T-994-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-994/05
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales
genéricas de procedibilidad
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para definir derechos
litigiosos de contenido económico/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Improcedencia pago de intereses moratorios por tardío reajuste
pensional
Referencia: expediente T-1132194
Acción de
tutela instaurada por María Ana Mercedes Valderrama de Valderrama contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá D. C., veintinueve (29) de septiembre de dos
mil cinco (2005).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro
Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en
los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo dictado por
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el dieciocho (18)
de mayo de dos mil cinco (2005).
I. ANTECEDENTES.
1. La ciudadana María Ana Mercedes Valderrama de
Valderrama interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá D.C., con el objeto de que se ampararan sus derechos al
debido proceso, al trabajo y al pago oportuno de las prestaciones sociales.
Hechos.
- Manifiesta la accionante que, con fundamento en la
Ley 6 de 1992 y el Decreto Reglamentario 2108 de 1992, solicitó al Departamento
de Cundinamarca el reajuste de su pensión de jubilación.
- Señala que dicho reajuste fue reconocido en forma
tardía por la mencionada entidad, a través de la Resolución No. 1237 del 28 de
agosto de 2003, emitida por la Directora de Pensiones Públicas de la Unidad
Administrativa Especial de Pensiones, y pagado en similar modo, puesto que su
cancelación sólo se llevó a cabo hasta el mes de octubre de 2003.
- En tal sentido, la demandante asegura que el
Departamento de Cundinamarca incurrió en mora al pagar tardíamente el señalado
reajuste pensional, por lo cual dicha entidad debió, a la luz del artículo 141
de la Ley 100 de 1993 y de lo dispuesto en las sentencias C-367 de 1995 y C-601
de 2000, reconocer y ordenar la cancelación de los intereses moratorios
ocasionados en razón del pago atrasado del respectivo reajuste, los cuales, en
su parecer, deben contabilizarse desde enero de 1993 y constituyen una
obligación clara, expresa y exigible.
- Señala que
con fundamento en lo anterior, inició un proceso ejecutivo laboral en contra
del Departamento de Cundinamarca, cuyo trámite correspondió al Juzgado 14
Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el cual en providencia del 3 de septiembre
de 2004 libró mandamiento de pago, dicha decisión no fue objeto de impugnación.
- Afirma que
la entidad demandada propuso como excepciones dentro del señalado proceso la
inexistencia de título ejecutivo, el cobro indebido de intereses y la falta de
competencia por no haber agotado previamente la vía gubernativa. Así las cosas,
el día 23 de noviembre de 2004 el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá D.C.
declaró no probadas las excepciones, razón por la cual la parte demandada
interpuso recurso de apelación en contra de dicha decisión.
- La Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C. fue la encargada de conocer dicho
recurso, el cual fue resuelto por la mencionada Corporación el 21 de febrero de
2005, mediante providencia que ordenó revocar el mandamiento de pago emitido el
3 de septiembre de 2004 por parte del Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá
D.C., sin embargo, pone de presente la peticionaria que el auto recurrido fue
aquel que declaró no probadas las excepciones y no el que libró el
correspondiente mandamiento de pago, por lo que dicho yerro fue puesto en
conocimiento del respectivo Tribunal de forma inmediata.
- Finalmente,
señala que en razón a lo anterior, la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá D.C. profirió providencia aclaratoria el 25 de abril de 2005, mediante
la cual declaró probada la excepción de cobro indebido de intereses.
Solicitud
de tutela.
