T-653-09
Sentencia T-653/09
Sentencia T-653/09
Referencia: expediente T-2312739
Acción de tutela instaurada por Vilma Alcira Páez
Velasco en calidad de agente oficiosa de Bernardino Miranda Moreno, contra el
Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social.
Magistrado Ponente:
Dr. LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C.,
diecisiete (17) de septiembre de dos mil nueve (2009).
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA, MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO y GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del
fallo dictado por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, que
resolvió la acción de tutela promovida por Vilma Alcira Páez Velasco en calidad
de agente oficiosa de Bernardino Miranda Moreno, contra el Departamento de
Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social.
I. ANTECEDENTES
El 27 de abril de 2009, Vilma
Alcira Páez Velasco, actuando en calidad de agente oficiosa de Bernardino
Miranda Moreno, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de su
representado a la seguridad social y al mínimo vital.
Fundamentó su acción en los siguientes:
1. Hechos
1.1
La accionante sostuvo
que de conformidad con el dictamen médico laboral expedido el 16 de agosto de
2007 por la Sección de Medicina Laboral del Instituto de Seguro Social,
Bernardino Miranda Moreno padece una pérdida de su capacidad laboral del 53.7%,
con fecha de estructuración del 16 de agosto de 2007.
1.2
Indicó que en virtud de lo anterior, el 17 de
septiembre de 2007 solicitó ante el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro
Social el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez prevista en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
1.3  Afirmó que Bernardino
Miranda realizó aportes al Sistema General de Pensiones desde el 2 de junio de
1979 hasta el 30 de julio de 1996, razón por la cual cuenta con un total de 827
semanas cotizadas.
1.4 Señaló que a pesar de satisfacer los
requisitos previstos en las normas que regulan la materia, particularmente en
los artículos 38 y siguientes de la Ley 100 de 1993, mediante la Resolución No.
005488 del 10 de febrero de 2009 el Instituto de Seguro
Social negó su solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez. Al
respecto, explicó que el Instituto fundamenta su negativa en que ninguna de las
827 semanas cotizadas por Bernardino Miranda al Sistema, se efectuó dentro
de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de ese estado.
1.5 Manifestó
que aunque Bernardino Miranda
interpuso recurso de reposición contra la decisión referida, el Instituto de Seguro Social aún no se ha pronunciado al
respecto.
1.6 Por último,
sostuvo que Bernardino Miranda padece una enfermedad en
las manos que le imposibilita trabajar y actuar en nombre propio ante
instancias judiciales. Así mismo, que su núcleo familiar está compuesto por su
cónyuge y tres hijas de 11, 9 y 2 años de edad.
2. Solicitud de tutela
Por lo anterior, Vilma Alcira Páez
Velasco, actuando en calidad de agente oficiosa de Bernardino Miranda Moreno, solicitó
ante el juez de tutela ordenar al Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro
Social el reconocimiento y pago a su favor de la
pensión de invalidez prevista en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
3. Trámite de instancia
3.1 La acción de tutela fue tramitada
ante el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, el cual mediante auto
del día 27 de abril de 2009 ordenó su notificación a la entidad accionada.
3.2 Sin embargo, el Departamento de
Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social guardó silencio sobre los
hechos y consideraciones que fundamentan la presente acción de tutela.
4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente
·
Copia de la Resolución No. 005488 del 10 de
febrero de 2009 “Por medio de la cual se concede una prestación económica en el
Sistema General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación
Definida”, expedida por la Gerente II del Centro de Atención Pensiones del
Instituto de Seguro Social, Seccional Cundinamarca y Distrito Capital, señora
Blanca Nelly Molano Caro (folios 9 y 10, cuaderno 2).
·
Copia de la sentencia adoptada el 17 de octubre
de 2008, por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá, dentro
del trámite de la acción de tutela instaurada por Bernardino Miranda Moreno
contra el Instituto de Seguro Social (folios 11 y 12, cuaderno 2).
·
Copia de la solicitud de “agilización del
trámite para la pensión” presentada el 23 de mayo de 2008, por Bernardino
Miranda Moreno ante el Instituto de Seguro Social (folio 14, cuaderno 2).
·
Copia del Registro Civil de Nacimiento de Lina
Ximena Miranda Hernández (folio 15, cuaderno 2).
·
Copia del Registro Civil de Nacimiento de María
Camila Miranda Hernández (folio 16, cuaderno 2).
·
Copia del Registro Civil de Nacimiento de Karoll
Daniela Miranda Hernández (folio 17, cuaderno 2).
·
Copia de la cédula de ciudadanía de Bernardino
Miranda Moreno (folio 18, cuaderno 2).
·
Tres fotografías de Bernardino Miranda Moreno
(folio 19, cuaderno 2).
·
Copia de la Resolución No. 020389 del 15 de mayo
de 2009 “Por medio de la cual se resuelve recurso de reposición en el Sistema
General de Pensiones – Régimen Solidario de Prima Media con Prestación
Definida”, expedida por el Gerente II del Centro de Atención Pensiones del
Instituto de Seguro Social, Seccional Cundinamarca y Distrito Capital, señor
Luis Gabriel Arbeláez Marín (folios 34 y 35, cuaderno 2).
·
Copia del “Reporte de semanas cotizadas –
Período 1967 – 1994” por el afiliado Bernardino Miranda Moreno, expedido por el
Instituto de Seguro Social el 21 de agosto de 2009 (folios 24 a 27, cuaderno
2).
