T-318-18
Sentencia T-318/18
ACCION DE
TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Procedencia
excepcional
DERECHO AL
AGUA POTABLE-Toda persona tiene derecho fundamental prima facie a disponer y
acceder a cantidades suficientes, y de calidad, de agua apta para el consumo
humano
DERECHO
FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Alcance y contenido
El derecho al agua es de naturaleza
fundamental y de carácter autónomo, siempre que sea para el consumo humano. En
este contexto, procede la Sala a recapitular, brevemente, las reglas definidas
por esta Corte cuando se suspende el servicio de acueducto por mora en el pago
de las facturas y su relación con otros derechos fundamentales.
DERECHO AL
AGUA POTABLE-Límites a la suspensión del servicio público domiciliario de
acueducto por mora en el pago
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS-Pueden
suspender la forma de prestar el servicio de acueducto y pasar a suministrarle
al usuario cantidades mínimas de agua a los sujetos de especial protección
constitucional
DERECHO AL
AGUA POTABLE-Vulneración por suspensión completa del servicio de acueducto por
no pago, sin tener en cuenta que se encuentran sujetos de especial protección
constitucional
La Corte en su jurisprudencia no ha
avalado la cultura de no pago, y de hecho ha reafirmado que en desarrollo del
principio de solidaridad es constitucional la obligación que tiene el usuario
de pagar por el consumo, así como el derecho y el deber de la empresa
prestadora de suspender el suministro del servicio de acueducto cuando han
transcurrido dos períodos de facturación sucesivos en los que no se ha
efectuado el pago. No obstante en el caso de servicios públicos domiciliarios,
en los que se evidencie que habitan sujetos vulnerables, observa la Corte que
la facultad de suspender el servicio de acueducto es constitucional pero no
absoluta, ya que encuentra límites razonables en los derechos fundamentales de
dichas personas, por lo que, no resulta aceptable realizar tal procedimiento si
con esto se afectan derechos fundamentales de sujetos en estado de
vulnerabilidad, pero sí es razonable cambiar la forma en que se realiza el
suministro, para limitarlo a la cantidad mínima de agua mientras se realiza un
acuerdo de pago y se cancela la deuda.
DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden a Empresa de
Servicios Públicos reconectar servicio público domiciliario de acueducto
garantizando por lo menos 50 litros de agua por persona al día
DERECHO AL AGUA POTABLE-Orden a Empresa de
Servicios Públicos adelantar trámites para llegar a un acuerdo de pago con
accionante, a fin de que pueda responder por su obligación contractual
Referencia:
Expediente T-6.643.905 y T-6.643.907
Acciones
de tutela interpuestas por las señoras Martha Iliana Fuentes Guerra
(T-6.643.905) y Mercedes Piedad Pereira Henríquez (T-6.643.907) contra la
empresa Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil dieciocho
(2018)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, José Antonio
Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE
TUTELA ACUMULADA
1.
Las señoras Martha Iliana Fuentes
Guerra (T-6.643.905) y Mercedes Piedad Pereira Henríquez (T-6.643.907), interpusieron,
en nombre propio, acciones de tutela contra la empresa Aguas del Sur de la
Guajira S.A. E.S.P. (en adelante, la “Empresa Accionada”), al considerar
que fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna y al agua
potable, con ocasión de la suspensión del servicio de acueducto que decretó la
empresa accionada por la mora en el pago de las respectivas facturas. En particular, argumentaron las tutelantes
que la entidad accionada no tuvo en cuenta que en el inmueble habitan sujetos
de especial protección constitucional (niños y niñas), y que el incumplimiento
en el pago de las facturas se debió a la difícil situación económica que
enfrentan sus familias, víctimas del desplazamiento forzado.
2.
En consecuencia, las
actoras solicitaron, principalmente, al juez de tutela que ordene a la empresa
accionada restablecer el servicio de acueducto en sus domicilios.
B.
HECHOS
RELEVANTES DEL EXPEDIENTE T-6.643.905
3.
La señora Martha Iliana
Fuentes Guerra[1]
manifiesta que, junto a su cónyuge y sus tres hijos menores de edad[2], habita en calidad de
préstamo, un inmueble ubicado en la Calle 9 No. 7 – 86 del barrio San Luis, municipio
de Villanueva (La Guajira).
4.
El quince (15) de marzo
de 2017, la Empresa Accionada suspendió el servicio de acueducto al referido
inmueble, por la causal de mora en el pago de más de dos (2) facturas,
específicamente, afirmó que la deuda de la accionante ascendía a $2.327.095[3].
5.
La tutelante manifestó
que el supervisor de la Empresa Accionada le propuso cancelar el 50% de la
factura para evitar la suspensión del servicio. Sin embargo, indicó que por la
falta de recursos económicos no fue posible llegar a ningún acuerdo de pago. Así
mismo, adujo que, previo a la interrupción del suministro de agua potable,
informó a la entidad accionada que en el inmueble habita con sus tres (3) hijos
menores de edad.
6.
Sostuvo que el único
ingreso para sufragar los gastos básicos del hogar, provenía del salario que
devengaba su cónyuge por sus labores de albañilería. Además, aseveró que tanto
ella como su familia son víctimas del conflicto armado, pero no reciben desde
hace mucho tiempo las respectivas ayudas humanitarias[4].
7.
Informó que, en ocasiones,
sus vecinos le proveían el agua potable. Adicionalmente, alegó que “a pesar
de que el servicio me fue suspendido hace varios meses y que solo hace un mes
lo reconecté, los recibos [siguen llegando por] igual valor, sin estar
consumiendo el servicio”[5].
8.
Por lo demás, la señora
Fuentes Guerra, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Empresa
Accionada reclamando la protección de sus derechos fundamentales a la vida
digna y al agua potable, los cuales consideró violados por la suspensión del
servicio de acueducto. En consecuencia, solicitó que se ordene a la accionada
(i) conectar el servicio de agua potable; (ii) abstenerse de suspender este
servicio; (iii) exonerar a la actora de pagar las “deudas consentidas por la
empresa”; y (iv) realizar un acuerdo de pago que tenga en cuenta sus
condiciones económicas. Además, requirió al juez de tutela que decrete como
medida cautelar la conexión inmediata del servicio de agua potable en el
inmueble que habita con su familia.
9.
La demanda de tutela
correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Villanueva, La Guajira, el cual mediante auto del veintiocho
(28) de abril de 2017, dispuso admitir la acción de tutela, informar a la
accionante y a la Empresa Accionada, tener como pruebas todas las aportadas en
el proceso y acceder a la medida provisional solicitada por la demandante[6].
C.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA EN EL EXPEDIENTE T-6.643.905
10.
La Gerente y
Representante Legal de la empresa accionada solicitó que se deniegue la acción
de tutela, por cuanto existen otros mecanismos de defensa judicial para solucionar
el problema de la deuda por concepto del servicio público de acueducto.
11.
Con relación a los hechos
del caso concreto, afirmó que: (i) el suscriptor del servicio era el señor
Wilfrido José Miranda; (ii) la actora no está registrada en los archivos como
suscriptora o usuaria del servicio, ni como propietaria, poseedora,
arrendataria o comodataria del inmueble; (iii) no existe prueba de la residencia
de la accionante en el inmueble, por lo tanto, no es posible tener certeza si
la deuda es anterior a su llegada; (iv) la causa principal de la mora es la
falta de cultura de pago de la señora Fuentes Guerra y del suscriptor del
servicio, este último podría ser responsable solidariamente de la deuda si
resultase cierto que este prestó su inmueble a la accionante; (v) el suscriptor
y la tutelante se rehusaron a todas las fórmulas de arreglo, sin embargo, la
empresa estuvo dispuesta en cualquier momento a celebrar un acuerdo razonable
de pago; (vi) negó el hecho de que la actora informó sobre la presencia de sus
hijos menores de edad y su falta de capacidad de pago; (vii) existen dudas respecto
de la condición de víctima desplazamiento forzado y de la familia de la señora
Fuentes Guerra, en tanto los documentos de identificación fueron expedidos en la
misma ciudad en la que residían, además que no fue aportada constancia de que
se encontrasen inscritos en el RUV.
12.
Por lo demás, (i) propuso
la excepción de falta de legitimación por activa, argumentando que no fueron
probadas las circunstancias en las que la actora habitaba el inmueble del
suscriptor del servicio; (ii) insistió en la prohibición de exoneración en el
pago de los servicios públicos domiciliarios; y (iii) advirtió que la actora
podría estar incursa en un fraude procesal por alegar hechos contrarios a la
realidad.
D.
DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN EN EL EXPEDIENTE T-6.643.905
Primera instancia: Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Villanueva, La Guajira, el once (11) de mayo de 2017
13.
El Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Villanueva concedió el amparo solicitado por la
accionante, fundado en un único argumento, esto es que, de acuerdo con los
medios probatorios, existía evidencia de que se habían vulnerado los derechos
de los niños al consumo de agua potable, así como el derecho a recibir la
prestación de un buen servicio público. En consecuencia, ordenó a la empresa
accionada que (i) se abstenga de volver a suspender el servicio de acueducto al
inmueble en el que reside la actora; y (ii) solo exija al propietario del
inmueble o la usuaria del servicio, el pago de los tres primeros períodos
vencidos de las facturas del servicio público, los gastos de reconexión y los
recargos de mora generados durante dicho plazo. El a quo no explicó
cuáles fueron las razones que lo llevaron a dictar esta última orden de
protección[7].
Impugnación
14.
La Gerente y
Representante Legal de la empresa accionada impugnó la decisión del a quo,
al considerar que dicha decisión carecía de fundamento probatorio, además que promovía
la cultura de no pago de los servicios públicos domiciliarios[8].
Segunda instancia: Sentencia proferida por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, el quince (15) de junio de
2017
15.
El Juzgado Promiscuo
del Circuito de Villanueva decidió revocar en su totalidad la sentencia de
primera instancia[9],
argumentando que si bien es cierto que los derechos de los niños tienen
significativa importancia, también lo es que en el presente proceso no fueron
aportadas pruebas que pudieran demostrar que la actora hubiese agotado los
mecanismos previstos en la Ley 142 de 1994, ni los medios de control dispuestos
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–CPACA. En ese sentido, señaló que es improcedente la exoneración de los pagos
correspondientes a los servicios públicos domiciliarios.
E.
HECHOS
RELEVANTES DEL EXPEDIENTE T-6.643.907
16.
La señora Mercedes
Piedad Pereira Henríquez[10]
afirmó que es madre cabeza de familia de dos (2) niños[11] y que residía en
calidad de préstamo en un inmueble ubicado en la Calle 9 No. 7 – 51 del barrio
San Luis, municipio de Villanueva (La Guajira).