2. La
peticionaria considera que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
D.C., al expedir las providencias correspondientes al 21 de febrero y al 25 de
abril de 2005, dentro del proceso ejecutivo laboral iniciado por ella y otros,
contra el Departamento de Cundinamarca, vulneró sus derechos al debido proceso,
al trabajo y al pago oportuno de las prestaciones sociales, por lo cual
solicita se invaliden dichas providencias y se tutelen sus derechos en razón a
las siguientes consideraciones:
- En primer
lugar, señala que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C. incurrió
en un error evidente al inaplicar los efectos de las sentencias C-367 de 1995 y
C-601 de 2000, así como los derivados de la sentencia del 31 de mayo de 2004,
radicación 20872 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que para el caso en concreto constituyen doctrina obligatoria, en
virtud del principio de la cosa juzgada. En igual sentido, aduce que las
providencias acusadas constituyen una verdadera vía de hecho, en la medida en
que consagran una violación flagrante del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 y
se traducen en un yerro manifiesto al inaplicar los alcances de las sentencias
C-131 de 1993 y C-1026 de 2001, según las cuales todos los operadores jurídicos
de la República quedan obligados por el efecto de la cosa juzgada material de
las sentencias de la Corte Constitucional.
- Por otra parte, afirma que la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá, al proferir el auto del 25 de abril del 2005 dentro del referido proceso,
incurrió en una falta monumental, ya que desconoció que la Resolución No. 1237
del 28 de agosto de 2003 es un acto administrativo que goza de presunción de
legalidad, respecto del cual dicha Corporación carece de toda competencia,
puesto que la misma la tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
- Por último, establece que la providencia expedida el 21 de febrero
de 2005, al referirse a un auto que no había sido recurrido, adolece de
nulidad, por lo cual se ha debido efectuar dicha declaración y, posteriormente,
fijar fecha para la práctica de la audiencia en la que habría de ser resuelto
el recurso interpuesto contra el auto que declaró no probadas las excepciones
propuestas por la parte demandada. Sin embargo, haciendo caso omiso a lo anterior,
el 25 de abril de 2005 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.
profirió una providencia aclaratoria a través de la cual declaró probada la
excepción de indebido cobro de intereses, la cual a juicio de la accionante no
aclara, sino que reemplaza en su totalidad la providencia del 21 de febrero.
Pruebas
aportadas por el actor.
3.- Copia de
la demanda ejecutiva laboral incoada ante el Juzgado 14 Laboral del Circuito
por María Ana Mercedes Valderrama de Valderrama y otros, contra del Departamento
de Cundinamarca (fls. 28 a 43).
- Copia del
auto del 3 de septiembre de 2004 proferido por el Juzgado 14 Laboral del
Circuito de Bogotá D.C. (fls. 44 a 46).
- Copia del
auto del 23 de noviembre de 2004 proferido por el Juzgado 14 Laboral del Circuito
de Bogotá D.C. (fls. 47 a 49).
- Copia del
auto del 21 de febrero de 2005 proferido por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá D.C. (fls. 50 A 55).
- Copia del
auto del 25 de abril de 2005 proferido por Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá D.C. (fls. 56 a 66).
- Copia de la
sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, el 31 de mayo de 2004, radicación No. 20872.
- Copia de la
sentencia C-367 del 16 de agosto de 1995.
- Copia de la
sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000.
- Copia
auténtica de la cédula de ciudadanía de la peticionaria.
Intervención
del ente accionado.
4.- A pesar de
que el juez de instancia comunicó a todos los interesados la existencia de la
presente acción, éstos no emitieron pronunciamiento alguno, con relación a las
pretensiones hechas por la accionante.
Sentencia
objeto de revisión.
5.- El
conocimiento de la tutela correspondió directamente a la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual en sentencia del dieciocho
(18) de mayo de dos mil cinco (2005), decidió negar el amparo constitucional
solicitado por la ciudadana María Ana Mercedes Valderrama de Valderrama, por
cuanto, a juicio de dicha Corporación, no queda duda de que lo que pretende la
accionante, so pretexto de una presunta vulneración de sus derechos, es que se
interfiera en el proceso ejecutivo laboral que ella promovió, junto con otros,
en contra del Departamento de Cundinamarca, ante el Juzgado 14 Laboral del
Circuito de Bogotá, y se desconozcan los efectos de las providencias proferidas
el 21 de febrero y el 25 de abril de 2005 por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá D.C.
