C-473-20
Sentencia C-473/20
AUTORIDADES FACULTADAS PARA SUSPENDER
DE MANERA GENERAL LA VIGENCIA DE PERMISOS PARA TENENCIA O PORTE DE ARMAS-Omisión legislativa
relativa
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumple con los requisitos de aptitud
sustantiva
La Corte Constitucional ha establecido en su
jurisprudencia los requisitos necesarios para la admisión de la acción de
inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos. La Sala Plena de esta
Corporación en el año 2001 estableció las reglas que fueron fijadas en los
primeros diez años de funcionamiento de la Corte, en una sentencia que ha sido
reiterada recientemente en numerosa jurisprudencia, en la cual se ha ido
precisando y concretando, caso a caso, los alcances de la misma. En tal
decisión se puntualizó que las acciones de constitucionalidad requieren tres
elementos fundamentales: “(1) debe referir con precisión el objeto demandado,
(2) el concepto de la violación y (3) la razón por la cual la Corte es
competente para conocer del asunto” (art. 2, Decreto 2067 de 1991). El segundo
de estos elementos (el concepto de la violación), debe observar, a su vez, tres
condiciones mínimas: (i) “el señalamiento de las normas constitucionales que
consideren infringidas “(art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (ii) “la exposición
del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las
normas demandadas” y (iii) exponer las razones por las cuales las disposiciones
normativas demandadas violan la Constitución, las cuales deberán ser, al menos,
“claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Exigencias
La jurisprudencia
constitucional ha establecido que los cargos por omisión legislativa relativa
no se plantean directamente frente a un texto explícito, sino frente a los
efectos jurídicos de una exclusión que resulta contraria a la Carta. Por lo
tanto, el planteamiento de dichos cargos debe cumplir con unas condiciones
particulares, especialmente en relación con los requisitos de suficiencia,
especificidad y certeza.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Definición y fundamento/COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Tipos/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efectos
COSA
JUZGADA MATERIAL EN SENTIDO AMPLIO-Requisitos
COSA JUZGADA MATERIAL-Inexistencia
PRECEDENTE JUDICIAL-Aplicación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Reiteración
de jurisprudencia/ OMISION LEGISLATIVA RELATIVA Y ABSOLUTA-Distinción/DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-Institución constitucional/ DEMOCRACIA PARTICIPATIVA-Características
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES-Contenido
En cuanto a la autonomía de las
entidades territoriales, este Tribunal ha señalado que su alcance está
determinado por la influencia de dos elementos que se complementan, como son el
principio de Estado Unitario y las competencias constitucionales propias de las
entidades territoriales, en virtud de su autonomía.
ORDEN PUBLICO-Definición
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN MATERIA
DE ORDEN PUBLICO-Órdenes con prelación sobre las de alcaldes y gobernadores
(…) las directrices y
órdenes que en la materia expida el presidente de
la República, se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre las de
los gobernadores. Asimismo, los actos y órdenes de los gobernadores se
aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los
alcaldes. Es decir, que si bien son
autoridades elegidas democráticamente, en materia de policía administrativa o
de orden público, no actúan como autoridades autónomas sino como agentes
jerarquizados de acuerdo con el artículo 296 de la Constitución.
MONOPOLIO ESTATAL DE ARMAS-Alcance/MONOPOLIO
ESTATAL DE ARMAS-Límites
En Colombia el
monopolio de las armas es del Estado, razón por la que la posesión o porte de
las mismas no es un derecho, sino una excepción.  La Constitución de 1991
condicionó la posesión y la tenencia de todo tipo de armas a la obtención de un
permiso otorgado por el Gobierno Nacional a través de la autoridad competente.
PORTE DE ARMAS-Permisos
Referencia:
expediente D-13552
Demanda
de inconstitucionalidad contra los artículos 32 y 41, parágrafos 1 y 2, del
Decreto Ley 2535 de 1993 “Por el cual se expiden normas sobre armas,
municiones y explosivos”.
Magistrada
Sustanciadora:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D.C., cinco (5) de noviembre
de dos mil veinte (2020).
La suscrita Magistrada, en
uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular de aquellas que
le concede el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, profiere la presente
sentencia con fundamento en los siguientes:
I.
ANTECEDENTES
1. Los ciudadanos Alejandro Matta Herrera y Daniel Porras Lemus presentaron
acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 32 y 41 (parcial) del Decreto Ley 2535 de 1993 “Por el
cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”.
2. El texto de las normas demandadas es el siguiente (se resaltan
los apartes acusados):
“DECRETO <LEY> 2535 DE 1993
(diciembre 17)
Diario Oficial No 41.142, del 17 de diciembre de 1993
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones
y explosivos
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i) de la Ley 61 de
1993 y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión del Congreso de
que trata el artículo 2o. de la misma,
DECRETA:
(…)
ARTICULO
32. COMPETENCIA. Son competentes para la expedición y revalidación de permisos
para tenencia y para porte de armas y para la venta de municiones y explosivos
en los lugares que determine el Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes
autoridades militares: El Jefe del Departamento Control Comercio Armas,
Municiones y Explosivos, los Jefes de Estado Mayor de las Unidades Operativas
Menores o sus equivalentes en la Armada Nacional o la Fuerza Aérea y los
Ejecutivos y Segundos Comandantes de Unidades Tácticas en el Ejército Nacional,
o sus equivalentes en la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.
(…)
ARTICULO
41. SUSPENSION. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles>
<Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006. El nuevo texto
es el siguiente:> Las autoridades de que trata el artículo 32 del Decreto
2535 de 1993, podrán suspender de manera general la vigencia de los
permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales,
personas jurídicas o inmuebles rurales. Estas autoridades, también podrán
ordenar la suspensión de los permisos de manera individual a personas
naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales, previo concepto del Comité
de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, cuando a juicio de las mismas, las
condiciones que dieron origen a la concesión original han desaparecido.
Si
el titular del permiso respecto del cual se dispuso la suspensión individual,
no devuelve el arma a la autoridad militar competente en un término de cinco
(5) días contados a partir de la ejecutoria de la disposición que la ordenó,
procederá su decomiso, sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.
Cuando
la suspensión sea de carácter general, los titulares no podrán portar las
armas.
PARÁGRAFO
1o. Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar
competente la adopción de la suspensión general, de manera directa o por
conducto del Ministerio de Defensa Nacional.
PARÁGRAFO
2o. La autoridad militar que disponga la suspensión general de la vigencia de
los permisos, podrá autorizar o no de manera especial o individual el porte de
armas a solicitud del titular o del gobernador o alcalde respectivo, previo
estudio detallado de las circunstancias y argumentos de seguridad nacional y
seguridad pública que la invocan.
(…)”
3. Los demandantes
consideran que las normas cuestionadas son contrarias al preámbulo y a los
artículos 1, 2, 3, 22A y 287 de la Constitución, por excluir a los alcaldes y
gobernadores como sujetos activos de las competencias que allí se otorgan. De
esta manera, “se presenta una vulneración de la supremacía que debe tener el
poder civil sobre el militar, materializado por medio de los principios
constitucionales relativos a democracia participativa, descentralización
administrativa y autonomía de las entidades territoriales; en tanto que los
representantes legales de los municipios y departamentos no cuentan, de acuerdo
con la norma demandada, con la competencia para participar en la expedición,
revalidación y suspensión de permisos para tenencia y porte de armas”.
Así, señalan que estas
autoridades locales “deben presentar solicitudes frente a las autoridades
militares, de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa Nacional,
para el control de porte de armas de fuego, hecho que restringe sus
competencias respecto al mantenimiento del orden público, entre ellas, la
función de policía. En otras palabras, la norma no dispone otra cosa, sino que
los gobernadores y alcaldes están sujetos a autoridades militares, vía por la
cual es resquebrajado el principio democrático de primacía del poder civil sobre
el militar.
En ese contexto,
consideran que la omisión legislativa vulnera los principios de
descentralización, autonomía de las entidades territoriales y de democracia
participativa, en cuanto transgrede el fin esencial democrático del Estado
3.1. En cuanto a la
existencia de una norma de la que se predica la omisión legislativa relativa,
señalan que los artículos 32 y 41, parágrafos 1° y 2°, del decreto 2535 de 1993
contienen la omisión.
3.2. El ingrediente
omitido, según los accionantes es incluir a los alcaldes y gobernadores en el
supuesto normativo previsto en dichos artículos.
Ello por cuanto es claro
que “el porte y tenencia de armas guarda una íntima relación con el concepto
y competencias constitucionales de preservación del orden público. Al respecto,
por mandato constitucional, los alcaldes y gobernadores, ostentan una
competencia clara respecto del orden público. En efecto, el artículo 303
constitucional dispone que el Gobernador será agente del Presidente de la República
para el mantenimiento del orden público. En este sentido, también dispone el
artículo 315 constitucional, que es función de los Alcaldes conservar el orden
público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y
órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador”.
3.3. Señalan los
accionantes que en “la ley no se especifica en ningún momento la razón por
la cual los gobernadores y alcaldes no deberían tener previstas competencias
sobre el control de armas, municiones y explosivos, desconociendo de esta forma
los referidos artículos. De tal forma que no hay registros que permitan
constatar ningún tipo de deliberación con respecto a la necesidad o utilidad de
suprimir a los gobernadores y alcaldes sus competencias respecto del orden
público y la suspensión de los permisos para porte y tenencia de armas”.
3.4. Exponen los actores
que esta falta de
justificación y objetividad genera una desigualdad negativa, es decir, quebranta
el principio de igualdad y no discriminación “por excluir del supuesto
normativo, a autoridades públicas que claramente deberían ostentar sus
competencias respecto del mantenimiento y conservación del orden público, a
través de la suspensión general de los permisos para porte y tenencia de armas”.
Agregan que “la ausencia de los alcaldes y gobernadores en el supuesto
normativo que permite a las autoridades militares la suspensión general de los
permisos para porte y tenencia de armas genera una ostensible desventaja en las
condiciones de participación de los ciudadanos a través de sus mandatarios en
la formulación de las políticas públicas de seguridad en los territorios,
concediéndose un privilegio irrazonable a favor de las autoridades militares”.
3.5. Finalmente, señalan
que es “ostensible que la ausencia de los alcaldes y gobernadores en el
supuesto normativo demandado, redunda en la inefectividad de los principios que
prevén la democracia participativa, descentralización administrativa y
autonomía de las entidades territoriales que se pretende proteger, violando los
dispuesto por el artículo 2° de la Constitución, sobre el imperativo de hacer
efectivos los derechos y principios constitucionales”.
Por lo anterior, estiman
necesario que se adicionen estas autoridades territoriales para hacer
compatible la norma con la Constitución.
4. Ahora bien, en el
escenario de la omisión legislativa relativa antes indicada, estructuran los
cargos de la siguiente manera:
4.1 Primer cargo. Los
artículos 32 y 41, parágrafos 1° y 2°, del Decreto 2535 de 1993 violan el
preámbulo y los artículos 1°, 2° y 3° de la Constitución en tanto vulnera el
principio de democracia participativa y, con ello, los fines que se
imputan al mismo.
Señalan que la violación
al principio de democracia participativa “sucede en la medida que, si un
candidato a la alcaldía o gobernación en su programa de gobierno, que establece
el mandato y margen jurídico de acción del mismo, propone una política de
convivencia y seguridad ciudadana en su respectivo territorio que contemple tal
medida, se encontraría con la barrera prevista en los artículos 32 y 41,
parágrafos 1° y 2°, del decreto 2535 de 1993 que dispone que esa decisión NO
depende de la voluntad ciudadana, sino de las autoridades militares que tenga
jurisdicción en dicho territorio.
4.2. Segundo cargo. Los
artículos 32 y 41, parágrafos 1° y 2°, del Decreto, 2535 de 1993 violan los
artículos 1° y 287 de la Constitución en tanto vulneran los principios de
descentralización y de autonomía de las Entidades territoriales.
Alegan que las normas
demandadas representan “una clara injerencia en la autonomía de los entes
territoriales por parte del gobierno central y las autoridades militares, los
cuales, se encuentran interponiéndose en las gestiones y decisiones asumibles a
nivel local, comprometiendo así la autonomía administrativa de los entes
territoriales, lo que no corresponde a lo estipulado ni por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, ni corresponde con los fines impuestos por el
constituyente primario en la Norma Superior”.
4.3. Tercer cargo. La
norma contenida en los artículos 32 y 41, parágrafos 1° y 2°, del Decreto 2535
de 1993, violan el artículo 22A, introducido mediante el Acto legislativo 005
de 2017, "Por medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el
monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del
estado".
Al respecto afirmaron que la defensa del Estado,
durante más de medio siglo, “ha estado marcado por una participación decidida
de la población civil en asuntos que le corresponden exclusivamente a la fuerza
pública”. Es frente a ello que “se contrapone el acto legislativo 005 de
2017 y la sentencia C-076 de 2018, al marcar una nueva forma de entender el
monopolio legítimo del uso de la fuerza, pues allí se ‘...refuerza y reafirma
una obligación por parte del Estado colombiano de mantener el monopolio del
poder estatal en todas sus formas en un contexto específico en el que se han
vulnerado sistemáticamente los derechos humanos'. La historia de la normativa
colombiana en torno a la participación de los particulares en el uso de las
armas y su colaboración con las funciones de defensa de los bienes
jurídicamente tutelados asociadas al orden público y el territorio son innumerables.
En este sentido, es reconocido, desde el Centro de Memoria Histórica que lo
que, en principio se entendió como una autodefensa y extensión de la legítima
defensa, terminó en la conformación de grupos paramilitares, con todas las
consecuencias trágicas e infames ya documentadas.”
Es dentro de este contexto que presentan la demanda de
inconstitucionalidad y consideran que existe una nueva forma de concebir el
principio de monopolio del uso de la fuerza por parte del estado. Ello, en
tanto las disposiciones desconocen, en su sentir, que el artículo
22A
constitucional “pretende evitar de forma eficaz que existan grupos civiles
armados”. Por lo anterior, insisten en que la ausencia
del poder civil para diseñar las políticas de convivencia y seguridad
ciudadana, representado, entre otros, en alcaldes y gobernadores “riñe con
el texto constitucional al restringir que ellos de forma directa, puedan
participar en la expedición, suspensión o revocatoria de los permisos para el
porte y tenencia de armas, como medidas eficaces para evitar que se conformen
grupos que intenten tomar justicia por mano propia, prescindiendo de la fuerza
establecida y regulada por el Estado, soslayando la institucionalidad judicial;
propósito explícito del acto legislativo 005 de 2017 y la sentencia C-076 de
2018 que establecen una nueva forma de comprender las políticas de convivencia
y seguridad ciudadana.”
