C-861-01
Sentencia C-862/01
Sentencia
C-861/01
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características
Ese control de constitucionalidad es posterior, porque se produce
una vez la respectiva ley ha sido aprobada por el Congreso y sancionada por el
Presidente de la República, pero a la vez tiene carácter preventivo por cuanto
el pronunciamiento de la Corte es anterior al perfeccionamiento del instrumento
internacional, que no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad
que le permita al Jefe de Estado efectuar el correspondiente canje de notas. La jurisprudencia constitucional ha expresado que esta
clase de control es un mecanismo que al garantizar tanto la supremacía
de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano, se ubica  en un sistema de relaciones de coordinación entre
los órganos públicos orientado a  impulsar el proceso de perfeccionamiento de
los instrumentos internacionales que  han cumplido las fases de negociación,
adopción, confirmación presidencial del texto celebrado por el delegado
plenipotenciario, aprobación por parte del Congreso y sanción presidencial. Así mismo, este control de constitucionalidad es de
carácter formal y material. En cuanto lo primero, según lo prescribe el
artículo 241-10 Fundamental, el control formal de constitucionalidad que la
Corte debe ejercer sobre los tratados internacionales y las leyes que los
aprueban, recae sobre la representación del Estado colombiano en los procesos
de negociación y celebración del instrumento, la competencia de los
funcionarios intervinientes y el trámite dado a la ley aprobatoria en el
Congreso. Por su parte, el examen de fondo consiste en comparar las
disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley
aprobatoria, con la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior,
para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política,
independientemente de consideraciones de conveniencia, oportunidad,
efectividad, utilidad o eficiencia, las cuales son extrañas al examen que debe
efectuar la Corte Constitucional.
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Control
formal
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Publicación
de iniciativa de proyecto
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Presentación y publicación de ponencia
PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Publicación de ponencia
Es de observar que la publicación de las ponencias tiene un
propósito fundamental “cual es poner en conocimiento de los miembros del
Congreso el estudio preliminar realizado por los Senadores o Representantes que
actúan como ponentes, con el fin de que éstos puedan evaluar y analizar con la
debida anticipación las normas que serán objeto de estudio en las comisiones y
en las plenarias de las Cámaras, y de esta manera los miembros del Congreso
puedan tener una mayor y mejor ilustración sobre los asuntos que se sujetan a
su aprobación y así participar activamente en los debates correspondientes”.
PROYECTO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Conocimiento del texto votado
LEY APROBATORIA
DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento
de exigencias constitucionales y reglamentarias
PROYECTO DE LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Publicación de ponencia antes de iniciación del
debate
LEY APROBATORIA
DE ACUERDO CON REPUBLICA DOMINICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL-Inexequibilidad
Referencia:
expediente L.A.T. 197
Revisión
de la Ley 630 del 27 de diciembre de 2000 "Por medio de la cual se aprueba
el 'ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA, SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL” hecho en Santo
Domingo, república Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos
noventa y ocho (1998)
Magistrada
Ponente:
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., quince (15) de
agosto de dos mil uno (2001)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El 11 de enero del presente
año, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, a través de
oficio sin número, remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto
en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., fotocopia autenticada de la Ley
630 del 27 de diciembre de 2000, "Por medio de la cual se aprueba el
‘ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL’, suscrito en
Santo Domingo, República Dominicana, el  veintisiete (27) de julio de mil
novecientos noventa y ocho (1998)
El día 26 de enero del año en
curso, el Magistrada Sustanciadora, a través de auto de la misma fecha, asumió
la revisión de la Ley 630 del año  2000 y del Acuerdo que la misma aprobó, para
lo cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas: Solicitó a las
Secretarías Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, el envío de copia del expediente legislativo correspondiente al
trámite de dicha ley en el Congreso de la República y ordenó que una vez
cumplido lo anterior, por Secretaría General, se procediera a la fijación en
lista del negocio y a practicar el traslado del expediente al despacho del
señor Procurador General de la Nación, para efectos de recibir el concepto de
su competencia.
Una vez cumplidos todos los
procedimientos indicados para esta clase de actuaciones procesales de control
de constitucionalidad, procede la Corte a pronunciar su decisión.
II. EL TEXTO DEL CONVENIO QUE
SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA
De acuerdo con
su publicación en el Diario Oficial, año CXXXVI, número 44272 del 27 de
diciembre del año 2000 ( Pág. 91), el siguiente es el texto del acto sometido a
la revisión de constitucionalidad:
LEY 630 DE 2000
(diciembre 27)
Por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo
entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República
Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal", hecho en Santo
Domingo, República Dominicana el veintisiete (27) de junio de mil novecientos
noventa y ocho (1998)
El Congreso de Colombia
Visto el texto del noventa y ocho (1998),
que a la letra dice: "Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal", hecho en Santo Domingo, República Dominicana el
veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998)
(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado, debidamente
autenticado por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones
Exteriores)
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA SOBRE ASISTENCIA
MUTUA EN MATERIA PENAL
El Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República Dominicana,
Considerando los lazos de amistad y
cooperación que nos unen.
Reconociendo que la lucha contra la
delincuencia transnacional es una responsabilidad compartida de la comunidad
internacional.
Conscientes que es necesario el
fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia mutua,
para evitar el incremento de las actividades delictivas.
Deseando proporcionar la más amplia,
asistencia legal mutua para la investigación, embargo, incautación, otras
medidas cautelares, decomiso o confiscación del producto e instrumentos del
hecho punible,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación:
1. Las Partes, de conformidad con este
acuerdo, se otorgarán mutua asistencia en investigaciones y procedimientos
judiciales respecto de toda clase de hechos punibles, incluidos la búsqueda,
embargo, incautación, otras medidas cautelares, decomiso o confiscación del
producto y de los instrumentos de toda clase de hechos punibles.
2. Este acuerdo no se aplicará a:
a) Las contravenciones;
b) La extradición;
c) La ejecución de sentencias penales,
incluido el traslado de personas condenadas, con el objeto de que cumplan
condena.
3. El presente convenio se entenderá
celebrado exclusivamente con fines de asistencia judicial mutua entre los
Estados contratantes. Las disposiciones del presente acuerdo no generarán
derecho alguno a favor de los particulares en orden a la obtención, eliminación
o exclusión de pruebas o a la obstaculización en el cumplimiento de la
solicitud.
4. Una Parte no ejercerá en el territorio
de otra Parte competencias ni funciones que hayan sido reservadas
exclusivamente a las autoridades de esa otra Parte por su derecho interno.
