T-568-15
Sentencia T-568/15
ACCION
DE TUTELA FRENTE A CONTRATO DE SEGUROS-Procedencia excepcional cuando el margen de desigualdad
existente entre las partes es tal que establece una situación de indefensión
SISTEMA
FINANCIERO Y ASEGURADOR-Actividades
de interés público y de posición dominante
INDEFENSION-Concepto
PRINCIPIO
DE SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos
de procedibilidad
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Criterios
para determinar su configuración
PROTECCION
CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH/SIDA
CONTRATO DE
SEGUROS-Naturaleza
Desde el punto de
vista legal, el contrato de seguro se rige, principalmente, por las normas de
derecho civil y comercial que lo regulan y constituye una concreción del
principio de autonomía de la voluntad, de manera que prima la intención de las partes.
Así las cosas, conforme al artículo 1036 del C. de Co. El seguro es un
contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva,
en el que tienen la condición de partes: el asegurador, o sea la persona
jurídica que asume el riesgo y el tomador, o sea la persona que, obrando por
cuenta propia o ajena, traslada el riesgo.
CONTRATO
DE SEGUROS-Elementos esenciales
Existen ciertos elementos esenciales del contrato de seguros
que son, según lo dispone el artículo 1045 del Código de Comercio, los
siguientes: el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del
seguro, y la obligación condicional del asegurador.
CONTRATO DE SEGUROS-Condiciones
Es posible diferenciar entre dos (2)
clases de condiciones de los contratos de seguros. De un lado, están las
condiciones generales, es decir, las cláusulas aplicables a todos los contratos
de un mismo tipo otorgados por un asegurador, las cuales obedecen al formato
tipo que debe depositarse en la Superintendencia Financiera de conformidad con
lo establecido en el numeral 1 del artículo 184 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero. De otro lado, las condiciones particulares definen el
alcance de la relación frente a cada caso concreto. Por consiguiente, para
precisar el alcance de la cobertura de un seguro, no basta con referenciar las
condiciones generales sino que es necesario analizar las condiciones particulares
del negocio jurídico.
PRINCIPIO DE NORMATIVIDAD EN CONTRATO DE SEGUROS/PRINCIPIO DE LA
BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS/MANDATO DE DEBIDA DILIGENCIA EN CONTRATO DE
SEGUROS
El
conjunto de cláusulas generales y particulares que se suscriban delimitan la
relación contractual, o lo que es lo mismo, la relación de aseguramiento. De
allí que, para los efectos de esta sentencia, sea relevante indicar que las
obligaciones que surgen al momento de consentir el contrato de seguro se rigen
conforme a los siguientes parámetros. El primero es el principio de normatividad, que implica que la voluntad
exteriorizada por las partes es fuente de creación de una norma jurídica, que
le da vigor obligatorio al compromiso adquirido. Este último sólo puede ser
invalidado por las partes o por causas legales, como ocurre con los vicios del
consentimiento. El segundo, es el principio de la buena fe,
según el cual las partes han de obrar lealmente para cumplir con la finalidad
perseguida mediante la celebración del negocio jurídico y; finalmente, el mandato de debida diligencia, que ha sido abordado por
sectores de la doctrina como aquél opuesto a la imposición de trabas,
obstáculos o limitaciones no contractuales, vinculadas en varias ocasiones con
comportamiento culposos, que terminan afectando la realización de lo acordado.
INTERPRETACION PRO CONSUMATORE-Interpretación
del contrato de seguros a favor del asegurado
En caso de que exista
duda sobre el contenido de una cláusula, ya porque sea vaga o ambigua, ha de
aplicarse el principio de interpretación pro consumatore, según
el cual si han sido dictadas por la aseguradora, su hermenéutica favorecerá a
la parte que no la redactó.
ACCION
DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE SEGUROS-Vulneración del debido proceso en caso que se niega pago de póliza
de tomador enfermo de VIH/SIDA
Referencia:
Expediente T-4.910.477
Acción de
Tutela instaurada por el señor Antonio contra MAPFRE Colombia Vida
Seguros S.A.
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, cuatro (4) de
septiembre de dos mil quince (2015)
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos de tutela dictados por el Juzgado Veintitrés Civil Municipal de Menor
Cuantía de Bogotá  y por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de la misma
ciudad, en el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Cuestión
previa
La presente
acción de tutela tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales
de una persona a quien le fue diagnosticado VIH. De ahí que, en el ámbito del
tratamiento de datos sensibles relativos a la salud y a la vida sexual[1], y en aras de
proteger la intimidad y privacidad del actor[2],
se emitirán respecto del asunto sometido a decisión dos copias del mismo fallo,
diferenciándose en que se sustituirán los nombres reales en aquella copia que
se publique en la Gaceta de la Corte Constitucional.
1.2. Hechos relevantes
El señor Antonio
instauró acción de tutela contra MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A. (en
adelante MAPFRE), por considerar que esta compañía conculcó sus derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, al negar el pago de una
póliza de seguros[3].
La acción fue admitida por la autoridad judicial de primera instancia el
23 de enero de 2015[4],
y los hechos relevantes se resumen así:
1.2.1. El actor perteneció a las
Fuerzas Armadas de Colombia y fue retirado del servicio activo mediante
Resolución No. 1276 del 10 de agosto de 2011. Para adoptar la citada decisión,
se tuvo en cuenta que a través de la Junta Médica Militar No. 43794 del 9 de
mayo del año en cita, la Dirección de Sanidad del Ejército determinó que el accionante
tenía una pérdida de capacidad laboral del 100%. Entre los hallazgos se encontró
que padecía VIH con clasificación de estado A3 (afección de origen común) e
hipoacusia (enfermedad de origen profesional).
1.2.2. El 19 de abril de 2012, el
Ejército le reconoció al actor una pensión mensual por invalidez, derivada
–precisamente– de la disminución de su capacidad laboral. El monto de la prestación
ascendió a la suma de $ 2.535.270 pesos, disponiendo el descuento de un 50% de
su valor, en cumplimiento de órdenes del Juzgado Primero de Familia del
Distrito Judicial de Tunja.
1.2.3. Alrededor de cinco años
antes de los hechos narrados, el actor celebró un crédito para la compra de un vehículo
por la suma de $ 63.000.000 de pesos con Finanzauto Factoring S.A. Como
respaldo de la deuda, el día 24 de septiembre de 2007 firmó el pagaré No. 42975
por la suma de $ 114.582.892  pesos[5].
1.2.4. De igual manera, y como es
costumbre en este tipo de negocios, en la medida en que Finanzauto Factoring S.A.
tiene en calidad de tomador una póliza de vida grupo deudores con la compañía
de seguros MAPFRE, que cubre los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente
de sus deudores, se dispuso la inscripción del actor dentro del grupo de
asegurados[6].
Precisamente, sin perjuicio de las condiciones generales del contrato de seguros
con cobertura grupal, en su caso, se fijó el valor inicial asegurado en la suma
de $ 110.601.224 pesos (noviembre de 2007), con una prima mensual de $ 82.951[7].
1.2.5. El 10 de junio de 2011, el
accionante solicitó el pago de la prestación asegurada, básicamente por la
cobertura de incapacidad total y permanente, originada en la pérdida del 100%
de su capacidad laboral. No obstante, el 15 de julio del año en cita, MAPFRE
negó el reconocimiento de la póliza, al estimar que la entidad por ella designada
para verificar la condición médica del actor había determinado que éste
presentaba una pérdida de capacidad laboral del 35.10%[8].
1.2.6. Luego, según expone el
accionante, mediante Acta No. 67875 del 1° de agosto de 2013, la Junta Médica
Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército reiteró que el grado de
disminución de su capacidad laboral es equivalente al 100%. Por ello, el día 11
del mismo mes y año, solicitó nuevamente a MAPFRE que hiciera efectiva la
póliza, señalando que por su condición de exmilitar está cubierto por un
régimen especial de seguridad social, cuyo efecto supone que sólo le
corresponde evaluar y calificar su grado de invalidez al Sistema de Salud de
las Fuerzas Militares.
1.2.7. En respuesta del 17 de
diciembre de 2014, MAPFRE le solicitó al actor acudir a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez, de acuerdo con las reglas dispuestas en el contrato
de seguros, conforme al cual, siempre que se presente un desacuerdo, tendría
valor definitivo el concepto proferido por dicha entidad[9].
Lo anterior, en el entendido que el dictamen aportado por el actor si bien
explica el reconocimiento de la pensión de invalidez en un régimen exceptuado
de la seguridad social, el mismo resulta inaplicable para efectos de la póliza,
por una parte, porque que no se basa en el Manual Único de Calificación, y por
la otra, porque que tampoco indica la fecha de estructuración del riesgo. Así
las cosas, señala que para efectos de obtener la prestación asegurada, se tiene
que aplicar el método de valoración fijado para establecer la pérdida de capacidad
laboral en el Sistema General de Seguridad Social[10].
Con todo, atendiendo a la condición alegada por el actor, le indicó que los
honorarios para acudir a la Junta serían asumidos por dicha compañía[11].
1.3. Solicitud de amparo
constitucional
El actor solicitó al juez de
tutela que, previo amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital y al
debido proceso, se ordenara a la accionada pagar la póliza de seguro por
incapacidad total y permanente a favor de Finanzauto Factoring S.A. Para fundamentar
su pretensión, expuso argumentos en relación con la procedencia del amparo, así
como en lo atinente al fondo de la controversia.
En cuanto a la procedencia de la
acción, el actor afirmó que se encuentra en un estado de indefensión respecto
de MAPFRE, pues ésta ejerce una posición dominante en el mercado, cuya
situación se agrava si se tiene en cuenta la invalidez que padece. Por otra
parte, alegó que su mínimo vital se está viendo afectado por la deuda que
existe en su contra y que debía ser pagada con el seguro, pues del monto de la
pensión le descuentan el 50% por orden del Juzgado Primero de Familia y con el
saldo restante debe satisfacer sus necesidades básicas, incluido el pago de
transporte y alimentación en la ciudad de Bogotá, con el fin de recibir dos
días a la semana atención médica especializada en el Hospital Militar.
En lo que atañe al fondo del
asunto, expuso en la demanda que la aseguradora estaba desconociendo las
patologías que le fueron diagnosticadas, al igual que el contenido de las
Juntas Médico Laborales Militares que habían determinado un grado de
disminución de su capacidad laboral en un 100%. En este sentido, indicó que
conforme a la categoría en que fue clasificada su enfermedad (A3), además de ser
portador de VIH, padece otras patologías infecciosas relacionadas con ella.
Frente a la exigencia de que
acreditara su pérdida de capacidad conforme a lo estipulado en el contrato, el
actor enfatizó en que la calificación se realizó de acuerdo con el régimen
especial de las Fuerzas Militares y de Policía previsto en los artículos 217 y
subsiguientes de la Constitución y regulado en el Decreto Ley 1211 de 1990. En
su criterio, el Sistema Integral de Seguridad Social no le es aplicable y el dictamen
médico realizado por MAPFRE le es inoponible, ya que desconoce que su invalidez
conllevó a la desvinculación laboral definitiva de las Fuerzas Militares de
Colombia.
Por último, indicó que la
negativa de la empresa demandada afecta su patrimonio familiar, pues la deuda
contraída tenía que ser cubierta con el pago de la póliza; y que, aun cuando
existía un contrato entre las partes, cimentado en el principio de autonomía de
la voluntad privada, la entidad financiera no podía dejar de observar las
normas constitucionales y legales.
1.4. Contestación de la parte
demandada[12]
La compañía MAPFRE se opuso a las
pretensiones de la demanda, al considerar que la acción es improcedente, ya que
no existe una situación apremiante que convoque al juez constitucional a
dirimir la controversia que, por lo demás, tiene una connotación exclusivamente
contractual, privada y mercantil.
En cuanto al estado actual del
asunto, indicó que ya se había informado al actor sobre la necesidad de acudir
a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, siguiendo los requisitos de
la cláusula 1.2 de la póliza de vida grupo deudores, ya que el dictamen proferido
por la Junta Médico Laboral del Ejército “carece de fecha de estructuración”[13],
siendo éste un requisito indispensable para determinar si el siniestro ocurrió
o no dentro de la vigencia del amparo[14].
A continuación, señaló que la
citada cláusula también exige como requisito que el asegurado cuente con una
pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, “certificada por una
entidad competente y conforme a las reglas del manual único para la
calificación de la invalidez”[15],
circunstancia que tampoco se cumple en el asunto subexamine. En efecto,
resaltó que si bien el reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del
actor se hizo dentro de las dinámicas propias de un sistema exceptuado, el
campo de aplicación de este último se limita a las coberturas del sistema de
seguridad social; ya que, para efectos del contrato de seguros –en virtud de lo
acordado por las partes– son aplicables las reglas generales de calificación,
las cuales obedecen a los criterios fijados en el Decreto 917 de 1999.
Por último, enfatizó que de
existir desacuerdos entre el asegurado y la compañía de seguros respecto de la
calificación realizada, el contrato también señala que  se le daría valor
definitivo al dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del domicilio del asegurado, instancia que se le ha puesto de
presente al actor y a la cual no ha acudido.
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
2.1. Sentencia de primera
instancia
En sentencia del 3 de febrero de
2015, el Juzgado 23 Civil Municipal de Menor Cuantía de Bogotá negó el amparo solicitado,
pese a que sus consideraciones giraron principalmente en torno a los requisitos
procesales de la acción de tutela[16].