·
Copia del “Resumen de semanas cotizadas por
empleador” desde 1967 hasta agosto del año 2009, correspondiente al afiliado
Bernardino Miranda Moreno, expedido por el Instituto de Seguro Social el 21 de
agosto de 2009 (folio 28, cuaderno 2).
·
Copia del “Detalle de pagos efectuados a partir
de 1995”, correspondiente al afiliado Bernardino Miranda Moreno, expedido por
el Instituto de Seguro Social el 21 de agosto de 2009 (folio 29, cuaderno 2).
5. Pruebas
practicadas por la Corte Constitucional
5.1 Por
encontrar necesario practicar algunas pruebas con el fin de contar con mayores
elementos de juicio para proferir el fallo, mediante auto del 18 de agosto de
2009 el magistrado sustanciador dispuso que la Secretaría General de esta
Corporación solicitara al Instituto de Seguro Social que remitiera a este
despacho copia del dictamen médico laboral expedido el 16 de agosto de 2007 por
la Sección de Medicina Laboral del Instituto de Seguro Social, mediante el cual
se determinó que el accionante padece una pérdida de su capacidad laboral del 53.7%.
Adicionalmente, solicitó que la entidad accionada remitiera copia de la historia laboral del actor, a fin de
constatar el número de semanas cotizadas al Sistema de Pensiones, la fecha en
que se surtieron los aportes y, de manera precisa, el número de semanas
cotizadas con anterioridad a la fecha en que se estructuró su invalidez.  Por
último, solicitó información sobre si el accionante reúne los requisitos
exigidos para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva
de la pensión de invalidez.
5.2 El 28 de
agosto de 2009, el Instituto de
Seguro Social remitió a este despacho copia del “Reporte de semanas cotizadas –
Período 1967 – 1994” por el afiliado Bernardino Miranda Moreno; copia del
“Resumen de semanas cotizadas por empleador” desde 1967 hasta agosto del año
2009 y copia del reporte de “Pagos efectuados a partir de 1995”.
II. LA SENTENCIA QUE SE REVISA
En sentencia del 11 de mayo de 2009, el
Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá denegó la tutela de los derechos
fundamentales invocados.
Para fundamentar su decisión, el juez de instancia indicó: “…pese a lo manifestado por quien agencia de oficio al
accionante, lo cierto es que, indicó que contra el mencionado acto
administrativo [Resolución No. 005488 del 10 de febrero de 2009], al
parecer interpuso los recursos de ley, sin que se demostrara en la actuación
este suceso; a la par, se obtuvo que en momento alguno el petente (sic) efectivamente,
demostró siquiera sumariamente cuáles son sus gastos o deudas; por ello, no se
advierte vulneración de sus derechos, al no entreverse en su escrito la
existencia de una nueva petición dejada de resolver”.
Adicionalmente, sostuvo
que en virtud del numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la presente acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, pues existen otros medios de defensa judicial
para obtener el amparo de la pretensión de reconocimiento y pago de pensión de
invalidez. En este sentido, precisó que de conformidad con las pruebas que
obran en el expediente de tutela, no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable sobre los derechos fundamentales invocados.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991 y con la selección y el reparto efectuados el 9 de julio de 2009, esta
Sala es competente para revisar la decisión judicial mencionada.
2. Problema jurídico
2.1 De
acuerdo con los hechos expuestos, corresponde a la Corte determinar si la
presente acción de tutela es procedente para ordenar al Departamento de
Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social que reconozca y pague a favor de Bernardino Miranda
Moreno, la pensión de invalidez prevista en el artículo
39 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, de manera
específica, la Corte deberá establecer si de conformidad con los hechos
expuestos, los medios ordinarios de defensa judicial son idóneos y eficaces
para garantizar la protección constitucional invocada.
2.2 Para dar
solución al problema jurídico planteado, la Sala indicará los fundamentos
normativos de la pensión de invalidez y la procedencia de la acción de tutela para garantizar la
protección de los derechos fundamentales, cuando su afectación se deriva de la
negativa frente al reconocimiento del derecho a una pensión.
2.3 Con base en lo anterior, esta Sala de
Revisión estimará si se debe conceder la acción de tutela interpuesta por Vilma
Alcira Páez Velasco en calidad de agente oficiosa de Bernardino Miranda Moreno
y, en consecuencia, revocar la sentencia de tutela proferida el 11 de mayo de 2009 por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de
Bogotá, dentro del presente trámite.
3. Fundamentos normativos de la
pensión de invalidez consagrada en el artículo
39 de la Ley 100 de 1993
3.1 De conformidad con artículo 48 de la Constitución Política, la
seguridad social como bien jurídico objeto de protección en el ordenamiento
colombiano, es un servicio público “de carácter obligatorio” que se
presta con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, bajo la dirección, coordinación y vigilancia del Estado[1];
y un “derecho irrenunciable” en cabeza de todos los habitantes del
territorio nacional.
3.2 Con fundamento en lo dispuesto en la
Carta para el efecto, mediante la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral”, el legislador definió “el conjunto de
instituciones, normas y procedimientos” orientados a garantizar “la
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la
salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional[2]”.
En este sentido, el inciso 2° del artículo 4 de dicha ley prevé que la
seguridad social en su condición de derecho irrenunciable y servicio público, “es
esencial en lo relacionado con el Sistema General de Seguridad Social en Salud”
y “en aquellas actividades directamente vinculadas con el reconocimiento
y pago de las pensiones.”
3.3 En
correspondencia con lo anterior, en el artículo 39 de la citada Ley se dispuso
la creación de la denominada pensión de invalidez a favor de “la persona que
por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral[3]”.
