T-261-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-261/13
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
La jurisprudencia constitucional ha considerado que la
acción de tutela en contra de una sentencia judicial es procedente cuando: i)
cumple los requisitos formales de procedibilidad, ii)  se presenta alguna o
algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer
procedente el amparo material y, iii) se acredita la necesidad de intervención
del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
Sobre la base de que la autonomía y la
discrecionalidad del juez no lo eximen de resolver el asunto sometido a su
consideración a partir de la valoración ponderada de las pruebas obrantes en el
expediente, la Corte Constitucional ha considerado que se estructura un defecto
fáctico en los siguientes eventos: i) cuando el juez deniega, sin
justificación, la práctica de una prueba; ii) cuando deja de valorar una
existente y iii) cuando la valora de manera caprichosa o arbitraria. En todos
esos casos, el interesado tiene la carga de demostrar que la prueba que no se
decretó, no se valoró o se evaluó irrazonablemente era definitiva para la
solución del proceso.
DEFECTO FACTICO POR LA NO VALORACION DEL ACERVO
PROBATORIO
La posibilidad de cuestionar las decisiones judiciales
por vía de tutela en atención a sus deficiencias probatorias está vinculada a
la necesidad de propiciar la adopción de sentencias ajustadas a la realidad,
para contribuir a concretar los propósitos de lealtad y eficiencia en la
administración de justicia.  Exigir que las providencias judiciales se ajusten
a las pruebas aportadas por los sujetos procesales y a las que se practicaron
en el curso del proceso es, por lo tanto, acorde con la intención de cerrarle
el paso a la arbitrariedad e incentivar la confianza de los ciudadanos en el
sistema judicial. Son dos los elementos que deben reunirse para que se
configure el defecto fáctico por ausencia de valoración del material
probatorio. De un lado, es necesario que el funcionario judicial haya adoptado
una decisión carente de respaldo probatorio o que haya dejado de valorar una
prueba que resultaba determinante para la solución del problema jurídico
sometido a su consideración. La relevancia de dicha prueba es, precisamente, el
segundo requisito que conduce a la estructuración del defecto. De ahí que, en
todo caso, deba demostrarse que la falta de valoración probatoria incidió de
manera definitiva sobre el sentido de la sentencia acusada.
DEFECTO FACTICO POR VALORACION
DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO
Una cosa es que el funcionario judicial haya excluido
injustificadamente una o varias pruebas del análisis que precedió la adopción de
la sentencia. Otra, que las haya apreciado de manera errónea. Este último
evento sitúa al juez constitucional ante un defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio, definido por esta corporación como aquel
que tiene lugar cuando el funcionario judicial “en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por
completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene
de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva”.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto fáctico por falta de motivación
La estipulación de la
falta de motivación como causal de procedencia de la tutela contra sentencias
propende por la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a obtener respuestas
razonadas de la administración de justicia, cuestión que, adicionalmente, les
permite ejercer su derecho
de contradicción. Así, al examinar un cargo por ausencia de motivación de una
decisión judicial, el juez de tutela deberá tener presente que el deber de
presentar las razones fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un
principio basilar de la función judicial que, de transgredirse, supone una
clara vulneración del debido proceso.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO
CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En casos de interpretación irrazonable
El defecto sustantivo que hace procedente la acción de tutela contra sentencias es el que tiene lugar
cuando la providencia respectiva contiene errores derivados de una equivocada
interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas en el caso sometido
a conocimiento de la autoridad judicial. En últimas, el defecto aparece
cuando la decisión examinada se aparta ostensiblemente del régimen jurídico
vigente para la materia de que se trate, sin ello implique una autorización
para cuestionar la pertinencia o la validez de los argumentos planteados por el
juez ordinario.
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Garantía en el marco de los procesos
judiciales/INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Criterios jurídicos para
determinarlo
La prevalencia del interés del menor en el marco de un proceso judicial
se garantiza cuando la decisión que lo resuelve i) es coherente con las
particularidades fácticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera
los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones
constitucionales y legales relativas a la protección de los niños y las niñas y
la jurisprudencia han identificado como criterios jurídicos relevantes para
establecer, frente a cada caso concreto, qué medidas resultan más convenientes,
desde la óptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para
asegurar el bienestar físico, sicológico, intelectual y moral del menor.
INTERES SUPERIOR DEL MENOR EN PROCESOS
JUDICIALES-Límites a la
discrecionalidad judicial
En atención al
trascendental rol que juegan las autoridades judiciales en la satisfacción de
las garantías fundamentales de los menores de edad, y en el marco de las
preceptivas mencionadas, esta Corporación ha fijado unas reglas concretas
destinadas a asegurar que los procesos judiciales que tengan la potencialidad
de alterar de cualquier forma la situación actual de un niño se tramiten y
resuelvan desde una perspectiva acorde con los postulados que propenden por la
salvaguarda de su bienestar y con su condición de sujeto de especial protección
constitucional.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Improcedencia por cuanto autoridades
judiciales realizaron una adecuada valoración probatoria para determinar que no
procedía orden de desalojo de la vivienda familiar del presunto agresor
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Improcedencia por no configurarse defecto
fáctico por ausencia de valoración o valoración defectuosa del material
probatorio, al determinar que no procedía orden de desalojo de la vivienda
familiar del presunto agresor
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Improcedencia por no configurarse defecto
sustantivo, pues se interpretó de manera razonable normatividad sobre las
medidas de protección a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR-Imposición
de medidas a favor de las víctimas, según ley 294 de 1996
Uno de los mecanismos que introdujo la Ley 294 de 1996
en aras de materializar ese propósito de eficacia y oportunidad en la
prevención, corrección y sanción de la violencia intrafamiliar fue la
posibilidad de impartir medidas de protección
inmediata a favor de quienes hayan sido víctimas
de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio,
ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de un miembro de su grupo
familiar. Así, el artículo 5° invistió a los comisarios de familia –o en
su ausencia, a los jueces civiles municipales o promiscuos municipales del
lugar de los hechos- con la potestad de ordenar el cese de la conducta que
motivó la queja de violencia intrafamiliar y con la de dictar las medidas que
estimen necesarias para alcanzar los objetivos de la ley, es decir, la armonía
y la unidad familiar. Tales medidas pueden imponerse de manera provisional e
inmediata, durante las cuatro horas hábiles siguientes al momento en que se
soliciten, y de forma definitiva, una vez agotado el procedimiento de la Ley
294 de 1996.
MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR-Orden de
desalojo solo opera cuando se demuestra que la presencia del presunto agresor
representa una amenaza para la vida, integridad física o la salud de alguno de
los miembros de la familia
INTERES SUPERIOR DEL MENOR EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Comisaría y juzgado no determinaron como medida el
desalojo del presunto agresor por cuanto consideraron que éste no constituía
una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquier de los
miembros de la familia
Referencia: expediente T- 3672894
Acción de tutela instaurada por
Patricia, en representación de sus hijos menores Daniel y Sara,
contra la Comisaría Segunda de Familia de Chía y el Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia de Zipaquirá.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil trece
(2013).
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle
Correa y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
en el asunto de la referencia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca el veinticuatro (24) de agosto de dos mil
doce (2012), en primera instancia, y por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia el veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012), en
segunda instancia.
I.      ANTECEDENTES
Anotación
preliminar:
Como
medida para proteger la intimidad de los menores involucrados en este asunto y
en aras de hacer efectivo el principio constitucional que garantiza la
salvaguarda de su interés superior, la Sala suprimirá de esta providencia y de
toda futura publicación de la misma sus nombres verdaderos, así como los de sus
familiares y los de las demás personas que intervinieron en el proceso. En consecuencia, los menores cuya
identidad se protege serán llamados Daniel y Sara; su madre, la accionante, será
llamada Patricia y su
padre, Javier.
Patricia, actuando en nombre propio y en
representación de sus hijos Daniel y Sara, de seis y cuatro años
respectivamente, promovió acción de tutela para que se amparen los derechos
fundamentales que la Comisaría Segunda de Familia de Chía y el Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Zipaquirá habrían vulnerado con ocasión de los hechos
que se sintetizarán a continuación. Se aclara, de antemano, que en este acápite
la Sala seguirá el relato de la peticionaria.
1. Hechos
1.1. Narró la accionante que el 25 de octubre de 2011
presentó una denuncia de violencia intrafamiliar contra su esposo, Javier,
debido a que este, en hechos ocurridos el 16 de octubre de ese mismo año,
amenazó con matarla si “seguía con el tema del divorcio” y maltrató a su
progenitora, quien es una persona en situación de discapacidad.
1.2.
Citado a audiencia por la Comisaría Segunda de Familia de Chía, Javier
negó los cargos y presentó un escrito en el que manifestó su intención de
“parar en discusiones y agresiones”. La Comisaría ordenó realizar una
intervención en sicología urgente al grupo familiar, para determinar los
factores de riesgo que podrían afectar a Daniel y a Sara, sus dos
hijos menores.
1.3.
El dos de enero de 2012, la sicóloga de la comisaría le informó a la pareja los
resultados de los exámenes. En esa ocasión, la profesional indicó que los niños
estaban siendo afectados por la situación del hogar y recomendó que Javier
se retirara de la casa familiar.
1.4. Javier no atendió dicha recomendación y, en
cambio, tuvo unos episodios de ansiedad que motivaron a Patricia a
consultar nuevamente a la sicóloga de la Comisaría. Esta le indicó que su
esposo “podía cometer una locura, dejando secuelas y consecuencias graves”.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta los resultados de los exámenes de psicología,
la accionante decidió huir de su hogar con sus hijos.
1.5. La Comisaría de Familia resolvió el proceso de
violencia intrafamiliar en audiencia del dos de febrero de 2012. En esa
ocasión, les ordenó a los cónyuges mantener residencias separadas, pero se
abstuvo de imponer la medida de desalojo del agresor, contemplada en el
artículo 5° de la Ley 294 de 1996, porque Javier no representaba
una amenaza para la vida, integridad física o salud de los miembros de la
familia.
1.6. Tal decisión fue impugnada por la actora y por el
Ministerio Público. Ella sostuvo que la Comisaría actuó de forma contradictoria
al ordenar que los padres vivieran separados, dejando la vivienda familiar
“para exclusiva comodidad y bienestar del padre”, en lugar de adoptar alguna
medida que protegiera a sus hijos. A su turno, la Procuradora 149 Judicial II
de Familia - quien asistió a la audiencia de fallo en agencia especial[1]-
pidió conceder el disfrute de la vivienda a la accionante y a los menores, como
medida provisional, teniendo en cuenta el perjuicio que estos últimos estaban
sufriendo al vivir a una distancia considerable de su colegio, pese a que su
vivienda anterior estaba a escasos diez minutos del mismo.
1.7.
La apelación fue resuelta por el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquirá que,
mediante providencia del 28 de marzo de 2012, confirmó lo ordenado en la
primera instancia. Para el juez, la decisión de la Comisaría de Familia se
ajustó a la normativa aplicable, respetó los derechos de defensa y debido
proceso de las partes y se sustentó en el material probatorio válidamente
recaudado.
2.
Petición de amparo y fundamentos jurídicos de la acción de tutela
2.1. De conformidad con lo expuesto, Patricia pidió
proteger los derechos fundamentales -interés superior del menor, debido proceso
y acceso a la administración de justicia- que las autoridades accionadas
habrían vulnerado al no ordenarle Javier desalojar la vivienda familiar.
Solicitó, en consecuencia, dejar sin efecto las decisiones adoptadas por la
Comisaría Segunda de Familia de Chía y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia
de Zipaquirá, en cuanto se abstuvieron de ordenar tal desalojo, e imponer, en
sede de tutela, la citada medida.
2.2. Tal reclamo de protección constitucional se apoya en
la presunta configuración de tres causales de procedencia de la tutela contra
sentencias. En concreto, Patricia consideró que las decisiones atacadas
incurrieron en un defecto fáctico, por ausencia de valoración probatoria, y
que, además, el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquirá incurrió en un defecto
procedimental absoluto y en un defecto por falta de motivación. Al respecto,
expuso lo siguiente:
-Sobre la supuesta configuración de un defecto fáctico
Consideró la actora que ninguna de las providencias
cuestionadas se sustentó en el acervo probatorio obrante en el plenario. En
relación con la decisión del juzgado, dijo que se limitó a enunciar las pruebas
allegadas y practicadas, sin analizarlas debidamente.
Sostuvo, además, que las accionadas actuaron de forma
arbitraria, al no imponer oportunamente medidas de protección hacia los
menores, pese a que “se encuentran arrimados en una casa de habitación con
su madre, en el pequeño apartamento de la abuela materna, ubicado en Bogotá,
sin espacio, juguetes, amigos, lejos de su colegio, soportando incomodidades,
mientras su progenitor disfruta de todas las comodidades de las cuales
conscientemente privó a sus hijos”.[2]
Finalmente, criticó que el juez no hubiera considerado su
condición de madre cabeza de familia, la cual podía corroborar, teniendo en
cuenta que en el mismo juzgado cursa su proceso de divorcio.
-Sobre la supuesta configuración de un defecto
procedimental absoluto
En criterio de la accionante, el Juez Promiscuo Segundo de
Familia de Zipaquirá hizo un análisis formal y aparente de los argumentos
formulados por ella y por el Ministerio Público al impugnar el fallo de primer
grado. Alegó, entonces, que el juez “no respetó la forma propia del recurso de
apelación”, vulnerando sus derechos al debido proceso y a la doble instancia.
-Sobre la supuesta configuración de un defecto por
falta de motivación
Señaló Patricia que la sentencia del 28 de marzo de
2012 carece de análisis, valoración probatoria y de “criterio propio” que la
sustente, pues se limitó a retomar consideraciones, apreciaciones y
motivaciones de la primera instancia. Afirmó, también, que el juez se equivocó
al descartar la orden de desalojo asumiendo que ella se fue voluntariamente de
la casa, llevándose a los niños. Esa apreciación no es cierta, pero, si lo
fuera, sería coherente con la situación disfuncional vivida al interior del
hogar, que incluso dio lugar a que se ordenara a los cónyuges vivir en
residencias separadas.
En todo caso, “cualquiera que fuere el motivo de
separación de residencias, no enerva el derecho de los menores a disfrutar de
la vivienda familiar, para el caso, con su madre, quien está a cargo de ellos
en todos los aspectos”[3], advirtió.
3. Trámite de primera instancia y respuesta de las
accionadas
Mediante providencia del 10 de agosto de 2012, el Tribunal
Superior de Cundinamarca, Sala Civil Familia, admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a las partes y a los demás interesados dentro del proceso de
violencia intrafamiliar. Como prueba, solicitó información relacionada con los
hechos narrados y la remisión del expediente respectivo, para practicarle una
inspección judicial.
3.1. Respuesta de la Comisaría Segunda de Familia de
Chía
3.1.1. La Comisaria de Familia de Chía contestó a la
acción de tutela precisando que actuó en derecho, haciendo un análisis sensato
del acervo probatorio y respetando el debido proceso. Afirmó que la accionante
siempre estuvo representada por su abogado, que intervino el Ministerio Público
y fueron presentados los recursos de caso. Además, lo decidido se ajustó a las
normas aplicables y al interés superior de los menores, que no se supedita a su
lugar de residencia.
3.1.2. En relación con lo señalado en la tutela, precisó
que i) la accionante y sus hijos cambiaron de lugar de residencia antes del dos
de febrero de 2012, día en que se profirió la decisión de la Comisaría; ii) no
es cierto que la Comisaría haya propiciado el desalojo de los menores de su
única vivienda familiar y iii) su decisión se apoyó en la valoración de lo
manifestado por los interesados en la audiencia, en los reportes de los
profesionales del equipo de la Comisaría y en las demás pruebas, que,
apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica, no demostraron el
cumplimiento de las exigencias contempladas en el artículo 5° de la Ley 294 de
1996 para decretar el desalojo solicitado.
3.1.3. Finalmente, resumió las actuaciones procesales
realizadas en la Comisaría en los siguientes términos:
-El día en que la accionante denunció a su esposo por
violencia intrafamiliar (25 de octubre de 2011), se le concedió de forma
inmediata la medida de protección provisional.
-Javier rindió descargos el cuatro de noviembre de
2011. En esa ocasión, aportó un oficio titulado “Reflexiones en momentos
difíciles del matrimonio”, en el que, entre otras cosas, resaltó la importancia
de superar el conflicto e invitó a su esposa a conversar.
-El nueve de noviembre de 2011, Javier hizo cargos
de agresión por parte de su esposa hacia él y hacia sus hijos, y remitió
oficio, fotos y CD.
-El 24 de noviembre, el apoderado de Patricia
solicitó imponer medida de protección, pese a que esta se impuso al recibir la
denuncia, e insistió en desalojar al querellado. En esa misma fecha, se ordenó
realizar intervención por psicología urgente al grupo familiar y realizar una
visita domiciliaria. Los informes, que reposan en el expediente, concluyen que
“el conflicto que existe entre Patricia y Javier posiblemente
tiene causas económicas, según lo manifestado por ambos”[4].
-Las sesiones del psicólogo y los usuarios son privadas,
lo cual impide pronunciarse sobre las conversaciones que tuvieron la accionante
y la sicóloga. No obstante, expuso la comisaria: “es de mi conocimiento los
informes que reposan en el proceso y que fueron remitidos por la psicóloga a la
querellante o a su abogado por correo electrónico antes de allegarlos en debida
forma al proceso, inobservando el conducto regular y sin que la suscrita
comisaría los hubiera conocido, es decir, primero los obtuvo una de las partes
antes de tener conocimiento el despacho. Informes que el abogado de la
querellante obtuvo antes de la suscrita comisaria y que de manera informal
entregó el sicólogo a la comisaría, profesional que reportó el hecho”.[5]
Así las cosas, la comisaria insistió en que la tutela no
está llamada a prosperar, ya que actuó conforme a derecho y efectuó un examen
juicioso del acervo probatorio arrimado al proceso.
3.2 Respuesta del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia
de Zipaquirá
El Juez Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá sostuvo
que actuó “con total apego a derecho, realizando un juicioso análisis del
material probatorio recopilado en el expediente contentivo de violencia
intrafamiliar”[6], y que, de hecho, fueron
las pruebas recaudadas en el plenario las que descartaron que el querellado
representara una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de
cualquiera de los miembros de su familia, siendo esto lo que habría permitido
proferir la orden de protección reclamada, según lo previsto sobre el
particular en el artículo 5° de la Ley 294 de 1996.
Sobre todo, el despacho tuvo en cuenta que la accionante
fundamentó la solicitud de desalojo en que vivir con su esposo era incómodo, ya
que era ella quien se encargaba de todos los gastos de la casa; que desistió de
la valoración de psiquiatría ordenada a todo el grupo familiar y que, en
criterio de la sicóloga que valoró a Javier, este no representaba una
amenaza para su familia. Así, concluyó que el conflicto planteado obedecía a
que el querellado no aportaba económicamente al hogar, cuestión que podría
configurar un incumplimiento de sus deberes como cónyuge y padre, pero no tenía
el mérito suficiente para dictar la medida de protección reclamada.
Por último, el funcionario llamó la atención sobre el
hecho de que Patricia hubiera instaurado la acción de tutela cinco meses
después de que se profirió la sentencia que considera vulneratoria de sus
derechos fundamentales. Solicitó, entonces, denegar el amparo reclamado, dado
que las objeciones de la accionante no implican que haya incurrido en una vía
de hecho.
3.3. Intervención de la Procuraduría General de la
Nación
Mediante escrito del 21 de agosto de 2012, el Procurador
Judicial II de Restitución de Tierras, Rafael Humberto Rosas, rindió concepto
sobre la acción de tutela. El funcionario solicitó conceder el amparo
reclamado, por las siguientes razones:
3.3.1. Sobre la decisión de la Comisaría Segunda de
Familia de Chía
-La decisión sobre el uso y disfrute de la vivienda
familiar debió favorecer a los menores involucrados, pues estos se beneficiaban
de la cercanía del inmueble a su centro de estudios, de la suficiencia de
espacio y de la seguridad que experimentaban al interior del lugar que
reconocen como su hogar. No obstante, la Comisaría de Familia se limitó a
definir la situación entre los cónyuges, sin adoptar medidas de protección de
los menores.
-La Comisaría consideró que el uso de la vivienda
por parte del padre no representaba una amenaza para la vida, la integridad o
la salud del resto de la familia, pese a que la madre y los niños se vieron
forzados a desalojar intempestivamente el inmueble, por recomendación de la
sicóloga de la Comisaría. Esa recomendación, sumada a que el informe de
evaluación por sicología había considerado que el padre debía buscar “un
espacio que le permita la independencia y la mejoría de su autoestima”,
confirmaban que la convivencia entre los cónyuges no era conveniente y que la
recomendación de abandonar la vivienda familiar debía dirigirse al padre.
