T-243-98
Sentencia T-243/98
Sentencia
T-243/98
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-No
remuneración de servidor público encargado por ausencia temporal
REGIMEN DE
ENCARGO-No retribución
salarial del cargo transitoriamente desempeñado/DERECHO A LA
REMUNERACION/PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Pago de salarios por la
administración
Ya que no es
posible por prohibición legal que se retribuya el servicio con la asignación
salarial del cargo transitoriamente desempeñado, en guarda del derecho
constitucional a la remuneración y de la prevalencia del Derecho sustancial
sobre pretextos procedimentales secundarios, como lo es en este caso el
obstáculo de la licencia, debe la Administración pagar el salario
correspondiente al empleo que la actora venía ejerciendo en propiedad. Sostener
lo contrario sería tanto como patrocinar una injusticia, y no sólo eso, sino
una flagrante vulneración de las garantías constitucionales, en cuanto, según
los hechos, es imposible desconocer que la demandante prestó sus servicios a la
Rama Judicial durante los señalados lapsos.
DERECHO AL
TRABAJO-Derecho
irrenunciable a ser recompensado proporcionalmente al servicio prestado
El derecho al
trabajo lleva implícito el derecho irrenunciable a ser recompensado de manera
proporcional al servicio que se presta. Es decir, el trabajador devenga desde
la iniciación misma de sus labores y tiene derecho a la totalidad de su
asignación, computando todo el tiempo de sus servicios, desde el primero y
hasta el último día de ellos, sin perjuicio de las prestaciones respectivas,
aun en los casos en los que no se ha formalizado su vinculación, si prueba que
en efecto trabajó. El derecho a una remuneración por la labor cumplida está constitucionalmente
garantizado.
PRINCIPIO A
TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL-Excepción
en los encargos del sector público
PRINCIPIO DE
PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS POR SUJETOS DE
RELACIONES LABORALES
CONSTITUCION
POLITICA-Aplicación de la
ley conforme a los mandatos superiores
Con arreglo al
artículo 4 de la Constitución, que es norma de normas, quienes tienen la
atribución de aplicar las de la ley deben buscar, propiciar y preferir la
interpretación y aplicación de éstas que mejor se ajusten a los mandatos
superiores y procurar en todo caso, con mayor razón, que, en caso de duda, el
entendimiento seleccionado no implique pugna o ruptura con el sistema jurídico
que la Carta Política instaura.
DERECHO A LA
REMUNERACION-Racionalización
del gasto público no puede afectarlo
La
racionalización del gasto público no puede conducir a la solución injusta en
virtud de la cual una persona que ha prestado sus servicios a la Rama Judicial
carezca en absoluto del derecho a una remuneración.
DERECHO A LA
REMUNERACION-Protección
por tutela
REGIMEN DE
ENCARGO-Solicitud de
licencia no remunerada para su ejercicio
Referencia:
Expediente T-153231
Acción de tutela
instaurada por Nelly de Jesús Mena Murillo contra el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial de Santa
Fe de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Aprobada en Santa Fe
de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de mayo de mil novecientos
noventa y ocho (1998).
Se revisa el fallo
proferido en el asunto de la referencia por el Juzgado 15 Laboral del Circuito
del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
NELLY DE JESUS MENA
MURILLO instauró acción de tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Santa Fe de
Bogotá, por estimar violados sus derechos a la igualdad y al trabajo, así como
el de petición.
Relató la demandante
que actualmente se desempeña como Juez Regional, y que la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia la eligió para ocupar el cargo de Magistrada del
Tribunal Nacional en los períodos comprendidos entre el 8 de enero y el 1 de
febrero, y del 3 al 24 de febrero de 1997, para reemplazar temporalmente  al
Dr. Gilberto Cortés Nomeling, a quien para el primero de los mencionados lapsos
se le había concedido una comisión de servicios, y en el segundo período había
tomado sus vacaciones.
