C-175-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-175/04
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Terminación unilateral del contrato de
trabajo sin justa causa
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Indemnización por falta de pago
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Apoyo de sostenimiento mensual en
modalidades de contrato de aprendizaje
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Unidad de empresa
Referencia: expediente D-4796
Demandantes: Ligia Cielo Romero Marín y Rafael Rodríguez Meza
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 28, 29, 31 y 48 (parciales) de la Ley
789 de 2002.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D. C., dos
(2) de marzo de dos mil cuatro (2004).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos de
trámite establecidos en el  Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad los
ciudadanos Ligia Cielo Romero Marín y Rafael Rodríguez Meza demandaron
parcialmente los artículos 28, 29, 31 y 48 de la Ley 789 de 2002.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede
a decidir acerca de la demanda en referencia.
II. NORMA DEMANDADA
El
texto de las disposiciones demandadas es el siguiente:
LEY 789 DE 2002
(diciembre 27)
por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de
Trabajo.
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
DEFINICION SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL
(…)
“Artículo
28. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa.
El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6º
de la Ley 50 de 1990, quedará así:
Artículo
64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En
todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por
incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la
parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño
emergente.
En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa
causa comprobada, por parte del empleador o si éste da lugar a la terminación
unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas
contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una indemnización en los términos
que a continuación se señalan:
En los contratos a término fijo, el valor de los salarios
correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del
contrato; o el del lapso determinado por la duración de la obra o la labor
contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a quince (15)
días.
En los contratos a término indefinido la indemnización
se pagará así:
a) Para
trabajadores que devenguen un salario inferior a diez (10) salarios mínimos
mensuales legales:
1.
Treinta (30) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio
no mayor de un (1) año.
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de
servicio continuo se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre
los treinta (30) básicos del numeral 1, por cada uno de los años de servicio
subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción;
b) Para trabajadores que devenguen un salario igual o
superior a diez (10), salarios mínimos legales mensuales.
1. Veinte (20) días de salario cuando el trabajador
tuviere un tiempo de servicio no mayor de un (1) año.
2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de
servicio continuo, se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre
los veinte (20) días básicos del numeral 1 anterior, por cada uno de los años
de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
Parágrafo transitorio. Los trabajadores que al momento de entrar en
vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo
del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los
literales b), c) y d) del artículo 6° de la Ley 50 de 1990, exceptuando el
parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los trabajadores que
tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991.
Artículo
29. Indemnización por falta de pago.
El artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así:
Artículo 65. Indemnización por falta de pago:
1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador
los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados
por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como
indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo,
hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el
período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la
fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación
por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento
judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la
tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la
Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25)
hasta cuando el pago se verifique.
Dichos intereses los pagará el empleador sobre las
sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en
dinero.
2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador
se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante
el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del
lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la
controversia.
Parágrafo 1°. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo
establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador
le deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada,
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el
estado de pago de las cotizaciones de Seguridad Social y parafiscalidad sobre
los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del
contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Si el
empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del
contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las
cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de
mora.
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el inciso 1º de este
artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1)
salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo
dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente.
Artículo
31. Modalidades especiales de formación técnica, tecnológica, profesional y
teórico práctica empresarial.
Además de lo dispuesto en el artículo anterior, se consideran modalidades de
contrato de aprendizaje las siguientes:
a) Las prácticas con estudiantes universitarios, técnicos o tecnólogos
que las empresas establezcan directamente o con instituciones de educación
aprobadas por el Estado, de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994
o normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, que establezcan dentro de
su programa curricular este tipo de prácticas para afianzar los conocimientos
teóricos. En estos casos no habrá lugar a brindar formación académica,
circunscribiéndose la relación al otorgamiento de experiencia y formación
práctica empresarial. El número de prácticas con estudiantes universitarios
debe tratarse de personal adicional comprobable con respecto al número de
empleados registrados en el último mes del año anterior en las Cajas de
Compensación;
b) La realizada en las empresas por jóvenes que se encuentren cursando
los dos últimos grados de educación lectiva secundaria en instituciones
aprobadas por el Estado;
c) El aprendiz alumno matriculado en los cursos dictados por Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con el artículo 5° del Decreto 2838
de 1960;
d) El aprendiz de capacitación de nivel semicalificado. Se entiende
como nivel de capacitación semicalificado, la capacitación teórica y práctica
que se oriente a formar para desempeños en los cuales predominan procedimientos
claramente definidos a partir de instrucciones específicas (por ejem.
Auxiliares de mecánica, auxiliares de cocina, auxiliares de electricista,
plomería, etc.). Para acceder a este nivel de capacitación, las exigencias de
educación formal y experiencia son mínimas. Este nivel de capacitación es
específicamente relevante para jóvenes de los estratos más pobres de la
población que carecen de, o tienen bajos niveles de educación formal y
experiencia.
Parágrafo. En
ningún caso los apoyos de sostenimiento mensual de que trata la presente ley
podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos
arbitrales recaídos en una negociación colectiva.