En este contexto, es preciso indicar que el artículo en comento ha sufrido
importantes modificaciones desde su redacción original. En este sentido, según
el texto original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el reconocimiento del
derecho a la pensión era procedente de conformidad con los siguientes supuestos
fácticos: “a. (…) [quien]
se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado
por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de
invalidez. [O] || b. habiendo dejado de cotizar
al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se
produzca el estado de invalidez.”
3.4 Estas
previsiones fueron modificadas por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003. En
concordancia con la modificación introducida por esta norma, el derecho al
reconocimiento de la pensión de invalidez implicaba acreditar, según el caso: “1.
Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad
de cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez. || 2. Invalidez causada por accidente:
Que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores
al hecho causante de la misma.”
Empero, esta
disposición fue declarada inexequible mediante la sentencia C-1056 de 2003, con
base en la presunta infracción de los artículos 157,
160 y 161 de la Constitución, por vicios de procedimiento. En criterio de la
Corte, el trámite legislativo dado a la norma demandada vulneró el principio de
consecutividad, pues “tan solo fue objeto de aprobación en la Sesión
Plenaria de la Cámara de Representantes y sobre él no se decidió ni por las
Comisiones Séptimas en las sesiones conjuntas, ni tampoco por Senado de la
Republica”[4].
3.5
Posteriormente, mediante el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 se introdujeron
nuevos cambios al artículo 39 de la Ley 100 de 1993. En efecto, de conformidad
con esta reforma, quien se encuentre en estado de invalidez como consecuencia
de una enfermedad y demuestre que (i) ha cotizado 50 semanas dentro de los
últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración; o
(ii) 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la
invalidez causada por un accidente, tiene derecho a recibir una pensión de
invalidez, equivalente a:
“a. El 45% del ingreso base de liquidación,
más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que
el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas
(500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea
igual o superior al 50% e inferior al 66%.
b. El 54% del ingreso base de liquidación,
más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el
afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800)
semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o
superior al 66%.[5]”
Por su parte, en la sentencia C-428 de 2009 la Corte analizó la
constitucionalidad de la reforma introducida por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 según la
cual, para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez era necesario
acreditar una fidelidad de cotización al Sistema de Pensiones “al menos del
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que [el
afiliado] cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez.”
En esa sentencia la Corte estableció que en virtud de los principios
de progresividad y no regresividad de la legislación en materia de derechos
prestacionales, las medidas que pretendan disminuir o mermar la protección dada
a un derecho de esa naturaleza[6], en principio, se
presumirán contrarias a los artículos 48 y 53 de la Constitución y a las
previsiones aplicables contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. En tal sentido, esta Corporación indicó que aunque el
legislador goza de amplias facultades de configuración en la materia[7],
dichas medidas se encuentran sometidas a un control estricto de
constitucionalidad que implica establecer si: “(i) busca[n] satisfacer una
finalidad constitucional imperativa, (ii) resulta[n] conducente[s] para lograr
la finalidad perseguida; (iii) evaluadas las distintas alternativas, parece[n]
necesaria[s] para alcanzar el fin propuesto; (iv) no afecta[n] el contenido
mínimo no disponible del derecho social comprometido y (v) el beneficio que
alcanza[n]a es claramente superior al costo que apareja[n].”
En aplicación de lo expuesto, este Tribunal estimó que el artículo
1° de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993,
estableció requisitos más rigurosos para acceder al reconocimiento de la
pensión de invalidez, pues aumentó el número de semanas de cotización exigidas
e incorporó el deber de fidelidad al Sistema. En este sentido, la Corte
explicó que si bien la modificación en comento aumentó el número de semanas de
cotización de 26 a 50, “de igual manera aumentó el plazo a ser tenido en cuenta para que el
afiliado (cotizante activo o no), acredite las semanas mínimas requeridas y en
tal medida se pasó para la configuración de la invalidez, del año
inmediatamente anterior a los tres años anteriores a la estructuración de la
invalidez.” Así mismo, la Corte destacó que la
nueva legislación “eliminó la diferencia
establecida en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 entre afiliados que se
encontraban cotizando al sistema y aquellos que no lo estuvieran al momento de
estructuración de su estado de invalidez, al establecer los mismos requisitos
para todos los afiliados.”
Sin embargo, con relación al requisito de fidelidad de
cotización al Sistema de Pensiones, la Corte afirmó que dicha medida carece de
una finalidad constitucional “legítima y
plausible”, como quiera que no sólo
disminuyó el nivel de protección del derecho a la pensión de invalidez según la
redacción original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, sino que también
omitió el deber de prever un régimen de transición que permitiera a los
trabajadores amparados por el régimen anterior continuar disfrutando de la
posibilidad de acceder a dicha prestación social. En consecuencia, al estimar
que “Los propósitos de promover la cultura de afiliación y evitar el fraude,
pueden ser obtenidos por otros medios” y que dichos propósitos “resultan
desproporcionados frente a la afectación de los derechos de las personas que
ven disminuida de manera grave su capacidad laboral por causa de enfermedad o
accidente”, la Corte declaró la inexequibilidad del requisito de fidelidad
en cuestión.