Alegó la actora que,
a pesar de haber ocupado dicho cargo durante los señalados lapsos, la Pagaduría
de la Rama Judicial en Santa Fe de Bogotá se había negado a cancelarle el
salario correspondiente. Dijo la peticionaria que inicialmente esa oficina
adujo como pretexto para el no pago el hecho de estar a la espera de una
resolución del Consejo Superior de la Judicatura, y que luego aquella
dependencia se amparó en la prohibición establecida en el inciso 1 del artículo
18 de la Ley 344 de 1996, "sin tener en cuenta la salvedad contenida en el
citado canon, que le ordena al ente pagador realizar las gestiones pertinentes
para la disponibilidad presupuestal, máxime si el funcionario anualmente tiene
derecho al disfrute de sus vacaciones, no sólo en el sistema de las vacaciones
colectivas, sino en el régimen de las individuales, como en el presente
caso".
La funcionaria
resaltó que su nombramiento en encargo como magistrada en el primero de los
citados períodos se había producido el 12 de diciembre de 1996, y que la Ley
344 sólo entró a regir el 31 de diciembre del mismo año.
Aseveró que en
reiteradas oportunidades había solicitado a las direcciones ejecutivas de
Administración Judicial de Santa Fe de Bogotá y de Medellín la cancelación de
los sueldos correspondientes al tiempo en que ocupó el cargo de Magistrada,
pero que no obtuvo respuesta positiva, motivo por el cual pidió que por lo
menos le cancelaran el salario como Juez, en la medida en que laboró durante
los períodos señalados y no recibió remuneración alguna pues "de proseguir
la situación, entraría a vigencias expiradas".
Cabe anotar que,
según consta en el expediente (folio 14), a la peticionaria se le concedieron
licencias no remuneradas para que pudiera desempeñarse como Magistrada del
Tribunal Nacional en las fechas comprendidas entre el 8 de enero y el 1 de
febrero de 1997, y del 3 al 24 de febrero del mismo año.
La Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial -Unidad de Recursos Humanos, División de
Asuntos Laborales-, mediante oficio del 5 de junio de 1997, adujo que no se le
podía pagar a la solicitante la remuneración correspondiente a magistrado de
tribunal, toda vez que el artículo 18 de la Ley 344 de 1996 "consagra la
prohibición de pagar al servidor público que sea encargado transitoriamente por
ausencia temporal del titular, de un empleo diferente para el cual fue
nombrado, la remuneración que corresponda a dicho empleo cuando el titular la
continúe devengando", como en este caso efectivamente ocurrió.
En dicho oficio se
afirmó que como la peticionaria tomó posesión del cargo el 8 de enero de 1997,
el artículo 18 de la Ley 244 de 1996 debe aplicarse al caso en cuestión, ya que
ella empezó a regir el 31 de diciembre de 1996. Por último, se expresó que
"respecto a la solicitud de cancelar el salario de esas fechas como juez,
se están adelantando diligencias en coordinación con la seccional de
Administración Judicial de Antioquia para establecer la viabilidad del aludido
pago".
Por su parte, la
Unidad de Presupuesto de la Dirección Seccional de la Rama Judicial en
Antioquia, mediante oficio del 2 de septiembre de 1997 solicitó al Director de
la Unidad Administrativa de Asuntos Laborales de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que realizara los trámites, "con el fin asignar la
partida para el pago del encargo efectuado por la Doctora Mena como Magistrada
del Tribunal Nacional, del cual tomó posesión el 8 de enero de 1997, fecha en
la que comenzó a disfrutar de licencia no remunerada como Juez Regional, cargo
para el cual fue designado por la Corporación el respectivo reemplazo".
En cuanto atañe a la
solicitud de pago del salario como Juez Regional, estimó dicha oficina que no
podía prosperar esa pretensión, ya que "no es procedente efectuar un doble
pago en este cargo, ya que fue reemplazada en razón de su licencia".
En el curso del
proceso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó un informe en el
cual alegó la improcedencia de la tutela, ya que ejecución presupuestal
"hace parte de una función esencialmente administrativa  que, por su misma
naturaleza, requiere de la apreciación y evaluación por parte del ejecutivo en
cuanto a las prioridades de los gastos e inversiones y en relación con el
momento propicio para acometer obras específicas" y resaltó que la
inclusión de una partida dentro del presupuesto, no conduce a la
"exigibilidad inmediata de su ejecución, pues ésta depende, además, de la
disponibilidad efectiva de los recursos de tesorería destinados a la
satisfacción de la necesidad de que se trata y se halla sujeta a las
prioridades que establezcan la Constitución y la ley, o a las que, en uso de
sus atribuciones, la propia administración haya fijado".
