T-770-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-770/11
(Bogotá
D.C., 13 de octubre)
ACTUACION
TEMERARIA EN MATERIA DE TUTELA-Requisitos que se exigen para su
configuración
La jurisprudencia constitucional, ha
considerado que se configura una actuación temeraria cuando al presentarse dos
o más tutelas, se reúnen los siguientes requisitos: (i) identidad en el
accionante; (ii) identidad en el accionado; (iii) identidad de causa petendi;
y (iv) ausencia de justificación para interponer la nueva acción, es decir,
mala fe o abuso del derecho de acceso a la administración de justicia.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Duplicidad en la interposición de la
acción no implica per se, actuación temeraria
TEMERIDAD-Se configura en el presente caso por
cuanto se presentó una nueva acción por los mismos hechos
El actor no esperó que se
surtiera el trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991 para que se fallara en
segunda instancia la primera acción de tutela, contraria a sus pretensiones,
para interponer nuevamente una acción, contra las mismas entidades accionadas y
con las iguales pretensiones y declarando bajo la gravedad de juramento, que no
había presentado otra acción de tutela por los mismos hechos. Esta Sala pudo verificar la existencia de
una actuación temeraria por parte del accionante, actuando como representante
legal de la Asociación Colombiana de Pacientes Renales y la Veeduría Renal.
Esta Sala decidirá desfavorablemente todas las solicitudes, no sin antes
analizar, y en gracia de discusión, si en el caso concreto el señor, estaba
legitimado en la causa para interponer la acción de tutela.
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Requisito previo de procedibilidad
Constituye un requisito de
procedencia para invocar la acción de tutela, la legitimación en la causa. De
esta forma, es necesario que exista identidad entre la persona a la cual la
Constitución y la ley faculta para invocar la acción (legitimación en la causa
por activa) e identidad frente a la persona respecto a la cual el derecho puede
ser reclamado (legitimación en la causa por pasiva).
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
AGENCIA
OFICIOSA EN ACCION DE TUTELA-Requisitos/AGENCIA OFICIOSA EN ACCION DE
TUTELA-Requisitos menos rigurosos cuando se trata de derechos fundamentales
de personas que sufren enfermedad catastrófica
La jurisprudencia
constitucional ha reconocido que se pueden agenciar derechos ajenos,
siempre y cuando quien actué en nombre de otro: i) exprese que está obrando en
dicha calidad, ii) demuestre que el agenciado se encuentra en imposibilidad
física o mental de ejercer su propia defensa, condición que puede ser
acreditada de manera tácita o expresa, y que, iii) se identifique “plenamente a
la persona por quien se intercede (…), como quiera que la primera persona
llamada para propender por el amparo de los derechos aparentemente vulnerados
es el propio afectado, en ejercicio de su derecho a la autonomía y en
desarrollo de su dignidad”. Lo anterior, por cuanto la agencia oficiosa tiene
como límite la autonomía de la voluntad del titular de los derechos
fundamentales. la jurisprudencia constitucional ha reconocido que se
pueden agenciar derechos ajenos, siempre y cuando quien actué en nombre de
otro: i) exprese que está obrando en dicha calidad, ii) demuestre que el
agenciado se encuentra en imposibilidad física o mental de ejercer su propia
defensa, condición que puede ser acreditada de manera tácita o expresa, y que,
iii) se identifique “plenamente a la persona por quien se intercede (…), como
quiera que la primera persona llamada para propender por el amparo de los
derechos aparentemente vulnerados es el propio afectado, en ejercicio de su
derecho a la autonomía y en desarrollo de su dignidad”. Lo anterior, por cuanto
la agencia oficiosa tiene como límite la autonomía de la voluntad del titular
de los derechos fundamentales. No obstante, la Corte ha sido menos rigurosa
respecto al cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados, en primer
lugar, por la primacía del derecho sustancial sobre las formalidades del
proceso y, en segundo lugar, cuando se trata de la defensa de los derechos
fundamentales a la vida y al acceso al servicio de salud, por ejemplo,
reconociendo la presunción de estar incapacitado para acudir directamente a la
acción de tutela y por ende, actuar legítimamente a través de un agente
oficioso, cuando el titular de los derechos fundamentales es una persona que
padece una enfermedad catastrófica.
LEGITIMACION
EN LA CAUSA POR PASIVA EN TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONA JURIDICA-Titularidad
La jurisprudencia
constitucional ha precisado que las personas jurídicas pueden ser titulares de
derechos fundamentales por vía directa o indirecta. Por vía directa “cuando las
personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en
sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro
está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas”.
Y también indirectamente, “cuando la esencialidad de la protección gira
alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las
personas naturales asociadas”. Por lo tanto, puede una persona jurídica estar
legitimada para actuar e interponer acción de tutela para el amparo de los
derechos fundamentales afectados, cuando quiera que, en primer lugar, resulten
vulnerados derechos predicables de dicha ficción jurídica o, en segundo lugar,
cuando se lesionen los derechos de las personas naturales asociadas a ésta. En
este orden de ideas, las personas jurídicas tienen legitimación para interponer
acción de tutela, tal como se desprende del contenido del artículo 86 de la
Constitución Política y de la jurisprudencia de esta Corporación, siempre y
cuando ésta se circunscriba a los derechos fundamentales exigibles en virtud de
su naturaleza jurídica o cuando actúe en representación de sus asociados, es
decir, actuando la persona natural a través de un representante.
ACCION
DE TUTELA DE PERSONA JURIDICA EN REPRESENTACION DE SUS ASOCIADOS-Procedencia
sujeta a que exista afectación de derechos fundamentales
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD-Principios de integralidad, continuidad y confianza
legítima
La prestación del servicio a
la salud se debe dar en condiciones de integralidad, por lo cual se debe
garantizar una protección integral a los usuarios del sistema, brindándoles
atención que implica la prestación con calidad, oportunidad y eficacia en la
fases previas, durante y posteriores a la recuperación del estado de salud, por
lo cual los usuarios tendrán derecho a la atención preventiva, médico
quirúrgica y a los medicamentos esenciales que ofrezca el Plan Obligatorio de
Salud. De acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho
fundamental a la salud tiene diferentes manifestaciones, para efectos de
acceder de manera eficaz a los servicios de salud que se requieren, entre los
cuales está el deber del profesional de la medicina de informar del modo más
claro, completo, detallado e integral sobre los procedimientos tendientes al
restablecimiento de la salud –relación médico paciente- y el derecho al examen
diagnóstico que permita establecer si se requiere o no un servicio médico. Todo
paciente tiene derecho a que se le preste la atención del servicio a la salud,
debiéndose garantizar de manera permanente, sin interrupciones y sin que haya
lugar que no se continúen con las indicaciones del médico tratante, esto, en
aplicación de los principios de integralidad, continuidad y confianza legítima.
DERECHO A LA
SALUD-Relación médico paciente
La jurisprudencia
constitucional ha entendido que la relación médico-paciente, “se encuentra
estructurada a partir de dos principios fundamentales: primero, la capacidad
técnica del médico y, segundo, el consentimiento idóneo del paciente,” razón
por la cual es necesaria la comunicación constante entre quien tiene el
conocimiento técnico y científico y aquel que requiere de éste para ser
diagnosticado y tratado, dado que, no sólo es básico para garantizar tanto la
dignidad humana –entendida como la autonomía del paciente para tomar
decisiones-, sino además vital para lograr la recuperación y protección de la
salud. Por lo cual, “es necesario garantizar no sólo la confianza psicológica
del paciente en su médico, y de éste en aquél, sino la efectiva prestación de
los servicios profesionales en un clima de transparencia y lealtad que permita
lograr el objetivo común de manera eficaz.”
DERECHO
AL DIAGNOSTICO-Fundamental como parte de la salud
El
diagnóstico es esencial para velar por la protección y garantía de la salud y
la integridad física del paciente, pues es el primer paso para conocer y
detectar la enfermedad y tratarla. Por lo tanto, esta Corporación ha
establecido que debe existir continuidad en el diagnóstico determinado por el
médico tratante, y sólo puede modificarse cuando se justifica: “i) en la opinión
científica de expertos en la respectiva especialidad y ii) la historia clínica
del paciente, eso es, los efectos que concretamente tendría el tratamiento o el
medicamento en el paciente.” En otras palabras, es necesario que los cambios en
el diagnóstico y/o en el tratamiento que se suministra a un paciente, tenga
como fundamento el criterio de un especialista y se base en las condiciones de
salud y calidad de vida del mismo, por lo cual, “en caso de cambios, reemplazos
o sustituciones médicas (…) el profesional que recién asume el cuidado del
enfermo, avanzadas ya las etapas de medicación puestas en marcha por quienes lo
hayan antecedido, no pueden ni deben ignorar la integralidad de los
antecedentes clínicos que rodean el caso”.
ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD-Obligación de garantizar empalme en el diagnóstico de la
enfermedad y el tratamiento o procedimiento cuando se realiza cambio del médico
tratante o de institución prestadora del servicio de salud
Debe ser obligación de las
entidades promotoras de salud, garantizar un empalme en el diagnóstico de la
enfermedad y la modalidad de tratamiento o procedimiento médico que se le
realice a los usuarios, en caso tal en que se realice un cambio en el médico
tratante o en la institución prestadora de servicios, especialmente cuando se
esté en frente de pacientes que requieren el suministro de un medicamento o
tratamiento médico permanente y sucesivo, como sería el caso de los pacientes
con enfermedades catastróficas o de alto costo. Sobre todo, si se tiene en consideración
que al tratarse de enfermedades crónicas requieren de un tratamiento continuo,
al que cualquier modificación que se haga, por el uso de diferente tecnología o
cambio en la modalidad de tratamiento, tiene implicaciones en el estado de
salud de los pacientes. Así, tal como lo ha establecido la jurisprudencia, las
prestaciones en salud que han sido ordenadas por un médico tratante, entre las
cuales se encuentra el diagnóstico, los tratamientos y exámenes, adquieren un
carácter fundamental respecto del paciente, al estar basadas y determinadas a
partir del criterio científico y objetivo del profesional, para resguardar el
derecho a la salud, pues es el profesional de la salud el competente para
indicar el tratamiento necesario para proteger o recuperar la salud del
paciente.
DERECHO
A LA LIBRE ESCOGENCIA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Principio rector del
Sistema General de Seguridad Social en Salud/DERECHO A LA LIBRE ESCOGENCIA
DE IPS POR PARTE DEL USUARIO Y DERECHO DE LA EPS A ESCOGER CON QUE IPS
CONTRATAR
El principio de libertad de
escogencia forma parte de las características del Sistema de Seguridad Social
en Salud, a su vez es una garantía para los usuarios del mismo y es un derecho
que debe ser garantizado por el Estado y los demás integrantes del sistema. En
este orden de ideas, la libertad de escogencia es un derecho de doble vía, pues
en primer lugar, es una facultad de los usuarios para escoger tanto las EPS a
las que se afiliarán para la prestación del servicio de salud, como las IPS en
las que se suministrará la atención en salud y en segundo lugar, es una
potestad de las EPS de elegir las IPS con las que celebrarán convenios y el
tipo de servicios que serán objeto de cada uno.
DERECHO
A LA LIBRE ESCOGENCIA DE IPS-No es absoluto
La
libertad de escogencia no es un derecho fundamental absoluto, en la medida en
que está circunscrito a la existencia de contrato o convenio vigente entre la
EPS accionada y la IPS requerida, esta libertad puede ser limitada “en términos
normativos, por la regulación aplicable; y en términos fácticos, por las
condiciones materiales de recursos y entidades existentes, esto es, por
ejemplo, en el marco de los contratos o convenios suscritos por las EPS”. En
ese sentido, la libertad que tienen los usuarios de escoger IPS va ligado a dos
circunstancias: i) que exista un convenio entre la EPS del afiliado y la IPS
seleccionada; y ii) que la IPS respectiva preste un servicio de salud que
garantice la prestación integral y de calidad.
PRINCIPIO DE
LIBRE ESCOGENCIA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Libertad de elegir IPS con
las que celebrarán convenios
La Corte ha manifestado que las EPS tienen plena
libertad de conformar su red de servicios, para lo cual cuentan con la facultad
de contratar o de celebrar convenios con las IPS que lo consideren pertinente,
con la obligación de brindarle un servicio integral y de calidad de salud a los
afiliados y de que estos puedan elegir entre las posibilidades ofrecidas por
las empresas prestadoras de salud la IPS donde desean ser atendidos. De esta forma, en aras de garantizar un
margen de autonomía a los usuarios y avalar el derecho de las EPS a escoger las
IPS con las cuales suscribirá contratos o convenios, ésta tiene la obligación
de: “a) celebrar convenios con varias IPS para que de esta manera el usuario
pueda elegir, b) garantizar la prestación integral y de buena
calidad del servicio, c) tener, al acceso del usuario, el listado de
las IPS y d) estar acreditada la idoneidad y la calidad de la IPS”
receptora.
PRINCIPIO
DE LIBRE ESCOGENCIA DE ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Situaciones en las cuales
el cambio de IPS puede vulnerar derechos fundamentales del usuario
El traslado por sí mismo no
genera la vulneración de derechos fundamentales, sino cuando se acredita que la
IPS receptora no garantiza integralmente el servicio, o se presta una
inadecuada atención médica o de inferior calidad a la ofrecida en la anterior
IPS y ello causa un deterioro en la salud del paciente.
DERECHO
A LA SALUD Y DIGNIDAD HUMANA-Vulneración por EPS cuando decide traslado de
IPS de forma intempestiva sin garantizar el tiempo necesario de adaptación y
entrenamiento que requiere ante modificaciones en el tratamiento de enfermedad
catastrófica como insuficiencia renal
Cuando en el curso de un tratamiento médico se
traslada de IPS a un usuario, la EPS debe garantizar la estabilidad del
tratamiento, en condiciones de calidad y eficacia, en aras de continuar con la
prestación del tratamiento prescrito y garantizar un empalme en el diagnóstico
de la enfermedad y la modalidad de tratamiento o procedimiento prescrito por el
médico tratante, además, se requiere que el traslado de IPS no vulnere las
condiciones de vida del paciente, ni su autonomía respecto a decidir, junto al
médico tratante, cuál tratamiento médico se ajusta a su proyecto y forma de
vida. Lo anterior, atendiendo al grado de vulnerabilidad, específicamente en el
caso de enfermedades catastróficas o de alto costo -como la insuficiencia renal-,
que requieren de un tratamiento médico continuo y permanente para efectos de
que los pacientes puedan sobrevivir a esta enfermedad de carácter crónico y
terminal.  Por lo tanto,
DOCTRINA
CONSTITUCIONAL SOBRE CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO O DAÑO
CONSUMADO-Reiteración de jurisprudencia
Si el
fundamento fáctico se superó antes de iniciado el proceso de tutela ante los
jueces de instancia o en el trámite de la misma, corresponde al juez
constitucional declarar la improcedencia de la misma, en virtud de lo
establecido en el artículo 6 numeral 4 del Decreto 2591 de 1991, debiendo
verificar: i) si se trata de un hecho superado, cómo cesó la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, o ii) de tratarse de un daño consumado,
declarar la improcedencia, analizando la existencia de la consumación del daño.
Por su parte, la Corte en sede de revisión, deberá confirmar el fallo revisado,
quedando facultada para pronunciarse y realizar un examen adicional relacionado
con la materia de la que trata el caso concreto, con la finalidad de unificar
jurisprudencia
JUEZ
DE TUTELA-No tiene competencia técnica ni científica para determinar el
diagnóstico y tratamiento de enfermedad renal
Tal como lo ha establecido la
jurisprudencia constitucional, el juez de tutela no tiene competencia técnica
ni científica para determinar el diagnóstico de una enfermad, ni de evaluar
cuál de las dos instituciones prestadoras de servicios ofrece mejores
condiciones científicas o técnicas para el tratamiento de la enfermedad renal;
sobre todo cuando se tiene en consideración que, el manejo de la enfermedad
renal en Colombia debe estar estandarizado y adecuarse a las recomendaciones y
modelos de atención establecidos en el Acuerdo 245 de 2003 del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud  y la Guía para el manejo de la
enfermedad renal del Ministerio de Protección Social y la Fundación para la
Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social.
PRINCIPIO
DE LIBRE ESCOGENCIA DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD IPS-Caso en que
las EPS trasladaron de forma intempestiva e injustificada a pacientes
diagnosticados con insuficiencia renal crónica y tuvo repercusiones negativas
en la salud
Referencia: expedientes  T-2.927.239
y acumulados
Fallos de tutela objeto de
revisión: Juzgado
Tercero Penal Municipal de Tunja (T-2.927.239), Juzgado Décimo Penal
Municipal de Ibagué (T-2.933.152), Juzgado Trece Penal Municipal de Ibagué
(T-2.937.138), Juzgado Octavo Penal Municipal de Bucaramanga (T-2.937.517),
Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué (T-2.941.093), Juzgado Octavo Penal
Municipal de Bucaramanga (T-2.941.203), Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga (T-2.942.005), Juzgado
Segundo Civil Municipal de Bucaramanga (T-2.945.038), Juzgado Veintitrés
Penal Municipal de Depuración de Bucaramanga (T-2.951.644), Juzgado
Veintitrés Penal Municipal de Depuración de Bucaramanga (T-2.951.713), Juzgado
Veintitrés Penal Municipal de Depuración de Bucaramanga (T-2.951.717),
Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué (T-2.969.336), Juzgado Cuatro Civil
Municipal de Bucaramanga (T-2.972.021), Juzgado Segundo Civil Municipal de
Neiva (T-3.003.614), Juzgado Segundo Civil Municipal de Chiquinquirá
(T-3.003.960), Tribunal Superior –Sala Laboral de Ibagué (T-3.028.018),
Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot (T-3.053.015) y Sala de lo
Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Bogotá (T-3.082.563).
Accionantes: Luís Alberto
Cárdenas y otros, Edgar Aroca Cruz, Clemencia Fandiño Moya, Germán Aguillón
Villabona, Deisy Guzmán Álvarez, Luís Senén Vesga, Luís Reinaldo Baéz, Ramón
Hernández Jerez, Blanca Rosa Becerra, Rosa Elena Fajardo, Dioselina Cuadros
de Ortiz, Edilma Sarmiento Cardoso, Yolanda Ayala Pinto, María Eugenia Ardila
como representante de la Asociación Huilense de Pacientes Renales, Luís
Alfonso Parra, José Neftalí Pulido y otros y Álvaro Cárdenas como
representante de la Asociación Colombiana de Pacientes Renales
Accionados: Saludcoop EPS,
Cafesalud EPS y el Ministerio de Protección Social.
Demanda del accionante
–elementos-:
Derechos fundamentales invocados: salud, libertad
de escogencia, vida digna, seguridad social.
Conducta que causa la vulneración: La decisión de la
EPS de trasladar de institución prestadora de servicios a pacientes con
insuficiencia renal crónica, de manera intempestiva y sin consulta.
Pretensión: Se le ordene a
las EPS que continúen prestando todos los servicios para el tratamiento de
insuficiencia renal crónica en las IPS que escojan libremente los usuarios.
Magistrados de la Sala Segunda de
Revisión:
Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES:
1. Expediente T-2.927.239:
1.1 Hechos:
1.1.1 Luís Alberto Cárdenas,
Eloidina Gil, Julio Hernández, Luís Alfredo García Abedaño, Simón Alberto
Vargas, Ricardo Espitia Poveda, Miguel Chávez Sierra, Jessica Juliet Ordoñez
Borja, Segundo Niño, Jaime Camargo, Rosendo Bonilla, Dolores García, Luís
Adelia Pinilla Varela, José Parmenio Mayorga; José Alexander Romero, Roberto
González Villamil, Omar Romero Bonilla, Ciro Antonio Bautista, Emilio González
Vargas, Mercedes Perilla y Ana Gerofina Matallana Castellanos interpusieron
acción de tutela contra Saludcoop EPS en noviembre de 2010 por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la salud y vida.
1.1.2 Los accionantes son
pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica por lo cual estaban
siendo atendidos en la Unidad Renal RTS de Tunja, en tratamientos de diálisis
peritoneal y hemodiálisis. Se encuentran afiliados a Saludcoop EPS, entidad que
a finales del año 2010, les comunicó que serían trasladados de la Unidad Renal
RTS de Tunja a la IPS Fresenius Medical Care de la misma ciudad.
1.1.3 Afirman que el cambio de
unidad renal implica la modificación de la máquina por medio de la cual les
suministran el tratamiento de diálisis, la cual en su consideración, es de
menor calidad a la ofrecida en su anterior IPS.
1.1.4 Señalan que en la Unidad
Renal RTS de Tunja les suministraba el tratamiento de diálisis por medio de la
máquina denominada “home choice”-marca Baxter-, que es automatizada y
mide el flujo y el volumen de los líquidos, mientras que la máquina de marca
Fresenius “lo hace por un sistema de báscula”. Asimismo, aducen que con
la máquina home choice, “nuestros drenajes son óptimos pues cuenta con un
sistema de bomba de succión”, mientras que la máquina ofrecida por
Fresenius “funciona usando la fuerza de gravedad lo cual dificultaría los
drenajes”[1].
En virtud de lo anterior, reclaman la continuidad en la prestación del
servicio médico y del tratamiento antes suministrado, porque de lo contrario se
pone en riesgo su derecho a la salud y a la vida.
1.1.5 De la misma manera, aducen
que el sistema utilizado por Fresenius “dificulta el desplazamiento para
desempeñar nuestros trabajos o funciones que ayudan nuestro sustento”,
contrario a lo que sucedía con el sistema Baxter, por lo cual el cambio de IPS,
afecta su estabilidad psicológica y sus patologías médicas.
1.1.6 En virtud de lo anterior,
solicitan se amparen sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la
seguridad social e integridad física y se ordene a la entidad prestadora de
salud demandada que les continué prestando el servicio de salud en la Unidad
Renal RTS de Tunja.
1.2 Respuesta de la entidad
demandada[2]:
Sandra Piedad Villamil actuando
en calidad de Gerente Regional de Saludcoop EPS[3], informó que el señor
Luís Alberto Cárdenas se encuentra afiliado en el régimen contributivo, en
calidad de cotizante desde el 15 de diciembre de 1999.
Argumentó que la entidad
accionada no le ha negado la prestación de ningún servicio de salud y que “a
la fecha el usuario tiene servicio plenos, recibiendo las atenciones médicas
requeridas dentro de los beneficios que ofrece el Plan Obligatorio de Salud”
y esta siendo tratado por insuficiencia renal crónica, por lo cual se le ha
ordenado el tratamiento que requiere.
De la misma manera, informó que la
Unidad Renal RTS Tunja “ya no hace parte de nuestras instituciones
prestadoras de salud”, sin que lo anterior implique que se haya desatendido
la salud del accionante, “pues el cambio de IPS no generó ningún traumatismo
a nuestros usuarios permitiendo la continuidad en sus tratamientos,” pero a
partir de la fecha serán atendidos en la IPS Fresenius Medical Care, “que
cumple con todos (sic) las garantías tanto técnicas como profesionales para
atender las atenciones medicas de nuestros pacientes”.
En este orden de ideas, como la
IPS Unidad Renal RTS de Tunja, no hace parte de las instituciones adscritas a
la red de servicios de la EPS, de conformidad con los artículos 156 literal g)
y 159 de la Ley 100 de 1993, los usuarios tienen la posibilidad de elegir
libremente las instituciones prestadoras de servicios adscritas o vinculadas a la
EPS. En virtud de lo anterior, solicitó que se denegara la acción de tutela,
pues Saludcoop EPS ha cumplido con sus obligaciones legales de prestar los
servicios requeridos por el paciente.
Respecto a la situación médica y
de afiliación de los demás accionantes, no se pronunció.
1.3
Decisión objeto de revisión:
1.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Tercero Penal Municipal de      Tunja[4].
Declaró improcedente la acción de
tutela. Consideró que el derecho a la salud y la seguridad social son derechos
de raigambre constitucional, de los cuales se derivan una serie de principios
como el de continuidad, integralidad y no regresividad. De igual modo, entre
las reglas para la prestación del servicio público de salud se dispuso que los
usuarios tienen la facultad de escoger libremente las EPS y las instituciones
prestadoras de servicios, sin que éste sea un derecho absoluto, puesto que su
ejercicio se limita por la regulación existente y las condiciones de oferta de
servicios.
De la misma manera, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que el usuario puede hacer uso de
la libertad de escoger la prestadora de servicios demostrando que la IPS
receptora no garantiza integralmente la prestación del servicio de salud o es
de inferior calidad y por tanto hay un deterioro en la salud de los usuarios.
Sin embargo, consideró que en el
caso concreto no se probó que la IPS Fresenius Medical Care, “no ofrezca un
servicio de salud integral que ponga en riesgo el estado de salud” de los
recurrentes, ni hay material probatorio que compruebe que ésta IPS preste los
servicios de menor calidad, “ni existe orden del médico tratante que indique
que éste debe ser atendido en una EPS diferente.” Conforme a lo anterior
decidió no tutelar los derechos fundamentales invocados, puesto que no se
acreditó que el cambio de IPS haya desmejorado la salud de los pacientes o que
no les estén prestando la atención integral del servicio.
2. Expediente T-2.933.152:
2.1 Hechos:
2.1.1 El señor Edgar Aroca Cruz
de 52 años de edad[5],
padece de insuficiencia renal crónica desde hace dos años. Como consecuencia de
ello ha utilizado las diferentes modalidades de tratamientos médicos:
hemodiálisis, diálisis peritoneal manual y diálisis peritoneal automatizada,
siendo ésta ultima técnica la que se practicaba recientemente, con una máquina
denominada “Home choice 115”, adquirida en la Unidad Renal RTS del
Tolima.
2.1.2 El señor Aroca se encuentra
afiliado al régimen contributivo, a través de Cafesalud EPS[6], desde el 12 de febrero
de 2003, en calidad de cotizante.
2.1.3 Afirmó que del traslado de
los dos primeros tipos de procedimientos tuvo “un paso traumático ya que
esto le presentaba complicaciones severas a su salud”,[7] teniendo
repercusiones físicas y emocionales, debido a lo extenuante del proceso de
adaptación.
2.1.4 Señaló que el 2 de octubre
de 2010[8],
Cafesalud EPS le comunicó que sería trasladado de la Unidad Renal RTS del
Tolima a la IPS Fresenius Medical Care, ubicada en la Clínica Calambeo, en la
cual le seguirían prestando los servicios requeridos como paciente renal.
2.1.5 El 11 de noviembre de 2010,
el señor Edgar Aroca Cruz por medio de derecho de petición[9], solicitó a Cafesalud que
no lo trasladaran de IPS porque el cambio representaba un detrimento de su
salud. El 18 de noviembre de 2010, Cafesalud EPS respondió que la prestación de
los servicios incluidos en el POS y el tratamiento médico que requiere serán
suministrados “a partir del 01 de Noviembre de 2010 en la unidad renal
Fresenius Medical Care”, que hace parte de la red de servicios contratada.
2.1.6 Posteriormente, le avisaron
que la Unidad Renal Fresenius no cuenta con “el equipo para diálisis
peritonial (sic) automatizada y que tendría que retornar nuevamente a la diálisis
peritonial (sic) manual”[10].
Precisa que el tratamiento de diálisis peritoneal automatizada es “de mayor
tecnología y precisión en la infusión y drenaje, que la manual” y es
de mejor calidad[11].
2.1.7 Adujo que el cambio de IPS,
conlleva a una desmejora en la prestación del servicio médico, por cuanto
Fresenius Medical Care no cuenta con la modalidad de tratamiento que le
suministraban en la otra Unidad Renal. Igualmente, considera que la diálisis
peritoneal manual representa un riesgo mayor en su salud física y emocional, al
igual que desmejora su calidad de vida, lo cual puede llegar a tener repercusiones
más graves, pues esta opcionado en Colombiana de Transplantes para obtener un
trasplante de riñón[12].
2.1.8 Según consta en la historia
clínica con fecha del 23 de marzo de 2010, el paciente “ha tenido una
peritonitis hace 3 meses. Cambio de línea hace 6 meses (…) Fue cambiado
recientemente a APD[13]
y ha mejorado su adherencia control mensual UR del Tolima. (…) relaciones con
nefrología y enfermería: agradecido”[14].
En virtud de lo anterior, solicita se ampare sus derechos fundamentales a la
salud en conexidad con la vida y por lo tanto, se le ordene a Cafesalud EPS que
continué prestando el tratamiento diagnosticado, a saber diálisis peritoneal
automatizada, en la Unidad Renal del Tolima.
2.2 Respuesta de la entidad
demandada[15]:
El señor Rodrigo Andrés Arévalo,
en su calidad de Gerente Regional de Cafesalud EPS,  se opuso a las
pretensiones del accionante manifestando que “a la fecha la usuaria (sic)
tiene servicios plenos, recibiendo las atenciones médicas requeridas dentro de
los beneficios que ofrece el Plan Obligatorio de Salud POS”.
Señaló que “abrimos
contratación con la IPS Fresenius, institución medica que nos ofrece excelentes
garantías cumpliendo con todos los protocolos tanto técnicos como profesionales
para atender las atenciones medicas de nuestros pacientes”. Afirmó que el
cambio no generó perjuicios en la salud del paciente y continuara con la
prestación de los servicios médicos en la nueva IPS.
Así las cosas, la EPS ha cumplido
con sus obligaciones legales y no ha vulnerado los derechos fundamentales del
paciente por lo que el amparo constitucional es improcedente. Sin embargo, en
virtud de la medida provisional decretada por el juez a quo, la entidad demanda
adjunta constancia de autorización de servicios en la Unidad Renal RTS del
Tolima[16].
2.3 Decisión objeto de
revisión:
2.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué[17].
2.3.1.1 Mediante oficio del siete
(7) de diciembre de 2010, el Juzgado avocó el conocimiento de la acción de
tutela y dispuso decretar como medida provisional que Cafesalud EPS continué la
prestación de los servicios de salud “que requiere de manera inmediata y
permanente a través de la IPS UNIDAD RENAL DEL TOLIMA, para que no se interfiera
o interrumpa o desmejore en el tratamiento de DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA,
del cual requiere de manera inmediata de los líquidos y demás elementos médicos
para su debida ejecución”[18].
2.3.1.2 Por medio de sentencia[19],
decidió el juez de tutela no amparar los derechos a la salud, la dignidad
humana y a la seguridad social invocados por el señor Edgar Aroca Cruz. Sin
embargo, requirió al Gerente Regional de Cafesalud EPS, para que continuara
garantizando el tratamiento integral “en la Unidad Renal del Tolima, (…)
incluyendo si es el caso, transporte medical (sic), medicamentos, terapias,
exámenes, hospitalización e intervenciones quirúrgicas, acompañante y
alojamiento en el evento que algún procedimiento se realice al paciente fuera
de la ciudad (…)”.
Consideró el juez de instancia
que los pacientes tienen derecho a la atención y tratamiento integral, efectivo
y cierto. Así, dado la enfermedad crónica que padece el señor Aroca, el
traslado de IPS pone en riesgo su salud, en tanto que el tratamiento médico
allí suministrado, es de inferior calidad al que se le venía prestando en la
anterior IPS. No obstante, dado que la pretensión del actor ha sido satisfecha,
“no se tutelaran los derechos que reclama el accionante, por carecer de
objeto o hecho superado”. Esto por cuanto la EPS, constató que en la
actualidad se le viene garantizando la prestación del servicio médico requerido
en la Unidad Renal RTS del Tolima, en virtud de la medida provisional decretada
por este Juzgado.
3. Expediente T-2.937.138:
3.1 Hechos:
3.1.1 La señora Clemencia Fandiño
Moya de 37 años de edad[20],
padece de insuficiencia renal crónica y lupus erimatoso sistemático[21],
por lo cual era atendida para el tratamiento de la enfermedad renal en la
Unidad Renal RTS del Tolima en la modalidad de hemodiálisis.
3.1.2 La tutelante se encuentra
afiliada en el régimen contributivo a través de Saludcoop EPS, en calidad de
cotizante independiente desde el 1 de enero de 2004.
3.1.3 Señaló que el tratamiento
de hemodiálisis funcionaba exitosamente en la Unidad Renal del Tolima, en donde
su estado de salud se encontraba estable.
3.1.4 Adujo que por medio de
comunicación de octubre de 2010, Saludcoop EPS le informó que a partir de la
fecha, el tratamiento de hemodiálisis iba a ser practicado en la IPS Fresenius
Medical Care, ubicada en la Clínica Calambeo.
3.1.5 Afirmó que el 2 de
noviembre de 2010 asistió a la Unidad Renal de Fresenius, donde le practicaron
el tratamiento de hemodiálisis, sin embargo, dicho tratamiento no coincidió con
el prestado en la anterior IPS, por cuanto en ésta, la hemodiálisis se
practicaba en menor tiempo. Igualmente, mencionó que la nueva unidad renal se
encuentra ubicada en un lugar de difícil acceso, por lo que debe desplazarse “caminando
desde allí hasta la avenida quinta para poder tomar transporte urbano toda vez
que no cuento con recursos económicos que me permitan tomar un taxi”.
3.1.6  Inconforme con la atención
prestada en la nueva IPS, el 4 de noviembre de 2010[22], la accionante por medio
de petición elevada ante Saludcoop, solicitó que se le permitiera recibir el
tratamiento médico en la Unidad Renal del Tolima, IPS en la cual contaba con
excelentes servicios, como eran: la “calidad de la diálisis, cero
hospitalizaciones, atención oportuna, respeto de los horarios de conexión a la
maquina, calidad de los filtros, buen servicio de medios de transporte urbano,
entrega de los medicamentos completos y oportunamente.”[23] Así
mismo, informó que en la nueva IPS no tuvieron en cuenta su historia clínica
para efectos del tiempo de suministro del tratamiento médico, señalando que: “me
conectaron a la maquina hasta las 6:00 pm no teniendo en cuenta ni la historia
medica, ni el tratamiento que llevaba en la unidad Baxter, no respetaron el
tiempo de filtración en la maquina, ya que siempre se me han hecho tres horas
de hemodiálisis y programaron la maquina para cuatro horas (…) Con los cambios
mencionados se esta ignorando mi historia clínica, la evaluación del nefrólogo
y los KTV”[24].
3.1.7 Por medio de oficio
DRPS-1380[25]
del 16 de noviembre de 2010, la Directora Regional de Saludcoop EPS, respondió
que en aras de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios
incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud para el tratamiento médico, “se
le reitera nuevamente que los servicios para el tratamiento renal será prestado
a partir del 01 de Noviembre de 2010 en la unidad renal de Fresenius Medical
Care.”
3.1.8 Por ultimo, comentó que es
madre cabeza de familia de dos hijos menores de edad y que no tiene recursos
económicos para sufragar los costos del desplazamiento hasta la nueva IPS. En
virtud de lo anterior, solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales a la
salud y a la vida y se le ordenará a Saludcoop EPS que continúe prestando el
tratamiento de hemodiálisis en la IPS Unidad Renal del Tolima.
3.2 Respuesta de la entidad
demandada[26]:
Dando respuesta a la acción de
tutela bajo estudio, la Directora Regional de Saludcoop EPS, señaló que dado
que la pretensión de la accionante consistía en la prestación del servicio del
tratamiento de hemodiálisis en la IPS Unidad Renal RTS del Tolima, “estamos
en presencia de un hecho superado, que nos conduce a una carencia de objeto de
la acción. Lo anterior se afirma en la medida en la cual la prestación sobre la
cual solicita amparo, ya ha sido satisfecha. En efecto, al usuario se le
autorizó el servicio por medio de orden de servicios No. 53328445.”[27] Por
lo tanto, solicita se niegue la acción de tutela, pues Saludcoop EPS ha
desplegado todas las actuaciones tendientes a salvaguardar el derecho a la
salud y vida digna de la paciente.
3.3 Decisión objeto de
revisión:
3.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Trece Penal Municipal de Ibagué[28].
Decidió declarar improcedente la
acción de tutela[29]. Consideró el juez de
instancia que de conformidad con el principio de libertad de escogencia de IPS,
la EPS pueden celebrar contratos con diferentes instituciones prestadoras de
servicios, por lo cual, los usuarios tienen derecho a escoger dentro de las IPS
que hacen parte de la red adscrita a las entidades prestadoras, aquella que sea
de su preferencia. Sin embargo, este es un derecho limitado al margen de la
normatividad aplicable. Además,  afirmó que los afiliados deben acogerse a las
IPS que hagan parte de la de la red de servicios, siempre y cuando la IPS
receptora preste el servicio de salud de manera integral, eficiente y de buena
calidad, razón por la cual, el cambio de IPS no configura por sí mismo una
vulneración de los derechos del paciente.
Por lo tanto, aduce que “es
bueno aclarar que en el caso de la señora Clemencia Fandiño Moya, el cambio de
IPS no genera consecuencias negativas en su salud, pues a diferencia de lo
indicado por la actora, referente a que la nueva IPS no le presta adecuadamente
el servicio, tal circunstancia no fue probada siquiera sumariamente.”
No obstante, señaló que la
entidad accionada dispuso de lo necesario para garantizar la continuidad del
tratamiento en la antigua IPS, por lo cual autorizó el tratamiento médico en la
Unidad Renal del Tolima “tal y como se deduce de la Orden Medica No. 53328445.”
4. Expediente T-2.937.517:
4.1 Hechos:
4.1.1 El señor Germán Aguillón
Villabona con 50 años de edad[30],
padece de insuficiencia renal crónica y se encuentra afiliado en el régimen
contributivo, a través de Saludcoop EPS, en calidad de cotizante independiente
desde el 1 de abril de 2001.
4.1.2 En razón a la enfermedad
que padece, le practicaban desde el 6 de octubre de 2006, diálisis peritoneal
automatizada en la Clínica RTS Agencia H.U.S de Bucaramanga[31].
4.1.3 Expuso que lo llamaron de
Fresenius IPS y le informaron que a partir del 1 de diciembre de 2010 el
tratamiento para la insuficiencia renal iba a ser prestado en dicha institución,
por lo cual debía asistir a un entrenamiento. De la misma manera, señaló que
Saludcoop EPS no se comunicó con él para informarle sobre el cambio ni las
razones para ello, sin embargo, el accionante nunca acudió ante la EPS a solicitar
explicación sobre esta novedad.
4.1.4 Solicitó que se le
garantizará el tratamiento prescrito en la Unidad Renal en la que viene siendo
atendido, “ya que no quiero ser traslado a otro lugar por razones de seguridad
con mi tratamiento, para prevenir infectarme de peritonitis, ya que el
tratamiento que ofrece RTS es seguro y confiable”.
4.1.5 En virtud de lo anterior,
pide que se le respete su derecho a la libertad de elección de IPS y se le
amparen los derechos fundamentales a la vida digna, la salud y la igualdad,
solicitando como medida provisional, que se le siga prestando el tratamiento
médico en la RTS H.U.S de Bucaramanga.
4.2 Respuesta de las entidades
demandadas[32]:
4.2.1 Dentro del término otorgado
para el efecto, la Gerente Regional de Saludcoop EPS, dio respuesta a la acción
de tutela, desestimando las pretensiones de la demanda, solicitando se declare
improcedente el amparo deprecado. Lo anterior, porque no existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados, toda vez que la entidad no le ha negado
la prestación de los servicios que el accionante requiere. No obstante, ha
decidido brindarle los servicios requeridos a través de la IPS Fresenius, que
es una institución certificada, en la cual “se le continuará garantizando el
tratamiento médico que se le viene adelantando para su patología de
insuficiencia renal”.
Señaló que la Ley 100 de 1993
permite que las entidades prestadoras de salud, escojan entre diferentes
posibilidades, la red de instituciones prestadoras que podrán suministrar sus
servicios, siempre y cuando se le garantice la continuidad del tratamiento médico.
Por lo tanto, “la entidad no pued[e] brindarle los servicios a través de RTS
por no ser una IPS de la RED de la entidad.”[33]
4.2.2 Por su parte, el Director
Médico y Nefrólogo de la unidad renal RTS Limitada Agencia H.U.S[34], mediante
escrito del dos (2) de diciembre de 2010, señaló que “la terapia de diálisis
no puede ser suspendida porque somete al paciente a riesgo de muerte súbita o
con dificultad respiratoria a corto plazo. Se hace la aclaración que este tipo
de tratamiento genera en el paciente dependencia y confianza en el personal y
en el equipo que le ayuda a la terapia. Adicionalmente la terapia de diálisis
requiere un aprendizaje (entrenamiento) del paciente de por lo menos una
semana, y el traslado implica un nuevo entrenamiento (…). El motivo por le cual
el paciente ha dejado de ser atendido por RTS se ha debido a que su
aseguradora, Saludcoop EPS, ha dejado de autorizar los tratamientos con RTS y
ha decidido trasladarlo a otra unidad renal donde se le prestaría el servicio
con técnica diferente.”[35]
De la misma manera, informó que en virtud de la medida provisional decretada
por el Juzgado a quo, procedieron a continuar con el tratamiento de
diálisis peritoneal automatizada.
4.3 Decisión objeto de
revisión:
4.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Octavo Penal Municipal de Bucaramanga[36].
4.3.1.1 El juez de primera
instancia dispuso mediante auto[37], ordenar la medida
provisional para velar por la protección del derecho a la salud y la vida del
señor Germán Aguillon, puesto que el accionante informó al juzgado que no tenía
los insumos necesarios para realizarse el tratamiento médico[38],  y así,
Saludcoop EPS debía autorizar de forma inmediata “el tratamiento completo
que requiere el paciente para su diálisis peritoneal ambulatoria continua”.
4.3.1.2 Declaró improcedente la
acción de tutela[39] y desvinculó a la Unidad
Renal RTS. Consideró que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, sólo en
los casos en que se demuestre que la IPS receptora no garantiza de forma
integral la prestación del servicio, o que la atención medica sea inadecuada o
de inferior calidad a aquella ofrecida en la anterior IPS, y ello traiga como
consecuencia un deterioro para la salud del paciente, el juez constitucional
deberá conceder el amparo mediante acción de tutela.
En este orden de ideas, las EPS
tienen la libertad de escoger con qué IPS celebrar convenios, siempre y cuando
se garantice la prestación de salud de manera integral y de buena calidad a los
usuarios. Además, consideró que se demostró que no hubo negación de servicios,
sino que la EPS prestará el tratamiento requerido, “pero en otra IPS adscrita
a la entidad, dado que ya no tienen vinculo con la RTS del HUS, pero ello no ha
implicado negación del servicio de salud, u omisión del mismo, o demora en su
prestación, [si no es que este] será atendido por Fresenius, IPS con la que
actualmente tiene convenio la entidad accionada, no siendo viable por tutela
pretender que se ordene el tratamiento médico con una entidad de salud que ya
no se encuentra adscrita a la EPS del paciente y máxime cuando se esta
suministrando el servicio médico pertinente a la fecha de proferida la
decisión.”
5. Expediente T-2.941.093:
5.1 Hechos:
5.1.1 La señora Deisy Guzmán
Álvarez de 46 años de edad[40],
padece insuficiencia renal crónica, por lo cual estaba siendo tratada en la
Unidad Renal RTS Tolima, bajo el tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria
continua,[41]
igualmente tiene diagnóstico con cáncer de ovario.
5.1.2 Se encuentra afiliada al
régimen contributivo a través de Saludcoop EPS, entidad que por medio de
comunicación enviada el 2 de octubre del 2010 le informó que el servicio de
diálisis peritoneal sería prestado en la Unidad Renal de Fresenius Medical
Care.
5.1.3 Expuso la tutelante que el
tratamiento suministrado en la IPS Fresenius no le conviene porque: (i) no
cuenta con el equipo médico ni los recursos necesarios para atender su
condición, según le han informado algunos compañeros, (ii) los líquidos de
infusión y drenaje que se manejan en este tipo de procedimiento son diferentes
a los utilizados por una y otra Unidad Renal, pudiendo presentar “reacciones
adversas para mi salud la cual a la fecha es de una alta calidad.” También
afirmó que en Unidad Renal del Tolima, (iii) es atendida por un equipo
interdisciplinario de especialistas, entre ellos nefrólogos, psicólogos,
trabajadora social, entre otros, “lo cual no sucede en la UR Fresenius ya
que a la fecha, no he tenido la primera charla ni siquiera avistamiento alguno
con los nefrólogos, psicólogos o trabajadores sociales (…).”
5.1.4 Afirmó que es una persona
de escasos recursos y desplazarse a la nueva IPS incrementa los costos del
trasporte porque queda más apartada de su lugar de residencia. Además señaló
que las condiciones de asepsia no son de la mejor calidad posible y teme
contraer una infección, porque en la nueva IPS tendrían que hacerle la
implantación de los catéteres para la infusión y drenaje de líquidos.
5.1.5 El 28 de octubre de 2010,
la señora Guzmán, solicitó a la entidad accionada su deseo de no ser trasladada
de IPS, porque considera que su salud ha mejorado considerablemente desde que
el servicio de salud es prestado en la Unidad Renal RTS Tolima, y estar
conforme con la atención de los profesionales de la salud y los procedimientos
médicos allí suministrados.
5.1.6 El 16 de noviembre de 2010[42], Saludcoop
EPS respondió el derecho de petición,  señalando que “con el fin de
garantizar la continuidad en la prestación de los (… ) le reitera nuevamente
que los servicios para el tratamiento renal será prestado a partir del 01 de
Noviembre de 2010 en la unidad renal de Fresenius Medical Care”.
No obstante, en oficio del 24 de
octubre de 2010, Saludcoop señaló que el contrato suscrito con la IPS Fresenius
no representa una desmejora en la calidad del servicio prestado, sin embargo,
enfantiza que “si usted prefiere continuar recibiendo la atención a través
de la IPS anterior, Saludcoop EPS dispondrá de lo necesario para garantizar la
continuidad en su tratamiento”[43].
5.1.7 Sin embargo, expuso la
señora Guzman que Saludcoop EPS le comunicó que el 10 de diciembre de 2010
tendría su último control para realizarse sus exámenes y de acuerdo con dichos
resultados le darían un nuevo pedido de líquidos para realizarse la diálisis.
5.1.8 En virtud de lo anterior,
solicita se le ampare el derecho a la salud, a la vida y a la igualdad, y como
consecuencia de ello se le ordene a Saludcoop EPS que continué prestando los
servicios de salud y paraclínicos y demás elementos requeridos para la diálisis
peritoneal manual en la IPS Unidad Renal del Tolima.
5.2 Respuesta de la entidad
demandada[44]:
La Gerente Regional de Saludcoop
EPS solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, dado que
se ha demostrado que la entidad prestadora ha cumplido con sus obligaciones
legales puesto que no ha negado la prestación de ningún servicio médico a la
usuaria. Sin embargo, señala que la entidad seguirá prestando el tratamiento
para su patología con el prestador RTS, para lo cual adjunta “autorización
de servicios No. 52754323, que reafirma lo manifestado”[45]. En
este orden de ideas, adujo que en el caso concreto la pretensión ha sido
satisfecha, por lo cual existe una carencia actual de objeto y por lo tanto
debe ser denegado el amparo deprecado.
5.3 Decisión objeto de
revisión:
5.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué[46].
5.3.1.1 El siete (7) de diciembre
de 2010 el Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué admitió la acción de
tutela y en virtud del artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, ordenó decretar
como medida provisional que “se le continúe prestando todos los servicios de
salud que requiere de manera inmediata y permanente a través de la IPS Unidad
Renal del Tolima, para que no se interfiera, interrumpa o dilate en el
tratamiento de diálisis peritoneal manual, del cual requiere la entrega
inmediata de los líquidos y demás elementos médicos para su debida ejecución e
higiene necesarios.”[47]
5.3.1.2 Mediante sentencia del
veintiuno (21) de diciembre de 2010, el juez negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados, considerando que la pretensión de la señora Deisy
Guzmán, que consistía en que se le garantizará la prestación del tratamiento
médico de diálisis peritoneal manual en la IPS RTS Limitada Tolima ya fue
satisfecha, de acuerdo a lo establecido por la entidad accionada en la
contestación de la tutela, en la que adjunto autorización de servicios para el
tratamiento requerido.
En conclusión, “no resulta
procedente la tutela impetrada ni como mecanismo definitivo ni como
transitorio, negándose por ende lo pretendido por la accionante, al carecer de
objeto por hecho superado. No obstante es del caso requerir a la Promotora de
Salud Saludcoop, que deberá continuar suministrándole oportunamente al
paciente, la atención médico científica integral que amerite la patología que
padece (…)”.
6. Expediente T-2.941.203:
6.1 Hechos:
6.1.1 Luís Senen Vesga Monsalve
de 56 años de edad[48],
padece de insuficiencia renal crónica, por lo cual venía siendo tratado en el
tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria continua en la unidad renal RTS
Limitada Agencia H.U.S de Bucaramanga.
6.1.2 El actor se encuentra
afiliado al régimen contributivo en calidad de cotizante, a través de Saludcoop
EPS desde el 1 de agosto de 2004.
6.1.3 Afirmó que desde hace 9
meses ha recibido terapia renal de diálisis peritoneal en la RTS de
Bucaramanga, con excelentes resultados para su salud.
6.1.4 Adujo que se enteró del
cambio de la unidad renal RTS HUS a Fresenius IPS por medio de una llamada
telefónica[49]
en la que le informaron que debía asistir a un entrenamiento peritoneal en la
IPS Fresenius. Sin embargo, aseveró que la EPS no se ha comunicado con él para
informarle sobre el cambio, ni él ha consultado con la EPS nada al respecto.
Señaló que aunque no le han negado los servicios médicos, no desea cambiarse de
IPS.
6.1.5 Manifestó que el traslado
de IPS implica una modificación en la línea de transferencia que utiliza
para el tratamiento, variando de la línea Baxter, que usa en la RTS HUS, a la
línea de Fresenius que utiliza la IPS Fresenius Medical Care, razón por la cual
requiere de un entrenamiento del cambio de línea que se demora aproximadamente
un mes.
6.1.6 En virtud de lo anterior,
solicita la protección de su derecho a libre elección de IPS, “toda vez que
en la Unidad Renal RTS del HUS me dan la atención adecuada y en condiciones
dignas, humanas y de asepsia” y se le ordene a la EPS que no traslade la
prestación de los servicios médicos a otra institución prestadora.
6.2 Respuesta de las entidades
accionadas[50]:
6.2.1 La Gerente Regional de
Saludcoop EPS, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
dado que se ha demostrado que la entidad prestadora ha cumplido con sus
obligaciones legales, por lo cual no ha negado la prestación de ningún servicio
al usuario, sino que a partir de la fecha la institución encargada de prestar
el servicio de salud, sería a través de Fresenius Medical Care. Señala que con
la finalidad de garantizar un mejor servicio de salud a los usuarios, “viene[n]
abriendo contrataciones con instituciones que puedan brindarnos un mejor
servicio con estándares más altos de calidad. Es por ende que abrimos
contratación con la IPS Fresenius, institución médica que nos ofrece excelentes
garantías de cumpliendo con todos los protocolos tanto técnicos como
profesionales para atender las atenciones medicas de nuestros pacientes”[51], razón por
la cual argumentan que el cambio “no generará ningún traumatismo a nuestros
usuarios permitiendo la continuidad en sus tratamientos”[52]
6.2.2 El Director Médico y
Nefrólogo de la unidad renal RTS Limitada Agencia H.U.S[53], mediante escrito del 6
de diciembre de 2010, señaló que “la terapia de diálisis no puede ser
suspendida porque somete al paciente a riesgo de muerte súbita o con dificultad
respiratoria a corto plazo”. Afirmó que este tipo de tratamiento “genera
en el paciente dependencia y confianza en el personal y en el equipo que le
ayuda a la terapia. Adicionalmente la terapia de diálisis requiere un
aprendizaje (entrenamiento) del paciente (…). Adujo que “desconocemos la
razón ultima del cambio pero ha sido por decisión unilateral de la EPS.”[54] De la misma
manera, informó que en virtud de la medida provisional decretada por el Juzgado
a quo, procedieron a continuar con el tratamiento de diálisis peritoneal
automatizada.
6.3 Decisión objeto de
revisión:
6.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Octavo Penal Municipal de Bucaramanga[55].
6.3.1.1 El Juzgado Octavo Penal
Municipal, tras un informe rendido por el accionante en el que comunicó que no
le han proveído de los insumos necesarios para la diálisis peritoneal hasta
tanto se profiera sentencia de tutela, siendo estos vitales para su salud,
decretó la medida provisional solicitada por el actor de conformidad con el
artículo 7 del Decreto 2591 de 1991. Así las cosas, mediante auto del primero
(1) de diciembre de 2010[56],
ordenó a Saludcoop EPS que “en forma inmediata autorice, asumiendo de manera
integral y en el ciento por ciento sus costos, el tratamiento completo que
requiere el paciente para su diálisis peritoneal ambulatoria continua”.
6.3.1.2 En providencia del
catorce (14) de diciembre de 2010, el Juzgado declaró la improcedencia de la
acción de tutela, por considerar que no existió vulneración del derecho a la
salud con el cambio de IPS. Esto por cuanto en la respuesta suministrada por la
entidad accionada, “se demuestra que nunca se ha negado el servicio a la
salud del accionante, por el contrario la EPS Saludcoop le ha suministrado el
tratamiento necesario, pero en otra IPS adscrita a la entidad, dado que ya no
tienen vinculo con la RTS del HUS, pero ello no implica una negación del
servicio de salud, u omisión del mismo”. Por lo cual consideró que no es
viable por medio de la acción de tutela, pretender que la EPS ordene el
tratamiento médico en una institución que ya no se encuentra adscrita a su red
de servicios.