En efecto, en criterio de la
citada autoridad, no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, ya que
existen otros mecanismos judiciales que resultan idóneos y eficaces para
dirimir la controversia. Si bien señaló que existen condiciones especiales en
el caso que permitirían efectuar un análisis menos riguroso del citado
requisito, como lo es la circunstancia de que el accionante haya visto
disminuida su capacidad laboral; en todo caso se evidenciaba que el asunto
giraba exclusivamente en una controversia patrimonial que podía dirimirse ante
el juez ordinario o a través de una conciliación extrajudicial[17].
Por lo demás, señaló que el actor actualmente recibe una pensión y que la empresa
acreedora de la obligación derivada de la compra del vehículo, esto es,
Finanzauto Factoring S.A., no ha iniciado hasta el momento ningún proceso
ejecutivo, lo que excluye la ocurrencia de un eventual perjuicio irremediable.
2.2. Impugnación
Inconforme con la decisión de
primera instancia, el accionante interpuso recurso de apelación, en el que además
de reiterar los argumentos planteados en la demanda, indicó que podía inferirse
la fecha de estructuración de su invalidez desde la época en el cual se le
ordenó el manejo de su salud por medicamentos antirretrovirales. Además,
manifestó que Finanzauto Factoring S.A. había iniciado en su contra un proceso
ejecutivo en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, lo que obligaba a
que dicha empresa sea vinculada al proceso. Finalmente, reiteró los parámetros
fijados en la jurisprudencia de la Corte en torno a la protección reforzada de
las personas que padecen VIH[18]
y aseveró que la calificación que le efectuó la compañía aseguradora no
obedeció a una valoración personal, ni a la realización de exámenes médicos.
2.3. Sentencia de segunda
instancia
En sentencia del
10 de marzo de 2015, el Juzgado 27 Civil del Circuito  de Bogotá confirmó la
decisión del a quo, al reiterar que el caso sub judice no cumple
con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. En este sentido,
enfatizó que se pretendía el pago de una póliza de seguros por incapacidad
originada en un contrato de seguros, razón por la cual el actor debía acudir
ante el juez natural a dirimir dicha controversia[19].
III. PRUEBAS APORTADAS Y
RECAUDADAS AL PROCESO  E INTERVENCIÓN DE TERCEROS CON INTERÉS
3.1 Pruebas relevantes
aportadas al proceso
Para acreditar
los hechos narrados en el expediente obran los siguientes documentos
relevantes:
a) Carné de servicios de salud
perteneciente al demandante, en el que figura como pensionado (cuaderno 1,
folio 1).
b) Acta de Junta Médica Laboral
No. 43794 del 9 de mayo de 2011, en la que se analizó la disminución de la aptitud
psicofísica del actor. Se le diagnosticó VIH clasificación A3 e hipoacusia en
ambos oídos (33 decibeles en el derecho y 27 en el izquierdo). La primera
enfermedad se consideró de origen común, mientras que la segunda de origen
profesional. Para efectos de este análisis intervinieron especialistas en
infectología, psiquiatría y audiometría (cuaderno 1, folios 11 a 12).
c) Acta de Junta Médica Laboral
No. 67875 del 1 de agosto de 2013, en la que se determinan varias lesiones o
afecciones de origen común en la salud del demandante, entre ellas, deterioro
cognitivo, enfermedad coronaria, enfermedad hemorroidal, dislipidemia,
sinusitis, lumbalgia mecánica, trastorno de adaptación, enfermedad acido
péptica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, astigmatismo miopico, sahos,
neumapatía y policitemia secundaria. De igual manera, se encontró una fractura
de metacarpiano de la mano derecha, que si bien ocurrió durante el servicio no se
produjo como causa del mismo. En esta acta se reitera que el actor tiene una
disminución de capacidad laboral acumulada del 100%, siendo objeto de examen
por especialistas en ortopedia, medicina interna, oftalmología, dermatología,
psiquiatría, neurología y otorrinología (cuaderno 1, folios 13 a 14).
d) Resumen de la historia
clínica, en la que consta que le fue diagnosticado al actor el VIH en el año
2010 y que el estado es A3, según la clasificación de Atlanta (cuaderno 1,
folios 15 a 22).
e) Resolución No. 1276 del 10 de
agosto de 2011, en la cual el Comandante del Ejército Nacional retiró del
servicio activo al accionante, como consecuencia de su estado de invalidez (cuaderno
1, folio 3).
f) Resolución No. 1299 del 19 de
abril de 2012, en la que se le reconoce al actor la pensión mensual de
invalidez. En las consideraciones se expresa que la Junta Médica Laboral
dictaminó una pérdida de su capacidad laboral total acumulada del 100%, tanto
por afecciones de origen común como por enfermedades de origen profesional. El
monto de la prestación se fijó en la suma de $ 2.535.270 pesos, disponiendo el
descuento del 50% de su valor por órdenes del Juzgado Primero de Familia del
Distrito Judicial de Tunja (cuaderno 1, folios 4 a 7).
g) Petición formulada el 10 de
junio de 2011 por el actor a MAPFRE, en la cual solicitó que hiciera efectiva
la póliza del contrato de seguro tomado por Finanzauto Factoring S.A., en
respuesta al hecho de haberse decretado el 100% de pérdida de su capacidad
laboral (cuaderno 1, folio 37).
h) Escrito presentado por MAPFRE
a Finanzauto Factoring S.A., mediante el cual asegura que no está obligada a
reconocer la prestación asegurada. En el documento se afirma que, para la
formalización de la reclamación, el asegurado debe aportar la historia clínica
completa y practicarse una valoración de pérdida de la capacidad laboral a
través de una entidad competente designada por la compañía. Así, el Comité Médico
de MAPFRE expidió un dictamen en el cual declaró que el actor poseía una “pérdida
de capacidad laboral del 35.10%, con fecha de estructuración del 18 de
noviembre de 2010, y de origen común por un diagnóstico de SIDA A3 e hipoacusia
AO secundaria a trauma acústico” (cuaderno 1, folios 40 a 41).
i) Formulario de dictamen para la
calificación de la invalidez realizado por MAPFRE el 29 de junio de 2011. Se
menciona el diagnóstico de la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad
del Ejército, pero se utilizan tres tablas distintas en las cuales se
determinan ineficiencias, discapacidades y minusvalías. Se afirma que, según
los especialistas de la compañía aseguradora, no es apto para el servicio
militar. De igual forma, se pone de presente que en el año 2010, tras una
donación de sangre, al actor se le diagnosticó VIH por infectología y que
también fue valorado por trauma acústico. Con posterioridad, se le asigna un
total de pérdida de capacidad laboral de 35.10%, tras señalar que la fecha de
estructuración es “(…) el día 18 de noviembre de 2010, fecha en la que se
confirma diagnóstico de SIDA Estadio A3 (…)”[20].
Como fundamentos de esta calificación, se relacionan dos tipos de
documentos: (i) la historia clínica y (ii) exámenes paraclínicos (cuaderno 1,
folios 42 a 43).
j) Petición formulada el 11 de
agosto de 2013 por el actor a MAPFRE, en la que solicita nuevamente que la
aseguradora cancele con la póliza de seguro el valor del crédito pendiente de
pago. Sobre el particular, se expresa que como exmilitar se encuentra cobijado
por un régimen especial, conforme al cual las únicas autoridades competentes
para pronunciarse sobre su estado de invalidez, son aquellas pertenecientes al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares (cuaderno 1, folios 45 a 47).
k) Respuesta del 17 de diciembre
de 2014 a la anterior petición, en la que MAPFRE le solicita al actor acudir a
la Junta Regional de Calificación de Invalidez conforme a las reglas del
contrato, pues, en caso de desacuerdo, el dictamen proferido por dicha entidad tendría
valor definitivo. Lo anterior, en el entendido de que “el dictamen aportado
por el asegurado es emitido por la Junta Médico Laboral de la Dirección de
Sanidad, [y] no se basa en el Manual Único de Calificación, ni tampoco indica
la fecha de estructuración, requisito primordial para determinar si le asiste
el derecho a la indemnización del amparo de incapacidad total y permanente”[21].
Por otra parte, se sostiene que si bien para el reconocimiento de la pensión de
invalidez se utilizó un régimen exceptuado conforme al artículo 279 de la Ley
100 de 1993, lo cierto es que para esta póliza se aplica el Sistema General de
Seguridad Social y, en especial, los criterios del Decreto 917 de 1999,
conforme a lo acordado entre las partes. Por último, como ya se dijo, se indicó
que el pago de los honorarios por acudir a la Junta sería asumido
excepcionalmente por la compañía (cuaderno 1, folios 48 a 49).
3.2
Pruebas decretadas por la Sala de Revisión e intervención de Finanzauto tras su
vinculación al proceso de tutela
3.2.1.
En Auto del 24 de julio de 2015, el Magistrado Sustanciador decretó la práctica
de pruebas destinadas a establecer: (i) la utilización del Manual Único de
Calificación por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército, con miras a
determinar la incidencia de enfermedades de origen común en la pérdida de
capacidad laboral de los soldados; (ii) la situación económica del accionante y
la manera en qué fue evaluada su invalidez por parte de MAPFRE Colombia Vida
Seguros SA[22].
Adicionalmente, se buscó determinar (iii) si el asunto había sido puesto en
conocimiento de la Junta Regional de Calificación de Invalidez; (iv) el tipo de
contrato celebrado entre el demandante y la empresa Finanzauto Factoring SA, su
valor y objeto, al igual que el plazo o número de cuotas fijadas; (v) el monto
actual de la deuda, si se hallaba en mora y si se había iniciado algún
mecanismo para garantizar el pago de la obligación. Por último, (vi) se le
pidió a MAPFRE allegar copia de la oferta mercantil que derivó en la
celebración del contrato de seguro, así como de la póliza y de todo documento
en que constaran las condiciones acordadas por las partes.
3.2.2.
En oficio remitido a esta Corporación el 30 de julio de 2015, el Director de
Sanidad del Ejército informó que “(…) el Decreto 1507 de 2014 por el cual se
expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad
Laboral y Ocupacional, no le es aplicable a los miembros de la Fuerza Pública
en virtud de la excepcionalidad del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares
otorgada en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993”[23].
Por lo anterior, los parámetros que se utilizan son aquellos fijados en los
Decretos 094 de 1989[24]
y 1796 de 2000[25].
En este orden de ideas, indicó que –de  manera general– las patologías se
enmarcan dentro de los siguientes parámetros: (i) en el servicio pero no por
causa y razón del mismo, que se refiere a enfermedades o accidentes de origen
común; (ii) en el servicio por causa o razón del mismo, que implica
enfermedades profesionales y/o accidentes de trabajo, y (iii) en el servicio
como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo.
3.2.3.
Por su parte, en escrito allegado a este Tribunal el 12 de agosto de esta
anualidad, el accionante indicó que su pensión es de $ 2.850.000 pesos y que le
descuentan el 50% con destino al Juzgado Primero de Familia de Tunja, en virtud
de un proceso ejecutivo de alimentos adelantado en su contra. A causa de lo
anterior, sostiene que sólo le queda un saldo de $ 1.300.000 pesos, del cual debe
pagar lo correspondiente al arriendo ($ 750.000) y al desplazamiento semanal a
la ciudad de Bogotá, con el fin de recibir el tratamiento que requiere su patología,
sin exponer de forma puntual a cuánto ascienden dichos gastos. Finalmente,
informó que MAPFRE “(…) efectuó internamente una evaluación de [su]
capacidad laboral, (…) sin [su] presencia, sin evaluación física [y] sin
valoración médica presencial (…)”[26].
3.2.4.
Por tratarse de un tercero con interés, en el referido Auto del 24 de julio de
2015, el Magistrado Sustanciador vinculó a Finanzauto Factoring S.A. al asunto
objeto de revisión. En escrito de respuesta a la acción y de acuerdo con los
interrogantes planteados por la Corte, la citada empresa señaló que como
consecuencia de una compra de un vehículo realizada por el actor, le otorgó un
préstamo para la cancelación de su valor, asumiendo la calidad de acreedor
prendario sin tenencia, para lo cual la deuda existente y su amortización se
consagró en el pagaré No. 42975 del 24 de septiembre de 2007, por el capital
correspondiente a la suma de $ 63.000.000. El plazo que se fijó fue de 48 meses
en cuotas mensuales y consecutivas, cada una por un valor de $ 2.431.437 pesos.
En la actualidad, la deuda asciende a más de doscientos millones y el cliente
registra 2558 días en mora, “siendo la cuota más vencida la pagadera el 01
de agosto de 2008 y las siguientes causadas hasta el vencimiento del plazo 01
de noviembre de 2011”[27].
Por lo anterior, inició un proceso ejecutivo que se encuentra al despacho del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, el cual aprobó la liquidación del
crédito y de las costas el día 11 de agosto de 2010.
3.2.5.
En escrito allegado a esta Corporación el 13 de agosto de 2015, además de
allegar la póliza y sus anexos[28],
MAPFRE señaló que la diferencia porcentual de la pérdida laboral dada por la
compañía y aquella dictaminada por la Junta Médico Laboral de la Dirección de
Sanidad del Ejército debía ser aclarada “por el equipo interdisciplinario
que realizó la calificación de pérdida de capacidad laboral, es decir [la Junta
Médico Laboral del Ejército], pues por la actividad que desempeñó [el
asegurado] pertenece al Régimen Exceptuado del Sistema General de Pensiones”[29].
Por ello, en su criterio, no le asiste competencia para resolver el citado
interrogante. En cuanto a la cuestión relativa a cómo había llegado al dictamen
del 35.10% de pérdida de capacidad laboral, señaló que dicha empresa no lo
había calificado, sino que lo hizo la Junta Médico Laboral de la Dirección de
Sanidad del Ejército.
