T-025-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-025/04
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Asociaciones de desplazados/AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Condiciones para que las asociaciones de desplazados
interpongan la acción
Dada la condición de extrema
vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del
desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de
personas especialmente protegidas por la Constitución –tales como mujeres
cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera
edad ‑, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las
acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente
onerosa para estas personas. Es por ello que las asociaciones de desplazados,
que se han conformado con el fin de apoyar a la población desplazada en la
defensa de sus derechos, pueden actuar como agentes oficiosos de los
desplazados. Tales organizaciones estarán legitimadas para presentar acciones de
tutela a favor de sus miembros bajo las siguientes condiciones: 1) que se haga
a través de su representante legal, acreditando debidamente su existencia y
representación dentro del proceso de tutela; 2) que se individualice, mediante
una lista o un escrito, el nombre de los miembros de la asociación a favor de
quienes se promueve la acción de tutela; y 3) que no se deduzca de los
elementos probatorios que obran en el proceso que el agenciado no quiere que la
acción se interponga en su nombre.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Alcance
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Causales
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Vulneración múltiple, masiva y continua de
derechos fundamentales
DESPLAZADOS INTERNOS-Derecho a recibir en forma urgente un
trato preferente
En razón de esta multiplicidad de derechos
constitucionales afectados por el desplazamiento, y atendiendo a las aludidas
circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se
encuentran los desplazados, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que éstos
tienen, en términos generales, un derecho a recibir en forma urgente un trato
preferente por parte del Estado. Este derecho al trato preferente constituye,
en términos de la Corte, el “punto de apoyo para proteger a quienes se hallan
en situación de indefensión por el desplazamiento forzado interno”, y debe
caracterizarse, ante todo, por la prontitud en la atención a las necesidades de
estas personas, ya que “de otra manera se estaría permitiendo que la
vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones,
se agravara”.
DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS-Ordenes proferidas por la Corte
Constitucional para su protección
DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS-Su vulneración ha persistido en el tiempo/DERECHOS
DE LOS DESPLAZADOS-Autoridades competentes no han adoptado los correctivos
para su protección
El patrón de violación de los derechos
de la población desplazada ha persistido en el tiempo, sin que las autoridades
competentes hayan adoptado los correctivos suficientes para superar esas
violaciones, y sin que las soluciones puntuales ordenadas por la Corte frente a
las violaciones detectadas en las sentencias dictadas hasta el momento, hayan
contribuido a impedir la reincidencia de las autoridades demandadas en tutela.
Inclusive, se ha llegado a agravar la situación de afectación de los derechos
de la población desplazada ante la exigencia impuesta por algunos funcionarios
de la interposición de acciones de tutela como requisito previo para que las
autoridades encargadas de su atención cumplan con sus deberes de protección.
POLITICA PUBLICA DE ATENCION A POBLACION
DESPLAZADA-Resultados
POLITICA PUBLICA DE ATENCION A POBLACION
DESPLAZADA-Problemática de
la capacidad institucional del Estado para su protección
ESTADO-Insuficiencia de recursos para la implementación de
políticas de atención a la población desplazada
La escasez de recursos ha sido señalada
consistentemente por los documentos aportados al proceso, publicados en
distintos momentos y elaborados por entidades tanto de carácter público como
particular, como la causa central de las fallas en la implementación de las
políticas de atención a la población desplazada. El gobierno central ha
destinado recursos financieros inferiores a las necesidades de la política y
muchas de las entidades territoriales no han destinado recursos propios para
atender los distintos programas. La insuficiencia de recursos ha afectado la
mayoría de los componentes de la política y ha llevado a que las entidades que
integran el SNAIPD no puedan adelantar acciones concretas adecuadas para
cumplir los objetivos trazados en la política. Es por ello que el nivel de
ejecución de las políticas es insuficiente frente a las necesidades de la
población desplazada y que los índices de cobertura de sus distintos componentes
son tan bajos.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PUBLICO-Momentos en que opera
Sobre el principio de legalidad ha dicho la
jurisprudencia que, “opera en dos momentos distintos del proceso presupuestal:
uno primero, al elaborarse la ley anual, cuando sólo deben incorporarse en el
proyecto respectivo aquellas erogaciones previamente decretadas por la ley.
Posteriormente, en la etapa de ejecución del presupuesto, el principio de
legalidad indica además que para que los gastos puedan ser efectivamente realizados,
las correspondientes partidas deben haber sido aprobadas por el Congreso al
expedir la ley  anual de presupuesto
DERECHOS FUNDAMENTALES DE DESPLAZADOS-Asignación de recursos para su protección
El que las leyes anuales del presupuesto
limiten la asignación de recursos dirigidos a la ayuda de la población
desplazada, es un indicativo de la realidad fiscal y macroeconómica en la que
se encuentra el país. Sin embargo, ello no significa que las leyes de
presupuesto constituyan una modificación de los alcances de la Ley 387 de 1997.
Desde el punto de vista constitucional, es imperioso destinar el presupuesto
necesario para que los derechos fundamentales de los desplazados tengan plena
realización. La obligación constitucional del Estado de garantizar una
protección adecuada a quienes por razón del desplazamiento forzado interno se
encuentran en condiciones indignas de vida no puede ser aplazada
indefinidamente. La Ley 387 de 1997 reconoció que la atención de la población
desplazada es urgente y prioritaria. La jurisprudencia de esta Corporación ha
reiterado la prelación que tiene la asignación de recursos para atender a esta
población y solucionar así la crisis social y humanitaria que representa este
fenómeno. No obstante, ello no ha sucedido y de esta forma se ha desconocido la
Carta Política, lo ordenado por el Congreso de la República y lo dispuesto en
las políticas de desarrollo adoptadas por el propio Ejecutivo.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Correctivos que deben cumplirse para una suficiente
apropiación presupuestal/DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
DESPLAZADOS-Colaboración
armónica entre las ramas del poder público para su protección
Con el fin de corregir esta situación, es
necesario que las distintas entidades nacionales y territoriales encargadas de
la atención de la población desplazada, cumplan a cabalidad con sus deberes
constitucionales y legales y adopten, en un plazo razonable, y dentro de las
órbitas de sus competencias, los correctivos que aseguren una suficiente
apropiación presupuestal. Al ordenar este tipo de medidas, no está
desconociendo la Corte la separación de poderes que establece nuestra
Constitución, ni desplazando a las demás autoridades en el cumplimiento de sus
deberes. Por el contrario, la Corte, teniendo en cuenta los instrumentos
legales que desarrollan la política de atención a la población desplazada, así
como el diseño de la política y los compromisos asumidos por las distintas
entidades, está apelando al principio constitucional de colaboración armónica
entre las distintas ramas del poder, para asegurar el cumplimiento de los
deberes de protección efectiva de los derechos de todos los residentes en el
territorio nacional. Esa es la competencia del juez constitucional en un Estado
Social de Derecho respecto de derechos que tienen una clara dimensión
prestacional.
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Evolución jurisprudencial
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Factores que lo determinan
Dentro de los factores valorados por la
Corte para definir si existe un estado de cosas inconstitucional, cabe destacar
los siguientes: (i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos
constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la
prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones
para garantizar los derechos; (ii) la adopción de prácticas inconstitucionales,
como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para
garantizar el derecho conculcado; (iii) la no expedición de medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de los derechos. (iv) la existencia de un problema social cuya
solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción
de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos
que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (v) si todas las
personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para
obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión
judicial.
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA
POBLACION DESPLAZADA-Elementos/ESTADO
DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA POBLACION DESPLAZADA-Declaración formal
Varios elementos confirman la
existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de
la población internamente desplazada. En primer lugar, la gravedad de la
situación de vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada fue
expresamente reconocida por el mismo legislador al definir la condición de
desplazado, y resaltar la violación masiva de múltiples derechos. En segundo
lugar, otro elemento que confirma la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, es el elevado volumen de
acciones de tutela presentadas por los desplazados para obtener las distintas
ayudas y el incremento de las mismas. En tercer lugar, los procesos acumulados
en la presente acción de tutela, confirma ese estado de cosas inconstitucional
y señalan que la vulneración de los derechos afecta a buena parte de la
población desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y que las
autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos. En cuarto lugar, la
continuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una única
entidad. En quinto lugar, la vulneración de los derechos de los desplazados
reposa en factores estructurales enunciados en el apartado 6 de esta
providencia dentro de los cuales se destaca la falta de correspondencia entre
lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas, aspecto que adquiere una
especial dimensión cuando se mira la insuficiencia de recursos dada la
evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la magnitud del problema
frente a la capacidad institucional para responder oportuna y eficazmente a él.
En conclusión, la Corte declarará formalmente la existencia de un estado de
cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la población
internamente desplazada. Por ello, tanto las autoridades nacionales como las
territoriales, dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los
correctivos que permitan superar tal estado de cosas.
AUTORIDADES-Están obligadas a la corrección de desigualdades
sociales
Las autoridades están obligadas ‑por los medios
que estimen conducentes – a corregir las visibles desigualdades sociales, a
facilitar la inclusión y participación de sectores débiles, marginados y
vulnerables de la población en la vida económica y social de la nación, y a
estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de
existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad.
DEBERES DEL ESTADO-Clases
Se derivan dos clases de deberes para el
Estado. Por una parte, debe adoptar e implementar las políticas, programas o
medidas positivas para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades
entre los asociados y al hacerlo, dar cumplimiento a sus obligaciones
constitucionales de satisfacción progresiva de los derechos económicos,
sociales y culturales básicos de la población ‑en aplicación de lo que la
jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las
injusticias presentes”‑. Y, por otra, debe abstenerse de adelantar,
promover o ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y
directamente a agravar la situación de injusticia, de exclusión o de
marginación que se pretende corregir, sin que ello impida avanzar gradual y
progresivamente hacia el pleno goce de tales derechos.
ESTADO-Adopción de medidas a favor de los
grupos marginados
La adopción de medidas en favor de los grupos
marginados, no constituye una competencia meramente facultativa del legislador
sino que es un mandato de acción, encaminado a transformar las condiciones materiales
que engendran o perpetúan la exclusión y la injusticia social. Este deber
estatal, si bien necesita ser desarrollado por la ley, y está atado a las
apropiaciones presupuestales correspondientes, no puede quedar indefinidamente
aplazado en la agenda estatal.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Retroceso en su protección
Por la vía de la insuficiente apropiación presupuestal
y de la omisión en la corrección de las principales falencias de la capacidad
institucional, el avance progresivo en la satisfacción de los derechos de la
población desplazada no sólo se ha retrasado, sino que se ha ido deteriorando
con el paso del tiempo en algunos aspectos. Dicho retroceso es, prima facie,
contrario al mandato constitucional de garantizar el goce efectivo de los
derechos de todos los desplazados. Por eso, el primer deber de las autoridades
competentes es evitar dicho retroceso práctico en los aspectos del nivel de
protección de los derechos de todos los desplazados donde éste se ha
presentado, así dicho retroceso sea resultado de la evolución del problema y de
factores que escaparon a la voluntad de los funcionarios responsables.
DERECHOS SOCIALES PRESTACIONALES-Prohibición de retrocesos en ampliación
progresiva/DERECHOS SOCIALES PRESTACIONALES-Control estricto frente a
medidas de retroceso
DERECHOS SOCIALES PRESTACIONALES-Parámetros a tener en cuenta
A todos los derechos que tengan una
marcada dimensión prestacional se pueden resumir en los siguientes parámetros.
Primero, prohibición de discriminación (por ejemplo, no se podría invocar la
insuficiencia de recursos para excluir de la protección estatal a minorías
étnicas o partidarios de adversarios políticos); segundo, necesidad de la
medida lo cual exige que sean estudiadas cuidadosamente medidas alternativas y
que éstas sean inviables o insuficientes (por ejemplo, se han explorado y
agotado otras fuentes de financiación); tercero, condición de avance futuro
hacia la plena realización de los derechos de tal forma que la disminución del
alcance de la protección sea un paso inevitable para que, una vez superadas las
dificultades que llevaron a la medida transitoria, se retome el camino de la
progresividad para que se logre la mayor satisfacción del derecho (por ejemplo,
señalando parámetros objetivos que, al ser alcanzados, reorientarían la
política pública en la senda del desarrollo progresivo del derecho); y cuarto,
prohibición de desconocer unos mínimos de satisfacción del derecho porque las
medidas no pueden ser de tal magnitud que violen el núcleo básico de protección
que asegure la supervivencia digna del ser humano ni pueden empezar por las
áreas prioritarias que tienen el mayor impacto sobre la población. Pasa la
Corte a definir tales mínimos.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
DESPLAZADOS-Ponderación y prioridades
en la atención oportuna
Dadas las magnitudes actuales del problema de
desplazamiento en Colombia, así como el carácter limitado de los recursos con
los que cuenta el Estado para satisfacer este cometido, es forzoso aceptar que
al momento de diseñar e implementar una determinada política pública de
protección a la población desplazada, las autoridades competentes deben
efectuar un ejercicio de ponderación y establecimiento de áreas prioritarias en
las cuales se prestará atención oportuna y eficaz a dichas personas. Por lo
tanto, no siempre se podrá satisfacer, en forma concomitante y hasta el máximo
nivel posible, la dimensión prestacional de todos los derechos constitucionales
de toda la población desplazada, dadas las restricciones materiales y las
dimensiones reales de la evolución del fenómeno del desplazamiento.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Niveles mínimos de protección
Existen ciertos derechos mínimos de la población
desplazada que deben ser satisfechos en cualquier circunstancia por las
autoridades a los desplazados, puesto que en ello se juega la subsistencia
digna de las personas en esta situación.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Condiciones para definir el nivel mínimo
de protección
Para definir el nivel mínimo de satisfacción de los
derechos constitucionales de las personas desplazadas, debe hacerse una
distinción entre (a) el respeto por el núcleo esencial de los derechos
constitucionales fundamentales de los desplazados, y (b) la satisfacción, por
parte de las autoridades, de ciertos deberes prestacionales derivados de los
derechos reconocidos a nivel internacional y constitucional en cabeza de los
desplazados. En cuanto a lo primero, es claro que las autoridades en ningún
caso pueden obrar de forma tal que terminen por desconocer, lesionar o amenazar
el núcleo esencial de los derechos fundamentales constitucionales de las
personas desplazadas. En esa medida, no pueden los desplazados ser objeto de
acciones por parte de las autoridades que atenten, por ejemplo, contra su
integridad personal o contra su libertad de expresión. En cuanto a lo segundo,
observa la Sala que la mayor parte de los derechos reconocidos por la
normatividad internacional y la Carta Política a las personas desplazadas
imponen a las autoridades, por las circunstancias mismas en que se encuentran
los desplazados, claras obligaciones de carácter prestacional, que necesariamente
implicarán un gasto público. Es allí, en la preservación de las condiciones más
básicas que permiten sobrevivir con dignidad, donde se debe trazar un límite
claro entre las obligaciones estatales de imperativo y urgente cumplimiento
frente a la población desplazada, y aquellas que, si bien tienen que ser
satisfechas, no tiene la misma prioridad.
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Protección
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS DESPLAZADOS-Ayuda humanitaria de emergencia
CORTE CONSTITUCIONAL-Ordenes complejas y simples en materia de
desplazamiento
En el caso presente, la Sala dará dos
tipos de órdenes. Unas órdenes de ejecución compleja, relacionadas con el
estado de cosas inconstitucional y dirigidas a garantizar los derechos de toda
la población desplazada, independientemente de que hayan o no acudido a la
acción de tutela para la protección de sus derechos. Tales órdenes tienen como
finalidad que las entidades encargadas de atender a la población desplazada
establezcan, en un plazo prudencial, y dentro de la órbita de sus competencias,
los correctivos que sean necesarios para superar los problemas de insuficiencia
de recursos destinados y de precariedad de la capacidad institucional para
implementar la política estatal de atención a la población desplazada. Las
órdenes de carácter simple que también se dictarán en este proceso están
dirigidas a responder las peticiones concretas de los actores en la presente
acción de tutela, y resultan compatibles con la línea jurisprudencial de la
Corte Constitucional para la protección de los derechos de la población en
situación de desplazamiento.
CORTE CONSTITUCIONAL-Ordenes para superar el estado de cosas
inconstitucional en la población desplazada/CONSEJO
NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA-Superación del estado de cosas inconstitucional
En cuanto a las órdenes necesarias para
superar la vulneración masiva y continua de los derechos de la población
desplazada originada en factores estructurales, la Corte declarará la
existencia de un estado de cosas inconstitucional y lo comunicará a las
autoridades con responsabilidades en el tema, para que adopten, dentro de la
órbita de sus competencias, y en un tiempo razonable, los correctivos que sean
necesarios. Estas órdenes están dirigidas a que se adopten decisiones que
permitan superar tanto la insuficiencia de recursos, como las falencias en la
capacidad institucional. Dado que el Consejo Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada es el órgano encargado de formular la política y de
garantizar la asignación presupuestal para los programas de atención a la
población desplazada, la Sala le comunicará del estado de cosas
inconstitucional para que sea esta instancia la que determine la forma como
pueda superarse la insuficiencia de recursos y las falencias en la capacidad
institucional. el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada, en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la comunicación
de la presente sentencia, deberá concluir las acciones encaminadas a que todos
los desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos
AUTORIDADES-Procedimiento a seguir cuando se reciban peticiones
de desplazados
Cuando las distintas autoridades reciban una petición
proveniente de un desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de
sus derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista
de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de
15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3)
informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los
requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo
puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la
solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad
presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos,
determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud
cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la
informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá
para lo reciba efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un
fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos
fundamentales de los desplazados.
ACCION DE TUTELA-Ordenes para responder las solicitudes de
los accionantes desplazados
ACCION DE TUTELA-No puede emplearse para alterar el orden
en que se entreguen las ayudas a la población desplazada
La acción de tutela no puede ser
empleada para alterar el orden en que serán entregadas las ayudas solicitadas
ni para desconocer los derechos de otros desplazados que no acudieron a la
acción de tutela y que se encuentran, en igualdad de condiciones, a la espera
de una respuesta de la entidad.
Referencia: expediente T-653010 y
acumulados[1]
Acción de
tutela instaurada por Abel Antonio Jaramillo, Adela Polanía Montaño, Agripina
María Nuñez y otros contra la Red de Solidaridad Social, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio de Educación, el Inurbe,
el Incora, el SENA, y otros
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D. C., veintidós (22) de enero de
dos mil cuatro (2004).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
1.  Hechos
Bajo el expediente T-653010, fueron
acumulados otros 108 expedientes, correspondientes a igual número de acciones
de tutela interpuestas por 1150 núcleos familiares, todos pertenecientes a la
población desplazada, con un promedio de 4 personas por núcleo, y compuestas
principalmente por mujeres cabezas de familia, personas de la tercera edad y
menores, así como algunos indígenas. La última acumulación se llevó a cabo el
10 de noviembre de 2003, mediante Auto de esa misma fecha, con el cual se
acumuló el expediente T-775898 al expediente T-653010.
Los nombres de los accionantes en cada
expediente acumulado se listan a continuación:
Expediente
ACCIONANTES
T- 653010, (demandante: Fundación Ayudémonos Fundayude a través de su
representante legal Javier Augusto Silva Madero)
Abel Antonio Jaramillo, Adela Polania
Montaño, Agripina María Nuñez, Aida Gutiérrez Vásquez, Alberto Cervantes,
Alfredo Antonio Lara, Álvaro Antonio Aguilar, Álvaro Torres Riatiga, Amparo
de la Hoz Julio, Ana de Dios Lerez Hernández, Ana Elsa Maldonado, Ana Julia
de León, Ana Leonor Díaz Sierra, Ana Lucía Armesto M., Ana Magali Fernández,
Ana Polo Camacho, Ana Rosa Marín, Ana Rosa Mendoza Torres, Ángel Miro
Balaguera Paredes, Aracelis de Avila Peña, Asdrúbal Andrade, Aurora
Balaguera, Benjamín de la Cruz Ceballos, Bienvenida Santos, Blanca Jaramillo
Jiménez, Carlos Wisman Murgas, Carmen Aroca Jiménez, Carmen Cecilia Ochoa
Contreras, Carmen Jiménez, Casilda de la Cruz Peña, Celita María Gutiérrez,
Dagoberto Ramos, Dalcímenes Mejía Toncel, Daniel Andrade Rodríguez, Deley
María Casares, Denis Edith Noriega Blanco, Diógenes Simón Retamoso, Edilberto
Cabas Orozco, Edilma Guzmán M., Eliana Cecilia Parejo Oliveros, Elvia Becerra
Riatiga, Emerson Florez Gómez, Erminia Cervantes Ortega, Etilvia Álvarez
Díaz, Etilvia Rosa Rodríguez, Ezequiel Florez Bustos, Faridis Ariza Mendoza,
Fredy Valdez González, Georgina Isabel Moreno Díaz, Glenis Miranda Castillo,
Humberto Alfaro Zaldua, Ibaldo Enrique Gutiérrez, Ilce Norelis Díaz Jiménez,
Inés Rodríguez Perdomo, Jaime A. González Peña, Jaime Rafael Angarita, Jairo
García Agudelo, Javier A. Silva Madero, Javier Gamarra Senior, José Ángel
Aristizabal, José Cañas Santiago, José Gregorio Estrada, José Muñoz Monte,
José Otoniel Idárraga Duque, José S. Franco, Juan de Dios Sánchez, Ladis
Navas Martínez, Laureano de León Carrascal, Leidy A. Castillo Nieto, Lidia
Rosa Jiménez, Lidies Noriega de Cuello, Lilia Ariza Mendoza, Liliana Guerra,
Luis Carlos Morales, Luis Felipe Ríos Manzano, Luz Marelis Pallares Ceballos,
Luz Marina Ayala, Madeline Jiménez Ramos, Magaly Zarate Orozco, Magola
Cecilia Pérez, Manuela Isabel Castillo, María Aide Villegas Pérez, María
Antonia Bustos, María Aracely Tobón, María de Jesús López, María Filomena Ruíz
Ramírez, María Ospino, Maríana Palacios, Marlene Vásquez Lacio, Marleny
Isabel Blanco, Martha Tobón Dique, Martha Vargas Ibáñez, Miguel Ángel Escobar
Restrepo, Miriam Buelvas Barreto, Mónica Medellín Arrieta R., Nadia Yanet
González, Narciso Alberto Reales, Nelcy Elena Aguirre Suárez, Nestar Juana
García, Nilson Aguilar Mateus, Nohemy Satizabal, Nuris Cecilia Alvarado,
Oladis Pérez Deicofz, Olga Gutiérrez, Olga López Martínez, Pastor de Jesús
García Agudelo, Pedro Pallares Soto, Ramiro Hernando Zapata, Ramón Antonio
Reyes, Ramón Silva Vide, Raúl Antonio Ospino Zuleta, Rubén Darío Romero
Blanco, Samuel Segundo González, Sandra Milena García, Sebastiana María
Ortega, Shirley Barreto Santos, Soraida Padilla Flórez, Stella Esther Villero
Nuñez, Tania Cecilia Rojas, Tomás Carmona, Trinidad Sánchez, Víctor Manuel
Moreno M., Víctor Manuel Pérez Valero, Walter Cuadros Gil, Wilson Rafael
Rabeloc, Yorlenis González U., Yudy Pérez Rudas, Zoraida Cabrera García
T- 619610, (demandante:  Cristóbal Quevedo Medina y otros)
Cristóbal Quevedo Medina, Griselda Medina
Devia, Custodia Cruz Pérez, Jorge Aníbal Lozada Hernández, Wilson Ariel
Bustos, Ricardo Garzón Sánchez, Gregorio Vanegas Zapata, Luis Alfonso Álvarez
Ortiz, Eden Lozada Hernández, Fabián Molano Díaz, Fanny Guzmán Castro,
Bellanid Acosta Guzmán, Elida Salazar Murcia, Nilson Pérez Céspedes, Enrique
Motta, Lui Ever Guzmán Castro, Luis Guzmán Sánchez, Ciro Guzmán Castro,
Eugenio Leyton Correa, Olga Lucia Moreno, Concepción Valderrama León, José
Luis Valderrama, Lady Patricia Bernal Rincón, Elizabeth Carmona Montealegre,
Sandra Fernanda Perdomo, Sthela Ríos Devia, José Isaura Palma González, María
Luisa Cuenca Roa, Glori Yaneth Ortiz, Luz Consuelo Rivas, Jhon Freddy Linares
Melo, Luis Ganzaga García  Mendoza, María Denis Buitrago García , Edier Peña
García , Emperatriz Díaz de Varón , Uriel Peña Sarcia, Blanca Estella Muñoz
Restrepo, Luis Felipe Lancheros Zambrano, Nazario Morales Casallas, Gabriel
Lozano Paeres, Arquímedes Guarín, María Ubaldina González, Manuel Salvador
Muñoz, Ananias Vázquez Prieto, Albeiro Prieto Aguiar, Silvio Renza
Valderrama, José Arles Prieto Aguilar, Gilma María Vásquez Prieto, Margeri
Polania Garzón, Aminta Rojas Bustos, Alfredo Parra Arce, Germán Guayacán
Vaca, José Ramón Hurtatis Perdomo, Jesús Albeiro Gutiérrez Tamayo, José
Israel Marroquín Ortiz, Riquelma González Barrios, María Edita Cabrera
Polania, Jaime Rodríguez Agudelo, Abel Barreiro, Celso Garzón Sapuy, José
Omar Soto, Miller Ales Trujillo, María Emilgen Gutiérrez, Jaime Bernal, Gloria
Marcela Moscoso Caicedo, Gildardo Aley Trujillo, María de Carmen Peralta,
Diana Shirley Tapia, Mario Jesús Ramírez, Ana Elisa García  de Peña, Gabriel
Arnulfo Quevedo Medina, Otoniel Guayara Tovar, Yisela Lozada Castro, Yolanda
Hernández, Nicodemus Molano Guzmán, Luz Esmeralda Motta, Jorge William Acosta
Pineda, José David Reina, Delio Tarsicio López Fernández.
T- 674158, (demandante: Mario Alberto Estrada Palacio)
Mario Alberto Estrada Palacio y sus dos 2
hijas: Yharnea y Gisela Estrada
T- 675028, (demandante: Jairo Melo Ramírez)
Jairo Melo Ramírez, Lavis Martínez.
T- 675074, (demandante: Abdías Sánchez Almanza y otros)
Abdias Sánchez Almanza, Adelio Ramírez,
Adriana Patricia Madrid Sánchez, Alba María Araco, Alba Nellyda Orrego de
Jiménez, Alcira Prada Loaiza, Aleyda Valencia Alzate, Alfredo Antonio Lara,
Álvaro Hernán Salinas Ordóñez, Ana Cristina Barrera, Ana Rubiela Vargas,
Antonio Alcides Becerra Buesaquillo, Aristoniel Martínez Moreno, Aristóbulo
Ortiz Chavarro, Betty Rodríguez Lozano, Blanca Aurora Rueda Graciano, Blanca
Nubia Marín Marín, Carlos Alberto Flórez García, Carlos Arturo Urbano García,
Celimo de Jesús Nupán Bermúdez, Cesar González Acevedo, Custodia Aroca Ángel,
Danover Peláez, Deicer Sánchez Ordóñez, Deisy Manjarres, Deisy Marcela
Morales Herrera, Fernando Dagoberto Moreno B, Flor Alba Vidal Astudillo,
Gloria Olivia Rueda Graciano, Hilder Baos Acosta, Iván Darío Rueda Graciano,
Jaime de Jesús Arredondo Ruiz, Javier de Jesús Parierna Holguín, Joaquín
Rojas Marín, Jorge Hernán Vallejo Barona, José Antonio Moscoso Moreno, José
Balmore Carvajal García, José Fernando Aponte Giraldo., José Luis Calderón
Cruz, José Octavio Henao Guarín, José Orfilio López, José Sorel Rodríguez
Galvis, José Rubelio Cardona Cardona, José Urbano Valencia Roa, José Yery
Irira Vargas, Juan Bautista Giraldo Garcés, Juan de Jesús Marquez Franco,
Julia Margarita Quiceno, Julio Cesar Rueda Graciano, Leonardo de Jesús Rueda
Graciano, Libardo de Jesús Echavarría, Liliana Castellanos Salazar, Luis
Carlos Vidal Isaza, Luis Javier Galvis Hernández, Luis Javier Torres Salazar,
Luz Adiela Arias Navales, Luz Elena Henao Cardona, Luz Elena Rueda Graciano,
Luz Marleny Hernández, María Esneda Moreno Cruz, María Fernanda Urueta
Quintero,  María Rufina Andica Andica,  Martha Lucía Gamboa, Milciades de
Jesús Salazar Álvarez, Nini Johana Castro Ocampo, Omer Rocha Valenzuela,
Orlando Buitrago Brito, Pedro Antonio Valderrama Bermeo, Pedro Ignacio
González Guzmán, Pilar Gazca González, Ramón Egidio Sánchez Gaviria, Ramón
González Guzmán, Raúl Saavedra, Ricardo Bejarano Cardona, Rosa Cecilia Ruiz
Varón, Rubén Darío Gómez Grisales, Sandra Milena Castro Ocampo, Solfari Arias
Navales, Víctor Alonso Blandón Toro, Yamile Varela Valencia, Yony de Jesús
Valencia Roa, Zoilo Vásquez Bermeo, Zonia Rocio Klinger Salamanca, James
Arturo Ruiz, Fabio Ospina Naranjo.
T- 675081, (demandante: Guillermina Ferreira)
Guillermina Ferreira.
T- 675083, (demandante: Jorge Osorio Peña como Personero de
Neiva a nombre de varios adultos y menores de edad)
Los Adultos: Ever Perilla Morales, Ana Pinilla de Páez,
Prudencio Osuna Sunce, Gerardo Esquivel García , Luis Francisco Losada
Calderón, Mireya Medina, Carolina Londoño Gómez, Gabriel Quejada Maquillon,
Patricia Sánchez, Ramona Maceto de Figueroa, Campo Elías Pulido Ángel,
Leticia Palencia Ossa, Neider Esquivel García, Mercedes Rodríguez de Sánchez,
Henry Vega Ramírez, Samuel Parra Barreto, María del Carmen Benítez de Ramírez
Los Menores de Edad: Karen Yulieth Polo Guerrero , Paola
Andrea Lozada, Angie Carolina Roa Gutiérrez, Audri Yusneidi Muñoz, Jassam
Damián Trujillo, Robinson Cabiedes, Luis Felipe Ávila, Ingrid Katerine
Narváez, Juan Gabriel Cabrera, Daniela Alejandra Ramírez, Chelsin Dayana
Rodríguez, Diego Alexander Castrillon, Sara Luz Conde, Anyi Carolina Figueroa,
Brandon Wbeimar Rojas, Vivian Yiseth Bobadilla, Amyi Tatiana Meneses, Juan
David Ortiz, Paola Andrea Chilito, Leidy Katerine Forero, Cristian Felipe
Mejía, Brayan Fernando Aya, Jonatan González, Yeiner Alexis Cortés, Jhoan
Javier Murcia, Erika Alexandra Cardozo, Maddy Alexandra Baquero, María
Saulina Mejía, María Alejandra Parra, Flor Anyela Quiroz, Carol Briyi Díaz,
Brayan Alaya, Luis Carlos García , Erika Gissela González, José Guillermo
Aviles, Julio Cesar Polanco, Jommy Alejandro Charry, Juan Esteban Prieto,
Johan Andrés Pascuas, Diana Patricia Andrade, Juan David Ceballos, Sergio
Andrés Trujillo, Danny Julieth Alvarado, Everly Johana Herrera, Junior Arlex
Hoyos, Jennifer Adela Leal, Diana Margod García, María Nancy Hipus, Marlon
Gerardo Triana, Cristian Andres Cuenca, Natalia Feria Alba, Maikol Estiven
González, María Paula Yunda, Norma Lery Rojas, Yan Carlos Guzmán, Donoban
Mauricio Beltrán, Deicy Johana Fierro, Yurani Vanessa Peña, Marlory Alejandra
Pérez, Miguel Ángel Villabon, José Julián Marquines, Ludy Jimena Esquivel,
Claudia Liliana Soto, María Liliana Perdomo, Erika Ramos, Yuri Katerine
Arias, Cesar Luis Cristóbal Yano, Cristóbal Valencia, Jefferson Mateo
González, Oclibia Vanegas, Dayana Peña, Dairo Nieto, Yudy Paola Fonseca,
Joiner Steven Hoyos, Edgar Reina, Laura Sofia Quesada, Dairo Gutiérrez,
Francy Rocio Guevara, Andrés Felipe Reyes, Oscar David Claros, Rosendo
Martínez, Paula Cristina Estrada, Yuri Yulieth Serrato, Tatiana Marcela
Rodríguez, Carlos Andres Cuesta, Jevinson Esquivel, Juan Pablo Aldana,
Cristian Favian Ortiz, Charles Robert Monroy, Cristian Hernando Herrera, Lina
Sofia Rivera, Andres Felipe Roa, Néstor Fabian Córdoba, Yency Bolañoz, Carlos
Ariel Rey, Linda Esmeralda Romero, Anderson Cuellar, Miguel Ángel Guar, Esequiel
Díaz, Jeison Ramírez, Victoria Sánchez, German Cuellar, Yumier Steek Ospitia,
Olbinett Sogamoso, Oscar Mauricio Sánchez, Marla Liseth Charry, Antonio
Romero, Eidy Carina Silva, Yoldi de Jesus Ojeda, Tania Constanza Uni,
Cristóbal Sánchez Soto, Jessica Camila Cerdoso, Hernán Alexis Parra, Shirley
Vanessa Cuellar, Wilfredo Córdoba, Yeimi Edubiges Guzmán, Yorleny Ariza,
Laura Victoria Sánchez, Jeison Ramírez, Diana Karina Ramírez, Olga Lucia Roa,
Bryan Lizardo Hernández, María Alejandra Cuellar, Antonio Romero, Yeison
Aroca, Jon Mauricio Gaspar, Faiber Soto, Helber Jaramillo, Daniela García,
Miguel Ángel Villamil, Jurani Ariza, Sergio Andres Delgado, Yeison Fabian
Saldaña, Yadira Andrea Murcia, Robinson Navia, Yerli María Ortiz, Camilo
Antonio Calderón, Alba Milena Castellano, Dayahana Yiceth Paz, Carlos Raúl
Sánchez, Saydi Lorena Waldo, Ronal Alexander Mora, Jorge Luis Páez, John
Jenderson Vargas, Jessica Fernanda Arbeláez, Kevin Damián Ossa, Tatiana
Yaqueline Cárdenas, Juan Carlos Figueroa, Jonhatan Rangel, Leonel Zúñiga,
Eduar Mauricio Hernández, Luis Alberto Otrega, Sebastián Darío Ramírez,
Elizabet Ortiz, Néstor Eduardo Atuesta, Francy Lorena Losada, Andrea Alarcón,
Carlos Raúl Sánchez
T- 675096, (demandante: Gregorio Hernández Oyola)
Gregorio Hernández Oyola.
T- 675844, (demandante: Gabriel Antonio Pérez Ramírez)
Gabriel Antonio Pérez Ramírez.
T- 675955, (demandante: Enoc Campo Polanco y otros)
Alejandro Estela Suárez, Ana Emilce
Avendaño Molina, Ana Isolina Palma, Ananais Rodríguez, Aura María Bueno, Aura
María Salcedo, Benito Perdomo, Blanca Inés Beltrán, Carmen Rosa Useche,
Claudia Yaneth Jaimes, Daniel Antonio Bernal Huertas, Delio de Jesús Loaiza,
Doris Milena Triana, Elva Ester Pacheco Lopez, Elvia María Castillo Forero,
Enoc Campo Polanco , Ernestina Culman, Francia Elena Salazar Rua, Germán
Eduardo Bernal, Gilberto de Jesús Bohorquez, Gladys María Albao Robles,
Guillermo José Sandoval, Gustavo Rojas, Hector Hernando Bernal, Hugo Rafael
Real, Ivón de Jesús Borja Borja, Jazmin Albao Robles, Jhony Mauricio
González, Jorge Darío Pineda Valencia, Jorge Eliecer Limas, José Albano
Cardona Cifuentes, José Anastacio Velazquez, José de Jesús Usma, Juan Alberto
Causil, Juan Alberto Causil, Ligia Guzmán, Liliana Patricia Gómez González,
Lucey Rayo Rojas, Lucrecia Peña, Luis Eduardo Jadedt Martínez, Luis Enrique
Alarcón Gallo, Luz Amanda Muños Rozo, Marco Tulio Claros Cuellar, María Aide
Delgado, María Aleandrina Pineda Velazquez, María Del Rosario Nuñez Cuellar,
María Elba Salazar, María Elena Olivares, María Elina Mejía, María Helena
Cardona, Marina Olaya, Marta Lucía Castro, Miguel Amariz Garzón, Miriam
Ardila Rodríguez, Nancy Isabel Martínez, Nelly Barrios Caucil, Ninfa María
Trejos Montes, Niria Sánchez, Nohelia González, Olfer Medina, Olinda Lozando
de Guzmán, Orfa Lilia Madrigal, Otoniel España Lopez, Pedro Sánchez Vanegas,
Rigoberto Montero, Rocío Madrigual, Romilio Madrigual Delgado, Rosalba
Beltrán, Rubiela Salinas, Servio Tulio Gómez, Susana Canacue, Teresa Cardona,
Tito Libio Cardona, Tobiás Hernández Altamar, Virgenis Marín, Viviana Anaya
Romero, Yamile Mur Rodríguez
T- 675076, (demandante: Alba Luz Ruiz Mosquera y otros
Alba Luz Ruis Mosquera, Albeiro de Jesús
Sánchez Montoya, Alberto Arana Valencia, Alberto Cabrera Medina, Alexander
Castañeda Mosquera, Aleyda Tabarez de Ruiz, Alonso Castagñeda Benitez, Álvaro
Murillo Rentería, Amanda Cruz Muñoz, Ana Celida Naranjo Zapata, Ana Fransisca
Mosquera de Matur, Ariel de Jesús Serna Jiménez, Belén Henao Giraldo, Blanca
Sonia Paniagua Muñoz, Celso Cosio Mosquera, Cristobal Emilio González
Jiménez, Cruz Helena Moreno Mosquera, Dorilia Cossio, Eduardo Cuenut, Fabio
de Jesús Moreno Flórez, Fannery Garzón, Fitsoder de Jesús Herrera Hincapié,
Gabriel de Jesús Suárez Florez, Gilberto Morales Florez, Gladys Yanini Romero
Noriega, Gustavo Moreno Nagle, Héctor José Sánchez Montoya, Jael Alicia
Cañaveral Fernandez, Jesús Alexis Copete Perea, José Alirio Campaña Rentería,
José Daniel Ramírez Maturana, José Edilberto Rua Jiménez, José Efredy Gómez,
José Jesús Vinazco Aristizabal, José Otilio Suárez Bartolo, José Walter Parra
Torres, Juan Bautista Naranjo Marín, Juan Del Carmen Mosquera Mosque, Juan
Pablo de Jesús Campeón Pescado, Laurentina Correa Maturana, Luis Horacio
Ramírez Caro, Ma Alejandrina Mosquera Cepeda, Ma Aracelly Campeón Pescador,
Marco Tulio Vélez Castaño, María Del Carmen Romero Serna, María Del Pilar
Martínez Saavedra, María Dora Guevara Vargas, María Gleidy Cañón Rodríguez,
María Lorenza Mosquera Pereira, María Lucelly Lloreda Mosquera, María Matilde
Ruiz Gallego, María Patricia López Flórez, Martha Cecilia Caviche, Martha
Elena Torres Machado, Martha Rubiela González de Romero, Matilde Isabel Leal
Ojeda, Miriam Rosa Campeón Pescador, Myriam Mosquera Rentería, Nelson Montoya
Urrego, Nora Córdoba Mosquera, Nubiel Antonio Correa, Olga Omardy Campeón
Pescador, Pedro Antonio Cardona, Ramiro González, Ramón Gustavo Moreno, Rocío
de los Ángeles Rueda, Rosemberg Antonio Montoya González, Ruth del Carmen
Valencia Cruz, Salome Cuenut Maturana, Ubeibar de Jesús Campeón Pescador
T- 679482, (demandante: Dora Alba Ramírez Aguirre y otros)
Los Adultos: Dora Alba Ramírez Aguirre, Diana María Benitez, Luis
Enrique Benitez; y Los Menores Euniris Benitez, María Neyibia Benitez,
María Milvia Benitez.
T- 680268 , (demandante: Jorge E Peralta de Brigard, como
representante legal de la Asociación Humanitaria de Colombia en
representación de Jaime de Jesús Echeverri Pérez).
Jaime de Jesús
Echeverry (Núcleo familiar compuesto por dos adultos y tres menores).
T- 680627, (demandante: juvenal navarro Arroyo y otros, todos
representantes legales de asociaciones de desplazados)
Juvenal Navarro Arroyo, Deyanira Herrera,
Eduardo Orozco, Pedro Pacheco, Ismael Maestre, Juan Montes, Jony Meriño, Luis
Carlos Fernández representantes legales de las organizaciones de desplazados:
Asociación de Desplazados del Caribe Colombiano, Asociación por un mejor
vivir feliz, Asociación Nueva Vida, Asociación Nuevo Horizonte, Asociación
Desplazados Unidos, Asociación Asodespente, Asociación Justicia y Paz,
Asociación Renacer, en nombre y representación de sus asociados (no se anexa
lista de miembros)
T- 680670, (demandante: Efraín Navarrete)
Efraín Navarrete, Ana Rosa Valencia, Rosa
Caicedo, Mercedes Sinisterra, Lucy Sinisterra, Darlyn Sinisterra, Wilson
Mora.
T- 680805, (demandante:Diana María Benítez Ramírez)
Diana María Benítez Ramírez, Aldemar
Hinestroza (Esposo).
T- 681418, (demandante:Javier Rayo Pérez y otros)
Javier Pérez Rayo, Antonio Medina Vega,
María Mary Vargas, Arcelia Palomino.
T- 681839, (demandante: José Edgar Navarro Solórzano
representado por Henry Rivera Acosta como representante legal de la
Asociación de familias desplazadas (Asofadecol)
José Edgar Navarro Solórzano (1 Adulto y
1 Menor).
T- 682674, (demandante: Elsy Valencia Lozano)
Elsy Valencia Lozano.
T-683849, (demandante: Doris Alba Robles Castellanos)
Doris Alba Robles Castellanos, Facundo
Cortés Trujillo.
T-683850, (demandante: John Wilson Perdomo Polanía)
John Wilson Perdomo Polanía, Erika
Milagros Barreto Rodríguez.
T-684071, (demandante: Ruby Jadith Oyola Ramírez)
Ruby Jadith Oyola Ramírez.
T-684470, (demandante: Jorge Eliécer Betancourt Márquez)
Jorge Eliécer Betancourt Márquez.
T- 684548, (demandante: Manuel José Hoyos González)
Manuel José Hoyos González.
T- 684560, (demandante: María Marli Riobo Caleño)
María Marli Riobo Caleño.
T- 684566, (demandante: Edith Silva Trillos)
Edith Silva Trillos.
T- 684572, (demandante: Moisés Pomar Lozano)
Moisés Pomar Lozano.
T- 684573, (demandante:Leonidas Montilla Sánchez)
Leonidas Montilla Sánchez.
T- 684574, (demandante: Amparo Suasa Forero)
Amparo Suasa Forero.
T- 684579, (demandante: Omayra Henao Correa)
Omayra Henao Correa.
T- 684744, (demandante: José Daniel Santofimio Castro)
José Daniel Santofimio Castro.
T- 685774, (demandante: Cerafina Huila)
Cerafina Huila.
T- 685986, (demandante:  Carlos Omar Rodríguez)
Carlos Omar Rodríguez.
T- 685987, (demandante: Gladis Ortiz Montejo y otros)
Gladis Ortiz Montejo, Maximiliano Ortiz
Montejo, Angélica Gálvez Henao.
T-686154, (demandante: Eustacio Fonseca Barraza, como
representante legal de la Asociación de Desplazados de Fonseca, Adesfongua.)
Eustacio Fonseca Barraza, Felipe Zárate
V, Xiomara L. Ariño, Ernesto Epinayú, Omar Erazo López, Carmen Sierra,
William Ariño, Luis E. Duarte, Luz Marina González, Rosana Ludo Urbaéz, Ubida
María Urbaéz Ariño, Yudis Mari Castillo, Simón Corzo Flórez, Betty García
Díaz, Luis M. García Díaz, César Maldonado Avila, Paulina Salina, Yulis
Córdoba, Elizabeth Ariño, Numnel Amaya, Olido Cujio, Mónica Daza, Tercilia
García, Cecilio Granados, Antonio Arciniegas, Ángel Guerrero, Orlando Orozco,
Ismael E. Ferrer, Adriano Fidel  Sierra Rambauth, Eduardo Sierra Rambauth,
Rafael Sierra Rambauth Pedro Español, Julia Duarte, Victorino Romero, Elba
Urbay C, José Epinayú, Graciela Aroca, Federico Montoya, Neiber Erazo, Gloria
Navarro, Berna Jaraba, Madeleine Jaraba, Evangelino A., Marta Gómez, Eleidis
Rosa.
T- 686751, (demandante: María del Socorro García Díaz)
María Del Socorro García Díaz, Luis Emilio
García Díaz, María Eudilia Gutiérrez Padilla (menor de edad).
T- 686775, (demandante: Carlos Julio Aroca Díaz)
Carlos Julio Aroca Díaz.
T- 687040, (demandante: Jackeline Rentería Angulo)
Jackeline Rentería Angulo.
T- 687244, (demandante: Pantaleón Oyola Camacho)
Pantaleón Oyola Camacho.
T- 687274, (demandante: Olinda Londoño Peña)
Olinda Londoño Peña.
T-687276, (demandante: Arvey Marín Latorre)
Arvey Marín Latorre.
T- 687325, (demandante: Silvestre Bautista Londoño)
Silvestre Bautista Londoño
T- 687987, (demandante: Hernando Aldana y otros)
Hernando Aldana, Felix Ospina Carrillo,
Irlandez Calderón Perafán, Juan Antonio Rovallo Rodríguez, Luz Marina
Triviño, Alexander Elías Jiménez Sandoval, Adonai Monje, Pedro Eudoro Prieto
Palacios, Nohora Isabel Triviño, Amanda Ramírez Vásquez, Víctor Hugo Mercado,
Luis Enrique Rubio Oviedo, Alfredo Gutiérrez, Ermened Rubio González, Divalba
Alape Lozano, Ana Zulay Rayo Garzón, María Cecilia Carrillo Barragán, Argot
Silenia Bernal Moreno, Alexandra Bolaños Usa, Abraham Ramírez, Carlos Joaquín
Moreno Palma, Marly Jorleny Guevara, Rafael Alfonso Botello, Carmen Julia
Moreno Palma, Manuel Ortiz Bermúdez, Enilda Rosa Martínez, Fernando Edwin
Vides, Ricardo Contreras, Roberto Hernández, Manuel Salvador Arévalo Claro,
Alberto Ramírez, Ana Victoria Moreno de Palma, Libia Pinzón, Uriel Bermúdez
Reyes, Nancy Ramírez, Numael Rayo, Carlos Joaquín Moreno Viuche, Ledys Vides
Quiroz, Gloria Amparo Moreno Palma, Jakeline Becerra Rodríguez.
T- 688002, (demandante: Gloria Yaneth Hernández)
Gloria Yaneth Hernández, Carlos Enrique
Montoya B., Gustavo Sanz Ordóñez, Rubén Darío Villegas, Carlos Antonio
Posada, Liced Yuliana Posada, Diana Milena Ortiz Gutiérrez, Jhon Jairo Mayor
Sánchez, José Ignacio Mapura Jiménez, Rubiela Cataño Hernández, Ana María
Suaza, Mara Nancy Villa, Luis Fernando Mapura Vinasco, Luis Alberto Bermúdez
Tobón, Pablo Emilio Vélez Gallón, Adalberto Sanz Ordóñez, Luis Gonzaga Arias,
Carmen Emilia Restrepo, Blanca Libia Salas, Jorge Eliécer B.
T- 688508, (demandante: Henry Gañán Salazar)
Henry Gañán Salazar  y su núcleo familiar
T- 688767, (demandante: Henry Rivera Acosta, representante
legal de (Asofadecol), en
nombre de Yamel Alirio Tamayo Giraldo)
Yamel Alirio Tamayo Giraldo y su núcleo
familiar
T- 688769, (demandante: Adolfo Sánchez Castrillón)
Adolfo Sánchez Castrillón.
T- 688868, (demandante: Luis Hernando Moncayo)
Luis Hernando Moncayo Urbano.
T-689017, (demandante: Cristina Medina Mejía y otros)
Cristina Onaida Medina Mejía (y núcleo
familiar compuesto por 7 personas, 2 adultos y 5 menores de edad), Marlene
Morales López (y núcleo familiar compuesto por 5 personas, 2 adultos y 3
menores de edad), Yanet Borja Hernández (y núcleo familiar compuesto por 3
personas, 1 adulto y 2 menores de edad), Rosa Delia Dietes (y núcleo familiar
compuesto por 6 personas, 1 adulto y 5 menores de edad), Jesús María Holguín
(núcleo familiar compuesto por 2 adultos tercera edad), Carlos Felipe
Sarmiento Díaz (núcleo familiar compuesto por 5 personas, 4 adultos y  1
menor de edad), Benigno Antonio Mancera Berrueco (núcleo familiar compuesto
por 5 personas, 2 adultos y 3 menores de edad)
T- 689020, (demandante: María Morelia Ciro Ramírez y otros )
María Morelia Ciro Ramírez, Elsa Madera
Carranza, Yesid Bermúdez, Sandra Patricia Vides Guzmán, Luz América Monsalve,
Eloina Rodríguez Oviedo, Emilse Fernández Pereira, Luz Edilia Calvache
Osorio, Arturo Méndez Rodríguez, Sandra García, Jaidith Martínez, José Luis
Osorio, José Emiro Ramírez.
