T-347-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-347/13
FACULTAD
DISCRECIONAL DEL INPEC PARA TRASLADAR A LOS RECLUSOS-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHOS
DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Alcance
DERECHOS
DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Protección constitucional
La
víctima es de especial consideración en el conflicto penal, principio que se
deriva de las relaciones entre el Derecho Constitucional y el Derecho Penal del
Estado Social de Derecho, que promueve una concepción de la política criminal
respetuosa de los derechos fundamentales de todos los sujetos e intervinientes
en el proceso. En este sentido, los intereses de la víctima, elevados a rango
constitucional influencian directamente los fines del proceso penal que deben
apuntar hacia el restablecimiento de la paz social. Los derechos de las
víctimas se encuentran fundados en varios principios y preceptos: (i) En el
mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art.
93 CP); (ii) en la consagración constitucional directa de los derechos de las
víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en
general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de
los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes
jurídicos (Art. 2° CP); (iv)  en el principio de dignidad humana que promueve
los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en
el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación,  de
donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede
reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de
manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia.
DERECHOS
DE LAS VICTIMAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL
DERECHOS
DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD JUSTICIA Y REPARACION-Protección
integral
El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de
conocer lo que sucedió y de buscar una coincidencia entre la verdad procesal y
la verdad real. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es
decir, el derecho a que no haya impunidad. Este derecho incorpora una serie de
garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos correlativos
deberes para las autoridades El derecho a la reparación integral del daño que
se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma
tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito. Este derecho
comprende  la adopción de medidas individuales relativas al derecho de (i)
restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv) satisfacción y
(v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de
satisfacción de alcance general como la adopción de acciones encaminadas a
restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o
comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas. El derecho
constitucional a la reparación integral de las víctimas no sólo tiene
fundamento expreso en los artículos 1º, 2º y 250 de la Constitución, sino
también en varias normas del derecho internacional que hacen parte del bloque
de constitucionalidad y, por consiguiente, resultan vinculantes en nuestro
ordenamiento jurídico.
DERECHOS
DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-No
tiene derecho relacionado con el lugar de reclusión del sujeto activo de la
conducta
DETERMINACION
DEL LUGAR DE RECLUSION DEL INTERNO Y DERECHOS DE LAS VICTIMAS
La
determinación del lugar en el cual deberá estar privado de la libertad una
persona no ha sido reconocido por los tratados internacionales ni por esta
Corporación como un derecho de las víctimas, ni tampoco tiene relación con los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. El lugar de reclusión no
tiene relación con ninguna de las finalidades de la pena ni tampoco con un
derecho de la víctima que haya sido reconocido por esta Corporación.
ACCION
DE TUTELA CONTRA EL INPEC-Improcedencia
para solicitar lugar de reclusión por existir otros medios judiciales
La
Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que el juez de tutela no puede
interferir en las decisiones sobre traslados, a no ser que observe una
arbitrariedad o una vulneración de los derechos fundamentales del reo, por lo
cual, la regla general ha sido el respeto de la facultad discrecional del
INPEC, a menos que se demuestre que en su ejercicio fue irrazonable o se
desconocieron ciertos derechos fundamentales. Lo anterior, por cuanto el
ordenamiento jurídico ha previsto otros mecanismos de defensa judicial idóneos
y eficaces para obtener dichas pretensiones y en este sentido en estos casos no
se cumpliría con el requisito de subsidiariedad. la decisión a través de la
cual se determina el lugar de reclusión de un interno constituye claramente un
acto administrativo, por lo cual es evidente que podrá ser cuestionado a través
de los recursos de la vía gubernativa y de las acciones contencioso
administrativas, en este caso la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, no pudiendo el juez de tutela inmiscuirse en las decisiones de los
jueces ordinarios, salvo que existiera la posibilidad de que se configure un
perjuicio irremediable, que en este caso claramente no se presenta.
ACCION
DE TUTELA CONTRA EL INPEC-Caso en que
familiares de víctimas de desaparición en los hechos del Palacio de Justicia
solicitan lugar de reclusión para el Coronel® Plazas Vega sea la Penitenciaria
la Picota
Referencia: expediente T-
3.075.424
Acción de Tutela
instaurada por Héctor Jaime Beltrán y otros, contra el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC-, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Justicia y, el Ministerio de Defensa.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., dieciocho
(18) de junio de dos mil trece (2013)
La Sala Sexta de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla-quien la preside-,Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241,
numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de la Sentencia proferida el siete (07) de abril de dos mil once
(2011) por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, la cual confirmó el
fallo del veintiuno (21) de febrero de dos mil once (2011), proferido por el
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto declaró la  improcedencia
de la tutela incoada por Héctor Jaime Beltrán y otros, contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC- y otros.
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Siete de la Corte
Constitucional, mediante Auto del dieciocho (18) de julio de dos mil once
(2011), escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la
referencia.
Conforme
a Auto de la misma fecha, correspondió al Magistrado Nilson Pinilla Pinilla
conocer del asunto referido.
No
obstante, el catorce (14) de octubre de dos mil once (2011), el Magistrado Nilson
Pinilla Pinilla se declaró impedido para conocer del asunto, ya que siendo
miembro de la Corte Suprema de Justicia fue designado como miembro de la
Comisión de la Verdad sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia,
motivo por el que puede colegirse que ya manifestó su opinión sobre la materia
objeto de la presente acción de tutela.
Mediante
Auto del trece (13) de diciembre de dos mil once (2011), fue declarada fundada
la solicitud de impedimento presentada y, el expediente de la referencia fue
repartido al suscrito Magistrado para su sustanciación.
Por
lo anterior, se designó como Conjuez al doctor Rodrigo Uprimny Yepes, quien
mediante escrito del 30 de abril de 2013 se declaró impedido para actuar dentro
del proceso. Al respecto, señaló que en múltiples ocasiones se ha referido
públicamente a la responsabilidad de miembros del Ejército Colombiano en las
desapariciones ocurridas en la retoma del Palacio de Justicia, lo cual en su
opinión constituye un hecho objetivo que hace razonable dudar sobre su
imparcialidad para decidir en el proceso de la referencia. Teniendo en cuenta
esta situación, el catorce (14) de mayo de 2013 se declaró fundada
la solicitud de impedimento presentada por el doctor Rodrigo Uprimny Yepes
para conocer de este proceso.
En
consecuencia, y de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991,
esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
Los
peticionarios, Héctor Jaime Beltrán, Cecilia Cabrera Guerra, César Rodríguez,
René Guarín Cortés y María del Pilar Navarrete, en su condición
de familiares de las personas víctimas de desaparición en los hechos del
Palacio de Justicia ocurridos durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, interpusieron
acción de tutela como mecanismo transitorio para salvaguardar sus derechos
fundamentales a la justicia y a contar con un recurso eficaz, presuntamente
vulnerados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, el
Ministerio del Interior y de Justicia y, el Ministerio de Defensa, al
designar como lugar de reclusión del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, la
Escuela de Infantería del Ejército Nacional y no la Penitenciaria La Picota de
Bogotá.
Sustentan
su solicitud en los siguientes hechos y argumentos de derecho:
1.1.1.  Hechos y
argumentos de derecho
1.1.1.1.      Afirman ser
familiares de las víctimas de desaparición forzada en los hechos acaecidos los
días 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá, hecho en
el que resultó condenado el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega como
responsable del delito de desaparición forzada agravada.
1.1.1.2.      Señalan que el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, quien fungió como juez de
conocimiento de primera instancia, mediante providencia del nueve (09) de junio
de dos mil diez (2010) condenó al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega a una
pena de treinta (30) años de prisión.
1.1.1.3.      Sostienen que la
citada sentencia, en el acápite de otras determinaciones, ordenó “a los
funcionarios del INPEC, trasladar, para efectos del cumplimiento de la pena, al
Coronel (r) Plazas Vega a un sitio de reclusión”. Indican que la orden
consistía específicamente en “trasladar de manera inmediata al Coronel (r) Luis Alfonso
Plazas Vega, de la Escuela de Infantería al Pabellón Especial para miembros de la
Fuerza Pública de  la Penitenciaria Nacional La Picota, ello motivado, entre
otras, en razones de seguridad de Plazas Vega”.
1.1.1.4.      Refieren que el
día veinticinco (25) de junio de 2010, a través de los medios de comunicación, se enteraron que el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quien se
encontraba internado en el Hospital Militar Central,  había sido trasladado por
parte del INPEC a una Casa Fiscal de la Escuela de Infantería de Bogotá.
1.1.1.5.      En este sentido,
sostienen que la orden emitida por el Juzgado Tercero del Circuito
Especializado de Bogotá no ha sido cumplida, puesto que, como se reseñó, el
Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue trasladado por parte del INPEC a una
Casa Fiscal de la Escuela de Infantería del Ejército Nacional, en donde incluso
se le permite salir sin autorización judicial a sanidad militar y a la
Universidad Nueva Granada, donde dicta charlas sobre Guerra Jurídica.
1.1.1.6.   Con fundamento
en lo anterior, solicitan al juez de tutela amparar sus derechos fundamentales
a la justicia y a contar con un recurso eficaz y, en consecuencia, ordenar el
traslado del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega a la Penitenciaria La Picota
de la ciudad de Bogotá.
1.2.
TRASLADO
Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Recibida la
solicitud de tutela, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá procedió a
admitirla y ordenó correr traslado al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – INPEC- y al Comandante de la Escuela de Infantería del Ejército
Nacional.
1.2.1.  El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC-, solicitó declarar la
improcedencia de la acción incoada. Indicó que de conformidad con la normativa
aplicable, Ley 65 de 1993, la valoración del estado de salud del Coronel (r)
Luis Alfonso Plazas Vega, los informes de seguridad efectuados y, la medición
del nivel de riesgo del interno Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, la
Dirección General del Instituto, mediante Resolución 07592 del 25 de junio de
2010, fijó como sitio de reclusión especial las instalaciones destinadas en la
Escuela de Infantería del Ejército Nacional.
Indicó
que el traslado de los internos es una facultad que le compete a la Dirección
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Al respecto, refirió cómo en
este sentido se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-394 de 1995,
en la que expresó: “la Corte ve en la facultad de trasladar a los internos
un ejercicio razonable de la misión administrativa del Director del INPEC. Como
es lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y el orden en los
establecimientos, y además  prever con prudencia, que puede presentarse el
desorden por la presencia de un detenido o condenado en un sitio determinado
(…)”.
Trajo
a colación jurisprudencia constitucional, entre otras, las Sentencias T-844 de
2009, T-1168 de 2003, T-439 de 2006 y T-537 de 2007, en las cuales el Alto
Tribunal Constitucional ha manifestado que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para forzar traslados de internos al lugar de su predilección
o para oponerse a ellos, ya que ésta es una función legalmente asignada al
INPEC.
Finalmente,
concluyó solicitando, en aplicación de los principios de legalidad,
razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y debido proceso, la declaratoria de
improcedencia de la acción, acogiendo para ello la jurisprudencia citada, en
virtud de la cual es competencia del INPEC disponer el traslado de los
internos, atendiendo razones de seguridad, disponibilidad presupuestal,
disponibilidad de cupos, situación jurídica y estado de salud.
1.2.2.  Por su parte, el
Director de la Escuela de Infantería del Ejército Nacional respondió la
acción de la referencia y solicitó negar las pretensiones elevadas por los
accionantes, con fundamento en los siguientes argumentos:
Precisó
que si bien, el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado penalmente
mediante Sentencia del 9 de junio de 2010, proferida por el Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, también lo es que, mediante
Resolución No. 07592 del 25 de junio de 2010, el INPEC ordenó fijar como sitio
de reclusión especial las instalaciones destinadas en la Escuela de Infantería
del Ejército Nacional. Lo anterior, en ejercicio de su facultad preferente y en
virtud del fuero especial de que goza el Coronel (r), dada su condición de
servidor público para el Ejército Nacional, por lo que se le debe dar una
especial protección en razón al riesgo inminente que corre su vida en sitios de
reclusión comunes.
Señaló
que en virtud del artículo 77 de la Ley 65 de 1993,el INPEC debe proteger la
vida e integridad de los reclusos. En concordancia, el artículo 29 de esta
misma normativa establece que “Cuando el hecho punible haya sido cometido
por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y
empleados de la justicia penal, cuerpo de policía judicial y del ministerio
público, servidores públicos de elección popular, por funcionarios que gocen de
fuero legal o constitucional, ancianos e indígenas, la detención se llevará a
cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el
estado (sic). Esta situación se extiende a los ex servidores públicos
respectivos”.
De
esta manera, resaltó que el ente autorizado para decidir cualquier modificación
respecto al lugar de reclusión, sin violar el respectivo fuero, es el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario. Así las cosas, en el caso concreto, el
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional sólo se ha limitado a cumplir lo
ordenado por el INPEC.
1.3.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En el expediente
obran como pruebas, entre otros, los siguientes documentos:
1.3.1.   Copia del oficio
No. 013627 del 22 de octubre de 2010, mediante el cual el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC- otorga respuesta a un derecho de petición
presentado por los doctores German Romero Sánchez y Jorge Eliecer Molano
Rodríguez. (fl 23)
1.3.2.   Copia de la
Resolución No. 015490 del 30 de diciembre de 2009, proferida por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por medio de la cual se crea “como
Establecimiento de Reclusión Especial las instalaciones que se utilicen en la
Escuela de Infantería en la ciudad de Bogotá, para el cumplimiento de la medida
de privación de la libertad de los integrantes de la fuerza pública, dispuesta
por autoridad judicial” (fl 27).