En
todo caso, enfatizó que se le había señalado al actor que debía acudir a la
Junta Regional de Calificación de Invalidez para que revisara el asunto,
conforme a lo establecido en la cláusula 1.2.1 del contrato de seguro, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el Manual Único de Calificación de Invalidez.  En
este orden de ideas, reiteró que el dictamen aportado por el asegurado había
sido emitido por una autoridad que no utilizaba dicho manual y que tampoco
indicaba la fecha de estructuración de riesgo, por lo que no cumplía con los
requisitos contractuales. Sin embargo, manifestó que mediante comunicación del
17 de diciembre de 2014 le ofreció al actor asumir el pago de los honorarios
para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez revisara el asunto, sin
que hasta el momento se conozca de actuación alguna de la Junta, “a fin de
proceder con el reembolso de dichos honorarios”[30].
3.2.6.
En el mismo oficio, como ya se señaló, MAPFRE remitió copia de la póliza de vida
grupo deudores, suscrita entre ella y Finanzauto Factoring SA, acompañada de
una certificación en la que consta que el valor asegurado, al 1 de noviembre de
2007, asciende a la suma de $ 110.301.244 pesos. Por lo demás, se afirma que la
cobertura se encuentra vigente[31].
En
el numeral 1.2 de la póliza, se define la incapacidad total y permanente
como aquella sufrida por el asegurado “que se produzca como consecuencia de
lesiones orgánicas o alteraciones funcionales que de por vida impidan a la
persona desempeñar todas las ocupaciones o empleos remunerados, para los cuales
se encuentra razonablemente calificado, en razón de su capacitación,
entrenamiento o experiencia (…)”[32].
Igualmente,
se señala que para determinar “la incapacidad total y permanente, el
asegurado deberá aportar a la Compañía su historia clínica completa y el
dictamen de calificación de la incapacidad total y permanente, que demuestre
una pérdida de capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento
(50%), certificada por una entidad competente y conforme a las reglas del
manual único para la calificación de invalidez”[33].
En caso de desacuerdo, la póliza fija que cualquier discusión deberá ser
resuelta por la Junta Regional de Invalidez[34].
En
cuanto a la prueba de la reclamación, para el caso de incapacidad total y
permanente, la póliza indica que será: “[El] aviso de reclamo diligenciado;
solicitud de seguro obligatoria; Historia clínica completa del asegurado (…);
certificado original del médico que haya asistido al asegurado indicando el
origen, evolución y naturaleza de la enfermedad; fotocopia de la cédula;
Dictamen de calificación que determine la incapacidad total y permanente o la
invalidez por la EPS, o la Junta calificadora Regional de Invalidez;
certificación del tomador del saldo de la deuda a la fecha de la estructuración
de la Incapacidad Total y Permanente”[35].
IV. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
4.1.
Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas en la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 28
de mayo de 2015, proferido por la Sala de Selección número Cinco.
4.2. Planteamiento del caso,
problema jurídico y esquema de resolución
4.2.1. De
acuerdo con los hechos previamente expuestos, el actor perteneció a las Fuerzas
Armadas de Colombia y adquirió –en el año 2007– un vehículo para cuya
cancelación solicitó un crédito con la empresa Finanzauto Factoring S.A, la
cual asumió la calidad de acreedor prendario sin tenencia. De acuerdo con lo expuesto en el citado contrato, el vehículo
corresponde a un microbús modelo 2008[36].
Como es costumbre en este tipo de negocios, la citada empresa tiene en
calidad de tomador una póliza de vida grupo deudores con la compañía de seguros
MAPFRE, que cubre los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente de sus
deudores, por lo que se dispuso la inscripción del actor dentro del grupo de
asegurados, con una cobertura inicial de protección correspondiente a la suma
de $ 110.601.224 pesos.
La póliza, en el
numeral 1.2, definió la incapacidad total y permanente como aquella
sufrida por el asegurado, que se produjera como consecuencia de lesiones
orgánicas o alteraciones funcionales, que le impidieran a la persona de por
vida desempeñar “todas las ocupaciones o empleos remunerados, para los
cuales se encontrara razonablemente calificado, en razón de su capacitación,
entrenamiento o experiencia”[37].
Para la
determinación de la incapacidad, se debe aportar a la compañía de seguros copia
completa de la historia clínica del asegurado y el dictamen que demuestre su
pérdida de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%),
certificada por una entidad competente y conforme a las reglas del manual único
para la calificación de la invalidez. En caso de desacuerdo con la valoración
aportada, la póliza señala que tendrá “valor definitivo el dictamen emitido
por la Junta Regional de calificación de Invalidez del domicilio del asegurado”[38].
4.2.2. Con
posterioridad, se determinó que el actor padecía VIH en estado de clasificación
A3 (afección de origen común) por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército,
lo que condujo a que mediante Junta Médica Militar No. 43794 del 9 de mayo de
2011, fuese calificado con una pérdida del 100% de su capacidad laboral, al
encontrar que también padecía hipoacusia (afección de origen profesional). Para
llegar a esta conclusión, el accionante fue examinado por especialistas en
infectología, psiquiatría y audiometría[39].
Ante la situación descrita, mediante Resolución No. 1276 del 10 de agosto de
2011, el actor fue retirado del servicio activo[40], siendo posteriormente
reconocida a su favor una pensión de invalidez (19 de abril de 2012)[41], por un monto que en la
actualidad alcanza los $ 2.850.000 pesos[42] y del cual le descuentan el 50% por órdenes del
Juzgado Primero de Familia del Distrito Judicial de Tunja, en virtud de un
proceso ejecutivo de alimentos adelantado en su contra.
4.2.3. Casi diez
meses antes del reconocimiento de la citada prestación, esto es, el 10 de junio
de 2011, el demandante solicitó a la aseguradora que se hiciera efectiva la
póliza en virtud de la concreción del siniestro, ya que su pérdida de capacidad
laboral no le permitía seguir prestando sus servicios como soldado[43]. Sin embargo, el 15 de
julio de la misma anualidad, MAPFRE le informó a Finanzauto Factoring S.A. que,
conforme con el contrato suscrito, el asegurado debía aportar a la compañía su
historia clínica y practicarse una valoración “a través de una entidad
competente designada por la compañía para tal efecto”[44].  Tras
examinar la situación del actor, con base en sus antecedentes médicos y en
exámenes paraclínicos, la aseguradora concluyó que su pérdida de capacidad laboral
ascendía al 35.10%[45],
“con fecha de estructuración del 18 de noviembre de 2010”[46], razón por la cual no resultaba
exigible la póliza, pues la incapacidad debía ser –por lo menos– del 50%[47].
4.2.4. En Acta
No. 67875 del 1° de agosto de 2013, la Junta Médico Laboral de la Dirección de
Sanidad del Ejército reiteró que el grado de disminución de la capacidad
laboral del actor equivale al 100%, refiriéndose a la existencia de nuevas patologías,
tanto de origen común como profesionales, a saber: deterioro cognitivo,
enfermedad coronaria, enfermedad hemorroidal, sinusitis, sahos, dislipidemia, lumbalgia
mecánica, enfermedad acido péptica, reflujo gastroesofágico, trastorno de
adaptación, neumopatía, astigmatismo miopico, polcitemia secundaria y fractura
de metacarpiano de la mano derecha. En este dictamen participaron especialistas
de ortopedia, otorrinología, oftalmología, dermatología, medicina interna,
psiquiatría y neorología[48].
4.2.5. Con
posterioridad a esta nueva calificación, en concreto, el 11 de agosto de 2013,
el actor solicitó nuevamente a la aseguradora hacer efectiva la póliza,
arguyendo que la entidad competente para dictaminar su condición era aquella
correspondiente al Sistema de Salud de las Fuerzas Armadas de Colombia[49], por su condición de
exmiembro del Ejército Nacional. Sin embargo, en respuesta del 17 de diciembre
de 2014, MAPFRE le indicó que el dictamen aportado por él no había sido
elaborado mediante el Manual Único de Calificación, ni tampoco señalaba una
fecha de estructuración. Por ello, conforme a las reglas del contrato, debía
acudir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la cual tendría la
última palabra en relación con la reclamación realizada en términos de
ocurrencia de la incapacidad total y permanente, pues su dictamen sería
definitivo[50].
Como se deriva
de lo expuesto, la aseguradora le ha dado dos respuestas disímiles al actor para
justificar la negativa de otorgar la prestación asegurada. En la primera,
fechada el 15 de julio de 2011, se argumentó que no tenía el 50% de pérdida de
capacidad laboral, como requisito sine qua non de la póliza, pues a
partir de un Comité Medico realizado por la citada compañía, se determinó que
su incapacidad era tan sólo del 35.10%, con fecha de estructuración del 18 de
noviembre de 2010. En la segunda, ocurrida el pasado 17 de diciembre de 2014,
se señaló que el dictamen elaborado por la Junta Médico Laboral de la Dirección
de Sanidad del Ejército no servía para el otorgamiento del derecho reclamado,
pues no se basaba en el Manual Único de Calificación y, además, carecía del
señalamiento de una fecha de estructuración, necesaria para determinar si el
riesgo ocurrió durante el amparo de la póliza. En ambas respuestas se invocó el
artículo 1.2 del contrato de seguro, como soporte normativo para justificar la
objeción mencionada.
4.2.6. En la
actualidad, el actor vive en arriendo y, según informó, el costo del canon asciende
a la suma de $ 750.000 pesos[51],
aunado a que debe desplazarse a la ciudad de Bogotá para recibir atención
médica[52].
Por otra parte, la determinación de la pérdida de capacidad laboral del
accionante aún no ha sido puesta en conocimiento de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez, a pesar de que la aseguradora se comprometió a
asumir su costo.
Al margen de lo
anterior, la empresa Finanzauto Factoring S.A., vinculada al proceso en Auto
del 24 de julio de 2015, informó que se adelanta un proceso ejecutivo contra el
actor, el cual se encuentra al despacho del Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Tunja, autoridad que el pasado 11 de agosto de 2010 aprobó la liquidación
del crédito y de las costas. Por último, señaló que en la actualidad el
demandante le adeuda la suma de $ 207.452.698 pesos[53].
Para finalizar,
se destaca que conforme lo informó la aseguradora demandada, la póliza aún se
encuentra vigente[54]
y que, el valor asegurado, según lo previsto en el contrato, tiene un límite
por deudor en uno o varios créditos de hasta                    $ 2.000.000.000[55].
4.2.7. De los
hechos narrados y probados en la causa, le corresponde a esta Sala de Revisión dar
respuesta a dos problemas jurídicos. En primer lugar, deberá determinar si la
acción de tutela instaurada por el actor satisface los requisitos de
procedencia del amparo constitucional, en especial en lo que atañe a la
legitimación por pasiva y al presupuesto de subsidiaridad. En caso favorable,
en segundo lugar, deberá examinar si la aseguradora MAPFRE vulneró los derechos
al debido proceso y al mínimo vital del accionante, al negar el pago de la prestación
reclamada, con sujeción a los dos argumentos previamente expuestos. El primero
atinente a que el demandante presentaba una pérdida de capacidad laboral menor a
la contemplada en la póliza; y el segundo, relativo a que el dictamen aportado no
se realizó bajo los supuestos del Manual Único de Calificación de Invalidez y
que, además, carecía del señalamiento de una fecha de estructuración, necesaria
para determinar si el riesgo ocurrió durante la vigencia de la póliza.
4.2.8. Con el fin de resolver los citados problemas jurídicos,
inicialmente la Sala realizará el examen de procedencia de la acción de tutela;
y luego, en caso de ser necesario, se referirá a la
relación de aseguramiento, al principio de normatividad del contrato de seguro,
al principio de la buena fe y al mandato de diligencia en el cumplimiento de
las obligaciones que surgen del citado negocio jurídico. Una vez agotado el examen de los temas propuestos, se procederá a
la resolución del caso concreto.
4.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela. Reiteración de
jurisprudencia
4.3.1. Antes de
abordar el examen de los presupuestos procesales de la acción de tutela, esto
es, la legitimación por activa, la legitimación por pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad,
resulta oportuno indicar los argumentos de las partes en torno a este punto.
Así, en cuanto a la procedencia del amparo, el actor señaló que se encuentra en
un estado de indefensión frente a MAPFRE, quien ejerce una posición dominante
en el mercado por tratarse de una entidad financiera que presta un servicio de
interés público, máxime cuando su  invalidez ha sido reconocida por la
autoridad competente. Por lo demás, apuntó que el no pago de la póliza conlleva
a una afectación de su mínimo vital, ya que tendría que asumir el pago de una
deuda que debe ser cancelada por el seguro, sobre todo cuando su patrimonio se ve
afectado por el descuento del 50% de la mesada pensional en virtud de un
proceso ejecutivo de alimentos iniciado en su contra y por los gastos en que
debe incurrir para acceder al tratamiento médico en el Hospital Militar de
Bogotá.
Por su parte, en
lo que respecta a la procedencia del amparo, MAPFRE expuso que no se observa la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, máxime cuando se trata de una controversia
de connotación contractual, privada y mercantil, respecto de la cual el accionante
puede acudir ante las instancias judiciales ordinarias a dirimir el asunto.
Visto lo anterior, esta Sala de Revisión encuentra lo siguiente.
4.3.2. Legitimación por activa
La Constitución Política, en el
artículo 86, reconoce el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de
tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto
constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que
consagra: “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
En lo que se refiere al asunto subjudice,
el actor se encuentra legitimado para interponer la presente
acción de tutela, no sólo porque actúa directamente, sino también porque
solicita la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y
al debido proceso, en virtud de las respuestas dadas por la aseguradora MAPFRE respecto
del pago de la póliza que reclama, a través de las cuales le negó el
reconocimiento a dicha prestación, por razones que –en criterio del actor–
desconocen su estado de invalidez y el hecho de que el mismo ya fue determinado
por la autoridad competente.