3.6 En este contexto, en innumerables sentencias de tutela esta
Corporación también se ha pronunciado sobre los alcances y propósitos de la
pensión de invalidez[8]. En dichas oportunidades,
la Corte se ha referido sobre los aspectos sustanciales de esa prestación
económica y ha precisado sus límites y alcances, así como la interpretación del
artículo 39 de la Ley 100 de 1993 que más se ajusta a la Constitución. De este
modo, se puede indicar que, de manera general, la jurisprudencia constitucional
ha fijado los siguientes presupuestos de interpretación y aplicación de las
normas que regulan la pensión de invalidez: (i) en principio, corresponde la
aplicación de las normas que rigen al momento en que se estructuró el estado de
invalidez, pues a partir de esta fecha se causa el derecho al reconocimiento de
la pensión; (ii) sin embargo, a la luz de los hechos que fundamentan la acción, se
deberá determinar si las normas conforme a las cuales se sustentó la negativa
frente a la solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez resultan, prima
facie, contrarias al principio de progresividad de los derechos
prestacionales; (iii) en este sentido, de manera general, las reformas
introducidas al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 mediante los artículos 11 de la
Ley 797 de 2003 y 1° de la Ley 860 de 2003, resultan contrarias a los
principios de progresividad y no regresividad de los derechos, toda vez que
imponen requisitos más gravosos para el acceso a la prestación económica en
comento, no prevén un régimen de transición y afectan de manera
desproporcionada los derechos de quienes merecen especial protección por parte
del Estado (personas con discapacidad y de la tercera edad); y (iv) en virtud
del principio de favorabilidad en la aplicación e interpretación de la ley
laboral, ante la concurrencia de varias
interpretaciones sobre la determinación de la norma aplicable al caso concreto,
debe darse preferencia a lo fijado en el texto original del artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, pues la aplicación de esa norma permite al trabajador acceder
al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con el cumplimiento de
menores requisitos. Esto, “sin perjuicio que hayan sido expedidas con
posterioridad normas sobre pensión de invalidez que, verificadas las
circunstancias del caso concreto, se muestren más favorables para el
trabajador. En este último evento, conforme al principio en comento, deberá
aplicarse el precepto que otorgue mejores condiciones al empleado.[9]”
3.7 En suma, la pensión de invalidez
contemplada en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
1° de la Ley 860 de 2003, debe ser otorgada si se satisfacen los siguientes
requisitos: (i) que el afiliado hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral; y (ii) que en
caso de enfermedad, demuestre haber cotizado 50 semanas
dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración; o en caso de invalidez causada por un accidente, 50 semanas
dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a su ocurrencia. En todo caso, la aplicación de las normas que regulan la materia
deberá ser cotejada a la luz de los supuestos fácticos que fundamentan el caso
concreto, a fin de determinar si resultan contrarias a los principios de
progresividad y no regresividad de los derechos. De presentarse esta situación,
de conformidad con el principio constitucional de favorabilidad en la
interpretación y aplicación de la ley laboral, deberá aplicarse el texto
original del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, o la norma que proporcione más
beneficios al afiliado y asegure el reconocimiento del derecho a esa prestación
económica.
4. Procedencia de la acción de tutela
para obtener el reconocimiento de una pensión. Reiteración
de jurisprudencia
4.1 Ahora bien, esta Corporación ha
precisado que de conformidad con el artículo 86 de la Constitución y el numeral
1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en virtud del principio de
subsidiariedad[10], por regla general, la
acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de derechos
pensionales[11]. Bajo este criterio, la
jurisprudencia ha entendido que la acción de tutela no puede ser tramitada para
decidir conflictos sobre el reconocimiento de una pensión[12],
pues con ese propósito el legislador dispuso los medios y recursos judiciales
adecuados, así como las autoridades y jueces competentes[13].
4.2 Sin embargo, dada la necesidad de
garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, la Corte ha sostenido
que se deben considerar las siguientes excepciones a la subregla de la
improcedencia[14]:
(i) La acción
de tutela es procedente si no existe otro medio judicial de protección. Como se
indicó, en principio, respecto de las prestaciones que se derivan de Sistema
General de Pensiones, el legislador dispuso los medios y recursos judiciales
adecuados, así como las autoridades y jueces competentes. Sin embargo, puede
ocurrir que aunque dicho medio exista, luego de analizar las circunstancias
especiales que fundamentan el caso concreto, se concluya que éste no es idóneo
o eficaz para garantizar la protección constitucional reclamada. Esta
comprobación da lugar a que la acción de tutela sea concedida como mecanismo
definitivo de protección de los derechos invocados[15].
En este sentido, de manera reiterada la Corte ha considerado que la condición
de sujeto de especial protección constitucional -personas de la tercera edad
(Art. 46 C.P.), discapacitados (Art. 47 C.P.) y madres cabeza de familia (Art. 43
C.P.), por ejemplo- y la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se
encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios de defensa
judicial no son idóneos y, por tanto, que la acción de tutela es procedente y
debe ser concedida[16].
(ii) La acción de tutela también será procedente cuando a pesar de
existir un medio ordinario de protección idóneo y eficaz, se hace necesario
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales
del actor. En estos casos, ha dicho la Corte, esa comprobación da lugar a que
la acción de tutela sea concedida como mecanismo transitorio hasta tanto la
jurisdicción competente resuelva el litigio[17]. Al respecto, es menester considerar que
las circunstancias especiales que dan lugar a la configuración de un perjuicio
irremediable deben ser analizadas por el juez de tutela a la luz de las
especificidades del caso concreto[18].
(iii) Con
relación al análisis sustancial de la solicitud de amparo, la Corte ha
sostenido que “es necesario que la controversia planteada suponga un
problema de relevancia constitucional”[19], es
decir, que transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tenga
relación directa con el contenido normativo superior[20].
