T-026-15
Sentencia T-026/15
PRINCIPIO DE PLURALISMO Y DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Autonomía y autogobierno como una de sus manifestaciones de los
derechos a la subsistencia e integridad de las comunidades étnicas
DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION Y PARTICIPACION DE COMUNIDADES
ETNICAS-Ámbitos de protección
DERECHO AL AUTOGOBIERNO DE COMUNIDADES ETNICAS-Parámetros de interpretación de normas nacionales que incidan en la
autonomía y el autogobierno étnicos
DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION Y PARTICIPACION DE COMUNIDADES
ETNICAS-Tensiones y principios de armonización de
la autonomía y el autogobierno ante la existencia de límites constitucionales
DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION Y PARTICIPACION DE COMUNIDADES
ETNICAS-Aplicabilidad de los criterios de autonomía
y autogobierno a la Kriss Romani, en atención al principio de diversidad étnica
y cultural
COMUNIDAD ROM O GITANA-Características
étnicas y culturales/COMUNIDAD ROM O GITANA-Organización social y
cultural
POBLACION ROM O GITANA-Reconocimiento
como grupo étnico y cultural de la nación
DERECHO AL AUTOGOBIERNO DE POBLACION ROM O GITANA-Derecho a resolver sus controversias y de tratar sus asuntos
internos, a través de las autoridades tradicionales dispuestas para el efecto
Referencia:
Expediente T-4.510.680
Acción de
Tutela instaurada por David Cristo Barrios, representante legal de la Kumpañy
e Lumnia Katar Le Rom, contra el Ministerio del Interior, Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías Étnicas y otros
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, veintitrés (23) de enero
de dos mil quince (2015)
La Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos de tutela dictados por la Subsección “B” de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección “B” de la Sección Segunda
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en el asunto
de la referencia.
I. ANTECEDENTES
El señor David Cristo Barrios,
representante de la organización Kumpañy e Lumnia Katar Le Rom[1],
demandó a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
Interior y a los Delegados Rom de la Comisión Nacional de Diálogo, que
pertenecen a diferentes kumpañy[2],
por considerar que al negar la inscripción de su organización como una unidad
gitana autónoma, se incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales
de asociación, diversidad étnica y debido proceso de los miembros de su kumpania.
1.1. Hechos
La acción constitucional fue
admitida por la autoridad judicial de primera instancia el 23 de enero de 2014,
quien vinculó a la Presidencia de la República y a la Comisión de Diálogo de la
Comunidad Rom en Colombia[3].
Los hechos relevantes se resumen así:
(i)
El 23 de septiembre de 2013, la Organización Proceso Organizativo del
Pueblo Rom de Colombia (PRORROM), integrante de la Comisión Nacional de
Diálogo del Pueblo ROM y representada por el señor Sandro Cristo, le solicitó
al Ministerio del Interior no inscribir nuevas Kumpañy, con el propósito
de fortalecer las existentes, evitar la atomización y garantizar la
participación de los gitanos a través de los canales existentes.
(ii)
El 10 de octubre del mismo año, el señor Sandro Cristo radicó ante la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del aludido Ministerio, el Acta
del día 2 del mes en cita, en donde fue consagrada la decisión adoptada por los
representantes de las kumpañy existentes -que conforman la Comisión
Nacional de Diálogo por parte de los gitanos-, atinente al registro de nuevas Kumpañy
en el país. De manera que, si llegasen a existir Rom que se encuentren en el
territorio colombiano, no se abrirán nuevos registros y ellas se “anexarán” a
las Kumpañy existentes. Ese mismo día se radicaron modificaciones en los
estatutos de la Comisión Nacional de Diálogo.
(iii)
El 20 de noviembre de 2013, el demandante, esto es, el señor David
Cristo Barrios, quien ejerce como representante de la Kumpañy e Lumnia Katar
Le Rom, le solicitó al Director de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, el reconocimiento y registro de su organización
conforme a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 2957 de 2010[4].
Para esa misma fecha, el demandante también solicitó que se expidiera unos
certificados de pertenencia étnica como integrantes del Pueblo Rom[5].
(iv)
El 27 de diciembre de 2013, por primera vez, la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías le respondió al señor David Cristo Barrios la
petición formulada, en el sentido de negar el registro, con base en la
directriz de la Comisión. Por otra parte, le indicó que no podía expedir los
certificados de pertenencia étnica, pues en la actualidad figuraba dentro del
censo de PRORROM. Esta respuesta fue reiterada el 13 de enero de 2014.
(v)
Con posterioridad, el 13 de enero de 2014, el señor Sandro Cristo,
representante legal de PRORROM, allegó a la mencionada Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías, un oficio donde confirma la calidad de gitano del
demandante y de los miembros de la Kumpañy e Lumnia Katar Le Rom.
(vi)
Al día siguiente, esto es, el 14 de enero del año en cita, el demandante
le solicitó a PRORROM, por correo electrónico, su desvinculación y la de sus
representados de dicha organización, con el argumento de que existían de
conflictos personales que incidían en su voluntad de continuar oficialmente
vinculados.
(vii)
Los días 23 y 24 de enero de 2014, en la Comisión Nacional de Diálogo,
se discutió la solicitud del señor David Cristo Barrios de registrar una nueva kumpania.
Dicha solicitud fue denegada con el argumento de que ya se había adoptado una posición
sobre la materia el pasado 23 de septiembre de 2013, cuyo fundamento se
encuentra en la necesidad de impedir el fraccionamiento del proceso adelantado
frente al Estado para el reconocimiento del pueblo gitano.
(viii)
Finalmente, según la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del
Ministerio del Interior, hasta el momento, se han reconocido nueve Kumpañy y
dos organizaciones Rom.
1.2. Solicitud de amparo
constitucional
1.2.1. En general, la solicitud
del demandante puede ser agrupada en tres acápites: en el primero, se
presentaron varias definiciones de conceptos e instituciones relevantes para
entender el caso; en el segundo, se ahondó en la viabilidad procesal de la
acción de tutela para solventar el conflicto suscitado y; en el tercero, se expusieron
las razones por las cuales se considera que los demandados trasgredieron sus derechos
fundamentales y los de los miembros de su organización.
1.2.2. En el primer acápite, se definió
Kumpania (Kumpañy en plural) como el conjunto de grupos
familiares configurados patrilinealmente (patrigrupo)[6];
al tiempo que se planteó que el Sero Rom (Sere Romangue plural)
es el hombre casado, con hijos, sobre el cual recae la autoridad frente al
grupo. En virtud de esta explicación, el actor manifestó que la organización por
él representada está integrada por cuatro familias gitanas.
A continuación, conforme con el
artículo 8 del Decreto 2957 de 2010[7],
indicó que le compete al Ministerio del Interior registrar las Kumpañy
que existan en el país, siempre que –siguiendo lo dispuesto en el artículo 9 del
decreto en cita–el representante de la Kumpania así lo solicite por
escrito y adjunte los siguientes documentos: (i) un reglamento interno, (ii) un
acta de su elección acompañada de los asistentes y (iii) una dirección para la
correspondencia[8].
Por último, en lo que respecta a
la Comisión de Diálogo, expuso que es un espacio de interlocución y
concertación con el Estado Colombiano y el pueblo Rom. De ahí que, está
conformada por entidades estatales y por representantes de las Kumpañy.
1.2.3. En el segundo acápite, en
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela, el actor expuso que su
fundamento se encuentra en que existe una omisión por parte del Director de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, de acatar y
cumplir lo establecido en el Decreto 2957 de 2010 para la inscripción de una kumpañy.
En su criterio, la demanda es procesalmente viable, en tanto se presenta una
acción que trasgrede sus derechos, ya que se les impone una decisión de la
Comisión Nacional de Diálogo que no los representa. Aunado a lo anterior, el
señor Cristo Barrios sostiene que como consecuencia de la citada decisión de
los Rom demandados, también se presenta una violación de su derecho a la libre
asociación,  controversia que no es susceptible de ser resuelta a través de sus
autoridades tradicionales internas, las cuales tienen por objeto solventar
otros conflictos, como ocurre, por ejemplo, con las “voladas” de mujeres por
hombres gitanos.