17.
El trece (13) de diciembre
de 2016, la Empresa Accionada suspendió el servicio de acueducto al referido
inmueble, por la causal de mora en el pago de más de dos (2) facturas[12]. La deuda que recaía
sobre este asunto ascendía a $323.267[13].
18.
Adujo la señora Pereira
Henríquez que el supervisor de la Empresa Accionada le propuso cancelar el 50%
de la factura para evitar la suspensión del servicio. Sin embargo, afirmó que
no fue posible llegar a ningún acuerdo de pago debido a que no cuenta con
recursos económicos, además que se encontraba incapacitada medicamente para
laborar. Adicionalmente, manifestó que le solicitó al funcionario no
interrumpir el suministro de agua porque habitaba en su domicilio con sus dos
(2) hijos menores de edad, sin embargo, señaló que la entidad accionada hizo
caso omiso.
19.
Aseveró que tanto ella
como su familia son víctimas del conflicto armado, pero que no reciben las
respectivas ayudas humanitarias. Informó que, en ocasiones, sus vecinos le
proveían el agua potable. Así mismo, alegó que “a pesar de que el servicio
me fue suspendido hace varios meses, los recibos [siguen llegando por] igual
valor, sin estar consumiendo el servicio”[14].
20.
Por lo anterior, la
señora Pereira Henríquez, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra
la Empresa Accionada reclamando la protección de sus derechos fundamentales a
la vida digna y al agua potable, los cuales considera fueron vulnerados como
consecuencia de la suspensión del servicio de acueducto. En consecuencia,
solicitó que se ordene a la accionada (i) abstenerse de suspender el servicio
de agua potable; (ii) exonerar a la actora de pagar las “deudas consentidas
con la empresa”; y (iii) devolver la llave de cierre del agua y reparar los
daños que ocasionó a la tubería el día de la suspensión del servicio. Por
último, solicitó al juez de tutela que decrete como medida cautelar la conexión
inmediata del servicio de agua potable en el inmueble que habita con su
familia.
21.
La demanda de tutela
correspondió por reparto al Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Villanueva, La Guajira, el cual mediante auto del veinticuatro
(24) de abril de 2017, resolvió acceder a la medida provisional solicitada por
la demandante[15].
F.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA EN EL EXPEDIENTE T-6.643.907
22.
La Gerente y Representante Legal de
la empresa accionada solicitó que se niegue la acción de tutela, en razón a que
existen otros medios de defensa judicial para solucionar el problema de la
deuda que tenía la actora por concepto del servicio de acueducto y
alcantarillado.
23.
En cuanto a las
circunstancias que motivaron la presentación de la acción de tutela, la entidad
accionada reiteró los argumentos de defensa expuestos en el proceso T-6.643.905
(ver supra, numeral 11), salvo lo relativo a que, en este caso, la suscriptora registrada del
inmueble es la señora Alicia Guerrero. En esa dirección, la Empresa Accionada
(i) propuso la excepción de falta de legitimación por activa, argumentando que
no fueron probadas las circunstancias en las que la actora habitaba el inmueble
de la suscriptora del servicio; (ii) cuestionó la falta de capacidad de pago y
la de su cónyuge o compañero permanente Oscar Morón Guerrero; (iii) insistió en
la prohibición de exoneración en el pago de los servicios públicos
domiciliarios; y (iv) aportó fotografías del domicilio de la actora que
demuestran el perfecto estado en el que se encuentran las respectivas
acometidas[16].
G.
DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN EN EL EXPEDIENTE T-6.643.907
Primera instancia: sentencia proferida por el Juzgado Primero Municipal
de Villanueva, La Guajira, el cinco (5) de mayo de 2017
24.
El Juzgado Primero
Municipal de Villanueva concedió el amparo de los derechos fundamentales a la
vida digna, al agua potable y al derecho de los niños y las niñas invocados por
la accionante. Para ello, argumentó que la señora Pereira Henríquez y sus hijos
menores de edad, se encontraban en una precaria situación que justificaba la
intervención del juez de tutela, a fin de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.
25.
En consecuencia, ordenó
a la Empresa Accionada a reconectar el servicio de agua a la residencia que
habitaba la actora, con la advertencia que no podrá suspenderlo mientras se
encuentren en dicho inmueble niños o sujetos de especial protección
constitucional. Así mismo, exhortó al representante legal de la entidad accionada
y a la accionante y/o a la señora Alicia Guerrero (suscriptora), para “llegar
a un acuerdo de pago en el cual se le ofrezcan [a la actora y/o
suscriptora] cuotas amplias y flexibles conforme a sus medios económicos,
que le permitan cancelar las facturas vencidas (…)”. Por último,
declaró improcedente lo relacionado con el pago de los daños causados a la
vivienda destinataria del servicio de acueducto.
Impugnación
26.
La Gerente y
Representante Legal de la empresa accionada impugnó el fallo del a quo, argumentando
que esta decisión carece de fundamento probatorio y promueve la cultura de no
pago de los servicios públicos domiciliarios[17].
Segunda instancia: sentencia proferida por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira, el veintiuno (21) de junio de
2017
27.
El Juzgado Promiscuo
del Circuito de Villanueva revocó la sentencia de primera instancia, por falta
de elementos de prueba que permitiesen demostrar las condiciones alegadas por
la accionante,  en particular, lo referente a la falta de capacidad para
laborar y la calidad de víctima del desplazamiento forzado. Adicionalmente,
señaló que el amparo solicitado deviene improcedente en la medida que no fueron
agotados los recursos o medios de defensa que establece la Ley 142 de 1994 y el
CPACA.
H.
ACTUACIONES
ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL
28.
En los procesos
T-6.643.905 y T-6.643.907, el Magistrado sustanciador, mediante auto del
dieciséis (16) de mayo de 2018, dispuso (i) la vinculación de posibles terceros
con interés legítimo en estos asuntos, específicamente, de los propietarios de
los inmuebles que habitan las accionantes. Para ello, comisionó a los jueces de
tutela de primera instancia a fin de que adelantaran los respectivos trámites
de notificación y vinculación. Así mismo, (ii) ofició a las tutelantes de ambos
casos, para que allegaran información en cuanto a sus circunstancias
familiares, sociales y económicas. De igual modo, (iii) requirió a la UARIV con
el propósito de que certificara si las demandantes y sus grupos familiares se encuentran
inscritos en el RUV. Finalmente, (iv) puso a disposición de las partes y
terceros con interés legítimo, la información que sobre las demandantes reposa
en las bases de datos RUAF[18]
y SISBEN.[19]
29.
Por medio de oficio del
treinta y uno (31) de mayo de 2018, la Secretaría General de esta Corporación
informó al Magistrado sustanciador que, en cumplimiento de lo dispuesto en la
providencia del dieciséis (16) de mayo de 2018, fueron recibidos los siguientes
informes:
30.
Respuesta de la
señora Mercedes Piedad Pereira Henríquez, accionante en el proceso T-6.643.907. La tutelante informó lo siguiente: (i) la
empresa accionada, actualmente, se encuentra prestando el servicio de acueducto
y alcantarillado en su residencia; (ii) la
propietaria del inmueble es la señora Alicia Guerrero Orcasita; (iii) manifestó
que reside en el mismo inmueble desde hace nueve (9) años, sin pagar arriendo;
(iv) afirmó que su grupo familiar está conformado por sus hijas mayores María
Fernanda y María Camila Villaba Pereira, quienes en este momento residen en
Bogotá, y sus hijos menores Oscar Eduardo[20] y Oscar Eliecer Morón Pereira[21], con los cuales convive en el municipio de Villanueva;
(v) adujo que es administradora de empresas, que sus ingresos económicos no son
constantes debido a que no tiene empleo fijo y que su hija domiciliada en
Bogotá, así como sus hijos menores, dependen económicamente de ella; y (vi) aseveró
que no es propietaria de ningún inmueble. Adicionalmente, adjuntó copia de la
Resolución N°2015-65695 del once (11) de marzo de 2015[22], por medio de la cual la UARIV resolvió incluirla en
el RUV.
31.
Respuesta de la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV. La representante de esta entidad informó que en el
Registro Único de Víctimas reposa la siguiente información:
a.
La señora Martha Iliana Fuentes
Guerra y la niña Maryzeth Paola Mirando Fuentes se encuentran en estado de
inclusión por el hecho victimizante de desplazamiento forzado ocurrido el seis
(6) de abril de 2002 y fecha de valoración tres (3) marzo de 2015. Está
declaración fue rendida por el señor German Antonio Fuentes Pérez[23].
Con relación a los niños Javier Iván Díaz Fuentes y Juan Sebastián Miranda
Fuentes, informó que no se encuentran inscritos en el RUV.
b.
La señora Mercedes Piedad Pereira
Henríquez[24]
y el señor Oscar Eduardo Moron Guerrero se encuentran con estado de inclusión
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado ocurrido el primero (1°) de
septiembre de 2005 y fecha de valoración once (11) de marzo de 2015. Además,
refirió que los menores Oscar Eliecer y Oscar Eduardo Moron Pereira están
registrados con estado de inclusión en el RUV, como consecuencia de la
declaración de la tutelante[25].
32.
Respuesta de la empresa Aguas
del Sur de la Guajira S.A. E.S.P., entidad accionada en los procesos
T-6.643.905 y T-6.643.907. La
Gerente y Representante Legal de la entidad demandada rindió informe en los
siguientes términos:
a.
Frente al proceso T-6.643.905, informó
que, en la actualidad, (i) la empresa está prestando el servicio de
acueducto y alcantarillado al inmueble que habita la accionante. Indicó que
este servicio había suspendido a la suscriptora Villero Isabel, en marzo de
2017, pero luego fue reinstalado en cumplimiento del fallo de tutela de primera
instancia. Adujo que solo se le está cobrando el consumo y los cargos fijos de acueducto
y alcantarillado. Así mismo, manifestó que (ii) no se ha celebrado ningún
acuerdo de pago por negativa de la usuaria; (iii) no se realizó estudio de la
situación de la actora en razón a que aquella no le informó a la empresa acerca
de los problemas que le impidieron pagar el servicio. Finalmente, (iv) señaló
que el servicio prestado nunca ha sido pagado por la usuaria ni la suscriptora.
Por tal razón, desde el año 2006 se encuentran en mora un total de 146
facturas, por valor de $1.692.909[26].
b.
