T-592-01
Sentencia T-592/01
Sentencia
T-592/01
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de salarios/DERECHO
AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de salarios
DERECHO AL MINIMO
VITAL-Prueba de la amenaza
MUNICIPIO-Situación económica o presupuestal no es
óbice para desconocer obligaciones laborales
Referencia:  expediente T-420.148.
Acción de tutela de Diana Mabel Valencia Orozco, contra el
Municipio de Belalcázar (Caldas).
Magistrado Ponente
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Bogotá, D.C., siete
(7) de junio del año dos mil uno (2001).
I.
ANTECEDENTES.
Mediante escrito dirigido el día 18 de
octubre de 2000 al Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas, Diana Mabel
Valencia Orozco incoó acción de tutela contra el Municipio de Belacázar
(Caldas), por considerar que éste le desconoció sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la vida y a la igualdad, con base en los siguientes hechos:
Señala que se desempeña como Personera
Municipal de Belalcázar (Caldas), que la administración municipal, le debe a la
fecha de la presentación de la demanda la suma de $ 8.203.868, por concepto de
salarios atrasados correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre
del 2000, así como el pago de las vacaciones para el periodo 1998-2000, las
cuales le fueron reconocidas y disfrutó,[1]según
lo ordenado en la resolución No. 002 del 3 de marzo del 2000.
Afirma que su sustento se deriva única y
exclusivamente de su trabajo, con el cual paga arriendo, servicios públicos,
alimentación, además de que colabora con la manutención de sus padres que viven
en Manizales. Indica que a otros trabajadores hace algunos días, se les canceló
un mes de trabajo.
PRUEBAS
En el expediente
obran las siguientes:
-Fotocopia del acta
de nombramiento y posesión de la actora como Personera del  Municipio de
Belalcázar (fl.7,8).
-Fotocopia de la
resolución No. 002 del 3 de marzo del 2000, por el cual se le reconoce prima de
vacaciones por valor de $1.891.504. (fl. 10,11)
-Fotocopia de
constancia del Municipio donde certifica que el sueldo de la actora para el año
2000 es de $1.891.504,oo. (fl.12)
-Escrito dirigido al
juez de primera instancia[2]
donde el Alcalde Municipal reconoce que tanto a la accionante como a otros
empleados o funcionarios del municipio se les adeuda los salarios
correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2000. Lo
anterior, se debe a que los recursos con que se cancelan estos, corresponden a
gastos de funcionamiento, los cuales con los recortes de la Nación se han visto
disminuidos, al igual que los ingresos propios, por lo que sé esta adelantando
una amnistía en los intereses de mora en el pago del impuesto predial, para con
estos recursos cancelar los salarios adeudados.
En su memorial
informa además, que en la medida en que han ingresado recursos, se ha venido
cancelando el mes de julio, previa reunión con los funcionarios donde se
convino en ir cancelando primero a los empleados de menos salarios y así en
forma ascendente, hasta completar la totalidad de la nómina.
Para terminar
manifiesta, que a la actora se le debe por concepto de prima de vacaciones la
suma de $ 1.891.504 y en relación con los pagos para salud, señala que los
mismos se han realizado cumplidamente (fls. 33, 34)
-Escrito de
impugnación al fallo de primera instancia, radicado el 16 de noviembre de 2000,
donde el Alcalde Municipal alude entre otros aspectos a la difícil situación
económica por la que atraviesa el municipio (fls. 56- 58)
SENTENCIAS OBJETO
DE REVISION
Correspondió
conocer del asunto[3]
-por reparto- al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales -Sala Unitaria
Civil de Familia- quien en auto del 18 de octubre de 2000, se declaró
incompetente y ordenó acatando los lineamientos de la Corte Constitucional,
inaplicar el artículo 1º del Decreto 1382 del 2000 por ser inconstitucional, y
dispuso enviar el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas,
organismo judicial ante el cual la accionante había dirigido la acción de
tutela (fl. 17-21)
Mediante
proveído del 1º de noviembre de 2000, el Tribunal Contencioso Administrativo de
Caldas -Sala de Decisión-, tutela los derechos  a la vida digna, subsistencia,
trabajo e igualdad, de la señora Diana Mabel Valencia Orozco, ordena al
Municipio de Belacázar (Caldas) que en el término de 10 días cancele los
salarios adeudados. Respecto a la prima de vacaciones deniega por existir otros
medios de defensa judicial.(fl.39-48)
Impugnada la
sentencia, correspondió conocer al Consejo de Estado, el cual, mediante fallo
del 13 de diciembre del año pasado, la revocó en su integridad y, en su lugar,
denegó el amparo solicitado al considerar que por ser una reclamación de
eminente carácter laboral su conocimiento corresponde adelantarse a través de
las acciones ordinarias previstas en la ley.
