C-522-09
Sentencia C-522/09
Sentencia C-522/09
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Inexistencia en norma del Código de Procedimiento
Civil que precisa las sentencias que no constituyen cosa juzgada/OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Incumplimiento de elementos que la configuran
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA EN NORMA DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL-Inexistencia
Se
plantea la existencia de una omisión legislativa relativa, por cuanto el
artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, que determina  las sentencias
que no constituyen cosa juzgada, debería contener un supuesto adicional a los
que actualmente contempla, en el que se precisara que tampoco constituyen cosa
juzgada las sentencias que vulneran derechos fundamentales, bien sea por acción
o por omisión de autoridad pública. La Corte al revisar la concurrencia de los
elementos esenciales para que resulte acreditada la aludida omisión, observó que
en efecto concurren los dos primeros elementos, esto es, la existencia de la
norma sobre la cual se predique el cargo y que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, pero al abordar el análisis
de la falta de justificación y de razón suficiente frente a la exclusión
normativa observada y la existencia de mandatos constitucionales de los cuales
pudiera derivarse la obligación legislativa de considerar que no constituyen
cosa juzgada aquellas sentencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, encontró que la regla general de cosa juzgada resultaba
conveniente y justificable, no obstante que dicha regla admite tanto adiciones
como excepciones que se consideran necesarias, pues la aplicación inflexible
del principio de cosa juzgada traería consigo una inadmisible frustración del
derecho a acceder a la administración de justicia, resaltando que las
situaciones contempladas en el artículo 333, son hechos objetivos, sobre cuya
ocurrencia fáctica no podrá caber duda o controversia, lo que, frente al caso
concreto, permite tener completa certeza sobre la inexistencia de cosa juzgada,
y la cosa juzgada no puede entenderse como un obstáculo para la vigencia de los
derechos fundamentales, ya que por el contrario, su efecto es enteramente
congruente y complementario con el de ellos. De allí que no se encuentre, menos
aún entre las normas que en este caso se presentan como infringidas, mandato
alguno que conduzca a la inaplicación de esta regla, ni siquiera so pretexto de
su pretendida oposición a la prevalencia de los derechos fundamentales, ya que
la observancia de este principio (la cosa juzgada) no constituye en realidad un
obstáculo para la efectiva protección de esos derechos. El efecto de cosa
juzgada que normalmente acompaña a las sentencias judiciales, no impide la
interposición de la acción de tutela contra tales decisiones. En consecuencia, habiéndose
descartado la existencia de una norma constitucional que haga imperativa la
regla propuesta por la demandante, la Corte considera que no concurren en este
caso los elementos necesarios para configurar la existencia de una omisión
legislativa relativa.
OMISION LEGISLATIVA-Concepto/OMISION LEGISLATIVA-Clases
Esta
corporación ha reconocido la posibilidad de que una norma legal resulte
violatoria de la Constitución Política, no tanto por la oposición que frente a
ella pudiera encontrarse en su contenido material, sino por la ausencia de
mandatos que, en desarrollo de las normas superiores, serían necesarios frente
al tema específico de que la norma trata, y a partir de las omisiones en que
pudiere haber incurrido el legislador, ha planteado la diferencia, entre las
omisiones absolutas y las omisiones relativas.
OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Concepto/OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia
de la Corte Constitucional/OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Concepto/OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Competencia de la Corte Constitucional
Las
omisiones legislativas absolutas son aquellas situaciones en las que el
legislador no ha producido norma alguna en relación con la materia de que se
trata y dado que es de la esencia del juicio de constitucionalidad la
existencia de una norma legal específica, elemento que por definición se encuentra
ausente en este caso, la Corte carece de competencia para pronunciarse al
respecto; en tanto que las omisiones legislativas relativas, alude a aquellos
casos en los que sí existe un desarrollo legislativo vigente, pero aquél ha de
considerarse imperfecto por excluir de manera implícita un ingrediente
normativo concreto que en razón a la existencia de un deber constitucional
específico, tenía que haberse contemplado al desarrollar normativamente esa
materia, por lo que si resulta viable ocuparse de estas omisiones legislativas,
ya que existe un precepto legal sobre el cual pronunciarse, y es factible
llegar a una conclusión sobre su exequibilidad a partir de su confrontación con
los textos superiores de los que emanaría el deber incumplido por el
legislador.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA-Importancia
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Eventos en que puede
plantearse
Pese
a que lo más frecuente es que las omisiones legislativas relativas se traduzcan
en una situación discriminatoria, y por lo mismo, en una vulneración del
derecho a la igualdad, la Corte ha aclarado que este no es el único escenario
en el que aquéllas pueden plantearse, siendo posible observar situaciones en
las que el precepto ignora algún otro tipo de elemento normativo, que conforme
a la norma superior debería considerarse imperativo. Dentro de esas exigencias
constitucionales pueden mencionarse la de incorporar determinados objetivos al
momento de regular una materia, la de incluir ciertas etapas esenciales en la
regulación de un procedimiento, la de brindar instancias de participación a
algunos sujetos específicos previamente a la decisión sobre temas que pueden
afectarlos, y otras semejantes
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Elementos esenciales que
deben concurrir para su procedencia
La
Corte se ha referido a cinco elementos esenciales que deben concurrir para que
esta situación pueda tenerse por acreditada: (i) que exista una norma sobre la
cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que
la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón
suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los
casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los
que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la
omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por
el constituyente al legislador.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA
RELATIVA-Soluciones que proceden
Esta
corporación ha indicado que en caso de acreditarse la ocurrencia de una omisión
legislativa relativa, el remedio que restaura la integridad de la Constitución
depende de las circunstancias particulares de la omisión encontrada y del
contenido específico de la norma de la cual se predica. En algunos casos, la
solución consiste en la exclusión, previa declaratoria de su inexequibilidad,
del ingrediente normativo específico que puede considerarse el causante de la
omisión, es decir, aquel cuya presencia restringe injustificadamente el alcance
del precepto, dejando por fuera circunstancias que deberían quedar cobijadas
por él. En otros, lo procedente es que la Corte dicte una sentencia
interpretativa, en la que declare que la disposición demandada es exequible,
siempre y cuando su efecto se entienda extendido a otras situaciones distintas
de las que la norma directamente contempló, precisamente aquellas respecto de
las cuales se encontró probada la alegada omisión legislativa.
PRINCIPIO DE COSA JUZGADA-Concepto/PRINCIPIO DE COSA JUZGADA-Finalidad/PRINCIPIO
DE COSA JUZGADA-Importancia/PRINCIPIO DE COSA JUZGADA-No
tiene carácter absoluto
La
cosa juzgada es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la
cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace
que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el
futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes
y que persiga igual objeto. Como institución,  la cosa juzgada responde a la
necesidad social y política de asegurar que las controversias llevadas a
conocimiento de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual
la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión así alcanzada,
destacándose la sustancial importancia para la convivencia social al brindar
seguridad jurídica, y para el logro y mantenimiento de un orden justo, que pese
a su innegable conveniencia y gran trascendencia social no tiene carácter
absoluto.
COSA JUZGADA-Condiciones
de configuración/COSA JUZGADA FORMAL/COSA JUZGADA MATERIAL/COSA JUZGADA-Hace
parte de las garantías del debido proceso
La
existencia de cosa juzgada implica la imposibilidad de promover un nuevo
proceso en el que se debata el mismo tema ya decidido, siempre que se reúnan
tres condiciones, que en la ley colombiana se encuentran previstas en el
artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, como son: la identidad de
partes, la identidad de objeto y la identidad de causa.
COSA JUZGADA-Circunstancias
en que se genera/COSA JUZGADA-Adiciones y excepciones a la regla general
La
regulación de las circunstancias en que se genera el efecto de cosa juzgada, se
encuentra en los artículos 332 y 333 del Código de Procedimiento Civil. La
primera de estas dos normas traza en relación con el tema una regla general, al
establecer que tiene fuerza de cosa juzgada “la sentencia ejecutoriada
proferida en proceso contencioso”,
de la cual derivan tres importantes precisiones, a saber: (i) que se atribuye
este efecto a las sentencias, que al decir del artículo 302 de la misma obra
son “las que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que
no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se
pronuncien”, y no a las restantes providencias, genéricamente conocidas como
autos; (ii) que debe tratarse de sentencias ejecutoriadas, efecto que según enseña
el artículo 331 ibídem se alcanza tres (3) días después de su notificación
cuando contra ellas no procede ningún recurso, cuando se han vencido los
términos correspondientes sin haberse interpuesto ninguno de los recursos que
procedían, o cuando se han decidido de fondo aquellos recursos que se hubieren
interpuesto; y (iii) que esas sentencias hayan sido proferidas al término de un
proceso contencioso, esto es, de los que requiere que el juez decida entre dos
o más intereses contrapuestos. Siempre que concurran esos tres elementos es
conveniente y justificable que se genere el ya explicado efecto de cosa
juzgada. Sin embargo, esa regla general admite tanto adiciones, como las
asociadas a medios alternativos de solución de controversias o formas anormales
de terminación de procesos, a las que la Ley, bajo similares consideraciones de
conveniencia social, de manera expresa les atribuye ese mismo efecto de cosa
juzgada, como excepciones, principalmente las del artículo 333 del Código de
Procedimiento Civil.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION-Excepción al principio de cosa juzgada/RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION-Finalidad
Aún
existiendo cosa juzgada, y no concurriendo ninguna de las indicadas
excepciones, ello no obsta para que, por excepción, puedan intentarse otros
específicos medios de impugnación contra tales sentencias, principalmente el
recurso extraordinario de revisión, cuya finalidad es brindar una posibilidad
de reparar el siempre factible error judicial, o las injusticias eventualmente
contenidas en sentencias ejecutoriadas, cuando con posterioridad a su firmeza
se establece con certeza la existencia de pruebas que no pudieron ser tenidas
en cuenta, o se desvirtúa, igualmente con certeza, el carácter demostrativo de
aquellas con base en las cuales se profirió la decisión.
COSA
JUZGADA-No impide la interposición de
la acción de tutela
La
existencia de cosa juzgada tampoco impide per se la interposición de la acción
de tutela contra providencias judiciales, cuando a ello hubiere lugar.
JUECES Y MAGISTRADOS-Son autoridades públicas
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia frente a la cosa juzgada por ostensible
violación de derechos fundamentales
La
acción de tutela contra providencias judiciales puede ser interpuesta y habrá
de ser tramitada, siempre que se sustente que la providencia así cuestionada
genera vulneraciones a derechos fundamentales. Circunstancias que no implican
que en esos casos la tutela impetrada pueda o deba ser concedida, pues ello
dependerá de la plena y efectiva acreditación de los defectos alegados.
Referencia: expediente D-7580
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 333
del Código de Procedimiento Civil (Decretos 1400 y 2019 de 1970).
Actor: R. Inés Jaramillo Murillo.
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C.,  cuatro (4) de agosto de dos mil nueve
(2009).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 241 de la Constitución
Política, la ciudadana R. Inés Jaramillo Murillo presentó ante esta corporación
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 333 del Código de
Procedimiento Civil, alegando situaciones que encuadrarían en una posible
omisión legislativa.
