C-848-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-848/12
Bogotá D.C., 24
de octubre de 2012
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 137 del Decreto 19 de 2012 (parcial) “Por
el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
Referencia: Expediente D-9085.
Actores: Carlos Mario Gil Yarce
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
I. ANTECEDENTES
1.
Texto normativo demandado (objeto de revisión)
El ciudadano Carlos
Mario Gil Yarce, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, demandó el artículo
137 (parcial) del decreto 19 de 2012 “Por el cual
se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. El texto normativo demandado y subrayado, es el siguiente:
“DECRETO 19 DE
2012
(enero 10)
Diario Oficial
No. 48.308 de 10 de enero de 2012
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Por el cual se
dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.
EL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de
las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1o. del artículo 75 de
la Ley 1474 de 2011, y
CONSIDERANDO:
(...)
ARTÍCULO 137. NO DISCRIMINACIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD.
El artículo 26 de
la Ley 361 de 1997, quedará así:
"Artículo 26. No discriminación a persona en situación de
discapacidad. En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo
para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea
claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a
desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su
contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del
Ministerio del Trabajo.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, no se
requerirá de autorización por parte del Ministerio del Trabajo cuando el
trabajador limitado incurra en alguna de las causales establecidas en la ley
como justas causas para dar por terminado el contrato, Siempre se garantizará
el derecho al debido proceso.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por
razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso
primero del presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente
a ciento ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás
prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren"
2. Actuaciones surtidas por la Corte
Constitucional
El
magistrado sustanciador admitió la demanda mediante Auto del 11 de mayo de
2012, dispuso su fijación en lista, simultáneamente se corrió traslado al
Procurador General de la Nación para lo de su competencia. A su vez, ordenó
comunicar la iniciación de este proceso al señor Presidente del Congreso, Presidente
de la República, al Ministro de Trabajo y al Ministro de Salud y Protección
Social, e invitó a participar en este proceso al Colegio de Abogados del
Trabajo, a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia – CUT, a la
Confederación General del Trabajo – CGT, a la Asociación de Trabajadores
Discapacitados de Antioquia, a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
del Rosario, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, a la
Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, a la Facultad de Derecho de la
Universidad Externado, a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
del Norte
Cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Carta Política y en el Decreto 2067 de 1991, procede la
Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
3. Demanda
El accionante asegura que la expresión
“no se requerirá de autorización por parte del Ministerio del Trabajo”, incorporada
en el artículo 137 del Decreto 019 de 2012, la cual modificó el artículo 26 de
la ley 361 de 1997, atenta contra el preámbulo de la constitución y los
artículos 1, 5, 13, 25, 47, 53 y 93 constitucionales, en primer lugar, porque
suprimir la autorización del Ministerio de Trabajo implica eliminar una medida que
protege los derechos de las personas que están en situación de discapacidad e
implica un actuar discriminatoria contrario al derecho a la igualdad.
En segundo lugar, señala que
el artículo 25 de la Constitución prevé que toda persona que labore tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Adicionalmente las
personas que se encuentra con algún tipo de discapacidad demandan una garantía especial
que es la llamada estabilidad laboral reforzada, que supone el deber de
solicitar un permiso previo cuando se pretenda terminar el vínculo laboral con
una persona que se encuentre en esas condiciones.
Por otra parte, considera el
actor que la disposición acusada desconoce el derecho a la integración social
de los discapacitados que contempla el artículo 47 de la Constitución Política,
a su vez, implica el deber positivo del Estado de tomar las medidas necesarias
para que las personas con limitaciones físicas puedan ejercer sus derechos en
condiciones de igualdad. Ello se encuentra en consonancia con los artículos 53
y 54 de la Constitución y, de forma particular, con el deber del Estado de
propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar
a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Finalmente, cita diferentes
instrumentos internacionales y, en particular, la declaración de los derechos
de los impedidos, la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
y las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad de las Naciones Unidas, concluye que la norma demandada afecta las
disposiciones en ellos contenidas  relativas a la protección de los derechos
laborales de la población en situación de discapacidad.
Debido a lo anterior, el
accionante le solicita a la Corte Constitucional para que declare la
inconstitucionalidad de la expresión “no se requerirá de autorización por
parte del Ministerio del Trabajo” contenida en la disposición demandada.
4. Intervenciones
4.1. Intervenciones a favor de la
exequibilidad de la norma demandada
El Departamento Administrativo de la
Función Pública abogaron por la exequibilidad de la norma demandada.
4.2. Intervenciones
a favor de la inexequibilidad de la norma demandada
El Ministerio del Trabajo, La Central
Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT y el Programa de Acción por la
Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS- de la Universidad de los Andes
solicitaron declarar la inexequibilidad de la norma acusada.
4.3. Concepto del Procurador
General de la Nación
El Procurador General de la Nación
mediante concepto 5398, solicitó a la Corte Constitucional estarse a lo
resuelto acorde con las demandas D-8982 y 8989 acumuladas, D-9004 y D-9074. En
estas demandas pidió que se declarara la exequibilidad de la expresión
contenida en el inciso 3 del artículo 137 del Decreto Ley 19 de 2012, bajo el
entendido que la indemnización prevista a favor del trabajador es una sanción
al empleador al despedir al trabajador discapacitado sin la autorización previa
de la autoridad del trabajo.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Corte Constitucional es competente para
decidir la constitucionalidad de las normas demandadas, por tratarse de
disposiciones legales -contenidas en el Decreto Ley 19 de 2012- , de acuerdo
con el artículo 241.5 de la Constitución Política.
2. Cosa juzgada constitucional
La Corte constata que mediante Sentencia C- 744 de
2012 se declaró la inexequibilidad del artículo 137
del Decreto Ley 19 de 2012, que derogó el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. A continuación se transcribe la parte resolutiva de la sentencia “Declarar INEXEQUIBLE el
artículo 137 del Decreto Ley 19 de 2012, que derogó el artículo 26 de la Ley
361 de 1997, por el cargo de exceso en el ejercicio de las facultades
extraordinarias”.
La norma acusada fue
expulsada del ordenamiento constitucional, y en consecuencia, la Corte debe
estarse a lo resuelto en dicha oportunidad, debido a que existe cosa juzgada
constitucional.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional actuando en
nombre del pueblo colombiano y por mandato de la Constitución Política
RESUELVE:
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la
Sentencia C-744 de 2012 respecto del artículo 137 del
Decreto Ley 19 de 2012.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA M.
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente en comisión
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado (E)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General