II.
CONSIDERACIONES.
La Corte en reiterada jurisprudencia a manifestado
que la tutela no es el medio judicial idóneo para exigir el pago de acreencias
laborales, a menos que se trate de personas afectadas en su mínimo vital, que
en tal sentido es de reiterar lo afirmado en la sentencia T- 1088 de 2000, M.P
Alejandro Martínez Caballero donde se dijo:
“En principio, la
tutela no está establecida para reclamar acreencias laborales, especialmente si
se tiene  en cuenta que para eso existe el juicio ejecutivo laboral; sin
embargo, si la mora ocasiona un perjuicio irremediable y se tiene en cuenta,
como lo dice la SU-995/99, que el pago oportuno del salario es un derecho
fundamental porque implica reconocimiento de la dignidad humana, del mínimo
vital que puede concretarse en el libre desarrollo de la personalidad, del amparo
de la familia, del reconocimiento de la igualdad y el orden justo; y, además,
se relaciona con el derecho a la vida, a la salud, al trabajo y a la seguridad
social; se concluye que  hay un cúmulo de disposiciones constitucionales que
sirven de ayuda para garantizar el pago oportuno del salario. Normas
constitucionales que se integran con el Convenio 95 de la OIT, referente al
salario, en el bloque de constitucionalidad.
(..)
1. Cuándo
procede la tutela en reclamación de salarios
En primer lugar
hay que recalcar que la tutela cabe  para proteger el mínimo vital del
trabajador (T-070/2000 que reitera jurisprudencias anteriores). Por esta última
razón “…es posible ordenar el pago de derechos laborales en circunstancias
excepcionales, en que se encuentra afectado el derecho al mínimo vital de la
persona que impetra la tutela, que deben ser calificadas por el juez en cada
situación concreta” (T-266/2000). Es por ello que excepcionalmente puede
reclamarse  el salario no pagado, sin que para ello sea requisito ser de la
tercera edad ( ver T-182/2000 ).
En cuanto a la
viabilidad de la acción de tutela para reclamar los salarios en mora, la
Corte ha considerado que se está ante un perjuicio irremediable que pone en
peligro el derecho fundamental a la subsistencia y los demás derechos conexos;
es decir que el mínimo vital juega un papel muy importante en la reclamación de
salarios por tutela y en este aspecto hay que tener en cuenta que quien
interpone la tutela haya sufrido un perjuicio irremediable.
Sobre el perjuicio irremediable en la T-225/93[4] se
precisó:
"Para
determinar la irremediabilidad del perjuicio hay que tener en cuenta la
presencia concurrente de varios elementos que configuran su estructura, como la
inminencia que exige, en el caso que nos ocupa, medidas inmediatas; la urgencia
que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente; y la
gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados
pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la
acción de tutela como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para
garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se
encuentran amenazados.  Con respecto al término 'amenaza' es conveniente
manifestar que no se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la
probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada.  La
amenaza requiere un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable
pensar en la realización del daño o menoscabo material o moral."
En la misma
sentencia se dice que es inminente lo "que amenaza o está por suceder
prontamente"; que las medidas han de ser urgentes, es decir,
"como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar
una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario
de la Real Academia." Que el perjuicio se requiere que sea grave,
"lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona."; y "que la acción de
tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer
el orden social justo en toda su integridad."