Por auto de diciembre 19 de 2008, la demanda fue
inadmitida, por no cumplir a cabalidad las exigencias previstas en el artículo
2° del Decreto 2067 de 1991, y particularmente las características que,
conforme a la jurisprudencia de esta corporación, deben reunir los cargos de
inconstitucionalidad. Presentado oportunamente por la actora el respectivo
escrito de corrección, la demanda fue entonces admitida, mediante auto de enero
28 de 2009.
En esta misma providencia se dispuso fijar en lista y
correr traslado del asunto al señor Procurador General de la Nación, para que
rindiera el concepto de rigor. De igual manera se ordenó comunicar la
iniciación de este proceso a los señores Presidente de la República, Presidente
del Congreso y Ministro del Interior y de Justicia. También se extendió
invitación a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la
Comisión Colombiana de Juristas, así como a las facultades de derecho de las
Universidades Javeriana, Externado de Colombia, del Rosario, Industrial de
Santander, de Antioquia y Nacional de Colombia, para que, si lo consideraban
pertinente, se pronunciaran sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad
del precepto demandado.
Cumplidos los trámites propios de esta clase de
procesos, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.  LA NORMA DEMANDADA
El siguiente es el texto de la norma demandada, de
conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 33.150 del 21 de
septiembre de 1970:
“DECRETO 1400 DE 1970
(Agosto 6 de 1970)
"Por medio del cual se expide el Código de
Procedimiento Civil
Titulo XXVI
EFECTO Y EJECUCIÓN DE LAS PROVIDENCIAS
CAPITULO I
Ejecutoria y cosa
juzgada
(…)
“ARTÍCULO 333. SENTENCIAS QUE NO CONSTITUYEN COSA
JUZGADA.
No
constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias:
1.
Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria.
2.
Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso
posterior, por autorización expresa de la ley.
3.
Las que declaren probada una excepción de carácter temporal, que no impida
iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento.
4.
Las que contengan decisión inhibitoria sobre el mérito del litigio.”
III.    LA DEMANDA
En su escrito original la actora plantea la existencia
de una inconstitucionalidad sobreviniente, que afectaría a la norma demandada
(cuyo texto data de 1970) a partir de la entrada en vigencia de la Constitución
de 1991. Afirmó entonces que el precepto acusado sería contrario al contenido
de los artículos 86, 4°, 29, 229 y 241 del texto superior vigente, al no
contemplar como una de las situaciones en que la sentencia judicial no
constituye cosa juzgada, la que se presenta cuando aquélla viola derechos
fundamentales en razón a la acción o la omisión de una autoridad pública.
A este respecto, anota que si bien la legislación
preexistente ha continuado rigiendo pese a la expedición de la nueva
Constitución Política en 1991, esta situación se encuentra condicionada a la
total armonía existente entre las normas preconstitucionales y la nueva Carta
Política, y que en caso de incompatibilidad, aquellas deberán considerarse
inconstitucionales. Al descender sobre el caso concreto, explica que en razón a
la existencia del artículo 86 de la Constitución Política, conforme al cual la
acción de tutela procede frente a cualquier situación de vulneración de los
derechos fundamentales por parte de cualquier autoridad pública, debe
actualmente entenderse que no pueden hacer tránsito a cosa juzgada ni quedar
cobijadas con la intangibilidad que este efecto confiere las sentencias
judiciales que, de cualquier manera, violen derechos fundamentales. Añade que,
al no considerar esta situación, el actual texto del artículo 333 aquí acusado,
deviene inconstitucional.
A continuación, y a efectos de demostrar la
inexequibilidad alegada, la actora hace una extensa referencia a la
jurisprudencia de las distintas Salas de Casación de la Corte Suprema de
Justicia, y en menor medida a la de las otras altas corporaciones de justicia,
en torno a la admisibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Simultáneamente, refuta la doctrina expuesta en la mayoría de tales
pronunciamientos, explicando que así se trate de decisiones de las
corporaciones que ejercen como órgano límite en las distintas jurisdicciones, esa
circunstancia no le confiere a tales fallos invulnerabilidad con respecto a la
acción de tutela, si con ocasión de su pronunciamiento se han desprotegido
derechos fundamentales. Insiste en que cualquier juez o corporación judicial,
aún los de más alto nivel, puede vulnerar esos derechos al emitir sus
decisiones.
En el escrito de corrección presentado en respuesta al
auto inadmisorio a que se hizo referencia, la ciudadana Jaramillo Murillo
encuadra su solicitud dentro de los supuestos de la omisión legislativa
relativa, en cuanto considera que el artículo 333 por ella acusado debería
contener un supuesto adicional a los que actualmente contempla, en el que se
precisara que tampoco constituyen cosa juzgada las sentencias que vulneran
derechos fundamentales, bien sea por acción o por omisión.
También indica que las posiciones jurisprudenciales de
la Corte Suprema de Justicia y de otros órganos jurisdiccionales respecto de la
improcedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales constituyen
lo que esta corporación ha denominado como “derecho viviente”, y que en
tal medida, pueden ser objeto de la acción de inconstitucionalidad. Considera
que el tema planteado resulta relevante en la medida en que esas posturas
jurisprudenciales se apoyan de manera determinante en la premisa de que la
tutela no procedería contra sentencias judiciales que pongan fin a un proceso,
puesto que ellas han hecho tránsito a cosa juzgada, especialmente cuando se trata
de fallos emitidos por las corporaciones consideradas órganos límite.
Agrega que esta circunstancia resulta en contradicción
con varias disposiciones constitucionales, a saber: i) el artículo 4°, conforme
al cual la Constitución es norma de normas, puesto que la referida línea
jurisprudencial supone la vigencia de una norma legal que no se aviene
plenamente al actual texto superior; ii) el artículo 86, que instituye la
acción de tutela para todas las circunstancias en las que se vulneren derechos
fundamentales, ya que conforme a este razonamiento, resulta posible que ciertas
situaciones violatorias de esos derechos no puedan ser objeto de protección
constitucional; iii) el artículo 29 sobre debido proceso y el 229 sobre acceso
a la administración de justicia, ya que ninguno de esos dos derechos podría
considerarse verdaderamente protegido si al término de un proceso judicial
existen situaciones violatorias de derechos fundamentales y no es posible
ejercer contra ellas la acción de tutela; iv) el artículo 241, que establece
las competencias de la Corte Constitucional, corporación a la cual corresponde
la defensa y guarda de la Constitución Política, puesto que esas posturas
jurisprudenciales serían opuestas a la línea trazada por esta corporación sobre
procedencia de la tutela contra decisiones judiciales.
La demandante concluye el documento de corrección
explicando cómo, en su concepto, el cargo planteado cumple a cabalidad con los
requisitos exigidos por la jurisprudencia de esta corporación para dar lugar a
un pronunciamiento de constitucionalidad.
IV. INTERVENCIONES
Durante el término de fijación en lista se recibieron
seis (6) escritos de ciudadanos que conceptuaron sobre el planteamiento
contenido en la demanda.
De la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia
Los Magistrados integrantes de esta Sala hicieron
llegar esta corporación un escrito en el que piden declarar la exequibilidad de
la norma acusada.
Después de realizar una breve síntesis de los
argumentos de la demanda, los Magistrados empiezan por reconocer la posibilidad
del error y/o la arbitrariedad judiciales. Sin embargo, señalan que el remedio
a estas inevitables situaciones debe buscarse en los recursos implementados por
el legislador al interior de los distintos procesos, y en el excepcional caso
de que el error provenga de una sentencia contra la cual no proceda ningún
medio de impugnación ordinario, a través de los recursos extraordinarios,
particularmente el de revisión.
Frente a la afirmación según la cual no podría
considerarse que hacen tránsito a cosa juzgada las sentencias que vulneren
derechos fundamentales, los Magistrados hacen transcripción parcial de la
sentencia C-543 de 1992 de esta corporación, por la cual se declararon
inexequibles las normas del Decreto 2591 de 1991 que regulaban el tema de la tutela
contra decisiones judiciales. Destacan el efecto de cosa juzgada que es
inherente a esa decisión, así como el hecho de que ese efecto es oponible
incluso a la misma Corte Constitucional. También señalan que la Corte Suprema
de Justicia ha tramitado y fallado favorablemente acciones de tutela contra
sentencias judiciales dentro del marco de esa decisión, en casos en los que se
observa la presencia de “una ostensible vía de hecho”.
Señalan no compartir un planteamiento general conforme
el cual todo acto de toda autoridad pública sería, sin excepción, susceptible
de ser cuestionado mediante la acción de tutela, puesto que ese entendimiento
implica que el juez de tutela podría terminar asumiendo el ejercicio de ciertas
funciones que dentro del marco constitucional son de la órbita privativa de
determinadas autoridades. Así por ejemplo, sostienen que las funciones que el
artículo 234 superior le atribuye a la Corte Suprema de Justicia sólo pueden
ser cumplidas por esa corporación, y que aceptar la tutela contra tales
decisiones implica entonces caer en la contradicción de que pese a ser
considerada “el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, otros
jueces o autoridades podrían tomar decisiones que supongan la invalidación de
sus providencias.
Finalmente, los Magistrados intervinientes rechazan
que con posterioridad a la ya citada sentencia C-543 de 1992, y pese a su
efecto de cosa juzgada, esta corporación haya progresivamente admitido nuevos
supuestos y situaciones en las que la acción de tutela procedería contra
decisiones judiciales, y especialmente que ello se haya hecho mediante
sucesivas sentencias de tutela, las cuales sólo tienen efectos ínter-partes.
También señalan que la Corte Constitucional es un órgano constituido y que de
conformidad con el artículo 241 superior, sus funciones como guardián de la
integridad de la Constitución deben ejercerse siempre “en los estrictos y
precisos términos” de ese artículo.
Con base en estas consideraciones, los miembros de la
Sala de Casación Civil concluyen solicitando a la Corte Constitucional declarar
que el precepto acusado se ajusta a la Constitución Política.
De la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional de Colombia
El Decano de esta Facultad hizo llegar a la Corte un
documento preparado por uno de los docentes vinculados a ese centro de estudios
en el que se solicita declarar exequible la norma demandada.
En sustento de su solicitud, este interviniente
comienza por referirse al concepto jurídico sobre el cual se proyecta el
mandato de la norma demandada, esto es, la cosa juzgada. Explica que por
efecto de la cosa juzgada, una materia que ha sido ya resuelta por el juez
competente no puede volver a ser debatida en un nuevo proceso, situación que se
produce a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia. Que esta
restricción busca preservar la seguridad jurídica, pues la acción de la
justicia perdería su sentido si lo decidido al término de un proceso pudiera
ser desconocido o nuevamente debatido después de concluido aquél. Añade que
normalmente la cosa juzgada opera como una excepción que se opone en caso de
que alguna persona pretenda iniciar otro proceso judicial que abra las puertas
a una nueva decisión sobre el tema ya definido, y que esta excepción tiene por
objeto impedir la iniciación de ese nuevo proceso.