1.2.4. Por último, en el tercer
acápite, se afirma que la negativa de registro desconoce el procedimiento
contemplado en el aludido Decreto 2957 de 2010, lo cual constituye una
vulneración del derecho al debido proceso. En este punto, se resalta que ninguna
norma le atribuye competencia a la Comisión Nacional de Diálogo para fijar o
modificar el trámite de reconocimiento e inscripción de las Kumpañy, por
lo que sus decisiones resultan inoponibles.  En este sentido, el actor enfatizó
que los gitanos que hacen parte de dicha Comisión no son servidores públicos,
sino particulares que actúan dentro de un espacio de interlocución,
circunstancia que le impedía al Ministerio del Interior aceptar un
procedimiento no contemplado en el régimen normativo vigente para negar su
derecho y que, además, les impone la condición de formar parte de otra
organización de la cual no quieren participar. En este orden de ideas, se
destacó que según las costumbres de su pueblo y, en especial, por la noción que
tienen de libertad, cada padre de familia manda únicamente en su casa, de lo
que se deriva que no existen jefes que puedan imponer reglas genéricas para los
demás.
Por otra parte, se recalcó que en
las solicitudes enviadas al Ministerio del Interior para evitar más
inscripciones de kumpañy, sólo participaron gitanos y no todas las
entidades públicas que hacen parte de la Comisión Nacional de Diálogo[9],
lo que le resta eficacia a la determinación adoptada.
Adicional a lo expuesto, se
estima que resulta absurdo considerar que se debilitaría al pueblo Rom por la
inclusión de nuevas Kumpañy, sobre todo cuando se atenta contra la
lógica de los derechos fundamentales al argüir que la inscripción puede negarse
dependiendo del número de miembros de una organización, ya que la eficacia de
los derechos no obedece a la cantidad de sujetos, sino a la condición de
personas.
Finalmente, en criterio del
actor, es contrario a la dignidad utilizar el concepto de “anexión” de personas
a organizaciones, especialmente, cuando la negativa a la inscripción y al reconocimiento
conduce a que la organización que representa no reciba la misma protección por
parte del Ministerio del Interior.
1.2.5. Con fundamento en lo
anterior, se solicita al juez constitucional que se ordene a la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, el
reconocimiento y registro de la Kumpañy Le Lumnia Katar Le Rom. Igualmente,
se pide que la Comisión Nacional de Diálogo expida unos nuevos estatutos, donde
se deje en claro que sólo aplican para sus integrantes.
1.3. Contestación de las
partes demandadas e intervención de terceros con interés
1.3.1. Contestación de la
Presidencia de la República[10]
La Presidencia de la República
solicitó ser desvinculada del proceso, ya que el debate jurídico suscitado
corresponde a la competencia del Ministerio del Interior. En todo caso, en su
defecto, pidió que se negara el amparo frente a ella, pues no ha vulnerado o
amenazado los derechos fundamentales del demandante y la organización que
representa.
1.3.2. Contestación de la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior[11]
El Director de la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías solicitó al juez constitucional que se
deniegue el amparo solicitado, ya que los derechos del accionante y el grupo
que representa no han sido vulnerados o amenazados, en la medida en que todos
ellos han sido reconocidos como miembros de la organización PRORROM.
Adicional a lo expuesto, trajo a
colación el escrito radicado por la Comisión Nacional de Diálogo, en el que le solicitó
que no se inscribieran más Kumpañy,  en atención a que se busca evitar
dificultades en la interlocución, que surgiría si el número de organizaciones
aumenta. En este sentido, se mencionó el Acta No. 01 del 2 de octubre de 2014,
la cual fue radicada el día 10 del mismo mes y año.
Con fundamento en lo anterior y
teniendo en cuenta que tal Comisión “es el espacio de interlocución entre el
Gobierno Nacional y el pueblo Rom y que [la] Dirección tiene entre otras la
función de promover la resolución de conflictos de conformidad con los usos y
costumbres de las comunidades indígenas y Gitanas, es [un] deber acatar las
decisiones internas que adopte esta etnia, ya que lo contrario sería vulnerar
su autonomía”[12].
Por último, el Director señaló que
contestó la petición en torno a los certificados de pertenencia étnica y que le
indicó al señor Cristo Barrios que él y las personas que decía representar (a
excepción del menor Jeikob Santiago Forero Cristo) se encontraban en el listado
censal aportado por PRORROM. Al respecto resaltó que el manejo de dicho listado
es una función propia de los representantes Rom, que tiene por objeto
establecer la composición de las kumpañy.
1.3.3. Contestación de PRORROM[13]
1.3.3.1. El señor Sandro Cristo
González, obrando como representante legal de PRORROM, intervino en el término otorgado
por la autoridad judicial de instancia, con el propósito de oponerse a las
pretensiones de la demanda y solicitar que la misma se declare como
improcedente, pues el asunto debe ser dilucidado ante la Kriss Rromani,
esto es, el sistema normativo propio del pueblo Rom o Gitano[14].
1.3.3.2. En la primera parte de
su escrito, el demandado indicó que una Kumpañy puede estar conformada
por varios linajes (vita en singular y vitsi en plural) que han
establecido alianzas entre sí, principalmente, por intercambios matrimoniales.
De la interacción entre ellos y de las relaciones que se generan, se configura
una apropiación espacial que constituye la jurisdicción de los Seres
Rromangue. A continuación, explicó que los patrigrupos familiares que
habitan o se desplazan de un lugar a otro y no logran constituir una kumpania,
siguen integrando aquella a la que pertenecen sus familiares por línea
paterna más próximos, de manera que la delimitación territorial de una kumpania
es un elemento trascedente a la organización del pueblo gitano, por más de que
–por sus valores nómadas– sea imprecisa y fluctuante.
En lo que respecta al sistema
jurídico propio, el señor Cristo González indicó que los Seres Rromangue
se reúnen para dirimir controversias, asunto al que se le denomina Kriss
y cuyo objetivo se encuentra en el restablecimiento de la armonía de la
comunidad. Para estos efectos, pone de presente que tienen como base la
tradición oral, las costumbres, la identidad y el conocimiento de los mayores.
1.3.3.3. En la segunda parte de
su escrito y respecto del caso en concreto, el demandado indicó que no se ha
negado la vinculación tanto del demandante como de quienes dice representar a
la organización PRORROM, por el contrario, pertenecen actualmente a ella. De
hecho, según se expone, dicha familia se encuentra registrada y recibe la
oferta institucional, como lo son, por ejemplo, las canastas familiares. En
este sentido, enfatizó que continuarán dentro de la citada organización “hasta
[tanto] no [se] surta la justicia propia y se tome una decisión al respecto”[15].
Precisamente, cualquier disputa que se presente entre el pueblo gitano tiene
como escenario de resolución la convocaría a una Kriss, lo que bajo
ninguna circunstancia contraria la Constitución Política[16].
Por lo demás, expuso que la
eventual prosperidad de la solicitud del demandante desestabilizaría al pueblo
gitano y desconocería el zakono rromano (cultura gitana), ya que de fundar
su propia kumpania se generaría la dispersión de las acciones del Estado,
afectando su incidencia sobre una población que, en el caso de Bogotá, apenas
supera las 523 personas[17].
Dicha situación, de contera, también tendría un efecto negativo en el proceso
organizativo que hasta el momento se ha adelantado, con miras a favorecer a un
grupo que, realmente, ha de ser visto como una familia numerosa, más no como una
kumpania[18].
1.4. Intervención del Presidente
de la Comisión de Diálogo[19]
Según información de la Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, la Comisión Nacional de Dialogo, como su
nombre lo indica, “es un espacio de diálogo y concertación entre el Gobierno
Nacional y el pueblo Rom, [de allí que] no cuenta con un Presidente o Junta
Directiva, sino que está integrado por 11 delegados Rom, quienes a su vez son
los representes de cada una de las Kumpañy registradas por este Ministerio”[20].
Bajo este contexto, se expuso que no era posible proceder a la contestación de
la demanda, no sin antes advertir que por lo menos seis de sus miembros también
fueron demandados por el accionante, ellos son, en su orden, los señores: Elkin
Mendoza Diez, Sandro José Mendoza, Sandro Cristo González, Jaime Gómez Santos,
Juan Carlos Gómez y Hugo Yancovich.
1.5. Intervención de los demás
demandados y terceros con interés
El resto de los demandados guardó
silencio durante el término otorgado por la autoridad judicial de primera
instancia para ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, tras el Auto del 25
de marzo de 2014, en el que el ad quem solicitó información adicional,
miembros de la Comisión Nacional de Diálogo (Lupe Gómez Ibanoff[21],
Jarol Aguad Gómez[22],
Jaime Gómez Santos[23],
Juan Pablo Ramírez Gómez[24],
Juan Carlos Gómez Garzón[25],
Sandro Mendoza[26],
Elkin Mendoza[27]
y Hugo Yancovich[28]),
coadyuvaron los argumentos y solicitudes de PRORROM e insistieron en que, para
esa fecha, no se había adelantado una Kriss que resolviera la
controversia planteada.