Artículo
48. Unidad de empresa. Se entenderá por
empresa la unidad de producción de bienes o de servicios constituida para
realizar una actividad económica con fines de lucro. Las Unidades de
producción o las personas jurídicas vinculadas económicamente a una misma
persona natural o jurídica conservarán su independencia para efectos laborales
y prestacionales, sin que entre ellas se desprenda una unidad de negocio o de
empresa en ningún caso, así comercialmente conformen un grupo empresarial.”
(Se subraya lo demandado.)
III.
LA DEMANDA
Los demandantes  solicitan declarar la inconstitucionalidad
de los incisos 5 a 12 del artículo 28; del inciso primero del numeral primero
parcial y del parágrafo 2 del artículo 29; del parágrafo del artículo 31, y del
artículo 48 parcial, todos de la Ley 789 de 2002,  por cuanto violan los artículos
32, 25 y 53 de la Constitución Política.
1. Sobre la inconstitucionalidad
de los incisos 5 a 12 del artículo 28 de la Ley 789 de 2002
Respecto de estos apartes, argumentan que son
contrarios al artículo 13 constitucional, que consagra el principio a la
igualdad, pues  establecen una discriminación sin razones objetivas ni
razonables, y sin ningún fin legítimo, en relación con el pago de la
indemnización por terminación injusta del contrato de trabajo. En efecto, las
normas supeditan la indemnización a dos condiciones: 1. Que el trabajador
devengue un salario inferior a diez salarios mínimos legales mensuales y 2. Que
el trabajador devengue un salario igual o superior a diez salarios mínimos
legales mensuales.
Señalan que el principio de igualdad, consagrado a
nivel constitucional y legal, es un principio según el cual todos los
trabajadores tienen las mismas protecciones y garantías, independientemente del
carácter intelectual o material de su labor, de su contratación o del valor de
su remuneración.  Precisamente, el artículo demandado establece una
discriminación injusta al tarifar la indemnización por despido injusto de
acuerdo con la remuneración de los trabajadores.
Se preguntan si la Ley 789 de 2002 está cumpliendo los
objetivos para los que fue creada, es decir, generar  al menos 640.000 empleos
durante los próximos cuatro años  y  si, además,  es proporcionado y justo el
trato diferencial que se consigna en este artículo en razón al monto de la
remuneración de los trabajadores. Responden que no a ambos interrogantes. En
relación con el primero, exponen que la nueva tabla de indemnizaciones ofrece a
los empleadores una herramienta para terminar los contratos sin justa causa, ya
que se disminuyó el monto de la indemnización debida. Sobre el segundo,
plantean que se está creando una diferenciación que viola el artículo 13 de la
Constitución.
2. Sobre la inconstitucionalidad parcial del numeral 1
y del parágrafo 2 del artículo 29 de la Ley 789 de 2002.
A su juicio, esta disposición
también es violatoria del artículo 13 constitucional, pues “establece un trato
diferente  en relación al pago de la sanción moratoria para aquellos
trabajadores que devenguen más de un salario mínimo legal en comparación con
aquellos que devengan hasta un SMLMV”.
La finalidad de
la sanción moratoria por falta de pago, establecida desde 1950 con la
expedición del Código Sustantivo del Trabajo, es sancionar al empleador que se
muestre renuente a cancelar salarios y prestaciones sociales a la terminación
del contrato de trabajo. Pero, anota, de esta protección estaría privado el
trabajador que, por ejemplo, gana 333.000 pesos, tan solo porque gana  mil
pesos más que quien devenga un salario mínimo. Con ello se crearía, entonces,
una discriminación inconstitucional.
3. Sobre la
inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 de 2002
Consideran que
esta disposición viola lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución, que
“garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones
laborales, con las excepciones que señale la ley” y establece como deber del
Estado promover la concertación y demás medios de solución pacífica de los
conflictos de trabajo. Señalan que el parágrafo no está prohibiendo la negociación
colectiva para regular los apoyos de sostenimiento mensual solo en los sectores
“exceptuados por ley”,  sino que “prohíbe sobre este punto  la negociación
colectiva, es decir en convenciones colectivas de trabajo o laudos arbitrales
para todos los trabajadores y empleadores colombianos”, lo cual, a su juicio,
es muy grave, dado que Colombia aprobó los Convenios 151 y 154 de la OIT, a
través de las Leyes 411 de 1997 y 524 de 1999, respectivamente.
Concluyen su
argumentación aduciendo que “no puede existir ninguna razón o justificación de
orden legal para que una ley en Colombia prohíba a los empleadores, a los
trabajadores y a los árbitros que integran los tribunales de arbitramento
obligatorios no pactar en convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos
o laudos arbitrales cláusulas o artículos que acuerden que una empresa tendrá
aprendices vinculados mediante contrato de trabajo”.
4. Sobre la
inconstitucionalidad parcial del artículo 48 de la Ley 789 de 2002
Mencionan que ya
en anteriores oportunidades  se había intentado eliminar la figura de la unidad
de empresa. Así se hizo, por ejemplo, a través del artículo 75 de la Ley 550 de
1999, que derogaba el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual
fue declarado inexequible en la sentencia C-1185 de 2000.
