T-363-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-363/06
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional/VIA DE HECHO-Clases de defectos en la
actuación
LEY 546 de 1999-Doctrina constitucional sobre el artículo 42 parágrafo 3
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Reliquidación
de la deuda como condición para dar por terminado el proceso
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Terminación
y archivo de procesos en curso a 31 de diciembre de 1999 una vez efectuada la
reliquidación
DEBIDO PROCESO-Vulneración  por no darse
por terminado el  proceso ejecutivo hipotecario conforme a la ley 546 de 1999/VIA
DE HECHO-No se terminó de oficio el proceso hipotecario
Referencia: expediente  T-1272676
Acción de tutela instaurada por Humberto Estupiñán Aparicio contra
el Juzgado Noveno (9) Civil del Circuito de Bucaramanga y Banco Davivienda.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D.C.,
once ( 11 ) de mayo de dos mil seis (2006)
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO
BELTRÁN SIERRA, MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo
dictado por la sala  de decisión civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
1.Hechos
Los hechos
relatados por la parte demandante en la acción de tutela se resumen así:
1.
El 5 de diciembre de 1994, mediante pagaré nro.
04117107, el demandante adquirió una obligación hipotecaria con Davivienda,
destinado a la compra de una vivienda familiar. Dicha obligación hipotecaria se
otorgó, en principio, por la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) con
una tasa de interés de UPAC adicionado en 0.18,. La misma se garantizó mediante
la constitución de hipoteca sobre el inmueble identificado con matricula
inmobiliaria 300-15760. La hipoteca fue constituida mediante escritura 5048 del
27 de octubre de 1994 de la Notaria 4ta de Bucaramanga.
2.
Como consecuencia del incremento en el costo de
los saldos de capital y de las cuotas mensuales por la modalidad UPAC, el
demandante incurrió en mora en el pago de las mismas, por lo que la entidad
bancaria inició proceso ejecutivo mixto[1] el día 17 de septiembre
de 1999.
3.
El Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Bucaramanga, que conociera del caso, profirió mandamiento de pago el día 8 de
octubre de 1999 por el valor del saldo insoluto de la obligación mas los
intereses de mora.
4.
Mediante incidente de nulidad presentado el 26
de abril de 2005, el señor Estupiñán solicitó la anulación de todo lo actuado
desde el año 2000, por haber continuado tramitando el proceso ejecutivo
hipotecario en su contra sin acatar los pronunciamientos de la Corte
Constitucional en lo relativo al artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
5.
El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga,
mediante auto del 28 de mayo de 2005 negó la solicitud.
6.
Dentro del término legal establecido, el
incidentante interpuso el recurso de apelación, concedido en el efecto
devolutivo mediante auto del 11 de julio de 2005.
7.
Mediante memorial del 26 de julio de 2005 la
parte demandada dentro del ejecutivo mixto, demandante en este proceso, aportó
la suma de veinte mil pesos ($20.000) por concepto de expensas para procurar
las copias de la alzada.
8.
Por constancia secretarial se indicó la extemporaneidad
de la aportación de las expensas, por tal razón, mediante auto de 1 de agosto
de 2005 se declaró desierto el recurso.
2. Solicitud
de tutela
El ciudadano Humberto Estupiñán Aparicio
solicita que se le ampare su derecho fundamental al debido proceso mediante la
declaratoria de la vía de hecho en la que, según él, incurrieron los demandados
al desconocer el contenido del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 y los
múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de la
interpretación del articulado ídem. Como consecuencia de lo anterior pide se
decrete la nulidad del proceso a partir de las actuaciones surgidas después de
la aprobación de la reliquidación del crédito y, por consecuencia, decretar la
terminación del proceso ejecutivo en comento sin mas trámites de conformidad
con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
3. Intervención de la parte demandada.
Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Bucaramanga
La respuesta del Juzgado se encamina a
hacer un resumen de las actuaciones procesales llevadas a cabo dentro del
proceso ejecutivo mixto en comento. Según el parecer del demandado no existe
vía de hecho, pues los procedimientos y etapas procesales se efectuaron en todo
momento a la luz de la legislación, por lo que considera que lo que procura el
actor mediante esta acción de tutela es hacer efectivo un recurso que fue
declarado desierto. Es así como concluye que el mecanismo de protección de los
derechos fundamentales no debe ser procedente, pues según el demandado, “no
fue creado para intentar revocar decisiones que ya NO tienen marcha atrás, por
estar en firme y debidamente ejecutoriadas, así como tampoco para tratar de
revivir términos legalmente concedidos y concluidos”. Esto último, haciendo
referencia a lo que se expone en los hechos (nums. 6,7 y 8 de los hechos).
Por lo anterior, el Juzgado Noveno Civil
del Circuito de Bucaramanga solicita la declaratoria de improcedencia de la
tutela, pues lo único que se ha hecho, a su parecer, es actuar conforme a la
ley.
Banco Davivienda S.A.
Mediante apoderado judicial, la entidad
bancaria demandada solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela
bajo estudio, toda vez que a su parecer el proceso ejecutivo hipotecario en
donde esta entidad es demandante, se ha llevado bajo el estricto rigor de todas
y cada una de las formalidades legales, esto se demuestra, según la accionada,
porque las partes han tenido todas las oportunidades para ejercer su derecho de
defensa y contradicción.
De igual manera, la entidad demandada
aduce que “la acción de tutela ha sido establecida como un mecanismo
extraordinario de protección de los derechos fundamentales cuando ello no sea
posible a través de los medios de defensa judicial ordinarios. Se trata de un
trámite de excepción que busca la protección de una especie de derechos y no de
una vía alternativa para hacer valer una serie de pretensiones que bien se
pueden reconocer a través de los medios ordinarios”. Según la accionada, al
haber existido en este caso todas las oportunidades legales ordinarias para
hacer valer sus derechos, como en efecto se hizo, la tutela bajo estudio no
debe proceder.
4. Pruebas relevantes aportadas al
proceso
1.
Certificado de Inscripción de Davivienda S.A.
emitido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. (cuad. 1 fols. 16 y 17).
2.
Inspección judicial para revisar el proceso
ejecutivo mixto iniciado por la entidad financiera Davivienda S.A. en contra
del señor Humberto Estupiñán, suscrita por la Magistrada del Tribunal Superior
Sala Civil – Familia, Marianell González Castillo y su auxiliar. (cuad. 1 fols.
23 y 24).
II.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
El conocimiento de la tutela correspondió
en primera instancia a la Sala Civil – Familia del  Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, que por sentencia del veintitrés (23) de
noviembre de dos mil cinco (2005) decidió negar el amparo constitucional
solicitado.
Después de hacer un recuento de las
actividades procesales desarrolladas dentro del ejecutivo mixto instaurado en
contra del aquí demandante, el Tribunal de conocimiento decidió negar las
pretensiones pues consideró que en ningún momento el Juzgado demandado incurrió
en vía de hecho, ni vulneró de manera alguna el derecho al debido proceso del
señor Estupiñán. Por el contrario, aduce el A quo, observando las
pruebas presentadas se observa que el deudor ha tenido a su disposición los
mecanismos de ley para su defensa; el no haberlos hecho efectivos, o haberlos
intentado de manera extemporánea no permite que la acción de tutela sea
entendida como el procedimiento adecuado para suplir las deficiencias o
enmendar los errores procesales cometidos.
Por otro lado, entendió el juez único de
instancia respecto de la solicitud de terminación del proceso que, “si bien
la Corte Constitucional la ha considerado procedente, en algunos casos, es
claro que la reliquidación del crédito no conduce a la terminación del proceso
sino únicamente en el evento de que las partes acuerden la reestructuración de
la obligación debida, lo cual no ha sucedido en esta oportunidad. conforme a la
inspección judicial la demanda se presentó por mora en el pago de las cuotas
desde el 6 de enero de 1999 sin que se hubiera acreditado que el accionado
acordara con la entidad la reestructuración de la obligación(...) Es cierto que
el art. 42 del la Ley 546 de 1999 en su parágrafo tercero señala que
reliquidado el crédito se dará por terminado el proceso; sin embargo la norma
advierte que ello procede solo en caso de que el “deudor acuerde dentro del
plazo de reliquidación”, lo cual como ya se afirmó no ha sucedido”. Por lo
anterior, el a quo consideró que el juzgado que conociera del proceso
ejecutivo en comento, no incurrió en vía de hecho por desconocer lo consagrado
en la ley 546 de 1999 y el desarrollo jurisprudencial que al respecto ha hecho
la Corte Constitucional, tal como lo alega el demandante en esta causa.
Revisión por la Corte Constitucional.
1-Remitido el expediente a esta
Corporación, mediante auto del dieciséis (16) de febrero de dos mil seis
(2006), la Sala de Selección dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
III. CONSIDERACIONES
Problema jurídico y esquema de
resolución.
2-De
conformidad con los antecedentes expuestos con anterioridad, esta Corporación
deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Es procedente la acción de
tutela como mecanismo de protección del derecho fundamental al debido proceso,
cuando el Juez Civil competente niega la terminación de un proceso ejecutivo
mixto iniciado antes del 31 de diciembre de 1999 para hacer efectiva una
obligación en Unidades de Poder Adquisitivo Constante UPAC, aduciendo que no se
cumplen los requisitos legales?
Para dar
solución al problema jurídico se considerara en primer lugar,  lo que la Corte
ha dicho en lo referente a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; en segundo lugar, se mirara el desarrollo
jurisprudencial hecho por esta Entidad en lo referente a procesos ejecutivos
con título hipotecario basados en un crédito UPAC que se encontraban en curso a
fecha 31 de diciembre de 1999; Por último hará aplicación de lo observado al
caso concreto.
Procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Vía de hecho.
3-La Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha
considerado como regla general que la acción de tutela no es procedente contra
providencias judiciales; sin embargo, ha exceptuado esta regla aduciendo que
prosperara en los casos en donde se configure una vía de hecho, esto es en los
que el funcionario judicial haya incurrido en algún defecto relevante en su
actuación[2]. Este hecho
determina la excepcionalidad de la tutela contra providencias judiciales, razón
por la cual se han señalado una serie de límites estrictos que deben ser
atendidos cuando se pretenda invocar la protección por el juez constitucional.
En este orden de ideas, la admisión de la tutela
en estos casos juega un papel importante, pues armoniza las relaciones político
sociales inherentes al Estado Constitucional y democrático, dado que, aunque se
establece como principio la improcedencia de la acción de tutela frente a
providencias judiciales, para privilegiar principios y derechos superiores
tales como la autonomía, imparcialidad e idoneidad de los jueces, la cosa
juzgada, la vigencia de un orden justo, la seguridad jurídica y la prevalencia
y protección real del derecho sustancial, de todas formas tal principio admite
excepciones que, en vez de desdibujar los postulados antes enunciados, tienden
a su consagración, en la medida en que permiten atacar errores protuberantes de
los jueces, con lo cual, además, se protegen derechos fundamentales de orden
supralegal como son el debido proceso, el acceso a la administración de
justicia, la igualdad y la tutela judicial efectiva dentro del marco del Estado
social de derecho[3].
Así, la misión del juez de tutela, en este
sentido, es la de evaluar la existencia de posibles vías de hecho en la
actuación judicial. Empero, debe aclararse que, como lo ha reiterado esta
Corporación, el juicio realizado por el juez constitucional no puede
convertirse en una nueva oportunidad para controvertir el material probatorio o
las decisiones adoptadas por el juez en el transcurso del proceso
controvertido, pues de hacerlo invadiría órbitas que no son de su competencia.
4-Esta
Corporación en su jurisprudencia ha establecido una doctrina en relación con
las vías de hecho, al clasificar varios tipos de defectos en los que incurren
las autoridades judiciales y que conllevan a que sus decisiones sean consideradas
como tales. Así, las ha dividido en:
“(1) un grave defecto
sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente
inaplicable al caso concreto;
“(2) un flagrante defecto
fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se
basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado;
“(3) un defecto orgánico
protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de
competencia para resolver el asunto de que se trate; y,
“(4) un evidente defecto
procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones.[4]
Visto lo anterior se puede decir que una vía
de hecho se produce cuando el Juez que conoce de un caso, en forma arbitraria y
con fundamento en su única voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con
la voluntad del ordenamiento jurídico, vulnerando o amenazando derechos
fundamentales.