Por otra parte, también pusieron
de presente que la Comisión está compuesta por once representantes, entre ellos:
Cúcuta (Norte de Santander), Girón (Santander), Tolima, Bogotá (PRORROM y Unión
Romani), Pasto (Nariño), Envigado (Antioquia), Sampues (Sucre), San Pelayo y
Sahagún (Córdoba), y Sabanalarga (Atlántico). Para el caso de la capital, se
trata de dos organizaciones que existían antes de la entrada en vigencia del
Decreto 2957 de 2010, por lo que la kumpania de esta ciudad está
representada por ellas. No obstante, con posterioridad a la norma en cita, se
determinó que las Kumpañy deben llevar el mismo nombre de las entidades
territoriales donde habitan los gitanos, por lo que en un mismo lugar no pueden
existir dos ellas[29].
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN, EJECUCIÓN DE LAS MISMAS Y ELEMENTOS DE PRUEBA APORTADOS AL PROCESO
2.1. Primera instancia
En sentencia del 3 de febrero de
2014, la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró improcedente el amparo solicitado. Al respecto, consideró
que la Constitución confiere una protección especial a la diversidad étnica,
que encuentra una de sus manifestaciones en el principio de autonomía de
gobierno con que cuentan dichas comunidades. Lo anterior, siguiendo la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como las normas de derecho
internacional –entre las cuales se halla el Convenio 169 de la OIT– obedece a
un principio de maximización de esa autonomía y de minimización de las
restricciones.
De ahí que, respetando parámetros
mínimos en términos de derechos humanos y a través de sus propias instituciones
(como lo es la Kriss Rromaní), el pueblo Rom es el que debe
resolver el conflicto suscitado por la decisión de la Comisión Nacional de
Diálogo de no autorizar el registro de nuevas Kumpañy. Por lo demás, es
también frente a esa instancia en donde se deben aclarar y esclarecer los
motivos por los cuales el actor desea apartarse del proceso organizativo de su
comunidad.
2.2. Impugnación
Inconforme con la decisión de
primera instancia, el actor formuló recurso de apelación, en el que cuestionó el
cumplimiento del requisito de congruencia, básicamente porque consideró que el a-quo
no resolvió el conflicto planteado y porque se abstuvo de analizar varios
aspectos, entre ellos, la ausencia de oponibilidad de las actas de la Comisión Nacional
de Diálogo, las competencias de dicha entidad y la negativa del Ministerio a la
inscripción de la kumpania.
A continuación, reiteró que debe
declararse la procedencia de esta acción, pues la Kriss Rromani opera
para conflictos diferentes, en los cuales no se discuten vulneraciones a los
derechos fundamentales. En su criterio, su marco de acción se circunscribe a asuntos
cotidianos o internos, entre los cuales se pueden mencionar “[la] volada de
una pareja, los conflictos por trabajos o vortechía [y demás asuntos]
patrimoniales o particulares”[30].
Adicionalmente, el actor insistió en que la demanda buscaba el amparo de
derechos ajenos al ámbito de la justicia gitana, como lo es lo concerniente al
derecho de asociación, trasgredido al no permitir el registro de su
organización como una unidad gitana autónoma.
Al margen de lo anterior,
describió los motivos por los cuales él y sus representados decidieron apartarse
de PRORROM. Al respecto, relató que dicha organización aplicaba la kriss
a su manera, ya que a pesar de que ciertas familias debían pagarles multas, ello
no siempre era decretado. Igualmente, sufrieron exclusiones de los beneficios
que han de recibir como gitanos. Precisamente, salvo la canasta de alimentos,
que reciben por gestiones de la Unión Romaní de Colombia, no han gozado, entre
otros, de “empleos de encuestadores, capacitaciones, pachiu, talleres de
encuentro, celebración del 8 de abril, oportunidades de trabajo y ayudas del
ICBF”[31].
De igual manera, señaló que no fue publicado un libro escrito por Lilio Cristo
Gomanovich, padre y abuelo de miembros de la kumpania, por arbitrariedad
de la referida organización. En su criterio, de ser reconocidos y recibir apoyo
institucional directo, podrían publicarlo.
A partir de lo expuesto, efectuando
una aproximación teórica, el señor Cristo Barros afirmó que existen límites y
riesgos de la justicia comunitaria, en donde se pueden perpetuar situaciones de
dominación y exclusión, lo que conduciría a prácticas de venganza, despóticas y
violentas, aunado a que se puede convertir en un medio para evitar
transformaciones estructurales y justas de las sociedades. Por lo anterior,
cuestionó la idoneidad de la Kirss Romani para zanjar la controversia,
ya que se puede perpetuar una situación de discriminación y exclusión, en el
sentido de obligarlos a hacer parte de una organización determinada, que
pretende monopolizar la cultura gitana y que, en esencia, obedece a una
asociación en términos del derecho colombiano. En conclusión, en criterio del
demandante, la aplicación del fallo de primera instancia privilegia a aquellos
gitanos que hacen parte de la Comisión Nacional de Diálogo y, por contera,
desactiva los movimientos internos dentro del pueblo Rom.
2.3. Segunda instancia
En sentencia del 15 de mayo de
2014, la Subsección “B” de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, resolvió revocar la decisión de primera instancia y, en
su lugar, amparar el derecho fundamental a la autodeterminación del pueblo Rom.
Por consiguiente, ordenó a PRORROM que convocara a la Kriss Rromani y a
los miembros de las familias que integran la Kumpany e Lumnia Katar Le Rom,
para que a través del sistema normativo interno aplicado por las autoridades
tradicionales, se solucionara la controversia que se derivó de la pretensión del
demandante de desvincularse de la primera organización y de obtener un registro
autónomo. De igual manera, dispuso que la Comisión Nacional de Diálogo y la
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior,
realizara labores de seguimiento, apoyo y acompañamiento al proceso surtido
ante la mencionada Kriss Rromani. Finalmente, en protección del derecho
de petición, ordenó al Ministerio del Interior entregar a los demandantes los
certificados de pertenencia étnica solicitados.
Con miras a sustentar su decisión,
el ad quem enfatizó en el carácter pluriétnico y multicultural de
Colombia y en la protección que le confiere la Constitución. De ahí que, tanto
en el citado texto como en las normas internacionales y en la jurisprudencia
constitucional, se ha resaltado el deber de proteger la diversidad de todos los
grupos culturales que existen en el país, incluyendo a los gitanos. De ese
mandato general se derivan ciertas obligaciones, entre las cuales se encuentran
la promoción de las condiciones que permitan el progreso de dichos pueblos y la
adopción de mecanismos que permitan la ejecución de esas medidas.
A continuación, efectuó un
recuento sobre el proceso organizativo Rom en Colombia, a través de PRORROM, y
mencionó disposiciones que han sido promulgadas para regular el asunto, entre
las cuales se halla el Decreto 2957 de 2010. Igualmente, analizó aspectos del
pueblo Rom, en especial la Kriss Rromaní, que entendió como un “sistema
jurídico transnacional del pueblo Rom (…) que sirve para regular la vida
social, resolver conflictos y organizar el orden interno de un pueblo que se
encuentra en casi todos los países del planeta”[32].
En este sentido, expuso que si
bien el demandante daba a entender que ya se había agotado la Kriss, lo
cierto es que no había acreditado que efectivamente hubiese acudido ante dicha
instancia, la cual no consideraba obligatoria. Lo anterior se reforzaba con los
argumentos expuestos por PRORROM, quien adujo que no se había realizado la Kriss
y que, en cambio, se planteaba un conflicto ante el juez constitucional, que
hace parte de la justicia gadzhi.
Ante esta realidad planteada, que
suponía la existencia de afirmaciones encontradas y dado el deber del juez
constitucional de respetar la autonomía de los pueblos étnicos, consideró la
imperiosa necesidad de ordenar que el asunto propuesto se resolviera ante sus
propias autoridades tradicionales, en la que se plantearan los argumentos de la
Kumpany Le Lumnia Katar Le Rom y de PRORROM, vinculados con el deseo  de
separarse de la primera. Por último, el ad quem consideró que no le
habían dado respuesta a los accionantes respecto de la petición del certificado
de pertenencia étnica, por lo que el juez constitucional debía reparar el
agravio, disponiendo su respectiva entrega[33].
2.4. Ejecución del fallo de
segundo instancia
El 19 de julio de 2014, tras la
decisión de segunda instancia[34],
se celebró una kriss Rromaní en la ciudad de Bogotá, en la que
participaron los miembros varones de la Comisión Nacional de Diálogo y los Seres
Romange. Como consecuencia de la misma, se adoptó la decisión unánime
de no aceptar nuevos registros de kumpañy, con la lógica de que el
proceso de defensa y salvaguarda del pueblo Rom se podría ver afectado, si
llegasen a existir demasiadas organizaciones.
