proferida por esa autoridad judicial en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por él contra la Fiscalía General de la
Nación, se violaron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al acceso a la administración de justicia, en conexidad con la vida, la salud y
la seguridad social.
1. Mediante
Resolución 0064 de 21 de octubre de 1992[130],
el accionante fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Investigador
Judicial grado 8, asignado a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de
Investigación Judicial de Bogotá, de la Fiscalía General de la Nación, hasta
que mediante Resolución 0615 de 13 de abril de 1999[131]
fue declarado insubsistente, sin motivación.
2. El actor
afirma que “accedió al ejercicio del cargo mediante concurso público”[132],
pero la Fiscalía General de la Nación omitió darle cumplimiento al deber legar
de proferir nombramiento en período de prueba.
3. Por lo
anterior inició acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
precitada resolución. El Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena, en
sentencia del 23 de febrero de 2010, declaró la nulidad del acto administrativo
atacado y ordenó a la Fiscalía General de la Nación reintegrar al demandante,
pagándole todos los salarios dejados de percibir desde la fecha de retiro hasta
la de reintegro.
4. Interpuesto recurso de apelación contra
esa decisión, por la Fiscalía General de la Nación, fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia del 15 de julio de
2011, quien revocó la sentencia de primera instancia, y absolvió de todas las
pretensiones a la demandada. Para tal efecto, indicó que no puede otorgarse al
nombramiento efectuado en provisionalidad, un tratamiento equivalente al del
personal de carrera administrativa que se encuentra escalafonado.
Solicitud
de tutela
Por considerar que con la precitada
sentencia se vulneran sus derechos fundamentales y se cumplen los requisitos
para que proceda la tutela contra providencias judiciales, el demandante interpuso
acción de tutela, y solicitó: i) dejar sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar; y ii) aplicar el precedente jurisprudencial contenido
en la sentencia SU-917 de 2010, proferida por la Corte Constitucional[133].
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la
tutela, notificó al Tribunal Administrativo de Bolívar, y como terceros
interesados a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Séptimo
Administrativo de Cartagena, para que intervinieran si así lo consideraban.
Contestación de la demanda:
Tribunal Administrativo de Bolívar
El Tribunal
expresó que su actuar no carece de fundamento legal, ni obedece a la voluntad
subjetiva, sino que se dio aplicación a lo señalado en la ley y en la
jurisprudencia del Consejo de Estado[134].
Otras entidades
La Fiscalía
General de la Nación y el Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena no se
pronunciaron.
Sentencia de primera instancia
En providencia del 8 de febrero
de 2012, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, rechazó
por improcedente la tutela, al considerar que el Tribunal no vulneró los
derechos fundamentales del actor, toda vez que la sentencia censurada cumple
con una interpretación válida y razonable que frente a la motivación de los
actos de insubsistencia de nombramiento en provisionalidad, ha sostenido el
Consejo de Estado al resolver casos anteriores a la vigencia de la Ley 909 de
2004.
En relación con la afirmación
del actor de haber participado en un concurso de méritos convocado por la
Fiscalía General de la Nación, no se encontró prueba alguna que indicara, que
éste gozara del amparo otorgado por el fuero de los empleados de carrera
administrativa y estimó “que el demandante no podía suponer que por el
mero hecho de haber participado en dicho concurso, ya estaba inscrito en
carrera”[135].
Impugnación
El accionante impugnó la
anterior decisión, para lo cual expresó que se cumplen los requisitos
jurisprudenciales para que proceda la tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, la impugnación fue rechazada por extemporánea por el Consejo de
Estado, mediante auto del 11 de abril de 2012.
El 27 de abril de 2012 el
accionante interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra el auto del 11 de abril de 2012, lo anterior  por cuanto existió un
error en la contabilización de los términos para impugnar la decisión del
juez constitucional de primera instancia y él presentó su impugnación dentro
del plazo legal[136].
El 1º de junio de 2012 el
apoderado del actor presentó memorial en la Secretaría del Consejo de Estado,
presentando renuncia a los recursos interpuestos, bajo el argumento de que se
atiene a la revisión que realice la Corte Constitucional[137] .
Sentencia de segunda instancia
En sentencia del 9 de febrero
de 2012, la Sección Quinta del Consejo de Estado, modificó la decisión de
primera instancia y decretó que no procede la tutela deprecada, bajo el
argumento de que, “ la providencia censurada es una decisión laboral
administrativa, proferida por el Consejo de Estado que actúa como Tribunal de
cierre de la Jurisdicción  de lo Contencioso Administrativo y, tratándose de
este tipo de actos, es el único competente según la Constitución para dirimir
esta clase de asuntos”[138].
Trámite en sede de revisión
Con fundamento en la afirmación
según la cual el actor participó en un concurso de méritos adelantado por la
Fiscalía General de la Nación, el despacho del entonces magistrado
sustanciador solicitó al accionante aportar los documentos que soportaran la
convocatoria al concurso de méritos que afirmó haber superado.
De los soportes anexados por el
peticionario, se observó la “Convocatoria Pública 347 al I Curso de
Investigadores Judiciales Profesionales y V Curso de Formación para Agentes
Investigadores”[139],
adelantado por la Fiscalía General de la Nación, sin que aparezca
convocatoria a Concurso de Méritos para proveer cargos en la Fiscalía General
de la Nación o el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial (negrilla fuera
del texto original).
10. Expediente T-3439758
Bajo esta
radicación se recibieron tres asuntos que fueron acumulados por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en auto del 16 de septiembre de 2011, al
considerar que existía identidad de objeto, debido a que los peticionarios
solicitaban dejar sin efecto las sentencias proferidas por los jueces que
resolvieron acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, que promovieron
contra los actos que los retiraron de la administración[140].
Primero. Jesús Arcesio Suaza Móvil contra
el Tribunal Administrativo del Chocó
El 27 de
mayo de 2011, Jesús Arcesio Suaza Móvil interpuso acción de tutela[141]
contra el Tribunal Administrativo de Chocó, por considerar que con la sentencia
proferida por esa autoridad judicial, a raíz del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por él contra la Policía
Nacional, se violaron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad laboral, y
al mínimo vital.
Hechos y pretensiones
1. El accionante ingresó a la Policía
Nacional el 13 de enero de 1997. El 5 de noviembre de 1997 obtuvo el grado de
oficial y el 1º de diciembre de 2001 ascendió al grado de Capitán. Con
posterioridad, el Ministerio de Defensa Nacional, en uso de las facultades
discrecionales consagradas en el Decreto Ley 573 de 1995, expidió el Decreto 1041
del 5 de abril de 2006[142],
mediante el cual, “por voluntad del Gobierno”, fue retirado del servicio
activo.
2. El accionante consideró que
ese acto de retiro era violatorio de sus derechos fundamentales porque no se
evalúo debidamente su hoja de vida y no se tuvo en cuenta el excelente desempeño
en sus funciones, como lo demuestra su hoja de vida y las altas calificaciones
obtenidas. Además, la recomendación previa carecía de motivos objetivos[143].
3. Teniendo en cuenta lo
anterior, el accionante inició un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto administrativo de retiro. Encontrándose en curso el
proceso contencioso administrativo, interpuso acción de tutela contra la
Policía Nacional, que fue conocida por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Chocó, autoridad que en sentencia del 5 de febrero de 2008 amparó
transitoriamente los derechos del actor, suspendió los efectos jurídicos del
Decreto 1041 de 5 de abril de 2006, y ordenó reintegrarlo al cargo que ejercía.
Esa decisión fue acatada por la Policía Nacional mediante Resolución 680 de 4
de marzo de 2008.
4. Por su parte,
mediante providencia del 26 de julio de 2010, el Juzgado Segundo
Administrativo de Quibdó accedió a las súplicas de la demanda “dado que
existe providencia ejecutoriada del Juez Constitucional en la que se concluye
que al demandante le fue vulnerado su derecho fundamental al debido proceso”.
Por esas razones, declaró la nulidad del Decreto 1041 del 5 de abril de 2006, y
ordenó dejar en firme la Resolución 680 del 4 de marzo de 2008, mediante la
cual el demandante había sido reintegrado, como consecuencia de la orden de
tutela proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó.
5. Posteriormente, en sentencia
del 31 de marzo de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, revocó
la sentencia del a quo, al considerar que el Ministro de Defensa
Nacional está facultado por la Ley 857 de 2003 para retirar discrecionalmente
el personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional del servicio
activo, sin que se requiera explicitar los motivos, debido a que las decisiones
en tal sentido se encuentran amparadas de la presunción de legalidad, lo cual
no se desvirtuó en el proceso.
Agregó que en el proceso no se
encontró ningún elemento probatorio que permitiera establecer que se perseguía
algún fin distinto al de la adecuada prestación del servicio “pues mirando
cronológicamente los hechos no se puede afirmar que en la decisión de retiro se
perseguía sancionarlo por los hechos motivos de la investigación disciplinaria[144]
a la cual hace referencia el demandante, y que tuvo origen en hechos ocurridos
en julio, agosto y septiembre de 2003, cuando el demandante laboraba en la
estación de Policía de Saravena Arauca, en donde se le formuló pliego de cargos
por presuntamente ejecutar actos de tolerancia y permanencia de grupos armados
al margen de la ley… Además para ejercitar la facultad discrecional no es
necesario adelantar un proceso disciplinario porque su ejercicio no está
condicionado a los trámites propios del mismo”[145].
Solicitud
de tutela
Por considerar que la decisión judicial del
Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó vulnera sus derechos
fundamentales y se cumplen los requisitos para que proceda la tutela contra
sentencias judiciales, interpuso acción constitucional, en la cual solicitó: i)
dejar sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal, el 31 de marzo de 2011;
y ii) ordenar su reintegro y el pago de los salarios dejados de percibir[146].
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la tutela, notificó a
las partes, y vinculó a la Policía Nacional como tercera interesada.
Contestación de la demanda:
Policía Nacional
La Policía
Nacional señaló que la acción de tutela no es procedente cuando existe un
medio judicial apto para la defensa del derecho fundamental transgredido, el
cual para efectos del presente caso ya fue resuelto de manera desfavorable a
las pretensiones del demandante[147].
Contestación de la demanda:
Tribunal Administrativo del Chocó
El Tribunal
Administrativo del Choco expresó que la sentencia pronunciada está
debidamente justificada y garantiza los postulados constitucionales. Agregó
que se declaró inhibida para pronunciarse sobre la petición de nulidad del
acta Nº 002 del 16 de marzo de 2006 emitida por la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa, en razón a que dichas actas no son susceptibles de ser
demandadas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto de
conformidad con el Código Contencioso Administrativo, solo es posible decidir
sobre la legalidad de los actos administrativos definitivos[148].
Decisiones de tutela
Se resumen
posteriormente por tratarse de una sola sentencia para todos los casos
acumulados.
Segundo. Mauricio Alonso Sierra Reina
contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
El 15 de julio de 2011, Mauricio Alonso
Sierra Reina interpuso acción de tutela[149]
contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar que con la
sentencia del 3 de febrero de 2011 proferida por esa autoridad judicial, se
violaron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la justa valoración
probatoria, al trabajo, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la igualdad.
Hechos y
pretensiones
1. El 5 de noviembre de 1999, el accionante obtuvo
el grado de subteniente en la Policía Nacional. El 1º de diciembre de 2003 fue
ascendido a Teniente, hasta que el Ministerio de Defensa Nacional en uso de las
facultades discrecionales consagradas en el Decreto-Ley 573 de 1995, expidió el
Decreto 82 del 17 de enero de 2007[150],
mediante el cual, “por voluntad del Gobierno”, fue retirado del servicio
activo.
2. El accionante consideró que el acto de
retiro era violatorio de sus derechos fundamentales, pues la Junta Ministerial
Asesora[151]
jamás estudió su hoja de vida, por lo que resulta “absurdo pensar que el
mentado retiro obedeció  a un examen exhaustivo de la trayectoria policial”[152].
Además, existe una certificación remitida por la jefe del grupo de
administración de hojas de vida[153],
donde consta que dicho documento nunca fue solicitado.
Agregó que en su hoja de vida se observa la
ausencia de antecedentes disciplinarios, la existencia de 38 anotaciones
positivas por su profesionalismo, 14 felicitaciones entre ellas dos especiales
en las que se destacan la efectividad en las labores encomendadas, dos
condecoraciones y la buena calificación de servicios obtenida en el último año
de servicio.
3. Por lo anterior, inició acción de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Resolución 82 del 17 de enero de 2007.
Tramitado el proceso contencioso administrativo, en sentencia del 28 de junio
de 2007, el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué[154]
accedió a las súplicas de la demanda, y ordenó reintegrar al demandante al
cargo que ejercía al momento de su retiro, con el pago de los salarios dejados
de percibir.
Para tal efecto, consideró que con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 857 de 2003, es
procedente el retiro del servicio, siempre y cuando exista recomendación previa
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa de la Policía Nacional. Advirtió
que el ejercicio de la facultad discrecional, debe estar precedido no solamente
por la ocurrencia de la recomendación previa, sino que es imperioso que existan
razones del servicio que justifiquen la decisión adoptada, evitando con ello
que se consume el vicio de desviación de poder.
Agregó que no se observó “como pudo
evaluarse el comportamiento laboral del demandante en la institución demandada
al momento de tomar la decisión, sin contar con el soporte documental de la
hoja de vida; la buena disposición laboral del demandante durante el período
previo a su desvinculación, observada a partir de la falta de antecedentes
disciplinarios del demandante como se ha estudiado en esta providencia… el
hecho de que el director antisecuestro y antiextorsión de la Policía Nacional
de Colombia, 5 días antes de expedirse el acto demandado, tenga al demandante como
uno de sus mejores hombres”[155].
4. La Policía Nacional
interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. Luego, mediante
providencia del 3 de febrero de 2011[156],
el Tribunal Administrativo del Tolima revocó la sentencia de primera instancia
y absolvió a la entidad demandada. Para tal efecto, indicó que no existe ninguna
disposición que condicione el concepto de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa para la Policía Nacional, a la previa evaluación de la hoja de vida del
oficial.
Agregó que el ejercicio de la
facultad discrecional no requiere explicar los propósitos que animan el acto
que la materializa, lo cual guarda relación con la insubsistencia de los empleados
públicos de libre nombramiento y remoción, donde también se encuentra la
expresión de voluntad del nominador, en aras del buen servicio.
Solicitud de tutela
Por considerar que el
Tribunal Administrativo del Tolima vulneró sus derechos al desconocer la
jurisprudencia constitucional, particularmente la sentencia SU-917 de 2010, y teniendo
en cuenta que se cumplen los requisitos para que proceda la tutela contra
providencias judiciales, inició acción de tutela, en la cual solicitó: i) anular
la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima; y ii) dejar en
firme la sentencia proferida por el Juez de primera instancia dentro de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
a continuación:
Actuación procesal
La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela,
notificó a las partes y vinculó a la Policía Nacional, para que ejerciera su
derecho de defensa.
Contestación de la tutela: Tribunal
Administrativo del Tolima
El Tribunal
Administrativo del Tolima indicó que no procede la tutela contra providencias
judiciales, salvo que con la decisión se vulneren garantías de las partes o
de terceros, lo cual no ocurre en este caso[157].
Contestación de la demanda:
Policía Nacional
La Policía
Nacional señaló que no se cumplen los presupuestos necesarios para que
proceda la acción de tutela contra la providencia judicial atacada.
Agregó que
el objeto de la tutela no es interpelar la racional y motivada interpretación
que del ordenamiento jurídico realizan los administradores de justicia,
máxime si se trata de una sentencia debidamente ejecutoriada, con fuerza de
cosa juzgada y como tal, irrevocable e inmutable por vía de tutela[158].
Decisiones de tutela
Se resumen
posteriormente por tratarse de una sola sentencia para todos los casos
acumulados.
Tercero. Alba Lucía Antia Londoño contra
el Tribunal Administrativo de Caldas
El 1º de
abril de 2011, Alba Lucía Antía Londoño interpuso acción de tutela[159]
contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por considerar que con la
sentencia del 30 de octubre de 2008 proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que inició contra la Fiscalía General de la Nación,
se violaron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia.
Hechos y pretensiones
1. Mediante Resolución 65 del
27 de julio de 1992, la peticionaria fue nombrada en provisionalidad en el
cargo de Fiscal 30 de la Unidad de Fiscalía de Pensilvania (Caldas), hasta que
a través de Resolución 2268 de 4 de noviembre de 2003[160]
fue declarada insubsistente sin motivación, del cargo de Fiscal Delegada ante
los Jueces Civiles del Circuito de la Dirección Seccional de Fiscalías de
Manizales.
2. Contra la anterior
resolución, la actora formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
por considerar que el acto administrativo incurría en la causal de falsa
motivación.
3. En sentencia del 30 de
octubre de 2008, el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones.
Para el efecto señaló que, a los cargos en provisionalidad le son aplicables
las reglas de la facultad discrecional, por lo que los actos de retiro no
requieren motivación.
4. Interpuesto recurso de
apelación contra esta decisión, fue rechazado por el mismo Tribunal mediante
auto del 4 de diciembre de 2008[161],
en razón a que la cuantía de las pretensiones no superaba el tope mínimo para
que el proceso se tramitara en dos instancias.
Solicitud de tutela
Por considerar que la
decisión del Tribunal vulnera sus derechos fundamentales y se cumplen los
requisitos para que proceda la tutela contra ellas, solicitó al juez de tutela:
i) aplicar la Sentencia de Unificación 917 de 2010, proferida por la Corte
Constitucional; i) dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo
de Caldas; y iii) declarar la nulidad de la Resolución 2268 del 4 de noviembre
de 2003 de la Fiscalía General de la Nación, reintegrándola a su cargo con el
pago de los salarios y prestaciones dejados de recibir[162].
Las actuaciones en sede de tutela se resumen
en el siguiente cuadro:
Actuación procesal
El 5 abril
de 2011 la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela,
notificó a las partes y vinculó a la Fiscalía General de la Nación.
Contestación de la tutela
por el Tribunal Administrativo de Caldas
El Tribunal
señaló que la sentencia se profirió previo el estudio juicioso de las pruebas
practicadas en el proceso, lo que permitió con arreglo a la jurisprudencia
desarrollada por el Consejo de Estado, negar las pretensiones de la demanda[163].
Contestación de la demanda: Fiscalía
General de la Nación
La Fiscalía
General de la Nación anotó que no se cumplen los presupuestos necesarios para
que proceda la acción de tutela contra las providencias judiciales atacadas.
Agregó que
no puede predicarse que la sentencia sometida al juicio del amparo, esté
inmersa en una causal genérica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, si se parte del hecho que su fundamentación
estriba en una hermenéutica razonable del artículo 125 Superior, relacionado
con el ingreso y desvinculación a la función pública por situaciones
diferentes al mérito, de quienes ocupan un cargo de carrera en
provisionalidad[164].
Decisiones
proferidas en el expediente acumulado en primera instancia, radicado en esta
Corporación con el número T-3.439.758
Decisión de primera instancia
En
sentencia de 24 de noviembre de 2011, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, rechazó por improcedente la protección solicitada por los actores
cuyos expedientes fueron acumulados, por encontrar que en todos los casos se
trata de acciones de tutela contra providencias judiciales en firme, contra
las cuales no procede acción de tutela
En el caso
de Alba Lucía Antía Londoño encontró adicionalmente que no se cumple el
requisito de inmediatez, toda vez que la decisión del Tribunal Administrativo
de Caldas que se ataca, fue dictada el 30 octubre de 2008, por lo que
transcurrieron más de 2 años entre la presunta vulneración de los derechos y
la interposición de la acción de tutela, que se dio el 31 de marzo de 2011[165].
Impugnación
Los
accionantes impugnaron la decisión, con los argumentos formulados en los
memoriales iniciales de tutela, fundamentalmente el hecho de que se cumplen
los requisitos previstos por la jurisprudencia constitucional para que
aquella proceda contra providencias judiciales.
Decisión de segunda
instancia
En
sentencia del 23 de febrero de 2012, la Sección Primera del Consejo de Estado
confirmó la decisión de primera instancia, y ratificó que la acción de tutela
no procede contra providencias judiciales, salvo el excepcional evento de
vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia, lo cual no
ocurre en ninguno de los casos analizados, pues los actores accedieron a ella
a través del ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho
Consideró
que la discrepancia de los demandantes radica en su inconformidad con el
sentido de las decisiones judiciales adoptadas en sus respectivos procesos
judiciales, por lo cual es claro que acuden a la acción constitucional para
impugnarlas sin que sea jurídicamente posible discutir nuevamente lo que ya
fue objeto de debate judicial[166].
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para
revisar las sentencias proferidas en los procesos de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991 y 54A del Acuerdo 05 de 1992, “Reglamento Interno de la Corte
Constitucional”.
Lo que se analiza
2. De acuerdo con los antecedentes planteados, la Corte ha
identificado dos tipos de problemas jurídicos a resolver en el presente asunto.
En primer lugar, la Sala Plena de esta Corporación debe establecer si
las sentencias objeto de revisión desconocen el precedente constitucional
relacionado con la motivación de los actos administrativos de retiro de
empleados públicos, vinculados en provisionalidad en cargos de carrera administrativa,
y si, en consecuencia, esas providencias vulneran los derechos del primer grupo
de demandantes al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a
la igualdad y a la estabilidad laboral.
3. Por otra parte, debe determinarse si las sentencias objeto de revisión desconocen el precedente
relacionado con la motivación de los actos administrativos de retiro
discrecional de los miembros de la Fuerza Pública, y si, en consecuencia, esas
providencias vulneran los derechos del segundo grupo de peticionarios al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la
estabilidad laboral.
4. Debido a que el presente asunto versa
sobre acciones de tutela contra providencias judiciales, la Sala deberá
establecer si los supuestos yerros en que incurrieron los diferentes despachos
y corporaciones judiciales, se enmarcan en las causales específicas de
procedibilidad de tutela contra sentencias judiciales. Para tales efectos, la
Sala reiterará (i) la doctrina en torno a los requisitos generales y a las
causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Así mismo, (ii) precisará la línea
jurisprudencial trazada con relación a la motivación de los actos
administrativos de servidores públicos que ocupan cargos en provisionalidad y
la facultad discrecional del Gobierno y de la Policía Nacional para retirar
miembros del servicio activo.
Reglas jurisprudenciales sobre
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia.
5. El artículo 86 de la
Constitución Política consagró la acción de tutela como mecanismo de protección
de derechos fundamentales, cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados
por acción u omisión de cualquier autoridad pública, incluidas las autoridades
judiciales.
En desarrollo de este precepto,
los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 previeron la posibilidad de
que cuando los jueces emitieran decisiones que vulneraran garantías
fundamentales, las mismas fueran susceptibles de control por vía de tutela. Sin
embargo, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-543 de 1992[167]
declaró la inexequibilidad de los referidos artículos. En ese fallo la
Corte precisó que permitir el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales, transgredía la autonomía y la independencia judicial y
contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
6. No obstante en tal declaración
de inexequibilidad, esta Corporación también estableció la doctrina de las vías
de hecho, mediante la cual se plantea que la acción de tutela sí puede ser
invocada contra una providencia judicial, cuando ésta es producto de una
manifiesta situación de hecho, creada por actos u omisiones de los jueces, que
implica la trasgresión o amenaza de un derecho fundamental.
En esa medida, a partir de 1992
se permitió la procedencia de la acción de tutela para atacar, por ejemplo,
sentencias que se hubieran basado en normas inaplicables, proferidas con
carencia absoluta de competencia o bajo un procedimiento ajeno al fijado por la
legislación vigente. Tales vías de hecho fueron identificándose caso a
caso[168].
7. Más adelante, esta Corte
emitió la sentencia C-590 de 2005[169],
en la que la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los
términos de los avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En
dicho fallo, la Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, así: i) requisitos generales
de procedencia, con naturaleza procesal y ii) causales específicas de
procedibilidad, de naturaleza sustantiva.
Requisitos generales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
8. La Corte en la sentencia C-590
de 2005 buscó hacer compatible el control por vía de tutela de las
decisiones judiciales, con los principios de cosa juzgada, independencia y
autonomía judicial y seguridad jurídica. Por ello estableció diversas
condiciones procesales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, que deben superarse en su totalidad, a
fin de avalar el estudio posterior de las denominadas causales específicas.
Tales condiciones
son: i) que la cuestión sea de relevancia constitucional; ii) que se
hayan agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance; iii) que se
cumpla el principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que la misma sea decisiva en el proceso; v) que se identifiquen, de
manera razonable, los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales
y vi) que no se trate de una tutela contra otra tutela.
9. Frente a la exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia constitucional, esta Corte ha dicho que ello obedece al respeto por la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones. Debe el juez de tutela, por lo tanto, establecer clara y
expresamente sí el asunto puesto a su consideración es realmente una cuestión
de relevancia constitucional, que afecte los derechos fundamentales de las
partes.