Argumentan que este artículo viola el principio de
favorabilidad laboral, los derechos adquiridos de los trabajadores y el derecho
de igualdad. Precisan la finalidad de la figura de la unidad de empresa con un
aparte de una sentencia del 4 de noviembre de 1972 del Consejo de Estado,
Sección Primera, que reza: “(...) la declaratoria de unidad de empresa tiene
por objeto hacer prevalecer, para los efectos indicados, la realidad económica
sobre la jurídica, bajo el concepto de ‘unidad de explotación económica’ que no
puede confundirse con el de sociedad" .
Por otra parte, señalan que esta disposición  va en
contravía del principio de la primacía de la realidad social, pues pretende que
los trabajadores que laboren en filiales o subsidiarias de empresas
económicamente más poderosas no puedan acceder a los mismos beneficios
salariales  de quienes trabajan para la principal.  Aducen que con ello se
desfavorece injustamente a los trabajadores y se beneficia en forma
desproporcionada a los empleadores.
Precisan que la norma viola el principio de los
derechos adquiridos, pues  “acaba con derechos adquiridos por trabajadores que
laboran en filiales o subsidiarias de las empresas matrices, al impedírseles
gozar de los mismos beneficios salariales o prestacionales de que gozan los
trabajadores de la empresa principal”. Añaden que la norma tampoco está acorde
con el principio de favorabilidad, según el cual debe garantizársele al
trabajador la aplicación de la norma mas favorable.
Finalmente, los actores solicitan que el juicio de
constitucionalidad de todas las normas demandadas sea muy severo,  por cuanto
ellas atentan contra los derechos de un sector muy vulnerable y especialmente
protegido por la Constitución: los trabajadores. Además, piden que se declare
que la sentencia de inconstitucionalidad surtirá efectos ex-tunc, es
decir, desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002, pues
están en juego los derechos  de los trabajadores.
IV. INTERVENCIONES
1.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
INDUSTRIALES (ANDI)
El
representante de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) intervino en el
proceso para defender la constitucionalidad de las normas demandadas.
En primer lugar, se refiere a los argumentos acerca de
la violación del principio de la igualdad. Señala que  en la jurisprudencia de
la Corte se ha reiterado el concepto de igualdad entre iguales y de desigualdad
entre desiguales (C-221/92), por lo cual se permiten las diferenciaciones
siempre que estas sean objetivas y razonables (T-422/92). En este sentido,
afirma que para que una norma viole este principio se debe referir  a sujetos
homogéneos. Al respecto afirma que un trabajador que devenga un salario mínimo
no está en las mismas condiciones que un trabajador que percibe 20 salarios
mínimos:  “Así, el hecho que el legislador  decida proteger con una mayor
retribución económica a los trabajadores de menores recursos, es un
parámetro razonable y justificado, además de obedecer a la justicia social
y por lo tanto constitucional”.
En un segundo
plano, y en respuesta a los argumentos de los demandantes acerca de la
vulneración de los derechos adquiridos, precisa que la potestad legislativa es
un principio que no se pierde por la expedición de una norma anterior. Cita al
respecto la sentencia C-789 de 2002, en la que se sostuvo:
“el legislador no está obligado a mantener en el
tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes
en un momento determinado. Ello se debe a que, por encima de cualquier protección
a estos intereses, prevalece su potestad configurativa”.
De lo anterior
deduce que el Congreso puede modificar las leyes laborales, para adaptarlas a
las necesidades del momento. Afirma que los actores tienen una confusión
respecto del concepto de derechos adquiridos, ya que este se aplica a
relaciones consolidadas y supuestos cumplidos en el momento en que se encuentre
vigente una norma, y no a la mera expectativa de acceder a los beneficios de la
norma.
En último lugar, se ocupa de contrarrestar los
argumentos presentados contra el artículo 48, respecto de la unidad de empresa.
A su juicio, en este caso no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada
material,  pues no hay identidad entre el artículo 48 de la Ley 789 de 2002 y
el artículo 75 de la Ley 550 de 1999, declarado inexequible mediante la
sentencia C-1185/00: mientras el segundo derogaba todo el artículo 194
del CST, el primero tan solo modifica el concepto de empresa y de unidad
de empresa. Por eso, asevera que en este punto la demanda, que no desarrolla
los argumentos por los cuales esta norma sería contraria a la Constitución, tan
solo expresa una inconformidad con la nueva noción de unidad de empresa.
Además, anota que, dado que el artículo 194 del CST -
que fue subrogado por el artículo 32 de la Ley 50 de 1990 - es anterior a la
Ley 222 de 1995, que introdujo cambios importantes en las causales de
subordinación entre empresas y la figura del grupo empresarial,  lo que
pretende este artículo 48 de la Ley 789 de 2002, ahora demandado, es regular la
empresa con base en los nuevos conceptos introducidos por la Ley 222 de 1995.
Por ello, considera que el análisis que ahora realice la Corte Constitucional
sobre este artículo debe ser diferente al que en su momento hizo en la
sentencia C-1185 de 2000.
