T-244-18
Sentencia
T-244/18
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN
NOMBRE Y A LA HONRA-Procedencia
DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESION DE PENSAMIENTO Y OPINION-Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia de esta Corporación
ha establecido que la libertad de expresión es uno de los pilares sobre los
cuales está fundado el Estado, que comprende la garantía fundamental y
universal de manifestar pensamientos, opiniones propias y, a la vez, conocer
los de otros. Este presupuesto también se extiende al derecho de informar y ser
informado veraz e imparcialmente, con el objetivo de que la persona juzgue la
realidad con suficiente conocimiento.
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU Y LIBERTAD DE INFORMACION-Derecho constitucional de doble vía
Este mandato constitucional –libertad
de expresión-, ha sido considerado por la Corte como un derecho fundamental de
doble vía porque involucra tanto al emisor como al receptor de actos
comunicativos, agrupa un conjunto de garantías y libertades diferenciables en
su contenido y alcance, tales como la libertad de expresar pensamientos y
opiniones, la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial, la
libertad de fundar medios masivos de comunicación y el derecho de
rectificación. Y aunque se prohíbe la censura, también se integran las
prohibiciones de realizar propaganda de la guerra, de apología al odio, de
pornografía infantil, y de instigación pública y directa al genocidio.
LIBERTAD DE PENSAMIENTO-Contenido
LIBERTAD DE OPINION-Contenido
LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y LIBERTAD DE OPINION-Relación
La Corte considera que el
ordenamiento jurídico al estudiar y proteger integralmente a la persona, debe
asegurar las actividades más intrínsecas de esta como el pensamiento entendido
como la facultad que tiene el humano de producir ideas, darles un orden,
asociarlas a conceptos, circunstancias, cosas o sujetos. La opinión es un
juicio valorativo acerca de algo o alguien, y su materialización necesariamente
implica el pensamiento o la elaboración de ideas a partir de una serie de
estímulos externos. Este concepto se entiende entonces como una especie o una
consecuencia del pensamiento. De esta manera, ambos conceptos, esto es,
pensamiento y opinión, están íntimamente relacionados al coincidir en que son
procesos individuales caracterizados por la subjetividad, aunque pueden
confluir en ellos elementos objetivos. Se nutren de la capacidad que tienen los
individuos de producir ideas objetivas y subjetivas acerca de todo aquello que
lo rodea o de sí mismo.
LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y LIBERTAD DE OPINION-Imposibilidad de censura
LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y LIBERTAD DE OPINION-Límites
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Contenido
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e imparcialidad
LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y LIBERTAD DE OPINION FRENTE A LIBERTAD DE
INFORMACION-Diferencias
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Ligados al respeto de la dignidad humana
DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE FRENTE A LIBERTAD DE
INFORMACION-Protección cuando se divulguen públicamente
hechos falsos, erróneos, tergiversados y tendenciosos
LIBERTAD DE EXPRESION Y DE INFORMACION EN ASUNTOS DE INTERES
PUBLICO
LIBERTAD DE EXPRESION-Importancia de la protección del discurso político
LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Límites
Teniendo presente que las redes
sociales son plataformas interactivas en las cuales los individuos exponen no
solo su vida privada, sino también su vida profesional o su carrera política,
las expresiones que en ellas se hagan deberán ser valoradas de acuerdo con las
reglas relacionadas. Esto es, si se trata de una información, el espectro de
protección está sujeto a la veracidad razonable de lo que se da a conocer; si
se trata de una opinión gozará de una salvaguarda mayor, pero se somete al uso
de un lenguaje respetuoso de la honra y el buen nombre de los demás. Ahora
bien, si se refieren a temas de interés público, el amparo será más amplio dada
la importancia de estos asuntos para la colectividad y la mayor carga
soportable de los personajes públicos, siempre que se respeten los límites señalados.
EXCEPTIO VERITATIS-Liberadora de responsabilidad en conductas que afectan los derechos a la
honra y al buen nombre
LIBERTAD DE EXPRESION Y DE INFORMACION EN ASUNTOS DE INTERES
PUBLICO-No vulneración del derecho al buen
nombre y honra de Alcalde Mayor por cuanto información suministrada por
Concejal se hace en el entorno político en pro del interés público
Referencia:
Expediente T-6.564.237
Acción
de Tutela instaurada por el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño,
contra Manuel Sarmiento Argüello, Concejal de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C. veintiséis (26) de junio de
dos mil dieciocho (2018)
La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alberto
Rojas Ríos, Carlos Bernal Pulido y José Fernando Reyes Cuartas, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política, y en el Decreto Estatutario 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela emitido en
segunda instancia por el Juzgado Trece Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá, el 6 de diciembre de 2017, que confirmó la
sentencia expedida por el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías, el 28 de noviembre del mismo año.
I.
ANTECEDENTES
El señor Enrique Peñalosa Londoño
promovió acción de tutela contra el señor Manuel Sarmiento Argüello, Concejal
de Bogotá, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la honra y al
buen nombre. Para sustentar su solicitud de amparo narró los siguientes:
Hechos
1. Informó el accionante que el 4 de octubre
de 2017, durante el debate del proyecto “por el cual se autoriza un cupo de
endeudamiento para la Administración Central y los Establecimientos Públicos
del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, el Concejal Sarmiento
Argüello hizo la siguiente afirmación:
“En
primer lugar, este es un proyecto que se enmarca dentro de la idea absurda y el
error histórico del Alcalde Peñalosa, de hacer que el Transmilenio sea la
columna vertebral del sistema masivo de transporte de Bogotá. Y esa idea fracasó,
la realidad nos demuestra que fracasó. Y a pesar de ello el alcalde Peñalosa
insiste en esta idea tan absurda, cuando está demostrado que la columna
vertebral del sistema de movilidad en Bogotá no debe ser Transmilenio sino que
debe ser una red de metro. Pero el alcalde Peñalosa insiste en eso y recordemos
es un alcalde que en los últimos diez años trabajó para una organización que
se llama el ITDP, donde ganó alrededor de 430.000 dólares por promover y vender
los sistemas tipo transmilenio por todo el mundo” (Las
negrillas son del texto original de la tutela).
2. Agregó el actor que ese mismo día el
citado concejal reprodujo dicha información en su cuenta de Twitter así:
“Transmilenio por la 7 es una aberración urbana que promueve un alcalde al
que le pagaron 500.000 dólares por vender buses por todo el mundo”.
3. El accionante expuso que esa
información es falsa, pues la Institución para el Desarrollo y las Políticas de
Transporte (ITDP por sus siglas en inglés) no  se dedica a “vender buses”
ni a “vender los sistemas de tipo Transmilenio”, sino que su misión es
asistir a las ciudades en el diseño e implementación de sistemas de transporte
de alta calidad, y dentro de las alternativas que pueden combinarse para
mejorar la movilidad de las ciudades se encuentran los sistemas de Buses de
Tránsito Rápido como el sistema Transmilenio implementado en Bogotá.
4. Agregó que después de haber sido
alcalde de Bogotá fue nombrado presidente del ITDP, institución que promueve
ocho principios[1]
para mejores calles y mejores ciudades; luego, esa institución no se dedica a
vender ese tipo de buses, sino a promoverlos con argumentos técnicos y en
combinación con otros sistemas existentes, teniendo en cuenta las condiciones
de cada ciudad.
5. Señaló que su actividad en esa
institución, que consistió en promover esos ocho principios,  fue abierta y
transparente.
Trámite procesal
6. Mediante auto del 20 de octubre de
2017, el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Bogotá avocó la acción constitucional.
Respuesta a la acción
7. El 25 de octubre de 2017, el Concejal
Sarmiento Argüello contestó la tutela. Aclaró que el eje central del sistema
integrado propuesto y adelantado por el acalde Peñalosa es el Sistema de Buses
Rápidos Transmilenio (BRT por sus siglas en inglés) por encima del metro.
Afirmó que la trayectoria del citado
alcalde demuestra que ha sido durante años promotor y vendedor de sistemas BRT
y sus respectivos buses, que la organización ITDP sí se ha dedicado a ofrecer
en numerosas ciudades del mundo los sistemas tipo BRT y tiene como uno de sus
donantes a una fundación de una empresa que fabrica este tipo de buses, la
fundación de la compañía Volvo.
Expuso que el trabajo del alcalde
Peñalosa en ITDP no se redujo a promover los ocho principios mencionados en la
acción de tutela, ni a dar conferencias o dirigir el ITDP, pues fue enviado por
esta institución a varias ciudades a ofrecer los sistemas tipo BRT.
II.
SENTENCIAS
OBJETO DE REVISIÓN
Fallo de primera instancia
1. El 28 de noviembre de 2017, el
Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá
negó la protección solicitada al considerar que no se demostró la vulneración
de los derechos fundamentales invocados y, además, el accionante tenía otro medio
de defensa judicial. Consideró ese despacho que las expresiones del
demandado se presentaron en un debate en el Concejo durante el cual otros
concejales e intervinientes mostraron su acuerdo o desacuerdo con la propuesta
sobre la movilidad; en consecuencia, tales apreciaciones no iban dirigidas a
ofender ni a menoscabar la honra y buen nombre del Alcalde Mayor.
Acotó el juzgado que con las pruebas del
trabajo que realizó el accionante en el ITDP y la promoción de un sistema de
tránsito rápido, el Concejal demandando consideró comprometidas o parcializadas
las decisiones de aquel en un tema importante para la ciudad y por eso lo hizo
saber en el debate y en la red social Twitter.
Impugnación
2. A través de apoderado, el accionante
impugnó la decisión e informó que con posterioridad a la decisión de primera
instancia, el concejal demandado ha usado recurrentemente el hashtag
#PeñalosaVendedorDeBuses, usando el fallo de primera instancia como patente de
corso para seguir lesionando la honra y buen nombre de Enrique Peñalosa.
Consideró que los derechos invocados,
según la Corte Constitucional, pueden ser protegidos a través de la acción de
tutela. Además, el ejercicio de estos derechos limita el derecho a la libertad
de expresión, pues uno de sus presupuestos es el principio de veracidad e
integridad que exige que las informaciones que se divulguen correspondan a la
conducta o circunstancia de la cual dan cuenta.
Precisó que si bien en el escenario
político se ha admitido un mayor grado de libertad de expresión y que las
figuras públicas, incluyendo a quienes ejercen importantes cargos públicos,
pueden ser sometidos a un mayor escrutinio, el mismo no autoriza a sus
opositores a realizar afirmaciones falsas sobre su conducta previa al cargo público.
Aseguró que el concejal hace una
equivalencia entre la actividad de ofrecer sistemas de transporte y la de
venderlos, conceptos que, según su criterio, son completamente distintos, en
tanto la venta incluye una contraprestación que es precisamente lo que el
concejal busca insinuar. Agregó que la intención del accionado es que los
bogotanos crean que en su vida profesional Enrique Peñalosa se ha lucrado de la
venta de buses Volvo.
Precisó que las remuneraciones que
recibió el mencionado provenían de las fundaciones Hewlett, ClimateWorks,
UK Prosperity Fund y el Rockefeller Fund. Por otra parte, el ITDP
no recibe dinero de parte de la empresa Volvo, sino de la Volvo Research and
Educational Fundations, cuyas donaciones se han utilizado para la realización
de actividades como conferencias y programas de liderazgo que no fueron usados
para remunerar el cargo del actor.
Intervención del demandado en segunda
instancia
3. El demandando agregó a lo dicho en la
contestación de la demanda que en la página de internet del ITDP se señala “nuestra
área específica de experticia es la de autobuses de tránsito rápido (BRT)”.
Informó que en una entrevista realizada
el Exdirector Ejecutivo (CEO) de esa organización, ante la pregunta de cómo se
empieza una relación del ITDP con una ciudad respondió que “llevamos a
nuestro presidente, Enrique Peñalosa, quien fue alcalde de Bogotá, por todo el
mundo, para que se entreviste con montones de alcaldes y gobernadores, también
lo llevamos a hablar en una gran cantidad de eventos, mostrando lo que hizo en
la ciudad de Bogotá.”
Señaló que el alcalde Peñalosa participó
como conferencista en eventos organizados y financiados por las empresas Volvo
y Scania, y también aparece en un video promocional de la primera de las mencionadas,
como lo demuestran las pruebas incluidas en la columna escrita por Yohir
Akerman publicada en El Espectador en agosto de 2015.
Indicó que la expresión vender se adapta
a la actividad del alcalde según el diccionario de la Real Academia Española, puesto
que el concepto incluye la conducta desplegada por una persona para ofrecer de
manera persuasiva un determinado producto.
Consideró que el contexto en el cual se
expresaron sus opiniones indica que limitar la libertad de expresión en los
mismos es reducir el ejercicio mismo de la democracia.
Fallo de segunda instancia
4. El 6 de diciembre de 2017, el Juzgado
Trece Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá confirmó la
decisión de primera instancia al considerar que las primeras afirmaciones
fueron expuestas durante un debate acerca de una propuesta de movilidad, dentro
de un ambiente caracterizado por la confrontación de ideologías políticas que
propician la consolidación de la democracia a partir de la confluencia y
yuxtaposición de diversos actores y líneas de pensamiento en un espacio que,
además, está habilitado para el ejercicio del control político frente a planes
a ejecutar por la máxima autoridad de la rama ejecutiva en el distrito.
Se consideró que las afirmaciones
realizadas no socavan el buen nombre o la honra del accionante, como tampoco
las realizadas en Twitter. Se afirmó que este tipo de expresiones no son
un ataque a la persona o al líder político, sino al plan o programa que se
presenta como el más idóneo para la movilidad de los capitalinos.
Precisó que la expresión alusiva a
promoción y venta de buses no constituye una afirmación que pueda catalogarse
como calumnia, injuria o incluso tendenciosa. Tampoco se desprende que con la
misma se menoscabe o ponga en riesgo efectivo la integridad moral del
accionante, ya sea como particular o como alcalde.
El despacho prohijó el concepto de venta
expuesto por el no recurrente en el entendido que venta no solo denota el
traspaso de un bien o un contrato de compraventa, sino también la exposición,
promoción u ofrecimiento de un producto o mercancía al público o la
presentación de algo de forma persuasiva ante un tercero.
III.
PRUEBAS
QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
1. Aportadas por el accionante
(i) Programa de gobierno coalición
equipo por Colombia “recuperamos Bogotá” –Cambio Radical inscrito en julio de
2015 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para el período 2016-2019.[2]
(ii) Informe anual del ITDP para 2015. [3]
(iii) Documento del ITDP, “Mobility
for all: A strategic transportation plan for Ranchi”. Julio 2015. [4]
(iv) Documento del ITDP, “Bus Rapid
Transit for Greater Cairo: Prefesibility Assessment”. Junio de 2015. [5]
(v) Documento del ITDP, “Guanzhoy,
China Bus Rapid Transit System. Emission Impact Analysis.” Mayo de 2011.[6]
2. Aportadas por el accionado
(i) Misión del ITDP en transporte
público. Documento que contiene qué es, qué hace, dónde trabaja el ITDP,
noticias, biblioteca, apoyo al ITDP y contacto. [7]
(ii) Formatos 990 del ITDP que corresponden
a declaraciones de renta, impuestos, contribuciones, exenciones y declaraciones
Federales desde 2005 a 2014.[8]
(iii) Entrevista a Walter Hook,
Exdirector Ejecutivo del ITDP, realizada por Jonathan Andrews el 22 de mayo de
2013 para la plataforma “Cities today.”[9]
(iv) Artículo de El Espectador del 16 de
febrero de 2016, “¿Otro alcalde para Transmilenio?.”[10]
(v) Boletín de prensa del ITDP sobre
premio otorgado al instituto por Volvo. Publicación del 4 de diciembre de 2015.[11]
(vi) Premio Gothenburg a Enrique
Peñalosa correspondiente al año 2009.[12]
(vii) Listado de compañías que financian
el premio Gothenburg.[13]
(viii) Editorial denominado “Escaping
the Urban Poverty Trap” de Walter Hook publicado en informe de gestión del
ITDP de 2014 –Invierno de 2014.[14]
(viii) Artículo de Carlos Carrillo,
“Peñalosa y su trancón de intereses”, publicado el 24 de enero de 2016 en “Al
Garate”. [15]
(ix) Boletines del 1 de julio de 2006 y
del 8 de septiembre de 2009 del ITDP con los cuales se informa que Enrique
Peñalosa ingresó a su órgano directivo como Miembro Senior y como
Presidente, respectivamente.[16]
(x) CD que contiene video de entrevista,
sin fecha, a Enrique Peñalosa en CNN Chile, respecto de la funcionalidad de los
sistemas de transporte de buses rápidos, e intervención del representante
Germán Navas en la sesión del Concejo Distrital del 29 de noviembre de 2016 a
la cual asistió el Alcalde Peñalosa.
(xi) Artículo de Carlos Carillo,
“Transjakarta otro caso de “éxito”, publicado el 25 de febrero de 2016 en “Al
Garate”.
(xii) Informe Técnico de diciembre de
2003 publicado por el ITDP titulado “Trans-Jakarta Bus Rapid Transit System
Technical Review”.[17]
(xiii) Columna de Yohir Akerman, “Las
palabras de Peñalosa” publicada en “El Espectador” el 8 de agosto de 2015. [18]
(xiv) Artículo del senador Jorge Enrique
Robledo, “Un desastre llamado Peñalosa”, publicado el 31 de diciembre de 2016
en el periódico “El nuevo día”.[19]
(xvi) Artículo de Carlos Carrillo, “El
evangelio apócrifo de un vendedor de buses”, publicado el 16 de febrero de 2017
en “Al Garete”. [20]
(xvi). Entrevista realizada por María
Isabel Rueda a Enrique Peñalosa publicada en El Tiempo el 14 de diciembre de
2014. [21]
IV.
ACTUACIONES
EN SEDE DE REVISIÓN
1. La Sala de Selección número dos de la
Corte Constitucional mediante auto del 16 de febrero de 2018 dispuso
seleccionar para revisión este asunto.
2. El 14 de marzo de 2018 el Despacho
sustanciador decretó la práctica de las siguientes pruebas:
“(i)
Solicitar a la Alcaldía Mayor de Bogotá el envío de copia del proyecto de
acuerdo “Por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la
Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y
se dictan otras disposiciones” que fue debatido en sesión del Concejo Distrital
del 4 de octubre de 2017.