Explica también que ni los recursos extraordinarios,
ni la acción de tutela en los casos en que ella procede contra decisiones
judiciales, atacan la cosa juzgada en sí misma, ni cuestionan los hechos que la
generan, sino únicamente la sentencia subyacente, la cual podría quedar
invalidada en caso de prosperar el recurso, o en su caso, la tutela.
Posteriormente, analiza y explica cada una de las distintas situaciones
contempladas en el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, en las
cuales no se produce el efecto de cosa juzgada.
A partir de estas reflexiones, sostiene que para hacer
valer la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales no es
necesario considerar que ellas no han hecho tránsito a cosa juzgada. Para
sustentar este aserto explica que en ninguno de los cuatro (4) casos previstos
en la norma acusada la ausencia de cosa juzgada implica cuestionamiento ni
invalidez del proceso que antecedió a dicha sentencia, sino simplemente que en
razón al cambio de circunstancias fácticas, es procedente permitir la
realización de un nuevo proceso y la emisión de un distinto pronunciamiento.
Situación que, en su concepto, resulta claramente diferente a lo que en este
caso pretende la demandante.
Finalmente, el interviniente se refiere brevemente a cada
una de las normas superiores que la actora invoca como vulneradas por la norma
demandada, y afirma no observar de qué manera la ausencia de una norma que
niegue efectos de cosa juzgada a las sentencias que violen derechos
fundamentales implica la violación de ninguna de esas disposiciones
constitucionales. Ello por cuanto, a su entender, para que pueda interponerse
tutela contra una decisión judicial que verdaderamente desconozca un derecho
fundamental no es necesario que dicha decisión carezca del ya indicado efecto
de cosa juzgada.
De la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia
Universidad Javeriana
El Decano de este centro de estudios presentó un
documento preparado por varios profesores adscritos a esa Facultad, en el que,
igualmente, solicitan a la Corte no acceder a la inexequibilidad pretendida en
la demanda.
Como razones fundamentales de su oposición, este interviniente
anota que: i) no resulta constitucionalmente aceptable entender que por regla
general todas las sentencias judiciales son cuestionables mediante la acción de
tutela; ii) no se cumplen en el presente caso los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha establecido para acreditar la ocurrencia de
una omisión legislativa relativa.
Este escrito contiene también algunas reflexiones
sobre la función social que la cosa juzgada cumple en relación con la
realización de la justicia dentro de la vida en sociedad. Destaca que si pese a
la emisión de una sentencia como resultado del proceso, el tema resuelto
pudiera volverse a debatir, los ciudadanos vivirían turbados por la permanente
incertidumbre en torno a la resolución de los conflictos que les afectan, lo
que generaría graves traumatismos sociales. Indica que el carácter definitivo
de las decisiones está estrechamente ligado al respeto de la autonomía
judicial, e incluso es inherente al concepto de justicia, pues sin esta
característica dicho concepto carece de sus elementos distintivos. También
resalta que a partir de estas consideraciones la cosa juzgada es una
institución conocida, aceptada y apreciada a nivel universal, pese a las
diferencias existentes entre distintos sistemas jurídicos.
Explica que por estos motivos la norma cuya omisión
plantea la demandante, conforme a la cual podría discutirse la fuerza de cosa
juzgada de toda sentencia judicial so pretexto de la posible vulneración de
derechos fundamentales, iría en contra de importantes valores constitucionales,
puesto que la finalidad de los procesos es precisamente la garantía de los
derechos de las personas, y la sentencia en firme está llamada a realizar este
propósito. Señala que si bien no es descartable que las sentencias definitivas
pudieren afectar derechos fundamentales, esa situación es claramente
excepcional, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional, a propósito de
lo cual cita un extenso fragmento de la sentencia C-590 de 2005.
Posteriormente se ocupa de la figura de la omisión
legislativa, respecto de la cual presenta varias referencias doctrinales, así
como extractos de jurisprudencia de esta corporación. Resalta las diferencias
existentes entre la omisión legislativa absoluta, sobre la cual el juez
constitucional carece de competencia, y la relativa, cuya procedencia considera
claramente excepcional, con lo que se busca garantizar que el juez
constitucional no invada la órbita competencial del Congreso de la República,
al cual por regla general, le corresponde decidir sobre el contenido y
oportunidad de las norma legales que se expidan para desarrollar la
Constitución Política. Concluye este punto señalando que en el presente caso no
concurren los elementos necesarios para que la Corte pueda considerar la
eventual existencia de una omisión legislativa relativa.
De otra parte, señala que la norma demandada no
desconoce ni vulnera ninguno de los preceptos constitucionales que la actora
presenta como violados por ella, y que por el contrario, contribuye a su plena
realización, vista la cardinal importancia que para el recto funcionamiento del
sistema judicial tiene el principio de cosa juzgada, según lo previamente
reseñado.
Agrega además que lo anterior no impide que en casos
extremos en los que pueda probarse la vulneración de derechos fundamentales por
parte de una sentencia judicial, pueda ejercerse contra ésta la acción de
tutela, pero de manera claramente excepcional, y sin necesidad de afectar el
principio de cosa juzgada en la forma propuesta por la demandante.
De la Facultad de Derecho de la Universidad Externado
de Colombia
Esta universidad participó dentro de este trámite por
conducto de un profesor de su Departamento de Derecho Procesal, quien solicitó
a la Corte declararse inhibida para decidir sobre la demanda planteada, o en su
defecto, declarar exequible la norma acusada.
La principal razón que sustenta esta solicitud de
inhibición es el hecho de que, a criterio de este interviniente, lo que la
demandante pretende en este caso es claramente la adición de la norma demandada
con un supuesto no contemplado por su autor, lo que de ser aceptado por la
Corte Constitucional, implicaría la invasión de la función legislativa por
parte de esta última. De otra parte, señala también que existe contradicción e
incompatibilidad entre las pretensiones contenidas en la demanda, ya que la
actora pide la declaratoria de inexequibilidad del artículo 333 acusado, pero
también la inclusión de un nuevo numeral que subsane la omisión legislativa
denunciada, lo que supone que dicha norma continúe vigente.
Posteriormente, este interviniente señala que en el
presente caso no se cumplen los requisitos que según la jurisprudencia de esta
corporación deben caracterizar los cargos de inconstitucionalidad[1],
ni se observan tampoco los elementos definitorios de una omisión legislativa
relativa. Insinúa que el tema planteado podría considerarse, en cambio, una
omisión legislativa absoluta, escenario frente al cual la Corte Constitucional
carecería de competencia para pronunciarse. Resalta especialmente, de cara a
los requisitos aplicables en materia de omisión legislativa relativa, que no se
observa cuál sería el deber constitucional directo que en este caso se habría
incumplido, lo que impide mirar el tema planteado desde esta particular
perspectiva.
Por último, al igual que otros intervinientes, señala
que el efecto de cosa juzgada no impide que en casos concretos puedan ejercerse
contra una sentencia en firme medios de defensa tales como la solicitud de
nulidad, el recurso extraordinario de revisión y la misma acción de tutela, en
caso de violación de los derechos fundamentales, razón adicional que, en su
concepto, hace innecesaria la declaración de omisión legislativa pretendida por
la demandante.
Del Ministerio del Interior y de Justicia
El representante de este Ministerio solicita a la
Corte declararse inhibida para decidir con respecto a esta demanda. La
principal razón que sustenta esta petición es el hecho de no reunirse los
elementos que, conforme a la jurisprudencia constitucional, se requieren para
que esta corporación pueda decidir sobre una supuesta omisión legislativa
relativa[2].
Resalta especialmente la ausencia de un deber
constitucional específico que en este caso obligara al órgano legislativo a
haber incorporado en la disposición acusada un supuesto como aquel cuya
presencia extraña la demandante. También señala que la pretendida omisión no
podría necesariamente predicarse de la norma demandada, ya que esta sólo es aplicable
a los procesos civiles, mientras que el efecto por ella advertido en torno a la
procedencia o no de la acción de tutela contra sentencias judiciales abarca un
universo considerablemente mayor.
De otra parte este interviniente incluye algunas reflexiones
relacionadas con el efecto de cosa juzgada en relación con las sentencias de
tutela, frente a lo cual cita varios pronunciamientos de esta corporación.
Indica que en este caso dicho efecto se genera por el hecho de no seleccionarse
el caso específico para revisión por parte de la Corte Constitucional o, en el
evento contrario, al producirse y quedar en firme la sentencia de revisión
dictada por ésta. Finalmente añade que, según ha sostenido esta corporación, no
es posible ejercer la acción de tutela contra sentencias de tutela.
De la demandante R. Inés Jaramillo Murillo
Dentro del término de fijación en lista la actora
presentó un nuevo memorial, con el propósito de ampliar los argumentos
expuestos tanto en la demanda como en el escrito de corrección.
En esta oportunidad la accionante reitera su tesis
según la cual la postura de la Corte Suprema de Justicia sobre improcedencia de
la tutela contra decisiones judiciales, especialmente de aquellas proferidas
por los denominados órganos límite, constituye derecho viviente en
relación con este tema, al menos dentro del ámbito de la jurisdicción
ordinaria.
Señala que la explicación frecuentemente aducida para
dicha improcedencia, acerca de la inexistencia de norma expresa que establezca
la tutela contra decisiones judiciales constituye plena demostración de la
omisión legislativa relativa que denuncia en su demanda. También insistió que
esa postura de la Corte Suprema de Justicia es abiertamente contraria a la
jurisprudencia de esta corporación en relación con la procedencia de la tutela
contra decisiones judiciales que pongan fin a un proceso.
Finalmente se refiere al tema de la indexación de la
primera mesada pensional, en relación con el cual durante varios años existió
una importante y conocida divergencia interpretativa entre la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y esta corporación. Sobre este asunto,
insinúa que el reconocimiento sobre ausencia de cosa juzgada en las sentencias
violatorias de derechos fundamentales hubiera permitido proteger los derechos
de las personas cuyos derechos se vieron afectados dentro de esa controversia.
Intervenciones extemporáneas:
Según informó la Secretaría General, con posterioridad
al vencimiento del término de fijación en lista se recibieron dos escritos más,
provenientes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, respectivamente. En línea muy
semejante a la de los otros intervinientes, el primero de estos conceptos
propuso que la Corte se declarara inhibida para decidir sobre el tema
planteado, mientras que el segundo abogó por la exequibilidad de la norma
demandada.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En concepto Nº 4743 recibido en la Secretaría General
de esta corporación el día 19 de marzo de 2009, el Jefe del Ministerio Público
solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la norma
demandada.
Inicialmente, el Procurador General efectuó un breve
recuento de los planteamientos de la demanda y de la jurisprudencia de esta
corporación sobre el tema de las omisiones legislativas. También se refirió al
concepto de cosa juzgada y a sus efectos, tema respecto del cual presentó
algunos extractos jurisprudenciales de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia.
A partir de ello, y al entrar a pronunciarse sobre el
tema de fondo, indicó que de conformidad con la jurisprudencia de esta
corporación[3], la acción de tutela
procede contra las decisiones judiciales que vulneren derechos fundamentales,
no obstante el efecto de cosa juzgada que normalmente las acompaña.