1.3.3.   Copia de la
Resolución No. 07592 del 25 de junio de 2010, proferida por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por medio de la cual se fija “como
sitio de reclusión especial las Instalaciones destinadas en la ESCUELA DE
INFANTERÍA DEL EJÉRCITO NACIONAL al Coronel (r) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, con
el fin de que cumpla la condena impuesta en sentencia proferida el 9 de junio
de 2010, por el Juzgado 3° Penal del Circuito Especializado de Bogotá”. En
la misma Resolución se ordena “el traslado del Coronel (r) LUIS ALFONSO
PLAZAS VEGA del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y
carcelario de Alta Seguridad de Bogotá (ERE), quien actualmente se encuentra
recluido en el Hospital Militar conforme a resolución No. 09021 del 26 de
agosto de 2009 a la ESCUELA DE INFANTERÍA DEL EJÉRCITO NACIONAL”. De igual
forma, se ordena que el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega “continuará
adscrito al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y
Carcelario de Alta Seguridad de Bogotá para el control de la ejecución de la
pena y se dispone que el reglamento de régimen interno que se aplicará, es el
expedido para el Establecimiento de Reclusión Especial del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de
Bogotá. La seguridad, Custodia y vigilancia corresponderá a la Dirección de la
Escuela de Infantería del Ejército Nacional en coordinación con el comandante
del Ejército Nacional” (fl 30).
1.3.4.   Copia del oficio
No. J3-1528 del 5 de agosto de 2009, por medio del cual el Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bogotá solicita al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario –INPEC- “el traslado del interno LUIS
ALFONSOPLAZAS VEGA quien se encuentra recluido en la Escuela de Infantería a la
Penitenciaria Central  la Picota al pabellón que brinde seguridad al Ex miembro
de la Fuerza Pública” (fl 33).
1.3.5.   Copia de Oficio
suscrito por el Rector de la Universidad Militar Nueva Granada, Mayor General
Eduardo Antonio Herrera Berbel, en el cual le manifiesta a la Juez Tercera
Penal del Circuito Especializada de Bogotá, que el Coronel (r) Plazas Vega no
se encuentra inscrito como docente de la Universidad, pues sólo fue contratado
para dictar una conferencia de 6 horas el 21 de abril de 2009, en la
Especialización en Alta Gerencia de la Defensa Nacional. Dentro del escrito se
advierte que para dicha contratación, la Universidad tuvo en cuenta el concepto
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- de fecha 16 de abril
de 2008, en el que se indica que el Coronel (r) puede dictar conferencias y
charlas al interior de la Escuela de Infantería o en su lugar de reclusión. (fl
37).
1.3.6.   Copia del Acta
de “LECTURA DE LAS NORMAS PARA LA CUSTODIA Y SEGURIDAD QUE HACE EL SEÑOR TC.
CARLOS JULIO INFANTE RÍOS DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA AL PERSONAL DE
SUBOFICIALES DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR CR ® LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, QUIEN SE
ENCUENTRA BAJO CUSTODIA EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL”(fl 39).
1.3.7.   Copia de Oficio
No. 1874 del 25 de junio de 2010, suscrito por el Director de la Escuela de
Infantería y dirigido al Director General del Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario –INPEC-, en el que informa que “el área de movilidad para el
señor Coronel (r) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, son los límites de la Escuela de
Infantería ubicada en el Catón Norte; asumiendo para tal efecto todas las
medidas de seguridad, los controles internos y externos, las inspecciones
periódicas, los controles de visitas y los demás protocolos de seguridad que
ordenan y disponen las normas penitenciarias y carcelarias” (fl 69).
1.3.8.   Copia de Oficio
No. 3734 del 25 de junio de 2010, en el que el Director General del Hospital
Militar Central informa a la Coordinadora de Asuntos Penitenciarios del INPEC
que el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega ha respondido favorablemente al
tratamiento farmacológico y psicoterapéutico brindado “no obstante por los
rasgos de personalidad descritos presenta vulnerabilidad importante a
situaciones que involucren su seguridad, su integridad moral o física o su
imagen pública, con riesgo de reactivación sintomática ante situaciones
estresantes (…) el riesgo de heteroagresión persiste, por cuanto depende de
manera multifactorial, del trastorno de ansiedad, los rasgos de personalidad
del paciente y la situación jurídica que continúa vigente, por lo tanto se
recomienda continuar su tratamiento en forma ambulatoria con tratamiento
psicoterapéutico y psicofarmacológico en unidad que brinde las medidas de
seguridad para su caso y ofrezca menor riesgo de exposición a factores
reactivadores de ansiedad en escala a agresividad”(fl 73).
1.3.9.   Copia de Oficio
No. 002468 del 24 de septiembre de 2009, en el que la Directora General del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- solicita al Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá “reconsidere la
posibilidad de traslado del interno a una Unidad Militar que garantice la vida
e integridad del mismo”. Lo anterior, teniendo en cuenta “información de
inteligencia allegada a esta Dirección, donde se pone en conocimiento una
posible amenaza en contra del interno ALFONSO PLAZAS VEGA y el resultado del
Estudio Técnico del Nivel de Riesgo para Personas Privadas de la Libertad,
donde se establece en EXTRAORDINARIO”(fl 77).
1.3.10. Copia del informe presentado por
el Oficial de Operaciones Central de Inteligencia Militar, Coronel Carlos
Ignacio González Jaramillo, en el que pone en conocimiento de la Directora del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- información que “permite
establecer que existen planes en desarrollo que tiene como objetivo atentados
contra la vida del señor Oficial”(fl 82).
2.
DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
DECISIÓN
DE PRIMERA INSTANCIA – JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.
El Juzgado Sexto
Penal del Circuito de Bogotá, mediante Sentencia proferida el veintiuno (21) de
febrero de dos mil once (2011), decidió declarar improcedente la acción
instaurada con base en los siguientes argumentos:
2.1.1.  Consideró que en
los hechos expuestos por los accionantes no se encontró vulneración a ningún
derecho fundamental. En relación con el derecho a la justicia, el cual invocan
como vulnerado, afirmó que debe entenderse como “la posibilidad o facultad
que tiene cualquier persona de lograr el acceso a la misma para poner en
movimiento el aparato jurisdiccional en defensa de sus derechos y obtener que
en el desarrollo del proceso se dicten fallos ajustados al derecho y a la
equidad y se permita, en todo caso, el derecho a la defensa, al igual que la
justa sanción de los infractores de la ley”.
2.1.2.  Sobre este
punto, reseñó que al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega la justicia penal lo
investigó y condenó en primera instancia, por los hechos que dieron lugar a la
desaparición forzada de algunas personas que salieron con vida después de la
toma al Palacio de Justicia ocurrida en noviembre de 1985.
De esta manera, destacó
que no puede hablarse de violación al derecho a la justicia de los accionantes,
pues como se indicó, a quien se señala como responsable ya ha sido sancionado,
y será dentro del respectivo proceso penal en el que se reconozcan los derechos
de los familiares de las víctimas respecto a los perjuicios materiales y
morales que se les hayan ocasionado con el delito.
2.1.3.  De otro lado, el
Coronel (r) Plazas Vega efectivamente se encuentra privado de la libertad en el
lugar que, de acuerdo a las facultades del INPEC y aplicando las normas de la
Ley 65 de 1993, designó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
tomando en cuenta ante todo la salvaguarda de la integridad física del interno,
así como otros factores que señalan las normas penitenciarias.
2.1.4.  De conformidad
con lo expuesto, adujó que el hecho de que Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega
no esté recluido en el pabellón especial de la Penitenciaria La Picota, no
conlleva al desconocimiento de la obligación de tenerlo privado de la libertad.
Además, resaltó el hecho de que en el proceso penal adelantado en su contra se
encuentra pendiente la resolución de los recursos judiciales interpuestos,
razón por la cual no puede designarse otro lugar de reclusión hasta que la
sentencia condenatoria se encuentre en firme.
2.1.5.  Por último,
señaló que en la eventualidad de que el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario estuviera incurriendo en alguna anomalía respecto al sitio de
reclusión del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, quienes se sientan
perjudicados cuentan con otros mecanismos para lograr lo pretendido, no siendo
parte de las competencias del juez constitucional oponerse a la estadía del
Coronel (r) Plazas Vega, como persona privada de la libertad, en un sitio que
está reconocido y aceptado como idóneo para dicho fin.
2.2.
IMPUGNACIÓN
DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
El
apoderado de los accionantes presentó memorial en el cual señaló que impugnaba
el fallo de primera instancia, indicando que con posterioridad allegaría la
sustentación del recurso, lo cual no sucedió.
2.3.
DECISIÓN
DE SEGUNDA INSTANCIA- SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ.
La
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante Sentencia del siete (07)
de abril de dos mil once (2011), confirmó la sentencia de primera instancia con
fundamento en los siguientes argumentos:
2.3.1.  Refutó lo
expuesto por los accionantes en el sentido de que el INPEC no ha dado
cumplimiento a la orden emanada del Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bogotá de “trasladar de manera inmediata al Coronal (r)
Luis Alfonso Plazas Vega, de la Escuela de Infantería al pabellón especial para
miembros de la Fuerza Pública la Penitenciaría Nacional la Picota”.
Al
respecto, explicó que de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente,
mediante Resolución No. 08194 del 5 de agosto de 2009, expedida por la
Directora General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, se ordenó
el traslado del interno Luis Alfonso Plazas Vega de las instalaciones del
Centro de Reclusión de la Escuela de Infantería “hasta el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad de
Bogotá –ERE-. Una vez sea dado de alta por el Hospital Militar Central de la
Ciudad de Bogotá, sitio en el que se encuentra actualmente hospitalizado”.
Sin embargo, advirtió que dicha orden no pudo hacerse efectiva pues el interno
continuó recibiendo atención médica en el Hospital Militar, lo cual tornó
imposible el traslado.
2.3.2. De igual manera, señaló que se
observa en el plenario que la Jueza Tercero Penal del Circuito de Bogotá
mediante documento del 18 de junio de 2010, solicitó a Asuntos Penitenciarios
del INPEC el traslado del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega a “un sitio
de reclusión”. Orden que procedió a cumplir el INPEC, para lo cual expidió la
Resolución No. 07592 del 25 de junio de 2010, por medio de la cual fijó como
sitio de reclusión especial la Escuela de Infantería del Ejército Nacional.
2.3.3.  Advirtió que la
decisión del INPEC fue tomada teniendo en consideración el oficio 3734
DIGE-OFAJ del 25 de junio de 2010, remitido por la Junta Médica tratante del
procesado, en el que se indicó que: “El paciente a respondido favorablemente
al tratamiento instaurado tanto farmacológico como psicoterapéutico no obstante
por los rasgos de personalidad descritos, presenta vulnerabilidad importante a
situaciones que involucren su seguridad, su integridad moral o física…, con
riesgo importante de reactivación sintomática ante situaciones estresantes…”.
Por lo que recomiendan “continuar su tratamiento en forma ambulatoria con
manejo psicoterapéutico y farmacológico en unidad que le brinde las medidas de
seguridad para su caso y ofrezca menor riesgo de exposición a factores
reactivadores de ansiedad con escala de agresividad”.
2.3.4.  Así mismo,
manifestó que obran en el expediente múltiples pruebas de las que se concluye
que el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega ostenta un nivel de riesgo “EXTRAORDINARIO”,
circunstancia que también usa el INPEC para justificar su decisión de
trasladarlo a la Escuela de Infantería.
De
esta manera, coligió el ad quem que la parte accionada dio cumplimiento
a la orden proferida por el juzgado de conocimiento, más aun teniendo en cuenta
que la segunda orden referenciada no hacía alusión a ningún sitio de reclusión
especial.
2.3.5.  Finalmente,
arguyó que es potestad de la Dirección del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, de acuerdo a la ley 65 de 1993, ordenar el traslado de los internos
por las causales señaladas en dicha norma, de lo que se deduce que el instituto
demandado actuó dentro de sus atribuciones legales.
3.
ACTUACIONES
EN SEDE DE REVISIÓN
3.1.
La
Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del
trece (13) de diciembre de dos mil once (2011), considerando que era necesario
conocer las circunstancias de reclusión y medidas de seguridad actuales del
Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, resolvió:
“PRIMERO.
ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que, en el término de
cinco (05) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto
informe:
1) Cuál
es la situación jurídica actual del Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega
2) En
qué lugar se encuentra recluido y cuáles son sus condiciones de reclusión
SEGUNDO.
SUSPENDER los términos para fallar en el presente proceso, de manera que sólo
vuelvan a correr cuando se haya verificado el cumplimiento de las actuaciones
previamente ordenadas”.
3.2.
Mediante
oficio del dieciséis (16) de enero de dos mil doce (2012), la Secretaría
General de esta Corporación informó al Despacho que el Auto  de fecha trece
(13) de diciembre de dos mil once (2011) fue notificado mediante oficio
OPTB-1105 del quince (15) de diciembre de dos mil once (2011), sin que a la
fecha se haya recibido comunicación alguna.