- La Comisaría se equivocó al resolver el asunto sometido
a su consideración a partir de lo establecido en el literal a) del artículo 5°
de la Ley 294 de 1996, que faculta al comisario para ordenar que el agresor
desaloje la casa de habitación que comparte con la víctima. En su lugar, la
accionada debió aplicar el literal k) de la misma norma, en virtud del cual
podía decidir provisionalmente sobre el uso y disfrute de la vivienda familiar,
sin entrar a considerar el grado de peligrosidad de los cónyuges. La primera
medida, la del desalojo, es la que está supeditada a que se pruebe la
peligrosidad del agresor. La segunda, en cambio, apunta a conceder a uno de los
cónyuges la vivienda, cuando se ha ordenado la residencia separada, como
ocurrió en el caso. En ese marco, no era válido que la comisaría autorizara el
uso de la vivienda al padre por razones relativas a su baja peligrosidad, las
cuales, en todo caso, eran predicables igualmente de la madre.
-La sentencia no estableció provisionalmente el régimen de
visitas ni la guarda y custodia de los niños. Así, se verificó un vacío en la
protección preferente que merecían los menores, que tampoco fue solucionado por
el juez de segundo grado.
3.3.2. Sobre la decisión del Juez Segundo Promiscuo de
Familia de Zipaquirá
-El fallo de segundo grado incurrió en el mismo error
fáctico que la Comisaría, pues examinó el caso desde la perspectiva de la
viabilidad de dictar la orden de desalojo. Además, cometió un error fáctico
adicional, al considerar que la salida de la vivienda familiar por parte de la
madre y de sus hijos fue voluntaria, ignorando las pruebas que demostraban que
el padre había reincidido en sus comportamientos perturbadores.
-De todas formas, el juzgado no protegió adecuadamente los
derechos de los menores, pues no decidió nada sobre su residencia, pese a las
pruebas –testimonio de los padres, informes académicos y evaluaciones
psicológicas- que demostraron la afectación emocional que les causó su traslado
a la ciudad de Bogotá.
-El juez, en conclusión, centró su análisis en la
coherencia procedimental de la actuación de la comisaría y en la
proporcionalidad y sensatez de las medidas impuestas a los esposos, sin
pronunciarse sobre los derechos prevalentes de los menores de edad.
3.4. Intervención de Javier, padre de Daniel y
de Sara
3.4.1. Javier intervino en el trámite de la primera
instancia solicitando que la acción de tutela se declare improcedente, pues las
autoridades accionadas practicaron todas las pruebas e hicieron una valoración
integral, a pesar de que la accionante incurrió en abuso de autoridad al
solicitar, amparada en el cargo que ocupaba en la época, la intervención de una
procuradora delegada para el día del fallo en la Comisaría de Familia.
3.4.2. Frente a los hechos relatados en la tutela,
manifestó:
-Que no ha sido privado de la patria potestad de sus hijos
y aporta la cuota alimentaria de acuerdo con sus capacidades económicas. Que el
Juzgado de Familia le reguló visitas.
-Que la Comisaría de Familia de Chía practicó todas las
pruebas solicitadas por su esposa, menos la valoración psicológica del grupo
familiar, por renuncia expresa de ella.
-No es cierto que la sicóloga de la Comisaría le ordenara
irse de su domicilio.
-La accionante radicó en el mismo Juzgado de Zipaquirá la
demanda de divorcio, y solicitó, en ese proceso, la residencia separada. El
juzgado la concedió en auto del 12 de diciembre de 2011. Entonces, la
peticionaria “sin dar aviso y en mi ausencia, sacó todo lo que quiso, se
llevó a mis hijos y, desde entonces, no permite las visitas, aun reguladas por
el juzgado”. Expuso que acudió a la justicia penal por ejercicio arbitrario
de la custodia, y esa solicitud fue trasladada a la Defensoría de Familia.
-Que lo que dijo en la primera audiencia celebrada en la
Comisaría de Familia, acerca de que en adelante no se inmiscuiría en problemas
con su esposa, no es una confesión de que la estuviera maltratando o
agrediendo.
-Que la Comisaría de Familia remitió a los esposos a la
EPS Colpatria para la práctica de una asesoría sicológica por dos años, siendo
él el único que ha cumplido.
3.4.3. Así, con fundamento en lo expuesto, el
interviniente solicitó ordenarle a la accionante: i) cumplir el auto que
decretó las visitas; ii) asistir a la asesoría sicológica en la EPS, de
conformidad con lo ordenado por la Comisaría de Familia y iii) no involucrar a
los hijos en su conflicto de pareja, puesto que su génesis es su falta de
ingresos, a pesar de que él está cumpliendo económica y afectivamente a
cabalidad.
3.4.4. Más tarde, mediante escrito del 23 de agosto de
2012, Javier hizo llegar copia de la denuncia que formuló ante la
jurisdicción penal para obligar a la accionante a cumplir con el régimen de
visitas estipulado en el marco del proceso de divorcio. Reiteró, entonces, que
el juez de tutela debía pronunciarse de alguna manera, para garantizar que él
pudiera pasar tiempo con sus hijos.
4. La decisión judicial de primera instancia
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de
Cundinamarca negó el amparo solicitado, a través de fallo del veinticuatro (24)
de agosto de dos mil doce (2012), porque las providencias cuestionadas se
ajustaron a lo probado dentro del proceso de violencia intrafamiliar.
Para los magistrados, lo decidido por los funcionarios
accionados con respecto a la medida reclamada por la actora no fue arbitrario
ni desproporcionado, pues tuvo en cuenta que, pese a las desavenencias
familiares, no había pruebas de que Javier constituyera peligro para su
familia y que, en cambio, la petición de desalojo obedecía a que Patricia
encontraba incómodo estar bajo el mismo techo con el padre de sus hijos.
Refirieron, además, que la tutela no es un mecanismo para
resolver disputas familiares ni ordenar el desalojo de personas, bajo el simple
desacuerdo de las medidas de protección impuestas por la autoridad competente.
De todas formas, la accionante cuenta con otros medios de defensa, ya que
formuló la demanda de divorcio contra su esposo, de manera que puede
solicitarle al juzgado de conocimiento la imposición de las medidas cautelares
contempladas en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.
5. La impugnación
Patricia impugnó la decisión de primer grado, reiterando
que las autoridades accionadas no ponderaron los elementos probatorios
incorporados al proceso de violencia intrafamiliar y, en cambio, privilegiaron
el confort de su cónyuge -quien continúa disfrutando de la vivienda familiar
mientras ella paga el canon mensual y la administración- frente al derecho a la
vivienda digna de sus hijos menores de edad. Insistió en que la medida de
desalojo que reclama busca salvaguardar la integridad psíquica, moral y
material de sus hijos, pues en la vivienda quedaron sus pertenencias, juguetes,
amigos, amplios espacios apropiados para realizar sus tareas, manualidades y
las zonas verdes donde podían realizar diferentes actividades.
Por último, manifestó que no es cierto que cuente con una
amplia gama de medidas en el marco del proceso de divorcio, ya que el juez que
conoce la demanda de cesación de efectos civiles del matrimonio católico es el
mismo que conoció del recurso de apelación en el proceso de violencia
intrafamiliar, sin que para esa fecha, nueve meses después de admitir la
demanda de divorcio, hubiera adoptado medidas sobre el particular, pese a los
requerimientos planteados por ella y por el Ministerio Público.
6. La decisión judicial de segunda instancia
La sentencia de primer grado fue confirmada por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante fallo del veintiuno
(21) de septiembre de dos mil doce (2012).
Tras sintetizar las actuaciones adelantadas por las
autoridades accionadas, en especial, las relativas al examen del acervo
probatorio, la Sala concluyó que los pronunciamientos atacados no incluían
fundamentos irrazonables que implicaran la violación de las garantías
superiores invocadas. Por eso, aunque el asunto podría ser pasible de otra
interpretación, esto no era suficiente para obtener, por esta vía, la
revocatoria de las decisiones atacadas. Sobre todo, teniendo en cuenta que la
acción de tutela solo es idónea para obtener dicha revocatoria cuando la labor
interpretativa del funcionario se aparta de una lectura y aplicación sensata de
la ley, lo cual no ocurrió en este caso.
7. Pruebas relevantes aportadas al proceso
-Informes de evaluación por sicología de Patricia,
Javier, Daniel y Sara, realizadas por la Profesional
Universitaria II de Familia de Chía.[7]
-Escrito “Reflexiones en momentos difíciles”,
elaborado por Javier y allegado por él al momento de rendir descargos en
el proceso de violencia intrafamiliar.[8]
-Documento suscrito por la Comisaria Segunda de Familia de
Chía, en el que deja constancia de algunas irregularidades en la inserción al
expediente de los informes de las valoraciones sicológicas.[9]
-Escrito del 13 de enero de 2012, en el que el apoderado
de Patricia le solicita a la Comisaría de Familia fijar fecha para
audiencia de fallo, en consideración a que Javier no cumplió su promesa
de irse de la casa y realizó unos actos de violencia sicológica contra su
esposa.[10]
-Acta de continuación de audiencia de fallo de 24 de
noviembre de 2011, de la Comisaría Segunda de Familia de Chía, dentro del
proceso de violencia intrafamiliar N° 112 de 2011[11].
-Escrito de impugnación de la decisión de la Comisaría
Segunda de Familia de Chía, presentado por el apoderado de la accionante[12].
-Sentencia del 28 de marzo de 2012, proferida por el
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá.[13]
-Acta de audiencia celebrada en la Comisaría Segunda de
Familia el 24 de noviembre de 2011, dentro del proceso de violencia
intrafamiliar 112 de 2011[14].
-Orden de remisión por competencia a defensoría de
familia, a fin de adelantar trámite de amonestación por violación del régimen
de visitas, proferida el 16 de junio de 2012 por la Fiscal Seccional 209 de
Bogotá[15].
-Auto del 12 de marzo de 2012, proferido por el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá, mediante el cual se regula
provisionalmente la custodia y el cuidado personal de Daniel y Sara,
así como las visitas provisionales[16].
-Intervención de la Procuradora Provincial de Zipaquirá en
el proceso 2011-0422, de cesación de efectos civiles del matrimonio católico,
en el que solicita conceder la custodia y cuidado personal de los menores a su
progenitora, restablecer su derecho a la vivienda y garantizar de manera
efectiva los alimentos futuros de los menores[17].
8. Escrito de insistencia
En calidad de Secretario General de la Defensoría del
Pueblo con asignación de funciones de Defensor del Pueblo, Alfonso Cajiao
Cabrera insistió en seleccionar el expediente de tutela para su revisión por
parte de la Corte, apoyado en consideraciones relativas a los derechos
prevalentes de los menores y a la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales.
La solicitud de revisión refiere, básicamente, que la
orden de mantener residencias separadas para los cónyuges que se agreden física
y sicológicamente debe acompañarse de medidas que la hagan efectiva y que, en
este caso, la misma debió acompañarse de la orden de desalojo de la vivienda
por parte del padre agresor.
9.
Actuaciones adelantadas en sede de revisión constitucional
9.1.
Mediante auto del dieciocho (18) de marzo de 2013, el magistrado sustanciador
le solicitó a la Comisaría Segunda de Familia de Chía el expediente
correspondiente al proceso de violencia intrafamiliar contra el cual se
promovió la acción de tutela. Adicionalmente, le pidió al Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Zipaquirá informar el estado del proceso de cesación de
los efectos civiles de matrimonio católico que promovió la accionante contra Javier,
precisando, específicamente, si había adoptado alguna de las medidas
contempladas en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.
9.2.
El Juez Segundo de Familia de Zipaquirá informó que se decretó la cesación de
los efectos civiles del matrimonio católico que contrajeron Javier y Patricia,
en consecuencia, se declaró disuelta y en estado de liquidación la sociedad
conyugal. En relación con las medidas contempladas en el artículo 444 del
Código de Procedimiento Civil, el despacho resolvió “a) Que el cuidado de
los hijos comunes Daniel y Sara se confía a la madre de estos; b) que la patria
potestad sobre los menores hijos comunes será ejercida por ambos progenitores;
c) que el progenitor Javier aportará como cuota integral para sus
menores hijos la suma de (...); d) que cada uno de los ex cónyuges velará por
su subsistencia con el producto de su propio esfuerzo”.[18]
Precisó
el funcionario que, en la misma sentencia, se regularon las visitas y los
periodos de vacaciones que los menores compartirían con su padre, y que se
acogió el acuerdo entre las partes consistente en “poner fin a cualquier
acción judicial o administrativa que se encuentre en curso en la actualidad
entre ellos, así como iniciar la liquidación de su sociedad conyugal en un
término que no podrá exceder de 15 días hábiles”.[19]
9.3.
Javier intervino en sede de revisión a través de escrito del 19 de marzo
de 2013, para informar que, en audiencia de conciliación del 22 de febrero, él
y la accionante acordaron la cesación de los efectos civiles de su matrimonio
católico y el régimen de visitas de sus hijos. Además, indicó que acordaron “ponerle
fin a cualquier acción judicial o administrativa que se encuentre en curso
(...)”.[20]  En la misma
oportunidad, informó sobre una acción de tutela que promovió contra el colegio
de sus hijos, debido a que la institución le impidió el ingreso a la planta
física y a su red virtual con fundamento en un acta del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar que, supuestamente, le prohibía ver a los niños por fuera de
las instalaciones de dicha entidad. Javier anexó los fallos de tutela de
primera y segunda instancia que ampararon sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la familia, a la honra y buen nombre; le ordenaron al colegio
permitir su participación en las actividades académicas de Daniel y Sara
y conminaron a la institución a reconocer su error públicamente, mediante
un comunicado dirigido a la comunidad académica del plantel[21].
Más
tarde, mediante escrito del 11 de abril, solicitó a la Corte pronunciarse sobre
“la violación sistemática de derechos prevalentes que viene ejerciendo la
madre en contra de nuestros hijos, para que en el futuro inmediato no continúe
con su conducta, pues con sus actuaciones nos estamos viendo afectados
sicológica y moralmente, lo cual podría generar un perjuicio irremediable a su
estructura sicológica (...)”.[22] Finalmente, el 30 abril,
informó que Patricia presentó otra “insólita demanda” con el objeto de que
se suspendiera la reglamentación de visitas, pero, como no asistió a la
audiencia, el juez dio por terminado el proceso.[23]
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Sala es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento del auto del diecisiete (17) de enero de dos mil
trece (2013), expedido por la Sala de Selección Número Uno de esta
Corporación.
2.
Formulación de los problemas jurídicos y metodología de la decisión que se
adoptará en este caso:
2.1.
En atención a lo relatado en los antecedentes de esta
providencia, la Sala deberá determinar si la Comisaría Segunda de
Familia de Chía y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá
vulneraron los derechos fundamentales de la accionante y de sus hijos menores,
al no haberle ordenado a su esposo y padre el desalojo de la vivienda familiar,
en aplicación de la medida de protección contemplada en el literal a) del artículo
5° de la Ley 294 de 1996, que permite ordenarle al agresor el “desalojo de la casa de habitación que comparte con la
víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad
física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia”.
2.2.
Ahora bien, como los reproches planteados por la actora y el representante del
Ministerio Público que intervino en el presente trámite se dirigen contra una
decisión judicial, la Sala comenzará su análisis verificando la procedibilidad
formal de la acción de tutela, a la luz de las reglas
fijadas al respecto por la jurisprudencia constitucional.
Superado dicho examen, estudiará el problema jurídico de fondo,
evaluando la posible estructuración de
las causales de procedencia material de la tutela contra providencias
judiciales, de la manera en que se explicará a continuación.
2.3.
La peticionaria vinculó la vulneración iusfundamental denunciada a la
estructuración de un defecto fáctico, un defecto procedimental absoluto y un
defecto por falta de motivación. No obstante, una lectura preliminar de los dos
últimos cargos revela que pueden subsumirse en uno solo, teniendo en cuenta que
se apoyan en los mismos argumentos.
Basta
observar lo que indica la tutela en relación con la configuración del defecto
procedimental absoluto. Al respecto, la accionante indicó que: “el Juez
Promiscuo Segundo de Familia de Zipaquirá, al proferir la providencia no
respetó la forma propia del recurso de apelación, vulnerando el derecho al
debido proceso y a la doble instancia, su análisis es solo formal, en
apariencia, los fundamentos en que me apoyé y los presentados por el Ministerio
Público no le merecieron análisis alguno cuando era su obligación estudiar y pronunciarse
con base en el acervo probatorio, sobre cada uno de los puntos de
inconformidad”.[24]
Esto quiere decir que el aludido defecto estaría vinculado a que
el precitado funcionario judicial solo valoró formalmente la impugnación, sin
pronunciarse sobre los argumentos que la sustentaban ni sobre el material
probatorio recaudado en el proceso de violencia intrafamiliar. Tal situación,
que podría conducir a la estructuración de un defecto procedimental[25] se ajusta con mayor precisión a la hipótesis
de ausencia de motivación de la decisión judicial, que se configura cuando el
operador judicial guarda silencio sobre las razones que motivaron su decisión.
La Sala, interpretando la demanda, examinará el cargo formulado desde
esta última perspectiva. En consecuencia,
determinará si se infringieron el debido proceso y el interés superior de los
menores involucrados en este asunto por cuenta de la estructuración de un
defecto fáctico o de un defecto por ausencia de motivación, siendo esto lo que,
según la actora, condujo a que las autoridades accionadas se abstuvieran de
ordenarle al presunto padre infractor el desalojo de la vivienda familiar.
2.4.
Sobre los cargos formulados por el representante del Ministerio Público que intervino
en el trámite constitucional hay qué hacer unas precisiones adicionales.
El
interviniente respaldó la idea de que se configuraron un defecto fáctico y un
defecto por falta de motivación y, además, acusó a las autoridades accionadas
de confundir dos medidas preventivas diferentes: el desalojo y el disfrute de
la vivienda familiar. Sobre este aspecto explicó que, mientras la primera
permite al funcionario respectivo determinar si “por razones de peligrosidad
del agresor, es necesario excluirlo del entorno familiar para garantizar la
integridad de los demás miembros”, la segunda no toma en cuenta la
peligrosidad de los cónyuges. Simplemente, “decide conceder a uno de ellos
el disfrute de la vivienda, cuando se ha ordenado la residencia separada”.[26]
Así,
determinó que “le asiste razón a la accionante al considerar que se
constituyeron defectos fácticos al ordenar la residencia separada en el numeral
3° de la providencia y posteriormente aplicar las normas del desalojo para
motivar el uso de la vivienda familiar”
La
Sala encuentra que la presunta configuración de defectos fácticos a la que
alude el interviniente, al atribuir la decisión de las autoridades accionadas
a  que confundieron la finalidad de las medidas preventivas contempladas en el
artículo 5° de la Ley 294 de 1996 para los casos de violencia intrafamiliar,
tiene que ver, más bien, con un defecto sustantivo, el cual, en palabras de
esta corporación, se produce por errores en el proceso de interpretación y aplicación de las normas jurídicas
concernientes al caso sometido al conocimiento del juez[27]. Así las cosas, el examen del problema
jurídico involucrará, también, el análisis de la posible estructuración de un
defecto sustantivo.
2.5. Ahora bien, la Sala advierte que los cargos
formulados por la accionante y por el representante del Ministerio Público en
relación con la estructuración de las precitadas causales de procedencia de la
tutela contra sentencias tienen como eje trasversal la posible trasgresión del
interés superior del menor consagrado en el artículo 44 de la Constitución.
Esto, en principio, impondría determinar si las autoridades accionadas
incurrieron en la hipótesis de procedencia de tutela contra sentencias relativa
a la violación directa de la Carta, por no haber supeditado sus decisiones a la protección prevalente de los menores involucrados
en este asunto.
La
Sala, no obstante, prescindirá de estudiar la vulneración del interés superior
del menor como un cargo autónomo y, en cambio, lo evaluará en el ámbito de las
acusaciones relativas a la ausencia de valoración probatoria, la falta de
motivación de la sentencia de segunda instancia y la interpretación indebida de
las normas que regulan la imposición de medidas de protección en casos de
violencia intrafamiliar. Lo anterior, en ejercicio de su facultad de delimitar
el problema jurídico en sede de revisión, y en atención al vínculo inescindible
que existe entre los reproches procesales planteados contra las providencias
cuestionadas y la vulneración de los derechos fundamentales de los menores que
se habrían visto afectados por ellas[28].
2.6. Definida en esos términos la controversia
constitucional, la Sala decidirá:
- Si se cumplen en este caso los requisitos
formales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
- Si las autoridades accionadas incurrieron en un
defecto fáctico por no haber valorado, o por valorar erróneamente, las pruebas
que, supuestamente, demostraban que Javier representaba una amenaza para la vida, la
integridad física o la salud de los miembros de su familia, particularmente de
sus hijos menores;
- Si se estructuró, en la sentencia proferida por el Juez Promiscuo Segundo de Familia de Zipaquirá, un defecto por ausencia de motivación, vinculado al
hecho de que dicho funcionario no se hubiera pronunciado sobre los argumentos
que sustentaban la impugnación que la accionante y la Procuraduría General de la
Nación presentaron contra la decisión adoptada en primera instancia por la
Comisaría Segunda de Familia de Chía.