Dijo también que el artículo 333 del Código de
Procedimiento Civil excluye del efecto de cosa juzgada sentencias que por su
naturaleza no impiden, sino por el contrario justifican, la iniciación de
nuevos procesos sobre el mismo tema, situación que difiere claramente de la
planteada por la actora en su demanda. Resaltó que frente a las sentencias
violatorias de derechos fundamentales no se hace necesario el adelantamiento de
un nuevo proceso judicial, típico efecto de la ausencia de cosa juzgada, sino
apenas eventualmente la revisión por vía de tutela de dicha sentencia judicial,
sin cuestionar de fondo ni repetir la totalidad del respectivo proceso.
Sobre estas bases, considera el Procurador que en el
presente caso no se presenta la omisión legislativa denunciada por la actora,
por lo que solicita a la Corte no acceder a lo solicitado en la demanda.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia.
Esta corporación es competente para conocer de la
presente demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral 5°
de la Constitución, por cuanto la disposición demandada hace parte de un
decreto que, en su momento, se expidió por el Presidente de la República en
virtud de facultades extraordinarias conferidas mediante ley, del mismo tipo de
las hoy contempladas en el artículo 150, numeral 10° del texto superior.
2.  Los problemas jurídicos planteados.
Según resulta del contenido de la demanda y de su
corrección, son dos los problemas que en el presente caso corresponde dilucidar
a la Corte: i) si de conformidad con lo expuesto por su jurisprudencia, sería
posible predicar la existencia de una omisión legislativa relativa a partir del
texto del artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto dicha
norma, al listar las sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada se abstuvo
de mencionar y someter a la misma regla aquellas providencias que vulneren
derechos fundamentales; ii) si como consecuencia de la alegada omisión, la
norma acusada podría además considerarse violatoria de las normas superiores
invocadas por la demandante, esto es, el artículo 86 que establece la acción de
tutela contra las acciones u omisiones de cualquier autoridad pública, el 4°
que consagra que la Constitución es norma de normas, el 29 que garantiza el
debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales, el 229 que protege el
acceso a la administración de justicia y el 241 que encomienda a la Corte
Constitucional la guarda de la integridad de la Constitución.
A efectos de despejar esos dos interrogantes, la Corte
revisará inicialmente su postura jurisprudencial en torno a la procedencia de
la acción pública de inconstitucionalidad frente a la posible ocurrencia de
omisiones legislativas, con base en lo cual decidirá si dicho análisis resulta
viable en relación con los planteamientos de la actora. Para esto último, avocará
al estudio del cargo formulado, para lo cual examinará el concepto de cosa
juzgada y lo confrontará con el contenido de los preceptos constitucionales
citados por la demandante, como infringidos por la norma acusada. Finalmente, con
estos elementos sacará las conclusiones a que haya lugar en relación con la
existencia de la omisión legislativa denunciada y se pronunciará de fondo sobre
el cargo aquí propuesto.
3. La jurisprudencia constitucional acerca de las
omisiones legislativas.
Desde sus inicios, esta corporación ha reconocido la
posibilidad de que una norma legal resulte violatoria de la Constitución
Política, no tanto por la oposición que frente a ella pudiera encontrarse en su
contenido material, sino por el contrario, por la ausencia de mandatos que, en
desarrollo de las normas superiores, serían necesarios frente al tema
específico de que la norma trata.
Al analizar en ya gran cantidad de casos la posible
inconstitucionalidad de leyes a partir de las omisiones en que pudiere haber
incurrido el legislador[4], esta corporación ha
planteado una primera y clara diferencia, entre las omisiones absolutas,
esto es aquellas situaciones en las que el legislador no ha producido norma
alguna en relación con la materia de que se trata, y las omisiones relativas,
concepto que alude a aquellos casos en los que sí existe un desarrollo
legislativo vigente, pero aquél ha de considerarse imperfecto por excluir de
manera implícita un ingrediente normativo concreto que en razón a la existencia
de un deber constitucional específico, tenía que haberse contemplado al
desarrollar normativamente esa materia.
Respecto de esta distinción, ha señalado la Corte que
en el caso de las omisiones absolutas[5] ella carece de
competencia para pronunciarse, dado que es de la esencia del juicio de
constitucionalidad la existencia de una norma legal específica, que es el
referente sobre el cual debe recaer el análisis, elemento que por definición se
encuentra ausente en ese caso. Contrario sensu, ha sostenido que resulta
viable ocuparse de las posibles omisiones relativas[6],
ya que en ese evento sí existe un precepto legal sobre el cual pronunciarse, y
es factible llegar a una conclusión sobre su exequibilidad a partir de su
confrontación con los textos superiores de los que emanaría el deber incumplido
por el legislador.
La Corte ha resaltado la importancia del control sobre
las omisiones legislativas relativas para asegurar la efectividad de la guarda
de la integridad de la Constitución que el mismo texto superior le ha
encomendado, ya que de esta forma, sin afectar la autonomía del órgano
legislativo que ya ha decidido libremente ocuparse de una determinada materia,
se garantiza que las normas así emanadas del representante de la voluntad
general no ignoren los criterios y deberes mínimos que por decisión del mismo
Constituyente deben atenderse en relación con el tema de que se trata.
Ahora bien, pese a que lo más frecuente es que las
omisiones legislativas relativas se traduzcan en una situación discriminatoria,
y por lo mismo, en una vulneración del derecho a la igualdad, la Corte ha
aclarado que este no es el único escenario en el que aquéllas pueden
plantearse, siendo posible observar situaciones en las que el precepto ignora
algún otro tipo de elemento normativo, que conforme a la norma superior debería
considerarse imperativo. Dentro de esas exigencias constitucionales pueden
mencionarse la de incorporar determinados objetivos al momento de regular una
materia, la de incluir ciertas etapas esenciales en la regulación de un
procedimiento, la de brindar instancias de participación a algunos sujetos
específicos previamente a la decisión sobre temas que pueden afectarlos, y
otras semejantes.
En sus decisiones sobre posibles omisiones
legislativas relativas, la Corte se ha referido a las circunstancias que deben
concurrir para que esta situación pueda tenerse por acreditada. Al sintetizar
su doctrina a este respecto ha planteado la necesidad de constatar la presencia
de cinco elementos esenciales, a saber:
“(i) que exista una norma sobre la cual se predique
necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas
aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el
texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o
condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar
el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los
casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la
falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la
regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran
amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el
resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente
al legislador.” (Sentencia C-185 de 2002,
M. P. Rodrigo Escobar Gil).
En la misma providencia, continúa explicando la Corte:
“La doctrina de esta Corporación ha definido que sólo
es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa,
cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o
emerge la omisión alegada. En este sentido, la posibilidad de que el juez
constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho
de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en
ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso.”
Por otra parte, siempre que concurran los ya indicados
elementos, la Corte ha admitido el planteamiento de eventuales omisiones
legislativas relativas, incluso respecto de normas legales expedidas con
anterioridad a los preceptos superiores frente a los cuales se predicaría la
omisión, casos en los que aquélla tendría entonces el carácter de sobreviniente[7].
Esta situación es además claramente factible frente al actual momento del
constitucionalismo colombiano, dado que a la fecha se encuentran aún vigentes
un gran número de normas legales expedidas bajo el imperio de la anterior Carta
Política, cuyo contenido podría llegar a estimarse insuficiente frente a nuevos
mandatos constitucionales específicos establecidos en 1991, o incluso en una
fecha posterior.
Ahora bien, esta corporación ha indicado que en caso
de acreditarse la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, el remedio
que restaura la integridad de la Constitución depende de las circunstancias
particulares de la omisión encontrada y del contenido específico de la norma de
la cual se predica. En algunos casos, la solución consiste en la exclusión,
previa declaratoria de su inexequibilidad, del ingrediente normativo específico
que puede considerarse el causante de la omisión, es decir, aquel cuya
presencia restringe injustificadamente el alcance del precepto, dejando por
fuera circunstancias que deberían quedar cobijadas por él. En otros, lo
procedente es que la Corte dicte una sentencia interpretativa, en la que
declare que la disposición demandada es exequible, siempre y cuando su efecto
se entienda extendido a otras situaciones distintas de las que la norma
directamente contempló, precisamente aquellas respecto de las cuales se
encontró probada la alegada omisión legislativa.
Claros los anteriores aspectos, y visto que la actora
enfoca su demanda de manera explícita hacia la supuesta ocurrencia de una
omisión legislativa relativa a partir del contenido que, según afirma, debería
hacer parte de la norma acusada, la Corte decidirá al respecto, previa una
cuidadosa indagación sobre la presencia de los elementos a los que antes se
hizo referencia.
4.  Análisis de los elementos que configurarían la
omisión legislativa relativa planteada.
Para efectos de este estudio la Corte realizará su
análisis en dos distintos momentos, tal como se explica a continuación.
Inicialmente se ocupará de indagar por la presencia de los dos primeros
elementos a que la jurisprudencia antes citada ha hecho referencia, esto es: i)
la existencia de una norma legal específica respecto de la cual cabría predicar
la omisión y, ii) la exclusión del contenido normativo de dicha disposición de
la situación que, al decir del actor, debería estar contemplada en ella.
En caso de encontrar acreditados estos dos elementos, la
Sala emprenderá entonces el estudio de los tres restantes, para lo cual deberá
abordar el tema de fondo a partir del cual la demandante sustenta la existencia
de la omisión legislativa relativa que predica, esto es, el obstáculo que la
cosa juzgada pudiera suponer para el ejercicio de la acción de tutela contra
sentencias judiciales violatorias de los derechos fundamentales. Analizado ese
aspecto, y a partir de las conclusiones resultantes, la Corte se pronunciará
sobre la concurrencia de estos tres elementos, y con ello, sobre la presencia
de la omisión legislativa postulada por la actora.
4.1. Presencia de una norma determinada que contiene
una específica exclusión normativa:
A este respecto la Corte observa, sin dificultad, que
en efecto concurren los dos primeros elementos a que se ha hecho referencia. El
primero por cuanto es claro el señalamiento de la actora con respecto al
artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, como la norma en que debería
haber sido incorporado el contenido normativo que ella echa de menos. El
segundo, ya que, en efecto, la citada disposición no contempla dentro de los
eventos que no constituyen cosa juzgada, las sentencias violatorias de derechos
fundamentales. En este sentido cabría tener por cumplido en el presente caso el
requisito de certeza, que conforme a reiterada jurisprudencia debe
caracterizar los cargos de inconstitucionalidad, puesto que en verdad la
disposición demandada no contiene el mandato cuya ausencia reprocha la
accionante.
Es preciso en todo caso aclarar, frente al texto de la
sentencia C-185 de 2002 citado en precedencia, que cuando la Corte afirma
encontrar cumplido el segundo elemento configurativo de la omisión legislativa
relativa, se refiere simplemente al hecho de que, en efecto, la norma acusada
excluye la situación que la actora entiende constitucionalmente obligatoria, lo
cual para nada implica afirmar también, en este momento, que la inclusión de
ese aspecto “resulta esencial para
armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta”. Como ha quedado dicho, ese aspecto será dilucidado
más adelante, una vez se analice de fondo el planteamiento contenido en la
demanda.