Adicionalmente a los cuatro tipos de defectos judiciales presentados
como los errores que pueden hacer que una actuación judicial se configure como
una vía de hecho, y con ocasión de ellos deba ser revisada en sede de tutela,
esta misma Corte, en sentencia SU-014 de 2001, planteó un posible quinto tipo
de defecto en una actuación judicial y que podría definirse como una vía de
hecho por consecuencia. En dicha providencia se señaló lo siguiente:
“De
presentarse una sentencia en la que se verifique una vía de hecho por
consecuencia, esto es, que la decisión judicial se base en la
apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación los
órganos competentes hayan violado derechos constitucionales, y que tenga como
consecuencia un perjuicio iusfundamental, se impone, en aras de garantizar los
fines esenciales del Estado, su revisión. En caso de que no exista otro medio
de defensa judicial, no existe razón constitucional alguna para que no se pueda
acudir a la tutela”. (Negrilla y subraya fuera del texto original).[5]
De todo lo
anterior se desprende, en conclusión, que existen dos requisitos que deben ser
satisfechos para que la solicitud de tutela de los derechos fundamentales deba
prosperar, aun en contra de providencias judiciales, estos son: (I). Que el
fallador de un caso, en forma arbitraria y con fundamento únicamente en su
voluntad, actúe en franca y absoluta desconexión con la voluntad del
ordenamiento jurídico y (II). Que se vean vulnerados o amenazados derechos
fundamentales.
La obligación de terminar los procesos
ejecutivos con título hipotecario[6] basados en
un crédito UPAC que se encontraban en curso el 31 de diciembre de 1999.
Reiteración de jurisprudencia.
5-En múltiple jurisprudencia esta Corte ha afirmado que la correcta
interpretación del parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999[7]
debe estar orientada a entender que los procesos ejecutivos con título
hipotecario por deudas contraídas en UPAC, vigentes el 31 de diciembre de 1999,
deben ser terminados luego de la correspondiente reliquidación del crédito.
En efecto, desde la sentencia C-955 de 26 de julio de 2000, por
medio de la cual se adelantó el control de constitucionalidad de la Ley 546 de
1999, la Corte indicó que la condición para dar por terminados los procesos
ejecutivos hipotecarios en trámite a 31 de diciembre de 1999 era la
reliquidación de la deuda. En este sentido no distinguió la hipótesis en la
cual, luego de la reliquidación quedaren saldos insolutos o aquella según la
cual las partes no pudieran llegar a un acuerdo respecto de la reestructuración
del crédito.
Según el parecer de esta Entidad, dado que la crisis en el sistema
de vivienda tuvo su origen en el colapso generalizado del sistema de
financiación y no en el simple incumplimiento de los deudores, resultaba
necesario que los alivios que la ley establecía se hicieran efectivos con la
suspensión de los procesos ejecutivos[8]. Así, por consideraciones
relativas al principio de igualdad, la Corte declaró inexequible el plazo de 90
días que establecía el parágrafo 3 del artículo 42 de la ley 546 de 1999, para
acogerse a la reliquidación del crédito y solicitar la terminación del proceso.
De igual manera, declaró inexequible el inciso final del mismo parágrafo, que
consagraba la posibilidad de reanudar el proceso ejecutivo en la etapa en la que
se encontraba el proceso suspendido si dentro del año siguiente el deudor
llegare a incurrir nuevamente en mora. Al respecto dijo la Corte:
“ En ese orden de ideas, la suspensión de los procesos en curso, ya
por petición del deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene
por objeto que se efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe
dar lugar a la terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo
ordena la norma, que en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado
constitucional que propende al establecimiento de un orden justo (Preámbulo y
artículo 2 C.P.) y realiza los principios de prevalencia del derecho sustancial
(art. 228 C.P.) y de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.).
Empero, esos mismos propósitos del legislador, y por consiguiente
las normas constitucionales que los contemplan, aparecen desvirtuados por el
parágrafo que se estudia cuando supedita la suspensión del proceso a que el
deudor decida acogerse a la reliquidación de su crédito dentro de los noventa
días siguientes a la entrada en vigencia de la Ley. Por una parte, ese término
es inconstitucional por las razones atrás expuestas, y de otro lado, si las
condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no
dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los
deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que
injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el
abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y
lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso”[9].
Definido lo anterior, el contenido del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999 quedó así:
“Parágrafo 3. Los deudores cuyas obligaciones se
encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales tendrán
derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión
podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el
deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo
previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su
archivo sin más trámite”.
Si se observa
la jurisprudencia constitucional, se ve que la Corte ha concedido la tutela en
situaciones similares al caso sub judice por considerar que existe vía
de hecho judicial por defecto sustantivo[10]
en aquellos casos en los cuales los jueces civiles omiten decretar la
terminación del proceso ejecutivo hipotecario vigente a 31 de diciembre de
1999, cuando se ha solicitado la reliquidación del crédito para vivienda
adquirido previamente. Al respecto, en la sentencia T-199 de 2005 dijo la
Corte: “En efecto, dicho derecho fundamental – el derecho al debido proceso
- fue ostensiblemente vulnerado por las decisiones tanto del Juez de ejecución,
como de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, pues ellas
desconocieron los efectos procesales resultantes de la reliquidación del
crédito, que consistían en la terminación del proceso y su archivo sin más
trámites. Con ello se apartaron infundadamente de lo dispuesto por la ley,
concretamente de lo reglado actualmente por el parágrafo 3° del artículo 42 de
la Ley 546 de 1999, y de la jurisprudencia vertida al respecto por esta
Corporación, incurriendo en una vía de hecho por defecto sustantivo.
Efectivamente, la Corte ha venido explicando por qué este alejamiento
injustificado del texto de la ley y de los precedentes jurisprudenciales en
materia constitucional se erige en una decisión caprichosa que no puede ser
tenida en cuenta como ajustada a derecho, sino más bien como una verdadera vía
de hecho. (...) Así pues, como lo dijera el magistrado disidente de la Sala
Civil del h. Tribunal Superior de Medellín, dentro del trámite del proceso
ejecutivo ha debido tenerse en cuenta lo reglado por el parágrafo 3° del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, así como la jurisprudencia referente a la
terminación del proceso por reliquidación del crédito que dicha norma
prescribe. Sin necesidad de entrar a establecer si dicha liquidación se
ajustaba a la ley, tan pronto la misma se produjo debió haberse ordenado la
terminación del proceso. Como no se procedió así, se incurrió en vía de hecho
por defecto sustantivo y en violación del derecho al debido proceso de los aquí
demandantes.”[11](subrayas fuera del
texto).
6-Descrito lo
anterior, es menester para esta Sala de Revisión determinar las subreglas que
deben ser tenidas en cuenta para dar solución a casos que como el concreto
acaecen. Debe observarse, que estas subreglas se deducen de la interpretación
de la misma Ley 546 de 1999 y de las decisiones jurisprudenciales existentes.
En primer
lugar, se exige que los procesos ejecutivos con título hipotecario objeto del
beneficio ofrecido por la Ley 546 de 1999, se hubieren iniciado antes del 31 de
diciembre de 1999. Es decir, que el proceso ejecutivo, con el cual una entidad
crediticia pretendía hacer efectiva la obligación hipotecaria contraída en
Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), por aplicación de la Ley 546 de
1999, debía ser suspendido a efectos de que dicha obligación financiera se
reliquidara previo el abono señalado en el artículo 40 de la misma ley,
actuación que podía adelantarse de oficio o por petición del deudor.
7-En segundo
lugar, se requería que la conducta del actor en el proceso de tutela hubiera
sido diligente en el proceso ejecutivo y hubiera agotado en consecuencia los
mecanismos de este último proceso para obtener la terminación del mismo. Se
consideró que era coherente con la pretensión de la acción de tutela en estos
casos, que el demandado dentro del proceso ejecutivo hipotecario asumiera una
posición activa al interior de dicho proceso, agotando todos los mecanismos
legales de que disponía dentro del mismo para solicitar la terminación de su
proceso, pues, de no ser así, la acción de protección de los derechos
fundamentales se encasillaría como un mecanismo para recuperar recursos que en
su momento no fueron interpuestos. Es así como, si de los hechos se demostraba
que la actuación de quien consideraba vulnerados sus derechos no había sido
diligente, no podía dicho particular pretender que por vía de tutela se
corrigieran o adelantaran aquellas actuaciones que de manera negligente o
imprudente no adelantó como debía hacerlo[12].
Sin embargo, es preciso señalar al respecto que jurisprudencia
reciente de esta Entidad ha entendido que este requisito no debe ser exigido
como elemento calificador de la diligencia del demandante para casos como el
concreto, pues, se desprende de la misma Ley 546 de 1999 que esa decisión de
terminación del proceso debe proceder de oficio[13].
En efecto, en sentencia T- 258 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería y el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad, por similares motivos, se
concedió la tutela a varias personas que reclamaban la terminación de  procesos
ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 y cuya
reliquidación, a la luz de la Ley 546 de 1999, había sido aportada a los
respectivos procesos. La Corte sostuvo que procede el amparo al derecho al
debido proceso  en todos aquellos casos en los cuales  los procesos ejecutivos
hipotecarios que estaban siendo adelantados con anterioridad al 31 de diciembre
de 1999 contra las personas que habían adquirido créditos de vivienda bajo el
sistema UPAC, no se declararon terminados oficiosamente por los jueces que
conocían de ellos.
Del desarrollo jurisprudencial antes citado se deduce que
para que el juez  civil deba dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario
instaurado para el cobro de créditos de vivienda en UPAC es necesario que se
haya iniciado antes del 31 de Diciembre de 1999 y que la entidad acreedora haya
aportado a él la reliquidación del crédito[14].
Así mismo, se infiere que NO es necesario que el ejecutado solicite al juez la
terminación del proceso, ya que ésta se produce por ministerio de la ley y por
tanto aquel debe declararla oficiosamente.
8-Descrito lo anterior, habiendo visto que el requisito expuesto con
inmediata anterioridad ya no es exigido, el segundo parámetro a cumplir es el
relativo al aporte de la reliquidación al proceso ejecutivo. Lo anterior tiene
su fuente jurisprudencial en lo expresado por la Corte en su sentencia C-955 de
2000 en la cual se dijo: ““…producida ella, (la reliquidación) debe dar lugar a la terminación del
proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma”(Subrayas
por fuera del texto original). Lo anterior no puede ser interpretado de manera
diferente a como efectivamente lo hizo esta Corte en un pronunciamiento
posterior, la sentencia T-606 de 2003, en la que reiteró que la C-955 de 2000
había señalado que:
“En suma, una vez concluido el trámite de la
reliquidación del crédito, los procesos iniciados antes del 31 de diciembre de
1999, iniciados para hacer efectivas obligaciones hipotecarias convenidas en
UPACS, terminaron por ministerio de la ley…”
En ese orden de ideas, reliquidada la obligación hipotecaria, el
camino a seguir, es la terminación del proceso, pues de esta forma lo establece
la jurisprudencia y la misma Ley 546 de 1999 cuando dispone en el parágrafo 3
de su artículo 42 “…En caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su
obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará
por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite”. En efecto,
cumplidos todos los trámites previos, el juez en el proceso ejecutivo está en
la obligación de dar por terminado el proceso en cuestión, no como consecuencia
de la finalización normal de este tipo de proceso, sino por ministerio de la
ley que así lo dispuso[15]. Si no lo hace se
configura una vía de hecho.
Caso
concreto.
9- De acuerdo
con los antecedentes del caso bajo estudio, el señor Humberto Estupiñán
Aparicio interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Bucaramanga y la entidad bancaria Davivienda S.A. por considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. En el parecer del
demandante esto es así, pues el Juzgado demandado se apartó de lo establecido
por la Ley 546 de 1999 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el
momento mismo en que decidió negar la solicitud de terminación del proceso.
Según el actor, la ley y la jurisprudencia constitucional son claras en
expresar que la terminación de los procesos con las condiciones en las que se
encuentra el del caso bajo estudio debe darse de manera inmediata, ya que la
mora que causó la aceleración del plazo estuvo causada por la ilegitima
modificación introducida por la Resolución 18 de 1995 del Banco de la República
sobre el UPAC y no por culpa imputable a quienes, por efecto de ésta se
convirtieron en deudores morosos.
Por lo
anteriormente descrito, el accionante solicita se proteja su derecho
fundamental al debido proceso mediante la declaratoria de nulidad del proceso
iniciado en su contra, a partir de las actuaciones surgidas después de la
aportación de la reliquidación del crédito y, por consecuencia, exige se
decrete la terminación del proceso ejecutivo en comento sin mas trámites, de
conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999.
