T-848-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-848/05
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Tratos crueles, inhumanos y degradantes
en la requisa a internos y visitantes/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Prohibición
de requisas visuales o por contacto sobre cuerpos desnudos a internos y
visitantes/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Requisa vaginal no está permitida
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Reglas constitucionales y
jurisprudenciales en requisas
(1) El Estado tiene la legítima facultad
y obligación para practicar requisas razonables y proporcionadas, legalmente
consideradas. (2) En el caso de los visitantes, específicamente, toda persona
que ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo,
deberá ser razonablemente requisada y sometida a los procedimientos de ingreso
y egreso; por gozar los visitantes de la plenitud de sus derechos, sólo pueden
ser razonables las limitaciones que sean necesarias, para obtener el fin
buscado. (3) En cualquier caso, no es razonable una requisa que se realice
transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la persona (reclusa o
visitante) al manipular sus partes íntimas, cuando no es necesaria por existir
otros mecanismos para garantizar la seguridad. (4) No es razonable
constitucionalmente, por implicar una violación al derecho fundamental a no ser
sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, las requisas intrusivas que
son practicadas por la guardia de un establecimiento de reclusión, tales como
desnudar al recluso o al visitante, obligarlo a agacharse o a hacer flexiones
de piernas y mostrar sus partes íntimas a la guardia; más aún si éstas se practican
en condiciones insalubres. (5) Las intervenciones, registros, injerencias,
comprobaciones o extracciones sobre los cuerpos, tales como las ‘requisas
intrusivas’, pueden llegar a darse por razones fundadas “(…) siempre que medie
el consentimiento informado del afectado y el registro se practique de modo que
el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos, ni la integridad física y
jurídica vulnerada, condicionamientos éstos que demandan  (i) un mandato
legal,  (ii) la supervisión judicial, (iii) la intervención de personal experto
y (iv) el uso de instrumental y condiciones sanitarias adecuadas, porque los
tratos crueles, inhumanos y degradantes están proscritos y su prohibición es
absoluta”.
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Prohibición de no dejar ingresar a la
mujer cuando tiene el periodo menstrual es una práctica discriminatoria/ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Prejuicios en razón a la orientación sexual
Referencia: expedientes T-1065050, T-1065075, T-1065076,
T-1066603, T-1066944, T-1067494, T-1067613, T-1097963. T-1101561 y T-1060099.
Acciones de tutela instauradas por Ana Milena Franco Rendón, Edith
Margarita Ortiz, Constanza Herrera, Zuly Patricia Zúñiga, Ana Valencia, Clara
Helena Ospina Castrillón, Mariela Guerrero, María Enedier Ocampo y Katherine Villereal
contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali (Cárcel
Villahermosa) y por Jeison Yair Páez Ladino contra el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Manizales (Cárcel Distrital de Varones de
Manizales), respectivamente, y contra el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC.
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de
dos mil cinco (2005)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa,
Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales
y reglamentarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos
adoptados por los siguientes despachos judiciales, Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Cali (T-1065050), Juzgado Once Penal del Circuito (T-1065075 y
T-1065076), Juzgado Once Penal Municipal de Cali (T-1066603 y T-1066944),
Juzgado Veinte Penal del Circuito de Cali (T-1067494), Juzgado Diecisiete Penal
del Circuito de Cali (T-1067613), Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali
(T-1097963), Juzgado Catorce Penal del Circuito de Cali (T-1101561) y Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Manizales (T-1060099), dentro de los respectivos
procesos de acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
En nueve de los diez procesos analizados en
la presente sentencia,[1]
las demandas son impuestas por mujeres que acusan al Director, Carlos José
Prada Ospina, y al Subdirector y Capitán de la Guardia de la Cárcel Distrital
Villahermosa de Cali, José Ramiro Tobar Gómez, de violar sus derechos a la
dignidad humana (art. 1°, CP), el derecho a la salud (art. 49, CP) y
discriminar “a la mujer por el período menstrual”. Cada una de las demandantes
presentó de forma individual una acción de tutela, alegando la misma violación
por parte de las mismas autoridades y fundándose, asimismo, en los mismos
hechos y argumentos; en todos los casos las accionantes alegaron que la forma
en que la guardia carcelaria practica las requisas desconoce los derechos
fundamentales invocados por ellas. En el último de los procesos que se estudia
en la presente sentencia, un accionante acusa a la Cárcel del Distrito de
Manizales, para varones, de violar sus derechos a la dignidad humana, a la
intimidad y a la igualdad, también con ocasión a las requisas a las cuales ha
sido sometido por la guardia. Al presente proceso también fue vinculado el
Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC.
En primer lugar se expondrán los antecedentes
de los nueve casos de la Cárcel Villahermosa de Cali, indicando aquellos
aspectos que les sean propios a cada uno de ellos. Posteriormente se expondrán
los antecedentes del caso de la Cárcel del Distrito de Manizales.
1. Casos de la Cárcel Villahermosa, Cali
1.1. Hechos y demanda
En las nueve acciones de tutela presentadas
contra el Director y el Subdirector de la Cárcel Villahermosa de Cali, las
accionantes los acusan de violar sus derechos a la dignidad humana y a la
salud, debido a las requisas a las que son sometidas por la guardia carcelaria,
y de discriminarlas como mujeres, por cuanto se les prohíbe su ingreso en los
días de visitas ‘por el período menstrual’.
1.1.1. Con relación a la violación a sus
derechos a la dignidad y a la salud, el texto de la acción presentada
individualmente por estas nueve mujeres es el siguiente,
“Señores. Vengo
frecuentando la Cárcel Distrital Villahermosa de esta ciudad, los días domingos
(día de visitas para los internos), ya que mi esposo se encuentra recluido en
dicho penal desde hace 8 años aproximadamente,[2]
pero últimamente se ve y se sienten los atropellos infrahumanos que comete el
personal de guardia contra nosotras (las visitantes), ya que cada día que pasa
nos tratan peores que animales: ellos están violando el artículo 1° de la
Constitución Nacional (Derecho a la Dignidad Humana), porque ellos (la
guardia), nos requisan de una manera muy perversa y morbosa. Pues las
guardianas nos hacen desnudar delante de ellas y se exceden en las requisas
manuales[, m]ostrando carácter morboso de lesbianismo[. A]demás usan guantes de
enfermería para hacer un contacto con nuestros genitales, pero no cambian de
guantes frecuentemente. Explico: no usan guantes individuales para cada persona
sino que con el mismo guante que requisan a la primera con ese mismo requisan a
las últimas visitantes, al final, no tomando una medida correctiva para
mejorar. Como lo podrá observar señor Juez aquí también se viola el derecho a
la salud (artículo 49 del a Constitución Nacional).”[3]
1.1.2. Con relación al trato
discriminatorio, el texto de la acción de tutela presentada de manera
individual por cada una de las nueve accionantes afirma lo siguiente,
“(…) Ahora en ocasiones
me han llegado a devolver del día de visita porque he tenido el período
menstrual. Y expongo mi caso ante usted señor Juez, pues mis derechos están
siendo violados y vulnerados constantemente. El período menstrual es algo
natural en la mujer, algo que se viene viendo desde la creación y cada mujer lo
empieza a desarrollar desde la época y fecha de la pubertad, y es algo que no se
puede controlar mecánicamente, ni automáticamente.
Explico: Uno tiene
control de la fecha que le puede llegar el período menstrual, pero en ocasiones
se adelanta o se atrasa, siendo esto ocasionado por una contradicción en el
sistema nervioso. Pero el personal de la guardia no entiende esto y lo único
que hacen es discriminarnos y prohibirnos el ingreso al penal. Dejando a
nuestros esposos, novios, padres e hijos y amigos sin vista y las encomiendas
que traemos para ellos no nos la reciben. Teniendo que enviarlas con personas
desconocidas, sin saber si llegan a sus manos o no. Hay muchas visitas que
vienen desde muy lejos (otros departamentos o ciudades), pero no las dejan
entrar al penal, porque hay algo muy natural en nosotras las mujeres (período
menstrual), nos vino ese día perdiendo así la posibilidad de ver a nuestros
familiares y amigos, perdiendo gran cantidad de gastos económicos, que se
habían conseguido con el mayor de los esfuerzos (…)”[4]
1.1.3. Las accionantes alegan, además, que
debido a la gravedad de los atropellos a los que son sometidas, los guardias no
usan las insignias que los identifican con el objeto de no poder ser
reconocidos y denunciados. Dice el texto de acción de tutela presentado por
ellas,
“(…) espero su señoría
que usted me pueda colaborar, pues me siento discriminada por algo muy natural
en nosotras, sintiéndome también violada y ultrajada por la manera [como] nos
trata la guardia. Ellos son tan conscientes de [é]sto que cuando una de
nosotras les hace un llamado de atención tratan de intimidarnos con su bastón
de bando (bolillo), además ellos están incumpliendo uno de los parámetros esta­blecidos
en el acuerdo 0011 que dice: “el personal de guardia debe permanecer
constantemente con gorra y usar un parche con el primer apellido del guardián
en la parte superior del bolsillo derecho de la camisa del uniforme (…)”
Pero como ellos no hacen sino cometer atrocidades contra el personal de visita,
no lo usan para que no los identifiquemos y los puedan denunciar esto se ve en
la parte posterior del penal y así piden ellos transparencia. Lo único que
solicito señor Juez es que me traten como un ser humano que pertenece a la
sociedad colombiana, y que no me traten peor que un animal. (…)”[5]
Las accionantes solicitan a cada uno de los
jueces ante los cuales interpusieron la demanda que tomen las medidas
necesarias para que la guardia deje de cometer las violaciones a las que las
somete.[6]
1.2. Respuesta de la Dirección del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali (Cárcel Villahermosa)
Carlos José Prada Ospina, Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali, participó en siete de los
procesos instaurados en contra de la Cárcel, [7]
para solicitar a los jueces de instancia no tutelar ‘los derechos fundamentales
de dignidad humana, salud, vida y petición’, porque no han sido desconocidos.
En cuanto a las supuestas vejaciones por parte de la guardia, sostiene que son
falsas, y en cuanto a la restricción de las visitas a las mujeres en estado de
menstruación, sostiene que es un trato que se justifica para garantizar la
seguridad del Establecimiento Penitenciario.
1.2.1. El Director negó las afirmaciones
de las accionantes relacionadas con el trato degradante por parte de la guardia
de la Cárcel Villahermosa, en todos los procesos de acción de tutela en los que
participó. A continuación se transcribe la respuesta del 6 de diciembre de 2004
del Director, tal como fue presentada en el proceso de acción de tutela de Ana
Milena Franco Rendón (T-1065050),
“(…) las afirmaciones
de la actora son totalmente falsas. El reglamento del régimen interno se
encuentra enmarcado dentro de la ley 65 de 1993, acuerdo 0011 de 1995 y el
Manual de Procedimiento en la ‘Nuevas Técnicas Penitenciarias’ establecen el
régimen general para los Establecimientos Penitenciarios y carcelarios del país
es precisamente el citado reglamento quien nos indica los Métodos de requisa al
personal visitante: inspeccionar y remover objetos personales, sacar todos los
elementos que tenga en su bolsillo, tanto la falda como de la blusa, se
inspecciona su cartera y demás objetos permitidos, la requisa realizada es
‘policiva’, no es cierto que el personal de Dragoneantes femeninas requisan a
las visitante de un carácter morboso de lesbianismo, no he sido informado que
dentro del personal del cual yo dirijo, se presenten casos de lesbianismo, por
lo que solicito se compulse copias a la Fiscalía para que se investigue a la
señora Ana Milena Franco Rendón, a fin de verificar si incurrió en alguna
conducta delictual, al hacer afirmaciones deshonrosas y degradantes al personal
de Dragoneantes femeninas.”[8]
Esta respuesta del Director, presentada el
6 de diciembre de 2004 a la Juez Tercera Penal del Circuito de Cali, fue
modificada parcialmente en las respuestas posteriores, dentro de algunos de los
demás procesos contra la Cárcel Villahermosa que se estudian en la presente
sentencia.[9]
1.2.2. De igual forma, el Director de la
Cárcel Villahermosa negó que a las visitantes se les intimide con los bastones
de mando (bolillos) cuando protestan por el trato que reciben. Al respecto
sostiene en el proceso de acción de tutela de Ana Milena Franco Rendón
(T-1065050),
“(…) Con respecto a
esta queja, me permito informar que el bastón de mando o bolillo es permitido
portarlo únicamente en la parte interna (patios), en ningún artículo del
acuerdo 011 de 1995 dice ‘que el personal de Guardia debe permanecer
constantemente con gorra usar un parche con el primer apellido del guardián en
la parte superior del bolsillo derecho de la camisa del uniforme’. No es cierto
que el personal de uniformados comete atrocidades contra la visita, no es
cierto que los Dragoneantes no usan apellido para no ser identificados, en este
Establecimiento ni en ninguno del país, a nadie se trata en forma degradante o
inhumana. El uso de los guantes, es por motivos de higiene y salubridad, de los
que se cambian constantemente, por eso se llaman desechables. Está comprobado
clínica y científicamente que las personas o visitantes podrían contagiarse de
alguna enfermedad vaginal, si se entra en contacto directo con su órgano
genital, caso que no ocurre puesto que no se toca ni palpa dichos genitales. La
accionante no puede afirmar que se [hacen] las requisas con los mismos guantes,
debido a que este procedimiento se hace de una en una.”
Al igual que la respuesta anterior, en este
caso el Director también la modificó, indicando que en el Establecimiento que
él dirige también se da cum­plimiento a las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional. Así
presentó el argumento el Director en el proceso de acción de tutela de Mariela
Guerrero (T-1067613),
“También estamos dando
cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos establecidas en el informe N° 38/96, Caso 10.56 Argentina, 15 de
octubre de 1996, y a las reglas establecidas en materia de requisas en la
jurisprudencia que a continuación transcribo (…)”[10] [el Director cita las
sentencias T-702 de 2001 y T-269 de 2002]
1.2.3. Para el Director, uno de los deberes
que debe cumplir toda cárcel es garantizar la seguridad del Establecimiento,
por lo que se debe requisar a las personas que lo visitan, reconociendo como
límite para el ejercicio de tal función a los derechos fundamentales de las
personas, enmarcados dentro de la dignidad humana. Dentro de estas premisas, el
Director de la cárcel encuentra razonables las restricciones a las visitas al
Establecimiento Carcelario de las mujeres en estado de menstruación, debido a
la inseguridad que ello representa para la Cárcel Villahermosa. A continuación
se transcribe el argumento del Director, tal como fue presentado en el proceso
de acción de tutela de Mariela Guerrero (T-1067613) ante el Juez 17 Penal del
Circuito de Cali,
“De conformidad con las
directrices emanadas por la doctrina y la jurisprudencia, han sido reiterativas
y nos indican cómo se debe hacer las requisas al personal de visitantes, sin
violar derechos, estos enmarcados dentro de la dignidad humana, lo cual estamos
cumpliendo. Es de reconocimiento público que varias de las visitantes han
tratado de ingresar sustancias prohibidas dentro de sus partes íntimas
(estupefacientes, armas de fuego, explosivos, granadas, etc.), esto trae como
consecuencia, los constantes movimientos sediciosos que al interior del Centro
Carcelario, efectúan algunos reclusos, aprovechando precisamente los días de
visita femenina, quienes son acolitados por ellas mismas, para el ingreso de
elementos prohibidos. Gracias a fuentes de inteligencia y denuncios formulados
por las mismas visitas, se ha logrado el decomiso de estos elementos y
dejándolas a disposición de la autoridad judicial competente, se deja
constancia que cuando existe información verídica de que una visitante lleva
elementos extraños dentro de sus cuerpo, se le solicita que ella misma se
extraiga los elementos ilícitos y si la situación se complica se llama a un
médico y una enfermera. Con respecto a las señoras que presentan la
menstruación, situaciones como éstas se escapan a los alcances de los
procedimientos ya establecidos, máxime cuando nos encontramos frente a un
fenómeno biológico que no es posible evitarlo, lo ideal es abstenerse de las
visitas dominicales, perfectamente pueden ingresar una vez les haya terminado
su ciclo menstrual, abstenerse de un día de visita en las condiciones antes
dichas, no afecta ni pone en peligro eminente derecho alguno de la visitante ni
mucho menos del recluso visitado, o por el contrario si quiere entrar puede
hacerlo, siempre y cuando se someta al respectivo registro. En repetidas
ocasiones a las señoras visitantes que se les ha incautado sustancias o
elementos prohibidos dentro de sus órganos genitales, han presentado hemorragia
(sangrado), pero en algunos casos, no por período menstrual, esto sucede debido
a que se han lastimado las paredes del conducto vaginal o cuello de la matriz,
al introducirse los referidos elementos, quedando difícil saber cuál es la
visitante que presenta el período menstrual y cuál es la que se introduce
objetos prohibidos. Es de observar que si no requisa y se permite al ingreso a
las señoras con su ciclo menstrual, se vulnera la seguridad del
establecimiento, entrando una o varias impostoras, es nuestro ordenamiento
jurídico el que nos faculta para requisar a toda persona que ingrese a un
centro de Reclusión, obviamente sin violar la dignidad de cada ser humano. Las
requisas se efectúan tal y como lo establece el artículo 55 de la ley 65 de
1993 y el artículo 22 del acuerdo 11 de 1995 (…)”[11]
Las referencias normativas incluidas por el
Director de la Cárcel Villahermosa en la presente respuesta del 10 de diciembre
de 2004 (T-1067613), no habían sido incluidas en la respuesta dada dentro de
procesos previos, como por ejemplo en los procesos de acción de tutela de Ana
Milena Franco Rendón (T-1065050), Zuly Patricia Zúñiga (T-1066603) y Ana
Valencia (T-1066944).
1.2.4. El Director de la Cárcel
Villahermosa consideró que la tutela debe negarse porque no se han violado los
derechos de las mujeres que visitan la Cárcel. En su intervención en el
expediente T-1067613,[12]
sostiene que ‘diferentes organismos encargados de derechos humanos’ habían
visitado el establecimiento Carcelario y probado lo dicho por él; además,
señala que la acción de tutela no sirve para reclamar derechos colectivos y
debe ser negada cuando es temeraria. Dijo al respecto,
“En varias ocasiones
[las requisas] han sido objeto de revistas por diferentes organismos, encargados
de la protección de los derechos humanos, en la que el suscrito a recibido el
aval de dichas entidades, sin tener quejas por violación a derechos humanos. La
Acción de Tutela es una herramienta jurídica para proteger derechos
individuales y no colectivos, para este caso específicamente, esta Dirección ha
recibido más de Cuarenta Acciones de Tutela de los diferentes despachos
judiciales, en la que diseñaron el formato por computador y lo fotocopiaron
para llenarlo con diferentes firmas, solicitando las mismas pretensiones.
Para la presente
acción, ruego a usted tener en cuenta lo enunciado en el artículo 38 del
decreto 2591 de 1991, que al tenor reza:
‘Actuación Temeraria’.
Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas sus solicitudes
…”[13]
1.2.5. En sus intervenciones, el Director
de la Cárcel solicita que se practique una inspección judicial a la Cárcel
Villahermosa un domingo, para que así se pueda comprobar lo dicho por él.
También solicita que se tenga en cuenta la inspección judicial realizada por la
Juez 6ª Penal Municipal de Cali, en compañía de las personeras delegadas, que
igualmente, considera él, prueba su dicho. A continuación se transcriben los
apartes más importantes de la inspec­ción judicial aportada,
(Los errores
ortográficos y gramaticales son del texto original)
“(…) en el sitio nos
ubicamos en la Sala de requizas, donde fuimos atendidas por las guardianas Yolima
Alegrías, Miriam Rodríguez, Zully Salazar, Ana Lucía
Escobar, Liliana Ocejo y Nubia Amón, quienes practicaron la
requiza en nuestra presencia, observandose que la requiza se hace por encima de
la ropa, en ningún momento hay un contacto con la parte corporal, se utilizan
guantes los cuales son cambiados cuando se requiere requisar internamente a una
persona que al parecer viene ‘cargada’, cuando se presenta esta situación se
procede a manifestarle a la persona que viene cargada que ella misma se retire
el objeto que trae en su interior, inmediatamente la persona accede, y se
acoclilla, ella se extrae el material que trae, inmediatamente la guardiana lo
coge con el guante que ha requisado y lo amarra con el mismo guante y lo
embala. Caso concreto se presenció en el día de hoy cuando se requizó a la
señorita que dijo llamarse Teresa Valencia, se puso nerviosa y manifestó que
ella misma se reitraba lo que traía en la vagina, y lo que se observó fue un
taco envuelto en papel plástico negro, más o menos de doscientos cincuenta a
trescientos gramos, en forma de un ávalo, consistencia dura compacta (…) Lo
encontrado junto con la visitante quedó a disposición de la guardia para los
trámites pertinentes. Luego procedimos a pasar a la plazoleta donde seguían las
personas ya requisadas para colocarle el sello e ingresar a los patios, allí
dialogamos con varias visitantes preguntándoles sobre la forma en que se
realizaba la requiza, manifestando que siempre se hacía en forma correcta, sin
excederse en manoceos morbosos, todo es normal, se hace por encima de la ropa
(…). Al preguntar a las guardianas si se permitía el ingreso de personas con la
menstruación, porque en las mismas toallas llevan dinero o, sustancias
alucinogenas o elementos prohibidos dentro del penal. También se pudo observar
que en la requiza que se hizo se encontró dinero dentro del cabello de una
señora y también un menor llevaba dinero dentro del bolsillo, del pantalón,
siete mil pesos, llamaron a la mamá y ella se devolvió con los dos niños, por
lo cual se devolvió a la señora para que dejara afuera el dinero por que no se
puede entrar debido a la Ley 65 de 1993 y el decreto 0011 de 1995, que no se
permite ingresar dinero porque se utiliza para usos indebidos. Dentro de las
entrevistas que se realizaron, las visitantes se quejaron por el no permiso de
ingresar dinero, toda vez que la tienen que dejar en la parte de afuera, la
plata del transporte y por guardarle ese dinero en la parte de afuera del
penal, personas ajenas, les cobran por guardar ese dinero, y en algunos
momentos solo tienen la plata del bus y les es mas costoso venir y pagar plata
por la guardada, por lo cual sugiere exista un casillero, donde se les guarden
sus dineros y pertenencias. En cuanto al uso del bastón de mando o bolillo, que
las guardianas portan en parte visible dicho elemento, por lo cual se constató
que no se hace uso del bastón de mando. Se observó en los uniformes del
personal, el apellido primero y la inicial del segundo apellido, en lado
derecho sobre el bolsillo de la camisa, bordado en el mismo color azul del
uniforme. Se observó en el sitio de la requiza, una caja con guantes sin usar,
cuando se hace la requiza externa y detectan algo extraño, procede la guardiana
a cambiarse de guantes y retirarla a un sitio más privado y proceder a
requisarla, cuando ellas no acceden a sacarse los objetos, lo hace un médico
una enfermera o se lleva a un centro médico cuando necesitan de cirugía. También
se observó que las visitantes hacian su fila normalmente para la requiza y no
protestaban, no decian nada en cuanto a las requizas, no se escuchó ningún
comentario contra las guardianas ni la forma de requisar, todo transcurrió en
un completo orden y se evacuó rápido la requiza. No siendo otro el motivo de la
presente diligencia, se da por terminada una vez firmada por los que en ella
intervinieron. (…) ”[14]
En varios de los procesos,[15] el Director de la
Cárcel remitió copia de una comunicación remitida por él a los Comandantes de
la Guardia Externa Primera y Segunda compañía del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario Villahermosa de Cali, mediante la cual puso en conocimiento de éstos
“(…) un listado de visitantes a las cuales se les ha prohibido la entrada al
establecimiento, porque al momento del ingreso se les fue decomisdas (sic)
sustancias prohibidas.”[16]
1.2.6. En uno de los procesos,[17] el Comandante de
Vigilancia de la Cárcel Villahermosa, Julio Geovani Reina Mejía, fue llamado a
rendir declaración ante el Juez Quinto Penal del Circuito de Cali. En tal
declaración, el Comandante describe el proceso de requisas efectuado en las
instalaciones del penal, señala el uso que se hace de los guantes desechables y
explica por que las visitantes con periodo menstrual no  pueden ingresar a las
instalaciones de la Cárcel. Dijo el comandante en su declaración,[18]
(errores ortográficos y
gramaticales del texto original)
“(…) PREGUNTADO
Teniendo en cuenta las alegaciones que pre­senta la señora MARIA ENEIDER
OCAMPO y LIDELINA MUÑOZ como usuarias y/o visitantes de las instalaciones de la
Cárcel Villahermosa, con respecto a la forma como se realizan las requisas
dentro del establecimiento para poder ingresar a realizar las visitas a los
internos, realice una narración clara y concisa de los detalles y
procedimientos que en las mismas usualmente utilizan. CONTESTO: la
requisa que le hacen a las visitantes (femeninas) es policiva, que es por
encima de la ropa, y las guardianas si utilizan guantes pero no para hacer el
tacto, si no por que hay muchas visitantes que se introducen droga en la vagina
o en el recto, incluso hasta una granada en la vagina ha habido, cuando se
requisa a una visitante sospechosa se le saca aparte y se le dice que se saque
lo que lleva adentro su genital para no tener que llevarla a Medicina Legal,
por que son los médicos quienes hacen el procedimiento extracción del paquete o
lo que lleven, pero la gran mayoría de visitantes al verse cogidas ellas mismas
lo entregan. La descripción de la requisa es: primero el pecho por que se ha
detectado drogas en los brasieres, solapa de cuello, las piernas, los brazos, y
no pueden ir con pantalón siempre se con falda, en primer lugar por seguridad,
por que el pantalón lo pueden intercambiar con algún interno y para que la
requisa sea mas rápida. Solo cuando hay sospecha se le pone aparte a la
visitante y ella junto con la guardiana se van para un cuarto solo al pie de la
requisa, y la guardiana le solicita a la visitante que se deje requisar e
inmediatamente la visitante entrega lo que lleve y su si rehúsa se le lleva a
Medicina Legal y si allí se rehúsa nuevamente, se le lleva a la U.R.I. para que
la Fiscalía de la orden para que Medicina Legal hagan el procedimiento. PREGUNTADO
Sírvase informar al despacho si es cierto que la Guardiana realiza el Tacto con
guates y el mismo lo utiliza para con las otras visitantes. CONTESTO: No
es cierto, porque ellas no hacen el tacto, solo hacen las requisas policivas, y
utilizan los guantes es para cuando las visitantes entreguen los elementos
prohibidos y ellas los reciben con el guante, y en el momento dejan el paquete
dentro del guante y se ponen otros guantes, cuando se termina la requisa se
manda a la visitante con la sustancia a la U.R.I. y allá pues las mandan para
el Buen Pastor porque es un delito. PREGUNTADO Manifieste al Despacho
por que la accionante afirma que cuando tiene el periodo o menstruación, es
imposible ir hacerle visita a los internos, y que en ocasiones ha sido devuelta
por este motivo. CONTESTO: Uno de los requisitos para el ingreso
es la requisa, cuando las mujeres tienen el periodo utilizan toallas
higiénicas, y no se sabe con certeza si es cierto que están, con el periodo o
no, obviamente la toalla intima tapa la vagina y esto impide que se le requise
en este caso que se le observe por que se le recomienda que se quite la toalla
y ellas manifiestan que no, por lo general las guardianas las vaginas de las
sospechosas, pero no hacen el tacto.  PREGUNTADO Manifieste al Despacho,
cuando una visitante es sospechosa. CONTESTO: Por que en el momento de
la requisa la notan nerviosa, y otras por informaciones de inteligencia durante
el transcurso de la semana y hay información por parte de los internos,
funcionarios y las otras visitantes que no están de acuerdo con esta situación.