Artículo 2°. Definiciones. A los fines de este acuerdo:
a) "Decomiso o confiscación" son
medidas equivalentes y significan la privación con carácter definitivo de
bienes, productos o instrumentos del hecho punible, por decisión de un tribunal
o una autoridad competente;
b) "Instrumento del hecho
punible" significa cualquier bien utilizado, o destinado a ser utilizado,
para la comisión de un hecho punible;
c) "Producto del hecho punible"
significa bienes de cualquier índole derivados u obtenidos, directa o
indirectamente, por cualquier persona de la comisión de un hecho punible, o el
valor equivalente de tales bienes;
d) "Bienes" significa los
activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles,
tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten
la propiedad u otros derechos sobre activos;
e) "Embargo, incautación y otras
medidas cautelares de bienes" significa la prohibición temporal de
transferir, convertir, enajenar o mover bienes, así como la custodia o el
control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una
autoridad competente;
Artículo 3°. Autoridades centrales y
competentes:
1. Los requerimientos de asistencia bajo
este acuerdo deben realizarse a través de las Autoridades Centrales de las
Partes.
2. En la República Dominicana la Autoridad
Central será la Procuraduría General de la República. Con relación a las
solicitudes de asistencia enviadas a la República de Colombia, la Autoridad
Central será la Fiscalía General de la Nación; con relación a las solicitudes
de asistencia judicial hechas por la República de Colombia la Autoridad Central
será la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del
Derecho.
3. Las Partes podrán notificarse mediante
nota diplomática la modificación en la designación de las Autoridades
Centrales.
4. Las solicitudes tramitadas por una
Autoridad Central de conformidad con el presente Convenio se basarán en el
requerimiento de asistencia de las autoridades competentes.
Artículo 4°. Contenido de los
requerimientos:
1. Los requerimientos de asistencia deben
realizarse por escrito. Bajo circunstancias de carácter urgente o en caso de
que sea permitido por la Parte Requerida, las solicitudes podrán hacerse a
través de una transmisión por fax o por medio de cualquier otro método
electrónico pero deben ser confirmados por escrito en un plazo no mayor de
quince (15) días.
2. Los requerimientos de asistencia
deberán contener las siguientes indicaciones:
a) Determinación de la autoridad
competente que dirige la investigación o el procedimiento judicial a que se
refiere el requerimiento;
b) Las cuestiones a que se refiere la
investigación o el procedimiento judicial, con inclusión de los hechos y de las
disposiciones legales pertinentes;
c) El propósito del requerimiento y el
tipo de asistencia solicitado;
d) Cualquier plazo dentro del cual se
desea el cumplimiento del requerimiento;
e) La identidad, nacionalidad y ubicación
de la persona o las personas que son objeto de la investigación o del
procedimiento judicial, cuando sea conocida;
f) El texto del interrogatorio a ser
formulado para la práctica de la prueba testimonial en la Parte Requerida. No
obstante la autoridad competente que lo practique podrá formular preguntas
adicionales sobre los hechos materia de la investigación;
g) Información sobre el pago de los gastos
que se asignarán a la persona cuya presencia se solicita en la Parte
Requirente;
h) Cuando sea del caso la indicación de
las autoridades de la Parte Requeriente que puedan participar como observadores
en la práctica de la prueba que se desarrolle en la Parte Requerida;
3. Si la Parte Requerida considera que la
información contenida en un requerimiento no es suficiente para atenderlo,
podrá solicitar que se le proporcione información adicional.
Artículo 5°. Ejecución de
requerimientos:
1. Un requerimiento se ejecutará en la
medida en que sea compatible y lo permita el derecho interno de la Parte
Requerida, de conformidad con lo especificado en la solicitud.
2. La Parte Requerida informará con
prontitud a la Parte Requeriente de la decisión de la Parte Requerida de no cumplir
en todo o en parte con un requerimiento de asistencia y del motivo de tal
decisión.
3. La Parte Requeriente informará con
prontitud a la Parte Requerida de cualquier circunstancia que pueda ocasionar
una demora significativa, afectar el requerimiento o su ejecución o que pueda
hacer que resulte improcedente proseguir con su cumplimiento.
Artículo 6°. Denegación de asistencia.
1. La asistencia podrá denegarse si:
a) La Parte Requerida considera que el
cumplimiento del requerimiento, si fuera otorgado, menoscabaría gravemente su
soberanía, seguridad, interés nacional u otro interés fundamental; o si
b) La prestación de la asistencia
solicitada pudiera perjudicar una investigación o procedimiento en el
territorio de la Parte Requerida, la seguridad de cualquier persona o imponer
una carga excesiva sobre los recursos de esa Parte; o si
c) La acción solicitada contraviene los
principios de derecho de la Parte Requerida o las garantías fundamentales
consagradas en la Parte Requerida; o si
d) El requerimiento se refiere a conductas
realizadas en el territorio del país requirente, respecto a las cuales la
persona ha sido finalmente exonerada o indultada; o si
e) El requerimiento se refiere a una orden
de decomiso o confiscación que ya ha sido ejecutada; o si
f) Se trata de delitos políticos y
militares; o si
g) Se trata de medidas definitivas o
provisionales sobre bienes, si el hecho no es punible de conformidad con la
legislación de ambas partes.
2. Antes de negarse a cumplir con el
requerimiento de asistencia, la Parte Requerida considerará si puede otorgar
asistencia sujeta a las condiciones que considere necesarias. La Parte
Requeriente podrá aceptar la asistencia sujeta a las condiciones impuestas por
la Parte Requerida.
Artículo 7°. Reserva y limitación al uso
de pruebas e información:
1. La Parte Requerida mantendrá en los
términos solicitados por la Parte Requeriente el requerimiento de asistencia,
su contenido y cualquier documento que sirva de justificación, y el hecho de
otorgar tal asistencia, salvo en la medida en que la revelación sea necesaria
para ejecutar el requerimiento. Si el requerimiento no se puede ejecutar sin el
levantamiento de la reserva, la Parte Requerida deberá informar a la Parte
Requeriente de las condiciones bajo las cuales se podrá ejecutar el
requerimiento sin el levantamiento de la reserva. La Parte Requeriente luego
deberá determinar el alcance que desea darle al requerimiento que será
ejecutado.
2. La Parte Requeriente mantendrá en
reserva, cualquier prueba e información proporcionada por la Parte Requerida,
si así lo ha solicitado, salvo en la medida en que su revelación sea necesaria
para la investigación o el procedimiento judicial descrito en el requerimiento.
