T-915-11
Sentencia T-
/11
Sentencia T-915/11
Bogotá D.C., Diciembre 6
LIBERTAD
DE CULTOS DE INTEGRANTES DE CONFESIONES RELIGIOSAS, EN PARTICULAR DE MIEMBROS
DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA-Criterios constitucionales
relevantes para la restricción
Esta
Sala de Revisión ha podido identificar la concurrencia de al menos tres
criterios que resultan constitucionalmente relevantes para resolver los
conflictos que han suscitado la atención de la Corte. Ellos podrían denominarse
(a) el de los intereses –primer criterio-, (b) el de la permanencia o
transitoriedad –segundo criterio- y (c) el de la complejidad del dilema –tercer
criterio-. A continuación se presenta una síntesis general de ellos.
LIBERTAD
DE CULTOS-Significado
y tipo de reconocimiento constitucional de los intereses que se oponen al
ejercicio de la libertad de cultos
LIBERTAD
DE CULTOS-Carácter
transitorio o definitivo de la restricción a la libertad de cultos
LIBERTAD
DE CULTOS-Complejidad
del dilema que debe asumir el titular de la libertad de cultos como
consecuencia de la restricción
Los
extremos entre los cuales debe elegir el accionante pueden ser significativos
para concretar el grado de protección de la libertad de cultos. Es posible
afirmar que en aquellos eventos en los que la disyuntiva del fiel resulta
particularmente problemática, de manera tal que debe elegir entre dos
comportamientos del más alto significado vital –desde una perspectiva
constitucional-, el grado de protección de la libertad de cultos puede incrementarse.
Tal protección, por el contrario, tiende a reducirse cuando disminuye la
complejidad de la elección.
RESTRICCIONES
A LA LIBERTAD DE CULTOS-Intensidad y estructura del examen de
proporcionalidad
DERECHO
A LA LIBERTAD RELIGIOSA DE ESTUDIANTE MIEMBRO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL
SEPTIMO DIA-Caso
en que Universidad se niega a ofrecer a una estudiante la posibilidad de
desarrollar en un día diferente las actividades académicas programadas los
sábados
DERECHO
A LA LIBERTAD RELIGIOSA DE ESTUDIANTE MIEMBRO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL
SEPTIMO DIA-Orden
a la Universidad permita desarrollar las actividades académicas teóricas y/o
prácticas correspondientes a las diferentes asignaturas de la carrera de
enfermería cuyo horario resulte incompatible con el “Sabath”
Referencia: expediente
T-3.148.028
Sentencia de Tutela objeto de
revisión: Sentencia
de fecha 28 de abril de 2011 de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Marta.
Accionante: María
Angélica Daza Albor.
Accionado: Universidad
Cooperativa de Colombia.
Demanda del
accionante –elementos-:
Derechos Fundamentales Invocados: Libertad Religiosa,
Libertad de Conciencia y Libertad de Cultos.
Conductas que causan la vulneración:
La
decisión de la Universidad Cooperativa de Colombia consistente en negarse a
ofrecer a una estudiante, perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la posibilidad de desarrollar en un día diferente, las
actividades académicas programadas los sábados.
Pretensiones: Ordenar
a la entidad accionada que le proporcione los medios adecuados y necesarios
para asistir a las cátedras en los días y horarios que se encuentren de
acuerdo con sus creencias. Ordenar que la Universidad disponga que los trabajos, talleres exámenes y demás actividades que deban ser
calificadas sean realizadas en días y horarios distintos al día sábado.
Ordenar que en los semestres siguientes se programen los cursos en días
diferentes al sábado. Ordenar que las fallas por inasistencia los sábados
no sean tenidas en cuenta para definir la pérdida de la asignatura por
inasistencia.
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado Ponente: MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO.
I.
ANTECEDENTES
1.
Fundamentos
de la pretensión
Con
el propósito de apoyar su solicitud de tutela[1] la accionante María
Angélica Daza Albor expone los siguientes hechos[2]:
-
Es
estudiante de cuarto semestre de enfermería de la Universidad Cooperativa de
Colombia. En dicho programa se ofrece la asignatura Farmacología que es
impartida los días sábados en el horario que transcurre entre las 10:00 am y
las 12:00 m.
-
Pertenece
–y es integrante fiel y activa- de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tal
Iglesia contempla como una de las creencias principales la necesidad de “guardar
y consagrar el día sábado para la adoración del señor desde la puesta del sol
del día viernes (6:00 P.M.) hasta la puesta del sol el día sábado (6:00 P.M.).”
Tal creencia, indica la accionante, se apoya en el Éxodo Cap. 20“Acuérdate
del día sábado para santificarlo”.
El
anterior planteamiento es precisado a través de la certificación suscrita por
el presbítero Eliécer Pacheco de Ángel, Director de Libertad Religiosa de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la que se indica (i) que la accionante
es miembro activo y en regla de la referida comunidad religiosa y (ii) que como
observadores de los diez mandamientos divinos reposan el séptimo día (sábado),
desde la puesta de sol del día viernes hasta la puesta de sol del día sábado[3].
-
Señala
que durante el segundo semestre del año 2010, al constatar que la asignatura
“investigación II” sería impartida el día sábado, formuló una petición a fin de
que fuera autorizada a cursar tal materia un día diferente atendiendo su
vinculación a la Iglesia Adventista del Séptimo Día[4].
Frente
a la petición anterior la Universidad dio una respuesta negativa indicando, lo
siguiente: “(…) de otro lado para este semestre la cátedra ha sido
programada para el día sábado, y su modificación una vez iniciado el semestre
altera la programación completa del mismo y de la facultad. Asiste el derecho
al resto de los estudiantes, docentes y coordinadores de práctica, con quienes
se ha comprometido una agenda para cursarla en ese horario, la cual
desarrollarán sin inconvenientes”[5].
-
Destaca
que ha venido trabajando con una compañera que asiste a clase los sábados con
el propósito de evitar que se presente un “vacío académico” y así poder
presentar los exámenes un día diferente al sábado.
-
Concluye
señalando que los estatutos de la Universidad no prevén la ausencia por motivos
religiosos, lo que implica la violación del derecho a la libertad religiosa.
Eso conduce, según destaca, a reprobar la cátedra por inasistencia.
2.
Respuesta
de la Universidad Cooperativa de Colombia
Mediante
escrito de fecha 8 de marzo de 2011[6], el
Director Académico de la Universidad Cooperativa de Colombia –sede Santa Marta-
dio respuesta a la acción de tutela. A fin de fundamentar su solicitud de
desestimación del amparo solicitado por la accionante, presentó las siguientes
razones:
-
Luego
de referirse al alcance de las libertades de culto y conciencia señala que la
Universidad no pretende, a través de su programación académica, desconocer los
derechos fundamentales de los estudiantes. Ello es así atendiendo su condición
de organización laica.
-
Advierte
que la Constitución reconoce a las personas el derecho de escoger libremente
los centros de estudio de acuerdo con las propias creencias y prácticas
religiosas. Una vez indicado lo anterior, destaca que el Decreto 354 de 1998
estableció en su artículo 23 que “los alumnos fieles de la iglesia
Adventista del Séptimo Día, que cursen estudios en centros de enseñanza
públicos y privados, siempre que medie acuerdo entre las partes, estarán
dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes desde la
puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, a petición
propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.”
Sostiene
entonces que la accionante conoció, desde el momento de inscribirse al programa
de Enfermería, el horario de clases establecido atendiendo la extensión y
complejidad del programa. Ello implicaba el desarrollo de actividades entre los
días lunes y sábado.
-
Conforme
a lo expuesto, explica que varias de las asignaturas que componen el plan de
estudios demandan el desarrollo de prácticas en centros hospitalarios que
imponen como condición la asistencia de docentes y estudiantes en los horarios
de tales instituciones que, como es normal, incluyen los días sábados. De esta
manera, la entidad accionada se pregunta cómo podría abstenerse de cumplir sus
compromisos como institución académica por las condiciones de un particular que
no coinciden con las de la mayoría de los estudiantes.
-
Advierte
que un estudiante no puede pretender que los lineamientos aprobados por el
Ministerio de Educación Nacional para este tipo de programas sean modificados a
fin de ajustarse a su situación particular. Ello es así, además, debido a que
ella decidió inscribirse al programa en las condiciones específicas definidas
inicialmente.
-
Indica
que no resulta posible que la Universidad permita que la estudiante desarrolle
la asignatura en horarios extracurriculares dado “que el programa de
Enfermería en el que está matriculada, exige una rotación continua en
diferentes centros Asistenciales  (Hospitales, Clínicas y otros) con el fin de
hacer prácticas donde se (sic) adquiere habilidades y destrezas en el área de
la profesión de salud y son éstas entidades quienes a su vez y en razón de su
ejercicio inherente y de la calidad del servicio, desarrollan su actuar
inclusive los días sábados, no habiendo entonces una posibilidad diferente que
permita acceder a las pretensiones de la señorita DAZA ALBOR”.
Una
vez dicho ello sostiene que no resulta posible que la accionante pretenda “desatrasarse”
llevando a cabo reuniones con una de sus compañeras.
-
Advierte
que el reglamento Académico Universitario establece la obligación de asistir
regularmente a clases y, por ello, no es posible aceptar que una estudiante
curse una asignatura sin asistir regularmente. Asimismo insiste en que la
decisión de la Universidad no obedece a decisiones arbitrarias o caprichosas y,
por el contrario, se fundamenta en las características del programa de
enfermería.
-
Concluye
manifestando que, en todo caso, la Universidad brinda la posibilidad de
solicitar cursos intensivos que harían posible la consecución de los objetivos
de formación siempre y cuando se cumplan los requerimientos reglamentarios.
Advierte, en todo caso, que su costo puede ser diferente atendiendo que se
trata de un desarrollo especial de la asignatura.
3.
Decisión
de primera instancia del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Santa Marta
Mediante
decisión de fecha 15 de marzo de 2011 el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Santa Marta negó el amparo solicitado. Luego de
reconocer la consagración constitucional de las libertades invocadas por la
accionante, señaló que tales garantías pueden ser objeto de limitaciones bajo
la condición de que resulten razonables y proporcionadas. Destacando tal
circunstancia, la sentencia de primera instancia considera que la autonomía
universitaria reconocida en el artículo 69 de la Constitución permite a la
Universidad adoptar decisiones relacionadas con el desarrollo académico de la
institución.
La
sentencia señala “que si la Universidad Cooperativa de Colombia, ha actuado
dentro de las facultades de la Constitución y la ley, para determinar el
horario que ha de aplicarse de manera general a todos los estudiantes del
programa de enfermería, no se evidencia de qué manera se pueden afectar los
Derechos Fundamentales de la accionante MARIA ANGELICA DAZA ALBOR, pues esta
persona en ejercicio del derecho constitucional a escoger libre profesión,
decidió seleccionar dicho programa, conociendo previamente, el horario habitual
de clases.”
Indica
en último lugar que acceder a la protección solicitada por la estudiante
implicaría, de una parte,  “imponer cargas a la Universidad Cooperativa de
Colombia, que afectarían su normal funcionamiento, en perjuicio del resto de la
población estudiantil del programa de enfermería” y, de otra, “favorecer
el ejercicio de una determinada creencia religiosa” lo cual “sería
contrario a la laicidad del Estado Colombiano”.[7]
4.
Impugnación
de la sentencia de primera instancia
Mediante
escrito radicado el día 22 de marzo de 2011[8], la
accionante presenta impugnación en contra de la decisión adoptada por el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta.
Destaca
que es inadmisible el argumento de acuerdo con el cual la estudiante debe
considerar los horarios en los que se desarrollarán las diferentes actividades
académicas. En opinión de la accionante ello no resulta fácil de prever por no
contar, desde un primer momento, con la programación de los horarios de las
diferentes cátedras que conforman el programa.
Advierte,
a continuación, que acceder a su solicitud no se traduce en la imposición de
una carga que afecte a la comunidad estudiantil  dado que las pretensiones por
ella planteadas no tienen como propósito afectar el normal funcionamiento de la
Universidad sino, en otra dirección, hacer efectivos los derechos fundamentales
invocados.
Finalmente,
luego de referirse a algunas de las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional en la sentencia T-327 de 2009, concluye que no es correcto
afirmar que acceder a la protección invocada implique el favorecimiento de una
determinada religión dado que lo único que pretende es garantizar el ejercicio
de los derechos fundamentales de aquellas personas que pertenecen a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
5.
Decisión
de segunda instancia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta
En
decisión de fecha 28 de abril de 2011[9], la Sala
Penal del Tribunal Superior de Santa Marta decidió confirmar la sentencia
impugnada. Para el efecto sostuvo, inicialmente, que la libertad de cultos
reconocida en el artículo 19 de la Constitución no es un derecho absoluto y, en
consecuencia se encuentra sometido a restricciones constitucionales.
Una
vez indicado ello, la sentencia destaca que la autonomía de las universidades,
garantizada constitucionalmente, les permite la adopción de diferentes
decisiones  relacionadas con las actividades académicas y administrativas y, en
esa medida, tales decisiones no pueden ser afectadas o limitadas salvo en
aquellos eventos en los que resulten incompatibles con la Constitución.
Precisado
este punto de partida, el Tribunal Superior de Santa Marta destaca que una de
las expresiones de la autonomía indicada, consiste en la definición de los días
y horarios para el desarrollo de las actividades académicas, sin que resulte
posible exigir que se tenga en cuenta la situación particular de cada estudiante.
Si no fuera así, resultaría imposible fijar normas de carácter general.
El
Tribunal concluye que la Universidad ha actuado legítimamente y que no es
posible radicar en ella el dilema entre el cumplimiento de un deber religioso y
los intereses académicos, dado que tal institución no tiene la obligación de
dejar de aplicar una exigencia académica a algunos alumnos dependiendo de la
situación particular en la que se encuentren.
6.
Solicitud
de pruebas durante el trámite de revisión
6.1
En auto de fecha 2 de noviembre de 2011, el Magistrado Ponente dispuso
solicitar a la Universidad Cooperativa de Colombia un informe que contemplara
los siguientes aspectos:
-
Indicación de la actual situación académica de María Angélica
Daza Albor, expresando el estado de la mencionada estudiante en relación con la
asignatura “Farmacología” a la que aludía el numeral 1 del escrito de tutela
que dio lugar al inicio del trámite de tutela.