T- 689104, (demandante: Oliverio Pacheco Galeano)
Oliveiro Pacheco Galeano.
T-689131, (demandante: Jesús Antonio Álvarez Rivera)
Jesús Antonio Álvarez Rivera.
T- 689186, (demandante: Ernestina Suárez Riascos)
Ernestina Suárez Riascos.
T-689206; (demandante: Rubiela Prias Méndez)
Rubiela Prias Méndez,  William Alexander
Prias Méndez, Mónica Tatiana Prias Méndez.
T-689307, (demandante: Antonio Castro Vélez y otros)
Antonio Castro Vélez, Raul Muñoz
Sanabria, Ana Joaquina Narváez, Elsa Montero Silva, Lilia Del Carmen Cuadros,
Esther Benavides Meneses, Humberto Fonseca, Arelys Ruiz Ortiz, Hermes Mojica,
Laureano Mosquera, Rubén Darío Zuleta, Delfina Pagüena, Antonia Vera Ariza,
Elia Josefa Vásquez, Belisario Olivares, Ana Felicia Carpio, Francia Nubia
Trillos, Nelson Ardila Valencia, Cristina Onaida Medina, Marlene Morales,
Yanet Borja, Rosa Delia Dietes, Jesús María Holguín, Carlos Felipe Sarmiento,
Benigno Antonio Macera.
T- 689503, (demandante: Félix Leopoldo Acosta)
Félix Leopoldo Acosta.
T- 689697, (demandante: Elizabeth Moreno García)
Elizabeth Moreno García.
T-690250, (demandante: Pomar Lozano Olivero)
Pomar Lozano Oliveiro, Amparo Rodríguez,
Luis Ángel Pomar Rodríguez
T- 690254, (demandante: Ricardino Riascos Mantilla)
Ricardino Riascos Mantilla
T- 690437, (demandante: Wilson Romero Gómez)
Wilson Romero Gómez, Bertha Carreño
López,Blanca Nelly Romero, Jonathan Andrés Romero.
T-692182, (demandante: Jesús Eduardo Triana Calle  en
representación de Josué Godoy González)
Josué Godoy González.
T- 692183, (demandante:  María Belarmina Suaza Giraldo)
María Belarmina Suaza Giraldo.
T- 692204, (demandante: José Dolores Rentaría y otros)
José Dolores Renteria, Aida Lucía
Mosquera Maturana, Alida Mosquera Mosquera, Alis María Machado, Ana Dionisia
Mosquera, Ana Dolores Mosquera Mosquera, Ana Dominga Hurtado  Córdoba, Ana
Francisca Rentería Maturana, Ana Julia Mosquera Murilllo, Antonio de Jesús
Restrepo Aguilar, Apolonides Ibarguen  Ramírez, Argemiro Upegui Galeano,
Ariel Pineda Uribe, Ariosto Moreno Lemus, Armanda Machado Mosquera, Aurelio
José Bermúdez Rentería, Aurelio Mosquera Rentería, Beatriz Elena Rivas
Machado, Benancio Machado Córdoba, Blanca Nubia Martínez de Blandón, Boris
Antonio Mena, Candida Rosa Mosquera, Carlos Alberto Mosquera Serna, Carlos
Alberto Rentería Ramírez, Carlos Tulio Mosquera Pereira, Carmelina Andica de
Gañán, Carmen Bolivia Perea Mosquera, César Augusto Mosqura, César Augusto
Salazar  Penagos, Clara Hilda Hinestroza, Concepción Maturana Mosquera, Cruz
Emilia Rentería, Cruz María Pino Bonilla, Daisi Rubiela Torres Perea, Damaris
Rentería Rentería, Daniel Bedoya Raigoza, David Moreno Arango, Digna María
Mosquera Buenaños, Doralia Maturana Escarpeta, Doris María Maturana Machado,
Edilberto Agudelo Pareja, Eduardo Machado Machado, Eida Mosquera Murillo,
Eloicer Mena Rentería, Emilsa María Hernández Benavides, Eris María Córdoba,
Erminda Rentería Mosquera, Ernestina Maturana Castillo, Eugenia Guaramu
Aricap, Eulogia Córdoba Mosquera, Eutasio Serna Moreno, Evaristo Murillo
Mosquera, Evelio Córdoba Mosquera, Fabio de Jesús Moreno Flores, Fernando de
Jesús Upegui Velasco, Flor María Moreno Ayala, Francisca Arnole Mosquera,
Francisco Javier Rivas Rentería, Gonzalo Mosquera Murillo, Harvelis Ximena
Mosquera, Héctor Alonso Mosquera Mosquera, Isaac Rentería Moreno, Isabel
Mosquera Mena,  Isnel Antonio Rentería Maturana, Iver Demetrio Mosquera
Murillo, Jairo Barrera Villanueva, Jairo Herando Rentería Maturana, James
Rodríguez Henao, Jesús Arnoldo Rentería Buenaños, Jesús María Moreno Ayala,
Jhon Wilmar Mosquera Figueroa, Jorge Machado Córdoba, José Arismesio
Mosquera, José  Clímaco Mosquera Perea, José Delio Escarpeta Palacio, José
Gerardo Rosero  Melo, José Gamboa Arroyo, José Gilberto Gañán Bueno, José
Indulfo Mosquera Machado, José Marino Mosquera, José Orlando Osorio Mosquera,
José Vidal Mosquera Mosquera, Juan  Alberto Escarpeta Machado, Juan Bautista
Palacios, Juan de Dios Sepúlveda, Julio Mosquera Sánchez, Justiniana Mena
Machado, Limbanio Antonio Rentería Ramírez, Lizardo de Jesús Sepúlveda Urán,
Lourdes Isabel Álvarez Martínez, Lucía Castillo Jiménez, Lucía Rudecinda Mena
Rentería, Luis Alfonso Trujillo Renjifo, Luis Aníbal Mosquera, Luis Arturo
González García, Luis Jesús Rolón León, Luis Alba Muñoz, Luz Caridad Moreno
Campaña, Luz Dary Maturana Buenaños, Luz Del Carmen Maturana, Luz Marina
Zamora Delgado, Luz Mary Martínez Maturana, Luz Nelly Rentería Mosquera,
María Ramos Maturana de Posada, María Yamile Rentería Campaña, Magnolia
Machado Rentería, Manuel Angélico Sánchez Mena, Marco Fidel Pava Ramos,
Margarita González Arias, Margarita Hinestrosa de Mena, María Aleida Perea
Nagle, María Antonia Rentería Maturana, María Carolina Renteria Renteria,
María de la Cruz Mosquera, María Escilda Sánchez Perea, María Felicidad Gómez
Mosquera, María Griseldina Hinestroza, María Irelisa Mosquera Murillo, María
Luceli Cordoba Perea, María Lucinda Machado Mosquera, María Lucinet Mosquera,
María Mercedes Palacio Cosio, María Miriam Mosquera Rentería, María Nulfa
Quiñones Mosquera, María Soledad Mosquera Machado, María Yadilfa Machado
Moreno, Martha Elena Torres Machado, Martha Ofelia Palacios Agualimpia,
Martinina Rentería Castillo, Máximo Rentería Mena, Medardo Antonio Rentería
Rentería, Melba Cossio Mosquera, Nelis Beatriz Andrade Perea, Nelson Montoya
Urrego, Nilo Antonio Herrera, Nohemy Lloreda, Nora Córdoba Mosquera, Norma
Luz Lloreda Mosquera, Norma Mosquera Mosquera, Olga Cecilia Cuartas Pérez,
Olivia Perea Mosquera, Omer Murillo Herrera, Ordóñez Herrera, Orfelina Mosquera
Machado, Paulina  Agualimpia Córdoba, Reinaldo Loaiza Gracia, Roberto Odilom
Mosquera Rentería, Rocío de Los Ángeles Rueda, Román Moreno Ayala, Rosa
Elvira Upegui Vinasco, Rosa Enoe Mosquera, Rosa Esnea Mosquera Mosquera, Rosa
Esperanza Mosquera Machado, Rosalia Cordoba, Rosa María Mena Roa, Rosa Melia
Renteria, Ruperto Pencua Rincon, Samuel Renteria Ramírez, Simon Elias Cardona
Zambrano, Suriel Ramos Mosquera, Teresa Bedoya Caicedo, Valdramina Parra
Machado, Vicenta Mena Renteria, Victor Eduardo Gómez, Victorino Mosquera,
Virgilio Padilla Moreno, Wilson Antonio Manco Muñoz, Wiston Antonio Renteria
Cuesta, Yamilet Machado Moreno, Yenier Yesid Arias Díaz, María Ligia Quintero
Cano, María Del Tránsito Machado de Mosquera, Alba Cecilia Mena Rentería, Elvia
Amparo Cardona Cardona, María Paulina Mosquera Córdoba, Sandra Hincapié
Herrera Y Luz Dary Hincapié Herrera.
T-692218, (demandante: José Eduardo Ayala Ayala)
José Eduardo Ayala Ayala y su núcleo
familiar
T- 692398, (demandante: Heber Molano Rojas)
Heber Molano Rojas y su núcleo familiar
T-692410, (demandante: Nina Patricia San Miguel)
Nina Patricia Sanmiguel y su núcleo
familiar
T- 692415, (demandante: Luz Marina Pacheco Sambrano)
Luz Marina Pacheco Sambrano.
T- 692867, (demandante: María Cristina Rodríguez Vásquez.)
María Cristina Rodríguez Vásquez, Libardo
Antonio Ramírez, Libardo, Antonio, Javier Antonio, Dora Lilia y Jhon Fredy
Ramírez Rodríguez
T- 692880, (demandante: Héctor William Suárez Moreno, personero
Municipal de Florencia)
Los Menores: Leidy Marien Polania, Wilmen  Polania, Lizeth
Daniela Polania, Jeyner Adrian Ossa, Alexander Ossa, Jehison Sossa, Angelica
Trujillo, Yarlin Arledy Cuellar, Lucerito Cuellar, Diego Vargas Quino, Gladis
Vargas, Davinson Chaguala, Jeison Arley Sotto, Yeferson Peña, Aie Dajana
Soto, Jaime Ospina Bolaños, Vicky Alejandra Ospina, Erney Sánchez, Didier
Arrigui Rojas, Jasneidy Arrigui, Jeferson Gallego, Deyner Chocue, Darlinson
Chocue, Yina Milady Herrera
T- 693606, (demandante: Edgar Verján Chambo)
Edgar Verján Chambo y su núcleo familiar
T-695161, (demandante: Henry Rivera Acosta, representante de
ASOFADECOL como apoderado de Nancy Quintero Castañeda)
Nancy Quintero Castañeda y Elizabeth
Quesada Tovar, y sus núcleos familiares
T-695242, (demandante: Sosmery Cadavid Tavorda)
Sosmery y Sergio Alexander Giraldo
Cadavid y sus núcleos familiares
T-695691, (demandante: Elizabeth Quesada Tovar)
Elizabeth Quesada Tovar y su núcleo
familiar
T- 695839, (demandante: Jorge Eliécer Meza)
Jorge Eliécer Meza y su núcleo familiar
T- 695872, (demandante: Gerardo Parra)
Gerardo Parra y su núcleo familiar
T- 696791, (demandante: Libe Antonio Porras Duque)
Libe Antonio Porras Duque y su núcleo
familiar
T- 697477, (demandante: Jesús María Puerta Betancurt)
Jesús María Puerta Betancurt y su núcleo
familiar.
T- 697866, (demandante: María Emérita Lozada)
María Emérita Lozada y su núcleo familiar
T- 697902, (demandante: María Stella Cabrera Díaz)
María Stella Cabrera Díaz y su núcleo
familiar
T- 697908, (demandante: Eloina Zabala)
Eloina Zabala y su núcleo familiar
T- 698625, (demandante: Aldemar Loaiza Montealegre)
Aldemar Loaiza Montealegre y su núcleo
familiar
T- 698940, (demandante: Norman Hernández Góngora)
Norman Hernández Góngora y su núcleo
familiar
T- 699715, (demandante: Jairo Jantivas Sánchez, María Fanny
Restrepo de Atehortúa y otros)
Jairo Jantivas Sánchez,  María Fanny
Restrepo y otras 21 familias cuyos nombres no fue posible identificar.
T- 700088, (demandante: Bibiana Lancheros Zambrano)
Bibiana Lancheros Zambrano y su núcleo
familiar
T- 700362, (demandante: Deycy Rubiano de Vanegas.
Deycy Rubiano de Vanegas y su núcleo
familiar
T- 700370, (demandante: Suny Yuliana Mosquera)
Suny Yuliana Mosquera y su núcleo familiar
T-700727, (demandante: Mary Ettel Córdoba Burbano)
Mary Ettel Córdoba y su núcleo familiar
T-700805, (demandante: Aída María Muñoz de Araujo)
Aída María Muñoz de Araujo y su núcleo
familiar
T-700902, (demandante: ASOFADECOL - Asociación de Familias
Desplazadas de Colombia)
Abrahan Ramírez, Adelaida Pinto Páez,
Andrea Del Pilar Baquero Hurtatis, Adriana Pulido, Aida Castaño Sánchez, Alba
Luz Marín Perdomo, Alberto Oviedo González, Aldemar Ramírez Niño, Aldemir
Osorio Ortegón, Alexander Hernández, Alfredo Quintero Osorio, Alirio Hoyos
Díaz, Amparo Ducuara Velásquez, Ana Belén García, Aniceto Díaz, Antonio José
Duque, Aristobulo Méndez, Armando Leal, Arvey Cerquera Rada, Astrid García
Conde, Atanael Paredes Aguiar, Audias Cerquera Rada, Beatriz Osorio Ortegón,
Beatriz Aguirre, Blanca Cenelia Barrero Palomino, Blanca Elina Torres, Blanca
Flor Ramírez Padilla, Blanca Lilia González, Bonificia Hernández, Carlos
Eduardo Lozada, Carlos Eduardo Pérez, Carlos Eduardo Triana Cárdenas, Cecilia
López Quintero, Cesar Eduardo Pinzón Vanegas, Clara Inés Alonso, Deicy Lugo
Méndez, Diana Marcela Bazurdo Santana, Diana Maribel Osorio Ortegón, Domingo
Agudelo Gutiérrez, Edgar Ramírez Edgar Luis Ramírez, Edinson Sánchez, Eida
Castaño Castro, Elcy Gaspar Aguirre, Eliseo Ortigoza P., Elma Alonso Osorio
Ortegón, Emilsen Osorio Ortegon, Ennesy Lasso Otálvaro, Erminso Castaño,
Ernesto Ramírez Vargas, Esperanza Bonilla, Eterberto Carvajal Hernández,
Eyoam Ruiz Martínez, Fanny Guarnizo, Florinda Mape de Mape, Frowin Agudelo
Bermudes, Geimar Arce Herrera, Gentil Montiel Romero, Gilberto Cerquera
Palomino, Gloria Esmeralda Giraldo, Gloria Yuvi Pava Hincapie, Gustavo
Ardila, Gustavo Pinto Bahamón, Hermelinda Ortiz Rodríguez, Hermon Leiton
Ospina, Idel Rogelio Neiva Unda, Isai Gaspar Aguirre, Israel Rueda, Jaime
Acosta, Javier Enrique Toro Guerrero, Javier Enrique Madrigal, Jesualdo Daza,
Jesús Antonio Carvajal Álvarez, Jesús Lisandro Zamudio, Jesús María Oliveros,
Jhon Wilmer García Pinto, Jorge Alirio Martínez Caballero, Jorge Guzmán
Molina, José A. Acosta, José Adan González, José Albeiro Marulanda, José
Alejandro Colorado Castaño, José Alfredo Motta, José Arberi Hoyos Luna, José
Narcizo Castañeda, José Rubiel Silvestre, José Vicente Moreno, José William
Alvarado, Joselín Hernández, Josue Godoy Castro, Julio César Caicedo,
Leonardo Lozano, Leonor Vargas, Lucero Paloche Rodríguez, Lucio Páez
Guerrero, Luis Adriano Collazos, Luis Alfredo Díaz Marqueza, Luis Ángel
Caicedo Rayo, Luis Eduardo Pinto Bahamón, Luis Enrique Arias Cardozo, Luis
Evelio Guzmán, Luis Gentil Morales Ramírez, Luis Henry Parra Cabrera, Luz
Darly Osorio Ortegón, Luz Dary Correa Rodríguez, Luz Dary Chaguala Rodríguez,
Luz Dennis Pinto Páez, Luz Erika Arana, Luz Ilida Lasso Otálvaro, Luz Marina
Gasca, Luz Marina Pacheco Lozano, Luz Marina Sánchez Pérez, Luz Marina Vega
Díaz, Luz Myriam Quevedo Linarez, Manuel Ignacio Criollo,  Manuel José
Romero, Marcela Cubillos Díaz, Marcely García Manrique, María Beiba Sánchez,
María Belarmina Suaza Giraldo, María Belquin Angarita, María Corona Muñoz
Tulcán, María de Los Angeles París, María Doly González, María Edith
Justinico, María Jesús Casas, María Lucrecia Marín Rodríguez, María Noelia
Páez, María Olinda Otálvaro de Oyola, Marleny Bedoya, Marleny Solano Vargas,
Martha Cecilia Aguirre, Martha Lucero Ariza, Medardo Soto Rivera, Miller
Castañeda, Neifer Osorio Ortegón, Nelson Cardozo Acosta, Nelson Rindo
Quintero, Neuvery Buitrago Sánchez, Nidia Rodríguez Bustos, Nobey Pinto Paez,
Nohora Monroy Carrillo, Norma Constanza Díaz, Octavio Sánchez Burbano, Olga
Ramírez, Olga Yaneth Castro, Omar Arias Escobar, Orlando Losada Pinto,
Orlando Losada Rada, Pablo Antonio Asprilla, Pedro Antonio Martínez López,
Ramiro Antonio Vargas, Ramiro Ladino Gutiérrez, Ramiro Ramón García, Rosevertt
Oviedo, Rosa Delia Castro, Rosa Elena Gasca, Rosalba Rada Oyola, Rubiela
González Arévalo, Ruth Martínez Arias, Sandra Carolina Gómez, Sandra Patricia
Pinto, Sandro Morci, Saul Martínez Morales, Sabina Palomino Caleño, Silvio
Lozada C. , Silvio Muñoz Ñañez, Solfidia Beltrán, Teresa Ramírez Masmela,
Uriel Rojas Perdomo, Victoriano Oyola Tique, Wilson Patiño Rivas, Willer
Lasso Otálvaro, William Rodríguez Grajales, Yazmin Pinto Paez, Yenith Paola
Miranda Quintero, Yolanda Fajardo, Yorledis Contreras Quintero, Yuri Zulay
Parra Jiménez, Amalfi Arias.
T- 701212, (demandante: Nohora Juvia Burbano Bolaños)
Nohora Juvia Burbano Bolaños y su núcleo
familiar
T- 701296, (demandante:Rodrigo Olaya Muñoz)
Rodrigo Olaya Muñoz y su núcleo familiar
T- 701300, (demandante: Franklin Antonio Mosquera Sánchez)
Franklin Antonio Mosquera Sánchez y su
núcleo familiar
T- 701501, (demandante:Faustino Piñeres Rangel, y Medardo Gámez
Melgarejo)
Faustino Piñeres Rangel y Medardo Gámez
Melgarejo y sus núcleos familiares
T- 701730, (demandante: Ruby Jadith Oyola Ramírez)
Ruby Jadith Oyola Ramírez y su núcleo
familiar
T- 701850, (demandante:Uriel Salas Moreno y Eduviges Palacios)
Uriel Salas Moreno y Eduviges Palacios y
su núcleo familiar
T- 702437, (demandante:  Dominga Mosquera Largacha)
Dominga Mosquera Largacha y su núcleo
familiar
T- 702574, (demandante: Pedro Mono Lozada)
Pedro Mono Lozada y su núcleo familiar
T- 702579, (demandante: Lisandro Rodríguez Pacheco)
Lisandro Rodríguez Pacheco y su núcleo
familiar
T- 703064, (demandante: José Ignacio Campos)
José Ignacio Campos y su núcleo familiar
T- 703130, (demandante: Leonel Pascual Sánchez Rivera)
Leonel Pascual Sánchez y su núcleo
familiar
T- 703423, (demandante: Fray Martín Álvarez y otros)
Fray Martín Álvarez, Aníbal Rojas,
Nelly Otálvaro
Mery Labios, Gloria Anayibe Gaitan, Olga
Mireya Mesa, Fredy Milton Ramírez, María Cecilia Lozano, Luz Mila Pulido
Aroca, Elizabeth Pulido, María Luisa Lozano, Claudia Patricia Olaya, Nancy
Milena Barón, Mainardy Martínez, Magda Nelly Martínez.
T- 703857, (demandante: Everardo Osorio Castro)
Everardo Osorio Castro y su núcleo
familiar
T- 703897, (demandante: José María Gutiérrez Carrillo)
José María Gutiérrez Carrillo y su núcleo
familiar
T- 704500, (demandante: Ana Nilvia Galíndez Araujo, Blanca
Dolly López Meza, Carlos Herminsul Díaz Ojeda, Holmes Alexander Meza Araujo)
Ana Nilvia Galíndez Araujo, Blanca Dolly
López Meza, Carlos Herminzul Díaz Ojeda, Holmes Alexander Meza Araujo
(Acciones Interpuestas Por Separado Y Luego Acumuladas).
T- 704501, (demandantes: Jhon Jairo Ojeda Delgado, Doria Elia
Valdés de Ojeda, Ubertino Díaz, Carlos Antonio Meza)
John Jairo Ojeda Delgado, Doria Elia
Valdés de Ojeda, Ubertino Díaz, Carlos Antonio Meza (acciones interpuestas
por separado y luego acumuladas)
T- 705236, (demandante: Eduardo Rincón Roa)
Eduardo Rincón Roa y su núcleo familiar
T- 706125, (demandante: Hernando de Jesús Guingue)
Hernando de Jesús Guingue y su núcleo
familiar
T- 706749, (demandante: Ernesto Perdomo)
Ernesto Perdomo y su núcleo familiar
T-775898 (demandante: María Dolores Naranjo)
María Dolores Naranjo y su núcleo
familiar
Dado el volumen de expedientes acumulados
en el presente proceso, y el hecho que las acciones de tutela bajo estudio se
refieren a problemas comunes  relacionados con la atención que las distintas
autoridades dan a los desplazados, a continuación se presenta brevemente un
resumen de los hechos y elementos que originaron estas acciones de tutela. Los
detalles de cada caso se encuentran en el Anexo 1 de esta sentencia.
Los accionantes se encuentran ubicados
actualmente en las siguientes capitales de departamento y municipios: Armenia,
Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Calarcá,
Cali, Florencia, Girón, Ibagué, Itagüí, Medellín, Neiva, Obando, Pasto,
Pereira, Piedecuesta, Popayán, Riohacha, Taminango y Villavicencio. Salvo algunas
excepciones, los tutelantes se encuentran inscritos en el Registro Único de
Población Desplazada.[2] Se trata de personas víctimas de
desplazamiento forzado por hechos ocurridos en promedio hace más de un año y
medio, la mayoría de los cuales recibieron algún tipo de ayuda humanitaria de
emergencia durante los tres meses siguientes a su desplazamiento, pero ésta no
llegó a todos y no siempre fue oportuna y completa.
Los demandantes interpusieron acción de
tutela contra la Red de Solidaridad Social, el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
los Ministerios de Salud y del Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de
Protección Social), el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación,
el Inurbe, el Incora, el SENA, así como contra varias
administraciones municipales y departamentales, por considerar que dichas
autoridades no estaban cumpliendo con su misión de protección a la población
desplazada y por la falta de respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de
vivienda y acceso a proyectos productivos, atención de salud, educación y ayuda
humanitaria.
Algunos de los accionantes no han
recibido ayuda humanitaria a pesar de encontrarse inscritos en el Registro
Único de Población Desplazada.[3]
En muchos casos, ha transcurrido un período largo (entre 6 meses y dos años)
sin recibir ningún tipo de ayuda de parte de la Red de Solidaridad Social o de
las otras entidades encargadas de atender a la población desplazada.
La mayoría de los accionantes no ha
recibido orientación adecuada para tener acceso a los programas de atención al
desplazado, en particular en materia de vivienda, proyectos productivos,
atención en salud y educación. Con frecuencia se somete a los desplazados a un
peregrinaje institucional, sin que se le de una respuesta efectiva.
Un grupo importante de demandantes se
postularon y presentaron su solicitud para acceder a los auxilios de vivienda y
para obtener el capital semilla o la capacitación necesaria para iniciar un
proyecto productivo, y meses después de presentar sus solicitudes, no han
recibido respuesta de fondo sobre sus peticiones. En muchas ocasiones, la
respuesta de las entidades sólo se produce después de que interpusieron la
acción de tutela. En otras la respuesta se limita a informarles que no hay
apropiación presupuestal suficiente para atender su solicitud, y que además,
ésta se atenderá según el orden determinado por la entidad, sin que se les
precise cuánto tiempo deberán esperar. Esa espera se ha prolongado hasta por
casi dos años. La respuesta que dieron las entidades encargadas de atender a la
población desplazada corresponde a un formato uniforme que describe de manera
general los componentes de la ayuda para los desplazados, pero que pocas veces
resuelve de fondo la petición del desplazado. Debido a una falta de asesoría
adecuada, muchos de los peticionarios solicitaron los auxilios para vivienda o
para proyectos productivos, sin seguir el procedimiento formal y por esa razón
les son negados, debiendo iniciar el procedimiento de nuevo luego de esperar
meses la respuesta de las entidades.
A las distintas solicitudes presentadas ante las
entidades encargadas de atender a la población desplazada, los demandantes han
recibido alguna de las siguientes respuestas como justificación para no
conceder el beneficio al que aspiraban:
1)   Que
la entidad ante quien se hace la solicitud, no es la competente para conceder
la ayuda solicitada, pues sólo está a cargo de algún aspecto de coordinación;
2)   Que
no existe suficiente disponibilidad presupuestal para atender la solicitud;
3)   Que
la ayuda humanitaria de emergencia sólo se otorga por tres meses, y en casos
excepcionales puede prorrogarse hasta por otros 3 meses más, pero más allá de
ese plazo perentorio, es imposible prolongar la ayuda, independientemente de la
situación fáctica en que se encuentre el desplazado;
4)   Que
no se le puede dar la ayuda solicitada porque no se encuentra inscrito en el
Registro Único de Población Desplazada;
5)   Que
la entidad encargada de atender su solicitud se encuentra en liquidación;
6)   Que
existe un error en la solicitud o ausencia de postulación del peticionario para
acceder al auxilio de vivienda;
7)   Que
el programa de auxilios para vivienda se encuentra suspendido por falta de
disponibilidad presupuestal;
8)   Que
las peticiones serán respondidas en estricto orden de presentación y siempre
que haya disponibilidad presupuestal;
9)   Que
la política de auxilios para vivienda fue modificada por el gobierno nacional y
transformada en una política de créditos para vivienda de interés social, y
debe presentar una nueva solicitud ante las entidades encargadas de otorgar los
créditos;
10) Que
la única forma de acceder a la ayuda para restablecimiento económico es presentar
un proyecto productivo, a pesar de que la ley prevé otras formas de
restablecimiento.
Por lo anterior, los accionantes
interponen acción de tutela con alguna o varias de las siguientes pretensiones:
1.  Que
sus peticiones sean resueltas de fondo y en un tiempo claro y determinado;
2.  Que
se materialicen las ayudas para estabilización económica, vivienda,
reubicación, proyectos productivos, acceso a educación para los hijos;
3.  Que
las tierras en posesión o propiedad que fueron abandonadas por los desplazados
sean protegidas;
4.  Que
reciban o continúen recibiendo la ayuda humanitaria de emergencia;
5.  Que
sean reconocidos como desplazados y se les otorguen los beneficios que surgen
de esa condición;
6.  Que
se adopte un programa de seguridad alimentaria;
7.  Que
se suministren los medicamentos recetados;
8.  Que
una de las personas inscritas bajo un núcleo familiar sea desvinculada de él y
se le permita continuar recibiendo la ayuda humanitaria como un núcleo
familiar;
9.  Que
se hagan las apropiaciones necesarias para solucionar la situación de la
población desplazada y se hagan efectivos los programas para la población
desplazada;
10.    Que
el ministerio de hacienda desembolse los dineros necesarios
para adelantar los programas de vivienda y proyectos productivos;
11.    Que
se le permita recibir capacitación para desarrollar proyectos productivos;
12.    Que
se advierta al representante legal de la red
de solidaridad que cuando omite
cumplir con sus responsabilidades para con los desplazados incurre en causal de
mala conducta;
13.    Que
se conforme el comité municipal para la atención integral del desplazado.
14.    Que
se restablezca la prestación del servicio de salud que es negado a partir de la
Circular 00042 de 2002, en la cual se condicionó la prestación de dicha ayuda a
que se trate de problemas inherentes al desplazamiento;
15.    Que las entidades
territoriales, dentro de su disponibilidad presupuestal, contribuyan a los
planes de provisión de vivienda para la población desplazada
2.  Las
decisiones que se revisan
A continuación se resume de manera
general el sentido de las decisiones que se revisan en la presente tutela. La
mayoría de los jueces de instancia denegaron las tutelas presentadas por los
actores, por alguna de las siguientes razones:[4]
1.   En
cuanto a la legitimación para interponer la acción de tutela, los jueces de
instancia denegaron la tutela (i) porque las asociaciones de accionantes no
tienen legitimación para promover la acción de tutela para la protección de los
derechos de los desplazados; (ii) porque el demandante no era abogado para
poder apoderar a los desplazados en la interposición de la tutela; (iii) porque
la persona que interpuso la tutela no acreditó ser el representante legal de la
asociación de desplazados.
2.   Por
razones de improcedencia, los jueces de instancia denegaron la tutela: (i)
porque la tutela no es procedente para obligar la ejecución del Decreto 951 de
2001, sobre auxilio para vivienda, y lo que corresponde es interponer la acción
de cumplimiento; (ii) porque la acción de tutela no fue establecida como
mecanismo para alterar el orden de las instituciones estatales, en la
distribución interna de sus competencias y funciones; (iii) porque la petición
debió dirigirse primero a la Red de Solidaridad, para que fuera esta entidad la
que lo incluyera en el programa o ayuda solicitado; (iv) porque la vivienda es
un derecho de segunda generación cuya protección no procede por vía de tutela;
(v) porque ya se le reconoció su inscripción como desplazado y se dieron
instrucciones para la inscripción del núcleo familiar y su postulación para
obtener los beneficios a que tienen derecho; (vi) porque mediante tutela no se
puede alterar el orden en que se otorgue el beneficio porque ello vulneraría
los derechos de los desplazados que no interponen la tutela y esperan a que
llegue su turno el cual debe ser respetado.
3.   En
cuanto a fallas en la carga probatoria cumplida por el demandante, los jueces
de instancia denegaron la tutela: (i) porque no se acreditó de manera concreta
la vulneración de los derechos fundamentales por una conducta arbitraria de las
autoridades; (ii) no se demostró que la entidad hubiera dejado de cumplir con
sus responsabilidades sin justa causa; (iii) porque el accionante no expuso
hecho alguno imputable a los demandados; (iv) porque el caso del demandante no
se ajusta a la definición de desplazado; (v) porque el actor no probó la
vulneración de sus derechos fundamentales por parte de las demandadas; (vi)
porque no se demostró conexidad suficiente entre el derecho a la vivienda y un
derecho fundamental.
4.   En
relación con la ausencia de vulneración a los derechos, los jueces de instancia
denegaron la tutela: (i) porque lo que presentó el demandante ante la entidad
demandada fue un formato de proyecto individual y no un derecho de petición, el
cual no cumple con ninguno de los requisitos del artículo 5 del CCA; (ii)
porque al no haberse postulado para acceder al auxilio de vivienda, no puede
alegar violación de sus derechos; (iii) porque se le han concedido a los
desplazados las ayudas mínimas previstas en la ley; (iv) porque los hechos del
desplazamiento ocurrieron hace dos o cuatro años y no en fechas recientes; (v)
porque la Red de Solidaridad Social actuó en concordancia con la normatividad
vigente acerca de protección de desplazados; (vi) porque la Red de Solidaridad
Social no puede proteger a personas por fuera de su competencia; (vii) porque
ha transcurrido un tiempo muy breve (menos de un mes) desde su inscripción como
desplazado, para que se considere que las entidades encargadas de otorgar la
ayuda humanitaria de emergencia hayan incumplido con su responsabilidad; (viii)
porque la tardanza de la Red en responder se justifica por el exceso de
trabajo, y porque no podía dar una respuesta de fondo que aprobara el proyecto
porque no estaba en su competencia hacerlo; (ix) porque la simple condición de
desplazado no da derecho automático a un subsidio; (x) porque la negativa del
INURBE no cierra las puertas a futuras postulaciones por haber sido calificados
los actores como elegibles; (xi) porque el peticionario ya se encuentra
inscrito para recibir el subsidio de vivienda y el auxilio para proyecto de
sostenibilidad y, sólo resta esperar la finalización del procedimiento; (xii)
porque el demandante no acreditó haber adelantado las gestiones necesarias para
obtener subsidio de vivienda y apoyo al proyecto productivo.
5.   Por
la supuesta existencia de temeridad, los jueces de instancia denegaron la
tutela: (i) porque la persona desplazada ya recibió la ayuda solicitada como
parte de otro núcleo familiar que había interpuesto acción de tutela para
obtenerla; (ii) porque está pendiente de revisión por parte de la Corte
Constitucional una acción de tutela presentada por los actores por los mismos
hechos y contra los mismos demandados.
6.   Por
razón de las limitaciones de lo que se puede ordenar mediante la tutela frente
a los desplazados, los jueces de instancia denegaron la tutela: (i) porque se
debe esperar a que las entidades tengan los recursos suficientes para facilitar
el subsidio de vivienda, en concordancia con las postulaciones para dicho
beneficio; (ii) porque existen otros desplazados que no han siquiera recibido
ayuda humanitaria de primer orden; (iii) porque si bien hay descoordinación
entre las entidades competentes, la Red de Solidaridad Social no puede cumplir
funciones asignadas a otras entidades; (iv) porque no es posible que mediante
tutela se ordene los funcionarios encargados cumplir con los programas de
educación, vivienda, alimentación y trabajo, ni para que desembolsen dineros
con el fin de que se dote de recursos a la Red de Solidaridad Social; (v)
porque las limitaciones presupuestales no se pueden salvar por vía de tutela;
(vi) porque el juez de tutela no es ordenador del gasto ni coadministrador de
la gestión ni de la política del Ejecutivo; (vii) porque no se puede por vía de
tutela alterar el orden legal de asignación de subsidios sin que medien actos
discriminatorios por el INURBE; (viii) porque el juez de tutela no puede
ordenar a las autoridades públicas que lleven a cabo actos para los que no
tienen los recursos necesarios.
Algunos de los jueces de instancia
concedieron la tutela para la protección de los derechos de la población
desplazada, entre otras razones, por considerar que en un Estado Social de
Derecho es necesario que se llegue a una solución definitiva del problema del
desplazamiento y, porque el comportamiento omisivo asumido por la Red de
Solidaridad y de otras entidades responsables de la atención de la población
desplazada, deja al descubierto la vulneración de las garantías
constitucionales de las cuales son titulares los peticionarios.
II.      PRUEBAS SOLICITADAS POR LA SALA TERCERA REVISIÓN.
Mediante auto del día 11 de abril de
2003, la Sala Tercera de Revisión requirió a varias entidades y organismos
públicos para que, a partir de la documentación e información actualmente
disponible, respondieran un cuestionario relativo a las políticas  de atención
de la población desplazada.
La respuesta de las entidades públicas,
los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales al
cuestionario formulado por la Corte Constitucional en el auto mencionado se
resume en el Anexo 2. En él se encuentra la información aportada por la Red de
Solidaridad Social, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto
Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana –INURBE, el Ministerio
de la Protección Social; el Ministerio de Educación Nacional; el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Defensor del Pueblo, la Oficina el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y la Consultoría para
los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES. En las consideraciones y
fundamentos de esta sentencia se valoran los datos y argumentos relevantes para
decidir sobre lo pedido por los accionantes.
III.    CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.  Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86, inciso tercero, y 241, numeral noveno de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.  Problemas
jurídicos a resolver y resumen del argumento y de la decisión
Teniendo en cuenta las pretensiones de
los distintos actores en el presente proceso relacionadas con la obtención
efectiva de la ayuda prevista para la población desplazada y a las razones por
las cuales no la han recibido, la Sala considera que el caso bajo revisión
plantea varios problemas jurídicos constitucionales complejos relacionados con
el contenido, alcance y limitaciones de la política estatal de atención de la
población desplazada debido, entre otras cosas (i) a la grave situación de
vulnerabilidad que aqueja a la población desplazada; (ii) a los problemas que
enfrentan a raíz de la forma como están siendo atendidas sus solicitudes por
las entidades demandadas; (iii) al tiempo excesivamente prolongado que ha
transcurrido sin que hayan obtenido las ayudas previstas; (iv) al altísimo
volumen de tutelas que presentan los desplazados para obtener la ayuda efectiva
a que tienen derecho y al hecho de que varias entidades hayan convertido la
presentación de la acción de tutela como parte del procedimiento ordinario para
obtener la ayuda solicitada; (v) a que la situación que se pretende resolver
mediante la presente tutela afecta a toda la población desplazada, cualquiera
que sea el sitio en el cual se encuentren actualmente, e independientemente de
que hayan acudido a la acción de tutela para obtener la protección efectiva de
sus derechos, (vi) a que la mayor parte de los problemas planteados se ha
presentado de manera reiterada desde que se estableció la política para la
atención de la población desplazada; y (vii) a que algunos de los problemas
planteados por los desplazados deben ser examinados por primera vez por la
Corte.
2.1.    Problemas
Jurídicos
Por lo tanto, la Sala considera que los
problemas jurídicos a resolver en esta oportunidad son los siguientes:
1.      ¿Procede la acción de tutela para
examinar las acciones y omisiones de las autoridades públicas respecto de la
atención integral a la población desplazada para determinar si problemas en el
diseño, implementación, evaluación y seguimiento de la respectiva política
estatal contribuyen de manera constitucionalmente relevante a la violación de
sus derechos constitucionales fundamentales?
2.      ¿Se vulnera el derecho de los
desplazados al mínimo vital y a recibir pronta respuesta a sus peticiones - en
particular respecto a la ayuda humanitaria, al restablecimiento económico, a la
reubicación, a la vivienda, a la atención integral de salud y a la educación -
cuando dicho acceso está supeditado por las propias autoridades (i) a la
existencia de recursos que no han sido apropiados por el Estado; (ii) al
rediseño del instrumento que determina la forma, alcance y procedimiento para
la obtención de la ayuda,; (iii) a que se defina qué entidad asumirá el
suministro de la ayuda, dado que quien lo hacía se encuentra en proceso de
liquidación?
3.      ¿Se vulneran los derechos de
petición, al trabajo, al mínimo vital, a la vivienda digna, a la atención en
salud, al acceso a la educación de los actores en el presente proceso, cuando
las entidades encargadas de otorgar las ayudas previstas en la ley para su
atención, (i) omiten dar respuesta de fondo, concreta y precisa sobre la ayuda
solicitada; o (ii) se niegan a otorgar la ayuda solicitada (a) por la falta de
apropiación de recursos suficientes para atender las solicitudes; (b) por falta
de cumplimiento de requisitos legales para acceder a dicha ayuda; (c) por
existir un lista de solicitudes que deben ser atendidas previamente; (d) por
falta de competencia de la entidad ante la cual se presenta la solicitud; (e)
por cambio de los requisitos y condiciones definidos por el legislador para
acceder a la ayuda solicitada; (f) porque la entidad ante la cual se presenta
la solicitud se encuentra actualmente en liquidación?
Con el fin de resolver estos problemas la
Sala primero resumirá la línea jurisprudencial de la Corte en materia de
derechos de la población desplazada, con tres objetivos: (i) recordar los
principales derechos constitucionales de las personas en situación de
desplazamiento forzado interno (apartado 5.1), señalando los Principios
Rectores del Desplazamiento Forzado Interno que son pertinentes para su
interpretación; (ii) resaltar la gravedad de la situación de la población
desplazada y la persistencia de las violaciones que han llevado a la
interposición de la acción de tutela (apartado 5.2); y (iii) precisar el tipo
de órdenes que ha dictado la Corte hasta el momento para proteger los derechos
de la población desplazada (apartado 5.3.). En segundo lugar, examinará la
respuesta estatal al fenómeno del desplazamiento (apartado 6.1.), los
resultados de esa política (apartado 6.2) y los problemas más protuberantes de
la política pública existente y de sus distintos componentes (apartados 6.3).
En tercer lugar, estudiará la insuficiencia de recursos disponibles y su impacto
en la implementación de la política pública (apartado 6.3.2). En cuarto lugar,
constatará si tales acciones y omisiones constituyen un estado de cosas
inconstitucional (apartado 7). En quinto lugar, precisará los deberes
constitucionales de las autoridades frente a obligaciones de carácter
prestacional, inclusive en relación con derechos como la vida y la seguridad
(apartado 8.). En sexto lugar, precisará los niveles mínimos de protección que
debe ser garantizado a la población desplazada aun después de una redefinición
de prioridades ante la insuficiencia de recursos o deficiencias en la capacidad
institucional (apartado 9) Y, finalmente, ordenará las acciones que deberán
adoptar las distintas autoridades para garantizar los derechos de la población
desplazada (apartado 10.).
La Sala circunscribirá el análisis
constitucional de la situación presentada por los desplazados en las acciones
de tutela objeto de revisión en el presente proceso a los problemas jurídicos
anteriormente señalados, y no a la totalidad de cuestiones que pudieran surgir
de los hechos presentados por los actores. Dado el carácter eventual de la
revisión constitucional de las sentencias de tutela, la Corte puede, tal como
lo ha reiterado en numerosas ocasiones,[5]  delimitar el ámbito de la controversia que
analizará, esto con el fin de cumplir su responsabilidad como corporación
judicial que tiene la misión de definir los alcances de los derechos, en este
caso de los desplazados.
Además, dado que varias de las tutelas,
acumuladas en el presente proceso, fueron interpuestas por asociaciones de
desplazados, la Sala debe resolver previamente lo siguiente: ¿están legitimadas
las asociaciones de desplazados para interponer acciones de tutela a favor de
sus asociados, aun cuando éstos no les hayan otorgado un poder específico, y
quien los representa no tenga la calidad de apoderado judicial? (apartado 3)
También es necesario examinar la supuesta
existencia de temeridad en la presentación de algunas de las acciones de tutela
acumuladas en este proceso, en dos circunstancias: 1) cuando la tutela
presentada individualmente ya había sido presentada por una asociación de
desplazados, por los mismos hechos y contra las mismas entidades; y 2) cuando
la tutela fue presentada por alguno de los miembros de un núcleo familiar que
se separa del mismo para conformar uno propio y solicita, mediante tutela, el
acceso a alguna de las ayudas a que tienen derecho los desplazados, a pesar de
que el núcleo familiar con el cual se había registrado originalmente, ya había
obtenido una ayuda similar. (apartado 4)
2.2.    Resumen
del argumento y de la decisión
La Sala Tercera de Revisión, al resolver sobre las
presentes acciones de tutela, concluye que por las condiciones de
vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población desplazada, así
como por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva
por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención, se han
violado tanto a los actores en el presente proceso, como a la población
desplazada en general, sus derechos a una vida digna, a la integridad personal,
a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la
educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de
la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños (apartados 5 y 6).
Esta violación ha venido ocurriendo de manera masiva, prolongada y reiterada y
no es imputable a una única autoridad, sino que obedece a un problema
estructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado, y
a sus distintos componentes, en razón a la insuficiencia de recursos destinados
a financiar dicha política y a la precaria capacidad institucional para
implementarla. (apartado 6.3) Tal situación constituye un estado de cosas
inconstitucional que será declarado formalmente en esta sentencia (apartado
7 y ordinal primero de la parte resolutiva).
A pesar de que en el año 2003 el número de nuevos
desplazados disminuyó y que respecto de la población desplazada las autoridades
han identificado la urgencia de atender adecuadamente su situación, han
diseñado una política para su protección y han desarrollado múltiples
instrumentos para su ejecución, las acciones que efectivamente llevan a cabo
las autoridades para garantizar los derechos de la población desplazada
(apartado 6.1 y 6.2) y los recursos efectivamente destinados a satisfacer estos
derechos (apartado 6.3.2), no resultan acordes con los mandatos de la Ley 387
de 1997 que desarrollaron los derechos constitucionales respecto de los
desplazados, ni con los decretos que el propio Ejecutivo ha dictado sobre la
materia, ni con las previsiones que el CONPES había efectuado al estimar los
recursos necesarios para atender tales derechos (apartado 6 y Anexo 5).
En efecto, si bien el gasto social y de
atención a la población marginada es considerado como gasto prioritario, y
existe una política estatal de atención a la población desplazada, articulada
en una ley de la República, así como un marco reglamentario detallado, y una
cuantificación del esfuerzo presupuestal que se requiere para cumplir los
mandatos constitucionales y legales, las autoridades encargadas de garantizar
la suficiencia de estos recursos han omitido, de manera reiterada, adoptar los
correctivos necesarios para asegurar que el nivel de protección definido por el
Legislador y desarrollado por el Ejecutivo, sea efectivamente alcanzado.
Tal vulneración no es imputable a una sola entidad,
sino que todas las autoridades nacionales y territoriales con responsabilidades
diversas en la atención de la población desplazada, por acción u omisión, han
permitido que continúe y, en algunos casos, se agrave la vulneración de los
derechos fundamentales de los desplazados.
La declaratoria formal del estado de
cosas inconstitucional (apartado 7) tiene como consecuencia que las autoridades
nacionales y territoriales encargadas de atender a la población desplazada
deben ajustar sus actuaciones de tal manera que se logre la concordancia entre
los compromisos adquiridos para cumplir los mandatos constitucionales y legales
y los recursos asignados para asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados.
Esta decisión respeta las prioridades fijadas por el Legislador y por el
Ejecutivo y el experticio de las autoridades nacionales y territoriales
responsables que definieron el nivel de sus propios compromisos, pero exige que
éstas adopten a la mayor brevedad posible los correctivos que sean necesarios
para que dicho estado de cosas inconstitucional sea remediado (apartado 8). Por
lo tanto, la Corte Constitucional ordena al Consejo Nacional Para la Atención
Integral a la Población Desplazada por la Violencia que asegure la coherencia
entre las obligaciones fijadas por las autoridades competentes y el volumen de
recursos efectivamente destinados a proteger los derechos de los desplazados.
En caso de que concluya que los compromisos asumidos en la política estatal no
podrán ser cumplidos, en aras de los principios de transparencia y eficacia, el
Consejo debe redefinir públicamente tales compromisos, después de ofrecer
oportunidades suficientes de participación a los representantes de los
desplazados, de tal manera que las prioridades sean realmente atendidas y a
todos y cada uno de los desplazados se les asegure el goce efectivo de sus
derechos mínimos (ordinal 1b) y c) de la parte resolutiva).
Ese mínimo de protección que debe ser
oportuna y eficazmente garantizado (apartado 9) implica (i) que en ningún caso
se puede amenazar el núcleo esencial de los derechos fundamentales
constitucionales de las personas desplazadas y (ii) la satisfacción por el
Estado del mínimo prestacional de los derechos a la vida, a la dignidad, a la
integridad física, psicológica y moral, a la unidad familiar, a la prestación
del servicio de salud que sea urgente y básico, a la protección frente a
prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento, y al derecho
a la educación hasta los quince años para el caso de los niños en situación de
desplazamiento.
En relación con la provisión de apoyo para la
estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento,
el deber mínimo del Estado es el de identificar, en forma precisa y con la
plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su
situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, y las alternativas
de subsistencia digna a las que puede acceder, con miras a definir sus
posibilidades concretas de emprender un proyecto razonable de estabilización
económica individual, o de participar en forma productiva en un proyecto
colectivo, con miras a generar ingresos que les permitan subsistir
autónomamente a él y sus familiares desplazados dependientes.
Finalmente, en relación con el derecho al retorno y al
restablecimiento, el mínimo al cual están obligadas las autoridades consiste en
(i) no aplicar medidas de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a
su lugar de origen o a que se restablezcan en otro sitio, (ii) no impedir que
las personas desplazadas retornen a su lugar de residencia habitual o se
restablezcan en otro punto; (iii) proveer la información necesaria sobre las
condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno, así como el
compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que el Estado
asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas; (iv)
abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal decisión
implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o integridad
personal y (v) proveer el apoyo necesario para que el retorno se efectúe en
condiciones de seguridad y los que regresen puedan generar ingresos para
subsistir autónomamente.
La Corte fija un plazo de dos meses al Consejo
Nacional de Atención Integral de la Población Desplazada para definir el nivel
de recursos que efectivamente se destinarán a cumplir las obligaciones asumidas
por el Estado, sin que los derechos mínimos anteriormente mencionados puedan
dejar de ser protegidos de manera oportuna y eficaz. En caso de que sea
necesario redefinir prioridades y modificar algunos aspectos de la política
estatal para cumplir esta orden, se concederá al mismo Consejo un plazo de un
año para este efecto, durante el cual en todo caso se habrán de respetar los
mínimos señalados.
Con el fin de que garanticen los derechos de los
tutelantes también ordenará que se de respuesta de fondo, completa y oportuna a
las peticiones de ayuda que originaron la presente demanda, siguiendo los
lineamientos señalados por la jurisprudencia de la Corte (apartado 10).
3.  La
legitimación de las asociaciones de desplazados para la interposición de
acciones de tutela para la protección de los derechos de sus asociados
De conformidad con el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991,
La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. (resaltado agregado al
texto)
Aun cuando normalmente la posibilidad de
agenciar oficiosamente los derechos de terceros que no están en condiciones de
promover su propia defensa se ha aplicado a situaciones en las que la persona
cuyos derechos han sido vulnerados o amenazados es un menor de edad, un enfermo
grave, un indigente, o una persona con incapacidad física o mental, que no
puede ejercer su propia defensa, nada impide que tal posibilidad se aplique a
otros casos.