De conformidad con la jurisprudencia, el reconocimiento de una pensión adquiere
relevancia constitucional cuando: a.) del conjunto de condiciones objetivas
en las cuales se encuentra el accionante, por ejemplo, su edad avanzada, su
estado de salud, su precaria situación económica[21],
se concluye que se encuentra en una circunstancia de debilidad manifiesta[22];
b.) se verifica la grave afectación del derecho fundamental a la seguridad
social y de otros de derechos fundamentales como la vida digna, la salud, el
mínimo vital y el debido proceso[23]; y c.) se constata la
afectación de principios constitucionales como el principio de favorabilidad en
la interpretación y aplicación de la ley, el principio de primacía de lo
sustancial sobre lo formal o el principio de irrenunciabilidad de los
beneficios económicos establecidos en las normas que dan contenido prestacional
al derecho a la seguridad social[24].
(iv) Por
último, esta Corporación ha afirmado que la acción de tutela procede cuando se
encuentra debidamente probado que el accionante tiene derecho al reconocimiento
de la pensión y, sin embargo, la entidad encargada, luego de la solicitud
respectiva, no ha actuado en consecuencia[25]. Así, para
admitir la procedibilidad de la acción de tutela en estos casos, quien alega la
vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia de la falta de
reconocimiento de una pensión, debe acompañar su afirmación de alguna prueba,
al menos sumaria, de la titularidad del derecho exigido y de que ha desplegado
cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la protección de
sus derechos, salvo que haya resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a
su voluntad[26].
4.3 En síntesis,
en virtud del principio de subsidiariedad, de manera general, la acción de
tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de derechos pensionales.
Sin embargo, la Corte ha estimado que dada la necesidad de garantizar la
prevalencia de los derechos fundamentales, se deben considerar las siguientes
excepciones a la subregla de la improcedencia: (i) cuando de acuerdo con las
circunstancias especiales que fundamentan el caso concreto, se concluye que los
medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos o eficaces para garantizar
la protección constitucional reclamada porque, por ejemplo, el beneficiario de
la prestación económica es un sujeto de especial protección constitucional o se
encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta; (ii) a pesar de existir un
medio ordinario de protección idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales del actor;
(iii) el asunto puesto a consideración del juez de tutela supone un problema de
relevancia constitucional; y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la
titularidad del derecho exigido y de que se ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener la protección invocada.
5. Estudio del caso concreto
5.1 Con base en
las consideraciones y fundamentos expuestos, esta Sala de Revisión determinará
si la presente acción de tutela es procedente para ordenar al Departamento de
Atención al Pensionado del Instituto de Seguro Social que reconozca y pague a favor de Bernardino
Miranda Moreno, la pensión de invalidez prevista en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, de
manera específica, la Corte deberá establecer si de conformidad con los hechos
expuestos, los medios ordinarios de defensa judicial son idóneos y eficaces
para garantizar la protección constitucional invocada.
5.2 Para resolver el presente caso, en las consideraciones generales
de esta sentencia la Sala concluyó que la pensión de invalidez debe ser
otorgada si se satisfacen los siguientes requisitos: (i)
que el afiliado acredite
que ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral; y (ii) que demuestre haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Al respecto, la Sala precisó que la aplicación de las normas que
regulan la materia deberá ser cotejada a la luz de los supuestos fácticos que
fundamentan el caso concreto, a fin de determinar si resultan contrarias al
principio de progresividad de los derechos prestacionales. En este sentido,
indicó que de presentarse esta situación, de conformidad con el principio
constitucional de favorabilidad en la interpretación y aplicación de la ley
laboral, deberá aplicarse la norma que proporcione más beneficios al afiliado y
asegure el reconocimiento del derecho a esa prestación económica.
Igualmente, la Sala sostuvo que aunque en principio la acción de tutela es improcedente para obtener el
reconocimiento de derechos pensionales, la jurisprudencia constitucional ha
considerado las siguientes excepciones a esa regla: cuando se concluye que los
medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos o eficaces para garantizar
la protección constitucional reclamada porque, por ejemplo, el beneficiario de
la prestación económica es un sujeto de especial protección constitucional o se
encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta; el problema jurídico supone
un problema de relevancia constitucional; y existe prueba, al menos sumaria, de
la titularidad del derecho exigido y de que se ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión.
5.3 En aplicación del criterio
jurisprudencial expuesto, esta Sala considera que se debe revocar la sentencia
proferida el 11 de mayo de 2009 por el Juzgado
Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, mediante la
cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por Vilma
Alcira Páez Velasco en calidad de agente oficiosa de Bernardino Miranda Moreno,
contra el Instituto de Seguro Social.
5.4 En efecto, aunque en principio el
accionante cuenta con acciones judiciales ordinarias para solicitar el
reconocimiento de la pensión de invalidez, en criterio de la Sala, a la luz de
los hechos que fundamentan la presente acción de tutela, dichos medios no son
idóneos y eficaces para garantizar la protección constitucional invocada. Esto
por cuanto: (i) su estado de discapacidad permite concluir que requiere un
tratamiento acorde con su situación de vulnerabilidad, como quiera que por
expreso mandato superior es sujeto de especial protección constitucional (Art.
47 de la C.P.); y (ii) su difícil situación económica como consecuencia de su
imposibilidad para desempeñar una actividad productiva que le permita subsistir dignamente y garantizar el sustento económico de
sus tres menores hijas y de su cónyuge[27], también permite concluir que Bernardino
Miranda Moreno se encuentra en
una considerable circunstancia de debilidad manifiesta que implica que resulte
desproporcionado y contrario a la Constitución Política y a la jurisprudencia
de esta Corporación, la exigencia del agotamiento de los mecanismos ordinarios
de defensa judicial para admitir la procedencia de la presente acción de
tutela.