2. La prueba del mínimo vital
En lo tocante a la prueba, se considera que la no cancelación de
salarios es un perjuicio irremediable que afecta el derecho fundamental a la
subsistencia “en todos los casos en los  que no se encuentre debidamente
acreditado que el trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las
que provienen de su trabajo”. (SU-995/99) Y en la misma sentencia la Corte
recuerda que se debe partir del principio de la buena fe, pero que el actor no
queda exonerado de probar los hechos dentro de las orientaciones del decreto
2591 de 1991, especialmente de los artículos: 18 (restablecimiento inmediato si
hay medio de prueba), 20 ( presunción de veracidad si se piden informes y no
son rendidos), 21 (información adicional que pida el juez), 22 (convencimiento
del juez que exonera de pruebas adicionales).[5] O sea que no se exige
la prueba diabólica (demostración a plenitud de que no se tienen otros
ingresos), sino que se requiere algo que le permita al juez deducir que el
salario es el único ingreso y que el no pago afecta gravemente al trabajador,
sirve por ejemplo la prueba documental sobre deudas contraidas, la situación
concreta y perjudicial en que han quedado los hijos o el cónyuge del
trabajador, la misma cuantía del salario cuando esta es baja y hace presumir
que quien lo recibe depende de él, pero al menos debe existir un principio de
prueba no basta la sola afirmación, menos la hecha de manera genérica para
varios trabajadores.”
CASO CONCRETO
Sea lo primero
reiterar lo dicho por esta Corporación en diversos fallos[6] según los cuales la
tutela no es el medio judicial idóneo para exigir el pago de acreencias
laborales, a menos que se trate de personas afectadas en su mínimo vital, pues
con ello se estarían afectando derechos de rango constitucional y el objetivo
de la acción es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, cuya
transgresión o amenaza opone la intervención del juez dentro de un
procedimiento preferente y sumario.
En el presente caso,
se observa que no obstante que la accionante no aportó pruebas que acrediten la
afectación de su mínimo vital, de todas formas está probado: i) que la accionante labora como Personera del
Municipio de Belacázar, ii) que igualmente está probado que la entidad
accionada le adeuda las acreencias laborales que la actora reclama por vía de
tutela, iii) que la accionante afirma en su demanda, que la asignación salarial
que recibe es el “único sustento económico” que posee para satisfacer sus necesidades
básicas como alimentación, vivienda, pago de servicios, además de que colabora
con el sustento de sus padres y que con dicho atraso se esta lesionando su
estabilidad económica y familiar.
Que al respecto esta
Sala manifiesta, que tomando en consideración el principio de la buena fe, que deberá presumirse (C.P. art. 83),[7] y
la clase de vinculación que la actora tiene con la entidad demandada -lo que
hace suponer de su dedicación exclusiva al trabajo- es conducente deducir que,
si no se le cancelan oportunamente los salarios a la actora, se le va ha
ocasionar un perjuicio irremediable que afecta su mínimo vital.
En este sentido es
de señalar, que en lo referente a la viabilidad de la acción de tutela
para reclamar los salarios en mora, la Corte[8]
ha considerado que se presume que se está ante un perjuicio irremediable
que pone en peligro el derecho fundamental a la subsistencia y los demás
derechos conexos, “en todos los casos en los que no se encuentre
debidamente acreditado que el trabajador cuenta con rentas suficientes y
distintas de las que provienen de su trabajo”[9].
Pues se parte de la base de que el pago oportuno del salario es un derecho
fundamental porque implica reconocimiento de la dignidad humana, del amparo de
la familia, del reconocimiento de la igualdad y el orden justo.
De otra parte, es de
señalar a ese respecto, que el concepto de mínimo vital del trabajador no
debe confundirse con la noción de salario mínimo, como quiera que la “garantía
de percibir los salarios y las demás acreencias laborales, se asienta en una
valoración cualitativa, antes que en una consideración meramente cuantitativa”.
De ahí pues, que la valoración del mínimo vital corresponde a las condiciones
especiales de cada caso concreto y no al monto de las sumas adeudadas o a “una
valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para
subsistir, sino con la apreciación material del valor de su trabajo”.[10]
Que igualmente es de reiterar lo dicho por esta
Corporación[11] en ocasiones anteriores en torno a
que las dificultades financieras que viven la mayoría de municipios del país,
no constituyen justificación para el incumplimiento en el pago de sus
obligaciones  laborales, ni los redimen de la cancelación oportuna de los
salarios, en tanto éstas son el producto de una contraprestación personal que
goza de especial protección por parte del  Estado.