Señala la Sala
de Casación Laboral de la Corte que no es dable mediante tutela interferir en
la órbita de competencia de otras autoridades judiciales ni invalidar los
efectos de sus providencias, puesto que, además de que esa posibilidad no
cuenta con un respaldo normativo expreso, resulta contraria a los principios de
cosa juzgada y de autonomía judicial, claramente consagrados en la Constitución
Política.
Como respaldo
de lo anterior el juez de instancia realiza una extensa transcripción de las
razones esgrimidas en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia
el 11 de abril de 2002, radicación 7542, con relación al principio de la cosa
juzgada.
Pruebas
aportadas con posterioridad a la selección para revisión.
6.- En escrito
allegado durante el trámite de revisión a la Secretaría General de esta
Corporación, el veintinueve (29) de junio de dos mil cinco (2005), la
accionante, por medio de apoderado, ratifica las consideraciones hechas en la
acción de tutela que dio lugar a la presente actuación y solicita se revoque en
su totalidad el fallo que dentro de este proceso profirió la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el dieciocho (18) de mayo de dos mil
cinco (2005). Adicionalmente, indica que las providencias acusadas de igual
modo constituyen una vía de hecho al inaplicar lo dispuesto por la Corte
Constitucional en las sentencias C-037 de 1995 y SU-640 de 1998 con relación al
principio de la cosa juzgada.
Revisión
por la Corte Constitucional.
7.- Remitido el expediente a esta
Corporación, la Sala de Selección Número Seis, mediante auto del veinticuatro
(24) de junio de dos mil cinco (2005), dispuso su revisión por la Corte
Constitucional.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1.- Esta Corte es competente para
revisar el presente fallo de tutela de conformidad con lo previsto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las
demás disposiciones pertinentes.
Problema
jurídico objeto de estudio.
2.- Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si las
providencias proferidas el 21 de febrero y el 25 de abril de 2005 por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C., dentro del proceso ejecutivo
laboral que iniciara la ciudadana María Ana Mercedes Valderrama de Valderrama y
otros, en contra del Departamento de Cundinamarca, vulneran los derechos al
debido proceso, al trabajo y al pago oportuno de las prestaciones sociales
invocados por la peticionaria, en la medida en que puedan enmarcarse dentro de
las causales de procedibilidad previstas por la jurisprudencia para que la
acción de tutela se haga efectiva frente a decisiones judiciales.
Causales genéricas de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Evolución jurisprudencial.
3.- Como primera medida esta Sala
considera pertinente referirse a la procedencia de la acción de tutela frente a
providencias judiciales, vale la pena anotar que en reciente jurisprudencia de
este Despacho se analizó el punto, a la luz de la jurisprudencia
constitucional, razón por la que nos remitiremos a lo señalado en dicha
oportunidad. [1]
4.-En torno a este tema se ha
suscitado un debate a nivel académico y, por supuesto, en el ámbito de la
actividad judicial.
5.- De una parte, hay quienes
sostienen que la existencia de la tutela contra sentencias, no busca más que
prolongar indefinidamente en el tiempo la resolución de los asuntos puestos a
consideración del aparato de justicia. En consecuencia, no habría cosa juzgada
ni, por consiguiente, seguridad jurídica, pues las decisiones judiciales
quedarían sujetas e indefinidamente abiertas a ataque por vía de tutela. Así
mismo, argumentan los críticos de la figura que: (i) no resulta razonable que
un juez de tutela, quien no es experto en una materia determinada, pueda
revocar los fallos de los jueces ordinarios especializados en los asuntos que
se han puesto a su consideración. Además, agregan que dicha intervención del
juez constitucional termina por desvirtuar la distribución constitucional de
competencias de los distintos órganos de la rama judicial. (ii) Si la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado son los tribunales supremos de las
jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, respectivamente,
entonces sus sentencias deben estar revestidas de un carácter de
inimpugnabilidad, por lo cual es completamente desacertado que las mismas
puedan ser controvertidas ante otros jueces, menos aún cuando son de menor
jerarquía, pues se quebrantaría con ello la estructura jerárquica del aparato
de administración de justicia[2].