Con relación al proceso
T-6.643.907, afirmó que (i) la empresa está prestando, en la actualidad, el
servicio de acueducto y alcantarillado al inmueble que habita la accionante.
Solo está cobrando a la suscriptora Alicia Guerrero lo correspondiente al
consumo y cargos fijos de acueducto y alcantarillado. Por otro lado, (ii)
informó que, el seis (6) de marzo de 2018, “la suscriptora Alicia Guerrero
realizó acuerdo de pago con la empresa (…) por el monto de $50.000
período de facturación de marzo. En la actualidad tiene una deuda de 2 meses
por un monto de $63.306.”[27]. Por último, (iii) refirió que no analizó la
situación particular de la actora, debido a que aquella no le puso en
conocimiento los impedimentos que tenía para pagar las facturas.
33.
Por otro lado, la
Secretaría General de la Corte Constitucional hizo constar que la señora Martha
Iliana Fuentes Guerra, accionante en el proceso de tutela T-6.643.905, no
atendió el requerimiento realizado por la Corte.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
34.
Esta
Corte es competente para conocer de estas acciones de tutela, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución
Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud
del Auto del veintitrés (23) de marzo de 2018, expedido por la Sala de
Selección de Tutela Número Tres de esta Corte, que decidió someter a revisión y
acumular las decisiones adoptadas por los jueces de instancia en ambos procesos, por
presentar unidad de materia.
B.
PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCIÓN DE TUTELA
35.
En virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada
jurisprudencia constitucional dictada sobre la materia[28] y los
artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un
carácter residual y subsidiario, razón por la cual solo procede
excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el
presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o (ii) cuando
existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para proteger de forma
adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en las circunstancias
del caso concreto. Así mismo, procederá como mecanismo transitorio
cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a
un derecho fundamental. En el evento de proceder como mecanismo transitorio, el
accionante deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses
a partir del fallo de tutela y la protección se extenderá hasta tanto se
produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[29].
36.
Antes de realizar el
estudio de fondo de las acciones de tutela seleccionadas y acumuladas, la Sala
procederá primero a verificar si estas cumplen los requisitos de procedibilidad.
Procedencia
de la acción de tutela – Casos concretos
37.
Legitimación por
activa: Al regular la acción de tutela, la
Constitución establece quiénes son los legitimados para interponerla. Dice al
respecto el artículo 86: “[t]oda persona tendrá acción de tutela para
reclamar […], por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales” (subrayas fuera
del texto original). En desarrollo de esta norma, el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 reguló las distintas hipótesis de legitimación en la causa por
activa.
38.
En los procesos acumulados
(T-6.643.905 y T-6.643.907), las demandas de tutela fueron interpuestas, de
manera independiente, por las señoras Martha Iliana Fuentes Guerra y Mercedes Piedad
Pereira Henríquez, quienes afirmaron ser usuarias del servicio de acueducto y
alcantarillado prestado por la empresa Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P. A
su vez, esta entidad se opuso a la procedencia del amparo, entre otras razones,
por considerar que existe una falta de legitimación en la causa por activa, en
razón a que las tutelantes no aportaron pruebas que demostraran su calidad de
suscriptoras y/o usuarias del servicio.
39.
Contrario a lo sostenido por la
empresa accionada, la Sala encuentra que, en ambos procesos, las demandantes
están legitimadas por activa para reclamar la protección de sus derechos
fundamentales y los de sus familiares. Esta conclusión se funda en los
siguientes elementos de juicio: (i) las tutelantes afirmaron que son usuarias
del servicio de acueducto y alcantarillado en el inmueble que habitan en
calidad de préstamo. En virtud del principio de buena fe y en ausencia de
prueba que demuestre lo contrario, tal situación puede ser considerada,
prima facie, como cierta, más aun cuando la Sala comprobó que (ii), en el
caso T-6.643.905, la señora Martha Iliana Fuentes recibió la comunicación del
auto de pruebas en el inmueble al que le había sido suspendido el servicio y, (iii)
en el asunto T-6.643.907, la señora Mercedes Piedad Pereira ratificó en sede de
revisión que lleva viviendo nueve (9) años, sin pagar arriendo, en el inmueble
de propiedad de la señora Alicia Guerrero, quien figura como suscriptora del
servicio de acueducto y alcantarillado en la factura aportada con la demanda de
tutela. Por lo demás, es dado concluir que las actoras en los procesos
precitados tiene legitimación en la causa por activa para reclamar la
protección de sus derechos fundamentales, presuntamente, vulnerados.
40.
Legitimación por pasiva. Las acciones de tutela acumuladas se dirigen,
en ambos casos, contra la empresa Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P. por haber
ordenado la suspensión del servicio de acueducto en los domicilios que habitan
las accionantes. En esa medida, por tratarse de la entidad responsable de la
prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado en el municipio
de Villanueva (La Guajira), considera la Sala que existe legitimación en la
causa por pasiva, en los términos de numeral 3° del artículo 42 del Decreto
2591 de 1991[30].
41.
Inmediatez. Acorde con lo previsto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el alcance que le ha dado la jurisprudencia
constitucional al principio de inmediatez, la acción de tutela debe ser
interpuesta dentro de un término prudente y razonable respecto del momento en
el que presuntamente se causa la vulneración[31].
Cabe anotar que la razonabilidad del término no se valora en abstracto, sino
que corresponde al juez de tutela evaluar, a la luz de las circunstancias de
cada caso, lo que constituye un término razonable.
42.
En los asuntos bajo análisis, la
Sala observa que, en el proceso T-6.643.905, la señora Fuentes Guerra interpuso
la acción de tutela dentro del mes y medio siguiente de la fecha de suspensión
del servicio de acueducto[32];
y en el caso T-6.643.907, la señora Pereira Henríquez presentó la demanda de
tutela, aproximadamente, dentro de los cuatro meses siguientes a la interrupción
del servicio de agua[33].
Por lo anterior, es posible colegir que en los presentes asuntos se encuentra
acreditado el requisito de inmediatez, en la medida que transcurrió un término
prudente y razonable entre la suspensión del servicio mencionado y el ejercicio
de la acción constitucional.
43.
Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución
Política establece que la acción de tutela “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Teniendo en cuenta esta norma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
estableció como causal de improcedencia de la tutela la existencia de otros
recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de
acudir a esta como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio
irremediable.
44.
La jurisprudencia
constitucional ha sostenido también que una acción judicial es idónea
cuando es materialmente apta para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales, y es efectiva cuando está diseñada para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados[34]. La idoneidad y efectividad de los medios de defensa
judicial no pueden darse por sentadas ni ser descartadas de manera general sin
consideración a las circunstancias particulares del caso sometido a
conocimiento del juez[35].
En otros términos, no puede afirmarse que determinados recursos son siempre
idóneos y efectivos para lograr determinadas pretensiones sin consideración a
las circunstancias del caso concreto. Entre las circunstancias que el juez debe
analizar para determinar si un medio de defensa judicial es idóneo y eficaz, está
la situación especial en la que se encuentra la persona que acude a la tutela.
45.
La Corte Constitucional se ha
ocupado en varias ocasiones del estudio de la procedencia de la acción de
tutela para proteger el derecho al agua, entre otros supuestos, cuando su
violación o amenaza tiene origen en la suspensión del servicio de acueducto por
falta de pago. En estos casos, las diferentes Salas de Revisión han recordado que,
debido al carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, los
suscriptores y/o usuarios tienen a su disposición medios judiciales ordinarios para
oponerse al cobro jurídico y, en efecto, reclamar la reconexión del servicio
interrumpido[36].
46.
Sin perjuicio de lo anterior, la
Corte ha advertido que el análisis del requisito de subsidiariedad no puede
hacerse en abstracto, sino que debe estudiarse
las particularidades de cada caso en concreto, teniendo en consideración
los parámetros constitucionales que armonizan, de un lado, la idoneidad y
eficacia que se predica de los medios judiciales ordinarios y, de otro, la inmediata
protección que requiere el derecho al agua apta para el consumo humano (faceta
subjetiva del derecho al agua)[37].
47.
En línea con lo anterior, en el
evento de que la suspensión del servicio de agua afecte a sujetos de especial
protección constitucional, tales como los niños y las niñas, las personas de la
tercera edad y aquellas que se encuentran en situación de discapacidad, el
análisis del requisito de subsidiariedad se torna flexible con el propósito de
evitar que se pongan en riesgo el mínimo de condiciones de vida digna que se
deben garantizar a estos sectores vulnerables de la población[38].
48.
Al descender a los asuntos bajo
estudio, la Sala encuentra que, en los procesos acumulados, las accionantes
acreditaron el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, por las siguientes
razones. En primer lugar, las señoras Martha Iliana Fuentes Guerra
(T-6.643.905) y Mercedes Piedad Pereira Henríquez (T-6.643.907) presentaron
solicitud de amparo a fin de obtener la protección del derecho al agua en su
faceta de fundamental individual, esto es, reclaman el suministro del líquido
vital para el consumo humano y para satisfacer necesidades básicas propias y de
sus familiares. En segundo lugar, en ambos casos, se constató la presencia de
sujetos de especial protección constitucional en los inmuebles a los que les fue
suspendido el servicio de agua. En particular, en el expediente T-6.643.905, la
actora afirmó que vive con su hija de nueve (9) años y sus dos (2) hijos de
dieciséis (16) y doce (12) años[39],
de igual manera que, en el expediente T-6.643.907, la demandante informó que
convive con sus dos hijos de ocho (8) y dos (2) años de edad[40].
Y, en tercer lugar, en sede de revisión, la UARIV certificó que, por lo menos,
la señora Fuentes Guerra y su hija menor están incluidas en el Registro Único
de Víctimas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado (T-6.643.905),
al igual que ocurre con la señora Mercedes Piedad Pereira Henríquez
(T-6.643.907)[41].
Con
fundamento en lo anterior, procede la Sala a estudiar de fondo si ocurrió o no
la presunta violación de los derechos fundamentales invocados en cada uno de
los procesos mencionados.
C.
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
49.
En las asuntos bajo estudio, las
señoras Martha Iliana Fuentes Guerra (T-6.643.905) y Mercedes Piedad Pereira
Henríquez (T-6.643.907) interpusieron, en nombre propio y en representación de
sus hijos menores de edad, sendas acciones de tutela contra la empresa Aguas
del Sur de la Guajira S.A. E.S.P., al considerar que fueron vulnerados sus
derechos fundamentales a la vida digna y al agua potable, con ocasión de la
suspensión del servicio de acueducto, que decretó la empresa accionada por la
mora en el pago de las respectivas facturas.