4.3.3.
Legitimación por pasiva
4.3.3.1. El
artículo 86 del Texto Superior establece que la acción de tutela tiene por
objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o por el actuar de los particulares en los casos
previstos en la Constitución y en la ley[56].
En el asunto objeto de estudio, es claro que MAPFRE Colombia Vida
Seguros S.A. es un particular, de allí que resulta necesario determinar si
frente a dicha compañía se cumple con alguno de los presupuestos que permiten
la procedencia excepcional de la acción de tutela en su contra. En este orden
de ideas, tanto en el Texto Superior como en el Decreto 2591 de 1991, se prevén
las siguientes hipótesis de procedencia, a saber: (i) cuando el particular se
encuentra encargado de la prestación de un servicio público; (ii) cuando con su
conducta afecta de manera grave y directa el interés colectivo; o (iii) cuando
existe un estado de subordinación o indefensión entre el solicitante del amparo
y quien supuestamente incurrió en la violación de un derecho fundamental[57].
4.3.3.2. De acuerdo con los antecedentes del caso, es indiscutible
que las dos primeras hipótesis no se presentan en el asunto bajo examen. Ello
es así, por una parte, porque no existe una afectación al interés colectivo; y
por la otra, porque de conformidad con el artículo 335 de la Constitución, si
bien la actividad aseguradora es de interés público, ello no implica que pueda
ser categorizada necesariamente como un servicio público, pues –como ocurre en
este caso– la póliza que se reclama no corresponde a una actividad que debe ser
prestada de forma regular, permanente y continua[58], sino no al
objeto de un contrato dirigido a amparar la ocurrencia de un riesgo. Por ello, es
preciso establecer si en el asunto objeto de estudio se materializa la tercera
posibilidad que le otorga viabilidad procesal a la acción de tutela, esto es,
que la persona se halle en un estado de subordinación o indefensión respecto de
quien supuestamente incurrió en una transgresión de un derecho ius
fundamental.
4.3.3.3. Siguiendo lo expuesto, como se indicó en líneas
precedentes, para el caso de las empresas que desarrollan actividades de
naturaleza financiera o aseguradora, esta Corporación ha señalado de manera
reiterada que se trata de una labor de interés público, la cual exige del
Estado una especial protección frente a sus usuarios[59]. Ello se explica no sólo porque tales empresas manejan, aprovechan e
invierten importantes recursos captados del público (CP art. 335), sino también
porque del conjunto de sus obligaciones depende el buen funcionamiento de la
economía y la eventual satisfacción de necesidades de las personas. En efecto, “el
sistema bancario entero se soporta sobre una intangible pero determinante
presunción de que el dinero consignado será puesto a disposición del
depositante en cualquier momento en el que éste lo requiera; del mismo modo que
el contratante de una póliza de seguro presume y confía que las primas que
periódicamente consigna se harán efectivas al momento de ocurrir el siniestro”[60].
Ahora bien, como
lo ha sostenido este Tribunal, en el caso concreto de las relaciones que surgen
del contrato de seguro se presenta un desequilibrio natural, por virtud del
cual el cliente o usuario se encuentra, por regla general, en una posición de
indefensión frente a las empresas con las cuales contrata sus servicios.
Precisamente, a través de la suscripción de contratos de adhesión, son estas
últimas las que fijan el valor de las primas, el monto de los deducibles, el
régimen de garantías y las exclusiones que niegan el pago del riesgo asegurado.
Esta situación se traduce en una posición
dominante de las citadas empresas frente a sus usuarios[61],
cuyas actuaciones son objeto de control, de modo habitual, a
través del marco regulatorio que rige la actividad aseguradora y mediante la
supervisión permanente que frente a dichas compañías se ejerce por el Estado,
lo cual supone que los servicios que por ellas se prestan, se cumplen de
acuerdo con criterios de calidad, seriedad y eficiencia.
Aun cuando por
lo general dicha situación de indefensión se manifiesta al momento en el que se
suscribe el contrato de seguro, en algunas ocasiones también tiene incidencia
cuando se solicita el reconocimiento de las prestaciones que amparan el riesgo
asegurado. Así las cosas, por ejemplo, en ciertos casos, la posición dominante
que ejercen las empresas aseguradoras sobre sus usuarios conduce a que las
primeras esquiven o dilaten injustificadamente la satisfacción de sus
compromisos, en contra de un interés asegurado que, a partir de las
características que le son propias, puede conducir a la afectación cierta y
directa de derechos fundamentales como el mínimo vital y la salud, e incluso,
en situaciones especiales, la vivienda digna.
4.3.3.4. La
necesidad de proteger los derechos fundamentales, aunado a la circunstancia de
indefensión en la que se puede encontrar el usuario frente a una aseguradora,
como ocurriría en aquellos casos en que se niega el reconocimiento de una
prestación a la cual claramente tiene derecho, es la que justifica que
excepcionalmente proceda la acción de tutela frente a un particular que ejerce
una actividad de interés público, pues se pone a una persona en una
circunstancia de hecho en la que le es imposible defenderse efectivamente
de una agresión injusta[62]. En este sentido, por ejemplo, en la Sentencia T-152 de 2006[63], la Corte expuso que:
“Analizada la indefensión, entendida como la
imposibilidad de una persona en reaccionar o responder de manera efectiva a la
violación de sus derechos fundamentales, se encuentra que el demandante no
cuenta con recursos efectivos para oponerse a la actitud de la aseguradora
respecto a la negativa de dar visto bueno para la cirugía requerida, lo cual
vulnera el estado de salud del petente.
Ahora bien, al referirse a las compañías de medicina prepagada -la
demandada no lo es- esta Corte ha destacado que, si bien en principio las
diferencias que con ellas surjan deben tramitarse ante los jueces ordinarios
dado su carácter contractual, cuando están de por medio, por su propia
actividad, derechos fundamentales, como la vida o la integridad personal, cabe
la acción de tutela para hacerlos respetar, pues entonces el tipo de contrato         -por
su objeto- no puede mirarse bajo la misma óptica de cualquiera otra convención.
Lo mismo puede afirmarse de compañías de seguros, que es el caso de
la entidad demandada en este proceso, en las cuales es menester que se analice
el objeto de la protección que ofrecen en caso de siniestro. Si de él resulta
que la prestación correspondiente es puramente económica, no tendría cabida la
tutela, en cuanto se dirimiría el conflicto ante la jurisdicción ordinaria. Pero
si el objeto de la gestión específicamente considerado tiene efecto en la salud
y en la vida de una persona por razón de la materia de la cobertura, puede ser
viable una acción de tutela para el fin constitucional de amparar tales
derechos fundamentales.
Bajo estos supuestos es claro que el actor se encuentra en situación
de indefensión frente a la entidad demandada y, en consecuencia, por este
aspecto la tutela es procedente.”[64]
4.3.3.5. En
desarrollo de lo anterior, en el asunto bajo examen, la
Sala observa que la presente acción de tutela también cumple con el requisito
de legitimación por pasiva frente a la compañía MAPFRE. En efecto, si bien la
pretensión del demandante gira en torno al pago efectivo de una póliza, en este
caso se alega que de forma injustificada la citada compañía se niega a
reconocer la prestación asegurada, mediante argumentos que ponen en duda su
condición de invalidez, pese a que ya fue declarada por la autoridad
competente, generando un impacto directo en la salvaguarda de su mínimo vital
y, por esa vía, dando lugar a una situación de indefensión respecto de la
protección del citado derecho.
Lo anterior
ocurre, en primer lugar, por la grave enfermedad que padece el accionante y
que, según la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército,
supone la pérdida del 100% de su capacidad laboral respecto de la actividad
frente a la cual recibió entrenamiento, esto es, desempeñarse como soldado en
las Fuerzas Militares de Colombia. Aun cuando podría argüirse, en gracia de
discusión, que el actor estaría facultado para ejercer otras actividades, por
ejemplo, las relativas a la seguridad privada, no puede obviarse que, de
acuerdo con el dictamen aportado, tiene hipoacusia en ambos oídos (derecho 33 decibeles
e izquierdo 27 decibeles). Esto significa que, por su condición médica, en
principio, parecería que el actor no está habilitado para desarrollar otra
ocupación o empleo remunerado, acorde con su capacitación profesional y
experiencia, lo que excluye la posibilidad de obtener ingresos propios para
pagar la deuda pendiente con Finanzauto Factoring S.A., respecto de la cual se
pretende hacer efectiva la cancelación de la póliza, por fuera de los recursos
derivados de la pensión de invalidez que le fue reconocida.
En segundo
lugar, porque en la actualidad se adelanta un proceso ejecutivo contra el actor
por el valor de la deuda que tiene con la citada empresa Finanzauto Factoring
S.A. en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja,
por una suma que –según dicha compañía– asciende a $ 207.452.698 pesos. De ahí
que, si la pensión de invalidez que le fue otorgada corresponde al valor de  $
2.850.000 pesos, de los cuales el 50% está embargado por el Juzgado Primero de
Familia del Distrito Judicial de la mencionada ciudad; es innegable que el monto
que le queda, luego de pagar el valor del arriendo ($ 750.000 pesos) y su
traslado a la ciudad de Bogotá para recibir tratamiento, difícilmente cubre sus
necesidades y le permite a su vez asumir el pago de la deuda pendiente, con la
dificultad de que su monto por vía de intereses aumenta con el tiempo,
empeorando las condiciones básicas de subsistencia del actor.
De lo anterior
se evidencia que cualquier consecuencia económica que se produzca del referido
proceso ejecutivo, difícilmente podrá ser soportada por el accionante, sin que
conlleve una seria amenaza a su mínimo vital. Ello, a juicio de esta Sala,
implica la materialización de una situación de indefensión del actor frente a
la compañía demandada, pues de hacerse efectivo el pago de la póliza, prácticamente
de forma inmediata se podría cancelar con dichos recursos la deuda pendiente y
sometida a ejecución por Finanzauto Factoring S.A., la cual, por lo demás,
afecta a una persona que padece una enfermedad catastrófica.
4.3.4. Principio de subsidiaridad
4.3.4.1. El ya
citado artículo 86 de la Constitución Política también señala que la acción de
amparo constitucional sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable[65]. Esto significa que la acción de tutela tiene un carácter residual
o subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo de los derechos
fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado
Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su
protección”[66]. El carácter residual obedece a la
necesidad de preservar el reparto de competencias atribuido por la Constitución
y la ley a las diferentes autoridades judiciales, lo cual se sustenta en los
principios de independencia y autonomía de la actividad judicial.
No obstante,
aun existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la
jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que la acción de tutela está
llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo suficientemente
idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo adecuadamente expeditos
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Así lo sostuvo la Corte, en la
Sentencia SU-961 de 1999[67],
al considerar que: “en cada caso, el juez está en la obligación de
determinar si las acciones disponibles le otorgan una protección eficaz y
completa a quien la interpone. Si no es así, si los mecanismos ordinarios
carecen de tales características, el juez puede otorgar el amparo de dos
maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate. La primera
posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente amplias para
proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente expeditas para
evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este caso será
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se resuelve
el caso a través de la vía ordinaria”. La segunda posibilidad es que las
acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de forma idónea, circunstancia
en la cual es procedente conceder la tutela de manera directa, como mecanismo
de protección definitiva de los derechos fundamentales[68].
4.3.4.2. En
relación con el primer supuesto, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que la acción de tutela procede como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando se presenta una
situación de amenaza de vulneración de un derecho fundamental susceptible de
concretarse y que pueda generar un daño irreversible[69]. Este amparo
es eminentemente temporal, como lo reconoce el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, en los siguientes términos: “En el caso del inciso anterior, el juez
señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo
durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de
fondo sobre la acción instaurada por el afectado”.
Para determinar
la configuración de un perjuicio irremediable, en criterio de este Tribunal,
deben concurrir los siguientes elementos: (i) el
perjuicio ha de ser inminente, es decir, que está por suceder; (ii) las
medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes; (iii) el
perjuicio debe ser grave, esto es, susceptible de generar un daño
transcendente en el haber jurídico de una persona; y (iv) exige una respuesta impostergable
para asegurar la debida protección de los derechos comprometidos[70].
En desarrollo de lo expuesto, en la Sentencia T-747 de 2008, se consideró que
cuando el accionante pretende la protección transitoria de sus derechos
fundamentales a través de la acción de tutela, tiene la carga de “presentar
y sustentar los factores a partir de los cuales se configura el perjuicio
irremediable, ya que la simple afirmación de su acaecimiento hipotético es
insuficiente para justificar la procedencia la acción de tutela.”
4.3.4.3. En
cuanto al segundo evento, se entiende que el
mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento jurídico para resolver un
asunto no es idóneo, cuando, por ejemplo, no permite
resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
integral frente al derecho comprometido. En este sentido, esta Corporación ha
dicho que: “el requisito de la idoneidad ha
sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de los
derechos sobre las consideraciones de índole formal[71]. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada
caso concreto, teniendo en cuenta, las características procesales del
mecanismo, las circunstancias del peticionario y el derecho fundamental
involucrado”.[72]
Finalmente,
reitera la Sala que en atención a la naturaleza eminentemente subsidiaria de la
acción de tutela, esta Corporación también ha establecido que la misma no
está llamada a prosperar cuando a través de ella se pretenden sustituir los
medios ordinarios de defensa judicial[73].
Al respecto, la Corte ha señalado que: “no es propio de la
acción de tutela el [de ser un] medio o procedimiento llamado a remplazar los
procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a
la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de
instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su
consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro
que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en
orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales”[74].