-
Explicación
detallada del proceso de programación y desarrollo de la asignatura
“Investigación II” que debía cursar María Angélica Daza Albor durante el
segundo período académico del año 2010. De manera específica debía precisar si
la asignatura “Investigación II” además de impartirse en el horario del día
sábado –en el que la accionante se abstuvo de asistir argumentando el deber de
cumplir con las reglas impuestas por su religión- fue o no también ofrecida el
día viernes según se expresa en el hecho tercero del escrito de tutela. En el
evento de haber sido previsto el grupo del día viernes, debía la Universidad
indicar si la estudiante María Angélica Daza Albor fue o no autorizada para
asistir en ese horario y, en caso de no haber sido autorizada, la Universidad
Cooperativa habría de señalar las razones de su determinación.
-
Explicación
detallada del proceso de programación y desarrollo de la asignatura
“Farmacología” que debía cursar María Angélica Daza Albor durante el segundo
período académico del año 2010. De manera específica debía precisar si la
asignatura “Farmacología” además de impartirse en el horario del día sábado fue
o no también ofrecida el día viernes. En el evento de haber sido previsto el
grupo del día viernes, debía la Universidad indicar si la estudiante María
Angélica Daza Albor fue o no autorizada para asistir en ese horario y, en caso
de no haber sido autorizada, la Universidad Cooperativa habría de señalar las
razones de su determinación.
-
Explicación detallada sobre las condiciones económicas,
administrativas y académicas bajo las cuales se desarrollan los cursos
intensivos a los que aludió el escrito de respuesta de la Universidad
Cooperativa en el presente caso. En particular, la Universidad debía indicar si
su ejecución era o no posible para el caso de la asignatura “Farmacología”
estableciendo las diferencias desde la perspectiva de sus costos así
como de su desarrollo académico y administrativo, entre ese tipo
de cursos y los cursos regulares.
-
Explicación
detallada de las alternativas que la Universidad Cooperativa (Santa Marta)
puede ofrecer a los estudiantes que debido a su pertenencia a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día no pueden asistir a las actividades académicas cuya
ejecución se encuentra prevista el día sábado. Igualmente debían precisarse, de
manera particular y específica, las diferencias económicas, académicas
y administrativas entre tales alternativas y la manera como se
desarrollan los cursos regulares.
6.2
Mediante comunicación de fecha 15 de noviembre de 2011, la Universidad
Cooperativa de Colombia a través de su Director Académico presentó un informe
cuyo contenido puede resumirse como sigue:
-
Inicia
señalando que María Angélica Daza Albor es estudiante regular del programa de
enfermería cursando, en la actualidad, el V nivel del programa de Enfermería.
La asignatura Farmacología (también denominada “Ciencias Bioestructuradas IV”),
fue aprobada por la accionante con una calificación de 3.1 en el primer período
académico de 2011, desarrollándose a lo largo de 18 semanas (nueve semanas a
través de metodología presencial y nueve semanas utilizando instrumentos
virtuales).
Según
la Universidad, el componente presencial de la asignatura Farmacología se
desarrolló los días sábados. A pesar de ello la estudiante logró alcanzar los
objetivos formativos  cursando el componente virtual, obteniendo la nota
referida.
-
Indica
la Universidad que el “Manual de Procesos y Procedimientos Académicos”
establece el procedimiento “Instructivo modificación de horarios y
asignación de horarios excepciones” en el que “se detalla para la
asignación de horarios, observar: Grupo, Asignatura, Tamaño de Grupo, Docentes
asignados y Asignación de horarios en Agenda de lunes a sábado con
disponibilidad de 6 a.m. a 10:00 pm.”
Establece
que la asignatura Investigación II fue cursada por la accionante durante el
segundo período académico del año 2010 en el horario previsto para el día
viernes entre las 10:00 y las 12:00 m, aprobándola con una nota de 3.0.
-
Se
advierte que de acuerdo con el reglamento académico de la Universidad
Cooperativa los cursos intensivos son aquellos “que se realizan en un
calendario especial, conservando la intensidad y metodología descrita en el
programa”. Igualmente señala que el referido reglamento establece que para
tales cursos “se pagarán los derechos pecuniarios que correspondan
teniéndose en cuenta el número de créditos académicos que desarrolla el curso y
el número de estudiantes que lo solicitan”. Precisa que los cursos
intensivos requieren autorización de la Vicerrectoría Administrativa.
Expone,
en relación con los cursos intensivos, que el valor de la matricula no incluye
los eventuales costos de los cursos intensivos. Precisa que ello es así dado
que “estos se hacen en calendario especial, diferente a los matriculados
ordinariamente y, en consecuencia requieren asignación de docentes, recursos
académicos e instrumentación logística diferentes a los programados para
atender al colectivo general.”
-
Manifiesta
que la Universidad Cooperativa no contempla en la actualidad un calendario
particular para las personas pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo
Día. Así se procede dado que, en opinión de la Universidad (i) las expresiones
externas de la libertad de conciencia pueden ser sometidas a restricciones proporcionadas
y (ii) la autonomía universitaria prevista en el artículo 69 de la Constitución
protege las decisiones relacionadas con sus estatutos.
Continúa
indicando que en virtud de la naturaleza laica de la Universidad, esta no
pretende “contrariar la libertad religiosa o de cultos de los particulares”.
En su opinión, la Constitución habilita a las personas para escoger libremente
los centros de educación acordes con sus propias creencias y prácticas
religiosas.
-
Finalmente
concluye, luego de citar el contenido del literal b) del artículo 23 del
Decreto 354 de 1998, cuyo texto prevé que los estudiantes pertenecientes a la
Iglesia Adventista del Séptimo Día y siempre que medie acuerdo entre las
partes, estarán dispensados de la asistencia a clases y de la celebración de
exámenes durante el período comprendido por el Sabath, “que los estudiantes
que solicitan su ingreso a la Universidad Cooperativa de Colombia, conocen de
antemano los horarios de clases  establecidos acorde con el contenido de los
programas, el cual dadas sus complejidades, combinan la teoría y la práctica
con estándares de calidad en horarios diversos de la semana que pueden incluir
los sábados y aún domingos y festivos.”
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Sala es competente para la revisión del presente caso, con fundamento en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento del Auto de fecha 18 de agosto del año 2011 de la
Sala de Selección de Tutelas Número Ocho de la Corte Constitucional.
2.
Planteamiento del caso, problemas constitucionales y metodología de la decisión
La
estudiante María Angélica Daza Albor presenta acción de tutela en contra de la
Universidad Cooperativa de Colombia –Sede Santa Marta- al considerar vulnerados
sus derechos a la libertad de conciencia, a la libertad de religión y a la
libertad de culto. En su opinión, la negativa de la Universidad Cooperativa de
ofrecer alternativas para el desarrollo de las actividades académicas en
aquellos casos en los que su ejecución se ha previsto los días sábados,
desconoce la protección constitucional otorgada a las personas pertenecientes a
la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que, por esa condición, deben dedicarse
a su culto desde que se pone el sol el viernes hasta que se pone el sol el
sábado.
La
Universidad Cooperativa así como las decisiones de instancia, se oponen a tal
planteamiento exponiendo diferentes razones. Sostienen (i) que las libertades
invocadas, a pesar de su reconocimiento constitucional, pueden ser objeto de
limitaciones constitucionales en tanto no existen derechos absolutos, (ii) que
la autonomía universitaria reconocida en el artículo 69 de la Constitución
confiere la posibilidad de que las instituciones educativas definan la manera
en que se ejecutan sus actividades académicas y administrativas, resultando
factible la definición de horarios para el desarrollo de cada uno de los
cursos, (iii) que le corresponde a los estudiantes prever tal tipo de  situaciones
a efectos de definir si se inscriben o no en la Universidad sin que resulte
factible el traslado de ese dilema a la institución educativa, (iv) que se
trata de medidas de carácter general que no tienen como propósito favorecer
ninguna religión particular y, por el contrario, se fundan en los intereses de
la comunidad estudiantil y (v) que el programa de enfermería demanda el
desarrollo de actividades teóricas y prácticas que requieren la asistencia de
los estudiantes los días sábados, en consideración a los acuerdos desarrollados
con los centros de salud en los que se despliegan algunas de tales
actividades.
Adicionalmente
la Universidad Cooperativa sostiene, de manera específica en su escrito de
contestación, que la accionante tendría la posibilidad de desarrollar un curso
intensivo en las condiciones definidas reglamentariamente y cuyos costos
podrían ser diferentes atendiendo las particularidades que marcan su ejecución.
Así
las cosas, esta Corporación debe examinar, en el presente caso, si la
determinación de una universidad privada de no acceder a la solicitud de una
integrante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, consistente en disponer de
opciones alternativas para desarrollar las actividades académicas que el
programa de enfermería ha previsto para el día sábado, constituye una
restricción inconstitucional del derecho a la libertad de cultos reconocido en
el artículo 19 de la Constitución o si, por el contrario, es expresión de una
posibilidad legítima de actuación reconocida a las universidades en virtud de
la autonomía prevista en el artículo 69 de la Carta Política. Además de ello,
deberá establecer esta Sala si cobrar a la accionante el valor de los cursos
intensivos, cuando no puede asistir a los cursos regulares como consecuencia
del ejercicio de su culto, es o no compatible con el texto constitucional.
Con
el propósito de abordar los problemas constitucionales identificados, la Corte
seguirá el siguiente orden. Inicialmente presentará la orientación que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tenido en relación con las
solicitudes de amparo formuladas por personas integrantes de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Allí se hará referencia también a los casos en que
personas integrantes de otras comunidades religiosas han planteado reclamos
análogos. En ese contexto, la Corte formulará una síntesis de los criterios
constitucionalmente relevantes que han sido empleados para resolver los
problemas que este tipo de casos suscitan (numeral 3). A continuación se
precisará la metodología de análisis que en eventos como los examinados en esta
oportunidad debe aplicarse (numeral 4). Posteriormente esta Sala
determinará, con fundamento en la metodología precisada, si la actuación de la
Universidad Cooperativa de Colombia desconoció los derechos de María Angélica
Daza Albor (numeral 5).Adicionalmente la Corte hará una aclaración final
precisando el tipo de órdenes que serán impartidas (numeral 6).
3.
Criterios constitucionales relevantes para el examen de las restricciones
a la libertad de cultos de integrantes de confesiones religiosas y, en
particular, de miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
La
Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse en diferentes
ocasiones respecto de la constitucionalidad de las restricciones que han
impactado las decisiones de personas pertenecientes a confesiones religiosas y,
en ese marco, a los sujetos que hacen parte de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. En varias de sus providencias se ha ocupado de precisar la
evolución de esta materia. A pesar de ello esta Corporación estima oportuno
presentar una vez más tal evolución, con la finalidad de establecer el alcance
específico de los precedentes definidos y las consideraciones constitucionales
más importantes para su fijación.
Esta
Sala de Revisión ha podido identificar la concurrencia de al menos tres
criterios que resultan constitucionalmente relevantes para resolver los
conflictos que han suscitado la atención de la Corte. Ellos podrían denominarse
(a) el de los intereses –primer criterio-, (b) el de la permanencia o
transitoriedad –segundo criterio- y (c) el de la complejidad del dilema –tercer
criterio-. A continuación se presenta una síntesis general de ellos.
3.1
Primer criterio: el significado y tipo de reconocimiento constitucional de los
intereses que se oponen al ejercicio de la libertad de cultos
3.1.1 La jurisprudencia
constitucional ha valorado el tipo de intereses que se encuentran en tensión en
los casos resueltos y, en particular, la clase de razones que se presentan para
justificar la restricción a la libertad de cultos de las personas que
pertenecen a una comunidad religiosa y, de manera específica, que hacen parte
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
A cuatro grupos de casos conduce
el análisis de las principales decisiones en esta materia. El primero se
refiere a los eventos en los que al ejercicio de la libertad de cultos se opone
una razón de eficiencia administrativa u operativa que se ampara, por ejemplo,
en la autonomía universitaria (3.1.1.1). Un segundo grupo contempla aquellos
supuestos en los que el ejercicio del culto es disputado por razones vinculadas
a la calidad de los procesos pedagógicos que adelantan instituciones educativas
públicas o privadas, y que dan lugar a la invocación de la autonomía de las
universidades y de los colegios o, en general, de un propósito formativo
especial (3.1.1.2). El tercer grupo se encuentra integrado por los casos en los
que la libertad de cultos es limitada fundándose en la obligación de cumplir
determinados deberes ciudadanos establecidos por la Constitución o claramente
deducibles de su texto (3.1.1.3). Finalmente, se encuentran las hipótesis en
las cuales la libertad de cultos se ha visto desafiada por intereses
empresariales constitucionalmente significativos (3.1.1.4).
3.1.1.1 La Corte Constitucional
ha señalado que en los casos en los que se oponen razones de eficiencia
administrativa u otras análogas, la protección que la Constitución le confiere
a la libertad de cultos se extiende. Así ha ocurrido en las sentencias T-448 de
2007[10], T-044
de 2008[11], T-493
de 2010[12] y T-832
de 2011[13].
En estos eventos ha considerado
la jurisprudencia de la Corte que resulta exigible, con independencia del
carácter temporal o definitivo de la restricción impuesta al ejercicio del
culto, que la entidad correspondiente proceda a programar una fecha alternativa
para la realización de las actividades cuya ejecución se hubiere previsto el
día en que los fieles cumplen determinados deberes impuestos por su sistema de
creencias. En consecuencia, indica de manera general y con algunas variables en
la clase de órdenes de tutela, la obligación de las instituciones accionadas
–en esos casos el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior así
como la Universidad Nacional- de definir una fecha alternativa para la
realización del examen correspondiente.
Cabe destacar, que la sentencia
T-044 de 2008 precisó que es una carga del interesado plantear con anticipación
suficiente la imposibilidad de presentar la prueba en el día señalado. De esta
manera, aunque se reconoce un derecho subjetivo a que se disponga la
realización de los exámenes en fechas diferentes, su exigibilidad a través de
la acción de tutela depende de la oportunidad en la formulación de una
solicitud oportuna en tal dirección.