Y, por último, (iii) que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales conlleva un alto riesgo de violación del principio de
autonomía funcional del juez, y otros argumentos referidos a la eventual
afectación del sistema de fuentes de derecho, a la probable disolución del
derecho legislado en la doctrina constitucional, y, finalmente, al vaciamiento
de contenido del principio democrático[3].
6.- Por otra parte, quienes defienden la
procedibilidad de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales
indican que: (i) bien por el contrario de lo argumentado por sus detractores,
esta acción favorece el logro de la seguridad jurídica. Ello es así por cuanto
de dicho principio se desprende que los habitantes de un Estado deben saber
cuál es el alcance de sus derechos y obligaciones, para lo cual se hace
necesario que exista un órgano judicial de cierre que unifique la
interpretación que los jueces del país hacen de la Constitución, así como que
establezca, de manera definitiva, cual es el significado, alcance y limites de
los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de 1991, en reconocimiento
de su carácter de norma vinculante. (ii) Es una realidad que casi todos los
sistemas jurídicos que cuentan con un tribunal constitucional, no sólo ejercen
el control de constitucionalidad sobre las leyes, sino también sobre las
providencias emanadas de los jueces, ya se trate de los llamados modelos de
control externo, interno o mixto de la constitucionalidad de dichas sentencias
judiciales[4].
Esta tendencia a nivel internacional, obedece al propósito casi unánime de
otorgar verdadera fuerza normativa a la Constitución, lo cual debe estar garantizado
por una cierta unificación en la interpretación que de la misma se haga. Así,
el amparo contra providencias judiciales es visto como el mecanismo para lograr
la seguridad jurídica en el respeto de los derechos fundamentales. Por último,
(iii) señalan que es precisamente la alteración constitucional del sistema de
fuentes y el nuevo diseño orgánico del poder judicial los que hacen imperativa
la existencia de un mecanismo como éste, pues las consecuencias que ha traído
la adopción de la fórmula Estado Social y Democrático de Derecho, la fuerza
vinculante de la Constitución, la incorporación de derechos subjetivos en las
Constituciones contemporáneas, la doble vinculación del juez a la Constitución
y a la ley, han operado un cambio sustancial no sólo en el sistema de fuentes,
sino en la redefinición del papel del juez y, sobre todo del juez
constitucional[5].
7.- Debido a la polémica suscitada alrededor del tema,
esta Corporación ha desarrollado una abundante jurisprudencia en torno a lo que
en los primeros años fue llamado vía de hecho y que más recientemente ha
experimentado una evolución terminológica al concepto de causales genéricas
de procedibilidad de la acción de tutela, en cuanto a la procedencia de
esta acción constitucional para controvertir decisiones judiciales (sentencias
y autos).
8.- La
primera sentencia que se ocupó del tema es la C-543 de 1992. En ella, la Corte
Constitucional declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591
de 1991, los cuales regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales. La Sala Plena de la Corte adoptó dicha decisión tras
considerar que las disposiciones referidas contravenían la Carta Fundamental en
tanto eran contrarias al principio de autonomía funcional de los jueces,
afectaban la estructura descentralizada y autónoma de las diferentes
jurisdicciones, lesionaban en forma grave la cosa juzgada y la seguridad
jurídica y, de contera, el interés general. No obstante lo anterior, la
sentencia no cerró de forma definitiva la posibilidad de controvertir
decisiones judiciales por vía de tutela, pues previó que esta acción
constitucional era procedente contra providencias judiciales en aquellos eventos
en los cuales, a pesar de encontrarse aparentemente revestidas de formas
jurídicas, configuraran una vía de hecho con la cual resultaran
afectados derechos fundamentales. Al respecto
señaló:
“De conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto
les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son
obligatorias para particulares y también para el Estado. En esa condición no
están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o
amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción
contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo, que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe contra los preceptos constitucionales la
utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las  cuales se
desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual si está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, queda supeditado a lo que se
resuelva de fondo por el juez ordinario competente. En hipótesis como estas no
puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”[6].