En sus
alegatos de contestación de la demanda, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Bucaramanga consideró que la acción de tutela interpuesta por el señor
Estupiñán no debía prosperar toda vez que no existe vía de hecho, pues los
procedimientos y etapas procesales se efectuaron en todo momento a la luz de la
legislación, por lo que considera que lo que procura el accionante mediante
esta acción de tutela es hacer efectivo un recurso que en su momento no tramitó
en debida forma.
Igualmente, Davivienda S.A., consideró
que la tutela bajo análisis no debía ser concedida ya que, a su parecer, el
proceso ejecutivo mixto en donde esta entidad es demandante, se ha llevado bajo
el rigor de todas y cada una de las formalidades legales; esto se demuestra,
según la accionada, porque las partes han tenido todas las oportunidades para
ejercer su derecho de defensa y contradicción.
En decisión única de instancia la Sala
Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,
negó las pretensiones del ciudadano Estupiñán. Consideró ese Tribunal, que en
ningún momento el Juzgado demandado incurrió en vía de hecho, ni vulneró de
manera alguna el derecho al debido proceso del accionante (accionado dentro del
proceso ejecutivo en comento). Por el contrario, aduce el A quo,
observando las pruebas presentadas, se evidencia que el deudor ha tenido a su
disposición los mecanismos de ley para su defensa.
10- En el
caso en comento, es pertinente que esta Corte haga la aplicación de las
subreglas anteriormente descritas al mismo. Se observara pues, si en el caso
concreto, en virtud de los hechos, se puede definir el caso como uno de
aquellos que por ser acordes con los requisitos expuestos para dar por
terminado un proceso ejecutivo iniciado en las condiciones indicadas, deben ser
garantizados por medio de este mecanismo de protección de los derechos
fundamentales. Posteriormente se mirarán también si se cumplen los requisitos
expuestos para la prosperidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, es decir, cuando el juez incurre flagrantemente en una vía de
hecho.
11-En un primer momento, se debe hablar del espacio temporal en el
cual se presentan los hechos. Tal y como lo menciona el primer criterio a tener
en cuenta para la prosperidad de la acción de tutela en casos similares al sub
examine, el relativo a que los procesos ejecutivos con título hipotecario
adelantados por deudas contraídas en UPAC, se hubieren iniciado antes del 31 de
diciembre de 1999.
Tal y como consta en los hechos expuestos en la demanda interpuesta
por el señor Estupiñán y en la inspección judicial reseñada en el numeral 2 de
las pruebas de esta sentencia, el 17 de septiembre de 1999 el Banco Davivienda
S.A. presentó demanda ejecutiva mixta en contra del señor Humberto Estupiñán
Aparicio con el fin de obtener el pago de mil quinientos setenta y tres punto
tres mil quinientos cuarenta y ocho  (1573.3548) UPAC que al día 13 de
septiembre de 1999 equivalían a veinticinco millones doscientos treinta y cinco
mil trescientos ochenta y tres pesos ($25.235.383) junto con los intereses de
mora a la tasa del 36% efectivo anual desde el 6 de enero de 1999 y hasta el
pago total de la obligación. Igualmente, el 8 de octubre del mismo año se libró
mandamiento ejecutivo por las cantidades solicitadas y se ordenó la
notificación al accionado. De lo anterior, de manera lógica puede considerarse
satisfecho el primer requisito exigido de manera legal y jurisprudencial, pues
el proceso se inició en fecha anterior al 31 de diciembre de 1999.
12-Acto
seguido, deberá observarse a la luz del caso concreto, el segundo de los
requisitos ya expuestos en esta sentencia, éste es el referente a que se haya
aportado la reliquidación de la deuda base del proceso ejecutivo mixto en
comento. Al respecto debe señalarse que, si bien es cierto se presentaron
controversias en lo referente a la reliquidación presentada por la entidad
bancaria, parte pasiva en la acción de tutela, por haber quedado un saldo
insoluto, posteriormente fue revisada y aprobada por el perito Alex Yasser
Forero Camargo (cuad.1 fol. 12). Al haber dicho experto aprobado la
reliquidación, desde el momento en que ésta fue allegada al expediente se
consolida la existencia del otro requisito exigido para la terminación del
proceso ejecutivo bajo estudio.
13-Visto lo anterior, reconociendo que se cumplen con los
requisitos para, acto seguido, decretar la terminación del proceso ejecutivo en
el caso concreto, es importante responder aquí si la acción de tutela debe
prosperar por la posible existencia de una vía de hecho. Como se vio en la
determinación de los enunciados normativos de aplicación en esta sentencia, uno
de los defectos dentro de los procesos judiciales que consolidan una vía de
hecho, es el que jurisprudencialmente es conocido como defecto
sustantivo, es decir, cuando se encuentre que la decisión del juez está
basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto, o en su forma
negativa, si se dejare de aplicar una norma que para el caso es la aplicable.
14-El primer requisito que aparece es el relativo a que la conducta del agente carezca
abiertamente de fundamento legal. Al respecto, como ya se vio, el Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, aun cuando el proceso ejecutivo bajo
estudio cumplió con los requisitos indicados para la terminación del mismo en
virtud de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia constitucional existente al
respecto, no lo dio por terminado. La razón del Juzgado demandado para no dar
por terminado el proceso es que, en su opinión, se llevaron a cabo todas las
etapas procesales a la luz de la ley aplicable al caso y que, además, al
haberse resuelto el incidente de nulidad interpuesto por el ciudadano Estupiñán,
existió un recurso que fue declarado desierto. A consideración del a quo,
la negativa a la solicitud de nulidad y terminación del proceso presentada por
el señor Estupiñán se debió, principalmente a que no se cumplían a cabalidad
los requisitos exigidos por la Ley 546 de 1999, toda vez que subsistía un saldo
insoluto a pesar de la aplicación de los alivios financieros.
Si se observa
la jurisprudencia ya reseñada en esta sentencia, se encuentra que la Corte, en
casos similares al presentado, ha concedido la tutela para proteger los
derechos fundamentales que los invocantes consideran vulnerados desde el mismo
momento en que el juez civil de conocimiento se niega a dar por terminado de
oficio el proceso con posterioridad a la aportación de la reliquidación[16].
En el caso sub examine, si bien es cierto se presentaron discordancias
en lo referente a la reliquidación presentada por la entidad bancaria
demandada, posteriormente revisada y aprobada por el perito Alex Yasser Forero
Camargo (cuad.1 fol. 12) por haber quedado un saldo insoluto, es cierto también
que en la misma medida en que el experto nombrado por el juzgado demandado
aprobó dicha reliquidación, desde el momento de su aportación, era obligación
del juez civil dar por terminado el proceso ejecutivo en comento.
Debe acotarse
igualmente que, si de lo anteriormente descrito se deduce que el fallador se
apartó de la objetiva enunciación normativa que lo obliga a decretar de oficio
la terminación del proceso ejecutivo, es lógico pensar, de igual forma, que su
decisión se fundó en su propia voluntad subjetiva, lo que comprueba, de nuevo,
la presencia del requisito en análisis para el caso concreto.
15- Respecto
del segundo requisito, esto es que la acción u omisión de la autoridad pública
tenga como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de manera
grave, esta Sala observa que negar la terminación del proceso que se inició en
contra del señor Estupiñán, existiendo los argumentos legales para darlo por
terminado, vulnera flagrantemente el derecho al debido proceso del aquí
demandante, lo que conlleva la inobservancia del artículo 29 Constitucional
cuando aduce: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
(Negrillas y subrayas fuera del texto). En efecto, en el caso concreto,
proceder conforme a la interpretación del juez demandado conduciría a no
reconocer el fundamento legal aplicable al caso, la Ley 546 de 1999 y la
jurisprudencia Constitucional al respecto, pues de haberlo reconocido el juez
debía decretar la terminación y archivo del proceso. Al no haberlo hecho, se
satisface la existencia del segundo requisito para que se configure la vía de
hecho que se estudia.
Por lo
anterior, se concluye que el no haber recurrido en legal forma la decisión del
juez respecto del incidente de nulidad interpuesto por el señor Estupiñán, no
es un argumento válido para no haber dado por terminado el proceso ejecutivo
hipotecario en comento, ya que éste debió, desde un principio, haber sido terminado
de oficio y es, precisamente, el no haberlo hecho lo que configura la vía de
hecho vulneratoria del derecho fundamental al debido proceso del aquí
accionante.
16- Por todo lo anteriormente descrito,
esta Sala considera que la acción de tutela instaurada por el señor Humberto
Estupiñán Aparicio está llamada a prosperar, toda vez que satisface los
requisitos que para casos como el que se estudia la Corte ha determinado para
la protección de los derechos invocados en la demanda.
En consecuencia, se revocara la decisión
del juez de instancia, en su lugar se tutelará al demandante su derecho al
debido proceso e impartirá las ordenes pertinentes para el restablecimiento del
derecho vulnerado.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la decisión adoptada el día 23 de noviembre de 2005 por la
Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, mediante la cual negó la protección solicitada por el señor
Humberto Estupiñán Aparicio.
En su lugar, TUTELAR al mismo su derecho al debido
proceso.
Segundo. DECLARAR LA NULIDAD del proceso ejecutivo mixto adelantado en el Juzgado Noveno
Civil del Circuito de Bucaramanga por el Banco Davivienda S.A. contra el señor
Humberto Estupiñán Aparicio, a partir de la actuación siguiente a la aportación
de la reliquidación del crédito que en él se cobra.
Tercero. ORDENAR al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga que en
el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta
sentencia declare terminado el citado proceso y ordene el archivo del
expediente.
Cuarto. Por Secretaría, dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado Ponente
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
A LA SENTENCIA T-363 de 2006
JUEZ DE TUTELA-Discrepancias entre
jueces por interpretación diferente no puede ser calificada como vía de hecho/PROCESO
EJECUTIVO HIPOTECARIO-Las providencias que no terminen los procesos
iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 no siempre constituyen vía de hecho
(Salvamento de voto)
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Interpretación de la ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 no conduce
a la terminación de todos los procesos (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE NEGARON
TERMINACION DE PROCESO HIPOTECARIO-No procede por
no haberse utilizado los recursos de ley dentro del proceso ejecutivo
(Salvamento de voto)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Interpretación
de la Sala de Casación Civil sobre continuación de procesos ejecutivos con
saldos insolutos (Salvamento de voto)
TRIBUNAL SUPERIOR-Interpretación de la
sala unitaria sobre terminación de procesos ejecutivos con saldos insolutos
(Salvamento de voto)
PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO-Hipótesis
fácticas que deben darse para que el proceso continúe (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES QUE NEGARON
TERMINACIÓN DE PROCESO HIPOTECARIO-Improcedencia
por no haber ejercido los recursos de ley (Salvamento de voto)
Referencia:
expediente T-1272676
Acción de
tutela instaurada por Humberto Estupiñán Aparicio contra el Juzgado Noveno (9)
Civil del Circuito de Bucaramanga y Banco Davivienda.
Magistrado
Ponente:
Dr. JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte, salvo mi voto. Mi disidencia se funda en las razones
que expondré después de resaltar los hechos del caso que han debido merecer
mayor consideración en la sentencia, y que conducen – a pesar de la carencia
actual de objeto, que comparto – a que en el numeral primero de la parte
resolutiva de la sentencia se haya debido confirmar la sentencia de tutela de
primera instancia, la cual negó el amparo por ausencia de una vía de hecho.
En este caso, el
accionante solicita mediante la acción de tutela que se le ampare su derecho al
debido proceso y en consecuencia se proceda a ordenar la nulidad de todo lo
actuado en el proceso ejecutivo desde que fue aportada la reliquidación del
crédito, se ordene su terminación sin más trámite y archivo del expediente.
De acuerdo con
los hechos del caso, se vislumbra que el proceso ejecutivo hipotecario se ha
adelantado con sujeción a las normas procedimentales que regulan el proceso,
concediendo a la parte ejecutada - accionante de la presente tutela - todas las
garantías dispuestas para el ejercicio de su derecho de contradicción y
defensa.
Así, se observa
que la parte ejecutada solicitó la nulidad del proceso ejecutivo, debido a que
el proceso judicial había continuado no obstante haber sido ordenado por la Ley
546 la terminación del proceso una vez se produjera la reliquidación del
crédito. Dicha solicitud fue denegada por el Juez Civil del Circuito al
considerar que no obstante haber operado la conversión del crédito de UPAC a
UVR existían saldos a favor de la entidad demandante (Banco DAVIVIENDA), y no
se había celebrado un acuerdo entre la entidad financiera y el deudor
hipotecario para definir como habrían de ser pagados. Por tanto, según el juez,
de acuerdo con el Artículo 42 no procedía la terminación del proceso ejecutivo
hipotecario, por falta de uno de los requisitos previstos en el mismo. Frente a
la anterior decisión fue interpuesto el recurso de apelación.