7. Expediente T-2.942.005:
7.1 Hechos:
7.1.1 Nelcy Echeverry Alonso
actuando en nombre de su compañero permanente[57],
el señor Luís Reinaldo Báez Barbosa, paciente de 54 años de edad[58], con
insuficiencia renal crónica, interpuso acción de tutela y manifestó que desde
hacía 15 meses se le practicaba el tratamiento de diálisis peritoneal manual en
la unidad renal RTS de Bucaramanga.
7.1.2 El señor Luís Reinaldo Báez
se encuentra afiliado al régimen contributivo, en calidad de cotizante
dependiente, por intermedio de Saludcoop EPS, desde el 27 de septiembre de
1996.
7.1.3 Precisó que por medio de
una llamada telefónica le informaron que se debía trasladar de unidad renal,
sin embargo no quiere el traslado pues “el tratamiento se lo han hecho allá
desde que empezó la enfermedad, (…) hace 15 meses (…)”. De la misma manera,
mencionó que en la IPS RTS le ofrecen un tratamiento integral que consiste en
la valoración de “médico, psicólogo, enfermería, trabajo social,
nutricionista, todo el tratamiento se lo hacen allá y lo que él necesite y por
eso no queremos que lo cambien de la RTS.”[59]
7.1.4 Por lo tanto, solicita la
protección de su derecho a libre elección de IPS y como consecuencia de lo
anterior, que se le ordene a la EPS que no traslade la prestación de los
servicios médicos a otra institución.
7.2 Respuesta de la entidad
accionada[60]:
En el trámite de la presente
acción de tutela, Saludcoop EPS, no dio contestación durante el término de
traslado de la misma. No obstante, por medio de oficio recibido en la
Secretaria del Juzgado Segundo Penal Municipal de Bucaramanga el veinte (20) de
diciembre de 2010, la Gerente Regional de Saludcoop EPS, precisó que “Saludcoop
en busca de el mejoramiento en la prestación del servicio contrató con la
empresa Fresenius, informándosele a la paciente de esta posibilidad de cambio,
pero como quiera que el señor BAEZ BARBOSA, se mostró en desacuerdo con esta
posibilidad, (…)respetando el derecho a la libre escogencia de IPS, y
atendiendo su petición de querer continuar en RTS, le envió comunicación para
(…)para que continué recibiendo las terapias ordenadas por el médico tratante
en el mismo centro.”[61]
En este orden de ideas, solicitó
que se deniegue la acción de tutela por carencia actual de objeto, para lo cual
adjuntó los datos de autorización de servicios, en la cual consta que la
diálisis peritoneal manual mensual fue autorizada para el 13 de diciembre de
2010, en la Unidad Renal RTS Ltda. de Bucaramanga[62].
7.3 Decisión objeto de
revisión:
7.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bucaramanga[63].
Mediante providencia del quince
(15) de diciembre de 2010, el juez decidió tutelar los derechos fundamentales a
la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, razón por la cual ordenó
la autorización y garantía del servicio prestado en la RTS del H.U.S “según
las determinaciones e indicaciones del médico tratante”.
Consideró válida la calidad de
agente oficiosa aducida por la señora Nelcy Echeverri Alonso, dada las
condiciones de salud en las que se encuentra su compañero permanente. Así, dado
que la entidad accionada no se pronunció respecto a la situación fáctica ni a
las pretensiones de la acción de tutela, en virtud del artículo 20 del Decreto
2591 de 1991, “tomará como ciertos los hechos narrados (…) al allanarse
tácitamente Saludcoop EPS a los mismos y al no hacer efectivo el derecho a la
defensa que este despacho otorgó en debida forma.”[64]
Estimó que la libertad de
escogencia de IPS no es un derecho absoluto dado que está limitado por la
normatividad aplicable y a las condiciones de oferta y servicios, no obstante
el traslado de una institución prestadora de servicios puede generar la
vulneración de derechos fundamentales, cuando se comprueba que la IPS receptora
no garantiza de forma integral el servicio de salud. Así, en el caso concreto,
tuvo por ciertas las afirmaciones de la accionante “quien sustenta no se le
esta brindando y garantizando la prestación del servicio eficiente y de calidad
para tratar [su]  patología.” Por lo tanto, se desprende que el traslado de
IPS generaría repercusiones negativas en la salud del paciente, puesto que le
tocaría empezar un nuevo tratamiento, en el que “el personal no le presta la
misma atención, trasgrediendo de esta manera sus derechos fundamentales”.
8. Expediente T-2.945.038:
8.1 Hechos:
8.1.1 El señor Ramón Hernández
Jerez de 63 años de edad[65],
padece insuficiencia renal crónica y desde hace 7 meses recibía el tratamiento
de diálisis peritoneal en la unidad renal RTS de Bucaramanga.
8.1.2 El actor se encuentra
afiliado al régimen contributivo, en calidad de cotizante dependiente, por
medio de Saludcoop EPS.
8.1.3 De acuerdo con las
afirmaciones realizadas en el escrito de tutela, señaló que la razón por la
cual solicitó la protección de su derecho a libre elección de IPS, radica en
que en la Unidad Renal RTS del HUS, le “dan la atención adecuada y en
condiciones dignas, humanas y de asepsia”[66].
Así las cosas, pretendió que se le ordene a la EPS que no traslade la prestación
de los servicios médicos a otra IPS.
8.2 Respuesta de la entidad
accionada[67]:
En el término establecido para
ello, Saludcoop EPS no dio contestación de la tutela. No obstante, por medio de
oficio recibido en la Secretaria del Juzgado Segundo Civil Municipal de
Bucaramanga el 15 de diciembre de 2010, la Gerente Regional de Saludcoop EPS
solicitó que se deniegue la acción de tutela impetrada por el señor Ramón
Hernández Jerez, por existir carencia actual de objeto.
El fundamento de su petición
consistió en que no hubo vulneración de los derechos fundamentales invocados,
puesto que no ha existido una negación de servicios. Sin embargo, afirmó que “la
entidad garantiza que continuará brindando el tratamiento para su patología de
insuficiencia renal, en el prestador RTS”, para lo cual adjunta la
autorización de servicios, en la cual consta que se aprobó el tratamiento de
diálisis peritoneal manual mensual el 14 de diciembre de 2010[68], en la RTS Ltda. de la
ciudad de Bucaramanga.
8.3 Decisión objeto de
revisión:
8.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Segundo Civil Municipal de Bucaramanga[69].
En providencia del catorce (14)
de diciembre de 2010, decidió denegar la tutela interpuesta por el señor Ramón
Hernández, considerando que si bien los pacientes pueden escoger las entidades
donde serán atendidos, “así como el médico general o los especialistas,
estos deben ser elegidos dentro de las opciones que le ofrezca la respectiva
EPS quienes tienen la libertad de escoger las entidades que crean conveniente,
las que deben estar en capacidad de prestar los servicios requeridos por los
afiliados.” Así las cosas, estimó que el accionante no demostró que la
entidad accionada tuviera vínculo o contrato con la IPS de su elección y dado
que ésta ha cumplido con sus obligaciones legales al prestar oportunamente el
servicio de salud, no existió vulneración de los derechos fundamentales
invocados por el paciente.
9. Expediente T-2.951.644
9.1 Hechos:
9.1.1 La señora Blanca Rosa
Becerra Díaz de 57 años de edad[70],
padece de insuficiencia renal crónica, razón por la cual le suministra diálisis
peritoneal automatizada desde el 23 de mayo de 2010 en la unidad Renal RTS de
Bucaramanga.
9.1.2 La accionante se encuentra
afiliada a Saludcoop EPS, en el régimen contributivo en calidad de
beneficiaria, desde el 22 de enero de 2004.
9.1.3 Solicitó que su EPS le
garantizará el tratamiento integral que requiere para su enfermedad en la
unidad renal que viene siendo tratada, con el fin de “prevenir infectarme
con peritonitis ya que el tratamiento que ofrece RTS es seguro y confiable”[71].
9.1.4 Por medio de comunicación
telefónica, la EPS le informó sobre el traslado de IPS. Y una de las razones
por las cuales no desea el traslado es porque su hija ya ha realizado “dos
cursos para manejar la maquina [que le realiza la diálisis] y ella trabaja y no
puede pedir mas permiso (…) y ella es la única que me puede hacer las diálisis
en las noches porque yo solo vivo con ella, es que la manual yo no la aprendí
hacer bien y entonces ella hizo el curso con la maquina”[72].
9.1.4 En la historia clínica con
fecha de 15 de octubre de 2010, el médico tratante informó que “se inició
diálisis peritoneal previa implantación de catéter peritoneal sin
implicaciones, se ha corregido las manifestaciones de uremia y mejoría de la
anemia. Durante el mes no se presentó implicaciones con la diálisis se deja con
igual tratamiento”[73].
Dice que en la unidad renal RTS H.U.S, le suministran citas con el nefrólogo,
la droga que requiere y un tratamiento integral para su estado de salud.
9.1.5 Por las anteriores razones,
por la cual solicitó la protección de su derecho a la libre elección de IPS, el
derecho a la salud, a la vida y a la seguridad social.
9.2 Respuesta de la entidad
accionada[74]:
9.2.1 El Director Médico y
Nefrólogo de la unidad renal RTS H.U.S de Santander[75], por medio de escrito
del treinta (30) de noviembre de 2010[76],
señaló que “la terapia de diálisis no puede ser suspendida por que somete al
paciente a riesgo de muerte súbita o con dificultad respiratoria a corto
plazo.” Aclaró que el tratamiento que se suministra para las personas con
insuficiencia renal “genera en el paciente dependencia y confianza en el
personal y en el equipo que le ayuda a la terapia, no solo por la
característica de la terapia (vital para la vida) sino por la periodicidad de
los controles que se le realizan”. Del mismo modo, “la terapia de
diálisis requiere un aprendizaje (entrenamiento) del paciente por lo menos de
una semana, y el traslado implica un nuevo entrenamiento con los inconvenientes
de tiempo para el paciente”. Finalmente, expuso que desconoce los motivos
por los cuales la EPS tomo la decisión de trasladar a la paciente de unidad
renal.
9.2.2 Asimismo, la Gerente
Regional de Saludcoop EPS, solicitó que se niegue por improcedente la acción de
tutela interpuesta por la señora Blanca Rosa Becerra, dado que a la fecha ella
viene siendo atendida con todos los servicios médicos requeridos por su
enfermedad de insuficiencia renal crónica, habiéndole ordenado a la fecha todos
los tratamientos que necesita. Afirmó que la “institución medica que tenia a
cargo las atenciones de nuestro usuario RTS Ltda. Sucursal Tunja (sic) ya no
hace parte de nuestras instituciones prestadoras de salud”.  No obstante,
aseguró que la prestación del tratamiento no ha sido interrumpida y que el cambio
de IPS “no generó ningún traumatismo a nuestros usuarios permitiendo la
continuidad en sus tratamientos, (…) en la IPS FRESSENIUS (sic) MEDICAL CARE
COLOMBIA con sede en esta ciudad y que cumple con todas las garantías tanto
técnicas como profesionales para atender las atenciones medicas de nuestros
pacientes”. Con la finalidad de demostrar que los servicios han sido
prestados por la EPS, adjunta el documento de autorización de servicios médicos,
en la cual consta que hasta el 23 de noviembre de 2010, fue aprobada la
diálisis peritoneal automatizada mensual en la RTS Ltda. sucursal Bucaramanga[77].
9.3 Decisión Objeto de Revisión:
9.3.1 Decisión de Única
instancia: Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Depuración de Bucaramanga[78].
9.3.1.1 Mediante auto del
veinticinco (25) de noviembre de 2010 concedió la medida provisional solicitada
por la recurrente, ordenando a Saludcoop EPS y la Clínica Renal RTS que
continúe suministrando el procedimiento médico en la casa de la señora Blanca
Rosa Becerra.
9.3.1.2 Por su parte, mediante
providencia del nueve (9) de diciembre de 2010, decidió no conceder el amparo
de los derechos fundamentales invocados, por considerar que no existió omisión
por parte de la EPS de prestar el servicio requerido de diálisis peritoneal, “puesto
que si bien es cierto, el contrato de prestación de servicios médicos celebrado
con la Clínica Renal RTS fue culminado no sucede lo mismo con la prestación de
la terapia requerida, ya que la hoy accionada se encargó de suscribir un
contrato con FRESSNIUS MEDICAL CARE COLOMBIA para que sean estos los encargados
de continuar con la prestación del servicio médico especializado en nefrología
que requiere”[79].
Por lo tanto, estimó el juez que
al no existir omisión en la prestación del servicio de salud, no se puede
pregonar responsabilidad alguna por parte de la entidad accionada, ni se puede
obligar a ésta a suscribir un contrato con la IPS que la actora prefiere.  Lo
anterior, por cuanto según el principio de autonomía consagrado en la Ley 1122
de 2007, se faculta a la EPS escoger libremente los contratos que suscriba con
diferentes instituciones prestadoras de servicios. En este orden de ideas, no
existió vulneración de ningún derecho fundamental pues “por el contrario se
está garantizando la prestación del servicio con otra IPS especializada en
tratamientos renales”. Sin embargo, el juez recomendó a Saludcoop EPS “que
continué brindando el tratamiento renal que requiere la señora Blanca Rosa
Becerra Díaz en iguales condiciones a las que viene prestando la Clínica Renal
RTS o en el caso de existir variación alguna sea para mejorar la prestación y
calidad del servicio requerido”.
10. Expediente T-2.951.713:
10.1 Hechos:
10.1.1 El señor John Jairo Bayona
Fajardo, actuando en representación de su madre, la señora Rosa Elena Fajardo
Herrera de 73 años de edad[80],
paciente con insuficiencia renal crónica, a quien le suministraban el
tratamiento de diálisis peritoneal automatizada desde hace 14 meses en la
Clínica Renal de RTS de Bucaramanga, interpuso acción de tutela.
10.1.2 La señora Rosa Elena
Fajardo, se encuentra afiliada en el régimen contributivo a través de Saludcoop
EPS, en calidad de beneficiaria de su hijo Jhon Jairo Bayona desde el 1 de
febrero de 2004.
10.1.3 Solicitó que a pesar de
las situaciones administrativas que afronte Saludcoop EPS, se le continúe
suministrando el tratamiento integral en la Unidad Renal RTS de Bucaramanga.
10.1.4 Afirmó el señor Jhon Jairo
Bayona Fajardo que la entidad accionada, “tomó la decisión de cambiarnos de
IPS sin previo aviso y sin ningún motivo ya que la IPS RTS le ha prestado los
servicios a mi madre, un servicio seguro para el tratamiento renal que padece y
porque la paciente no esta de acuerdo cambiarse a la otra IPS por temor de
adquirir alguna infección ya que ella no es apta para realizarse su propio
tratamiento.”[81]
10.1.5 Adujo que la prestación de
los servicios médicos que recibía su mamá en la RTS son integrales,
garantizando la “atención con nutricionista, psicología, trabajo social,
enfermería, nefrólogo.”[82]
10.1.6 Aunque el agenciado
desconoce a partir de qué fecha y a cuál IPS la van a trasladar, dice que su
preocupación consiste en que la señora Fajardo, tiene una deficiencia cardiaca,
que podría afectarse con el cambio en la cantidad de líquidos que le prescriban[83].  También
consideró que al cambiarse de tipo de maquina con la que se practica la
diálisis y la cantidad de líquidos que requiere para ello, pues puede afectar
sus problemas cardiacos e incluso generarle depresión.
10.2 Respuesta de la entidad
accionada:
10.2.1 El Director Médico y
Nefrólogo de la unidad renal RTS H.U.S de Santander[84], por medio de escrito
del 7 de diciembre de 2010[85],
señaló que “el problema actual de la paciente no es médico ni de formulación
de diálisis es fundamentalmente por el rechazo de la paciente a ser trasladada
de unidad renal ordenada por la EPS SALUDCOOP”. Afirmó que en razón del
tipo de enfermedad que padece y la terapia que se le suministra, “la
paciente hace dependencia de la maquina y del personal que la atiende, el
traslado implica nuevos elementos, nuevo aprendizaje y soportes del grupo de
terapia (médico, enfermera, nutricionista, psicología) con quien ha
desarrollado amistad, confianza y dependencia.”
10.2.2 Por otro lado, la Gerente
Regional de Saludcoop EPS, por medio de oficio del 20 de diciembre de 2010, de
manera extemporánea contestó la acción de tutela, solicitando que se niegue por
configurarse carencia actual de objeto. Por lo anterior, “la entidad
garantiza que continuara brindando el tratamiento para su patología de
insuficiencia renal, con el prestador RTS,”[86]
para ello, adjuntó copia de la autorización de servicios en la cual consta la
aprobación de diálisis peritoneal automatizada en la RTS Ltda. sucursal
Bucaramanga para el 15 de diciembre de 2010[87].
10.3 Decisión Objeto de
Revisión:
10.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Depuración de Bucaramanga[88].
10.3.1.1 Mediante auto del
treinta (30) de noviembre de 2010[89]
concedió la medida provisional solicitada por el agente de la señora Fajardo,
ordenando a Saludcoop EPS y la Clínica Renal RTS que continué suministrando el
procedimiento en la casa y vinculó a la Unidad Renal RTS H.U.S de Santander.
10.3.1.2 En sentencia del catorce
(14) de diciembre de 2010 el juez decidió negar por improcedente la acción de
tutela impetrada por el señor Jhon Jairo Bayona como agente oficioso de la
señora Rosa Elena Fajardo. Discurrió que no hubo omisión por parte de la EPS de
prestar el servicio requerido de diálisis peritoneal, sino que ésta continuaría
la prestación del mismo servicio en otra IPS.
Por lo tanto, al no existir
omisión en la prestación del servicio de salud, no se le puede adjudicar
responsabilidad alguna por parte de la entidad accionada, ni se puede obligar a
suscribir un contrato con la IPS que la actora prefiere. Lo anterior, por
cuanto según el principio de autonomía consagrado en la Ley 1122 de 2007, las
EPS están facultadas para escoger libremente los contratos que suscriban con
diferentes instituciones prestadoras de servicios. Así las cosas, el juez
estimó que “no se verá afectada ni vulnerada la salud de la señora Rosa
Elena Fajardo Herrera puesto que lo único que la entutelada omitirá a la
usuaria de Saludcoop EPS es continuar desarrollando los lazos y confianza con
el personal médico de la IPS RTS, pero en cuanto a la prestación del servicio
el mismo se continuara prestando a través de otra clínica Renal especialista en
tratar la patología que padece la accionante”.
11. Expediente T-2.951.717:
11.1 Hechos:
11.1.1 Dioselina Cuadros de Ortiz
de 64 años de edad[90],
padece de insuficiencia renal crónica, por lo cual le suministran desde hace 26
meses diálisis peritoneal automatizada en la Clínica Renal RTS Agencia HUS de
Bucaramanga.
11.1.2 La accionante se encuentra
afiliada al régimen contributivo, en calidad de beneficiaria desde el 1 de
junio de 2004 por medio de Saludcoop EPS.
11.1.3 Señaló que para tratar la
enfermedad que padece “ha debido optar por la práctica de la terapia renal,
según indicación medica, todos los días en mi casa”[91].
11.1.4 Afirmó que la EPS no le
comunicó sobre el traslado de IPS, se enteró porque en la anterior IPS le
informaron que no podían entregarle los líquidos que requería para su
tratamiento, ya que había sido trasladada a Fresenius Medical Care. Adujo que
ésta IPS no le conviene porque utiliza una maquina diferente, que es “muy
grande y me tocaría comprar un carro para poder sacar la maquina. Es que como
yo no vivo acá[92]
me toca venir cada mes y me toca traer la maquina porque o sino como me
dializo. La maquina BAXTER es una maquina pequeña y la puedo echar en una caja fácilmente.”[93]
En aras de comprobar las diferencias entre el tipo de maquinas utilizadas por
cada una de las IPS, adjuntó un CD con fotografías de las mismas[94].
11.1.5 En la historia clínica
consta que la paciente se encuentra “en diálisis peritoneal, hay buena
tolerancia y adherencia a la terapia, no hay cambios en la diálisis, drena
bien, esta en diálisis automatizada en la noche con buen drenaje hace
manifestaciones de disautonomía con ingesta alimenticia”[95].
11.2 Respuesta de las
entidades accionadas:
11.2.1 Por un lado, el Director
Médico y Nefrólogo de la unidad renal RTS H.U.S de Santander[96], por medio de escrito
del primero (1) de diciembre de 2010[97],
señaló que “la terapia de diálisis no puede ser suspendida por que somete al
paciente a riesgo de muerte súbita o con dificultad respiratoria a corto
plazo.” Aclaró que el tratamiento que se suministra para las personas con
insuficiencia renal “genera en el paciente dependencia y confianza en el
personal y en el equipo que le ayuda a la terapia, no solo por la
característica de la terapia (vital para la vida) sino por la periodicidad de
los controles que se le realizan”. Finalmente, expuso que desconocía la
razón por la cual la EPS había dejado de autorizar la prestación del servicio
en la unidad renal RTS.
11.2.2 De otro lado, la Gerente
Regional de Saludcoop EPS solicitó denegar la presente acción de tutela, en
tanto la EPS ha cumplido con sus obligaciones legales tendientes a asegurar el
derecho a la salud y la vida de la paciente. Afirmó que no se le ha negado la
prestación de ningún servicio y ha autorizado las valoraciones, exámenes y
tratamientos requeridos por la usuaria, para lo cual adjunta el histórico de
autorizaciones[98]
de servicios. Además señaló que “se dieron cambios en la red de servicios
contratada por la EPS y por lo tanto ahora la diálisis requerida por la
paciente se realiza en la IPS FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA, la cual se
encuentra debidamente inscrita y habilitada para la prestación de los servicios
de diálisis en la ciudad de Bucaramanga”.
11.3 Decisión Objeto de
Revisión:
11.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Depuración de Bucaramanga.[99]
11.3.1.1 Mediante auto del
treinta (30) de noviembre de 2010 concedió la medida provisional solicitada por
la recurrente, ordenando a Saludcoop EPS y la Clínica Renal RTS que continué
suministrando el procedimiento en la casa de la señora Dioselina Cuadros.
11.3.1.2 En providencia del trece
(13) de diciembre de 2010, el juzgado concedió el amparo de los derechos
fundamentales a la salud, la vida y seguridad social y ordenó que la EPS
proceda a “contratar los servicio de una IPS que cuente con los elementos
necesarios para el tratamiento de diálisis peritoneal que requiere la
accionante, advirtiéndole que ello debe autorizarse (…), a través de un aparato
de iguales características al que viene utilizando, en especial sobre la
dimensión del mismo y facilidad de trasporte de aquel”.
Entendió el fallador que la
afectación a los derechos no se debía al traslado de IPS, “sino en la
maquina que pretende autorizar Fresenius Medical Care Colombia, pues ésta es de
mayor tamaño a la que viene utilizando por medio de la Clínica Renal RTS, lo
que significa un peligro en los viajes desde Cachira a la ciudad de
Bucaramanga, ello por la dimensión del aparto y la dificultad de mantenerlo intacto
en el traslado, teniendo que inclusive, cualquier contratiempo o daño del mismo
podría generar la muerte súbita de la paciente.”
Estimó que en el caso concreto,
la accionante tiene una condición especial, por lo cual consideró que al
modificarse la maquina utilizada por la actora, se “puede ocasionar un grave
peligro en su integridad personal por los viajes constantes que debe realizar a
la ciudad de Bucaramanga, siendo que para que se materialice su derecho
fundamental a la salud debe extender el concepto a una vida digna,
otorgándosele los medios pertinentes para el tratamiento que requiere,
prerrogativa que no se completa en el evento de utilizar un aparato de mayor
dimensión”.
12. Expediente T-2.969.336:
12.1 Hechos:
12.1.1 Jorge Angarita actuando en
representación de su cónyuge, la señora Edilma Sarmiento de 66 años de edad[100],
quien padece de insuficiencia renal crónica, diabetes, tensión alta y ceguera[101], por
lo cual requiere un tratamiento continuo y permanente, interpuso acción de
tutela en aras de que se protejan sus derechos fundamentales.
12.1.2 La paciente estaba siendo
atendida en la IPS Unidad Renal del Tolima en el tratamiento de diálisis
peritoneal automatizada. Sin embargo, por medio de llamada telefónica le
informaron que Saludcoop había terminado el convenio con dicha IPS, por lo
cual, a partir de noviembre de 2010 debía asistir a la Clínica Calambeo,
institución que en su consideración, “no cuenta con la calidad que exige el
tratamiento”.
12.1.3 La señora Edilma Sarmiento
se encuentra afiliada por medio de Salucoop EPS en el régimen contributivo, en
calidad de beneficiaria de su cónyuge, Jorge Angarita.
12.1.4 Por lo tanto, solicitó se
ordene a la EPS a continuar el tratamiento requerido en la IPS Unidad Renal del
Tolima y “con la misma máquina automatizada con la que se le han practicado
las diálisis a la paciente”.
12.2 Respuesta de la entidad
accionada:
Vencido el término para la
contestación de la acción de tutela y notificado de la admisión de la misma por
medio del oficio No. 3077 del nueve (9) de diciembre de 2010, el Director de
Saludcoop EPS guardó silencio con respecto a los hechos de la presente tutela.
12.3 Decisión objeto de
revisión:
12.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué[102].
Mediante providencia del 15 de
diciembre de 2010, decidió conceder el amparo de los derechos fundamentales a
la salud, la vida y la dignidad humana y en consecuencia ordenó a Saludcoop
EPS, “proceda a dar la continuidad del tratamiento para la diálisis terminal
(sic) con la misma maquina automatizada con la que se le han practicado las
diálisis a la paciente de forma permanente y en la misma institución” además
de suministrar el tratamiento integral, que podría incluir el
transporte, exámenes simples, especializados, tratamiento, medicamentos POS o
No POS, “en general todo lo que requiera, para el mejoramiento de su salud”.
También dispuso la exoneración de copagos y ordeno al Ministerio de Protección
Social –FOSYGA- que pague a Saludcoop los gastos en los que incurra en
cumplimiento del fallo de tutela.
La decisión fue sustentada en que
es obligación del Estado garantizar la prestación eficiente, de calidad e
integral del servicio de salud. Señaló que la pretensión de la accionante
estaba encaminada a la prestación del servicio de forma continua, en la misma
institución y con la misma máquina dializadora, porque la EPS decidió
trasladarla. Consideró que dicha acción, vulnera los derechos a la salud, vida
y dignidad humana, “pues no puede gozar de ella si padece una enfermedad que
le va a imposibilitar la realización de sus actividades laborales y familiares
cotidianas en forma normal y a la postre le puedan causar mayores perjuicios”.
Concluyó lo anterior, basándose
en las afirmaciones realizadas en el escrito de tutela, la copia de la historia
clínica y las autorizaciones de servicios, dado que la entidad accionada no dio
respuesta a la presente acción de tutela.
13. Expediente T-2.972.021:
13.1 Hechos:
13.1.1 La señora Yolanda Ayala
Pinto padece de insuficiencia renal crónica terminal, por lo que le realizan
diálisis peritoneal manual, tal como lo prescribe el médico tratante, desde
hace 5 meses en la Unidad Renal RTS de Bucaramanga.
13.1.2 La accionante se encuentra
afiliada en el régimen contributivo a través de Saludcoop EPS, en calidad de
beneficiaria desde el 26 de marzo de 1998.
13.1.3 Solicita que el
tratamiento prescrito para la insuficiencia renal siga siendo suministrado en la
IPS RTS H.U.S de Bucaramanga, para prevenir infecciones, dado que “el
tratamiento que ofrece RTS es seguro y confiable”.
13.1.4 En la historia clínica
consta que es una “paciente estable clínicamente, con náuseas y emesis
ocasional buen drenaje sin complicaciones durante los recambios, se siente
bien, buen apetito, ha ganado peso, se le sube la presión en la consulta”[103].
13.1.5 En virtud de lo anterior,
solicitó se protejan sus derechos fundamentales a la libertad de escogencia, la
vida en condiciones dignas y la salud, y así se ordene a Saludcoop EPS que le
preste integralmente el servicio de salud en la IPS RTS de Bucaramanga.
13.2 Respuestas de las
entidades accionadas[104]:
13.2.1 La Gerente Regional de
Saludcoop EPS, contestó extemporáneamente la acción de tutela, mediante oficio
del 14 de diciembre de 2010, en el cual solicitó se deniegue la acción de
tutela toda vez que existe carencia actual de objeto, por hecho superado, en
tanto la EPS le prescribió la terapia renal, que “se le esta practicando
actualmente (…) de acuerdo con lo ordenado por el médico tratante y en la IPS
RTS, elegida por la usuaria”. Para lo cual adjunta las autorizaciones de
servicios expedidas, en lasque consta que a la fecha 13 de diciembre de 2010 la
diálisis peritoneal manual mensual esta en trámite en la RTS Ltda. sucursal
Bucaramanga[105].
13.2.2 Por su parte, el Asesor
del Grupo de Acciones constitucionales del Ministerio de Protección Social[106]
solicitó que se exonerara de la responsabilidad que se le endilga en la acción
de tutela, por cuanto “las obligaciones que tienen las EPS no aparece el
deber de prestar el servicio de salud en la institución que escoja el usuario
(…)” Así las cosas, el derecho a la libertad de escogencia de IPS. “se
limita a las instituciones que ofrece la EPS con las cuales tiene contrato y
dentro de esta lista de instituciones el usuario puede escoger la IPS de su
preferencia.”[107]
13.3 Decisión Objeto de
Revisión:
13.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Cuatro Civil Municipal de Bucaramanga[108].
13.3.1.1 Por auto del primero (1)
de diciembre de 2010, decretó la medida provisional solicitada por la
accionante, en la cual ordenó a Saludcoop EPS para que “de manera inmediata
proceda a realizar los exámenes de laboratorio ordenados y los tratamientos
ordenados por su médico tratante a la señora Yolanda Ayala Pinto”[109].
13.3.1.2 Mediante sentencia del
trece (13) de diciembre de 2010, concedió el amparo de los derechos
fundamentales invocados y ordenó la práctica y realización del tratamiento y
servicios médicos asistenciales en la unidad Renal RTS o la entidad que escoja
la usuaria para el mejoramiento de su salud y calidad de vida.
Consideró que las EPS deben velar
por la protección de los derechos fundamentales a la integridad personal, la
salud y la vida digna del paciente, pues están en la obligación de “garantizar
a los afiliados la posibilidad de escoger entre las diferentes opciones de IPS
existentes en la red ofrecida por la aseguradora en su área de influencia.”
Además utilizó las mismas reglas jurisprudenciales para inaplicar las
disposiciones que no están contenidas en el plan obligatorio de salud,
argumentando que “no existe tratamiento alterno de similar eficacia al
prescrito para preservar la salud de la paciente. A la vez la accionante no
goza de amparo por otro plan de salud a cuenta del cual acceder al
procedimiento ordenado y, por último, la paciente no cuenta con capacidad
económica para asumir el costo de los procedimientos médicos ordenados en una
entidad particular ya que es una persona de la tercera edad”.
14. Expediente T-3.003.614:
14.1 Hechos:
14.1.1 La señora María Eugenia
Ardila, en condición de presidente de la Asociación Huilense de Pacientes
Renales[110],
interpuso acción de tutela contra Saludcoop y Cafesalud EPS, por considerar
vulnerados los derechos a la vida, la seguridad social y la salud de los
pacientes renales atendidos en la IPS RTS Cruz Roja Huila Ltda.
14.1.2 Señaló que a pesar de que
las entidades prestadoras de salud accionadas,  aun tienen convenios vigentes
con la IPS RTS Cruz Roja de Huila,  decidieron trasladar a los pacientes a
partir del 1 de noviembre de 2010 a la IPS Fresenius Medical Care. Aunque los
usuarios –sus representados- hayan manifestado la negativa del traslado ante el
cambio intempestivo y sin justificación valida.
14.1.3 Adujó que los pacientes “en
su mayoría son adultos mayores y les fue diagnosticada Insuficiencia Renal
Crónica Terminal (IRC), secundaria a una hipertensión arterial y diabetes
mellitus.” Por lo cual estaban siendo atendidos, desde hace varios años, en
la unidad renal Cruz Roja Huila en terapias de hemodiálisis y diálisis
peritoneal.
14.1.4 Afirmó que las razones por
las cuales prefieren quedarse en la IPS Cruz Roja, consiste en la prestación
integral del servicio, que incluye “la atención personalizada, medicamentos,
laboratorios en la propia sede, entrega de insumos al hogar, procedimientos de
fistulas y catéteres, consultas de nutrición, psicología, trabajo social y
nefrología, entres otros.”
14.1.5 Alegó que el servicio
prestado es de buena calidad, que cuentan con excelentes profesionales y buena
tecnología. Asimismo, aseguró que la IPS Cruz Roja tiene una infraestructura
que permite la facilidad en el acceso a la prestación del servicio, así “nos
brinda todas las facilidades para el ingreso y salida del tratamiento (…)”.
Mientras que, afirmó, en la IPS receptora, “estas garantías están muy lejos
de cumplirse empezando por el sitio donde esta ubicada, frente a la Alcaldía de
Neiva” que dificulta el acceso por parte de los usuarios. Por último,
sostuvo que “los equipos o maquinas de diálisis de la Cruz Roja cuenta con
tensiometro incorporado en cada una, en la IPS Fresenius hay un equipo para
tomar la tensión cada dos o tres pacientes de la maquina.”
14.2 Respuesta de las
entidades accionadas:
14.2.1 Extemporáneamente, en
escrito del 15 de diciembre de 2010[111],
el Administrador de Agencia de Cafesalud EPS regional Huila, solicitó denegar
el amparo de los derechos fundamentales invocados. Sostuvo que en el escrito de
la acción de tutela, no se hace una relación clara de cuáles son los pacientes
accionantes y pertenecientes a dicha entidad, “lo que hace compleja la
individualización de cada caso puesto que algunos de los pacientes referidos en
la hoja de firmas ya están en la terapia dialítica en la unidad Fresenius
Medical Care sin que hasta el momento ellos hayan presentado complicaciones o
quejas por los servicios recibidos por Fresenius.”  Afirmó que la entidad
no ha negado la prestación del servicio renal, por lo que ha cumplido con sus
obligaciones legales.
14.2.2 Por otro lado, el médico
internista- nefrólogo de la IPS Fresenius[112],
certificó los estados de salud de los usuarios que vienen siendo atendidos en
esta IPS, son afiliados a las EPS Saludcoop y Cafesalud. Mencionó que los
señores: “Carlos Julio Cortes, Alfonso Cutiva Cruz, Maria Elvia Pérez
Campos, Silvio Perdomo Polanco y Fabio Francisco Cantillo González, están
siendo tratados desde el 2 de diciembre de 2010 hasta la fecha, en tratamientos
integrales para las múltiples patologías que padecen, entre ellas la hipertensión
arterial, la insuficiencia renal crónica y la diabetes millitus”.
14.2.3 Por último, el Gerente
Regional Huila de Saludcoop EPS[113],
se opuso a las pretensiones de la demanda, solicitando se denegara  por improcedente.
Lo anterior bajo el argumento de que no existe vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Ratificó lo dicho por el gerente regional de
Cafesalud, respecto a la individualización de los pacientes afiliados y afirmó
que algunos de ellos están siendo tratados en la unidad renal de Freseniuis y
hasta la fecha se les han autorizado todos los servicios de terapia renal.
14.3 Decisión Objeto de
Revisión:
14.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva[114].
Mediante providencia del quince
(15) de diciembre de 2010, el juzgado concedió el amparo de los derechos
fundamentales invocados, ordenando a las entidades prestadoras de salud
accionadas, “garantizar la continuidad del tratamiento de hemodiálisis en la
Unidad Renal de la Cruz Roja Ltda. de aquellos afiliados a la EPS que firman en
el documento anexo a la demanda, pertenecientes a la Asociación Huilense de
Pacientes Renales, que manifiesten por escrito su deseo de permanecer en dicha
IPS.”
Estimó darle aplicación al
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, respecto a la presunción de veracidad de
los hechos afirmados por los accionantes en el escrito de tutela, en tanto que
las empresas promotoras de salud accionadas no se pronunciaron sobre los hechos
de la tutela dentro del plazo razonable. De esta forma, consideró que en virtud
de los artículos 153, 156 y 159 de la Ley 100 de 1993, la libertad de
escogencia de IPS, es uno de los principios rectores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y por lo tanto goza de una amplia connotación, sin
embargo, se “ha precisado que los afiliados deben acogerse a las IPS que
sean remitidos para la atención de la salud, aunque prefieran otra carente de
contrato, siempre y cuando en la IPS receptora se brinde una prestación
integral del servicio.”[115]
Consideró que tal como lo
afirmaron los accionantes, la nueva IPS no les brinda las mismas condiciones de
comodidad y calidad en la prestación del servicio que sí les ofrecía la Unidad Renal
Cruz Roja Ltda., con lo cual se pone en peligro la vida y la salud de los
representados por la señora María Eugenia Ardila, como presidente de la
Asociación Huilense de Pacientes Renales, cuyo objeto social “es
precisamente la protección de los derechos médico asistenciales de sus
afiliados”.
15. Expediente T-3.003.960:
15.1 Hechos:
15.1.1 El señor Luís Alfonso
Parra Castellanos padece de diabetes melitius tipo 2 y le diagnosticaron
insuficiencia renal crónica, por lo cual el médico tratante le ordenó el
tratamiento de diálisis peritoneal automatizada, que inició en la Unidad Renal
RTS de la ciudad de Tunja, desde hace 18 meses.
15.1.2 Señaló que está afiliado
en el régimen contributivo por medio de Saludcoop EPS desde el 20 de mayo de
2003.
15.1.3 Afirmó que producto del
mencionado tratamiento, su salud iba mejorando, “orientado por los médicos y
la enfermera de dicho lugar, ya que este procedimiento se realiza en mi domicilio
con la supervisión de los profesionales”.
15.1.4 Adujo que la entidad
accionada “de forma intempestiva, desde el mes de noviembre del año (…)
pasado, y sin consultar mi consentimiento, (…) me cambio de la Unidad Renal a
otra unidad renal de menor categoría”, que se denomina Fresenius Medical
Care Colombia.
15.1.5 De igual manera señaló que
la máquina con la que ahora se practica la diálisis es un equipo de inferior
calidad al que le suministraba la anterior IPS, dado que el nuevo equipo
representa una desmejora en su calidad de vida, pues la terapia real debe
realizarse en las horas de la noche mientras duerme y “este aparato produce
a ratos unos ruidos que no me deja dormir”, lo cual conlleva a un deterioro
de su calidad de vida.
15.1.6 Afirmó que la máquina
mediante la cual se practica el tratamiento “comienza a fallar no saca todo
el liquido que debe salir de mi cuerpo, y esto me causa malestar general, me
siento demasiado lleno, con fatiga, por esta razón el estomago no me recibe
ningún alimento”, problemas que dice no haber tenido cuando lo trataban en
la unidad renal RTS de Tunja. De esta forma, estimó que su salud en los últimos
dos meses ha decaído, como consecuencia de las fallas en el tratamiento y el
exceso de líquido que se queda en el cuerpo, mencionó que le salieron hematomas
en la cara, en los brazos y en las piernas.
15.1.7 Por medio de derecho de
petición ante Saludcoop EPS informó sobre los problemas que ha tendido con el
tratamiento y la máquina dializadora y solicitó el cambio de unidad renal. Por
su parte, el 18 de enero de 2011, Saludcoop EPS respondió que la IPS Fresenius
está habilitada para la prestación del servicio de diálisis y que “en el
momento no tenemos ofertada la prestación de este servicio con ninguna otra
unidad renal en la ciudad de Tunja, siendo esta ciudad la más cercana a su
lugar de residencia”. Con respecto a las inconformidades con el
tratamiento, le comunicó que se llevaría a cabo una reunión técnica en dicha
IPS, “para tratar sus inconformidades, conceptuar datos de su evolución
clínica por parte de la nefróloga y en especial solicitar una revisión al
proceso de funcionamiento de la maquina asignada”[116].
15.2 Respuesta de la entidad
accionada[117]:
La Gerente Regional de Saludcoop
EPS solicitó se denegara la acción de tutela, señaló que ha prestado de forma
integral los servicios médicos requeridos por el accionante. Afirmó que el
cambio de IPS “no generará ningún traumatismo a nuestros usuarios
permitiendo la continuidad en sus tratamientos”. Sin embargo, estableció
que “al primar para nosotros la escogencia del petente se indica que las atenciones
de servicio siguen y seguirán siendo prestadas en la IPS RTS acorde a la
solicitud por él indicada”. No obstante, no allegó elemento probatorio
alguno que así lo constate.
15.3 Decisión Objeto de
Revisión:
15.3.1 Decisión de Única
Instancia: Juzgado Segundo Civil Municipal de Chiquinquirá[118].
Mediante providencia del cuatro
(4) de febrero de 2011, negó el amparo de los derechos fundamentales invocados,
por considerar que en la respuesta de la entidad demanda se informó que por
solicitud del beneficiario, “se ordenó el traslado a su anterior IPS, es LA
UNIDAD RENAL RTS DE TUNJA. Es decir, se finiquitaron los hechos que dieron
origen o motivaron la acción de tutela.” En este orden de ideas, la
pretensión del accionante ha sido satisfecha, por lo cual se configuró carencia
actual de objeto por hecho superado, esto por cuanto la solicitud de tutela
pretendía que se tratara de nuevo en la unidad renal RTS sucursal Tunja, y la
ESP ya efectuó la autorización para ello.
16. Expediente T-3.028.018:
16.1 Hechos:
16.1.1 Rocío Ramírez Cantor,
actuando en representación de Simón Ramírez Olave[119], Rubio Andrés Chica
actuando como agente de Rubio de Jesús Chica Cardona[120], John Fredy Bohórquez
Castaño[121],
Hugo Giraldo[122]
y Álvaro Cárdenas Santana como representante legal de la Asociación Colombiana
de Pacientes Renales y la Veeduría Renal[123],
interpusieron acción de tutela contra Saludcoop EPS, Cafesalud EPS y el
Ministerio de Protección Social por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la salud, libre elección de IPS, buena fe y confianza legitima.
16.1.2 Los accionantes padecen de
insuficiencia renal crónica y recibían tratamientos a sus patologías en una IPS
–RTS Tolima- desde hacía varios años, de la cual fueron traslados de forma
intempestiva, inconsulta e injustificada. Señalaron que el cambio de
institución no ha contribuido a mejorar su estado de salud y que por el
contrario han tenido problemas como bajas de azúcar, bajas de tensión, dolor de
cabeza, mareo, han requerido del cambio de catéter y padecido de peritonitis.
16.1.3 Rocío Ramírez Cantor,
actuando en nombre de su padre, el señor Simón Ramírez Olave, paciente
diagnosticado con insuficiencia renal crónica, ciego y discapacitado de 80 años
de edad. El señor Ramírez recibía el tratamiento de hemodiálisis en la Unidad
Renal del Tolima y está afiliado a Saludcoop en calidad de beneficiario. Afirmó
que en la primera semana de diciembre le informaron que sería trasladado de la
RTS del Tolima a Fresenius Medical Care.
Señaló que el traslado ha
representado una afectación en la salud del señor Ramírez, esto porque “sale
mareado de las diálisis (…) Antes recibía sólo tres horas de diálisis y
mantenía completamente controlados los indicadores de la enfermedad y ahora se
le han incrementado a 4 horas provocando un desgaste mucho mayor de su salud y
su bienestar. También ha tenido subidas de tensión muy severas”[124]. Igualmente,
mencionó su inconformidad respecto a las instalaciones,  condiciones de asepsia
y dificultades para el desplazamiento que hay en la nueva unidad renal, la cual
consideró no se ajusta a las necesidades de los pacientes renales, mencionando,
por ejemplo, que en el sala donde le realizan la diálisis “hay ventanales
grandes sin cortinas y me ha sucedido varias veces que ponen a mi papá a
recibir cuatro horas de diálisis a pleno rayo del sol y el suda y suda y sale
totalmente cansado y afectado de la sesión”[125].
16.1.4 Por otra parte, Rubio
Andrés Chica interpuso acción de tutela en nombre de su padre, Rubio de Jesús
Chica Cardona, quien tiene 64 años de edad y se “encuentra severamente
incapacitado ya que es invidente lo cual limita su posibilidad de desplazarse
autónomamente”.  El señor Chica Cardona se encuentra afiliado a Saludcoop
EPS en calidad de beneficiario. Hace dos años padece insuficiencia renal y
desde entonces recibía tratamiento de hemodiálisis en la Unidad Renal RTS del
Tolima. Sin embargo, en el mes de diciembre le informaron que sería atendido en
la unidad renal de Fresenius Medical Care,  por lo cual se envió una carta a la
entidad prestadora, manifestando la inconformidad con el traslado.
Afirmó que producto del traslado
se ha deteriorado la salud de su padre, porque “ha tenido permanentes
bajones de azúcar durante y después de la diálisis, algo que nunca le había
sucedido antes y que es muy grave para él ya que padece diabetes”. Señaló
que también ha padecido de fuertes dolores de cabeza después de la diálisis que
no se le quitan. Problemas que han sido expresados al personal de la unidad
renal, sin que haya adoptado medidas para afrontarlos. Adujo que, “ni
siquiera se encuentra recibiendo una diálisis adecuada para su caso ya que es
diabético lo cual implica ciertos ajustes que aún no se han efectuado con el
nuevo prestador”. De la misma manera, señaló que las instalaciones son
incomodas e insuficientes para la cantidad de pacientes que acuden, lo cual ha
generado que se haya desmejorado el bienestar de su padre.[126].
16.1.5 John Fredy Bohórquez es un
paciente de 33 años de edad, paciente diagnosticado con insuficiencia renal
desde hace 28 meses, atendido en la unidad renal RTS del Tolima bajo el
tratamiento de diálisis peritoneal automatizado y afiliado en calidad de
cotizante independiente a Saludcoop EPS. Afirmó que a finales de diciembre de
2010 recibió una carta en la cual le informaban del cambio de prestador.
Mencionó que al estar inconforme con el traslado se comunicó con la EPS, quien
respondió que el cambio obedecía a razones administrativas. Posteriormente se
comunicó con el nuevo prestador, donde le informaron que debía asistir a un
entrenamiento, porque la tecnología utilizada por ellos era diferente, sin
embargo, afirmó que no podía asistir porque vive en otro municipio –Norcasia,
Caldas-, ubicado a 4 horas de Ibagué.
Señaló que ante la imposibilidad
de ir al entrenamiento, siguió usando los líquidos suministrados en la anterior
IPS, “cuando se me acabaron acudí a Fresenius Medical Care y me dieron
líquidos y actualmente me estoy dializando manualmente porque no he podido
realizar el entrenamientos” lo cual “implica que tengo que retirar los
líquidos de la cavidad peritoneal 3 o 4 veces al día manualmente con alto
riesgo de infección.” Así, estimó que el cambio de unidad renal ha
modificado sus condiciones de vida, impidiendo que tenga vida social, laboral y
familiar adecuada, por cuanto le ha tocado cambiar de tratamiento renal por no
poder asistir al entrenamiento.
16.1.6 Hugo Giraldo de 46 años de
edad, se encuentra afiliado a Saludcoop EPS, diagnosticado con insuficiencia
renal crónica por lo cual recibía tratamiento en la Unidad Renal RTS del
Tolima. Sostuvo que a principios de diciembre de 2010, acudió a la cita médica
con el nuevo prestador y allí le modificaron el tipo de líquidos, lo cual le
generó peritonitis. Expuso que acudió “a Fresenius Medical Care para la
atención de esta complicación pero me dijeron que no había nefrólogo
disponible. Las enfermeras me dieron antibiótico y me dijeron que me fuera para
Mariquita, municipio en el que resido. Mi salud siguió empeorando y termine
hospitalizado”. Finalmente, aclaró que debió cambiarse de tratamiento renal
a hemodiálisis, porque también fue necesario retirar el catéter por infección.
Adujo que la modificación en el
tipo de tratamiento renal ha sido “muy traumático porque he perdido toda la
autonomía que había alcanzado en el anterior tratamiento. Pero además he
tenido numerosos problemas con la hemodiálisis”. Afirmó que estos
inconvenientes no los había sufrido en la anterior IPS, dado que “me
prestaban todos los servicios de laboratorios además del monitoreo permanente
del especialista.”[127]
16.1.7  Por ultimo, Álvaro
Cárdenas en su condición de representante legal de la Asociación Colombiana de
Pacientes Renales y la Veeduría Renal, afirmó los cambios de IPS “inconsulto,
injustificado  e intempestivo de prestador responde a un patrón de manejo de
los pacientes renales que involucra numerosas EPS, ciudades, departamentos y
prestadores de servicios (…) no existen en el país reglas claras, diferentes a
las establecidas en la jurisprudencia, que obliguen a las EPS a respetar el
derecho de los pacientes a mantener cierta estabilidad en el tratamiento (…)”. Expuso
que la Asociación Colombiana de Enfermos Renales –ACODERE- y la Veeduría Renal,[128] son
entidades que buscan representar los intereses de los pacientes renales y así
plantear un panorama de la afectación de los derechos fundamentales vulnerados
a personas que sufren de insuficiencia renal.
16.1.8 Los accionantes
instauraron la acción de tutela contra el Ministerio de Protección Social, por
ser el “órgano competente en la materia, que para proteger el derecho a la
salud de los pacientes prevalentes de diálisis adopte medidas orientadas a
evitar que en el futuro esta violación de derecho se diga presentando,
garantizando como mínimo los estándares establecidos en la jurisprudencia
constitucional que aseguren la estabilidad de los pacientes prevalentes de
diálisis y eviten el desmejoramiento de los servicios de diálisis.”[129]
16.2 Respuesta de las
entidades accionadas:
16.2.1 Diego Emiro Escobar en
calidad de Coordinador del Grupo de acciones constitucionales de la oficina
asesora jurídica y de apoyo legislativo del Ministerio de Protección Social[130] dio
contestación a la acción de tutela de referencia, solicitando que se le
desvinculara del proceso por cuanto “la regulación correlativa para el
cumplimiento del principio de libre escogencia es tarea de la Superintendencia
Nacional de Salud velar por su cumplimiento”. De esta forma, establece que
de conformidad con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad
Social en Salud,  el Ministerio no es el competente para verificar el
cumplimiento de las regulaciones sobre libertad de escogencia de IPS y por
tanto, “no existe acción u omisión que le sea atribuible por los hechos
descritos”.
16.2.2 Luz Esperanza Pimiento en
calidad de Gerente de la Unidad Renal del Tolima Ltda.[131] señaló que “la
decisión de trasladar a los paciente fue tomada por la EPS y también nos ha
sorprendido porque el servicio se vencía prestando de manera satisfactoria para
los pacientes.” Sin embargo, especifica que está en capacidad de seguir
suministrando el tratamiento a los pacientes renales, de acuerdo a lo que el
juez de tutela considere.
16.2.3 María Teresa Castro
Noriega, en su condición de Gerente Regional de Tolima de Saludcoop EPS[132] en
escrito del 1 de marzo de 2011, solicitó se denegará la protección de los
derechos fundamentales invocados por el señor Simón Ramírez Olave, Rubio de
Jesús Chica Cardona, John Fredy Bohórquez, por configurarse carencia actual de
objeto por hecho superado. Lo anterior, por cuanto “se le autorizó el
servicio por medio de orden de servicio No. 5169655, como sustento se allega la
respectiva autorización.”[133];
al igual que la orden de servicio No. 56207661 y la orden de servicio No.
5621778.
16.2.4 Diana Patricia Labrador en
condición de Jefe Administrativa de la Unidad Renal Fresenius Medical Care[134] en
escrito del 1 de marzo de 2011[135],
solicitó se denegara el amparo porque el traslado de paciente de una a otra IPS
“no amenaza los derecho fundamentales de los accionante, toda vez que:
Fresenius garantiza la atención integral de los pacientes remitidos (…) y
la atención brindada en Fresenuis es de una calidad superior a la que se presta
en cualquier Unidad Renal en Colombia.” Además, afirmó que no se probó la
configuración de una amenaza o vulneración al derecho fundamental a la salud,
ya que “no obra prueba (ni sumaria) en el expediente que demuestre
perjuicios en cabeza del accionante”.
Expuso que la nueva IPS garantiza
de forma integral el servicio, pues incluye la atención de los pacientes por
paquetes, incluyendo distintas modalidades de atención en diálisis y a su vez,
los medicamentos y exámenes diagnóstico, además de ser atendidos por un equipo
interdisciplinario. Mencionó que “la atención en salud de la patología renal
es estándar por los distintos prestadores de servicios de salud y que los
protocolos médicos para atención de los pacientes renales son fijados
directamente por el Ministerio de Protección Social. (…)” y por lo tanto,
esta IPS está registrada ante el Ministerio y habilitada por la Secretaria de
Salud de la Gobernación del Tolima.
16.3 Decisión Objeto de
Revisión:
16.3.1 Decisión de Única
Instancia: Tribunal Superior –Sala Laboral de Ibagué[136].
Mediante providencia del dos (2)
de marzo de 2011, amparó los derechos fundamentales a la salud, libre elección,
buena fe y confianza legitima de los señores Simón Ramírez Olave, Rubio de
Jesús Chica Cardona, John Fredy Bohórquez y Hugo Giraldo. En virtud de lo
anterior, ordenó a Saludcoop EPS que “continué prestando a los accionantes
todos los servicio médicos especializados relacionados con la insuficiencia
renal que padecen, especialmente el tratamiento de diálisis, con la Unidad
Renal del Tolima u otra que preste el servicio requerido en iguales o
superiores condiciones de calidad, previo, claro está, la observancia y
acatamiento de los lineamientos jurisprudenciales sobre el ejercicio de libre
escogencia”[137].