5. Mediante auto del 19 de noviembre de
2019, la magistrada inadmitió la demanda por considerar que los argumentos
expuestos por los actores no cumplían con los presupuestos exigidos para
demostrar que en esta oportunidad la inclusión de esta competencia en el texto
legal fuera necesaria o indispensable, y por tanto, el ejercicio de la potestad
de configuración legislativa resultara excesivo o irrazonable constituyendo un
obstáculo para la efectividad de los principios alegados como vulnerados.
Tampoco presentaba razones para rebatir los fundamentos de las decisiones
judiciales que se han pronunciado sobre este asunto, con el fin de mostrar un
error en esa interpretación que debiera ser modificado.
5.1.
En la misma providencia, se concedió a los demandantes tres (3) días contados a
partir de su notificación para que, si lo estimaban pertinente, corrigieran la
demanda de la referencia.
6. Dentro del
término concedido, los demandantes presentaron escrito de corrección con base
en los siguientes argumentos:
6.1. De manera previa los
accionantes cuestionaron que, a pesar de haber señalado tres cargos, el auto
inadmisorio no indicara de forma detallada las razones de inadmisión en cada
uno de ellos sino que, por el contrario, lo hiciera de manera global, lo que a
su juicio, les dificultaba la corrección de la demanda. Sin embargo, procedieron
a la corrección indicada.
6.2. Insisten en que no
existe cosa juzgada en la medida en que los cargos que ahora se presentan no
fueron abordados en las sentencias C-296 de 1995, C-1145 de 2000 y C-867 de
2010. Ya que ellos no cuestionaban “si los gobernadores o alcaldes no tienen
los mecanismos necesarios para lograr el mantenimiento del orden público o la
implementación eficaz de políticas orientadas a mantener la seguridad y la
convivencia ciudadana dentro de sus territorios, sino que el sólo hecho de que
la autoridad civil, elegida democráticamente, tenga que realizarle una
solicitud a la autoridad militar para lograr materializar la suspensión del
porte [de] armas como elemento considerado esencial para mantener el orden y la
seguridad dentro de sus circunscripciones vulnera los principios de democracia
participativa, descentralización territorial y autonomía de las entidades
territoriales al poner el poder civil, democráticamente electo, a razón
subjetiva y motivada del poder militar quien no ha sido constituido
democráticamente”.
Concretan en que lo que
pretenden es “un juicio constitucional basado en la relación sustancial que
existe entre un mandato que le genera una carga a las autoridades
territoriales, democráticamente electas, de necesariamente tener que realizar
una solicitud a la autoridad militar para la suspensión del porte de armas, y
los principios y fines de democracia participativa, descentralización,
autonomía de las entidades territoriales y supremacía del poder civil sobre el
militar previstos en los principios fundamentales del Estado Colombiano”.
Así, teniendo en cuenta
los principios superiores afectados, consideran que “resulta fundamental que
las políticas públicas de seguridad ciudadana y convivencia se construyan, se
implementen y evalúen con la activa participación de diferentes actores
(personas, instituciones públicas, academia, autoridades políticas,
organizaciones formales e informales) que intervienen, se benefician, se
afectan o les interesa la realidad a intervenir. Por ello, en el desarrollo
normativo y jurisprudencial se ha establecido que en un proceso de política
pública es importante elevar la discusión más allá de los intereses
particulares o sectoriales, para lograr un acuerdo común y obtener la repartición
equitativa de los beneficios directos e indirectos de la política”.
6.3. Para subsanar la
demanda, aclaran que lo que se plantea es que “el concepto jurídico y
respaldado normativa (sic) de supremacía del poder civil sobre el militar
desarrollado de forma abundante por la Corte Constitucional, en varias
sentencias, entre ellas, las sentencias C-084/01, C-251 de 2002, C-453 de 1994,
C-251 de 2002, impone la obligación de que se tenga en cuenta a los ciudadanos
en la formulación de las políticas de seguridad y convivencia. (…) Lo anterior,
acompañado de los principios constitucionales de democracia participativa,
autonomía de las entidades territoriales, que se ven transgredidos por la
omisión de incluir los alcaldes y gobernadores en las normas demandadas. No es
un tema de eficacia de las políticas de seguridad y convivencia; es un tema de
cumplimiento de los principios constitucionales, entre ellos el de expandir la
democracia.”
6.4. En cuanto a la omisión
legislativa, señalan que “no existe una razón suficiente para contemplar a
los militares como autoridades exclusivas para administrar las armas,
municiones y explosivos y además no existe una razón suficiente para excluir a
las autoridades civiles de tales competencias, mucho más en un Estado fundado
en la democracia participativa, autonomía de las entidades territoriales y con
un firme mandato normativo de garantizar el monopolio del uso de la fuerza”.
Para respaldar sus argumentos, presentan un cuadro en el que plantean un juicio
de igualdad, concluyendo que “la norma acusada concede un trato privilegiado
al poder militar, excluyendo las autoridades civiles, invirtiendo de forma
inconstitucional, la subordinación de un poder sobre otro. Es claro que las
autoridades civiles deben estar en el texto normativo cuestionado, en tanto al
no extender o contemplar a las autoridades civiles en la expedición,
revalidación y suspensión de los permisos de porte y tenencia la norma acusada le
brinda a las autoridades militares un privilegio irrazonable
constitucionalmente, en un Estado fundado en la democracia participativa,
autonomía de las entidades territoriales y con un firme mandato normativo de
garantizar el monopolio del uso de la fuerza”.
Afirman que por mandato
superior se debe garantizar la supremacía del poder civil sobre el militar, lo
que no hace la norma. De manera que “está prohibido al poder civil tomar
decisiones autónomas sobre las políticas de armas y en tal sentido, esta
distinción únicamente se sustenta en una tradición histórica, y no en aquellas
que apelan a un principio de razón suficiente, y por ello puede concluir que
ello sucede por un componente discriminatorio vinculado de forma exclusiva con una
tradición militarizada de las políticas de seguridad ciudadana y convivencia”.
6.5. Expresan los actores
que en este caso la inconveniencia de la norma está en el hecho de que “para
lograr eventualmente la consecución de los planes de seguridad propuestos, los
mismos que serán escogidos por la mayoría para ser ejecutados en el periodo
siguiente, siempre que en estos esté el plan de la suspensión del porte de
armas como medida orientada a materializar las políticas de seguridad y
convivencia ciudadana en los respectivos territorios, la forma de llevar a cabo
esta política pública cursa por medio de una solicitud que tiene que realizarse
por el alcalde o gobernador a la autoridad militar respectiva”.
Es precisamente esta
condición, dicen, la que consideran inconstitucional y no el “hecho de que
la respuesta pueda ser satisfactoria o que se encuentren otros mecanismos para
llevar a cabo las políticas de seguridad, o se cuente con la Policía Nacional
para estos cometidos, sino que es la validez de la norma, al invertir el
principio de poder civil sobre el militar dispuesto en el deber ser del Estado,
donde encontramos la inconstitucionalidad de la normativa”.
6.6. Finalmente, señalan los
accionantes que “la forma en que el legislador contempla la suspensión del
porte de armas al sujetarlo a una condición de solicitud del poder civil al
militar, puso en riesgo los principios de democracia participativa,
descentralización y autonomía de las entidades territoriales y el principio del
poder civil sobre el militar”.
7. Mediante auto del 11 de
diciembre de 2019 se admitieron los cargos elevados contra los artículos 32
y 41, parágrafos 1 y 2 del Decreto Ley 2535 de 1993 “Por el cual se expiden
normas sobre armas, municiones y explosivos”.
II. INTERVENCIONES
1. Universidad Externado
A través del Departamento de Derecho Constitucional,
la Universidad intervino para solicitar la exequibilidad de las normas
cuestionadas. En su escrito, la Universidad resalta dos argumentos
de la demanda para sugerir dos posibles soluciones a los problemas jurídicos.
Frente a la vulneración de
la autonomía territorial, considera que el cargo es parcialmente cierto en la
medida en “que se supedita a los representantes legales de las entidades
territoriales a decisiones castrenses. Sin embargo, esto tiene sentido en la
medida que, si bien los alcaldes tienen el deber constitucional de mantener el
orden público, estos deben obedecer la ley, las instrucciones del Presidente y
del Gobernador.”
Señala que si bien el
alcalde es la primera autoridad de policía del municipio, “los asuntos
relacionados con la tenencia y porte de armas pueden tener relación con asuntos
de seguridad nacional, no solo con seguridad ciudadana. En consecuencia, se
debería condicionar la exequibilidad de la norma en el entendido que la Fuerza
Pública debe actuar con la mayor diligencia cuando los alcaldes y gobernadores
realicen la solicitud de suspensión de vigencia general contenida en el
parágrafo 2 del art. 41 del decreto 2335 de 1993”. Por lo tanto, considera
que “una manera de armonizar el contenido de la norma con el texto
constitucional sería declarar la exequibilidad condicionada, materializando así
lo dispuesto en el artículo 315 de la Constitución, donde se establece que la
Policía Nacional cumplirá con prontitud y dirigencia las órdenes que le imparta
el alcalde por conducto del respectivo comandante”.
Respecto del nuevo
parámetro de constitucionalidad alegado por los accionantes, señala que “a
pesar del esfuerzo de los demandantes para probar la relación entre las
competencias que deberían tener los alcaldes y gobernadores en materia de
tenencia de armas y el auge del fenómeno paramilitar, la argumentación sigue
pareciendo un juicio de conveniencia, basado en las presuntas consecuencias de
la norma”. Considera que no es claro “si los demandantes están
solicitando una prohibición absoluta del porte y tenencia de armas por los
particulares con el fin de garantizar el orden público en los territorios, o si
solicitan la inclusión de alcaldes y gobernadores dentro de unos supuestos
normativos para que se les otorgue una competencia”.
Igualmente, afirma que “la
argumentación presentada en este cargo no prueba la relación directa entre el
auge del fenómeno paramilitar y la existencia de la competencia presente en los
artículos 32 y 41, parágrafos 1 y 2 del Decreto 2335 de 1993, ni la falta de
materialización de los principios de democracia participativa”. Considera
que aunque el fenómeno paramilitar cambió el contexto constitucional del país,
ello no es suficiente para señalar que la competencia en cabeza de
autoridades militares para expedir, revalidar o suspender permisos para
tenencia y porte de armas y para la venta de municiones y explosivos tenga como
consecuencia directa el surgimiento o fortalecimiento de grupos paramilitares.
Finalmente, estima que si
lo que se persigue es una prohibición absoluta del porte de armas, lo
conveniente sería exhortar al Congreso para que limite las competencias del
poder militar a la hora de regular las competencias para tal fin.
2. Ministerio de Defensa
A través de apoderada
especial, el Ministerio intervino para solicitar la exequibilidad de las normas
demandadas.
Señaló que lo que
pretenden los actores es que los alcaldes “suspendan autónomamente los permisos
otorgados por la autoridad militar, suspensión que podría estar influenciada
por amenazas tanto de grupos al margen de la ley, como por delincuencia común,
exponiendo a los ciudadanos de bien a un estado de indefensión”.
Afirma que “por virtud del artículo 223 de la
Constitución Política, ostenta el Estado a través del Gobierno Nacional,
monopolio que no puede ser trasladado en cabeza de autoridades civiles como son
los Alcaldes, así desarrollen funciones de policía en la jurisdicción de su
municipio, funciones que no comportan una característica armada ni de control
de las armas, pues el mismo precepto constitucional estableció que dicho manejo
lo ejercería la autoridad competente, estableciendo el Gobierno su competencia
en cabeza de las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional”.
Por lo tanto, señala que “para el mantenimiento del
orden público en las zonas urbanas se hace necesario la actuación coordinada de
los alcaldes y de las autoridades militares correspondientes”, quienes
deberán atender de manera pronta las solicitudes elevadas por los alcaldes.
Resalta también que “la suspensión de los permisos es una facultad
discrecional atendiendo un procedimiento que necesariamente requiere del
concepto previo del Comité de Armas del Ministerio de Defensa”.
Luego de repasar el marco
constitucional y legal del monopolio de las armas y la jurisprudencia
constitucional sobre la excepción de cosa juzgada, concluye que “los cargos realizados a las normas
carecen de soporte capaz de invalidar la normas constitucionales representadas
en los artículos acusados, así como la pretensión de los actores en que se fundamenten este
debate constitucional fundamentado en la relación sustancial que existe, de un
lado entre un mandato que le genera una carga a las autoridades territoriales,
democráticamente electas, consistente en que la necesidad de tener que realizar
una solicitud a la autoridad militar para la suspensión del porte de armas, no
transgrede de manera alguna los principios y fines de democracia participativa,
descentralización, autonomía de las entidades territoriales y supremacía del
poder civil sobre el militar previstos en los principios fundamentales del
Estado Colombiano, dados los argumentos y el precedente ya sentado por la Corte
Constitucional en el tema”.
Finaliza señalando que “aunque en principio podría
pensarse que no hay elementos para concluir si esas finalidades pueden
alcanzarse de un mejor modo si se les atribuye directamente esa competencia a
los alcaldes, lo cierto es que la mera constatación de que dichas autoridades
carezcan de un poder semejante no es una razón suficiente para concluir que,
por lo tanto, se verán abocadas a resignar la conservación del orden público o
el aseguramiento del orden justo. Ambas finalidades pueden ser perseguidas con
celo, y obtenidas en un grado de relevante aceptabilidad, por parte de los
alcaldes, incluso bajo la hipótesis de que existan condiciones normativas que
radicalmente los sustraigan de la clase de autoridades con la facultad de
suspender la vigencia de los permisos para portar y tener armas de fuego”.
3. Federación Colombiana de Municipios
A través de la Directora Ejecutiva la entidad presenta
sus argumentos frente a la demanda contra los artículos 32 y 41 (parcial) del
Decreto Ley 2535 de 1993, para solicitar la exequibilidad de las normas.
Considera que “la mayor dificultad que presenta la
demanda de la referencia consiste, en criterio de la Federación, en cuestionar
las normas demandadas bajo la argumentación de que existe una omisión
legislativa relativa” partiendo de la base de que “el legislador tiene la
obligación constitucional de someter el poder militar al poder civil”. Este
argumento, dice, no implica necesariamente que “por poder civil tenga que
entenderse el que se manifiesta en los municipios y regiones, a través de
Alcaldes y Gobernadores, pues habría necesidad de examinar el reparto de
competencias que para el manejo del orden público ha previsto la Constitución
como necesario punto de partida”.
Afirma que no pueden examinarse desde una óptica común
las atribuciones de otorgar permisos para porte de armas y de suspender la
vigencia de los mismos.