4.3.4.4. En el asunto subjudice, en principio, como lo hicieron los
jueces de instancia podría considerarse que la acción de tutela no está llamada
a proceder, pues se trataría de una controversia circunscrita al pago de una póliza
derivada del riesgo de la incapacidad total y permanente del
asegurado, en este caso, el demandante, cuya reclamación podría tramitarse ante
los jueces ordinarios dado su carácter contractual.
Sin embargo,
como se indicó en líneas precedentes, el conflicto planteado tiene un impacto
directo en la salvaguarda del derecho al mínimo vital del actor, en un contexto
en el que se considera vulnerado su derecho al debido proceso, con ocasión de
la conducta supuestamente injustificada asumida por la aseguradora MAPFRE,
consistente en negar el pago de la citada póliza de forma reiterada y a través
de distintos argumentos, suscrita con el propósito de cubrir la deuda existente
por la compra de un vehículo a través de un crédito otorgado por Finanzauto
Factoring S.A., quien asumió la condición de acreedor prendario.
En este
sentido, no sobra insistir que la jurisprudencia ha reiterado que, a pesar del carácter
contractual que se deriva de las controversias que se originan de la actividad
aseguradora[75],
en cierto casos es posible que la discusión acerca de una cobertura, la
negativa a reconocer un siniestro o cualquier otra diferencia que surja como
consecuencia de la ejecución de las obligaciones que emanan del citado
contrato, trasciendan la órbita meramente económica y tengan un efecto directo
y específico en la vida digna, en el mínimo vital o en otro derecho fundamental
de las personas. En estos casos, la acción de tutela se convierte en el
mecanismo idóneo de defensa para resolver las discrepancias sometidas a
conocimiento del operador judicial, no sólo por la necesidad de brindar una
protección efectiva, integral y actual a los derechos comprometidos, sino
también porque dicha discusión generalmente exterioriza una tensión frente a la
libertad contractual que debe ser resuelta por la vía del amparo[76].
4.3.4.5. Al examinar
el caso en concreto, la Sala observa que el demandante, quien recibió capacitación
para ser parte de las Fuerzas Militares de Colombia, fue calificado por la
Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército con la pérdida del
100% de su capacidad laboral, no sólo por el VIH que padece, sino también por
otras afecciones de origen profesional y común, algunas de las cuales fueron dictaminadas
en el año 2011[77]
y otras en el 2013[78].
Frente a esta situación, MAPFRE alegó en dos momentos diferentes, en primer
lugar, que la incapacidad era menor al 50% requerido en la póliza (35.10%), con
una fecha de estructuración del 18 de noviembre de 2010, por lo que el riesgo
asegurado no se habría concretado[79];
y en segundo lugar, que el dictamen realizado por la referida Junta Médico
Laboral del Ejército no obedecía a los parámetros de lo pactado en el contrato
de seguro, ya que no había sido elaborado conforme con el Manual Único de
Calificación de Invalidez, así como tampoco establecía una fecha exacta de
estructuración del riesgo[80].
Aun cuando lo
anterior, por sí mismo, no conduce de plano a la procedencia de la acción de
tutela, pues podría estimarse que se trata de una mera discusión sobre la
ocurrencia o no del siniestro; lo cierto es que a dicha situación debe sumarse
el proceso ejecutivo que se adelanta en contra del demandante para el cobro de
la obligación adquirida con Finanzauto Factoring SA, por lo que el no pago de
la póliza, ante la falta de certeza en cuanto a la ocurrencia o no del riesgo
conforme a lo pactado en las cláusulas de la póliza suscrita, además de ahondar
en el terreno de la garantía del debido proceso, implica una situación de
amenaza latente frente al derecho al mínimo vital del actor, como se expuso previamente
al realizar el estudio sobre la legitimación por pasiva[81], lo que
descarta el carácter meramente económico del conflicto, y lo pone en una dimensión
estrictamente constitucional. De allí que, a juicio de esta Sala, la acción de
tutela sea el mecanismo idóneo para resolver la cuestión planteada, aunado a
que el accionante tiene la condición de sujeto de especial protección constitucional,
por su condición de enfermo de VIH[82].
4.3.5. Principio de inmediatez
La
procedibilidad de la acción de tutela también exige que su interposición se
haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que
se generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que el
amparo constitucional no se convierta en un factor de inseguridad jurídica y de
posible afectación de los derechos de terceros[83].
Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte como el principio
de inmediatez[84].
En criterio de
este Tribunal, si con la acción de tutela se busca la protección inmediata
de los derechos fundamentales, es imprescindible que su ejercicio tenga lugar
dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación de dichos derechos.
Una actuación en sentido contrario, desvirtúa el alcance jurídico dado por el
Constituyente a la acción, pues cuando el accionante no actúa con prontitud en
la solicitud del amparo, se infiere que éste no requiere de una protección
urgente, efectiva e inmediata[85].
En relación
con el caso objeto de estudio, el actor instauró la acción de tutela el
21 de enero del año en curso[86]
y la última respuesta dada por MAPFRE, a través de la cual negó el pago de la
póliza, se dio el 17 de diciembre de 2014[87].
Esto significa que transcurrió poco más de un mes para que el demandante
acudiera ante el juez constitucional, término que se ajusta a la razonabilidad
que explica la procedencia del amparo. Por lo demás, la acción se instauró
dentro del marco de la amenaza que supone la resolución del proceso ejecutivo
para su mínimo vital, ya que éste aún se encuentra en trámite conforme lo
informó Finanzauto Factoring a esta Corporación[88].
Finalmente, es de destacar que la póliza aún se encuentra vigente, tal y como
se desprende de la certificación allegada por MAPFRE, que fue elaborada el 12
de agosto de 2015[89].
De lo anterior, en criterio de este
Tribunal, se entiende que se satisface con el principio de inmediatez, en la
medida en que la interposición de la acción se realizó en un término prudencial
frente al hecho que se invoca como vulnerador de los derechos fundamentales
alegados por el accionante. Además, el amparo se solicitó dentro del marco de
la amenaza a una garantía ius fundamental, como lo es, el mínimo vital.
4.3.6. En suma, los presupuestos
procesales de la acción de tutela se cumplen a cabalidad en el amparo objeto de
estudio, razón por la cual la Sala ahondará en los aspectos necesarios para
resolver el asunto de fondo.
4.4. De la relación de
aseguramiento, del principio de normatividad del
contrato de seguro, del principio de la buena fe y del mandato de diligencia en
el cumplimiento de las obligaciones que surgen del citado negocio jurídico.
Reiteración de jurisprudencia
4.4.1. En su jurisprudencia, este
Tribunal ha abordado disímiles casos en los cuales –por diversos motivos– el
juez constitucional se ha pronunciado sobre conflictos atinentes a las
relaciones de aseguramiento que tienen incidencia en los derechos fundamentales
de los demandantes. Así, por ejemplo, existen pronunciamientos sobre preexistencias
y reticencias[90],
prescripción[91]
y alcance de regímenes exceptuados de la seguridad social, en los cuales parte de
la controversia gira en torno a las entidades competentes para calificar la
pérdida de la capacidad laboral[92].
Sobre este último punto, resulta
oportuno mencionar dos fallos precedentes a la decisión que en esta ocasión se
adopta. En el primero de ellos, esto es, en la Sentencia T-328A de 2012[93],
un soldado sufrió la amputación de su pierna derecha por una mina y la Junta
Médico Laboral de la Dirección de Sanidad de Ejército declaró que –por tal
circunstancia– tenía una pérdida del 91.87% de su capacidad laboral. Por su
parte, la empresa aseguradora negó el pago del seguro, al aducir que
clínicamente no se había demostrado que estuviera impedido para desarrollar
otras actividades laborales.
La Sala Segunda de Revisión declaró
improcedente el amparo, por cuanto el actor contaba con la posibilidad de
acudir a las instancias ordinarias a dirimir el conflicto. Desde esta
perspectiva, descartó la ocurrencia de una circunstancia que le diera
viabilidad procesal a la acción de tutela, entre otras, al no observar un
actuar arbitrario por parte de la compañía de seguros. Sin embargo, respecto del
acreedor de la obligación que motivaba el cobro de la prestación asegurada, el
cual ya había instaurado un proceso judicial para satisfacer sus intereses, se
ordenó reliquidar el crédito, ya que no era viable desconocer la situación de
indefensión en la que se encontraba actor.
En la segunda oportunidad, la
Corte abordó dos casos que fueron acumulados y los resolvió en la Sentencia
T-902 de 2013[94].
Para efectos de esta providencia, se destaca uno de ellos, en el que una
maestra que había adquirido una obligación crediticia amparada por una póliza
de seguro, por varias afecciones (manoatrofia del miembro superior derecho y
hernia discal cervical), le fue declarada una pérdida del 75% de su capacidad
laboral, por parte de la empresa que atendía las reclamaciones de las personas
vinculadas al magisterio. Con todo, la aseguradora negó el reconocimiento de la
prestación asegurada, al señalar que quién podía certificar dicha situación era
una Junta de Calificación del Sistema de Seguridad Social, conforme a lo
dispuesto en el Manual Único de Calificación de Invalidez.
En dicha oportunidad se concedió
el amparo solicitado, pues al destacar que el punto central del debate giraba
en torno a la manera como se debía probar el siniestro, encontró que la póliza
suscrita no estipulaba un único medio de prueba para acreditar su ocurrencia.
Por ello, no existía sustento jurídico para exigir que fuese la Junta Regional de
Calificación la única competente para determinar la pérdida de capacidad
laboral, como lo exigía la aseguradora[95].
Lo anterior se reforzaba al aplicar el principio de “interpretación pro
consumatore”, que se utiliza en los contratos de adhesión y el principio de
la buena fe, conforme al cual los contratantes deben abstenerse de exigir
medidas probatorias que no concuerden realmente con lo acordado y que resulten
irrazonables[96].
4.4.2. Como se deriva de lo
expuesto, ambos fallos preexistentes resultan relevantes en atención a que
plantean una cuestión fundamental para los efectos de esta providencia, a
saber: la relación de aseguramiento. En este orden de ideas, si bien en la Sentencia
T-328A de 2012 se declaró improcedente el amparo, lo cierto es que también se
analizó si la aseguradora, al momento de negar el pago de la póliza, había
obrado de forma arbitraria, es decir, contrariando los mandatos del vínculo
normativo[97].
Lo mismo ocurrió en la Sentencia T-902 de 2013, en la que sí se evidenció que
la empresa demandada se había apartado de los parámetros que regulaban la
relación contractual, circunstancia que –entre otras– justificó el otorgamiento
del amparo.
En este orden de ideas, según la
precitada sentencia, desde “(…) el punto de vista
legal, el contrato de seguro se rige, principalmente, por las normas de derecho
civil y comercial que lo regulan y constituye una concreción del principio
de autonomía de la voluntad, de manera que prima la intención de las
partes”[98]. Así las cosas, conforme al artículo 1036 del C. de Co, “El
seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución
sucesiva”, en el que tienen la condición de partes: “[e]l asegurador, o
sea la persona jurídica que asume el riesgo (…) [y] el tomador, o sea la
persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada el riesgo”[99].
En relación con
este último elemento, el mismo Código, en el artículo 1054, lo definió como “el
suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del
asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del
asegurado (…)”[100].
Cuando el riesgo se haya concretado, tal y como lo dispone el artículo 1072, se
denomina siniestro[101].
4.4.3. Conforme a
la descripción normativa previamente señalada, existe ciertos elementos
esenciales del contrato de seguros que son, según lo dispone el artículo 1045
del Código de Comercio, los siguientes: el interés asegurable, el riesgo
asegurable, la prima o precio del seguro, y la obligación condicional del
asegurador. Igualmente, según se establece en el artículo 1047, existen ciertas
cláusulas que la póliza debe expresar. Para los efectos de esta sentencia,
resulta pertinente mencionar una de ellas, no sin antes resaltar que la póliza,
por su propia naturaleza, corresponde al documento contentivo y exteriorizante
de las voluntades del tomador y del asegurador, que manifiesta –como lo ha
resaltado la Corte– la relación de aseguramiento, cuyo alcance –como se verá–
se vincula con el principio de normatividad de los contratos.
Retomando lo
señalado, según la ley, dentro de las cláusulas que las pólizas deben contemplar
se encuentran las condiciones particulares que acuerden los contratantes[102]. Al respecto, en la citada
Sentencia T-902 de 2013, este Tribunal señaló que “es
posible diferenciar entre dos (2) clases de condiciones de los contratos de
seguros. De un lado, están las condiciones generales, es decir, las cláusulas
aplicables a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por un asegurador,
las cuales obedecen al formato tipo que debe depositarse en la Superintendencia
Financiera de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 184
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. De otro lado, las condiciones
particulares definen el alcance de la relación frente a cada caso concreto. Por
consiguiente, para precisar el alcance de la cobertura de un seguro, no basta
con referenciar las condiciones generales sino que es necesario analizar las
condiciones particulares del negocio jurídico”.
De esta manera,
estas cláusulas pueden ser de diverso índole, siempre y cuando no desconozcan
normas imperativas, por ejemplo, en ellas se puede establecer el procedimiento,
la autoridad y la forma para constatar la ocurrencia de un siniestro, sin
controvertir lo expuesto en el artículo 1077 del Comercio de Comercio, conforme
al cual: “[e]l asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias
excluyentes de su responsabilidad”[103].