10. El deber de
agotar todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance del afectado, guarda relación con la excepcionalidad y
subsidiariedad de la acción de tutela, pues de lo contrario ella se convertiría
en una alternativa adicional para las partes en el proceso. Esta exigencia trae
consigo la excepción consagrada en el artículo 86 Superior, que permite que esa
exigencia pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar la consumación de
un perjuicio irremediable.
11. Adicionalmente,
el juez debe verificar que la acción de tutela se invoque en un término
razonable y proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador, a fin de
cumplir el requisito de la inmediatez. De no ser así, se pondrían en
juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las
decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional.
12. Así mismo,
cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe haber sido decisiva
o determinante en la sentencia que se impugna y debe afectar los
derechos fundamentales del peticionario. Este requisito busca que sólo las
irregularidades verdaderamente violatorias de garantías fundamentales tengan
corrección por vía de acción de tutela, de manera que, se excluyan todas
aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se alegaron en el
proceso.
13. También se
exige que la parte accionante identifique razonablemente los hechos que
generaron la vulneración de derechos fundamentales. Este requisito pretende
que el actor ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que se imputa a la decisión judicial. En este punto, es importante que
el juez de tutela verifique que los argumentos se hubieren planteado al
interior del proceso judicial, de haber sido esto posible.
14. La última
exigencia de naturaleza procesal que consagró la tipología propuesta en la C-590
de 2005, fue que la sentencia atacada no sea de tutela. Así se buscó
evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más aún cuando
todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección ante
esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas, salvo las
escogidas para revisión.
Causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
15. Ahora bien, frente a las
causales específicas de procedibilidad,
esta Corporación ha emitido innumerables fallos[170] en los
cuales ha desarrollado jurisprudencialmente los parámetros
a partir de los cuales el operador jurídico pueda identificar aquellos
escenarios en los que la acción de tutela resulta procedente para controvertir
los posibles defectos de las decisiones judiciales, para con ello
determinar si hay o no lugar a la protección, excepcional y restrictiva, de los
derechos fundamentales por vía de la acción de tutela[171].
Así las cosas, la
jurisprudencia entendía que existían básicamente tres defectos, el sustantivo,
el procedimental y el fáctico; sin embargo, producto de una labor de
sistematización sobre la materia, en la sentencia C-590 de 2005 se indicó que puede configurarse una vía de hecho cuando se
presenta alguna de las siguientes causales:
·
Defecto orgánico que
ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada
carece, en forma absoluta, de competencia.
·
Defecto procedimental absoluto que surge cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento
previsto por la ley.
·
Defecto fáctico que se
presenta cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita
aplicar la norma en que se sustenta la decisión.
·
Defecto material o sustantivo que tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una contradicción evidente y
grosera entre los fundamentos y la decisión.
·
El error inducido que
acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de
terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales.
·
Decisión sin motivación que presenta cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido
a que el servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan.
·
Desconocimiento del precedente que se configura cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre
determinado tema, y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial
establecida. En estos casos eventos, la acción de tutela busca garantizar la
eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad.
·
Violación directa de la Constitución que se deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual
reconoce a la Carta Política como documento plenamente vinculante y con fuerza
normativa.
16.
En atención a que en los caso sub examine se alega la causal especial
referente al desconocimiento del precedente, esta Sala efectuará una breve
caracterización de ese ítem, a fin de viabilizar el estudio de los casos
concretos.
Desconocimiento del precedente
17. El precedente es conocido como la sentencia o el
conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y
semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo[172]. La relevancia de respetar el precedente atiende a
razones de diversa índole, que en todo caso se complementan.
La primera razón, se basa en la necesidad de proteger
el derecho a la igualdad de las personas que acuden a la administración de
justicia y de salvaguardar los principios de buena fe y seguridad jurídica.
Esto, debido a que no tener en cuenta las sentencias anteriores  a un caso que
resulta equiparable al analizado, implicaría el evidente desconocimiento de
esos derechos y principios.
El segundo argumento se basa en el reconocimiento del
carácter vinculante de las decisiones judiciales, en especial si son adoptadas
por órganos cuya función es unificar jurisprudencia. Como lo ha explicado esta
Corte tal reconocimiento se funda en una postura teórica que señala que “el
Derecho no es una aplicación mecánica de consecuencias jurídicas previstas en
preceptos generales, como lo aspiraba la práctica jurídica de inicios del siglo
XIX…, sino una práctica argumentativa racional”. Con lo cual, en últimas,
se le otorga al precedente la categoría de fuente de derecho aplicable al caso
concreto.
18. Ahora bien, esta Corporación fijó los parámetros
que permiten determinar si en un caso es aplicable o no un precedente. Así la
sentencia T-292 de 2006[173], estableció que deben verificarse los siguientes criterios:
i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla
jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y
iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente.
De no comprobarse la presencia de estos tres elementos
esenciales, no es posible establecer que un conjunto de sentencias anteriores
constituye precedente aplicable al caso concreto, por lo cual al juez no le es
exigible dar aplicación al mismo.
19. De otro modo, los funcionarios judiciales cuando
encuentran cumplidos los tres criterios mencionados, tienen la posibilidad de
apartarse de la jurisprudencia en vigor, siempre y cuando i) hagan referencia
al precedente que van a inaplicar y ii) ofrezcan una justificación razonable,
seria, suficiente y proporcionada, que dé cuenta de las razones de porque se
apartan de la regla jurisprudencial previa[174]. Así se protege el carácter dinámico del derecho y la autonomía e
independencia de que gozan los jueces.
En
esa medida, sólo cuando un juez se aisla de un precedente establecido y es plenamente
aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa antes
descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, referente al desconocimiento del precedente judicial.
Debido a que, con ese actuar, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad
y al debido proceso de las personas que acudieron a la administración de
justicia.
Importancia de los órganos de unificación de jurisprudencia
20. Esta Corte ha diferenciado dos clases de
precedentes, el horizontal y el vertical, para lo cual tomó como parámetro
diferenciador la autoridad que profiere el fallo que se tiene como referente.
En esa medida, el precedente horizontal hace referencia al
respeto que un juez debe tener sobre sus propias decisiones y sobre las tomadas
por jueces de igual jerarquía, mientras que el vertical apunta al
acatamiento de los fallos dictados por las instancias superiores en cada
jurisdicción, encargadas de unificar la jurisprudencia.
21. Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando
el precedente emana de los altos tribunales de justicia en el país (Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), adquiere un
carácter ordenador y unificador que busca realizar los principios de primacía
de la Constitución, igualdad, confianza, certeza del derecho y debido proceso.
Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener
la coherencia del ordenamiento[175].
En la práctica jurídica actual, las instancias de
unificación de jurisprudencia son ineludibles, debido a que el derecho es dado
a los operadores jurídicos a través de normas y reglas jurídicas que no tiene
contenidos semánticos únicos. Por tanto, el derecho es altamente susceptible de
traer consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar diversas
interpretaciones o significados que incluso, en ocasiones deriva de la propia
ambigüedad del lenguaje. Eso genera la necesidad de que, en primer lugar, sea
el juez el que fije el alcance de éste en cada caso concreto y, en segundo
lugar, de que haya órganos que permitan disciplinar esa práctica jurídica en
pro de la igualdad.
22. La necesidad de instancias
superiores que unifiquen la interpretación de las normas básicas en los
Estados, ha sido evidenciada desde diversas latitudes. Un ejemplo muy
significativo de lo anterior, es el fallo “Martin vs. Hunter’s Lessee”
(1816), de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América[176].
Allí se resolvió una controversia que se generó, cuando el Tribunal
Supremo del Estado de Virginia se opuso a aplicar una sentencia de esa Corte,
al considerar que no estaba obligado a seguir su jurisprudencia, con ocasión de
una Cláusula Federal.
En esa sentencia
la Corte Suprema de Justicia reivindicó su competencia para
unificar y armonizar la interpretación de las leyes, los tratados y la
Constitución en todo el territorio, entre otras cosas, por lo siguiente:
“Este motivo es la importancia, incluso la necesidad de que se dicten
decisiones uniformes en todos los Estados Unidos sobre todos los temas al
amparo de la Constitución. Jueces igualmente conocedores e íntegros en
diferentes Estados pueden interpretar en forma diversa la ley, un tratado o la
propia constitución. Si no existiera una autoridad con competencia para
revisar esas sentencias discordantes y disonantes a fin de armonizarlas y
unificarlas, las leyes, los tratados y la Constitución de los EEUU serían
diferentes en los diferentes Estados y no tendrían tal vez nunca la misma
interpretación, fuerza vinculante y eficacia en dos Estados” [177]. (Negrilla fuera del texto)
23.
En Colombia, el carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho de la
jurisprudencia emanada de las altas cortes en sus respectivas
jurisdicciones y de la Corte Constitucional en todo el ordenamiento jurídico, está ampliamente reconocido hoy en día. Así, por ejemplo, en
sentencia C-816 de 2011[178],
esta Corte explicó que:
“La
fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas cortes surge de su
definición constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre, condición
que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas
jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial, únicamente
dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una orden
específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la
interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de
igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus
decisiones judiciales superiores.” (Negrilla fuera del texto)
Las referencias
constitucionales a las que hace mención la cita, se encuentran en los artículos
234, 237 y 241 de la Constitución, cuando predican que la Corte Suprema de
Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional son i) el “máximo
tribunal de la jurisdicción ordinaria”, ii) el “tribunal supremo de
lo contencioso administrativo”, y iii) la encargada de la “guarda
de la integridad y supremacía de la Constitución”,
respectivamente.
En síntesis, los
órganos judiciales de cierre cumplen el papel fundamental de unificar la
jurisprudencia, con base en los fundamentos constitucionales invocados de
igualdad, buena fe, seguridad jurídica y necesidad de coherencia del orden
jurídico.
El deber
de motivación de los actos administrativos de servidores públicos que ocupan
cargos en provisionalidad. Reiteración de jurisprudencia
24. Debido a
la abierta discrepancia que se venía presentando entre la  jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, respecto al inexcusable deber de motivar los actos administrativos
de retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad, esta Corporación
en la sentencia SU- 917 del 16 de noviembre 2010[179], reiteró y unificó la
regla sobre tal deber de motivación, sentada desde sus primeras decisiones
sobre el tema y que se mantuvo inalterada en los fallos que la precedieron, aun
cuando existían algunos matices respecto a las medidas puntuales de protección
constitucional.
25. Así, desde
la sentencia SU-250 de 1998[180]
hasta en los más recientes pronunciamientos, la Corte ha sostenido que “necesariamente debe haber motivación para el retiro de
los empleados que son de carrera o que están en una situación provisional o de
interinidad en uno de los empleos que no son de libre nombramiento y remoción”[181].
26. En efecto, en la reciente sentencia de unificación SU-556
de 2014[182],
la Corte reiteró, en concordancia con los anteriores pronunciamientos, que la inexistencia de motivación razonable del acto administrativo que
retira a un funcionario que ha ocupado un cargo de carrera en provisionalidad,
conlleva su nulidad, con fundamento en los artículos 84 y 85 del Código
Contencioso Administrativo[183].
Bajo esa premisa esta Corte ha sostenido que el “desconocimiento del deber
de motivar el acto, es una violación del debido proceso del servidor público
afectado por tal decisión, en tanto la naturaleza del cargo le reconoce una
estabilidad relativa que en los eventos de desvinculación se materializa en el
derecho a conocer las razones por las cuales se adoptó tal determinación”.[184]
27. Específicamente sobre el deber de motivación de los actos
administrativos sostuvo la sentencia referida que:
i.
El principio general es que los
actos de la administración han de tener una motivación acorde con los fines de
la función pública, con el fin de evitar arbitrariedades y se permita su
control efectivo, salvo en los casos exceptuados por la Constitución y la ley.
ii.
La necesidad de motivación de los
actos administrativos es una manifestación de principios que conforman el
núcleo de la Constitución de 1991, entre los cuales se debe resaltar la
cláusula de Estado de Derecho, el principio democrático, el principio de
publicidad, y el derecho al debido proceso.
iii.
El deber de motivar supone la
sujeción al principio de legalidad, al ser la forma en que la administración da
cuenta a los administrados de las razones que la llevan a proceder de
determinada manera, permitiéndoles, por lo tanto, controvertir las razones que
condujeron a la expedición del acto, como manifestación de su derecho de
contradicción.
iv.
Cuando la Constitución y la ley lo prevean, es
posible que el deber de motivar el acto se encuentre atenuado o reducido.
Dichas excepciones responden a los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que rigen la función
administrativa[185].
28. En ese orden de ideas, los servidores que ostentan en
provisionalidad  cargos de carrera, no son destinatarios del derecho de
estabilidad indiscutible de quien accede a la función pública por medio del
concurso de méritos, pero de ello no se concluye una equivalencia a un cargo de
libre nombramiento y remoción. Por lo tanto, “al declararse insubsistente a
uno de dichos funcionarios, deben darse a conocer las razones específicas que conducen
a su retiro, las cuales deben relacionarse con el servicio prestado o al
nombramiento en propiedad del cargo, de manera que no se incurra en una
violación de los derechos a la estabilidad laboral y al debido proceso, y a los
principios constitucionales de igualdad y del mérito en el acceso a la función
pública”[186].
29. A su turno, la precitada sentencia SU-556 de 2014 unificó la
posición de esta Corporación, en torno a las medidas de protección que deben
adoptarse, cuando se desvincula sin motivación a un funcionario nombrado en
provisionalidad en un cargo de carrera. De hecho, luego de un recuento
jurisprudencial, mantuvo invariablemente la regla conforme a la cual, lo que
procede en estos casos, es ordenar la nulidad del acto de retiro, como
mecanismo para la protección de los derechos a la estabilidad laboral, a la
igualdad y al debido proceso.
30. No obstante, respecto a las medidas de restablecimiento, esta
Corporación constató la existencia de una tensión constitucional entre, por una
parte, el alcance de las medidas de protección de quien ha sido desvinculado
con desconocimiento de su derecho a la estabilidad y, por otra, la
proporcionalidad del reconocimiento que a título de indemnización se debe
percibir, en tales casos, ante el carácter transitorio de la estabilidad
laboral relativa.
31. De acuerdo con lo
anterior, la Sala Plena precisó que para el caso de los provisionales que
ocupan cargos de carrera y que son desvinculados sin motivación alguna, “el
pago de los salarios dejados de percibir, desde que se produce su
desvinculación hasta el momento en que sus derechos son reconocidos judicialmente,
resulta ser una indemnización excesiva a la luz de la Constitución Política y
la Ley, que puede dar lugar a un enriquecimiento sin justa causa”[187]. En relación
con ese punto, la sentencia SU-556 de 2014 explicó que el servidor público
afectado con la medida de retiro se encuentra en todo caso, en una modalidad de
vinculación temporal, que desde el punto de vista estrictamente jurídico no
tiene vocación de permanencia, lo que claramente impide que la persona tenga
una expectativa real de permanencia indefinida, representada en la posible
indemnización exigible en tales circunstancias
32. De igual modo, ya que, en
la persona estriba la responsabilidad de su propio sostenimiento, no es
factible trasladar dicha carga a su empleador, por el hecho de haber sido
declarada insubsistente de un cargo de estabilidad relativa. Tampoco es posible
suponer que el daño causado corresponda a la totalidad del tiempo transcurrido
desde la desvinculación hasta la decisión judicial de reintegro, ni que al
servidor público afectado se le deban pagar los salarios dejados de percibir
por un servicio que es imposible que preste hacia el pasado, y que, sí pudo ejercer
eventualmente en otro estamento de la sociedad.
33. Desde esa perspectiva, estimó la Sala Plena que la fórmula que debe
aplicarse al caso de quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad y son
desvinculados sin motivación, es la de disponer que su reintegro se realice sin
solución de continuidad, con el correspondiente pago de los salarios y
prestaciones efectivamente dejados de percibir[188]. En este sentido,
como quiera que sólo cabe indemnizar el daño efectivamente sufrido y tal daño
es equivalente a lo dejado de percibir, de la suma indemnizatoria es preciso
descontar todo lo que la persona, durante el periodo de desvinculación, percibió
como retribución por su trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o
privada, como dependiente o independiente.
34. Tomando en consideración lo señalado en esta sentencia de
unificación, y lo dispuesto en el artículo 123 Superior, las órdenes que se
deben adoptar en los casos de retiro sin motivación de las personas vinculadas
en provisionalidad en un cargo de carrera, son las siguientes:
i.
El reintegro del servidor público desvinculado a su
empleo, siempre y cuando el cargo que venía ocupando antes de la desvinculación
no haya sido provisto mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor
no haya llegado a la edad de retiro forzoso.
ii.
Para el reintegro también deberá examinarse si el
servidor público cumple con los requisitos para acceder al cargo público, tales
como la carencia de antecedentes penales y disciplinarios. Lo anterior de
conformidad con el artículo 123 Superior, que establece que “los servidores
públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”.
iii.
A título indemnizatorio, sólo se debe pagar el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento
de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la
persona, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6)
meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
La
facultad discrecional del Gobierno y de la Policía Nacional para retirar miembros del servicio activo
Discrecionalidad y arbitrariedad
35.
En Derecho Administrativo es necesario diferenciar la existencia de potestades
regladas y potestades discrecionales. La potestad reglada se presenta cuando
una autoridad está sometida estrictamente a aplicar la ley (en sentido
general), si se dan determinados hechos regulados por ésta.
Dicha
potestad está fundamentada en el principio de legalidad, que establece que toda
actividad estatal debe ser ejecutada de acuerdo con la ley. En esa medida,
busca que los actos administrativos no estén regidos por el capricho o la
voluntad de los servidores públicos.
36.
Ahora bien, como es sabido, las hipótesis legalmente reguladas no agotan la
totalidad de las presentes en la cotidianidad de la actividad estatal, debido a
lo cual, para la prestación eficaz y célere de la función pública[189],
se han diseñado herramientas que permiten la toma de decisiones, sin pasar por
todo el proceso legislativo correspondiente, pero que respetan el principio de
legalidad.
La
principal herramienta para dar solución a esta tensión es la posibilidad de
facultar a determinados funcionarios públicos para la toma de decisiones
discrecionales, dentro de márgenes que les posibilitan apreciar y juzgar las
circunstancias de hecho, de oportunidad y/o conveniencia general.
En
esa medida, la potestad discrecional se presenta cuando una autoridad es libre,
dentro de los límites de la ley, de tomar una u otra decisión, porque esa
determinación no tiene una solución concreta y única prevista en la ley.
37.
En el derecho administrativo clásico, la facultad discrecional de la
Administración está sustentada en la separación de poderes pura y simple.
Por tanto, según esta visión, los actos discrecionales de la Administración
pública no pueden ser susceptibles de control judicial, pues ello implica la
intromisión de esa Rama del Poder, en aquella. Por la misma razón, tampoco es
exigible la motivación de los mismos, por lo cual la arbitrariedad de algunos
actos discrecionales queda, entonces, fuera del alcance de cualquier tipo de
control.
Desde
otra visión, que predica una separación de poderes recíproca o de controles
mutuos, como la presente en el Estado Social de Derecho o en el Estado
Constitucional, la tesis del control judicial de los actos discrecionales
varía, en clave de protección de derechos de los administrados e instruye una
necesaria proscripción de la arbitrariedad. Por ello, bajo esta visión los
actos discrecionales son susceptibles del control de constitucionalidad y de
legalidad por parte de los jueces y es exigible a la administración pública
presentar un mínimo de justificación para la toma de decisiones.
38.
Colombia, gracias a que está instituida bajo la fórmula de Estado Social de
Derecho, se inscribe en la tesis que admite el control judicial de los actos
discrecionales de la administración pública y exige un mínimo de justificación
para la expedición de éstos. Lo anterior, en virtud de los postulados de
primacía constitucional, de sometimiento de los poderes públicos a la ley, de
colaboración armónica entre éstos, de prohibición de la arbitrariedad y de
protección efectiva de los derechos de los habitantes del territorio nacional.
Así,
para esta Corporación[190]
ha sido claro que los actos discrecionales están sometidos al control
jurisdiccional, debido a que no pueden contrariar la Constitución ni la ley, y
a que, en todo caso, es necesario diferenciar tal facultad de la arbitrariedad.
39.
Lo arbitrario expresa el capricho o voluntad individual, contraria a la
razón, de quien ejerce el poder sin sujeción a la ley. Para Cassagne[191],
la arbitrariedad es un concepto amplio “y comprende lo injusto, irrazonable
e ilegal, fundado en la sola voluntad del funcionario, siendo uno de los
límites sustantivos de la discrecionalidad”. Por tanto, según la Sentencia C-031 de 1995, hasta “en los sistemas jurídicos más
perfectos se ha introducido el recurso contencioso-administrativo por desviación
de poder contra aquellos actos discrecionales de la administración en que
el agente de la administración se aparta de la finalidad del buen servicio a la
colectividad y a los fines propios del Estado de derecho”.
40.
Así se puede concluir que la potestad discrecional, en nuestro sistema
jurídico, tiene un límite fuerte en la prohibición de la arbitrariedad, que
implica “una garantía para el administrado y constituye, al propio tiempo,
una pauta de control que ejercen los jueces para proteger los derechos e
intereses de las personas con la mira puesta, fundamentalmente, en la defensa
de sus libertades, y someter a la Administración al Derecho” [192].
La policía nacional y
su función constitucional
41.
El artículo 2º de la Constitución consagra los fines esenciales del Estado,
dentro de los cuales están, entre otros, los de servir a la comunidad,
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitución y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo. Igualmente, se precisa que las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares y del
Estado.
Así,
para el cumplimiento de las finalidades señaladas, la Carta prevé en el
artículo 218 que la función primordial de la Policía Nacional es “el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz”. De lo anterior, se deduce que la actividad y funcionamiento de la
institución policiva tiene un fundamento constitucional.
42.
Ahora bien, debido a la importancia de su misión institucional y a que, para su
correcto funcionamiento, se hace necesario el seguimiento de códigos
jerárquicos, disciplinarios y éticos estrictos, la Policía Nacional cuenta con
un régimen de carrera, prestacional y disciplinario especial, cuya regulación
es competencia principal del Legislador. En esa medida, se han desarrollado,
por parte del Congreso o del Gobierno Nacional en uso de facultades
extraordinarias, diversas normas para establecer el referido marco normativo de
carrera, prestacional y disciplinario de la Policía Nacional.
Por
ser pertinente, a continuación, se referenciarán las normas que han regulado
específicamente el retiro discrecional de los miembros de la Policía por
voluntad del Gobierno Nacional y los correspondientes estudios de
constitucionalidad que esta Corporación ha efectuado al respecto.
Normatividad y pronunciamientos de control abstracto
43. Inicialmente, el artículo 4º[193] del Decreto 2010 de 1992[194], consagró en cabeza del Director General de la Policía, la potestad
discrecional de disponer del retiro de agentes policiales por razones del
servicio, siempre y cuando mediara el concepto previo del Comité de
Evaluaciones de Oficiales Subalternos. Dicho artículo fue objeto de estudio
constitucional y la Corte lo declaró exequible, mediante sentencia C-175
de 1993[195].
Dicho fallo indicó que el fin de
tal facultad discrecional era dotar a la Policía de un medio idóneo para
proceder a su saneamiento, en pro del cumplimiento y desempeño eficaz de su
función pública. No obstante lo anterior, se
advirtió que su uso no era absoluto ni podía tornarse arbitrario, “porque
como toda atribución discrecional requiere de un ejercicio proporcionado y racional
que se ajuste a los fines que persigue”.
El
fin, en ese caso, se concretaba en la eficacia de la Policía Nacional, de manera que el retiro discrecional debía relacionarse con el deficiente desempeño
del agente, el incumplimiento de sus funciones o la observancia de conductas
reprochables o irregulares.
44.
Con posterioridad, se expidió el Decreto Ley 41 de 1994[196], cuyos
artículos 75 y 76, fueron modificados por los artículos 6º y 7º del Decreto
Ley 573 de 1995. Esos textos normativos estipulaban que “el retiro” era la
situación en que, por disposición del Gobierno Nacional o de la Dirección
General de la Policía Nacional, los oficiales o suboficiales, cesaban en la
obligación de prestar el servicio. Así mismo consagraban las diferentes
causales por las cuales tal retiro procedía.
A
ese respecto, el Decreto Ley 573 de 1995, claramente desarrolló, de forma
autónoma, la causal relativa al “retiro por voluntad del Gobierno o de la
Dirección General de la Policía”. Así, su artículo 12 previó que “por
razones del servicio y en forma discrecional el Gobierno Nacional o la
Dirección General, según el caso, podrán disponer el retiro de los Oficiales y
Suboficiales, con cualquier tiempo, previa recomendación del Comité de
Evaluación de Oficiales Superiores, establecido en el Artículo 50 del Decreto
41 de 1994”.
45.
Dicho artículo fue objeto de revisión constitucional y, mediante la sentencia C-525
de 1995[197],
esta Corte declaró su exequibilidad[198].
Ese fallo, después de diferenciar ampliamente la discrecionalidad de la
arbitrariedad, explicó que para el efectivo cumplimiento de la función
pública de la Policía, era necesario un medio especial para la remoción de
personal como la facultad discrecional, sin que ello significara legalizar la extralimitación de atribuciones.
