T-492-99
Sentencia T-492/99
Sentencia T-492/99
ACCION DE
CUMPLIMIENTO-Posesión
miembros de Cabildo
Referencia:
Expediente T-190083
Acción de tutela
incoada por Luis Angel Sánchez, Gobernador del Cabildo Indígena de Palmira
Alta, contra la Alcaldía Municipal de San Antonio
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los
nueve (9) días del mes de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
I. INFORMACION
PRELIMINAR
Por conducto de apoderado, LUIS ANGEL
SANCHEZ, Gobernador del Cabildo Indígena de Palmira Alta, en jurisdicción del
Municipio de San Antonio (Tolima), ejerció acción de tutela contra la Alcaldía
Municipal, con base en los siguientes hechos:
"Luis Angel
Sánchez es el actual gobernador de la comunidad indígena de Palmira Alta,
jurisdicción del municipio de San Antonio. De manera reiterada, la alcaldía se
ha negado a dar posesión al cabildo representado por mi poderdante.
El cabildo indígena es
una forma de asociación con reglamentación sui generis, no ajena a la
Constitución ni a la ley. A los alcaldes les está prohibido crear restricciones
para la existencia de los mismos y exigir requisitos por fuera de las normas
superiores.
La posesión de los
cabildos indígenas está reglamentada en el artículo 3 de la Ley 89 de 1890.
Allí se establece que los cabildos indígenas no se rigen por la ley ordinaria
de la República, determinándose la toma de posesión de sus miembros con la sola
formalidad de ser reconocidos por la parcialidad ante el cabildo cesante y a
presencia del alcalde del distrito.
Además de su derecho
de existir como comunidad indígena con su forma de gobierno protegida por la
Ley 89, se contraviene la garantía constitucional del artículo 38 en cuanto a
que el derecho a organizarse asume para las parcialidades la forma de cabildo y
la negativa a reconocerles personería implica impedir que ejerza efectivamente
sus atribuciones y derechos ante terceros".
II. LAS DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISION
Mediante providencia del 29 de octubre de
1998, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
resolvió negar por improcedente la tutela incoada.
Manifestó al respecto:
"Considera el
accionante representado, que el Alcalde Municipal de San Antonio, ha vulnerado
los artículos 13 y 38 de la Constitución, como quiera que éste se ha negado a
dar posesión al mencionado Cabildo.
El Decreto 0306 de
febrero 19 de 1992 que reglamenta el 2591 de 1991, expresa que la acción de
Tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, y
por lo tanto, no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que sólo
tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los
reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.
Con base en la
anterior disposición, resulta forzoso concluir que la acción incoada por el
Apoderado legal del Gobernador de la comunidad indígena de Palmira Alta,
jurisdicción municipal de San Antonio (Tol.) no prospera".
Impugnado el Fallo, fue confirmado por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del 9 de marzo
de 1999, por considerar que los miembros del Cabildo Indígena gozan de otro
medio de defensa judicial para que se satisfagan sus pretensiones. La Corte
Suprema estimó que dicho medio es el indicado en el artículo 84 del Decreto 01
de 1984, es decir, la acción de nulidad, cuyo ejercicio hace viable la
solicitud de suspensión provisional del Decreto 1481 de 1992, expedido por el
Gobernador del Tolima.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corporación es
competente para revisar el Fallo aludido, con apoyo en los artículos 86 y 241-9
de la Constitución Política y según el Decreto 2591 de 1991.
2. Improcedencia
de la tutela
La Corte confirmará los fallos materia de
revisión, si bien no con base en el Decreto 306 de 1992, sino en virtud de la
misma Constitución Política.
Es claro que, como lo expresa el Tribunal,
no hay aquí un derecho fundamental afectado. Y ello, a diferencia de lo que
acontecía en el caso que la Corte examinó mediante Sentencia T-03 del 11 de
mayo de 1992, ocasión en que la negativa del Gobernador del Huila a dar
posesión a la Contralora implicaba la imposibilidad, para ella, de ejercer un
cargo público, con clara violación del artículo 40 de la Carta Política.
En esta ocasión, en cambio, aunque se
encuentra en juego la posibilidad de que un cabildo indígena ejerza su
actividad, la situación encaja mucho más en el artículo 87 que en el 86 de la
Constitución. Más que la defensa de derechos fundamentales de alguien en
particular se trata de obtener que el Alcalde de San Antonio cumpla lo
estatuido por las leyes de la República que los actores citan en su demanda.
El artículo 3 de la Ley 89 de 1890 dispone:
"Artículo 3.
En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de
indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus
costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1º de
enero a 31 de diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los
miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos por la
parcialidad ante el Cabildo cesante y a presencia del Alcalde del Distrito.
Exceptúanse de esta
disposición las parcialidades que estén regidas por un sólo Cabildo, las que
podrán continuar como se hallen establecidas".
Para alcanzar que en efecto lo allí
estatuido se cumpla, cabe la acción de cumplimiento; y, por tanto, no tiene lugar
la de tutela, que es subsidiaria, como tantas veces lo ha expresado esta Corte.
Y si lo que, en sentir de los demandantes
obstruye el acatamiento al precepto legal es la actual vigencia de un decreto
reglamentario, tiene razón la Corte Suprema de Justicia en indicar que el medio
idóneo para velar por el respeto de la aludida disposición es la acción de
nulidad contemplada en el Código Contencioso Administrativo.
DECISION
Con fundamento en las consideraciones
precedentes, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR, pero por las
expuestas razones, los fallos proferidos en el asunto de la referencia por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué y por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia.
Segundo.- DESE cumplimiento a
lo previsto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Magistrada
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ
Secretario General