De la misma manera, requirió a la EPS accionada a que se abstenga de
realizar los actos que dieron origen a la acción de tutela de referencia, “so
pena de compulsarle copias a la Superintendencia Nacional de Salud para que
investigue lo de su competencia.” También exhortó al “Ministerio de
Protección Social, para que adopte las medidas tendientes a supervisar que
Saludcoop EPS cumpla a cabalidad con la orden constitucional” que impartió
el juez de tutela. Y negó el amparo deprecado en relación con la Asociación
Colombiana de Pacientes Renales.
El Tribunal procedió a analizar
la solicitud de amparo, estudiando en primer lugar, la procedencia de la
legitimidad en la causa por activa, de aquellos accionantes que invocaron la
protección de los derechos fundamentales a través de agentes oficiosos, de tal
forma que según el artículo 10 del decreto 2591 de 1991, consideró que se
configuraba la agencia oficiosa pues en el caso concreto, “las personas
referidas afirman que sus progenitores son personas de la tercera edad (…)
Además, (…) se encuentran en una situación de absoluta indefensión y
vulnerabilidad debido a las patologías que los afectan y que les impide
movilizarse por sus propios medios”[138].
En segundo lugar, señaló que el estado de debilidad manifiesta en la que se
encuentran los accionantes, hace “impostergable la intervención del juez
constitucional para efectos de proteger sus derechos fundamentales”. Es
decir, las especiales condiciones en que se encuentran los actores, si bien no
generan de manera automática la concesión del amparo deprecado, si imponen un
estudio menos riguroso del juicio de procedibilidad.
Respecto a la jurisprudencia
aplicable al caso concreto, señaló que el traslado por sí mismo no genera la
vulneración de derechos fundamentales, sino cuando se acredita que la IPS
receptora no garantiza integralmente el servicio, o se presta una inadecuada
atención médica o de inferior calidad a la ofrecida en la anterior IPS y ello
causa un deterioro en la salud del paciente.
En ese orden de ideas, consideró
que “no existe duda, que el proceder de Saludcoop EPS, al ejercer su derecho
de libre escogencia, conculcó el mismo derecho que ostentan sus afiliados o
beneficiarios, pues no aportó pruebas necesarias para demostrar que informó con
la debida antelación a sus usuarios sobre el cambio de IPS, dándoles así la
oportunidad de ejercer sus derechos constitucionales para efectuar
reclamaciones. Tampoco logró justificar el cambio de la IPS ya fuera porque la
Unidad Renal del Tolima no prestaba un servicio que cumpliera o alcanzara sus
estándares de calidad, ó porque la nueva, Fresenuis Medical Care, brindaba a
sus usuarios y afiliados un servicio mucha más óptimo, idóneo y eficaz en el
control y tratamiento de su patología.” Tampoco probó la EPS, haberles dado
la opción de escoger libremente la IPS a los usuarios; ni pudo probar que la
IPS receptora se encontraba en condiciones de suministrar un servicio médico de
mejor calidad.
Por último, respecto a la
situación fáctica de las personas jurídicas accionantes, reseñó que la “comparecencia
de la Asociación Colombiana de Pacientes Renales –Acodere- y la Veeduría Renal
en la presente acción de tutela, tiene como único propósito la protección y
garantía constitucional de los derechos fundamentales de todas y cada una de
las personas que integran dicha sociedad, (…)”, estimó el juez de tutela
que “no es a través de la acción de tutela que se pueda brindar una
protección o un amparo tan general; (…) que involucra los derechos
fundamentales de personas indeterminadas, no  puede esta corporación conceder
un amparo constitucional de forma abstracta sin individualizar, si quiera, a la
persona que se supone afectada, y mucho menos, imponer una obligación o
impartir una orden de rango constitucional sin determinar con absoluta
precisión, quien es el obligado para cumplirla”.
17. Expediente T-3.053.015:
17.1 Hechos:
17.1.1 Los señores José Neftalí
Pulido[139],
Verónica Mosquera[140],
José Joaquín Villanueva[141],
Yesid Guzmán[142]
y Alirio Ruíz[143]
interpusieron acción de tutela contra Saludcoop y Cafesalud EPS, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, libertad de
escogencia de IPS, buena fe y confianza legítima. Los accionantes son pacientes
diagnosticados con insuficiencia renal crónica, en tratamiento de hemodiálisis
y diálisis peritoneal desde hace varios meses y afiliados al régimen
contributivo a través de la misma EPS, cuyo tratamiento estaba siendo prestado
por la Unidad Renal RTS Sucursal Girardot.
17.1.2 Señalaron que Saludcoop
EPS decidió el traslado de IPS desde el 1 de Febrero de 2011 a Fresenius Medical Care, “sin que exista ninguna justificación para ello diferente al ahorro
de costos, vulnerando de este modo nuestro derecho a la libertad de escogencia,
buena fe y confianza legitima y amenazando nuestros derechos a la continuidad y
la integralidad en la prestación de servicios de salud”.
17.1.3 Afirmaron que desde hace
varios años tienen un proceso de adaptación con el prestador de servicio y se
han forjado “relaciones de confianza con los médicos tratantes, con las
enfermeras, con los nutricionistas, trabajadores sociales y sicólogas”.
Adujeron que al ser una enfermedad terminal, el tratamiento suministrado es para
toda la vida, razón por la cual “la estabilidad en las condiciones que se
prestan son claves y es importante la comodidad y la confianza con quienes
prestan la atención.” Además manifestaron que la decisión de cambiar de IPS
“nos obligan (…) a sufrir todos los traumatismos que se presentan en la
salud por un cambio de proveedor, a cambiar de tecnología en el caso de los
pacientes con diálisis peritoneal”.
17.1.4 Señalaron que existe
vulneración a la libertad de escogencia de IPS porque el tratamiento ya había
iniciado, el cambio fue intempestivo y respecto a la confianza legítima y
principio de buena fe, expusieron que, “quien recibe el tratamiento tiene
una expectativa legitima de que éste se desarrollará hasta el final sin
interrupciones y bajo las condiciones de calidad en las que fue iniciado”.
17.1.5 Mencionaron que al
tratarse de un tratamiento que será prestado por el resto de sus vidas, los
pacientes “ha[n] adaptado su vida al tratamiento ofrecido por el prestador.
Esta adaptación ha incluido por ejemplo la consideración de la ubicación de la
Unidad Renal (…), hemos seleccionado una alternativa conforme a nuestro
estilo de vida y el estado de nuestra enfermedad (eligiendo por ejemplo la
diálisis peritoneal o hemodiálisis, estableciendo la cantidad de líquidos
adecuada), hemos agotado con el médico tratante un proceso de ajuste del
tratamiento”[144].
Además, el cambio de prestador implica una modificación en la tecnología que se
utiliza en la terapia renal, lo que conlleva a un proceso de entrenamiento
nuevo.
17.2 Respuesta de las
entidades accionadas:
17.2.1 El 9 de febrero de 2011,
la representante legal de Fresenius Medical Care[145], solicitó la
vinculación a la tutela de referencia puesto que a lo largo de la misma, “se
cuestiona el buen nombre, idoneidad y calidad de la atención que brinda, (…)
por lo cual es necesaria la vinculación (…) para esgrimir sus argumentos de defensa,
aportar pruebas y controvertir las allegadas al proceso”. Además, solicitó
se deniegue el amparo, porque los accionantes no acreditan la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales invocados. De la misma manera, expuso
que Fresenius “celebró contrato para la prestación de servicios de salud a
los afiliados a las EPS demandadas, el cual contempla la atención de los
pacientes por paquetes, incluyendo las distintas modalidad de atención en
diálisis y a su vez, los medicamentos y exámenes diagnósticos (…).” Afirmó
que la IPS presta de manera integral  el servicio médico requerido, mencionó
que se encuentra registrada ante el Ministerio de Protección Social y está
habilitada por la Secretaria de Salud de la Gobernación de Cundinamarca[146], lo
cual demuestra su idoneidad para la atención en salud de pacientes renales.
Para lo cual allega copias simples de certificados de experiencia[147]y el
certificado de existencia y representación legal[148]. Por último, expuso que
no hay prueba, siquiera sumaria, que acredite que la IPS presta de manera deficiente
el servicio de salud, ni que va en detrimento de las condiciones de salud de
los pacientes
17.2.2 Por su parte, el
administrador de agencia Cafesalud EPS[149],
solicitó se deniegue la acción de tutela instaurada por el señor José Neftalí
Pulido y otros contra Cafesalud EPS. Baso sus argumentos en que se configuró
una carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto al señor José
Joaquín Villanueva se le seguirá brindado la atención a su patología con el prestador
RTS[150].
Con respecto al señor Yesid Guzmán Barreto, señaló que seria igualmente
atendido en la anterior IPS, según consta en la autorización de servicios No.
55027757[151].
Aclaró que no hubo vulneración ni amenaza de ningún derecho fundamental, sino
que “se dieron cambios administrativos en la red de servicios contratada por
la EPS y por lo tanto se recomendó el traslado de [los] paciente[s] a la IPS
FRESSENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA, la cual se encuentra debidamente inscrita y
habilitada para la prestación de los servicios de diálisis en la ciudad de
Girardot. (…) Sin embargo, con el fin de brindarle seguridad y confianza a la
paciente (sic) y con el propósito de asegurar un optimo servicio de salud, se
informa (…) que se ha autorizado el redireccionamiento de los pacientes a la
IPS UNIDAD RENAL RTS en la ciudad de Girardot, con el fin de que continúen con
su tratamiento en la IPS de su gusto”[152].
Respecto a Alirio Ruiz, respondió que carece de objeto la acción de tutela, por
cuanto “la prestación sobre la cual se solicita el amparo ha sido
satisfecha”[153],
como prueba de lo anterior adjunta orden de servicios No. 55287983. Sobre José
Joaquín Villanueva enunció que también existe hecho superado, por cuanto “al
usuario se le autorizó el servicio por medio de orden de servicios No.
55045282, como sustento de lo anterior se allega la respectiva autorización”[154].
17.2.3 Finalmente, la Gerente
Regional de Cundinamarca de Saludcoop EPS contesta por medio de oficio del 11
de febrero de 2011[155]
, solicitando se niegue el amparo de los derechos fundamentales invocados, por
existir hecho superado, porque “al primar para nosotros la escogencia del
petente se indica que  las atenciones de servicios seguirán siendo prestados en
la IPS RTS acorde con la solicitud por él indicada”. Sin embargo, no
especifica quien es el usuario afiliado a dicha entidad, ni allega la
autorización pertinente para dar cuenta que los servicios han sido aprobados en
la institución prestadora de servicios en mención.
17.3 Decisiones Objeto de
Revisión:
17.3.1 Decisión de Primera
Instancia: Juzgado Tercero Penal Municipal de Girardot[156].
Mediante providencia del
diecisiete (17) de febrero de 2011, declaró improcedente el amparo de los
derechos fundamentales invocados, por considerar que la libertad de escogencia
de IPS, consagrada en la Ley 100 de 1993, “no es un derecho absoluto sino
que se encuentra limitado por la oferta de servicios.”[157]
Además, sostuvo que “no hay vulneración o amenaza del derecho fundamental a
la salud de los accionantes (…) pues solo en la medida en que la EPS tenga
contratación con la IPS RTS, sucursal Girardot debe respetar con preferencia
ese derecho a la libre escogencia.” Por otra parte, señaló que no se
aportaron pruebas que verifiquen la desmejora en la calidad del servicio, ni
que la nueva IPS suministre un servicio de menor calidad y en condiciones de
idoneidad.
Por lo tanto, consideró que en el
caso concreto, la EPS no transgredió los postulados legales ni
jurisprudenciales respecto al derecho que la acoge de contratar libremente las
IPS. Sin embargo, reseñó que en el momento en que los accionantes observen un
perjuicio real en su salud y la calidad del servicio suministrado por la IPS
receptora, podrán solicitar el amparo de sus derechos, por cuanto ésta IPS debe
garantizar por lo menos la misma calidad del servicio de la anterior.
17.3.2 Impugnación[158].
Argumentó el señor José Joaquín
Villanueva que la decisión del juzgado a quo “desconoció abiertamente los
reiterados precedentes de la Corte Constitucional sobre la protección de la
libertad de elección de los pacientes con enfermedades de alto costo, la buena
fe y la confianza legitima y la continuidad en la prestación de los servicios.”
Igualmente, reseñó que sí hubo un riesgo en su salud e integridad física al cambiarse
de IPS, por lo tanto el juez “ha permitido que subsista el irrespeto del
derecho a la salud [de] los pacientes de diálisis que se origina en la conducta
de la EPS que ha cambiado de manera intempestiva, injustificada e inconsulta de
proveedor”. Finalmente reitera los argumentos expuestos en el escrito de
acción de tutela respecto a la vulneración de los derechos fundamentales a la
libertad de escogencia, el derecho a la salud y la confianza legitima.
17.3.3 Decisión de Segunda
Instancia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot[159].
Por medio de fallo del veintiocho
(28) de marzo de 2011, se confirmó la sentencia del a quo, al retomar la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece que para que la acción
de tutela proceda es necesario que los accionantes demuestren que la nueva IPS,
“i) no garantiza integralmente el servicio, o ii) que presta una inadecuada
atención medica o de inferior calidad a la ofrecida por la otra IPS y ello
causa en el usuario el deterioro de su estado de salud.” Así las cosas, en
el caso concreto, los accionantes pretendían que se mantuviera la estabilidad
en la prestación del servicio a la salud y se otorgará de manera integral el
mismo, lo cual ocurrió en su parecer, con la acción de las EPS accionadas.
Sin embargo, consideró el
despacho que “la sola omisión de consultar a los usuarios sobre el cambio de
IPS no se erige, per se, en causa para impedir el cambio de IPS.” Estimó
que en el caso concreto, “el cambio de IPS aun no se había materializado y
en consecuencia los usuarios no han demostrado que la IPS FRESENIUS MEDICAL
CARE, no garantiza integralmente el servicio o que presta una inadecuada
atención medica o de inferior calidad de la ofrecida por la anterior IPS”, razón
por la cual no había existido amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
18. Expediente T-3.082.563.
18.1 Hechos:
18.1.1 Alejandro Villamil,
paciente diagnosticado con insuficiencia renal crónica y una discapacidad
física que le impide desenvolverse por sí mismo, de 20 años de edad, se
encuentra afiliado a Saludcoop en el régimen contributivo. Afirmó que en
diciembre le informaron del traslado a la IPS Fresenius Medical Care, cambio
que en su consideración, ha afectado sus condiciones de salud, ya que se han
bajado sus niveles de azúcar y la tensión arterial. Así, afirmó que “cuando
recibía la hemodiálisis en la unidad renal tenía una mejor calidad de vida, ya
que después de las sesiones de diálisis no presentaba ningún síntoma y podía
continuar con su vida normal,” además, “con solo dos meses transcurridos
desde el cambio, la KTV (que es la formula a través de la cual se mide la
eficacia de la diálisis) ha desmejorado completamente después de mantenerlo
estable durante los 4 años en la unidad renal”. Por último, expuso que las
instalaciones de la nueva unidad renal no están condicionadas para un paciente
en silla de rueda.
18.1.2  La señora Ana Lucia
Torres interpuso acción de tutela contra Saludcoop EPS, actuando como agente
oficioso de su padre, el señor Arturo Maria Torres Becerra, de 80 años de edad,
diagnosticado de insuficiencia renal crónica desde hace 4 años, fecha desde la
cual recibía el tratamiento de diálisis en la Unidad Renal del Tolima. Afirmó
que en el mes de noviembre, le informaron que sería trasladado a otra IPS. A
partir del cambio, han constatado que la IPS receptora presta el servicio de
salud de inferior calidad, además de considerar que las instalaciones son
inadecuadas.
Señaló que también se han
desmejorado las condiciones de salud de su padre, respecto a la dieta que le
suministran en la nueva IPS, afirmó que ha salido del tratamiento padeciendo de
mareos y dolor de cabeza. Igualmente, el señor Torres padece anemia la cual “se
había mantenido controlada con el apoyo de una dietista. En dos meses que lleva
con el nuevo prestador se desmejoró sustancialmente esta anemia y los exámenes
de hierro salieron mucho más malos”[160].
18.1.3 La señora Leidy
Paola Leal Ramírez, de 28 años de edad, afiliada a Saludcoop EPS en el régimen
contributivo, señaló que “desde hace 4 años que estoy en diálisis y siempre
había recibido la atención en la Unidad Renal del Tolima. Conozco al personal
de la unidad renal, los médicos, las enfermeras, los especialistas y ellos
conocen mi caso desde hace varios años, por lo que había un nexo de confianza y
seguridad de éste personal”[161].
Señaló que el 1 de diciembre le informaron que en adelante el servicio iba a
ser suministrado en la IPS Fresenius Medical Care, siendo un cambio
intempestivo y sin haber sido consultada previamente.  Dice que la IPS queda
más lejos de su lugar de residencia -Chicoral, Tolima ubicado a 40 minutos de
Ibagué- “por lo que he tenido que duplicar el gasto en transporte, lo cual
resulta en un cambio drástico (…)”. Afirmó que las instalaciones no son
adecuadas para recibir el tratamiento, que a todos los usuarios les toca
compartir el mismo tensiómetro y que solo hay un nefrólogo permanente. Mencionó
que “en solo dos meses del nuevo tratamiento, el médico me informó que debo
subir a 4 horas de diálisis a lo que me he negado porque siento que no podría aguantarlas.”[162]
Además, expuso que desde el cambio sufre de dolores de cabeza, mareos y una
insoportable sensación en la piel, además que el nivel de azúcar se ha
disminuido.
18.1.4 La señora Edith Cortes de
Triana, de 54 años de edad, afiliada a Saludcoop EPS en calidad de
beneficiaria, fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica, por lo cual le
suministraban el tratamiento de diálisis peritoneal desde hace aproximadamente
3 años en la IPS Unidad Renal del Tolima.  Afirmó que en el mes de diciembre le
informaron que sería trasladada a la IPS Fresenius Medical Care. Menciono que “este
cambio implicaba en mi caso una modificación en la tecnología que debía usar,
así que debí agotar nuevamente el proceso de adaptación y entrenamiento. Fue
muy difícil aprender a usarla y adaptarme a la nueva máquina.” Señaló que
se encuentra inconforme con la prestación del servicio la IPS Fresenius, puesto
que antes recibía de manera puntual y completa los líquidos, “mientras que
en la nueva unidad no me entregan suficientes y muchas veces me ha pasado que
tengo que suspender el tratamiento por algunos días mientras me dan los
líquidos. De otra parte he sufrido edemas, que era algo que nunca antes me
había sucedido.”[163]
18.1.5 Marina Avendaño Andrade
actuando en representación de su madre, María Inés Andrade, de 89 años de edad,
sufre una discapacidad que la obliga a trasladarse en silla de ruedas. Afiliada
a Saludcoop EPS, afirmó que su madre fue diagnosticada con insuficiencia renal
crónica desde hace 8 meses y se le inició el tratamiento de hemodiálisis en la
Unidad Renal RTS del Tolima, teniendo buenos resultados para su salud. Expuso
que en el mes de diciembre les informaron que la prestación de los servicios se
realizaría en una unidad renal diferente.
Consideró que las instalaciones
de Fresenius IPS son de inferior calidad, por cuanto “la diálisis se la
hacen a mi mamá en una cama que queda completamente expuesta al sol, lo que la
pone muy mal ya que debe permanecer en estas condiciones entre 3 y 4 horas.
Este es un tratamiento inhumano que desconoce totalmente la dignidad de mi
mamá teniendo en cuenta que es una persona de 89 años.”[164]
18.1.6 La señora Emperatriz
Moreno interpuso acción de tutela contra Saludcoop EPS, actuando en
representación de su hija, Jenny Catherine Devia, de 16 años de edad. Afiliada
a través de la entidad accionada, en calidad de beneficiaria. Afirmó la agente,
que desde hace 2 años le diagnosticaron a su hija, insuficiencia renal crónica
y ha sido tratada mediante diálisis peritoneal, después de tener un intento fallido
de trasplante de riñón. Señaló que en el mes de diciembre acudieron a la Unidad
Renal para el control y la entrega de líquidos y les informaron que a partir de
la fecha, Jenny Devia sería trasladada a otra institución prestadora de
servicios denominada Fresenius Medical Care. Expuso que el traslado de IPS,
implica un cambio en la tecnología que utilizan para el tratamiento renal, por
lo cual debe ser reentrenada.
Igualmente, mencionó que su hija
ha perdido mucho peso y se encuentra débil, “por lo cual no cree poder
afrontar el proceso de adaptación que debe realizar en ocasión al traslado.”
Así, constató que acudieron juntas “a las tres sesiones de entrenamiento
pero no pudo entender el funcionamiento de la nueva máquina, que es mucho más
complicada, ni las nuevas concentraciones de líquidos para usar la maquina”.
Además, ha perdido el apetito y tiene constantemente diarrea y vomito, por lo
cual “su estado es tan grave que hemos decidido mantenerla en el tratamiento
anterior con líquidos de excedente que otros pacientes nos han donado.”  En
ese orden de ideas, no ha podido volver a estudiar y la capacidad financiera de
la familia se ha disminuido “por todos los gastos asociados al cambio.”[165]
18.1.7 La señora Sandra Liliana
Riobo, actuando en representación de su padre,  Benjamín Riobo de 63 años de
edad, quien padece de limitaciones físicas y de salud. Afirmó que el señor
Riobo se encuentra afiliado a Saludcoop EPS en calidad de cotizante pensionado
y que desde hace 3 años se le diagnosticó insuficiencia renal crónica, momento
desde el cual recibía diálisis peritoneal en la Unidad Renal del Tolima. Señaló
que en el mes de diciembre de 2010, la EPS decidió trasladarlo de institución
prestadora a Fresenius Medical Care, lo cual le ha generado una serie de
perjuicios en la salud y la calidad de vida.
Mencionó que a raíz del cambio,
se modificó la tecnología utilizada para el tratamiento, lo cual implicó
empezar desde ceros, “tuvieron que evaluar todos los especialistas y
realizar todos los exámenes, le tuvieron que entrenar nuevamente en la
realización de la diálisis y comenzar el proceso de ajuste de los líquidos
(…).”[166]
De la misma manera, ha sufrido de edemas y de inflamación, la tensión muy baja
y se siente totalmente descompensado, incluso, expuso que  “fue necesario
hacer un cambio de catéter”. Por último, argumentó que en la IPS de
Fresenius, han tenido problemas administrativos que afectan la salud de su
padre, como por ejemplo, han existido inconvenientes con la entrega de líquidos
y en la unidad renal sólo hay un nefrólogo disponible. En este orden de ideas,
el traslado de IPS y con ello, la modificación de la tecnología en el
tratamiento, ha desmejorado las condiciones de salud de su padre.
18.1.8 La señora María Marleny
Pérez García, paciente con 63 años de edad, afiliada a Saludcoop en calidad de
beneficiaria, quien hace 2 años y medio inició el tratamiento de diálisis
peritoneal, el cual era suministrado en la Unidad Renal del Tolima. Señaló que
en el mes de diciembre le informaron que sería trasladada de IPS y la atención
sería prestada a través de Fresenius Medical Care. Afirmó que el cambio
implicaba modificaciones en la tecnología utilizada para el tratamiento, por lo
cual “tuve que ser reentrenada y someterme a un nuevo proceso de ajuste del
medicamento; sin embargo el cambio ha resultado difícil y actualmente mi salud
se encuentra deteriorada”[167].
Señaló que sus problemas de salud se deben a la cantidad y calidad de líquidos
que debe usar, “porque ahora estoy casi todo el tiempo decaída e irritable y
llevo casi un mes hinchada. También he tenido fuertes dolores estomacales a los
cuales el único manejo que se les ha dado es un purgante”. Finalmente,
expuso que la ubicación de la IPS ha dificultado el desplazamiento hasta la
misma y aumentado los costos para acceder a ellos.
18.1.9 El señor Álvaro Cárdenas,
actuando como representante legal de la Asociación Colombiana de Pacientes
Renales y la Veeduría Renal, interpuso acción de tutela contra Saludcoop EPS y
el Ministerio de Protección Social, porque consideró que existe una situación
de vulneración generalizada de los derechos fundamentales de los pacientes
renales, al modificarse de forma intempestiva e inconsulta las instituciones
prestadoras de servicios a lo largo del país.
18.2 Respuesta de las
entidades accionadas:
18.2.1 Por medio de oficio del 1
de febrero de 2011[168],
la representante del Ministerio de Protección Social, solicitó que se exonere
de responsabilidad al Ministerio –FOSYGA, lo anterior porque de acuerdo
a las normas que regulan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio,
éste excepcionalmente es responsable “directo de la prestación de servicios
de salud”.  Por lo tanto, éste no es responsable de la vulneración de los
derechos invocados, por lo que solicitó que se declare la improcedencia de la
acción, “toda vez que no es a esta entidad a la que le corresponde
solucionar el inconveniente administrativo (…) esta responsabilidad le atañe
directamente a la EPS ACCIONADA”. En ese orden de ideas, consideró que “la
libertad de escogencia de IPS, se limita a las instituciones que ofrece la
entidad prestadora de salud con las cuales tiene contrato y dentro de esta
lista de instituciones el usuario puede escoger la IPS de su preferencia.”[169]
18.2.2 María Teresa Castro en
calidad de Gerente Regional de Saludcoop EPS Tolima[170], solicitó se deniegue
el amparo de los derechos fundamentales invocados por configurarse la
existencia de carencia actual de objeto por hecho superado, dado que “en el
caso concreto la pretensión que por esta vía se formula y como lo demuestran
los soportes allegados, ha venido siendo satisfecha en la medida que han sido
ordenados por el médico tratante,” por lo tanto, la acción de tutela carece
de objeto y pierde su razón de ser. Así, en aras de demostrar lo anterior,
adjuntó las órdenes de servicios requeridos en la Unidad Renal del Tolima[171].
18.3 Decisiones objeto de
revisión:
18.3.1 Decisión de Primera
Instancia: Tribunal Administrativo del Tolima[172].
Por medio de providencia del ocho
(8) de febrero de 2011, se denegó el amparo de los derechos fundamentales
invocados. Consideró el juez constitucional que en el caso concreto no hubo una
vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que las entidades
accionadas no “han  negado a los usuarios aquí accionantes, el tratamiento
de diálisis, sino que tan sólo, se cambió de institución encargada de efectuar
el tratamiento para cada uno de ellos”.  Así las cosas, las EPS están
ofreciendo la posibilidad de recibir el tratamiento integral de su enfermedad
en  la IPS Fresenius, institución que tiene las condiciones para prestar un
servicio integral para la enfermedad renal, por lo tanto, las pretensiones de
los accionantes, “no encuentra respaldo normativo alguno, pues los pacientes
no tienen ninguna participación o injerencia respecto a los contratos o
convenios que quieran realizar las EPS, para prestar y garantizar los servicios
que requieran.” No obstante, sí es obligación de las EPS demandadas,
garantizar a sus afiliados el servicio de salud de manera integral, no pudiendo
desmejorarlo en ningún sentido. Por lo cual previno a las entidades accionadas,
a fin de que continúen prestando de manera integral el servicio de salud en
aras de mejorar las condiciones de salud de sus afiliados.
18.3.2 Impugnación[173]:
Mencionaron que juez de instancia
desconoció el precedente de la jurisprudencia constitucional referente a “la
protección de los derechos fundamentales a la salud, a la libre elección, a la
buena fe y la confianza legítima y a la integralidad”.  Afirmaron que en
casos como el presente, el juez no puede desconocer que con el cambio reiterado
e inconsulto de proveedor de diálisis se generan un sin número de perjuicios en
las condiciones de salud de los pacientes y se desmejora la calidad del
servicio de salud.
18.3.3 Decisión de Segunda
Instancia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta, Bogotá[174].
Mediante providencia del catorce
(14) de abril de 2011, confirmó la decisión del juez a quo. Consideró
que de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente, no se evidenció una
vulneración de los derechos fundamentales invocados, en la medida en que las
entidades accionadas están prestando el servicio médico requerido por los
tutelantes. Así, señaló que en criterio de los usuarios, el cambio de IPS
conllevó a una desmejora en el servicio, pero “tal circunstancia no fue
debidamente probada. Además tampoco se demostró que la atención no sea oportuna
y eficiente.” En este sentido, el traslado de una IPS no genera por sí solo
la vulneración de los derechos fundamentales alegados, pues, “es necesario
que se acredite que la IPS receptora no garantiza integralmente el servicio, lo
presta de forma inadecuada o es de una calidad inferior a la ofrecida por la
IPS inicial, factores que no se presentan en el caso objeto de estudio”.
19.
Elementos Probatorios.
19.1 Cada una de las pruebas aportadas en los expedientes están
reseñadas en el Anexo No. 2.
19.2 De la misma manera, esta Sala de Revisión, por medio de autos trece
(13) de mayo de 2011 y primero (1) de agosto de 2011; ordenó la práctica de
pruebas, a fin de tener un acervo probatorio claro que permitiera dictar una
sentencia ajustada a derecho. Dichos elementos probatorios se encuentran
igualmente descritas en el Anexo No. 2.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta Sala es competente para
conocer del fallo materia de revisión de conformidad con los artículos 86 y 241
numeral 9 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36. De igual modo, por los autos del veinticinco (25) de febrero de 2011 de la Sala de Selección
de Tutela número Dos de la Corte Constitucional; del treinta y uno (31) de
marzo de dos mil once (2011), de la Sala de Selección Número Tres de la Corte
Constitucional; del veintisiete (27) de abril de dos mil once (2011) de la Sala
Segunda de Revisión; del veinte (20) de mayo de dos mil once (2011) de la Sala
de Selección de tutelas Número Cinco; del treinta y uno (31) de mayo de dos mil
once (2011) de la Sala de Selección de tutelas Número Cinco y el del diez y
seis (16) de junio de dos mil once (2011) de la Sala de Selección de tutelas
Número Seis, se dispuso la revisión de las providencias en cuestión[175].
2.
Problemas Jurídicos
Conforme a los antecedentes
narrados, la Sala debe examinar si el Ministerio de Protección Social,
Saludcoop EPS y Cafesalud EPS amenazaron o vulneraron los derechos
fundamentales a la salud, vida y seguridad social de los accionantes al autorizar
la prestación del tratamiento de diálisis, por medio de la IPS Fresenius
Medical Care, siendo que se trata de pacientes diagnosticados con insuficiencia
renal crónica que estaban siendo tratados en Unidades Renales, por medio de un
tratamiento y tecnología diferente al adoptado en la IPS receptora, aún cuando
los contratos o convenios entre la IPS antigua y la EPS accionadas estaban
vigentes a la fecha de interposición de las diferentes acciones de tutela. La
Sala debe verificar si: ¿procede la acción de tutela interpuesta en calidad de
agente oficioso, de los parientes de personas con insuficiencia renal crónica y
diversos tipos de discapacidades físicas en aras de buscar la protección de los
derechos fundamentales a la vida digna y la salud? ¿Procede la acción de tutela
para invocar la protección de derechos fundamentales de personas indeterminadas
agenciados por el representante legal de una persona jurídica sin ánimo de
lucro?
Por su parte, la Sala de Revisión
debe entrar a analizar si en pacientes terminales y con tratamientos continuos
se vulneran los derechos fundamentales a la dignidad humana y salud al
modificarse intempestivamente la modalidad de tratamiento prescrito y la
tecnología usada en el  mismo.
A fin de resolver los anteriores
problemas jurídicos, esta Sala reiterará: i) la procedencia de la acción de
tutela, verificando si existe legitimación en la causa por activa y por pasiva,
ii) el carácter fundamental de derecho a la salud y sus múltiples
manifestaciones, iii) el derecho a la libre escogencia de IPS por parte de los
usuarios del sistema de seguridad social en salud, iv) la dignidad humana y la
prestación del servicio de salud en condiciones de autonomía de los pacientes
renales, como una restricción legitima a la libertad de escogencia de las EPS,
cuando se trate de pacientes que padecen de enfermedades catastróficas, v) la
doctrina constitucional referente a la carencia actual de objeto por
configurarse hecho superado, para finalmente, (vi) resolver los casos
concretos.
3.         Procedencia
de la acción de tutela
3.1 Actuación Temeraria
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, consagra los eventos
en los cuales se configura una actuación temeraria en el trámite de la acción
de tutela, cuando sin razón justificada: “la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales (…),” lo cual
trae como consecuencia que se rechace o decida desfavorablemente la solicitud
de amparo.
En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional, ha
considerado que se configura una actuación temeraria cuando al presentarse dos
o más tutelas, se reúnen los siguientes requisitos: (i) identidad en el
accionante; (ii) identidad en el accionado; (iii) identidad de causa petendi[176]; y (iv) ausencia de
justificación para interponer la nueva acción, es decir, mala fe o abuso del
derecho de acceso a la administración de justicia[177].
En otras palabras, existe una actuación temeraria, no sólo
cuando este mecanismo sea utilizado en más de una ocasión por idénticos
sujetos, invocando la protección de los mismos derechos fundamentales, basado
en iguales situaciones fácticas, sino que además, se requiere que no exista una
razón que justifique la interposición de la acción de tutela. Igualmente, es
necesario que el tutelante actúe de mala fe, vulnerando los principios
constitucionales de la buena fe, eficacia y eficiencia, al abusar del derecho
al acceso a la administración de justicia interponiendo la acción de tutela en
repetidas ocasiones. De esta forma, de conformidad con la sentencia T-1215 de
2003:
“Teniendo en
cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares ante
las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que debe ser
valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En
otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y
no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando
circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso
de la pretensión de amparo, de los hechos  en que se funda y del acervo
probatorio que repose en el proceso”.[178]
Por lo tanto, el juez
constitucional debe valorar, de acuerdo con las pruebas que obren en el
expediente, si el actor obró libre de intenciones maliciosas al interponer con
duplicidad el mecanismo de amparo. Esto, por cuanto la actuación temeraria, se
puede descartar, cuando se invoque la protección de los derechos fundamentales
basados en hechos nuevos, no conocidos o cuando persista la afectación de los
mismos, pues como se explicó anteriormente, podrían existir razones objetivas
que justifiquen la interposición de diversas acciones de tutela. Así, en la
sentencia T-919 de 2004, se afirmó que:
“(…) tratándose
de personas en estado de especial vulnerabilidad, no es procedente negar la
tutela por temeridad, a pesar de que se observe una identidad de partes, hechos
y pretensiones, cuando el juez adviertque, no obstante la interposición de
una o varias acciones anteriormente, los derechos fundamentales de los
peticionarios continúan siendo vulnerados. Esta situación, en consecuencia,
constituye otra causal que justifica la interposición de una nueva acción de
tutela”.
En este orden de ideas, el juez
constitucional, al verificar que existe temeridad, debe rechazar la solicitud o
decidir desfavorablemente el amparo, siempre y cuando se constante que:
“(i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada
acción aquellos argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones[179]; (ii)
denote el propósito desleal de ‘obtener la satisfacción del interés individual
a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que,
entre varias, pudiera resultar favorable’[180];
(iii) deje al descubierto el ‘abuso del derecho porque deliberadamente y sin
tener razón, de mala fe se instaura la acción’[181]; o (…)
(iv) se pretenda en forma inescrupulosa asaltar la ‘buena fe de los
administradores de justicia’[182].”[183]
Así las cosas, la duplicidad en la
interposición de acciones de tutela, no implica per se, la actuación temeraria,
razón por la cual el juez de tutela debe evaluar si los sujetos procesales son
iguales, los hechos, las pretensiones y si existe una justificación en la
interposición de las acciones de tutela.
3.1.1 Caso Concreto
Así las cosas, en el presente caso el
señor Álvaro Cárdenas en su calidad de representante legal de la Asociación
Colombiana de Pacientes Renales –ACODERE- y de la Veeduría Renal interpuso,
junto a otros accionantes, dos acciones de tutela contra las mismas entidades[184].
La primera de ellas, interpuesta el 24 de
enero de 2011, fue estudiada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, quien
mediante providencia del 8 de febrero de 2011, denegó el amparo de los derechos
fundamentales invocados. La decisión fue impugnada el 11 de febrero de 2011,
por considerar que el juez de primera instancia desconocía la jurisprudencia
constitucional sobre la protección de los derechos fundamentales a la salud y
libertad de escogencia. Así las cosas, conoció en segunda instancia la
Sección Quinta del Consejo de Estado, quien por medio de providencia del 14 de
abril de 2011, confirmó la decisión del a quo, evaluando de forma
general las pretensiones realizadas por cada uno de los recurrentes y
determinando que las entidades accionadas no vulneraron los derechos
fundamentales invocados, puesto que estaban ejerciendo la libertad de
escogencia de red de instituciones prestadoras de servicios para el suministro
de manera integral y de calidad los servicios de salud, tal como la ley las
faculta para ello. Sin embargo, los jueces de instancia no realizaron un
análisis sobre las pretensiones realizadas específicamente por el representante
legal de la ACODERE.
En segundo lugar, el señor
Cárdenas interpuso una acción de tutela contra las mismas entidades accionadas,
en febrero 17 de 2011. Acción que fue decidida en única instancia por la Sala
Laboral del Tribunal
Superior de Ibagué, mediante sentencia del dos (2) de marzo de 2011,
desestimando las pretensiones del accionante, en la medida en que “no es a
través de la acción de tutela que se pueda brindar una protección o un amparo
tan general; es decir, siendo que el panorama expuesto por las entidades
accionantes[185] es una imagen
nacional que involucra los derechos fundamentales de personas indeterminadas.”[186]
En virtud de lo anterior, es
necesario constatar si en el caso concreto existió un motivo válido que permita
convalidar la duplicidad en el ejercicio de la acción de tutela o si por el
contrario, el actor obró con temeridad.
Considera la Sala que existe un
motivo que desvirtúa la buena fe del actor en la interposición de la acción de
tutela. Aun cuando los jueces de instancia de la primera acción de tutela
interpuesta, no se pronunciaron de fondo respecto a las pretensiones
especificas del accionante, las cuales buscaban la protección de los derechos
fundamentales de los pacientes con insuficiencia renal crónica en general, a
raíz de un patrón de conductas de diferentes EPS de trasladar intempestivamente
de instituciones prestadoras de servicios; el actor interpuso la segunda acción
de tutela a los 6 días de impugnada la decisión del juez de primera instancia
en la primera acción de tutela.
En este orden de ideas, el actor
no esperó que se surtiera el trámite previsto en el Decreto 2591 de 1991 para
que se fallara en segunda instancia la primera acción de tutela, contraria a
sus pretensiones, para interponer nuevamente una acción, contra las mismas
entidades accionadas y con las iguales pretensiones y declarando bajo la
gravedad de juramento, que no había presentado otra acción de tutela por los
mismos hechos.
Por lo tanto, el ejercicio
abusivo de la acción de tutela, sin que exista un motivo válido que justifique
la nueva interposición de la acción, denota una actitud artificiosa de parte
del actor, bien sea con el propósito desleal de obtener una respuesta
satisfactoria a sus intereses o por asaltar la buena fe de los administradores
de justicia, obrando deliberadamente contrario a los presupuestos de la buena
fe.
En conclusión, esta Sala pudo verificar la existencia de una
actuación temeraria por parte del señor Álvaro Cárdenas, actuando como
representante legal de la Asociación Colombiana de Pacientes Renales y la
Veeduría Renal. En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 38
del Decreto 2591 de 1991, esta Sala decidirá desfavorablemente todas las
solicitudes, no sin antes analizar, y en gracia de discusión, si en el caso
concreto el señor Álvaro Cárdenas, estaba legitimado en la causa para
interponer la acción de tutela.
3.2 Legitimación en la causa.
Reiteración de Jurisprudencia
Constituye un requisito de
procedencia para invocar la acción de tutela, la legitimación en la causa. De
esta forma, es necesario que exista identidad entre la persona a la cual la
Constitución y la ley faculta para invocar la acción (legitimación en la causa
por activa) e identidad frente a la persona respecto a la cual el derecho puede
ser reclamado (legitimación en la causa por pasiva).
Así las cosas, la Corte
Constitucional se ha referido a la legitimación en la causa como un requisito
de procedibilidad de la acción de tutela, en los siguientes términos:
“La legitimación en
la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes
el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del
actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una
de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una
decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar
el caso de fondo.”[187]
Por esta razón, es necesario que
exista un sujeto determinado, titular de derechos fundamentales, para efectos
de que la acción de tutela proceda y el juez constitucional pueda valorar el
caso concreto y llegar a una solución encaminada a proteger o restaurar la
amenaza o vulneración, así como un sujeto que ha vulnerado o amenazado un
derecho fundamental.
3.2.1
Titularidad de derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas. La
agencia de derechos fundamentales de personas jurídicas en representación de
sus asociados. Reiteración de Jurisprudencia
El artículo 86 de la
Constitución, faculta a que “toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar (…) la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales”, de lo cual se deduce que tanto las personas naturales como
las jurídicas pueden ser titulares de la acción de tutela, a pesar de que los
derechos fundamentales, en principio, devienen de la noción de dignidad humana.
Sin embargo, con base en una
interpretación sistemática de la Constitución, la Sala Plena de esta
Corporación señaló en la sentencia SU-182 de 1998, que:
“Hay derechos
de las personas jurídicas que ellas pueden reclamar dentro del Estado Social de
Derecho y que las autoridades se obligan a respetar y a hacer que les sean
respetados. Y, claro está, entre la inmensa gama de derechos que les
corresponden, los hay también fundamentales, en cuanto estrechamente ligados a
su existencia misma, a su actividad, al núcleo de las garantías que el orden
jurídico les ofrece y, por supuesto, al ejercicio de derechos de las personas
naturales afectadas de manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos
los de aquellos entes en que tienen interés directo o indirecto.”[188]
En efecto, en dicha oportunidad la
Corte reconoció que las personas jurídicas son titulares de derechos
fundamentales como el debido proceso, el habeas data, el buen nombre, la
libertad de asociación, la igualdad y la inviolabilidad del domicilio, entre
otros, razón por la cual cuando existe una vulneración pueden ser amparados por
medio de la acción de tutela.
Igualmente, la jurisprudencia
constitucional ha precisado que las personas jurídicas pueden ser titulares de
derechos fundamentales por vía directa o indirecta[189].
Por vía directa “cuando las personas jurídicas son titulares de derechos
fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son
por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean
ejercitables por ellas mismas”[190]. Y también
indirectamente, “cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de
la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas
naturales asociadas”[191].
Por lo tanto, puede una persona
jurídica estar legitimada para actuar e interponer acción de tutela para el
amparo de los derechos fundamentales afectados, cuando quiera que, en primer
lugar, resulten vulnerados derechos predicables de dicha ficción jurídica o, en
segundo lugar, cuando se lesionen los derechos de las personas naturales
asociadas a ésta.
No obstante, por “la
naturaleza propia de las personas jurídicas, la función específica que cumplen
y los contenidos de sus derechos constitucionales conducen necesariamente a que
no todos los que se enuncian o se derivan de la Carta en favor de la persona
humana les resulten aplicables,”[192] como es el caso
del derecho a la seguridad social y especialmente el derecho a la salud, que se
pregonan sólo de la persona humana. Lo anterior, por cuanto es en el
principio-valor de la dignidad humana que existe el “eje de la
identificación y diferenciación entre derechos de la persona humana y derechos
de las personas jurídicas.”[193]
En este orden de ideas, las
personas jurídicas tienen legitimación para interponer acción de tutela, tal
como se desprende del contenido del artículo 86 de la Constitución Política y
de la jurisprudencia de esta Corporación, siempre y cuando ésta se circunscriba
a los derechos fundamentales exigibles en virtud de su naturaleza jurídica o
cuando actúe en representación de sus asociados, es decir, actuando la persona
natural a través de un representante.
Tratándose de los eventos en los
cuales es posible que una persona jurídica invoque la protección de los
derechos fundamentales, como agentes de los intereses de las personas naturales
asociadas o en sustitución de sus miembros, la jurisprudencia constitucional ha
estudiado en cuáles eventos se les puede reconocer legitimación para actuar en
su representación, analizando casos de representación de desplazados por la
violencia, de asociaciones de padres de familia y de asociaciones de
pensionados.
Así, por ejemplo, en la Sentencia
T-1194 de 2003, la Corte estudió la acción de tutela interpuesta por varias
asociaciones conformadas por personas en condición de desplazamiento forzado.
En esta oportunidad, reconoció que en virtud de la especial protección
constitucional que dichas personas merecen, pueden ser titulares de derechos
fundamentales e invocarlos por medio de personas jurídicas que las representen,
por cuanto:
“(…) la
constitución de asociaciones por parte de las personas desplazadas por la
violencia con el propósito de defender sus derechos e intereses, constituye punto
de partida para lograr la reconstrucción de los lazos sociales rotos como
consecuencia del desplazamiento. La identificación de intereses comunes y la
organización en torno a tales intereses comunes, expresión primigenia del
derecho fundamental de asociación, es un componente básico para la
reconstrucción de la vida societal y un paso decisivo hacia la inclusión
efectiva de estas personas en la sociedad”[194].
Lo anterior no implica que no sea
exigible, para que proceda la acción de tutela, la titularidad individualizada
de las personas que invocan la protección; la precisión sobre los derechos
fundamentales vulnerados y los hechos violadores de los mismos. Así las cosas,
en esta ocasión, la Sala Séptima de Revisión, consideró que en el caso
concreto, las asociaciones accionantes no identificaron los sujetos jurídicos
beneficiarios de la protección constitucional, por lo cual decidió declarar la
improcedencia de la acción de tutela, porque, “las personas jurídicas no
están eximidas de la obligación de precisar cuales son las personas cuyos
derechos han sido violados y la manera en que la autoridad pública o un
particular ha violado o puesto en peligro sus derechos fundamentales. No basta,
pues, un alegato genérico de violación de derechos de una comunidad”.
Así mismo, en la Sentencia T-284
de 2005, la Corte conoció sobre la acción de tutela interpuesta por una mujer
desplazada en representación de los desplazados por la violencia residentes en
Ibagué. Se consideró en esta ocasión que la acción de tutela es improcedente
por falta de legitimación activa de la actora para actuar en nombre y
representación de todos los desplazados. Por cuanto:
“En los puntos
1.5 y 1.7 del escrito expresa que representa a los desplazados por la violencia
llegados a Ibagué. Sin embargo, no acompañó el respectivo poder para actuar en
nombre de esta población en la presente demanda. Anexó fotocopia de la
certificación suscrita por el señor Henry Rivera Acosta, representante de la
Asociación de Familias Desplazadas de Colombia - Asofadecol, en la que dice que
la actora, Alcira Pulido Ocampo, está inscrita en dicha Asociación.
Como se
observa, esta certificación en la que consta que está inscrita en una
determinada Asociación, no lleva consigo la representación de las personas que
la integran. Y, por consiguiente, la actora no está legitimada por este sólo hecho
para iniciar una acción de tutela en nombre y representación de todos los
desplazados que se encuentran en la ciudad de Ibagué.”
Por otra parte, en la sentencia
T-440 de 2004,  esta Corporación estudió el amparo invocado por la Asociación
de Padres de Familia del Centro de Educación Especial –Cendes contra la
Secretaria de Educación de Cali, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al libre desarrollo de
la personalidad y a la protección especial de las personas con discapacidad. En
dicha oportunidad se hizo referencia a que existe la posibilidad de invocar la
protección de derechos fundamentales de manera colectiva, es decir, quienes
interponen la acción de tutela son un numero plural de personas cuya
titularidad de derechos fundamentales es subjetiva.
En este orden de ideas, “no se
está ante una afectación objetiva, sino a la sumatoria de vulneraciones
subjetivas que pueden servir de sustento para la interposición de la acción de
tutela, a condición que se demuestre quiénes son las personas afectadas y en
qué hechos sustentan la solicitud de amparo constitucional.” Sin embargo, la
Corte declaró la improcedencia, por cuanto consideró que la Asociación de
Padres de Familia invocaba la protección de derechos fundamentales de sujetos
no identificables. Por lo tanto, se trataba de una afectación objetiva de
garantías constitucionales cuya protección no puede ser garantizada por medio
de la acción de tutela, por cuanto el amparo se concentra en la protección de
derechos fundamentales de “personas individualmente consideradas.”
Igualmente, en la Sentencia
T-1025 de 2005, la Corte reiteró que, en principio, las Asociaciones no pueden
actuar en representación de sus asociados, agenciando oficiosamente sus
derechos fundamentales, a menos que en los estatutos de la misma se consagre la
facultad para representar a sus miembros, y en todo caso las personas afectadas
deben ser identificables. Reiteró que si bien la jurisprudencia ha reconocido
legitimación para actuar en el trámite de tutela, tanto a sindicatos como
asociaciones de pensionados, para reclamar la defensa de los intereses comunes
de sus miembros, no implica que en todas las circunstancias la legitimación sea
procedente.
En este caso concreto, se estimó
que no existía legitimación en la causa por activa en virtud de dos razones: a)
no se encontraban debidamente identificadas las personas presuntamente
afectadas con la vulneración de sus derechos fundamentales, ni la situación
fáctica de cada uno de ellos respecto al derecho debatido y, b) “tampoco se
acreditó que dentro de las atribuciones que tiene el representante legal (…) se
encuentre la posibilidad de interponer acción de tutela o facultar a un
apoderado judicial especial para que éste represente a los asociados en el
procesos de tal naturaleza.”
En conclusión, la procedencia de
la acción de tutela invocada por personas jurídicas en representación de sus
asociados, está sujeta a que exista una afectación subjetiva del derecho
fundamental, es decir, que sea posible identificar casos concretos en los
cuales la actuación u omisión de una autoridad o un particular, según sea el
caso, vulnere alguna garantía constitucional.
3.2.2
Legitimidad para actuar por activa. Reiteración de Jurisprudencia.
El artículo 86 de la Constitución
Política establece que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.”
Así las cosas, la acción de
tutela puede ser invocada directamente por el titular del derecho fundamental,
o a través de un representante, que de manera indirecta pretende la protección
de los derechos constitucionales de quien  ha optado por actuar por intermedio
de un apoderado o está imposibilitado o limitado para actuar por sí mismo.
Por lo tanto, esta Corporación ha
establecido que existen varias posibilidades en las que se cumple con el
requisito de legitimación para ejercer la acción de tutela[195]:
i) el ejercicio directo de la acción de tutela, ii) el ejercicio a través de
representantes legales, como es el caso de menores de edad, incapaces
absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; iii) el ejercicio por
medio de apoderado judicial, en cuyo caso debe ostentar la condición de abogado
titulado y anexar un poder para ejercer la defensa del caso; y iv) el ejercicio
por medio de agente oficioso.
3.2.1.1 La agencia oficiosa. Reiteración de Jurisprudencia.
El artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 consagra que “(…)
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.”
En este orden de ideas, la jurisprudencia
constitucional[196] ha
reconocido que se pueden agenciar derechos ajenos, siempre y cuando quien actué
en nombre de otro: i) exprese que está obrando en dicha calidad, ii) demuestre
que el agenciado se encuentra en imposibilidad física o mental de ejercer su
propia defensa, condición que puede ser acreditada de manera tácita o expresa,
y que, iii) se identifique “plenamente a la persona por quien se intercede
(…), como quiera que la primera persona llamada para propender por el amparo de
los derechos aparentemente vulnerados es el propio afectado, en ejercicio de su
derecho a la autonomía y en desarrollo de su dignidad”[197].
Lo anterior, por cuanto la agencia oficiosa tiene como límite la autonomía
de la voluntad del titular de los derechos fundamentales.
No obstante, la Corte ha sido
menos rigurosa respecto al cumplimiento de los requisitos anteriormente
mencionados, en primer lugar, por la primacía del derecho sustancial sobre las
formalidades del proceso y, en segundo lugar, cuando se trata de la defensa de
los derechos fundamentales a la vida y al acceso al servicio de salud, por
ejemplo, reconociendo la presunción de estar incapacitado para acudir
directamente a la acción de tutela y por ende, actuar legítimamente a través de
un agente oficioso, cuando el titular de los derechos fundamentales es una
persona que padece una enfermedad catastrófica.[198]
3.2.3
Legitimidad en la causa por pasiva. Reiteración de Jurisprudencia.
Los artículos 13 y 42 del Decreto
2591 de 1991 consagran las personas contra las cuales se puede dirigir la
acción de tutela. Así, la acción se puede invocar contra una autoridad pública
o un particular, que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional
fundamental.
Respecto a la procedencia de la
acción de tutela contra particulares, se debe acreditar que contra quien se
invoque la protección: i) esté encargado de la prestación de un servicio
público, ii) cuando el peticionario se encuentre en una relación de
subordinación contra quien se interpone la acción de tutela, o de indefensión y
iii) cuando la conducta del particular afecte grave y directamente el interés
colectivo[199].
De acuerdo con el artículo 49 de la
Constitución, la prestación del servicio público de salud está a cargo del
Estado y éste deberá establecer “las políticas para la prestación de
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control”. Así
las cosas, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007, las
entidades promotoras de salud, son personas jurídicas facultadas para prestar
el servicio público de salud, por lo cual, tienen obligaciones de orden legal y
constitucional de garantizar el más alto nivel de salud posible, además de
estar a cargo de la afiliación de los usuarios y la administración de la
prestación del servicio, debiendo suministrar el Plan Obligatorio de Salud[200].
Por lo tanto, la acción u omisión
de las entidades promotoras de salud puede generar una amenaza o perjuicio de
una garantía constitucional, razón por la cual procede la acción de tutela para
el amparo de los derechos que estos afecten.