(ii)
Solicitar al Concejal de Bogotá, D.C., Manuel Sarmiento, copia de los videos
mencionados en el artículo del 8 de agosto de 2015 escrito por Yohir Akerman y
nominado ‘La palabras de Peñalosa’.
En respuesta a estas solicitudes se
obtuvieron las siguientes pruebas:
(i) Exposición de motivos del proyecto
de acuerdo “por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la
Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y
se dictan otras disposiciones.”[22]
(ii) Proyecto de Acuerdo sin número “por
el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la Administración Central y
los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones”.[23]
(iii) Documento técnico –cupo de
endeudamiento 2017.[24]
(iv) Cd que contiene videos de:
- Segunda parte de la sesión plenaria
del 25 de abril de 2016.
- Comercial de Volvo Bus Rapid
Transit en el cual participan varios administradores de diferentes países,
entre ellos Enrique Peñalosa Londoño. El video no tiene fecha de producción del
comercial.
- Fragmento de noticia del 17 de julio
de 2013, según la cual el diputado Julio Chávez presenta una denuncia por
corrupción y evasión de impuestos. La noticia y la denuncia están incompletas y
se refieren a sucesos ocurridos en Venezuela.
- Fragmento de una noticia, sin fecha,
sobre la participación de Enrique Peñalosa en un foro sobre la inseguridad en
Caracas. La noticia está incompleta.
- Fragmento de la presentación del
médico Jorge Alonso Marín Cárdenas, la cual también está incompleta.
- Video “TED talks Peñalosa
why buses represent democracy in action”. El video no enseña la fecha de
realización de la conferencia.
- Fragmento de video entrevista en
Fronteiras. El registro solo muestra el logo “Frointeiras do Pensamento”.
2. Durante el término de traslado de las
pruebas se recibió memorial del accionado a través del cual manifestó que el
endeudamiento solicitado por la administración está destinado a la construcción
de Transmilenio  por la carrera séptima; solicitud que estima carente de soportes
técnicos suficientes y lesiona importantes derechos e intereses colectivos de
la comunidad.
Ratificó que su oposición al proyecto
presentado radica en que la decisión de implementar Transmilenio por las
principales avenidas y autopistas de Bogotá se basa en consideraciones
personales producto de las relaciones que el Alcalde tiene con este tipo de sistemas
de transporte, frente a lo cual tiene comprometida su imparcialidad y
objetividad.
Reiteró las razones por las cuales
considera que lo expresado no solo tiene vocación de veracidad, sino que es el
resultado del debate y la confrontación política. Agregó finalmente que sus
declaraciones en redes sociales son una extensión de su ejercicio como concejal
de Bogotá.
3. Vencido el término de traslado de las
pruebas allegadas[25]
el apoderado del accionante se pronunció sobre las pruebas que fueron aportadas
durante el trámite de primera instancia.
Sobre las aportadas en sede de revisión
señaló que Enrique Peñalosa aparece en video de Volvo sobre sistemas de buses
rápidos junto con otros excaldes expresando los beneficios de los buses tipo
BRT en las ciudades en las cuales se han implementado. Su aparición en este
comercial se desarrolla en condición de experto y exalcalde de una ciudad en
donde dicho sistema fue instalado, sin realizar manifestaciones de ofertas ni
con contenido comercial encaminadas a conducir a un público a la adquisición
del producto. Expresa que “el video se da en un escenario en donde es
entrevistado como testimonio de un caso de éxito”.
En relación con la conferencia “why
buses represent democarcy in action” afirmó que durante la misma el actual
Alcalde defiende los sistemas de buses de transporte masivo los cuales
considera una manifestación del principio democrático y además enaltece las
alternativas para la movilidad en bicicleta. El título y contenido de la
conferencia motivan a las ciudades y a la personas para preferir sistemas de
transporte masivo frente a alternativas del uso individual del automóvil, lo
cual no es una labor comercial, sino la defensa del uso de este tipo de
sistemas para favorecer la movilidad en las ciudades y mejorar las condiciones
de vida de sus habitantes.
Expresó que las pruebas que obran en el
expediente permiten concluir que las manifestaciones que su representado haya
realizado a favor de los sistemas de BRT ha ocurrido en contextos en los cuales
ha actuado como persona experta en movilidad con argumentos técnicos y no
comerciales.
Señaló que en este caso las expresiones
del accionado no superan el test que debe agotarse frente a tensiones entre la
libertad de expresión y los derechos a  la honra y al buen nombre, dado que:
(i) no se realizó un mínimo esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes,
las cuales consistían en el hecho de que Enrique Peñalosa hubiera trabajado en
el ITDP, en documentos en los que como experto ha manifestado que los sistemas
de buses rápidos constituyen una solución eficiente para la movilidad en las
ciudades, así como en artículos de opinión; (ii) presentó como ciertos hechos
falsos como que Enrique Peñalosa ha actuado vendiendo buses; (iii) obró con la
intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la intimidad
y al buen nombre de un personaje público.
Acotó que durante el proceso de tutela
el accionado, en lugar de presentar pruebas que acreditaran su afirmación,
acudió a argumentos forzados como señalar que cuando dijo vendedor se refería
en realidad a ofrecer.
Consideró que los jueces de instancia
pasaron por alto el contexto en el cual se realizaron las manifestaciones, por
cuanto la palabra vender no fue usada para expresar que el Alcalde haya
promovido sistemas de buses rápidos, sino para sugerir que obtiene lucro por la
adopción de estos sistemas justo cuando se está publicitando una revocatoria
del mandato.
De otro lado, en el fallo de segunda
instancia se le impuso una carga desproporcionada al accionante, en tanto su
postura corresponde a una negativa indefinida que no debe ser probada: que no
es un vendedor de buses.
Precisó que no se le niega validez al
control político de las medidas que propone un alcalde, pero sí se discute que
el mismo se dé a partir de afirmaciones que no solo atacan la política
propuesta, sino que además se basan en aseveraciones personales que son falsas
al tener la intención de manipular la opinión pública a través de acusaciones ficticias
frente a decisiones que son trascendentales para la ciudad, lo cual es más
grave cuando las afirmaciones se exponen en una red social que tiene mayor
impacto en cuanto a la propagación de las publicaciones las cuales llegan a
millones de personas en segundos.
4. El 24 de abril de 2008 se corrió
traslado del documento aportado por el apoderado del accionante que contenía la
última manifestación del accionado en su cuenta de Twitter [26],
sobre el cual este explicó que aquella se refería a las declaraciones del
Alcalde sobre las bondades de los buses de Transmilenio al considerar que el
problema de contaminación del aire de Bogotá no proviene de estos sino del
polvo, lo cual demuestra su defensa a ultranza de este tipo de sistemas para
privilegiarlos en lugar de otros como el metro.
Se refirió a estudios que, en su
criterio, demuestran los efectos nocivos de estos buses, así como a la denuncia
de la Procuraduría General respecto de la no inclusión de tecnologías limpias
en las nuevas licitaciones de Transmilenio.
Expuso que desde que el Alcalde se
posesionó, sin haber renunciado a la presidencia del ITDP, ha manifestado que
debe declararse impedido para tomar decisiones públicas relacionadas con el
sistema de transporte.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2 y 241
numeral 9 de la Constitución, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Problema jurídico y metodología
de decisión
1. De acuerdo con la situación fáctica
expuesta esta Sala de Revisión deberá establecer:
Si vulneran los derechos a la honra y al
buen nombre del Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, las
afirmaciones de Manuel Sarmiento Argüello, Concejal de Bogotá, que consistieron
en plantear que con anterioridad al ejercicio de la alcaldía, el primero de los
mencionados, trabajó en una organización (ITDP) en la cual “promovió y vendió”
sistemas de buses de tránsito rápido, con lo cual puede comprometer su
imparcialidad respecto de las soluciones de movilidad. Estas afirmaciones
fueron realizadas durante una sesión del Concejo en la cual se discutió un
proyecto de acuerdo respecto del esquema de gastos distrital, que comprendía dentro
de sus objetivos la ampliación de sistema Transmilenio, así como en la cuenta de
Twitter del demandado.
2. Para resolver el interrogante señalado, la Sala se ocupará de reiterar
la jurisprudencia constitucional en torno de: (i) los requisitos formales y de procedencia
de la acción de tutela; (ii) concepto, alcance y límites del derecho a la libertad
de expresión y difusión del pensamiento y de opinión, y de información; (iii) los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre; (iv) la libertad de
expresión y de información en el contexto político y en las redes sociales; (v)
la exceptio veritatis liberadora de responsabilidad;  para finalmente (vi)
abordar el análisis del caso concreto.
Legitimación en la causa
3. En
el caso bajo estudio, el extremo activo está integrado por Enrique Peñalosa
Londoño, en condición de Alcalde Mayor de Bogotá, quien se encuentra plenamente
legitimado para presentar la acción de tutela, toda vez que actúa en defensa de
sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Asimismo, en el
desarrollo del trámite, designó apoderado judicial, lo cual está previsto en el
artículo 10 del Decreto Estatutario 2591 de 1991 y, en tal virtud, se tiene por
cumplida la legitimación por activa.
4. En cuanto a la legitimidad por
pasiva, la Corte[27]
ha sostenido que la misma se satisface con la correcta identificación de la
persona o autoridad responsable de la amenaza o vulneración. En el particular,
la acción se dirige contra Manuel Sarmiento Argüello en su calidad de Concejal
de Bogotá, por la presunta vulneración de los derechos mencionados.
Inmediatez
5. Pese a que el mecanismo de tutela no
cuenta con término de caducidad, esta Corte ha establecido que procede su
presentación dentro de un término “razonable” a partir del hecho que originó la
vulneración[28].
Así, cuando el titular de manera negligente ha dejado pasar un tiempo excesivo
desde la actuación irregular que trasgrede sus derechos, se pierde la razón de
ser del amparo[29]
y consecuentemente su procedibilidad[30].
De esta manera, la prudencia del término
debe ser analizado por el juez de tutela en cada caso, atendiendo las
circunstancias fácticas y jurídicas del asunto. De ahí que si el lapso es
prolongado se deba ponderar si: (i) existe motivo válido para la inactividad
del accionante; (ii) la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados; (iii) existe nexo causal entre el ejercicio
tardío de la acción y la vulneración de los derechos; y (iv) el fundamento de
la acción surgió después de acaecida la actuación violatoria de derechos, en un
plazo no muy lejano de la fecha de interposición[31].
En esta oportunidad, las manifestaciones
del accionado tuvieron lugar el 4 de octubre de 2017 y la tutela fue radicada
el 20 de octubre siguiente, esto es, cuando solo habían pasado 16 días, razón
por la cual la Sala encuentra acreditado el principio de inmediatez, dado que el
lapso que trascurrió entre los hechos que presuntamente generaron la
vulneración y la acción de tutela no se aprecia irrazonable.
Subsidiariedad
6. Respecto de la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, podría considerarse, como lo determinaron los jueces de primera y
segunda instancia, que para la protección de los derechos invocados el
ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos diferentes a la acción de tutela,
verbigracia, la acción penal.
Sin embargo, en reiterados
pronunciamientos[32],
la Corte ha establecido que las acciones penales derivadas de información no
veraz y parcializada, no atienden a los mismos fines de la protección
constitucional, en tanto podría suceder que la actuación debatida lesione
derechos a la honra y al buen nombre, sin que se aprecie el animus
injuriandi requerido para que la conducta sea típica. En paralelo, se ha
considerado que la acción penal y la constitucional persiguen objetivos
diversos, ofrecen reparaciones distintas y se basan en diferentes supuestos de
responsabilidad.
Desde la sentencia T-263 de 1998[33] la
Corte determinó la ineficacia del proceso penal para la salvaguarda de los
derechos a la honra y al buen nombre, toda vez que “el elemento central del
delito de injuria está constituido por el animus injuriandi, es decir, por el
hecho de que la persona que hace la imputación tenga conocimiento (1) del
carácter deshonroso de sus afirmaciones, (2) que tales afirmaciones tengan la
capacidad de dañar o menoscabar la honra del sujeto contra quien se dirigen y
que con independencia que exista o no animus injuriandi, en materia
constitucional, se puede producir una lesión”. (Resaltado
propio).
Posteriormente, en la sentencia T-110 de
2015[34],
esta Corporación afirmó que la simple existencia de un delito no constituye
argumento suficiente para estimar la improcedencia de la acción de tutela, es
decir, en principio, la acción penal no excluye el ejercicio autónomo del
mecanismo constitucional, ya que “(i) aunque la afectación exista y sea antijurídica, se puede
configurar algún presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la
responsabilidad penal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal
protección a los derechos del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un
castigo penal, sino solamente su rectificación; y (iii) la pronta respuesta de
la acción de tutela impediría que los efectos de una eventual difamación sigan
expandiéndose y prologándose en el tiempo como acontecimientos reales y
fidedignos.”
En el caso sometido a examen, se debe señalar
que: (i) el accionante no busca obtener una reparación económica y (ii) su
propósito es que el accionado rectifique sus declaraciones con el fin de evitar
la propagación de una versión de los hechos que considera que menoscaba su honra
y buen nombre.
En estos casos, el amparo constitucional se
erige como mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales mencionados,
si se tiene en cuenta que: i) de llegarse a establecer la
responsabilidad penal del accionado, ello no repara por sí mismo los derechos
fundamentales invocados y ii) el juez penal no goza de las mismas
facultades que el juez constitucional para impartir las órdenes pertinentes
para lograr que se restablezcan los derechos presuntamente infringidos.
7. De otro lado, la Sala estima relevante destacar que no
obstante la persistencia en los ordenamientos jurídicos de descripciones
típicas como la injuria y la calumnia, las actuales tendencias internacionales sobre
la materia se inclinan por la mínima intervención punitiva en el derecho a la
libertad de expresión.
Recientemente[35]
el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la
Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y la
Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) declararon[36],
entre otros, los siguientes principios:
“e.
Se deberá considerar la necesidad de proteger a las personas de la imposición
de responsabilidad legal por el simple hecho de haber redistribuido o
promocionado, a través de intermediarios, contenidos que no sean de su autoría
y que ellas no hayan modificado.
f.
El bloqueo de sitios web enteros, direcciones IP, puertos o protocolos de red
dispuesto por el Estado es una medida extrema que solo podrá estar justificada
cuando se estipule por ley y resulte necesaria para proteger un derecho humano
u otro interés público legítimo, lo que incluye que sea proporcionada, no haya
medidas alternativas menos invasivas que podrían preservar ese interés y que
respete garantías mínimas de debido proceso”.
Y entre los estándares se destaca:
“Las leyes penales sobre difamación constituyen restricciones
desproporcionadas al derecho a la libertad de expresión y, como tal, deben ser
derogadas. Las normas de derecho civil relativas al establecimiento de responsabilidades
ulteriores por declaraciones falsas y difamatorias únicamente serán legítimas
si se concede a los demandados una oportunidad plena de demostrar la veracidad
de esas declaraciones, y estos no realizan tal demostración, y si además los
demandados pueden hacer valer otras defensas, como la de comentario razonable (“fair
comment”)”.
Esta declaración se inspira en la necesidad de responder
a las afrentas estatales contra la libertad de expresión, especialmente contra
la prensa, cuando la motivación es esencialmente política. Entonces, teniendo
presente que el objetivo principal es alzaprimar las libertades de expresión
del pensamiento y de opinión, y propugnar por la reducción de la respuesta
estatal frente a la divulgación de información divergente, concluyen dichas
relatorías que las acciones penales son una cortapisa para el ejercicio de estos
derechos.
Ahora bien, frente a la eventual desaparición de las
acciones penales por la propagación de informaciones u opiniones, se refuerza
la idea de que ante la tensión entre, de una parte, los derechos a la libertad
de expresión de pensamiento y opinión, a informar y a ser informado y, de otro
lado, los derechos a la honra y al buen nombre, serán los mecanismos de defensa
constitucionales los que deben primar para garantizar la protección de los
derechos fundamentales comprometidos.
8. Asimismo, se ha establecido por este Tribunal[37], como criterio de
procedibilidad de la acción de tutela para la reivindicación de los derechos a
la honra y al buen nombre, la previa solicitud de rectificación al particular,
siempre que se trate de informaciones u opiniones difundidas por los medios de
comunicación[38];
luego, “cuando la información que se estima
inexacta o errónea no es difundida por los medios sino por otro particular, la
previa solicitud de rectificación ante el particular responsable de la difusión
no es exigida como presupuesto de procedencia de la acción de tutela.” [39]
En el presente caso la acción de tutela se dirigió en
contra de un concejal por afirmaciones realizadas durante una sesión del
concejo distrital y en la red social de Twitter, esto es, por una
autoridad pública que no ejerce el periodismo en un contexto de discusión
política.
Establecida así la procedencia de la presente acción, la
Sala de Revisión continúa con el desarrollo del problema jurídico planteado.
Los derechos a la libertad de
expresión de pensamiento y opinión y a la libertad de información. Reiteración
de jurisprudencia[40]
9. De conformidad con el artículo 20 de
la Constitución “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz
e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.” Además
establece que los medios masivos de comunicación son libres, tienen
responsabilidad social y no estarán sometidos a censura alguna. Asimismo, se
prevé el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
La jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido que la libertad de expresión es uno de los pilares sobre los cuales
está fundado el Estado, que comprende la garantía fundamental y universal de
manifestar pensamientos, opiniones propias y, a la vez, conocer los de otros.
Este presupuesto también se extiende al derecho de informar y ser informado
veraz e imparcialmente, con el objetivo de que la persona juzgue la realidad
con suficiente conocimiento[41].
10. Diversos instrumentos
internacionales, cuyas disposiciones sobre la materia resultan vinculantes para
el Estado colombiano[42],
también ofrecen un conjunto de garantías para la protección de la libertad de
expresión, entre ellas se encuentran la Declaración Universal de Derechos
Humanos[43],
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[44] y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[45].