De igual forma, la Sala considera que el
presente caso plantea un problema de relevancia constitucional, toda vez que,
como se indicó, el actor y su núcleo familiar se encuentran en una precaria
situación económica debido a que no cuentan con los medios económicos
requeridos para satisfacer sus necesidades básicas. Así las cosas, es razonable
concluir que la decisión del Instituto de Seguro Social frente a la solicitud
de reconocimiento de la pensión de invalidez elevada por la accionante, no sólo
afecta su derecho fundamental a la seguridad social, sino también sus derechos
fundamentales a la vida digna y al mínimo vital.
Adicionalmente, se encuentra acreditado que el accionante adelantó
las actuaciones pertinentes para obtener la protección de sus derechos, dado
que el 17 de septiembre de 2007 solicitó ante el Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de Seguro
Social, el reconocimiento y pago a su favor de la
pensión prevista en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993[28].
Así mismo, está demostrado que ante la falta de respuesta frente a dicha
solicitud, el 23 de mayo de 2008 solicitó ante esa entidad la “agilización
de[l] trámite para la pensión[29]”. Por último, se
encuentra probado que en octubre del año 2008, el actor interpuso una acción de
tutela contra el Instituto de Seguro Social por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición[30],
toda vez que para esa fecha ese Instituto aún no había dado respuesta a su
solicitud de reconocimiento de la prestación reclamada.
De conformidad
con lo anterior, esta Sala concluye que a diferencia de lo considerado por el
juez de tutela, la presente acción es procedente, pues según lo expuesto en los
fundamentos normativos de esta sentencia, reúne los requisitos definidos por la
jurisprudencia constitucional para el efecto.
5.5 Ahora bien,
a la luz de lo previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, esta Sala
encuentra que para efectos del presente fallo, Bernardino Miranda Moreno no
satisface todos los supuestos fácticos y jurídicos para obtener el
reconocimiento de la pensión de invalidez.
En efecto,
aunque está probado que Bernardino Miranda Moreno padece una pérdida de su
capacidad laboral superior al 50%[31], de conformidad con las
pruebas que obran en el expediente, la Sala concluye que no reúne el número de
semanas de cotización al Sistema de Pensiones exigido en el artículo en
comento, ni en su versión original ni en aplicación de las modificaciones
incorporadas a la Ley 100 de 1993 mediante el artículo 1° de la Ley 860 de
2003.
Esto por cuanto, en concordancia con el
“Reporte de semanas cotizadas por empleador” expedido el 21 de agosto de 2009
por el Instituto de Seguro Social[32], la Sala encuentra
probado que desde el 2 de junio de 1979 hasta el 9 de agosto de 1996, el
accionante cotizó 829,00 semanas al Sistema de Pensiones. Al respecto, se debe
considerar que de acuerdo con lo informado en el escrito de tutela y lo
indicado en la resolución No. 005488 expedida por ese Instituto el 10 de
febrero de 2009[33], la Sección de Medicina
Laboral – Pensiones Seccional Cundinamarca de la entidad accionada estimó que
el estado de invalidez del actor se estructuró el 16 de agosto de 2007.
En este sentido,
de conformidad con las consideraciones generales de esta sentencia, en
principio, en el presente caso corresponde la aplicación de las normas vigentes al momento en que se estructuró el estado de
invalidez del accionante, es decir, al 16 de agosto de 2007. Entonces, bajo
esta previsión, la Sala concluye que debe darse aplicación al artículo 1° de la
Ley 860 de 2003 según el cual, quien haya perdido el 50% o más de su capacidad
laboral tiene el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez si ha
cotizado 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a
la fecha de estructuración de ese estado. En este contexto, de acuerdo con las
pruebas aportadas durante el trámite de la acción de tutela, la Sala encuentra
que ninguna de las 829,00 semanas cotizadas por el
accionante al Sistema de Pensiones se surtió dentro de
los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de
su invalidez, como quiera que la última semana de aportes corresponde al 9 de
agosto de 1996[34].
Ahora bien, como
se indicó en las consideraciones generales de esta sentencia, en criterio de
las diferentes Salas de Revisión de la Corte Constitucional, de manera general, las reformas introducidas al artículo 39 de la
Ley 100 de 1993 mediante el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, resultan
contrarias al principio de progresividad de los derechos prestacionales, toda
vez que imponen requisitos más gravosos para el acceso a la pensión de
invalidez. En este sentido, resta por establecer si a la luz del principio de favorabilidad en la interpretación y
aplicación de la ley laboral, en concordancia con el texto original del
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el accionante tiene derecho al
reconocimiento de esa pensión.
De acuerdo con
la redacción original del artículo 39 de la Ley 100 de
1993, quien haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral y se encuentre
cotizando al Sistema, tiene el derecho al reconocimiento de la pensión de
invalidez si ha cotizado por lo menos 26 semanas al momento
de producirse el estado de invalidez; o habiendo dejado de cotizar, hubiere
efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas en el
año inmediatamente anterior al momento en que se produjo dicho estado.