De la misma manera, el Estado
está en la obligación de intervenir en el servicio público de seguridad social
en salud[201] en aras a garantizar
que este se preste en condiciones de eficacia, eficiencia y de calidad. En este
orden de ideas, es responsabilidad del Ministerio de Protección Social, de la
Comisión de Regulación en Salud[202] y de la
Superintendencia Nacional de Salud, por delegación, el desarrollo de las
funciones de inspección y vigilancia del Sistema General de Seguridad Social en
Salud[203].
Así las cosas, el Ministerio es
el ente encargado de definir el plan básico de atención en salud, formular y
adoptar las políticas, programas y estrategias del sistema, “dictar las
normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de los
factores de riesgo (…)”[204], definir los
requisitos para la habilitación de nuevas instituciones prestadoras de
servicios; entre otras, en términos generales, está encargado de la regulación
de la prestación de servicios de salud, por ejemplo, debiendo definir los
requisitos y el procedimiento para la habilitación de nuevas instituciones
prestadoras de servicios y adoptar medidas tendientes a evitar la selección
adversa [205].
Por su parte, la Superintendencia
Nacional de Salud está a cargo del Sistema de inspección, vigilancia y control
del Sistema General de Seguridad Social en Salud[206],
es decir, ejercerá dichas funciones respecto a los organismos de administración
y financiación, de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de las
Direcciones Territoriales de Salud; además de tener funciones jurisdiccionales
de conformidad con el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007.
3.2.3 Caso concreto.
En el presente caso, varios de
los expedientes estudiados aluden a acciones de tutela interpuestas por
personas en representación de pacientes con insuficiencia renal, quienes alegan
la vulneración de derechos fundamentales por parte de entidades que prestan el
servicio público a la salud. Así las cosas, en aras de dilucidar si en los
casos concretos, existe legitimidad en la causa por activa y por pasiva, para
invocar la protección de los derechos fundamentales ajenos, se analizara si
existe: legitimidad e interés para actuar (numeral 3.2.3.1) y la legitimidad de
las personas contra quienes se puede dirigir la acción de tutela (numeral
3.2.3.2).
3.2.3.1 Caso concreto.
Legitimación en la causa por activa:
1. En el caso sub examine, los
actores de los expedientes T-2.942.005, T-2.951.713, T-2.969.336, T-3.003.614,
T-3.028.018 y T-3.082.563, actuaron para agenciar los derechos fundamentales
ajenos.
En todos los escenarios donde se
planteó la agencia de derechos ajenos, se pudo acreditar que los afectados
estaban en imposibilidad física para acudir directamente al juez de tutela
–pues se trata de personas que padecen insuficiencia renal- y se identificaron
plenamente a los agenciados, que en algunos de los casos son adultos mayores o
menores de edad. Así las cosas, se configuraron los presupuestos legales y
jurisprudenciales, para que acudan ante el juez de tutela como agentes
oficiosos de sus familiares.
A continuación se hace una
referencia de las personas afectadas cuyos derechos fueron agenciados y los
medios de prueba en los que se constató la procedencia de la agencia oficiosa
en los casos concretos.
Expediente
Persona Afectada
Agente oficioso
Pruebas
1.
T-2.942.005
Luís
Reinaldo Baéz
Nelcy
Echeverry – compañera permanente (Folio 15 del cuaderno # 2.).
Consta
en la copia de la historia clínica la enfermedad que padece.
Y
de acuerdo a la declaración rendida por la señora Nelcy Echeverry, “vive muy
delicado de salud, a él le hacen diálisis y le hacen 4 recambios en el día y
al hacerle la diálisis él queda o la persona queda muy delicada y débil” (Folios
15 al 16 del cuaderno # 2.)
2.
T-2.951.713
Rosa
Elena Fajardo (73 años)
John
Jairo Bayona Fajardo - hijo
El
señor Bayona manifestó actuar en representación de su madre y por último,
señaló que es  “el único que esta viendo de ella, que ella depende mucho
de mi, que es una persona incapaz de hacerse ella misma el tratamiento por
los nervios y la depresión que ella maneja”  (Folio 9 y 15 del cuaderno # 2.)
3.
T-2.969.336
Edilma
Sarmiento (66 años)
Jorge
Angarita - cónyuge
Consta
en la copia de la historia clínica que padece insuficiencia renal y “ceguera
por diabetes” (Folio 16 del cuaderno # 2.)
4.
T-3.028.018
a. Simón
Ramírez Olave.
b. Rubio
de Jesús Chica Cardona.
a. Rocío
Ramírez Cantor - hija.
b. Rubio
Andrés Chica –hijo.
Cabe
señalar que las personas afectadas son adultos mayores y padecen de varias
afecciones en su salud, según consta en la copia de la historia clínica de
cada uno de los actores. (Folios 154 al 179 del cuaderno # 2.)
Igualmente,
de acuerdo a las afirmaciones realizadas en el escrito de tutela y las
cédulas de ciudadanía aportadas al proceso, se pudo constatar que los agentes
son familiares de las personas afectadas.
5.
T-3.082.563
a. Arturo
Torres (80 años).
b. María
Inés Andrade (64 años).
c. Jenny
Catherine Devia (16 años).
d.
Benjamín Riobo.
a. Ana
Lucia Torres – hija.
b. Marina
Avedaño – hija.
c.
Emperatriz Moreno -madre.
d. Sandra
Liliana Riobo – hija.
Son
sujetos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, debido a que
padecen de patologías que les impiden movilizarse por sus propios medios,
según consta en las copias de las cédulas de ciudadanía y las afirmaciones
realizadas por los agentes en el escrito de tutela.  (Folios 8 al 15 y 30 al
39 del cuaderno # 2.)
2. Por último, en los casos T-3.003.614,
T-3.028.018 y T-3.082.563, actúan en calidad de representantes legales de
personas jurídicas, en primer lugar, la señora María Eugenia Ardila, como
presidente de la Asociación Colombiana de Pacientes Renales, quien invoca la
protección de los derechos fundamentales de treinta pacientes con insuficiencia
renal crónica, quienes fueran atendidos en la IPS Cruz Roja de Huila. En
segundo lugar, el señor Álvaro Cárdenas como representante legal de la
Asociación Colombiana de Pacientes Renales y la Veeduría Renal.
Vale la pena recordar que, de
acuerdo a lo establecido en el acápite precedente, las personas jurídicas
pueden actuar en representación de sus asociados, obrando en calidad de agentes
oficiosos o invocando la protección de los derechos fundamentales que son
predicables de las personas jurídicas.
En virtud de lo anterior, es
necesario constatar la legitimación por activa en tres escenarios diferentes:
i) verificar si los representantes legales de personas jurídicas pueden invocar
la protección de los derechos fundamentales a la salud y seguridad social; ii)
si éstos pueden representar o agenciar los intereses subjetivos de personas
naturales que las conforman cuando, por ejemplo, se trata de entidades sin
ánimo de lucro cuyos asociados son personas que reúnen especiales condiciones,
o si por el contrario, iii) pueden obrar en representación de sujetos
indeterminados.
2.1 En este orden de ideas, María
Eugenia Ardila, de acuerdo con el certificado de existencia de entidades sin
ánimo de lucro de la Cámara de Comercio de Neiva, es la representante legal de la
Asociación Huilense de Pacientes Renales, cuyo objeto social es: “buscar el
bienestar y servicio oportuno e integral a los pacientes renales pertenecientes
a la Asociación (…), obtener recursos farmacéuticos, clínicos, servicios
hospitalarios, ambulancia y demás elementos materiales de diverso origen (…)
cooperar en el servicio y defensa de los intereses de sus asociados, entre otros.”[207]
Por otro lado, en el escrito de
la acción de tutela, la señora Ardila expone los motivos por los cuales
considera que existe una presunta vulneración de los derechos fundamentales de
sus asociados y adjunta los nombres, los números de cédulas de ciudadanía y las
firmas de quienes resultaron afectados con el cambio de IPS[208].
De acuerdo a la jurisprudencia
constitucional, tal como se mencionó anteriormente, se pueden agenciar derechos
ajenos siempre y cuando quien actúe en nombre de otro: i) exprese que está
obrando en dicha calidad, ii) demuestre que el agenciado está en imposibilidad
física o mental de ejercer su propia defensa, en el caso concreto,  “a los
pacientes que represento son en su mayoría adultos mayores y les fue
diagnosticada Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRC), secundaria a la
Hipertensión Arterial y Diabetes mellius”[209] y
iii) se identifique plenamente la persona por quien se intercede, “los
pacientes a los cuales representó (sic) [son] los que se identifican en
relación adjunta con su cedula y firma (…)”[210], afiliados a
las EPS accionadas y tratados en la IPS de la Cruz Roja de Huila.
Por lo tanto, los afectados
resultan ser personas naturales titulares de derechos fundamentales como la
salud, la vida digna y la seguridad social, afiliados a las EPS accionadas y
quienes padecen de insuficiencia renal crónica. Así las cosas, en virtud de la
enfermedad que padecen –una enfermedad catastrófica-, se puede presumir[211]
que están en incapacidad para actuar por sí mismos en el trámite de la acción
de tutela. Además son miembros de la Asociación Huilense de Pacientes Renales y
tal como se mencionó anteriormente, el representante legal está en la facultad
de velar por “el servicio y defensa de los intereses de sus asociados”. Por
lo anterior, considera la Sala que la señora Ardila se encuentra legitimada
para actuar como agente oficiosa de los asociados.
2.2 En segundo lugar, el señor
Álvaro Cárdenas, accionante en los procesos T-3.028.018 y T-3.082.563, en su
calidad de representante legal de la Asociación Colombiana de Pacientes Renales
y la Veeduría Renal interpuso acción de tutela contra Saludcoop EPS y el
Ministerio de Protección Social. Consideró el actor que existe una situación de
vulneración generalizada de los derechos fundamentales de los pacientes
renales, al modificarse de forma intempestiva e inconsulta las instituciones
prestadoras de servicios, ni porque “existen en el país reglas claras,
diferentes a las establecidas en la jurisprudencia, que obliguen a las EPS a
respetar el derecho de los pacientes a mantener cierta estabilidad en el
tratamiento (…)”.
Expuso que la Asociación Colombiana
de Enfermos Renales y la Veeduría Renal,[212] son
entidades que buscan representar los intereses de los pacientes renales y así
plantear un panorama de la afectación de los derechos fundamentales vulnerados
a personas que sufren de insuficiencia renal.
Sin embargo, tal como consta en
el escrito de tutela, el actor pretende la protección de las garantías
constitucionales de todas y cada una de las personas que integran dichas
sociedades, en el primer caso y aquellas que padecen de insuficiencia renal y
requieren ser tratados médicamente con diálisis, en el caso de la segunda.
Fundamenta su pretensión, en la vulneración sistemática y generalizada de los
derechos fundamentales de quienes padecen dicha enfermedad, a lo largo del país
y por parte de diferentes EPS a las cuales se encuentran afiliados, tratándose
de un patrón de conductas por parte de las entidades promotoras de salud, el de
cambiar intempestivamente de IPS, sin consultar a los pacientes y sin
justificar la decisión.
En este orden de ideas, considera
la Sala que el señor Cárdenas no se encuentra legitimado en la causa por
activa, por cuanto, aún cuando es representante legal de varias asociaciones
que buscan la protección de los intereses de personas que padecen de
insuficiencia renal crónica, involucra la protección de derechos fundamentales
de personas indeterminadas, sin que ésta Corporación pueda conceder un amparo
constitucional de forma abstracta, sin individualizar la persona afectada y
menos aún imponer una obligación de impartir una orden de rango constitucional
sin determinar con precisión quién o quiénes son los llamados a cumplirlas.
Por lo tanto, al no existir unos
sujetos determinados titulares de derechos fundamentales, el juez de tutela no
puede realizar un juicio valorativo de situaciones fácticas indeterminadas, sin
tener certeza respecto de los sujetos afectados, de la conducta lesiva de
derechos fundamentales, ni de la persona que causa la vulneración. Así las
cosas, esta Sala rechazará por improcedente la acción de tutela invocada por el
señor Álvaro Cárdenas en su calidad de representante legal de la Asociación
Colombiana de Pacientes Renales, por falta de legitimación por activa.
3.2.3.2 Caso
concreto. Legitimación en la causa por pasiva:
Respecto a las entidades
promotoras de salud demandadas, procede la acción de tutela debido a que se
ocupan de prestar el servicio público de salud y quienes invocaron la
protección de los derechos fundamentales, fueron los usuarios afiliados a
dichas entidades. Por lo tanto, de conformidad con el numeral 2 del artículo 42
del Decreto 2591 de 1991, están legitimadas como parte pasiva en el presente
proceso de tutela.
Del mismo modo, los actores de
los expedientes T-3.028.018 y T-3.082.563 también interpusieron acción de
tutela contra el Ministerio de Protección Social, por ser el “órgano
competente en la materia, que para proteger el derecho a la salud de los
pacientes prevalentes de diálisis [y] adopte medidas orientadas a evitar que en
el futuro esta violación de derecho se siga presentando, garantizando como
mínimo los estándares establecidos en la jurisprudencia constitucional que
aseguren la estabilidad de los pacientes prevalentes de diálisis y eviten el
desmejoramiento de los servicios de diálisis.”[213]
Así las cosas, el Ministerio de
Protección Social, al ser una entidad pública perteneciente al sector central, nivel descentralizado,
del orden nacional,[214] como tal, está legitimada como parte pasiva[215].
4. El derecho fundamental a la
salud y sus manifestaciones. Principios rectores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud: continuidad, integralidad, calidad y eficiencia.
4.1 La Constitución Política consagra
el derecho a la salud en el artículo 49 estableciendo que: “la atención de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.
Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud”. La noción de salud tiene una doble
connotación, como servicio público y como derecho, siendo ambos enfoques
dependientes el uno del otro. El servicio público de salud constituye la
estrategia estatal encaminada a la realización del derecho subjetivo. Por lo
cual, la salud como servicio público esta a cargo del Estado y éste es quien
tiene la obligación de organizar, dirigir, reglamentar y establecer las
políticas públicas tendientes a que las personas privadas y las entidades
estatales de los diferentes órdenes, presten el servicio para que el derecho
sea progresivamente realizable.
4.2 De acuerdo con la Carta
Política y la Ley 100 de 1993 la prestación del servicio de salud debe realizarse
conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. El
carácter de universalidad, señala que el derecho a la salud es accesible a
todas las personas sin ningún tipo de distinción y el carácter de eficacia
implica que el la prestación del servicio de salud debe hacerse de acuerdo a un
manejo adecuado de recursos.
En el mismo sentido, los
artículos 2, 153 y 156 de la mencionada ley, consagran como principios rectores
y características del sistema, entre otros: la prestación del servicio de
calidad, de forma continua, integral y garantizando la libertad de escogencia.
4.2.1 Así, la prestación del
servicio a la salud se debe dar en condiciones de integralidad, por lo cual se
debe garantizar una protección integral a los usuarios del sistema,
brindándoles atención que implica la prestación con calidad, oportunidad y
eficacia en la fases previas, durante y posteriores a la recuperación del
estado de salud, por lo cual los usuarios tendrán derecho a la atención
preventiva, médico quirúrgica y a los medicamentos esenciales que ofrezca el
Plan Obligatorio de Salud.
Asimismo, la jurisprudencia
constitucional ha determinado el alcance del principio de integralidad, en la
sentencia T-574 de 2010, así:
“(…)  la
atención en salud debe ser integral y por ello, comprende todo cuidado,
suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de
rehabilitación, exámenes de diagnóstico y seguimiento de los tratamientos
iniciados así como todo otro componente que los médicos valoren como necesario
para el restablecimiento de la salud del/ de la paciente.
El principio
de integralidad es así uno de los criterios aplicados por la Corte
Constitucional para decidir sobre asuntos referidos a la protección del derecho
constitucional a la salud. De conformidad con él, las entidades que participan
en el Sistema de Seguridad Social en Salud - SGSSS - deben prestar un
tratamiento integral a sus pacientes, con independencia de que existan prescripciones
médicas que ordenen de manera concreta la prestación de un servicio
específico.  Por eso, los jueces de tutela deben ordenar que se garantice
todos los servicios médicos que sean necesarios para concluir un tratamiento.[216]
Por lo tanto, las personas
vinculadas al Sistema General de Salud independientemente del régimen al que
pertenezcan, tienen el derecho a que las EPS les garanticen un servicio de
salud adecuado, es decir, que satisfaga las necesidades de los usuarios en las
diferentes fases, desde la promoción y prevención de enfermedades, hasta el
tratamiento y rehabilitación de la enfermedad y con la posterior recuperación;
por lo que debe incluir todo el cuidado, suministro de medicamentos, cirugías,
exámenes de diagnóstico, tratamientos de rehabilitación y todo aquello que el
médico tratante considere necesario para restablecer la salud del paciente o para
aminorar sus dolencias y pueda llevar una vida en condiciones de dignidad.[217]
4.2.2 Por otra parte, la atención
médica se debe prestar en condiciones de continuidad, lo cual implica la
prestación eficiente del servicio de salud, que una vez iniciado no pueda ser
interrumpido o suspendido injustificadamente. “Este principio se fundamenta
en (i) la necesidad del paciente de recibir tales servicios y en (ii) el
principio de buena fe y confianza legitima que rige las actuaciones de los
particulares y de las entidades públicas (…)”[218]
De manera que es
responsabilidad de las entidades promotoras de salud no suspender los
tratamientos médicos iniciados de manera injustificada, por razones
administrativas o presupuestarias, porque no es admisible constitucionalmente
interrumpir o abstenerse de prestar un tratamiento médico una vez éste se haya
prescrito y haya comenzado a suministrarse, pues se incurriría en el
desconocimiento del principio confianza legitima.
Esta Corporación ha reconocido
que el paciente tiene una expectativa legítima en que las condiciones y
calidades de un tratamiento prescrito, no sea interrumpido súbitamente antes de
su recuperación o estabilización,[219]
o por lo menos otorgando un periodo mínimo de ajuste que le permita continuar
la prestación del servicio con el mismo nivel de calidad y eficacia[220].
4.3 La Constitución Política consagró
el derecho a la salud, como un derecho económico, social y cultural, el cual
depende de la intervención activa del Estado para su efectiva realización; en
virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano,
éste tiene la obligación de reconocer el derecho a la salud, delimitar el
contenido mínimo del derecho, el ámbito de protección del mismo y la
responsabilidad del Estado frente a su consecución.
De tal forma que, instrumentos
tales como el Protocolo Adicional de la Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos en materia de DESC y el Pacto Internacional de DESC[221],
incorporados al ordenamiento jurídico nacional por medio del bloque de
constitucionalidad, han establecido los elementos esenciales del contenido del
derecho a la salud[222],
como son: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad y
la prohibición de discriminación de los bienes y servicios de salud. Además de
establecer la obligación estatal de realizar el derecho a la salud de forma
progresiva.
4.4 Por lo tanto, la Corte
Constitucional en la sentencia T-760 de 2008, reconoció “(…) que el derecho
a la salud es, autónomamente, un derecho fundamental y que, en esa medida, la
garantía de protección debe partir de las políticas estatales, de conformidad
con la disponibilidad de los recursos destinados a su cobertura.”[223] En
razón de lo anterior, debe ser respectado por el Estado y los particulares -EPS
e IPS- y corresponde a los órganos de regulación y vigilancia del Sistema de
Seguridad Social en Salud, el deber de adoptar las medidas necesarias para
proteger y garantizar el derecho a la salud.
Así las cosas, el derecho a la
salud debe ser considerado un derecho fundamental por la relación inescindible
que existe entre éste y el derecho a la vida y la dignidad humana, puesto que
“será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido
a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. (…)”[224]
4.5 Esta Corporación ha definido
el derecho a la salud como “la facultad que tienen (sic) todo ser humano de
mantener la normalidad orgánica funcional tanto física como en el plano de la
operatividad mental y de restablecerse cuando se presente una perturbación en
la estabilidad orgánica y funcional de su ser”[225].
Siendo obligación del Estado promover y proteger el derecho a la salud de los
individuos, en aras de que estos lleven una vida en condiciones de dignidad.
4.6 De acuerdo a la
jurisprudencia de esta Corporación, el derecho fundamental a la salud tiene
diferentes manifestaciones, para efectos de acceder de manera eficaz a los
servicios de salud que se requieren, entre los cuales está el deber del
profesional de la medicina de informar del modo más claro, completo, detallado
e integral sobre los procedimientos tendientes al restablecimiento de la salud
–relación médico paciente- y el derecho al examen diagnóstico que permita
establecer si se requiere o no un servicio médico.
4.6.1 La jurisprudencia
constitucional ha entendido que la relación médico-paciente, “se encuentra
estructurada a partir de dos principios fundamentales: primero, la capacidad
técnica del médico y, segundo, el consentimiento idóneo del paciente,”[226] razón
por la cual es necesaria la comunicación constante entre quien tiene el
conocimiento técnico y científico y aquel que requiere de éste para ser
diagnosticado y tratado, dado que, no sólo es básico para garantizar tanto la
dignidad humana –entendida como la autonomía del paciente para tomar
decisiones-, sino además vital para lograr la recuperación y protección de la
salud. Por lo cual, “es necesario garantizar no sólo la confianza
psicológica del paciente en su médico, y de éste en aquél, sino la efectiva
prestación de los servicios profesionales en un clima de transparencia y
lealtad que permita lograr el objetivo común de manera eficaz.”[227]
Por consiguiente, “en el
Sistema de Salud, la persona competente para decidir cuándo alguien requiere un
servicio de salud es el médico tratante, por estar capacitado para decidir con
base en criterios científicos y por ser quien conoce al paciente.”[228] Entonces,
la prestación de los servicios médicos requiere del acompañamiento del
profesional que diagnostica y trata las enfermedades, bajo el presupuesto que
se dé en un ambiente de confianza y de mutuo respeto[229]. Así las cosas, la
relación médico-paciente, “es elemento primordial en la práctica médica.
Para que dicha relación tenga pleno éxito, debe fundarse en un compromiso
responsable, leal y auténtico, el cual impone la más estricta reserva
profesional”[230].
4.6.2 Por su parte, el derecho al
diagnóstico forma parte del derecho a la salud y fue definido en el literal 10
del artículo 4 del Decreto 1938 de 1994[231],
que aunque no se encuentra vigente, se estima pertinente para entender la
noción del diagnóstico, como “todas aquellas actividades, procedimientos e
intervenciones tendientes a demostrar la presencia de la enfermedad, su estado
de evolución, sus complicaciones y consecuencias presentes y futuras para el
paciente (…)”.
En este sentido, el diagnóstico
es esencial para velar por la protección y garantía de la salud y la integridad
física del paciente, pues es el primer paso para conocer y detectar la
enfermedad y tratarla. Por lo tanto, esta Corporación ha establecido que debe
existir continuidad en el diagnóstico determinado por el médico tratante, y
sólo puede modificarse cuando se justifica: “i) en la opinión científica de
expertos en la respectiva especialidad y ii) la historia clínica del paciente,
eso es, los efectos que concretamente tendría el tratamiento o el medicamento
en el paciente.”[232]
En otras palabras, es necesario que los cambios en el diagnóstico y/o en el
tratamiento que se suministra a un paciente, tenga como fundamento el criterio
de un especialista y se base en las condiciones de salud y calidad de vida del
mismo, por lo cual, “en caso de cambios, reemplazos o sustituciones médicas
(…) el profesional que recién asume el cuidado del enfermo, avanzadas ya las
etapas de medicación puestas en marcha por quienes lo hayan antecedido, no
pueden ni deben ignorar la integralidad de los antecedentes clínicos que rodean
el caso”[233].
En virtud de lo anterior, debe
ser obligación de las entidades promotoras de salud, garantizar un empalme en
el diagnóstico de la enfermedad y la modalidad de tratamiento o procedimiento
médico que se le realice a los usuarios, en caso tal en que se realice un
cambio en el médico tratante o en la institución prestadora de servicios,
especialmente cuando se esté en frente de pacientes que requieren el suministro
de un medicamento o tratamiento médico permanente y sucesivo, como sería el
caso de los pacientes con enfermedades catastróficas o de alto costo[234].
Sobre todo, si se tiene en consideración que al tratarse de enfermedades
crónicas requieren de un tratamiento continuo, al que cualquier modificación
que se haga, por el uso de diferente tecnología o cambio en la modalidad de
tratamiento, tiene implicaciones en el estado de salud de los pacientes.
Así, tal como lo ha establecido
la jurisprudencia, las prestaciones en salud que han sido ordenadas por un
médico tratante, entre las cuales se encuentra el diagnóstico, los tratamientos
y exámenes, adquieren un carácter fundamental respecto del paciente, al estar
basadas y determinadas a partir del criterio científico y objetivo del
profesional, para resguardar el derecho a la salud, pues es el profesional de
la salud el competente para indicar el tratamiento necesario para proteger o
recuperar la salud del paciente[235]. Tal como lo destacó la
sentencia C-463 de 2008:
“Por tanto, una vez que el médico tratante
ha determinado qué necesita un paciente, ese requerimiento se convierte
respecto de ese ciudadano en particular en un derecho fundamental a ser
protegido por el sistema general de salud. Los servicios de salud de cualquier
tipo y clase que deben prestar las EPS, entre ellas los medicamentos, son todas
aquellas prestaciones en salud que el médico tratante, con un criterio
científico objetivo ha determinado que necesita el paciente para recuperar su
salud. Estas órdenes médicas se encuentran plenamente justificadas con base en
criterios científicos, razón por la cual considera la Corte que las
prestaciones en salud ordenadas por el médico tratante adquieren una
fundamentabilidad concreta respecto del paciente en razón de la finalidad
última de proteger el derecho fundamental a su salud”.
De esta
manera, todo paciente tiene derecho a que se le preste la atención del servicio
a la salud, debiéndose garantizar de manera permanente, sin interrupciones y
sin que haya lugar que no se continúen con las indicaciones del médico
tratante, esto, en aplicación de los principios de integralidad, continuidad y
confianza legítima[236].
5. La libertad de escogencia
como principio rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El
derecho de los usuarios a escoger la Institución Prestadora de Salud.
Reiteración jurisprudencial.
5.1 La libertad de escogencia
como característica y principio rector del Sistema General en Seguridad Social
en Salud, está establecida en Ley 100 de 1993 y ha sido desarrollado
ampliamente en la jurisprudencia constitucional.
El artículo 153 de la Ley 100 de 1993 consagra el
principio de la libre escogencia[237], como la facultad de escoger en cualquier momento la
Entidad Promotora de Salud (EPS) y las instituciones prestadoras de servicios
(IPS) que pertenezcan a la red de las EPS, encargadas del suministro de los
servicios de salud.
A su vez, el artículo 156 de la mencionada ley, hace
referencia a las características básicas del Sistema y señala en el literal g)
lo siguiente:
“g)
Los afiliados al sistema elegirán libremente la Entidad Promotora de Salud,
dentro de las condiciones de la presente Ley. Así mismo, escogerán las
instituciones prestadoras de servicios y/o los profesionales adscritos o con
vinculación laboral a la Entidad Promotora de Salud, dentro de las opciones por
ella ofrecidas.”
Finalmente, el artículo 159 que
versa sobre las garantías de los afiliados, en el numeral 3 consagra la
libertad de escogencia de EPS, como una de éstas, así: “La libre escogencia
y traslado entre Entidades Promotoras de Salud, sea la modalidad de afiliación
individual o colectiva, de conformidad con los procedimientos, tiempos, límites
y efectos que determine el gobierno nacional dentro de las condiciones
previstas en esta Ley.”
A su vez, el Decreto 1485 de
1994, en el artículo 14 numeral 5, consagra:
“La Entidad
Promotora de Salud garantizará al afiliado la posibilidad de escoger la
prestación de los servicios que integran el Plan Obligatorio de Salud entre un
número plural de prestadores. Para este efecto, la entidad deberá tener a disposición
de los afiliados el correspondiente listado de prestadores de servicios que en
su conjunto sea adecuado a los recursos que se espera utilizar, excepto cuando
existan limitaciones en la oferta de servicios debidamente acreditadas ante la
Superintendencia Nacional de Salud.
La Entidad
Promotora de Salud podrá establecer condiciones de acceso del afiliado a los
prestadores de servicios, para que ciertos eventos sean atendidos de acuerdo
con el grado de complejidad de las instituciones y el grado de especialización
de los profesionales y se garantice el manejo eficiente de los recursos.”
Igualmente, el numeral 6 del
artículo 14 del Decreto 1485 de 1994, establece que es obligación de la EPS
informar: “cuando se suprima una institución prestadora, o un convenio con
un profesional independiente, por mala calidad del servicio (…).”[238]
Por lo tanto, el principio de
libertad de escogencia forma parte de las características del Sistema de
Seguridad Social en Salud, a su vez es una garantía para los usuarios del mismo
y es un derecho que debe ser garantizado por el Estado y los demás integrantes
del sistema. En este orden de ideas, la libertad de escogencia es un derecho de
doble vía, pues en primer lugar, es una facultad de los usuarios para escoger
tanto las EPS a las que se afiliarán para la prestación del servicio de salud,
como las IPS en las que se suministrará la atención en salud y en segundo
lugar, es una potestad de las EPS de elegir las IPS con las que celebrarán
convenios y el tipo de servicios que serán objeto de cada uno[239].
5.2
Libertad de elección del paciente.
5.2.1 Aunque la libertad de
escogencia tiene un origen legal, esta Corporación ha amparado el derecho de
los usuarios a la libre escogencia de EPS o IPS, como una manifestación de
varios derechos fundamentales, tales como: la dignidad humana, en ejercicio de
su autonomía de tomar las decisiones determinantes para su vida, el libre
desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y la seguridad social[240].
Sin embargo, también se ha
reconocido que la libertad de escogencia no es un derecho fundamental absoluto,
en la medida en que está circunscrito a la existencia de contrato o convenio
vigente entre la EPS accionada y la IPS requerida, esta libertad puede ser
limitada “en términos normativos, por la regulación aplicable; y en términos
fácticos, por las condiciones materiales de recursos y entidades existentes,
esto es, por ejemplo, en el marco de los contratos o convenios suscritos por
las EPS”[241].
Ahora bien, esta Corporación ha
dicho que además de la limitación respecto a la oferta de servicios,
“(…) la ley
también ha dispuesto razonablemente que la libertad que tienen los usuarios de
escoger la entidad también está limitada por cuatro condiciones: i) que exista
un convenio entre la E.P.S. del afiliado y la I.P.S. seleccionada (artículo 14,
numeral 5º, del Decreto 1485 de 1994); ii) que los cambios de instituciones
prestadoras sean solicitados dentro de las I.P.S. que tengan contrato con la
E.P.S. (artículo 179 de la Ley 100 de 1993) [242];
iii) que la I.P.S. respectiva preste un buen servicio de salud y garantice la
prestación integral del mismo (parágrafo 1º del artículo 25 de la Ley 1122 de
2007 y, iv) que el traslado voluntario de EPS se haga a partir de un (1) año de
estar afiliado a esa EPS (artículo 14, numeral 4º, del Decreto 1485 de 1994).”[243]
En ese
sentido, la libertad que tienen los usuarios de escoger IPS va ligado a dos
circunstancias: i) que exista un convenio entre la EPS del afiliado y la IPS
seleccionada; y ii) que la IPS respectiva preste un servicio de salud que
garantice la prestación integral y de calidad.
En otras palabras, el alcance del
derecho del usuario de escoger libremente la IPS que prestará los servicios de
salud está limitado, en principio, a la escogencia de la IPS dentro de aquellas
pertenecientes a la red de servicios adscrita a la EPS a la cual está afiliado,
con la excepción de que se trate del suministro de atención en salud por
urgencias[244],
cuando la EPS expresamente lo autorice[245]
o cuando la EPS esté en incapacidad técnica de cubrir las necesidades en salud
de sus afiliados[246]
y que la IPS receptora garantice la prestación integral, de buena calidad y no
existan afectaciones en las condiciones de salud de los usuarios.
Por lo tanto, esta Corporación ha establecido que los
usuarios del Sistema de Seguridad Social en Salud tienen derecho a no ser “víctimas
de interrupciones constitucionalmente injustificables en la prestación de los
servicios de salud, señalando algunos de los criterios que deben tener en
cuenta las entidades promotoras y prestadoras de salud (EPSS, ARSS, IPSS) para
garantizar y asegurar la continuidad de los mismos.[247]”[248]
5.3
Libertad de elección de las EPS.
Las empresas promotoras de salud
(EPS) son las entidades responsables de la prestación de los servicios
incluidos en el POS. Para ello tienen la libertad de elegir las instituciones
prestadoras de servicios médicos (IPS) por intermedio de las cuales van a
suministrar los servicios a sus afiliados, y la obligación de suscribir
convenios con ellas, para garantizar que la prestación de los servicios sea
integral y de calidad[249].
La libertad que tienen las EPS de
suscribir convenios con cualquier IPS, está consagrada en la Ley 100 de 1993
en el artículo 178, que indica como una de sus funciones, la obligación de
prestar el servicio de salud en aquellas instituciones prestadoras de salud con
que se haya suscrito un convenio.
Sobre el tema, la Resolución 5261 de 1994[250],
en su artículo 1° establece la responsabilidad que tienen las Entidades
Promotoras de Salud de prestar los servicios de salud en aquellas IPS con las
que establezcan convenios y sólo en casos específicos definidos por la misma
Resolución y la Ley 1122 de 2007, se podrá acudir a otra IPS. Por ejemplo, en
los siguientes eventos: i) que se necesite una atención de urgencias, ii) que
haya una autorización expresa de la EPS y, iii) cuando se encuentre demostrada
la incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia de la EPS
para suministrar un servicio a través de sus IPS.
Así las
cosas, las EPS tienen la libertad de elegir las IPS con las que celebrarán
convenios y el tipo de servicios que serán objeto de cada uno, siempre que
garanticen a sus usuarios un servicio integral y de buena calidad. Por tanto,
los afiliados deben acogerse a la IPS a la que son remitidos por sus
respectivas EPS, aunque sus preferencias se inclinen por otras instituciones.[251]
En este orden de ideas, el artículo
183 de la Ley 100 de 1993 hace referencia a las sanciones establecidas en el
artículo 230 de esa Ley, que prohíbe “todos
los acuerdos o convenios, así como las prácticas y decisiones concertadas que,
directa o indirectamente, tengan por objeto impedir, restringir o falsear el
juego de la libre escogencia dentro del Sistema General de Seguridad Social en
Salud”. Lo anterior,
con el propósito de crear un sistema de salud eficiente y de calidad, “que aunado a la libre competencia económica y a la
libertad de elegir de los usuarios, permita suponer que los recursos del
Sistema se entregarán preferentemente a las entidades promotoras de salud que
presten los mejores servicios a sus afiliados[252].”[253]
Por lo tanto, la Corte ha manifestado que las EPS
tienen plena libertad de conformar su red de servicios, para lo cual cuentan
con la facultad de contratar o de celebrar convenios con las IPS que lo
consideren pertinente, con la obligación de brindarle un servicio integral y de
calidad de salud a los afiliados y de que estos puedan elegir entre las
posibilidades ofrecidas por las empresas prestadoras de salud la IPS donde
desean ser atendidos[254].
5.2.3 De esta forma, en aras de garantizar un margen
de autonomía a los usuarios y avalar el derecho de las EPS a escoger las IPS
con las cuales suscribirá contratos o convenios, ésta tiene la obligación de:
“a) celebrar convenios con varias IPS para que de esta manera el usuario pueda
elegir[255],
b) garantizar la prestación integral[256]
y de buena calidad[257]
del servicio, c) tener, al acceso del usuario, el listado de las IPS[258]
y d) estar acreditada la idoneidad y la calidad de la IPS[259]”[260] receptora.
5.3
Situaciones en las cuales el cambio de IPS puede considerarse violatorio de los
derechos fundamentales de los usuarios.
Cuando la EPS en ejercicio de su
derecho escoja la red de IPS adscritas y deba trasladar a los pacientes, de
conformidad con los parámetros establecidos por la jurisprudencia
constitucional, la EPS tiene el deber de:
“(…) a) que
la decisión no sea adoptada en forma intempestiva, inconsulta e injustificada[261],
acreditar que la nueva IPS está en capacidad de suministrar la atención
requerida[262],
c) no desmejorar el nivel de calidad del servicio ofrecido y comprometido[263]  y
d) mantener o mejorar las cláusulas iniciales de calidad del servicio
prometido, ya que no le es permitido retroceder en el nivel alcanzado y
comprometido[264]”.[265]
Así las cosas, cuando la EPS
decide cambiar de IPS, el paciente tiene derecho a que la EPS le garantice las
mismas o mejores condiciones de prestación del servicio de salud en la nueva
IPS, de tal manera que se cumpla con una prestación del servicio integral, de
calidad y continuo. Por lo tanto, ante un cambio intempestivo, injustificado e
inconsulto de IPS, por el cual se deterioren o desmejoren las condiciones de
salud del usuario, éste tiene la facultad de interponer acción de tutela para
la protección de sus derechos fundamentales a la libertad de escogencia, salud
y seguridad social.
Ahora, es importante recordar que cuando se demuestra
que la IPS a la que es remitido el paciente, no cumple con las condiciones de
calidad y por la tanto no garantiza integralmente la prestación del servicio de
salud, la EPS tiene la obligación de remitirlo a otra donde el paciente reciba
el servicio médico requerido[266]. Caso contrario, cuando el afiliado es remitido a una
IPS que cumple con los estándares de calidad y de atención integral, pero el
usuario prefiere o desea ser atendido en otra IPS con la cual la EPS no tiene
convenio, el usuario debe someterse y escoger entre las instituciones que
tienen convenio o contrato con la EPS[267].
5.3.1 Así las cosas, la
jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado el alcance de la libertad de
escogencia, tanto de las entidades promotoras de salud como de los usuarios del
Sistema.
5.3.1.1Por ejemplo, en la sentencia
T-010 de 2004 la Corte desarrolló el alcance del derecho a la libertad de
escogencia[268], considerando que este
derecho pretende garantizar la prestación del servicio de salud en condiciones
de eficacia y calidad. Sin embargo, señaló que: “no se trata de una garantía
absoluta. La propia legislación establece que toda persona tiene la libertad de
escogencia en el Sistema de Salud, siempre y cuando ello ´sea posible según las
condiciones de oferta de servicios.´ Estas condiciones de oferta del servicio
se encuentran limitadas en dos sentidos, en términos normativas por la
regulación aplicable y en términos prácticos por las condiciones materiales de
recursos y entidades existentes.”
5.3.1.2 Posteriormente esta
Corporación, en Sentencia T-247 de 2005 trató el tema de un accionante que
padecía de insuficiencia renal afiliado a Saludcoop EPS y venía recibiendo el
tratamiento de hemodiálisis en la Unidad Renal de la Cruz Roja Ltda. y fue
trasladado de IPS, aún cuando el contrato con la anterior IPS seguía vigente,
presentando una serie de complicaciones en su estado de salud a raíz del
cambio. En este caso  la Sala resolvió que:
“no se trata
de uno de aquellos eventos donde el actor, de manera antojadiza exige cambio de
IPS en razón a que sus preferencias se inclinan por otra institución, sino que,
sin existir razón justificada, la EPS ordenó un cambio intempestivo de IPS para
continuar con los procedimientos de Hemodiálisis que se le habían ordenado, lo
que por demás parece haber repercutido en el deterioro de su estado de salud
según se advierte de las pruebas aportadas al proceso ya mencionadas. Y como
quiera que existe otra opción de IPS, que puede ser escogida por el paciente,
su pretensión de traslado resulta plenamente legítima.”
Por esta razón, la Sala Novena de
Revisión concedió el amparo de los derechos fundamentales a la vida, salud y
seguridad social; la Sala consideró que la libertad de escogencia de IPS es una
garantía conexa al acceso al sistema de seguridad social, además de ser una
forma de garantizar la dignidad humana y la libertad de competencia.
Y aunque, “la negativa al traslado de una IPS por sí sola no
genera una vulneración de derechos fundamentales, cuando se acredita que la IPS
receptora no garantiza integralmente el servicio, o presta una inadecuada
atención médica o de inferior calidad a la ofrecida por la otra IPS, y ello
causa en el usuario el deterioro de su estado de salud, el juez de tutela
podría conceder el amparo mediante tutela.” Sin embargo, estimó que el afiliado “tiene derecho a mantener cierta estabilidad en las
condiciones de prestación del servicio a cargo de la IPS” y es el paciente quien tiene la
potestad de decidir en cuál institución prestadora de servicios recibe la
atención necesaria para la recuperación de su estado de salud.
5.3.1.3 De la misma manera, en la
sentencia T-423 de 2007, se estudió el caso de una señora que escogió su lugar
de residencia cerca de una IPS adscrita a Colmedica EPS, para que la trataran
de artrosis degenerativa en la Clínica Cardio Infantil. Posteriormente, la EPS
terminó el convenio con dicha institución, por lo cual la accionante fue
trasladada a otra clínica, avisándole con anterioridad sobre la terminación del
contrato.
Entonces, la Corte decidió confirmar
las decisiones de los jueces de instancia que habían negado la protección de
los derechos fundamentales invocados, tras considerar que a pesar de que la
libertad de escogencia sea una característica del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, y una manifestación del libre desarrollo de la personalidad,
las EPS tienen correlativamente, la libertad de escoger las IPS con las que
tienen convenio, siempre y cuando se le garantice al usuario la prestación del
servicio de manera integral y de igual calidad, en la institución receptora.
Por lo tanto, decidió no amparar la protección de los derechos fundamentales
invocados, porque no obraba prueba de que la nueva IPS no estuviera ofreciendo
los servicios de forma integral y de menor calidad.
5.3.1.4 En la sentencia T-347 de 2007 a un paciente diagnosticado con insuficiencia renal crónica por lo cual recibía el tratamiento
de diálisis peritoneal con supervisión de la IPS Fresenius, la EPS le comunicó
que sería trasladado a la Unidad Renal del Tolima. Afirmó el accionante que a
raíz del cambio se podrían generar serias complicaciones en su estado de salud.
Sin embargo, la Sala consideró que no se demostró la existencia de una amenaza
o vulneración de los derechos fundamentales del actor, por cuanto su pretensión
de amparo se basaba en hechos inciertos y futuros, pues éste consideraba que el
traslado implicaría una desmejora en la calidad del servicio, sin que el
traslado se hubiera materialmente realizado, ni su estado de salud se
encontrara en riesgo, razón por la cual decidió confirmar la decisión de los
jueces de instancia de no tutelar los derechos fundamentales invocados.
5.3.1.5 Igualmente, la sentencia T-760 de 2008,
consideró que:
“(…)
una entidad encargada de garantizar el acceso al servicio de salud, no
desconoce el derecho de un paciente al desmejorar las condiciones en las que
éste accede a un servicio de salud que requiere, cuando (i) las razones del
cambio tienden a garantizar el disfrute del nivel más alto de salud posible de
la persona, en especial, garantizar la vida en condiciones dignas; (ii) el
cambio no constituye una afectación injustificada del principio de
progresividad del derecho a la salud ni afecta el contenido esencial de los
postulados de accesibilidad y calidad y (iii) el cambio no implica una barrera
que impida específicamente el acceso del paciente”[269].
5.3.1.6 En la sentencia T-477 de
2010, la Corte estudió el caso de un paciente con cáncer, que solicitó que lo
trasladaran a una IPS con la cual la EPS no tenía convenio suscrito. En esta
ocasión, después de que la Sala  recopiló las subreglas de la jurisprudencia
constitucional sobre la libertad de los usuarios de escoger IPS, procedió a
negar la protección de los derechos fundamentales invocados, por considerar que
no se probó la mala calidad en la prestación del servicio de la IPS receptora.
Concluyó que la institución prestadora, estaba en condiciones de suministrar el
servicio requerido y “no le ha negado al usuario el tratamiento de cáncer,
sino que éste no ha asistido a tal entidad a solicitarlo, ofreciendo la
posibilidad de recibir el tratamiento integral de  su enfermedad”.
5.3.1.7 Por último, en la sentencia
T-603 de 2010, la Corte amparó los derechos a la vida digna, salud y seguridad
social de dieciocho accionantes a quienes se les modificó de manera
injustificada la IPS que les brindaba el tratamiento integral para la
enfermedad de esclerosis múltiple. Se estimó en esta oportunidad que la EPS
vulneró el derecho a la libre escogencia de IPS, el derecho al diagnóstico y
con ello la continuidad en el tratamiento prescrito por el médico tratante.
Sostuvo que la entidad accionada vulneró sus derechos al no cumplir con su
obligación de garantizar la prestación integral y de calidad del servicio
médico, ni justificó el cambio de IPS, pues la nueva institución no contaba con
los recursos humanos necesarios para el restablecimiento de la salud de los
usuarios.
5.4 En resumen, la
jurisprudencia constitucional ha protegido la libertad de escoger IPS, cuando:
a) exista contrato o convenio vigente con la IPS anterior, b) el usuario se
encuentre en las condiciones excepcionales establecidas en la Resolución 5261
de 1994, c) el cambio representa una desmejora  en las condiciones de eficacia
y calidad en la prestación del servicio de salud, d) se afecte el principio de
integralidad y continuidad en la prestación del servicio y, e) ello genere una
afectación en el estado de salud del paciente.
Dicho de otro modo, los usuarios
deben demostrar que la nueva IPS: i) no garantiza integralmente el servicio, o
ii) que presta una inadecuada atención médica o de inferior calidad a la
ofrecida por la otra IPS y ello causa en el usuario un deterioro en su estado
de salud. Pues impedir el libre ejercicio de escogencia de IPS, conlleva a una
carga ilegitima para el paciente, que afecta el acceso al sistema de seguridad
social y vulnera sus derechos a la dignidad y a la salud de los usuarios.
Tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia constitucional, el traslado por sí mismo no genera la
vulneración de derechos fundamentales, sino cuando se acredita que la IPS
receptora no garantiza integralmente el servicio, o se presta una inadecuada
atención medica o de inferior calidad a la ofrecida en la anterior IPS y ello
causa un deterioro en la salud del paciente.
En conclusión, tal como lo estimó en
aquella oportunidad la sentencia anteriormente reseñada,
“ni el derecho de la EPS de escoger
con qué IPS contratar la prestación del servicio de salud, ni el derecho del
usuario de escoger la IPS que prestará los servicios que requiere, son derechos
absolutos, su ejercicio en aras de ofrecer un mejor servicio de salud y en
amparar la libertad de estos dos sujetos (EPS-Usuario) tiene límites que la
jurisprudencia constitucional ha impuesto con ocasión del análisis realizado en
sentencia de tutela”[270].
6. La dignidad humana y la prestación del servicio de
salud. La restricción a la autonomía de las EPS de escoger IPS para garantizar
la posibilidad de diseñar un
plan vital y de determinarse según sus características.
6.1 La dignidad humana fue
establecida en la Constitución Política como un valor y un principio y la
jurisprudencia le ha otorgado el carácter de derecho fundamental. El efecto
práctico de consagrar la dignidad como principio o como derecho es otorgarle
una mejor y mayor aplicabilidad por parte del juez. Esto por cuanto el
principio goza de un mayor grado de generalidad que la regla, pues ésta tiene
un elemento fáctico que permite su aplicación directa, mientras que la del
principio no lo contempla así.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que:
“(…) el hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la
posibilidad de autodeterminarse (CP art. 16). Las autoridades están
precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en
un sentido amplio como "vida plena". La integridad física, psíquica y
espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la
existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto
necesario para la autorrealización individual y social. (…)Así la dignidad
humana exige un trato especial hacia el individuo, de suerte que la persona
constituya efectivamente un fin para el Estado y no un simple medio.”[271]
6.2 De la misma manera, la jurisprudencia ha consagrado tres
lineamientos claros y diferenciables de la dignidad humana de acuerdo con su
objeto de protección, como son: i) La dignidad humana entendida como autonomía
o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus
características (vivir como se quiera). ii) La dignidad humana entendida como
ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y iii) la
dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad
física e integridad moral (vivir sin humillaciones).[272]
6.2.1 Con respecto al objeto de protección de la dignidad humana y la
autonomía individual, ha señalado la Corte que sólo cuando la persona tenga el
dominio de lo que quiere ser, es decir, mientras el hombre tenga la autonomía
para desarrollarse y darle un destino a la vida como él desee, es cuando la
dignidad se manifiesta. Por esta razón, se ha establecido una relación estrecha
entre la dignidad humana y la autonomía individual.
Así, se ha reseñado que a la noción jurídica de dignidad humana se integra “la libertad de elección de un plan de vida concreto
en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle.”[273] De este modo, la dignidad “se refleja de manera más inmediata en aquellos
derechos que se fundan en las decisiones racionales y autónomas del sujeto,”[274] y que encuentran expresión en el
derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Por lo tanto, a partir del enunciado
normativo del artículo 16 de la Carta, es posible delimitar “el objeto de protección de la dignidad entendida como
posibilidad de autodeterminarse[275]
según el propio destino[276]
o la idea particular de perfección,[277]
con el fin de darle sentido a la propia existencia.”[278] En este orden de ideas, la dignidad
humana y la autonomía personal son inescindibles y se materializan mediante la
acción del uno con el otro. De esta forma:
“(…) la dignidad humana requiere que
el hombre actúe según su recta razón y libre elección, movido por la convicción
interna personal y no bajo la presión que otros hagan sobre su libertad, porque
entonces el acto no sería libre. El hombre, pues, logra la dignidad cuando se
libera totalmente de toda cautividad y cuando pone los medios para que sus
semejantes no caigan en dicho estado indigno.”[279]
En otras palabras, “el distintivo de ser persona y el fundamento de la
dignidad de la persona es el dominio de lo que quiere ser,”[280] es decir, la autonomía personal.
Esta autonomía, entendida como la libertad individual de tomar las decisiones
determinantes para la vida, entre las cuales se encuentran las decisiones para
efectos de escoger un proyecto de vida, es una de las razones por la cuales el
derecho a la libertad de escogencia, ha sido considerado por la jurisprudencia
como un derecho de carácter constitucional fundamental.
6.3 En conclusión, el referente
concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la
persona: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un
proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de
vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para
desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu
(entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización
del proyecto de vida).
6.4 Consagró la Corte en la
sentencia T-1081 de 2001, reiterando la jurisprudencia constitucional[281] que:
“(…) la noción de vida, no es una
acepción limitada la posibilidad de existir o no, sino que se halla fundada en
el principio de dignidad humana. En la medida en que la vida abarca las
condiciones que la hacen digna, ya no puede entenderse tan sólo como un límite
al ejercicio del poder sino también como un objetivo que guía la actuación
positiva del Estado. Por eso también se ha dicho que al hombre no se le debe
una vida cualquiera, sino una vida saludable en la medida de lo posible”.[282]
Nótese que dentro de la
argumentación de la Corte se señala, que la vida se fundamenta en la dignidad
humana y que por lo tanto, ésta se debe entender como guía de la actuación
positiva del Estado y como una garantía del derecho a la salud.
De esta forma, la vida deja de
verse como una mera existencia, pues al ser interpretada a la luz de la
dignidad humana entra a concebirse como una existencia en condiciones
suficientes para realizar a la persona humana. Así se concibe como una vida
saludable, aquella desarrollada en condiciones materiales que concreticen la
dignidad, comprendida por los derechos a la salud, la integridad personal y
como aquello soportable y deseable desde el punto de vista de su titular. Así,
la interpretación de la vida  y su contenido se ven encaminados a la
materialización y logro de la dignidad humana.
En este orden de ideas, el
principio de dignidad humana supone una obligación positiva o un deber de
protección y mantenimiento por parte del Estado. Así lo consagró la sentencia
T-499 de 1992:
“(…) el
hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de
autodeterminarse (CP art. 16). Las autoridades están precisamente instituidas
para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como
"vida plena". La integridad física, psíquica y espiritual, la salud,
el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son
elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la
autorrealización individual y social. Una administración burocratizada,
insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no
se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica
al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado Social de Derecho (CP
art. 1°)”.[283]
Sin embargo, las obligaciones que
impone el principio de dignidad humana no sólo son exigibles frente a las
autoridades estatales, sino también frente a los particulares, pues “se dice en estos casos que la dignidad puede operar
también como un contrapeso para limitar las conductas abusivas entre
particulares (protección jurídica horizontal).”[284] Por esta razón, la Corte en la sentencia
T-461 de 1998, afirmó que: "el
respeto a la dignidad, es un mandato que obliga no sólo a las autoridades
públicas sino a los particulares, cualesquiera que sea la relación que exista
entre éstos. Es, en sí mismo, un principio mínimo de convivencia y expresión de
tolerancia."[285]
En la sentencia T-618 de 1998 se
estudió un caso de una joven de 19 años que al quedar embarazada, la
institución educativa le cambio el horario de estudio, vulnerando su autonomía
personal e impidiéndole seguir con sus estudios. Esta Corporación decidió que
la institución educativa accionada vulneró el derecho a la dignidad humana de
la actora pues no le permitieron ejercer su libertad de escoger oficio o de
determinar la manera en que ella llevaría a cabo su educación. Por lo tanto, se
señaló que:
“(…) la
dignidad humana, elevada a la categoría de fundamento del orden institucional
(artículo 1 C.P.), es reconocida expresamente por el Estado y lo debe ser por
toda autoridad y por todo grupo humano, mucho más por aquellos en cuyo seno se
presta el servicio público de educación. Considera la Corte que esa dignidad
resulta atropellada, (…), cuando se pretende erigir en conducta punible o en
falta disciplinaria el hecho de la maternidad.”[286]
6.5 En este orden de ideas, las
entidades promotoras de salud, al prestar un servicio público, están en la
obligación de proteger y garantizar el derecho a la dignidad humana y con ello
la autodeterminación del individuo y el proyecto de vida que éste quiera
escoger.