3.3.
Por
otro lado, el Magistrado Sustanciador, mediante auto del veintidós (22) de
junio de dos mil doce (2012), teniendo en cuenta que durante el tramite de
tutela no había sido vinculado el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, y considerando
que la decisión aquí proferida involucra directamente derechos y garantías del
Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, con fundamento en la jurisprudencia
constitucional, ordenó:
“PRIMERO.
ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se ponga en
conocimiento del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega la solicitud de tutela de
la referencia y los fallos de instancia, para que en el término de cinco (5)
días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, exprese lo que
estimen conveniente.
SEGUNDO.
COMUNICAR esta decisión a las partes dentro del proceso de la referencia”.
3.4.
Dentro
del término otorgado, el apoderado judicial del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas
Vega, contestó la acción de la referencia solicitando confirmar las decisiones
de instancia en cuanto negaron el amparo solicitado:
3.4.1.  Inicialmente,
advirtió que su representado no se encuentra recluido en la Escuela de
Infantería de las Fuerzas Militares porque siga gozando del fuero
constitucional y legal que se establece para los miembros de la Fuerza Pública,
sino que ello obedece a una medida necesaria para salvaguardar su derecho
fundamental a la vida. Lo anterior, teniendo en cuenta que el INPEC decidió “efectuar
un estudio técnico de Nivel de Riesgo, el cual fue establecido como
extraordinario, es decir el riesgo al que está expuesta una persona privada de
la libertad, sobre quien existen elementos de información que evaluados suponen
una amenaza específica e individualizable, concreta, presente, seria, clara y
excepcional; situación comunicada oportunamente al juzgado tercero Penal del
Circuito… siendo responsabilidad del INPEC proteger la vida e integridad
personal de los reclusos, se eligió para el mencionado interno un lugar de
reclusión con mayores condiciones de seguridad, la cual se le puede
proporcionar en la Escuela de Infantería, sitio de reclusión que se le fijó
para el cumplimiento de la pena”.
3.4.2.  Por otra parte,
sostuvo que los alegados beneficios que se afirma goza el Coronel (r) Luis
Alfonso Plazas Vega, no se ajustan a la realidad. En este sentido, indicó que a
su prohijado se le aplican todas las restricciones que permite la imposición de
la pena, la cual debe ser retributiva, resocializadora, disuasiva, razonable,
necesaria y proporcional. Adicionalmente, refirió que la Escuela de Infantería,
dentro del Sistema Penitenciario y Carcelario, no es otra cosa distinta que un
lugar de reclusión.
3.4.3.  En relación con
la solicitud de tutela, trajo a colación de manera enunciativa algunas
disposiciones del Bloque de Constitucionalidad y de Instrumentos
Internacionales relativos a los derechos de los detenidos y de los condenados.
En relación con las normas de rango legal previstas en nuestra legislación, resaltó
que de conformidad con la Ley 65 de 1993, el lugar de reclusión lo determina el
INPEC, atendiendo, entre otros, las condiciones de seguridad del recluso.
3.4.4.  En concordancia
con lo anterior, citó jurisprudencia constitucional en la que la Corte ratifica
la naturaleza discrecional de la que goza el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- en relación con la facultad de traslado de los presos, por
lo que, en principio, no puede el juez de tutela interferir en dichas
decisiones, salvo que se demuestre que el INPEC en el ejercicio de su facultad
discrecional actúo de manera irrazonable o desconociendo derechos
fundamentales.
3.4.5.  De cara a las afirmaciones
realizadas por las víctimas en su escrito de tutela, referentes a las
condiciones de reclusión del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega en la Escuela
de Infantería, aclaró que: la posibilidad de dictar clases fue sólo una
solicitud que fue negada por el INPEC; el casino de oficiales no es otra cosa
que una zona de alimentación que ofrece modestas comidas diarias a su
representado.
3.4.6.  En este orden,
aseveró que la diferencia de su defendido en relación con la gran mayoría de
detenidos y condenados en Colombia, es que él se encuentra sustraído de la
situación de hacinamiento y corrupción propia de los establecimientos
carcelarios, ya que la limitación de la locomoción y la privación de la
libertad propias de la pena, están siendo ejercidas sobre su representado, por
lo que mal puede decirse y escapa a toda realidad que la reclusión del Coronel
(r) Luis Alfonso Plazas Vega sea una señal de impunidad o privación de la
libertad simbólica que ofenda el dolor de las victimas o vulnere el derecho a
la justicia o a contar con un recurso eficaz.
3.5.
El
Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega solicitó confirmar las decisiones de
instancia dentro del trámite de tutela en relación con su lugar de reclusión,
con fundamento en los siguientes argumentos:
3.5.1.  Aseveró que
entre 1985 y el 2005 no hubo un solo cargo judicial en su contra relacionado
con los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, surgiendo las primeras
acusaciones al respecto cuando salió del cargo de Director Nacional de
Estupefacientes. Circunstancia que conlleva a la conclusión de que son las
mafias del narcotráfico quienes se han encargado de engañar a la Justicia
Colombiana.
3.5.2.  Como
consecuencia de su lucha contra las drogas, sostiene que las mafias del
narcotráfico tienen la consigna de asesinarlo, por lo que es necesaria su
reclusión en un lugar que ofrezca las condiciones de seguridad por él
requeridas teniendo en cuenta su situación.
3.5.3.  Afirmó que el
único testigo en el cual se funda su condena, el Cabo Edgar Villamizar Espinel,
en junio de 2011declaró ante el Procurador General de la Nación que no estuvo
en los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia y que no militó bajo sus
órdenes, declaración que no fue tenido en cuenta por el juez de segunda
instancia por ser extemporánea.
3.6.
Por
su parte, el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior señaló que
no existe dependencia jerárquica entre el Ministerio del Interior y el INPEC
que devenga en una relación de subordinación, la cual habilite al Ministerio
dar órdenes al Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
De
esta manera, explicó que la naturaleza del INPEC es la de un establecimiento
público adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, por lo que, de
conformidad con la normativa vigente, el control administrativo que los ministerios
deben ejercer sobre las entidades adscritas a su cartera, se dirige a fomentar
el cumplimiento mancomunado de metas, planes y programas gubernamentales,
excluyendo per se la posibilidad de limitar o condicionar la autonomía
administrativa que el correspondiente acto de creación les confirió, lo que
naturalmente incluye la facultad libre e independiente de actuación frente al
cumplimiento de las decisiones judiciales.
4.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
4.1.
COMPETENCIA
Y OPORTUNIDAD
La Sala Sexta de
Selección de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo
de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia.
4.2.    PROBLEMA
JURÍDICO
En
el asunto de la referencia, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-  el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa han vulnerado
los derechos fundamentales a la justicia y a contar con un recurso eficaz, al
fijar como sitio de reclusión del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, la
Escuela de Infantería del Ejército Nacional y no la Penitenciaría La Picota de
Bogotá.
Con
el fin de solucionar el problema jurídico, esta Sala estudiará: primero,
la subsidiaridad como requisito general de procedencia de la acción de tutela; segundo,
el alcance de los derechos de las víctimas en el proceso
penal;
y tercero, el caso concreto.
4.3.
La
subsidiaridad como requisito genérico de procedencia de la acción de tutela.
4.3.1.  Esta Sala de
Revisión inicialmente se detendrá a analizar si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción a efectos de
determinar si es viable el estudio de fondo del problema jurídico planteado.
4.3.2.  Tal como ha sido
reiterado en múltiples ocasiones por esta Corporación[1], la
acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional de carácter residual,
subsidiario y cautelar, encaminado a la protección inmediata de los derechos
fundamentales de las personas que están siendo amenazados o conculcados.
4.3.3.  Lo anterior, de
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política que consagra la
acción de tutela como un mecanismo de naturaleza subsidiaria para la
protección de los derechos fundamentales que sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.[2] De lo
expuesto se colige, que no es la finalidad de esta acción ser un mecanismo
alternativo a los otros medios jurisdiccionales existentes, de modo que pueda
utilizarse uno u otro sin ninguna distinción, ni fue diseñada para desplazar a
los jueces ordinarios del ejercicio de sus atribuciones propias.
4.3.4.  Sin embargo, la
existencia de otro medio judicial no hace de por sí improcedente la
intervención del juez de tutela, pues deben tenerse en cuenta dos
circunstancias especiales, a saber: primero, que los medios alternos con que
cuenta el interesado deben ser  idóneos, esto es, aptos para obtener la
protección requerida, con la urgencia que sea del caso[3] y;
segundo, que a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial, será
procedente la acción de tutela cuando se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
4.3.5.  Así, el carácter
subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido a la Corte
Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las
peticiones elevadas con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más
aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas
acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades que integran
la organización jurisdiccional, encaminadas a la defensa de sus derechos[4].
4.3.6.  Ahora bien, el
carácter subsidiario de la acción de tutela asume gran relevancia tratándose de
asuntos relacionados con el traslado de personas privadas de la libertad, esto,
por cuanto como se verá en acápites posteriores, la facultad de trasladar
reclusos recae en cabeza del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC-. En este sentido, la Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente
que el juez de tutela no puede interferir en las decisiones sobre traslados
de reclusos, a no ser que observe una arbitrariedad o una vulneración de los
derechos fundamentales del reo. Así mismo, ha sostenido que cuando no se
vislumbra la violación de un derecho fundamental, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho es la acción procedente para atacar la actuación.
Así,
la regla general ha sido el respeto de la facultad discrecional del INPEC,
a menos que se demuestre que en su ejercicio fue irrazonable o se desconocieron
ciertos derechos fundamentales. Lo anterior, además teniendo en cuenta que el
ordenamiento jurídico ha previsto otros mecanismos de defensa judicial idóneos
y eficaces para obtener dichas pretensiones.
4.3.7.  De esta manera,
en la Sentencia T-193 del 20 de abril de 1994[5] se
estudió el caso de un traslado de un guerrillero a una instalación militar. Tal
medida había sido tomada con base en informaciones que señalaban la existencia
de planes de diversas organizaciones delictivas para lograr desórdenes en la
prisión y buscar la fuga del subversivo. La Corte consideró que la medida no
había sido tomada con criterios arbitrarios, y por tanto concluyó que el
accionante debía acudir a la jurisdicción contenciosa. Señaló: “No
corresponde al juez de tutela, cuando no se han desconocido derechos
fundamentales, y no están ni siquiera en peligro, decidir si un acto
administrativo es contrario a la ley o se ajusta a ella.  Asunto es éste
que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si el
demandante consideraba que la resolución que ordenó su traslado, violaba la
ley, tenía la posibilidad de demandarla en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, y pedir, si lo estimaba conveniente, la
suspensión provisional.  Demostrado como está que no existió quebrantamiento de
ningún derecho fundamental, lo procedente era intentar la acción mencionada,
para buscar satisfacer su deseo de permanecer en determinada
prisión”.(negrillas fuera de texto)
4.3.8.  Luego, en la
Sentencia T-705 del 19 de diciembre de 1996[6], ante
la inconformidad de un recluso de ser trasladado de patio y de cárcel, la Corte
dijo que esta facultad discrecional no puede ser arbitraria y no puede
desconocer derechos fundamentales de los reclusos. Así, consideró que “la
discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de tutela interfiera en
tal decisión, siempre y cuando la misma no sea arbitraria y no vulnere o
amenace derechos constitucionales fundamentales que no puedan ser limitados o
suspendidos, ni siquiera estando en la condición de reo, como lo serían el
derecho a la vida, la integridad física y la salud, entre otros.La situación
particular de los accionantes -convictos-, implica necesariamente la limitación
o restricción de ciertos derechos, entre ellos el referido a la unidad o
acercamiento familiar, el cual debe ceder razonablemente frente al interés
general, representado en este caso en la seguridad del establecimiento
carcelario y la integridad personal de los demás reclusos.”
4.3.9.  Posteriormente, la
providencia T-605 del 21 de noviembre de 1997[7] se
ocupó de la solicitud de varios reclusos de ser retornados a sus anteriores
centros de reclusión para poder estar cerca de sus familias. La razón aducida
por el INPEC fue que su permanencia en el establecimiento carcelario se había
constituido en un factor de grave riesgo tanto para la seguridad del
establecimiento, como para la integridad personal de la demás población
reclusa. En aquella oportunidad, la Corte reiteró lo señalado en la sentencia
T-193 de 1994 acerca de que los actores contaban con otro mecanismo judicial
para impugnar la decisión de traslado, a saber la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro de la cual podían solicitar la suspensión
provisional de la resolución que ordenaba el traslado, y consideró:
“La
discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de tutela interfiera en
tal decisión, siempre y cuando la misma no sea arbitraria y no vulnere o
amenace derechos constitucionales fundamentales que no puedan ser limitados o
suspendidos, ni siquiera estando en la condición de reo, como lo serían el
derecho a la vida, la integridad física y la salud, entre otros.La situación
particular de los accionantes -convictos-, implica necesariamente la limitación
o restricción de ciertos derechos, entre ellos el referido a la unidad o
acercamiento familiar, el cual debe ceder razonablemente frente al interés
general, representado en este caso en la seguridad del establecimiento
carcelario y la integridad personal de los demás reclusos.”