11. Este mandato constitucional
–libertad de expresión-, ha sido considerado por la Corte como un derecho
fundamental de doble vía porque involucra tanto al emisor como al receptor de
actos comunicativos, agrupa un conjunto de garantías y libertades diferenciables
en su contenido y alcance, tales como la libertad de expresar pensamientos y
opiniones, la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial, la
libertad de fundar medios masivos de comunicación y el derecho de
rectificación. Y aunque se prohíbe la censura, también se integran las
prohibiciones de realizar propaganda de la guerra, de apología al odio, de
pornografía infantil, y de instigación pública y directa al genocidio.
Este Tribunal, al desarrollar la
libertad de expresión ha adoptado un doble sentido, es decir, genérico y
estricto:
“Sobre esa base, la
Corte ha explicado que la libertad de expresión en sentido genérico
consiste en el “el derecho general a comunicar cualquier tipo de contenido a otras
personas, e [incluye] no solo la libertad de expresión en sentido estricto,
sino también las libertades de opinión, información y prensa [previstas en el
artículo 20 de la Constitución]”[46].
Entre tanto, la libertad de expresión en sentido estricto se define como
“el derecho de las personas a expresar y difundir
libremente el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin
limitación, a través del medio y la forma escogidos por quien se expresa”[47]. Conlleva el derecho de
su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones (sic)[48] o ideas y cuenta, además, con
una dimensión individual y una colectiva”. [49]
La Corte también ha explicado que “estas dos libertades
también son sujeto de división en dos aspectos distintos,  el individual y
el colectivo. El primero, hace referencia al sujeto que se expresa, entendiendo
que, además de contar con la garantía de poder manifestarse sin interferencias
injustificadas, este derecho también implica la garantía de poder hacerlo a
través de cualquier medio que se considere apropiado para difundir los
pensamientos y lograr su recepción por el mayor número de destinatarios
posibles, siendo libres de escoger el tono y la manera de expresarse (…) El
aspecto colectivo, por su parte, se va a referir a los derechos de quienes
reciben el mensaje que se divulga”.[50]
12. Esta comprensión de la libertad de
expresión coincide con lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante Corte IDH),  al determinar el alcance del artículo 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos a partir de una dimensión
individual reflejada en la facultad de elegir el medio para compartir las
ideas, opiniones e información y otra social que conlleva la posibilidad de
conocer las ideas, opiniones e informaciones difundidas por terceros:
“(…)
La Corte ha señalado que la libertad de expresión tiene una dimensión
individual y una dimensión social, de las cuales ha desprendido una serie
de derechos que se encuentran protegidos en dicho artículo[51].
Este Tribunal ha afirmado que ambas dimensiones poseen igual importancia y
deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea para dar efectividad
total al derecho a la libertad de expresión en los términos previstos por el
artículo 13 de la Convención[52].
138. La
primera dimensión de la libertad de expresión comprende el derecho a
utilizar cualquier medio apropiado para difundir opiniones, ideas e información
y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la
expresión y la difusión son indivisibles, de modo que una
restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en
la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente[53].
Con respecto a la segunda dimensión del
derecho a la libertad de expresión esto es, la social, la Corte ha señalado
que la libertad de expresión implica también el derecho de todos a conocer
opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común
tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información
de que disponen otros como el derecho a difundir la propia[54].
Es por ello que a la luz de ambas dimensiones, la libertad de expresión
requiere, por un lado, que nadie sea
arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y
representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por
otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la
expresión del pensamiento ajeno[55].”[56] (Resaltado fuera del texto original).
13. De otro lado, la jurisprudencia constitucional
ha establecido como una característica de la libertad de expresión el lugar
privilegiado que ostenta en el ordenamiento jurídico, en tanto cumple un
importante papel para el desarrollo de la personalidad y autonomía del
individuo[57]
y, en general, para el ejercicio de los derechos humanos. Así, en la sentencia
T-391 de 2007[58]
se estableció una presunción constitucional a favor de la libertad de
expresión de la cual se derivaron los siguientes efectos jurídicos: (i) cobertura
de cualquier expresión, salvo que se justifique la limitación; (ii) primacía de
la libertad de expresión frente a otros valores, principios y derechos, salvo
que el otro tenga mayor peso; (iii) sospecha de inconstitucionalidad de las
limitaciones y aplicación de un control estricto de constitucionalidad, y (iv)
prohibición de censura como presunción imbatible.
14.
Ahora bien, la Corte considera que el ordenamiento jurídico al estudiar
y proteger integralmente a la persona, debe asegurar las actividades más
intrínsecas de esta como el pensamiento entendido como la facultad
que tiene el humano de producir ideas, darles un orden, asociarlas a conceptos,
circunstancias, cosas o sujetos. [59]
Entonces,
para este Tribunal siendo el pensamiento una de las producciones intelectivas del
individuo, la libertad que de él se deriva comporta para su titular la facultad
de adherir o profesar una ideología, filosofía y cosmovisión, tener ideas
propias o juicios. Es pues un atributo personal derivado de la naturaleza de la
persona de asentir o prohijar un determinado sistema de ideas entorno de sí
misma, del mundo y de los valores[60].
15. Por su parte, la opinión
es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de
alguien[61].
La jurisprudencia constitucional ha entendido la opinión como: “la valoración o interpretación que una persona
realiza sobre algo, sea ello un hecho fáctico o un pensamiento subjetivo que
haya previamente conocido de un modo cierto. Así, las facetas objetiva y
subjetiva de la realidad son subsumidas por el individuo cuando éste (sic)
elabora un juicio ético, consecuente con su pensamiento, sobre alguna
información veraz o algún pensamiento de contenido ideológico previamente
conocidos”.[62] (…) es una idea,
un parecer o forma de ver el mundo.”[63]
Así, la opinión es un juicio
valorativo acerca de algo o alguien, y su materialización necesariamente
implica el pensamiento o la elaboración de ideas a partir de una serie de
estímulos externos. Este concepto se entiende entonces como una especie o una
consecuencia del pensamiento.
16. De
esta manera, ambos conceptos, esto es, pensamiento y opinión, están íntimamente
relacionados al coincidir en que son procesos individuales caracterizados por
la subjetividad, aunque pueden confluir en ellos elementos objetivos[64]. Se
nutren de la capacidad que tienen los individuos de producir ideas objetivas y
subjetivas acerca de todo aquello que lo rodea o de sí mismo.
Esa
relación indivisible sustenta el trato indiferenciado que se le ha dado a ambos
conceptos por la Corte, la cual se ha referido a ellos de manera alternativa o
incluso ha establecido que el pensamiento está intrínseco en la opinión y la
precede. En efecto, al definir la libertad de opinión esta Corporación en sus
inicios manifestó que esta consiste en la “la
posibilidad de comunicar a otros el propio pensamiento”[65].
Esa comprensión se reiteró en la sentencia T-260 de 2010 así:
“Tratándose de
opiniones, en cambio, se está ante el derecho a la libre expresión del
pensamiento, un derecho esencial que se remite al ejercicio del libre
desarrollo de la personalidad y a la construcción autónoma del proyecto de
vida, esto es, a la noción misma de dignidad humana; y, también,
indisolublemente, se está ante el derecho a la libre difusión de las ideas,
clave del progreso cognoscitivo y científico de la humanidad como del
pluralismo político y social”.
Posteriormente[66], se
recapituló[67]
que la libertad de opinión, protege
“la transmisión de
pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa”.
Y más recientemente, la sentencia T-117 de 2018 reiteró que aquella debe ser “entendida como libertad
de expresión en sentido estricto, la cual implica básicamente la posibilidad de
poder difundir o divulgar, a través de cualquier medio de comunicación, las
propias ideas, opiniones y pensamientos.[68]”
17. Ahora bien, sobre la protección de estas
libertades este Tribunal había establecido como premisa la
imposibilidad de censurar el pensamiento y la opinión, esto es,
no era factible prohibirlo aun cuando la idea expresada fuera molesta,
equivocada, provocadora, revolucionaria o inmoral, siempre y cuando no impidiera
grave y directamente el ejercicio de los derechos ajenos[69]. Esta
postura fue replicada en la sentencia C-417 de 2009 al considerarse que la
opinión “de hallarse injusta o impertinente,
debe combatirse con otras opiniones o pareceres, no con sanciones de ninguna
índole, menos aún penales[70].”
La Corte
también ha explicado[71]
que en muchos casos frente a la tensión entre, de un lado, las libertades de pensamiento,
opinión, y de información, y, de otro,  los derechos a la honra y buen nombre, prevalecen
los primeros dada “su importancia para la vida democrática y para el libre
intercambio de ideas”.
Y, como se verá más
adelante, la laxitud con la cual se juzgan las libertades de pensamiento y
opinión se refleja en la forma como se limita el derecho a la rectificación en
tanto “solo
cuando lo divulgado es una afirmación procede la rectificación, no en los supuestos
en que se trata de criterios u opiniones”.[72]
No
obstante, la flexibilidad de la garantía que tiene todo ciudadano de forjar su
propio pensamiento y opinión, así como de poderlos expresar, también está
sujeta a límites; por ejemplo, algunos tipos penales restringen la posibilidad
de exponer cierto tipo de pensamientos y opiniones como la apología al
genocidio[73],
las expresiones de odio y de discriminación[74].
18. En cuanto a la libertad de información,
a diferencia de los anteriores conceptos, tiene una vocación más extrínseca, en
tanto supone la expresión de ideas con asidero fáctico y objetivo. El
significado más primigenio de “informar” según la RAE es “enterar o dar noticia de algo”.
Este substrato conceptual conlleva, necesariamente, que de lo que se entera o
se dé noticia tenga connotaciones reales, fácticas u objetivas. Esta Corporación
la ha definido como: “la comunicación de informaciones, entendidas como datos que describen una
situación con sustento empírico, no constituyendo una mera opinión”.[75]
Esta libertad ostenta una mayor carga para quien la ejerce, porque al
tratarse de la expresión de hechos debe basarse en datos verificables. En la
sentencia T-022 de 2017[76]
se indicó que la información transmitida debe ser “veraz e imparcial y
respetuosa de los derechos de terceros particularmente al buen nombre, la honra
y la intimidad”.
De
acuerdo con esa comprensión, la Corte ha explicado que el principio de veracidad
supone que los enunciados fácticos puedan ser verificados razonablemente[77], es
decir, no exige que la información publicada sea irrefutablemente cierta, sino
un deber de diligencia razonable del emisor. De ese modo, el juez constitucional
deberá verificar si: “(i) se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las
fuentes consultadas; (ii) se actuó sin un ánimo expreso de presentar como
ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin la intención directa y maliciosa de
perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre de otras
personas”[78].
En consecuencia, se desconoce el principio de veracidad
cuando la información se sustenta en “rumores, invenciones o malas
intenciones”[79] o, cuando pese a ser cierta, se
presenta de tal manera que hace incurrir en error a su destinatario[80].
A su vez, el principio de imparcialidad “envuelve
una dimensión interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos
valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y la opinión”[81]. Si bien la Corte[82]
ha entendido que el Constituyente de 1991 no pretendió llegar al extremo de una
imparcialidad absoluta, este principio ciertamente exige establecer distancia
entre la noticia objetiva y la crítica personal, ya que el público tiene
derecho a formar libremente su opinión y “no recibir una versión unilateral,
acabada y ‘pre-valorada’ de los hechos que le impida deliberar y tomar
posiciones a partir de puntos de vista contrarios, expuestos objetivamente.”[83]
19. A
partir de lo anterior, se establece que entre las libertades de pensamiento y
de opinión existe una relación inescindible; sin embargo, ambos son perfectamente
diferenciables de la libertad de información, por cuanto las primeras tienen
una innegable carga de subjetividad, mientras que la segunda se fundamenta en
la presentación de hechos constatables, esto es, tiene una connotación objetiva. [84]
Sobre
ello este Tribunal ha reconocido[85]
que “mientras la libertad de
opinión, protege ‘la
transmisión de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de
quien se expresa’, la libertad de información ampara ‘la comunicación de versiones
sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas,
grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que
está ocurriendo’[86]”.
Posteriormente[87]
ratificó ese entendimiento en los siguientes términos: “la garantía a la libertad de expresión comprende dos
aspectos distintos, a saber: la libertad de información, orientada a proteger
la libre búsqueda, transmisión y recepción de información cierta e imparcial
sobre todo tipo de opiniones, incluyendo hechos e ideas. El segundo aspecto, es
aquel que hace referencia a la libertad de opinión, entendido como libertad de
expresión en sentido estricto, el cual implica básicamente la posibilidad de
poder difundir o divulgar, a través de cualquier medio de comunicación, las
propias ideas, opiniones y pensamiento.”
Ahora
bien, sobre la necesidad de distinguir entre las dos prerrogativas, desde sus
inicios[88],
la Corte afirmó que:
“La presentación indiferenciada de hechos y opiniones,
en cambio, puede entrañar inexactitud de la noticia y conducir a una posible
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.
(…)
La peculiar presentación de la información - mezcla de hechos y
opiniones - entraña inexactitud si al público en general no le es posible
distinguir entre lo realmente sucedido y las valoraciones o reacciones
emocionales que los hechos acaecidos suscitan en el intérprete y comunicador de
la información. Los actos de deformar, magnificar, minimizar, descontextualizar
o tergiversar un hecho pueden desembocar en la inexactitud de la información al
hacer que la apariencia sea tomada como realidad y la opinión como verdad,
ocasionando con ello un daño a los derechos fundamentales de un tercero.
La inexactitud de la información solamente tiene trascendencia
jurídica y da lugar a una rectificación si la presentación simultánea de hechos
y opiniones en una noticia tiene consecuencias desproporcionadamente lesivas
para la persona pública objeto de la información.”
Bajo
el entendido de que la libertad de expresión tiene un sentido genérico que
dificulta establecer la línea divisoria entre las opiniones y la información, esta
Corporación estableció que “corresponde al juez determinar, a partir de las
particularidades de cada caso y una apreciación objetiva del reportaje o relato
de la finalidad perseguida, de las
características del medio, así como de la forma en que es utilizado y
presentado a un auditorio, de qué clase de contenido se trata.” [89]
20. Ha
de precisarse que el pensamiento y la opinión al surgir de un proceso
intelectivo entre lo que se percibe y la elaboración mental que se haga al
respecto, proceso que es individual y subjetivo, también tiene un origen
fáctico[90].
Esta información empírica que constituye el sustrato del pensamiento y de la
opinión es primigenia y objetiva. Por su parte, la información como
ejercicio comunicativo, esto es, con la que se pretende introducir en el mundo
social un acontecimiento o un dato, al haber pasado por la elaboración mental e
intelectiva del comunicador no puede ser asumida como un resultado
absolutamente objetivo[91].
21. Así
se tiene que para distinguir entre un contenido informativo y una opinión debe
revisarse: (i) la finalidad; (ii) las características del medio; (iii) la forma
en la cual se utiliza y presenta a un auditorio, (iv) el contenido; (v) la
presentación gráfica de la sección; y (vi) la extensión, que en el
caso de las opiniones generalmente es corta y su tono es subjetivo, evidencia la
personalidad del autor, su estilo y lenguaje, suele incluir adjetivos ricos en
significado y connotación y juicios de valor[92],
mientras que la comunicación informativa utiliza un tono frío y descriptivo.[93]
22. Ahora
bien, esa distinción reviste importancia frente al derecho de rectificación
como contracara de la posibilidad que tienen los medios de exponer tanto hechos
como opiniones, en tanto, según lo expuesto en la citada sentencia T-693 de
2016:
“solo
las constataciones de hechos, no las valoraciones ni las apreciaciones, pueden
ser, desde el punto de vista lógico, verdaderas o falsas. Estas pueden ser
evaluadas sustantivamente, pero no tenidas como correspondiente o discordantes
con la realidad. Se trata de una razón ligada al uso del lenguaje que se hace
en cada caso: en un supuesto, de tipo descriptivo, en el otro, evaluativo.”
En ese orden, el comunicador debe distinguir entre opinión e
información, lo cual exige que sea “preciso y sincero” al efectuar su
exposición, de tal manera que el receptor pueda identificar cuáles afirmaciones
son hechos verificables y cuáles devienen de su valoración.[94]
De
este modo, en la sentencia SU-1721 de 2000 se sostuvo que se debe distinguir
entre la trasmisión de información fáctica y la transmisión de opiniones sobre
hechos. Así, la información sobre hechos está sujeta a los principios de
veracidad e imparcialidad, mientras que, en principio, la expresión de
opiniones no está sujeta a estos parámetros[95].
Lo anterior acarrea el deber de quien comunica de no inducir al público a error
sobre lo que constituyen circunstancias fácticas y lo que corresponde a juicios
de valor[96].
Además, ejercer la libertad de
información sobrelleva responsabilidades sociales, las cuales se hacen
extensivas a los particulares que se expresen a través de los diferentes
canales de difusión[97].
Por lo propio, existe un debido proceso comunicativo regido por los principios
de libertad, necesidad, veracidad e integridad[98],
cuyo objetivo radica en: (i) controlar la legalidad de los medios que se utilizan para obtener las
fuentes que inspiran la expresión del autor; y (ii) establecer límites en
cuanto a las consecuencias en los derechos de terceros, que se deriven de
revelar conceptos o creencias frente a situaciones reales[99].
23. En ese orden, la primera
característica común a estas libertades es que tienen sustento en la dignidad
humana que como derecho fundamental, y ante todo como
principio, se constituye en el cimiento fundamental del Estado constitucional
de derecho. La consideración de la persona como fin en sí misma y no como
instrumento o medio para algo, es quizá el fundamento esencial del orden
jurídico[100]. De allí que pueda concluirse que todo
el orden jurídico se sustenta en la idea fundacional de que las reglas solo son
legítimas si están destinadas a la garantía de los derechos de las personas, a
la creación de un orden justo y a la resolución pacífica de los conflictos[101].
La
libertad de expresión (entendido en sentido genérico) es un corolario
ineludible de la dignidad de la persona humana, pues, afirma su racionalidad y
sirve como vehículo de canalización de su saber, de su pensar, en fin, de su
existencia.[102] La censura que se impone al
ciudadano, para que no pueda libremente expresar sus ideas, arriesga la vida
del Estado constitucional[103].