- Si las accionadas incurrieron en un defecto sustantivo, al
abstenerse de imponer la medida de desalojo contemplada en el  literal a) del
artículo 5° de la Ley 294 de 1996, por haber confundido su finalidad con aquella
perseguida por la medida contemplada en el literal k) de la misma norma, que
faculta al funcionario competente para “decidir
provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la
competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta
medida o modificarla”.
Todo esto se examinará, como se anticipó, bajo la óptica del
trato prevalente que merecen los menores de edad por disposición expresa de la
Carta Política.
2.7.
Con ese fin, la Sala procederá de la siguiente manera. Primero, reiterará las
pautas jurisprudenciales sobre la procedencia formal de la acción de tutela
contra providencias judiciales y hará una
caracterización puntual de las causales de
procedibilidad material que podrían estructurarse en este caso, es decir, el
defecto fáctico, el relativo a la ausencia de motivación de la decisión
judicial y el defecto sustantivo. A continuación, recordará los criterios que
ha fijado esta corporación acerca de la garantía del interés superior del
menor, específicamente, en el escenario del proceso judicial. Precisados estos
aspectos, abordará el estudio del caso concreto.
3. Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
3.1.
La sólida doctrina que ha desarrollado esta corporación en relación con la
procedencia de las acciones de tutela promovidas contra providencias judiciales
está vinculada a la idea de lograr un equilibrio adecuado entre los principios
de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial y prevalencia y efectividad
de los derechos constitucionales.
En
aras de materializar tal aspiración, la procedencia de esas acciones se ha
supeditado a unas hipótesis taxativas que han sido depuradas cuidadosamente por
la jurisprudencia constitucional[29] y que apuntan a asegurar
que la revisión por vía de tutela de las decisiones adoptadas por los órganos
de cierre de la justicia ordinaria y administrativa se produzca, únicamente,
frente a situaciones verdaderamente excepcionales, en las se hayan afectado
garantías fundamentales que hacen a la providencia respectiva incompatible con la
Constitución. Esos requisitos de procedencia, formales y materiales, son los
establecidos en la sentencia C-590 de 2005[30].
3.2.
De acuerdo con el fallo, la tutela contra providencias judiciales es
formalmente procedente cuando: i) el asunto debatido tiene relevancia
constitucional; ii) el actor agotó los recursos ordinarios y extraordinarios a
su alcance; iii) la petición cumplió el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; iv) la irregularidad denunciada,
siendo de índole procesal, incidió directamente en la decisión que vulneró los
derechos fundamentales; v) el actor identificó de forma razonable los hechos
que generaron la violación, y acreditó que la alegó, si esto fue posible, al
interior del proceso judicial. Finalmente, se exige que vi) la sentencia
impugnada no sea de tutela.
3.3.
La procedencia material, a su turno, está atada a que la providencia
cuestionada haya incurrido en alguna de las irregularidades que configuran las
causales de procedibilidad de la tutela contra sentencias: defecto orgánico,
sustantivo, procedimental o fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la
Constitución.
3.4.
En suma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la acción de
tutela en contra de una sentencia judicial es procedente cuando: i) cumple los
requisitos formales de procedibilidad, ii)  se presenta alguna o algunas de las
causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el
amparo material y, iii) se acredita la necesidad de intervención del juez de
tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental[31].
4.
Caracterización del defecto fáctico. La ausencia de valoración probatoria o su
valoración irrazonable por parte del funcionario judicial.
4.1.
La admisión del defecto fáctico como causal de procedencia material de la
tutela contra providencias judiciales busca garantizar que estas decisiones se
ajusten objetivamente al material probatorio recaudado en el proceso judicial
que las antecede.
Así,
sobre la base de que la autonomía y la discrecionalidad del juez no lo eximen
de resolver el asunto sometido a su consideración a partir de la valoración
ponderada de las pruebas obrantes en el expediente, la Corte Constitucional ha
considerado que se estructura un defecto fáctico en los siguientes eventos: i)
cuando el juez deniega, sin justificación, la práctica de una prueba; ii)
cuando deja de valorar una existente y iii) cuando la valora de manera
caprichosa o arbitraria. En todos esos casos, el interesado tiene la carga de
demostrar que la prueba que no se decretó, no se valoró o se evaluó
irrazonablemente era definitiva para la solución del proceso.
Dado
que en el presente asunto se denunció la estructuración de la segunda y la
tercera hipótesis de defecto fáctico, la Sala prescindirá del estudio de
aquella que tiene que ver con la omisión en el decreto de pruebas. Por lo
tanto, se centrará en establecer en qué consiste el defecto fáctico por falta
de valoración probatoria y por la valoración irrazonable del material
probatorio allegado al proceso.
Defecto
fáctico por ausencia de valoración probatoria
4.2. Como se mencionó antes, la posibilidad de cuestionar
las decisiones judiciales por vía de tutela en atención a sus deficiencias
probatorias está vinculada a la necesidad de propiciar la adopción de
sentencias ajustadas a la realidad, para contribuir a concretar los propósitos
de lealtad y eficiencia en la administración de justicia.  Exigir que las
providencias judiciales se ajusten a las pruebas aportadas por los sujetos
procesales y a las que se practicaron en el curso del proceso es, por lo tanto,
acorde con la intención de cerrarle el paso a la arbitrariedad e incentivar la
confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.
Esta
corporación ha considerado que se presenta un defecto fáctico cuando el
funcionario judicial, “a pesar de
que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los
advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse
realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente”.[32]
Son
dos, entonces, los elementos que deben reunirse para que se configure el
defecto fáctico por ausencia de valoración del material probatorio. De un lado,
es necesario que el funcionario judicial haya adoptado una decisión carente de
respaldo probatorio o que haya dejado de valorar una prueba que resultaba
determinante para la solución del problema jurídico sometido a su
consideración. La relevancia de dicha prueba es, precisamente, el segundo requisito
que conduce a la estructuración del defecto. De ahí que, en todo caso, deba
demostrarse que la falta de valoración probatoria incidió de manera definitiva
sobre el sentido de la sentencia acusada.
Defecto
fáctico por valoración defectuosa del material probatorio
4.3.
Una cosa es que el funcionario judicial haya excluido injustificadamente una o
varias pruebas del análisis que precedió la adopción de la sentencia. Otra, que
las haya apreciado de manera errónea. Este último evento sitúa al juez constitucional
ante un defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio,
definido por esta corporación como aquel que tiene lugar cuando el funcionario
judicial “en contra de la
evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar
de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas
fundamenta la decisión respectiva”.[33]
De modo que no es cualquier objeción sobre la valoración probatoria la
que conduce a declarar la presencia de un defecto fáctico. La jurisprudencia ha
sido clara en que los errores sobre dicha valoración solo vulneran el debido
proceso cuando lo concluido por el juez es manifiestamente arbitrario e
incorrecto, es decir, cuando aparece totalmente desvinculado de las reglas de
la sana crítica.
En efecto, la estructuración del defecto fáctico derivada de la
valoración defectuosa del material probatorio se da frente al escenario
específico en que dicho juicio aparezca absolutamente caprichoso. La
intervención del juez de tutela solo es factible cuando el error denunciado es
ostensible, flagrante, manifiesto e incide definitivamente sobre la decisión
del juez, pues es este el único evento que desborda el marco de autonomía de
los jueces para formarse libremente su convencimiento.
En ausencia de la dicha arbitrariedad, la intervención del juez
constitucional es inadmisible, pues, como lo ha dicho la Corte, el juez de tutela “no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”.[34]
5. La ausencia de motivación de la decisión judicial como causal
de procedencia de la tutela contra sentencias[35].
El reconocimiento de la trascendencia que tiene para la concreción
de los fines del Estado de Derecho el hecho de que las decisiones de los jueces
estén plenamente sustentadas en el marco jurídico aplicable a los supuestos
fácticos objeto de estudio condujo a que la ausencia de motivación de la
decisión judicial se convirtiera en una causal independiente de procedibilidad
de la tutela contra sentencias, tras ser valorada, en varias ocasiones, como
una hipótesis de defecto sustantivo o material.
La sentencia C-590 de 2005[36] dio un paso en esa dirección al reiterar
que la decisión sin motivación es uno de los vicios que hacen procedente la
tutela contra sentencias y relacionarlo con el
“incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.
Más tarde, la sentencia T-233 de 2007[37] precisó las pautas a las
que se supedita el examen de la configuración del referido defecto. El fallo
advirtió que la ausencia de motivación no se estructura ante cualquier
divergencia con el razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su
argumentación fue decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o
inexistente. Esto, porque el respeto del principio de autonomía judicial  impide
que el juez de tutela se inmiscuya en meras controversias interpretativas.  Su
competencia, ha dicho la Corte, “se activa únicamente en los casos
específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia
en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad”.[38]
Lo que debe tenerse en cuenta, finalmente, es que
la estipulación de la falta de motivación como causal de procedencia de la
tutela contra sentencias propende por la salvaguarda del derecho de los
ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
cuestión que, adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción. Así, al examinar
un cargo por ausencia de motivación de una decisión judicial, el juez de tutela
deberá tener presente que el deber de presentar las razones fácticas y
jurídicas que sustentan un fallo es un principio basilar de la función judicial
que, de transgredirse, supone una clara vulneración del debido proceso.
6. Caracterización del defecto sustantivo.  Su estructuración en
casos de interpretación irrazonable.
6.1.
El defecto sustantivo que hace procedente la acción
de tutela contra sentencias es el que tiene lugar cuando la providencia
respectiva contiene errores derivados de una equivocada interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas en el caso sometido a conocimiento de
la autoridad judicial. En últimas, el defecto aparece cuando la decisión
examinada se aparta ostensiblemente del régimen jurídico vigente para la
materia de que se trate, sin ello implique una autorización para cuestionar la
pertinencia o la validez de los argumentos planteados por el juez ordinario.
Los
supuestos que dan lugar a declarar la presencia del aludido defecto han sido
estrictamente delimitados por la jurisprudencia constitucional. La sentencia C-590
de 2005, por ejemplo, indicó que se estructura en dos eventos específicos:
cuando se verifica una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y
la decisión o cuando el juez fundamenta su decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales. No obstante, la Corte ha calificado como defectos
sustantivos dos situaciones adicionales: la que involucra el desconocimiento de
las sentencias con efectos erga omnes de las jurisdicciones
constitucional y contencioso administrativa[39] y la que se deriva,
específicamente, de una interpretación judicial irrazonable.
Esta
última hipótesis puede configurarse, a su vez, en dos escenarios distintos. El
defecto sustantivo se estructura cuando la autoridad judicial realiza una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (interpretación manifiestamente irrazonable o
desproporcionada)[40].
Como
el cargo que planteó el representante del Ministerio Público en relación con la
supuesta estructuración de un defecto sustantivo en las providencias judiciales
que aquí se revisan se apoya, justamente, en que las autoridades encargadas de
proferirlas confundieron la finalidad de las medidas preventivas que la Ley 294
de 1996 permite imponer para proteger a las víctimas de violencia
intrafamiliar, la Sala circunscribirá su análisis del defecto sustantivo a
aquel que se configura en virtud de una interpretación judicial irrazonable.
6.2.
El amplio margen de configuración que la Carta Política les reconoce a las
autoridades judiciales tiene como límite el principio de legalidad, cuyo
acatamiento protege la seguridad jurídica al impedir que las decisiones de los
administradores de justicia sean absolutamente discrecionales. De ahí que,
frente a providencias fundadas en un ejercicio interpretativo absolutamente
irrazonable, la acción de tutela se erija como el remedio constitucional idóneo
para salvaguardar los derechos fundamentales amenazados o vulnerados[41].
La
tensión que existe entre la autonomía judicial y la necesidad de asegurar que
las sentencias se ajusten al marco normativo aplicable a los hechos enjuiciados
explica, además, que el análisis de los cargos relacionados con la
estructuración de un defecto sustantivo por interpretación irrazonable
involucre una evaluación especialmente cuidadosa de la decisión denunciada. La
Corte ha indicado, en ese sentido, que esta hipótesis de defecto sustantivo no
se presenta ante cualquier desacuerdo con el razonamiento judicial sino,
solamente, “cuando la opción hermenéutica escogida por el juez frente a un
conjunto normativo resulta insostenible desde el punto de vista constitucional.[42]
Y
es justamente ese criterio de total oposición a los postulados constitucionales
el que marca el límite entre una argumentación plausible y una susceptible de
entrañar un defecto sustantivo por interpretación irrazonable, pues, se
insiste, no cualquier discrepancia
dogmática respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad
judicial genera una vulneración del debido proceso. Como se advirtió
previamente, esto ocurre cuando i) le otorga a la disposición jurídica un
sentido y alcance que no tiene o ii) interpreta una disposición infraconstitucional de una
manera que en principio resulta formalmente posible, pero en realidad
contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados.
Es del caso aclarar, finalmente, que en la medida
en que comportan una afrenta al principio de legalidad, tales circunstancias pueden presentarse de forma autónoma o
simultáneamente. La Corte, de hecho, ha considerado que solo se distinguen
porque en la segunda hipótesis hay una mayor
incidencia del desconocimiento de la Constitución, en tanto que se dejan de
tomar en cuenta los contenidos superiores que, a la luz del caso concreto,
debían guiar el proceso y condicionar su resultado[43]. En cambio, la primera
se agota cuando el juez se desvía notablemente de la regla jurídica aplicable,
siempre que tal desviación entrañe la abierta irrazonabilidad o arbitrariedad
de la decisión judicial denunciada, cuestión que, como se ha dicho, debe ser
demostrada por el accionante.
7. El interés superior del menor y su garantía en
el marco de los procesos judiciales.
Contenido concreto del interés superior del menor y criterios
jurídicos para determinarlo
7.1. En cumplimiento de las obligaciones adquiridas por
Colombia a través del bloque de constitucionalidad y del deber de protección
del menor consagrado en la Carta Política, esta corporación ha reconocido la
prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás como un
principio que, además de enmarcarse en los presupuestos del Estado Social de
Derecho, desarrolla el principio de solidaridad y propende por el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado.[44]
Las
directrices que diversos instrumentos internacionales, como la Convención de
los Derechos del Niño; la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, consagraron para asegurar que el
bienestar de los niños sea asumido por sus Estados signatarios como un asunto
prioritario han sido, en efecto, claves en el desarrollo de la jurisprudencia
que de forma reiterada ha advertido el carácter de sujetos de especial de
protección constitucional reforzada del que gozan los menores de edad.
Ese
trato preferente se concreta en la medida en que el Estado, la familia y la
sociedad acaten el mandato de asistencia y protección plasmado en el artículo 44
de la Constitución, que les exige garantizar el desarrollo armónico e integral
de los niños y el pleno ejercicio de sus derechos. De lo que se trata, en
últimas, es de que asuman su responsabilidad en la materialización de un
principio cuya relevancia jurídica ha sido reconocida en el ámbito
internacional y en el nacional, en atención a la vulnerabilidad e indefensión
que enfrentan los niños debido a su edad.
Lo
anterior explica la especial preocupación de la Corte por desentrañar el
contenido de interés superior del menor y por identificar unas reglas
específicas que permitan establecer si, frente a determinado caso, las
autoridades o los particulares tuvieron en cuenta los principios que los instan
a garantizar ese trato preferente o si, en cambio, privilegiaron otro tipo de
intereses.
7.2.
La sentencia T-408 de 1995[45] fue una de las primeras
que se ocupó de delimitar el concepto de interés superior del menor, al revisar
la tutela promovida a nombre de una niña que, por decisión de su padre, no
podía visitar a su progenitora, quien se encontraba recluida en prisión. La
Corte, que resolvió el caso desde la perspectiva del derecho fundamental de
padres e hijos a mantener relaciones personales y contacto directo, examinó el
contenido del interés superior del menor para determinar si en virtud del mismo
era posible que uno de los padres impidiera a su hijo tener contacto físico con
el otro progenitor.
El fallo dio cuenta de la forma en que
dicho interés superior transformó el enfoque tradicional sobre el tratamiento
de los menores de edad, al darle una caracterización jurídica específica basada
en sus intereses prevalentes[46], e hizo alusión a las
características que la doctrina especializada le había atribuido al citado
principio. Así, concluyó que el interés superior del menor se caracteriza por
ser “(1) real, en cuanto se
relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales
aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de
los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o
capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos;
(3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente
a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe
ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un
interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la
personalidad del menor”.
Más adelante, la
sentencia T-514 de 1998[47] vinculó ese interés
prevalente con las obligaciones de proteger a los menores de manera especial
frente a abusos y  arbitrariedades y de garantizar su desarrollo normal y sano desde los
puntos de vista físico, sicológico, intelectual y moral, así como la correcta
evolución de su personalidad.
7.3. La sentencia T-510 de 2003[48], por su parte, articuló seis criterios
jurídicos relevantes para determinar si tal interés fue garantizado en cada
caso concreto. De acuerdo con la providencia, tal tarea exige verificar i) la garantía del desarrollo integral del menor; ii) la
preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus
derechos fundamentales; iii) la protección del menor frente a riesgos
prohibidos; iv) el equilibrio con los derechos de los padres; v) la provisión
de un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor y vi) la necesidad de
razones poderosas que justifiquen la intervención del Estado en las relaciones
paterno filiales.
Esos criterios han sido
aplicados por la Corte en distintas oportunidades y con ligeras modificaciones,
al resolver casos alusivos a la presunta amenaza de derechos fundamentales de
los menores de edad.
La sentencia T-292 de 2004[49] por ejemplo, estimó que la salvaguarda
del interés superior del menor exigía considerar las opiniones expresadas por
este acerca del asunto a decidir y precisó, adicionalmente, que el criterio
relativo al equilibrio con los derechos de los padres debía examinarse sobre la
base de la prevalencia de los derechos del menor. En ese marco, estudió el caso
de una niña que fue separada de su familia de crianza y ubicada en un hogar
sustituto mientras se resolvía el proceso que había iniciado su madre biológica
para reclamar su custodia. La Corte consideró que la decisión controvertida
–aquella mediante la cual la Defensora de Familia ordenó ubicar a la menor en
un hogar sustituto- desconoció los derechos fundamentales y prevalecientes de
la niña a no ser separada de su familia, en este caso de crianza, pese a los
cuidados que la pareja a su cargo le había dado de hecho y de buena fe.
Después, la sentencia T-397 de 2004[50] examinó el caso de una menor que fue
separada de su madre, una mujer invidente que se encontraba en estado de
extrema pobreza, en el curso de un proceso de protección sociofamiliar
tramitado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta vez, la Corte
identificó “la necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones
presentes del menor involucrado” como otro de los criterios que deben ser
considerados a la hora de determinar si cierta decisión judicial o administrativa
refleja el deber de protección del interés superior del menor. En aplicación de
tal principio, el fallo mantuvo a la menor en el hogar sustituto al que había
sido trasladada, y ordenó adoptar una serie de medidas para brindarle a la
menor y a su madre una oportunidad real de establecer una relación materno
filial digna.
Los mismos argumentos han sido replicados,
entre otras, por las sentencias T-808 de 2006[51], T-090 de 2007[52], T-968 de 2009[53], T-078 de 2010[54] y T-1015 de 2010[55], que revisaron la posible vulneración de
derechos fundamentales de menores de edad a raíz de la autorización judicial
para que salgan del país con uno de sus padres, pese a la oposición del otro;
de problemas administrativos en el trámite de adopción; de decisiones
judiciales relativas a su custodia y cuidado personal y del recaudo y
valoración probatoria efectuados en procesos penales en los que intervienen en
calidad de víctimas.
En esas ocasiones, la Corte reivindicó los
mandatos incorporados en los instrumentos internacionales antes aludidos acerca
del deber de asegurar la prevalencia del interés del menor, de la
responsabilidad en la adopción de las medidas de protección que estos requieren
y en la previsión de las oportunidades y recursos necesarios para que se
desarrollen “moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, y
en condiciones de libertad y dignidad”[56]. Con ese fin, aplicó los postulados
constitucionales, legales y jurisprudenciales asociados a la garantía efectiva
de esas prerrogativas, entre los que se cuentan el Código de Infancia y
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y la Ley 294 de 1996, de prevención, remedio y
sanción de la violencia intrafamiliar, sobre la cual gira la discusión
planteada en este trámite, así como los precedentes constitucionales citados
con antelación.
Reseñados en estos términos los criterios
que guían la solución de los casos relativos a la protección de los derechos
fundamentales de los niños, la Sala sintetizará los parámetros específicos a
los que la Corte ha sujetado la protección de ese interés superior en el
escenario específico del proceso judicial.
El interés superior del menor en los
procesos judiciales. Los límites a la discrecionalidad judicial.
7.4.