50.
En lo que respecta al
proceso T-6.643.905, la señora Martha
Iliana Fuentes Guerra manifestó en el escrito de tutela que “a pesar de que el servicio me fue suspendido hace
varios meses y que solo hace un mes lo reconecté, los recibos
[siguen llegando por] igual valor, sin estar consumiendo el servicio.” Por
lo anterior, en principio, correspondería a la Corte determinar si en este caso
procede el amparo del derecho fundamental al agua de las tutelante y su familia,
pese a que reconectó el servicio de acueducto, presuntamente, sin autorización
de la empresa accionada. No obstante, la Sala considera que el tema relativo a
la presunta reconexión del servicio por parte de la actora, es un hecho que no
debe ser tenido en cuenta para resolver de fondo el caso concreto, en la medida
que (i) se trata de una afirmación genérica que no encuentra sustento
probatorio en el expediente de tutela; (ii) existe una duda razonable en cuanto
a la forma en la que se pudo haber realizado dicha reconexión del servicio, la
cual no pudo ser superada con los elementos de juicio allegados en el trámite
de las instancias y en sede de revisión; y (iii) la empresa accionada no alegó,
en ninguna etapa procesal, que la actora se hubiera reconectado de manera
ilegal al servicio de acueducto.
51.
Por lo anterior, y acorde
con los fundamentos fácticos expuestos en la Sección I de esta providencia, le
corresponde a la Sala determinar:
52.
En el proceso T-6.643.905, si ¿Vulnera la empresa
Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P. el derecho a la vida digna y al agua en
su faceta fundamental individual (suministro mínimo de agua potable para
consumo humano) de la señora Martha Iliana Fuentes Guerra y de sus hijos
menores de edad, al
suspenderles el servicio de acueducto, por la falta de pago?
53.
En el proceso
T-6.643.907, si ¿Vulnera la empresa Aguas del Sur de la Guajira
S.A. E.S.P. el derecho a la vida digna y al agua en su faceta fundamental
individual (suministro mínimo de agua potable para consumo humano) de la señora
Mercedes Piedad Pereira Henríquez y de sus hijos menores de edad al suspenderles el servicio de
acueducto, por la falta de pago?
54.
Con el fin de dar
respuesta a los problemas jurídicos planteados se abordarán los siguientes temas. En primer lugar, se
reiterará brevemente la jurisprudencia en materia del derecho fundamental al
agua para consumo humano, lo referente a la suspensión del servicio público de
acueducto por mora en el pago y sus límites constitucionales[42]. En segundo lugar, bajo
ese marco de análisis, se procederá a resolver el caso concreto.
55.
Sin embargo, de acuerdo con los
antecedentes expuestos en la Sección I de esta sentencia, la Sala recibió
oficios en los cuales consta que a la fecha se encuentra restablecida la prestación
del servicio de acueducto en las residencias de las accionantes (ver supra,
numerales 30, 32.a y 32.b). Por lo cual,
la Sala estima necesario evaluar previamente si se da la existencia de un hecho
superado en el caso estudiado. Por lo
tanto, de manera preliminar se hará referencia a la jurisprudencia
constitucional sobre esta materia, para luego sintetizar el precedente
aplicable, si hubiere lugar a ello.
D.
CARENCIA ACTUAL
DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
56.
Esta Corte, en recientes
pronunciamientos ha decantado las reglas jurisprudenciales aplicables a
situaciones en las cuales se configura una carencia actual de objeto por hecho
superado. Por tal razón, a continuación se procede a reiterar, de manera breve,
los criterios que ha fijado la jurisprudencia sobre la materia y que fueron
recogidos en la sentencias T-378 de 2016, T-218 de 2017, T-707 de 2017, entre
otras.
57.
La jurisprudencia constitucional
ha reiterado que el objeto de la acción de tutela consiste en garantizar la
protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, ha reconocido también
que en el transcurso del trámite de tutela, se pueden generar circunstancias
que permitan inferir que la vulneración o amenaza alegada, ha cesado. Lo
anterior implica que se extinga el objeto jurídico sobre el cual giraba la
acción de tutela y del mismo modo que cualquier decisión que se pueda dar al
respecto resulte inocua. Este fenómeno ha sido catalogado como carencia
actual de objeto y, por lo general, se puede presentar como hecho
superado, o daño consumado.
58.
Con relación a la categoría de
carencia actual de objeto por hecho superado, el artículo 26 del Decreto 2591
de 1991 lo reglamenta en los siguientes términos:
“Si, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para
efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
59.
La Corte Constitucional, en
numerosas providencias, ha interpretado la disposición precitada en el sentido
de que la carencia actual de objeto por hecho superado, tiene lugar cuando
desaparece la afectación al derecho fundamental invocado.[43]
Así, desde sus primeros pronunciamientos, la Corte ha venido señalando que si
bien la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los
derechos fundamentales cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, si la
perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, entonces, el
peticionario carece de interés jurídico ya que dejan de existir el sentido y
objeto del amparo, razón por la cual habrá de declararse la carencia actual de
objeto por hecho superado. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en la
sentencia T-570 de 1992, señaló:
“La
acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho
constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica
la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello
constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada
se dirige ante la autoridad judicial, de modo que[,] si la situación de hecho
de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la
aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo
satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la
posible orden que impartiere el juez caería en el vacío”.
60.
Esto significa que la acción de
tutela pretende evitar la vulneración de derechos fundamentales y su eficacia
está atada a la posibilidad de que el juez constitucional profiera órdenes que
conduzcan a evitar la vulneración inminente o irreparable de aquellos derechos
fundamentales.[44] Por lo
tanto, al desaparecer el hecho o los hechos que presuntamente amenazan o
vulneran los derechos de la persona, carece de sentido que el juez
constitucional profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos
invocados. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se extingue el objeto
actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un fallo de fondo del juez
constitucional.
61.
En todo caso, cabe resaltar que,
tal y como lo ha determinado esta Corte, la configuración de la carencia actual
de objeto por hecho superado no despoja al juez constitucional de la
competencia para pronunciarse sobre el caso “(…) si considera que la
decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado,
incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de
la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así
lo considera”[45]. En ese mismo sentido, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que: “(…) En la actualidad se
acepta que en aquellos casos en los que se observe carencia de objeto de la
acción de tutela y sea evidente que la tutela debía haber sido decidida en un
sentido diferente, debe definir si confirma o revoca, con la anotación de que
no se pronunciará de fondo y no impartirá órdenes para indicar un remedio
judicial sobre el problema jurídico” [46].
E.
ALCANCE Y
CONTENIDO DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. REITERACIÓN DE
JURISPRUDENCIA
62.
La Corte
Constitucional, en reiteradas ocasiones, se ha ocupado de estudiar el alcance y
el contenido del derecho fundamental al agua[47].
Por tal motivo, a continuación se traen a colación las consideraciones
expuestas, recientemente, por este Tribunal, en la sentencia T-218 de 2017. En
esa oportunidad, se recordó que, pese a que la Constitución Política no
consagra explícitamente el derecho al agua, esta Corte, desde sus primeros años[48], lo ha reconocido y
protegido, al punto de que en la actualidad la jurisprudencia constitucional le
ha otorgado el carácter de derecho fundamental autónomo. Tal reconocimiento se
ha fundamentado en una interpretación sistemática de la Carta, incluyendo
tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por
Colombia, cuyo contenido ha sido interpretado por esta Corporación con ayuda de
los pronunciamientos de los órganos encargados de su aplicación, los cuales son
considerados como criterios hermenéuticos útiles.
63.
En cuanto a las bases constitucionales
del carácter fundamental del derecho al agua, se tiene, por un lado, la
conexión inescindible que existe entre el agua y algunos derechos consagrados
en la Constitución Política, tales como la dignidad humana y la vida[49]; y de otro lado, la
configuración del Estado colombiano como Estado social de derecho[50]; condición que impone
a las autoridades (i) el cumplimiento de los deberes sociales del Estado (Art.
2 C.P.), entre los cuales se encuentra la prestación eficiente de los servicios
públicos domiciliarios (servicio de acueducto) (Art. 365 C.P.), y (ii) la
satisfacción de las finalidades sociales, entre las cuales está la de
garantizar “el bienestar y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población”, para lo cual los órganos
estatales deben orientar su actividad a la “solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación,
de saneamiento ambiental y de agua potable” (Art. 366 C.P.). Por lo
demás, esta Corte ha sostenido que la prestación del servicio de agua potable
es una finalidad del Estado[51].
64.
Unido a lo
anterior, en el ordenamiento internacional el agua ha sido calificada como un
derecho humano. Así, por ejemplo, se puede observar en lo dispuesto en: (i) la
Observación General 15 de 2002, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; (ii) el artículo 14. 2, literal f) de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; (iii) los
artículos 24 y 27.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; (iv) el
artículo 5° del Convenio No. 161 de la OIT; y (v) el artículo 28 de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
65.
A partir de los
fundamentos normativos mencionados, de orden nacional e internacional, esta
Corte ha venido precisando el contenido del derecho fundamental al agua, en un
primer momento, a través de teoría de la conexidad con otros derechos de
raigambre fundamental (dignidad humana, vida y salud), y posteriormente,
mediante el reconocimiento de su carácter autónomo[52]. En ambos escenarios, la
jurisprudencia ha explicado que la naturaleza fundamental del agua se relaciona
con los casos en los que esta se destina para el consumo humano y la
satisfacción de las necesidades básicas de las personas[53].
66.
Apoyándose en la interpretación que del
artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales ha hecho el Comité DESC, esta Corte ha complementado el contenido
del derecho al agua y sostenido que sus garantías mínimas son su “disponibilidad,
accesibilidad y calidad[54].
Estas son las condiciones en las que el Estado debe garantizar la prestación
adecuada del servicio de acueducto, so pena de afectar los derechos a la vida digna y la salud de
las personas. En particular, el referido Comité ha definido los componentes esenciales
del derecho al agua, en los siguientes términos:
(i)
“Disponibilidad: el abastecimiento de agua de cada
persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos.
Tales usos comprenden, por lo general, los siguientes: consumo, saneamiento,
colada, preparación de alimentos e higiene personal y doméstica.
(ii)
Calidad: el agua debe ser salubre, por lo que no debe contener
microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una
amenaza para las personas.
(iii)
Accesibilidad: el agua y las instalaciones y
servicios de agua deben estar al alcance físico de todas las personas; deben
ser asequibles para todos en términos económicos; deben estar al alcance
incluso de los sectores más vulnerables y marginados; y comprende el derecho a
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones relacionadas con
el agua”[55].