4.2. Falta de justificación y de razón suficiente
frente a la exclusión normativa observada y presencia de un mandato
constitucional específico:
Al abordar este aspecto, y siguiendo un orden lógico, la
Sala se ocupará en primer lugar de analizar la existencia de uno o más mandatos
constitucionales concretos de los cuales pudiera derivarse la obligación
legislativa de considerar que no constituyen cosa juzgada aquellas sentencias
judiciales que de alguna manera resulten violatorias de derechos fundamentales.
Esto por cuanto, sólo en el caso de haberse acreditado la existencia de este
tipo de imperativos, tiene sentido especular sobre la eventual justificación a
su excepción o desatención.
Para ello, la Corte analiza a continuación el
argumento de fondo que sustenta el cargo propuesto en la demanda, que como se
recordará, descansa en la premisa de que, por exigencia de la Constitución Política,
y concretamente de los preceptos superiores que según el libelo se estiman
violados en este caso, no podrían hacer tránsito a cosa juzgada, como por regla
general ocurre conforme al artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, las
sentencias judiciales que sean violatorias de derechos fundamentales. Así las
cosas, se pregunta entonces la Sala si, en efecto, las disposiciones
constitucionales citadas en la demanda imponen la necesidad de considerar que a
tales decisiones no las acompañaría el efecto de cosa juzgada.
Para responder a este interrogante la Corte deberá
detenerse primero a considerar en relación con el efecto de cosa juzgada, entre
otros aspectos, en qué consiste dicho concepto, cuál es su finalidad y en qué
condiciones se produce. También examinará a partir de lo anterior, y de cara al
contenido del artículo 333 del código aquí demandado, bajo qué circunstancias y
con qué propósito la ley procesal suele exceptuar de esta consecuencia a
determinadas sentencias ejecutoriadas. La Sala pasa seguidamente al estudio de
esos aspectos.
4.2.1. Sobre el concepto de cosa juzgada, su finalidad
y su importancia constitucional.
En su sentido más simple, y según lo plantean de
manera concordante la doctrina y la jurisprudencia, tanto locales como
foráneas, la cosa juzgada es una cualidad inherente a las sentencias
ejecutoriadas, por la cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y
obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda
volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro
entre las mismas partes y que persiga igual objeto.
Sobre el propósito de esta institución, dijo la Corte
Constitucional en trascendental pronunciamiento:
“El fin primordial de este principio radica en impedir
que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias
adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado
mediante el fallo que reviste ese carácter, con total independencia de su
sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y
dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados
judiciales.” (Sentencia C-543 de 1992,
M. P. José Gregorio Hernández Galindo).
La cosa juzgada es una institución ampliamente
conocida y aceptada, más allá de las grandes diferencias existentes entre los
sistemas jurídicos de distintos Estados, que según lo explican las mismas
doctrina y jurisprudencia, responde a la necesidad social y política de
asegurar que las controversias llevadas a conocimiento de un juez tengan un
punto final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin
sobresaltos la decisión así alcanzada.
Se trata de un concepto muy antiguo, del cual se
encuentran vestigios incluso en el clásico Derecho Romano, si bien es necesario
reconocer que no siempre se le ha dado la misma trascendencia que modernamente
se le atribuye. De otra parte, la doctrina de varios países de Europa y
América, especialmente durante el Siglo XIX y las primeras décadas del XX,
discutió ampliamente sobre el concepto mismo de la cosa juzgada, así
como sobre su fundamento esencial. El debate se centró, por ejemplo, en si ella
encierra una presunción de verdad frente a los hechos debatidos en el
proceso, o si, dada la inevitable factibilidad del error judicial, es apenas
una ficción de verdad. También sobre si la autoridad que ella implica
proviene del juez que ha adoptado una determinada decisión, o de la ley que
establece esta consecuencia para aquellos pronunciamientos. En tiempos más
recientes se ha aceptado que, al margen de todas esas controversias doctrinales
no suficientemente zanjadas, sin perjuicio del diverso tratamiento legal, y con
la unánime advertencia sobre su carácter no absoluto, es esta una institución
de innegable conveniencia y gran trascendencia social, incorporada por la
generalidad de los sistemas jurídicos contemporáneos.
De otra parte, la cosa juzgada es un concepto
de común aplicación en las distintas áreas jurídicas[8]
y, tal como lo resaltaron varios de los intervinientes, su importancia es tal
que usualmente se afirma que si ella no existiera, el Estado de derecho
carecería por completo del efecto pacificador y de ordenación social que usualmente
se le atribuye, pues al no contar con una garantía clara de estabilidad de las
decisiones adoptadas por los jueces, los conflictos serían interminables e
irresolubles.
Como se ha dicho, la existencia de cosa juzgada
implica la imposibilidad de promover un nuevo proceso en el que se debata el
mismo tema ya decidido, siempre que se reúnan tres condiciones, que en la ley
colombiana se encuentran previstas en el artículo 332 del Código de
Procedimiento Civil, como son la identidad de partes, la identidad de objeto y
la identidad de causa.
El estudio de este concepto incluye, también en la
generalidad de los países que lo contemplan, la distinción entre la llamada
cosa jugada formal y la material. Mientras que la primera de
ellas implica simplemente la imposibilidad de reabrir el mismo proceso ya
concluido, pero no necesariamente la de iniciar uno nuevo, la segunda impide de
manera absoluta la iniciación de un nuevo trámite que respecto del concluido
presente las ya mencionadas tres identidades. Frente a la existencia de cosa
juzgada material, la efectividad de este mecanismo viene garantizada por la
posibilidad de que, si llegare a iniciarse un nuevo proceso que cumpla con
estas características, aquél podrá ser detenido in límine mediante la
proposición de la correspondiente excepción, denominada precisamente cosa
juzgada, cuya aceptación implica la terminación de aquel nuevo proceso.
Precisados el concepto y su propósito, debe resaltarse
que la jurisprudencia constitucional colombiana no ha sido indiferente a la
gran trascendencia de esta regla de derecho. Por el contrario, esta corporación
en la citada sentencia C-543 de 1992, relievó la sustancial importancia que el
principio de la cosa juzgada tiene para la convivencia social, y para el
logro y mantenimiento de un orden justo, fundamental aspiración de
nuestra comunidad política, y por ende del Estado colombiano, recogida tanto en
el preámbulo como en el artículo 2° de la Constitución Política.
En esa misma línea, también señaló en esa ocasión la
Corte, que si bien no existe un precepto constitucional específico que de
manera general consagre este principio[9], ello no significa que la
cosa juzgada esté ausente o sea un concepto extraño dentro de nuestro
sistema normativo superior. Por el contrario, resaltó que esta institución se
deriva, y es consecuencia directa, de varias otras importantes disposiciones
constitucionales, especialmente las que consagran la prevalencia del interés
general (art. 1°), el debido proceso (art. 29) y el acceso a la administración
de justicia (art. 229), todas las cuales podrían considerarse carentes de
sentido si los procesos iniciados y adelantados ante los jueces no tuvieran una
previsible y definitiva culminación, y las sentencias resultantes no fueran de
obligatorio acatamiento.
Algunos años después, al reiterar estas reflexiones
frente a un planteamiento cercano o semejante al que ahora ocupa a la Corte,
dijo también esta corporación, en sentencia
C-548 de 1997 (M. P. Carlos Gaviria Díaz):
“El fin específico del derecho es el determinar en sus
normas lo que a cada uno le corresponde como suyo, procurando evitar de esa
manera la existencia de permanentes conflictos entre las personas. Pero si
tales conflictos surgen, bien porque existe duda acerca de lo que se ha
asignado a cada parte o porque los receptores de la norma no la obedecen, el
fin del derecho es el de restablecer la paz social, dándoles solución a dichos
conflictos. Este último fin lo cumple el Estado a través de la función jurisdiccional,
cuyo efectivo ejercicio constituye garantía de la eficacia del derecho y de la
subsistencia misma del Estado.”
Más adelante, en la misma providencia se lee también:
“La firmeza de las decisiones es condición necesaria
para la seguridad jurídica. Si los litigios concluyen definitivamente un día, y
tanto las partes implicadas en él como el resto de la comunidad, tienen certeza
de que a partir de ese momento la decisión judicial es inalterable, el proceso
cumple un papel eficaz en la solución de los conflictos. Este es el sentido
de la cosa juzgada, en relación con la cual la Corte ha reconocido que hace
parte de las garantías del debido proceso, consagradas en el artículo 29 de la
Constitución, y está implícita en el concepto de administrar justicia.” (Negrillas no son del texto original).
Ahora bien, debe recordarse también en qué
circunstancias se genera el ya comentado efecto de cosa juzgada, aspecto
cuya regulación se encuentra, precisamente, en los artículos 332 y 333 del
Código de Procedimiento Civil.
La primera de estas dos normas traza en relación con
el tema una regla general, al establecer que tiene fuerza de cosa juzgada “la
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso”, de la
cual derivan tres importantes precisiones, a saber:
i)
que se atribuye este efecto a las sentencias,
que al decir del artículo 302 de la misma obra son “las que deciden sobre
las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de
previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien”, y no a
las restantes providencias, genéricamente conocidas como autos;
ii)
que debe tratarse de sentencias ejecutoriadas,
efecto que según enseña el artículo 331 ibídem se alcanza tres (3) días después
de su notificación cuando contra ellas no procede ningún recurso, cuando se han
vencido los términos correspondientes sin haberse interpuesto ninguno de los
recursos que procedían, o cuando se han decidido de fondo aquellos recursos que
se hubieren interpuesto;
iii)
que esas sentencias hayan sido
proferidas al término de un proceso contencioso, esto es, de los
que requiere que el juez decida entre dos o más intereses contrapuestos, pues contrario
sensu, no generan ese efecto las sentencias que ponen fin a procesos de
jurisdicción voluntaria.
Esta regla general, semejante a las establecidas en
otros sistemas jurídicos, obedece a que, conforme a los principios que inspiran
nuestro ordenamiento, siempre que concurran esos tres elementos es conveniente
y justificable que se genere el ya explicado efecto de cosa juzgada. Sin
embargo, esa regla general admite tanto adiciones[10]
como excepciones[11].
Por su parte, tal como también lo plantearon dentro de
este proceso varios de los intervinientes y el jefe del Ministerio Público, las
excepciones contempladas por la norma acusada responden al hecho de que, aun
cuando se reúnan los tres elementos a que se ha hecho referencia, por lo que en
todo caso habría cosa juzgada pero apenas formal, existen también
circunstancias que aconsejan, e incluso en algunos casos hacen imperativa, la
posibilidad de que el tema pueda ser nuevamente planteado ante los estrados
judiciales, lo que equivale a decir que no existe entonces cosa juzgada material.
Es esto, entonces, lo que ocurre, por ejemplo, frente
a los ya mencionados procesos de jurisdicción voluntaria, o cuando frente a
otro tipo de procesos, ha prosperado una excepción de carácter temporal, o el
trámite ha concluido con una decisión inhibitoria. En todos esos casos, la
aplicación inflexible del principio de cosa juzgada traería consigo una
inadmisible frustración del derecho de acceder a la administración de justicia,
consagrado en el artículo 229 superior, razón suficiente para considerar
necesarias tales excepciones.