Como se advirtió en precedencia, la garantía efectiva del interés superior del
menor es un asunto que incumbe, en la misma medida, a las autoridades públicas
y a los particulares. Las obligaciones de las primeras en esta materia tienen
como sustento normativo los instrumentos supranacionales ya mencionados, el
artículo 44 superior y las disposiciones contempladas, sobre el particular, en
el Código de Infancia y Adolescencia.
El
artículo 3-1 de la Convención de los Derechos del Niño indica, en ese sentido,
que “en todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”. La
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, por su parte,
insta expresamente a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a
las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a
reconocer los derechos de los niños y luchar por su observancia con medidas
legislativas y de otra índole.
En la misma dirección, la Ley 1098 de 2006
desarrolló el mandato de trato prevalente incorporado por la Carta, al indicar,
en su artículo 9, que “en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y
los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe
conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona”, y consagrar la aplicación de la norma
más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente, en caso de
conflicto entre dos disposiciones legales, administrativas o disciplinarias.
Además, el estatuto hizo explícito el derecho de los menores a que
“se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones
administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados”, así como
su derecho a ser escuchados en las actuaciones administrativas o de cualquier
otra naturaleza en la que estén involucrados.[57]
7.5. En atención al trascendental rol que juegan
las autoridades judiciales en la satisfacción de las garantías fundamentales de
los menores de edad, y en el marco de las preceptivas antes mencionadas, esta Corporación
ha fijado unas reglas concretas destinadas a asegurar que los procesos judiciales
que tengan la potencialidad de alterar de cualquier forma la situación actual
de un niño se tramiten y resuelvan desde una perspectiva acorde con los
postulados que propenden por la salvaguarda de su bienestar y con su condición
de sujeto de especial protección constitucional. Al respecto, la Corte ha dicho
lo siguiente:
-El contenido específico
del interés superior del menor se establece contrastando sus “circunstancias
individuales, únicas e irrepetibles” con los criterios generales que, según
el ordenamiento jurídico, promueven el bienestar infantil. Tal tarea exige
identificar las especificidades fácticas del medio en el que se desenvuelve el
menor y las actuaciones que, en ese contexto, se esperan de su familia, de la sociedad
y del Estado para asegurar su integridad.[58]
- Los operadores
jurídicos cuentan con un margen de discrecionalidad para determinar cuáles son
las medidas idóneas para satisfacer el interés prevalente de un menor en
determinado proceso. Tal discrecionalidad, en todo caso, tiene como límite los
deberes constitucionales y legales de estas autoridades en relación con la
preservación del bienestar de los menores que requieren su protección.[59]
-Además, las decisiones
judiciales que involucren la adopción de órdenes relativas a la concreción del
interés superior del menor deben ajustarse al material probatorio recaudado en
el curso del proceso. La Corte, en particular, ha llamado la atención sobre la
necesidad de considerar las valoraciones de los profesionales que examinaron al
niño y ha advertido sobre la importancia de que se apliquen los conocimientos
técnicos y científicos del caso, para garantizar que lo que se decida sea lo más
conveniente para el menor en cuestión.[60]
-Dado que el contenido
del interés superior del menor es independiente de “la voluntad o capricho
de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo”[61], tal requisito de
conveniencia se entiende vinculado a la verificación de los criterios jurídicos
relevantes reconocidos por la jurisprudencia constitucional (supra 7.3.). Esto,
claro, dentro del ámbito de la discrecionalidad reconocida a las autoridades
judiciales, siempre que su decisión se encuentre debidamente sustentada en las
circunstancias fácticas probadas en el proceso[62].
-Los
funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al
resolver casos relativos a la garantía de los derechos fundamentales de un
menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones
y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el
impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata
de niños de temprana edad.
-La Corte ha
advertido, finalmente, que las decisiones susceptibles de afectar a un menor de
edad deben ajustarse a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Así, al
estudiar controversias relativas a la aplicación de medidas de protección en
los procesos de restablecimiento de derechos, ha insistido en que las
actuaciones del Estado deben considerar la situación del menor y tener en
cuenta “(…) (i) la existencia de una lógica de ponderación entre cada una de
ellas (las medidas de protección a adoptar); (ii) la proporcionalidad
entre el riesgo o vulneración del derecho y la medida de protección adoptada;
(iii) la solidez del material probatorio; (iv) la duración de la medida; y (v)
las consecuencias negativas que pueden comportar algunas de ellas en términos
de estabilidad emocional y psicológica del niño, niña o adolescente”.[63]
7.6. Lo anterior da
cuenta, en síntesis, de que la prevalencia del interés del menor en el marco de
un proceso judicial se garantiza cuando la decisión que lo resuelve i) es
coherente con las particularidades fácticas debidamente acreditadas en el
proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones
constitucionales y legales relativas a la protección de los niños y las niñas y
la jurisprudencia han identificado como criterios jurídicos relevantes para
establecer, frente a cada caso concreto, qué medidas resultan más convenientes,
desde la óptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para
asegurar el bienestar físico,
sicológico, intelectual y moral del menor.
8. El caso concreto
8.1. En atención a lo planteado en el
acápite correspondiente a la formulación de los problemas jurídicos,
corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar, en primera instancia, si
la presente acción de tutela es formalmente procedente para examinar las
decisiones que adoptaron la Comisaría
Segunda de Familia de Chía y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Zipaquirá en relación con el proceso de violencia intrafamiliar promovido por Patricia.
Con ese fin, verificará el cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad formal sintetizados en el fundamento jurídico 3.2.
de esta providencia.
La procedibilidad formal de la acción de tutela
8.1.1. La relevancia constitucional del
asunto debatido
La controversia planteada entraña una discusión sobre el
margen de discrecionalidad con que cuentan las autoridades para imponer, en el
marco de un proceso de violencia intrafamiliar, las medidas de protección
contempladas en la Ley 294 de 1996, cuando está en juego la salvaguarda del interés
superior de un menor de edad. Dado que el debate incide sobre la garantía
efectiva de los derechos fundamentales de sujetos de especial protección, su
definición trasciende del ámbito estrictamente legal, constituyéndose en un
asunto de relevancia constitucional susceptible de ser examinado por vía de
tutela.
8.1.2. Agotamiento de los demás medios de
defensa judicial
Patricia impugnó oportunamente las
providencias que negaron la medida de desalojo solicitada por ella y por el
Ministerio Público en reiteradas oportunidades llegando, incluso, a promover un
incidente de desacato de las medidas de protección que la Comisaría de Familia
le impuso a Javier en el trámite de la primera instancia[64].
Además, la decisión de primer grado fue apelada por la actora y por la
delegada de la Procuraduría que asistió a la audiencia de fallo, en los
términos contemplados en el artículo 18 de la Ley 294 de 1996. La Sala encuentra, por lo tanto, que la accionante fue
diligente en el agotamiento de los instrumentos que tenía a su alcance para
lograr el éxito de sus pretensiones. Esto, sumado a que no existe otro recurso
disponible para objetar las decisiones atacadas, permite considerar cumplido el
requisito de procedencia formal de la acción de tutela relativo al agotamiento
de los medios ordinarios de defensa judicial.
8.1.3. El requisito de
inmediatez
La decisión que le puso fin
en segunda instancia al trámite de imposición de medidas de protección fue
adoptada por el Juez Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá el veintiocho
(28) de marzo de dos mil doce (2012). Patricia instauró la tutela el
diez (10) de agosto del mismo año, es decir, cerca de cinco meses después de
que el fallo quedó en firme, término que la Sala estima razonable y, por lo
tanto, ajustado al requisito de inmediatez que determina la procedibilidad de
la acción de tutela.
8.1.4. La incidencia de la
irregularidad procesal en la decisión que, presuntamente, vulneró derechos
fundamentales
En la tutela se alegó la configuración de un defecto
procedimental absoluto relacionado con que el juez ad quem no habría respetado
la forma propia del recurso de apelación, al guardar silencio sobre los
alegatos planteados en la impugnación del fallo de primer grado. La Sala,
interpretando la demanda, decidió que tal cargo aludía a la presencia de un
defecto por ausencia de motivación que, de estructurarse, tendría una
incidencia definitiva sobre la providencia acusada de vulnerar los derechos
fundamentales de la accionante y de sus hijos. En consecuencia, no es necesario
verificar que tal irregularidad se alegó al interior del proceso judicial
cuestionado.
8.1.5. La identificación de los hechos
que generaron la violación iusfundamental y su alegato dentro del proceso
judicial
En el escrito de tutela se explicaron con
suficiencia las irregularidades que, a juicio de la actora, vulneraron sus
derechos fundamentales y los de sus hijos menores edad. Algunas de ellas fueron
planteadas en las reiteradas solicitudes que se presentaron ante las
autoridades accionadas con el objeto de que ordenaran el desalojo del presunto
padre agresor y, las demás, en la impugnación de la decisión de primera
instancia.
8.1.6    La sentencia objetada no es de tutela
La acción de tutela cuestiona las
decisiones adoptadas en el marco de un proceso de imposición de medidas de
protección por violencia intrafamiliar. No se trata, por lo tanto, de un caso
de tutela contra tutela.
La procedibilidad material de la acción de tutela
8.2.
Acreditados los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala comprobará si se reúnen en este caso las
condiciones exigidas por la jurisprudencia constitucional en relación con la
procedibilidad material de la solicitud de amparo, siguiendo la estructura
metodológica fijada en el acápite 2.6. de esta providencia.
Antes
de abordar dicha tarea, y con el ánimo de contextualizar el estudio de  los
cargos formulados por la peticionaria y por los representantes del Ministerio
Público, sintetizará los aspectos centrales del trámite que precedió la
adopción de las decisiones cuestionadas, destacando, especialmente, las órdenes
impartidas por las autoridades que las profirieron y los aspectos de índole
sustancial y probatoria que incidieron en la imposición de las mismas.
Vale
la pena aclarar, desde ya, que la competencia con que cuentan los comisarios de
familia y los jueces civiles o promiscuos municipales para decretar medidas de
protección a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar está vinculada a
los propósitos concretos que, sobre el particular, contempló la Ley 294 de
1996: ponerle fin a la violencia, al maltrato o a la agresión y evitar que
tales conductas se realicen, cuando sean inminentes.
Y que,
en aras de alcanzar esos objetivos, la norma supeditó la imposición de esas
medidas al agotamiento de unas actuaciones previas, entre las que se cuentan la
posibilidad de dictar, dentro de las cuatro horas hábiles siguientes a la
petición, una medida provisional de protección tendiente a “evitar la
continuación de todo acto de violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa
contra la víctima”[65];
la posibilidad de solicitar prueba pericial, técnica o científica[66]; la citación del presunto agresor a una audiencia; la
proposición de fórmulas de solución al conflicto intrafamiliar entre el agresor
y la víctima y el decreto y la práctica de pruebas solicitadas por las partes,
así como las que de oficio se estimen conducentes.
Solo
entonces, el comisario o el juez pueden proferir resolución o sentencia,
impartiendo las órdenes que conduzcan a satisfacer las finalidades de
prevención, remedio y sanción de la violencia intrafamiliar a las que alude la
Ley 294.
Tomando
en cuenta lo anterior, la Sala hará el recuento anunciado, señalando las
actuaciones procesales desarrolladas en la comisaría de familia previa
imposición de las medidas de protección cuestionadas. Sintetizará, entonces, i)
lo relatado por la accionante al solicitar la medida de protección por
violencia intrafamiliar; ii) la medida de protección provisional que, de
inmediato, impuso la comisaría; iii) la diligencia en la que el querellado
rindió sus descargos y iv) la audiencia de fallo, que se realizó en dos fechas
diferentes, tras ser suspendida por solicitud de la accionante. Seguidamente, la
Sala presentará v) la decisión de la Comisaría Segunda de Familia de Chía; vi)
la impugnación presentada por la actora y la representante del Ministerio
Público y vii) la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia de Zipaquirá.
Aspectos
centrales del proceso de imposición de medidas de protección por violencia
intrafamiliar N° 112 de 2011.
i) La
solicitud de la medida de protección:
8.2.1.
El veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011), Patricia se
presentó en la Comisaría Segunda de Familia de Chía con el objeto de formular
denuncia de violencia intrafamiliar contra Javier. En esa ocasión,
relató:
“El día 16 de octubre del presente año mi esposo empezó a
discutir conmigo ya que él no quiere el divorcio y yo le dije que iba a iniciar
el proceso de divorcio a lo que él me respondió que primero me mataba antes de
darme el divorcio, él me dijo que me iba a quemar los expedientes de mi
trabajo, ya que estos son delicados debido a mi trabajo y son importantes para
mí y están bajo mi responsabilidad, sabe que eso me acarrea problemas
disciplinarios y penales en mi respectivo trabajo, así que salió a buscar a mi
mamá diciendo que la iba a sacar de la casa, que se largara, empezó a buscarla
por toda la casa pero mi mamá estaba en el jardín, cuando mi esposo se dio
cuenta salió al encuentro de ella y la cogió del brazo obligándola a entrar a
la casa a la fuerza, así que yo intervine y le dije que a mi mamá no la tratara
de esa forma, cogí a mi madre del brazo y la entré a la casa, y junto con mis
hijos nos encerramos en un cuarto. (...) Javier
se levanta en horas de la madrugada buscándome para que hablemos y arreglemos
nuestros inconvenientes pero yo le digo que ya no tenemos de que hablar y que
yo voy a iniciar el proceso de divorcio”.[67]
8.2.2.
A continuación, Patricia respondió a lo indagado por la Comisaría de
familia. Informó, sobre su esposo, que tiene 44 años de edad, que no tiene
problemas de alcohol ni consume sustancias psicoactivas, que la agrede estando
en sano juicio y que tienen dos hijos, Daniel y Sara, de cinco y
cuatro años, respectivamente. Al ser interrogada sobre los motivos de los
problemas de pareja, contestó: “las agresiones, el querer obligarme a
continuar con él, sus problemas económicos, pretendiendo mostrar un estatus
económico que no posee y sus problemas de personalidad”. Finalmente,
solicitó imponer medida de protección a su favor.
ii) La
medida de protección provisional
8.2.3.
En razón a lo manifestado por Patricia, y en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 6° de la Ley 575 de 2000, la Comisaría de Familia conminó a Javier
para que, en forma inmediata, cesara “todo acto de violencia, agresión,
maltrato, amenaza u ofensa en contra de Patricia a favor suyo, so pena
que se haga acreedor a las sanciones previstas en esta ley, dado que los hechos
denunciados por Patricia hacen presumir que Javier pueda repetir
su conducta agresiva”. Además, citó al querellado a audiencia, e informó a
las partes sobre la posibilidad de presentar en esa oportunidad las pruebas que
pretendieran hacer valer a su favor.
iii)
La diligencia de descargos
8.2.4.
Javier se presentó en la Comisaría Segunda de Familia de Chía el cuatro
(4) de noviembre de dos mil once (2011), con el objeto de pronunciarse sobre lo
denunciado en su contra. En resumen, negó haber amenazado de muerte a su esposa
y precisó que nunca la ha agredido físicamente. Adujo, en cambio, que las discusiones
de pareja obedecen a que él no tiene trabajo en el momento, lo cual ha llevado
a que Patricia asuma todas las obligaciones cotidianas. La invitó,
finalmente, a solucionar sus diferencias, y allegó un documento denominado
“Reflexiones en momentos difíciles del matrimonio”.
iv) La audiencia de fallo[68]:
8.2.5. El veinticuatro (24) de noviembre de dos mil once (2011), la
Comisaría de Familia se constituyó en audiencia pública para resolver el
proceso de imposición de medidas de protección. La audiencia comenzó con la
intervención de Patricia, quien ratificó lo denunciado y solicitó que Javier
“desaloje la casa, porque la razón es que estar bajo el mismo techo es muy
incómodo, Javier no colabora con nada para la casa ni para los niños ni
colegios, nada, encuentra todo en la casa, la comida, sitio a donde vivir,
porque yo pago la casa, hipoteca y sobre hipoteca de la casa, servicios y todos
los gastos de la casa”. Además, indicó la accionante que “no acepta
ninguna conciliación, que quiere estar sola en la casa con sus hijos, que
quiere su tranquilidad y solicita un examen de medicina legal para Javier,
porque manipula para que ella desista de la idea de la separación”.
A su turno, el apoderado de la actora manifestó que el documento
allegado por Javier al rendir descargos, en el que indica que tomó la
decisión de “parar en discusiones y agresiones”, debía valorarse como una
confesión de su conducta violenta y peligrosa para la salud de su esposa y sus
hijos. Sobre ese supuesto, solicitó imponer la medida de protección contemplada
en el artículo 5° de la Ley 294 de 1996, relativa al “desalojo inmediato de
la casa por parte del agresor, se le advierta que está impedido de penetrar a
cualquier lugar donde se encuentra la víctima, prohibir al agresor, esconder o
trasladar a los niños o personas discapacitadas, obligarlo a recibir
tratamiento reeducativo, ordenar medida de protección para evitar repetición de
conductas violentas y decidir provisionalmente el régimen de visitas”.
8.2.6. Javier sostuvo, por su parte, que tomó la decisión
de divorciarse de mutuo acuerdo y que valora a Patricia como madre.
Finalmente, advirtió: “yo tengo pleno conocimiento de divorciarme, yo vendí
mi oficina, mi apartamento e invertí el dinero en la casa. A partir de hoy me
comprometo con mi esposa, mi propósito es llegar a un divorcio respetuoso,
principalmente pensando en la protección mutua desde todos los puntos de vista
para nuestros hijos amados (...) me comprometo a seguir trabajando hasta el
cansancio como lo he hecho hasta la fecha, para salir de esta temporal y
difícil situación económica actual”.
Después, intervino su abogado. Este señaló que “este problema
es netamente económico, las agresiones han sido verbales y mutuas, hay
descontento de las partes en lo concreto, en mi representado desea un hogar
formado por él, su esposa y sus hijos, sin que intervenga nadie de la familia
de ninguno de los dos (...) el punto primordial es el desalojo del inmueble que
habitan, pero igualmente ese inmueble según lo indicó mi representado es el
único sitio que él tiene como trabajo”.
8.2.7. Concluidas las intervenciones de las partes, la comisaría
escuchó a la Personera Delegada para la Infancia y la Familia, quien asistió a
la audiencia como representante del Ministerio Público. La personera manifestó
que “yo encuentro aquí una competencia de poderes, al referirse las partes a
sus cargos, amistades y familiares, nos salimos del contexto familiar, que la
pareja es la llamada a resolverlos, los invito que si no pueden convivir, que
si lo mejor es separarse lo hagan de la mejor forma y que haya un bienestar
para los hijos, están ustedes como interesados en su proceso y sus abogados, me
gustaría escucharlos más en la parte humana y mirar el bienestar de los hijos”.
8.2.8. En ese estado de la diligencia, la Comisaria confirmó la
medida provisional que impuso al recibir la denuncia de violencia
intrafamiliar. Anunció, además, que sobre el desalojo y las demás medidas
solicitadas en la audiencia se pronunciaría después de recibir los resultados
de las valoraciones siquiátricas de medicina legal que pidió Patricia.
Aplazó entonces la audiencia de fallo hasta que dichas valoraciones fueran
allegadas.
8.2.9. La audiencia se reanudó el dos (2) de febrero de dos mil
doce (2012). Primero, la Comisaria resolvió la solicitud que formuló la
Procuradora 149 Judicial Delegada II de Familia -presente en la audiencia por
agencia especial de la Procuradora Delegada para los Derechos de la Infancia, la
Familia y la Adolescencia- acerca de la intervención del Ministerio Público.
Como la referida funcionaria dio cuenta de que la diligencia podía “quedar
lisiada” ante la presencia de dos representantes del Ministerio Público -ella y
la personera que había actuado en todo el trámite del proceso- la Comisaria le
pidió a esta última que no interviniera en la audiencia.
8.2.10. A continuación, les dio la palabra a las partes. Patricia
se quejó de la negligencia de la Comisaría en la imposición de la medida de
protección reclamada. Javier, a su turno, cuestionó que, siendo abogada,
Patricia no hubiera aportado prueba alguna de la violencia intrafamiliar
de la que dijo ser víctima. Se refirió, además, al hecho de que las
valoraciones sicológicas realizadas por la especialista de la comisaría
hubieran sido allegadas por el abogado de Patricia. Informó, por último,
que el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá estaba tramitando la
demanda de divorcio, y pidió tener en cuenta que en dicho despacho se autorizó
la residencia separada de los cónyuges. Además, relacionó algunas pruebas (correos
electrónicos, recibos de pago de alimentos, certificados de su aptitud física y
mental) para que fueran considerados en el proceso.
8.2.11.
El abogado de Patricia negó que se hubieran presentado  irregularidades
en la incorporación de las valoraciones sicológicas que se les realizaron a los
niños, pues la sicóloga de la Comisaría las envió a su correo electrónico,
porque no había podido allegarlas de otra manera. De otro lado, expuso las
razones que, a su juicio, confirmaban la necesidad de impartir la orden de
desalojo. Al respecto, subrayó: “Creo que la comisaría tiene elementos de
juicio suficientes para tomar la medida que se ha solicitado, puesto que la
plena prueba que pide el agresor, yo no sé cómo se debe aportar, yo no sé si el
agresor posa agrediendo a su esposa para tomarle una foto (...) como ha quedado
y confirmado por el agresor que no continuaría agrediendo a su esposa y esa
promesa ha sido incumplida en diferentes oportunidades, prueba la violencia sicológica”.