4.4.4. De manera
que el conjunto de cláusulas generales y particulares que se suscriban
delimitan la relación contractual, o lo que es lo mismo, la relación de
aseguramiento. De allí que, para los efectos de esta sentencia, sea relevante
indicar que las obligaciones que surgen al momento de consentir el contrato de
seguro se rigen conforme a los siguientes parámetros. El primero es el principio
de normatividad, que implica que la voluntad exteriorizada por las partes
es fuente de creación de una norma jurídica, que le da vigor obligatorio al
compromiso adquirido. Este último sólo puede ser invalidado por las partes o
por causas legales, como ocurre con los vicios del consentimiento. El segundo,
es el principio de la buena fe, según el cual las partes han de obrar
lealmente para cumplir con la finalidad perseguida mediante la celebración del
negocio jurídico y; finalmente, el mandato de debida diligencia, que ha
sido abordado por sectores de la doctrina como aquél opuesto a la imposición de
trabas, obstáculos o limitaciones no contractuales, vinculadas en varias
ocasiones con comportamiento culposos, que terminan afectando la realización de
lo acordado[104].
Se reitera que lo
anterior se torna fundamental para el examen del asunto sometido a decisión,
por cuanto las partes, de acuerdo con el postulado de normatividad de los
contratos y con la posibilidad con que cuentan de fijar cláusulas particulares
que regulen la relación de aseguramiento pueden, por ejemplo, establecer un
procedimiento, trámite y/o autoridad competente para definir el supuesto que da
lugar a la ocurrencia del siniestro. Lo anterior, como ya se dijo, siempre que
no se desconozcan normas imperativas.
4.4.5. Ahora
bien, otro de los aspectos sobre los que se debe pronunciar la Sala para definir
el fondo del asunto, es sobre el principio de interpretación pro
consumatore, que opera cuando las cláusulas presentan un sentido ambiguo  o
equívoco. Según la Sentencia T-902 de 2013[105],
cuando lo acordado es vago o confuso, “la doctrina especializada y
constitucional ha dicho que opera el principio de interpretación favorable al
consumidor, de conformidad con el artículo 1624 del Código Civil que dispone lo
siguiente: las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una
de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre
que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse
por ella”.
4.4.6. En suma,
la relación de aseguramiento obedece a cláusulas generales y particulares del
contrato de seguro, que surge como consecuencia de la autonomía de la voluntad
y que se rige por los parámetros de normatividad de los contratos, buena fe y
diligencia debida. Dentro de las cláusulas particulares se hallan aquellas que
delimitan de manera específica el negocio jurídico, incluso pudiendo establecer
un procedimiento, trámite y/o autoridad competente para definir el supuesto que
da lugar a la ocurrencia del siniestro. Con todo, en caso de que exista duda
sobre el contenido de una cláusula, ya porque sea vaga o ambigua, ha de
aplicarse el principio de interpretación pro consumatore, según el cual
si han sido dictadas por la aseguradora, su hermenéutica favorecerá a la parte
que no la redactó. Por último, a pesar de que la voluntad de las partes puede
establecer obligaciones, ellas deben ajustarse a las normas imperativas, como
ocurre con aquella que le impone al asegurador el deber de demostrar las
circunstancias que lo excluyen de cumplir lo pactado.
4.5. Caso
concreto
4.5.1 Conforme a
lo expuesto y, debido a que en esta causa se cumplen con los presupuestos de procedencia
de la acción de tutela, la Sala ha de determinar la forma cómo fue delimitada
la relación de aseguramiento por las partes y si la aseguradora demandada, al
negar por diversas razones –que además no fueron concomitantes– el pago de la
póliza que cubría la obligación adquirida por el demandante con Finanzauto
Factoring S.A., vulneró su derecho fundamental al debido proceso, como
lo ha entendido la Corte para los casos en los cuales se examina la actuación
de una aseguradora, esto es, vinculado con la realización de las cláusulas
que estipulan la manera de cumplir con lo acordado[106].
4.5.2. Antes de
abordar esta cuestión, se recuerda que al momento de sustentar el fondo de sus
pretensiones, el accionante señaló que la compañía MAPFRE estaba desconociendo
que la entidad competente para dictaminar su pérdida de capacidad laboral eran
las Juntas Médico Laborales Militares, las cuales ya habían calificado su
incapacidad en un 100%, no sólo por el VIH que padece, sino también por otras
afecciones derivadas de esa enfermedad o de causas laborales. Por lo anterior,
el dictamen médico que le había sido realizado por la citada compañía no le era
aplicable, a la vez que criticó que su resultado hubiese sido apenas de un
35.10% de pérdida de capacidad laboral.
Por su parte, la
aseguradora accionada, en ejercicio de su derecho de defensa y al momento de
referirse al fondo del asunto ante el juez constitucional, señaló  que le había
informado al actor que el dictamen aportado carecía de fecha de estructuración
y que no había sido efectuado siguiendo los lineamientos del Manual Único de
Calificación de Invalidez, motivo por el cual –conforme a la cláusula 1.2 de la
póliza– debía acudir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, con el
propósito de que ésta adoptara un dictamen definitivo sobre su condición. Por
lo demás, enfatizó que el contrato establecía que la pérdida de capacidad
laboral debía ser certificada por una entidad competente y de acuerdo
con las reglas del citado manual. Con todo, en sede de revisión, la aseguradora
indicó que no le competía establecer las razones que explicaban la diferencia
porcentual dada en la pérdida de capacidad laboral del actor, entre el dictamen
por él aportado y la supuesta valoración realizada por la compañía, cuya
calificación ésta dice no haber sido realizada[107], ya que al pertenecer el
accionante a un régimen exceptuado, quien estaba facultada para ello, era la
Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército[108].
4.5.3. Las
explicaciones dadas por MAPFRE resultan opuestas a lo demostrado en el proceso,
pues la citada compañía sí utilizó varios documentos para
analizar la pérdida de capacidad laboral del actor, asunto que ella mismo
mencionó en el escrito del 15 de junio de 2011, en el que inicialmente negó el
reconocimiento de la póliza reclamada[109].
Al respecto, se observa la existencia de un Formulario de Dictamen para la Calificación
de la Invalidez elaborado por el Comité Médico de la aseguradora (entidad
denominada CISMAP), en el que se relaciona la historia clínica y exámenes
paraclínicos[110].
Por ello, no es cierto que se no haya calificado de manera alguna la incapacidad
del actor, como se afirmó en sede de revisión[111], máxime cuando le
indicó a Finanzauto que no haría efectiva la póliza, por cuanto no se había
causado el siniestro, en atención a que la pérdida de capacidad laboral del
accionante sólo alcanzaba un 35.10%[112].
Adicional a lo
expuesto, de los medios probatorios se desprende que la aseguradora dio dos
respuestas disímiles y no concomitantes para justificar la negativa de hacer
efectiva la póliza; las cuales incluso resultan contradictorias, pues en una se
cuestiona la inexistencia del señalamiento de la fecha de estructuración de la
contingencia, mientras que en la otra se dispone un día cierto. Así, en la
primera, se alegó que el actor no tenía el 50% de pérdida de capacidad laboral,
pues conforme al dictamen elaborado por el Comité Médico de MAPFRE, tan sólo
alcanzaba un 35.10% con fecha de estructuración del 18 de noviembre de 2010[113]. En la segunda, por el
contrario, se indicó que la negativa se sustentaba en que el dictamen elaborado
por la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército no tuvo en
cuenta el Manual Único de Calificación de Invalidez y que, además, carecía de
fecha de estructuración.
4.5.4. Frente a
lo señalado por la compañía, en dos momentos distintos, es preciso verificar el
contenido de la póliza suscrita, en especial, la cláusula 1.2, referente a la
incapacidad total y permanente. Esta es definida como aquella sufrida por el
asegurado “(…) que se produzca como consecuencia de lesiones orgánicas o
alteraciones funcionales que de por vida impidan a la persona desempeñar todas
las ocupaciones o empleos remunerados, para los cuales se encuentra
razonablemente calificado, en razón de su capacitación, entrenamiento o
experiencia”[114].
Igualmente, se contempló que para determinarla el asegurado debería aportar a
la Compañía “(…) su historia clínica completa y el dictamen de calificación
de la incapacidad total y permanente, que demuestre una pérdida de capacidad
laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%), certificada por una
entidad competente y conforme a las reglas del manual único para la
calificación de la invalidez”. Finalmente, se estipuló que en caso “(…)
de desacuerdo con el dictamen aportado por el asegurado, tend[ría] valor
definitivo el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del domicilio del asegurado”.
En concordancia
con lo expuesto, para efectos de acreditar la ocurrencia del siniestro y,
conforme al principio de normatividad, según la cláusula 16.2, el asegurado
debía aportar (i) el aviso de reclamo diligenciado, (ii) una solicitud de
seguro obligatoria, (iii) su historia clínica completa, (iv) un certificado
original del médico que lo asistió –indicando el origen, evolución y naturaleza
de la enfermedad–, (v) la fotocopia de su cédula, (vi) el “dictamen de
calificación que determine la incapacidad total y permanente o la invalidez por
la EPS, o la Junta Calificadora Regional de Invalidez”[115] y (vii) la
certificación del tomador del saldo de la deuda a la fecha de la estructuración
de la incapacidad.
4.5.5. Conforme
se deriva de lo expuesto, es claro que la entidad que debía elaborar el
dictamen, en atención a que el accionante se encontraba vinculado a la Fuerza
Pública, era la Junta Médico Laboral registrada en la Dirección de Sanidad del
Ejército, como efectivamente ocurrió. Ello es así porque el clausulado remite a
la “entidad competente”, lo cual habilita a todos los actores que puedan
determinar, según el régimen de seguridad social al que se encuentre afiliado
el actor, la pérdida de capacidad laboral. Si bien se señala que el dictamen
debe provenir de una “EPS o [de] la Junta Calificadora Regional de
Invalidez”, para el caso en concreto debe entenderse que la Junta Médica Laboral
de la Dirección de Sanidad del Ejército constituye una extensión de las
autoridades que integran el sistema de salud de las fuerzas militares, pues es
a ella a quien le compete determinar la pérdida de capacidad laboral al
interior de dicho sistema[116].
Esto significa
que una vez señalado por la citada Junta Médica Laboral que el actor tenía una
pérdida del 100% de su capacidad laboral, MAPFRE no podía, como lo hizo,
realizar una nueva calificación por su Comité Médico, pues dicha alternativa no
está consagrada dentro de lo pactado en el contrato de seguros. Al haber
incurrido en dicha actuación no sólo se desconoció el principio de normatividad
del contrato, sino también la garantía del debido proceso del accionante.
Ahora bien, es
posible que la aseguradora tuviese reparos respecto del dictamen realizado al
actor, como en efecto los señaló. Sin embargo, para dirimirlos debía acudir a
las reglas del contrato, conforme a las cuales la discusión se tendría que
plantear ante la Junta Regional de Calificación, quien tendría la última
palabra respecto de la determinación del grado de invalidez del actor,
únicamente para efectos de acceder a la prestación asegurada, en lugar de
realizar un Comité Médico no avalado por el contrato. Allí debió plantear que
se examinaran y definieran los dos motivos que justifican su oposición, por una
parte, precisar la condición del actor en relación con el método de valoración
previsto en el Manual Único de Calificación de Invalidez, el cual resulta
exigible de acuerdo con la cláusula 1.2 del contrato, y que no fue tenido en
cuenta en el examen realizado por la Junta Médica Laboral de la Dirección de
Sanidad del Ejército[117];
y por la otra, disponer o señalar una fecha de estructuración, para efectos de
determinar la vigencia del amparo. Al no haber obrado de esta manera, es claro
que MAPFRE desconoció el procedimiento establecido por las partes en el
contrato y con ello conculcó el derecho al debido proceso del actor.
4.5.6. Aunado a
lo anterior, en criterio de la Corte, también se desconoció el principio de la
buena fe, pues se dieron respuestas contradictorias para sustentar la negativa de
pago del riesgo asegurado, dilatando el trámite previsto para su eventual
reconocimiento. Con ello, además de no actuar de una manera acorde con la
materialización de la finalidad perseguida al momento de celebrar el negocio
jurídico, se omitió un deber legal contenido en el artículo 3 de la Ley 1328 de
2009[118],
según el cual se debe suministrar información cierta en beneficio del
consumidor para que conozca sus derechos y obligaciones[119].
4.5.7. Ahora
bien, comoquiera que las autoridades judiciales de instancia declararon
improcedente el amparo, la Sala revocará dichas decisiones y, en su lugar,
amparará el derecho fundamental al debido proceso del actor. En este orden de
ideas, y para efectos de reparar la transgresión del citado derecho fundamental,
lo procedente es que se acuda ante la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del domicilio del accionante para que ésta dirima la controversia en
torno al dictamen, conforme se estipula en la cláusula 1.2 del contrato. Por
virtud de lo anterior, le corresponderá a MAPFRE programar con la citada Junta
una fecha cierta para adelantar la revisión de la pérdida de capacidad laboral,
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
este fallo. El valor o costo de acudir a este procedimiento deberá ser asumido
en un 100% por la citada compañía, en respuesta al incumplimiento de los
principios de buena fe y diligencia debida, en los términos señalados en esta
providencia. En todo caso, una vez se expida, notifique y quede ejecutoriado el
dictamen, si el mismo da lugar al porcentaje de incapacidad que se exige para
que ocurra el siniestro, en el término máximo de tres (3) días se deberá
realizar el pago de la prestación asegurada.