A su vez, el
Director de la División de Asuntos Laborales -Unidad de Recursos Humanos- de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó un informe al juez de
instancia en el cual aseveró:
"Al estudiar el
contenido de la norma antes transcrita -artículo 18 de la Ley 344 de 1996-,
frente a los antecedentes señalados, se observa que si bien es cierto la
doctora prestó sus servicios como Magistrada del Tribunal Nacional durante el
tiempo comprendido entre el 8 de enero al 1 de febrero , por comisión de
servicios concedida al titular y del 3 de febrero al 24 de febrero del presente
año por encontrarse en vacaciones el titular, también lo es que no sería viable
reconocer salarios en calidad de Magistrada, por configurarse los elementos que
constituyen la prohibición establecida en la citada Ley, como son que se trata
de una servidora pública y que durante el término que se llevó a cabo el
encargo, el titular del cargo, estaba percibiendo la remuneración
correspondiente. Adicionándose el hecho que cuando la doctora MENA MURILLO tomó
posesión  por primera vez el 8 de enero del presente año, la Ley en mención
estaba vigente.
Igualmente, es
importante destacar que a la doctora MENA MURILLO se le concedió licencia no
remunerada como Juez Regional de Medellín durante los períodos ya señalados,
habiendo sido remplazada en encargo por el doctor JHON ELKIN MEJIA,
significando que durante el encargo efectuado por el doctor MEJIA éste percibió
la remuneración como Juez Regional" (Ver folios 61 y 62 del expediente).
II. LA
PROVIDENCIA OBJETO DE REVISION
El Juzgado 15
Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá mediante fallo del 26 de noviembre
de 1997 declaró improcedente la acción de tutela incoada. En su criterio, la
accionante podía instaurar "las acciones ejecutivas pertinentes, las
acciones derivadas de la Ley 393 de 1997 o de la jurisdicción coactiva, ya que
tratándose de un derecho cierto (salarios), bastaría con hacerlo efectivo por
una de estas vías para obtener de manera compulsiva la orden que obligue a
satisfacer su pago a quien adquirió ese compromiso".
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es
competente para revisar el fallo en referencia, de conformidad con lo previsto
por la Constitución Política (artículos 86 y 241), y por el Decreto 2591 de
1991.
2. La cosa
juzgada constitucional. El régimen de encargos. El derecho irrenunciable a
percibir una remuneración
En el presente caso
se trata de determinar si las decisiones adoptadas por las autoridades
demandadas, al haber negado el pago del salario a la peticionaria, han
desconocido su derecho al trabajo. Antes que todo se tendrá que dilucidar si la
Juez Regional, por el hecho de haber reemplazado transitoriamente a un
Magistrado del Tribunal Nacional, tiene o no derecho a percibir una
remuneración y, en dado caso, cuál es el salario que le corresponde.
En primer lugar debe
tenerse en cuenta que el artículo 18 de la Ley 344 de 1996, cuyo objetivo es
lograr la racionalización del gasto público, establece la siguiente
prohibición:
"Artículo
18.- Los servidores
públicos que sean encargados, por ausencia temporal del titular, para asumir
empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, no tendrán
derecho al pago de la remuneración señalada para el empleo que se desempeña
temporalmente, mientras su titular la esté devengando.
Ninguna entidad
territorial u organismo del Estado podrá encargar provisionalmente a servidor
público alguno para ocupar cargos de mayor jerarquía sin la disponibilidad
presupuestal correspondiente. El funcionario que contravenga lo dispuesto en
este inciso incurrirá en falta disciplinaria y será responsable civilmente por
los efectos del mismo" (Se subraya).
La mencionada norma
fue declarada exequible por esta Corporación, mediante Sentencia C-428 del 4 de
septiembre de 1997. Estimó la Corte que la disposición acusada es
"eminentemente transitoria y, por tanto, coyuntural, a la cual no cabe
aplicar el principio de 'a trabajo igual salario igual', pues si bien es
cierto que el servidor encargado de asumir transitoriamente las funciones
propias de un cargo, por ausencia temporal del titular, éste debe desempeñar
dichas funciones durante un lapso, generalmente corto, no por ello asume la
totalidad de las prerrogativas, preeminencias y responsabilidades que
corresponden al titular..." (se subraya).