En ese orden de
ideas, es claro que el accionante se encuentra en el segundo de los supuestos
fácticos señalados, pues desde hace aproximadamente nueve años dejó de realizar
aportes al Sistema de Pensiones. De ahí que, como es
lógico, el actor no satisface el requisito en comento, en tanto no efectuó
aportes “durante por lo menos veintiséis (26)
semanas del año inmediatamente anterior al
momento en que se produ[jo] el estado de invalidez[35]”. Al respecto, se reitera que se encuentra
probado que la última semana cotizada al Sistema por el
accionante tiene por fecha el 9 de agosto de 1996[36]
y que su estado de invalidez se estructuró el 16 de agosto de 2007[37].
Dado lo
anterior, la Sala concluye que para efectos del presente fallo, Bernardino
Miranda Moreno no satisface los requisitos para obtener el reconocimiento de la
pensión de invalidez, debido a que no reúne el número de semanas de cotización
al Sistema de Pensiones exigido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, ni en
su versión original ni en aplicación de las modificaciones incorporadas a esa
Ley mediante el artículo 1° de la Ley 860 de 2003.
Al respecto, la
Sala debe agregar que el análisis efectuado por la Corte en el presente caso,
no constituye un obstáculo para que, de considerarlo pertinente, el accionante
adelante otras acciones judiciales e incluso administrativas para obtener el
reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez. En este sentido, se
reitera que por regla general, la acción de tutela no es procedente para
determinar la existencia del derecho a una pensión, entre otras razones,
porque, dadas las competencias del juez constitucional, la jurisdicción laboral
es la encargada de dar aplicación a la legislación que existe en materia pensional,
pues “Así lo recomienda el experticio propio de las autoridades judiciales
que hacen parte de la jurisdicción laboral y la idoneidad que prima facie
ostentan los procedimientos ordinarios.[38]”
5.6 En virtud de
lo expuesto, está demostrado que a diferencia de lo considerado por el juez de
tutela, la presente acción de tutela sí satisface el requisito de
subsidiariedad. En consecuencia, esta Corporación revocará la sentencia
proferida el 11 de mayo de 2009 por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de
Bogotá dentro del presente trámite y, en su lugar, denegará la protección de
los derechos fundamentales de Bernardino Miranda Moreno a la seguridad social y
al mínimo vital.
Sin embargo, la Sala encuentra que de conformidad con el artículo 45 de la Ley
100 de 1993, el afiliado que al momento de invalidarse no hubiere reunido los
requisitos exigidos para la pensión de invalidez, “tendrá derecho a recibir,
en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido
en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez” prevista
en el artículo 37 de la misma Ley[39]. Por esto, y
dado que se encuentra plenamente demostrado que el accionante se encuentra en una
considerable circunstancia de debilidad manifiesta como consecuencia de su
estado de invalidez y su difícil situación económica, se advertirá al Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de
Seguro Social que en caso de que el actor lo solicite, deberá expedir de manera
inmediata la resolución correspondiente al reconocimiento de su derecho a la
indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, con fundamento en el
artículo en cita y las demás disposiciones aplicables.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la decisión adoptada el día once (11) de
mayo de 2009 por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de
tutela interpuesta por Vilma Alcira Páez Velasco en calidad de agente oficiosa
de Bernardino Miranda Moreno, contra el Departamento de Atención al Pensionado
del Instituto de Seguro Social y, en su lugar, NEGAR la tutela de sus
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.
Segundo.- Advertir al Departamento de Atención al Pensionado del Instituto de
Seguro Social que en caso de que Bernardino Miranda Moreno lo solicite,
deberá expedir de manera inmediata la resolución correspondiente al
reconocimiento de su derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de
invalidez, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 100 de 1993 y las demás
disposiciones aplicables.
Tercero.- DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ponente
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Cfr. Artículo 365 de la
Constitución Política. En el mismo sentido, se puede consultar la sentencia
C-623 de 2004.
[2] Preámbulo de la
Ley 100 de 1993.
[3] Artículo 38 de la
Ley 100 de 1993.
[4] En esta
oportunidad, la Corte reiteró el precedente jurisprudencial fijado en la
sentencia C-839 de 2003, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del
artículo 22 de la Ley 797 de 2003, con base la presunta
infracción de los artículos 157, 160 y 161 de la
Constitución, por vicios de procedimiento.
[5] Artículo 40 de la
Ley 100 de 1993.
[6] Al respecto, en la
citada sentencia la Corte explicó: “(…) la jurisprudencia ha precisado que
una medida se entiende regresiva en principio, en los siguientes eventos: a)
cuando recorta o limita el ámbito sustantivo de protección del respectivo
derecho; b) cuando aumentan sustancialmente los requisitos exigidos para
acceder al derecho de que se trata; c) cuando disminuye o desvía de manera
efectiva e importante los recursos públicos destinados a la satisfacción del
derecho, antes de que se haya verificado el cumplimiento de la respectiva
prestación.”
[7] Así, según la
sentencia en comento, “(…) acorde con los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, el legislador bien puede adoptar las medidas que
estime adecuadas para asegurar la ampliación progresiva de la cobertura de la
seguridad social y la garantía de todos los habitantes al derecho irrenunciable
a la seguridad social”. Empero, en la misma oportunidad, la Corte aclaró: “(…)
las expectativas legítimas de quienes aspiran a pensionarse bajo un régimen
determinado deben ser objeto de consideración y no pueden ser modificadas de
manera arbitraria en contraposición a la confianza legítima de los ciudadanos.”