Con todo, la
Sala le advertirá a la Junta Regional de Calificación de Invalidez que deberá
tener en cuenta que el actor, como soldado, tiene específicamente experiencia
para desarrollar dicha actividad, por lo que es esa formación la que habrá de
ser tenida en cuenta al momento de establecer la pérdida de su capacidad
laboral, como ya se dijo, únicamente para efectos de establecer si o es no
procedente otorgar la prestación asegurada. Así lo señala expresamente la
cláusula en mención, al disponer que: “se entiende como incapacidad total y
permanente, la sufrida por el asegurado, (...), que se produzca como
consecuencia de lesiones orgánicas o alteraciones funcionales que de por vida
impidan a la persona, desempeñar todas las ocupaciones o empleos remunerados, para
los cuales se encuentra razonablemente calificado, en razón de su capacitación,
entrenamiento o experiencia. (...)”[120].
Por lo demás, como también están en juego los intereses de Finanzauto
Factoring S.A., la Sala dispondrá que el actor deberá acudir a la Junta
Regional de Calificación en la fecha que le sea programada y notificada. En
caso contrario, y salvo justa causa, cesarán los efectos de este fallo.
En este sentido,
no escapa a la Sala que en la actualidad se adelanta un proceso ejecutivo en
contra del accionante en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja,
el cual el pasado el 11 de agosto de 2010 aprobó la liquidación del crédito y
de las costas. Frente al particular, para evitar que el amparo
resulte inane, pues el esclarecimiento de la capacidad laboral del actor daría
lugar a la consolidación o no del siniestro y de allí a la obligación de la
aseguradora de cancelar la póliza, se dispondrá que dicho proceso se suspenda
hasta tanto el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez sea
expedido, notificado y quede ejecutoriado; o en su lugar, en caso de que se acredite
la ocurrencia del siniestro, hasta el vencimiento del término dispuesto para
proceder al pago de la prestación asegurada, siempre que el actor acuda a la
fecha programada para la revisión, conforme se expuso con anterioridad.
Lo anterior, por
dos razones, en primer lugar, por cuanto de conformidad con el artículo 23 del
Decreto 2591 de 1991, el fallo “que conceda la tutela tendrá por objeto
garantizar el pleno goce de su derecho (…)”, lo que resultaría imposible si
el proceso ejecutivo continúa sin tener en consideración el resultado del
dictamen de la Junta Regional de Calificación y, por ende, la consolidación o
no del siniestro, que permita el pago de la obligación por la asegurada. Y, en
segundo lugar, porque se trata de una situación que incide en esta causa, la
cual  puede repercutir en el mínimo vital del actor, como ya se ha dicho. De
allí que, en términos prácticos, pueda considerarse que se está en presencia de
una cierta cuestión prejudicial que, a pesar de ser sustancialmente diferente,
tiene efectos en la responsabilidad de la empresa aseguradora frente a la
ocurrencia del siniestro, y en general, en el pago de la obligación que está
siendo objeto de ejecución ante las autoridades competentes.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la
sentencia proferida el 10 de marzo de 2015 por el Juzgado 27 Civil del Circuito
de Bogotá, que a su vez confirmó la providencia adoptado el 3 de febrero de
2015 por el Juzgado 23 Civil Municipal de la misma ciudad, en la que se declaró
la improcedencia de la acción de tutela. En su lugar, AMPARAR el derecho
fundamental al debido proceso del señor Antonio, en la causa instaurada
contra MAPFRE Colombia Vida Seguros SA.
Segundo.- ORDENAR a MAPFRE
Colombia Vida Seguros S.A., a través de su representante legal o de quien haga
sus veces, que en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de este fallo, adelante las gestiones y
asuma la totalidad de los costos, para programar con la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del domicilio del actor,
una fecha cierta para adelantar la revisión de su pérdida de capacidad laboral.
De esta actuación se notificará personalmente al accionante por parte de
la citada aseguradora. En todo caso, una vez se expida,
notifique y quede ejecutoriado el dictamen, si el mismo da lugar al porcentaje
de incapacidad que se exige para que ocurra el siniestro, en el término máximo
de tres (3) días se deberá realizar el pago de la prestación asegurada.
Tercero.- ADVERTIR a la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del domicilio del actor, que la
revisión de la pérdida de capacidad laboral debe ser realizada teniendo en
cuenta específicamente la experiencia y formación del accionante como miembro
de la Fuerza Pública, en los términos de la cláusula 1.2 del contrato de
seguro. Esta circunstancia deberá ser puesta de presente por la compañía
aseguradora MAPFRE.
Cuarto.- ADVERTIR al señor Antonio que deberá acudir a la Junta Regional de Calificación en la fecha
que le sea programada y notificada. En caso contrario, y salvo
justa causa, cesarán los efectos de este fallo.
Quinto.- DISPONER que el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja suspenda el proceso ejecutivo
iniciado por Finanzauto Factoring S.A. contra el señor Antonio, hasta tanto el dictamen de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez del domicilio del actor sea expedido, notificado y quede ejecutoriado;
o en su lugar, en caso de que se acredite la ocurrencia del siniestro, hasta el
vencimiento del término dispuesto para proceder al pago de la prestación
asegurada previsto en el numeral segundo de la parte resolutiva; siempre que el
actor acuda a la fecha programada para la revisión, conforme se expuso en el
numeral anterior.
Sexto.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Ley 1581 de 2012, art. 5.
[2]
Constitución Política, art. 44 y Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, art. 14.
[3]
Cabe señalar que, según el actor, la empresa demandada
trasgrede los siguientes bienes jurídicos: “la vida, [el] mínimo vital, [el]
debido proceso, la especial protección de los discapacitados, la dignidad
humana [y] el patrimonio familiar” (Cuaderno 1, folio 57). Sin embargo,
como se verá más adelante, la controversia planteada gira principalmente en torno
al derecho fundamental al debido proceso, pues el actor cuestiona los
parámetros utilizados por la empresa para hacer exigible la póliza de seguros.
[4]
Cuaderno 1, folio 68.
[5]
El valor del pagaré representa la suma del capital prestado, más los intereses
derivados de su amortización gradual prevista en el plazo de 48 meses,
incluyendo el valor de una prima mensual de seguros. En el pagaré se describe
cada concepto y las tasas que sirven para su cálculo. Cuaderno 3, folio 47.
[6]
Al referirse al grupo asegurable, la cláusula 2 de la póliza señala que:
“Quedarán amparadas bajo el presente contrato de seguros todos los deudores
y/o codeudores y/o colocatarios y/o locatarios y/o avalistas que sean deudores,
de obligaciones que contraigan con FINANZAUTO FACTORING S.A que hayan contraído
deudas con el tomador, que sean reportadas por el tomador y cumplan con los
requisitos de asegurabilidad establecidos en este documento. // El listado de
asegurados deberá ser enviado por el tomador mensualmente en medio magnético y
contener la siguiente información por deudor, con el fin de efectuar la emisión
del cobro mensual: - No. de crédito u obligación; - documento de identidad; -
nombre y apellidos; - fecha de nacimiento; - fecha de desembolso; - los
porcentajes de extra prima si los hubiere”. Cuaderno 3, folios 83 y 84.
[7]
Cuaderno 3, folio 81.
[8]
En la comunicación que se acompaña como prueba se afirma
expresamente lo siguiente: “De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula
anterior [sobre el particular se cita la supuesta cláusula referente a la
incapacidad total y permanente], el comité médico de MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS S.A. expidió el dictamen de calificación de invalidez N2515/29/06/2011,
en el cual se declara que el señor (…) posee una pérdida de capacidad laboral
del 35.10%, con fecha de estructuración el 18 de noviembre de 2010, y de origen
común, por un diagnóstico de SIDA A3 e HIPOACUSIA AO secundaria a trauma
acústico. (…) Toda vez que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que
presenta el señor (…) es inferior al 50% necesario para que haya lugar a la
indemnización por el amparo de incapacidad total y permanente, según la
cláusula primera de las condiciones especiales del seguro de vida contratado,
MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A. no está llamada a reconocer en esta
oportunidad suma alguna por este concepto”. Cuaderno 1, folio 41.
[9]
En el aparte pertinente del artículo 1.2 de la póliza se dispone que: “(…)
En caso de desacuerdo con el dictamen aportado por el asegurado, tendrá valor
definitivo el dictamen emitido por la junta regional de calificación de
invalidez del domicilio del asegurado. (…)”.
[10]
En la misma disposición de la póliza previamente transcrita se establece que: “(…)
Para la determinación de la incapacidad total y permanente, el asegurado deberá
aportar a la compañía su historia clínica completa y el dictamen de
calificación de la incapacidad total y permanente, que demuestre una pérdida de
capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%), certificada
por una entidad competente y conforme a las reglas del manual único para la
calificación de la invalidez. (…)”. Énfasis por fuera del texto
original.
[11]
Textualmente, se manifiesta que: “En síntesis, el dictamen aportado tiene
plena validez para efectos de habérsele reconocido al asegurado la pensión de
invalidez, sin embargo, como ya fue explicado, el mismo no cumple con los
requisitos contractuales para el pago de la indemnización total y permanente,
así las cosas esta Compañía Aseguradora le solicita indicarle al asegurado que
acuda a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que sea calificado
por dicho ente conforme al Manual Único de Calificación de Invalidez, y el
pago de los honorarios para tal fin, será excepcionalmente asumido por mi
representada en este caso en particular”. Énfasis por fuera del texto
original.
[12]
Cuaderno 1, folios 96 a 100.
[13]
Cuaderno 1, folio 98.
[14]
Sobre el particular, se cita y resalta el siguiente aparte de la póliza: “1.2.
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE. Mediante el presente amparo se
indemnizará al asegurado hasta la suma indicada, cuando este sea declarado
incapacitado, de acuerdo con la siguiente definición: Se entiende como
incapacidad total y permanente, la sufrida por el asegurado, que haya sido
ocasionada y se manifieste estando asegurado bajo el presente amparo, que se
produzca como consecuencia de lesiones orgánicas o alteraciones funcionales que
de por vida impidan a la persona, desempeñar todas las ocupaciones o empleos
remunerados, para los cuales se encuentra razonablemente calificado, en razón
de su capacitación, entrenamiento o experiencia. Se entenderá la fecha de
estructuración de la incapacidad, como la fecha de siniestro, siempre y cuando
ocurra dentro de la vigencia del amparo, la incapacidad no sea
provocada por el asegurado y persista por un período continuo no menor a cuento
cincuenta (150) días, contados a partir del primer diagnóstico médico de la
incapacidad total y permanente. (…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[15]
Ibídem.
[16]
Existe un error de digitación en la sentencia, pues figura como año de adopción
de la decisión el 2014, cuando la demanda fue admitida el 23 de enero de 2015.
[17]
En uno de los apartes del fallo se expuso que: “(…) se observa, que a pesar
de que el actor se encuentra actualmente separado del servicio prestado al
Ejército Nacional, lo cierto es que no manifiesta que se encuentre limitado
físicamente para impetrar la respectiva solicitud de conciliación y/o demanda
ordinaria a fin de dirimir el conflicto que mediante la presente acción de
tutela pone en conocimiento del despacho; es por ello que este juzgador se
encuentra impedido para invadir competencias asignadas por la ley a fin de
dilucidar las diferencias surgidas en una relación patrimonial como lo es la
contenida en un contrato de seguros (…)”. Cuaderno 1. Folio 116.
[18]
Entre las sentencias que citó se hallan las siguientes: T-342
de 2013, T-222 de 2014, T-1018 de 2010, T-262 de 2005 y T-843 de 2004.
[19]
Expresamente se manifestó que: “En el caso materia de estudio, el
peticionario cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, puesto que lo
pretendido es el pago de la póliza de seguros por incapacidad total y
permanente originada en un contrato de seguros, por lo tanto la acción de
tutela no puede utilizarse para dirimir controversias de carácter contractual,
ya que existe otro órgano encargado de dirimir estas controversias y al juez de
tutela le está vedado inmiscuirse en asuntos de otra naturaleza”. Cuaderno
2, folio 6.
[20]
Cuaderno 1, folio 43.
[21]
Cuaderno 1, folio 48.
[22]
En concreto se formularon las siguientes preguntas: “Qué
justifica la diferencia porcentual entre la calificación de pérdida de
capacidad laboral dada por el comité médico de la empresa [al accionante] (de
35.10%) y aquella dictaminada por la Junta Médico Laboral de la Dirección de
Sanidad del Ejército (…)”; “Cómo se efectuó la evaluación del actor y si en
ella intervinieron diferentes especialidades médicas. En tal caso, cuáles
fueron”.
[23]
Cuaderno, 3 folio 17. Sobre el particular es preciso resaltar
que el Decreto 1507 de 2014 (Por el cual se expide el Manual Único
para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional) derogó de forma expresa el Decreto 917 de 1999, previamente
citado. Al respecto, el artículo 6 dispone que: “El presente
decreto deroga el Decreto número 917
de 1999 y las demás disposiciones que le sean contrarias.”
[24]
“Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad
sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional,
soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal
civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”
[25]
"Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la
disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades,
indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones,
de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos de las escuelas de formación
y sus equivalentes en la  Policía Nacional, personal civil al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no
uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de
la Ley 100 de 1993".
[26]
Cuaderno 3, folio 22.
[27]
Cuaderno 3, folio 45. Según se afirma la deuda asciende a $
207.452.698 pesos.
[28]
Cuaderno 3, folio 63.
[29]
Cuaderno 3, folio 56.
[30]
Cuaderno 3, folio 58.
[31]
Cuaderno 3, folio 63.
[32]
Cuaderno 3, folio 64.
[33]
Cuaderno 3, folio 65.
[34]
Ibídem.
[35]
Cuaderno 3, folio 72.
[36]
Cuaderno 3, folio 48.
[37]
Cuaderno 3, folio 64.
[38]
Cuaderno 3, folio 65.
[39]
Cuaderno 1, folios 11 a 12.
[40]
Cuaderno 1, folio 3.
[41]
Cuaderno 1, folios 4 a 7.