Así, pues, según los
términos de la ley -que en su oportunidad fue objeto de juicio constitucional
ante este Tribunal, y cuya decisión hizo tránsito a cosa juzgada
constitucional, con efectos erga omnes-, la demandante no tiene derecho a
percibir la remuneración correspondiente al cargo de Magistrado del Tribunal
Nacional.
Ahora bien, lo que
la norma legal no prohibe es que la funcionaria reciba el salario que venía
devengando como Juez Regional.
Es necesario tener
en cuenta que para poder asumir el cargo de Magistrada del Tribunal Nacional,
la peticionaria se vio obligada a retirarse temporalmente de sus labores como
Juez Regional pues, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones, no podía ser
al mismo tiempo juez de primera y de segunda instancia. Por ello la demandante
pidió una licencia no remunerada -y no la licencia remunerada que está prevista
en el artículo 135 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia para los
casos de "incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo o por el hecho
de la maternidad"-.
Cosa muy distinta
habría ocurrido si en lugar de haber sido nombrada en encargo, a la funcionaria
se le hubiera nombrado provisionalmente, de conformidad con lo señalado en el
artículo 132, numeral 2, pues en tal caso, según lo dispone el inciso segundo
del artículo 18 de la Ley 344, la peticionaria habría tenido derecho a devengar
el salario correspondiente al cargo que había ocupado provisionalmente, siempre
y cuando hubiera existido disponibilidad presupuestal.
Pero lo cierto es
que en el presente evento se hizo uso de la figura del encargo, motivo por el
cual debe darse aplicación a la prohibición contenida en el artículo 18, inciso
1, de la Ley 344 de 1996.
De esta forma,
aunque resulta evidente que uno de los propósitos de la demandante al haber
pedido una licencia no remunerada era el de devengar el sueldo correspondiente
al cargo de Magistrado, no puede pasar desapercibido ante la Corte que, sin
perjuicio de aplicar el aludido precepto legal, la Juez debía separarse de su
cargo; que no podía hacerlo a través de una licencia remunerada porque la Ley
Estatutaria no la prevé sino para los casos antes indicados; y que, en todo
caso, tenía y tiene el derecho a la remuneración por su trabajo.
De todo lo anterior
se deduce que, desde el principio, la administración sabía que la licencia no
remunerada se había concedido con la única finalidad -que era a la vez su causa
jurídica- de que la funcionaria desempeñara otro cargo dentro de la rama judicial,
que de todas maneras se le debía remunerar.
Pese a ello, ya que
no es posible por prohibición legal que se retribuya el servicio con la
asignación salarial del cargo transitoriamente desempeñado, en guarda del
derecho constitucional a la remuneración y de la prevalencia del Derecho
sustancial sobre pretextos procedimentales secundarios, como lo es en este caso
el obstáculo de la licencia, debe la Administración pagar el salario
correspondiente al empleo que la actora venía ejerciendo en propiedad.
Sostener lo
contrario sería tanto como patrocinar una injusticia, y no sólo eso, sino una
flagrante vulneración de las garantías constitucionales de la peticionaria, en
cuanto, según los hechos, es imposible desconocer que la demandante prestó sus
servicios a la Rama Judicial durante los señalados lapsos.
En otros términos,
la causa de la licencia pedida por la actora no era otra distinta de su
libertad para percibir la remuneración más alta, dando lugar a que quien la
reemplazara temporalmente recibiera la suya. Y, ante el hecho de que la norma
legal hoy en vigor (artículo 18 de la Ley 344 de 1996) prohibió que los
salarios de los encargados se cancelen en el ciento por ciento de los niveles
devengados por los titulares mientras éstos los sigan percibiendo, tal causa
quedó frustrada por no poderse cumplir. La licencia concedida no puede, por
tanto, implicar que las labores efectivamente cumplidas por la funcionaria
queden sin ninguna remuneración.