Por tanto,
frente a la solicitud de nulidad del proceso elevada por el accionante, el
Juzgado al resolver desfavorablemente dicha solicitud sustentó su decisión en
una interpretación razonable del Artículo 42 de la Ley 546, que de manera
alguna puede ser considera “arbitraria” y configurativa de una vía de
hecho.
Igualmente,
considero que en el presente caso la Sala debió haber declarado la
improcedibilidad de la acción de tutela, ya que la jurisprudencia reiterada de
la Corporación ha sostenido para que la tutela contra providencias judiciales
en las que se haya podido incurrir en una vía de hecho proceda es necesario que
el accionante, haya hecho uso de las oportunidades procesales a su disposición
para que la tutela no se convierta en un mecanismo para reabrir oportunidades
procesales dejadas de utilizar por alguna de las partes. Y es que lo que
acontece en el proceso de la referencia, es que el tutelante  no ejerció en su
momento las atribuciones con las cuales contaba para la defensa de sus
intereses.
En el anterior
orden de ideas, no comparto la apreciación contenida en la sentencia según la
cuál no es necesario exigir por parte del accionante (demandado dentro del
respectivo proceso ejecutivo) diligencia procesal[17],
pues dicha afirmación está en contravía de reiterada jurisprudencia de la Corte
referida a la procedibilidad de la acción contra providencias judiciales, en
general, y a la jurisprudencia referida a la procedibilidad de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales dictadas en el curso de procesos
ejecutivos hipotecarios, en particular. Este punto, lo abordaré en el acápite
3, en el cual señalo las hipótesis en las cuales no está ordenado terminar el
proceso ejecutivo.
Estimo que ni de la ley ni de la jurisprudencia de la
Corte sobre la misma se deduce que la terminación de los procesos ejecutivos
vigentes antes del 31 de Diciembre de 1999 deba ser automática. Corresponde a
los jueces civiles verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
dicha ley, y si éstas se dan, ordenar la terminación. Pero pueden darse casos
en que no se reúnan tales condiciones o en los cuales es preciso esperar a que
dentro  del mismo proceso ejecutivo se esclarezcan ciertos hechos determinantes
para definir si tales condiciones se reúnen. En este evento el juez civil no
está obligado por la ley a decretar la terminación del proceso y el juez de
tutela no puede concluir que la continuación del proceso, en el entretanto, es
una vía de hecho del juez civil.
Estas son las razones que sustentan mi posición[18]:
Si bien comparto
algunos apartes de la sentencia y considero que en ciertos casos los procesos
ejecutivos iniciados antes de la Ley 546 de 1999 debieron haberse terminado,
disiento de varios elementos centrales de la parte resolutiva y de la parte
motiva de la presente providencia.
Primero, no comparto las afirmaciones
tajantes, así puedan ser leídas como obiter dicta, que se han consignado
en la parte motiva de la sentencia en el sentido de que todos los procesos
ejecutivos con obligaciones denominadas en UPAC debieron haberse terminado. Ni
de la ley ni de la sentencia de la Corte Constitucional pertinente se deduce
dicha regla absoluta e incondicionada. Estimo que la terminación de tales
procesos fue sometida por el legislador a condiciones. Algunas de estas fueron
declaradas inconstitucionales por la Corte, pero otras fueron declaradas
exequibles. Por lo tanto, la terminación de los procesos ejecutivos sólo esta
legalmente ordenada cuando se reúnan dichas condiciones exequible.
Posteriormente en este salvamento se desarrollará el punto.
Segundo, estimo
que en los eventos en que los procesos ejecutivos han debido ser terminados, la
Corte debe incluir en la parte resolutiva de sus sentencias una orden en el
sentido de que si el acreedor decide iniciar un nuevo proceso ejecutivo, las
pruebas que obraban en el anterior han de ser trasladadas al nuevo proceso en
aras de la celeridad y para evitar que el cumplimiento de las obligaciones sea
postergado por más de cinco o siete años.[19] Al proteger a
los deudores que de acuerdo con la ley y la jurisprudencia deban recibir los
beneficios establecidos, la Corte ha de valorar que los alivios y remedios creados
en 1999, no fueron una patente de corzo para no pagar las deudas.
Tercero,
considero que como cada proceso ejecutivo tiene sus especificidades, los jueces
civiles competentes tienen, como cualquier juez, un margen razonable para
aplicar a los hechos particulares de cada caso las normas vigentes. Por eso, me
preocupa que a partir de un caso específico se sienten por vía de una sentencia
de tutela reglas que no se derivan de la Constitución, ni de la ley, ni de la
jurisprudencia constitucional. Además, en sede de tutela le corresponde a la
Corte definir si la providencia del juez acusada incurrió en una vía de hecho.
La acción de tutela contra providencias judiciales permite controlar la validez
de las mismas, no remplazar a los jueces de instancia para corregir sus
decisiones.
Las
consideraciones generales en las que se funda mi disidencia en este caso
concreto se pueden desagregar en tres partes, a saber:
1.
En la primera parte
se enfatiza la diferencia, depurada y pacífica, entre una interpretación de la
ley razonable, pero no compartida, de un lado, y una vía de hecho judicial, de
otro lado.
2.
En la segunda parte
se muestra que la Ley 546 de 1999, aún después de la sentencia C-955 de 2000,
no ordena la terminación de todos los procesos ejecutivos con garantía
hipotecaria anteriores a 31 de diciembre de 1999, puesto que establece
condiciones para que ello ocurra, algunas de las cuales fueron declaradas
exequibles por la Corte Constitucional.
3.
En la tercera parte
se indican ciertas hipótesis en que el juez civil puede razonablemente decidir
que el proceso ejecutivo ha de continuar, pero para cobrar la deuda
reliquidada, convertida a UVR y disminuida con los alivios establecidos por el
legislador. Por lo tanto, se presentarán hipótesis de improcedencia de la
acción de tutela contra providencias en los cuales se ha continuado el proceso
ejecutivo.
1. Diferencia entre una interpretación de la ley
razonable y una vía de hecho judicial del otro lado
La Corte ha fijado unos parámetros para determinar si
una providencia judicial incurrió en una vía de hecho que la hace inválida.
Estos parámetros permiten que los jueces ordinarios ejerzan el margen de
interpretación que la Constitución les reconoce y apliquen las normas
pertinentes a los hechos particulares de cada caso. Bien puede suceder que dos
jueces tomen decisiones diferentes, pero que ninguna de las dos providencias
constituya una vía de hecho porque no se ha colocado en los extramuros del
derecho. Ello ha sucedido muchas veces, en especial cuando el juez de primera
instancia decide en un sentido, pero el de segunda revoca y decide en un
sentido diferente o, inclusive, contrario. La Corte no toma esa discrepancia
judicial como indicadora de una vía de hecho. Admite que los jueces civiles,
penales, laborales, o contencioso administrativos, pueden llegar a conclusiones
diversas habida cuenta de los hechos del caso y de la valoración de las
pruebas, así como de los márgenes razonables de interpretación de las normas
aplicables.
Pues bien, a la Corte pueden llegar tutelas contra
providencias que ordenaron terminar un proceso ejecutivo, pero también
providencias que dispusieron que otro diferente continuara. No todas las
segundas constituyen automáticamente una vía de hecho. Por eso, la Corte ha
negado acciones de tutela contra providencias que dispusieron la continuación
de procesos ejecutivos relativos a obligaciones denominadas en UPAC e iniciados
antes de la Ley 546 de 1999.
El anterior fue por ejemplo el caso analizado en la
sentencia T-535 de 2004[20], en
la cual la Sala Segunda de Revisión declaró improcedente una acción de tutela
interpuesta por un deudor que había omitido solicitar al juez civil que
decidiera sobre la terminación del proceso ejecutivo. En éste caso, la Corte
consideró que el juez civil no incurrió en violación del debido proceso alegado
por el accionante–parte demandada en el proceso ejecutivo -, puesto que en el
transcurso del proceso ejecutivo éste no hizo uso de los recursos legales
previstos y no solicitó la terminación del mismo[21].
En consecuencia, para este caso la Corte consideró que la no terminación del
proceso ejecutivo no constituía por si misma una vía de hecho.
De tal manera que afirmar que las providencias que no
ordenen la terminación de tales procesos son, sin más consideraciones, vías de
hecho, no solo es difícilmente armonizable con la jurisprudencia de la Corte
sobre las vías de hecho, sino que contradice precedentes específicos en los
cuales no se invalidó la providencia de un juez que decidió no dar por
terminado un proceso ejecutivo atendiendo a las especificidades del caso[22].
Se dirá que la ley ordenó terminar todos los procesos
ejecutivos o que, si bien la ley no lo ordenó, ésta es la consecuencia de la
sentencia de la Corte Constitucional sobre dicha ley. A mi entender, esa
conclusión no es clara, por lo menos no lo suficientemente clara como para
decidir que los jueces que tengan una interpretación distinta y por las
circunstancias del caso decidan no dar por terminado procesos ejecutivos
incurren en una arbitrariedad constitutiva de vías de hecho.
2. La interpretación de la Ley 546 de 1999 y de la
sentencia C-955 de 2000 no conduce a una regla absoluta que ordena la
terminación de procesos ejecutivos sin condiciones y sin importar la conducta
del deudor. Jurisprudencia constitucional. Sentencia C-955 de 2000.
2.1 La interpretación de la Ley 546 de 1999 debe ser
sistemática, a la luz de todas las decisiones adoptadas en la sentencia C-955
de 2000.
La afirmación según la cual todos los procesos
ejecutivos hipotecarios que estuvieren en curso a 31 de diciembre de 1999 se
deben dar por terminados automáticamente, sin importar las condiciones de cada
proceso ni la conducta del deudor, no resulta compatible con la idea de
búsqueda de acuerdos de reestructuración que está desarrollada en la Ley 546,
por las siguientes razones:
(i)
En primer lugar, en
el inciso primero del Artículo 42 de la Ley 546 de 1999, se establece que la
entidad procederá a “condonar los intereses de mora y reestructurar el crédito
si fuere necesario”, de lo cual se desprende que existe una diferencia
normativa entre reliquidación de la obligación, como consecuencia de aplicar
los abonos previstos en el Artículo 41 de la Ley 546, y reestructuración de la
misma. Así, se tiene que como consecuencia de la reliquidación se podrán
presentar eventos tales como saldos insolutos a favor del acreedor, sobre los
cuales se podrá proceder a una eventual reestructuración del crédito. Conviene
mencionar, por tanto, que al ser conceptos diferentes, las consecuencias
jurídicas derivadas de la reliquidación y la reestructuración habrán de ser
diferentes.
(ii)
En segundo lugar,
en el Parágrafo 3 del Artículo 42 se emplea la expresión condicional “en caso
de que el deudor acuerde la reliquidación para que proceda la terminación del
proceso”[23]. Al
respecto, debe decirse que una lectura sistemática de la Ley 546 y en
particular del Artículo 42 permite concluir que cuando el legislador utilizó en
el Artículo 42 el concepto “reliquidación” en el Parágrafo 3 se estaba
refiriendo a la reliquidación posterior a un acuerdo de “reestructuración”.
Esto por cuanto la reliquidación la debe efectuar el establecimiento de crédito
siguiendo el procedimiento previsto en el Artículo 41, y por tanto en dicho
procedimiento no media “acuerdo” entre la entidad financiera y el deudor del
crédito hipotecaria. En tanto que la reestructuración supone un expresión de
voluntad del deudor, él cual acuerda con la entidad financiera las nuevas
condiciones del crédito hipotecario, en aspectos tales como plazo y monto. Así,
el deudor puede decidir aceptar o no las condiciones de reestructuración. El
Parágrafo 3 se refiere entonces al evento en el cual el deudor “acuerda” con el
acreedor las nuevas condiciones del crédito, en cuyo caso habrá lugar a la
terminación y archivo del proceso judicial. Por tanto, la norma estableció un
claro condicionamiento para la terminación del proceso: que medie acuerdo de
reestructuración de la obligación entre deudor y entidad financiera. En
consecuencia, las demás hipótesis no contempladas en el Parágrafo 3 no pueden
sujetarse a lo previsto en el mismo.