3.1.1.2 En el segundo grupo de
casos, en los que se pretende limitar el ejercicio de la libertad de cultos con
apoyo en razones vinculadas a la facultad de las instituciones públicas o
privadas para definir la forma y contenido de sus procesos pedagógicos, la
jurisprudencia  constitucional no ha sido uniforme.
Así, la sentencia T-539A de 1993
se ocupó de examinar si constituía una violacióna la libertad de cultos la
negativa a admitir la inasistencia de una estudiante a las clases programadas
el día sábado, considerando su pertenencia a la Iglesia Adventista del Séptimo
Día. Sostuvo la Corte que no existía una violación de los derechos
fundamentales de la accionante dado que la medida era constitucionalmente
legítima en tanto la determinación de la Universidad de establecer la
obligación de asistencia los días sábados se encontraba protegida por la
autonomía universitaria y, adicionalmente, se trataba de una decisión adoptada
de manera universal que respondía a la situación general de los estudiantes[14].
En
esa oportunidad, el Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz salvó el voto
argumentando que la determinación de la Corte desconocía la existencia de un
verdadero conflicto de intereses constitucionalmente protegidos y que, ante la
ausencia de una razón que exigiera de manera clara la programación de clases
los días sábados, la Universidad se encontraba en la obligación de identificar
alternativas que hicieran posible proteger la posición constitucional de la
accionante.
Años
después, en la sentencia T-588 de 1998 la Corte presentó un punto de partida distinto
para la solución de un conflicto que guardaba alguna similitud.  Señaló que
resultaba inconstitucional la decisión de un profesor que, apoyándose en la
libertad de cátedra, requería de sus estudiantes la ejecución de un baile que
algunos se negaban a practicar atendiendo sus convicciones religiosas. Este Tribunal
consideró, atendiendo la seriedad[15] de las
razones expuestas por los accionantes, que el docente se encontraba en la
obligación de identificar e implementar mecanismos diferentes para alcanzar los
propósitos pedagógicos que se adscribían al desarrollo de la clase por él
impartida. La Corte señaló que la aspiración de coherencia entre lo que se
piensa y lo que se hace resultaba una expresión fundamental de la libertad de
las personas y, en esa medida, demandó la adopción de estrategias alternativas
a fin de evitar impactar de manera tan grave los derechos fundamentales de los
estudiantes.
Definida tal orientación, la postura
inicial asumida en la sentencia T-539A de 1993 no fue seguida en providencias
posteriores. Así, en sentencia T-839 de 2009 esta Corporación examinó si era
compatible con la libertad de cultos y con el derecho a la igualdad, la
decisión del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla, consistente en no aceptar la excusa presentada por un estudiante para
justificar su inasistencia los días sábados a las clases impartidas en el
curso-concurso 2009 para jueces y magistrados y, adicionalmente, en negarse a
definir alternativas para la ejecución de las actividades académicas correspondientes.
El accionante fundamentaba su pretensión en el hecho de pertenecer a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
La Corte consideró, luego de
examinar el alcance general de la libertad de cultos en diferentes instrumentos
internacionales, que la decisión de las entidades accionadas desconocía tal
libertad dado que las decisiones de las entidades accionadas afectaban
injustificadamente el ámbito de protección de tal derecho. Sostuvo la Corte que
la referida determinación no superaba el juicio estricto de proporcionalidad.[16]Con
fundamento en ello ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura que adoptara las decisiones que se requirieran para garantizar al
accionante la posibilidad de realizar actividades académicas equivalentes o
sustitutas de aquellas que fueron requisito para cumplir con las exigencias del
IV Curso de formación judicial.
En
una dirección semejante a la anterior había procedido esta Corporación en la
sentencia T-026 de 2005. En ella estableció que el SENA había desconocido los
derechos de una estudiante al no considerar que la razón de la inasistencia a
las clases del día sábado y que derivó en la cancelación de su matrícula,
se asociaba a la obligación de respetar el Sabbath. En esa oportunidad la Sala
destacó la importancia de la expresión libre del culto advirtiendo que las
actividades propias del Sabbath se encontraban protegidas por el derecho consagrado
en el artículo 19 de la Constitución. Así las cosas, en esa oportunidad
concluyó que existía un derecho-deber a establecer un diálogo que hiciera
posible evaluar las diferentes alternativas[17].
Estas
dos decisiones de la Corte, la T-026 de 2005 y la T-839 de 2009, indican que la
protección de las prácticas asociadas al Sabbath se encuentra exigida
constitucionalmente y, en esa medida, no es aceptable que los centros
educativos desconozcan tales aspiraciones.
Es
posible detectar, sin embargo, algunas diferencias relevantes. De una parte, la
sentencia T-026 de 2005, fijando una posición que luego sería reiterada por la
Corte[18], se
refiere de manera explícita a que la protección de los derechos de los
integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no resulta absoluta si se
tiene en cuenta la necesidad de que los estudiantes formulen un aviso oportuno
a las instituciones educativas[19].
Adicionalmente la sentencia del año 2005 no fundamenta un derecho general a la
reprogramación de las clases sino un derecho al establecimiento de un diálogo
efectivo que contemple las alternativas posibles y viables. Esta precisión
sugiere, desde una perspectiva constitucional, que no en todos los casos existe
un deber definitivo de resolver favorablemente la solicitud de quien considera
obligatorio el respeto del Sabbath.
3.1.1.3
En el tercer grupo de casos, la Corte ha expresado que no es inconstitucional
la imposición de algunos deberes de naturaleza cívica a pesar de su
interferencia en un sistema de creencias amparado, prima facie, por el artículo
19 de la Constitución.
Así
ocurrió en la sentencia T-447 de 2004. En dicha oportunidad estableció que se
ajustaba a la Constitución la atribución, a personas pertenecientes a la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, de una obligación de participar como jurado
de votación el día sábado. Para esta Corporación la limitación establecida superaba
las exigencias del juicio de proporcionalidad y, en particular, constituía una
intervención que se justificaba por la importancia de las razones que para el
efecto se presentaban.
Sostuvo
sobre el propósito de la medida:
“Para
resolver este punto, no es necesario, en esta ocasión, detenerse en la
finalidad e idoneidad de la medida adoptada por el legislador. La participación
como jurado de votación persigue la realización de un deber constitucional,
dirigido a realizar un propósito constitucional claro: la realización de
elecciones o actos de democracia participativa.”
Y
más adelante, al examinar si la determinación resultaba estrictamente proporcionada
señaló lo siguiente:
“En
relación con la proporcionalidad, la Corte considera que no resulta en extremo
afectado el derecho fundamental invocado. Si bien, para la comunidad Adventista
el respeto por el día sábado es un elemento fundamental de su sistema de
creencias, resulta claro que la realización de elecciones o la convocatoria a
referendos no demanda la participación de las personas cada sábado. Antes, el
referendo votado el día 25 de octubre de 2003, fue el primero en realizarse
desde la adopción de la Constitución de 1991. Así, no se trata de que el Estado
le imponga a los demandantes, como consecuencia de la no distinción, un deber
permanente, que era el caso analizado en la sentencia T-982 de 2001.”
Esta
postura es coincidente con la orientación de la jurisprudencia de esta
Corporación referida a personas vinculadas a otras comunidades religiosas. Eso
se refleja en lo sostenido por las sentencias T-075 de 1995 y T-877 de 1999. En
ambos casos, en los que esta Corporación negó el amparo, se debatía si se
desconocían los derechos fundamentales de estudiantes, Testigos de Jehová, que
se negaban a asistir a un acto cívico al calificarlo como un acto de adoración.
Consideró que la obligación impuesta por instituciones educativas encontraba un
fundamento claro en el deber de participar en la vida cívica del país
reconocido en el artículo 95 de la Constitución.
Indicó
en la primera de las sentencias citadas:
“No
por el hecho de exigir de un estudiante -como elemento inherente a su condición
de tal- su concurrencia a un acto de carácter cívico, se puede sindicar al
centro educativo de quebrantar la libertad de conciencia del alumno renuente
por cuanto, a juicio de la Sala, apenas se cumple con una función indispensable
para la formación del educando, la cual hace parte insustituible de la
tarea educativa.
En
el sentir de la Corte, si se permitiera que cada estudiante, según su personal
interpretación de los deberes religiosos que le corresponden o so pretexto de
la libertad de conciencia, se negara a cumplir con las órdenes razonables y en
sí mismas no contrarias a la Constitución que le fueran impartidas por sus
superiores, con el objeto de participar en la vida cívica del país, se estaría
socavando la necesaria disciplina y el respeto al orden que debe reinar en toda
institución.”[20]
En
igual dirección discurrió la Corte en la sentencia T-877 de 1999:
“Se
reitera que la realización de eventos demostrativos del respeto y amor a la
patria no constituyen actos religiosos, y traducen en cambio los más altos
sentimientos de la persona por la Nación, de la que hace parte y de la que por
supuesto debe siempre sentirse orgulloso. Por ello es perfectamente entendible
el valor de la declaración y del precepto que encierra el primer aparte del
artículo 95 de la Constitución, cuando señala, que "la calidad de
colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional", y
justamente por eso, "todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla".
Así,
pues, la exigencia de exaltar los símbolos y valores patrios no puede
considerarse, como lo creen los demandantes, como un deber que se contrapone a
sus creencias religiosas, pues ella contribuye a la formación integral que
implica el proceso educativo.”[21]
Según
lo señalado, la invocación de un deber constitucional específico hace posible
fundamentar una competencia del Estado o de las instituciones educativas para
asignar  la obligación de ejecutar un acto que las personas consideran
contrario a su sistema de creencias. La importancia que tales deberes ostentan
en el sistema jurídico –unida a otras consideraciones-ha dado lugar a que la
Corte Constitucional, a pesar de las discrepancias de algunos de sus miembros,
determine negar el amparo constitucional.
3.1.1.4
La jurisprudencia de esta Corporación, en un cuarto grupo de casos, ha
reconocido en el ámbito laboral una importante protección de la libertad de
cultos de las personas pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Así,
en la sentencia T-982 de 2001 la Corte Constitucional señaló que resultaba
inconstitucional, al ser desproporcionada, la decisión de una Caja de
Compensación Familiar consistente en imponer, a una persona perteneciente a la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, la obligación de asistir al lugar de
trabajo los días sábados. De conformidad con el planteamiento de la Corte, el
respeto del Sabbath constituía un elemento central de la religión del
accionante y, en consecuencia, se encontraba protegido por tal derecho. A
partir de dicha afirmación concluyó que la afectación de los derechos de la
accionante era particularmente grave.
Adicionalmente
la Corte destacó que el tratado celebrado entre la Iglesia y el Estado
colombiano que prevé la posibilidad de sustituir el descanso laboral de los
fieles de la Iglesia Adventista, debía entenderse referido no a si existía la
obligación a cargo del empleador de sustituirlo sino a la definición de “cómo,
cuándo y bajo qué circunstancias se recuperará el tiempo en el que la persona
no puede trabajar”.
En igual dirección se pronunció
la sentencia T-327 de 2009, en un caso que guardaba enorme similitud con el
resuelto en la sentencia T-982 de 2001. La Corte Constitucional consideró que
resultaba inconstitucional el despido de un trabajador de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día argumentando el incumplimiento del contrato dada su
inasistencia los días sábados. Estimó que ese comportamiento violaba la
libertad de cultos y, en consecuencia, ordenó el reintegro del trabajador
disponiendo, adicionalmente, que podrían establecerse acuerdos para la
compensación de las horas.
Estas dos decisiones se
encuentran en la misma dirección y de ellas se sigue que no resulta permitido
obligar a un trabajador a elegir entre sus obligaciones laborales y los deberes
derivados de su vocación religiosa y sus creencias.
3.1.2 A la luz de la síntesis
presentada, puede afirmarse que la jurisprudencia constitucional, con el
objetivo de establecer el alcance definitivo de la libertadde cultos, ha tomado
en consideración las diferentes razones que agentes públicos y privados exponen
para limitarla.
Sin embargo el alcance de la
protección no es siempre idéntico. Ello puede depender de algunos criterios
adicionales. En efecto, el amparo del derecho contemplado en el artículo 19 se
encuentra determinado también por el carácter permanente o transitorio de la
restricción y, al mismo tiempo, por la complejidad del dilema al que debe
enfrentarse quien exige que se respete su determinación de practicar el culto. A
continuación la Corte se refiere a tales criterios.
3.2
Segundo criterio: el carácter transitorio o definitivo de la restricción a la
libertad de cultos
El
carácter transitorio o permanente de las limitaciones ha ocupado un papel
relevante en algunas decisiones de esta Corporación. Así, en el caso resuelto
en la sentencia T-447 de 2004 tal circunstancia resultó importante para
concluir que la obligación de participar como jurado de votación no constituía
una restricción excesiva. Igualmente puede afirmarse que tal circunstancia
constituyó una de las consideraciones para concluir, en las sentencias T-075 de
1995 y T-877 de 1999, que la obligación de los Testigos de Jehová de concurrir
a los actos cívicos previstos por el colegio no resultaba contraria a la
Constitución.
Por
su parte, en los casos de instituciones que establecieron la obligación de
asistir a clases los días sábados durante períodos significativos de tiempo o
de empresas que exigían la presencia del trabajador ese mismo día, la Corte parece
reconocer la gravedad de la restricción considerando, en alguna medida, su
extensión en el tiempo si se considera que ella tendría efecto durante la relación
educativa o la relación laboral.
Aunque
ha sido una variable ciertamente importante para definir la manera en que deben
ser solucionadas las controversias en esta materia, los casos relacionados con
la obligación de asistir a la presentación de una prueba estatal, en los cuales
la Corte ha amparado la libertad de cultos, indican que el carácter transitorio[22]
de la medida puede no ser un elemento definitivo. En todo caso, es evidente que
la mayor o menor extensión en el tiempo de una intervención en los derechos
fundamentales constituye un referente importante para establecer su gravedad y,
así, la posible infracción de las disposiciones que los reconocen. El carácter
definitivo de una restricción a la autonomía de una persona exige un análisis
constitucional más cuidadoso en tanto deben ser ofrecidas razones
constitucionalmente muy poderosas para justificar la restricción al paso que la
justificación de una medida que interviene temporalmente puede no ser tan
exigente.
