T-627-05
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-627/05
DERECHO DE PETICION-Características
esenciales
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Término de quince días para informar estado del trámite
o copias de documentos
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Término de cuatro y seis meses para resolver
reconocimiento y pago
DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Deber de las entidades administradoras de pensiones
de dar respuesta pronta y de fondo
Referencia: expediente T-1102139
Accionante: María Laudice Olaya de Fonseca
Procedencia: Juzgado Veinte Laboral del
Circuito de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá,
D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil cinco (2005)
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados doctores Humberto Antonio Sierra
Porto, Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de la tutela
número T-1’102.139, acción promovida por la ciudadana María Laudice Olaya de
Fonseca contra la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL. El fallo fue
proferido por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, el 17 de marzo
de 2005.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La señora María Laudice Olaya de Fonseca,
mediante apoderado, interpone acción de tutela con el fin de que le sea
protegido el derecho de petición.
Afirma que el 26 de julio de 2004 solicitó
al Subgerente de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión
Social, que se le revisara la liquidación de la pensión gracia que le reconoció
la entidad demandada, mediante Resolución Nº 000348 del 20 de enero de 1998.
Además, solicitó que se le tuvieran en
cuenta todos los factores salariales devengados por ella en el año
inmediatamente anterior a la fecha de consolidación del derecho pensional y se
le pagaran las diferencias resultantes de la nueva liquidación con sus
respectivos reajustes, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.
Por lo anterior, la señora Olaya de
Fonseca considera que la Caja Nacional de Previsión Social le ha vulnerado su
derecho fundamental de petición y solicita se ordene a la entidad demandada le
suministre una respuesta oportuna a su solicitud.
2. Vinculación de la demandada y no
contestación de la petición de la accionante
El 14 de marzo de 2005, el Juzgado
Veinte Laboral del Circuito de Bogotá vinculó a la accionada para que
contestara el estado y trámite dado a la petición de la señora María Laudice
Olaya de Fonseca, sin que hasta la fecha de resolver la presente acción de
tutela hubiera el juzgado recibido respuesta por parte de Cajanal.
3. Sentencia objeto de  revisión
El 17 de marzo de
2005, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, concedió la tutela al
derecho fundamental de petición de la señora María Laudice Olaya de Fonseca por
encontrarlo vulnerado por la Caja Nacional de Previsión Social.
Agregó que no puede
tenerse de recibo la actitud tomada por la Caja Nacional de Previsión Social,
al no dar una respuesta a la solicitud de la accionante en el tiempo que la ley
ha determinado para ello, pues habían trascurrido más de ocho (8) meses desde
que se había realizado dicha petición y no se le había dado ninguna respuesta.
En consecuencia,
ordenó a la Dirección de la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL que por
intermedio de la División de Prestaciones Económicas o a quien corresponda, que
en el término de 48 horas, dispongan lo necesario para que se de contestación a
la petición de reliquidación de la pensión gracia a la accionante.
II. CONSIDERACIONES  Y FUNDAMENTOS
1. Competencia.
Esta Corte es competente para revisar el
presente fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y
241 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás
disposiciones pertinentes.
2. Problema Jurídico
Esta Sala estudiara si la Caja Nacional de
Previsión Social, al no resolver la solicitud de reliquidación de pensión de la
accionante, le ha vulnerado el derecho fundamental de petición, consagrado por
el artículo 23 de la Constitución.
3.
Temas Jurídicos
3.1. Derecho de
petición
La Corte ha expresado que una respuesta es suficiente
cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del
solicitante, sin perjuicio de que la  respuesta sea negativa a las pretensiones
del peticionario[1];
es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea[2] (artículos 2, 86 y 209
de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo
pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y
no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin
que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se
encuentre relacionada con la petición propuesta[3].
Esta Corporación ha consolidado
la jurisprudencia sobre el derecho de petición en los siguientes términos:
“(i) El derecho de petición es fundamental
y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser
resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo
solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el
cual debe ser lo más corto posible[4];
(v)la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se
aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares[5]; (vii)
el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la
vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición[6]
pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la
prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el
derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa[7]; (ix)
la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del
deber de responder;[8]
y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado”.[9]
Por consiguiente, se perfecciona
este derecho cuando la persona obtiene por parte de la entidad demandada una
respuesta de fondo, clara, oportuna y en un tiempo razonable a su petición.
3.2. Términos para resolver
solicitudes en pensiones.
