T-281-16
Sentencia T-281/16
ACCION
DE TUTELA PARA RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Reglas jurisprudenciales para determinar la procedencia
excepcional
Tratándose
de la pensión de sobrevivientes la jurisprudencia constitucional ha construido
un conjunto de sub-reglas que determinan la procedencia de la acción de tutela: (i) su falta de reconocimiento y
pago ha generado un alto grado de
afectación de los derechos fundamentales del accionante, en particular de su
derecho al mínimo vital; (ii) se ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial por el interesado tendiente a obtener la protección
de sus derechos; y (iii) aparece acreditado –siquiera
sumariamente– las razones por las cuales el medio de defensa judicial ordinario
es ineficaz para lograr la protección inmediata e integral de los derechos
fundamentales presuntamente afectados o, en su lugar, se está en presencia de
un perjuicio irremediable. En todo caso, cuando el amparo se solicita por un
sujeto de especial protección constitucional (persona de la tercera edad, madre
o padre cabeza de familia, persona en situación de discapacidad), el juicio de
procedencia de la acción de tutela debe hacerse menos riguroso.
ACCION
DE TUTELA EN MATERIA DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Podrá
otorgarse de manera transitoria o definitiva si de la evaluación del caso se
deduce la procedencia
DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES PARA HIJO EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Requisitos
Los únicos documentos que se pueden exigir para reconocer una
pensión de sobrevivientes cuando el beneficiario del causante es un hijo en
situación de discapacidad, son aquellos que sean idóneos y necesarios
para: (i) acreditar la relación filial; (ii) probar que el
hijo se encuentra en situación de invalidez y que la misma hubiese generado pérdida de la capacidad laboral
igual o superior al 50%; (iii) demostrar la dependencia
económica frente al causante.
IRRENUNCIABILIDAD
E IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DERECHOS PENSIONALES
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL DE HIJO EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD-Orden a
Gobernación reconocer a favor de hija en situación de discapacidad el cien por
ciento (100%) del derecho a la sustitución pensional
Referencia:
expediente T-5402636
Acción de tutela presentada por Nuris Virginia Lara Argumedo
en representación de Miryam Judith Lara Argumedo contra el Departamento de
Córdoba.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares Cantillo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión[1]
del fallo proferido en primera instancia, por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Montería (Córdoba), el dieciséis (16) de octubre de dos mil quince
(2015); y en segunda instancia, por el Tribunal Superior del Distrito (Sala
Penal) de Córdoba, el veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015); dentro
de la acción de tutela promovida por Nuris Virginia
Lara Argumedo actuando en nombre y representación de su hermana Miryam Judith
Lara Argumedo contra el departamento de Córdoba.
I. ANTECEDENTES
La señora Nuris
Virginia Lara Argumedo, actuando en nombre de Miryam Judith Lara Argumedo,
interpone acción de tutela el día veintinueve (29) de septiembre de dos mil
quince (2015), porque considera que el departamento de Córdoba le está
vulnerando a su hermana los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo
vital, a la igualdad y a la seguridad social. Lo anterior, porque la entidad
territorial negó la solicitud de sustitución pensional a su hermana Miryam
Judith Lara Argumedo (en situación de discapacidad), pese a que en su criterio
tenía derecho por el fallecimiento de su madre, Catalina María Argumedo
Palencia.
A
continuación la Sala procederá a exponer los hechos en los que se sustenta la
acción de tutela incoada y las decisiones de instancia objeto de revisión.
1.
Hechos
1.1
La accionante Nuris Virginia Lara Argumedo manifiesta que su hermana Miryam
Judith Lara Argumedo, de 54 años de edad[2], padece de una enfermedad
mental denominada “esquizofrenia paranoide”, con comprometimiento severo
de su condición neurológica, lo cual no le permite valerse por sí misma[3].
1.2
Indica también que su hermana Miryam Judith Lara Argumedo fue valorada por la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico y por médicos
especialistas del Instituto de Medicina Legal en Montería. La Junta emitió
dictamen en el que afirma que la esquizofrenia paranoide que sufre le fue “diagnosticada
desde los 13 años” y que la fecha de estructuración de la pérdida de la
capacidad laboral es del 24 de febrero de 1989[4].
1.3
Con base en los anteriores dictámenes médicos, se evidenció un marcado
deterioro de sus funciones mentales y se determinó un porcentaje de pérdida de
su capacidad laboral de 73,05%, por lo que  el Juzgado Promiscuo de Familia de
Planeta Rica (Córdoba) mediante sentencia del 3 de marzo de 2015, declaró a Miryam
Judith Lara Argumedo en “interdicción judicial por discapacidad mental
absoluta”[5].
Adicionalmente, en la referida decisión judicial se designó a la accionante
Nuris Virginia Lara Argumedo como “guardadora de su hermana interdicta”.
1.4
Al mismo tiempo, la accionante señala que a su padre Leonidas José Lara Cogollo
lo pensionó el departamento de Córdoba en 1987 y que murió el 20 de febrero de
1991. Como consecuencia de lo anterior, se reconoció sustitución pensional a su
madre Catalina María Argumedo Palencia, quien recibió la pensión hasta el
momento de su fallecimiento el 1 de abril de 2002.
1.5
Agrega que, teniendo en cuenta la situación de discapacidad de su hermana Miryam
Judith Lara Argumedo realizó trámites ante la Gobernación de Córdoba para que
la pensión, de la cual gozó inicialmente su padre y luego su madre, fuese a su
vez sustituida a su hermana. En tal sentido, radicó ante la entidad territorial
solicitud para el reconocimiento de la pensión de Miryam Judith Lara Argumedo,
el día 1 de agosto de 2013.
1.6
Sin embargo, la Gobernación de Córdoba a través de la Resolución No. 762 del 1
de julio de 2015, negó el reconocimiento de la sustitución pensional a Miryam
Judith Lara Argumedo[6].
1.7
Las razones esbozadas en el mencionado acto administrativo para negar la
prestación económica fueron: (i) que la sustitución pensional no es un
derecho perpetuo que pueda ser objeto de sucesión, pues está contemplado para
quienes hagan parte del núcleo familiar del causante y dependan económicamente
de él; y (ii) la peticionaria debió solicitar de manera simultánea con su
madre (y a su vez esposa del causante), la sustitución pensional y compartirla
con ella, sin embargo no lo hizo. Por los motivos expuestos, la Gobernación de
Córdoba concluye que Miryam Judith al no haber pedido la sustitución pensional
al momento del fallecimiento de su padre (en el año de 1991) desvirtuó la
dependencia económica exigida legalmente para ser beneficiaria de la sustitución
pensional en su calidad de hija en situación de discapacidad.
1.8
Frente a los argumentos esgrimidos por la entidad territorial para negar la sustitución
pensional, la accionante manifestó su inconformidad. Sostuvo que su hermana en
situación de discapacidad siempre dependió económicamente de sus padres y que
desafortunadamente por la falta de conocimiento en temas legales, su madre
jamás solicitó la pensión que le correspondía a su hermana[7].
1.9
Agrega la accionante Nuris Virginia, que ante la
muerte de su madre en el año 2002 quedó con la carga de velar por la
manutención y cuidado de su hermana Miryam Judith Lara Argumedo, situación que
le resulta difícil y adversa en virtud a que: (i) tiene dos hijas a las
que debe procurarles el sustento; (ii) su compañero permanente se
encuentra desempleado; (iii) lo que gana no es suficiente para la
subsistencia de su hogar; (iv) tiene 57 años y la actora y su familia se
encuentran en estado de grave vulnerabilidad; (v) no dispone de
recursos económicos ni de la ayuda de nadie para el mantenimiento de su hermana;
y (vi) considera que Miryam Judith necesita de bienes mínimos para su
subsistencia como alimentos, elementos de aseo personal, vestuario y
tratamiento médico especializado con el que se pueda dar atención adecuada a
las “crisis de agresividad y pérdida total del conocimiento”, generadas
por la esquizofrenia severa que padece.
1.10
Conforme a lo expuesto, la accionante pide que se amparen los derechos a la
vida digna, mínimo vital, salud, igualdad y seguridad social de su hermana Miryam
Judith Lara Argumedo y que como consecuencia le sea reconocido el derecho a la
pensión a partir de la muerte de su madre Catalina María Argumedo Palencia,
fallecida el 1 de abril de 2002.
2. Respuesta de
la Secretaria de Gestión Administrativa del Departamento de Córdoba
2.1
El 9 de octubre de 2015, la Secretaria de Gestión Administrativa (e) del
Departamento de Córdoba y delegada por el Gobernador para atender asuntos de
pensiones y cesantías radicó ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Montería contestación a la tutela objeto de estudio, solicitando denegar el
amparo toda vez que en su criterio no existió vulneración por parte del ente
territorial a ninguno de los derechos fundamentales invocados por la accionante[8].
2.2
Asimismo, en la contestación se hace una transcripción del contenido del acto
administrativo expedido por la Gobernación de Córdoba (Resolución 762 del 1 de
julio de 2015) que negó el reconocimiento de la sustitución pensional a Miryam
Judith Lara Argumedo. Añade también algunas citas jurisprudenciales de esta
Corte, para argumentar que no existe un perjuicio irremediable ni un peligro
inminente al negarse la pensión a la accionante.
3. Decisión de
primera instancia
3.1 Mediante
fallo del 16 de octubre de 2015, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería
decidió negar el amparo invocado por la actora, considerando que la acción de
tutela no era el mecanismo idóneo para controvertir actos administrativos de
carácter particular, dado que “las medidas cautelares y provisionales de las
acciones administrativas y constitucional en esta materia tienen similitud
puesto que las mismas persiguen la suspensión de los efectos de una resolución
administrativa” [9]. Así, el A quo señaló que las pretensiones de la accionante
podían tramitarse por la vía ordinaria, por tanto, decidió declarar la
improcedencia de la acción de tutela.