En efecto, el
derecho al trabajo lleva implícito el derecho irrenunciable a ser recompensado
de manera proporcional al servicio que se presta. Es decir, el trabajador
devenga desde la iniciación misma de sus labores y tiene derecho a la totalidad
de su asignación, computando todo el tiempo de sus servicios, desde el primero
y hasta el último día de ellos, sin perjuicio de las prestaciones respectivas,
aun en los casos en los que no se ha formalizado su vinculación, si prueba que
en efecto trabajó.
El derecho a una
remuneración por la labor cumplida está constitucionalmente garantizado, y si
bien, al tenor de lo dicho por la Corte, en los encargos dentro del sector
público no se aplica el principio que ordena, para igual trabajo igual salario,
nunca se podría llegar al extremo de sostener que, como la labor es transitoria,
no debe ser objeto de asignación salarial. Al respecto, se reiteran los
criterios fijados por la jurisprudencia de esta Corte:
"El trabajo se
preserva por la normativa constitucional "en condiciones dignas y
justas", es decir, sobre el supuesto de que quien aporta su esfuerzo a
cambio de la remuneración es un ser humano, que constituye finalidad y
propósito de la organización política, del orden jurídico y de las autoridades,
y jamás un medio ni un instrumento para alcanzar otros fines, sean ellos particulares
o públicos.
(...)
Es propio de la
dignidad en que debe desenvolverse la relación laboral que el trabajo se
remunere proporcionalmente a su cantidad y calidad, como lo impone el artículo
53 de la Constitución.
Todo trabajo debe
ser remunerado, desde el primer minuto en que se presta, pues del salario
depende la subsistencia del trabajador y el sostenimiento de su familia. Que se
le pague por vincular su fuerza, su ingenio, su pericia y su tiempo a las
finalidades de otro -sea éste una persona privada o el mismo Estado- es algo
que se constituye en derecho inalienable a partir del trabajo mismo y no por
las solemnidades o trámites de índole legal o reglamentario con base en las
cuales se haya pactado la prestación de servicios personales" (Cfr. Sala
Quinta de Revisión. Sentencia T-174 del 8 de abril de 1997).
En relación con la
primacía de la realidad sobre las formalidades en materia laboral, la Corte ha
dicho:
"La primacía de
la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales, es un principio constitucional (CP art. 53). La entrega
libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo
condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le
da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las
normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados
que versan sobre la materia.  La prestación efectiva de trabajo, por sí sola,
es suficiente para derivar derechos en favor del trabajador, los cuales son
necesarios para asegurar su bienestar, salud y vida. Las normas laborales
nacionales e internacionales, en atención a la trascendencia del trabajo y a
los intereses vitales que se protegen, están llamadas a aplicarse de manera
imperativa cuando quiera se configuren las notas esenciales de la relación de
trabajo, sin reparar en la voluntad de las partes o en la calificación o
denominación que le hayan querido dar al contrato.
El principio que se
analiza, puede igualmente alegarse contra el Estado, si éste resulta asumiendo
materialmente la posición de parte dentro de una particular relación de
trabajo. La prestación laboral es intrínsecamente la misma así se satisfaga
frente a un sujeto privado o ya se realice frente al Estado. En un Estado
social de derecho, fundado en el trabajo (CP art. 1), mal puede el Estado
prevalerse de su condición o de sus normas legales para escamotear los derechos
laborales de quienes le entregan su trabajo" (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Plena. Sentencia C-555 del 6 de diciembre de 1994. M.P.: Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz)
"Este principio
guarda relación con el de prevalencia del Derecho sustancial sobre las formas
externas, consagrado en el artículo 228 de la Constitución en materia de
administración de justicia.
Más que las palabras
usadas por los contratantes para definir el tipo de relación que contraen, o de
la forma que pretendan dar a la misma, importa, a los ojos del juez y por
mandato expreso de la Constitución, el contenido material de dicha relación,
sus características y los hechos que en verdad la determinan.
Es esa relación,
verificada en la práctica, como prestación cierta e indiscutible de un servicio
personal bajo la dependencia del patrono, la que debe someterse a examen, para
que, frente a ella, se apliquen en todo su rigor las normas jurídicas en cuya
preceptiva encuadra.