Debe
la Corte insistir que el factor temporal, en los términos en que ha sido
expuesto, no opera como un criterio del todo o nada. Sin embargo sí permite
contar con un valioso elemento para considerar la forma en que deben ser
solucionadas estas difíciles tensiones.
3.3
Tercer criterio: la complejidad del dilema que debe asumir el titular de la
libertad de cultos como consecuencia de la restricción
El
tercer criterio sugiere que los extremos entre los cuales debe elegir el
accionante pueden ser significativos para concretar el grado de protección de
la libertad de cultos. Es posible afirmar que en aquellos eventos en los que la
disyuntiva del fiel resulta particularmente problemática, de manera tal que
debe elegir entre dos comportamientos del más alto significado vital –desde una
perspectiva constitucional-, el grado de protección de la libertad de cultos
puede incrementarse. Tal protección, por el contrario, tiende a reducirse
cuando disminuye la complejidad de la elección.
A
pesar de que este criterio no ha sido utilizado con total claridad en la
jurisprudencia constitucional, pueden encontrarse consideraciones orientadas en
tal sentido.
Así
por ejemplo, la jurisprudencia se ha mostrado sensible a la protección amplia
de la libertad de cultos en aquellos casos en los cuales el accionante se
enfrenta a la decisión de elegir entre su trabajo y la práctica sincera de una
expresión religiosa. Igualmente la protección se ha incrementado cuando la
elección que debe adoptar el creyente se produce entre el ejercicio de la
práctica religiosa y la posibilidad de continuar en un centro educativo o de
acceder al mismo[23].
La
resistencia constitucional de la libertad de cultos se ha reducido en aquellos
casos en los que la Corte considera que no se impone una elección
particularmente grave. Así por ejemplo, en las sentencias que se ocuparon de
casos en que Testigos de Jehová anunciaban que su participación en determinados
actos cívicos constituían una adoración prohibida por sus sistema de creencias,
esta Corporación entendió que no podía calificarse así tal participación y, en
consecuencia, no se trataba de un dilema especialmente serio. Al margen de las
discusiones que ello generó en cada una de las Salas de Decisión –según se
deduce de los salvamentos de voto-la inexistencia de una disyuntiva
constitucionalmente significativa condujo a reducir el nivel de protección de
la libertad de cultos.
En
síntesis, es posible diferenciar dos escenarios en los que la solución del
problema constitucional puede orientarse de diversa forma. El examen de las
limitaciones a la libertad de cultos será más exigente cuando se conmina al
fiel a la toma de decisiones evidentemente dramáticas desde la perspectiva de
su sistema de creencias. Ello no ocurrirá cuando se trata de hipótesis en las
cuales la prohibición de practicar el culto no impacta contextos especialmente
significativos y, en consecuencia, el fiel podría verse obligado a adoptar una
elección al respecto.
3.4
Balance de la articulación constitucional de los criterios empleados por la
jurisprudencia constitucional
Las
variables anteriormente enunciadas hacen posible identificar algunas de las
líneas de interpretación trazadas por la Corte en esta compleja materia. Un
balance de su uso es ahora pertinente.
3.4.1
En aquellos eventos en los cuales (1) las razones constitucionales invocadas
para restringir el ejercicio de la práctica religiosa gravitan alrededor de una
exigencia constitucional clara y de enorme significado, (2) la limitación al
ejercicio de la práctica religiosa es transitoria y (3) el dilema al que debe
enfrentarse el creyente no es especialmente serio desde una perspectiva
constitucional, existirá una mayor posibilidad de que la limitación de la
libertad de cultos resulte constitucional.
Por
su parte, (4) cuando las razones que se invoquen para limitar la garantía
prevista en el artículo 19 de la Constitución no encuentren apoyo expreso e
inequívoco en disposiciones constitucionales, (5) se trate de restricciones
permanentes o extendidas en el tiempo en el ámbito de actuación protegido por
la libertad de cultos y (6) el dilema al que debe enfrentarse el creyente sea
particularmente grave desde la perspectiva de los intereses en juego, existirán
menores posibilidades de admitir la restricción[24].
3.4.2
Esta Corporación considera necesario afirmar que estos criterios no son
definitivos. Tampoco desconoce que pueden presentarse situaciones intermedias
que susciten discusiones constitucionales especiales. Ello podría ocurrir, por
ejemplo, en aquellos eventos en los que se trata de una restricción temporal
que pretenda apoyarse en disposiciones constitucionalmente claras para exigir
la participación en una actividad que impide la práctica del culto y que
enfrenta al individuo, a pesar de ello, a una decisión dramática o
especialmente compleja.
En
todo caso, la posibilidad de comprender la jurisprudencia constitucional a la
luz del uso de estos criterios es relativamente clara según se explica a
continuación.
3.4.2.1
En las sentencias T-075 de 1995 y T-877 de 1999 en las que se negó la
protección de la libertad de cultos, las entidades accionadas presentaron como
argumentos para limitarla la existencia de deberes constitucionales
específicos. Adicionalmente se trataba de restricciones temporales y los
accionantes, según la Corte, no se enfrentaban a un dilema excesivamente
complejo. Ello fue particularmente claro dado que las prácticas que los
Testigos de Jehová consideraban un acto de adoración no tenían esa dimensión.
Concurrían
entonces las condiciones número (1), (2) y (3) atrás referidas.
3.4.2.2
En los casos abordados por las sentencias T-588 de 1998, T-026 de 2005 y T-839
de 2009, las razones para limitar las posibilidades de decisión de los
accionantes se fundaban en la autonomía para delimitar el contenido de los
procesos de enseñanza, se trataba de restricciones que se extendían en el
tiempo y que implicaban, además, la obligación de decidir entre la continuación
de un proceso de formación en una institución libremente elegida o la práctica del
culto. Esta Corporación consideró que en esos casos procedía la protección del
derecho contemplado en el artículo 19 de la Constitución.
En
similar dirección, las situaciones examinadas en las sentencias T-982 de 2001y
T-327 de 2009 dieron lugar a que la Corte concediera el amparo a empleados que
fueron despedidos de su trabajo por no asistir los días sábados a
trabajar. En esas oportunidades las empresas demandadas no adujeron deberes
constitucionales específicos y claros –concentrando su argumentación en una
facultad vinculada a la libertad de empresa-, se trataba de una limitación
permanente y, adicionalmente, quien solicitaba la protección iusfundamental debía
enfrentarse a la compleja decisión de conservar su trabajo o de practicar su
culto.
Coincidieron
en estas decisiones las condiciones número (4), (5) y (6) que han quedado
enunciadas previamente.
3.4.2.3
En otros casos, sin embargo, no concurrieron la totalidad de las variables. En
las sentencias T-448 de 2007, T-044 de 2008 y T-493 de 2010 –obligación de
realizar exámenes en días previstos para la práctica del culto-, la institución
pública aducía razones vinculadas a la eficiencia administrativa, la
restricción impuesta a la manifestación religiosa era temporal –obligación de
asistir sólo un sábado a la presentación del examen de admisión  previsto- y,
finalmente, la decisión del accionante resultaba compleja dado que debía
decidir entre practicar el culto y acceder a la institución educativa elegida.
A pesar de que la transitoriedad podía reducir las posibilidades de protección,
la presencia de los otros criterios condujo a la Corte al otorgamiento del
amparo constitucional reclamado.
Por
su parte, el asunto examinado en la sentencia T-447 de 2004 –obligación de
asistir como jurado de votación- suponía la invocación de un deber
constitucional claro y la temporalidad de la restricción. No obstante que para
el Adventista la obligación de asistir imponía un complejo dilema, la
concurrencia de los otros criterios orientaron la determinación en una
dirección diferente y, por ello, no se concedió el amparo del derecho invocado.
3.4.3
El balance presentado hace posible comprender la orientación de la Corte. La
protección de las aspiraciones de coherencia expresadas por personas que hacen
parte, de manera sincera y seria, de un sistema de creencias específico, no ha
sido idéntica. La necesidad de armonizar la amplia libertad de cultos con la
existencia de disposiciones constitucionales que, o bien permiten la definición
de reglas de comportamiento por parte de las autoridades públicas y de los
particulares (garantías institucionales como la autonomía universitaria) o bien
exigen determinados comportamientos (deber de participar en la vida cívica y
comunitaria del país), constituyen razones para que la forma de solucionar las
tensiones no sea siempre la misma[25].
Precisados
los criterios que han sido relevantes para la solución de estos difíciles
problemas constitucionales, a continuación la Corte presentará algunas líneas
metodológicas generales que permiten orientar el control constitucional de las
restricciones que pretendan imponerse a la libertad de cultos.
4.
Metodología
del examen constitucional de las restricciones a la libertad de cultos y, en
particular, a las prácticas religiosas de personas integrantes de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día
4.1
Consideraciones generales
Tal
y como se expuso en el fundamento jurídico No. 3 de esta providencia, los
criterios interpretativos relevantes para establecer la constitucionalidad de
las restricciones a la libertad de cultos son de naturaleza variable. Igual
consideración cabe formular en relación con las metodologías particulares
empleadas por la jurisdicción constitucional para examinar la
constitucionalidad de las limitaciones.
4.1.1
En algunos casos, la Corte ha aplicado un juicio estricto de proporcionalidad
para evaluar la constitucionalidad de medidas que limitan la libertad de cultos
exigiendo determinar (i) si persiguen una finalidad constitucionalmente
imperiosa, (ii) si se encuentran prohibidas por la Constitución, (iii) si son
efectivamente conducentes, (iv) si no existen medidas alternativas que
restrinjan menos el derecho contemplado en el artículo 19 de la Constitución y
(v) si resultan estrictamente proporcionadas. Esta metodología ha sido empleada
de manera explícita en las sentencias T-982 de 2001, T-327 de 2009, T-839 de
2009 y T-493 de 2010.
En
la sentencia T-982 de 2001 la Corte consideró que  la decisión de obligar a un
trabajador a asistir los sábados a la empresa limitando de esta manera su
decisión de cumplir las exigencias asociadas al Sabbath, a pesar de perseguir
una finalidad constitucional admisible y no encontrarse prohibida
por la Constitución, resultaba contraproducente, innecesaria y desproporcionada
en sentido estricto. En la sentencia T-327 de 2009, al evaluar una medida
similar a la analizada en la sentencia T-982 de 2001, la Corte a pesar de no
hacer referencia explícita a su inadecuación afirmó que resultaba innecesaria
y desproporcionada en sentido estricto.
En
la sentencia T-839 de 2009 esta Corporación consideró que la determinación de
imponer una obligación de asistir a los cursos de formación realizados los días
sábados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en los procesos de
formación adelantados por tal entidad, se encontraba prohibida y, además
de ello, debía calificarse como contraproducente e innecesaria.
Por su parte, en la sentencia T-493 de 2010 consideró innecesaria para
alcanzar el propósito anunciado por la entidad accionada, la obligación
impuesta a un miembro de iglesia Evangélica Libre de Quibdó de presentar el día
domingo el examen de ingreso a la Universidad Nacional.
El
uso del juicio de proporcionalidad en estos casos ha supuesto un examen
particularmente riguroso de las restricciones impuestas a los derechos de los
miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De esta manera, sólo razones
constitucionalmente muy poderosas podrían vencer la resistencia constitucional
derivada de la libertad de cultos.
4.1.2
No obstante que el examen de proporcionalidad ha constituido la metodología
dominante en esta materia, algunas de las decisiones se han abstenido de
emplearla.  En este contexto, la sentencia T-539A de 1993 no adelantó un juicio
de proporcionalidad debido a que, según allí se dijo, no existí aun conflicto
real entre la libertad de cultos y la autonomía de las universidades cuando
estas imponen la obligación absoluta de asistir a clases el día sábado. Según
la sentencia referida, se trataba del ejercicio de competencias asignadas a
esas instituciones cuyo propósito no consistía en excluir ninguna religión en
particular, sino adoptar decisiones administrativas compatibles con los
comportamientos de la comunidad estudiantil en general. La Corte consideraba
que no se trataba de una tensión entre normas con estructura de principio y, por
ello, no estimó necesario en la resolución del problema acudir a las categorías
de la proporcionalidad.
4.1.3
De acuerdo con lo expuesto, esta Corporación debe afirmar que no existe sólo
una alternativa metodológica para abordar constitucionalmente este tipo de
casos. Tal y como se precisará más adelante, la importancia de realizar en la
mayor medida posible la libertad de cultos deriva en la prohibición de su
limitación excesiva. Esa prohibición se adscribe al artículo 2 de la
Constitución conforme al cual el Estado tiene la obligación de garantizar la
efectividad de los derechos, deberes y principios consagrados en la
Constitución. Asumir en serio este mandato implica que cualquier restricción
debe encontrarse fundamentada en razones constitucionales suficientes y, en esa
medida, estima la Corte que el principio de proporcionalidad puede ofrecer un
esquema adecuado para la presentación de tales razones.
4.2
Intensidad y estructura del examen de proporcionalidad de las restricciones a
la libertad de cultos
Para
esta Corporación, según se ha dejado dicho, es importante delinear las pautas
generales que pueden seguirse para evaluar las restricciones que se impongan a
la decisión de ejecutar una práctica que hace parte del sistema de creencias de
la persona, tal y como ocurre en esta ocasión, con el respeto del Sabbath. Las
pautas metodológicas que a continuación se presentan se apoyan en  el contenido
actual de la jurisprudencia de esta Corte.
4.2.1
La disposición constitucional que reconoce la libertad de cultos –artículo 19
Constitución Política- contempla, de una parte, (i) una permisión general para
ejercer el culto y, de otra, (ii) una permisión específica que define las
modalidades para profesar la religión. Una y otra protegen un amplio conjunto
de posiciones iusfundamentales. De acuerdo con ello, esta disposición reconoce
un derecho general a creer o no creer en una religión –expresión interna- y, en
esa medida, a expresar tal relación de manera individual o colectiva. Como
consecuencia de la protección otorgada, es posible establecer una prohibición
de discriminación fundada en razones religiosas así como la interdicción de
restricciones desproporcionadas de la libertad de cultos[26].
Esta
doble dimensión, desde la perspectiva de la igualdad y desde la perspectiva de
la libertad, requiere algunas precisiones.