Dada la condición de extrema
vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del
desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de
personas especialmente protegidas por la Constitución –tales como mujeres
cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera
edad ‑, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las
acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente
onerosa para estas personas.
Es por ello que las asociaciones de
desplazados, que se han conformado con el fin de apoyar a la población
desplazada en la defensa de sus derechos, pueden actuar como agentes oficiosos
de los desplazados. No obstante, a fin de evitar que por esta vía se
desnaturalice la acción de tutela, se promuevan demandas de tutela colectivas
sin el consentimiento de sus miembros, o se emplee esta figura para desconocer
las normas sobre temeridad, tal posibilidad debe ser ejercida bajo condiciones
que a la vez que garanticen el acceso a la justicia a la población desplazada,
impida posibles abusos. Por ende, tales organizaciones estarán legitimadas para
presentar acciones de tutela a favor de sus miembros bajo las siguientes
condiciones: 1) que se haga a través de su representante legal, acreditando
debidamente su existencia y representación dentro del proceso de tutela; 2) que
se individualice, mediante una lista o un escrito, el nombre de los miembros de
la asociación a favor de quienes se promueve la acción de tutela; y 3) que no
se deduzca de los elementos probatorios que obran en el proceso que el
agenciado no quiere que la acción se interponga en su nombre. En esa medida si
se percatan de la amenaza o violación de derechos fundamentales de una persona,
pueden interponer la acción en nombre de sus asociados.
Por lo tanto, no podían los jueces de
instancia declarar improcedente la acción de tutela presentada por estas
asociaciones en nombre de los desplazados, amparándose en una interpretación
excesivamente formal que no se compadece del carácter informal de la acción de
tutela y de la situación de desamparo en que se encuentra miles de colombianos,
sin examinar en cada caso concreto el cumplimiento de estos tres requisitos.
En los expedientes  T-653010, T-680268,
T-686154, T-680627, T-681839, T-688767, T-695161 y T-700902, frente a las
tutelas presentadas por distintas asociaciones de desplazados,[6] a nombre de algunos de
sus miembros, los jueces de instancia las declararon improcedentes por
considerar que tales las asociaciones no estaban legitimadas para interponer
acciones de tutela a nombre de sus asociados.
No obstante, en los expedientes T-653010,
T-680268, T-686154, T-688767 y T-700902, las tutelas fueron presentadas por
sus representantes legales, se acreditó debidamente la existencia y
representación de la asociación, se individualizaron los nombres de los
miembros a nombre de quienes se presentaba la acción de tutela y nada en el
expediente indicaba que se opusieran a ser agenciados por la asociación. De
hecho, tales expedientes incluyen elementos que confirman el consentimiento de
los asociados. En algunos casos se anexaron documentos manuscritos mediante los
cuales se individualiza a los agenciados a través de una lista, o de un acta de
la reunión de la asociación, donde se adopta la decisión de interponer la
acción de tutela para la protección de sus derechos. En otros, se anexan
escritos individuales de los asociados a nombre de quienes se interpone la
tutela, a través de un documento que, aunque en su forma coincide con el
otorgamiento de una especie de poder judicial a quien no es abogado, su
contenido constituye una confirmación del consentimiento del asociado para ser
agenciado. Por lo cual las tutelas no eran improcedentes y serán revocadas por
la Sala.
En los expedientes T-680627, T-681839,
y T-695161, por el contrario, no se cumplió con alguno de los tres
requisitos anteriormente señalados, de manera que se transformó el objeto y la
naturaleza de la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos
constitucionales individuales. En algunos casos no se acreditó debidamente la
existencia o representación de la asociación. En otros, no se individualizaron
los nombres de las personas a favor de quienes se interponía la acción de
tutela. Por ello, las decisiones de instancia que declararon la improcedencia
de la acción de tutela. Sin embargo, en el caso de las acciones de tutela de
los expedientes T-681839 y T-695161, interpuestas por Henry Rivera
Acosta como representante legal de Asofadecol, aun cuando no se acreditó la
existencia y representación de esa asociación, tal prueba obra en otros de los
expedientes acumulados al proceso T-653010, por lo cual, entiende la
Sala que se cumplieron los requisitos antes mencionados. Por lo tanto, la Sala
confirmará la sentencia del expediente T-680627 que declaró la
improcedencia de la tutela y revocará las sentencias de los expedientes T-681839
y T-695161, por las razones aquí expuestas.
4.  La
supuesta existencia de temeridad
De conformidad con lo que establecen los
artículos 2, 4 ‑inciso 2‑, 83 y 95 –numerales 1 y 7 de la
Constitución Política, el ejercicio de todo derecho y la utilización de los
procedimientos constitucionales y legales previstos para su efectividad exige
de sus titulares una lealtad mínima hacia el orden jurídico y el cumplimiento
de deberes y cargas correlativos.
En desarrollo de estos preceptos, el
artículo 38 del Decreto - ley 2591 de 1991 al regular la figura de la
temeridad, señala perentoriamente que “cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada  por la misma persona o
su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes”.[7]
Tal como lo ha señalado esta Corporación,
el propósito de esta disposición es “propiciar la credibilidad y seriedad de la
justicia y dar aplicación a los principios de la buena fe, la eficacia y la
economía procesal, principios que se verían seriamente afectados por quienes
desconocen los criterios de rectitud y honradez que exige un debate jurídico
serio. Su consagración legal pretende, entonces, evitar el abuso desmedido de
la acción de tutela,[8]
pues su ejercicio irracional conlleva la obtención de múltiples
pronunciamientos en relación con unos mismos hechos y frente a un mismo caso,
generando un perjuicio para toda la sociedad, que ve disminuida la capacidad de
trabajo de la administración de justicia en relación con los requerimientos de
quienes les asiste también el derecho de ejercer la acción.”[9]
De conformidad con la reiterada
jurisprudencia de esta Corporación, un actor o su representante legal incurre
en conducta temeraria cuando se presentan las siguientes circunstancias: (i)
Que se presenten varias acciones de tutela por los mismos hechos y para
solicitar la protección del mismo derecho;[10] en oportunidades
diferentes, ya sea ante distintos jueces o ante el mismo juez;[11] (ii) Que las tutelas
sean presentadas por la misma persona o por su representante;[12] y (iii) Que la presentación
reiterada de la acción de tutela se haga sin un motivo razonable, expresamente
mencionado para justificar la nueva acción.[13]
Así, la Corte ha sancionado la actuación
temeraria cuando la presentación de más de un amparo constitucional por los
mismos hechos y con igual pretensión i) envuelve una actuación “torticera”[14]; ii) denote el propósito
desleal “de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa”,[15] iii) deje al
descubierto un abuso deliberado del derecho de acción,[16]  o iv) asalte “la
buena fe de los administradores de justicia.”[17]
No obstante lo anterior, también ha
señalado la jurisprudencia que la buena fe se presume en todas las actuaciones
de los particulares ante las autoridades públicas, de suerte que resulta
imperativo demostrar que se incurrió, real y efectivamente en una conducta
proscrita por el ordenamiento, porque la reiteración de solicitudes de amparo
no tiene justificación.[18]
Recientemente, la Corte examinó este tema
frente al caso de una mujer desplazada que asesorada por un abogado había
interpuesto varias acciones de tutela por los mismos hechos. Resaltó la Corte
que “la aplicación del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 exige al
fallador detenerse en las circunstancias específicas que rodearon las
presentación de dos o más demandas de tutela, por la misma persona o su representante,
en solicitud de igual protección a fin de establecer si el accionante incurrió
efectivamente en una actuación contraria a derecho.” [19]
Agregó la Corte que “el fallador de instancia no le puede endilgar
actuación temeraria alguna i) sin haberla oído al respecto, y ii) sin haber
indagado sobre su situación y la de su familia, y tampoco respecto de las
circunstancias que rodearon la presentación de las dos acciones - según la
accionada con la asesoría de profesionales del derecho, que habitualmente
asesoran a la población desplazada, a quienes nombra expresamente -.”
En los procesos de tutela bajo estudio,
dos circunstancias particulares han llevado a los jueces de instancia a
examinar la existencia de actuaciones temerarias por parte de los tutelantes o
de sus representantes. En primer lugar, frente a la interposición de acciones
de tutela individuales, luego de que la acción de tutela presentada por una
asociación de desplazados fue negada. En segundo lugar, la acción de tutela
interpuesta por miembros de un núcleo familiar de desplazados, que se separa de
éste para solicitar alguna de las ayudas que recibe la población desplazada, a
pesar de que la ayuda ya había sido otorgada al núcleo familiar originario.
En el primer caso, las tutelas
presentadas por las asociaciones de desplazados fueron declaradas improcedentes
por los jueces de instancia por considerar que dichas acciones sólo podían ser
interpuestas directamente por los demandantes o a través de apoderado judicial.
Tales decisiones fueron seleccionadas para revisión por esta Corte[20] y no habían sido
resueltas al momento en que los actores interpusieron una segunda acción de
tutela, esta vez de manera personal, para solicitar la protección de sus
derechos frente a la omisión de las autoridades en dar respuesta a sus
solicitudes. En relación con estas acciones de tutela, los jueces de instancia
deciden denegarlas porque estaba pendiente la decisión de la Corte sobre la
legitimidad de las asociaciones de desplazados para interponer acciones en
nombre de ellos, con lo cual se negó la protección de los derechos de los
actores.
En este evento, no se está ante una
actuación de mala fe, ni los actores interpusieron una segunda acción de tutela
por los mismos hechos. Todo lo contrario, los actores de los expedientes T-681418,
T-689206 y T-697902, quienes habían presentado inicialmente una acción de
tutela a través de ASDECOL y ASOFADECOL, tuvieron en cuenta lo decidido por los
jueces de instancia y cumplieron con lo decidido por éstos, para lo cual
presentaron las acciones directamente Por lo tanto, no existe en estas
circunstancias actuación temeraria.
En el segundo evento, los actores
interponen una nueva acción de tutela para solicitar una ayuda determinada (i)
utilizando un documento de identidad distinto a aquel con el que fueron
registrados –ya sea porque fueron registrados con tarjeta de identidad y, luego
de alcanzar la mayoría de edad, obtienen su cédula de ciudadanía, o porque
estaban indocumentados y obtienen del Estado la cédula de ciudadanía
definitiva, o porque emplean una cédula de ciudadanía distinta – y solicitan
una ayuda ya otorgada o una distinta a la obtenida por el núcleo familiar
original; (ii) se separan del núcleo familiar con el cual fueron inscritos como
desplazados, para conformar uno propio, o para unirse al núcleo familiar al
cual pertenecen verdaderamente, e interponen la acción de tutela por los mismo
hechos y para solicitar las mismas ayudas.
En el primer caso, tres elementos indican
una actuación contraria al principio de buena fe: (i) la utilización de un
documento de identificación distinto a aquel con el cual fueron registrados;
(ii) no informar a las autoridades que hacían parte de otro núcleo familiar ya
registrado; y (iii) no advertir a las autoridades que el núcleo al cual
pertenecían había presentado otra acción de tutela por los mismos hechos.
Esto fue lo que ocurrió en los
expedientes T-679482 y T-680805. Los actores en dichos procesos actuaron
de manera torticera con el fin de obtener una ayuda estatal que ya habían
recibido. Este comportamiento constituye una actuación temeraria y así lo
declarará la Sala en la parte resolutiva de esta sentencia, y tiene como
consecuencia denegar la acción de tutela impetrada. Teniendo en cuenta que en
el expediente T-679482, cuando la actora presentó una cédula distinta a
la que aparece en el registro para solicitar la ayuda vía tutela, pudo haber
incurrido en un posible fraude, la Sala comunicará de este hecho tanto a la
Registraduría del Estado Civil como a la Red para el examen de esta situación
irregular y su remisión a las autoridades correspondientes.
En el segundo caso planteado, cuando los
tutelantes interponen la acción de tutela con base en los mismos hechos, para
obtener ayudas ya entregadas al núcleo familiar con el cual fueron inscritos o
auxilios no solicitados por ese núcleo, es posible distinguir varias situaciones:
(i) la de quienes desean separarse del núcleo familiar con el fin de aumentar
las posibilidades de ayuda; (ii) la de quienes por las condiciones mismas del
desplazamiento interno son separados de su núcleo familiar, se reencuentran
posteriormente con él y desean unirse para solicitar las ayudas previstas para
la población desplazada; (iii) la de quienes han formado un nuevo núcleo
familiar al constituirse como pareja estable con hijos o como madre cabeza de
familia, pero separada de su esposo o compañero permanente.
En el primer evento, dada la complejidad
administrativa que implicaría permitir el cambio de inscripción por la mera
voluntad del desplazado o el riesgo de que ello sea solicitado estratégicamente
con el fin de aumentar la ayuda recibida, resulta razonable que no sea posible
obtener un nuevo registro, máxime si se tiene en cuenta que en todo caso, las
ayudas se canalizarán a través del núcleo familiar con el cual fueron
registrados. En el segundo evento, especialmente cuando se trata de menores de
edad y de ancianos que se reencuentran con su familia, las autoridades deben
tomar medidas para garantizar que éstas personas puedan reunirse con sus
allegados y, cuando sea necesario, modificar la información del registro para
garantizar que estos núcleos familiares reciban la ayuda adecuada y
proporcionalmente mayor que se le brinda a la población desplazada. La especial
protección constitucional de los derechos de los niños, de las mujeres cabeza
de familia, o de personas de la tercera edad, así como de la familia y su
manifestación a través del derecho de la población desplazada a la
reunificación familiar, de conformidad con el Principio Rector 16, justifican
esta autorización especial. Estas mismas razones justifican que se permita,
como lo prevé el tercer evento, la modificación del registro para que mujeres
cabeza de familia o parejas nuevas con hijos puedan constituir núcleos
familiares de desplazados con registro autónomo y diferente al originario, y de
esta manera, obtener la ayuda que les permita existir independientemente como
familias.
Bajo este último evento descrito, se
encuentra la actora del expediente T-686751, quien como mujer cabeza de
familia, solicita ser separada del núcleo familiar bajo el cual quedó
registrada, para inscribirse como un núcleo familiar independiente con ella a
la cabeza, con su hijo. Por lo cual la Sala tutelará sus derechos y ordenará a
la Red modificar el registro de su inscripción como desplazada, y permitirle
como mujer cabeza de familia el acceso a las ayudas previstas para la población
desplazada.
En todo caso, las circunstancias
mencionadas, no necesariamente implican una actuación temeraria. Ante la
ausencia de elementos que indiquen la mala fe de los actores, debe el juez de
tutela examinar de manera cuidadosa las circunstancias del caso y antes de
declarar la existencia de temeridad, (a) debe escuchar al actor o actora sobre
las razones de interposición de la segunda tutela, y (b) indagar sobre su
situación y la de su núcleo familiar, tal como lo señaló esta Corte en la
sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis, para determinar la existencia
de temeridad.
5.  La
jurisprudencia constitucional relacionada con la vulneración de los derechos de
la población desplazada. Ordenes dictadas para proteger sus derechos
constitucionales y persistencia de los patrones de desconocimiento de tales
derechos.
5.1.    Derechos
fundamentales de la población desplazada reiteradamente protegidos en casos
concretos por esta Corte
Por la magnitud del problema que se ha acreditado en
los múltiples expedientes acumulados en el presente proceso, y por el número de
personas que han acudido a la acción de tutela para reclamar la protección del
Estado frente a su situación, es indispensable que la Corte se detenga a
estudiar en detalle cuáles son los derechos fundamentales de los que son
titulares las personas en situación de desplazamiento, así como el ámbito de
las obligaciones de las autoridades a este respecto. Es necesario precisar el
alcance de las garantías en comento, para así resolver el interrogante sobre la
gravedad de su violación en los casos que se revisan.
Desde 1997, cuando la Corte abordó por primera vez la
gravísima situación de los desplazados en Colombia, la Corte ha proferido 17
fallos para proteger alguno o varios de los siguientes derechos: (i) en 3
ocasiones para proteger a la población desplazada contra actos de
discriminación; (ii) en 5 eventos para proteger la vida e integridad personal;
(iii) en 6 ocasiones para garantizar el acceso efectivo a los servicios de
salud; (iv) en 5 casos para proteger el derecho al mínimo vital garantizando el
acceso a los programas de restablecimiento económico; (v) en 2 eventos para
proteger el derecho a la vivienda; (vi) en un caso para proteger la libertad de
locomoción; (vii) en 9 ocasiones para garantizar el acceso al derecho a la
educación; (viii) en 3 casos para proteger los derechos de los niños; (ix) en 2
casos para proteger el derecho a escoger su lugar de domicilio; (x) en 2
oportunidades para proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad;
(xi) en 3 ocasiones para proteger el derecho al trabajo; (xii) en 3 eventos
para garantizar el acceso a la ayuda humanitaria de emergencia; (xiii) en 3
casos para proteger el derecho de petición relacionado con la solicitud de
acceso a alguno de los programas de atención a la población desplazada; y (xiv)
en 7 ocasiones para evitar que la exigencia del registro como desplazado
impidiera el acceso a los programas de ayuda.
No obstante la importancia de la línea
jurisprudencial en materia de desplazamiento forzado, la presente sección no
tiene como objetivo hacer un recuento exhaustivo de la jurisprudencia de la
Corte en la materia, sino, en primer lugar, determinar el alcance de los
derechos de la población desplazada que han sido protegidos por esta
Corporación, teniendo en cuenta tanto el marco constitucional y legal, como la
interpretación del alcance de tales derechos que fue compilado documento
internacional de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno de
1998.[21] Este último documento compendia lo
dispuesto sobre desplazamiento interno en el derecho internacional de los
derechos humanos, en el derecho internacional humanitario y –por analogía ‑
en el derecho internacional de los refugiados, y contribuye a la interpretación
de las normas que hacen parte de este sistema de protección.[22] Una descripción del contenido y alcance
de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno, se encuentra en
el Anexo 3 de esta sentencia.
En segundo lugar, esta sección tiene como
finalidad identificar el tipo de problemas que han sido resueltos por la Corte
y precisar el tipo de órdenes dictadas hasta el momento para atender esta
problemática. Un recuento detallado de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional dictada para proteger a la población desplazada se encuentra en
el Anexo 4 de esta sentencia.
5.2.    Gravedad
del fenómeno del desplazamiento interno por los derechos constitucionales que
resultan vulnerados y la frecuencia con que se presenta tal vulneración.
El problema del desplazamiento forzado interno en
Colombia, cuya dinámica actual tuvo su inicio en la década de los años ochenta,
afecta a grandes masas poblacionales. La situación es tan preocupante, que en distintas
oportunidades la Corte Constitucional la ha calificado como (a) “un problema
de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas,
principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado”[23]; (b) “un verdadero
estado de emergencia social”, “una tragedia nacional, que afecta los destinos
de innumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante las
próximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad política
colombiana”[24];
y, más recientemente, (c) un “estado de cosas inconstitucional” que “contraría
la racionalidad implícita en el constitucionalismo”,  al causar una “evidente
tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración
de valores, principios y derechos contenidas en el Texto Fundamental y la
diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de
colombianos”[25].
También ha resaltado esta Corporación que, por las
circunstancias que rodean el desplazamiento interno, las personas –en su mayor
parte mujeres cabeza de familia, niños y personas de la tercera edad ‑
que se ven obligadas “a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y
sus actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de
las fronteras del territorio nacional”[26]
para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y por el
desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho internacional
humanitario, quedan expuestas a un
nivel mucho mayor de vulnerabilidad[27],
que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus derechos
fundamentales[28]
y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial atención por las
autoridades: “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un
estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por
parte del Estado”[29].
En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de inclinar
la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el
deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública”[30], dada la incidencia
determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas,
políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional.
Entre los derechos constitucionales fundamentales que
resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso,
la jurisprudencia de esta Corte ha señalado los siguientes:
1. El derecho a la vida en condiciones de dignidad
dadas (i) las circunstancias infrahumanas asociadas a su movilización y a su
permanencia en el lugar provisional de llegada, y (ii) los frecuentes riesgos
que amenazan directamente su supervivencia.[31]
Los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado que contribuyen a la
interpretación de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado
interno son los Principios 1, 8, 10 y 13, que se refieren, entre otras cosas, a
la protección contra el genocidio, las ejecuciones sumarias y prácticas
contrarias al derecho internacional humanitario que pongan en riesgo la vida de
la población desplazada.
2. Los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de
familia, los discapacitados y las personas de tercera edad, y de otros grupos
especialmente protegidos “en razón de las precarias condiciones que deben
afrontar las personas que son obligadas a desplazarse”[32]. La
interpretación de estos derechos deberá hacerse de conformidad con lo que
establecen los Principios 2, 4 y 9 sobre protección especial a ciertos grupos
de desplazados.
3. El derecho a escoger su lugar de domicilio, en la
medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad
personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de
residencia y trabajo[33].
Los Principios 5, 6, 7, 14 y 15 contribuyen a la interpretación de este
derecho, en particular, a la determinación de prácticas prohibidas por el
derecho internacional que impliquen una coacción al desplazamiento de las
personas, o su confinamiento en lugares de los cuales no puedan salir
libremente.
4. Los derechos al libre desarrollo de la
personalidad, a la libertad de expresión y de asociación, “dado el ambiente
intimidatorio que precede a los desplazamientos”[34] y las consecuencias
que dichas migraciones surten sobre la materialización de los proyectos de vida
de los afectados, que necesariamente deberán acoplarse a sus nuevas
circunstancias de desposeimiento. En la interpretación de estos derechos en el
contexto del desplazamiento forzado interno son pertinentes los Principios 1 y
8.
5. Por las características propias del desplazamiento,
quienes lo sufren ven sus derechos económicos, sociales y culturales
fuertemente afectados.[35].
El alcance mínimo de estos derechos ha sido interpretado de conformidad con los
Principios 3, 18, 19, y 23 a 27, que se refieren a condiciones para garantizar
un nivel de vida digna, y el acceso a la educación, la salud, el trabajo, entre
otros derechos.
6. En no pocos casos, el desplazamiento implica una
dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros
a la unidad familiar[36]
y a la protección integral de la familia[37].
Los Principios 16 y 17 están dirigidos, entre otras cosas,  a precisar el
alcance del derecho a la reunificación familiar.
7. El derecho a la salud, en conexidad con el derecho
a la vida, no sólo porque el acceso de las personas desplazadas a los servicios
esenciales de salud se ve sustancialmente dificultado por el hecho de su
desplazamiento, sino porque las
deplorables condiciones de vida que se ven forzados a aceptar tienen un
altísimo potencial para minar su estado de salud o agravar sus enfermedades,
heridas o afecciones preexistentes.[38] Los Principios 1, 2 y 19 precisan el alcance
de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno.
8. El derecho a la integridad personal[39], que resulta amenazado
tanto por los riesgos que se ciernen sobre la salud de las personas
desplazadas, como por el alto riesgo de ataques al que están expuestos por su
condición misma de desposeimiento.[40]
A este derecho se refieren los Principios rectores 5, 6 y 11,
9. El derecho a la seguridad personal[41], puesto que el
desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos,
presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y
desproporcionados para varios derechos fundamentales de los afectados. Para la
interpretación del alcance de este derecho en el contexto del desplazamiento
forzado interno son pertinentes los  Principios rectores 8, 10, 12, 13 y 15.
10. La libertad de circulación por el territorio
nacional[42]
y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir[43], puesto que la
definición misma de desplazamiento forzado presupone el carácter no voluntario
de la migración a otro punto geográfico para allí establecer un nuevo lugar de
residencia. Los principios 1, 2, 6, 7 y 14 resultan relevantes para la
interpretación del alcance de estos derechos en relación con la población
desplazada.
11. El derecho al trabajo[44] y la libertad de
escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se
ven forzados a migrar a las ciudades y, en consecuencia, abandonar sus
actividades habituales. Para la interpretación de estos derechos resultan
relevantes los principios 1 a 3, 18, 21, 24 y 25, que establecen criterios para
garantizar medios para la obtención de un nivel de vida adecuado y la
protección de sus propiedades o posesiones.
12. El derecho a una alimentación mínima[45], que resulta
insatisfecho en un gran número de casos por los altísimos niveles de pobreza
extrema a los que llegan numerosas personas desplazadas, que les impiden
satisfacer sus necesidades biológicas más esenciales y repercuten, por ende,
sobre el disfrute cabal de todos sus demás derechos fundamentales, en
particular sobre los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud.
Ello es especialmente grave cuando el afectado es un menor de edad. Para la
interpretación del alcance de este derecho son pertinentes los Principios 1 a
3, 18 y 24 a 27, relativos al nivel de vida adecuado que se debe garantizar a
la población desplazada y a la asistencia humanitaria.
13. El derecho a la educación, en particular el de los
menores de edad que sufren un desplazamiento forzado y se han visto obligados,
por ende, a interrumpir su proceso de formación.[46]. En relación con este
derecho, resultan relevantes los Principios13 y 23.
14. El derecho a una vivienda digna[47], puesto que las
personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios
hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones
inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando
pueden conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie. En relación con este
derecho, los Principios 18 y 21 establecen criterios mínimos que deben ser
garantizados a la población desplazada a fin de proveerles vivienda y
alojamiento básicos.
15. El derecho a la paz[48], cuyo núcleo esencial
abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos de la
guerra, y mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados por el
derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de dirigir
ataques contra la población civil[49].Para
la interpretación de este derecho son pertinentes los Principios 6, 7, 11, 13 y
21 que prohíben el desconocimiento de las normas de derecho internacional
humanitario que protegen a los no combatientes.
16. El derecho a la personalidad jurídica, puesto que
por el hecho del desplazamiento la pérdida de los documentos de identidad
dificulta su registro como desplazados y el acceso a las distintas ayudas, así
como la identificación de los representantes legales, cuando se trata de
menores de edad que son separados de sus familias.[50] El alcance de este
derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno se encuentra
expresamente consagrado en el Principio rector 20.
17. El derecho a la igualdad[51], dado que (i) a pesar
de que la única circunstancia que diferencia a la población desplazada de los
demás habitantes del territorio colombiano es precisamente su situación de
desplazamiento, en virtud de ésta condición se ven expuestos a todas las
violaciones de los derechos fundamentales que se acaban de reseñar, y también a
discriminación y (ii) en no pocas oportunidades, el hecho del desplazamiento se
produce por la pertenencia de la persona afectada a determinada agrupación o
comunidad a la cual se le atribuye cierta orientación respecto de los actores
en el conflicto armado y por sus opiniones políticas, criterios todos
proscritos como factores de diferenciación por el artículo 13 de la Carta. Lo
anterior no excluye, como se ha visto, la adopción de medidas de acción
afirmativa a favor de quienes se encuentren en condiciones de desplazamiento,
lo cual de hecho constituye una de las principales obligaciones reconocidas por
la jurisprudencia constitucional en cabeza del Estado.[52] Los alcances de este
derecho han sido definidos por los Principios 1 a 4, 6, 9 y 22, que prohíben la
discriminación a la población desplazada, recomiendan la adopción de medidas
afirmativas a favor de grupos especiales dentro de la población desplazada y
resaltan la importancia de que a los desplazados se les garantice un trato
igualitario.
En razón de esta multiplicidad de derechos
constitucionales afectados por el desplazamiento, y atendiendo a las aludidas
circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en la que se
encuentran los desplazados, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que
éstos tienen, en términos generales, un derecho a recibir en forma urgente un
trato preferente por parte del Estado, en aplicación del mandato consagrado en
el artículo 13 Superior: “el grupo social de los desplazados, por su
condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los
marginados y los débiles, de acuerdo con  el artículo 13 de la Constitución
Política, incisos 2° y 3° que permiten  la igualdad como diferenciación, o sea
la diferencia entre distintos.”[53].
Este punto fue reafirmado en la sentencia T-602 de 2003, en la cual se dijo que
“si bien el legislador y las entidades gubernamentales deben tratar de igual
modo a todas las personas, pues así lo estipula el artículo 13 de la
Constitución, las víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno sí
merecen atención diferencial”. Este derecho al trato preferente constituye,
en términos de la Corte, el “punto de apoyo para proteger a quienes se
hallan en situación de indefensión por el desplazamiento forzado interno”[54], y debe
caracterizarse, ante todo, por la prontitud en la atención a las necesidades de
estas personas, ya que “de otra manera se estaría permitiendo que la
vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones,
se agravara”[55].
Además de encontrar soporte en el artículo 13 de la
Carta, el deber estatal que se señala encuentra su fundamento último, según la
jurisprudencia constitucional, en la inhabilidad del Estado para cumplir con su
deber básico de preservar las condiciones mínimas de orden público necesarias
para prevenir el desplazamiento forzado de personas y garantizar la seguridad
personal de los asociados. Según se sintetizó en la sentencia T-721 de 2003, “esta
Corporación ha considerado que al Estado le compete impedir que el desplazamiento
se produzca, porque las autoridades han sido establecidas para respetar y hacer
respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero también ha dicho que si
‘no fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de sus lugares de origen,
tiene por lo menos que garantizarle  a los cientos de miles de colombianos que
han tenido que abandonar sus hogares y afrontar condiciones extremas de
existencia la atención necesaria para reconstruir sus vidas’[56].Lo anterior
comporta que la situación de cada una de las personas y familias desplazadas
por la violencia deba ser un asunto prioritario de las autoridades”.[57]
Ahora bien, el alcance de las medidas que las
autoridades están obligadas a adoptar se determina de acuerdo tres parámetros
principales, que fueron precisados en la sentencia T-268 de 2003, así: (i) el
principio de favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a la
población desplazada, (ii) los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado
Interno, y (iii) el principio de prevalencia del derecho sustancial en el
contexto del Estado Social de Derecho. En síntesis, “las medidas especiales
a favor de los desplazados facilitan que éstos se tornen menos vulnerables,
agencian la reparación de las injusticias derivadas del desplazamiento
involuntario y se orientan a la realización efectiva de ciertos derechos de
bienestar mínimo que constituyen la base para la autonomía y el
autosostenimiento de los sujetos de desplazamiento.”[58].
5.3.    Las
órdenes dictadas para la protección de los derechos de las población desplazada
La Corte se ha pronunciado en 17
ocasiones sobre los derechos de la población desplazada. Las sentencias han
estado dirigidas principalmente a: (i) corregir actuaciones negligentes o
discriminatorias[59]
y omisiones de las autoridades encargadas de atender a la población desplazada;[60] (ii) señalar las
responsabilidades institucionales en la atención de la población desplazada;[61] (iii) precisar los
derechos constitucionales de la población desplazada;[62] (iv) fijar criterios
para la interpretación de las normas que regulan la ayuda para esta población,
de tal manera que se garanticen efectivamente sus derechos;[63] (v) rechazar el
retardo injustificado o la omisión de las autoridades para atender a quienes se
ven afectados por el desplazamiento forzado;[64]
(vi) urgir el desarrollo de políticas y programas adecuados para la atención de
este fenómeno;[65]
(vii) precisar los elementos que determinan la condición de desplazado;[66] (viii) señalar los
obstáculos que impiden una atención adecuada de la población desplazada y que
favorecen o agravan la vulneración de sus derechos;[67] (ix) indicar falencias
u omisiones en las políticas y programas diseñados para atender a la población
desplazada;[68]
y (x) otorgar una protección efectiva a la población desplazada, en particular
cuando se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución como
son los niños, la mujeres cabezas de familia, las personas de la tercera edad y
las minorías étnicas.[69]
Con el fin de garantizar una protección
efectiva de la población desplazada, la Corte ha ordenado (i) a las distintas
autoridades que participan en la protección de la población desplazada, incluir
a los accionantes en los programas y políticas existentes en un plazo breve que
va desde las 48 horas a los 3 meses siguientes a la notificación de la
sentencia;[70]
(ii) al Presidente de la República, coordinar con los distintos ministerios y
entidades encargadas de la atención de la población desplazada, las acciones
indispensables para garantizar, en un plazo de máximo de 30 días, la solución
definitiva de los problemas que enfrentaban los accionantes;[71] (iii) adelantar en un
plazo de 48 horas todas las gestiones necesarias para trasladar al accionante a
un lugar donde su vida e integridad no corran peligro;[72] (iv) a la Red de
Solidaridad Social, incluir al accionante en el Registró Único de Población
Desplazada; (v) que se constituya el Comité Municipal de Atención Integral de
la Población Desplazada en un plazo de 10 días, a fin de que ese Comité
estableciera en un plazo máximo de 20 días, el programa de reubicación y
estabilización de los accionantes;[73]
(vi) a la Red de Solidaridad Social coordinar con el Instituto de Bienestar
Familiar la inclusión de los menores demandantes en los programas existentes en
dicha entidad y tramitar de manera preferencial y rápida, ante la entidad que
corresponda la solicitud de subsidio familiar de vivienda;[74] (vii) a la Red de
Solidaridad Social otorgar la ayuda humanitaria de emergencia solicitada;[75] (viii) al Director
Nacional de la Red de Solidaridad Social que incluya a los accionantes en un
proyecto productivo articulado a un programa de seguridad alimentaria;[76] (ix) a la Red de
Solidaridad Social para que en un plazo de 48 horas realice las gestiones
necesarias ante las entidades competentes para que se suministre la atención
integral de salud requerida por la actora;[77]
(x) a la Red de Solidaridad Social, brindar en un plazo de 48 horas la asesoría
necesaria a la actora sobre las distintas alternativas de consolidación
económica;[78]
(xi) que la Red de Solidaridad Social asista y asesore efectivamente a la
actora;[79]
(xii) a la Defensoría del Pueblo diseñar y dictar cursos de promoción de
derechos humanos y de respeto de los derechos de la población desplazada a las
distintas autoridades, con el fin de sensibilizarlas frente a esta
problemática;[80]
(xiii) al Gobierno Nacional, para que en un plazo razonable reglamente la Ley
715 de 2001 en lo concerniente al traslado y reubicación de docentes
amenazados;[81]
(xiv)a la Defensoría del Pueblo, velar por la divulgación y promoción de los
derechos de la población desplazada;[82]
(xv) al Procurador General de la Nación, ejercer la vigilancia del cumplimiento
de lo ordenado en la sentencia;[83]
y (xvi) a la Defensoría del Pueblo, instruir a la población desplazada sobre
sus derechos y deberes constitucionales.[84]
La anterior descripción de los derechos
vulnerados y de la respuesta del juez de tutela en casos que comprenden varios
núcleos familiares, que se han repetido a veces hasta en nueve ocasiones y que
por su extrema gravedad ameritaron la intervención de esta Corte, muestra que
el patrón de violación de los derechos de la población desplazada ha persistido
en el tiempo, sin que las autoridades competentes hayan adoptado los
correctivos suficientes para superar esas violaciones, y sin que las soluciones
puntuales ordenadas por la Corte frente a las violaciones detectadas en las
sentencias dictadas hasta el momento, hayan contribuido a impedir la
reincidencia de las autoridades demandadas en tutela. Inclusive, se ha llegado
a agravar la situación de afectación de los derechos de la población desplazada
ante la exigencia impuesta por algunos funcionarios[85] de la interposición de
acciones de tutela como requisito previo para que las autoridades encargadas de
su atención cumplan con sus deberes de protección.
6.  Identificación
de las acciones u omisiones estatales que configuran una violación de los
derechos constitucionales de los desplazados.
Las políticas públicas de atención a la población
desplazada no han logrado contrarrestar el grave deterioro de las condiciones
de vulnerabilidad de los desplazados, no han asegurado el goce efectivo de sus
derechos constitucionales ni han favorecido la superación de las condiciones
que ocasionan la violación de tales derechos. Según un estudio reciente[86], las condiciones
básicas de vida de dichas personas distan mucho de satisfacer los derechos
reconocidos nacional e internacionalmente. El 92% de la población desplazada
presenta necesidades básicas insatisfechas (NBI), y el 80% se encuentra en
situación de indigencia.[87]
Igualmente, el 63.5% de la población desplazada tiene una vivienda inadecuada[88], y el 49% no cuenta
con servicios idóneos[89].
En cuanto a la situación alimentaria de la población desplazada,
se concluye que la “brecha en calorías”[90]
de los hogares desplazados es del 57%, es decir, que sólo consumen el 43% de
los niveles recomendados por el PMA[91].
Igualmente se encontró que el 23% de los niños y niñas menores de seis años
desplazados están por debajo del estándar alimenticio mínimo. A su vez, las
insuficiencias alimenticias mencionadas se traducen en un estado desnutrición
que tiene como consecuencias, entre otras, retraso de la talla para el peso y
del peso para la edad, déficit en atención escolar, predisposición a las
infecciones respiratorias y a la diarrea, disminución de la visión, y aumento
de la morbilidad infantil.
En relación con el grado de acceso a la educación de
la población escolar desplazada, se observa que el 25% de los niños y niñas
entre 6 y 9 años no asiste a un establecimiento escolar, mientras que esta
proporción para las personas entre 10 y 25 años es de 54%. Por último, en
relación con la salud de las víctimas del desplazamiento forzado, la tasa de
mortalidad para la generalidad de la población desplazada es 6 veces superior
al promedio nacional.[92]
Ahora bien, la grave situación de la población
desplazada no es causada por el Estado, sino por el conflicto interno, y en
particular, por las acciones de los grupos armados irregulares. Sin embargo, en
virtud del artículo 2º de la Carta, el Estado tiene el deber de proteger a la
población afectada por este fenómeno, y de esta manera, está obligado a adoptar
una respuesta a dicha situación.
Por lo tanto, la Corte al analizar las
políticas públicas de atención a la población desplazada, determinará si el
Estado, a través de acciones u omisiones en el diseño, la implementación, el
seguimiento o la evaluación de éstas, ha contribuido de una manera
constitucionalmente significativa al desconocimiento de los derechos
fundamentales de las personas en condición de desplazamiento. La Sala se fundamentará
en (i) varios de los documentos de análisis y evaluación de la política de
atención a la población desplazada y de sus distintos programas, aportados a
este proceso por entidades gubernamentales, organizaciones de derechos humanos
y organismos internacionales, y (ii) las respuestas al cuestionario formulado
por la Sala Tercera de Revisión, que aparecen resumidas en el anexo 2.
Dada la extensión de esos documentos y su
referencia a aspectos no relacionados directamente con la supuesta vulneración
de los derechos de la población desplazada que dieron lugar a la presente
tutela, la Sala tomará en consideración sólo algunos de los reparos efectuados,
basados en las principales observaciones, sin pretender hacer una revisión
exhaustiva.
Ante todo, la Sala aprecia que en los
últimos años algunas entidades estatales, dentro de las que se encuentra la Red
de Solidaridad Social, han realizado esfuerzos considerables para mitigar los
problemas de la población desplazada y han obtenido avances importantes. Como
se observará posteriormente en este documento, entre los años 1998 y 2003 el
número de personas desplazadas a quienes se proporcionó atención humanitaria de
emergencia o se prestó algún tipo de ayuda tendiente a su restablecimiento
socioeconómico aumentó considerablemente. Igualmente durante el año 2003 se
observó una disminución del número de nuevos desplazados en el país.[93] La Sala no profundizará en los elementos
a partir de los cuales se han obtenido estos resultados positivos.[94] En el anexo 5 de esta sentencia la Corte
analiza de manera más detallada la respuesta estatal al fenómeno del
desplazamiento, y las diferentes observaciones formuladas por las entidades y
organizaciones, respecto de las políticas públicas de atención a la población
desplazada.
Además de las intervenciones de cada una de las
organizaciones a las cuales esta Sala solicitó el aporte de pruebas[95], los documentos
recibidos por la Corte de los cuales se deducen las conclusiones que se
mencionarán a continuación son: Robert Muggah, “Capacidades institucionales
en medio del conflicto. Una evaluación de la respuesta en la reubicación de la
población desplazada en Colombia”, Departamento Nacional de Planeación
Bogotá, mimeo, enero de 2000;  Pastoral Social, Secretariado Nacional,
Sección de Movilidad Humana, Sistemas y Alianzas Estratégicas en el
reasentamiento de la población desplazada por la violencia en Colombia,
Estudios de las Comunidades de Montes de María (Bolívar), Juradó (Chocó) y
Neiva (Huila)”, 2001; Jaime Andrés Erazo, Ana María Ibáñez, Stefanie
Kirchhoff y Alberto Galán, “Diversas causas y costos del desplazamiento:
¿Quién los compensa?”, en revista Planeación y Desarrollo, Vol XXX, No 3,
Julio-Septiembre de 1999; Red de Solidaridad Social, “Desplazamiento:
Implicaciones y retos para la gobernabilidad, la democracia y los derechos
humanos. IIo seminario Internacional “Balance de las políticas de atención a la
población desplazada 1998-2002”, segundo semestre de 2002; ACNUR y Red de
Solidaridad Social, “Balance de la Política de atención al desplazamiento
interno forzado en Colombia 1999-2002”, agosto 6 de 2002; Ministerio de
Educación Nacional, Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Territorial,
Programa de Atención a la Población Escolar Desplazada, “Política para la
Atención a La Población Escolar Desplazada”, Noviembre de 2002;
International Crisis Group, “La Crisis Humanitaria en Colombia, Informe de
América Latina”, No 4, 9 de Julio de 2003; Defensoría del Pueblo, Evaluación
de la Política de Atención a la Población Desplazada, 2003; Observatorio de
los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia, “Derechos humanos de las
mujeres en situación de desplazamiento”, elaborado por Carolina Vergel,
bajo la coordinación de Claudia Mejía, Junio de 2003; Ponencia “Derechos de
las mujeres en situación de desplazamiento: Más que una cuenta pendiente”, elaborada
por Carolina Vergel Tovar, bajo la coordinación de Claudia Mejía, para el
Seminario “ONG Colombianas: Estrategias de Atención a la Población en
Situación de Desplazamiento”, realizado en Cartagena de Indias, el 17 de
Junio de 2003; Informe de evaluación de la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación
en el Medio Atrato, Junio de 2003; CODHES Boletín número 44, 28 de Abril de
2003. Ana María Ibáñez y Carlos Eduardo Vélez, Instrumentos de atención a la
población desplazada, en Colombia: Una distribución desigual de las
responsabilidades municipales, Documento CEDE, Universidad de los Andes,
Diciembre de 2003. Naciones Unidad, Programa Mundial de Alimentos PMA, Vulnerabilidad
a la Inseguridad Alimentaria de la Población desplazada por la violencia en
Colombia, informe de 2003.
Para este análisis, la Corte hará un
resumen (i) de la respuesta estatal al fenómeno, (ii) de los resultados de
dicha política, y (iii) de sus problemas más protuberantes. El análisis
detallado de cada aspecto se encuentra en  el anexo 5 de esta sentencia.
6.1.    La
respuesta estatal al fenómeno del desplazamiento forzado.
La Corte constata que la política pública
sobre desplazamiento forzado existe. Una multiplicidad de leyes, decretos,
documentos CONPES; resoluciones, circulares acuerdos y directivas
presidenciales plasman una respuesta institucional encaminada a enfrentar la
problemática de la población desplazada y regulan de manera concreta, tanto la
atención a la población desplazada en sus diferentes componentes, como la actuación
exigida a los distintos organismos y servidores públicos. La Corte hará un
breve resumen del contenido de dicha política de acuerdo a los siguientes
elementos: i) La definición del problema, (ii) los objetivos y metas
establecidos, (iii) los medios dispuestos para el cumplimiento de los fines, y
(iv) las personas u organismos con los cuales las entidades gubernamentales
deben participar en el desarrollo de las políticas.
6.1.1. En cuanto a la definición del problema, varios
documentos estatales contienen una descripción genérica de éste. El Documento
CONPES 2804 de 1995 realizó una descripción general de las consecuencias
socioeconómicas, políticas y psicosociales del fenómeno del desplazamiento
forzado en Colombia. Así mismo, el Documento CONPES 3057 de 1999 definió,
también de manera general, la magnitud y las características del desplazamiento
forzado. Adicionalmente, tanto la Ley 387 de 1997 como el Decreto 2569 de 2000
definen la condición de desplazado[96],
y establecen el sistema único de registro, que al manejarse en una base de
datos, encaminada a incluir la totalidad de personas a las cuales se presta
algún tipo de atención, refleja la magnitud del problema en términos
cuantitativos. Por último, la Ley 387 de 1997 dispone los principios y los
derechos de los desplazados a partir de los cuales debe ser interpretada la
normatividad concerniente a los deberes estatales respecto de los desplazados.[97]
6.1.2. En cuanto a las finalidades de las políticas,
la Ley 387 de 1997 y el Decreto 173 de 1998 señalan los objetivos del Plan
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada.[98] Por su parte,
tanto la Ley 387 de 1997, como el Decreto 2569 de 2000 indican los fines
básicos buscados en cada uno de los componentes de la atención. Por último, el
Decreto 173 mencionado dispone las estrategias para la ejecución de cada uno de
los componentes, dentro de las cuales se encuentran las acciones, programas y
proyectos que deben desarrollar las entidades estatales. Tales fines son
diferentes en cada una de las tres etapas en que ha sido legalmente definida la
política del Estado: ayuda humanitaria, estabilización socioeconómica y retorno
o restablecimiento.
6.1.3. Las normas también definen los
medios para lograr los fines planteados y señalan, al menos de manera general,
los organismos responsables de su cumplimiento y los requisitos, procedimientos
y condiciones para la prestación de dichos servicios.
Las funciones de atención a la población
desplazada en sus diferentes niveles y componentes, son atribuidas, por un lado
a las entidades que componen el Sistema Nacional de Atención a la Población
Desplazada (SNAIPD), y por otro, a las entidades territoriales. A su vez, desde
la expedición del Decreto 2569 de 2000, la coordinación del SNAIPD,
anteriormente en manos del Ministerio del Interior, pasó a ser responsabilidad
de la Red de Solidaridad Social.[99] Además la Ley atribuyó al Consejo Nacional
para la Atención de la Población Desplazada, entre otras, la función de “garantizar
la asignación presupuestal de los programas que las entidades responsables del
funcionamiento del Sistema Nacional de atención integral a la población
desplazada por la violencia, tienen a su cargo.”[100] A dicho Consejo concurren los
principales ministerios, con responsabilidades directas en la materia.
La atención humanitaria de emergencia
debe ser suministrada por la Red de Solidaridad Social, ya sea de manera
directa, o a través de convenios con organizaciones no gubernamentales,
entidades particulares y organizaciones internacionales. El acceso a dicho
componente está limitado a tres meses prorrogables excepcionalmente por otros
tres. Este aspecto que será analizado en el apartado 9 de esta sentencia.
Adicionalmente, el monto de los recursos destinados a este componente depende
de la disponibilidad presupuestal.
Por su parte, la ejecución de programas de
estabilización socioeconómica[101] depende de la disponibilidad presupuestal[102], aun cuando
las entidades estatales pueden contar con la ayuda de organismos humanitarios,
tanto de carácter nacional como internacional. A su vez, los bienes y servicios
incluidos en este componente deben ser suministrados por varias autoridades, ya
sea del gobierno nacional o de las entidades territoriales. Así, para las
soluciones de vivienda para la población desplazada, el Decreto 951 de 2001
establece los requisitos y los procedimientos para acceder a los subsidios de
vivienda y dispone las funciones y responsabilidades de las entidades que
intervienen en la prestación de este componente de la atención (el Inurbe, por
ejemplo). Los programas de generación de proyectos productivos y el acceso a
programas de capacitación laboral se encuentran regulados de manera general en
el Decreto 2569 de 2000. Por último, el Decreto 2007 de 2001 regula el programa
de acceso y tenencia de la tierra de la población desplazada, cuyo cumplimiento
está a cargo, entre otros organismos, de las entidades territoriales, el
desaparecido INCORA y las oficinas de registro de instrumentos públicos.
6.1.4. Por último, en referencia a las
personas o los organismos particulares o internacionales con cuya participación
debe ser diseñada e implementada la política de atención a la población
desplazada, las normas relevantes establecen lo siguiente: Primero, el diseño y
la ejecución de las políticas deben ser realizados contando con la
participación de las comunidades desplazadas.[103] Segundo, las
entidades estatales pueden concluir convenios con organizaciones no
gubernamentales ONG.[104]
Tercero, las normas establecen que el Estado podrá solicitar ayuda a los
organismos internacionales.[105]
Por último, las directivas presidenciales estipulan que el Estado deberá buscar
un mayor compromiso de la sociedad civil.[106]
6.2.    Los
resultados de la política pública de atención a la población desplazada.
A pesar de que la política pública de
atención a la población desplazada, ha sido desarrollada normativamente desde
el año 1997, según los informes aportados a este proceso, sus resultados no han
logrado contrarrestar la situación de vulneración de los derechos
constitucionales de la mayoría de la población desplazada. Tales resultados
pueden analizarse de acuerdo a (i) los datos acerca de la cobertura de cada uno
de los componentes de la atención, y (ii) el grado de satisfacción de la
población desplazada.
6.2.1. De acuerdo a la Unidad Técnica Conjunta[107], los avances en la
formulación de las políticas no se han traducido en la generación de resultados
concretos. Por ejemplo, si se toman en cuenta las metas establecidas en el
Documento CONPES 3057 y en el “Plan Estratégico”, es posible concluir que “no
se lograron los resultados esperados”.
Así lo reconocen los estudios de la propia Red de
Solidaridad Social, entidad pública de orden
nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.[108]
Según datos de la Red de Solidaridad Social, “el 61 por ciento de la
población desplazada no recibió ayuda del gobierno en el período comprendido
entre enero de 2000 y junio de 2001.” Igualmente, “sólo el 30 % de las
personas que se desplazaron individualmente o en grupos pequeños recibieron
asistencia gubernamental en los primeros once meses del gobierno actual”.[109]
Los niveles de cobertura de todos los
componentes de la política son insuficientes. La atención humanitaria de
emergencia, que, como se dijo, es el componente que mejores resultados ha
registrado, entre 1998 y 2002 tuvo una cobertura del 43% de hogares desplazados
registrados por la Red de Solidaridad Social, del 25% de familias reportadas
por CODHES, y ha cumplido con el 36% del nivel establecido como meta en el Plan
Estratégico.[110] Al analizar únicamente los casos de
desplazamiento individual, se observa que los datos son peores. En este caso,
la cobertura es del 33% de los desplazados registrados por la Red de
Solidaridad Social, y del 15.32% de los reconocidos por CODHES.