Eso es así, por
cuanto bien podría aprovecharse por el patrono la circunstancia de inferioridad
y de urgencia del trabajador para beneficiarse de sus servicios sin dar a la
correspondiente relación jurídica las consecuencias que, en el campo de sus
propias obligaciones, genera la aplicación de las disposiciones laborales
vigentes, merced a la utilización de modalidades contractuales enderezadas a
disfrazar la realidad para someter el vínculo laboral a regímenes
distintos". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-166 del 1 de abril de 1997).
Así las cosas, la
Sala estima que, con arreglo al artículo 4 de la Constitución, que es norma de
normas, quienes tienen la atribución de aplicar las de la ley deben buscar,
propiciar y preferir la interpretación y aplicación de éstas que mejor se
ajusten a los mandatos superiores y procurar en todo caso, con mayor razón,
que, en caso de duda, el entendimiento seleccionado no implique pugna o ruptura
con el sistema jurídico que la Carta Política instaura.
En la situación
concreta de la que se trata, la racionalización del gasto público no puede
conducir a la solución injusta en virtud de la cual una persona que ha prestado
sus servicios a la Rama Judicial carezca en absoluto del derecho a una
remuneración.
Ahora bien, se ha
alegado que en el asunto bajo estudio, al menos en teoría, existen medios
alternativos con el objeto de reclamar de la Administración decisiones
diferentes a las adoptadas hasta ahora. Piensa la Corte que, aunque se trate de
hipótesis como la expuesta, que suponen una actuación "legal" de la
Administración, y en apariencia válida para sustentar la negativa de amparo, en
realidad el juez constitucional no puede negar la tutela. La circunstancia en
cuestión es, por su mismo enunciado, inconstitucional, ya que afecta de
manera total y sin justificación alguna el derecho del trabajador a percibir
salario, lo cual viola de manera directa el Preámbulo de la Carta Política, en
cuanto instaura un "orden" injusto; su artículo 1, toda vez que
ignora el trabajo como fundamento esencial del sistema jurídico y desconoce la
dignidad humana del trabajador; el 2, a cuyo tenor las autoridades públicas encuentran
su razón de ser en la protección efectiva de los derechos de todas las personas
residentes en Colombia, no en su atropello; el 13, en cuanto se discrimina a
unos trabajadores, negándoles el justo pago de su trabajo mientras a otros se
los remunera; el 25, que ordena al Estado proteger especialmente el trabajo, en
todas sus modalidades, en condiciones dignas y justas; el 53, que consagra como
principios fundamentales de rango constitucional en materia de trabajo el
derecho a obtener una remuneración proporcional a la cantidad y calidad del
mismo, la favorabilidad de la duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de Derecho, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales y la primacía de la realidad sobre las formas;
y el 228, según el cual en materia de administración de justicia prevalecerá el
Derecho sustancial.
Es entendido que,
como la demandante, pese a la licencia otorgada, no interrumpió sus labores
sino que siguió cumpliéndolas como Magistrada encargada, el tiempo de su
vinculación al servicio no debe sufrir alteración ni solución de continuidad
para efectos prestacionales ni de seguridad social.
Igualmente debe
decirse que la presente Sentencia no afecta los pagos que se hubieren liquidado
u ordenado a favor de las personas que hayan reemplazado a la Juez demandante
durante el tiempo de encargo, pues no han sido partes dentro del proceso.
Las anteriores
consideraciones son suficientes para que la Sala revoque la decisión del juez
de instancia. En su lugar, se concederá la tutela de los derechos fundamentales
violados.
DECISION
Al tenor de los
criterios precedentes, la Sala Quinta de Revisión, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
decisión adoptada en la instancia por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de
Santa Fe de Bogotá, por medio de la cual negó el amparo que se solicitaba. En
su lugar, CONCEDER la tutela reclamada por NELLY DE JESUS MENA MURILLO.
En consecuencia, se
ordena al  Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, a más tardar, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente
fallo, proceda, si ya no lo hubiere hecho, a situar los fondos requeridos para
el pago a la peticionaria del salario que devengó como Juez Regional durante el
tiempo del encargo, junto con su indexación.
Segundo.- ORDENAR
al Director Ejecutivo de la Administración Judicial de Santa Fe de Bogotá
que, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al
momento en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe los fondos
respectivos, proceda, si ya no lo hubiere hecho, al pago del salario que se
adeuda a la accionante, con la respectiva indexación.