Esta Corporación ha precisado que existen tres
términos distintos que corren de manera concomitante para resolver solicitudes
de pensión de jubilación, los cuales transcurren a partir de la solicitud de
reconocimiento de la pensión respectiva[10].
Así, de acuerdo a una interpretación normativa, se ha establecido que existen
los siguientes:
“(i) 15 días hábiles para todas las
solicitudes en materia pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis:
a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los
procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera
para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un
término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado
señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a
la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya
interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo.
(ii) 4 meses calendario para dar respuesta
de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la
presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del
artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a
Cajanal;
(iii) 6 meses para
adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago
efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700
de 2001”[11].
(Negrilla
y subrayado fuera de texto).
En este orden de ideas, cualquier
desconocimiento de los precitados términos de rango legal acarrea la
vulneración del derecho de petición, siendo la acción de tutela el mecanismo
idóneo para protegerlo.
Asimismo, la vulneración a la
pronta resolución como elemento del núcleo esencial del derecho fundamental de
petición en materia pensional, se configura cuando la autoridad encargada de
resolver este tipo de solicitudes incumple los términos atrás expuestos.
4. Caso Concreto
En el presente caso, la actora
interpuso acción de tutela porque su derecho de petición fue vulnerado por la
Caja Nacional de Previsión Social, al no resolver la solicitud de reliquidación
de pensión gracia de jubilación, reconocida mediante resolución número 000348
del 20 de enero de 1998.
El Juzgado Veinte Laboral del Circuito concedió el
amparo, porque la entidad demandada, sin justificación alguna, transcurridos
los 15 días después de que se radicó la petición, no adelantó los tramites
necesarios tendientes a resolver la petición realizada por la accionante.
La accionante lleva más de ocho
(8) meses (26 de julio de 2004) a la fecha de haber solicitado la revisión y
reliquidación de su pensión, petición a la cual no se le ha dado respuesta por
parte de la entidad accionada. Lo anterior se prueba ya que el Juzgado de instancia
vinculó a la entidad demandada y no fue posible que diera respuesta a dicho
requerimiento.
La omisión asumida por parte de CAJANAL, incluso ante
el requerimiento hecho por el juez de instancia de esta tutela a fin de que
hiciera algún pronunciamiento, demuestra un total desconocimiento de los
principios que deben regir todas las actuaciones de la administración y
conlleva la violación del derecho fundamental de petición de la accionante.
En consecuencia, la
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, por las razones expuestas,
confirmará la sentencia de instancia, en el sentido de tutelar el derecho de
petición, para que se resuelva la solicitud de revisión y reliquidación de la
pensión gracia de jubilación por parte de la Caja Nacional de Previsión Social.
Por tanto, esta Sala
ordenará a la entidad demandada que dentro del término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, si no lo ha hecho,
proceda a contestar de fondo, en forma clara y precisa la petición elevada por
la accionante.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del diecisiete (17) de marzo de 2005
proferida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogotá, en la cual se
concedió la tutela del derecho fundamental de petición, dentro de la acción
instaurada por la señora María Laudice Olaya de Fonseca contra la Caja Nacional
de Previsión Social, CAJANAL.
SEGUNDO.  ORDENAR a CAJANAL, si aún no lo ha hecho, que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta
Sentencia, proceda a resolver de manera clara, precisa y de fondo la petición
formulada por la señora María Laudice Olaya de Fonseca.
TERCERO. PREVENIR a la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL para
que en el futuro se abstenga de incurrir en actuaciones que puedan vulnerar los
derechos fundamentales de sus afiliados.
CUARTO. LÍBRESE
por
Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, no firma la presente sentencia por encontrarse
en comisión de servicios en el exterior debidamente autorizada por la Sala
Plena de esta Corporación.
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
SECRETARIA GENERAL
[1] Sentencias
T-1160A/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-581/03 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[2] Sentencia T-220/94
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[3] Sentencia T-669/03
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[4] Sentencia T-481 de 1992,
M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.
[5] Al respecto véase
la sentencia T-695 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierrra.
[6] Sentencia  T-1104 de
2002, M.P Manuel José Cepeda.
[7] Sentencias T-294 de 1997
y T-457 de 1994.
[8] Sentencia 219 de
2001, M.P. Fabio Morón Díaz.
[9] Sentencia 249 de
2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[10] Sentencia T-760/03
M.P.Jaime Cordoba Triviño.
[11] Sentencia SU – 975
de 2003.