2.5. Pruebas relevantes
aportadas al proceso
a.     Carta
remitida el 23 de septiembre de 2013 por la Comisión Nacional de Diálogo a la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, en la que se solicita modificar
el Decreto 2957 de 2010, en lo atinente al registro de nuevas Kumpañy. Puntualmente,
se señala que los Gitanos que se encuentran en el territorio nacional y que no
hacen parte de alguna Kumpani, deberán acogerse a la más cercana para
tener representación. Lo anterior, con el fin de evitar fracturas que
perjudiquen el trabajo hasta el momento articulado, en una población de aproximadamente
4.857 personas. El documento fue firmado por representantes de las nueve Kumpañy,
entre las cuales se destaca PRORROM (Cuaderno 1, folios 61 a 64).
b.     Acta No. 1
radicada el 10 de octubre de 2013 ante el Ministerio del Interior por el señor
Sandro Cristo (representante de PRORROM). En ella se solicita la modificación
del procedimiento y registro de nuevas kumpañy y se enfatiza en que la
comunidad no autoriza la apertura de nuevas. En caso de que se presenten conflictos
internos “(…) y de haber llevado un proceso en la Kris (sic), se puede
reubicar [a los interesados] en otra kumpañia con la aprobación de la Comisión
Nacional de Diálogo”. El argumento central que sustenta esta solicitud se
encuentra en la necesidad de lograr un manejo focalizado de organizaciones ante
un pueblo que no supera los 5.000 individuos (Cuaderno 1, folios 66 a 70).
c.
Estatutos de la Comisión Nacional de Diálogo radicados el 10 de octubre
de 2013 ante el Ministerio del Interior por el señor Sandro Cristo
(representante de PRORROM). Se define a la Comisión como “el conjunto de
representaciones de cada Kumpania que se rige por las normas y procedimientos
derivados del sistema jurídico del pueblo Rrom”[35].
En este documento también se señala que cualquier disputa que surja entre
miembros de una misma Kumpania o entre personas pertenecientes a
diversas Kumpañy, deberá ser resuelto conforme a las reglas de la Kriss
Rromaní. De manera específica, se menciona que se han reconocido diez Kumpañy:
Envigado, Sahagún, Bogotá, Cúcuta, Girón, San Pelayo, Sabanalarga, Tolima,
Sampues y Pasto.
En
lo que respecta a su contenido normativo, se destacan las siguientes
disposiciones, en el artículo 3, se dispone que: “La Kumpania o Kumpañy son
una expresión de la organización social y tradicional de nuestro pueblo y, por
consiguiente, sus transformaciones y reconfiguraciones son parte
de nuestra vida social y cultural cotidiana, razón por la cual no dependen, ni
pueden depender, de ningún acto administrativo promulgado por el Estado
colombiano para que se les reconozca su existencia”. Por su parte, el
artículo 5 establece que: “(…) bajo ningún punto de vista [los
representantes elegidos por la kumpania] pueden sustituir o remplazar el
estatus, la calidad, el liderazgo y el rol que encarnan los Seres Romange. Sin
embargo, los representantes también tienen función de Sere Romange”. Más
adelante, en el artículo 6 se señala que: “El número de grupos familiares
que configuran la kumpania está definido por la cantidad y tamaño de las vitsi
o linajes que en ella confluyen, por la extensión y número de los descendientes
de los diferentes patrigrupos, por el carácter de las alianzas intraétnicas
establecidas, por el tipo de lealtades debidas, y por la movilidad de las
familias extensas (…)”. Finalmente, el artículo 36 resalta que: “Sin
que ello implique una restricción a su autonomía, la Comisión Nacional de
Diálogo se encuentra confederada al Proceso Organizativo del Pueblo Rrom
(Gitano) de Colombia (PRORROM), organización nacional que es la única que las
acoge” (Cuaderno 1, folios 71 a 78).
d.     Petición
remitida el 20 de noviembre de 2013 a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, en la que la Kumpañy e Lumnia Katar Le
Rom, solicita su reconocimiento e inscripción como Kumpania, en los
términos del artículo 8 del Decreto 2957 de 2010. Los documentos que acompañan
esta solicitud, como lo dispone el artículo 9 del Decreto en cita, son: (i) el
reglamento interno, (ii) el acta de elección de representante y (iii) el listado
de asistentes, en donde consta que se convocó a las familias y familiares de
Lilio Cristo Gomanovich del Clan Gussó. Por lo demás, también se pide
una actualización del censo de población gitana en Bogotá y la expedición de un
certificado de pertenencia étnica. (Cuaderno 1, folios 39 a 58).
e.      Primera
respuesta de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio
del Interior, expedida el 27 de diciembre de 2013, a la solicitud de
inscripción formulada por el demandante. Se indica que en el marco del
desarrollo de acciones afirmativas, se han registrado nueve Kumpañy, que
–por medio de sus representantes– integran la Comisión Nacional de Diálogo.
Igualmente, se señala que se han registrado dos organizaciones Rom que existían
a la entrada en vigencia del Decreto 2957 de 2010.
A continuación,
se indica que mediante un oficio radicado el 24 de septiembre de 2013, los
delegados de la Comisión Nacional de Diálogo le informaron la decisión de no
autorizar más registros de Kumpañy, con el fin de evitar fracturas
dentro del pueblo gitano e impedir que se pierda el trabajo articulado que se
ha venido adelantando en una población que –según el DANE– contaba con 4.867
miembros para el año 2005. Según se afirma, la Comisión radicó el día 10 de
octubre de 2013, el acta de la reunión en la que se consagró la anterior
decisión. Finalmente, se le indica al demandante que su petición será incluida
en la agenda de la próxima reunión de la Comisión (Cuaderno 1, folios 59 y 60).
f.       Segunda
respuesta a la petición formulada por el demandante, expedida el 13 de enero de
2014 por el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
Interior. En esta ocasión, la citada autoridad se niega a emitir los
certificados de pertenencia étnica, pues los demandantes figuran en el censo de
la organización PRORROM. Además, se reitera que la Comisión Nacional de Diálogo
para el Pueblo ROM no autoriza nuevos registros de Kumpañy, conforme al
Acta No. 01 de octubre de 2013. Por último, se enfatiza en que el Gobierno
Nacional no puede modificar o intervenir de manera directa en los asuntos
propios de los pueblos étnicos, razón por la cual sólo puede promover la
búsqueda de soluciones que se desarrollen en el marco de los usos y costumbres
del pueblo gitano (Cuaderno 1, folios 83 a 85).
g.     Oficio
remitido el 13 de enero de 2014 por el señor Sandro Cristo, representante legal
de PRORROM, al Ministerio del interior. Este documento se titula: “Comisión
Nacional de Diálogo, Decreto 2957 de 2010” y destaca –en su contenido– que la
familia del demandante se encuentra dentro de los listados de la citada
organización y que, por ello, no es posible asignarle una representación propia.
También se destaca el escaso número de miembros que tiene la organización que
actúa como demandante (Cuaderno 1, folio 38).
h.     Copia de un
correo electrónico enviado el 14 de enero de 2014 por el demandante a PRORROM,
en el que manifiesta el deseo de separarse de dicha organización, previa
petición de que sean retirados los miembros de su kumpania del listado
censal. De igual manera, se indica que “no se pueden confundir los
conflictos internos y/o privados o personales con los derechos fundamentales de
las personas” (Cuaderno 1, folios 86 a 88).
i.       Carta
radicada el 17 de enero de 2014 por el representante de PRORROM ante la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. En este documento se indica que
“una kumpania es la que se encuentra en todo un territorio[,] en este caso
el de Bogotá, y teniendo en cuenta que existen desde hace muchos años dos
organizaciones como son PRORROM y UNIÓN ROMANI[,] que según el censo general
2005 arroja una cifra de 523 personas que se autoreconocieron como Rrom, no es
pertinente que se reproduzcan para esta población una tercera organización
compuesta por 12 personas” (Cuaderno 1, folio 193).
j.       Acta
No. 2 de la Comisión Nacional de Diálogo, elaborada en la reunión de los días
23 y 24 de enero de 2014, en la que se discute la solicitud del señor David
Cristo Barrios de obtener la apertura de un registro y el reconocimiento de una
nueva organización. En respuesta, reiterando lo expuesto en los documentos
previamente citados, se niega la apertura de otra Kumpania, para evitar
el fraccionamiento del proceso organizativo. Por lo demás, se señala que la
organización a cargo del accionante no corresponde realmente a una Kumpania,
sino que se trata de una familia de composición extensa. (Cuaderno 1, folios
199 a 208).
k.     Oficio
remitido por PRORROM al Consejo de Estado, luego de proferida la sentencia de
segunda instancia, en el cual se informa que realizarán la Kriss Rromaní
ordenada en el fallo. También se expone que la familia del demandante no puede
erigirse en una kumpanía diferenciada porque su vitsa (linaje o
clan) es el mismo de muchos gitanos que habitan en la capital y porque están
unidos a ellos por vínculos filiares de parentesco muy estrechos. En su
criterio, se trata, simplemente, de una familia extensa (Cuaderno 2, folios 587
a 594).
l.       Informe
de la Comisión de Diálogo tras la kriss realizada el 19 de julio de
2014, en cumplimiento de la sentencia de segunda instancia. Como Sere
Romange de la kumpania de Bogotá, figuran los señores: Ricardo
Gómez, Yorgulo Cristo, Tomás Cristo, Daniel Gómez, Oscar Cristo, Sergio Cristo,
Julio Francisco Cristo, Jimmy Cristo, Orlando Cristo, Rafael Cristo, Didier
Gómez, Arturo Gómez, Juan Gómez, Jorge Cristo, Fernando Cristo y Estevan
Cristo.