8.2.12. El abogado de Javier se refirió a las
pruebas documentales, presenciales y técnicas recaudadas. En su opinión, las
mismas demostraban que la situación de violencia intrafamiliar se presentó
recíprocamente entre los padres, y que los verdaderos afectados por la
situación eran los hijos menores de la pareja. Insistió, entonces, en que se
practicaran las pruebas sicológicas ordenadas, para proferir un fallo lo más
ajustado a derecho y que afecte lo menos posible a los niños.
8.2.13. La Procuradora 149 Judicial Delegada II de
Familia hizo un recuento del acervo probatorio, y pidió considerarlo según las
reglas de la sana crítica.
8.2.14. La comisaria tomó la palabra entonces, para
referirse a las acusaciones de negligencia que le endilgó la querellante al
inicio de la audiencia. Adujo haber actuado conforme a derecho y con la
intención de proteger el interés de los hijos de la pareja en conflicto. Por
eso, solicitó la intervención inmediata de sicología y del área social, tanto
para los padres como para los infantes. Precisó, de otro lado, que la audiencia
celebrada en noviembre fue suspendida por solicitud de Patricia, pese a
que se le informó oportunamente que Medicina Legal se demoraba en asignar
citas. Aclaró, por último, que al decretar esa prueba, solicitó valorar a la
familia por “daño sicológico, riesgo de integridad del padre por
autoagresión, instrumentalización de los infantes en el conflicto y alienación
parental, en atención a lo actuado en la violencia intrafamiliar 112/11 y la
historia social 343/11”.
Realizadas esas precisiones, la comisaria les
preguntó a las partes si habían considerado alguna alternativa para resolver el
conflicto en el que estaban inmersas. Al respecto, Patricia refirió: “No
tengo ninguna fórmula de arreglo. De igual manera le solicito que se pronuncie,
pues considero que hay suficiente material para tomar una decisión con la cual
se defina la actual situación a la que me estoy viendo avocada con mis hijos al
tener que salir de nuestra casa. Así mismo manifiesto que renuncio a prórrogas
y a la prueba de psiquiatría forense”. Javier indicó, a su turno: “yo
solicito que no se me siga vulnerando el derecho a poder ver y compartir con
mis hijos, y que mientras se resuelve el proceso de divorcio mis hijos vivan en
nuestra casa, en armonía, respeto entre los cónyuges, y tratar de buscar todas
las cosas posibles para que llegue a feliz término el divorcio, ya que tenemos
dos hijos de 5 y 6 años que se están viendo afectados por esta situación y lo
lógico, lo maduro, lo respetuoso para ellos y para nosotros es cerrar cuanto
antes del capítulo de esta difícil separación, legalizar todo y continuar con
la educación de nuestros hijos (...)”.
8.2.15. Descartada cualquier posibilidad de acuerdo,
la comisaria indicó:
“(...) En este estado de la diligencia y teniendo en cuenta
que la Procuradora 149 Judicial II de Familia, y la suscrita comisaria segunda
de familia han insistido sobre la importancia de un acuerdo y proponiendo
fórmulas de solución de conflicto, las partes manifiestan no lograr el acuerdo
que se espera, por lo tanto la suscrita comisaria segunda de familia entra a
decretar pruebas, a correr traslado de ellas a las partes y a valorarlas en su
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y tomar una decisión.
La parte querellante: aportó como prueba testimonial el
testimonio de la tía de la querellante, y el testimonio de la madre de la
querellante. La parte querellada aportó prueba contenida en cuatro fotografías
y en un CD y presentó descargos. El despacho toma de oficio la solicitud de
medida de protección, los descargos presentados por Javier, la valoración de la psicóloga
de la comisaría efectuada a los padres y a los niños, el informe de la visita
domiciliaria practicada por el psicólogo social a la residencia de la familia,
acepta la renuncia de la prueba solicitada por la parte querellante referente a
la valoración por medicina legal y a la vez acepta la renuncia de la misma
prueba que hace la parte querellada, se ordena anexar los folios aportados en
esta audiencia por Javier y darles valor probatorio en cuanto sean pertinentes
o conducentes para esta diligencia. Se corre traslado a las partes de las
pruebas allegadas al proceso”.
v) Decisión de primera instancia:
8.2.16. Tras escuchar a las partes, resolver las
objeciones que planteó la Procuradora Judicial sobre las pruebas documentales
allegadas en la audiencia y analizar el acervo probatorio válidamente
incorporado, la comisaria dio cuenta de la pertinencia de “adoptar una
medida de protección definitiva, así como otras medidas en pro de los objetivos
de la normatividad reguladora de la violencia intrafamiliar”. En
consecuencia, resolvió:
“Primero: Ordenar a Javier
abstenerse de toda forma de violencia física o verbal, amenaza, ofensa,
humillación, contra Patricia.
Segundo: Ordenar a Patricia
abstenerse de toda forma de violencia física o verbal, amenaza, ofensa,
humillación contra Javier.
Tercero: Ordenar a Javier
y a Patricia mantener residencias separadas y excluir a los hijos del
conflicto que mantienen como progenitores.
Cuarto: Abstenerse el
despacho de ordenar el desalojo de Javier, teniendo en cuenta que de
acuerdo con el artículo 5° de la Ley 294 de 1996 no se probó que el señor
constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de
cualquiera de los miembros de la familia.
Quinto: Ordenar a Javier
abstenerse de cualquier represalia contra sus hijos o sustraerse de sus
obligaciones alimentarias.
Sexto: Ordenar a Javier
y a Patricia asistir a terapia sicológica a la EPS Colpatria hasta que
la profesional lo disponga y aportar a este despacho, en término de dos meses,
el avance del proceso terapéutico”.
vi) La impugnación:
8.2.17. La decisión de primer grado fue apelada por la accionante
y por el Ministerio Público. La Procuradora Delegada sustentó el recurso en la
audiencia, advirtiendo sobre la importancia de considerar los traumatismos que
han sufrido los menores al trasladarse de su vivienda familiar, la cual quedaba
cerca de su colegio. En consonancia con lo anterior, pidió “decidir en forma
provisional el disfrute de la vivienda a los niños, como garantía de los
derechos mínimos que les asisten”. Además, solicitó definir el derecho que
le asiste a Javier en cuanto a las visitas y cuidados de sus hijos,
atendiendo “a las valoraciones sicológicas en las que se infiere el apego de
los mismos a su padre”.
8.2.18. El abogado de la querellante sustentó el recurso dentro de
los términos procesales, cuestionando que la orden relativa a que los cónyuges
vivieran separados no se hubiera acompañado de la orden de desalojo del
agresor. Sobre el particular, indicó las medidas provisionales consagradas en
el artículo 4° de la Ley 294 de 1996, modificado por la Ley 575 de 2000 y la
Ley 1257 de 2008, proceden siempre que alguien sea víctima de daño físico,
psíquico, amenaza, agravio o cualquier otra forma de agresión dentro de su
contexto familiar. Ninguna de esas normas condiciona las medidas de protección
a que el agresor sea una amenaza para la vida, la integridad física o la salud
de cualquiera de los miembros de la familia. Afirmó, en todo caso, que sí se
probó el proceder agresivo y violento de Javier, teniendo en cuenta la
denuncia de violencia intrafamiliar y la confesión que este hizo en el
documento que aportó al rendir los descargos.
vii) Fallo de segunda instancia, adoptado por el
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá.
8.2.19. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá
admitió los recursos de apelación mediante providencia del dos (2) de febrero
de dos mil doce (2012). La decisión de primer grado fue confirmada por el
despacho, mediante fallo del veintiocho (28) de marzo, porque, a juicio del ad
quem, la comisaría de familia observó en su integridad las normas que
regulaban el asunto sometido a su consideración, como las leyes 294 de 1996 y
575 de 2000.
El juzgado destacó, en primer lugar, el hecho de que la Comisaría
hubiera dictado una medida de protección provisional el mismo día en que
recibió la denuncia de violencia intrafamiliar -consistente en ordenarle al
agresor el cese de todo acto de violencia, agresión, maltrato, amenaza u ofensa
en contra de la querellante- como se lo exigía dicho marco normativo.
Después, revisó el material probatorio que sustentó lo
resuelto acerca de las medidas de protección. En ese sentido, destacó: i) que
la accionante sustentó su petición de desalojo en lo incómodo que le resultaba
compartir su hogar con alguien que no colaboraba económicamente con los gastos
de la casa; ii) que Javier, en la diligencia de descargos, negó los
hechos denunciados y precisó que la denuncia de violencia que interpuso su
esposa obedece a su interés en divorciarse; iii) que la tía de la querellante
asoció los problemas de la pareja a la agresividad de Javier y a sus
problemas económicos iv) que la madre de Patricia señaló que la pareja
lleva toda la vida en esos problemas, dado que su hija se quería separar y Javier
no está de acuerdo.
Además, el fallador se refirió al informe social efectuado por la
sicóloga de la comisaría y a las valoraciones sicológicas realizadas a la
pareja y a los niños, que no fueron objetadas. Después de hacer una breve
alusión a la finalidad de las medidas de protección que pueden imponerse para
prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, puntualizó lo siguiente:
“De todo lo anterior, concluye el despacho
que la actuación desplegada por la Comisaría Segunda de Familia de Chía
(Cundinamarca), se ajustó a la normatividad legal aplicable, salvaguardando los
derechos al debido proceso y a la defensa de cada uno de los implicados en el
conflicto de violencia intrafamiliar. Así mismo, se concluye que la decisión de
la Comisaría tiene como fundamento el material probatorio legalmente recaudado,
dándole plena validez. Debe decirse que en la misma se observa un juicioso
raciocinio de la situación denunciada pues, el asunto, en el fondo, contrae un
conflicto de carácter económico, donde se vislumbra una lucha interna de
poderes.
Así mismo, es palpable que entre las
partes querellante y querellado se confunden los roles de víctima y agresor,
siendo estos mismos en su lucha de poderes quienes propician y avivan los
conflictos, los que en últimas tienen un componente netamente económico. A lo
anterior, se suma la intromisión de personas externas al vínculo matrimonial,
quienes en vez de propender por la armonía, agudizan la lucha de poderes que se
presenta entre la pareja.
De otro lado, ninguna de las pruebas
recaudadas en el plenario se puede inferir que el querellado presente riesgo o
amenaza para la familia, en especial, para los menores, con quienes, según las
valoraciones aportadas, tiene un vínculo afectivo muy fuerte, que amerite
proferir una orden de desalojo del hogar conyugal, más aún si se tiene en
cuenta que fue Patricia quien
voluntariamente decidió salir del mismo, llevándose consigo a los menores.
Finalmente, considera este despacho que las órdenes de
protección impartidas a Patricia y
a Javier como consecuencia de la medida de protección, son sensatas y
proporcionales, pues como se vio, las partes se confunden los roles de víctima
y victimario, siendo los mismos a la vez agresores y agredidos, de donde se
erige el mérito al proferimiento de una medida de protección a favor de los dos
y en contra de los mismos, como lo hizo la Comisaría Segunda de Familia de
Chía”.
Precisados así los aspectos centrales del proceso de imposición de
medidas de protección por violencia intrafamiliar promovido por la accionante, la
Sala verificará la estructuración de los requisitos específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias, siguiendo, para esos
efectos, la estructura metodológica que fijó en el fundamento jurídico 2.6. En
consecuencia, establecerá: i) si las decisiones
atacadas adolecen de un defecto fáctico, porque no valoraron o valoraron
erróneamente las pruebas que demostraban que Javier representaba
una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de los miembros de su
familia; ii) si se estructuró un defecto por ausencia de motivación, vinculado al hecho de que el
Juez Promiscuo Segundo de Familia de Zipaquirá no se hubiera pronunciado
sobre los argumentos que sustentaban la impugnación de la decisión de primer
grado y iii) si los accionados incurrieron en un
defecto sustantivo, al abstenerse de imponer la medida de protección
consistente en el desalojo del presunto agresor, contemplada en el literal a)
del artículo 5° de la Ley 294 de 1996.
Todo
ello, se insiste, será verificado de cara a los
criterios jurídicos relevantes que, de acuerdo con los precedentes
jurisprudenciales reseñados, conducen a materializar el interés superior del
menor.
8.3.
Sobre la presunta configuración de un defecto fáctico por ausencia de
valoración probatoria y por valoración irrazonable.
8.3.1.
En relación con la supuesta estructuración de un defecto fáctico, la accionante
refirió que las autoridades demandadas no valoraron las pruebas allegadas al
plenario. Concretamente, acusó al juez de familia de limitarse a enunciar el
material probatorio recaudado, sin analizarlo y de “confirmar la providencia
[de primera instancia] con frases de cajón”[69].
El
representante de la Procuraduría consideró, en cambio, que la valoración
probatoria fue irrazonable, porque “a la luz del acervo probatorio, era
evidente la inconveniencia de la convivencia entre los cónyuges, también era
claro que la recomendación de abandonar la vivienda familiar se encaminaba
hacia el padre, no obstante el abandono de la vivienda por parte de la madre y
los niños, había ocurrido de manera irregular debido a los comportamientos
ansiosos del padre”.[70]
8.3.2. Frente a tales acusaciones, la comisaria de familia
accionada dijo que, tras valorar las declaraciones de  las partes, las
experticias realizadas por los profesionales del despacho y las demás pruebas
practicadas en el proceso, no encontró demostrado que Javier
representara un peligro para la vida, la integridad física o la salud de su
familia, que era lo que habría permitido imponer la medida de protección
consistente en el desalojo de la vivienda familiar, a la luz del artículo 5° de
la Ley 294 de 1996. Adicionalmente, se refirió a algunas irregularidades en la
remisión de los dictámenes de sicología practicados y resaltó que fue la propia
accionante la que desistió de la solicitud que presentó en la audiencia del 24
de noviembre de 2011, con el objeto de que Javier fuera valorado por
psiquiatría forense, pese a que la valoración había sido aceptada por el
presunto agresor y ordenada por el despacho.
La respuesta del juez de familia demandado coincide con la
versión de la comisaria. El funcionario indicó, también, que en el expediente
contentivo de la solicitud de medida de protección no había pruebas que
permitieran proferir la orden de desalojo reclamada, ya que las valoraciones
sicológicas que se le realizaron a Javier no demostraron que
representara un peligro para su familia.
8.3.3. En ese contexto, y atendiendo a lo planteado en el
fundamento jurídico 4. de esta providencia, la Sala verificará si se vulneró el
debido proceso de la demandante y de sus hijos por cuenta de la estructuración
de un defecto fáctico por ausencia de valoración probatoria o por valoración
defectuosa del material probatorio.
Las autoridades demandadas no incurrieron en un
defecto fáctico por ausencia de valoración probatoria
8.3.4. La Sala explicó previamente que el defecto fáctico
por ausencia de valoración probatoria se presenta en dos circunstancias
concretas: cuando el funcionario judicial pretermite el examen de los elementos
probatorios recaudados o cuando deja de analizar una prueba que era relevante
para resolver la controversia objeto de estudio (Supra. 4.2.).
En este caso, se acusa a las accionadas de incurrir en el
primer evento, esto es, de haber vulnerado el debido proceso de la actora y de
sus hijos, al no haber valorado las pruebas incorporadas en el plenario. No
obstante, una simple lectura de las
providencias cuestionadas basta para descartar la configuración del defecto
alegado.
8.3.5. El acta
de la audiencia de fallo revela, con respecto a la decisión de primera
instancia, todo lo contrario: que la conducencia, pertinencia y relevancia de
los elementos de prueba allegados al expediente fueron ampliamente debatidos
por las partes, sus apoderados y la Procuradora Delegada que asistió a la
audiencia en comisión especial para apoyar las pretensiones de Patricia.
También demuestra que, una vez culminado ese debate, las pruebas fueron
apreciadas por la Comisaría de Familia, al amparo, como lo manifestó
expresamente, de las reglas de la sana crítica (Supra. 8.2.15).
Recuérdese,
además, que la comisaria
estudió las objeciones del caso, que fue sobre esa base que declaró sin valor
probatorio los documentos que el querellado aportó en la audiencia, que instó a
las partes a conciliar sobre los aspectos en conflicto y que, tras constatar
que ninguna de ellas estaba interesada en llegar a un acuerdo, analizó las
pruebas y resolvió lo de su competencia, “de conformidad con lo establecido
en el artículo 8° del Decreto 652 de 2001 y en pro de los objetivos de la
normatividad reguladora de la violencia intrafamiliar”.[71]
8.3.6. El fallo
del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá también se apoyó en las
pruebas practicadas y allegadas en el curso de la primera instancia. Pero,
lejos de “limitarse a enunciar el material probatorio recaudado”, como se alegó
en la tutela, el juez accionado consideró cada una de las pruebas y les dio una
credibilidad que estimó coherente con las medidas de protección ordenadas por la
Comisaría de Familia. El juez, de hecho, se pronunció expresamente sobre lo
declarado por las partes, las valoraciones sicológicas realizadas a la pareja y
a los menores, el informe social realizado por la sicóloga de la comisaría y
los testimonios de la tía y la madre de la querellante. Luego, planteó unas
conclusiones sobre las particularidades del conflicto familiar que originó el
proceso, aludiendo a lo que revelaron sobre el particular los medios de
convicción a los que hizo referencia expresa (Supra. 8.2.19).
8.3.7. Tal
ejercicio de análisis excluye la pretendida ausencia de valoración probatoria
de la que se acusa a la sentencia pues, ni se dejaron de valorar las pruebas
debidamente incorporadas ni se omitió el examen de alguna que resultara
decisiva para resolver la controversia, siendo estas las cuestiones que, se
repite, la jurisprudencia constitucional considera defectos fácticos
susceptibles de vulnerar el debido proceso. Otra cosa habría sucedido si la
valoración probatoria hubiera desbordado el ámbito de lo que puede considerarse
razonable, a la luz de los principios de la sana crítica. Una objeción de esas
características configura una valoración defectuosa del material probatorio, y
es su eventual configuración en el proceso de imposición de medidas de
protección el asunto que la Sala estudiará a continuación.
No se configuró, en este caso, un defecto fáctico
por valoración defectuosa del material probatorio
8.3.8. La estructuración de un defecto fáctico por
valoración defectuosa del material probatorio es aquel que tiene lugar cuando
la decisión judicial se apoya en unas premisas que, o distan de los elementos
fácticos verificados en el proceso o reflejan una apreciación probatoria que
pugna con lo que en el argot jurídico se conoce como sana crítica: las reglas
de la lógica, la ciencia y la experiencia.
De ahí que el aludido defecto se presente solamente ante
un examen caprichoso de los elementos de convicción recaudados y no frente a
cualquier divergencia con lo que el juzgador concluyó sobre ellos. Lo esencial,
se dijo, es demostrar que la valoración probatoria entraña arbitrariedad, pues
es este el único evento que desborda el margen de interpretación que se
reconoce a los jueces en aplicación de los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial. Adicionalmente, se exige que la valoración
arbitraria de la prueba haya incidido sobre el sentido de la decisión
cuestionada.
Procederá la Sala, entonces, a determinar si las órdenes
que impartieron las autoridades accionadas responden a una valoración probatoria
manifiestamente irrazonable o si, en cambio, se ajustan a lo que objetivamente
se demostró en el proceso. Todo esto, claro, desde la perspectiva del principio
pro infans, que sujeta la discrecionalidad judicial al respeto de unos
límites concretos, relativos, todos ellos, al trato prevalente que merecen los
menores de edad en su condición de sujetos de especial protección
constitucional.
8.3.9. El cargo relativo a la presencia de un defecto
fáctico por la valoración defectuosa de las pruebas se sustenta, en palabras de
la Procuraduría, en que las accionadas no habrían apreciado acertadamente las
pruebas que demostraban la necesidad de impartir la medida de desalojo, en
especial, el informe de valoración psicológica de Javier y el hecho de
que la psicóloga de la comisaría le hubiera recomendado a Patricia
abandonar la vivienda familiar, ante el comportamiento ansioso de este. Patricia,
por su parte, criticó que los demandados no hubieran considerado su condición de
madre cabeza de familia ni las incomodidades que están padeciendo sus hijos al
vivir lejos de su colegio y de sus amigos.