Al respecto, estima razonable que “lo primero sea
del resorte de las autoridades nacionales, a través de las fuerzas militares,
en la medida en que la administración del monopolio estatal sobre las armas
recae en nuestro ordenamiento jurídico en las autoridades centrales como parte
de lo que puede llamarse el orden público mayor. En cambio no consideramos que
lo sea privar a los alcaldes y gobernadores de la posibilidad de suspender en
sus respectivos territorios los permisos para tenencia de armas en la medida en
que la disimilitud de condiciones geográficas, económicas y sociales propia de
nuestro vasto territorio nacional pueden llevar a que en una determinada parte
del territorio y sobre todo para un particular grupo de ciudadanos, que
conviven en dicho territorio, resulte necesaria la prohibición de tenencia de
armas para todos los particulares.”
En consecuencia, concluye que en este último
escenario, “sí entran en consideración los principios de autonomía y
diversidad, y resulta contraria a los mismos la carencia de facultades en los
mandatarios departamentales y municipales para imponer una determinación de esa
naturaleza”. Además, considera que la vigencia de la norma demandada implica
que las entidades territoriales “están al arbitrio de las autoridades
militares en la medida en que, por más que la Corte se haya cuidado de advertir
que estas deben obrar con razonabilidad, bien puede ocurrir que presten oídos
sordos a las suplicas de Gobernadores y Alcaldes”.
4. Asociación Colombiana de Ciudades Capitales
-ASOCAPITALES-
A través del Director Jurídico, Asocapitales intervino
para solicitar la exequibilidad de las normas demandadas.
Contrario a los demandantes, considera que en las
normas impugnadas no se materializan las causales que configuran una omisión
legislativa relativa y no vulneran los principios constitucionales de participación
democrática, descentralización territorial y autonomía de las entidades
territoriales, ni el monopolio legítimo de la fuerza y el uso de las armas en
cabeza del Estado.
En cuanto a los presupuestos de la omisión
legislativa, señala que “el mandato contenido en el artículo 315 de la
Constitución subordina a los alcaldes a la conservación del orden público bajo
los preceptos legales y las instrucciones y ordenes que reciban del Presidente
de la Republica y del respectivo gobernador departamental. En ultimas, las
entidades territoriales encabezadas por los alcaldes no tienen una plena
autonomía con respecto a las decisiones de orden público que afectan su
jurisdicción, sino que se someten a una articulación con el Estado central, el
cual, para el caso objeto de examen, se configura con las Fuerzas Militares
encabezadas por su comandante en jefe, esto es, el Presidente de la República”.
Adicionalmente, resalta que estas normas no están suprimiendo
las facultades que tienen alcaldes y gobernadores, al conservar las
relacionadas con “la suspensión general del porte de armas en las entidades
objeto de su jurisdicción con miras a dar cumplimiento y desarrollo a los
mandatos de políticas de seguridad y convivencia ciudadana”.
Señala que los demandantes no tienen en cuenta los
procedimientos para formalizar la suspensión del porte de armas, que ofrecen “amplias
y suficientes atribuciones a los mandatarios de las entidades territoriales que
les permiten ejercer su competencia constitucional en cuanto al planteamiento
de políticas de control y de seguridad ciudadana”.
Finalmente, no encuentran afectado el ejercicio de una
ciudadanía participativa ni mucho menos un impedimento para ejercer el control
del poder político, toda vez que las normas no afectan “la representación
presidencial y a través de los alcaldes y gobernadores, conserva los conductos
regulares necesarios para solicitar la suspensión del porte de armas en
coordinación con las directivas del nivel central”.
Respecto del principio de democracia participativa
consagrado en el artículo 1° de la Constitución, expresa que los artículos
objeto de demanda no lo vulneran. Es función del Presidente de la Republica,
como máxima autoridad civil de las fuerzas armadas, representar los intereses
de todos los ciudadanos en materia de seguridad nacional y “mantener la
decisión en el ámbito de las fuerzas militares y al continuar estas bajo el
mando del Presidente de la Republica, respeta la voluntad general de la Nación.
Adicionalmente, el trabajar en conjunto con los alcaldes y gobernadores,
respeta la participación política de las entidades territoriales y con ello se
garantiza el cumplimiento de los postulados constitucionales”.
De otra parte, considera que tampoco se vulneran los
principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales por
las normas demandadas pues estas disponen que alcaldes y gobernadores soliciten
a las autoridades militares del nivel central la suspensión general de los
permisos para tenencia y porte de armas, conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
En cuanto a la prevalencia del poder civil sobre el
militar, componente central en la discusión sobre la exequibilidad de los
artículos demandados, señala que aunque “las fuerzas militares participan en
el diseño de las políticas de seguridad y defensa, es claro que las autoridades
civiles mantienen la primacía al ser el Presidente el comandante supremo de las
Fuerzas Militares. No es acertado, como lo pretenden demostrar los demandantes,
que las autoridades militares estén por encima del poder civil en la
determinación de la suspensión general del porte de armas en los territorios
pues es el Presidente, como autoridad civil, quien tiene el control sobre las
Fuerzas Militares. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los alcaldes y
gobernadores podrán solicitar, mediante los mecanismos señalados, la suspensión
del porte de armas a las autoridades militares”
En ese contexto, concluye que “los artículos
demandados garantizan la cooperación armónica entre las autoridades civiles y
militares en pro de la integración y desarrollo de las políticas de seguridad.
Además, resulta claro que las funciones de los alcaldes y gobernadores frente a
la Seguridad Nacional están regidas por estrictos términos legales y
constitucionales, ya que la Constitución le dio al Presidente de la Republica
la primacía en la toma de decisiones en esta área. Así, las decisiones del
Presidente sobre la seguridad nacional se aplicarán de manera inmediata y
preferente sobre las de los gobernadores; finalmente, los actos y órdenes de
los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en
relación con los de los alcaldes”.
5. Fuerza Aérea Colombiana
-FAC
Atendiendo la remisión que
le hiciera el Ministerio de Defensa, el Departamento Estratégico de Asuntos
Jurídicos y DD.HH dio respuesta al requerimiento[1]
del despacho.
Señaló que de conformidad
con el artículo 32 del Decreto ley 2535 de 1993 y el artículo 10 de la Ley 119
de 2006, la FAC ostenta competencia para emitir la suspensión general de los
permisos para porte de armas en el territorio nacional respecto a los señores
jefes de estado mayor de las unidades operativas menores equiparables en la FAC
a los señores Jefes de Estado mayor de los comandos aéreos.
Manifestó que cuenta con
dos unidades que ostentan circunscripción territorial para proferir  actos
administrativos relacionados con las suspensiones de la tenencia y porte de
armas de fuego: 1) el Comando Aéreo de Mantenimiento (CAMAN), con sede en
Madrid, Cundinamarca y 2) el Comando Aéreo de Combate No. 1 (CACOM-1) ubicado
en Puerto Salgar, Cundinamarca. El primero de ellos, CAMAN, “carece de
pronunciamientos al respecto o expedición de actos administrativos para la
suspensión referida”. El segundo, CACOM 1, ha proferido 5 actos
administrativos de suspensión del permiso para porte de arma de fuego.
De los actos
administrativos, dice, “se puede determinar que el Comando Aéreo de Combate
No. 1 ha materializado los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional al
prorrogar las medidas de suspensión general de los permisos de porte de armas
para vigencias 2015 a 2019, que hacen parte integrante de la presente misiva,
teniendo un promedio de una solicitud por año”.
Respecto del procedimiento
para solicitar la medida de suspensión, señala que ésta se puede hacer de
oficio o a petición de autoridad municipal siempre que se den las condiciones
objetivas. Caso en el cual se efectúa la elaboración del acto administrativo
que así lo determine, posteriormente, se procede a la publicación y
comunicación masiva de esa decisión a través de los medios idóneos que en cada
municipalidad corresponda.”
De otra parte, señala que
verificados los archivos “no se encuentran negativas frente a solicitudes
para la suspensión general en el porte de armas efectuada por una autoridad
municipal”.
Finalmente indica que el Ministerio de Defensa
Nacional designó como entidades encargadas de verificar la materialización de
los lineamientos del Gobierno Nacional, con competencia para conocer de las
solicitudes para la suspensión general del porte de armas, a las siguientes:
“1. El Comando General de las Fuerzas
Militares, los Comandantes de Unidades Operativas Menores y sus equivalentes en
la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, con seccionales de Control y
Comercio de Armas, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de la
directiva.
2. El Jefe del Departamento Control
Comercio de Armas, Municiones y Explosivos y los Jefes de Estado Mayor de las
Unidades Operativas Menores o su s equivalentes en la Armada Nacional y la
Fuerza Aérea Colombiana, seccionales de Control Comercio de Armas, son
autoridades competentes para expedir permisos especiales, nacionales y
regionales, respectivamente, conforme a la normatividad vigente y previo
cumplimiento de las instrucciones establecidas en la directiva.”
6.
Armada de Colombia
Las diferentes Brigadas de
Infantería de Marina respondieron el requerimiento[2]
realizado por la magistrada ponente de la siguiente manera:
6.1. El Comandante de la Brigada de
Infantería de Marina No. 1 manifestó en su respuesta frente al promedio de
solicitudes elevadas por los alcaldes y gobernadores, que “no existen
registros de solicitudes con estas características por parte de este tipo de
funcionarios, de conformidad a lo verificado en los archivos de esa Dependencia”.
Frente al segundo punto, relacionado con el
procedimiento señaló que el mismo está determinado en el Decreto 2535 de 1993 y
finalmente, respecto del “requerimiento de información sobre la existencia
de respuestas negativas a las solicitudes de suspensión de la tenencia y porte
de armas, se le pone de presente que no registran respuestas bajo esta
condición, toda vez que no reposan solicitudes de esta índole, como se esboza
en el numeral 1 del presente oficio”.
6.2. Por intermedio del
Comandante de Brigada de Infantería de Marina No.2 indicó que tiene la responsabilidad de emitir la
resolución de restricción de porte de armas de fuego expedida a personas
naturales y jurídicas en la jurisdicción asignada para todo el personal que se
movilice en el casco rural y urbano de los siguientes municipios:
“DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ: Juradó, Bahía
Solano. Nuquí, Bajo Baudó Pizarro): corregimiento de Belén de Docampadó,
Guineal, Orpua, Pto Meluk (pacifico), el limón La Comba, el Sepulcro, la Playa,
Bellavista, la Caleta, el Firme 1,2,3, el Cantil, Barranca, Cuevita Dotonedo
Ijua (Pto Abadía), Cocal, Mochado, Cabre, Olivo, Tambito, los Rastrojos,
Aserradero, la Zamora, Bagadó, Pto Escondido, Dotenedo, Majagual, la Aurora,
San Luis, Pabaza, Piliza, Playita, Punta de Purricha, Purricha (Pto reyes) San Agustín
(terrón), Siviru Villa María. Literal San Juan (Docordó): Palestine, Togoroma,
Charambira, Pichima, y Taparal. Isla de los monos, como corregimiento de la
playita y el Venado.
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
DISTRITO DE BUENAVENTURA: Áreas rurales, Bazan, Bocas del Calima, Córdoba, El Pital,
El tigre, Guadalito, La Concepción, La playa, La Trojita, Ladrillera Llano bajo,
Málaga, Mayorquin, Papayal, El pastico, Pto España, Pto Merizalde, Pto Naya,
Punta de Soldado, San Antonio de Yurumangui, san Francisco Javier, San Isidro,
San José de Anchicayá, San José de Yurumangui, San Marco, Silva, Veneral,
Zabaletas, Zacarías.
a) Responsabilidad vial sobre la
carretera que del Municipio de Buenaventura conduce a la ciudad de Cali, con un
trazo de 20 kilómetros hasta el corregimiento de Córdoba.
b) Responsabilidad vial sobre la
antigua vía que de Buenaventura conduce a Cali hasta el límite de la jurisdicción
en el área general del corregimiento de Llano Bajo.
DEPARTAMENTO DEL CAUCA: Municipio de López
de Micay, área rural de Candelaria. El Coco. Tambor, Boquerón, Estrechura,
Corado, Caimanero, Tambo, Playa, Rio Naya, Chiguero, Boca Grande, El Trapiche,
Noanamito, Santa Ana, Sagrada Familia, Las Inspecciones de Policías de San
Fernando, San Pedro del Naya.”
En cuanto al primer punto, indicó que “una vez
verificada la información que reposa en este comando no se evidencian
documentos emitidos por alguna de las alcaldías de la jurisdicción arriba
mencionadas o de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se solicita la
suspensión de la tenencia o porte de armas, como tampoco se han recibido
mencionados requerimientos de manera verbal”. Respecto del procedimiento,
señaló que el mismo está en el decreto 2535 de 1993 y finalmente, afirmó que “no
existen solicitudes negadas al respecto, antes, por el contrario, este Comando
en atención a las acciones de protesta social y de paros que se han venido
presentando en el país, como medida de prevención de alteraciones de orden
público se restringieron los permisos de porte de armas a personas naturales y
Jurídicas que posean permisos especiales para ello, conforme lo establece el
mismo decreto ibídem, con aplicación para periodos de tiempos específicos sobre
todo en las fechas en que se realizaron marchas dentro de nuestra jurisdicción”.
6.3. El jefe de Estado Mayor
Brigada de Infantería de Marina No. 3 manifestó que su competencia “comprende
el casco urbano del Municipio de Leguízamo en el departamento del Putumayo y el
área de responsabilidad fluvial de los ríos Putumayo: desde Puerto Asís hasta
el Hito Internacional Tarapacá (Colombia) – Ipirangá Santo Antonio do Ica
(Amazonas – Brasil) incluyendo todos sus afluentes y cuerpos de agua
tributarios navegables. Río Caquetá: desde Puerto Guzmán hasta el Hito
Internacional Apaporis – Isla Guillermina en la frontera con Brasil, incluyendo
todos sus afluentes y cuerpos de agua tributarios navegables. Río Orteguaza:
desde la población de Montañita hasta la desembocadura en el río Caquetá en
Solano Caquetá y Río Guaviare: desde el área general de Puerto Arturo hasta el
raudal de La Mapiripana”.
Frente a los puntos uno y
tres, informó que “verificados los archivos de esta unidad de los últimos 5
años no se han recibido solicitudes de restricción de porte de armas por parte
de los Alcaldes y Gobernadores dentro de la jurisdicción y área de responsabilidad
fluvial, por tal razón no se han emitido respuestas negativas a dichas
autoridades”. Respecto del procedimiento (punto dos), señaló que éste se
encuentra indicado en el artículo 41 del Decreto Ley 2535 de 1993.