67.
Los anteriores
son los lineamientos mínimos que, de acuerdo con la Observación General 15 del
Comité DESC, deben adoptar los Estados para garantizar la prestación adecuada
del servicio de agua apta para el consumo humano. En todo caso, estos gozan de
un margen de acción para que, acorde con sus situaciones particulares, regulen
a través de la legislación interna lo atinente a los derechos y las cargas
estatales que se relacionan con el suministro de agua.
68.
De lo
anterior se colige que,
conforme con la jurisprudencia actualizada de esta Corte, el derecho al agua es
de naturaleza fundamental y de carácter autónomo, siempre que sea para el
consumo humano[56].
En este contexto, procede la Sala a recapitular, brevemente, las reglas
definidas por esta Corte cuando se suspende el servicio de acueducto por mora
en el pago de las facturas y su relación con otros derechos fundamentales.
F.
LÍMITES CONSTITUCIONALES A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
ACUEDUCTO POR MORA EN EL PAGO DE LAS FACTURAS
69.
Como quedó reseñado con antelación, la
Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, desarrolla las condiciones,
competencias y responsabilidades respecto a la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, entre los que se encuentra el de acueducto y
alcantarillado. La ley anotada prescribe las obligaciones que le corresponde
cumplir al Estado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios,
incluido el de suministro de agua potable; deberes que pueden ser de
cumplimiento progresivo, como la ampliación de la cobertura, y otras de
cumplimiento inmediato, como la de prestación continua e ininterrumpida del
servicio donde ya existe capacidad instalada para hacerlo (salvo cuando existan
razones de fuerza mayor o caso fortuito), o la de garantizar la atención
prioritaria de necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y
saneamiento básico[57].
70.
En lo que se refiere al contrato de prestación
de servicios públicos domiciliarios, el artículo 128 de la Ley 142 de 1994 lo
define como un acuerdo de voluntades “en virtud del cual una empresa de
servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de
acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a
muchos usuarios no determinados”. De la anterior definición, es claro que
se trata de un negocio jurídico oneroso, por lo cual las empresas prestadoras
de servicios públicos están facultadas para cobrar un precio como
contraprestación al servicio suministrado.
71.
Así mismo, en lo
atinente a la suspensión del servicio de acueducto por motivos económicos, el
artículo 130 de la Ley 142 de 1994 dispone que el propietario o poseedor del
inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus
obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos. Así mismo, en el
parágrafo se establece que si el usuario o suscriptor incumple con su obligación
de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en
el contrato, el cual no excederá dos períodos consecutivos de facturación, la
empresa de servicios públicos estará en la obligación de suspender el servicio.
Si la empresa incumple la obligación de la suspensión del servicio se romperá
la solidaridad prevista en esta norma. Posteriormente, el artículo 140 al
referirse a los escenarios de suspensión por incumplimiento del contrato,
incluye nuevamente la falta de pago por el término que fije la entidad
prestadora, e indica que aún en los eventos de suspensión la entidad prestadora
puede ejercer todos los derechos que las leyes y el contrato uniforme le
conceden para el evento de incumplimiento.
72.
Esta Corte, de
manera constante y reiterada, ha rechazado la cultura de no pago. Para ello, este
Tribunal ha sostenido que es razonable desde una perspectiva constitucional que
el legislador le otorgue a las empresas prestadoras de servicios públicos la
facultad de cobrar por la prestación del servicio, y les imponga el deber de
suspender el servicio público. En efecto, la Corte ha sido cuidadosa en
recordar, en primer lugar, que la suspensión de servicio público persigue tres
objetivos constitucionales “(i) la de garantizar la prestación del servicio público a los
demás usuarios; (ii) la de concretar el deber de solidaridad, que es un
principio fundamental del Estado; y (iii) la de evitar que los propietarios no
usuarios de los bienes, sean asaltados en su buena fe por arrendatarios o tenedores
incumplidos en sus obligaciones contractuales”[58].
73.
En esa dirección, en la
sentencia C-150 de 2003[59], la Corte
Constitucional reconoció que el servicio de acueducto no es gratuito, por el
contrario, reafirmó que en desarrollo del principio de solidaridad es
constitucional la obligación que tiene el usuario de pagar por su consumo. No
obstante, realizó una ponderación entre el cobro de los servicios públicos
domiciliarios (incluyendo el servicio de agua) y la garantía de los derechos
fundamentales de las personas. A partir de este razonamiento, concluyó que el
derecho de las empresas de servicios públicos domiciliarios a suspender la
prestación del servicio no es absoluto, sino que encuentra límites razonables
en el respeto por los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, la
Corte atendiendo a la importancia del derecho fundamental al agua para la
supervivencia humana en condiciones dignas, ha señalado que no procede la
suspensión del servicio público de acueducto cuando se configuren los siguientes
supuestos “la suspensión de los servicios públicos
domiciliarios no puede tener lugar, pese al incumplimiento sucesivo del pago de
los servicios, si la suspensión se efectúa en cualquiera de dos clases de
hipótesis: (i) con la violación de las garantías al debido proceso o (ii) bajo
el respeto del debido proceso, pero con la consecuencia aneja de: (a) suponer
el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos especialmente
protegidos, (b) impedir el funcionamiento de hospitales y otros establecimientos
también especialmente protegidos o (c) afectar gravemente las condiciones de
vida de toda una comunidad”[60].
74.
A partir de lo dispuesto en la sentencia C-150 de
2003, las diferentes Salas de Revisión de esta Corte han venido desarrollando
el ámbito de protección del derecho al agua cuando se enfrenta a la suspensión
por mora en el pago de las facturas del servicio público de acueducto.
Específicamente, en la sentencia T-546 de 2009 fueron recogidos los
presupuestos especiales que se deben acreditar para obtener la protección sobre
el suministro mínimo del líquido vital, a saber:
(i)
El agua debe ser destinada al consumo humano y a
la satisfacción de las  necesidades básicas de las personas.
(ii)
La falta de agua potable afecta otros derechos
fundamentales como la vida o la salud.
(iii)
En el bien inmueble en el que habitan vive por lo
menos una persona en condición de vulnerabilidad que debe recibir especial
protección constitucional,
(iv)
La falta de pago de las facturas del servicio se
dio por causas involuntarias e insuperables.
75.
Al respecto, la Corte
ha señalado que las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen el
deber de hacer un estudio de las condiciones propias del usuario antes de
proceder a suspender el servicio y, a su vez, el suscriptor tiene la carga de
poner en conocimiento de la compañía la concurrencia de las causales descritas
en el párrafo anterior[61].
Esta carga como señaló la Corte en la sentencia C-150 de 2003 es razonable, ya
que resultaría demasiado oneroso imponer a los prestadores la carga de indagar
de forma previa a cualquier suspensión, la situación particular de cada uno de
los usuarios.
76.
Este postulado plantea una tensión
entre el derecho que tiene la empresa de servicios públicos a obtener la
contraprestación acordada por la servicio contratado, de un lado, y el derecho
de los usuarios en situación de vulnerabilidad o indefensión a obtener el
suministro mínimo de agua para consumo humano, de otro lado. De esta
forma, en las sentencias T-163 de 2014 y T-034 de 2016, esta Corte precisó el
alcance del derecho agua, estipulando que
“las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen el deber de hacer
un estudio de las condiciones propias del usuario antes de proceder a suspender
el servicio y, a su vez, el suscriptor tiene la carga de poner en conocimiento
de la compañía la concurrencia de las causales [excepcionales que
justifican la no interrupción del servicio de agua]”[62].
77.
Es necesario resaltar que, las
anteriores prerrogativas dispuestas a favor de los ciudadanos dirigidos a garantizar
el mínimo vital de agua, no se traducen en una licencia para que los usuarios
incumplan indefinidamente con los pagos derivados de la prestación del servicio
de acueducto. Sobre este
último punto, la Corte ha resaltado que las compañías prestadoras deben
explorar diferentes opciones para propender que los usuarios que no pueden
pagar inmediatamente la totalidad de sus deudas cumplan con su pago pues “de esta manera se logra conciliar, de
una parte, los derechos de las empresas de servicios públicos a que se respete
el contrato de servicios públicos, a que se garantice la estabilidad económica
del mismo y a recibir las contraprestaciones acordadas por el servicio y, de
otra parte, los derechos de los usuarios en situación de vulnerabilidad al agua
potable, la salud y la vida en condiciones dignas”[63].
78.
En suma, la Corte en su
jurisprudencia no ha avalado la cultura de no pago, y de hecho ha reafirmado
que en desarrollo del principio de solidaridad es constitucional la obligación
que tiene el usuario de pagar por el consumo, así como el derecho y el deber de
la empresa prestadora de suspender el suministro del servicio de acueducto
cuando han transcurrido dos períodos de facturación sucesivos en los que no se
ha efectuado el pago. No obstante en el caso de servicios públicos
domiciliarios, en los que se evidencie que habitan sujetos vulnerables, observa
la Corte que la facultad de suspender el servicio de acueducto es
constitucional pero no absoluta, ya que encuentra límites razonables en los
derechos fundamentales de dichas personas, por lo que, no resulta aceptable realizar tal procedimiento si con
esto se afectan derechos fundamentales de sujetos en estado de vulnerabilidad,
pero sí es razonable cambiar la forma en que se realiza el suministro, para limitarlo
a la cantidad mínima de agua mientras se realiza un acuerdo de pago y se
cancela la deuda.
G.
SOLUCIÓN DE LOS
CASOS CONCRETOS
79.
A partir de lo expuesto
en el acápite de antecedentes (ver Sección I), así como la identidad fáctica y jurídica en los casos acumulados, la
Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si ¿Vulneró la empresa Aguas del Sur de la Guajira S.A.
E.S.P. el derecho al agua en su faceta fundamental individual (suministro
mínimo de agua potable para consumo humano) de las accionantes y de sus hijos
menores de edad, al suspenderles el servicio de acueducto, por la falta de
pago?
80.
Con base en lo anterior, en
principio, le correspondería a la Sala entrar a resolver el problema jurídico
planteado; sin embargo, de las pruebas recaudadas en sede de revisión, se
advierte que el objeto de las acciones de tutela bajo estudio, desapareció por
haber sido satisfechas las pretensiones de las tutelantes.
81.