4. Impugnación
4.1 En un
escueto alegato la actora Nuris Virginia Lara
Argumedo impugnó la tutela, sin revelar las motivaciones de su inconformidad[10].
5. Decisión de segunda instancia
5.1 La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2015, confirmó
la sentencia proferida en primera instancia que declaró improcedente el amparo invocado por la
actora[11].
5.2
A su juicio la decisión impugnada es acertada por las siguientes razones que se
resumen: (i) han pasado 11 años desde que murió la madre de Miryam
Judith Lara Argumedo (1 de abril de 2002), hasta el momento en el cual su
hermana y hoy guardadora judicial, solicitó el reconocimiento de la sustitución
pensional para Miryam Judith (1 de agosto de 2013). Ello denota que dicha prestación
económica no se torna como una “necesidad urgente”. (ii) El acto
administrativo que negó el reconocimiento de la sustitución pensional a  Miryam
Judith Lara Argumedo pudo haber sido objeto de recurso de reposición pero el
mismo no se interpuso, pasando el tiempo y pretendiendo que ahora a través de
la tutela se surta el trámite de un recurso que debió presentarse ante la
instancia y en el momento correspondiente. (iii) Existe una controversia
jurídica que escapa de la órbita del juez constitucional y que se ciñe a
determinar si hubo dependencia económica entre Miryam Judith Lara Argumedo y su
difunta madre, determinante para el reconocimiento de la prestación económica
aludida. (iv) No hay razones para afirmar que el medio judicial
ordinario que puede seguirse sea ineficaz. (v) La circunstancia de que
exista un sujeto de especial protección constitucional no significa que el juez
constitucional deba acceder a lo pedido.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y
el numeral 9º del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.[12]
2. Presentación del caso y planteamiento
del problema jurídico
2.1 La accionante Nuris
Virginia Lara Argumedo actuando como guardadora judicial de su hermana Miryam Judith
Lara Argumedo, quien padece desde niña esquizofrenia mental que  no le
permite valerse por sí misma, entabló acción de tutela en contra de la
Gobernación de Córdoba, al considerar conculcadas las garantías fundamentales a una
vida digna, al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad social de su hermana
en situación de discapacidad.
2.2
La razón para elevar el amparo constitucional es la decisión de la entidad
territorial contenida en la Resolución 762 del 1 de julio de 2015, de negar la sustitución
pensional a su hermana Miryam Judith Lara Argumedo.
2.3
De acuerdo con la Resolución 762 de 2015 proferida por la Gobernación de
Córdoba, el que haya pasado tanto tiempo entre la solicitud de sustitución
pensional de Miryam Judith, radicada el 1 de agosto de 2013 y la  muerte del
causante (su padre Leonidas José Lara Cogollo) fallecido en 1991, desvirtúa la
dependencia económica exigida por la ley para que un hijo en situación de
discapacidad  sea beneficiario de la mencionada prestación económica.
2.4
En criterio de la entidad territorial, cuando un hijo en situación de
discapacidad pretenda obtener la sustitución pensional de algunos de sus padres,
deberá acreditar: “el parentesco con el causante, la dependencia económica
sobre el padre pensionado al momento de su muerte y su condición de invalidez”[13].
Por tanto, sostiene que al momento de fallecer el causante, Miryam Judith debió
haber solicitado de manera simultánea con su madre la sustitución pensional
para compartirla y no lo hizo.
2.5
Sin embargo, la accionante considera que su hermana en situación de
discapacidad siempre dependió económicamente de sus padres. Manifiesta que si
bien su madre Catalina María Argumedo Palencia no solicitó el reconocimiento de
la cuota pensional que le correspondía a Miryam Judith por el fallecimiento del
causante, en la práctica sí  se encargó de su manutención mientras vivió.
2.6
Según la accionante, Miryam Judith está viendo afectado su mínimo vital al no
contar con los elementos básicos que garanticen su congrua subsistencia. Afirma
que primordialmente le urge un tratamiento médico especializado para tratar los
graves efectos de la esquizofrenia paranoide que padece y que se exteriorizan a
través de crisis de agresividad y pérdida del conocimiento.
2.7 Con base en lo expuesto, corresponde a la Sala
Primera (1ª) de Revisión ocuparse de resolver el siguiente problema jurídico:
¿Vulnera una entidad territorial (Gobernación
de Córdoba) los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y
a la vida digna, de una persona en situación de discapacidad (Miryam Judith
Lara Argumedo),
al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional,
argumentando que no demostró la dependencia económica con el causante (su padre
Leonidas José Lara Cogollo), al no haber tramitado la mencionada prestación
económica inmediatamente después de la muerte de su progenitor?
2.8 Con
el fin de resolver este interrogante, la Sala: (i) reiterará brevemente
las reglas jurisprudenciales relativas a la procedencia de la acción de tutela
para garantizar el reconocimiento y pago de derechos pensionales; (ii) expondrá
los requisitos para conceder la pensión de sobrevivientes al hijo en situación
de discapacidad; y a
partir de lo expuesto (iii) solucionará el problema jurídico planteado.
3. Procedencia de la acción de tutela
para garantizar el reconocimiento y pago de derechos pensionales
3.1. De acuerdo con lo prescrito en el artículo 86 de la Carta
Política, la acción de tutela se
instituye en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo judicial de carácter
preferente y sumario, diseñado para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por parte de
cualquier autoridad pública o excepcionalmente de particulares. De ahí que
esta Corte haya definido, como regla general, que el recurso de amparo no constituye el mecanismo judicial
procedente para resolver controversias típicamente legales, cuyo escenario
natural corresponde a la jurisdicción especializada, según sea el caso.
3.2. Sin embargo, jurisprudencialmente
se ha definido que la simple existencia de un mecanismo judicial ordinario de
defensa no implica, per se, declarar improcedente el recurso
constitucional de amparo promovido, ya que en cualquier caso resulta necesario
valorar si el mismo se configura como la herramienta idónea para garantizar el
ejercicio integral de los derechos que se estiman conculcados.
3.3. Así las cosas, la Corte ha admitido el ejercicio excepcional
de la acción de tutela en dos eventos[14]: en primer lugar, cuando se interpone como el medio principal para
garantizar la protección inmediata de los derechos invocados, siempre que (i)
no exista otro mecanismo judicial disponible dentro del ordenamiento, o (ii)
pese a existir, el mismo no resulte idóneo o eficaz para tal fin.  En segundo
lugar, cuando se ejerce de forma transitoria para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, cuya
configuración exige la prueba siquiera sumaria[15] de su inminencia, urgencia, gravedad, así como
la consecuente necesidad de acudir a este medio constitucional como fórmula de
protección impostergable.[16]
3.4 Esta Corporación ha reiterado la procedencia de la tutela
cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, y ha explicado que el mismo se debe valorar atendiendo las
circunstancias del caso concreto, y teniendo en cuenta que sea (a) cierto e
inminente, esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a
una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el
punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia
de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente
atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o
mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable.[17]
3.5 Frente a la configuración de un perjuicio irremediable, deben
tenerse en cuenta las circunstancias específicas que plantee cada caso
concreto, dado que existen ciertas personas con características particulares
que padeciendo daños o amenazas no constitutivas de perjuicio irremediable, al
encontrarse en condiciones de debilidad, vulnerabilidad o marginalidad, tienen
derecho a que se les otorgue un “trato diferencial positivo”[18]. En tal caso, se debe ser
flexible con el análisis de procedibilidad en consideración a que están de por
medio derechos de sujetos de especial protección.
3.6 Con relación al reconocimiento de derechos pensionales por
medio de la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha considerado
que teniendo en cuenta que existen otros medios de defensa judicial ordinarios
para garantizar este tipo de pretensiones, por regla general, la misma es
improcedente. No obstante, tratándose de la pensión de sobrevivientes la
jurisprudencia constitucional ha construido un conjunto de sub-reglas que
determinan la procedencia de la acción de tutela, las cuales están sintetizadas
en la sentencia T-471 de 2014 y se enuncian a continuación[19]: (i) su falta de reconocimiento y pago ha generado un alto grado de afectación de los derechos
fundamentales del accionante, en particular de su derecho al mínimo vital; (ii)
se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el interesado
tendiente a obtener la protección de sus derechos; y (iii) aparece
acreditado –siquiera sumariamente– las razones por las cuales el medio de
defensa judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata e
integral de los derechos fundamentales presuntamente afectados o, en su lugar,
se está en presencia de un perjuicio irremediable. En todo caso, cuando el
amparo se solicita por un sujeto de especial protección constitucional (persona
de la tercera edad, madre o padre cabeza de familia, persona en situación de
discapacidad), el juicio de procedencia de la acción de tutela debe hacerse
menos riguroso.
A los requisitos
previamente expuestos, la Corte ha adicionado (iv) la necesidad de
acreditar en el trámite de la acción de tutela –por lo menos sumariamente– que
se cumplen con los requisitos legales para acceder a la prestación reclamada[20].
3.7 Una vez valorada la situación fáctica del accionante y de
cumplirse los requisitos anteriores que permitan inferir la procedencia del
amparo, corresponderá definir si el mismo se concede en forma definitiva o como
mecanismo transitorio.
3.8 El amparo será transitorio, por ejemplo cuando pese a tener un
alto grado de certeza sobre la procedencia de la solicitud se encuentre que
existe discusión sobre la titularidad del derecho reclamado o sobre el
cumplimiento de los requisitos para obtener el derecho. En tal caso, deberá
procederse a evaluar el cumplimiento de los demás requisitos necesarios para
sustentar la ocurrencia de un perjuicio irremediable adoptando una decisión
temporal mientras se define el fondo la controversia[21].