Tercero.- DAR cumplimiento
a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA      ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado                            Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia T-243/98
DERECHO A LA
REMUNERACION EN REGIMEN DE ENCARGO (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente T-153231
Casos como el analizado en esta providencia
son justamente los que demuestran a las claras que, como tuve ocasión de
expresarlo en el salvamento de voto correspondiente, la prohibición contemplada
en el artículo 18, inciso 1, de la Ley 344 de 1996 era palmariamente
inconstitucional.
La Corte, sin embargo, decidió relativizar
una garantía primordial establecida en el artículo 53 de la Constitución
("a trabajo igual salario igual"), con el deleznable argumento de que
el encargado no asume "la totalidad de las prerrogativas, preeminencias y
responsabilidades que corresponden al titular", lo cual es a todas luces
equivocado, negando en consecuencia a quienes se encuentran en la aludida
situación jurídica la justa remuneración a la que, si nos atenemos a la Carta
Política, tienen derecho (Sentencia C-428 del 4 de septiembre de 1997).
Sostuve entonces:
"Se trata de
una norma abiertamente contraria al principio de igualdad (art. 13 C.P.) y al
imperativo constitucional (art. 53) según el cual la remuneración de los
trabajadores debe ser proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.
Trabajo igual merece
salario igual, y no por el título del cargo ni por su carácter permanente o
transitorio, sino por su contenido; en razón de su ejercicio material y
concreto, aunque se cumpla por encargo.
Cabe preguntar si,
para la Corte, el trabajo que desempeña el encargado es, por definición, de
inferior categoría al que cumpliría, si estuviera ejerciéndolo, el titular. O
si la Corporación presume que ser titular de un empleo al servicio del Estado
comporta necesariamente el derecho a una menor remuneración, lo cual no tiene
sentido, por cuanto tal elemento es ajeno a la cantidad y calidad del trabajo y
constituye una forma nada plausible de justificar la discriminación.
Ahora bien, la
Corte, en los párrafos de la Sentencia redactados por el doctor Vladimiro
Naranjo Mesa, funda la constitucionalidad del precepto en argumentos de índole
legal, referentes a los decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, cuando a la Corte
le estaban pidiendo que se pronunciara, como es su deber, no sobre el ajuste de
la disposición acusada a ordenamientos legales constitucionales, sino acerca de
la relación entre aquélla y los perentorios mandatos de la actual Constitución
Política.
Por otra parte, es
una afirmación gratuita, que además ignora los alcances del encargo, la que
trae la Sentencia en el sentido de que "si bien es cierto que el servidor
encargado de asumir transitoriamente las funciones propias de un cargo, por
ausencia temporal del titular de éste, debe desempeñar dichas funciones durante
un lapso, generalmente corto, no por ello asume la totalidad de las
prerrogativas, preeminencias y responsabilidades que correspondan al titular..."
(subrayo).
¿Puede entonces el
encargado desentenderse de las funciones que son inherentes al empleo, o tendrá
que consultar toda decisión con el titular, o habrá determinaciones que no
pueda adoptar a la espera del regreso de aquél?
Así las cosas, me
pregunto: ¿Para qué el encargo?
Pero, por otra
parte: ¿En qué queda, a partir de este novedoso fallo, la responsabilidad del
encargado? ¿Hasta dónde llega?".
Un caso como el presente, en el cual la
injusticia que se comete con el trabajador por aplicación del indicado
precepto, ilustra bien sus alcances, diametralmente opuestos a las garantías
constitucionales.
Unicamente por el respeto que merece la
cosa juzgada constitucional no se aplicó en esta oportunidad en favor de la
accionante la regla, que resultaba apenas adecuada a sus garantías
constitucionales, de ordenar el pago previsto para el salario del titular.
Sólo por eso resulta aquí admitido que el
Magistrado encargado de un Despacho "no asume la totalidad de las
prerrogativas, preeminencias y responsabilidades que corresponden al
titular". Grave y peligrosa afirmación en materia de administración de
justicia, en especial por cuanto toca con las responsabilidades del juez.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Fecha, ut supra.