T-766-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-766/08
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional para evaluar la validez
constitucional de las decisiones judiciales ejecutoriadas
La jurisprudencia uniforme y consolidada de esta
Corporación ha recordado que si bien es cierto, como lo dijo el juez de tutela
en este asunto, la sentencia C-543 de 1992 declaró inexequibles los artículos
11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que regulaban la procedencia de la tutela
contra sentencias, por cuanto esas disposiciones desconocían los principios de
separación de jurisdicciones y de seguridad jurídica que consagra la
Constitución, no es menos cierto que esa misma providencia dijo que, de forma
excepcional, esta acción constitucional procede contra decisiones judiciales
que aunque en apariencia estuvieran revestidas de formas jurídicas, en realidad
implicaran una vía de hecho.  De este modo, entonces, la Corte Constitucional
ha sostenido invariablemente que la acción de tutela procede para analizar
decisiones judiciales que constituyen vías de hecho y, por ende, resultan
contrarias a la Constitución.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Separación del precedente como causal de
procedibilidad de la acción de tutela
ACCION DE GRUPO-Desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre
la procedencia de la acción de grupo
ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA-Casos en los que la pretensión mayor es el lucro
cesante
ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA-Desconocimiento de la jurisprudencia del Consejo de
Estado
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Por la prevalencia de derechos fundamentales, procede
para analizar decisiones judiciales que constituyen vías de hecho
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Principios de seguridad jurídica y cosa juzgada no
justifican la violación de la constitución
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Autonomía judicial no puede confundirse con
arbitrariedad judicial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Principio de separación de jurisdicciones no implica
el distanciamiento de la legalidad y la constitucionalidad
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Superación del concepto de vía de hecho y admisión
de causales especificas de procedibilidad de la acción
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Si resulta protuberante en el análisis del caso
concreto, un defecto sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental, permitiría
estimar que una providencia judicial es realmente una vía de hecho
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-El juez constitucional no debe descartar prima
facie su procedencia sino que debe analizar, en el caso concreto, si existe
violación de los derechos fundamentales invocados por el accionante
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-El juez constitucional debe analizar, en el caso
concreto, si existe violación de los derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-El juez constitucional debe analizar si los
Tribunales y Jueces Administrativos incurren en vía de hecho cuando se apartan
de los precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedibilidad por desconocimiento del precedente
vertical y de la cosa juzgada constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-El juez está
vinculado por el artículo 13 de la Carta que impone la igualdad de trato
jurídico en la aplicación de la ley
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-La autonomía del
juez se encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales y, en
particular, del debido proceso judicial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No constituye facultad discrecional del funcionario
judicial el respeto a las decisiones proferidas por jueces de superior
jerarquía y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las
jurisdicciones
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-El respeto a los
precedentes de jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos de
cierre se basa en los principios de igualdad, cosa juzgada, autonomía judicial,
buena fe y confianza legítima
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Racionalidad y
mínimo de coherencia al interior del sistema jurídico
PRECEDENTE JUDICIAL Y RATIO DECIDENDI-Al ser una regla debe ser seguida en todos los casos
que se subsuman en la hipótesis prevista en ella
PRECEDENTE JUDICIAL Y RATIO DECIDENDI-El precedente
judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que
están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a
consideración del juez
RATIO DECIDENDI-Se determina a través del problema jurídico que analiza la Corte en
relación con los hechos del caso concreto y, al ser una regla, debe ser seguida
en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella
PRECEDENTE JUDICIAL Y RATIO DECIDENDI-La regla de
vinculación no puede ser entendida de manera absoluta, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad
en el único posible para resolver un asunto concreto
SEPARACION DEL PRECEDENTE-Obligación del juez de explicar de manera expresa,
amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición
SEPARACION DEL PRECEDENTE-Carga argumentativa de la separación del caso resuelto
con anterioridad
SEPARACION DEL PRECEDENTE-El funcionario judicial puede apartarse de su propio
precedente o del precedente resuelto por el superior jerárquico, siempre y
cuando explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que
modifica su posición
SEPARACION DEL PRECEDENTE-Ante situaciones fácticas iguales corresponde la misma
solución jurídica, a menos que el juez competente exprese razones serias y
suficientes para apartarse del precedente
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE-Violación de los derechos a la igualdad y al debido
proceso
SEPARACION DEL PRECEDENTE
JUDICIAL SIN LA JUSTIFICACION SUFICIENTE-Amparo de los derechos a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
CORTE CONSTITUCIONAL-Es el superior funcional del tribunal si la materia
involucra la interpretación de normas constitucionales
CORTE CONSTITUCIONAL-Obligación de los jueces de resolver los casos de
acuerdo con los precedentes de la Corte Constitucional
CORTE CONSTITUCIONAL-Desconocimiento por los jueces de la doctrina
constitucional, constituye un defecto sustancial
CORTE CONSTITUCIONAL-Los jueces de la república en sus providencias no sólo
están obligados a respetar el precedente resuelto por la Corte Constitucional,
sino que además deben acatar la cosa juzgada constitucional
CORTE CONSTITUCIONAL-El carácter normativo superior de la cosa juzgada
constitucional impone su fuerza vinculante aún frente al principio de autonomía
judicial
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-No es posible que los jueces, lo que incluye a los
mismos magistrados de la Corte Constitucional y de las demás corporaciones
judiciales, se aparten de ella, ni siquiera con la motivación judicial de su
disconformidad
ACCION DE GRUPO-Desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre
acción de grupo
ACCION
DE TUTELA-Procedencia por agotamiento
de todos los medios judiciales previstos para el caso, pues el recurso de
reposición no era idóneo para proteger los derechos de contradicción y de
acceso a la justicia de los accionantes en el caso concreto
MEDIO
JUDICIAL IDONEO-El apoderado de los
demandantes no sólo acudió a las vías judiciales diseñadas para el efecto, sino
que en la actualidad no existe otro medio judicial que lo permita
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Como requisito de procedibilidad general se exige haber agotado todos
los medios judiciales idóneos para la defensa de los derechos fundamentales
cuya protección se pretende por vía de tutela
En
cuanto a la posibilidad de acudir a la justicia para obtener la reparación de
los perjuicios causados por la que se considera una falla en el servicio de la
Nación, es claro que el apoderado de los demandantes no sólo acudió a las vías
judiciales diseñadas para el efecto, sino que en la actualidad no existe otro
medio judicial que lo permita. Nótese que el apoderado del accionante recurrió
a la acción de grupo que la consideró procedente para obtener sus pretensiones.
Posteriormente, y amparado por la confianza que le daba la orden emitida por el
tribunal de dar trámite al asunto por vía de la acción de reparación directa,
adecuó la demanda e intentó acudir a este medio judicial, también idóneo para
obtener la reparación de los daños antijurídicos causados por el Estado, pero
ésta fue rechazada y la demanda archivada. Y, finalmente, debemos recordar que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, numeral 8º, del Código
Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa caduca al
vencimiento de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del
hecho y en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, la acción de grupo caduca
dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Entonces,
si se tiene en cuenta que la muerte de los familiares de los demandantes
ocurrió el 1º de febrero de 2005, es fácil concluir que las dos acciones
idóneas para obtener la reparación de los perjuicios alegados, ya caducaron. En
consecuencia, se cumple el requisito de procedibilidad general que exige haber
agotado todos los medios judiciales idóneos para la defensa de los derechos
fundamentales cuya protección se pretende por vía de tutela
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Inmediatez como requisito de procedibilidad
En
este caso se ha cumplido el principio de inmediatez, en la medida en que la
tutela se interpuso aproximadamente seis meses después de ejecutoriado el auto
de rechazo. En efecto, la tutela fue presentada el 24 de enero de 2008 y el
auto del ad quem reprochado debió ejecutoriarse a mediados del mes de julio de
2007, puesto que en el expediente aparece como fecha del salvamento de voto: el
5 de julio de ese año, lo que hace presumir que debió notificarse en los días
próximos
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Las decisiones judiciales reprochadas involucran derechos fundamentales
del accionante
Para
la Sala es evidente que las decisiones judiciales reprochadas involucran
derechos fundamentales del accionante, como quiera que la declaratoria de
nulidad del proceso adelantado en ejercicio de la acción de grupo porque la
consideró improcedente, el rechazo de la demanda de reparación directa y la
caducidad de esas acciones, impidieron que los demandantes accedan a la
justicia para obtener la reparación de los daños antijurídicos que consideran
fueron causados por el Estado y afectaron el debido proceso judicial, en la
forma cómo se verá posteriormente
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Presupuestos específicos de procedibilidad general
PRESUPUESTOS
ESPECIFICOS DE PROCEDIBILIDAD-Demanda
no debió ni inadmitirse ni rechazarse porque la estimación razonada de la
cuantía se efectuó de acuerdo con la jurisprudencia actual del Consejo de
Estado
PRESUPUESTOS
ESPECIFICOS DE PROCEDIBILIDAD GENERAL DE LA TUTELA-Los funcionarios judiciales demandados incurrieron en
un defecto por desconocimiento del precedente horizontal
ACCION DE GRUPO-Definición
ACCION DE GRUPO-Conformación
del grupo
ACCION DE GRUPO-Procede por desconocimiento de
derechos subjetivos y no sólo por la vulneración de derechos o intereses
colectivos
ACCION DE GRUPO-Causa uniforme que conforma el
grupo no necesariamente debe originarse en hechos de “impacto colectivo”
ACCION DE GRUPO-Afectación de derechos subjetivos
que se originaron en la falla en el servicio de la administración
ACCION DE GRUPO-Exigencia legal de la
preexistencia del grupo a la ocurrencia del daño, como requisito de
procedibilidad de la acción de grupo, constituye un requisito desproporcionado,
que desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia
ACCION DE GRUPO-Exigencia legal de la
preexistencia del grupo a la ocurrencia del daño riñe con la naturaleza y
finalidad de las acciones de grupo
ACCION DE GRUPO-Condiciones adicionales de
conformación del grupo constituyen una limitación arbitraria de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
VIA DE HECHO-Violación
de la cosa juzgada constitucional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
EJECUTORIADAS-Desconocimiento de
precedente vertical porque el Tribunal administrativo desconoció jurisprudencia
del Consejo de Estado
ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA-Lucro cesante
futuro en acción de reparación directa
ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA-Los perjuicios
que se excluyen por carecer de actualidad, son aquellos que se reclamen como
accesorios
ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA-El daño emergente  y el lucro cesante futuros no
pueden considerarse como peticiones accesorias, ya que en sí mismos constituyen
el daño material
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE VERTICAL-Vía de hecho en el trámite que se le dio a la acción
de reparación directa
ACCIONES DE GRUPO-La competencia no está determinada por razón de la cuantía sino que se
utilizó el criterio orgánico
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-Si el caso se encontraba para fallo, la entrada en
funcionamiento de los jueces administrativos no cambió la competencia del
tribunal administrativo por lo que debe resolver, en primera instancia
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-El derecho a la jurisdicción hace parte fundamental
del debido proceso
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-El derecho a la jurisdicción materializa el valor de
justicia, hace efectivo el deber del Estado de administrar justicia y garantiza
la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales
DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA-Protección por vía de tutela
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA-Afectación y posibilidad de protección por vía de
tutela
Referencia: expediente T-1.871.233
Peticionario: Aquilino Góngora Castro
Accionados: Juzgado Quinto Administrativo de Pasto y
Tribunal Administrativo de Nariño
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil
ocho (2008).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra
Porto y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de la sentencia del 22 de
febrero de 2008, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el
proceso de tutela promovido por el señor Aquilino Góngora Castro contra el Juzgado
Quinto Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño.