En el proceso T-6.643.905, la
señora Martha Iliana Fuentes Guerra, principalmente, solicitó al juez de tutela
que ordenara a la entidad accionada “conectarme al servicio de agua, lo más
pronto posible (…)”. Por ello, en sede de revisión, el Magistrado
sustanciador decretó la práctica de pruebas en el sentido de indagar a la
actora y a la empresa prestadora del servicio de acueducto, acerca de la
situación actual de este servicio. A pesar de que la tutelante no atendió este
requerimiento, la Sala consiguió constatar, a partir de la información
suministrada por la Empresa Accionada, que el servicio de acueducto y
alcantarillado fue restablecido en el inmueble ubicado en la Calle 9 No. 7-86
del barrio San Luis (Villanueva), que la actora señaló como su domicilio y de
sus hijos menores de edad. En particular, la entidad demandada informó “La
empresa reinstaló el servicio debido a la tutela presentada. En la actualidad
solo se le está cobrando los cargos fijos de acueducto y consumo, cargos fijos
de alcantarillado. Y cuenta con los servicios activos.”[64].
De este modo, es claro para la Sala que la pretensión de la actora relativa a
la reconexión del servicio de agua para el consumo humano, fue satisfecha de
manera integral por la entidad accionada.
82.
Por otro lado, en lo que respecta
al proceso T-6.643.907, la señora Mercedes Piedad Pereira Henríquez solicitó al
juez de tutela ordenar el restablecimiento del servicio público de acueducto en
su domicilio, cuando expresa en el acápite de pretensiones que “se le ordene
a la empresa [prestadora del servicio] abstenerse de suspender el
servicio de agua en la vivienda que habito” y, así mismo, que “al
momento de restablecer el servicio público [la accionada] devuelva la
llave de cierre (…)”[65].
Por ello, en sede de revisión, el Magistrado sustanciador decretó la práctica
de pruebas en el sentido de indagar a la actora y a la empresa prestadora del
servicio de acueducto, acerca de la situación actual de este servicio. A partir
de las respuestas enviadas a la Corte, por parte de los sujetos procesales
requeridos, la Sala comprobó que, actualmente, la Empresa Accionada está
prestando el servicio de acueducto y alcantarillado al inmueble ubicado en la
Calle 9 No. 7 – 51 del barrio San Luis (Villanueva), el cual fue señalado por
la actora como su domicilio y el de sus hijos menores de edad. Expresamente, la
señora Pereira Henríquez respondió de manera afirmativa a la pregunta acerca de
si “en la actualidad la empresa [mencionada] le está prestando el
servicio de acueducto y alcantarillado en su domicilio”[66].
Por su parte, la entidad demandada informó que “En la actualidad (…) sí
está prestando el servicio de acueducto y alcantarillado al inmueble ubicado en
la Calle 9 No. 7 – 51 del barrio San Luis, municipio de Villanueva (La Guajira)”;
aclarando que “a la suscriptora Guerrero Alicia en la actualidad se le está
cobrando consumo y cargos fijos de acueducto y alcantarillado”[67].
83.
Por las situaciones expuestas en
los procesos T-6.643.905 y T-6.643.907, y teniendo en cuenta las reglas
jurisprudenciales decantadas en Sección II.D de esta
providencia, concluye la Sala que se configura en ambos casos concretos una
carencia actual de objeto por hecho superado. En efecto, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha sostenido que en aquellos eventos en los cuales la
pretensión fue satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia e inmediatez y,
por ende su justificación constitucional, razón por la cual, en los asuntos
objeto de análisis así habrá de declararlo esta Sala.
84.
No obstante lo
anterior, siguiendo el precedente constitucional conforme al cual no se puede
confirmar un fallo que se aparta de los postulados de la Constitución, la Sala
en la parte resolutiva procederá a decretar lo siguiente:
85.
En primer lugar, en el
expediente T-6.643.905, revocará el fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de
Villanueva (La Guajira), que revocó la sentencia proferida por el Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Villanueva (La Guajira), que tuteló los derechos
invocados por la señora Martha Iliana Fuentes Guerra, y en su lugar, confirmará
parcialmente el fallo de primera de instancia, exclusivamente, por las razones
expuestas en esta providencia. Ello, en razón a que la Sala comparte el amparo
del derecho fundamental al agua de la accionante y su familia, y la consecuente
orden de reconexión del servicio, pero limitando
el flujo a la cantidad mínima de litros de agua al día en su vivienda[68],
mientras se realiza un acuerdo de pago y se cancela la deuda. Sin embargo,
encuentra que carece de fundamento constitucional y legal la orden referente al
pago exclusivo de “los tres (3) primeros periodos vencidos de las facturas
del consumo de acueducto, alcantarillado y aseo (…)”.[69]
86.
En segundo lugar, en el
expediente T-6.643.907, revocará el fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de
Villanueva (La Guajira), que revocó la sentencias proferida por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Villanueva (La Guajira), que concedió el amparo
solicitado por la señora Mercedes Piedad Pereira Henríquez, y en su lugar,
confirmará en su totalidad el fallo de primera instancia, exclusivamente, por
las razones expuestas en esta providencia. Ello, comoquiera que, en el caso
concreto, se ajusta al precedente constitucional las ordenes tendientes a
garantizar (i) la protección del derecho fundamental al agua de la actora y de
su familia; (ii) la reconexión del suministro de agua, pero limitando el flujo a la cantidad mínima de litros al
día en su vivienda[70],
mientras se realiza un acuerdo de pago y se cancela la deuda; y (iii) la
celebración de un acuerdo de pago entre la Empresa Accionada y la usuaria y/o
la suscriptora del servicio. Así mismo, es correcta la decisión del a quo en
cuanto a declarar (iv) la improcedencia de la tutela frente a las pretensiones
económicas elevadas por la accionante.
87.
Las anteriores decisiones son
adoptadas por esta Sala al
tener en consideración que las providencias dictadas en ambos procesos, por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva (La Guajira), en el trámite de
segunda instancia, se apartan, sin justificación, de la jurisprudencia fijada
por esta Corte en materia de procedencia formal de la tutela y sobre el alcance
del derecho fundamental al agua para el consumo humano, en el caso específico,
frente a sujetos de especial protección.
88.
Contrario a lo
sostenido por el juez de tutela de segunda instancia en los procesos acumulados
(T-6.643.905 y T-6.643.907), considera la Sala que, en los casos sub
examine, primero, las demandas de tutela acreditaron los requisitos de
procedencia formal por las razones expuestas en precedencia (ver supra, Sección
II.B), y segundo, la Empresa Accionada violó el derecho al agua en su
faceta fundamental individual, es decir, el suministro mínimo de agua potable
para consumo humano. Lo anterior, teniendo en cuenta que:
89.
La empresa prestadora de servicios
públicos excedió los límites constitucionales que esta Corte ha fijado a la
facultad legal de suspender el servicio de acueducto por mora en el pago de las
facturas, cuando se pone en riesgo los derechos fundamentales de sujetos en
situación de vulnerabilidad, específicamente, de las niñas y los niños, y de
adultos que ostentan la calidad de víctimas de desplazamiento forzado.
90.
En concreto, en el expediente T-6.643.905,
la señora Martha Iliana Fuentes Guerra aportó copia de las tarjetas de
identidad de sus hijos Maryzeth Paola y Juan Sebastián Miranda Fuentes, y de su
hijo Javier Iván Díaz Fuentes, cuyas edad oscilan entre los nueve (9), doce
(12) y dieciséis (16) años[71].
De igual modo, en sede de revisión, la UARIV certificó que la actora y su hija
menor se encuentran con estado de inclusión en el RUV por el hecho victimizante
de desplazamiento forzado ocurrido el seis (6) de abril de 2002[72].
Por otro lado, en el expediente T-6.643.907 obran copias de los
registros civiles de nacimiento de los niños Oscar Eduardo y Oscar Eliecer
Moron Pereira, que tienen entre ocho (8) y dos (2) años de edad[73].
Adicionalmente, la UARIV informó a la Corte que la señora Mercedes Piedad
Pereira Henríquez se encuentra con estado de inclusión en el RUV, por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado ocurrido el primero (1°) de julio de 2005[74].
91.
Unido a lo anterior, la Sala encuentra
que la suspensión absoluta del servicio de acueducto por parte de la Empresa
Accionada, además de no tener en cuenta la existencia de sujetos de especial
protección, no se constató por parte de dicha entidad las causas en las que se
fundamentó la ausencia de pago por parte de cada una de las accionantes. De
esta forma de los elementos allegados al proceso se puede evidenciar que el
incumplimiento en el pago de las facturas por parte de los responsables es
involuntario, sin que los mismos puedan entenderse como presunciones de la
capacidad económica de las accionantes, sino como hechos o indicios de una
posible situación de involuntaria e insuperable que conllevó al no pago de las
facturas de servicios públicos por parte de las actoras:
a.
En ambos procesos, las señoras
Fuentes Guerra y Pereira Henríquez afirmaron en las demandas de tutela que son
familias de escasos recursos, tanto así que viven en calidad de préstamo en los
inmuebles a los que les fue suspendido el servicio. En concreto, en el caso T-6.643.907,
la accionante manifestó ante la Corte lo siguiente: “mi situación económica
en estos momentos es crítica, porque no tengo actualmente ingresos fijos. De mí
dependen económicamente mi hija María Camila Villalba Pereira, quien se
encuentra estudiando en la Universidad Distrital de Bogotá, y en algunos gastos
menores mis hijos Oscar Eduardo y Oscar Eliecer”[75].
b.
Los inmuebles en los que viven se encuentran
ubicados en estrato 2, en el caso de la señora Martha Iliana Fuentes Guerra[76],
y en estrato 1, en lo que respecta a la señora Mercedes Piedad Pereira
Henríquez[77].
c.
A pesar de que las demandantes se
encuentran afiliadas al Sistema de Seguridad Social en Salud a través del
régimen contributivo[78],
en la actualidad, no perciben ninguna pensión y están registradas en el Sisbén
con un puntaje bajo, esto es, de 11.47 en el caso de la señora Fuentes Guerra,
y de 36.90 en la situación de la señora Pereira Henríquez.
d.
Así mismo, no se evidencia
intención de las accionantes de evadir el pago de sus acreencias, puesto que en
los escritos y pruebas llegadas se evidencia la disposición de ponerse al día
en sus deudas. Lo anterior se evidencia en los acuerdos de pago que intentaron
suscribir con la Empresa Accionada (ver supra, numerales 5, 18) mismos que no
fueron posibles por no tener en cuenta la condición económica. Adicionalmente,
con relación al proceso de la accionante Pereira Henríquez (T-6.643.907) se
observa que el seis (6) de marzo de 2018 se celebró un acuerdo de pago con la
accionante en dicho proceso (ver supra, numeral 32.b).