3.9 Por el contrario, excepcionalmente el amparo será definitivo
en casos en los que quien pretenda el reconocimiento pensional sea un sujeto de
especial protección constitucional que por su condición económica, física o mental se encuentre en
debilidad manifiesta lo que permite otorgarle un tratamiento especial y
diferencial más digno y proteccionista que el reconocido a otras personas, tal
y como se dispone en los artículos 13 y 46 de la Carta. Así, la tardanza o
demora en la definición de los conflictos relativos al reconocimiento y
reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa,
sin duda puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad
al mínimo vital o a la salud, lo que en principio justificaría el
desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena del juez
constitucional, precisamente, por ser la acción de tutela un procedimiento
judicial preferente, breve y sumario de protección de los derechos
fundamentales[22].
Procedencia de la acción de tutela en el presente caso
3.10 A continuación la Sala procederá a revisar si se cumple el
requisito de subsidiariedad, de conformidad con las exigencias enunciadas en el
numeral 3.6 de esta providencia.
a) Se puede advertir que Miryam Judith
Lara Argumedo, tal como lo ha manifestado su guardadora judicial, carece de
recursos económicos para solventar una subsistencia digna, dado que durante su
existencia dependió económicamente de su padre y su madre, fallecidos en el año
de 1991 y 2002, respectivamente[23]. Por
tanto, actualmente se encuentra desamparada y sin la posibilidad de satisfacer
sus necesidades más elementales, especialmente, las relacionadas con
alimentación, vestuario y atención en salud[24].
La accionante y guardadora judicial de Miryam Judith Lara Argumedo afirma que ante
la muerte de sus padres y por razones humanitarias ha tenido que asumir la “carga”[25] de mantener a su hermana. Sin
embargo, también expresa que sus circunstancias económicas son desfavorables y
le impiden hacerse responsable de alguien distinto a sus dos hijas.
b) Con relación a la exigencia de haber
desplegado cierta actividad administrativa o judicial en defensa de sus
derechos, la Sala advierte que la actora solicitó el 1 de agosto de 2013 el
reconocimiento de la sustitución pensional a la Gobernación de Córdoba[26] y luego, el 8 de abril de 2014,
remitió a la entidad territorial el dictamen emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Atlántico que certifica un porcentaje de pérdida
de capacidad laboral equivalente al 73,05%[27].
Asimismo, se allegó al escrito de tutela la sentencia proferida por el Juzgado
Promiscuo de Planeta Rica (Córdoba) el 3 de marzo de 2015, en la cual se
declara a
Miryam Judith Lara Argumedo en “interdicción judicial por discapacidad
mental absoluta” y se nombra a la accionante Nuris Virginia Lara
Argumedo como “guardadora de su hermana interdicta”[28],
aportando también el acta de posesión como guardadora judicial. Lo anterior
supone que la accionante ha desplegado una conducta diligente y acorde con sus
posibilidades, encaminadas a la protección de los derechos fundamentales de su
hermana en situación de discapacidad.
c) En cuanto a las
razones que permiten colegir que los medios ordinarios de defensa judicial no
están llamados a prosperar, la Sala considera que la grave enfermedad que
padece Miryam Judith Lara Argumedo, consistente en esquizofrenia mental paranoide
con comprometimiento severo de su condición neurológica y que de acuerdo con el
dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico no le
permite valerse por sí misma, son concluyentes para inferir su condición de
sujeto de especial protección constitucional[29]. Esta situación de
discapacidad le hace imposible a Miryam Judith Lara Argumedo desempeñar cualquier
labor de la cual pueda derivar su sostenimiento. Las características
psicológicas y conductuales, que determinan la enfermedad mental padecida desde
niña por Miryam Judith Lara Argumedo, hacen que su manutención constituya una
carga inaguantable para su hermana, tal y como ella misma lo ha señalado, y que
su discapacidad la exponga a una precaria calidad de vida, siendo su existencia
adversa e indigna. Ante estas circunstancias, los medios ordinarios de defensa
judicial no son idóneos y eficaces, pues cada día que transcurre se estima más
gravosa la situación de desamparo de la accionante.
3.11 En relación con el requisito de inmediatez,
esta Corporación ha considerado que el juez constitucional está obligado a
valorar las circunstancias de cada caso con el fin de evaluar la razonabilidad
del lapso que transcurre entre la situación que origina la afectación de los derechos y la presentación
de la acción de tutela. Por tanto, siendo la tutela un mecanismo de protección
inmediata de los derechos fundamentales, no tendría sentido que el afectado no
demandara con razonable prontitud la vulneración de su derecho[30].
En tal sentido, la inmediatez busca también evitar el abuso de la acción
de tutela cuando se pretende utilizar como medio para suplir la negligencia del
interesado o con el fin de desconocer decisiones judiciales, generando
inseguridad jurídica.[31]
No obstante, esta Corporación también ha señalado que en aquellos casos en
los que se demuestre que la vulneración del derecho es permanente, el principio
de inmediatez en la interposición de la tutela no es exigible de manera
estricta[32]. En
efecto, tratándose del derecho a la seguridad social por el no reconocimiento
de una prestación pensional, la vulneración de los derechos es permanente y la
tutela procede mientras dure la violación[33]. Otros criterios para evaluar la razonabilidad
del plazo son: “i. Que existan razones válidas para la inactividad, como la fuerza mayor,
el caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad para interponer la tutela en
un término razonable. ii. La permanencia en la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales. iii.
La situación de debilidad manifiesta del actor, que hace desproporcionada la
carga de razonabilidad del plazo para intentar la acción.”[34]
En el caso bajo
análisis, se advierte que la actora interpuso la acción de tutela el 29 de
septiembre de 2015, es decir, dos (2) meses y veintiocho (28) días después de
haberse notificado de la Resolución No. 762 de 2015, por medio de la cual la
Gobernación de Córdoba negó la sustitución pensional a Miryam Judith Lara Argumedo[35]. Se trata por tanto de un término
razonable que permite reforzar el carácter urgente e inminente del amparo.
Pero además, la
Sala considera que no reclamar la sustitución pensional a favor de Miryam
Judith Lara al momento de fallecer sus padres (en 1991 su padre y en 2002 su
madre), y pretender reclamar la pensión, ahora, por vía de tutela, tampoco
desconoce el principio de inmediatez, por cuanto: (i) el carácter
imprescriptible e irrenunciable de los derechos pensionales hace que estos se
puedan reclamar en cualquier momento; (ii) a pesar del tiempo
transcurrido, desde el momento en que se adquirió el derecho pensional hasta
cuando se interpuso la acción de tutela, la violación del derecho a la
seguridad social permanece, es decir, se trata de una afectación continua y
actual, pues la accionante jamás ha gozado de la prestación pensional; (iii)
existe una grave e inminente amenaza sobre el derecho al mínimo vital de
Miryam Judith Lara, toda vez que su hermana y guardadora judicial ha
manifestado que carece de recursos económicos para continuar asumiendo su
sostenimiento; (iv) la inactividad para reclamar la sustitución
pensional obedeció a la incapacidad física de la accionante y al
desconocimiento de sus derechos por parte de quienes solidariamente han velado
por su cuidado[36]; (v) la
situación de debilidad manifiesta de la accionante por la enfermedad de
esquizofrenia paranoide que le ha sido diagnosticada, provoca que Miryam Judith
Lara lleve una vida acompañada de crisis nerviosas, alucinaciones,
retraimiento, pérdida de contacto con la realidad y trastornos en su
pensamiento y movimiento característicos en este tipo de padecimiento. Por lo
tanto, no puede cuidar de sí misma; (vi) por último, la circunstancias
desfavorables que rodean el caso bajo estudio tienden a agravarse con el paso
del tiempo, pues la accionante tiene 54 años de edad y cada día que pasa sus
necesidades y requerimientos van a hacerse más complejos en lo que al cuidado
de su salud se refiere.
3.12 Por
otra parte, esta Sala no comparte la decisión  del juez de primera instancia a
través de la cual se declaró improcedente el amparo, al considerar que la
tutela no es el medio idóneo para cuestionar actos administrativos de contenido
particular y señalando que las medidas cautelares que contempla la justicia
contencioso administrativa son similares y pueden lograr los mismos efectos de
la tutela al suspender una decisión de la administración. Por su parte, el juez
de segunda instancia confirma la decisión de declarar improcedente la acción de
tutela y afirma que la circunstancia de no haber reclamado la sustitución
pensional al tiempo de fallecer los padres de Miryam Judith demuestra que la
prestación económica alegada por vía de tutela no constituye una “necesidad
urgente”.
Para la Sala no son de recibo estas
apreciaciones, pues como se ha estudiado al realizar el análisis de
procedencia de la presente acción de tutela, esta Corporación tiene una amplia
y reiterada jurisprudencia que admite, excepcionalmente, la utilización de la
tutela para discutir decisiones administrativas en las que se resuelvan
solicitudes de sustitución pensional.
En el caso sub judice, las
medidas cautelares del proceso contencioso administrativo no tienen la vocación
para desplazar la tutela, por las siguientes razones: (i) la persona que
pretende el amparo se encuentra en situación de discapacidad mental, lo que le
otorga el estatus de sujeto de especial protección constitucional; (ii)
el proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa tiene una
duración incierta y solo puede surtirse a través de un apoderado judicial, lo
cual dada la carencia de recursos de la guardadora y de su defendida, implica
imponer una carga desproporcionada e irrazonable que agudiza su actual
circunstancia de indefensión; (iii) la solicitud de medidas cautelares
no es una garantía suficiente para asegurar que sus derechos van a ser
amparados en forma expedita, pues el decreto de tales medidas está sometido al
cumplimiento de requisitos formales y materiales que condicionan al juez para
su concesión[37].