Lo que debe verificar la Sala, en ese contexto, es si la
valoración de las pruebas referidas riñe con los criterios que, razonable y
objetivamente, determinan la imposición de medidas de protección en casos de
violencia intrafamiliar. En caso de que lo anterior se demuestre, la Sala
establecerá si, en ausencia de dicho error, las medidas impartidas habrían sido
diametralmente diferentes a las adoptadas. Para el efecto, contrastará los
elementos de convicción aportados por las pruebas en cuestión con lo decidido
al término del proceso judicial, sin que ello implique enjuiciar las inferencias
lógicas que efectuó el juzgador en el marco de sus competencias.
i) El informe de la valoración sicológica del presunto
agresor[72]
8.3.10.  Javier fue valorado por la sicóloga de la
Comisaría Segunda de Familia de Chía el 15 de diciembre de 2011. En el informe,
se lee como objetivo de la valoración, el siguiente: “la señora comisaria
solicita valoración urgente para el señor mencionado, dentro del proceso que se
sigue y con el fin de remitir a psiquiatría forense, como se ordena en la
medida de protección”. Después, se anuncia la realización de una entrevista
personal, complementada con la elaboración de la prueba proyectiva Wartegg -que
permite identificar algunas instancias de la personalidad de un individuo y
determinar los estilos de relación y adaptación al medio- y se exponen los
hallazgos revelados a partir de la entrevista y el instrumento aplicado.
La sicóloga señaló que Javier “busca aprobación
y apoyo de las personas con las que comparte en lo que hace”, que “se
torna bastante demandante hacia sus cercanos”, que sus relaciones
personales son superficiales para evitar compromisos y exigencias y que, en
ocasiones, puede actuar impulsivamente, porque reconoce “su dependencia y
baja autoestima, falta de iniciativa para las decisiones a tomar, lucha
internamente por mostrar moderado control a la agresividad ya que es muy
vulnerable a la crítica”. Además, refirió que Javier no se involucra
en vivencias afectivas, mostrándose “frío, ocasionalmente agresivo” y
que puede llegar a actuar “de forma impulsiva y egocéntrica”. Al final,
la profesional diagnosticó lo siguiente:
“Se puede decir que Javier
presenta algunos rasgos de personalidad ansiosa con efectos en algunas áreas de
desempeño y en el rol esperado. Mas no implica el mismo, riesgo a la integridad
de quienes le rodean. Se recomienda un proceso de atención e intervención por
riesgo a su propia integridad si el umbral de frustración sobrepasa su
capacidad de afrontamiento, en el cual puede llegar a cuadros depresivos
moderados y aumentar su ansiedad”.
ii) El episodio que habría motivado a la accionante a
irse de su casa, junto con sus hijos
8.3.11. En la tutela, Patricia refirió que huyó de
su hogar junto con sus hijos, pues fue esto lo que le sugirió la sicóloga de la
comisaría de familia, tras consultarla sobre un episodio de ansiedad que habría
sufrido Javier, en enero de 2012 (Supra 1.4.). En el trámite
constitucional de primera instancia, el Ministerio Público criticó que los
accionados no hubieran considerado, a la hora de imponer las medidas de
protección correspondientes, que “los sujetos pasivos de los comportamientos
agresivos del padre, es decir, la madre y los niños, ya se habían visto
forzados a desalojar intempestivamente el inmueble, por recomendación de la
sicóloga de la Comisaría de Familia”.[73] La comisaria demandada,
por su parte, se refirió al incidente al contestar la acción de tutela,
precisando que “las sesiones del sicólogo y los usuarios son privadas entre
ellos (...), por lo tanto, no puedo confirmar ni desvirtuar las conversaciones
en privado de la tutelante y la sicóloga”.
La Sala revisó el expediente correspondiente al proceso de
imposición de medidas de protección por violencia intrafamiliar con el objeto
de constatar si, en efecto, existe algún indicio de que la sicóloga de la
comisaría de familia le haya sugerido a la accionante abandonar su vivienda. No
con el objeto de enjuiciar la conducta de esta – pues las razones que la
motivaron a dejar su hogar no tienen relevancia para el caso concreto- sino
para verificar si, eventualmente, los accionados descartaron erróneamente un
elemento de prueba, asociado, por ejemplo, a la peligrosidad del supuesto
agresor, que podía cambiar tangencialmente su decisión.
Sin embargo, no encontró nada al respecto. La única
referencia a la inconveniencia de que Javier conviva con Sara y Daniel
está consignada, a modo de recomendación, en las conclusiones generales de las
valoraciones sicológicas realizadas por la profesional de la Comisaría. No
obstante, la sicóloga no insinúa, en ningún momento, que Javier represente
peligro para Patricia o sus hijos. Al respecto, indicó:
“Debido a la imagen que el
señor les ha dejado a los niños por su forma de enfrentar la crisis de pareja,
en la que lo perciben muy frágil e inseguro, con muy poca movilización al
cambio positivo, les hace sentir necesidad de protegerlo, cambiando los roles.
Ello no es favorable para un buen desarrollo de la personalidad. Por lo tanto
es necesario que Javier genere actitud segura y de auto confianza como
medio de acompañamiento en el buen proyecto de vida de los niños. Se le sugirió
al padre no permitir más esa malsana relación e iniciar un proceso de duelo más
racional en el que su dependencia y sobre todo la imagen que les brinda a los
niños no les otorgue más efectos sobre su autoestima. Mostrando su amor hacia
ellos, inicie un nuevo espacio de forma independiente en la que la preocupación
por no alterar la calidad de vida, la fraternidad y la convivencia social. Ello
con el fin de que Daniel y Sara no lo sigan identificando como la
persona vulnerable a la que deben proteger, sino que él los puede proteger y
brindar seguridad desde su rol y género debe brindar”.[74]
Así, la profesional consideró necesario “que el padre
busque un espacio que le permita la independencia y mejoría de su autoestima,
se prepare para dar mucho mejor de lo que da de sí mismo sin perpetuar lo
malsano con su pareja”.
En contraste, los informes de las valoraciones de
sicología de Sara y Daniel indican que ambos mantienen una
relación cercana y afectuosa con su padre, y que reconocen en la problemática
familiar un conflicto de pareja, asociado a los problemas económicos de este.
Los informes señalan lo siguiente sobre la forma en que los niños perciben a Javier:
-Valoración por sicología de Sara: “percibe a un
padre muy frágil, indeciso, inseguro, que necesita su protección. Por lo tanto,
la niña lleva en su interior la sensación de que debe responder por el estado
de ánimo de su padre. Ello hace que a veces se sienta ansiosa y deprimida. O
sea, identifica a un padre desvalido, buscando afecto, con pobre cohesión hacia
la familia y al cual pretende proteger ya que este se muestra como víctima.[75]
­-Valoración por sicología de Daniel: “percibe
a un padre muy dependiente, indeciso e inseguro que no aporta plata para la
casa por no tener un trabajo (al respecto dice que ya casi va a mejorar porque
pronto su empresa de sonido la va a tener) que necesita su protección. En el
fondo, Daniel ha creado la idea de que su mamá ya no quiere al papá
porque él ya no da para la casa y no tiene casi plata, entonces lo siente como
una persona desventajada, a quien debe proteger. El niño cuenta que no tiene
trabajo y por ello ya no son felices en la casa, que tienen problemas. Además
ve frecuentemente las peleas y conflictos entre sus padres”.[76]
El informe social de la visita efectuada en el domicilio
de las partes el 14 de diciembre de 2011 tampoco recomienda desalojar a Javier
de la vivienda que comparte con sus hijos. Estas son algunas de las
observaciones que, en esa oportunidad, hizo la psicóloga: “existe conflicto
familiar entre Patricia y Javier, al parecer esto viene de tiempo
atrás. Aunque no se observa negligencia en el cuidado de los menores que
habitan en esta casa, se intuye que los adultos tienen un conflicto constante y
en presencia de los niños. En este caso, a los niños se les estaría vulnerando
el derecho fundamental a estar rodeados de un ambiente sano. El conflicto que
existe entre Patricia y Javier posiblemente tiene causas
económicas (...). En lo manifestado por Javier informa que en el
conflicto con su esposa ha tenido influencia su suegra, quien actualmente
habita en la casa de su hija y yerno. Se considera necesario hacer la
intervención por sicología a Patricia, a Javier y a los hijos
para el manejo del conflicto y la separación”.[77]
8.3.12. En cuanto a las pruebas que según la actora fueron
valoradas arbitrariamente por el juez acusado, en lo que calificó como una
conducta trasgresora de sus derechos fundamentales, la Sala debe hacer unas
breves precisiones. La primera es que la alegada condición de madre de cabeza
de familia de la peticionaria no fue siquiera planteada en el proceso de
imposición de medidas de protección. Tanto así que, en la tutela, Patricia
asume que el funcionario judicial podía corroborar esa circunstancia al ser él
quien tramitaba, también, su proceso de divorcio. Dado que era a la actora a
quien le correspondía dar cuenta de su condición de madre cabeza de familia, si
estimaba que tal hecho era relevante para la solución del caso, la Sala
rechazará tal acusación que, en todo caso, se sustenta en una prueba que no fue
objeto de debate.
Además,
debe tenerse en cuenta que las incomodidades
que estarían sufriendo Sara y Daniel al vivir lejos de su hogar
solo fueron alegadas en el momento de la impugnación de la decisión de primer
grado. Nótese, sobre el particular, que la primera solicitud de la medida de
desalojo, formulada por el abogado de la actora en la audiencia de fallo del 24
de noviembre de 2011, se apoyó en la supuesta confesión de Javier sobre
su “conducta violenta y peligrosa para la salud de
su esposa y sus hijos”[78]
y que el apoderado retomó tal argumento sobre la peligrosidad de Javier al
sustentar el recurso de apelación. En realidad, fue la delegada del Ministerio
Público la que, en esa oportunidad, se refirió a “los traumatismos” que
habrían padecido los niños “al trasladarse de su vivienda familiar,
la cual quedaba cerca de su colegio”[79].
8.3.13. Pues bien, lo que reprochan la actora y la
Procuraduría es que la valoración de las pruebas reseñadas en los párrafos
precedentes y la de las demás que obraban en el proceso no hubiera conducido a
ordenarle a Javier el desalojo de la vivienda familiar. La Comisaría
Segunda de Familia de Chía se abstuvo de impartir tal medida porque “de
acuerdo con el artículo 5° de la Ley 294 de 1996 no se probó que el señor
constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de
cualquiera de los miembros de la familia” y en su lugar, les ordenó a Patricia
y Javier abstenerse de toda forma de violencia física o verbal,
amenaza, ofensa, humillación en contra de su pareja; mantener residencias
separadas; asistir a terapia sicológica y excluir a sus hijos del conflicto.
Adicionalmente, le ordenó a Javier “abstenerse de cualquier represalia
contra sus hijos o sustraerse de sus obligaciones alimentarias”. Esas
medidas fueron confirmadas, en su integridad, por el Juez Segundo Promiscuo de
Familia de Zipaquirá.
¿Denota esto un proceder arbitrario capaz de vulnerar los
derechos fundamentales de Patricia o de sus hijos? La Sala estima que no
y que, en cambio, lo inferido por la autoridad administrativa y judicial que
tuvieron a su cargo el trámite de imposición de medidas de protección se ajusta
a lo que razonablemente podía concluirse a partir de las pruebas válidamente
recaudadas.
Las decisiones, plenamente justificadas en el acta de la
audiencia de fallo celebrada por la comisaría y en la sentencia de segunda
instancia, dan cuenta de un examen ponderado de los testimonios allegados, de
las experticias practicadas por la profesional en sicología y de lo relatado
por las partes a lo largo del proceso. A partir de esos elementos, las
autoridades accionadas llegaron a una hipótesis creíble sobre la controversia
sometida a su consideración: la de que la pareja estaba inmersa en una
competencia de poderes derivada de los problemas económicos del cónyuge.
Y aunque la Comisaría no fue especialmente exhaustiva en
la exposición de los elementos que formaron su convicción al respecto, la Sala
encuentra que su análisis fue juicioso, y que sus consideraciones, leídas a la
par con su diligencia en el recaudo probatorio, su preocupación por lograr que
las partes llegaran a un acuerdo, su celeridad en la adopción de las medidas de
protección provisionales y su alusión expresa a los lineamientos normativos
relevantes en asuntos de violencia intrafamiliar, excluye cualquier posibilidad
de vincular su decisión con un capricho, o con un error de valoración
probatoria flagrante.
Lo propio puede concluirse del proceder del juez ad
quem, quien se refirió explícitamente a los elementos probatorios que
formaron su convencimiento sobre la sensatez y la proporcionalidad de las
medidas adoptadas en la primera instancia. Recuérdese, en ese sentido, que el
funcionario atribuyó el conflicto familiar a cuestiones de índole económica, a
que las partes confunden los roles de víctima y agresor y a la intromisión de
personas extrañas al vínculo matrimonial. Y que descartó la supuesta
peligrosidad de Javier a partir de lo que revelaron los informes
sicológicos sobre el vínculo afectivo que mantienen Daniel y Sara
con su padre.
La verosimilitud de esas deducciones, la justificación
expresa de cada una de ellas y su coherencia con las reglas de la sana crítica
descartan que se haya desbordado, en este caso, el margen de interpretación que
se reconoce a los jueces en virtud de los principios superiores que resguardan
su autonomía e independencia. Esto, aunado a que una valoración distinta del
examen sicológico de Javier y del episodio que motivó a Patricia a
desalojar su hogar, no habría alterado el sentido de la decisión adoptada por
los funcionarios demandados, dada la existencia de otros medios de convicción
que desvirtuaban que Javier representara una amenaza para la vida, la
integridad o la salud de Patricia o de sus hijos, descartan que se haya
presentado en este caso el defecto fáctico alegado.
8.3.14. Así las cosas, solo resta por dilucidar si la
apreciación de las pruebas recopiladas en el proceso excedió los límites de
discrecionalidad a los que deben sujetarse las autoridades judiciales, en aras
de garantizar la prevalencia de los derechos de los niños. La Sala descarta tal
posibilidad en principio, teniendo en cuenta que las medidas de protección
adoptadas no revelan un interés diferente al de salvaguardar el bienestar de Daniel
y de Sara (recuérdese, al respecto, que la Comisaría de Familia les
ordenó a Patricia y a Javier marginar a sus hijos del
conflicto de pareja, en armonía con lo que sugirieron la sicóloga que los
examinó y la personera que acompañó la primera parte de la audiencia como
representante del Ministerio Público).
8.3.15. De todas formas, tal punto no puede darse por
concluido sin verificar, antes, si las accionadas acataron los criterios
jurídicos relevantes que dan por demostrada la garantía del interés superior
del menor en cada caso concreto. La Sala estima, sin embargo, que no es este el
momento de llevar a cabo dicho análisis.
Dado que en este caso particular se discute la posible
estructuración de un defecto sustantivo asociado a que las accionadas
confundieron la finalidad de las medidas de protección atinentes al desalojo
del posible agresor y a la decisión provisional sobre el uso y el disfrute de
la vivienda familiar, será en ese marco en el que se evalúe el cumplimiento de
los aludidos criterios jurídicos.[80]
Como, en
conclusión, la Sala comprobó que el análisis probatorio efectuado respetó los
márgenes de discrecionalidad reconocidos a un funcionario judicial en ejercicio
de su autonomía, que el mismo aparece ajustado a las reglas de la sana crítica,
que una interpretación distinta no habría cambiado el sentido de lo resuelto y
que la conducta de las accionadas estuvo signada por su intención de garantizar
efectivamente el interés prevalente de Daniel y Sara, la Sala
descartará la configuración de un defecto fáctico y emprenderá, a continuación,
el estudio del siguiente problema jurídico.
8.4.
Sobre la presunta ausencia de motivación de la decisión proferida, en segunda
instancia, por el Juez Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá
8.4.1. La causal de tutela contra sentencias relativa a su
falta de motivación tiene lugar,
únicamente, cuando la respectiva providencia carece de cualquier argumentación
o cuando la misma es defectuosa o abiertamente insuficiente. Lo que se cuestiona
es, en suma, el actuar caprichoso y arbitrario del funcionario judicial, cuya
discrecionalidad no lo exime de justificar su decisión a partir de las normas
aplicables a los hechos probados en el proceso.
8.4.2. En la
tutela se acusa al Juez Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá de haber
analizado de forma aparente y formal lo alegado en la impugnación de la
decisión de la comisaría. Según la actora, el funcionario se limitó a
reiterar las apreciaciones y motivaciones de la primera instancia, sin exponer
su propio criterio.
Sin embargo, el análisis efectuado previamente, al
descartar la supuesta estructuración de un defecto fáctico por ausencia de
valoración probatoria en la sentencia cuestionada, demuestra que la misma no
adolece tampoco de la falta de motivación que le increpa la peticionaria. Como
se advirtió entonces, el fallo contiene un examen cabal de las pruebas
recaudadas, puntualmente, de lo declarado por las partes en las audiencias, de
los informes de sicología y de los testimonios de las familiares de la
querellante. Y fue a partir de lo que tales elementos de convicción revelaron
sobre los problemas de pareja que enfrentaban Patricia y
Javier, que el funcionario respaldó las medidas impartidas en la primera
instancia.
8.4.3. Eso no significa que haya asumido sin más la
validez de lo decidido por la Comisaría ni que su sentencia esté desprovista de
una argumentación propia. Al contrario, el fallo incluye consideraciones
distintas a las de la decisión de primer grado, que profundizan, por ejemplo,
en las circunstancias en que ocurre la violencia intrafamiliar y en la
finalidad de las medidas de protección que se imponen para evitarla. Sobre este
aspecto, el fallo refiere:
“Debe tenerse en
cuenta que la violencia intrafamiliar tiene varias formas y matices, pues para
que se presente basta el maltrato de carácter psíquico, como las amenazas,
agravios u ofensas, es decir, no se reduce al carácter físico; de ahí que, para
considerar adecuada y prudente la toma de las medidas de protección, es
suficiente con encontrarse frente a cualquiera de esas conductas. No puede
dejarse de lado que las medidas de protección no solo buscan sancionar las
diferentes clases de violencia intrafamiliar, sino que además propenden por su
prevención”.[81]
Así, el juez reiteró que “las partes confunden
los roles de víctima y victimario, siendo los mismos a la vez agresores y
agredidos” y reconoció, ante la ausencia de pruebas sobre la peligrosidad
de Javier, el mérito de que las medidas de protección se hubieran
dirigido a la pareja.
Tales argumentos confirman que la sentencia acusada
fue motivada de manera suficiente y que consideró los planteamientos de la
impugnación, los cuales, en síntesis, reclamaban la imposición de la medida de
desalojo. En esos términos, queda descartada la ausencia de motivación de la
sentencia, lo cual desvirtúa, de paso, que la decisión haya obedecido a un
proceder arbitrario y trasgresor del interés superior del menor.
8.5. Sobre la posible estructuración de un defecto
sustantivo en las decisiones que se abstuvieron de ordenar el desalojo del
presunto agresor.
8.5.1. El defecto
sustantivo del que se acusa a las autoridades demandadas denuncia la
irrazonabilidad del análisis normativo que realizaron previa imposición de las
medidas de protección. Lo que la actora y el Ministerio Público reprueban es
que, en lugar de disponer el desalojo de Javier, se hubiera ordenado a
los cónyuges mantener residencias separadas, pese a que Patricia y sus
hijos ya habían abandonado su hogar.
8.5.2.
Así, la tarea de la Sala consistirá en determinar si frente a esas dos opciones
–el desalojo del supuesto agresor y la decisión provisional sobre el uso y
disfrute de la vivienda familiar– y dados los supuestos fácticos acreditados en
el proceso, la comisaría y el juzgado de familia estaban obligados a impartir
la orden de desalojo, por ser esta la que garantizaba efectivamente el bienestar
de Sara  y de Daniel.
En
resumen –y atendiendo a que el defecto sustantivo se presenta únicamente ante
decisiones absolutamente desatinadas e injustificadas desde el punto de vista
constitucional- la Sala establecerá si lo resuelto por la Comisaría Segunda de
Familia de Chía y por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá se
apartó de manera irrazonable de los parámetros normativos que regulan la
imposición de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar o si
atentó, de alguna manera, contra el trato preferente que merecen los niños.
Con
ese fin, indagará por el objeto de la imposición de medidas de protección en el
contexto de un suceso de violencia intrafamiliar. Definido esto, verificará la
aplicación de los criterios jurídicos relevantes de protección del interés
superior del menor en el caso concreto.
El proceso de imposición de medidas de protección a favor de las
víctimas de violencia intrafamiliar contemplado en la Ley 294 de 1996.
8.5.3.
En cumplimiento del deber de protección integral de la familia que la Carta
Política la atribuye al Estado y a la sociedad, el Congreso sancionó la Ley 294
de 1996, “por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución y se
dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”.
La
norma, que se planteó con el propósito de eliminar cualquier forma de violencia
dentro de la familia, para asegurar su armonía y unidad[82],
señala expresamente los principios de interpretación a los que se supedita su
aplicación. Para los efectos del asunto en estudio, revisten de especial
relevancia: i) la oportuna y eficaz protección especial de quienes en el
contexto de una familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier
forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o
ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar
y ii) la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los
demás.[83]
8.5.4.