(iii)
En tercer lugar, el
Artículo 43 que regula la excepción de pago, fue interpretado por la Corte en
la sentencia C-1140 de 2000[24], en
el sentido de que la aplicación de los abonos a las deudas hipotecarias a los
que se refiere la Ley 546 de 1999 no eximía al deudor de que contra él se
entablaran reclamos judiciales por lo que quedara debiendo. Dijo la Corte en
dicha sentencia al admitir que cabía la compensación de deudas entre la entidad
financiera y el deudor hipotecario:
“Para la Corte el precepto legal en cuestión es exequible, pues no
vulnera ningún texto constitucional y, por el contrario, se considera que las
medidas establecidas en el artículo 43 tienden a desarrollar eficazmente el
derecho consagrado en el artículo 51 de la Carta Política, y a reconocer a la compensación
por mutuas deudas el efecto judicial consiguiente.
No obstante, con el fin de evitar una situación injusta, se estima
pertinente advertir que, desde luego, la excepción que puede oponer una
entidad financiera ante demanda del deudor, debe entenderse como de carácter
relativo, ya que cobija sólo la parte efectivamente pagada o compensada, y,
por tanto, la norma no puede interpretarse en el sentido de que resulten
excluidas para el deudor las posibilidades de entablar nuevos reclamos
judiciales por lo que todavía considera que se le debe y que ha de ser
compensado con lo que él adeuda a la institución financiera”. (Subrayado
agregado al texto)
2.2. Jurisprudencia constitucional: la importancia de
las especificidades de cada caso de tutela.
Por su parte, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional no ha resuelto que en todos los casos el juez civil ha de dar por
terminado el proceso. La Corte Constitucional ha procedido a analizar las
especificidades de cada caso a fin de decidir si hay lugar o no a la
terminación y archivo del proceso judicial como consecuencia de la aplicación
del Artículo 42 de la Ley 546.
Lo anterior se constata al observar el resumen
realizado en la sentencia T-1243 de 2004[25],
mediante la cual la Sala Tercera de Revisión declaró improcedente una acción de
tutela en la cual el accionante, deudor en el proceso ejecutivo había
solicitado al juez civil terminar el proceso de manera extemporánea[26].
La sentencia T-1243 de 2004. Esta sentencia se cita en
extenso a continuación:
“3.1. Aun
cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a los derechos de
los deudores y de los acreedores de créditos hipotecarios cuyo valor se
calculaba bajo la figura del UPAC es abundante, en relación con los dos
problemas jurídicos planteados, la Corte se ha pronunciado en diversas
ocasiones cuando se controvierten, alegándose la existencia de vías de hecho,
providencias proferidas en procesos ejecutivos adelantados contra deudores
hipotecarios que se encontraban en mora a la fecha de expedición de la Ley 546
de 1999.
“3.2.
Primero, en la sentencia T-606 de 2003[27] la Sala
Octava de Revisión resolvió una acción de tutela presentada por el Banco
Comercial AV Villas S.A. contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, el cual había anulado el proceso ejecutivo promovido por la entidad
bancaria contra la propietaria de un inmueble sobre el cual se había
constituido una hipoteca de primer grado. La Sala Octava partió de la base de
que la tutela sí era procedente y analizó lo decidido por el Tribunal de
Medellín a la luz de la sentencia C-955 de 2000 así como de las expresiones
contenidas en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 relevantes para decidir la
tutela.[28] Para el caso concreto,
la Corte concluyó lo siguiente:
“Así las
cosas, la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia deberá se confirmada, en cuanto revocó la decisión de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pero por las consideraciones
expuestas en esta providencia, como quiera que – como se vio- esta Corporación
encontró ajustadas a la Carta Política las previsiones de Parágrafo 3° del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999, que dispuso la suspensión de los procesos en
curso, para que la entidad prestamista procediera a convertir los créditos de
vivienda concedidos en UPACS, que el 31 de diciembre de 1999 se encontraban en
ejecución, como también la terminación de los asuntos, por ministerio de la
ley.
“A fin de
que los deudores contaran con la posibilidad de reestructurar el crédito,
previa la adecuación de los documentos contentivos de la obligación
“De manera
que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, debía revocar
la sentencia de primera instancia, como efectivamente lo hizo, pero por las
motivaciones que quedaron expuestas.”
“3.3.
Segundo, en la sentencia T-535 de 2004,[29] la Sala
Tercera de Revisión revisó una tutela interpuesta por una deudora hipotecaria
contra el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, por considerar que éste
había incurrido en una vía de hecho al no dar por terminado el proceso
ejecutivo adelantado en su contra. La Corte consideró que la tutela era
improcedente para invalidar lo actuado dentro del proceso ejecutivo, porque la
accionante y deudora del crédito hipotecario, luego de haber solicitado la
reliquidación del crédito,  no había hecho uso oportuno de los recursos
ordinarios disponibles para la defensa de sus derechos. En efecto, luego de
hacer el recuento de las distintas etapas del proceso ejecutivo,[30]
la Corte señaló lo siguiente:
“De este
recuento, se puede concluir: no existe ninguna solicitud de la actora
encaminada a que el juez dé por terminado el proceso y la única actividad que
ha realizado en el largo proceso ejecutivo, se encuentra en la objeción que
presentó en contra del avalúo del inmueble, objeción que fue resuelta
desfavorablemente mediante auto de 14 de julio de 2003. Pero antes de esto no
se observa otra actuación procesal, no obstante haber sido notificada
personalmente del mandamiento de pago, tampoco compareció como parte demandada
a la audiencia de conciliación, ni objetó la liquidación del crédito. Sólo
faltando 4 días antes de la fecha señalada para la diligencia de remate, la
actora presentó esta acción de tutela.
“En estas
condiciones, para esta Sala de Revisión, no se da la violación al debido
proceso por parte de la Juez 16 Civil del Circuito de Bogotá, de la manera como
lo presenta la peticionaria, pues si no ha hecho uso de las herramientas que la
ley procesal ha puesto a su disposición dentro del proceso, ni ha pedido la
terminación del mismo, no puede sostenerse válidamente la violación mencionada.
“Otra cosa
distinta es si dentro del proceso ordinario se pide la terminación del mismo, y
la decisión del juez, aceptando o no la petición, constituye una vía de hecho,
evento en el que si se dan los elementos que conforman la denominada vía de
hecho, según la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte, la acción
de tutela puede proceder. Pero este no es el caso.”[31]
“3.4. En la
sentencia T-701 de 2004[32] la Sala Séptima de
Revisión declaró procedente la acción pero, en cuanto al fondo, negó la tutela
interpuesta por la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda contra una
providencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín en el
proceso de ejecución que la entidad financiera seguía en contra una persona
propietaria de un bien inmueble hipotecado.[33]
“La Sala Séptima
de la Corte Constitucional procedió a resolver los problemas jurídicos
expuestos a continuación: “(i) ¿vulneró la decisión de la Sala demandada los
derechos fundamentales invocados por la entidad demandante al haber resuelto,
en grado jurisdiccional de consulta, declarar la nulidad y la terminación y
archivo del proceso de la referencia? (ii)¿Es infundada, y resulta, por tanto,
irrazonable la interpretación dada por la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y
a la sentencia C-955 de 2000?”
“La Sala respondió
a ambas preguntas de forma negativa y respecto del caso concreto concluyó:
“[T]eniendo
en cuenta que la interpretación del Tribunal es no sólo razonable, sino que es
la que más se adecua a la Carta, es obvio que el demandado no incurrió en una
vía de hecho. No se activa, pues, la competencia del Juez Constitucional para
modificar la resolución de la justicia ordinaria –en punto del defecto
sustantivo alegado-, por cuanto en el trámite del proceso, el juez de
conocimiento actuó de manera razonable como garante de los postulados
superiores. Es más, por los argumentos señalados en los fundamentos anteriores
de esta providencia, la Corte Constitucional que la interpretación adelantada
por la Sala Unitaria  de Decisión Civil del Tribunal de Medellín es la
hermenéutica correcta y constitucionalmente más adecuada del significado del
parágrafo 3 del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, interpretado a la luz de la
sentencia C-955 de 2000. En consecuencia, la solicitud de amparo elevada por
Conavi, no será concedida.”
“3.5. En
una reciente decisión, mediante sentencia T- 1207 de 2004[34],
la Sala Cuarta resolvió, declarar procedente la acción y “tutelar el derecho
al debido proceso” de la entidad financiera CONAVI, quien había interpuesto
una acción de tutela contra una providencia proferida por el Tribunal Superior
de Medellín, en la cual se ordenó la anulación de un proceso ejecutivo iniciado
por la entidad bancaria mencionada contra un deudor hipotecario.[35]
La Sala Cuarta resaltó que, a pesar de que la deuda hipotecaria había sido
inicialmente contraída en UPAC, el proceso ejecutivo había sido iniciado con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 546 de 1999, lo cual constituye
una especificidad de este caso”.
A partir de lo
anterior, frente al primer problema jurídico planteado en la sentencia T-1243
de 2004, esto es, la procedibilidad de la acción de tutela, la Corte afirma:
“3.6. Del
resumen anterior, en punto a la procedibilidad de la acción de tutela, se puede
apreciar que: (i) la Corte ha analizado caso por caso si la acción de tutela
cumple los requisitos de procedibilidad; (ii) en algunas sentencias concluyó
que sí los cumplía, y en otras que no; (iii) en ninguna de éstas sentencias la
Corte ha impartido órdenes con efectos inter pares, inter comunis,
u otra modulación de los alcances de sus órdenes, las cuales están contenidas
en sentencias que responden a las especificidades de cada caso y que explican
cada resultado; (iv) en dos de los casos en que se reunieron los requisitos de
procedibilidad de la acción, la Corte decidió confirmar las respectivas
sentencias de tutela proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, pero por las razones expuestas en cada providencia, las
cuales negaron las acciones de tutela. En otra sentencia la Corte concedió la
tutela interpuesta por la entidad financiera contra la providencia del juez
civil que anuló el proceso ejecutivo”.
Del resumen
anterior, es pertinente detenerse en lo establecido por la sentencia T-701 de
2004 precitada. En esta providencia, la Corte reconoció que de la Ley 546 de
1999 surgían varias interpretaciones[36], no una sola, respecto
de la terminación de los procesos ejecutivos. Al respecto dijo:
“[C]orresponde a
la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional determinar si la Sala
Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, con ocasión de la
decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo
seguido contra la ciudadana Molina Sanín a partir del 31 de diciembre de 1999 y
ordenar, así mismo, la terminación y archivo del expediente, previo
levantamiento de las medidas cautelares, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del
derecho sustancial, a la defensa y a la tutela efectiva de los derechos del
banco CONAVI.  En concreto, la Sala responderá las siguientes preguntas: (i)
¿vulneró la decisión de la Sala demandada los derechos fundamentales invocados
por la entidad demandante al haber resuelto, en grado jurisdiccional de
consulta, declarar la nulidad y la terminación y archivo del proceso de la
referencia? (ii) ¿Es infundada, y resulta, por tanto, irrazonable la
interpretación dada por la Sala demandada a la Ley 546 de 1999 y a la sentencia
C-955 de 2000?
[…]
“[…] [L]a
controversia esencial en el presente caso gira en torno al alcance del
parágrafo 3 de este artículo, pues dos interpretaciones de la norma que define
las condiciones de procedencia de terminación y archivo de los procesos en
curso a 31 de diciembre de 1999 han sido sustentadas por los diversos
operadores jurídicos.”
[…]
“La terminación de
los procesos ejecutivos en curso, como consecuencia jurídica adjudicable a
ciertos supuestos de hecho, es un punto coincidente en ambas interpretaciones
de la norma. Así, los jueces aceptan uniformemente que el proceso ejecutivo
debe terminar cuando luego de efectuada la reliquidación del crédito (a) no
quedan saldos insolutos a favor de la entidad bancaria, (b) aunque hay saldos
insolutos, los mismos son cancelados por el deudor y (c) hay saldos de la
deuda, pero los extremos de la obligación acuerdan la reestructuración del
crédito. El punto de controversia se circunscribe a aquellos casos en los
cuales, luego de efectuada la reliquidación del crédito –ya sea a petición de
parte o ya sea de manera oficiosa por el juez- hay saldos insolutos a favor del
acreedor y el deudor no acuerda la reestructuración del crédito con la entidad
financiera. En ese evento, conforme a la interpretación del actor y de la Sala
de Casación Civil, el ejecutivo debe proseguir; por el contrario, según la
interpretación de la sentencia impugnada del Tribunal Superior de Medellín,
también en este caso, el proceso ejecutivo cesa.