Los resultados de los proyectos de
generación de ingresos por cuenta propia son aún más bajos. Frente a la
población desplazada registrada por la Red de Solidaridad Social la cobertura
es del 19.5%. Así mismo, frente a las metas del “Plan Estratégico”, es del 31,6
%.[111] Ahora bien, si se tienen en cuenta los
resultados concernientes, no a la cobertura, sino al nivel de éxito de los
programas de estabilización socioeconómica a los cuales han tenido acceso
algunas personas desplazadas, se constata que, con excepción de los proyectos
de capacitación laboral, los resultados son valorados por los informes
presentados a este proceso como más que insuficientes. En los proyectos de
capacitación laboral se han obtenido resultados elevados, pero su cobertura ha
sido baja, pues la acción estatal se ha enfocado en mayor medida en los
proyectos productivos.
En el resto de los componentes, los
resultados son inferiores. Por ejemplo, la Unidad Técnica Conjunta estima que
en el período 1998-2002, los programas en materia de vivienda han cumplido
solamente el 11.4% de las metas planteadas y se ha satisfecho el 3.7% de la
demanda potencial. Se constata que las viviendas construidas no cumplen con las
condiciones mínimas de acceso a servicios públicos domiciliarios, ubicación,
calidad de los materiales y distribución de los espacios.
6.2.2. De otra parte, existe un alto grado de
insatisfacción con los resultados de las políticas. Primero, los documentos
analizados por la Corte son prueba de un amplio y generalizado descontento de
los organismos, tanto públicos como privados, que evalúan la respuesta
institucional. Segundo, lo mismo puede decirse de las comunidades desplazadas,
lo cual se hace evidente con la interposición de un número bastante elevado de
acciones de tutela, a través de las cuales dichas personas intentan acceder a
la oferta institucional, la cual es inalcanzable por medio de los programas
estatales ordinarios.
6.3.    Los
problemas más protuberantes de la política de atención a la población
desplazada.
Esta Sala encuentra que los bajos resultados de la
respuesta estatal, según los cuales no ha sido posible proteger integralmente
los derechos de la población desplazada, se pueden explicar de acuerdo a dos
problemas principales. (i) La precariedad de la capacidad institucional para
implementar la política, y (ii), la asignación insuficiente de recursos. Dichos
problemas se resumen a continuación. Para un análisis más detallado de los
problemas de la política pública de atención a la población desplazada ver la
sección 2 del Anexo 5 esta sentencia.
6.3.1. Los problemas de la capacidad institucional para
proteger a la población desplazada.
La Corte constata que en todos los
niveles de la política pública de atención a la población desplazada existen
problemas graves relacionados con la capacidad institucional del Estado para
proteger los derechos de la población desplazada. Dichos problemas han sido
señalados por entidades gubernamentales y particulares desde los inicios de la
política pública, sin que hayan tenido solución, a pesar de algunos avances
importantes. Se analizará (i) el diseño y el desarrollo reglamentario de la
política pública dirigida a responder al desplazamiento forzado; (ii) la
implementación de la política, y (iii), el seguimiento y la evaluación de la
gestión realizada en la ejecución de la política. En el Anexo 5 sección 2, se
encuentran las fuentes específicas que en las que se basaron las siguientes
conclusiones.
6.3.1.1. En cuanto al diseño y el desarrollo
reglamentario de la política, se evidencian los siguientes problemas.
(i) No existe un plan de acción
actualizado acerca del funcionamiento del SNAIPD, que permita una mirada
integral de la política.
(ii) No se han fijado metas específicas o
indicadores que permitan detectar si los fines de las políticas se han
cumplido. No existen prioridades e indicadores claros.
(iii) La asignación de funciones y
responsabilidades a las distintas entidades es difusa. Esto se evidencia en que
(a) aunque a las entidades que componen el SNAIPD y las entidades territoriales
se les designan funciones de acuerdo a sus competencias, la normatividad no es
precisa acerca de qué debe cumplir cada una de ellas y en muchas ocasiones, las
responsabilidades se encuentran duplicadas; (b) la Red de Solidaridad, que se
supone tiene funciones de coordinación, pero no tiene instrumentos adecuados
para ejercer una coordinación de manera efectiva respecto de las demás
entidades integrantes del SNAIPD. Estas carencias obstaculizan la coordinación
de acciones entre las diferentes entidades, impiden el seguimiento adecuado de
la gestión, dificultan la priorización de las necesidades más urgentes de la
población desplazada y estimulan la ausencia de acción de las entidades
integrantes del SNAIPD y de los entes territoriales.
(iv) Se ha registrado la ausencia o grave
insuficiencia de algunos elementos de la política considerados fundamentales
por los que aportaron informes a este proceso. En este sentido, (a) no se
establecen plazos para el cumplimiento de los objetivos propuestos, (b) no se
señala el nivel necesario de apropiaciones para el cumplimiento de los fines
propuestos, (c) no se prevé concretamente el equipo humano necesario para la
implementación de las políticas, y (d), tampoco se disponen los recursos
administrativos idóneos para la ejecución de las políticas.
(v) Varias de las políticas de atención a la población
desplazada no han contado con un desarrollo suficiente. En particular, esto
sucede en los siguientes aspectos, según los informes presentados: (a) No ha
sido regulada la participación de las población desplazada en el diseño y la
ejecución de las políticas. No se han diseñado mecanismos eficientes dirigidos
a la intervención real de la población desplazada. (b) La población desplazada
no cuenta con información oportuna y completa acerca de sus derechos, la oferta
institucional, los procedimientos y requisitos para acceder a ella, y las
instituciones responsables de su prestación. (c) Existe un manejo desagregado y
desordenado de la consecución y manejo de los recursos provenientes de la
comunidad internacional. (d) Tampoco se observa un desarrollo integral y
concreto de las políticas encaminadas a que la sociedad civil no desplazada
adquiera conciencia de la magnitud del fenómeno, y a que el sector empresarial
se involucre en programas dirigidos a su solución. (e) No ha habido un
desarrollo integral de programas o proyectos encaminados a la preparación de
funcionarios. Sobre todo a nivel territorial, los funcionarios públicos no se
encuentran adecuadamente informados acerca de sus funciones y
responsabilidades, de las características del fenómeno del desplazamiento, ni
de los requerimientos de la población desplazada. Tampoco son entrenados para tratar
con personas en condición de desplazamiento. (f) No han sido
reglamentadas las políticas que faciliten el acceso a la oferta institucional a
los grupos desplazados en situación de mayor debilidad, tales como las mujeres
cabeza de familia, los niños, o los grupos étnicos[112] No existen programas
especiales que respondan a las especificidades de los problemas que aquejan a
dichos grupos.
(vi) El diseño de la atención humanitaria
de emergencia, que hace énfasis en el factor temporal, resulta demasiado rígido
para atender de manera efectiva a la población desplazada. El límite temporal
de tres meses no responde a la realidad de la continuación de la vulneración de
sus derechos, de tal forma que  la prolongación en el tiempo de dicha
prestación no depende de las condiciones objetivas de la necesidad de la
población, sino del simple paso del tiempo.
(vii) No es clara la adjudicación de
funciones con los proyectos productivos urbanos, pues el IFI está en proceso de
fusión. Lo mismo ocurre con los programas de adjudicación de tierras, pues el
INCORA se encuentra en liquidación. La evidencia apunta a que en el momento
presente no existen entidades que incluyan dentro de sus funciones los
componentes relacionados con la adjudicación de tierras y los proyectos
productivos a nivel urbano.
6.3.1.2. En cuanto a la implementación de
la política de atención a la población desplazada, las organizaciones que
enviaron documentación en el presente proceso señalan, de manera consistente,
que la política pública de atención a la población desplazada continúa centrada
en la formulación y que existe una brecha excesivamente amplia entre la
expedición de normas y la redacción de documentos, por un lado, y los
resultados prácticos, por el otro. Los problemas de la implementación pueden
ser agrupados de acuerdo a los siguientes criterios.
(i) En cuanto al grado de la
implementación de las políticas de atención a la población desplazada se
observa una insuficiencia de acciones concretas por parte de las entidades a
las cuales se han asignado funciones. Varias de las entidades que componen el
SNAIPD, no han creado programas especiales para la población desplazada, a
pesar de que éstos fueron definidos como necesarios. Por su parte, algunas de
las entidades territoriales, se abstienen de asignar los recursos financieros o
humanos necesarios para cumplir con sus obligaciones, y no han conformado los
comités territoriales.[113]
Lo anterior se evidencia en casi todos los componentes de la atención: (a) Los
mecanismos de prevención, i.e. el sistema de Alertas Tempranas y el Decreto
2007 en relación con la congelación de los procesos de enajenación de predios
rurales en áreas de riesgo de desplazamiento, no se han aplicado de manera
integral, y no han logrado prevenir el fenómeno. (b) Los sistemas de
información no incluyen la totalidad de ayudas recibidas por la población
registrada, ni los bienes inmuebles abandonados en razón al desplazamiento.
(c)La atención humanitaria de emergencia se presta en forma demorada y en
grados de cobertura muy bajos. (d) En cuanto a la educación de la población escolar
desplazada, a la escasez de cupos en algunos lugares se suma la falta de
programas que faciliten apoyo en cuanto a libros, materiales y elementos
mínimos exigidos por los distintos planteles, los cual estimula la deserción
escolar. (e) Los programas de estabilización socioeconómica y adjudicación de
tierras y vivienda se facilitan a un número mínimo de desplazados. En los pocos
casos en los cuales se otorgan facilidades de crédito, las entidades
responsables se abstienen de prestar la asesoría y acompañamiento necesarios.
(f) En cuanto al componente de retorno, no se han aplicado los programas de
reactivación económica, ni proporcionado los elementos que permitan que las
comunidades que intentan volver a sus lugares de origen puedan sobrevivir de
manera autónoma. Tampoco se han implementado los mecanismos que protegen la
propiedad o la posesión de las tierras de las personas desplazadas.
(ii) En cuanto a la adecuación y efectiva
conducencia de los distintos componentes de la política, la Sala observa que en
ciertos casos, los medios utilizados para alcanzar los fines de las políticas
no son idóneos según los informes presentados: (a) En la estabilización
socioeconómica de los desplazados, los requisitos y las condiciones para
acceder a capital no son consistentes con la realidad económica de las personas
en condición de desplazamiento. Por ejemplo, para acceder a algunos de los
programas ofrecidos, la población desplazada debía probar ser propietaria de
vivienda o tierra en la cual desarrollaría el proyecto. De la misma manera, los
criterios técnicos de evaluación de los proyectos productivos presentados como
candidatos para ser financiados no se ajustan a las condiciones y habilidades
de los desplazados. Adicionalmente, el establecimiento de montos máximos para
la financiación de alternativas productivas excluye la posibilidad de tener en
cuenta las particularidades sociodemográficas y económicas de cada proyecto.
(b) En materia de atención en salud, el trámite para que las personas
desplazadas accedan al servicio, por un lado, y para que las entidades
prestadoras del servicio puedan cobrar por éstos al FOSYGA, por el otro, han
obstruido el acceso de la población desplazada a la salud. (c) Los requisitos y
condiciones para acceder a los créditos de vivienda no se ajustan a las
carencias económicas de los hogares desplazados. La exigencia de tiempos de
ahorro, referencias personales y comerciales, así como otros requisitos, son en
muchos casos, imposibles de cumplir para la población desplazada. Tales exigencias
resultan discriminatorias y constituyen barreras de entrada para el acceso a
este tipo de ayudas. (d) En cuanto a la educación, la exigencia a los hogares
desplazados de pagar un valor mínimo costeable para que las personas
desplazadas en edad escolar puedan acceder a cupos educativos ha sido una
barrera, frecuentemente infranqueable, para la inscripción de los menores.
(iii) En cuanto al cumplimiento y la continuidad de la
política, dado que no existen mecanismos de seguimiento de la gestión de las distintas
entidades que hacen parte del SNAIPD, ni plazos de evaluación del cumplimiento
de los objetivos fijados para cada componente de la atención a la población
desplazada, no es posible evaluar la puntualidad de las entidades responsables
en la ejecución de los programas. No obstante, se observan algunas carencias en
la implementación de las políticas, en lo concerniente al tiempo de su
ejecución. Por ejemplo, los desembolsos de dinero necesarios para iniciar los
proyectos productivos son demorados y no son realizados en concordancia con los
ciclos productivos de los negocios que lograron acceder a la ayuda crediticia.
Además las ayudas y la prestación de servicios en las distintas etapas del
proceso de atención a la población desplazada se hace de manera discontinua y
demorada. Subraya la Corte que, según los informes, no existe una concatenación
adecuada entre algunas etapas y componentes de la atención. Este problema está
presente en casi todos los componentes de la política. Así, la prestación de la
atención humanitaria de emergencia puede tardar hasta seis meses, mientras que
los períodos de espera para acceder a programas de estabilización
socioeconómica y a soluciones de vivienda son aún más prolongados (dos años).
En este sentido, el período de transición entre la prestación de atención
humanitaria de emergencia, y la ayuda en materia de estabilización
socioeconómica es excesivamente demorado, lo cual lleva a que la población
desplazada deba sobrellevar unas condiciones de vida muy precarias.
(iv) La implementación de la política en
algunos de sus componentes ha sido en exceso inflexible, por ejemplo, en el
campo de la contratación, lo que impide una respuesta institucional expedita al
problema, que corresponda a la situación de emergencia de la población
desplazada.
(v) Por último, ciertas herramientas utilizadas para
implementar las políticas han generado efectos negativos en el cumplimiento de
los objetivos: (a) En el caso de la atención en salud, la expedición de la
Circular 042 de 2002, a pesar de estar diseñada para evitar la duplicidad de
pagos y para reintegrar parte de la población desplazada al sistema de
seguridad social en salud, generó en su tiempo una barrera al acceso al
servicio de salud. (b) En cuanto a la atención humanitaria de emergencia se
observa que los requisitos de visita domiciliaria impuestos para la prestación
de dicho servicio han contribuido a la demora en su prestación. (c) En los
programas de subsidio para la adquisición de vivienda, la falta adecuada de
información sobre las zonas aptas para la construcción de vivienda ha generado
reasentamientos en barrios marginales que no cuentan con servicios públicos
domiciliarios básicos, o en zonas de alto riesgo. (d) Las líneas de crédito
agrarias han sido desarrolladas de tal forma que la responsabilidad del pago de
la deuda no es asumida por las personas desplazadas, sino por organizaciones
que “integran” a la población desplazada en el proyecto productivo, de lo cual
se genera un desincentivo para que estas personas jurídicas participen
activamente en la implementación de dichas soluciones. A su vez, esto ha
tornado extremadamente difícil que la población desplazada acceda a programas
de generación de ingresos.
6.3.1.3. En cuanto al seguimiento y la
evaluación de la política, se observa los siguiente:
(i) En relación con los Sistema de Información, (a)
subsiste el problema del subregistro, en particular cuando se trata de
desplazamientos menores, o individuales, en los que no se acude a la Red para
solicitar su inscripción. Esta debilidad impide dimensionar el esfuerzo futuro
que será necesario para diseñar las políticas de retorno y devolución de
propiedades o reparación de perjuicios causados a la población desplazada;
obstaculiza el control sobre las ayudas entregadas por otras agencias; y
dificulta la evaluación del impacto de la ayuda entregada. (b) El Sistema Único
de Registro no comprende la ayuda que no es entregada por la Red de Solidaridad
Social, lo cual excluye del registro el seguimiento de la prestación de los
servicios de educación, salud y de vivienda. (c) Los sistemas de registro no
son sensibles a la identificación de necesidades específicas de los desplazados
que pertenecen a grupos bajo un mayor nivel de vulnerabilidad, tales como las
mujeres cabeza de familia y los grupos étnicos. (d) Los sistemas de registro no
incluyen información acerca de las tierras abandonadas por los desplazados. (e)
La información sobre cada desplazado disponible no está encaminada a
identificar sus posibilidades de generación autónoma de ingresos en la zona de
recepción, lo cual entraba la implementación de las políticas de estabilización
socioeconómica.
(ii) No existen sistemas de evaluación de la política.[114] La política no prevé
un sistema diseñado para detectar los errores y obstáculos de su diseño e
implementación, y mucho menos, que permita una corrección adecuada y oportuna
de dichas fallas. Ni en el ámbito nacional, ni en el territorial se dispone de
sistemas o indicadores de verificación, seguimiento y evaluación de los
resultados.
6.3.1.4. En conclusión, la Corte estima
que la respuesta del Estado sufre de graves deficiencias en cuanto a su
capacidad institucional, que abarcan todos los niveles y componentes de la
política, y por lo tanto, que impiden, de manera sistemática, la protección
integral de los derechos de la población desplazada. No puede el juez de tutela
solucionar cada uno de estos problemas, lo cual corresponde tanto al Gobierno
Nacional y a las entidades territoriales, como al Congreso de la República,
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. No obstante, lo anterior no
impide que al constatar la situación de vulneración de los derechos
fundamentales en casos concretos, la Corte adopte correctivos encaminados a
asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados, como lo hará en
esta sentencia, e identifique remedios para superar estas falencias
estructurales que comprometen diversas entidades y órganos del Estado.
6.3.2. Insuficiencia en la apropiación de recursos para la
implementación de políticas de atención a la población desplazada.
La escasez de recursos ha sido señalada
consistentemente por los documentos aportados al proceso, publicados en
distintos momentos y elaborados por entidades tanto de carácter público como
particular, como la causa central de las fallas en la implementación de las
políticas de atención a la población desplazada. El gobierno central ha
destinado recursos financieros inferiores a las necesidades de la política y
muchas de las entidades territoriales no han destinado recursos propios para
atender los distintos programas, a pesar de que los Documentos CONPES
determinaron un volumen de recursos necesarios para garantizar los derechos
fundamentales de las víctimas del desplazamiento. La insuficiencia de recursos
ha afectado la mayoría de los componentes de la política y ha llevado a que las
entidades que integran el SNAIPD no puedan adelantar acciones concretas
adecuadas para cumplir los objetivos trazados en la política. Es por ello que
el nivel de ejecución de las políticas es insuficiente frente a las necesidades
de la población desplazada y que los índices de cobertura de sus distintos
componentes son tan bajos.
Si bien existió un aumento considerable de los
recursos destinados a la atención de la población desplazada entre los años
1999 y 2002, el nivel absoluto de los montos asignados continúa siendo
insuficiente, y muy inferior a los niveles necesarios para (a) satisfacer la
demanda de las personas desplazadas, (b) proteger los derechos fundamentales de
las víctimas de este fenómeno, y (c) desarrollar e implementar efectivamente
las políticas previstas en la ley y desarrolladas por el ejecutivo en normas
reglamentarias y documentos CONPES. Adicionalmente, esta Sala constata que para
el año 2003 la asignación de recursos expresa y específicamente orientada a la
ejecución de dichas políticas se redujo. Por ejemplo, en el año 2002 fueron
asignados en el Presupuesto General de la Nación $103´491 millones de pesos a
la “población desplazada”, mientras que para el año 2003 dicho monto fue
de $70´783 millones, produciéndose una disminución del 32 % de los dineros
asignados.[115]
Sin embargo, la Ley 387 de 1997 prevé en
varias disposiciones que la política de atención a la población desplazada no
solo es prioritaria[116] sino que no condiciona el cumplimiento
de las prestaciones en ella previstas para proteger los derechos de la
población desplazada a la disponibilidad de los recursos. Así, el artículo 3º
de la Ley establece, sin condiciones, la responsabilidad del Estado colombiano
de “formular
las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento
forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia.”[117] Su artículo 4º establece los objetivos
del SNAIPD, los cuales incluyen, sin condiciones de orden financiero, “atender
de manera integral a la población desplazada por la violencia para que, en el
marco del retorno voluntario o el reasentamiento, logre su reincorporación a la
sociedad colombiana.” y “garantizar un manejo oportuno y eficiente de
todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean
indispensables para la prevención y atención de las situaciones que se
presenten por causa del desplazamiento forzado por la violencia.”
Por el contrario, en cuanto a las
restricciones financieras, el artículo 6º de la Ley 387 de 1997 dispone que el
Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia, está encargado, entre otras cosas, no de buscar o promover sino de “garantizar
la asignación presupuestal de los programas que las entidades responsables
del funcionamiento del Sistema Nacional de atención integral a la población
desplazada por la violencia, tienen a su cargo” (Subraya fuera de texto). Dicho Consejo
está integrado por un delegado del Presidente de la República, el Consejero
Presidencial para los Desplazados (o quien haga sus veces), el Ministro del
Interior, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Defensa
Nacional, el Ministro de Salud, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
el Ministro de Desarrollo Económico, el Director del Departamento Nacional de
Planeación, el Defensor del Pueblo, el Consejero Presidencial para los Derechos
Humanos (o quien haga sus veces), el Consejero Presidencial para la Política
Social (o quien haga sus veces), el Gerente de la Red de Solidaridad Social (o
quien haga sus veces) y el Alto Comisionado para la Paz (o quien haga sus
veces). [118]
Así mismo, el artículo 22 de la Ley 387
de 1997 señala que el Fondo Nacional para la Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia tiene por objeto “financiar y/o cofinanciar los
programas de prevención del desplazamiento, de atención humanitaria de
emergencia, de retorno, de estabilización y consolidación socioeconómica y la
instalación y operación de la Red Nacional de Información.” Por su parte,
el artículo 25 dispone que “el Gobierno Nacional hará los ajustes y
traslados presupuestales correspondientes en el Presupuesto General de la
Nación para dejar en cabeza del Fondo las apropiaciones necesarias para el
cumplimiento de sus objetivos”.
No obstante, los artículos 16, 17, 20,
21, 22, 25, 26 y 27 del Decreto 2569 de 2000[119], al reglamentar la Ley 387 de 1997,
condicionaron el acceso a la ayuda humanitaria de emergencia y a los programas
de estabilización socioeconómica a la disponibilidad presupuestal. Por ejemplo,
el artículo 22 dispone: “En atención a los principios de solidaridad y de
proporcionalidad, la Red de Solidaridad Social destinará de los recursos que
para tal fin reciba del presupuesto nacional y de manera proporcional al tamaño
y composición del grupo familiar, un monto máximo equivalente en bienes y
servicios, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.”
Igualmente el artículo 25 señala: “Se entiende por la estabilización
socioeconómica de la población desplazada por la violencia, la situación
mediante la cual la población sujeta a la condición de desplazado, accede a
programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas en
vivienda, salud, alimentación y educación a través de sus propios medios o de
los programas que para tal efecto desarrollen el Gobierno Nacional, y las
autoridades territoriales, en el ámbito de sus propias competencias y de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal” (Subrayas fuera de texto).
De esta forma, la Ley 387 de 1997 estableció un nivel de protección integral
para los desplazados y que ordenó garantizar los recursos necesarios para
cumplir con esa atención integral, pero el Decreto en mención, condicionó los
mandatos legales a la disponibilidad de recursos.  Estima la Sala que un
decreto reglamentario no puede tener el alcance de modificar las leyes ni
desconocer las normas constitucionales que ordenan a las autoridades proteger
efectivamente los derechos de todos los habitantes del territorio nacional. La
condición establecida en el decreto es la obvia relativa a la disponibilidad
efectiva de recursos en cada caso, en armonía con el principio de legalidad.
Por lo tanto, las normas que orientarán a esta Sala para asegurar la
concordancia entre la protección integral asumida en la Ley 387 de 1997 y los
recursos que deberán apropiarse serán principalmente las constitucionales,
desarrolladas por el Congreso de la República.
Dentro de éstas se encuentran las que
desarrollan el principio constitucional de legalidad del gasto público
(artículos 6, 113, 345, 346 y 347, CN). Según este principio, “no se podrán
hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se encuentren previstas en el
presupuesto de gastos y no hayan sido aprobadas por el Congreso, las asambleas
departamentales y los consejos municipales, ni incluir partida alguna en la ley
de apropiaciones que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un
gasto decretado conforme a una la ley anterior, a uno propuesto por el gobierno
para atender el funcionamiento de las ramas del poder público, el servicio de
la deuda, o a dar cumplimiento al plan nacional de desarrollo.”[120]
Sobre dicho principio, también ha dicho la
jurisprudencia que, “opera en dos momentos distintos del proceso presupuestal:
uno primero, al elaborarse la ley anual, cuando sólo deben incorporarse en el
proyecto respectivo aquellas erogaciones previamente decretadas por la ley (CP
art. 346). Posteriormente, en la etapa de ejecución del presupuesto, el
principio de legalidad indica además que para que los gastos puedan ser
efectivamente realizados, las correspondientes partidas deben haber sido
aprobadas por el Congreso al expedir la ley  anual de presupuesto (C.P art.
345). Finalmente, para verificar el principio de legalidad del gasto en esta
fase de ejecución, la ley exige la constancia de disponibilidad presupuestal
previa a la realización del mismo, la cual acredita no solamente la existencia
de la partida correspondiente en la ley anual de presupuesto, sino la
suficiencia de la misma al momento de hacer la erogación, es decir, que no se
encuentre agotada.”[121]
En el Presupuesto General de la Nación,
el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, han asignado para la
atención de la población desplazada un nivel de recursos que, a pesar de haber
aumentado hasta el año 2002, es bastante inferior al necesario, según los
documentos CONPES mencionados, para cumplir los mandatos de la Ley 387 de 1997.
El Documento CONPES 3057 de 1999 recomendó que para
los años 2000, 2001 y 2002, en total, fueran apropiados 360 millones de dólares,
sin incluir la adjudicación de tierras y la vivienda. Por su parte, el
documento, CONPES 3115 de 2001 recomendó aprobar partidas por 145 mil millones
de pesos para el año 2001, y 161 mil millones de pesos para el año 2002. No
obstante, de acuerdo a los datos aportados por la Red de Solidaridad Social y
el ACNUR, “la asignación de recursos por parte del gobierno nacional para la
atención del desplazamiento forzado (…) ascendió (entre enero de 1999 y
junio de 2002) a 126.582 millones”[122],
monto bastante inferior a lo requerido por los Documentos analizados.
Adicionalmente, la Corte constata que los recursos asignados en el Presupuesto
General de la Nación para atender a la “población desplazada” para el año
2003 disminuyeron en un 32% en comparación de los dineros asignados para el año
anterior.[123]
Cabe preguntarse si una decisión plasmada
en la Ley Anual del Presupuesto representa una modificación de la Ley 387 de
1997 en cuanto a que introduce una condición financiera a todas las normas
legales sobre derechos de la población desplazada. El que las leyes anuales del
presupuesto limiten la asignación de recursos dirigidos a la ayuda de la
población desplazada, es un indicativo de la realidad fiscal y macroeconómica
en la que se encuentra el país. Sin embargo, ello no significa que las leyes de
presupuesto constituyan una modificación de los alcances de la Ley 387 de 1997.
Esto por las siguientes razones. Primero, mientras que la ley anual del
presupuesto incluye, de manera general, todas las partidas y apropiaciones que
se planean gastar en una vigencia fiscal, la Ley 387 de 1997 establece normas
jurídicas específicas acerca de la política pública de atención a la población
desplazada. Por lo tanto, la ley presupuestal carece de la especificidad
material necesaria, para poder ser considerada como una modificación de los
mandatos concernientes a la ayuda a las víctimas del desplazamiento y a los
derechos jurídicamente reconocidos. En este orden de ideas, una norma de orden
legal que reforme lo dispuesto en la Ley 387 de 1997 debe referirse explícita y
específicamente a esa materia. Segundo, la jurisprudencia constitucional[124] ha dispuesto que la ley anual de presupuesto
contiene autorizaciones, y no órdenes, para que sean realizados ciertos gastos.
Por su parte, la Ley 387 de 1997 contiene una orden dirigida a ciertas
autoridades de “garantizar” la consecución de los recursos que sean necesarios
para cumplir sus mandatos referentes a la atención de la población desplazada.
Por lo tanto, la asignación de recursos efectuada en el presupuesto general no
puede ser tomada como un enunciado que modifique lo ordenado por la Ley de
1997.
De otra parte, los recursos destinados
por personas particulares por organizaciones no gubernamentales y por la
comunidad internacional para atender a la población desplazada no compensan la
insuficiente asignación estatal. Además, no se han previsto mecanismos para
suplir en el largo plazo los faltantes que puedan resultar de que los recursos
de dichas fuentes sean menores que los presupuestados o no lleguen a tiempo.
Desde el punto de vista constitucional,
es imperioso destinar el presupuesto necesario para que los derechos fundamentales
de los desplazados tengan plena realización. La obligación constitucional del
Estado de garantizar una protección adecuada a quienes por razón del
desplazamiento forzado interno se encuentran en condiciones indignas de vida no
puede ser aplazada indefinidamente. Tal como lo dispone el artículo 350 de la
Carta el gasto público social, tiene prioridad sobre cualquier otra asignación.
La Ley 387 de 1997 reconoció que la atención de la población desplazada es
urgente y prioritaria. La jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado la
prelación que tiene la asignación de recursos para atender a esta población y
solucionar así la crisis social y humanitaria que representa este fenómeno.
Como se anotó, el artículo 6 de la Ley
387 de 1997, el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia, es el “encargado de formular la política y garantizar
la asignación presupuestal de los programas que las entidades responsables
del funcionamiento del Sistema Nacional de atención integral a la población
desplazada por la violencia.” Es este órgano, integrado por los distintos
funcionarios con responsabilidad en la atención de la población desplazada,
incluido el Ministro de Hacienda y Crédito Público quien tiene la
responsabilidad de delinear la dimensión del esfuerzo presupuestal que se
requiere para garantizar la efectividad de la protección diseñada por el
Legislador a través de la Ley 387 de 1997.
No obstante, ello no ha sucedido y de
esta forma se ha desconocido la Carta Política, lo ordenado por el Congreso de
la República y lo dispuesto en las políticas de desarrollo adoptadas por el
propio Ejecutivo.
Con el fin de corregir esta situación, es
necesario que las distintas entidades nacionales y territoriales encargadas de
la atención de la población desplazada, cumplan a cabalidad con sus deberes
constitucionales y legales y adopten, en un plazo razonable, y dentro de las
órbitas de sus competencias, los correctivos que aseguren una suficiente
apropiación presupuestal. Al ordenar este tipo de medidas, no está
desconociendo la Corte la separación de poderes que establece nuestra
Constitución, ni desplazando a las demás autoridades en el cumplimiento de sus
deberes.
No se trata en este caso de que a través
de la acción de tutela se esté ordenando un gasto no presupuestado o que se
esté modificando la programación presupuestal definida por el Legislador.
Tampoco está definiendo nuevas prioridades, ni modificando la política diseñada
por el Legislador y desarrollada por el Ejecutivo. Por el contrario, la Corte,
teniendo en cuenta los instrumentos legales que desarrollan la política de
atención a la población desplazada, así como el diseño de la política y los
compromisos asumidos por las distintas entidades, está apelando al principio
constitucional de colaboración armónica entre las distintas ramas del poder,
para asegurar el cumplimiento de los deberes de protección efectiva de los
derechos de todos los residentes en el territorio nacional. Esa es la
competencia del juez constitucional en un Estado Social de Derecho respecto de
derechos que tienen una clara dimensión prestacional, como pasa a verse.
La Corte concluye que la respuesta estatal no ha
tenido como resultado el goce efectivo de los derechos constitucionales por
parte de todos los desplazados. A continuación se resaltan algunos ejemplos:
La atención humanitaria de emergencia,
que busca la satisfacción de las necesidades básicas de la población
desplazada, tiene una cobertura del 43% de la población registrada. De esta
forma, se desconocen los derechos a la vida, al mínimo vital, a la igualdad y a
la salud de las personas que no acceden a dicha ayuda, es decir más de la mitad
de la población desplazada registrada. Las medidas destinadas a ejecutar la
política relativa a la generación de ingresos por los mismos desplazados tienen
una cobertura del 19.5% de la población registrada. A su vez, la imposibilidad
de generar ingresos impide que las personas desplazadas puedan satisfacer
autónomamente sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y
educación en el caso de los menores. Esto alarga y agrava la situación de
vulnerabilidad de las personas desplazadas. Por último, que la población
desplazada retorne sin condiciones mínimas de seguridad y sin que sea
acompañada su estabilización socioeconómica en el lugar de retorno, los expone
claramente a amenazas en contra de sus derechos a la vida digna, a la
integridad personal, al mínimo vital, a la igualdad y al trabajo. De otra
parte, a la ayuda en vivienda ordenada en la Ley únicamente accede el 3.7% de
la demanda potencial. De la misma manera, no han sido implementadas las
políticas de protección de la posesión o la propiedad de los bienes abandonados
por causa del desplazamiento, o los programas dirigidos a la adjudicación de
tierras. Por último, el Estado no ha desarrollado instrumentos sistemáticos de
evaluación de los resultados, que identifiquen los problemas en el diseño e
implementación de la política y disponga de mecanismos dirigidos a darles
solución.
7.  La
constatación de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la
población desplazada
Ante la magnitud del problema del
desplazamiento y su grave incidencia en la protección de los derechos de los
desplazados, incluidos los accionantes en el presente proceso, la Corte se
pregunta si procede declarar un estado de cosas inconstitucional.
Cuando se constata la vulneración
repetida y constante de derechos fundamentales, que afectan a multitud de
personas, y cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para
atender problemas de orden estructural, esta Corporación ha declarado la
existencia de un estado de cosas inconstitucional y ha ordenado remedios que
cobijen no sólo a quienes acuden a la acción de tutela para lograr la
protección de sus derechos, sino también otras personas colocadas en la misma
situación, pero que no han ejercido la acción de tutela.[125]
El concepto de estado de cosas
inconstitucional ha evolucionado jurisprudencialmente desde 1997 cuando se
declaró por primera vez. En las sentencias más recientes sobre este fenómeno,
de conformidad con la doctrina de esta Corporación, se está ante un estado de
cosas inconstitucional cuando “(1) se presenta una repetida violación de
derechos fundamentales de muchas personas - que pueden entonces recurrir a la
acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los
despachos judiciales - y (2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable
únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores
estructurales.”[126]
Dentro de los factores valorados por la
Corte para definir si existe un estado de cosas inconstitucional, cabe destacar
los siguientes: (i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos
constitucionales que afecta a un número significativo de personas;[127] (ii) la prolongada omisión de las
autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los
derechos;[128] (ii) la adopción de prácticas
inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del
procedimiento para garantizar el derecho conculcado;[129] (iii) la no expedición de medidas
legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la
vulneración de los derechos.[130] (iv) la existencia de un problema social
cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la
adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de
recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante;[131] (v) si todas las personas afectadas por
el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de
sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.[132]
Teniendo en cuenta estos elementos, la
Corte ha declarado la existencia de varios estados de cosas inconstitucionales.
A continuación se alude a algunas de esas sentencias tanto para ilustrar los
alcances de este concepto como para mostrar que dicho estado ha sido declarado
ante situaciones de vulneración repetida de derechos que eran menos graves que
la constatada por esta Sala respecto del desplazamiento interno y que abarcaban
a un número menor de personas.
La Corte ha declarado en siete ocasiones
la existencia de un estado de cosas inconstitucional. La primera vez, lo hizo
ante la omisión de dos municipios en afiliar a los docentes a su cargo al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pesar de que se les hacían
los descuentos para pensiones y prestaciones sociales previstos en la ley.[133] Con posterioridad a esta sentencia, la
Corte ha declarado un estado de cosas inconstitucional en seis ocasiones más:
1) por la situación de violación continua de los derechos de sindicados y
procesados detenidos en las distintas cárceles del país;[134] 2) debido a la falta de un sistema de
seguridad social en salud para los sindicados y reclusos;[135] 3) por la mora habitual en el pago de
mesadas pensionales, durante un período prolongado de tiempo, en los
departamentos del Bolívar[136] y 4) de Chocó;[137] 5) por omisiones en la protección de la
vida de defensores de derechos humanos[138] y 6) por la omisión en la convocatoria
de un concurso de méritos para el nombramiento de notarios.[139]
Con base en el anterior recuento, se
observa que frente a violaciones masivas de derechos constitucionales, una vez
constatado el estado de cosas inconstitucional, la Corte ha extendido los
efectos de la tutela para ordenar remedios que tengan un alcance material y
temporal acorde con la magnitud de la violación y para proteger, en aras del
principio de igualdad, los derechos de quienes se encuentran en una situación similar
a la demandada, pero no acudieron a la acción de tutela. Así, teniendo en
cuenta el deber de las autoridades de “proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares” (Artículo 2, CP), así como el deber que
tienen las ramas del poder público “de colaborar de manera armónica con los
restantes órganos del Estado para la realización de sus fines” (C.P. art.,
113), la Corte, ha declarado la existencia de un estado de cosas contrario a la
Constitución, para que las autoridades adopten, dentro de la órbita de sus
competencias, los correctivos que permitan superar tal situación.
En consecuencia ha ordenado, entre otras
cosas y, según el caso, que (i) se diseñen y pongan en marcha las políticas,
planes y programas que garanticen de manera adecuada los derechos fundamentales
cuyo goce efectivo depende de la superación del estado de cosas inconstitucional;
(ii) se apropien los recursos necesarios para garantizar la efectividad de
tales derechos; (iii) se modifiquen las prácticas, las fallas de organización y de procedimiento que resultan
violatorias de la Constitución; (iv) se reforme el marco jurídico cuyas
falencias han contribuido al estado de cosas inconstitucional; y (v) se
realicen los trámites administrativos, presupuestales y de contratación que
sean indispensables para superar la vulneración de los derechos.
En el caso bajo estudio, si bien la Corte
ha resaltado la gravedad de la crisis humanitaria que representa el
desplazamiento forzado desde 1997, cuando emitió su primera sentencia sobre el
tema, y ha mencionado en algunas de sus providencias que este fenómeno podría
constituir un estado de cosas inconstitucional, hasta ahora, tal estado no ha
sido formalmente declarado. En consecuencia, no se han dado órdenes dirigidas a
superarlo.
Desde la expedición misma de la Ley 387
de 1997, y de su desarrollo normativo, así como desde que la Corte se pronunciara
por primera vez sobre la problemática del desplazamiento forzado interno en las
sentencias T-227 de 1997 y SU-1150 de 2000, tanto el Legislador y el Ejecutivo
como la Corte Constitucional han señalado la gravedad de esa situación y la
urgencia de adoptar medidas que aseguren una atención adecuada a la población
desplazada y la efectividad de sus derechos.
No obstante la complejidad de las
acciones que se precisan para rectificar tal situación y la urgencia de tales
medidas, ya han transcurrido varios años sin que se hayan adoptado los
correctivos necesarios para garantizar el goce efectivo de sus derechos a la
población desplazada, a pesar de las múltiples sentencias de esta Corte donde
se ha encontrado una violación de los derechos fundamentales de los
desplazados.
Varios elementos confirman la existencia
de un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población
internamente desplazada.
En primer lugar, la gravedad de la
situación de vulneración de derechos que enfrenta la población desplazada fue
expresamente reconocida por el mismo legislador al definir la condición de
desplazado, y resaltar la violación masiva de múltiples derechos.[140] En efecto, el inciso
primero del artículo 1 de la Ley.387 de 1997 dice:
Artículo 1º. Del
desplazada Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro
del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad
o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:
Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al
Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden
público. (resaltado fuera de texto)
En segundo lugar, otro elemento que
confirma la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de
desplazamiento forzado, es el elevado volumen de acciones de tutela presentadas
por los desplazados para obtener las distintas ayudas y el incremento de las
mismas,[141]
así como la constatación que se hace en algunos de los documentos de análisis
de la política, de haber incorporado la acción de tutela al procedimiento
administrativo como paso previo para la obtención de las ayudas.[142]
Además de lo anterior, si bien ha habido
una evolución en la política, también se observa que varios de los problemas
que han sido abordados por la Corte, son de vieja data y que frente a ellos
persiste la omisión de las autoridades para adoptar los correctivos necesarios
(ver apartado 6 de esta sentencia).
Entre estos se destacan la insuficiencia
de recursos destinados efectivamente para la atención de los distintos
componentes de la política y los problemas de capacidad institucional que
afectan el desarrollo, implementación y seguimiento de la política estatal (ver
apartado 6 de la presente sentencia).
En tercer lugar, los procesos acumulados
en la presente acción de tutela, confirma ese estado de cosas inconstitucional
y señalan que la vulneración de los derechos afecta a buena parte de la
población desplazada, en múltiples lugares del territorio nacional y que las
autoridades han omitido adoptar los correctivos requeridos (ver apartado
antecedentes de la presente sentencia). Tal como se señaló en el apartado 6 y
en el Anexo 5, las distintas entidades encargadas de atender a la población
desplazada han identificado varias de las omisiones y falencias de la política
y de los programas desarrollados. Igualmente, las organizaciones de derechos
humanos han identificado los problemas de coordinación, la insuficiente
apropiación de recursos, los obstáculos administrativos, los trámites y
procedimientos innecesarios, el diseño deficiente de algunos de los
instrumentos de la política, así como la omisión prolongada de las autoridades
para adoptar los correctivos considerados como necesarios. Tal situación ha
agravado la condición de vulnerabilidad de esta población y de violación masiva
de sus derechos (ver apartado 6 y Anexo 5 de esta sentencia).
En cuarto lugar, la continuación de la
vulneración de tales derechos no es imputable a una única entidad. En efecto,
como se advirtió anteriormente varios órganos del Estado, por acción u omisión,
han permitido que continúe la vulneración de los derechos fundamentales de los
desplazados, especialmente las entidades nacionales y locales encargadas de
asegurar la disponibilidad de recursos para asegurar que los distintos
componentes de la política beneficien en igualdad de condiciones a la población
desplazada (ver apartado 6 y Anexo 5 de esta sentencia).
En quinto lugar, la vulneración de los
derechos de los desplazados reposa en factores estructurales enunciados en el
apartado 6 de esta providencia dentro de los cuales se destaca la falta de
correspondencia entre lo que dicen las normas y los medios para cumplirlas,
aspecto que adquiere una especial dimensión cuando se mira la insuficiencia de
recursos dada la evolución del problema de desplazamiento y se aprecia la
magnitud del problema frente a la capacidad institucional para responder
oportuna y eficazmente a él (ver apartado 6.3.2.)
En conclusión, la Corte declarará
formalmente la existencia de un estado de cosas inconstitucional relativo a las
condiciones de vida de la población internamente desplazada, y adoptará los
remedios judiciales correspondientes respetando la órbita de competencia y el
experticio de las autoridades responsables de implementar las políticas
correspondientes y ejecutar las leyes pertinentes. Por ello, tanto las
autoridades nacionales como las territoriales, dentro de la órbita de sus
competencias, habrán de adoptar los correctivos que permitan superar tal estado
de cosas.
8.  El
Estado Social de Derecho y los deberes constitucionales de las autoridades
frente a la dimensión prestacional de los derechos. La exigencia constitucional
de concordancia entre los objetivos de la política de atención a la población
desplazada y los medios económicos y administrativos destinados a su logro
efectivo y oportuno.
Después de constatar la existencia de un
estado de cosas inconstitucional y de adoptar la decisión de declararlo
formalmente, debe la Sala determinar cuál es el remedio judicial adecuado,
habida cuenta de la magnitud de la afectación de los derechos, del número de
personas que no pueden gozar de ellos y de lo que razonablemente ha de lograr
el Estado para cumplir sus deberes de protección.
Para este efecto, es preciso delimitar el ámbito de
competencias del juez de tutela para cumplir su función de asegurar el goce
efectivo, no teórico, de los derechos fundamentales. En este orden de ideas,
cabe recordar las implicaciones del principio de Estado Social de Derecho, para
identificar el papel del juez constitucional (8.1), para identificar los alcances
de la faceta prestacional tanto de los derechos sociales como del derecho a la
vida y las libertades básicas (8.2.) y para definir los deberes específicos de
las autoridades cuando el goce efectivo de los derechos fundamentales de un
grupo de personas identificable - como lo es la población desplazada- depende
de la destinación de recursos escasos y del desarrollo de esfuerzos
institucionales mayores (8.3.).
8.1. Tal como lo ha señalado de manera
reiterada esta Corporación, el hecho de que Colombia sea un Estado Social de
Derecho “le imprime un sentido, un carácter y unos objetivos específicos a
la organización estatal en su conjunto, y que resulta –en consecuencia-
vinculante para las autoridades, quienes deberán guiar su actuación hacia el
logro de los cometidos particulares propios de tal sistema: la promoción de
condiciones de vida dignas para todas las personas, y la solución de las
desigualdades reales que se presentan en la sociedad, con miras a instaurar un
orden justo.”[143]
Los orígenes históricos de este modelo y
sus desarrollos, confirman que a menos que las limitaciones y desigualdades
reales a las que el hombre está sujeto en su vida cotidiana sean efectivamente
contrarrestadas mediante actuaciones positivas y focalizadas por parte de las
autoridades, la libertad e igualdad del ser humano no dejarán de ser utopías
abstractas. “Es por ello que se acepta que, en muchos casos, la libertad y
la igualdad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones,
servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado de
derecho evolucionó así, de un estado liberal democrático a uno social, también
democrático, animado por el propósito de que los presupuestos materiales de la
libertad y la igualdad para todos estén efectivamente asegurados.”[144]
Lo anterior implica que las autoridades
están obligadas ‑por los medios que estimen conducentes – a corregir las
visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y participación de
sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la vida económica
y social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo de las
condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la
sociedad. Ello se ve reflejado, entre otras, en el artículo segundo de la
Carta: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,...garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan ...asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares” (subraya la
Sala); en el mandato del artículo 13 Superior, según el cual el Estado “promoverá
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados”, y “protegerá especialmente
a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”; en lo dispuesto por el artículo 334
superior, según el cual “...el Estado, de manera especial, intervendrá para
dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en
particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y
servicios básicos”; y en el mandato del artículo 366 de la Carta, que
otorga la máxima prioridad al gasto social en los planes y presupuestos de la
Nación y de las entidades territoriales; y de manera general, en las múltiples
disposiciones constitucionales que protegen los derechos fundamentales, los
derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos de las
personas, como concreción amplia del principio de la dignidad humana y de la
solidaridad (artículo 1, C.P.).
De lo anterior se derivan dos clases de
deberes para el Estado. Por una parte, debe adoptar e implementar las
políticas, programas o medidas positivas para lograr una igualdad real de
condiciones y oportunidades entre los asociados y al hacerlo, dar cumplimiento
a sus obligaciones constitucionales de satisfacción progresiva de los derechos
económicos, sociales y culturales básicos de la población ‑en aplicación
de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de
erradicación de las injusticias presentes”‑[145]. Y, por otra, debe abstenerse de
adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente
regresivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que
conduzcan clara y directamente a agravar la situación de injusticia, de
exclusión o de marginación que se pretende corregir, sin que ello impida
avanzar gradual y progresivamente hacia el pleno goce de tales derechos[146]
En este sentido, también ha resaltado
esta Corporación que la adopción de medidas en favor de los grupos marginados,
no constituye una competencia meramente facultativa del legislador sino que es
un mandato de acción, encaminado a transformar las condiciones materiales que
engendran o perpetúan la exclusión y la injusticia social. Este deber estatal,
si bien necesita ser desarrollado por la ley, y está atado a las apropiaciones
presupuestales correspondientes, no puede quedar indefinidamente aplazado en la
agenda estatal. Así lo señaló esta Corte en la sentencia SU-225 de 1997:[147]
A juicio de la
Corte Constitucional un mandato de erradicación de las injusticias presentes,
sólo puede actualizarse en el tiempo y requiere de la puesta en obra de una
vasta gama de acciones que, sin lugar a dudas, deben ser decididas por el
Congreso y ejecutadas por la administración.
(...)Es
importante, a este respecto, subrayar que la cláusula de erradicación de las
injusticias presentes, apela a la discrecionalidad de los órganos del poder
sólo en el sentido de que éstos con base en los recursos disponibles y los
medios que consideren más adecuados e idóneos, o sea dentro de lo que en cada
momento histórico resulte posible, pueden encontrar para su tarea un espacio de
libre configuración normativa y administrativa. Sin embargo, en cuanto a la
prioridad y a la necesidad de que las medidas efectivamente se lleven a cabo,
ningún órgano del poder puede declararse libre, pues, el mandato constitucional
en estos aspectos ha limitado la competencia de los órganos constituidos al
vincularlos a un función que en los términos de la Carta es perentoria.
Ahora bien, en un Estado Social de
Derecho los deberes de las autoridades anteriormente mencionados no se
circunscriben a los derechos llamados de segunda generación. Por el contrario,
en determinadas circunstancias el goce efectivo del derecho a la vida en
condiciones de dignidad y de otras libertades básicas puede depender de
acciones positivas de las autoridades para garantizar la dimensión prestacional
de tales derechos y libertades. Tales acciones positivas, cuando están
dirigidas a responder a las necesidades de muchas personas, pueden
desarrollarse progresivamente para garantizar la efectividad de la faceta
programática y prestacional de un derecho constitucional, siempre que los
mínimos de satisfacción hayan sido asegurados a todos.
8.2 Tal como lo subrayó la Corte en la
sentencia T-595 de 2002,[148]
el que un derecho tenga una marcada dimensión programática no quiere decir que
no sea exigible o que eternamente pueda incumplirse:
Así pues, el
hecho de que se requiera tiempo para diseñar y planificar, así como la
necesidad de apropiar y destinar recursos para adecuar las condiciones
existentes, evidencia que se trata de una prestación de carácter programático,
cuyo pleno e integral cumplimiento no puede ser exigido de forma instantánea.