Uno de los mecanismos que introdujo la Ley 294 de 1996 en aras de materializar
ese propósito de eficacia y oportunidad en la prevención, corrección y sanción
de la violencia intrafamiliar fue la posibilidad de impartir medidas de protección inmediata a favor de quienes
hayan sido víctimas de daño físico, psíquico, o daño
a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de
agresión por parte de un miembro de su grupo familiar.
Así,
el artículo 5° invistió a los comisarios de familia –o en su ausencia, a los
jueces civiles municipales o promiscuos municipales del lugar de los hechos-
con la potestad de ordenar el cese de la conducta que motivó la queja de
violencia intrafamiliar y con la de dictar las medidas que estimen necesarias
para alcanzar los objetivos de la ley, es decir, la armonía y la unidad
familiar.
Tales
medidas pueden imponerse de manera provisional e inmediata, durante las cuatro
horas hábiles siguientes al momento en que se soliciten, y de forma definitiva,
una vez agotado el procedimiento previsto en el Capítulo III (artículos 9 a 19) de la Ley 294 de 1996. Como se advirtió al introducir la exposición de los aspectos centrales
del proceso que en esta oportunidad se examina, dicho trámite comprende la
oportunidad de que el agresor rinda sus descargos[84]; la obligación de propiciar “el acercamiento y el
diálogo directo entre las partes para el logro de acuerdo sobre la paz y la
convivencia de la familia” y la correspondiente etapa probatoria[85].
8.5.5.
Lo relevante al momento de definir la medida de protección a impartir es que la
misma resulte apta para conjurar la situación de violencia o la amenaza que se
ciñe sobre la víctima. El legislador no sujetó tal decisión a ningún
condicionamiento y, en cambio, les reconoció a los comisarios y a los
funcionarios judiciales competentes un amplio margen de discrecionalidad en la
materia, al consagrar, taxativamente, su facultad de adoptar cualquier
medida necesaria
para el cumplimiento de los objetivos de la Ley 294.
Pese
a la introducción de ese criterio de necesidad –coherente con las
complejidades que implicaría supeditar la solución de los conflictos familiares
a un sistema de tarifa legal- la norma incluyó un catálogo de las medidas que
dichas autoridades pueden impartir para amparar efectivamente a quien reclamó
la protección, entre las que se cuentan las dos que propiciaron la controversia
objeto de revisión: la de “ordenar al agresor el
desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su
presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud
de cualquiera de los miembros de la familia” y la concerniente a la decisión provisional sobre “el uso y disfrute
de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de
otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla”.[86]
En lugar de limitar la
discrecionalidad de la autoridad judicial que tiene a su cargo la solución del
conflicto, dicho listado opera como un marco ilustrativo de los instrumentos
que la ley puso a su disposición para salvaguardar los bienes jurídicos que
podrían resultar vulnerados a partir de una conducta constitutiva de violencia
intrafamiliar o reparar el daño que se les ha causado, una vez consumado el
acto nocivo.
La enunciación expresa de los
principios de interpretación y aplicación de la Ley 294 de 1996; las novedades
que introdujo la Ley 575 de 2000, que la modificó, para propiciar que tales
conflictos fueran resueltos a través de mecanismos alternos como la
conciliación; las medidas de protección adicionadas por la Ley 1257 de 2008 en
el ámbito de la sensibilización, prevención y sanción de las formas de
violencia contra las mujeres; los fallos que han confirmado la constitucionalidad
de estas disposiciones[87] y los que en sede de
tutela han reconocido la importancia de que las órdenes que buscan erradicar
este tipo de violencia se emitan en su escenario natural y en virtud de las
especificidades de cada caso[88] confirman que no es
posible darle a un proceso de imposición de medidas de protección por violencia
intrafamiliar una solución jurídica preconcebida y concreta.
Mucho menos, cuando lo que se
espera de las autoridades encargadas de adelantar dicha tarea es un proceder
dinámico y diligente, que pondere los intereses de la víctima con los de los
demás integrantes del grupo familiar; considere el impacto que su decisión
podría tener sobre los derechos fundamentales de sujetos vulnerables y la
armonice con lo que pueda resolverse, sobre el mismo asunto, en otros
escenarios[89].
La infinidad de variables que
puede incidir sobre la efectividad de una medida de protección impiden
anticipar una respuesta específica para cada episodio de violencia
intrafamiliar. De ahí que la autoridad no esté obligada a optar entre una
medida de protección u otra. Su deber consiste en identificar las disposiciones
jurídicas relevantes para el caso sujeto a su estudio y en aplicar las que
considere pertinentes, desde la óptica de las preceptivas constitucionales y de
los lineamientos normativos a los que se hizo alusión.
8.5.6. En esas condiciones, y
atendiendo a lo que previamente se expuso sobre los hechos demostrados en el
caso concreto, la Sala no encuentra, en principio, un proceder irrazonable en
las medidas que impuso la comisaría de familia y que confirmó posteriormente el
juzgado accionado.
No es cierto, como lo plantea el
representante de la Procuraduría, que la recomendación alusiva a que Patricia
y Javier mantuvieran residencias separadas debiera conducir,
necesariamente, a ordenar el desalojo de este, ya que al tenor de lo previsto
en el literal a) del artículo 5° de la Ley 294 de 1996, la medida de desalojo
solo opera en el evento en que la autoridad del caso estime que la presencia
del agresor representa una amenaza para la vida, la integridad física o la
salud de alguno de los miembros de la familia.
Lo que queda por dilucidar,
entonces, es si era la orden de desalojo la única  medida que podía concretar
en este caso el principio constitucional del interés superior de menor. En ese
orden de ideas, la Sala revisará la decisión cuestionada, desde la perspectiva
de los criterios jurídicos relevantes que, según esta corporación, dan cuenta
del cumplimiento de ese objetivo.
Las medidas de protección
impartidas en el caso concreto se ajustan a los criterios jurídicos relevantes
de protección del interés superior del menor
8.5.7. La Sala sintetizó, en el
fundamento jurídico 7. de esta providencia, los lineamientos en virtud de los
cuales se estima satisfecho el principio constitucional de interés superior del
menor. Puntualmente, se refirió a las pautas que permiten determinar si su
condición de sujetos de especial protección fue considerada al interior de un
proceso judicial.
De acuerdo con lo expuesto, el
trato prevalente que merecen los niños se entiende garantizado cuando la
decisión judicial es coherente con los supuestos fácticos verificados y se
ajusta al marco normativo aplicable, contenido en los tratados internacionales,
la ley y los reglamentos sobre la materia. La Sala aclaró, frente a este
segundo aspecto, que la conformidad de lo resuelto con las disposiciones
jurídicas respectivas se determina a partir de los criterios jurídicos relevantes
que ha identificado esta Corporación al ejercer el control abstracto y concreto
de constitucionalidad.
Según se explicó, esos criterios
están asociados a la responsabilidad que la familia, la sociedad y el Estado
tienen en la tarea de proteger a los niños de abusos y arbitrariedades y de
brindarles las condiciones para que vivan en un espacio sano y propicio para su
desarrollo físico y emocional. De ahí que, al momento de tomar una decisión que
altere de cualquier manera el entorno personal y familiar de un menor de edad,
el encargado de adoptarla deba preguntarse si la misma i) garantiza
efectivamente el desarrollo integral del menor; ii) le permite ejercer sus
derechos fundamentales plenamente; iii) lo protege de riesgos prohibidos; iv)
resulta equilibrada frente a los derechos fundamentales de sus padres; v) le
provee un ambiente familiar apto para su desarrollo y vi) es necesaria, dada la
excepcionalidad de la intervención del Estado en la relaciones familiares.
Además, la Corte ha identificado
otra serie de reglas que limitan los márgenes de discernimiento de la autoridad
respectiva a la hora de elegir la solución más adecuada para resolver la
controversia sometida a su conocimiento. En esa dirección, se exige al operador
jurídico valorar las características del medio social en que se desenvuelve el
menor; las pruebas que sobre el particular se recaudaron a lo largo del proceso
y los posibles efectos de su decisión.
La labor del juez
constitucional, ante un asunto como el presente, se reduce a  constatar que la
decisión judicial sea proporcionada, razonable y congruente con tales
parámetros. La Sala, a continuación, procederá de conformidad.
8.5.8. Para comenzar, es
pertinente recordar que la valoración probatoria realizada por las autoridades
acusadas fue validada sobre el supuesto de que los elementos de juicio
acopiados respaldaban objetivamente su tesis sobre el origen y el alcance del
conflicto que amenazaba la unidad y la armonía de la familia integrada por Javier,
Patricia y sus hijos menores. La Sala, en efecto, encontró razonable la
hipótesis de que la confrontación se presentó únicamente en el ámbito de la
pareja; por un asunto de índole económica, y que la afectación de los niños
tiene que ver con el hecho de que se hayan visto expuestos a las continuas
discusiones de sus padres.
Fue en atención a esa situación
que la Comisaría de Familia sometió a consideración de Patricia y de Javier
la solución que estimó más adecuada: la de resolver el conflicto mediante un
acuerdo. Descartada dicha posibilidad, dictó las órdenes que estimó necesarias
para blindar a Sara y a Daniel de las desavenencias que, en
el futuro, pudieran presentarse entre sus padres. Así, conminó a Patricia y
a Javier a abstenerse de “toda forma de violencia física o verbal,
amenaza, ofensa, humillación” en contra de su pareja, les ordenó mantener
residencias separadas, excluir a sus hijos del conflicto y asistir a terapia
sicológica. También le prohibió a Javier tomar represalias contra sus
hijos o sustraerse de sus obligaciones alimentarias. Tales medidas, además de
resultar adecuadas frente a los supuestos fácticos probados en el proceso, se
ajustan a los criterios jurídicos que aspiran a garantizar del desarrollo
integral del menor. Todo esto, por las razones que pasan a exponerse.
8.5.9. La orden de que Patricia
y Javier mantengan residencias separadas –que es la que, en últimas,
se cuestionó en la tutela- es consecuente con la idea de procurarles a Sara y
a Daniel un ambiente sano y ajeno a los altercados que presenciaron
cuando compartían su hogar con ambos padres. Tal determinación, leída en el
contexto de las órdenes alusivas a excluir a los niños del conflicto y a
terminar con toda forma de violencia, se compagina con el criterio de necesidad
relativo a la excepcional intromisión del Estado en las relaciones familiares
y, de paso, asegura que los menores disfruten de un espacio para ejercer sus
derechos fundamentales plenamente. Debe reiterarse, de todas maneras, que ante
la tesis plausible de que Javier no constituía una amenaza para “la vida,
la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia”,
los demandados no estaban conminados a ordenar el desalojo reclamado.
8.5.10. La Sala encuentra que,
ciertamente, era factible que las autoridades demandadas se pronunciaran sobre
el uso y disfrute provisional de la residencia que habitaban Patricia, Javier,
Sara y Daniel, en aplicación de lo contemplado sobre el particular en el
literal k) del artículo 5° de la Ley 294 de 1996. No obstante, las variables
que deben considerarse al resolver un litigio de esas características y el
margen de maniobra que el legislador les concedió a los operadores jurídicos
encargados de dirimir estas controversias impiden prejuzgar la omisión de las
accionadas en este sentido como un defecto sustantivo trasgresor del debido
proceso. Lo procedente es verificar si al dejar de pronunciarse al respecto, la
Comisaría y el Juzgado incurrieron en una interpretación contraevidente o
manifiestamente perjudicial para alguna de las partes, en este caso, para los
niños.
El primer escenario debe
desvirtuarse, de cara a las reflexiones realizadas previamente acerca de la
imposibilidad de considerar que determinada medida de protección deba ser
impartida, imperativamente, frente a un caso concreto (Supra. 8.5.5).
No puede pretenderse que, frente al dilema planteado, la única salida posible
fuera dilucidar a quién le correspondía el uso de la vivienda familiar, sin
considerar elementos tangenciales al asunto debatido, como, por ejemplo, el que
Patricia no hubiera solicitado esa medida de protección y, en su lugar,
se hubiera empeñado en reclamar que Javier fuera desalojado
inmediatamente de su residencia; el hecho de que Javier hubiera
identificado el inmueble como su único sitio de trabajo y, finalmente, lo que
podría resolver al respecto la autoridad que conocía del proceso de cesación de
los efectos civiles del matrimonio católico, en el marco del cual también era
posible reclamar la imposición de la citada medida de protección.
En cuanto a la posible
trasgresión del interés superior del menor, hay que recordar que la misma se
asoció a las incomodidades que estarían sufriendo Sara  y Daniel
al vivir lejos de su colegio y de sus amigos, y al verse privados de los
espacios que tenían en su casa para realizar sus actividades diarias. Ninguna
de esas circunstancias se opone al criterio jurídico relevante que asocia el
interés superior del menor con la obligación de protegerlo de abusos,
arbitrariedades y riesgos prohibidos.
En efecto, no hay razones para
considerar que el hecho de que los menores residan en un lugar distinto al que
reconocían como su hogar constituya una afrenta a su dignidad, que es lo que
conduciría a estimar vulnerados sus derechos fundamentales y a declarar la
estructuración de un defecto sustantivo. Es pertinente recordar que, al
estudiar este aspecto, la Corte se ha considerado como riesgos prohibidos
aquellos generados por la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, la
violencia física o moral, la explotación económica o laboral o cualquier otra
situación que amenace el desarrollo armónico del niño, en el marco de su
situación concreta.[90]
Para terminar, la Sala debe
aclarar que no es cierto lo que indicó la Procuraduría General acerca de las
evidencias sobre la supuesta afectación emocional que habrían sufrido Sara y
Daniel debido al traslado de su residencia. El interviniente citó como
pruebas lo declarado por los padres, informes académicos y evaluaciones de
sicología, pese a que en el expediente de medidas de protección no existe
ninguna constancia académica y a que las valoraciones sicológicas consideradas
se realizaron antes de que los niños se fueran a vivir a la casa de su abuela.
En contraste, es palmario que el impacto emocional que han
sufrido los menores obedece a que han tenido que presenciar las increpaciones
mutuas que se hacen sus padres y a que comprenden plenamente la problemática
que los enfrenta.
­8.5.11. Verificado en esos
términos que lo resuelto por las demandadas en relación con las medidas de
protección solicitadas por Patricia se ajusta a las preceptivas que
propugnan el trato prevalente de los menores de edad, en tanto que i) consideró
los principios de interpretación y aplicación de la Ley 294 de 1996 (en
especial el de la oportuna y eficaz protección
especial de quienes en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser
víctimas de violencia y el de prevalencia de los derechos de los niños); ii)
valoró el entorno familiar de Sara y Daniel, a partir de las
pruebas compendiadas y de las recomendaciones efectuadas por la sicóloga y los
representantes de los entes de control que participaron en el proceso; e iii) incorporó
los criterios jurídicos relevantes que permiten considerar que una decisión
judicial garantizó el interés superior del menor, la Sala entiende desvirtuada
la presencia, en las decisiones atacadas, de un defecto sustantivo.
8.5.1.2 Por esos motivos,
confirmará las decisiones de instancia, que acertadamente señalaron la
imposibilidad de cuestionar por vía de tutela un fallo por razones de simple
inconformidad con lo resuelto por la autoridad competente.
Antes de declarar lo pertinente,
la Sala estima apropiado advertir que la protección de la armonía y la unidad
familiar y la guarda del interés superior de los niños atañen, antes que a la
sociedad y al Estado, a la propia familia, que es la llamada a satisfacer las
necesidades de atención y afecto que requiere un individuo en sus primeros años
de vida.
Frente a asuntos que involucran
intereses tan sensibles como los que en esta ocasión se debatieron, lo deseable
sería que las partes conciliaran sus diferencias, para beneficio propio y el de
sus hijos, en lugar de someterse y someterlos a ellos a los mecanismos
complementarios que diseñó el legislador para dirimir, en última ratio,
aquellos conflictos que no pueden ser solucionados concertadamente por los
integrantes de la familia.
Patricia –que es abogada-
y su ex esposo, han llevado sus diferencias a todos los escenarios judiciales
posibles. Además de las accionadas, que dirimieron el proceso de imposición de
medidas de protección, han conocido del conflicto varios jueces de tutela (los
que resolvieron el presente proceso y los que ampararon los derechos que el
colegio de Sara y Daniel le vulneró a Javier, al impedirle
ingresar al centro educativo y ordenar la salida de los menores por otra puerta
de acceso), el centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tuvo
su cargo el proceso de revisión de custodia y regulación de visitas; una
fiscalía seccional, que conoció una denuncia por ejercicio arbitrario de la
custodia (que fue trasladada a la Defensoría de Familia para ser tramitada como
un trámite de amonestación por violación del régimen de visitas) y el juzgado
de familia ante el cual Patricia promovió una demanda de regulación de
visitas que se dio por terminada por sustracción de materia.
Tal despliegue del aparato
judicial denota que Javier y Patricia han privilegiado sus
intereses sobre los de sus hijos, en contraste con la especial consideración
que han reclamado a nombre de estos al intervenir en las precitadas diligencias
y en oposición a la transversalidad que demanda la garantía efectiva del
interés superior del menor.
IV. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR, por las razones indicadas en esta providencia, la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012), que confirmó
el fallo del veinticuatro (24) de agosto de dos mil doce (2012), mediante el
cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca denegó la acción de tutela instaurada por Patricia, como representante de sus hijos
menores Sara y Daniel, en contra de la Comisaría Segunda de
Familia de Chía y el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Zipaquirá.
Segundo.- Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
María Victoria Calle Correa
Magistrada
Con
aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA T-261/13
DEFECTO SUSTANTIVO-Para determinar este defecto no se debe utilizar el calificativo
“absolutamente”, pues hace más rigurosa la causal de procedibilidad en casos
futuros (Aclaración de voto)
Referencia: expediente T-3672894
Magistrado Ponente:
Luís Ernesto Vargas Silva
Con el acostumbrado respeto, a continuación expongo las
razones que me  llevan a aclarar el voto.
En
relación con el análisis sobre la configuración de un defecto sustantivo por
interpretación irrazonable, el fallo puede estar extralimitándose en la calificación
de dicho defecto al concluir que “el defecto sustantivo se presenta
únicamente ante decisiones absolutamente desatinadas e injustificadas
desde el punto de vista constitucional [-]” (8.5.2, énfasis fuera del
texto). El calificativo “absolutamente” parecería estar añadiendo un
elemento definitorio y de mayor rigor a la configuración del defecto aparte de
los elementos constitutivos del defecto señalados por la jurisprudencia
constitucional y la propia sentencia. La jurisprudencia de la Corte y el fallo
mismo señalan que el defecto en mención se configura cuando una decisión se
aparta ostensiblemente del régimen jurídico vigente para la materia de
que se trate (6.1), lo cual implica que el juicio para identificar el defecto no
requiere un test que establezca de forma absoluta el carácter
injustificado de la providencia objeto de tutela. Como la propia decisión
lo establece (6.2), la regla indica que el defecto se configura cuando la
interpretación realizada por la autoridad judicial es irrazonable debido a una
de las siguientes razones: (i) la opción interpretativa le otorga a la
disposición jurídica un sentido y alcance que no tiene o (ii) la opción
interpretativa entiende una disposición infraconstitucional de una manera que
en principio resulta formalmente posible, pero en realidad contraviene los
postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.
Establecer de forma absoluta el carácter injustificado o irracional de
la providencia objeto de la acción de tutela no sólo dificultaría en muchos
casos complejos la identificación de estas dos hipótesis sino que en términos
más generales equivaldría a hacer más rigurosa la causal de procedibilidad en
casos futuros.
Considero
además innecesaria la afirmación contenida en el último párrafo del numeral
8.5.10 en tanto califica y decide de forma casi definitiva sobre las causas del
impacto emocional que han sufrido los menores hijos de la actora.
En
este sentido el fallo señala:
“En contraste, es palmario que el impacto emocional
que han sufrido los menores obedece a que han tenido que presenciar las
increpaciones mutuas que se hacen sus padres y a que comprenden plenamente la
problemática que los enfrenta”.
Considero
que este tipo de calificación excede el ámbito y las herramientas de valoración
de la Corte en esta materia.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Acta de continuación de la audiencia de fallo del 24 de noviembre de
2011, dentro del proceso de violencia intrafamiliar N° 112 de 2011. Folio 20
del cuaderno principal.
[2] Folio 50 del cuaderno principal.
[3] Folio 54 del cuaderno principal.
[4] En este punto, la Comisaria de Familia transcribió algunos apartes de
las intervenciones de quienes participaron en la audiencia realizada ese día.
