T-786-98
Sentencia T-786/98
Sentencia T-786/98
DERECHO AL
TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Pago oportuno de salarios/DERECHO A LA
SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios/DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios
La mora en el
pago de la remuneración adeudada al trabajador no sólo constituye una violación
flagrante al artículo 25 de la Constitución Política, sino también de otros
derechos fundamentales, cuando el salario constituye el único medio de
subsistencia para él y su familia. Cuando el incumplimiento del empleador
afecta el mínimo vital del trabajador y su familia, esta Corporación ha
reiterado que se hace procedente la acción de tutela para solicitar la
protección requerida, ya que la existencia de otros medios judiciales de
defensa no resultan efectivos para la protección inmediata de los derechos
vulnerados.
EJECUCION DEL
PRESUPUESTO-Omisión de
autoridad pública en pagar oportunamente los salarios/PARTIDA PRESUPUESTAL-Diligencias
de proyección del rubro para pago oportuno de salarios
Cuando la inejecución
presupuestal resulta ser la consecuencia de la desidia oficial, y se vulneran o
amenazan los derechos fundamentales, se considera jurídicamente viable acudir a
la tutela como un medio expedito para obtener la ejecución de apropiaciones
presupuestales, porque en tales condiciones los afectados carecen de un medio
ordinario para alcanzar tales objetivos. Los derechos fundamentales afectados
con la falta de pagos salariales oportunos, debe armonizarse con la doctrina de
esta Corporación según la cual el juez de tutela no puede precipitar, mediante
órdenes de inmediato cumplimiento que recaigan directamente sobre la ejecución
del presupuesto, la adopción de decisiones administrativas que deban contar
necesariamente con la existencia y disponibilidad de los recursos, según los
rubros presupuestales respectivos. La Corte ha señalado que si bien la
existencia de partidas presupuestales condiciona las actuaciones de la
administración, ha admitido también que en casos excepcionales, una vez se
aprecie en concreto la violación o amenaza de un derecho fundamental causada
por la negligencia y demora administrativa comprobada, el juez de tutela puede
impartir instrucciones para que se lleven a cabo las diligencias necesarias con
miras a que en la programación presupuestal posterior se proyecte el rubro
suficiente para lograr la protección razonable y efectiva del derecho.
MUNICIPAL-Omisión de trasladar dineros
presupuestales para gastos de funcionamiento
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL-Provisión de
empleo remunerado
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
Expediente T-187964
Peticionario: Eyda
Luz Sierra Godin
Procedencia: Juzgado
Promiscuo del Circuito de Montelíbano (Córdoba).
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA.
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá,
D.C., a los once (11) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
ocho (1998).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Antonio
Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre los fallos proferidos
en el proceso de la referencia.
I.  ANTECEDENTES.
La actora es empleada del Concejo Municipal
de Montelíbano (Córdoba) donde desempeña el cargo de mensajera. Instaura acción
de tutela, en su propio nombre y en representación de su hijo, contra el
Alcalde y el Tesorero de dicha localidad por considerar que han vulnerado sus
derechos al mínimo vital, a la protección de los niños, a la igualdad, a la
salud y a la capacitación.
Los fundamentos de su demanda son los
siguientes :
1. El Concejo Municipal de Montelíbano aprobó el acuerdo 005 de marzo de
1996, donde se dispone la autonomía presupuestal y administrativa del Concejo y
en el artículo 8ºse señala que el Municipio girará por intermedio de la
Tesorería Municipal a la Pagaduría del Concejo los aportes de gastos fijados
para dicha entidad.
2. El Alcalde y el Tesorero han omitido efectuar dichos traslados, y por
ello a la fecha de presentación de esta tutela, la accionante no había recibido
sus sueldos de agosto y parte de septiembre. Ello ha traído grandes
consecuencias en la salud y educación de su hijo, por cuanto vive de su
asignación mensual ($271.400 pesos) y no tiene más entradas y mantiene sola a
su hijo.