Ahora bien, si la
exigibilidad de la prestación protegida por la dimensión positiva del derecho
fundamental depende del paso del tiempo, no es aceptable que en el año 2002,
por ejemplo, una entidad del Estado dé la misma respuesta que daba en 1992 cuando
se le exigía el cumplimiento de un derecho de éste tipo, que es su obligación
hacer cumplir. A medida que pasan los años, si las autoridades encargadas no
han tomado medidas efectivas que aseguren avances en la realización de las
prestaciones protegidas por los derechos constitucionales, gradualmente van
incurriendo en un incumplimiento cuya gravedad aumenta con el paso del tiempo.
(...)
Así entendida la
progresividad adquiere su pleno alcance constitucional. Tomar los derechos en
serio exige, también, tomar la progresividad en serio, como lo han precisado
los organismos internacionales competentes. En primer lugar, la progresividad
se predica del goce efectivo del derecho y por lo tanto, no justifica excluir
grupos de la sociedad de la titularidad del mismo. En la medida en que ciertos
grupos sociales, por sus condiciones físicas, culturales o socioeconómicas,
sólo pueden gozar plenamente de una prestación amparada por un derecho si el
Estado adopta políticas que comprometen recursos públicos y exigen medidas de
orden administrativo, el carácter progresivo de estas prestaciones impide que
el Estado sea completamente indiferente a las necesidades de tales grupos
puesto que ello equivaldría a perpetuar su situación de marginamiento, lo cual
es incompatible con los principios fundamentales en que se funda una democracia
participativa. En segundo lugar, la progresividad de ciertas prestaciones
protegidas por un derecho requiere que el Estado incorpore en sus políticas,
programas y planes, recursos y medidas encaminadas a avanzar de manera gradual
en el logro de las metas que el propio Estado se haya fijado con el fin de
lograr que todos los habitantes puedan gozar efectivamente de sus derechos. En
tercer lugar, el Estado puede a través de sus órganos competentes definir la
magnitud de los compromisos que adquiere con sus ciudadanos con miras a lograr
dicho objetivo y, también, puede determinar el ritmo con el cual avanzará en el
cumplimiento de tales compromisos. Sin embargo, estas decisiones públicamente adoptadas
deben ser serias, por lo cual han de estar sustentadas en un proceso decisorio racional
que estructure una política pública susceptible de ser implementada, de tal
manera que los compromisos democráticamente adquiridos no sean meras promesas
carentes de toda vocación de ser realizadas. Así, cuando tales compromisos han
sido plasmados en leyes y representan medidas indispensables para asegurar el
goce efectivo de derechos fundamentales, los interesados podrán exigir por vía
judicial el cumplimiento de las prestaciones correspondientes.
El avance progresivo de los derechos, tal
como lo ha señalado esta Corporación, se garantiza mediante procesos de
ejecución compleja de los mandatos superiores, que están sujetos a una serie de
criterios constitucionales que deben ser tenidos en cuenta por la autoridades
tanto al diseñar como al ejecutar la política.
Cuando el Estado omite sin justificación
constitucionalmente aceptable tomar medidas frente a la marginación que sufren
algunos miembros de la sociedad, y se verifica que la inhibición viola un
derecho constitucional fundamental, la función del juez será “no la de
remplazar a los órganos del poder público incursos en la abstención, sino la
ordenar el cumplimiento de los deberes del Estado.”
En el caso de la población desplazada
para asegurar el goce efectivo de sus derechos fundamentales, la respuesta del
Estado ha de comprender acciones positivas lo cual pone de relieve la faceta
prestacional que, unida a su dimensión de defensa contra la arbitrariedad,
tienen todos los derechos cuya vulneración llevó a la Corte a declarar el
estado de cosas inconstitucional.
En este sentido, los problemas
detectados, tal vez el más complejo, como ya se anotó en el apartado 6.3, es el
de la insuficiencia presupuestal para la atención de la población desplazada
con miras a asegurar el goce de sus derechos fundamentales. Las deficiencias en
esta materia han ocasionado o agravado varios de los problemas que enfrentan
los distintos componentes de la política, inclusive las relativas a la
capacidad de las instituciones para responder de manera eficaz y oportuna a las
necesidades y expectativas de los desplazados, en especial a las peticiones
relativas a la garantía de sus derechos constitucionales.
Si bien varios de los componentes de
dicha política tienen una marcada dimensión programática y corresponden a la
faceta prestacional de los derechos fundamentales vulnerados en el caso de la
población desplazada, y su realización depende de la disponibilidad de
recursos, ello no significa que el Estado pueda sin limitación alguna adoptar
medidas que en la práctica implican un retroceso en algunos aspectos de la
política diseñada y legalmente instrumentalizada, a pesar de que ésta continúe
en el papel siendo la misma.
En el presente caso, por la vía de la
insuficiente apropiación presupuestal y de la omisión en la corrección de las
principales falencias de la capacidad institucional mencionadas en la sección 6
de esta sentencia, el avance progresivo en la satisfacción de los derechos de
la población desplazada no sólo se ha retrasado, sino que se ha ido
deteriorando con el paso del tiempo en algunos aspectos ya mencionados a pesar
de los logros en la reducción del ritmo de crecimiento del fenómeno al cual se
aludió en el apartado 6.2.1.2. de esta sentencia (apartado 6.). Ello se traduce
en un incumplimiento del nivel de protección formalmente definido –en extremo
se podría decir prometido‑ por las autoridades legislativas y ejecutivas
competentes y contradice el hecho que (i) el gasto social y de atención a la
población marginada es considerado como gasto prioritario; (ii) existe una
política estatal de atención integral a la población desplazada; (iii) esa
política fue debatida y aprobada por el Congreso, el cual le confirió carácter
normativo en una ley de la República que data de 1997; (iv) existe un marco
reglamentario que ha desarrollado, aunque no en su totalidad, los componentes
de la política; (v) las autoridades nacionales y territoriales han adquirido
compromisos con la población desplazada, que se ven postergados de manera
indefinida por la falta de recursos suficientes y otro tipo de fallas en la
capacidad institucional de las entidades responsables y; (vi) existen
documentos oficiales en los que se ha cuantificado el esfuerzo financiero
requerido para la política de desplazamiento y tales documentos han sido
aprobados por el CONPES.
8.3 Dicho retroceso es, prima facie,
contrario al mandato constitucional de garantizar el goce efectivo de los
derechos de todos los desplazados. Por eso, el primer deber de las autoridades
competentes es evitar dicho retroceso práctico en los aspectos del nivel de
protección de los derechos de todos los desplazados donde éste se ha
presentado, así dicho retroceso sea resultado de la evolución del problema y de
factores que escaparon a la voluntad de los funcionarios responsables. La
gravedad, magnitud y complejidad general de un problema, por sí solas, no
justifican que el grado de protección de los derechos no corresponda a los
mandatos constitucionales, máxime si éstos han sido desarrollados por una ley
del Congreso de la República y reglamentados por el propio Ejecutivo. Tampoco
es constitucionalmente admisible que el alcance de dicha protección disminuya
en la práctica, sin que se ponga de presente dicha disminución y se adopten los
correctivos de manera oportuna y adecuada. De otro lado, el juez constitucional
no puede desconocer las características del contexto real dentro del cual se ha
constatado la afectación de los derechos fundamentales, para evitar que las
órdenes que imparta para protegerlos sean inocuas o inviables. Sin embargo, el
juez constitucional debe asegurarse de que se alcance el máximo de protección
definida por las normas vigentes y exigir que se remedie la discordancia entre
lo jurídicamente debido y lo realmente satisfecho, con miras a lograr que todos
los afectados, en este caso la población desplazada, puedan disfrutar realmente
de sus derechos constitucionales.
8.3.1. De lo anterior se deduce que el
carácter progresivo de ciertos derechos y la dimensión prestacional de un
derecho exigen de las autoridades racionalidad en el diseño y articulación de
las políticas públicas relativas a tales derechos, de tal manera que éstas sean
transparentes, serias y coherentes, como expresión de los principios
establecidos en el artículo 209 de la Carta. La transparencia exige que se
hagan públicas las prestaciones que serán garantizadas así como los
responsables de cumplir lo jurídicamente establecido. La seriedad demanda que
cuando una política sea articulada en un instrumento jurídico, como una ley o
un decreto, se respete la fuerza normativa, no política ni retórica, de dicho instrumento
y por lo tanto se definan los alcances de los derechos reconocidos y se precise
el contenido de las correspondientes obligaciones estatales. La coherencia
apunta a que exista concordancia entre, de un lado, lo que “promete” el Estado
y, de otro lado, los recursos económicos y la capacidad institucional para
cumplir lo prometido, máxime si las promesas se han transformado en normas
jurídicas. La coherencia exige que si el Estado crea un derecho prestacional
específico por vía de una ley, prevea que debe contar con los recursos  para
garantizar su goce efectivo y con la capacidad institucional para atender la
demanda de servicios generada por la creación de ese derecho específico.
Ahora bien, cuando las autoridades
competentes que conocen las características de un problema social, adoptan
instrumentos jurídicos o promueven su expedición por el Congreso de la
República, y tales instrumentos jurídicos no articulan una política pública
cualquiera, sino que propenden por el goce efectivo de derechos constitucionales
fundamentales, el juez de tutela puede ordenar que se respeten los criterios de
racionalidad mínima anteriormente señalados. Ello puede implicar que se asegure
la coherencia entre lo jurídicamente ordenado por normas adoptadas por los
órganos competentes y los recursos necesarios para cumplir lo ordenado.
En algunas circunstancias puede ser
imposible lograr, aún en el mediano plazo, esa coherencia. De constatarse que
ello es así, es necesario ajustar lo prometido a lo realizable, lo cual podría
representar la adopción de una medida que reduzca el alcance de la protección
previamente establecida. Sin embargo, dicha medida debe cumplir estrictos
requisitos, en especial asegurar los mínimos de satisfacción del derecho
limitado y no desconocer las áreas prioritarias que tienen mayor impacto sobre
la población.
8.3.2. Advierte la Sala que de
conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, “el mandato de
progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección,
la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos
sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel
de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por
ello está sometido a un control judicial estricto.[149] Para que pueda ser
constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas
razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho
social prestacional.”[150]
El criterio sobre el control más estricto
de toda aquella medida que constituya un retroceso frente al nivel de
protección ya alcanzado en materia de derechos sociales ha sido también
ampliamente aceptado por el derecho internacional.
El goce efectivo de los derechos de fuerte contenido
prestacional - como los derechos sociales- depende de que el Estado cree y
mantenga las condiciones para dicho goce y adopte políticas encaminadas a su
progresiva realización. Un Estado dispone de un margen amplio de decisión al
respecto. Sin embargo, de las obligaciones adquiridas por la ratificación del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), se
derivan unos requisitos mínimos plasmados en la Observación General 1[151] adoptada por el
Comité que interpreta dicho Pacto Internacional. Estos son: (i) la elaboración
y actualización periódica de un diagnóstico de la situación en que son
ejercidos y disfrutados tales derechos por la población; (ii) el diseño de
políticas públicas encaminadas a lograr progresivamente la realización plena de
tales derechos las cuales han de incluir metas específicas para medir los
avances en los plazos fijados; (iii) la divulgación periódica de los resultados
alcanzados y de las medidas correctivas o complementarias con el fin de que los
interesados y los actores sociales –incluidas las organizaciones no
gubernamentales- participen en la evolución de las políticas públicas pertinentes
y se identifiquen las fallas, dificultades o circunstancias que inhiben la
plena realización de los derechos con miras a su revisión o a la elaboración de
nuevas políticas públicas más apropiadas.
El segundo requisito mínimo - diseño e implementación
de políticas públicas conducentes a la progresiva realización de tales
derechos- comprende varios elementos que cabe resaltar, siguiendo la
Observación General N° 3 adoptada por el Comité del PIDESC.[152] Primero, el Estado
debe “adoptar medidas”, y, por lo tanto, no es admisible la ausencia de
respuesta estatal ante la no realización de los derechos. Segundo, tales
medidas han de comprender “todos los medios apropiados, inclusive en particular
la adopción de medidas legislativas”, sin que los medios se puedan agotar en la
expedición de normas. El Estado tiene la responsabilidad de identificar cuáles
son los medios administrativos, financieros, educacionales, sociales etc.
apropiados en cada caso y de justificar que éstos son en realidad los
apropiados en vista de las circunstancias. Tercero, “en lo que respecta a
sistemas políticos y económicos el Pacto es neutral”. Cuarto, el objetivo de
tales medidas es “lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos
reconocidos”, lo cual implica que hay flexibilidad ante las limitaciones del
mundo real pero también que las medidas deben estar encaminadas a avanzar, no a
retroceder, empleando “hasta el máximo de los recursos de que disponga”.
Quinto, “las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto
requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por
referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el
contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos
nacionales(apartado 9)  e internacionales (apartado 13) de que se disponga” y
protegiendo “a los miembros vulnerables de la sociedad” (apartado 12). Sexto,
el margen de flexibilidad reconocido al Estado no lo exime de “asegurar la
satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos”,
niveles que han de tener “carácter prioritario” y comprometen “todo esfuerzo
para utilizar los recursos que están a su disposición”.
Así, por ejemplo,  en materia del derecho
a la Salud, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas, como intérprete autorizado del Pacto sobre la materia, y cuyos
criterios son entonces relevantes para determinar el contenido y alcance de los
derechos sociales (CP art. 93), ha señalado las condiciones para la adopción de
medidas que puedan llegar a implicar un retroceso. En particular, en su período
No 22 de sesiones, el 11 de mayo de 2000, el Comité adoptó la “Observación
General No 14 relativa al disfrute del más alto nivel de salud (art 12)”, y
señaló que cuando existen limitaciones de recursos que obstaculizan el pleno
goce del derecho a la salud, para poder adoptar medidas que reduzcan el alcance
de la protección existente, el Estado tiene que demostrar que esas medidas son
necesarias y que “se han aplicado tras el examen exhaustivo de todas las
alternativas posibles” (Parr 32).
El Comité destaca en la Observación 14
que la progresividad no priva de contenido la obligación estatal, por lo cual a
pesar de la limitación de los recursos, el gobierno sigue obligado al menos en
los siguientes cuatro aspectos: (i) La limitación de recursos no permite al
Estado adoptar medidas que sean discriminatorias en el acceso a los servicios
de salud (Parr 30); (ii) en principio las medidas que disminuyen la protección
en la salud ya alcanzada, se presumen contrarias al Pacto, por lo cual el
Estado tiene que demostrar que éstas eran necesarias y que “se han aplicado
tras el examen exhaustivo de todas las alternativas posibles” (Parr 32);
(iii) el Estado tiene la obligación “concreta y constante de avanzar lo más
expedita y eficazmente posible hacia la plena realización” de este derecho
(Parr 31); y (iv) finalmente, existen unas obligaciones básicas en salud, que
deben ser satisfechas en todo caso, sin importar los recursos de que dispone un
Estado, como son el acceso no discriminatorio a los servicios de salud (Parr
43), y unas prioridades, que deben ser respetadas, como la inmunización contra
las principales enfermedades infecciosas y la adopción de medidas para combatir
las enfermedades epidémicas y endémicas (Parr 44).
Estas cuatro condiciones pueden ser
aplicadas a todos los derechos que tengan una marcada dimensión prestacional,
en razón de las condiciones específicas en que se encuentran sus titulares, y
se pueden resumir en los siguientes parámetros. Primero, prohibición de
discriminación (por ejemplo, no se podría invocar la insuficiencia de
recursos para excluir de la protección estatal a minorías étnicas o partidarios
de adversarios políticos); segundo, necesidad de la medida lo cual exige
que sean estudiadas cuidadosamente medidas alternativas y que éstas sean
inviables o insuficientes (por ejemplo, se han explorado y agotado otras
fuentes de financiación); tercero, condición de avance futuro hacia la
plena realización de los derechos de tal forma que la disminución del alcance
de la protección sea un paso inevitable para que, una vez superadas las
dificultades que llevaron a la medida transitoria, se retome el camino de la
progresividad para que se logre la mayor satisfacción del derecho (por ejemplo,
señalando parámetros objetivos que, al ser alcanzados, reorientarían la
política pública en la senda del desarrollo progresivo del derecho); y cuarto,
prohibición de desconocer unos mínimos de satisfacción del derecho
porque las medidas no pueden ser de tal magnitud que violen el núcleo básico de
protección que asegure la supervivencia digna del ser humano ni pueden empezar
por las áreas prioritarias que tienen el mayor impacto sobre la población. Pasa
la Corte a definir tales mínimos.
9.  Los
niveles mínimos de satisfacción de los derechos constitucionales de las
personas en situación de desplazamiento.
En el apartado 5 se han sintetizado algunos de los
derechos de los que son titulares las personas en situación de desplazamiento,
de conformidad con las normas constitucionales e internacionales que vinculan a
Colombia, así como con los criterios de interpretación compilados en el
documento de los Principios Rectores.
Sin embargo, dadas las magnitudes actuales del
problema de desplazamiento en Colombia, así como el carácter limitado de los
recursos con los que cuenta el Estado para satisfacer este cometido, es forzoso
aceptar que al momento de diseñar e implementar una determinada política
pública de protección a la población desplazada, las autoridades competentes
deben efectuar un ejercicio de ponderación y establecimiento de áreas prioritarias
en las cuales se prestará atención oportuna y eficaz a dichas personas. Por lo
tanto, no siempre se podrá satisfacer, en forma concomitante y hasta el máximo
nivel posible, la dimensión prestacional de todos los derechos constitucionales
de toda la población desplazada, dadas las restricciones materiales y las
dimensiones reales de la evolución del fenómeno del desplazamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, resalta la Corte que
existen ciertos derechos mínimos de la población desplazada que deben
ser satisfechos en cualquier circunstancia por las autoridades a los
desplazados, puesto que en ello se juega la subsistencia digna de las personas
en esta situación. ¿Cuáles son, entonces, estos derechos mínimos que deben ser
siempre satisfechos?
Para definir el nivel mínimo de satisfacción de los
derechos constitucionales de las personas desplazadas, debe hacerse una
distinción entre (a) el respeto por el núcleo esencial de los derechos
constitucionales fundamentales de los desplazados, y (b) la satisfacción, por
parte de las autoridades, de ciertos deberes prestacionales derivados de los
derechos reconocidos a nivel internacional y constitucional en cabeza de los
desplazados.
En cuanto a lo primero, es claro que las autoridades en
ningún caso pueden obrar de forma tal que terminen por desconocer, lesionar
o amenazar el núcleo esencial de los derechos fundamentales constitucionales de
las personas desplazadas –en la misma medida en que no pueden actuar de manera
tal que afecten el núcleo esencial de los derechos de ninguna persona que se
encuentre en el territorio colombiano -. En esa medida, no pueden los
desplazados ser objeto de acciones por parte de las autoridades que atenten,
por ejemplo, contra su integridad personal o contra su libertad de expresión.
En cuanto a lo segundo, observa la Sala que la mayor
parte de los derechos reconocidos por la normatividad internacional y la Carta
Política a las personas desplazadas imponen a las autoridades, por las
circunstancias mismas en que se encuentran los desplazados, claras obligaciones
de carácter prestacional, que necesariamente implicarán un gasto público –lo
cual no obsta para clasificar algunos de tales derechos como fundamentales,
puesto que según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación, tanto
los derechos fundamentales como los derechos económicos, sociales y culturales
tienen una dimensión prestacional a cargo del Estado como ya se anotó -. En
criterio de la Corte, los derechos de marcado contenido prestacional que
forman parte del mínimo que siempre ha de ser garantizado a todos los
desplazados son aquellos que guardan una conexidad estrecha con la preservación
de la vida en circunstancias elementales de dignidad como seres humanos
distintos y autónomos (artículos 1, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 C.P.). Es
allí, en la preservación de las condiciones más básicas que permiten sobrevivir
con dignidad, donde se debe trazar un límite claro entre las obligaciones
estatales de imperativo y urgente cumplimiento frente a la población
desplazada, y aquellas que, si bien tienen que ser satisfechas, no tiene la
misma prioridad, lo cual no significa que el Estado no deba agotar, al máximo
posible, su capacidad institucional en asegurar el goce pleno de todos los
derechos de los desplazados, como ya se dijo.
Cuando un conjunto de personas definido y determinable
por el propio Estado  de tiempo atrás no pueda gozar de sus derechos
fundamentales debido a un estado de cosas inconstitucional, las autoridades
competentes no pueden admitir que tales personas mueran o continúen viviendo en
condiciones evidentemente lesivas de su dignidad humana, a tal punto que esté
en serio peligro su subsistencia física estable y carezcan de las oportunidades
mínimas de actuar como seres humanos distintos y autónomos.
A partir de ese criterio, y con base en las
obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de derechos
humanos y derecho internacional humanitario, así como en la compilación de
criterios para la interpretación y aplicación de medidas para atender a la
población desplazada contenida en los Principios Rectores, la Sala considera
que los siguientes derechos mínimos encuadran bajo esta definición y, por ende,
integran el mínimo prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado:
1.  El derecho a la vida, en el sentido que establece
el artículo 11 C.P. y el Principio 10.
2. Los derechos a la dignidad y a la integridad
física, psicológica y moral (artículos 1 y 12 C.P.), tal y como se
particularizan en el Principio 11.
3. El derecho a la familia y a la unidad familiar
consagrado en los artículos 42 y 44 CP y precisado para estos casos en el
Principio 17, especialmente aunque sin restringirse a ellos, en los casos de
familias conformadas por sujetos de especial protección constitucional ‑niños,
personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia ‑,
quienes tienen derecho a reencontrase con sus familiares.
4. El derecho a una subsistencia mínima como expresión
del derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el Principio
18, lo cual significa que “las autoridades competentes deben proveer a las
personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a)
alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c)
vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.”[153] También se dispone
que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la
participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la
planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho
debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los Principios 24 a 27
reseñados en el Anexo 3, ya que es a través de la provisión de asistencia
humanitaria que las autoridades satisfacen este deber mínimo en relación con la
subsistencia digna de los desplazados. Esta asistencia humanitaria se refiere
tanto a la ayuda humanitaria de emergencia, que se presta al producirse el
desplazamiento, como a los componentes de asistencia mínima durante las etapas
de restablecimiento económico y de retorno.
En este sentido, y en cuanto a la ayuda humanitaria de
emergencia, debe precisar la Corte que la duración de la obligación
estatal mínima de proveer ayuda humanitaria de emergencia es, en principio, la
que señala la ley: tres meses, prorrogables hasta por otros tres meses para
ciertos sujetos. Considera la Sala que este plazo fijado por el legislador no
es manifiestamente irrazonable, si se tiene en cuenta que (a) fija una regla
clara con base en la cual la persona desplazada puede planificar a corto plazo
y tomar decisiones autónomas de auto - organización que le permitan acceder a
posibilidades razonables de subsistencia autónoma sin estar apremiada por las
necesidades inmediatas de subsistencia; y (b) otorga al Estado un plazo
igualmente razonable para que diseñe los programas específicos que sean del
caso para satisfacer sus obligaciones en materia de ayuda para la
estabilización socioeconómica de los desplazados –es decir, le otorga al Estado
un término justo para programar una respuesta razonable en materia de ayuda para
la autosubsistencia del desplazado y su familia ‑.
Ahora bien, dado que el plazo señalado en la ley
obedece principalmente a las dos razones indicadas, debe la Corte precisar que
existen dos tipos de personas desplazadas que, por sus condiciones particulares,
son titulares de un derecho mínimo a recibir ayuda humanitaria de emergencia
durante un período de tiempo mayor al que fijó la ley: se trata de (a) quienes
estén en situación de urgencia extraordinaria, y (b) quienes no estén en
condiciones de asumir su autosostenimiento a través de un proyecto de
estabilización o restablecimiento socio económica,  como es el caso de los
niños que no tengan acudientes y las personas de la tercera edad quienes por
razón de su avanzada edad o de sus condiciones de salud no están en capacidad
de generar ingresos; o las mujeres cabeza de familia que deban dedicar todo su
tiempo y esfuerzos a cuidar a niños menores o adultos mayores bajo su
responsabilidad. En estos dos tipos de situación, se justifica que el Estado
continúe proveyendo la ayuda humanitaria requerida para la subsistencia digna
de los afectados, hasta el momento en el cual la circunstancia en cuestión se
haya superado –es decir, hasta que la urgencia extraordinaria haya cesado, o
hasta que los sujetos que no estén en posibilidad de cubrir su propio sustento
adquieran las condiciones para ello -. Ello deberá evaluarse, necesariamente,
en cada caso individual. Advierte la Corte que así como el Estado no puede
suspender abruptamente la ayuda humanitaria de quienes no están en capacidad de
autosostenerse, tampoco pueden las personas esperar que vivirán indefinidamente
de dicha ayuda.
5. El derecho a la salud (artículo 49 C.P.) cuando la
prestación del servicio correspondiente sea urgente e indispensable para preservar
la vida y la integridad de la persona ante situaciones de enfermedad o heridas
que les amenacen directamente y prevenir las enfermedades contagiosas e
infecciosas, de conformidad con el Principio 19. Ahora bien respecto de los
niños y niñas se aplicará el artículo 44 y en relación con los menores de un
año, se aplicará el artículo 50 C.P.
6. El derecho a la protección (artículo 13 C.P.)
frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento,
particularmente cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de los derechos
que se enuncian en el Principio 22.
7. Para el caso de los niños en situación de
desplazamiento, el derecho a la educación básica hasta los quince años
(artículo 67, inciso 3, C.P.). Precisa la Sala que, si bien el Principio 23
establece como deber del Estado proveer la educación básica primaria a
la población desplazada, el alcance de la obligación internacional que allí se
enuncia resulta ampliado por virtud del artículo 67 Superior, en virtud del
cual la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, y
debe comprender como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica.
También en virtud de lo dispuesto por la Carta Política, no es el Estado el
único obligado a garantizar la provisión del servicio educativo en los niveles
y a los grupos de edad referidos; también esta obligación cobija a los padres
de familia o acudientes –quienes no pueden impedir el acceso de sus hijos a la
educación en su lugar de desplazamiento- y a los menores –que están obligados a
asistir a los planteles educativos correspondientes -. Por su parte, el Estado
está obligado, como mínimo, a garantizar la provisión de un cupo escolar
a cada niño desplazado en edad de educación obligatoria, en un establecimiento
educativo público?. Es decir, la obligación mínima del Estado en relación con
la educación de los niños desplazados es la de garantizar su acceso a la
educación a través de la provisión de los cupos que sean necesarios en
entidades públicas o privadas de la zona.[154]
8. En relación con la provisión de apoyo para el
autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización
socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento –obligación
estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura conjunta de
los Principios Rectores, en especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18,
considera la Corte que el deber mínimo del Estado es el de identificar con
la plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su
situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades
particulares, sus habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de
subsistencia digna y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano
plazo, con miras a definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un
proyecto razonable de estabilización económica individual, de participar en
forma productiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral,
así como emplear la información que provee la población desplazada para
identificar alternativas de generación de ingresos por parte de los
desplazados.
Vale la pena precisar que este derecho mínimo de los
desplazados no obliga a las autoridades a proveer inmediatamente el soporte
material necesario para la iniciación del proyecto productivo que se formule o
para garantizar su acceso al mercado laboral con base en la evaluación
individual a la que haya lugar; si bien tal apoyo se debe necesariamente
materializar a través de los programas y proyectos que las autoridades diseñen
e implementen para tal fin, el deber mínimo y de inmediato
cumplimiento que este derecho impone al Estado es el de acopiar la
información que le permita prestar la debida atención y consideración a las condiciones
particulares de cada desplazado o familia de desplazados, identificando con la
mayor precisión y diligencia posible sus capacidades personales, para extraer
de tal evaluación unas conclusiones sólidas que faciliten la creación de
oportunidades de estabilización que respondan a las condiciones reales de cada
desplazado, y que puedan a su turno, ser incorporadas en los planes de
desarrollo nacional o territorial.
9. Finalmente, en relación con el derecho al retorno y
al restablecimiento, las autoridades están obligadas a (i) no aplicar medidas
de coerción para forzar a las personas a que vuelvan a su lugar de origen o a
que se restablezcan en otro sitio; (ii) no impedir que las personas desplazadas
retornen a su lugar de residencia habitual o se restablezcan en otro punto del
territorio, precisándose que cuando existan condiciones de orden público que
hagan prever un riesgo para la seguridad del desplazado o su familia en su
lugar de retorno o restablecimiento, las autoridades deben advertir en forma
clara, precisa y oportuna sobre ese riesgo a quienes les informen sobre su
propósito de regresar o mudarse de lugar; (iii) proveer la información
necesaria sobre las condiciones de seguridad existentes en el lugar de retorno,
así como el compromiso en materia de seguridad y asistencia socioeconómica que
el Estado asumirá para garantizar un retorno seguro y en condiciones dignas;
(iv) abstenerse de promover el retorno o el restablecimiento cuando tal
decisión implique exponer a los desplazados a un riesgo para su vida o
integridad personal, en razón de las condiciones de la ruta y del lugar de
llegada por lo cual toda decisión estatal de fomentar el regreso individual o
colectivo de personas desplazadas a su lugar de origen, o su restablecimiento
en otro punto geográfico, debe estar precedida por un estudio sobre las
condiciones de orden público del lugar al cual habrán de volver, cuyas
conclusiones deberán comunicarse a los interesados en forma previa al acto de
retornar o restablecerse.
10.    Las
órdenes
Esta Corporación ha emitido dos tipos de
órdenes, dependiendo de la magnitud del problema que genera la vulneración de
los derechos objeto de tutela. Ha proferido órdenes de ejecución simple,
generalmente referidas a órdenes de abstención o de acción que pueden ser
efectuadas por una autoridad sin el concurso de otras. También ha dictado
órdenes complejas, que exigen procesos de ejecución compleja, involucran a
varias autoridades y requieren acciones coordinadas.[155]
En el caso presente, la Sala Tercera de
Revisión dará dos tipos de órdenes. Unas órdenes de ejecución compleja,
relacionadas con el estado de cosas inconstitucional y dirigidas a garantizar
los derechos de toda la población desplazada, independientemente de que hayan o
no acudido a la acción de tutela para la protección de sus derechos. Tales
órdenes tienen como finalidad que las entidades encargadas de atender a la
población desplazada establezcan, en un plazo prudencial, y dentro de la órbita
de sus competencias, los correctivos que sean necesarios para superar los
problemas de insuficiencia de recursos destinados y de precariedad de la
capacidad institucional para implementar la política estatal de atención a la
población desplazada.
Las órdenes de carácter simple que
también se dictarán en este proceso están dirigidas a responder las peticiones
concretas de los actores en la presente acción de tutela, y resultan
compatibles con la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional para la
protección de los derechos de la población en situación de desplazamiento.
10.1.  Ordenes
para la superación del estado de cosas inconstitucional.
En cuanto a las órdenes necesarias para
superar la vulneración masiva y continua de los derechos de la población
desplazada originada en factores estructurales, la Corte declarará la
existencia de un estado de cosas inconstitucional y lo comunicará a las
autoridades con responsabilidades en el tema, para que adopten, dentro de la
órbita de sus competencias, y en un tiempo razonable, los correctivos que sean
necesarios.
Estas órdenes están dirigidas a que se adopten decisiones que
permitan superar tanto la insuficiencia de recursos, como las falencias en la
capacidad institucional. Ello no implica que por vía de tutela, el juez esté
ordenando un gasto no presupuestado o esté modificando la programación
presupuestal definida por el Legislador. Tampoco está delineando una política,
definiendo nuevas prioridades, o modificando la política diseñada por el
Legislador y desarrollada por el Ejecutivo. La Corte, teniendo en cuenta los
instrumentos legales que desarrollan la política de atención a la población
desplazada, el diseño de esa política y los compromisos asumidos por las
distintas entidades, está apelando al principio constitucional de colaboración
armónica entre las distintas ramas del poder para asegurar que el deber de
protección efectiva de los derechos de todos los residentes del territorio
nacional, sea cumplido y los compromisos definidos para tal protección sean
realizados con seriedad, transparencia y eficacia.
10.1.1. Por ello, en primer lugar y dado
que el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada es el
órgano encargado de formular la política y de garantizar la asignación
presupuestal para los programas de atención a la población desplazada, y que en
dicho órgano participan las principales autoridades nacionales con
responsabilidades en la materia, la Sala le comunicará del estado de cosas
inconstitucional para que sea esta instancia la que determine la forma como
pueda superarse la insuficiencia de recursos y las falencias en la capacidad
institucional.
En consecuencia, ordenará que a más
tardar el 31 de marzo de 2004 ese órgano defina la dimensión del esfuerzo
presupuestal que es necesario para atender los compromisos definidos en la
política y establezca la forma como contribuirán a dicho esfuerzo la Nación,
las entidades territoriales y la cooperación internacional. Ello supone que tal
instancia y sus miembros, en cumplimiento del deber de protección eficaz de los
derechos de la población desplazada, determinen los mecanismos de consecución
de tales recursos, adopten las decisiones que sean necesarias y establezcan
alternativas viables para superar los posibles obstáculos que se presenten.
Con este mismo fin, y dada la importancia
que tiene la consecución de recursos suficientes para la atención de la
política como instrumento para superar el estado de cosas inconstitucional, es
fundamental que al logro de este objetivo concurran el Ministro de Hacienda y
Crédito Público y el Director de Planeación Nacional para que contribuyan a que
las metas presupuestales que requiere la política de atención a la población
desplazada se alcancen. Por ello, se comunicará especialmente esta sentencia a
tales altos los funcionarios mencionados para que dentro de la órbita de sus
competencias adopten decisiones conducentes a la superación del estado de cosas
inconstitucional. La obtención de tales recursos deberá realizarse dentro del
año siguiente a la comunicación de la presente sentencia y, de no ser posible,
se aplicará lo dispuesto en esta sentencia.
Teniendo en cuenta que uno de los
factores que ha generado la insuficiencia de recursos es el bajo compromiso de
las entidades territoriales en la destinación de recursos apropiados para
atender a la población desplazada, ya sea porque carecen de recursos
suficientes o porque no han colocado como tema prioritario de la agenda
política la atención de la población desplazada. Por ello, es preciso que tales
entidades adopten decisiones que garanticen un mayor compromiso, como lo ordena
el artículo 7 de la Ley 387 de 1997 al señalar que las autoridades
territoriales convocarán los Comités de Atención a la Población Desplazada.
Dicha convocatoria es obligatoria en los municipios  en donde se presenten
situaciones de desplazamiento forzado, según el parágrafo 3 de dicho artículo.
El gobierno nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, debe promover
su creación. Las autoridades territoriales competentes determinarán el volumen
de recursos que destinarán a la atención de la población desplazada y definirán
los programas y componentes prioritarios de atención que asumirán. Para lograr
una adecuada coordinación entre las autoridades nacionales y las territoriales,
los alcaldes y gobernadores donde existan asentamientos de desplazados es
necesario que tales decisiones sean adoptadas en un plazo breve y que se
informe al Consejo Nacional de las decisiones adoptadas, a más tardar el 31 de
marzo de 2004, a fin de que tales compromisos puedan ser tenidos en cuenta por ese
órgano.
Por otra parte, dada la importancia de la
cooperación internacional como mecanismo para complementar los recursos que
apropien la Nación y las entidades territoriales para la atención de la
población desplazada, la Ministra de Relaciones Exteriores, dentro de la órbita
de sus competencias, definirá la estrategia de promoción de esta política para
que ésta reciba atención prioritaria de la comunidad internacional.
Si luego de establecer la dimensión del
esfuerzo presupuestal requerido y de evaluar los mecanismos de consecución de
tales recursos, el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia concluye que los compromisos asumidos en la
política estatal no podrán ser cumplidos tal como han sido definidos por la Ley
387 de 1997 y sus decretos reglamentarios, así como en los documentos CONPES,
en aras de los principios de transparencia y eficacia podrá redefinir tales
compromisos de tal manera que exista concordancia entre las obligaciones
jurídicas definidas mediante procesos democráticos por las autoridades
competentes, de un lado, y los recursos efectivamente destinados a cumplir
tales obligaciones. Dicha redefinición deberá hacerse públicamente, ofreciendo
oportunidades suficientes de participación a los representantes de las
asociaciones de desplazados, y expresando las razones específicas que
justifican tal decisión, siempre que se le asegure a todos los desplazados el
goce efectivo de sus derechos señalados en apartado 9 de esta sentencia. Esta
redefinición no tiene necesariamente que conducir a una disminución del alcance
de los derechos de los desplazados. No obstante, si ello fuera ineludible,
después de agotar todas las alternativas razonables, tales decisiones deberán
cumplir con las condiciones establecidas en el apartado 8 de esta sentencia,
esto es, no podrán ser discriminatorias, deberán ser medidas necesarias, ser
temporales y condicionadas a que en un futuro, cuando las condiciones que
llevaron a su adopción desaparezcan, se retome el camino del avance progresivo
de los derechos. Y en todo caso, deberá asegurarse el goce efectivo de los
mínimos de los cuales depende el ejercicio del derecho a la vida en condiciones
de dignidad como seres humanos distintos y autónomos.
Adicionalmente, en razón a que el otro factor que contribuye al
estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno
son las falencias en la capacidad institucional para implementar la política de
atención a la población desplazada, que ha llevado a que el Estado no responda
de manera oportuna y eficaz a la situación diferente y especial en que se
encuentran los desplazados respecto del resto de la población en cada una de
las tres etapas en que se ha dividido, se ordenará al Consejo Nacional para la
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia que dentro de los
3 meses siguientes a la comunicación de la presente sentencia, adopte un
programa de acción, con un cronograma preciso, encaminado a corregir las
falencias en la capacidad institucional, por lo menos, en lo que respecta a las
que fueron expuestas en los informes aportados al presente proceso y resumidas
en el apartado 6 y el Anexo 5  de esta sentencia.
10.1.2. A lo largo de este proceso se hizo evidente que buena parte
de la población desplazada se le desconoce ese mínimo de protección que debe
ser siempre satisfecho. La tardanza en atender las solicitudes de los
desplazados y el tiempo demasiado largo que le toma al Estado proveer la ayuda
humanitaria de emergencia, así como la baja cobertura de los distintos
programas y la insuficiente información y orientación que reciben los
desplazados, resaltan esa vulneración y la urgencia de adoptar los correctivos
necesarios. Por lo tanto, el Consejo Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada, en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la
comunicación de la presente sentencia, deberá concluir las acciones encaminadas
a que todos los desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus
derechos a que se hizo referencia en el apartado 9 de esta sentencia.
Teniendo en cuenta la incidencia que
pueden tener las decisiones que adopte el Consejo Nacional sobre los derechos
de la población desplazada, también es vital que se permita a quienes puedan
verse afectados por una decisión, tomar parte en el proceso para su adopción.
Por lo anterior, en la adopción de las
decisiones relativas a la superación del estado de cosas inconstitucional,
deberá ofrecerse a las organizaciones que representan a la población desplazada
la oportunidad de participar de manera efectiva. Ello implica, como mínimo,
conocer con anticipación la decisión proyectada, recibir la oportunidad para
hacerle observaciones y que las observaciones que presenten a los proyectos de
decisiones sean debidamente valoradas, de tal forma que haya una respuesta
respecto de cada observación, pero sin que ello implique que se deban concertar
las decisiones. [156]
10.1.3. La Corte constató a través del estudio de los expedientes
que varias autoridades y entidades encargadas de la atención a la población
desplazada han incorporado la interposición de la acción de tutela como
requisito previo para acceder a los beneficios definidos en la Ley 387 de 1997.
Tal práctica resulta contraria al artículo 2 de la Carta, y da lugar a lo
previsto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, que establece que el juez
de tutela puede prevenir a las autoridades para que no repitan las acciones u
omisiones que generaron la violación de los derechos. Por lo cual, en el caso
presente, se prevendrá a las distintas autoridades para que no incurran de
nuevo en dicha práctica manifiestamente contraria a los deberes de cualquier
autoridad administrativa cuya finalidad es “servir a la comunidad” (artículos 2
y 209 C.P.), por lo cual la Constitución los considera “servidores públicos”
(artículos 123 y 124 C.P.) cuya responsabilidad es definida por la ley.
Así, cuando las distintas autoridades reciban una petición
proveniente de un desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de
sus derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista
de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de
15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3)
informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los
requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo
puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la
solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad
presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos,
determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la solicitud
cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la
informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para
lo reciba efectivamente. En todo caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de
tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los derechos fundamentales
de los desplazados. Este mismo procedimiento deberá realizarse en relación con
las peticiones de los actores en el presente proceso de tutela, en particular
para las solicitudes de otorgamiento de las ayudas previstas en los programas
de vivienda y de restablecimiento socio económico.
10.1.4. Otra de las quejas frecuentes
contra la política de atención a los desplazados y detectado por la Sala al
examinar los expedientes objeto de revisión, consiste en que con frecuencia las
autoridades encargadas de atenderlos no se aseguran que estas personas reciban
un trato digno y respetuoso de sus derechos, lo cual resulta contrario al deber
de protección constitucional de los derechos previsto en el artículo 2 de la
Carta y a los principios que orientan la política de atención a la población
desplazados plasmados en el artículo 2 de la Ley 387 de 1997. En efecto, de los
expedientes se deduce que algunos funcionarios administrativos los someten a un
eterno peregrinaje institucional y a trámites innecesarios, no les dan
información oportuna y completa acerca de sus derechos o simplemente ignoran
sus solicitudes. A este problema contribuye el hecho que quien adquiere la
condición de desplazado en razón de la violencia no conoce sus derechos
derivados de dicha condición. De tal manera que se ordenará a la Red de
Solidaridad Social que instruya a las personas encargadas de atender a los
desplazados para que les informen de manera inmediata, clara y precisa cuáles
son los derechos  orientados a garantizarles un tratamiento digno por parte de
las autoridades y verifique que ello realmente suceda. Estos derechos han sido
desarrollados por la ley y conforman una carta de derechos básicos de
toda persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno. Así, a cada
desplazado se le informará que:
1.  Tiene derecho a ser registrado como desplazado, solo o con su
núcleo familiar.
2.  Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho del
desplazamiento no ha perdido ninguno de sus derechos constitucionales sino que
por el contrario es sujeto de especial protección por el Estado;
3.  Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se
produzca el desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3
meses más y que tal ayuda comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y
agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestido adecuado, y (d)
servicios médicos y sanitarios esenciales.
4.  Tiene derecho a que se le entregue el documento que lo acredita
como inscrito en una entidad promotora de salud, a fin de garantizar su acceso
efectivo a los servicios de atención en salud;
5.  Tiene derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar
de origen y sin que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna
parte específica del territorio nacional;
6.  Tiene derecho a que se identifiquen, con su plena participación,
las circunstancias específicas de su situación personal y familiar para
definir, mientras no retorne a su lugar de origen, cómo puede trabajar con
miras a generar ingresos que le permita vivir digna y autónomamente.
7.  Tiene derecho, si es menor de 15 años, a acceder a un cupo en un
establecimiento educativo.
8.  Estos derechos deben ser inmediatamente respetados por las
autoridades administrativas competentes, sin que éstas puedan establecer como
condición para otorgarle dichos beneficios que interponga acciones de tutela,
aunque está en libertad para hacerlo;
9.  Como víctima de un delito, tiene todos los derechos que la
Constitución y las leyes le reconocen por esa condición para asegurar que se
haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del
delito una reparación.
Si bien esta carta de derechos del
desplazado no implica que sus demás derechos puedan ser desconocidos, ni que el
desplazado obtenga, por conocer dicha carta, una protección automática de sus
derechos básicos, sí garantiza, por lo menos, que se le provea información
oportuna y completa sobre los deberes de las autoridades y respecto de la
especial protección que ha de recibir por el hecho del desplazamiento.
10.2.  Las
órdenes necesarias para responder a las solicitudes de los accionantes en el
presente proceso.
Tal como se recogió en los antecedentes
de esta sentencia, las acciones de tutela se interpusieron ante la falta de
respuesta de las instituciones a las solicitudes para el otorgamiento de las
ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento socio
económico, así como para el acceso a los servicios de salud, educación o para
la prestación de ayuda humanitaria de emergencia, o para que se les inscribiera
como desplazado en el Sistema Único de Registro. A través de la acción de
tutela los actores esperan una respuesta de fondo y oportuna a sus solicitudes
que se traduzca en la materialización de dichas ayudas.
Sin embargo, como también surge de los
expedientes objeto de revisión, en muchos de los casos, los actores no
cumplieron con el procedimiento definido para la obtención de la ayuda
solicitada, ya sea porque no se postularon para el auxilio de vivienda, no
presentaron un proyecto productivo, o no adelantaron los trámites mínimos para
la solicitud de la ayuda. En otros casos, los peticionarios cumplieron con
todos los requisitos, recibieron una respuesta afirmativa de la entidad, pero
están esperando que la ayuda solicitada fuera efectivamente entregada. Por lo
anterior, dado que incluso entre peticionarios que interpusieron la acción de
tutela de manera conjunta existe una situación distinta, no es posible ordenar
de manera general que se entreguen las ayudas solicitadas, sino que es necesario
que se examine cada caso separadamente para determinar si ha habido una
violación de sus derechos.
En todo caso reitera la Sala que la
acción de tutela no puede ser empleada para alterar el orden en que serán
entregadas las ayudas solicitadas ni para desconocer los derechos de otros
desplazados que no acudieron a la acción de tutela y que se encuentran, en
igualdad de condiciones, a la espera de una respuesta de la entidad.
10.2.1. En consecuencia, la Sala ordenará
a las autoridades responsables de dar respuesta a las solicitudes de ayuda
relativas al acceso a alguno de los programas de estabilización económica
–trabajos temporales, proyectos productivos, capacitación, seguridad
alimentaria, etc.‑ y de vivienda, que dentro del mes siguiente a la
notificación de esta sentencia, si no lo han hecho todavía, den respuesta de
fondo a las solicitudes de los peticionarios, siguiendo los lineamientos
descritos anteriormente en el párrafo 10.1.3. Esta orden sigue la línea
jurisprudencial fijada por la Corte en la materia, en casos similares a los que
originaron la presente tutela, en especial las sentencias T-721 de 2003, MP:
Álvaro Tafur Galvis y T-602 de 2003, MP; Jaime Araujo Rentería, sobre derecho a
la vivienda; T-669 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, sobre protección de
los derechos de petición y trabajo y acceso a las diferentes alternativas de
consolidación económica; T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, sobre
vivienda y estabilización económica.
10.2.2. Acogiendo una orden similar a la
dada por la Corte en la sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño en
cuanto a la forma como deben ser resueltas las solicitudes de inscripción en el
Registro Único de Población Desplazada, en la presente sentencia se ordenará a
la Red de Solidaridad, que a través de las distintas seccionales de las zonas
donde se encuentran los actores, adelante la evaluación de la situación de los
peticionarios en un plazo no mayor a 8 días, contados a partir de la
notificación de esta sentencia, para determinar si cumplen las condiciones
objetivas del desplazamiento y, en caso afirmativo, darles acceso inmediato a
las ayudas previstas para su protección.
10.2.3. Igualmente, en relación con las
solicitudes de entrega de la ayuda humanitaria de emergencia, la Red de
Solidaridad Social, deberá adelantar las gestiones necesarias para que en un
plazo no mayor de 8 días contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, se conceda efectivamente, si aún no lo ha hecho, la ayuda humanitaria
solicitada a los peticionarios. En lo que tiene que ver con las solicitudes de
prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, la Red de Solidaridad Social
deberá iniciar dentro de los 8 días siguientes a la notificación de este fallo,
la evaluación, caso por caso, de la situación de los peticionarios para
determinar si existen las condiciones objetivas de urgencia extraordinaria, que
indican que tales personas no están en condiciones de asumir su
autosostenimiento a través de un proyecto de estabilización o de
restablecimiento socio económico, y se justifica la continuación de la ayuda
humanitaria, independientemente de que el plazo de 3 meses y su prórroga hasta
por otros 3 meses más haya sido superado. En el evento que las condiciones de
urgencia extraordinaria o incapacidad para acceder a los programas de
estabilización económica se presenten, la Red de Solidaridad Social deberá
aplicar de manera preferente la Constitución, y continuar prestando dicha ayuda
mientras tales condiciones subsistan.
10.2.4. En el caso de las solicitudes de
acceso efectivo al sistema de seguridad social en salud y la entrega de
medicamentos, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en su
jurisprudencia, en particular en las sentencias T-419 y T-645 de 2003, MP:
Alfredo Beltrán Sierra, y T-790 de 2003, MP: Jaime Córdoba Triviño, se ordenará
a la Red de Solidaridad Social y a las Secretarías de Salud de las entidades
territoriales en las cuales se encuentren ubicados los accionantes, para que en
el plazo máximo de 15 días contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, adelanten de manera coordinada, si aún no lo han hecho, todas las
acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo de los accionantes al
sistema de salud, y se les garantice el suministro de los medicamentos que
requieran para su tratamiento.
10.2.5. En el caso de las solicitudes de
acceso efectivo al sistema educativo de los menores de edad hasta los 15 años,
teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corporación en su jurisprudencia, en particular
en las sentencias T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-215 de
2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, se ordenará a la Red de Solidaridad Social y a
las Secretarías de Educación de las entidades territoriales en las cuales se
encuentren ubicados los accionantes, para que en el plazo máximo de un mes,
contados a partir de la notificación de la presente tutela, adelanten todas las
acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo de los accionantes al
sistema de educativo.
10.2.6. En cuanto a la solicitud de
protección de las tierras, propiedades y posesiones dejadas abandonadas por los
desplazados, la Corte ordenará a la Red de Solidaridad Social, como coordinador
de la política de atención a la población desplazada y administrador del
Sistema Único de Registro de la Población Desplazada, que incluya como parte de
la información solicitada al desplazado, la relativa a predios rurales que
posea o de los que sea propietario, precisando la titularidad de los derechos
constituidos y las características básicas del inmueble, a fin de que con base
en dicha información se proceda a dar aplicación al procedimiento y a los
mecanismos de protección de tales bienes previstos en el Decreto 2007 de 2001.