No
toda limitación de la libertad de cultos constituye una actuación
discriminatoria contraria al derecho a la igualdad. Sin embargo puede ocurrir
que sin existir discriminación  una restricción a la libertad de cultos resulte
inconstitucional por desproporcionada. De esta manera, si una medida es
adoptada con el propósito de afectar una religión fundándose, para ello, en
prejuicios religiosos[27] el acto
podrá presumirse como discriminatorio. Ahora bien, si una determinada decisión
tiene como efecto la restricción de una expresión religiosa pero ella se apoya
en una consideración secular, sería problemático afirmar la existencia de una
discriminación aunque ello no se oponga a sostener, después del examen de la
limitación, su inconstitucionalidad por irrazonable o desproporcionada.
4.2.2
El reconocimiento de la libertad de cultos no se encuentra acompañado, en el
artículo 19 de la Constitución, de razones específicas para su limitación ni
tampoco de referencias explicitas a la ley acerca de la posibilidad de
establecer tal limitación. A pesar de ello y como es natural, la reserva de ley
estatutaria –art. 152- y la relevancia del bloque de constitucionalidad –art.
93-, sugiere que la configuración del derecho puede encontrarse acompañada de
la intervención del legislador quien puede definir restricciones específicas o
razones particulares para establecerlas.
4.2.3
Al margen de su estructura amplia, la libertad de cultos ocupa un lugar central
en el ordenamiento constitucional colombiano que exige tomar, como punto de
partida, un deber de máxima protección de sus expresiones. La circunstancia
consistente en que el texto constitucional no hubiere contemplado una cláusula
expresa de limitaciones legislativas y, adicionalmente, que el enunciado no
contemple razones para su restricción, evidencia una orientación hacia la
maximización del amparo. Sin embargo, que sea máxima no implica que sea absoluta.
En
efecto, la Ley 133 de 1994, en desarrollo de la competencia de regulación
estatutaria, enuncia de manera general los supuestos que deben satisfacerse en
aquellos casos en los que pretende restringirse la libertad de cultos. El
artículo 4 dispone lo siguiente:
“El
ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos,
tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de
sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la
seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del
orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática.”
Las
razones que permitirían una limitación de los derechos fundamentales son
establecidas a través de una cláusula general de protección de los derechos
constitucionales, de una parte, y de una cláusula general de salvaguarda de
intereses constitucionales importantes, de otra. De esta manera y considerando
la obligación de sujeción a la ley estatutaria en esta materia y el punto de
partida interpretativo reseñado anteriormente, es claro que no cualquier
intervención del derecho resulta constitucionalmente admisible.
La
indeterminación del enunciado que consagra la libertad de cultos, la adscripción
al mismo de normas con estructura de principio y el carácter general de las
razones que podrían justificar su limitación, según lo establecido en la ley
estatutaria, indican  que cualquier restricción deberá justificarse
adecuadamente de manera tal que se impidan limitaciones excesivas[28].
4.2.4
Encontrándose proscrita la limitación excesiva de la libertad de cultos, cualquier
restricción que le sea impuesta debe superar las cargas impuestas por la
exigencia de proporcionalidad.
Conforme
a lo dicho, dos exigencias deben superar las medidas que tenga por objeto la
limitación de la libertad de cultos. En primer lugar, el fundamento de su
empleo debe encontrarse en alguna de las razones que se deriven de la
regulación estatutaria o de las normas del bloque de constitucionalidad que
resulten pertinentes –artículo 93-. En segundo término, las medidas elegidas
deben superar los requerimientos propios del juicio de proporcionalidad.
4.2.5
La proporcionalidad no puede, sin embargo, exigir lo mismo en todos los casos.
En opinión de la Corte, el grado de severidad para la aplicación de este
principio debe determinarse previamente y considerar, entre otras cosas, la
complejidad del dilema que debe enfrentar el creyente al adoptar su decisión,
el carácter definitorio -en el sistema de creencias- de la expresión religiosa
cuya protección se reclama, la naturaleza más o menos laica de las razones que
se invocan para la limitación[29], el
carácter temporal o definitivo de la limitación, así como el tipo de
organización cuya actuación afecta el ejercicio de la libertad de cultos[30].
El
juez constitucional debe estimar estos criterios para definir el grado de
intensidad con el que habrá de controlarse la medida empleada. Así por ejemplo,
no resulta admisible que ante el empleo de una medida cuyo objetivo es
evidentemente secular se exija, en todos los casos, que ella persiga una
finalidad constitucionalmente imperiosa o irresistible. Igualmente, no obstante
que la Constitución reconoce una intensa eficacia de los derechos fundamentales
en relaciones entre particulares, no puede considerarse idéntico el grado de
sujeción de los particulares y el Estado a la libertad de cultos dado que, de
lo contrario, podría anularse el pluralismo y la autonomía individual[31].
Además
de ello, no resulta adecuado que el control de constitucionalidad tenga el
mismo ímpetu cuando se afectan expresiones básicas de la libertad de cultos que
en aquellos casos en los que la limitación se produce en dimensiones del
derecho que no afectan su goce[32].
4.2.6
Las decisiones que se tomen en esta materia, en tanto se refieren a asuntos
constitucionalmente muy importantes que definen, entre otras cosas, las
relaciones entre el Estado, los particulares y las iglesias, deben tomar nota
de los diferentes factores a fin de establecer el grado de rigor del examen.
Como
orientación general puede decirse que en aquellos casos en los cuales (1) se
trate de una restricción transitoria, (2) impuesta por un particular,(3) que
pretende ejercer un derecho que no tenga un carácter instrumental –en tanto su
reconocimiento no implica una obligación de alcanzar determinados propósitos[33]-,
(4) no se afecte una expresión básica del culto y (5) el dilema para el
creyente no resulte especialmente complejo, el juicio de proporcionalidad
deberá limitarse a examinar si la actuación que limita la libertad de culto encuadra
en el ámbito de protección de una facultad no prohibida constitucionalmente
(juicio débil)[34].
Por
el contrario, en aquellos casos en los cuales (6) se trate de una afectación
permanente o extendida en el tiempo, (7) adoptada por una entidad estatal –o
que puede asimilarse a esta-, (8) que ejerce una garantía instrumental –dado
que su protección constitucional se encuentra atada a la búsqueda de
determinados propósitos[35]-, (9)
que afecte una expresión básica del culto y (10) que pueda enfrentar al
creyente a una decisión especialmente problemática, es exigible que la medida
restrictiva persiga una finalidad constitucionalmente imperiosa, no se
encuentre prohibida, resulte efectivamente conducente, sea necesaria[36]y,
finalmente, pueda calificarse como estrictamente proporcionada (juicio
estricto).
Ahora
bien, no desconoce la Corte que pueden existir hipótesis en las que no
concurran la totalidad de condiciones recién señaladas. Igualmente es posible
que, en una situación particular ellas coexistan. Estas hipótesis plantean
problemas particulares de notable complejidad que, sin embargo, no constituyen
una objeción al empleo de la metodología expuesta. Esta dificultad fue reconocida
por la Corte en la sentencia C-673 de 2001 cuando se refería al posible
enfrentamiento entre los criterios que determinaban la aplicación de un juicio
leve, intermedio o estricto:
“Finalmente,
es de advertir que pueden presentarse colisiones entre los diferentes criterios
para la fijación de la intensidad del test. En el presente caso, tal colisión
se presenta entre la posible afectación de derechos fundamentales, como los
enumerados por el demandante, y el elemento de que las medidas cuestionadas han
sido adoptadas en desarrollo de una competencia no genérica sino específica en
el campo de la educación atribuida a un órgano constitucional por el propio
Constituyente. En estos casos, se hace necesario realizar una ponderación entre
dichos criterios, unidos a otros propios del caso, con miras a determinar la
intensidad del test de razonabilidad a emplear en el control de
constitucionalidad.”
Además
de la necesaria ponderación de las razones que justifican un examen más o menos
estricto, será posible en algunas oportunidades, dependiendo del caso concreto,
utilizar una metodología intermedia que implique exigir que la restricción
persiga una finalidad constitucionalmente importante y que, además de no
encontrarse prohibida, sea efectivamente conducente.
4.2.7
Las disposiciones constitucionales relevantes, así como los diversos
precedentes fijados por la Corte en esta materia, permiten concluir que la
revisión constitucional de una práctica que restringe la libertad de cultos
debe tomar nota de los aspectos acabados de presentar a efectos de definir su
validez constitucional.
Procederá
entonces la Corte a resolver el caso planteado en esta oportunidad.
5.
Consideraciones
constitucionales relativas al comportamiento de la Universidad Cooperativa de
Santa Marta y solución del caso
La
accionante considera que la limitación impuesta a la libertad de cultos,
consistente en la decisión de la Universidad de negarse de manera general a
implementar un ajuste de horarios de clases a fin de no impedirle el
cumplimiento de sus obligaciones religiosas, resulta inconstitucional.
Por
el contrario, la Universidad Cooperativa de Colombia –Sede Santa Marta- indica
que la accionante ha debido prever tal circunstancia al momento de
matricularse, que la asistencia los sábados resulta indispensable para el desarrollo
exitoso de las actividades pedagógicas, que su decisión se encuentra apoyada en
la naturaleza no absoluta de la libertad de cultos y en la autonomía
universitaria reconocida constitucionalmente y, adicionalmente, que su
determinación no tiene como propósito favorecer una religión particular sino
atender los intereses generales de la comunidad estudiantil. Además de ello,
señala que existe la posibilidad de desarrollar la asignatura a través de
cursos intensivos cuyos costos deben ser asumidos por la estudiante.
5.1
En opinión de la Sala, concurren en este caso razones suficientes para la
aplicación de un examen estricto de proporcionalidad. En primer lugar, la
decisión de la Universidad impacta una expresión muy importante del sistema de
creencias de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día según ha
sido reconocido por la jurisprudencia constitucional. Así mismo se trata de una
restricción extendida en el tiempo dado que cubre la etapa en la cual la
estudiante adelantará sus estudios, exigiéndole una elección entre continuarlos
–al menos respecto de aquellas asignaturas que se desarrollan los sábados- y la
práctica de su culto. Ello enfrenta a la accionante a una decisión
particularmente compleja en relación con su proyecto de formación.
No
obstante que la entidad accionada invoca razones de carácter secular para
imponer la asistencia el día sábado, lo que sugeriría un examen flexible, el hecho
consistente en que las Universidades, conforme se deduce del artículo 67 de la
Constitución, presten un servicio público al que se adscriben importantes
propósitos constitucionales, hace posible justificar el desarrollo de una
indagación exigente.
Conforme
a lo expuesto, la Corte deberá establecer si la actuación de la Universidad
persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa (5.2). En el evento de ser
ello así, se determinará si los medios empleados se encuentran permitidos por la
Constitución (5.3), si son efectivamente conducentes (5.4), si resultan
necesarios (5.5) y, en último lugar, si pueden considerarse estrictamente
proporcionados (5.6).
5.2
La respuesta de la Universidad permite identificar dos medidas que impactan el
ámbito de protección de la libertad de cultos. Una de ellas consiste en la
decisión de establecer una obligación de asistir los días sábados negándose a
ofrecer opciones alternativas –primera medida-. La segunda  implicaría
que, asumiendo la estudiante los costos correspondientes, podrían ser
implementados cursos intensivos en horarios que no involucren el tiempo
comprendido por el Sabbath –en adelante segunda medida-.
Dos
tipos de propósitos sostienen la decisión de la universidad accionada. En
efecto, las decisiones adoptadas se explicarían, de una parte, en la obligación
de asegurar la calidad de los procesos académicos y, de otra, en la salvaguarda
de la eficiencia administrativa y económica de la Universidad.
Para
este Tribunal tales objetivos, examinados de manera conjunta, resultan
constitucionalmente imperiosos. Ello es así, considerando (a) que la educación
es un servicio público, (b) que uno de los motivos de la intervención del
Estado en ese ámbito consiste en asegurar la calidad según lo dispone el inciso
quinto del artículo 67 de la Constitución y (c) que la estabilidad financiera
de las Universidades constituye un factor importante atendiendo el mandato
constitucional, precisado en el inciso final del artículo 69, conforme al cual
el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de
todas las personas a la educación superior.
La
calidad de la educación superior se encuentra inequívocamente exigida por la
Constitución y, adicionalmente, es reconocida en la Ley 30 de 1992 como un eje
nuclear del sistema educativo tal y como puede constatarse en diversas de sus
disposiciones (art. 3, art. 6-c, art. 2-par., art. 31-h, art. 32-a, art. 36-d,
art 53-inc 1, art 56-inc 1, art. 60). Así mismo, la inspección y vigilancia de
la enseñanza a cargo del Presidente de la República tiene, entre sus
propósitos, facilitar a las personas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a
la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura, así como los
mecanismos financieros que lo hagan viable.
Esos
objetivos se ajustan además a lo dispuesto en la Ley 133 de 1994 que contempla
como posibles razones para la limitación de la libertad de cultos la
salvaguarda de la moralidad pública. Es evidente, al margen de las discusiones
que una expresión como esta puede suscitar, que la oferta de un sistema de
educación de calidad y sostenible desde una perspectiva financiera, satisface
poderosas expectativas éticas asociadas a la necesidad de promover una sociedad
más justa. Además de ello, tal y como se señaló previamente, las finalidades
que apoyan la adopción de las medidas cuestionadas no se fundan en prejuicios
religiosos ni revelan propósitos evidentemente discriminatorios que resulten
incompatibles con la Constitución.
5.3
Para la Corte, ninguna de tales medidas se encuentra excluida por la
Constitución.  Por el contrario, las decisiones relacionadas con la
organización de los programas académicos y la ordenación de los horarios y
actividades de acuerdo con los recursos humanos y administrativos disponibles,
se encuentran amparadas por las competencias que en materia de autorregulación
académica les son conferidas por la Constitución a las universidades[37].
En este sentido, no cabría formular objeción alguna a las decisiones adoptadas.
Lo
indicado no implica, sin embargo, que la decisión de la Universidad cumpla con
las demás exigencias vinculadas al principio de proporcionalidad. Es por ello
que la Corte debe examinar si la restricción de tal libertad, indirectamente
establecida a través de la fijación de horarios los días sábados y de la
imposición de costos por los cursos intensivos, resulta efectivamente
conducente y, de ser así, si puede calificarse como necesaria o indispensable.