24. De otro lado, en precedencia se estableció
como una nota diferenciadora entre estas libertades la flexibilización de los
juicios sobre las de pensamiento y opinión frente a la mayor rigurosidad
respecto de la información. No obstante, la libertad de expresión,
exteriorizada a partir de la divulgación del pensamiento, la opinión y la información,
aun cuando sus dos primeras manifestaciones tengan una mayor vocación de
amparo, no son prerrogativas absolutas, siendo este el rasgo que comparten.
La Corte IDH se ha referido a las eventualidades[104] que le imponen restricciones a los
derechos a la libertad de expresión (abarca el pensamiento y la opinión) e
información contenidas en el numeral 2 del artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y ha concluido que aquellas surgen con
posterioridad, esto es, no es posible imponer restricciones previas; deben
estar previstas legalmente; dirigirse a proteger los derechos de los demás, la
seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública; y deben ser
necesarias. Al efecto estableció:
“120.
Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un
derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo
señala el artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la
Convención Americana, en su artículo 13.2, prevé la posibilidad de establecer
restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la
aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este
derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo
estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y
convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder
determinar responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres
requisitos, a saber: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben
estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás,
o la protección de la seguridad nacional, el orden público  o la salud o moral
pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática.
121.  Respecto
de estos requisitos la Corte señaló que:
la “necesidad”
y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión
fundadas sobre el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que
estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre
varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja
en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente que
se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno; para
que sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse
según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente
sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13
garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado
en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcionada al interés
que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo[105].”
Entonces, justamente, porque los derechos son resultado de la
racionalidad ética del individuo, concebirles de manera absoluta, sin límites,
es condenarles a su fracaso. De suerte que en la teoría de los derechos
fundamentales es tan importante el estudio de la dimensión y alcance de los
derechos como el de sus restricciones[106].
Desde los albores de la interpretación
de los derechos, esta Corporación[107]
ha señalado que: “es un contrasentido jurídico pretender
que un derecho -cualquiera que sea su importancia- sea absoluto, porque, por lo
menos, todo derecho llega hasta donde comienzan los derechos ajenos. La
convivencia limita, per se, los derechos, las facultades y las libertades individuales, con
base en el orden público y el bien común. Además, no hay que olvidar que todo
derecho tiene un deber correlativo. Así las cosas, se evidencia que el derecho
de un individuo está limitado por los derechos de los otros asociados, por el
orden público, por el bien común y por el deber correlativo”.
Explicó este Tribunal que “no hay que considerar la limitación
de un derecho como una mengua de la libertad humana, sino como una garantía de
la misma. En efecto, cuando se limita un bien, una pretensión o un interés, con
ello se garantiza también que las expectativas jurídicas de los demás no pueden
sobrepasar la esfera jurídica propia, porque así como se limitan los derechos
propios, igualmente se limitan los de los demás.”
Posteriormente, la
Corte recalcó[108] que “si el sistema constitucional estuviese compuesto por derechos
ilimitados sería necesario admitir (1) que se trata de derechos que no se
oponen entre sí, pues de otra manera sería imposible predicar que todos ellos
gozan de jerarquía superior o de supremacía en relación con los otros; (2) que
todos los poderes del Estado, deben garantizar el alcance pleno de cada uno de
los derechos, en cuyo caso, lo único que podría hacer el poder legislativo,
sería reproducir en una norma legal la disposición constitucional que consagra
el derecho fundamental, para insertarlo de manera explícita en el sistema de
derecho legislado.”
La jurisprudencia constitucional, entonces, definió que “el
sistema constitucional se compone de una serie de derechos fundamentales que se
confrontan entre sí (…)” y señaló como ejemplos:
“el derecho a la libertad de expresión (C.P. art. 20) se encuentra limitado
por el derecho a la honra (C.P. art. 21),  al buen nombre y a la intimidad
(C.P. art. 15) y viceversa ; el derecho de asociación sindical no se
extiende a los miembros de la fuerza pública (C.P. art. 39); el derecho de
huelga se restringe en nombre de los derechos de los usuarios de los servicios
públicos esenciales (C.P. art. 56); el derecho de petición esta limitado
por la reserva de ciertos documentos para proteger intereses
constitucionalmente valiosos (C.P. art. 23 y 74) ; el derecho al libre
desarrollo de la personalidad se encuentra limitado por “los derechos de los
demás y el orden jurídico” (C.P. art. 16), etc..”[109]
25. Así, para la Corte en cada caso se valorará que las
manifestaciones (i) no tengan restricciones legales necesarias, verbigracia, la
difusión de pensamientos u opiniones que promuevan el odio, el abuso de menores
o la discriminación,  dada la preponderancia de los bienes que se ponen en
riesgo; (ii) no sean vejatorias de la reputación de los demás; y (iii) sean
potencialmente verificables.
En conclusión, la libertad de
expresión comprensiva de la garantía de manifestar o recibir pensamientos,
opiniones, así como de informar y ser informado veraz e imparcialmente, son derechos
fundamentales y pilares de la sociedad democrática que goza de una amplia
protección jurídica; sin embargo, supone responsabilidades y obligaciones para
su titular, los cuales varían en función del
tipo de discurso, el ámbito en que se desenvuelve y los medios utilizados para
hacerlo[110]. En ese orden, no es un derecho irrestricto o ilimitado, por lo
que no puede ser entendido como herramienta para vulnerar los derechos de otros
miembros de la comunidad, especialmente cuando se trata de los derechos a la honra y al buen
nombre.
Los derechos a la honra y el buen
nombre. Reiteración de jurisprudencia
26.
El artículo 2º de la Constitución establece como un deber del Estado la
garantía de protección de todos los residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades; asimismo, el artículo 21
consagra la honra como un derecho fundamental.
27.
Desde temprano, la Corte se ha referido a la honra como la estimación o
deferencia con que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la
colectividad en razón a su dignidad humana. Veamos:
“Es por
consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no
menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente
a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las
personas dentro de la colectividad.”[111]
Dado
su alcance, este derecho resulta vulnerado cuando se expresan opiniones que
producen daño moral tangible a su titular[112],
puesto que “no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio
puede ser considerada como imputación deshonrosa’, puesto que para ser
visualizadas como tales, las afirmaciones que se expresen deben tener la
virtualidad de ‘generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad
no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al
ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica
pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del
margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho”[113].
28.
Por su parte, el artículo 15 de la Carta Política establece que “todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas.”
El
buen nombre ha sido entendido como la reputación o la imagen
que de una persona tienen los demás miembros de la comunidad[114] y,
además, constituye el derecho a que no se presenten expresiones ofensivas,
oprobiosas, denigrantes, falsas o tendenciosas que generen detrimento de
su buen crédito o la pérdida del respeto de su imagen personal. La
Corte ha explicado que el derecho a la honra guarda una relación de
interdependencia material con el derecho al buen nombre de manera que la
afectación de uno de ellos, generalmente, concibe la vulneración del otro.[115]
29.
De otro lado, en la sentencia C-489 de 2002[116] la Corte advirtió una distinción entre estas
dos prerrogativas, ya que mientras la honra se afecta tanto por la
información errónea como por opiniones tendenciosas respecto de la persona o su
conducta privada; el
buen nombre se vulnera esencialmente por la emisión de información falsa o errónea
que genera distorsión del concepto público del sujeto.
30.
Ahora bien, instrumentos internacionales también se han ocupado de establecer
como reglas para los Estados el respeto de dichas prerrogativas. El artículo 12
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
tales injerencias o ataques.”
El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 17 señala
que: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a
su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o esos ataques.”
La
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”,
dispone en el artículo 11 que: “1. Toda persona tiene derecho al respeto de
su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.”
31.
También se ha considerado que los dos derechos guardan una estrecha relación
con el principio de la dignidad humana y que el ataque a los mencionados derechos
engendra la vulneración de este[117]:
“Tratándose de la honra, la relación con la dignidad
humana es estrecha, en la medida en que involucra tanto la consideración de la
persona (en su valor propio), como la valoración de las conductas más íntimas
(no cubiertas por la intimidad personal y familiar). El buen nombre, por
su parte, también tiene una cercana relación con la dignidad humana, en la
medida en que, al referirse a la reputación, protege a la persona contra
ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la persona en el ámbito
público o colectivo.”
Adicionalmente,
esta Corporación ha desarrollado la dignidad
humana desde tres dimensiones: (i) el derecho a vivir como se quiera, que
consiste en la posibilidad de desarrollar un plan de vida de acuerdo con la
propia voluntad del individuo; (ii) el derecho a vivir bien, que comprende el
contar con unas condiciones mínimas de existencia y (iii) el derecho a vivir
sin humillaciones, que se identifica con las limitaciones
del poder de los demás[118]. En esta última dimensión se
enmarcan la honra y el buen nombre de las personas.
Así
las cosas, el análisis de la vulneración de tales derechos le exige al juez de
tutela tener en cuenta que cuando una persona ha sido destinataria de la
divulgación de hechos falsos, tergiversados o tendenciosos, el
restablecimiento y protección del derecho lleva implícita la reivindicación de
su dignidad humana[119].
32. De acuerdo
con lo anterior, la honra y el buen nombre son
expresiones de la dignidad humana y aunque surgen de las aspiraciones más
íntimas del individuo, su actualización en el mundo de los derechos depende de
la deferencia, esto es, del respeto de las demás personas[120];
en tal virtud, las expresiones ajenas son, por excelencia, fuente de respeto o
de afrenta a la honra.
33.
Por su parte, la libertad de expresión (pensamiento y opinión) y de información
tiene restricciones legales basadas en la necesidad de preservar los
derechos o la reputación de los demás y en la prevalencia de los derechos de
los menores y el respeto de valores, principios y derechos como la igualdad, la
dignidad y la vida de las personas.
34. De acuerdo
con lo anterior se deducen dos premisas: (i) las libertades de expresión del
pensamiento y la opinión y de información, a pesar de su prevalencia, tienen
límites; y (ii) los derechos a la honra y al buen nombre tienen como principal
contracara las manifestaciones ajenas. Estas dos condiciones generan una de las
colisiones más comunes en el universo jurídico.
35. En
esa media, el juez constitucional, a fin de resolver las tensiones entre los
derechos a la honra y al buen nombre con el derecho a la libertad de
información, deberá evaluar si la comunicación es “(i)
relevante
desde la perspectiva del interés público; (ii) si la misma es veraz; (iii) si
responde a una presentación objetiva; (iv) si aquella es oportuna.”[121]
De
otro lado, frente a la vulneración de los derechos a la honra y al buen nombre,
la Constitución previó el derecho a la rectificación como un mecanismo menos
intimidatorio que la sanción penal, el cual garantiza que la información, en
caso de ser violatoria de derechos, sea corregida o aclarada[122].
36. En
suma, respecto de la libertad de informar y ser informado se debe activar la
protección constitucional de los derechos a la honra y al buen nombre, cuando
se divulguen públicamente hechos falsos, erróneos, tergiversados y tendenciosos
que afecten el prestigio o imagen ante la sociedad. Asimismo, para evaluar la
concurrencia de la posible afectación, se debe analizar si la información
carece de los principios de veracidad e imparcialidad.
37.
De otro lado, cuando la tensión surge entre los derechos a la honra y al buen
nombre, y la libertad de pensamiento y de opinión, la solución es diferente
dado que estas libertades gozan de una mayor laxitud, sobre todo cuando se
ejercen en contextos políticos, ya que de acuerdo con los parámetros citados,
la carga subjetiva que le da contenido al pensamiento y a la opinión representa
un importante obstáculo a la hora de efectuar reproches ulteriores a su
expresión.
En la
sentencia T-015 de 2015 se estableció que la “distinción entre la información sobre hechos y su valoración
no sólo ha sido empleada para distinguir el ámbito protegido por las libertades
de información y opinión, respectivamente, sino también para circunscribir el
alcance del derecho
a la rectificación, que procede respecto de informaciones inexactas o
erróneas, más no respecto de las opiniones, las cuales pueden ser
controvertidas a través del ejercicio de la réplica[123]”.
De otro lado, la sentencia T-050 de 2016
estableció que el insulto, las expresiones insidiosas, las vejaciones, las “formalmente injuriosas e innecesarias para el mensaje que se desea
divulgar, en las que simplemente su emisor exterioriza su personal menosprecio
o animosidad respecto del ofendido[124]”
tienen la vocación de menoscabar los
derechos a la honra y al buen nombre, luego, este tipo de manifestaciones en
manera alguna se encuentran bajo los límites de las libertades de expresión que
son susceptibles de protección y prevalencia.
Ahora bien, sobre la intención dañina, desproporcionada o insultante de la expresión, también
se precisó que no se define a partir de la valoración subjetiva que haga el
afectado, sino de un análisis objetivo y neutral[125]
de la información. Más recientemente, en la sentencia SU-396 de 2017 se reafirmó
que “esta
libertad ampara la crítica, que puede tener un tono fuerte con el fin de
alterar a la opinión pública, pero no protege el ataque a la honra de las personas,
pues se estima que las afirmaciones vejatorias del honor ajeno no tienen
justificación.”
38. Así las cosas, cuando surgen tensiones entre la libertad
de pensamiento, opinión e información y de otra parte los derechos a la honra y
al buen nombre, el juez constitucional deberá identificar cuál de las
libertades se está ejerciendo, pues en el caso de la información se exige una
mayor carga de veracidad, imparcialidad e importancia pública, mientras que si
se trata del pensamiento o la opinión deberá descartar que sean expresiones desprovistas
de algún rudimento fáctico, vejatorias o insidiosas.
39. Ahora bien, teniendo en cuenta los diversos contextos en
los cuales se pueden ejercer las libertades de expresión, así como el
vertiginoso avance de las nuevas tecnologías de la información, es necesario
efectuar algunas reflexiones respecto del alcance de aquellas bajo tales
circunstancias.
Las
libertades de expresión y de información en asuntos de interés público
40. Al
abordarse la naturaleza del derecho a la libertad de expresión y de información
se señaló la superlativa importancia que tiene en un Estado constitucional,
democrático, pluralista y participativo, cuyo éxito depende del intercambio de
conocimientos, la formación del criterio individual de las personas y la constante
evaluación y crítica de carácter político[126]:
“Pero
es sin duda, el estrecho vínculo entre libertad de expresión y democracia, el
argumento que con mayor fuerza y frecuencia se esgrime para justificar la
especial protección que se otorga a este derecho en el constitucionalismo
contemporáneo[127].
(…)
si bien todo ejercicio comunicativo, cualquiera
sea su contenido, valor y forma de expresión, está prima facie amparado
por la libertad de expresión, se ha reconocido que ciertos discursos son
merecedores de especial protección constitucional, debido a su importancia para
promover la participación ciudadana, el debate y el control de los asuntos
públicos.  En este sentido, en la sentencia T-391 de 2007, la Corte
destacó que las manifestaciones de la libertad de expresión que se refieren a
temas políticos, los discursos que debaten sobre asuntos de interés público,
así como aquellos que constituyen un ejercicio directo e inmediato de otros
derechos fundamentales gozan de un mayor grado de protección constitucional.” (Resaltado
fuera del texto original).
Debe
resaltarse que estas consideraciones coinciden con algunas reflexiones
expuestas por la Corte IDH en los casos citados[128],
según las cuales debe existir mayor laxitud en el debate sobre asuntos de
interés público y en las expresiones respecto de las personas que ejercen
funciones públicas, pues de esa manera se previenen los sistemas de gobierno
autoritarios:
“127. El control democrático, por parte de la
sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las
actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre
su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a
cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de
interés público[129].
(Resaltado
fuera del texto original).
128.  En
este contexto es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a
funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una
naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la
Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de
interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema
verdaderamente democrático. Esto no significa, de modo alguno, que el
honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser
jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los
principios del pluralismo democrático.
129.  Es así que el acento de este umbral diferente
de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter de
interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona
determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se
han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y,
consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que
sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la
esfera del debate público.”[130]
“141.
La
Corte ha enfatizado que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de
interés público, ´es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática’. Sin una efectiva garantía de la libertad
de expresión se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el
pluralismo y la tolerancia; los mecanismos de
control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en
definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios[131].”
Ahora bien, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos[132],
en publicación denominada “Marco
jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión” afirmó:
“la jurisprudencia interamericana ha definido la
libertad de expresión como, “el derecho del individuo y de toda la comunidad a
participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los
aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad”[133]; ha enfatizado que la libertad de
expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción; y ha
señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto la
emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública,
como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a
los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la
población.”
Entonces,
para la Corte, sin ninguna duda, un aliento para el fortalecimiento de la
democracia es la libertad que tienen los ciudadanos y quienes estos han
decidido que los representen, para examinar y criticar el trabajo de los
servidores públicos[134].
Esta libertad es, a su vez, el motor que dinamiza el progreso y el avance,
tanto de la sociedad misma como de las formas para gobernarla particularmente
como ejercicio de control político.
41. En
este contexto, surge la figura del discurso político sobre los cuales la
sentencia T-546 de 2016 explicó que “comprende tanto aquellos de
contenido electoral como toda expresión relacionada con el gobierno y, con
mayor razón, las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos. (…)
para calificar un asunto como uno de valor público debe examinarse que el
contenido de la información sea de interés público, real, serio y actual de
conformidad con la trascendencia e impacto en la sociedad”. (Resaltado
fuera del texto original).
En
esa misma oportunidad se agregó que el discurso respecto de funcionarios o
personajes públicos se dirige “a quienes por razón de sus cargos,
actividades y desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con
notoriedad pública e inevitablemente han aceptado el riesgo de ser afectados
por críticas, opiniones o revelaciones adversas, en razón a que buena parte del
interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral.[135]
Además, su mayor exposición en el escenario público fomenta la transparencia de
las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios
sobre su gestión.[136]
En estos eventos, ha dicho la Corte Constitucional, el derecho a informar se torna
más amplio[137].  (El
subrayado es del texto original, no así las negrillas).