3. La Parte Requeriente no utilizará para
finalidades que no sean las declaradas en el requerimiento pruebas o
informaciones obtenidas como resultado del mismo, sin el consentimiento previo
de la Parte Requerida.
Artículo 8°. Información y pruebas:
1. Las Partes podrán solicitar información
y pruebas a los efectos de una investigación o de un procedimiento judicial.
2. La asistencia que podrá prestarse en
virtud de este artículo comprende los siguientes aspectos:
a) Proporcionar información y documentos o
copias de éstos para los efectos de una investigación o de un procedimiento
judicial en el territorio de la Parte Requeriente;
b) Practicar pruebas o declaraciones de
testigos u otras personas, producir documentos, efectuar registros o recoger
otro tipo de pruebas para su remisión a la Parte Requeriente;
c) Buscar, incautar y entregar a la Parte
Requeriente, en forma temporal o definitiva, según el caso, cualquier prueba y
proporcionar la información que pueda requerir la Parte respecto del lugar de
incautación, las circunstancias de la misma y la custodia posterior del
material incautado antes de la entrega.
3. La Parte Requerida podrá posponer la
entrega del bien o prueba solicitados, si éstos son requeridos para un
procedimiento judicial penal o civil en su territorio. La Parte Requerida
proporcionará, al serle ello solicitado, copias certificadas de documentos.
4. Cuando lo solicite la Parte Requerida
la Parte Requeriente devolverá los bienes y medios de prueba proporcionados en
virtud de este artículo, cuando ya no los necesite para la finalidad a cuyo
efecto fueron proporcionados.
5. Las Partes podrán prestarse otras
formas de asistencia en la medida que sean compatibles con su ordenamiento
interno.
Artículo 9°. Medidas provisionales:
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 5 (1) y de acuerdo a las disposiciones de este artículo, una de las
Partes podrá solicitar a la otra que obtenga una orden con el propósito de
realizar un embargo, incautación u otra medida cautelar sobre bienes para
asegurar que éstos estén disponibles para la ejecución de una orden de decomiso
o confiscación.
2. Un requerimiento efectuado en virtud de
este artículo deberá incluir:
a) (i) Una copia de la orden de embargo,
incautación u otra medida cautelar;
(ii) Una certificación expedida por la
Autoridad Central en la que se declare que se ha iniciado una investigación
preliminar, o una instrucción ha comenzado, y que en cualquier caso, una
decisión ha sido emitida ordenando un embargo, incautación u otras medidas
cautelares;
b) Un resumen de los hechos del caso,
incluyendo una descripción del hecho punible, dónde y cuándo se cometió y una
referencia a las disposiciones legales pertinentes;
c) En la medida de lo posible, una
descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita el embargo,
incautación u otra medida cautelar, y su relación con la persona contra la que
se inició o se iniciará un procedimiento judicial;
d) Cuando corresponda, una declaración de
la suma que se desea embargar, incautar o aplicar otra medida cautelar y los
fundamentos del cálculo de esa suma;
e) Cuando corresponda, una declaración del
tiempo que se estima transcurrirá antes de que el caso sea remitido a juicio y
antes de que se pueda dictar sentencia final.
3. La Parte Requeriente informará a la,
Parte Requerida de cualquier modificación en el cálculo de tiempo a que se hace
referencia en el apartado (2) (e) anterior y al hacerlo, indicará asimismo la
etapa de procedimiento judicial que se haya alcanzado. Cada Parte informará con
prontitud a la otra de cualquier apelación o decisión adoptada respecto del
embargo, incautación u otras medidas cautelares solicitadas o adoptadas.
4. La Parte Requerida podrá imponer una
condición que limite la duración de la medida. La Parte Requerida notificará
con prontitud a la Parte Requeriente cualquier condición de esa índole y los
fundamentos de la misma.
5. Cualquier requerimiento se ejecutará
únicamente de acuerdo con la legislación interna de la Parte Requerida y, en
particular, en observancia de los derechos de cualquier individuo que puede ser
afectado por su ejecución.
Artículo 10. Ejecución de órdenes de
decomiso o confiscación:
1. Si el requerimiento para una orden de
decomiso o confiscación es realizado, la Parte Requerida puede, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 5 (1) del presente acuerdo:
a) Ejecutar una orden emitida por la
autoridad competente de la Parte Requeriente para decomisar o confiscar el
producto o los instrumentos del hecho punible; o
b) Emprender un procedimiento para que sus
autoridades competentes puedan proferir una orden de decomiso o confiscación de
acuerdo a su legislación interna.
2. La solicitud será acompañada de una
copia de la orden certificada por la Autoridad Central y, contendrá información
que indique:
a) Que la orden o la condena no es
susceptible de recursos;
b) Cuando corresponda, una descripción de
los bienes disponibles para ejecución o los bienes respecto de los cuales se
solicita asistencia, declarando la relación existente entre esos bienes y la
persona contra la que se expidió la orden;
c) Cuando corresponda y se conozca, los
legítimos intereses en los bienes que tenga cualquier persona diferente a
aquella contra la que se expidió la orden;
d) Cuando corresponda, la suma que se
desea obtener como resultado de tal asistencia;
e) Las pruebas que soporten la base sobre
la cual se profirió la orden de decomiso o confiscación;
f) Cualquier otra información Pertinente.
3. En donde la ley de la Parte Requerida
no permita efectuar una solicitud en su totalidad, la Parte Requerida le dará
cumplimiento hasta donde sea permitido.
4. La Parte Requerida podrá solicitar
información o pruebas adicionales con el fin de llevar a cabo el requerimiento.
5. Cualquier solicitud se ejecutará
únicamente de acuerdo con la legislación interna de la Parte Requerida y, en
particular, en observancia de los derechos de cualquier individuo que puedan
ser afectados por su ejecución.
6. Para acordar con la Parte Requeriente
la manera de compartir el valor de los bienes decomisados en cumplimiento de
este artículo, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 5.5
(b) (ii) de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 de la cual ambos Estados son
parte, la Parte Requerida hará una consideración especial del grado de
cooperación suministrada por la Parte Requeriente.
Para dar cumplimiento a lo estipulado en
este numeral, las Partes podrán celebrar acuerdos complementarios.
Artículo 11. Intereses sobre los bienes. Conforme a lo previsto en el presente
Acuerdo, el Estado requerido determinará según su ley las medidas necesarias
para proteger los intereses de terceras personas de buena fe sobre los bienes que
hayan sido decomisados o confiscados.