Finalmente  es de
señalar que de conformidad con la decisión adoptada por la Corte Constitucional
en la SU-995/99, el concepto de “salario” debe entenderse en un concepto amplio
que va mucho mas allá de la definición del Código Sustantivo del Trabajo[12] y se integra para la
protección judicial a su pago cumplido, con todas las cantidades que tienen origen
en la relación laboral y constituyen remuneración (primas, vacaciones,
cesantías, horas extras)[13].
Sobre el particular
manifestó la Corte en la Sentencia SU-995 de 1999,lo siguiente:
"…para efectos del significado que en nuestro
ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre todo, para la
protección judicial del derecho a su pago cumplido, deben integrarse todas las
sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador,
sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o
las partes contratantes. Así, no sólo se hace referencia a la cifra quincenal o
mensual percibida por el empleado -sentido restringido y común del vocablo-,
sino a todas las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías,
horas extras -entre otras denominaciones-, tienen origen en la relación laboral
y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el
servicio prestado.
Las
razones para adoptar una noción de salario expresada en estos términos, no sólo
se encuentran en la ya referida necesidad de integración de los diferentes
órdenes normativos que conforman el bloque de constitucionalidad, sino que son
el reflejo de una concepción garantista de los derechos fundamentales,
que en materia laboral constituye uno de los pilares esenciales del Estado
Social de Derecho. A partir de la Constitución de 1991, es evidente la
relevancia del derecho laboral dentro de la configuración de un orden social y
económico justo y más cercano a la realidad, en cuyo desarrollo la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha debido intervenir, en buena parte
por la falta del estatuto del trabajo al que se refiere el artículo 53
Superior.
(..)
En ese orden de
ideas, esta Sala procederá a revocar el fallo del Consejo de Estado, Sala
Contencioso Administrativo -Sección Primera-, de fecha 13 de
diciembre de 2000 que denegó el amparo solicitado y en consecuencia, ordenará a
la entidad acusada que, en el término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de este fallo, si aún no lo hubiere hecho durante
el trámite de revisión de esta acción, cancele a la actora el salario de los
meses de julio, agosto y septiembre del año 2000, así como las primas de
vacaciones adeudadas.[14]
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por la Sección Primera
de la Sala Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de fecha
13 de diciembre de 2000, al resolver sobre la acción de tutela incoada por
Diana Mabel Valencia Orozco, contra el Municipio de Belalcázar (Caldas), y, en
su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos al pago oportuno del
salario y al mínimo vital de la accionante.
Segundo.- ORDENAR a la entidad demandada que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de la
presente providencia, proceda, si no lo hubiere hecho ya, a cancelar la
totalidad de los salarios adeudados a la actora correspondiente a los meses de
julio, agosto y septiembre del año 2000, así como la prima de vacaciones
reclamada en esta acción, siempre que exista partida presupuestal disponible.
En caso contrario, el indicado plazo se concede para iniciar los trámites
presupuestales pertinentes, informando de las gestiones que se realicen al juez
de instancia. Dichas gestiones no podrán exceder el término perentorio de tres
(3) meses.
Tercero. Por Secretaría líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
El cuidado sobre la prueba debe ser tenido en cuenta por quien instaura tutela.
Po
ejemplo,
por no haber prueba suficiente no prosperó la reclamación de
unos
profesores universitarios, T-335/2000
[3]
SU-342 de 199
, T-019 de 1997, T-081 de 1997
T-261 de 1997; t-538 de 2001.
[5]
Ver sentencia SU-995/99.M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[5]
Ver sentencia SU-995/99.M.P.
[5]
Ver sentencia T-971/00 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[5]
Consultar Sentencia
-399/01
Alfredo Beltrán Sierra.
[6] Ver Sentencias T-015 de 1995, T-146
de 1996,
-220 de 1998.
[7]
Ibídem.
[7]
Convenio 95 de la OIT
[7]
Según resolución No.002 del 3
e marzo del 2000.
[9]
Ver a folio 25 del expediente la decl
ración rendida, ante el Juez
Primero Civil del Circuit
, por el director del hospital
demandado en la que se refiere
las acree
cias laborales que se t
enen con los empleados.
[14]
Ver entre muchas otras, la