3.13 Por lo anterior, la Sala
concluye que se encuentran satisfechos los requisitos enunciados por la
jurisprudencia, para que se entienda acreditado el requisito de subsidiariedad
e inmediatez.
3.14 Con relación al cumplimiento de
requisitos para acceder a la prestación pensional por parte de hijos en
situación de discapacidad, a continuación se examinarán los criterios fijados
legal y jurisprudencialmente para su reconocimiento, y en el caso concreto se
determinará si Miryam
Judith Lara Argumedo tiene o no derecho a la sustitución
pensional solicitada[38].
4. Requisitos
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de hijos en situación de
discapacidad.  Reiteración jurisprudencial
4.1 La pensión de sobrevivientes
al igual que la sustitución pensional es una prestación que tiene por finalidad
proteger a los familiares del afiliado o pensionado que fallece del posible
desamparo al que se pueden enfrentar por la muerte de quien les suministraba el
sustento diario[39].
4.2 Según el artículo 47 de la citada
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dentro de
los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes se encuentran “los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de
invalidez.”[40]
Por su parte, el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 considera “invalida”[41]
a la persona que, por cualquier circunstancia de origen no profesional y no
provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad
laboral.
4.3 De lo anterior se concluye que en el caso de los
hijos inválidos que aspiren a ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes
por el fallecimiento de alguno de sus progenitores, es indispensable que se
acrediten los siguientes requisitos: (i) la relación filial; (ii) la
situación de discapacidad y que la misma hubiese generado perdida de la
capacidad laboral igual o superior al 50%; y (iii) la dependencia
económica del hijo en situación de discapacidad con el causante de la
prestación.
4.4
Con relación al primer requisito, el Decreto 1889 de 1994 reglamentario de la
Ley 100 de 1993 dispone que la prueba del parentesco se demostrará con el
certificado de registro civil[42].
Igualmente, en sentencia T-354 de 2012[43] en un caso relacionado
con el reconocimiento de una sustitución pensional, se estimó que el
certificado del registro civil de nacimiento es prueba idónea para acreditar la
relación de parentesco entre padres e hijos, el cual a su vez goza de
presunción de autenticidad y solo puede ser alterado por una decisión judicial
en firme, o por disposición de los interesados de conformidad a lo establecido
por la ley.
4.5 En relación con la segunda exigencia, el citado
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 señala que para efectos de determinar si una
persona es inválida y, por lo tanto, beneficiaria de la pensión de sobrevivientes,
debe haber sido calificada con una pérdida del 50% o más de su capacidad
laboral[44].
Al respecto, el artículo 41 de la citada Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 142 del Decreto 019 de 2012, señala que le corresponde al ISS –hoy
Colpensiones–, a las ARL, a las EPS y a las compañías de seguros que asumen el
riesgo de invalidez y muerte, en primera instancia, determinar la pérdida de
capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de las
contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la
calificación deberá manifestar su inconformidad y la entidad deberá remitirlo a
las Juntas Regionales de Invalidez del orden regional cuya decisión será
apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez[45].
Sin embargo, en la sentencia T-730 de 2012[46],
la Corte reiteró que para efectos determinar la invalidez de una persona, el
juez de tutela puede recurrir al acervo probatorio que reposa en el expediente.
De manera que si se allegan documentos diferentes al dictamen de pérdida de
capacidad laboral que prueben la invalidez, por ejemplo, un dictamen de
medicina legal o una sentencia de interdicción, éstos deberán ser tenidos como
pruebas válidas de la situación de invalidez. En caso contrario, se
desconocería la obligación de prestar una protección especial a las personas
que se encuentran en situación de debilidad manifiesta[47].
4.6 Finalmente, el tercer requisito, el artículo 47
de la Ley 100 de 1993 señala que serán beneficiarios de la pensión de sobrevivientes,
“los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras
subsistan las condiciones de invalidez.” Para el legislador, el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se somete al requisito de probar
la dependencia económica, la cual se acredita –en principio– si el hijo en
situación de discapacidad no cuenta con otro tipo de ingresos y subsisten las
condiciones de invalidez[48].
Debe
incluirse dentro del recuento jurisprudencial que aquí se ha anotado, la sentencia
C-066 de 2016[49],
pues a través de esta se declaró inexequible un aparte del artículo 47 de la
Ley 100 de 1993 que originalmente condicionaba el reconocimiento como
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, a los hijos inválidos que
cumplieran con la dependencia económica y además se encontraran “sin
ingresos adicionales”[50].
En cuanto a la dependencia económica, la Corte sostuvo que era legítimo que el
legislador configurara el sistema pensional y definiera los requisitos para su
reconocimiento. Sin embargo, en relación con el enunciado que cualifica la
dependencia económica de los hijos inválidos a que estén “sin ingresos
adicionales”, puntualizó que si bien la libertad de configuración
legislativa era amplia, encuentra su límite en la vulneración de los derechos
fundamentales, y que esta condición implicaba afectar las garantías
constitucionales al mínimo vital, la dignidad humana y la seguridad social de
los hijos en situación de discapacidad. Además se trata de una condición que
limita el acceso de este grupo poblacional a un trabajo o al ejercicio
de una profesión u oficio. Demostrar la inexistencia de ingresos adicionales
para quien aspira a ser beneficiario de una pensión de sobrevivientes, se
traduce en la imposición de “una barrera de acceso para la superación
personal” que limita irrazonablemente el derecho a gozar de esta prestación
económica.
Así las cosas, se reitera que los únicos
documentos que se pueden exigir para reconocer una pensión de sobrevivientes
cuando el beneficiario del causante es un hijo en situación de discapacidad,
son aquellos que sean idóneos y necesarios para: (i) acreditar la
relación filial; (ii) probar que el hijo se encuentra en situación de
invalidez y
que la misma hubiese generado pérdida de la capacidad laboral igual o superior
al 50%;
(iii) demostrar la
dependencia económica frente al causante.
5. Del caso concreto
5.1 En el presente caso, la Gobernación de Córdoba negó la sustitución
pensional a Miryam
Judith Lara Argumedo, quien padece desde niña esquizofrenia mental que
no le permite valerse por sí misma. Lo anterior, sustentado en que la
accionante no acreditó el requisito de la dependencia económica con el causante.
5.2 El argumento
de la entidad territorial para sostener que no se demostró la dependencia
económica es la presentación supuestamente tardía de la solicitud de
sustitución pensional, pues la misma se radicó el 1 de agosto de 2013, esto es,
varios años después de la muerte de su madre que había sustituido al padre
fallecido en la pensión.  Según la Gobernación de Córdoba, Miryam Judith Lara
Argumedo debió solicitar la sustitución pensional de forma “simultánea” con
su madre Catalina
María Argumedo Palencia,
a fin de compartir la pensión. Para la entidad territorial la no
reclamación de la prestación económica al momento del fallecimiento del
causante desvirtúa la dependencia económica.
5.3 Conforme a
lo expuesto, la Sala determinará a continuación si Miryam Judith Lara Argumedo:
(i) cumple con los requisitos para acceder a la sustitución pensional; y
(ii) si como consecuencia de la decisión adoptada por la Gobernación de Córdoba
se le vulneró el derecho a la seguridad social, al mínimo vital y
a una vida digna.
5.4 En cuanto al primer
cuestionamiento, relacionado con los requisitos para acceder a la prestación de
sustitución pensional de hijos en situación de discapacidad, la Sala encuentra
que:
a) Respecto a la relación filial, en el expediente obra copia del
registro civil de nacimiento de Miryam Judith Lara Argumedo con número
de referencia
17353488 de la Notaría Única del municipio de Tierra Alta (Córdoba) de  fecha 8
de enero de 1992[51].
En este registro consta que su padre era Leonidas José Lara Cogollo quien es
causante de la prestación económica alegada, tal como se demostró al radicar la
solicitud de sustitución pensional. Por tal razón, teniendo en cuenta que se
encuentra acreditado el parentesco entre Miryam Judith Lara Argumedo y el
causante, además que la entidad territorial no lo cuestionó durante la
actuación administrativa ni en el trámite de la presente acción de tutela, esta Sala
considera satisfecho este requisito.
b)
En
cuanto a la situación de invalidez de la hija beneficiaria, se profirió “dictamen
No. 15969 de fecha 03/02/2014 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Atlántico”[52]
que indica que Miryam Judith Lara Argumedo tiene una pérdida de la
capacidad laboral de 73,05%, la cual tiene como fecha de estructuración el 24
de febrero de 1989. Copia de este dictamen también fue aportado al
escrito de tutela. Esta calificación de la invalidez tampoco fue cuestionada
por la entidad territorial, por lo que esta Sala le confiere plena credibilidad
y da por cumplida tal exigencia.
c)
Ahora,
en lo que respecta al requisito de dependencia económica entre Miryam Judith
Lara Argumedo y el causante de la prestación económica su padre
Leonidas José Lara Cogollo, encuentra la Sala que hay evidencias a partir de las
cuales se colige que sus padres fueron quienes le proveyeron lo necesario para
su congrua subsistencia. En primer lugar, tal y como lo informa el dictamen de
la Junta Regional de Calificación Invalidez del Atlántico en la valoración
neuropsicológica, Miryam Judith tiene un marcado deterioro de sus funciones
complejas cerebrales, lo que a su vez conlleva a una “dependencia severa”[53]
en actividades de la vida diaria, no pudiendo satisfacer por sí misma sus
necesidades básicas y siendo imprescindible que tenga atención y cuidados
especiales para dar tratamiento a su enfermedad. En segundo lugar, obra en el
expediente sentencia del Juzgado Promiscuo de Planeta Rica
(Córdoba) del 3 de marzo de 2015, en la cual se declara a Miryam Judith
Lara en “interdicción judicial por discapacidad mental absoluta” y se
nombra  a su hermana Nuris Virginia Lara Argumedo como “guardadora”[54].