En
aquella ocasión, la Corte precisó que para evitar tal extralimitación, la
facultad discrecional debía cumplir con los requisitos de racionalidad y
razonabilidad, y en esa medida, los actos administrativos de retiro debían
tener un “mínimo de motivación justificante”.
Tal mínimo de motivación
justificante, según el Decreto analizado en ese momento, se garantizaba si el
acto administrativo era emitido en virtud del respectivo informe del Comité de
Evaluación de Oficiales y Suboficiales, debido a que éste tenía “a su cargo el examen exhaustivo de los cargos o
razones que inducen a la separación”
de un determinado agente de policía[199].
Este examen debía constar en un acta que detallara la evaluación de “la hoja
de vida de la persona cuya separación es propuesta” y “los informes de
inteligencia o contrainteligencia, así como del ‘Grupo anticorrupción’ que
opera en la Policía Nacional”, entre otros documentos.
Teniendo
en cuenta lo anterior, la Corte precisó que para la expedición de un acto de
retiro discrecional, debía seguirse un procedimiento que era verificable y
enjuiciable, lo cual disipaba cualquier duda de arbitrariedad.
46.
Más adelante se expidió el Decreto Ley 1791 de 2000[200],
modificado por la Ley 857 de 2003[201], en lo pertinente al retiro de
los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional. El artículo 1º de esta ley
previó que el retiro se efectuará a través de decreto expedido por el Gobierno
Nacional o de resolución expedida por el Director General de la Policía
Nacional, según el caso.
Allí mismo se contempló que el
acto de separación del cargo debe someterse al concepto previo de la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, excepto
cuando se trate i) de Oficiales Generales, ii) de miembros del
servicio en los eventos de destitución, incapacidad absoluta y permanente o
gran invalidez, iii) cuando no supere la escala de medición del decreto
de evaluación del desempeño y iv) en caso de muerte.
Por
su parte, el artículo 4º ibídem precisó lo pertinente al retiro de
Oficiales y Suboficiales por voluntad del Gobierno o del Director General de la
Policía, en cualquier tiempo, por razones del servicio y en forma discrecional,
“previa recomendación de la Junta Asesora del Ministerio de
Defensa Nacional para la Policía Nacional, cuando se trate de Oficiales, o de
la Junta de Evaluación y Clasificación respectiva, para los Suboficiales”.
47. Este
último artículo, también fue declarado exequible por la Corte, mediante
sentencia C-179 de 2006[202].
Allí se reiteró lo anteriormente expuesto por esta Corporación en torno a que
el retiro discrecional de miembros de la Fuerza Pública no desconoce los principios y derechos constitucionales, siempre y
cuando esté sustentado.
En esta ocasión la Corte precisó que los actos de
separación deben fundamentarse “en
razones objetivas, razonables y proporcionales al fin perseguido, que no es
otro que garantizar la eficiencia y eficacia de dichas instituciones [Fuerzas Militares y Policía Nacional], en aras de la prevalencia del interés general”. En concordancia, insistió en que tales razones deben
consignarse en los actos de evaluación emitidos por las respectivas juntas
asesoras, basados en “un examen de fondo, completo y preciso de los cargos
que se invocan para el retiro de miembros de esas instituciones, en las pruebas
que se alleguen, y en todos los elementos objetivos y razonables que permitan
sugerir el retiro o no del servicio de un funcionario”.
La Corte recordó que lo discrecional no puede
confundirse con lo arbitrario, pues esto último implica un capricho individual
que no está sujeto al ordenamiento jurídico y es contrario por completo a la
atribución facultativa, que en todo caso, sí está cobijada por las reglas de
derecho preexistentes. El fallo C-179 de 2006 concluyó que:
“la atribución discrecional que por razones del
servicio puede ser utilizada para retirar del servicio a miembros de la Fuerza Pública, no obedece a una actividad secreta u oculta de las autoridades competentes,
por el contrario, para el caso sub examine ella queda consignada en
un acto administrativo controlable por la jurisdicción contenciosa
administrativa a través de las acciones pertinentes en caso de desviación o
abuso de poder”.
48. De todo lo expuesto, se puede
deducir que las diversas normas que han consagrado la facultad discrecional
estudiada, han sido respaldadas por la Constitución, en la medida en que se
entienda que no se trata de atribuciones arbitrarias. Por tanto para la Corte Constitucional la discrecionalidad debe ser
ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y
razonabilidad y, en el caso de los policías, es verificable a través i) de los
procedimientos previos de evaluación y ii) de las acciones judiciales de
defensa correspondientes.
Jurisprudencia desarrollada por la Corte Constitucional: los actos
discrecionales de retiro de miembros de la Policía deben tener un mínimo de motivación
49.
En varias oportunidades esta Corporación se ha ocupado de dirimir conflictos
que surgen a partir de actos administrativos de retiro discrecional de miembros
de la Policía Nacional. En esa medida, y al ser esta una sentencia de
unificación, se hace necesario efectuar el recuento sucinto de esos casos[203],
con el fin de aclarar las reglas al respecto.
50.
Inicialmente, la Corte mediante sentencia T-1010 de 2000[204],
conoció de una acción de tutela en la que se solicitaba la protección al debido
proceso administrativo de un miembro de la Policía que, a su juicio, había sido
desvinculado por el Gobierno en virtud de la facultad discrecional. En ese
momento esta Corporación reiteró los pronunciamientos de constitucionalidad,
arriba reseñados, y detalló el procedimiento que debe seguir la Administración
en estos casos (básicamente se refirió al concepto previo de la Junta Asesora).
Sin
embargo, esta Corte encontró que el accionante atacaba los motivos del retiro
en sí y no el procedimiento, por lo cual consideró que el juez idóneo para dar
luz a esa controversia era el contencioso administrativo. Por tanto declaró la
improcedencia de la acción de tutela.
51.
Años más tarde, esta Corte emitió la sentencia T-995 de 2007[205].
En aquella ocasión un policía fue retirado del servicio sin que conociera
motivo alguno que justificara dicha decisión. Por lo anterior, éste solicitó
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.
A
través de ese fallo, la Corte explicó que el deber de motivación de los actos
de retiro discrecional tenía rango legal y constitucional, por lo cual era
vinculante para todas las instituciones públicas. Adicionalmente precisó que la
motivación no se agota con presentar el concepto previo de la junta asesora,
sino que ésta debe documentar la realización de un examen “de fondo,
completo y preciso de los cargos” que se le endilgan al Agente, cuyo
retiro se pretende. En ese caso, la junta asesora no había efectuado tal
examen, por lo cual el retiro resultaba arbitrario. En consecuencia, la Corte
tuteló el derecho al debido proceso administrativo del accionante.
52.
En la misma línea, esta Corporación profirió la sentencia T-432 de 2008[206],
al resolver otro caso de desvinculación de un miembro de la Policía Nacional,
sin más motivación que el ejercicio puro y simple de la facultad discrecional.
En este caso el agente había recibido múltiples condecoraciones y menciones de
honor y contaba con una excelente hoja de vida, por lo cual había solicitado
que se le precisaran los motivos que impulsaron su separación del cargo. Sin
embargo, la Policía no los ofreció, debido al carácter reservado de los
informes que soportaban la recomendación de la Junta Asesora.
En
esa ocasión esta Corte insistió en que la recomendación de la Junta Asesora o
de Evaluación debe estar sustentada en elementos de juicio “objetivos y
razonables”. Así mismo precisó que los informes sobre los cuales se
basa el concepto de retiro deben ser puestos en conocimiento del agente, a
pesar del carácter reservado que puedan llegar a tener, pues ello es
indispensable para permitir el pleno ejercicio de los derechos de defensa y
contradicción. En concordancia señaló que:
“Si bien el acto no debe ser motivado en el sentido
de relatar los motivos y hechos que justifican la desvinculación -lo cual
le quitaría carácter reservado ante terceros al informe reservado- la
norma es clara al establecer que la decisión debe estar precedida de un
concepto objetivo por parte de la Junta, la cual debe hacer un examen de la
hoja de vida del afectado así como de los informes de inteligencia respectivos
y de ello levantar un acta.”
Por
lo anterior, la Corte ordenó a esa Institución poner en conocimiento del
afectado el informe emitido por la Junta de Evaluación.
53.
Ese mismo año, este Tribunal conoció varios expedientes acumulados, en los
cuales cuatro miembros policiales había sido retirados por voluntad del
Gobierno. Todos ellos alegaban que la Administración no había motivado sus
actos discrecionales. Así la sentencia T-1168 de 2008[207], acuñó
la relación estrecha que existe entre el respeto al debido proceso
administrativo y la motivación de los actos facultativos del Gobierno. También
reiteró que la discrecionalidad tiene límites claros y verificables, en tanto los
actos cumplan los requisitos de “racionabilidad y razonabilidad”, la
finalidad del mejoramiento del servicio y un “mínimo de motivación
justificante”.
Insistió
que el cumplimiento de esos tópicos implica, necesariamente, la evaluación
objetiva y razonable por parte de la Junta Asesora de las hojas de vida, las
pruebas y los documentos pertinentes. Teniendo en cuenta lo anterior,
encontró que en dos de los casos, la Policía no había ofrecido pruebas de haber
evaluado la hoja de vida de los agentes retirados, por lo cual ordenó su
reintegro[208].
54.
Otra sentencia de casos acumulados fue la T-111 de 2009[209]. Allí
también se reclamó la no motivación de actos de retiro de tres agentes de la
policía que tenían impecables hojas de vida, buen desempeño y condecoraciones.
Sin embargo, la Policía no especificó las razones por las cuales su retiro
contribuía al mejoramiento de la institución. En las consideraciones se
reiteraron los argumentos expuestos en la T-432 de 2008 y, al comprobarse que
la Junta Asesora no evaluó las correspondientes hojas de vida, la Corte ordenó
a la Policía expedir un nuevo acto administrativo.
55.
En 2012, se expidió la sentencia T-638 de 2012 para resolver dos casos,
también acumulados, pero en esta ocasión contra varios jueces y tribunales
administrativos, acusados de desconocer el contundente precedente en materia de
motivación de actos administrativos.
En
ese momento los accionantes fueron un miembro el Ejército Nacional y uno de la
Policía. En el primer caso, el soldado regular inició una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, debido a que el Ejército le notificó el acta que
conceptuó su retiro, pero en ella sólo se consignaron las firmas de los
miembros del Comité de Evaluación, sin que se vislumbrara un mínimo de
motivación.
En
el segundo caso, el Patrullero cuestionó en la jurisdicción contenciosa el acto
de retiro, al considerar que éste se basó en una supuesta falta penal y
disciplinaria que él cometió y que, sin embargo, no fue probada en el proceso
sancionatorio respectivo. La Policía en su contestación a la demanda explicó
que el fundamento del acto jurídico fue un informe de inteligencia de carácter
reservado, que no era posible exhibir.
A
pesar de lo anterior, en ambos procesos contenciosos, las instancias negaron
las pretensiones de los actores al verificar, formalmente, el cumplimiento del
procedimiento previsto para el retiro discrecional (concepto previo) y no
encontrar probada la causal de desviación del poder.
En
el fallo de esta Corte, se reiteraron las reglas jurisprudenciales en materia
de procedencia de acción de tutela contra providencias judiciales, en especial,
cuando se alega el desconocimiento del precedente, y las referentes al deber de
motivación de los actos de retiro discrecional. En ese sentido, sintetizó que
un acto de retiro de la Policía Nacional se ajusta a la Constitución cuando se
cumple con:
“(1) el respeto por los principios de
proporcionalidad y razonabilidad[210];
(2) establece la debida motivación del acto
de retiro que, en últimas, se expresa en la suficiencia y fundamento del
concepto previo de las juntas asesoras y comités de evaluación que cumplen
funciones en este sentido, así como en la exposición de motivos efectuada en el
acto administrativo respectivo[211];
(3)  tiene la correspondencia necesaria
entre dicha motivación y el cumplimiento de los fines constitucionales de la
Policía Nacional[212];
y
(4) se muestra el informe reservado al
afectado, en los eventos en que dicho documento es el sustento del retiro
discrecional del servicio, toda vez que el secreto operara frente a terceros,
pero no ante el servidor público.”
La
Corte consideró que los jueces se apartaron del precedente establecido, sin dar
una justificación razonable, por lo cual les ordenó emitir nuevas providencias.
56.
De todo lo anterior se concluye que para la Corte Constitucional los actos de
retiro discrecional en ningún caso pueden ser arbitrarios, deben estar
sustentados, cumplir las exigencias de racionabilidad y razonabilidad, y
guardar proporcionalidad entre las consecuencias que generan y los fines
constitucionales que persiguen.
Jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado: los actos de
retiro no deben ser motivados, lo cual no implica que el retiro no esté fundado
en razones objetivas.
57.
El Consejo de Estado cuenta con innumerables sentencias relativas al retiro del
servicio de miembros de la Fuerza Pública, por tal motivo el estudio realizado
en este caso se centrará, únicamente, en los pronunciamientos cuyos supuestos
fácticos y jurídicos tengan plena relación con lo aquí estudiado; esto es, el
retiro discrecional por voluntad del Gobierno de miembros de la Policía
Nacional[213].
58.
Así, desde la expedición del Decreto Ley 573 de 1995 y su posterior declaración
de exequibilidad, el Consejo de Estado entendió que para el ejercicio de la
facultad de retiro discrecional de miembros de la Policía Nacional, bastaba
con que la Institución cumpliera los requisitos formales de la expedición del
acto, previstos en tal decreto y en la sentencia C-525 de 1995. En esa
medida, inicialmente, sostuvo la tesis de que el juez contencioso
administrativo, al momento de evaluar una eventual anulación, debía verificar
la existencia de la recomendación previa del Comité o Junta de Evaluación, sin
importar si allí se explicaban o no los motivos del retiro.
Siguiendo
ese parámetro, en sus fallos estableció que los actos de retiro discrecionales
no podían equipararse a una sanción por parte de la Policía, por lo cual no
daban lugar a controversias con el subalterno. En esa medida, no se exigía
que la Institución probara una mala conducta o un error del agente para que
pudiera ejercer su facultad discrecional. En otras palabras, la
honorabilidad o buena conducta no implicaba la inamovilidad de los miembros de
la Fuerza Pública.
59.
Las sentencias que dan cuenta de esta tesis conocieron, en su mayoría, de
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, en los cuales los agentes
acusaban el acto de falsa motivación o desviación de poder, ya que la Policía
los había retirado por razones del servicio. Lo cual era incongruente
con las múltiples felicitaciones y condecoraciones que habían recibido, y con
sus impecables hojas de vida. Así, por ejemplo, en fallo del 21 de mayo
de 1998, el Consejo de Estado[214], argumentó:
“El retiro
del servicio del demandante en forma absoluta por voluntad del Gobierno, contó
con el concepto previo del comité de Evaluaciones de Oficiales Subalternos,
conforme a las disposiciones antes reseñadas. Las normas que se acusan en la
demanda no tienen el carácter de sanción porque la desvinculación tiene como
origen un acto discrecional plenamente justificado sin que haya lugar a
controversias con el empleado, y sin que se exija prueba alguna sobre delitos o
faltas, asunto que es ajeno a esta causal de retiro por voluntad del Gobierno.
(…)
De otro
lado, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación, en los eventos
en que se alega la desviación de poder corresponde a la parte probarlo, supuesto
fáctico que no se cumplió en el presente caso, pues el demandante no demostró
los fines torcidos en que incurrió la administración al adoptar la decisión
acusada. (…)
El
Director General de la Policía Nacional ejerce discrecionalmente sobre el personal
de Suboficiales de la Policía Nacional según los reglamentos, la facultad de
retirarlos del servicio activo sin que requiera explicitar de otro modo sus
móviles. Estos decretos se asumen como proferidos en ejercicio de
sus potestades sobre la Fuerza Pública y en beneficio de su misión
constitucional.”
60.
Tal posición jurisprudencial fue reiterada en varias oportunidades posteriores[215],
como por ejemplo en la sentencia dictada el 15 de agosto de 2002, de la
Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado[216]. En
esa ocasión el demandante en nulidad y restablecimiento alegó que el Comité de
Evaluación no había valorado su hoja de vida para emitir el concepto previo,
por lo cual se desvirtuaban las razones del buen servicio que, a su vez,
eran el soporte del acto discrecional de retiro.
Este
fallo, además de insistir en la innecesaria motivación de los actos administrativos
discrecionales, agregó a la ratio aplicada, hasta ese entonces, que el
acta del Comité de Evaluación, por medio de la cual se emite el concepto
previo, no era un acto enjuiciable ante la jurisdicción contenciosa
administrativa[217].
Por tanto, el Consejo de Estado negó las pretensiones del actor[218].
61.
No obstante lo anterior, el 27 de marzo de 2003, la Subsección B de la Sección
Segunda[219]
varió esa postura formalista, al resolver un recurso de apelación dentro
de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual el Agente
solicitaba la exposición de los motivos del retiro, debido a que tenía una
excelente hoja de vida y había sido felicitado y condecorado con anterioridad
cercana a su salida.
En
ese fallo, se explicó que era preciso revisar la posición de los jueces
administrativos en tanto la discrecionalidad, pues debían preguntarse “hasta
dónde es legítimo el ejercicio del control judicial y en qué consistiría dicho
control”. Lo anterior, debido a la importancia de recordar que las
facultades discrecionales estaban enmarcadas y limitadas por el interés
general, la justicia y el respeto por los derechos fundamentales.
En
esa ocasión se indicó explícitamente que “la hoja de vida cumple un papel
de importancia especial en la valoración que corresponde efectuar al juez
contencioso administrativo en materia del ejercicio de las facultades
discrecionales por la Administración”. Lo anterior, ya que la
proporcionalidad y razonabilidad del acto discrecional no pueden ser evaluadas
en abstracto, y deben estar atadas a elementos objetivos de juicio, como las
hojas de vida, las evaluaciones de desempeño o los registros de los agentes.
Por tanto la Subsección B encontró que el acto de retiro era incoherente e
incongruente con el fin de la medida discrecional; esto es, el mejoramiento
del servicio.
62.
Esta otra postura, si se quiere sustancial, fue posteriormente reiterada[220],
en pronunciamientos que establecieron como ratio decidendi que si bien los
actos discrecionales de retiro no debían ser motivados, los mismos sí debían
estar sustentados en motivos ciertos y objetivos, que el juez podía comprobar a
través de la apreciación, por ejemplo, de la hoja de vida, de las evaluaciones
de desempeño o de los antecedentes del agente retirado. De lo anterior, da
cuenta la sentencia del 3 de agosto de 2006, la Subsección B de la Sección
Segunda[221]
cuando señala que:
“…el poder
discrecional no es un atributo omnímodo que le permita a las autoridades actuar
soberanamente, puesto que no obstante que emana del privilegio que ostenta la
administración de hacer efectivos los principios de ejecutoriedad y
ejecutividad de sus decisiones, la autoridad debe tener presente que los
poderes estatales no son un fin en sí mismo sino un medio al servicio de la
sociedad y que sus decisiones surgen de la ordenación de unos hechos para
lograr llegar a una finalidad.
Cabe
destacar, que el artículo 36 del C.C.A., consagra la regla general de la
discrecionalidad y señala la proporcionalidad entre los hechos que le sirven de
causa, que no es otra cosa que la acción del hecho causal sobre el efecto
jurídico, la medida o razón que objetivamente debe existir entre la realidad de
hecho y el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la
decisión.
En armonía
con las afirmaciones anotadas, la presunción de legalidad que ostenta la
generalidad de los actos discrecionales, se mantiene intacta ante la sede
jurisdiccional en tanto la decisión esté precedida de supuestos de hecho
reales, objetivos y ciertos, haciendo de esta forma operante el postulado
consagrado en el artículo 36 del C.C.A.
No se
trata de exigir la motivación del acto sino la justificación de los motivos,
la primera es un aspecto formal propio de algunas decisiones que implica la
expresión en el texto del acto de las razones de su expedición, la segunda es
un elemento de su entraña, de su esencia y formación, por ende, es la parte
sustancial del acto.”
63.
Siguiendo esa tesis, que hoy por hoy es mayoritaria en el Consejo de Estado[222],
es claro que al controlar la legalidad de los actos de retiro, se hace
indispensable que el juez verifique por sí mismo todos los documentos que el
afectado aporte o solicite a fin de demostrar la ilegalidad de su retiro[223].
64.
De todo lo precedente, se puede concluir entonces que la mayoría de los pronunciamientos
del Consejo de Estado expresan que los actos de retiro no son susceptibles de
motivación. Sin embargo, los mismos deben ser expedidos cumpliendo las
exigencias legales y constitucionales respectivas, de las cuales la principal
es la verificación del concepto previo emitido por el Comité de Evaluación
correspondiente.
Frente
a la forma de hacer esa verificación, inicialmente, ese Tribunal se inscribió
en una postura que podríamos llamar formalista, la cual
establecía que, al ser esa la única exigencia legal, bastaba con que se
demostrara tal concepto para que el juez administrativo entendiera que el acto
era legal.
Posteriormente,
tal postura varió hacia una, si se quiere sustancial, que predica
que si bien los actos de los Comités de Evaluación no son enjuiciables ante la
jurisdicción contenciosa, pueden ser valorados por el juez para determinar la
legalidad de los actos. Ello implica que se confronten las hojas de vida de los
agentes, las evaluaciones de desempeño, las pruebas relevantes y los demás
documentos que permitan esclarecer si hubo o no motivos para el retiro. Tal
postura es actualmente la mayoritaria.
Motivo de unificación: el estándar de motivación de los actos de retiro
discrecional de los miembros activos de la Policía Nacional en ejercicio de la
facultad discrecional, es mínimo pero plenamente exigible
65.
De todo lo expuesto hasta el momento, puede concluirse que, si bien en
principio no existió una posición unificada entre la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado en torno a la motivación de los actos administrativos, los
estándares de los dos altos Tribunales hoy en día son sustancialmente
similares.
Lo
anterior, debido a que ambos entienden que la facultad discrecional debe estar
encaminada a cumplir proporcionalmente el fin propuesto, el mejoramiento del
servicio, por lo cual la Administración debe tener razones ciertas y
objetivas que le permitan ejercerla y tales razones deben ser conocidas por el
afectado.
66.
Esa interpretación que es la que han aplicado de forma mayoritaria los
operadores jurídicos, no es la única, lo cual hace necesaria la intervención de
los órganos de unificación de jurisprudencia, a fin de proteger el principio de
igualdad y la coherencia del sistema jurídico, tal y como se explicó en
acápites atrás.
Por
ello, conjugando las tesis señaladas, la Sala Plena de esta Corporación, en
ejercicio de tal función unificadora, pasa a proponer el estándar mínimo de
motivación para que, en todo caso, prevalezca la interpretación que más se
acompasa con los postulados del Estado Social de Derecho, el principio de
legalidad y el respeto por los derechos fundamentales de los policías:
i.
Se admite que los actos administrativos
de retiro discrecional de la Policía Nacional no necesariamente deben motivarse
en el sentido de relatar las razones en el cuerpo del acto como tal. Pero, en
todo caso, sí es exigible que estén sustentados en razones objetivas y hechos
ciertos. En este sentido, el estándar de motivación justificante es plenamente
exigible.
ii.
La motivación se fundamenta en el
concepto previo que emiten las juntas asesoras o los comités de evaluación, el
cual debe ser suficiente y razonado.
iii.  El acto de retiro debe cumplir los requisitos de
proporcionalidad y razonabilidad, que se expresan en la concordancia y
coherencia entre acto discrecional y la finalidad perseguida por la
Institución; esto es, el mejoramiento del servicio.
iv.  El concepto emitido por las juntas asesoras o los
comités de evaluación, no debe estar precedido de un procedimiento
administrativo, lo anterior, debido a que ello desvirtuaría la facultad
discrecional que legalmente está instituida para la Policía Nacional, en razón
de función constitucional[224].
No obstante lo anterior, la expedición de ese concepto previo sí debe estar
soportado en unas diligencias exigibles a los entes evaluadores, como por
ejemplo el levantamiento de actas o informes, que deberán ponerse a disposición
del afectado, una vez se produzca el acto administrativo de retiro, y las
cuales servirán de base para evaluar si el retiro se fundó en la
discrecionalidad o en la arbitrariedad.
v.     El afectado debe conocer las razones objetivas y los
hechos ciertos que dieron lugar a la recomendación por parte del comité de
evaluación o de la junta asesora, una vez se expida el acto administrativo de
retiro. Por lo tanto, en las actas o informes de evaluación debe quedar
constancia de la realización del examen de fondo, completo y preciso que se
efectuó al recomendado. En tal examen se debe analizar, entre otros, las hojas
de vida, las evaluaciones de desempeño y toda la información adicional
pertinente de los policiales.
vi.  Si los documentos en los cuales se basa la
recomendación de retiro del policía, tienen carácter reservado, los mismos
conservaran tal reserva, pero deben ser puestos en conocimiento del afectado.