El informe
comienza por cuestionar que el demandante haya acudido a la jurisdicción
constitucional a resolver la controversia y que no haya preferido los conductos
propios de la comunidad. El demandante indica que acude a la Kriss para
solucionar los problemas que ha tenido con la kumpania de Bogotá. Aun
así, muchas de las intervenciones lo acusan de perseguir intereses personales y
de atentar contra la integridad del pueblo gitano, en vez de buscar solucionar
la controversia según la tradición Rom, ya fuera el divano (etapa
previa) o la kriss.
Para adoptar una
decisión, cada seré Rromengué y cada representante de kumpania se
presenta y da su voto. Lo anterior implica que  los miembros masculinos de la
Comisión Nacional de Dialogo también participan en la resolución de la controversia.
Estos fueron: Sandro Mendoza, Sandro Cristo, Guillermo Mendoza, Gerardo
Mendoza, Juan Pablo Ramírez Gómez, Hugo Yancovich, Jaime Gómez, Dayron Gómez,
Juan Carlos Gómez y Francisco Cristo.
La decisión adoptada
fue que no se abrirá una nueva representación, pues se busca evitar fraccionamientos.
Sin embargo, se permitirá que constituyan una fundación y se les brindará el
apoyo que requieran. Con todo, el demandante manifiesta que “seguirá en la
lucha de tratar de lograr una organización o una Kumpania que espera más
adelante sea apoyada”[36].
El informe, que contiene varias frases interpretativas del comportamiento del
demandante (como si existiera un narrador), concluye afirmando que si éste “acude
nuevamente a la justicia ordinara se está autoexcluyendo de los cánones que se
tienen desde el marco de la kriss Rromaní”[37]
(Cuaderno 3, folios 1 a 49).
m.  Informe del Ministerio del
Interior, tras el fallo de segunda instancia, sobre la kriss Rromaní
celebrada el 19 de julio de 2014. Un aspecto a destacar del recuento de los
hechos que hace la entidad, supone que el demandante solicitó el registro de
una nueva kumpania para el Distrito Capital de Bogotá. Informa también
que la Comisión Nacional de Diálogo había convocado una sesión para resolver la
controversia que debía celebrarse el 22 de mayo de 2014, pero que el señor
David Cristo Barrios no acudió a ella y, en cambio, remitió un CD.
A continuación
señala que, tras la decisión de segunda instancia, adoptada por el Consejo de
Estado, se llevó a cabo la Kriss Rromaní. En ella participaron los
delegados de la Comisión Nacional de Diálogo para el Pueblo Rom, el señor
Cristo Barrios, los miembros varones de su familia, los Seré Romenge
convocados por la kumpania de Bogotá, la Dirección de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías, y la Defensoría del Pueblo. Sostiene que pocas intervenciones
se realizaron en español.
Luego de agotada
la etapa deliberativa, se profirió el veredicto dirigido a la kumpañy de
Bogotá y a los mayores, en el que se decidió que no se abrirán más registros.
Respecto de esta determinación, según se expone, el actor manifestó su
inconformidad, pues no se derivó ni fue fruto de un acuerdo. (Cuaderno 4,
folios 1 a 15).
n.     CD que
contiene la Kriss Rromaní celebrada el 19 de julio de 2014. Consta de
dos partes, en la primera, a partir del minuto 30, Sandro Cristo, representante
de PRORROM, manifiesta que la demanda fue instaurada contra todos los
representantes de la Comisión. Solicita, en el minuto 31, que se mire el CD
enviado por el demandante y cuestiona que así se adelante una Kriss,
entre otras razones, porque intervienen mujeres y porque no es estrictamente
oral. A partir del minuto 41, el demandante toma la palabra, pero habla en el
idioma propio de su comunidad. A la hora y 21 minutos, se decide que no se verá
el video. A partir de la hora y 27 minutos, el representante de PRORROM indica
que puede apoyar la apertura de una fundación en la Cámara de Comercio, pero
que la kumpania corresponde a toda Bogotá, así existan dos organizaciones
que hagan parte de ella. Además, insiste en que no se pueden abrir nuevas kumpañy,
pues se fragmentaría el pueblo y sería difícil coordinar con el Estado.
En la segunda
parte, a partir del minuto 2, casi se disuelve la reunión, entre gritos, al no
llegar a un acuerdo. En el minuto 16, el representante de PRORROM toma la
palabra y enfatiza que apoyará cualquier organización que quieran abrir, sin
embargo, no se pueden permitir nuevas kumpañy ante el Ministerio
del Interior. Pide que levanten la mano los que estén de acuerdo con la
negativa. En el minuto 23, Elquin Mendoza, quien viene de la kumpani de Sahagún
(Córdoba), toma la palabra y pide que todos los gitanos en el recinto se
presenten y manifiesten si están o no de acuerdo con crear nuevas kumpañy.
Él vota que no. Luego el señor Sandro Cristo de PRORROM también se opone. A
partir del minuto 31, y luego de otra discusión, Alfonso Gómez –de Unión Romaní–
asume la palabra y explica que se trata de un conflicto familiar que se está
solucionando.
A partir del
minuto 50 se reanudan las votaciones. El representante del Tolima, Juan Pablo
Ramírez Gómez, está de acuerdo en que no se abran más registros. Por su parte,
el represente de Sampuez, también se opone. Luego habla el representante de
Envigado, Jaime Gómez, quien también rechaza la apertura de nuevas
organizaciones. A continuación, toma la palabra el representante de Nariño,
Hugo Yancovichi, quien también pide que no se abran nuevas representaciones. En
el minuto 52, habla Dayron Gómez, quien representa a la kumpania de
Girón y que también rechaza tal apertura. Lo mismo hace a la hora y 2 minutos
el representante de Cúcuta de nombre Toca. A la hora, 7 minutos y 52 segundos, convocan
al demandante y a los miembros varones de su familia para informarle sobre la
decisión de la Kriss. Es Toca quien le cuenta el veredicto. El argumento
central es que se busca evitar que el pueblo se fraccione en muchas
representaciones. Por lo demás, también se hace referencia a un “decreto” que
avala dicha limitación y que se hizo sin el interés de afectar negativamente alguien.
Al margen de lo anterior, se enfatiza en que todo el pueblo estará dispuesto a apoyar
al demandante y a su familia en todo lo que necesiten. Sin embargo, la decisión
de la Kriss ha de respetarse. Por último, el actor toma la palabra a la
hora, 19 minutos y 36 segundos. Agradece, pero indica que no hubo acuerdo y que
se trata de una decisión de la Comisión Nacional de Diálogo. Señala también que
no habrá más demandas, pero que seguirá intentando fundar una organización o kumpania
(Cuaderno 1, folio 191).
III. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
3.1.
Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas en la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 22
de septiembre de 2014, proferido por la Sala de Selección número Nueve.
3.2. Planteamiento del caso, problema
jurídico y esquema de resolución
3.2.1. El 20 de noviembre de
2013, el señor David Cristo Barrios –miembro del pueblo Rom o Gitano– solicitó
a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del
Interior, la inscripción de una organización por él fundada en el registro de
las kumpañy que lleva dicha entidad[38].