PREGUNTADO: Manifieste al Despacho cuanto tiempo puede durar una
requisa a una visitante, así mismo si Ud. Conoce de caso como lo informa la
accionante de Guardianas que en el momento del procedimiento utilizan modales o
expresiones de morbosidad o de lesbianismo. CONTESTO: El día
domingo hay cuatro guardianas disponibles para requisar desde las 6:00 de la
mañana hasta las doce del día, y requisan 6.000.oo mujeres aproximadamente,
entonces realmente no existe el tiempo para eso y hasta la presente no he
conocido ningún caso de lesbianismo de las guardianas todas son muy
profesionales. (…)”
1.2.7. Al más
reciente de los expedientes acumulados al presente proceso,[19] se vinculó al
Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, que participó por intermedio de la
Directora Regional de Occidente, María del Socorro Buitrago Correa. La
Directora Regional retomó los argumentos del Director de la Cárcel y solicitó
al juez de instancia (Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali) que declarara
improcedente, por temeraria, la acción de tutela analizada en ese caso. Al
respecto sostuvo,
“Se hace conocer al
Despacho, que la presente Acción de Tutela ha sido presentada idénticamente por
los mismos hechos, por otras accionantes, ante el Juzgado 16 Penal del Circuito
de esta ciudad (2 acciones instauradas), ante el Juzgado 18 Penal del Circuito
de esta ciudad (3 acciones instauradas), Juzgado 19 Penal del Circuito, Juzgado
15 Penal del Circuito (2 acciones instauradas): como también ha sido notificado
el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali — Valle, en
los Juzgados 2°, 7°, 8°, 9°, 11, 19, 15, 3°, 16, 21 Penal del Circuito de esta
ciudad y en los Juzgados 1°, 3°, 4°, 7°, 8°, 6°, 5°, 11 y 25 Penal Municipal de
Cali, en las mismas condiciones.
De manera atenta me
permito informar que en acción de tutela instaurada por la señora Luz Marina
Castañeda, por los mismos hechos, de lo cual conoció el Juzgado Sexto Penal
Municipal de Cali — Valle, donde mediante Fallo de Tutela, en Sentencia 094 del
9 de diciembre de 2004, se resuelve NO TUTELAR los Derechos Fundamentales de
Dignidad Humana, Salud, Vida y Petición invocados por la accionante Luz Marina
Castañeda, en contra de la Dirección y la Subdirección de la Cárcel Distrital
de Villahermosa de Cali.”
1.2.8. Al
proceso T-1101561 también se allegó una copia parcial de la Resolución 015 del
año 2004, la cual modifica el Reglamento Interno del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Cali (Cárcel Villahermosa). La copia no reproduce
el contenido del artículo 35 del Reglamento de forma íntegra, pero sí los
parágrafos primero y segundo del mismo. El primero de ellos dice:
“Parágrafo primero:
En el evento que la visitante presente el período menstrual, se le podrá
permitir una entrevista en el sitio destinado en el Establecimiento para tal
fin, considerando aspectos de higiene por dificultar la requisa y para evitar
el ingreso de elementos no permitidos al interior de toallas higiénicas, con
los cuales se atente contra la seguridad de los internos y del personal del
Centro de Reclusión”
1.3. Decisiones de instancia
1.3.1. Proceso T-1065050
El 16 de diciembre de 2004, la Juez Tercera
Penal del Circuito de Cali resolvió negar la acción de tutela de Ana Milena
Franco Rendón, por considerar que la Cárcel Villahermosa no le ha vulnerado
“por acción u omisión de sus funcionarios ninguno de sus derechos
fundamentales”.
1.3.1.1. La Juez consideró que las requisas
eran ‘legítimas’ y ‘justificables’. E indicó al respecto,
“(…) Cuando pues, la
requisa se efectúa, involucrando en ella todo el personal femenino visitante
este proceder, por sí mismo, e independientemente de que sea molesto o
mortificante para quien debe soportarlo, es ante todo lógico y necesario,
porque tiene como único fin el impedir el ingreso de objeto o substancias que
van directamente encaminados al ocasionamiento de daño en la salud mental (como
en el caso de los alucinógenos) o corporal (como en el evento de las armas) de
los internos, o, inclusive, de los servidores públicos encargados de la
seguridad del plantel. (…)”
A su juicio, las requisas no desconocen los
derechos de las visitantes, por el contrario, las protegen. Dijo al respecto la
sentencia,
“(…) si esa posibilidad
de requisar fuese suprimida o minimizada de tal modo que se perdiese su
eficacia, la penetración clandestina de esa clase de cosas proliferaría de
inmediato, con consecuencias nocivas inimaginables, pudiéndose concluir,
entonces, con tal apego a la lógica, que para cualquier mujer que tenga, como
lo dice la actora, detenido en el establecimiento carcelario al esposo, al
padre, al hijo, al amigo, etc., el que esa requisa exista y sea prolija e
idónea, antes que constituir una molestia o incomodidad debería ser una causa
de tranquilidad, porque cuanta menor sea la posibilidad de ingreso de objetos o
sustancias física o mentalmente peligrosas, mayor será el margen de seguridad
de esa persona interna.”
1.3.1.2. No obstante, la Juez advierte que
esta facultad no es ilimitada. Sostiene sobre este aspecto lo siguiente,
“Es cierto también que
esa requisa debe ser cumplida de modo tal que con su práctica no se someta a la
mujer requisada a ninguna situación degradante, humillante, o inmoral, etc.,
vale decir, que ha de efectuarse de manera que no se vulnere a ésta ninguno de
sus derechos fundamentales atentándose contra su dignidad humana, pero sin que
ello implique que deba renunciarse a ella para que la visitante tenga paso
expedito e incontrolado al interior del plantel.”
1.3.1.3. La Juez concluyó que a través del
proceso no se evidenció que la accionante, “(…) en concreto haya sido sometida
a ese tratamiento degradante e inhumano que (…) predica de la guardia femenina
de la Cárcel Distrital de Cali en perjuicio de todas las mujeres que asisten
allí para visitar a los internos, pues mientras alude, verbigracia al comportamiento
perverso y libidinoso de las guardianas, y a sus actitudes lésbicas se
abstiene, empero, de precisar cuándo o bajo qué circunstancias hubo de soportar
ella experiencias de esa índole, que fueran a contravía de su decoro, de su
moral o de su dignidad, así como tampoco, al generalizar, nos dice cómo o
cuándo le fue registrada su área vaginal mientras tenía la menstruación (…)”
1.3.1.4. La Juez consideró que la requisa
es razonable, incluso en el caso de que la mujer esté en el período menstrual.
Dijo al respecto,
“(…) el hecho de que la
mujer esté pasando por su ciclo menstrual no constituye causa legítima para que
quede exonerada de la requisa, cuando es un hecho, además, que si una mujer
pretendiese introducir a la cárcel alcaloides o cualquier otro elemento,
ocultos en sus conductos rectal o vaginal la presencia de la menstruación no
sería obstáculo para que lo hiciese. Por que ello es así estamos igualmente que
(sic) es la mujer en estado menstrual quien tiene la omnímoda libertad para
elegir si desea o no concurrir a visita en esas condiciones, y someterse, por
supuesto, a la obligada requisa, o esperar, en verdad, a que esté libre de ese
período natural para hacerlo.”
1.3.1.5. Finalmente, advierte que contrario
a lo que ocurre con la accionante, el Director de la Cárcel sí prueba su dicho,
“En contraposición,
pues, a las manifestaciones de la actora, hechas, ya lo hemos dicho, de modo
general, obra la respuesta del Director del establecimiento carcelario a través
de la cual indica con precisión la forma como se realiza la requisa, señalando
además que en el decurso de ella, y en relación con todas la mujeres que
concurren a la visita, se toman las medidas necesarias para evitar cualquier
maltrato o situación que pueda vulnerar sus derechos, soportando, inclusive,
sus afirmaciones, con la copia de la inspección judicial practicada en ese
recinto por la Juez Sexta Penal Municipal, digna para el despacho de total
credibilidad, de la que se infiere el trato decoroso y ajeno por completo a
aquellas situaciones anómalas relatadas por la señora Franco Rendón. (…)”
1.3.2. Procesos T-1066944 y T-1066603
El
15 de diciembre de 2004, el Juzgado 11 Penal Municipal de Cali negó, bajo los
mismos argumentos, las tutelas instauradas en procesos independientes por Ana
Valencia (T1066944) y Zuly Patricia Zúñiga (T1066603). Según la Juez, quedó
establecido en el proceso que ‘la entidad accionada no vulneró los Derechos
Constitucionales fundamentales invocados’.
1.3.2.1.
La Juez de instancia señala en su sentencia que las accionantes no sus­tentaron
mediante pruebas su dicho, mientras que la entidad accionada sí corroboró su
defensa mediante la inspección judicial realizada por el Juzgado Sexto Penal
Municipal de Cali.
“Adentrándonos en el análisis correspondiente, encontramos que la
accionante impetró la acción (…) al considerar conculcados sus derechos a la
dignidad humana y la salud, los mismos que al ser confrontados con la
Inspección judicial (…) se pudo advertir que no corresponden a la realidad,
toda vez y como quedara plasmado en el acta de diligencia de inspección
judicial, los procedimientos adelantados por el personal (…) se llevan a cabo
conforme los parámetros señalados por la Ley y el reglamento del Inpec, sin que
se haya observado en esa diligencia atropello o ultraje alguno por parte del
personal de guardia del centro de reclusión.
Contrario a las afirmaciones de la accionante, quedó plasmado en el
Acta de Inspección, que el ingreso los días de visita se lleva a cabo (…) de
manera ordenada, que no se observó incidente alguno que alterase la armonía ya
referida; que el ingreso se llevó a cabo de manera rápida cumpliéndose entonces
con los requisitos establecidos por el ordenamiento penitenciario y carcelario,
luego entonces no se vislumbra vulneración alguna de los derechos invocados por
la accionante ni en lo concerniente a la salud ni a la Dignidad Humana.”
1.3.2.2.
En cuanto a la prohibición de la entrada de mujeres con periodo menstrual a las
instalaciones del centro penitenciario, la Juez encontró que la medida no
vulneraba los derechos constitucionales de las visitantes. Dijo al respecto,
“Debemos precisar también que el hecho de no permitir el ingreso al
penal de las mujeres que se encuentran con el período menstrual, lejos de corresponder
a una decisión aislada y circunstancial para introducir elementos que
desestabilicen el orden y la seguridad de la población carcelaria cuando no es
que ‘disfrazan’ tal circunstancia colocando en sus genitales elementos que (…)
simulen esta condición.
Se desprende de lo anterior que por manera alguna se violan derechos
fundamentales de ninguna índole, por cuanto abstenerse de un día de visita en
las condiciones antes dichas no afecta ni pone en peligro inminente ningún
derecho alguno de las visitantes y mucho menos del interno visitado.”
1.3.2.3.
Finalmente, en cuanto al derecho a la salud, la juez consideró con base en la
inspección judicial aportada al proceso, ya mencionada, que este derecho no ha
sido violado. Dijo al respecto,
“Con respecto al derecho a la salud y a la vida invocados a través de
este mecanismo constitucional habremos de expresan que tampoco se observa
violación alguna por parte del personal de guardia, pues quedó establecido
según la Diligencia de Inspección Judicial llevada a cabo, que el procedimiento
corresponde estrictamente a una ‘Requisa Policiva’ llevada a cabo dentro de los
parámetros de seguridad e higiene plasmados en el acta ya mencionada.”
1.3.3. Proceso T-1067494
El
14 de enero de 2005, el Juzgado 20 Penal del Circuito de Cali negó por “improcedente”
y por falta de “sustento específico” la acción de tutela presentada por
Clara Elena Ospina Castrillón contra la dirección de la Cárcel Villahermosa. A
su parecer no se violan los derechos de la accionante
1.3.3.1.
Para la Juez, la inspección judicial realizada por la Juez Sexta Penal
Municipal de Cali, aportada al proceso, muestra que las requisas se adecuan a
los parámetros legales. Además, consideró que la gran cantidad de mujeres
sorprendidas con elementos ilícitos en sus genitales justifica ese tipo de
requisas.[20]
1.3.3.2.
En la sentencia, la Juez admite que las requisas pueden ser vergonzosas para la
visitante. Sin embargo, a partir de una ‘armonización concreta’ de los
derechos en conflicto, consideró que éstas medidas son de necesaria aplicación
siempre y cuando se cumplan las condiciones de sanidad y respeto mínimo.[21] Finalmente, argumenta
que la requisa es un acto de carácter general que no es susceptible de amparo
por vía de tutela.[22]
1.3.4. Proceso T-1067613
El
16 de diciembre de 2004, el Juez 17 Penal del Circuito de Cali negó el recurso
de amparo interpuesto por la señora Mariela Guerrero por ‘no existir
violación alguna de derechos fundamentales”.
Para
el Juez, además de que la accionante no presenta soporte probatorio alguno de
sus acusaciones, el cual es necesario para conceder la tutela invocada,[23] ‘comparte
plenamente’ las razones presentadas por la entidad accionada con relación a
la necesidad de las requisas, pues ‘de no proceder de esta manera se estaría
amenazando la seguridad de los establecimientos carcelarios’.[24]
1.3.5. Proceso T-1097963
El
15 de diciembre de 2004, el Juzgado 5° Penal del Circuito de Cali decidió ‘declarar
improcedente’ la tutela interpuesta por la señora Maria Eneider Ocampo
contra la Dirección de la Cárcel Villahermosa y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario Regional Occidente, pues para la Juez “no se
comprobó” el quebrantamiento de derecho alguno.
1.3.5.1.
El Juez advirtió que a la luz de la jurisprudencia constitucional (cita las
sentencias SU-442 de 1997 y la T-269 de 2002) las requisas no pueden atentar
contra la dignidad humana. Sin embargo, consideró que los argumentos de la
accionante ‘pierde[n] su valor de crédito’ frente a la inspección
judicial que se allegó al proceso. Al respecto dijo la Juez:
“En el presente asunto se tiene que si bien es cierto, la accionante
alega ser sometida a desnudos y requisas indignas alega ser sometida a desnu­dos
y requisas indignas por parte de la guardia del Centro de Reclusión para
Hombres – Villahermosa de Cali, también lo es que tales argumentaciones pierden
su valor de crédito con la inspección judicial que se allegó al presente asunto
como prueba trasladada, pues allí se advierte que la requisa es ‘policiva’, o
sea, sobre la ropa y que en el evento de que la persona traiga entre sus
genitales o vientre algún elemento prohibido, la misma guardiana o persona
encargada de efectuar tal requisa de manera verbal le solicita a la visitante
se saque lo que tiene ‘adentro’, acto para el cual es trasladada hasta otro
sitio más dis­creto, ello con el fin de no vulnerar su derecho fundamental a la
vida digna.”
1.3.5.2.
La Juez estimó que la accionante no ‘puede hablar (…) de violación al
derecho fundamental de dignidad humana’, ni puede intentar ‘reducir los
límites’ de los medios que las directivas del penal tienen ‘para
garantizar una seguridad a los reclusos de esa instalación’ alegando, sin
comprobar, una vulneración a un derecho fundamental.[25]
1.3.6. Proceso T-1101561
El
12 de enero de 2005, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali decidió ‘denegar’
la tutela interpuesta por Katherine Villareal contra la Direc­ción de la Cárcel
Villahermosa, por considerar que no le fueron violados sus derechos
fundamentales.
1.3.6.1.
Luego de hacer referencia a la jurisprudencia constitucional (cita las
sentencias T-518 de 1995 y T-269 de 2002) y de resaltar lo que denomina ‘el
elemento de razonabilidad en las requisas de los visitantes’, el Juez
consideró que de acuerdo a lo probado en el expediente las requisas con
registro en los genitales no son el procedimiento común en la Cárcel; éstas,
por el contrario, son ‘excepcionales’, se dan ‘en aquellos casos en
que se tuvieran indicios que la visitante podía llevar algún objeto oculto’.[26]
1.3.6.2.
El juez consideró razonable la restricción establecida para las mujeres que
visitan la Cárcel durante el período menstrual, pues consideró que se trata de
una medida excepcional que ha sido impuesta en aras de la seguridad de esas
propias mujeres. Dijo el Juez,
“En cuanto al ingreso
de las mujeres cuando presentan su período menstrual, resulta razonable la
explicación que al respecto da la Dirección de la cárcel pues el sangrado por
dicho proceso biológico puede confundirse por un sangrado por hemorragia
ocasionada por manipulación de la zona genital para implantar temporalmente
algún objeto que se quiera ingresar ilegalmente; medida que además de propender
por la seguridad del régimen, es higiénica tanto para la visitante como para la
persona que realiza el registro minucioso, que como se dijo, no es en todos los
casos, y puede resultar humillante para ambas partes; además esto no se
presentaría regularmente en el caso de la accionante, pues el ciclo menstrual
no siempre coincidirá con el día de visita, y cuando ello suceda no implicaría
que se quedaría sin visitar a su esposo, pues puede solicitar una entrevista
privada como lo sugirió el mismo Director de la Cárcel.”
1.3.6.3.
Sin embargo, para el Juez 14 Penal del Circuito de Cali es importante  que las
autoridades carcelarias ‘impartan precisas órdenes’ a fin de evitar que
se atente contra la dignidad humana de forma indiscriminada, por lo que exhortó
a la Dirección de la Cárcel en ese sentido. Al respecto señaló,
“No obstante lo
anterior, y con el fin de evitar que esas situaciones alegadas por la
accionante vayan a hacerse una costumbre para su caso, se hace necesario
exhortar a la Dirección del establecimiento penitenciario y carcelario de Cali,
para que imparta precisas órdenes al personal de guardia encargado de efectuar
las requisas a las mujeres visitantes del centro carcelario, absteniéndose de
efectuar maniobras vejatorias de la dignidad humana, debiéndose adoptar por
mecanismos alternos e igualmente idóneos para los fines de seguridad
perseguidos y que han sido implantados en otro centros de reclusión del País.”[27]
1.3.7.  Procesos T-1065075 y 1065076
El
20 de enero de 2005, el Juzgado 11 Penal Municipal de Cali resolvió rechazar
sendas tutelas, debido a que se solicitó información adicional a las
accionantes, pero ellas no corrigieron sus demandas dentro del plazo estipulado
para ello, “los tres (3) días otorgados”.[28]
2. Caso de la Cárcel del Distrito de Manizales (T-1060099)
2.1. Hechos, demanda y solicitud
2.1.1. Jeison Yair Páez Ladino interpuso
acción de tutela contra el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Manizales, por considerar que las requisas a las que ha sido sometido
representan una violación a sus derechos a la dignidad humana, a la intimidad y
a la igualdad; en consecuencia, solicita que sean suspendidas. Dice el
accionante en su escrito de acción de tutela,
“(…) me dirijo a
ustedes para entablar una tutela en contra del personal administrativo
(director, subdirector y demás) y el personal de custodia ya que según la
circular 37 puesta bajo nuestro conocimiento el año anterior hablaba de que no
se [h]aría desnudar a los internos en pleno patio frente a las miradas de todos
pues ello era un atentado a la dignidad humana y una clara violación al derecho
de la intimidad y que si se tenía una sospecha sobre un interno este sería
llevado aparte a una habitación donde [sólo él] y el guardián estuvieran libres
de la mirada de la demás comunidad carcelaria y [ahí] sí procedería el señor
comandante a la pesquisa; pero en este centro carcelario no se [h]a adoptado
dicha aptitud y todos los internos son desnudados en los patios y obligados a
bajar ‘hacer cuclillas’ varias veces ‘eso depende con el genio que
llegue el comandante’ (…)”
2.1.2.
El accionante acusa a algunos de los funcionarios de la cárcel de emplear
métodos excesivamente violentos,
“(…) esta es aún una de
las pocas cárceles nacionales donde por cualquier cosa se maltrata a los
internos dándoles palo indiscriminadamente, cosa que ya no debería existir,
hago pre[á]mbulo en que hay comandantes ‘no todos pero por desgracia los hay’,
que son felices buscando la caída del interno que les caiga mal para golpearlo
de manera inhumana y brutal sin importar donde caiga el garrotazo, los daños
que le cause y sin que a nadie le importe ya que ni derechos humanos se van
dentro de este establecimiento carcelario y para poder ser atendidos por la
defensoría nos [h]a tocado hacer huelgas de hambre pues de lo contrario nadie
se hace presente. Hago énfasis en esta denuncia ya que esta actitud y el
maltrato no ayudan para nada al proceso de resocilización al cual nos sometemos
los internos y principal objetivo de las cárceles y penitenciarias y en el cual
el personal administrativo y de custodia de este establecimiento tienen una
equívoca participación. (…)”
Denuncia
también las condiciones ‘infrahumana’ en las que se encuentran él y los demás
internos de su patio,[29]
en especial, lo que se refiere a las condiciones poco pacíficas e inseguras en
que viven.[30]
Por último hace alusión a la mala alimentación que reciben.
2.1.3.
El 25 de noviembre de 2004, el accionante amplió su acción de tutela mediante
declaración rendida al Juez Segundo Penal Municipal de Manizales. Aclaró su
demanda en los siguientes términos,
“PREGUNTADO:
Manifiéstele al Juzgado que es lo que pretende Usted concretamente con el
escrito que presenta. CONTESTÓ: Lo que yo pretendo concretamente, que se acabe
la requisa de esa manera, que nos sacan a todos, nos ponen en una fila, nos
hacen desvestir y hacer cuclillas, bajarnos los interiores (…) A nosotros los
internos que trabajamos en un taller de cerámica, en el patio 4 no lo hacen
casi a diario, porque hay unos comandantes que sí obligan a hacer eso y otros
que no. Ese concreta­mente es el objeto de la tutela, lo mismo que el maltrato,
que es darnos garrote, patadas.  (…) PREGUNTADO: Respecto de los hechos que
usted ha puesto en conocimiento es con la anuencia del Director de la Cárcel o
de otra autoridad directiva.  CONTESTÓ: Ellos toleran eso, el Director, la
Subdirectora y el teniente.  PREGUNTADO: ¿Se ratifica bajo la gravedad del
juramento en el escrito de tutela instaurada contra el Director de la Cárcel y
en lo que acaba de manifestar?  CONTESTÓ: Si me ratifico bajo juramento en los
hechos referidos en la tutela y en lo que acabo de manifestar (…)”
2.2. Participación del Cárcel del
Distrito de Manizales
El
Director de la Cárcel, TC (r) Abdón Aldana Ávila, participó en el proceso de
acción de tutela, mediante escrito de noviembre 25 de 2004 en el cual dio
respuesta a las cuestiones que le planteó el Juez de instancia.
2.2.1. A la primera de ellas, la situación
jurídica del interno, el Director de la Cárcel respondió,
“(…) se encuentra
detenido a órdenes de la Fiscalía 281 seccional Bogotá, por los punibles de
porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado, correspondiéndole la etapa
de juzgamiento al Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, quien lo condena a
la pena principal de 41 meses de prisión; según la hoja de vida de Páez
Ladino en dicho proceso se le concedió la libertad condicional, pero
quedando a disposición del Juzgado 33 Penal del Circuito de Soacha,
Cundinamarca, para purgar una pena de 11 años y 8 meses de prisión por
homicidio preterintencional, condena [é]sta retasada por el mismo juzgado
quedando definitivamente en 6 años y 5 meses de prisión. Verificando la hoja de
vida del citado interno, aparece pendiente por aclarar el radicado 376855 por
el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de la Fiscalía 262
de Bogotá. Así mismo ha sido sancionado por el Consejo de Disciplina del
Establecimiento, por la tenencia de objetos prohibidos (armas de fabricación
carcelaria) con la suspensión de ocho visitas. Sanción ésta dada el 17 de
septiembre de 2004, en la actualidad se encuentra pagando las mismas. Su
conducta en estos momentos está calificada en el grado de regular.  Páez
Ladino se encuentra aislado por seguridad en la sección de tratamiento
especial desde el 23 de julio de 2002, por presentar problemas de
convivencia, pues no puede convivir en ninguna sección del establecimiento
carcelario. Registra antecedentes disciplinarios por cometer falta contemplada
en el Reglamento Interno (suspensión de ocho visitas), en la actualidad la
oficina del control único disciplinario adelanta la investigación interna N°
3046 en contra del interno, por el decomiso de arma blanca hallada en la celda
del citado Páez Ladino.”
2.2.2. El segundo de los cuestionamientos
se dirigía a obtener información acerca de si la Cárcel había adelantado las
investigaciones correspondientes, ante las denuncias por ‘malos tratos’ hecha
por el accionante. El Director respondió,
“En el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Manizales, no se adelantan diligencias
administrativas por malos tratos a los detenidos. Se adelantan varias
investigaciones contra internos de la sección cuarta por hechos sucedidos el 10
de noviembre de 2004 donde resultaron heridos los internos Jesús David Montoya
Vidal y Julián Andrés Salazar Obando, a raíz de una riña protagonizada en dicha
sección donde hubo la necesidad de efectuar una requisa generalizada con el fin
de controlar la situación de alteración presentada, logrando como resultado el
decomiso de un sinnúmero de armas de fabricación carcelaria e incluso, una
bomba casera elaborada en un bombillo. Las investigaciones corresponden a los
radicados internos N° 4006, 4005 y 4003 y se encuentran en trámite en la
sección de control único disciplinario.”
2.2.3. La
tercera cuestión planteada por el Juez, fue acerca de cuál es el tipo de
requisa que se realiza en la Cárcel y cuáles son las normas que regulan tal
procedimiento, alo que el Director de la Cárcel respondió lo siguiente,
“La Ley 65/93 y el
Acuerdo 0011/95, hablan de la forma de efectuar las requisas, cabe recordar que
en todos los Centros Penitenciarios y Carcelarios del País, se ha encontrado
elementos prohibidos, tales como drogas, granadas, armas blancas y de fuego, en
los rectos y vaginas de hombres y mujeres privados de la libertad; así mismo
como a los visitantes de los internos. Es deber del Estado preservar la
disciplina al interior del establecimiento, así como la seguridad para poder garantizar
los derechos fundamentales de los internos, como la vida, la salud y su
integridad física. Con relación a lo manifestado por el interno Jeison Jair
Páez Ladino respecto a que se les hace desnudar para las requisas, quiero
informarle que de manera esporádica este procedimiento se hace necesario por
aspectos de seguridad, pero el mismo se realiza apartando al interno al
interior de un lugar reservado de la vista de sus compañeros. Cuando se
presenta una alteración grave al interior de un patio y que involucre a todos
los internos del mismo, se procede a efectuar la requisa generalizada a todos
los internos y sus pertenencias pero nunca con la extralimitación de la fuerza
y solamente cuando es necesario, ésta se aplica para el restablecimiento del orden
interno. Prueba de lo que aquí se menciona está en el hecho de que no aparece
registrada investigación disciplinaria contra funcionarios de la guardia por
violación de los derechos humanos de los internos. La queja presentada por Páez
Ladino obedece más a una situación personal que a quejas generalizadas, además
los procedimientos utilizados por la guardia están respaldados en hechos reales
que se presentan a diario en los establecimientos Carcelarios en donde los
internos portan armas y oros elementos prohibidos en sus orificios corporales,
prueba de ello anexo fotocopia de informes que los funcionarios han rendido por
hechos similares, algunos de los cuales arrojaron sanción disciplinaria y otros
están en investigación.”
Por último,
respecto a la queja sobre la alimentación, el Director afirmó que “(…)
coincidencialmente desde hace tres semanas hay una auditoria al interior del
establecimiento de [la Contraloría] con óptimos resultados en cuanto a la
alimentación se refiere.”
2.3.
Decisión de instancia
El 2 de
diciembre de 2004, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales resolvió
no tutelar los derechos del accionante por considerar que no se le están
violando sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la intimidad y a la
igualdad. Consideró que el procedimiento de requisa llevado a cabo en la Cárcel
de Varones de aquella ciudad es tan sólo el ejercicio de una facultad legal,
que redunda en el propio beneficio de los reclusos, y que no existe prueba
alguna de que haya algún tipo de violación o amenaza particular a los derechos
del accionante. Concretamente, con relación a la legitimidad de las requisas
señala,
“Entonces si existe una
norma, como es la que se acaba de transcribir [art. 44, Ley 65 de 1993], que
impone los deberes de los guardianes, entre los cuales esta la de ‘requisar
cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento’,
procedimiento que, de acuerdo con la afirmación del Director del Penal, ‘se
hace necesario por aspectos de seguridad, pero el mismo se realiza apartando
al interno de un hogar reservado de la visita de sus compañeros’, y ‘cuando
se presenta una alteración grave al interior de un patio y que involucre a
todos los internos del mismo, se procede a realizar la requisa generalizada a
todos los internos y sus pertenencias, pero nunca con la extralimitación de la
fuerza y solamente cuando es estrictamente necesario”, más no en presencia
de los compañeros, los comportamientos puestos en conocimiento por éste, no
tienen la connotación o fuerza suficiente para considerarlos violatorios de la
dignidad humana, intimidad e igualdad. Además no puede olvidarse que quienes se
encuentran privados de la libertad están sometidos a una serie de regímenes
especiales, que limitan sus derechos y que van encaminados a su realización.