De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional[138],
se entiende que los funcionarios del Estado “voluntariamente se sometieron
al escrutinio de su vida pública y de aquellos aspectos de su fuero privado
sobre los cuales le asiste a la ciudadanía un legítimo derecho a conocer y
debatir, por estar referidos: “(i) a las funciones que esa persona ejecuta;
(ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la
vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a
las que se confía el manejo de lo público; (iv) a la competencia y capacidades
requeridas para ejercer sus funciones[139]”.[140]
En
ese orden, ha concluido la Corte, “esta
perspectiva implica que la información y la opinión sobre ellos y sus
actuaciones son relevantes desde el punto de vista de la sociedad en general,
que está interesada en conocer y escuchar opiniones sobre personajes ubicados
en el centro de atención de la comunidad. La importancia de la opinión acerca
de estos personajes es especialmente valorada desde el escenario
constitucional, pues los derechos a la información y a la libertad de expresión
cobran especial relevancia para la formación de una opinión pública informada y
en capacidad de discernir libremente sobre los asuntos de su interés.”[141]
Sin
embargo, no toda manifestación está amparada por el discurso político y, en consecuencia,
los personajes públicos “tienen unas garantías a la privacidad, al
honor, a la honra flexibilizadas[142].
Incluso se ha hablado de el ‘derecho a la crítica como método profiláctico
social  y, por ello, deseable’[143],
pero también no se pone en tela de juicio que siendo posible que el cargo
público pueda ser blanco de las críticas, ellas jamás podrán extrapolarse o ‘centrarse
en la persona que lo ostenta’.”[144]”[145]
42.
Así las cosas, el debate político es un escenario que dota a la libertad de
expresión de una protección amplia dada su relevancia de cara al
fortalecimiento de la democracia, el pluralismo y la preservación de intereses
públicos; sin embargo, subsisten límites dados por los derechos del individuo
político[146].
Estos
presupuestos exigen que el operador jurídico, al valorar si la persona que
cumple un papel político ha sufrido el menoscabo de sus derechos fundamentales,
descarte que las afirmaciones sean formalmente insultantes, vejatorias, innecesarias
y desproporcionadas.
De
esta manera, el servidor público deberá mantener su honra y buen nombre a salvo
de cuestionamientos que no tengan ninguna relación con el ejercicio de sus
labores públicas o que se formulen en términos vejatorios[147]. En
tal virtud, aun cuando las expresiones tengan sustento en actuaciones o
circunstancias privadas del funcionario, si se relación con el ejercicio de su
encargo, siempre que en aquellas no se incluyan expresiones soeces o
despreciativas, deberán  admitirse en aras de proveer de mejor información,
controversia y criterio a la opinión pública.
43. De
otro lado, con ocasión del desarrollo de las tecnologías, la interacción social
ha sufrido una vertiginosa transformación en cuanto a las formas de
comunicación de las ideas, los criterios y la información. Así, en la
actualidad, tanto los medios masivos de comunicación, como los portales del
conocimiento, las personas jurídicas públicas o privadas y las naturales no
optan por la distribución escrita de las publicaciones, sino que acuden al
universo ágil e inmediato que es la Internet.
En la
actualidad, la ciencia, la publicidad y el debate político son difundidos a
través de los canales informáticos, lo cual, por supuesto, acarrea que el Derecho
deba avanzar a fin de responder a las necesidades que surgen de la divulgación
inmediata, masiva y, en muchas ocasiones, incontrolada de actos comunicativos. Al
respecto hubo la Corte[148]
de extender los derroteros explicados anteriormente al contexto de las redes
sociales e informáticas:
“(…) el alcance de la libertad de expresión en internet definido
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Al respecto, en la sentencia
T-550 de 2012, con fundamento en la Declaración Conjunta sobre la Libertad de
Expresión en Internet[149], la Corte concluyó que ‘la
libertad de expresión se aplica en Internet del mismo modo que en otros medios
de comunicación, concluyéndose que las redes sociales no pueden garantizar
un lugar para la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la
descalificación’ [150] (estas subrayas son del texto
original).
61.            El reconocimiento del alcance y la
eficacia de la libertad de expresión en internet en términos análogos al que
este principio tiene en relación con los otros medios de comunicación no solo
es razonable sino necesario. En este sentido, en la sentencia T-634 de 2013, la Corte
reconoció que ‘de manera concomitante al aumento de posibilidades para
compartir, comunicar y entretener, las redes sociales generan también riesgos
para los derechos fundamentales a la intimidad, protección de datos, honor,
honra, imagen y buen nombre, entre otros.’[151]
62.            En tales términos, la Corte
Constitucional ha reconocido que la libertad de expresión se aplica de la misma
manera y tiene igual eficacia y alcance en internet y en redes sociales que la
que tiene en relación con los otros medios de comunicación convencionales.
En esta medida, siempre que, en la emisión o publicación de información en
estos medios se desconozcan los límites de veracidad e imparcialidad, procede
la rectificación en condiciones de equidad. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-145 de 2016, identificó dos reglas generales
y cinco sub reglas aplicables a la rectificación en condiciones de equidad en
redes sociales”. (Este resaltado no es del texto original).
Estos
presupuestos dejan claro que las expresiones realizadas en la Internet, contexto
del cual hacen parte las redes sociales, tienen los mismos efectos concebidos
para el resto de escenarios. En ese orden, no solo se conservan las mismas
características que favorecen la libertad de expresión en cualquiera de sus variantes
(pensamiento, opinión e información), sino también sus limitaciones.
44. Asimismo,
para la Sala, siendo las redes sociales una extensión del ámbito personal,
laboral y profesional de los ciudadanos, de acuerdo con la calidad con la cual
en ellas se actúe, las actividades que allí se realicen tendrán un matiz
específico. En ese orden, si se trata de un medio de comunicación, este tendrá
las mismas responsabilidades, aun cuando las publicaciones se consignen en la
red.
De hecho, la
jurisprudencia ha reconocido que esta forma de divulgación del pensamiento, la
opinión y la información “genera una situación de inferioridad que se enmarca en la
hipótesis de un estado de indefensión’[152]. Esta indefensión del afectado con la
información publicada se explica, según la jurisprudencia, debido a que el
emisor del mensaje es quien controla la forma, el tiempo y la manera como se
divulga el mensaje, por cuanto ‘tiene el poder de acceso y el manejo de la página’[153] mediante la cual se canalizan y publican
los contenidos.”[154]
(Resaltado fuera del texto original)
45. Teniendo
presente que las redes sociales son plataformas interactivas en las cuales los
individuos exponen no solo su vida privada, sino también su vida profesional o
su carrera política, las expresiones que en ellas se hagan deberán ser
valoradas de acuerdo con las reglas relacionadas. Esto es, si se trata de una
información, el espectro de protección está sujeto a la veracidad razonable de
lo que se da a conocer; si se trata de una opinión gozará de una salvaguarda
mayor, pero se somete al uso de un lenguaje respetuoso de la honra y el buen
nombre de los demás. Ahora bien, si se refieren a temas de interés público, el
amparo será, como se dejó visto, más amplio dada la importancia de estos
asuntos para la colectividad y la mayor carga soportable de los personajes
públicos, siempre que se respeten los límites señalados[155].
La Exceptio
Veritatis liberadora de responsabilidad, en conductas que afectan los
derechos a la honra o al buen nombre
46. El artículo 224 de la Ley 599 de
2000[156], señala
que “[n]o será responsable de las conductas descritas en los artículos
anteriores [injuria y calumnia][157],
quien probare la veracidad de las imputaciones. (…)”. Este precepto
establece la prueba de la verdad, llamada desde el derecho romano exceptio
veritatis, como eximente de responsabilidad penal cuando
la persona acusada de los delitos de calumnia o injuria demuestra la verdad de
sus afirmaciones.
En nuestro ordenamiento jurídico la
prueba de la verdad ha tenido diversos tratamientos. Así, desde el Código Penal
del año 1890[158], se
determinó que el “culpable de calumnia quedaría exento de pena al probar el
hecho criminal afirmado”; no obstante, frente al delito de injuria como
regla general no se admitía prueba de la certeza de las afirmaciones injuriosas[159], con excepción de aquellos
casos en los que la censura se relacionaba con delitos cometidos “por
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, o con relación a
ellas”; cuando se trataba de “delitos cometidos por cualquiera contra la
causa pública”[160] o
en los casos en que la ley concedía acción popular.
El Código Penal de 1936[161], también permitía la prueba de la
verdad como eximente de responsabilidad del delito de calumnia; sin embargo,
respecto de la injuria no establecía o negaba expresamente la excepción de
verdad; más tarde, en el año 1944, con la denominada “Ley de Prensa”[162], se determinó, sin lugar a dudas,
la inadmisibilidad de la prueba de la verdad en la injuria, quedando en
consecuencia vedada la posibilidad de probar la veracidad o realidad de las
afirmaciones como medio para liberar la responsabilidad penal frente a este
último delito.
Posteriormente, el Decreto 3000 de 1954[163] también instituyó
la exceptio veritatis, pero la restringió a los siguientes casos:
“(…) Sin embargo, en ningún proceso por calumnia
o injuria se admitirá la prueba:
1. Sobre la imputación de cualquier hecho punible
que hubiere sido materia de absolución o sobreseimiento definitivos en Colombia
o en el Extranjero;
2. Sobre la existencia de hechos que se refieran
a la vida conyugal o de familia, o a un delito contra las buenas costumbres
cuya investigación dependa de la iniciativa privada, o a un delito contra la
libertad y el honor sexuales o, en general, cuando aluda a la vida privada de
las personas.”[164]
De manera análoga, el Decreto Ley 100
de 1980[165] acogió
la exceptio veritatis y la excluyó bajo los mismos supuestos,
pero adicionó a la primera de las hipótesis restrictivas la prueba sobre la
imputación del hecho punible que hubiese sido objeto de cesación del
procedimiento y, en la segunda, se actualizó el bien jurídico tutelado en los
delitos sexuales, es decir, la libertad y pudor sexuales.
Por último, el texto primigenio de
nuestro actual Código Penal[166]
conservó las dos excepciones a la eximente de responsabilidad en la injuria y
calumnia, con algunas variaciones:
“Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba:
1. Sobre la imputación de cualquier conducta
punible que hubiere sido objeto de sentencia absolutoria, preclusión de la
investigación o cesación de procedimiento o sus equivalentes, excepto si se
tratare de prescripción de la acción;
2. Sobre la imputación de conductas que se
refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o a sujeto pasivo de
un delito contra la libertad y la formación sexuales.”[167]
No obstante, mediante la sentencia
C-417 de 2009, la Corte declaró la inexequibilidad del numeral 1º de la disposición
en cita al considerar que constituía una medida
excesiva, que para proteger los derechos a la honra y al buen nombre se limitara
radicalmente las libertades de expresión e información. Así, concluyó que la
norma no era necesaria ni estrictamente proporcional y, por consiguiente, fue
excluida del ordenamiento jurídico.
47. Como se señaló en el acápite
pertinente, la Constitución[168]
garantiza la libertad de dar y recibir información veraz e imparcial; de
ahí que no pueda considerarse que la exceptio veritatis, que supone la
exigencia de expresar información con la prueba de la veracidad de las
afirmaciones, sea una figura exclusiva del proceso penal, sino que también debe
aplicarse en el amparo constitucional cuando se afecten los derechos a la honra
y al buen nombre. [169]
No obstante, es preciso advertir que
mientras que la exceptio veritatis o excepción de verdad en la esfera
penal requiere de una prueba irrefutable de que la información es cierta, para
el caso de la acción de tutela solo es menester demostrar que se obró con la
suficiente diligencia al realizar un esfuerzo serio para constatar las fuentes
consultadas[170] y que
se cuenta con un mínimo soporte fáctico. [171]
48. Ahora
bien, la Corte estima que las anteriores premisas se extienden a la libertad de
pensamiento y opinión con sujeción a las diferencias que presenta con la
libertad de información. En un principio la jurisprudencia había considerado que[172]:
“(…) el ‘derecho
a la rectificación en condiciones de equidad’, el cual sólo es predicable de
las informaciones, más no de los pensamientos y opiniones que, según el uso
que de ellos se haga, pueden dar lugar a la reparación de daños causados y a la
consecuente responsabilidad conforme a las leyes civiles y/o penales, mientras
que,  se insiste, es un imposible material pedir que se rectifique un
pensamiento u opinión, porque sólo es posible rectificar lo falso o parcial,
más no las apreciaciones subjetivas que sobre los hechos permitan la
manifestación de pensamientos y opiniones.” (Resaltado fuera del texto original).
De lo anterior se
deducía como regla la posibilidad de expresar opiniones sin límites adicionales
a la eventual responsabilidad en el derecho de daños con repercusiones en el
derecho civil y penal. Sin embargo, posteriormente[173] se introdujo como
premisa una cierta limitación basada en la exigencia de diferenciar entre
hechos y opiniones imponiéndose a los medios el deber de expresar la opinión “de manera responsable y profesional, sin dar lugar a
interpretaciones equívocas, pues están de por medio la honra y buen nombre de
las personas respecto de quienes se opina, asi (sic) como el derecho del público
a recibir información veraz e imparcial.”[174]
Además de esa
limitación, también se introdujo como premisa que a pesar de las exigencias de
veracidad e imparcialidad son más flexibles “cuando
se transmiten al público pensamientos y opiniones, (…) éstos (sic) deben
fundamentarse sobre hechos ciertos”.[175]
Esta regla supone,
entonces, que si bien el pensamiento y la opinión no tienen una carga tan
exigente como la información, pues el esfuerzo por verificar lo que se expone y
presentarlo de manera esencialmente objetiva e imparcial se flexibiliza, en
todo caso, al expresarse deben estar inspirados en situaciones fácticas
constatables de tal manera que se evidencie que su finalidad es presentar la
visión personal que se tiene respecto de situaciones fácticas reales.
50. De otro lado, el
lenguaje tiene una participación de superlativa importancia a la hora de
definir la animosidad de las afirmaciones que generan tensión entre las
libertades de pensamiento, opinión e información y los derechos a la honra y al
buen nombre. Lo anterior, por cuanto el uso coloquial o emotivo del lenguaje
aunque está permitido para exponer las ideas o las informaciones, en todo caso,
está sometido a la presentación imparcial de los hechos y no podrá incitar al
odio o la violencia. Sobre ello se ha establecido que[176]:
“5.3.
(…). Así, la responsabilidad del medio de comunicación o del informador
en la utilización del lenguaje consiste en no confundir al informado evitando
utilizar términos que distorsionen la realidad pero dicha obligación no puede
llegar hasta el punto de exigirle emplear con exactitud el lenguaje específico
de cierta disciplina correspondiente al tema de la noticia[177].
5.4. La utilización de expresiones coloquiales también ha sido
admitida sin mayores restricciones en la jurisprudencia, (…) ‘Cuando un
periodista opta por utilizar lenguaje coloquial como un refrán o un dicho,
elige un medio que en sí mismo no está prohibido sino permitido, más aun cuando
este tipo de lenguaje sirve con gran idoneidad para comunicar dada su amplia
difusión en la respectiva cultura –que no es el caso del lenguaje técnico–.
Solo la apreciación de otros elementos del caso, por ejemplo las insinuaciones,
las comparaciones o la intencionalidad del periodista podrían, unidas al uso
del lenguaje coloquial, permitir establecer si la información trasmitida estaba
sesgada y no respetaba los parámetros de veracidad e imparcialidad establecidos
como límites a la libertad de prensa en la Constitución’.
5.5. En otros contextos diferentes al informativo, la Corte ha
indicado que el lenguaje puede emplearse para uso descriptivo cuando se trata
de describir el mundo; expresivo cuando pretende expresar sentimientos o
emociones; y directivo si tiene como fin evitar la realización de ciertas
acciones. En la sentencia C-1088 de 2004, esta Corporación consideró que en
ocasiones las diferentes funciones del lenguaje confluyen y que pueden existir
palabras que tengan un significado literal y emotivo a la vez. En este sentido
se ha reconocido que el lenguaje puede tener cargas valorativas y tiene una
multiplicidad de usos que contribuyen a construir la realidad social y a
construir y deconstruir espacios de convivencia. La jurisprudencia ha
considerado que el lenguaje configura las relaciones sociales y que la realidad
se ve fuertemente influenciada por el mismo[178].
La Constitución Política no prohíbe
el empleo de lenguaje fuertemente emotivo para expresar opiniones e ideas
siempre que se respeten los derechos ajenos[179] sin
embargo, la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que ‘bajo el
pretexto de ejercer su libertad de informar y de opinar, los comunicadores no
pueden promover la discriminación y la violencia’[180].” (Resaltado fuera del texto original).
La Corte estima que
siendo el lenguaje el vehículo de los pensamientos, la opinión y la
información, la base de la construcción de tradiciones, culturas e ideologías,
exige especial tratamiento; no es una herramienta que pueda usarse de modo
arbitrario, en tanto está limitado por los derechos de los demás y la necesidad
de avanzar en el cumplimiento de objetivos superiores como la convivencia pacífica
y la igualdad.
Esta necesidad
permea todos los factores que determinan la estructura de la sociedad
incluyendo, principalmente, el ordenamiento jurídico, “en ese sentido, el uso de un lenguaje
denigrante, discriminatorio o insultante, tiende a legitimar e incluso
constituir prácticas sociales o representaciones simbólicas inconstitucionales.
Un lenguaje respetuoso de los valores y principios constitucionales, sin embargo,
tiende a poner en evidencia esas prácticas reprochables y a constituir -al
menos simbólicamente- un sujeto dignificado”.[181]
Los términos que se
usen para ejercer cualquier acto comunicativo deben ser sopesados a fin de
garantizar que lo expresado se mantenga en los límites del respeto, que se
adapte al contexto específico en el cual se expone, en tanto “el lenguaje no pretende ser sólo un espejo de la realidad,
sino además un “sistema
de reglas” compartidas por los hablantes, que nos permite interactuar y
comprendernos mutuamente. De allí que utilizar un lenguaje sea “actuar conforme a una forma de
vida, asumir un modo de vivir en la sociedad”.[182]
Emplear un determinado lenguaje es estar de acuerdo con un conjunto de patrones
de conducta socialmente preestablecidos.”[183]
Ahora bien, en el
ejercicio de las libertades de expresión y de información, esta herramienta –el
lenguaje-, dado el poder configurativo que tiene debe ser lo suficientemente
claro para precisarle al destinatario la intención (crítica o informativa) del
comunicador.