Así las cosas, además de atender a
las consideraciones y reglas jurisprudenciales anteriormente descritas,
respecto a la libertad de escogencia de IPS, es necesario restringir la
autonomía de la EPS de cambiar de IPS cuando se vulnere la dignidad humana;
entendida no sólo como la capacidad de autodeterminación del sujeto en la toma
de decisiones que lo afectan, sino igualmente referidas a las circunstancias
materiales necesarias para desarrollar un proyecto de vida.
De esta forma, la autonomía de las
EPS debe atender a criterios de razonabilidad para que no se afecte el derecho
fundamental a la dignidad humana, al tomar la decisión de trasladar a los
usuarios. Por lo cual, las entidades vulneran la dignidad humana de los
pacientes, cuando en razón del traslado de IPS modifiquen las condiciones en
las cuales el individuo desarrolla su proyecto de vida y elije la forma de
llevar a cabo su destino, salvo que se compruebe que las razones que justifican
el traslado tiendan a garantizar mayor calidad en la prestación del servicio,
en aras de garantizar la vida en condiciones de dignidad.
Lo anterior, atendiendo al grado de
vulnerabilidad, específicamente en el caso de enfermedades catastróficas o de
alto costo -como la insuficiencia renal-, que requieren de un tratamiento
médico continuo y permanente para efectos de que los pacientes puedan
sobrevivir a esta enfermedad de carácter crónico y terminal[287].  Por lo tanto, cuando en el curso
de un tratamiento médico se traslada de IPS a un usuario, la EPS debe
garantizar la estabilidad del tratamiento, en condiciones de calidad y
eficacia, en aras de continuar con la prestación del tratamiento prescrito y garantizar
un empalme en el diagnóstico de la enfermedad y la modalidad de tratamiento o procedimiento
prescrito por el médico tratante, además, se requiere que el traslado de IPS no
vulnere las condiciones de vida del paciente, ni su autonomía respecto a
decidir, junto al médico tratante, cuál tratamiento médico se ajusta a su
proyecto y forma de vida.
La posibilidad de autodeterminarse
no sólo es relevante para escoger el médico tratante, para que él con base en
su conocimiento técnico-científico, escoja, de la mano del paciente, el tipo de
tratamiento a suministrar. También implica para el usuario la escogencia del
tipo de tratamiento a suministrar, cuando existen varias alternativas para
tratar la enfermedad que padece, de forma tal que escoja la que más se adecue a
su estilo de vida y las condiciones de su existencia. Igualmente, se requiere
que las EPS continúen la prestación del tratamiento médico, indistintamente de
cuál institución lo suministre, presuponiendo un empalme sobre todo cuando el
cambio implica modificaciones en el estilo de vida del paciente -por cambiarse
las condiciones en las cuales se suministrará el tratamiento médico o exista un
cambio en el tipo de tecnología a utilizar-, garantizando que exista un proceso
de adaptabilidad a la nueva institución y al tipo de tratamiento a implementar.
Esto cuando la EPS en el curso de un
tratamiento médico decide cambiar de manera intempestiva las condiciones en las
cuales se presta el servicio médico, sin que se garantice el tiempo necesario
de adaptación y entrenamiento que requiere el paciente ante modificaciones en
el tratamiento y/o tipo de tecnología implementada, o además, cuando en lapsos
cortos de tiempo se realicen continuas modificaciones de instituciones
prestadoras de salud.
Con la finalidad de garantizarle al
individuo estabilidad en su proyecto y condiciones de vida, en el dominio de lo
que él quiere ser y cómo la quiere desarrollar, la EPS puede ejercer su
facultad de escoger autónomamente las IPS con las cuales prestara los servicios
de salud, ejerciéndolo de manera razonable, para garantizarle a los usuarios
estabilidad y continuidad en la prestación de los servicios de salud, sino que
además, para efectos de proteger su dignidad, al respetarles la calidad de vida
y la forma en la cual decidan vivirla. Pues no se puede desconocer que un
individuo que padece una enfermedad crónica hace su vida alrededor del
suministro de un tratamiento médico, que le garantiza calidad de vida digna,
sin que eso implique que el individuo renuncie a ser autónomo, vivir en
sociedad y quiera realizar su proyecto de vida.
7. Doctrina constitucional
sobre la carencia actual de objeto por hecho superado. Reiteración
jurisprudencial.
El objetivo de la acción de
tutela es la protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos
fundamentales, presuntamente vulnerados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de un particular, en concordancia con el artículo 86 de la
Carta Política y el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991.
Por esta razón, es necesario que
exista un sujeto determinado, titular de derechos fundamentales y una conducta
de una autoridad pública o de un particular que vulnere o amenace los derechos
de rango constitucional. Lo anterior, para efectos de que la acción de tutela
proceda y el juez constitucional pueda valorar el caso concreto y llegar a una
solución encaminada a proteger o restaurar la amenaza o vulneración.
“Ciertamente,
los derechos no son otra cosa que facultades radicadas en cabeza de personas
naturales o jurídicas, por lo cual su existencia no se presenta por sí
misma, como una realidad ontológica autónoma o independiente, sino que sólo se
da como consecuencia de la de un titular de tales facultades subjetivas”[288].
El artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 hace alusión a la improcedencia de la acción de tutela, “cuando sea
evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando
continúe la acción u omisión violatoria del derecho”. Sin embargo, el
parágrafo del artículo 29 del mencionado decreto señal que, el fallo de tutela
no puede ser inhibitorio, por lo cual el juez de tutela no puede eximirse de
realizar un análisis de fondo sobre el caso concreto. De ahí que, la Corte
Constitucional haya creado el concepto de “carencia actual de objeto”,
que puede configurarse por la ocurrencia de un hecho superado o de un daño
consumado[289].
Así, se presenta un hecho
superado cuando cesa, desaparece o se supera el objeto jurídico de la acción de
tutela, porque se restauró el derecho fundamental amenazado o vulnerado,
impidiendo que “el juez de tutela entre a emitir una orden respecto de la
situación fáctica que impulsó la interposición de la acción.”[290]
Lo cual no implica, tal como se dijo anteriormente, que el juez de tutela
profiera un fallo que solo mencione la configuración de un hecho superado y cómo
se reparó el derecho, porque el hecho superado debe ser probado.
Por otro lado, existe un daño
consumado cuando el hecho en el que se fundó la violación o amenaza ya generó
el perjuicio que se pretendía evitar por medio de la acción de tutela. Igualmente,
el juez debe fallar el caso concreto y, si es del caso impartir una orden
tendiente a reparar el perjuicio producido.
En la sentencia T-448 de 2004, se
expusieron algunas de las hipótesis en los cuales se presenta un daño
consumado, que son:
“i) cuando el
actor fallece y es obvio que desaparecen los fundamentos fácticos que motivaron
la solicitud de amparo[291],  ii) cuando se ha
cumplido el término de la sanción impuesta por medio de un acto administrativo
a pesar de que se pueda establecer de manera posterior que dicho acto fue
expedido con la violación al debido proceso[292], iii) en una
hipótesis similar, cuando se ha cumplido el término de la sanción
disciplinaria, y por tanto, no tendría mayor objeto un pronunciamiento sobre la
afectación de los derechos fundamentales originados con la actuación
investigativa y sancionadora de la Procuraduría.”[293]
No obstante, resulta pertinente
establecer la oportunidad procesal en la cual el supuesto de hecho se superó o
dejó de existir, porque desde el punto de vista procesal, tiene ciertas
implicaciones para el fondo del fallo, esto es si fue “i) antes de iniciado
el proceso ante los jueces de instancia o en el transcurso de los mismos, o ii)
estando en curso el trámite de revisión ante la Corte Constitucional.”[294]
En ese sentido, si el fundamento fáctico
se superó antes de iniciado el proceso de tutela ante los jueces de instancia o
en el trámite de la misma, corresponde al juez constitucional declarar la
improcedencia de la misma, en virtud de lo establecido en el artículo 6 numeral
4 del Decreto 2591 de 1991, debiendo verificar: i) si se trata de un hecho
superado, cómo cesó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, o
ii) de tratarse de un daño consumado, declarar la improcedencia, analizando la
existencia de la consumación del daño. Por su parte, la Corte en sede de
revisión, deberá confirmar el fallo revisado, quedando facultada para
pronunciarse y realizar un examen adicional relacionado con la materia de la
que trata el caso concreto, con la finalidad de unificar jurisprudencia[295].
Mientras que, si se superó o
consumó el daño en el curso del trámite de revisión ante la Corte
Constitucional, la Sala de Revisión deberá analizar el caso concreto y advertir
si en el trámite ante los jueces de instancia se cumplió debidamente con las
reglas jurisprudenciales, se aplicaron adecuadamente las normas vigentes y
dependiendo del caso conceder o revocar el amparo de los derechos
fundamentales, sin importar, que no proceda impartir orden alguna. Tal como se
consagró en la SU-540 de 2007:
“Entonces,
sobre el particular se puede enunciar como regla general que a.) si la Corte
encuentra que la decisión se profirió conforme a la Constitución Política y a
la jurisprudencia, confirmará el fallo; b.) si verifica que sí hubo una
vulneración, o que la tutela era procedente, revocará la decisión y señalará
que aunque se habría concedido la tutela, se presentó un daño consumado con la
muerte del actor, con lo que se configura la carencia de objeto y así lo
declarará, previo su pronunciamiento de fondo, para determinar el alcance
de los derechos vulnerados (en armonía con lo dispuesto en el artículo 24 del
Decreto 2591 de 1991) y emitirá la orden de compulsar copias de la sentencia y
del expediente a las autoridades correspondientes para eventuales
investigaciones, si fuera del caso.”  (Subrayado y negrilla fuera
de texto)[296].
8. Casos concretos.
8.1 Cuestión Previa.
1. Pasará la Sala a estudiar si
las entidades accionadas, al trasladar la prestación del servicio renal a otra
IPS y en algunos casos, esto implicó la modificación del tratamiento;
vulneraron los derechos fundamentales a la salud, la dignidad humana, la
libertad de escogencia y la seguridad social de los tutelantes, aún cuando las
EPS han autorizado la práctica de los tratamientos en otra institución.
Para resolver los casos
concretos, la Sala estudiara uno a uno los expedientes acumulados, decidiendo
en los casos concretos en: a) cuáles eventos se pudo constar la configuración
de un hecho superado, por verificarse que en el trámite ante los jueces de
instancia o el sede de revisión, cesó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados, b) los casos en que se pudo constatar la vulneración
de los derechos fundamentales invocados y por último, c)  los eventos en los
cuales no se puedo verificar la vulneración de los garantías constitucionales.
2. En primer lugar, es necesario
aclarar, que tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional[297],
el juez de tutela no tiene competencia técnica ni científica para determinar el
diagnóstico de una enfermad, ni de evaluar cuál de las dos instituciones
prestadoras de servicios ofrece mejores condiciones científicas o técnicas para
el tratamiento de la enfermedad renal; sobre todo cuando se tiene en
consideración que, el manejo de la enfermedad renal en Colombia debe estar
estandarizado y adecuarse a las recomendaciones y modelos de atención
establecidos en el Acuerdo 245 de 2003 del Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud  y la Guía para el manejo de la enfermedad renal del Ministerio de
Protección Social y la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud
y la Seguridad Social.
Pretenden los accionantes que el
Ministerio, “adopte las medidas para garantizar la estabilidad y la
continuidad en el tratamiento de los pacientes de diálisis de tal forma que en
las regulaciones se prohíba que un paciente de diálisis sea traslado por la EPS
a otro proveedor en contra de su voluntad. Estas mediadas deben ser
establecidas en la regulación y deben estar orientadas a proteger a los
pacientes a los que se les ha iniciado un tratamiento y están satisfechos con
el mismo, para que los traslados tenga que ser justificados y autorizados por
los pacientes.”[298]
2.1 A pesar de que es deber del Ministerio de Protección Social, velar por el cumplimiento de la
prestación del servicio de salud, esto no implica que la acción de tutela sea
procedente para, en primer lugar, ordenar el cumplimiento de las funciones de
una entidad pública, pues éste no es el objeto de la misma.
Y en segundo lugar, en los casos
concretos, no se puede constatar la existencia de una conducta del Ministerio
de Protección Social, que vulnere o amenace los derechos fundamentales de los
accionantes, pues a pesar de que es el ente encargado de definir las reglas
según las cuales las entidades promotoras de salud, otorgarán las condiciones
para que los usuarios escojan libremente las instituciones prestadoras de
servicios, “la regulación correlativa para el cumplimiento del principio de
libre escogencia es tarea de la Superintendencia Nacional de Salud velar por su
cumplimiento”[299]. De esta forma,
de conformidad con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad
Social en Salud,  el Ministerio no es el competente para verificar el
cumplimiento de las regulaciones sobre libertad de escogencia de IPS y por
tanto, no existe acción u omisión imputable a la entidad por los hechos que
presuntamente menoscaban las garantías constitucionales. No obstante, se
exhortará al Ministerio de Protección Social y a la Superintendencia
Nacional de Salud para que adopte las medidas tendientes a supervisar a
Saludcoop y Cafesalud E.P.S para que cumpla a cabalidad con las órdenes
constitucionales proferidas en la presente providencia, evitando que en el
futuro incurra en actos idénticos a los que dieron origen a esta acción de
tutela.
Lo anterior, por cuanto, como se
dijo anteriormente, evaluar el diagnóstico y tratamiento de un paciente es
responsabilidad exclusiva de los profesionales de la salud. No obstante, la
Corte debe analizar si en los casos concretos se desconocieron garantías
constitucionales a los pacientes renales, en lo que respecta a: (i) la
vulneración al derecho a la salud, en su faceta de continuidad en la prestación
del servicio, (ii) la violación al principio de libertad de escogencia de IPS
y, (iii) autonomía del paciente.
8.2 Casos Concretos:
8.2.1  Expediente T-2.927.239:
Los
señores Luís Alberto Cárdenas, Eloidina Gil, Julio Hernández, Simón Alberto
Vargas, Ricardo Espitia Poveda, Miguel Chávez Sierra, Jessica Juliet Ordoñez
Borja, Segundo Niño, Jaime Camargo, Rosendo Bonilla, Dolores García, Luís
Adelia Pinilla Varela; José Alexander Romero, Roberto González Villamil, Omar
Romero Bonilla, Ciro Antonio Bautista, Emilio González Vargas, Mercedes
Perilla, Ana Georgina Matallana, José Parmenio Mayorga y Luis Alfredo García
Abedaño, pacientes con insuficiencia renal crónica, interpusieron acción de
tutela contra Saludcoop EPS por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la salud en conexidad con la seguridad social e integridad
física. Lo anterior, por cuanto a finales del año 2010, la entidad
accionada les comunicó que serían trasladados de la Unidad Renal RTS de Tunja a
la Unidad Renal Fresenius Medical Care de la misma ciudad. Señalaron los
accionantes que el cambio de unidad renal implica una modificación de la
máquina por medio de la cual les suministran el tratamiento de diálisis, la
cual en su consideración, es de menor calidad a la ofrecida en su anterior IPS.
La máquina usada en la Unidad
Renal RTS de Tunja, en su parecer, es de superior tecnología y ayuda a mejorar
los drenajes, por lo tanto, solicitaron la continuidad en la prestación del
servicio médico, pues el traslado de IPS no sólo pone en riesgo su salud
física, sino que afecta su estabilidad psicológica.
Por su parte, la Gerente General
de Saludcoop EPS afirmó que la IPS Unidad Renal RTS de Tunja, no hace parte de
las instituciones adscritas a la red de servicios de la EPS, por lo que los
usuarios deben elegir libremente las instituciones prestadoras de servicios que
estén adscritas o vinculadas a la EPS.
A su vez, el Juzgado Tercero
Penal Municipal de Tunja declaró improcedente la acción de tutela. Consideró
que los usuarios no demostraron que la IPS receptora no garantiza integralmente
la prestación del servicio de salud o es de inferior calidad y por tanto
conlleva a un deterioro en su estado de salud.
En este orden de ideas, considera
la Sala de Revisión, tal como se mencionó anteriormente, que la libertad de
escogencia de IPS es un derecho de los usuarios del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, que al tener estrecha relación con la dignidad
humana, el libre desarrollo de la personalidad y las diferentes manifestaciones
del derecho a la salud, deviene en fundamental y por lo tanto es amparable por
vía de la acción de tutela.
Se debe recordar que no es una
garantía absoluta, que encuentra uno de sus limites en que la IPS en la que
desee ser atendido el usuario, debe estar dentro de la red de instituciones
adscritas a la EPS, es decir, debe existir un contrato o convenio vigente entre
la EPS en la cual el usuario esté afiliado y la IPS requerida. Se trata,
además, de un derecho limitado por las condiciones de oferta y calidad del
servicio. Así, ha consagrado la jurisprudencia de esta Corporación, que para
que exista vulneración de los derechos fundamentales a la salud, seguridad
social y vida digna, se debe acreditar que el traslado de IPS tiene
repercusiones negativas en las condiciones de salud y/o integridad física del
usuario o en la continuidad en la prestación del servicio.
En el caso concreto, hubo un
cambio intempestivo por parte de la EPS, para efectos de continuar con el
suministro de un tratamiento médico prescrito e iniciado por la IPS anterior.
Por esta razón, deviene el carácter de derecho fundamental a la libre
escogencia, puesto que tiene repercusiones en el estado de salud e integridad
física del paciente, más aún cuando existe otra opción de institución
prestadora que puede ser escogida por el usuario. Al tratarse de una enfermedad
crónica y terminal, los pacientes requieren de estabilidad y continuidad en el
diagnóstico y los tratamientos prescritos. Así las cosas, Saludcoop EPS vulneró
sus derechos fundamentales a la libertad de escogencia, salud, vida digna y
seguridad social, al ordenar el traslado de institución prestadora de
servicios, de la Unidad Renal RTS de Tunja a Fresenius Medical Care, de forma
intempestiva e inconsulta.
Por lo mismo,
se afectó el derecho a la continuidad del tratamiento de los peticionarios. Ésta
Corporación pudo constatar que el traslado de IPS conllevó, en el caso de los
pacientes renales aquí accionantes, a una modificación en la tecnología
aplicada, lo cual implica en primer lugar, llevar a cabo un proceso de
adaptación, en segundo lugar, modificaciones en la prescripción del médico
tratante y por ultimo, genera repercusiones en el estado de salud del paciente.
Según informó la Representante
Legal de la Unidad Renal del Tolima, “el proceso de adaptación del paciente
al nuevo sistema puede incrementar el riesgo de errores en la aplicación
correcta de la técnica, especialmente en las fases iniciales, lo que genera
riesgos de contaminación, infecciones y peritonitis, entre otras complicaciones,
que pueden comprometer la salud y la vida del paciente”[300].
Igualmente, mencionó que “el
inicio con un nuevo sistema pueden generar cambios en la prescripción por parte
del nuevo médico tratante, de acuerdo a las concentraciones de electrolitos y
glucosa, y de volúmenes disponibles, lo que genera riesgos de subdiálisis para
el paciente, es decir, que no logre cumplir las metas clínicas de la terapia dialítica,
generando riesgos para la salud del paciente.” También señaló que el cambio
de sistema, implica una “perdida de la relación médico paciente, establecida
en la mayoría de casos por varios años (…) el desconocimiento de la historia
clínica de este paciente por parte del nuevo grupo médico-asistencial podría
generar que se tomen conductas médicas que en el pasado no hayan sido
efectivas, deteriorando el estado de salud del paciente…(…) podría generarse
una brecha en la continuidad de la atención médica dada por el tiempo para
coordinar la atención de los pacientes por parte del nefrólogo y el grupo
interdisciplinario.”[301] Además al ser pacientes
con un sistema inmunológico deprimido, las modificaciones en la terapia renal
conlleva a riesgos de contraer enfermedades infecciosas.
En virtud de lo anterior, y de
acuerdo con las consideraciones efectuadas en esta sentencia, al interrumpirse
sin justificación el tratamiento prescrito por los médicos tratantes y al
modificarse el tipo de tecnología utilizado para la terapia renal, se generaron
riesgos en el estado de salud de los pacientes, razón por la cual para efectos
de conciliar la libertad de la EPS de escoger las IPS y a su vez velar por la
protección de la salud, vida digna y seguridad social de los pacientes renales,
es necesario que las EPS garanticen un empalme de médicos tratantes,
tratamientos y tecnología para efectos de no vulnerar la continuidad en la
prestación de los servicios de salud y desmejorar el estado de salud de los
pacientes, poniendo en riesgo incluso su vida.
8.2.1.1 En virtud de lo anterior,
se revocará la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de
Tunja y en su lugar se concederá la protección de los derechos fundamentales a
la vida digna, salud, libertad de escogencia y seguridad social de los señores Luís
Alberto Cárdenas, Eloidina Gil, Julio Hernández, Simón Alberto Vargas, Ricardo
Espitia Poveda, Miguel Chávez Sierra, Jessica Juliet Ordoñez Borja, Segundo
Niño, Jaime Camargo, Rosendo Bonilla, Dolores García, Luís Adelia Pinilla
Varela; José Alexander Romero, Roberto González Villamil, Omar Romero Bonilla,
Ciro Antonio Bautista, Emilio González Vargas, Mercedes Perilla, Ana Georgina
Matallana, José Parmenio Mayorga y Luis Alfredo Garcia Abedaño.
8.2.1.2 En consecuencia, se ordenará
a Saludcoop EPS que, en ejercicio de la libertad de escogencia y la garantía de
los derechos fundamentales a la salud y la vida digna de los accionantes,
preste la atención de los servicios integrales de salud requeridos para la
patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad Renal de preferencia del
usuario, perteneciente a la red de prestadoras inscritas a la EPS,
preferiblemente la Unidad Renal RTS del Tunja. En caso de que ésta ya no tenga
contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad accionada debe garantizar
el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos por el médico tratante, de
forma tal que progresivamente se pueda efectuar el traslado de IPS.
8.2.2
Expediente T-2.933.152:
El señor Edgar Aroca Cruz,
diagnosticado con insuficiencia renal crónica y afiliado a Cafesalud EPS,
interpuso acción de tutela contra la mencionada entidad, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida,
por la decisión de la EPS de trasladarlo de la Unidad Renal RTS del Tolima a la
IPS Fresenius Medical Care.
Señaló el actor, que el traslado
de IPS también implicó la modificación del equipo para realizarse el
tratamiento médico, pues la IPS receptora no contaba con la máquina para
realizar diálisis peritoneal automatizada, por lo cual debía retornar a la
diálisis peritoneal manual[302]. Afirmó que el
tratamiento de diálisis peritoneal automatizada es de superior tecnología,
precisión y calidad que la manual. Igualmente, consideró que el cambio de IPS
conllevaba a una desmejora en la calidad de la prestación del servicio médico.
De conformidad con la historia
clínica, posterior al traslado de IPS, el actor sufrió de peritonitis,
señalando que el antiguo tratamiento médico, esto es diálisis peritoneal
automatizado, había mejorado sus condiciones de salud, mientras que con la
manual estaba expuesto a este tipo de riesgos.
El Gerente Regional de Cafesalud
EPS sostuvo que al accionante se le están prestando todas las atenciones médicas
incluidas en el POS, pero que en razón de la medida provisional decretada por
el juzgado de instancia, autorizó la prestación de los servicios para la
enfermedad renal en la Unidad Renal del Tolima[303].
Por su parte, el Juzgado Décimo
Penal Municipal de Ibagué decidió no tutelar los derechos a la salud, la
dignidad humana y seguridad social,
por carecer de objeto o hecho superado y por lo tanto, requirió al Gerente Regional
de Cafesalud EPS, para que continuara prestando el tratamiento integral para la
enfermedad que el señor Aroca padece en la Unidad Renal del Tolima. Estimó que
dado la enfermedad crónica que padece, el traslado de IPS pone en riesgo su
salud, en tanto que el tratamiento médico suministrado en la IPS receptora es
de inferior calidad al que se le venía prestando en la anterior IPS.
Atendiendo a las reglas
jurisprudenciales descritas, la Sala considera que en el caso concreto hubo una
afectación de los derechos fundamentales del señor Aroca, porque: en primer
lugar, la EPS desconoció la libertad de escogencia del usuario, pues la IPS de
preferencia del actor aún hacia parte de la red contratada por la entidad
accionada.
En segundo lugar, según la historia
clínica previa al traslado, el paciente “fue
cambiado recientemente a APD[304] y ha mejorado su
adherencia (…)”[305]. De la misma manera, describe el
accionante en el escrito de tutela, que la diálisis peritoneal automatizada ha
tenido excelentes resultados en su calidad de vida. Además, tal como lo enunció
el Gerente Regional de Cafesalud EPS y varias de las instituciones médicas
consultadas, este tipo de tratamiento –diálisis peritoneal automatizada- es
apto para pacientes laboralmente activos[306]
y se realiza en casa, por la noche, mientras el paciente duerme[307].
Igualmente, reseñaron que en el cambio de diálisis automática a manual, es
necesario que se valore el “el tipo de
membrana peritoneal, además; se evaluara la adherencia del paciente, y se
enseñara el manejo de complicaciones.”[308]
Se mencionó, también que:
“Dependiendo del PET Test de
equilibrio peritoneal, la FRR [-Función renal residual-]  y la superficie
corporal se definirá si realmente es un paciente apto para pasar a APD ya que
si no se cumple con las condiciones, mínimas el paciente quedara subdializado
acarreando consecuencias progresivas de deteriore de su salud”[309]
De la misma manera, el Director
Departamental de Cafesalud EPS expuso en el oficio No. OPTB-346/2011, allegado
a este Despacho el 17 de junio de 2011, que el señor Edgar Aroca Cruz
actualmente está en tratamiento médico en la Unidad Renal RTS de Ibagué. Afirmó
que el “paciente quien asistió a consulta
el día 16 de noviembre de 2010 con diagnóstico de falla renal crónica por
neuropatía diabética en diálisis peritoneal desde hace un año, se encontró en
la evaluación de dicho día hipergluecemia por no adherencia a dieta e
irregularidad en la aplicación de insulina. Se citó para cambio de línea y
entrenamiento pero nunca volvió”[310].
8.2.2.1 En este orden de ideas, de
las pruebas que obran en el expediente, se puede inferir que la EPS no realizó
los exámenes de diagnóstico necesarios para evaluar la viabilidad médica del
cambio de tratamiento, ni tuvo en consideración las diferencias de los dos
tipos de tratamientos con referencia al nivel de autonomía que cada uno de
ellos implica[311].
8.2.2.2 En virtud de lo anterior,
considera la Sala que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales a
la dignidad humana, salud, seguridad social y libre escogencia. En virtud de lo
anterior, se revocará el fallo del , el Juzgado Décimo Penal Municipal de
Ibagué y se ordenará a Cafesalud EPS que, en ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes, preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente la Unidad Renal RTS del Tolima, en caso de
que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad
accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos
por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se puede efectuar el
traslado de IPS.
8.2.3  Expediente T-2.941.203:
Luís Senen Vesga Monsalve padece
de insuficiencia renal crónica, por lo cual venía siendo tratado con diálisis
peritoneal ambulatoria continua en la unidad renal RTS Limitada Agencia HUS de
Bucaramanga. Por medio de llamada telefónica, Saludcoop EPS le informó que
sería trasladado de la unidad renal RTS HUS a Fresenius IPS, por lo cual debía
asistir a un entrenamiento peritoneal. Mencionó, igualmente, que el traslado de
IPS implica una modificación en la línea de transferencia que se utiliza
para el tratamiento, variando de la línea Baxter, que usa en la RTS HUS, a la
línea de Fresenius que utiliza la IPS Fresenius Medical Care, razón por la cual
requiere de un entrenamiento del cambio de línea que se demora aproximadamente
un mes.
La Gerente Regional de Saludcoop
EPS, señaló que se ha demostrado que la entidad prestadora ha cumplido con sus
obligaciones legales, por lo cual no ha negado la prestación de ningún servicio
al usuario, sólo trasladó la institución encargada de prestar el servicio de
salud.
Por su parte, el Juzgado Octavo
Penal Municipal de Bucaramanga declaró la improcedencia de la acción de tutela,
por considerar que no existió vulneración del derecho a la salud con el cambio
de IPS. Esto por cuanto en la respuesta suministrada por la entidad accionada,
se demostró que nunca se ha negado el servicio a la salud del accionante, por
el contrario la EPS Saludcoop le ha suministrado el tratamiento necesario, pero
en otra IPS adscrita a la entidad, dado que ya no tienen vinculo con la RTS del
HUS, pero ello no implica una negación del servicio de salud, u omisión del
mismo.
Según las pruebas solicitadas por
esta Corporación, varias entidades médicas pudieron constatar que el cambio en
el tipo de tecnología utilizado para un tratamiento médico tiene repercusiones
en el estado de salud de los pacientes,  aunque esto por sí mismo no implica
una amenaza, ni vulneración del derecho fundamental a la salud y seguridad
social.
No obstante, considera la Sala que
la entidad accionada trasladó de forma intempestiva, injustificada, poniendo en
riesgo la continuidad en la prestación del servicio. Esto si se tiene en cuenta
que para efectos de cambios en la línea de transferencia[312],
se requiere de un entrenamiento peritoneal[313], necesario para que el
paciente se adapte a la nueva tecnología utilizada, que puede durar entre dos
semanas y un mes. Así las cosas, al realizarse un cambio intempestivo de la
institución prestadora de servicios,  no se garantizó el proceso de adaptación
que requiere el paciente, vulnerándose la continuidad en la prestación del
servicio y con ello el derecho fundamental a la salud.
8.2.3.1 A pesar de lo anterior, la
Sala pudo verificar que la EPS accionada aun tiene contrato vigente con la IPS
requerida, pues por medio de oficio recibido por este Despacho el 20 de
septiembre de 2011, el Vicepresidente científico de Saludcoop EPS, señaló que
el señor Luís Senen Vesga aún está siendo atendido en la Unidad Renal RTS –HUS-
de Bucaramanga[314].
8.2.3.2 No obstante, la Sala
considera que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales a la
salud y la seguridad social, razón por la cual procederá a revocar la sentencia
del Juzgado Octavo Penal Municipal de Bucaramanga, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela, para en su lugar, conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados. Por lo tanto, se ordenará a Saludcoop EPS que, en
ejercicio de la libertad de escogencia y la garantía de los derechos
fundamentales a la salud y la vida digna de los accionantes, preste la atención
de los servicios integrales de salud requeridos para la patología de
insuficiencia renal crónica en la Unidad Renal de preferencia del usuario,
perteneciente a la red de prestadoras inscritas a la EPS, preferiblemente la
Unidad Renal RTS –HUS- de Bucaramanga, en caso de que ésta ya no tenga contrato
o convenio vigente con dicha IPS, la entidad accionada debe garantizar el empalme
de diagnóstico y tratamiento prescritos por el médico tratante, de forma tal
que progresivamente se puede efectuar el traslado de IPS.
8.2.4 Expediente T-2.942.005:
Luís Reinaldo Báez Barbosa,
paciente diagnosticado con insuficiencia renal crónica, recibía tratamiento de
diálisis peritoneal manual en la unidad renal RTS de Bucaramanga. Informó que
por medio de una llamada telefónica le comunicaron que debía trasladarse de
unidad renal, sin embargo el actor no aceptó el traslado. De la misma manera,
mencionó que en la IPS RTS le ofrecen un tratamiento integral que consiste en
la valoración de un equipo interdisciplinario por lo cual no desea ser
trasladado de unidad renal.
Por su parte, la entidad
accionada, extemporáneamente, precisó que Saludcoop respetaría el derecho a la
libre elección de IPS, porque el paciente se mostró en desacuerdo en
trasladarse a la nueva IPS contratada por ellos, esto es Fresenius Medical
Care. Por lo cual, ante la solicitud de querer permanecer en la IPS RTS,
Saludcoop afirmó que ordenó las terapias en la unidad renal de su preferencia.
Así las cosas, el Juzgado Segundo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, decidió
tutelar los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la
seguridad social, razón por la cual ordenó la autorización y garantía del
servicio prestado en la RTS del H.U.S de conformidad a las indicaciones del
médico tratante. Consideró que si bien la libertad de escogencia no es un
derecho absoluto, el traslado de IPS puede generar la vulneración de derechos
fundamentales cuando se comprueba que la IPS receptora no garantiza de forma
integral el servicio de salud.
8.2.4.1 En este caso concreto,
considera la Sala que el accionante interpuso la acción de tutela por la
presunta amenaza de sus derechos fundamentales a la salud, seguridad social y
vida digna. No obstante, como no se materializó el traslado de IPS, no se
produjo una afectación en las condiciones de salud, ni dignidad humana. Lo
anterior no significa que entonces, que la EPS no haya irrespetado las
garantías mínimas de continuidad en la prestación del servicio a la salud, y de
libertad de escogencia de IPS, pues a pesar de tener contrato vigente con la
Unidad Renal RTS –HUS-  decidió trasladarlo, sin garantizar un empalme en la
prestación del servicio a la salud.
8.2.4.2 Por lo tanto, considera la
Sala que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales a la dignidad
humana, salud, seguridad social y libertad de escogencia, razón por la cual,
se confirmara el fallo del Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bucaramanga y, se ordenará a Saludcoop EPS que, en
ejercicio de la libertad de escogencia y la garantía de los derechos
fundamentales a la salud y la vida digna de los accionantes, preste la atención
de los servicios integrales de salud requeridos para la patología de
insuficiencia renal crónica en la Unidad Renal de preferencia del usuario,
perteneciente a la red de prestadoras inscritas a la EPS, preferiblemente la
Unidad Renal RTS –HUS- de Bucaramanga, en caso de que ésta ya no tenga contrato
o convenio vigente con dicha IPS, la entidad accionada debe garantizar el
empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos por el médico tratante, de
forma tal que progresivamente se puede efectuar el traslado de IPS.
8.2.5
Expediente T-2.951.644:
La señora Blanca Rosa Becerra
Díaz padece de insuficiencia renal crónica, razón por la cual le suministraban
diálisis peritoneal automatizada en la unidad renal RTS de Bucaramanga.
Solicitó que su EPS le garantice el tratamiento integral que requiere para su
enfermedad en la unidad renal que viene siendo tratada. Indicó que por medio de
comunicación telefónica, la EPS le informó sobre el traslado de IPS. Y expuso
que una de las razones por las cuales se opone al traslado es que, con el
cambio de unidad renal, se modifica el tipo de maquina que realiza la diálisis
y esto conlleva a un nuevo entrenamiento para aprender a manejarla. Además,
mencionó que en la unidad renal anterior, le suministran un tratamiento
integral para su estado de salud.
Por su parte, el Director Médico
y Nefrólogo de la unidad renal RTS H.U.S de Santander, aclaró que el tratamiento
que se suministra para las personas con insuficiencia renal “genera en el
paciente dependencia y confianza en el personal y en el equipo que le ayuda a
la terapia, no solo por la característica de la terapia (vital para la vida)
sino por la periodicidad de los controles que se le realizan”. Del mismo
modo, “la terapia de diálisis requiere un aprendizaje (entrenamiento) del
paciente por lo menos de una semana, y el traslado implica un nuevo
entrenamiento con los inconvenientes de tiempo para el paciente”[315].
El Juzgado Veintitrés Penal
Municipal de Depuración de Bucaramanga decidió no conceder el amparo de los
derechos fundamentales invocados, por considerar que no existió omisión por
parte de la EPS de prestar el servicio requerido de diálisis peritoneal, pues
la prestación del servicio de salud sería suministrado por otra IPS, con la que
autónomamente la entidad accionada suscribió contrato.
No obstante, en la contestación a
la acción de tutela, durante el trámite de instancia, la entidad accionada
adjuntó el documento de autorización de servicios médicos, en el cual consta
que hasta el 23 de noviembre de 2010, fue aprobada la diálisis peritoneal automatizada
mensual en la RTS Ltda. sucursal Bucaramanga[316].
Según las pruebas solicitadas por
esta Corporación, varias entidades médicas pudieron constatar que el cambio en
el tipo de tecnología utilizado para un tratamiento médico tiene repercusiones
en el estado de salud de los pacientes,  aunque esto por sí mismo no implica
una amenaza, ni vulneración del derecho fundamental a la salud y seguridad
social.
8.2.5.1 No obstante, considera la
Sala que la entidad accionada trasladó de forma intempestiva, injustificada,
poniendo en riesgo la continuidad en la prestación del servicio. Esto si se
tiene en cuenta que para efectos de cambios en la línea de transferencia[317],
se requiere de un entrenamiento peritoneal[318], necesario para que el
paciente se adapte a la nueva tecnología utilizada, que puede durar entre dos
semanas y un mes. Así las cosas, al realizarse un cambio intempestivo de la
institución prestadora de servicios,  no se garantizó el proceso de adaptación
que requiere el paciente, vulnerándose la continuidad en la prestación del
servicio y con ello el derecho fundamental a la salud.
8.2.5.2 Así las cosas, la Sala
procederá a revocar la sentencia del juez a quo y, en su lugar, concederá el
amparo de los derechos fundamentales a la salud, vida digna y libertad de
escogencia y ordenará a la EPS accionada, que atendiendo a los principios de
continuidad e integridad en la prestación del servicio de salud, garantice la
libertad de escogencia de la usuaria dentro de las IPS adscritas a su red, para
que escoja aquella que se adapte más a sus preferencias y realice el
acompañamiento necesario en la modificación de la tecnología y/o máquina con la
que se realice el tratamiento médico, debiendo otorgar un plazo de empalme
entre instituciones prestadoras de servicios, garantizando el derecho al diagnóstico
y de conformidad con el tratamiento prescrito por el médico tratante, de forma
tal que progresivamente se puede efectuar el traslado de IPS.
8.2.6
Expediente T-2.951.713:
El señor John Jairo Bayona
Fajardo, actuando en representación de su madre, la señora Rosa Elena Fajardo
Herrera, diagnosticada con insuficiencia renal crónica, a quien le
suministraban el tratamiento de diálisis peritoneal automatizada en la Clínica
Renal de RTS de Bucaramanga, solicitó que a pesar de las situaciones
administrativas que afronte Saludcoop EPS, se le continúe suministrando el
tratamiento integral en la Unidad Renal RTS de Bucaramanga. Afirmó el señor
Bayona que la entidad accionada decidió trasladar a la paciente de IPS sin
previo aviso y sin un motivo justificado. Adujo que la prestación de los
servicios médicos que recibía su madre en la RTS son integrales, garantizado la
atención por parte de un equipo interdisciplinario.
En el momento de interponer la
acción de tutela, el agenciado desconocía la fecha y la IPS a la cual iba a ser
trasladada la paciente, pero manifestó que su mayor preocupación es que se pudiera
afectar la cantidad de líquidos prescritos para realizarse la diálisis
peritoneal.
El Juzgado Veintitrés Penal
Municipal de Depuración de Bucaramanga decidió negar por improcedente la acción
de tutela impetrada por el señor Jhon Jairo Bayona como agente oficioso de la
señora Rosa Elena Fajardo. Consideró que no hubo omisión por parte de la EPS de
prestar el servicio requerido de diálisis peritoneal, sino se trata de
continuar la prestación del mismo servicio en otra IPS. Por lo tanto, en virtud
de la autonomía conferida por la Ley 1122 de 2007 a las EPS, éstas pueden escoger con qué instituciones suscriben contratos.
Sin embargo, de manera extemporánea,
la Gerente Regional de Saludcoop EPS solicitó que se niegue la acción de tutela
por configurarse carencia actual de objeto. Lo anterior, por cuanto seguirá
garantizando la prestación del servicio para su patología en la unidad renal
RTS.[319]
Según las pruebas solicitadas por
esta Corporación, varias entidades médicas pudieron constatar que el cambio en
el tipo de tecnología utilizado para un tratamiento médico tiene repercusiones
en el estado de salud de los pacientes,  aunque esto por sí mismo no implica
una amenaza, ni vulneración del derecho fundamental a la salud y seguridad
social.
8.2.6.1 No obstante, considera la
Sala que la entidad accionada trasladó de forma intempestiva, injustificada,
poniendo en riesgo la continuidad en la prestación del servicio. Esto si se
tiene en cuenta que para efectos de cambios en la línea de transferencia[320],
se requiere de un entrenamiento peritoneal[321], necesario para que el
paciente se adapte a la nueva tecnología utilizada, que puede durar entre dos
semanas y un mes. Así las cosas, al realizarse un cambio intempestivo de la
institución prestadora de servicios,  no se garantizó el proceso de adaptación
que requiere el paciente, vulnerándose la continuidad en la prestación del
servicio y con ello el derecho fundamental a la salud.
8.2.6.2 En virtud de lo anterior,
la Sala procederá a revocar el fallo proferido por el Juzgado Veintitrés Penal
Municipal de Depuración de Bucaramanga y, en su lugar amparar los derechos
fundamentales a la dignidad humana, salud y seguridad social. En virtud de lo
anterior, se ordenará a Saludcoop EPS que, en ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes, preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente la Unidad Renal RTS –HUS- de Bucaramanga,
en caso de que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la
entidad accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento
prescritos por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se pueda
efectuar el traslado de IPS.
8.2.7
Expediente T-2.951.717:
Dioselina Cuadros de Ortiz padece
de insuficiencia renal crónica, por lo cual le suministraban diálisis
peritoneal automatizada en la Clínica Renal RTS. Señaló que para tratar la
enfermedad que padece se práctica el tratamiento, según prescripción médica, en
su casa. Igualmente, mencionó que se enteró del cambio de IPS porque  en la
anterior IPS le comunicaron que no podían entregarle los líquidos que requería
para su tratamiento. Adujo que la IPS receptora utiliza una maquina diferente,
que es de mayor tamaño, lo cual repercute negativamente en su calidad de vida.
Por su parte, la Gerente Regional de
Saludcoop EPS afirmó que ha cumplido con sus obligaciones legales tendientes a
asegurar el derecho a la salud y la vida de la paciente. Mencionó que no se le
ha negado la prestación de ningún servicio y ha autorizado las valoraciones,
exámenes y tratamientos requeridos por la usuaria, para lo cual adjunta el
histórico de autorizaciones de servicios[322].
El Juzgado Veintitrés Penal
Municipal de Depuración de Bucaramanga concedió el amparo de los derechos
fundamentales a la salud, la vida y seguridad social y ordenó a la entidad
accionada que contratara los servicios con una IPS que garantice los mismos
elementos necesarios para el tratamiento de la enfermedad de insuficiencia renal
crónica. El fallador de instancia estimó que la afectación a los derechos no se
debía al traslado de IPS, sino a la disminución en la calidad de vida e
integridad física de la accionante, porque la modificación en el tipo de
máquina implica varias dificultades en el transporte de la misma, que podría
generar incluso su muerte.
8.2.7.1 En el trámite de revisión
ante la Corte Constitucional, se pudo constatar que la tutelante sigue siendo
atendida en al IPS Unidad Renal RTS –HUS- de Bucaramanga[323].
Sin embargo, la entidad accionada a sabiendas de que el contrato o convenio
sigue vigente entre ésta y la IPS de preferencia de la usuaria, procedió a
trasladarla, generando una afectación en los derechos a la salud, integridad
física y dignidad humana de la paciente.
8.2.7.2 Por lo tanto, se
procederá a confirmar la sentencia del a quo, y se ordenará a Saludcoop EPS que,
en ejercicio de la libertad de escogencia y la garantía de los derechos fundamentales
a la salud y la vida digna de los accionantes, preste la atención de los
servicios integrales de salud requeridos para la patología de insuficiencia
renal crónica en la Unidad Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la
red de prestadoras inscritas a la EPS, preferiblemente la Unidad Renal RTS
–HUS- de Bucaramanga, en caso de que ésta ya no tenga contrato o convenio
vigente con dicha IPS, la entidad accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico
y tratamiento prescritos por el médico tratante, de forma tal que
progresivamente se puede efectuar el traslado de IPS.
8.2.8
Expediente T-2.969.336:
Edilma Sarmiento padece de
insuficiencia renal crónica, diabetes, tensión alta y ceguera, por lo cual
requiere un tratamiento continuo y permanente. La paciente estaba siendo
atendida en la IPS Unidad Renal del Tolima en el tratamiento de diálisis
peritoneal automatizada. Sin embargo, por medio de llamada telefónica le
informaron que Saludcoop había terminado el convenio con dicha IPS, por lo
cual, a partir de noviembre de 2010 debía asistir a la Clínica Calambeo,
institución que en su consideración no tiene la misma calidad que la anterior
IPS.
Por su parte, el Juzgado Once Civil
Municipal de Ibagué decidió conceder el amparo de los derechos fundamentales a
la salud, la vida y la dignidad humana y en consecuencia ordenó a Saludcoop EPS,
que continuara prestando el tratamiento de diálisis en la misma IPS y con la
misma máquina, además de estar en la obligación de suministrar un tratamiento
médico integral. La decisión fue sustentada en que es obligación del Estado
garantizar la prestación eficiente, de calidad e integral del servicio de
salud.
Según las pruebas solicitadas por
esta Corporación, varias entidades médicas pudieron constatar que el cambio en
el tipo de tecnología utilizado para un tratamiento médico tiene repercusiones
en el estado de salud de los pacientes,  aunque esto por sí mismo no implica
una amenaza, ni vulneración del derecho fundamental a la salud y seguridad
social.
8.2.8.1 No obstante, considera la
Sala que la entidad accionada trasladó de forma intempestiva, injustificada,
poniendo en riesgo la continuidad en la prestación del servicio. Esto si se
tiene en cuenta que para efectos de cambios en la línea de transferencia[324],
se requiere de un entrenamiento peritoneal[325], necesario para que el
paciente se adapte a la nueva tecnología utilizada, que puede durar entre dos
semanas y un mes. Así las cosas, al realizarse un cambio intempestivo de la
institución prestadora de servicios,  no se garantizó el proceso de adaptación
que requiere el paciente, vulnerándose la continuidad en la prestación del
servicio y con ello el derecho fundamental a la salud.
8.2.8.2 En este orden de ideas, la
Sala procederá a confirmar la decisión del a quo, y se ordenará a Saludcoop EPS
que, en ejercicio de la libertad de escogencia y la garantía de los derechos
fundamentales a la salud y la vida digna de los accionantes, preste la atención
de los servicios integrales de salud requeridos para la patología de
insuficiencia renal crónica en la Unidad Renal de preferencia del usuario,
perteneciente a la red de prestadoras inscritas a la EPS, preferiblemente la
Unidad Renal del Tolima, en caso de que ésta ya no tenga contrato o convenio
vigente con dicha IPS, la entidad accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico
y tratamiento prescritos por el médico tratante, de forma tal que progresivamente
se puede efectuar el traslado de IPS.
8.2.9
Expediente T-2.972.021:
La señora Yolanda Ayala
Pinto padece de insuficiencia renal crónica terminal, por lo que le realizaban
diálisis peritoneal manual, tal como lo prescribe el médico tratante en la
Unidad Renal RTS –HUS- de Bucaramanga. Sin embargo, intempestivamente se le
informó que sería cambiado de IPS, razón por la cual interpuso la acción de
tutela.
El Juzgado Cuatro Civil Municipal
de Bucaramanga concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados y
ordenó la práctica y realización del tratamiento y la prestación de los
servicios médicos en la unidad Renal RTS o en la entidad que escoja la usuaria
para el mejoramiento de su salud y calidad de vida, en aras de garantizar los
derechos fundamentales a la vida digna, integridad personal y salud, por lo
tanto, la EPS está en la obligación de garantizar la libertad de escogencia de
IPS.
De otro lado, la Gerente Regional de
Saludcoop EPS, dio contestación extemporánea a la acción de tutela y solicitó
se deniegue por existir carencia actual de objeto, por hecho superado, para lo
cual adjuntó las autorizaciones de servicios expedidas, en la que consta que a
la fecha 13 de diciembre de 2010 la diálisis peritoneal manual mensual está en
trámite en la RTS Ltda., sucursal Bucaramanga[326].
Según las pruebas solicitadas por
esta Corporación, varias entidades médicas pudieron constatar que el cambio en
el tipo de tecnología utilizado para un tratamiento médico tiene repercusiones
en el estado de salud de los pacientes,  aunque esto por sí mismo no implica
una amenaza, ni vulneración del derecho fundamental a la salud y seguridad
social.
8.2.9.1 No obstante, considera la
Sala que la entidad accionada trasladó de forma intempestiva, injustificada,
poniendo en riesgo la continuidad en la prestación del servicio. Esto si se
tiene en cuenta que para efectos de cambios en la línea de transferencia[327],
se requiere de un entrenamiento peritoneal[328], necesario para que el
paciente se adapte a la nueva tecnología utilizada, que puede durar entre dos
semanas y un mes. Así las cosas, al realizarse un cambio intempestivo de la
institución prestadora de servicios,  no se garantizó el proceso de adaptación
que requiere el paciente, vulnerándose la continuidad en la prestación del
servicio y con ello el derecho fundamental a la salud.
8.2.9.2 En este orden de ideas, la
Sala procederá a confirmar la decisión del a quo, y se ordenará a Saludcoop EPS
que, en ejercicio de la libertad de escogencia y la garantía de los derechos
fundamentales a la salud y la vida digna de los accionantes, preste la atención
de los servicios integrales de salud requeridos para la patología de
insuficiencia renal crónica en la Unidad Renal de preferencia del usuario,
perteneciente a la red de prestadoras inscritas a la EPS, preferiblemente la
Unidad Renal del Tolima, en caso de que ésta ya no tenga contrato o convenio
vigente con dicha IPS, la entidad accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico
y tratamiento prescritos por el médico tratante, de forma tal que progresivamente
se puede efectuar el traslado de IPS.
8.2.10 Expediente T-3.003.614:
La señora María Eugenia Ardila,
en condición de presidente de la Asociación Huilense de Pacientes Renales,
interpuso acción de tutela contra Saludcoop y Cafesalud EPS, por considerar
vulnerados los derechos a la vida, la seguridad social y la salud de treinta
pacientes renales[329] atendidos en la IPS RTS
Cruz Roja Huila Ltda.
Adujo la accionante que los
pacientes son adultos mayores diagnosticados con insuficiencia renal y otras
patologías, por lo cual estaban siendo atendidos, desde hace varios años, en la
unidad renal Cruz Roja, institución que les prestaba de manera integral los
servicios médicos requeridos.
Extemporáneamente, el
Administrador de Agencia de Cafesalud EPS regional Huila, solicitó denegar el
amparo de los derechos fundamentales invocados. Afirmó que la entidad no ha
negado la prestación del servicio renal, por lo que ha cumplido con sus
obligaciones legales.
Por su parte, el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Neiva concedió el amparo de los derechos fundamentales
invocados, ordenando a las entidades prestadoras de salud accionadas,
garantizar la continuidad en la prestación de servicios en la IPS Cruz Roja
Ltda. a aquellos afiliados a las EPS accionadas, que firmaron el documento
anexo a la demanda de tutela y miembros de la Asociación Huilense de Pacientes
Renales.
Así las cosas, aún cuando no se
tiene constancia sobre si el convenio o contrato con la IPS Cruz Roja seguía
vigente, no se pudo constatar que el traslado de IPS pusiera en riesgo las
garantías constitucionales de los miembros de la Asociación Huilense de
Pacientes Renales, por cuanto el sólo hecho del traslado no constituye, por sí
mismo, una afectación a los derechos fundamentales de los accionantes. Igualmente,
no se probó que el traslado tuviera repercusiones en el estado de salud de los
pacientes, ni en su calidad de vida o autonomía. Razón por la cual, esta Sala
considera que no hubo vulneración de los derechos fundamentales invocados, y
por lo tanto, procederá a revocar la sentencia del a quo, y en su lugar negar
la protección de los derechos invocados.
En este orden de ideas, la Sala
procederá a confirmar la decisión del a quo, y se instará a Cafesalud EPS para
que en adelante se abstenga de  realizar cambios intempestivos, injustificados
y sin que medie la libre elección del usuario y que garantice, en adelante, un
proceso de empalme entre IPS en aras de garantizar la continuidad en la
prestación del servicio de salud. Igualmente, que garantice la libertad de
escogencia de la usuaria dentro de las IPS adscritas a su red, para que escoja
aquella que se adapte más a sus preferencias y realice el acompañamiento
necesario en la modificación de la tecnología y/o máquina con la que se realice
el tratamiento médico, debiendo otorgar un plazo de empalme entre instituciones
prestadoras de servicios.
8.2.11
Expediente T-3.028.018:
Los señores Simón Ramírez Olave,
Rubio Andrés Chica actuando en representación de Rubio de Jesús Chica Cardona,
John Fredy Bohórquez Castaño, Hugo Giraldo, interpusieron acción de tutela
contra Saludcoop EPS, Cafesalud EPS y el Ministerio de Protección Social por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, libertad de
escogencia, buena fe y confianza legítima.
Los accionantes fueron
diagnosticados con insuficiencia renal crónica y estaban siendo tratados para
sus patologías en la IPS –RTS Tolima- desde hacía varios años, de la cual
fueron traslados de forma intempestiva, inconsulta e injustificada. Señalaron
que el cambio de institución no ha contribuido a mejorar su estado de salud y
que por el contrario han tenido problemas como bajas de azúcar, bajas de
tensión, dolor de cabeza, mareo, han requerido del cambio de catéter y padecido
de peritonitis.