(…)
(…) las actuaciones
ejecutadas por el personal de guardia del penal no se consideran ni pueden
considerarse arbitrarias o violatorias de Derechos Constitucionales, cuando se
ejecutan con apoyo en normas, como sucede en este caso (…)”
Finalmente
señala el Juez de instancia,
“(…) se anota que si el
actor Jeison Yair Páez Ladino considera que en el centro de reclusión que lo
mantiene privado de la libertad se ejecutan actos violatorios de los derechos
humanos, puede dirigirse ante la Defensoría del Pueblo o a la Oficina de
Derechos Humanos, a fin de que dichos entes tomen las medidas pertinentes y
tendientes a contrarrestar los mismos.”
II. Consideraciones y
fundamentos
1. Reiteración de la jurisprudencia
Constitucional sobre la práctica de requisas degradantes en las cárceles a los
internos y a los visitantes y sobre la prohibición a las mujeres de ingresar a
las cárceles durante el período de menstruación
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional considera que los expedientes de la referencia acumulados en el
presente proceso versan sobre problemas jurídicos que ya han sido resueltos por
la jurisprudencia constitucional,[31]
una decisión que ha sido reiterada en casos posteriores, incluyendo, entre
otros, una acción de tutela presentada por un conjunto de mujeres en contra de
la Cárcel Distrital de Villahermosa, Cali, por las mismas razones que en el
presente caso.[32]
A continuación se hará referencia a la jurisprudencia constitucional acerca de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, haciendo
especial énfasis en el respeto a la dignidad humana. En segundo lugar, se hará
referencia a las reglas aplicables específicamente en materia de requisas a los
internos y a los visitantes. Posteriormente se analizará a la luz de tales
reglas los nueve expedientes en contra de la Cárcel Distrital Villahermosa de
Cali y el caso en contra de la Cárcel Distrital de Manizales. Finalmente se
indicarán cuáles son las órdenes específicas que se impartirán.
2. Protección constitucional especial de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad; la
protección al derecho fundamental a la dignidad humana y a no ser sometido a
tratos crueles, inhumanos o degradantes
2.1. La jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que las personas privadas de la libertad se encuentran
en una situación de especial vulnerabilidad que impone especiales deberes al
Estado.[33]
Este deber surge de la Constitución, la ley y la jurisprudencia constitucional,[34] así como también de
los sistemas de protección de derechos humanos, internacional e interamericano.[35] Para la
jurisprudencia, en el contexto de un Estado social de derecho le está permitido
al Estado limitarles a algunos ciudadanos, en condiciones muy especiales, su
derecho a la libertad, lo que genera en cabeza del Estado el deber de
garantizarle a los reclusos las condiciones para una vida digna.[36] Se trata pues, de una
‘especial relación de sujeción’, entre los reclusos y el Estado,[37] de la cual surgen
verdaderos deberes jurídicos positivos en cabeza de éste; “(…) [t]ales deberes
se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema
penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los
reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y
de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo
cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya
inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores
y principios propios del Estado social de derecho.”[38] La jurisprudencia ha
indicado que entre las principales consecuencias de esta relación especial de
sujeción  están las siguientes,
“(i) la posibilidad de
limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos
(intimidad, reunión, trabajo, educación). (ii) La imposibilidad de limitar el
ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de
cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber
positivo[39]
en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no
fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de
limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás,
debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la
que se encuentran los reclusos. (iv) El deber positivo[40] en cabeza del Estado
de asegurar todas las condiciones necesarias[41]
que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[42] de los reclusos.”[43]
2.2. Dentro de
los deberes que surgen en cabeza del estado como contrapartida al ejercicio del
legítimo poder punitivo, la jurisprudencia ha resaltado que el respeto por
la dignidad humana constituye el pilar central de la relación entre el Estado y
la persona privada de la libertad, y es, además, una norma fundamental
de aplicación universal,[44]
reconocida expresamente por los tratados y convenios de derechos humanos,
prevalentes en el orden interno (art. 93, CP).[45]
De esta forma, por ejemplo, la jurisprudencia ha precisado que “(…) el derecho
a la dignidad humana de los internos, el cual tiene connotación de fundamental
y por tanto inherente a la persona humana,[46]
debe ser respetado no sometiéndoseles a condiciones de hacinamiento[47] y no realizándoseles
requisas que por sus características vulneren la dignidad humana del privado de
la libertad y se constituyan a su vez en tratos crueles inhumanos y
degradantes, proscritos por la Carta Política (art. 12 Constitución Política).”[48]  Para la Corte no es
admisible constitucionalmente considerar que “(…) los atropellos irrazonables,
dantescos e inadmisibles que se infringen a los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad son adjudicables al propio recluso, por haber
delinquido y terminado en la cárcel, y no al Estado por incumplir de manera
manifiesta sus obligaciones.”[49]
Las violaciones a los derechos fundamentales que sufren los reclusos por no
existir un adecuado sistema penitenciario, no son responsabilidad de los
reclusos, son responsabilidad del Estado.
2.3. Cuando se considera que se desconoce
la ‘dignidad’ de las personas privadas de la libertad en las cárceles
del país, suele hacerse en dos sentidos. Para hacer referencia al
desconocimiento de las condiciones materiales de existencia mínima que se han
de garantizar a toda persona, en tanto ser humano (‘vivir bien’), por un
lado, y para referirse al haber sido privado de los bienes no patrimoniales, la
integridad física y la integridad moral (‘vivir sin humillaciones’), por
otro lado.[50]
Sin embargo, teniendo en cuenta que la situación de reclusión es temporal, la
dignidad humana no sólo supone asegurar condiciones mínimas y básicas
necesarias para la vida presente, sino también garantizar la posibilidad de
regresar al seno de la sociedad mediante procesos adecuados de resocialización.[51]
2.4. En esta medida, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que algunos de los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad pueden ser objeto de limitaciones que se
ajusten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.[52] En cuanto al primero
de los dos principios, la Corte ha señalado que “(…) las limitaciones a los
derechos fundamentales deben estar justificadas en un principio de razón
suficiente aplicable, en especial, a la relación entre el fin buscado y el
medio para alcanzarlo.”[53]
La proporcionalidad, por otra parte, aunque no consiste en un método
único y específico, generalmente conlleva ponderar ‘intereses enfrentados
que han recibido alguna protección constitucional’, verificando que la
limitación no sea excesiva.[54]
En todo caso, sólo serán razonables constitucionalmente, las limitaciones a los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que sean ‘legítimamente
derivadas de la medida de detención correspondiente’.[55]
Así, por ejemplo, ha reconocido que las
dimensiones afectivas y sexuales de todo ser humano, manifestación del libre
desarrollo de la personalidad, pueden ser objeto de restricciones razonables,
siempre y cuando su ejercicio no sea anulado.[56]
En tal sentido ha considerado razonable[57]
establecer que sólo es posible tener visita íntima cada 60 días (limitación
de frecuencia), en una penitenciaria de alta seguridad, cuyas regulaciones
contemplen restricción de las visitas en general, y en la que los recursos
físicos existentes, los cuales están dispuestos para un control debido de los
reclusos y a su vez para suministrarles un espacio exclusivo en el cual puedan
tener relaciones, así lo demanden.[58]
Por el contrario, la Corte no considera razonable limitar el derecho de toda
persona a realizar la visita íntima en un ‘ambiente con las condiciones de
salubridad necesarias’, proporcionado por el propio establecimiento
penitenciario, o limitar el derecho a ‘los elementos de aseo necesarios para
la visita íntima’, cuyo ingreso debe permitirse, o en su defecto, su
suministro garantizarse.[59]
La posición adoptada en este caso sobre el derecho a la visita íntima ha sido
reiterada, entre otras, por la sentencia T-499 de 2003 (MP Alvaro Tafur Galvis)[60] y la sentencia T-1204
de 2003 (MP Alfredo Beltrán Sierra).[61]
La Corte también ha considerado ‘razonable’ el uso de esposas en una
penitenciaría de alta seguridad, para trasladar a un interno de una dependencia
a otra, al interior del establecimiento, siempre y cuando éstas se usen como
medio de precaución y no como sanción, caso en el cual su uso no sería
razonable, por tratarse de un medio expresamente prohibido.[62]
2.5. No
obstante, pese a las restricciones razonables que pueden ser impuestas a
ciertos derechos fundamentales de los reclusos –aquellas legítimamente
derivadas de la medida de detención correspondiente–, existen un conjunto de
derechos que no pueden ser objeto de restricción alguna como, por ejemplo, los
derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de conciencia, a la
salud y a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas inhumanas o
degradantes.[63]
Esta posición jurisprudencial se funda en la Constitución y en los sistemas de
protección de derechos humanos universal e interamericano.[64]
2.6. La
jurisprudencia constitucional ha resaltado que ‘existe un contenido míni­mo de
las obligaciones estatales frente a las personas privadas de la libertad que es
de imperativo cumplimiento, independientemente de la gravedad de la conducta
por la cual se ha privado a la persona de la libertad, y del nivel de
desarrollo socioeconómico del Estado’.[65]
Para determinar el contenido mínimo de estas obligaciones, la Corte, de acuerdo
con la Constitución (art. 93) ha tomado como referente las Reglas mínimas
para el tratamiento de los reclusos.[66]
La Corte ha señalado que el Comité de Derechos Humanos “(…) enumeró como los
mínimos a satisfacer en todo tiempo por los Estados, aquellos contenidos en las
reglas 10, 12, 17, 19 y 20 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos”,[67]
‘cualquiera que sea el nivel de desarrollo del Estado parte de que se trate’.[68] Entre otros, se
establecen como mínimos, el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales
higiénicos y dignos[69]
y el derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias adecuadas a
sus necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad humana.[70] Por otra parte, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha añadido a la anterior
enumeración de los mínimos a satisfacer por los Estados, aquellos contenidos en
las reglas 11, 15, 21, 24, 25, 31, 40 y 41 de las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas,[71]
que se refieren, entre otros asuntos, a la provisión de los implementos
necesarios para el debido aseo personal de los presos,[72] y a la prohibición de
las penas corporales y demás penas crueles, inhumanas o degradantes.[73]
2.7. Teniendo en cuenta  (1) que la
Constitución Política de Colombia se funda en el respeto de la dignidad
humana (art. 1, CP);[74]  (2) que la
Constitución contempla expresamente a toda persona el derecho
fundamental a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
(art. 12, CP) y  (3) que las disposiciones internacionales que se ocupan de
este derecho, en especial cuando se trata de personas privadas de la libertad,
contemplan derechos y obligaciones similares,[75]
la jurisprudencia constitucional ha establecido que la prohibición ‘de
someter a las personas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es
una regla que a su vez constituye un contenido concreto del derecho a la
dignidad.’[76]
En tal medida, la tortura o cualquier otra pena o trato cruel, inhumano o
degradante, nunca puede ser considerado una medida razonable, por cuanto en sí
mismo constituye un ‘medio’ que está prohibido, es decir, un medio que en
cualquier circunstancia se tiene por no razonable, puesto que ‘no podrá
invocarse circunstancia alguna como justificación’.[77]
2.8. Las normas legales mediante las cuales
el legislador ha desarrollado y precisado el alcance de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad coinciden con los
mandatos constitucionales e internacionales que rigen la materia. Así, el
Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), que regula el cumplimiento
de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la
libertad personal y de las medidas de seguridad (art. 1), consagra de manera
categórica el respeto a la dignidad humana en los siguientes términos:
‘En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto (i)
a la dignidad humana, (ii) a las garantías constitucionales y  (iii)
a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de
violencia síquica, física o moral.’ (art. 5, Ley 65 de 1993) Dentro de sus
principios rectores del Código Penitenciario y Carcelario se consagra la
igualdad en los siguientes términos: “se prohíbe toda forma de
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica”, advirtiendo, no obstante que
se pueden “establecer distinciones razonables por motivos  (i) de
seguridad,  (ii) de resocialización y  (iii) para el cumplimiento
de la sentencia y de la política penitenciaria y carcelaria.” (art. 3, Ley 65
de 1993). Adicionalmente, establece que “los principios consagrados en este
título constituyen el marco hermenéutico para la interpretación y aplicación
del Código” (art. 13, Ley 65 de 1993).
2.9. En resumen, a partir de las anteriores
consideraciones constitucionales y legales la Sala resalta las siguientes
conclusiones,
(1) En primer lugar, la
Constitución impone el deber al Estado de proteger especialmente los derechos
de las personas privadas de la libertad, debido a la situación de especial
vulnerabilidad en la que se encuentran y en virtud de la relación especial de
sujeción que existe entre las personas recluidas y el Estado.[78]
(2) Dentro de
los deberes especiales que surgen, se resalta el respeto por la dignidad
humana, una norma fundamental de aplicación universal que constituye el pilar
central de la relación entre el Estado y la persona privada de la libertad.[79] La prohibición de
someter a las personas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es
una regla que a su vez constituye un contenido concreto del derecho a la
dignidad humana.[80]
(3) Algunos de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad pueden ser
objeto de limitaciones acordes a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
y que sean ‘legítimamente derivadas de la medida de detención
correspondiente’;[81]
sin embargo  existen un conjunto de derechos que no pueden ser objeto de
restricción alguna a los reclusos como, por ejemplo, los derechos ‘a la vida’,
‘a la integridad personal’, ‘a la libertad de conciencia’ y ‘a no ser sometido
a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes’.[82]
3. Las requisas degradantes a los reclusos o a los internos consti­tu­yen
una violación a la dignidad humana y al derecho a no ser sometido a tratos
crueles, inhumanos o degradantes
3.1. En la sentencia T-702 de 2001 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra) se decidió que las requisas degradantes tales como
‘desnudar al recluso, obligarlo a agacharse o hacer flexiones de piernas y
mostrar sus partes íntimas a la guardia’, que practicaba el establecimiento
penitenciario demandado al accionante [Penitenciaría Nacional de Valledupar],
constituían una violación al derecho fundamental a no ser sometido a tratos
crueles, inhumanos o degradantes.[83]
3.2. Con base en esta decisión, la Corte
indicó en la sentencia T-269 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) que el
respeto al derecho a la dignidad humana en los establecimientos carcelarios se
debe tanto a los reclusos como a los visitantes, por lo que decidió que ‘no
es razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad
humana de la persona al manipular sus partes íntimas, existiendo otros
mecanismos para garantizar la seguridad’.[84]
Para la Corte, “(…) [l]as personas que acuden a visitarlos, bien sea
periódicamente, bien esporádicamente, también son merecedoras de un trato
digno, más aún cuando éstas no tienen restringidos sus derechos en virtud de
una pena privativa de la libertad. (…)”.[85]
En este caso (T-690 de 2004) las autoridades acusadas justificaron requisas
degradantes similares[86]
a las que se cuestionan en el presente caso, con base en argumentos de supuesta
‘necesidad’, semejantes a los que alegan los directores de los centros penitenciarios
objetos de la presente acción de tutela.[87]
3.3. La
prohibición de practicar requisas degradantes no implica limitación alguna a la
legítima facultad estatal para practicar requisas razonables y proporcionadas,
que de hecho, se encuentran legalmente contempladas. La jurisprudencia ha
indicado que éstas pueden llevarse a cabo, aun cuando limiten la intimidad
corporal, la libertad personal y el derecho al silencio (art. 33, CP), “(…) a
condición de que no comporten tratos vejatorios o degradantes; es el caso de
las pruebas dactiloscópicas, fotográficas y antropométricas, como también los
registros o cacheos de la ropa que portan los individuos.”[88]
3.3.1. Los derechos fundamentales de los
internos, como se indicó [ver apartado (2.4.)], pueden ser objeto de
limitaciones razonables, ‘legítimamente derivadas de la medida de detención
correspondiente’. Esto conlleva una facultad con un margen de maniobra más
amplio para las autoridades, el cual ha sido reconocido por el Legislador en el
Código Penitenciario y Carcelario, artículo 55, al señalar que ‘los internos
deben ser requisados rigurosamente después de cada visita’. No obstante,
la ‘rigurosidad’ en la requisa por ningún motivo incluye tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
3.3.2. En el caso de los visitantes, por
gozar éstos de la plenitud de sus derechos, sólo pueden ser razonables las
limitaciones que sean necesarias. Así, por ejemplo, en contraste con las
requisas rigurosas que se deben practicar a los internos, el legislador ha
precisado en el Código Penitenciario y Carcelario que ‘toda persona que ingrese
a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente
requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso’ (art. 55,
Ley 65 de 1993; acento fuera del texto original).[89] En la sentencia T-690
de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis) se señaló al respecto que “(…) si bien algunos
de los derechos fundamentales de las personas sometidas a penas privativas de
la libertad se restringen en razón de su situación, las personas que desean
ingresar a los establecimientos carcelarios y aquellos que tienen derecho a
hacerlo, gozan de la plenitud de sus derechos y garantías constitucionales,
salvo respecto de las medidas ‘absolutamente indispensables’ para
mantener el orden y la disciplina de los establecimientos carcelarios.” (acento
fuera del texto original). Así pues, el análisis de la razonabilidad y proporcionalidad
de una requisa es más estricto cuando ésta se practica a los visitantes de una
penitenciaría o una cárcel que cuando se trata de reclusos, estando en ambos
casos proscritas las requisas que supongan el uso de medios constitucionalmente
prohibidos, como por ejemplo, someter a una persona a un trato cruel, inhumano
o degradante.
3.3.3. Ahora
bien, la jurisprudencia constitucional ha considerado que incluso las
intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los
cuerpos, que impliquen requisas intrusivas, pueden llegar a ser razonables
y proporcionadas, al darse por razones fundadas, “(…) siempre que medie
el consentimiento informado del afectado y el registro se practique de modo que
el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos, ni la integridad física y
jurídica vulnerada, condicionamientos éstos que demandan  (i) un mandato
legal,  (ii) la supervisión judicial,[90]
(iii) la intervención de personal experto y  (iv) el uso de
instrumental y condiciones sanitarias adecuadas, porque los tratos crueles,
inhumanos y degradantes están proscritos y su prohibición es absoluta.”[91]
3.3.4. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también ha fijado como límite
a las requisas en las cárceles la razonabilidad de las mismas, ha señalado que
las requisas intrusivas atentan contra el derecho a la intimidad, la dignidad
humana y la familia, consagrados en la Comisión Americana sobre Derechos
Humanos.[92] La
Comisión, si bien reconoce “que las requisas del cuerpo, y algunas veces el
examen físico intrusivo de los detenidos y prisioneros, podrían ser necesarios
en ciertos casos”, considera que los “derechos de los visitantes (…) no se ven
limitados automáticamente por razón de su contacto con los internos”. La
Comisión acepta la necesidad de requisas generales antes de permitir el ingreso
a una penitenciaría, pero aclara que “las revisiones o inspecciones vaginales
son un tipo de requisa excepcional y muy intrusiva”. El caso en el cual se
pronunció al respecto, citado en varias ocasiones por la Corte Constitucional,[93] la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, sostiene,
“70. La restricción a
los derechos humanos debe ser proporcional al interés que la justifica y
ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.[94]
Para justificar las restricciones de los derechos personales de los visitantes
no basta invocar razones de seguridad.  Después de todo, se trata de buscar un
balance entre el interés legítimo de los familiares y de los presos de realizar
visitas sin restricciones arbitrarias o abusivas, y el interés público de
garantizar la seguridad en las penitenciarías.
71.  La razonabilidad y
proporcionalidad de una medida se pueden determinar únicamente por la vía del
examen de un caso específico. La Comisión opina que una inspección vaginal es
mucho más que una medida restrictiva en el sentido de que implica la invasión
del cuerpo de la mujer. Por tanto, el equilibrio de intereses que debe hacer al
analizar la legitimidad de dicha medida, necesariamente requiere sujetar al
Estado a una pauta más alta con respecto al interés de realizar una inspección
vaginal o cualquier tipo de requisa invasiva del cuerpo.
(…)
82.  (…) La inspección
vaginal, por su naturaleza, constituye una intrusión tan íntima del cuerpo de
una persona que exige protección especial. Cuando no existe control y la
decisión de someter a una persona a ese tipo de revisión íntima queda librada a
la discreción total de la policía o del personal de seguridad, existe la
posibilidad de que la práctica se utilice en circunstancias innecesarias, sirva
de intimidación y se constituya en alguna forma de abuso. La determinación de
que este tipo de inspección es un requisito necesario para la visita de
contacto personal debería ser efectuada en todos los casos por autoridad
judicial”
3.4. En la
sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis) la Corte Constitucional
consideró que son razonables y proporcionadas “las requisas visuales o cacheos
superficiales, sobre las personas recluidas en los centros penitenciarios y
quienes ingresan a los mismos, como también sobre los elementos que unas y
otras poseen o pretenden ingresar a los reclusorios están permitidas, y pueden
ser practicadas por el personal de guardia, atendiendo los requerimientos de
orden y seguridad del penal.”  Pero “[n]o así las injerencias visuales o por
contacto sobre los cuerpos desnudos de internos y visitantes [por parte de la
guardia], como tampoco las intervenciones, comprobaciones y registros
corporales, en cuanto, como medidas restrictivas de la intimidad corporal, de la
libertad personal, de la integridad física, moral y jurídica del afectado, su
realización impone la directa y razonable intervención judicial, atendiendo las
pautas y lineamientos constitucionales y legales sobre el punto, en aras de
garantizar el respeto de los derechos fundamentales que tales procedimientos
comprometen.” Tampoco consideró razonable y proporcionado que las autoridades
ordenen “(…) intervenciones corporales masivas e indeterminadas, a fin de
confirmar sospechas o amedrentar a posibles implicados, así fuere con el
propósito de mantener el orden y la seguridad, cualquiera fuere el lugar (…)”.
También consideró que “(…) las requisas que se practican en los centros de
reclusión no comportan registros corporales sobre los cuerpos desnudos de los
internos y de sus visitantes, ni sujeción de éstos a procedimientos vejatorios,
así fuere con el objeto de detectar armas o elementos prohibidos en el uso
carcelario”.
3.5. Legalmente, los sindicados tienen
derecho ‘a recibir visitas de familiares y amigos’, los cuales deberán
someterse a las ‘normas de seguridad y disciplina establecidas en el
respectivo centro de reclusión’.[95]
No obstante, esta competencia que el legislador confiere para regular las
visitas a los internos se enmarca dentro de una serie de parámetros fijados en
el Código Penitenciario y Carcelario (art. 112, Ley 65 de 1993).[96]
3.6. Ahora bien, la grave situación de
hacinamiento que se vive en las cárceles colombianas, que en el pasado llevó a
que se declarara un ‘estado de cosas inconstitucional’, pone en riesgo
los derechos fundamentales de los internos y de quienes los visitan.
Concretamente, en la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) se
consideró que “(…) tanto el derecho a la dignidad como el de no recibir tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven quebrantados por el
hacinamiento y las malas condiciones de la estructura física y de servicios
públicos que se encuentra en los centros de reclusión; los derechos a la vida y
la integridad física son vulnerados o amenazados de manera inminente por el
mismo hacinamiento, por la mixtura de todas las categorías de reclusos y por la
carencia de los efectivos de guardia requeridos; el derecho a la familia es
quebrantado por la sobrepoblación carcelaria y las deficiencias
administrativas, condiciones éstas que implican que los visitantes de los
reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo las inclemencias del clima,
para poder ingresar al centro, y que dificultan en grado extremo las visitas
conyugales y familiares; (…)” Cuando el Estado permite que un centro de
reclusión tenga problemas de hacinamiento, permite a su vez que el número de
visitantes se incremente de forma exponencial, pues cada recluso tiene derecho
a que lo visiten varias personas, con los riesgos que ello representa para los
derechos fundamentales de los internos y de los visitantes, y para la
salvaguarda de la seguridad del establecimiento. La situación de hacinamiento,
por ejemplo, es uno de los factores que dio lugar a que en la Cárcel de Cartagena
se cometieran abusos en las requisas, como lo señaló la Directora (E) de dicho
establecimiento, a propósito del caso estudiado en la sentencia T-690 de 2004,
previamente citada.[97]
3.7. La Corte Constitucional ha resaltado
que el trato digno emanado de la Constitución está expresamente desarrollado en
la Circular 035 de 1997 del INPEC, la cual establece que “las requisas
genitales o de tacto vaginal” no están permitidas, como tampoco “desnudar
al visitante”, porque  (i) “se cuenta con otros mecanismos para
detectar armas o sustancias estupefacientes”; (ii) “son conductas
que atentan contra la dignidad personal”; y  (iii) han demostrado su “ineficacia”.[98]
Es decir, las requisas intrusivas por parte
de la guardia que suponen tactos genitales y con el cuerpo desnudo de la
persona requisada no son razonables constitucionalmente por tres razones. La
primera, es que las requisas son un medio que, en sí mismo, está prohibido. Las
otras dos razones se refieren al análisis de la relación entre el medio y el
fin que se pretende. Así, la segunda razón, es que estas requisas no son
necesarias, ya que existen medios alternativos para alcanzar el mismo fin, que
no implican una limitación tan grande de los derechos de la persona requisada.
La tercera razón, es que estas requisas, en todo caso, no son un medio adecuado
para obtener el fin perseguido, pues como lo indica el propio INPEC, son
‘ineficaces’. Por ello, la Corte ha reiterado que ordenar a una persona
quitarse la ropa interior, durante las requisas previas a la visita a un centro
penitenciario, que se le revisen sus genitales y que se le obligue a hacer
cuclillas para revisar si porta algún elemento peligroso, es un tipo de requisa
que no está permitida ni constitucional, ni legal, ni reglamentariamente.[99]
3.8. En
resumen,
(1) El Estado tiene la legítima facultad y obligación para practicar
requisas razonables y proporcionadas, legalmente consideradas.[100]
(2) En
el caso de los visitantes, específicamente, toda persona que ingrese a un
centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente
requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso;[101] por gozar los
visitantes de la plenitud de sus derechos, sólo pueden ser razonables las
limitaciones que sean necesarias, para obtener el fin buscado.
(3) En
cualquier caso, no es razonable una requisa que se realice transgrediendo el
derecho a la dignidad humana de la persona (reclusa o visitante) al manipular sus
partes íntimas, cuando no es necesaria por existir otros mecanismos para
garantizar la seguridad.[102]
(4) No es razonable constitucionalmente, por implicar una violación
al derecho fundamental a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o
degradantes, las requisas intrusivas que son practicadas por la guardia de un
establecimiento de reclusión, tales como desnudar al recluso o al visitante,
obligarlo a agacharse o a hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes
íntimas a la guardia; más aún si éstas se practican en condiciones insalubres.[103]
(5) Las intervenciones, registros, injerencias, comprobaciones o
extracciones sobre los cuerpos, tales como las ‘requisas intrusivas’, pueden
llegar a darse por razones fundadas “(…) siempre que medie el consentimiento
informado del afectado y el registro se practique de modo que el pudor y el
decoro personal no resulten ofendidos, ni la integridad física y jurídica
vulnerada, condicionamientos éstos que demandan  (i) un mandato legal,
(ii) la supervisión judicial, (iii) la intervención de personal
experto y (iv) el uso de instrumental y condiciones sanitarias
adecuadas, porque los tratos crueles, inhumanos y degradantes están proscritos
y su prohibición es absoluta”.[104]
Una vez se ha
establecido cuáles son las reglas constitucionales y jurisprudenciales
aplicables, pasa la Sala a estudiar los casos objeto de revisión. En primer
término se analizarán las nueve acciones de tutela presentadas en contra de la
Cárcel Distrital Villahermosa de Cali y posteriormente a la acción presentada
en contra de la Cárcel Distrital de Manizales.
4. Las
irregularidades en materia de requisas degradantes y malos tratos a los
visitantes y los reclusos sigue siendo una práctica generalizada y reiterada en
el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.