Para terminar, indica que los motivos que dieron lugar
a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 75 de la Ley 550 de 1999 no
se presentan en este caso. Las razones que sustentaron la inexequibilidad en la
sentencia C-1185/00 se resumen en que esa disposición desconocía los principios
de unidad de materia, favorabilidad laboral y los derechos adquiridos. Estos
motivos no son predicables de la norma demandada (Art. 48 Ley 789 de 2002),
pues señalar el desconocimiento de la unidad de materia implicaría ignorar los
“fundamentos fines, contenido y hasta el título mismo de la leyes 550/99 y
789/02”. Tampoco se viola el principio de favorabilidad, pues ambos artículos
son diferentes, y al producir efectos hacia el futuro, la norma demandada no vulnera
derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas en favor de los
trabajadores. Además, la legislación colombiana consagra distintos mecanismos
para evitar el fraude a terceros,  tales como las acciones de simulación y
nulidad, la inoponibilidad, la teoría del abuso del derecho y la desestimación
de la personería jurídica.
2.
MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL
El apoderado del Ministerio de la Protección Social
solicitó que se declarara la constitucionalidad de las normas impugnadas.
Estima que los incisos demandados del artículo 28 de
la Ley 789 de 2002 no violan la Constitución, ya que, como se expuso en las
ponencias conjuntas para el primer debate al proyecto de ley, la Ley 50 de 1990
“al cambiar la estabilidad a los diez años por una tabla indemnizatoria mas
alta, no mejoró la estabilidad de los trabajadores. Las estadísticas al
respecto no mienten, pues registran que en el rango de más de 10 años de
antigüedad se encuentra el 45% de los despidos, en el último decenio.”
Además, esta disposición también es respetuosa del
principio de igualdad, pues establece una diferenciación que es objetiva y
razonable. Asevera, entonces, que la norma en realidad persigue desarrollar los
preceptos constitucionales que se afirman vulnerados, ya que se orienta a
“garantizar el bienestar individual y colectivo, la dignidad humana, la
solidaridad, prevaleciendo el interés general y la equidad, es decir, el
cumplimiento de los fines del Estado.”
Acerca del inciso primero del numeral 1° y el
parágrafo del artículo 29 señala que tampoco violan el principio de igualdad,
pues no introducen una diferenciación irrazonable o injusta. Aduce que “no es
viable afirmar que la citada disposición establece un trato diferencial e
injustificado en relación con el pago de la sanción moratoria para aquellos
trabajadores que devenguen más de un salario mínimo legal, en comparación con
aquellos que devengan hasta un salario mínimo legal vigente, se les aplica lo
señalado en el artículo 65 del CST, de lo cual se deduce, que no existe
discriminación alguna puesto que para cada situación se les aplican las
sanciones indemnizatorias acordes con las normas legales vigentes y en
cualquiera de los dos casos sus derechos laborales están debidamente protegidos
dentro de un plano de equidad”. (negrilla fuera del texto)
Para tratar sobre el artículo 31 de la Ley 789 de
2002, se refiere en primer lugar al artículo 1º del CST y a la Ley 188 de 1959,
para transcribir luego los artículos 30 de la misma ley y 1º del Decreto 993 de
2003, que se ocupan del contrato de aprendizaje. Con base en ello afirma: “la
disposición contenida en el parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 de 2002 no
es violatoria del artículo 13 de la Carta Política, puesto que como se puede
observar los convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales, son solo
para los “trabajadores” con contrato laboral sujeto a las disposiciones
contenidas en el CST, cosa diferente es el caso de los contratos de aprendizaje
que, como lo prevé el legislador y quedó visto es una forma especial de
vinculación dentro del Derecho Laboral, sin SUBORDINACION y donde no existe
salario, sino un apoyo de sostenimiento, y por un plazo no mayor de dos años, y
cuya finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones a las
actividades propias del aprendizaje.”
Finalmente, en relación con el artículo 48 de la Ley
789 de 2002 señala que el Legislador, en uso de sus facultades, estableció la
independencia entre las unidades productivas, así estén vinculadas
económicamente a la misma persona natural o jurídica, con lo cual desmontó la
declaratoria de la unidad de empresa para los fines de la legislación anterior.
Este cambio se justifica  por los efectos de la globalización de la economía,
lo que llevó al legislador a considerar “inconveniente que los trabajadores que
pertenecían a diferentes sectores de la producción en empresas con capitales y
estructuras diferentes y utilidades distintas, fueran (...) a beneficiarse de
la misma convención cuando existan condiciones, productividad económica y
financieras distintas”. Por consiguiente, concluye que el artículo demandado en
realidad está  desarrollando el artículo 13 de la Constitución, “al establecer
que aunque exista unidad de empresa, no pueden desconocerse los aspectos
particulares de cada una de las empresas puesto que las condiciones laborales
y  prestacionales no  pueden ser las mismas”.
3. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
El delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público presentó  argumentos con el fin de defender la constitucionalidad de
las normas impugnadas.
En primer lugar, solicita declarar inepta la demanda,
por cuanto  los actores se limitan  a afirmar la inconstitucionalidad de las
normas demandadas sin fundamentar las razones que justifican dicha acusación.
Con ello contrarían lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 2 del
Decreto 2067 de 1991, “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los
juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”.
Para referirse a los apartes demandados del artículo
28 de la Ley 789 de 2002, el interviniente cita algunos párrafos de la
exposición de motivos de esta ley. De allí concluye que  la finalidad de la ley
es legítima, dado que persigue generar  mayor empleo. Igualmente, el fin de la
ley es proporcional, “porque será mayor  el beneficio  producido para las
personas que acceden al empleo,  que el perjuicio que eventualmente sufrirían
los trabajadores cuya  indemnización por despido se ve reducida.”