Cualquier persona afectada por una orden
de embargo, incautación u otras medidas cautelares, decomiso o confiscación,
podrá interponer los recursos ante la autoridad competente en el Estado
requerido, para la eliminación o variación de dicha orden.
Artículo 12. Responsabilidad por daños. Una Parte no será responsable por los
daños que puedan surgir de actos u omisiones de las autoridades de la otra
Parte en la formulación o ejecución de una solicitud.
Artículo 13. Gastos. La Parte Requerida asumirá cualquier
costo que surja dentro de su territorio como resultado de una actuación que se
realice en virtud de la solicitud de la Parte Requeriente. Los gastos
extraordinarios estarán sujetos a acuerdo especial entre las Partes.
Artículo 14. Autenticación. Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 10, los documentos y pruebas certificados por la Autoridad Central no
requerirán ninguna otra certificación sobre validez, autenticación ni
legalización a los efectos de este acuerdo.
Artículo 15. Solución de controversias:
1. Cualquier controversia que surja de una
solicitud, será resuelta por consulta entre las Autoridades Centrales.
2. Cualquier controversia que surja entre
las Partes relacionada con la interpretación o aplicación de este acuerdo será
resuelta por consulta entre las Partes por vía diplomática.
Artículo 16. Compatibilidad con otros
tratados, acuerdos u otras formas de cooperación. La asistencia establecida en el presente acuerdo no
impedirá que cada una de las Partes preste asistencia a la otra al amparo de lo
previsto en otros acuerdos internacionales de los cuales sean Partes. Este
acuerdo no impedirá a las Partes la posibilidad de desarrollar otras formas de
cooperación de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.
Artículo 17. Disposiciones finales.
1. Cada Parte notificará por vía
diplomática a la otra Parte cuando se hayan cumplido los trámites
constitucionales requeridos por sus leyes para que este acuerdo entre en vigor.
El acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días contados a partir de la
fecha de la última notificación.
2. Este acuerdo podrá ser denunciado por
cualquiera de las Partes mediante notificación a la otra por la vía
diplomática. Su vigencia cesará a los seis meses de la fecha de recepción de
tal notificación. Las solicitudes de asistencia realizadas dentro del período
de notificación del acuerdo serán atendidas por la Parte Requerida antes de su
terminación.
En fe de lo cual, los abajo firmantes,
debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado este
acuerdo.
Hecho en dos ejemplares en Santo Domingo,
República Dominicana a los veintisiete (27) días del mes de junio de mil
novecientos noventa y ocho (1998), en idioma español, siendo ambos textos
igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la República de
Colombia,
Camilo Reyes Rodríguez,
Ministro de Relaciones Exteriores.
Por el Gobierno de la República
Dominicana,
Eduardo Latorre,
Secretario de Estado de Relaciones
Exteriores.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Santa Fe de Bogotá, D. C., 9 de julio de
1999
Aprobado. Sométase a la consideración del
honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Guillermo Fernández De Soto.
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el "acuerdo entre el Gobierno de la
República de Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre asistencia
mutua en materia penal", hecho en Santo Domingo, República Dominicana el
veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998)
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de
la Ley 7ª de 1944, el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal", hecho en Santo Domingo, República Dominicana el
veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), obligará al
país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional
respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
Mario Uribe Escobar.
El Secretario General del honorable Senado
de la República,
Manuel Enríquez Rosero.
El Presidente de la honorable Cámara de
Representantes,
Basilio Villamizar Trujillo.
El Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre
de 2000.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Guillermo Fernández De Soto.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Rómulo González Trujillo.
III. INTERVENCIONES
·
Intervención
del ciudadano Jerónimo Silva Valenzuela
Sostiene el interviniente que
la previsión consagrada en el artículo 1° del Convenio, según la cual las
partes se prestarán mutua asistencia en investigaciones o procedimientos en
toda clase de hechos punibles, sin menoscabo de  su ordenamiento jurídico interno
y de su soberanía, queda en duda, porque se prohíbe inmiscuirse en las
competencias reconocidas exclusivamente a las autoridades de cada uno de los
estados, lo cual da a entender que en aquello que no esté exclusivamente
reservado a esos órganos las autoridades de cada Estado están habilitadas para
intervenir, ejerciendo una especie de jurisdicción paralela respecto de toda
clase de conductas punibles.
Por lo tanto, solicita que en
relación con el artículo 1° numeral 4°, el Gobierno colombiano formule una
reserva en este sentido, porque en los términos como está redactada la
mencionada cláusula se atenta contra el principio de la soberanía nacional.
·
Intervención
del Ministerio de Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia y
del Derecho, mediante apoderado, defiende la constitucionalidad del instrumento
objeto de revisión expresando que lo que atañe al trámite de la ley aprobatoria
en el Congreso se observaron a cabalidad los requisitos constitucionales y
reglamentarios, puesto que la iniciativa correspondiente una vez fue
considerada y debatida en las cámaras legislativas fue sancionada por el
Presidente de la República.
Expresa que el instrumento
bilateral bajo revisión fue suscrito en consideración a los lazos de amistad y
cooperación existentes entre nuestro gobierno y el de República Dominicana, con
el objeto de facilitar la lucha contra el crimen organizado transnacional y
evitar que la actividad de estos grupos delincuenciales quede en la impunidad.
En este sentido, el acuerdo fortalece los mecanismos de control al delito, a
través del intercambio de información y pruebas, lo cual facilita la labor de
las instituciones nacionales que luchen contra este flagelo.
En su criterio, el Convenio no
trasciende los límites de la cooperación y asistencia entre los estados
soberanos al paso que se salvaguarda su autonomía al establecer ciertos
supuestos en los que se puede denegar la asistencia. Como cuando se trata de
delitos políticos o cuando la solicitud de ayuda atenta contra la seguridad o
el orden público del Estado.
Por lo que se refiere al
contenido material del Acuerdo, considera que este instrumento y su ley
aprobatoria se encuentran enmarcados dentro de los principios de derecho
internacional, el respeto a la soberanía nacional, la no intervención y la
autonomía de los Estados, así como la protección de los derechos y garantías
fundamentales. Además, el Tratado en sí mimo considerado, recoge los postulados
del Estado Social de Derecho y se fundamenta en los preceptos constitucionales
que regulan las relaciones internacionales que son los artículos 9, 150-16,
189-2, 224 y 244 del Ordenamiento Superior.
En consideración a lo
expuesto, el apoderado del Ministerio de Justicia y del derecho le solicita a
la Corte declarar la constitucionalidad de la Ley 630 de 200 y del Acuerdo que
allí se incorpora.