54. En suma, aunque
el ejercicio de las libertades comunicativas tiene prevalencia sobre el
ejercicio de otro tipo de prerrogativas fundamentales en atención a la
inherencia que tienen respecto de la condición humana y la importancia de cara
al enriquecimiento de las relaciones sociales y políticas, también encuentra
preclaras limitaciones en los derechos de los demás y la necesidad de asegurar
una comunicación social asertiva, basada en una vocación real de veracidad e
imparcialidad, y creada a partir de un lenguaje coherente con el respeto de los
valores superiores de una sociedad participativa, plural y pacífica.
V. CASO CONCRETO
1. Como se expuso en los antecedentes de
esta providencia, el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, le
atribuye al Concejal de dicha ciudad, Manuel Sarmiento Argüello, la vulneración
de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, como consecuencia de
haber afirmado en sesión del Concejo Distrital y en su cuenta de Twitter
que, con anterioridad al ejercicio del cargo actual, promovió y vendió
alrededor del mundo buses tipo Transmilenio. Las expresiones que la parte
accionante cuestiona fueron las siguientes:
“En
primer lugar, este es un proyecto que se enmarca dentro de la idea absurda y el
error histórico del Alcalde Peñalosa, de hacer que el Transmilenio sea la
columna vertebral del sistema masivo de transporte de Bogotá. Y esa idea
fracasó, la realidad nos demuestra que fracasó. Y a pesar de ello el alcalde
Peñalosa insiste en esta idea tan absurda, cuando está demostrado que la
columna vertebral del sistema de movilidad en Bogotá no debe ser Transmilenio
sino que debe ser una red de metro. Pero el alcalde Peñalosa insiste en eso y
recordemos es un alcalde que en los últimos diez años trabajó para una
organización que se llama el ITDP, donde ganó alrededor de 430.000 dólares por
promover y vender los sistemas tipo transmilenio por todo el mundo”.
Palabras que fueron expresadas en sesión
del concejo distrital celebrada el 4 de octubre de 2017 durante el debate del
proyecto de acuerdo “por el cual se autoriza un cupo de endeudamiento para la
Administración Central y los Establecimientos Públicos del Distrito Capital y
se dictan otras disposiciones” las que fueron reproducidas en la cuenta de Twitter
del concejal accionado en los siguientes términos:
“Transmilenio
por la 7 es una aberración urbana que promueve un alcalde al que le pagaron
500.000 dólares por vender buses por todo el mundo”.
Durante el desarrollo del trámite de la
acción de tutela, el accionante informó que el concejal ha mantenido las
expresiones con el uso del hashtag #PeñalosaVendedorDeBuses y ha
realizado las siguientes manifestaciones en Twitter: “Otra más del
alcalde vender de buses para enmarcar. Si no causarán (sic) tanto daño sus
palabras, darían risa. Por eso la imperiosa necesidad de revocarlo.”
2. Los jueces de instancia, al denegar
el amparo solicitado, consideraron que las afirmaciones del concejal se dieron
en el seno de la discusión política y además tenían respaldo en las pruebas
sobre el trabajo que en algún momento desempeñó el ahora Alcalde Mayor de
Bogotá. Afirmaron que aquellas tuvieron lugar en un ambiente caracterizado por
la confrontación de ideologías políticas que propician la consolidación de la
democracia a partir de la confluencia y yuxtaposición de diversos actores y
líneas de pensamiento, en un espacio que, además, está habilitado para el
ejercicio del control político respecto de planes a ejecutar por la máxima
autoridad de la rama ejecutiva en el distrito.
También estimaron que las afirmaciones
del concejal accionado no cuestionaban a la persona sino a un programa de
gobierno. Entendieron que la expresión “venta” no solo denota el traspaso de un
bien o un contrato de compraventa, sino que también significa la exposición,
promoción u ofrecimiento de un producto o mercancía al público o la
presentación de algo de forma persuasiva ante un tercero.
3.
Por su parte, el accionado informó que la misión del ITDP al cual Enrique
Peñalosa Londoño prestó sus servicios profesionales soporta las expresiones realizadas
durante la sesión del Concejo y en su red social. También agregó que los videos
en los cuales se aprecia a Enrique Peñalosa pronunciándose acerca de
alternativas de transporte le dan plena validez y visos de veracidad a sus
afirmaciones.
4.
Bajo ese contexto, el presente caso plantea un conflicto entre las libertades
de expresión de pensamiento y opinión, y de información del Concejal Manuel
Sarmiento Argüello y los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del
Alcalde Mayor de Bogotá. Ahora bien, la respuesta a esta controversia debe
atender a las siguientes circunstancias del caso: (i) las expresiones
cuestionadas son producto de  una discusión sobre un asunto de interés público;
(ii) se presentaron en dos espacios: el recinto del Concejo Distrital, durante
la sesión del Concejo celebrada el 4 de octubre de 2017 y en la cuenta personal
de Twitter de un concejal; (iii) tanto el emisor de las afirmaciones
como su destinatario son funcionarios públicos.
(i) La
primera circunstancia es el resultado de la discusión que se generó entorno de
un proyecto de acuerdo con el cual el Alcalde Mayor de la capital busca
adelantar su  programa de gobierno “recuperemos Bogotá”, particularmente, el
proyecto por el cual se autorizaba un cupo de endeudamiento para la
administración y los establecimientos públicos distritales a fin de desarrollar
un proyecto de movilidad de la ciudad, entre otros.
Durante
tal debate, el concejal accionado realizó las manifestaciones objeto de
reproche para sustentar su oposición a una idea sobre el sistema de movilidad
de la ciudad como uno de los asuntos que más interesan a los demás actores
políticos y a los ciudadanos.
(ii)
La segunda premisa tiene sustento en el discurrir fáctico, el cual enseña que
durante la sesión del Concejo Distrital realizada el 4 de octubre de 2017
frente  a la presentación de un proyecto de acuerdo con el cual se buscaba
ampliar el cupo de endeudamiento del distrito capital, el concejal accionado
presentó objeciones, en ejercicio de una función pública.
Debe anotarse que la Constitución
atribuye a los concejos municipales, como corporaciones político
administrativas, discutir sobre los programas de desarrollo económico, social y
de obras públicas; votar los gastos locales, así como dictar las normas
orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y
gastos (art. 313, nums. 2, 4 y 5).
Asimismo, algunas de las facultades de
discusión y decisión sobre los asuntos presupuestales del municipio ejercido
por los concejos, son las contenidas en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994[184]  de
las cuales se resaltan: “Establecer, reformar o eliminar tributos,
contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley” y “dictar
las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y
gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de
desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los
organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de
conformidad con las normas orgánicas de planeación”[185].
De manera específica, el artículo 12, num. 17 del Decreto Ley 1421 de 1993[186]
establece como una atribución del Concejo Distrital de Bogotá: “Autorizar el cupo de endeudamiento del Distrito y de
sus entidades descentralizadas.”
Así, en el marco constitucional y legal,
los concejos distritales se encuentran facultados para definir tanto los
tributos con los cuales se sustentará el municipio, como los gastos en los
cuales deba incurrir. Ahora bien, para el caso específico de Bogotá, también se
prevé la potestad de definir la capacidad de endeudamiento de la ciudad.
Esa potestad implica, de manera
necesaria, el debate jurídico político respecto de las propuestas a través de
las cuales se pretende determinar el gasto público y el desarrollo económico y social
de la ciudad. Solo de esta manera una Corporación, cuya génesis es
esencialmente democrática -está sujeta al escrutinio popular-, puede
materializar la participación y el pluralismo que determinan la expedición de
acuerdos.
Visto lo anterior, halla la Corporación
que las afirmaciones del concejal Sarmiento Argüello fueron realizadas en el
marco de la discusión de un proyecto de acuerdo cuyo objeto era el cupo de
endeudamiento para la Administración Central y los Establecimientos públicos
del Distrito Capital, durante la cual expuso su posición sobre el pasado
profesional del Alcalde Mayor, el cual vinculó estrechamente con sus propuestas
actuales respecto de los sistemas de transporte de la capital.
El
segundo espacio donde se expusieron afirmaciones similares fue la red social Twitter.
A pesar de las particularidades de este tipo de espacios y la novedad que han
representado respecto del desarrollo de las libertades de pensamiento, opinión,
e información constituyen una extensión de la vida laboral, profesional y
personal.
De
conformidad con las pruebas allegadas al expediente y la información ofrecida
por las partes, las afirmaciones cuestionadas en este trámite se hicieron de
manera concomitante y con posterioridad. Luego, aun cuando el concejal no
manifestara expresamente que la publicación en su cuenta de Twitter la
hacía sobre un asunto de interés público, las circunstancias de tiempo, modo y
lugar ratifican que dichas expresiones hacían parte del debate político.
(iii)
Sobre la tercera circunstancia (calidad de servidores públicos de las partes)
debe indicarse que el caso planteado corresponde a una crítica a una propuesta
del Gobierno distrital realizada por un Concejal, en ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales, entre las cuales se encuentra discernir, debatir y
decidir sobre las propuestas del alcalde.
5.
Revisado el acervo probatorio, el cual estuvo a disposición de las partes, sin
haberse objetado en cuanto a su autenticidad y contenido, se tiene que el
programa de gobierno presentado por el Alcalde Mayor de Bogotá en materia de
movilidad contenía como propósito hacer una realidad el transporte multimodal, “integrando
la Primer Línea del Metro con el SITP consolidado y fortalecido y ampliado con
TransMilenio, que será más cómodo, seguro y rápido y volverá a despertar la
admiración en los ciudadanos y el mundo”.
Esta
propuesta concuerda con el proyecto de acuerdo que generó las expresiones que
ahora se cuestionan dada la inclusión en el acápite “Ejecución presupuestal del
Acuerdo 656 de 2016”[187]
de los siguientes conceptos:
Entidad
Acuerdo
646 de 2016
Ejecutado
2016
Ejecutado
2017 a septiembre
Total
cupo utilizado
-
Transmilenio
2.110.000 (sic)
0
7.782 (sic)
7.782 (sic)
Entidad
Acuerdo
646 de 2016
Ejecutado
2016
Ejecutado
2017 a septiembre
Saldo
sin comprometer Acuerdo 646 $ 2017 (a)
Necesidades
adicionales de cupo (b)
Total
Nuevo cupo Pesos 2017 (a) + (b)
-
Transmilenio
2.110.000 (sic)
0
7.782 (sic)
2.188.728(sic)
1.440.000 (sic)
3.628.728 (sic)[188]
6.
También se acreditó que el Alcalde Mayor de Bogotá, durante el período
comprendido entre los años 2000 y 2015 recibió remuneraciones por sus servicios
profesionales al ITDP. Para esos efectos el accionado aportó la publicación del
ITDP del 8 de septiembre de 2009, a través de la cual se da a conocer que
Enrique Peñalosa Londoño fue nombrado como presidente de esa institución.
7. También se acreditó que el ITDP se dedica al diseño y la implementación de sistemas y soluciones políticas de alta calidad que hagan a las ciudades más habitables, equitativas y sustentables. Institución que además se define como  una organización sin fines de lucro a nivel mundial a la vanguardia de la innovación, que proporciona experiencia técnica para acelerar el crecimiento del transporte sostenible y el desarrollo urbano en todo el mundo. A través de sus proyectos de transporte, defensa de la política y publicaciones, trabaja para reducir las emisiones de carbono, mejorar la inclusión social y la calidad de vida de las personas en las ciudades.[189] 8. Con la tutela se aportaron varias publicaciones de ese instituto que dan cuenta de estudios sobre la implementación de sistemas de buses rápidos; por ejemplo, el documento titulado “Bus raid transit for Greater Cairo: Prefeasibility assessment” -Autobús de tránsito rápido para el Gran Cairo: evaluación de prefactibilidad[190]- incluye los estudios que se hicieron en la región del Gran Cairo sobre los sistemas de transporte para establecer si con buses de tránsito rápido sería exitoso en dicha zona.
9. Entorno
de las labores asignadas a Enrique Peñalosa, se aportó una entrevista y una
editorial a través de las cuales el señor Walter Hook, Exdirector Ejecutivo del
ITDP anotó que el Presidente del ITDP, Enrique Peñalosa Londoño tenía la misión
de reunirse con alcaldes y gobernantes alrededor del mundo, así como hablar en
muchos eventos para mostrar lo que se había hecho en la ciudad de Bogotá. [191] Y
sobre el ejercicio activo en la promoción de este tipo de sistemas se aportó un
comercial de la empresa Volvo en el cual se aprecia la imagen del accionante.
10. Ahora
bien, de manera previa a la valoración del conjunto probatorio, debe señalarse
que las afirmaciones cuestionadas hacen parte de un contexto más amplio, en
tanto son conclusión de unas reflexiones en el contexto de un debate político realizadas
por el Concejal  demandado sobre el Sistema de Transmilenio, el cual consideró
que no ha cumplido los fines para los cuales fue diseñado.
11.
Pues bien, la información señalada fue asumida por el concejal como un
antecedente que le resta objetividad al juicio del Alcalde Mayor de Bogotá para
proponer como estrategia de movilidad el uso de buses rápidos y es este el
matiz subjetivo que también le imprime el estatus de opinión a las expresiones
cuestionadas en este trámite.
Para
la Corte es indiscutible que el acto de exponer las actividades profesionales y
laborales del actor antes de asumir el destino de la ciudad, las cuales tienen
íntima relación con los asuntos de interés público que ahora ocupan la atención
del Gobierno distrital y del Concejo de la capital, busca generar inquietudes
sobre el criterio del Alcalde y, por supuesto, propiciar un pensamiento
reflexivo y crítico en los demás concejales y en los ciudadanos respecto de las
soluciones de movilidad propuestas.
11. Ahora
bien, esa actuación no desencadena automáticamente en un exceso en el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión y de información, ni la vulneración de
los derechos a la honra y al buen nombre de quien recibe los señalamientos, en
tanto aquella es permitida a quienes tienen la obligación de examinar las
propuestas que los administradores públicos presentan para lograr el bien común,
además propician el intercambio de ideas y reflexiones que facilitan la
construcción de la opinión pública y la materialización de los principios que
gobiernan la función administrativa (art. 209 de la Constitución).
Lo
anterior no significa que quienes tienen competencias constitucionales y
legales para debatir los proyectos de acuerdo y de esta manera el destino de la
colectividad en un ambiente de discusión jurídico político tengan la libertad
absoluta de exponer opiniones e informaciones irrazonables y/o
desproporcionadas entorno de la gestión, la honra o el buen nombre de quienes cumplen
labores administrativas, ya que se mantiene vigente e inmutable el celo que
deben precederlas cuando conciernan a la probidad de quien presenta proyectos
de acuerdo y/o de desarrollo. Este cuidado está centrado en el deber de fundamentar
las manifestaciones en información verificable, que concuerde con el
cuestionamiento expresado a quienes complementan la tarea administrativa (los
demás concejales), como a los electores y ciudadanos.
12. De
otro lado, la discusión generada al interior del Concejo Distrital no solo hace
parte de las libertades de expresión de pensamiento y opinión, sino
también de la libertad de información, comoquiera que el escenario en el
cual se produjeron está previsto justamente para que aquellos que cumplen la
tarea de representar a sus electores le den cuenta a estos de todo aquello que
consideren necesario para la gestión de sus intereses, así como a los demás
miembros de la Corporación a fin de que las decisiones se adopten con el mayor
contexto posible.
13. En
este punto se precisa que exponer parte del currículum de dicho funcionario, hace
parte de la esfera informativa de la expresión cuestionada; sin embargo, la
relación que el concejal derivó entre esa información y las propuestas del
Gobierno distrital corresponde a su propio juicio y busca que sea asumida por
los receptores como un aspecto que torna cuestionable la implementación de
sistemas de buses de tránsito rápido.  En otras palabras, si bien empleó la
expresión “promover” también utilizó “vender” para resumir su postura, la cual constituye
su opinión, estableciéndose de esta manera una distancia razonable entre la
información objetiva y la crítica personal.
Ahora
bien, el accionado, para afrontar los
cuestionamientos que por estas manifestaciones le formuló el dignatario durante
el trámite de esta tutela aportó los documentos que, en su criterio, le sirven
de fundamento y acreditan la veracidad de dichas afirmaciones, con lo cual se observa
que estas tuvieron como génesis el contacto previo del concejal con la
información acerca de las actividades que el hoy Alcalde de Bogotá desempeñó
antes de tomar de nuevo el encargo de dirigir el destino de la capital.
14. Tanto
las apreciaciones expuestas, como la información que ofreció a los demás
concejales y a la comunidad sobre las actividades del Alcalde Mayor, antes de
ejercer su segundo mandato, esto es, mientras se desempeñó como particular,
recaen sobre una figura pública del ámbito político y, en consecuencia, aquel
debe soportar una carga mayor frente a la controversia, la crítica y la
contradicción[192].
Esas
expresiones en manera alguna son irrazonables o desproporcionadas, en tanto se
limitan a poner de manifiesto que al citado funcionario se le retribuyó por
informar en otras latitudes los resultados del sistema de movilidad bogotano,
sus bondades, así como esquemas de movilidad alternos al uso de los vehículos
particulares.
El
objetivo de esas manifestaciones es generar una prevención en el público, lo
cual, no puede considerarse una actuación desprovista de abrigo constitucional
y legal, en tanto los demás actores del Estado y la comunidad tienen el derecho
de conocer todos aquellos aspectos que pueden generar recelo, crítica, dudas y,
eventualmente, investigaciones respecto de la gestión pública.
15. Ahora
bien, el accionante considera que la expresión “vender” usada por el Concejal
le sugiere al público que él recibió una contraprestación económica por la
venta de buses Volvo. Esta consideración no es de recibo, toda vez que: (i)
durante la sesión del Concejo Distrital celebrada el 4 de octubre de 2017 el
Concejal no hizo referencia a alguna marca automotriz, como tampoco en las
publicaciones de su cuenta en Twitter, que son los dos espacios públicos
objeto de análisis;; (ii) la palabra vender, en el contexto de la expresión
refutada no significa necesariamente un intercambio de bienes; y (iii) en el
trámite de la tutela se hizo alusión a Volvo en el contexto de las fundaciones
que efectuaban donaciones al ITDP; sin embargo, esta discusión excede el
estudio de las expresiones cuestionadas en las cuales, se reitera, no se
mencionó dicha información.