[42]
Cuaderno 3, folio 21.
[43]
Cuaderno 1, folio 37.
[44]
Cuaderno 1, folio 40.
[45]
Cuaderno 1, folios 42 a 43.
[46]
Cuaderno 1, folio 41.
[47]
Cuaderno 1, folios 40 a 41.
[48]
Cuaderno 1, folios 13 a 14.
[49]
Cuaderno 1, folios 45 a 47.
[50]
Cuaderno 1, folios 48.
[51]
Cuaderno 3, folio 21.
[52]
Ibídem.
[53]
Cuaderno 3, folios 45 y 46.
[54]
Cuaderno 3, folio 63.
[55]
La cláusula 5 de la póliza dispone que: “5. VALOR
ASEGURADO. El valor asegurado para cada deudor será el establecido en la
solicitud de seguro y como mínimo el valor inicial del crédito. // El Tomador,
es el primer beneficiario del seguro de cada deudor hasta el saldo insoluto de
la deuda, en caso del fallecimiento o de la incapacidad total y permanente del
asegurado. // [El] saldo insoluto se define como: El capital no pagado más los
intereses corrientes, intereses moratorios y otros gastos incluyendo las primas
de seguros dejadas de pagar. // Si quedare algún remanente del valor asegurado,
se entregará a los beneficiarios designados por el asegurado, si los hubiere,
si no, a los beneficiarios de ley. // LIMITE MÁXIMO ASEGURADO POR DEUDOR EN UNO
O VARIOS CRÉDITOS DE $ 2.000.000.000”.
[56]
El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 consagra las hipótesis de procedencia
de la acción de tutela contra particulares.
[57]
Al respecto, entre otras, se pueden consultar las Sentencias T-233 de 1994,
T-457 de 1995, T-100 de 1997,          T-1386 de 2000, T-143 de 2000, T-317 de
2001, T-874 de 2001 y T-163 de 2002, T-385 de 2002, T-595 de 2003, T-108 de
2005 y T-661 de 2008.
[58]
Así, por ejemplo, el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo define a los
servicios públicos como: “toda actividad  organizada  que  tienda  a
satisfacer  necesidades  de  interés  general  en  forma  regular  y continua,
de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado
directa o indirectamente, o por personas privadas”. Por su parte, el
artículo 3 de la Ley 80 de 1993, reitera la misma definición al considerar a
los servicios públicos como aquellos “que están destinados a satisfacer
necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la
dirección, regulación y control del Estado, así como aquéllos mediante los
cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus
fines”. Por lo anterior, en la Sentencia T-215 de 2003, M.P. Álvaro Tafur
Galvis, se explicó que: “en el marco de la Constitución vigente, bien
puede afirmarse, que no toda actividad de interés público es servicio
público y (…) ha de estar sujeta necesariamente a las reglas del servicio
público”. De esta manera, a manera de ilustración, el seguro obligatorio de
accidentes de tránsito si ha sido categorizado como servicio público, en razón
de alcance, objeto y cobertura. Véase, al respecto, la Sentencia T-105 de 1996,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[59]
El artículo 335 de la Constitución Política dispone que: “Las
actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que
se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés
público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a
la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas
materias y promoverá la democratización del crédito.”
[60]
Sentencia T-136 de 2013, M.P Jorge Iván Palacio Palacio.
[61]
Sentencia T-813 de 2012, M.P Nilson Pinilla Pinilla.
[62]
Sentencia T-1008 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[63]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[64]
Subrayado por fuera del texto original.
[65]
Véanse, entre otras, las Sentencias T-336 de 2009,  T-436 de 2009, T-785 de
2009, T-799 de 2009, T-130 de 2010 y T-136 de 2010.
[66]
Sentencia T-723 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[67]
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[68]
Véanse, además, las Sentencias T-179 de 2003, T-500 de 2002, T-135 de 2002,
T-1062 de 2001, T-482 de 2001, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000,
T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999,            T-554 de 1998, T-384
de 1998 y T-287 de 1995.
[69]
Sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[70]
Véanse, entre otras, las Sentencias T-225 de 1993 y T-808 de 2010.
[71]
Véanse, entre otras, las Sentencias T-106 de 1993 y T-100 de 1994.
[72]
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[73]
Igual doctrina se encuentra en las Sentencias T-203 de 1993, T-483 de 1993 y
T-016 de 1995.
[74]
Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[75]
Sobre el particular, el artículo 1036 del Código de Comercio dispone que: “El
seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución
sucesiva”.
[76]
Al respecto, pueden consultarse -entre otras- las Sentencias T-490 de 2009 y
T-328A de 2012.
[77]
Cuaderno 1, folios 11 a 12.
[78]
Cuaderno 1, folios 13 a 14.
[79]
Cuaderno 1, folios 40 a 41.
[80]
Cuaderno 1, folio 48.
[81]
Véase, al respecto, el acápite 4.3.3.5 de esta providencia.
[82]
Sobre dicha condición se pueden consultar las Sentencias T-469 de 2004, T-919
de 2006, T-602 de 2007 y T-327 de 2014. En esta última se manifestó que: “La
Constitución Política consagra una protección especial para las personas que en
razón de sus condiciones físicas se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta (art. 13, CP), y la jurisprudencia constitucional ha sostenido
pacíficamente que esa protección se predica de los portadores del VIH-SIDA, en
tanto con el paso del tiempo experimentan un deterioro físico que les impone
limitaciones para proveerse autónomamente los bienes indispensables para
satisfacer sus necesidades básicas, entre otras. Dicha protección especial no
es meramente retórica, sino que tiene un contenido específico dentro del
ordenamiento jurídico, que en materia de estudio de procedibilidad de la acción
de tutela impone a las autoridades judiciales especial diligencia, cuidado y
atención en el examen formal, teniendo presente que tal grupo poblacional
merece un trato preferencial frente a los demás ciudadanos, ya que, como se
dijo, padecen un deterioro paulatino y constante de su salud.” M.P. María
Victoria Calle Correa.
[83]
Sentencia T-279 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[84]
Véanse, entre otras, las Sentencias SU-961 de 1999, T-344 de 2000, T-1169 de
2001, T-105 de 2002, T-575 de 2002, T-843 de 2002, T-315 de 2005, T-993 de 2005
y T-1140 de 2005.
[85]
Sentencia T-279 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[86]
Cuaderno 1, folio 66.
[87]
Cuaderno 1, folio 48.
[88]
Cuaderno 3, folios 45 y 46.
[89]
Cuaderno 3, folio 63.
[90]
Al respecto, entre otras, pueden consultarse las Sentencias
T-398 de 2014, T-222 de 2014, T, 058 de 2014, T.826 de 2012 y T-751 de 2012.
[91]
Ver, por ejemplo, las Sentencias T-557 de 2013 y T-662 de
2013.
[92]
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las Sentencias
T-902 de 2013 y T-328 A de 2012.
[93]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[94]
M.P. María Victoria Calle Correa
[95]
Sobre el particular se dijo que: “Según lo que se
puede observar del expediente, no es válido afirmar que el contrato de seguro
imponga acreditar el siniestro sólo mediante una certificación de la Junta
Regional de Calificación. No puede arribarse a esa conclusión razonablemente,
porque de la expresión ‘con base en el manual de calificación de invalidez del
sistema de seguridad social’ no puede inferirse que sea sólo esa junta la que
pueda llevar a cabo la calificación. Una cosa distinta es que quién califica
debe tener en cuenta el manual de calificación de invalidez del sistema de
seguridad social. // (…)Partiendo de una interpretación literal de la
cláusula que Liberty Seguros S.A. aporta como sustento de su dicho, sólo puede
afirmarse que el contrato estipula que la incapacidad total y permanente es
toda invalidez superior al 50%, examinada con base en el manual único de
calificación del sistema de seguridad social. Pero no que ese certificado deba
ser expedido por la Junta Regional de Calificación. En ningún aparte se
menciona el nombre de esa autoridad. Simplemente se describe qué debe
entenderse como riesgo asegurable para efectos del contrato, y se hace alusión
al sistema de seguridad social para referirse a las directrices por medio de
las cuales debe evaluarse la invalidez. (…)Está demostrado que el
contrato de seguro pactado, no restringe la prueba del siniestro al dictamen de
la Junta Regional de Calificación, porque esa condición no está claramente
estipulada en el negocio jurídico. En consecuencia, estima la Sala que opera un
sistema de libertad probatoria del siniestro, es decir, que la actora podía
recurrir a otros mecanismos de evidencia para demostrar la ocurrencia del
riesgo amparado.”
[96]
Textualmente, se señaló lo siguiente: “Liberty Seguros S.A. le impuso
entonces a la accionante una carga injustificada que no tenía la obligación de
cumplir, y desconoció las cláusulas pactadas por las partes y los principios de
buena fe contractual e interpretación favorable al consumidor. El derecho
fundamental al debido proceso (art. 29, C.P.), como lo ha entendido la Corte
para los casos en los cuales se examina la actuación de una aseguradora,
estipula que las determinaciones acerca de si se reconoce o no un derecho deben
estar basadas en las condiciones previamente pactadas, sin desconocimiento del
marco legal. En este caso, la demandada utilizó una interpretación particular
del contrato de seguro para afirmar que la accionante debía acudir a la Junta
Regional de Calificación para demostrar el siniestro, pero no observó que en
realidad esa restricción probatoria no estaba consagrada, ni podía imponerse
partiendo de una lectura favorable al usuario”
[97]
Sobre el particular, se expuso que: “Para la Corte (1) la circunstancia
relativa a la posibilidad de acceder a un ingreso estable a partir del
reconocimiento de la pensión cuya solicitud se encuentra en curso; unida (2) a
la constatación de que el comportamiento de la aseguradora, atendiendo el
alcance de la cláusula no se evidencia abiertamente arbitrario” implicaban
que el caso no estuviese llamado a prosperar, sobre todo ante la existencia de
otros mecanismos de defensa judicial.
[98]
Énfasis por fuera del texto original.
[99]
Código de Comercio, art. 1037.
[100]
El mismo artículo contempla que: “Los hechos ciertos, salvo
la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo
tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituyen riesgo la
incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no
cumplimiento”.
[101]
El artículo 1072 del Código de Comercio dispone que: “Se
denomina siniestro la realización del riesgo asegurado”.
[102]
El artículo 1047 establece lo siguiente: “La
póliza de seguro debe expresar además de las condiciones generales del
contrato: // 1) La razón o denominación social del asegurador; // 2) El nombre
del tomador; // 3) Los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de
identificarlos, si fueren distintos del tomador; // 4) La calidad en que actúe
el tomador del seguro; // 5) La identificación precisa de la cosa o persona con
respecto a las cuales se contrata el seguro; // 6) La vigencia del contrato,
con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de
determinar unas y otras; // 7) La suma aseguradora o el modo de precisarla; //
8) La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago; // 9) Los riesgos
que el asegurador toma su cargo:// 10) La fecha en que se extiende y la firma
del asegurador, y // 11) Las demás condiciones particulares que acuerden los
contratantes. // PARÁGRAFO. <Parágrafo subrogado por el artículo
2o. de la Ley 389 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> En los casos en
que no aparezca expresamente acordadas, se tendrán como condiciones del
contrato aquellas de la póliza o anexo que el asegurador haya depositado en la
Superintendencia Bancaria para el mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y
tipo de riesgo.”
[103]
El texto del artículo citado es el siguiente: “Corresponde al asegurado
demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si
fuere el caso. // El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias
excluyentes de su responsabilidad.”
[104]
Al respecto, puede consultarse: OSPINA FERNÁNDEZ, G, Y OSPINA
ACOSTA, E, Teoría General del Contrato y de los demás actos o negocios
jurídicos, Séptima Edición, Bogotá, Editorial Temis, 2005.
[105]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[106]
Sentencia T-902 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[107]
Textualmente se dijo que: “En torno a cómo se efectuó la calificación de
pérdida de capacidad laboral al actor y respecto a si en dicha calificación
intervinieron diferentes especialidades médicas, reiteramos que MAPFRE COLOMBIA
VIDA SEGUROS S.A. no lo calificó, quien lo calificó fue la Junta Médica Laboral
de la Dirección de Sanidad del Ejército, que para tal efecto es la legitimada
para dar respuesta al presente interrogante”. Cuaderno 3, folio 56.
[108]
Cuaderno 3, folio 56.
[109]
Cuaderno 1, folios 40 a 41.
[110]
Cuaderno 1, folios 42 a 43
[111]
Cuaderno 3, folio 56.
[112]
Cuaderno 1, folios 40 a 41.
[113]
Ibídem.
[114]
Cuaderno 3, folio 64.
[115]
Cuaderno 3, folio 72.
[116]
Precisamente, el artículo 14 del Decreto 1796 de 2000 dispone que: “Son
organismos médico-laborales militares y de policía: 1. El Tribunal Médico-Laboral
de Revisión Militar y de Policía; 2. La Junta Médico-Laboral Militar o de
Policía. // Son autoridades Medico-Laborales militares y de policía: 1. Los
integrantes del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. 2.
Los integrantes de las Juntas Médico-Laborales. 3. Los médicos generales y
médicos especialistas de planta asignados a Medicina. 4. Laboral de las
Direcciones de Sanidad de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.” Énfasis
por fuera del texto original.
[117]
Así lo señaló la Dirección de Sanidad del Ejército, como
previamente se dijo, en oficio del 30 de julio de 2015.
[118]
“Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado
de valores y otras disposiciones.”
[119]
El literal C del mencionado artículo dispone que: “Transparencia
e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades
vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información
cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita, especialmente, que los
consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y
los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas”.
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Énfasis por fuera del texto original.