·
Intervención
del Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones
Exteriores, por medio de apoderada Janeth Mabel Lozano Olave, presentó escrito
justificativo de la constitucionalidad del convenio, en el que manifiesta que
dicho instrumento está orientado a ampliar las relaciones internacionales de
nuestro país, fomentando la asistencia en materia penal, propósito que está
conforme con el artículo 9° de la Carta Política.
Sostiene que los gobiernos
signatarios han mostrado gran interés  en la lucha contra el crimen organizado,
razón por la cual esperan aunar esfuerzos para fortalecer los mecanismos de
cooperación y asistencia mutua en materia penal, todo lo cual se ajusta a los
dictados de los artículos 226 y 227 Fundamentales.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACION
El señor Procurador General de
la Nación emitió concepto favorable sobre la constitucionalidad del instrumento
internacional que se revisa.
En lo relacionado con la
suscripción del Acuerdo, señala que éste se aviene a la Constitución, por
cuanto fue suscrito por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Dr.
Camilo Reyes Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º. de
la Convención de Viena de 1969, sobre el derecho de los tratados, que señala
que esa clase de funcionarios no requieren acreditar plenos poderes para la
ejecución de todos los actos relativos a la celebración de los tratados
internacionales.
De otro lado y en cuanto al
trámite de la Ley 630 del 2000, señala que a ésta le correspondía el
establecido en la Constitución para una ley ordinaria, (artículo 157, 158 y
160), el cual se cumplió a cabalidad puesto que, en primer término, el proyecto
de ley fue presentado al Senado, siendo éste publicado en la Gaceta del
Congreso No. 281 de 1999; así mismo, que su discusión se inició en la Comisión
Segunda del Senado con  ponencia del Congresista Amilkar Acosta, la cual fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 562 de 1999. La plenaria aprobó
reglamentariamente la iniciativa en segundo debate, según consta en la Gaceta
No. 194 de 2000.
Expresa que en la Cámara de
Representantes se surtió el trámite reglamentario, puesto que la iniciativa fue
considerada tanto en la comisión segunda constitucional permanente como en la
plenaria de esa corporación, aún cuando el secretario de la comisión no
certificó el día y el quórum con que fue aprobado el proyecto en primer debate,
aspecto que debe ser determinado por la Corte. Agrega finalmente, que el
proyecto de ley obtuvo la correspondiente sanción presidencial que lo convirtió
en ley de la República.
Una vez verificado el
cumplimiento del trámite de la ley, concluye el Jefe del Ministerio Público,
que el mismo se ajustó a las disposiciones constitucionales y por lo tanto le
solicita a esta Corporación que así lo declare.
En lo referente al análisis
material del tratado, expresa el Procurador que respecto del mismo no tiene
ninguna objeción constitucional, pues su contenido contribuye a asegurar la
vigencia de la soberanía nacional  y los principios del derecho internacional,
mediante la colaboración armoniosa entre los Estados suscriptores que se
comprometen en el objetivo de luchar conjuntamente contra la delincuencia, lo
cual está en consonancia con lo establecido en los artículos 2, 9, 29, 226 y
227 de nuestro máximo Estatuto Superior.
El Jefe del  Ministerio
Público considera que del artículo 1° del Acuerdo que se revisa deben
resaltarse dos aspectos fundamentales: en primer término,  que las autoridades
competentes de los Estados signatarios pueden intervenir  en la práctica de
pruebas en la jurisdicción del otro estado como simples observadores, lo cual
no acarrea el desconocimiento de su soberanía nacional; y en segundo término,
que la prohibición de los estados parte para ejercer competencias y funciones
que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades nacionales, no
quiere significar que se esté autorizando la intervención en las competencias
que no hayan sido objeto de reserva, lo cual pugna con el principio de la
soberanía nacional.
Advierte que la definición
contenida en el artículo 2° sobre las figuras del decomiso, confiscación o
medidas equivalente, reproduce la consignada en la Convención de Viena, razón
por la cual su contenido debe ser interpretado conforme al ordenamiento interno
de cada país, tal como se señala en la sentencia C- 176 de 1994,  de modo que
no suscite confusión con la extinción de dominio.  De todas formas, en cada
caso específico debe determinarse si se está frente a una solicitud de decomiso
conforme a lo dispuesto en la ley colombiana.
Considera que los artículos 3
a 10 del instrumento bajo revisión no se oponen a la Constitución Política, ya
que los procedimientos que deben observarse para el trámite de la solicitud de
asistencia mutua en materia penal, brinda seguridad jurídica y materializan el
principio de legalidad consagrado en el artículo 29 Fundamental.
Igualmente, el artículo 12
relativo a la responsabilidad del Estado por los daños causados  es coherente
con el deber estatal, consagrado en el artículo 90 Superior, de indemnizar los
daños antijurídicos causados a las personas.
Finalmente, el Procurador
manifiesta que en cuanto respecta al contenido de la Ley Aprobatoria, no se
observa ningún vicio de constitucionalidad, toda vez que se limita a aprobar el
texto del Acuerdo, a señalar que el país se encuentra vinculado a su contenido,
una vez se verifique el perfeccionamiento del instrumento público.
V.  FUNDAMENTOS
1. La Competencia y el objeto
de control
Según lo preceptuado en el
artículo 241-10 de la Constitución Política y de acuerdo con la jurisprudencia
en esta materia,  corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de
los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos, después
de su sanción presidencial y antes del perfeccionamiento del instrumento.
Este control de
constitucionalidad es, pues, posterior, porque se produce una vez la respectiva
ley ha sido aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente de la
República, pero a la vez tiene carácter preventivo por cuanto el
pronunciamiento de la Corte es anterior al perfeccionamiento del instrumento
internacional, que no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad
que le permita al Jefe de Estado efectuar el correspondiente canje de notas.
La jurisprudencia
constitucional[1]
ha expresado que esta clase de control es un mecanismo que al garantizar tanto la supremacía
de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del
Estado colombiano, se ubica  en un sistema de relaciones de coordinación entre
los órganos públicos orientado a  impulsar el proceso de perfeccionamiento de
los instrumentos internacionales que  han cumplido las fases de negociación,
adopción, confirmación presidencial del texto celebrado por el delegado
plenipotenciario, aprobación por parte del Congreso y sanción presidencial.