Entiende el
actor que señalar que vendió buses por el mundo implica que haya sido él quien
entregó el bien, recibió su costo y celebró el negocio respectivo; no obstante,
tal expresión no tiene un único significado, de tal manera que se vendan ideas
y proyectos. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, vender
tiene las siguientes acepciones: “1. Hacer aparecer o presentar algo o a
alguien de una manera hábil y persuasiva. 2.   Exponer u ofrecer al público los géneros o mercancías para quien las
quiera comprar. 3. Dicho de una persona, de una idea, de
una conducta y, especialmente, de un producto comercial. ” [193]
Así las cosas,
tanto en el giro ordinario de los negocios como en el de las dinámicas
sociales, ciertos conceptos tienen diferentes usos; por ejemplo, quien se
dedica a promocionar seguros sea comúnmente conocido como un vendedor de
seguros a pesar de no ser parte del contrato respectivo, ya que quienes celebran
el negocio son el tomador y la respectiva empresa aseguradora.
16. Para
la Sala de Revisión la preocupación del accionante por el alcance que la
opinión pública le dé a las manifestaciones cuestionadas no tiene suficiente
fundamento, puesto que, se itera, estas se propusieron como una alerta acerca
de la preconcepción que el funcionario ya tiene acerca de las, a su juicio,
bondades de este tipo de sistemas de transporte en aras de una mayor claridad y
transparencia sobre la gestión pública y, en todo caso, para satisfacer los
principios que gobiernan la función pública (art. 209 de la Constitución).
La
gravedad de las críticas solo sería mayor y exigiría una rigurosa demostración
de veracidad si hubieran consistido en afirmar que la contratación que haga la
capital tendrá como parte vendedora una empresa con la cual el Alcalde tenga
algún nexo jurídico o que recibió dineros para proponer nuevamente este tipo de
sistema para la ciudad; afirmaciones que no fueron realizadas por el concejal
accionado.
17. Como
se expuso, en el entorno político la libertad de expresión, cuando se ejerce en
pro del interés público tiene límites menos rigurosos y merece mayor deferencia
por el margen de apertura de un debate amplio y reflexivo frente a las
opiniones como actos de control del poder público predicables de la democracia
constitucional; luego, los funcionarios públicos han tener mayor consciencia de
la tolerancia con la cual deben asumir el discurso político de sus opositores y
de los ciudadanos, aun cuando se trate de expresiones chocantes o inquietantes,
dado que su connotada
posición en el ámbito social y administrativo flexibiliza sus derechos a la honra
y al buen nombre.
18. En esta oportunidad se considera que las declaraciones del Concejal están
amparadas por el discurso político, dialéctica que goza de un especial nivel de
protección por su importancia para la democracia, la participación y el pluralismo[194]. Teniendo en cuenta que el
accionante es un funcionario público, la información usada para criticar sus
propuestas no solo es de dominio, sino que es relevante y trascendental para la
comunidad.
En ese orden, no puede perderse de vista que la hoja de vida de los
gobernantes en cuanto a su ejercicio profesional es un referente de interés
público, pues a partir de ella no solo se define si se acreditan requisitos
para ocupar un determinado cargo, si no han incurrido en faltas contra el
erario o lo bienes tutelados por el derecho punitivo y si no están impedidos o
comprometidos para ejecutar ciertas actuaciones.
19. Ahora bien, el discurso político debe respetar parámetros de veracidad,
es decir, debe encontrar fundamento en un mínimo fáctico real, el cual se
acreditó en este caso con los documentos que demuestran que el Alcalde Mayor de
Bogotá prestó sus servicios profesionales a una empresa dedicada a la promoción
de sistemas de movilidad, entre los cuales se cuentan los que funcionan a
partir de buses rápidos.
Al
trámite se aportó la información que demuestra que el accionado cumplió la
mínima carga de constatación de la información que le daba sustento a lo
expresado. Las publicaciones del ITDP sobre la gestión en las ciudades del
mundo, los videos de las conferencias, comerciales y entrevistas ofrecidas por
el Alcalde antes de asumir el mandato, exponen que aquel se dedicaba a
promocionar este tipo de sistemas, aunque no necesariamente la marca de los
buses que se utiliza para implementarlos.
De
otro lado, el apoderado del accionante aceptó en el trámite de la tutela que
este, en cumplimiento de las misiones del ITDP, fungió como experto en
diferentes espacios, asimismo, explicó, respecto del comercial aportado al
expediente, que su representado participó con otros exalcaldes informando el
éxito de los sistemas de buses de tránsito rápido.
Las
explicaciones ofrecidas por la parte accionante en el sentido de que su
participación en las conferencias y en el comercial mencionado la efectuaba en
calidad de experto, no logran desvirtuar la vocación de veracidad de la
información en la cual el accionado sustentó sus conclusiones, comoquiera que
un experto tendrá la labor de exponer a sus oyentes tanto lo favorable como lo
desfavorable y, en el caso concreto, se demostró que Enrique Peñalosa Londoño
se dedicaba a exponer las bondades de este tipo de sistemas, especialmente en la
ciudad de Bogotá.
20. En cuanto a la opinión expuesta por
el Concejal para calificar el objetivo del proyecto de acuerdo por medio del
cual se ampliaría la capacidad de endeudamiento del distrito, debe recordarse
que la libertad de expresión también permite exponer opiniones o ideas de
manera autónoma, sin una rigurosa limitación de los criterios de veracidad e
imparcialidad; situación que no implica que dichas manifestaciones puedan ser
insultantes, vejatorias o humillantes, o que denoten intención de dañar. En
este caso, la expresiones usadas por el accionado para emitir la opinión que le
merecían los hechos comunicados no sugieren que el destinatario de la misma
haya incurrido en una conducta punible, luego, no exigían una mayor carga de
veracidad; y tienen una base fáctica constatable, en otras palabras, tienen
vocación de verdad.
Así las cosas, el Concejal Sarmiento Argüello
al exponer su opinión, no realizó afirmaciones irrazonables y/o
desproporcionadas y aunque provocan dudas sobre la génesis de la propuesta
presentada a la corporación distrital, ello se enmarca dentro de las cargas
soportables que deben asumir los actores del escenario político en aras de
salvaguardar el patrimonio, el interés, la transparencia y la moralidad públicas.
21. Por
lo anteriormente expuesto, se mantendrá la presunción a favor de la libertad de
expresión del Concejal y, en consecuencia, se negará la protección de los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de Enrique Peñalosa Londoño.
Cuestión final
22. La Sala valoró algunos apartes de
los documentos allegados por las partes, los cuales están redactados en inglés sin
someterlos a traducción oficial establecida en los artículos 104 y 251 del
Código General del Proceso por las siguientes razones:
(i) Si bien el artículo 306 de 1991
contiene una remisión normativa a las reglas del sistema procesal civil, la
misma se hace exclusivamente a los principios, no así al resto de las normas,
salvo que la aplicación de alguna de estas sea compatible con los principios
que gobiernan el trámite de la acción de tutela.
(ii) La aplicación de una norma relativa
a la formalidad de los documentos que componen el expediente civil en un
trámite de tutela al cual se aportaron aproximadamente 702 folios en inglés y
un video de 14 minutos que está disponible en la Internet con subtítulos en
español[195]
contrariaría la naturaleza sumaria de la acción de tutela (art. 86 de la C.P)  y
los principios de prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia que definen su trámite (art. 3 del
Decreto Legislativo 2591 de 1991), los cuales coinciden con el principio de
acceso a la justicia previsto en el artículo 2 del Código General del Proceso,
según el cual la tutela jurisdiccional de los derechos estará sujeta a un
debido proceso de duración razonable en el cual se observen con diligencia los
términos.
(iii) De los documentos
aportados solo se valoraron fragmentos muy cortos, razón por la cual la
traducción libre que de los mismos se realizó era una herramienta apenas lógica
para cumplir con las directrices que gobiernan el trámite ágil y cumplido de la
acción de tutela.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo
proferido por el Juzgado Trece Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá el 6 de diciembre de 2017 que a su vez confirmó la
sentencia expedida por el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bogotá el 28 de noviembre del mismo año, la
cual negó el amparo de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre
del señor Enrique Peñalosa Londoño, Alcalde Mayor de Bogotá, por no haberse
acreditado la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
SEGUNDO.- Por Secretaría
General de esta Corporación LIBRAR las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACION
DE VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-244/18
DERECHO DE RECTIFICACION DE INFORMACION-Solicitud previa como requisito de procedencia de la acción de
tutela (Aclaración de voto)
SOLICITUD DE RECTIFICACION ANTE MEDIOS DE COMUNICACION-No debe depender de la forma de constitución jurídica del medio,
sino de su capacidad de difusión y alcance informativo (Aclaración de voto)
Referencia:
T-6.564.237
Magistrado
Ponente:
José
Fernando Reyes Cuartas
En atención a la
decisión adoptada por la Sala Octava de Revisión en el expediente de la
referencia, me permito presentar Aclaración de Voto, con fundamento en que si
bien estoy de acuerdo con la decisión de confirmar las providencias adoptadas
por los jueces de instancia, por las razones que quedaron expuestas en la parte
motiva del fallo, lo cierto es que también considero relevante que se tenga en
cuenta lo siguiente:
1.      La Sala omitió
la posibilidad de implementar la solicitud de rectificación previa como
requisito específico de procedibilidad de acciones de tutela como la presente.
Esto, al parecer, porque se limitó a aplicar los precedentes según los cuales
la previa rectificación únicamente procedía frente a medios de comunicación,
con independencia del canal de difusión que se hubiere utilizado. Sin embargo,
a mi juicio, resulta injustificado que la solicitud de rectificación dependa
únicamente de la existencia del medio de comunicación como persona jurídica con
un objeto social específico, dedicado a la difusión de información.
En efecto,
tradicionalmente la solicitud de rectificación previa se exigía en aquellos
casos en que la acción de tutela había sido instaurada, por ejemplo, en contra
de una revista, periódico, emisora, canal de televisión –especialmente, cuando
la publicación no tenía un autor directo conocido–, o de una persona que
transmitía su mensaje empleando cualquiera de las mismas vías. No obstante, el
mismo impacto social es posible alcanzarlo tanto con los anteriores canales de
transmisión de información, bien porque se trata de un medio de comunicación
propiamente dicho, un comunicador social o una persona que se dedica
habitualmente a la difusión de información; como con las redes sociales, de lo
que se sigue que el requisito de procedibilidad relativo a la rectificación
previa no debe depender de la forma de constitución jurídica del medio, sino de
su capacidad de difusión y alcance informativo.
2.      Esta
posición fue asumida por la Sala Primera de Revisión de la Corte, en la
sentencia T 121 del 9 de abril de 2018, en los siguientes términos:
63. Esta Corte, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 20 de la Constitución y 42.7 del Decreto 2591 de 1991 ha
reiterado que, como regla general, la solicitud de rectificación previa al
particular es exigible respecto de aquellos que tengan el carácter de medios
masivos de comunicación[74]. De manera reciente[75], ha considerado, también,
que esta exigencia debe ser valorada por el juez respecto de otros canales de
divulgación de información, tales como Internet y redes sociales, ya sea porque
mediante estos se ejerza una actividad periodística, porque el emisor se
dedique habitualmente a emitir información -sin ser comunicador-[76], o bien
porque una persona natural o jurídica, en el giro ordinario de su vida en
sociedad o en desarrollo de su objeto social, respectivamente, emita
información atentatoria del buen nombre o la honra de un tercero. Significa lo
anterior que la rectificación previa, como requisito de procedencia de la
acción de tutela es exigible en los siguientes casos: (i) cuando la información
circula a través de los medios masivos de comunicación; (ii) cuando es
difundida por comunicadores sociales, sin consideración de que estos tengan o
no vínculos con un medio de comunicación; (iii) cuando el emisor no es
comunicador social o periodista, pero se dedica habitualmente a la difusión de
información; y (iv) cuando la persona que realiza la publicación, primero,
no tiene la condición de comunicador social y, segundo, no cumple ese rol
dentro del grupo social. Este último evento, en el que la jurisprudencia
constitucional no había exigido la obligación de pedir la rectificación antes
de acudir ante el juez de amparo, cobra especial importancia en aquellos casos,
como el presente, en los que la difusión de la información es masiva,
precisamente, por el volumen de receptores de la misma.
(…)
66. La solicitud de rectificación previa, como
requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela, respecto
de otros canales de divulgación de información, tales como los que se producen
en Internet o redes sociales, en todo caso, debe cumplirse a la luz del
criterio de razonabilidad. En este orden de ideas, la rectificación puede
solicitarse, por ejemplo, por medio de un mensaje interno “inbox” o un
comentario en la publicación, de conformidad con las características propias de
la red social que se hubiese utilizado para la emisión del mensaje. En todo
caso, la exigencia de este requisito no puede dar lugar a limitar
injustificadamente el ejercicio de la acción de tutela en aquellos casos en que
no sea posible contactar o localizar al autor del mensaje, para efectos de
solicitar la rectificación.
67. Es más, habida consideración de lo señalado en
precedencia resulta injustificado que la solicitud de rectificación dependa
únicamente de la existencia del medio de comunicación como persona jurídica con
un objeto social específico, dedicado a la difusión de información.
Tradicionalmente, la solicitud de rectificación previa se exigía en aquellos
casos en que la acción de tutela había sido instaurada, por ejemplo, en contra
de una revista, periódico, emisora, canal de televisión –especialmente, cuando
la publicación no tenía un autor directo conocido–, o de una persona que
transmitía su mensaje empleando cualquiera de las mismas vías. No obstante, el
mismo impacto social es posible alcanzarlo tanto con los anteriores canales de
transmisión de información como con las redes sociales, de lo que se sigue que
el requisito de procedibilidad relativo a la rectificación previa no debe
depender de la forma de constitución jurídica del medio, sino de su capacidad
de difusión y alcance informativo.”
(Negrillas propias)
3.      Se trata,
entonces, de un asunto que debe ser discutido al interior de las Salas de
Revisión de la Corte, de una parte, por el papel que juegan las redes sociales
en la comunicación social y, de la otra, por la propia dinámica de difusión de
información en estos canales y, en especial, por la masificación del tráfico de
dicha información.
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
[1]
“1.CAMINAR/Desarrollar urbanizaciones que promuevan el caminar. 2. USAR LA
BICICLETA/ Priorizar redes de transporte no motorizado. 3. CONECTAR/ Crear
redes densas de calles y senderos. 4. TRANSITAR/Ubicar los desarrollos
urbanísticos cerca de transporte público de alta calidad. 5. MEZCLAR/Ubicarlos
desarrollos urbanísticos cerca de transporte público de alta calidad. 6.
DENSIFICAR/ Optimizar la densidad y la capacidad del tránsito. 7. COMPACTAR/
Crear regiones con viajes diarios cortos. 8. VARIAR/Aumentar la movilidad
regulando el parqueo y el uso de las calles.”
[2] Cfr. fls. 5 a 34,
cuaderno original 1.
[3] Cfr. fls. 35 a 45,
cuaderno original 1.
[4] Cfr. fls. 46 a 106,
cuaderno original 1.
[5] Cfr. Fls. 107 a 132,
cuaderno original 1.
[6] Cfr. Fls. 133 a 148,
cuaderno original 1.
[7] Cfr. Fls. 168 a 171,
cuaderno original 1.
[8] Cfr. Fls. 172 a 300,
cuaderno original 1 y del 1 al 78 del cuaderno anexo.
[9] Cfr. Fls. 78 a 84,
cuaderno anexo.
[10] Cfr. Fls. 85 y 86,
cuaderno anexo.
[11] Cfr. Fls. 87 a 91,
cuaderno anexo.
[12] Cfr. Fls. 92 a 93,
cuaderno anexo.
[13] Cfr. Fls. 94 a 97,
cuaderno anexo.
[14] Cfr. Fl. 98, cuaderno
anexo.
[15] Cfr. Fls. 99 a 114,
cuaderno anexo.
[16] Cfr. Fls. 115 a 120,
cuaderno anexo.
[17] Cfr. Fls. 133 a 138,
anexo.
[18] Cfr. Fls. 139 y 140,
cuaderno anexo.
[19] Cfr. Fls. 141 y 142,
cuaderno anexo.
[20] Cfr. Fls. 143 a 154,
cuaderno anexo.
[21] Cfr. Fls. 155 a 161,
cuaderno anexo.
[22] Cfr. Fls. 39 a 55,
cuaderno principal.
[23] Cfr. Fl. 56, cuaderno
principal.
[24] Cfr. Fls. 67 a 59,
cuaderno principal.
[25] 17 de abril de 2018.
[26] 20 de abril de 2018.
[27] Sentencia T-668 de
2017.
[28] Sentencias T-828 de 2011, T-219
de 2012, T-326 de 2012, T-137 de 2017 y T-683 de 2017.
[29] Sentencia T-743 de
2008.
[30] En la sentencia
T-246 de 2015, con fundamento en la SU-189 de 2012 se dijo: “En primer término, la inmediatez es un principio orientado a
la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una
regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo
86 de la Constitución. En segundo lugar, la satisfacción del requisito debe
analizarse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las
circunstancias de cada caso concreto. Finalmente, esa razonabilidad se relaciona
con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e
inmediata de un derecho constitucional fundamental.”.
[31] SU-961 de 1999, T-243 de 2008, T-246 de 2015.
[32] Cfr. sentencias T-110 de 2015, T-277 de
2015,  T-357 de 2015, T-466 de 2016, T-693 de 2016, T- 593 de 2017, entre
otras.
[33] Reiterada en
sentencias T-1319 de 2001, T-1191 de 2004, T-161 de 2005, T-405 de 2007 y T-593
de 2017.
[34] En igual sentido las sentencias T-110 de 2015, T-357
de 2015,  T-277 de 2015, T-466 de 2016, T-693 de 2016, T-695 de 2017 y T-117 de
2018, entre otras.
[35] Declaración Conjunta Sobre
Libertad de Expresión y "Noticias Falsas" ("Fake News"),
Desinformación y Propaganda realizada
el 3 de marzo de 2017 en Viena, Austria.
[36] Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2. Consulta realizada
el 14 de abril de 2018.
[37] Cfr. sentencias T-921
de 2002, T-959 de 2006, T-110 de 2015, T-593 de 2017 y T-695 de 2017.