10.2.7. En relación con las solicitudes
de conformación de comités territoriales para la creación de programas
especiales de estabilización económica, vivienda o seguridad alimentaria, la
Corte no dará una orden específica en este sentido, no sólo porque no existe un
derecho constitucional fundamental a que se conforme un órgano como ese con
dicho propósito. No obstante, las órdenes generales dirigidas a superar el
estado de cosas constitucional comprenden dicha solicitud puesto que cada
entidad territorial, dentro de lo dispuesto por las normas vigentes, habrá de
determinar la forma como cumplirán con el deber de protección a la población
desplazada, lo cual podrá incluir la conformación de tales comités.
10.2.8. En cuanto a la solicitud de
declarar que las omisiones del Director de la Red de Solidaridad Social
constituyen causal de mala conducta, la Corte también se abstendrá de dictar
una orden en este sentido, pues no existe un derecho genérico a que se sancione
por las acciones u omisiones de otros funcionarios a quien la Ley 387 de 1997
asignó una responsabilidad principal de coordinación de la respuesta
institucional a un problema de la magnitud y complejidad del desplazamiento
forzado. La determinación de la existencia de una falta disciplinaria
corresponde a la Procuraduría General de la Nación, la cual analiza en cada
caso concreto si se ha incurrido o no en una causal de mala conducta
previamente definida por el legislador.
10.2.9. En cuanto a la solicitud para una de las personas inscritas
bajo un núcleo familiar sea desvinculada de él y se le permita continuar
recibiendo la ayuda humanitaria como un núcleo familiar, la Sala,  teniendo en
cuenta la especial protección de la mujer cabeza de familia según lo indicado
en el apartado 3 de esta sentencia, concederá la tutela.
Aun cuando, de conformidad con lo que establece el Decreto 2591 de
1991 los términos para el cumplimiento de las órdenes se cuentan a partir de la
notificación del fallo, nada impide que el Director de la Red de Solidaridad y
los demás funcionarios responsables de la política de atención a la población
desplazada a quienes se les comunique el presente fallo, agilicen el
cumplimiento de las órdenes, a fin de garantizar en el menor tiempo posible los
derechos a la población desplazada.
Para asegurar el cumplimiento de estas órdenes
por parte de las distintas autoridades, se comunicará la presente sentencia al
Defensor del Pueblo y al Procurador General de la Nación para que, dentro de la
órbita de sus competencias, efectúen un seguimiento del cumplimiento del
presente fallo y vigilen la actuación de las autoridades.
IV.    DECISION
En mérito de lo anterior, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional
en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia
entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos
constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de
recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos
y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos
constitucionales y legales, de otro lado.
SEGUNDO.- Comunicar, por medio de la Secretaría General, dicho estado
de cosas inconstitucional al Consejo Nacional para la Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia, para que dentro de la órbita de su
competencia y en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales
verifique la magnitud de esta discordancia y diseñe e implemente un plan de
acción para superarla dando especial prioridad a la ayuda humanitaria dentro de
los plazos que a continuación se indican:
a.  A más
tardar el 31 de marzo de 2004, el Consejo Nacional para la Atención Integral a
la Población Desplazada por la Violencia habrá de (i) precisar la situación
actual de la población desplazada inscrita en el Sistema Único de Registro,
determinando su número, ubicación, necesidades y derechos según la etapa de la
política correspondiente; (ii) fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal que
es necesario para cumplir con la política pública encaminada a proteger los
derechos fundamentales de los desplazados; (iii) definir el porcentaje de
participación en la apropiación de recursos que corresponde a la Nación, a las
entidades territoriales y a la cooperación internacional; (iv) indicar el
mecanismo de consecución de tales recursos, y (v) prever un plan de
contingencia para el evento en que los recursos provenientes de las entidades
territoriales y de la cooperación internacional no lleguen en la oportunidad y
en la cuantía presupuestadas, a fin de que tales faltantes sean compensados con
otros medios de financiación.
b.  Dentro del
año siguiente a la comunicación de la presente sentencia, el Director de la Red
de Solidaridad Social, los Ministros de Hacienda y Crédito Público y del
Interior y de Justicia, así como el Director del Departamento Nacional de
Planeación y los demás miembros del Consejo Nacional para la Atención Integral
a la Población Desplazada por la Violencia, realizarán todos los esfuerzos
necesarios para asegurar que la meta presupuestal por ellos fijada se logre. Si
dentro del lapso de ese año, o antes, resulta evidente que no es posible
asignar el volumen de recursos establecido, deberán (i) redefinir las
prioridades de esa política y (ii) diseñar las modificaciones que será
necesario introducir a la política estatal de atención a la población
desplazada. En todo caso, para la adopción de estas decisiones, deberá
asegurarse el goce efectivo de los mínimos de los cuales depende el ejercicio
del derecho a la vida en condiciones de dignidad,  señalado en la sección 9 de
esta sentencia.
c.  Ofrecer a las organizaciones que
representan a la población desplazada oportunidades para participar de manera
efectiva en la adopción de las decisiones que se tomen con el fin de superar el
estado de cosas inconstitucional e informarles mensualmente de los avances
alcanzados.
TERCERO – Comunicar, por medio de la Secretaría General, el estado
de cosas inconstitucional al Ministro del Interior y de la Justicia, para que
promueva que los gobernadores y alcaldes a que se refiere el artículo 7º de la
Ley 387 de 1997, adopten las decisiones necesarias para asegurar que exista
coherencia entre las obligaciones, constitucional y legalmente definidas, de
atención a la población desplazada a cargo de la respectiva entidad territorial
y los recursos que debe destinar para proteger efectivamente sus derechos
constitucionales. En la adopción de tales decisiones ofrecerán oportunidades
suficientes de participación efectiva a las organizaciones que representen los
intereses de la población desplazada. Las decisiones adoptadas serán
comunicadas al Consejo Nacional a más tardar el 31 de marzo de 2004.
CUARTO ‑ ORDENAR al Consejo
Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia
que dentro de los 3 meses siguientes a la comunicación de la presente
sentencia, adopte un programa de acción, con un cronograma preciso, encaminado
a corregir las falencias en la capacidad institucional, por lo menos, en lo que
respecta a las que fueron expuestas en los informes aportados al presente
proceso y resumidas en el apartado 6 y el Anexo 5 de esta sentencia.
QUINTO.- ORDENAR al Consejo Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada, que en un plazo máximo de 6 meses,
contados a partir de la comunicación de la presente sentencia, concluya las
acciones encaminadas a que todos los desplazados gocen efectivamente del mínimo
de protección de sus derechos a que se hizo referencia en el apartado 9 de esta
sentencia.
SEXTO.- Comunicar, por Secretaría General, la presente sentencia al Ministro de Hacienda y Crédito
Público, y al Director del Departamento Nacional de Planeación, para lo de su
competencia.
Septimo.
-Comunicar, por Secretaría General,  la presente sentencia a la
Ministra de Relaciones Exteriores, para lo de su competencia.
OCTAVO.- PREVENIR a todas las
autoridades nacionales y territoriales responsables de la atención a la
población desplazada en cada uno de sus componentes, que en lo sucesivo se
abstengan de incorporar la interposición de la acción de tutela como requisito
para acceder a cualquiera de los beneficios definidos en la ley. Tales
servidores públicos deberán atender oportuna y eficazmente las peticiones, en
los términos de la orden décima de esta sentencia.
NOVENO.- Comunicar la presente sentencia
al Director de la Red de Solidaridad Social para lo de su
competencia y ORDENARLE que  instruya a las personas encargadas de
atender a los desplazados, para que les informen de manera inmediata, clara y
precisa la carta de derechos básicos de toda persona que ha sido víctima
de desplazamiento forzado interno señalada en el apartado 10.1.4. de esta
sentencia  y establezca mecanismos para verificar que ello realmente suceda.
DÉCIMO.-  En
relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las ayudas previstas
en los programas de vivienda y de restablecimiento socioeconómico, la Red de
Solidaridad Social, el Inurbe o quien haga sus veces, FUDUIFI o quien haga sus
veces, INCORA o quien haga sus veces, así como las entidades encargadas de
estos programas a nivel departamental y municipal, deberán contestar de fondo,
de manera clara y precisa las peticiones presentadas por los actores en el
presente proceso, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1) incorporar la solicitud en la lista de
desplazados peticionarios;
2) Informar al peticionario dentro del
término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la
solicitud;
3) Informar al peticionario dentro del
término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su trámite, y
en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para que pueda
acceder a los programas de ayuda;
4) Si la solicitud cumple con los
requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los
trámites necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el
orden en que las resolverá;
5) Si la solicitud cumple con los
requisitos y existe disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo
se hará efectivo el beneficio y el procedimiento se seguirá para que lo reciba
efectivamente.
6) En todo caso, deberá abstenerse de
exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes legales y respetar los
derechos fundamentales de los desplazados.
décimo primero – ORDENAR a la Red de Solidaridad, que a través de
las distintas seccionales de las zonas donde se encuentran los actores,
adelante la evaluación de la situación de los peticionarios en un plazo no
mayor a 8 días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, para
determinar si cumplen las condiciones objetivas del desplazamiento y, en caso
afirmativo, darles acceso inmediato a las ayudas previstas para su protección, en los siguientes procesos:
1.   T- 653010. En relación con los accionantes Ana de Dios Lerez
Hernández, Aurora Balaguera, Deley María Casares, Glenis Miranda Castillo,
Liliana Guerra, María Aracely Tobón, Néstor Juana García, Olga Gutiérrez, José
Muñoz Monte, Trinidad Sánchez y sus núcleos familiares
2.   T-619610.- En relación con el accionante Luis Ganzaga García y
su núcleo familiar
3.   T-675083- En
relación con los accionantes Ever Perilla Morales, Ana Pinilla De Páez, Mireya
De Medina, Gabriel Quejada Maquillón, Campo Elías Pulido, Neider Esquivel García,
Samuel Parra Barreto, Karen Yulieth Polo, Paola Andrea Lozada, Angie Carolina
Roa, Ingrid Katherine Narváez, Chelsin Dayana Rodríguez, Cristóbal Valencia,
Néstor Eduardo Atuesta, Cristian Fabián Ortiz, Charles Robert Monroy, Jessica
Camila Cerdoso, Jessica Fernanda Arbeláez., y sus respectivos núcleos
familiares
4.   T-675955 –En relación con los accionantes Nancy Isabel
Martínez, José Anastasio Velásquez y Héctor Hernando Bernal y sus respectivos
núcleos familiares
5.   T-675076 –En relación con los accionantes Cruz Helena Moreno
Mosquera, Eduardo Cuenut, Fabio de Jesús Moreno Flórez, Gabriel de Jesús
Moreno, Fannery Garzón, José Efredy Gómez, José Otilio Suárez Bartolo,  Maria
Dora Guevara Vargas, Maria Gleidy Cañón Rodríguez, Maria Lucelly Lloreda Mosquera,
Maria Matilde Ruiz Gallego, Martha Cecilia Caviche, Martha Elena Torrez
Machado, Miryan Mosquera Rentería, Nelson Montoya Urrego, Nora Córdoba
Mosquera, Rocío De Los Ángeles Rueda, Ubeibar De Jesús Campeón Pescador y sus
respectivos núcleos familiares
6.   T-682674 –En relación con la accionante Elcy Valencia Lozano y su
núcleo familiar
7.   T-684470 –En relación con el accionante Jorge Eliécer Betancourt
Márquez y su núcleo familiar
8.   T‑685774 –En
relación con la accionante Cerafina Huila y su núcleo familiar
9.   T-687040 –En relación con la demandante Jackeline Rentería
Angulo
10. T-687987 –En relación con los accionantes Alberto Ramírez,
Numael Rayo y Ledys Vides Quiroz, Gloria Amparo Moreno Palma y sus respectivos
núcleos familiares
11. T-688002 –En relación con los accionantes Gloria Yaneth
Hernández, Carlos Antonio Posada, Liced Yuliana Posada, Jhon Jairo Mayor
Sánchez, José Ignacio Mapura Jiménez, Jorge Eliécer B y Mara Nancy Villa,  y
sus respectivos núcleos familiares
12. T-692204 –En relación con María Ligia Quintero Cano, María del
Tránsito Machado de Mosquera, Alba Cecilia Mena Rentería, Elvia Amparo Cardona
Cardona y María Paulina Mosquera Córdoba y sus respectivos núcleos familiares
13. T-699715 –. En relación con Maria Fanny Restrepo y su núcleo
familiar.
14. T-700727 – En relación con la accionante Mary Ettel Córdoba y
su núcleo familiar
15. T-700902 –. En relación con Adriana Pulido,
Aida Castaño Sánchez, Aldemir Osorio Ortegón, Alexander Hernández, Alfredo
Quintero Osorio, Beatriz Osorio Ortegón, Blanca Elina Torres, Carlos Eduardo
Lozada, Carlos Eduardo Pérez, Clara Inés Alonso, Deicy Lugo Méndez, Diana
Maribel Osorio Ortegón, Elma Alonso Osorio Ortegón, Emilsen Osorio Ortegón,
Ennesy Lasso Otalvaro, Esperanza Bonilla, Gilberto Cerquera Palomino, Gloria
Esmeralda Giraldo, Gustavo Pinto Bahamón, Idel Rogelio Neiva Unda, Israel
Rueda, Javier Enrique Toro Guerrero, Jesualdo Daza, Jesús Lisandro Zamudio,
Jhon Wilmer García Pinto, José A. Acosta, José Adán González, José Albeiro
Marulanda, José Alfredo Motta, José William Alvarado, Julio César Caicedo,
Leonardo Lozano, Luis Eduardo Pinto Bahamón, Luz Darly Osorio Ortegón, Luz Dary
Chaguala Rodríguez, Luz Dennis Pinto Páez, Luz Marina Pacheco Lozano, Manuel Ignacio
Criollo, Maria Belquin Angarita, María Noelia Páez, Marleny Solano Vargas,
Miller Castañeda, Neifer Osorio Ortegón, Nelson Rindo Quintero, Nobey Pinto
Páez, Octavio Sánchez Burbano, Orlando Losada Pinto, Orlando Losada Rada,
Ramiro Antonio Vargas, Ruth Martínez Arias, Sandra Carolina Gómez, Sandra
Patricia Pinto, Sandro Morci, Silvio Muñoz Ñañez, Teresa Ramírez Masmela,
Victoriano Oyola Tique, Willer Lasso Otalvaro, Yazmín Pinto Páez, Yenith Paola
Miranda Quintero, Yorledis Contreras Quintero, Yuri Zulay Parra Jiménez.
16. T-701212 – En relación con la accionante Nohora Juvia Burbano
Bolaños y su núcleo familiar
17. T-701296 – En relación con el demandante Rodrigo Olaya Muñoz
18. T-701300 – En relación con el accionante Franklin Antonio
Mosquera Sánchez y su núcleo familiar.
19. T-702437 – En relación con la accionante Dominga Mosquera
Largacha y su núcleo familiar.
20. T-702574‑  En relación con Pedro Mono Lozada y su
núcleo familiar
DÉCIMO SEGUNDO.‑ ORDENAR a la Red de Solidaridad Social que respecto de
quienes se encuentran inscritos en el Sistema Único de Registro de Desplazados,
realice todas las gestiones necesarias para que en un plazo no mayor de 8 días,
contados a partir de la notificación de la presente sentencia, se entregue
efectivamente, si aún no lo ha hecho, la ayuda humanitaria solicitada, los
oriente adecuadamente sobre el acceso a los demás programas de atención para
población desplazada y, en caso de que hayan presentado alguna otra solicitud
para recibir acceso a los servicios de salud, medicamentos, educación para sus
hijos menores, acceso a los programas de estabilización económica o vivienda
les responda de conformidad con la ordenado en los ordinales décimo a décimo
cuarto de esta sentencia, en los siguientes procesos:
1.     T-619610.- En relación con los accionantes Concepción
Valderrama León, Lady Patricia Bernal, Edier Peña García, Uriel Peña Sarcia,
Maria Edita Cabrera, Miller Ales Trujillo, Gloria Marcela Moscoso Caicedo,
Gildardo Aley Trujillo, Maria Jesús Ramírez, Ana Elisa García De Peña, Gabriel
Arnulfo Quevedo, Yolanda Hernández, Delio Tarcio López Fernández.
2.     T-675076  En relación con el accionante Rosemberg Antonio
Montoya González
3.     T- 683850 – En relación con el accionante John Wilson
Perdomo Polanía.
4.     T- 684071 – En relación con la accionante Ruby Jadith Oyola
Ramírez
5.     T-684744 –En relación con el demandante Jorge Eliécer
Betancourt Márquez
6.     T‑685774 – En relación con Cerafina Huila y su
núcleo familiar.
7.     T-685986 – En relación con el accionante Carlos Omar
Rodríguez
8.     T-686775 – En relación con Carlos Julio Aroca
9.     T-687274 – En relación con Pantaleón Oyola Camacho.
10.   T-687987 – En relación con los accionantes Hernando Aldana,
Juan Antonio Rovallo Rodríguez, Alexander Elías Jiménez Sandoval, Abraham
Ramírez, Enilda Rosa Martínez, Fernando Edwin Vides, Roberto Hernández, Manuel
Salvador Arévalo Claro, Alberto Ramírez, Libia Pinzón, Numael Rayo, Carlos
Joaquín Moreno Viuche, Ledys Vides Quiroz, Gloria Amparo Moreno Palma y sus
respectivos núcleos familiares.
11.   T-687325 ‑  En relación con el demandante Silvestre
Bautista Londoño
12.   T-688002 – En relación con los accionantes Carlos Enrique
Montoya B., Gustavo Sanz Ordóñez, Rubén Darío Villegas, Diana Milena Ortiz
Gutiérrez, Rubiela Cataño Hernández, Ana María Suaza, Luis Fernando Mapura
Vinasco, Luis Alberto Bermúdez Tobón, Pablo Emilio Vélez Gallón, Adalberto Sanz
Ordóñez, Luis Gonzaga Arias, Carmen Emilia Restrepo, y Blanca Libia Salas y sus
respectivos núcleos familiares.
13.   T-688767‑ En relación con Yamel Alirio Tamayo
Giraldo.
14.   T‑689104 – En
relación con Oliverio Pacheco Galeano
15.   T-689307 –En relación con  Benigno Macera, Carlos Felipe Sarmiento,
Rosa Delia Dietes, Elia Josefa Vásquez y sus  respectivos núcleos familiares
16.   T-690437 – En relación con Wilson Romero Gómez y su núcleo
familiar
17.   T-692204 – En relación con los accionantes Ariosto Moreno Lemus,
Evaristo Murillo Mosquera, José Vidal Mosquera  Mosquera, Luis Arturo González García,
Marco Fidel Pava Ramos, Martha Ofelia Palacios Agualimpia, y Nilo Antonio
Herrera y sus respectivos núcleos familiares.
18.   T-692218 – En relación con Jorge Eduardo Ayala y su núcleo
familiar
19.   T-692410 ‑ En relación con Nina Patricia San Miguel y
su núcleo familiar.
20.   T-693606 – En relación con Edgar Verján Chambo y su núcleo
familiar.
21.   T-697477 – En relación con Jesús María Puerta Betancourt y su
núcleo familiar
22.   T-697866 – En relación con María Emérita Losada y su
núcleo familiar
21.   T-697908 – En relación con Eloina Zabala y su núcleo familiar
23.   T-698940 – En relación con  Norman Hernández Góngora y
su núcleo familiar
24.   T-700088 – En relación con Bibiana Lancheros Zambrano y
su núcleo familiar
25.   T-700362 – En relación con Delcy Rubiano de Vanegas y su núcleo
familiar.
26.   T-700370 – En relación con Suny Yuliana Mosquera y su núcleo
familiar
27.   T-700902 – En relación con Alba Luz Marín Perdomo,
Amalfi Arias, Alberto Oviedo González, Aldemar Ramírez Niño, Alirio Hoyos Díaz,
Amparo Ducuara Velásquez, Ana Belén García, Aniceto Díaz, Antonio José Duque,
Aristóbulo Méndez, Armando Leal, Arvey Cerquera Rada, Astrid García Conde,
Atanael Paredes Aguiar, Audias Cerquera Rada, Beatriz Aguirre, Blanca Cenelia
Barrero Palomino, Blanca Flor Ramírez Padilla, Blanca Lilia González, Bonificia
Hernández, Carlos Eduardo Triana Cárdenas, Cecilia López Quintero, Cesar
Eduardo Pinzón Vanegas, Diana Marcela Bazurdo Santana, Domingo Agudelo
Gutiérrez, Edgar Ramírez, Edgar Luis Ramírez, Edinson Sánchez, Eliseo Ortigoza
P., Erminso Castaño, Ernesto Ramírez Vargas, Eterberto Carvajal Hernández,
Eyoam Ruiz Martínez, Fanny Guarnizo, Florinda Mape de Mape, Frowin Agudelo
Bermudes, Geimar Arce Herrera, Gentil Montiel Romero, Hermon Leiton Ospina, Jaime
Acosta, Javier Enrique Madrigal, Jesús Antonio Carvajal Álvarez, Jesús maría
Oliveros, Jorge Alirio Martínez Caballero, Jorge Guzmán Molina, José Alejandro
Colorado Castaño, José Arberi Hoyos Luna, José Narcizo Castañeda, José Vicente
Moreno, Josué Godoy Castro, Leonor Vargas, Lucero Paloche Rodríguez, Lucio Páez
Guerrero, Luis Adriano Collazos, Luis Alfredo Díaz Marqueza, Luis Ángel Caicedo
Rayo, Luis Enrique Arias Cardozo, Luis Gentil Morales Ramírez, Luis Henry Parra
Cabrera, Luz Dary Correa Rodríguez, Luz Erika Arana, Luz Ilida Lasso Otalvaro,
Luz Marina Gasca, Luz Marina Sánchez Pérez, Manuel José Romero, Marcela
Cubillos Díaz, Marcely García Manrique, Maria Beiba Sánchez, María Belarmina
Suaza Giraldo, Maria Corona Muñoz Tulcán, María de los Ángeles París, Maria
Doly González, María Edith Justinico, María Jesús Casas, María Lucrecia Marín
Rodríguez, María Olinda Otalvaro de Oyola, Marleny Bedoya, Martha Cecilia
Aguirre, Martha Lucero Ariza, Medardo Soto Rivera, Nidia Rodríguez Bustos,
Nohora Monroy Carrillo, Norma Constanza Díaz, Olga Ramírez, Olga Yaneth Castro,
Omar Arias Escobar, Pablo Antonio Asprilla, Pedro Antonio Martínez López,
Ramiro Ladino Gutiérrez, Ramiro Ramón García, Rosevertt Oviedo, Rosa Delia
Castro, Rosa Elena Gasca, Rosalba Rada Oyola, Saúl Martínez Morales, Sabina
Palomino Caleño, Silvio Lozada C., Uriel Rojas Perdomo, Wilson Patiño Rivas,
Yolanda Fajardo y sus respectivos núcleos familiares.
28.   T-701730 – En relación con Ruby Jadith Oyola Ramírez y su núcleo
familiar
29.   T-701850 ‑ En relación con Uriel Salas Moreno y
Eduviges Palacios y  sus núcleos familiar
30.   T-703423 – En
relación con los accionantes Fray Martín Álvarez, Nelly Otálvaro, Freddy Milton
Ramírez, Elizabeth Pulido y Claudia Patricia Olaya y sus respectivos núcleos
familiares.
31.   T- 705236 – En relación con Eduardo Rincón Roa y su
núcleo familiar
32.   T-706749 – En relación con Ernesto Perdomo y su núcleo familiar
33.   T-775898 – En relación con María Dolores Naranjo y su núcleo
familiar
DÉCIMO TERCERO.- ORDENAR a la Red de Solidaridad Social y a las Secretarías de Salud de las
entidades territoriales en las cuales se encuentren ubicados los accionantes,
para que en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la notificación de
la presente tutela, adelanten de manera coordinada, si aún no lo han hecho,
todas las acciones necesarias para garantizar el acceso efectivo de los
accionantes al sistema de salud, y se les garantice el suministro de los
medicamentos que requieran para su tratamiento.
DÉCIMO CUARTO.- ORDENAR a la Red de Solidaridad Social y a las Secretarías de Educación de las
entidades territoriales en las cuales se encuentren ubicados los accionantes,
para que en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la
presente tutela, adelanten de manera coordinada todas las acciones necesarias
para garantizar a los accionantes que así lo hayan solicitado, el acceso
efectivo al sistema de educativo.
DÉCIMO QUINTO.- – ORDENAR a la Red de Solidaridad Social en relación con el accionante en
proceso T-703130, quien se encuentra inscrito como desplazado que,
dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, si
aún no lo ha hecho, examine si de conformidad con lo señalado en el apartado 9
de esta sentencia, el accionante se encuentra en las condiciones de extrema
urgencia o de incapacidad para asumir su autosostenimiento, los cuales
justifican la aplicación preferente de la Constitución para la protección de
sus derechos y, continuar prestando dicha ayuda mientras tales condiciones
subsistan.
DÉCIMO SEXTO.- ORDENAR a la Red de Solidaridad Social en relación con el accionante en el
proceso T- 680670, quien se encuentra inscrito como desplazado que,
dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, si
aún no lo ha hecho, examine si de conformidad con lo señalado en el apartado 9
de esta sentencia, el accionante se encuentra en las condiciones de extrema
urgencia o de incapacidad para asumir su autosostenimiento, los cuales justifican
la aplicación preferente de la Constitución para la protección de sus derechos
y, continuar prestando dicha ayuda mientras tales condiciones subsistan.
DÉCIMO SÉPTIMO.- ORDENAR a la Red de Solidaridad que, dentro de los 5 días siguientes a la notificación
de la presente sentencia, proceda a separar a la accionante en el proceso T-686751, del
núcleo familiar bajo el cual quedó registrada, y a inscribirla bajo un nuevo
núcleo con ella como madre cabeza de familia, y dentro de los 8 días siguientes
le entregue la ayuda humanitaria de emergencia a que tiene derecho y la oriente
adecuadamente sobre el acceso a los demás programas de atención para la
población desplazada.
DÉCIMO OCTAVO.- COMUNICAR la presente decisión al señor Defensor del Pueblo para que
directamente o a través de su delegado, efectúe un seguimiento de la manera
como se de cumplimiento a las órdenes contenidas en los numerales anteriores y
si lo considera del caso, informe a la opinión sobre los avances y las
dificultades encontradas.
DÉCIMO NOVENO.- En relación con cada uno de los
expedientes acumulados al presente proceso revocar o confirmar los fallos de
instancia de la siguiente manera:
1.     T- 653010, CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil Familia sentencia del 9 de julio
de 2002, pero de conformidad lo establecido en esta sentencia y, en
consecuencia, modificar las órdenes dadas por el juez de conformidad con lo
establecido en los ordinales décimo a décimo segundo de la parte resolutiva de
esta sentencia. REVOCAR  la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil, del 28 de agosto de 2002.
2.     T-619610.- CONFIRMAR la sentencia del Tribunal superior de Ibagué, Sala de Familia,
del 8 de  mayo de 2002, pero de conformidad lo establecido en esta sentencia modificar las órdenes de conformidad con lo establecido en
los ordinales décimo a décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia.. REVOCAR la sentencia de la Corte suprema de justicia, de 28
de octubre de 2002.
3.     T- 674158, CONFIRMAR las sentencias del Juzgado 28 Penal del
Circuito de Medellín, del 12 de septiembre de 2002 y del Tribunal Superior de
Medellín, Sala de Decisión Penal, de octubre 21 de 2002, pero de conformidad lo
establecido en esta sentencia y, en consecuencia, modificar las órdenes dadas por el juez de conformidad con lo
establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
4.     T-675028- REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de
Barranquilla, sentencia de 23 de septiembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad lo establecido en el ordinal décimo de la
parte resolutiva de esta sentencia.
5.     T-675074 – CONFIRMAR las sentencias del Consejo
Seccional de la Judicatura de Quindío, de 5 de septiembre de 2002 y del Consejo
Superior de la Judicatura, del 16 de octubre de 2002, pero de conformidad lo
establecido en esta sentencia y, en consecuencia, modificar las órdenes dadas por el juez de conformidad con lo
establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
6.     T-675081- REVOCAR las sentencias del Tribunal
Superior de Ibagué, Sala laboral, del 19 de septiembre de 2002  y de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, del 31 de octubre de 2002, y en
su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo
establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
7.     T-675083- Confirmar la sentencia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Primera Civil, Familia, Laboral,
del 24 de septiembre  de 2002, pero de conformidad lo establecido en esta
sentencia. REVOCAR parcialmente
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, del 30
de octubre de 2002. En consecuencia, modificar
las órdenes de conformidad con lo establecido en los ordinales décimo a décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
8.     T-675076 – CONFIRMAR PARCIALMENTE las sentencias del Consejo
Seccional de la Judicatura de Risaralda, del 23 de julio de 2002, y del Consejo
Superior de la Judicatura, 5 de septiembre de 2002, en los términos de la
presente sentencia y, en consecuencia, modificar las órdenes dadas por el juez de conformidad con lo
establecido en los ordinales décimo primero y décimo segundo de la parte
resolutiva de esta sentencia.
9.     T-675096, REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior
Sala Laboral Tolima, del  25 de septiembre de 2002, y de la Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia de 30 de octubre de 2002 y en su
lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el
ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
10.   T- 675844, REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior
Sala Laboral Ibagué, del 20 de septiembre de 2002,  y de la Corte Suprema de
Justicia Sala de Casación Laboral, del 31 de octubre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
11.   T-675955 – CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del Juzgado 5to civil del
circuito de Bogotá, del 17 de septiembre de 2002, en los términos de la
presente sentencia y , en consecuencia, modificar las órdenes dadas por el juez de conformidad con lo
establecido en los ordinales décimo a décimo segundo de la parte resolutiva de
esta sentencia. REVOCAR la sentencia de la Sala Civil de Tribunal Superior
de Bogotá, del 23 de Octubre de 2002.
12.   T-679482 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado 2do de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, del 29 de octubre de 2002, que negó
la tutela por temeridad. COMUNICAR a la Red de Solidaridad Social y a la
Registraduría del Estado Civil los hechos que llevaron a los jueces a
considerar que existía temeridad y posible fraude a la ley.
13.   T-680268 – REVOCAR las
sentencias del Juzgado 38 Civil del Circuito de Bogotá, del 1 de octubre de 2002 y
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del 6 de noviembre de
2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo
establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
14.   T-680627- CONFIRMAR la sentencia del Juzgado 8 Civil del
Circuito Barranquilla, del 2 de agosto de 2002.
15.   T- 680670 – REVOCAR  la sentencia del Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Buenaventura del 15 de octubre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de sus derechos de conformidad con lo que establece el ordinal décimo
sexto de la parte resolutiva de esta sentencia.
16.   T-680805 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Pereira, Risaralda, de octubre 31 de 2002.
17.   T-681418 – Revocar parcialmente
las sentencias del Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil y de Familia, del 6,
24 y 26 de septiembre de 2002, y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil y Agraria, del 30 de octubre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia. CONFIRMAR que los actores no incurrieron en
temeridad.
18.   T-681839 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Civil – Familia, de noviembre 8 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de sus derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
19.   T-682674 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Penal
del Circuito de Buenaventura, del 28 de octubre de 2002 que negó la tutela
porque los actores no se encontraban registrados como desplazados y en su lugar
CONCEDER el amparo de sus derechos de conformidad con lo establecido en el
ordinal décimo primero de la parte resolutiva de esta sentencia.
20.   T- 683849 – REVOCAR la sentencia del Consejo seccional de la
judicatura  del Tolima, de noviembre 15 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
21.   T- 683850 – REVOCAR la sentencia del Consejo seccional de la
judicatura del Tolima, de noviembre 18 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal
duodécimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
22.   T- 684071 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bogotá, en sentencia de noviembre 12 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal
duodécimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
23.   T-684470 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado primero civil
del circuito Armenia, en sentencia de noviembre 14 de 2002, que negó el amparo
solicitado por considerar que la declaración rendida por el accionante  y los
elementos probatorios que obran en el expediente no evidencian la vulneración
de sus derechos.
24.   T-684548 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Penal, de octubre 22 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
25.   T-684560 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué - Sala Penal, de octubre 8 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
26.   T-684566 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Penal, de octubre 15 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
27.   T- 684572 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Penal, de octubre 11 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
28.   T-684573 ‑ REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Penal, de octubre 9 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
29.   T-684574 ‑  REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Penal, de octubre 15 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
30.   T-684579 ‑ REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Penal, de octubre 15 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
31.   T-684744 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 37 penal del
circuito de Bogotá, de 31 de octubre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
32.   T‑685774 – REVOCAR las sentencias del Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Buenaventura, de octubre 9 de 2002, y del Tribunal Superior de
Buga, de 21 de octubre de 2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos de conformidad
con lo establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia.
33.   T-685986 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Penal
del Circuito de Bogotá, de 7 de noviembre de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
34.   T-685987 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Penal
del Circuito de Bogotá de noviembre 13 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
35.   T-686154 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 2º Civil del
Circuito de Riohacha, de 17 de octubre de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia, respecto de los dos actores
identificados plenamente en el proceso.
36.   T-686751 – CONFIRMAR las
sentencias del Juzgado Primero Civil  del Circuito de Bogotá de 4 de octubre de
2002, y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de
25 de  noviembre de 2002, y en su lugar concer el amparo de los derechos en los
términos del ordinal décimo sexto de la parte resolutiva de esta sentencia.
37.   T-686775 – REVOCAR la sentencia del -Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Chaparral, de noviembre 25 de 2002 y en su lugar CONCEDER en
amparo de sus derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
38.   T-687040 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Noveno de
Familia de Cali, de noviembre 6 de 2002 y en su lugar CONCEDER en amparo de sus
derechos, de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo primero de la
parte resolutiva de esta sentencia.
39.   T-687244 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Civil, de septiembre 30 de 2002 y de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, del 1 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal duodécimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
40.   T-687274 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Civil, de septiembre 25 de 2002 y de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, de 5 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
41.   T-687276 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior de Ibagué, Sala
Civil-Familia, de septiembre 17 de 2002, y de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, de 5 de noviembre de 2002, y en su lugar, y en su lugar
CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el
ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
42.   T-687325 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Civil, de septiembre 30 de 2002 y de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, de 5 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
43.   T-687987 – REVOCAR la
sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá de 21 de noviembre de
2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo
establecido en los ordinales décimo a décimo segundo de la parte resolutiva de
esta sentencia.
44.   T-688002 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 3º penal del
Circuito de Cartago, del 14 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos, de conformidad con lo establecido en los ordinales
décimo a décimo cuarto de la parte resolutiva de esta sentencia.
45.   T-688508 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá,
de 13 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
con lo establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta
sentencia.
46.   T-688767‑ REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo
del Tolima, Sala Plena, de 15 de noviembre de 2002 y, en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos, de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
47.   T-688769 – REVOCAR
la sentencia del Tribunal Administrativo de Tolima, de 8 de noviembre de 2002,
y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo
establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
48.   T-688868 – CONFIRMAR las sentencias del Juzgado 1º de
Ejecución de Penas de Pasto, de 12 de noviembre de 2002 y del Tribunal Superior
de Pasto, Sala Penal, de diciembre 2 de 2002.
49.   T-689017 – REVOCAR la sentencia de Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Barrancabermeja, sentencia de 28 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en los ordinales
décimo y décimo cuarto de la parte resolutiva de esta sentencia.
50.   T-689020 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Barrancabermeja, de 28 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal
duodécimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
51.   T-689104 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil y Familia, de septiembre 23 de 2002 y
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de noviembre 15 de
2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo
establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia.
52.   T-689131 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 36 Civil del Circuito, de 28 de
noviembre de 2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
lo establecido en esta sentencia de conformidad con lo establecido los
ordinales décimo a décimo cuarto de la parte resolutiva de esta sentencia.
53.   T-689186 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal superior de
Buga, Sala Constitucional, de 2 de agosto de 2002, por las razones expuestas en
esta sentencia y en consecuencia, las órdenes se modifican de conformidad con
lo establecido en los ordinales décimo y décimo tercero de la parte resolutiva
de esta sentencia.  REVOCAR la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala
Penal, sentencia 26 de noviembre de 2002 (RE y V, S)
54.   T-689206 –REVOCAR las
sentencias del Tribunal Superior Distrito Judicial de Ibagué, Sala
Penal, de octubre 2 de 2002 y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Penal, del 3 de diciembre de 2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
con lo establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta
sentencia.
55.   T-689307 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Primero Civil
del Circuito de  Barrancabermeja, de 28 de noviembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en los ordinales
décimo, décimo tercero y décimo cuarto de la parte resolutiva de esta
sentencia.
56.   T-689503 ‑ REVOCAR la sentencia del Juzgado Cuarto Penal
del Circuito de Barrancabermeja,  de diciembre 3 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en los ordinales
décimo, décimo tercero y décimo cuarto de la parte resolutiva de esta
sentencia.
57.   T-689697 –CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Bogotá, de 18 de octubre de 2002, pero por las razones expuestas en
esta sentencia, y en consecuencia, se modifican las órdenes de conformidad con
lo establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia. REVOCAR la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de
diciembre 4 de 2002.
58.   T-690250 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué-Sala  Penal, de octubre 8 de 2002 y de la Corte
Suprema de Justicia, Sala Penal, de diciembre 3 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
59.   T-690254 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior de
Buga, Sala Constitucional, del 13 de agosto de 2002, pero por las razones
expuestas en la presente sentencia, y en consecuencia se modifican las órdenes
de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva
de esta sentencia. REVOCAR la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala
Penal, de 3 de diciembre de 2002.
60.   T-690437 – REVOCAR las sentencias del Juzgado 48 Penal del
Circuito de Bogotá, de 18 de septiembre de 2002 y del Tribunal superior de
Bogotá, Sala Penal, en sentencia de noviembre 8 de 2002, pero por las razones
expuestas en la presente sentencia, y en consecuencia, MODIFICAR las órdenes de conformidad con lo
establecido en los ordinales duodécimo y décimo tercero de la parte resolutiva
de esta sentencia.
61.   T-692182 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Civil, de 1º de Octubre de 2002 y de la Corte Suprema de Justicia,
Sala Civil, de 18 de noviembre de 2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
con lo establecido en los ordinales décimo y décimo cuarto de la parte
resolutiva de esta sentencia
62.   T-692183 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Civil, 8 de Oct de 2002. CONFIRMAR la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala Civil, del 19 de diciembre de 2002, pero por las razones
expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en los ordinals
décimo, décimo tercero y décimo cuarto de de la parte resolutiva de esta
sentencia..
63.   T-692204 – CONFIRMAR las sentencias del Consejo Seccional de
la Judicatura de Risaralda, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de agosto 21 de
2002 y del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, de octubre 2 de 2002 pero por las razones expuestas en esta
sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes de conformidad con lo
ordenado en los ordinales décimo primero y décimo segundo de la parte
resolutiva del presente fallo.
64.   T-692218 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Civil, de 9 de octubre de 2002, pero por las razones expuestas en
esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes en los términos del
ordinal décimo segundo de la parte resolutiva del presente fallo. REVOCAR la
sentencia de la Corte Suprema de  Justicia, Sala Civil, de 26 de noviembre de
2002.
65.   T-692398 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior, Sala
Laboral, de 12 de Noviembre de 2002, pero por las razones expuestas en esta
sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes en los términos del
ordinal décimo de la parte resolutiva del presente fallo. REVOCAR la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, de 11 diciembre de
2002.
66.   T-692410 – CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Laboral, del 13 de Nov de 2002, pero por las razones expuestas en
esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes en los términos del
ordinal décimo segundo de la parte resolutiva del presente fallo. REVOCAR la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, de 10 de diciembre de
2002.
67.   T-692415 – CONFIRMAR parcialmente las sentencias del Tribunal
Superior de Ibagué, Sala Laboral, de noviembre 20 de 2002 y de la Corte Suprema
de Justicia, Sala Laboral, de diciembre 10 de 2002, pero por las razones
expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes en los
términos del ordinal décimo de la parte resolutiva del presente fallo.
68.   T-692867 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, de octubre 22 de 2002 y de
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de diciembre 10 de 2002 y
en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad lo
establecido el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
69.   T-692880 – Revocar las
sentencias del Tribunal superior de Florencia, de noviembre 1º de 2002 y de la
Corte Suprema de Justicia, Sala penal, de diciembre 10 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad lo establecido el ordinal décimo de la
parte resolutiva de esta sentencia.
70.   T-693606 – REVOCAR las sentencias del Tribunal
Superior de Ibagué, Sala Penal, de 4 de octubre de 2002 y de la Corte Suprema
de Justicia, Sala penal., de 10 de diciembre de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia..
71.   T-695161 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo
del Tolima, de noviembre 12 de 2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos de conformidad
con lo establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta
sentencia
72.   T-695242 – REVOCAR las sentencias del Juzgado 25 Civil
del Circuito de Bogotá, de noviembre 22 de 2002 y del Tribunal Superior de
Bogotá, de diciembre 13 de 2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
con lo establecido en los ordinales décimo y décimo cuarto de la parte
resolutiva esta sentencia.
73.   T-695691 – REVOCAR la sentencia del Tribunal administrativo
de Cundinamarca de diciembre 10 de 2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
lo establecido en los ordinales décimo y décimo cuarto de la parte resolutiva
de esta sentencia.
74.   T-695839 ‑ REVOCAR las sentencias del Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Pasto, de noviembre 14 de 2002 y del Tribunal
superior del distrito judicial de Pasto, de diciembre 10 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad lo establecido en el ordinal décimo de la
parte resolutiva de esta sentencia.
75.   T-695872 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección cuarta, Subsección B, del 10 de diciembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad lo establecido en el ordinal décimo
tercero de la parte resolutiva de esta sentencia.
76.   T-696791 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, Sala de Decisión Constitucional, de noviembre 8 de
2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad lo
establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
77.   T-697477 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Administrativo del Quindío, Sala
de Decisión, de diciembre 11 de 2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
con lo establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia.
78.   T-697866 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, de 8 de octubre de 2002 y de
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 25 de noviembre de
2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad lo
establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutivo de esta
sentencia.
79.   T-697902 – REVOCAR
parcialmente las sentencias
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, de
octubre 2 de 2002 y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de
25 de noviembre de 2002 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
con lo establecido en el ordinal décimo de esta sentencia. CONFIRMAR que no
hubo temeridad.
80.   T-697908 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, de octubre 28 de 2002 y de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 26 de noviembre de 2002,
y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad lo
establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia.
81.   T-698625 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Pereira, de 9 de diciembre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad lo establecido en el ordinal décimo de la
parte resolutiva de esta sentencia.
82.   T-698940 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Catorce Penal
del Circuito de Cali, de 28 de octubre de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
83.   T-699715 – REVOCAR  la sentencia del Juzgado Veintitrés
Penal del Circuito de Medellín, de octubre 3 de 2002, en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad lo establecido en esta sentenciaen el
ordinal décimo primero de la parte resolutiva de esta sentencia respecto de la
actora Fanny Restrepo de Atehortúa y del ordinal décimo en relación con el
actor Jairo Jantivas. Respeto de los demás accionantes dado que no fue posible
su identificación, se remitirá copia de esta sentencia y de los apartes del
expediente que permitirían una identificación de los actores a los
representantes de la Red de Solidaridad Social y de la Defensoría del Pueblo
del municipio donde se encuentran los accionantes, a fin de que verifiquen las
condiciones en las que se encuentra esta comunidad, y si lo encuentran
procedente adopten las medidas de protección que correspondan, en particular su
inscripción como desplazados.
84.   T-700088 – REVOCAR las sentencias del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Familia, de octubre 15 de 2002 y de la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de diciembre 6 de 2002, y en
su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo
establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia.
85.   T-700362 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Penal, de octubre 9 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
86.   T-700370 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, Sala Penal, de octubre 22 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
87.   T-700727 – REVOCAR las sentencias del Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de Cali, de octubre 18 de 2002 y del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, de diciembre 4 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
primero de esta sentencia..
88.   T-700805 – REVOCAR las
sentencias del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pasto, de noviembre
15 de 2002 y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal,
de diciembre 12 de 2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
lo establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
89.   T-700902 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Administrativo
del Tolima, de agosto 20 de 2002, pero por las razones expuestas en esta
sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes de conformidad con lo
establecido en los ordinales décimo y décimo segundo de la parte resolutiva de
esta sentencia. REVOCAR la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, de Sentencia de diciembre 5 de
2002.
90.   T-701212 –REVOCAR la sentencia del Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Popayán de diciembre 13 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
primero de la parte resolutiva de esta sentencia.
91.   T-701296 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo de Risaralda - Sala de Decisión, de diciembre 12 de 2002, y en
su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo
establecido en el ordinal décimo primero de la parte resolutiva de esta
sentencia.
92.   T-701300 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Tercero de
Familia de Pereira, de noviembre 19 de 2002 pero por las razones expuestas en
esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes de conformidad con
lo establecido en el ordinal décimo primero de la parte resolutiva de esta
sentencia. REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de Pereira, Sala
de Familia,  de enero 14 de 2003.
93.   T-701501 – REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Laboral, de diciembre 12 de 2002, y en
su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo
establecido en el ordinal décimo de la parte resolutiva de esta sentencia.
94.   T-701730 – CONFIRMAR las sentencias del Juzgado Octavo Civil
del Circuito de Bogotá, de noviembre 12 de 2002, y del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, de enero 17 de 2003 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
95.   T-701850 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Primero Penal
del Circuito de Buenaventura, de septiembre 20 de 2002, pero por las razones
expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes en los
términos del ordinal décimo de la parte resolutiva del presente fallo. REVOCAR la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala de Decisión
Constitucional, de diciembre 3 de 2002
96.   T-702437 – REVOCAR las sentencias del Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Buenaventura, de octubre 9 de 2002 y del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, Sala de Decisión Penal, de noviembre 25 de 2002, y
en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad con lo
establecido en el ordinal décimo primero de la parte resolutiva de esta
sentencia.
97.   T-702574 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, de diciembre 16 de 2002.
98.   T-702579 ‑  REVOCAR la
sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagué, de noviembre 14 de
2002. CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, de diciembre 16 de 2002, pero por las
razones expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes
en los términos del ordinal décimo de la parte resolutiva del presente fallo.
(V RE)
99.   T-703064 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Veintiséis Penal
del Circuito de Bogotá, de noviembre 29 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad lo establecido  en los ordinales décimo y
décimo tercero de la parte resolutiva de esta sentencia.
100. T-703130 – REVOCAR la
sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, de
noviembre 28 de 2002, y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
con lo establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta sentencia.
101. T-703423 – REVOCAR la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala de
Familia, de enero17 de 2003 y en su lugar CONCEDER el amparo de los derechos de conformidad
con lo establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia.
102. T-703857 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Treinta y Cinco
Penal del Circuito de Bogotá, enero 16 de 2003 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad lo establecido en el ordinal décimo de la
parte resolutiva de esta sentencia.
103. T-703897 – REVOCAR la sentencia del Juzgado Veintinueve
Penal del Circuito de Bogotá, de diciembre 18 de 2002 y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal décimo
de la parte resolutiva de esta sentencia.
104. T-704500 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, de noviembre 15 de 2002,
pero por las razones expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se
modifican las órdenes en los términos del ordinal décimo de la parte resolutiva
del presente fallo. REVOCAR la sentencia del Tribunal  Superior del Distrito
Judicial de Pasto, Sala de Decisión Penal, de enero 14 de 2003.
105. T-704501 – CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto, de noviembre 15 de 2002,
pero por las razones expuestas en esta sentencia y, en consecuencia se
modifican las órdenes en los términos del ordinal décimo de la parte resolutiva
del presente fallo. REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto, Sala Penal, de enero 17 de 2003.
106. T- 705236 – CONFIRMAR la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Laboral, de diciembre 10 de 2002, pero por las razones expuestas
en esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes de conformidad
con lo establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia. REVOCAR la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, de enero 28 de 2003.
107. T-706125 – REVOCAR  la sentencia del Juzgado Dieciocho Penal
del Circuito de Bogotá, de diciembre 3 de 2002, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en los ordinales
décimo, décimo tercero y décimo cuarto de la parte resolutiva de esta
sentencia.
108. T-706749 – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de
Ibagué, Sala Laboral, de diciembre 2 de 2002, pero por las razones expuestas en
esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes de conformidad con
lo establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia. REVOCAR la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral, de enero 29 de 2003.
109. T-775898 – CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del Juzgado 13 Civil
Municipal de Cali, de Febrero 28 de 2003, pero por las razones expuestas en
esta sentencia y, en consecuencia se modifican las órdenes de conformidad con
lo establecido en el ordinal décimo segundo de la parte resolutiva de esta
sentencia. REVOCAR la sentencia del Juzgado 15 Civil del Circuito de
Cali, de abril 25 de 2003.
VIGÉSIMO.- COMUNICAR
la presente decisión al Defensor del Pueblo dentro de la órbita de sus
competencias, haga un seguimiento del cumplimiento del presente fallo.
VIGÉSIMO PRIMERO.- COMUNICAR la presente decisión al Procurador General de la
Nación, para que, dentro de la órbita de sus competencias, haga un seguimiento
del cumplimiento del presente fallo y vigile la actuación de las autoridades.
VIGÉSIMO SEGUNDO.- INFORMAR al Director de la Red de Solidaridad Social que sin
perjuicio que los términos para dar cumplimiento a las órdenes relativas al
expediente T-653010 y sus acumulados se cuenten a partir de la
notificación de la sentencia, podrá adelantar todas las acciones que considere
necesarias para agilizar el cumplimiento del presente fallo.
VIGÉSIMO TERCERO.-
Levantar los términos suspendidos mediante auto de 11 de abril de 2003.
Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General (e)
I.    ANTECEDENTES............................................................................. 1
1.   Hechos............................................................................................. 1
2.   Las decisiones que se revisan...................................................... 13
II.      PRUEBAS SOLICITADAS POR LA SALA TERCERA
REVISIÓN.        16
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.............................. 16
1.   Competencia................................................................................. 16
2.   Problemas jurídicos a resolver y resumen del argumento
y de la decisión      16
2.1.       Problemas Jurídicos.............................................................. 17
2.2.       Resumen del argumento y de la decisión................................ 19
3.   La legitimación de las asociaciones de desplazados
para la interposición de acciones de tutela para la protección de los derechos
de sus asociados      21
4.   La supuesta existencia de temeridad......................................... 23
5.   La jurisprudencia constitucional relacionada con la
vulneración de los derechos de la población desplazada. Ordenes dictadas para
proteger sus derechos constitucionales y persistencia de los patrones de
desconocimiento de tales derechos.............................................................................................. 28
5.1.       Derechos fundamentales de la población desplazada
reiteradamente protegidos en casos concretos por esta Corte........................................................... 28
5.2.       Gravedad del fenómeno del desplazamiento interno por
los derechos constitucionales que resultan vulnerados y la frecuencia con que
se presenta tal vulneración.             30
5.3.       Las órdenes dictadas para la protección de los
derechos de las población desplazada......................................................................................... 38
6.   Identificación de las acciones u omisiones estatales
que configuran una violación de los derechos constitucionales de los
desplazados. 40
6.1.       La respuesta estatal al fenómeno del desplazamiento
forzado. 43
6.2.       Los resultados de la política pública de atención a la
población desplazada.    46
6.3.       Los problemas más protuberantes de la política de
atención a la población desplazada......................................................................................... 47
7.   La constatación de un estado de cosas inconstitucional
en la situación de la población desplazada........................................................................ 59
8.   El Estado Social de Derecho y los deberes
constitucionales de las autoridades frente a la dimensión prestacional de los
derechos. La exigencia constitucional de concordancia entre los objetivos de la
política de atención a la población desplazada y los medios económicos y
administrativos destinados a su logro efectivo y oportuno........................................................................... 65
9.   Los niveles mínimos de satisfacción de los derechos
constitucionales de las personas en situación de desplazamiento........................................ 74
10. Las órdenes................................................................................... 79
10.1.     Ordenes para la superación del estado de cosas inconstitucional.   80
10.2.     Las órdenes necesarias para responder a las solicitudes de los
accionantes en el presente proceso................................................................................. 86
IV.    DECISION.................................................................................... 89
INDICE DE ANEXOS
ANEXO 1:
Resumen de las sentencias de tutela
(T-653010 y acumulados)  revisadas en este proceso
115-171
ANEXO 2:
Resumen de las pruebas aportadas por
entidades públicas y organizaciones.
172-183
ANEXO 3:
Los deberes del Estado en relación con
la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de
desplazamiento, según los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado
Interno (1998).
184-202
ANEXO 4:
Resumen de las sentencias de la Corte
Constitucional sobre los derechos de la población desplazada valoradas en la
presente sentencia.
203-226
ANEXO 5:
La política estatal de atención a la
población desplazada: Descripción y observaciones relevantes para la decisión
adoptada en la presente sentencia.
227-305
A. Descripción
227-243
B. Observaciones
244-305
Auto 019/04
Referencia:
sentencia T-025 de 2004 (expediente T-653010 y acumulados)
Acción de
tutela instaurada por Abel Antonio Jaramillo, Adela Polanía Montaño, Agripina
María Nuñez y otros contra la Red de Solidaridad Social, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio de Educación, el Inurbe,
el Incora, el SENA, y otros
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D. C., tres (3) de  marzo de dos
mil cuatro (2004).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales
CONSIDERANDO
1. Que Lucy Edrey Acevedo Meneses, Jefe
de la Oficina Asesora Jurídica de la Red de Solidaridad Social, entidad accionada
en la demanda de la referencia, mediante escrito allegado a la Secretaría
General de esta Corporación solicitó la aclaración de dos puntos de la parte
resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, relacionados con los expedientes T-686154
y T-684470.
2. Que examinada la sentencia T-025 de
2004, que puso fin al trámite de revisión de la acción de la referencia, se
advierte que entre el punto 7 del numeral décimo y el punto 23 del ordinal
décimo noveno, existe un error que puede generar confusión.
3. Que tal error se genera por la inclusión
de una referencia al expediente T-684470 en el punto 7 del ordinal
undécimo en el que se ordena a la Red de Solidaridad Social que adelante una
evaluación de la “situación de los peticionarios en un plazo no mayor a 8
días, (...)  para determinar si cumplen las condiciones objetivas del
desplazamiento y, en caso afirmativo, darles acceso inmediato a las ayudas
previstas para su protección”, mientras que en el punto 23 del ordinal
décimo noveno la Corte decidió “CONFIRMAR la sentencia del Juzgado primero
civil del circuito Armenia, en sentencia de noviembre 14 de 2002” que había
negado el amparo solicitado por considerar que “ los elementos probatorios
que obran en el expediente no evidencian la vulneración de sus derechos.”
4. Que examinado el Anexo 1 de la sentencia
T-025 de 2004, que contiene el resumen de los expedientes revisados en el
proceso de la referencia, se encontró que “la declaración rendida por el
accionante para efectos de ser incluido en el registro único de desplazados se
hizo cuatro  (4) años después de ocurridos los hechos, y no como ordena el
Decreto 2569 de 2002, es decir, dentro del año siguiente al desplazamiento”,
por lo cual resulta innecesario que la Red de Solidaridad revise de nuevo el
caso para determinar si procede su inclusión en el Sistema Único de Registro de
Población Desplazada.
5. Que examinada la sentencia T-025 de
2004, se encontró, igualmente, que en relación con el expediente T-686154 existe
un error en la parte resolutiva de la sentencia. Tal error consistió en que en
el punto 35 del ordinal décimo noveno de la parte resolutiva de la sentencia
T-025 de 2004 se dice, en relación con el expediente T-686154, que la
tutela se concede “respecto de los dos actores identificados
plenamente en el proceso”, a pesar de que en el resumen de los hechos
fueron identificadas 44 personas como peticionarios representados por
Adesfongua.[157]
Adicionalmente, en la parte motiva de la sentencia se dice que en el mencionado
expediente “las tutelas fueron presentadas por sus representantes legales,
se acreditó debidamente la existencia y representación de la asociación, se
individualizaron los nombres de los miembros a nombre de quienes se presentaba
la acción de tutela y nada en el expediente indicaba que se opusieran a ser
agenciados por la asociación. De hecho, tales expedientes incluyen elementos
que confirman el consentimiento de los asociados.  (...)  Por lo cual las
tutelas no eran improcedentes y serán revocadas por la Sala.
6. Que los errores indicados, a pesar de
no cambiar la decisión finalmente adoptada, deben ser corregidos para que no
existan textos que generen confusión en el cuerpo de la sentencia.
7.  Que esta Corporación ha señalado que
cuando en la transcripción del texto de una sentencia se producen errores, es
aplicable el artículo 310 del CPC a fin de proceder a la corrección[158].
En mérito de lo expuesto esta Sala de
Revisión
RESUELVE
Primero. CORREGIR el texto de la página 93 de la Sentencia
T-025 de 2004, y en consecuencia, suprimir el punto 7 del ordinal décimo
primero de la parte resolutiva de la sentencia que dice:
7.     T-684470 –En relación con el accionante Jorge
Eliécer Betancourt Márquez y su núcleo familiar
Segundo. CORREGIR el texto
de la página 103 de la Sentencia T-025 de 2004, y en consecuencia suprimir la
expresión “dos” contenida en la frase final del punto 35 del ordinal décimo
noveno de la parte resolutiva de la sentencia. Por lo tanto, donde dice:
35.   T-686154 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 2º Civil del
Circuito de Riohacha, de 17 de octubre de 2002 y en su lugar CONCEDER
el amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal
décimo de la parte resolutiva de esta sentencia, respecto de los dos
actores identificados plenamente en el proceso.
Debe decir
35.   T-686154 – REVOCAR la sentencia del Juzgado 2º Civil del
Circuito de Riohacha, de 17 de octubre de 2002 y en su lugar CONCEDER
el amparo de los derechos de conformidad con lo establecido en el ordinal
décimo de la parte resolutiva de esta sentencia, respecto de los actores identificados plenamente en el proceso.
Notifíquese, cópiese, publíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
IVAN HUMBERTO
ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario
General (E)
Auto 050/04
Referencia: sentencia T-025 de 2004
Solicitud de
prórroga para el cumplimiento de algunas órdenes impartidas en la sentencia
T-025 de 2004, proferida por la Sala Tercera de Revisión
Peticionario:
Luis Alfonso Hoyos Aristizabal Director (E) Red de Solidaridad Social
Magistrado Ponente:
Dr.
Manuel José Cepeda Espinosa
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de
dos mil cuatro (2004).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil
C O N S I D E R A N D O
1. Que de conformidad con el artículo 27
del Decreto 2591 de 1991, “el juez establecerá los demás efectos del fallo
para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente
restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.”
2. Que en el proceso de la referencia la
Red de Solidaridad Social ha solicitado la modificación de los plazos fijados
para cumplir con algunas de las órdenes dictadas para superar el estado de
cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, contenidas en
los ordinales segundo y quinto de la parte resolutiva.
3. Que a la fecha, la Red de Solidaridad Social ha
venido entregando informes periódicos que dan cuenta del cumplimiento parcial
de la sentencia en dos niveles: (i) para cumplir las órdenes específicas
respecto de los accionantes y (ii) para cumplir las órdenes generales respecto
de toda la población desplazada y las entidades públicas responsables. En
relación con los primeros, la Red ha informado sobre las acciones adelantadas
para atender las órdenes puntuales relacionadas con las demandas de tutela
revisadas por la Corte en la sentencia T-025 de 2004, a partir de la
comunicación de la sentencia y sin esperar la notificación personal a los
demandantes: (a) ha realizado esfuerzos importantes para identificar la
ubicación actual de los distintos accionantes; (b) ha verificado las
necesidades de apoyo y las ayudas que han recibido los accionantes de las
tutelas acumuladas para proferir la sentencia T-025 de 2004; (c) ha entregado
la ayuda humanitaria de emergencia e iniciado procesos de evaluación para
determinar si existen condiciones de extrema vulnerabilidad que justifiquen, en
algunos casos identificados conforme a la sentencia, que se continúe entregando
esa ayuda; y (d) ha coordinado con las secretarías de educación y de salud, la
atención de las necesidades de los accionantes.
También ha avanzado en el cumplimiento de las órdenes
de carácter general, para lo cual (a) ha realizado varias reuniones regionales
y convocado una reunión del Consejo del SNAIPD; (b) ha llevado a cabo reuniones
con algunas organizaciones no gubernamentales y asociaciones de desplazados;
(c) ha efectuado reuniones adicionales, tanto a nivel nacional como regional
para hacer seguimiento al proceso de cumplimiento; (d) ha enviado informes
periódicos detallados sobre avance en el cumplimiento de la sentencia a la
Corte Constitucional, a las entidades del SNAIPD, a la Procuraduría General de
la Nación y a la Defensoría del Pueblo, y (e) ha publicado en la página Web de
la Red, la Carta de Derechos de los desplazados, mientras se divulga por un
medio mas directo y eficaz a los desplazados.
Sin embargo, respecto de algunas órdenes impartidas en
la sentencia T-025 de 2004, la Red solicita que se extiendan los plazos allí
previstos.
4. Que de conformidad con la jurisprudencia
de esta Corporación, “el juez de tutela conserva la competencia para dictar
órdenes que aseguren que el derecho sea plenamente restablecido o las causas de
la amenaza sean eliminadas, lo cual comprende introducir ajustes a la orden
original siempre y cuando ello se haga dentro de los siguientes parámetros para
que se respete la cosa juzgada:  (1) La facultad puede ejercerse cuando debido
a las condiciones de hecho es necesario modificar la orden, en sus aspectos
accidentales, bien porque (a) la orden original nunca garantizó el goce
efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego
devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta,
manifiesta e inminente el interés público o (c) porque es evidente que lo
ordenado siempre será imposible de cumplir.  (2) La facultad debe ejercerse de
acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas deben estar encaminadas a lograr
el cumplimiento de la decisión y el sentido original y esencial de la orden
impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho
fundamental tutelado. (3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos
accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar,
siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva
orden que se profiera, debe buscar la menor reducción posible de la protección
concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata y eficaz.”[159]
5. Que de conformidad con lo que establece
el artículo 27 del decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de esta
Corporación, en relación con las órdenes complejas dictadas para superar el
estado de cosas inconstitucional, la Sala Tercera de Revisión, después de
proferida la sentencia T-025 de 2004, conserva la competencia para adoptar
determinaciones que permitan ajustar las órdenes complejas originalmente
dictadas a la nuevas circunstancias que se puedan presentar, todo con miras a
garantizar el goce efectivo del derecho fundamental amparado y sin modificar la
decisión ni el sentido original y esencial de la orden impartida que hizo
tránsito a cosa juzgada.
6. Que la solicitud de prórroga del plazo
se hizo para “acreditar
el ejercicio presupuestal necesario para dar cumplimiento a la política de
atención a la población desplazada”
y para “precisar la situación actual de la población desplazada
inscrita en el Sistema Único de Registro, determinando su número, ubicación,
necesidades y derechos según la etapa de la política correspondiente,” con
el argumento de que el estado actual de la información contenida en el Sistema
Único de Registro de la Población Desplazada, dadas sus graves falencias, no
permite cumplir en el plazo señalado ‑31 de marzo de 2004‑, con lo
ordenado por esta Corporación.
7. Que para verificar la magnitud y las
implicaciones de las falencias en los sistemas de información de la Red, la
Sala decretó una inspección judicial.
8. Realizada la inspección judicial
ordenada mediante Auto del 21 de abril de 2004, se encontraron falencias graves
en el estado de la información requerida para determinar las necesidades socio
económicas de la población desplazada, así como en la capacidad de la Red de
Solidaridad Social para contar con dicha información en el plazo originalmente
fijado por la sentencia T-025 de 2004. Durante la inspección judicial se
destacaron las siguientes falencias, según consta en el Acta suscrita tanto por
los funcionarios judiciales como por los funcionarios administrativos de la Red
de Solidaridad Social que participaron en la misma:
“La principal falencia [es] la falta de
información sobre los costos de atención, no se registran variables financieras
de cada tipo de atención. Esos datos requieren una interfase con otros sistemas
de información. Por ello, el SUR no sirve para determinar el costo individual
de la atención a una persona desplazada. El sistema financiero reporta datos
globales de los distintos programas. El sistema no permite medir si se prolongó
la ayuda global. Si el SNAIPD funcionó o no. Esa información no está en el SUR.
Otro problema es que las entidades no saben cuáles programas son para
desplazados, cuántas personas atendieron, no saben si atendieron población
desplazada. No hay uniformidad en la información.”
(...)
“En rendimiento, la base de datos tiene
problemas por el volumen de información. La base de datos no responde a todas
las preguntas sobre el desplazamiento, por cambios en el mismo fenómeno
(desplazamiento interno intraurbano, por ejemplo), pero si responde en la parte
básica.”
(...)
“No sirve para determinar cuándo cesa la calidad de desplazado,
porque la política no lo ha definido, o para reportar ayudas entregadas por
otras entidades. Sólo sirve para decir quiénes surtieron el procedimiento de
registro, pero no sobre los desplazados en general, por el problema del
subregistro. No permite predecir evolución o crecimiento del fenómeno de
desplazamiento. El único que puede hacer estadísticas y proyecciones sobre el
fenómeno es el DANE, pero el SUR no lo puede hacer.”
(...)
“Por el crecimiento acelerado del desplazamiento en el 2001 y 2002,
las cargas de trabajo desbordaron la capacidad del registro.”
(...)
“Existe una dificultad tecnológica para reportar el volumen
estadístico de la población desplazada en las distintas localidades, pues las
personas y entidades no la reportan con la calidad y oportunidad requeridas. El
objetivo básico del SEFC [Sistema Estadístico por Fuentes Contrastadas] es
tomarle el pulso a la dinámica del desplazamiento, se puede utilizar para
cálculos estimados de presupuesto, pero para ello también se utiliza el SUR.
Sin embargo, el SUR no puede ser utilizado para el estudio del fenómeno del
desplazamiento, por el problema del subregistro. Esa falencia se corrige con el
SEFC.”
Adicionalmente, según consta en certificado
enviado por el Coordinador Nacional del Registro de la Población Desplazada, “conforme
a la información del Sistema Único de Registro a la fecha [marzo 30 de
2004] se encuentran caracterizados 44´249 hogares en condición de
desplazados incluidos en el Registro Único de Población Desplazada,
equivalentes al 20.01% de los hogares en condición de desplazados inscritos en
el Registro Único de Población Desplazada.”
9. Que constatada la magnitud de las
falencias, encuentra la Sala que es preciso examinar su incidencia en relación
con cada una de esas órdenes respecto de las cuales se solicita prórroga del
plazo señalado en la sentencia T-025 de 2004.
10. Que en relación con el cumplimiento de
la orden para “precisar la situación actual de la población desplazada
inscrita en el Sistema Único de Registro, determinando su número, ubicación,
necesidades y derechos según la etapa de la política correspondiente,” la
Red de Solidaridad Social solicita que se extienda el plazo original de 31 de
marzo de 2004 al 30 de septiembre de 2004, con el fin de adelantar una encuesta
de desplazados y culminar los procedimientos diseñados por esa entidad para
estimar las necesidades insatisfechas de la población desplazada que se
encuentra inscrita en el Sistema Único de Registro.
En primer lugar, advierte la Corte que en
los memoriales enviados a la Sala Tercera de Revisión por la Red de Solidaridad
Social antes de que se profiriera la sentencia T-025 de 2004, no se manifestó
que existieran tales falencias, ni que éstas tuvieran la magnitud indicada ni
que ello le impidiera a la Red algo tan básico como es saber las
características de los desplazados y sus necesidades de atención, de conformidad
con las normas constitucionales y legales vigentes. Esa omisión de la Red no
impide a la Corte analizar la solicitud de prórroga de algunos de los plazos,
siempre con miras a proteger a la población desplazada y asegurar el goce
efectivo de sus derechos.
Teniendo en cuenta las falencias
manifestadas por la Red en el documento enviado a la Corte el 12 de abril de
2004 en cuanto a calidad de la información requerida para el proceso de
caracterización, las cuales fueron constatadas en la inspección judicial
realizada el 22 de abril del 2004, encuentra la Sala que las fallas verificadas
le impiden a la Red, en el plazo inicialmente otorgado, “precisar la
situación actual de la población desplazada”, inclusive de la “inscrita
en el Sistema Único de Registro” y mucho menos determinar las “necesidades
y derechos según la etapa de la política correspondiente.” Esta gravísima
implicación de las falencias en la información incompleta y poco específica que
maneja la Red se debe a que hasta antes del 1 de abril de 2004, el sistema
contenía “información básica para la caracterización de la población
desplazada referida a (…): edad, género, origen, sitio de llegada (…) pero
dejaba por fuera información relevante para la atención integral del desplazado,”
según consta en el acta de la inspección judicial. El sistema que entró a
operar el 1 de abril de 2004, advierte la Red, permitirá contar con una
caracterización “más detallada sobre propiedades, deudas, si ejercía
liderazgo, condición étnica, mujer gestante, que se hace con la finalidad de
determinar las necesidades socio económicas del desplazado, para determinar el
tipo de ayuda diferencial que requiere esa persona, y en especial para
determinar las condiciones especiales de vulnerabilidad (discapacidad, mujer
cabeza de familia, tercera edad).”  Con este nuevo sistema será posible “medir
vulnerabilidad, individual, ya no solo familiar, con información básica del
hogar inicial con el fin de garantizar reunificación posterior.” En
consecuencia, se concederá el plazo de 30 de septiembre de 2004, solicitado por
la Red de Solidaridad Social para culminar el proceso caracterización de las
necesidades de la población desplazada inscrita en el Sistema de Registro
Único, mediante la realización de una encuesta.
11. Que en relación con la orden de “acreditar el ejercicio
presupuestal necesario para dar cumplimiento a la política de atención a la
población desplazada,” la Red de Solidaridad Social solicita que se
extienda el plazo original de 31 de marzo de 2004 al 31 de julio de 2004.
Sin embargo, constata la Corte que no ha
sido indispensable en el pasado efectuar una caracterización precisa de la
población desplazada para estimar la magnitud del esfuerzo presupuestal
necesario para responder a la crisis humanitaria y superar el estado de cosas
inconstitucional. Así se hizo en los documentos CONPES 3057[160] de 1999 y 3115[161] de 2001, en los que
se utilizaron datos básicos como la edad, el género, el origen étnico, el
número de personas desplazadas registradas, los niveles de protección definidos
en la Ley 387 de 1997 y una proyección sobre el comportamiento futuro del
fenómeno del desplazamiento interno forzado.
Tal como se constató en el proceso en el
apartado 6.3.2 de la sentencia y en el Anexo 5 de la sentencia T-025 de 2004, y
lo adujo la propia Red de Solidaridad Social durante la inspección judicial al
preguntársele sobre la forma como podía utilizarse la información contenida en
el Sistema Único de Registro para calcular los costos de la atención integral a
la población desplazada: “Los costos globales de cada componente de la ayuda
se pueden hacer por topes máximos fijados por la Ley y el Decreto 2569.”[162]
Además, como se constató en la inspección
judicial y se anotó anteriormente, la información disponible en la Red sí
permite efectuar una descripción “básica” de la población desplazada a partir
de los datos sobre “edad, género, origen, sitio de llegada.”
Igualmente, encuentra la Sala que como
quiera que las decisiones de política pública se toman siempre con ciertos
elementos de incertidumbre, no es necesario contar con información detallada
que dé al Ejecutivo “certeza absoluta” sobre los costos de la atención a cada
uno de los desplazados para fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal, sin
perjuicio de que dicha estimación global sea luego ajustada a medida que se
obtenga información más precisa o evolucione la realidad del problema del
desplazamiento, sea para aumentar dicha estimación o para disminuirla.
Por lo anterior, no se prorrogará el plazo
inicialmente otorgado para la definición del esfuerzo presupuestal global hasta
la fecha solicitada por la Red. Sin embargo, dado que el Consejo Nacional para
la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia se ha reunido
una vez para este efecto, pero a la fecha del presente auto el plazo original
se encuentra vencido, a más tardar el 14 de mayo de 2004, el Consejo Nacional
para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia deberá “(ii)
fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal que es necesario para cumplir con
la política pública encaminada a proteger los derechos fundamentales de los
desplazados; (iii) definir el porcentaje de participación en la apropiación de
recursos que corresponde a la Nación, a las entidades territoriales y a la
cooperación internacional; (iv) indicar el mecanismo de consecución de tales
recursos, y (v) prever un plan de contingencia para el evento en que los
recursos provenientes de las entidades territoriales y de la cooperación
internacional no lleguen en la oportunidad y en la cuantía presupuestadas, a
fin de que tales faltantes sean compensados con otros medios de financiación.”[163]
12. Que en relación con el cumplimiento de
la orden de “[concluir] las acciones encaminadas a que todos los
desplazados gocen efectivamente del mínimo de protección de sus derechos” la Red de Solidaridad Social
solicita que el plazo inicial de 6 meses, contado a partir de la comunicación
de la sentencia, se extienda a febrero 9 de 2005, pues condiciona su
cumplimiento al proceso de caracterización de la población desplazada.
Dado que en el Sistema Único de Registro
existe información sobre el número de desplazados inscritos y sobre sus
características básicas, que la enunciación de los mínimos de protección
establecidos en la sentencia T-025 de 2004 comprende en buena medida la ayuda
humanitaria de emergencia orientada a permitir la supervivencia de los
desplazados, en especial de personas que se encuentren en condiciones de
extrema vulnerabilidad tales como niños, ancianos, personas con discapacidad
física o mental, que ha sido en el pasado posible establecer de manera
aproximada la dimensión del esfuerzo para cumplir con estos mínimos y que la
ejecución de las acciones encaminadas a garantizar los derechos mínimos de la
población desplazada no depende del conocimiento de sus necesidades de
supervivencia digna ni del proceso de caracterización detallada que habrá de
culminar el 30 de septiembre de 2004, considera la Sala que no es necesario
prorrogar el plazo inicialmente otorgado.
No obstante lo anterior, dada la gravedad
de las falencias de información en el caso de la población desplazada
registrada antes del año 2001, que hace aún más difícil determinar quién es
quién, cómo cada desplazado adulto o responsable de familia podría generar
ingresos para sobrevivir autónoma y dignamente y cuáles son sus necesidades
socio económicas y de estabilización, la Corte otorgará a la Red de Solidaridad
Social plazo hasta el 30 de octubre de 2004 para concluir las acciones
encaminadas a que la población desplazada inscrita en el Registro Único antes
del 1 de enero de 2001, goce efectivamente del derecho mencionado en el párrafo
8 de la sección 9 de la sentencia citada. Respecto de los demás derechos
mínimos no se modifica el plazo de seis meses inicialmente señalado.
13. Preocupa a la Corte que la solicitud de prórroga
del plazo para definir las necesidades precisas de la población desplazada con
base en la encuesta de caracterización de desplazados que habrá de concluir el
30 de septiembre de 2004, estuviere acompañada de frases indicativas de la
intención de reducir el ámbito de protección de dicha población y de retroceder
en los compromisos fijados  por la Ley 387 de 1997.
Advierte la Corte que la prórroga del
plazo otorgado para caracterizar las necesidades de la población desplazada no
implica una autorización para  “redefinir prioridades” sin el cumplimiento del
procedimiento definido en la sentencia T-025 de 2004 y en las condiciones
estrictas allí señaladas. Tampoco implica una autorización para retroceder en
los compromisos asumidos en las normas vigentes. Recuerda la Corte que en la
sentencia T-025 de 2004 se dijo claramente que “el Director de la Red de
Solidaridad Social, los Ministros de Hacienda y Crédito Público y del Interior
y de Justicia, así como el Director del Departamento Nacional de Planeación y
los demás miembros del Consejo Nacional para la Atención Integral a la
Población Desplazada por la Violencia, realizarán todos los esfuerzos
necesarios para asegurar que la meta presupuestal por ellos fijada se logre.”[164] Además, respecto de
los deberes del Estado para con los desplazados se subrayó que
“Si bien varios de los componentes de dicha política tienen una
marcada dimensión programática y corresponden a la faceta prestacional de los
derechos fundamentales vulnerados en el caso de la población desplazada, y su
realización depende de la disponibilidad de recursos, ello no significa que el
Estado pueda sin limitación alguna adoptar medidas que en la práctica implican
un retroceso en algunos aspectos de la política diseñada y legalmente
instrumentalizada, a pesar de que ésta continúe en el papel siendo la misma.
En el presente caso, por la vía de la insuficiente apropiación
presupuestal y de la omisión en la corrección de las principales falencias de
la capacidad institucional mencionadas en la sección 6 de esta sentencia, el
avance progresivo en la satisfacción de los derechos de la población desplazada
no sólo se ha retrasado, sino que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo
en algunos aspectos ya mencionados a pesar de los logros en la reducción del
ritmo de crecimiento del fenómeno al cual se aludió en el apartado 6.2.1.2. de
esta sentencia (apartado 6.). Ello se traduce en un incumplimiento del nivel de
protección formalmente definido –en extremo se podría decir prometido ‑
por las autoridades legislativas y ejecutivas competentes y contradice el hecho
que (i) el gasto social y de atención a la población marginada es considerado
como gasto prioritario; (ii) existe una política estatal de atención integral a
la población desplazada; (iii) esa política fue debatida y aprobada por el
Congreso, el cual le confirió carácter normativo en una ley de la República que
data de 1997; (iv) existe un marco reglamentario que ha desarrollado, aunque no
en su totalidad, los componentes de la política; (v) las autoridades nacionales
y territoriales han adquirido compromisos con la población desplazada, que se
ven postergados de manera indefinida por la falta de recursos suficientes y
otro tipo de fallas en la capacidad institucional de las entidades responsables
y; (vi) existen documentos oficiales en los que se ha cuantificado el esfuerzo
financiero requerido para la política de desplazamiento y tales documentos han
sido aprobados por el CONPES.
8.3 Dicho retroceso es, prima facie, contrario al mandato
constitucional de garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los
desplazados. Por eso, el primer deber de las autoridades competentes es evitar
dicho retroceso práctico en los aspectos del nivel de protección de los
derechos de todos los desplazados donde éste se ha presentado, así dicho
retroceso sea resultado de la evolución del problema y de factores que
escaparon a la voluntad de los funcionarios responsables. La gravedad, magnitud
y complejidad general de un problema, por sí solas, no justifican que el grado
de protección de los derechos no corresponda a los mandatos constitucionales,
máxime si éstos han sido desarrollados por una ley del Congreso de la República
y reglamentados por el propio Ejecutivo. Tampoco es constitucionalmente
admisible que el alcance de dicha protección disminuya en la práctica, sin que
se ponga de presente dicha disminución y se adopten los correctivos de manera oportuna
y adecuada. De otro lado, el juez constitucional no puede desconocer las
características del contexto real dentro del cual se ha constatado la
afectación de los derechos fundamentales, para evitar que las órdenes que
imparta para protegerlos sean inocuas o inviables. Sin embargo, el juez
constitucional debe asegurarse de que se alcance el máximo de protección
definida por las normas vigentes y exigir que se remedie la discordancia entre
lo jurídicamente debido y lo realmente satisfecho, con miras a lograr que todos
los afectados, en este caso la población desplazada, puedan disfrutar realmente
de sus derechos constitucionales.”
14. Que si bien la Red de Solidaridad
Social ha convocado a algunas organizaciones no gubernamentales y a
representantes de la población desplazada, dado el otorgamiento del plazo
adicional para la caracterización de las necesidades socio económicas de la
población desplazada, es fundamental que estas organizaciones participen de
manera amplia, oportuna y efectiva  en el proceso de toma de decisiones
relativas a la política pública de atención integral a la población desplazada.
Por lo cual, la Sala urge al Consejo Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada el cumplimiento inmediato de la orden de “ofrecer a las
organizaciones que representan a la población desplazada oportunidades para
participar de manera efectiva en la adopción de las decisiones que se tomen con
el fin de superar el estado de cosas inconstitucional e informarles
mensualmente de los avances alcanzados”, contenida en el literal c) del
ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, en
particular a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados –ACNUR, y a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
– CODHES,  organizaciones que participaron en el proceso que culminó con la
sentencia T-025 de 2004, y cuyo conocimiento e informes periódicos sobre el
fenómeno del desplazamiento y sobre la respuesta estatal, puede resultar útil
para la búsqueda de soluciones que permitan superar la crisis humanitaria y el
estado de cosas inconstitucional. Lo anterior sin perjuicio de que invite a
otras organizaciones a participar.
15. Que en relación con el cumplimiento de la orden de adoptar “un
programa de acción, con un cronograma preciso, encaminado a corregir las
falencias en la capacidad institucional”, la Red no solicitó modificación
del plazo de 3 meses concedido en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia T-025 de 2004. Por lo tanto, dicho plazo será mantenido.
16. Que en relación con el cumplimiento del
Ministerio del Interior y de Justicia de la orden “para que  promueva que
los gobernadores y alcaldes a que se refiere el artículo 7º de la Ley 387 de
1997, adopten las decisiones necesarias para asegurar que exista coherencia
entre las obligaciones, constitucional y legalmente definidas, de atención a la
población desplazada a cargo de la respectiva entidad territorial y los
recursos que debe destinar para proteger efectivamente sus derechos
constitucionales” y comunicar, al Consejo Nacional de Atención Integral a
la Población Desplazada las decisiones adoptadas, ni la Red de Solidaridad
Social ni el Ministerio del Interior y de Justicia solicitaron una prórroga del
plazo para el cumplimiento de esta orden. Sin embargo, la Sala insiste en la
importancia de ese procedimiento para superar el estado de cosas
inconstitucional. Por lo cual, insta a la Red de Solidaridad Social a solicitar
al Ministerio del Interior y de Justicia el envío de los informes respectivos
para que el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
pueda tenerlos en cuenta en la definición del esfuerzo presupuestal que se
requiere para cumplir con los compromisos de atención definidos por la Ley 387 de
1997.
17. Que igualmente es fundamental que todas
las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada, así como las entidades a las que la Red de Solidaridad
Social les solicite los informes y la cooperación para la superación de la
crisis humanitaria y del estado de cosas inconstitucional, presten su
cooperación de manera oportuna.
R E S U E L V E:
Primero.- Para el cumplimiento de la orden de “precisar la
situación actual de la población desplazada inscrita en el Sistema Único de
Registro, determinando su número, ubicación, necesidades y derechos según la
etapa de la política correspondiente,” contenida en el ordinal segundo de
la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, OTORGAR al Consejo
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia plazo
hasta el 30 de septiembre de 2004 e INFORMAR mensualmente al Procurador General
de la Nación y al Defensor del Pueblo sobre el avance de este proceso, así como
a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
–ACNUR, y a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –
CODHES, organizaciones que participaron durante el proceso de tutela que
culminó con la sentencia T-025 de 2004, y a las demás que decida convocar para
ese efecto de conformidad con lo señalado en la sentencia.
Segundo.- Para el cumplimiento de las
órdenes de “(ii) fijar la
dimensión del esfuerzo presupuestal necesario para cumplir con la política pública
encaminada a proteger los derechos fundamentales de los desplazados; (iii)
definir el porcentaje de participación en la apropiación de recursos que
corresponde a la Nación, a las entidades territoriales y a la cooperación
internacional; (iv) indicar el mecanismo de consecución de tales recursos, y
(v) prever un plan de contingencia para el evento en que los recursos
provenientes de las entidades territoriales y de la cooperación internacional
no lleguen en la oportunidad y en la cuantía presupuestadas, a fin de que tales
faltantes sean compensados con otros medios de financiación”, contenidas en
el literal a), ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de
2004, OTORGAR al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada por la Violencia plazo hasta el 14 de mayo de 2004, fecha en la
cual, después de oír a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR, y a la Consultoría
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, así como a las demás
organizaciones interesadas que decida convocar de conformidad con lo
establecido en la sentencia T-025 de 2004, informará sobre la decisión
adoptada.
Tercero.- urgir al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada el cumplimiento inmediato de la orden de “ofrecer a las
organizaciones que representan a la población desplazada oportunidades para
participar de manera efectiva en la adopción de las decisiones que se tomen con
el fin de superar el estado de cosas inconstitucional e informarles
mensualmente de los avances alcanzados”, contenida en el literal c) del
ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004.
Cuarto.- URGIR al Consejo Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia el cumplimiento de
la orden de adoptar “un programa de acción, con un cronograma preciso,
encaminado a corregir las falencias en la capacidad institucional”,
contenida en el ordinal cuarto de la sentencia T-025 de 2004 dentro de los términos
señalados en esa sentencia.
Quinto.- INSTAR a todas las entidades que
hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada
y a las demás entidades del orden nacional o territorial que reciban de la Red
de Solidaridad Social solicitudes de cooperación o de informes para el
cumplimiento de lo resuelto en la sentencia T-025 de 2004 respecto de toda la
población desplazada con miras a superar la crisis humanitaria y el estado de
cosas inconstitucional, para que den respuesta oportuna a tales solicitudes. La
Red citará esta orden en las solicitudes que envíe a las entidades públicas,
cuando lo estime necesario para advertirles de los efectos jurídicos de su
incumplimiento.
Sexto.- INSTAR al Ministerio del Interior
y de Justicia el envío de los informes a los que hace referencia el ordinal
tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, para que el
Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada pueda tenerlos
en cuenta en la definición del esfuerzo presupuestal que se requiere para
cumplir con los compromisos de atención definidos por la Ley 387 de 1997.
Séptimo.- Respecto de las demás
decisiones adoptadas en la sentencia T-025 de 2004, reiterar las órdenes
impartidas.
Octavo.- COMUNICAR la presente decisión al
Defensor del Pueblo, para que, dentro de la órbita de sus competencias, haga un
seguimiento del cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y del presente auto.
Noveno.- COMUNICAR la presente decisión
al Procurador General de la Nación, para que, dentro de la órbita de sus
competencias, haga un seguimiento del cumplimiento de la sentencia T-025 de
2004 y del presente auto.
Décimo.- COMUNICAR el presente auto a
todos las integrantes del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población
Desaplazada, es decir, el
delegado del Presidente de la República, el Consejero Presidencial para los
Desplazados, o quien haga sus veces, el Ministro del Interior (hoy Ministro del
Interior y de la Justicia) o su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito
Público, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Salud (hoy Ministro de
Protección Social), el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministro
de Desarrollo Económico, el Director del Departamento Nacional de Planeación,
el Defensor del Pueblo, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o
quien haga sus veces, el Consejero Presidencial para la Política Social, o
quien haga sus veces, el Gerente de la Red de Solidaridad Social o quien haga
sus veces, y el Alto Comisionado para la Paz, o quien haga sus veces.
Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
Auto 087/04
Referencia: Sentencia T-025 de 2004
Corrección error mecanográfico en la
sentencia T-025 de 2004, proferida por la Sala Tercera de Revisión
Magistrado Ponente:
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C. junio diecisiete (17) de dos mil cuatro
(2004)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil,
CONSIDERANDO
1. Que existió un error de carácter mecanográfico en
el cuerpo de la sentencia de la referencia, que si bien no altera el fondo de
la sentencia, sí amerita su corrección para evitar equívocos.
2. Que tal error consistió en la errada trascripción
del nombre FIDUIFI en la parte resolutiva de la sentencia, a pesar de que en
los considerandos de la sentencia siempre se hizo referencia al IFI – Instituto
de Fomento Industrial. El aparte en cuestión dice lo siguiente:
DÉCIMO.-  En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las
ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento
socioeconómico, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe o quien haga sus veces,
FUDUIFI o quien haga sus veces, INCORA o quien haga sus veces, así como
las entidades encargadas de estos programas a nivel departamental y municipal,
deberán contestar de fondo, de manera clara y precisa las peticiones
presentadas por los actores en el presente proceso, teniendo en cuenta los
siguientes criterios (...) (resaltado fuera del texto)
3. Que en el cuerpo de la sentencia siempre se hizo
referencia la Instituto de Fomento Industrial, en los siguientes apartes:
a) En el Anexo 2 de la Sentencia, donde se resumen las
pruebas allegadas por las distintas entidades al proceso que culminó con la
sentencia T-025 de 2004, en relación con el papel que cumplían el Instituto de
Fomento Industrial y el Fondo de Financiamiento Agropecuario, en relación con
la financiación de las iniciativas productivas presentadas por la población
desplazada a través de la Red de Solidaridad se señaló lo siguiente:
De otra parte, en cuanto a los proyectos
productivos a los que tiene acceso la población desplazada por la violencia, la
Red de Solidaridad Social sostiene que en virtud del Acuerdo 003 de 2003,
expedido en cumplimiento del Decreto 2569 de 2000, “en adelante la Red de
Solidaridad Social no apalancará las iniciativas productivas con capital
semilla, pues no es su función y las acciones se han encaminado hacia la
gestión con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO),
el cual ha abierto una línea de crédito para beneficiar, entre otras, a la
población en condición de desplazamiento. Dicha línea posee condiciones más
favorables en cuanto a tasas de interés y garantías, especialmente, que otras
líneas crediticias de la misma entidad”. La red anexa una copia de la
circular reglamentaria VO 07 de 2003, donde se describen las características de
la mencionada línea de crédito.
En relación con las “actividades de
transformación comercio y servicios del sector urbano” el Instituto de
Fomento Industrial (IFI) es la entidad responsable del financiamiento.  La Red
de Solidaridad Social consigna que hasta el momento, dicho organismo no ha
establecido líneas de crédito para la población desplazada. También anota que
el IFI está en proceso de fusión con BANCOLDEX, lo cual ha ocasionado “que
no se tenga una opción real para la población que desea desarrollar
alternativas de generación de ingresos urbanas”.
b) Igualmente, en el Anexo 5: LA POLÍTICA PUBLICA DE
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA. DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES RELEVANTES PARA
LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA CORTE, que resume las principales falencias
detectadas en el desarrollo de la Política se indicó lo siguiente:
(...) la Red de Solidaridad Social anota
que, en relación con las “actividades de transformación del comercio y
servicios del sector urbano” el Instituto de Fomento Industrial (IFI) era
la entidad responsable del financiamiento, y que hasta el momento dicho
organismo no había establecido líneas especiales de crédito para la población
desplazada. Por esta razón no se habían otorgando crédito para proyectos
urbanos[165].
Adicionalmente, el IFI fue absorbido por BANCOLDEX, sin que esta última
entidad asumiera las funciones de creación e implementación de proyectos
productivos urbanos para la población desplazada. Por estas razones, en el
momento actual no existe un proyecto o programa que esté siendo implementado,
dirigido a ofrecer facilidades para que la población desplazada urbana pueda
desarrollar proyectos productivos (resaltado fuera de texto)
4. Que no obstante lo anterior, los errores
mecanográficos, a pesar de no cambiar la decisión finalmente adoptada, deben
ser corregidos para mayor claridad.
5. Que esta Corporación ha señalado que cuando en la
trascripción del texto de una sentencia se producen errores, es aplicable el
artículo 310 del CPC a fin de proceder a la corrección[166], en cualquier tiempo.
RESUELVE:
CORREGIR el texto de la página 106 de la sentencia T-025 de 2004, (numeral
décimo de la parte resolutiva) y en consecuencia donde dice:
DECIMO.- En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las
ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento
socioeconómico, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe o quien haga sus veces,
FIDUIFI o quien haga sus veces, INCORA  o quien haga sus veces, así como
las entidades encargadas de estos programas a nivel departamental y municipal,
deberán contestar de fondo, de manera clara y precisa las peticiones
presentadas por los actores en el presente proceso, teniendo en cuenta los
siguientes criterios: (...) (resaltado fuera del texto)
Corregirse por:
DECIMO.- En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las
ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento
socioeconómico, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe o quien haga sus veces,
IFI o quien haga sus veces, INCORA  o quien haga sus veces, así como las
entidades encargadas de estos programas a nivel departamental y municipal,
deberán contestar de fondo, de manera clara y precisa las peticiones
presentadas por los actores en el presente proceso, teniendo en cuenta los
siguientes criterios: (...) (resaltado fuera del texto)
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO                           RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado                                                         Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General  (e)
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado Rodrigo Escobar Gil, no firma la
presente sentencia por encontrarse con permiso debidamente autorizado.
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General  (e)
Se corrige la anotación anterior, indicando que el H.
Magistrado Rodrigo Escobar Gil, no firma el presente auto, por encontrarse con
permiso debidamente autorizado.
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General  (e)
[1]
Los detalles particulares de cada expediente acumulado al proceso T-653010
aparecen relacionados en el cuadro Anexo 1 del presente fallo, el cual hace
parte integral del mismo.
[2]
Algunos de los accionantes interpusieron la acción de tutela para ser inscritos
en el Registro Único de Población Desplazada, sus nombres aparecen detallados
en la parte resolutiva de esta sentencia.
[3]
Los nombres de los accionantes que a la fecha de la interposición de la tutela
no habían recibido la ayuda humanitaria de emergencia, a pesar de encontrarse
inscritos en el Registro Único de Población Desplazada se encuentran detallados
en la parte resolutiva de esta sentencia.
[4]
La información detallada sobre las sentencias revisadas por la Corte
Constitucional en la presente acción de tutela se encuentra en el Anexo 1 de
esta sentencia.
[5]
Ver entre otras, las sentencias Sentencia C-037 de 1996,  MP Vladimiro Naranjo
Mesa, T-088 de 1999.  M.P. José Gregorio Hernández Galindo y el Auto 031A del
30 de abril de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett.
[6]
Estas tutelas fueron interpuestas por alguna de las siguientes asociaciones de
desplazados: Fundación Ayudémonos –FUNDAYUDE; Asociación Humanitaria de
Colombia; Asociación de familias desplazadas de Colombia –ASOFADECOL, y la
Asociación de Desplazados de Fonseca, Guajira – ADESFONGUA, Asociación
de Desplazados del Caribe Colombiano, Asociación por un mejor vivir feliz,
Asociación Nueva Vida, Asociación Nuevo Horizonte, Asociación Desplazados
Unidos, Asociación de Desplazados de la Comunidad Cristiana Pentecostal -
Asodespente, Asociación Justicia y Paz, y Asociación Renacer.
[7]
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, fue declarado exequible mediante
sentencia C-054 de 1993, MP: Alejandro Martínez Caballero.
[8]
Cfr Conforme se indicó en la sentencia T-655/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
sobre el artículo 38 del Decreto-Ley 2591/91 y las distintas condiciones que
determinan la actuación temeraria, pueden estudiarse entre otras, las
Sentencias T-10 de 1992, MP. Alejandro Martínez Caballero; T-327 de 1993 MP.
Antonio Barrera Carbonell, T-007 de 1994 M.P. Alejandro Martínez; T-014 de 1994
M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-053 de 1994 M.P. Fabio Morón Díaz;
T-574 de 1994 MP. José Gregorio Hernández Galindo; T-308 1995 MP. José Gregorio
Hernández Galindo; T-091 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-001 de 1997
M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-080  de 1998 MP. Hernando Herrera
Vergara; T-881 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-145 y T-172 de 2002
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[9]
Corte Constitucional. Sentencia T-091 de 1996 MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
[10]
La Corte Constitucional ha señalado que no existe temeridad cuando la acción de
tutela es presentada por la misma persona y para proteger el mismo derecho,
pero por hechos diferentes a los inicialmente planteados. Así lo hizo en la
sentencia T-387 de 1995, MP: Hernando Herrera Vergara, donde luego de que la
actora lograra la tutela del derecho de su hija menor de edad a recibir
tratamiento y medicamentos de manera permanente de parte del ISS de Medellín,
ella y su hija se trasladan a Barranquilla, en donde se les negó el derecho a
recibir el medicamento. La actora interpuso una nueva acción de tutela y el
juez de instancia la negó por temeraria. La Corte consideró que en ese evento
se trataba de hechos nuevos y por lo tanto no había temeridad.
[11]
Corte Constitucional, Sentencia T-007/94, MP: Alejandro Martínez Caballero.
En esa oportunidad la Corte declaró que la conducta del actor era temeraria al
presentar en tres oportunidades distintas la misma acción de tutela.
[12]
La conducta temeraria se predica tanto del actor como de su apoderado. Ver
T-014 de 1996, MP: Alejandro Martínez Caballero. El actor había presentado dos
acciones de tutela distintas por los mismos hechos y contra el mismo demandado,
incluyendo algunos elementos adicionales en una de las tutelas para distraer la
atención del juez. En ese evento, la Corte rechazó las pretensiones del actor.
[13]
La Corte ha considerado que existe justificación para la presentación de una
nueva acción de tutela sin que constituya temeridad cuando se invocan nuevos
hechos, como cuando la autoridad demandada continúa vulnerando los derechos del
tutelante,  cuando aparecen nuevas circunstancias (T-387/95) o cuando el
rechazo de la primera tutela es atribuible a errores en el trámite de la tutela
atribuible al juez (T-574/94, MP: José Gregorio Hernández Galindo).
[14] T-149 de 1995 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Dos trabajadores
sindicalizados a quienes por el hecho de estar sindicalizados se les marginaba
de los beneficios contenidos en un pacto colectivo que ofrecía mejores
condiciones laborales para los trabajadores no sindicalizados y, además, se les
descontaba más del 50% de su salario para  cubrir la cuota de asociación
sindical, interponen dos acciones de tutela en dos momentos diferentes: 1) Para
obtener los recibos de pago del salario, por considerar que esta omisión
implicaba una vulneración de sus derechos de petición, igualdad y trabajo. 2)
Para corregir el acto discriminatorio de la reducción salarial, que
presuntamente desconoce el derecho a la igualdad y a la asociación sindical.
Los tribunales de instancia consideraron que como las acción de tutelas se
basaban en hechos similares y relacionados entre sí, los actores habían
fraccionado la acción de tutela para obtener la protección constitucional de
sus derechos y, por ello, habían incurrido en actuación temeraria. La Corte
consideró que en el caso no existía una actuación de mala fe, pues las acciones
de tutela, si bien estaban originadas por hechos comunes, habían sido
interpuestas para proteger derechos diferentes.
[15] T-308 de 1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo. Dos de los
tutelantes habían presentado de manera sucesiva varias acciones de tutela, por
los mismos hechos y ante distintos jueces, unas directamente y otras por
conducto de la Defensoría del Pueblo, sin que existiera un motivo razonable y
válido para hacerlo. La Corte consideró que para que ésta circunstancia fuera
admitida, debía hallarse claramente probada la justificación.
[16] T-443 de 1995 MP. Alejandro Martínez Caballero. La Corte
condena en costas por actuación temeraria al personero municipal que había
interpuesto una acción de tutela de manera injustificada a favor de un joven
que solicitaba ser devuelto a la jornada diurna, pues el plantel lo había
trasladado a la jornada nocturna para evitar los constantes asedios cometidos
por éste contra varias estudiantes del plantel y para permitir que pudiera cumplir
con sus deberes de padre en relación con las dos estudiantes que habían quedado
embarazadas por el estudiante. El personero interpone la acción a favor de este
estudiante, “desprotegiendo a quien ha debido proteger y defendiendo
posiciones injustas y contrarias a la Constitución”.
[17] T-001 de 1997 MP. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte
encuentra que hubo actuación temeraria cuando varios trabajadores de
Foncolpuertos interpusieron en varias ocasiones acciones de tutela para obtener
la protección de sus derechos, por las mismas razones, mostrando un palmario e
inconcebible abuso de la acción de tutela. Las cifras analizadas por la Corte
mostraron que de los 34 expedientes analizados en esta tutela: 1) 470 personas
ejercieron la acción de tutela. De ellas, 391 presentaron demanda una sola vez.