“Para una mejor
ilustración de la existencia de esta doble hermenéutica, la Sala procederá a
exponer las tesis que respaldan cada una de ellas, para luego determinar si la
sentencia del Tribunal demandado constituye o no una vía de hecho
“Primera
interpretación: continuación de los procesos ejecutivos con saldos insolutos no
sometidos a reestructuración
“[…] Para la Sala
de Casación Civil y para el actor de la presente tutela, el efecto jurídico de
la no reestructuración de los créditos objeto de procesos ejecutivos debe ser
el levantamiento de la suspensión y la continuación del mismo en la etapa en
que se encontraba. Fundamentan su posición en los siguientes argumentos:
"a)    Lo “racional” en casos como el
que provocó la demanda de tutela era que, presentada la reliquidación y
sometida al trámite pertinente, las consecuencias procesales que de ello se
deriven, debían estar en consonancia con la finalidad del proceso ejecutivo
(art. 535 C.P.C.), cual es, el pago total de la obligación.
"b)    La Ley 546 de 1999 dispuso que,
si las partes involucradas en el cobro compulsivo llegan a un acuerdo de
refinanciación o reestructuración–para el evento en que el alivio fuera menor
al monto de la deuda- el proceso se terminaría por tal circunstancia. No es
viable, entonces, dar por terminados procesos ejecutivos con título hipotecario
con la mera aprobación de la reliquidación de los créditos.
"c) Aunque la norma empleó
indistintamente los términos “reliquidación” y “reestructuración”, un
entendimiento sistemático de la misma permite concluir que, cuando el parágrafo
dice “en caso de que el deudor acuerde la reliquidación”, está haciendo
mención no sólo al nuevo monto de la obligación (reliquidación), sino también a
las condiciones de pago de la misma (reestructuración). No puede, entonces,
derivarse la misma consecuencia jurídica de supuestos de hecho diversos.
"d)    Si la finalidad del legislador
hubiera sido terminar todos los procesos ejecutivos en curso, sin distinción
alguna, así lo habría consignado expresamente. Pero no. Su estrategia para
hacer frente a la crisis fue aplicar –de conformidad con las reglas por él
mismo fijadas- un alivio a todos los créditos de vivienda. Si el abono fue la
estrategia para ayudar a los deudores, no se entiende cómo es derivada, sin
más, la obligación de dar por terminados procesos ejecutivos con saldos a favor
del deudor respecto de los cuales no hubo acuerdo de pago.
"e) La tesis de conformidad con la
cual todos los procesos ejecutivos terminaron por ministerio de la ley no se
sigue ni de la Ley 546 de 1999 ni de la sentencia C-955 de 2000. Por tal razón,
la declaratoria de nulidad de todas las actuaciones judiciales realizadas
después del 31 de diciembre de 1999, además de configurar un defecto sustantivo
de las providencias, vulnera el derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de las entidades bancarias, las cuales, además, no
cuentan con otro medio de defensa ordinario.
"f) La frase condicional no declarada inexequible
por la sentencia C-955 de 2000: “en caso de que el deudor acuerde la
reliquidación de su obligación”, implica que, si no hay acuerdo, entonces
no habrá lugar a la terminación de los procesos. El acuerdo se refiere a lo que
técnicamente es denominado reestructuración. Cuando la norma hace referencia a
la reliquidación, no establece condicionamiento alguno, por cuanto la misma
opera aún sin el concurso de voluntades de deudor y acreedor.
"g)    Si la ley hubiese querido dar
por terminados todos los procesos ejecutivos en curso a 31 de diciembre de
1999, así lo habría consignado expresamente. No hay lugar, entonces, a hacer
extensivo el efecto de terminación por ministerio de la ley a hipótesis no
contempladas por la misma.
“Segunda
Interpretación: terminación de todos los procesos ejecutivos hipotecarios en
curso a 31 de diciembre de 1999.
“[…] Por su parte,
el Tribunal demandado y numerosos operadores jurídicos defienden la hipótesis
contraria, esto es, que los procesos ejecutivos también terminan en ese caso,
lo cual fundamentan en los siguientes argumentos:
"a)        La sentencia C-955 de 2000
prescribe que los procesos ejecutivos cuya causa fuera un título valor
consignado en UPAC, debían terminar a más tardar el 31 de diciembre de 1999. Los tres meses más otorgados por la ley
–hasta marzo 31 de 2000-, era el plazo con que contaban las entidades bancarias
y los deudores para reestructurar la forma de pago del saldo insoluto del
crédito de vivienda. La única condición que señaló el fallo de control para
terminar y archivar los procesos en curso era la reliquidación de los créditos,
y aquella, en todo caso, debía realizarse –por petición del interesado o de
manera oficiosa por el Juez de conocimiento-.
"b)        Las decisiones judiciales
que establecieron la terminación y archivo de los procesos judiciales en curso
a 31 de diciembre de 1999, acogieron la hermenéutica expuesta en la sentencia
C-955 de 2000 del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Por tal
razón, no se configura en aquellos casos una causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra actuaciones judiciales por indebida interpretación
normativa.
"c) El 31 de diciembre de 1999, los
procesos ejecutivos en los que una entidad financiera cobraba un crédito
concedido en UPAC para adquirir vivienda, se suspendieron a efectos de permitir
la reliquidación del crédito, de oficio o a petición del deudor. Una vez
efectuada la reliquidación del crédito, el proceso finalizó y la actuación fue
archivada.
"d)        El parágrafo 3° del
artículo 42 de la Ley 546 de 1999 no estableció una modalidad de terminación
por pago total de la obligación, sino la finalización de los procesos
ejecutivos en curso por ministerio de la ley, sin consideración al estado del
mismo, ni la cuantía del abono especial, como tampoco las “gestiones” del
deudor para cancelar las cuotas insolutas del crédito. Señaló la sentencia de
control: “(…) la suspensión de los procesos en curso, ya por petición del
deudor, o por decisión adoptada de oficio por el juez, tiene por objeto que se
efectúe la reliquidación del crédito y, producida ella, debe dar lugar a la
terminación del proceso y a su archivo sin más trámite, como lo ordena la norma
que, en tal sentido, lejos de vulnerar, desarrolla el postulado constitucional
que propende al establecimiento del orden justo (Preámbulo y artículo 2 C.P.) y
realiza los principio de prevalencia del derecho sustancial (art. 288C.P.) y de
acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.)”[37]
"e) La conversión de los créditos al
sistema UVR, significa que, en adelante, se adeuda el capital correspondiente y
se entiende saneada la mora anterior a ello. Cuando se acelera el plazo
(cláusula aceleratoria) la mora se cuenta desde que se toma esa decisión. A 31
de diciembre de 1999, se adeudaba tan sólo un capital concebido en UVR. Se
sigue de lo anterior, que los procesos judiciales iniciados con ocasión de la
mora en que incurrieron los deudores, terminan necesariamente. Si la causa para
acelerar el plazo era la mora, desaparecida ésta, desaparece el pleito que la
apoyaba.
"f) Y tal y como lo destacó la
sentencia T-606 de 2003 de esta Corte, la ley 546 de 1999 fue una normatividad
expedida con el objeto de solucionar una crisis social y económica de grandes
proporciones, motivada en gran parte por el gran número de procesos ejecutivos
en curso (i) dado que las obligaciones superaron el monto e pago de los
deudores, y en muchos casos el valor de las viviendas (ii) en razón de que los
deudores fueron compelidos a trasladar a las entidades prestamistas sumas
superiores a lo realmente adeudado; (iii) toda vez que los deudores no conocían
el mondo de sus obligaciones, siéndoles imposible proyectar sus pagos, como
también solicitar la reestructuración del crédito para adecuarlo a sus reales
condiciones de pago.
“Razonabilidad
y adecuación constitucional de la interpretación de la sentencia atacada.
“[…] El defecto
sustantivo de las providencias judiciales –como causal de procedibilidad de la
acción de tutela- se configura cuando el operador jurídico aplica de manera
arbitraria e infundada una norma, y de tal aplicación, se sigue la vulneración
de derechos fundamentales, no subsanable con los medios de defensa ordinarios.
De conformidad con la exposición hecha en párrafos anteriores, la
interpretación del Tribunal demandado no puede calificarse como caprichosa o
injustificada, en tanto expone como base de su decisión argumentos admisibles,
de conformidad con la normatividad y la jurisprudencia vigentes. Ese sólo hecho
ya es suficiente para negar el amparo solicitado, pues la interpretación del
Tribunal es razonable.”
En concordancia con la jurisprudencia precitada,
considero que no es irrazonable una interpretación del parágrafo 3º del
Artículo 42 de la Ley 546 de 1999, según la cual, en algunos casos específicos,
el proceso ejecutivo en contra del deudor hipotecario que se encuentra en mora,
pueden proseguir, aún después de reliquidado el crédito.
La misma jurisprudencia de la Corte ha reconocido que
los argumentos para apoyar la tesis según la cual el parágrafo 3º no ordena de
manera incondicional y automática la terminación de todos los procesos
ejecutivos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, no son irrazonables.
Según dicha jurisprudencia, la vía de hecho se configura en el momento que el
operador jurídico aplica una norma de manera “arbitraria e infundada”. A la
vez, menciona argumentos a partir de los cuales el parágrafo 3º puede ser
interpretado en varios sentidos. Ello significa que existe un fundamento razonable
para concluir que la Ley no ordena la terminación automática e incondicionada
de los procesos ejecutivos hipotecarios en todos los casos. Al menos algunos de
dichos argumentos son no solo plausibles sino convincentes. Dentro de estos se
encuentra el de que el legislador, al expedir la Ley 546 precitada, no ordenó
de manera expresa la terminación de estos procesos y el de que el artículo
sobre suspensión y terminación establece como condición “el acuerdo del deudor”
con la reliquidación, condición que fue declarada exequible por la Corte.
Es inevitable entonces concluir que la propia Corte
Constitucional ha considerado que no es infundada ni irrazonable la
interpretación del Artículo 42, que en la presente sentencia -de la cual me
aparto- considera como la causa de la configuración de una vía de hecho. Una
interpretación que ante las especificidades de un caso la propia Corte ha
admitido que es razonable, no puede ser calificada genéricamente de ser una vía
de hecho.
2.3. Sentencia C-955 de 2000: la necesidad de
distinguir y armonizar las diversas decisiones adoptadas cuando se juzgó la Ley
546 de 1999.
A su vez, lo decidido por la Sala Plena de
la Corte Constitucional en la sentencia C-955 de 2000, en relación con la
inexequibilidad de algunas expresiones del Artículo 42 aludido, no está
estrictamente relacionada con el problema jurídico presente. En primer lugar,
las razones por las cuales la Corte declaró inexequible el plazo de noventa
días a partir de la entrada en vigencia de la ley, para que los deudores en
mora pudieran acogerse a la reliquidación, como condición para que fuera
suspendido el correspondiente proceso fueron las siguientes:
“(…) si las
condiciones objetivas que deben dar lugar a la mencionada suspensión no
dependen de haberse acogido o no a una reliquidación a la que todos los
deudores tenían derecho, se trata de un requisito que rompe la igualdad y que
injustificadamente condena a una persona, además de no recibir oportunamente el
abono que le corresponde, a no poder efectuar la compensación entre el abono y
lo que debe, y muy probablemente a ser condenada en el proceso”[38].
En segundo lugar, en cuanto a la
inexequibilidad del inciso final del parágrafo 3º el cual establecía que en
caso de que dentro del año siguiente a la reliquidación el deudor incurriera
nuevamente en mora, los procesos podrían reiniciarse en la etapa en la cual
estaban en el momento en que operó la suspensión previa actualización de su
cuantía la Corte consideró que dicha norma era contraria a los derechos a la
igualdad, al debido proceso y a la administración de justicia, en razón de que
situaciones jurídicas distintas (deudas constituidas en forma y en tiempos
diferentes) no estaban siendo diferenciadas por la Ley.