III. CONCEPTO DEL MINISTERIO
PÚBLICO
El Procurador General de la Nación, solicitó estarse a
lo resuelto en la sentencia C-867 de 2010, que declaró la exequibilidad condicionada
de las expresiones “de que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993”
contemplada en el primer inciso del artículo 41 del Decreto -Ley 2535 de 1993,
al igual que las expresiones “solicitar a la autoridad militar competente la
adopción de las suspensión general” y “autoridades contempladas en el
artículo 32 del Decreto 2535 de 1993", contemplados en el primer y tercer
parágrafo de la misma norma, “en el entendido de que las autoridades
militares competentes deberán dar respuesta pronta y motivada a la solicitud de
suspensión de permisos de porte de armas que presenten el alcalde o el
gobernador”.[3]
Considera que aunque en oportunidad anterior, la Corte
no juzgó directamente el artículo 32 demandado, sí juzgó las expresiones de que
trata el mismo así como a sus autoridades. Por lo tanto, estima que el Tribunal
“se ocupó de estudiar la remisión normativa para efectos de determinar las
autoridades competentes para la expedición y revalidación de permisos para
tenencia y para porte de armas en los lugares que determine el Ministerio de
Defensa Nacional. Así las cosas, para la Procuraduría General se trata del
mismo objeto de control”.
Respecto del parámetro de control, considera que los
cargos son similares a los analizados en demanda que dio origen a la sentencia
C-867 de 2010, al estar “sustentados en la limitación a la facultad de los
alcaldes y gobernadores para expedir, revalidar, suspender la vigencia del
permiso de tenencia y porte de armas y, en consecuencia, su sometimiento a la
decisión que tomen las autoridades militares al respecto”.
En efecto, estima que el problema jurídico planteado y
los temas abordados en aquella oportunidad por la Corte Constitucional le
permitieron concluir que “la Constitución de 1991 creó un monopolio estatal
sobre todas las armas (art. 223 C.P.), y que el porte o posesión de estas por
parte de los particulares depende de que el Estado otorgue el correspondiente
permiso, razón por la cual no se puede juzgar este monopolio no es comparable
con la prohibición de monopolios económicos (art. 336 C.P.)”.
Igualmente, señala que en esa oportunidad señaló la
Corte que la falta de mención de los alcaldes en la disposición acusada no
significaba que su voluntad estuviera subordinada a la de las autoridades
militares, ya que la atribución de conservar el orden público en el municipio,
se hará “de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba
del Presidente de la República y del respectivo gobernador”, razón por la
cual “la mera constatación de que dichas autoridades carezcan de un poder
semejante no es una razón suficiente para concluir que, por lo tanto, se verán
abocadas a resignar la conservación del orden público o el aseguramiento del
orden Justo”.
En ese contexto, el Ministerio Público considera que
el monopolio estatal de las armas que establecido en el artículo 223 de la
Constitución “comprende la expedición, revalidación y suspensión de permisos
para tenencia y porte de armas de fuego”, y conforme a dicho precepto
constitucional “Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas,
municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin
permiso de la autoridad competente”.
Por lo anterior, la Procuraduría insiste en que se
trata del mismo parámetro de control, “pues aunque en este caso no se
invocan como disposiciones violadas los artículos 189 y 315-2, sino los
artículos 2, 3, 22 A y 287 de la Constitución Política, el concepto de
violación se construye a partir de las mismas premisas, esto es, la exclusión
de los alcaldes y gobernadores de las competencias relacionadas con la expedición,
revalidación y suspensión de permisos para tenencia de armas, y su impacto en
la conservación del orden público, y la subordinación del poder civil al
militar”. Asunto que fue analizado en la Sentencia C-867 de 2010, así “los
accionantes en el presente caso traten de modificar el parámetro y presentar el
cargo como un problema de descentralización y autonomía territorial”.
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia de la Corte
En
virtud de lo establecido en el numeral 5 del artículo 241 de la Constitución,
la Corte es competente para conocer la demanda de inconstitucionalidad de la
referencia dado que se dirige en contra de los artículos 32 y 41 del Decreto
Ley 2535 de 1993.
2.
Primera cuestión preliminar: la aptitud de la demanda
1. De manera preliminar, la
Corte analizará si la demanda cumple las condiciones establecidas en la
jurisprudencia para propiciar un pronunciamiento de fondo, como se indica a
continuación.
2. La Corte
Constitucional ha establecido en su jurisprudencia los requisitos necesarios
para la admisión de la acción de inconstitucionalidad presentada por los
ciudadanos. La Sala Plena de esta Corporación en el año 2001 estableció las
reglas que fueron fijadas en los primeros diez años de funcionamiento de la
Corte, en una sentencia que ha sido reiterada recientemente en numerosa
jurisprudencia, en la cual se ha ido precisando y concretando, caso a caso, los
alcances de la misma.[4] En
tal decisión se puntualizó que las acciones de constitucionalidad requieren
tres elementos fundamentales: “(1) debe referir con precisión el objeto
demandado, (2) el concepto de la violación y (3) la razón por la cual la
Corte es competente para conocer del asunto” (art. 2, Decreto 2067 de
1991).[5] El segundo de estos
elementos (el concepto de la violación), debe observar, a su vez, tres
condiciones mínimas: (i) “el señalamiento de las normas constitucionales que
consideren infringidas “(art. 2, num.2, Decreto 2067 de 1991); (ii) “la
exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que
riñe con las normas demandadas”[6] y
(iii) exponer las razones por las cuales las disposiciones normativas
demandadas violan la Constitución, las cuales deberán ser, al menos, “claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.[7]
3. Dichas
características, que debe reunir el concepto de violación formulado por quien
demanda la norma, fueron definidas por la Corte. En cuanto al requisito de la claridad,
indicó esta Corporación que el mismo se refiere a la existencia de un hilo
conductor en la argumentación, que permita al lector la comprensión del
contenido en su demanda.[8] La
condición de certeza, por su lado, exige al actor presentar
cargos contra una proposición jurídica real, existente y que tenga conexión con
el texto de la norma acusada, y no una simple deducción del demandante.[9] La exigencia de especificidad
hace alusión a que el demandante debe formular, al menos, un cargo
constitucional concreto y directamente relacionado con las disposiciones que se
acusan, pues exponer motivos vagos o indeterminados impediría un juicio de
constitucionalidad.[10] En
cuanto a la pertinencia, la Corte ha establecido que la misma se
relaciona con la existencia de reproches basados en la confrontación del
contenido de una norma superior con aquel de la disposición demandada, por lo
cual no puede tratarse de argumentos de orden legal o doctrinario, o de puntos
de vista subjetivos del accionante.[11] Con
respecto a la suficiencia, ésta guarda relación con la exposición de los
elementos de juicio necesarios para llevar a cabo un juicio de
constitucionalidad y con el empleo de argumentos que despierten una duda
mínima sobre la constitucionalidad de la disposición atacada, logrando así
que la demanda tenga un alcance persuasivo.[12]
4. La jurisprudencia constitucional ha establecido que
los cargos por omisión legislativa relativa no se plantean directamente frente
a un texto explícito, sino frente a los efectos jurídicos de una exclusión que
resulta contraria a la Carta. Por lo tanto, el planteamiento de dichos cargos
debe cumplir con unas condiciones particulares, especialmente en relación con
los requisitos de suficiencia, especificidad y certeza[13].
Así, cuando se trata de una omisión legislativa relativa el demandante debe
acreditar:
“(i) que exista una norma sobre la cual se predique
necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias
jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos
en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un
ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial
para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la
exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador.” [14]
5. En esta
oportunidad es viable aclarar que aunque los accionantes presentan tres cargos
contra la norma demandada, el argumento central en ellos versa sobre una misma
premisa: la falta de competencia que tienen las autoridades territoriales,
alcaldes y gobernadores, para expedir, revalidar o suspender autorizaciones de
tenencia y porte de armas de particulares. Así, para lograr este cometido
dentro de sus políticas y planes de gobierno, deberán solicitarlo a las
autoridades militares competentes. Para explicar sus afirmaciones, los
accionantes señalan que no pretenden cuestionar la eficacia de la norma en
relación con las políticas de seguridad y convivencia ciudadana, sino que con
ella, el legislador ha sometido el poder civil al militar al establecer que
tanto alcaldes como gobernadores deben solicitar a las autoridades militares
competentes la suspensión del porte de armas dentro de sus territorios.
Bajo este
contexto, los actores exponen razones claras, ciertas, suficientes y
pertinentes para considerar que la presunta omisión, de no extender la
competencia a estas autoridades territoriales, desconoce los principios
constitucionales de democracia participativa, descentralización y autonomía de
las entidades territoriales y el principio del poder civil sobre el militar.
Ello, porque para que los alcaldes y gobernadores puedan llevar a cabo
políticas de seguridad y convivencia ciudadana que impliquen expedir, revalidar
o suspender autorizaciones de tenencia y porte de armas de particulares, deben
solicitarlo a las autoridades militares competentes dentro de sus territorios.
Así, consideran
que aunque existen otros mecanismos para fijar políticas públicas o lograr el
mantenimiento del orden público en los departamentos o municipios, el hecho de
que esta autoridad civil deba solicitar esta medida a una autoridad militar
demuestra sujeción del poder militar sobre el poder civil, democráticamente
elegido. Situación que, además, les genera una carga adicional a estos
funcionarios electos y desconoce, insisten, los principios superiores ya
mencionados.
De esta forma, los
argumentos logran mostrar un hilo conductor que permite entender las razones de
la censura, logrando persuadir sobre la necesidad de adelantar un juicio de
constitucionalidad de la norma acusada
3. Segunda cuestión
preliminar: análisis de la cosa juzgada constitucional
En esta
oportunidad, los accionantes consideran que no existe cosa juzgada,
particularmente frente a la sentencia C-867 de 2010, toda vez que (i) no hay
identidad en los cargos analizados en aquella oportunidad, es decir, la
violación de los artículos 189 y 315 constitucionales y (ii) se presentó una
reforma que cambió los parámetros de la comparación de la norma a través de la
expedición del acto legislativo 005 de 2017 “Por medio del cual se dictan
disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las
armas por parte del Estado”.
Para el Ministerio Público, en el presente caso existe
cosa juzgada constitucional y, en consecuencia, la Corte debe estarse a lo resuelto
en la sentencia C-867 de 2010 que declaró la exequibilidad de las expresiones “de
que trata el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993” incluidas  en el primer
inciso del artículo 41 del Decreto -Ley 2535 de 1993, modificado por el artículo
10 de la Ley 1119 de 2006, al igual que las expresiones “solicitar a la
autoridad militar competente la adopción de las suspensión general” y “autoridades
contempladas en el artículo 32 del Decreto 2535 de 1993", contenidas en
el primer y tercer parágrafo de la misma norma “en el entendido de que las
autoridades militares competentes deberán dar respuesta pronta y motivada a la
solicitud de suspensión de permisos de porte de armas que presenten el alcalde
o el gobernador”.
Por lo anterior, es necesario
establecer si en este caso efectivamente se configura el fenómeno jurídico de
la cosa jugada constitucional.
3.1.1.
La cosa juzgada constitucional “es una
institución jurídico procesal que tiene su fundamento en el artículo 243 de la
Constitución Política (…) mediante
la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de
constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas.”[15]
De conformidad con la jurisprudencia, es un atributo que “caracteriza un
determinado conjunto de hechos o de normas que han sido objeto de un juicio por
parte de un tribunal con competencia para ello y en aplicación de las normas
procedimentales y sustantivas pertinentes.”[16] En caso
de presentarse, queda prohibido “que el juez constitucional vuelva a conocer
y decidir sobre lo resuelto.”[17]
El fundamento de la cosa juzgada constitucional y de sus
efectos se basa “(i) en la protección de la seguridad jurídica que impone la
estabilidad y certidumbre de las reglas que rigen la actuación de autoridades y
ciudadanos, (ii) en la salvaguarda de la buena fe que exige asegurar  la
consistencia de las decisiones de la Corte, (iii) en la garantía de la
autonomía judicial al impedirse que luego de juzgado un asunto por parte del
juez competente y siguiendo las reglas vigentes pueda ser nuevamente examinado
y, (iv) en la condición de la Constitución como norma jurídica en tanto las decisiones
de la Corte que ponen fin al debate tienen, por propósito, asegurar su
integridad y supremacía[18]”.[19]
3.1.2.
Para que se configure la cosa juzgada constitucional, es preciso que se
adviertan los siguientes elementos: (i) identidad de objeto, (ii) identidad
de causa y (iii) subsistencia del parámetro de control de constitucionalidad. En
la sentencia C-008 de 2017 se indicó sobre el particular:
“En la sentencia C-744 de 2015
se reiteraron las reglas jurisprudenciales de verificación de la existencia de
cosa juzgada que establecen que ésta se configura cuando: “(…) (i) se
proponga estudiar el mismo contenido normativo de una proposición jurídica ya
estudiada en una sentencia anterior; (ii) se presenten las mismas razones o
cuestionamientos (esto incluye el referente constitucional o norma
presuntamente vulnerada), analizados en ese fallo antecedente; y (iii) no haya
variado el patrón normativo de control”. Es decir, para que se constante el
fenómeno se requieren tres elementos: (i) identidad de objeto; (ii) identidad
de causa petendi; y (iii) subsistencia del parámetro de constitucionalidad,
esto es, que no exista un cambio de contexto o nuevas razones significativas
que de manera excepcional hagan procedente la revisión, lo que la
jurisprudencia ha referido como un nuevo contexto de valoración”.[20]
Este Tribunal ha establecido distintas tipologías de la cosa
juzgada constitucional,[21] las cuales fueron sintetizadas en la sentencia C-064
de 2018 de la siguiente manera:
“-
Formal. Existe un pronunciamiento previo por la Corte respecto a la disposición
legal que se sujeta a un nuevo escrutinio constitucional. Entonces, la decisión
debe declarar el estarse a lo resuelto en providencia anterior[22].
-
Material. A pesar de demandarse una disposición formalmente distinta, el
contenido normativo resulta idéntico al de otra que fue objeto de examen
constitucional. Este juicio implica la evaluación del contenido normativo, más
allá de los aspectos formales que diferencien las disposiciones revisadas,
luego también se configura cuando se haya variado el contenido del artículo
siempre que no se afecte el sentido esencial del mismo[23]. Por lo
tanto, la decisión es de estarse a lo resuelto en providencia anterior y
declarar la exequibilidad simple o condicionada de la disposición acusada.
Los
presupuestos para la declaración están dados por una decisión previa de
constitucionalidad sobre una regla de derecho idéntica predicable de distintas
disposiciones jurídicas, la similitud entre los cargos del pasado y del
presente y el análisis constitucional de fondo sobre la proposición jurídica[24].
-  Absoluta. Cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una
disposición no se encuentra limitado por la propia decisión por lo que se
entiende examinada respecto a la integralidad de la Constitución. De esta
manera, no puede ser objeto de control de constitucionalidad[25].