Sobre este tema es pertinente resaltar que todas las
situaciones contempladas en el artículo 333 que aquí se analiza, son hechos
objetivos, sobre cuya ocurrencia fáctica no podrá caber duda o controversia, lo
que, frente al caso concreto, permite tener completa certeza sobre la
inexistencia de cosa juzgada. No podría ser de otro modo, ya que si la cosa
juzgada es una institución cuya intención es precisamente brindar seguridad
jurídica, no se comprendería que su presencia o ausencia estuviera sujeta a
discusión, incertidumbre, o a pareceres subjetivos.
Finalmente, es necesario anotar, que aún existiendo
cosa juzgada, y no concurriendo ninguna de las ya indicadas excepciones, ello
no obsta para que, por excepción, puedan intentarse otros específicos medios de
impugnación contra tales sentencias, principalmente el recurso
extraordinario de revisión[12], posibilidad que es
aceptada no sólo en Colombia, sino también en la generalidad de los países
cuyos sistemas jurídicos contemplan el concepto de cosa juzgada[13].
La finalidad de este recurso es normalmente brindar una posibilidad de reparar
el siempre factible error judicial, o las injusticias eventualmente contenidas
en sentencias ejecutoriadas, cuando con posterioridad a su firmeza se establece
con certeza la existencia de pruebas que no pudieron ser tenidas en cuenta, o
se desvirtúa, igualmente con certeza, el carácter demostrativo de aquellas con
base en las cuales se profirió la decisión.
También es del caso mencionar brevemente, pues este
aspecto será retomado más adelante, que la existencia de cosa juzgada tampoco
impide per se la interposición de la acción de tutela contra
providencias judiciales, cuando a ello hubiere lugar.
4.2.2. Sobre el alcance de los preceptos
constitucionales presuntamente infringidos que darían lugar a la omisión
legislativa relativa denunciada.
Como se recordará, la actora sostiene que por efecto
de los artículos 86, 4°, 29, 229 y 241
del texto superior, debe entenderse que las sentencias judiciales que vulneren
derechos fundamentales no hacen tránsito a cosa juzgada, en la medida en que al
considerar que sí tienen ese efecto, se obstruye la posibilidad de ejercer
contra ellas la acción de tutela, tal como lo ha aceptado la jurisprudencia de
esta corporación. Sobre esta premisa descansa la afirmación de que el artículo
333 del Código de Procedimiento Civil contiene una omisión legislativa
relativa, al no contemplar esa eventualidad como uno de los casos en que las
sentencias judiciales no generan el efecto de cosa juzgada.
Visto el desarrollo jurisprudencial existente en torno
a las omisiones legislativas relativas, al cual ya hubo ocasión de hacer
referencia, en este punto debe determinarse si, en efecto, las normas
superiores invocadas contienen mandatos específicos e imperativos de los cuales
resulte la necesidad de establecer que no harían tránsito a cosa juzgada las
sentencias que violen derechos fundamentales.
Al examinar las normas constitucionales presuntamente
infringidas se observa, en primer término, que el artículo 86 establece, con el
alcance de una regla general, que “toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces (…) la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Como
indudablemente los jueces y magistrados son autoridades públicas, la acción de
tutela resulta, en principio, procedente contra ellos.
El establecimiento de este amparo constitucional como
mecanismo garantizador de la vigencia de los derechos fundamentales ante la
eventual ausencia de otra acción legal específica es, por cierto, claramente
concordante con el contenido de los demás cánones superiores citados en la
demanda, esto es: el artículo 4° acerca de la prevalencia de las normas
constitucionales sobre todo otro precepto normativo; el 29 que garantiza la observancia
del debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas; el
229 que consagra el derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia, y el 241 que enumera las funciones y competencias de esta corporación
como máxima guardiana de la integridad de la Constitución Política.
De otra parte, como ya se dijo, pese a no existir en
la carta política una norma que específicamente se refiera a ella, la cosa
juzgada es una institución de clara estirpe constitucional, puesto que su
presencia contribuye de forma determinante  a dar sentido a importantes
principios de ese mismo carácter, entre ellos, los ya referidos derechos de
acceder a la administración de justicia y al debido proceso, así como a hacer
posibles otras caras aspiraciones del órgano Constituyente, como son la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
De esta manera, la cosa juzgada no puede
entenderse entonces como un obstáculo para la vigencia de los derechos
fundamentales, ya que por el contrario, su efecto es enteramente congruente y
complementario con el de ellos. De allí que no se encuentre, menos aún entre
las normas que en este caso se presentan como infringidas y a las cuales se
acaba de hacer referencia, mandato alguno que conduzca a la inaplicación de
esta regla, ni siquiera so pretexto de su pretendida oposición a la prevalencia
de los derechos fundamentales, ya que como se verá, la observancia de este
principio (la cosa juzgada) no constituye en realidad un obstáculo para la
efectiva protección de esos derechos.
4.2.3. El efecto de cosa juzgada no impide interponer
la acción de tutela contra decisiones judiciales que ostensiblemente violen
derechos fundamentales.
Conforme al planteamiento que la actora efectúa en su
libelo, la búsqueda de un precepto constitucional que excluya el efecto de cosa
juzgada frente a las sentencias violatorias de derechos fundamentales sólo
resulta relevante en la medida en que se considere que, en caso de concretarse
esa consecuencia, ello impide ventilar la posible vulneración de derechos
fundamentales por parte de las sentencias de las que se predica esa
consecuencia.
Sin embargo, en coincidencia con varios de los
ciudadanos intervinientes, resalta la Corte que, tanto como ocurre con el
recurso extraordinario de revisión[14] al cual hubo ya ocasión
de hacer referencia, en realidad el efecto de cosa juzgada que normalmente
acompaña a las sentencias judiciales, no impide la interposición de la acción
de tutela contra tales decisiones.
Ciertamente, desde el punto de vista estrictamente
conceptual, y en la posición mayoritariamente asumida por la Corte
Constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales puede ser
interpuesta y habrá de ser tramitada, siempre que se sustente que la
providencia así cuestionada genera vulneraciones a derechos fundamentales. Circunstancias
que no implican que en esos casos la tutela impetrada pueda o deba ser concedida,
pues ello dependerá de la plena y efectiva acreditación de los defectos
alegados.
Por ello, concluye la Corte que en realidad no existe
el pretendido mandato constitucional que conduciría a privar del efecto de cosa
juzgada a las sentencias posiblemente violatorias de los derechos
fundamentales.
4.2.4. Anotación final sobre la razonabilidad y
justificación de la omisión legislativa denunciada en la demanda.
Conforme a lo explicado en el punto 3 anterior, en el
que la Sala resumió y reiteró su jurisprudencia en torno a la omisión
legislativa relativa, debe indicarse que habiéndose descartado la existencia de
una norma constitucional que haga imperativa la regla propuesta por la
demandante, resulta inane lucubrar sobre los restantes elementos de aquélla,
como son la razonabilidad y/o la justificación de esa inexistente omisión.
Baste entonces señalar a este respecto que, si bien es
claro que la norma acusada no contiene el mandato que conforme al razonamiento
de la demandante sería necesario, ello resulta plenamente justificado, y por lo
mismo razonable, al considerar, no sólo la importancia constitucional del
principio de cosa juzgada, sino también el hecho de que, como ha quedado
suficientemente aclarado, esta circunstancia no impide la interposición de la
acción de tutela.
Así las cosas, la Corte considera que no concurren en
este caso los elementos necesarios para configurar la existencia de una omisión
legislativa relativa, según lo planteado por la actora en su demanda y en la
respectiva corrección.
4.3. El efecto de cosa juzgada de las sentencias
judiciales no vulnera el contenido de los preceptos constitucionales citados en
la demanda.
En armonía con lo previamente expuesto, debe resaltar la
Corte que si el efecto de cosa juzgada que por regla general (art. 332 del
Código de Procedimiento Civil) acompaña a las sentencias judiciales
ejecutoriadas proferidas al término de un proceso civil de carácter
contencioso, no es obstáculo para el eventual planteamiento de la acción de
tutela contra dichas providencias, esa regla de derecho y la ya analizada
ausencia de excepciones no entrañan vulneración alguna del artículo 86
constitucional.
Por las mismas razones, tampoco lesionan los mandatos
contenidos en los demás preceptos superiores citados en la demanda, como son el
artículo 4° sobre prevalencia de la Constitución sobre las demás normas
jurídicas, el 29 que consagra la garantía del debido proceso, el 229 que
garantiza el acceso a la administración de justicia, ni el 241 que establece
las funciones de esta corporación como guardiana de la integridad de la
Constitución.
Quedan así entonces plenamente desvirtuados los
planteamientos contenidos en la demanda sobre la eventual inconstitucionalidad
sobreviniente del artículo 333 del Código de Procedimiento Civil.
5. Conclusión
Agotado el análisis de los distintos aspectos
incluidos en el cargo único contenido en la demanda, y dado que ninguno de
ellos se abre paso, la Corte Constitucional declarará que el texto demandado
resulta exequible en relación con el cargo aquí estudiado.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
R E S U E L V E
DECLARAR
EXEQUIBLE, frente al cargo analizado,
el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil.
Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
Aclaración de voto
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ                MARIA VICTORIA CALLE CORREA             Magistrado                                                                       Magistrada
Ausente
con permiso.
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA               GABRIEL E. MENDOZA MARTELO
Magistrado                                                              Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                                              Magistrado
HUMBERTO
A. SIERRA PORTO                 JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado                                                              Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA C-522 DE 2009
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Recuento jurisprudencial de su improcedencia general
(Aclaración de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Recuento jurisprudencial de su procedencia
excepcional y restringida (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-7580
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 333
del Código de Procedimiento Civil (Decretos 1400 y 2019 de 1970).
Actor: R. Inés Jaramillo Murillo.
Magistrado Ponente:
Dr. Nilson Pinilla Pinilla
Habiendo sido aceptada y suscrita por
todos los integrantes de esta corporación la parte resolutiva y la mayoría de
la sustentación que como ponente les propuse, frente a la demanda relacionada
con la presunta omisión legislativa relativa en que habría incurrido el
legislador a partir del contenido del artículo 333 del Código de Procedimiento
Civil, con el debido respeto por las decisiones de la mayoría encuentro
necesario sustentar mi aclaración de voto, para dejar constancia de algunas
importantes reflexiones que en su momento hicieron parte de la motivación del
proyecto puesto a consideración de la Sala Plena, las cuales no fueron acogidas
por los demás Magistrados.
En efecto, en la correspondiente
ponencia propuse incorporar algunas consideraciones generales sobre la muy
restringida procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, que en mi
concepto contribuían a desvirtuar la existencia de la alegada omisión
legislativa. Sin embargo, los restantes integrantes de la Corte manifestaron su
mayor o menor discrepancia con esas reflexiones, además de no estimarlas
necesarias para arribar a la decisión.