Las características de este
control fueron señaladas en la sentencia C-468 de 1997:
“Este control
constitucional de los tratados internacionales se caracteriza porque es previo
al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y
a la sanción gubernamental; es automático, por cuanto no está supeditado a la
presentación en debida forma de una acción ciudadana sino que la ley debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República dentro de los seis días
siguientes a la sanción gubernamental; es integral, en la medida en que la
Corte debe analizar el aspecto formal y material de la ley y el tratado, confrontándolos
con todo el texto constitucional; tiene fuerza de cosa juzgada, pues la Corte
debe "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados
internacionales y de las leyes que los aprueban" (C.P. art. 241-10), lo
que excluye la revisión posterior por vía de acción pública de
inconstitucionalidad; y, finalmente, es una condición sine qua non para la
ratificación del correspondiente acuerdo, esto es, para que el respectivo
convenio pueda surgir como acto jurídico en el ámbito internacional”.
Así mismo, este control de
constitucionalidad es de carácter formal y material. En cuanto lo primero,
según lo prescribe el artículo 241-10 Fundamental, el control formal de
constitucionalidad que la Corte debe ejercer sobre los tratados internacionales
y las leyes que los aprueban, recae sobre la representación del Estado
colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento, la
competencia de los funcionarios intervinientes y el trámite dado a la ley
aprobatoria en el Congreso. Por su parte, el examen de fondo consiste en
comparar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y
el de su ley aprobatoria, con la totalidad de las disposiciones del
Ordenamiento Superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la
Constitución Política, independientemente de consideraciones de conveniencia,
oportunidad, efectividad, utilidad o eficiencia, las cuales son extrañas al
examen que debe efectuar la Corte Constitucional.
Valga anotar que como las leyes
aprobatorias de tratados públicos están destinadas a permitir que el país se
relacione jurídicamente con otros Estados, sólo pueden contener tratados
públicos y no instrumentos de otra índole -con excepción de aquellas normas que
se encuentren vinculadas en forma inescindible  a sus dictados-. Por tal razón,
el legislador no puede alterar su contenido introduciendo nuevas cláusulas ya
que su función consiste en improbar la totalidad del tratado o de ciertas
reglas.[2]
En lo que respecta al control
constitucional de índole formal, uno de los aspectos que debe verificar la
Corte es si la ley aprobatoria de tratados públicos ha agotado el procedimiento
legislativo ordinario previsto en la Carta Política (art. 157 de la C.P.) y en
la Ley 5ª de 1992 Orgánica del Reglamento del Congreso (arts.139 a 203), que
comprende las siguientes etapas:
§
El proyecto debe ser publicado oficialmente por
el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva;
§  Deben surtirse los correspondientes
debates en las comisiones y plenarias de las Cámaras luego de que se hayan
publicado las ponencias respectivas y respetando, en cada caso, el quórum
previsto por la Constitución;
§  Deben observarse los términos para los
debates de ocho (8) días entre el primer y segundo debate en cada Cámara, y
quince (15) días entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la
iniciación del debate en la otra;
§
Por último, la ley
debe haber obtenido la sanción gubernamental. Una vez sancionada, la ley
aprobatoria del Tratado debe ser remitida dentro de los seis (6) días
siguientes para su revisión por la Corte Constitucional.
Lo anterior, porque según lo
dispuesto en el artículo 204 del reglamento del Congreso los proyectos de ley
sobre tratados internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo
ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Carta y en
reglamento, que dicen relación con la iniciación del trámite en el Senado de la
República (artículo 154 de la Carta Política), y la posibilidad del presentar
propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva  respecto de Tratados
y Convenios Internacionales (art. 217de la Ley 5ª de 1992).[3]
Por lo
que concierne al requisito de la publicación, todo proyecto de ley aprobatoria
de tratado internacional debe ajustarse a lo dispuesto en el artículo 157
Superior, que en su primer numeral exige que la iniciativa se haya publicado
oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva.
Al respecto, el artículo 144 del
reglamento del Congreso[4]
dispone:
“Publicación y
reparto. Recibido un proyecto, se ordenará por la Secretaría su publicación
en la Gaceta del Congreso, y se repartirá por el Presidente de la
Comisión Permanente respectiva.
El proyecto se
entregará en original y dos copias, con su correspondiente exposición de
motivos. De él se dejará constancia en la Secretaría y se radicará y
clasificará por materia, autor, clase de proyecto y comisión que deba
tramitarlo.
Un ejemplar del
proyecto será enviado por el Secretario inmediatamente para su publicación en
la Gaceta del Congreso”.
Así
mismo, se exige que antes de iniciarse el debate en la Comisión respectiva el
informe de ponencia debe haber sido publicado en la Gaceta del Congreso. En
este sentido, los artículos 156 y 157 ejusdem prescriben:
Artículo 156.
Presentación y publicación de la ponencia. El
informe será presentado por escrito, en original y dos copias, al secretario de
la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro
de los tres (3) días siguientes.
Sin embargo, y
para agilizar el trámite del proyecto, el Presidente podrá autorizar la
reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo
entre los miembros de la Comisión; ello, sin perjuicio de su posterior y
oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso.[5]
Artículo 157.
Iniciación del debate. La iniciación del primer
debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo.
No será
necesario dar lectura a la ponencia, salvo que así lo disponga, por razones de
conveniencia, la Comisión.
El ponente, en
la correspondiente sesión, absolverá las preguntas y dudas que sobre aquella se
formulen, luego de lo cual comenzará el debate
Si el ponente
propone debatir el proyecto, se procederá en consecuencia sin necesidad de
votación del informe. Si se propone archivar o negar el proyecto, se debatirá
esta propuesta y se pondrá en votación al cierre del debate.
Al debatirse un
proyecto, el ponente podrá señalar los asuntos fundamentales acerca de los
cuales conviene que la Comisión decida en primer término”. Se subraya
Es de observar que la publicación de las
ponencias tiene un propósito fundamental “cual es poner en conocimiento de los
miembros del Congreso el estudio preliminar realizado por los Senadores o
Representantes que actúan como ponentes, con el fin de que éstos puedan evaluar
y analizar con la debida anticipación las normas que serán objeto de estudio en
las comisiones y en las plenarias de las Cámaras, y de esta manera los miembros
del Congreso puedan tener una mayor y mejor ilustración sobre los asuntos que
se sujetan a su aprobación y así participar activamente en los debates
correspondientes”.[6]
Finalmente,
cabe anotar que en relación con este tópico la reciente jurisprudencia de esta
Corte ha expresado que  el conocimiento del texto votado es el requisito mínimo
de racionalidad deliberativa y decisoria:
“(...) la
garantía que le compete preservar a esta Corporación es la publicidad del
proyecto o de las proposiciones sometidas a su aprobación, como condición
necesaria para que los congresistas tengan oportunidad de intervenir en su
discusión y por lo tanto, para que se pueda surtir válidamente el debate
parlamentario. De lo contrario, si los congresistas no tienen oportunidad de
conocer el texto sometido a su aprobación, se estaría desconociendo su facultad
para participar en el debate expresando sus juicios y opiniones con respecto a
un proyecto o proposición, situación que resulta contraria al principio
democrático de soberanía popular consagrado en nuestra Constitución.