- Relativa. Se presenta cuando el juez constitucional
limita los efectos de la decisión dejando abierta la posibilidad de formular un
cargo distinto al examinado en decisión anterior. Puede ser explícita cuando se
advierte en la parte resolutiva los cargos por los cuales se adelantó el juicio
de constitucionalidad e implícita cuando puede extraerse de forma inequívoca de
la parte motiva de la decisión sin que se exprese en la resolutiva[26].
- Aparente. Aunque se hubiere adoptado una decisión en la parte
resolutiva declarando la exequibilidad, en realidad no se efectuó análisis
alguno de constitucionalidad, siendo una cosa juzgada ficticia. Este supuesto
habilita un pronunciamiento de fondo por la Corte[27]”.[28]
En cuanto a sus efectos, la
jurisprudencia ha fijado las siguientes reglas generales: “(i) si la
decisión previa fue de inexequibilidad y existe cosa juzgada formal la Corte
deberá limitarse a estarse a lo resuelto; (ii) si la decisión previa fue de
inexequibilidad y existe cosa juzgada material, la Corte deberá estarse a lo
resuelto y declarar nuevamente la inexequibilidad de la disposición por
desconocimiento del artículo 243 de la Constitución; (iii) si la decisión
previa fue de exequibilidad y existe cosa juzgada formal la Corte deberá
limitarse en su pronunciamiento a estarse a lo resuelto; y (iv) si la decisión
previa fue de exequibilidad y existe cosa juzgada material, las consideraciones
de la sentencia se erigen en un precedente relevante que la Corte puede seguir,
disponiendo estarse a lo resuelto y declarando exequible la norma, o del que
puede apartarse con el deber de exponer razones suficientes que puedan
justificar una decisión de inexequibilidad.”[29]
Ahora bien, siguiendo las reglas anteriores, es
necesario destacar que la cosa juzgada material puede presentarse en sentido
estricto o en sentido amplio o lato. La primera, la cosa juzgada material en
sentido estricto, se configura “cuando existe una sentencia previa que
declara la inexequibilidad del contenido normativo que se demanda por razones de
fondo y corresponde a la Corte decretar
la inconstitucionalidad de la nueva norma objeto de análisis.”[30]
Por
su parte, la cosa juzgada material en sentido amplio o lato ocurre cuando una
sentencia previa declara la exequibilidad o la exequibilidad condicionada del
contenido normativo que se demanda. En efecto, “si bien el Congreso no puede reproducir una norma
declarada inexequible, nada impide que vuelva a expedir una norma declarada
exequible, puesto que si ella fue encontrada ajustada a la Carta el legislador
no viola la Constitución al adoptar una disposición idéntica a la anterior. || Una vez reproducida la norma exequible, la
Corte debe apreciar si en el nuevo contexto dentro del cual fue expedida, ésta
adquirió un alcance o unos efectos distintos, lo cual justificaría un fallo de
fondo en un sentido diferente al anterior. Lo mismo sucedería en caso de que la
Corte encuentre razones poderosas para introducir ajustes en su jurisprudencia
o cambiarla.”[31]
En este último evento, se deben acreditar los siguientes requisitos resumidos
en la sentencia C-073 de 2014:
“(i) Que exista una sentencia previa de constitucionalidad sobre una
disposición con idéntico contenido normativo a la que es objeto de demanda,
esto es, que los “efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos”[32].
(ii) Que exista identidad entre los cargos que fundamentaron el juicio
de constitucionalidad que dio lugar a la sentencia proferida por esta
Corporación y aquellos que sustentan la nueva solicitud.
(iii) Que la declaratoria de constitucionalidad se haya realizado por
razones de fondo.
(iv) Que no se hayan producido reformas constitucionales frente a los
preceptos que sirvieron de base para sustentar la decisión; y que se esté ante
el mismo contexto fáctico y normativo. En efecto, como en reiteradas ocasiones
lo ha señalado este Tribunal, el juez constitucional tiene la obligación de
tener cuenta los cambios que se presentan en la sociedad, pues puede ocurrir
que un nuevo análisis sobre normas que en un tiempo fueron consideradas
exequibles a la luz de una nueva realidad ya no lo sean[33]”.[34]
Así, si se acreditan los anteriores presupuestos esta
Corporación deberá estarse a lo resuelto a la sentencia que estudió previamente
el mismo contenido normativo y declarar la exequibilidad o la exequibilidad
condicionada de la disposición demandada, reproduciendo los condicionamientos exigidos por la
Corte, como quiera que sobre dicha
disposición no se ha realizado pronunciamiento alguno.[35]
Con base en estas consideraciones la Sala Plena
analizará si en el presente caso existe cosa juzgada material frente a lo resuelto por esta Corporación
en la Sentencia C-867 de 2010.
3.1.3. Inexistencia
de cosa juzgada en las disposiciones demandadas
Como se indicó en
precedencia, para que se configure la cosa juzgada material es necesario que se
cumplan varios requisitos ya mencionados.
Existe en este caso
una sentencia de constitucionalidad sobre las disposiciones demandadas, ya que
en la sentencia C-867 de 2010
se estudió el artículo 41 del Decreto-Ley 2535 de 1993 y se pronunció la Corte
sobre la remisión al artículo 32 que hace el 41 cuestionado y sus expresiones.
Sin embargo, no se advierte identidad entre los cargos que fundamentaron el juicio de
constitucionalidad que dio lugar a la sentencia proferida por esta Corporación
y aquellos que sustentan la nueva solicitud, tal como se evidencia en el siguiente cuadro
comparativo:
Cargos analizados en la sentencia C-867
de 2010
Cargos analizados en la presente
demanda
Normas vulneradas:
Artículos 189, numeral 3°, y 315,
numeral 2°, de la Constitución
Normas vulneradas:
Artículos 1, 2,
3, 22A y 287 de la Constitución
Argumentación:
“[…] restringe la capacidad ordinaria del
Alcalde como jefe de policía, y condiciona sus órdenes a la voluntad de una
autoridad militar, cuando quiera que de manera transitoria considere necesario
suspender no individualmente, los permisos de porte de armas de fuego de
defensa personal por razones de control de orden público en su territorio,
para efectos de garantizar la convivencia ciudadana, capacidad que llega
incluso a suspender el porte de armas que no requieren de permiso o
salvoconducto como las armas neumáticas, de gas y las armas largas de pólvora
negra, incluidas las escopetas de fisto, autorizadas a los particulares en el
artículo 25 del estatuto regulador de las armas, municiones y explosivos. ||
Si no fuera así ¿qué sentido tendría que la Ley 62 de 1993 (Estatuto de la
Policía), mande que el Alcalde pueda proponer medidas y reglamentos de
policía y también convocar y presidir el Consejo de Seguridad Municipal? y
¿para qué aprobar y desarrollar desde éste planes de seguridad ciudadana y
medidas para el control del orden público –tales como la suspensión del porte
de armas de fuego– si ella no se pudiere ejecutar por depender de la voluntad
de un militar?”
Señalan los demandantes, en conclusión,
(i) es claro que la Constitución Colombiana “[…] de manera tácita faculta
al Presidente de la República (como Jefe de Gobierno y Comandante de las
Fuerzas Armadas) y al Alcalde (como Jefe de Policía) para ordenar la
suspensión temporal del porte de armas de fuego, al primero en cualquier
parte del territorio y al segundo en el territorio municipal bajo su gobierno”;
(ii) el artículo 41 del Decreto ley 2535 de 1993 limita al Presidente de la
República y al Alcalde para ejercer sus atribuciones como jefes de policía,
“[…] sometiéndolos al poder de un militar, lo cual es inconcebible. En el
primero porque es su comandante en jefe en tanto que en el segundo porque la
Carta Política no permite subordinarlo a una autoridad distinta al Presidente
de la República”;  (iii) “el Congreso debe legislar deslindando con
propiedad las situaciones y competencias propias del gobierno local como jefe
de policía, y las que le conciernen al alcalde como subordinado del
Presidente. En conexión con ello la ley deberá disponer que los actos de los
alcaldes encaminados a esa finalidad, debe contar con la previa discusión en
el consejo municipal de seguridad, en el cual la participación militar debe
ser obligatoria.”
Argumentación:
Primer cargo. Los artículos 32 y 41,
parágrafos 1° y 2°, del decreto 2535 de 1993, violan el preámbulo y los
artículos 1°, 2° y 3° de la Constitución en tanto vulnera el principio de
democracia participativa y con ello, los fines que se imputan al mismo.
La violación al principio de democracia
participativa sucede en la medida que, si un candidato a la alcaldía o
gobernación en su programa de gobierno, que establece el mandato y margen
jurídico de acción del mismo, propone una política de convivencia y seguridad
ciudadana en su respectivo territorio que contemple tal medida, se
encontraría con la barrera prevista en los artículos 32 y 41, parágrafos 1° y
2°, del decreto 2535 de 1993 que dispone que esa decisión NO depende de la
voluntad ciudadana, sino de las autoridades militares que tenga jurisdicción
en dicho territorio.
Segundo cargo. Los artículos 32 y 41,
parágrafos 1° y 2°, del decretó, 2535 de 1993, violan los artículos 1°y 287°
de la Constitución en tanto vulnera los principios de descentralización y de
autonomía de las Entidades territoriales.
La norma que se demanda en esta ocasión
representa una clara injerencia en la autonomía de los entes territoriales
por parte del gobierno central y las autoridades militares, los cuales, se
encuentran interponiéndose en las gestiones y decisiones asumibles a nivel
local, comprometiendo así la autonomía administrativa de los entes
territoriales, lo que no corresponde a lo estipulado ni por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, ni corresponde con los fines impuestos por el
constituyente primario en la Norma Superior.
Tercer cargo. La norma contenida en los
artículos 32 y 41, parágrafos 1° y 2°, del decreto 2535 de 1993, violan el
artículo 22A, introducido mediante el acto legislativo 005 de 2017 "Por
medio del cual se dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de
la fuerza y del uso de las armas por parte del estado".
La ausencia del poder civil para
diseñar las políticas de convivencia y seguridad ciudadana, representado,
entre otros, en alcaldes y gobernadores, es precisamente donde la norma
demandada riñe con el texto constitucional al restringir que ellos de forma
directa, puedan participar en la expedición, suspensión o revocatoria de los
permisos para el porte y tenencia de armas, como medias eficaces para evitar
que se conformen grupos que intenten tomar justicia por mano propia,
prescindiendo de la fuerza establecida y regulada por el Estado, soslayando
la institucionalidad judicial; propósito explícito del acto legislativo 005
de 2017 y la sentencia C-076 de 2018 que establecen una nueva forma de
comprender las políticas de convivencia y seguridad ciudadana.
Como se puede advertir, aunque los accionantes cuestionan
directamente la exclusión de los alcaldes de la competencia para expedir y
suspender los permisos de porte y tenencia de armas, no lo hacen alegando el
artículo 315 superior, es decir, vulnerando su papel de jefes de policía en sus
municipios. En esta ocasión, cuestionan que existe injerencia por parte del
nivel central y militar para que estas autoridades territoriales, en virtud de
las competencias asignadas por el mandato popular en las elecciones, puedan de
manera autónoma disponer dentro de sus políticas de seguridad y convivencia
ciudadana de esta capacidad de suspensión de los permisos de porte y tenencia
de armas.
No obstante, aunque
no existe identidad de cargos y por consiguiente la Corte tiene competencia
para pronunciarse en relación con los argumentos alegados ahora por los
demandantes, sí se advierte que existen elementos argumentativos relacionados
con los analizados en la sentencia C-867 de 2010. Ello en la medida en que, al
sustentar de manera conjunta dichos cargos, consideran que las normas
trasgreden los principios de democracia participativa, de autonomía
administrativa de los municipios y departamentos en el marco del principio de
aseguramiento del monopolio por parte del Estado sobre la fuerza y el uso de
las armas, al omitir a los alcaldes y gobernadores de las autoridades allí
previstas “con lo cual se les condiciona el cumplimiento de sus funciones de
conservar el orden público en el municipio o departamento, a una solicitud de
autorización al poder militar, para la suspensión general del porte y tenencia
de armas de fuego. Es decir que su función de policía, se ve restringida
irrazonablemente”.
En ese escenario, en el fondo lo que concluyen los
actores es que esta limitación para plantear libremente y, de conformidad con
los programas de gobierno, las políticas de seguridad y convivencia ciudadana, hace
que tanto alcaldes como gobernadores se vean restringidos en la conservación
del orden público en sus territorios, ello en virtud de ser los jefes de
policía en sus localidades. Por lo tanto, a pesar de no existir cosa juzgada formal
la mencionada sentencia C-867 de 2010 se constituye en precedente relevante a
tener en cuenta en esta oportunidad.[36]
4. Presentación del caso y planteamiento
del problema jurídico
De conformidad con la demanda y su corrección, los
ciudadanos consideran que en los artículos demandados existe una omisión
legislativa relativa al no incluir a los alcaldes y gobernadores como sujetos
activos de las competencias allí otorgadas. Por lo tanto, esta omisión materializa
una vulneración de la supremacía del poder civil sobre el militar, la
democracia participativa y la autonomía de las entidades territoriales.
En ese entendido, la Corte dará respuesta al siguiente
problema jurídico:
¿Es posible predicar la existencia de una
omisión legislativa relativa en los artículos 32 y 41 del Decreto Ley 2535 de
1993, en cuanto dichas disposiciones no incluyen a los alcaldes y gobernadores
dentro de las autoridades competentes para expedir y suspender permisos para
porte y tenencia de armas y en consecuencia, se vulneran los artículos
superiores 1, 2, 3, 22A y 287 alegados por los demandantes al impedir que los
alcaldes y gobernadores como representantes legales de los municipios y
departamentos puedan establecer dentro de sus programas de gobierno políticas
de seguridad y convivencia ciudadana que contemplen la posibilidad de expedir y
suspender los permisos de porte y tenencia de armas dentro de sus regiones?
En esta oportunidad deberá la Sala resolver
el problema jurídico con base en la jurisprudencia
constitucional que ha abordado el tema de las omisiones legislativas. Seguidamente,
analizará si en el presente caso se configura la omisión señala y se desconocen
los artículos superiores alegados.
5. Omisión
legislativa relativa. Reiteración de jurisprudencia
Esta Corporación ha establecido desde sus inicios que
existe la posibilidad de que una norma legal resulte violatoria de la
Constitución Política, por la ausencia de mandatos que, en desarrollo de las
normas superiores, serían necesarios frente al tema específico de que la norma
trata. Dicha omisión ha sido entendida por la jurisprudencia de la Corte, como
todo tipo de abstención del legislador de disponer en las normas, lo prescrito
por la Constitución.[37]
En ese contexto, se ha distinguido entre: (i) Omisiones
absolutas, es decir, “aquellas situaciones en las que el legislador no ha
producido norma alguna en relación con la materia de que se trata.”[38]
En este caso, la Corte carece de competencia para pronunciarse, ya que no
existe una norma legal sobre la cual debe recaer el análisis de
inconstitucionalidad. (ii) Omisiones relativas, “concepto que alude a
aquellos casos en los que sí existe un desarrollo legislativo vigente, pero
aquél ha de considerarse imperfecto por excluir de manera implícita un
ingrediente normativo concreto que en razón a la existencia de un deber
constitucional específico, tenía que haberse contemplado al desarrollar
normativamente esa materia.”[39] En
este evento, existe una norma legal para analizar y establecer si es o no
exequible a partir de una confrontación con la Constitución de la que emanaría
el deber incumplido por el legislador.