4.1. El Sistema
Nacional Penitenciario y Carcelario adolece de graves problemas que han llevado
a que se violen de manera sistemática y frecuente los derechos fundamentales de
las personas privadas de la libertad y de las personas que asisten como
visitantes a los centros de reclusión. Los múltiples casos que han sido
tramitados en la jurisdicción de tutela, de los cuales se citan en la presente
sentencia tan sólo unos cuantos, ha llevado a esta Corte, como se anotó, a
declarar un ‘estado de cosas inconstitucional’ en el Sistema
penitenciario y carcelario.[105]
De hecho, en la sentencia T-966 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) la Corte
decidió que en la Cárcel Distrital Villahermosa de Cali, una de las entidades
demandadas en nueve de los diez casos que se estudian, existía una grave
situación, en especial de hacinamiento, que llevó a declarar un estado de cosas
inconstitucional.[106]
Esta situación de hacinamiento de la Cárcel Villahermosa de Cali, que afecta de
manera sistemática los derechos de los reclusos persiste en la actualidad, tal
como lo ha constatado la Procuraduría General de la Nación.[107]
4.2. Ahora
bien, los atropellos que han dado lugar a los fallos judiciales referidos y a
pronunciamientos por parte del INPEC, como el recogido en la Circular N° 035 de
1997, persisten y no han podido ser erradicados. En efecto, la Dirección
General del INPEC, “(…) interesada en fortalecer el compromiso de los
funcionarios de la Institución con el respeto, la promoción y el desarrollo de
los Derechos Humanos al interior del Sistema Nacional Penitenciario y
Carcelario [decidió erradicar] todas aquellas prácticas arbitrarias que no
dejan de escenificarse en los establecimientos de reclusión en materia de
requisas y que atentan contra los Derechos Fundamentales y especialmente contra
la dignidad humana de los/las reclusos/as y sus visitantes”[108] mediante la
expedición de la Circular 023 de 2004 (mayo 4). Esta Circular también fue
expedida, teniendo en cuenta “(…) la necesidad de armonizar la normatividad
penitenciaria y carcelaria con los Tratados Internacionales sobre Derechos
Humanos ratificados por Colombia (que integran el llamado bloque de
constitucionalidad), a las normas de Derecho Internacional Consuetudinario, en
especial a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos y a las recomendaciones de los órganos internacionales de Derechos
Humanos, lo mismo que a las normas nacionales constitucionales y legales y a
las doctrinas de la Corte Constitucional, a fin de llevar a cabo una práctica
que sea respetuosa con los derechos humanos de la población reclusa.”[109] En la Circular, el
Director General del INPEC dispone,
“1) Debido a las
frecuentes quejas y reclamos no sólo de la población reclusa, sino de
particulares, de familiares, amigos y autoridades del país, esta Dirección
reitera que las requisas deben efectuarse tal y como se establece en el
artículo 55 de la Ley 65 de 1993 y el artículo 22 del Acuerdo 011 de 1995, (…)[110]
(…)
Igualmente, debe darse
aplicación a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos establecidas en el informe N° 38/96. Caso 10.506 Argentina, 15 de
octubre de 1996, y a las reglas establecidas en materia de requisas en las
sentencias T-702/01 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra de la H. Corte
Constitucional:
(…)[111]
Y T-269/02 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra de la H. Corte Constitucional:
(…)[112]
2) A fin de dar una
protección adecuada al derecho fundamental a la dignidad humana y evitar los
tratos inhumanos, crueles y degradantes para los visitantes, las personas
deberán ser razonablemente requisadas.
Por ningún motivo se
permitirá la requisa genital o de tacto vaginal, toda vez que se cuenta con
otros mecanismos, como son
los detectores electrónicos, las sillas ‘bop’, diseñadas especialmente
para detectar metales en las partes íntimas de la persona, y los perros
especialmente adiestrados para detectar sustancias estupefacientes y
explosivos, que deben ser agotados, antes de utilizar procedimientos que
además de inútiles constituyen un trato denigrante y atentan contra el derecho
fundamental a la dignidad humana de las personas a quienes se les practica.
Así las cosas, por
medio de esta circular se reitera y ordena que a partir de la fecha, se dejen
de practicar estas requisas vaginales o de tacto vaginal y en su lugar se
practique una requisa general a la persona por encima de la ropa, verificando
los elementos autorizados que el visitante porte.
En casos excepcionales,
cuando exista una sospecha seria de que la persona visitante porte elementos en
su cuerpo o en sus vestiduras que coloquen en peligro la seguridad del
Establecimiento o de los Reclusos, y ante la inexistencia de otras medidas
menos intrusivas, se analizará la necesidad en cada caso concreto de aplicar
una requisa genital o de tacto vaginal. El procedimiento deberá ser llevado a
cabo por personal médico calificado en un recinto adecuado para tal finalidad,
previo consentimiento escrito del visitante, a fin de evitar los daños físicos
y morales que la aplicación de esta medida pueda acarrear. Si la persona
visitante no otorga su consentimiento para la realización de este procedimiento
especial, le será negado el acceso al Establecimiento de Reclusión y si la
situación lo amerita debe ser puesta a disposición de la Policía Nacional o de
la Fiscalía.
3) En cuanto a los/las
reclusos/as, deberá requisársele minuciosamente observando los mismos
parámetros, una vez haya concluido la visita.
Se solicitará al
recluso/a mostrar sus bolsillos, en algunos casos, se solicitará que por sí
mismo/a se retire la ropa y la entregue a las unidades de guardia que realizan
el procedimiento.
4) Los Directores de
los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios tienen la obligación de velar
por el cumplimiento y difusión de la siguiente circular.
INSTRUCCIÓN FINAL: Esta
Circular debe hacer parte de todos los reglamentos internos de los Establecimientos
de Reclusión, de los manuales de procedimiento y de los programas de
capacitación de la Escuela Penitenciaria ‘Enrique Low Murtra’. La omisión de la
presente circular, o la realización de atentados contra la dignidad humana de
los/las reclusos/as o visitantes acarreará para los funcionarios, las
investigaciones disciplinarias o penales que el caso amerite.”[113]
4.3. La Corte
Constitucional celebra la decisión del INPEC de incorporar buena parte de los
parámetros establecidos en el orden constitucional vigente en las normas
penitenciarias y carcelarias, así como la advertencia de las graves
consecuencias que su desconocimiento acarrea para los funcionaros. No obstante
debe precisar la Corte que  (i) en el caso de que se decida usar perros
adiestrados para hallar objetos prohibidos en el cuerpo de las personas, éstos
deberán estar entrenados, también, para actuar con el debido respeto y cuidado
con las personas; no pueden usarse perros bravos, agresivos o que puedan
intimidar a las personas; (ii) en el caso de que sea necesario practicar
una requisa intrusiva a un recluso, deberá llevarse a cabo cumpliendo los
mismos requisitos de legalidad y en las mismas condiciones de higiene y
salubridad que a los visitantes (referentes tanto al sitio donde se lleve a
cabo como a la idoneidad de la persona que la practique); y  (iii) en el
caso de que a una persona que desea entrar el día de visitas al centro de
reclusión se le pida que autorice que se le practique la requisa intrusiva, y
ésta se niegue, se le debe permitir la opción de ser requisada por otro medio
tal como los rayos X, antes de negar por completo su ingreso. En todo caso,
como lo ha señalado la jurisprudencia, las requisas intrusivas contra la
voluntad del visitante requieren de autorización judicial previa.
5. Las
requisas degradantes y la prohibición de ingreso el día de visita a mujeres en
período de menstruación, realizadas en la Cárcel Distrital Villahermosa de Cali
a las visitantes, son prácticas inconstitucionales
5.1. Como se
indicó en los antecedentes, en los nueve procesos analizados en la presente
sentencia contra el Director, el Subdirector, Capitán de la Guardia de la
Cárcel Distrital Villahermosa de Cali —Carlos José Prada Ospina y José Ramiro
Tobar Gómez, respectivamente—,[114]
las demandas son interpuestas por mujeres que los acusan de violar sus derechos
a la dignidad humana (art. 1°, CP), a la salud (art. 49, CP) y a discriminar “a
la mujer por el período menstrual”. Cada una de las demandantes presentó de
forma individual una acción de tutela, alegando la misma violación por parte de
las mismas autoridades y fundándose, asimismo, en los mismos hechos y
argumentos; en todos los casos las accionantes alegaron que la forma en que la
guardia carcelaria practica las requisas desconoce los derechos fundamentales
invocados.
5.2. El
principal problema jurídico planteado por las accionantes, referente a si las
requisas que suponen tactos de los genitales y el interior del cuerpo
desconocen los derechos fundamentales, ya ha sido resuelto de forma afirmativa
por la jurisprudencia constitucional, tal como fue resaltado en el resumen jurisprudencial
anterior. Pero en la presente ocasión se trata, además, de un caso concreto que
ya había sido conocido por la Corte Constitucional. En efecto, recientemente,
en la sentencia T-622 de 2005 (MP Alvaro Tafur Galvis), la Corte Constitucional
resolvió tutelar el derecho a la dignidad humana de 12 mujeres que
interpusieron acciones de tutela en contra de la Cárcel Distrital Villahermosa
por las mismas razones. Se trató de doce acciones prácticamente iguales a las
analizadas en el presente proceso, por cuanto todas se hicieron con base en un
mismo formato. En aquella sentencia (T-622 de 2005) la Corte llegó a la
conclusión de que “(…) las autoridades de la Cárcel Villahermosa de Cali, han
autorizado y consentido en la práctica de las requisas cuya queja presentan las
demandantes, sin que medie procedimiento alguno que dé cuenta de su
justificación en algún caso concreto (…).” Por tanto, resolvió revocar las
sentencias de instancia, y decidió ordenar medidas para garantizar que en
adelante, “tanto los visitantes como los internos de la Cárcel Villahermosa
de Cali no serán sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
5.3. Al igual
que ocurre en los nueve procesos acumulados en contra de la Cárcel Villahermosa
de Cali que se estudian en la presente sentencia, en los casos estudiados en la
sentencia T-622 de 2005 (MP Alvaro Tafur Galvis)  “(…) las demandantes no
aportaron prueba de las afirmaciones que sostuvieron en sus escritos, en los
cuales se dan a conocer una serie de hechos, como una situación generalizada en
la Cárcel de Villahermosa”. Esta ausencia de pruebas había llevado a muchos de
los jueces de instancia a negar las acciones de tutela, como ocurre también en
los procesos que se están estudiando en esta sentencia, decisión que implicó un
llamado de atención por parte de la Corte Constitucional, pues “(…) la ausencia
de pruebas, por falta de actividad judicial, que se presentó en la mayoría de
los casos, no es razón suficiente para negar el amparo de unos derechos
fundamentales que pueden estar siendo vulnerados”.[115] La Sala Tercera de
Revisión decide reiterar estas consideraciones, y formula igual llamado de
atención a los jueces de instancia que negaron la tutela a los derechos
fundamentales invocados por las accionantes, frente a la Cárcel Distrital
Villahermosa.
5.4. Ahora
bien, la ausencia de pruebas que ratifiquen el dicho de las accionantes es aún
más imperdonable en el presente caso, puesto que ni siquiera se requería
ordenar la práctica de pruebas adicionales a las allegadas al proceso. Aunque
son pocas, y en su mayoría aportadas por el Director de la entidad accionada,
son suficientes para demostrar que el Director no es fiel a la verdad y que en
la Cárcel Villahermosa sí se practican requisas degradantes. Así lo consideró
la Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2005 (MP Alvaro Tafur Galvis),
pues el material probatorio que se allegó a los doce procesos allí estudiados,
era el mismo que se aportó a los nueve proceso que estudian en la presente
sentencia. Allí consideró que a partir de la prueba aportada por el propio
Director del establecimiento penitenciario, “(…) prueba que fue tenida en
cuenta por todos los jueces de instancia al momento de denegar las tutelas
invocadas, es claro que en la Cárcel de Villahermosa de Cali sí se realizan
prácticas de requisas que están prohibidas, como se ha explicado a lo largo de
esta providencia, así como que se está impidiendo la entrada a sus
instalaciones, para efectos de las visitas a las que tienen derecho los
internos, de las mujeres que tengan el período menstrual; prácticas que
vulneran los derechos fundamentales de toda persona sobre la cual recaigan.”
5.5. En la
comunicación que el Director de la cárcel remitió a los juzgados de instancia,
aunque afirma cumplir con las reglas establecidas y respetar los dere­chos
fundamentales,[116]
reconoce la práctica de requisas degradantes, en los siguientes términos,
“(…) Es de
reconocimiento público que varias de las visitantes han tratado de ingresar
sustancias prohibidas dentro de sus partes íntimas (estupefacientes, armas de
fuego, explosivos, granadas, etc.), esto trae como consecuencia, los constantes
movimientos sediciosos que al interior del Centro Carcelario, efectúan algunos
reclusos, aprovechando precisamente los días de visita femenina, quienes son
acolitados por ellas mismas, para el ingreso de elementos prohibidos. Gracias a
fuentes de inteligencia y denuncios formulados por las mismas visitas, se ha
logrado el decomiso de estos elementos y dejándolas a disposición de la
autoridad judicial competente, se deja constancia que cuando existe
información verídica de que una visitante lleva elementos extraños dentro de
sus cuerpo, se le solicita que ella misma se extraiga los elementos ilícitos y
si la situación se complica se llama a un médico y una enfermera. (…)”
Comparando las
diferentes versiones aportadas, concluye la Sala que éstas son contradictorias
y dejan entrever que no hay un procedimiento para practicar las requisas de
carácter intrusivo claramente establecido en la Cárcel Villahermosa. En efecto,
mientras que en la inspección judicial aportada por el Director al proceso,[117] así como
en la declaración de éste, se indica que, sin previa autorización judicial, es
un médico y una enfermera quienes practican la requisa, salvo cuando se
requiere cirugía y son llevadas a un centro médico,[118] en la versión rendida por el Comandante de
Vigilancia de la Cárcel Villahermosa al Juez Quinto Penal del Circuito de Cali
(T-1097963) éste afirma que “(…) cuando se requisa a una visitante sospechosa
se le saca aparte y se le dice que se saque lo que lleva adentro de su genital
para no tener que llevarla a Medicina Legal, por lo que son los médicos quienes
hacen el procedimiento extracción del paquete o lo que lleven (…)”.
Por otra parte, el Director afirma en su
carta con respecto a la queja de que los guardias usan el bastón de mando para
intimidar a las visitantes,  “(…) que el bastón de mando o bolillo es permitido
portarlo únicamente en la parte interna (patios) (…)”. No obstante, en la copia
de la inspección judicial practicada a la cárcel y remitida al proceso por el
Director para demostrar lo dicho, se afirma lo contrario, a saber, ‘También se
pudo observar en la requiza (sic) (…) [e]n cuanto al uso del bastón de mando o
bolillo, que las guardianas portan en parte visible dicho elemento, por lo cual
se constató que no se hace uso del bastón de mando. (…)”.[119]  De igual forma, mientras que el Director en su respuesta
afirma que es mentira que los guardias no usan la identificación en sus
uniformes para que no los identifiquen, en la inspección judicial se afirma que
portan en el uniforme una identificación con el primer apellido y la inicial
del segundo apellido.
5.6. A través
de los diversos casos que la Corte ha tenido que estudiar, citados a lo largo
de esta sentencia, ha podido constatar que el descono­cimiento de los derechos
fundamentales de los reclusos y de los visitantes, especialmente en la práctica
de requisas degradantes. Por ejemplo, la forma  como se llevan a cabo las
requisas a las visitantes en la Cárcel Villahermosa es muy parecida a la
practicada en la Cárcel de Cartagena, San Sebastián de Ternera, según se verificó
en la sentencia T-269 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis); en ambos casos se
constata que las requisas pueden ser practicadas por personal de la guardia y
sin las debidas condiciones de salubridad.[120]
En tal medida,
se trata de una práctica enquistada en muchos centros carcelarios que demanda
un cambio profundo en las costumbres y comportamiento de la Guardia carcelaria.
Por eso, en la sentencia T-622 de 2005 se ordenó, entre otras cosas, “(…) al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- que instruya a las
autoridades carcelarias y penitenciarias a fin de que inmediatamente cesen los
procedimientos que obligan a quienes visitan a los internos de la Cárcel
Distrital Villahermosa de Cali a someterse a requisas, registros,
comprobaciones y tactos sobre sus cuerpos a fin de detectar elementos
prohibidos, especialmente en sus zonas genitales y, en el caso de las mujeres,
a no impedir su entrada cuando se encuentran en su período menstrual. (…)”
5.7. Con
relación a la prohibición de ingreso a la Cárcel por tener la menstruación, la
Corte consideró que las mujeres visitantes no pueden ser “(…) discriminadas al
tener su período menstrual y tomar esa condición como limitante para que puedan
realizar las visitas a que tienen derecho los internos (…)”. Si no es razonable
constitucionalmente que la guardia requise con tactos vaginales a una persona,
mucho menos puede considerarse razonable prohibir el ingreso a toda mujer por
el sólo hecho de estar menstruando. El estar en este período no constituye, por
sí sólo, prueba o indicio de que se va a cometer algún ilícito o alguna
conducta irregular. En la sentencia T-622 de 2005 el asunto fue considerado en
los siguientes términos,
“(…) el período
menstrual como ciclo natural y biológico que es, hace parte de la intimidad
corporal de la mujer, de su fuero interno y de su dignidad como ser humano, de
manera que no debe ponerse en evidencia la época en la cual cada mujer esté en
ese período, porque por sí mismo no tiene la posibilidad de provocar incidencia
alguna en las demás personas, ni mucho menos en los ambientes en que se
desenvuelve por lo que, además, a nadie debe interesar o afectar.
Por lo tanto, las
autoridades carcelarias no pueden, so pretexto de que la mujer que se encuentre
con el período menstrual podría aprovechar esa circunstancia para afectar la
seguridad del centro carcelario y cometer ilícitos, vulnerar el derecho de la
mujer a no hacer explícita esa situación natural, íntima y personal.”
La prohibición a las mujeres con
menstruación de ingresar a la Cárcel Villahermosa parte de una premisa errada,
considerar lícitas las requisas degradantes que implican contacto vaginal. Ello
se constata en el Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Santiago de Cali, Valle (Villahermosa)
–Resolución No. 015 de 2004– el cual señala en su artículo 35, parágrafo 1°, lo
siguiente: “[e]n el evento que la visitante presente el período menstrual,
se le podrá permitir una entrevista en el sitio destinado en el Establecimiento
para tal fin, considerando aspectos de higiene por dificultar la requisa y para
evitar el ingreso de elementos no permitidos al interior de las toallas
higiénicas, con los cuales se atente contra la seguridad de los internos y del
personal del Centro de Reclusión”. Como lo señala expresamente la norma, la
prohibición busca evitar el dilema que representan las mujeres en dicho estado,
puesto que suponen problemas de higiene ‘por dificultar la requisa’. Por
supuesto, el único tipo de requisa que dificulta el estado de menstruación es
la requisa vaginal, que, se reitera nuevamente, constituye una violación al
derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 12,
CP), norma fundamental de aplicación universal.
No desconoce la Corte el hecho de que
algunas mujeres puedan emplear las toallas higiénicas para intentar ingresar
cosas prohibidas a la cárcel, sin embargo, para evitarlo pueden emplearse
múltiples y diversas formas menos restrictivas de los derechos fundamentales de
las mujeres que la prohibición de visita, tales como, por ejemplo, obligarlas a
cambiarse la toalla higiénica, suministrándoles la Cárcel una de reemplazo.
Esto permite requisar la primera y asegurarse de que la segunda, la que va a
ingresar, no contenga nada.
Así pues, la
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional reitera la decisión,
adoptada en la sentencia T-622 de 2005, de que la prohibición de ingresar a la
cárcel a las mujeres que tengan el período menstrual, desconoce los derechos a
la intimidad y a la integridad personal, así como a la dignidad y a la igualdad
de todas las mujeres que han sido sometidas a esa discriminación. No es la
primera ocasión en que la Corte constata una discriminación en contra de las
mujeres en el contexto de las requisas. En la sentencia T-624 de 2005 (MP
Alvaro Tafur Galvis), la Corte decidió que “(…) si alguna instrucción verbal de
la Directora del Reclusorio o de otra autoridad carcelaria, fue la causa para
exigir el uso de falda a las mujeres visitantes del establecimiento que
ella dirige, como requisito para ingresar y permanecer dentro del mismo, se ha
incurrido en una clara vulneración de los derechos fundamentales a:  (i)
el debido proceso, como ya se vio, por cuanto no existe norma que contenga esa exigencia;
(ii) a la igualdad, pues la propia Ley 65 prohíbe toda forma de
discriminación, la cual se evidencia en el presente caso por el factor sexo, ya
que no existe fundamento razonable para exigir a las mujeres visitantes
del Reclusorio el uso de falda para ingresar a sus instalaciones, pues esa
norma, aunque como se vio no se halla materialmente en ley, reglamento, etc.,
conocido dentro de este proceso de tutela, lo cierto es que no existe ni se
aplica para los hombres y, en ese orden de ideas, implica un trato desigual, no
justificado ni permitido por la Constitución Política (art. 13) y  (iii)
el libre desarrollo de la personalidad, como quiera que se impone a un
particular una determinada forma de vestir, con una determinada prenda, sin que
tenga motivo jurídico que lo explique, como sí sucede en el caso, ya citado, de
los reclusos.”
5.8. Las requisas practicadas a los
reclusos y a los internos por la guardia carcelaria, que implican tactos sobre
el cuerpo desnudo y los genitales, son degradantes y violan la dignidad humana
y el derecho fundamental a ‘no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o
degradantes’ (art. 12, CP). Así pues, como se mostró a partir de la
jurisprudencia aplicable al caso, previamente citada, no son razonables
constitucionalmente requisas degradantes como las practicadas en la Cárcel
Villahermosa de Cali, pues aunque su fin es legítimo —proteger la seguridad de
las personas recluidas, las que asisten y las que trabajan en el
establecimiento penitenciario—, son un medio  (1) que está prohibido,  (2) que
no es necesario —existen medios alternativos menos lesivos de los derechos
fundamentales para lograr el fin buscado— y,  (3) que no es adecuado (como se
indicó, el propio INPEC considera que este medio no brinda la seguridad que sí
se puede obtener en casos similares).[121]
5.9.  Para esta Sala, es preciso resaltar
que si bien las requisas degradantes no son razonables por los motivos
expuestos, el fin que con ellas se busca, a saber, la protección de los
derechos de los reclusos, los guardias y demás personas que asisten a la
cárcel, es imperioso; como se dijo, las personas privadas de la libertad se
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que impone deberes al
Estado.
La situación de inseguridad por la cual ha
atravesado la Cárcel Villahermosa, que su Director demuestra en cada uno de los
procesos de tutela, tanto de la presente sentencia, como de la T-622 de 2005
(MP Alvaro Tafur Galvis), es reconocida y valorada por la Corte Constitucional.
No obstante, como se señaló en aquella decisión, ello “(…) no puede llevar a justificar
los métodos que se están utilizando para controlar la seguridad del penal,
mediante las requisas de tipo vaginal y la discriminación a las mujeres durante
su período menstrual, pues todas esas acciones son lesivas de la dignidad
humana, de la prohibición de ser sometido a tratos crueles, inhumanos ni
degradantes y de la intimidad e integridad corporales.”
5.10. Practicar
requisas a los internos y a los visitantes no es pues, una facultad optativa de
la Cárcel, practicarlas es una obligación constitucional y legal. Los
visitantes pueden ser sujetos de las requisas a que se refiere el Código
Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993). Incluso, pueden llegar a ser
sujetos de requisas vaginales, en caso de ser necesario, por no contar con otro
medio disponible, siempre y cuando se cumpla el requisito de llevar a cabo un “trámite
claro y contundente, que parte de la reserva judicial para su práctica, exige
la intervención de personal idóneo y requiere de la elaboración de una acta,
que dé cuenta en detalle de lo acontecido.”[122] Todo lo
cual, como se constató en la sentencia T-622 de 2005, en la Cárcel Villahermosa
de Cali no se cumple.
Por tanto, el
propósito de alcanzar el fin propuesto, que como se dijo, es un cometido
imperioso, no se puede dejar de lado, pero requiere la elección de medios
constitucionalmente aceptados. Estos medios, según el propio INPEC, son las
herramientas tecnológicas tales como detectores metálicos.[123] Por tal razón, en la
sentencia T-622 de 2005 se sostuvo,
“(…) no puede
entenderse que si los visitantes portan en sus partes íntimas elementos
prohibidos, éstos no puedan ser decomisados. Lo que se pretende es que el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- dote a los
establecimientos penitenciarios y carcelarios de la tecnología apropiada “(...)
detectores electrónicos, las sillas “bop”, especialmente diseñadas para
detectar metales en las partes íntimas de la persona y los perros especialmente
adiestrados para detectar sustancias estupefacientes y explosivos”-,[124] como lo ha
hecho con otras cárceles del país, para evitar la violación de derechos
fundamentales de los internos y de los visitantes, con la realización de
requisas, intervenciones, registros y comprobaciones, sin la debida
autorización judicial, sin la intervención de personal idóneo y la
elaboración de una acta que de cuenta en detalle de lo acontecido,[125] o cuando se adelantan
prácticas discriminatorias como la prohibición que estableció para las mujeres
el Director de la Cárcel de Villahermosa, de ingresar cuando tienen el período
menstrual. (…)”
De acuerdo con
estas consideraciones la Corte resolvió ordenar que “el Instituto
instruirá a las cárceles y penitenciarias sobre las requisas o cacheos
superficiales y los dotará -en especial a la Cárcel Distrital Villahermosa de
Cali- de la tecnología apropiada con que cuentan algunos reclusorios del país,
que les permiten determinar la presencia de elementos prohibidos sin someter a
los reclusos o a los visitantes a tratos crueles, inhumanos y degradantes.” En
el presente caso la Sala Tercera de Revisión reiterará esta orden y la
complementará indicando que (i) el INPEC deberá tomar las medidas necesarias
para que la dotación de herramientas tecnológicas, tales como detectores
metálicos, reciban el mantenimiento apropiado, de tal suerte que se garantice
su funcionamiento y (ii) el INPEC enviará un informe a la Procuraduría General
de la Nación, con copia a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de
la República y a los jueces de instancia dentro de los respectivos nueve
procesos, en un término no superior a cuatro (4) meses, en el que dé cuenta del
cumplimiento de la orden impartida en la sentencia T-622 de 2005 y reiterada en
esta sentencia.
5.11. Concluye
entonces la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional que los
derechos a la dignidad humana y a nos ser sometidas a tratos crueles, inhumanos
o degradantes de las accionantes han sido desconocidos por la Cárcel Distrital
Villahermosa de Cali, por lo que se revocará los fallos de instancia, se
reiterarán las órdenes dadas al respecto por la sentencia T-622 de 2005 (MP
Alvaro Tafur Galvis) y se impartirán otras, necesarias para evitar que en dicha
Cárcel se sigan impartiendo tratos degra­dantes a las accionantes y demás
personas que la visitan o están recluidos en ella.[126]
A continuación
pasa la Sala a analizar una de las respuestas específicas presentadas por el
Director de la Cárcel Villahermosa con respecto a las prácticas de las
requisas, en torno a la orientación sexual de las guardianas.
6. Comentario acerca de los prejuicios
en las cárceles en razón a la orientación sexual
6.1. La Corte
ha señalado que “(…) los prejuicios acerca de la orientación sexual que reinan
en las cárceles, (…) pueden convertirse en factores autónomos de violencia y
discriminación hacia personas de orientación homosexual, aumentando los riesgos
que enfrenta esta población. Tal situación de discriminación, constatada por esta
Corporación en casos anteriores,[127]
desafortunadamente es avalada [en ocasiones] tanto por las autoridades
penitenciarias,[128]
como por el juez de instancia[129]”
(sentencia T-1096 de 2004).
6.2. En el
presente caso, el Director de la Cárcel Villahermosa hace explícito este
prejuicio, al considerar que el hecho de que las guardianas no sean lesbianas
demuestra que las requisas a las cuales eran sometidas las mujeres que visitan
la Cárcel no eran morbosas.[130]
La Corte rechaza enfáticamente este criterio. Ser heterosexual no es sinónimo
de ‘inocencia’ y ser homosexual no es sinónimo de ‘culpabilidad’. ¿Acaso saber
que una guardiana es lesbiana implica demostrar que sí se practican requisas
ilegales en la cárcel?  ¿Acaso prueba que las requisas se hacen con ‘morbo’?
No es admisible que el Director de una cárcel del país considere que ‘ser
lesbiana’ demuestre o sea un indicio de que una guardiana somete a las mujeres
que visitan la cárcel a requisas degradantes.  El ejercicio de una libertad
fundamental, como lo es la libertad sexual, la cual, entre otros ámbitos,
protege la orientación sexual de toda persona, no puede ser considerado una
prueba o un indicio de una conducta ilegal. Los Directores de los centros
carcelarios del país tienen el deber de respetar y proteger el goce efectivo de
la libertad sexual de los miembros de la comunidad carcelaria, no
desconocerlos.
6.3. Así pues,
teniendo en cuenta la importancia de los deberes y las responsabilidades de un
director de un establecimiento carcelario, y los efectos perversos y contrarios
al espíritu de la Constitución que puede generar el que dicho funcionario
ejerza sus competencias cegado por un prejuicio contra las personas que sean
homosexuales, se prevendrá al Director de la Cárcel Villahermosa, Cali, para
que en lo futuro se abstenga de considerar en decisiones adoptadas en su
calidad de Director, que la orientación sexual de una persona prueba, por sí
sola, que sea culpable o inocente de cometer acto ilícito alguno.