El carácter reservado de tales documentos se mantendrá, mientras el acto
administrativo permanezca vigente.
vii.
Si bien los informes o actas expedidos
por los comités de evaluación o por las juntas asesoras no son enjuiciables
ante la jurisdicción contenciosa, deben ser valorados por el juez para
determinar la legalidad de los actos. Ello implica que se confronten las hojas
de vida de los agentes, las evaluaciones de desempeño, las pruebas relevantes y
los demás documentos que permitan esclarecer si hubo o no motivos para el
retiro.
De esa manera, en caso de que los jueces de instancia
ordinarios o constitucionales constaten la ausencia de motivación del acto de
retiro, deben considerar la jurisprudencia de la Corte Constitucional para
efectos de i) ordenar los eventuales reintegros a que tengan derecho los
demandantes, y ii) determinar los límites a las indemnizaciones que les serán
reconocidas. Específicamente deben observar la Sentencia SU-556 de 2014,
como quiera que debe aplicarse el principio de igualdad entre los servidores públicos
que han sido desvinculados de sus cargos en contravía de la Constitución.
Establecido lo anterior, pasa la
Sala a dar solución a los casos objeto de revisión.
Casos concretos
67. Con el fin de
darle mayor claridad al alcance de los criterios antes mencionados y en
atención al tema central comprometido en cada acción de tutela, la Corporación
expondrá en dos grupos la solución de los casos concretos. En primer
término, (a) el grupo de tutelas contra providencias judiciales, que
plantean cuestiones relacionados con la motivación de los actos administrativos
de retiro de empleados públicos, vinculados a cargos de carrera en
provisionalidad, las cuales se muestran en el siguiente cuadro enunciativo:
No.
Expediente
Accionante
Demandados
Entidades
vinculadas
1
T - 3358972
María Ángela
Hernández Ramos
Sala de Decisión Nº
3 del Tribunal Administrativo de Bolívar
Gobernación de
Bolívar
2
T - 3364912
Andrés Fernando
Jiménez Oviedo
Tribunal
Administrativo de Santander y Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado
Contraloría
Municipal de Barrancabermeja
3
T - 3364925
Carlos Arturo
Castro Gómez
Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión de Bogotá y Subsección C  de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Fiscalía General de
la Nación
4
T - 3430788
Jorge Luís Rhenals
Ayala
Tribunal
Administrativo de Bolívar
Fiscalía General de
la Nación
5
T- 3430821
Rubén Darío
Arciniegas Calderón
Subsección B
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Fiscalía General de
la Nación
6
T– 3431941
William Argumedo
Doria
Juzgado Trece
Administrativo de Bolívar y Tribunal Administrativo de Bolívar
Fiscalía General de
la Nación
Luís Carlos Gómez
Santa
Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado
Fiscalía General de
la Nación
Hernando Enrique
Pimienta Rengifo
Tribunal
Administrativo de Bolívar y Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
Fiscalía General de
la Nación
Francisco Jesús del
Risco Duarte
Tribunal
Administrativo de Bolívar y Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
Fiscalía General de
la Nación
Amanda Rengifo
Osorio
Tribunal
Administrativo del Valle y Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la Judicatura de Cali
Roberto Antonio
Bermúdez Martínez
Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Fiscalía General de
la Nación
7
T - 3439695
Diego Zamora
Subsección B de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Superintendencia de
Economía Solidaria
8
T– 3439717
Hernán Cruz Henao
Subsección Segunda
del Consejo de Estado
Fiscalía General de
la Nación
9
T– 3439745
Javier Alfonso
Prins Vélez
Tribunal
Administrativo de Bolívar
Fiscalía General de
la Nación
10
T - 3439758
Alba Lucía Antía Londoño
Tribunal
Administrativo de Caldas
Fiscalía General de
la Nación
En segundo
término, (b) el conjunto de acciones de tutela contra sentencias
judiciales, concernientes a la facultad discrecional de retiro de miembros
activos de la Fuerza Pública, específicamente de la Policía Nacional, al cual
corresponden los siguientes asuntos:
1
T - 3439758
Jesús Arcesio Suaza Móvil
Tribunal
Administrativo de Chocó
Policía Nacional
Mauricio Alonso Sierra Reina
Tribunal
Administrativo de Bolívar
Policía Nacional
(a) Acciones de tutela
contra providencias judiciales, relacionadas con la motivación de los actos
administrativos de retiro de empleados públicos, vinculados a cargos de carrera
en provisionalidad.
68. La Sala procederá
analizar en primer lugar si se configuran las causales generales y específicas
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en los casos relacionados con la insubsistencia de personas vinculadas en
provisionalidad en cargos de carrera administrativa (15 en total) y, por
último, en los asuntos que conciernen al retiro del servicio activo por
facultad discrecional a miembros de la Policía Nacional (2 en total).
69. Conforme a los lineamientos de la
jurisprudencia constitucional respecto a la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias judiciales, es evidente que todos los asuntos objeto de
revisión, contienen una marcada relevancia constitucional en razón de
que se involucra una aparente afectación del derecho al debido proceso,
derivado del desconocimiento por parte de los operadores judiciales, de la
jurisprudencia constitucional sobre la necesidad de motivación de los actos
administrativos de desvinculación de servidores públicos que ocupan cargos de
carrera en provisionalidad, situación que como se ha dicho desconoce el derecho
a la igualdad y al principio de seguridad jurídica.
70.
En todos los expedientes revisados los accionantes agotaron los medios de
defensa judiciales que tenían al alcance para la protección de sus
derechos, cumpliendo así con el deber de desplegar todos los
mecanismos ordinarios que el sistema jurídico les otorgaba para la defensa de
los mismos.
Es importante precisar que en los expedientes T-3439717 (Hernán Cruz
Henao) y T-3439758 (Alba Lucía Antia Londoño),  si fueron presentados los
recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia, pero éstos
fueron negados por improcedentes, por cuanto a la fecha de su interposición se
encontraba vigente la Ley 954 de 2005, que determinaba que los procesos cuya
cuantía sea hasta de 100 salarios mínimos legales mensuales vigente, eran de
única instancia.
71. En lo que concierne al
requisito de inmediatez, la acción de tutela resulta procedente en algunos
de los casos referidos, pues las acciones de tutela se presentaron en un tiempo
razonable y proporcional, dada la complejidad de los asuntos, al tratarse de
una tutela contra una sentencia de una alta Corte, lo cual exige un mayor grado
de argumentación. Lo anterior se ilustra en el siguiente cuadro enunciativo:
Expediente
Accionante
Última actuación en la Jurisdicción Contencioso
Administrativa
Fecha de interposición de la acción de tutela
Tiempo trascurrido
T - 3358972
María Ángela Hernández Ramos
15 de abril de 2011
8 de junio de 2011
1 mes y 24 días
T-3364912
Andrés Fernando Jiménez Oviedo
18 de febrero de 2011
8 de junio de 2011
3 meses y 21 días
T - 3364925
Carlos Arturo Castro Gómez
2 de diciembre de 2010
9 de mayo de 2011
5 meses y 7 días
T - 3430788
Jorge Luís Rhenals Ayala
17 de febrero de 2011
22 de marzo de 2011
1 mes y 5 días
T-3430821
Rubén Darío Arciniegas Calderón
27 de mayo de 2010
19 de noviembre de 2010
6 meses y 24 días
T– 3431941
William Argumedo Doria
16 de septiembre de 2010
8 de octubre de 2010
22 días
Luís Carlos Gómez Santa
20 de enero de 2011
23 de marzo de 2011
2 meses y 3 días
Roberto Antonio Bermúdez
Martínez
2 de diciembre de 2010
24 de febrero de 2011
2 meses y 22 días
T - 3439695
Diego Zamora
2 de diciembre de 2010
17 de marzo de 2011
3 meses y 15 días
T– 3439717
Hernán Cruz Henao
23 de febrero de 2011
5 de mayo de 2011
2 meses y 12 días
T– 3439745
Javier Alfonso Prins Vélez
15 de julio de 2011
11 de enero de 2012
5 meses y 27 días
72. Otros casos donde se presentan amplios períodos de
inactividad, justificaron el ejercicio de la acción con posterioridad, sobre la
base de las consideraciones de la sentencia de unificación SU-917 del 16 de
noviembre de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
La Corte Constitucional, en la referida providencia,
reiteró y unificó las diversas líneas jurisprudenciales que, a lo largo de los
años, se venían  construyendo, en relación con:
(i) la falta de motivación del acto administrativo de
desvinculación de funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de
carrera; (ii) la discrecionalidad relativa y la excepción de motivación de
actos administrativos; (iii) el vicio de nulidad por falta de motivación de los
actos de retiro de cargos en provisionalidad; (iv) la procedencia de la acción
de tutela contra providenciales judiciales que desconocen el inexcusable deber
de motivar los actos administrativos de retiro de servidores públicos nombrados
en provisionalidad; (v) la jurisprudencia del Consejo de Estado y su abierta
incompatibilidad con la Constitución y jurisprudencia de la Corte en materia de
ausencia de motivación de los mencionados actos administrativos; y (vi) los
diversos mecanismos de protección judicial.
En tal sentido, el cumplimiento del requisito de
inmediatez, para quienes, no habían acudido a la acción de tutela, debe
contabilizarse a partir de la fecha en la que se profirió la sentencia SU-917
de 2010, como pasa a verse a continuación:
Expediente
Accionante
Fecha en la que se profirió la Sentencia SU-917 de 2010
Fecha interposición de la acción de tutela
Tiempo trascurrido
T-3431941
Amanda Rengifo Osorio
16 de noviembre de 2010
17 de enero de 2011
2 meses 1 día
Hernando Enrique Pimienta Rengifo
22 de marzo de 2011
4 meses 6 días
Francisco Jesús del Risco Duarte
10 de marzo de 2011
3 meses 22 días
T - 3439758
Alba Lucía Antía Londoño
1º de abril de 2011
4 meses 15 días
En síntesis,
en los casos (15 en total) relacionados con la insubsistencia de
provisionales que ocupan cargos de carrera administrativa, las peticiones
cumplen con el requisito de la inmediatez.
73. En
razón a que los asuntos sometidos al análisis de la Corte se refieren al
desconocimiento del precedente sobre la motivación de los actos administrativos
de insubsistencia, el requisito relacionado con la irregularidad procesal no es
aplicable aunque el asunto de fondo sí cubre un tema relativo al debido proceso
administrativo.
74. En
todos los casos los actores identificaron de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos invocados. Además,
plantearon el fundamento de la violación de los derechos que imputan a las
decisiones judiciales, al haber sido proferidas en contravía de la posición
jurisprudencial de la Corte Constitucional.
75. Además
tampoco se trata de sentencias de tutela, por cuanto las providencias
cuestionadas fueron proferidas por los Juzgados Administrativos, los Tribunales
Contenciosos Administrativos y por el Consejo de Estado, en el curso de los
procesos judiciales iniciados por los actores para obtener la nulidad de los
actos de insubsistencia.
76. Por todo
lo anterior, la Sala Plena encuentra que las acciones de tutela son procedentes,
y en esa medida, pasará a verificar si se configuran las causales específicas
alegadas, esto es, el desconocimiento del precedente judicial.
Las
sentencias proferidas incurren en la causal específica de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales por desconocimiento del precedente de la
Corte Constitucional
77. De
conformidad con los hechos, la Sala reitera lo tantas
veces sostenido por la Corte Constitucional, en el sentido de que los actos de retiro de los funcionarios que ejercen un cargo de
carrera en provisionalidad deben ser motivados, toda
vez que dicha motivación posibilita el ejercicio del derecho a la defensa,
lo cual evita la arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas. De
esa manera, desconocer tal deber conlleva una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, y a
la garantía de los principios de legalidad y publicidad instituidos en la Carta
Política.
78. A partir de ello, los jueces tienen el deber de aplicar el
precedente sentado por los órganos encargados de unificar la jurisprudencia. No obstante, si pretenden apartarse del precedente constitucional en materia de motivación
de los actos de desvinculación de cargos de carrera provistos en
provisionalidad, deben cumplir con una carga estricta de argumentación, como ya
se mencionó, donde los argumentos no pueden citar la existencia de una línea de
jurisprudencia distinta, establecida por los órganos de cierre de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues dicho fundamento desvirtúa
la posición reiterada y establecida por la Corte Constitucional en su condición
de intérprete autorizado de la Carta Política, ni discute la postura
constitucional ligada al debido proceso y a la prevalencia del derecho
sustancial.
79. En
consecuencia, las decisiones proferidas dentro de los procesos contenciosos
administrativos en los que se aplicó una regla diferente frente a los actos de
retiro de los funcionarios en provisionalidad, incurren en una de las causales
específicas de procedencia de la acción contra providencia judicial,
específicamente en el desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional.
En esa
medida, en los asuntos en los cuales la decisión adoptada en el curso de los
procesos contencioso administrativos ha vulnerado los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la justicia de
los peticionario, la acción de tutela resulta procedente para asegurar su
protección efectiva.
80. Es
importante en este punto realizar una aclaración sobre el precedente
jurisprudencial que debieron aplicar los operadores judiciales en los procesos
contenciosos administrativos.  De esa manera, en los asuntos en los cuales la
sentencia dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
se profirió con anterioridad a la providencia SU-917 del 16 de noviembre de
2010, se tendrá en cuenta como precedente judicial desconocido, la sólida
línea jurisprudencial consolidada en las siguientes sentencias de la Corte
Constitucional:
SU-250 de
1998, T-683 de 1998, T-800 de 1998, T-884 de 2002, T-610 de 2003, T-752 de
2003, T-1011 de 2003, T-597 de 2004, T-951 de 2004, T-1206 de 2004, T-1240 de
2004, T-031 de 2005, T-054 de 2005, T-123 de 2005, T-132 de 2005, T-161 de
2005, T-222 de 2005, T-267 de 2005, T-374 de 2005, T-392 de 2005, T-454 de
2005, T-648 de 2005, T-660 de 2005, T-696 de 2005, T-752 de 2005, T-804 de 2005,
T-1059 de 2005, T-1117 de 2005, T-1159 de 2005, T-1162 de 2005, T-1248 de 2005,
T-1258 de 2005, T-1310 de 2005, T-1316 de 2005, T-1323 de 2005, T-024 de 2006,
T-070 de 2006, T-081 de 2006, T-156 de 2006, T-170 de 2006, T-222 de 2006,
T-254 de 2006, T-257 de 2006, T-432 de 2006, T-519 de 2006, T-634 de 2006,
T-653 de 2006, T-873 de 2006, T-974 de 2006, T-1023 de 2006, T-064 de 2007,
T-132 de 2007, T-245 de 2007, T-384 de 2007, T-410 de 2007, T-451 de 2007,
T-464 de 2007, T-729 de 2007, T-793 de 2007, T-838 de 2007, T-857 de 2007,
T-887 de 2007, T-1092 de 2007, T-007 de 2008, T-010 de 2008, T-157 de 2008,
T-270 de 2008, T-308 de 2008, T-341 de 2008, T-356 de 2008, T-437 de 2008,
T-580 de 2008, T-891 de 2008, T-1022 de 2008, T-1112 de 2008, T-1256 de 2008, T-011
de 2009, T-023 de 2009, T-048 de 2009, T-087 de 2009, T-104 de 2009, T-108 de
2009, T-109 de 2009, T-186 de 2009, T-188 de 2009, T-205 de 2009, T-251 de
2009, T-269 de 2009 y T-736 de 2009.
81. En la
parte que sigue, la Sala Plena considera pertinente, referirse en mayor detalle
a algunos asuntos particulares del grupo (a), debido a las particularidades
que presentan, pues en un asunto el acto de retiro fue motivado en un caso, y
en otro se discutió la naturaleza del cargo de ocupó el peticionario.
82. En el
expediente T-3364912, el señor Andrés Fernando Jiménez Oviedo presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por considerar que con las
sentencias proferidas por esas autoridades judiciales en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por él contra la
Contraloría Municipal de Barrancabermeja, se violaron sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Para el
peticionario la Resolución 5 del 12 de enero de 2001 mediante la cual la
Contraloría Municipal de Barrancabermeja declaró su insubsistencia, contenía
motivaciones que no se encontraban ajustadas a derecho.
83. Para la
Sala es evidente que el acto administrativo atacado cuenta con motivación, es
decir, explica de manera clara, detallada y precisa cuáles son las razones por
las cuales se prescindió de los servicios del servidor desvinculado. Es así
como la resolución contiene las siguientes razones:
“Que, cumpliendo con la regla tres del
Artículo 39 ibídem, debe ordenarse la incorporación del señor VICTOR HUGO
FLÓREZ SALAZAR continuando con los desarrollos de carrera que ostentaba en el
momento se la supresión de su empleo y le será actualizada su inscripción en la
carrera.
Que, habiéndose definido la situación
administrativa del señor VICTOR HUGO FLÓREZ SALAZAR, cesan los efectos de la
provisionalidad del cargo que venía desempeñando el señor ANDRÉS FERNANDO JIMÉNEZ
OVIEDO”[225].
84. Además, tal
y como quedó expuesto en el proceso Contencioso Administrativo, no se configuró
la causal de nulidad invocada por falsa motivación, pues el fundamento fáctico
del acto administrativo de retiro no riñe con la verdad, dado que el cargo
debía ser provisto por la persona que ostentaba los derechos de carrera
administrativa.
85. A partir
de ello, la Sala modificará la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2011,
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el sentido de negar, por las
razones expuestas en esta providencia, la tutela presentada por el señor Andrés
Fernando Jiménez Oviedo.
86. De otra
parte, el señor Hernando Enrique Pimienta Rengifo señaló que mediante
Resolución 01276 del 24 de noviembre de 1993[226]
fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Investigador Judicial II,
asignado a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial
de Cartagena de la Fiscalía General de la Nación, hasta que mediante Resolución
0712 del 31 de marzo de 1997[227]
fue declarado insubsistente sin motivación.
Contra la Resolución 0712, el
accionante formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El caso
fue conocido en primera instancia por la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que en sentencia del 30 de marzo de 2001[228],
no accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que “las causales
alegadas de Falsa Motivación y desviación de poder no prosperarán porque los
testimonios no conducen a probar los hechos acaecidos el día 8 de marzo de 1997
y que éstos hayan producido la insubsistencia del actor”[229].
Interpuesto recurso de
apelación por el demandante, fue resuelto por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que en sentencia del 5 de junio de 2003[230],
decidió confirmar la decisión de primera
instancia, pero bajo la consideración de que el empleo que ocupaba el
accionante al momento en que fue declarado insubsistente no pertenecía al
régimen de carrera, puesto que la Ley 116 de febrero 9 de 1994, que
modifica, entre otros, el artículo 66 del Decreto 2699 de 1991, establece que
los empleados del Cuerpo Técnico de Investigación a nivel nacional, regional y
seccional serán catalogados como personal de libre nombramiento y remoción. En
consecuencia, sobre el accionante podía ejercerse válidamente la facultad
discrecional.
87. Sobre
este punto, es importante precisar que para la fecha en que el actor ingresó a
laborar en la Fiscalía General de la Nación, en el cargo de Investigador
Judicial, se encontraba vigente el artículo 66 del Decreto 2699 de 1991[231],
que señalaba:
“Son de
libre nombramiento y remoción los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado
Asistente y sus equivalentes; los cargos de los Despachos de Magistrados
enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y
Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas
Corporaciones; los cargos de los Despachos de los Magistrados de los
Tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General,
Directores Nacionales; Directores Regionales y Seccionales, los empleados del
Despacho de Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaría General, y los de
Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren
confirmación.”
88. Sin
embargo, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró
que para la fecha en que el peticionario fue desvinculado, es decir el 31 de
marzo de 1997, se encontraba vigente el artículo 66 de la Ley 116 de 1994, que
indicaba:
“Los empleos de la fiscalía se clasifican, según su naturaleza y forma
como deben ser provistos; en de libre nombramiento y remoción y de carrera. Son
de libre nombramiento y remoción, las personas que desempeñan los empleos de:
1. Vicefiscal General de la Nación.
2. Secretario General.
3. Jefes de Oficina de la Fiscalía General.
4. Directores Nacionales y jefes de División de la Fiscalía General.
5. Director de escuela.
6. Directores regionales y seccionales.
7. Los empleados del despacho del fiscal general, del Vicefiscal y de
la Secretaría General.
8. Los fiscales y funcionarios de las fiscalías regionales.
9. Los empleados del Cuerpo Técnico de Investigación a nivel nacional,
regional y seccional.
Los demás cargos serán de carrera y deberán proveerse mediante el
sistema de méritos.”
89. Con
fundamento en lo anterior, se observa que para la fecha en que el actor ingresó
a laborar en la Fiscalía General de la Nación, el cargo que ocupaba en
provisionalidad pertenecía al régimen de carrera administrativa, pero para la
época en que fue desvinculado, el cargo de los empleados del
Cuerpo Técnico de Investigación a nivel nacional, regional y seccional, era de
libre nombramiento y remoción. Ahora, pese al cambio de la naturaleza jurídica
del empleo, la ley no previó una regla normativa que regule la situación, por
lo que el juez debió interpretar y resolver la situación conforme a la
Constitución.
En ese orden
de ideas, con base en el derecho de estabilidad laboral del empleo y siguiendo
la regla general de vinculación en cargos de carrera (art. 125 C.P), para la
Sala no es de recibo el argumento esgrimido por el Juez Contencioso
Administrativo, pues el peticionario al momento de ingresar a la Fiscalía
General ocupó en provisionalidad un cargo de carrera y su desvinculación debía
realizarse conforme a los parámetros previstos para dicho cargo, es decir
conforme a las reglas de la motivación.
90. A partir
de ello, la Sala revocará la sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado y el fallo dictado por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado el 28 de abril de 2011, en sede de
tutela, y en  su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad.
91. Abordado el tema entorno a
la verificación del cumplimiento de los requisitos generales y el
desconocimiento del precedente en los asuntos referentes a la motivación de los
actos administrativos de retiro de empleados públicos, vinculados a cargos de
carrera en provisionalidad, la Sala Plena pasará a referirse al grupo (b)
de acciones de tutela  concernientes a la facultad discrecional de retiro de
miembros activos de la Fuerza Pública, específicamente de la Policía Nacional.
(b) Acciones de
tutela contra providencias judiciales, relacionadas con la facultad
discrecional de retiro de miembros activos de la Fuerza Pública,
específicamente de la Policía Nacional.
1
T - 3439758
Jesús Arcesio Suaza Móvil
Tribunal
Administrativo de Chocó
Policía Nacional
Mauricio Alonso Sierra Reina
Tribunal
Administrativo de Bolívar
Policía Nacional
92.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa que el
presente asunto es de relevancia constitucional, en tanto versa sobre el
ejercicio de la facultad discrecional de la administración, sus límites dentro
del Estado Social de Derecho y el alcance que tiene, en especial, frente a la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo
vital y al debido proceso de los accionantes, generada por las decisiones proferidas
por las autoridades contencioso administrativas, acusadas de incurrir en
desconocimiento del precedente.
93.
Los peticionarios utilizaron todos los medios de defensa ordinarios que
tuvo a su alcance, pues como se relató, controvirtieron los actos
administrativos por vía contenciosa administrativa ante los jueces naturales,
proponiendo todos los recursos ordinarios a su alcance.
94.
La Sala encuentra que se cumple el requisito de inmediatez entre las
actuaciones, lo que excluye cualquier apariencia de desinterés por parte de los
actores:
Expediente
Accionante
Última actuación en la Jurisdicción Contencioso
Administrativa
Fecha interposición de la acción de tutela
Tiempo trascurrido
T - 3439758
Jesús Arcesio Suaza Móvil
31 de marzo de 2011
El 27 de mayo de 2011
1 mes y 27 días
Mauricio Alonso Sierra Reina
3 de febrero de 2011
El 15 de julio de 2011
5 meses y 12 días
95.
Los accionantes en los escritos de tutela identificaron de manera razonable
los hechos que consideraron violatorios de sus derechos fundamentales.
Explicaron los argumentos por los cuales encontraron que los operadores
judiciales incurrieron en desconocimiento del precedente.
96.
Evidentemente no se trata de una irregularidad procesal, ni de una acción de
tutela contra sentencia de esa misma naturaleza, por lo cual se superan todos
los requisitos generales de procedencia.
Por
todo lo anterior, la Sala Plena de esta Corporación encuentra que estas
acciones de tutela son procedentes, en esa medida, pasará a verificar si se
configura la causal específica alegada; esto es, el desconocimiento del
precedente judicial
Configuración del desconocimiento de precedente
97.
Esta Sala identifica que existían sentencias anteriores que abordaron problemas
jurídicos similares al ahora analizado, frente a supuestos fácticos
equiparables. Por tanto, sí existían precedentes aplicables al caso concreto[232], de los cuales se
pudieron extraer las reglas aplicables para la evaluación de los retiros
discrecionales de miembros de la Policía Nacional, precisadas en el fundamento
jurídico 36 a 38 de esta providencia.