I. ANTECEDENTES
1. Derechos fundamentales invocados
El señor
Aquilino Góngora Castro instauró acción de tutela para que se le protejan sus
derechos al debido proceso y de acceso a la justicia que considera vulnerados
por los autos del 20 de marzo y 29 de junio de 2007, por medio de los cuales el
Juzgado 5º Administrativo de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño,
respectivamente, rechazaron la demanda instaurada en ejercicio de la acción de
grupo.
Para
ese efecto, como pretensión principal solicitó “dejar sin efecto las
providencias relacionadas que dispusieron el rechazo de la demanda y en su
lugar, decretar su admisión, determinándose que la competencia para conocer de
ella es el H. Tribunal Administrativo de Nariño, en razón de la cuantía y el
lugar de ocurrencia de los hechos, por lo cual, al haberse practicado ya las
pruebas, debe proceder a dictar sentencia de mérito, sin más dilaciones”.
Y, como pretensión subsidiaria, el accionante pidió “ordenar al Tribunal
Administrativo de Nariño, previa la anulación de todo lo actuado a partir de la
providencia que declaró la nulidad de las actuaciones surtidas dentro de la
acción de grupo, para, en su lugar, disponer de ella continúe hasta obtener
sentencia de mérito por la adecuada vía procesal”.
2. Hechos
- En ejercicio de la acción de grupo, mediante
apoderado, el 5 de julio de 2005, el accionante y 24 personas más, demandaron a
la Nación- Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, para obtener la reparación
de los perjuicios causados por la muerte de sus familiares (tres soldados que
prestaban servicio militar obligatorio), ocurrida el 1º de febrero de 2005 en la
Base Militar de Iscuandé (Nariño).
- A pesar de que la demanda fue admitida por el
Tribunal Administrativo de Nariño y el proceso se encontraba para fallo,
mediante auto del 8 de agosto de 2006, esa Corporación decidió declarar de
oficio la nulidad de lo actuado y envió el expediente a los Juzgados Administrativos
de Pasto para que el asunto se tramite como una demanda de reparación directa.
- Con expreso desacuerdo sobre la improcedencia de la
acción de grupo decretada por el Tribunal porque se amparó “en las normas y
jurisprudencia vigentes”, pero en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal,
el apoderado de los demandantes procedió a adecuar la demanda a la acción de
reparación directa.
- Por auto del 23 de octubre de 2006, el Juzgado 5º
Administrativo de Pasto asumió la competencia e inadmitió la demanda de
reparación directa porque consideró que la cuantía no se acomodaba a las
exigencias de la ley para que ese despacho sea competente, por lo que ordenó
corregirla.
- Ese auto fue notificado por estado el 25 de octubre
de 2006 y, sin que se dejase correr el término de ejecutoria, al día siguiente
se corrió el traslado para su corrección.
- El apoderado de la parte actora corrigió la demanda
en el sentido de indicar que la pretensión mayor es el lucro cesante, el cual
lo cuantificó en cuatrocientos millones de pesos. Específicamente en el acápite
de la demanda de “estimación razonada de la cuantía” dijo que se apoyaba en el
auto del 20 de marzo de 2006, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el
cual explicó que el lucro cesante y el daño emergente son dos pretensiones
distintas, pero que ellos incluyen, como una sola pretensión, el perjuicio
futuro o no consolidado y el daño consolidado. Por esa razón, el apoderado de
los demandantes insistió en la competencia, en primera instancia, del Tribunal
Administrativo de Nariño, pues a la fecha de presentación de la demanda, la
cuantía para el efecto fijada en la Ley 954 de 2005 correspondía a 500 salarios
mínimos, esto es, a $190.000.000.
- Mediante auto del 1º de febrero de 2007, el Juzgado
5º Administrativo de Pasto remitió el expediente al Tribunal porque la cuantía
fijada en la demanda excedía su competencia. No obstante, por auto del 6 de
febrero de 2007, el Tribunal Administrativo de Nariño ordenó devolver el
expediente para que el juzgado continúe conociendo del asunto.
- Por auto del 20 de marzo de 2007, el Juzgado 5º
Administrativo de Pasto resolvió rechazar la demanda porque la parte demandante
no corrigió la demanda que había sido inadmitida por ese despacho. Contra esa
decisión se interpuso recurso de apelación.
- Mediante auto del 29 de junio de 2007, el Tribunal
Administrativo de Nariño, confirmó el rechazo de la demanda por dos razones: La
primera, porque los demandantes no subsanaron la deficiencia anotada por el
juez y, la segunda, porque al no haberse recurrido el auto que ordenó corregir
la demanda, el Tribunal no podía examinar las consideraciones que llevaron al
juzgado a exigir la corrección de la misma.
- Uno de los Magistrados del Tribunal Administrativo
de Nariño salvó su voto a la decisión de confirmar el rechazo de la demanda en
consideración con tres argumentos principales: i) la providencia de la que se
apartó impidió el acceso a la administración de justicia de los demandantes sin
causa atribuible a ellos, porque por “los avatares del proceso” transcurrió más
de un año en meros trámites y a esa fecha la acción ya caducó; ii) el apoderado
de la parte demandante no tuvo la oportunidad de controvertir el auto que
inadmitió la demanda y ordenó su corrección, por cuanto se notificó por estado
el 25 de octubre de 2006 y al día siguiente empezó a correr el término de
traslado para corrección y, iii) el Tribunal no tuvo en cuenta que los
demandantes fundamentaron la estimación de la cuantía en la última posición del
Consejo de Estado, por lo que “sus decisiones ameritan consultarse y acatarse
como precedentes judiciales. Sobre todo cuando la consistencia de los
argumentos empiezan a abrirse paso”. En consecuencia, consideró que “al
accionante no se le puede privar del acceso a la administración de justicia con
el argumento de no haber corregido la demanda, si su único ‘error’ –si así se
le puede llamar- fue el de ajustarse a unos nuevos lineamientos
jurisprudenciales del Consejo de Estado”.
3. Contestación de la solicitud de tutela
3.1. Tribunal Administrativo de Nariño
El Magistrado Julio Armando Rodríguez Vallejo
intervino en el presente asunto para solicitar que se declare improcedente la
tutela de la referencia, en resumen, por lo siguiente:
- Las providencias que se reprochan no constituyen vía
de hecho, por cuanto el procedimiento adelantado se hizo de conformidad con la
normatividad vigente. Al respecto, recordó que, estando el proceso iniciado en
ejercicio de la acción de grupo con registro de proyecto de sentencia, la Sala
constató la existencia de una causal de nulidad de lo actuado desde antes de la
admisión de la demanda por falta de competencia, por cuanto “la acción de
grupo, en realidad no constituye una acción ordinaria acumulada… las
pretensiones de los demandantes se pudieron ventilar bajo los ritos del proceso
ordinario de reparación directa, pero la vía escogida por los actores fue la
acción contenida en la Ley 472 de 1998”. Esa decisión fue acatada por el
demandante porque adecuó la demanda y solicitó que se imprima el trámite
ordinario de la acción de reparación directa, en primera instancia, ante el
Tribunal Administrativo de Nariño. Asumido el conocimiento del asunto por el
juez administrativo, éste solicitó la corrección de la demanda porque la
estimación de la cuantía debe hacerse solamente con base en los perjuicios
causados y presentes, pero no los futuros. En su escrito de corrección, la
demanda insiste que la cuantía es de 400 millones de pesos, por lo que el
asunto debía ser conocido por el Tribunal, en primera instancia. En auto del 16
de febrero de 2007, el Tribunal ordenó devolver el expediente porque los
perjuicios futuros no deben ser tenidos en cuenta para determinar la cuantía.
Al no haberse corregido la demanda, entonces, el juzgado la rechazó y el
Tribunal la confirmó. El apoderado de los actores solicitó la nulidad de las
decisiones que la rechazaron, lo cual fue negado por auto del 22 de agosto de
2007.
- Lo anterior muestra que las decisiones adoptadas por
el Tribunal corresponden a una interpretación razonada y razonable de los
requisitos formales de la demanda y, en especial, de la forma cómo debe
estimarse razonablemente la cuantía. De todas maneras, el salvamento de voto no
convierte la decisión mayoritaria en una vía de hecho, por cuanto constituye
una expresión de la libertad ideológica y jurídica de uno de los integrantes
del Tribunal.
- De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado,
la acción de tutela no procede contra providencias judiciales ejecutoriadas
porque no puede entenderse una vía judicial alterna a los procesos ordinarios.
3.2. Juzgado 5º Administrativo de Pasto
La doctora Ana Beel Bastidas Pantoja, Juez 5º
Administrativo de Pasto, intervino en el presente asunto para solicitar que se
deniegue la pretensión del accionante.
En primer lugar, la juez recordó los hechos que
originaron la tutela, para posteriormente concluir que su actuación no
constituyó vía de hecho porque se limitó a cumplir lo dispuesto por el superior
jerárquico quien sostiene que, para efectos de la estimación razonada de la
cuantía no debía tenerse en cuenta el lucro cesante futuro. En vista de que el
apoderado de la parte actora insistió al respecto, ese despacho se limitó a
aplicar lo dispuesto en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo
y, en consecuencia, a rechazar la demanda.
3.3. Ministerio de Defensa
Mediante apoderada, la Nación- Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional, intervino en el presente asunto para solicitar que se
deniegue la pretensión del accionante, con base en dos argumentos:
De una parte, la simple descripción de los hechos
muestra que el propio actuar del apoderado del demandante fue el que originó la
afectación de los derechos cuya protección se pretende por tutela, por cuanto
él no corrigió la demanda en los términos indicados por el Juzgado
Administrativo y el Tribunal Administrativo de Nariño.
De otra parte, dijo el interviniente que las
decisiones reprochadas no constituyen vía de hecho, como quiera que no se
presenta ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judicial señaladas por la jurisprudencia.
4. Decisión judicial de instancia
Mediante sentencia del 22 de febrero
de 2008, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió rechazar por
improcedente la tutela de la referencia. Para llegar a esa conclusión, en
resumen, dijo lo siguiente:
- La acción de tutela es
improcedente para discutir la validez de providencias judiciales ejecutoriadas,
puesto que, mediante sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional declaró
la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que
lo permitían. Como esa providencia está amparada por la cosa juzgada
constitucional, debe cumplirse.