A continuación,
pasa la Sala a analizar la acción de tutela instaurada en contra de la Cárcel
de Manizales, acumulada también al presente proceso para ser resuelta de manera
conjunta a las anteriores.
7. Las requisas degradantes practicadas
a los internos de la Cárcel Distrital de Manizales, están constitucionalmente
proscritas y constitu­yen un grave atentado en contra de la dignidad humana
7.1. En el caso de la Cárcel del Distrito
de Manizales, de varones, sucede lo mismo que en los nueve casos anteriores. El
accionante no aporta pruebas que demuestren que en efecto se le practicaron las
requisas degradantes de las que, él manifiesta, fue objeto. Sin embargo, en la
participación del Director de la Cárcel dentro del proceso, él mismo acepta que
se practican requisas degradantes a los reclusos en la Cárcel de Manizales.
Dice el Director,
“La Ley 65/93 y el
Acuerdo 0011/95, hablan de la forma de efectuar las requisas, cabe recordar que
en todos los Centros Penitenciarios y Carcelarios del País, se ha encontrado
elementos prohibidos, tales como drogas, granadas, armas blancas y de fuego, en
los rectos y vaginas de hombres y mujeres privados de la libertad; así mismo
como a los visitantes de los internos. Es deber del Estado preservar la
disciplina al interior del establecimiento, así como la seguridad para poder
garantizar los derechos fundamentales de los internos, como la vida, la salud y
su integridad física. Con relación a lo manifestado por el interno Jeison
Jair Páez Ladino respecto a que se les hace desnudar para las requisas,
quiero informarle que de manera esporádica este procedimiento se hace necesario
por aspectos de seguridad, pero el mismo se realiza apartando al interno al
interior de un lugar reservado de la vista de sus compañeros. Cuando se
presenta una alteración grave al interior de un patio y que involucre a todos
los internos del mismo, se procede a efectuar la requisa generalizada a todos
los internos y sus pertenencias pero nunca con la extralimitación de la fuerza
y solamente cuando es necesario, ésta se aplica para el restablecimiento del
orden interno. Prueba de lo que aquí se menciona está en el hecho de que no
aparece registrada investigación disciplinaria contra funcionarios de la
guardia por violación de los derechos humanos de los internos. La queja
presentada por Páez Ladino obedece más a una situación personal que a quejas
generalizadas, además los procedimientos utilizados por la guardia están
respaldados en hechos reales que se presentan a diario en los establecimientos
Carcelarios en donde los internos portan armas y oros elementos prohibidos en
sus orificios corporales, prueba de ello anexo fotocopia de informes que los
funcionarios han rendido por hechos similares, algunos de los cuales arrojaron
sanción disciplinaria y otros están en investigación.”
Se constata pues que se realizan dos procedimientos
irregulares, a saber, requisas degradantes a los reclusos practicadas de forma
individual y requisas degradantes realizadas a los reclusos de forma colectiva.
Aunque el Director de la Cárcel rechaza las afirmaciones del accionante según
las cuales se excede la fuerza y se les somete a golpes o a tratos similares,
acepta las afirmaciones acerca de las requisas practicadas a los reclusos, en
especial la de aquellos que se encuentran en el patio número 4, ‘sección
especial’.
7.2. Como se indicó previamente, los
centros penitenciarios y carcelarios tiene el deber, no el derecho, de
practicar ‘requisas rigurosas’ a los reclusos. Sin embargo, también es
claro que bajo ninguna circunstancia puede entenderse que dentro de tal tipo de
requisas se encuentren incluidas aquellas que no sean razonables
constitucionalmente, por constituir violaciones al derecho fundamental a no ser
sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12 de la
Constitución Política). Tal como lo ha dicho la Corte, las “(…) requisas que se
practican en los centros de reclusión no comportan registros corporales sobre
los cuerpos desnudos de los internos y de sus visitantes, ni sujeción de éstos
a procedimientos vejatorios, así fuere con el objeto de detectar armas o elementos
prohibidos en el uso carcelario”.[131]
7.3. Como se
indicó previamente, la jurisprudencia constitucional considera que no es
razonable que las autoridades ordenen “(…) intervenciones corporales masivas
e indeterminadas, a fin de confirmar sospechas o amedrentar a posibles
implicados, así fuere con el propósito de mantener el orden y la seguridad,
cualquiera fuere el lugar (…)”.[132]
Tampoco son razonables aquellas requisas degradantes, tales como desnudar al
recluso, obligarlo a agacharse o hacer flexiones de piernas y mostrar sus
partes íntimas a la guardia; no es razonable una requisa que se realice transgrediendo
el derecho a la dignidad humana de la persona al manipular sus partes íntimas,
existiendo otros mecanismos para garantizar la seguridad. Para la Corte no son
constitucionalmente admisibles “(…) las injerencias visuales o por contacto
sobre los cuerpos desnudos de internos y visitantes, como tampoco las
intervenciones, comprobaciones y registros corporales, en cuanto, como medidas
restrictivas de la intimidad corporal, de la libertad personal, de la
integridad física, moral y jurídica del afectado, su realización impone la
directa y razonable intervención judicial, atendiendo las pautas y lineamientos
constitucionales y legales sobre el punto, en aras de garantizar el respeto de
los derechos fundamentales que tales procedimientos comprometen.” [133] Adicionalmente, de
acuerdo con el artículo 45 del Código Penitenciario y Carcelario los miembros
del Cuerpo de Custodia y Vigilancia tienen la prohibición de “inflingir
castigos a los internos, emplear con ellos violencia o maltratamientos”
(acento fuera del texto original).
7.4. Si bien se
trata de prácticas que, como se mostró, el INPEC está tratando de erradicar,[134] erradamente todavía
son consideradas permitidas y lícitas en algunos centros de reclusión. Por
ejemplo, el Director de la Cárcel Distrital de Manizales, sin reparo alguno,
confiesa que éstas se realizan cuando se consideran ‘necesarias’. El
procedimiento adelantado por los centros penitenciarios para requisar a
internos y visitantes, de forma degradante, no responde a una práctica aislada
de algunos funcionarios o centros de reclusión, sino a una política carcelaria
que pese a ser inconstitucional, fue difundida entre los establecimientos
penitenciarios. De hecho, en la sentencia T-690 de 2004 se señala que la
Directora del centro penitenciario demandado justificó el proceder de la
guardia, en el cumplimiento de lo dispuesto por los manuales de procedimiento y
reglamentos existentes, remitiendo copia de un manual estadounidense en el cual
se indica cómo hacer la requisa degradante,[135]
situación que la Corte puso en conocimiento de la Procuraduría General de la
Nación y la Fiscalía General de la República.[136]
7.5. La Sala Tercera de la Corte
Constitucional concluye entonces, que la Cárcel del Distrito de Manizales ha
desconocido el derecho fundamental a la dignidad de Jeison Jair Páez Ladino,
así como su derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes
(Art. 12, CP).
7.6. Finalmente la Sala advierte que aunque
el accionante mencionó algunos tratos violatorios de derechos fundamentales
inicialmente, adicionales a las requisas, posteriormente decidió circunscribir
su acción de tutela a que se tomaran medidas para impedir que se sigan
realizando tales requisas. Por tal motivo, el análisis de la presente sentencia
se limita a esta petición, sin embargo, prevendrá al INPEC, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que verifiquen las condiciones
en que se encuentran las personas recluidas en el patio número 4, denominado
‘sección especial’.
Una vez analizados los casos objeto de
estudio de la presente sentencia, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional pasa a especificar las órdenes que se impartirán a la Cárcel
Distrital Villahermosa de Cali y a la Cárcel Distrital de Manizales.
8. Órdenes a impartir en los casos de la
Cárcel Distrital Villahermosa de Cali y la Cárcel Distrital de Manizales
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional reiterará la jurisprudencia
constitucional previamente citada; revocará los fallos de instancia de cada uno
de los procesos acumulados; tutelará los derechos a la dignidad humana y a no
ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes; e impartirá algunas
órdenes con miras a garantizar el goce efectivo de estos derechos.
8.1. En primer
término se prevendrá al INPEC y a cada uno de los centros carcelarios a que
adopten las medidas necesarias para llevar a cabo las requisas de forma
adecuada y eficiente, respetando los derechos de las personas que son objeto de
la misma, en especial su dignidad, sin que ello represente incumplimiento
alguno en su cometido de salvaguardar la seguridad del establecimiento
carcelario. Para determinar cuáles son las medidas adecuadas que se deben
adoptar para garantizar el goce efectivo del derecho a la dignidad humana y a
no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el INPEC debe
considerar las actuaciones que desde 1997 hasta el presente ha llevado a cabo
(como la Circular N° 023 de 2004 del INPEC, por ejemplo) en tal sentido,
descartando aquellas que han resultado inanes e incorporando nuevas medidas que
aseguren el efectivo cumplimiento y el respeto inmediato a esta ‘norma fundamental
de aplicación universal’.
8.2. Como se señaló, la grave situación en
la que se mantienen las personas privadas de la libertad en Colombia ha llevado
a que la Corte no solamente tome medidas específicas en casos concretos, sino a
que se declare incluso, un ‘estado de cosas inconstitucional’ en el
Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario en general, reconociendo que las
medidas necesarias para superar tal estado y garantizar los derechos
fundamentales son diversas y le compete realizarlas a diferentes entidades.[137] Así pues, la compleja
situación carcelaria ha demandado de la jurisprudencia constitucional, en
varias ocasiones, que se impartan órdenes complejas, a varias entidades, con el
objeto de que el cumplimiento de todas asegure el goce efectivo de los derechos
violados o amenazados.[138]
Además, las obligaciones del Estado para con la dignidad de los reclusos no se
limitan a abstenerse de realizar acciones que desconozcan este derecho
fundamental, el Estado tiene el deber de adoptar las medida adecuadas para
asegurarle a cada uno de ellos, así como a los visitantes, el goce efectivo de
ese derecho.[139]
Por ejemplo, en la sentencia T-690 de 2004
(MP Alvaro Tafur Galvis) la Corte resolvió tutelar el derecho fundamental a la
dignidad del accionante, y a no ser sometido a tratos y penas crueles inhumanas
y degradantes, y a la intimidad corporal de su persona y de su familia, y, en
consecuencia, ordenar al Director del INPEC y a la Directora de la Cárcel de
Circuito de Cartagena Sebastián de Ternera, que impartieran “(…) las
instrucciones necesarias para que, de manera inmediata, las requisas personales
de las personas recluidas en el penal y de quienes los visitan se sujeten a las
previsiones de la Ley 65 de 1993 y a la Circular 035 del 26 de marzo de 1997, y
para que las intervenciones corporales se sujeten a las previsiones legales y
constitucionales sobre la materia, de ser necesarias.” La Corte también
resolvió prevenir al INPEC para que instruya a las autoridades carcelarias y
penitenciarias a fin de inmediatamente cesen los procedimientos que obligan a
los internos y a quienes los visitan a despojarse de su ropa y a adoptar
posiciones y movi­mientos indecorosos, con el fin de detectar elementos
prohibidos, como también los registros y comprobaciones y tactos sobre sus
cuerpos con igual propósito. En consecuencia el Instituto instruirá a las
cárceles y penitenciarias sobre las requisas o cacheos superficiales y los
dotará –en especial a la Cárcel del Circuito de Cartagena- de la tecnología
apropiada con que cuentan algunos reclusorios del país, que les permiten
determinar la presencia de elementos prohibidos sin someter a los reclusos a
tratos crueles, inhumanos y degradantes.”
8.3. La práctica de requisas degradantes,
terminantemente prohibidas por las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias son, desafortunadamente, un hecho notorio, conocido por la Corte
Constitucional, el INPEC y los órganos del Estado, que aún no ha podido ser
erradicado y que ha llevado a esta Corporación a tomar medidas incluso en casos
en los cuáles no se probó los alegatos de la persona que interpuso la acción de
tutela.[140]
Así pues, en aras de colaborar armónicamente con los demás órganos estatales
encargados de velar por que estos atropellos no se sigan cometiendo[141] y, principalmente, en
aras de proteger los derechos fundamentales de la población carcelaria y
penitenciaria, se impartirán las mismas órdenes a la Cárcel Distrital
Villahermosa de Cali y a la Cárcel Distrital de Manizales para varones, pese a
que en el primero de los establecimientos las violaciones fueron practicadas
contra la personas visitantes y en el segundo contra los reclusos.
8.4. A continuación pasa la Sala a
presentar cada una de las órdenes que se impartirán en la presente sentencia,
8.4.1. En
primer lugar se reiterará la orden impartida por la sentencia T-622 de 2005 (MP
Alvaro Tafur Galvis) al “Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
que instruya a las autoridades carcelarias y penitenciarias a fin de que
inmediatamente cesen los procedimientos que obligan a quienes visitan a los
internos de la Cárcel Distrital Villahermosa de Cali [y de la Cárcel Distrital
de Manizales] a someterse a requisas, registros, comprobaciones y tactos sobre
sus cuerpos a fin de detectar elementos prohibidos, especialmente en sus zonas
genitales y, en el caso de las mujeres, a no impedir su entrada cuando se
encuentran en su período menstrual.” De igual forma, se deberán tomar las
medidas necesarias para que también cesen inmediatamente las requisas
degradantes a los reclusos de la Cárcel Distrital de Manizales.
8.4.2. En
segundo lugar, se reiterará la orden, también impartida por la sentencia T-622
de 2005 (MP Alvaro Tafur Galvis) al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC- para que instruya “a las cárceles y penitenciarias sobre las
requisas o cacheos superficiales y los dot[e] -en especial a la Cárcel
Distrital Villahermosa de Cali [y a la Cárcel Distrital de Manizales]- de la
tecnología apropiada con que cuentan algunos reclusorios del país, que les
permiten determinar la presencia de elementos prohibidos sin someter a los
reclusos o a los visitantes a tratos crueles, inhumanos y degradantes.” Además,
el INPEC deberá  (i) tomar las medidas necesarias para que la dotación de las
herramientas tecnológicas, tales como detectores metálicos, reciban el
mantenimiento apropiado, de tal suerte que se garantice su funcionamiento y
(ii) enviar un informe a la Procuraduría General de la Nación, con copia a la
Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República y a los jueces
de instancia dentro de los respectivos nueve procesos,[142] en un término no
superior a cuatro (4) meses, en el que dé cuenta del cumpli­miento de la orden
impartida en la sentencia T-622 de 2005 y reiterada en esta sentencia.
8.4.3. En tercer lugar se ordenará a los
Directores de ambas Cárceles que pongan en un lugar visible para las personas
que visitan los establecimientos, y de manera clara y legible  (1) los derechos
de las personas que visitan la Cárcel,  (2) las requisas que no son razonables
y están prohibidas constitucionalmente y (3) el procedimiento que se debe
adelantar en caso de que se cometan atropellos, indicando las dependencias del
INPEC, la Defensoría del pueblo y la Procuraduría General de la Nación
encargadas de vigilar el cumplimiento de tales reglas y procedimientos. En la
información que sea suministrada debe incluirse, especialmente, las reglas
jurisprudenciales resumidas en los apartes (2.9.) y (3.8) de las
consideraciones de la presente sentencia.
8.4.4. En
cuarto lugar se remitirá copia de la presente sentencia a los accionantes de
cada uno de los procesos acumulados, así como a los Directores de ambas
cárceles, a la Defensora Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de
la Defensoría del Pueblo y a la Coordinadora de Asuntos Penitenciarios,
Delegada Preventiva en materia de Derechos Humanos de la Procuraduría General
de la Nación. También deberá remitirse copia de la presente sentencia a los
reclusos de ambas Cárceles, a través de los Comités de Derechos Humanos y a las
Mesas de Trabajo.
8.4.5. En quinto lugar se ordenará a ambas
Cárceles que adopte las medidas necesarias para que todos y cada uno de los
miembros de la guardia que practiquen las requisas al ingreso del penal los
días de visitas, así como todos aquellos que se encuentren en el área de
recepción de visitas, tengan en su pecho una identificación clara y completa
que le permita a cualquier persona distinguirlo e individualizarlo del resto de
guardias. De esta forma se evitará que personas como las accionantes en los
presentes procesos no puedan saber con claridad quiénes fueron los responsables
de haberlas sometido a tratos degradantes.
8.4.6. En sexto lugar, de llegarse a
requerir practicar una requisa intrusiva que suponga tactos al cuerpo desnudo
de la persona y a sus genitales, por ser ésta necesaria —esto es, que no
exista otro medio alternativo que permita alcanzar el fin buscado, a saber, la
seguridad del establecimiento penitenciario—, debe llevarse a cabo de acuerdo a
las condiciones de legalidad, tiempo, modo y lugar.
La primera condición para llevar a cabo una
requisa de este tipo es que sea posible jurídicamente, es decir, que sea
practicada por una autoridad declarada competente para hacerlo, de manera
general y previa por parte de la ley, y de manera concreta y actual por
parte de una autoridad judicial. La segunda condición, el tiempo, obliga
a las autoridades a practicarla de manera breve y eficiente, de tal suerte, por
ejemplo, que la requisa no se podría prolongar más allá de lo necesario. En
tercer lugar, las condiciones de modo reclaman, por ejemplo, que la requisa sea
practicada por un profesional de la salud debidamente capacitado; que la
persona que la lleve a cabo esté dotada de los instrumentos y medios necesarios
para llevar a cabo correctamente el procedimiento; que se haga en condiciones
de higiene y salubridad y en condiciones de privacidad, evitando por ejemplo,
la presencia de cualquier persona que no sea estrictamente necesaria para
llevara a cabo esta requisa. La persona que será sometida a este procedimiento
tiene derecho a saber que las condiciones en que se va a realizar son las
adecuadas, así, por ejemplo, no basta con que se empleen guantes desechables
que no hayan sido utilizados antes, es preciso que la persona que va a ser
sometida al procedimiento también lo sepa y esté segura al respecto —v.gr.
sacando los guantes de su empaque en frente de la persona—. Por último, el
lugar debe ser un sitio acondicionado especialmente para el efecto, de tal
suerte, por ejemplo, que sea cerrado y garantice la privacidad de la persona y
que al momento de realizar la requisa se encuentre en condiciones de limpieza,
higiene y salubridad óptimas.
8.4.7. En
séptimo lugar, se ordenará al Director Nacional del INPEC que dé claras y
precisas instrucciones y directrices a los Directores Regionales del INPEC,
para que ayuden a que los establecimientos penitenciarios y carcelarios
respeten y protejan los derechos y que no se violen y desconozcan de forma
grave, como ocurre a propósito de las requisas. Estas instrucciones se deberán
impartir, en especial, a la Directora Regional de Occidente del INPEC, María
del Socorro Buitrago Correa, quien participó en el último proceso acumulado
(T-1101561) para solicitar que se rechazara la acción de tutela y se le
considerara una actuación temeraria. Los Directores Regionales del INPEC no
pueden patrocinar, encubrir o propiciar la práctica de tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
8.4.8. En octavo lugar se remitirá copia de
la presente sentencia y de los expedientes acumulados al INPEC, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para
que, de acuerdo con los dispuesto en las normas legales y en la Circular N° 023
de 2004 del INPEC, se adelanten las investiga­ciones disciplinarias o penales
que el caso amerite.
8.4.9. En
noveno lugar, se ordenará al Director del INPEC, a la Procuraduría General de
la Nación y a la Defensoría del Pueblo que verifiquen las condiciones en que se
encuentran las personas recluidas en el patio número 4, denominado ‘sección
especial’ de la Cárcel Distrital de Manizales, para que en caso de existir
irregularidades se tomen las medidas necesarias que sean del caso, de acuerdo a
las competencias y facultades de cada entidad.
8.4.10.
Finalmente, teniendo en cuenta la importancia de los deberes y las
responsabilidades del Director de un establecimiento carcelario, y los efectos
perversos y contrarios al espíritu de la Constitución que puede generar el que
dicho funcionario ejerza sus competencias cegado por un prejuicio contra las
personas que sean homosexuales, se prevendrá al Director de la Cárcel
Villahermosa, Cali, para que en lo futuro se abstenga de considerar en
decisiones adoptadas en su calidad de Director, que la orientación sexual de
una persona prueba, por sí sola, que sea culpable o inocente de cometer acto
ilícito alguno.
8.5. Con estas
órdenes, la Sala espera que la practica de requisas degradantes, que
desafortunadamente aún persiste en las cárceles del país, por fin termine. La
principal diferencia que existe entre quienes se encuentran de un lado de las
rejas en una cárcel y quienes se encuentran del otro, es que mientras unos, los
reclusos, han decidido libre y autónomamente desconocer los derechos de las
personas, y ahora pagan las consecuencias de ello, los demás, los guardias y
los funcionarios, han optado por el camino de la defensa, respeto y protección
de los derechos de las personas. Cuando los segundos desconocen los derechos de
los primeros y de las personas que los visitan, al someterlos a tratos
degradantes proscritos de manera absoluta en el orden constitucional, borran
esa diferencia que existe entre los que están de uno y otro lado de las rejas;
es más, muchos de los reclusos quizá se encuentren recluidos por cometer
irrespetos a los derechos fundamentales significativamente menores a los que
les someten algunas de las autoridades carcelarias. Los establecimientos
penitenciarios y carcelarios deben ser centros de resocialización, no dantescos
infiernos en que la arbitrariedad y el abuso de la autoridad sean la voz
cantante, y en los que se acabe con la dignidad de los seres humanos y se
erosione la legitimidad del poder estatal.
III. DECISIÓN
En conclusión, se reitera la jurisprudencia
constitucional en materia de requisas en las cárceles,[143] según la cual se
desconocen los derechos a la dignidad humana y a no ser sometido a tratos
crueles, inhumanos o degradantes, al obligar a los reclusos o a las personas
que los visitan a requisas degradantes, tales como desnudarlas, obligarlas a
agacharse o hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes íntimas a la
guardia, así como tactos genitales o vaginales. No es razonable que las
autoridades ordenen intervenciones corporales masivas e indeterminadas, a fin
de confirmar sospechas o amedrentar a posibles implicados, así fuere con el
propósito de mantener el orden y la seguridad, cualquiera fuere el lugar.
Tampoco es razonable constitucionalmente que se impida el ingreso de una mujer
a la Cárcel por el hecho de estar en el período de menstruación.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitu­cional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Revocar la sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Cali en el proceso T-1065050, por el Juzgado Once Penal del Circuito, en los
procesos T-1065075 y T-1065076, por el Juzgado Once Penal Municipal de Cali en
los procesos T-1066603 y T-1066944, por el Juzgado Veinte Penal del Circuito de
Cali T-1067494, por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Cali en el
proceso T-1067613, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cali en el
proceso T-1097963, por el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Cali en le
proceso T-1101561 y por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Manizales en
el proceso T-1060099. En su lugar tutelar los derechos a la dignidad humana y a
no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes a Ana Milena Franco
Rendón, Edith Margarita Ortiz, Constanza Herrera, Zuly Patricia Zúñiga, Ana
Valencia, Clara Helena Ospina Castrillón, Mariela Guerrero, María Enedier
Ocampo, Katherine Villereal y Jeison Yair Páez Ladino, respectivamente.
Segundo.- Reiterar la orden impartida por la sentencia T-622 de 2005
(MP Alvaro Tafur Galvis) al “Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
-INPEC- [para] que instruya a las autoridades carcelarias y penitenciarias a
fin de que inmediatamente cesen los procedimientos que obligan a quienes
visitan a los internos de la Cárcel Distrital Villahermosa de Cali a someterse
a requisas, registros, comprobaciones y tactos sobre sus cuerpos a fin de
detectar elementos prohibidos, especialmente en sus zonas genitales y, en el
caso de las mujeres, a no impedir su entrada cuando se encuentran en su período
menstrual.” Igual medida deberá adoptarse para con las autoridades de la Cárcel
Distrital de Manizales. La orden a la que aquí se hace referencia, deberá
cumplirse dentro de los treinta días calendario, contados a partir de la
notificación de la presente sentencia. De igual forma, se ordena al INPEC tomar
todas aquellas medidas adecuadas y necesarias que aseguren de manera efectiva
el goce de los derechos fundamentales violados a los visitantes y a los
reclusos. No podrán adoptarse medidas inanes tales como limitarse a reiterar lo
ya dicho en las circulares.
Tercero.- Reiterar la orden impartida por la sentencia T-622 de 2005 (MP Alvaro Tafur Galvis) al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- para que instruya “a las
cárceles y penitenciarias sobre las requisas o cacheos superficiales y los
[dote] -en especial a la Cárcel Distrital Villahermosa de Cali [y a la Cárcel
Distrital de Manizales]- de la tecnología apropiada con que cuentan algunos
reclusorios del país, que les permiten determinar la presencia de elementos
prohibidos sin someter a los reclusos o a los visitantes a tratos crueles,
inhumanos y degradantes.” Además, el INPEC deberá  (i) tomar las medidas
necesarias para que la dotación de las herramientas tecnológicas, tales como
detectores metálicos, reciban el mantenimiento apropiado, de tal suerte que se
garantice su funcionamiento y (ii) enviar un informe a la Procuraduría General
de la Nación, con copia a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de
la República y a los jueces de instancia dentro de los respectivos nueve
procesos,[144]
en un término no superior a cuatro (4) meses, en el que dé cuenta del
cumplimiento de la orden impartida en la sentencia T-622 de 2005 y reiterada en
esta sentencia. La orden a la que aquí se hace referencia deberá cumplirse
dentro de los treinta días calendario, contados a partir de la notificación de
la presente sentencia.
Cuarto.- Ordenar, por intermedio de la Secretaría
General, a los Directores de la Cárcel Distrital Villahermosa de Cali y la
Cárcel Distrital de Manizales que, en el término de un mes contado a partir de la
notificación de la presente sentencia, pongan en un lugar visible para las
personas que asisten los días de visita, de manera clara y legible  (i)
los derechos de las personas que visitan la Cárcel,  (ii) las requisas
que no son razonables y están prohibidas constitucionalmente y  (iii) el
procedimiento que se debe adelantar en caso de que se cometan atropellos,
indicando las dependencias del INPEC, la Defensoría del pueblo y la
Procuraduría General de la Nación encargadas de vigilar el cumplimiento de
tales reglas y procedimientos. Específicamente, se deberán dar a conocer los
siguientes derechos:
(1) La prohibición de
someter a las personas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es un
derecho fundamental y un contenido concreto de la dignidad humana.
(2) El Estado tiene la
legítima facultad y obligación para practicar requisas razonables y proporcionadas,
legalmente consideradas.
(3) En el caso de los
visitantes, específicamente, toda persona que ingrese a un centro de reclusión
o salga de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente requisada y
sometida a los procedimientos de ingreso y egreso;[145] por gozar los
visitantes de la plenitud de sus derechos, sólo pueden ser razonables las
limitaciones que sean necesarias (‘absolutamente indispensables’).
(4) En cualquier caso,
no es razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la
dignidad humana de la persona (reclusa o visitante) al manipular sus partes
íntimas, cuando no es necesaria por existir otros mecanismos para garantizar la
seguridad.[146]
(5) No es razonable
constitucionalmente, por implicar una violación al derecho fundamental a no ser
sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, las requisas intrusivas que
son practicadas por la guardia de un establecimiento de reclusión, tales como
desnudar al recluso o al visitante, obligarlo a agacharse o a hacer flexiones
de piernas y mostrar sus partes íntimas a la guardia; más aún si éstas se
practican en condiciones insalubres.
(6) Las intervenciones,
registros, injerencias, comprobaciones o extracciones sobre los cuerpos, tales
como las ‘requisas intrusivas’, pueden llegar a darse por razones fundadas “(…)
siempre que medie el consentimiento informado del afectado y el registro se
practique de modo que el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos, ni
la integridad física y jurídica vulnerada, condicionamientos éstos que
demandan  (i) un mandato legal,  (ii) la supervisión judicial, (iii)
la intervención de personal experto y (iv) el uso de instrumental y
condiciones sanitarias adecuadas, porque los tratos crueles, inhumanos y
degradantes están proscritos y su prohibición es absoluta”.[147]
(7) En el caso de que
se decida usar perros adiestrados para hallar objetos prohibidos en el cuerpo
de las personas, éstos también deberán estar entrenados para actuar con el
debido respeto y cuidado con las personas; no pueden usarse perros bravos, agresivos
o que puedan intimidar a las personas;
(8) En el caso de que a
una persona que desea entrar el día de visitas al centro de reclusión se le
pida que autorice que se le practique una requisa intrusiva, y ésta se niegue,
se le debe permitir la opción de ser requisada por otro medio tal como los
rayos X, antes de negar por completo su ingreso. En todo caso, como lo ha
señalado la jurisprudencia, las requisas intrusivas contra la voluntad del
visitante requieren de autorización judicial previa.