98. En el caso del señor Jesús
Arcesio Suaza Móvil contra el Tribunal Administrativo del Chocó, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Chocó, sí respetó el precedente sentado por la
Corte Constitucional, tanto así que en sentencia del 5 de febrero de 2008
amparó transitoriamente los derechos del actor, suspendió los efectos jurídicos
del Decreto 1041 de 5 de abril de 2006, y ordenó reintegrarlo al cargo que
ejercía. Esa decisión fue acatada por la Policía Nacional mediante Resolución
680 de 4 de marzo de 2008.
Por su parte, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante providencia del 26
de julio de 2010, el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó accedió a las
súplicas de la demanda “dado que existe providencia ejecutoriada del Juez Constitucional
en la que se concluye que al demandante le fue vulnerado su derecho fundamental
al debido proceso”. Por esas razones, declaró la nulidad del Decreto 1041
del 5 de abril de 2006, y ordenó dejar en firme la Resolución 680 del 4 de
marzo de 2008, mediante la cual el demandante había sido reintegrado, como
consecuencia de la orden de tutela proferida por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Chocó.
Sin embargo, mediante providencia
del 31 de marzo de 2011, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó,
revocó la sentencia del a quo, al considerar que el Ministro de Defensa
Nacional está facultado por la Ley 857 de 2003 para retirar discrecionalmente,
el personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional en servicio
activo, sin que se requiera explicitar los motivos, debido a que las decisiones
en tal sentido se encuentran amparadas de la presunción de legalidad.
99. Por su parte, en el caso del señor Mauricio
Alonso Sierra Reina, en sentencia del 28 de junio de 2011, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Ibagué accedió a las súplicas de la demanda, y ordenó
reintegrar al demandante al cargo que ejercía al momento de su retiro, con el
pago de los salarios dejados de percibir.
Para tal efecto, consideró que con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 857 de 2003, es
procedente el retiro del servicio, siempre y cuando exista recomendación previa
de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa de la Policía Nacional. Advirtió
que el ejercicio de la facultad discrecional, debe estar precedido no solamente
por la ocurrencia de la recomendación previa, sino que es imperioso que existan
razones del servicio que justifiquen la decisión adoptada, evitando con ello
que se configure el vicio de desviación de poder.
Agregó que no se observó “como pudo
evaluarse el comportamiento laboral del demandante en la institución demandada
al momento de tomar la decisión, sin contar con el soporte documental de la
hoja de vida; la buena disposición laboral del demandante durante el período
previo a su desvinculación, observada a partir de la falta de antecedentes
disciplinarios del demandante como se ha estudiado en esta providencia… el
hecho de que el director antisecuestro y antiextorsión de la Policía Nacional
de Colombia, 5 días antes de expedirse el acto demandado, tenga al demandante
como uno de sus mejores hombres”[233].
100. La Policía Nacional
interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. Luego, mediante
providencia del 3 de febrero de 2011[234],
el Tribunal Administrativo del Tolima revocó la sentencia de primera instancia
y absolvió a la entidad demandada. Para tal efecto, indicó que no existe
ninguna disposición que condicione el concepto de la Junta Asesora del
Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, a la previa evaluación de la
hoja de vida del oficial.
Agregó que el ejercicio de la
facultad discrecional no requiere explicar los propósitos que animan el acto
que la materializa, lo cual guarda relación con la insubsistencia de los
empleados públicos de libre nombramiento y remoción, donde también se encuentra
la expresión de voluntad del nominador, en aras del buen servicio.
101.
Conforme a lo anterior, pasa esta Sala a verificar sí en los casos concretos,
se cumplió el estándar de motivación propuesto en el fundamento 66 de esta
providencia (motivo de unificación), como a continuación se muestra:
·
Se admite que los actos
administrativos discrecionales no necesariamente estén motivados, en el sentido
de relatar las razones en el cuerpo del acto como tal. Pero sí es exigible que
estén sustentados en razones objetivas y hechos ciertos.
En
este caso, en los Decretos 1041 del 5 de abril de 2006 (Jesús Arcesio
Suaza Móvil) y 82 del 17 de enero de 2007 (Mauricio Alonso Sierra Reina), por
los cuales se ordenó su retiro, no se motivaron,
pues dichos actos administrativos sólo hicieron referencia a las normas que
confieren la potestad discrecional del Gobierno Nacional para apartar del cargo
a miembros de la Policía. Lo anterior pudo ser admisible si el Gobierno hubiera
expuesto las razones objetivas y/o los hechos ciertos en los que sustentó tales
decisiones. Sin embargo, esa situación no ocurrió, por lo cual se incumplió
este parámetro[235].
·
La motivación se fundamenta en el
concepto previo que emiten las juntas asesoras y los comités de evaluación, el
cual debe ser suficiente y razonado.
102.
En los asuntos correspondientes se extrae que las entidades judiciales
accionadas no evaluaron si existía motivación en las actas emitidas por el
comité de evaluación y la junta asesora respecto de este caso, ya que sólo se
limitaron a verificar la existencia formal del concepto previo, con lo cual se
incumple este ítem.
·
El acto de retiro debe cumplir los
requisitos de proporcionalidad y razonabilidad, que se expresan en la
concordancia y coherencia entre el acto discrecional y la finalidad perseguida
por la Institución; esto es el mejoramiento del servicio.
103.
Frente a este punto, para esta Sala es claro que la Policía Nacional no logró
demostrar en la actuación administrativa, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho ni en la acción de tutela, que el retiro de los
señores Suaza Móvil y Sierra Reina obedeció a razones objetivas como el mejoramiento
del servicio.
104.
Si bien es claro que existe una presunción que, prima facie, permite
aceptar que el retiro obedece a tal motivo, no es posible, en este caso,
aplicar tal presunción, debido a que se cuestionó la incoherencia entre el
retiro y el buen desempeño de los accionantes. Lo anterior, aunado a que la
Policía no presentó razones adicionales que permitieran avalar la separación
del cargo de los actores, conduce a establecer que también se incumplió esta
regla.
·
El concepto emitido por las juntas
asesoras o los comités de evaluación, no debe estar precedido de un
procedimiento administrativo previo, lo anterior, debido a que ello
desvirtuaría la facultad discrecional que legalmente está instituida para la
Policía Nacional, en razón de función constitucional[236]. No
obstante lo anterior, la expedición de ese concepto previo sí debe estar
soportado en unas diligencias exigibles a los entes evaluadores, como por
ejemplo el levantamiento de actas o informes, que deberán ponerse a disposición
del afectado, una vez se produzca el acto administrativo de retiro, y las
cuales servirán de base para evaluar si el retiro se fundó en la
discrecionalidad o en la arbitrariedad.
105.
Los accionantes intentaron acceder a las
actas o informes que el comité de evaluación emitió en su caso, para conocer
las razones por las cuales fue retirado del servicio. Sin embargo, esas actas
no le fueron entregadas. En consecuencia, este punto también se incumple.
·
El afectado debe conocer las
razones objetivas y los hechos ciertos que dieron lugar a la recomendación por
parte del comité de evaluación y/o de la junta asesora, una vez se expide el
acto de retiro. Por lo tanto, en las actas de evaluación debe quedar constancia
de la realización del examen de fondo, completo y preciso que se efectuó al
recomendado. En tal examen se debe analizar, entre otros, las hojas de vida,
las evaluaciones de desempeño y toda la información adicional pertinente de los
policiales.
106. Evidentemente los accionantes intentaron conocer
las razones objetivas y los hechos ciertos que dieron origen a su retiro, los
cuales no le fueron informados por la Policía. A pesar de todas las vías
recorridas (administrativas y judiciales), esta Sala advierte que los
peticionarios aún no han tenido conocimiento de los motivos de su retiro. Por
lo tanto, no es posible acreditar el cumplimiento de este parámetro.
·
Si los documentos en los cuales se
basa la recomendación de retiro del policía, tienen carácter reservado, los
mismos conservaran tal reserva, pero deben ser puestos en conocimiento del
afectado.
107.
En este caso no hubo alegatos referentes al carácter reservado de documentos,
por lo cual no se presentaron razones que cuestionaran esta exigencia en
particular.
·
Si bien los actos de los Comités
de Evaluación no son enjuiciables ante la jurisdicción contenciosa, pueden ser
valorados por el juez para determinar la legalidad de los actos. Ello implica
que se confronten las hojas de vida de los agentes, las evaluaciones de
desempeño, las pruebas relevantes y los demás documentos que permitan
esclarecer si hubo o no motivos para el retiro.
108.
Sobre este punto, si los alegatos de los peticionarios estaban dirigidos a
demostrar que no existía una real relación entre su destitución y los fines de
eficacia y eficiencia de la Policía Nacional, era imperioso que los entes
judiciales accionados confrontaran los motivos, las evaluaciones, la hoja de
vida y/o los demás documentos relevantes para despejar cualquier duda de
arbitrariedad. No obstante ni el Tribunal Administrativo del Chocó ni el Tribunal
Administrativo del Tolima efectuaron tal confrontación.
109.
Por todos los motivos hasta ahora expuestos, esta Sala concluye que
efectivamente se configuró la causal por desconocimiento del precedente
constitucional y judicial.
Decisiones
que adoptará la Sala Plena en los asuntos referidos
Asuntos
relacionados con la motivación de los actos administrativos de servidores
públicos que ocupan cargos en provisionalidad
110. Analizado lo anterior, queda
por explorar cuáles son las herramientas que tiene a su alcance el juez de
tutela para asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales
cuando se hayan vulnerado por una autoridad judicial y específicamente en los
casos asuntos bajo revisión.
(i) Medidas que el juez de
tutela puede adoptar cuando los jueces ordinarios desconocen el precedente
constitucional
111. Cuando la circunstancia
descrita se presenta en una decisión judicial, el juez de tutela debe adoptar
las medidas necesarias para la protección efectiva de los derechos vulnerados,
siempre y cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Para
ello se observan varias alternativas a las cuales podría acudir, dependiendo de
las circunstancias que plantee el caso.
- La primera se presenta cuando
ante la jurisdicción contencioso administrativa uno de los fallos de instancia es
conforme a la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional. En tal caso,
el juez de tutela debe dejar sin efecto la sentencia contraria al precedente y,
en su lugar, confirmar el fallo de instancia que es acorde al precedente
constitucional[237].
- La segunda se presenta cuando
no es posible dejar en firme ninguna decisión de instancia porque todas van en
contravía de la jurisprudencia constitucional. En tal caso corresponderá al
juez de tutela dejar sin efecto el fallo de última instancia y ordenar que se
dicte uno nuevo ajustado al precedente constitucional[238].
- Finalmente, la tercera alternativa
se configura cuando en oportunidades precedentes se ha ordenado dictar un nuevo
fallo pero el juez de instancia se niega a proferirlo o lo hace en contravía de
las reglas fijadas en la jurisprudencia constitucional. En estos casos el juez
de tutela debe tomar directamente las medidas necesarias, pudiendo incluso
dictar sentencia sustitutiva o de reemplazo, pues no quedaría alternativa
distinta para garantizar la real y efectiva protección de los derechos fundamentales
y con ello el derecho de acceso a la administración de justicia.
Análisis frente a los casos
objeto de revisión. Sentencia sustitutiva o de reemplazo
112. La Corte observa que en
varios de los asuntos objeto de examen, es posible acudir a la primera alternativa
descrita, por cuanto algunas de las decisiones de instancia acogieron los
precedentes de la jurisprudencia constitucional. De esa manera, debe dejar en
firme las providencias que declararon la nulidad de los actos y ordenaron el
restablecimiento de los derechos de los peticionarios.
113. Sin embargo, en los casos en
los cuales ninguna de las decisiones de instancia acató la jurisprudencia
constitucional, la Sala Plena encuentra que no es viable ordenar que se
profiera un nuevo fallo, sino que  la alternativa idónea consiste en dictar directamente
sentencia sustitutiva o de reemplazo, pues sólo de esta manera se ofrece un
recurso judicial rápido que asegure la protección efectiva de los derechos
fundamentales vulnerados[239].
Esta decisión contribuye con la celeridad de la administración de justicia, la
aplicación del principio de igualdad y la rápida eficacia de los derechos
fundamentales protegidos.
114. En efecto, y siguiendo los
lineamientos señalados en la sentencia SU-556 de 2014 y lo referido en
la presente providencia, en esos asuntos la Corte:
·
Declarará la nulidad de los actos de insubsistencia y, el reintegro
sólo será procedente, sin solución de continuidad, cuando
el cargo específicamente desempeñado no haya sido provisto mediante el sistema
de concurso de méritos, no haya sido suprimido o el servidor desvinculado no
haya llegado a la edad de retiro forzoso.
·
Igualmente, deberá examinarse para el reintegro, si el servidor
público cumple con los requisitos para acceder al cargo público, tales como la carencia
de antecedentes penales y disciplinarios.
·
Para restablecer el derecho, se deberá considerar
la reparación del daño derivado al perder injustamente el empleo, lo
cual debe corresponder al pago de los salarios y prestaciones efectivamente
dejados de percibir durante el tiempo que dure la desvinculación.
·
La suma indemnizatoria que se reconozca al
trabajador que ocupa un cargo de carrera en provisionalidad y es despedido sin
motivación, debe descontarse todo lo que éste, durante el periodo de
desvinculación, haya percibido como retribución por su trabajo, ya sea que
provenga de fuente pública o privada, como dependiente o independiente, sin que
en ningún caso la indemnización sea menor a los seis (6) meses que de acuerdo
con la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la provisionalidad,
atribuible a la ruptura del nexo de causalidad entre la ausencia de ingresos o
el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio, término este último
que, a su vez, se establece teniendo en cuenta los estándares
internacionales y nacionales recogidos en diversos estudios, que consideran
como de larga duración el desempleo superior a un año.
Asuntos
relacionados con la motivación de los actos de
retiro de los miembros de la Policía Nacional en uso de la facultad discrecional.
Devolución de los asuntos para nuevo fallo por parte del juez natural
115.
En estos casos existen razones por las cuales la Corte no entra a definir, motu
proprio, la situación de los accionantes. En primer lugar para esta
Corporación ha sido claro que cuando subsista la posibilidad de que un asunto
sea resuelto por parte del juez natural, el juez de tutela debe identificar y
resolver lo atinente a la protección de derechos fundamentales, y abstenerse de
invadir órbitas valorativas correspondientes a ese juez natural.
Y
en segundo lugar, sólo hasta este fallo se estableció un estándar de motivación
plenamente identificado y unificado, en torno a la obligatoria valoración de
las actas o informes de los entes evaluadores, las hojas de vida de los
policías y los demás documentos, cuando se cuestione la presunción de legalidad
de retiro discrecional de los mismos.
En
consecuencia, la Sala Plena ordenará a los jueces contencioso administrativos
proferir un nuevo fallo en el que se tenga en cuenta las consideraciones de
esta providencia referentes al estándar de motivación de los actos de retiro de
los miembros de la Policía Nacional en uso de la facultad discrecional, y las
consecuencias que esto produce, es decir, la valoración  respecto a la
procedencia del reintegro de un parte, y la orden de pago de una indemnización
por otra parte, la cual correspondería a los períodos indicados en la Sentencia
SU-556 de 2014.
116. También exhortará al Gobierno Nacional y a la Policía para que al momento
de ejercer la facultad discrecional de retiro de miembros en servicio activo,
tengan en cuenta los lineamientos definidos en este fallo, a fin de que tal
facultad se ejerza dentro de los límites establecidos por la Constitución y la
Ley.
Órdenes
concretas a proferir en cada uno de los expedientes
1. Expediente T-3358972 (María Ángela
Hernández  Ramos)
117. La Sala
revocará la sentencia proferida el 26 de octubre de 2011, adoptada por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en materia de tutela y el fallo proferido
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 11 de agosto de 2011, y en  su lugar, se concederá el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora
María Ángela Hernández Ramos
Por
consiguiente, se dejará sin efecto la sentencia proferida en
segunda instancia por la Sala de Decisión Nº 3 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, el 15 de abril de 2011, que al desconocer el
precedente jurisprudencial de la sentencia SU-917 de noviembre 16 de 2010,
revocó y negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento que inició María Ángela Hernández Ramos contra
la Gobernación de Bolívar. En su lugar, se confirmará parcialmente la sentencia
proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena, el 27 de octubre de
2008, que declaró la nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro
del actor. Se revocará parcialmente  la misma, en cuanto ordenó el pago de los
salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir. En su lugar se
ordenará pagar, a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando
de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente o independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar
por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario, conforme a la sentencia SU-556 de 2014.
2.
Expediente T-3364912 (Andrés Fernando Jiménez Oviedo)
118. La Sala
modificará la sentencia de tutela proferida el 17 de noviembre de 2011, por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en el sentido de negar, por las razones
expuestas en esta providencia, la tutela presentada por el señor Andrés
Fernando Jiménez Oviedo.
3.
Expediente T-3364925 (Carlos Arturo Castro Gómez)
119. La Sala
revocará la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2011, adoptada por la
Sección Primera del Consejo de Estado y el fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 15 de septiembre
de 2011, y en  su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad del señor Carlos Arturo Castro Gómez.
120. Por tanto, dejará
sin efecto las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de
Bogotá, el 13 de julio de 2009, y en segunda instancia por la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, el 2 de diciembre de 2010, que desconoció
el precedente jurisprudencial de la sentencia SU-917 de noviembre 16 de 2010. En su lugar declarará la nulidad de
la Resolución 1037 del 3 de abril de 2006, proferida por la Fiscalía General de
la Nación, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del
accionante y a título de restablecimiento del derecho ordenará a la entidad demandada reintegrar al señor Carlos Arturo Castro Gómez,
sin solución de continuidad.
También se
ordenará a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título indemnizatorio, el equivalente
a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la
sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el
actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses
ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
4. T-3430788 (Jorge Luis Rhenals Ayala)
121. La Sala
revocará la sentencia proferida el 9 de febrero de 2012 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado el 19 de mayo de 2011, en sede de tutela, y en  su
lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad del señor Jorge Luis Rhenals Ayala.
De igual
manera, se dejará sin efecto la sentencia proferida en segunda
instancia por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Bolívar, el 17 de febrero de 2011, que al desconocer el precedente
jurisprudencial de la sentencia SU-917 de noviembre 16 de 2010, revocó y
negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento que inició Jorge Luis Rhenals Ayala contra la
Fiscalía General de la Nación. En su lugar, se confirmará parcialmente la
sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena, el 22 de
julio de 2009, que declaró la nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el
reintegro del actor. Se revocará parcialmente  la misma, en cuanto ordenó el
pago de los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir; y, en su
lugar, se ordenará pagar, a título indemnizatorio, el equivalente a los
salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia,
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público
o privado, dependiente o independiente, haya recibido el actor, sin que la suma
a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de
veinticuatro (24) meses de salario.
5.
T-3430821 (Rubén Darío Arciniegas Calderón)
122. La Sala
revocará la sentencia proferida el 26 de enero de 2012, adoptada en sede de
tutela por la Sección Quinta del Consejo de Estado y el fallo proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 3 de febrero de
2011, y en  su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad del señor Rubén Darío Arciniegas Calderón.
Por tanto, dejará
sin efecto las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
primera instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 7 de mayo de 2009, y en segunda instancia
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 27 de mayo de 2010, que
desconocieron el precedente jurisprudencial consolidado en las
sentencias referidas en la consideración 52 de la presente sentencia. En su lugar declarará la nulidad de
la Resolución 26 del 13 de enero de 2006, proferida por la Fiscalía General de
la Nación, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del
accionante y a título de restablecimiento del derecho ordenará a la entidad demandada reintegrar al señor Rubén Dario Arciniegas
Calderón, sin solución de continuidad.
También se
ordenará a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título indemnizatorio, el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento
de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el
actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses
ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
6.
Expediente T-3431941
Primero.
William Argumedo Doria
123. La Sala
revocará la sentencia proferida el 26 de enero de 2012, adoptada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado y el fallo proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado el 28 de abril de 2011, en sede de
tutela, y en  su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad del señor William Argumedo Doria.
Por tanto, dejará
sin efecto las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
primera instancia por el Juzgado Trece Administrativo de Cartagena, el 14 de
diciembre de 2007, y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, el 16 de septiembre de
2010, que desconocieron el precedente jurisprudencial consolidado en las
sentencias referidas en la consideración 80 de la presente sentencia. En su lugar declarará la nulidad de
la Resolución 2133 del 24 de octubre de 2003, proferida por la Fiscalía General
de la Nación, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del
accionante y a título de restablecimiento del derecho ordenará a la entidad demandada reintegrar al señor Rubén Dario Arciniegas
Calderón, sin solución de continuidad.
También se
ordenará a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título indemnizatorio, el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento
de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el
actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses
ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
Segundo.
Luis Carlos Gómez Santa
124. La Sala
revocará la sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado el 19 de mayo de 2011, en sede de tutela, y en  su
lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad del señor Luis Carlos Gómez Santa.
De igual
manera, se dejará sin efecto la sentencia proferida en segunda
instancia por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 20 de enero de 2011, que al desconocer el precedente jurisprudencial
de la sentencia SU-917 de noviembre 16 de 2010, revocó y negó las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que
inició Luis Carlos Gómez Santa contra la Fiscalía General de la Nación. En su lugar, se confirmará parcialmente la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Meta, el 4 de junio de 2008, que declaró la nulidad
del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro del actor. Se revocará
parcialmente  la misma, en cuanto ordenó el pago de los salarios y las
prestaciones sociales dejadas de percibir; y,  en su lugar se ordenará pagar,
a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados
de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las
sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
Tercero. Hernando
Enrique Pimienta Rengifo
125. La Sala
revocará la sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado el 28 de abril de 2011, en sede de tutela, y en
su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
Por tanto, dejará
sin efectos las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
primera instancia por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de
Bolívar, el 30 de marzo de 2001, y en segunda instancia por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 5 de junio de 2003, que desconocieron el
precedente jurisprudencial consolidado en las sentencias referidas en la
consideración 52 de la presente sentencia. En su lugar declarará la
nulidad de la Resolución 0712 del 31 de marzo de 1997,
proferida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se declaró
insubsistente el nombramiento del accionante y a título de restablecimiento del
derecho ordenará a la entidad demandada reintegrar al señor Hernando Enrique Pimienta
Rengifo, sin solución de continuidad.
También se
ordenará a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título indemnizatorio, el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento
de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el
actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses
ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
Cuarto.
Francisco Jesús del Risco Duarte
126. La Sala
revocará la sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, el 7 de abril de 2011, en sede de tutela, y en
su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad del señor Francisco Jesús del Risco Duarte.
Por tanto, dejará
sin efecto las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
primera instancia por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de
Bolívar, el 12 de marzo de 2001, y en segunda instancia por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 21 de febrero de 2002, que desconocieron
el precedente jurisprudencial consolidado en las sentencias referidas en la
consideración 80 de la presente sentencia. En su lugar declarará la
nulidad de la Resolución 1088 del 2 de mayo de 1997, proferida
por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se declaró
insubsistente el nombramiento del accionante y a título de restablecimiento del
derecho ordenará a la entidad demandada reintegrar al señor Francisco Jesús del Risco
Duarte, sin solución de continuidad.
También se
ordenará a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título indemnizatorio, el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento
de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el
actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses
ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
Quinto.
Amanda Rengifo Osorio
127. La Sala
revocará la sentencia proferida el 10 de febrero de 2011 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, el 26 de enero de 2012, en sede de tutela, y en
su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad de la señora Amanda Rengifo Osorio.
Por tanto, dejará
sin efecto las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
primera instancia por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del
Valle, el 31 de marzo de 2005, y en segunda instancia por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 8 de abril de 2010, que desconocieron el precedente
jurisprudencial consolidado en las sentencias referidas en la consideración 80 de
la presente sentencia. En su lugar declarará la nulidad de
la Resolución 2 del 7 de enero de 1997, proferida por el Consejo Superior de la
Judicatura, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la
accionante y a título de restablecimiento del derecho ordenará al Consejo Superior de la
Judicatura reintegrar a la señora
Amanda Rengifo Osorio, sin solución de continuidad.
También se
ordenará al Consejo Superior de la Judicatura pagar, a título indemnizatorio,
el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el
momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido
el actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6)
meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
Sexto.
Roberto Antonio Bermúdez Martínez
128. La Sala
revocará la sentencia proferida el 24 de marzo de 2011 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Quinta
del Consejo de Estado el 26 de enero de 2012, en sede de tutela, y en
su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad del señor Roberto Antonio Bermúdez Martínez.
De igual
manera, se dejará sin efecto la sentencia proferida en segunda
instancia por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 2 de diciembre de 2010, que al desconocer el
precedente jurisprudencial de la sentencia SU-917 de noviembre 16 de 2010,
revocó y negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento que inició Roberto Antonio Bermúdez Martínez contra la
Fiscalía General de la Nación. En su lugar, se confirmará
parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de
Bogotá, el 26 de febrero de 2009, que declaró la nulidad del acto de
insubsistencia y ordenó el reintegro del actor. Se revocará parcialmente la misma,
en cuanto ordenó el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejadas de
percibir; y,  en su lugar se ordenará pagar, a título indemnizatorio, el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento
de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el
actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses
ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
7.