Esta última es quien presenta la acción de tutela relatando el actual
estado de necesidad que viven, porque ella debe ocuparse de su hermana, no
obstante que tiene un ingreso muy limitado producto de su empleo como docente, además
su compañero permanente se encuentra desempleado y tiene dos hijas a las cuales
debe proveerles lo necesario para su sostenimiento.
En este caso, es claro que Miryam Judith Lara
Argumedo ha experimentado obstáculos ostensibles para tener una subsistencia y
vida digna sin la ayuda económica de sus padres, toda vez que nunca ha
devengado ingreso alguno y no tiene parientes que estén dispuestos a asumir los
gastos de su manutención. De hecho, su hermana y guardadora judicial ha expresado
que sus circunstancias económicas  apenas le permiten con mucha dificultad velar
por el sostenimiento de su familia, integrada como ya se mencionó por sus dos
hijas y su compañero permanente. De allí que el requisito de dependencia
económica entre el causante de la prestación económica y su hija en situación
de discapacidad este plenamente probado[55].
5.5 De acuerdo a
lo anterior, se cumplen los requisitos legales para que Miryam
Judith Lara Argumedo, en situación de discapacidad, sea beneficiaria de la sustitución
pensional de su padre, dado que[56]: (i) se
encuentra acreditada su relación filial o parentesco con el causante su padre
José Leonidas Lara Cogollo; (ii) está plenamente demostrada la pérdida de
su capacidad laboral equivalente a 73,05% según el dictamen de la Junta
Regional de Invalidez del Atlántico; y (iii) hay certeza sobre la
dependencia económica que tenía de su padre inicialmente, y luego de su madre
quien fue beneficiaria de la sustitución pensional de su esposo José Leonidas
Lara Cogollo hasta su fallecimiento en abril de 2002.
5.6 Por otra
parte, se advierte que la decisión de la Gobernación de Córdoba de negar la
sustitución pensional reclamada, bajo el argumento de que esta debió haberse
solicitado al momento de fallecer su padre, es injustificada, pues desconoce en
forma flagrante el artículo 48 de la Carta, así como la extensa y reiterada
jurisprudencia de esta Corporación relacionada con el carácter imprescriptible
e irrenunciable de las prestaciones pensionales, la cual constituye una
interpretación clara, unívoca, constante y uniforme de la garantía fundamental
a la seguridad social[57],[58].
Adicionalmente,
es necesario precisar que si bien no existe discusión sobre la
imprescriptibilidad e irrenunciabilidad del derecho a la pensión, una situación
distinta ocurre con la reclamación de las distintas mesadas pensionales, las
cuales si pueden extinguirse si no son reclamadas en los plazos fijados por la
ley. Así lo ha determinado la Corte al señalar que la ley puede consagrar una
prescripción extintiva para los derechos patrimoniales que surgen del ejercicio
de un derecho constitucional[59].
Por consiguiente, los créditos o mesadas pensionales deben reclamarse durante
los 3 años anteriores al momento de solicitar el derecho pensional, so pena de
perderse. Al respecto esta Corporación en la sentencia C-624 de 2003 señaló: “Cabe
agregar, que dada la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de
las pensiones, la prescripción resulta
viable, exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas
pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al
momento en que se presente la reclamación del derecho” [60]
5.7
Considerar como lo hace el ente territorial, que el paso del tiempo puede ocasionar
el fenecimiento de derechos pensionales, presupone que las personas pueden
renunciar al derecho a la seguridad social en pensiones, solo con dejar pasar
el tiempo sin reclamar esta prestación económica. Tal conclusión desconoce el
carácter imprescriptible e irrenunciable que ostenta el derecho a la seguridad
social y los derechos que de él emanan como son las prestaciones pensionales[61]. Así, la Sala Octava de Revisión mediante sentencia T-231 de 2011[62], sostuvo que una consecuencia que
se deriva de la irrenunciabilidad del derecho a la pensión de sobrevivientes es
su imprescriptibilidad, “lo que implica que ésta prestación puede ser
reclamada en cualquier tiempo, siempre que el interesado cumpla con los
requisitos establecidos por el legislador, quien es el competente para
establecer los requisitos y beneficiarios de aquélla.”
5.8 El carácter imprescriptible del
derecho a la seguridad social se extiende, por supuesto, a la pensión de
sobrevivientes. Diversas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han
reiterado esa postura, señalando que los beneficiarios pueden reclamar el pago
de las mesadas derivadas de esa prestación en cualquier tiempo. Al respecto, la
Sala Tercera de Revisión, en la sentencia T-427 de 2011[63],
reiteró la jurisprudencia relativa a la imprescriptibilidad de la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional como una consecuencia del carácter
irrenunciable del derecho a la seguridad social, y concluyó que “una persona
que cumple con los requisitos establecidos por la ley para ser beneficiario de
una pensión de sobrevivientes o sustitutiva, no pierde el derecho a favorecerse
de la pensión por no haberla reclamado en el momento en el que se causó la
prestación.”
Recientemente,
en sentencia SU-298 de 2015[64]
esta Corporación reiteró que los derechos pensionales son imprescriptibles conforme al principio de solidaridad, a la especial
protección que debe el Estado a las personas en condición de debilidad
manifiesta y al principio de vida digna, por lo cual es un derecho que no se
extingue con el paso del tiempo. De la misma manera al tratarse de un derecho
relacionado con el trabajo humano no es renunciable, pues si la persona cumple
con los requisitos previstos por la ley para que le sea reconocido el derecho pensional,
consolida una situación jurídica que no puede ser menoscabada ni siquiera
aunque el titular del derecho consienta en ello o simplemente no lo reclame.
5.9 De acuerdo a lo expuesto, la
Gobernación de Córdoba, al negar la sustitución pensional a Miryam Judith Lara Argumedo, desconoció el carácter imprescriptible
e irrenunciable del derecho a la seguridad social, al considerar que por el
paso del tiempo el derecho a la sustitución pensional se pierde. Como ya se
dijo, la jurisprudencia ha sostenido que este derecho pensional es una
prestación que: (i) puede ser solicitada en cualquier tiempo; y (ii) se
debe reconocer siempre que quien aspire a ser beneficiario de la misma, o su
representante, demuestre la relación filial, la pérdida de la capacidad laboral
igual o superior al 50% y que existía dependencia económica[65].
Con
relación a este último requisito, la Sala también disiente de la interpretación
que realiza la entidad territorial al suponer que se desvirtúo la dependencia
económica por no reclamar la sustitución pensional luego de la muerte del
causante. Olvida la Gobernación de Córdoba, que la discapacidad mental que
padece Miryam Judith Lara Argumedo la priva de la posibilidad de
autodeterminarse, en la medida que le afecta sus capacidades cognitivas de
juicio y raciocinio. Como se puede leer en las valoraciones médico
psiquiátricas con base en las cuales se declaró la interdicción judicial, las
funciones mentales de Miryam Judith presentan un marcado deterioro que no le
permiten hablar ni asistir por sí misma sus necesidades, se trata de una
enfermedad que la ha llevado hacia un proceso demencial progresivo que  no es
factible de rehabilitación y que exige la asistencia de un adulto responsable
que la apoye en los requerimientos de la vida diaria[66].
En
estas condiciones el requisito que impone la entidad territorial a la
accionante, relacionado con la oportunidad para pedir la sustitución pensional,
no está previsto en el ordenamiento jurídico. Aunado a lo anterior, pese a que
su madre Catalina
María Argumedo Palencia durante el tiempo que vivió, y ahora su hermana Nuris Virginia Lara no conocieran los derechos
que le asistían a Miryam Judith no puede convertirse en un motivo de reproche
para privarla de la mencionada prestación, pues cumple con todos los requisitos
legales y además está viendo afectados gravemente sus derechos al mínimo vital,
la seguridad social y la vida en condiciones de dignidad.
5.10 Ahora, la Sala considera procedente otorgar el amparo en
forma definitiva, teniendo en cuenta la condición de sujeto de especial
protección constitucional de Miryam Judith Lara Argumedo y además en
consideración a que: (i) siempre dependió económicamente de sus padres,
tal como se deriva del análisis del material probatorio obrante en el
expediente; (ii) a su madre le fue reconocida el 100% de la sustitución
pensional por el fallecimiento de su padre, y de ese ingreso dependía Miryam
Judith hasta el momento en que su madre falleció (en el año 2002); (iii) está
demostrado que la accionante cumple con los requisitos legales para acceder a
la prestación aludida; (iv) en la actualidad Miryam Judith requiere de
la pensión para garantizar el goce efectivo de su mínimo vital, dado que su
hermana y guardadora judicial Nuris Virginia Lara está en una precaria
condición económica porque debe mantener con un ingreso como docente a sus dos
hijas menores de edad, a su compañero permanente que se encuentra desempleado y
a su hermana en situación de discapacidad.
5.11 Con
fundamento en lo expuesto, se revocará la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, del 20 de noviembre de 2015, la cual confirmó la decisión del Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Montería el 16 de octubre de 2015, que negó el
amparo solicitado.
Además, se dejará sin efectos la
Resolución No. 762 del 1 de julio de 2015 por medio de la cual la Gobernación
de Córdoba negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional solicitada por
la señora Nuris Virginia Lara Argumedo, en representación de su hermana en
situación de discapacidad.
En virtud de lo anterior, la Sala le
ordenará a la Gobernación de Córdoba reconocer a Miryam Judith Lara Argumedo, el
cien por ciento (100%) del derecho a la sustitución pensional de su padre el
señor Leonidas José Lara Cogollo.