La citada solicitud fue negada
por la Dirección previamente mencionada[39],
al sustentar que las kumpañy existentes y reconocidas por el Estado, le
pidieron        –el 23 de septiembre de 2013– abstenerse de efectuar más
inscripciones, con el fin de guardar y proteger la integridad del pueblo gitano,
pues el proceso organizacional podría verse fraccionado al existir demasiados representantes
para un colectivo que no supera las 5.000 personas. Luego, el 10 de octubre del
año en cita, se radicó ante el Ministerio un Acta que modificó los estatutos de
la Comisión Nacional de Diálogo, en cuyos considerandos se evocaba la necesidad
de evitar nuevos registros[40].
Los días 23 y 24 de enero de 2014,
tras una solicitud del demandante, fue discutida entre las kumpañy y las
organizaciones de gitanos existentes (PRORROM y Unión Romaní), la petición de inscripción
como kumpania de la organización por él representada. Sin embargo, dicha
solicitud fue negada con el argumento previamente expuesto, consistente en evitar
un posible fraccionamiento del proceso organizativo adelantado.
A juicio del demandante, la
negativa de inscripción de su organización como una kumpania trasgrede
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de asociación, al
igual que desconoce el principio de diversidad étnica. Por lo demás, considera
que las Kumpañy registradas –pertenecientes a la Comisión
Nacional de Diálogo– atentan contra tales bienes, al no aceptar nuevos
registros e imponer su decisión. Finalmente, al no efectuar el registro conforme
con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2957 de 2010[41],
el actor encuentra que la aludida Dirección desconoce el citado derecho al debido
proceso y le reconoce a las kumpañy registradas una competencia que no
ostentan.
La autoridad judicial de primera
instancia declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que eran las
autoridades gitanas –a través de su tribunal tradicional (Kriss)[42]–
las que debían solventar el asunto, ya que se trataba de un conflicto interno
propio de un grupo étnico. Por su parte, el ad quem consideró que ante
la falta de claridad sobre si el asunto había sido o no sometido a tal justicia
especial, debía disponer su realización, en respeto del principio de diversidad
étnica. Tras el fallo de segunda instancia, dicha Kriss Rromaní se llevó
a cabo el 19 de julio de 2014[43].
En ella, como se expuso en el acápite de antecedentes, los Seré Rromengué[44]
resolvieron negar la práctica de un nuevo registro[45].
3.2.2. A
partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la  acción
de tutela, de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales
y conforme al material probatorio que consta con la presente actuación, le
corresponde a la Corte determinar, en primer lugar, si la decisión proferida
por la autoridad judicial de segunda instancia se pronunció sobre la totalidad
del conflicto puesto a consideración, pues a partir de lo resuelto en dicha
instancia, a través de sus autoridades tradicionales, el pueblo gitano se
reunió el día 19 de julio de 2014 y realizó una Kriss Rromani,
en la que  debatió y tomó una determinación respecto de la realización de nuevos
registros.
De esta
manera, en caso de que dicha decisión haya abordado la situación planteada y agotado
el objeto de la controversia, la Sala podría limitarse a confirmar el fallo de segunda
instancia, cuya orden ya se habría materializado. Lo anterior, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991, en el que se señala
que las decisiones de revisión que no modifiquen o revoquen las decisiones de
instancia podrán ser brevemente justificadas[46].
Por el contrario, en segundo lugar, de no predicarse tal situación –es decir, siempre
que la decisión de segunda instancia no haya agotado el conflicto en su
totalidad–, la Sala deberá esclarecer si los derechos fundamentales invocados
por el accionante y sus representados fueron trasgredidos, al no haberse
efectuado el registro de su organización como una nueva kumpania. En tal
caso, la conducta sería imputable a la Dirección de Asuntos indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, a partir de la adopción de una decisión cuyo
sustento se encuentra en la oponibilidad al demandante de la limitación
realizada por las Kumpañy existentes y reconocidas por el Estado.
Con
fundamento en lo anterior, se procederá entonces al examen del primer problema
jurídico planteado, relacionado –como ya se dijo– con el agotamiento analítico
de la totalidad del conflicto sometido a decisión del juez de tutela, por parte
de la autoridad judicial de segunda instancia.
3.3. Cuestión previa: inexistencia
del agotamiento del conflicto
3.3.1. El inciso primero del
artículo 86 de la Constitución Política establece, con diametral claridad, la
necesidad de que exista una actuación o una omisión de cualquier autoridad
pública o excepcionalmente de particulares, que tenga la entidad de vulnerar o
amenazar un derecho fundamental, para que el asunto pueda ser resuelto por el juez de tutela. Esta situación constituye el núcleo u
objeto de la controversia constitucional y sobre ella es que la autoridad
judicial ejerce su competencia.
3.3.2. En el asunto bajo examen, es
preciso recordar que el juez de segunda instancia consideró que la falta de
claridad sobre la realización de una Kriss Rromani, daba lugar a la
existencia de una omisión que debía ser reparada mediante su celebración, con
miras a preservar el principio de diversidad étnica. En cumplimiento de dicha
decisión, se adelantó la Kriss Rromani en la ciudad de Bogotá el 19 de
julio del 2014, de donde surge como cuestión a resolver, si con ello se abordó y
solucionó la situación que –según el demandante– trasgredió sus derechos
fundamentales, al igual que los de los miembros de su organización.
Desde esta perspectiva, la
ejecución del fallo en cuestión, le impone a esta Sala de Revisión la
obligación de examinar si se presenta un agotamiento del conflicto, pues no
cabe duda de que la intervención de las citadas autoridades tradicionales del
pueblo Rom, incide en la presente acción y en el asunto que habrá de abordar
este Tribunal. Sin embargo, dicha circunstancia bajo ninguna lógica implica que
la Corte desconozca la validez y aplicabilidad de la decisión adoptada por el
sistema jurídico interno del pueblo gitano (kriss Romani), ya que
simplemente se trata de un análisis necesario en atención a los presupuestos formales
de la acción de tutela y a los ámbitos que se abordarían en esta providencia.
3.3.3. Con
fundamento en lo anterior, a juicio de esta Sala de Revisión, en el caso bajo
examen, no se abordó la totalidad del conflicto planteado, pues con la decisión
de segunda instancia, que conllevó la intervención del tribunal tradicional, no
se zanjó de forma integral la disputa relacionada con los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados. En efecto, en su decisión, el ad quem analizó la posible ausencia de
resolución de una controversia a través de las instituciones tradicionales
gitanas, situación que ordenó superar al decretar que fuera convocada la Kriss
Rromani, que a su vez resolvió de forma exclusiva la disputa generada a
partir de la decisión de las autoridades del pueblo gitano de no permitir la
inscripción de nuevas kumpañy, entre ellas, la organización fundada por
el demandante.
No obstante,
no se abordaron dos asuntos que han de ser tratados y que el actor alega en su
demanda como constitutivos de la trasgresión de sus derechos fundamentales, a
saber: (i) la oponibilidad de dicha forma de solución de controversias al
accionante y a sus representados para limitar la posibilidad de que su
organización sea incluida en el registro de kumpañy; así como (ii)
la validez de la decisión adoptada por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías Étnicas de no proceder al citado registro, con base en la solicitud formulada
el día 23 de septiembre de 2013 por las kumpañy existentes y registradas
en el país, y ratificada mediante Acta del 10 de octubre del año en cita.
Lo
expuesto plantea entonces la necesidad de resolver el segundo problema jurídico
en sus dos dimensiones, esto es, (a) si la Dirección mencionada, al abstenerse
de efectuar el registro, desconoció los derechos fundamentales de asociación,
diversidad étnica y debido proceso invocados en la demanda, básicamente por la
consideración (b) de que encontró que la decisión de las kumpañy le era
oponible al actor y a sus representados.
Para dar respuesta al aludido
cuestionamiento, esta Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia de esta
Corporación –con un enfoque diferencial debido a las particularidades del
pueblo Rom[47]–
atinente al principio de pluralismo y diversidad cultural, y abordará
ciertos elementos esenciales para resolver este asunto, como lo son: (i) la
autonomía y el autogobierno como una de sus manifestaciones; (ii) las tensiones
y principios de armonización en el ejercicio de dicha autonomía y sus límites
constitucionales; (iii) los parámetros de
interpretación de las normas nacionales que incidan en ella; y (iv) la
aplicabilidad de los criterios de autonomía y autogobierno a la Kriss Romani.
Finalmente, (v) se abordará el asunto objeto de estudio.
3.4. El principio de
pluralismo y diversidad cultural: la autonomía y el autogobierno como una de sus
manifestaciones; las tensiones y principios de armonización en el ejercicio de
dicha autonomía y sus límites constitucionales; los parámetros de
interpretación de las normas nacionales que incidan en ella; y (iv) la aplicabilidad de los criterios de autonomía y autogobierno a
la Kriss Romani
3.4.1. Fruto de un cambio de
paradigma a nivel internacional y nacional, según el cual el proceso de
asimilación debía ser superado por una visión que tuviera a la diversidad como
un bien a resguardar; la Constitución de 1991 reconoce las diferentes culturas
que se hallan en el territorio colombiano, como una riqueza a proteger y promover.