Obsérvese que lo dicho en dicha sentencia
no aplica estrictamente a algunos casos que pueden darse en los procesos
ejecutivos. La norma declarada inexequible establecía que, después de un año de
reliquidado el crédito, en caso de una nueva mora del deudor – es decir, en
caso de que el deudor, después de reliquidada la deuda, faltare al pago de las
nuevas cuotas -, el proceso ejecutivo reviviría en la etapa en la cual se
encontraba en el momento de la suspensión. La Corte encontró que era contraria
a la Carta una norma que sancionaba al deudor que, a pesar de la ayuda
recibida, incurriera nuevamente en mora, estableciendo que el proceso ejecutivo
se reiniciaría desde el momento de la suspensión, es decir, antes de la
reliquidación y antes de los alivios. En dicho caso, el deudor perdía, por
ejemplo, el abono concedido por la Ley.[39]
La sentencia citada no se pronunció acerca
de situaciones distintas, ya que éstas no estaban previstas explícitamente en
la Ley 546 de 1999. Así, por ejemplo, la Corte en la sentencia C-955 de 2000 no
abordó el tema de qué sucede en los casos en los cuales, el deudor vuelve a
incurrir en mora y por ello se reinicia el proceso ejecutivo después de la
reliquidación, es decir, para la recuperación de un saldo determinado en
términos de UVR que incluye los alivios concedidos. Cabe subrayar que en esa
hipótesis no se le concede efectos ultraactivos a lo que sucedió antes de la
condonación de los intereses de mora, del abono y de la consecuente
reliquidación, sino que el proceso ejecutivo sólo puede continuar para cobrar
la obligación disminuida, aliviada y denominada en UVR. Tampoco se pronuncia la
sentencia C-955 acerca de lo que sucede si después de la reliquidación de la
obligación, continúa existiendo un saldo por pagar a favor de la entidad
financiera. La ratio decidendi de la declaratoria de inexequibilidad de la
expresión, “si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el
deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos  se reiniciarán a solicitud
de la entidad  financiera y con  la sola demostración de la mora, en la
etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa
actualización de su cuantía" fue que
“se trata de
situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al tenor del
precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso, debe dar
lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había
propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las
consecuencias que tiene la terminación de todo juicio.”
No dijo la Corte que el deudor que nunca pagara lo debido, a pesar
del abono y demás beneficios, sería premiado con la terminación del proceso
ejecutivo. Lo que la Corte impidió fue que desapareciera el alivio, lo cual
sucedería si se regresaba “al momento de la suspensión”.
En conclusión, ni de las sentencias de tutela anteriores a la
presente, ni de las sentencias de constitucionalidad sobre la Ley 546 de 1999
se puede concluir que siempre constituye una vía de hecho la providencia
judicial que no de por terminado el proceso ejecutivo iniciado antes del 31 de
diciembre de 1999. Además, del texto de la ley citada tampoco se deduce dicha
consecuencia. Por el contrario, la terminación de tales procesos ejecutivos
está sujeta a condiciones fijadas en la propia ley, las cuales fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional.
3. Hipótesis en las cuales no está ordenado terminar el proceso
ejecutivo
Paso a continuación a indicar algunas de las hipótesis en las cuales
estimo que no incurre en vía de hecho el juez que no de por terminado algunos
de esos procesos ejecutivos. Reitero que en otros casos, cuando sí se reúnan
las condiciones de ley para dar por terminado alguno de tales procesos, el juez
debe ordenar dicha terminación. Si no lo hace, y el deudor cumplió con sus
cargas procesales dentro del proceso ejecutivo, entonces la tutela puede ser
procedente. Pero si el deudor acude a la tutela para suplir su inactividad en
el proceso ejecutivo, entonces la acción es improcedente. Algunas de las
hipótesis en que sí cabe continuar con un proceso ejecutivo iniciado antes del
31 de diciembre de 1999 son las siguientes:
La primera hipótesis se presenta cuando se reúnen las siguientes
condiciones:
(i)
Una deuda hipotecaria adquirida en UPAC es
reliquidada en UVR;
(ii)
Dicha reliquidación respeta lo dispuesto en la
ley en cuanto a condonación de los intereses de mora, reconocimiento de un
abono y conversión de UPAC a UVR según las fórmulas definidas;
(iii)
Después de la reliquidación, se le ofrece al
deudor reestructurar los plazos y las cuotas de pago, de tal forma que éstos se
ajustan a sus posibilidades de pago si la reliquidación fue insuficiente para
ese efecto, y
(iv)
A pesar de ello el deudor incurre de nuevo en
mora.
Segundo, estimo que, de acuerdo a la jurisprudencia de tutela de
esta Corporación, existen casos en los cuales es improcedente la acción de
tutela en contra de una providencia judicial mediante la cual el juez civil
decide no dar por terminado el proceso. Esto sucede en los casos en los cuales
el deudor no ejerció los recursos para controvertir las decisiones con las
cuales se encuentra en desacuerdo, o ni siquiera solicitó al juez civil que de
por terminado el proceso. Es así como en la sentencia T-535 de 2004[40],
la Sala Segunda de Revisión declaró improcedente una acción de tutela
interpuesta por un deudor hipotecario, que había dejado de acudir a los
mecanismos judiciales ordinarios para hacer valer su posición. En dicho caso el
deudor no había solicitado al juez ordinario que diera por terminado el proceso
ejecutivo.
En el mismo sentido, en la sentencia T-1243 de 2004[41],
la Sala Tercera de Revisión decidió que era improcedente una acción de tutela
interpuesta por un deudor que en el proceso ejecutivo había solicitado al juez
terminar el proceso de manera extemporánea. El recurso había sido presentado en
el momento en el cual el inmueble ya había sido adjudicado a la entidad
financiera y se había intentado dos veces la diligencia de entrega del
inmueble.
Por lo tanto, cuando una de las partes ha sido negligente en la
defensa de sus intereses en el proceso ordinario y no ha ejercido los recursos
en él previstos, la tutela no es el mecanismo para suplir su injustificada
inactividad procesal. Esta regla ha sido repetidamente aplicada por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia de tutela, y no se entendería que respecto
de los procesos ejecutivos hipotecarios sea modificada por una Sala de
Revisión.
Tercero, puede presentarse el caso de un deudor que a pesar de tener
capacidad económica para honrar sus obligaciones, opta por no pagar lo debido.
Es importante recordar que los alivios creados por el legislador para amparar a
los deudores de obligaciones contraídas para adquirir vivienda fueron adoptados
con el fin de proteger a las personas que por razones económicas fuera de su
control, perdieron la capacidad de pago de sus obligaciones, lo cual a su vez
puso en peligro la propiedad sobre sus viviendas
Sin embargo, sucede algo distinto con las personas que de manera
evidente no hacen parte del grupo anterior descrito, y que más bien, se
aprovechan de manera abusiva de las facilidades otorgadas por el Congreso. Por
ejemplo, en el caso en el que se logre probar que los deudores en el proceso
ejecutivo no son víctimas de una situación macroeconómica y financiera que les
impidió pagar cumplidamente su deuda, sino que incurrieron en mora con el fin
de abusar del sistema y eludir el pago de deudas que tenían la capacidad
económica de honrar, el juez ha de concluir que éstos no son merecedores de
protección por vía de tutela cuando solicitan que el juez constitucional ordene
la terminación del proceso ejecutivo que el juez civil, ante esas
circunstancias específicas de comprobada elusión de las obligaciones
contraídas, no ordenó terminar. Aquellos que se aprovechan abusivamente del
sistema, sin tener necesidad de ayudas porque disponen de la capacidad
económica para honrar sus deudas, no pueden ser premiados por su mora con la
terminación de los procesos ejecutivos. De manera específica, las personas a
quienes se compruebe en el proceso de tutela que (i) gozan de ingresos
claramente altos y, por lo tanto, no son la población objetivo de la política
de ayuda a los deudores de créditos hipotecarios, y (ii) carecen de la
intención de pagar la obligación adquirida, que honrar claramente se encuentra
dentro de sus capacidades económicas, no pueden ser protegidos por la actuación
del juez de tutela mediante la doctrina de las vías de hecho. Esto, pues el
juez civil que, en esas circunstancias, estime que el proceso ejecutivo debe
continuar, está obrando dentro de los parámetros de razonabilidad. Además, dado
que el deudor en esos casos tiene recursos económicos altos y suficientes, no
está en juego su mínimo vital, ni el de su familia. Tampoco estaría
comprometido su derecho a acceder a una vivienda, quizás menos lujosa, pero no
por ello menos digna.
Las consideraciones anteriores, son factores que el juez de tutela
ha de ponderar en cada caso particular, cuando el accionante le solicita que
declare la existencia de una vía de hecho en una providencia que se abstiene de
dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario. Se deduce de esto que no
existe una regla clara a aplicar a todos los procesos, regla general y
abstracta que haga caso omiso de las particularidades de cada caso, y de las
condiciones fijadas por la ley para que se reúnan los supuestos que generan la
terminación de los procesos ejecutivos iniciados antes del 31 de diciembre de
1999. La declaratoria de la terminación del proceso no es automática, ni ajena
a los hechos de cada caso y a las condiciones fijadas en la ley. En su análisis
el juez de tutela ha de establecer cuál es el margen de interpretación legítimo
con el que cuenta el juez civil en el proceso ejecutivo, y a su vez, en qué
punto se sale de dicho margen y comete una arbitrariedad con el deudor, y por
ende se produce una vía de hecho.
Fecha ut
supra,
MANUEL
JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
[1]  Antes de hacer cualquier análisis al caso concreto es pertinente
aclarar que, tal y como lo plantean los enunciados fácticos de esta demanda, el
proceso que inició Davivienda en contra del señor Estupiñán es del tipo
ejecutivo mixto. Como se vera mas adelante, los pronunciamientos de la Corte
van referidos, particularmente, a los procesos ejecutivos hipotecarios o
ejecutivos con título hipotecario. Es importante decir que para la aplicación
de dichas decisiones al caso bajo estudio, es coherente dar uso de las
subreglas que de allí se desprendan, también a los procesos ejecutivos mixtos,
toda vez que lo que se persigue en últimas, es la protección de los derechos
fundamentales de quienes observan en la acción de tutela su única oportunidad.
Se sabe
que la acción ejecutiva mixta en casos como el presente se interpone para
salvaguardar los derechos del acreedor de una deuda contraída por otro para la
adquisición de una vivienda. En esta acción, se permite, según el tenor del
artículo 2449 del C.C, que se haga efectiva la hipoteca, en este caso sobre la
vivienda obtenida con la suma de dinero mutuada,  y al mismo tiempo perseguir
otros bienes del deudor. Se tiene de esta forma, que la finalidad de la acción
para el caso concreto es recuperar el dinero obtenido en préstamo por el
demandado para la compra de su vivienda, fin que, igualmente se podría
perseguir por medio de la acción ejecutiva con título hipotecario o ejecutiva
hipotecaria. Por lo anterior, para dar un sentido unívoco a esta sentencia de
tutela en lo referente a este concepto, se entenderá que, si bien en la
definición de los antecedentes se trata como acción ejecutiva mixta, en lo que
tiene que ver con el análisis jurisprudencial que hará esta Sala para definir
los enunciados normativos a aplicar, se tratará el concepto de “proceso
ejecutivo hipotecario” o “ejecutivo con titulo hipotecario”, siendo aun así,
aplicables las subreglas que se desprendan al proceso ejecutivo mixto que aquí
se estudia.
[2]
Ver entre otras, sentencias T-472 de 2005 y T-539 de 2002
[3]
Sentencias T-231 de 1994, SU-132 de 2002, T-381 de 2004 y T-357 de 2005.
[4] Sentencia T-567 de 1998
[5] Ver también sentencias T-472 de 2005 yT-053 de 2005 entre otras.
[6] Ver aclaración hecha en el numeral 1 de los pie de pagina.
[7] “La Ley 546 de 23 de diciembre de 1999 “por
la cual se dictan normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y
criterios generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para
regular un sistema especializado para su financiación, se crean instrumentos de
ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con los
impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda
y se expiden otras disposiciones”, estableció las normas y los criterios
generales a los cuales debe circunscribirse el Gobierno Nacional para regular
los sistemas de financiación para la adquisición de vivienda individual a largo
plazo, ligada al índice de precios al consumidor, y las condiciones especiales
que regularán la materia en punto de vivienda de interés social urbano y rural.
En la misma disposición (par. 2) se señaló que las entidades podrán otorgar
créditos de vivienda denominados en moneda legal colombiana o unidades de valor
real (UVR), siempre que los sistemas de pago no contemplen capitalización de
intereses, ni sanciones por prepagos totales o parciales”. Ver sentencia T-701
de 2004.
[8] Sentencia T-846 de 2000
[9] Sentencia C-955 de 2000
[10] Explicado en el acápite titulado “procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Vía de hecho”.  Ver sentencias T-576
de1998 y T472 de 2005
[11] ver al respecto sentencias T-199 de 2005,
T-258 de 2005, T-282 de 2005, T-357 de 2005 y T-391 de 2005.