Por su parte, la Gerente Regional
de Tolima de Saludcoop EPS afirmó que se había configurado una carencia actual
de objeto por hecho superado. Lo anterior, por cuanto la entidad accionada
autorizó los servicios médicos en la IPS RTS del Tolima.[330]
De otro lado, la Jefe
Administrativa de la Unidad Renal Fresenius Medical Care señaló que esta
institución no estaba amenazando los derechos fundamentales de los accionantes,
pues Fresenius garantiza de manera integral la prestación de servicios médicos
y de mayor calidad, además de no haber sido probados siquiera sumariamente los
perjuicios en la salud de los tutelantes. Señaló que la IPS garantiza de forma
integral el servicio de salud, lo cual incluye la atención de los pacientes por
paquetes, incluyendo distintas modalidades de atención en diálisis,
medicamentos y exámenes de diagnóstico, además de contar con un equipo
interdisciplinario.
Posteriormente, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Ibagué amparó los derechos fundamentales a la salud,
libre elección, buena fe y confianza legítima, ordenando a la EPS accionada que
continúe la prestación de los servicios médicos especializados en la Unidad
Renal RTS del Tolima. Fundamentó su decisión en que la entidad demandada no le
dio la opción a sus usuarios de escoger libremente IPS, ni probó que la
institución receptora, esto es Fresenius Medical Care, estuviera en condiciones
de suministrar el servicio médico de igual o mejor calidad al ofrecido por la
IPS RTS del Tolima. Por el contrario, se pudo constatar que el traslado a la
IPS receptora no garantiza integralmente el servicio, o se presta una
inadecuada atención médica o de inferior calidad a la ofrecida en la anterior
IPS y ello causa un deterioro en la salud del paciente.
En este orden de ideas, esta Sala
de Revisión procederá a analizar si en cada caso hubo una vulneración de los
derechos fundamentales a la salud, libertad de escogencia, vida digna y
seguridad social, con la decisión de la entidad accionada de trasladarlos de
IPS.
8.2.11.1 En primer lugar, con
respecto al señor Simón Ramírez, paciente diagnosticado con insuficiencia renal
crónica, quien recibía el tratamiento de hemodiálisis en la Unidad Renal RTS
del Tolima, fue trasladado de IPS a Fresenius Medical Care. Según las
afirmaciones realizadas en el escrito de tutela y comprobadas en la historia
clínica y contestación de la nueva IPS, “paciente en tratamiento de
hemodiálisis que se encuentra en segundo turno días lunes, miércoles y viernes
con una prescripción medica de 4 horas por sesión, situación que le ha generado
malestar al paciente, debido a que venia acostumbrado a 3 horas.”[331]
De la misma manera, mencionó el
accionante que “sale mareado de las diálisis (…) Antes recibía sólo tres
horas de diálisis y mantenía completamente controlados los indicadores de la
enfermedad y ahora se le han incrementado a 4 horas provocando un desgaste
mucho mayor de su salud y su bienestar.”[332]. Por otro lado,
el Presidente de la Academia Nacional de Medicina, señaló que: “cada
sesión de hemodiálisis dura entre 3 a 5 horas, 3 veces por semana, según la
prescripción de la cantidad de diálisis que haga el nefrólogo, que es el
profesional entrenado y especializado en prescribir o dosificar la cantidad de
diálisis que cada paciente necesita.”[333]
En este orden de ideas, considera
la Sala que el traslado de IPS en el caso del señor Ramírez, no solo implicó el
desconocimiento de la libertad de escogencia del usuario, pues el contrato se
mantenía vigente entre la EPS accionada y la IPS requerida, sino que además se
desconoció el derecho al diagnóstico y continuidad del servicio de salud. Lo
anterior, por cuanto ni la entidad accionada, ni la IPS receptora, observaron
las indicaciones médicas realizadas en la anterior IPS, pues el paciente había
sido tratado por espacio de un año y medio[334] con hemodiálisis en
sesiones de tres días a la semana durante tres horas. Y aún cuando es
responsabilidad del médico tratante prescribir el tiempo de las sesiones, esta
Corporación ha reconocido, como se mencionó anteriormente, que el paciente
tiene una expectativa legítima en que las condiciones y calidades de un
tratamiento prescrito, no sean interrumpidos súbitamente antes de la
recuperación o estabilización del paciente, o por lo menos otorgando un periodo
mínimo de ajuste que le permita continuar la prestación del servicio con el
mismo nivel de calidad y eficacia.
8.2.11.2 En segundo lugar, el señor Rubio
de Jesús Chica Cardona, mencionó que a partir del cambio ha tenido problemas
con los niveles de azúcar y no ha recibido ninguna atención para ello,
igualmente, le aumentaron el tiempo de suministro del tratamiento de tres a
cuatro horas, lo cual ha generado traumatismos en su salud, presentando dolores
de cabeza y mareos. Así las cosas, considera la Sala que el traslado de IPS en
el caso del señor Chica, no solo implicó el desconocimiento de la libertad de
escogencia del usuario, pues el contrato se mantenía vigente entre la EPS
accionada y la IPS requerida, sino que además se desconoció el derecho a la
salud y en su autonomía personal. Esto por cuanto en el curso de un tratamiento
médico al trasladarse de IPS, es obligación de la EPS garantizar la estabilidad
del tratamiento, en condiciones de calidad y eficacia, en aras de continuar con
la prestación del tratamiento prescrito. Además de garantizar un empalme en el
diagnóstico de la enfermedad y la modalidad de tratamiento o procedimiento
prescrito por el médico tratante.
8.2.11.3 En tercer lugar,
respecto al señor John Fredy Bohórquez afirmó que el traslado de IPS fue
comunicado de manera intempestiva, lo cual generó serios traumatismos en su
salud y calidad de vida. Porque momentos antes de que tuviera cita de control
con el médico para que le entregaran los líquidos necesarios para realizarse el
tratamiento de diálisis peritoneal, le comunicaron que debía asistir a un
entrenamiento, porque la tecnología que le ofrecería la IPS receptora era
diferente, por lo que debía ser entrenado para asimilarla; sin embargo él tenía
imposibilidades económicas para efectos de asistir al entrenamiento, razón por
la cual debió prescindir del tratamiento médico, debiéndose practicar por sí
mismo la terapia renal, poniéndose en riesgo su estado de salud y pudiendo
contraer infecciones. Vulnerándose así, su derecho a la salud.
8.2.11.4 En cuarto lugar, el señor
Hugo Giraldo expuso que a raíz del cambio de IPS, debió cambiar de tecnología
para el suministro del tratamiento y como consecuencia de eso le dio
peritonitis, sin que la institución le haya dado un tratamiento de calidad ni
eficaz para su recuperación. Gracias a esta infección, sostiene se vio obligado
a cambiar de tratamiento renal, de la diálisis peritoneal a la hemodiálisis, lo
cual ha repercutido negativamente en su autonomía y estado de salud. Tal como
se mencionó con anterioridad, el cambio de IPS conlleva un cambio en la línea
de transferencia y en la tecnología utilizada para realizar el tratamiento
médico, esto puede traer innumerables consecuencias para la salud, como por
ejemplo la peritonitis.
Por lo tanto, considera la Sala que
el traslado de IPS en el caso del señor Giraldo, no solo implicó el desconocimiento
de la libertad de escogencia del usuario, pues el contrato se mantenía vigente
entre la EPS accionada y la IPS requerida, se vulneró el derecho a la salud y
en su autonomía personal. Esto por cuanto en el curso de un tratamiento médico
al trasladarse de IPS, es obligación de la EPS garantizar la estabilidad del
tratamiento, en condiciones de calidad y eficacia, en aras de continuar con la
prestación del tratamiento prescrito. Además de garantizar un empalme en el diagnóstico
de la enfermedad y la modalidad de tratamiento o procedimiento prescrito por el
médico tratante.
8.2.11.5 En conclusión, las
entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, por
lo cual, esta Sala de Revisión procederá a confirmar el fallo del a quo y se
ordenará a Saludcoop y Cafesalud EPS que, en ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes, preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente la Unidad Renal de la RTS del Tolima, en
caso de que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la
entidad accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento
prescritos por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se puede
efectuar el traslado de IPS. Además, se instará a Saludcoop EPS y Cafesalud EPS para que en adelante se abstengan de
realizar cambios intempestivos, injustificados y no atendiendo a los principios
de continuidad e integridad en la prestación del servicio de salud. Igualmente,
que garantice la libertad de escogencia de la usuaria dentro de las IPS
adscritas a su red, para que escoja aquella que se adapte más a sus
preferencias y realice el acompañamiento necesario en la modificación de la
tecnología y/o máquina con la que se realice el tratamiento médico, debiendo
otorgar un plazo de empalme entre instituciones prestadoras de servicios.
8.2.12
Expediente T-3.053.015:
El 4 de febrero de 2011, los
señores José Neftalí Pulido, Verónica Mosquera, José Joaquín Villanueva, Yesid
Guzmán y Alirio Ruiz interpusieron acción de tutela contra Saludcoop y
Cafesalud EPS, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
salud, libertad de escogencia, buena fe y confianza legítima. Los tutelantes
son pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica, en tratamiento de
hemodiálisis y diálisis peritoneal, cuyo tratamiento estaba siendo prestado por
la Unidad Renal RTS Sucursal Girardot.
Afirmaron que Saludcoop EPS decidió
el traslado de IPS desde el 1 de Febrero de 2011 a Fresenius Medical Care, sin que existiera ninguna justificación, amenazando la continuidad y
la integralidad en la prestación de los servicios de salud. Mencionaron que al
tratarse de un tratamiento que será prestado por el resto de sus vidas, los
pacientes “ha[n] adaptado su vida al
tratamiento ofrecido por el prestador. (…), hemos
seleccionado una alternativa conforme a nuestro estilo de vida y el estado de
nuestra enfermedad (eligiendo por ejemplo la diálisis peritoneal o
hemodiálisis, estableciendo la cantidad de líquidos adecuada), hemos agotado
con el médico tratante un proceso de ajuste del tratamiento”[335].
Por su parte, el administrador de
agencia Cafesalud EPS, expuso que se configuró una carencia actual de objeto
por hecho superado, en tanto los señores José Joaquín Villanueva[336],
Yesid Guzmán Barreto[337], Alirio
Ruiz[338],
José Joaquín Villanueva[339] se
les seguiría brindado la atención a su patología con el prestador RTS. De la
misma manera, la Gerente Regional de Cundinamarca de Saludcoop EPS solicitó que
se denegara la acción de tutela por existir hecho superado respecto a las
pretensiones de los accionantes.
El Juzgado Tercero Penal
Municipal de Girardot declaró improcedente el amparo de los derechos
fundamentales invocados, porque de acuerdo a la Ley 100 de 1993 y la
jurisprudencia constitucional, la libertad de escogencia de IPS no es un
derecho absoluto. Igualmente estimó que no se aportaron pruebas que verificaran
la desmejora en la calidad del servicio, ni que la nueva IPS suministre un
servicio de menor calidad y en condiciones de idoneidad. A pesar de esto
consideró que en el momento en que los tutelantes observen un perjuicio real en
su salud y la calidad del servicio suministrado por la IPS receptora, podrán
solicitar el amparo de sus derechos, por cuanto esta IPS debe garantizar por lo
menos la misma calidad del servicio de la anterior, al trasladar de institución
prestadora.
Los accionantes impugnaron la
decisión del a quo, bajo el sustento de que el juez había desconocido los
precedentes de la Corte Constitucional, puesto que sí hubo un riesgo en la
salud e integridad física de los tutelantes al trasladarlos de IPS.
El Juzgado Primero Penal del
Circuito de Girardot confirmó la decisión del juzgado de primera instancia,
señalando que es responsabilidad de los actores demostrar que la IPS a la que
han sido trasladados no garantiza integralmente el servicio, se presta de
manera inadecuada o causa un perjuicio en el estado de salud de los pacientes.
Consideró que en el caso concreto no se había materializado el traslado de IPS,
por lo que difícilmente podía demostrarse que la IPS receptora no garantizaría
de manera integral o adecuada la prestación de los servicios de salud, por lo
tanto no había existido amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
8.2.12.1 De este modo, esta Sala
no comparte la decisión de los jueces de instancia, porque ante el cambio
intempestivo y sin razón justificada de IPS por parte de las entidades
demandadas, una vez iniciado un procedimiento para una enfermedad catastrófica,
pone en riesgo la continuidad en el mismo, sobre todo cuando se tiene en
consideración que es un tratamiento continuo y permanente, que dada su
complejidad necesita de estabilidad en el suministro de servicios médicos. Así
las cosas, siendo que los afiliados tienen la opción de escoger la institución
prestadora de servicios y existen las condiciones de oferta de los mismos, para
poder escoger libremente qué IPS puede atender la terapia renal, las EPS
vulneraron el derecho a la salud y libertad de escogencia.
8.2.12.2 Por lo tanto, la Sala de
Revisión revocara el fallo del juez a quo y en su lugar, amparar los derechos
fundamentales a la salud, libre escogencia y vida digna. Así, se ordenará a Saludcoop EPS que, en
ejercicio de la libertad de escogencia y la garantía de los derechos
fundamentales a la salud y la vida digna de los accionantes, preste la atención
de los servicios integrales de salud requeridos para la patología de
insuficiencia renal crónica en la Unidad Renal de preferencia del usuario,
perteneciente a la red de prestadoras inscritas a la EPS, preferiblemente la
Unidad Renal RTS Sucursal Girardot, en caso de que ésta ya no tenga contrato o
convenio vigente con dicha IPS, la entidad accionada debe garantizar el empalme
de diagnóstico y tratamiento prescritos por el médico tratante, de forma tal
que progresivamente se puede efectuar el traslado de IPS.
8.2.13
Expediente T-3.082.563:
8.2.13.1 Marina Avendaño Andrade
actuando en representación de su madre, María Inés Andrade, de 89 años de edad,
afiliada a Saludcoop EPS, interpuso acción de tutela contra dicha entidad, por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, vida digna,
libertad de escogencia. Señaló que la señora María Inés fue diagnosticada con insuficiencia
renal crónica y se le inició el tratamiento de hemodiálisis en la Unidad Renal
RTS del Tolima, teniendo buenos resultados para su salud. Sin embargo, en el
mes de diciembre les informaron que la prestación de los servicios se
realizaría en una unidad renal diferente.
En consideración de la accionante
las instalaciones de la IPS nueva, son de inferior calidad y ello afecta su
dignidad humana, tal como expuso “la diálisis se la hacen a mi mamá en una
cama que queda completamente expuesta al sol, lo que la pone muy mal ya que
debe permanecer en estas condiciones entre 3 y 4 horas. Este es un
tratamiento inhumano que desconoce totalmente la dignidad de mi mamá teniendo
en cuenta que es una persona de 89 años.”[340]
8.2.13.2 Por otra parte, la
señora Emperatriz Moreno, actuando en representación de su hija, Jenny
Catherine Devia de 16 años, interpuso acción de tutela contra Saludcoop EPS por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, libertad de
escogencia, continuidad, buena fe y confianza legitima.
Afirmó la agente, que desde hace
2 años le diagnosticaron insuficiencia renal crónica a su hija y ha sido
tratada mediante diálisis peritoneal, después de tener un intento fallido de
trasplante de riñón. Manifestó que en el mes de diciembre les informaron que a
partir de la fecha, Jenny Devia sería trasladada a otra institución prestadora
de servicios denominada Fresenius Medical Care. Expuso que el traslado de IPS,
implica un cambio en la tecnología que utilizan para el tratamiento renal, por
lo cual debe ser reestrenada para adaptarse a dicha tecnología.
Mencionó que su hija ha perdido
mucho peso, tiene constantemente vomito y diarrea y se encuentra débil, por lo
cual la cree incapaz de sobrellevar el nuevo proceso de adaptación que requiere
el traslado. Sin embargo, acudieron juntas a las sesiones de entrenamiento
peritoneal, sin que hayan logrado comprender el funcionamiento de la máquina, “que
es mucho más complicada, ni las nuevas concentraciones de líquidos para usar la
maquina”. Además, afirmó que “su estado es tan grave que hemos decidido
mantenerla en el tratamiento anterior con líquidos de excedente que otros
pacientes nos han donado.”  Por lo tanto, la niña no ha podido volver a
estudiar y los recursos económicos de la familia se han disminuido.[341]
8.2.13.3 Alejandro Villamil,
paciente diagnosticado con insuficiencia renal crónica y una discapacidad
física que le impide desenvolverse por sí mismo, de 20 años de edad, se
encuentra afiliado a Saludcoop EPS en el régimen contributivo y recibía el tratamiento
renal en la Unidad Renal RTS de Ibagué. Afirmó que en diciembre le informaron
del traslado a la IPS Fresenius Medical Care, cambio que en su consideración,
ha afectado sus condiciones de salud, ya que se han bajado sus niveles de
azúcar y la tensión arterial, además de haber desmejorado en los niveles de KTV
(formula a través de la cual se mide la eficacia de la diálisis). Expuso, por
último, que las instalaciones de la nueva unidad renal no están acondicionadas
para un paciente en silla de ruedas.
8.2.13.4 La señora Ana Lucia
Torres interpone acción de tutela contra Saludcoop EPS, actuando como agente
oficioso de su padre, el señor Arturo Maria Torres Becerra, de 80 años de edad,
diagnosticado de insuficiencia renal crónica desde hace 4 años, fecha desde la
cual recibía el tratamiento de diálisis en la Unidad Renal del Tolima. Afirmó
que en el mes de noviembre, le informaron que sería trasladado a otra IPS. A
partir del cambio, han constatado que la IPS receptora presta el servicio de
salud de inferior calidad, además, las instalaciones son inadecuadas. Señaló
que también se ha desmejorado las condiciones de salud de su padre, respecto a
la dieta y sale de los tratamientos padeciendo mareos y dolor de cabeza.
Igualmente, la anemia que padece, dice “se había mantenido controlada con el
apoyo de una dietista. En dos meses que lleva con el nuevo prestador se
desmejoró sustancialmente esta anemia y los exámenes de hierro salieron mucho
más malos”[342].
8.2.13.5 La señora Edith Cortes
de Triana, de 54 años de edad, afiliada a Saludcoop EPS, diagnosticada con
insuficiencia renal crónica, por lo cual le suministraban el tratamiento de
diálisis peritoneal desde hace aproximadamente 3 años en la IPS Unidad Renal
del Tolima, afirmó que en el mes de diciembre le informaron que sería
trasladada a la IPS Fresenius Medical Care. Mencionó que el cambio implicaba
una modificación en la tecnología, por lo cual debió pasar por un nuevo proceso
de aprendizaje de la máquina. Señaló que se encuentra inconforme con la
prestación del servicio de la IPS Fresenius, puesto que antes recibía de manera
puntual y completa los líquidos, debiendo suspender el tratamiento mientras le
llegan los líquidos, situación que no se había presentado en la anterior IPS,
además ha sufrido edemas.
8.2.13.6 La señora Sandra Liliana
Riobo, actuando en representación de su padre,  Benjamín Riobo de 63 años de
edad, quien padece insuficiencia renal crónica y otras patologías, afirmó que
el señor Riobo se encuentra afiliado a Saludcoop EPS y que desde hace 3 años
recibía diálisis peritoneal en la Unidad Renal del Tolima. Señaló que en el mes
de diciembre de 2010, la EPS decidió trasladarlo de institución prestadora a
Fresenius Medical Care, lo cual le ha generado una serie de perjuicios en la
salud y la calidad de vida.
Mencionó que a raíz del cambio,
se modificó la tecnología utilizada para el tratamiento, lo cual implicó un
nuevo diagnóstico, realización de varios exámenes, además de pasar por un
proceso de entrenamiento y el proceso de ajuste de líquidos. De la misma
manera, ha sufrido de edemas y de inflamación, la tensión muy baja y se siente
totalmente descompensado, incluso, expuso que  “fue necesario hacer un cambio
de catéter”. Por último, argumentó que en la IPS de Fresenius, han tenido
problemas administrativos que afectan la salud de su padre, como por ejemplo,
presentándose inconvenientes con la entrega de líquidos y en la unidad renal
sólo hay un nefrólogo disponible. En este orden de ideas, el traslado de IPS y
con ello, la modificación de la tecnología en el tratamiento, ha desmejorado
las condiciones de salud de su padre.
8.2.13.7 La señora María Marleny
Pérez García, paciente con 63 años de edad, afiliada a Saludcoop, quien hace 2
años y medio inició el tratamiento de diálisis peritoneal, el cual era
suministrado en la Unidad Renal del Tolima, señaló que en el mes de diciembre
le informaron que sería trasladada de IPS y la atención seria prestada a través
de Fresenius Medical Care. Afirmó que el cambio implicaba modificaciones en la
tecnología utilizada para el tratamiento, por lo cual fue necesario un proceso
de entrenamiento que le resulto difícil de adaptarse. Igualmente, sostuvo que
sus problemas de salud se deben a la cantidad y calidad de líquidos que debe
usar, encontrándose inflamada y con fuertes dolores estomacales. Finalmente,
expuso que la ubicación de la IPS ha dificultado el desplazamiento hasta la
misma y aumentado los costos para acceder a ello.
8.2.13.8 La señora Leidy
Paola Leal Ramírez, de 28 años de edad, afiliada a Saludcoop EPS en el régimen
contributivo, atendida en la Unidad Renal RTS del Tolima, afirmó que conocía al
personal de la unidad, pues desde hace 4 años la atendían en dicha institución,
por lo “que había un nexo de confianza y seguridad de éste personal”[343].
Señaló que el 1 de diciembre le informaron que en adelante el servicio iba a
ser suministrado en la IPS Fresenius Medical Care, siendo un cambio
intempestivo y sin haber sido consultada previamente.  Dice que la IPS queda
más lejos de su lugar de residencia -Chicoral, Tolima y que las instalaciones
no son adecuadas para recibir el tratamiento, pues a todos los usuarios les
toca compartir el mismo tensiómetro y que sólo hay un nefrólogo permanente.
Mencionó que “en solo dos meses del nuevo tratamiento, el médico me informó
que debo subir a 4 horas de diálisis a lo que me he negado porque siento que no
podría aguantarlas.”[344] Además, expuso que
desde el cambio sufre de dolores de cabeza, mareos y una insoportable sensación
en la piel, además que el nivel de azúcar se ha disminuido.
El Tribunal Administrativo del
Tolima denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados, estimó que las
entidades accionadas no negaron la prestación de los servicios médicos, sino
que modificó la institución encargada de efectuar el tratamiento, garantizando
el suministro del tratamiento integral, por tratarse de una institución
acreditada para ello.
Inconformes con la decisión, los
accionantes impugnaron el fallo, argumentando que el juez desconoció que
con el cambio reiterado e inconsulto de proveedor del tratamiento para la
enfermedad renal, se generan un sin número de perjuicios en las condiciones de
salud de los pacientes y se desmejora la calidad del servicio de salud.
A su vez, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, confirmó la decisión del a quo, al
considerar que de acuerdo a las pruebas que obran en el expediente, no existió
vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues la entidad accionada
sigue prestando la atención para su patología, puesto que el sólo hecho del
traslado de una IPS no genera la vulneración de los derechos fundamentales
alegados.
Aún cuando en respuesta a la
contestación de la acción de tutela en el tramite de instancias, la Gerente
Regional de la entidad demandada, mencionó que los pacientes seguían siendo
atendidos en la IPS Unidad Renal del Tolima, por lo cual se configuraba un
hecho superado, esta Sala pudo constatar en el curso de la revisión por parte
de la Corte Constitucional, que los pacientes antes relacionados están siendo
atendidos en la IPS Fresenius Medical Care[345]. Por esta razón, la
Sala analizará si en los casos concretos hubo una vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
La libertad de escogencia no es
un derecho absoluto ni para el ejercicio por parte de los usuarios del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, ni para las entidades promotoras de
salud. Esta libertad se encuentra limitada de acuerdo con las condiciones de
oferta de servicios y la existencia de un contrato o convenio vigente entre la
EPS y la IPS requerida. Razón por la cual, las entidades promotoras de salud
tienen la facultad de conformar autónomamente la red de instituciones
prestadoras de servicios, siempre y cuando garanticen a sus afiliados la
prestación del servicio de salud de manera integral, continua y de calidad. Así
las cosas, el sólo hecho del traslado de IPS no configura la amenaza o vulneración
de garantías constitucionales.
No obstante, de acuerdo con las
consideraciones efectuadas en esta sentencia, al interrumpirse sin
justificación el tratamiento prescrito los médicos tratantes y modificarse el
tipo de tecnología utilizado para la terapia renal, conlleva riesgos en el
estado de salud de los pacientes, razón por la cual para efectos de conciliar
la libertad de la EPS de escoger las IPS y a su vez velar por la protección de
la salud, vida digna y seguridad social de los pacientes renales, es necesario
que las EPS garanticen un empalme de médicos tratantes, tratamientos y
tecnología para efectos de no vulnerar la continuidad en la prestación de los
servicios de salud y desmejorar el estado de salud de los pacientes, poniendo
en riesgo incluso su vida.
Tal como se reseñó en cada uno de
los casos enunciados en este expediente, el traslado de IPS tuvo repercusiones
negativas en el estado de salud de los pacientes. Así, en este caso no se
protegen los derechos fundamentales invocados por el solo hecho del traslado,
sino que la decisión de las EPS de trasladar de IPS desconoció garantías
constitucionales, tales como el derecho a la salud, la continuidad en la
prestación del servicio, la vida digna y la libertad de escogencia de los
usuarios.
8.2.13.9 En este orden de ideas, la
Sala de Revisión procederá a revocar la sentencia proferida por la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que a su vez confirmó la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que denegó el
amparo de los derechos fundamentales invocados, para en su lugar, conceder la
protección de los derechos a la salud, vida digna y libertad de escogencia.
Y por lo tanto, ordenará a
Saludcoop EPS y Cafesalud EPS que permitan el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes, presten la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, la Unidad Renal RTS sucursal de Ibagué y en caso de que
ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad
accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos
por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se pueda efectuar el
traslado de IPS.
8.2.14 Configuración de un
hecho superado:
8.2.14.1
Expediente T-2.937.138:
La señora Clemencia Fandiño Moya
padece de insuficiencia renal crónica, por lo cual era atendida para el
tratamiento de la enfermedad renal en la Unidad Renal RTS del Tolima en la
modalidad de hemodiálisis. En el mes de octubre Saludcoop EPS le comunicó que
sería traslada de IPS. Señaló la accionante que al asistir a la nueva IPS, el
tratamiento prestado no coincidía con aquel suministrado en la anterior IPS,
por cuanto en ésta, la hemodiálisis se practicaba en menor tiempo, así precisó
la actora, que en la unidad renal nueva, hicieron caso omiso al tiempo de
filtración de la maquina, ignorando su historia clínica y la evaluación del
nefrólogo.
Dando respuesta a la acción de
tutela bajo estudio, la Directora Regional de Saludcoop EPS, señaló que la pretensión
de la accionante se había superado, porque la prestación del servicio de salud
estaba siendo suministrada en la IPS de preferencia de la usuaria, para lo cual
adjuntó la autorización de servicios[346].
Por su parte, el Juzgado Trece
Penal Municipal de Ibagué, decidió declarar improcedente la acción de tutela, consideró
el juez de instancia que de conformidad con el principio de libertad de
escogencia de IPS, la EPS puede celebrar contratos con diferentes instituciones
prestadoras de servicios, por lo cual, los usuarios tienen derecho a escoger
dentro de las diferentes IPS que hacen parte de la red adscrita, además señaló
que en el caso de la accionante, no se había probado siquiera sumariamente que
el traslado de IPS repercutía negativamente en su estado de salud; además de
señalar que la entidad accionada dispuso de lo necesario para garantizar la
continuidad del tratamiento en la antigua IPS.
Igualmente, por medio de oficio No.
OPTB-346/2011, la Directora Regional de Prestación de servicios de Saludcoop
EPS, en respuesta a lo solicitado en el Auto de pruebas del trece (13) de mayo
de 2011 solicitado por este Despacho, mencionó que la señora Clemencia Fandiño,
se encuentra “en programa de hemodiálisis
desde junio del 2007. Se realizó la primera sesión el 2 de noviembre de 20011
(sic) que toleró satisfactoriamente y no asistió a ninguna otra sesión durante
todo el mes de Noviembre de 2010. Reingresa nuevamente el 2 de diciembre de
2010 y se realizan durantes este mes 11 sesiones de hemodiálisis hasta el 26 de
diciembre donde su EPS decide trasladarla nuevamente a su unidad renal de
origen. (...) Tenía un gran agravante y era que venia acostumbrada de la
otra unidad renal a solo 3 horas por sesión de diálisis y no permitía aumentar
a las 4 horas reglamentarias de diálisis que es el tiempo habitualmente
prescrito como ideal para cada sesión de diálisis. (...) presentaba calambres
ocasionales (...) se presentó normotensa al ingreso y egreso de la diálisis.
(...) hasta el 26 de diciembre de 2010 se prestó servicio. (...)”[347]
En virtud de lo anterior, esta Sala
difiere de la decisión tomada por el juez a quo, en virtud de dos razones: i)
aún cuando el contrato o convenio seguía vigente[348]
entre la entidad accionada y la IPS requerida, la EPS cambio sin consultar a la
paciente de institución, sin que le haya sido permitido ejercer su derecho a
elegir libremente la IPS, ii) a pesar de que el traslado fue comunicado con
anterioridad, no consta que las modificaciones en la forma como se suministra
el tratamiento, haya sido avalado por exámenes médicos, ni de diagnóstico del
profesional de la salud: “cada sesión de
hemodiálisis dura entre 3 a 5 horas, 3 veces por semana, según la prescripción
de la cantidad de diálisis que haga el nefrólogo, que es el profesional
entrenado y especializado en prescribir o dosificar la cantidad de diálisis que
cada paciente necesita.”[349]
No obstante, dicha vulneración ya fue
subsanada, en el trámite de la acción de tutela ante el juez de instancia,
porque la entidad accionada decidió autorizar la prestación de los servicios de
salud en la IPS que escogió la tutelante[350].
Como se dijo anteriormente,
cuando el fundamento fáctico se superó antes de iniciado el proceso de tutela
ante los jueces de instancia o en el trámite de la misma, corresponde al juez
constitucional declarar la improcedencia de la misma, en virtud de lo
establecido en el artículo 6 numeral 4 del Decreto 2591 de 1991[351].
Por esta razón, la Sala procederá a
declarar improcedente la acción de tutela por configurase un hecho superado, sin
emitir orden alguna, pues el derecho fundamental amenazado ya ha sido
resguardado. Sin embargo, se instara a la entidad accionada para que en
adelante se abstenga de  realizar cambios intempestivos, injustificados y sin
que medie la libre elección del usuario y que garantice, en adelante, un
proceso de empalme entre IPS en aras de garantizar la continuidad en la
prestación del servicio de salud.
8.2.14.2 Expediente T-2.937.517:
El señor Germán Aguillón
Villabona padece de insuficiencia renal crónica por lo cual le suministraban
diálisis peritoneal automatizada en la Clínica RTS Agencia H.U.S de
Bucaramanga. Señaló que Saludcoop EPS no se comunicó con él para informarle
sobre el cambio ni las razones para ello, sin embargo, el accionante nunca
acudió ante la EPS a solicitar explicación sobre esta novedad.
En respuesta a la acción de
tutela, la Gerente Regional de Saludcoop EPS mencionó que la entidad no le ha
negado la prestación de los servicios médicos que requiere. No obstante, ha
decidido brindarle los servicios a través de la IPS Fresenius, que es una
institución certificada, en la cual continuarán prestandole la atención en
salud para la enfermedad que padece.
Por su parte, el Juzgado Octavo
Penal Municipal declaró improcedente la acción de tutela, consideró que sólo en
los casos en que se demuestre que la IPS receptora no garantiza de forma
integral la prestación del servicio, o que la atención médica sea inadecuada o
de inferior calidad a aquella ofrecida en la anterior IPS, el juez de tutela
puede amparar el derecho a la salud y seguridad social del paciente. Señaló que
en el caso concreto no había existido una negación en la prestación del
servicio de salud, sino que la EPS, en ejercicio de sus facultades legales,
cambió la institución prestadora de salud, por lo cual por medio de la acción
de tutela no se puede exigir a la entidad que suministre la atención de salud
en otra institución.
Sin embargo, el contrato o convenio
con la IPS RTS agencia HUS de Bucaramanga, seguía vigente para el momento de la
interposición de la acción de tutela. Esto se puede inferir a partir del hecho
indicador que, el aquí accionante sigue siendo atendido en la IPS RTS. De la
misma manera, de acuerdo con las pruebas allegadas a este Despacho consta que
el tutelante sigue siendo atendido en la IPS unidad renal RTS agencia HUS[352].
La jurisprudencia constitucional ha
establecido que el solo hecho del cambio de IPS no genera por sí mismo la
vulneración de derechos fundamentales. En este caso, no se pudo acreditar una
desmejora en la prestación del servicio de salud, pero si se acredito una
amenaza a los derechos a la salud y libertad de escogencia de IPS, pues tal
analizo en las consideraciones generales de esta providencia, tratándose de
enfermedades catastróficas, el cambio de IPS que no sea realizado
paulatinamente y que deja de atender a la necesidad de realizar exámenes de diagnóstico
para efectos de cambiar el tratamiento suministrado y la atención del servicio
de salud de este tipo de pacientes, conlleva a una vulneración o afectación en
sus derechos fundamentales.
No obstante, por medio de
constancias de la Secretaria del Despacho del Juzgado Octavo Penal Municipal, de fecha de 21 y 22
de diciembre de 2010 consta que  el señor “Germán
Aguillon, (…)  manifestó (…) que la RTS se había comunicado con el (sic) y
habían arreglado, ya que la RTS había preguntado quieren (sic) querían
permanecer en la unidad renal”[353]. Y que “(…) la RTS ya
había arreglado con el, y lo seguía atendiendo en la que siempre le ha prestado
los servicios.”[354] De la misma manera, en oficio
recibido en la Secretaria de la Corte Constitucional el 20 de septiembre de
2011, el Vicepresidente científico de Saludcoop EPS señaló que el señor Germán
Aguillon Villabona está siendo atendido en la Unidad Renal RTS –HUS- de
Bucaramanga[355].
8.2.14.2.1 Por lo tanto, la Sala
confirmará la decisión proferida por el Juzgado Octavo Penal Municipal, por
configurarse un hecho superado en el trámite de la acción en sede de revisión
por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, se instará a la entidad
accionada para que en adelante se abstenga de  realizar cambios intempestivos,
injustificados y sin que medie la libre elección del usuario y que garantice,
en adelante, un proceso de empalme entre IPS en aras de garantizar la
continuidad en la prestación del servicio de salud. Igualmente, que garantice
la libertad de escogencia de la usuaria dentro de las IPS adscritas a su red,
para que escoja aquella que se adapte más a sus preferencias y realice el
acompañamiento necesario en la modificación de la tecnología y/o máquina con la
que se realice el tratamiento médico, debiendo otorgar un plazo de empalme
entre instituciones prestadoras de servicios.
8.2.14.3
Expediente T-2.941.093:
Deisy Guzmán Álvarez padece
insuficiencia renal crónica, por lo cual estaba siendo tratada en la Unidad
Renal RTS Tolima, bajo el tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria
continua. Por medio de una comunicación de la EPS, le informaron que el
servicio de diálisis peritoneal sería prestado en la Unidad Renal de Fresenius
Medical Care.  Manifestó la tutelante que el tratamiento suministrado en
la nueva IPS no cuenta con el equipo necesario para atender su condición de
salud, y los líquidos de infusión y drenaje que manejan en dicha institución
son diferentes, lo cual podría causar problemas en su estado de salud. Además
señaló que la prestación del servicio en la IPS anterior es de mayor calidad,
pues cuenta con un equipo interdisciplinario entre otras prerrogativas.
Por su parte, la Gerente de
Saludcoop EPS en respuesta a la acción de tutela dijo que la entidad seguiría
prestando el tratamiento en la unidad renal RTS del Tolima, allegando copia de
autorización de servicios en dicha institución[356].
El Juzgado Décimo Penal Municipal
de Ibagué negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, considerando
que la pretensión de la señora Deisy Guzmán, que consistía en que se le
garantice la prestación del tratamiento médico de diálisis peritoneal manual en
la IPS RTS Limitada Tolima ya fue satisfecha, de acuerdo a lo establecido por
la entidad accionada en la contestación de la tutela, en la que adjuntó
autorización de servicios para el tratamiento requerido.
8.2.14.3.1 En este orden de ideas, la
Sala de Revisión declarará la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto
la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la accionante ya fue
satisfecha en el trámite de la acción de tutela ante el juez de instancia. No
obstante, se instara a la entidad accionada para que en adelante se abstenga de
realizar cambios intempestivos, injustificados y sin que medie la libre
elección del usuario y que garantice, en adelante, un proceso de empalme entre
IPS en aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de
salud. Igualmente, que garantice la libertad de escogencia de la usuaria dentro
de las IPS adscritas a su red, para que escoja aquella que se adapte más a sus
preferencias y realice el acompañamiento necesario en la modificación de la
tecnología y/o máquina con la que se realice el tratamiento médico, debiendo
otorgar un plazo de empalme entre instituciones prestadoras de servicios.
8.2.14.4 Expediente
T-2.945.038:
El señor Ramón Hernández Jerez se
encuentra diagnosticado con insuficiencia renal crónica y recibía el
tratamiento de diálisis peritoneal en la unidad renal RTS de Bucaramanga.
Afirmó que la razón por la cual solicitó la protección de su derecho a libre
elección de IPS, radica en que en la Unidad Renal RTS del HUS, le daban una
atención integral y de calidad.
En la contestación extemporánea a
la acción de tutela, la Gerente Regional de Saludcoop EPS solicitó que se
denegara la acción de tutela impetrada por el señor Ramón Hernández Jerez, por
existir carencia actual de objeto.
Por su parte, el Juzgado Segundo
Civil Municipal decidió denegar la tutela interpuesta por el señor Ramón
Hernández, considerando que si bien los pacientes pueden escoger las entidades
donde serán atendidos, el usuario esta facultado para elegirlas dentro de la
red de instituciones adscritas a la EPS. En este orden de ideas, estimó que el
actor no demostró que la entidad accionada tuviera contrato vigente con la IPS
requerida, razón por la cual aquella estaba cumpliendo con sus obligaciones
legales y constitucionales al prestar el servicio de salud solicitado,
indistintamente del lugar dónde lo realizará.
Esta Sala comparte los argumentos
del a quo, esto por cuanto, el actor omitió probar la afectación en los
derechos fundamentales invocados, pues el sólo hecho del traslado no constituye
por sí mismo una afectación al derecho a la salud y sus diversas
manifestaciones. De esta manera, no consta en el expediente, prueba siquiera
sumaria, que permita ilustrar la vulneración a sus garantías constitucionales.
A pesar de esto, no era el actor el llamado a probar que la entidad accionada
no tenía contrato o convenio vigente con la institución prestadora de
servicios, porque tal como lo señaló la sentencia T-327 de 2001, en ciertos
supuestos de hecho opera la inversión de la carga de la prueba, esto “surge a partir de las especiales circunstancias de
indefensión en las que puede encontrarse el sujeto que solicita el amparo de
sus derechos fundamentales. De tal manera, en aquellos eventos basta con la
afirmación realizada por el accionante para que un hecho sea tenido por cierto,
de tal suerte que se traslada al demandado la carga de desvirtuarlo”[357].
A pesar de lo anterior, de acuerdo a
las pruebas solicitadas por esta Corporación, se constató que la entidad
accionada le esta prestado los servicios médicos al actor, en la IPS de su
preferencia. Y aún cuando, la Sala le solicitó, por medio de auto del primero
de agosto de 2011, a la entidad accionada si aun tenía contrato vigente con la
unidad renal RTS –HUS-, ésta respondió manifestando que: “tiene contrato vigente con el prestador RTS, para la
atención de sus usuarios en las sedes relacionadas en el oficio de la
referencia, el cual expira el día treinta y uno (31) de octubre de dos mil once
(2011)”[358].  Lo cual implica que si al momento de
realizarse el traslado de IPS, la entidad accionada desconoce los presupuestos
legales y constitucionales establecidos en esta providencia, ocasionando la
vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, salud y libertad de
escogencia, el actor podrá interponer una nueva acción de tutela para la
protección de los mismos. Siempre y cuando el traslado de IPS afecte o amenace
sus derechos fundamentales.
Sin embargo, la pretensión del señor
Ramón Hernández Jerez, consistente en ser atendido en la IPS de referencia, ya
ha sido satisfecha, en tanto se pudo comprobar en el trámite de la acción de
tutela, que al actor le están suministrando los servicios médicos en la
institución que deseaba, es decir, la unidad renal RTS –HUS- de Bucaramanga[359].
En este orden de ideas, la Sala procederá a declarar la improcedencia de la
acción de tutela por carencia actual de objeto al configurarse un hecho
superado, instando a la EPS para que en adelante se abstenga de realizar
cambios intempestivos, injustificados y no atendiendo a los
principios de continuidad e integridad en la prestación del servicio de salud.
Igualmente, que garantice la libertad de escogencia del usuario dentro de las
IPS adscritas a su red, para que escoja aquella que se adapte más a sus
preferencias y realice el acompañamiento necesario en la modificación de la
tecnología y/o máquina con la que se realice el tratamiento médico, debiendo
otorgar un plazo de empalme entre instituciones prestadoras de servicios.
8.2.14.5
Expediente T-3.003.960:
El señor Luís Alfonso Parra
Castellanos padece de diabetes e insuficiencia renal crónica, por lo cual el
médico tratante le ordenó el tratamiento de diálisis peritoneal automatizada.
Afirmó que producto del mencionado tratamiento, su salud iba mejorando. No
obstante, de manera intempestiva, la entidad accionada lo trasladó a la IPS
Fresenius Medical Care, institución que le modificó el equipo con el cual le
practican la diálisis. Señaló que la  máquina es de inferior calidad y como
debe realizarse la terapia renal en las horas de la noche, dicha máquina
suministrada le ha impedido dormir, deteriorando su calidad de vida, también
mencionó que la máquina falla en la extracción de líquidos de su cuerpo, por lo
cual desde el cambio ha presentado mareos y náuseas.
Por su parte, la Gerente Regional
de Saludcoop EPS señaló que ha prestado de forma integral los servicios médicos
requeridos por el accionante. Afirmó que el cambio de IPS no impediría la
continuidad en la prestación del tratamiento que requiera. Sin embargo, afirmó
que los servicios médicos se seguirían prestando en la IPS RTS de Tunja, de
acuerdo a la solicitud presentada por el actor.
El Juzgado Segundo Civil
Municipal de Chiquinquirá, negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados, por considerar que en la respuesta de la entidad demandada se
informó que por solicitud del beneficiario, había sido atendido por la entidad
accionada, en este orden de ideas, la pretensión del accionante ha sido
satisfecha. Igualmente, esta Corporación pudo constatar que el señor Luís
Alfonso Parra está siendo atendido en la IPS RTS Tunja.[360]
8.2.14.5.1 En virtud de lo anterior,
esta Sala de Revisión concluye que en el presente caso se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado, en tanto las pretensiones del accionante
han sido amparadas. Por lo tanto, se procederá a declarar la improcedencia de
la acción de tutela,  instando a la EPS para que en
adelante se abstenga de realizar cambios intempestivos, injustificados y no atendiendo
a los principios de continuidad e integridad en la prestación del servicio de
salud. Igualmente, que garantice la libertad de escogencia del usuario dentro
de las IPS adscritas a su red, para que escoja aquella que se adapte más a sus
preferencias y realice el acompañamiento necesario en la modificación de la
tecnología y/o máquina con la que se realice el tratamiento médico, debiendo uotorgar
un plazo de empalme entre instituciones prestadoras de servicios.
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
III. DECISIÓN
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
sentencia del veintitrés (23) de noviembre de dos mil diez (2010),
proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tunja (Expediente
T-2.927.239) dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Luís Alberto
Cárdenas y otros contra Saludcoop E.P.S. En su lugar, CONCEDER el amparo
de los derechos fundamentales a la vida digna, salud, libertad de escogencia y
seguridad social.
En consecuencia,  ORDENAR
a Saludcoop E.P.S y Cafesalud E.P.S que, en término de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, permita el ejercicio de
la libertad de escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la
salud y la vida digna de los accionantes y preste la atención de los servicios
integrales de salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica
en la Unidad Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de
prestadoras inscritas a la EPS, preferiblemente la Unidad Renal RTS, en caso de
que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad
accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos
por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se puede efectuar el
traslado de IPS.
Segundo.- REVOCAR la
sentencia del veintidós (22) de diciembre de 2010, proferida por el
Juzgado Décimo Penal Municipal de Ibagué dentro de la acción de tutela
instaurada por el señor Edgar Aroca Cruz contra Cafesalud E.P.S . (Expediente
T-2.933.152). En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna, salud, libertad de escogencia y seguridad
social.
En consecuencia, ORDENAR a
Cafesalud E.P.S que, en término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes y preste la atención de los servicios integrales de salud
requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad Renal
de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras inscritas a la
EPS, preferiblemente la Unidad Renal RTS del Tolima, en caso de que ésta ya no
tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad accionada debe
garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos por el médico
tratante, de forma tal que progresivamente se puede efectuar el traslado de
IPS.
Tercero.- REVOCAR la sentencia del
catorce (14) de diciembre de 2010, proferida por el Juzgado Octavo Penal
Municipal de Bucaramanga dentro de la acción de tutela instaurada por el señor
Luís Senen Vesga contra Saludcoop E.P.S (Expediente T-2.941.203). En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, salud, libertad de
escogencia y seguridad social.
En consecuencia, ORDENAR a
Saludcoop E.P.S que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes y preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente la RTS Limitada Agencia H.U.S de
Bucaramanga, en caso de que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con
dicha IPS, la entidad accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y
tratamiento prescritos por el médico tratante, de forma tal que progresivamente
se puede efectuar el traslado de IPS.
Cuarto.- CONFIRMAR la providencia
del quince (15) de diciembre de 2010 proferida por el Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga en la acción de
tutela instaurada por la señora Nelcy Echeverri Alonso como agente oficioso del
señor Luis Reinaldo Báez Barbosa contra Saludcoop E.P.S (Expediente
T-2.942.005).
En consecuencia, ORDENAR a
Saludcoop E.P.S que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes y preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente la RTS Limitada Agencia H.U.S de
Bucaramanga, en caso de que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con
dicha IPS, la entidad accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y
tratamiento prescritos por el médico tratante, de forma tal que progresivamente
se puede efectuar el traslado de IPS.
Quinto.- REVOCAR la providencia
proferida por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal del nueve (9) de diciembre
de 2010, en la acción de tutela interpuesta por la señora Blanca Rosa Becerra
Díaz contra Saludcoop E.P.S (Expediente T-2.951.644).  En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna, salud, libertad de
escogencia y seguridad social.
En consecuencia, ORDENAR a
Saludcoop E.P.S que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes y preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente unidad Renal RTS de Bucaramanga, según sea
el caso, en caso de que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha
IPS, la entidad accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y
tratamiento prescritos por el médico tratante, de forma tal que progresivamente
se puede efectuar el traslado de IPS.
Sexto.- REVOCAR la providencia
proferida por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Depuración de
Bucaramanga del catorce (14) de diciembre de 2010, en la acción de
tutela instaurada por John Jairo Bayona Fajardo en representación de la señora
Rosa Elena Fajardo Herrera contra Saludcoop E.P.S (Expediente
T-2.951.713). En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna, salud, libertad de escogencia y seguridad
social.
En consecuencia, ORDENAR a
Saludcoop E.P.S que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes y preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente unidad Renal RTS de Bucaramanga, en caso de
que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad
accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos
por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se puede efectuar el
traslado de IPS.
Séptimo.- CONFIRMAR la providencia
proferida por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Depuración de
Bucaramanga del trece (13) de diciembre de 2010, en la acción de tutela
promovida por Dioselina Cuadros de Ortiz contra Saludcoop E.P.S (Expediente
T-2.951.717).
En consecuencia, ORDENAR a
Saludcoop E.P.S que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes y preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente Unidad Renal RTS de Bucaramanga, en caso de
que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad
accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos
por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se puede efectuar el
traslado de IPS.
Octavo.- CONFIRMAR la providencia
proferida por el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué del 15 de
diciembre de 2010, en la acción de tutela promovida por el señor Jorge Angarita
como agente oficioso de su la señora Edilma Sarmiento contra Saludcoop E.P.S
(Expediente T-2.969.336).
En consecuencia, se ORDENAR
a Saludcoop E.P.S que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes y preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente Unidad Renal RTS del Tolima, en caso de que
ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad
accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos
por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se puede efectuar el
traslado de IPS.
Noveno.- CONFIRMAR el fallo del
Juzgado Cuatro Civil Municipal de Bucaramanga del trece (13) de diciembre de
2010, en la acción de tutela instaurada por Yolanda Ayala Pinto contra
Saludcoop E.P.S. (Expediente T-2.972.021).
En consecuencia, ORDENAR a
Saludcoop E.P.S que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes y preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente IPS RTS H.U.S de Bucaramanga, en caso de
que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad
accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos
por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se puede efectuar el
traslado de IPS.
Décimo.-REVOCAR el fallo
proferido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva del quince (15) de
diciembre de 2010 en la acción de tutela interpuesta por la señora María
Eugenia Ardila, en condición de presidente de la Asociación Huilense de
Pacientes Renales, contra Saludcoop y Cafesalud E.P.S. (Expediente
T-3.003.614).
PREVENIR a la EPS
Saludcoop y Cafesalud para que en adelante se abstengan de realizar cambios
intempestivos, injustificados y no atendiendo a los principios de continuidad e
integridad en la prestación del servicio de salud. Igualmente, que garantice la
libertad de escogencia de la usuaria dentro de las IPS adscritas a su red, para
que escoja aquella que se adapte más a sus preferencias y realice el
acompañamiento necesario en la modificación de la tecnología y/o máquina con la
que se realice el tratamiento médico, debiendo otorgar un plazo de empalme
entre instituciones prestadoras de servicios.
Undécimo.- CONFIRMAR el fallo
proferido por el Tribunal Superior –Sala Laboral de Ibagué del dos (2)
de marzo de 2011, dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Rocío
Ramírez Cantor, actuando en representación de Simón Ramírez Olave, Rubio Andrés
Chica actuando como agente de Rubio de Jesús Chica Cardona, John Fredy Bohórquez
Castaño, Hugo Giraldo, contra Saludcoop E.P.S. (Expediente T-3.028.018).
En consecuencia, ORDENAR a
Saludcoop E.P.S que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes y preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente en la Unidad Renal RTS del Tolima, en caso
de que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad
accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos
por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se puede efectuar el
traslado de IPS.
Decimosegundo.- REVOCAR la providencia
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot del veintiocho
(28) de marzo de 2011, que confirmó el fallo del Juzgado Tercero Penal
Municipal de Girardot del diecisiete (17) de febrero de 2011 que negó el amparo
de los derechos fundamentales invocados, en la acción de tutela interpuesta por
los señores José Neftalí Pulido, Verónica Mosquera, José Joaquín Villanueva,
Yesid Guzmán y Alirio Ruíz contra Saludcoop y Cafesalud E.P.S. (Expediente
T-3.053.015). En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna, salud, libertad de escogencia y seguridad
social.
En consecuencia, ORDENAR a
Saludcoop y Cafesalud E.P.S que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la
libertad de escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y
la vida digna de los accionantes y preste la atención de los servicios
integrales de salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica
en la Unidad Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de
prestadoras inscritas a la EPS, preferiblemente Unidad Renal RTS Sucursal
Girardot, en caso de que ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha
IPS, la entidad accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y
tratamiento prescritos por el médico tratante, de forma tal que progresivamente
se puede efectuar el traslado de IPS.
Decimotercero.- REVOCAR la providencia
proferida por el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Quinta,  del catorce (14) de abril de 2011, que confirmó el fallo
proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el ocho (8) de febrero de
2011, que denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor
Alejandro Villamil y otros contra Saludcoop E.P.S. (Expediente T-3.082.563). En
su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la vida
digna, salud, libertad de escogencia y seguridad social.
En consecuencia, ORDENAR a
Saludcoop E.P.S que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, permita el ejercicio de la libertad de
escogencia y la garantía de los derechos fundamentales a la salud y la vida
digna de los accionantes y preste la atención de los servicios integrales de
salud requeridos para la patología de insuficiencia renal crónica en la Unidad
Renal de preferencia del usuario, perteneciente a la red de prestadoras
inscritas a la EPS, preferiblemente Unidad Renal RTS del Tolima, en caso de que
ésta ya no tenga contrato o convenio vigente con dicha IPS, la entidad
accionada debe garantizar el empalme de diagnóstico y tratamiento prescritos
por el médico tratante, de forma tal que progresivamente se puede efectuar el
traslado de IPS.
Decimocuarto.- DECLARAR la carencia actual
de objeto, por configurarse hecho superado, en la acción de tutela promovida
por los accionantes Clemencia Fandiño Moya contra Saludcoop E.P.S (Expediente
T-2.937.138); Germán Aguillón Villabona contra Saludcoop E.P.S (Expediente
T-2.937.517); Deisy Álvarez contra Saludcoop E.P.S (Expediente T-2.941.093); el
señor Luís Alfonso Parra Castellanos contra Saludcoop E.P.S (Expediente
T-3.003.960; el señor Ramón Hernández Jerez contra Saludcoop E.P.S (Expediente
T-2.945.038).