Expediente T-3439695 (Diego Zamora)
129. La Sala
revocará la sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, el 5 de mayo de 2011, en sede de tutela, y en  su
lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
a la igualdad del señor Diego Zamora.
Por tanto, dejará
sin efecto las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
primera instancia por el Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, el 28 de octubre
de 2009, y en segunda instancia por la Subsección B del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, el 2 de diciembre
de 2010, que al desconocer el precedente jurisprudencial de la sentencia
SU-917 de noviembre 16 de 2010, negó las pretensiones de la demanda
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que inició Diego Zamora contra
la Superintendencia de Economía Solidaria. En su lugar declarará
la nulidad de la Resolución 20084100000305 del 30 de enero de
2008, proferida por la Superintendencia de Economía Solidaria, por medio de la
cual se declaró insubsistente el nombramiento del accionante y a título de
restablecimiento del derecho ordenará a la Superintendencia de Economía
Solidaria  reintegrar al Diego
Zamora, sin solución de continuidad.
También se
ordenará a la Superintendencia de Economía Solidaria pagar, a título
indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de
percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas
que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
8.
Expediente T-3439717 (Hernán Cruz Henao)
130. La Sala
revocará la sentencia proferida el 9 de febrero de 2012 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, el 16 de junio de 2011, en sede de tutela, y en
su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad del señor Hernán Cruz Henao
De igual
manera, se dejará sin efecto la sentencia proferida en segunda
instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 23 de febrero de 2011, que al desconocer el precedente
jurisprudencial de la sentencia SU-917 de noviembre 16 de 2010, revocó y
negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento que inició Hernán Cruz Henao contra la Fiscalía General de la
Nación. En su lugar, se confirmará parcialmente la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, el 25 de agosto de 2008,
que declaró la nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro del
actor. Se revocará parcialmente la misma, en cuanto ordenó el pago de los
salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir; y,  en su lugar se
ordenará pagar, a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando
de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente o independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar
por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de
veinticuatro (24) meses de salario.
9.
Expediente T-3439745 (Javier Alfonso Prins Vélez)
131. La Sala
revocará la sentencia proferida el 8 de febrero de 2012 por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, y en  su lugar, se
concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad del señor Javier Alfonso Prins Vélez.
De igual
manera, se dejará sin efecto la sentencia proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 15 de julio de
2011, que al desconocer el precedente jurisprudencial de la sentencia SU-917
de noviembre 16 de 2010, revocó y negó las pretensiones de la demanda
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que inició Javier Alfonso
Prins Vélez, contra la Fiscalía General de la Nación. En su
lugar, se confirmará parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Cartagena, el 23 de febrero de 2010, que declaró la nulidad
del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro del actor. Se revocará
parcialmente la misma, en cuanto ordenó el pago de los salarios y las prestaciones
sociales dejadas de percibir; y,  en su lugar se ordenará pagar, a
título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de
percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas
que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
10.
Expediente T-3439758
Primero.
Jesús Arcesio Suaza Móvil
132. La Sala
revocará la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2011 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, y el fallo dictado por la
Sección Primera del Consejo de Estado, el 23 de febrero de 2012, en sede
de tutela, y en  su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad del señor Jesús Arcesio Suaza Móvil. En
consecuencia, se dejarán sin efectos las sentencias dictadas, el 26 de julio de
2010, por el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó y, el 31 de marzo de
2011, por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido en contra del Decreto 1041 de abril 5
de 2006, que ordenó el retiro del accionante.
A su vez la
Sala Plena, ordenará al Tribunal Administrativo del Chocó, dentro de los
cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta providencia, proferir
un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las consideraciones de esta
providencia referentes al estándar de motivación
de los actos de retiro de los miembros de la Policía Nacional en uso de la facultad discrecional.
Segundo.
Mauricio Alonso Sierra Reina
133. La Sala
revocará la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2011 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, y el fallo dictado por la
Sección Primera del Consejo de Estado, el 23 de febrero de 2012, en sede
de tutela, y en  su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad del señor Mauricio Alonso Sierra Reina. En
consecuencia, se dejarán sin efectos las sentencias dictadas, el 28 de junio de
2007, por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué y, el 3 de febrero de
2011, por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido en contra del Decreto 82 de enero 17
de 2007, que ordenó el retiro del accionante.
A su vez la
Sala Plena, ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de los
cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta providencia, proferir
un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las consideraciones de esta
providencia referentes al estándar de motivación
de los actos de retiro de los miembros de la Policía Nacional en uso de la facultad discrecional.
Tercero.
Alba Lucia Antía Londoño
134. La Sala
revocará la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2011 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, y el fallo dictado por la
Sección Primera del Consejo de Estado, el 23 de febrero de 2012, en sede
de tutela, y en  su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad de la señora Alba Lucía Antía Londoño.
Por tanto, dejará
sin efecto la sentencia proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en única
instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas, el 30 de octubre de 2008, que desconoció el precedente
jurisprudencial consolidado en las sentencias referidas en la consideración 80
de la presente sentencia.  En su
lugar declarará la nulidad de
la Resolución 2268 del 4 de noviembre de 2003, proferida por la Fiscalía
General de la Nación, por medio de la cual se declaró insubsistente el
nombramiento de la accionante y a título de restablecimiento del derecho ordenará a la entidad demandada reintegrar a la señora Alba Lucía Antía Londoño, sin
solución de continuidad.
También se ordenará
a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título indemnizatorio, el
equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento
de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto
laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido el
actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses
ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
Consideración
final para los asuntos relacionados con la motivación de los actos
administrativos de servidores públicos que ocupan cargos en provisionalidad
135. En todos
los casos analizados en precedencia se advierte que procede el reintegro
ordenado sí y sólo sí el cargo específicamente desempeñado no haya sido
provisto mediante el sistema de concurso de méritos, no haya sido suprimido o
el servidor desvinculado no haya llegado a la edad de retiro forzoso y cumpla
con los requisitos para acceder al cargo público, tales como la carencia de
antecedentes penales y disciplinarios.
IV.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO:
LEVANTAR la suspensión de términos decretada el 2 de agosto de 2012 en los
asuntos de la referencia.
SEGUNDO:
En el expediente T-3358972, REVOCAR la sentencia proferida el 26 de
octubre de 2011, adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y el
fallo proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 11 de agosto de 2011, y en  su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la
señora María Ángela Hernández Ramos
TERCERO:
DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida en segunda
instancia por la Sala de Decisión Nº 3 del Tribunal Administrativo de
Bolívar, el 15 de abril de 2011, mediante la cual revocó y negó las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que
inició María Ángela Hernández Ramos contra la Gobernación de
Bolívar. En su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por
el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena, el 27 de octubre de 2008, que
declaró la nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro del actor. REVOCAR
PARCIALMENTE la misma, en cuanto ordenó el pago de los salarios y las
prestaciones sociales dejadas de percibir; y,  en su lugar se ordenará pagar,
a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados
de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las
sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por indemnización
sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de
salario.
CUARTO: En
el expediente T-3364912, MODIFICAR la sentencia proferida el 17 de
noviembre de 2011, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el sentido
de NEGAR, por las razones expuestas en esta providencia, la tutela
presentada por el señor Andrés Fernando Jiménez Oviedo.
QUINTO: En
el expediente T-3364925, REVOCAR la sentencia proferida el 1º de
diciembre de 2011, por la Sección Primera del Consejo de Estado y el fallo
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado
el 15 de septiembre de 2011, y en  su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del señor Carlos
Arturo Castro Gómez.
SEXTO: DEJAR
SIN EFECTO las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en primera instancia por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión de Bogotá, el 13 de julio de 2009, y en segunda
instancia por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, el 2 de diciembre de 2010. En su lugar DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 1037 del 3 de abril de 2006,
proferida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se declaró
insubsistente el nombramiento del accionante y a título de restablecimiento del
derecho ORDENAR a la
Fiscalía General de la Nación REINTEGRAR al señor Carlos Arturo Castro Gómez, sin
solución de continuidad, siempre y cuando el cargo específicamente desempeñado
no haya sido provisto mediante el sistema de concurso de méritos, no haya sido
suprimido o el servidor desvinculado no haya llegado a la edad de retiro
forzoso y cumpla con los requisitos para acceder al cargo público, tales como
la carencia de antecedentes penales y disciplinarios.
SÉPTIMO:
ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título
indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de
percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas
que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
OCTAVO: En el expediente T-3430788, REVOCAR
la sentencia proferida el 9 de febrero de 2012 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado el 19 de mayo de 2011, y en  su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del
señor Jorge Luis Rhenals Ayala.
NOVENO:
DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida en segunda
instancia por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de
Bolívar, el 17 de febrero de 2011, mediante la cual revocó y negó las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que
inició Jorge Luis Rhenals Ayala contra la Fiscalía General de la
Nación. En su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por
el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena, el 22 de julio de 2009, que
declaró la nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro del actor. REVOCAR
PARCIALMENTE la misma, en cuanto ordenó el pago de los salarios y las
prestaciones sociales dejadas de percibir; y,  en su lugar se ordenará pagar,
a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados
de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las
sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
DÉCIMO: En
el expediente T-3430821, REVOCAR la sentencia proferida el 26 de enero
de 2012, adoptada por la Sección Quinta del Consejo de Estado y el fallo
proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
el 3 de febrero de 2011, y en  su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del señor Rubén Darío
Arciniegas Calderón.
DÉCIMO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO las
sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en primera instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 7 de mayo de 2009, y en segunda
instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 27 de mayo de 2010. En su lugar DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 26 del 13 de enero de 2006, proferida por la Fiscalía
General de la Nación, por medio de la cual se declaró insubsistente el
nombramiento del accionante y a título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación
REINTEGRAR al señor Rubén
Dario Arciniegas Calderón, sin solución de continuidad, siempre y cuando
el cargo específicamente desempeñado no haya sido provisto mediante el sistema
de concurso de méritos, no haya sido suprimido o el servidor desvinculado no
haya llegado a la edad de retiro forzoso y cumpla con los requisitos para
acceder al cargo público, tales como la carencia de antecedentes penales y
disciplinarios.
DÉCIMO
SEGUNDO: ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título
indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de
percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas
que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
DÉCIMO
TERCERO: En el caso del señor William Argumedo Doria (T-3431941),
REVOCAR  la sentencia proferida el 26 de enero de 2012, adoptada por la
Sección Quinta del Consejo de Estado y el fallo proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado el 28 de abril de 2011, y en  su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
DÉCIMO
CUARTO: DEJAR SIN EFECTO las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en primera instancia por el Juzgado Trece
Administrativo de Cartagena, el 14 de diciembre de 2007, y en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 16 de septiembre de 2010. En su lugar DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 2133 del 24 de octubre de 2003,
proferida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se declaró
insubsistente el nombramiento del accionante y a título de restablecimiento del
derecho ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación
REINTEGRAR al señor
William Argumedo Doria, sin solución de continuidad, siempre y cuando el
cargo específicamente desempeñado no haya sido provisto mediante el sistema de
concurso de méritos, no haya sido suprimido o el servidor desvinculado no haya
llegado a la edad de retiro forzoso y cumpla con los requisitos para acceder al
cargo público, tales como la carencia de antecedentes penales y disciplinarios.
DÉCIMO
QUINTO: ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título
indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de
percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas
que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
DÉCIMO
SEXTO: En el caso del señor Luis Carlos Gómez Santa (T-3431941),
REVOCAR la sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado el 19 de mayo de 2011, y en  su lugar, se
concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad del señor Luis Carlos Gómez Santa.
DÉCIMO
SÉPTIMO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida en
segunda instancia por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, el 20 de enero de 2011, mediante la cual revocó y negó las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que
inició Luis Carlos Gómez Santa contra la Fiscalía General de la Nación. En su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta, el 4 de junio de 2008, que declaró la
nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro del actor. REVOCAR
PARCIALMENTE la misma, en cuanto ordenó el pago de los salarios y las
prestaciones sociales dejadas de percibir; y,  en su lugar se ordenará pagar,
a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados
de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las
sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
DÉCIMO
OCTAVO: En el caso del señor Hernando Enrique Pimienta Rengifo (T-3431941),
REVOCAR la sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado el 28 de abril de 2011, y en  su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
DÉCIMO NOVENO:
DEJAR SIN EFECTO las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, en primera instancia por la Sala de
Descongestión del Tribunal Administrativo de Bolívar, el 30 de marzo de 2001, y
en segunda instancia por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, el 5 de junio de 2003.
En su lugar DECLARAR LA
NULIDAD de la Resolución 0712 del 31 de marzo de 1997,
proferida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se declaró
insubsistente el nombramiento del accionante y a título de restablecimiento del
derecho ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación
REINTEGRAR al señor Hernando
Enrique Pimienta Rengifo, sin solución de continuidad, siempre y cuando
el cargo específicamente desempeñado no haya sido provisto mediante el sistema
de concurso de méritos, no haya sido suprimido o el servidor desvinculado no
haya llegado a la edad de retiro forzoso y cumpla con los requisitos para
acceder al cargo público, tales como la carencia de antecedentes penales y
disciplinarios.
VIGÉSIMO:
ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título
indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir
hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por
cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente,
haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior
a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
VIGÉSIMO
PRIMERO: En el caso del señor Francisco Jesús del Risco Duarte (T-3431941),
REVOCAR la sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, el 7 de abril de 2011, y en  su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
VIGÉSIMO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO las
sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en primera instancia por la Sala de Descongestión del Tribunal
Administrativo de Bolívar, el 12 de marzo de 2001, y en segunda instancia por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 21 de febrero de 2002. En su lugar DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 1088 del 2 de mayo de 1997, proferida por la Fiscalía
General de la Nación, por medio de la cual se declaró insubsistente el
nombramiento del accionante y a título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la Fiscalía General
de la Nación REINTEGRAR al
señor Francisco Jesús del Risco Duarte, sin solución de continuidad,
siempre y cuando el cargo específicamente desempeñado no haya sido provisto
mediante el sistema de concurso de méritos, no haya sido suprimido o el
servidor desvinculado no haya llegado a la edad de retiro forzoso y cumpla con
los requisitos para acceder al cargo público, tales como la carencia de
antecedentes penales y disciplinarios.
VIGÉSIMO
TERCERO: ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación pagar,
a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados
de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las
sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
VIGÉSIMO
CUARTO: En el caso de la señora Amanda Rengifo Osorio (T-3431941),
REVOCAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2011 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y el fallo dictado por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, el 26 de enero de 2012, y en  su lugar, se
concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.
VIGÉSIMO
QUINTO: DEJAR SIN EFECTO las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
primera instancia por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del
Valle, el 31 de marzo de 2005, y en segunda instancia por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 8 de abril de 2010. En su lugar DECLARAR
LA NULIDAD de la Resolución 2 del 7 de enero de 1997, proferida
por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la cual se declaró
insubsistente el nombramiento de la accionante y a título de restablecimiento
del derecho ORDENAR al
Consejo Superior de la Judicatura REINTEGRAR a la señora Amanda Rengifo Osorio, sin
solución de continuidad, siempre y cuando el cargo específicamente desempeñado
no haya sido provisto mediante el sistema de concurso de méritos, no haya sido
suprimido o el servidor desvinculado no haya llegado a la edad de retiro
forzoso y cumpla con los requisitos para acceder al cargo público, tales como
la carencia de antecedentes penales y disciplinarios.
VIGÉSIMO
SEXTO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura pagar, a título
indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de
percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas
que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
VIGÉSIMO SÉPTIMO:
En el caso del señor Roberto Antonio Bermúdez Martínez
(T-3431941), REVOCAR la sentencia proferida el 24 de marzo de 2011 por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y el fallo dictado por la
Sección Quinta del Consejo de Estado el 26 de enero de 2012, y en  su
lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
VIGÉSIMO
OCTAVO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida en
segunda instancia por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 2 de diciembre de 2010, mediante la cual
revocó y negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento que inició Roberto Antonio Bermúdez Martínez contra la Fiscalía
General de la Nación. En su lugar, se CONFIRMAR PARCIALMENTE la
sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Bogotá, el 26 de
febrero de 2009, que declaró la nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el
reintegro del actor. REVOCAR PARCIALMENTE la misma, en cuanto ordenó el
pago de los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir; y,  en su
lugar se ordenará pagar, a título indemnizatorio, el equivalente a los
salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia,
descontando de ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público
o privado, dependiente o independiente, haya recibido el actor, sin que la suma
a pagar por indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de
veinticuatro (24) meses de salario.
VIGÉSIMO
NOVENO: En el expediente T-3439695, REVOCAR la sentencia proferida
el 26 de enero de 2012 por la Sección Quinta del Consejo de Estado y el fallo
dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el
5 de mayo de 2011, y en  su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad del señor Diego Zamora.
TRIGÉSIMO: DEJAR SIN EFECTO las sentencias proferidas dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en primera instancia por el Juzgado
Veinte Administrativo de Bogotá, el 28 de octubre de 2009, y en segunda
instancia por la Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 2 de diciembre de 2010. En su lugar DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 20084100000305 del 30 de enero de
2008, proferida por la Superintendencia de Economía Solidaria, por medio de la
cual se declaró insubsistente el nombramiento del accionante y a título de
restablecimiento del derecho ORDENAR a la Superintendencia de Economía
Solidaria REINTEGRAR al señor Diego Zamora, sin solución de
continuidad, siempre y cuando el cargo específicamente desempeñado no haya sido
provisto mediante el sistema de concurso de méritos, no haya sido suprimido o
el servidor desvinculado no haya llegado a la edad de retiro forzoso y cumpla
con los requisitos para acceder al cargo público, tales como la carencia de
antecedentes penales y disciplinarios.
TRIGÉSIMO
PRIMERO: ORDENAR a la Superintendencia de Economía Solidaria pagar,
a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados
de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las
sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
TRIGÉSIMO
SEGUNDO: En el expediente T-3439717, REVOCAR la sentencia proferida
el 9 de febrero de 2012 por la Sección Quinta del Consejo de Estado y el fallo
dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el
16 de junio de 2011, y en  su lugar, se concederá el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad del señor Hernán Cruz Henao
TRIGÉSIMO
TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida en
segunda instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, el 23 de febrero de 2011, mediante la cual revocó y negó las
pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que
inició Hernán Cruz Henao contra la Fiscalía General de la Nación.
En su lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Quindío, el 25 de agosto de 2008, que declaró la
nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro del actor. REVOCAR
PARCIALMENTE la misma, en cuanto ordenó el pago de los salarios y las
prestaciones sociales dejadas de percibir; y,  en su lugar se ordenará pagar,
a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados
de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las
sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
TRIGÉSIMO
CUARTO: En el expediente T-3439745, REVOCAR la sentencia proferida
el 8 de febrero de 2012 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, y en  su lugar, se concederá el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad del señor Javier Alfonso Prins Vélez.
TRIGÉSIMO
QUINTO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 15 de
julio de 2011, mediante la cual revocó y negó las pretensiones de la demanda
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento que inició Javier Alfonso
Prins Vélez, contra la Fiscalía General de la Nación. En su
lugar, CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Cartagena, el 23 de febrero de 2010, que declaró la
nulidad del acto de insubsistencia y ordenó el reintegro del actor. REVOCAR
PARCIALMENTE la misma, en cuanto ordenó el pago de los salarios y las
prestaciones sociales dejadas de percibir; y,  en su lugar se ordenará pagar,
a título indemnizatorio, el equivalente a los salarios y prestaciones dejados
de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de ese monto las
sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el actor, sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro
(24) meses de salario.
TRIGÉSIMO
SEXTO: En el expediente T-3439758, REVOCAR la sentencia proferida el
24 de noviembre de 2011 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, y el fallo
dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado, el
23 de febrero de 2012, y en  su lugar, se concederá el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los señores Jesús Arcesio
Suaza Móvil, Mauricio Alonso Sierra Reina y Alba Lucia Antía Londoño.
TRIGÉSIMO
SÉPTIMO: En el asunto del señor Jesús Arcesio Suaza Móvil (T-3439758),
DEJAR SIN EFECTOS las sentencias dictadas, el 26 de julio de 2010, por
el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó y, el 31 de marzo de 2011, por el
Tribunal Administrativo del Chocó, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido en contra del Decreto 1041 de abril 5 de
2006, que ordenó el retiro del accionante.
En
consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Chocó, dentro de
los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta providencia,
proferir un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las consideraciones de
esta providencia referentes al estándar de
motivación de los actos de retiro de los miembros de la Policía Nacion al en uso de la facultad discrecional.
TRIGÉSIMO
OCTAVO: En el asunto del señor Mauricio Alonso Sierra (T-3439758), DEJAR
SIN EFECTOS las sentencias dictadas, el 28 de junio de 2007, por el Juzgado
Séptimo Administrativo de Ibagué y, el 3 de febrero de 2011, por el Tribunal
Administrativo del Tolima, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido en contra del Decreto 82 de enero 17 de 2007, que ordenó
el retiro del accionante.
En
consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de
los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta providencia,
proferir un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las consideraciones de
esta providencia referentes al estándar de
motivación de los actos de retiro de los miembros de la Policía Nacional en uso de la facultad discrecional.
TRIGÉSIMO
NOVENO: En el asunto de la señora Alba Lucia Antía Londoño (T-3439758),
DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en única instancia por el Tribunal Administrativo
de Caldas, el 30 de octubre de 2008. En su lugar DECLARAR
LA NULIDAD de la Resolución 2268 del 4 de noviembre de 2003,
proferida por la Fiscalía General de la Nación, por medio de la cual se declaró
insubsistente el nombramiento de la accionante y a título de restablecimiento
del derecho ORDENAR a la Fiscalía General de la nación
REINTEGRAR a la señora Alba Lucía Antía Londoño, sin solución de
continuidad, siempre y cuando el cargo específicamente desempeñado no haya sido
provisto mediante el sistema de concurso de méritos, no haya sido suprimido o
el servidor desvinculado no haya llegado a la edad de retiro forzoso y cumpla
con los requisitos para acceder al cargo público, tales como la carencia de
antecedentes penales y disciplinarios.
CUADRAGÉSIMO:
ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación pagar, a título indemnizatorio,
el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el
momento de la sentencia, descontando de ese monto las sumas que por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido
el actor, sin que la suma a pagar por indemnización sea inferior a seis (6)
meses ni pueda exceder de veinticuatro (24) meses de salario.
CUADRAGÉSIMO
PRIMERO: EXHORTAR al Gobierno Nacional y a la Policía para
que al momento de ejercer la facultad discrecional de retiro de miembros en
servicio activo, tengan en cuenta los lineamientos definidos en este fallo, a
fin de que tal facultad se ejerza dentro de los límites establecidos por la
Constitución y la Ley.
CUADRAGÉSIMO
SEGUNDO: Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
y cúmplase,
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA            MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada                                                          Magistrado
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ   GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado                                                         Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO           GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
Magistrada
Con aclaración de voto
MARÍA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ             LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrada
Magistrado
Con aclaración de voto
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA SU053/15
UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE MOTIVACION
DE LOS ACTOS DE RETIRO DISCRECIONAL DE LOS MIEMBROS ACTIVOS DE LA POLICIA
NACIONAL-Subreglas vulneran debido
proceso, por cuanto no prevén derecho a ser oído durante el trámite
administrativo ni a conocer las razones del retiro antes de que éste se
produzca (Aclaración de voto)
Referencia: T-3358972 (María Ángela Hernández Ramos) y otros expedientes
acumulados.
Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento mi aclaración
de voto a la sentencia SU-053 de 2015, en relación con dos aspectos. Por una
parte, reitero que no comparto la manera en que se viene calculando la
indemnización de las personas que son desvinculadas del servicio, sin respeto
por el derecho fundamental al debido proceso. De otra, considero que la Sala
Plena desconoció el estándar de protección al derecho fundamental al debido
proceso que defendió la Corte en su jurisprudencia previa, en el caso de los
agentes (o ex agentes) de la Policía desvinculados en ejercicio de la llamada “facultad
discrecional”. Explico a continuación cada uno de los puntos de mi
aclaración.
En mi aclaración de voto a la
sentencia SU-556 de 2014 señalé que la Corte habría actuado de forma similar a
la mamá pelícano descrita por Borges en su zoología fantástica. Este
animal prodiga caricias y cuidados a sus hijos, pero al hacerlo, les va generando
heridas que los llevan a la muerte. De igual manera, la Corte amparó los
derechos de personas que ocupan cargos de carrera y que fueron desvinculados de
la administración pública por decisiones inmotivadas pero, al hacerlo, decidió
privarlos de buena parte de la indemnización que debían recibir por la
violación de sus derechos, argumentando que el ejercicio de su dignidad les
exige superar la situación por sus propios medios.