4.3.10. En la Sentencia T-611 del 19
de mayo de 2000[8],
la Corporación abordó el caso de un recluso que había sido trasladado de la
penitenciaría La Picota a la Cárcel Nacional Modelo. Decisión que el interno
señalaba de irregular por cuanto, a su juicio, se ponía en peligro su vida.  La
Corte estimó que “aunque a los internos les asiste la facultad de ser
recluidos en lugares donde se les garantice la vida y la integridad física, son
las autoridades penitenciarias y no las partes, de conformidad con la
Constitución y la ley, las que deben indicar el sitio de reclusión que se
adecue a esas expectativas” (negrillas fuera de texto).
En el caso
concreto, la Sala de Revisión consideró que el lugar de reclusión del actor
–una habitación en el pabellón de alta seguridad de la Cárcel Nacional Modelo-
no vulneraba su derecho a la dignidad y, por otra parte, garantizaba su derecho
a la integridad personal y a la seguridad, por lo cual confirmó el fallo que
había negado el amparo constitucional. No obstante, ordenó al director del
INPEC y al director de la referida cárcel que, conforme a los estudios de
riesgo y seguridad pertinentes, evaluara el traslado del demandante a otro
centro penitenciario o, en su defecto, tomaran todas las medidas necesarias
para evitar atentados contra su vida.
4.3.11. La negativa de
ordenar el traslado, a través de acción de tutela, por considerarse que es
parte de la facultad discrecional del INPEC ha sido reiterada, entre otras,
en las Sentencias T-1168 del 4 de diciembre de 2003[9], T-
439 del 1 de junio de 2006[10],
T-537 del 13 de julio de 2007[11]
y T-894 del 25 de octubre de 2007[12].
En ellas se ha considerado que el ejercicio de la facultad ha estado precedida
de un fundamento razonable por parte de las autoridades carcelarias.
4.4.
El alcance de los derechos de las víctimas en el proceso
penal
4.4.1.
La protección constitucional de los derechos de las víctimas
4.4.1.1.
La
víctima es de especial consideración en el conflicto penal, principio que se
deriva de las relaciones entre el Derecho Constitucional y el Derecho Penal del
Estado Social de Derecho, que promueve una concepción de la política criminal
respetuosa de los derechos fundamentales de todos los sujetos e intervinientes
en el proceso. En este sentido, los intereses de la víctima, elevados a rango
constitucional influencian directamente los fines del proceso penal que deben
apuntar hacia el restablecimiento de la paz social[13].
4.4.1.2.
Los
derechos de las víctimas se encuentran fundados en varios principios y
preceptos: (i) En el mandato de que los derechos y deberes se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en la
consagración constitucional directa de los derechos de las víctimas (Art. 250
num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en
general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de
los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes
jurídicos (Art. 2° CP); (iv)  en el principio de dignidad
humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia
(Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de
Derecho que promueve la participación,  de donde deviene que la
intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse
exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y
de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia[14].
4.4.1.3.
De
acuerdo a lo anterior, la jurisprudencia constitucional colombiana ha efectuado
un profuso y consistente desarrollo de los derechos de las víctimas del delito,
basándose para ello en la propia normativa constitucional (Arts. 1º, 2º, 15,
21, 93, 229 y 250)[15]
y en los avances del derecho internacional de los derechos humanos. Desde la
sentencia C-228 de 2002[16],
la Corte Constitucional estableció el alcance y la naturaleza compleja de los
derechos de las víctimas y perjudicados con el hecho punible, decantando las
siguientes reglas que han sido reiteradas con posterioridad[17]:
(i)
La concepción amplia de los
derechos de las víctimas que no se restringe exclusivamente a una reparación
económica, sino que incluye garantías como los derechos a la verdad[18],
a la justicia[19]
y a la reparación integral de los daños sufridos[20].
(ii)
Los
deberes correlativos de las autoridades públicas para la protección de los
derechos de las víctimas, quienes deben orientar sus acciones hacia el
restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un
hecho punible.
(iii)
La
interdependencia y autonomía de las garantías que integran los derechos de las
víctimas de verdad, justicia y reparación.
(iv)
La
condición de víctima para cuya acreditación se requiere que haya un daño real,
concreto, y específico cualquiera que sea la naturaleza de éste, que legitime
la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para
buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades
judiciales en cada caso.[21].
4.4.1.4.
De
esta manera, en atención a la doctrina y jurisprudencia internacional en
derechos humanos, la Corte Constitucional ha construido una sólida y
consistente jurisprudencia sobre el alcance constitucional de los derechos de
las víctimas y perjudicados con las conductas punibles.
4.4.1.4.1.
Desde
la sentencia C-293 de 1995, proferida con ocasión de la revisión de
constitucionalidad del artículo 45 del Decreto 2700 de 1991 (oportunidad para
la constitución de parte civil en el proceso penal), la Corte dejó sentada la
tesis acerca de la superación de la concepción meramente económica de la parte
civil en el proceso penal. Esta doctrina fue reiterada en la C- 163 de 2000,
sobre los artículos 47.7 (requisitos de la demanda de parte civil); 50 (rechazo
de la demanda); y 55 parcial (sentencia condenatoria y pronunciamiento sobre
los perjuicios) del Decreto 2700 de 1991.
4.4.1.4.2.
En
la sentencia C-1149 de 2001 sobre los artículos 107, 108.3 y 305 (parcial) de la
Ley 522 de 1999 (Código penal Militar), la Corte extendió la doctrina
constitucional sobre los derechos de las víctimas, particularmente a conocer la
verdad y a que se haga justicia, a los procesos de competencia de la justicia
penal militar. Siguiendo esta misma tendencia la sentencia C- 178 de 2002,
declaró la inexequibilidad de los artículos 578 y 579 (parcial) de la Ley 522
de 1999, “por la cual se expide el código penal militar”.
4.4.1.4.3.
En
la sentencia T-1267  de 2001, se reiteró la doctrina sobre la superación de la
concepción puramente patrimonial de los derechos de las víctimas, y el derecho
a la participación activa en todo el proceso  que de tal concepción  se deriva.
4.4.1.4.4.
La
sentencia C- 228 de 2002 profundiza en la reconceptualización de la parte civil
a partir de la Constitución de 1991, realizando un completo estudio de los
derechos de las víctimas y los perjudicados con el delito,  señalando que éstos
tienen intereses adicionales  a la mera reparación pecuniaria, que es la forma
tradicional en que se ha resarcido a la víctima de un delito. Desarrolla los
derechos a la verdad y a la justicia a la luz de los principios de la
Constitución, y del derecho internacional, particularmente del derecho a la
tutela judicial efectiva; se apoya igualmente en una referencia al derecho
comparado. En esta decisión se declara exequible el inciso 1° del artículo 137
de la Ley 600 de 2002, en el sentido que la parte civil tiene derecho al
resarcimiento, a la verdad y a la justicia.
4.4.1.4.5.
En
la sentencia C-578 de 2002, revisión de la Ley 742 de 2002, “por medio de la
cual se crea el Estatuto de La Corte Penal Internacional”, se destacan la
efectividad de los derechos de las víctimas y el propósito de evitar la
impunidad, como razones políticas para declarar la exequibilidad de la Ley.
4.4.1.4.6.
En
la sentencia C-805 de 2002, al revisar la constitucionalidad del artículo 392
de la Ley 600 de 2000, la Corte reiteró el alcance de los derechos  de las
víctimas en sus dimensiones de verdad, justicia y reparación integral.
4.4.1.4.7.
En
la sentencia C- 875 de 2002, al  estudiar la constitucionalidad de los
artículos 45 (parcial),  48 (parcial) y 137 (parcial) de la Ley 600 de 2000, la
Corte reiteró la finalidad de la parte civil en los términos establecidos en la
sentencia C-228 de 2002, poniendo énfasis en que el interés de las víctimas y
los perjudicados en participar en el proceso penal, trasciende el campo
meramente subjetivo o individual.
4.4.1.4.8.
La
sentencia C- 916 de 2002,  al efectuar el estudio de constitucionalidad del
artículo 97 (indemnización por daños) de la Ley 599 de 2000, examinó la
responsabilidad civil derivada del hecho punible, con énfasis en las nuevas
estrategias que se han desarrollado en el derecho comparado para garantizar el
resarcimiento de los perjuicios que van desde el reconocimiento de la
posibilidad de buscar la reparación de los daños a través del mismo proceso
penal en países en que no estaba permitido, hasta la creación de fondos
públicos y sistemas de aseguramiento del riesgo de daño proveniente de los
delitos violentos.
4.4.1.4.9.
En
la sentencia T- 556 de 2002, la Corte reiteró la doctrina de los derechos de
las víctimas en el proceso, con énfasis en la posibilidad de acceso a la
justicia, y la protección de este derecho por vía de tutela cuando resulte vulnerado
o amenazado.
4.4.1.4.10.     En la sentencia
C-04 de 2003, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del numeral
3° (parcial) del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 sobre la procedencia de la
acción de revisión. En esta sentencia se pone el énfasis en las obligaciones
correlativas de investigación seria que corresponden al Estado, frente a los
derechos de las víctimas no sólo a ser reparadas, sino a saber qué ocurrió y a
que se haga justicia; deber que adquiere particular relevancia cuando se trata
de graves violaciones de derechos humanos.
4.4.1.4.11.     En la sentencia
C- 451 de 2003, a propósito del estudio de constitucionalidad del artículo 323
de la Ley 600 de 2000, la Corte declaró el derecho de las víctimas a participar
con plenas garantías en la fase de investigación previa.
4.4.1.4.12.     En la sentencia
C- 570 de 2003  la Corte realizó un estudio sobre las especiales prerrogativas
que se derivan de la constitución de parte civil dentro del proceso penal, en
contraste con la reclamación mediante acciones de la jurisdicción civil;
prerrogativas que se derivan del plexo de derechos que a las víctimas de los
delitos se han reconocido en el ámbito penal  (a saber la verdad, a que se haga
justicia y a la reparación integral).
4.4.1.4.13.     La sentencia
C-775 de 2003 estudió la constitucionalidad del artículo 21 de la ley 600 de
2000 sobre restablecimiento del derecho. Reiterando la doctrina sobre la
trilogía de derechos de que son titulares las víctimas: verdad, justicia y
reparación, destacó su valor como bienes cardinales de una sociedad que persiga
un orden justo, y la interdependencia que existe entre ellos, de manera que “no
es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible llegar a la
reparación sin la justicia”.
4.4.1.4.14.     En la sentencia
C- 899 de 2003 se efectuó el estudio de constitucionalidad sobre los artículos
38 (parcial), 42, 48 (parcial), 52 (parcial), 55, 57 (parcial) de la Ley 600 de
2000. En esta sentencia se destacó la relevancia de la explícita consagración
del derecho de acceso a la administración de justicia (229) en la nueva
conceptualización de los derechos de las víctimas, en particular de su derecho
al proceso penal.
4.4.1.4.15.     En la sentencia
T- 694 de 2000, la Corte enfatizó en que los derechos de participación y de
acceso a la administración de justicia, le confieren a la parte civil derechos
y obligaciones similares a las de los demás sujetos procesales, lo cual
implica, entre otras cosas  “solicitar las pruebas que considere conducentes
para el esclarecimiento de la verdad o para demostrar la responsabilidad del
sindicado, así como el derecho a recurrir las decisiones que afecten sus
intereses”.
4.4.1.4.16.     En las
sentencias C-014 de 2004 y C-114 de 2004, la Corte hizo extensivo el concepto
de víctima y el alcance constitucional de sus derechos a los afectados por las
faltas disciplinarias.
4.4.1.4.17.     En la sentencia
C-998 de 2004, la Corte ratificó la legitimidad de la parte civil (Art. 205 de la
Ley 600 de 2000) para instaurar demanda de casación contra sentencia
absolutoria.
4.4.1.4.18.     En la sentencias
C-1154 de 2005 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa) y C- 1177 de 2005, la Corte
declaró la exequibilidad de algunas normas de la ley 600 de 2000, sobre archivo
de diligencias (Art.79), e inadmisión de denuncia (Art. 69), condicionando la
constitucionalidad a que tales decisiones fueran notificadas a las víctimas y
al denunciante, respectivamente, a fin de preservar sus derechos.
4.4.1.4.19.     En la sentencia
C- 591 de 2005, se estudió la constitucionalidad de varias disposiciones de la
Ley 600 de 2004, se destacó en esta sentencia la relevancia de los derechos de
las víctimas dentro del modelo procesal con tendencia acusatoria instaurado
mediante el A.L. 03 de 2002.
4.4.1.4.20.     En la sentencia
C-979 de 2005  a propósito de la demanda  contra los artículos 78, 192.4, 327,
330 y 527 de la Ley 906 de 2004, la Corte realizó un pronunciamiento sobre la
protección de las víctimas y los esquemas de justicia distributiva establecidos
en el sistema procesal de tendencia acusatoria.
4.4.1.4.21.     En la sentencia
C-047 de 2006, se estudió la constitucionalidad de los artículos 176 (parcial)
y 177 (parcial) de la Ley 906 de 2004, la Corte reiteró la doctrina referida a
la tensión entre le derecho al non bis in idem y el debido proceso contenido en
la sentencia C-04 de 2003 y C-979 de 2005, señalando que “en los casos de
impunidad de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario, la búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas
desplazan la protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in
idem.”
4.4.2.  Los derechos de
las víctimas en el derecho internacional
La
protección de los derechos de las víctimas se ha reconocido a nivel
internacional a través de múltiples convenciones y declaraciones que han
reconocido sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación:
4.4.2.1.
La
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la "Declaración
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
del abuso de poder"[22],
según la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos
de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido" y
para ello es necesario que se permita "que las opiniones y
preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas
apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin
perjuicio de los del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia
penal correspondiente".
4.4.2.2.
Los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos, consagran
el derecho de todas las personas a acudir a los procesos judiciales para ser
escuchadas con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, para la determinación
de sus derechos y obligaciones. De particular relevancia en relación con los
derechos de las víctimas, es el artículo 25 de este instrumento que hace parte
de la protección judicial a la cual está obligado el Estado. Esta norma
consagra el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra violaciones de sus derechos
fundamentales. Por su especial relevancia respecto de la decisión que debe
adoptarse en este asunto, conviene citarlo:
“Artículo
25.  Protección Judicial.
1.    Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2.
Los Estados partes se comprometen:
a. )
a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b.)
a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c.) a
garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso.
4.4.2.3.
El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra obligaciones
del Estado relativas a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones
de Derechos Humanos encuentran un primer fundamento normativo explícito en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto, el literal a)
del numeral 3º del artículo 2º de dicho Pacto, al respecto señala literalmente
que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus
funciones oficiales”[23].
Los recursos a
que se refiere esta norma deben estar (i)  a disposición de toda persona, y ser
adecuados para que aun los sujetos especialmente vulnerables puedan acceder a
ellos; (ii) ser efectivos para reivindicar los derechos fundamentales amparados
por el Pacto, y (iii) garantizar que las denuncias por violaciones de derechos
sean investigadas de un modo rápido, detallado y efectivo por órganos
independientes e imparciales. Adicionalmente, la interpretación de la norma
exige que haya una reparación para las personas cuyos derechos amparados por el
Pacto hayan sido violados, reparación que implica “por lo general” la
concesión de una indemnización apropiada[24].
4.4.2.4.
La
“Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes”[25],
y la “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura”[26]
garantizan a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, el
derecho a que su caso sea examinado imparcialmente. Así mismo, se comprometen a
investigar de oficio los casos de tortura de que tengan denuncia o razón
fundada para estimar que se han cometido, abriendo el respetivo proceso penal,
y a incorporar en las legislaciones nacionales normas que garanticen la
compensación adecuada para las víctimas del delito de tortura.[27]
4.4.2.5.
La
“Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas” consagra
que los  Estados se comprometen a no practicarla ni permitir que se practique,
y a sancionar a los autores de este delito, sus cómplices y encubridores. Así
mismo a tomar medidas legislativas para tipificar el delito, cuya acción penal
no estará sujeta a prescripción[28].
4.4.2.6.
La
“Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio”[29]
señala que las personas acusadas de genocidio serán juzgadas por un tribunal
competente del Estado en el cual el delito fue cometido, o ante la Corte Penal
Internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes
que hayan reconocido su jurisdicción[30].
4.4.2.7.
El
Estatuto de la Corte Penal Internacional[31], mediante el
cual se crea la Corte Penal Internacional, constituye probablemente el mayor
instrumento internacional de protección a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, el cual se aplica cuando uno de lo Estados
signatarios no tiene capacidad o disposición de administrar justicia respecto
de aquellos casos para los cuales fue establecido el referido Tribunal[32].
4.4.2.8.
La
Jurisprudencia Interamericana relativa al Derecho a la Justicia, a la
investigación y conocimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a
la no repetición, establece una serie de derechos de las víctimas y
correlativos deberes en cabeza del Estado por la violación de los derechos
humanos:
-
La
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de enero de
1989[33]
señala una serie de obligaciones para los Estados: (i) la obligación de
prevención de dichos atentados, involucra la positiva adopción de medidas
jurídicas, políticas, administrativas y aun culturales, que aunque pueden ser
de variada naturaleza, deben dirigirse a impedir que tales hechos sucedan
aunque “no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho
haya sido violado”; (ii) la obligación de investigación manifiesta que
toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la
Convención debe ser objeto de indagación, y que cuando se tolere que los
particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de tales
derechos humanos, dicha obligación queda sustancialmente incumplida.
-
La
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de
2001[34]
se refirió a la inadmisibilidad de las leyes de amnistía, de las disposiciones
de prescripción y del establecimiento de excluyentes de responsabilidad,
respecto de graves atentados contra los derechos fundamentales reconocidos en la
Convención Americana de Derechos Humanos. Así mismo, sostuvo el derecho de los
familiares al conocimiento de la verdad respecto de las violaciones de derechos
humanos y el derecho a la reparación por los mismos atropellos quedaban en
entredicho con tal categoría de leyes y disposiciones.
-
La
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de
2003[35]
se refirió de manera especial al derecho de las víctimas de violaciones de los
derechos humanos a un recurso judicial efectivo.  A este propósito recordó que
con anterioridad esa Corporación judicial había establecido que “(e)l esclarecimiento
de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de
las actuaciones de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal
deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos”[36].
-
La
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2004[37]
se refirió nuevamente la inadmisibilidad de las disposiciones de derecho
interno referentes a prescripción o cualquier otra circunstancia conducente a
impedir la investigación y sanción de los responsables de la violación de
derechos humanos, al deber del Estado de investigar oficiosamente los actos de
tortura y a impedir la repetición de las violaciones de esta clase de derechos
mediante la adopción de medidas para garantizar la investigación y sanción
efectiva. Además, definió la noción de impunidad.
-
La
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 15 de septiembre de
2005[38]
precisó el alcance del derecho de las víctimas de violaciones de derechos
humanos y de sus familiares a un recurso judicial efectivo, y el deber del
Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. De
manera especial señaló que los procesos de paz, como el que atraviesa Colombia,
no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones
establecidas en ella en materia de Derechos humanos.
-
La
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 15 de junio de
2005[39]se
refirió a la responsabilidad estatal de reparar, se afirmó en esta ocasión que al
producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la
responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma
internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer
cesar las consecuencias de la violación. En cuanto a las condiciones de la
reparación, señaló que en la medida de lo posible debía ser plena, es decir
debía consistir en el restablecimiento de la situación anterior a la violación;
si esto no fuera posible, se indicó que deben adoptarse otras medidas de
reparación, entre ellas el pago de una indemnización compensatoria; además,
señaló que la reparación implica el otorgamiento de garantías de no repetición.
-
La
Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 22 de noviembre de
2000[40]
se refirió de manera particular al derecho a la verdad, señalando que implica
que las víctimas conozcan lo que sucedió y quiénes fueron los responsables de
los hechos. Consideró que el conocimiento de la verdad forma parte del derecho
a la reparación. En caso de homicidio, la posibilidad de los familiares de la
víctima de conocer dónde se encuentran sus restos[41],
constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa que el Estado
debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo.
4.4.2.9.
El “Conjunto de Principios
para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha
contra la impunidad”, proclamados por la Comisión de Derechos Humanos ONU
en 1998, encuentra su principal antecedente histórico en el “Informe Final
del Relator Especial sobre la impunidad y conjunto de principios para la
protección de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad” que
señala que a las víctimas les asisten los siguientes derechos:
-
El
derecho a saber, el cual no se trata solamente del derecho individual que
toda víctima o sus parientes a saber qué pasó, sino que también se trata de un
derecho colectivo que tiene su razón de ser en la necesidad de prevenir que las
violaciones se reproduzcan. En tal virtud se tiene, a cargo del Estado, el "deber
de la memoria" a fin de prevenir las deformaciones de la historia. [42]
-
El
derecho a la justicia que incluye a su vez los derechos a un recurso justo y
eficaz y a la reparación. Este derecho, dicen los Principios, implica tanto
medidas individuales como medidas generales y colectivas:
“a)
Medidas de restitución (tendentes a que la víctima pueda volver a la situación
anterior a la violación);
b)
Medidas de indemnización (perjuicio síquico y moral, así como pérdida de una
oportunidad, daños materiales, atentados a la reputación y gastos de asistencia
jurídica); y
c)
Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la atención psicológica
y psiquiátrica).”
-
La
garantía de no repetición de las violaciones, las mismas causas producen los
mismos efectos, por lo cual “tres medidas se imponen para evitar que las
víctimas no sean de nuevo confrontadas a violaciones que puedan atentar contra
su dignidad:
“a)
Disolución de los grupos armados paramilitares: se trata de una de las medidas
más difíciles de aplicar porque, si no va acompañada de medidas de reinserción,
el remedio puede ser peor que la enfermedad;
“b)
Derogación de todas las leyes y jurisdicciones de excepción y reconocimiento
del carácter intangible y no derogable del recurso de habeas corpus; y
“c)
Destitución de los altos funcionarios implicados en las violaciones graves que
han sido cometidas. Se debe tratar de medidas administrativas y no represivas
con carácter preventivo y los funcionarios pueden beneficiarse de garantías.”
4.4.3.  Los derechos
constitucionales de las víctimas
Esta Corporación
ha reconocido los derechos de las víctimas: a la verdad a la justicia y a la
reparación, los cuales tienen a su vez una serie de consecuencias concretas que
se señalarán a continuación[43]:
4.4.3.1.
El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo
que sucedió y de buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad
real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones
de los derechos humanos[44].
Este derecho comporta a su vez las garantías: (i) el derecho inalienable a la
verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber:
“El
primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración
de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la
historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben
adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al estado.
Y el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las
víctimas, así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia,
tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las
circunstancias en que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento
o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima”.
En
este sentido, la jurisprudencia constitucional ha determinado que  el  derecho
de acceder a la verdad, implica que las personas tienen derecho a conocer qué
fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad humana de una persona se
ve afectada si se le priva de información que es vital para ella. El acceso a
la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a la
memoria y a la imagen de la víctima[45]”[46]
4.4.3.2.
El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es
decir, el derecho a que no haya impunidad[47]. Este derecho incorpora
una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se derivan de unos
correlativos deberes para las autoridades, que pueden sistematizarse así: (i)
el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y
partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un recurso
judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las reglas
del debido proceso.
4.4.3.3.   El derecho a la
reparación integral del daño que se le ha causado a través de una
compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la
víctima de un delito. [48].
Este derecho comprende  la adopción de medidas individuales relativas al
derecho de (i) restitución, (ii)  indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv)
satisfacción y (v) garantía de no repetición. En su dimensión colectiva,
involucra medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de
acciones encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las
colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones
ocurridas.[49]
Este
derecho tiene un soporte constitucional no sólo en las disposiciones que
contemplan las funciones y competencias de la Fiscalía General de la Nación
(art. 250, 6º y 7º) en su redacción proveniente de las modificaciones
introducidas mediante el Acto Legislativo No. 3 de 2002, sino también en la
dignidad humana y la solidaridad como fundamentos del Estado Social de Derecho
(art. 1º), en el fin esencial del Estado de hacer efectivos los derechos y dar
cumplimiento al deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden
justo (Preámbulo y art. 2°), en el mandato de protección de las personas que se
encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13), en disposiciones
contenidas en los tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad o
que sirven como criterio de interpretación de los derechos (art. 93)[50],
en el derecho de acceso a la justicia (art. 229) y, no hay por qué descartarlo,
en el principio general del derecho de daños según el cual el dolor con pan
es menos (art. 230) [51].
En
efecto, como lo ha dicho en múltiples oportunidades esta Corporación[52],
el derecho constitucional a la reparación integral de las víctimas no sólo
tiene fundamento expreso en los artículos 1º, 2º y 250 de la Constitución, sino
también en varias normas del derecho internacional que hacen parte del bloque
de constitucionalidad y, por consiguiente, resultan vinculantes en nuestro
ordenamiento jurídico. Así, entonces, dijo la Corte, que la petición de
reparación del daño causado surge: i) del concepto mismo de dignidad humana que
busca reestablecer a las víctimas las condiciones anteriores al hecho ilícito
(artículo 1º superior), ii) del deber de las autoridades públicas de proteger
la vida, honra y bienes de los residentes y de garantizar la plena efectividad
de sus derechos (artículo 2º de la Carta), iii) del principio de participación
e intervención en las decisiones que los afectan (artículo 2º de la
Constitución), iv) de la consagración expresa del deber estatal de protección,
asistencia, reparación integral y restablecimiento de los derechos de las
víctimas (artículo 250, numerales 6º y 7º, idem) y, v) del derecho de acceso a
los tribunales para hacer valer los derechos, mediante los recursos ágiles y efectivos
(artículos 229 de la Constitución, 18 de la Declaración Americana de Derechos
del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos)[53].
4.4.3.4.
Como
puede concluirse, ni a nivel nacional ni a nivel internacional se ha reconocido
que la víctima tenga un derecho relacionado con el lugar de reclusión del
sujeto activo de la conducta, por cuanto el mismo hace parte del cumplimiento
de la pena y es de competencia exclusiva del Estado.
En este sentido,
una vez impuesta la pena responde a finalidades distintas en un Estado social y
democrático de derecho:
“Al
respecto de la finalidad de la pena, ha señalado esta Corte[54]
que, ella tiene en nuestro sistema jurídico un fin preventivo, que se cumple básicamente
en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se
presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; un
fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de
la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de
conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional
adoptadas. Ha considerado también que “sólo son compatibles con los derechos
humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su
incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual
además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia,
todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital”[55].
4.4.4.  La determinación
del lugar de reclusión del interno y derechos de las víctimas
4.4.4.1.   El “Conjunto
de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad”, proclamados por la Comisión de
Derechos Humanos ONU en 1998, señala que las víctimas tienen derecho: (i) a
saber; (ii) a la justicia que incluye a su vez los derechos a un recurso justo
y eficaz y a la reparación que incluye: a) Medidas de restitución (tendentes a
que la víctima pueda volver a la situación anterior a la violación); b) Medidas
de indemnización (perjuicio síquico y moral, así como pérdida de una
oportunidad, daños materiales, atentados a la reputación y gastos de asistencia
jurídica); y c) Medidas de readaptación (atención médica que comprenda la
atención psicológica y psiquiátrica)”; y (iii) La garantía de no repetición de
las violaciones, que incluye a su vez: “a) Disolución de los grupos armados
paramilitares: se trata de una de las medidas más difíciles de aplicar porque,
si no va acompañada de medidas de reinserción, el remedio puede ser peor que la
enfermedad; “b) Derogación de todas las leyes y jurisdicciones de excepción y
reconocimiento del carácter intangible y no derogable del recurso de habeas
corpus; y “c) Destitución de los altos funcionarios implicados en las
violaciones graves que han sido cometidas. Se debe tratar de medidas
administrativas y no represivas con carácter preventivo y los funcionarios
pueden beneficiarse de garantías.
4.4.4.2.   Por su parte, la
jurisprudencia constitucional ha venido reconociendo una serie de derechos de
las víctimas en el proceso penal dentro de las cuales cabe mencionar[56]:
(i)
El
derecho a que se les comunique el archivo de las diligencias[57].
(ii)
El
derecho a solicitar la reapertura de la investigación ante el juez de control
de garantías[58].
(iii)
El
derecho a que se les comunique la inadmisión de las denuncias[59]
(iv)
El
derecho a intervenir en los preacuerdos y negociaciones para garantizar su
derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación[60].
(v)
El
derecho a solicitar pruebas en la audiencia preparatoria[61].
(vi)
El
derecho a solicitar medidas de aseguramiento y de protección ante el juez de
control de garantías[62].
(vii)
La
valoración de los derechos de las víctimas y a la realización de la verdad y la
justicia por el Fiscal en el momento de aplicar el principio de oportunidad[63].
(viii)       El derecho a
intervenir en la audiencia de solicitud de preclusión de la investigación
otorgándosele el uso de la palabra, solicitando pruebas y pudiendo presentar
recurso de apelación contra la sentencia que decide la apelación[64].
(ix)
El
derecho a participar en la formulación de acusación con el fin de elevar
observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de
incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades[65].
(x)
El
derecho a solicitar en la audiencia contemplada en el artículo 90 de la ley 906
de 2004 la adición de la sentencia o de la decisión con efectos equivalentes
que omita un pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de
comiso con el fin de obtener un pronunciamiento[66].
4.4.4.3.      De esta manera,
la determinación del lugar en el cual deberá estar privado de la libertad una
persona no ha sido reconocido por los tratados internacionales ni por esta
Corporación como un derecho de las víctimas, ni tampoco tiene relación con los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación:
(i)      El
derecho a la verdad comprende : (i) el derecho inalienable a la verdad; (ii) el
deber de recordar; (iii) el derecho de las víctimas a saber, garantías que no
tienen absolutamete ninguna relación con el lugar de reclusión del sujeto
activo de una conducta punible.
(ii)   El derecho a la
reparación incluye las garantías de (i) restitución, (ii)  indemnización,
(iii)  rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no repetición, las
cuales tampoco se pueden ver afectadas por el lugar específico donde se
encuentre recluido el sujeto activo.
(iii) Finalmente, el derecho a la
justicia incluye (i) el deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente
a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho de las víctimas a un
recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar en todos los juicios las
reglas del debido proceso, reglas que no se afectan en relación con el lugar de
reclusión de un condenado pues, la investigación y la sanción se cumple con la
sentencia, siendo competencia exclusiva del Estado la determinación del lugar
específico de reclusión del condenado.
4.4.4.4.  El Código Penal
contempla una única pena de privación de la libertad: la prisión, la cual puede
ser sustituida por la prisión domiciliaria, sin que nuestra legislación penal
establezca una diferenciación adicional relacionada con el lugar en el que ésta
debe ser cumplida, tal y como sucedía en ordenamientos penales antiguos en los
cuales se diferenciaba, por ejemplo, entre presidio y prisión.
4.4.4.5.   La única
diferenciación que establece el Código Penal en relación con el lugar de
cumplimiento de la pena es la consagración de la prisión domiciliaria, más allá
de ello, es inaceptable señalar que un interno cumple una pena más severa o
menos severa de acuerdo al sitio de reclusión, pues esta Corporación ha
señalado en reiteradas oportunidades que los únicos derechos que se pueden
restringir del condenado son los afectados por la sentencia. Por ello, los
demás derechos del interno se deben conservar intactos y deben ser garantizados
y respetados por las autoridades estatales y especialmente por las
penitenciarias y carcelarias[67].
4.4.4.6.   En este sentido,
la pena sirve a los fines de prevención especial y general y se limita en su
magnitud por la medida de la culpabilidad[68], sin que pueda señalarse
en ningún momento que el fin de la pena sea la venganza o el castigo:
“El
castigo de los delincuentes es un castigo reglado, previsto por el derecho y
limitado a unos procedimiento y prácticas específicas, por fuera de las cuales
el preso debe ser tratado bajo los parámetros normativos generales. La
efectividad del derecho no termina en las murallas de las cárceles. El
delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en un territorio sin ley”[69].
4.4.4.7.
La
prevención especial exige que se prevea que el autor incurra en el futuro en
otros delitos[70]
y tiene dos (2) manifestaciones: la prevención especial positiva o
resocialización y la prevención especial negativa que se configuraría privando
de la libertad al individuo para que siga incurriendo en conductas punibles:
“La
función  preventiva especial de la pena se proyecta en los denominados mecanismos
sustitutivos de la pena que tal como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional, pueden ser establecidos por el legislador en ejercicio de su
facultad de configuración siempre y cuando estén “orientados hacia la efectiva
resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el
desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en
sociedad”[71].
4.4.4.8.       En hilo de todo
lo expuesto, esta Sala de Revisión concluye que el lugar de reclusión no tiene
relación con ninguna de las finalidades de la pena anteriormente descritas ni
tampoco con un derecho de la víctima que haya sido reconocido por esta
Corporación.
5.
CASO
CONCRETO
5.1.
La
existencia de otros medios judiciales para cuestionar la determinación del
lugar de reclusión
5.1.1.  Como se
estableció, la Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que el juez
de tutela no puede interferir en las decisiones sobre traslados, a no ser que
observe una arbitrariedad o una vulneración de los derechos fundamentales del
reo, por lo cual, la regla general ha sido el respeto de la facultad
discrecional del INPEC, a menos que se demuestre que en su ejercicio fue
irrazonable o se desconocieron ciertos derechos fundamentales. Lo anterior, por
cuanto el ordenamiento jurídico ha previsto otros mecanismos de defensa
judicial idóneos y eficaces para obtener dichas pretensiones y en este sentido
en estos casos no se cumpliría con el requisito de subsidiariedad:
“No
corresponde al juez de tutela, cuando no se han desconocido derechos
fundamentales, y no están ni siquiera en peligro, decidir si un acto
administrativo es contrario a la ley o se ajusta a ella.  Asunto es éste
que corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si el demandante
consideraba que la resolución que ordenó su traslado, violaba la ley, tenía la
posibilidad de demandarla en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, y pedir, si lo estimaba conveniente, la
suspensión provisional.  Demostrado como está que no existió quebrantamiento de
ningún derecho fundamental, lo procedente era intentar la acción mencionada,
para buscar satisfacer su deseo de permanecer en determinada
prisión”.(negrillas fuera de texto)
“La
discrecionalidad legal del traslado, impide que el juez de tutela interfiera en
tal decisión, siempre y cuando la misma no sea arbitraria y no vulnere o
amenace derechos constitucionales fundamentales que no puedan ser limitados o
suspendidos, ni siquiera estando en la condición de reo, como lo serían el
derecho a la vida, la integridad física y la salud, entre otros.La situación
particular de los accionantes -convictos-, implica necesariamente la limitación
o restricción de ciertos derechos, entre ellos el referido a la unidad o
acercamiento familiar, el cual debe ceder razonablemente frente al interés
general, representado en este caso en la seguridad del establecimiento
carcelario y la integridad personal de los demás reclusos.”
5.1.2.  En este sentido,
la negativa de ordenar el traslado, a través de acción de tutela, por
considerarse que es parte de la facultad discrecional del INPEC ha sido
reiterada, entre otras en las Sentencias T-1168 del 4 de diciembre de 2003[72],
T- 439 del 1 de junio de 2006[73],
T-537 del 13 de julio de 2007[74]
y T-894 del 25 de octubre de 2007[75].
En ellas se ha considerado que el ejercicio de la facultad ha estado precedida
de un fundamento razonable por parte de las autoridades carcelarias.
5.1.3.  De otro lado,
debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha determinado que
los derechos de las víctimas igualmente se garantizan cuando los centros de
reclusión están sujetos integralmente a las normas jurídicas sobre control
penitenciario.
En este sentido,
la Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 2006, declaró la
constitucionalidad del inciso 2° del artículo 30 de la Ley 975 de 2005, el cual
dentro del marco de la reincorporación de miembros de grupos armados al margen
de la ley para la consecución de la paz, señala que el Gobierno
Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la
pena efectiva, indicando en todo caso“que los establecimientos de reclusión
deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los
establecimientos administrados por el INPEC”. Al respecto, sostuvo esta
Corporación:
“Esta
norma encubre una evidente sustracción del control de las autoridades
penitenciarias de los sitios de reclusión en que habrán de purgar las penas
quienes se sometan a la ley 975/05, los cuales operarían al margen de las
políticas penitenciarias que el estado debe desarrollar a través de sus órganos
especializados, las cuales han sido plasmadas en las normas jurídicas sobre
control penitenciario.
6.2.3.3.4.8.
Ahora bien, desde el punto de vista de los derechos de las víctimas a que se
haga justicia, con fundamento en el principio de dignidad resulta
manifiestamente desproporcionado someterlas a lo que podría ser considerado,
desde su aflicción, como impunidad. La dimensión colectiva del derecho a que se
haga justicia podría verse también afectado por la percepción de impunidad que
se deriva de adicionar a las significativos beneficios que en materia punitiva
consagra la ley, otros beneficios en la ejecución de la pena que la desvirtúan
por completo.
6.2.3.3.4.9.
Por las anteriores consideraciones la Corte declarará  exequible, por los
cargos examinados, el inciso 2° artículo 30 en el entendido que dichos
establecimientos quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas sobre
control penitenciario, e  inexequible el artículo 31 de la ley 975/05.”
5.1.4.  En este orden,
la decisión a través de la cual se determina el lugar de reclusión de un
interno constituye claramente un acto administrativo, por lo cual es evidente
que podrá ser cuestionado a través de los recursos de la vía gubernativa y de
las acciones contencioso administrativas, en este caso la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, no pudiendo el juez de tutela inmiscuirse en las
decisiones de los jueces ordinarios, salvo que existiera la posibilidad de que
se configure un perjuicio irremediable, que en este caso claramente no se
presenta.
5.1.5.  Así las cosas,
inicialmente debe determinarse que la existencia de otros recursos para
cuestionar el acto administrativo por medio del cual se determina el lugar de
reclusión del Coronel (r) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA deviene en la improcedencia
de la presente acción de tutela.
5.2.
La
existencia de otras instancias judiciales competentes para determinar el lugar
de reclusión del Coronel (r) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA
5.2.1.  Esta Corporación
no puede desconocer que en este momento se encuentra pendiente de decidir el
recurso de casación interpuesto sobre la sentencia que condenó al Coronel
(r) LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, por lo cual es la jurisdicción penal en
cabeza de la Corte Suprema de Justicia la que debe determinar el lugar de
reclusión del Coronel Plazas. En este sentido, proferir en este momento un
fallo de tutela que determine el lugar específico de reclusión del condenado
desconocería claramente la competencia del máximo órgano de la justicia penal y
podría llevar a fallos contradictorios o equívocos.
5.2.2.  En este orden de
ideas, es el juez de conocimiento, antes de que esté ejecutoriada la condena, y
el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, una vez ésta se encuentre
en firme, las autoridades judiciales que deberán determinar el lugar de
reclusión del interno, para lo cual deberán tener en cuenta lo señalado en el
artículo 27 del Código Penitenciario y Carcelario según el cual: “Los
miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de
reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de
la unidad a que pertenezcan”.
Igualmente, debe
tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 29 de la misma ley, de acuerdo con
el cual:
“Cuando
el hecho punible haya sido cometido por personal del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, funcionarios y empleados de la Justicia Penal,
Cuerpo de Policía Judicial y del Ministerio Público, servidores públicos de
elección popular, por funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional,
ancianos o indígenas, la detención preventiva se llevará a cabo en
establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado.
Esta situación se extiende a los exservidores públicos respectivos.
La
autoridad judicial competente o el Director General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, según el caso, podrá disponer la reclusión en
lugares especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en
atención a la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad
del individuo, sus antecedentes y conducta.
También
procederá la reclusión en establecimiento o pabellón especial cuando se haya
ordenado el arresto de fin de semana, el arresto ininterrumpido, el
cumplimiento de fallos de tutela que impliquen privación de la libertad
superior a diez (10) días y las privaciones de la libertad a las que se refiere
el inciso cuarto del artículo 28 de la Constitución Política.
PARÁGRAFO. Las entidades
públicas o privadas interesadas podrán contribuir a la construcción de los
centros especiales. En el sostenimiento de dichos centros, podrán participar
entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro”.
5.2.3.  En todo caso,
debe señalarse que el establecimiento de disposiciones y lugares especiales
para la reclusión de una persona que haya hecho parte de las fuerzas armadas es
independiente del fuero penal militar, pues no se funda en éste, sino en la
protección de la vida y la integridad física del interno:
“En
relación con el fuero penal militar, la ley excluye de su ámbito los delitos
que no estén vinculados con el mismo servicio o que hayan sido cometidos por
personas ya retiradas de la fuerza pública, todo dentro del propósito, común a
todas las jurisdicciones, de definir su campo de acción. Por el contrario, el
establecimiento de cárceles especiales para los miembros de la fuerza pública
acusados de delinquir tiene por función amparar su vida e integridad física, y
para la protección de estos bienes jurídicos no tiene ninguna relevancia la
constatación de si los delitos bajo investigación fueron cometidos en relación
con el servicio o no”[76].
5.2.4.  Sobre este
aspecto, la Corte Constitucional reconoció en la sentencia T-680 de 1996 que es
deber del Estado proteger a los internos que han luchado contra la
delincuencia, generando enemistades con quienes pueden ser sus compañeros de
celda, por lo cual su reclusión en sitios especiales no se deriva de la
aplicación del fuero sino directamente del deber del Estado de proteger su vida:
“La
restricción de ciertos derechos del detenido o condenado, no implica que el
Estado omita el deber constitucional de proteger su vida y su integridad
física.  Esta obligación de amparo que se impone a las autoridades,
debe brindarse especialmente a aquellos detenidos o condenados que, en
cumplimiento de su labor de combatir la delincuencia, han generado graves
motivos de enemistad entre quienes serían sus compañeros de celda, corredor o
patio, de no existir tal protección.
Por
ello esta Sala no comparte la afirmación del Coronel Moreno Ramírez, Director
del INPEC y demandado en este proceso, según la cual la petición del actor debe
ser negada porque “no probó durante el proceso, ni en el fallo se menciona
prueba que demuestre plenamente la inminencia del peligro que corre su
vida...”.  Para la Corte es claro que basta la sola condición de agente de
la Policía Nacional, para tener derecho a un sitio de reclusión especial.
Además,
el director del INPEC, asevera que el señor Marín tampoco tiene derecho a ese
beneficio, porque está sindicado de delitos comunes, cuyo conocimiento le
compete a la justicia ordinaria.  Al respecto manifiesta que “es claro que
el fuero legal al que alude el artículo 402 del C.P.P., hace referencia al
miembro de la fuerza pública que cometa delitos en servicio activo y por razón
del servicio, tanto es así que su juzgamiento recae en las Cortes Marciales o
Tribunales Militares y no en la justicia ordinaria, ya que ella, solo conocerá
de los delitos cometidos por los particulares, teniéndose como presupuesto que
cuando el policía delinque en actos ajenos al servicio, pese a su condición de
miembro activo de la fuerza pública lo hace como particular y no como miembro
de la fuerza a que pertenece, razón por la cual su sitio de reclusión ha de
serlo, también uno ordinario.”.
La
Corte no comparte la interpretación que hace el Coronel Moreno Ramírez del
mencionado artículo 402, pues ese funcionario le atribuye a la norma un alcance
restringido que no tiene.  Una cosa es la justicia penal militar a la que
compete el conocimiento y el juzgamiento de los delitos cometidos por miembros
de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones, y otra muy distinta es la
destinación a centros de reclusión especiales de miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía a la que hace alusión el artículo 402.  Con esta
norma, lo único que persigue el legislador  es evitar el inminente peligro
que corre la vida de quien, por cumplir una función pública expuesta a riesgos,
se ha granjeado enemistades.  Así, para la aplicación de la precitada
norma es irrelevante si los delitos se cometieron o no en razón del
servicio;  lo que debe verificarse es si la persona ostenta una de las
calidades taxativamente señaladas por el legislador (arts. 402 del CPP y 29 de la
Ley 65 de 1993)”[77]
(negrillas y subrayado fuera de texto).
5.2.5.  En este sentido,
si bien el Coronel (r) Luis
Alfonso Plazas Vega fue condenado en primera y en segunda instancia por la
justicia ordinaria y por ello no se aplicó en el proceso la legislación penal
militar, ello no obsta para que se apliquen las disposiciones de la Ley 65 de
1993 que permiten el cumplimiento de la pena privativa de la libertad en un
sitio de reclusión especial para proteger su vida e integridad personal,
teniendo en cuenta que ejerció múltiples cargos en los cuales tuvo confrontación
directa como la delincuencia pues no solamente fue miembro de las fuerzas
armadas sino también Director Nacional de Estupefacientes.
5.2.6.  La anterior
situación llevó precisamente a que se hiciera un estudio de seguridad por parte
del INPEC, en el que se determinó que el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega es
una persona de alto riesgo:
“De
manera atenta me permito informar que evaluado el nivel de riesgo del interno
LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA se estableció en EXTRAORDINARIO es decir “es el riesgo
al que está expuesta una persona privada de la libertad, sobre quien existen
elementos de información que evaluados suponen una amenaza específica e
individualizable concreta, presente, importante, seria, clara y excepcional.
Por
tal motivo se sugiere oficiar a la autoridad judicial del caso, con el fin de
estudiar la posibilidad de traslado a una Guarnición Militar, a su vez oficiar
al Director del Establecimiento de Reclusión, para que se asuman las medidas
preventivas y de seguridad que consideren del caso, con el fin de garantizar la
vida e integridad del interno”[78].
5.2.7.  Por su parte, se
observa en las pruebas allegadas al expediente el Oficio No. 3734 del 25 de
junio de 2010, en el que el Director General del Hospital Militar Central
señala que “no obstante por los rasgos de personalidad descritos presenta
vulnerabilidad importante a situaciones que involucren su seguridad, su
integridad moral o física o su imagen pública, con riego de reactivación
sintomática ante situaciones estresantes (…) el riesgo de heteroagresión
persiste, por cuanto depende de manera multifactorial, del trastorno de
ansiedad, los rasgos de personalidad del paciente y la situación jurídica que
continúa vigente, por lo tanto se recomienda continuar su tratamiento en forma
ambulatoria con tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico en unidad que
brinde las medidas de seguridad para su caso y ofrezca menor riesgo de
exposición a factores reactivadores de ansiedad en escala a agresividad”[79].
5.2.8.  Por su parte, se
observa el Oficio No. 002468 del 24 de septiembre de 2009, suscrito por la
Directora General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, en
el que solicita al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá “reconsidere
la posibilidad de traslado del interno a una Unidad Militar que garantice la
vida e integridad del mismo”. Lo anterior, teniendo en cuenta “información
de inteligencia allegada a esta Dirección, donde se pone en conocimiento una
posible amenaza en contra del interno ALFONSO PLAZAS VEGA y el resultado del
Estudio Técnico del Nivel de Riesgo para Personas Privadas de la Libertad,
donde se establece en EXTRAORDINARIO”[80].
5.2.9.  Finalmente, el
informe presentado por el Oficial de Operaciones Central de Inteligencia
Militar, Coronel Carlos Ignacio González Jaramillo, informa que “existen
planes en desarrollo que tiene como objetivo atentados contra la vida del señor
Oficial”[81].
En este sentido, se afirma en el oficio:
“Las
informaciones indican que el atentado será desarrollado con el fin de efectuar
retaleación por decisiones y acciones llevadas a cabo por el señor PLAZAS VEGA
cuando desempeñó cargos públicos.
Es
de conocimiento general que el señor PLAZAS VEGA, cuando fue oficial en
actividad desarrolló operaciones contra miembros de organizaciones terroristas
como las FARC y el M19 y como oficial retirado se desempeñó como director
nacional de estupefacietes, cargo en el cual tomó decisiones que afectaban los
intereses de grupos de narcotraficantes”[82]
5.2.10. Ahora bien, no puede dejarse de
lado que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º del Código Penal una de
las funciones de la pena es la protección del condenado y que es deber del
Estado la protección de la vida y la integridad de las personas privadas de la
libertad. En este sentido, esta Corporación ha señalado en múltiples
oportunidades que la protección de la vida del interno es una obligación del
Estado[83]:
“A
partir de la privación de la libertad y posteriormente durante el transporte y
el ingreso y permanencia del arrestado, detenido o condenado a las
instalaciones en donde habrá de cumplirse la pena o concretarse la medida de
aseguramiento, asume de manera íntegra las responsabilidades inherentes no sólo
a la prevención y represión de eventuales fugas y motines sino las relativas a
la seguridad, la vida y la integridad física de aquéllas personas”[84].
5.2.11. Al respecto, esta Corporación ha
reconocido que existe una obligación en cabeza del Estado de evaluar los
peligros que pueden correr los internos y tomar las medidas necesarias para
evitarlos:
“Los
peligros que puedan correr los individuos sobre quienes recaen las resoluciones
judiciales correspondientes deben ser siempre conocidos, evaluados y
controlados por las autoridades carcelarias, aun sin necesidad de especial
solicitud o requerimiento de aquellos o de sus allegados o familiares, lo cual
se entiende sin perjuicio de que, ante advertencias específicas o en presencia
de especiales motivos que lleven a concluir en la existencia de mayores riesgos
para determinados internos, la responsabilidad estatal aumente, ya que entonces
deben adoptarse aun con mayor agilidad y diligencia las medidas pertinentes. La
adopción de disposiciones concretas en el orden interno corre a cargo del
Inpec, siendo la obligación de este organismo, la de garantizar la plenitud de
las condiciones de seguridad para el detenido afectado”[85].
5.2.12. Por lo anterior, el Estado asume
la posición de garante sobre la protección de los bienes jurídicos de los
internos que corran un especial peligro y debe tener en cuenta esta
circunstancia para establecer el lugar y las condiciones de su reclusión, pues
de lo contrario puede responder por omisión de los atentados o la muerte que se
cause al haber expuesto a un interno a un riesgo explícito e injustificado.
5.2.13. De esta manera, atendiendo las
consideraciones expuestas, concluye la Sala Sexta de Revisión de Tutelas que en
este momento la acción de tutela es improcedente para lograr lo pretendido por
los accionantes, toda vez que no es el mecanismo idóneo para decidir sobre el
lugar de reclusión del Coronel ® Luis Alfonso Plazas Vega, ya que debe ser en
el proceso penal donde se determine dicho lugar teniendo en cuenta los
fundamentos antes anotados.
6.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR
la suspensión de términos contenida en Auto de fecha del trece (13) de
diciembre de dos mil once (2011), proferido por la Sala Sexta de Revisión de
esta Corporación.
SEGUNDO.- CONFIRMAR, por las razones
expuestas en esta providencia, la Sentencia proferida por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá el siete (07) de abril de dos mil once (2011), la
cual confirmó la Sentencia proferida el veintiuno (21) de febrero de dos mil
once (2011) por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá.
TERCERO.- LÍBRESE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
Impedimento
aceptado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Sentencias T-335 de
2007; T-764 de 2007; T-266 de 2008 y T-655 de 2009, entre otras.
[2] En este sentido se pueden
consultar, entre muchas otras, las sentencias T-600 del 1 de agosto de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-1198 del 15 de noviembre de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1157 del 1 de noviembre de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-321 del 21 de marzo de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[3]   Sentencia T-384 del 30 de
julio de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[4] Sentencia T-301 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo.
[5] M.P. Jorge Arango
Mejía
[6] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[7] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[8] M.P. Fabio Morón Díaz
[9] M.P. Clara Inés
Vargas
[10] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra
[11] M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[12] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[13] Sentencias de la Corte Constitucional T-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[14] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[15] En la sentencia
C-228 de 2002, Fundamento 4.1, bajo el título “Los derechos de la parte civil a
la luz de la Constitución”, la Corte analizó  de manera particularizada cada
una de las disposiciones constitucionales enunciadas para deducir de cada una
de ellas alguna prerrogativa de las víctimas en el proceso penal. En particular
sobre los artículos 15 y 21 como eventuales fuentes constitucionales de
derechos de las  víctimas de los delitos señaló: “Finalmente, los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación económica reconocidos a las víctimas o
perjudicados por un hecho punible, pueden tener como fundamento constitucional
otros derechos, en especial el derecho al buen nombre y a la honra de las
personas (arts 1º, 15 y 21, CP), puesto que el proceso penal puede ser la única
ocasión para que las víctimas y los perjudicados puedan controvertir versiones
sobre los hechos que pueden ser manifiestamente lesivas de estos derechos
constitucionales, como cuando durante el proceso penal se hacen afirmaciones
que puedan afectar la honra o el buen nombre de la víctimas o perjudicados”.
Ese mismo soporte constitucional fue reiterado en la sentencia C-209 de 2007,
Fundamento 3, al  señalar: “De conformidad con lo anterior, corresponde a la Corte Constitucional resolver los siguientes problemas jurídicos: Si a la luz de los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación derivados de los artículos
1, 2, 15, 21, 93, 229, y 250 de la Carta (…)”.
[16] MMPP. Manuel
José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, con Aclaración de Voto del
Magistrado Jaime Araujo Rentería. En esta sentencia la Corte Constitucional precisó el alcance constitucional de los derechos de las víctimas en el
proceso penal y resolvió lo siguiente: Primero.- Declarar EXEQUIBLE, en
relación con los cargos estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la
verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia. Así mismo,
declarar EXEQUIBLES, en relación con los cargos estudiados, los incisos segundo
y tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma
prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas”, contenida
en el inciso segundo, que se declara inexequible. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE
el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, en
el entendido de que las víctimas o los perjudicados, una vez se hayan
constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, salvo la expresión “a partir de la
resolución de apertura de instrucción” que se declara INEXEQUIBLE.
[17] Sentencia de la Corte Constitucional C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[18] El derecho a la verdad, esto es,
la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la
verdad procesal y la verdad real. Este derecho ha sido relevante para la
resolución de entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166),
Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de
14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que
le nieguen a  las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.
[19] El
derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que
no haya impunidad.
[20] El derecho a la reparación del
daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la
forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito. Los sistemas
jurídicos reconocen diversos mecanismos para la reparación del daño, en algunos
puede ser solicitado dentro del mismo proceso penal (rasgo  característico de
los sistemas romano germánicos), o bien a través de la jurisdicción civil
(esquema propio de los sistemas del tradición anglosajona. (C-228 de 2002,
citando a Pradel, Jean, “Droit  Pénal Comparé. Ed. Dalloz, 1995. pags. 532 y
ss.).
[21] Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[22] Declaración
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
del abuso de poder, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Acceso a la justicia y trato justo. “4. Las víctimas
serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al
acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que
hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá
y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que
permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u
oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará
a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos
mecanismos. 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y
administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas
de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las
actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se
trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b)
Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas
y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego
sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional
de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las
víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar
las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso
necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los
testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e)
Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución
de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 7.
Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de
controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia
consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la
reparación en favor de las víctimas.
[23] Sentencias
de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[24] Sentencia
de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Treviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[25] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984, aprobada mediante la Ley 70 de 1986.
[26] Adoptada por la Asamblea General de la OEA en Cartagena de Indias en 1985, aprobada mediante la Ley 406 de 1997, declarada exequible mediante la Sentencia C-351 de 1998, M.P Fabio Morón Díaz.
[27] Al respecto ver los artículos 8 y 9 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y los artículos 4. 5 y 6 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Sentencia C-370 de 2006, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[28] Sentencia
de la Corte Constitucional  C-370/ de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[29] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones unidas en diciembre de 1948, aprobada por Colombia mediante la Ley 28 de 1959.
[30] Sentencia
de la Corte Constitucional C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández.
[31] Adoptado por la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17 de junio de 1998,
aprobado mediante la Ley 742 de 2002,  revisada mediante la Sentencia C-578 de 2002, M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] La Corte Penal Internacional, respecto de Colombia, sólo pude conocer delitos ocurridos con
posterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en el país,
acaecida el 1º de noviembre de 2002.  Además, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 124, y en la correspondiente declaración del Estado colombiano, no
tendrá competencia para conocer crímenes de guerra cometidos en Colombia
durante los siete años siguientes a dicha entrada en vigor.
[33] Caso Godínez Cruz vs. Honduras.
En ese caso el señor Godínez Cruz, dirigente sindical, fue secuestrado y
posteriormente desaparecido. La pruebas obrantes dentro del proceso permitieron
establecer que el hecho fue ejecutado por las autoridades hondureñas, dentro de
una práctica generalizada de desaparecer a personas consideradas peligrosas. La Corte consideró que Honduras había violado, en perjuicio del señor Godínez Cruz, los deberes
de respeto y garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad
personales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[34] Caso Barrios Altos vs. Perú. En
este caso los hechos acaecidos consistieron en el asalto por parte de seis
miembros del ejército peruano a un inmueble ubicado en el vecindario conocido
como “Barrios Altos” de la ciudad de Lima, donde dispararon indiscriminadamente
contra los ocupantes de la vivienda, matando a quince de ellos e hiriendo
gravemente a otros cuatro.
[35] Caso Myrna Mack Chang vs
Guatemala. Los hechos que motivaron este proceso consistieron en el ataque a
Myrna Mack Chang, antropóloga, por parte de dos personas que le propinaron 27
heridas de arma blanca, causándole la muerte. Las investigaciones llevaron a
concluir que el homicidio fue perpetrado por agentes de seguridad del Estado
guatemalteco, en represalia al trabajo que ella adelantaba para establecer las
causas y consecuencias del fenómeno del desplazamiento forzado de comunidades
indígenas en Guatemala.
[36] Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez,
supra nota 9, párr. 120; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 250, párr. 188; y
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 8,
párr. 222.
[37] Caso Hermanos Gómez Paquiyauri
vs. Perú. En esta oportunidad, los hechos que dieron lugar al proceso
consietieron en la captura, tortura y ejecución de los hermanos Emilio y Rafael
Gómez Paquyauri de 14 y 17 años respectivamente, por agentes de la Policía Peruana. El tribunal del Callao dictó sentencia condenatoria contra los autores
materiales del delito, dos años después de los hechos. Sin embargo,
transcurridos más de trece años a partir del delito, los autores intelectuales
permanecían sin ser juzgados ni sancionados.
[38] Caso Masacre de Mapiripán vs.
Colombia. Los hechos que suscitaron el caso consistieron la llegada al aeropuerto
de San José de Guaviare de aproximadamente un centenar de miembros de la
autodefensas Unidas de Colombia (AUC), procedentes del Urabá antioqueño. A su
llegada fueron recogidos por miembros del Ejército Nacional, y transportados
hasta el municipio de Mapiripán, en camiones de esa Institución. Durante su
permanencia en Mapiripán, los paramilitares secuestraron, torturaron,
asesinaron y descuartizaron a 49 personas, a las que acusaban de auxiliar a la
guerrilla. La Fiscalía concluyó que la masacre se había perpetrado con el apoyo
y aquiescencia de la Fuerza Pública. Pese a ser informados, los comandantes del
ejército se mantuvieron en completa inactividad. Transcurridos más de ocho años,
la justicia penal no había logrado identificar a las víctimas, y solo había
juzgado y sancionado a unas pocas personas comprometidas en la masacre.
[39] Caso comunidad Moiwana vs.
Suriname. Los hechos que dieron lugar al proceso consistieron en que las
fuerzas armadas de Suriname atacaron la comunidad N’djuka Maroon de Moiwana.
Los soldados masacraron a más de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la
comunidad.  Los que lograron escapar huyeron a los bosques circundantes, y
después fueron exiliados o internamente desplazados.  A la fecha de la
presentación de la demanda no había habido una investigación adecuada de la
masacre, nadie habría sido juzgado ni sancionado, y los sobrevivientes
permanecerían desplazados de sus tierras.
[40] Caso Bámaca Velásquez vs
Guatemala. Los hechos que dieron lugar a este proceso consistieron en el
apresamiento del líder guerrillero Efraín Bámaca por el ejército guatemalteco.
Estando detenido fue torturado a fin de que revelara información. Y luego fue
desaparecido, sin que hasta el momento de la sentencia se tuviera información
sobre su paradero.
[41]Cfr. Caso Castillo Páez, Sentencia
de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 90; Caso Caballero Delgado y
Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 58; y Caso Neira
Alegría y Otros, Reparaciones, supra nota 38, párr. 69.
[42] Sobre este derecho colectivo, se
lee lo siguiente en los Principios: “PRINCIPIO 2. EL DERECHO INALIENABLE A LA VERDAD. Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de
crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante
violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El
ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia
fundamental contra la repetición de tales violaciones.
PRINCIPIO
3. EL DEBER DE RECORDAR. El conocimiento por un pueblo de la historia de su
opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando
medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para
preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos
humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales
violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la
memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y
negacioncitas.”
[43] Sentencias de la Corte  Constitucional C-871 de 2003, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba
Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis,
Clara Inés Vargas Hernández; C- 228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[44] Ver, entre otros, los casos
Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y
Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que
le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia. Sentencias de
la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[45] Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional T- 443 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz;  C- 293 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[46] Sentencia de la Corte Constitucional C-454 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[47] Sentencias de la Corte Constitucional C-209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-1033 de 2006, M.P: Álvaro Tafur Galvis.
[48] Casi todos los sistemas jurídicos reconocen el
derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de reparación económica, en
particular cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser
solicitada bien dentro del mismo proceso penal (principalmente en los sistemas
romano germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil (generalmente en
los sistemas del common law). Ver Pradel, Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial
Dalloz, 1995, páginas 532 y ss. Sentencias
de la Corte Constitucional C-1033 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-209 de
2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[49] Cfr. Art. 33 del Conjunto de
principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la
lucha contra la impunidad.
[50] Sobre las
fuentes de derecho internacional de los derechos humanos en las que se hallan
bases para el reconocimiento, establecimiento e interpretación de los derechos
y garantías para las víctimas del delito, en particular de los delitos que
atentan contra derechos fundamentales, se encuentra, según reiterada
jurisprudencia (vrg. Sentencia C-916 de 2002), el derecho de acceso a los
tribunales para hacer valer los derechos mediante los recursos ágiles y
efectivos (art. 18 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, 8 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos); el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 63.1, relacionado con el poder de la CIDH para garantizar a la víctima de violación de los derechos de la Convención, entre otras, “el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”;
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, Resarcimiento; los
Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves de Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones, adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mediante Resolución 2005/35 del 20 de Abril; Observación No. 31: la
índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el
Pacto, preparada por el entonces Comité de Derechos Humanos, el 26 de Mayo de
2004, Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, mediante la cual se adoptan los Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y
obtener reparaciones.
[51] Sentencia de la Corte Constitucional C-409 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[52] En
relación con la amplitud del concepto reparación integral del daño causado por
el delito, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-805 de 2002 y
C-916 de 2002. En cuanto al fundamento constitucional del derecho a la
reparación de las víctimas, véanse las sentencias de la Corte Constitucional C-570 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-805 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.
[53] Al
respecto, puede verse la sentencia C-228 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-210 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[54] Sentencia C-430 de 1996,
[55] Sentencia C-144 de 1997,
C-806/02
[56] Para ver una exposición clara y
detallada de estos derechos consultar Sentencia de la Corte Constitucional C
782 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57] Sentencia de la Corte Constitucional C
- 1154 de 2005, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[58] Sentencia de la Corte Constitucional C
- 1154 de 2005, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[59] Sentencia de la Corte Constitucional C 1177 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[60] Sentencia de la Corte Constitucional C
516 de 2007, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[61] Sentencia de la Corte Constitucional C
454 de 2006, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[62] Sentencia de la Corte Constitucional C 209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[63] Sentencia de la Corte Constitucional C 209 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[64] Sentencia de la Corte Constitucional C
209 de 2007, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[65] Sentencia de la Corte Constitucional C
209 de 2007, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[66] Sentencia de la Corte Constitucional C
782 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[67] En la sentencia T-153 de 1998, la Corte recordó, haciendo referencia a la obligaciones internacionales del Estado en materia de
derechos humanos, que si bien algunos derechos fundamentales de los reclusos
son suspendidos o restringidos desde el momento en que son sometidos a la
detención preventiva o son condenados mediante sentencia, muchos otros derechos
se conservan intactos y deben ser garantizados y respetados por las autoridades
estatales.
[68] ROXIN, Claus: Manual de Derecho
penal, Parte General, Civitas, 1997, pág. 103.
[69] Sentencia de la Corte Constitucional T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
[70] ROXIN, Claus: Manual de Derecho
penal, Parte General, Civitas, 1997, pág. 85
[71] Sentencia de la Corte Constitucional C-806 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[72] M.P. Clara Inés Vargas
[73] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra
[74] M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[75] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[76] Sentencia de la Corte Constitucional T-588 de 1996, M.P.
[77] Sentencia de la Corte Constitucional T-680 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz
[78] Cuaderno de anexos, pág, 70.
[79] Cuaderno 1 original, fl 73.
[80] Cuaderno 1 original, fl 77.
[81] Cuaderno 1 original, fl 82.
[82]
Cuaderno 1 original,
fl 82.
[83] Sentencias de la Corte Constitucional T-247 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-590 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-698 de 2002, M.P.  Jaime Araujo Rentería, T-958 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[84] Sentencia de la Corte Constitucional T-247 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[85] Sentencia de la Corte Constitucional T-247 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.