Los fallos que se revisan, proferidos por
el Juzgado Promiscuo Penal Municipal y Promiscuo del Circuito de Montelíbano,
negaron la tutela luego de considerar que es el Concejo Municipal y no las
entidades accionadas  las encargadas de cubrir el pago de nóminas en las que se
encuentra la actora. Además consideraron que no es esta la vía para lograron el
amparo de los derechos reclamados.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
A. Competencia.
Con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos
33, 34 y 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar el
fallo de la referencia.
B. Reiteración de jurisprudencia en el caso de salarios
insolutos. La tutela y la ejecución de partidas presupuestales.
“La suspensión
unilateral e imprevista del pago del salario da al traste con las condiciones
de justicia conmutativa que deben presidir la relación laboral y viola el
derecho fundamental del asalariado. Como el demandante continúa cumpliendo con
la obligación de trabajar, derivada del contrato, mientras no recibe a cambio
la remuneración que en justicia le corresponde, es claro que viene violando su
derecho fundamental a la subsistencia.” T-146 de 1996, Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria
Díaz
La anterior jurisprudencia ha sido
reiterada en múltiples ocasiones por esta Corporación en donde se ha dejado
claro que la mora en el pago de la remuneración adeudada al trabajador no sólo
constituye una violación flagrante al artículo 25 de la Constitución Política,
sino también de otros derechos fundamentales, cuando el salario constituye el
único medio de subsistencia para él y su familia.
Cuando el incumplimiento del empleador
afecta el mínimo vital del trabajador y su familia, esta Corporación ha
reiterado[1]
que se hace procedente la acción de tutela para solicitar la protección
requerida, ya que la existencia de otros medios judiciales de defensa no
resultan efectivos para la protección inmediata de los derechos vulnerados.
La negligencia en la administraciones departamentales
y municipales en el manejo de sus presupuestos es tema que ocupa frecuentemente
la atención de la Corte, por lo que esta vez tampoco se apartará de su doctrina
según la cual:
“Corresponde
entonces a las entidades públicas, efectuar con la debida antelación, todas las
gestiones presupuestales y de distribución de partidas que sean indispensables
para garantizar a sus trabajadores el pago puntual de la nómina. Cuando la
administración provee un cargo está abocada a verificar la existencia del rubro
presupuestal que le permita sufragar la respectiva asignación, y de ahí que su
negligencia no excuse la afectación de los derechos pertenecientes a los
asalariados - docentes, sobre quienes no pesa el deber jurídico de soportarla. (Doctrina reiterada en: T-167 de 1994,
T-063 de 1995, T-146 de 1996, T-565 de 1996, T-641 de 1996, y T-006 de 1997,
“Finalmente se
recuerda, que si bien la ejecución de partidas presupuestales es  en principio,
ajena a los alcances de la acción de tutela, resulta procedente siempre  que la
causa de la vulneración de los derechos constitucionales sea la omisión de la
autoridad pública que, conocedora de sus compromisos, evade el adelantamiento
oportuno y eficaz de las medidas enderezadas a satisfacerlos en forma puntual.” (Sentencia T-234 de 1997 M.P. Carlos
Gaviria Díaz) (Negrillas fuera de texto )
Así pues, en consideración a la naturaleza
del derecho que se protege, cuando la inejecución presupuestal resulta
ser la consecuencia de la desidia oficial, y se vulneran o amenazan los
derechos fundamentales, se considera jurídicamente viable acudir a la tutela
como un medio expedito para obtener la ejecución de apropiaciones
presupuestales, porque en tales condiciones los afectados carecen de un medio
ordinario para alcanzar tales objetivos.
En este caso, la trabajadora al servicio
del municipio de Montelíbano ha visto afectados sus derechos
fundamentales al trabajo y a la subsistencia, pues  la carencia de su salario,
así sea de un mes, dadas sus condiciones, afecta  su mínimo vital  y el  de su
familia.