Dado que, por el contrario, considero
que esos apartes constituyen un sustento adicional de la determinación
adoptada, me permito transcribirlos a continuación, además como testimonio de
mi permanente y renovado desacuerdo, muy respetuoso, con la posición asumida
por la mayoría de los Magistrados que tanto antes como ahora han hecho parte de
esta corporación, en cuanto a ampliar las eventualidades de procedencia de la
tutela frente a decisiones judiciales que pongan fin a un proceso, no obstante
el claro efecto de cosa juzgada derivado de la sentencia C-543 de 1992,
mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 11,
12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.
El texto de las consideraciones
omitidas es el siguiente:
Procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales.
Como es bien sabido, mediante la ya referida sentencia
C-543 de octubre 1° de 1992 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), esta
corporación declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto
2591 de 1991, normas que establecían las reglas relacionadas con el trámite de
tales acciones, pero que, vista la cardinal importancia del principio de cosa
juzgada (al cual ya se hizo referencia), así como otras consideraciones
relacionadas con la autonomía de los jueces y las condiciones de acceso a la
administración de justicia, fueron excluidas del ordenamiento jurídico. De esa
providencia se desprende claramente que, por regla general, no procede tutela
contra decisiones judiciales, salvo que se trata de una ostensible y grave “actuación
de hecho” perpetrada por el funcionario judicial, según se explicará en los
siguientes párrafos.
En ese pronunciamiento se estimó inviable el especial
amparo constitucional, entre otras razones, ante la existencia de
diligenciamientos reglados dentro de los cuales están previstos, al interior de
los distintos procesos judiciales, los mecanismos de protección de los derechos
fundamentales.
Al respecto, al estudiar el asunto frente al tema del “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, reconocido expresamente en
la Constitución Política, esta corporación determinó que el juez de tutela no
puede extender su decisión para resolver la cuestión litigiosa, obstaculizar el
desarrollo de diligencias ordenadas por el juez ordinario, ni modificar sus
providencias, o cambiar las formas propias de cada juicio, puesto que
ello sí violaría gravemente los principios constitucionales del debido proceso.
En la referida providencia se expuso (en el texto
original sólo está en negrilla “de hecho”, del primer párrafo que se
cita):
“Ahora bien, de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no
significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por
ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido
en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a
resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar
un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada
la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la
Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo
por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º
del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de
atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.
Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones
del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en
curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su
función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los
conceptos de autonomía e independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la
Carta), a los cuales ya se ha hecho referencia.
De ningún modo es admisible, entonces, que quien
resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de
resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación
con el derecho que allí se controvierte.
No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos
que interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez
de conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas, no solamente por
cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en
la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de
justicia (artículo 228 C. N.), sino porque, al cambiar inopinadamente las
reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio
(artículo 29 C. N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios
constitucionales del debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible
falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y
diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes
perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la
congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos
judiciales.
De las razones anteriores concluye la Corte que no
procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única
salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como
mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez
competente.”
Las razones tenidas en cuenta para apoyar esta
posición jurisprudencial se encuentran entonces consolidadas, con la fortaleza
inamovible que resulta de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 243
superior, a partir de la declaratoria de
inexequibilidad de los removidos artículos del Decreto 2591 de 1991, como
quiera que la parte resolutiva de dicha sentencia está protegida por la
garantía de la cosa juzgada constitucional, a la cual ya hubo ocasión de hacer
referencia, luego es de obligatoria observancia.
En sustento de esa decisión,
entre otras consideraciones convergentemente definitorias, se plasmó además lo
siguiente (sólo están en negrilla en el texto original las expresiones “alternativo”,
“último” y “único”):
“La acción de tutela no es, por
tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar
el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance
del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia,
que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún,
cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicional al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede
afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los
derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo
acreditan sus remotos orígenes.”
En relación con el mismo asunto,
y particularmente sobre el cumplimiento de una “función garantizadora del
derecho” a partir del proceso, agregó esa sentencia (no está en negrilla en
el texto original):
“Así, pues, no corresponde a las reglas de
hermenéutica ni se compadece con los principios de la lógica asumir que el
Constituyente de 1991 consagró la acción de tutela como medio de defensa contra
los resultados de los procesos que él mismo hizo indispensables en el artículo
29 de la Constitución para asegurar los derechos de todas las personas.
Debe entenderse, por el contrario, como lo ha entendido desde su instauración
el constitucionalismo, que los procesos han sido instituidos en guarda de la
justicia y la equidad, con el propósito de asegurar a los gobernados que el Estado
únicamente resolverá las controversias que entre ellos se susciten dentro de
límites clara y anticipadamente establecidos por la ley, con el objeto de
evitar los atropellos y las resoluciones arbitrarias, desde luego dentro de la
razonable concepción, hoy acogida en el artículo 228 de la Carta, sobre
prevalencia del derecho sustancial, cuyo sentido no consiste en eliminar los
procesos sino en impedir que el exagerado culto a las ritualidades desconozca
el contenido esencial y la teleología de las instituciones jurídicas.
Así concebido, el proceso cumple una función
garantizadora del Derecho y no al contrario, razón por la cual no puede
afirmarse que su efectiva aplicación ni la firmeza de las decisiones que con
base en él se adoptan tengan menor importancia para la protección de los
derechos constitucionales fundamentales que el instituto previsto en el
artículo 86 de la Constitución.”
De la misma providencia C-543 de 1992, refréndase que “si
la tutela es un mecanismo subsidiario o supletorio, según queda demostrado, es
clara su improcedencia cuando ya se han producido no sólo un proceso, en el
cual se encuentran comprendidos todos los recursos y medios judiciales que
autoriza la ley, sino también una providencia definitiva que puso fin al mismo”.
Igualmente, con fundamento en que el Constituyente
estableció jurisdicciones autónomas y separadas cuyo funcionamiento ha de ser
desconcentrado, esa sentencia puntualizó que “no encaja dentro de la
preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de
actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito
que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la
contencioso administrativa a  fin de resolver puntos de derecho que están o
estuvieron al cuidado de éstas” (no está en negrilla en los textos
originales).
Entonces, según resulta del contenido del artículo 86
constitucional, y de su armonización con los demás preceptos pertinentes, no
procede la tutela contra los jueces de la República en los casos en que la
presunta vulneración de derechos fundamentales provenga del contenido de las
providencias que aquéllos hubieren dictado en ejercicio de sus facultades. Como
ha quedado claro, en esos casos, vista la existencia de medios de impugnación y
defensa al interior de los distintos procesos, y en resguardo de la autonomía
judicial y de la seguridad jurídica cuya preservación conviene al interés
general, por regla general no es procedente la acción de tutela.
Ahora bien, a partir de algunas manifestaciones que la
propia Corte incluyó dentro de esa providencia, entre ellas el ya aludido
reconocimiento de que los jueces de la República tienen el carácter de
autoridades públicas, y pueden incurrir en “actuaciones” de hecho, fue
dándose origen a la doctrina de la vía de hecho, a partir de la cual, de
forma muy excepcional, se permite el uso de la acción de tutela para cuestionar
aquellas “decisiones” que por contrariar de manera grave, flagrante y
grosera el ordenamiento constitucional, no puedan en realidad reputarse como
verdaderos pronunciamientos judiciales.
Sobre este tema expresó la Corte en la sentencia T-173
de 1993 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo), uno de los primeros fallos de
revisión de tutela en los que se planteó esa doctrina (está en negrilla en el
texto original):
“Las actuaciones judiciales cuya ostensible desviación
del ordenamiento jurídico las convierte -pese a su forma- en verdaderas vías
de hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter de providencias
para los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el
ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la
intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez.
La doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha
establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales
-que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al
ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen,
dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos
por el ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo
la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia
quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía
que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los
derechos básicos de las personas.”
Esta radical diferencia que determina la procedencia o
no de la acción de tutela contra providencias judiciales, fue reiterada por
esta corporación en decisiones posteriores, destacándose entre ellas la
sentencia T-231 de 1994 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual, en directa
consonancia con lo anterior, se expuso (se encuentra en negrilla en el
original):
"Para que la tutela contra una actuación judicial
reputada como vía de hecho pueda discernirse no es suficiente endilgarle a la
actuación judicial demandada errores y deficiencias en la apreciación de los
hechos o en la aplicación del derecho, pues aún existiendo no por ello la
providencia se constituye en vía de hecho. Se requiere, como se ha expuesto,
que la providencia adolezca de un defecto absoluto -estimado, claro
está, no de manera formal sino material- de sustentación fáctica o jurídica que
repercuta en la violación de un derecho fundamental, amén de que se reúnan las
condiciones señaladas para su procedibilidad.”
Así pues, siendo claro e indiscutible que también los
administradores de justicia deben respeto a la Constitución y a las leyes, más
aún en el ejercicio de sus competencias, no le es dado al juez de tutela asumir
asuntos asignados a otras jurisdicciones, como la ordinaria y la
contencioso-administrativa.
Sobre este tema, en la jurisprudencia de esta
corporación se ha venido desarrollando así, desde 1993 hasta sus más recientes
pronunciamientos, la noción de la vía de hecho[15],
al igual que, especialmente en los últimos años, la acomodaticia concepción de
algunos de los requisitos generales de procedencia y, sobre todo, las causales
especiales de procedibilidad, siendo necesario mantener y reiterar la
esencia de esa excepcionalísima posibilidad, de tal forma que para que prospere
la acción de tutela contra providencias judiciales deberá tratarse de una
trascendente actuación, colosalmente arbitraria y ostensiblemente opuesta al
ordenamiento jurídico, que implique vulneración grave de derechos fundamentales,
al punto de requerirse la intervención del juez de tutela como única vía
posible para su restablecimiento.
En esa misma línea, la Corte ha realzado que la
circunstancia de que el juez de tutela pueda, por rigurosa excepción, revisar
una decisión judicial tildada de arbitraria, no lo convierte en juez de
instancia, ni puede llevarle a sustituir a quien lo es. En efecto, el amparo
constitucional constituye una confrontación de la actuación judicial con el
texto superior, para la estricta verificación del cumplimiento y garantía de
los derechos fundamentales, que no puede conducir a que se imponga una
interpretación de la ley o una particular forma de apreciación probatoria, que
se considere más acertada a la razonadamente expuesta en el proceso y en la
sentencia respectiva[16].
También es importante considerar que si bien la
jurisprudencia constitucional ha paulatinamente admitido la excepcionalísima
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pese a la
claridad y al efecto de cosa juzgada (art. 243 Const.) que es inmanente a las
decisiones contenidas en la sentencia C-543 de 1992 a la que repetidamente se
ha hecho referencia, no sería menos pertinente ni valedero tomar en cuenta
también los parámetros de racionalidad dentro de los cuales el legislador
extraordinario de 1991 quiso enmarcar la procedencia de esta acción. En este sentido
es necesario entonces evocar el contenido del inciso final del parágrafo 1° del
artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que por esa decisión fue declarado
inexequible: “La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de
la ley ni para controvertir pruebas.”