Respecto del artículo 29, aduce que  la  jurisprudencia
de esta Corporación ha legitimado el trato jurídico distinto, cuando existen
supuestos de hecho diferentes que lo ameriten. Por eso, el Estado está
legitimado para expedir normas laborales, “tendientes a lograr una igualdad
real y efectiva, lo que no necesariamente implica que la legislación establezca
un trato igualitario para todos los trabajadores, teniendo en cuenta que en
nuestra sociedad las condiciones económicas de cada una de las personas son
diferentes.”
Por último, en lo concerniente al artículo 31 de la
Ley 789 de 2002, señala que  es el mismo artículo 55 constitucional el que le
permite al legislador establecer excepciones al derecho de negociación
colectiva. Por lo tanto, no se puede declarar inexequible una norma legal por
el simple hecho de que  establece una salvedad al principio general de la
negociación colectiva. Además, afirma que si se permitiera que los contratos de
aprendizaje fueran regulados por las Convenciones Colectivas de Trabajo “los
costos de remuneración de los aprendices se aumentarían en exceso,
desestimulándose la creación de nuevos empleos, lo que sería contrario al
espíritu de la Ley 789 de 2002.
4. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO
La apoderada del
Ministerio de Justicia y del Derecho intervino en el proceso para justificar la
constitucionalidad de las normas acusadas.
En relación con
los incisos demandados del artículo 28 argumenta que ellos respetan el
principio de igualdad, en la medida en que regulan en forma distinta hechos que
presentan características desiguales. Afirma que estas normas suponen que con
las cuantías establecidas se alcanza la reparación del daño sufrido por el
trabajador a causa del despido, a menos se que pruebe un perjuicio más grave
que el tasado en la norma.
Para defender la
constitucionalidad de los apartes demandados del artículo 29, argumenta, con
respecto al numeral 1°, que la norma protege al trabajador despedido sin justa
causa, que no ha recibido la correspondiente indemnización, al establecer el
pago de un día de salario diario por cada día de retardo  hasta por 24 meses, o
hasta que el pago se realice. Esos períodos de tiempo son suficientes para que
el trabajador inicie la reclamación judicial.  Además, expone que la norma
continúa protegiendo al trabajador cuando determina que, a partir del mes 25 y
hasta cuando se verifique el pago, el empleador debe pagar los intereses
moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación. Sobre el parágrafo
2, aduce que no es injustificado el trato diferencial que se establece
respecto del pago de la sanción moratoria, pues a cada situación se le aplican
las normas legales vigentes y en condiciones de equidad.
En relación con
el artículo 31 de la ley, afirma que los convenios, contratos colectivos o
fallos arbitrales son solo para los trabajadores con contrato laboral, y que
los contratos de aprendizaje son contratos especiales de vinculación en el
derecho laboral  y no contratos laborales, razón por la cual mal pueden los
aprendices aspirar a obtener los beneficios convencionales. Aclara que a pesar
de que los contratos y convenios de aprendizaje están contemplados en el CST no
tiene la categoría de laborales, “porque el aprendiz no adquiere vinculación laboral
directa, sino a través de la universidad, colegio técnico o el SENA, y porque
una vez cumplido el período de las prácticas o pasantías automáticamente cesa
la relación con el aprendiz, que posteriormente será reemplazado por un nuevo
alumno.”
Menciona que el
carácter especial de dicho contrato ha sido señalado tanto en el artículo 1 del
Decreto 993 de 2003,  que define el contrato de  aprendizaje como “una forma
especial de vinculación dentro del derecho laboral sin subordinación”, como en
la Sentencia C-254 de 1995, donde se afirma que este contrato no puede
equipararse al contrato laboral ordinario. Por consiguiente, concluye que el
parágrafo del artículo 31 se ajusta a la Constitución, “puesto que como se
puede observar los convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales son
únicamente para trabajadores con contrato laboral sujeto a las disposiciones
contenidas en el CST, cosa diferente  es el caso de los contratos de
aprendizaje, que como lo prevé el legislador y quedó visto es una forma especial
de vinculación dentro del derecho laboral, sin subordinación y donde no existe
salario sino un apoyo de sostenimiento, y por un plazo no mayor de dos años, y
cuya finalidad es la de facilitar la formación de las ocupaciones a las
actividades propias del aprendizaje.”
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En su concepto,
el Procurador General de la Nación le solicitó a la Corte que se declarara
inhibida en relación con los incisos acusados del artículo 28; que en relación
con los apartes demandados de los artículos 29 y 48 se estuviera a lo resuelto
en las sentencias C-781 de 2003, y C-801 y C-802 de 2003, respectivamente; y
que se declarara la inexequibilidad del parágrafo del artículo 31.
Sobre el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, parcialmente
demandado, solicita a esta Corte que tenga en cuenta el concepto No. 3330 del
27 de agosto de 2003, en donde la Vista Fiscal solicitaba la inexequibilidad de
este artículo por vulnerar el derecho a la estabilidad  en el empleo,
consagrado en el artículo 53 constitucional y en el literal d) del artículo 7
del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Y en relación con la acusación que hacen los
actores de este proceso acerca de que esta disposición viola el principio de
igualdad, observa que  la demanda presenta una ineptitud sustantiva. Afirma que
en el escrito no se formula adecuadamente el cargo, pues en ningún momento se
realizó una confrontación entre la norma demandada y el principio
constitucional.