5.4
Estima esta Corporación que la primera medida adoptada por la Universidad
Cooperativa de Colombia no resulta efectivamente conducente para alcanzar los
propósitos a los que se ha aludido en el numeral 5.2 de esta providencia. Si la
finalidad perseguida por la institución consiste en el aseguramiento de la
calidad de los procesos de educación y si a ese concepto se adscribe con
claridad –tal y como se deriva de los artículos 41 y 67 de la Constitución- la
obligación de formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos y la
democracia[38], no es
claro -salvo que se asumiera un concepto fragmentado o incompleto de calidad,
edificado únicamente para promover la formación técnica o intelectual- la
manera en que la no consideración de la situación especial de la accionante,
contribuye a la consecución de los propósitos formativos definidos en el texto
constitucional.
La
Constitución, a pesar de conferir un amplio margen de apreciación a las
instituciones de educación superior en lo referido a la definición de su
proyecto pedagógico, no es neutral en esta materia y, al calificar la educación
como un servicio público, le adscribe funciones específicas que deben ser
respetadas y optimizadas. Entender la calidad en materia educativa de manera
excesivamente limitada, desconoce la relevancia que cumple la educación en una
sociedad que, desde el preámbulo de la Constitución, invoca en el mismo lugar
que el conocimiento, la convivencia, la igualdad y la libertad.
Conforme
a lo expuesto una decisión consistente en negar toda oferta de cursos
alternativos a pesar de la situación específica de una persona vinculada a la
iglesia adventista del séptimo día sería contraproducente para alcanzar la
finalidad constitucional invocada y, en esa medida, no podría satisfacer los
requerimientos derivados de la obligación de optimizar la libertad de cultos ni
se ajustaría a las demandas que a la educación superior le impone el texto
constitucional[39]. No
obstante que la medida se encuentra funcionalmente articulada con el desarrollo
de las diferentes asignaturas, ello no equivale a que el proceso formativo, en
los términos en que la Constitución lo exige, se desenvuelva en condiciones de
calidad. Tal conclusión adquiere mayor vigor si se considera quede las normas
integradas al bloque de constitucionalidad se desprende que la educación debe
desarrollarse en ambientes incluyentes y en condiciones de calidad para todos[40].
A
pesar de la no idoneidad de la primera medida para alcanzar los objetivos
constitucionales perseguidos por la Universidad, la posibilidad de desarrollar
el curso en otro horario, asumiendo la estudiante los costos correspondientes
–segunda medida-, puede calificarse como efectivamente conducente en tanto
genera un escenario de convivencia de las diferentes formas de relación con Dios,
sin renunciar al cumplimiento de los requerimientos de calidad así como
sostenibilidad administrativa y financiera. Es entonces indispensable continuar
con su examen.
5.5
Tal y como se constató, la primera de las medidas resulta inconducente al paso
que la segunda se evidencia como idónea para alcanzar tal finalidad. En
cualquier caso, si en gracia de discusión se aceptaran ambas para alcanzar los
propósitos constitucionales reseñados, es procedente por razones de suficiencia
argumentativa examinarse si son ellas las menos restrictivas para alcanzarlo.
5.5.1
La primera medida es evidentemente innecesaria para alcanzar el propósito
constitucional de asegurar la calidad de la educación superior.  En efecto, la
calidad de los procesos pedagógicos no se opone, en general, a la
instrumentación de procesos pedagógicos en horarios diferentes o con
metodologías diversas que hagan posible alcanzar las competencias o resultados
de aprendizaje esperados.
Aunque
desde un punto de vista administrativo puede considerarse eficiente el
desarrollo de cursos a los que concurran la mayoría de estudiantes según los
horarios regulares, no es una carga desproporcionada exigir de la Universidad
la identificación de horarios alternativos que permitan a los estudiantes imposibilitados
para asistir –por razones religiosas- a algunas de las sesiones programadas,
alcanzar los objetivos previstos para el curso o asignatura. Así las cosas,
debe señalar la Corte que una decisión como la examinada resulta
inconstitucional por restringir, sin ser indispensable, la libertad de cultos.
5.5.2
Ahora bien, la Universidad ha indicado que resulta viable el desarrollo de
cursos intensivos que, atendiendo la modalidad empleada, impondrían a los
estudiantes mayores costos. Esa segunda medida parece resultar necesaria considerando
que a través de ella se consigue garantizar el proceso pedagógico y, al mismo
tiempo, cubrir los costos que un horario diferenciado puede implicar.
La
medida analizada, consistente en obligar al estudiante a realizar un curso
alternativo estableciendo a su cargo el valor de su implementación, es – prima
facie –necesaria para alcanzar los objetivos perseguidos por la Universidad.
Ella encuentra apoyo no sólo en la importancia de adelantar el proceso
pedagógico en condiciones de calidad sino también en la necesidad de asegurar
la eficiencia administrativa y financiera de las universidades. En efecto,
realizar un curso intensivo cuyo valor es asumido por el estudiante que no
puede asistir a los cursos ordinarios, es la medida posible menos restrictiva
de la libertad de cultos y, al mismo tiempo, permite alcanzar los objetivos
constitucionalmente imperiosos perseguidos por la Universidad.
5.5.3
Además de ser necesaria esta última medida, también resulta estrictamente
proporcionada dado que la restricción que impone se encuentra justificada por
la importancia de la realización de los propósitos perseguidos por la
Universidad. Adicionalmente, la Corte considera que una solución como la
planteada constituye una adecuada forma de armonizar concretamente los
intereses en juego.
En
efecto, la fijación libre de los horarios por parte de la Universidad puede ser
limitada estableciendo la obligación  de identificar para los estudiantes
sinceramente vinculados a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, opciones
alternativas para el desarrollo de las diferentes actividades académicas. En su
lugar y atendiendo los efectos administrativos que tiene la identificación e
instrumentación de tales opciones, es razonable que los estudiantes puedan
encontrarse obligados a asumir una razonable carga económica.
5.6
Para la Corte es indudable el significado de las garantías constitucionales
enfrentadas en esta oportunidad. La libertad de cultos no sólo constituye una
expresión básica de la dignidad del ser humano –en su dimensión del vivir como
se quiera[41]- sino
también un reflejo del modelo de Estado adoptado por la Constitución de 1991.
De igual forma, el reconocimiento constitucional de la autonomía universitaria
se vincula a la decisión del constituyente de asegurar un margen de autonomía
suficiente que haga posible, en el contexto de la educación, la convivencia de
todas las formas de ver el mundo y su reflejo en diferentes modelos
administrativos y pedagógicos. Así las cosas el valor constitucional abstracto
de tales exigencias puede considerarse especialmente alto.
Conforme
a lo expuesto imponer a la estudiante la obligación de asistir los sábados podría
constituir un obstáculo especialmente grave para el ejercicio de la libertad de
cultos. Por ello, considerando la seriedad de las razones expuestas por María
Angélica Daza Albor así como la anticipación con la que ha formulado su
imposibilidad de asistir a las clases programadas el día sábado, justifica que la
Universidad identifique estrategias académicas adecuadas y que, en aquellos eventos
en los que exista una oferta de cursos en horarios diferentes implemente un
mecanismo de preferencia en la asignación de cursos que favorezca la práctica
del Sabbath por parte de las personas pertenecientes a la Iglesia Adventista
del Séptimo Día.
La
Corte Constitucional considera que la síntesis de las reglas para armonizar los
intereses constitucionales en juego puede presentarse de la siguiente manera:
a)
En
el caso de prever cursos ordinarios en varias alternativas
horarias, la Universidad tiene la obligación de preferir a los integrantes de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día en la asignación de aquellos cupos que se
programen en horarios que no resulten incompatibles con el Sabbath.
El
derecho de los integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a ser
preferidos, se encuentra condicionado a que los estudiantes informen a la
Universidad, de manera anticipada, la situación en la que se encuentran.
b)
Ahora
bien, en el evento de no disponer de tales cursos ordinarios la
Universidad se encuentra obligada a identificar e implementar medidas
alternativas especiales que le permitan a los estudiantes,
pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el desarrollo de las
actividades académicas teóricas y/o prácticas previstas en las diferentes
asignaturas.
La
obligación precedente se encuentra condicionada a que los estudiantes informen
a la Universidad, de manera anticipada, la situación en la que se encuentran.
Las
reglas anteriores se fundamentan, según se dejó señalado anteriormente, en la
necesidad de armonizar correctamente el ejercicio de la libertad de cultos y la
realización de la autonomía universitaria. Ellas parten del supuesto de que
resulta admisible imponer restricciones a las normas constitucionales que
consagran una y otra garantía. Adicionalmente, tales reglas se fundan en el
hecho de que las universidades prestan un servicio público y de esta manera no
pueden imponer restricciones excesivas al ejercicio de un derecho fundamental
básico.
6.
Consideraciones
finales
Al
momento de adoptar la presente decisión la estudiante ha terminado de cursar,
aprobándola, la asignatura Farmacología según lo ha dejado señalado la
Universidad Cooperativa de Colombia. Tal aprobación se produjo a pesar de que
la estudiante no asistió a las actividades presenciales de los días sábados
desarrolladas durante nueve semanas.
Lo
anterior no implica, sin embargo, la existencia de un hecho superado[42].
En efecto, en primer lugar la imposibilidad de desarrollar las actividades
académicas previstas en las nueve semanas presenciales no sólo pudo haber
afectado la nota obtenida por la estudiante sino también su proceso pedagógico.
Adicionalmente, en segundo lugar, la Universidad ha sostenido a lo largo del
presente proceso la imposibilidad de conferir tratos especiales a las personas
integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día lo que resulta, según se
explicó a lo largo de esta providencia, en una afectación inconstitucional de
la libertad de cultos.
Por
las razones expuestas, la Corte revocará las decisiones de instancia y, en su
lugar, tutelará la libertad de cultos de la accionante. Como consecuencia de
ello dispondrá que la Universidad proceda, si la estudiante así lo decide, a implementar
medidas alternativas que le permitan a María Angélica Daza Albor ejecutar las
actividades académicas teóricas y/o prácticas correspondientes a la carrera de enfermería
en horarios diferentes el día del Sabath. Adicionalmente, la Corte advertirá a la
Universidad Cooperativa de Colombia para que, en el futuro, garantice el
ejercicio de la libertad de cultos de los miembros de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día en los términos establecidos en esta sentencia.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la
sentencia proferida el día 28 de abril de 2011 por medio de la cual la Sala
Penal del Tribunal Superior de Santa Marta dispuso confirmar la decisión  del
Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santa Marta que
negó la protección de los derechos de la accionante.
Segundo.- En su lugar, TUTELAR la libertad de
cultos de María Angélica Daza Albor.
Tercero.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Universidad
Cooperativa de Colombia que, de acuerdo con los programas alternativos que
ofrece, y si la accionante así lo decide, le permita a ella desarrollar las
actividades académicas teóricas y/o prácticas correspondientes a las diferentes
asignaturas de la carrera de enfermería que cursa, y cuyo horario resulte
incompatible con el Sabath. Lo anterior, de conformidad con los reglamentos de la
Universidad.
Cuarto.- PREVENIR
a la Universidad Cooperativa de Colombia para que, en el futuro, garantice el
ejercicio de la libertad de cultos de los miembros de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día en los términos establecidos en esta providencia.
Quinto.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación a que alude el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
Cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Fue admitida por el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de
Santa Marta. Cuaderno 1- Folio 20. La acción de tutela fue presentada el día 1
de marzo de 2011. Cuaderno 1. Folio 33.
[2] Escrito de tutela y documentos aportados por
la accionante. Cuaderno 1. Folios 27-33.
[3] En esa comunicación, de
fecha 21 de febrero de 2011 y dirigida a la Universidad Cooperativa de Santa Marta, solicita “el favor de
permitir que María no asista a clases los sábados”. Cuaderno 1. Folio 8.
[4] La accionante adjunta al
escrito de tutela el texto de la petición –radicada en la Universidad el día 3 de agosto de 2010-  en la que solicitaba al Consejo Académico, en primer
lugar, que le fueran proporcionados “los medios adecuados y necesarios para
ver las cátedras que correspondan, de acuerdo con el pensum académico en los
días y horarios acordes a mi creencia religiosa” y, en segundo lugar, “[q]ue
los trabajos, talleres exámenes y toda actividad que tenga por objeto la
calificación del estudiante, me sea realizada por el docente titular de la
cátedra, en días y horarios distintos al día sábado”. Cuaderno 1. Folios
13-15.
[5] Al escrito de tutela se
anexa la respuesta formulada por el Director Académico de la Universidad Cooperativa en la que además expresa que la Universidad Cooperativa de Colombia es una organización laica y de ninguna forma la
programación de las asignaturas que se ofrecen tiene como objetivo contrariar
la libertad religiosa o de cultos de los estudiantes. Cuaderno 1. Folios 10 y
11.
[6] Cuaderno 1. Folios 46 y
52.
[7] Cuaderno 1. Folios
54-61.
[8] Cuaderno 1. Folios 62 y
63
[9] Cuaderno 2. Folios 4-11.
[10] En la sentencia T-448 de 2007 le correspondió a la Corte evaluar, desde la perspectiva de la libertad de cultos, la negativa de la Universidad Nacional de practicar un examen de ingreso en días diferentes a los inicialmente
previstos (sábados). Luego de precisar la jurisprudencia constitucional que
estimó relevante en la materia, la Corte consideró, destacando lo señalado en
la sentencia T-026 de 2005, que existía una obligación de procurar un acuerdo
con los estudiantes. De esta manera y a pesar de tratarse de una restricción
transitoria, la Corte confirmó la sentencia del juez de segunda instancia y
ordenó a la Universidad Nacional la reprogramación del examen.
[11] En la sentencia T-044 de 2008 en la que se examinó
nuevamente la decisión de la Universidad Nacional de no practicar exámenes de ingreso en días diferentes a los previstos para todos los aspirantes, la Corte precisó que era exigible la reprogramación del examen, destacando
incluso, que ello se derivaba de lo señalado en el acuerdo de Derecho Público
contenido en el Decreto 354 de 1998 que contemplaba la reprogramación de los
exámenes cuando no existiera una causa motivada que lo impidiera.