92.
Finalmente, en cuanto al hecho de
que, en ambos procesos de tutela, los suscriptores del servicio son personas
diferentes a las tutelantes y que aquellas no figuran en los archivos de la
entidad como usuarias, la Sala advierte que, en virtud de la práctica de
pruebas, se logró constatar que las señoras Fuentes Guerra (T-6.643.905) y
Pereira Henríquez (T-6.643.907) residen en los inmuebles que indicaron y a los
cuales les fue suspendido el servicio de acueducto. En este sentido, se
recuerda que en virtud de lo establecido en el artículo 128 de la Ley 142 de
1994 existe solidaridad en el pago de las facturas entre propietarios y
poseedores. Para el efecto, en la valoración de un potencial acuerdo de pagos,
la entidad prestadora del servicio público deberá tener en cuenta las pruebas
que obran en el presente caso, y las accionantes deberán informar directamente
a dicha empresa de cualquier cambio en su situación familiar o económica. Asimismo,
en los términos de la jurisprudencia se indicará que la reconexión del servicio
público ordenada a la Empresa Accionada debe garantizar la cantidad mínima de
agua para consumo humano[79],
mientras se concilia la forma en la que se cancelará la deuda.
93.
Por último, este Tribunal requerirá tanto a la compañía
demandada como a las accionantes para que, si aún no lo han hecho, lleguen a un
acuerdo de pago a fin de que pueda saldarse la obligación contractual y
restablecerse el normal suministro del recurso hídrico. Ello, teniendo en
cuenta que, en el caso T-6.643.905, la Empresa Accionada informó a la Corte que
no ha llegado a ningún acuerdo de pago con la señora Martha Iliana Fuentes
Guerra, lo cual descarta de plano que se hubiese dado cumplimiento al fallo de
tutela de primera instancia que solo estipuló el pago de los tres (3) primeros
periodos vencidos de las facturas del servicio[80].
Por otro lado, en cuanto al proceso T- 6.643.905, la Empresa Accionada
manifestó en sede de revisión que si bien es cierto que celebró acuerdo de pago
con la señora Alicia Guerrero, suscriptora del servicio, por el monto de
$50.000, correspondientes al período de facturación de marzo de 2018, también
lo es que todavía existe una deuda de dos (2) meses por valor de $63.306. Por
este motivo, la Sala dispondrá que, si aún no se ha hecho, se realice un nuevo
acuerdo de pago entre las partes que tendrá que pactarse bajo plazos
acordes con la situación económica de la peticionaria, de manera que no se
afecte su mínimo vital ni el de su núcleo familiar.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado de conformidad con los términos
explicados en la parte motiva de esta sentencia, en los procesos T-6.643.905,
correspondiente a la acción de tutela interpuesta por la señora Martha Iliana
Fuentes Guerra contra la empresa de Aguas de la Guajira S.A. E.S.P.; y
T-6.643.907, correspondiente a la acción de tutela interpuesta por la señora
Mercedes Piedad Pereira Henríquez contra la empresa de Aguas de la Guajira S.A.
E.S.P.
SEGUNDO.- REVOCAR, en el
proceso T-6.643.905, por las razones expuestas en esta providencia, la
sentencia dictada en segunda instancia, el quince (15) de junio de dos mil
diecisiete (2017), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva (La
Guajira), que revocó la sentencia proferida en primera instancia, el nueve (9)
de mayo del mismo año, por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villanueva
(La Guajira), que concedió el amparo invocado por la señora Martha Iliana
Fuentes Guerra. En consecuencia. CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo dictado
en primera instancia, exclusivamente, por las razones expuestas en esta
providencia, limitando el flujo a la cantidad mínima de litros de agua al día
en su vivienda, mientras se realiza un acuerdo de pago y se cancela la deuda.
TERCERO.- REVOCAR, en
el proceso T-6.643.907, por las razones expuestas en esta providencia, la
sentencia dictada en segunda instancia, el veintiuno (21) de junio de dos mil
diecisiete (2017), por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva (La
Guajira), que revocó la sentencia proferida en primera instancia, el cinco (5)
de mayo del mismo año, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villanueva
(La Guajira), que concedió el amparo invocado por la señora Mercedes Piedad
Pereira Henríquez. En consecuencia. CONFIRMAR en su totalidad el fallo
dictado en primera instancia, exclusivamente, por las razones expuestas en esta
providencia, limitando el flujo a la cantidad mínima de litros de agua al día
en su vivienda, mientras se realiza un acuerdo de pago y se cancela la deuda.
CUARTO.- ORDENAR a la Empresa Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P., que en el término de cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha hecho, adelante
los trámites necesarios para llegar a un acuerdo de pago con cada una de las
accionantes, a fin de que cada una de ellas pueda responder por su obligación
contractual y se logre restablecer el normal suministro de agua a sus
viviendas. En dicho acuerdo de pagos tendrán que pactarse plazos acordes con la
situación económica de cada peticionaria de manera que no se afecte su mínimo
vital ni el de su núcleo familiar.
QUINTO.- INSTAR a la señora Martha Iliana Fuentes Guerra y
a la señora Mercedes Piedad
Pereira Henríquez para que, si aún no lo han hecho, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de esta sentencia y so pena de perder la
protección otorgada en el numeral segundo y tercero, respectivamente, se
acerque cada una de ella a las instalaciones de la Empresa Aguas del Sur de la Guajira S.A. E.S.P.,
con el fin de suscribir un acuerdo de pago que se acomode a su condición
económica y permita restablecer el normal suministro de agua a su vivienda.
SEXTO.- LIBRAR las
comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como
DISPONER las notificaciones a las partes de ambos procesos, previstas en
el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. En el proceso T-6.643.905, a través del Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Villanueva (La Guajira), y en el proceso T-6.643.907, a
través del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Villanueva (La Guajira).
Notifíquese, comuníquese, cúmplase.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
Según consta en la copia de la cédula de ciudadanía, la señora Martha Iliana
Fuentes Guerra nació el ocho (8) de febrero de 1985, por lo tanto, a la fecha
de esta providencia tiene 33 años de edad. Ver Folio 9 del cuaderno No. 2. En
adelante, se entenderá que los folios que se citen corresponden al cuaderno
principal, salvo que se señale lo contrario.
[2]
La actora manifestó que tiene tres hijos menores de edad, a saber: (i)
Maryiseth Paola Miranda Fuentes, de 9 años; (ii) Javier Iván Díaz Fuentes, de
16 años; y (iii) Juan Sebastián Miranda Fuentes, de 11 años. Para ello, aportó
copia de las respectivas tarjetas de identidad. Ver Folios 10 a 12 del cuaderno
No. 2.
[3]
Según consta en la copia de la factura del servicio de acueducto y
alcantarillado, correspondiente al mes de febrero de 2017, expedida por la
Empresa Accionada. Ver Folio 19 del cuaderno No. 2.
[4]
La actora aportó copia del oficio del doce (12) de agosto de 2015, suscrito por
la Directora de Registro y Gestión de la Información de la UARIV, que certifica
la inclusión del señor German Antonio Fuentes Pérez al Registro Único de
Víctimas, por el hecho victimizante “Desplazamiento Forzado”. Así mismo, aportó
copia no legible de la resolución que dispuso la respectiva inclusión. Ver
Folios 13 y 14 del cuaderno No. 2.
[5]
Según consta en el folio número 2 de la demanda de tutela.
[6]
Ver Folio 16 del cuaderno No. 2.
[7]
Ver, Folios 29 a 34 del cuaderno No. 2.
[8]
Ver Folio 37 del cuaderno No. 2.
[9]
Ver, Folio 15 del cuaderno No. 3.
[10] Según consta en la copia de la cédula de ciudadanía, la señora
Mercedes Piedad Pereira Henríquez nació el dos (2) de julio de 1971, por lo
tanto, a la fecha de esta providencia tiene 47 años de edad. Ver Folio 7 del
cuaderno No. 2.
[11] Según consta en las copias de los Registros Civiles de Nacimiento,
la accionante es la madre de los niños Oscar Eduardo Morón Pereira, de ocho (8)
años, y de Oscar Eliecer Morón Pereira, de dos (2) años. Ver Folios 8 y 9 del
cuaderno No. 2.
[12] Según consta en la copia de la Acta de Suspensión o Corte del
Servicio de Acueducto, expedida por un empleado de la empresa accionada, el
trece (13) de diciembre de 2016. Ver Folio 5 del cuaderno No. 2.
[13] Según consta en la copia de la factura del servicio de acueducto y
alcantarillado, expedida por la empresa accionada, en abril de 2017. Ver Folio
6 del cuaderno No. 2.
[14]
Ver, Folio 2 del cuaderno No.2.
[15] Ver Folio 14 del cuaderno No. 2.
[16] Ver Folio 22 del cuaderno No. 2.
[17] Ver Folios 41 y 42 del cuaderno No. 2.
[18] El Registro Único de Afiliados a la Protección Social, es un
sistema de clasificación de información que se encargar de registrar por medio
de su plataforma, datos concernientes con salud, pensiones, riesgos
profesionales, subsidio familiar, cesantías y beneficiarios de programas de
atención social.
[19] Cabe mencionar que, en el auto de pruebas del dieciséis (16) de
mayo de 2018, fue incluida una imprecisión en cuanto a la dirección del
domicilio de la accionante del proceso T-6.643.905. Por esta razón, y con base
en lo previsto en el artículo 286 del C.G.P., el Magistrado sustanciador
dispuso corregir dicha información mediante auto del treinta y uno (31) de mayo
de 2018. Para ello, dispuso que, por intermedio de la Secretaría General de
esta Corte, se informara a las partes y al juez de tutela de primera instancia
del proceso T-6.643.905, que la señora Martha Iliana Fuentes Guerra afirmó en
el trámite de las instancias que su domicilio está ubicado en la Calle 9 No. 7
– 86, del barrio San Luis, del municipio de Villanueva (La Guajira). De igual manera, en el trámite de revisión de los procesos bajo
estudio, no se recibió informe alguno por parte de los juzgados que fueron
comisionados para vincular a los propietarios de los inmuebles que habitan las
accionantes, ni tampoco se recibieron intervenciones de estos sujetos.
[20] Según consta en la copia de la tarjeta de identidad, el niño Oscar
Eduardo Moron Pereira tiene nueve (9) años de edad, en tanto nació el dieciocho
(18) de enero de 2010.
[21] Según consta en la copia del Registro Civil de Nacimiento, el menor
Oscar Eliecer Moron Pereira tiene aproximadamente dos (2) años de edad.