En cuanto al pago del
retroactivo solicitado por la accionante, esta Corporación
ha reiterado que
si bien el derecho pensional resulta imprescriptible, las mesadas causadas
no reclamadas dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad sí
prescriben[67]. Por tanto, en el presente caso
se ordenará el pago del retroactivo de las mesadas pensionales que no estén prescritas,
esto es, las causadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha en que se hizo
la reclamación administrativa de sustitución pensional (1 de agosto de 2013),
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 488 y 489 del Código Sustantivo
de Trabajo[68].
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución;
RESUELVE
Primero.- CONCEDER el amparo de sus derechos a la seguridad social, al mínimo
vital y a una  vida digna; y en consecuencia
REVOCAR la sentencia del 16 de octubre de 2015, proferida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Montería y la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, del 20 de noviembre de 2015, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida en representación de Miryam Judith
Lara Argumedo.
Segundo.- DEJAR sin
efectos la Resolución No. 762 del 1 de julio de 2015, por medio de la cual
la Gobernación de Córdoba negó el reconocimiento y pago de sustitución
pensional
solicitada por Miryam Judith Lara Argumedo a través de su representante legal.
Tercero.- ORDENAR a la
Gobernación de Córdoba, por
conducto de su representante legal o de quien haga sus veces, que dentro de los
quince (15) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
proceda a expedir a favor de Miryam Judith Lara Argumedo la resolución de
reconocimiento del 100% de la sustitución pensional en calidad de hija inválida del
señor Leonidas José Lara Cogollo, incluyendo el
pago del retroactivo de las mesadas pensionales que no estén prescritas, esto
es, las causadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha en que se hizo la
reclamación administrativa (1 de agosto de 2013), de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 488 y 489 del Código Sustantivo de Trabajo.
Cuarto.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En Auto del once (11) de marzo de dos mil dieciséis (2016), la
Sala de Selección de Tutelas número tres dispuso la revisión del expediente de
la referencia, el cual fue repartido para su sustanciación.
[2] A folio 74 del cuaderno principal obra la cédula de ciudadanía
de Miryam Judith Lara Argumedo, identificada con número 26.211.551 expedida en
Tierra Alta (Córdoba). En adelante siempre que se haga mención a un folio se
entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se diga
expresamente otra cosa.
[3] A folio 17 consta el formulario de dictamen para calificación de la pérdida
de la capacidad laboral y determinación de la invalidez. En la casilla 3.3
relacionada con exámenes, diagnósticos e interconsultas pertinentes para
calificar se indica: “Examen. Certificado de rehabilitación psiquiátrica Dr.
Wadwth Chams. Resultado. Esquizofrenia Paranoide. No existe rehabilitación.
Informe neuropsicológico. Marcado deterioro de su condición neurocognositiva,
(…) se evidencia compromiso severo.”
[4] Folio 16-19.
[5] De folio 54-61 obra copia de la sentencia judicial y a folio 62
se anexa el acta de posesión de la accionante Nuris Virginia Lara Argumedo como
guardadora judicial de su hermana Miryam Judith Lara Argumedo, ante el Juzgado
Promiscuo de Familia de Planeta Rica (Córdoba) el día 9 de abril de 2015.
[6] Folio 13-15.
[7] Como prueba de la dependencia económica entre el causante y su hermana
en situación de discapacidad, se adjunta a la tutela declaración
juramentada con fines extraprocesales rendida ante la Notaría Única de Planeta
Rica (Córdoba), el día 28 de septiembre de 2015, por Clímaco Otero Pérez y Candelaria
Inés Barón Díaz (visible a folio 71) quienes manifestaron: “conocemos de
vista, trato y amistad a la señora Nuris Virginia Lara Argumedo, identificada
con la cédula de ciudadanía número 26.210.897 expedida en Tierra Alta y sabemos
y nos consta que ella tiene una hermana discapacitada (Sic) de nombre Miryam
Judith Lara Argumedo, identificada con cédula de ciudadanía número 26.211.551
expedida en Tierra Alta, y ella dependía económicamente de sus padres, primero
recibía la ayuda económica por parte de su padre pensionado de la Gobernación
de Montería (Sic), su padre se llamaba LEONIDAS JOSE LARA COGOLLO, identificado
con la cédula de ciudadanía número 1.581.145 expedida en Callejas – Tierralta
(Sic) y cuando este falleció recibía la pensión la madre señora Catalina María
Argumedo Palencia, identificada con la cédula de ciudadanía número 26.214.179
expedida en Callejas – Tierralta (Sic). Ahora en la actualidad quien atiende a
la discapacitada (Sic) es la señora Nuris Virginia Lara Argumedo y depende de
los ingresos de la señora Nuris, ella es docente, pero el sueldo no le alcanza
para suplir todas las necesidades económicas de la señora Miryam Judith Lara
Argumedo. (…)”
[8] Folio 80-88.
[9] Folio 89-101.
[10] Folio 105.
[11] Folio 4-12 del cuaderno de impugnación de la tutela.
[12] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”.
[13] Folio 14.
[14] Estas reglas de aplicación fueron desarrolladas en la sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[15] En
sentencia T-1068
de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se dijo: “(…) para demostrar el perjuicio irremediable, al menos se deben
señalar los hechos concretos que permitan deducir que ocurre dicho perjuicio el
juez no se los puede imaginar, por supuesto que no se necesitan términos
sacramentales pero al menos alguna indicación que le permita al juzgador tener
la confianza de que en verdad se halla el peticionario en una situación que lo
afecta a él y a su familia”. Posteriormente, en sentencia
T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, se señaló: “(…) tratándose de sujetos de
especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser
interpretado en forma mucho más amplia y desde una doble perspectiva.  De
un lado, es preciso tomar en consideración las características globales del
grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía
privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la
persona individualmente considerada (…). De cualquier manera, no todos los
daños constituyen un perjuicio irremediable por el simple hecho de tratarse de
sujetos de trato preferencial”. De igual forma, sobre la
flexibilidad en la valoración del perjuicio, pueden observarse las sentencias T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-456 de
2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería) T-167 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao
Pérez); T-352 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-796 de 2011
(M.P. Humberto Sierra Porto); T-206
de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio); T-269 de 2013 y T-276 de 2014 (M.P. María
Victoria Calle Correa).
[16] Estas reglas de aplicación fueron desarrolladas en la sentencia T-225 de 1993, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.
[17] Sentencia T-719 de 2003 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa).
[18] Sentencia T-416 de 2001 (M.P Marco Gerardo
Monroy Cabra) En esta decisión se amparó el derecho de salud en
conexidad con la vida, de una persona que no había sido atendida por el
Instituto de Seguros Sociales, al considerar que su estado de salud, sumado a
su condición de persona de tercera edad la ponían en una condición de vulnerabilidad
que ameritaban un “trato diferencial positivo” a través de la atención
prioritaria.
[19] Sentencia T-471 de 2014 (M.P Luis Guillermo
Guerrero Pérez) En esta sentencia se ordenó a Colpensiones el
reconocimiento del 50% correspondiente a la pensión de sobrevivientes a favor de la hija inválida del causante (el otro 50% de la pensión de
sobrevivientes correspondió a su esposa). Lo anterior por cuanto a la hija en
situación de discapacidad se le había suspendido por parte de la administradora
de pensiones la prestación de sobrevivientes cuando adquirió la mayoría de edad
y no se le había dado respuesta favorable a la
solicitud de sustitución pensional elevada hace más de siete meses antes de
interponer el amparo constitucional.
[20] Sentencia T-836 de 2006 reiterada, en otras, en las Sentencias T-300
de 2010, T-868 de 2011 y  T-732 de 2012. “El excepcional
reconocimiento del derecho pensional por vía de tutela se encuentra sometido,
adicionalmente, a una última condición de tipo probatorio, consistente en que
en el expediente esté acreditada la procedencia del derecho, a pesar de la cual
la entidad encargada de responder no ha hecho el mencionado reconocimiento o
simplemente no ha ofrecido respuesta alguna a la solicitud. Ahora bien, en
aquellos casos en los cuales no se encuentre plenamente acreditado el
cumplimiento de los requisitos y los derechos fundamentales del solicitante se
encuentren amenazados por un perjuicio irremediable, el juez de tutela podrá
reconocer de manera transitoria el derecho pensional cuando exista un
considerable grado de certeza sobre la procedencia de la solicitud. El
mencionado requisito probatorio pretende garantizar dos objetivos: en primer
lugar, busca asegurar la eficacia de los derechos fundamentales del sujeto que
a pesar de encontrarse en una grave situación originada en el no reconocimiento
de su derecho pensional, cuya procedencia está acreditada, no ha visto atendida
su solicitud de acuerdo a la normatividad aplicable y a las condiciones
fácticas en las que apoya su petición. Y, en segundo lugar, este requisito
traza un claro límite a la actuación del juez de tutela, quien sólo puede
acudir a esta actuación excepcional en los precisos casos en los cuales esté
demostrada la procedencia del reconocimiento.”
[21] En sentencia T-776 de 2009 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio), la
Corte decretó un amparo transitorio en el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes, en relación con la cónyuge y los hijos menores de edad de una
persona que fue víctima de desaparición forzada, dado que existía duda sobre el
momento a partir del cual debía contarse el número de semanas requeridas dentro
de los 3 años anteriores a la fecha de fallecimiento del afiliado. Así, se
discutía si era desde cuando estuvo en imposibilidad física y jurídica de
cotizar o cuando se decretó judicialmente la muerte presunta por
desaparecimiento. La Corte determinó que tal interrogante debía absolverlo la
justicia ordinaria, por lo cual concedió el amparo en forma transitoria.
Igualmente, en sentencia T-740 de 2007 (M.P Marco Gerardo Monroy
Cabra) se determinó conceder un amparo transitorio, en un caso en el que
se pedía una pensión de sobrevivientes por parte de una mujer que era madre del
causante el cual a su vez tenía un hijo al que le negaron dicha prestación por
no acreditar su condición de estudiante. Por tanto se decide dar el amparo
temporal a la accionante hasta tanto el hijo del causante no acredite su
derecho.