En efecto, existe un interés claramente definido dentro de los parámetros del
Texto Superior, dirigido a que las culturas étnicas que integran la
nacionalidad colombiana sobrevivan, se desarrollen, sean reconocidas, apoyadas
y protegidas por el Estado[48].
Por esta razón, incluso en el artículo 1º de la Constitución, se contempla al
pluralismo como uno de los principios fundamentales de nuestro Estado[49].
A su turno, a nivel
internacional, una manifestación de ese cambio de paradigma se observa en el
Preámbulo del Convenio 169 de la OIT[50],
conforme al cual “(…) la evolución del derecho internacional desde 1957 y
los cambios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en
todas las regiones del mundo[,] hacen aconsejable adoptar nuevas normas
internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la
asimilación de las normas anteriores”.
Siguiendo estos mandatos, en
sentencias como la  Sentencia  C-030 de 2008[51],
esta Corporación ha expuesto que: “(…) el Convenio 169 de la OIT fue
adoptado con base en una nueva aproximación a la situación de los pueblos indígenas
y tribales en todas las regiones del mundo, conforme a la cual era preciso
eliminar la orientación hacia la asimilación que se había venido manejando,
para, en su lugar, asentar el principio conforme al cual las estructuras y
formas de vida de los pueblos indígenas y tribales son permanentes y
perdurables, y la comunidad internacional tiene interés en que el valor
intrínseco de sus culturas sea salvaguardado”.
3.4.2. De estos postulados se
deriva el denominado principio de diversidad étnica y cultural, que
proyecta en el plano jurídico el carácter democrático,
participativo y pluralista del Estado colombiano, a través de la aceptación de
la multiplicidad de formas de vida y de sistemas de comprensión del mundo. De
él surge el objetivo de adecuar el derecho a las realidades sociales, con el propósito
de satisfacer las exigencias de aquellos grupos que –por disímiles cuestiones– se
identifican como diferentes, respondiendo de esta manera a las
reivindicaciones de reconocimiento de las comunidades que tradicionalmente han
sido excluidas por la sociedad, a pesar de aportar un importante legado a la
cultura colombiana.
Lo anterior ha
sido expuesto por la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras, en la
sentencia T-514 de 2009[52],
al señalar que: “(…) el Estado se descubre como un conjunto de grupos
sociales culturalmente diferentes, que valora positivamente esa diferencia y la
considera un bien susceptible de protección constitucional”.
3.4.3. En su jurisprudencia, la
Corte se ha servido en múltiples casos del principio de diversidad étnica y
cultural para resolver cuestiones sometidas a su conocimiento[53].
Para los efectos de esta sentencia, resulta relevante resaltar que el anotado
principio brinda la posibilidad de otorgarles a las
comunidades étnicas un estatus jurídico especial consecuente con
sus valores culturales. Así, por ejemplo, la Constitución consagra la
existencia de una jurisdicción especial para los pueblos indígenas (CP art.
246); el derecho de estos últimos de gobernarse por sus propias autoridades
según sus usos y costumbres (CP art. 330); el derecho de propiedad en
resguardos y en tierras colectivas (CP arts. 63, 329 y 55 transitorio) y la
consagración de un régimen especial de representación en el Congreso de la
República para los grupos étnicos (CP arts. 171 y 176).
3.4.3.1. Este estatus
jurídico especial, ligado tanto a la sobrevivencia de dichos pueblos,
como a los deberes de protección que se le imponen al Estado, se manifiesta en
un conjunto de derechos de los cuales son titulares las comunidades y sus
miembros, en respuesta al deber de conservación de la diversidad consagrado en
el texto constitucional. En este sentido, en la Sentencia SU-510 de 1998[54],
reiterando la jurisprudencia sobre la materia,  y en concreto al referirse a
las comunidades indígenas, este Tribunal indicó lo siguiente:
“[La] Corte ha considerado que las comunidades indígenas, como
tales, son sujetos de derechos fundamentales. En este sentido, la Corporación
ha manifestado que "[e]l reconocimiento exclusivo de derechos
fundamentales al individuo, con prescindencia de concepciones diferentes como
aquellas que no admiten una perspectiva individualista de la persona humana, es
contrario a los principios constitucionales de democracia, pluralismo, respeto
a la diversidad étnica y cultural y protección de la riqueza cultural.[55]
A este respecto, la jurisprudencia ha precisado que los derechos
de las comunidades indígenas no deben ser confundidos con los derechos
colectivos de otros grupos humanos. Ciertamente, cada comunidad indígena es un
verdadero sujeto colectivo y no una sumatoria de individuos particulares que
comparten una serie de derechos o intereses difusos (C.P., artículo 88).[56]
Con base en la anterior doctrina, la Corte ha señalado que los
derechos fundamentales de los cuales son titulares las comunidades indígenas
son, básicamente, el derecho a la subsistencia, derivado de la protección
constitucional a la vida (C.P., artículo 11); el derecho a la integridad
étnica, cultural y social, el cual se desprende no sólo de la protección a la
diversidad y del carácter pluralista de la nación (C.P., artículos 1° y 7°)
sino, también, de la prohibición de toda forma de desaparición forzada (C.P.,
artículo 12); el derecho a la propiedad colectiva (C.P., artículos 58, 63 y
329); y, el derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación
de recursos naturales en sus territorios.[57]”
3.4.3.2. Para
los efectos de esta sentencia, la Sala se detendrá en el examen de los derechos
a la subsistencia e integridad, que –entre otras– se garantizan por medio de la autonomía y el autogobierno que la
propia Constitución les otorga a las comunidades étnicas[58] y que, a su vez, en
cumplimiento de su faceta de obligación, se constituye en un mandato de
autodeterminación que ha de ser promovido y respetado por el Estado, dentro de
ciertos parámetros mínimos que obedecen a la unidad de la República[59]. Como expresión de lo
anterior, se incluye la posibilidad de disponer sobre sus instituciones
y autoridades de gobierno, así como el derecho de guiarse por sus propias
normas, costumbres, opciones de desarrollo, visión del mundo y proyectos de
vida.
(i) La autonomía
y el autogobierno, como manifestaciones de los derechos a la subsistencia e
integridad de las comunidades étnicas
La autonomía y el autogobierno genéricamente
considerados como un mandato de autodeterminación han sido objeto de un amplio
desarrollo en la jurisprudencia constitucional. Al respecto, se ha señalado que
su campo de aplicación se desenvuelve en tres ámbitos. Dos de ellos que se
relacionan con la participación de las comunidades y el tercero con el
autogobierno. En la Sentencia T-693 de 2011[60],
reiterando precedentes sobre la materia, se expuso lo siguiente:
“En el ámbito
externo, el respeto por la autonomía de las comunidades indígenas exige
reconocer el derecho de tales grupos, a participar en las decisiones que los
afectan. Ese reconocimiento supone que en las relaciones entre estos
pueblos y el Estado, la consulta previa a las comunidades indígenas juega un
rol necesario en los términos previamente enunciados, para asegurar que las
aspiraciones culturales, espirituales y políticas de los pueblos indígenas sean
consideradas en el ejercicio de las demás atribuciones y competencias de la
Administración. Por lo tanto, estos pueblos tienen el derecho a ser consultados
previamente con relación a las decisiones que los afecten, en los términos que
determine la Constitución y la ley. Un segundo ámbito de protección, también
externo, tiene que ver con la participación política de estas comunidades,
en la esfera de representación nacional en el Congreso. Así, las comunidades
indígenas tienen el derecho de participar en la circunscripción especial
electoral prevista para ellas, de acuerdo con la Constitución. (…)
Finalmente,
existe un tercer ámbito de reconocimiento a la autonomía de estas comunidades
que es de orden interno, y que está relacionado con las formas de
autogobierno y de autodeterminación de las reglas jurídicas al interior de los
pueblos indígenas. Ello supone el derecho de las comunidades, (i) a decidir
su forma de gobierno (CP art. 330); (ii) el derecho a ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (C.P. art. 246) y (iii) el
pleno ejercicio del derecho de propiedad de sus resguardos y territorios, con
los límites que señale la Constitución y la ley. La autonomía política y
jurídica, relacionada de este modo con una autogestión territorial, actúa así
como un instrumento de reafirmación de la identidad de las comunidades
indígenas, las cuales, mediante el ejercicio de sus prácticas tradicionales,
avanzan en el fortalecimiento de sus autoridades internas y en el
auto-reconocimiento de sus espacios de expresión colectiva”.