Así ha sido establecido por la jurisprudencia de esta Corporación, que, al
respecto, ha dicho que el surtimiento de un debate sin los requisitos
constitucionales u orgánicos implica la inconstitucionalidad de todo el
procedimiento del texto aprobado. La sentencia C-222/97 dice: (...)
“En todo caso,
es necesario aclarar que el principio de publicidad como condición
constitucional necesaria para permitir la participación de los congresistas en
el debate y por lo tanto, para la aprobación de un texto legal, no puede
considerarse propiamente un derecho subjetivo del cual puedan disponer
libremente los congresistas, sino una garantía institucional de representación
efectiva para los asociados. Las prerrogativas dadas a los congresistas están encaminadas
a permitirles cumplir adecuadamente su función de representación, bien sea
mayoritaria o minoritaria.  Por lo tanto, aun cuando suele estar asociada con
la posibilidad de participación de las minorías en el debate, esta garantía
prevalece aun cuando las mayorías y las minorías parlamentarias deciden aprobar
un texto desconocido´.
“El debate es pues
la oportunidad de hacer efectivo el principio democrático en el proceso de
formación de la ley, en cuanto posibilita la intervención y expresión de las
minorías, así como la votación es el mecanismo que realiza la prevalencia de
las mayorías, también consubstancial a la democracia. Ahora bien, por debate,
siguiendo la definición legal consignada en el artículo 94 de la Ley 5ª de
1992, Orgánica del Reglamento del Congreso, debe entenderse “El sometimiento a discusión de cualquier
proposición o proyecto sobre cuya adopción deba resolver la respectiva
Corporación...”. Es decir, el objeto sobre el cual recae el debate o
discusión es el proyecto o la proposición  de fórmula legal que va a adoptarse.
Por lo tanto, puede concluirse que si no existe este objeto, o si el mismo es
desconocido de manera general por quienes deben discutirlo, naturalmente no
puede haber debate o discusión. El desconocimiento general del proyecto o de la
proposición que lo modifica, excluye la posibilidad lógica de su debate, pues
equivale a la carencia de objeto de discusión. Contrario sensu el conocimiento
del proyecto o de sus proposiciones de enmienda es  el presupuesto lógico del
debate, en cuanto posibilita la discusión del mismo. Por lo tanto, la votación
sobre un texto desconocido no puede convalidar la carencia de debate”.
“Así las
cosas, el supuesto mínimo de racionalidad deliberativa y decisoria es el
conocimiento de los textos de los proyectos y de las modificaciones propuestas
respecto de los mimos. Por ello las normas constitucionales y orgánicas que
regulan el trámite de las leyes, señalan requisitos de publicidad que son
necesarios para permitir el conocimiento de tales textos”. [7]  Subrayas fuera de
texto
2.
Inconstitucionalidad de la Ley 630 de 2000 por vicios de procedimiento en su
formación
Tal como se demostrará enseguida la Ley
630 de 2000, por la cual se  aprueba el Acuerdo con la República dominicana
sobre asistencia mutua en materia penal, se encuentra viciada de
inconstitucionalidad en su integridad, por cuanto en su aprobación no se cumplieron
las  exigencias constitucionales y reglamentarias para que el proyecto
correspondiente se convirtiera en ley de la República.
En efecto, aún cuando el
funcionario colombiano que suscribió el instrumento internacional al cual se
refiere la ley bajo análisis tenía plena competencia para adelantar tal
actuación, por cuanto al ostentar la condición de Ministro de Relaciones
Exteriores no estaba obligado a demostrar plenos poderes para firmar convenios
internacionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 406 de 1997,
aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados[8], sin
embargo, durante la tramitación del proyecto de la ley aprobatoria del aludido
convenio en el Congreso de la República se desconoció la exigencia
constitucional y reglamentaria de la publicación de la ponencia antes de la
iniciación del debate respectivo.
Veamos porqué:
De acuerdo con el material
probatorio que obra en el expediente el proyecto de ley siguió los siguientes
trámites:
a)
Fue
presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de los
Ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho. El texto
original y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta
del Congreso No. 281 del 9 de septiembre de 1999.
b)
La
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional fue
presentada por el Congresista Amilkar David Acosta Medina y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 562 del 17 de diciembre de 1999.
c)
El
proyecto de ley fue aprobado unánimemente en  la Comisión Segunda del Senado el
14 de diciembre de 1999, por votación de 10 votos a favor y cero en contra,
según certificación expedida por la Secretaría de esa corporación fechada el 12
de febrero de 2001.
d)
La
ponencia para segundo debate en el Senado de la República fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 163 del día lunes 29 de mayo de 2000.
e)
El
proyecto de ley fue aprobado por esa Corporación el día 31 de mayo de 2000, tal
como aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 194 del 9 de junio de
2000, con un quórum de 78 senadores de 102.
f)
La
ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes fue presentada por
los Congresistas Néstor Cárdenas Jiménez y Jaime Alberto Ávila Tovar, la cual
fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 379 del 20 de septiembre de 2000.
g)
De acuerdo
con la certificación del Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes, el proyecto de ley que se revisa fue aprobado en primer debate
por unanimidad, con el voto de 14 Representantes, el día 20 de septiembre de
2000.
h)
La
ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes correspondió a  los
mismos Congresistas de la primera vuelta y fue publicada en la Gaceta del
Congreso No. 451 del 16 de noviembre de 2000, siendo aprobada en plenaria con
una votación de 147 votos a favor el día 21 de noviembre de 2000, según
certificación del Secretario General de esa célula legislativa, cuyo original
reposa al folio del expediente.
i)
El 27 de
diciembre del 2000, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria
del instrumento internacional bajo examen.