[38] El artículo 41
numeral 7 del Decreto Estatutario 2591 de 1991 dice: “La acción de tutela procederá contra acciones u
omisiones de particulares en los siguientes casos:
1. (…) // 7. Cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma.”
[39] Sentencia T-117 de
2018.
[40] Sentencias T-512 de
2012, T-321 de 1993, T-484 de 1994, T-206 de 1995, T-090/96,  T-322 de 1996,
T-066 de 1998, T-471 de 1999, SU-1723 de 2000, T-679/05, T-391, T-405 y , T-626
de 2007, T-934 de 2014, T-695 de 2017 y T-117 de 2018.
[41] Sentencia T-1037 de 2010 y T-117
de 2018.
[42] En virtud de lo
dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Carta Política.
[43] “Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de
cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en
privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”
“Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.”
[44] Aprobado por la Ley 74 de 1968.
“Artículo 19: 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda
persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El
ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas
restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la Ley y
ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de
los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas.”
[45] Aprobada por la Ley 16 de 1972.
“Artículo 13: Libertad de Pensamientos y Expresión. 1. Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El
ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a
los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede
restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de
información o por cualquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser
sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda
propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituya incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo, por ningún motivo, inclusive
los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”
[46] Sentencia T-277 de
2015.
[47] Sentencia C-442 de
2011.
[48] En la cita original
se incluye la “informaciones”.
[49] Sentencia T-022 de
2017.
[50] Ibídem.
[51] Cfr. Caso “La Última Tentación de
Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 74, y Caso Herrera
Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 108.
[52]  Cfr. Caso Ivcher
Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de
2001. Serie C No. 74, párr. 149, y Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 111.
[53] Cfr. Caso Ivcher
Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 147, y Caso Herrera
Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,
párr. 109.
[54] Cfr. Caso Ivcher
Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 148, y Caso
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas, párr. 110.
[55] Cfr. Caso Ivcher
Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 146, y Caso
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas, párr. 108.
[56] Sentencia del 3 de
septiembre de 2012. Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia.
[57] Sentencia C-010 de 2000.
[58] Sentencia C-417 de
2009.
[59] RAE
[60] Sentencia C-616 de
1997.
[61] RAE
[62] Sentencia T-1202 de
2000.
[63] Sentencia C-417 de
2009.
[64] Sentencia T-1202 de
2000.
[65] Sentencia C-616 de
1997.
[66] Sentencia T-015 de
2015.
[67] Sentencias T-391 de 2007 y T-904 de 2013.
[68] Corte Constitucional,
Sentencias T-063A de 2017 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), la cual a su vez
cita lo establecido en las Sentencias T - 015 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva; AV María Victoria Calle Correa), T-277 de 2015 (MP María Victoria Calle
Correa) y T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV Gloria Stella
Ortíz Delgado).
[69] Sentencia T- 602 de
1995, reiterada en la T-593 de 2017.
[70] Un antecedente importante del derecho comparado (…)
Gertz vr. Robert Welch de 1974 proferida por el Tribunal supremo de los Estados
Unidos, donde se manifestó que “no existen falsas ideas [pues] no obstante lo
perniciosa que una opinión pueda parecer, dependemos para su corrección no de la
conciencia de jueces y jurados, sino de la competencia de otras ideas”. Citado
por Muñoz Machado, Santiago. Libertad de prensa y procesos de difamación. Barcelona,
Ariel, p. 113.
[71] Sentencia T-040 de
2005.
[72] Sentencia T-693 de
2016.
[73] Artículo 102 del Código
Penal.
[74] Artículos 134A y 135B
ibídem.
[75] Sentencia T-022 de
2017.
[76] Reiterada en la T-695
de 2017.
[77] Sentencia T-022 de
2017.
[78] Sentencias T-260 de
2010, T-312 de 2015, reiteradas en la T-022 de 2017.
[79] Sentencia T-439 de
2009, reiterada en la T-256 de 2013.
[80] Sentencias T-259 de
1994 y T-040 de 2013.
[81] Sentencia T-080 de
1993, reiterada, entre otras, en la sentencia T-135 de 2014.
[82] Sentencias T-098 de
2017
[83] Sentencia T-626 de
2007 y T-135 de 2014.
[84] Cfr. Sentencia T-117
de 2018.
[85] Sentencia T-015 de
2015.
[86] (…) sentencia T-391 de 2007, (…), reiterada en la
sentencia T-904 de 2013.
[87] Sentencia T-050 de
2016.
[88] Sentencia T-080 de
1993.
[89] Sentencia T-693 de
2016. Cfr. sentencias SU-1723 de 2000 y T-134 de 2014.
[90] Sentencia T-219 de
2012.
[91] Sentencias T-080 de
1993,  T-040 de 2013, T-256 de 2013, T-022 de 2017 y T-098 de 2017.
[92] Estos derroteros se
extraen de la sentencia T-693 de 2016 prevalida de los parámetros acogidos en
la  T-1198 de 2004. Cfr. sentencias T-135 de 2014 y T-914 de 2014.
[93] Sentencia T-695 de 2017.
[94] Sentencia T-693 de
2016.
[95] Cfr. Sentencia T-117
de 2018.
[96] Sentencia T-022 de
2017.
[97] Ibídem. Sentencia C-091 de 2017.
[98] Aplicables a la
opinión según Sentencia T-110 de 2015.
[99] Sentencia T-787 de
2004.
[100] Por ello Enders
entiende que la dignidad es el «derecho de los derechos». Citado por Alberto
Oehling de los Reyes, en La dignidad de la persona. Evolución
histórico-filosófica, concepto, recepción constitucional  y relación con los
valores y derechos fundamentales. Madrid, Dykinson S.L, 2010, p. 140.
[101] Para G. Peces-Barba
–La dignidad de la persona desde la filosofía del derecho; Madrid,
Dykinson, 2002, p. 74--  la dignidad humana es fundamento del deber ser, raíz
del  deber ser de la norma básica material, que son los cuatro grandes valores
de la ética pública política: libertad, igualdad, seguridad y solidaridad.
[102] G. Pico Della
Mirandola, en Discurso sobre la dignidad del hombre, Buenos Aires, Edit.
Y Librería Goncourt, 1978, p. 48.
[103] W. Maihofer, Estado
de Derecho y Dignidad Humana, Montevideo, B de F, 2008,  passim, (p.
17).
[104] Cfr. Sentencia del 2
de julio de 2004. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.
[105]            Cfr. La
colegiación obligatoria de periodistas, supra nota 85, párr. 46; ver
también Eur. Court
H. R.,
Case of The Sunday Times v. United Kingdom, supra nota 91, para. 59; y Eur.
Court H. R., Case of Barthold v. Germany, supra nota 91, para. 59.
[106] Concretamente, sobre
la dignidad como límite a la libertad de expresión, cfr. Alberto Oehling de
los Reyes, en La dignidad…, cit., p. 375 ss.
[107] Sentencia T-047 de
1995.
[108] Sentencia C-475 de
1997.
[109] Ibídem.
[110] Sentencia C-091 de
2017.
[111] Sentencia T-411 de
1995, reiterada en SU-1723 de 2000, C-489 de 2002, SU-396 de 2017 y T-117 de
2018.
[112] Sentencia T-022 de
2017. Cfr. sentencias T-714 de 2010 y C-392 de 2002.
[113] Sentencia C-392 de
2002.
[114] Sentencias C-442 de
2011, T-110 de 2015 y T-546 de 2016.
[115] Sentencia T-546 de
2016.
[116] Cfr. Sentencias T-634 de 2013 y
T-117 de 2018.
[117] Sentencias T-213 de
2004, C-442 de 2011, T-277 de 2015 y T-050 de 2016.
[118] Sentencia T-277 de 2015, que
reitera la T-881 de 2002. Seguidamente se señaló; “[t]oda Constitución está
llamada a regir en sociedades donde hay necesariamente relaciones de poder muy
diversas. No es posible que estas relaciones se desarrollen de manera que el
sujeto débil de la relación sea degradado a la condición de mero objeto.”
[119] Sentencia T-117 de 2018.
[120] Cfr. Sentencias T-411
de 1995, SU-1723 de 2000, C-489 de 2002, SU-396 de 2017 y T-117 de 2018,
citadas ut supra.
[121] Sentencia T-277 de 2015 que
recapitula la T-439 de 2009.
[122] Sentencia T-312
de 2015. En
la sentencia T-022 de 2017[122] se
determinaron como características de la rectificación las siguientes: “(i)
[C]onstituye un mecanismo menos intimidatorio que la sanción penal y más
cercano en el tiempo a la concreción del daño; (ii) garantiza la protección de
los derechos a la honra y al buen nombre, pero preserva, de manera simultánea,
los derechos a la libertad de expresión y de información; (iii) no presupone
para su ejercicio que se declare, previamente, la existencia de responsabilidad
civil o penal del comunicador o que se establezca la intención de dañar o la
negligencia al momento de trasmitir la información no veraz o parcial; (iv)
basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se
exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación; o carece de
fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla; (v) ofrece
una reparación distinta a la que se deriva a partir de la declaratoria de responsabilidad
civil o penal, pues una rectificación oportuna ‘impide que los efectos
difamatorios se prolonguen en el tiempo como acontecimientos reales’; (vi) no
persigue imponer una sanción o definir una indemnización en cabeza del agresor
por cuanto su objetivo consiste en restablecer el buen nombre y la reputación
de quien ha sido afectado con el mensaje emitido al ofrecer –con igual
despliegue e importancia que el mensaje que produjo la lesión– un espacio
destinado a facilitar que el público conozca la realidad de los hechos que
fueron emitidos de manera errónea, tergiversada o carente de imparcialidad.
(…); (vii) no excluye la posibilidad de obtener reparación patrimonial –penal y
moral–, mediante el uso de otros medios de defensa previstos en el ordenamiento
jurídico.” (Resaltado fuera del texto original).
[123] Sentencias SU-056 de 1995, en la que se resuelve la
tutela interpuesta a raíz de la publicación del libro “La Bruja” del periodista
Germán Castro Caicedo; SU-1721 de 2000, en la que se concedió parcialmente la
tutela interpuesta contra el columnista Roberto Posada García-Peña por la
publicación de una columna en las que formula acusaciones contra el Director de
la Aeronáutica Civil; T-391 de 2007, resolvió una tutela contra el programa “El
Mañanero de la Mega”.
[124] Tomado de la
Sentencia T-550 de 2012, que a su vez citó la sentencia 49 del 26 de
febrero de 2001 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Español.
[125] Sentencia T-040 de
2016.
[126] Cfr. sentencias T-015
y T-312 de 2015.
[127] La sentencia C-650 de 2003 presenta una
exposición de las funciones que desempeña la libertad de expresión en una
sociedad democrática, al señalar que aquella: (i)  permite buscar la verdad y desarrollar el conocimiento; (ii) hace posible el principio de autogobierno y (iii) promueve la autonomía personal; (iv) previene abusos de poder y (v) constituye una “válvula de escape” que promueve la confrontación pacífica de las decisiones estatales o
sociales que no se compartan, lo que favorece la resolución racional y pacífica
de los conflictos, como resultado del debate público y no de la confrontación
violenta.
[128] Sentencia del 3 de
septiembre de 2012. Caso Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia.
[129]  Cfr. Caso Ivcher
Bronstein, supra nota 85, párr. 155; en el mismo sentido, Eur. Court H.R., Case of
Feldek v. Slovakia,
Judgment of 12 July, 2001, para. 83; Eur. Court H.R., Case of Sürek
and Özdemir v. Turkey, Judgment of 8 July, 1999, para. 60.
[130] Sentencia del 2 de
julio de 2004. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.
[131]  Cfr.
Opinión Consultiva OC-5/85, párr. 70, y Caso Ríos y otros Vs. Venezuela.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 105.
[132] En libro publicado en
el año 2010. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/cd/sistema_interamericano_de_derechos_humanos/index_MJIAS.html. Consulta realizada
el 17 de abril de 2018.
[133] CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la
Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de
1995; CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese Vs.
Paraguay. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay.
Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 72. c).
[134] En nuestro país, así
como lo describe Juan P. Ramos para la Argentina –Los delitos contra el
Honor. 2ª ed. Abeledo-Perrot, s/f., p. 81-- , no existe un
tipo especial –como si sucede en otros países que consagran el llamado delito
de desacato-- que describa las injurias contra funcionarios. De la misma
opinión, Jesús Bernal del Castillo, Honor, Verdad e información.
Oviedo, Universidad de Oviedo, s/f, p 171.
[135] Ibídem.
[136] Ibídem.
[137] Sentencias T-312 de
2015 y SU-1723 de 2000.
[138] Cfr. Sentencia T-546
de 2016.
[139] Sentencia T-256 de
2013.
[140]  Corte I.D.H., Caso
Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs.
86- 88; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 83; Corte I.D.H., Caso “La Última
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de
febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69; Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein
Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 152 y 155,
Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de
2004. Serie C No. 111, párr. 83; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa
Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 125 a 129; Corte
I.D.H., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie
C No. 151, párr. 87; Corte I.D.H., Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009
Serie C No. 193, párr. 115
[141] Sentencia T-731 de
2015.
[142] Sentencia T-312 de
2015.
[143] Fernando
Herrero-Tejedor. Honor, intimidad y propia imagen. Madrid, Colex, 1990,
p. 212
[144] Fernando Herrero-Tejedor.
Honor, … p. 210, 211 y 212.
[145] Sentencia T-546 de
2016.
[146] Sentencia T-117 de
2018.
[147] Sentencias T-439 de
2009 y T-277 de 2015.
[148] Sentencia T-593 de
2017. Cfr. sentencias T-50 de 2016 y T-117 de 2018.
[149] Relator Especial de las Naciones Unidas para la
Libertad de Opinión y de Expresión; Representante para la Libertad de los
Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa; Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la
Libertad de Expresión; y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso
a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
[150] Un estudiante de pregrado (…).
[151] El actor instauró (…).
[152] Sentencia T-050 de 2016.
[153] Sentencia T-634 de 2013.
[154] Sentencia T-591 de
2017.
[155] Sentencia T-050 de
2016.
[156] Por la cual se expide el Código
Penal.
[157] Se refiere a las
conductas punibles comprendidos en el Título V de los delitos contra la
integridad moral. “Artículo 221: El que impute falsamente a otro una
conducta típica, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de
diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Frente a la injuria se dispone en el artículo 220  “El que haga a otra
persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3)
años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Y en cuanto a la injuria y calumnia indirectas el articulo 222
preceptúa: “A las penas previstas en los artículos anteriores quedará
sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada
por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones
se dice, se asegura u otra semejante.”
[158] Artículo 749 de la Ley 19 de 1890.
[159] Artículo 763 de la Ley 19 de 1890.
[160] Artículo 758 de la Ley 19 de 1890.
[161] Artículo 336 de la Ley 95 de
1936.
[162] Artículo 48 de Ley 29 de 1944: “En los procesos por injuria es
inadmisible la prueba de la exactitud de las imputaciones injuriosas en los
casos del artículo 335 del Código Penal y además cuando la imputación injuriosa
se refiera a cualquiera de los delitos enumerados en el título XII del libro
segundo del Código Penal, o cuando aluda a la vida privada de las personas”.
[163] Por el cual se
dictan normas sobre los delitos de calumnia e injuria
[164] Artículo 15.
[165] Artículo 317.
[166] Artículo 224 de la Ley 599 del 2000.
[167] Artículo 15.
[168] Artículo 20.
[169] Sentencias T-695 de
2017 y T-117 de 2018.
[170] Sentencias T-588 de
2006, T-256 de 2013, T-135 de 2014, T-731 de 2015 y T-594 de 2017.
[171]
Sentencias T-695 y T-117 de 2018. Sobre la constatación razonable de la información
que se reproduce, la Corte IDH también ha concluido que es preciso exigir una
mínima actividad investigativa para verificar en forma razonable, aunque no
necesariamente exhaustiva la información que se reproduce, lo cual es mucho más
exigible para las autoridades estatales cuando se manifiestan sobre hechos de
interés público. Sentencia del 5 de agosto de 2008. Caso Apitz
Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela.
[172] Sentencia T-048 de
1993.
[173] Sentencias T-080 de
1993, T-602 de 1995, T-1198 de 2004, T-218 de 2009, T-934 de 2014 y T-731 de
2015.
[174] Sentencia T-602 de
1995.
[175] Sentencia T-934 de
2014.
[176] Cfr. Sentencia T-934
de 2014.
[177] T-003 de 2011, T-1198 de 2004, T-1088 de 2004, T-1225 de 2003, T-1000 de
2000.
[178] Sentencia C-1088 de 2004.
[179] Sentencia T-1198 de 2004.
[180] Ibídem.
[181] Sentencia C-043 de
2017.
[182] Wittgenstein, Tractatus Lógico-Philosophicus, París, Gallimard,
1961
[183] SU-214 de 2016.
[184] Por la cual se dictan
normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios. Modificada
por la Ley 1551 de 2012, “por la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios”.
[185] Numerales 6 y 9.
[186] Por el cual se
dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá.
[187] Exposición de motivos.
[188] En el texto original
no se precisó la moneda ni el monto exacto, toda vez que los mismos no
equivalen a millones.
[189] Informe Anual del ITDP para 2015.
[190] Junio de 2015
[191] Entrevista
a Walter Hook, Exdirector Ejecutivo del ITDP, realizada por Jonathan Andrews el
22 de mayo de 2013 para la plataforma “Cities today”.
[192] Cfr. Sentencias T-731
de 2015 T-546 de 2016 citada ut supra.
[193] Y
otras son: 1. tr. Traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que se
posee. 3. tr. Sacrificar al interés algo que no tiene valor material. 4. tr. Dicho de una persona: Faltar uno a la fe, confianza o amistad que debe a
otra. 7. prnl. Dejarse sobornar.
8. prnl. Ofrecerse a todo riesgo y costa en favor de alguien, aun exponiendo su
libertad.
9. prnl. Dicho de una persona: Decir o hacer inadvertidamente algo que descubre
lo que quiere tener oculto.
10. prnl. Dicho de una persona: Atribuirse condición o calidad que no tiene.
[194]Sentencia T-312 de
2015.
[195] https://www.ted.com/talks/enrique_penalosa_why_buses_represent_democracy_in_action?language=es