En la sentencia SU-053 de 2015 se
aplicó la subregla desarrollada en la C-556 de 2014 en materia de
indemnización de personas desvinculadas sin respeto por el debido proceso; y,
además, se disminuyó la protección al derecho fundamental al debido proceso en
el ejercicio de la facultad discrecional de retiro de miembros de la Fuerza
Pública. Así, mientras en las sentencias previas la Corte exigía poner en
conocimiento del afectado los informes de las juntas o comités de calificación
de servicios de los miembros de la Policía Nacional, que definirían los motivos
de razonabilidad y proporcionalidad del retiro a la luz del cumplimiento de los
fines de la Fuerza Pública, en la sentencia SU-053 de 2015 se dejan de lado
estas subreglas, planteando en cambio las siguientes:
“iv.  El concepto emitido
por las juntas asesoras o los comités de evaluación, no debe estar precedido de
un procedimiento administrativo, lo anterior, debido a que ello desvirtuaría la
facultad discrecional que legalmente está instituida para la Policía Nacional,
en razón de función constitucional. No obstante lo anterior, la expedición de
ese concepto previo sí debe estar soportado en unas diligencias exigibles a los
entes evaluadores, como por ejemplo el levantamiento de actas o informes, que
deberán ponerse a disposición del afectado, una vez se produzca el acto administrativo
de retiro, y las cuales servirán de base para evaluar si el retiro se fundó en
la discrecionalidad o en la arbitrariedad. || v.     El
afectado debe conocer las razones objetivas y los hechos ciertos que dieron
lugar a la recomendación por parte del comité de evaluación o de la junta
asesora, una vez se expida el acto administrativo de retiro. Por lo tanto, en
las actas o informes de evaluación debe quedar constancia de la realización del
examen de fondo, completo y preciso que se efectuó al recomendado. En tal
examen se debe analizar, entre otros, las hojas de vida, las evaluaciones de
desempeño y toda la información adicional pertinente de los policiales”.
Como puede verse, las nuevas subreglas
no prevén el derecho a ser oído durante el trámite administrativo, ni a conocer
las razones del retiro antes de que este se produzca, como lo hacía la
jurisprudencia previa. La sentencia sigue entonces el modo de actuar de la mamá
pelícano: una vez más, mientras dice proteger los derechos de los
afectados, disminuye sin justificación alguna el estándar de respeto por el
debido proceso constitucional en este escenario[240].
Fecha ut supra,
María Victoria Calle Correa
Magistrada
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
SU053/15
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL-Juez constitucional debe identificar precedente aplicable al
caso concreto, distinguiendo las reglas decisionales que contiene, verificar
que la decisión cuestionada debió tomarlo en cuenta y descartar si el juez tuvo
razones fundadas para apartarse del mismo para preservar autonomía e
independencia judicial  (Aclaración de voto)
UNIFICACION
DE JURISPRUDENCIA-Corte Constitucional es competente para unificar la
jurisprudencia de su jurisdicción, pero no la de los demás tribunales que
fueron investidos de la facultad constitucional de unificación jurisprudencial
(Aclaración de voto)
Quisiera referirme a las
razones planteadas por la Sentencia SU-053 de 2015 en relación con el motivo de
la unificación realizada en este caso. Los fundamentos jurídicos 65 y 66 de la
sentencia refieren, al respecto, que el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional comparten criterios “sustancialmente similares” sobre la
motivación de los actos de retiro discrecional de los miembros de la Policía
Nacional y que, para proteger el principio de igualdad y la coherencia del
sistema jurídico, se hacía necesario conjugar las tesis de ambos tribunales.
Tal postura, sin embargo, pasa por alto que la Corte es competente para
unificar la jurisprudencia de su jurisdicción, pero no la de los demás
tribunales que fueron investidos de la facultad constitucional de unificación
jurisprudencial. El Consejo de Estado cumple tal función respecto de las decisiones
de la jurisdicción administrativa. Por eso, la idea de “conjugar” su
jurisprudencia con la de la Corte no podía ser el fundamento de la decisión que
aquí se adopta.
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES QUE DECLARARON LA
INSUBSISTENCIA SIN MOTIVACION DEL ACTO DE RETIRO DE FUNCIONARIOS
NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE CARRERA-Topes al monto de indemnización  no se debió extender a integrantes de
la Policía Nacional que son retirados del servicio activo sin conocer las
razones de su desvinculación, una regla que fue concebida específicamente para
los funcionarios provisionales (Aclaración de voto)
Acompaño la Sentencia SU-053 de
2015 en tanto amparó los derechos fundamentales de los accionantes y dejó sin
efectos los fallos que avalaron su desvinculación a través de actos
administrativos inmotivados. Sin embargo, debo precisar mi posición respecto de
algunos de los argumentos en los que se apoya la decisión mayoritaria,
puntualmente, en relación con aquellos en virtud de los cuales concluyó que las
autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente constitucional
relativo al deber de motivar los actos de retiro de los funcionarios públicos
en provisionalidad y de los miembros de la Policía Nacional.
Además, me referiré a los
planteamientos que sustentan la decisión de unificar la jurisprudencia sobre el
estándar de motivación de los actos de retiro de los miembros de la Policía
Nacional. Procedo, entonces, a explicar las razones que me motivan a aclarar el
voto con respecto a lo resuelto por la mayoría.
1. Para comenzar, quisiera llamar
la atención sobre el hecho que el fallo de unificación no haya sustentado con
suficiencia las razones que demostrarían que las providencias acusadas por los
accionantes desconocieron el precedente constitucional sobre la motivación de
los actos administrativos de desvinculación de los empleados públicos que
ocupan, en provisionalidad, cargos de carrera.
2. La Sentencia SU-053 de 2015
estudió las tutelas que sobre ese supuesto promovieron 15 personas contra los
fallos de la jurisdicción contencioso administrativa que se negaron a declarar
nulos los actos administrativos que ordenaron su desvinculación. Tras verificar
que las tutelas eran formalmente procedentes, la Corte se propuso establecer si
las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente
constitucional relativo al deber de motivar el retiro de esos funcionarios.
3. De tal análisis se ocuparon
los fundamentos jurídicos 77 a 80 del fallo. En estos acápites, se advierte que
i) el deber de motivar el retiro de quienes ejercen un cargo de carrera en
provisionalidad garantiza su derecho a la defensa y evita actuaciones
arbitrarias de las autoridades administrativas y que ii) los jueces deben
aplicar el precedente fijado por los órganos encargados de unificar
jurisprudencia, pero pueden apartarse del precedente constitucional sobre la
materia, cumpliendo “con una carga estricta de argumentación (…)
donde los argumentos no pueden citar la existencia de una línea de
jurisprudencia distinta, establecida por los órganos de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues dicho fundamento desvirtúa
la posición reiterada y establecida por la Corte Constitucional en su condición
de intérprete autorizado de la Carta”. La sentencia concluyó, sobre esa
base, que las decisiones de la jurisdicción contencioso administrativa que
aplican una regla diferente (a la fijada por la Corte) sobre el retiro de los
funcionarios en provisionalidad incurren en la causal de procedencia de la
tutela contra providencia judicial relativa al desconocimiento del precedente.
4. Hasta ahí, el fallo recordó
las reglas a partir de las cuales debe examinarse la eventual estructuración
del desconocimiento del precedente constitucional sobre el deber de motivar los
actos de desvinculación de los funcionarios provisionales. A continuación,
precisó que el precedente que debieron aplicar los operadores judiciales que profirieron
los fallos cuestionados era el previsto en la Sentencia SU-917 de 2010 o, si
las decisiones se adoptaron antes, el contenido en la “sólida línea
jurisprudencial consolidada en las siguientes sentencias (más de ochenta)
de la Corte Constitucional”. La decisión de conceder el amparo se apoyó en
tales consideraciones.
5. En su momento, advertí sobre
lo problemáticos que resultaban esos argumentos de cara a la jurisprudencia que
ha supeditado la procedibilidad de las tutelas que se promueven contra una
providencia judicial a un riguroso análisis del contenido de la decisión en
cuestión. Cuando el cargo que sustenta la solicitud de amparo tiene que ver,
como en este caso, con el desconocimiento del precedente constitucional, la
Corte ha sido especialmente exigente, dada la necesidad de salvaguardar los
principios de autonomía y de independencia que rigen el ejercicio de la
actividad judicial. De ahí que, ante una acusación de esas características, se
exija que el juez constitucional i) identifique el precedente aplicable al caso
concreto, distinguiendo las reglas decisionales que contiene; ii) verifique que
la decisión cuestionada debió tomarlo en cuenta y iii) descarte si el juez tuvo
razones fundadas para apartarse del mismo.
6. La Sentencia SU-053 de 2015 no
llevó a cabo ese ejercicio. El fallo no identificó las reglas decisionales que
los tribunales acusados habrían desconocido (tan solo mencionó la Sentencia
SU-917 de 2010 y otro grupo de más de ochenta sentencias anteriores a ella, sin
precisar por qué constituían un precedente frente a los fallos objetados), no
explicó las razones por las que dichos precedentes debieron ser aplicados en
los casos fallados ni se pronunció, tampoco, sobre las razones que motivaron a
los jueces de cada caso a apartarse del referido precedente. En lugar de ello,
propuso una argumentación genérica que no demostró que las providencias objeto
de reproche hubieran incurrido en la irregularidad que se les atribuyó. Estimo,
en ese contexto, que el fallo adolece de una falta de motivación que contrasta
con el carácter excepcional que esta corporación le ha atribuido a las tutelas
que se promueven contra decisiones judiciales.
7.  La misma falencia se predica
de la decisión adoptada frente a las tutelas que un capitán y un teniente de la
Policía Nacional instauraron contra las sentencias que, en su criterio,
desconocieron el precedente constitucional sobre el deber de motivar los actos
administrativos de retiro discrecional de los
miembros de la Fuerza Pública. La Corte determinó que las providencias
cuestionadas desconocieron el precedente constitucional sobre la materia, pero,
paradójicamente, fundamentó tal conclusión en que los fallos acusados no habían
cumplido el estándar de motivación propuesto en la decisión de unificación (fundamentos
jurídicos 101 a 109). De esa manera, terminó reprochándoles a las
autoridades judiciales accionadas el desconocimiento de un “precedente” que no
existía para el momento en que suscribieron sus respectivas sentencias. Estimo,
en contravía de lo resuelto por la mayoría, que la infracción constitucional
verificada en este caso tenía que ver con una circunstancia distinta: el
desconocimiento injustificado de la jurisprudencia constitucional en vigor
sobre el deber de motivar los actos de desvinculación de los integrantes de la
Policía Nacional.
8. De otra parte, quisiera
referirme a las razones planteadas por la Sentencia SU-053 de 2015 en relación
con el motivo de la unificación realizada en este caso. Los fundamentos
jurídicos 65 y 66 de la sentencia refieren, al respecto, que el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional comparten criterios “sustancialmente
similares” sobre la motivación de los actos de retiro discrecional de los
miembros de la Policía Nacional y que, para proteger el principio de igualdad y
la coherencia del sistema jurídico, se hacía necesario conjugar las tesis de
ambos tribunales. Tal postura, sin embargo, pasa por alto que la Corte es
competente para unificar la jurisprudencia de su jurisdicción, pero no la de
los demás tribunales que fueron investidos de la facultad constitucional de
unificación jurisprudencial. El Consejo de Estado cumple tal función respecto
de las decisiones de la jurisdicción administrativa. Por eso, la idea de
“conjugar” su jurisprudencia con la de la Corte no podía ser el fundamento de
la decisión que aquí se adopta.
9. Cuestión distinta es que el
precedente fijado por esta corporación en sus fallos de constitucionalidad y en
la jurisprudencia relativa al contenido y alcance de derechos fundamentales sea
de obligatorio acatamiento, con las limitaciones propias que impone el
principio de autonomía judicial. En estos términos, los jueces de la jurisdicción
contenciosa y el propio Consejo de Estado podrían apartarse del precedente
fijado en la Sentencia SU-053 de 2015 si, por ejemplo, encuentran que una
decisión relativa al deber de motivar los actos de retiro discrecional de los
integrantes de la Policía Nacional puede adoptarse de una forma distinta a la
prevista en esta oportunidad, en aras de lograr una interpretación que resulte
más armónica con los principios constitucionales y más favorable a la vigencia
y efectividad de los derechos fundamentales.
10. Encuentro, en efecto, que
algunas de las reglas que se fijan en el fallo de unificación podrían resultar
de difícil aplicación práctica. No se entiende, por ejemplo, que se admita que los
actos administrativos de retiro discrecional de la Policía Nacional no deban
“necesariamente motivarse en el sentido de relatar las razones [de la
desvinculación] en el cuerpo del acto como tal”, pero se exija, al mismo
tiempo, que “estén sustentados en razones objetivas y hechos ciertos”.
En este punto, la Sentencia SU-053 de 2015 incurre en un contrasentido que
deberá ser corregido por los operadores judiciales de la jurisdicción
contencioso administrativa y por la propia Corte, en sede de revisión de
tutela.
11. Finalmente, debo manifestar
que no comparto la decisión de supeditar el monto de la indemnización que
pudiera corresponderles a los accionantes Jesús Suaza y Mauricio Sierra como
consecuencia de la eventual declaratoria de nulidad de los actos
administrativos que ordenaron su retiro del servicio a las reglas fijadas en la
Sentencia SU-556 de 2014 sobre la forma en que debe indemnizarse el retiro
inmotivado de los funcionarios que ocupan en provisionalidad un cargo de
carrera.
12. Reitero en este punto las
objeciones que formulé al aclarar mi voto sobre lo decidido en el fallo de
unificación de 2014[241].
Más allá de esto, mi preocupación puntual respecto de lo que ahora se resuelve
tiene que ver con el hecho de que la Corte pretenda extenderles a los
integrantes de la Policía Nacional que son retirados del servicio activo sin
conocer las razones de su desvinculación una regla que fue concebida
específicamente para los funcionarios provisionales.
13. Las reglas que sobre el
particular fijó la Sentencia SU-556 de 2014 se adoptaron considerando que la
modalidad de la vinculación de los funcionarios en provisionalidad no tiene una
vocación de permanencia. Así las cosas, no podía la Corte, sin más,
trasladarles los planteamientos formulados en esa ocasión a quienes se
encuentran en una situación fáctica sustancialmente distinta, en tanto están
sujetos a un régimen especial de carrera y ascenso.
14. Dado que la Sentencia SU-053
de 2015 no hizo ningún esfuerzo argumentativo por explicar por qué la regla
contenida en la Sentencia SU-556 de 2014 sobre los topes al monto de la
indemnización por la desvinculación inmotivada de los funcionarios en
provisionalidad debe extenderse a los integrantes de la Policía Nacional, lo
decidido frente a este punto no puede considerarse objeto de unificación y
deberá valorarse, posteriormente, en el marco de los nuevos casos que sobre el
tema lleguen a la Corte. En estos términos, aclaro mi voto en la sentencia de
la referencia.
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO A LA SENTENCIA SU-053 DE 2015,
EXPEDIENTE T-3.358.972 Y ACUMULADOS
MOTIVACION
DE ACTOS DE DESVINCULACION DE FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD EN
CARGOS DE CARRERA-Se desconoció el efecto implícito del reintegro
sin solución de continuidad consistente en el pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir desde la desvinculación hasta el reintegro efectivo
(Aclaración de voto)
DECLARATORIA
DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-En actos de desvinculación de
funcionarios nombrados en provisionalidad en cargos de carrera debe acarrear
como consecuencia el pago de todas las acreencias laborales dejadas de percibir
(Aclaración de voto)
NULIDAD POR
FALTA DE MOTIVACION DE ACTOS DE RETIRO DE EMPLEADOS EN CARGOS DE
PROVISIONALIDAD-Desconocimiento de la competencia de jurisdicción
contencioso administrativa (Aclaración de voto)
PAGO DE
SALARIOS Y PRESTACIONES DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE TIEMPO NO LABORADO-Fijación
de topes al pago de indemnizaciones son medidas regresivas en materia de
derechos laborales (Aclaración de voto)
DERECHOS LABORALES-No pueden ser desconocidos por el criterio de
sostenibilidad fiscal (Aclaración de voto)
MAGISTRADA
PONENTE:
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Con el respeto acostumbrado por
las decisiones que toma esta Corporación, me permito aclarar, como ya lo he
hecho en asuntos similares, el sentido del fallo adoptado por la Sala Plena
dentro del asunto de la referencia.
Debo en primer lugar manifestar
que existen razones que me llevan a disentir de algunos aspectos y
consideraciones que llevaron a la Sala Plena de esta Corporación, a proferir
una sentencia que resulta regresiva en materia de derechos laborales humanos,
en especial por las siguientes razones:
1.
La Sentencia en mención desconoce la línea jurisprudencial que la Corte
ha venido construyendo de manera progresiva desde el año 1998,  la cual venía
garantizando, con algunos matices, el reintegro de los empleados y funcionarios
públicos que estando ocupando un cargo de carrera en provisionalidad, fueron
desvinculados sin que se motivara el acto administrativo. En esa medida se está
cambiando el precedente fijado por  este Tribunal en lo que respecta a los
efectos implícitos que conlleva el reintegro sin solución de continuidad,
desconociendo que el mismo conlleva el pago de salarios y demás prestaciones
sociales que percibía el trabajador, como si nunca se hubiera interrumpido la
relación laboral.  Ello quedó plasmado en las sentencias de unificación  SU-917
de 2010 y la SU-691 de 2011, entre otras muchas sentencias.
2.
De igual manera, la Corte desconoce la competencia de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, la cual desde la expedición de la Ley 909 de 2004,
artículo 41, viene sosteniendo que la desvinculación de un empleado o
funcionario de carrera debe ser motivada, so pena de que opere el reintegro con
todas las consecuencias jurídicas que del mismo se desprenden. En este sentido,
el Tribunal está mutando el contenido de los efectos de la declaratoria de
nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales traen como lógica
consecuencia el pago de todas las acreencias laborales dejadas de percibir por
el trabajador, durante el tiempo que estuvo injustamente desvinculado, tal como
lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada y pacífica del Consejo de Estado en
las sentencias 0673/08, 1454/11,2031/11,  2105/11, 2256/11, 0412/12, 1090/12,
entre otras y la Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral- en la providencia
Radicado Núm. 33529, entre otras.
3.
La ponencia no tiene un fundamento legal sólido, toda vez que aplica una
norma por analogía (Ley 909 de 2004, normas que regulan la carrera
administrativa), cuando los asuntos a comparar son diametralmente opuestos,
´por lo que es abiertamente regresiva en materia de derechos laborales,  al
dejar de reconocer el pago de las prestaciones sociales y el aporte a la
seguridad social en pensiones durante el tiempo que duró la desvinculación del
trabajador.
4.
La posición de este Tribunal pareciera exaltar el principio de
sostenibilidad fiscal, como rector absoluto en las decisiones de esta Corte, en
detrimento de los derechos humanos laborales; además de trasladar al trabajador
la carga desproporcionada de la demora en la resolución de sus asuntos
contencioso administrativos, los cuales después de varios años de persistente
búsqueda de justicia, reciben a cambio una indemnización que no se acompasa con
el desgaste físico, emocional y económico al que se han visto expuestos.
5.
Considero que con esta determinación  se expone al Estado colombiano a
un gran número de demandas internacionales, toda vez que al reducirse
desproporcionadamente el pago integral de las reclamaciones laborales, se
induce a los empleados y funcionarios públicos a reclamar el restablecimiento
de sus derechos conculcados, ante los organismos internacionales, tales como la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En los anteriores términos dejo
argumentada mi postura, en lo que respecta a los efectos jurídicos que produce
el reintegro sin solución de continuidad, cuando un funcionario que ocupa en
provisionalidad un cargo de carrera, es desvinculado del mismo, sin solución de
continuidad.
Fecha ut supra,
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Auto 147/15
Referencia:
corrección de la Sentencia SU-053 de 2015, expediente T-3.358.972 y acumulados
Magistrada
Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Bogotá, D.C.,
veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de
la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere este Auto
previas las siguientes:
CONSIDERACIONES
1. Esta Corporación ha señalado que cuando en la
trascripción del texto de una sentencia se producen errores, es aplicable el
artículo 286 del Código General del Proceso, que indica lo siguiente[242]:
“ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES
ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error
puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier
tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.
Si la corrección se hiciere luego de
terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.
Lo dispuesto en los incisos anteriores se
aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de
estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.”
2. Existió un error de trascripción en la sentencia de
la referencia (SU-053 de 2015), que si bien no altera el fondo de la decisión
adoptada en la misma, en todo caso debe ser corregido para evitar equívocos.
3. Tal error consistió en transcribir, en el numeral vigésimo quinto de la parte resolutiva del
fallo, que el 7 de enero de 1997 fue la fecha de la Resolución
mediante la cual la señora Amanda Rengifo Osorio fue declarada insubsistente,
siendo el 7 de enero de 2003 la fecha correcta de la citada
Resolución (expediente T-3.431.941).
4. Al advertir que el error previamente identificado
puede dar lugar a una eventual dilación en el acatamiento del fallo, esta
Corporación procederá a corregirlo de oficio, acorde a lo dispuesto en el
artículo 286 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CORREGIR el numeral vigésimo quinto
de la parte resolutiva de la sentencia SU-053 de 2015, en donde dice:
“VIGÉSIMO
QUINTO: DEJAR SIN EFECTO las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
primera instancia por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del
Valle, el 31 de marzo de 2005, y en segunda instancia por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 8 de abril de 2010. En
su lugar DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 2 del 7 de enero de 1997,
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la cual se
declaró insubsistente el nombramiento de la accionante y a título de
restablecimiento del derecho ORDENAR
al Consejo Superior de la Judicatura REINTEGRAR a la señora Amanda Rengifo Osorio, sin
solución de continuidad, siempre y cuando el cargo específicamente desempeñado
no haya sido provisto mediante el sistema de concurso de méritos, no haya sido
suprimido o el servidor desvinculado no haya llegado a la edad de retiro
forzoso y cumpla con los requisitos para acceder al cargo público, tales como
la carencia de antecedentes penales y disciplinarios.”
Corregirse por:
“VIGÉSIMO
QUINTO: DEJAR SIN EFECTO las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
primera instancia por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del
Valle, el 31 de marzo de 2005, y en segunda instancia por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 8 de abril de 2010. En
su lugar DECLARAR LA NULIDAD de la Resolución 2 del 7 de enero de 2003,
proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la cual se
declaró insubsistente el nombramiento de la accionante y a título de
restablecimiento del derecho ORDENAR
al Consejo Superior de la Judicatura REINTEGRAR a la señora Amanda Rengifo Osorio, sin
solución de continuidad, siempre y cuando el cargo específicamente desempeñado
no haya sido provisto mediante el sistema de concurso de méritos, no haya sido
suprimido o el servidor desvinculado no haya llegado a la edad de retiro
forzoso y cumpla con los requisitos para acceder al cargo público, tales como
la carencia de antecedentes penales y disciplinarios.”
Segundo.-
ORDENAR a la Relatoría de esta Corporación, que adjunte copia del
presente auto a la sentencia respectiva, con el fin de que sea publicado junto
con ella en la Gaceta de la Corte Constitucional correspondiente.
Tercero.-
ORDENAR a la Secretaría General de la Corte, que envíe copia del
presente auto a todos los jueces y las autoridades a las que se les comunicó la
sentencia de la referencia.
Comuníquese y
cúmplase
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente con excusa
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (E)
[1] “Artículo
54. Cuando a juicio de la Sala Plena, por solicitud de cualquiera magistrado,
un proceso de tutela dé lugar a un fallo de unificación de jurisprudencia o la
trascendencia del tema amerite su estudio por todos los magistrados, se
dispondrá que la sentencia correspondiente sea proferida por la Sala Plena”.
[2] Folio 18 del
cuaderno de revisión del expediente T-3358972.
[3] Folio 19,
cuaderno 1º respectivo.
[4] Folio 22 ib.
[5] Folios 189 a
210 ib.
[6] Folios 285 a
299 ib.
[7] Folios 314 a 316,
cuaderno 1º respectivo.
[8] Folios 333 a
334 ib.
[9] Folios 338 a
357 ib.
[10] Folios  374 a
386 ib.
[11] Folios 64 a 69,
cuaderno 1º respectivo.
[12] Folio 3 ib.
[13] “Artículo  39º.- Derechos del empleado de
carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los empleados
públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean
titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos
o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de
modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos
equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que
establezca el Gobierno Nacional. // Para la incorporación de que trata este
artículo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 1. La incorporación se efectuará, dentro de los seis meses siguientes a
la supresión de los cargos, en empleos de carrera equivalentes que estén
vacantes o que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las
plantas de personal…”
[14] Folios 99 a 110
ib.
[15] Folio 108 ib.
[16] Folios 27 a 28
ib.
[17] Folios 30 a 45
ib.
[18] Folios 134 a 142
ib.
[19] Folios 147 y 148
ib.
[20] Folios 163 a 174
ib.
[21] Folios 26 a 30,
cuaderno 1º respectivo.
[22] Folios 195 a 199
ib.
[23] Folios 200 a 211
ib.
[24] Folio 226 ib.