Por otra parte,
afirma que el parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 de 2002 vulnera el
artículo 55 constitucional, que establece el derecho a la negociación
colectiva.
Afirma que si
bien este artículo le da potestad al legislador para establecer excepciones al
derecho de negociación colectiva, esta potestad  es de carácter restringido:
“ella no podrá hacerse extensiva a cualquier situación sin que medien criterios
de razonabilidad, como es el que debe aplicarse cuando el ejercicio implique,
por excesivo o desbordado, un desconocimiento del propio ordenamiento
constitucional (...) || De otra parte, el legislador tampoco está facultado,
fundado en la potestad de establecer excepciones, para desconocer valores y
principios como los que están implicados en la facultad de negociación
colectiva y que están amparados no sólo por nuestra Carta de Derechos (...)
sino también por el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, ordenamiento que también hace parte de
nuestro sistema jurídico.”
Manifiesta que
la doctrina y la jurisprudencia han reconocido la convención colectiva como la
institución más importante en el campo de las relaciones laborales, como fuente
de  las más valiosas reivindicaciones laborales (cita al respecto el aparte de
una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, del 29 de octubre
de 1982).
Para resolver el
problema jurídico que plantea el parágrafo del artículo 31, considera
importante dilucidar, en primera medida, si el contrato de aprendizaje
pertenece o no a la órbita laboral, pues de ello dependerá que le sea aplicable
o no el beneficio de la negociación colectiva.
Afirma que el
contrato de aprendizaje es de tipo laboral. Al respecto remite a la posición
que sostuvo en el concepto que presentó acerca de la demanda de
inconstitucionalidad del artículo 30 de esta misma ley. Esta disposición
redefinió  la naturaleza del contrato de aprendizaje y dispuso que a éste tipo
de contrato no se le aplicaba la noción de salario sino la de “apoyo de
sostenimiento mensual”. De esta forma, al cambiar la denominación de uno de los
elementos básicos de la relación laboral, permitió que este contrato no se
sujetara a los mínimos que regulan el derecho laboral, tales como el derecho de
negociación.
El Ministerio
Público advierte, sin embargo, que “no por el hecho de denominar de una manera
distinta al salario, este pierde su naturaleza, que no es otra que remunerar la
fuerza de trabajo y esta es la que pone también el aprendiz”.
Por otra parte,
observa la Vista Fiscal que entre el artículo 30 y el parágrafo del artículo 31
de la Ley 789 de 2002 opera la unidad normativa. Las dos normas están
relacionadas tan íntimamente que el parágrafo, en realidad, constituye la
reproducción textual del inciso 5 del literal d) del artículo 30.  Además, la
redefinición que se hace en el artículo 30 del contrato de aprendizaje se
relaciona con otros elementos como el de quitarle a la remuneración del
aprendiz su connotación salarial. Pues bien, de la disposición acerca de que el
apoyo de sostenimiento mensual  en ningún caso constituye salario, se
infiere que  esa suma no es considerada parte del contrato laboral y, como
consecuencia, no debe ser objeto de la negociación colectiva.
Menciona que si
se compara la ley 188 de 1959, que regulaba el contrato de aprendizaje, con la
Ley 789 de 2002, se evidencia  el carácter regresivo de esta última. La Ley 789
establece que el contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del
derecho laboral y le asigna características distintas a  la relación de
aprendizaje, con lo cual desmejora sustancialmente las condiciones en que se
desarrollaba este tipo de relaciones laborales. Al hacerlo desconoce el
artículo 53 constitucional y el literal d) del artículo 7 del Protocolo
Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, donde los Estados partes se comprometen a adoptar medidas
progresivas para hacer efectivo el derecho a la orientación vocacional.
A juicio del
Procurador, la calificación de la fuerza de trabajo no es un concesión graciosa
del empleador. Para el trabajador es muy importante aprender para calificar su
fuerza de trabajo respecto de una actividad laboral predeterminada. A su vez,
para el empleador este aprendizaje es fundamental para poder contar con fuerza
de trabajo calificada, que desempeñe con idoneidad y destreza la actividad para
la cual es contratada.
Concluye afirmando que “el contrato de aprendizaje y
de remuneración que en virtud de él recibe el trabajador, por el hecho de
constituir salario, sea cual fuere la denominación que se le dé, hacen parte
del mundo de las relaciones laborales y como tal ha de ser tratado por el
legislador incorporando en él las prerrogativas y garantías que el
Constituyente ha previsto para su protección, como es el derecho a la
capacitación (Art. 53 de la Constitución) y la posibilidad de ser objeto de la
negociación colectiva (Art. 55 de la Constitución) || (...) negarle el carácter
salarial  a lo que el empleador ha de suministrarle al aprendiz para su
sostenimiento, a partir  de un simple cambio de denominación, además de
constituir una evidente vulneración del principio mínimo fundamental
consistente en la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
por los sujetos en las relaciones laborales (artículo 53 de la
Constitución), constituye también (...) una abierta violación del artículo 55
de la Carta, en el que el Constituyente estableció la garantía al derecho de
negociación colectiva para regular las relaciones de trabajo.”