[12] En la sentencia T-493 de 2010 la Corte Constitucional se ocupó de determinar si violaba la libertad de cultos, la decisión del
ICFES de no autorizar la práctica del examen de Estado un día diferente al
domingo considerando que el menor que solicitaba el cambio de horario se
encontraba vinculado a una Iglesia Evangélica, cuyos cánones de
comportamiento indicaban a sus fieles el deber de abstenerse
de ejecutar actividades seculares a menos que fueran de caridad. La Corte consideró que debía ampararse el derecho a la libertad de cultos, a pesar de lo cual no
impartió una orden específica dado que el examen había sido ya practicado el
día lunes. Indicó la Corte: “Por tanto, los casos de la iglesia Adventista del
Séptimo Día frente al caso objeto de revisión, evidencian que se debe proteger
la creencia de la iglesia Evangélica Libre de Quibdó de no realizar el domingo
actividades distintas a las espirituales. (…) Ciertamente, el núcleo esencial
de la libertad de cultos es permitir la comunicación con el ser superior y las
prácticas que el credo le señale. Por tanto,  si la iglesia Evangélica Libre de
Quibdó previó en su credo destinar el domingo únicamente para actividades
espirituales el ICFES tenía la obligación de autorizar al demandante presentar
el examen de estado un día diferente. (…) En esas condiciones la Sala considera que la entidad demandada al no programar para el accionante un día distinto al
domingo la presentación del examen de estado para el ingreso a la Educación Superior vulneró su derecho fundamental a la libertad de cultos.”
[13]Luego de referirse (i) a la
orientación de tribunales extranjeros y organismos internacionales en relación
con el uso, en centros educativos, de determinados atuendos o signos con
relevancia religiosa y (ii) a los lineamientos generales de la jurisprudencia
constitucional para el examen de restricciones a la libertad religiosa, esta
Corporación afirmó que resultaba contrario a la Constitución establecer que las accionantes, integrantes de la Iglesia Pentecostal, tenían la obligación –a pesar las creencias religiosas que se oponían a
ello- de usar pantalones si pretendían ingresar a la Escuela Normal Superior Demetrio Salazar Castillo.
[14]Indicó la Corte en esa oportunidad: “En ejercicio de
su autonomía, la Universidad tiene la potestad de señalar los días regulares de
trabajo académico y el horario dentro del cual dicho trabajo debe realizarse.
Al hacerlo, tiene en consideración las circunstancias comunes a la generalidad
de los alumnos, pero no puede tomar en cuenta la particular situación de cada
uno, pues ese modo de proceder imposibilitaría la fijación de cualquier norma
de carácter general. V.gr: excluye el domingo, del calendario de trabajo,
porque es ése un día de descanso en todo el país, independientemente de la
obligación religiosa que para muchas personas tal descanso puede implicar. Al
hacerlo, no se propone compeler a quienes, profesando otra fé religiosa, se
sientan obligados a reservar al culto un día diferente. (…) Las personas que en
esta última situación se hallen, deben entonces optar entre el cumplimiento del
deber religioso, con sacrificio de sus intereses académicos, o decidirse por
éstos, en detrimento de la que para ellas es conducta obligatoria. Pero el
dilema no es de la institución que ha procedido en armonía con la normatividad
vigente, incluida la de más alto nivel, sino de quien se encuentra en esa
particular situación. Que la Universidad juzgue que, sin significativos
traumatismos, puede dispensar del cumplimiento de una exigencia académica
ordinaria a alguno de sus alumnos, es bien diferente a que tenga la obligación
de hacerlo.”
[15] En esa
oportunidad, la Corte consideró demostrada la seriedad de las convicciones
expuestas por los accionantes indicando sobre ello: “Los datos que pueden
inferirse del expediente, demuestran que la objeción que oponen los demandantes
a la práctica escolar se origina en profundas convicciones religiosas y que
ellas se esgrimen de manera seria y no acomodaticia. Los estudiantes
individualmente han rehusado llevar a cabo las danzas requeridas, pese a la
promesa hecha por el profesor de que si sólo uno de ellos lo hacía, los demás
quedarían exonerados de la prueba. La firmeza de la creencia, de otro lado, se
pone en evidencia en el valor que los demandantes le asignan al cumplimiento de
su religión, pues prefieren acatarla aún a costa de reprobar la materia o de
permanecer por fuera del colegio. Finalmente, corrobora el aserto, la actitud
de los objetores que se niegan a cambiar de colegio, puesto que estiman que la
actitud del profesor corresponde a un gesto o comportamiento que deben combatir
dentro de la misma comunidad escolar donde la conducta cuestionada se da y no
en otro lugar.”
[16] Señaló la Corte en la conclusión de la sentencia: “Siguiendo las reglas y los criterios
jurisprudenciales a los cuales se hizo alusión en la presente sentencia [ver
sección 4.6. de las consideraciones] y que desarrollan el orden constitucional
vigente, la Sala de Revisión concluye que  [1] la libertad de religión de una
persona se viola cuando se le obliga a realizar actividades durante el día
consagrado al descanso, como requisito para participar en un curso-concurso
para acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, por ser un medio
prohibido, salvo que éste sea estrictamente necesario. Si ni siquiera se
considera la posibilidad de llegar a un acuerdo con la persona que debe
realizar dichas actividades es claro que se presenta la vulneración. También
concluye la Sala de Revisión que [2] se viola el derecho a la igualdad de una
persona cuando se le obliga, dentro de un curso-concurso para acceder a un
cargo público, a realizar actividades en contra de una creencia religiosa, que
el Estado y las instituciones que lo conforman están obligadas expresamente a
respetar (v.gr. guardar el sabath); especialmente prohibido se encuentra
este medio, cuando, además, es inadecuado y contraproducente para alcanzar el
fin buscado por la medida. La Sala de revisión toma esta decisión teniendo en
cuenta que mediante ella se protege la libertad religiosa de una persona que
pertenece a una Iglesia, reconocida por el Estado, que tiene un carácter
minoritario dentro de la sociedad colombiana, y teniendo en cuenta que la
creencia protegida es una de aquellas que son consideradas como fundamentales y
estructurales en el culto y práctica de su religión.”
[17] En el
fundamento jurídico 17 señaló la Corte: “Lo anterior significa entonces, que si
el estudiante que profesa esta religión informa al momento de la matrícula o
dentro de un término razonable al inicio del calendario académico su
imposibilidad de asistir durante el Sabath a clases, las directivas y
profesores no podrán negarse a llegar a un acuerdo como negación a priori
de un posible arreglo sobre el punto. Deberán estudiarse, en consecuencia, las
alternativas disponibles y viables acordes con las exigencias religiosas que
propicien un arreglo entre las partes en conflicto.” Y más adelante sostuvo:
“Para la Sala es claro que, de conformidad con los documentos y con las
afirmaciones de la ciudadana Cruz Sánchez que obran en el expediente, aquella
informó e intentó en varias oportunidades llegar un acuerdo con el profesor que
dictaba el módulo de ventas en mostrador y con las directivas del SENA. Tras la
elusión de diálogo que durante meses evidenciaron los funcionarios del ente
demandando, en noviembre de 2003 notificaron a la actora que, de conformidad
con el reglamento estudiantil, la misma había cumplido el número de fallas
requeridas para cancelar su matrícula. Señaló la entidad ante el juez de tutela
que tan sólo estaba realizando la confrontación entre las ausencias y las
condiciones de cancelación de la matrícula y la comprobación de pérdida del
cupo de la alumna por tal motivo. No puede la Corte admitir este argumento. La vulneración del derecho a la libertad religiosa de la actora se configuró con dos
actuaciones, la primera una omisión o elusión de diálogo para llegar a un
acuerdo con ella por parte de la entidad demandante y la segunda la cancelación
de su matrícula argumentando la acreditación de las fallas suficientes para
ello.”
[18] Así ocurrió en la
sentencia T-044 de 2008.
[19] En todo caso la Corte precisó la regla definida indicando los eventos en los cuales no podría invocarse el
amparo: “En ese sentido, aunque los educadores y directivos de las
instituciones de enseñanza tienen el deber antes descrito, los estudiantes
pertenecientes a la iglesia en mención no pueden hacer un uso abusivo de su
derecho. Es decir, frente a un aviso tardío a la institución de los motivos de
su inasistencia –por ejemplo, una vez ya han sido superadas el número de fallas
fijadas por el reglamento para perder una materia- o durante días o periodos
que no comprende el Sabath sin justa causa, el ámbito de protección
constitucional del derecho habrá sido sobrepasado. De igual manera, frente a la
inasistencia reiterada sin justa causa a las sesiones académicas, no será el
desconocimiento del reglamento estudiantil y la regulación de las consecuencias
de las fallas, razón suficiente para lograr el amparo del derecho a la libertad
religiosa.”
[20] Resulta
relevante destacar que en este caso, tal y como ocurriría en la sentencia T-877
de 1999, uno de los magistrados de la sala se encontró en desacuerdo. En el
caso de la sentencia T-075 de 1995 señaló el Magistrado Carlos Gaviria Díaz:
“Los magistrados que conformaron la mayoría de la Sala derivan de normas tan genéricas como los artículos 2 y 95-5 de la Carta, el deber específico de asistir a un desfile conmemorativo de una efemérides
patriótica, sin que puedan dispensar de su cumplimiento las creencias que se
profesen acerca de la Divinidad. Es decir, que si el derecho fundamental a la
libertad de conciencia, religiosa y de cultos, entra en conflicto con el que ellos
estiman deber cívico, éste debe prevalecer sobre aquél. Inútiles resultan todos
los esguinces conceptuales para ignorar el conflicto. Fue éste, precisamente,
el que movió a la señorita Gómez Pitto a solicitar el amparo. Porque se vió sin
duda en esta encrucijada: o cumplo con el deber religioso que mi creencia me
impone, de no adorar más que a Dios, o con el deber cívico de asistir al
desfile. El punto de discrepancia del suscrito magistrado con la mayoría de la Sala radica justamente allí: en que juzga que la actora podía, en ejercicio de su libertad de
conciencia, religiosa y de cultos, hacer preponderante su deber de conciencia
sobre la asistencia al acto patriótico.”
[21] En esta
sentencia el Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz formuló así su desacuerdo: “Como ya se
indicó, los contenidos de los proyectos educativos deben ser neutrales. Dicha
neutralidad se desconoce cuando se desestiman las razones personales (libertad
de conciencia) o religiosas (libertad religiosa) que llevan a los estudiantes a
rechazar los símbolos patrios o lo que ellos representan, y se imponen
sanciones por estos motivos.  Esto acarrea una severa restricción a la
libertad de conciencia y de religión, pues se coacciona a los estudiantes para
que asuman una posición que debe ser externalizada de cierta manera.  El
objetivo legítimo que se persigue (respeto y valoración por la patria), se
desnaturaliza al utilizar un medio que no resulta idóneo.  En efecto,
exigir que se exteriorice cierta postura, sancionando al disidente, no refuerza
el sentimiento que el Estado busca inculcar en los educandos.  Por el
contrario, se envía un mensaje claro de que el Estado puede imponer a los
colombianos ciertas concepciones de mundo, limitando de manera inconstitucional
el pluralismo y las posibilidades de abrazar distintas ideas, por erradas que
sean. (…) Tampoco el medio escogido resulta necesario.  Como se advierte
de lo expuesto por los Testigos de Jehová en la sentencia T-075/95, el hecho de
que se decida no participar en tales actos no significa que para ellos las
autoridades públicas y la patria no sean dignas de consideración. (…)
Finalmente, la medida es desproporcionada.  La lesión a los derechos de
libertad de conciencia y de religión es absoluta.  Se impone a los
estudiantes la obligación de proyectar con su comportamiento un valor con el
cual eventualmente no comulgan, so pena de sanción.  Se les impide, de
esta manera, adoptar sus propias creencias y ser fieles a propias ideas.
Con todo, se aprecia que este atentado contra las libertades constitucionales
es aún más grave, pues compromete los cimientos mismos del modelo democrático:
la libre discusión de ideas.  En efecto, la sanción (i) obliga a los
estudiantes a expresar una posición ajena a su pensamiento, (ii) de suerte que
se impide que la expresión sea el resultado de una manifestación de su
pensamiento.  Ello, desconoce abiertamente el derecho a que exista
coherencia entre la vida interior y la exterior, punto en el cual confluyen los
derechos al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, de
cultos, de religión, y de expresión.”
[22] Esa orientación puede
obedecer también a lo dispuesto en el artículo adicional para la Iglesia Adventista incorporado al convenio de Derecho Público Interno 1 de 1997 -aprobado por
el Decreto 354 de 1998- y cuyo literal (c) indica lo siguiente: “Los exámenes o
pruebas selectivas convocadas para el ingreso o cargos de las Instituciones del
Estado o a Instituciones educativas, que hayan de celebrarse durante el período
de tiempo expresado en los literales anteriores, serán señalados en una fecha
alternativa para los fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando no haya causa motivada que lo impida.”
[23] Una orientación
en este sentido puede constatarse, por ejemplo, en algunas de las
consideraciones de la sentencia T-832 de 2011. En aquella oportunidad, al
referirse al impacto que podría tener la imposición de una obligación de usar
pantalones a algunas estudiantes que por motivos religiosos se negaban a
hacerlo, la Corte indicó lo siguiente con apoyo en la notable importancia de la
coherencia en materia de libertades religiosas: “5.10. Respecto
al análisis específico del caso, el ámbito de la libertad religiosa que ejercen
las accionantes se encuentra protegido por el orden constitucional.  En efecto,
en su demanda afirmaron que “(…) somos mujeres jóvenes con perfiles éticos y
moral religiosa, cultura que adquirimos y aprendimos en nuestro núcleo familiar
con nuestros padres, resaltando el hecho conocido por los que nos rodean, que
en nuestra doctrina, las mujeres vestimos con faldas adecuadas al desarrollo de
nuestra personalidad y no con pantalones ni bluyines; lo anterior con base en
lo que dice la Biblia (palabra de Dios) en el libro Deuteronomio capítulo 22
vesícula (sic) 5 que a la letra dice: no vestirá la mujer traje de
hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque, abominación es, a
Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace.” (Subrayado fuera del texto
origina) Esta cita pone de presente otro aspecto reiterado por la
jurisprudencia de esta Corporación y es que para el creyente
la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión,
reviste una importancia capital, hasta el punto de que es fuente de
complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón
esta no se logre alcanzar. Es parte del núcleo esencial de la libertad
religiosa. Y finalmente, la libertad religiosa que se reconoce, debe ser
plenamente garantizada en el sentido de que en ningún caso se puede condicionar
la matricula del estudiante, como ocurrió con la barrera de acceso impuesta en
el Manual de Convivencia de la Escuela Normal Superior del Municipio de Tadó.”