[22] Cfr. las Sentencias T-111 de 1994, T-292 de 1995, T-489 de 1999 y
T- 076 de 2003, T-580 de 2005 M. P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[23] A folio 71 obra la declaración juramentada con fines
extraprocesales rendida ante la Notaría Única de Planeta Rica (Córdoba) el día
28 de septiembre de 2015, por Clímaco Otero Pérez y Candelaria Inés Barón Díaz,
quienes confirman que Miryam Judith Lara Argumedo dependía económicamente de
sus padres.
[24] Folio 2.
[25] Ibídem.
[26] Tal información se deduce de lo expuesto en la Resolución  No.
762 de 1 de julio de 2015, suscrita por la Secretaria de Gestión Administrativa
de la Gobernación de Córdoba y por medio de la cual se niega el reconocimiento
y pago de la pensión de sobrevivientes solicitada por Nuris Virginia Lara
Argumedo en representación de su hermana Miryam Judith Lara Argumedo, visible
de folio 13 a 15.
[27] Folio 16-20.
[28] Folio 54-61.
[29] A folio 19 se encuentra el dictamen de la Junta de Calificación
de Invalidez del Atlántico que indica lo siguiente: “Paciente con dx de
esquizofrenia paranoide, diagnosticada desde los 13 años, desde entonces
medicada con clozapina de100 mg de manejo psiquiátrico. Al examen físico:
ingresa por sus propios medios en compañía de su hermana, desorientada en las 3
esferas, retraída, con movimientos estereotipados en MSMI, rostro, refiere la
hermana agresividad en ocasiones, valoración neuropsicológica evidencia marcado
deterioro en sus funciones complejas cerebrales: dependencia severa en AVD e
instrumentales de la vida diaria. (…)”
[30] En este sentido, cfr. T-526 de 2005
(M.P Jaime Córdoba Triviño), T-016 de 2006 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa),
T-825 de 2007 2006 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa), T-243 de 2008 2006 (M.P
Manuel José Cepeda Espinosa), T-883 de 2009 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), entre otras.
[31] T-825 de 2007 (M.P Manuel José Cepeda
Espinosa), T-299 de 2009 (M.P Mauricio González Cuervo), T-691 de 2009 (M.P
Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[32] T-584 de 2011 (M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) En esta
sentencia se concede el amparo de los derechos fundamentales
al mínimo vital y a la seguridad social, ordenándose al Instituto de Seguro
Social (hoy Colpensiones) reconocer la pensión de sobrevivientes a la accionante
en su calidad de esposa del causante. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
entidad administradora de pensiones había negado la sustitución pensional y la
actora no había interpuesto los recursos de ley. Frente al cumplimiento del
requisito de inmediatez, en esta decisión se dijo: “en aquellos casos
en los que se demuestre que la vulneración del derecho  es permanente en
el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, pero la situación es continua
y  actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no
es exigible de manera estricta”
[33] En Sentencias T-1028 de 2010 (M.P.
Humberto Sierra Porto), T-145 de 2013 (M.P María Victoria Calle Correa)
y SU-158 de 2013 (M.P María Victoria Calle Correa), la Corte Constitucional estudió la configuración del requisito de
inmediatez en casos en que la acción de tutela fue presentada para reclamar un
derecho pensional después de haber transcurrido un periodo considerable a
partir de la expedición de la última decisión judicial en el proceso ordinario.
En efecto, la Sentencia T-145 de 2013 señaló que para determinar el plazo
razonable en materia de afectación de un derecho pensional, era necesario
analizar, genéricamente, i) la afectación continua del derecho fundamental, ii)
el carácter imprescriptible del derecho pensional y iii) la situación de
vulnerabilidad de los accionantes, asociadas a la vejez, la invalidez y la
muerte.
[34] T-410 de 2013 (Nilson Pinilla Pinilla)  En esta decisión
se reconoció la pensión de sobrevivientes a una mujer de avanzada edad, quien
había interpuesto tutela por la negativa de un fondo de administración de
pensiones a pagar la mencionada prestación pensional e igualmente ante la
decisión de un juez laboral que en un proceso ordinario confirmó que se negara
la prestación. Lo anterior, por cuanto la mujer consideraba tener derecho a la
prestación por haber sido compañera permanente del causante. En esta
providencia la Corte considero necesario flexibilizar el requisito de
inmediatez y subsidiariedad dadas las afectaciones a la salud y la edad de la
accionante.
[35] A folio 15, consta que la notificación personal de la
Resolución 762 de 2015 se realizó el 7 de julio de 2015.
[36] En el escrito de tutela, Nuris Virginia Lara Argumedo explicó que la
razón por la cual no había solicitado la sustitución pensional, fue porque al
momento de fallecer su padre, “lamentablemente por no saber los
procedimientos ni conocer la ley, mi madre no solicito la cuota de mi hermana
en calidad de discapacitada (Sic)”
[37] LEY 1437 DE 2011, “Por la cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” Artículo  231. Requisitos
para decretar las medidas cautelares. Cuando
se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de
sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la
demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las
normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas
allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el
restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse
al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los
demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los
siguientes requisitos: 1. Que la
demanda esté razonablemente fundada en derecho. 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la
titularidad del derecho o de los derechos invocados. 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones,
argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de
ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público
negar la medida cautelar que concederla. 4.  Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes
condiciones: a) Que al no otorgarse
la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la
medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. Artículo  232. Caución. El
solicitante deberá prestar caución con el fin de garantizar los perjuicios que
se puedan ocasionar con la medida cautelar. El Juez o Magistrado Ponente
determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución, para lo
cual podrá ofrecer alternativas al solicitante. La decisión que fija la caución o la que la niega será apelable junto
con el auto que decrete la medida cautelar; la que acepte o rechace la caución
prestada no será apelable. (…)
[38] Esto se vincula con el cuarto requisito de procedencia de la acción de
tutela mencionado en el numeral 3.6 de esta providencia para obtener el
reconocimiento de derechos pensionales, referente a la necesidad de acreditar
en el trámite de la acción de tutela –por lo menos sumariamente– que se cumplen
con los requisitos legales para acceder a la prestación reclamada.
[39] T-577 de 2010 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva) En
esta sentencia se amparan los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna, a la seguridad social y al libre desarrollo de la personalidad, de una
persona en situación de discapacidad a la cual se le niega el reconocimiento de
la sustitución pensional de su padre fallecido, con los argumentos de no haber
dependido económicamente del pensionado y haberse emancipado legalmente por
causa del matrimonio.
[40] La disposición original decía: “Artículo 47. Beneficiarios de
la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes: (…) literal c) (…) los hijos
inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen
ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez.”
Sin embargo, mediante sentencia C-066 de 2016 (M.P Alejandro Linares Cantillo)
se declaró exequible la expresión “si dependían económicamente
del causante” contenida en el literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003
e inexequible la expresión “esto es, que no tienen ingresos adicionales,”
contenida en la misma norma.
[41] Esta expresión fue declarada exequible mediante sentencia C-458
de 2015 (M.P Gloria Stella Ortiz Delgado)  En aquella decisión esta Corporación se ocupó de la actualización
conforme a los usos internacionales de distintos vocablos que hacían referencia
a las personas en situación de discapacidad, encontrando que algunas palabras
contenían descripciones peyorativas y otras son parte del lenguaje técnico
jurídico.
[42] Decreto 1889 de 1994, Artículo 13. El estado civil y parentesco del
beneficiario de la pensión de sobrevivientes, se probará con el certificado de
registro civil. (…)
[43] M.P Luis Ernesto Vargas Silva. En esta sentencia se amparó el derecho
al mínimo vital, a la seguridad social y a la salud de una persona a la que le
negaron el reconocimiento de la sustitución pensional a la cual tenía derecho
por el fallecimiento de su padre, por considerar entre otras cosas, que el
registro civil de nacimiento aportado no cumplía con el lleno de los requisitos
establecidos por la ley, ya que en el espacio correspondiente al denunciante,
figura una persona distinta al causante. No obstante, en el espacio destinado para
suscribir el nombre del padre el mismo corresponde con el del causante, con lo
cual se acreditaba la condición de hijo que exigía la norma.
[44] La norma en cita dispone que: “(…) Para determinar cuándo hay
invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993”.  Por su parte, el artículo 38 de la citada ley, establece que: “Estado
de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.”
[45] Decreto 019 de 2002. ARTICULO  142.
CALIFICACIÓN DEL ESTADO DE INVALIDEZ. El artículo 41 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 de 2005, quedará
así: "Artículo 41.Calificación del Estado de Invalidez. El estado de
invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos
siguientes y con base en el manual único para la calificación de invalidez
vigente a la fecha de calificación. (…) Corresponde al Instituto de Seguros
Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las
Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que
asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud
EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y
calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de
que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su
inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá
remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden
regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable
ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un
término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones
legales. El acto que declara la invalidez que expida cualquiera de las
anteriores entidades, deberá contener expresamente los fundamentos de hecho y
de derecho que dieron origen a esta decisión, así como la forma y oportunidad en
que el interesado puede solicitar la calificación por parte de la Junta
Regional y la facultad de recurrir esta calificación ante la Junta Nacional.
(…)”
[46] M.P Alexei Julio Estrada.