PREVENIR a la EPS Saludcoop
y Cafesalud para que en adelante se abstengan de realizar cambios
intempestivos, injustificados y no atendiendo a los principios de continuidad e
integridad en la prestación del servicio de salud. Igualmente, que garantice la
libertad de escogencia de la usuaria dentro de las IPS adscritas a su red, para
que escoja aquella que se adapte más a sus preferencias y realice el
acompañamiento necesario en la modificación de la tecnología y/o máquina con la
que se realice el tratamiento médico, debiendo otorgar un plazo de empalme
entre instituciones prestadoras de servicios.
Decimoquinto.- CONFIRMAR la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, del ocho (8)
de febrero de 2011, respecto a las pretensiones del señor Álvaro Cárdenas como representante
legal de la Asociación Colombiana de Pacientes Renales y la Veeduría Renal
contra Saludcoop E.P.S, Cafesalud E.P.S y el Ministerio de Protección Social
(Expedientes T-3.028.018 y T-3.082.563).
Decimosexto.-
EXHORTAR al Ministerio de Protección Social y a la Superintendencia
Nacional de Salud para que adopte las medidas tendientes a supervisar a
Saludcoop y Cafesalud E.P.S para que cumpla a cabalidad con las órdenes
constitucionales proferidas en la presente providencia, evitando que en el
futuro incurra en actos idénticos a los que dieron origen a esta acción de
tutela.
Decimoséptimo.-
Por Secretaría, LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO.
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO No. 1
Expediente
Accionantes
Accionados
Ciudad
Juzgado de Primera Instancia
Decisión
Juzgado Segunda Instancia
Decisión
IPS en los que están siendo antendidos en la
actualidad
Luís Alberto Cárdenas
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Colombiana de Trasplantes
Eloidina Gil
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Julio Hernandez
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Luis Alfredo Garcia Abedaño
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
RTS Tunja
Simon Alberto Vargas
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Ricardo Espitia Poveda
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Miguel Chavez Sierra
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
T-2.927.239
Jessica Juliet Ordoñez
Borja
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Segundo Niño
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Jaime Camargo
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Rosendo Bonilla
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Dolores Garcia
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Luis Adelia Pinilla Varela
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
José Parmenio Mayorga
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
RTS Tunja
José Alexander Romero
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Robeto Gonzalez Villamil
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Omar Romero Bonilla
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Ciro Antonio Bautista
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Emilio Gonzalez Vargas
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Mercedes Perilla
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
Fresenius
Ana Gerogina Matallana
Castellanos
Salucoop
Tunja
Juzgado 3ro Penal Municipal
Improcendente
RTS Tunja
T-2.933.152
Edgar Aroca Cruz
Cafesalud
Ibagué
Juzgado 10 Penal Municipal
No tutelar
RTS Limitada Tolima
T-2.937.138
Clemencia Fandiño Moya
Salucoop
Ibagué
Juzgado 13 Penal Municipal
Improcedente
RTS limitada Tolima
T-2.937.517
Germán Aguillón Villabona
Salucoop
Bucaramanga
Juzgado 8 Penal Municipal
Improcedente
RTS HUS Bucaramanga
T-2.941.093
Deisy Guzmán Álvarez
Saludcoop
Ibagué
Juzgado 10 Penal Municipal
Negar por hecho superado
RTS Limitada Tolima
T-2.941.203
Luis Senén Vesga Monsalve
Salucoop
Bucaramanga
Juzgado 8 Penal Municipal
Improcedente
RTS HUS Bucaramanga
T-2.942.005
Luis Reinaldo Báez Barbosa
Salucoop
Bucaramanga
Juzgado 2 Penal Municipal
con con Funciones de Control de Garantías
Tutelar
RTS HUS Bucaramanga
T-2.945.038
Ramón Hernández Jeréz
Saludcoop
Bucaramanga
Juzgado 2 Civil Municipal
Denegar
RTS HUS Bucaramanga
T-2.951.644
Blanca Rosa Becerra
Saludcoop
Bucaramanga
Juzgado 23 Penal Municipal
No conceder
RTS HUS Bucaramanga
T-2.951.713
Rosa Elena Fajardo
Saludcoop
Bucaramanga
Juzgado 23 Penal Municipal
No conceder
RTS HUS Bucaramanga
T-2.951.717
Dioselina Cuadros de Ortiz
Saludcoop
Bucaramanga
Juzgado 23 Penal Municipal
Concedida
RTS HUS Bucaramanga
T-2.969.336
Edilma Sarmiento Cardoso
Saludcoop
Ibague
Juzgado 11 Civil Municipal
de Ibagué
Concedida
RTS limitada Tolima
T-2.972.021
Yolanda Ayala Pinto
Saludcoop
Bucaramanga
Juzgado 4 Civil Municipal
Concedida
RTS HUS Bucaramanga
T-3.003.614
Ma. Eugenia Ardila AHPR
como Presidenta en representación de 41 personas (adjunta firmas)
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Transplantada SC
Jaime Pimentel
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS -SC
Misael Robayo
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS -SC
Beatriz Artunduaga
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS -SC
Jose Lizardo Jurado
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS -SC
Alejandro Otalora
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS -SC
Gabriel Lopez
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Efrain Vanegas
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS -SC
Gloria Quintero
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS -SC
Jose Jimeno Bahamon (sin
firma)
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Fallecido RTS -SC
Ignacio Aguilar
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Carmenza Fichica
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Raul Perdonmo
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Alba Noreña
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Desafiliada, actualmente en
Nueva EPS
Leonor Aviles
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Blanca Flor Calderon
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Transplantada
Fabio Cantillo
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Divia Trujillo
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Ma. Del Carmen Serrato
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Jose Mejia
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Juan Chilito
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Jaime Cimentel
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Alicia Bastidas
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Raul Chaves
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Gustavo Salazar
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Ames Quintero
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Jose del Carmen Escobar
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Salomon Bermeo
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Sebastian Cubillos
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Cruz Roja RTS
Maria Antonia Rojas
Saludcoop y Cafesalud
Neiva
Juzgado 2 Civil Municipal
Concedida
Fresenius Medical Care
T-3.003.960
Luis Alfonso Parra
Castellanos
Saludcoop
Chiquinquira
Juzgado 2 Civil Municipal
Negar por hecho superado
RTS Tunja
Asociación Colombiana de
Pacientes Renales
Saludcoop y Ministerio de
Protección Social
Ibagué
Tribunal Superior Sala
Laboral
Concedida
No aplica
T-3.028.018
Rocio Ramirez Cantor en
representación de: Hugo Giraldo Giraldo
Saludcoop y Ministerio de
Protección Social
Ibagué
Tribunal Superior Sala
Laboral
Concedida
Unidad Renal RTS del Tolima
Rubio de Jesus Chica
Cardona
Saludcoop y Ministerio de
Protección Social
Ibagué
Tribunal Superior Sala
Laboral
Concedida
No queda claro porque hay
inconsistencia en las respuestas suministradas por Saludcoop EPS
Simon Ramirez Olave
Saludcoop y Ministerio de
Protección Social
Ibagué
Tribunal Superior Sala
Laboral
Concedida
No queda claro porque hay
inconsistencia en las respuestas suministradas por Saludcoop EPS
John Fredy Bohorquez
Saludcoop y Ministerio de
Protección Social
Ibagué
Tribunal Superior Sala
Laboral
Concedida
No queda claro porque hay
inconsistencia en las respuestas suministradas por Saludcoop EPS
José Neftalí Pulido
(RC)
Saludcoop
Girardot
Juzgado 3 Penal Municipal
Improcedente
Juzgado Primero Penal del
Circuito
Confirmo
RTS Limitada sucursal
Girardot
Veronica Mosquera
Saludcoop
Girardot
Juzgado 3 Penal Municipal
Improcedente
Juzgado Primero Penal del
Circuito
Confirmo
RTS Limitada Tolima
Sucursal Girardot
T-3.053.015
José Joaquín Villanueva
(RS)
Saludcoop
Girardot
Juzgado 3 Penal Municipal
Improcedente
Juzgado Primero Penal del
Circuito
Confirmo
RTS Limitada Tolima
Yesid Guzmán (RS)
Saludcoop
Girardot
Juzgado 3 Penal Municipal
Improcedente
Juzgado Primero Penal del
Circuito
Confirmo
RTS Limitada Tolima
Alirio Ruíz (RC)
Saludcoop
Girardot
Juzgado 3 Penal Municipal
Improcedente
Juzgado Primero Penal del
Circuito
Confirmo
RTS Limitada Tolima
Sucursal Girardot
T-3.082.563
Ceneida Pareja en
representacion de Alejandro Villamil Pareja
Saludcoop, Cafesalud y
Ministerio de Protección Social
Ibagué
Tribunal Administrativo del
Tolima
Denegar
Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Confirmo
Fresenius Medical Care Sede
Ibagué
Ana Lucia Torres en
representación de Arturo Maria Torres Becerra
Saludcoop, Cafesalud y
Ministerio de Protección Social
Ibagué
Tribunal Administrativo del
Tolima
Denegar
Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Confirmo
Fresenius Medical Care Sede
Ibagué
Leidy Paola Leal Ramirez
Saludcoop, Cafesalud y
Ministerio de Protección Social
Ibagué
Tribunal Administrativo del
Tolima
Denegar
Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Confirmo
Fresenius Medical Care Sede
Ibagué
Marina Avendaño Andrade en
represetnación de Maria Ines Andrade de Avedaño
Saludcoop, Cafesalud y
Ministerio de Protección Social
Ibagué
Tribunal Administrativo del
Tolima
Denegar
Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Confirmo
Unidad Renal RTS del Tolima
Emperetriz Moreno Caceres
en representanción de Jenny Katherine Devia
Saludcoop, Cafesalud y
Ministerio de Protección Social
Ibagué
Tribunal Administrativo del
Tolima
Denegar
Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Confirmo
Unidad Renal RTS del Tolima
Sandra Liliana Riobo en
representacion de Benjamin Riobo
Saludcoop, Cafesalud y
Ministerio de Protección Social
Ibagué
Tribunal Administrativo del
Tolima
Denegar
Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Confirmo
Fresenius Medical Care Sede
Ibagué
Maria Marleny
Perez Garcia
Saludcoop, Cafesalud y
Ministerio de Protección Social
Ibagué
Tribunal Administrativo del
Tolima
Denegar
Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Confirmo
Fresenius Medical Care Sede
Ibagué
Edith Cortes Triana
Saludcoop, Cafesalud y
Ministerio de Protección Social
Ibagué
Tribunal Administrativo del
Tolima
Denegar
Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Confirmo
Fresenius Medical Care Sede
Ibagué
Alvaro Cardenas Santana
como representante legal de la ACODERE y la Veeduría Renal
Saludcoop, Cafesalud y
Ministerio de Protección Social
Ibagué
Tribunal Administrativo del
Tolima
Denegar
Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta.
Confirmo
No aplica
ANEXO
No. 2
PRUEBAS
A. PRUEBAS
APORTADAS.
A continuación se relacionan las
pruebas que fueron aportadas en cada uno de los expedientes:
1.
Expediente T-2.927.239.
Escrito de la acción de tutela con las firmas y cedulas de
ciudadanía de los accionantes.
2.
Expediente T-2.933.152.
Oficio cambio de IPS en el que informan del traslado y de
la modificación del tratamiento de diálisis peritoneal automatizada a manual.
Copia simple de la historia clínica.
3.
Expediente T-2.937.138.
Fotocopia cedula de ciudadanía y del carné de afiliación a
Saludcoop EPS. Derecho de petición elevado ante Saludcoop y la Superintendencia
de Salud, con sus correspondientes respuestas. Autorización de servicios No.
53328445 expedida por la EPS en la que consta que la accionante ha sido
remitida a la Unidad Renal RTS del Tolima.
4. Expediente T-2.937.517.
Consta copia de la cedula de ciudadanía, ampliación a la
acción de tutela, historia clínica y constancia de la Secretaria del Despacho
del 21 de diciembre de 2010 en la cual consta que “German Aguillon, pasando
este al teléfono, quien manifestó (…) que la RTS se había comunicado con el
(sic) y habían arreglado, ya que la RTS había preguntado quieren (sic) querían
permanecer en la unidad renal”. Constancia del 22 de diciembre de 2010 en la
cual consta que “(…) la RTS ya había arreglado con el, y lo seguía atendiendo
en la que siempre le ha prestado los servicios.”
5. Expediente T-2.941.093.
Copia de la Historia Clínica, derecho de petición elevado
ante Saludcoop EPS y fotocopia simple del carné de afiliación a la EPS.
6.
Expediente T-2.941.203.
Copia de la Historia Clínica, ampliación de tutela y carné
de afiliación a la EPS, declaración del medico tratante.
7.
Expediente T-2.942.005.
Copia de la Historia Clínica, ampliación de tutela y carné
de afiliación a la EPS e informe de la Policía Judicial sobre la capacidad
económica del accionante. Declaración agente oficiosa (compañera permanente).
8.
Expediente T-2.945.038.
Historia Clínica y carné de afiliación a la Saludcoop EPS,
constancia expedida por la Medico Internista y Director Medico de la unidad
renal RTS Agencia HUS, en la que se señala que el señor Ramón Hernández Jerez
esta en “programa de reemplazo renal a través de Diálisis Peritoneal, la cual
se realiza en su casa con la prescripción descrita en la Epicresis” (Folios 12
y 13). Autorización de servicios de la EPS para el tratamiento de diálisis
peritoneal en la IPS Unidad Renal RTS HUS de Bucaramanga (Folios 27 a 28).
9.
Expediente T-2.951.644.
Copia de la Historia Clínica, ampliación de tutela y carné
de afiliación a la EPS, concepto del Director Médico y Nefrólogo de la unidad
renal RTS H.U.S de Santander. Autorización de servicios de la EPS para el
tratamiento de diálisis peritoneal en la IPS Unidad Renal RTS HUS de
Bucaramanga.
10.
Expediente T-2.951.713.
Copia de la Historia Clínica,
ampliación de tutela y carné de afiliación a la EPS. Declaración del médico
tratante. Autorización de servicios de la EPS para el tratamiento de diálisis
peritoneal automatizada en la IPS Unidad Renal RTS HUS de Bucaramanga (Folios 40 a 45).
11.
Expediente T-2.951.717.
Copia de la epicresis, fotocopia
de la cedula de ciudadanía, ampliación de tutela y carné de afiliación a la
EPS. Declaración accionante, CD que contiene fotos maquina marca Baxter.
Concepto del Director médico y nefrólogo de la Unidad Renal RTS –Agencia HUS-.
Autorización de servicios de la EPS para el tratamiento de diálisis peritoneal
en la IPS Unidad Renal RTS HUS de Bucaramanga (Folios 28 a 31).
12.
Expediente T-2.969.336.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía y carné de afiliación
a la EPS. Copia de análisis de laboratorio y de la historia clínica.
13.
Expediente T-2.972.021.
Copia de la epicresis, fotocopia de la cedula de ciudadanía
y carné de afiliación a la EPS. Copia de la epicresis, autorización de
servicios de la EPS para el tratamiento de diálisis peritoneal en la IPS Unidad
Renal RTS HUS de Bucaramanga (Folio 27).
14. Expediente T-3.003.614.
Fotocopia simple de la cedula de ciudadanía de María
Eugenia Ardila, firmas de los pacientes que padecen insuficiencia renal,
derechos de petición elevados ante la Superintendencia Nacional de Salud,
Cafesalud EPS, Saludcoop EPS con sus respectivas respuestas. Certificado de
existencia de la Asociación Huilense de Pacientes Renales.
15. Expediente T-3.003.960.
Fotocopia simple del carné de afiliación a la EPS
Saludcoop. Registro de Historia Clínica, derecho de petición elevado ante
Saludcoop EPS con su respectiva respuesta. Recorte de prensa titulado “Cambios
de IPS, sólo hay mejora de servicio”.
16. Expediente T-3.028.018.
Fotocopia simple de las cedulas de ciudadanía y carné de
afiliación de los señores Hugo Giraldo, Rubio de Jesús Chica y John Fredy
Bohórquez.
Copia de la historia clínica de cada uno de los
accionantes. Autorizaciones de servicios médicos, anexados por Saludcoop EPS.
Documento: J.L Teruel y M. Fernández Lucas. “Hemodiálisis
crónica basada en la evidencia”, Nefrología, Volumen 27. No. 3. España, 2007.
17. Expediente T-3.053.015.
Fotocopia simple de las cedulas de ciudadanía y carné de
afiliación de los señores Alirio Ruiz, la señora Verónica Mosquera, Yesid Guzmán
Barreto, José Neftali Pulido y José Joaquín Villanueva.
Solicitud de vinculación de la IPS Fresenius Medical Care.
Anexa Certificado de existencia y representación legal, Constancia de
Habilitación en el registro especial de Prestadores de Servicios de Salud de la
Secretaria de Salud de Cundinamarca.
Saludcoop EPS y Cafesalud EPS adjuntan copia de autorización
de servicios para la terapia renal en el prestador RTS Sucursal Girardot.
18. Expediente T-3.082.563.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía y Carné de Álvaro
Cárdenas de Presidente de la Asociación Colombiana de Pacientes Renales.
Certificación de la Dirección de Desarrollo de Servicios de
Salud de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá de existencia de la
Asociación Colombiana de Pacientes Renales.
Acta de constitución de la Asociación Colombiana de
Pacientes Renales.
Fotocopias de las cedulas de ciudadanía de Maria Marlene
Perez, Arturo Maria Torres, Leidy Paola Leal, María Ines Andrade Avendaño,
Jenny Devia, Edith Cortes, Benjamín Riobo y Alejandro Villamil.
Autorización del señor Álvaro Cárdenas al señor William
Troncoso para que presente la acción de tutela en su nombre, debido a que se
encontraba hospitalizado.
B.
PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Mediante
Auto de mayo trece (13) de 2011, la Sala Segunda de Revisión ofició a las EPS
Saludcoop y Cafesalud, al igual que a Fresenius Medical Care I.P.S, a las
I.P.S: Unidad Renal RTS del Tolima, Unidad Renal RTS agencia Hospital
Universitario de Santander, Unidad Renal RTS de Tunja, Cruz Roja Huila Ltda; a la
Superintendencia Nacional de Salud, al Instituto Nacional de Medicina Legal, a la
Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, la Academia
Nacional de Medicina de Colombia, la Fundación Universitaria San Vicente de
Paul, la Fundación Santa Fe, el Hospital Universitario San Ignacio, la
Fundación Valle del Lili y Hospital Universitario Mayor-Mederi. Lo anterior con
la finalidad de esclarecer los hechos del proceso y verificar la idoneidad de
las condiciones tecnológicas del tratamiento y determinar si el cambio de IPS,
y con ello las modificaciones en el tratamiento de diálisis renal generan un
detrimento en la salud del paciente.
A
continuación se hace referencia a la información aportada por cada entidad que
es pertinente para la solución del presente caso.
1.1 La Jefe de la Oficina Jurídica del Hospital Universitario
Fundación Santa Fe de Bogotá[361], a la pregunta
realizada por esta Sala sobre cuáles son las consecuencias de modificar
intempestivamente el tratamiento requerido por los pacientes con insuficiencia
renal, respondió que “un paciente que se encuentre en programa de
hemodiálisis crónica, en situaciones muy excepcionales recobra su función
renal, lo cual le permitiría salir del procedimiento. En la mayoría de los
casos dicha situación no se presenta y si el paciente suspende en forma
intempestiva el tratamiento, se muere”.
Además, señaló que “el
entrenamiento lo realiza una enferma (sic) jefe especialista en diálisis
peritoneal y el tiempo de aprendizaje puede durar entre dos (2) a tres (3)
semanas”.
1.2 El Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud[362]
mediante oficio recibido por la Secretaria de esta Corporación el veinticinco
(25) de mayo de 2011, informó que algunos de los casos acumulados en esta sentencia
“se encuentran en esta dependencia [la Superintendencia Delegada para la
Protección al Usuario y la Participación Ciudadana] relacionados y tramitados
por esta en cumplimiento de las instrucciones consagradas en la Circular
Externa número 047 de 2007” y procedió a relacionar cada uno de ellos.
Después de realizar una síntesis
de la normatividad aplicable sobre la libertad de escogencia de instituciones
prestadoras de servicios, concluyó señalando que “si bien la Entidad
Promotora de Salud tiene autonomía para establecer la Red de prestadores
también es  cierto que el paciente tienen DERECHO a elegir dentro de esa Red la
Institución prestadora de servicios, y lo más importante y que en el caso
particular por tratarse de un sujeto de especial protección constitucional, la
Institución debe estar habilitada para este tipo de servicios y deberá
garantizar una calidad de atención igual o mayor entre una institución u otra”.
Además anexó las respuestas a los
derechos de petición elevados por varios de los accionantes ante la
Superintendencia de Salud.
1.3 El Secretario General y
Jurídico del Hospital Universitario San Ignacio[363]
mediante oficio recibido por la Secretaria General de la Corte Constitucional
el veinticinco (25) de mayo de 2011, explicó en qué consiste la enfermedad renal
y los procedimientos médicos existentes, “conocidos como diálisis, existen dos
modalidades de esta terapia sustitutiva renal: hemodiálisis y diálisis
peritoneal”. Enunció que la hemodiálisis “es un procedimiento usado para
remover las sustancias toxicas que se acumulan en el organismo como
consecuencia de la ERC, (…) no es un tratamiento curativo, sino de suplencia y
se debe practicar por el resto de la vida y de forma continua y n o puede ser
suspendida porque pone en peligro la vida. (…)”.
Sobre la diálisis peritoneal
mencionó que “es el método de reemplazo de la función renal empleando la
membrana peritoneal del paciente para remover agua y solutos (…) que se
acumulan en el organismo (…). Se usan dos comportamientos para la diálisis 1.
La sangre de los vasos del peritoneo del paciente. 2. El líquido de diálisis
que se infunde en la cavidad peritoneal. La diálisis peritoneal es una
técnica sencilla, no agresiva que permite una total integración del paciente en
su medio y una buena adaptación inicial al tratamiento sustitutivo”
(Negrillas fuera de texto). Afirmó que hay dos modalidades: i) la diálisis
peritoneal manual y ii) la diálisis peritoneal automatizada. La primera es un
procedimiento que debe realizarse tres o cuatro veces al día, mientras que la
diálisis automatizada “permite una mayor independencia de los pacientes
utilizando el descanso nocturno para realizar la mayor parte del tratamiento”.
También explicó que el cambio de
diálisis peritoneal a hemodiálisis se debe a “la presencia de peritonitis y
a la pérdida de superficie efectiva de la membrana peritoneal.” Hizo una
explicación de las ventajas y desventajas que tiene cada una de las terapias
renales mencionadas. Y dijo que el cambio de “diálisis peritoneal manual
implica una modificación en los horarios del tratamiento a los cuales el
paciente debe adaptarse, sin que ello implique una contraindicación para el
cambio de terapia.”
1.4 La Representante Legal de la
Unidad Renal RTS del Tolima, Esperanza Pimiento[364],
por medio de oficio remitido a la Secretaria de esta Corporación el veinticinco
(25) de mayo de 2011, enunció en primer lugar, que “la diálisis es un
procedimiento médico por medio del cual se logra suplir la función realizada
normalmente por los riñones (…)” y explicó las diferentes modalidades que
existen. Posteriormente hizo una reseña de cuáles son los programas, servicios
y herramientas otorgados por ellos a los pacientes renales. En segundo lugar,
mencionó las diferencias entre los procedimientos de diálisis peritoneal manual
y automatizada, clasificándolas en diferencias operativas (i), clínicas (ii) y
de precisión (iii).
(i) Respeto a las diferencias operativas
menciono que la “diálisis peritoneal manual se realiza durante el día con un
promedio de 4 recambios al día (…). Cada uno de estos periodos de tiempo tiene
una duración aproximada de 40 minutos y requiere un espacio específico y unas
características especiales. Por lo anterior, este procedimiento presenta
limitaciones cuando el paciente tiene que trabajar o estudiar durante el día
pues debe realizarse la terapia en unos horarios específicos y el no hacerlo
disminuye el éxito clínico de la terapia. Por su parte, la diálisis peritoneal
automatizada se realiza con la máquina cicladora durante la noche. El paciente
simplemente se conecta una vez en la noche y se desconecta en la mañana lo que
facilita su realización cuando los pacientes trabajan o estudia, ya que permite
mayor libertad. (…)”
(ii) Con respecto a las
diferencias clínicas, señaló que “en general cada paciente que se
encuentra en diálisis peritoneal tiene un mecanismos de transporte de
sustancias tóxicas que va de acuerdo a las características de la membrana que
recubre internamente el abdomen (…). Para saber el tipo de transporte del
paciente, se llevan a cabo exámenes diagnósticos específicos que se deben
realizar a todos los pacientes en diálisis peritoneal.” Así las cosas, dijo
que los pacientes que transportan sustancias toxicas de forma rápida se
benefician de la diálisis peritoneal automatizada, los de transportan de forma
lenta se benefician de la diálisis peritoneal, mientras que los que transportan
sustancias toxicas de forma intermedia pueden escoger entre cualquiera de las
dos opciones.
(iii) Finalmente, mencionó sobre
las diferencias de precisión entre los tratamientos de diálisis
peritoneal manual y automatizada, dijo que para “la diálisis peritoneal
automatizada se entrega a cada paciente una máquina de diálisis peritoneal
HomeChoice que permite controlar de manera exacta los tiempos de tratamiento al
igual que los volúmenes que se infunden en la cavidad abdominal; esto se hace a
través de sistemas neumáticos de control de volumen que aseguran alta precisión
en pacientes pediátricos que requieren volúmenes específicos para el
tratamiento”.
En tercer lugar, a la pregunta
sobre las implicaciones que tiene en la salud del paciente el cambio de
tratamiento peritoneal manual al automatizado, respondió que: “cuando se
lleve a cabo un cambio de terapia, es necesario contar con el acompañamiento
del equipo interdisciplinario de la clínica renal, garantizando que se lleven a
cabo actividades como:
-Entrenamiento:
debe ser dirigido por una enfermera profesional y tener una duración mínima de
veinte (20) horas, finalizando en el domicilio del paciente para garantizar que
se apliquen los conocimientos de manera precisa.
-Visita
domiciliaria (…), seguimiento telefónico (…), intervención del grupo de apoyo
(…), apoyo al cuidador (…)”
Afirmó que las implicaciones del
cambio de terapia depende de cada paciente, sin embargo, las más frecuentes
consecuencias del cambio de diálisis peritoneal manual a automatizada son: “una
disminución del riesgo de peritonitis e infecciones” frente a la manual,
mayor cantidad de tiempo disponible y se suministra en las horas de la noche
dando mayor autonomía, sin embargo especificó que para el cambio es necesario
llevar a cabo un entrenamiento “en la operación de la máquina cicladota para
la realización de la terapia, la manipulación de los insumos y las normas de
limpieza y seguridad”.
Por su parte, cuando se cambia de
diálisis peritoneal automatizada a manual, las implicaciones son: mayor riesgo
de infección, entrenamiento previo, requiere de mayor disponibilidad de tiempo
y un “cambio en la calidad de vida del paciente [que] tiene un impacto casi
siempre desfavorable, ya que pasa de tener un tratamiento nocturno a requerir
mucho más tiempo durante el día, todos los días, para llevar a cabo su terapia,
lo que limita sus opciones de desarrollo laboral y/o académico”.
Después reseñó las consecuencias
que tiene en la salud y la calidad de vida de los pacientes, los cambios de
diálisis peritoneal y hemodiálisis entre diferentes fabricantes. De ello se
puede sintetizar que los cambios entre terapias deben ser producto de la
evolución del paciente y decididos entre éste y el médico tratante; afirmó que “los
cambios que verdaderamente tienen la posibilidad de afectar la salud de los
pacientes son los cambios de tecnología o de terapia asociados a cambios de
prestador de servicios, sobre todo en la atención de la diálisis
peritoneal, ya que cada prestador cuenta con sistemas de diálisis diferentes.
(…) es claro que los cambios en estas condiciones implican para el paciente una
ruptura con las condiciones de tratamiento que venía recibiendo: debe ser
reentrenado nuevamente, adaptarse a la tecnología y reajustar por completo el
tratamiento.” (Negrillas fuera de texto).
Así las cosas, reitero que las
consecuencias derivadas del cambio son: pasar por un nuevo proceso de
entrenamiento, cambiar de línea de transferencia, ajustarse a un proceso de
adaptación, igualmente, puede generar cambios en la prescripción de parte del
nuevo médico tratante. Mencionó que existe un riesgo psicosocial en virtud de
las modificaciones en la relación del médico tratante y el paciente y por el “desconocimiento
de la totalidad de la historia clínica de este paciente por parte del nuevo
grupo médico-asistencia podría generar que se tomen conductas médicas que en el
pasado no hayan sido efectivas, deteriorando el estado de salud del paciente”
y que existen riesgos de contraer enfermedades infecciosas.
Finalmente, explicó cuál es la
máquina dializadota que utilizan en el tratamiento de la enfermedad renal,
especificando que se trata de una “máquina HomeChoice [que] es  muy sencilla
de utilizar gracias a su tecnología basada en el control volumétrico de la
infusión y en el drenaje de manera exacta. No presenta riesgos de
descalibración porque no utiliza pesas (…). Es una máquina portátil y de
pequeño tamaño; el paciente la puede transportar fácilmente, no requiere
espacios adicionales (…).”
1.5 El Representante Legal de la
Unidad Renal RTS de Bucaramanga, Juan Fernando Jiménez[365]
y la Representante Legal de la IPS Cruz Roja de Huila SRT Ltda. Leyla
Caleño[366], respondieron a las
preguntas realizadas por esta Sala de Revisión de igual que la Representante
Legal de la Unidad Renal RTS del Tolima.
1.6 Por su parte, el Dr. Wilmer
Arley López como Coordinador de Auditoria Medica de la Fundación Valle del Lili[367],
por medio de escrito recibido en la Secretaria General de esta Corporación el
treinta y uno (31) de mayo del 2011, afirmó que “los cambios de modalidad de
diálisis deben ser a criterio del medico y se hacen con el objetivo de
optimizar el tratamiento y adecuarlo a cada paciente según las condiciones
clínicas del mismo”. Mencionó que el entrenamiento de diálisis peritoneal “consiste
en aprender técnicas de manejo de la Diálisis (sic), para que el paciente pueda
realizársela por si mismo y aprender claramente los conceptos de
esterilización, contaminado y sucio, con esto deberá entender los riesgos
minimizándolos y realizándose así una diálisis segura. La duración puede ser
por dos semanas, pero puede extenderse hasta un mes o mas según la capacidad de
aprendizaje del paciente y su familia”.
1.7 El Presidente de la
Asociación Colombiana de Nefrología e HTA, el señor Rafael Alberto Gómez[368],
hizo una síntesis de las diferentes modalidades de terapia renal y
posteriormente, afirmó que “la escogencia de la terapia depende en gran
parte de la decisión del paciente y sus necesidades, pues es claro que ambas
terapias (Hemodiálisis y diálisis peritoneal) tienen sobrevidas (sic) muy
similares. Solo en los casos en que se contraindique específicamente una de las
dos terapias el médico debe decidir cual es la mejor opción para el paciente
según su condición clínica. Para la toma de la decisión de cual terapia
recibirá el paciente, siempre se tiene en cuenta la opinión de este.” De la
misma manera, reseñó que “el cambio de una terapia de diálisis peritoneal
manual por automatizada o viceversa solo se debe realizar en casos de
indicación médica por eventos que pongan en riesgo la calidad y condición de
salud del paciente. El hacer cambios innecesarios genera alteración en la
calidad de vida, cambios en la adecuación de diálisis y en algunos puede
alterar la salud del paciente”.
1.8 El Representante Legal de Fresenius Medical Care
Colombia S.A, Jaime Antonio Baena[369], mencionó los
diferentes tipos de terapias renales existentes, señalando que la diálisis
peritoneal “tiene una serie de ventajas (…) permite que los pacientes pasen más
tiempo en sus casa con sus familias y en sus propias ocupaciones”. Igualmente
dijo que las diferentes modalidades de tratamiento renal (hemodiálisis,
diálisis peritoneal manual y automatizada) requieren “la utilización de unos dispositivos indispensables.
Estos son: El catéter peritoneal, los líquidos de diálisis peritoneal con
diferentes concentraciones de azúcar, la línea de extensión del catéter
(Stay.safeR) y la tecnología PIN, que permite el sellado automático
y hermético de las vías de acceso del paciente sin contacto directo con el
ambiente”[370].
Por último, dando respuesta a la
pregunta formulada por esta Corporación sobre las implicaciones que tiene en la
salud de los pacientes el cambio de tratamiento, de diálisis peritoneal manual
a automatizada, sostuvo que “puede
hacerse en cualquier momento a través de la vida del paciente y generalmente se
sustenta en la realización de algunos exámenes tales como el PET y el KT/V, que
permiten determinar las características de la membrana peritoneal que tiene el
paciente y la cantidad de terapia recibida respectivamente. Una vez se ha
establecido que, de acuerdo con los resultados de la evaluación, al paciente le
conviene clínicamente una terapia sobre la otra, se procede a realizar el
cambio de modalidad y en general esto redunda en beneficio para el paciente”[371]. Tiene que haber una evaluación
médica para determinar el cambio de tratamiento a suministrar.
1.9 Por su parte, Tatiana Lucia
Sánchez Prieto actuando en calidad de Coordinadora Jurídica de la Corporación
Hospitalario Juan Ciudad- Hospital Universitario Mayor – Méderi-[372]
remitió la respuesta suministrada por el Dr. Juan Guillermo Vargas –Director
Médico del Servicio de Nefrología, quien explicó en qué consiste el tratamiento
de hemodiálisis y mencionó que algunas de las ventajas de dicho tratamiento
consisten en: “enfermeras y enfermeros realizan el tratamiento por usted.
Tiene contacto regular con otros pacientes de hemodiálisis y el personal de la
clínica. Usualmente se realizan 3 tratamientos por semana, cuatro días libres.
No requiere de equipos o suplementos en casa. La ayuda médica está disponible
para cualquier emergencia.” Por otro lado, afirmó que las desventajas de
esta terapia consisten en que “debe viajar al centro 3 veces por semana con
un horario fijo. Requiere un acceso permanente, usualmente en su brazo.
Requiere de inserción de 2 agujas para cada tratamiento. Requiere de una dieta
restringida y una toma limitada de fluidos. Corre cierto riesgo de infección.
Posible incomodidad cefalea, náusea, calambres en las piernas y cansancio.”
Por su parte, respecto a la
diálisis peritoneal dijo que “la mayoría de las personas disfrutan de la
flexibilidad e independencia que les brinda la Diálisis Peritoneal (DP). Su
nutricionista puede ayudarle a manejar su dieta (…). Asimismo, una dieta
inadecuada puede causar depresión, cansancio y afectar su calidad de vida. Las
personas con Diálisis Peritoneal (DP) pueden llevar una vida normal. Es fácil
ajustarse al esquema de tratamiento de acuerdo con su trabajo, escuela o planes
de viajes pues usted está a cargo de su propio tratamiento.” Mientras que
algunas de las desventajas pueden ser que se necesita de un horario de
recambios diarios, un catéter permanente, corre riesgos de infección, entre
otros.
También respondió a la pregunta
sobre las consecuencias de modificar intempestivamente el tratamiento, expuso
que “los cambios tanto en la prescripción de diálisis como su manejo
farmacológico solo se hacen basados en los parámetros en la condición clínica y
de paraclínicos ajustados a protocolos y guías de manejo basados en evidencia
científica por lo cual estos no se realizan de manera caprichosa e
intempestiva”.
Por último, explicó uno de los
tipos de máquinas que existen en el mercado y que se utiliza para el
tratamiento de la enfermedad renal, denominada Home Choice, dijo que “es
una máquina cicladora para hacer diálisis peritoneal; tienen un diseño amigable
lo que facilita el entrenamiento y manejo del paciente; es segura ya que através
(sic) de la pantalla muestra de una manera clara los posibles problemas y
orienta como resolverlos; guía al paciente sobre los pasos a seguir en el
procedimiento y permite modificar parámetros como temperatura, intensidad del
brillo de los letreros y los sonidos”.
1.10 La Directora Regional de Prestación de Servicios Regional Tolima
de Saludcoop EPS, Erika Liliana Prada Gutiérrez[373],
respondió que la “diálisis peritoneal es uno de los tratamientos para la
enfermedad renal crónica avanzada. Es un tratamiento que pretende reemplazar la
función de los riñones que se ha perdido a causa de la enfermedad. (…)”
Mencionó que la “es decisión del medico determinar cuál es mejor tratamiento
para cada paciente en particular. (…) La diálisis peritoneal tiene una serie de
ventajas para aquellos que deben recibir un tratamiento para toda la vida como
es caso de estos enfermos. Algunas de estas ventajas están relacionadas con el
hecho de que el paciente y la familia están involucrados en la realización del
tratamiento. (…). Por otra parte les permite contar con disponibilidad de
tiempo para trabajar o realizar otras actividades productivas que hace parte
primordial de la rehabilitación del enfermo, sin importar si estas actividades
incluyen la necesidad de viajar o desplazarse fuera del país. Igualmente, el
tratamiento de diálisis peritoneal permite que los pacientes pasen más tiempo
en sus casas con sus familias y en sus propias ocupaciones.”
Respecto a la diálisis peritoneal manual expuso que se puede “realizar
en la casa o el trabajo bajo unas condiciones de aseo adecuadas. Este tipo de
tratamiento es continuo o sea que se realiza durante las 24 horas del día, lo
que hace que sea más parecido al funcionamiento normal del riñón que las demás
modalidades. El tratamiento más comúnmente prescrito requiere de la realización
de 4 recambios de líquido durante el día. (…)
La diálisis peritoneal automatizada se llama también APD por sus
siglas en iguales. Requiere de la utilización de una maquina cicladota que va a
permitir realizar los cambios prescritos por el medico. Esta modalidad de
tratamiento se puede realizar en forma continua o en forma intermitente (…)”
Con respecto a las modificaciones en el tratamiento de diálisis
peritoneal manual y la diálisis peritoneal automatizada expuso que “puede
hacerse en cualquier momento a través de la vida del paciente y generalmente se
sustenta en la realización de algunos exámenes tales como el PET y el KT/V, que
permiten determinara las características de la membrana peritoneal que tiene el
paciente y la cantidad de terapia recibida respectivamente. En algunos casos la
terapia con diálisis peritoneal no resulta efectiva y es por esto que debemos
recurrir al paso a la hemodiálisis. Una vez que se ha establecido que, de
acuerdo con los resultados de la evaluación, al paciente le conviene
clínicamente una terapia sobre otra, se procede a realizar el cambio de
modalidad y en general esto redunda en beneficio del paciente.”
1.11 Mediante oficio allegado a la Secretaria General de esta
Corporación el nueve (09) de junio de 2011, el señor Gustavo Malagón[374],
en su calidad de Presidente de la Academia Nacional de Medicina, respondió a
las preguntas realizadas, de la siguiente forma:
Con respecto a la hemodiálisis
dijo que: “cada sesión de hemodiálisis dura entre 3 a 5 horas, 3 veces por semana, según la prescripción de la cantidad de diálisis que haga el
nefrólogo, que es el profesional entrenado y especializado en prescribir o
dosificar la cantidad de diálisis que cada paciente necesita. (…)”[375]
Explicó sobre la diálisis
peritoneal, que “se usa la membrana peritoneal o peritoneo que recubre el
interior de la cavidad abdominal (…) A través de un catéter que se coloca de
manera permanente en el abdomen del paciente por un procedimiento quirúrgico,
se introduce a través del extremo exterior del catéter en la cavidad abdominal
el líquido de diálisis (recambios). Este líquido se deja en la cavidad
abdominal por periodos variables entre 6 horas a 90 minutos, según el tipo de
diálisis peritoneal que el paciente se haga. Hay dos tipos de diálisis
peritoneal: la manual, (…) en la cual el paciente se introduce manualmente el
liquido dentro de la cavidad cada 6 u 8 horas, o sea 3 o 4 recambios diarios. Y
la diálisis peritoneal automatizada, DPA, en la cual, los recambios los hace
una maquina llamada cicladora. Mientras el paciente duerme, la maquina
introduce el liquido de la cavidad abdominal, lo deja el tiempo programado y
luego lo drena, de acuerdo a una programación que hacen conjuntamente el
nefrólogo y la enfermera entrenada en programar esta maquina. Este
procedimiento puede durar entre 8 y 9 horas generalmente se hace mientras el
paciente duerme”.
Posteriormente, enunció las
ventajas y las desventajas que tiene cada una de las terapias renales, con
respecto a las ventajas que tiene la hemodiálisis dijo que “la principal es
que el paciente no se encarga del tratamiento. Simplemente llega a su unidad
renal, y allí es conectado y desconectado de la máquina de hemodiálisis por
personal entrenado y bajo supervisión medica especializada (…) no necesita
tener equipo de diálisis en su casa ni ayudantes.” Sobre las desventajas de
la hemodiálisis mencionó que el paciente “debe desplazarse hasta la unidad
renal 3 veces por semana para recibir el tratamiento, la restricción de
líquidos es muy estricta y la dieta rigurosa, debido a la rapidez en que
ocurren los cambios de volúmenes sanguíneos y corporales durante el
procedimiento, puede sufrir molestias durante el tiempo en que esta conectado a
la maquina tales como episodios de hipertensión, náuseas, vómito, calambres,
cambio en el estado de animo.”
Por otro lado, señaló que las
ventajas que tiene el tratamiento de diálisis peritoneal ambulatoria, consisten
en que “no necesita desplazarse hasta la unidad renal 3 veces por semana. El
procedimiento lo hace en su casa, siguiendo obviamente los cuidados y
recomendaciones que se le han dado durante su entrenamiento (…) puede hacerlo
solo, no necesita maquina [y] sufre menos cambios de animo”. Mientras que
las desventajas de la diálisis manual son que: “debe interrumpir sus
actividades diarias varias veces al día para hacerse los recambios, es un
tratamiento permanente, no debe ser interrumpido los 7 días de la semana.”
Por último, en cuanto a las
implicaciones que puedan tener en la salud de los pacientes, afirmó que: “el
cambio de diálisis peritoneal manual a automatizada o viceversa, no son muy
significativos si en ambas modalidades se sigue la prescripción del nefrólogo
en cuanto al numero de recambios ordenado y el tiempo de duración de la
permanencia del liquido en el abdomen, tanto si es manual como si es
automatizada. La mayoría de centros de diálisis tienen en cuenta el hecho de si
el paciente trabaja en horas diurnas para prescribirle la diálisis peritoneal
automatizada.”
1.12
Por medio de oficio recibido por la Secretaria General de esta Corporación el
nueve (9) de junio de 2011, el Director Departamental de Cafesalud EPS,
regional Tolima[376], expuso cuáles son las
alternativas en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, esto es: la
hemodiálisis, la diálisis peritoneal manual y automatizada. Posteriormente,
mencionó que cualquiera de las modalidades de terapia renal “se requiere la
utilización de unos dispositivos indispensables. Estos son: el catéter
peritoneal, los líquidos de diálisis peritoneal con diferentes concentraciones
de azúcar, la línea de extensión del catéter (Stay.safe) y la tecnología PIN,
que permite el sellado automático y hermético de las vías de acceso del
paciente sin contacto directo con el ambiente.”[377]
A continuación explicó en que consiste cada uno de los dispositivos
indispensables, dentro de los cuales vale la pena recalcar, la línea de
extensión que “es un dispositivo que permite conectar el catéter con las
bolsas de las soluciones de diálisis de una manera segura para evitar
complicaciones. La línea de extensión es cambiada cada 6 meses por el personal
de enfermería siguiendo un procedimiento médico definido.”[378]
Por otro lado, confirmó
que el señor Edgar Aroca Cruz, se encuentra afiliado a la EPS, en calidad de
cotizante, activo, en la ciudad de Ibagué, siendo atendido para la diálisis en la
IPS Unidad Renal del Tolima. Finalmente, señaló que “el cambio de modalidad
entre la CAPD [diálisis peritoneal manual o continua] y la APD [diálisis
peritoneal automatizada], puede hacerse en cualquier momento a través de la
vida del paciente y generalmente se sustenta en la realización de algunos
exámenes tales como el PET y el KT/V, que permiten determinar las
características de la membrana peritoneal que tiene el paciente y la cantidad
de terapia recibida respectivamente. Una vez que se ha establecido que, de
acuerdo a los resultados de la evaluación, al paciente le conviene clínicamente
una terapia sobre la otra, se procede a realizar el cambio de la modalidad
(…).”
1.13 La Auditora Medica de Cafesalud EPS Regional Cundinamarca, Susan
Rodríguez Monroy, por medio de oficio recibido por la Secretaria General de
esta Corporación el diez y siete (17) de junio de 2011[379],
expuso que “la diálisis peritoneal filtra desechos usando la membrana
peritoneal dentro del abdomen. El abdomen se llena con soluciones especiales
que ayudan a eliminar toxinas. Las soluciones permanece allí por un lapso de
tiempo y luego se drenan. Esta forma de diálisis se puede llevar a cabo en
casa, pero debe realizarse todos los días. (…) Existen dos modalidades de
diálisis peritoneal (Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria) y Diálisis
Peritoneal Automatizada.”
Mencionó que “la diálisis peritoneal automática continua (DPCA),
después de finalizado el intercambio el sistema de bolsas es desechado. La
mayoría de los pacientes en esta modalidad necesitan realizar 3 o 4
intercambios diarios, SEGÚN PRESCRIPCIÓN MEDICA. El drenaje del líquido
requiere entre 10 y 20 minutos y la infusión de la nueva solución entre 5 y 10
minutos. El aprendizaje requiere de una y dos semanas (…) El tratamiento se
realiza sin salir de casa, es flexible y puede ajustarse a distintas
necesidades y horarios.”
Por otro lado, “la diálisis peritoneal automatizada (DPA) se
realiza en casa, por la noche, mientras duerme. Una maquina controla el tiempo
para efectuar los intercambios necesarios, drena la solución utilizada e
introduce la nueva solución de diálisis en la cavidad peritoneal. Cuando llega
el momento de acostarse, sólo hay que encender la máquina y conectar el catéter
al equipo de líneas. La máquina efectuara los intercambios durante 8 ó 9 horas,
mientras se está durmiendo. (…) Las maquinas de Diálisis Peritoneal
Automatizada son seguras, se manejan fácilmente y pueden utilizarse en
cualquier lugar donde haya electricidad. Es una opción de tratamiento ideal
para personas activas laboralmente, para niños en edad escolar y para aquellas
personas que necesiten ayuda para dializarse.”
También específico cuales son los efectos secundarios y complicaciones
de la diálisis peritoneal, señalando que “la diálisis peritoneal requiere el
acceso al peritoneo. (…) la gente con fallo renal generalmente tiene un sistema
inmune levemente suprimido, las infecciones son relativamente comunes. (…) Las
infecciones pueden ser localizadas, como en el sitio de salida del catéter o en
la zona del túnel bajo la piel, donde la infección esta limitada a la piel o al
tejido fino suave alrededor del catéter; o pueden ser potencialmente más
severas, si la infección alcanza el peritoneo. En este caso es llamada
peritonitis PD, que puede requerir antibióticos y cuidado de soporte
(generalmente no requiere ingreso al Hospital) o, si la peritonitis es severa,
retiro o sustitución del catéter y un cambio de la modalidad de la terapia de
reemplazo renal a hemodiálisis. (…) La perdida de la función de la membrana
peritoneal puede aconsejar cambios de técnica como paso de CAPS (manual) a
técnicas automatizadas como CCPD (…), o incluso paso a la hemodiálisis (…)”
Por otro lado, señaló que la hemodiálisis “es una terapia de
reemplazo renal utilizada para eliminar de la sangre residuos como potasio y
urea, así como agua en exceso (…) se realiza tres veces a la semana, mínimo 4
horas. SEGÚN PRESCRIPCION MÉDICA, CON INSTALACIONES ADECUADAS Y PERSONAL
ALTAMENTE CALIFICADO  (sic).” Sobre los efectos secundarios o
complicaciones de la hemodiálisis, explico que pueden consistir en:
descompensación de líquidos, sangrados, anemia, osteodistrofia renal, comezón,
trastornos del sueño, amiloidosis, explicando en qué consisten cada uno de
ellos.
Igualmente recordó que “ninguna de las modalidades es mejor que
otra pero existen indicaciones medicas y sociales que influyen en el tipo de
terapia”. Sin embargo, enunció que la diálisis peritoneal automatizada
tiene ciertas ventajas médicas, como son: “clasificación del tipo de
membrana según PET test de equilibro peritoneal, hernias de pared abdominal,
problemas de columna con discopatia.” Mientras que las ventajas sociales de
esta terapia consisten en: “paciente laboralmente activo, Estudiante
(niños), Pacientes incapacitados que dependan de un cuidador.”  También
especifico que “todo paciente que vaya a ingresar al programa de diálisis
peritoneal en cualquiera de sus dos modalidades debe tener concepto de trabajo
social que asegure que es apto y cuenta con las condiciones mínimas
(Electricidad, agua). Lo idea es que el paciente inicie en diálisis peritoneal
manual y después de por lo menos un mes se hace PET (test de equilibrio
peritoneal) que valorara el tipo de membrana peritoneal, además; se evaluara la
adherencia del paciente, y se enseñara el manejo de complicaciones.”
De la misma manera, con respecto a las implicaciones que pueda tener
el cambio de terapia renal, afirmó que: “dependiendo del PET Test de
equilibrio peritoneal, la FRR Función renal residual y la superficie corporal
se definirá si realmente es un paciente apto para pasar a APD ya que si no se
cumple con las condiciones, mínimas el paciente quedara subdializado acarreando
consecuencias progresivas de deteriore de su salud” (sic)
Por ultimo, dijo que las IPS con las cuales tenía vigente
contrato o convenio en son: “(…) RTS y Fresenius en casos puntuales y en
caso de traslados provisionales, en la ciudad de Ibagué, IPS Renal Del Tolima
(…), Cruz Roja Terapia Renal, (…) Fresenius Medical Care (…)”
Igualmente, mediante Auto de1
primero (1) de agosto de 2011, la Sala oficio a Saludcoop y Cafesalud EPS para
que informaran si las I.P.S si en la actualidad la Unidad Renal RTS de Tunja, la
RTS agencia H.U.S de Bucaramanga, la Unidad Renal RTS del Tolima, la Unidad
Renal Cruz Roja de Huila y la Unidad Renal RTS Sucursal Girardot, hacen parte
de las instituciones prestadoras de servicios adscritas a la EPS. Además de
solicitarles que indicaran en qué Unidad Renal están siendo tratados los
accionantes.
2.1 La Auditora Medica de
Saludcoop EPS, Erika Liliana Prada Gutiérrez al dar respuesta a los
interrogantes planteados por dicho auto, por medio de oficio allegado a la
Secretaria de esta Corporación el treinta y uno (31) de agosto de 2011[380],
señaló que “en la actualidad para los servicios médicos correspondientes a
la especialidad de Nefrología como son las Diálisis y Hemodiálisis e
interconsultas con dicha especialidad, SaludCoop EPS tiene suscrito convenio
con las Unidades Renales: UNIDAD RENAL RTS del TOLIMA (sic) y FRESENIUS MEDICAL
CARE.”
De la misma manera, relacionó las
unidades renales en las cuales están siendo atendidos los accionantes afiliados
a dicha entidad, así:
NOMBRE USUARIO
DOCUMENTO
UNIDAD RENAL
Clemencia
Fandiño Moya
65.756.597
Unidad
Renal RTS del Tolima
Deisy
Guzmán Álvarez
28.967.730
Unidad
Renal RTS del Tolima
Hugo
Giraldo Giraldo
14.271.375
Unidad
Renal RTS del Tolima
Rubio
de Jesús Chica
10.155.868
Unidad
Renal RTS del Tolima
Simón
Ramírez Olave
2.307.712
Unidad
Renal RTS del Tolima
John
Freddy Bohórquez
98.504.481
Unidad
Renal RTS del Tolima
Alejandro
Villamil Pareja
1.110.500.388
Fresenius
Medical Care
Arturo
Maria Torres Becerra
2.394.814
Fresenius
Medical Care
Leydi
Paola Leal
65.708.275
Fresenius
Medical Care
Maria
Ines Andrade Avendaño
28.884.876
Unidad
Renal RTS del Tolima
Benjamín
Riobo
7.502.925
Fresenius
Medical Care
Maria
Marleny Pérez
38.217.048
Fresenius
Medical Care
Edith
Cortez de Triana
38.244.686
Fresenius
Medical Care
Igualmente,
adjunto las ordenes de autorización de servicios médicos a los aquí tutelantes
en las respectivas unidades renales[381].
2.2
Por su parte, el Administrador de la Agencia de Cafesalud EPS regional Tolima,
Rodrigo Andrés Arevalo[382] mencionó que la entidad
tiene suscrito convenios con la RTS Unidad Renal del Tolima y Fresenius Medical
Care. De la misma manera, especificó que el señor Edgar Aroca Cruz esta siendo
atendido en la Unidad Renal RTS del Tolima, mientras que Jenny Katherine Devia
recibe el tratamiento para la enfermedad renal en la IPS Fresenius Medical
Care.