[12] Ver sentencias T-535 de 2004 y T-472 de 2005.
[13] Ver sentencias T-357 de 2005 y T-258 de 2005
[14] Este requisito será expuesto a continuación.
[15] Sentencia T-357 de 2005.
[16] Sentencias T-199 de 2005, T-258 de 2005, T-282 de 2005T- 357 de 2005 y
T-258 de 2005
[17] Al respecto, en la sentencia se expresa que “es preciso señalar
al respecto que jurisprudencia reciente de esta Entidad ha entendido que este
requisito [que la conducta del actor en el proceso de tutela hubiera sido
diligente en el proceso ejecutivo y hubiera agotado en consecuencia los
mecanismos de este último proceso para obtener la terminación del mismo] no
debe ser exigido como elemento calificador de la diligencia del demandante para
casos como el concreto, pues, se desprende de la misma Ley 546 de 1999 que esa
decisión de terminación del proceso debe proceder de oficio”.
[18] Consignadas, entre otros, en los salvamentos de voto a las
sentencias T–357 de 2005 (M.P.: Jaime Araujo Rentaría), T–391 de 2005 (M.P.:
Alfredo Beltrán Sierra) y  T-258 de 2006 (M.P.: Jaime Córdoba Triviño).
[19] Acerca del traslado de pruebas, por ejemplo, el artículo 185 del
Código de Procedimiento Civil dice: “La pruebas practicadas válidamente en un
proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin
más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a
petición de la parte contra quien se aducen, o con audiencia de ella.”
[20] MP Alfredo Beltrán Sierra (unánime).
[21] En este caso, la Corte afirmó:
“Otra cosa distinta es si dentro del proceso ordinario se pide la
terminación del mismo, y la decisión del juez, aceptando o no la petición,
constituye una vía de hecho, evento en el que si se dan los elementos que
conforman la denominada vía de hecho, según la Constitución, la ley y la
jurisprudencia de la Corte, la acción de tutela puede proceder.
“Pero este
no es el caso.
“Por consiguiente, en esta acción de tutela, simplemente se
reiterará la jurisprudencia que de tiempo atrás ha expuesto la Corte en
relación con acciones de tutela presentadas en medio del desarrollo de un
proceso judicial, que se puede sintetizar así: la acción de tutela no
procede cuando se está desarrollando un proceso judicial, en donde las partes
han tenido la oportunidad de proponer los argumentos que, precisamente, motivan
la acción de tutela, y no lo han hecho. Pues, es el juez natural del proceso es
el competente para resolverlos. Sólo cuando la decisión judicial se convierte
en una vía de hecho, y puede causar un perjuicio irremediable, el juez
constitucional, excepcionalmente, puede conceder la tutela.” (subraya por fuera del texto original).
[22] Ver las sentencias T-535 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra),
T-1243 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-1207 de 2004 (MP Jaime
Córdoba Triviño).y T-102 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra)
[23] El artículo 42 (después del control de
constitucionalidad realizado en la sentencia C-955 de 2001) dice: “Artículo 42.
Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que
estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los
abonos previstos en el artículo 40, la entidad financiera procederá a condonar
los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario. || A su
turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto
total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior, mediante
la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se
refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41. || Parágrafo 1. Si los
beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de
más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en
el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al
Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo 4° del artículo 41,
por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la garantía se
hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional
la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada. || Parágrafo 2.
A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente
aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los
parágrafos 1° y 2° del mismo artículo. || Parágrafo 3. Los deudores cuyas
obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos
judiciales, tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos.
Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En
caso de que el deudor acuerde la reliquidación de su obligación, de conformidad
con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá
a su archivo sin más trámite”.
[24] MP José Gregorio Hernández Galindo. AV de Antonio Barrera
Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio
Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo Mesa, Álvaro Tafur Galvis. El contenido de
la norma demandada, declarada exequible sin condicionamientos es: "Artículo 43. (...)La excepción aquí prevista podrá
proponerse en cualquier estado del proceso. Así mismo, en las sentencias que se
dicten se aplicará como mecanismo para satisfacer los correspondientes derechos
individuales, los previstos en esta ley".
[25] MP Manuel José Cepeda Espinosa (unánime).
[26] El recurso fue presentado en el momento en el cual el inmueble ya
había sido adjudicado a la entidad financiera y se había intentado dos veces la
diligencia de entrega del inmueble. La Corte acomete en esta sentencia
el estudio del caso a partir de la formulación de dos problemas jurídicos, a
saber: (i) Si es procedente o no la acción de tutela interpuesta contra las
actuaciones del juez encargado del proceso ejecutivo hipotecario, quien
continúo con el curso del proceso después de efectuada la reliquidación del
crédito hipotecario y quien negó la solicitud de nulidad de lo actuado a partir
del mandamiento de pago; y (ii) En caso de considerarse que la solución al
problema anterior es afirmativa, es decir, que la tutela procede en la
hipótesis enunciada, la Corte analiza si constituye una vía de hecho el que
dentro de un proceso ejecutivo hipotecario se ordene la continuación del mismo,
cuando como resultado de la reliquidación del crédito quedan saldos insolutos a
favor de la entidad financiera.
[27] MP Álvaro Tafur Galvis.
[28] La persona demandada en el proceso ejecutivo era propietaria de
una vivienda adquirida mediante un crédito hipotecario, cuyo monto se expresaba
en UPAC. Dada la promulgación de la Ley 546 de 1999, el juez del circuito
suspendió el proceso ejecutivo con el fin de que la entidad bancaria
reliquidara la deuda en términos de la unidad UVR. Como resultado de esta
operación, y luego de descontar el valor del alivio a la deuda, se estableció
que subsistía un saldo a favor de la entidad financiera, por lo que el banco
solicitó al juez continuar con el proceso ejecutivo. Tras la propuesta de la
parte demandada de excepciones de mérito, el Juez consideró mediante auto que
en el caso no se presentaban causales de nulidad de lo actuado. En vista de que
dicho auto fue apelado, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín anuló
todo lo actuado, con el argumento según el cual, de acuerdo a la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, la reliquidación del crédito tenía como efecto la
terminación del proceso ejecutivo. La entidad bancaria consideró que la Sala
Civil del Tribunal había violado sus derechos al debido proceso y a acceder a
la administración de justicia, al hacer una interpretación de la Ley 546
contraria a los principios de economía procesal por cuanto le obligaba a
comenzar de nuevo un proceso ejecutivo cuando era evidente que la deudora
permanecía en mora a pesar del alivio obtenido en la reliquidación. Indicó
además que los argumentos esgrimidos por el Tribunal confundían “la mora en
sí misma con la sanción legal que ella produce y que para este caso es el cobro
de un interés moratorio.”
[29] MP Alfredo Beltrán Sierra.
[30] Según el recuento hecho por la Corte en la sentencia T-525 de
2004, el proceso ejecutivo se desarrollo de la siguiente manera: (1) El día 15
de enero de 1999 se libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo
hipotecario; (2) El 8 de diciembre de 2001 se suspendió el proceso hasta que se
efectuara la reliquidación; (3) El 1 de marzo de 2001, se notificó
personalmente a la actora, que no propuso excepciones de mérito; (4) se citó a
las partes a audiencia de conciliación, pero la parte demandada no concurrió,
por lo que el Juzgado declaró desiertas las excepciones de mérito propuestas e
impuso multa de 5 salarios mínimos mensuales vigentes; (5) El 15 de abril de
2002, se dictó sentencia en la que se decretó la venta en pública subasta del
inmueble, se ordenó la liquidación del crédito y se condenó en costas a la
parte demandada.; (6) La parte demandante presentó liquidación del crédito,
liquidación que no fue objetada dentro de la oportunidad, quedando aprobada,
mediante auto, el día 26 de septiembre de 2002; (7) Presentado el avalúo del
inmueble, fue objetado por la parte demandada. Se le dio el trámite legal y el
14 de julio de 2003 fue declarada infundada la objeción.; (8) Para el día 20 de
octubre de 2003, se fijó fecha para la diligencia de remate; (9) Esta
diligencia se llevó a cabo en esa fecha y se declaró desierta; (10) 4 días
antes del remate, la accionante interpuso la acción de tutela para suspender
dicha diligencia.
[31] Corte Constitucional, Sentencia T-525 de 2004, MP: Alfredo
Beltrán Sierra, tutela interpuesta por la deudora de un crédito hipotecario
contra la sentencia del juzgado civil que ordenó la continuación del proceso ejecutivo,
por la subsistencia de un saldo a favor de AV Villas, luego de la reliquidación
de su crédito con base en la ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000.
[32] MP Rodrigo Uprimny Yepes.
[33] En el año de 1998 el señor Alveiro
Escobar Rico, adquirió un crédito de vivienda a través del sistema UPAC
garantizado con hipoteca de primer grado sobre un inmueble de su propiedad. A
partir del mes siguiente a la adquisición del crédito, el deudor dejó de
cancelar las cuotas mensuales a que estaba obligado. El 20 de marzo de 1999, el
señor Escobar Rico transfirió el derecho real de dominio del inmueble a la
señora Catalina Molina Sanín. En agosto de 1999 el banco inició un proceso
ejecutivo contra la nueva propietaria, a partir del cual el juez del circuito
libró mandamiento de pago. Sin embargo, debido a que en Diciembre de 1999 se
promulgó la Ley 546 de 1999, el juzgado suspendió el trámite del proceso
ejecutivo, hasta que la deuda fuera reliquidada y convertida a unidades UVR e
incluido el alivio abonado. En febrero de 2001, la entidad bancaria presentó el
cálculo de la reliquidación y solicitó que fuera reiniciado el proceso
ejecutivo. En consecuencia, el juzgado del circuito dictó sentencia modificando
la deuda expresada en el mandamiento de pago en términos de unidades UVR y
ordenó la venta en subasta pública del bien inmueble. Dado que la demandada
había estado representada por curador ad-litem, la sentencia pasó a consulta a
la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, la cual resolvió anular todo
lo actuado en el proceso, además de darlo por terminado y archivado. El
Tribunal consideró que la conversión de los créditos al sistema UVR llevaba a
que “se entiend[a] saneada la mora anterior a ello”. Por ello, la entidad bancaria interpuso una
acción de tutela contra el Tribunal Superior de Medellín, al considerar que la
decisión por medio de la cual se declaró la nulidad de lo actuado en el proceso
ejecutivo violaba sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, dado que la interpretación de la Sala Civil del
Tribunal respecto del artículo 42 de la Ley 546 de 1999 era equivocada.
[34] MP Jaime Córdoba Triviño.
[35] La Corte ordenó al Tribunal de Medellín decidir “conforme al
ordenamiento vigente, el grado jurisdiccional de consulta.”
[36] La doble interpretación del Artículo 42 de la Ley 546 que va a
señalar la sentencia T-701 de 2004 es: (i) Continuación de los procesos
ejecutivos con saldos insolutos no sometidos a reestructuración, expuesta por
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; y, (ii) Terminación
de todos los procesos ejecutivos hipotecarios en curso a 31 de diciembre de
1999, expuesta por el Tribunal Superior de Medellín.
[37] Sentencia C-955 de 2000.
[38] Sentencia C-955 de 2000.
[39] Dijo la Corte: “También contraviene el derecho a la igualdad,
el debido proceso y el derecho a la administración de justicia la parte final
del mismo parágrafo 3, a cuyo tenor, si dentro del año siguiente a la
reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los
procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola
demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la
suspensión, y previa actualización de su cuantía. || En efecto, es evidente que
se trata de situaciones jurídicas distintas, en cuanto la nueva mora, que al
tenor del precepto se constituye en hipótesis de la reanudación del proceso,
debe dar lugar a un proceso nuevo y de ninguna manera acumularse a la que había
propiciado el anterior, terminado, según el mismo mandato legal, con las
consecuencias que tiene la terminación de todo juicio. || El acreedor goza, por
supuesto, del derecho a iniciar un nuevo proceso ejecutivo en contra de su
deudor, pero mal puede retomarse el proceso expirado, en la etapa en que se
encontraba cuando se produjo la suspensión, puesto que ello significa atribuir
efectos ultra activos a situaciones previas ya definidas, combinándolas con
hechos nuevos, en contra de una de las partes, con notorio desequilibrio en la
relación procesal.”
[40] MP Alfredo Beltrán Sierra.
[41] MP Manuel José Cepeda Espinosa.