Así, como tantas veces lo ha señalado la
Corporación, la reiteración de los criterios expuestos en torno a los derechos
fundamentales afectados con  la falta de pagos salariales oportunos, debe
armonizarse con la doctrina de esta Corporación según la cual el juez de tutela
no puede precipitar, mediante órdenes de inmediato cumplimiento que recaigan
directamente sobre la ejecución del presupuesto, la adopción de decisiones
administrativas que deban contar necesariamente con la existencia y
disponibilidad de los recursos, según los rubros presupuestales respectivos.[2]
En este sentido, la Corte ha señalado que
si bien la existencia de partidas presupuestales condiciona las actuaciones de
la administración, ha admitido también que en casos excepcionales, una vez se
aprecie en concreto la violación o amenaza de un derecho fundamental causada
por la negligencia y demora administrativa comprobada, el juez de tutela puede
impartir instrucciones para que se lleven a cabo las diligencias necesarias con
miras a que en la programación presupuestal posterior se proyecte el rubro
suficiente para lograr la protección razonable y efectiva del derecho.[3]
El presente es un clásico caso de
negligencia en la administración municipal, puesto que es claro que la omisión
de las autoridades demandadas en no trasladar los dineros presupuestados para
los gastos de funcionamiento del Concejo, ha sido la causa determinante de la
falta de pago de los salarios de la accionante y por ende de la vulneración de
sus derechos constitucionales.
No repararon las instancias en el hecho de
que es esa  omisión la  que el juez de tutela debe remover para lograr la
efectiva protección de los derechos fundamentales invocados. Y no se diga que
se trata de hacer cumplir un acuerdo por vía de tutela, asunto que así fuera
también ha sido aceptado por la jurisprudencia de esta Corporación. Se trata de
que todas las autoridades públicas, municipales en este caso, deben asegurarse,
antes de proferir un acto de nombramiento, de que estén incluidas en el
presupuesto las partidas correspondientes que permitan subvencionar las
remuneraciones respectivas. Y ello sólo es posible cuando todas actúan desde
sus competencias y en coordinación, puesto que hoy la cláusula del Estado
Social de derecho, tiene el poder jurídico de movilizar a los órganos del
Estado para ampliar el  ámbito de responsabilidades de la administración en
punto a la gestión de los servicios y prestaciones a cargo del Estado (SU- 111
de 1997).
Las conclusiones de las sentencias
revisadas además de no mirar el problema en su exacto contexto, burlan los
derechos reclamados por la actora, pues logran con su argumentación
desvertebrar al Municipio como organización territorial. Sostener  que es el
Concejo  quien paga, y que el alcalde es ajeno al problema, es ignorar que el
manejo presupuestal de los municipios está en cabeza de los Alcaldes, y que la
autonomía reconocida al Concejo esta supeditada a las disposiciones
presupuestales por aquél ordenadas.
Por las consideraciones anteriores, la
tutela deberá concederse con el objeto de salvaguardar los derechos
fundamentales de  la demandante y la orden que se impartirá a las autoridades
demandadas consistirá en poner a disposición del Concejo Municipal las partidas
necesarias para sufragar lo adeudado a  la actora y asegurar el pago oportuno
de su salario a partir de la notificación de este fallo.
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano (Córdoba)con
fecha octubre catorce de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Segundo. CONCEDER la tutela
impetrada. En consecuencia, se ordena al Alcalde y al Tesorero Municipal de
Montelíbano, que actúen desde sus competencias legales y constitucionales y
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
sitúen a disposición del Concejo Municipal las partidas necesarias para
sufragar lo adeudado a la actora y garantizar el pago oportuno de su salario a
partir de la notificación de este  fallo.
Tercero. Dese cumplimiento a lo previsto
por el artículo 36 el Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cfr. sentencias de la Corte
Constitucional T-01/97, T-273/97, T-234/97, T-012/98 y T-030/98.
[2]  Cfr. Sentencias T-185/93, T-420/94, T-081/97 y
T-270/978 entre otras.
[3] Con las mismas consideraciones se resolvió la tutela
T-081 de 1997.