Esta Corporación ha resaltado que el control sobre las
omisiones legislativas relativas es relevante al momento de asegurar la
integridad de la Constitución, ya que sin afectar la autonomía del legislador
en determinada materia puede garantizar que las normas expedidas acaten los
criterios y deberes mínimos que el Constituyente ha señalado.
La jurisprudencia constitucional ha señalado los
requisitos que deben cumplirse para que pueda acreditarse una omisión
legislativa relativa. En la sentencia C-185 de 2002[40]
se indicó:
“(i) que exista una norma sobre la cual se predique
necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias
jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos
en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un
ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial
para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la
exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos
excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se
encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión
sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el
constituyente al legislador.”
En la misma providencia, explicó la Corte:
“La doctrina de esta Corporación ha definido que sólo
es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa,
cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o
emerge la omisión alegada. En este sentido, la posibilidad de que el juez
constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho
de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en
ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso.”
Finalmente, en caso de acreditarse la ocurrencia
de una omisión legislativa relativa, la decisión dependerá de las circunstancias
particulares de la omisión y del contenido específico de la norma de la cual se
predica. Así, podrá este Tribunal declarar la inexequibilidad de la norma o
proferir una sentencia integradora, en la que declare que la disposición
demandada es exequible extendiendo su interpretación a las situaciones
faltantes como consecuencia de la alegada omisión legislativa.
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, deberá la
Corte analizar si en este caso se está ante la presencia de una omisión
legislativa relativa.
6. Análisis de los elementos de la
omisión legislativa relativa en el presente caso.
6.1. En primer lugar,
es claro el cumplimiento del presupuesto relacionado con la existencia de una
norma legal específica respecto de la cual cabría predicar la omisión. A este
respecto señalan los accionantes que los artículos 32 y 41 del Decreto 2535 de
1993 deberían contener los elementos normativos que echan de menos.
6.2. Respecto de la
exclusión del contenido normativo que de acuerdo con los demandantes debería
estar contemplado en las normas, es claro también que los artículos
cuestionados no contemplan dentro de las autoridades competentes para autorizar
y suspender los permisos para tenencia y porte de armas a los alcaldes y
gobernadores.
En este sentido
podría darse por cumplido en el presente caso este requisito puesto que en
verdad la disposición demandada no faculta a estas autoridades para tal fin,
como lo reprochan los accionantes. Sin embargo, ello no implica por sí solo que
el ingrediente excluido sea esencial para armonizar el texto legal con los
mandatos de la Carta.
6.2.1. A juicio de
los actores, esta competencia
para suspender de manera general y directa la vigencia de los permisos, para
porte de armas expedidos a personas naturales o jurídicas “es la
manifestación de los principios constitucionales relativos a la democracia
participativa, descentralización administrativa y autonomía de las entidades
territoriales” y al no contar con ella, se afectan dichos principios y
también el de “aseguramiento del monopolio por parte del Estado sobre la
fuerza y el uso de las armas”.
6.2.1.1. Respecto de
la democracia participativa,[41]  abundante
jurisprudencia ha reconocido que la consagración del principio de democracia
participativa en la Constitución de 1991 “amplió el espectro de intervención de los
ciudadanos en los asuntos públicos, con la finalidad de recuperar los vínculos
de confianza y de actividad política con el Estado[42].
Bajo esa perspectiva, la Carta estableció nuevas opciones y posibilidades para
que las personas puedan tomar parte en las decisiones y en los procesos
políticos de la sociedad, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo
2º Superior[43]”[44]
Bajo ese entendido,
la Corte ha destacado que la democracia participativa se materializa a través
de los derechos políticos, “concebidos por esta Corte como los instrumentos
con los que cuentan los ciudadanos para incidir sobre la estructura y el
proceso decisional en el cual tienen interés en participar[45]. De esta manera, se
trata de “(…) titularidades de las que se desprenden los mecanismos por medio
de los cuales la ciudadanía se ejerce.”[46] || 27. Esta Corte ha
expresado que los derechos políticos pueden clasificarse de múltiples formas;
en el caso particular de la participación, aquellos pueden ser: i) de
participación directa (iniciativa legislativa, referendos, entre otros); ii) de
acceso a la función pública; y iii) derecho al sufragio, tanto en su dimensión
activa como pasiva[47].”[48]
En la sentencia C-379 de 2016[49]
se reiteró que desde el punto de vista del ciudadano la participación democrática es un
derecho-deber “toda vez que le concede [al ciudadano] la
facultad y a la vez la responsabilidad de hacerse presente en la dinámica
social que involucra intereses colectivos. Esa facultad no se circunscribe a
los procesos propiamente políticos, y su ejercicio debe estar adecuadamente
garantizado, pues así lo exigen las mismas normas superiores”[50]. Esta
comprensión se manifiesta tanto en la elección de representantes como en los
mecanismos de participación ciudadana. 5.1. Ahora bien, es importante
anotar que la participación ciudadana como derecho-deber, debe darse
conforme a los mecanismos establecidos y bajo los parámetros constitucionales y
legales aplicables en cada caso particular. Así pues, el poder
constituyente debe expresar su soberanía por los medios establecidos para
intervenir en la toma de decisiones colectivas. En un Estado constitucional y
democrático el Pueblo “acepta que todo poder debe tener límites y, por lo
tanto, como pueblo soberano acuerda constituirse y autolimitarse de conformidad
con ese modelo democrático e instituye cauces a través de los cuales pueda
expresarse con todo y su diversidad”[51]” (Subraya fuera de texto).
6.2.1.2. En cuanto a la
autonomía de las entidades territoriales, este Tribunal ha señalado que su
alcance está determinado por la influencia de dos elementos que se
complementan, como son el principio de Estado Unitario y las competencias
constitucionales propias de las entidades territoriales, en virtud de su autonomía.
Respecto del primero, se ha
reiterado que el mismo “determina que todos los órganos del Estado,
comprendidos todos los niveles de la administración pública, incluida la
territorial, hacen parte de la unidad política del Estado[52], lo que implica que las potestades
derivadas de la soberanía, tales como la política macroeconómica[53], el acuño de la moneda[54], el manejo de las relaciones
internacionales[55],
el ejercicio de la función jurisdiccional[56] y
de la función legislativa[57] e,
incluso el mantenimiento del orden público, son asuntos que pertenecen al
Estado[58],
en su conjunto, razón por la cual, las entidades territoriales carecen de
competencias en estas materias y, por lo tanto, su autonomía no es absoluta,
sino se encuentra subordinada al ejercicio de estas potestades estatales. Así,
el sometimiento de las entidades territoriales a la Constitución Política y a
las leyes de la República, son elementos que garantizan que la autonomía de las
entidades territoriales se ejerza dentro del Estado Unitario.”[59]
Por su parte, la autonomía de las
entidades territoriales, contenida en varias normas constitucionales[60] se ejerce dentro de los límites
constitucionales y legales e implica “un grado de independencia, ejercida por medio del
autogobierno y de la administración de los asuntos que más conciernen a dichas
entidades”.[61]
La materialización de este principio
comporta diversos retos especialmente “cuando su ejercicio interfiere con la
realización de ciertas competencias en cabeza de entidades del nivel central,
generando una tensión entre ésta y aquélla, sobre todo cuando se trata de temas
catalogados como de interés general, como lo concerniente al orden público o a
actividades de trascendencia económica, en donde el ejercicio de estas
funciones desde en nivel central desplaza a las entidades territoriales en
asuntos que de ordinario se desenvuelven en la órbita de sus competencias, pero
en relación con los cuales existe un interés nacional de superior entidad.[62]
(…) La
Corte Constitucional ha señalado que a pesar de la importancia de los dos
principios (unitario y de autonomía), ninguno se puede aplicar de forma absoluta
en perjuicio del otro,[63] estando
los dos en un sistema de limitaciones recíprocas, en donde el concepto de
autonomía territorial se encuentra restringido por el de unidad, y desde otra
perspectiva la unidad se encuentra circunscrita por el núcleo esencial de la
autonomía de los territorios.[64] La coexistencia de los
principios de Estado unitario y autonomía territorial genera en su aplicación
tensiones permanentes que hacen necesario en cada caso estudiar concretamente
las situaciones de hecho y el uso de herramientas que permitan hacer una
interpretación armónica del sistema jurídico constitucional para definir una
posición frente a la aplicación de uno de estos dos principios, o de la
confluencia de los mismos en caso de ser necesario. En este orden, es el mismo
ordenamiento constitucional el que dispone que en estos casos para resolver las
tensiones se dará aplicación los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad.”[65]
6.2.2. Ahora bien, reconoce
la Sala que esta competencia de otorgar o revocar permisos para porte o
tenencia de armas está estrechamente relacionada con el orden público, pero,
contrario a lo afirmado por los actores, que las autoridades territoriales no
la tengan, no menoscaba los principios constitucionales de democracia participativa y autonomía de
las entidades territoriales, los cuales deben leerse de manera armónica con las
demás disposiciones superiores.
6.2.2.1. En primer
lugar, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, el orden público “es
un asunto de interés general que se define como la reunión de los valores
necesarios para que sean posibles la convivencia social y la vigencia de los
derechos constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana: la
seguridad pública, la tranquilidad pública y la sanidad medioambiental[66], concepto más amplio y
exigente que el de salubridad, ya que involucra el concepto de desarrollo
ambientalmente sostenible[67]”.[68]
En ese contexto, el mantenimiento del
orden público es una función estatal que debe garantizar la convivencia y la
vigencia de los derechos de las personas, y para tal fin, se introducen
limitaciones necesarias, razonables, proporcionadas y no discriminatorias a la
función legislativa o la función administrativa.
6.2.2.2. En segundo lugar, son
diversas las formas en que el Estado puede preservar y restablecer el orden
público. En la sentencia C-223 de 2017[69] la
Corte precisó estas actividades de la siguiente manera:
“El poder de Policía se caracteriza por ser de naturaleza
normativa y consiste en la facultad legítima de regulación de la libertad con
actos de carácter general, impersonal y abstracto, orientados a crear
condiciones para la convivencia social. Agregó la Corte que esta facultad
permite limitar el ámbito de las libertades públicas en relación con objetivos
de salubridad, seguridad y tranquilidad públicas, y que generalmente se
encuentra adscrita al Congreso de la República.
La función de Policía está supeditada al poder de
Policía y consiste en la gestión administrativa concreta del poder de Policía.
Supone el ejercicio de competencias concretas asignadas por el poder de Policía
a las autoridades administrativas de Policía. Su ejercicio corresponde, en el
nivel nacional, al Presidente de la República. En las entidades territoriales
compete a los gobernadores y a los alcaldes, quienes ejercen la función de
Policía dentro del marco constitucional, legal y reglamentario.
Finalmente dijo la Corte en la referida Sentencia
C-117 de 2006, que la actividad de Policía es la ejecución del poder y de la
función de Policía en un marco estrictamente material y no jurídico,
correspondiendo a la competencia del uso reglado de la fuerza, que se encuentra
necesariamente subordinada al poder y a la función de Policía”.
Ahora bien, de
acuerdo con el artículo 315 de la Constitución los alcaldes, como la primera
autoridad de policía en su municipio, detentan el poder de policía, para
mantener el orden público y en virtud del mismo pueden expedir reglamentaciones
generales de las libertades de circulación, por ejemplo, licencias o permisos e
imponer medidas protectoras y sanciones por los comportamientos contrarios al
orden público[70]. Igualmente,
los alcaldes dirigen la actividad de la Policía en su correspondiente municipio
y, bajo su orden, se realizan operativos policiales para verificar el
cumplimiento de las normas de convivencia, en pro de la seguridad y
tranquilidad públicas y la sanidad medioambiental.
Sin embargo, aunque
las competencias de los alcaldes y gobernadores para el mantenimiento del orden
público son amplias, las mismas se encuentran sujetas a las normas legales
dispuestas por el legislador en uso del poder de policía.[71] De manera que las directrices y órdenes que
en la materia expida el Presidente de la República,
se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre las de los
gobernadores. Asimismo, los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de
igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. Es decir, que si bien son autoridades elegidas
democráticamente, en materia de policía administrativa o de orden público, no
actúan como autoridades autónomas sino como agentes jerarquizados de acuerdo
con el artículo 296 de la Constitución.[72]
Bajo ese entendido, puede
el Presidente de la República establecer bajo los principios de razonabilidad y
proporcionalidad las funciones o reglamentaciones en materia de orden público en
las que podrán o no intervenir los alcaldes y gobernadores.
Adicionalmente, que
los alcaldes y gobernadores no cuenten con la potestad de otorgar o suspender
permisos para el porte o tenencia de armas no implica una restricción de sus
competencias para diseñar programas que les permitan mantener el orden público en
sus respectivos territorios, en tanto, como se estableció en la sentencia C-867
de 2010, esta facultad no es un elemento determinante para cumplir tal
compromiso estatal a nivel territorial. En efecto, se dijo en la mencionada
sentencia lo siguiente:
“No obstante, aunque en
principio podría pensarse que no hay elementos para concluir si esas
finalidades pueden alcanzarse de un mejor modo si se les atribuye directamente
esa competencia a los alcaldes, lo cierto es que la mera constatación de que
dichas autoridades carezcan de un poder semejante no es una razón suficiente
para concluir que, por lo tanto, se verán abocadas a resignar la conservación
del orden público o el aseguramiento del orden justo. Ambas finalidades pueden
ser perseguidas con celo, y obtenidas en un grado de relevante aceptabilidad,
por parte de los alcaldes, incluso bajo la hipótesis de que existan condiciones
normativas que radicalmente los sustraigan de la clase de autoridades con la
facultad de suspender la vigencia de los permisos para portar y tener armas de
fuego. Por lo demás, observa la Corte en todo caso que el artículo 315, numeral
2, de la Constitución erige al alcalde en “la primera autoridad de policía del
municipio”, y esa es una razón de más para concluir que definitivamente la
facultad de suspensión de los permisos para porte y tenencia de armas no es una
condición indispensable para mantener el orden público, pues cuenta en todo
caso con el apoyo de la policía para lograr ese cometido”.