(9) Los visitantes no
están obligados constitucional ni legalmente a portar un determinado tipo de
ropa; las mujeres no están obligadas a usar falda.
Quinto.- Remitir
copia de la presente sentencia, por intermedio de la Secretaría General, a las
accionantes (visitantes) y al accionante (recluso) de cada uno de los procesos
acumulados, así como a los Directores de la Cárcel Distrital Villahermosa de
Cali y la Cárcel Distrital de Manizales, a la Defensora Delegada para la
Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo y a la
Coordinadora de Asuntos Penitenciarios, Delegada Preventiva en materia de
Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación. También deberá
remitirse copia de la presente sentencia a los reclusos de ambas Cárceles, a
través de los Comités de Derechos Humanos y a las Mesas de Trabajo, a quienes
también se les remitirá copia de la presente sentencia. En el caso en que no
sea posible remitir la copia de la sentencia al accionante directamente por
medio de la Secretaría General, ésta se entregará por intermedio del respectivo
Juzgado de primera instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral
duodécimo de esta parte resolutiva.
Sexto.- Ordenar, a los Directores de la Cárcel Distrital Villahermosa de Cali y la
Cárcel Distrital de Manizales que, a partir del siguiente día de visitas
después de notificada la presente sentencia, adopten las medidas necesarias
para que todos y cada uno de los miembros de la guardia que practiquen las
requisas al ingreso del penal los días de visitas, así como todos aquellos que
se encuentren en el área de recepción de visitas, tengan en su pecho una
identificación clara y completa que le permita a cualquier persona distinguirlo
e individualizarlo del resto de guardias.
Séptimo.- Advertir, por intermedio de la Secretaría General, a la Dirección
General del INPEC, así como a los Directores de la Cárcel Distrital
Villahermosa de Cali y la Cárcel Distrital de Manizales, que de llegarse a
requerir practicar una requisa intrusiva que suponga tactos al cuerpo
desnudo de la persona o a sus genitales, por ser ésta necesaria,
debe llevarse a cabo de acuerdo a las condiciones de legalidad, tiempo, modo y
lugar, tal y como son definidas en la Constitución y la ley, y de acuerdo a los
parámetros señalados en el apartado (8.4.6.) de la presente sentencia. En todo
caso, se reitera, las requisas intrusivas llevadas a cabo por parte de la
guardia se encuentran constitucionalmente prohibidas.
Octavo.- Ordenar, por intermedio de la Secretaría General, al Director Nacional del
INPEC que en el término de una semana contada a partir de la notificación de la
sentencia, dé claras y precisas instrucciones y directrices a los Directores
Regionales del INPEC, para que adopten las medidas adecuadas y necesarias para
que los establecimientos penitenciarios y carcelarios respeten y protejan los
derechos tutelados en la presente sentencia inmediatamente  y que no se sigan
desconociendo de forma grave, como ocurre a propósito de las requisas. Estas
instrucciones se deberán impartir, en especial, a la Directora Regional de
Occidente del INPEC, María del Socorro Buitrago Correa, quien participó en el
último expediente acumulado (T-1101561) al presente proceso para solicitar que
se rechazara la acción de tutela y se le considerara una actuación temeraria.
Los Directores Regionales del INPEC no pueden patrocinar, encubrir o propiciar
la práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Noveno.- Remitir, por intermedio de la Secretaría General, copia de la presente
sentencia y de los expedientes acumulados al INPEC, a la Procuraduría General
de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que, de acuerdo con los
dispuesto en las normas legales y en la Circular N° 023 de 2004 del INPEC, se
adelanten las investigaciones disciplinarias o penales que el caso amerite,
respecto de los guardias involucrados en los hechos aquí estudiados, los
directivos de los centros carcelarios respectivos y los directivos y
funcionarios del INPEC encargados de impedir que estos hechos ocurran.
Décimo.-
Ordenar, por intermedio de la Secretaría General,
al Director del INPEC, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo que, en el término de dos
semanas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
verifiquen las condiciones en que se encuentran las personas recluidas en el
patio número 4, denominado ‘sección especial’ de la Cárcel Distrital de
Manizales, para que en caso de existir irregularidades se tomen las medidas necesarias
que sean del caso, de acuerdo a las competencias y facultades de cada entidad.
Undécimo.-
Librar, por medio de la Secretaría General, las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Duodécimo.- Para garantizar la efectividad de los derechos de los accionantes,
los respectivos juzgados de primera instancia deberán notificar la
presente sentencia dentro del término de 5 días después de haber recibido la
comunicación, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591. Con igual
término contarán los jueces de primera instancia de cada uno de los procesos,
para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral quinto de esta parte
resolutiva.
Décimo
tercero.- Desacumular los expedientes de la
referencia para los efectos procesales correspondientes.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Los expedientes radicados bajo la siguiente numeración: T-1065050, T-1065075,
T-1065076, T-1066603, T-1066944, T-1067494, T-1067613, T-1097963 y T-1101561
[2]
Las personas que las accionantes visitan y el tiempo que éstas llevan recluidas
figuran en los diferentes expedientes de la siguiente forma: T-1067613, visita
a si hijo quien lleva recluido 14 meses; T-1067494, visita a su esposo quien ha
estado recluido por 24 meses; T-1066944, visita a si hijo quien ha estado
recluido por 24 meses; T-1066603, visita al esposo recluido desde hace 24
meses; T-10101561, visita al esposo recluido desde hace 29 meses; T-1065075, no
dice a quien visita; T-1065076, vista al esposo recluido desde hace 12 meses;
T-1097963, visita al hijo recluido desde hace 9 meses.
[3]
La demanda desarrolla el argumento de la eventual vulneración al derecho a la
salud de la siguiente manera: “Ya que cualquiera de las otras visitantes pueden
estar infectadas con cualquier tipo de enfermedad como: sífilis, alergia,
potros, gonorrea, etc. Y con el contacto manual que hacen las guardianas pueden
infectar al resto de visitantes, posteriormente a los internos. ¿Por qué?
||  R/ Ya que como yo, hay muchas visitantes que visitan a sus novios y esposos
y tienen relaciones sexuales como cualquier pareja normal, y así se puede
transmitir cualquier tipo de enfermedad, hay que tener en cuenta que el penal
no presenta las condiciones adecuadas para contrarrestar una emergencia clínica
contra cualquier tipo de enfermedad transmitida, por el procedimiento en el que
se están llevando a cabo las requisas. (…)” [Versión del expediente T-1065050,
folios 1-4; Ana Milena Franco Rendón contra la Cárcel Villahermosa, Cali,
presentada el 30 de noviembre de 2004]
[4]
Versión del expediente T-1065050, folios 1-4, el texto de las otras ocho
demandas contra la Cárcel Villahermosa es igual al respecto.
[5]
Versión del expediente T-1065050, folios 1-4, el texto de las otras ocho
demandas contra la Cárcel Villahermosa es igual al respecto.
[6]
En el expediente T-1065050, bajo el rótulo de “ACCION DE TUTELA. PARA QUE EL
PERSONAL DE GUAR­DIA NO SIGA BULNE­RAN­­DO LOS DERECHOS FEMENINOS. PACILLO 34.
(NOV 28/04)” [SIC], se adjuntaron cuatro hojas con la firma de 135 personas, 10
de ellas ilegibles; 16 de ellas sin el documento de identidad. Todas las
personas cuyo nombre puede ser reconocido son mujeres. Sin embargo, el juez de
instancia (Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali) tramitó la acción de
tutela únicamente a nombre de la accionante.
[7]
En dos de los nueve procesos, los expediente T-1065075 y T-1065076 el señor
Carlos José Prada Ospina no se hizo parte pues que las acciones de tutela
fueron rechazadas por el Juez de instancia, el Juzgado 11 Penal del
Circuito de Cali.
[8]
Expediente T-1065050, folios 16-19
[9]
Por ejemplo, el Director de la Cárcel complementó su respuesta en el expediente
T-1067613 (10 de diciembre de 2004; folios 12-18; Mariela Guerrero contra la
Cárcel Villahermosa) así:  “(…) por lo que solicito se compulse copias a la
Fiscalía para que se investigue a la señora Mariela Guerrero, a fin de
verificar si incurrió en una o varias conductas delictuales, al hacer
afirmaciones expuestas por la accionante, quien sin ningún pudor y de manera
mal intencionada afirmó ser víctima de atropellos y vejámenes por parte del
personal de Dragoneantes femeninas adscritas a este Establecimiento Penitenciario.”
[10]
Expediente T-1067613, folios 15-16. El Director también adujo este argumento en
otros tres de los nueve casos, los expedientes T-1097963, T-1101561, T-1067494.
[11]
La intervención del Director transcribe la norma legal y la norma reglamentaria
citadas así:  “Artículo 55. Re­quisa y porte de armas. Toda persona que
ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo, deberá
ser razonablemente requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y
egreso. Nadie sin excepción, en situación normal podrá entrar armado a un
centro de reclusión. Ningún vehículo podrá ingresar o abandonar el
Establecimiento, ni paquete o documento alguno ni volumen de carga, saldrá de
él, sin constatación y requisa. Los internos deben ser requisados rigurosamente
después de cada visita.  ||  Artículo 22. Requisas. De conformidad con
lo establecido en el artículo 55 de la ley 65 de 1993, toda persona que ingrese
o salga del establecimiento será sometida a controles de requisa.  ||  Después
de cada visita general o particular, los internos serán rigurosamente
requisados.  ||  No se permitirá el ingreso de elemento alguno por par­te de
visitantes. Dicho ingreso se efectuará de conformidad con lo establecido en el
artículo siguiente (…)” Ex­pe­diente T-1067613, folios 13-14. Lo
mismo se alega en los siguientes expedientes T-1097963, folios 16-17;
T-1101561, folios 16-17; y T-1067494, folios 16-17.
[12]
Expediente T-1067613.
[13]
Expediente T-1067613, folio 17.
[14]
La inspección judicial fue realizada por Fabiola Alzate Gutiérrez, Juez Sexta
Municipal de Cali, el 5 de noviembre de 2004, ‘(…) con el fin de verificar la
requisa que se hace a las mujeres visitantes (…)’ dentro de un proceso de
acción de tutela en el mismo sentido que fue conocida por ella. Se transcribe
la copia de la inspección judicial, incluida en el expediente T-1065050.
También se encuentra copia de esta inspección judicial en los expedientes
T-1066603, T-1066944, T-1067494 y T-1101561.
[15] Expedientes T-1065050, T-1067613, T1066603, T1067494, T1066944,
T-1101561.
[16]
Anexo a la comunicación, el Director remitió cuatro hojas con
una lista de 119 mujeres. (Expediente T-1065050, folios 20-25). También adjuntó
la copia de una revista de prensa en la que se informaba la captura de tres
mujeres por la misma razón.
[17]
Expediente T-1097963, Maria Eneider Ocampo contra la Cárcel Villahermosa.
[18]
La inspección judicial que reposa en el expediente (del 13 de diciembre de
2004) se titula: “DILIGENCIA DE DECLARACIÓN QUE RINDE EL SEÑOR JULIO GEOVANI
REINA MEJÍA TENIENTE DE PRISIO­NES, ACTUALMENTE COMANDANTE DE VIGILANCIA DE LA
CÁRCEL VILLAHERMOSA IN­TER­PUESTA POR LA SRA. MARIA ENEIDER OCAMPO Y LINDELINA
MUÑOZ EN ONTRA DE LA ENTIDAD QUE REPRESENTA” Expediente  T-1097963, folios
29-31.
[19]
Expediente T- 1101561, folios 43-44; Catherine Villareal contra la Cárcel
Villahermosa. La intervención es de diciembre 16 de 2004.
[20]
Dice la sentencia de instancia: “En el caso puesto a consideración del Despacho
y después de revisar la copia de la diligencia de inspección judicial realizada
por la Juez Sexta Penal Municipal de esta ciudad, acompañada por dos
representantes del Ministerio Público, se puede discernir que en la Cárcel
Villahermosa se está aplicando a cabalidad la ley 65 de 1993, el manual de
procedimiento y el Acuerdo 011 de 1995, que indica los métodos de requisa al
persona visitante y por lo tanto no se ciñe a la verdad lo afirmado por al
accionante en este caso, tal como lo pregona el Director del establecimiento de
reclusión. (…)  ||  (…) La inspección judicial llevada a cabo nos demuestra que
la requisa se realiza por encima de la ropa, es decir no existe contacto
corporal ni mucho menos manipulación de genitales a manera de auscultación con
el fin reverificar el contenido del canal vaginal de las damas que ingresan a
la cárcel. (…)  ||  (…) basta recordar que en este propio despacho se han
proferido varias sentencias condenatorias —anticipadas— contra mujeres que
—precisamente al momento de la requisa— han sido sorprendidas ingresando
estupefacientes al centro de reclusión, (…) lo cual viene a justificar que se
realice requisa en estas partes del cuerpo, siempre y cuando la misma se cumpla
con las míni­mas exigencias de respeto a la dignidad de la persona.”
[21]
Dice la sentencia de instancia al respecto: “En otras palabras, es lógico que
la persona se sienta afectada en su dignidad, en la medida que debe ser
requisada en sus partes genitales; sin embargo, (…) necesario es realizar la
armonización concreta de los derechos en conflicto, permitiendo la requisa en
las condiciones de sanidad (...) y respeto mínimos deseables, los cuales según
la copia de la inspección judicial obrante en proceso, son respetados.  ||  La
accionante obra en su propio nombre, implora la protección del derecho a la
dignidad humana, pero este juez constitucional considera que la requisa no se
realiza de manera particular a quien actúa en esta tutela, sino que se trata de
poner en marcha mecanismos que impidan el ingreso al penal de elementos
prohibidos (…) claramente nos indica que la medidas llevadas a cabo son
necesaria y de obligatorio cumplimiento.”
[22]
Dice la sentencia de instancia al respecto: “Ahora, tanto por las razones hasta
aquí expuestas, como porque se trata de un acto de carácter general que no está
dirigido solo a quien invoca esta tutela, se hace imperativo declarar la
presente acción improcedente, pues los actos de esta clase no son objeto de
tutela tal y como lo establece el artículo 6 numeral 5 del Decreto 2591 de
1991.”
[23]
Dice la sentencia de instancia al respecto: “Así las cosas alega la
peticionaria vulneración a su dignidad humana por parte del personal del centro
carcelario, presentando una serie de afirmaciones al parecer sin ningún soporte
probatorio, ya que cuando se precisa quebrantamiento a éste principio se debe
demostrar cuál es la precisa actuación del funcionario adscrito al Estado el
cual ha cometido algún atentado contra la dignidad humana. (…)”
[24]
Dice la sentencia de instancia al respecto: “(…) Aclarado lo anterior, es de
precisar que considera este fallador que la accionante dista y en qué forma de
poderse amparar sus supuestos derechos quebrantados, ya que acertada resulta y
la comparte plena­mente este Juez constitucional las razones defensivas
expresadas por la entidad que se demanda, solventando que no se advierte cuál
el preciso quebrantamiento o vulneración a derechos de rango constitucional,
asin­tiendo que el proceder del Instituto se ha atemperado a las directrices
legales y reglamentarias que se encuentran establecidas en la Ley 65 de 1993
conocido también como Régimen General para los Estableci­mien­tos
Penitenciarios y Carcelarios.  ||  Anotando que de no proceder de es­ta manera
se estaría amenazando la seguridad de los establecimientos carcelarios, siendo
de público conocimientos que a diario se presentan situaciones como las
denunciadas por el Director de la entidad deman­dada, mujeres que sin el menor
escrúpulo introducen en sus órganos genitales a las cárceles del país,
estupefacientes, armas blancas y de fuego. (…)  ||  Por todo lo anteriormente
expuesto, no puede estar llamada a la prosperidad la acción de tutela impetrada
por no existir vulneración alguna de derechos fundamentales de rango
constitucional determinando que la entidad que se demanda lo que está haciendo
es cumplir a cabalidad las disposiciones normativas establecida en la ley, como
que se trata es de una presunta vulneración de derechos en un procedimiento
reglamentario al interior de los establecimientos carcela­rios, no (sic)
los directores de las cárceles del País tienen y deben aplicar el reglamento
interno o de lo contrario reinaría la anarquía y el desbarajuste total. (…)”
[25]
Al respecto dijo la sentencia de instancia: “No podemos hablar entonces de
violación al derecho fundamental de la dignidad humana, pues no es de recibo
ahora que la accionante so pretexto de una presunta vulneración al derecho de
la dignidad – que no se comprobó durante el trámite de acción de tutela –
quiera a través de la acción de tutela reducir los límites que las directivas
de ese centro carcelario tiene para garantizar una seguridad a los reclusos de
esa instalación, pues el despacho debe advertir, que para el actual momento y
por su competencia, ha conocido innumerables actuaciones penales que se siguen
contra féminas (quienes se han acogido a la figura de la sentencia anticipada)
que han pretendido ingresar al penal sustancias estupefa­cientes como
marihuana, camufladas en su vagina; actuación ésta que influye en el proceso de
socialización y regeneración de un condenado.  ||  Se tiene entonces que las
medidas adoptadas por la direc­ción del centro penitenciario y la forma en que
requisan a las personas que ingresan para visitar a los reclusos, se ciñe a los
parámetros que la Constitución ha sentado para proteger el derecho fundamental
de la dignidad humana.(…) No puede hablarse, repetimos, de vulneración a
derecho fundamental alguno de la señora [Maria Eneider Ocampo] (…) tal amparo
sólo es admisible cuando se ha demostrado que efecti­vamente se ha efectuado un
quebrantamiento al derecho, que en el caso particular no se comprobó.” La
sentencia, por error, habla “(…) de la señora Lindelia Muñoz (…)”.
[26]
Consideró el juez en extenso: “Pues bien, advierte la accionante que la requisa
manual de los órganos genitales es la constante como principal acto al ingreso
al establecimiento carcelario; sobre este aspecto las entidades accionadas han
manifestado su negativa, argumentando que la requisa en la parte genital es
excepcional y que ella se realiza cuando se tiene serios indicios que la
visitante lleva entre sus genitales algún elemento prohibido, caso en el cual
se le solicita que la misma retire el objeto, o en su defecto se llama a un
médico y una enfermera; situación que fue verificada por el Juzgado 6 Penal
Municipal de Cali, el cual realizó diligencia de inspección judicial. (…)
Aunque la accionante afirma que esos procedimientos se realizan cada fin de
semana, existe un acta de una funcionaria judicial que durante su inspección se
evidenció lo contrario, yendo aún más allá, al tomar interrogar a algunas visitantes
sobre esos procedimientos y ellas también negaron esa práctica frecuente, por
lo que esta instancia considera que le asiste razón a la entidad accionada al
solicitar que la demanda se despache negativamente. (…) y si la accionante en
algún momento ha sido objeto de ese tipo de registro pudo haber sido por
habérsele observado alguna actitud que llevara a la guardia a tomar esa medida,
todo en aras de la preservación del orden interno del establecimiento.”
[27]
Así lo dispuso el Juez 14 Penal del Circuito de Cali en el segundo numeral de
la parte resolutiva de su sentencia.
[28]
Dice la sentencia de instancia al respecto: “Como puede observarse con
claridad, desde la fecha de recepción del comunicado dirigido a la dirección
que para sus notificaciones suministró la accionante, a la actual, han
transcurrido más de los tres (3) días otorgados a [Edith Margarita Ortiz Díaz /
Constanza Núñez Herrera] para que mediante escrito suministrara al despacho los
informes que allí se le pidieron (persona a la que visita, situación jurídica
de la misma y despacho judicial por el cual se encuentra detenido) (…)  ||
Significa lo anterior que de conformidad con el artículo 17 del decreto 2591 de
1991 inciso 1°, la accionante no corrigió su solicitud dentro del término
estipulado (tres días), (…) lo cual como así se le advirtió a la accionante en
la comunicación que se le enviara, esa desatención daría lugar al rechazo
de la acción propuesta, por lo cual se procederá a declararla (…).”
[29]
Dice la acción de tutela: “También pongo bajo su conocimiento las condiciones
infrahumanas en las que nos encontramos viviendo los internos del patio #4, mal
llamada ‘sección especial’ que no pasa de ser más que un calabozo al cual le
dan estatus de patio cuando a la administración y a la guardia les conviene,
pero realmente vivimos en condiciones deplorables ya que muchas celdas tienen
goteras que nunca son reparadas; hay dos celdas ya hace casi 6 meses sin
[h]inodoros sin que a nadie le importe, constantes daños en las llaves de agua
que permite su paso al sanitario, no tenemos representante de derechos humanos,
es difícil la comunicación telefónica con nuestras familias, no tenemos hora de
sol como en cualquier calabozo de cualquier cárcel a nivel nacional, no nos dan
deporte, (…)”
[30]
Dice la acción de tutela: “(…) se había hecho un pacto de paz y convivencia y
por la soberbia de unos cuantos comandantes todo se vino al piso ya que ellos
cometieron serias irregularidades y al ver que estaban perjudi­cados, trajeron
internos que tenían problemas de sangre al calabozo, y bajo su conocimiento,
sólo para que hubieran problemas y [así] quitarnos todos los beneficios ganados
anteriormente con el pacto de paz y convivencia y plan desarme, cabe anotar que
todo el personal de custodia conocía los problemas que con estos internos
existían pero actuaron de manera negligente, sin importarles que algún interno
saliera muerto sólo para quitarnos los pocos beneficios y de paso darnos palo
como quisieron, creo que esto es un buen motivo de investigación a las cosas
que aquí ocurren (…)”
[31]
La decisión ha sido adoptada y reiterada, entre otras, en las sentencias T-702
de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-269 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis) y T-622 y T-624 de 2005 (MP
Alvaro Tafur Galvis), decisiones judiciales a las que se hará referencia a lo
largo de las consideraciones de la presente sentencia.
[32]
En la sentencia T-622 de 2005 (MP Alvaro Tafur Galvis) la Corte estudió las
acciones de tutela instauradas separadamente por varias mujeres contra el
Director y el Capitán de Guardia de la Cárcel Distrital de Villahermosa, Cali y
contra la Directora Regional Occidente del INPEC.
[33]
Constitución Política, artículo 13, inciso tercero: “El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos y maltratos que contra ellas se cometan.”
[34]
Sobre el punto del estado de sujeción especial de los reclusos frente al Estado
ver, entre otras, las sentencias T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón); C-318
de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero); T-705 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz); T-706 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-714 de 1996 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), y T-966 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[35]
La jurisprudencia constitucional ha señalado que así “(…) lo ha reconocido el
Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas [CDH, Observación General No.
21 – Trato humano de las personas privadas de su libertad (artículo 10)]
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha deducido de tal
condición de especial vulnerabilidad una relación de especial sujeción entre el
recluso y el Estado, en virtud de la cual éste debe actuar positivamente para
garantizar la satisfac­ción de los derechos fundamentales no sujetos a
restricciones legítimas por la medida privativa de la libertad. En la sentencia
T-153 de 1998 se explicó que ‘los reclusos se encuentran vinculados con el
Estado por una especial relación de sujeción. Ello significa que este último
puede exigirle a los internos el sometimiento a un conjunto de condiciones que
comportan precisamente la suspensión y restricción de distintos derechos
fundamentales, condiciones sobre las cuales debe añadirse que deben ajustarse a
las prescripciones del examen de proporcionalidad’.”  Corte Constitucional,
sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso la Corte
concedió la tutela de los
derechos fundamentales de la población carcelaria del Departamento de Vaupés,
según se precisaron en la sentencia.
[36]
Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz). En este caso se declaró el estado de cosas inconstitucional en
los centros penitenciarios de Colombia en razón a que la Corte constató que en
ellos se desconocía de manera sistemática e integral los derechos fundamentales
de los reclusos.
[37]
Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades
penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera
vez en la jurisprudencia constitucional en la sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro
Angarita Barón) y retomada posteriormente en varios casos; entre ellos las
sentencias T-705 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-153 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz). Al respecto, la sentencia T-687 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett) señaló: “De la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar
así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación [T-065
de 1995 y T-705 de 1996] de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii)
esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen
jurídico especial [T-422 de 1992] (controles disciplinarios [T-596 de 1992] y
administrativos [T-065 de 1995] especiales y posibilidad de limitar [T-222 de
1993, T-065 de 1995 y T-705 de 1996] el ejercicio de derechos, incluso
fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad
disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe
estar autorizado [C-318 de 1995 y T-705 de 1996] por la Constitución y la ley.
(iv) La finalidad [T-705 y T-714 de 1996] del ejercicio de la potestad
disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de
garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos
(mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y
lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como
consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales [T-596 de
1992] (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación,
habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales
deben ser [T-966 de 2000] especialmente garantizados por el Estado. (vi)
Simultáneamente el Estado debe garantizar [T-522 de 1992, T-388 de 1993, T-420
de 1994, T-714 de 1995 y T-435 de 1997] de manera especial el principio de
eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el
desarrollo de conductas activas).”
[38]
Corte Constitucional, sentencia T-687 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett) En
este caso la Corte resolvió revocar las sentencias de instancia, y en su lugar,
tutelar el derecho a la salud del accionante (un recluso), que deviene
fundamental en el caso de las relaciones de especial sujeción, dada la
imposibilidad del interno de definir libremente su plan de vida y la posición
de garante institucional que asume el Estado. La Corte resolvió prevenir a la
Dirección del penal de Acacías para que, en el menor tiempo posible, le fueran
practicados los exámenes prescritos al interno. Al respecto, ver también la
sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[39]
Sobre el contenido de este deber positivo ver la sentencia T-153 de 1998.
[40]
Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véase las
sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998
[41]
Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación de velar por la
seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la obligación  de
garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia
T-522 de 1992.
[42]
La posibilidad de reinserción social depende en buena medida de la eficacia del
derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios adecuados, este
derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a la dignidad y en
el principio del Estado social de derecho, así en sentencia T-153 de 1998.
[43]
Corte Constitucional, sentencia T-687 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[44]
Así se consideró en la sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa)
en la que se indicó: “Esta regla fundamental consta
expresamente en el artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, según el cual ‘toda persona privada de libertad será tratada huma­na­mente
y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’. De allí ha
deducido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –intérprete
autorizado del Pacto- una serie de consecuencias de gran importancia,
contenidas en la Observación General No. 21 sobre personas el trato humano de
las privadas de la libertad, a saber: (i) todas las personas privadas de la
libertad deberán ser tratadas en forma humana y digna, independientemente del
tipo de detención al cual estén sujetas, del tipo de institución en la cual estén
recluidas; (ii) los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del
artículo 10-1 del Pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a las
personas privadas de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus
derechos que las legíti­mamente derivadas de la medida de detención
correspondiente; y (iii) por tratarse de una ‘norma fundamental de aplicación
universal’, la obligación de tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no
puede estar sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de recursos
materiales, ni a distinciones de ningún tipo.”  La sentencia también hace
referencia al artículo 5-2 de la Conven­ción Americana sobre Derechos Humanos
(CADH, 1969) [de conformidad con el cual “...toda persona privada de libertad
será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”] y al
caso Knights y otros contra Jamaica de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
[45]
Las normas internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema universal
de protección, como el sistema interamericano de protección, consagran la
dignidad de toda persona privada de la libertad como uno de los de Derechos
Humanos (CADH, 1969) ya citado, y el numeral 1 del artículo 10° del Pacto
Interna­cional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP, 1966)  prescribe una
regla similar, a saber, que “[t]oda persona privada de libertad será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
[46]
Ver sentencia T-702 de 2001; MP Marco Gerardo Monroy Cabra (En esta ocasión, la
Sala Sexta de Revisión consideró que las requisas de los reclusos obligándolos
a desnudarse y a mostrar sus partes íntimas vulneraba el derecho a la dignidad
humana y por tanto debía ser suprimida y llevada a cabo bajo condiciones de
respeto de la dignidad humana manifestada en la intimidad del recluso.)
[47]
Ver sentencia T-153 de 1998; MP Eduardo Cifuentes Muñoz  (En esta sentencia se
declaró un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la situación carcelaria
colombiana  caracterizada, entre otras, por el alto grado de hacinamiento).
[48]
Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2002 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra). En esta ocasión la Corte decidió reiterar que no es
razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad
humana de la persona al manipular sus partes íntimas, existiendo otros
mecanismos para garantizar la seguridad.