[25] Folios 240 a 247 ib.
[26] Folios 260 a 279 ib.
[27] Folios 297 a 306
ib.
[28] Mediante
apoderado.
[29] Folios 19 y 20,
cuaderno 1º respectivo.
[30] Folio 35 ib.
[31] Folios 49 a 69
ib.
[32] Folios 73 a 87
ib.
[33] Folios 98 a 108
ib.
[34] Folios 109 a
112 ib.
[35] Folios 145 a
152 ib.
[36] Folios 156 a
160 ib.
[37] Folios 206 a
2015 ib.
[38] Mediante
apoderado.
[39] Folios 131 y
132, cuaderno 1º respectivo.
[40] Folio 4, ib.
[41] Folio 56 ib.
[42] Folios 43 a 47
ib.
[43] Folios 82 a 84
ib.
[44] Folios 75 a 80
ib.
[45] Folios  97 a 103
ib.
[46] Folios 153 a 167
ib.
[47] Mediante
apoderado.
[48] En providencia
del 25 de noviembre de 2010, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la tutela, por encontrar que no existió defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto el Tribunal
accionado aplicó lo dispuesto por esa Corporación frente a casos similares. El actor impugnó la anterior decisión, ratificándose
en todo lo manifestado en su escrito de tutela. Por su parte, Debido a que no se vinculó al Juzgado de primera
instancia ni a la Fiscalía General de la Nación, la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en decisión del 10 de marzo de 2011 declaró la nulidad de lo
actuado, para lo cual devolvió el expediente a la Sección Cuarta de dicha
Corporación. Posteriormente, mediante auto del 1º de abril de 2011, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, vinculó al Juzgado Trece Administrativo de
Cartagena y a la Fiscalía General de la Nación para que se pronunciaran sobre
los hechos del presente asunto.
[49] Folios 112 a 114
ib.
[50] Folios 116 a 126
ib.
[51] Folios 141 a 152 ib.
[52] Folio 34, cuaderno
1º respectivo.
[53] Folio 58 ib.
[54] Folio 14 ib.
[55] Folios 92 y 93
ib.
[56] Folios 94 a 104
ib.
[57] Folios 126 a 130
ib.
[58] Folios 134 a 140
ib.
[59] Mediante
apoderado.
[60] Se encuentra
visible en el folio 20, Cuaderno 1 respectivo. En dicha resolución no se
menciona el carácter del nombramiento.
[61] Folio 24 ib.
[62] Folio 13 ib.
[63] Folios 45 y 46
ib.
[64] Folios 26 a 43
ib.
[65] Folio 40 ib.
[66] Folios 44 a 51
ib.
[67] Folio 49 ib.
[68] Folio 50 ib.
[69] Folio 17 ib.
[70] Folios 134 a 140
ib.
[71] Folios 80 y 81
ib.
[72] Folios 134 a 140
ib.
[73] Folio 99 ib.
[74] Mediante
apoderado.
[75] Se encuentra
visible en los folios 20 y 21, cuaderno 1º respectivo.
[76] Folio 22 ib.
[77] Folios 23 a 35
ib.
[78] Folios 36 a 46
ib.
[79] Folios 89 a 91, cuaderno 1º
respectivo.
[80] Folios 92 a 102
ib.
[81] Folios 112 a
115 ib.
[82] Folios 125 a
133 ib.
[83] Folio139 ib.
[84] Mediante
apoderado.
[85] Folio 26,
cuaderno 1 respectivo.
[86] Folio 28 ib.
[87] Sentencia del
31 de marzo de 2005, folios 32 a 42 ib.
[88] Sentencia del 8
de abril de 2010, folios 43 a 559 ib.
[89] Folio 55 ib.
[90] Folio 134 ib.
[91] Folios 138 a
145.
[92] Folios 112 a
115 ib.
[93] Folios. 146 a
156 ib.
[94] Folios 162 a 177
ib.
[95] Mediante
apoderado.
[96] Folios 18 a 35,
cuaderno 1º respectivo.
[97] Folios 52 a 76
ib.
[98] Folio 75 ib.
[99] Folio 6 ib.
[100] Folios 91 y 92,
cuaderno 1º respectivo.
[101] Folios 118 a 129
ib.
[102] Folios 112 a
115 ib.
[103] Folios 139 a 142
ib.
[104] Folios 146 a 152
ib.
[105] Folios 207 a
232, cuaderno 1º del asunto correspondiente al demandante William Argumedo
Doria.
[106] Folio 230 ib.
[107] Mediante
apoderado.
[108] Folios 2 a 16,
cuaderno 1º respectivo.
[109] Folios 17 a 24
ib.
[110] Folios 68 y 69
ib.
[111] Folios 81 a 90
ib.
[112]
Folios 94
a 101 ib.
[113] Folios 106 a 108
ib.
[114] Folios 140 a 152
ib.
[115] Mediante
apoderado.
[116] Folio 30,
cuaderno 1º respectivo.
[117] Folios 53 a 70
ib.
[118] Folios 71 a 90
ib.
[119] Folios 91 a 116
ib.
[120] Folios 140 a
149 ib.
[121] Folio 149 ib.
[122] Folios 1 y 2 ib.
[123] Folios 158 a 160
ib.
[124] Folios 161 a 171
ib.
[125] Folios 180 a
197 ib.
[126] Folios 208 a 218
ib.
[127] Folios 224 a 242
ib.
[128] Folio 277 ib.
[129] Mediante
apoderado.
[130] Folio 27,
cuaderno 1º  respectivo.
[131] Folio 31 ib.
[132] Folio 26 ib.
[133]
Folio 47
ib.
[134] Folios 60 a 67
ib.
[135] Folio 76 ib.
[136] Folios 4 y 5
del cuaderno 2 respectivo.
[137] Folios. 17 y 18
ib.
[138] Folio 277 ib.
[139] Folios 54,
cuaderno Corte respectivo.
[140] Folio 89 y 90,
cuaderno 1º respectivo del asunto correspondiente a la peticionaria Alba Lucia
Antia Londoño.
[141] Mediante
apoderado.
[142] Folio 19,
cuaderno 1 respectivo.
[143] En Folios 21 a
24 ib, se observa el acta de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la
Policía Nacional, del 16 de marzo de 2006, donde se especifica que el retiro
del accionante se realiza por voluntad del Gobierno Nacional sin más
apreciaciones.
[144] En la
investigación disciplinaria que se inició por la Procuraduría General de la
Nación, en contra del señor Jesús Arcesio Suaza Móvil, mediante decisión del 9
de mayo de 2006 fue absuelto de los cargos, folios 25 y 26 ib.
[145] Folio 162 ib.
[146] Folio 4 ib.
[147] Folios183 a 185
ib.
[148] Folios 150 a 163
ib.
[149] Mediante
apoderado.
[150] Folio 420,
cuaderno de pruebas respectivo.
[151] En el Acta Nº
008 de 2006 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía
Nacional, se menciona que se retira al demandante por voluntad del Gobierno,
sin otras apreciaciones, folios 423 a 427 ib.
[152] Folio 9,
cuaderno 1º respectivo.
[153] Certificación
visible en el folio 16 del cuaderno de pruebas respectivo.
[154] Folios 684 a
721 ib.
[155] Folio 147 ib.
[156] Folios 817 a
847 ib.
[157] Folios 49 a 51
ib.
[158] Folios 49 a 51
ib.
[159] Mediante
apoderado.
[160] Folio 2,
cuaderno 1º respectivo
[161] Folios 29 a 33
ib.
[162] Folio 52 ib.
[163] Folios 62 y 63
ib.
[164] Folios 64 a 74
ib.
[165] Folios 195 a
202 ib.
[166] Folios 228 a
250, cuaderno 1º  correspondiente al peticionario Jesús Arcesio Suaza Móvil.
[167] M. P. José
Gregorio Hernández Galindo
[168] Al respecto
ver, entre otras, las sentencias SU-159 de 2002 y T-522 de 2001, en ambas M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de 2003 y T-1031 de 2001, en ambas M. P.
Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de 2000, M. P. Martha Victoria Sáchica
Méndez.
[169] M. P.
Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible una expresión del
artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio de cualquier
acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[170] Ver entre
muchas otras las sentencias T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-612 de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-584 de 2012, M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-661 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-671 de
2010; , M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-217 de 2010, M. P. Gabriel
Eduardo Martelo Mendoza; T-949 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo; T-555 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-584 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-796 de
2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1027 de 2006,
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-812 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil;
[171] T-419 de 2011,
M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-1257 de 2008, M. P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[172] Cfr., sobre la definición de precedente, las
sentencias T-292 de 2006, M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M. P. Alejandro
Martínez Caballero.
[173] Reiterada en
muchas oportunidades. Cfr., T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio,
T-1033 de 2012, M. P. Mauricio González Cuervo y T-285 de 2013, M. P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
[174] Cfr., T-082 de
2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-794 de 2011, M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta
última, dicho en otras palabras se explica: “La Corte también refirió al
grado de vinculación para las autoridades judiciales del precedente
jurisprudencial emitido por las altas cortes.  Resulta válido que dichas
autoridades, merced de la autonomía que les reconoce la Carta Política, puedan
en eventos concretos apartarse del precedente, pero en cualquier caso esa
opción argumentativa está sometida a estrictos requisitos, entre otros (i)
hacer explícitas las razones por las cuales se aparte de la jurisprudencia en
vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii) demostrar
suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de
mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.  Esta
opción, aceptada por la jurisprudencia de este Tribunal, está sustentada en
reconocer que el sistema jurídico colombiano responde a una tradición de
derecho legislado, la cual matiza, aunque no elimina, el carácter vinculante
del precedente, lo que no sucede con otros modelos propios del derecho
consuetudinario, donde el precedente es obligatorio, basado en el principio del
stare decisis.”
[175] Cfr. T-292 de 2006: “En este sentido, la vinculación de los jueces a los
precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la unidad y
armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser las normas
de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada del
Tribunal constituye una exigencia inevitable.”
[176] Reseña tomada
de: “La reforma o la tutela: ¿ajuste o desmote?”, publicado en UPRIMNY,
Rodrigo y otros. ¿Justicia para todos? Sistema judicial, derechos sociales y
democracia en Colombia. Editorial Norma, Bogotá, 2006.
[177]
Texto original: “That motive is the importance, and even necessity of
uniformity of decisions throughout the whole United States, upon all subjects
within the purview of the constitution. Judges of equal learning and integrity,
in different states, might differently interpret the statute, or a treaty of
the United States, or even the constitution itself: if there were no revising
authority to control these jarring and discordant judgments, and harmonize them
into uniformity, the laws, the treaties and the constitution of the United
States would be different, in different states, and might, perhaps, never have
precisely the same construction, obligation or efficiency, in any two states.” Tomado de: http://www.princeton.edu/aci/cases-pdf/aci2.martin.pdf
[178] M. P. Mauricio
González Cuervo. Cfr. 5.4.2. Fuerza
vinculante de la  jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre de
las jurisdicciones -jurisprudencia constitucional-.
[179] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[180] M. P. Alejandro
Martínez Caballero. Dicha posición ha sido reiterada en las sentencias T-683/98,
T-800/98, T-884/02, T-610/03, T-752/03, T-1011/03, T-597/04, T-951/04,
T-1206/04, T-1240/04, T-031/05, T-054/05, T-123/05, T-132/05, T-161/05,
T-222/05, T-267/05, T-374/05, T-392/05, T-454/05, T-648/05, T-660/05, T-696/05,
T-752/05, T-804/05, T-1059/05, T-1117/05, T-1159/05, T-1162/05, T-1248/05,
T-1258/05, T-1310/05, T-1316/05, T-1323/05, T-024/06, T-070/06, T-081/06,
T-156/06, T-170/06, T-222/06, T-254/06, T-257/06, T-432/06, T-519/06, T-634/06,
T-653/06, T-873/06, T-974/06, T-1023/06, T-064/07, T-132/07, T-245/07,
T-384/07, T-410/07, T-451/07, T-464/07, T-729/07, T-793/07, T-838/07, T-857/07,
T-887/07, T-1092/07, T-007/08, T-010/08, T-157/08, T-270/08, T-308/08,
T-341/08, T-356/08, T-437/08, T-580/08, T-891/08, T-1022/08, T-1112/08,
T-1256/08, T-011/09, T-023/09, T-048/09, T-087/09, T-104/09, T-108/09, T-109/09,
T-186/09, T-188/09, T-205/09, T-251/09, T-269/09, T-736/09, SU-917/10,
T-656/11, SU-691/11, T-961/11, T-204/12, T-147/13, T-716/13 y SU-556/14.
[181] Cfr.
Consideración 5º.
[182] M. P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[183] “son
nulos los actos administrativos que contravengan normas en las que han de
fundarse, y que desconozcan derechos de los administrados afectados por el
acto.”
[184] Cfr. Párrafo 5.4.2.
[185] Cfr. Párrafos
3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3.
[186] Cfr. Párrafo
3.5.10.
[187] Cfr. Párrafo
3.6.10.5.
[188] En la sentencia
SU-691 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte empezó a
desarrollar el criterio, según el cual, resultaba procedente ordenar, a las respectivas entidades accionadas que descontaran
las sumas que hubieren devengado los peticionarios, provenientes del Tesoro
Público entre el momento de la desvinculación hasta su reintegro efectivo o
hasta la fecha de supresión del cargo, según el caso.
[189] Artículo 209 de
la Constitución.
[190] Cfr. C-031 de 1995, M. P. Hernando Herrera
Vergara, C-333 de 1999 y C-1161 de 2000, en ambas, M. P. Alejandro Martínez
Caballero y C-144 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
[191] CASSAGNE, Juan
Carlos. El principio de legalidad y el control judicial de la
discrecionalidad administrativa. Ed. Marcial Pons, Buenos Aires, 2009. Pág.
196.
[192] CASSAGNE, Juan
Carlos. Op., Pág. 216.
[193] Artículo 4º. Por razones del servicio determinadas
por la Inspección General de la Policía Nacional, el Director General podrá
disponer el retiro de Agentes de esa Institución con cualquier tiempo de
servicio, con el solo concepto previo del Comité de Evaluación de Oficiales
Subalternos establecido en el artículo 47 del Decreto - ley 1212 de 1990.
[194] “Por el cual se toman medidas para aumentar la
eficacia de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.” Este decreto fue expedido bajo un estado de excepción por conmoción interior decretado para la época, por lo tanto fue sometido a la revisión automática por parte de la
Corte Constitucional.
[195] M. P. Carlos Gaviria Díaz
[196] Por el cual se
modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.
[197] M. P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[198] Durante este
periodo hubo diversas demandas contra este artículo, por lo cual se emitieron
las C-072 y C-120 de 1996, en ambas, M. P. José Gregorio Hernández Galindo y la
C-193 de 1996, M. P. Hernando Herrera Vergara. En todas ellas se declaró
estarse a lo resuelto en la sentencia C-525 de 1995.
[199] Esta
Corporación en fallo C-564 de 1998, M. P. Fabio Morón Díaz, declaró la
exequibilidad de la facultad del Comité de Evaluación de Oficiales y
Suboficiales para emitir sus conceptos, “bajo el entendimiento de que las
actuaciones… deben constar en acta en donde aparezcan los motivos del retiro
que se recomienda, dentro de las reglas del debido proceso administrativo”
y “precedida de la aplicación de circunstancias objetivas, justas y
razonables”.
[200]Los artículos
54, 55 y 62 de ese Decreto Ley, que regulaban el retiro discrecional de los
miembros de la Policía Nacional, fueron declarados inexequibles mediante la
sentencia C-253 de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis, debido a que el Presidente
excedió las facultades extraordinarias que le había otorgado en esa ocasión.
[201] Por medio de la cual se dictan nuevas normas para
regular el retiro del personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional y se modifica en lo pertinente a este asunto, el Decreto-ley 1791 de
2000 y se dictan otras disposiciones.
[202] M. P. Alfredo
Beltrán Sierra.
[203] En esta
sentencia se citan los casos más relevantes que constituyen la línea
jurisprudencial en materia de retiro discrecional de miembros de la Policía
Nacional. Otros casos en los cuales se habla del tema, por ejemplo aquellos en
que operó el retiro discrecional para miembros de las Fuerzas militares o por
la causal del llamamiento a calificar servicios, no son citados.
[204] M. P. Fabio
Morón Díaz.
[205] M. P. Jaime
Araújo Rentería.
[206] M. P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[207] M. P. Jaime
Araújo Rentería.
[208] Frente a uno de los restantes encontró que
éste sí conocía los motivos de la desvinculación (referidos a hechos
ciertos y objetivos, relacionados con denuncias hechas en su contra por su dudoso comportamiento y lealtad
policial) por lo cual el acto no fue arbitrario. Y respecto del último, la Sala
de Revisión declaró la improcedencia de la acción de tutela, pues el accionante
había dejado pasar el tiempo para iniciar la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin justificación alguna, con lo cual pretendía
que la acción de tutela fuera un medio alternativo y no subsidiario.
[209] M. P. Clara
Helena Reales Gutiérrez.
[210]“Sentencias
C-525 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-871 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo.”
[211] “Al respecto,
se puede consultar las sentencias C-179 de 2006 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-432 de 2008 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.”
[212]“Sentencia
T-1168 de 2008 M.P. Jaime Araujo Rentería.”
[213] En ese sentido
se dejan de lado las sentencias que estudiaron la discrecionalidad, pero desde
el llamamiento a calificar servicio. Asimismo no hace referencia a otro
tipo de retiros de los miembros de la Policía.
[214] Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 21 de mayo con radicado 16833, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora.
[215] Ver entre otras las siguientes sentencias, todas del
Consejo de Estado y la Sección Segunda:
·
Del 31 de julio de 1997, con
radicado 14608, Subsección B, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
·
Del 21 de mayo de 1998, con
radicado 16833, Subsección B, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
·
Del 30 abril de 1998, con radicado
15257, Subsección A, C. P. Dolly Pedraza de Arenas.
·
Del 17 de junio de 1999, con
radicado 14686, Subsección B, C. P. Silvio Escudero Castro.
[216]Con radicación 05001-23-31-000-1997-1860-01(0346-02),
C. P. Ana Margarita Olaya Forero.
[217] Esta posición fue posteriormente reiterada en la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A del 12 de
septiembre de 2002, con radicación 25000-23-25-000-1997-3608-01(3769-01), C. P.
Ana Margarita Olaya Forero.
[218] En su argumentación se precisó: “Por otra parte,
el concepto de buen servicio no se ciñe sólo a las calidades laborales del
servidor, sino que comporta circunstancias de conveniencia y oportunidad que
corresponde sopesar al nominador. La consideración discrecional compendia
múltiples razones de satisfacción general, distintas de las de naturaleza
disciplinaria, ya que lo que se persigue con el ejercicio discrecional para
el retiro por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, no es la
penalización de unas faltas, lo que explica que no se den las razones que
motivaron su retiro del servicio, ni es requisito el que se haya probado una
conducta irregular.”
[219]Con radicación 05001-23-25-000-1997-1223-01(2366-02), C.
P. Jesús María Lemos Bustamante.
[220] Ver entre otras
las siguientes sentencias, todas del Consejo de Estado y la Sección Segunda:
·
Del 27 de marzo de 2003, con radicación 08001-23-31-000-1999-2295-01(5003-01), Subsección B,
C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
·
Del 8 de mayo de 2003, con radicación 25000-23-25-000-1998-7979-01(3274-02),
Subsección B, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
·
Del
3 de agosto de 2006, con radicación 25000-23-25-000-2000-04814-01(0589-05),
Subsección B, C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
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Del
25 de noviembre de 2010, con radicación 25000-23-25-000-2003-06792-01(0938-10),
Subsección B, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Del
21 de noviembre de 2013, con radicación 05001-23-31-000-2002-04567-01(0254-12),
Subsección A, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
[221] Con radicación
25000-23-25-000-2000-04814-01(0589-05), Subsección B, C. P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
[222] Si bien pueden
encontrarse sentencias disidentes.
[223] Ver por ejemplo
la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda del 21 de noviembre de
2013, con radicación 05001-23-31-000-2002-04567-01(0254-12), Subsección A, C.
P. Luis Rafael Vergara Quintero.
[224] Según se
explicó en los fundamentos 29 a 42 de esta providencia, la Policía Nacional
cumple, entre otras, las funciones constitucionales de servir a la comunidad,
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y proteger a
todas las personas residentes en Colombia.
[225] Folio 68,
cuaderno 1º respectivo.
[226] Se encuentra
visible en el folio 20, Cuaderno 1º respectivo. En dicha resolución no se
menciona el carácter del nombramiento.
[227] Folio 24 ib.
[228] Folios 26 a 43
ib.
[229] Folio 40 ib.
[230] Folios 44 a 51
ib.
[231] “Por el cual
se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, que
fue derogado por la Ley 938 de 2004.
[232] Sentencias
T-1010 de 2000, T-995 de 2007, T-432 de 2008, T-1168 de 2008, T-111 de 2009 y
T-638 de 2012.
[233] Folio 147 ib.
[234] Folios 817 a
847 ib.
[235] Los respectivos
Decretos se encuentran visibles en los folios 12 del cuaderno 1º, en el expediente
correspondiente al caso del señor Jesús Arcesio Suaza Móvil, y folio 420 del
cuaderno de pruebas, en el caso del señor Mauricio Alonso Sierra Reina.
[236] Según se
explicó en los fundamentos 29 a 42 de esta providencia.
[237] Sobre este
punto, ver parte resolutiva de la Sentencia SU-556 de 2014.
[238] Al respecto ver
sentencias T-254 de 2006, T-410 de 2007, T-887 de 2007, T-1092 de 2007, T-437
de 2008, T-341 de 2008, T-580 de 2008, T-1112 de 2008, T-109 de 2009 y T-186 de
2009 y T-736 de 2009.
[239] El Consejo de
Estado ha sido renuente a atender el llamado de la Corte Constitucional para el
cumplimiento de fallos de tutela relacionados con la motivación de los actos de
retiro de servidores públicos nombrados en provisionalidad. En efecto, En
efecto, en la Sentencia T-254 de 2006 la Corte revisó el caso de un funcionario
del Ministerio del Interior y de Justicia nombrado en provisionalidad, quien
fue desvinculado sin que el acto de retiro hubiere sido motivado; el ciudadano
demandó la nulidad y el restablecimiento del derecho ante la jurisdicción
contencioso administrativa, pero sus pretensiones fueron desestimadas en
primera instancia y luego en segunda instancia en el Consejo de Estado.
Presentó entonces acción de tutela contra dichas providencias. En sede de
revisión la Corte Constitucional amparó los derechos invocados, dejó sin efecto
la sentencia de segunda instancia y ordenó al Consejo de Estado dictar un nuevo
fallo acorde a los lineamientos trazados en la jurisprudencia constitucional.
Sin embargo, el Consejo de Estado se abstuvo de emitir una nueva decisión y por
el contrario reiteró lo decidido con anterioridad.
[240] Ver, entre
otras, las sentencias T-995 de 2007 (MP Jaime Araújo Rentería) T-432 de 2008
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-1168 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería),
T-456 de 2009 (MP Jaime Córdoba Triviño) y T-432 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva). Esta posición se basa, además, en las decisiones de
constitucionalidad que, al analizar distintas normas relacionadas con el
ejercicio del a facultad discrecional de retiro de miembros de la Fuerza
Pública, estableció que esta debe hacerse con respeto por el derecho
fundamental al debido proceso. Ver, principalmente, las sentencias C-525 de
1995 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), C-564 de 1998 (MP Fabio Morón Díaz) y C-179
de 2006 (MP Alfredo Beltrán Sierra).
[241] Al aclarar mi
voto con respecto a la decisión adoptada en la Sentencia SU-556 de 2014,
advertí que la decisión de modificar las reglas sobre los topes de la
indemnización a que tienen derecho los funcionarios públicos en provisionalidad
que son desvinculados a través de un acto administrativo sin motivación no
podía sustentarse en la idea equivocada de que quienes formulan ese tipo de
reclamaciones lo hacen con la pretensión de enriquecerse sin justa causa, en
detrimento de la administración. Considero, como lo expliqué entonces, que “es
legítimo que el trabajador busque el restablecimiento judicial del vínculo
laboral que la administración finalizó con franco desconocimiento del
ordenamiento jurídico, así como la aplicación de las consecuencias propias de
la nulidad de un acto administrativo de esas características”.
[242]
La Corte
Constitucional ha corregido partes de sus sentencias en varias ocasiones. Por
ejemplo, mediante Auto 097 de 2004 corrigió las fechas que indicaban un período
de práctica que debía ser reconocido; en Auto 87 de 2004 corrigió en la parte
resolutiva de la sentencia el nombre de la persona a la cual se había impartido
una orden; en Auto 029A de 2009 corrigió en la parte resolutiva la fecha de una
sentencia que había sido confirmada. En el mismo sentido pueden consultarse,
entre otros, los autos números 174 de 2005, 067 de 2007, 051 de 2007, 197 de
2007, 01 de 2008, 259 de 2009, 033ª de 2011, 114 de 2014 y 038 de 2015.