[8] Véanse, entre
otras, las sentencias T-383 de 2009, T-271 de 2009, T-217 de 2009, T-952 de
2008, T-646 de 2008, T-422 de 2008, T-077 de 2008, T-854 de 2007, T-757 de
2007, T-699A de 2007, T-580 de 2007, T-043 de 2007, T-1018 de 2006, T- 1065 de
2006, T-841 de 2006, T-221 de 2006, T-1291 de 2005, T-1182
de 2005 y T-974 de 2005.
[9] Sentencia T-043 de
2007.
[10] Sobre el principio de subsidiariedad de la
acción de tutela, véase la sentencia T-297 de 2009.
[11] Véanse las
sentencias T-015 de 2009, T-413 de 2008, T-344 de 2008, T-184 de 2007, T-685 de 2006, T-203 de 2006, T-973 de 2005, T-691 de 2005, T-443 de 2005
y T-425 de 2004.
[12] Al respecto, se puede consultar la
sentencia T-184 de 2007.
[13] En efecto, al abordar el tema de la procedibilidad de
la acción de tutela para reconocer prestaciones relacionadas con el derecho a
la seguridad social, en la sentencia T-658 de 2008, la Corte explicó: “En
este punto resulta oportuno indicar que, de acuerdo a la regla descrita en el
inciso 3° del artículo 86 superior -principio de subsidiariedad- en principio,
no corresponde al juez de tutela resolver este tipo de controversias en la
medida en que el ordenamiento jurídico ha dispuesto un cauce procedimental
específico para la composición de esta suerte de litigios. Así las cosas, la
jurisdicción laboral y de seguridad social es la encargada de dar aplicación a
dicha normatividad y, en consecuencia, ha recibido el alto encargo de
garantizar protección al derecho fundamental a la seguridad social. Así lo
recomienda el experticio propio de las autoridades judiciales que hacen parte
de la jurisdicción laboral y la idoneidad que prima facie ostentan
los procedimientos ordinarios.” (Subraya fuera del texto).
[14] Sobre las excepciones de la improcedencia
de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de derechos pensiones, se
pueden consultar, entre otras, las sentencias T-610 de 2008, T-851 de 2006, T-249 de 2006. Igualmente, se encuentran las sentencias T-229 de 2009,
T-021 de 2009, T-007 de 2009, T-938 de 2008, T-826 de 2008, T-681 de 2008,
T-634 de 2008, T-854 de 2007, T-628 de 2007, T-389 de 2007, T-1064 de 2006,
T-701 de 2006 y T-860 de 2005.
[15] Véanse las
sentencias T-090 de 2009 y T-621 de 2006.
[16] Sentencias T-702
de 2008, T-681 de 2008 y T-607 de 2007.
[17] Sentencias T-174
de 2008, T-567 de 2007, T-529 de 2007, T-251 de 2007, T-857 de 2004, T-651 de
2004, T-169 de 2003 y T-631 de 2002.
[18] En concordancia con la jurisprudencia, el
perjuicio irremediable debe reunir las siguientes características: “A) El
perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder
prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un
posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real
en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar
algo probable y no una mera conjetura hipotética. (…). || B) Las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es
decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal (…).|| C) No basta cualquier
perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad
del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. (…).
|| D) La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable,
ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser
ineficaz por inoportuna. (…).” Sentencia T-225 de 1993, reiterada, entre otras, en las sentencias
T-401 de 2009, T-269 de 2009, T-913 de 2008, T-422 de 2008, T-757 de 2007,
T-373 de 2007, T-1034 de 2006 y T-595 de 2006.
[19] Sentencia T-658
de 2008. Igualmente, véanse, entre otras, las sentencias T-217 de 2009, T-1030
de 2008, T-826 de 2008, T-108 de 2007.
[20] Al respecto, se puede consultar la sentencia T-335 de
2000.
[21] En este sentido, véase la sentencia T-1206
de 2005. Igualmente, las sentencias T-614 de 2007 y T-124 de 2007.
[22] Sobre este punto, se puede consultar la
sentencia T-730 de 2008.
[23] Sentencias T-019
de 2009, T-524 de 2008 y T-920 de 2006.
[24] Véanse, por ejemplo, las sentencias T-090
de 2009, T-997 de 2007, T-621 de 2006, T-158 de 2006, T-871 de 2005, T-545 de 2004 T-169 de 2003, T-631 de 2002 y T-800 de 1999.
[25] Sentencias T-019 de 2009, T-099 de 2009, T-1213 de
2008, T-752 de 2008, T-729 de 2008, T-702 de 2008, T-052 de 2008, T-597 de
2007, T-169 de 2003 y T-571 de 2002.
[26] Sobre este
aspecto se puede consultar las sentencias T-567 de 2007, T-529 de 2007 y T-432
de 2005.
[27] Cfr. Folios 15 a 17, cuaderno 2.
[28] Cfr. Folio
9, cuaderno 2.
[29] Cfr. Folio
14, cuaderno 2.
[30] Cfr. Folios
11 y 12, cuaderno 2.
[31] Cfr. Folio
9, cuaderno 2.
[32] Cfr. Folio 28, cuaderno 2.
[33] Cfr. Folios 9 y 10, cuaderno 2.
[34] Cfr. Folios
28 y 29, cuaderno 2.
[35] Versión original del artículo 39 de la Ley de 1993.
[36] Supra No. 34
[37] Cfr. Folio
9, cuaderno 2.
[38] Sentencia T-658 de 2008.
[39] Artículo 37 de la Ley 100 de 1993: “INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE
VEJEZ. Las personas que habiendo cumplido
la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas
exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a
recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de
liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas;
al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes
sobre los cuales haya cotizado el afiliado.”