Destacó que la accionante indicó haber desalojado su casa porque “estar bajo
el mismo techo es muy incómodo, Javier no colabora con nada para la
casa, ni para los niños ni colegios, nada, encuentra todo en la casa, comida,
sitio a donde vivir, porque yo pago la casa, hipoteca y sobre hipoteca de la
casa, servicios y todos los gastos de la casa (...)”. También citó lo dicho
por el apoderado de la actora, en relación con la imposición de medidas
provisionales, y lo advertido por la Personera Delegada para la Protección del Menor y la Familia, quien señaló: “Una vez escuchadas a las partes, siempre propendo por la unidad familiar, por el
bienestar de los niños. Yo encuentro aquí una competencia de poderes, al
referirse las partes a sus cargos, a sus amistades y familiares, nos salimos
del contexto familiar, que la pareja es la llamada a resolverlos, los invito
que si no pueden convivir, que si lo mejor es separarse, lo hagan de la mejor
forma y que haya un bienestar para que los hijos, están ustedes como
interesados en su proceso y sus abogados, me gustaría escucharlos más en la parte
humana, y mirar en el bienestar de los hijos”. (Folio 91 del cuaderno
principal)
[5] Folio 91 del cuaderno principal.
[6] Folio 68 del cuaderno principal.
[7] Folios 1 a 12 del cuaderno principal.
[8] Folios 13 y 14 del cuaderno principal.
[9] Folio 15 del cuaderno principal. Certificó la comisaria que el día 11
de enero de 2012 no aparecían en el expediente las valoraciones e informes
sicológicos de los menores, por lo cual debieron contactar telefónicamente a la
sicóloga, quien envió los documentos por correo electrónico. Como la comisaría
no pudo acceder al contenido de los correos, intentaron contactar de nuevo a la
sicóloga, sin éxito. Indicó entonces que “el día 12 de enero,
aproximadamente a las ocho de la mañana, se presentó el Dr. Francisco Noguera
(sic), abogado de Patricia e hizo entrega no formal al sicólogo Juan
Carlos Morales de las valoraciones e informes de psicología de los niños,
informes de los cuales no se tenía conocimiento en la Comisaría”
[10] Folios 18 y 19 del cuaderno principal.
[11] Folios 20 a 29 del cuaderno principal.
[12] Folios 30 a 34 del cuaderno principal.
[13] Folios 35 a 43 del cuaderno principal.
[14] Folios 39 a 41 del cuaderno principal.
[15] Folios 109 a 111 del cuaderno principal.
[16] Folio 112 del cuaderno principal.
[17] Folios 208-217 del cuaderno principal.
[18] Folio 100 del cuaderno 3.
[19] Ibídem.
[20] Folios 48 y 49 del cuaderno 3.
[21] Folios 119 a 152 del cuaderno 3.
[22] Folios 104 a 108 del cuaderno 3.
[23] Folios 162 y 163 del cuaderno 3.
[24] Folio 53 del cuaderno principal.
[25] Definido por la Corte como aquel que se presenta cuando “el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y
actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad,
(...) cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su
competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio”. Sentencia T-993 de 2003, (M.P. Clara Inés Vargas).
[26] Folio 77 del cuaderno principal.
[27] Cfr. Sentencia T-582
de 2012 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] En relación con la
facultad de delimitar el problema jurídico en sede revisión puede revisarse el
Auto 223 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). La providencia da cuenta de que
la potestad discrecional de la Corte para seleccionar qué casos merecen ser
objeto de revisados lleva intrínseca la facultad de “delimitar los temas
jurídicos que en cada caso deben ser examinados para efectos de desarrollar su
función de unificación jurisprudencial”.
[29] Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-006 de 1992 (M.P.
Eduardo Cifuentes), C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández); T-079
de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes) y T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes),
relativas a la doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente, las
sentencias SU-014 de 2001 (Álvaro Tafur) y T-1180 de 2001 (Marco Gerardo
Monroy) plantearon la posibilidad de que se produjeran fallos judiciales que,
sin ser arbitrarios y caprichosos, llevaran a la vulneración de derechos
fundamentales. Finalmente, la doctrina de las causales genéricas de procedencia
se establecieron los fallos T-441 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre), T-462 de
2003 (M.P. Eduardo Montealegre), T-771 de 2003 (Marco Gerardo Monroy) y T-701
de 2004 (Rodrigo Uprimny), doctrina que fue sistematizada por la sentencia de
Sala Plena C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba), que en esta ocasión se reitera.
[30] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[31] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba) y T-701 de 2004 (Rodrigo Uprimny).
[32] Sentencia T-902 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy).
[33] Ibídem.
[34] Sentencia T-442 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell).
[35] En este acápite, la Sala seguirá la exposición incluida en la
sentencia T-302 de 2008 (M.P Jaime Córdoba Triviño) acerca de la decisión sin
motivación como causal de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto pueden consultarse, también, las sentencias T-709 de
2010 (M.P Jorge Iván Palacio); T-868 de 2009 (M.P Jorge Iván Palacio); T-592 de
2000 (M.P Alfredo Beltrán Sierra) y T-069 de 1999 (M.P Martha Victoria
Sáchica).
[36]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[37] M.P. Marco Gerardo Monroy.
[38] Sentencia T-709 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio.
[39] Sentencia C-462 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre.
[40] Sentencia T-937 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas.
[41] Ante la importancia que tienen los principios de autonomía e
independencia judicial en la concreción de los fines del Estado Social de
Derecho, la Corte ha caracterizado el defecto sustantivo por interpretación
irrazonable como una de las causales más restringidas de procedencia de la
tutela contra sentencias. De ahí que haya circunscrito su configuración a
aquellos eventos en que la interpretación judicial choca de manera contundente
con las disposiciones superiores relativas al carácter normativo de la Carta, a la primacía de los derechos humanos, a la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales, al debido proceso y a la garantía de acceso a la administración
de justicia. Sobre este tema y sobre las desafíos que entraña examinar la labor
interpretativa de los jueces ordinarios por vía de tutela pueden revisarse las
sentencias T-1093, T-1095 y T-1096 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[42] Cfr. Sentencias T-049  y T-617 de 2010, T-351 de 2011 y T-1049
de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[43] Cfr. Sent. T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[44] Cfr. Sentencia T-514 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández).
[45] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[46] El fallo hizo alusión,
en este punto, a los instrumentos
normativos que incorporaron esa nueva visión del menor. En concreto, se refirió
a la Convención de los Derechos del Niño y, en el ámbito internacional, al
Código del Menor regulado por del Decreto 2737 de 1989. Conforme a estos
principios, explicó, la Constitución Política elevó al niño a la posición de sujeto merecedor de especial protección por parte del Estado, la sociedad y
la familia.
[47] M.P. José
Gregorio Hernández.
[48] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[49] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[50] M.P. Manuel José Cepeda.
[51] M.P. Manuel José Cepeda.
[52] M.P. Manuel José Cepeda.
[53] M.P. María Victoria Calle.
[54] M.P. Luis Ernesto Vargas.
[55] M.P. Luis Ernesto Vargas.
[56] Declaración de los Derechos del Niño, principio 2.
[57] Ley 1098 de 2006, artículo 26.
[58] Cfr. Sentencia T-510 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda)
[59]
La sentencia T-302 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) señala, en esa
dirección, que es constitucionalmente razonable exigir que las decisiones
judiciales relativas a la satisfacción del interés superior del menor
consideren los parámetros establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, sin que ello implique vulnerar los
principios de autonomía judicial y juez natural. El fallo se refiere,
explícitamente, a la necesidad de considerar al menor como un verdadero sujeto
de derecho, y no solo como objeto de protección. También advierte que, dadas
las amplias facultades que se les han concedido para resolver “lo que mejor
convenga al cuidado del niño”, las autoridades judiciales deben buscar que
sus decisiones logren un “balance justo entre los intereses del individuo y
los de la comunidad, así como entre los del menor y sus padres”.
[60] Cfr. Sentencia T-397
de 2004, (M.P. Manuel José Cepeda).
[61] Sentencia T-408 de 1995 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz). El fallo aclara, en todo caso, que “ello no implica que al
momento de determinar cuál es la opción más favorable para un menor en
particular, no se puedan tener en cuenta los derechos e intereses de las
personas vinculadas con tal menor, en especial los de sus padres. Por el
contrario: el interés superior del menor prevalece sobre los intereses de los
demás, pero no es de ninguna manera excluyente ni absoluto frente a ellos. El
sentido mismo del verbo ‘prevalecer’ implica, necesariamente, el
establecimiento de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en
casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de
no encontrarse una forma de armonización; por lo mismo, los derechos e
intereses conexos de los padres y demás personas relevantes se deben tomar en
cuenta en función del interés superior del menor.”
[62] Sobre este tema es relevante considerar los argumentos formulados en
la sentencia C-997 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba) acerca de rol de los jueces de
familia que conocen los procesos de terminación de la patria potestad regulados
en el Código Civil. En esa ocasión, la Corte debía establecer si, como lo alegó
el demandante, la causal de pérdida de la patria potestad relativa a que alguno
de los padres hubiera sido condenado a pena privativa de la libertad era
inconstitucional cuando se imponía como consecuencia de la comisión de delitos
que no tenían que ver con las relaciones de familia. La Corte declaró constitucional la norma acusada, sobre la base de que es el juez del proceso quien determina,
a la luz del principio del interés superior del menor, si resulta benéfico o no
para el hijo la terminación de la patria potestad que ejercen sus padres. El
proceso de terminación de la patria potestad es, precisamente, uno de aquellos
escenarios en los que la garantía del interés superior del menor incumbe a una
autoridad judicial que, en ejercicio de su discrecionalidad, pero sobre la base
de las pruebas recaudadas y de la aplicación de los criterios jurídicos
relevantes decantados por la jurisprudencia constitucional, decide qué es lo
más conveniente para el menor.   Lo anterior confirma que, tratándose de
procesos judiciales relativos a la protección de un menor de edad, el principio
de autonomía judicial tiene como límites los presupuestos fácticos debidamente
verificados a partir del material probatorio allegado al plenario y los
criterios jurídicos relevantes a los que, de manera insistente,  se ha hecho
alusión en esta providencia.
[63]
La alusión a la imposibilidad de que la intervención del Estado sea arbitraria
o desproporcionada está asociada, específicamente, al deber de considerar las
condiciones fácticas y jurídicas relevantes para decidir sobre la adopción de
la medida más favorable al interés superior del menor. Sobre este tema pueden
revisarse las sentencias T-572 de 2009 (M.P. Humberto Sierra); T-572 de 2010 y
T-068 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao).
[64] La actora promovió un incidente de incumplimiento de la medida de
protección relativa a que las partes se abstuvieran de toda forma de violencia,
amenaza, ofensa o humillación contra su pareja. Lo anterior, con fundamento en
algunos calificativos con los que Javier se refirió a ella en un correo
electrónico. La comisaría se abstuvo de sancionarlo, pues consideró que las
expresiones que usó Javier en el citado correo no configuraron un
incumplimiento de lo ordenado. (Cuaderno 3, incidente de incumplimiento de
medida de protección, expediente 112-11 de la Comisaría Segunda de Familia de Chía).
[65] Ley 294 de 1996, artículo 11, modificado por el artículo 6° de la Ley 575 de 2000.
[66] Ibídem.
[67] Folio 1, cuaderno 1 del Expediente 112-11, correspondiente al proceso
de imposición de medidas de protección.
[68] Como se verá a continuación, la audiencia de fallo se llevó a cabo en
dos fechas diferentes. La primera parte se realizó el veinticuatro (24) de
noviembre de dos mil once (2011). No obstante, dicha diligencia fue suspendida,
con el objeto de que se practicaran unas valoraciones siquiátricas solicitadas
por Patricia. La audiencia se reanudó el dos (2) de febrero de dos mil
doce (2012). En este acápite, la Sala trascribirá los  apartes más relevantes
de la referida audiencia, según lo consignado en las actas respectivas,
obrantes a  Folios 39-41 y 162-171 del cuaderno 1 del Expediente 112-11, el
cual fue enviado a esta corporación por la Comisaría Segunda de Familia de Chía, en respuesta a la solicitud formulada en ese sentido
por el magistrado sustanciador.
[69] Folio 51, cuaderno principal.
[70] Folio 77, cuaderno principal.
[71] Folio 26 del cuaderno principal.
[72] Folios 1-4 del cuaderno principal.
[73] Folio 76 del cuaderno principal.
[74] Folio 11 del cuaderno principal.
[75] Folios 5-7 del cuaderno principal.
[76] Folios 8-10 del cuaderno principal.
[77] Folios 60-66, cuaderno 1 del expediente correspondiente al proceso de
imposición de medidas de protección por violencia intrafamiliar.
[78] (Supra. 8.2.15.)
[79] (Supra. 8.2.17.)
[80] Las causales específicas de
procedencia de la tutela contra sentencias no son entidades autónomas que deban
valorarse dentro de unos límites estrictos, ya que, con frecuencia, la estructuración
de una de ellas puede dar lugar, coetáneamente, a la configuración de otras.
Sobre esa base, la Sala advirtió que la posible vulneración directa de la Constitución, asociada a la trasgresión del interés superior del menor, sería examinada en el
marco específico de la estructuración de los defectos fácticos y sustantivos
planteados en la tutela. No obstante, el hecho de que la garantía de protección
prevalente que la Carta reconoce a los menores de edad dependa del cumplimiento
de unos parámetros específicos que deberán contrastarse con los presupuestos
fácticos verificados en este caso, amerita aplazar tal estudio, por razones
metodológicas, hasta que se aborde el examen del defecto sustantivo alegado,
una vez que se hayan delimitado los parámetros a los que se sujeta la
imposición de medidas de protección en el marco de los conflictos derivados de
eventos de violencia intrafamiliar.
[81] Folio 41 del cuaderno principal.
[82] Ley 294 de 1996. Artículo 1°.
[83] Sobre el particular, indica el artículo 3° de
la Ley 294 de 1996: “Para la interpretación y la aplicación de la presente
Ley se tendrán en cuenta los siguientes principios: a) Primacía de los derechos
fundamentales y reconocimiento de la familia como institución básica de la
sociedad; b) Toda forma de violencia en la familia se considera destructiva de
su armonía y unidad, y por lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por
las autoridades públicas; c) La oportuna y eficaz protección especial a
aquellas personas que en el contexto de una familia sean o puedan llegar a ser
víctimas, en cualquier forma, de daño físico o síquico, amenaza, maltrato,
agravio, ofensa, tortura o ultraje, por causa del comportamiento de otro
integrante de la unidad familiar; d) La igualdad de derechos y oportunidades
del hombre y la mujer; e) Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la
integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada,
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión
de sus opiniones; f) Los derechos de los niños prevalecen sobre los de los
demás; g) La preservación de la unidad y la armonía entre los miembros de la
familia, recurriendo para ello a los medios conciliatorios legales cuando fuere
procedente; h) La eficacia, celeridad, sumariedad y oralidad en la aplicación
de los procedimientos contemplados en la presente Ley; i) El respeto a la
intimidad y al buen nombre en la tramitación y resolución de los conflictos
intrafamiliares”.
[84] Ley 294 de 1996, Artículo 13: “El agresor
podrá presentar descargos antes de la audiencia, y proponer fórmulas de
avenimiento con la víctima, e igualmente solicitar pruebas, que se practicarán
durante la audiencia”.
[85] Ley 294 de 1996, Artículo 14. “Antes de
la audiencia y durante la misma, el Comisionario o el Juez, según el caso,
deberá procurar por todos los medios legales a su alcance, fórmulas de solución
al conflicto intrafamiliar entre el agresor y la víctima, a fin de garantizar
la unidad y armonía de la familia, y especialmente que el agresor enmiende su
comportamiento. En todos los casos, propiciará el acercamiento y el diálogo
directo entre las partes para el logro de acuerdo sobre paz y la convivencia en
familia. En la misma audiencia decretará y practicará las pruebas que soliciten
las partes y las que de oficio estime conducentes”.
[86] Ley 294 de 1996, Artículo 5°, modificado por
el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. “Si la
autoridad competente determina que el solicitante o un miembro de un grupo
familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia motivada
una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse
de realizar la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la
persona ofendida u otro miembro del grupo familiar. El funcionario podrá
imponer, además, según el caso, las siguientes medidas, sin perjuicio de las
establecidas en el artículo 18 de
la presente ley: a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que
comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la
vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la
familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde
se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación
resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimide, amenace o de
cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia
provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor esconder o trasladar
de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de
indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales
a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y
terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a
costa del agresor. e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los
gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que
requiera la víctima; f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se
tema su repetición la autoridad competente ordenará una protección temporal
especial de la víctima por parte de las autoridades de polícia, tanto en su
domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere; g) Ordenar a la autoridad
de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a esta para su
reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de
salir para proteger su seguridad; h) Decidir provisionalmente el régimen de
visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin
perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes
podrán ratificar esta medida o modificarla; i) Suspender al agresor la
tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para
el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada; j)
Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias,
sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes
podrán ratificar esta medida o modificarla; k) Decidir provisionalmente el uso
y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia
civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;
1) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o
gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad
conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades
competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial; m) Ordenar al
agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de
identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la
víctima; n) Cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley”.
[87] Al declarar exequible la expresión “y deberá presentarse a más tardar dentro de los ocho (8)
días hábiles siguientes a su acaecimiento”, contenida en el inciso segundo del artículo 9° de la ley
294 de 1996, la sentencia C-652 de 1997 (Vladimiro Naranjo) dio cuenta de que
la intervención de las autoridades en las relaciones familiares no persigue el
fin de fijar criterios de comportamiento, sino propiciar la armonía y la paz
familiar, impidiendo cualquier amenaza o violación a los derechos fundamentales
de sus integrantes. La Ley 294 de 1996, indicó el fallo, creó un sistema
normativo cuyo propósito radica en prevenir, corregir y sancionar la violencia
intrafamiliar, a través de medidas pedagógicas, protectoras y sancionadoras que
permiten a las personas solucionar sus desavenencias familiares por medios
civilizados como el diálogo concertado, la conciliación y otros medios
judiciales. Más adelante, la sentencia C-273 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero) señaló que es legítimo En efecto, en principio es legítimo que
lograr acuerdos conciliados en el campo de la violencia intrafamiliar, pues la Constitución no impide establecer mecanismos consensuales, en vez de dispositivos
exclusivamente sancionatorios, para resolver los conflictos intrafamiliares. Finalmente,
la sentencia C-059 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas), que declaró ajustado a la Carta el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 575 de 2000, que permite a las víctimas de violencia intrafamiliar
acudir a los Jueces de Paz y a los Conciliadores en Equidad para obtener, con
su mediación, que cese la violencia, maltrato o agresión, o para que la eviten
si fuere inminente, advirtió que nada se opone, desde la perspectiva
constitucional, a que tratándose de hechos de violencia, maltrato o abuso
intrafamiliar, la respuesta del Estado consista “en propender por la
aplicación de fórmulas alternas y complementarias, no represivas, como la que
prevé la norma acusada, con el fin de alcanzar los objetivos superiores de la
protección integral de la familia e igualmente la participación de la comunidad
en los problemas que los afectan”.
[88] La Corte ha reconocido en varias oportunidades la importancia de
que los conflictos derivados de una situación de violencia intrafamiliar se
resuelvan en el escenario específico que el legislador creó con ese objeto, es
decir, ante las comisarías de familia o los jueces que, en su ausencia, deban
asumir los procesos relativos a la imposición de medidas de protección. Eso
explica que, como regla general, haya declarado improcedentes las tutelas
promovidas con el objeto de plantear esos debates ante la jurisdicción
constitucional, cuando no se han agotado los mecanismos del caso. Las
sentencias T-789 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy); T-282 de 2002 (M.P.
Manuel José Cepeda); T-133 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-416 de 2006
(M.P. Rodrigo Escobar Gil) reiteran, frente a distintas problemáticas, la
importancia de someter los incidentes de violencia intrafamiliar al
conocimiento de las autoridades que pueden, en ejercicio de las facultades que
les entregó la Ley 294 de 1996, identificar los hechos relevantes para decidir
cada caso y aplicar, a partir de lo advertido, los mecanismos que estime adecuados para corregir la
situación de violencia.
[89] El amplio margen de discernimiento con que cuentan estos funcionarios
a la hora de identificar las causas de la violencia intrafamiliar y de optar
por la solución que en su concepto resulte más adecuada para resolver el
conflicto ha sido advertido por los organismos de control y por el Gobierno
que, en el marco de los documentos que han dictado para instruir a los
comisarios de familia y a los jueces sobre sus competencias en la prevención,
corrección y sanción de la violencia intrafamiliar, han insistido en la
importancia de que la medida de protección adoptada esté vinculada con los hechos
probados y con la norma en vigor, interpretada a la luz del artículo 42 de la Constitución y los Convenios internacionales ratificados por Colombia en esta  materia. (Cfr.
Mecanismos de protección de la Violencia Intrafamiliar, Defensoría del Pueblo, Bogotá, 2001, en http://www.defensoria.org.co/red/anexos/publicaciones/violencia_intrafamiliar.pdf
y Justicia y Género, II Lineamientos técnicos en violencias basadas en
género para las comisarías de familia, Ministerio de Justicia y del
Derecho, Bogotá, 2012, en http://www.minjusticia.gov.co/library/resource/documents/DOCUMENTOSBANER/JUSTICIA%20Y%20GENERO%20II4830.pdf).
[90] Cfr. Sentencia T-510
de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda).