T-456-18
Sentencia T-456/18
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE
DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-Regulación
INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE
DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-No
hace parte integral de la pensión de invalidez o de vejez y solo perdura
mientras existan las causas que le dieron origen
SEGURIDAD
SOCIAL-Regímenes,
modelos y sistemas antes de la expedición de la Constitución de 1991 y la ley
100 de 1993
REGIMEN
DE TRANSICION EN PENSIONES-Criterios fijados en la creación del
sistema integral y general de pensiones
INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE
DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-Vigencia
INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE
DEPENDE ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-Extinción
del beneficio
Los
incrementos del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, dentro de los cuales se
encuentra el del 14% y 7%, incluso en su vigencia, no hacían parte de la
pensión y estaban sujeto a la condición de tener cónyuge o compañero que
dependa económicamente del beneficiario y no disfrute de una pensión e hijo
menor de edad o en condición de discapacidad a cargo. De ahí que, si el
incremento adicional, no tenía la vocación de permanencia del derecho principal
-pensión de vejez-, este beneficio se extinguió con la derogatoria del Régimen
General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte. Además, el
acrecentamiento de la mesada pensional, al no ser parte constitutiva del monto,
tampoco es susceptible de ultractividad por virtud del régimen de transición
pensional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
INCREMENTO
PENSIONAL DEL 14% POR CONYUGE O COMPAÑERO(A) O DEL 7% POR HIJO
A CARGO-No
puede ser invocado como derecho adquirido si no se causó en vigencia del
Régimen General de Seguro Social
INCREMENTOS
PENSIONALES-Toda pensión será liquidada conforme a lo
efectivamente cotizado, según Acto Legislativo 01 de 2005
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
para ordenar reconocimiento o incremento pensional del 14% en relación con el
cónyuge o compañero(a) permanente que depende económicamente del beneficiario
de la pensión
Referencia: Expedientes T-6.438.828, T-6.491.559,
T-6.502.266, T-6.502.330, T-6.539.848, T-6.549.652, T-6.549.668,
T-6.619.722, T-6.638.748, T-6.639.796 y T-6.639.825 acumulados
Acciones
de tutela instauradas por Álvaro Julio Rodríguez Prieto y María Elisenia Torres Olarte contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá (T-6.438.828); Roberto Romero Caba contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (T-6.491.559); Carmen Elisa Forero de Ayala
contra la Administradora Colombiana de Pensiones y la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá (T-6.502.266); Alberto Romero
Díaz contra el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad (T-6.502.330); Luis Arnulfo Quintero Torres contra el Juzgado Doce Laboral
Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá, el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del
Circuito de la misma ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones (T-6.539.848);
Marfa Nidia Díaz Ardila contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá (T-6.549.652); Gilberto Bandera Herrera contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
(T-6.549.668); Hernando Manuel Cervantes Sining contra el Juzgado
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta,  Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de la misma ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones (T-6.619.722); Álvaro Cristancho Gómez contra el
Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad (T-6.638.748); Carmen Lavinia Rodríguez Mora contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá y la Administradora Colombiana de Pensiones (T-6.639.796) y
Manuel Eduardo Carrillo Huertas contra el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
misma ciudad (T-6.639.825).
Magistrado Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Bogotá,
D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado
Antonio José Lizarazo Ocampo y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y
Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos: (i)
en primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 25 de julio de 2017, en el trámite de la solicitud de amparo
presentada por Álvaro Julio Rodríguez Prieto y María Elisenia Torres Olarte contra la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (T-6.438.828); (ii) en
primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 9 de agosto de 2017 y, en segunda instancia, por la Sala de
Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la de la misma corporación
del 26 de octubre de 2017, en el trámite de la acción de tutela instaurada por
Roberto Romero Caba contra la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla (T-6.491.559); (iii) en
primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 6 de septiembre de 2017 y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas
No. 3 de la misma corporación del 24 de octubre de 2017, en el trámite
de la acción de tutela promovida por Carmen Elisa Forero de
Ayala contra la Administradora Colombiana de Pensiones y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá (T-6.502.266); (iv)
en primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia del 16 de agosto de 2017 y, en segunda instancia, por
la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la misma
corporación del 26 de octubre de 2017, en el trámite de la acción de tutela presentada
por Alberto
Romero Díaz contra el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad (T-6.502.330); (v) en primera instancia, por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 23 de octubre de 2017, en el
trámite de la acción de tutela instaurada por Luis Arnulfo
Quintero Torres contra el Juzgado Doce Laboral Municipal de Pequeñas Causas de
Bogotá y el Juzgado Treinta y Ocho Laboral, ambos de Bogotá y la Administradora
Colombiana de Pensiones (T-6.539.848); (vi) en primera instancia, por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 1 de noviembre de 2017, en
el trámite de la acción de tutela instaurada por Marfa
Nidia Díaz Ardila contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá (T-6.549.652); (vii) en primera instancia, por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 7 de noviembre de 2017, en
el trámite de la acción de tutela promovida por Gilberto Bandera Herrera
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
(T-6.549.668); (viii) en primera
instancia, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santa Marta del 6 de octubre de  2017
y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 17 de enero de 2018, en el trámite de la acción de tutela
presentada por Hernando Manuel Cervantes Sining
contra
el Juzgado
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta, el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de la misma ciudad y la Administradora Colombiana de
Pensiones (T-6.619.722); (ix) en
primera instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia del 24 de enero de 2018, en el trámite de la acción de tutela
promovida Álvaro
Cristancho Gómez contra el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá y la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad (T-6.638.748); (x) en primera instancia, por la Sala de Casación
Laboral de la misma corporación del 15 de noviembre de 2017 y, en segunda
instancia, por la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de
la misma corporación del 9 de febrero de 2018, en el trámite de
la acción de tutela presentada por Carmen Lavinia Rodríguez Mora
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y
la Administradora Colombiana de Pensiones (T-6.639.796) y (xi) en primera instancia, por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 1 de noviembre de 2017 y, en
segunda instancia, por la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas
No. 2 de la misma corporación del 8 de febrero de 2018, en el trámite de
la acción de tutela presentada por Manuel Eduardo Carrillo Huertas contra el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá y
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad (T-6.639.825).
Las acciones de tutela fueron
escogidas para revisión por las Salas de Selección números doce, uno y tres,
mediante autos del 15 de diciembre de 2017, del 26 de enero y 12 de marzo de 2018
y por presentar unidad de materia, se ordenó acumularlos entre sí para que
fueran fallados en una misma sentencia.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-6.438.828
Aclaración previa
Los señores Álvaro
Julio Rodríguez Prieto y María Elisenia Torres Olarte promovieron, por
separado, los procesos ordinarios laborales. Sin embargo, presentaron, en forma
conjunta, acción de tutela en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
Hechos, pretensiones
y argumentos
1. En
el primer caso, Álvaro
Julio Rodríguez Prieto señaló que el Seguro Social -hoy Administradora
Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones-, le reconoció la pensión por
vejez mediante Resolución No. 009801 del 28 de
mayo de 2003 de conformidad con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 12 del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
2. Dado que su cónyuge dependía económicamente de él,
el 11 y 27 de febrero de 2015, Álvaro Julio Rodríguez Prieto solicitó
a Colpensiones el ajuste del 14% en su pensión.
3.
Mediante Resolución No. 09801 del 3 de
septiembre de 2015, Colpensiones negó el incremento solicitado, bajo el
argumento según el cual dicho beneficio no se encuentra previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y, adicionalmente, porque el artículo 21 del Decreto
758 de 1990 se encuentra derogado.
4. La
cónyuge de Álvaro
Julio Rodríguez Prieto falleció el 29 de diciembre de 2015.
5. El 24
de julio de 2016 el señor Rodríguez Prieto presentó demanda ordinara laboral en contra de Colpensiones con el objeto de que le
fuera reconocido y pagado el incremento pensional por cónyuge a cargo.
6. El
Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en primera instancia, el 13 de
febrero de 2017, declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la
entidad demandada. Esta decisión fue confirmada en grado jurisdiccional de
consulta por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
el 22 de marzo siguiente.
7. En el segundo caso, la señora María
Elisenia Torres Olarte afirmó que el Seguro Social -hoy Colpensiones-, le
reconoció a su cónyuge, el señor Luis Humberto Sierra
Hurtado, la pensión por vejez, mediante
Resolución No. 001592 del 25 de enero de 2005 de conformidad con los artículos
36 de la Ley 100 y 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de
la misma anualidad.
8. En la medida en que ella dependía económicamente de
su cónyuge hasta el día de su deceso, él solicitó a Colpensiones, el 18 de
marzo de 2014, el ajuste del 14% en su pensión.
Ese mismo día,
Colpensiones le informó al apoderado del señor Sierra Hurtado la imposibilidad
de reconocer el incremento solicitado, por cuanto los incrementos pensionales
contemplados en el régimen pensional anterior a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, es decir, el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto
758 del mismo año, desaparecieron de la vida jurídica a partir del 1 de abril
de 1994, en primer lugar, por no hacer parte de las prestaciones económicas
reconocidas en el régimen pensional de la mencionada ley y, en segundo término,
por no estar incluidos en el artículo 36.
9. El 13 de enero de 2015, Luis Humberto Sierra Hurtado promovió
demanda ordinaria laboral en contra de la administradora de pensiones con el
propósito de obtener el reconocimiento y pago del mencionado incremento
pensional.
10. El
señor Sierra Hurtado falleció el 26 de marzo de
2016.
11. El
Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá, en primera instancia, el 27
de enero de 2017, accedió a lo pedido. Sin embrago, el Tribunal accionando, en
grado jurisdiccional de consulta, en decisión del 6 de abril siguiente, revocó
lo decidido.
12. Ante
dicha negativa, el 11 de julio de 2017, los señores Rodríguez Prieto
y Torres Olarte, a través de apoderado judicial, presentaron acción de tutela en
contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
con el objeto de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital y seguridad social los que, según afirman, les
fueron vulnerados por la autoridad judicial demandada al
proferir las decisiones adiadas el 22 de marzo y 6 de abril de 2017.
Solicitan que se tutelen los
derechos fundamentales invocados y, como consecuencia de ello, se
deje sin efectos las mencionadas providencias y en su lugar, se ordene emitir
nuevos pronunciamientos, “aplicando una sentencia respetuosa del contenido
constitucional disponiendo el derecho al 14%”.
Para los demandantes las
circunstancias que dieron origen a la reclamación de los incrementos existen
desde el reconocimiento pensional, sobre lo cual la entidad no presentó reparo
y tampoco alegó la prescripción por la vía administrativa. Aseguraron el desconocimiento
del precedente de la Corte Constitucional que ha puntualizado sobre la
imprescriptibilidad de los emolumentos pretendidos.
Decisión
judicial objeto de revisión
Primera
Instancia
En sentencia del
25 de julio de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia negó el amparo solicitado.
Consideró que
las razones de índole jurídica que sirvieron de pábulo a la Sala Laboral del tribunal
accionado para sustentar las resoluciones judiciales que se reprochan, al
margen de que se compartan o no, en todo caso distan de ser arbitrarias o
subjetivas, lo cual resulta suficiente para descartar la intervención pretendida.
Señaló que, en
estos casos, el juez plural tuvo por indiscutido el cumplimiento de los
requisitos previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, empero
consideró que el derecho reclamado estaba prescrito, tema que no ha tenido un
criterio pacífico en la Corte Constitucional.
En el caso del
señor Rodríguez
Prieto advirtió que el 14 de julio de 2003 fue notificado de la resolución que
le concedió el derecho pensional, fecha para la cual existía la convivencia y
dependencia económica de la pareja, sin embargo, el reclamo lo elevó hasta el
27 de febrero de 2015, cuando ya había vencido el término de 3 años que tenía
para exigir el pago de los incrementos.
En relación con
el asunto de la señora Torres Olarte destacó
que a su cónyuge se le notificó el acto que le concedió el derecho pensional el
16 de marzo de 2005 y solicitó el incremento del 14%, el 18 de marzo de 2014.
Así, transcurrieron más de 3 años desde aquella concesión lo que resulta suficiente
para revocar la sentencia de primer grado.
A juicio, de la
mencionada Sala, de ninguna manera esas disquisiciones jurídicas constituyen un
defecto sustantivo que implique la intervención del juez de tutela, pues la
determinación está cimentada en argumentos que distan de ser arbitrarios, por
lo que se concluye que no pudieron quebrantarse las garantías constitucionales
invocadas por la parte accionante.
El
fallo anterior, no fue impugnado por las partes.
Expediente T-6.491.559
Hechos,
pretensiones y argumentos
1. El
Seguro Social -hoy Colpensiones- le reconoció a Roberto Romero Caba pensión por
vejez mediante Resolución No. 002529 del 3 de agosto de 2001 de conformidad con
los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y el 12 del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
2. En
la medida en que su cónyuge dependía económicamente de él y tiene a su cargo a
un hijo en condiciones de discapacidad, Roberto Romero Caba
solicitó ante Colpensiones el reconocimiento de los incrementos del 14% y 7% en
los términos del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 de la misma anualidad.
3.
Colpensiones, mediante Resolución No. GNR 174751 del 8 de julio de 2013, negó
los incrementos solicitados al considerar que dichos aumentos no hacen parte de
los beneficios establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para el
régimen de transición. Esta decisión fue confirmada en las resoluciones No. GNR
124070 del 10 de abril de 2014 y VPB 24858 del 19 de diciembre de ese año, al
resolver los recursos de reposición y apelación interpuestos.
Posteriormente,
en Resolución No. GNR 119217 del 28 de abril de 2015, la entidad
administradora, negó una nueva solicitud de incremento pensional presentada por
el señor Romero Caba bajo los argumentos ya expuestos.
4. Por
lo anterior, el señor Romero Caba promovió demanda ordinaria laboral contra la administradora de pensiones con el fin de que le
reconociera los mencionados incrementos pensionales.
5. El
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, a quien le correspondió
el conocimiento del asunto, el 16 de enero de 2017, accedió a las pretensiones
de la demanda y en consecuencia condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago
de los incrementos solicitados, aun cuando declaró probada parcialmente la
excepción de prescripción propuesta por dicha entidad.
6.
Según el señor Romero Caba, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla al resolver la apelación presentada por la entidad
demandada -en la que se cuestionó sólo la condena en costas- en decisión del 3
de mayo de 2017, revocó la decisión del a quo y declaró probada la excepción de prescripción propuesta.
7. En vista de lo
anterior, el 26 de julio de 2017, el señor Romero Caba, a través de apoderado
judicial, promovió acción de tutela en contra de la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para
que sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, los que, a su juicio fueron vulnerados
por la autoridad judicial demandada con la decisión
proferida el 3 de mayo de 2017.
Solicita que se tutelen los derechos fundamentales invocados y,
como consecuencia de ello, se “revoque” el fallo referido y
en su lugar, se ordene proferir una nueva providencia “que se ocupe
estrictamente en lo que la parte vencida en primera instancia mostró su
inconformismo a través del recurso de apelación”.
Para
el señor Romero Caba, el tribunal accionado vulneró sus derechos fundamentales
porque se “extralimitó en el ejercicio de sus funciones (…)
pretermitiendo las reglas y fines del recurso de apelación [según los cuales este recurso] tiene por
objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con
los reparos concretos formulados por el apelante”.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
Primera
Instancia
En sentencia del
9 de agosto de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia negó el amparo solicitado. Consideró que el despacho judicial
entredicho al examinar la totalidad de la decisión de primera instancia en
grado jurisdiccional de consulta por haberse condenado a Colpensiones no actuó
de manera negligente, ni en su decisión olvidó cumplir con el deber de analizar
las realidades fácticas y jurídicas sometidas a su criterio.
Estimó que el tribunal
accionado en la decisión cuestionada consignó las razones que tuvo para revocar
la decisión de primera instancia y, en su lugar, absolver a la demandada del
reconocimiento y pago de los incrementos pensionales por personas a cargo, según
las cuales el término de prescripción consagrado en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, resulta aplicable a efectos de
extinguir el derecho solicitado cuando la reclamación se realiza pasados los
tres años del otorgamiento de la condición de pensionado, determinación que guarda
identidad con la posición expresada por esta Sala en sentencia proferida el 12
de diciembre de 2007, radicado 27923.
Señaló que tales
argumentos consultaron las reglas mínimas de razonabilidad jurídica y, sin
lugar a duda, obedecieron a la labor hermenéutica propia del juez, sin que sea
dable al accionante recurrir al uso de este mecanismo constitucional preferente
y sumario, como si se tratase de una tercera instancia.
Impugnación
El accionante, en desacuerdo con lo resuelto por el a quo, presentó
escrito de impugnación en el que reiteró las consideraciones expuestas en el
libelo introductorio.
Segunda
Instancia
En sentencia del
26 de octubre de 2017, la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas
No. 3 de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión proferida en primera
instancia.
La mencionada Sala señaló que la
solicitud de amparo se torna improcedente, en primer lugar, por cuanto el
demandante a través de la acción de tutela pretende censurar la actuación
desplegada por un funcionario judicial competente por fuera de los canales
dispuestos por el legislador y, en segundo término, porque el Constituyente no
le otorgó a este mecanismo constitucional el carácter de tercera instancia o de
medio de defensa alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios.
Expuso además que la corporación
demandada de manera clara y precisa señaló las razones por las cuales resultaba
aplicable el término de prescripción contenido en el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pues la reclamación administrativa
se realizó pasados tres años desde el momento en que la obligación pretendida
se hizo exigible, pese haberse acreditado el requisito de la dependencia
económica del cónyuge.
Finalmente, consideró que el
tribunal accionado no incurrió en una causal de procedencia de la acción de
tutela al haber desconocido precedentes jurisprudenciales relacionados con la
imprescriptibilidad en materia pensional, pues la Corte Constitucional para el
momento en que se profirió el fallo había precisado que no existía una línea
jurisprudencial consistente o uniforme alrededor de este tema y, por ende,
vinculante.
Si bien, la Corte Constitucional
profirió la Sentencia SU-310 de 2017, ello ocurrió con posterioridad al fallo
censurado, luego no es posible predicar que el tribunal demandado haya
incurrido en desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Expediente T-6.502.266
Hechos, pretensiones
y argumentos
1. El
Seguro Social -hoy Colpensiones- le reconoció a Carmen
Elisa Forero de Ayala pensión por vejez mediante Resolución No. 052850 del
29 de octubre de 2007 de conformidad con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993
y el 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
2. En
razón a que su cónyuge dependía económicamente, la señora Forero de Ayala, el 4
de diciembre de 2015, solicitó a Colpensiones el incremento del 14%.  El 11 de
diciembre del mismo año, la entidad respondió de forma negativa, con el
argumento de que los incrementos pensionales no se encuentran vigentes en el
ordenamiento jurídico.
3. El
14 de marzo de 2016, Carmen Elisa Forero de Ayala presentó demanda ordinaria
laboral contra la administradora de pensiones con el fin de que le reconociera el
incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo.
4. El
Juzgado Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, a quien le correspondió
el conocimiento del asunto, mediante sentencia del 9 de marzo de 2017, declaró
probada parcialmente la excepción de prescripción, demostrada la excepción de
inexistencia de intereses moratorios y condenó a Colpensiones a reconocer y
pagar a la accionante los incrementos pensionales del 14% en 14 mensualidades a
partir del “4 de diciembre de 2012” y hasta que se extingan las causas
que dieron origen a dicho incremento.
5.
Colpensiones presentó apelación con los argumentos según los cuales no se
encontró probada la dependencia económica y el derecho al incremento había
prescrito, ya que la demanda se presentó después de transcurridos tres años a
partir del reconocimiento de la pensión.
6. La
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
sentencia del 20 de junio de 2017, resolvió revocar la decisión de primera
instancia y, en su lugar, absolvió a Colpensiones al declarar probada la
excepción de prescripción bajo el argumento de que el derecho a los incrementos
pensionales es prescriptible.
7. Ante
la situación descrita, el 24 de agosto de 2017, Carmen Elisa Forero de Ayala, a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra de
Colpensiones y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, por considerar que las demandadas vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, seguridad social, mínimo vital, igualdad, favorabilidad,
salud, dignidad humana y protección a las personas de la tercera edad, al negar
el reconocimiento y pago del incremento del 14% por cónyuge a cargo.
Solicita que se tutelen los
derechos fundamentales invocados y, como consecuencia de ello, se revoque o se deje sin efectos la sentencia cuestionada y se
profiera una nueva en la que se ordene el reconocimiento del incremento
pensional del 14% por cónyuge a cargo.
Según la demandante, la decisión del 20
de junio de 2017, proferida por el tribunal accionado, desconoció el precedente
de la Corte Constitucional en el que prevalece el principio de favorabilidad,
la imprescriptibilidad en materia pensional y, por ende, del incremento
pensional, desarrollados en la sentencia de unificación SU-310 de 2017.
Aunado a lo anterior, adujo que existe
una violación directa a la Constitución, la cual se estructura cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política porque (i) se
deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, o porque
(ii) se aplica al margen de los dictados de la Constitución..
Decisiones
judiciales objeto de revisión
Primera
Instancia
En sentencia del 6 de septiembre de
2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo
solicitado. Consideró que la providencia censurada es el
resultado de una labor interpretativa que atiende a los criterios de
razonabilidad a la luz de la situación fáctica y a las normas y la
jurisprudencia aplicables, lo cual no puede ser catalogada de ilegal, “el
único evento en que procede la intervención del juez constitucional para
proteger derechos fundamentales es que estén siendo vulnerados por las partes,
en un determinado asunto judicial”.
Frente a la aplicación de los
precedentes jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional advirtió que,
por regla general, las decisiones proferidas por dicha corporación en sede de revisión
tienen efectos entre las partes.
Impugnación
La accionante inconforme con la
decisión de primera instancia presentó impugnación en la que reiteró los
argumentos expuestos en la demanda de tutela.
Segunda
Instancia
En sentencia del
24 de octubre de 2017, la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas
No. 3 de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión proferida en primera
instancia,
con
fundamento en que “no es posible concluir que las autoridades judiciales que
actuaron en desarrollo de los principios de independencia y autonomía propias
de la actividad jurisdiccional, incurrieron en un desconocimiento del
precedente constitucional, al tomar una decisión debidamente sustentada en una
hermenéutica del derecho positivo, con mayor razón cuando las providencias
judiciales cuestionadas siguen el precedente reiterado por la jurisdicción
ordinaria”.
Expediente T-6.502.330
Hechos, pretensiones
y Argumentos
1. El Seguro Social -hoy Colpensiones- le reconoció a
Alberto Romero Díaz pensión por vejez mediante Resolución No. 009202 del 13 de
marzo de 2005 de conformidad con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y el 12
del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
2. Ya
que su cónyuge dependía económicamente, el señor Romero Díaz, el 17 de
noviembre
de 2015 solicitó ante Colpensiones el reconocimiento y pago del incremento
pensional del 14%. Frente a tal requerimiento recibió respuesta negativa con
fundamento en que tal beneficio no se encontraba vigente.
3. Debido a ello,
a través de apoderado, instauró demanda ordinaria laboral contra Colpensiones,
a través de la cual solicitó el reconocimiento y pago del incremento pensional
del 14% por cónyuge a cargo, el retroactivo causado desde la fecha en que fue
reconocida la pensión de vejez, la respectiva indexación y la condena en costas
y agencias en derecho.
4. La demanda fue
asignada al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, el cual, a través de
fallo del 14 de septiembre de 2016, señaló que, si bien se configuraban los
requisitos para que el demandante fuera beneficiario del incremento, no había
lugar a reconocerlo dado que se configuró el fenómeno de prescripción.
5. Luego de la
respectiva impugnación presentada por el actor, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 1 de diciembre de
2016, confirmó la decisión de primera instancia al compartir los argumentos
esbozados en relación con la prescripción de la solicitud.
6. En consecuencia, el señor Romero Díaz, en nombre propio, el 1 de
agosto de 2017, presentó acción de tutela en contra del Juzgado Once Laboral
del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad, con el objeto de que le fueran protegidos sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo
vital, entre otros, los cuales estima vulnerados por las autoridades
demandadas, al negar el reconocimiento del incremento del 14% de su mesada
pensional por cónyuge a cargo, en el marco de un proceso ordinario laboral.
El
accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a
la seguridad social y al debido proceso, entre otros y, en consecuencia, se
dejen sin efectos las sentencias proferidas por las autoridades judiciales
demandadas dentro del proceso ordinario iniciado contra Colpensiones.
En
igual sentido, requiere que se ordene al Juzgado Once Laboral del Circuito de
Bogotá y a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de la misma
ciudad, dictar un nuevo fallo que se ajuste al precedente señalado por la Corte
Constitucional sobre el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, en
específico, las sentencias T-217 de 2013, T-369 de 2015 y SU-310 de 2017.
El señor Romero Díaz estimó que las
decisiones adoptadas en el proceso ordinario laboral no solo desconocen el
precedente constitucional sobre la materia, sino a su vez el artículo 48 de la
Carta que establece que la seguridad social es un derecho irrenunciable. De
igual forma, considera que hubo un trato diferente que no encuentra
justificación alguna por parte de los operadores judiciales, toda vez que a
otras personas en iguales circunstancias se les había reconocido el mencionado
incremento.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
Primera
Instancia
En decisión del 16 de agosto de 2017, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo
solicitado. Consideró que de conformidad con la jurisprudencia de la
corporación y del artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990 que regula la materia, el
incremento solicitado por el accionante no hace parte integrante de las
pensiones de invalidez o de vejez que reconoció el ISS. En igual sentido,
sostuvo que la prestación requerida prescribe dentro de los 3 años a su exigibilidad,
contada desde el momento en que se produce el reconocimiento de la pensión.
Bajo ese orden, indicó que la
determinación de declarar la prescripción por parte de los jueces demandados no
se advertía irrazonable, puesto que transcurrieron más de 11 años entre el
reconocimiento de la prestación y la solicitud del incremento. Por tanto,
concluyó que lo que pretendía el demandante era reabrir un debate que ya se
encontraba resuelto.
Impugnación
Inconforme con lo decidido, el actor
impugnó la decisión al estimar que el precedente aplicable para su caso era el
establecido por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional y no el
dictado por la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, afirmó que en esta oportunidad
existen 2 interpretaciones posibles en materia de prescripción del incremento
del 14% y se le está aplicando la menos favorable a sus intereses, situación
que, además de vulnerar sus derechos fundamentales, desconoce el artículo 53 de
la Constitución.
Segunda Instancia
En sentencia del
26 de octubre de 2017, la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas
No. 1 de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión proferida en primera
instancia,
bajo el argumento de que las providencias cuestionadas no se advierten
contrarias a los derechos fundamentales del actor, ya que únicamente dieron
aplicación a la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la corporación
en la que se ha establecido que los incrementos solicitados están sujetos a
prescripción, toda vez que no hacen parte de la pensión.
En este caso,
según afirmó la Sala, se aplicó también el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y la Seguridad Social, toda vez que transcurrieron 11 años entre la
solicitud y el momento en que se reconoció la pensión.
De otro lado,
señaló que el hecho de que la interpretación del órgano de cierre de la
jurisdicción laboral no coincida con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, no conlleva per se la vulneración de los derechos
fundamentales del actor. Esto, en virtud de los principios de independencia y
autonomía que rigen la labor judicial. También, sostuvo que las determinaciones
en sede de tutela producen efectos inter partes, por lo que no pueden
hacerse extensivos de manera general a todos los casos que guarden cierto grado
de similitud.
Expediente
T-6.539.848
Hechos, pretensiones
y argumentos
1.
Mediante Resolución No.103715 del 14 de marzo de 2011, el Seguro Social
-hoy Colpensiones-, le reconoció a Luis Arnulfo Quintero Torres la
pensión de vejez, bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la ley 100 de 1993 y en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 del mismo año.
2. El
20 de junio de 2013, el señor Quintero Torres solicitó ante Colpensiones el
reconocimiento del incremento del 14% por cónyuge a cargo en los términos del
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990.
3.
Debido al extravío de la referida solicitud, el 3 de agosto de 2016, el
accionante presentó una nueva ante la administradora de pensiones, que mediante
comunicación de la misma fecha, negó lo pretendido bajo la consideración según
la cual para el reconocimiento del incremento solicitado era necesario tener en
cuenta la fecha en que fue resuelta la prestación y ésta fue reconocida con
posterioridad al 1 de abril de 1994.
Ante la
negativa, en noviembre de 2016, el señor Luis Arnulfo Quintero Torres presentó
demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones con el fin de que le
reconociera el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo.
4. El
29 de marzo de 2017, el Juzgado Doce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Bogotá, a quien le correspondió el asunto por reparto, negó las pretensiones
del demandante, al encontrar probada la excepción de prescripción.
5. En
grado jurisdiccional de consulta, el 27 de junio de 2017, el Juzgado Treinta y
Ocho Laboral del Circuito de Oralidad de Bogotá confirmó la sentencia del 29 de
marzo de 2017 proferida por el Juzgado Doce Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Bogotá.
6. Ante
esta negativa, el 9 de octubre de 2017, Luis Arnulfo Quintero Torres, en nombre
propio, presentó acción de tutela en contra del Juzgado Doce Laboral Municipal
de Pequeñas Causas de Bogotá, el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de
la misma ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones, por
considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social, mínimo vital e igualdad, al proferir las sentencias de fecha
29 de marzo de 2017 y 27 de junio del mismo año, dentro del proceso ordinario
laboral.
El accionante solicita que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social, el mínimo
vital e igualdad y, en consecuencia, se ordene a las accionadas que revoquen
las sentencias y en su lugar, se le reconozca el incremento pensional del 14%
por cónyuge a cargo.
Señaló que las sentencias de fecha 29 de
marzo de 2017 y 27 de junio de la citada anualidad, desconocieron el precedente
de la Corte Constitucional desarrollado en la sentencia de unificación SU-310 de
2017, que definió que el derecho al incremento pensional del 14% era
imprescriptible.
Decisión
judicial objeto de revisión
Primera
Instancia
En sentencia del
23 de octubre de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, declaró improcedente la acción de tutela, al no advertir
que “el Juzgador de Pequeñas Causas como el que conoció en consulta su
decisión - Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá - hayan incurrido en
graves falencias, de relevancia constitucional, que hagan procedente el amparo
deprecado, ni mucho menos Colpensiones entidad que únicamente en el presente
asunto se encontraba sujeta a lo que fuere dispuesto por la jurisdicción”.
Agregó que las situaciones fácticas que sirvieron de sustento en la presente acción
no fueron mencionadas en la demanda ordinaria, por lo que, en su parecer, la
acción de tutela está siendo utilizada para superar las deficiencias
probatorias en que incurrieron en el trámite ordinario.
El fallo anterior, no fue impugnado por
las partes.
Expediente T-6.549.652
Hechos, pretensiones
y argumentos
1. Mediante
Resolución No. 003458 del 1 de marzo de 2001, el Seguro Social
-hoy Colpensiones, le reconoció a Marfa Nidia Díaz Ardila la pensión
de vejez, bajo el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley
100 de 1993 y en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto
758 del mismo año.
2. En
consideración, a que su cónyuge dependía económicamente, la señora Díaz Ardila,
el 24 de septiembre de 2015, solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago
del incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, siendo esta negada
mediante comunicación de la misma fecha bajo la consideración según la cual el
aumento solicitado no puede concederse a los beneficiarios del régimen de
transición, toda vez que los artículos 34 y  40 de la Ley 100 de 1993 que
regularon lo atinente a los montos que deben integrar las pensiones de vejez e
invalidez respectivamente, nada dispusieron respecto a los incrementos que
consagraba la legislación anterior.
3. Por
lo anterior, la señora Marfa Nidia Díaz, a través de apoderado, presentó
demanda ordinaria laboral en contra de Colpensiones con el fin de que le
reconociera el incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo.
4. El 14
de diciembre de 2016, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, a quien
le correspondió el asunto por reparto, accedió a las pretensiones de la
demandante.
5. En
segunda instancia, por apelación que presentara Colpensiones, la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 16 de marzo de 2017,
revocó la sentencia del 14 de diciembre de 2016 proferida por el Juez Cuarto
Laboral del Circuito de Bogotá, bajo el argumento de que el incremento del 14%
no hace parte de la pensión – por lo que su exigibilidad es a partir que se
reconoce la última – y comoquiera que la prestación fue otorgada a la
accionante mediante acto administrativo de marzo de 2001 y la reclamación
administrativa tuvo lugar el 24 de septiembre de 2015, operó la prescripción
prevista en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
6. Por
la situación descrita, el 18 de octubre de 2017, la señora Marfa
Nidia Díaz, en nombre propio, presentó acción de tutela en contra de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por considerar
que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social,
mínimo vital e igualdad, al proferir la sentencia de fecha 16 de marzo de 2017
dentro del proceso ordinario laboral.
La accionante
solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, el mínimo
vital e igualdad y, en consecuencia, se ordene a la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá que profiera una nueva sentencia
dentro del proceso ordinario laboral 2016-00292.
Señaló que la
decisión del 16 de marzo de 2017, proferida por la accionada, desconoció el
precedente de la Corte Constitucional en el que prevalece el principio de
favorabilidad, la imprescriptibilidad en materia pensional y, por ende, del
incremento pensional, desarrollados en la sentencia de unificación SU-310 de
2017.
Decisión
judicial objeto de revisión
Primera
instancia
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
mediante sentencia del 1 de noviembre de 2017, negó el amparo deprecado, al
concluir que “la providencia que se ataca por esta vía, a juicio de esta
Corporación, no es arbitraria o caprichosa, ni está desprovista de sustento
jurídico. Por el contrario, se apoya en un adecuado análisis de la situación
fáctica y jurídica sometida al escrutinio del Juzgado accionado, lo que impide
al juez de tutela interferirla”. En otras palabras, señaló que comparta o
no la postura de la accionada, la decisión acusada es razonada y no se advierte
en ella desviaciones protuberantes que le permitan al juez constitucional
entrar a controvertirlas.
El fallo anterior, no fue impugnado por
las partes.
Expediente
T-6.549.668
Hechos, pretensiones
y argumentos
1. El
Seguro Social -hoy Colpensiones- le reconoció a Gilberto Bandera
Herrera pensión
por vejez mediante Resolución No. 00299 del 30 de enero de 2001 de
conformidad con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y el 12 del Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
2. Dado
que su cónyuge dependía económicamente, el señor Bandera Herrera, el 27 de
agosto de 2014, solicitó a la administradora de pensiones el reajuste del 14%
en su pensión. En comunicación 2014-7043027-2208685 de la citada fecha, le fue
negado lo pretendido con fundamento en que tal beneficio no se encuentra
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que el artículo 21 del
Decreto 758 de 1990 se encuentra derogado.
3. Ante
dicha negativa, el señor Bandera Herrera inició un proceso ordinario laboral
contra Colpensiones.
4. El
30 de marzo de 2017, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Barranquilla,
declaró probada la excepción de prescripción del derecho al considerar que los
incrementos pensionales no hacen parte de la pensión. De ahí que, no gozan de
imprescriptibilidad y deben reclamarse en los tres años posteriores a que se
reconoce la pensión, de acuerdo con el Código Procesal del Trabajo y la
Seguridad Social.
5.
Apelada dicha decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, en sentencia del 29 de agosto de 2017, confirmó la
decisión de primera instancia con los mismos argumentos expuestos.
6.
Inconforme con esta negativa, el 18 de octubre de 2017, Gilberto Bandera Herrera,
mediante apoderado judicial presentó acción de tutela en contra de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por
considerar que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia, entre otros, al proferir la sentencia de fecha
29 de agosto de 2017, dentro del proceso ordinario laboral.
Solicita que se tutelen los
derechos fundamentales invocados y, como consecuencia de ello, se deje sin efectos la decisión proferida por la autoridad
judicial accionada el 29 de agosto de 2017 y en su lugar, se ordene proferir
una nueva providencia en la que se tengan en cuenta las sentencias STP-89543
C.S.J, T-217 de 2013, T-369 de 2015 y SU-310 de 2017.
El señor Bandera Herrera estimó
que las decisiones adoptadas en el proceso ordinario laboral desconocen el
precedente constitucional sobre la materia, específicamente, la Sentencia SU-
310 de 2017.
Decisión
judicial objeto de revisión
Primera
Instancia
En sentencia del
7 de noviembre de 2017, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia negó el amparo solicitado. Consideró que la sentencia atacada no se
vislumbra arbitraria o caprichosa.
Advirtió la
mencionada Sala que si bien al demandante le asistió el derecho al incremento
pensional del 14% por cónyuge a cargo, por cuanto le fue reconocida la pensión
de vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990, lo cierto es que dicho emolumento
se vio afectado con el fenómeno de la prescripción, en la medida en que el
artículo 22 ibídem señaló expresamente la naturaleza de dicha
prerrogativa, para lo cual sostuvo que aquella no forma parte integrante de la
pensión, razón por la cual es susceptible del medio extintivo mencionado.
En el caso
específico, señaló que el derecho pensional se causó a partir del 28 de febrero
de 2001, fecha en la que “comenzó a correr el término trienal de
prescripción, por lo que contaba con tres años siguientes a dicha fecha para
acudir a la jurisdicción ordinaria, en pro del reconocimiento de la prestación”;
pero optó por formular la misma el 27 de agosto de 2014, momento en el que
había concluido dicho lapso.
El fallo anterior, no fue impugnado por
las partes.
Expediente T-6.619.722
Hechos, pretensiones y argumentos
1. El
Seguro Social -hoy Colpensiones- le reconoció a Hernando
Manuel Cervantes Sining pensión por vejez mediante Resolución No.
04680 del 16 de septiembre de 2004 de conformidad con los artículos 36 de la
Ley 100 de 1993 y el 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758
del mismo año.
2. En
la medida en que su cónyuge dependía económicamente, el señor Cervantes Sining,
el 23 de noviembre de 2012 y 9 de octubre de 2014, solicitó a la administradora
de pensiones el reajuste del 14% en su pensión. Dichas peticiones fueron
resultas de manera negativa, mediante resoluciones No. 092061 del 11 de mayo de
2013 y No.7583 del 17 de enero de 2015 con los argumentos según los cuales el
incremento había prescrito y no hace parte de los beneficios establecidos por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para el régimen de transición y que el
artículo 21 del Decreto 758 de 1990 se encuentra derogado.
3. Como
no se accedió a lo pedido, el señor Cervantes Sining inició el 12
de abril de 2016 un proceso ordinario laboral contra Colpensiones con
el fin de que le reconociera dicho incremento pensional.
4. El 5 de abril
de 2017, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta, a
quien le correspondió el asunto por reparto, accedió a las pretensiones del
demandante, y dado que la decisión resultó totalmente adversa a Colpensiones,
ordenó que se agotara el grado jurisdiccional de consulta ante el superior
funcional del despacho.
5. En grado de
consulta, el 5 de julio de 2017, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Santa Marta, revocó la sentencia del 5 de abril de 2017 proferida por el Juzgado
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de la misma ciudad, bajo la tesis según
la cual el incremento pensional no hace parte integral de la pensión, y por
ende, el tratamiento que debe recibir es el de una acreencia laboral. En
consecuencia, habida cuenta que el artículo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo prevé el término máximo de tres años para iniciar las acciones
laborales a partir del momento que se hizo exigible la obligación, y que en el
caso transcurrieron más de once años desde el reconocimiento de la pensión sin
que se efectuara la solicitud de dicha prestación, la misma se encuentra
prescrita de manera total.
6. Disconforme con
lo decidido, el 29 de septiembre de 2017, Hernando Manuel
Cervantes Sining, mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Santa Marta, el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad y la
Administradora Colombiana de Pensiones por considerar
que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital e
igualdad.
El accionante solicita que se amparen
los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene al Juez
Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta que emita una nueva providencia en
el grado jurisdiccional de consulta dentro del proceso ordinario laboral.
Señaló que la decisión del 5 de julio de
2017 desconoció el precedente de la Corte Constitucional desarrollado en la
sentencia de unificación SU-310 de 2017, que definió que el derecho al
incremento pensional del 14% era imprescriptible.
Decisión
judicial objeto de revisión
Primera
Instancia
La Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Santa Marta, mediante sentencia del 6 de octubre de
2017, negó el amparo deprecado, al concluir que “si bien es cierto que la
Corte Constitucional en sentencia del 18 de junio de 2015 Rad.T-369 de 2015 y
en sentencia SU 310 del 10 de mayo de 2017, concluyó que estos incrementos del
14% por cónyuge o [compañero]  permanente a cargo no prescriben, también lo es
que el criterio de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es que los
incrementos del 14% pueden cobijarse con el fenómeno jurídico de la
prescripción”. En otras palabras, señaló que la decisión acusada se ajustó
al criterio del máximo tribunal de la justicia ordinaria y por tanto, no se
advirtió una vía de hecho que llevara al operador judicial constitucional a
conceder las súplicas.
Impugnación
Inconforme con lo resuelto, el actor
impugnó la decisión, insistiendo en el carácter de obligatorio cumplimiento de
que gozan las sentencias de unificación de la Corte Constitucional, y en
efecto, la SU-310 de 2017.
Segunda Instancia
Mediante sentencia del 17 de enero de
2018, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió la
impugnación presentada por el señor Hernando Manuel Cervantes Sining, y
confirmó el fallo de primera instancia, con fundamento en los mismos argumentos
argüidos por el a quo.
Expediente T-6.638.748
Hechos, pretensiones
y argumentos
1. El
Seguro Social -hoy Colpensiones- le reconoció a Álvaro
Cristancho Gómez pensión por vejez mediante Resolución No.019040 del
27 de septiembre de 1999 de conformidad con los artículos 36 de la Ley 100 de
1993 y el 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
2. En vista de que
su cónyuge dependía económicamente, el 6 de octubre de 2009, el señor
Cristancho Gómez elevó solicitud ante la administradora de pensiones, a fin de
que le fuera reconocido el incremento del 14%. Sin embargo, mediante Resolución
No. 015505 del 26 de mayo de 2010, se negó tal requerimiento. En consecuencia,
el actor instauró demanda ordinaria laboral contra Colpensiones.
3. El Juzgado Once
Laboral del Circuito de Bogotá, a quien le correspondió por reparto el asunto, en
sentencia del 22 de junio de 2017, declaró probada la excepción de prescripción
propuesta por la entidad demandada, toda vez que, a su juicio, habían
transcurrido más de 3 años entre el momento en que se concedió la pensión y la
fecha en que se reclamó el incremento.
4. El actor
presentó recurso de apelación el que correspondió resolver a la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Así, en fallo del 19 de
septiembre de 2017, dicha corporación confirmó lo resuelto en primera
instancia.
5. Ante esta negativa, el 11 de enero de 2018,
Álvaro Cristancho Gómez, mediante apoderado judicial,
presentó acción de tutela en contra del
Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, por considerar que
vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y
al debido proceso, al decidir no reconocerle el incremento al que cree tener
derecho.
El accionante solicita el amparo de los
derechos fundamentales invocados.
Para el señor Cristancho Gómez
las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución, al pasar por
alto lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-310 de 2017 que
reconoce la imprescriptibilidad de los incrementos solicitados y en su lugar,
aplicar la interpretación acogida por la Corte Suprema de Justicia, la cual
resulta menos favorable para sus intereses, contrariando a su vez el principio in
dubio pro operario.
Decisión
judicial objeto de revisión
Primera Instancia
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de fallo del
24 de enero de 2018, resolvió negar el amparo solicitado al considerar que, si
bien al actor se le reconoció la pensión de vejez bajo los términos del Acuerdo
049 de 1990, lo cierto es que el derecho al incremento del 14% por cónyuge a
cargo se vio afectado por el fenómeno de la prescripción, puesto que dicha
prerrogativa no forma parte integrante de la pensión.
De
otro lado, advirtió que entre el reconocimiento de la pensión y la reclamación
administrativa que ocurrió en el 2009, transcurrió el término trienal que
señalan los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código
Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.
Aunado
a ello, sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la
materia no ha sido pacífica, por cuanto existen sentencias que respaldan la
imprescriptibilidad del derecho, mientras que otras reconocen que tales
incrementos se veían afectados por la mencionada situación.
El fallo anterior, no fue impugnado por
las partes.
Expediente T-6.639.796
Hechos,
pretensiones y argumentos
1. El Seguro
Social -hoy Colpensiones- le reconoció a Carmen Lavinia Rodríguez Molina
pensión por vejez mediante Resolución No. 024975 del 25 de agosto de 2004 de
conformidad con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y el 12 del Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
2. En
vista de la dependencia económica del cónyuge, la señora Rodríguez Molina, el
12 de febrero de 2016, presentó ante la administradora de pensiones una
petición a fin de que le fuera reconocido el incremento del 14%. Mediante
Resolución No. GNR 77309 del 14 de marzo de ese año, la entidad resolvió negar
la solicitud al considerar que los incrementos pensionales consagrados en el
artículo 21 del Decreto 758 de 1990, desaparecieron de la vida jurídica a
partir del 1 de abril de 1994, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
y adicionalmente no se encuentran contemplados entre los derechos, que por
excepción, señala el artículo 36 de la misma disposición legal.
3. Por tal motivo,
el 18 de marzo de 2016, la accionante instauró una demanda ordinaria laboral en
contra de la entidad, la que por reparto correspondió al Juzgado Treinta y
Cinco Laboral del Circuito de Bogotá. Así, a través de fallo del 19 de octubre
de 2016, dicha autoridad condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago del
incremento del 14% y los respectivos reajustes legales.
4. Ambas partes presentaron
recurso de apelación y, el 7 de marzo de 2017, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá resolvió revocar la sentencia de
primera instancia, bajo el argumento de que se encontraba probada la excepción
de prescripción, motivo por el cual se absolvió a Colpensiones de reconocer el
incremento solicitado.
5. En consecuencia, el 2 de noviembre de 2017, Carmen Lavinia Rodríguez Molina, en nombre propio, presentó
acción de tutela en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y la Administradora Colombiana de Pensiones por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad
social y al debido proceso, entre otros, al igual que los principios de
favorabilidad e irrenunciabilidad.
La
accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a
la seguridad social y al debido proceso, entre otros y, en consecuencia, se
revoque el fallo dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y se ordene a Colpensiones proceder al
reconocimiento y pago del incremento del 14% por cónyuge a cargo, a partir del
29 de noviembre de 2002, según lo señalado en el artículo 21 del Decreto 758 de
1990.
De
igual forma, requiere que se ordene a Colpensiones el pago de los intereses
moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 29
de noviembre de 2002, hasta el momento en que se verifique el pago del señalado
incremento.
La
demandante considera que la negativa a concederle el reconocimiento y
pago del incremento del 14% por cónyuge a cargo desconoce los principios de
favorabilidad e irrenunciabilidad según lo ha dispuesto la jurisprudencia.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
Primera
Instancia
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de fallo del
15 de noviembre de 2017, resolvió negar el amparo solicitado, al considerar que
la decisión atacada no se advierte arbitraria o caprichosa. Por el contrario, a
su juicio, la autoridad actuó en el marco de la autonomía e independencia
otorgada por la Constitución y la ley.
Lo
anterior, toda vez que si bien la pensión de vejez en este caso fue reconocida
bajo los términos del Acuerdo 049 de 1990, el incremento solicitado no hace
parte de dicha prestación por lo que se ve afectada por la figura de la
prescripción. La cual se presenta en este caso, debido al tiempo transcurrido
entre el reconocimiento de la pensión y la solicitud del incremento.
Impugnación
La
accionante impugnó la anterior decisión, bajo el argumento de que, tanto los
fallos del proceso ordinario como el de primera instancia de tutela, desconocen
lo reiterado por la Corte Constitucional, que a través de sus pronunciamientos
incluso anteriores a la fecha en que inició el proceso ordinario, sostiene que
el incremento del 14% no es prescriptible. En consecuencia, citó distintas
sentencias del Tribunal, que reconocen el derecho reclamado.
Segunda
instancia
La Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Corte
Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de febrero de 2018, confirmó el fallo
impugnado acogiendo los argumentos esbozados por el juez de primera instancia.
Además, señaló que la naturaleza de la acción de tutela no le permite
convertirse en una instancia adicional del proceso ordinario.
Expediente
T-6.639.825
Hechos,
pretensiones y argumentos
1. El Seguro
Social -hoy Colpensiones- le reconoció a Manuel Eduardo Carrillo Huertas
pensión por vejez mediante Resolución No. 035614 del 30 de agosto de 2006 de
conformidad con los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y el 12 del Acuerdo 049
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
2. Dada la
dependencia económica del cónyuge, el señor Carrillo Huertas, presentó ante la
entidad administradora una petición a fin de que le fuera reconocido el
incremento del 14% de la pensión. Solicitud que fue resuelta de manera
desfavorable a través de la Resolución No. 66776 del 9 de marzo de 2015. Como
no accedió a lo pretendido, el 11 de septiembre del citado año, presentó
demanda ordinaria laboral contra Colpensiones.
3. Por reparto le
correspondió al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, el cual, el 27 de
enero de 2017, declaró probada la excepción de prescripción, absolvió a la
entidad administradora y ordenó surtir el grado jurisdiccional de consulta ante
el superior funcional del despacho.
4. En grado de
consulta, el 13 de junio de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá resolvió confirmar la sentencia proferida por el
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá bajo los argumentos expuestos.
5. En consecuencia, el 23 de octubre de 2017, Manuel Eduardo Carrillo Huertas, mediante apoderado judicial,
presentó acción de tutela en contra del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de
Bogotá y
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y a la igualdad, entre otros, al negar el incremento del
14% de su pensión.
El
accionante solicita el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, se deje sin efectos las providencias proferidas el 27 de enero y
el 13 de junio de 2017 por las autoridades judiciales accionadas y en
su lugar, se ordene emitir nuevos pronunciamientos.
Para el señor Carrillo Huertas, las
sentencias anteriores, desconocieron el derecho que le asiste al incremento de
la pensión en un 14% por la dependencia económica de cónyuge, conforme a lo
establecido en el Acuerdo 049 de 1990 y aprobado por el Decreto 758 del mismo
año. Asegura que es un sujeto de especial protección, pues tiene 73 años y su
único sustento es la mesada pensional.
Decisiones
judiciales objeto de revisión
Primera
Instancia
La Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante sentencia del 1 de noviembre de
2017, resolvió negar el amparo al considerar que las providencias atacadas se
apoyaron en un análisis adecuado de la situación fáctica, jurídica y de la
normatividad aplicable al caso y con sustento en la jurisprudencia sobre el
particular, lo que impide la intervención del juez constitucional, pues de
hacerlo sobrepasaría la órbita de su competencia.
Advirtió el
fallador que la figura de la prescripción operó en su totalidad, como quiera
que la pensión de vejez fue reconocida mediante Resolución 035614 de 2006,
notificada el 15 de noviembre del mismo año, por lo que al transcurrir más de
los 3 años de que tratan los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del
Trabajo, entre las fechas del reconocimiento pensional y la reclamación
administrativa, operó el fenómeno prescriptivo.
Con relación a
la vulneración del derecho a la igualdad, agregó que “en el plenario no
existe prueba alguna de la conculcación alegada, pues no obra en autos ningún
medio de convicción que permita inferir que al accionante se le haya impartido
un trato discriminatorio. No es suficiente la simple manifestación del actor de
la vulneración o amenaza de un derecho fundamental para acceder al amparo, sino
que es necesario que la irregularidad se encuentre establecida”.
Impugnación
El accionante
presentó impugnación al considerar que la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia desconoció los argumentos presentados en el escrito de la
acción de tutela y la prueba documental aportada al mismo. Adicionalmente,
aseguró que es preciso recordar que a pesar de que han existido dos
interpretaciones de la Corte Constitucional frente al tema, “es la misma
Corporación la que ha indicado que se debe aplicar aquella que resulte más
favorable a los intereses de los trabajadores, es decir aquella según la cual
los incrementos de que trata el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990 no
prescriben”.
Segunda
Instancia
Mediante
sentencia del 8 de febrero de 2018, la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión
de Tutelas No. 2 de la Corte Suprema de Justicia, confirmó el fallo de primera
instancia con fundamento en que si el accionante consideraba que en el proceso
ordinario laboral resultaba aplicable el precedente de la Corte Constitucional
relativo a los incrementos de que trata el artículo 22 del Acuerdo 049 de 1990
debió presentar el recurso de apelación contra la sentencia del 27 de enero de
2017 proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá para que frente
a estos planteamientos, la Sala accionada hubiera tenido la oportunidad de
pronunciarse, pero no lo hizo.
II. PRUEBAS
SOLICITADAS Y DECRETADAS EN EL TRÁMITE DE REVISIÓN
1. El Magistrado
Sustanciador, una vez efectuó el estudio de los casos, consideró necesario
recaudar algunas pruebas, con el fin de verificar los supuestos de hecho que
originaron las acciones de tutela de la referencia. De ahí que, el 25 de mayo
de 2018, profirió un auto en los siguientes términos:
“PRIMERO. SOLICITAR, por
conducto de Secretaría General de esta Corporación, a
COLPENSIONES, que
en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del
presente auto, remita copia simple de las resoluciones mediante las cuales
se reconoció la pensión de vejez de los accionantes: i) María Elisenia Torres,
identificada con cédula de ciudadanía No. 30.203.428 (Exp. T-6.438.828); Álvaro
Julio Rodríguez Prieto, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.064.643
(Exp. T-6.438.828); Roberto Romero Caba, identificado con cédula de ciudadanía
No. 3.703.877 (Exp. T-6.491.559); Alberto Romero Díaz, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.160.321 (Exp. T-6.502.330); Marfa Nidia Díaz
Ardila, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.404.915 (Exp.T-6.549.652);
Gilberto Bandera Herrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 875.664 (Exp.
T-6.549.668).
SEGUNDO.
SOLICITAR, por conducto de Secretaría General de esta
Corporación, al Juzgado Doce Laboral Municipal de Pequeñas
Causas de Bogotá, que
en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del
presente auto, envíe copia del fallo de única instancia proferido el 29 de
marzo de 2017 en el marco del expediente No. No. 110014105012201600117001,
promovido por el señor Luis Arnulfo Quintero, la cual puede ser allegada de
manera física, en medio magnético o remitida al correo electrónico: secretaria1@corteconstitucional.gov.co
TERCERO.
SOLICITAR,
por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, al Juzgado 38
Laboral del Circuito de Oralidad de Bogotá, que dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la notificación del presente auto, envíe copia del
pronunciamiento en sede de consulta proferido el 27 de junio de 2017, en el
marco del proceso ordinario laboral No. 110014105012201600117001, promovido por
el señor Luis Arnulfo Quintero, la cual puede ser allegada de manera física, en
medio magnético o remitida al correo electrónico: secretaria1@corteconstitucional.gov.co
CUARTO.
SOLICITAR, por conducto de Secretaría General de esta
Corporación, al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de
Barranquilla, que
en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del
presente auto, envíe copia del fallo de primera instancia proferido el 30 de
marzo de 2017 en el marco del proceso ordinario laboral No.
08001-31-05-008-2016-00468-00, promovido por el señor Gilberto Bandera Herrera,
la cual puede ser allegada de manera física, en medio magnético o remitida al
correo electrónico: secretaria1@corteconstitucional.gov.co
QUINTO.
SOLICITAR, por conducto de
Secretaría General de esta Corporación, a la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que en el
término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente
auto, envíe copia del fallo de segunda instancia proferido el 29 de agosto de
2017, en el marco del proceso ordinario laboral No.
08001-31-05-008-2016-00468-00, promovido por el señor Gilberto Bandera
Herrera,la cual puede ser allegada de manera física, en medio magnético o
remitida al correo electrónico: secretaria1@corteconstitucional.gov.co
SEXTO.
SOLICITAR, por conducto de Secretaría General de esta
Corporación, al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, que en el
término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente
auto, envíe copia del fallo de primera instancia proferido el 27 de enero de
2017 en el marco del proceso ordinario laboral No. 11001310500320150072201,
promovido por el señor Manuel Eduardo Carrillo Huertas, la cual puede ser
allegada de manera física, en medio magnético o remitida al correo electrónico:
secretaria1@corteconstitucional.gov.co.
SÉPTIMO.
SOLICITAR,
por
conducto de Secretaría General de esta Corporación, a la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que en el término de tres (3) días
hábiles siguientes a la notificación del presente auto, envíe copia del fallo
de segunda instancia proferido el 13 de junio de 2017, en el marco del proceso
ordinario laboral No. 11001310500320150072201, promovido por el señor Manuel
Eduardo Carrillo Huertas, la cual puede ser allegada de manera física, en medio
magnético o remitida al correo electrónico: secretaria1@corteconstitucional.gov.co.”
2. Posteriormente,
la Sala Quinta de Revisión, mediante proveído del 27 de junio del corriente
año, resolvió con fundamento en el artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 “Por
medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”,
suspender los términos del proceso de la referencia por el término de tres (3)
meses.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias
proferidas dentro de los procesos de la referencia con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Asuntos
objeto de análisis
Como en el
presente caso, los señores Álvaro Julio Rodríguez Prieto y María Elisenia Torres Olarte;
Carmen Elisa Forero de Ayala; Alberto
Romero Díaz; Luis Arnulfo Quintero Torres; Marfa Nidia Díaz Ardila; Gilberto
Bandera Herrera; Hernando Manuel Cervantes Sining; Álvaro Cristancho Gómez; Carmen
Lavinia Rodríguez Mora y Manuel Eduardo Carrillo Huertas, pensionados
del Seguro Social -hoy Colpensiones- bajo el régimen previsto en el Acuerdo 049
de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año,
cuestionan las providencias judiciales proferidas en el
marco de procesos laborales que negaron el reconocimiento y pago de los
incrementos pensionales previstos en el artículo 21 del
mencionado decreto, la Sala se referirá, en primer lugar, sobre los requisitos
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales y, en segundo término, analizará si estos se cumplen para entrar a
resolver la cuestión de fondo.
Diferente cuestionamiento
se plantea en la acción de tutela promovida por el señor Roberto Romero Caba,
en la que se discute si la sentencia proferida en segunda instancia en el marco de un
proceso ordinario laboral desconoce el principio de consonancia y, por ende, se
configura en un defecto sustantivo.
3. Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
jurisprudencial
De conformidad con el artículo 86
Superior, es posible acudir a la acción de tutela para obtener la protección
inmediata de los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Sin embargo, para esta Corporación, el mecanismo de protección
constitucional contra providencias judiciales procede de manera excepcional.
Como podrían verse comprometidos los
principios de autonomía judicial y seguridad jurídica por la revisión por vía
de tutela de sentencias judiciales con el fin de salvaguardarlos, la Corte ha
sostenido que la acción tutelar solo procede cuando se cumplen estrictos
requisitos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional.
Precisamente, en la Sentencia C-590 de
2005, esta Corporación puntualizó que la tutela procedería contra providencias
judiciales ejecutoriadas, siempre y cuando se cumpliera, por una parte, con unos
requisitos formales y se demostrara por otra, la configuración de al menos una
de las causales específicas de procedibilidad de esta acción constitucional.
En este
contexto, el juez constitucional cuando analiza la procedencia de la acción de
tutela, debe verificar que se cumplan los requisitos formales, los cuales son presupuestos
generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias
judiciales: (i) que el asunto tenga relevancia constitucional[1];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir a la solicitud de amparo[2]; (iii)
que la solicitud de amparo cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo
con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de
tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que
el accionante identifique, de forma razonable, los hechos que causan la
violación y que esta haya sido alegada dentro del proceso judicial, en caso de
haber sido posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[3].
Además de la
constatación de los requisitos generales, para que proceda la acción
constitucional contra una sentencia o una
providencia judicial
es necesario acreditar la existencia de alguna o algunas de las causales
específicas de procedibilidad ampliamente elaboradas por la jurisprudencia constitucional[4],
a saber:
(i)
Defecto
orgánico:
tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de
manera absoluta, de competencia para ello.
(ii)
Defecto
procedimental absoluto: se presenta cuando el funcionario judicial se aparta
por completo del procedimiento legalmente establecido[5].
(iii)
Defecto
fáctico:
se genera debido a una actuación del juez sin el apoyo probatorio que permita
aplicar el supuesto legal que fundamenta la decisión[6].
(iv)
Defecto
material o sustantivo: tiene lugar cuando existe una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y
aplicación de las normas jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez, o
cuando se presenta una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión,
o por desconocimiento del precedente judicial en materia constitucional[7].
(v)
Error
inducido:
también conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la administración de justicia o por ausencia de colaboración
entre los órganos del poder público[8].
(vi)
Decisión
sin motivación:
tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde
reposa la legitimidad de sus providencias[9].
(vii)
Desconocimiento
del precedente: se
origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance
dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[10].
(viii)
Violación
directa de la Constitución: se presenta cuando el juez le da un alcance a una
disposición normativa abiertamente contrario a la Constitución[11].
Bajo esta línea
de orientación,
siempre que confluyan los requisitos generales y, por lo menos, se configure
una de las causales específicas de procedibilidad contra providencias
judiciales, es procedente promover la acción de tutela como mecanismo
excepcional por vulneración del derecho fundamental al debido proceso[12].
A continuación, en el presente
caso, la Sala verificará el cumplimiento de los requisitos generales para la
procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial.
Legitimación por activa
El artículo 86 de la Constitución
Política reconoce el derecho de toda persona de reclamar, por sí misma o por
quien actúe en su nombre, mediante la acción constitucional la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados.
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
hace referencia a la legitimidad para el ejercicio de la acción de tutela y
señala que ésta puede ser ejercida: a nombre propio; a través de un
representante legal; mediante apoderado judicial, o por medio de un agente
oficioso. Según el inciso final de esta norma, pueden promover también la
solicitud de amparo el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
En el presente caso, los accionantes Alberto Romero Díaz (T-6.502.330); Luis Arnulfo Quintero (T-6.539.848); Marfa Nidia Díaz Ardila (T-6.549.652)
y Carmen Lavinia Rodríguez (T-6.639.796) acudieron a la acción de tutela
directamente y los demandantes Álvaro Julio Rodríguez Prieto y María Elisenia Torres Olarte (T-6.438.828); Roberto Romero Caba (T-6.491.559); Carmen Elisa Forero de Ayala (T-6.502.266); Gilberto Bandera Herrera (T-6.549.668); Hernando
Manuel Cervantes Sining (T-6.619.722); Álvaro Cristancho Gómez (T-6.638.748) y
Manuel Eduardo Carrillo Huertas (T-6.639.825) a través de apoderados judiciales,
con un interés directo y particular en reclamar la protección de sus derechos
fundamentales, luego la Sala encuentra que se encuentran legitimados para el
efecto.
Legitimación por pasiva
Los artículos 86 de la Constitución
Política y 1º del Decreto 2591 de 1991 establecen que la acción de tutela
procede contra cualquier autoridad pública e incluso contra particulares que
por su acción y omisión amenace o dañe derechos fundamentales.
En el presente
caso, fueron demandados juzgados, tribunales y Colpensiones autoridades públicas a quienes se les atribuye la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de los señores Álvaro Julio Rodríguez Prieto, María Elisenia Torres Olarte, Roberto Romero Caba, Carmen Elisa Forero de Ayala, Alberto Romero Díaz, Luis Arnulfo Quintero Torres, Marfa
Nidia Díaz Ardila, Gilberto Bandera Herrera, Hernando Manuel Cervantes Sining,
Álvaro Cristancho Gómez, Carmen Lavinia
Rodríguez y Manuel Eduardo Carrillo
Huertas y por tanto están
legitimadas por pasiva para actuar en este proceso.
Inmediatez
El principio de inmediatez de la acción
de tutela tiene como objetivo la protección de la seguridad jurídica y los intereses de
terceros, y no se refiere a una regla o término de caducidad, lo cual resulta
opuesto a aquello establecido en el artículo 86 de la Constitución Política. La
satisfacción de este requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo
razonable y considerando las condiciones de cada caso concreto. El término “razonable”
hace referencia a la finalidad de la acción constitucional, que supone a su vez
la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental que
está siendo vulnerado.
Precisamente, respecto de esa
razonabilidad para la presentación de la acción, esta Corporación en sentencia
T-246 de 2015, señaló:
“La acción de tutela sería
procedente cuando fuere promovida transcurrido un extenso espacio entre el
hecho que generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para
la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad
injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el
hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual[13]”
Bajo este contexto, el juez de
tutela deberá analizar en cada caso las circunstancias particulares y podrá
estimar que, no obstante, haya trascurrido un periodo amplio de tiempo para la
presentación de la solicitud de amparo, debe declarar la procedencia de la
acción tutelar.
En el caso objeto de análisis, no cabe duda de que para la
interposición de las acciones de tutela promovidas por los señores Álvaro Julio
Rodríguez Prieto y María Elisenia Torres Olarte (T-6.438.828); Roberto Romero Caba (T-6.491.559); Carmen Elisa Forero de Ayala (T-6.502.266); Luis Arnulfo Quintero Torres (T-6.539.848); Gilberto Bandera Herrera (T-6.549.668);
Hernando Manuel Cervantes Sining (T-6.619.722); Álvaro Cristancho Gómez
(T-6.638.748) y Manuel Eduardo Carrillo Huertas (T-6.639.825) se cumplió el
requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que las solicitudes de amparo se
formularon en los siguientes plazos:
Expediente
No.
Segunda
Instancia (dd/mm/aa)
Demanda
de tutela
(dd/mm/aa)
Término
transcurrido
T-6.438.828
Caso
1
22/03/2017
Caso
1
11/07/2017
Caso
1
3
meses 19 días
Caso
2
06/04/2017
Caso
2
11/07/2017
Caso
2
3
meses 5 días
T-6.491.559
03/05/2017
26/07/2017
2
meses 23 días
T-6.502.266
20/06/2017
28/08/2017
2
meses 4 días
T-6.539.848
27/06/2017
09/10/2017
3
meses 12 días
T-6.549.668
29/08/2017
18/10/2017
1
mes 19 días
T-6.619.722
05/04/2017
29/09/2017
5
meses 24 días
T-6.638.748
19/07/2017
11/01/2018
3
meses 23 días
T-6.639.825
13/06/2017
23/10/2017
4
meses 10 días
Respecto del cumplimiento del requisito de inmediatez, en algunos
casos, se profirió la decisión que se ataca en un plazo mucho mayor. Así ocurre
en las acciones de tutelas promovidas por Alberto Romero Díaz (T-6.502.330); Marfa Nidia Díaz Ardila (T-6.549.652) y Carmen Lavinia Rodríguez Mora (T-6.639.796):
Expediente
No.
Segunda
Instancia (dd/mm/aa)
Demanda
de tutela
(dd/mm/aa)
Término
transcurrido
T-6.502.330
01/12/2016
01/08/2017
8
meses
T-6.549.652
16/03/2017
18/10/2017
7
meses 2 días
T-6.639.796
07/03/2017
02/11/2017
7
meses 26 días
No obstante, el paso del tiempo
desde que los jueces y tribunales laborales profirieron las sentencias acusadas,
la vulneración de sus derechos constitucionales, a juicio de los demandantes,
permanece en el tiempo, al no obtener el reconocimiento del incremento
pensional por persona a cargo. De ahí que, la intervención del juez constitucional
es necesaria a efectos de evitar la continua afectación de las garantías
fundamentales.
La Corte en casos en que se
cuestionan a través de la acción constitucional, decisiones judiciales para el
reconocimiento de derechos de contenido prestacional, ha mantenido una
interpretación flexible en relación con el principio de inmediatez, por cuanto
la vulneración del derecho es continua en el tiempo, pues se deriva de una
prestación periódica[14].
Por lo anterior, la Sala considera que las acciones de tutela
interpuestas por los señores Alberto Romero Díaz, Marfa Nidia Díaz Ardila y Carmen Lavinia Rodríguez Mora, también cumplen con el requisito de inmediatez.
El asunto
reviste una relevancia constitucional
En las once solicitudes de amparo, la Sala encuentra que las cuestiones
que se discuten resultan de indudable relevancia constitucional, toda vez que
se persigue la protección efectiva de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, seguridad social en pensión y mínimo vital, entre otros,
presuntamente trasgredidos por las Salas
Laborales de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Bogotá y
Barranquilla, los Juzgados Once Laboral del Circuito, Doce Laboral
Municipal de Pequeñas Causas, Treinta y Ocho Laboral del Circuito y Sexto
Laboral del Circuito todos de Bogotá y los
Juzgados Municipal de Pequeñas Causas
Laborales y Tercero Laboral del Circuito ambos de Santa Marta, como consecuencia de decisiones judiciales
proferidas en el marco de procesos laborales ordinarios que cobraron firmeza.
Se expusieron
con claridad los hechos y los derechos presuntamente vulnerados
En criterio de
la Sala resultan claros los hechos que motivan la presentación de estas
acciones de tutela, pues los señores Álvaro Julio Rodríguez Prieto y María Elisenia Torres Olarte,
Carmen Elisa Forero de Ayala, Alberto
Romero Díaz, Luis Arnulfo Quintero Torres, Marfa Nidia Díaz Ardila, Gilberto
Bandera Herrera, Hernando Manuel Cervantes Sining, Álvaro Cristancho Gómez, Carmen
Lavinia Rodríguez Mora y Manuel Eduardo Carrillo Huertas confirman
su condición de pensionados del Seguro Social -hoy Colpensiones- y bajo el
régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del
mismo año.  A su vez, por tener personas a su cargo solicitaron los incrementos
pensionales previstos en el artículo 21 del
mencionado decreto y que al no haberse reconocido este aumento pensional
consideran, se vulneraron sus derechos fundamentales.
Respecto de la acción de tutela promovida por el señor
Roberto Romero Caba, la Sala observa que trata sobre la posible vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. La
presunta trasgresión de estos derechos tiene origen en la sentencia proferida
por la autoridad judicial demandada, en la que se negó el reconocimiento de los
incrementos pensionales del 7 y 14%, con fundamento en argumentos que, según el
tutelante, no fueron planteados en el recurso de apelación por parte de la
administradora de pensiones.
No se trata de
una sentencia de tutela
Las acciones de
tutela se promovieron contra decisiones judiciales proferidas en el trámite de un
proceso ordinario laboral, como fueron los pronunciamientos hechos en su
momento por los juzgados y tribunales demandados y referenciados en los
antecedentes de esta providencia.
Subsidiariedad
La Sala observa
que los demandantes agotaron los medios judiciales a su alcance en el proceso
ordinario laboral.  Se advierte además que no procede el recurso extraordinario
de casación en ninguno de los casos debido a que los valores solicitados no
superan 120 salarios mínimos legales vigentes, cuantía exigida como interés para
recurrir.
En conclusión, la sala encuentra que
en el presente asunto se satisfacen en su totalidad los requisitos generales de
procedencia de las acciones de tutelas presentadas que habilitan al juez
constitucional para efectuar un análisis de fondo de los hechos materia de
controversia.
3. Planteamiento del problema
jurídico
En un comienzo, el principal
cuestionamiento en los expedientes T-6.438.828, T-6.502.266, T-6.502.330, T-6.539.848,
T-6.549.652, T-6.549.668, T-6.619.722, T-6.638.748, T-6.639.796 y T-6.639.825 consiste en
resolver si los fallos judiciales demandados vulneraron el derecho
fundamental al debido proceso al configurarse la causal de procedibilidad específica
de violación del precedente constitucional de la imprescriptibilidad de los
derechos sociales y violación directa de la Constitución, al negarse a
reconocer el incremento adicional al monto de la mesada de conformidad con la
prescripción del derecho prevista en el artículo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo.
No obstante lo
anterior, en razón a que el derecho en cuestión no se encuadra dentro de la
categoría de un derecho principal de la seguridad social en pensiones, como lo
es el derecho a la pensión de vejez, previo a resolver el problema jurídico
planteado, la Sala de Revisión deberá determinar si el beneficio del incremento
pensional en el régimen de transición del Acuerdo 049 de 1990 y su decreto
aprobatorio constituye un derecho a la seguridad social en pensiones y por ende
un derecho adquirido para los beneficiarios de ese régimen de transición.
Para resolver el
cuestionamiento planteado la sala abordará los siguientes temas: (i) Regulación
de los incrementos pensionales y, (ii) la vigencia de los artículos 21 y 22 del
Acuerdo 049 de de 1990 aprobado a través del Decreto 758 de la misma anualidad.
Respecto del expediente
T-6.491.559 contentivo de la acción de tutela promovida por el señor Roberto
Romero Caba en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, le corresponde a la Sala determinar si la sentencia que
se cuestiona adolece de un defecto sustantivo, por el presunto desconocimiento
del principio de consonancia del fallo de segunda instancia.
4. Regulación de
los incrementos pensionales[15]
La Ley 90 de
1946 en su artículo 1[16],
estableció el seguro social obligatorio de los trabajadores contra los
siguientes riesgos: enfermedad no profesional y maternidad, invalidez y vejez, accidente
de trabajo y enfermedad profesional y muerte. Asimismo, en el artículo 8[17], creó el Instituto Colombiano de Seguros
Sociales para que ejerciera la dirección y vigilancia de los seguros sociales.
Como funciones,
entre otras, en su artículo 9, le asignó la de hacer y modificar sus propios
estatutos y reglamentos generales con base en los fundamentos fijados por esta
misma ley y con sometimiento a la aprobación del presidente de la República. Y
en el artículo 10 consagró que la dirección administrativa, financiera y
técnica del instituto estaría a cargo de un Consejo Directivo y de un Gerente
General.
En este contexto,
en el año 1966 el referido Consejo profirió el Acuerdo 224 que fue aprobado por
el Gobierno Nacional a través del Decreto 3041 de 1966, en cuyo artículo 16[18] estipuló un incremento mensual para las
pensiones de vejez y de invalidez, en un porcentaje del 7% sobre la pensión
mínima por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o 18 años, si eran
estudiantes o “inválido”[19] de
cualquier edad, siempre que dependieran económicamente del beneficiario, y en
un 14% sobre la pensión mínima para el cónyuge del mismo, si este último no
disfrutara de pensión de vejez o de invalidez. Tales Incrementos no podían
exceder el 42% sobre la pensión mínima.
Luego, el Decreto
Ley 1650 de 1977[20], que en
el artículo 47 varió la denominación del mencionado instituto por Instituto de
Seguros Sociales15[21],
preceptuó en su artículo 36[22], que en
adelante, el Consejo Nacional de Seguros Obligatorios, sería el encargado de la
dirección general del régimen de dichos seguros, función coincidente con la
establecida artículo 43[23] de
aprobar los reglamentos sobre las condiciones generales y los presupuestos para
el reconocimiento y la efectividad de las prestaciones relacionadas con los
distintos seguros, previo concepto del Superintendente de Seguros de Salud y
con el aval del Gobierno Nacional.
Fue el antedicho
Consejo quien expidió el Acuerdo 049 del 1 de febrero
de 1990, conforme a la atribución conferida por el literal e) del artículo
43 del Decreto Ley 1650 de 1977, a través del cual aprobó su propio reglamento
general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte de origen no
profesional, con el propósito, entre otros, de unificar la regulación existente
sobre dichos temas[24].
Y en su artículo
21, estableció que las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se
incrementarán en un 7% sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos
o hijas menores de 16 años o de 18 años si son estudiantes o por cada uno de
los hijos “inválidos”[25] no
pensionados de cualquier edad, que dependan económicamente del beneficiario y
en un 14% sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge (o compañero o
compañera) del beneficiario siempre que dependa económicamente de éste y que no
disfrute de una pensión. Estos incrementos mensuales de las pensiones de
invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del 42% de la
pensión mínima legal.
Y en el artículo
22 dispuso, que estos incrementos no forman parte integrante de la pensión de
invalidez o de vejez cuyo reconocimiento hace el Instituto de Seguros Sociales
y que el derecho a estos persiste mientras perduren las causas que les dieron
origen. Además, que el Director General del Instituto de Seguros Sociales
fijará los mecanismos indispensables para su control.
Este Acuerdo 049
de 1990 fue aprobado a través del Decreto 758 de la misma anualidad[26], emitido por la Ministra de Trabajo y
Seguridad Social.
5. Vigencia de
los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1 de febrero de 1990 aprobado a través
del Decreto 758 de la misma anualidad
Antes de la
expedición de la Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993, coexistían múltiples regímenes, cuya
administración estaba a cargo de distintas entidades de seguridad social. Por
ejemplo, en el sector oficial, el reconocimiento y pago de las pensiones de los
servidores públicos correspondía en general a la Caja Nacional de Previsión
Social y a las cajas de las entidades territoriales, aun cuando también
existían otras entidades oficiales encargadas de ese manejo para determinados
sectores de empleados, como los miembros de la Fuerza Pública, los docentes y
los congresistas[27].
Respecto de los trabajadores privados el reconocimiento y pago de las
pensiones era responsabilidad directa de ciertos empresarios, pues conforme a
la legislación laboral, en especial las leyes 6 de 1945[28]
y 65 de 1946[29] y el artículo 260 del Código
Sustantivo del Trabajo, la jubilación era una prestación especial únicamente
para ciertos empleados que hubieren laborado, en principio, como mínimo 20 años
para la misma empresa. Por otra parte, para determinados sectores económicos,
la normatividad laboral admitió que se constituyeran cajas de previsión
privadas, como Caxdac. Sólo a partir de 1967, a pesar de haber sido establecido
en la Ley
90 de 1946, el Instituto de Seguros
Sociales asumió el reconocimiento y pago de las pensiones de los empleados del
sector privado[30].
Así las cosas, existían dos grandes modelos de seguridad social en
pensiones y varios sistemas que se enmarcaban en aquellos. Un primer modelo se
caracterizaba por la obligación del empleador de garantizar el riesgo de vejez
de sus trabajadores a través del reconocimiento de una pensión de jubilación,
siempre y cuando se acreditara un determinado tiempo de servicio, y el segundo
se fundamentó en un sistema de aportes en el cual se debían realizar
cotizaciones de manera exclusiva a una administradora pública o privada, que
reconocería una mesada periódica al momento de cumplirse con cierta edad y
número específico de contribuciones[31].
Frente a este
panorama, el legislador en desarrollo de los principios de universalidad,
eficiencia y solidaridad que rigen la seguridad social y que fueran acogidos
por el Constituyente de 1991 en el artículo 48 de la Constitución Política, expidió
la Ley 100 de 1993 con la cual se pretendió “superar la desarticulación
entre los distintos modelos y regímenes pensionales que existían, creando un
sistema integral y general de pensiones, que permite la acumulación de tiempos
y semanas trabajadas, y genera relaciones recíprocas entre las distintas
entidades administradoras de pensiones con los fines de aumentar su eficiencia
ejecutiva y de ampliar su cobertura”[32].
Con tales
objetivos, se establecieron nuevos requisitos para el reconocimiento entre
otras, de la pensión de vejez, se señalaron nuevas reglas sobre el cálculo de
semanas de cotización y se creó un régimen de transición con el fin de respetar
las expectativas legítimas.
Específicamente,
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagró para los afiliados próximos a la
consolidación de su derecho pensional, algunos beneficios que implicaban el
efecto ultractivo de los requisitos de edad, monto y número de semanas o tiempo
de servicio del régimen en el que se encontraban vinculados al momento
de entrar en vigencia el nuevo sistema general de pensiones[33]. Dicho régimen de transición quedó
establecido en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE
TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta
y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el
año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será
de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el
monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en
vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual
se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para
liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior
que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
Lo dispuesto en el
presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el
régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas
personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad,
caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho
régimen.
Tampoco será aplicable
para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad
decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Quienes a la fecha de
vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la
pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun
cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo
de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las
condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales
requisitos.
PARÁGRAFO. Para efectos
del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1o)
del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con
anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros
Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector
público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera
sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio.” (Subrayas no originales)
Lo anterior
significa que la garantía del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, permite que i) la edad para consolidar el
derecho a la pensión de vejez, ii) el tiempo de servicio -o número de semanas
cotizadas-, y iii) el monto de esa prestación, sean los consagrados en el
régimen anterior al cual se encontraban vinculadas las personas. Para ello, el
beneficiario debe estar afiliado al régimen anterior al momento de entrada en
vigencia del Sistema General de Pensiones (1° de abril de 1994[34]), y debe encontrarse en alguna de los
supuestos previstos en el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que
señala cuáles son los destinatarios del mencionado régimen. Esta norma,
estableció tres categorías de trabajadores cuyas expectativas legítimas serían
protegidas:
(i)
Las mujeres con treinta y cinco (35) o más años de edad, a 1° de abril de 1994.
(ii)
Los hombres con cuarenta (40) o más años de edad, a 1° de abril de 1994.
(iii)
Los hombres y mujeres que, independientemente de la edad, acrediten quince (15)
años o más de servicios cotizados, a 1° de abril de 1994.
Bajo este
contexto, para ser destinatario del régimen de transición, es menester cumplir
con uno de estos requisitos[35], con lo
cual, el beneficiario queda exento de la aplicación del régimen general
previsto en la Ley 100 de 1993 en lo referente a la (i) edad, (ii) el
tiempo de servicios o cotizaciones, y (iii) el monto de la pensión de
vejez[36].
Bajo esta perspectiva, si en gracia de
discusión se interpretara, que el incremento adicional del
14% por cónyuge o compañero o del 7% por hijo a cargo, afecta la
liquidación del monto de la mesada de los beneficiarios de la transición del
Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 del mismo año, resulta necesario acudir a
los precisos términos de la norma que lo regulaba, esto es, a los artículos 20
y 23 del referido Acuerdo, de los cuales es posible colegir que el incremento
adicional no era parte constitutiva del monto, tal y como se revela en el
siguiente cuadro:
Monto de la pensión
Incrementos adicionales
“ARTÍCULO 20. INTEGRACION DE LAS
PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. Las pensiones de invalidez por riesgo común y por vejez, se
integrarán así: (…)
II.
PENSION DE VEJEZ.
a) Con una
cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual
de base y,
b) Con
aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de
base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere
acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de
cotización. El valor total de la pensión no podrá superar el 90% del salario
mensual de base ni ser inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a
quince veces este mismo salario.
PARÁGRAFO 1o. El
salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la
centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó
el trabajador en las últimas cien (100) semanas. El factor 4.33 resulta de
dividir el número de semanas de un año por el número de meses.
(…)”
“ARTÍCULO 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO
COMUN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales
de invalidez y de vejez se incrementarán así:
a) En un
siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los
hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes
o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad,
siempre que dependan económicamente del beneficiario y,
b) En un
catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o
compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y
no disfrute de una pensión.
Los
incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos
conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la
pensión mínima legal.”
“ARTÍCULO
22. NATURALEZA DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES. Los incrementos de que trata el artículo anterior no
forman parte integrante de la pensión de invalidez o de vejez que
reconoce el Instituto de Seguros Sociales y el derecho a ellos subsiste
mientras perduren las causas que les dieron origen. El Director General del
ISS establecerá los mecanismos necesarios para su control. (negrita fuera de
texto)”
“ARTÍCULO
23. MONTO MINIMO Y MAXIMO DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE
VEJEZ. Las pensiones mensuales de
invalidez y de vejez integradas de conformidad con el artículo 20 del presente
Reglamento, no podrán superar el 90% del salario mensual de base, ni ser
inferiores al salario mínimo legal mensual, ni ser superiores a quince veces
este mismo salario mínimo legal mensual”.
Conforme lo expuesto, los incrementos
del artículo 21 del Decreto 758 de 1990, dentro de los cuales se encuentra el
del 14% y 7%, incluso en su vigencia, no hacían parte de la pensión y estaban
sujeto a la condición de tener cónyuge o compañero que dependa económicamente
del beneficiario y no disfrute de una pensión e hijo menor de edad o en
condición de discapacidad a cargo. De ahí que, si el incremento adicional, no
tenía la vocación de permanencia del derecho principal -pensión de vejez-, este
beneficio se extinguió con la derogatoria del Régimen General del Seguro Social
Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte. Además, el acrecentamiento de la
mesada pensional, al no ser parte constitutiva del monto, tampoco es
susceptible de ultractividad por virtud del régimen de transición pensional del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Adicionalmente, para la Sala resulta
claro que el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen fue limitado en el tiempo
con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005[37], el cual estipula lo siguiente: “A
partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes
especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al
Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente
artículo”
y a continuación en el parágrafo 2º dispone que “Sin perjuicio de los
derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y
al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente
artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados,
así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las
leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010”.
Ahora bien, si
persistieran las dudas en torno a la vigencia de los incrementos pensionales del
14% por cónyuge o compañero o del 7% por hijo a cargo, es de
advertirse que el artículo 48 Superior, modificado por la reforma
constitucional de 2005, consagra la obligación de que toda pensión sea
liquidada de conformidad con lo efectivamente cotizado, norma constitucional
que se trasgrede de aceptarse el reconocimiento y pago de los mencionados
aumentos pensionales, pues el hecho del matrimonio o convivencia y dependencia
de hijo no origina cotización alguna. Textualmente, la regla constitucional
adicionada en el inciso sexto del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005
dispone que “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotizaciones”[38].
Con todo, debe
hacerse una especial mención en relación con los derechos adquiridos contenida
en el Acto Legislativo 01 de 2005. Puntualmente, en el texto de la reforma
constitucional se observa de forma diáfana el esmero del constituyente por
salvaguardar los derechos adquiridos, esto es, aquellos que han entrado en el patrimonio
de las personas y que no les pueden ser despojados o quebrantados por quien los
creó o reconoció legítimamente. Lo anterior con sustento en el artículo 58
Superior que garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos.
Así, la mencionada reforma frente al particular dispone:
“El
Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el
pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo”
(…)
“Sin
perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de
acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o
reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”.
(…)
“En
materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos".
(…)
Sin embargo, los
incrementos pensionales del 7 y 14% no pueden ser invocados como derechos
adquiridos, si no se causaron en vigencia del régimen general del Seguro Social,
es decir, antes del 23 de diciembre de 1993. Acorde con el inciso octavo,
adicionado al artículo 48 de la Constitución Política, por la mencionada
reforma constitucional de 2005 “ (…) Se entiende que la pensión se
causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no
se hubiese efectuado el reconocimiento”. Significa lo anterior, que
no podrá predicarse la titularidad de un derecho adquirido sobre un beneficio
que no se consolidó en vigencia del Decreto 758 de 1990.
6. Caso concreto
De acuerdo con la
situación fáctica expuesta en los antecedentes de esta providencia, los
demandantes causaron su derecho pensional en las siguientes fechas:
Expediente
No.
Pensionado
Reconocimiento
T-6.438.828
Caso 1
Álvaro Julio Rodríguez Prieto
28 de mayo de 2003
Caso
2
Luis Humberto Sierra Hurtado
(cónyuge de la demandante)
25 de enero de
2005
T-6.502.266
Carmen Elisa Forero de Ayala
29
de octubre de 2007
T-6.502.330
Alberto Romero Díaz
13 de marzo de 2005
T-6.539.848
Luis Arnulfo Quintero Torres
14 de marzo de 2011
T-6.549.652
Marfa Nidia Díaz Ardila
1 de marzo de 2001
T-6.549.668
Gilberto Bandera Herrera
30 de enero de 2001
T-6.619.722
Hernando Manuel Cervantes Sining
16 de septiembre de 2004
T-6.638.748
Álvaro Cristancho Gómez
27 de septiembre de 1999
T-6.639.796
Carmen Lavinia Rodríguez Mora
23 de agosto de 2004
T-6.639.825
Manuel Eduardo Carrillo Huertas
30 de agosto de 2006
De lo
anteriormente expuesto se tiene que ninguno de los accionantes causó el derecho
al incremento del 7% y14% de la mesada pensional por hijo, cónyuge o compañero
a cargo, durante la vigencia del Decreto 758 de 1990, por lo cual, dicha
prerrogativa no constituye un derecho adquirido conforme con el
inciso octavo, adicionado al artículo 48 Superior, por el Acto Legislativo 01
de 2005 según el cual (…) “Se entiende que la pensión se causa cuando se
cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese
efectuado el reconocimiento”. Ello implica que no podrá predicarse
la titularidad de un derecho adquirido sobre un beneficio no consolidado en
vigencia del mencionado decreto.
Recuérdese que
con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se eliminaron la mayoría de las
normas pensionales y se creó un sistema general de pensiones, disponiendo
específicamente en el artículo 289 que a partir de su publicación “salvaguarda
los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.
Sin que en la norma general se estipule un incremento adicional a la
pensión de vejez.
Adicionalmente,
se evidencia que los demandantes pertenecen al régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual no salvaguardó todos los
beneficios y prerrogativas previstos en el Decreto 758 de 1990, tan solo, los
atinentes a la edad, monto y semanas.
Como
consecuencia de lo anterior, el quantum previsto para el sistema general
de los Seguros Sociales - Decreto 758 de 1990- remite a los artículos 20 y 23
de ese decreto, sin que el incremento adicional por tener hijo, cónyuge o
compañero a cargo fuera considerado parte integral del derecho pensional, tal y
como lo indica el artículo 22 Ibidem.
Así las cosas, como
el beneficio de los aumentos en la mesada pensional en un 7% y 14% previsto en
el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 (i) fue derogado con la entrada en
vigencia de la ley general del sistema de pensiones y (ii) no hace parte de los
beneficios del régimen de transición –edad, monto y semanas, tampoco puede
predicarse la vulneración del precedente de imprescriptibilidad de los derechos
sociales, sobre una prerrogativa derogada y que en todo caso, no es considerada
legalmente como un derecho integrante de la pensión de vejez.
Por
otra parte, debe destacarse que la reforma constitucional del 2005 estableció
que el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y
demás normas que lo desarrollen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio
de 2010 con la excepción prevista para los trabajadores que estando en
transición, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a
los cuales se les mantendrá las normas anteriores hasta el año 2014.
Finalmente,
se advierte que por disposición del artículo 48 de la
Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005 consagra la
obligación de que toda pensión sea liquidada conforme a lo efectivamente
cotizado, norma constitucional que se trasgrede de aceptarse el reconocimiento
y pago de los mencionados aumentos pensionales, pues el hecho del matrimonio o
convivencia y dependencia de hijo no origina cotización alguna.
Conforme a las
consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión, confirmará los fallos
proferidos dentro de las acciones de tutelas promovidas por Álvaro
Julio Rodríguez Prieto y María Elisenia Torres
Olarte (T-6.438.828); Carmen Elisa Forero de Ayala (T-6.502.266); Alberto
Romero Díaz (T-6.502.330); Luis Arnulfo Quintero Torres (T-6.539.848);
Marfa Nidia Díaz Ardila (T-6.549.652); Gilberto Bandera Herrera (T-6.549.668);
Hernando Manuel Cervantes Sining (T-6.619.722); Álvaro Cristancho Gómez
(T-6.638.748); Carmen Lavinia Rodríguez Mora
(T-6.639.796) y Manuel Eduardo Carrillo Huertas (T-6.639.825).
Respecto de la acción de tutela promovida por Roberto Romero Caba (T-6.491.559) contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, la Sala precisará que la decisión atacada no se
profirió en el marco del recurso de apelación sino en el grado jurisdiccional
de consulta, el cual “(i) no es un recurso ordinario o
extraordinario, sino un mecanismo de revisión oficioso que se activa sin
intervención de las partes; (ii) es un examen automático que opera por
ministerio de la ley para proteger los derechos mínimos, ciertos e
indiscutibles de los trabajadores y la defensa de la justicia efectiva y, (iii)
al ser un control integral para corregir los errores en que haya podido
incurrir el fallador de primera instancia, no está sujeto al principio de non
reformatio in pejus”[39].
Bajo este contexto, la Sala
procederá a confirmar los fallos de instancia, pues a este mecanismo de control
no le son “aplicables
todos los principios y garantías de la apelación, tanto así, que el juez que
asume conocimiento en grado de consulta no está limitado por el principio de
non reformatio in pejus, sino que oficiosamente puede hacer una revisión del
fallo”.
Además, cuando el superior conoce en grado de consulta de una decisión
determinada, está facultado para examinar en forma íntegra el fallo del
inferior, tanto por aspectos de hecho como de derecho y, al no estar limitado
por la prohibición contenida en el artículo 31 Superior puede modificar la
decisión consultada, sin violar por ello norma constitucional alguna[40], tal y como aconteció en este caso.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
CONFIRMAR el fallo proferido en primera instancia, por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 25 de julio de 2017, en el
trámite de la solicitud de amparo presentada por Álvaro Julio
Rodríguez Prieto y María Elisenia Torres Olarte
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
por las razones expuestas en esta providencia (T-6.438.828).
SEGUNDO.- CONFIRMAR los fallos proferidos en primera instancia, por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 9 de agosto de 2017 y, en
segunda instancia, por la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas
No. 3 de la misma corporación el 26 de octubre de 2017, en el trámite de la
acción de tutela instaurada por Roberto Romero Caba contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla por las razones expuestas en esta providencia (T-6.491.559).
TERCERO.-
CONFIRMAR los fallos proferidos en primera instancia, por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 6 de septiembre de
2017 y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal,
Sala de Decisión de Tutelas No. 3  de la misma
corporación el 24 de octubre de 2017, en el trámite de la acción de tutela
instaurada por Carmen Elisa Forero de
Ayala contra la Administradora Colombiana de Pensiones y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá por las razones expuestas en esta providencia (T-6.502.266).
CUARTO.-
CONFIRMAR los
fallos proferidos en primera instancia,
por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 16 de agosto
de 2017 y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal, Sala
de Decisión de Tutelas No. 1 de la citada
corporación el 26 de octubre de 2017, en el trámite de la acción de tutela
promovida por Alberto Romero Díaz contra el Juzgado
Once Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de la misma ciudad por las razones expuestas en  esta
providencia (T-6.502.330).
QUINTO.-
CONFIRMAR el fallo proferido en primera instancia, por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 23 de octubre de 2017, en el
trámite de la acción de tutela instaurada por Luis Arnulfo
Quintero Torres contra el Juzgado Doce Laboral Municipal de Pequeñas Causas de
Bogotá, el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá y la
Administradora Colombiana de Pensiones por las razones expuestas en esta
providencia (T-6.539.848).
SEXTO.-
CONFIRMAR los fallos proferidos en primera instancia, por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 1 de noviembre de 2017, en
el trámite de la acción de tutela presentada por Marfa Nidia Díaz
Ardila contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá por las razones expuestas en esta providencia (T-6.549.652).
SÉPTIMO.-
CONFIRMAR el fallo proferido en primera instancia, por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 7 de noviembre de 2017,
en el trámite de la acción de tutela promovida por Gilberto Bandera
Herrera contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla por las razones expuestas en esta providencia (T-6.549.668).
OCTAVO.-
CONFIRMAR los fallos proferidos en primera instancia, por la Sala
Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 6 de octubre de  2017 y, en segunda instancia, por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 17 de enero de 2018, en el trámite
de la acción de tutela presentada por Hernando Manuel
Cervantes Sining contra el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Santa Marta, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma
ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones por las razones expuestas en
esta providencia (T-6.619.722).
NOVENO.-
CONFIRMAR el fallo proferido en primera instancia por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 24 de enero de 2018, en el
trámite de la acción de tutela promovida Álvaro
Cristancho Gómez contra el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá y la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad por
las razones expuestas en esta providencia (T-6.638.748).
DÉCIMO.-
CONFIRMAR los fallos proferidos en primera instancia, por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 15 de noviembre de 2017 y,
en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de
Tutelas No. 1 de la misma corporación el 9 de febrero de 2018, en el trámite de
la acción de tutela presentada por Carmen Lavinia Rodríguez Mora
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y
la Administradora Colombiana de Pensiones por las razones expuestas en esta
providencia (T-6.639.796).
DÉCIMO
PRIMERO.- CONFIRMAR los fallos proferidos
en primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia el 1 de noviembre de 2017 y, en segunda instancia, por la Sala de
Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas No. 2  de la citada corporación el 8 de febrero de 2018, en el trámite de
la acción de tutela presentada por Manuel Eduardo Carrillo Huertas
contra el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad por las razones
expuestas en esta providencia (T-6.639.825).
DÉCIMO SEGUNDO.-
LEVANTAR la suspensión de términos decretada por la Sala de Revisión
en los expedientes de tutela de que trata esta sentencia.
DÉCIMO TERCERO.- LÍBRENSE por la
Secretaría General de esta corporación, en cada uno de los procesos, la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA T-456/18
INCREMENTO PENSIONAL
DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE DEPENDE
ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-No
es argumento suficiente afirmar que los incrementos
pensionales no hacen parte del derecho a la
pensión de vejez (Salvamento de voto)
Esta enunciación no es razón suficiente para afirmar que el
fenómeno de la prescripción debe operar en este caso, debido a que la sentencia
no evalúa el objetivo de este incremento, el cual es asegurar el mínimo vital
de personas que reciben una mesada de 1 SMLMV. La sentencia tampoco enfrenta
las consideraciones expuestas en la jurisprudencia de esta Corporación sobre la
naturaleza de ese incremento, en las que se ha señalado que se trata de un
derecho pensional que, de acuerdo con la misma norma citada, subsiste mientras
perduren las causas que le dieron origen
REGIMEN DE TRANSICION
EN PENSIONES-El sustrato del régimen de
transición es la protección de las expectativas legítimas y no de derechos
adquiridos (Salvamento de voto)
INCREMENTO PENSIONAL
DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE DEPENDE
ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-Jurisprudencia
constitucional y laboral han reconocido en múltiples oportunidades este
incremento (Salvamento de voto)
INCREMENTO PENSIONAL
DEL 14% EN RELACION CON EL CONYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE QUE DEPENDE
ECONOMICAMENTE DEL BENEFICIARIO DE LA PENSION-Se
confunden los factores de cotización con las contingencias que ampara el
incremento pensional (Salvamento de voto)
Referencia:
Expedientes
T-6.438.828, T-6.491.559, T-6.502.266, T-6.502.330, T-6.539.848, T-6.549.652, T-6.549.668, T-6.619.722,
T-6.638.748, T-6.639.796 y T-6.639.825 acumulados.
Acciones de tutela instauradas por Álvaro Julio Rodríguez
Prieto y otros.
Magistrado
Ponente:
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento las razones que me conducen a salvar el voto en la
decisión adoptada por la mayoría de la Sala Quinta de Revisión de tutelas, en
sesión del 27 de noviembre de 2018, mediante la cual se profirió la sentencia
T-456 de 2018.
Este
salvamento tiene como propósito evidenciar mi desacuerdo con el sentido de la
decisión porque considero que desconoció los principios de favorabilidad en
materia laboral y de imprescriptibilidad de los derechos a la seguridad social
y el derecho de defensa de los accionantes.
1. La
providencia de la que me aparto estudió un acumulado de tutelas contra sentencias judiciales
proferidas en el marco de procesos laborales por distintos tribunales a lo
largo del país. Los accionantes eran pensionados del Seguro Social -hoy
COLPENSIONES- bajo el régimen previsto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por
el Decreto 758 del mismo año, a los que en el
proceso ordinario laboral se les negó el reconocimiento y pago
de los incrementos pensionales previstos en el artículo 21 del
mencionado decreto. Por lo tanto, mediante acción de tutela solicitaron que se
les reconociera esta prestación social.
La
Sala Quinta de Revisión estudió “si el beneficio del incremento pensional en
el régimen de transición del Acuerdo 049 de 1990 y su decreto aprobatorio,
constituye un derecho a la seguridad social en pensiones y, por lo tanto, un
derecho adquirido para los beneficiarios de ese régimen de transición.”[41]
En resumen, la sentencia señaló que los aumentos en la mesada
pensional previstos en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990: i) no hacen
parte del derecho a la pensión de vejez, por lo que están sujetos al fenómeno
de la prescripción; ii) no corresponden a un derecho adquirido,
en la medida en que son una prerrogativa accesoria y no principal; iii) fueron
derogados con la entrada en vigencia de la ley general del sistema de
pensiones; iv) si se admitiera que el derecho está vigente, en
virtud del artículo 48 de la Constitución, en la liquidación de las pensiones
solo se tendrían en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones; y v) incluso si se admite la tesis de la vigencia
de la prerrogativa, esta solo sería aplicable en aquellos casos en que el
beneficio se hubiera consolidado durante la vigencia del Decreto 758 de 1990.
2. Como se anunció previamente, la sentencia
se ocupaba de una serie de tutelas contra providencias judiciales laborales en
las que a los accionantes se les negó el
reconocimiento y pago de los incrementos pensionales previstos en
el artículo 21 del Decreto 758 de 1990. De este modo,
era necesario llevar a cabo un control de validez constitucional a las
providencias dictadas por los jueces ordinarios laborales, con el objetivo de
establecer si estas se adecuaban a las garantías fundamentales establecidas en
la Constitución, de una forma en que se reconociera su supremacía y se
ejecutaran sus mandatos.
Por lo tanto, la labor de la
sentencia de tutela era llevar a cabo un examen de validez constitucional a las
providencias expedidas por los jueces laborales, y determinar si había
interpretado la ley aplicable conforme a los mandatos constitucionales, y
específicamente con sujeción al derecho a la igualdad, a la seguridad social y
a la imprescriptibilidad de los accionantes.
Respecto a la providencia de la que me
separo, considero que no plantea de manera completa y clara este debate
constitucional, ya que existen dos posturas jurisprudenciales en relación con
los incrementos pensionales establecidos en el 21 del Decreto
758 de 1990. La primera sostiene que el derecho al incremento es
imprescriptible y que de acuerdo con el principio constitucional de
favorabilidad deben aplicarse las decisiones que así lo determinan[42].
La segunda, acogida por la sentencia, establece que el incremento de la mesada
pensional es prescriptible y que las decisiones que determinan lo contrario no
constituyen precedente constitucional[43].
Tampoco señaló que
en atención a las tesis expuestas sobre el asunto se profirió la sentencia
SU-310 del 10 de mayo de 2017[44],
en la que la Sala Plena advirtió que en los casos revisados, cuando los jueces
aplican la interpretación según la cual el derecho al incremento pensional
prescribe, incurren en el defecto de violación de la Constitución por el
desconocimiento del principio de favorabilidad. Del mismo modo, no reseñó que mediante
Auto 320 del 24 de mayo de 2018[45],
la Sala Plena declaró la nulidad de la sentencia SU-310 de 2017 por omisión de
asuntos de relevancia constitucional, debido a que en la providencia no se
consideró el principio de sostenibilidad financiera previsto en el artículo 48
superior.
De este modo, opino que de conformidad
con el principio de carga argumentativa, la sentencia tenía el deber de
enunciar por qué las decisiones anteriores de la Corte que determinan que
el
derecho al incremento pensional es imprescriptible, no constituyen precedente
constitucional en este caso particular.
4. Por otro lado, estoy en desacuerdo
con los argumentos presentados por la providencia por las siguientes razones:
En primer lugar, la providencia afirma
que los incrementos pensionales no hacen parte del derecho a la
pensión de vejez, por lo que pueden prescribir. Considero que la premisa de la
que parte el argumento es cierta, ya que el artículo 22 del Decreto
758 de 1990 así lo afirma. No obstante, esta enunciación no es razón suficiente
para afirmar que el fenómeno de la prescripción debe operar en este caso,
debido a que la sentencia no evalúa el objetivo de este incremento, el cual es
asegurar el mínimo vital de personas que reciben una mesada de 1 SMLMV. La
sentencia tampoco enfrenta las consideraciones expuestas en la jurisprudencia
de esta Corporación sobre la naturaleza de ese incremento, en las que se ha
señalado que se trata de un derecho pensional que, de acuerdo con la misma
norma citada, subsiste mientras perduren las causas que le dieron origen[46].
En segundo lugar, la sentencia afirma
que el incremento de la mesada no corresponde a un derecho adquirido. Este
argumento es cierto pero irrelevante si se considera que el sustrato del
régimen de transición, del que se pretende excluir el incremento, es la
protección de las expectativas legítimas y no de derechos adquiridos.
En tercer lugar, no creo que para el
caso objeto de estudio el Decreto 758 de 1990 estuviere derogado por la Ley 100
de 1993, no solo porque esa normativa favorable mantuvo sus efectos para
quienes consolidaron derechos bajo su vigencia o tuvieron expectativas
razonables de beneficiarse de sus reglas, sino también porque la jurisprudencia
constitucional y laboral así lo han reconocido en múltiples oportunidades.
En cuarto lugar, la providencia señala
que aún si se admitiera que el derecho al incremento pensional está vigente, la
liquidación de las pensiones solo tendría en cuenta los factores sobre los cuales
cada persona hubiere efectuado las cotizaciones, de conformidad con el artículo
48 de la Constitución. Este argumento es incorrecto en la medida en que
confunde los factores de cotización con las contingencias que ampara el
incremento pensional, que no es otro que la subsistencia del núcleo familiar
cuyo único ingreso correspondiente a una pensión de 1 SMLMV, puesto que esta es
la única manera de hacerle frente al efecto perverso de la pérdida de poder
adquisitivo de la mesada pensional por el simple paso del tiempo.
Por último, la sentencia afirma que
incluso si se admite la hipótesis de la vigencia del incremento, este solo
sería aplicable a aquellas personas que hubieran consolidado este beneficio
durante la vigencia del Decreto 758 de 1990. Al igual que en el segundo
argumento refutado, esta afirmación ignora que el objetivo del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 no es proteger solo derechos adquiridos sino
también expectativas legítimas, de manera que no sería cierto que, en caso de
considerarse vigente el incremento, este solo sería aplicable únicamente a
quienes hubieran consolidado el beneficio.
En estos términos quedan expuestas las razones que me llevaron a
salvar el voto con
respecto a las consideraciones y la decisión que
se adoptó en la sentencia T-456 de 2018.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
Sentencias T-173 de 1993 y C-590 de 2005.
[2]
Sobre el agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con
el principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver la Sentencia T-1049 de 2008.
[3]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional,
ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un
proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde
con los derechos fundamentales.
[4]
En la Sentencia C-590 de 2005 se señaló que cuando se está ante la acción de
tutela contra providencias judiciales es más adecuado hablar de “causales
genéricas de procedibilidad de la acción” que de vía de hecho.
[5]
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998, T-937 de 2001, SU-159 de 2002,
T-996 de 2003 y T-196 de 2006.
[6]
El defecto fáctico está referido a la producción, validez o apreciación del
material probatorio. En razón del principio de independencia judicial, el campo
de intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente
restringido.
[7]
Sentencias C-590 de 2005, T-079 de 1993 y T-008 de 1998.
[8]
Sentencias SU-846 de 2000, SU-014 de 2001 y T-1180 de 2001.
[9]
La decisión sin motivación se configura en una de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela, en tanto la motivación es un deber de
los funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un
ordenamiento democrático, Sentencia T-114 de 2002.
[10]
Conforme a la Sentencia T-018 de 2008, el desconocimiento del precedente
constitucional “[se presenta cuando] la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.
[11]
Sentencias T-1625 de 2000, SU-1184 de 2001 y T-1031 de 2001. Así mismo, cuando
no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y
haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso, ver la Sentencia
T-522 de 2001.
[12]
Sentencia T-741 de 2017.
[13]
“Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de
2007, T- 1110 de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de
2010, T-576 de 2010.”
[14]
T-744 de 2017.
[15]
Estas consideraciones fueron expuestas en la sentencia proferida por el Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A. Radicación: 11001-03-25-000-2008-00127-00 (2741-08). Actor: Instituto de
Seguros Sociales. Demandado: Nación, Ministerio de la Protección Social. C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
[16]
Ley 90 de 1946 “Por la cual se establece el seguro social obligatorio y se
crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales”.
[17]Ley
90 de 1946. Artículo 8. “Para la dirección y vigilancia de los seguros
sociales, créase como entidad autónoma con personería jurídica y patrimonio
propio, un organismo que se denominará Instituto Colombiano de Seguros
Sociales, cuya sede será Bogotá”.
[18]
Acuerdo 224 de 1966. Artículo 16. “La pensión mensual de invalidez y
la de vejez se incrementarán así: a. En el siete (7%) por ciento sobre la
pensión mínima por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de 18
años si son estudiantes o inválidos de cualquier edad, que dependan
económicamente del beneficiario, y b. En el catorce por ciento (14%) sobre la
pensión mínima para el cónyuge del beneficiario, siempre que éste no disfrute
de una pensión de invalidez o vejez. Los incrementos mensuales de las pensiones
de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder el porcentaje
máximo del cuarenta y dos por ciento (42%) sobre la pensión mínima”.
[19]
La sentencia C-458 de 2015 declaró exequible dicha
expresión.
[20]
Decreto Ley 1650 de 1977 “Por el cual se determinan el régimen y la
administración de los seguros sociales obligatorios, y se dictan otras
disposiciones”.
[21]
Decreto Ley 1650 de 1997. Artículo 47. “De la naturaleza del Instituto de
Seguros Sociales. El Instituto Colombiano de Seguros Sociales funcionará en
adelante como establecimiento público con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, con el nombre de Instituto de Seguros Sociales, y sometido a
la dirección y coordinación del Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios. […]. El instituto tendrá domicilio principal en Bogotá y
domicilios especiales en otras ciudades del país”.
[22]
Por virtud del artículo 36 del Decreto 1650 de 1977, se creó el “Consejo
Nacional de Seguros Obligatorios como organismos del gobierno que tendrá a su
cargo la formulación de políticas y la dirección general del régimen de
dichos seguros, para lo cual cumplirá las funciones que se le asignan en el
presente Decreto”.
[23]
Decreto 1650 de 1977. Artículo 43. “El Consejo Nacional de Seguros Sociales
Obligatorios tendrá las siguientes funciones: […] e. Aprobar los reglamentos
generales sobre las condiciones y los términos necesarios para el
reconocimiento y la efectividad de las prestaciones correspondientes a los
distintos seguros, previo concepto del Superintendente de Seguros de Salud”,
que requerían para la validez de su ejercicio, tal como lo indicó el mismo
artículo en su inciso final de «la aprobación del Gobierno Nacional”. Este
organismo desapareció por cuenta del artículo 42 del Decreto 2148 de 1992 “Por
el cual se reestructura el Instituto de Seguros Sociales, ISS”.
[24]
El Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios emitió el Acuerdo 049 de
1990 por considerar “Que se hace necesario ajustar las normas del Reglamento
General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte al Decreto -
ley 1650 de 1977 por establecerlo su artículo 132, así como unificar la
legislación existente sobre la materia; que el Superintendente Nacional de
Salud expidió concepto favorable según Oficio número 00557 de junio 23 de 1989,
y que el proyecto de este Acuerdo fue aprobado por la Junta Administradora de
Seguros Económicos por Acuerdo 075 de octubre 5 de 1989”.
[25]
La sentencia C-458 de 2015 declaró exequible dicha
expresión.
[26]
Decreto 758 de 1990 “Por el cual se aprueba el Acuerdo Número 049 de febrero
1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”.
[27]
Sentencia SU-395 de 2017.
[28]“Por
la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo,
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de
trabajo.”
[29]“Por
la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan
otras.”
[30]
Sentencia SU-395 de 2017.
[31]
Ibíd.
[32]
Ibíd.
[33]
Sentencia T-078 de 2014.
[34]
Para el sector público, la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones
es la que haya determinado el respectivo ente territorial, según lo dispuesto
por el artículo 151 de la propia Ley 100 de 1993.
[35]
Como ha indicado la jurisprudencia constitucional, estos requisitos no se
cumplen de manera concurrente debido a que la norma señala estas categorías de
manera disyuntiva, razón por la que no es necesario cumplir paralelamente el
requisito de edad y tiempo de servicios. Cfr. Sentencia SU-130 de 2013.
[36]
De conformidad con los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los
trabajadores que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan 35 o más
años de edad si son mujeres, o 40 o más años de edad, si son hombres, pierden
los beneficios del régimen de transición, en cualquiera de estos casos: (i)
cuando el afiliado inicialmente y de manera voluntaria decide acogerse
definitivamente al régimen de ahorro individual con solidaridad o (ii)
cuando habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decide
trasladarse al de prima media con prestación definida.
[37]
“Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”.
[38]
En dicha norma igualmente se señaló que a los trabajadores que estando en
transición, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en
tiempo de servicios a la entrada en vigencia del Acto Legislativo, se les
mantendrá las normas anteriores hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios
pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que lo desarrollen.
[39]
Sentencia C-424 de 2015.
[40]
Sentencia C-583 de 2007.
[41]
Sentencia T-456 de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[42] Sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-369 de 2015, T-460 de
2013, T-217 de 2013, T-831 de 2014, entre otras.
[43] Sentencia T-791 de 2013, T-748 de 2014, T-123 de 2015, T-541 de
2015, T-038 de 2016.
[44] M.P.
Aquiles Arrieta Gómez.
[45] M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[46]
Sentencias T-217 de 2013, T-831 de 2014, T-319 de 2015, T-369 de 2015, T-395 de
2016 y T-460 de 2016.