9.- Las Salas de Revisión de la Corte dieron
aplicación al precedente citado en múltiples ocasiones. Posteriormente, en la
sentencia T-231 de 1994[7],
la Sala Tercera de Revisión estableció cuáles eran los defectos que hacían
viable excepcionalmente el amparo tutelar contra providencias judiciales por
configurar vías de hecho. La sentencia estableció que estos defectos eran: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que tiene lugar
cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente
para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y,
(iv) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
10.- Más adelante, en la sentencia T-327 de 1994, la
Corte precisó los requisitos que deben ser verificados en cada caso concreto a
fin de determinar la procedencia de la tutela contra una actuación judicial.
Estos deben ser, de conformidad con la jurisprudencia: (i) que la conducta del
juez carezca de fundamento legal; (ii) que la actuación obedezca a la voluntad
subjetiva de la autoridad judicial; (iii) que conlleve la vulneración grave de
los derechos fundamentales; y, (iv) que no exista otro mecanismo de defensa
judicial, o que de existir, la tutela sea interpuesta como mecanismo
transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable; o que, de la valoración
hecha por el juez constitucional surja que el otro mecanismo de defensa no es
eficaz para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado.
11.- Más recientemente, la jurisprudencia constitucional
en torno al tema de la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales ha experimentado una evolución significativa. Así, en la sentencia
T-462 de 2003[8]
se elaboró una clara clasificación de las causales de procedibilidad de la
acción. En dicho fallo, la Sala Séptima de Revisión indicó que la acción
constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales,
con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados los derechos
fundamentales al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i)
defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y, (vi) desconocimiento del precedente.
12.- Finalmente, con el ánimo de precisar aún más
sobre dichas causales, la sentencia C-590 de 2005 estableció que la acción de
tutela procede contra decisiones judiciales, en ciertos supuestos específicos
-que más adelante serán reseñados-, no solamente por el reconocimiento del
carácter normativo de los Textos Constitucionales contemporáneos, de lo cual
deriva la exigibilidad de las normas constitucionales que consagran derechos
fundamentales. Además, dicha procedibilidad se desprende de instrumentos
internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. En efecto, el artículo 2º[9] de dicho Pacto de
Derechos y el artículo 25[10]
de la Convención referida establecen que es obligación de los Estados Parte
implementar un mecanismo sencillo, efectivo y breve de protección de los
derechos fundamentales contra cualquier autoridad pública que por acción u
omisión pudieren llegar a amenazarlos o vulnerarlos[11].
La misma sentencia señaló como requisitos generales de
procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra
decisiones judiciales, los siguientes:
1.
Que el asunto objeto de
debate sea de evidente relevancia constitucional.
2.
Que se haya hecho uso
de todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- de
que disponga el afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental
irremediable.
3.
Que se cumpla el
requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un
término razonable y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la
vulneración del derecho fundamental.
4.
Cuando se trate de una
irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de
controversia y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora.
5.
Que quien solicita el
amparo tutelar identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración
y los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del
proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.
6.
Que no se trate de
sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre derechos fundamentales no
pueden prolongarse indefinidamente.
Además de estos requisitos generales referidos en las
líneas precedentes, la Corte, en la sentencia C-590 de 2005, también indicó que
para la procedencia de una solicitud de amparo constitucional contra una
decisión judicial era necesario acreditar la existencia de requisitos
especiales de procedibilidad. De esta manera, se requiere que se presente, al
menos, uno de los siguientes defectos:
1.
Defecto orgánico, que
tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de
manera absoluta, de competencia para ello.
2.
Defecto procedimental
absoluto, que tiene lugar cuando el Juez actuó al margen del procedimiento
establecido.