- A pesar de que la Corte
Constitucional ha elaborado las teorías de la vía de hecho y de las causales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en tesis constante y uniforme, resolvió apartarse
de las mismas porque al aceptarlas se desconocería la cosa juzgada
constitucional y el principio de independencia judicial consagrado en el
artículo 228 superior. En consecuencia, la Sala reitera esa posición y concluye
que las decisiones judiciales no pueden ser objeto de revisión por medio de un
procedimiento breve y sumario y por parte de los jueces constitucionales.
II. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86
y 241 de la Constitución y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Sala es
competente para revisar la sentencia del 22 de febrero de 2008, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en cuanto rechazó por improcedente la
tutela de la referencia.
Presentación del caso y del problema jurídico.
2. El accionante considera vulnerados sus derechos de
acceso a la justicia y al debido proceso en el trámite adelantado por el
Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado 5º Administrativo de Pasto, con
ocasión de la demanda formulada por él y otras 24 personas contra la Nación, en
ejercicio de la acción de grupo. En resumen, el peticionario opina que las
siguientes tres irregularidades constituyen vías de hecho, a saber: i) el
Tribunal no debió declarar la nulidad de lo actuado en el proceso de la acción
de grupo, ni podía remitir el expediente al Juzgado Administrativo para que se
tramite como acción de reparación directa, en tanto que se daban todos los
presupuestos para que sea procedente la acción constitucional, ii) el Juzgado
no le dio la oportunidad de interponer recurso contra el auto que inadmitió la
demanda, porque se dio traslado para su corrección antes de que el auto
estuviere ejecutoriado y, iii) la demanda no debió ni inadmitirse ni rechazarse
porque la estimación razonada de la cuantía se efectuó de acuerdo con la
jurisprudencia actual del Consejo de Estado.
Por su parte, los demandados y el tercero vinculado al
proceso de tutela coincidieron en sostener que esta acción constitucional no
resulta procedente para estudiar la validez de providencias judiciales, más aún
si se tiene en cuenta que sus decisiones no constituyen vía de hecho porque
obedecen a interpretaciones razonables de la ley.
En el mismo sentido, el juez constitucional rechazó la
tutela porque, de acuerdo con lo resuelto por la Corte Constitucional en
sentencia C-543 de 1992, la acción de tutela no procede contra providencias
judiciales ejecutoriadas.
3. Así las cosas, a la Sala corresponde averiguar si la
acción de tutela es el instrumento judicial idóneo para analizar la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
justicia en el trámite de la demanda presentada por el accionante, en ejercicio
de la acción de grupo, que fue tramitada inicialmente por el Tribunal
Administrativo de Nariño y posteriormente por el Juzgado 5º Administrativo de
Pasto. Para el efecto, la Sala iniciará su análisis con la reiteración de su
jurisprudencia en relación con la procedencia excepcional de esta acción
constitucional para evaluar la validez constitucional de las decisiones
judiciales ejecutoriadas. Posteriormente y, teniendo en cuenta que uno de los
argumentos expuestos por el demandante para sustentar la vía de hecho que alega
es el desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
relación con la procedencia de la acción de grupo y del Consejo de Estado
respecto de la forma cómo debe estimarse la cuantía en casos en los que la
pretensión mayor sea el lucro cesante, esta Sala estudiará si la separación del
precedente constituye causal de procedibilidad de la acción de tutela. Con base
en lo que se concluya, deberá examinarse el caso concreto.
Procedencia excepcional de
la acción de tutela para discutir decisiones judiciales ejecutoriadas.
Reiteración de jurisprudencia
4. La jurisprudencia uniforme
y consolidada de esta Corporación ha recordado que si bien es cierto, como lo
dijo el juez de tutela en este asunto, la sentencia C-543 de 1992 declaró inexequibles
los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que regulaban la procedencia de
la tutela contra sentencias, por cuanto esas disposiciones desconocían los
principios de separación de jurisdicciones y de seguridad jurídica que consagra
la Constitución, no es menos cierto que esa misma providencia dijo que, de
forma excepcional, esta acción constitucional procede contra decisiones
judiciales que aunque en apariencia estuvieran revestidas de formas jurídicas,
en realidad implicaran una vía de hecho.
De este modo, entonces, la
Corte Constitucional ha sostenido invariablemente que la acción de tutela
procede para analizar decisiones judiciales que constituyen vías de hecho y,
por ende, resultan contrarias a la Constitución. Esta tesis surge de la
aplicación directa de los artículos 2º, 4º, 5º y 86 de la Constitución, por
cuatro razones principales: La primera, porque la defensa de los derechos fundamentales
en el Estado Social de Derecho es prevalente y obliga a todas las autoridades
públicas, lo cual incluye a los jueces. Debe recordarse que uno de los pilares
fundantes del Estado democrático y constitucional es la eficacia de los
derechos y deberes fundamentales. La segunda, porque los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada no justifican la violación de la Constitución
ni pueden salvaguardar decisiones que resulten contrarias a esos mismos
principios. De hecho, es evidente que una vía de hecho constituye una clara
amenaza a la seguridad jurídica y a la estabilidad del derecho, por lo que, la
defensa en abstracto de ese principio, implica el rompimiento del mismo en el
caso concreto. La tercera, porque la autonomía judicial no puede confundirse
con la arbitrariedad judicial, de ahí que el juez debe adoptar sus decisiones
dentro de los parámetros legales y constitucionales porque esa facultad no
significa autorización para violar la Constitución. Finalmente, porque el
principio de separación de jurisdicciones no implica el distanciamiento de la
legalidad y la constitucionalidad. Por el contrario, el artículo 4º de la Carta
es claro en señalar que la Constitución es norma de normas y, por consiguiente,
ésta debe informar todo el ordenamiento jurídico; en especial, es exigible en
la aplicación e interpretación de la ley.
5.
Con base en lo anterior, desde las sentencias T-079 y T-158 de 1993, esta
Corporación desarrolló el concepto de vía de hecho. Inicialmente, fue entendido
como la decisión “arbitraria y caprichosa” del juez que resuelve un
asunto sometido a su consideración, por lo que la providencia resulta
manifiesta y evidentemente contraria a las normas que rigen el caso concreto. La
sentencia T-231 de 1994 señaló cuatro defectos protuberantes que, analizado el
caso concreto, permitirían estimar que una providencia judicial es realmente
una vía de hecho, a saber: i) defecto sustantivo, es el que se presenta cuando
la decisión se adopta en consideración con una norma indiscutiblemente
inaplicable; ii) defecto fáctico, el que ocurre cuando el juez falla sin el
sustento probatorio suficiente para aplicar las normas en que se funda
decisión; iii) defecto orgánico, se presenta cuando el juez profirió su
decisión con total incompetencia para ello; y, iv) defecto procedimental que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó desconociendo el procedimiento
o el proceso debido para cada actuación.
Después
de varios años de decantar el concepto de vía de hecho, la Corte Constitucional
consideró necesario replantearlo y ampliarlo a las “causales genéricas de
procedibilidad de la acción”. Así, en la Sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena
de esta Corporación declaró inexequible la expresión “ni acción”, que
hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 porque restringía el
ejercicio de la acción de tutela contra sentencias de la Corte Suprema de
Justicia en ejercicio del recurso extraordinario de casación en materia penal.
En esta oportunidad, se dejó en claro que procedía la tutela contra
providencias judiciales ejecutoriadas cuando se presentan, entre otras, las
siguientes causales específicas de procedibilidad:
“Para que proceda una tutela contra una sentencia se
requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante
se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.  Violación directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de tutela
contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de
hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata
de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”
6.
Conforme a lo anterior, la acción de tutela procede contra decisiones
judiciales, como las que ahora se reprochan, siempre y cuando éstas violen
derechos fundamentales y con ello se demuestre una de las causales especiales
de procedibilidad de la acción constitucional. Por consiguiente, lejos de
descartar prima facie la procedencia de esta acción constitucional
contra providencias judiciales, el juez constitucional debe analizar, en el
caso concreto, si existe violación de los
derechos fundamentales invocados por el accionante y, en especial, si los
Tribunales Administrativos y los Jueces Administrativos incurren en vía de
hecho cuando se apartan de los precedentes resueltos por el Consejo de Estado y
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El desconocimiento del precedente vertical y de la
cosa juzgada constitucional es una causal de procedibilidad de la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia
7. Como se vio, la sentencia C-590 de 2005, precisó
que el desconocimiento del precedente constituye una causal de procedibilidad
de la acción de tutela cuando la decisión judicial ordinaria o contencioso
administrativa afecta derechos fundamentales de las partes. En efecto, en
especial, respecto del precedente vertical[1], la jurisprudencia de
esta Corporación ha sido enfática en sostener que el juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Carta que impone la igualdad de trato
jurídico en la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se encuentra
limitada por la eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del
debido proceso judicial.
En este contexto, la jurisprudencia sostiene que el
respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y,
en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones
(ordinaria, contencioso administrativa y constitucional) no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de
obligatorio cumplimiento. A esta conclusión se ha llegado en consideración con,
al menos, cinco razones: i) el principio de igualdad que es vinculante a todas
las autoridades e, incluso, a algunos particulares, exige que supuestos
fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y, por consiguiente, con la
misma consecuencia jurídica; ii) el principio de cosa juzgada otorga a los
destinatarios de las decisiones jurídicas seguridad jurídica y previsibilidad
de la interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una ciencia
exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; iii) La autonomía judicial
no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la
interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado
de Derecho; iv) Los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la
administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues
existen expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de
racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia
a su interior. De hecho, como lo advirtió la Corte, “el respeto al
precedente es al derecho lo que el principio de universalización y el
imperativo categórico son a la ética, puesto que es buen juez aquel que dicta
una decisión que estaría dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que
presente caracteres análogos”[2]
8. Ahora bien, como lo ha advertido esta Corporación
en reiteradas oportunidades[3], el precedente judicial
vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están
cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a
consideración del juez. Así, el precedente está ligado a la ratio decidendi
o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los
presupuestos fácticos relevantes de cada caso[4]. De esta forma, la Sala Novena de Revisión recordó
que la ratio decidendi “i) corresponde a la regla que aplica el juez
en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza la Corte en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una
regla debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis
prevista en ella”[5]
En otra ocasión, la Sala Novena de Revisión explicó
que la correcta utilización del precedente judicial implica que:
“un caso pendiente de decisión debe ser fallado de
conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho
que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y
(iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación.”[6]
9. No obstante la importancia de la regla de
vinculación a la ratio decidendi y, especialmente relevante para el
asunto sub iúdice, el respeto por el precedente, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que no puede ser entendida de manera absoluta, pues
no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el
criterio de autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto,
simplemente se trata de armonizar y salvaguardar los principios
constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por esa razón, se ha
advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o
del precedente resuelto por el superior jerárquico, siempre y cuando explique
de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la
separación del caso resuelto con anterioridad. Al respecto, la Corte explicó:
“En conclusión,  y de manera general, para efectos de
separarse del precedente horizontal o vertical, son necesarios entonces, dos
elementos básicos: i) referirse al precedente anterior y ii) ofrecer un
argumento suficiente para el abandono o cambio si en un caso se pretende fallar
en un sentido contrario al anterior en situaciones fácticas similares, a fin de
conjurar la arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de igualdad”[7]
De
esta forma, a situaciones fácticas iguales corresponde la misma solución
jurídica, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes
para apartarse del precedente.