De otra parte, la sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime
Córdoba Triviño) circunscrita al estudio y declaración de inexequibilidad de un
segmento normativo de la Ley 906 de 2004, artículo 185, que conducía a la proscripción
de la acción de tutela contra las sentencias de casación penal, contiene
también importantes reflexiones, muy pertinentes al propósito de acotar el
ámbito estrictamente excepcional dentro del cual es constitucionalmente
admisible la tutela contra decisiones judiciales. Sobre el tema expuso en esa
ocasión esta corporación, además de reafirmar categóricamente que “no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho
legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de
instancia” (no se encuentra en negrilla en el texto original):
“Desde luego, una comprensión de la Constitución como
sistema normativo plantea la necesidad de armonizar la procedencia de la acción
de tutela contra ese tipo de pronunciamientos con principios constitucionales
como el de seguridad jurídica, con la distribución superior de competencias y
con otros principios específicos de la jurisdicción, también de índole
constitucional, como los de autonomía e independencia.
De ese modo, si se equilibran, por una parte, la
índole constitucional de la acción de tutela como mecanismo diseñado por el
propio constituyente para la protección de los derechos fundamentales, con, por
otra parte, los demás principios constitucionales y con los fundamentos
superiores de la administración de justicia, la conclusión a la que se arriba
es que la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones tomadas por
la jurisdicción debe ser excepcional, es decir, debe limitarse a aquellos casos
que efectivamente configuren una lesión o una puesta en peligro de derechos
fundamentales. Sobre este punto, ese es el alcance de la Carta Política de 1991
y de esa manera ha sido interpretada por esta Corporación.”
Más adelante, en el precitado
pronunciamiento se indicó:
“… el panorama es claro, ya que como regla general
la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales y esto por
varios motivos. Entre ellos, en primer lugar, el hecho que las sentencias
judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de
los derechos fundamentales proferidos por funcionarios profesionalmente formados
para aplicar la Constitución y la ley; en segundo lugar, el valor de
cosa juzgada de las sentencias a través de las cuales se resuelven las
controversias planteadas ante ellos y la garantía del principio de seguridad
jurídica y, en tercer lugar, la autonomía e independencia que
caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente a un
régimen democrático.”
Dentro de la misma línea, señaló la Corte
en esa providencia:
“Ahora, la intervención del juez constitucional en los
distintos procesos es únicamente para efectos de proteger los derechos
fundamentales afectados. Al respecto en reiterada jurisprudencia la Corte
Constitucional ha señalado que la función del juez constitucional no es la
de reemplazar al juez de la causa ni la de crear incertidumbre a la hora de
definir el sentido del derecho. Muy por el contrario, el juez
constitucional debe tener particular cuidado a la hora de evaluar si una
determinada decisión judicial vulnera los derechos fundamentales de una de las
partes.
En ese sentido, los fundamentos de una decisión de
tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo
que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no
comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho
legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un
mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos
fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se
encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y
coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos
fundamentales a los distintos ámbitos del derecho.”
Es sin embargo palmario que la citada sentencia C-590
de 2005, cuya decisión en todo caso gravita exclusivamente sobre la procedencia
de la acción de tutela contra sentencias de casación penal[17],
no podía de manera alguna variar el inexorable sentido de la sentencia C-543 de
1992, élla sí específica sobre el reglamento de la acción constitucional de
tutela y contundente al declarar inexequibles los artículos 11, 12 y 40 de tal
reglamento, expedido por el Presidente de la República observando el trámite
ante la Comisión Especial creada por expreso mandato constitucional (arts. 5° y
6 transitorios Const.).
Encuentra claro la Corte Constitucional que la
expresión “involucran la superación del concepto de vía de hecho y la
admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si
bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”, contenida en la
comentada sentencia C-590 de 2005 (literal i de la consideración 25), no ha de
conducir a que se quebrante la intangible disposición del inciso 1° del
artículo 243 de la Constitución.
De esta manera, tal manifestación incidental no puede
ser entendida y menos aplicada sin el debido acatamiento y armonización con lo
previamente determinado en la sentencia C-543 de 1992, en la cual se concluyó,
en los términos antes transcritos y allí sí como ratio decidendi, que
las decisiones judiciales no pueden ser objeto de la acción de tutela, salvo
que constituyan graves y protuberantes “actuaciones de hecho”.
Por ello, el entendimiento de los requisitos
generales de procedencia y mayormente las causales especiales de
procedibilidad, sólo pueden pasar de constituir una plausible enumeración
de factores que permiten organizar o canalizar una impugnación común, a la
altura de catalogar los requisitos de viabilidad de la acción de tutela contra
una decisión judicial, cuando ésta, eventualmente en alguno de los ámbitos así
relacionados, realmente constituya una flagrante y grosera conculcación del
ordenamiento jurídico, esto es, una atrocidad disfrazada de providencia.
Recapitulando, merece también especial atención el
planteamiento de la Corte Constitucional en cuanto a la labor específica del
juez de tutela, en punto a que no puede desconocer “los conceptos y
principios de autonomía, independencia de los jueces, acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica y vigencia del Estado social de
derecho”[18]. Es entonces desde las
rigurosas perspectivas expuestas en precedencia que el juez constitucional debe
avocar el análisis cuando quiera que se plantee por parte de quienes acudieron
a un proceso judicial ordinario, la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales
como resultado de providencias entonces proferidas.
Así las cosas, en recto acatamiento de lo decidido por
esta corporación en la sentencia C-543 de 1992, reitera la Corte que por regla
general no procede la tutela contra sentencias judiciales, principio que sin
duda se sustenta, entre otras importantes razones, en el efecto de cosa
juzgada, que conforme a las normas procesales antes comentadas, es
inherente a tales pronunciamientos.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] Menciona la sentencia C-1052 de 2001 (M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[2] Cita particularmente la sentencia C-185 de 2002 (M. P. Rodrigo Escobar
Gil).
[3] Cita la sentencia T-070 de 2007 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[4] Cfr. sobre el tema de la omisión legislativa, sólo entre los
pronunciamientos de los años más recientes, las sentencias C-562 y C-865 de
2004,  C-800, C-823 y C-1154 de 2005,  C-891A de 2006,  C-208, C-394, C-831 y
C-1004 de 2007, C-463, C-540 y C-542 de 2008 y C-314 de 2009.
[5] Sobre omisión legislativa absoluta ver las sentencias C-543 de
1996 (M. P. Carlos Gaviria Díaz), C-780 de 2003 (M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), C-1154 de 2005 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y C-542 de 2008 (M.
P. Jaime Córdoba Triviño).
[6] Sobre omisión relativa ver, entre otras, las sentencias C-823 de 2005 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), C-185 de 2002, C-891A de
2006 y C-208 de 2007 (en todas M. P. Rodrigo Escobar Gil), C-394 de 2007 (M. P.
Humberto Antonio Sierra Porto) y C-463 de 2008 (M. P. Jaime Araújo Rentería).
[7] Esta situación es la que se presenta, entre otros, en los casos que
dieron lugar a las sentencias C-1549 de 2000 (M. P. Martha V. Sáchica Méndez),
C-562 de 2004 (M. P. Jaime Araújo Rentería), C-865 de 2004 y C-891A  de 2006
(en ambas M. P. Rodrigo Escobar Gil), C-831 de 2007 y C-542 de 2008 (en ambas
M. P. Jaime Córdoba Triviño), y C-540 de 2008 (M. P. Humberto Sierra Porto).
[8] En el derecho colombiano la cosa juzgada ha sido regulada por
los artículos 332 y 333 del Código de Procedimiento Civil (este último aquí
parcialmente demandado) y por el artículo 175 del Código Contencioso
Administrativo. También existen referencias a ella, entre otros, en los
artículos 32, 77, 78 y 140 del Código Procesal del Trabajo y en los artículos
21 y 80 del más reciente Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). En
este último caso la cosa juzgada se encuentra íntimamente ligada a la
garantía del non bis in ídem (no ser juzgado dos veces por el mismo
hecho), contenida en el artículo 29 de la Constitución Política.
[9] La Corte hizo entonces mención al artículo 243 de la
Constitución Política, relacionado con la cosa juzgada constitucional. Como es
natural, este tema ha sido objeto de amplio desarrollo en la jurisprudencia de esta
corporación, entre otras en las sentencias C-774 de 2001, C-477, C-627 y
C-1151, todas estas de 2003,
[10] La Corte se refiere a aquellas situaciones específicas,
normalmente medios alternativos de solución de controversias o formas anormales
de terminación de un proceso, a las que la Ley, bajo similares consideraciones
de conveniencia social, de manera expresa les atribuye ese mismo efecto de cosa
juzgada. Entre las primeras puede mencionarse los laudos arbitrales y las
decisiones de los amigables componedores, entre las segundas el desistimiento y
la perención, esta última recientemente reemplazada por el llamado
desistimiento tácito (Ley 1194 de 2008), y entre las que tienen ambas
implicaciones, la transacción y la conciliación.
[11] Principalmente las del artículo 333 del Código de Procedimiento
Civil, aquí parcialmente acusado.
[12] En Colombia el recurso extraordinario de revisión está previsto
en todos los distintos regímenes procesales, a saber: En el Código de
Procedimiento Civil (arts. 379 a 385), en el Código Contencioso Administrativo
(arts. 185 a 193), en el Código Procesal Laboral (art. 62), y en el más
reciente Código de Procedimiento Penal (arts. 192 a 199 de la Ley 906 de 2004).
La Corte Constitucional ha analizado la relación entre el principio de cosa
juzgada y este recurso extraordinario en varios pronunciamientos, destacándose
entre ellos las sentencias C-004 de 2003 (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet) y
C-871 de 2003 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández).
[13] Nuestro sistema jurídico contempla también otros recursos
extraordinarios, especialmente el de casación, aplicable en las tres ramas de
la jurisdicción ordinaria, sin embargo, las sentencias contra las cuales se
interpone no necesariamente han hecho tránsito a cosa juzgada. También existe
el recurso de anulación contra laudos arbitrales, los cuales sí han hecho
tránsito a cosa juzgada al momento de interponerse este recurso.
[14] Denominado “acción de revisión” en el procedimiento penal.
[15] La Corte Constitucional ha abordado el tema de la tutela contra
providencias judiciales en un gran número de pronunciamientos, pudiendo
destacarse entre muchas otras las sentencias T-079 y T-173 de 1993, T-231 de 1994,
T-492 y T-518 de 1995, T-008 de 1998, T-260 de 1999, T-1072 de 2000, T-1009 y
SU-1184 de 2001, SU-132 y SU-159 de 2002; T-481, C-590 y SU-881 de 2005; T-088,
T-196, T-332, T-539, T-590, T-591, T-643, T-780 y T-840 de 2006; T-001, T-147,
T-247, T-364, T-502A, T-680, T-794, T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240,
T-350, T-402, T-417, T-436, T-831, T-871, T-891, T-925, T-945, T-1029 y T-1263
de 2008; T-093, T-095, T-199 y T-249 de 2009.
[16] Cfr. sobre este tema, entre muchas otras, las sentencias T-008 de
1998, T-357 de 2005 y T-952 de 2006.
[17] Declaró inexequible la expresión “ni acción” del artículo 185
de la Ley 906 de 2004.
[18] Sentencia T-518 de 1995 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), citada en la
T-1036 de 2002 (M. P. Eduardo Montealegre Lynett).