[49]
En la sentencia T-1096 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) el fallo del
juez de instancia que se revisaba afirmaba: “Para finalizar, debe recordarse al
interno que no es el Estado el que por capricho lo tiene sometido a restricción
de su libertad, sino que por su propia condición de infractor de la leyes,
voluntariamente se ha sustraído al ordenamiento jurídico y se ha colocado en la
posición de penado, lo que lógicamente le atrae las consecuencias de las que
hoy se lamenta.” En la sentencia [T-1096 de 2004 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa)] se decidió que “el INPEC desconoce de forma grave y manifiesta
los derechos a la dignidad, la vida, la integridad física y a la libertad
sexual de una persona privada de la libertad, cuando no adopta las medidas
necesarias para evitar que otros reclusos abusen sexualmente de una persona
recluida en un establecimiento carcelario y vulneren sus derechos, en especial
si se trata de una persona que pertenece a un grupo que tradicional­mente ha
sido discriminado.”
[50]
Recientemente, la jurisprudencia constitucional ha delimitado conceptual­mente
los ámbitos de protección de la dignidad humana, estableciendo tres
campos diferentes que han sido desarrollados, caso por caso, a saber: “(…)  (i)
La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un
plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera).  (ii)
La dignidad humana entendida como ciertas condiciones mate­ria­­les concretas
de existencia (vivir bien).  Y (iii) la dignidad humana enten­dida co­mo
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones).” Así lo señaló la Corte
Constitu­cional en la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), caso
en el cual, luego de analizar el desarrollo jurisprudencial de la categoría
constitucional ‘dignidad’, se consideró que la decisión de la entidad
accionada de suspender el fluido eléctrico generó unas condiciones existen­ciales
tales [“(…) Imposibilidad de prestación del servicio médico y de
correcto funcionamiento del Hospital del Arenal (falta de energía, equipos
médicos dañados por deficiencias en el fluido eléctrico). Imposibilidad del
funcionamiento del acueducto única fuente de agua potable del municipio
(funciona con motobombas). Ausencia de iluminación en los establecimientos de
la fuerza pública en las horas de la noche. (…)] que
implicaron ‘una incuestionable amenaza a sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la salud por conexidad con la vida y a la integridad física.’ Dentro de la segunda línea juris­pru­dencial (la dignidad
humana y las condiciones materiales de existencia, ‘vivir bien’), la
Corte se refiere a sentencia como la T-296 de 1998 (MP Alejandro Martínez
Caballero), caso en el que se revisó la acción de tutela presentada por una
persona recluida en una cárcel con problemas de hacinamiento y que tenía que
dormir sobre un piso húmedo, lugar de paso de otros reclusos; aunque en este
caso la Corte no concedió la tutela por existir hecho superado (libertad del
actor), se pronunció sobre la relación entre el hacinamiento penitenciario la
dignidad humana y las condiciones materiales de existencia, en los siguientes
términos:  “(…) el juez de tutela, como
autori­dad constitucional ‘obligada a asumir la vocería de las minorías
olvidadas’, debe ser riguroso en la protección de la dignidad humana de los
internos (…)”, no obstante reconoció que tal deber puede implicar ordenar la
inclusión presupuestal y la ejecución de una obra pública, siempre y cuando se
trate de una orden ‘restringida’ y ‘excepcional’, que responda a un término
razonable, proporcionado, acorde con las exigencias legales y constitucionales
de disponibilidad presupuestal y ordenación del gasto.”
[51]
Para la Corte Constitucional, del “(…) derecho a la dignidad y del concepto de
Estado social de derecho, se deduce el derecho de los reclusos a contar con
centros carcelarios que les garanticen la posibilidad de reinsertarse en la
sociedad (…)”, razón por la cual “(…) el análisis del sistema penitenciario
debe siempre girar en torno de la pregunta sobre si éste cumple con la función
resocializadora, a la cual se debe fundamentalmente. (…)”. Corte
Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). En
sentido similar, el inciso 6 del artículo 5° de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, (CADH, 1969) establece que “[l]as penas privativas de la
libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de
los condenados”, y el numeral 3 del artículo 10° del Pacto Interna­cional de
Derechos Civiles y Políticos (PDCP, 1966) señala que “[e]l régimen
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y la readaptación social de los penados (…)”.
[52]
Así lo ha considerado la jurisprudencia, entre otras, en las sentencias T-966
de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-1030 de 2003 (MP Clara
Inés Vargas Hernández), T-851 de 2004, T-624 de 2005 (MP Alvaro Tafur
Galvis), T-684 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra)
[53]
Corte Constitucional, sentencia T-982 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
En este caso la Corte consideró que establecer la razonabilidad de la
limitación a la libertad religiosa de la accionante suponía resolver tres
cuestiones. “(…) En primer lugar, establecer si el medio elegido por Cafamaz es
necesario para llegar al fin, precisando si no existe otro medio alternativo
que no implique afectar en tal grado el derecho a la libertad religiosa de Ana
Chávez Pereira. En segundo lugar, determinar si la afectación es despro­porcionada.
Y por último, establecer si la decisión del despido de Ana Chávez Pereira
estuvo estrechamente vinculada a las conse­cuencias del ejercicio de su
libertad religiosa.” Esta decisión fue reiterada por la Sala Plena de la Corte
Constitucional en la sentencia C-916 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
indicando que las limitaciones a los derechos constitucionales también deben
razonables y compatibles con el principio democrático. También fue reiterada
por la sentencia C-152 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SPV M Jaime
Araujo Rentería, M Alfredo Beltrán Sierra y M Clara Inés Vargas Hernández — el
salvamento parcial de voto fue sobre un aspecto diferente)
[54] En la sentencia C-916 de 2002, (MP Manuel
José Cepeda Espinosa) se consideró al respecto: “La proporcionalidad concebida como principio de interpretación
constitucional puede adoptar la forma de dos mandatos: la prohibición de exceso
y la prohibición de defecto. El primero tiene que ver principalmente con la
limitación del uso del poder público de cara a las libertades fundamentales. El
segundo se aplica por lo general respecto de los deberes positivos del Estado y
la protección de los derechos que comprometen la actuación de las autoridades
para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. El método de
aplicación del principio de proporcionalidad es la ponderación. Generalmente,
el objeto de la ponderación son intereses enfrentados que han recibido alguna
protección constitucional, la cual es mayor en el caso de intereses cobijados
por derechos fundamentales. Los intereses ponderados también se concretan en
medidas y fines estatales. Se pondera, por una parte, las medidas y los fines
estatales y, por otra parte, la afectación de parámetros formales o materiales
consagrados en la Constitución. Existe, por lo tanto, una clara relación
conceptual entre la proporcionalidad y la ponderación. La primera es
establecida mediante la segunda, puesto que siendo la primera un concepto
relacional, los extremos de dicha relación han de ser comparados y sopesados,
esto es, ponderados con el fin de establecer si ellos mantienen el equilibrio,
el balance o la medida debida o, por el contrario, se desconocen las
prohibiciones de exceso o defecto.  ||  No existe un solo método de ponderación.
Se pueden aplicar diferentes formas de ponderar según la materia de que se
trate. Por ejemplo, cuando se analiza si una medida policiva es
desproporcionada, la comparación se efectúa, generalmente, entre la gravedad de
las circunstancias, de un lado, y la magnitud con la cual la medida afecta
intereses constitucionalmente protegidos En el juicio de razonabilidad, cuando
éste incluye un análisis de proporcionalidad en sentido estricto, la
comparación se realiza, usualmente, entre los fines y las medidas estatales, de
un lado, y la afectación de intereses protegidos por derechos constitucionales.
Los métodos de ponderación se distinguen no solo según qué es lo que se sopesa,
sino también por los criterios para decidir cuando la desproporción es de tal
grado que procede una declaración de inexequibilidad. No se exige una
proporcionalidad perfecta puesto que el legislador no tiene que adecuarse a
parámetros ideales de lo que es correcto por no ser excesivo.”  En este caso se examinó si resultaba
conforme a la Carta, el tope de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales a
la indemnización de daños ocasionados por conductas punibles, y aplicó el
principio de proporcionalidad.
[55]
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación
General N° 21.
[56]
Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2002 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra).
[57]
En la sentencia [T-269 de 2002 (MP Marco Gerardo Mon­roy Cabra)], siguiendo
jurisprudencia consti­tu­cional previa [específicamente se citan las senten­cias
T-1321 de 2000 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez) y T-124 de 1998 (MP
Alejandro Martínez Caballero)], que “[l]os pasos para tal juicio son: (i)
determinar si la medida limitativa busca una finalidad constitucional, (ii) si
es adecuada respecto del fin, (iii) si es necesaria para la realización de éste
–lo cual implica la no existencia de una alternativa que garantice el
cumplimiento del fin limitando en menor medida el derecho que se ve
restringido- y (iv) si es estrictamente proporcional  en relación con el fin
que busca ser realizado –esto implica un no sacrificio de valores y prin­cipios
que tengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer–”.
[58]
Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
En este caso la Corte consideró que la restricción era razonable por cuanto:
“(i) la medida busca una finalidad constitucional la cual es el manteni­miento
de la seguridad y el orden público (preámbulo y artículo 2),  (ii) es adecuada
respec­to al fin en cuanto se trata en el caso concreto de una cárcel de alta
seguridad la cual tiene como principal misión los elevados estándares de
seguridad por las características de los reclusos que ahí se albergan,  (iii)
la medida es necesaria en cuanto teniendo en cuenta las posibilidades físicas
del estableci­miento carcelario sólo es posible tener visitas cada dos meses,
si se busca mantener que la duración de ésta sea al menos de una hora, y  (iv)
es estrictamente proporcional en cuanto si bien implica un sacrificio del
derecho a la visita íntima, tal restricción es adecuada teniendo en cuenta que
la condición de recluso del compañero de la accionante conlleva limitaciones
legítimas de algunos de sus derechos.”  No obstante la Corte resolvió “ordenar
a los funcionarios de la penitenciaría realizaran las adecuaciones logísti­cas
necesarias para que la accionante y su compañero ingresen de manera simultánea
al cubículo pudiendo aprovechar así el tiempo completo de su visita y, de esta
manera, disminuir los obstáculos para el ejercicio del derecho” y “prevenir a
la Penitenciaría Nacional de Valledu­par para que hiciera los esfuerzos
necesarios para que las visitas íntimas se puedan realizar con mayor
frecuencia.”
[59]
En la sentencia T-269 de 2002 la Corte también resolvió “ordenar a la Peniten­ciaría
Nacional de Valledupar que suministrara los medios necesarios para la garantía
de la salubridad de los usuarios de cubículos de visitas íntimas de acuerdo a
lo expuesto en la parte motiva [de la sentencia].” En la sentencia la Corte
consideró que “(…) no es suficiente, como argumenta el Director de la
Penitenciaría, dar la orden a los reclusos de dejar en perfecto orden y aseo la
celda utilizada para la visita, es deber de la penitenciaría otorgar un
ambiente con las condiciones de salubridad necesarias. Lo anterior mediante el
cambio periódico de colchón de las celdas, el suministro de los elementos de
aseo no personales que sean necesarios para que los reclusos y sus compañeras puedan
limpiar la celda y su baño al finalizar la visita y un aseo completo de las
mismas por parte del personal de aseo de la Penitenciaría antes y después de
cada día de visita, como mínimo. Esto no sólo repercutirá en el bienestar de
quienes usan los cubículos, sino en la salubridad general de la penitenciaría
al evitarse las posibles infecciones contraídas en los sitios de visita
íntima.  ||  Con respecto al ingreso de elementos de aseo personales, considera
la Sala que si se pretende, como lo expone el Director de la Penitenciaría, que
cada visitante lleve los elementos necesarios para éste como jabón, papel
higiénico, toalla y sábanas, el artículo 91 del reglamento interno, atinente a
las visitas íntimas, que consagra en el párrafo cuarto del numeral segundo ‘los
visitantes no podrán ingresar elemento alguno a la visita tales como ropas,
alimentos, medicinas, cigarrillos y/o tabacos, substancias alucinógenas o
sicotrópicas, armas o dinero’ debe entenderse en el sentido de que el ingreso
de los elementos de aseo necesarios para la visita íntima no debe prohibirse.
De no ser así, y considerar el Director de la Penitenciaría que para
salvaguardar la seguridad del centro penitenciario no se puede permitir el
ingreso de ningún elemento, la Penitenciaría deberá proporcionar los elementos
de aseo personal necesarios para que la visita íntima se desarrolle en
condiciones de salubridad adecuadas.”
[60]
En esta ocasión la Corte Constitucional decidió confirmar las decisiones de los
jueces de instancia de proteger los derechos de una pareja de reclusas, en
atención a que la jurisprudencia, de manera reiterada, ha sostenido “(…) que
las personas privadas de la libertad pueden reclamar oportunidades para
afianzar en la intimidad sus relaciones de pareja, y que las autoridades
carcelarias no pueden entorpecer sus propósitos, en razón de que la dignidad
humana de los reclusos está especialmente protegida, en los artículos 1°, 2°,
4°, 5°, 15 y 16 constitucionales.” En consecuencia se ordenó a la Directora del
Reclusorio Villa Josefina de Manizales y al Director del INPEC accionados, “(…)
permitir el ingreso de la señora Martha Lucía Álvarez al reclusorio en mención,
a fin de que ésta pueda entrevistarse en intimidad con la señora Martha Isabel
Silva, o deberán disponer el lugar donde se realizaran tales encuentros,
salvaguardando la dignidad y los derechos a la igualdad, e intimidad de las
nombradas.” Sentencia T-499 de 2003 (MP Alvaro Tafur Galvis)
[61]
En esta ocasión la Corte consideró que la decisión de imponer
una sanción temporal a una persona para no recibir visitas conyugales,
constituye una restricción razonable y proporcionada, como producto de la
aplicación de reglas disciplinarias legítimas que rigen las instituciones
carcelarias. En el caso concreto, cuando la situación fue estudiada por la
Corte, se decidió que existía hecho superado, pues para ese entonces la sanción
impuesta ya había concluido.  Sentencia T-1204 de 2003 (MP Alfredo Beltrán
Sierra).
[62]
En la sentencia T-702 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) se decidió, entre
otras cosas, que era ‘razona­ble el uso de las espo­sas para trasladar al
interno (…) a las dependencias de servicio médico, odontológico, y a
otras oficinas administrativas [en una] penitenciaria de alta seguridad’,
teniendo en cuenta que “[l]as esposas no se utiliza[ron en el] caso
como sanción, que es lo que se prohíbe en la regla internacional, sino como
medida de precaución para evitar la evasión, y para prevenir situaciones que
afecten la seguridad en el establecimiento carcelario.” La Corte
Constitucional, siguiendo las Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos (1955, 1977) de Naciones Unidas, precisó que “medios de
coerción tales como esposas, cadenas, grillos, y camisas de fuerza nunca
deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos
como medios de coerción”. Adicionalmente, la Corte reconoció el derecho de
resocialización, por lo que se resolvió ordenar a “la
Penitenciaría Nacional de Valledupar que le ofrezca al peticionario las
oportunidades de trabajar y participar en las actividades culturales y
educativas tendientes a su resocialización.”
[63]
En la sentencia T-966 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) se expone la
cuestión así: “(…) algunos derechos, como la libertad personal o la
libre locomoción, se encuentran (…) limitados a partir de la captura. No
obstante, otro grupo de derechos, como el derecho a la intimidad personal y
familiar y los de reunión y asociación, pese a que pueden llegar a ser
fuertemente limitados, nunca podrán ser completamente suspendidos. Por último,
la persona, no importa su condición o circunstancia, está protegida por un
catálogo de derechos que no pueden ser objeto de restricción jurídica durante
la reclusión. Se trata de derechos como el derecho a la vida, a la integridad
personal o a la libertad de conciencia.” En este caso, al cual se hará
referencia posteriormente, la Corte decidió que las circunstan­cias planteadas
por los hechos daban lugar a la declaración de un estado de cosas inconstitucional
en la Cárcel del Distrito Judicial de Cali, Villahermosa.
[64]
En la sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se consideró que
“[e]l hecho de que ciertos derechos de los reclusos no están sujetos a
limitaciones legítimas, tales como la vida, la integridad personal y la salud,
también ha sido resaltado por los organismos internacionales de derechos
humanos. Así, la Comisión Interame­ricana de Derechos Humanos ha enfatizado que
‘es uno de los más importantes predicados de la responsa­bilidad
internacional de los Estados en relacón a los derechos humanos el velar por la
vida y la integridad física y mental de las personas bajo su custodia’ [
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Tames contra Brasil, 1999,
párrafo 39.]; por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas ha explicado que ‘la obligación de tratar a las personas con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano comprende, entre otras
cosas, la prestación de cuidados médicos adecuados’ [ Comité de Derechos
Humanos, caso Kelly (Paul) c. Jamaica, párrafo 5.7, 1991], y que “incumbe
a los Estados garantizar el derecho a la vida de los detenidos y no a éstos
solicitar protección. (...) Corresponde al Estado parte, mediante la
organización de sus centros de detención, tener un conocimiento razonable del
estado de salud de los detenidos. La falta de medios financieros no puede
atenuar esa responsabilidad.” [Comité de Derechos Humanos, caso Lantsova c.
la Federación de Rusia, párrafo 9.2, 2002]”
[65]
Corte Constitucional, sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[66]
Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra
en 1955, y aprobado por el Consejo Econó­mico y Social en sus resoluciones 663C
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Entre otros casos, se ha hecho referencia a este referente normativo
en las siguientes sentencias: T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz);
T-1030 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández); T-851 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).
[67]
Corte Constitucional, sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa)
[68]
Comité de Derechos Humanos, caso de Mukong contra Camerún, 1994.
[69]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 10: “Los locales
destinados a los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al
alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias
de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al
volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.”
[70]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 12: “Las instalaciones
sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus
necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.”
[71]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra
Jamaica, párrafo 133, 2001; Baptiste contra Grenada, parrafo 136, 2000; Knights
contra Grenada, párrafo 127, 2001; y Edwards contra Barbados, párrafo 195,
2001.
[72]
Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 15: “Se exigirá de los
reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de
aseo indispensables para su salud y limpieza.”
[73]
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 31: “Las penas
corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o
degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.”
[74]
La jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado que la dignidad humana, además de ser un principio, es
también un derecho fundamental ‘de eficacia directa’, susceptible de ser
amparado me­diante la acción de tutela; algunas decisiones al respecto
son las siguientes: “Se viola el derecho a la dignidad de una menor embarazada,
por la acción del Rector del Colegio donde estudia, quien decide no renovarle
la matrícula porque es ostensible su estado y le ofrece una ‘beca’ para
que se cambie de colegio (T-211 de 1995; MP Alejandro Martínez Caballero).  ||
Se viola el derecho a la dignidad del interno recluido en un establecimiento
carcelario por la dilación injustificada en la atención médica atribuible al
hecho mismo de la privación de la libertad (T 473 de 1995, Fabio Morón Díaz).
||  La situación de grave hacinamiento en las principales cárceles del país
descrita detalladamente en el fallo, vulnera el derecho a la dignidad de los
internos (T-153 de 1998; MP Eduardo Cifuentes Muñoz).  ||  Se viola el derecho
a la dignidad de la empleada de servicio doméstico por no haberse reconocido
durante el tiempo que duró la relación laboral unas condiciones de trabajo
justas, y finalizada esa relación, un mínimo vital que le permita sobrevivir en
condiciones acordes con su situación de persona de la tercera edad. (SU 062/99,
Vladimiro Naranjo Mesa).” [Síntesis elaborada en la sentencia T-702 de 2001 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra)]
[75]
En las sentencias T-702 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-269 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-690 de 2004 (MP Alvaro
Tafur Galvis), T-622 y T-624 de 2005 (MP Alvaro Tafur Galvis), casos en los que
se estudió si requisas similares a las denunciadas en el presente proceso
violaban derechos funda­mentales de reclusos y visitantes, la Corte fundó su
decisión, entre otras disposiciones, en las siguientes:  el artículo 10° del
Pacto de Dere­chos Civiles y Políticos (PDCP, 1966) y el artículo 7°,
según el cual ‘nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes’; la segunda parte del numeral 2
del artículo 5° de la Convención Americana sobre Derechos Huma­nos
(CADH, 1969) establece que ‘nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes; toda persona privada de la
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano’;  el Principio 1 del Conjunto de Principios para la protección de
todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988) y
el Principio 6  del mismo Conjunto, según el cual ‘ninguna persona sometida
a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circuns­tan­cia
algu­na como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles,
inhumanas o degradantes’; el principio 1 de los Principios Básicos para
el tratamiento de los reclusos (1990) establece que ‘todos los reclusos
serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inhe­rentes de
seres humanos’.
[76]
Corte Constitucional, sentencia T-702 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[77]
Principio 6 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988). En la sentencia
T-702 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte consideró que “[l]os
‘principios’ que ha establecido la Asamblea General de las Naciones Unidas
constituyen en realidad reglas que debe observar el Estado para darle a las
personas privadas de la libertad un trato respetuoso de la digni­dad humana.
Entre ellas se prohíbe al Estado invocar cualquier circunstancia como
justificación de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
[78]
Ver apartado (2.1.) de las consideraciones de la presnete sentencia.
[79]
Ver apartado (2.2.) de las consideraciones de la presnete sentencia.
[80]
Ver apartado (2.7.) de las consideraciones de la presente sentencia. El contenido
míni­mo de las obliga­ciones estatales frente a las personas privadas de la
libertad, de imperativo cumplimiento, se puede establecer a partir de
referentes normativos como las Reglas mí­ni­mas para el
tratamiento de los reclusos; al respecto ver apartado (2.6.) de las
consideraciones de la presente sentencia. Según la ley (Código Penitenciario y
Carcelario) en los estableci­mientos de reclusión prevalecerá el respeto
(i) a la dignidad humana,  (ii) a las garantías constitu­cio­nales
y  (iii) a los derechos humanos uni­ver­sal­mente reconocidos (art. 5,
Ley 65 de 1993).
[81]
Ver apartado (2.4.) de las consideraciones de la presente sentencia.
[82]
Ver apartado (2.5.) de las consideraciones de la presente sentencia. Por
ejemplo, ‘se pro­híbe toda forma de violencia síquica, física o moral’
(art. 5, Ley 65 de 1993) y se prohíbe toda forma de discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica (art. 13, CP y art. 5, Ley 65 de 1993). Al respecto sólo se pueden
establecer distinciones razonables ‘legíti­mamente derivadas de la medida de
detención correspon­dien­te’, siempre y cuando sea por motivos, precisa el
legislador (Código Penitenciario y Carcelario),  (i) de seguridad,  (ii)
de reso­cia­lización y  (iii) para el cumplimiento de la senten­cia y de
la política penitenciaria y carcelaria, en especial lo que respecta a la
resocialización (art. 3, Ley 65 de 1993) [Al respecto, ver apartado (2.8.) de
las consideraciones de la presente sentencia.
[83]
En la sentencia T-702 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) se resolvió, al
respecto, tutelar los dere­chos a la dignidad humana y a no
ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes del accionante (un condenado a 25 años de prisión por
los delitos de homicidio, hurto y fuga), por lo que se
ordenó a la Penitenciaría Nacional de Valledupar “que
no lo someta a la requisa que actualmente se le practica, por ser violatoria
del derecho fundamental a la dignidad” y se le previno para que “en
lo sucesivo dé estricta aplicación a las normas (…) que regulan los
procedimientos de la requisa, especialmente a las directrices contenidas en la
Circular No. 035 de 1997, expedida por el Director General del INPEC.” La
requisa rutinaria que se le practicaba al accionante, descrita en sus propias
palabras, fue recogida así por la sentencia:  “(…) ‘Este tipo de requisa es
rutinaria, totalmente desnudo, de espaldas, me hacen agachar varias veces.
Además me obligan a levantar mis testículos y bajar el pene, subirlo y que
corra el prepucio”. También sostiene que al ingresar a la Cárcel se
le practicó un requisa similar: ‘la requisa, al ingreso, se extralimita
al des­nu­darme completamente, asumiendo posiciones vergonzosas: parado en una
silla y agachándome varias veces mostrándole el recto a los guardianes.’ Dice
que esta requisa es generalizada para todos los internos del Pabellón No. 8,
donde él se encuentra internado.” En
este caso también se reiteró que todo interno tienen derecho “a que se
les ofrezcan las oportunidades y los medios necesarios para el desarrollo de su
personalidad humana y así se les garantice el camino de la resocialización”,
por lo que se ordenó a la Penitenciaría “que
le ofrezca [al accionante] las oportu­nidades de
trabajar y participar en las actividades culturales y educativas tendientes a
su resocialización”. En esta oportunidad la Corte se apartó expresamente
de lo decidido en la sentencia T-317 de 1997 (MP Vladimiro Naranjo Mesa), por
considerar que esta ocasión la decisión se justificaba por hechos particulares
del caso [en la sentencia T-317 de 1997 se confirmó la decisión de instancia de
negar la tutela a un recluso de la Cárcel de Bellavista en Medellín, que
alegaba que la requisa a la que lo sometían le violaba sus derechos
fundamentales.
[84]
Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2002 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra). La Corte señaló: “Si bien por motivos de
seguridad se justifica la realización de requisas de quienes ingresan al
establecimiento carcelario, tales revisiones no pueden ignorar mandatos de
índole constitu­cional y legal.”
[85]
En la sentencia T-269 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) la Corte concedió
parcialmente la tutela al derecho a la visita íntima en conexidad con el
derecho a la vida en condiciones dignas, la protección a la familia y el libre
desarrollo de la personalidad de una persona a la que se le obligaba practicar
visitas íntimas en condiciones insalubres y con restricciones de tiempo no
razonables. Pese a que los hechos aludidos por ella con relación a las requisas
que se le practicaban no habían podido ser probados, la Corte, teniendo en
cuenta que se trataba de una práctica conocida, resolvió “preve­nir a la
Penitenciaría Nacional de Valle­dupar para que no acuda a la realización de
requisas vejatorias y contrarias a la dignidad humana para el ingreso al
establecimiento carcelario de los visitantes de los reclusos”.
[86]
El accionante sostuvo en esta oportunidad (T-690 de 2004) que la entidad
accionada obligaba a los internos a “desvestirse totalmente y hacer
genuflexiones (sentadillas) varias veces y cuando nos resistimos y manifestamos
que tales tratos se encuentran prohibidos y son violatorias de nuestros
derechos humanos se nos golpea, nos encalabozan o como se dice en el lenguaje
carcelario nos aíslan y nos amenazan con trasladarnos a otras cárceles”.
[87]
La Directora (E) de la Cárcel de Cartagena, San Sebastián de Ternera, entidad
accionada en el proceso (sentencia T-690 de 2004; MP Alvaro Tafur Galvis), que
en la cárcel “(…) se encuentran recluidos 1605 internos ‘capturados en
virtud de un convenio celebrado por el INPEC y el Distrito de Cartagena,
sindicados y condenados (…)’, y relata que los procedimientos que el
actor denuncia han permitido a las autoridades del penal decomisar, en requisas
permanentes  (i) ‘toda clase de elementos y artefactos prohibidos que se les
ha encontrado en las partes íntimas de algunas visitantes (…)’;  (ii)
‘armas blancas y estupefacientes’ que los internos y
visitantes ‘introducen en el ano’; y iii otros objetos, como una llave
de esposas, ‘dentro de la boca’, o una platina introducida en el
ano.”
[88]
Corte Constitucional, sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur
Galvis).
[89]
Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), “artículo 55. Requisa y
Porte de Armas. Toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga
de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente requisada y sometida a
los procedimientos de ingreso y egreso. Nadie sin excepción, en situación
normal podrá entrar armado a un centro de reclusión. Ningún vehículo podrá
ingresar o abandonar el establecimiento, ni paquete o documento alguno ni
volumen de carga, saldrá de él, sin constatación y; requisa. Los internos deben
ser requisados rigurosamente después de cada visita.”
[90]
En la sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis) la Corte señaló que “(…)
los procedimientos de registro de personas y las exploraciones de sus cuerpos,
en cuanto comprometen su intimidad y libertad personal y familiar y vulneran la
garantía constitucional de no declarar contra sí mismo, requieran de una
preceptiva legal que los determine y regule y de una orden judicial previa,
expedida por razones debidamente fundadas, que los delimite y ordene, sin que
la presencia de esta última pueda entenderse en el sentido de que el
funcionario judicial no pueda ordenar su práctica mediante una orden verbal,
cuando circunstancias de urgencia así lo indiquen, en consideración al interés
general comprometido en las investigaciones y a fin de resarcir a la sociedad y
a las víctimas por los daños ocasionados.”