Finalmente, el Procurador resalta que otra
consecuencia de la norma acusada es que deja al aprendiz “a merced de una
negociación individual en la que él tendrá el papel de la parte más débil, ya
que por su inexperiencia tanto laboral como de vida quedará a merced de la
voluntad del empleador, quien, por fuera de las condiciones obligatorias del
contrato de aprendizaje, tendrá siempre mayor capacidad de imposición en ese
tipo de negociaciones.” La imposibilidad de negociar los apoyos de
sostenimiento mensual a través de la negociación colectiva implica que los
aprendices no contarán con ese  instrumento igualador de las relaciones
laborales y quedarán sujetos a la voluntad del empleador. Con ello, esta norma
vulnera también el principio de igualdad y la filosofía jurídica de protección
que anima al Estado Social Democrático de Derecho.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 5 de la Constitución
Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda.
2. Cosa juzgada en relación con los apartes
demandados del artículo 28 de la Ley 789 de 2002
Mediante sentencia C-038 de 2004, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, esta Corporación declaró la constitucionalidad de
los incisos 5 a 12 del artículo 28 de la Ley 797 de 2003, por los cargos allí
estudiados. En aquella oportunidad, el actor expresó que las normas acusadas
disminuían sustancialmente el valor de la indemnización por terminación unilateral
del contrato sin justa causa, lo que atentaba contra la definición del Estado
colombiano como un Estado Social de Derecho y contra la obligación el Estado de
prestar una protección especial a los trabajadores. Además, manifestó que las
normas vulneraban el derecho de igualdad, por cuanto creaban, para efectos de
la indemnización, una diferencia de trato entre quienes ganaban  más de diez
salarios mínimos y quienes percibían un salario inferior a esta suma.
La demanda que dio origen al presente
proceso formuló también el cargo  de que las normas acusadas del artículo 28
configuraban una vulneración del principio de igualdad, en razón de las
diferencias que establecían para el pago de las indemnizaciones. Ello quiere
decir que los argumentos desarrollados  en la sentencia C-038 de 2004 son
aplicables a esta acusación y que, por lo tanto, en este caso ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por lo cual la Corte se estará a lo
resuelto en la mencionada providencia en relación con esta disposición.
3. Cosa juzgada en relación con los apartes
demandados del artículo 29 de la Ley 789 de 2002
Mediante la sentencia C-781 de 2003, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández, esta Corporación declaró la exequibilidad del
inciso primero del numeral primero del artículo 29 de la Ley 797 de 2003, salvo
la expresión “o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento
judicial”. La sentencia declaró también la exequibilidad de la expresión “sólo
se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo
mensual vigente”, contenida en el parágrafo segundo del artículo 29.
La sentencia declaró que las decisiones de
exequibilidad sobre las normas juzgadas se restringían a lo acusado, lo cual
podría conducir a la inferencia de que esas declaraciones se limitaban a los
cargos analizados en ese pronunciamiento.  Sin embargo, en la sentencia C-038
de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en el fundamento jurídico 5, se llegó
a la conclusión de que la cosa juzgada declarada en el fallo C-781 de 2003 era
absoluta, razón por la cual había que estarse a lo resuelto en relación con los
apartes del artículo 29 que habían sido analizados en ella.
Al mismo tiempo, en la sentencia C-038 de
2004, en el fundamento jurídico 7, se declaró la constitucionalidad de los
apartes del segundo parágrafo sobre los cuales aún no se había pronunciado la
Corte.
Por lo tanto, la Corte habrá de estarse a
lo resuelto en las sentencias  C-781 de 2003 y C-038 de 2004 en relación con el
inciso primero del numeral primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y del
parágrafo segundo del mismo artículo.
4. Cosa
juzgada material en relación con los cargos elevados contra el parágrafo del
artículo 31 de la Ley 789 de 2002
En la sentencia C-038 de 2004, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett, se declaró la exequibilidad del inciso 10 del
artículo 30 de la Ley 789 de 2002, el cual reza:
“En ningún caso el apoyo de sostenimiento
mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o
fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva.”
La
Corte limitó la declaración de constitucionalidad al cargo que había sido
esgrimido contra la norma. En el resumen de la demanda se precisa que el actor
afirmaba que la norma desconocía “el principio de negociación colectiva al
pretender que los asuntos que conciernen al contrato de aprendizaje no sean
materia de negociación. En este punto (...) debe tenerse en cuenta que todo lo
relacionado con contrato de trabajo y actividades dentro de las empresas es
susceptible de negociación colectiva, pues lo contrario vulnera el artículo 53
(sic) de la Constitución y los convenios internacionales sobre negociación
colectiva ratificados por Colombia.”
En
el presente proceso se demanda el parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 de
2002, el cual tiene el mismo contenido normativo que el inciso 10 del artículo
30 de la misma ley. Reza el parágrafo de la siguiente forma:
“Parágrafo.
En ningún caso los apoyos de sostenimiento mensual de que trata la presente ley
podrán ser regulados a través de convenios o contratos colectivos o fallos
arbitrales recaídos en una negociación colectiva.”
La acusación
que se analiza en este proceso se fundamenta en los mismos cargos que fueron
analizados en la sentencia C-038 de 2004. Los actores argumentan que la norma
acusada viola el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones
laborales y precisan que no hay ninguna razón jurídica que justifique que se
prohíba pactar en convenciones colectivas de trabajo, pactos colectivos o
laudos arbitrales cláusulas o artículos que acuerden que una empresa tendrá
aprendices vinculados mediante contratos de trabajo.
En la
sentencia C-038 de 2004, la Corte decidió que era exequible el inciso del
artículo 30 que coincide normativamente con el parágrafo del artículo 31 que
ahora se analiza, con los siguientes argumentos:
“47. La Corte tampoco considera que vulnere
el derecho de negociación colectiva el mandato según el cual, frente a los
contratos de aprendizaje ‘en ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual
podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivo o fallos
arbitrales recaídos en una negociación colectiva.’ Y la razón es la siguiente.
Como esta Corte lo ha señalado,[1]
el derecho a la negociación colectiva no es absoluto, por lo cual puede ser
limitado, siempre y cuando esas restricciones sea proporcionadas.  Ahora bien,
el contrato de aprendizaje hace parte de una política general de fomento a la
capacitación de la fuerza de trabajo, especialmente aquélla integrada por
jóvenes, así como de vinculación de esas personas al mundo del trabajo. Esas
políticas prácticamente conforman un sistema de capacitación de la fuerza de
trabajo, con una muy importante participación de entidades como el SENA...
“(...)
“Lo anterior explica que el contrato de
aprendizaje se encuentre intensamente reglamentado e intervenido por el Estado,
lo cual implica, entre otras cosas, la imposición de la obligación a ciertas
empresas de vincular un determinado número de aprendices...
“Esto significa que el contrato de
aprendizaje tiene objetivos y especificidades que lo distinguen de la relación
de trabajo ordinaria, por lo que es razonable que ciertos aspectos del mismo
queden excluidos de la negociación colectiva, a fin de asegurar la viabilidad
del conjunto del sistema de capacitación de la mano de obra en el país. Y en
ese contexto, la Corte considera que la exclusión de dicha negociación del
apoyo de sostenimiento mensual de los aprendices es una restricción
proporcionada al derecho de negociación colectiva de los trabajadores, puesto
que los aprendices no son en sentido estricto trabajadores y resulta razonable
que si la ley obliga a las empresas a vincular a un determinado número de
aprendices, al menos establezca salvaguardas para asegurar que esa vinculación
no resulte desproporcionadamente onerosa, como es la de limitar las
negociaciones colectivas en este preciso aspecto.”
Como
se observa, el contenido normativo del inciso décimo del artículo 30 de la Ley
789 de 2003 es idéntico al del parágrafo del artículo 31 de la misma ley. Por
otra parte, los cargos de las dos demandas contra el inciso décimo del artículo
30 y el parágrafo del artículo 31 de la Ley 789 son idénticos. Dado que ello es
así, se puede afirmar que los argumentos para declarar la constitucionalidad
del inciso décimo del artículo 30 de la Ley 789 de 2003 son aplicables a la
demanda contra el parágrafo del artículo 31 de la misma ley, razón por la cual
se declarará que sobre esta norma existe cosa juzgada material, se seguirá el
precedente y se declarará exequible el parágrafo acusado del artículo 31 de la
Ley 789 de 2002.
5. Cosa juzgada constitucional en relación
con el artículo 48 de la Ley 789 de 2002
Mediante
sentencia C-801 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, esta Corporación declaró
la inexequibilidad del artículo 48 de la Ley 797 de 2003. En consecuencia, ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por lo cual la Corte
procederá a estarse a lo resuelto en la mencionada providencia en relación con
la mencionada disposición.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-038 de
2004, la cual declaró la exequibilidad de los incisos 5 a 12 del artículo 28 de
la Ley 789 de 2002, por los cargos allí estudiados.
Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-781
de 2003 y C-038 de 2004, en las cuales se declaró la exequibilidad tanto del
inciso primero del numeral primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, como
del parágrafo segundo del mismo artículo.
Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-038 de 2004 y, en
consecuencia, declarar la EXEQUIBILIDAD del parágrafo del artículo 31 de la Ley
789 de 2002.
Cuarto.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-801 de
2003, la cual declaró la inexequibilidad del artículo 48 de la Ley 789 de 2002.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Presidenta
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
Aclaración de
voto a la Sentencia C-175/04
Referencia: expediente D-4796
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 28, 29, 31 y 48 (parciales) de la Ley 789 de 2002.
Magistrado Ponente:
Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta
Corporación, procedo a aclarar mi voto en relación con el numeral tercero de la
parte resolutiva de la sentencia, que declaro la exequibilidad del parágrafo
del artículo 31 de la Ley 789 de 2002, por las mismas razones que expuse en el
salvamento atinente a la sentencia C-038 de 2004, los argumentos allí expuestos
también son aplicables en esta oportunidad y a ellos me remito.
Fecha ut supra,
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
Ver, entre otras, la sentencia C-551 de 2003, Ministerio Público Eduardo
Montealegre Lynett, fundamento 290.