3.
Defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
4.
Defecto material o
sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento
en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
5.
Error inducido, que se
presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y
ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
6.
Decisión sin motivación,
que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde
reposa la legitimidad de sus providencias.
7.
Desconocimiento del
precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o
limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
8.
Violación directa de la
Constitución.
13.- Con base en los requisitos señalados procederá la
Sala de Revisión a analizar los supuestos fácticos del presente caso.
Del caso en concreto.
14.- Antes de proceder a definir si se
presentan o no las causales previstas por la jurisprudencia para definir la
procedibilidad de la acción de tutela frente a providencias judiciales, resulta
completamente necesario tener claridad respecto al contexto fáctico que rodea
el caso, para luego proseguir con la solución del respectivo problema jurídico.
En dicho sentido, debe decirse que la
peticionaria solicitó y obtuvo del Departamento de Cundinamarca un reajuste de
su pensión de jubilación, con base en lo dispuesto en la Ley 6 de 1992 y el
Decreto Reglamentario 2108 del mismo año.
Al tenor de dichas normas las pensiones de
jubilación del sector público del orden nacional reconocidas con
anterioridad al 1 de enero de 1989, que presenten diferencias con los aumentos
de salarios serán reajustadas, a partir del 1 de enero de 1993, 1994 y 1995 de
acuerdo con determinados porcentajes establecidos por ella.
Dado que los reajustes sólo se aplicaban a
las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional, los
pensionados del orden departamental en principio quedaban por fuera de dicho
beneficio.
Posteriormente, el Consejo de Estado en
providencia de la Sección Segunda del 11 de diciembre de 1997, Expediente No.
15723, al resolver un recurso de apelación interpuesto por la Sociedad de
Pensionados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, señaló, con
base en el artículo 4 de la Constitución que ordena que “en todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán las disposiciones
constitucionales”, que para el caso en concreto habría de declarar la
inaplicación de la expresión “del orden nacional” contenida en el
artículo 1 del Decreto 2108 de 1992, por su contrariedad con el artículo 13 de
la Carta Fundamental, cuya aplicación resulta preferente. Seguidamente, indicó
que el mencionado análisis debía realizarse para cada caso en concreto.
Con base en lo anterior, el Departamento de
Cundinamarca comenzó a reconocer los señalados reajustes a sus pensionados.
Reajuste que fue reconocido a la Sra. Valderrama de Valderrama, en su calidad
de pensionada del Departamento de Cundinamarca desde el 9 de septiembre de
1981, por medio de la resolución No. 1237 del 28 de agosto de 2003, en donde se
ordenan pagar las diferencias en relación con las mesadas percibidas entre el 1
de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2002, y las causadas a partir de enero
de 2003 hasta la fecha en que dicho acto administrativo se encontrara en firme.
Dicho pago se efectuó el 31 de octubre de 2003.
Sin embargo, la accionante inició proceso
ejecutivo de carácter laboral en contra del Departamento de Cundinamarca, por
considerar que éste también debió cancelar los intereses moratorios ocasionados
en el reconocimiento y pago tardío del respectivo reajuste, intereses que a su
juicio se originan desde enero de 1993 hasta octubre de 2003.
El juzgado 14
Laboral del Circuito de Bogotá, quien fuera el que conociera dicha causa, en
fecha 3 de septiembre de 2004 libró el correspondiente mandamiento de pago,
providencia que no fue objeto de impugnación.
La entidad
demandada propuso como excepciones dentro del respectivo proceso la
inexistencia de título ejecutivo, el cobro indebido de intereses y la falta de
competencia por no haber agotado previamente la vía gubernativa. El día 23 de
noviembre de 2004 el Juzgado 14 Laboral del Circuito declaró no probadas las
excepciones, razón por la cual la parte demandada interpuso recurso de
apelación en contra de dicha decisión.
La Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C. fue la encargada de conocer dicho
recurso, el cual fue resuelto por la mencionada Corporación el 21 de febrero de
2005, mediante providencia que ordenó revocar el mandamiento de pago emitido el
3 de septiembre de 2004 por parte del Juzgado 14 Laboral del Circuito, sin
embargo, pone de presente la peticionaria que el auto recurrido fue aquel que
declaró no probadas las excepciones y no el que libró el correspondiente
mandamiento de pago, yerro que en forma inmediata  fue puesto en conocimiento
del respectivo Tribunal.
Por ello, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá D.C. profirió providencia aclaratoria el 25 de abril de
2005, mediante la cual declaró probada la excepción de cobro indebido de
intereses.
15.- Con base en lo anterior, la ciudadana
Valderrama de Valderrama aduce que las providencias judiciales del 21 de
febrero y el 25 de abril de 2005 proferidas por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá D.C., dentro del proceso ejecutivo laboral que ella
iniciara, junto con otros, en contra del Departamento de Cundinamarca, se
constituyen en verdaderas vías de hecho, en la medida en contrarían sus
derechos al debido proceso, al trabajo y al pago oportuno de las prestaciones
sociales.
16.- Sea lo
primero decir que por regla general la acción de tutela no procede para definir
derechos litigiosos de contenido económico como el que en esta oportunidad se
discute, puesto que en este caso es evidente que la pretensión de la ciudadana
Valderrama de Valderrama no es otra que la de lograr el reconocimiento y pago
de los intereses moratorios que, en su parecer, se causaron con el
reconocimiento y pago tardío del reseñado reajuste.
Para la Sala
resulta claro que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo ni adecuado
para lograr el reconocimiento y cancelación de intereses moratorios que
presuntamente se originaron en el pago atrasado de un reajuste pensional, pues
ello tiene un escenario natural para su resolución, que no es otro distinto al
de la jurisdicción ordinaria, la cual tiene la expresa facultad de analizar y
de dar solución a cuestiones como la que en este momento nos ocupa, sin que la
jurisdicción constitucional pueda reemplazarla en forma caprichosa, so pena de
involucrarse en asuntos cuya definición corresponde indefectiblemente a otras
competencias.
En dicho
sentido, la acción de tutela no sería el instrumento apto para lograr que se
ordene el pago de intereses moratorios, puesto que el objetivo intrínseco de
ésta es la protección de los derechos fundamentales, y no el ser utilizada como
mecanismo alternativo para sustituir a los jueces ordinarios en su tarea de
resolver los conflictos propios de su jurisdicción.
17.- En este
orden de ideas, es necesario señalar para que la acción de tutela, que en
principio es una acción de tipo subsidiario, reemplace al juez ordinario, es
necesario que la cuestión que se debate resulte de evidente relevancia
constitucional, esto es, que para verificar la eventual vulneración del derecho
fundamental no sea necesario un análisis legal, reglamentario o convencional,
detallado y dispendioso, o un ejercicio probatorio de tal magnitud que supere
las capacidades y poderes del juez constitucional.[12] En otras palabras,
para que la acción proceda para lograr el pago de prestaciones de contenido
económico es necesario buscar con ello la protección y prevalencia de un
derecho fundamental que pueda resultar afectado, frente al cual los medios
ordinarios resulten inoperantes.
18.- Ahora
bien, en el presente caso no es clara la vulneración de derecho fundamental
alguno, es más en la acción de tutela instaurada por la peticionaria no se
exponen argumentos claros y precisos tendientes a demostrar dicha vulneración.
En nuestro
parecer las decisiones tomadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Bogotá D.C. se circunscriben al ámbito de acción propio de dicha jurisdicción,
es decir, responden a una aplicación válida del derecho, que no evidencia
infracción alguna a los derechos fundamentales, esto es, que no resaltan un
asunto de innegable importancia constitucional.