[24] La relevancia
que tiene la complejidad de la decisión que debe adoptar la persona que
reivindica la protección de su religión, ha tenido reconocimiento en el derecho
comparado. Así, en el caso  Hobbie v. Unemployment Appeals Commission of
Florida, 480 U.S. 136 (1987), la Corte Suprema de Estados Unidos estudió el caso de una empleada que trabajó durante dos años y medio en una fábrica e
informó al empleador que sería bautizada en el rito de los adventistas del
séptimo día, razón por la cual no podía trabajar los viernes por la noche ni
los sábados. La trabajadora se negó a aceptar los turnos mencionados y por ello
fue despedida del trabajo. Posteriormente elevó una solicitud ante la Comisión de Compensación por desempleo, para ser beneficiaria del subsidio, solicitud que fue
negada por mala conducta relacionada con el trabajo, causal establecida en las
regulaciones de la ley de Florida. En este caso, de acuerdo con el precedente
establecido por la jurisprudencia de la Corte, se señaló que negar el recibo de un beneficio estatal en virtud de las creencias religiosas, impone a la
persona la carga de cambiar de conducta o desconocer la práctica de la
religión, razón por la cual la decisión de otorgar o no el subsidio debe ser
sometida a un estricto escrutinio y sólo se puede justificar sobre la
existencia de un interés apremiante del Estado, pues con ello el Estado
le impone una carga a la persona de escoger entre el ejercicio de su religión y
el trabajo. Un argumento semejante fue empleado en la decisión Wisconsin v.
Yoder, 406 U.S. 205 (1972) en el cual una comunidad de Amish demandó los
estatutos de Wisconsin que obligan a la asistencia obligatoria al colegio hasta
los 16 años. La comunidad Amish fundamentó su petición en que la influencia que
tiene la educación superior, contradice muchos de los valores y el estilo de
vida de su comunidad. Amparando los derechos de los peticionarios, la Corte Suprema estableció que de acuerdo al estilo vida de los Amish no es una preferencia
personal sino una convicción religiosa, y siendo que el Estatuto de Wisconsin
es severo e ineludible, pues impone una sanción penal a los padres que se
rehúsen a enviar a sus hijos a asistir a la escuela hasta los 16 años, se
socavan las creencias religiosas de la comunidad generando una amenaza real a
la práctica de religión y quedando como alternativas o abandonar las
creencias religiosas y su estilo de vida y adecuarse de la sociedad o emigrar a
una región más tolerante.  En el caso Thomas v. Review Board of
Indiana Employment Security Division, 450 U.S. 707.(1981) la Corte Suprema indicó
que desde hace más de 30 años sostenía que una persona nopodía
ser obligada aelegir entre elejercicio del derecho reconocido en la primera
enmienday la participación enunprograma público disponible.
[25] Las hipótesis
generales expuestas se encuentran acompañadas de consideraciones específicas
que se refieren, en los casos en que ello es relevante, al grado de
anticipación con la cual el miembro de una determinada organización religiosa
expresa las dificultades para ejecutar determinado tipo de actuaciones.
[26] En la sentencia T-839 de
2009 la Corte Constitucional realizó un importante examen de las fuentes de
derecho internacional que delimitan el alcance de las libertades de conciencia,
religión y culto. Igualmente presentó un balance de la jurisprudencia
constitucional en materia de protección delas prácticas asociadas alSabbath.
[27] En la sentencia T-098 de
1994 la Corte se refirió al concepto de acto discriminatorio indicando lo
siguiente: “El acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que
pretende - consciente o inconscientemente - anular, dominar o ignorar a una
persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o
prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus
derechos fundamentales.”
[28] En la sentencia
T-493 de 2010 la Corte Constitucional, a partir de lo señalado en la sentencia
C-088 de 1994, resumió así la cuestión: “(…) la Corte Constitucional en la Sentencia C-088 de 1994 (…), realizó el control automático de constitucionalidad del proyecto
de ley estatutaria sobre el derecho a la libertad de cultos (hoy Ley 133 de
1994). En esa providencia, reiterada por providencias posteriores (…), se
estableció que los límites al ejercicio de la libertad religiosa deben fundarse
en tres postulados: (i) la presunción debe estar siempre a favor de la libertad
en su grado máximo, (ii) ésta sólo puede restringirse en cuanto a que la medida
sea racional y objetivamente constituya una medida necesaria y (iii) las
posibles limitaciones no pueden ser arbitrarias o discrecionales.”
[29] En la
jurisprudencia constitucional colombiana se ha destacado la importancia de la
naturaleza de los propósitos perseguidos en eventos en los que se cuestiona una
posible infracción de la cláusula de igualdad de las iglesias o de la libertad
de cultos. Así por ejemplo, en la sentencia C-817 de 2011 la Corte Constitucional indicó: “La Corte concluye, basada en el precedente
constitucional y los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, que el modelo constitucional de 1886 inscribía a Colombia como una sociedad religiosa
tolerante, en tanto asumía como de la Nación la religión católica, pero a su
vez contenía una cláusula de libertad de cultos.  En cambio, la Constitución de 1991 adopta una fórmula de Estado laico, que se adscribe al modelo
constitucional dentro de las sociedades democráticas seculares. Esto se
fundamenta, a su vez, en el contenido y alcance de la democracia pluralista, la
igualdad y la imposibilidad de discriminar en razón del credo y la libertad
religiosa como ámbito propio de la libertad y autonomía individual. A partir de
estas consideraciones, la Corte advirtió que la regulación constitucional
ofrece, por ende, dos conceptos centrales para resolver los problemas jurídicos
relacionados con la cuestión religiosa: el Estado laico o secular y el
pluralismo religioso.  En cuanto al primer concepto, reiteró la
jurisprudencia en el sentido que la decisión del constituyente de prodigar
idéntico tratamiento a todos los credos religiosos, está basado en un mandato
específico que impone al Estado un deber de neutralidad frente a esos credos e
iglesias.  En otras palabras, ante el hecho religioso, el Estado
Constitucional colombiano acepta que la práctica del culto hace parte de las
libertades individuales, pero a su vez, merced a la norma constitucional que
proscribe tratos preferentes a un credo particular, no puede servirse de ese
reconocimiento para vincular el poder público a determinadas expresiones de
culto, con el único argumento de la importancia de esa práctica religiosa.” En el derecho de
los EE.UU el carácter secular o no de los propósitos a efectos de evaluar la
constitucionalidad de una restricción a la libertad de cultos ha sido
relevante. Así lo evidencia el test formulado por la Corte Suprema de Justicia en el caso Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602. (1973). El Lemon Test
exige verificar (1) si la política administrativa tiene un propósito
legislativo secular, (2) si el efecto principal de la medida no promueve ni
inhibe una religión en particular y (3) si la política fomenta una relación
excesiva entre el Estado y la religión.
[30] En la sentencia
C-112 de 2000 la Corte indicó: “Finalmente, si bien los derechos
fundamentales tienen una eficacia horizontal, y por ende se proyectan a las
relaciones entre los particulares, tal y como esta Corte lo ha indicado, es
obvio que la fuerza del principio de igualdad es mucho mayor cuando regula las
relaciones entre las autoridades y las personas, que cuando se trata de
vínculos privados entre particulares. La razón es tan sencilla como poderosa: la Constitución no sólo protege el pluralismo (CP art. 7º) sino que, además, las personas son
autónomas, tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad y gozan de la
libertad de asociación (CP arts 16 y 38), por lo cual los individuos pueden
expresar ciertas preferencias que le están vedadas a las autoridades. Por
ejemplo, una persona puede escoger sus amistades exclusivamente entre aquellas
personas que profesan ciertas opiniones políticas o convicciones religiosas,
mientras que está prohibido a las autoridades realizar ese tipo de
diferenciaciones (CP art. 13).”
[31] En la sentencia T-1042 de 2001 la Corte Constitucional se refirió a los límites del derecho a la igualdad cuando su eficacia
era pretendída en relaciones establecidas entre particulares: “En
las relaciones privadas la exigibilidad del respeto al principio de igualdad
tiene sus límites en la autonomía, el pluralismo y la diversidad cultural. Es
así como el estado no podría imponer el respeto del derecho a la igualdad a una
asociación de personas que decide explícitamente excluir como potenciales
socios a personas de otro origen (sociedad de nacionales) o con determinadas
características (convicciones políticas, morales o religiosas). Colegios sólo
para mujeres, organizaciones sólo para miembros de una confesión religiosa,
conjuntos residenciales sólo para personas de la tercera edad, tendrían como
fundamento constitucional el derecho a la autonomía y la garantía del
pluralismo. Ahora bien, lo que vale para las relaciones de autodeterminación
privada por excelencia, como es el ejercicio de la libre asociación, no vale
para situaciones de subordinación o indefensión. En estas situaciones, lo que
era visto como una diferenciación legítima dentro de las preferencias
individuales o grupales, pasa a ser observado como potencial discriminación o
acto discriminatorio susceptible de control constitucional.”
[32] De hecho la afectación o
no del goce de un derecho fundamental es, en la actualidad, uno de los
criterios que definen el carácter más o menos estricto del examen de
proporcionalidad
[33] Así ocurre por ejemplo
con la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión. También con el
derecho a la vida y el derecho a la intimidad.
[34] Esta estructura del
examen de proporcionalidad coincide con la evolución más reciente del juicio
débil de proporcionalidad. Ella se encuentra, entre otras, en la sentencia
C-673 de 2001, C-720 de 2007 y C-354 de 2009.
[35] Esta vinculación se
encuentra, por ejemplo, en el derecho a la información, en el derecho a la
propiedad privada y en la libertad de empresa.
[36] Aunque en el
marco de una disputa planteada frente al Estado, la Corte Suprema de Estados Unidos se ha referido a la exigencia de emplear la medida menos
restrictiva para la consecución de un propósito irresistible. Así,
en el caso Thomas v. Review Board of Indiana Employment Security Division, 450 U.S. 707. (1981) sostuvo:  “The mere fact that the petitioner's
religious practice is burdened by a governmental program does not mean that an
exemption accommodating his practice must be granted. The state may justify an
inroad on religious liberty by showing that it is the least restrictive
means of achieving some compelling state interest. However, it is still
true that "[t]he essence of all that has been said and written on the
subject is that only those interests of the highest order . . . can overbalance
legitimate claims to the free exercise of religion." Wisconsin
v. Yoder, supra, at 215.” (Subrayas y negrillas no son del texto original)
[37] Son numerosas las
decisiones de la Corte Constitucional que se han ocupado de definir el alcance
y los límites de la autonomía universitaria. Así por ejemplo, en la sentencia
T-933 de 2005 se refirió el núcleo de tal garantía  indicando lo siguiente: “4.2. Teniendo en cuenta el fundamento jurídico que inspira
el principio de autonomía universitaria, la Corte ha definido su campo de aplicación a partir de dos grandes escenarios que facilitan la realización material
de los fines que persigue (…). Tales escenarios abarcan, por una parte, (i) la
autorregulación académica propiamente dicha, la cual se desenvuelve en el
espectro de la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, permitiendo a
cada institución adoptar los ideales filosóficos y pedagógicos que van a servir
de medio a la transmisión del conocimiento, y por la otra, (ii) la
autorregulación administrativa o funcional, cuyo objetivo principal se
concentra en permitir a los centros de enseñanza organizarse internamente para
garantizar el cumplimiento de su objetivo básico: la trasmisión del
conocimiento. (…)”.
[38] El artículo 13 del Pacto Internacional de derechos
Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados convienen que la
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en
una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.
[39] En relación con las
finalidades que se adscriben a la educación la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-114 de 2005: “Existe, por lo tanto, una
estrecha conexión entre la educación y los fines del Estado. Pues, por una
parte, la educación es un instrumento para la consecución de los valores y
principios consagrados en el Preámbulo y en el Título primero de la Carta; la democracia, la participación y el pluralismo y otros contenidos axiológicos de
igual importancia deben ser aprehendidos por medio del proceso educativo, así
lo contempla  el artículo 67 de la Constitución Política cuando dispone que:“(...) la educación formará al colombiano en el
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia...”.
[40] La Observación General No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 indicó que
la educación debe satisfacer las condiciones de disponibilidad, no
discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica. Al precisar
el alcance de la primera de tales características señala la Observación: “En lo que respecta al párrafo 2 del artículo 13, los Estados tienen las
obligaciones de respetar, proteger y llevar a efecto cada una de las
"características fundamentales" (disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad) del derecho a la educación. Por ejemplo, la
obligación del Estado de respetar la disponibilidad de la educación se
demuestra no cerrando escuelas privadas; la de proteger la accesibilidad de la
educación, velando por que terceros, incluidos padres y empleadores, no impidan
que las niñas asistan a la escuela; la de llevar a efecto (facilitar) la
aceptabilidad de la educación, adoptando medidas positivas para que la
educación sea culturalmente aceptable para las minorías y las poblaciones
indígenas, y de buena calidad para todos; la obligación de llevar a
efecto (facilitar) la adaptabilidad de la educación, formulando planes de
estudio y dotándolos de recursos que reflejen las necesidades contemporáneas de
los estudiantes en un mundo en transformación; y la de llevar a efecto
(facilitar) la disponibilidad de la educación, implantando un sistema de
escuelas, entre otras cosas construyendo aulas, estableciendo programas,
suministrando materiales de estudio, formando maestros y abonándoles sueldos
competitivos a nivel nacional.” (Subrayas y negrillas no hacen parte del texto
original)
[41]Esta dimensión fue precisada en
la sentencia T-881 de 2002.
[42] Sobre esta figura, en sentencia
T-442 de 2010, señaló la Corte: “La
carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando en el entre tanto de
la interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo del juez de
amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se ha
solicitado.”