2) Un total de 73 accionantes ejercieron la misma acción en dos oportunidades;
3) 6 de los peticionarios ejercieron la misma acción tres veces; 4) A 366
personas les fue concedido una sola vez el amparo solicitado. 5) A 69
accionantes se les concedió la tutela en dos oportunidades.  6) A 6
peticionarios se les concedió la protección judicial tres veces
[18] T-300 de 1996 MP. Antonio Barrera Carbonell. Véanse, también
las sentencias T-082 de 1997 MP. Hernando Herrera Vergara; T-080 de 1998 MP.
Hernando Herrera Vergara, T-303 de 1998 MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[19]
T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis, ya citada.
[20]
Los procesos a los que se hace referencia fueron repartidos a la Sala Séptima
de Revisión.
[21] Naciones Unidas, Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998.
Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para
el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Francis Deng.
[22]
Diversos organismos e instancias internacionales han
recomendado la aplicación de estos principios por parte de las diversas
autoridades de los Estados en los que se presente el problema del
desplazamiento interno forzado, tales como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y
Social de la Organización de Naciones Unidas, el Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas, la Organización de la
Unión Africana, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la
Organización del Commonwealth y diversos gobiernos.
[23]  Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro
Martínez Caballero, donde la Corte tuteló los derechos de un grupo de
desplazados de la Hacienda Bellacruz que luego de invadir las instalaciones del
Incora firman un acuerdo con el
gobierno para ser reubicados en un predio. Mientras se lograba la ejecución del
acuerdo, se propone el alojamiento temporal de los campesinos en un hotel del
municipio de la Mesa, pero a raíz de las declaraciones de la gobernadora de
Cundinamarca en donde acusaba a los desplazados de estar vinculados a la
guerrilla, de generar problemas de orden público, y de ordenar a los alcaldes
del departamento tomar medidas para evitar problemas de orden público, incluida
la limitación a la circulación de los campesinos desplazados, se frustra el
proceso de reubicación de los campesinos de Bellacruz.
[24] Las tres expresiones fueron usadas en la sentencia SU-1150 de 2000,
MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[25] Las tres expresiones fueron usadas en la sentencia T-215 de 2002,
MP: Jaime Córdoba Triviño.
[26]  T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En
la sentencia T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) se acogió la
definición de desplazados que consagran los Principios Rectores del
Desplazamiento Forzado Interno.
[27]  Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada
han sido caracterizados por la Corte desde diversas perspectivas. Así, por
ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos de los
reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que
se destacan  “(i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el
desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento
de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la
pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación
social.”, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las
condiciones de vida.  Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se
señaló que la vulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su
proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de las repercusiones
psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de
incorporar una perspectiva de género en el tratamiento de este problema, por la
especial fuerza con la que afecta a las mujeres.
[28]  Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000.
[29]  Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz. En esta tutela se acumulan tres demandas. La primera
corresponde a un grupo de desplazados por la violencia estaba compuesto por 26
familias que habían ocupado un predio de alto riesgo de propiedad de Corvide y que iban a ser desalojados
por las autoridades municipales de Medellín, sin que se les hubiera ofrecido
atención humanitaria y sin que existiera un plan de atención a la población
desplazada. El segundo grupo estaba compuesto por una familia de desplazados
que solicitaba ayuda a las autoridades de Cali para tener acceso a los
beneficios de vivienda que se otorgaban a personas ubicadas en zonas de alto
riesgo, pero a quienes se les niega dicho auxilio con el argumento de que no
estaba diseñado para atender población desplazada que sólo podían recibir ayuda
de carácter temporal. El tercer grupo, también unifamiliar, interpuso la acción
de tutela contra la Red de Solidaridad, pues a pesar de haber firmado un
acuerdo de reubicación voluntaria y haberse trasladado al municipio de
Guayabal, la Red no había cumplido con la ayuda acordada para adelantar
proyectos productivos y para obtener una solución de vivienda definitiva. La
ayuda pactada para el proyecto productivo fue finalmente entregada al actor por
orden del juez de tutela, pero la ayuda para vivienda no se le dio porque
estaba sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos.
[30]  Sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño.
[31]  Por ejemplo en la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo
Cifuentes, precitada, donde la Corte dijo: “Cuando mujeres, niños y ancianos se
ven precisados a dejar sus hogares y recorrer grandes distancias desafiando
toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir a sus compañeros, como les ha
ocurrido a los colonos de la hacienda Bellacruz, la explicable huida no es un
problema de orden público propiciado por quienes desean seguir viviendo sino un
problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas,
principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado. No puede una
autoridad local calificar  a los desplazados como agentes perturbadores por el
solo hecho de tratar de salvar la vida.” Ver también, las sentencias T-1635 de
2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo. A raíz de la falta de atención de
sus solicitudes, los desplazados, especialmente los menores de edad se
encontraban en deficiente estado nutricional, presentaban afecciones tanto
físicas como síquicas y las condiciones de salubridad de dicho lugar eran muy
precarias; además su educación se había visto afectada. A pesar de haber sido
atendidos en diferentes centros hospitalarios, no había sido posible que se les
suministraran las drogas recetadas ni que se les prestara la atención de salud
que requerían. Tampoco habían logrado cupos en las escuelas distritales, ni se
les había dado una solución definitiva sobre su reubicación o sobre proyectos
que generaran condiciones de sostenibilidad económica y social. Adicionalmente,
solicitaron un lugar temporal para su reubicación en condiciones de dignidad;
T-327 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra donde la Corte resuelve la
situación de una persona desplazada por paramilitares en el departamento del
Chocó, quien se encontraba inscrita en el registro de desplazados que llevaba
el personero municipal de Condoto, pero a quien se le niega tres veces su
inscripción en el Sistema único
de registro de Población
desplazada, por no aportar pruebas de su condición y, por ende, el acceso a
toda la ayuda que requerían el desplazado y su familia; T-1346
de 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil, en donde la Corte ampara los derechos de una
mujer cabeza de familia y de sus hijos, quienes hacían parte del grupo de
personas desplazadas que ocupaban un predio de propiedad del municipio de
Villavicencio e iban a ser desalojados del mismo, sin ofrecerles una
reubicación alternativa en el corto plazo;  y T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra, donde la Corte protegió los derechos de un grupo de 65
núcleos familiares que había huido de sus viviendas en la Comuna 13 de
Medellín, a raíz de los enfrentamientos entre distintos grupos armados que
operaban en dicha zona. La Red de Solidaridad les había negado la inscripción
en el Sistema único de registro de Población Desplazada y el
consiguiente otorgamiento de ayudas por tres razones: 1) por considerar que “no
se concibe el desplazamiento forzado cuando la víctima no ha abandonado su
localidad”, asimilando el término localidad al de municipalidad; 2) porque
varios de los núcleos familiares desplazados ya habían recibido ayuda cuando se
desplazaron por primera vez; y 3) por no haberse remitido al Ministerio del
Interior copia de las declaraciones obtenidas a raíz de los hechos violentos
ocurridos en la Comuna 13, para que éste decidiera si el hecho constituía
desplazamiento.
[32]  Ver, por ejemplo, las sentencias T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, en donde la Corte tutela los derechos de
14 menores de edad a quienes se les niega el cupo para estudiar en el Colegio
Sol de Oriente de la Comuna Centro Oriental de Medellín, por razones de edad,
ausencia de cupos disponibles e imposibilidad de asumir los costos generados; T-419
de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, donde  la Corte
concede el amparo de los derechos a dos mujeres cabeza de familia desplazadas y
a sus hijos, a quienes en un caso, no se le había dado la ayuda humanitaria a
la que tenían derecho, y en el otro, la ayuda humanitaria recibida resultaba
claramente insuficiente dadas las urgentes necesidades de la familia.
[33]  Ver, por ejemplo, las sentencias T-227 de
1997, MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte adoptó medidas para proteger a la población desplazada
contra actos discriminatorios y de intolerancia cometidos por las autoridades
de Cundinamarca, quienes alegando que se generaba una alteración grave del
orden público, intentaban impedir la reubicación de éstas personas en el
territorio de ese departamento.
[34] Sentencia SU-1150 de 2000, precitada.
[35] Ver por ejemplo, la sentencia T-098 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, en donde  la Corte protege los
derechos de 128 núcleos familiares, compuestos principalmente por mujeres
cabeza de familia, menores, ancianos y algunos indígenas, cuyas solicitudes de
atención en salud, estabilización económica y reubicación, no habían sido
atendidas por la Red de Solidaridad, por falta de recursos suficientes.
[36]  Sentencia SU-1150 de 2000, precitada.
[37]  Sentencia T-1635 de 2000, precitada.
[38] Corte Constitucional, Sentencia T-645 de 2003, MP: Alfredo Beltrán
Sierra, en este fallo, la Corte tutela el derecho a la salud de una mujer
cabeza de familia desplazada del Municipio de San José de Guaviare y ubicada en
Villavicencio, quien padecía de un tumor en el brazo que le causaba mucho dolor
y le impedía trabajar. La actora, quien se encontraba inscrita en el Sistema
Único de Registro de Población Desplazada, acude a la Red de Solidaridad que la
remite a la UAO y posteriormente al Hospital de Villavicencio para valoración y
programación de cirugía, el cual se negó a atenderla porque el carné que
portaba correspondía al Sisbén de San José de Guaviare y no al de
Villavicencio.
[39]  Sentencias T-1635 de 2000, T-327 de 2001 y T-1346 de 2001.
[40]
Ver, por ejemplo, la sentencia T-327 de 2001, MP:
Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte resuelve la situación de una persona
desplazada por paramilitares en el departamento del Chocó, quien se encontraba
inscrita en el registro de desplazados que llevaba el personero municipal de
Condoto, pero a quien se le niega tres veces su inscripción en el Sistema único de registro de Población desplazada, por no aportar pruebas de
su condición y, por ende, el acceso a toda la ayuda que requerían el desplazado
y su familia.
[41] Ver por ejemplo, las sentencias T-258 de 2001, MP: Eduardo
Montealegre Lynett, donde la Corte protege el derecho a la vida de un docente
amenazado por las FARC, que es obligado a desplazarse a Manizales junto con su
familia y a solicitar su traslado como docente a otro municipio dentro del
mismo departamento. La única oferta que había recibido fue para reubicarse en
un lugar donde operaba el mismo frente que le había amenazado inicialmente; T-795 de 2003, MP: Clara Inés Vargas Hernández. Dado que el servicio
de educación está descentralizado, la Corte deniega la tutela para ordenar el
traslado de los docentes, debido a la falta de desarrollo de la Ley 715 de 2001
en lo concerniente al traslado y reubicación de docentes amenazados,
pertenecientes a distintas secretarías de educación departamentales.
[42]  Sentencias T-1635 de 2000, T-327 de 2001, T-1346 de 2001 y T-268
de 2003, precitadas.
[43]  Sobre el derecho de permanencia en la sentencia T-227 de
1997, precitada, dijo la Corte lo siguiente: “Los campesinos tienen derecho a
su permanencia en la parcela que poseían, por eso el Incora inició el proceso de adjudicación de tierras, por ello
su primer lugar de refugio fue la casa campesina en el municipio. (...) Era un
derecho de esas personas a permanecer en paz en su propio hogar, en su propia
tierra, algo que ha sido reconocido por las Naciones Unidas en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (....)Sólo el legislador puede
restringir ese derecho de las personas a permanecer o a circular y la
restricción sólo puede tener los objetivos allí señalados, es decir, que la ley
restrictiva no puede alejarse de los parámetros fijados en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. (...) Esta doble faz, permanecer y circular, y la única
posibilidad restrictiva: Limitación establecida por la Ley, está también
recogida en nuestra Constitución Política.  (...) Es finalidad del Estado
garantizar la efectividad de esos derechos, luego, tratándose de desplazados, a
quienes se les afecta su derecho primario a residir en el lugar que deseen
dentro de la República, es inhumano a todas luces afectarles también la
posibilidad de circular para salvar sus vidas propias y las de sus familiares.”.
[44]  Ver por ejemplo, la sentencia T-669 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte examina el
caso de una mujer cabeza de familia desplazada, madre de cinco hijos menores de
edad y con un nieto, analfabeta, a quien no se le da acceso a los programas de
estabilización económica al omitir una respuesta efectiva a su petición. La
Corte analiza la política estatal en materia de proyectos productivos para la
población desplazada y concluye que la petición para ser incluida en un
proyecto productivo no ha sido respondida por la Red de solidaridad, violando
con ello los derechos de petición y trabajo. Ver también las sentencias
T-1635 de 2000, T-327 de 2001, T-1346 de 2001, y T-268 de 2003, precitadas.
[45] En la sentencia T-098 de 2002,precitada,  la Corte señala la
necesidad de precisar las órdenes teniendo en cuenta la normatividad y
programas existentes. Así, en cuanto a la protección de menores desplazados, la
Corte resaltó entre otros derechos los siguientes:  i) a mantenerse
unido con su grupo familiar; ii) a la atención gratuita por parte de las
instituciones de salud que reciban aportes del Estado, para los menores de un
año (Artículo 50, CP), iii) a recibir un subsidio alimentario en la forma como
lo determinen los planes y programas del ICBF y con cargo a éste; iv) a la
protección en jardines y hogares comunitarios; v) a tener acceso a los
programas de alimentación que provee el ICBF con el apoyo de las asociaciones
de padres, de la empresa privada o los Hogares Juveniles campesinos; vi) en
materia de atención de salud, los hijos menores de desplazados tienen derecho a
atención prioritaria, rápida e inmediata de salud.
[46]  Sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, precitada.
[47]  Ver, por ejemplo, la sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo
Rentería. La actora, una mujer desplazada de 73 años de edad, quien solicitaba
que dado su edad avanzada, la vinculación a un proyecto productivo se hiciera a
través de su hija, quien no estaba inscrita como desplazada. La actora también
solicitaba a la Red que se le otorgaran subsidios de vivienda, pero la Red le
contesto que debía dirigirse al INURBE a fin de tramitar el formulario de
postulación e informarse de las diferentes modalidades de vivienda a las que
puede aplicar el subsidio. La Corte analiza la política de vivienda y de
proyectos productivos existente para la población desplazada, y luego de
confrontar el diseño de política pública, la Constitución y los Principios
Rectores del Desplazamiento Interno con las acciones concretas adoptadas por
las entidades en el caso concreto, concluye que hubo “vulneración de los
derechos a la vivienda digna y al mínimo vital de la actora por parte de las
entidades demandadas, las cuales se han limitado a entregar información a la
demandante sin acompañarla en el proceso de restablecimiento, es decir, sin
asesorarla para que logre acceder efectivamente a los servicios que prestan las
distintas entidades que constituyen el SNAIPD.”
[48] Ver, por ejemplo, la sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis. En esta tutela, además de reiterar
la línea jurisprudencial en materia de protección de los derechos de la
población desplazada, la Corte se refiere a dos temas adicionales: (i) la
perspectiva de género en la atención a la población desplazada, en particular el
impacto especialmente grave del conflicto armado sobre las mujeres; y (ii) la
sensibilidad de las autoridades para evaluar las circunstancias que afectan a
la población desplazada, en particular cuando se examine una posible temeridad
en la interposición de la acción de tutela.
[49]  Sentencia C-328 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[50]  En la sentencia T-215 de 2002, la Corte rechaza que las
autoridades hubieran exigido que el registro de los menores lo hicieran sus
padres o representantes legales, pues ese tipo de condiciones dificultan el
acceso a los programas de atención a la población desplazada. “Con esa
lógica, aquellos menores que en razón del conflicto armado han perdido a sus
padres y allegados y que se ven forzados a abandonar el lugar en el que se
encuentran radicados para no correr la misma suerte, no podrían ser incluidos
en el registro nacional de desplazados por no tener quién los represente.  Es
claro que con tales exigencias, las instituciones concebidas para apoyar a los
desplazados y para proyectarles un nuevo horizonte, se convierten en un
obstáculo para el reconocimiento, al menos, de sus más elementales derechos.”
[51] Sentencia T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra, precitada.
[52]
Ver, pro ejemplo, la sentencia T-602 de 2003, precitada, donde la Corte
enfatizó que “siempre que no sea posible el retorno al lugar de origen de los
desplazados en condiciones de dignidad, voluntariedad y seguridad, la respuesta
estatal debe articularse en torno a acciones afirmativas (...) que garanticen
(i) el acceso a bienes y servicios básicos en condiciones de no discriminación,
(ii) la promoción de la igualdad, y (iii) la atención a minorías étnicas y a
grupos tradicionalmente marginados, ya que no puede obviarse que Colombia es un
país pluriétnico y multicultural y que buena parte de la población desplazada
pertenece a los distintos grupos étnicos, así como tampoco puede olvidarse que
dentro de la población afectada un gran porcentaje son mujeres y, bien sabido
es que éstas padecen todavía una fuerte discriminación en las áreas rurales y
en las zonas urbanas marginales. Para expresarlo en otros términos, la atención
a la población desplazada debe basarse en acciones afirmativas y en enfoques
diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia, la discapacidad y
la opción sexual. Las medidas positivas, entonces, deben estar orientadas a la
satisfacción de las necesidades de los grupos más vulnerables, tales como los
niños, los adultos mayores o las personas discapacitadas.”
[53]  Sentencia T-098 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[54]  Sentencia T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[55]  Sentencia T-669 de 2003, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[56] Sentencia SU- 1150 de 2000 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[57]
Sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis.
[58]  Sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo Rentería.
[59] Ver, por ejemplo, la sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro
Martínez Caballero, donde la Corte rechazó actuaciones discriminatorias de las
autoridades de Cundinamarca contra la población desplazada.
[60] Ver, por ejemplo, la sentencia T-1635 de 2000, MP: José Gregorio
Hernández Galindo, donde la Corte tutela los derechos de un grupo de
desplazados que se toman pacíficamente las instalaciones del Comité
Internacional de la  Cruz Roja ante la omisión de las autoridades para
prestarles la asistencia que requerían.
[61] Ver, por ejemplo, las sentencias SU-1150 de 2000, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-258 de 2001, MP: Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte
señala las responsabilidades de las distintas entidades encargadas de atender a
la población desplazada.
[62] Ver, por ejemplo, la sentencia T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra, donde la Corte precisó los derechos de los desplazados en el caso
de desplazamiento forzado intra urbano.
[63] Ver, por ejemplo, la sentencia T-098 de 2002, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra, donde la Corte precisa las normas aplicables en el caso de
desplazamiento forzado y algunos de los derechos mínimos de la población
desplazada.
[64] Ver por ejemplo, la sentencia T-790 de 2003, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra, donde la Corte tutela los derechos de una mujer desplazada a
quien se le había retardado de manera injustificada la atención de salud que
requería.
[65] Ver por ejemplo, la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz, ya citada.
[66] Ver por ejemplo, la sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro Martínez
Caballero, donde la Corte señala que los dos elementos esenciales del
desplazamiento son la coacción que obliga al desplazamiento y que el
desplazamiento se realice dentro de las fronteras del Estado.
[67] Ver por ejemplo, las sentencias T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán
Sierra, donde la Corte rechaza que se le haya negado, por insuficiencia
presupuestal, la ayuda humanitaria solicitada por los actores; y T-645 de 2003,
MP: Alfredo Beltrán Sierra, donde la Corte resalta el peregrinaje innecesario a
que es sometida una desplazada que solicita atención médica.
[68] Ver por ejemplo, la sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo
Rentería, donde la Corte resalta algunas de las falencias de los programas de
vivienda diseñados para la población desplazada.
[69] Ver, por ejemplo, la sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba
Triviño, donde la Corte protegió a varios menores de edad a quienes se les
había negado el cupo para educación.
[70] Ver, entre otras, las sentencias 215 de 2002, MP: Jaime Córdoba
Triviño; SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-327 de 2001 y T-098 de
2002, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[71] Ver, por ejemplo, la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz, y T-1635 de 2000, MP: José Gregorio Hernández Galindo.
[72] Corte Constitucional, Sentencia T-258 de 2001, MP: Eduardo
Montealegre Lynett.
[73] Corte Constitucional, Sentencia T-1346 de 2001, MP: Rodrigo Escobar
Gil.
[74] Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 2003, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[75] Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán
Sierra.
[76] Corte Constitucional, Sentencia T-602 de 2003, MP: Jaime Araujo
Rentería.
[77] Corte Constitucional, Sentencia T-645 de 2003, MP: Alfredo Beltrán
Sierra.
[78] Corte Constitucional, Sentencia T-669 de 2003, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[79] Corte Constitucional, Sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis.
[80] Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1998, MP: Alejandro
Martínez Caballero.
[81] Corte Constitucional, Sentencia T-795 de 2003, MP: Clara Inés
Vargas Hernández.
[82] Corte Constitucional, Sentencia T-1635 de 2000, MP: José Gregorio
Hernández Galindo.
[83] Corte Constitucional, Sentencia T-1635 de 2000, MP: José Gregorio
Hernández Galindo.
[84] Corte Constitucional, Sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur
Galvis.
[85]
Así lo reiteró en comunicación dirigida a esta Corte, Henry Rivera Acosta,
agente de un grupo de desplazados que llevaba años esperando respuesta estatal
a sus peticiones (ver Expediente T-699715).
[86]
Naciones Unidad, Programa Mundial de Alimentos PMA, Vulnerabilidad a la
Inseguridad Alimentaria de la Población desplazada por la violencia en
Colombia, informe de 2003. Estudio contratado por el PMA, consistente en
encuestas y pruebas fisiológicas (perímetro braquial, que mide la reserva grasa
y la proteína somática o muscular del individuo) realizadas a 1503 hogares
desplazados, seleccionados aleatoriamente en 41 municipios. Los indicadores
para dicho estudio fueron realizados por la firma Econometría SA, y tienen un
nivel de confianza del 99% y un error absoluto máximo del 3% calculado sobre el
total de la muestra. Adicionalmente el estudio se realizó una investigación
cualitativa con 18 grupos focales compuestos por 148 jefes de hogar o cónyuges
y 22 entrevistas a líderes comunitarios. (P.1 del estudio).
[87]
La situación de la población desplazada se constata significativamente peor que
la del quintil más pobre urbano en Colombia. En este sentido se observa que el
30% del quintil más pobre presenta necesidades básicas insatisfechas, mientras
que el 39% de este grupo se encuentra en situación de indigencia.
[88]
Dicha proporción para el quintil más pobre urbano es de 7.1%. La adecuación de
la vivienda y de los servicios a los que tienen acceso la población desplazada,
es un criterio utilizado por  el PMA, en el que se mide que la vivienda o los
servicios cumplan con ciertos requisitos mínimos.
[89]
6% para el quintil pobre urbano.
[90]
La brecha alimentaria mide la carencia alimentaria de una persona en
comparación de las cantidades de nutrientes recomendados.
[91]
También se observan brechas alimenticias en cuanto a cantidad de proteínas y
micro nutrientes consumidos por los desplazados.
[92]
Específicamente, para los menores de 12 años la tasa de mortalidad es de 3.32
por cada mil, mientras que dicha proporción es de 2.0. para el promedio
nacional; la tasa es de 24.28 para los desplazados entre los 12 y los 25 años,
en tanto que asciende a 2.0 para el promedio nacional; y de 53.42 para los
mayores de 25 años, mientras que dicho índice es de 6.8 para el promedio
nacional.
[93]
Según datos de la Red de Solidaridad Social, el número de personas desplazadas
(expulsados durante el correspondiente período de tiempo) pasó de 378´479 en
diciembre de 2002 a 130´157 en agosto 31 de 2003 (-65%). Dicha tendencia a la
baja continuó durante los últimos meses del año 2003. Ver Fuente: Sistema Único de Registro S.U.R. Fecha de corte:
Septiembre 29/2003 Fecha de reporte: Noviembre 7/2003 Acumulado total de
hogares y personas incluidos por departamento y municipio como expulsor y
receptor. Incluye desplazamientos individuales y masivos.
[94]
Los resultados positivos se han dado aún cuando el diseño y la implementación
de las políticas de atención a la población desplazada son especialmente
difíciles. Dicha dificultad se da por dos razones fundamentales: por causa de
dos factores principales: (i) No existen antecedentes precisos, en el orden
nacional, acerca de una prestación adecuada de los servicios necesarios para
las comunidades en condición de desplazamiento. Las políticas internacionales
de atención de refugiados y desplazados se caracterizan por la ayuda a un
volumen alto de personas, pero durante períodos de tiempo relativamente cortos.
Dada la larga duración, y la intensidad de las hostilidades del conflicto
colombiano, el fenómeno del desplazamiento en nuestro país se da de manera más
lenta (la cantidad de personas afectadas se eleva de manera gradual) pero en un
período de tiempo mucho más prolongado. (ii) El número excepcionalmente elevado
de desplazados lleva a que las entidades responsables de prestar a la ayuda se
vean avasalladas en cuanto a su capacidad, tanto institucional como
presupuestal.
[95]
Las pruebas fueron solicitadas mediante Auto del 11 de abril de 2003. El
resumen de las respuestas enviadas por las distintas entidades y
organizaciones, se encuentra en el Anexo 2 de esta sentencia.
[96]
El artículo 1º de la Ley 387 de 1997 establece que es desplazada “toda persona
que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su
localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.” En los mismos términos, ver el artículo 2º del
Decreto 2569 de 2000.
[97]
Artículo 2º de la Ley 387 de 1997.
[98]
Artículo 10º de la Ley 387 de 1997 y numeral 1º del artículo 1º del Decreto 173
de 1998 precitados. Ver también el artículo 4º de la Ley 387 de 1997 que señala
los objetivos del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada.
[99]
Artículo 1º del Decreto 2569 precitado.
[100]
Artículo 6º de la Ley 387 de 1997.
[101]
Artículos 25 del Decreto 2569 de 2000. También, ver los artículos 26 a 28 del
mismos decreto y el artículo 17 de la Ley 387 de 1997.
[102]
Artículo 25 del Decreto 2569 de 2000.
[103]
Parágrafo 3º del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 173 de 1998, precitado.
[104]
Ver por ejemplo las normas de la Ley 387 de 1997 y del Decreto 2569 de 2000, y
Directiva Presidencial No 7 de 2001.
[105]
Por ejemplo, el artículo 23 del Decreto 2569 de 2000 precitado.
[106]
Ver por ejemplo, las recomendaciones de la Directiva Presidencial No 6 de 2001.
[107]
La Unidad Técnica Conjunta está compuesta por técnicos representantes de la Red
de Solidaridad Social y el ACNUR. Dentro de sus tareas se encuentran asesorar a
las entidades que implementan las políticas de atención a la población
desplazada, evaluar los resultados de la política, e identificar sus problemas.
[108]
Ley 368 de 1997.
[109]
Red de Solidaridad Social, Población y Territorios afectados: Demanda de
atención al Estado Colombiano, en www.red.gov.co,
citado por la International Crisis Group, La Crisis Humanitaria en Colombia,
Informe de América Latina No 4, 9 de Julio de 2003, p. 19.
[110]
Entre 1998 y 2002, la Red de Solidaridad Social prestó atención humanitaria de
emergencia a 69´054 hogares, lo cual representa el 36% de las 194´000 familias
que pretendió el Plan estratégico.
[111]
Frente a 100´000 hogares propuestos en el plan estratégico la cobertura de
estos proyectos fue de 31´623 hogares.
[112]
Ver por ejemplo los numerales 1-6 y 1-8 del artículo 1º del Decreto 173 de
1998, precitados.
[113]
Como se observó, algunos de los documentos estiman que este problema tiene raíz
en el diseño de la política, ya que la estructura de los comités territoriales
lleva a que su funcionamiento dependa de la voluntad política de los alcaldes y
gobernadores, y además, incentiva la descoordinación entre las autoridades
descentralizadas y el gobierno central.
[114]
La existencia de dichas herramientas es por decir lo menos, muy difícil si se
tiene en cuenta que no existen objetivos precisos, metas claras, plazos para el
cumplimiento de dichas metas ni responsables concretos acerca de su
cumplimiento.
[115]
La Dirección General del Presupuesto Público Nacional envió por solicitud de la
Corte un cuadro que contiene “los recursos asignados en el Presupuesto General
de la Nación durante el periodo comprendido entre 1995 y 2003, destinados a
atender a la población desplazada.” Ver el apartado 1.1 del Anexo 4 de esta
sentencia. En particular, ver las salvedades hechas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, según las cuales, el monto asignado para el año
2003 es parcial, dado que las entidades que componen el SNAIPD realizan
operaciones individuales para atender a la población desplazada de acuerdo a
los recursos en sus presupuestos.
[116]
Al respecto, es importante recordar que la sentencia SU-1150 de 2000 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz) afirmó que “el gasto en el cuidado a los
desplazados debe ser considerado, inclusive, como más perentorio que el gasto
público social, al cual el artículo 350 de la Carta Política le asignó
prioridad sobre los demás.”
[117]
Artículo 3º de la Ley 387 de 1997.
[118]
El parágrafo del artículo 6º dispone que Parágrafo 1º. Los Ministros del
Despacho que, de acuerdo con el presente artículo, conforman el Consejo
Nacional, pondrán delegar su asistencia en los Viceministros o en los
Secretarios Generales de los respectivos Ministerios. En el caso del Ministerio
de Defensa Nacional, éste podrá de legar en el Comandante General de las
Fuerzas Militares. En el caso del Director del Departamento Nacional de
Planeación podrá delegar en el Subdirector del mismo Departamento, y en el
evento de la Red de Solidaridad, en el Subgerente de la misma.
[119]
Precitados.
[120]
Corte Constitucional, Sentencia C-428 de 2002, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver
también las sentencias C-553/93, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; y C-685/96, MP:
Alejandro Martínez Caballero.
[121]
Sentencia C-442 de 2001 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.
[122]
ACNUR y Red de Solidaridad Social, Balance, …p. 5
[123]
La Dirección General del Presupuesto Público Nacional envió por solicitud de la
Corte un cuadro que contiene “los recursos asignados en el Presupuesto General
de la Nación durante el periodo comprendido entre 1995 y 2003, destinados a
atender a la población desplazada.” Ver el apartado 2.1.1 del Anexo 5 de esta
sentencia. En particular, ver las salvedades hechas por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, según las cuales, el monto asignado para el año
2003 es parcial, dado que las entidades que componen el SNAIPD realizan
operaciones individuales para atender a la población desplazada de acuerdo a
los recursos en sus presupuestos.
[124]
Ver, entre otras, las sentencias C-360 de 1993, MP Eduardo Cifuentes Muñoz,
C-695 de 1996, MP: Alejandro Martínez Caballero; C-442 de 2001, MP: Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[125]
Ver entre otras, las sentencias T-068 de 1998, MP: Alejandro Martínez
Caballero; T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; SU-250 de 1998, MP:
Alejandro Martínez Caballero; T-590 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero;
T-606 de 1998, MP: José Gregorio Hernández Galindo; SU-090 de 2000, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-847 de 2000, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-1695 de 2000, MP:
Marta Victoria Sáchica Méndez.
[126]
SU-090 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz (estado de cosas inconstitucional
por la omisión en el pago de pensiones en el Departamento del Chocó).
[127]
Por ejemplo en la sentencia SU-559 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, donde
la Corte declaró un estado de cosas inconstitucional por la omisión de dos
municipios de afiliar a los docentes a su cargo al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio, a pesar de que se hacían los descuentos respectivos
de los salarios devengados para el pago de dichos aportes, al encontrar que la
vulneración a muchos maestros de todo el país.  Dijo la Corte: “30. De acuerdo
a lo expuesto, la situación planteada por los actores tiene que examinarse
desde una doble perspectiva. De una parte, se trata de un problema general que
afecta a un número significativo de docentes en el país y cuyas causas se
relacionan con la ejecución desordenada e irracional de la política educativa.
De otra parte, la acción de tutela compromete a dos municipios que por falta de
recursos no han dado cumplimiento efectivo a sus obligaciones frente a los
educadores que han instaurado la acción de tutela.”
[128]
Por ejemplo, en la sentencia T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que
declaró el estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento y las
condiciones indignas de reclusión en las distintas cárceles colombianas, dijo
la Corte: “Asimismo, como se vio en el aparte acerca del hacinamiento desde una
perspectiva histórica, el fenómeno de la congestión carcelaria ha sido
recurrente, e incluso han existido períodos en los que la sobrepoblación ha
alcanzado grados mucho más extremos que el actual. A pesar de ello no se
percibe de parte del Estado el diseño de políticas destinadas a evitar
situaciones como la actual. Del análisis histórico surge la conclusión de que
la actitud del Estado ante estas situaciones es siempre reactiva, es decir que
solamente ha actuado en este campo cuando se encuentra en presencia de
circunstancias explosivas, como la actual. En esas circunstancias ha recurrido
tanto a la despenalización o  la rebaja de penas, como a la construcción
apurada de centros de reclusión.”
[129]
Por ejemplo, en la sentencia T-068 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero,
en la que se declaró un estado de cosas inconstitucional por la mora habitual
de Caja Nacional de Previsión en resolver las peticiones presentadas por
jubilados. La Corte dijo: “8. Así mismo, como se constató en la inspección
judicial, la acción de tutela es prácticamente un requisito para que se
resuelva la solicitud dentro del término legal, la cual genera un procedimiento
administrativo paralelo que produce un desgaste del aparato judicial y una
tergiversación del objetivo de la acción de tutela, lo cual afecta gravemente
el interés general y el interés particular de quienes vienen siendo afectados
de manera directa por la ineficiencia de la Caja Nacional de Previsión, pese a
que se aprecia una superación en comparación con el caos anterior, de todas
maneras tratándose de jubilados el esfuerzo estatal debe ser el máximo.”
[130]
Por ejemplo en la sentencia T-1695 de 2000, MP: Marta Victoria Sáchica Méndez,
en donde la Corte declaró la continuidad del estado de cosas inconstitucional
por la falta de convocatoria al concurso para el nombramiento de notarios,  la
Corte señala que la falta de una disposición que permitiera la convocatoria a
un concurso general de méritos hacia que el estado de cosas inconstitucional
declarado en la sentencia SU-250 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero,
continuara. Dijo la Corte:  “En este orden, cabe concluir,
que si bien la convocatoria efectuada por el acuerdo Nº 9 de 1999 no vulnera
frente a los demás aspirantes el derecho a la igualdad de los actores para
acceder al cargo de notario en los circuitos para los cuales se abrió el
concurso, lo cierto es que sí restringió la igualdad de oportunidades de los
aspirantes al no incluir todas las plazas notariales, en abierto
desconocimiento del precepto constitucional, lo que sin duda configura una
vulneración de un derecho fundamental, que persistirá en tanto no se realice un
concurso de méritos en las condiciones establecidas por la Carta Política y
reiteradas por la jurisprudencia constitucional. (...) Por lo anterior,
y reconocida la continuidad del estado de cosas inconstitucional declarado por
la Corte Constitucional desde la sentencia SU-250/98, al no poner en
funcionamiento la carrera notarial, que si bien se trató de subsanar por el
órgano competente al convocar el concurso de méritos de que trata esta
providencia, el mismo no se hizo conforme a la Constitución, pues debía haber
incluido todas las plazas de notario existentes en el país y garantizar no sólo
las mismas oportunidades para todos los participantes, sino aplicación plena de
los preceptos constitucionales. Así las cosas, el restablecimiento de los
derechos fundamentales de los actores y la observancia del ordenamiento
superior sólo puede producirse cuando la provisión de los cargos de notario se
realice mediante la celebración de un concurso de méritos abierto y público que
tenga como objeto cumplir el mandato constitucional tantas veces reseñado. Para
el efecto, no basta entonces, la simple suspensión del proceso de concurso,
hecho que ya se produjo, pues el estado de cosas inconstitucional persiste, lo
que exige que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en un término
razonable, convoque a un concurso general y abierto para conformar las listas
de elegibles a la totalidad de los cargos de notario público en el país, tal
como habrá de ordenarse en esta providencia.”
[131]
Por ejemplo, en la sentencia T-068 de 1998, MP: Alejandro Martínez Caballero,
la Corte dijo: “De acuerdo con estadísticas que presenta la misma entidad
demandada, durante los años 1995, 1996 y 1997 se instauraron cerca de 14.086
acciones de tutela en contra de la Caja Nacional de Previsión y, si se realiza
un cotejo con la totalidad de expedientes de tutela que se remitieron para
eventual revisión a esta Corporación en esos años (aproximadamente 94000), se
observa como casi un 16% de todas la tutelas del país se dirigen contra esa
entidad. Esto significa que existe un problema estructural de ineficiencia e
inoperancia administrativa, lo cual se considera un inconveniente general que
afecta a un número significativo de personas que buscan obtener prestaciones
económicas a las que consideran tener derecho.”Igualmente, en la sentencia
T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte dijo lo siguiente: “53. En
las sentencias SU-559 de 1997 y T-068 de 1998 esta Corporación ha hecho uso de
la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a
situaciones de vulneración de los derechos fundamentales  que tengan un
carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas
causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se
originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su
solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas
condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se
encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar
de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar
órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en
acción sus facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional.”
[132]
En la misma sentencia T-068 de 1998, se dijo: “10. Por todo lo anterior, esta
Sala de Revisión concluye que la situación presentada en la entidad demandada
produce un estado de cosas inconstitucional, lo cual no sólo afecta derechos
individuales tendientes a viabilizar las pretensiones, a través de tutela, sino
también afecta a todo el aparato jurisdiccional que se congestiona y lo afecta
en la efectividad del cumplimiento oportuno de sus obligaciones.”
[133]
SU-559 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[134]
Corte Constitucional, Sentencia T-153 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[135]
Corte Constitucional, Sentencias T-606 y T-607 de 1998, MP: José Gregorio
Hernández Galindo.
[136]
Corte Constitucional, Sentencia T-525 de 1999, MP: Carlos Gaviria Díaz.
[137]
Corte Constitucional, Sentencia SU-090 de 2000, MP: Alejandro Martínez
Caballero.
[138]
Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998, MP: Alejandro Martínez
Caballero. En este caso, el estado de cosas inconstitucional se presentó por la
omisión del Estado de adoptar medidas para garantizar los derechos de los
defensores de derechos humanos, frente a las amenazas permanentes contra la
vida de estas personas. La Corte, luego de resaltar los atentados y asesinatos
cometidos contra miembros de ONGs de derechos humanos y hacer un recuento del
contenido de las circulares presidenciales emitidas para lograr el trabajo
coordinado de las distintas entidades, señala que “pese a las circulares
presidenciales, el ataque a los defensores de derechos humanos ha continuado
(....) y hay conductas omisivas del Estado en cuanto a su protección, máxime
cuando se ha puesto en conocimiento de éste el clima de amenazas contra dichos
activistas. Esta es una situación abiertamente inconstitucional, a la cual el
juez constitucional no puede ser indiferente.”
[139]
Corte Constitucional, Sentencias SU-250 de 1998, MP: Alejandro Martínez
Caballero; T-1695 de 2000, MP: Marta Victoria Sáchica Méndez. En cuanto a la
falta de convocatoria a un concurso de méritos para el nombramiento de
notarios, constatado el estado de cosas inconstitucional en 1998, la Corte
ordenó al Superintendente de Notariado y Registro y al Consejo Superior de la
Administración de Justicia, que en el término de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la sentencia convocara los concursos abiertos para
Notarios. Posteriormente, en el año 2000, constatada la continuidad del estado
de cosas inconstitucional, la Corte ordenó “al Consejo Superior de la
Carrera Notarial, en cabeza de su presidente, el Ministro de Justicia y del
Derecho, para que a más tardar en un término máximo de tres (3) meses contados
a partir de la notificación de este fallo, se modifiquen y rehagan las bases
del concurso convocado por el Consejo Superior en el Acuerdo 1 de 1998, para la
provisión del cargo de notario público en propiedad en todo el territorio
nacional, que permita poner fin de una vez por todas al mencionado estado de
cosas inconstitucional. Para tal efecto, el órgano encargado de administrar la
carrera notarial ha de dar estricto  cumplimiento no sólo a la Ley 588 de 2000
sino a las sentencias de esta Corporación, en especial a los fallos C-741 de
1998; C-153 de 1999, C-155 de 1999 y C-647 de 2000, que son de obligatorio
cumplimiento.”
[140]
“Ley 387 de 1997, Artículo 1.
[141]
Este volumen se constata por el número de acciones de tutela interpuestas por
los desplazados que han sido objeto de revisión por la Corte Constitucional
hasta la fecha, por el número de expedientes acumulados al presente proceso que
son representativos del tipo de problemas que enfrenta la población desplazada
en todo el país, y por el total de acciones de tutela interpuestas por los
desplazados contra la Red de Solidaridad desde 1999 hasta la fecha y que según
el sistema de información de la Corte Constitucional supera las 1200.
[142]
Tal es el caso de la asignación del auxilio de vivienda que hace el Inurbe,
pues los recursos entregados corresponden exclusivamente a quienes
interpusieron acciones de tutela. Ver Anexo 5 sobre las observaciones a la
política pública respectiva.
[143]
Corte Constitucional, Sentencia T-772 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[144]
Sentencia C-1064 de 2001, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba
Triviño.
[145]
Corte Constitucional, Sentencia SU-225 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz,
donde la Corte ordena a las autoridades estatales adoptar todas las medidas
necesarias para garantizar la vacunación gratuita para prevenir meningitis a
niños pertenecientes a sectores históricamente marginados, con base en la
cláusula de erradicación de las injusticias presentes. Esta jurisprudencia ha
sido reiterada entre otras, en las sentencias T-177 de 1999, MP: Carlos Gaviria
Díaz; T-840 de 1999, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, T-772 de 2003, MP: Manuel
José Cepeda Espinosa.
[146]
Ver, en este sentido, la sentencia C-671 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett).
[147]
Corte Constitucional, Sentencia SU-225 de 1997, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, ya
citada.
[148]
Corte Constitucional, Sentencia T-595 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
[149]
Al respecto, ver entre otras, las sentencias C-251 de 1997.. Fundamento 8.,
SU-624 de 1999, C-1165 de 2000 y C-1489 de 2000.
[150]
Corte Constitucional, Sentencia C-671 de 2002, MP: Eduardo
Montealegre Lynett.
[151]
Adoptada durante el tercer periodo de sesiones E/1989/22 (1989).
[152]
Adoptada durante el 5° periodo de sesiones. E/1991/23 (1990). Interpreta el
párrafo 1 del artículo 2 del Pacto.
[153]
La ayuda humanitaria de emergencia prevista en el artículo 15 de la Ley 387 de
1997 es similar, o inclusive más amplia en algunas prestaciones específicas.
Dicho artículo dice: “De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una vez se
produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones
inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la
finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender
sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos,
utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y
alojamiento transitorio en condiciones dignas. En todos los casos de desplazamiento,
las autoridades civiles y militares que se encuentren en las zonas receptoras
de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos de ayuda
humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la población
desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la
defensa y protección de Derechos Humanos y el cumplimiento de las normas del
Derecho Internacional Humanitario.  Mientras persista la situación de
emergencia se auspiciará la creación y permanencia de equipos
interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del
orden nacional, departamental y municipal, para la protección del desplazado y
sus bienes patrimoniales El Ministerio Público y la Fiscalía General de la
Nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre los hechos punibles que
condujeron al desplazamiento.   Parágrafo. A la atención humanitaria de
emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables
excepcionalmente por otros tres (3) más.”
[154]  Esta fue la orden impartida por la Corte en la sentencia T-215 de
2002 a la Secretaría de Educación Municipal demandada: Disponer el ingreso al
sistema educativo de los niños tutelantes, usando los cupos disponibles en los
colegios de la zona. Este trato preferente a los niños en  condiciones de
desplazamiento se justifica no sólo por ser la educación un derecho fundamental
del que son titulares, como todos los demás menores de edad que se encuentren
en territorio nacional, sino porque dadas sus condiciones de especial
vulnerabilidad son sujetos de protección constitucional reforzada, lo cual se
traduce en materia educativa en que si no se garantiza como mínimo su educación
básica, ello agravará las repercusiones de su desplazamiento sobre su autonomía
personal y el ejercicio de sus derechos.
[155]
En la sentencia T-595 de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte hizo
la siguiente distinción doctrinaria: “En síntesis, las prestaciones
programáticas que surgen de un derecho fundamental le imponen un derrotero a la
administración en el diseño de políticas públicas que gradualmente aseguren el
cumplimiento de las mismas. Estas prestaciones son también garantías puesto que
no son meros enunciados de buenos propósitos y buenas intenciones que la
administración, si así lo desea, puede tratar de alcanzar. Precisamente el
avance progresivo en el cumplimiento de estas prestaciones se garantiza
mediante procesos de ejecución compleja de los mandatos constitucionales, a
diferencia de las  garantías que impiden hacer las cuales son generalmente de
ejecución simple puesto que se realizan en virtud de una orden de abstención
dirigida al Estado que con su acción estaba violando o amenazando un derecho.”
[156]
El inciso 2 del parágrafo 1 del Artículo 6, Ley 387 de 1997, prevé la
posibilidad de que Consejo Nacional para la Atención Integral de la Población
Desplazada, invite a representantes de las organizaciones de desplazados a
participar en las reuniones de éste órgano, cuando la naturaleza del desplazamiento
así lo aconseje. A falta de norma específica para el caso de la política de
atención a la población desplazada, puee acudirse a las normas generales. Un
ejemplo de tales disposiciones se encuentra en el Decreto 2130 de 1992,
expedido en desarrollo del artículo 20 transitorio de la Constitución, estipuló
en su artículo primero que corresponde a los Ministros, Directores de
Departamentos Administrativos, Directores, Presidentes o Gerentes de entidades
descentralizadas, Superintendentes y Jefes de entidades u organismos
administrativos de la rama ejecutiva nacional, ejercer las siguientes
funciones: "1. Señalar los proyectos de decisiones de carácter general que
por razón de sus implicaciones sea conveniente colocar en conocimiento de los ciudadanos
y grupos interesados para escuchar previamente sus opiniones al respecto";
"2. Disponer que se informe públicamente a los eventuales interesados, por
los medios que estime adecuados, sobre el contenido básico, el propósito y los
alcances de los proyectos de decisiones administrativas de carácter general a
que hace referencia el numeral anterior. En el respectivo informe deberá
señalarse el plazo dentro del cual se podrán presentar sus observaciones. En
todo caso la autoridad administrativa adoptará autónomamente la decisión que a
su juicio sirva mejor el interés general"; "3. Disponer el registro
público de tales observaciones y de las respuestas que la entidad hubiere dado
a las presentadas por quienes representen sectores significativos de la
comunidad y por organizaciones no gubernamentales promotoras del interés
público"; "9. Elaborar un informe anual sobre el cumplimiento de
estas funciones el cual deberá ser anexado al informe que presenten al Congreso
de la República o al Ministro o Director del Departamento Administrativo
correspondiente en la oportunidad que éste señale".
[157]
Según consta en la página 5 de la sentencia y en el Anexo 1 de la misma, fueron
identificados como peticionarios representados por Adesfongua las siguientes
personas: Eustacio Fonseca Barraza, Felipe Zárate V, Xiomara
L. Ariño, Ernesto Epinayú, Omar Erazo López, Carmen Sierra, William Ariño, Luis
E. Duarte, Luz Marina González, Rosana Ludo Urbaéz, Ubida María Urbaéz Ariño,
Yudis Mari Castillo, Simón Corzo Flórez, Betty García Díaz, Luis M. García
Díaz, César Maldonado Avila, Paulina Salina, Yulis Córdoba, Elizabeth Ariño,
Numnel Amaya, Olido Cujio, Mónica Daza, Tercilia García, Cecilio Granados,
Antonio Arciniegas, Ángel Guerrero, Orlando Orozco, Ismael E. Ferrer, Adriano
Fidel  Sierra Rambauth, Eduardo Sierra Rambauth, Rafael Sierra Rambauth Pedro
Español, Julia Duarte, Victorino Romero, Elba Urbay C, José Epinayú, Graciela
Aroca, Federico Montoya, Neiber Erazo, Gloria Navarro, Berna Jaraba, Madeleine
Jaraba, Evangelino A., Marta Gómez, Eleidis Rosa
[158]
Ver auto de corrección de la sentencia T-029 de 2001 M.P. Alejandro Martínez
Caballero
[159]
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José
Cepeda Espinosa, donde la Corte examina la competencia del juez que resuelve un
incidente de desacato y las condiciones para modificar la orden original para
asegurar la protección efectiva de los derechos tutelados.
[160]
CONPES 3057 de 1999 dijo que se requerían US $ 360 millones de dólares para la
ejecución de la política y atender 400.000 personas desplazadas durante los
años 2001 a 2002, sin incluir costos para adjudicación de tierras y vivienda.
Este estimativo se hizo teniendo en cuenta una población desplazada de 400.000
personas, que el fenómeno de desplazamiento forzado involucraba 139 municipios
(80 municipios expulsores y 40 municipios expulsores-receptores y 19
receptores). Las características demográficas de esa población según el
documento CONPES eran 44.1% de las familias tienen mujeres como jefe de hogar,
23.2% de la población son niños menores de 7 años y 16.7% de la población
desplazada pertenecía a grupos étnicos. Este documento utilizó como supuesto
que la cifra de familias desplazadas disminuiría en los años 2000 a 2002, como
resultado del proceso de negociación con los grupos armados.
[161]
El CONPES 3115 de 2001 hizo una distribución presupuestal sectorial para el
cumplimiento del CONPES 3057. Precisó el costo del Plan de Acción para la
Prevención y Atención del desplazamiento forzado por programas y proyectos para
2001 y 2002 en un total de $307.726 millones de pesos y distribuyó esos
recursos por programas y proyectos generales y específicos.
[162]
Cfr. Acta de la diligencia de inspección judicial realizada el 22 de abril de
2004.
[163]
Ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025
de 2004, MP: Manuel José Cepeda Espinosa
[164]
Literal b), Ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de
2004.
[165]
Red de Solidaridad Social, Documento enviado para el presente proceso.
[166]
Ver auto de corrección de la sentencia T-029 de 2002 M.P. Alejandro Martínez
Caballero.