Así pues, la
Corte ya ha estimado que la competencia solicitada por los accionantes no
resulta esencial para el mantenimiento del orden público en las regiones y
municipios, de modo que no estar facultado para tal fin, no vulneraría el
principio de autonomía de las entidades territoriales en la medida en que los
planes de gobierno en esta materia se diseñarían teniendo en cuenta sus
competencias constitucionales y legales.
Igualmente, bajo este
entendido no se advierte un desconocimiento del principio a la participación.
Como se indicó previamente, los planes de gobierno en materia de seguridad y
mantenimiento del orden público se diseñarán y expondrán por las autoridades
territoriales en el marco de sus competencias legales y constitucionales y en
ese contexto, se garantiza la participación de los ciudadanos en los temas que
los afecten o interesen.  Sin perjuicio de lo anterior, y en gracia de
discusión, este principio de participación de la ciudadanía en la
delimitación de las políticas de seguridad territorial y nacional, estaría garantizado
en el marco de las competencias del Presidente de la República, también elegido
popularmente y quien fija las directrices y procedimientos para tal
fin
y al que están sometidos no solo los alcaldes y gobernadores, sino las
autoridades militares.
6.2.2.3. En tercer
lugar y para el caso que nos ocupa, no se advierte un sometimiento del poder
civil al militar. En Colombia el monopolio de las armas es del Estado,[73] razón por la que la posesión o porte de las
mismas no es un derecho, sino una excepción.  La Constitución de 1991
condicionó la posesión y la tenencia de todo tipo de armas a la obtención de un
permiso otorgado por el Gobierno Nacional a través de la autoridad competente.
De conformidad con nuestro modelo
constitucional, el titular exclusivo del uso legítimo de las armas es el
Estado, a través de la fuerza pública. Ello, en virtud de la finalidad
primordial encomendada de defender la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y del orden constitucional, como se
desprende del artículo 217 superior. Desde
sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la posesión y
porte de armas es un principio exclusivo de la fuerza pública. En la sentencia
C-077 de 1993[74] se indicó al respecto:
“El único que originaria e incondicionalmente puede
poseer y portar armas es el Estado a través de la fuerza pública (CP art. 216)
y los miembros de los organismos y cuerpos oficiales de seguridad (CP art. 223)
y su uso se circunscribe a los precisos fines y propósitos enunciados en la
Constitución y la Ley. Cualquier otra posesión y uso se deriva del permiso estatal.
Junto al indicado monopolio, dada la necesidad del permiso para la constitución
y circulación de derechos ulteriores sobre las armas y demás elementos bélicos,
cabe reconocer una reserva estatal de principio sobre su propiedad y posesión.
A partir de esta reserva el Estado puede, en los términos de la ley, crear y
administrar titularidades privadas, a través de la técnica administrativa del
permiso. La propiedad y posesión de los particulares no tiene frente a este
conjunto de bienes un valor constitucional originario que pueda oponerse al
Estado. Por el contrario, cualquier titularidad proviene de éste y tiene el
alcance relativo que pueda en cada caso derivarse de las leyes”.
Por lo tanto, “el uso de
la fuerza armada en Colombia está concentrada en la fuerza pública y, si bien
está permitido que otros órganos de seguridad o cuerpos oficiales armados
puedan portar armas, debe tratarse en todo caso de entes con carácter
permanente, creados o autorizados por la ley, y sometidos al control del Gobierno
y con base en los principios y reglas que defina el Legislador.  En
consecuencia, toda otra forma del uso de la fuerza armada que no se someta a
estas condiciones devendrá tanto ilegitima como contraria a la Constitución”.[75]
Al
analizar el Acto Legislativo 05 de 2017,[76] esta Corporación en
sentencia C-076 de 2018, resaltó que la posesión y tenencia de armas está
condicionada a la obtención del permiso otorgado por la autoridad competente, “sin
que en ningún caso puedan los particulares o grupos de particulares sustituir
las funciones de la fuerza pública, toda vez que admitir que estos posean y
porten armas de guerra equivale a crear un nuevo de cuerpo de fuerza al margen
del Estado, con lo cual se quebrantaría el principio de exclusividad de la
fuerza pública consagrado en el artículo 216 de la Carta Política[77]”.
Esta providencia,
contrario a lo indicado por los accionantes no constituye un nuevo parámetro en
la manera de interpretar el monopolio de la fuerza, en el sentido de entender
que alcaldes y gobernadores deben ser autoridades competentes para otorgar
permisos para porte y tenencia de armas en su territorio y por tanto, resulta
indispensable que adquieran esta competencia alegada. Como se indicó por la
Corte:
“la reforma
sometida a revisión que ahora pasa a integrar la Constitución, lejos de afectar
el principio de exclusividad de la fuerza pública para el mantenimiento del
orden público, refuerza, eleva y reafirma a nivel constitucional la prohibición
de conformar grupos armados ilegales. Este nuevo precepto normativo, a partir
de una interpretación histórica, tiene un alto valor simbólico y normativo para
el Estado social y democrático de derecho, pues permite dar sólidas bases
constitucionales a la proscripción de un fenómeno presente en el contexto del
conflicto armado en Colombia al contribuir a afianzar el monopolio del uso de
las armas por parte del Estado, el cual, en los términos consolidados por la
jurisprudencia constitucional, se supedita a las siguientes reglas: (i)
sólo el Estado puede introducir al territorio o fabricar: (a) cualquier tipo de
armas o explosivos y (b) municiones de guerra; (ii) la posesión y el porte de cualquier
arma, explosivo o munición de guerra solo es posible con permiso de la
autoridad competente; y, (iii) en los casos de concurrencia a reuniones
políticas, elecciones o sesiones de corporaciones públicas, el porte de armas
está prohibido[78].
El contenido
normativo del Acto Legislativo 05 de 2017 de ninguna manera condujo a la
configuración de un modelo de Estado distinto al basado en el monopolio
legítimo de la fuerza exclusiva del Estado (arts. 216, 217, 218 y 223 C.P.),
trazado por el Constituyente de 1991, sino que en el ámbito de la justicia
transicional, dio continuidad a la filosofía de la Constitución en esta precisa
materia, afianzando aún más la función programática del Estado para la
consecución del orden público y la paz.”
Bajo ese entendido, en
la mencionada sentencia se respalda y reitera el monopolio de las armas en el
Estado y aunque se reconoce que el uso no legítimo de estas puede desencadenar
en la conformación de grupos al margen de la ley, no se advierte de ello una
autorización para que las autoridades territoriales adquieran competencia para
permitir o suspender el uso de las armas a particulares.
Ahora bien, de
conformidad con lo expuesto, la lectura de las normas cuestionadas permite
concluir que los permisos para portar o tener armas serán otorgados por
autoridades militares, que son subalternas del Gobierno Nacional y operan para
este fin, bajo las directrices fijadas por el Presidente de la República. Es
decir, no es una facultad sujeta al capricho o arbitrio de la autoridad
militar. Por el contrario, la expedición de un permiso de porte de armas o su
suspensión está supeditada a una serie de directrices y procedimientos que el
Presidente de la República ha establecido para ello.[79]  De manera que realizar una solicitud a una
unidad militar competente, sujeta a las directrices del gobierno para el
ejercicio de esta facultad, no implica un sometimiento de los alcaldes y
gobernadores a las autoridades militares.
De otra parte,
las unidades militares competentes para expedir estas autorizaciones al
responder una pregunta
relacionada con el promedio de solicitudes elevadas por los alcaldes y
gobernadores, coincidieron en manifestar que no existen registros de
solicitudes con estas características por parte de este tipo de funcionarios. De
sus respuestas se puede extraer que, durante los últimos cinco años, el
Gobierno, de manera autónoma, ha adoptado medidas de suspensión
general de los permisos de porte de armas teniendo en cuenta las circunstancias
de orden público en algunas regiones del país, como medida de prevención.
Esta situación evidencia
que esta facultad solicitada por los accionantes no es
indispensable para el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana
en las regiones y municipios. Además, permite concluir que esta
materia comprende no solo una política de seguridad y convivencia ciudadana
sino también un asunto de seguridad nacional como quedó establecido en la
sentencia C-076 de 2018, en la medida que el uso no legítimo de las armas puede
desencadenar en la conformación de grupos al margen de la ley. Motivo por el
cual, “desde la perspectiva constitucional la fijación del principio de
exclusividad en el uso de la fuerza no solo es un límite transversal a la
acción del Estado, sino también una regla superior específica, que invalida de
antemano toda forma ilegal de transferencia del uso de las armas a los
particulares”.[80]
6.3. Así las cosas, teniendo
en cuenta lo explicado en precedencia, considera esta Corte que no existe
mandato constitucional que obligue a la inclusión de alcaldes y gobernadores en
las normas cuestionadas como autoridades competentes para suspender los
permisos de porte y tenencia de armas, y por tanto, esta facultad no deviene en
un factor determinante en el planteamiento de programas de gobierno y políticas
de convivencia ciudadana ni mucho menos se trata de un elemento esencial para
armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta. En ese contexto, no se
vulneran los principios de participación, autonomía territorial y el del poder civil
sobre el militar.
En ese escenario, no
se cumplen los presupuestos jurisprudenciales para entender que esta exclusión
constituye una omisión legislativa relativa según lo planteado por los actores
en su demanda y en la respectiva corrección conforme a lo explicado.
7. Conclusión
A juicio de los accionantes en los artículos 32 y 41
del Decreto 2535 de 1993 demandados existe una omisión legislativa relativa al
no incluir a los alcaldes y gobernadores como sujetos activos de las
competencias allí otorgadas. Por lo tanto, esta omisión materializa una
vulneración de la supremacía del poder civil sobre el militar, la democracia
participativa y la autonomía de las entidades territoriales.
Agotado el
análisis de los presupuestos para la configuración de una omisión legislativa quedó
evidenciado que la misma no se configura como como consecuencia del no
cumplimiento de uno de ellos. Lo anterior, por cuanto esta facultad de otorgar
permisos para tenencia y porte de armas o su suspensión no resulta esencial
para que estas autoridades diseñen y ejecuten sus programas de gobierno en
materia de seguridad y mantenimiento de orden público en sus territorios y de
esta manera, se armonicen las normas con las disposiciones superiores.
En ese
contexto, contrario a lo afirmado por los accionantes, los principios de democracia
participativa, descentralización administrativa y autonomía de las entidades
territoriales no se advierten vulnerados al no contar, los
representantes legales de los municipios y departamentos, con la competencia
para participar en la expedición, revalidación y suspensión de permisos para
tenencia y porte de armas.
VII.   DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES
las expresiones demandadas de los artículos 32 y 41 del Decreto 2535 de 1993,
por las razones expuestas en la presente providencia.
Notifíquese
y comuníquese.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Presidente
(Ausente con excusa)
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE ENRIQUE IBAÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
RICHARD S. RAMÍREZ GRISALES
Magistrado (E)
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En el numeral quinto del
auto admisorio se expresó: “QUINTO.-OFICIAR al Ministerio de Defensa Nacional para que dentro del término
legal para intervenir, informe a este despacho lo siguiente:
1. Indicar el promedio de
solicitudes de suspensión de la tenencia y porte de armas elevadas por los
alcaldes y gobernadores del país. \\  2. Indicar cómo es el procedimiento para
solicitar esta medida ante las autoridades militares. \\ 3. Informar si existen
respuestas negativas a estas solicitudes. En caso afirmativo, indicar las
razones de dicha negativa.”
[2] En el numeral quinto del
auto admisorio se expresó: “QUINTO.-OFICIAR al Ministerio de Defensa Nacional para que dentro del término
legal para intervenir, informe a este despacho lo siguiente:
1. Indicar el promedio de
solicitudes de suspensión de la tenencia y porte de armas elevadas por los
alcaldes y gobernadores del país. \\  2. Indicar cómo es el procedimiento para
solicitar esta medida ante las autoridades militares. \\ 3. Informar si existen
respuestas negativas a estas solicitudes. En caso afirmativo, indicar las
razones de dicha negativa.”
[3] Este
condicionamiento fue impuesto en la Sentencia C-867 de 2010.
[4] Corte
Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Los
criterios recogidos y fijados en esta sentencia han sido reiterados en muchas
decisiones posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver por ejemplo:
Sentencia C-874 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371 de 2004 (MP
Jaime Córdoba Triviño), Auto 033 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), Auto 031 de
2006 (MP Clara Inés Vargas Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra), Auto 091 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de
2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), Sentencia C-942 de 2010 (MP Juan Carlos
Henao Pérez), Auto 070 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia
C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y
Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 105 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), Auto 243 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), Auto 145 de 2014 (MP
Alberto Rojas Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), Auto
367 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Auto 527 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa) y Sentencia C-088 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio). En todas estas providencias se citan y emplean los criterios
establecidos en la sentencia C-1052 de 2001 para resolver los asuntos tratados
en cada uno de aquellos procesos.
[5] Corte
Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[6] Corte
Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[7] Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa). Al respecto, ver el apartado (3.4.2) de las
consideraciones de la sentencia.
[8] Corte Constitucional,
Sentencia C-382 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual la
Corte puntualizó que no se cumple con el requisito de claridad al no explicarse
por qué el precepto acusado infringe la norma superior, y Sentencia C- 227 de
2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), providencia en la cual se explicó que
se presenta falta de claridad al existir en la demanda consideraciones que
pueden ser contradictoras.
[9] Corte Constitucional, Sentencia C-913 de 2004 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), en la que se aclaró que no se observó el
requisito de certeza, por cuanto la demanda no recae sobre una proposición
jurídica real y existente, sino en una deducida por quien plantea la demanda, o
que está contenida en una norma jurídica que no fue demandada Sentencia C-1154 de 2005, (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual se señala que se presenta falta de
certeza cuando el cargo no se predica del texto acusado,  y Sentencia C-619 de
2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), en la que se indica que la demanda
carece de tal requisito al fundarse en
una proposición normativa que no está contenida en la expresión demandada.
[10] Corte Constitucional,
Sentencia C-555 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), en la cual se afirmó
que no se cumplió con el requisito de especificidad porque los fundamentos fueron formulados a partir de
apreciaciones subjetivas o propias del pensamiento e ideología que el actor
tiene sobre el alcance de la manipulación genética y su incidencia en la
humanidad y Sentencia C-614 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo), en la que se
concluyó que no se trataba de razones específicas porque la argumentación se
limitó a citar algunas sentencias de la Corte acompañadas de motivos de orden
legal y de mera conveniencia.
[11] Corte Constitucional,
Sentencia C-259 de 2008 (MP Jaime Araújo Rentería), en la cual se señala que la demanda carece
de pertinencia por cuanto se funda simplemente en conjeturas relacionadas con
los provechos o las ventajas de la norma en cuestión y Sentencia C-229 de 2015,
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la que se consideró que la acción
pública de inconstitucionalidad en razón de su objeto, no es un mecanismo
encaminado a resolver situaciones particulares, ni a revivir disposiciones que
resulten deseables para quien formula una demanda.