10.
Conforme a lo expuesto en precedencia, en caso de que el funcionario judicial
se aparte del precedente resuelto por su superior jerárquico “ya sea porque
omite hacer referencia a ellos, o porque no presenta motivos razonables y
suficientes para justificar su nueva posición, la consecuencia no es otra que
la violación de los derechos a la igualdad y al debido proceso, lo que da lugar
a la protección mediante acción de tutela”[8]. Dicho de otro modo,
cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma
conclusión jurídica cuando analiza los mismos supuestos de hecho, incurre en
una vía de hecho que puede ser superada por medio de la acción de tutela.
Son múltiples las oportunidades en las que las distintas
Salas de Revisión de la Corte Constitucional han concedido el amparo de los
derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, de varias personas a las que la separación del precedente judicial
sin la justificación suficiente para entender que se trata de una evolución
jurisprudencial y no de una arbitrariedad judicial, les produjo afectación
subjetiva de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, la sentencia T-698 de
2004, concedió la tutela de los derechos a la igualdad y de acceso a la
justicia de una extrabajadora del municipio de Itaguí, por cuanto, a pesar de
que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya había dicho que las
personas que prestan los servicios de aseo en los edificios públicos deben ser
consideradas trabajadoras oficiales, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín
concluyó que los servidores vinculados al cargo de Auxiliar de Servicios
Generales de la planta de personal de los municipios son empleados públicos y,
por consiguiente, la entidad territorial no estaba obligada a pagarle las
prestaciones sociales y laborales correspondientes a esa modalidad de servidor
público. Para la Sala Séptima de Revisión, la vulneración de los derechos
fundamentales se originó en el desconocimiento del precedente resuelto por el
superior funcional, en tanto que:
“Los recursos de apelación
y consulta en  la estructura orgánica de la rama judicial, permiten
precisamente que el superior revise una decisión del a quo. Si ello es así, es
claro que el juez superior puede controlar la interpretación del inferior
frente a normas concretas o aspectos jurídicos específicos, por lo que el juez
inferior deberá en principio tener en cuenta las apreciaciones del juez
superior al respecto, y no desoír libremente estas consideraciones. De ahí que
si lo que pretende es apartarse de las consideraciones del superior, su carga
mínima será fundar esa separación de las consideraciones del superior en su
decisión. En este sentido, puede decirse  objetivamente, que el juez de
instancia está limitado por el precedente fijado por sus superior frente
a la aplicación o interpretación de una norma concreta, por lo que en casos
similares deberá evaluar sus consideraciones con base en las observaciones que
se le hagan, so pena de que en sede de apelación le sea avalada o refutada la
doctrina establecida en un caso concreto
(…)
Así, en sentido vertical, se puede aceptar que un juez
inferior se aparte del precedente de su superior si,  i) después de hacer
referencia expresa al referente y  ii) luego de resumir su esencia y razón de
ser, iii) se aparta voluntariamente de él exponiendo razones debidamente
fundadas para justificar su decisión”
De
igual manera, en sentencias T-838 de 2007 y T-1092 de 2007, las Salas Novena y
Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, respectivamente, tutelaron los
derechos al debido proceso y a la igualdad de dos personas que, mediante actos
administrativos sin motivar, fueron desvinculadas de cargos de carrera
administrativa porque habían sido nombradas en provisionalidad. El Tribunal
Administrativo de Sucre les negó las pretensiones en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho porque, de acuerdo con la tesis actual
del Consejo de Estado, no se requiere motivar dicha decisión de la
administración. La Corte dijo que, en esa materia en la que se involucra la
interpretación de normas constitucionales, esta Corporación es el superior
funcional del Tribunal y, como tal, estaba obligado a resolver los casos de
acuerdo con los precedentes de la Corte Constitucional que exigen la motivación
de dichos actos administrativos.
11.
En este orden de ideas, la vinculación del precedente exige tener en cuenta la providencia
anterior y al separarse de ella, no sólo motivar la decisión, sino ofrecer
argumentos suficientes y contundentes para demostrar que lo dicho con
anterioridad no es válido, es insuficiente o es incorrecto. Ello implica,
entonces, justificar la nueva postura y descalificar las otras consideraciones
que han sido base de decisiones anteriores. Sólo de esta manera se logra
superar la vinculación del precedente y el deber de resolver en forma igual
casos iguales.
12.
Pero, entonces, como forma de armonizar los principios de seguridad jurídica,
coherencia judicial, igualdad y autonomía judicial, los jueces de la República
en sus providencias no sólo están obligados a respetar el precedente resuelto
por la Corte Constitucional, sino que además, por expresa disposición de los
artículos 243 de la Constitución y 48 de la Ley 270 de 1996, deben acatar la
cosa juzgada constitucional contenida en la parte resolutiva y en la ratio
decidendi de sus providencias.
En
efecto, ha dicho la Corte que el carácter normativo superior de la cosa juzgada
constitucional impone su fuerza vinculante aún frente al principio de autonomía
judicial, pues no es posible que los jueces, lo que incluye a los mismos
magistrados de la Corte Constitucional y de las demás corporaciones judiciales,
se aparten de ella, ni siquiera con la motivación judicial de su
disconformidad. Por lo tanto, “el desconocimiento
de la doctrina constitucional constituye un defecto sustancial con el poder de
engendrar una vía de hecho”[9]
Con base en las consideraciones generales expuestas en
precedencia que permiten concluir la procedencia general de la acción de tutela
para analizar la validez constitucional de providencias judiciales
ejecutoriadas, ahora procede la Sala a definir, primero, si en este asunto se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, en
segundo lugar, si en las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de
Nariño y el Juzgado 5º Administrativo de Pasto, en el trámite de la demanda
presentada por el accionante, en ejercicio de la acción de grupo, incurrieron
en alguna de las causales específicas de procedibilidad de esta acción residual.
Caso concreto:
13. Se constata en el expediente de tutela que el
trámite que origina la alegada vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el accionante fue el siguiente:
13.1. En ejercicio de la acción de grupo, veinticinco
(25) personas (dentro de las cuales está el señor Aquilino Góngora Castro)
representadas por abogado, demandaron a la Nación- Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional para obtener la reparación de los perjuicios materiales y
morales causados por la muerte de 3 soldados que prestaban el servicio militar
obligatorio en la Base Militar de Iscuandé (Nariño). Los demandantes eran
familiares (padres, hermanos y abuelos) de los soldados que murieron con
ocasión de un ataque guerrillero en las instalaciones de dicho batallón. La
causa imputable al Estado se hizo consistir en la falla en el servicio de la
entidad pública “en razón de la total falta de inteligencia militar, de la
ausencia de orden de mando y absoluto descuido con que se los mantenía por sus
superiores, puesto que es de conocimiento público que el sitio de la emboscada
es de alta influencia guerrillera…”. La demanda fue presentada ante el
Tribunal Administrativo de Nariño el 5 de julio de 2005 (folios 8 a 24 del
cuaderno 1)
13.2. Después de adelantarse el proceso constitucional
y estando el negocio para fallo, mediante auto del 8 de agosto de 2006, el
Tribunal Administrativo de Nariño, de un lado, declaró la nulidad de lo actuado
a partir del auto admisorio de la demanda, pero dejó constancia de que “las
pruebas recaudadas conservarán su valor” y, de otro, ordenó remitir el
expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Administrativos de Pasto. Para
adoptar esas decisiones, el Tribunal expresó:
“si bien el número de demandantes es aquel que
requiere la norma legal y fueron afectados por el hecho por el cual se pretende
resarcimiento económico, no es procedente la acción constitucional impetrada,
toda vez que realmente no se trata sino de tres familias que, obviamente, no
conforman un grupo o clase… no se ha demostrado en el proceso que el hecho por
el cual se demanda, sea de aquellos que por las circunstancias en las cuales se
llevó al efecto, haya producido un gran impacto social que, como indica la
jurisprudencia justifique que los actores acudan a la acción constitucional y
no a la ordinaria para el resarcimiento económico que se pretende”
La jurisprudencia en que se apoyó el tribunal son sentencias
de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 18 de octubre de 2001,
expediente AG-021 y del 17 de mayo de 2001, expediente AG-010 y la sentencia
C-1062 de 2000, de la Corte Constitucional. En cuanto esta última, el tribunal recordó
que la indemnización de daños por vía de la acción de grupo tiene sentido
porque se trata de la afectación de derechos con repercusión social, por lo que
de esa forma se diferencia con las demás acciones reparatorias, en
consideración al número de los damnificados y el impacto generalizado que
produzca (folios 55 a 67 del cuaderno 1).
13.3. El 24 de agosto de 2006, el apoderado de los
demandantes dijo que aunque no compartía la decisión de declarar la nulidad
porque, a su juicio, se dan los presupuestos para fallar la acción de grupo de
acuerdo con lo expuesto por la jurisprudencia y la normativa vigente, acataría
la decisión y procedió a adecuar la demanda que “se les imprime el trámite
ordinario correspondiente al proceso de reparación directa, los cuales, de
conformidad con la estimación de la cuantía y lo preceptuado por el artículo
132 del C.C.A., modificado por la Ley 446 de 1998, deben considerarse como de
mayor cuantía por cuanto exceden de 500 SML y, por ende, conocido en primera
instancia por el H. Tribunal Administrativo de Nariño”. Al respecto, manifestó
que, para estimar la cuantía, mantiene el valor de la pretensión mayor indicado
en la demanda presentada en ejercicio de la acción de grupo, correspondiente a
400 millones de pesos, “por concepto de perjuicio material en la modalidad
de lucro cesante que se debe aceptar a favor de la madre del fallecido Bernardo
Saa Hurtado, teniendo como base para tal estimación el salario mínimo legal
vigente para la época de los hechos, debidamente actualizado, la edad del
occiso y su esperanza de vida, lo cual nos arroja una suma superior a la
establecida” (folios 71 a 74 del cuaderno 1).
13.4. Mediante auto del 23 de octubre de 2006, el Juez
5º Administrativo de Pasto resolvió inadmitir la demanda porque, a su juicio,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento
Civil, “la estimación de la cuantía debe hacerse teniendo en cuenta
únicamente los perjuicios causados o presentes, y en ninguna ocasión los
futuros, en razón a que los segundos deben establecerse en el transcurso del
proceso contencioso”. Como al adecuar la demanda en ejercicio de la acción
de grupo a acción de reparación directa, el apoderado de los actores se mantiene
en estimar la cuantía de esa manera y ese requisito es necesario para
determinar la competencia, la demanda debe ser corregida (folios 75 y 76 del
cuaderno 1).
13.5. En escrito presentado el 7 de noviembre de 2006
ante la Juez 5º Administrativo de Pasto, el apoderado de los demandantes
insiste en que estima la pretensión mayor en 400 millones de pesos por concepto
de lucro cesante y, por lo tanto, la competencia corresponde en primera
instancia al Tribunal Administrativo de Nariño y en segunda al Consejo de
Estado, puesto que, de acuerdo con lo resuelto por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en auto del 30 de marzo de 2006, expediente 32.085, en los
procesos de reparación directa, puede tenerse en cuenta el lucro cesante futuro
para estimar la cuantía y determinar la pretensión mayor (folios 77 a 81 del
cuaderno 1).
13.6. Con base en lo anterior, por auto del 1º de
febrero de 2007, la Juez Quinto Administrativo de Pasto remitió el expediente
al Tribunal Administrativo de Nariño porque, de acuerdo con la estimación de la
cuantía de la pretensión mayor, la competencia del asunto correspondía, en
primera instancia, a esa Corporación.
13.7. En auto del 16 de febrero de 2007, la Magistrada
del Tribunal Administrativo de Nariño, doctora Beatriz Isabel Melodelgado
Pabón, devolvió el expediente al Juzgado Administrativo porque “un juez de
inferior jerarquía no puede proponer conflicto de competencias ante un
superior, pues uno de los presupuestos para que se suscite el conflicto es que
los jueces deben necesariamente ser de la misma categoría”. De igual
manera, dijo que “al momento de analizar la cuantía de la mayor pretensión,
no debe perderse de vista que los perjuicios morales y materiales no pueden
sumarse, y que aún dentro de los perjuicios materiales pueden comportar el daño
emergente y el lucro cesante, que son distintos entre sí y por tanto se deben
precisar separadamente. También se debe considerar que de conformidad con
reiterada jurisprudencia de esta Corporación, el lucro cesante futuro no se
considera para efectos de establecer la cuantía, sino únicamente los perjuicios
ya consolidados y no los que resulten de expectativas”. Así concluyó que “de
aceptar que el proceso es de competencia del Tribunal Administrativo en casos
como el presente, puede afectar el principio de la doble instancia puesto que
el Consejo de Estado bien podría negar la apelación basándose en los parámetros
que ha trazado la jurisprudencia y, a los cuales deberá remitirse el juzgador”
(folios 82 a 84 del cuaderno 1)
13.8. Por auto del 20 de marzo de 2007, el Juzgado
Quinto Administrativo de Pasto rechazó la demanda porque “observa que ha
vencido el término de que disponía el actor para subsanar la estimación
razonada de la cuantía y no la corrigió” (folios 85 y 86 del cuaderno 1).
13.9. Al resolver el recurso de apelación formulado
por el apoderado de los demandantes, en auto del 29 de junio de 2007, el
Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión impugnada porque “el
actor no subsanó los defectos de la estimación razonada de la cuantía como se
lo ordenó la A quo” y “al no haberse interpuesto recurso de reposición frente
al auto que inadmitió la demanda, oportunidad en la cual debió ventilar las
críticas referentes a la posición asumida por el juzgado de no tener en cuenta
como monto de la cuantía el valor del lucro cesante, dicho proveído quedó en
firme y por tanto debía ser atacado” (folios 87 a 95 del cuaderno 1).
14. Lo anterior muestra que el asunto sub iudice
cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela,
como pasa a verse:
14.1. En relación
con las decisiones judiciales que resolvieron rechazar la demanda de reparación
directa que fue adecuada para ser tramitada mediante el proceso general de lo
contencioso administrativo, es evidente que se agotaron todos los medios
judiciales previstos para su caso, en tanto que, precisamente, otra de las
providencias que se ataca en esta vía es la que resolvió el recurso de
apelación y ordenó el archivo definitivo de la demanda.
Con todo, el
tribunal demandado dijo que el apoderado del accionante no había hecho uso del
recurso de reposición contra el auto que inadmitió la demanda de reparación
directa, por lo que resultaría improcedente que ahora se analicen los motivos
que llevaron a no darle trámite. A pesar de que es cierto que no se interpuso
ese recurso y, al margen de que en el expediente de tutela no está probado lo
dicho por el magistrado disidente en el salvamento de voto a la decisión de
rechazar la demanda en relación con una supuesta violación del derecho de
defensa de los accionantes por la imposibilidad de ejercer ese recurso por
defectos en la notificación, lo cierto es que la Sala considera que ese recurso
no resultaba idóneo para proteger los derechos de contradicción y de acceso a
la justicia de los accionantes.
En efecto, exigir
que interponga el recurso de reposición tan sólo constituía una mera formalidad
porque la cuestión de fondo estaba resuelta no sólo por la Juez 5ª
Administrativo de Pasto sino también por su superior jerárquico, de tal forma
que no sólo era bastante poco probable que reconsiderara su posición sino que
aún sin que se hubiere interpuesto la cuestión de fondo fue debatida en forma
negativa para los accionantes. Recuérdese que en el escrito de corrección de la
demanda, el cual bien pudo tener la forma de recurso de reposición porque fue
presentado en tiempo y estuvo debidamente sustentado, el demandante reiteró la manera
cómo debía cuantificarse la cuantía y le pidió a la juez que reconsiderara su
competencia, pues los procesos de reparación directa cuya cuantía excedía los
500 salarios mínimos al momento de presentación de la demanda, debían ser
conocidos, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo. En respuesta a
esa solicitud, la juez envió el expediente al tribunal porque lo encontró
competente por razón de la cuantía. Sin embargo, en auto de ponente, se
devolvió el expediente al juzgado porque la juez no podía promover colisión
negativa de competencias con el superior jerárquico y porque la cuantía
estimada por la parte actora no era adecuada. Y, finalmente, en el mismo auto
de rechazo, la juez se refirió a la tesis del tribunal que permitía deducir que
la estimación de la cuantía de la parte demandante no podía ser aceptada.
De otra parte, en
cuanto a la posibilidad de acudir a la justicia para obtener la reparación de
los perjuicios causados por la que se considera una falla en el servicio de la
Nación, también es claro que el apoderado de los demandantes no sólo acudió a
las vías judiciales diseñadas para el efecto, sino que en la actualidad no existe
otro medio judicial que lo permita. Nótese que el apoderado del accionante
recurrió a la acción de grupo que la consideró procedente para obtener sus
pretensiones. Posteriormente, y amparado por la confianza que le daba la orden
emitida por el tribunal de dar trámite al asunto por vía de la acción de
reparación directa, adecuó la demanda e intentó acudir a este medio judicial,
también idóneo para obtener la reparación de los daños antijurídicos causados
por el Estado, pero ésta fue rechazada y la demanda archivada. Y, finalmente,
debemos recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136, numeral
8º, del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa
caduca al vencimiento de dos años contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho y en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, la acción de
grupo caduca dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el
daño. Entonces, si se tiene en cuenta que la muerte de los familiares de los
demandantes ocurrió el 1º de febrero de 2005, es fácil concluir que las dos
acciones idóneas para obtener la reparación de los perjuicios alegados, ya
caducaron.
En consecuencia, se
cumple el requisito de procedibilidad general que exige haber agotado todos los
medios judiciales idóneos para la defensa de los derechos fundamentales cuya
protección se pretende por vía de tutela.
14.2. Igualmente,
en este caso se ha cumplido el principio de inmediatez, en la medida en que la
tutela se interpuso aproximadamente seis meses después de ejecutoriado el auto
de rechazo. En efecto, la tutela fue presentada el 24 de enero de 2008 y el
auto del ad quem reprochado debió ejecutoriarse a mediados del mes de
julio de 2007, puesto que en el expediente aparece como fecha del salvamento de
voto: el 5 de julio de ese año, lo que hace presumir que debió notificarse en
los días próximos.
14.3. De igual
manera, para la Sala es evidente que las decisiones judiciales reprochadas
involucran derechos fundamentales del accionante, como quiera que la
declaratoria de nulidad del proceso adelantado en ejercicio de la acción de
grupo porque la consideró improcedente, el rechazo de la demanda de reparación
directa y la caducidad de esas acciones, impidieron que los demandantes accedan
a la justicia[10] para obtener la
reparación de los daños antijurídicos que consideran fueron causados por el
Estado y afectaron el debido proceso judicial, en la forma cómo se verá
posteriormente.
15. Cumplidos los
presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela, pasa la Sala a
estudiar los presupuestos específicos en relación con los dos supuestos
principales en que se apoya el accionante para deducir la existencia de una vía
de hecho judicial, los cuales son:
i) el Tribunal no
debió declarar la nulidad de lo actuado en el proceso de la acción de grupo, ni
podía remitir el expediente al Juzgado Administrativo para que se tramite como
acción de reparación directa, en tanto que se daban todos los presupuestos para
que sea procedente la acción constitucional. Para ese efecto, se analizará,
brevemente, cuáles son los presupuestos exigidos en la ley y en la
jurisprudencia para configurar el grupo en esa acción constitucional. Con base
en ello, se resolverá si hubo una vía de hecho originada en el desconocimiento
del precedente o de la cosa juzgada constitucional o por defecto sustancial por
la inaplicación de las normas que regulan la conformación del grupo.
ii) la demanda no
debió ni inadmitirse ni rechazarse porque la estimación razonada de la cuantía
se efectuó de acuerdo con la jurisprudencia actual del Consejo de Estado. Al
respecto, la Sala examinará de manera puntual cuál ha sido la interpretación que
la Sección Tercera del Consejo de Estado ha realizado para interpretar los
artículos 137, numeral 6º, del Código Contencioso Administrativo y 20 del
Código de Procedimiento Civil, en las acciones de reparación directa. De igual
forma, se verificará si esas mismas reglas son aplicables a la acción de grupo.
Con ello, podrá resolverse si los funcionarios judiciales demandados
incurrieron en un defecto por desconocimiento del precedente horizontal.
Cabe advertir que la Sala no puede pronunciarse
respecto de la supuesta violación del derecho de defensa del accionante por
parte del Juzgado 5º Administrativo de Pasto al no haberle dado la oportunidad
de interponer recurso contra el auto que inadmitió la demanda, porque no
aparecen en el proceso los elementos de juicio suficientes para dar por
demostrada esa irregularidad.
Configuración del grupo en la ley y la jurisprudencia
16.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88, inciso 2º, de la Constitución,
la ley diseñará “las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las
correspondientes acciones particulares”. Así, la Ley 472 de 1994, en sus
artículos 3º y 46, dispuso que las acciones de grupo “son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de la misma causa que originó perjuicios individuales
para dichas personas” y se ejercerán “al menos por veinte personas” y
“exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de
los perjuicios”. Entonces, es obvio que estas acciones constitucionales
solamente resultan procedentes cuando se trata de indemnizar los daños causados
a un grupo.
Ahora
bien, tanto en la definición de acción de grupo como en la regulación
específica sobre la integración del grupo del artículo 55 de la Ley 472 de
1994, el legislador determinó cuáles debían ser las condiciones precisas para saber
cómo debía conformarse el grupo como criterio determinante de procedencia de
estas acciones. Así, la regulación sistemática inicial permitía deducir
que se conformaría el grupo si se reunían 4 condiciones: i) que existan no
menos de 20 personas afectadas, ii) que los demandantes reúnan condiciones
uniformes respecto de una misma causa, iii) que los daños causados se originen
en la omisión o acción o varias de acciones u omisiones “derivadas de la
vulneración de derechos o intereses colectivos”, iv) que las condiciones
uniformes debían tener también lugar respecto de los elementos que configuran
la responsabilidad.
Sin
embargo, las sentencias C-1062 de 2000 y C-569 de 2004 de la Corte
Constitucional, modificaron algunas de esas condiciones porque, en la forma en
que fueron reguladas, las encontraron contrarias al artículo 88 superior y al
derecho de acceso a la administración de justicia. En efecto, la primera de
esas sentencias extendió la causa del perjuicio, por cuanto consideró que el
origen del daño indemnizable mediante la acción de grupo no sólo debía
corresponder a la vulneración de derechos o intereses colectivos, sino también
al desconocimiento de derechos subjetivos de naturaleza legal o constitucional.
Al respecto, la Corte dijo:
“El hecho de que las acciones de
clase o de grupo se encuentren reguladas dentro de una norma constitucional que
hace referencia en su mayor parte a la garantía procesal de los derechos e
intereses colectivos, como ocurre en el artículo 88 de la Carta, no significa
que aquellas sólo puedan intentarse para obtener el reconocimiento y pago de la
indemnización adeudada por los perjuicios causados en derechos e intereses
colectivos, pues, como se ha establecido en esta providencia, dichas acciones
también podrán formularse con respecto de toda clase de derechos
constitucionales fundamentales y subjetivos de origen constitucional o legal
cuando han sido lesionados a un número plural de personas, con identidad de
causa y responsable, con el fin de reclamar la respectiva reparación de
perjuicios ante el juez, en forma pronta y efectiva.
(…)
Así las cosas, al restringirse en
el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 la categoría de derechos invocables para
integrar el grupo y así alcanzar los propósitos perseguidos con las acciones de
clase o de grupo, se contradice la Carta Política impidiendo la realización de
los fines esenciales del Estado social de derecho que propugnan por la garantía
de principios constitucionales como el de la igualdad, la efectividad de los
derechos constitucionalmente establecidos para las personas, entre ellos al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, desconociéndose los
valores fundantes de la justicia y de un orden político, económico y social
justo (C.P., art. 2o.. Preámbulo y 229)”.
17.
La aplicación e interpretación concreta de esta sentencia fue uniforme y
constante en el Consejo de Estado, pues en múltiples sentencias dijo que la
causa uniforme que conforma el grupo no necesariamente debe originarse en
hechos, acciones u omisiones de “impacto colectivo” sino también es procedente
la causa uniforme derivada de la vulneración de derechos subjetivos. Así, por
ejemplo, en providencia del 1º de marzo de 2002, expediente AG-030, C.P. Maria
Inés Ortiz Barbosa, la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo revocó
un auto que había rechazado una acción de grupo presentada por servidores
públicos del Departamento de Boyacá que pretendían la indemnización de
perjuicios causados por la omisión de pago oportuno de salarios y prestaciones
sociales desde 1998.
En
igual sentido,  el auto del 29 de enero de 2004, expediente AG-3707-01, C.P. Germán
Rodríguez Villamizar, revocó el rechazo de una demanda presentada en ejercicio
de la acción de grupo por empleados y ex trabajadores del Seguro Social,
encaminada a obtener que se declare administrativa y extracontractualmente
responsables a dos entidades públicas por los perjuicios económicos causados por
el cobro excesivo de las comisiones de administración por los dineros que como
aporte obligatorio habían consignado en las cuentas del fondo de pensiones
administrado por esas entidades. En lo pertinente, la Sección Tercera del
Consejo de Estado le aclaró al Tribunal Administrativo del Valle lo siguiente:
“El a quo no acierta cuando
afirma que: ‘el perjuicio supuestamente sufrido no tiene su origen en la
violación de un derecho colectivo’ y, que ‘de llegar a establecerse que los
demandantes sufrieron un perjuicio, este sería de tipo individual y no colectivo’,
pues, equivocadamente entiende que la acción de grupo no es procedente para
indemnizar perjuicios de carácter individual sino de carácter colectivo. Al
respecto, advierte la Sala que tal apreciación está desprovista de fundamento,
ya que, como claramente lo establece el artículo 46 del la Ley 472 de 1998, la
acción de grupo está encaminada esencialmente a obtener el reconocimiento y
pago de la indemnización de perjuicios de carácter individual que han sufrido
un número plural de personas, no menor de 20.…Es decir, invocan la protección
de derechos subjetivos de carácter legal, los cuales, como anteriormente se
puntualizó, pueden ser susceptibles de protección a través de esta acción
constitucional, la cual solamente reclama que los demandantes reúnan
condiciones uniformes respecto de una misma causa.”
En
esta misma línea, varias sentencias del Consejo de Estado, anteriores a la
providencia del Tribunal Administrativo de Nariño que declaró la nulidad de lo
actuado en el proceso iniciado con ocasión de la acción de grupo, conocieron de
fondo, incluso accedieron a las pretensiones reparatorias de los demandantes,
casos de afectación de derechos subjetivos que se originaron en la falla en el
servicio de la administración, tal y como lo había solicitado el apoderado del
accionante en su oportunidad procesal. Por ejemplo, en sentencia del 26 de
enero de 2006, expediente AG-213-01, C.P. Ruth Stella Correa, la Sección Tercera
del Consejo de Estado ordenó la reparación de perjuicios causados a más de 20
personas que ejercieron la acción de grupo porque padecieron desplazamiento
forzado por incursión paramilitar en el municipio de La Gabarra, por falla en
el servicio de seguridad y omisión en la protección que la Constitución y la
ley exigen al Estado. Igualmente, la sentencia del 14 de febrero de 2002,
expediente AG-004-01, C.P. Olga Inés Navarrete, en ejercicio de la acción de
grupo, ordenó la indemnización de perjuicios causados a un grupo de personas
que resultaron afectadas por la falla en el servicio de un municipio que aprobó
licencias de construcción y aprobó proyectos urbanísticos sin estudios técnicos
ni de suelos. En esa oportunidad, dijo que “no hay limitación alguna en
relación con la naturaleza de los derechos cuya protección se pide”.
18.
De otra parte, la sentencia C-569 de 2004, declaró inexequibles las expresiones
“las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los
elementos que configuran la responsabilidad”, contenidas en los artículos
3º y 46 de la ley 472 de 1998, a partir de las cuales el Consejo de Estado
había entendido que el grupo legitimado para interponer esta acción
constitucional debía estar conformado con anterioridad a la ocurrencia del daño
y no con ocasión al él. A juicio de la Corte, “la exigencia legal de la preexistencia
del grupo a la ocurrencia del daño, como requisito de procedibilidad de la
acción de grupo, constituye un requisito desproporcionado, que desconoce el
derecho de acceso a la administración de justicia y riñe con la naturaleza y
finalidad de las acciones de grupo”.
19.
Lo anterior muestra que, como lo había advertido el Consejo de Estado[11]
desde antes de que el Tribunal Administrativo de Nariño hubiere declarado la
nulidad del proceso adelantado en ejercicio de la acción de grupo, la
conformación del grupo legitimado para interponer esta acción constitucional
estaría determinado solamente por dos criterios: el cuantitativo (no menos de
20 personas) y el cualitativo (condición uniforme respecto de la misma causa).
Y, en este sentido, las condiciones de conformación del grupo para ejercer
estas acciones constitucionales distintas a las aquí analizadas, constituyen
una limitación arbitraria de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, que pueden ser corregidas por vía de la
acción de tutela.
20.
De conformidad con lo visto en precedencia, es evidente que al proferir el auto
del 8 de agosto de 2006, por medio del cual el Tribunal Administrativo de
Nariño resolvió “declarar la nulidad de lo actuado, inclusive del auto
admisorio de la demanda… [y] consecuencialmente, remitir el expediente ante la
Oficina Judicial para que proceda al reparto entre los juzgados del Circuito
Administrativo, con el objeto de que se adelante por el procedimiento ordinario
de reparación directa”, por cuanto las circunstancias en que se produjeron
los daños cuya reparación se reclamaba no surgían de “un gran impacto social”,
incurrió en vía de hecho por violación de la cosa juzgada contenida en la
sentencia C-1062 de 2000 de la Corte Constitucional. Sin duda, esta Corporación
había señalado, en sentencia con efectos erga omnes y vinculantes, que
la acción de grupo procedía con independencia de si la causa del daño sería de
tipo colectivo o subjetivo, por lo que la ausencia de “impacto social”
resultaría irrelevante.
De
igual manera, la Sala concluye que la providencia objeto de análisis también
desconoció el precedente vertical contenido, entre otros, en los autos del 1º
de marzo de 2002, expediente AG-030, C.P. de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y del 29 de enero de 2004, expediente AG-3707-01, de la Sección Tercera
de esa misma Corporación y las sentencias del 26 de enero de 2006, expediente
AG-213-01 y del 14 de febrero de 2002, expediente AG-004-01, del Tribunal
Supremo de lo Contencioso Administrativo,  lo cual constituye una causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
ejecutoriadas. En efecto, como se vio anteriormente, las decisiones judiciales citadas
estudiaron casos en los que uno de los problemas jurídicos a resolver era si la
acción de grupo procede para reparar los perjuicios a más de 20 personas cuya
causa común afectaba derechos subjetivos de los demandantes (el mismo problema
jurídico que enfrentó el Tribunal Administrativo de Nariño). La ratio
decidendi de esas providencias judiciales fue la misma: sí procede porque los
artículos 88 de la Constitución, 3º y 46 de la Ley 472 de 1994, no distinguen y
al hacerlo se afecta el derecho de acceso a la justicia de los actores. No
obstante, la claridad de la consecuencia jurídica adoptada por el superior
funcional, el tribunal resolvió en forma contraria sin motivar su
distanciamiento.
21.
Por todo lo expuesto, la Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la justicia del señor Aquilino Góngora Castro
y, en consecuencia, dejará sin efectos el auto del 8 de agosto de 2006 del
Tribunal Administrativo de Nariño.
Ahora,
en razón a que la competencia en las acciones de grupo se ha modificado con
ocasión de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos y del
hecho de que el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado 5º
Administrativo de Pasto rechazaron la demanda en ejercicio de la acción de
reparación directa por un asunto relativo a la estimación de la cuantía que
toca con la competencia, la Sala debe analizar si el tribunal debe proferir
sentencia de primera instancia en el proceso iniciado con la acción de grupo o
si debe remitir el expediente al competente. Para el efecto, la Sala estudiará
el tema de la estimación razonada de la cuantía respecto del lucro cesante
futuro, en tanto que es absolutamente relevante para determinar la competencia
en el caso concreto.
Estimación razonada de la cuantía en acción de
reparación directa y las acciones de grupo
22.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 137, numeral 6º, del Código
Contencioso Administrativo, las demandas que se presentan ante la jurisdicción
administrativa deben contener, entre otros requisitos, “la estimación razonada
de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia”. Para el
efecto, debe recurrirse al artículo 20 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable en estos asuntos por remisión del artículo 267 del Código
Contencioso, en cuyo numeral 2º señala que la cuantía se determinará “por el
valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen pretensiones”.
Es claro, entonces, que la estimación de la cuantía tiene como finalidad
determinar la competencia del juez, pues de ella dependerá si conoce en única
instancia, en primera instancia o si corresponde al superior jerárquico, todo
lo cual debe estar suficientemente establecido desde el inicio del proceso en
aplicación del debido proceso y del derecho de defensa de las partes
involucradas.
23.
Para efectos de determinar cómo debe entenderse la “pretensión mayor” en las
acciones de reparación directa, en el momento en que se profirieron las
decisiones de inadmisión y rechazo por parte del Juzgado Quinto Administrativo
de Pasto (23 de octubre de 2006 y 20 de marzo de 2007, respectivamente) y el
auto del 29 de junio de 2007 del Tribunal Administrativo de Nariño, que
confirmó el rechazo, la Sección Tercera del Consejo de Estado tenía una
posición uniforme, que se mantiene en la actualidad, que debía ser tenida en
cuenta por el tribunal para efectos de reiterarla o para separarse de ella de
manera motivada.
En
efecto, en auto del 7 de diciembre de 2005, expediente 31.231, C.P. Alier
Hernández Enríquez, la Sección Tercera del Consejo de Estado, dijo:
“...se
tiene que la pretensión de condena al pago de perjuicios puede ser principal o
accesoria. Son accesorias aquellas cuya prosperidad depende de la prosperidad
la pretensión que persigue la declaratoria de responsabilidad.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1613 del
C.C., el daño material comporta el daño emergente y el lucro cesante; doctrinaria
y jurisprudencialmente se ha sostenido que tanto el daño emergente como el
lucro cesante, pueden a su vez presentar las variantes de consolidado y futuro,
pero su naturaleza será siempre principal puesto que éstos perjuicios son
elementos que integran el daño material reclamado.
(…) no es posible determinar la cuantía de un proceso
con los perjuicios accesorios que se causen con posterioridad a la presentación
de la demanda; los que se soliciten como principales no están sujetos a dicho
condicionamiento.
En el sub lite, la actora pretende que se le cancele
por daño emergente la suma de $ 8.720.000.oo, por lucro cesante $ 15.200.000.oo
y los intereses comerciales moratorios causados desde la fecha en que
ocurrieron los hechos hasta la presentación de la demanda. Esta última
pretensión resulta accesoria, puesto que su prosperidad depende de la
declaración de responsabilidad y de las condenas que se hagan por concepto de
daño emergente y lucro cesante, de allí que esta pretensión esté sujeta al
condicionamiento del artículo 20 del C.P.C....
Precisa la Sala que la cuantificación aproximada de
las pretensiones de la demanda permite establecer si el proceso tiene vocación
de dos instancias y no constituye, desde ningún punto de vista, un cálculo
anticipado de la condena en caso de que prosperaran las súplicas de la demanda”
Posteriormente,
en auto del 30 de marzo de 2006, expediente 32.085, C.P. Alier Hernández
Enríquez, la Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo recordó la
posición adoptada también en el auto del 2 de febrero de 2001, expediente
18904, de la siguiente manera:
“De conformidad con el artículo 1613 del C.C., el daño
material comporta las modalidades de daño emergente y el lucro cesante;
doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que tanto el daño emergente
como el lucro cesante, pueden a su vez presentar las variantes de consolidado y
futuro.
La Sala ha definido la naturaleza de estos perjuicios
así:
‘Por perjuicio consolidado se entiende aquel que
existe, es el perjuicio cierto, que “ya se exteriorizó”, es “una realidad ya
vivida”. En tratándose del daño emergente, consiste en los desembolsos,
egresos, o gastos efectuados; si se trata del lucro cesante, consiste en que
“se haya concluido la falta del ingreso’
Se considera perjuicio no consolidado aquella
disminución del patrimonio de la víctima que sobrevendrá, es futuro; ésta
categoría se concreta en los desembolsos, egresos o gastos aún no efectuados
(daño emergente futuro) y, en los ingresos que dejarán de percibirse (lucro
cesante futuro).
De allí que, no existe discusión en cuanto a que el
daño emergente  y el lucro cesante futuros no pueden considerarse como
peticiones accesorias, de acuerdo con al alcance que tiene esta acepción,  ya
que en sí mismos constituyen el daño material, elemento integrante de la
pretensión de condena al pago de perjuicios. (...)
Los perjuicios que se excluyen por carecer de
actualidad, son aquellos que se reclamen como accesorios; de allí que, todos
los demás que se soliciten como principales, no están sujetos a dicho
condicionamiento.
Por su parte, el profesor Hernán Fabio López sostiene
que los intereses frutos, multas y perjuicios a que se refiere la segunda parte
del numeral 1º, art. 20 C. de P. C., deben sumarse a la pretensión principal,
puesto que se trata de pretensiones subordinadas a ésta y, no se tienen en
cuenta los que se causen con posterioridad a la fecha de presentación de la
demanda”
Como se anotó, los perjuicios materiales que se
reclamen por daño emergente y lucro cesante constituyen pretensiones
principales de la demanda que no están sujetas al condicionamiento del artículo
20 del C.P.C.. Por consiguiente, cuando dicha disposición señala que no pueden
tenerse en cuenta los perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con
posterioridad a la presentación de la demanda, debe entenderse que se está
refiriendo a aquellos valores que aún no se han causado, y que el actor
pretende le sean reconocidos como consecuencia necesaria y directa del no pago
oportuno de las sumas reclamadas como principales” (subrayas fuera del texto original).
24.
Esta última providencia fue citada por el apoderado de la parte actora en el
proceso de reparación directa al sustentar la estimación de la cuantía para
efectos de corregir la demanda. No obstante, ni el Juez 5º Administrativo de
Pasto ni el Tribunal Administrativo de Nariño, se refirieron a esa providencia
con el fin de motivar o sustentar su distanciamiento. Esta situación permite
constatar que los funcionarios accionados, en las providencias cuya nulidad se
solicita por medio de esta acción constitucional, no tuvieron en cuenta
expresamente el precedente vertical fijado por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, a pesar de ser presentado y analizado por el apoderado de la parte
actora. Este hecho le permite a esta Sala señalar que, además de la vía de
hecho que se constató en el proceso de la acción de grupo, en este caso también
existió una vía de hecho en el trámite que se le dio a la acción de reparación
directa y, por consiguiente, también existió la vulneración de los derechos al
debido proceso en condiciones de igualdad y de acceso a la justicia, teniendo
en cuenta que no se refutó expresamente ese precedente del superior funcional,
ni se  fundamentó con claridad el por qué de la separación y trato diferente en
este caso, frente a las consideraciones fijadas por el Consejo de Estado.
25.
Concluido lo anterior, es importante precisar que, a diferencia de la acción
ordinaria, en las acciones de grupo la competencia no está determinada por
razón de la cuantía sino que se utilizó el criterio orgánico, pues el artículo
51 de la Ley 472 de 1998, dispuso que “de las acciones de grupo conocerán en
primera instancia los jueces administrativos y los jueces civiles del Circuito.
En segunda la competencia corresponderá a la sección primera del Tribunal
Contencioso Administrativo o a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial
al que pertenezca el juez de primera instancia”.
Ahora
bien, mientras entraban en funcionamiento los jueces administrativos, el mismo
artículo 51 dispuso que “de las acciones de grupo interpuestas ante la
jurisdicción contencioso administrativa conocerán en primera instancia los
Tribunales Contencioso Administrativos y en segunda instancia el Consejo de
Estado”. Por esa razón, la acción de grupo presentada por el accionante el
15 de junio de 2005, fue conocida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Nariño hasta que declaró la nulidad de lo actuado.
26.
En consecuencia, si como se dijo en el fundamento jurídico 21 de esta
providencia, la Sala dejará sin efectos el auto del 8 de agosto de 2006 del
Tribunal Administrativo de Nariño, deben devolverse las cosas al estado en que
se encontraban al momento de proferir la decisión constitutiva de la vía de
hecho. De esta manera, el expediente se encontraba al despacho para fallo de
primera instancia y, por consiguiente, la segunda instancia correspondía al
Consejo de Estado.
27.
Se pregunta entonces la Sala si ¿la entrada en funcionamiento de los jueces
administrativos cambiaría la competencia en el asunto sub iúdice?
En
virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 3409 de 2006 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, los juzgados administrativos entraron a
operar el 1º de agosto de 2006, por lo que, a partir de esa fecha, entró a
regir la competencia de los juzgados administrativos para conocer en primera
instancia las acciones de grupo. Sin embargo, el artículo 164 de la Ley 446 de
1998, señaló reglas para la organización del trabajo en el momento en que
entren a operar los juzgados administrativos y que por ese efecto se modifiquen
las competencias. Así, los incisos 2º y 3º de ese artículo dispusieron como
límite de envío de algunos expedientes al nuevo juez competente el estado del
proceso: si estuviere para fallo, conserva la competencia el juez que la tenía.
No obstante, esas reglas no fueron precisas para el caso de las acciones
populares y de grupo, por lo que se presentaron diferencias interpretativas
entre los distintos operadores jurídicos que debió resolver la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo[12] específicamente para el
caso de las acciones populares, en el sentido de indicar que también en estas
acciones se aplica la regla prevista en el artículo 164 de la Ley 446 de 1998.
La
reciente providencia del 22 de mayo de 2008, expediente AG-1163, C.P. Ruth
Stella Correa Palacio, aplicó la decisión de la Sala Plena en el trámite de una
acción de grupo que se sometía a consideración de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. Así lo explicó:
“el problema de competencia surge en relación con las
acciones de grupo que se hallaban en trámite al entrar en funcionamiento los
jueces administrativos.
Idéntico problema se presentó en relación con las
acciones populares y fue resuelto por la Sala Plena de la Corporación, criterio
que debe ser acogido por la Sección, atendiendo así al fin que se atribuye a
las decisiones que se adoptan por la Sala Plena, que no es otro que el de
unificar la jurisprudencia, para garantizar los principios de igualdad y
seguridad jurídica, y dado que el conflicto acerca de la competencia para
conocer las acciones de grupo en el tránsito legislativa es idéntico al que se
presenta en relación con las acciones populares, cabe aplicar dicho criterio
sobre el tema de la competencia en el tránsito legislativo.
Según el criterio de la Sala Plena, al entrar en
funcionamiento los juzgados administrativos debían aplicarse en las acciones
populares (y, por lo tanto, también en las acciones de grupo), las normas sobre
competencia previstas en la ley 446 de 1998, salvo en relación con los procesos
que hubieren entrado a despacho para sentencia, conforme a lo previsto en los
incisos 2º y 3º del artículo 164 de la ley.
(…)
5. En resumen, conforme al criterio de la Sala Plena,
es claro que en relación con las acciones populares y de grupo que estuvieren
en curso cuando entraron a funcionar los juzgados administrativos, deben
aplicarse las normas sobre competencia señaladas en la ley 446 de 1998, salvo
cuando el expediente se encontrara a despacho para proferir sentencia.
Sin embargo, cabe igualmente señalar que en el
artículo 164 de esa misma ley se dispuso que durante el tránsito legislativo,
debía agotarse el procedimiento previsto en la norma anterior, en relación con
determinadas actuaciones adelantadas por la jurisdicción contencioso
administrativa, así:
En los procesos iniciados ante la jurisdicción
contencioso administrativa, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
curso, y las notificaciones y citaciones que se estén surtiendo, se regirán por
la ley vigente cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas,
empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la
notificación.
Lo que el grupo apelante aduce es que el artículo 164
de la ley 446 de 1998 no afecta la competencia, sino que se refiere únicamente
al trámite que debe imprimirse a las actuaciones señaladas en el mismo y que,
por lo tanto, el incidente de regulación de honorarios, que es uno de los
aspectos en relación con los cuales la ley procesal derogada mantiene su
vigencia, por mandato del Legislador debe ser conocido por el juez a quien
corresponda el conocimiento de la acción de grupo, quien deberá continuar
tramitándolo conforme a la ley anterior.
Considera la Sala que en la lógica de la decisión
adoptada por la Sala Plena resulta acertado el criterio del a quo, para quien
el artículo 164 de la ley 446 de 1998 lo obligaba a concluir el trámite del
incidente, dado que si se considera que la competencia es un asunto de
naturaleza procesal, en relación con el cual la ley que lo modifica es de
efecto inmediato, la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis
sólo operará en relación con los trámites expresamente señalados en la ley para
el tránsito de legislación” (subrayas
fuera del texto original)
Acogiendo
la interpretación señalada por el máximo intérprete de la jurisdicción de lo
contencioso administrativa, puede concluirse que, en razón a que en el asunto
concreto el proceso adelantado por el señor Aquilino Góngora Castro en
ejercicio de la acción de grupo se encontraba al despacho de un Magistrado del
Tribunal Administrativo de Nariño para fallo, la entrada en funcionamiento de
los jueces administrativos no cambió la competencia de esa Corporación, por lo
que debe resolver, en primera instancia, el asunto sometido a su consideración.
La evidente afectación del derecho de acceso a la
justicia conduce a la protección por vía de tutela
28. De acuerdo con lo probado en precedencia, en
resumen, se tiene que el Tribunal Administrativo de Nariño se negó a
pronunciarse de fondo y definitivamente sobre una demanda instaurada en
ejercicio de la acción de grupo, con base en una interpretación contraria a la fijada
de manera constante y clara por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional
en relación con la conformación del grupo de afectados en dicha acción
constitucional. Y, de la misma manera, esa Corporación y el Juzgado 5º
Administrativo de Pasto, se negaron a tramitar la demanda que el mismo Tribunal
ordenó adelantarse por medio de la acción de reparación directa, también en
consideración con una lectura de las normas aplicables, distinta y sin
motivación, contraria a la fijada por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Es evidente, entonces, que la interpretación adoptada
por los jueces de instancia respecto de la demanda que presentaron varias
personas que se consideraban afectadas por un hecho que le imputan al Estado,
condujo al absurdo de impedir que la administración de justicia resuelva
definitivamente las pretensiones legal y válidamente formuladas. Es hecho, es
claramente contrario a la Constitución, pues como ha advertido esta Corporación
en múltiples oportunidades, el derecho de acceso a la administración de
justicia o también denominado derecho a la jurisdicción, hace parte fundamental
del debido proceso porque materializa el valor de justicia, hace efectivo el
deber del Estado de administrar justicia y garantiza la efectividad de los principios, derechos y deberes
constitucionales (preámbulo y artículos
1º y 2º superiores).
29. En efecto, “el derecho fundamental de acceso a la
justicia no se satisface si el juez deja de pronunciarse sobre el asunto
sometido a su decisión, quedando éste imprejuzgado”[13],
en tanto que consiste en permitirle a los particulares acudir al Estado, como
único titular del monopolio de la administración de justicia, para resolver los
conflictos particulares o la defensa del ordenamiento jurídico. Por
consiguiente, la jurisprudencia constitucional[14] ha considerado que se
viola el derecho de acceso a la administración de justicia y por esa razón puede
ser protegido por vía de tutela cuando la ley, la reglamentación, los jueces o
sus decisiones, entre otros casos: i) impidan que se profiera una decisión de
fondo, ii) cuando establecen traban irrazonables para acudir a la justicia, iii)
no observen los términos procesales sin justificación al respecto, iv) no existieran instrumentos procesales que le permitan a
los afectados acudir al Estado para resolver sus conflictos y, v) autoricen
conflictos indefinidos, esto es, cuando no respeten la cosa juzgada ni la
definición última de un conflicto.
30. Con base en todo lo expuesto, la Sala encuentra
demostrada la afectación de los derechos fundamentales de acceso a la justicia
y al debido proceso del accionante, por lo que revocará la sentencia proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 22 de febrero de 2008, que
rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su lugar,
concederá el amparo de los derechos fundamentales del señor Aquilino Góngora
Castro.
Para la protección de los derechos afectados, dejará
sin efectos el auto del 8 de agosto de 2006 del Tribunal Administrativo de
Nariño y todas las actuaciones posteriores a él que incluyen las decisiones
adoptadas por el Juez Quinto Administrativo de Pasto y por el mismo Tribunal
Administrativo de Nariño en el curso de la acción de reparación directa que el ad
quem ordenó adecuar. De igual manera, la Sala ordenará al Tribunal
Administrativo de Nariño que, en el término de veinte (20) días, contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, profiera decisión de fondo
en la demanda presentada, mediante apoderado, por el señor Aquilino Góngora
Castro y otros, en ejercicio de la acción de grupo.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 22 de febrero de 2008, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que rechazó por improcedente la acción de tutela de la
referencia. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos al debido
proceso y de acceso a la justicia del señor Aquilino Góngora Castro.
SEGUNDO: DEJAR
SIN EFECTOS, por las razones
expuestas en esta providencia, el auto proferido por el Tribunal
Administrativo de Nariño el 8 de agosto de 2006, por medio del cual resolvió
declarar la nulidad de lo actuado en el proceso adelantado por el señor
Aquilino Góngora Castro y otros, en ejercicio de la acción de grupo. De igual
manera, DEJAR SIN EFECTOS todas las actuaciones posteriores a ese auto
que incluyen las decisiones adoptadas por el Juez Quinto Administrativo de
Pasto y por el mismo Tribunal Administrativo de Nariño en el curso de la acción
de reparación directa que el ad quem ordenó adecuar.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño que, en el término
de veinte (20) días, contado a partir de la notificación de la presente
sentencia, profiera sentencia de fondo en el proceso instaurado, mediante
apoderado, por el señor Aquilino Góngora Castro y otros, en ejercicio de la
acción de grupo.
CUARTO: Por la
Secretaría, líbrese la comunicación de que trata el  artículo 36 del decreto
2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA T-766 DE 2008
Referencia: expediente T-1.871.233
Acción de tutela de Aquilino Góngora Castro contra
Juzgado 5 Administrativo de Pasto y Tribunal Administrativo de Nariño
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA
Habiendo votado positivamente y firmado el proyecto
presentado en este caso por el Magistrado ponente, estimo necesario consignar
por escrito una muy sucinta aclaración sobre el sentido de mi voto en el
presente asunto.
Si bien participo de la resolución adoptada, por
cuanto comparto la percepción de que no existían razones que justificaran la
invalidación de los despachos accionados, debo aclarar mi voto pues siempre he
disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y
en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la
decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado con más
amplitud frente a otras decisiones[15], no comparto el alcance,
en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte de la Corte
Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales, y que en el
caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente en la cita
que se efectúa (páginas 6 y 7) de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P.
Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo parcialmente desde
cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con dicha
sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la fundamentación, radica
en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales
especiales de procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su
punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la
impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que
esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso complementario,
añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y
trámite de la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene
simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien
se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo
que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s)
en absoluto en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos,
del propósito de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó
al constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86
superior.
Además, no sobra acotar
que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce
sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las
consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello
no es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[16],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que
en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada
constitucional (art. 242 Const.), que no pude ser quebrantada, que la tutela
contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra
otros importantes valores constitucionales, como el “principio democrático
de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, de por sí está permitida la
tutela contra la decisión judicial, cual si fuera un recurso ordinario más, con
lo cual se ha desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la
práctica, se ha abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho
fundamental.
Por lo anterior, dado que
la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas
consideraciones a las que se podría otorgar alcances de tal índole, que no
comparto, aclaro el voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado
respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] La sentencia
T-468 de 2003 definió el precedente horizontal como la “sujeción de un juez a sus propias decisiones y
precedente vertical a la situación de los jueces inferiores respecto de lo
decidido por los superiores funcionales dentro de su jurisdicción”
[2] Sentencia C-447 de 1997.
[3]En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las
sentencias SU-049 de 1999, SU-1720 de 2000, C-252 de 2001, T-468 de 2003, T-292
de 2006 y C-820 de 2006.
[4] Al respecto, puede verse la sentencia T-049 de 2007.
[5] Sentencia T-117 de 2007
[6]Sentencia T-158 de 2006.
[7] Sentencia T-698 de 2004.
[8] Sentencia T-117 de 2007
[9] Sentencia
T-827 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[10] Sobre el
carácter fundamental del derecho de acceso a la administración de justicia,
pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-1195 de 2001, C-426 de 2002,
T-268 de 1996 y T-1102 de 2004
[11] Al respecto,
puede verse: Sección Tercera del Consejo de Estado. Sentencia del 26 de enero
de 2006, expediente AG-614. C.P. Dr. Alier Hernández Enríquez
[12] Auto del 31 de
enero de 2008, expediente 335-01.
[13] Sentencia T-231 de 1994.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Reiterada en la sentencia T-954 de 2006.
M.P. Rodrigo Escobar Gil
[14] En este tema,
pueden verse, entre muchas otras, las sentencias C-426 de 2002, C-1177 de 2005,
C-1194 de 2005, C-1083 de 2005, T-030 de 2005, T-909 de 2006 y T-1222 de 2004.
[15] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007.
[16] C-590 de 2005.