[22] Resolución N°2015-65695 del 11 de marzo de 2015, “por la cual se
decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del
artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011”.
Adicionalmente, la actora aportó pantallazo de consulta individual en la base
de datos de la UARIV, que certifica su estado de inclusión en el RUV y de los
miembros de su grupo familiar.
[23] Según consta en la copia de la Resolución N°2015-56800 del 3 de
marzo de 2015.
[24] Según consta en la copia de la Resolución N°2015-65695 del 11 de
marzo de 2015.
[25] Adicionalmente, la UARIV aportó copia de la Resolución
N°2016-2458884 del 16 de diciembre de 2016, por medio de la cual se resuelve
incluir a la señora Alicia Yasmina Guerrero Orcasita y otros en el RUV.
[26] Según consta en la copia de los estados de cuenta aportado por la
empresa accionada.
[27] Según consta en la copia de los estados de cuenta aportados por la
empresa accionada.
[28]
Ver, entre otras, sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015, T-548
de 2015, y T-317 de 2015.
[29] Decreto 2591 de 1991, artículo 8. La tutela
como mecanismo transitorio. “Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial,
la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez
señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo
durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de
fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado
deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir
del fallo de tutela. (…)”.
[30] Decreto 2591 de 1991, artículo 42, establece: “Procedencia. La
acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos: (…) 3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la
solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.”
[31] Ver, sentencia C-543 de 1992.
[32] En el proceso T-6.643.905, la empresa accionada suspendió el
servicio de acueducto a la accionante el quince (15) de marzo de 2017 y la
acción de tutela fue presentada el veintiocho (28) de abril del mismo año. Ver
Folios 16 y 20 del cuaderno No. 2.
[33] En el proceso T-6.643.907, la empresa accionada suspendió el
servicio de acueducto a la accionante el trece (13) de diciembre de 2016 y la
acción de tutela fue interpuesta el veinte (20) de abril de 2017. Ver Folios 4
y 17 del cuaderno No. 2.
[34] Ver, sentencia T-211 de 2009.
[35] Ver, sentencia T-222 de 2014.
[36] Ver, sentencias T-242 de 2013, T-394 de 2015, T-034 de 2016, entre
otras.
[37] En la sentencia T-100 de 2017, la Corte precisó que el agua tiene
tres facetas: “(i) como un recurso vital y valioso para el medio
ambiente, la naturaleza y los seres vivos; (ii) como un recurso hídrico
indispensable para la subsistencia de la humanidad que se concreta en un
derecho colectivo, ‘por ello, se construyen servicios públicos para su
suministro’; y (iii) como “un derecho fundamental referido a la exigibilidad de
derecho individual’.”.
[38] Ver, sentencias T-093 de 2015 y T-100 de 2017.
[39] Ver Folios 10 a 12 del cuaderno No. 2.
[40] Ver Folio 32 del cuaderno de principal, así mismo, Folios 8 y 9 del
cuaderno No. 2.
[41] Ver Folios 49 del cuaderno principal del expediente T-6.643.907.
[42]
Vale anotar que la Sala no desarrollará las reglas
jurisprudenciales atinentes a la protección del derecho al agua cuando el
usuario se reconecta ilegalmente, porque, pese a que existe una mención acerca
de la reconexión del servicio en las demandas de tutela, lo cierto es que las
accionantes no explican en qué condiciones se realizó tal actuación, ni la
empresa prestadora del servicio alegó que hubiese ocurrido un hecho irregular
de reconexión.
[43]
Al respecto se pueden consultar, entre otras,
las sentencias T-267 de 2008, T-576 de 2008, T-091 de 2009, T-927 de 2013,
T-098 de 2016, T-378 de 2016 y T-218 de 2017.
[44]
Como lo señaló la Corte en su sentencia SU-225 de 2013 “(…) cuando la situación fáctica que motiva la presentación de
la acción de tutela, desaparece o se modifica en el sentido de que cesa la
presunta acción u omisión que, en principio, podría generar la vulneración de
los derechos fundamentales, la solicitud de amparo pierde eficacia en la medida
en que desaparece el objeto jurídico sobre el que recaería una eventual
decisión del juez de tutela. En consecuencia, cualquier orden de protección
sería inocua.”
[45] Ver, sentencia T-498 de 2012.
[46] Ver, sentencia T-612 de 2009, y
entre otras, ver las sentencias T- 442 de 2006, T-486 de 2008, T-1004 de 2008,
T-506 de 2010 y T-021 de 2014.
[47]
Ver, sentencias T-740 de 2011, T-163 de 2014, T-394 de 2015, T-761 de 2015,
T-034 de 2016, T-218 de 2017, entre otras.
[48]
Ver, sentencias T-406 y T-578 de 1992.
[49] Durante varios años la Corte sostuvo esta afirmación en desarrollo
de la teoría de la conexidad, pero, aún con el abandono de esta, ha continuado
recurriendo a este argumento con el propósito de explicar el carácter
fundamental del derecho al agua. Ver, sentencias T-406 de 1992.
[50] Ver, sentencia T-740 de 2011.
[51] En efecto, esta Corte en las sentencias T-028 de 2014, T-139 de 2016 y T-218 de 2017 ha afirmado que  el
servicio de acueducto “es un servicio público domiciliario cuya adecuada,
completa y permanente prestación resulta indispensable para la vida y la salud
de las personas, aparte de que es un elemento necesario para la realización de
un sinnúmero de actividades útiles al hombre”.
[52]
La Corte modificó su postura con relación a la forma de protección del derecho
al agua por conexidad con el principio de dignidad humana y el derecho
fundamental a la salud. Al respecto, por ejemplo, en la sentencia T-016 de
2007, explicó la Corte que la teoría de la conexidad debía considerarse una
exigencia innecesaria para la protección de cualquier derecho fundamental.
[53] En ese sentido, la Corte ha reiterado, por los menos, en las sentencias
T-100 de 2017, T-348 de 2013, T-312 de 2012 y T-881 de 2002, lo siguiente: “(…)
el agua que es utilizada diariamente por las personas es imprescindible para
garantizar la vida misma y la dignidad humana, entendida como la posibilidad de
contar con unas condiciones materiales de existencia que les permitan
desarrollar un papel activo en la sociedad, para lo cual es evidentemente
necesario contar con las garantías básicas del derecho a la salud y a la
alimentación, los cuales, evidentemente no pueden ejercerse si no se cuenta con
agua potable”.
[54] Ver, sentencias T-740 de 2011, T-418 de 2010, T-312 de 2012 y T-218 de
2017.
[55] Ver, sentencias T-218 de 2017.
[56] Ver, entre otras, T-413 de 1995, T-381 de 2009, T-100 de 2017, T-218
de 2017.
[57]
Ley 142 de 1994, artículo 2°, establece: “Intervención del Estado en los
servicios públicos. El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a
las reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en
los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para los
siguientes fines:
2.1. Garantizar la
calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para
asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
2.2. Ampliación
permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de
capacidad de pago de los usuarios.
2.3. Atención
prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable
y saneamiento básico.
2.4. Prestación continua
e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza
mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. (…)”.
[58]
Ver, sentencias T-717 de 2010, T-093 de 2015 y T-034 de 2016.
[59]
En la sentencia C-150 de 2003, la Sala Plena de la Corte estudió la
constitucionalidad de la ley 689 de 2001 “por la cual se modifica
parcialmente la Ley 142 de 1994”, norma que, en sus artículos 18 y 19
consagró la facultad de las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios de suspender la prestación del servicio, cuando los usuarios
dejaran de pagar dos o más facturas consecutivamente.
[60]
Ver, sentencias C-150 de 2003, T-546 de 2009, T-717 de 2010, entre otras.
[61]
Ver, sentencias T-163 de 2014 y
T-034 de 2016.
[62]
Ver, sentencias T-717 de 2010, T-394 de 2015 y T-034 de 2016.
[63]
Ver, sentencia T-093 de 2015.
[64]
Ver Folio 57 del cuaderno principal.
[65]
Ver Folio 2 del cuaderno No. 2.
[66]
Ver Folio 32 del cuaderno principal.
[67]
Ver Folio 49 del cuaderno principal.
[68]
Respecto al suministro mínimo de agua potable, este Tribunal, principalmente,
basado en informes de la Organización Mundial de Salud (OMS) sobre “la
cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud” y del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre “el
alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos
humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento
que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos”, ha
determinado que cuando un suscriptor y/o usuario no pueda pagar el servicio de
agua por motivos ajenos a su voluntad y lo requiere para garantizar la
integridad de sujetos de especial protección constitucional, tendrá derecho al
acceso al mínimo de líquido para sobrevivir, el cual equivale a 50 litros
diarios por individuo. (Ver, entre otras, T-546 de 2009,
T-891 de 2014, T-394, T-760 de 2015, T-034 de 2016, T-188 de 2018).
[69]
Ver, Folio 34 del cuaderno No.2.
[70]
Ob. Cit.
[71]
Ver Folios 10 a 12 del cuaderno No.2.
[72]
Ver Folio 45 del cuaderno principal.
[73]
Ver Folios 8 y 9 del cuaderno No. 2.
[74]
Ver Folio 37 del cuaderno principal.
[75]
Ver Folio 32 del cuaderno No. 2. del expediente T-6.643.907.
[76]
Ver Folio 8 del cuaderno No. 2.
[77]
Ver Folio 6 del cuaderno No. 2.
[78]
De acuerdo con la información contenida en el Registro Único de Afiliados
(RUAF), la señora Martha Iliana Fuentes Guerra (T-6.643.905),
se encuentra afiliada a la Nueva EPS, en calidad de beneficiaria, y la señora
Mercedes Piedad Pereira Henríquez (T-6.643.907) se encuentra afiliada a la
Nueva EPS, en calidad de cotizante.
[79]
Respecto al suministro mínimo de agua potable, este Tribunal, principalmente, basado
en informes de la Organización Mundial de Salud (OMS) sobre “la cantidad de
agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud” y del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre “el alcance y el
contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos
relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que
imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos”, ha
determinado que cuando un suscriptor y/o usuario no pueda pagar el servicio de
agua por motivos ajenos a su voluntad y lo requiere para garantizar la
integridad de sujetos de especial protección constitucional, tendrá derecho al
acceso al mínimo de líquido para sobrevivir, el cual equivale a 50 litros
diarios por individuo. Ver, T-546 de 2009, T-891 de 2014, T-394,
T-760 de 2015, T-034 de 2016, T-188 de 2018, entre otras.
[80]
Ver, Folio 36 del cuaderno No.2.