2.3
Triny Humanez Salgado, actuando como representante legal suplente de Cafesalud
EPS, por medio de oficio recibido por la Secretaria General de esta Corporación
el dieciséis (16) de septiembre de 2011[383], manifestó que de
acuerdo con los registros de los usuarios afiliados a la entidad, existía que
los actores estaban siendo tratados en las siguientes IPS:
Accionantes
Cedula
EPS
IPS
Edgar Aroca Cruz
14.227.417
Cafesalud
Unidad Renal del Tolima
Misael Robayo
12.252.566
Cafesalud
Cruz Roja RTS
Gabriel Lopez
Sin Cedula
Cafesalud
Cruz Roja RTS
Gloria Quintero
26.515.465
Cafesalud
Cruz Roja RTS
Carmen Fichita
36.285.91
Cafesalud
Cruz Roja RTS
Raúl Perdomo
1.663.918
Cafesalud
Cruz Roja RTS (ultima autorización
en mayo de 2011)
Alba Noreña
38.201.433
Desafiliada
Desafiliada actualmente esta en la
Nueva EPS
Divia Trujillo
36.284.530
Cafesalud
Cruz Roja RTS
Juan Chilito
1.657.894
Cafesalud
Cruz Roja RTS
Alicia Bastidas
36.157.479
Cafesalud
Cruz Roja RTS
Gustavo Salazar
2.928.602
Cafesalud
Cruz Roja RTS
Ames Quintero
7.502.837
Cafesalud
Cruz Roja RTS
Salomón Bermeo
4.911.284
Cafesalud
Cruz Roja RTS
Verónica Mosquera
39.559.844
Cafesalud
RTS Limitada Tolima Sucursal
Girardot
José Joaquin Villanueva
2.307.762
Cafesalud
RTS Limitada Tolima
Yesid Guzmán
93.067.981
Cafesalud
RTS Limitada Tolima
Alirio Ruiz
2.284.012
Cafesalud
RTS Limitada Tolima Sucursal
Girardot
En
el mismo sentido, señaló que “en la actualidad Cafesalud EPS tiene contrato
con el prestador RTS para la atención de sus afiliados, en las ciudades a las
que se hace referencia en el oficio, el cual termina el próximo 31 de octubre
de 2011.”
2.4
El señor Juan Alberto Benavides Cuadros, en calidad de Vicepresidente
Científico de Saludcoop EPS, por medio de escrito, recibido por la Secretaria
General de esta Corporación el veinte (20) de septiembre de 2011[384],
informó en cuáles instituciones prestadoras de servicios están siendo atendidos
los accionantes afiliados a dicha entidad. Mencionando, igualmente, que la
entidad “tienen contrato vigente con el prestador RTS para la atención de
sus usuarios en las sedes relacionadas en el oficio de la referencia, el cual
expira el día treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011).”
ANEXO NO. 3
EXPEDIENTE T-3.003.614
ACCIONANTES
No.
Nombre
Accionante
Cedula de
Ciudadanía
EPS
IPS[385]
Ciudad
1.
María Eugenia Ardila
40.764.483
Saludcoop
Transplantada
Neiva
2.
Jaime Pimentel
4.911.899
Saludcoop
Cruz Roja RTS – SC
Neiva
3.
Misael Robayo
12.252.566
Cafesalud
Cruz Roja RTS – SC
Neiva
4.
Beatriz Artunduaga
36.169.776
Saludcoop
Cruz Roja RTS – SC
Neiva
5.
José Lizardo Jurado
83.085.007
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
6.
Alejandro Otalora
4.889.728
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
7.
Gabriel López
Sin cedula
Cafesalud
Cruz Roja RTS – SC
Neiva
8.
Efraín Vanegas
2.505.748
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
9.
Gloria Quintero
26.515.465
Cafesalud
Cruz Roja RTS – SC
Neiva
10.
José Jimeno Bahamon (sin firma)
12.098.886
Saludcoop
Fallecido RTS - SC
Neiva
11.
Ignacio Aguilar
2.379.745
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
12.
Carmenza Fichica
36.285.901
Cafesalud
Cruz Roja RTS – SC
Neiva
13.
Raúl Perdomo
1.663.918
Cafesalud
Cruz Roja RTS – SC
Neiva
14.
Alba Noreña
38.201.433
Actualmente desafiliada de Saludcoop
Desafiliada
Neiva
15.
Leonor Aviles
26.444.340
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
16.
Blanca Flor Calderón
36.160.144
Saludcoop
Transplantada
Neiva
17.
Fabio Cantillo
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
18.
Divia Trujillo
36.284.530
Cafesalud
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
19.
Maria Del Carmen Serrato
27.803.995
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
20.
José Mejía
4.896.511
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
21.
Juan Chilito
1.657.894
Cafesalud
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
22.
Jaime Cimentel
4.911.899
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
23.
Alicia Bastidas
36.157.479
Cafesalud
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
24.
Raúl Cháves
2.281.924
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
25.
Gustavo Salazar
2.928.602
Cafesalud
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
26.
Ames Quintero
7.502.837
Cafesalud
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
27.
José del Carmen Escobar
4.944.550
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
28.
Salomón Bermeo
4.911.284
Cafesalud
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
29.
Sebastián Cubillos
12.192.130
Saludcoop
Cruz Roja RTS - SC
Neiva
30.
Maria Antonia Rojas
26.532.995
Saludcoop
Fresenius Medical Care
Neiva
[1] Folio 1 al 4 del cuaderno # 2.
[2] Folios 36 al 44 del cuaderno # 2.
[3] Por medio de comunicación del doce (12) de noviembre de 2010.
[4] Mediante providencia del veintitrés (23) de noviembre de dos mil diez
(2010). (Folios 48 al 63 del cuaderno # 2.)
[5] Según consta en la copia de la cédula de ciudadanía. Folio 15 del cuaderno # 2.
[6] Folio 16 al 17 del cuaderno # 2.
[7] Folio 2 del cuaderno # 2.
[8] Folio 20 del cuaderno # 2.
[9] Folio 18-19 del cuaderno # 2.
[10] Folio 2 del cuaderno # 2.
[11] En el escrito de tutela señaló el accionante que es de mejor calidad “debido
a que su mecanismo funciona por medio de una bomba de inyección la cual se
somete a un programa computarizado que contiene toda la información para que no
exista margen de error en la dualización (…) en caso de una falla de luz este
equipo posee un sistema de reserva de memoria y carga de energía la cual
sostiene la funcionalidad del equipo por un periodo de tiempo de media hora” por
último consideró que “el procedimiento que esta realizaría consta de cuatro
etapas que daría inicio desde las ocho (8) p.m. a las seis (6) a.m.”. (Folio
2 del cuaderno # 2).
[12] Folio 27 del cuaderno # 2.
[13] Diálisis Peritoneal Automatizada, por sus siglas en inglés.
[14] Historia Clínica del Paciente suministrada por
Colombiana de Trasplantes de fecha Marzo 23 de 2010. Folios 28 a 57 del cuaderno # 2.
[15] Folio 63 al 68 del cuaderno # 2.
[16] Folio 68 del cuaderno # 2.
[17] Folios 69 al 77 del cuaderno # 2.
[18] Folio 60 del cuaderno # 2.
[19] Providencia del veintidós (22) de diciembre de 2010.
[20] Según consta en la cédula de ciudadanía, la
señora Clemencia Fandiño Moya nació el 22 de Abril de 1973. folio 4 Cuaderno #
2.
[21] Conforme a la afirmación realizada por la
accionante en el escrito de la acción de tutela.
[22] Folio 7 del cuaderno # 2.
[23] Folio 7 del cuaderno # 2.
[24] Folio 7 al 8 del cuaderno # 2.
[25] Folio 6 del cuaderno # 2.
[26] Folios 17 al 20 del cuaderno # 2.
[27] Folio 17 del cuaderno # 2. En el Folio 20 del
cuaderno # 2, la EPS Saludcoop adjunta la orden de autorización de servicios,
en la que consta que a partir del 23 de diciembre de 2010, la sesión de
hemodiálisis se prestará en la RTS Limitada Tolima.
[28] Folios 21 al 27 del cuaderno # 2.
[29] Por medio de providencia del veintiocho (28) de diciembre de
2010.
[30] Tal como consta en la copia de la Cédula de Ciudadanía, el señor Germán Aguillon Villabona nació el 3 de mayo de 1961. Folio 7
del cuaderno # 2.
[31] Folios 4 a 6 del cuaderno # 2.
[32] Folios 19 a 26 del cuaderno # 2.
[33] Folio 19 del cuaderno # 2.
[34] La unidad renal RTS Limitada Agencia H.U.S fue
vinculada al proceso por el Juzgado 8 Penal Municipal de Bucaramanga, quien
conoció la acción de tutela, mediante auto del dos (2) de
diciembre de 2010. Folios 16 el cuaderno # 2.
[35] Folios 25 al 26 del cuaderno # 2.
[36] Folios 28 al 37 del cuaderno # 2.
[37] Auto del primero (1) de diciembre de 2010.
[38] Folio 14 del cuaderno # 2.
[39] Mediante providencia del primero (1) de diciembre de 2010.
[40] Según consta en la copia de la Cédula de Ciudadanía nació el 5 de diciembre de 1963. Folio 15 del cuaderno # 2.
[41] Folio 1 y 27 del cuaderno # 2.
[42] Folio 19 del cuaderno # 2.
[43] Folio 23 del cuaderno # 2.
[44] Folios 33 al 36 del cuaderno # 2.
[45] Folio 36 del cuaderno # 2.
[46] Folios 38 al 42 del cuaderno # 2.
[47] Folio 29 del cuaderno # 2.
[48] Según consta en la copia de la Cédula de Ciudadanía nació el 28 de julio de 1959. Folio 8 del cuaderno # 2.
[49] Ampliación de tutela del señor Luis Senen Vesga Monsalve.  Folio 10 del cuaderno # 2.
[50] Folios 22 al 31 del cuaderno # 2.
[51] Folio 22 del cuaderno # 2.
[52] Folio 22 del cuaderno # 2.
[53] La unidad renal RTS Limitada Agencia H.U.S fue
vinculada al proceso por el Juzgado 8 Penal Municipal de Bucaramanga, quien
conoció la acción de tutela, mediante auto del primero (1)
de diciembre de 2010. Folio 15 el cuaderno # 2.
[54] Folios 20 al 21 del cuaderno # 2.
[55] Folios 32 al 41 del cuaderno # 2.
[56] Folio 15 del cuaderno # 2.
[57] Así lo afirma la señora Nelcy Echerry en la declaración rendida ante
el Juzgado Segundo Penal Municipal de Bucaramanga: “nosotros convivimos
desde hace 28 años.” Folio 15 del cuaderno # 2.
[58] Según consta en la copia de la Cédula de Ciudadanía nació el 20 de enero de 1956. Folio 7 del cuaderno # 2.
[59] Folio 15 del cuaderno # 2.
[60] Folios 32 al 37 del cuaderno # 2.
[61] Folio 33 del cuaderno # 2.
[62] Folio 37 del cuaderno # 2.
[63] Folios 21 al 31 del cuaderno # 2.
[64] Folio 26 del cuaderno # 2.
[65] Según consta en la copia de la Cédula de Ciudadanía nació el 8 de junio de 1947. Folio 7 del cuaderno # 2.
[66] Folio 2 del cuaderno # 2.
[67] Folio 24 al 28 del cuaderno # 2.
[68] Folio 28 del cuaderno # 2.
[69] Folios 17 al 20 del cuaderno # 2.
[70] Según consta en la copia de la Cédula de Ciudadanía nació el 4 de diciembre de 1953. Folio 8 del cuaderno # 2.
[71] Folio 2 del cuaderno # 2.
[72] Declaración juramentada de la accionante
Blanca Rosa Becerra. Folios 15 al 16 del cuaderno # 2.
[73] Folio 6 del cuaderno # 2.
[74] Folios 20 al 29 del cuaderno # 2.
[75] La unidad renal RTS Limitada Agencia H.U.S fue
vinculada al proceso por el Juzgado 23 Penal Municipal de Bucaramanga, quien
conoció la acción de tutela, mediante auto del 25 de
noviembre de 2010. Folio 11 del cuaderno # 2.
[76] Folios 17 al 18 del cuaderno # 2.
[77] Folios 28 al 29 del cuaderno # 2.
[78] Folios 30 al 40 del cuaderno # 2.
[79] Folio 38 del cuaderno # 2.
[80] Según consta en la copia de la Cédula de Ciudadanía nació el 4 de diciembre de 1937. Folio 9 del cuaderno # 2.
[81] Folio 15 del cuaderno # 2.
[82] Folio 15 del cuaderno # 2.
[83] De la siguiente manera el señor John Jairo Bayona enuncia: “el
problema es que primero a ella se le maneja una cantidad de 9800 líquidos en el
tratamiento de la noche y en la nueva IPS van a medir 12.000 cm3 (…) y ella por
tener problemas de corazón grande y una deficiencia cardiaca del 80% a ella no
se le podía sobrecargar y esa es la preocupación mía.”
[84] La unidad renal RTS Limitada Agencia H.U.S fue
vinculada al proceso por el Juzgado 23 Penal Municipal de Bucaramanga, quien
conoció la acción de tutela, mediante auto del 30 de
noviembre de 2010. Folio 11 del cuaderno # 2.
[85] Folios 19 al 20 del cuaderno # 2.
[86] Folios 40 al 45 del cuaderno #2.
[87] Folio 45 del cuaderno # 2.
[88] Folios 26 al 36 del cuaderno #2.
[89] Folio 11 del cuaderno # 2.
[90] Según consta en la copia de la Cédula de Ciudadanía nació el 22 de febrero de 1946. Folio 9 del cuaderno # 2.
[91] Folio 1 del cuaderno # 2.
[92] En la declaración rendida ante el Juzgado 23 Penal Municipal de
Bucaramanga, afirmó que “reside en la calle 5 No. 4-25 Barrio San Agustín
Cáchira (Norte de Santander)”. Sin embargo, en el escrito de la acción de
tutela la accionante suministra una dirección en la ciudad de Bucaramanga. Dirección
que coincide con la que tiene la EPS en el registro de base de datos.
[93] Folios 15 y 16 del cuaderno # 2.
[94] Folio 21 del cuaderno # 2.
[95] Folio 4 del cuaderno # 2.
[96] La unidad renal RTS Limitada Agencia H.U.S fue
vinculada al proceso por el Juzgado 23 Penal Municipal de Bucaramanga, quien
conoció la acción de tutela, mediante auto del 30 de
noviembre de 2010. Folio 9 del cuaderno # 2.
[97] Folios 22 al 23 del cuaderno # 2.
[98] Folios 28 al 30 del cuaderno # 2.
[99] Folios 32 al 41 del cuaderno # 2.
[100] Según consta en la copia de la Cédula de Ciudadanía nació el 14 de marzo de 1944. Folio 2 del cuaderno # 2.
[101] Tal como consta en la copia de la Historia Clínica. Folio 16 del cuaderno # 2.
[102] Folios 17 al 20 del cuaderno # 2.
[103] Historia Clínica del 12 de noviembre de 2010. Folio
4 del cuaderno # 2.
[104] Folio 24 al 27 del cuaderno # 2.
[105] Folio 27 del cuaderno # 2.
[106] El Ministerio de Protección Social fue
vinculado al proceso por el Juzgado 4 Civil Municipal de Bucaramanga, quien
conoció la acción de tutela, mediante auto del 1 de
diciembre de 2010. Folio 10 del cuaderno # 2
[107] Folios 28 al 30 del cuaderno # 2.
[108] Folios 15 al 21 del cuaderno # 2.
[109] Folio 10 del cuaderno # 2.
[110]Entidad sin ánimo de lucro inscrita en Cámara de
Comercio de Neiva, en la cual consta que el objeto es “buscar el bienestar y
servicio oportuno e integral a los pacientes renales pertenecientes a la Asociación (…)”. Folios 32 al 35 del cuaderno #  2.
[111] Folios 43 al 50 del cuaderno # 2.
[112] Folios 50 al 53 del cuaderno # 2.
[113] Folios 54 al 57 del cuaderno # 2.
[114] Folios 36 al 42 del cuaderno # 2.
[115] Folio 40 del cuaderno # 2.
[116] Folio 14 del cuaderno 2.
[117] Folios 23 al 26 del cuaderno # 2.
[118] Folios 27 al 32 del cuaderno # 2.
[119] Según consta en la copia simple de la Cédula de Ciudadanía No. 2.307.712, el señor Simón Ramírez Olave nació el 24 de agosto de
1930. Folio 3 del cuaderno # 2.
[120] Según consta en la copia simple de la Cédula de Ciudadanía No. 10.155.868 de Sanson, el señor Rubio de Jesús Chica Cardona nació el
1 de noviembre de 1946. Folio 2 del cuaderno # 2.
[121] Según consta en la copia simple de la Cédula de Ciudadanía No. 98.504.481 de Puerto Nare, el señor John Fredy Bohórquez Castaño
nació el 1 de junio de 1977. Folio 4 del cuaderno # 2.
[122] Según consta en la copia simple de la Cédula de Ciudadanía No. 14.271.375 de Fresno, el señor Hugo Giraldo Giraldo nació el 12 de
junio de 1964. Folio 1 del cuaderno # 2.
[123] Organización del orden nacional según certificado con fecha 14
de octubre de 2010.
[124] Folio 12 del cuaderno # 2.
[125] Folios 11 al 12 del cuaderno # 2.
[126] Folios 13 a14 del cuaderno # 2.
[127] Folios 16 al 17 del cuaderno # 2.
[128] Folio 7 del cuaderno # 2.
[129] Folio 8 del cuaderno # 2.
[130] Folios 67 a 79 del cuaderno # 2.
[131] Folio 91 del cuaderno # 2.
[132] Folios 114 a 122 del cuaderno # 2.
[133] Folios 117 a 122, Folios 180 a 184, Folios 198 al 202  del cuaderno # 2.
[134] Por medio de auto del 24 de febrero de 2011, el Tribunal Superior
–Sala Laboral- vinculó al trámite de la acción de tutela a Fresenius Medical
Care, como quiera que con la decisión pudiera afectar sus intereses.
[135] Folios 113 al 134 del cuaderno # 2.
[136] Folios 339 al 375 del cuaderno # 2.
[137] Folio 374 del cuaderno # 2.
[138] Folio 348 del cuaderno 2.
[139] Según consta en la fotocopia simple de la cédula de ciudadanía,
nació el 5 de diciembre de 1968. Se encuentra afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud a través de Saludcoop EPS. Folio 32 del cuaderno # 2.
[140] Según consta en la fotocopia simple de la cédula de ciudadanía,
nació el 6 de abril de 1964. Se encuentra afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud a través de Cafesalud EPS Folio 30 del cuaderno # 2.
[141] Según consta en la fotocopia simple de la cédula de ciudadanía,
nació 21 de junio de 1931. Se encuentra afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud a través de Cafesalud EPS en el régimen subsidiado.
Folio 33, Folio 64 del cuaderno # 2.
[142] Según consta en la fotocopia simple de la cédula de ciudadanía,
nació el 19 de abril de 1964. Se encuentra afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud a través de Cafesalud EPS, régimen subsidiado. Folio
31 del cuaderno # 2.
[143] Según consta en la fotocopia simple de la cédula de ciudadanía,
nació el 13 de septiembre de 1950. Se encuentra afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud a través de Cafesalud EPS. Folio 29 del cuaderno # 2.
[144] Folio 23 del cuaderno
# 2.
[145] Folios 39 a 48 del cuaderno # 2.
[146] Folio 49 al 50 del cuaderno # 2.
[147] Folios 51 al 58 del cuaderno # 2.
[148] Folios 59 al 63 del cuaderno # 2.
[149] Folios 64 al 77 del cuaderno #2.
[150] Autorización de servicios No. 55045282. Folios 64 al 70 del
cuaderno # 2.
[151] Folios 71 al 77 del cuaderno # 2.
[152] Folio 64 y 71 del cuaderno # 2.
[153] Folio 87 al 92 del cuaderno # 2.
[154] Folios 93 al 97 del cuaderno # 2.
[155] Folios 79 al 84 del cuaderno # 2.
[156] Folios 118 al 123 del cuaderno # 2.
[157] Folio 122 del cuaderno # 2.
[158] Folios 130 al 133 del cuaderno # 2.
[159] Folios 136 al 145 del cuaderno # 2.
[160] Folio 27 del cuaderno 2.
[161] Folio 27 del cuaderno 2.
[162] Folios 28 al 29 del cuaderno 2.
[163] Folio 30 del cuaderno 2.
[164] Folio 31 del cuaderno # 2.
[165] Folios 32 al 33 del cuaderno # 2.
[166] Folios 33 al 34 del cuaderno # 2.
[167] Folio 35 del cuaderno 2.
[168] Folios 85 al 89 del cuaderno # 2.
[169] Folio 88 del cuaderno # 2.
[170] Folios 90 al 141 del cuaderno # 2.
[171] Benjamín Riobo: Folios 90-95; Arturo Torres Becerra: Folios 96-101;
Alejandro Villamil: Folios 105-109; Maria Merlen Pérez: Folios 110-114; Maria
Inés Andrade: Folios 115-121; Edith Cortes de Triana: Folios 122-127; Leidy
Paola Leal: Folios 128-134 y Jenny Katherine Devia Moreno: Folios 135-141.
[172] Folios 146 al 163 del cuaderno # 2.
[173] Folios 172 al 174 del cuaderno # 2.
[174] Folios 243 al 255 del cuaderno # 2.
[175] Algunos de los expedientes seleccionados,
fueron acumulados por las diferentes Salas de Selección y otros fueron
acumulados mediante autos proferidos por la Sala de Revisión y esta providencia, tras advertir que todos ellos se refieren a problemas jurídicos
análogos y para que fueran fallados en una sola sentencia en aras
de garantizar la economía procesal e igualdad de materia.
[176] Ver entre otras sentencias: T-951/05,  T-410/05,
T-1303/05, T-662/02 y T-883/01.
[177] Por ejemplo, en la sentencia T-184/05 se dijo que si bien
existía duplicidad en la interposición de la acción de tutela, era procedente
revocar la multa impuesta al actor por considerar que no obró de mala fe.
[178] Sentencia
T-1215 del 2003.
[179] Sentencia T-149 de 1995.
[180] Sentencia T-308 de 1995.
[181] Sentencia T-443 de 1995.
[182] Sentencia T-001 de 1997.
[183] Sentencia T-200 de 2011.
[184] Accionante en los expedientes T-3.028.018 y T-3.082.563.
[185] Hace referencia a la Asociación Colombiana de Pacientes Renales y la Veeduría Renal.
[186] Expediente T-3.028.018. Folio 370 del cuaderno # 2.
[187] Sentencia T-416 de 1997, reiterada por la
sentencia T-1191 de 2004 y T-799 de 2009.
[188] Sentencias SU-182 de 1998 reiterada en la sentencia SU-1193 de
2000.
[189] Sentencias T-200 de 2004, C-360 de 1996 y T-411 de 1992.
[190] Sentencia T-411 de 1992.
[191] Ibídem.
[192] Sentencias C-739 de 2002, T-200 de 2004, entre otras.
[193] Sentencia T-799 de 2009 que reitera las sentencias SU-182 de 1998 y
T-411 de 1992.
[194] Sentencia T-1194 de 2003.
[195] Entre otras, sentencias: T-504 de 1996, T-315 de 2000, T-531 de 2002 y
T-1025 de 2005.
[196] Entre otras, sentencias: T-625 de 2009, T-197 de 2009, T-411 de 2006,
T-630 de 2005, T-843 de 2005 y T-1007 de 2001.
[197] Sentencia T-947 de 2006.
[198] Sentencias: T-750 de 2005, T-514 de 2006 y T-913 de 2006.
[199] Artículo 86 Constitución Política.
[200] Artículo 156 literal e) de la Ley 100 de 1993.
[201] Artículo 154. “Intervención del Estado. El Estado intervendrá en el
servicio público de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de
competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos
48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de los siguientes fines:
a) Garantizar la observancia de los
principios consagrados en la Constitución y en los artículos 2 y 153 de esta
Ley.
b) Asegurar el carácter obligatorio
de la Seguridad Social en Salud y su naturaleza de derecho social para todos
los habitantes de Colombia;
c) Desarrollar las responsabilidades
de dirección, coordinación, vigilancia y control de la Seguridad Social en Salud y de la reglamentación de la prestación de los servicios de salud;
d) Lograr la ampliación progresiva de
la cobertura de la Seguridad Social en Salud permitiendo progresivamente el
acceso a los servicios de educación, información y fomento de la salud y a los
de protección y recuperación de la salud a los habitantes del país;
e) Establecer la atención básica en
salud que se ofrecerá en forma gratuita y obligatoria, en los términos que
señale la Ley;
f) Organizar los servicios de salud
en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la
comunidad;
g) Evitar que los recursos destinados
a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes;
h) Garantizar la asignación
prioritaria del gasto público para el servicio público de Seguridad Social en
Salud, como parte fundamental del gasto público social.
PARÁGRAFO. Todas las competencias atribuidas
por la presente Ley al Presidente de la República y al gobierno nacional, se entenderán asignadas en desarrollo del mandato de intervención estatal de que
trata este artículo.”
[202] El artículo 7 de la Ley 1122 de 2007 consagra las funciones de la Comisión de Regulación en Salud, así: “La Comisión de Regulación en Salud ejercerá las
siguientes funciones:
1. Definir y modificar los Planes
Obligatorios de Salud (POS) que las Entidades Promotoras de Salud (EPS)
garantizarán a los afiliados según las normas de los Regímenes Contributivo y
Subsidiado.
2. Definir y revisar, como mínimo una
vez al año, el listado de medicamentos esenciales y genéricos que harán parte
de los Planes de Beneficios.
3. Definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación de cada Régimen, de acuerdo con la presente ley. Si a 31 de
diciembre de cada año la Comisión no ha aprobado un incremento en el valor de la UPC, dicho valor se incrementará automáticamente en la inflación causada.
4. Definir el valor por beneficiario
de los subsidios parciales en salud, sus beneficios y los mecanismos para hacer
efectivo el subsidio.
5. Definir los criterios para
establecer los pagos moderadores de que trata el numeral 3 del artículo 160 y
los artículos 164 y 187 de la Ley 100 de 1993.
6. Definir el régimen que deberán
aplicar las EPS para el reconocimiento y pago de las incapacidades originadas
en enfermedad general o en las licencias de maternidad, según las normas del
Régimen Contributivo.
(…).”
[203] Artículo 170 de la Ley 100 de 1993.
[204] Artículo 165 y 173 de la Ley 100 de 1993.
[205] Artículo 25 de la Ley 1122 de 2007.
[206] Artículo 37 al 41 de la Ley 1122 de 2007. Artículo 115 de la Ley 100 de 1993.
[207] Expediente T-3.003.614, Folios 32 al 35 del cuaderno # 2.
[208] Anexo No. 3.
[209] Expediente T-3.003.614, Folio 22 del cuaderno # 2.
[210] Ibídem. De la misma manera, la lista a la cual hace mención la
accionante, consta en los folios 3 a 8 del cuaderno # 2.
[211] De acuerdo con la Sentencia T-913 de 2006: “En este
contexto —la defensa de los derechos constitucionales al acceso al servicio de
salud— la Corte ha señalado específi­camente que se presume la incapacidad
para acudir directamente a la juris­dicción cuando una persona padece de una
enfermedad catastrófica.”(Negrillas fuera de texto).
[212] Expediente T-3.082.563. Folio 7 del cuaderno # 2.
[213] Expediente T-3.028.018, Folio 8 del cuaderno # 2.
[214] Artículo 38 de la Ley 489 de 1998 , “Por
la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y
16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”
[215] Artículo 86 de la Constitución Política. Artículo 1º del Decreto 2591 de 1991.
[216] Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en diferentes
fallos, dentro de los cuales pueden señalarse a manera de ejemplo los
siguientes: T-079 de 2000, T-133 de 2001, T-122 de 2001, T-136 de 2004, T-319
de 2003, T-1059 de 2006, T-830 de 2006, T-062 de 2006, T-760 de 2008, T-053 de
2009, T-574 de 2010, entre otras.
[217] Sentencias T-179 de 2000, T-988 de 2003, T- 568 de 2007, T-604 de 2008
T-136 de 2004, T-518 de 2006, T-657 de 2008, T-760 de 2008, entre otras.
[218] Sentencia T-603 de 2010.
[219] Corte Constitucional, sentencia T-059 de 2007
(MP Álvaro Tafur Galvis), en este caso se tuteló el derecho de un joven de 23
años a que no se interrumpiera el tratamiento que recibía por un problema de
adicción que lo llevó a perder su cupo como estudiante, a pesar de que se le
atendía en condición de beneficiario de su padre, por ser estudiante.
[220] De esta forma, la sentencia T-760 de 2008 consagró que: “El
derecho constitucional de toda persona a acceder, con continuidad, a los
servicios de salud que una persona requiere, no sólo protege el derecho a
mantener el servicio, también garantiza las condiciones de calidad en las que
se accedía al mismo.”
[221] Que entró en vigor en Colombia en 1968.
[222] El Comité de DESC, por medio de la Observación General No. 14 relativo al disfrute del más alto nivel de salud, interpreta el
artículo 12 del Pacto Internacional de DESC, el cual establece como
característica del derecho a la salud como un “derecho humano fundamental”
(Párr. 1).
[223] En
la sentencia C-811 de 2007.
[224] Sentencia T-227 de 2003.
[225] Sentencias T-597 de 1993, T-361 de 2007, T-407 de 2008.
[226] Sentencia T-401 de 1994.
[227] Sentencia T-151 de 1996.
[228] Criterio recogido en la Sentencia T-760 de 2008, la cual reiteró la jurisprudencia constitucional desarrollada, entre
otras en las siguientes sentencias: T-271
de 1995, SU-480 de 1997,  SU-819 de 1999, T-414 de 2001, T-786 de 2001 y T-344 de 2002.
[229] Sentencia T-603 de 2010.
[230] Ley 23 de 1981. Artículo 1 Numeral 4.
[231] Decreto fue derogado expresamente por el Decreto 806 de 1998, artículo
89.
[232] Sentencia T-151 de 1996.
[233] Ibídem.
[234] Según el artículo 16 de la Resolución 5261 de 1991, son enfermedades ruinosas o catastróficas, “aquellas que representan una alta complejidad
técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo efectividad en
su tratamiento.” En el mismo sentido, ver Resolución 2565 de 2005
–referente a la enfermedad renal crónica- y Resolución 3974 de 2009.
[235]
[236] Entre otras, sentencias: T-880 de 2009, T-402 de 2009, C-463 de 2008 y
T-101 de 2006.
[237] La Ley 1438 de 2011,
establece en el artículo 3, numeral 3.12 “Libre escogencia. El Sistema
General de Seguridad Social en Salud asegurará a los usuarios libertad en la
escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud y los prestadores de
servicios de salud dentro de su red en cualquier momento de tiempo.”
[238] En el mismo sentido la Sentencia T-760 de 2008 ordenó al Ministerio de Protección Social que asegurara que en el momento de afiliación de los
usuarios a una EPS, ésta suministre una Carta de Derecho de los Usuarios, en la
cual, entre otras cosas, indicaría la información “básica acerca del
desempeño y calidad de las diferentes EPS a las que se puede afiliar en el
respectivo régimen, así como también acerca de las IPS indicando cuáles
trabajan con cuales. El documento deberá contemplar la información necesaria
para poder ejercer adecuadamente su libertad de escogencia y acceder oportuna y
efectivamente a los servicios de salud.”
[239] Sentencia T-238 de 2003.
[240] Entre otras, sentencias T-881 de 2002, T-423 de 2007, T-420 de 2001 y
T-126 de 2010.
[241] Ibidem.
[242] En la sentencia T-238 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Sala Segunda de Revisión dijo que las EPS tienen la libertad de elegir las IPS con
las que celebrarán convenios (…) siempre que garanticen a sus usuarios un
servicio integral y de buena calidad. Por tanto, los afiliados de este régimen
deben acogerse a la IPS a la que son remitidos por sus respectivas EPS, aunque
sus preferencias se inclinen por otras instituciones.
[243] Sentencia C-1158 de 2008.
[244] Resolución 5261 de 1994. Artículo 3. Ley 1122 de 2007 Artículo
20, parágrafo.
[245] Resolución 5261 de 1994.
[246] Artículo 2 de la Resolución
5261 de 1994. Por ejemplo cuando la EPS no cuenta con la red hospitalaria de
diferentes niveles de complejidad y el usuario requiere de un servicio de mayor
nivel. Ver entre otras, la Sentencia T-423 de 2009.
[247] Ver, entre otras, las Sentencias T-1198 de 2003,
T-1218 de 2004, T-128 de 2005, T-246 de 2005  y T-354 de 2005, T-420 de 2007
[248] Sentencia T-183 de 2008.
[249] Ley 100 de 1993. “ARTICULO.  178.-Funciones de las entidades promotoras de salud. Las
entidades promotoras de salud tendrán las siguientes funciones: (…)
3.  Organizar la forma y mecanismos
a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los
servicios de salud en todo el territorio nacional. Las empresas promotoras de
salud tienen la obligación de aceptar a toda persona que solicite afiliación y
cumpla con los requisitos de ley.
“4.  Definir procedimientos para
garantizar el libre acceso de los afiliados y sus familias, a las instituciones
prestadoras con las cuales haya establecido convenios o contratos en su área de
influencia o en cualquier lugar del territorio nacional, en caso de enfermedad
del afiliado y su familia. (…)”
[250] La Resolución 5261 de 1994 consagra en el artículo 1 que: “(…) El Plan de Beneficios del Sistema General de Seguridad
Social en Salud se prestará en todos los municipios de la república de
Colombia, por todas aquellas instituciones y personas de carácter público,
privado o de economía mixta, catalogados y autorizados para desempeñarse como
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud I. P. S. El plan obligatorio de salud responsabilidad de las
Entidades Promotoras de Salud se prestará en aquellas I.P.S. con las que cada
E.P.S. establezca convenios de prestación de servicios de salud; o sin convenio
en cualquier I.P.S. en los casos especiales que considera el presente
reglamento.” (Negrillas fuera
del texto).
[251] Ver al respecto sentencias: T-238 de 2003, T-247 de 2005, T-347 de
2007, T-423 de 2007, T-603 de 2010 y T-757 de 2010.
[252] Sentencia
T-010 de 2004.
[253] Extraído de la Sentencia T-1229 de 2008.
[254] Sentencia T-238 de 2003 consagró que: “Las
EPS, de conformidad con las normas vigentes, tienen la libertad de decidir con
cuáles instituciones prestadoras de salud suscriben convenios y para qué clase
de servicios. Para tal efecto, el único límite constitucional y legal que
tienen, radica en que se les garantice a los afiliados la prestación integral
del servicio. De allí que, salvo casos excepcionales o en atención de
urgencias, los afiliados deben acogerse a las instituciones a donde son
remitidos para la atención de su salud, aunque sus preferencias se inclinen por
otra institución. En todos estos procesos están en juego los criterios que
operan tanto en el afiliado al momento de contratar con determinada EPS, o de
cambiar de EPS, por no estar de acuerdo con las instituciones de salud donde
aquella tiene convenios”. (Subrayado fuera del texto).
[255] Sentencias T-1063 de 2005 y T-965 de 2007.
[256] Sentencia T-423 de 2009.
[257] Sentencia T-965 de 2007.
[258] Sentencia T-247 de 2005.
[259] Sentencia T-518 de 2006.
[260] Sentencia T-603 de 2010.
[261] Sentencias T-247 de 2005 y T-223 de 2008.
[262] Sentencia T-614 de 2003.
[263] Sentencia T-223 de 2008; T-576 de 2008.
[264] Sentencia T-347 de 2007.
[265] Sentencia T-603 de 2010.
[266] Sentencia T-688 de 2010 mencionó: “es importante reiterar
que, aunque la negativa al traslado de una IPS por sí sola no genera la
vulneración de derechos fundamentales, cuando se acredita que la IPS receptora no garantiza integralmente el servicio, o se presta una inadecuada atención
médica o de inferior calidad a la ofrecida por la otra IPS, y ello causa en el
usuario el deterioro de su estado de salud, el juez de tutela podría conceder
el amparo”.
[267] Sentencia T-614 de 2003, “las Entidades Promotoras de Salud
están en libertad de contratar con las entidades que crean convenientes y que
estén en capacidad de prestar los servicios requeridos por los usuarios, y no
con las preferidas por éstos.”
[268] En dicha oportunidad, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional analizó el caso de un paciente diagnosticado con VIH, afiliado a la Cajanal EPS, quien realizó una solicitud de traslado a la EPS Sanitas. Dicha entidad decidió negar la solicitud de traslado, tras considerar que el
actor no cumplía con los requisitos establecidos en el numeral 9 del artículo
14 del Decreto 1485 de 1994, según el cual, los afiliados que requieran un
procedimiento de alto costo, se encuentran sujetos a periodos mínimos de
cotización para avalarse el traslado. Expuso el actor, que Sanitas EPS estaba
vulnerando su derecho a la libre escogencia de EPS.
[269] Así lo decidió la Corte Constitucional en la sentencia T-739 de 2004.
[270] Sentencia T-603 de 2010.
[271] Sentencia T-499 de 1992.
[272] Sentencia T-881 de 2002.
[273] Sentencia T-881 de 2002.
[274] Sentencia T-472 de 1996.
[275] Ver
entre otras las sentencias: T-532 de 1992, C-542 de 1993 y T-477 de 1995.
[276] Sentencias C-221 de 1994 y T-090 de 1996.
[277] Sentencia T-124 de 1993.
[278] Sentencias T-472 de 1996 y C-239 de 1997.
[279] Sentencia C-542 de 1993.
[280] Sentencias T-461 de 1998; C-355 de 2006; C-397 de 2006; C-075
de 2007 y C-336 de 2008.
[281] Entre otras: T-211 de 2004, T-088 de 2008.
[282] Véase la Sentencia T-395 de 1998.
[283] Sentencia T-499 de 1992.
[284] CARVAJAL, Bernardo. El principio de dignidad de la persona humana en la Jurisprudencia Constitucional Colombiana y Francesa, Bogotá: Universidad del Externado. 2005. Pág. 86.
[285]. Sentencia T-461 de 1998.
[286] Sentencia T-618 de1998.
[287] La Guía para el manejo de la enfermedad renal crónica. Del
Ministerio de Protección Social y la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social, define la enfermedad renal como: “daño
renal por más de tres meses, consistente en la alteración funcional o
estructural del riñon, con o sin disminución de la tasa de filtración
glomerural (TFG) manifestada por: marcadores de daño renal (anomalías en la
composición de la sangre y o de la orina, o de los exámenes con imágenes.”
[288] Sentencia T-277 de 2008.
[289] Sentencias T-033 de 1994, T-817 de 2005, SU-540 de 2007, T-170 de
2009, T-188 de 2010, entre otras.
[290] Sentencia T-449 de 2008.
[291] Ver Sentencia T-253 de 2004. Igualmente, T-495
de 2010, T-277 de 2008, entre otras.
[292] Cfr. Sentencia T-758 de 2003. En este asunto la Corte decidió revocar las decisiones de instancia que negaban el amparo y en su lugar
conceder la tutela del derecho fundamental al  debido proceso
administrativo.  No obstante, omitió dar orden alguna debido a que el
término de la sanción ya se había cumplido lo cual implicaba la configuración
de un "daño consumado".
[293] Cfr. Sentencia 873 de 2001.  En esta oportunidad un ciudadano
demandó, seis años después de haber cumplido el término de la pena de
inhabilidad para ejercer cargos públicos, la actuación administrativa en la
cual había sido condenado.  La Corte considerando el paso del tiempo, el
principio de inmediatez de la acción de tutela y la presencia de un daño
consumado (pena cumplida) decidió declarar improcedente la acción de tutela.
[294] Sentencia T-449 de 2008, SU-540 de 2007.
[295] Ver entre otras, Sentencias T-428 de 1998,
T-107 de 2007, T-449 de 2008 y T-495 de 2010.
[296] Sentencia SU-540 de 2007.
[297] Sentencia T-603 de 2010.
[298] T-3.028.018, Folios 45-46 del cuaderno # 2.
[299] Expediente T-3.028.018. Folios 67 al 79 del cuaderno # 2. De
acuerdo con la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007
[300] Folios 234 al 248 del cuaderno principal.
[301] Ibídem.
[302] Ver Anexo No. 2 sobre
las pruebas solicitadas por esta Corporación.
[303] Expediente T-2.933.152. Folio 68 del cuaderno # 2.
[304] ADP corresponden a las siglas en ingles de la diálisis
peritoneal automatizada.
[305] Expediente T-2.933.152. Folio 43 del cuaderno # 2.
[306] Ver Anexo No. 2. Pruebas.
[307] Ver Anexo No. 2. Pruebas.
[308] Folios 478 al 485 del cuaderno principal.
[309] Folios 478 al 485 del cuaderno principal.
[310] Folios 468 al 476 del cuaderno principal.
[311] La diálisis peritoneal manual se realiza durante las 24 horas del día, debiéndose realizar 4 recambios del día durante el
día. Mientras que la diálisis peritoneal automatizada se realiza únicamente
durante horas de la noche. Ver Anexo No. 2.
[312] Hace referencia “al “puente” entre el paciente y el sistema de
diálisis. Esta línea es la que da acceso a la cavidad peritoneal del paciente.
El proceso de cambio de esta línea por otra, genera riesgo de contaminación,
infecciones, peritonitis y ruptura del catéter, caso último en el cual se
requeriría intervenir quirúrgicamente al paciente, y en todos los anteriores se
compromete la salud de éste.” Respuesta suministrada por Representante Legal de
la Unidad Renal del Tolima, la señora Esperanza Pimiento al oficio No.
OPBT-349/2011 solicitado por este despacho. Folio 243 del cuaderno principal.
[313] Según el Coordinador de Auditoria Medica de la Fundación del Valle del Lili, en respuesta a la solicitud realizada por este despacho el 13
de mayo de 2011, señala que: “el entrenamiento en Diálisis Peritoneal
consiste en aprender técnicas de manejo de la Diálisis, para que el paciente pueda realizársela por si mismo y aprender (…) con esto deberá
entender los riesgos minimizándolos y realizándose así una diálisis segura.”
El proceso de aprendizaje puede tener una duración de “dos semanas, pero
puede extenderse hasta un mes o mas según la capacidad de aprendizaje del
paciente y su familia.” Folios 294 al 295 del cuaderno principal.
[314] Folio 759 del cuaderno principal.
[315] Expediente T-2.951.644. Folios 17 al 19 del cuaderno # 2.
[316] Expediente T-2.951.644. Folios 28 al 29 del
cuaderno # 2.
[317] Hace referencia “al “puente” entre el paciente y el sistema de
diálisis. Esta línea es la que da acceso a la cavidad peritoneal del paciente.
El proceso de cambio de esta línea por otra, genera riesgo de contaminación,
infecciones, peritonitis y ruptura del catéter, caso último en el cual se
requeriría intervenir quirúrgicamente al paciente, y en todos los anteriores se
compromete la salud de éste.” Respuesta suministrada por Representante Legal de
la Unidad Renal del Tolima, la señora Esperanza Pimiento al oficio No.
OPBT-349/2011 solicitado por este despacho. Folio 243 del cuaderno principal.
[318] Según el Coordinador de Auditoria Medica de la Fundación del Valle del Lili, en respuesta a la solicitud realizada por este despacho el 13
de mayo de 2011, señala que: “el entrenamiento en Diálisis Peritoneal consiste
en aprender técnicas de manejo de la Diálisis, para que el paciente pueda realizársela por si mismo y aprender (…) con esto deberá entender los riesgos
minimizándolos y realizándose así una diálisis segura.” El proceso de
aprendizaje puede tener una duración de “dos semanas, pero puede extenderse
hasta un mes o mas según la capacidad de aprendizaje del paciente y su
familia.” Folios 294 al 295 del cuaderno principal.
[319] Expediente T-2.951.713. Folios 40 al 45
del cuaderno #2.
[320] Hace referencia “al “puente” entre el paciente y el sistema de
diálisis. Esta línea es la que da acceso a la cavidad peritoneal del paciente.
El proceso de cambio de esta línea por otra, genera riesgo de contaminación,
infecciones, peritonitis y ruptura del catéter, caso último en el cual se
requeriría intervenir quirúrgicamente al paciente, y en todos los anteriores se
compromete la salud de éste.” Respuesta suministrada por Representante Legal de
la Unidad Renal del Tolima, la señora Esperanza Pimiento al oficio No.
OPBT-349/2011 solicitado por este despacho. Folio 243 del cuaderno principal.
[321] Según el Coordinador de Auditoria Medica de la Fundación del Valle del Lili, en respuesta a la solicitud realizada por este despacho el 13
de mayo de 2011, señala que: “el entrenamiento en Diálisis Peritoneal consiste
en aprender técnicas de manejo de la Diálisis, para que el paciente pueda realizársela por si mismo y aprender (…) con esto deberá entender los riesgos
minimizándolos y realizándose así una diálisis segura.” El proceso de
aprendizaje puede tener una duración de “dos semanas, pero puede extenderse
hasta un mes o mas según la capacidad de aprendizaje del paciente y su
familia.” Folios 294 al 295 del cuaderno principal.
[322] Expediente T-2.951.717. Folios 28 al 30
del cuaderno # 2.
[323] En respuesta al oficio OPBT-617/2011, el Vicepresidente Científico de
Saludcoop EPS señaló que la accionante sigue siendo tratada en la Unidad Renal RTS –HUS- de Bucaramanga. Folios 758 al 761 del cuaderno principal.
[324] Hace referencia “al “puente” entre el paciente y el sistema de diálisis.
Esta línea es la que da acceso a la cavidad peritoneal del paciente. El proceso
de cambio de esta línea por otra, genera riesgo de contaminación, infecciones,
peritonitis y ruptura del catéter, caso último en el cual se requeriría
intervenir quirúrgicamente al paciente, y en todos los anteriores se compromete
la salud de éste.” Respuesta suministrada por Representante Legal de la Unidad Renal del Tolima, la señora Esperanza Pimiento al oficio No. OPBT-349/2011 solicitado
por este despacho. Folio 243 del cuaderno principal.
[325] Según el Coordinador de Auditoria Medica de la Fundación del Valle del Lili, en respuesta a la solicitud realizada por este despacho el 13
de mayo de 2011, señala que: “el entrenamiento en Diálisis Peritoneal consiste
en aprender técnicas de manejo de la Diálisis, para que el paciente pueda realizársela por si mismo y aprender (…) con esto deberá entender los riesgos
minimizándolos y realizándose así una diálisis segura.” El proceso de
aprendizaje puede tener una duración de “dos semanas, pero puede extenderse
hasta un mes o mas según la capacidad de aprendizaje del paciente y su
familia.” Folios 294 al 295 del cuaderno principal.
[326] Expediente T-2.972.021. Folio 27 del
cuaderno # 2.
[327] Hace referencia “al “puente” entre el paciente y el sistema de diálisis.
Esta línea es la que da acceso a la cavidad peritoneal del paciente. El proceso
de cambio de esta línea por otra, genera riesgo de contaminación, infecciones,
peritonitis y ruptura del catéter, caso último en el cual se requeriría
intervenir quirúrgicamente al paciente, y en todos los anteriores se compromete
la salud de éste.” Respuesta suministrada por Representante Legal de la Unidad Renal del Tolima, la señora Esperanza Pimiento al oficio No. OPBT-349/2011 solicitado
por este despacho. Folio 243 del cuaderno principal.
[328] Según el Coordinador de Auditoria Medica de la Fundación del Valle del Lili, en respuesta a la solicitud realizada por este despacho el 13
de mayo de 2011, señala que: “el entrenamiento en Diálisis Peritoneal consiste
en aprender técnicas de manejo de la Diálisis, para que el paciente pueda realizársela por si mismo y aprender (…) con esto deberá entender los riesgos
minimizándolos y realizándose así una diálisis segura.” El proceso de
aprendizaje puede tener una duración de “dos semanas, pero puede extenderse
hasta un mes o mas según la capacidad de aprendizaje del paciente y su
familia.” Folios 294 al 295 del cuaderno principal.
[329] Ver Anexo No. 3.
[330] Expediente T-3.028.018. Folios 117 a 122, Folios 180 a 184, Folios 198 al 202  del cuaderno # 2.
[331] Expediente T-3.028.018. Folio 148 del cuaderno # 2.
[332] Expediente T-3.028.018. Folio 12 del cuaderno # 2.
[333] Folios 459 a 460 del cuaderno principal.
[334] Según consta en el escrito de la acción de tutela. Expediente T-3.028.018. Folio 12, cuaderno # 2.
[335] Expediente T-3.053.015. Folio 23 del
cuaderno # 2.
[336] Expediente T-3.053.015. Autorización de servicios No.
55045282. Folios 64 al 70 del cuaderno # 2.
[337] Expediente T-3.053.015. Folios 71 al 77 del cuaderno #
2.
[338] Expediente T-3.053.015.  Folio 87
al 92 del cuaderno # 2.
[339] Expediente T-3.053.015. Folios 93 al 97 del cuaderno #
2.
[340] Expediente T-3.053.015. Folio 31 del cuaderno # 2.
[341] Expediente T-3.082.563. Folios 32 al 33 del cuaderno # 2.
[342] Expediente T-3.082.563. Folio 27 del cuaderno 2.
[343] Expediente T-3.082.563. Folio 27 del cuaderno 2.
[344] Expediente T-3.082.563. Folios 28 al 29 del cuaderno 2.
[345] Según consta en la respuesta al oficio OPTB-617/2011 del
Vicepresidente Científico de Saludcoop EPS. Folios 758 al 761 del cuaderno
principal.
[346] Folio 17 del cuaderno # 2. En el Folio 20 del
cuaderno # 2, la EPS Saludcoop adjunta la orden de autorización de servicios,
en la que consta que a partir del 23 de diciembre de 2010, la sesión de
hemodiálisis se prestará en la RTS Limitada Tolima.
[347] Folio 353 del cuaderno principal.
[348] Por medio de oficio recibido en el Despacho el 3 de agosto de 2011, la Auditora Medica de Saludcoop EPS Regional Tolima, respondió a la pregunta realizada por Auto
del 1 de agosto de 2011, que en la actualidad con cuáles instituciones
correspondientes a la especialidad de Nefrología (…) “Saludcoop tiene suscrito
convenio con las Unidades Renales: Unidad Renal RTS del Tolima y Fresenius
Medical Care”. Folio 733 del cuaderno principal.
[349] Respuesta suministrada por el Presidente de la Asociación Nacional de Medicina, a la pregunta realizada por la Corte Constitucional referente a en qué consiste el tratamiento de hemodiálisis (…).Folios
459 al 465 del cuaderno principal.
[350] Expediente T-2.937.138. Folio 17 del cuaderno
# 2. En el Folio 20 del cuaderno # 2, la EPS Saludcoop adjunta la orden de autorización de servicios, en la que consta que a partir
del 23 de diciembre de 2010, la sesión de hemodiálisis se prestará en la RTS Limitada Tolima.
[351] Ver entre otras, Sentencias T-428 de 1998,
T-107 de 2007, T-449 de 2008 y T-495 de 2010.
[352] El artículo 175 del Código de Procedimiento Civil establece entre
otros medios de prueba, “(…) los indicios y cualesquiera otros medios que
sean útiles para la formación del convencimiento del juez.” En este orden
de ideas, existe un hecho indicador que consiste en que, varios de los accionantes
de otras acciones de tutelas acumuladas en esta sentencia, provenientes de la
misma ciudad, afiliados a la misma EPS y atendidos en la IPS RTS, siguen siendo atendidos en la institución antes mencionada.
[353] Expediente T-2.937.517. Folio 41 del cuaderno # 2.
[354] Expediente T-2.937.517. Folio 43 del cuaderno # 2.
[355] Folios 759 del cuaderno principal.
[356] Expediente T-2.941.093. Folio 36 del cuaderno
# 2.
[357] Sentencia T-200 de 2007 que retoma el precedente establecido en la Sentencia T-327 de 2001.
[358] Respuesta al oficio OPBT-617/2011, allegado a la Secretaría General de la Corte Constitucional el 20 de septiembre de 2011. Folio 755 y 760
del cuaderno principal.
[359] Expediente T-2.945.038. Folios 27 a 28 cuaderno # 2.
[360] En respuesta al oficio OPBT-617/2011, el Vicepresidente Científico de
Saludcoop EPS señaló que la accionante sigue siendo tratada en la Unidad Renal RTS –HUS- de Bucaramanga. Folios 758 al 761 del cuaderno principal.
[361] Folios 118 al 119 del cuaderno principal.
[362] Folios 120 al 229 del cuaderno principal.
[363] Folios 230 al 231 del cuaderno principal.
[364] Folios 234 al 248 del cuaderno principal.
[365] Folios 249 al 263 y 264 al 278 del cuaderno principal.
[366] Folios 279 al 293 del cuaderno principal.
[367] Folios 294 al 295 del cuaderno principal.
[368] Folios 303 al 306 del cuaderno principal.
[369] Folios 307 al 332 del cuaderno principal.
[370] Folios 313 al 314 del cuaderno principal.
[371] Folio 330 del cuaderno principal.
[372] Folios 333 al 339 del cuaderno principal.
[373] Folios 350 al 355 del cuaderno principal.
[374] Folios 459 al 465 del cuaderno principal.
[375] Folios 459 a 460.
[376] Folios 468 al 476 del cuaderno principal.
[377] Folio 474 del cuaderno principal.
[378] Ibidem.
[379] Folios 478 al 485 del cuaderno principal.
[380] Folios 733 al 747 del cuaderno principal.
[381] Folios 735 al 747 del cuaderno principal.
[382] Folios 748 al 751 del cuaderno principal.
[383] Folios 754 al 756 del cuaderno principal.
[384] Folios 758 al 761 del cuaderno principal.
[385] De conformidad con la respuesta al oficio OPBT-617/2011, el
Representante Legal Suplente de Cafesalud EPS y el Vicepresidente Científico de
Saludcoop EPS, suministraron la información respecto al estado de afiliación y
las instituciones prestadoras de servicios donde los accionantes están siendo
atendidos en el tratamiento para la patología de insuficiencia renal crónica. Folios
755 al 761 del cuaderno principal.