[91]
Corte Constitucional, sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)
[92]
Ver Informe No 38/96 Caso 10.506, Argentina, 15 de octubre de 1996, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (En esta ocasión, la Corte debía determinar
si la inspección vaginal que se venía realizando a la señora X y su hija Y
antes de visitar a su esposo y padre que estaba recluso en la Cárcel de
Encausados de la Capital Federal vulneraba los derechos contemplados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Después de un cuidadoso análisis
del alcance de la Convención y su aplicación al caso concreto, la Corte estimó
vulnerados los derechos a la integridad personal, dignidad humana, intimidad y
familia con las acciones del Estado a través de los agentes que laboraban en la
cárcel.)
[93]
Por ejemplo en las sentencias T-269 de 2002 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra) y T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)
[94]
OC-5, párrafo 46 citando “The Sunday Times case”, decisión del 26 de abril 1979
de la Corte Europea de Derechos Humanos, Serie A NE 30, párrafo 62.
[95]
Según el artículo 122 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993),
incisos segundo y tercero: “Se concederá permiso de visita a todo abogado que
lo solicite, previa exhibición de su Tarjeta Profesional y si mediare
aceptación del interno.  ||  Los condenados podrán igualmente recibir visitas
de los abogados autorizados por el interno. (…)”
[96]
Dice el Código al respecto:  [1]  Corresponde a cada establecimiento la
regulación de (i) ‘el horario’, (ii) ‘las condiciones’, (iii)
‘la frecuencia’ y (iv) ‘las mo­da­lidades’ en que se lleven a
cabo las visitas a los internos, regulación que debe respon­der a dos
criterios, ‘las distintas categorías’ de los centros de reclusión, por
un lado, y ‘el mayor o menor grado de seguridad de los mismos’, por el
otro.  [2] La regulación de ‘las visitas de (…) familiares y amigos’
debe hacerse mediante ‘el reglamento general’, esto es, no mediante
regla­mentos específicos. [3] La regulación de la visita íntima, que también
debe estar incluida en el ‘reglamento general’, debe hacerse según los ‘princi­pios
de higiene, seguridad y moral’.  [4] En todo caso, el director del
establecimiento conserva la potestad para poder autorizar visita a un interno ‘por
fuera del regla­mento’ en ‘casos excepcio­nales’ y ‘necesidades urgentes’,
por el tiempo estrictamente necesario para su cometido; se debe dejar constan­cia
escrita  (i) ‘del hecho’ y  (ii) ‘de las razones que la motivaron’
(art. 112 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993)]. Con relación
a cuál ha de ser el régimen de sanciones que esta­blezca el regulador (cada
centro de reclusión) al que se encuentren sometidos los visi­tan­tes de los
internos, el Código Penitenciario y Carcelario (artículo 112, del Código
Penitenciario y Carcelario; Ley 65 de 1993) indica lo siguiente:  [5] Debe
sancionarse los visitantes que ‘obser­ven conductas indebidas en el interior
del establecimiento o que contravengan las normas del régimen interno’ con
la ‘expulsión del estable­cimiento’ y la ‘prohibi­ción de nuevas visitas’,
sanción que debe imponerse ‘de acuerdo con la gravedad de la falta teniendo
en cuenta el reglamento interno del centro carcelario’.  [6] Si la acción
ilegal consiste en que el visitante ‘sea sorprendido o que se le demuestre
posesión, circulación o tráfico de sustancias psicotró­picas, estupefacientes,
armas o suma considerable de dinero’ la san­ción consistirá en que ‘le
quedará definitivamente cancelado el permiso de visita a los centros de
reclusión, sin perjuicio de la acción penal correspondiente’.
[97]
En la sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis), por ejemplo, la Corte
señaló que de acuerdo con lo dicho por el Director del centro carcelario “(…)
de Cartagena[, éste] no cuenta con el personal que requiere “realizar una
requisa exhaustiva”, puesto que “el personal de guardia femenino
destinado para este evento requisa un promedio de mil cuatrocientos (1400)
visitantes, es decir que por cada unidad de guardia se requisan 460 visitantes
aproximadamente en cuatro horas que es el término establecido para el ingreso
de este personal visitante, esto es de las 08:00 horas a las 12:00 horas, lo
que se traduce más o menos en unas 115 requisas por hora, dos visitantes por
minuto”.
[98]
La Circular 035 de 1997 del INPEC, citada en extenso, entre
otras, en las sentencias T-702 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-269
de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)
establece pautas y límites para las requisas, en los siguientes
términos: “Debido a las frecuentes quejas y reclamos no solo de la población
reclusa, sino de particulares, familiares, amigos y autoridades del país,
esta Dirección nuevamente reitera que las requisas deben efectuarse  tal y como
lo ORDENA el artículo 55 de la Ley 65 de 1993 y el 22 del Acuerdo 11 de 1995.
Las personas deberán ser razonablemente requi­sadas.  ||  Por ningún
motivo se permitirá la requisa genitales o de tacto vaginal, toda vez que
se cuenta con otros mecanismos para detectar armas, o sus­tancias
estupefacientes, que deben ser agotados, antes de utilizar procedimientos que
además de inútiles se constituyen en un trato denigrante para las personas a
quienes se les practica, aunado al hecho de la falta de consideración de
quienes la realizan.  ||  Tales circunstancias han llevado nuevamente a
reiterar, la ineficacia de tales medidas, la que a la postre, han
generado tutelas y reclama­ciones, al dejarse al descubierto, que son
conductas que atentan contra el derecho fundamental de dignidad personal,
derecho que debe ser pilar de todos los funcionarios del Instituto preservar.
||  Así las cosas por medio de esta circular, se reitera y ordena que a
partir de la fecha, se dejen de practicar estas requisas genitales o de tacto
vaginal y en su lugar se practique una requisa general a la persona por encima
de la ropa, sin necesidad de desnudar al visitante. En cuanto al interno,
deberá requisársele minuciosamente observando los mismos parámetros, una vez
haya concluido la visita.  ||  (…)  ||  Finalmente considera
esta Dirección, que con el ánimo de impedir que a los establecimientos ingre­sen
armas, drogas o sustancias alucinó­genas y demás elementos prohibidos, se
debe hacer uso de otros medios de requisa, tales como detectores electrónicos,
e incluso pedir el apoyo de sabuesos debidamente entrenados para estos efectos.”
(subrayas fuera del texto original).
[99]
Corte Constitucional, sentencia T-629 de 2002 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra).
[100]
Como se indicó, son razonables “las requisas
visuales o cacheos superficiales, sobre las personas recluidas en los centros
peniten­ciarios y quienes ingresan a los mismos, como también sobre los
elementos que unas y otras poseen o pretenden ingresar a los reclusorios están
permitidas, y pueden ser practicadas por el personal de guardia, atendiendo los
requeri­mientos de orden y seguridad del penal” [Corte Constitucional,
sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)]
[101]
Los sindicados tiene derecho ‘a recibir visitas de familiares y amigos’, los
cuales deberán someterse a las ‘normas de seguridad y disciplina establecidas
en el respectivo centro de reclusión’.
[102]
Como se indicó, no es razonable que las autoridades ordenen “(…) intervenciones
corporales masivas e indeterminadas, a fin de confirmar sospechas o amedrentar
a posibles implicados, así fuere con el propósito de mantener el orden y la
seguridad, cualquiera fuere el lugar (…)” [Corte Constitucional, sentencia
T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)]
[103]
Como se indicó, la Corte ha señalado que “(…) las requi­sas que se practican en
los centros de reclusión no comportan registros corporales sobre los cuerpos
desnudos de los internos y de sus visitantes, ni sujeción de éstos a
procedimientos vejatorios, así fuere con el objeto de detectar armas o
elementos prohibidos en el uso carcelario”. [Corte Constitucional, sentencia T-690
de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)]
[104]
Corte Constitucional, sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)
[105]
Corte Constitucional, sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz)
[106]
En la sentencia T-966 de 2000 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) la
Corte encontró que “(…) las circunstancias planteadas en este caso dan
lugar a la declaración de un estado de cosas inconstitucional. En efecto, la
necesidad de recluir en la cárcel del distrito judicial de Cali a quienes,
estando en otro establecimiento de la región, presenten problemas de seguridad,
sumado a la falta de personal de guardia, a los problemas de orden público de
la zona y al número creciente de solicitudes judiciales de remisión, no puede
sino conducir al aplazamiento de los traslados y, en consecuencia, a la
indefinida postergación del correspondiente proceso penal. No cree la Corte
necesario manifestar los efectos que para la recta administración de justicia,
los derechos de los reclusos y el control de la impunidad podría tener la
dilación injustificada de un proceso criminal en el que se ha dictado y hecho
efectiva una orden de detención.” En esta oportunidad se indicó que “(…) el
problema que ha sido presentado exige soluciones estructurales que no pueden
depender, exclusivamente, de una sola entidad o de una mayor asignación de
recursos, sino que deben partir de una utilización más racional de los recursos
existentes. Dicha racionalización se obtiene, sin duda, con base en procesos de
planeación y concertación entre las distintas autoridades involucradas en la
administración de justicia y, finalmente, con la implementación de nuevas
tecnologías que, a la postre, resultan menos onerosas que los enormes costos
que implican los permanentes traslados. Por lo tanto, resulta urgente que las
distintas entidades involucradas, diseñen estrategias de concertación y
planeación para hacer frente a esta cuestión, pues tal y como ha sido relatado,
de no afrontar unitariamente el problema planteado, en poco tiempo será
francamente imposible realizar un traslado en un plazo menor a 12 o 18 meses a
partir de la correspondiente solicitud.”
[107]
Mediante declaración de noviembre 10 de 2004 la Procuraduría General de la
Nación reiteró “(…) su llamado de alerta formulado el año pasado sobre el
estado general de las prisiones en el país y solicita a todas las autoridades
competentes que adopten una política pública racional y coherente sobre el uso
de la prisión en Colombia, incluyendo medidas de aplicación inmediata que hagan
frente a la crítica situación de superpoblación.”  Allí señaló que “(…) estos
altos niveles de hacinamiento acarrean graves consecuencias en el balance
interno de la prisión (control, seguridad y justicia) y obstaculizan la prestación
de servicios y la garantía de los derechos de las personas privadas de
libertad. ||  A manera de ejemplo, tomamos las principales
prisiones de Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cali [Villahermosa], Ibagué y
Bogotá, las cuales concentran la mayor parte de la población y también
registran los más altos niveles de hacinamiento.”
[108]
Circular N° 023 de 2004 del INPEC.
[109]
Circular N° 023 de 2004 del INPEC.
[110]
En esta parte la Circular N° 023 de 2004 del INPEC transcribe
las normas en cuestión.
[111]
En esta parte la Circular N° 023 de 2004 del INPEC transcribe
apartes de la sentencia.
[112]
En esta parte la Circular N° 023 de 2004 del INPEC transcribe
apartes de la sentencia.
[113]
Circular N° 023 de 2004 del INPEC.  La Defensora Delegada para
la Política Criminal y Penitenciaria, Patricia Ramos Rodríguez, remitió el Memorando
N° 002 de 2005 a los Defensores Regionales y Profesionales responsables de las
oficinas seccionales para alertar sobre ‘el seguimiento del sistema de requisas
a los/as reclusos/as y a sus visitantes en los establecimientos de reclusión’.
El Memorando dice:  “Por lo hechos ocurridos recientemente en la Penitenciaria
Nacional de Picaleña en Ibagué, las autoridades penitenciarias y carcelarias
incrementarán y harán más severas las medidas de seguridad, lo que se verá
reflejado en las requisas a los internos y sus visitantes (familiares y
amigos).  ||  Por ello es necesario, que los funcionarios de esta entidad de
control recuerden a las autoridades penitenciarias y carcelarias la vigencia de
la Circular N° 023/04, en la que la Dirección General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC- imparte las directrices sobre cómo debe
efectuarse una correcta requisa que respete la dignidad humana. Asimismo, se
debe hacer énfasis en la jurisprudencia de la Corte acerca del tema y en
especial sobre el contenido [de] la sentencia de tutela N° 690 de 2004 (…). ||
La actividad defensorial que debemos desarrollar para prevenir hechos que
conlleven a la violación de los derechos humanos tanto de los in ternos como
los de sus visitantes, debe centrarse en los siguientes aspectos:   • Mediante
charlas dirigidas a los directivos, guardianes y funcionarios administrativos,
adscritos a los establecimientos de reclusión de su jurisdicción, divulgar la
Circular N° 023/04 y la sentencia de tutela N° 690 de 2004.  ||  • Fijar en las
carteleras de los funcionarios del INPEC y en lugares visibles para los
visitantes la Circular 023/04.  ||  • Dar [a] conocer a los internos los
documentos antes mencionados a través de los Comités de Derechos Humanos y la
Mesas de Trabajo.  ||  Con las anteriores acciones de prevención se busca
evitar la violación de los derechos humanos tanto de las personas privadas de
libertad como de sus visitantes y así erradicar la vieja práctica de la requisa
que constituía un trato inhumano y degradante y por ende violatorio del derecho
fundamental a la dignidad.”
[114]
Los expedientes radicados bajo la siguiente numeración: T-1065050, T-1065075,
T-1065076, T-1066603, T-1066944, T-1067494, T-1067613, T-1097963 y T-1101561
[115]
Corte Constitucional, sentencia T-622 de 2005 (MP Alvaro Tafur
Galvis).
[116]
Dijo el Director de la Cárcel Villahermosa: “De
conformidad con las directrices emanadas por la doctrina y la ju­ris­prudencia,
han sido reiterativas y nos indican cómo se debe hacer las requisas al personal
de visitantes, sin violar derechos, estos enmar­cados dentro de la dignidad
humana, lo cual estamos cumpliendo. (…)”
[117]
En la inspección se dijo: “(…) Se observó en el sitio de la requiza, una caja
con guantes desecha­bles ya usados y otra caja con guantes sin usar, cuando se
hace la requiza externa y detectan algo extraño, procede la guardiana a
cambiarse de guantes y retirarla a un sitio más privado y proceder a
requisarla, cuando ellas no acceden a sacarse los objetos, lo hace un médico
una enfermera o se lleva a un centro médico cuándo se necesita.”
[118]
En el expediente T- 1065050 se afirma que “(…) en varias ocasiones se las ha
llevado a los Centros Médicos de la ciudad. (…)”, en los demás el Director sólo
se refiere a que se llama a un médico y a una enfermera.
[119]
Inspección judicial realizada por la Juez 6ª Penal Municipal de Cali
[120]
De 107 informes de requisas realizadas en la cárcel, remitidos al proceso, se
concluyó: “De un total de 9 informes, que dan cuenta del decomiso de sustan­cias
prohibidas, en su totalidad alucinógenas, portadas por algunas visitantes en
sus partes íntimas, dos de ellos indican que la requisa fue practicada por una
profesional de la medicina, 5 denotan que el procedimiento fue adelanta­do por
personal femenino de guardia, y 2 refieren que las guardianes instaron a las
visitantes a extraer los elementos de sus genitales, en una oportunidad con
ayuda de personal femenino vinculado al departamento de sanidad del
establecimiento.”
[121]
Circular No. 035 de 1997, INPEC.
[122]
Corte Constitucional, sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis).
[123]
Circular No. 035 de 1997 del INPEC.
[124]
Circular No. 035 de 1997 del INPEC.
[125]
Sentencia T-690 de 2004, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[126]
No obstante, la Sala menciona de forma especial el fallo proferido por el
Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali dentro del proceso T-1101561, pues si
bien decidió negar la tutela de los derechos invocados, decidió exhortar a las
autoridades carcelarias a que ‘impartan precisas órdenes’ a fin de
evitar que se atente contra la dignidad humana de forma indiscriminada.
[127] En la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz), el Director de la cárcel nacional Modelo, teniente de la Guardia
Penitenciaria, Pedro José Martínez, informó a esta Corporación que el
hacinamiento puede incrementar la violencia, sustentando así su posición:
“el problema genera espíritu de violencia, el interno se adueña de la celda
múltiple y la arrienda, hay extorsión y eso genera violencia, como también la
genera convivir con un drogadicto, noctámbulo u homosexual. El interno
anormal y desadaptado afecta la convivencia y surgen conflictos que derivan en
actos violentos. Se llegó el momento de cárceles unicelulares para una persona
por celda, porque la convivencia se afectó. (…) ”.
[128]
Para el Subdirector de la cárcel Modelo “(…), teniendo en cuenta que el
interno en su condición de homosexual y en su primer ingreso a este
establecimiento fue objeto de violaciones y atropellos sexuales por parte de un
grupo de internos y por este motivo para salvaguardar su integridad personal
fue trasladado de este esta­bleci­miento. (…)” El Director Regional Central del
INPEC, por su parte, considera que la protección de la libertad sexual del
recluso es asunto del centro penitenciario. Por lo que “[l]o relativo a la
situación que vive el interno del establecimiento por su con­di­ción de
homosexual es del resorte del Director del mismo, quien debe procurar que los
hechos que él mismo dice que le han sucedido no se repitan, lógicamente con la
ayuda del mismo afectado.”
[129]
Dice en su fallo el juez de instancia:  “Aunque el interno manifiesta se
encuentra en grave peligro su integridad y en peligro de ser atacada su
sexualidad por su condición de homosexual, lo que cierto es que sólo se halan [sic]
sus afirmaciones en este sentido, frente al cúmulo de pruebas, demostrativas de
la personalidad conflictivas y violatoria de los órdenes de convivencia (…)
||  (…) en esta acción, concurre denunciando amenazas a su integridad y su
vida, sin prueba alguna que las soporten, por lo que carece de fundamento su
pedimento, ya que como puede comprobarse con la simple lectura de su
expediente, lo que se trata es de hacer prevalecer su deseo sobre la Ley.”
[130]
Dijo el Director: “(…) no es cierto que el personal de Dragoneantes femeninas
requisan a las visitantes de un carácter morboso de lesbianismo, no he sido
informado que dentro del personal del cual yo dirijo, se presenten casos de
lesbianismo, por lo que solicito que se compulse copias a la Fiscalía para que
se investigue a la [accionante]”.
[131]
Corte Constitucional, sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis).
[132]
Corte Constitucional, sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)
[133]
Corte Constitucional, sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)
[134]
Circulares N° 035 de 1997 y N° 023 de 2004.
[135]
La Directora (E) de la penitenciaria de Cartagena remitió fotocopia del “Manual
del Participante (…) Módulo: Procedimiento de Requisas”, elaborado
por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en coordinación con
el “Boreaut de Prisiones de los Estados Unidos de Norte América” (sic).
El Manual en cuestión dice: “V. Requisa por contacto del interno.  ||
B. Cuándo realizarlas.  1. Los internos pueden ser requisados por contacto
varias veces en el día, a intervalos no programados. (…)  ||  C. Realizada
por:  Cualquier funcionario de la Penitenciaria puede realizar una requisa a un
interno.  (…)  ||  D. Pasos sistemáticos para Realizar una Requisa simple por
contacto. (…)  h) Requisa de la parte inferior del cuerpo  (1) Continúe el
movimiento de barrido mientras requi­san la parte inferior del cuerpo.  ||  (2)
Busque en la parte de atrás y a los lados de cada pierna por separado.
Recorriendo con sus manos hacia debajo de las nalgas, abajo por  detrás de los
lados de las piernas hasta el pie. Revise las costuras y las botas de los
pantalones.  ||  (3) Requise el frente y entre cada una de las piernas
separadamente, recorriendo con sus manos la cintura para abajo hasta los pies,
poniendo especial atención al abdomen bajo y entrepiernas, chequeando
cuidadosamente las costuras, cinturones, cremalleras y botones.  ||  (…)  ||
(5) Una mujer que use pantalones es requisada de la misma manera que un
hombre.  ||  (6) Cuando se requise a una mujer en falda o en vestido, use la
misma técnica como si fueran pantalones, si el material es suficientemente
suelto para hacerlo así. Recuerde chequear el dobladillo.  ||  (7) Si la falda
es demasiado ajustada para realizar una requisa, solicite a una oficial mujer
correccional que realice una requisa visual.  ||  (…) E. Cómo Tratar con el
Interno.  1. Respete el derecho del recluso a no ser acosado.  ||  2. Sea
sistemático realizando la requisa por contacto en la misma manera cada vez.
||  3. Mantenga el profesionalismo realizando requisas en una manera calmada,
evitando hacer comentarios ligeros.  ||  (…)  VI. Practicas de requisa
simple o por contacto.  ||  ANEXO  (…)  ||  Ayuda esquemática para
realizar una requisa visual.  ||  Realización de la Requisa  (…)  3. Dele
(sic) máxima privacidad al interno, hasta donde sea posible.  ||  (…)  8. Haga
que se quite toda la ropa y que la coloque fuera de su alcance.  ||  9. Haga
que se incline hacia delante, con la cabeza hacia abajo.  ||  (…)  ||  21. Haga
que el interno separe las piernas y que levante el pene y después los
testículos.  ||  22. Si no está circuncidado, haga que hale hacia atrás el
prepucio.  ||  23. En caso de estar haciendo una requisa a una mujer, haga
que levante sus senos  —destaca el texto—.  ||  24. Haga que se agache en
cuclillas, abriendo las piernas, para que abra la parte vaginal y después
toser.  ||  29. Haga que se incline hacia delante y que separe las nalgas [el
manuscrito tiene la siguiente anotación manual:  Este numeral no es aplicado
por dignidad con el ser humano].  ||  30. Si sospecha que tiene
contrabando, haga que se agache en cuclillas y que tosa.”
[136]
Al respecto la Corte resolvió “[i]nformar a la Procuraduría General de la
Nación sobre el Manual de Procedimientos que instruye a las autoridades
carcelarias y al personal de guardia sobre cómo efectuar una requisa, remitido
por la Directora (E) de la Cárcel del Circuito de Cartagena, y sobre la
denuncia formulada por el actor, para que adelante las investigaciones y
establezca los correctivos del caso.” También resolvió poner al tanto a la
Fiscalía General de la Nación “(…) de los procedimientos de requisa e
intervenciones corporales adelantadas por el personal de guardia de la Cárcel
del Circuito de Cartagena, autorizadas por la Dirección del Penal, para las
investigaciones correspondientes.”
[137]
En la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) se apeló “(…) a las
sentencias SU-559 de 1997 y T-068 de 1998 [en las que] esta Corporación ha
hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de
buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales  que
tengan un carácter general - en tanto que afectan a multitud de personas -, y
cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no
se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su
solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. (…)” Las
inspecciones adelantadas por la Corte Constitucional con ocasión de la
sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) le permitieron concluir
que las condiciones de reclusión en las dos cárceles visitadas eran
“absolutamente infrahumanas, indignas de una persona humana, cualquiera sea su
condición personal.”
[138]
Al respecto, algunos ejemplos:  en la sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa) la Corte resolvió impartir varias
órdenes encami­nadas a garantizar el goce efectivo de los derechos tutelados,
entre las cuales cabe mencionar la orden al Alcalde Municipal de Mitú para que,
“(…) en ejercicio de su discrecionalidad dentro de parámetros de razonabilidad,
adopte las medidas necesarias para lograr la protección efectiva de los
derechos fundamen­tales de las personas que se hallaren recluidas a la fecha de
notificación de esta sentencia en el calabozo del Comando de Policía de Mitú,
en forma tal que éstos sean recluidos a la mayor brevedad en un lugar a la vez
digno y seguro. Dichas medidas, en caso de ser necesario, podrán comprender el
traslado físico de tales personas a otro centro carcelario del país. En caso de
considerar necesario dicho traslado, el Alcalde Municipal de Mitú coordinará
con el INPEC las gestiones y diligencias necesarias, y solicitará el concurso
de la Fuerza Pública para garan­tizar la seguridad de la operación. Igualmente,
en caso de considerar necesario dicho traslado, el Alcalde Municipal de Mitú
garantizará que a las familias de los reclusos se les informe con la debida
antelación sobre la decisión de trasladar a los presos y se permita un contacto
personal. (…)”. En la sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis) la Corte
resolvió tutelar el derecho fundamental del accionante “(…) a no ser sometido a
tratos crueles, inhumanos y degradantes, para lo cual el Instituto Nacional Peniten­ciario
y Carcelario, INPEC, deberá dotar a la Cárcel del Circuito de Cartagena —como
lo ha hecho con otros reclusorios del país— de la tecnología que permite
detectar armas, explosivos y sustancias adictivas, sin someter a las personas
que deben soportar las requisas a prácticas contrarias a su dignidad. También
resolvió “(…) proteger los derechos fundamentales de las personas que ingresan
al penal en calidad de visitantes, quienes no tienen que soportar vejámenes,
como tampoco ver afectados sus derechos fundamentales, salvo las requisas de
sus ropas, objetos personales y los elementos que pretenden ingresar al penal,
necesarias para mantener la disciplina y la seguridad carcelaria.”  En la
sentencia T-1096 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa) se resolvió, entre
otras cosas, ordenar al Director General del INPEC y el Director del centro
penitenciario en el cual se encontraba recluido el accionante que a partir del
momento mismo de la notificación de la sentencia se tomaran las medidas
necesarias para impedir que la libertad sexual y la integridad física del
accionante fueran afectadas o amenazadas nuevamente; ordenar al Director
General del INPEC que a más tardar en el término de 3 meses se ubicara al
accionante en un centro peniten­ciario que no suponga riesgos para su dignidad
y, en especial, para su libertad sexual y para su integridad física; ordenar al
INPEC que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los
hechos y las circunstancias en las cuales fue desconocida la libertad sexual y
la dignidad del accionante, con el objeto de poder establecer qué fue lo que
sucedió y poder así determinar las responsabilidad penal y disciplinaria a que
haya lugar; ordenar que las medidas que se adopten para dar cumplimiento a las
anteriores órdenes, no pueden representar una limitación adicional a los
derechos del accionante, con relación al común de la población carcelaria, así
como evitar que se tomen medidas que signifiquen discriminación o retaliación
alguna en contra del ac­cio­nante.
[139]
Así lo consideró la Corte en la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes
Muñoz) y lo reiteró, entre otras, en la sentencia T-702 de 2001 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra).
[140]
En la sentencia T-269 de 2002 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) no se concedió la
tutela porque no se consideraron probados los hechos, pero,
“en desarrollo del papel preventivo de la vulneración de derechos
fundamentales, al existir antecedentes con respecto a la realización de
requisas vejatorias en la Penitenciaría Nacional de Valledupar, [se consideró]
necesario hacer un llamado a prevención a la entidad accionada.” La Corte tuvo
en cuenta que ya había conocido de una tutela interpuesta por un recluso de esa
misma Penitenciaría (sentencia T-702 de 2001; MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
La jurisprudencia también ha hecho mención a los informes elaborados por la
Defensoría del Pueblo que dan cuenta de esta grave situación [v.gr. Informe
Evaluativo No 3010-06 sobre los resultados de la visita practicada a la
Penitenciaría Nacional de Valledupar, en marzo de 2001, presentado por la
Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo
y la Directora Nacional de Atención y Trámite de Quejas al Defensor del Pueblo;
el Informe del 31 octubre de 2001 de la Misión Internacional
de Derechos Humanos, contratada por la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (sentencia T-269
de 2002)].
[141]
En este sentido las Circulares N° 035 de 1997 y N° 023 de 2004
del INPEC y el Memorando N° 002 de 2005 de la Defensora Delegada para la
Política Criminal y Penitenciaria.
[142]
Los expedientes radicados bajo la siguiente numeración: T-1065050, T-1065075,
T-1065076, T-1066603, T-1066944, T-1067494, T-1067613, T-1097963 y T-1101561
[143]
Las sentencias T-702 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-269 de 2002 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis) y T-622 y
T-624 de 2005 (MP Alvaro Tafur Galvis).
[144]
Los expedientes radicados bajo la siguiente numeración: T-1065050, T-1065075,
T-1065076, T-1066603, T-1066944, T-1067494, T-1067613, T-1097963 y T-1101561
[145]
Los sindicados tiene derecho ‘a recibir visitas de familiares y amigos’, los
cuales deberán someterse a las ‘normas de seguridad y disciplina establecidas
en el respectivo centro de reclusión’.
[146]
Como se indicó, no es razonable que las autoridades ordenen “(…) intervenciones
corporales masivas e indeterminadas, a fin de confirmar sospechas o amedrentar
a posibles implicados, así fuere con el propósito de mantener el orden y la
seguridad, cualquiera fuere el lugar (…)” [Corte Constitucional, sentencia
T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis)]
[147]
Corte Constitucional, sentencia T-690 de 2004 (MP Alvaro Tafur Galvis).