[12] Corte Constitucional,
Sentencia C-048 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), en la que esta
Corporación señaló que las razones expuestas en la demanda no eran suficientes
al no haberse estructurado una argumentación completa que explicara con todos
los elementos necesarios, por qué la norma acusada es contraria al precepto
constitucional supuestamente vulnerado, y  Sentencia C-819 de 2011 (MP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se afirmó que la acusación carecía de
suficiencia al no contener los elementos fácticos necesarios para generar una
sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado.
[13] Sentencia C-666 de 2016.
[14] Corte
Constitucional. Sentencia C-185 de 2002 (MP. Rodrigo
Escobar Gil).
[15]
Sentencia C-774 de 2001. También en ese sentido, las sentencias C-030 de 2003,
C-1122 de 2004, C-990 de 2004, C-533 de 2005, C-211 de 2007, C-393 de 2011,
C-468 de 2011, C-197 de 2013, C-334 de 2013 y C-532 de 2013.
[16]
Sentencia C-462 de 2013. En la misma dirección las sentencias C-386 de 2015,
C-456 de 2015 y C-500 de 2014.
[17]
Sentencia C-774 de 2001.
[18]
Ocupándose del fundamento de la cosa juzgada se encuentran, entre muchas otras,
las sentencias C-600 de 2010 C-241 de 2012 y C-462 de 2013.
[19] Sentencia C-007 de 2016.
[20] Corte Constitucional,
sentencia C-008 de 2017. MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. Al respecto ver también: C-228 de 2009. MP. Humberto Antonio
Sierra Porto; C-228 de 2015. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[21] Corte Constitucional,
sentencia C-774 de 2001. MP Rodrigo Escobar Gil; AV Manuel José Espinosa. Esta
decisión ha sido reiterada en muchas ocasiones para explicar los diferentes
casos y circunstancias en las que se expresa el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional.
[22] Cfr.
C-310 de 2002 y C-516 de 2016.
[23] Sentencia
C-008 de 2017.
[24] Cfr. C-153 de 2002, 310
de 2002, C-829 de 2014, C-516 de 2016 y C-096 de 2017. Esta Corporación ha
distinguido entre disposición y norma: la primera corresponde al
texto en que es formulada como el artículo, el inciso o el numeral, en tanto la
segunda concierne al contenido normativo o la proposición jurídica (C-096 de
2017 y C-312 de 2017).
[25] Cfr.
C-310 de 2002 y C-516 de 2016.
[26] Ibídem.
[27] Cfr.
C-505 de 2002 y C-516 de 2016.
[28] Corte Constitucional. Sentencia C-064 de 2018. MP. José Fernando
Reyes Cuartas.
[29]
Sentencia C-007 de 2016.
[30]
Sentencia C-140 de 2018.
[31] Corte
Constitucional, sentencia C-311 de 2002. MP  Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] Sentencia C-565 de 2000
reiterada en la Sentencia C-710 de 2005.
[33] Sobre este punto, en la
Sentencia C-310 de 2002 se dijo que: “De igual manera, la
jurisprudencia señala que si la disposición es declarada exequible, la cosa
juzgada material, en principio, imposibilita al juez constitucional para
‘pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, ya que puede conducir a
providencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento
jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados en la aplicación
de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad.’ No obstante,
atendiendo al carácter dinámico de la Constitución, que se deriva de su
relación directa con la realidad sociopolítica del país, es posible que el juez
constitucional se vea obligado a revaluar la interpretación previamente
adoptada en torno al alcance de un determinado texto jurídico, debiendo
adelantar un nuevo juicio de inconstitucionalidad; esta vez, a partir de
acontecimientos distintos a los que respaldaron la decisión positiva que se
adoptó en el pasado –cambios sociales, económicos, políticos o culturales–, aun
cuando no se hayan presentado cambios sustanciales o formales en las
disposiciones constitucionales que suscitaron su aval inicial. Por supuesto
que, en estos casos, la actividad desplegada por el organismo de control
constitucional no atenta contra la cosa juzgada material, pues ‘el nuevo
análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser
contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y
permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución
jurídica’ (…)”.
[34] Corte Constitucional. Sentencia C-073 de 2014. MP. Luis
Guillermo Guerrero Pérez. AV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Mauricio González
Cuervo y Alberto Rojas Ríos.
[35] En los casos
en los que la Corte Constitucional ha declarado la existencia de cosa juzgada
material en sentido amplio, la fórmula utilizada en la parte resolutiva de la
sentencia ha sido la de estarse a lo resuelto en la providencia que analizó
previamente el contenido normativo demandado y, en consecuencia, declarar la
exequibilidad o la exequibilidad condicionada de la disposición analizada. Al
respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-310 de 2002. MP. Rodrigo Escobar Gil; C-096 de 2003. MP. Manuel José Cepeda
Espinosa; C-259 de 2008. MP. Jaime Córdoba Triviño; C-073 de 2014. MP.
Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Nilson Pinilla Pinilla. SPV. Mauricio
González Cuervo y Alberto Rojas Ríos; C-433 de 2017. MP. Antonio José Lizarazo
Ocampo. AV. Alberto Rojas Ríos, Cristina Pardo Schlesinger, Gloria Stella Ortiz
Delgado, Antonio José Lizarazo Ocampo. SPV. Carlos Bernal Pulido, Alejandro
Linares Cantillo, Gloria Stella Ortiz Delgado.
[36] Al
respecto, en la sentencia C-516 de 2016 (MP: Alberto Rojas Ríos) la Corte
indicó: “Esta Corporación ha definido el precedente judicial como “aquel
antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver
que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia”[37]. Así mismo, ha explicado que
ciertos elementos de la sentencia son considerados como vinculantes, pues todo
el contenido del fallo no puede adquirir dicho carácter. Para ello, ha
advertido que una providencia se compone de tres elementos que consisten
en[38]: i) la decisión del caso o decisum, ii) las razones vinculadas de forma
directa y necesaria con la decisión o ratio decidendi y iii) los argumentos
accesorios utilizados para dar forma al fallo judicial, conocidos como obiter
dicta[39]. De éstos, solo la ratio decidendi constituye precedente. La función
del precedente se corresponde con la tarea de garantizar la preservación de la
coherencia judicial, de la estabilidad del derecho, de la seguridad jurídica,
del principio de la confianza legítima y de otros valores, principios o
derechos protegidos por la Constitución y ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia de esta Corte”.
[37] Corte
Constitucional. Sentencia C-543 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[38] Corte
Constitucional. Sentencia C-522 de 2009 (MP. Nilson
Pinilla Pinilla).
[39] Corte
Constitucional. Sentencia C-522 de 2009 (MP. Nilson
Pinilla Pinilla).
[40] Corte
Constitucional. Sentencia C-185 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[41] Respecto del principio
de participación, ver entre otras, las sentencias C-577 de 2014 (MP. María
Victoria Calle Correa), C-150 de 2015, C-379 de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva), C-101 de 2018 (Gloria Stella Ortiz).
[42]
“Sentencia T-637 de 2001 M.P Manuel José Cepeda Espinosa”.
[43]
“Sentencia T-1337 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes”.
[44] Corte
Constitucional. Sentencia C-101 de 2018 (Gloria Stella Ortiz).
[45]
“Sentencia T-066 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.”
[46]
“Picado, Sonia. 2007. Derechos Políticos como Derechos Humanos.
En Tratado de derecho electoral comparado de América Latina
— 2ª ed. — México : FCE, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
Universidad de Heidelberg, International IDEA, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, 2007. Pág. 48. Citado
en la sentencia T-066 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.”
[47] “T-066 de 2015 M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.”
[48] Corte Constitucional.
Sentencia C-101 de 2018 (Gloria Stella Ortiz).
[49] Corte Constitucional.
Sentencia C-379 de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[50] “Corte
Constitucional, Sentencia C-1338 de 2000 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger. SV Álvaro Tafur Galvis. AV. José Gregorio Hernández Galindo)”.
[51] “Corte
Constitucional, Sentencia C-141 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto. SV.
Mauricio González Cuervo, Jorge Pretelt Chaljub. AV. María Victoria Calle
Correa, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Sierra Porto)”.
[52] “Estado unitario presume
la centralización política, que exige unidad en todos los ramos de la
legislación y en las decisiones de política que tengan vigencia para todo el
territorio nacional, así como una administración de justicia común”: Corte
Constitucional, sentencia C-579/01.”
[53] “Los artículos 333 y 334
de la Constitución imponen al Estado la obligación de impedir que se obstruya o
restrinja la libertad económica y le atribuyen la dirección general de la
economía, con el mandato de intervenirla con fines constitucionalmente
establecidos.”
[54] “El artículo 371 de la
Constitución atribuye al Banco de la República, como banca central, entre otras
funciones, las de “regular la moneda, los cambios internacionales y el
crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales”.
[55] “El artículo 182, n. 2,
confía en el Presidente de la República el manejo de las relaciones
internacionales y los artículos 226 introducen mandatos específicos al Estado,
en esta actividad.”
[56] “El artículo 116 de la
Constitución enlista los órganos que administran justicia y el artículo 228
prevé que el funcionamiento de la administración de justicia será
desconcentrado y autónomo, pero no permite su funcionamiento descentralizado.”
[57] “Los artículos 150 y 189
de la Constitución delimitan los órganos que constitucionalmente pueden ejercer
la función legislativa.”
[58] “El artículo 189 de la
Constitución atribuye al Presidente de la República, como suprema autoridad
administrativa, la responsabilidad del mantenimiento del orden público, razón
por la cual, en esta materia, las autoridades locales son agentes jerarquizados
del Presidente de la República (artículo 296 de la Constitución).”
[59] Corte
Constitucional. Sentencia C-189 de 2019 (MP. Alejandro
Linares).
[60] En la Sentencia C-189 de
2019 (MP. Alejandro Linares) se destacan los siguientes artículos superiores:
“(…) el artículo 287 dispone que los entes territoriales disponen
de autonomía “dentro de los límites de la Constitución y la
ley”. También, el artículo 352 prevé que la Ley Orgánica del
presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación,
modificación, ejecución de los presupuestos, no sólo de la Nación, sino también
de las entidades territoriales[39]. Igualmente, el numeral 4 del artículo 300 de
la Constitución estableció que los tributos y contribuciones que decreten las
Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas, para el cumplimiento de las
funciones departamentales, deberán de ser establecidos “de conformidad con
la ley”, al mismo tiempo que el numeral 3 del artículo 313, dispone que es
función de los concejos municipales, votar los tributos y gastos locales “de conformidad
con la Constitución y la ley”. Igualmente, el artículo 344 de la
Constitución prevé que los organismos departamentales evaluarán la gestión y
los resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión de los
departamentos y los municipios y deberán participar en la preparación de los
presupuestos municipales, “en los términos que señale la ley”. También
varias normas de la Constitución prevén la necesaria coordinación entre los
planes locales de desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo[40]”.
[61] Corte Constitucional
Sentencia SU-095 de 2018 (MP. Cristina Pardo Schlesinger).
[62] “En este sentido, la
Sentencia C-579 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett,  indicó que “del
principio unitario también se desprende la posibilidad de intervenciones
puntuales, que desplacen, incluso, a las entidades territoriales en asuntos que
de ordinario se desenvuelven en la órbita de sus competencias, pero en relación
con los cuales existe un interés nacional de superior entidad”.”
[63] “a manera
de ejemplo, respecto a las competencias tributarias, esta Corporación en
Sentencia C-538 de 2002 M.P. Jaime Araujo Rentería, señaló “Si
bien es cierto que en relación con los tributos nacionales el Legislador debe fijar
todos los elementos, esto es, sujeto activo, sujeto pasivo, hechos y bases
gravables y tarifas; también lo es que frente a los tributos territoriales el
Congreso no puede fijar todos sus elementos porque estaría invadiendo la
autonomía de las entidades territoriales. De este modo, la fijación de los
parámetros básicos implica reconocer que ese elemento mínimo es la autorización
que el Legislador da a las entidades territoriales para la creación del
tributo” Sin embargo, en este caso “el Legislador puede señalar ciertas pautas,
orientaciones y regulaciones o limitaciones generales para su ejercicio,
siempre que se respete el núcleo esencial de la autonomía, es decir, que no se
desnaturalice la esencia de ésta de modo que se la desvirtúe, desconozca o desnaturalice”. Reiterada
en la Sentencia C-260 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado”.
[64] “Corte
Constitucional, Sentencia C-983 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.”
[65] Corte Constitucional
Sentencia SU-095 de 2018 (MP. Cristina Pardo Schlesinger).
[66] “(…) el orden público
debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad
medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana”: Corte
Constitucional, sentencia C-225/17
[67] Esto quiere decir que la
importancia constitucional del medio ambiente sano, elemento necesario para la
convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016,
implica reconocer que el concepto clásico de orden público, entendido como “el
conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la
prosperidad general y el goce de los derechos humanos”, debe completarse con el
medio ambiente sano, como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en
sociedad”: Corte Constitucional, sentencia C-225/17.
[68] Corte
Constitucional. Sentencia C-204 de 2019 (MP.Alejandro Linares Cantillo).
[69] Corte
Constitucional. Sentencia C-223 de 2017 (MP. Alberto Rojas Ríos) En la que se
reitera la sentencia C-117 de 2006.
[70] Ver
sentencia C-204 de 2019 entre otras.
[71] Cf.
Sentencia C-223 de 2017, MP. Alberto rojas Rios.
[72] Constitución Política.
Artículo 296: “Para la conservación del orden público o para su
restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes del Presidente de la
República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los de los
gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual
manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes”.
[73] Ver artículo 223 de la
Constitución.
[74] Corte
Constitucional. Sentencia C-077 de 1993. (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[75] Corte
Constitucional. Sentencia C.082 de 2018 (MP. Gloria
Ortiz Delgado).
[76] “Por medio del cual se
dictan disposiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso
de las armas por parte del Estado.”
[77] “Sentencias C-296 y
C-038 de 1995.”
[78] “Se pueden consultar
también las sentencias C-077 de 1993, C- 179 de 1994, C-031 de 1995, C-038 de
1995, C-296 de 1995, C-572 de 1997, C-269 de 1999, C-1145 de 2000,
SU-1184 de 2001, C-251 de 2002, C-404 de 2003, C-540 de 2012.”
[79] Recientemente, a través
de la Directiva No. 06 de 2019, el Gobierno definió un nuevo proceso y
requisitos para solicitar permiso especial de porte de armas de fuego. https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Sobre_el_Ministerio/Normatividad/Dir_06_2019PorteArmas.pdf
[80] Corte
Constitucional. Sentencia C-076 de 2018 (MP: Alberto Rojas Ríos).