El anterior itinerario
legislativo permite apreciar claramente que cuando el proyecto de ley
aprobatorio del referido instrumento internacional fue tramitado en la Comisión
Segunda del Senado de la República, se desconoció flagrantemente el artículo
157 numeral 1° de la Carta y, por ende, los artículos 144, 156 y 157 del
Reglamento del Congreso, que exigen la publicación de la ponencia antes de
darle curso al proyecto en la célula legislativa, toda vez que la  ponencia
para primer debate fue publicada el 17 de diciembre de 1999, con posterioridad
a la aprobación impartida por la mencionada comisión constitucional permanente
el 14 de diciembre del mismo año.
Las anteriores razones  son
suficientes para declarar la inconstitucionalidad la Ley 630 de 2000. No
obstante, la anterior declaración no impide que el Gobierno Nacional pueda someter
nuevamente a la aprobación del Congreso de la República el convenio de
asistencia penal mutua suscrito con la República Dominicana.
V.  DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero. Declárese INEXEQUIBLE
la Ley 630 del 27 de diciembre de 2000 "Por medio de la cual se aprueba el
'ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA, SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL” hecho en Santo
Domingo, república Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos
noventa y ocho (1998), y el Acuerdo mismo, por las razones de orden formal
analizadas en esta providencia.
Segundo. Comuníquese esta decisión al
Gobierno Nacional por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia de
la República, y envíese copia auténtica de la misma para los efectos
constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta
Política.
Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien
corresponda, publíquese, insértese en la  Gaceta de la Corte Constitucional,
archívese el expediente y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GÁLVIS
Magistrado
CLARAINÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Cfr. Sentencias C-468 de 1997 y C-376 de 1998, C-426 de 2000, C-
924 de 2000
[2] Según la jurisprudencia
constitucional, las leyes que aprueban tratados ocupan un lugar particular en
el ordenamiento jurídico, puesto que no pueden ser derogadas por una ley
posterior ni pueden ser sometidas a un referendo derogatorio (art. 170 de la
C.P.), dada la necesidad de asegurar el cumplimiento de los compromisos
internacionales adquiridos por parte del Estado colombiano.
[3] En relación con esta posibilidad, en
la Sentencia C-227 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía, la Corte expresó: ¿ Qué dispone el
artículo 217? Sencillamente, que durante el trámite del proyecto de ley que
aprueba el tratado, puedan presentarse "propuestas de no aprobación, de
aplazamiento o de reserva  respecto de tratados y Convenios
Internacionales". Estas propuestas están dirigidas al texto final de la
ley. Dicho de otro modo: son propuestas para que,  al final, la ley impruebe el
tratado, aplace su vigencia o lo apruebe sólo parcialmente. Y se repite: la
ley, en cualquiera de estos casos, una vez declarada exequible por la Corte
Constitucional, será obligatoria para el Gobierno. En este punto es necesario
hacer una distinción. Es cierto que en el ámbito internacional sólo el
Presidente de la República puede formular "reservas" a los tratados,
precisamente en cumplimiento de su función constitucional de "dirigir las
relaciones internacionales". Pero, en el campo interno, entendiendo, como
es lógico, las reservas como la no aprobación de alguna o algunas de las
cláusulas de un tratado,  es claro que bien puede el Congreso hacer estas
reservas. Y que ellas quedarán plasmadas en la ley, obligatoria para el
Gobierno si es declarada exequible. Como lo obliga también, en sentido
contrario, la declaración de inexequibilidad. Hay que observar que el
legislador fue cuidadoso en extremo, al prohibir, en el inciso segundo del
mencionado artículo 217, enmendar  los tratados. Ello, porque la enmienda no
puede ser  sino el fruto de la voluntad de las partes contratantes. Como se ve,
la conclusión de un  tratado, por el aspecto interno, es una demostración de la
colaboración armónica de las tres ramas del poder público. Y, por lo
mismo, no puede afirmarse que el Congreso cuando, por medio de leyes, hace
reservas a un tratado, es decir, lo imprueba parcialmente, o aplaza su
vigencia, se inmiscuye " en asuntos de la competencia privativa de otras
autoridades". No,  cuando así actúa lo hace en ejercicio de la  función
constitucional de "aprobar o improbar" los tratados internacionales”.
[4] El reglamento del Congreso
contenido en la Ley 5ª de 1992, dado su carácter de ley orgánica, constituye un
parámetro de inconstitucionalidad ineludible. Así lo expresó esta Corporación en
la Sentencia C-1709 de 2000: “Conforme lo ha dicho en varias oportunidades
esta Corporación, el proceso de creación legal debe ceñirse, de manera
estricta, a la Constitución, vista ésta no sólo en sentido formal (C.P. 152 a
169) sino también en sentido material. En efecto, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 151 de la Carta, el procedimiento de formación de las leyes estará
sujeto a la reglamentación prevista en la ley orgánica que regula, de manera
puntual, el ejercicio de la actividad legislativa. Por consiguiente, la norma
que contiene el reglamento del Congreso se constituye en parámetro de
constitucionalidad, cuya observancia es vinculante y obligatoria, de manera que
su transgresión acarrea la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, por vicios
de forma. Lo anterior se explica por la necesidad de garantizar la misma
aplicación de reglas para todo el proceso de configuración política en una
sociedad pluralista y democrática y, al mismo tiempo, “obedece a que las formas
de trámite son una garantía de seguridad jurídica, por lo cual, cuando la
propia Constitución las exige, en cierta forma sé substancializan. De ahí que
se hable de formas substanciales, sin las cuales el aspecto material del
derecho positivo, no puede ser eficaz”.
[5] Al analizar esta norma del reglamento del Congreso, la
jurisprudencia ha expresado: “la norma transcrita claramente autoriza dos
modalidades para hacer efectivo el requisito de la publicación de la ponencia
en primer debate: en la Gaceta del Congreso, dentro de los 3 días siguientes a
la presentación del informe ante la Secretaría de la Comisión; pero también,
mediante la reproducción de la ponencia por cualquier medio mecánico para
distribuirla entre los miembros de la Comisión respectiva, previa
autorización de su Presidente, lo cual busca facilitar el trámite de un
proyecto, claro está, sin perjuicio de su oportuna reproducción en la
Gaceta del Congreso.” Se subraya. Cfr. Sentencia C-1709 de 2000
[6] Sentencia C-140 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz
[7] Sentencia C-760 de 2001. Magistrados Ponentes: Marco Gerardo
Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa
[8] El artículo 7° de la Convención de
Viena dispone que los ministros de relaciones exteriores representan a un
Estado para la ejecución de todos los actos relativos a la
celebración de un  tratado en virtud de sus funciones y sin tener que presentar
plenos poderes.