[47] Sentencia T-730 de 2012 (M.P Alexei Julio Estrada) en esta sentencia
se dijo: “Así pues, si bien es cierto que, de conformidad con lo expuesto,
la ley es clara en establecer que es mediante el dictamen de pérdida de la
capacidad laboral –que puede ser adelantado por EPS, ARP o Juntas de
Calificación de Invalidez- que se prueba la incapacidad de las personas con
afecciones mentales, no lo es menos, que un dictamen expedido por una entidad
oficial como el Instituto Nacional de Medicina Legal o una sentencia judicial
que declare la interdicción de una persona constituyen pruebas de su
incapacidad sin que, existiendo éstas, se pueda exigir de todas maneras la
valoración del porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, menos aún, cuando
quiera que se trate de problemas congénitos.”
[48] En relación con este requisito, en la Sentencia T-140 de 2013 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva) la Sala estudió una acción de tutela
interpuesta contra CAJANAL y la UGPP, por haber negado la sustitución pensional
a una mujer invalida desde su nacimiento con una pérdida de capacidad laboral
del 92.35%, por no haber acreditado la dependencia económica. Luego de
comprobar que se cumplían con todos los requisitos señalados en la ley y la
jurisprudencia frente a casos similares, la Corte concedió el amparo y ordenó
el reconocimiento de la pensión.
[49] M.P Alejandro Linares Cantillo.
[50] Artículo 47. Beneficiarios
de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes: (…) c) (…) los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, "esto es, que no tienen
ingresos adicionales", mientras subsistan las condiciones de invalidez.
(…) Nota: El texto entre comillas y
negrilla fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-066 de 2016 (M.P Alejandro Linares Cantillo).
[51] Folio 72.
[52] Folio 13.
[53] Folio 19.
[54] Folio 54-61.
[55] Folio 71. En igual sentido, se acompaña al escrito de tutela
una declaración extrajuicio rendida ante el Notario Único del
municipio de Tierra Alta (Córdoba) por dos personas cercanas a la
familia Lara Argumedo (el señor Clímaco Otero Pérez y la señora Candelaria Inés
Barón Díaz), que confirman que en razón a la situación de discapacidad que
sufre Miryam Judith Lara Argumedo desde que era una niña siempre le fue
brindado soporte económico por parte de sus padres.
[56] Ley 100 de 1993, (modificada por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003) “Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: (…) literal c)
(…) los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es,
mientras subsistan las condiciones de invalidez.” Por su parte,
el artículo 38 de la citada ley, establece que: “Para los efectos del
presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de
origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o
más de su capacidad laboral.”
[57] Sobre el carácter imprescriptible e irrenunciable de
los derechos pensionales pueden observarse, entre muchas otras, las siguientes
sentencias de la Corte Constitucional: C-230 de 1998 (MP Hernando Herrera
Vergara), C-624 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-746 de 2004 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-972 de 2006 (M.P Rodrigo Escobar Gil), T-1088 de 2007 (MP
Rodrigo Escobar Gil), T-099 de 2008 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa), T-546 de 2008 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), T-529 de 2009 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio), T-597 de
2009 M.P (Juan Carlos Henao Pérez), T-849A de 2009 (M.P Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-123 de 2015 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez) y SU-298 de 2015
(M.P Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[58] Específicamente, en relación con la
imprescriptibilidad e irrenunciabilidad del derecho a la pensión de
sobrevivientes pueden verse, entre otras, las siguientes sentencias T-479 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa), T-164 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-231 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-427 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-868 de 2011 (M.P Luis
Ernesto Vargas Silva), T-072 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-732 de
2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-395 de 2013 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo) y T-521 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo). En esas
providencias, las diferentes salas reiteraron la jurisprudencia sobre
imprescriptibilidad del derecho a la pensión de sobrevivientes, y establecieron
que debido al carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social,
acompasado con los principios de protección especial a las personas en
situación de debilidad manifiesta, esa prestación puede reclamarse en cualquier
momento.
[59] C-198 de 1999 (M.P Alejandro Martínez Caballero) En esta
decisión se declarara EXEQUIBLE el artículo 10 del
Decreto 2728 de 1968, en el entendido de que, el término de prescripción es
aplicable en relación con las prestaciones unitarias de contenido patrimonial y
las mesadas pensionales previstas por el decreto. En esta sentencia se sostiene
que: “El Legislador puede entonces consagrar la prescripción
extintiva de derechos patrimoniales que surgen del ejercicio de un derecho
constitucional, incluso si éste es fundamental, siempre y cuando el término sea
proporcionado y no afecte el contenido esencial mismo del derecho
constitucional. Aplicando estos criterios, esta Corte concluyó que la ley no
podía consagrar la prescripción del derecho a la pensión como tal, aunque sí
podía establecer un término temporal para la reclamación de las distintas
mesadas.”
[60] M.P Rodrigo Escobar Gil. Esta tesis ha sido reiterada en otras
sentencias como la T-232 de 2008 (M.P Rodrigo Escobar Gil) T-762 de 2011 (María
Victoria Calle Correa), T-217 de 2013 (Alexei Julio Estrada) y T-456 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre
otras.
[61] En
diversas oportunidades esta Corporación ha establecido que los derechos
pensionales son imprescriptibles, lo cual implica que los mismos pueden
reclamarse en cualquier tiempo, siempre que se llenen los requisitos legales
establecidos. El carácter imprescriptible de los derechos pensionales se deriva
de la protección de los derechos adquiridos, la irrenunciabilidad del derecho a
la seguridad social (art. 48 CP), y los mandatos de protección especial y
solidaria hacia los sujetos en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13
CP). El derecho a determinada pensión nace cuando una persona cumple los
presupuestos legales vigentes al momento de causarse el mismo, y ese derecho es
irrenunciable. Un beneficiario puede abstenerse de reclamar el pago efectivo de
las mesadas, pero no despojarse de la titularidad del derecho, ni de la
facultad de reclamar en el futuro el pago periódico de su prestación. La
imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social se refuerza en la
dimensión de derecho fundamental que adopta cuando, por ejemplo, está orientada
a garantizar el mínimo vital de personas en situación de debilidad manifiesta,
que dependían en gran medida de los aportes del causante para satisfacer las
necesidades más básicas de vida, como la alimentación, el vestido y la
vivienda. En estos casos el derecho a la seguridad social adquiere dimensiones
de derecho fundamental, y la garantía de imprescriptibilidad se hace un tanto
más importante, precisamente porque se constituye en un presupuesto para el
goce efectivo de otros bienes superiores, como la vida y la dignidad humana.
[62] M.P Humberto
Sierra Porto. En esta decisión la Corte ordenó el
reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes de una persona en
situación de discapacidad por el fallecimiento de su padre, a la cual, una
administradora de pensiones le había negado la prestación económica aludida,
argumentando que no se demostró la dependencia económica del hijo en situación
de discapacidad con su difunto padre. Lo anterior, dado que durante el proceso
de interdicción se había demostrado que el causante de la pensión de
sobrevivientes sufría de alcoholismo y no colaboraba con la manutención de su hijo en situación de
discapacidad. No obstante, la Corte sostuvo: “sí bien la condición legal de
la dependencia económica del causante es razonable y apunta a garantizar la
sostenibilidad del sistema pensional, también lo es que, en ocasiones, se
presentan situaciones excepcionales que conducen a que la aplicación de la
norma conlleve a resultados no sólo inaceptables desde una óptica de justicia
material, sino contrarios a los mandatos constitucionales de protección de los
discapacitados mentales (art. 13 superior). (…) Así las cosas, en el caso
concreto, la autoridad administrativa, con base en el artículo 4 superior,
debió haber exceptuado el requisito legal de la dependencia económica del
causante y haber aplicado directamente la Constitución, en punto a los deberes
estatales de protección de quienes padecen de discapacidad mental.”
[63] M.P Juan Carlos Henao Pérez. En esta decisión se reconoció el derecho
a la pensión de sobreviviente a una mujer que había convivido más de 45 años
con el causante de la prestación económica, la cual había sido negada por
CAJANAL (en  liquidación). Asimismo, señaló que no existe en el ordenamiento
jurídico prohibición para recibir más de una pensión sustitutiva, siempre que
se cumplan los requisitos legales para el reconocimiento de cada una de las
prestaciones.
[64] M.P Gloria
Stella Ortiz Delgado.
En esta tutela se pedía dejar sin efecto decisiones
judiciales que habían declarado probada la prescripción de la acción a través
de la cual se solicitaba liquidar la pensión con la inclusión de un nuevo
factor salarial. En la decisión, la Corte concluyó que las solicitudes de reclamación que
busquen obtener la reliquidación de la pensión con la inclusión de factores
salariales no prescriben y que una interpretación distinta viola el artículo 53
de la Constitución. Sin embargo, preciso  que las mesadas
pensionales sí deben ser reclamadas, máximo, en los 3 años siguientes a su
causación, so pena de perder el derecho a recibirlas. Por lo tanto, se concedió
el amparo solicitado para lo cual dejo sin efectos las decisiones judiciales
cuestionadas.
[65] Ley 100 de 1993, (modificada por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003) “Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: (…) literal c)
(…) los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es,
mientras subsistan las condiciones de invalidez.” Por su parte,
el artículo 38 de la citada ley, establece que: “Para los efectos del
presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen
no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de
su capacidad laboral.”
[66] En la sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta
Rica (Córdoba), del 3 de marzo de 2015, que declaró a Miryam Judith Lara
Argumedo en “interdicción judicial por discapacidad mental absoluta” se
recoge el análisis y la conclusión del dictamen rendido por la doctora Mariela
del Rosario Gómez Berrio, médico psiquiátrico del Instituto de Medicina Legal
de Ciencias Forenses. (Visible a folio 59)
[67] Cfr. las sentencias T-722 de 2012
(M.P Luis Ernesto Vargas Silva), T-021 de 2013 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva)
y T-471 de 2014 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[68] “ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos
regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones
especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente
estatuto. ARTICULO 489. INTERRUPCION
DE LA PRESCRIPCION. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el
empleador, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la
prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir
del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción
correspondiente.”