Por otra
parte, de las pruebas allegadas al expediente no se deduce de modo alguno que
con dichas decisiones a la peticionaria se le esté afectando su derecho al
mínimo vital, puesto que ella en estos momentos tiene la calidad de pensionada
y recibe periódicamente sus mesadas pensionales, a lo cual se suma el reajuste
que ha sido reconocido y pagado por el Departamento de Cundinamarca, lo cual
nos demuestra que los intereses moratorios discutidos no son su único ingreso y
que, por lo tanto, ésta no se encuentra en circunstancias apremiantes.
19.- Bajo este
contexto, consideramos que las providencias acusadas no se adecuan a los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, puesto que en nuestro concepto dichas decisiones no contraían la
jurisprudencia traída a colación por la accionante, en la medida en que
aquellas responden a un legítimo campo de aplicación de la ley, por parte la
jurisdicción ordinaria. Además, lo dispuesto en dichos antecedentes no se
circunscriben a lo que sucede en este caso en concreto, es decir, al pago de
intereses moratorios sobre los reajustes pensionales.
De esta
manera, es pertinente resaltar que aquí el meollo del asunto no es entrar a
definir si las decisiones adoptadas se adecuan o no a determinada jurisprudencia,
sino indagar y verificar si las mismas se convierten o no en elementos que
desconocen los reconocimientos mínimos plasmados en el orden constitucional, es
decir, los derechos fundamentales.
Para la Sala,
la decisión tomada por el Tribunal respecto a declarar no probada la excepción
por el indebido cobro de intereses se encuentra dentro de la esfera de
actuación permitida al juez en el desarrollo de sus competencias, de lo cual no
resulta una afectación manifiesta de los derechos invocados por la accionante.
20.-
Finalmente, llama la atención de la Sala el hecho de que la peticionaria, al
considerar tener derecho al pago de intereses moratorios por el reconocimiento
y pago tardío del reajuste pensional, no haya interpuesto recurso alguno frente
a dicho acto ni lo haya impugnado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, sino que esperó a que el monto reconocido en éste fuera pagado,
para luego pretender por vía de un proceso ejecutivo laboral el pago de una
acreencia que en principio debió ser reclamada ante el Departamento de
Cundinamarca o ante la señalada jurisdicción.
Recordemos
que, tal y como se señaló en la sentencia C-590 de 2005, es deber de quien
interpone una acción de tutela desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos,
puesto que de no ser así, esto es, de asumirse la tutela como un medio de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida en el proceso de la
referencia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
consideración a las razones anteriormente expuestas.
SEGUNDO.- LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional
y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sentencia T-958 de 2005.
[2]
Ver, al respecto, el artículo ¿Qué hacer con la tutela contra sentencias?.
En: Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia No. 326, Bogotá, agosto
de 2004.
[3]
Ver el texto Acción de tutela contra providencias judiciales en el
ordenamiento jurídico colombiano. En: Revista Precedente ICESI, Cali, 2002,
p. 9.
[4]
A este respecto puede consultarse el texto Control de constitucionalidad de
las sentencias en el derecho comparado, en: “Constitución y
constitucionalismo”. Caracas, Fundación Manuel García Pelayo, 2000.
[5]
Op. Cit. Catalina Botero, p. 11.
[6] Sentencia C-543/92
[7]
Esta jurisprudencia fue acogida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en
las sentencias de unificación SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
[8]
La regla jurisprudencial sobre las causales de procedibilidad de la acción
establecida en este fallo proferido por la Sala Séptima de Revisión, ha sido
reiterada en las sentencias T-949 de 2003 y T-774 de 2004, entre otras.
[9] El artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos señala: “(…) 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o
libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La
autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las
posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”
[10] El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
estipula: “Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar
que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar
las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por
las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.”
[11] Dichas disposiciones normativas incluidas en los instrumentos de
Derechos Humanos mencionados hacen parte del bloque de constitucionalidad y, en
consecuencia, se encuentran incorporados a la Constitución Política por vía del
artículo 93 Superior.
[12]
Sentencia T-1121 de 2003.