(ii) Las tensiones y principios de armonización de la autonomía y el
autogobierno, ante la existencia de límites constitucionales
3.4.4. A pesar de que el Texto
Superior aboga por la realización del mandato de autodeterminación de las
comunidades étnicas, en un contexto vinculado con el desarrollo del principio
democrático del pluralismo, ello no significa que el modelo constitucional
acepte un multiculturalismo ilimitado. Por el contrario, la propia Carta
establece unos elementos que delimitan el ámbito bajo el cual ha de desplegarse
el mandato de autonomía, pues no hay que olvidar que si bien el pluralismo y la
diversidad son características del Estado Social de Derecho Colombiano, lo es
también su organización unitaria[61].
De lo anterior se encuentran varios ejemplos normativos. Así, por una parte, el
artículo 330, contempla que el autogobierno se ejercerá “De conformidad con
la Constitución y las leyes (…); y por la otra, en tratándose de la
jurisdicción propia, ella se desarrollará “(…) de conformidad con sus (…)
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y
leyes de la República”[62].
Ahora bien, la sujeción que se
prevé en la Constitución y que obedece a la proscripción de un
multiculturalismo ilimitado, no puede conducir a una imposición integral de
todas las normas existentes en el ordenamiento jurídico colombiano a las
comunidades étnicas, pues de ser así su autonomía y autogobierno no podría
desarrollarse. Asunto que, como es obvio, iría en contravía del principio de
diversidad étnica y cultural, que –como se ha dicho– promueve el desarrollo de
estos grupos humanos, en un contexto acorde con el mandato de pluralismo y con
la prohibición de asimilación que se origina del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
Al respecto, la jurisprudencia de
esta Corporación ha resaltado la necesidad de lograr un equilibrio entre un
universalismo extremo que desconozca la diversidad inmanente en la nacionalidad
colombiana y un relativismo cultural irrestricto que también repugne los
valores inmanentes de la Constitución. En efecto, en la citada SU-510 de 1998,
se expuso que:
“[Esta]
Corporación ha considerado que, frente a la disyuntiva antes anotada, la Carta
Política colombiana ha preferido una posición intermedia, toda vez que no opta
por un universalismo extremo, pero tampoco se inclina por un relativismo
cultural incondicional. Según la Corte, ‘sólo con un alto grado de autonomía es
posible la supervivencia cultural’[63],
afirmación que traduce el hecho de que la diversidad étnica y cultural
(C.P., artículo 7°), como principio general, sólo podrá ser limitada cuando su
ejercicio desconozca normas constitucionales o legales de mayor entidad que el
principio que se pretende restringir (C.P., artículos 246 y 330).
En efecto, el
respeto por el carácter normativo de la Constitución (C.P., artículo 4°) y la
naturaleza principal de la diversidad étnica y cultural, implican que no
cualquier norma constitucional o legal puede prevalecer sobre esta última,[64]
como quiera que sólo aquellas disposiciones que se funden en un principio de
valor superior al de la diversidad étnica y cultural pueden imponerse a éste.[65]
En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que, aunque el Texto Superior
se refiere en términos genéricos a la Constitución y a la ley como límites a la
jurisdicción indígena, ‘resulta claro que no puede tratarse de todas las normas
constitucionales y legales; de lo contrario, el reconocimiento a la diversidad
cultural no tendría más que un significado retórico. La determinación del texto
constitucional tendrá que consultar entonces el principio de maximización de
la autonomía.’[66]
(…)”[67].
3.4.4.1. De lo anterior surge la
necesidad de determinar cuáles son los límites que pueden restringir –debido a
su entidad– el ejercicio de tan preciado mandato, como lo es la diversidad
étnica y cultural, ya que la efectividad de los derechos de estas comunidades
se vería en peligro, de permitir que cualquier norma de menor jerarquía se
hiciera prevalecer frente a este principio constitucional.
Sobre este punto, en la precitada
sentencia, se indicó que dichos confines obedecen “a lo que verdaderamente
resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciados del hombre”[68]
y frente a lo cual es posible constatar la existencia de una aquiescencia
transcultural. En este sentido, en la sentencia reiterada, se indicó que: “(…)
tales bienes están constituidos por el derecho a la
vida (C.P., artículo 11), por las prohibiciones de la tortura (C.P., artículo
12) y la esclavitud (C.P., artículo 17) y por [la] legalidad del procedimiento
y de los delitos y de las penas (C.P., artículo 29). [Ya que,] como lo ha
manifestado la Corte, (1) sobre estos derechos existe verdadero consenso
intercultural; (2) los anotados derechos pertenecen al grupo de derechos
intangibles que reconocen todos los tratados internacionales de derechos
humanos y que no pueden ser suspendidos ni siquiera en situaciones de conflicto
armado (Pacto de Derechos Civiles y Políticos [Ley 74 de 1968], artículo 4-1 y
2; Convención Americana de Derechos Humanos [Ley 16 de 1972], artículo 27-1 y
2; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes [Ley 78 de 1986], artículo 2-2; Convenios de Ginebra [Ley 5 de
1960], artículo 3°; Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 15-1 y 2);
y, (3) con relación al derecho a la legalidad del procedimiento y de los
delitos y de las penas, el artículo 246 de la Constitución hace expresa
referencia a que el juzgamiento se hará conforme a las ‘normas y procedimientos’
de la comunidad indígena, lo cual supone la preexistencia de los mismos
respecto del juzgamiento de las conductas”.
Adicionalmente,
se estableció que también puede limitarse la autonomía de las comunidades étnicas
o pueblos tribales, cuando la restricción se encuentre dirigida “a evitar la
realización o consumación de actos arbitrarios que lesionen gravemente la
dignidad humana al afectar el núcleo esencial de los derechos fundamentales de
los miembros de la comunidad”, sin que ello pueda significar la adopción de
lógicas de asimilación cultural, las cuales, como se ha dicho, están proscritas
a nivel nacional e internacional.
3.4.4.2. La
forma como operan estos límites implica la necesidad de analizar cada caso en
concreto, según las especificidades que se presenten[69]. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha reseñado unos parámetros que
sirven de guía, los cuales se fundan en el axioma previamente mencionado, a
decir del cual, la diversidad étnica y cultural sólo puede ser limitada
por normas fundadas en principios de mayor entidad[70].
Dichos parámetros, según la Sentencia
T-514 de 2009[71],
son tres: (a) el principio de maximización de la autonomía de las comunidades, que
también puede comprenderse como el de minimización de las restricciones a su
autonomía; (b) en tratándose de conflictos internos, el principio de mayor
autonomía para las decisiones; y (c) el principio, conforme al cual, a mayor
conservación de la identidad cultural, habrá también una mayor autonomía de la
comunidad. Ahora bien, la Sala resalta la comprensión dada en la citada sentencia,
en lo que tiene que ver con el grado de entendimiento y aproximación que existe
respecto de un asunto desde la visión de la sociedad mayoritaria y a partir de
la perspectiva del grupo étnico. En estos casos, por regla general, la
traducción del asunto también debe estar dirigida por el principio de
maximización de la autonomía. Lo anterior, como se verá más adelante, resulta
relevante porque incide en los parámetros que revisten la interpretación de
normas nacionales que han de armonizarse con el derecho de autogobierno étnico.
En lo que respecta al citado
principio de maximización, en la sentencia en cita, se señaló que:
“[El] Principio de ‘maximización de la autonomía de las comunidades
indígenas’ (o bien, de ‘minimización de las restricciones a su autonomía’)[72]:
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, solo son admisibles las
restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas, cuando estas (i)
sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía; y (ii) sean
las menos gravosas, frente a cualquier medida alternativa, para la autonomía de
las comunidades étnicas[73].
La evaluación sobre la jerarquía de los intereses en juego y la inexistencia de
medidas menos gravosas, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las
particularidades de cada comunidad[74].
[El] Principio de ‘mayor autonomía para la decisión de conflictos
internos’: de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el respeto por
la autonomía debe ser mayor cuando el problema estudiado por el juez
constitucional involucra solo a miembros de una comunidad que cuando el
conflicto involucra dos culturas diferentes, debido a que en el segundo caso
deben armonizarse principios esenciales de cada una de las culturas en tensión[75].
[El] Principio ‘a mayor conservación de la identidad cultural, mayor
autonomía’.
Este principio tuvo su primera formulación en la sentencia T-254 de
1994, en los siguientes términos:
‘La realidad colombiana muestra que las numerosas comunidades
indígenas existentes en el territorio nacional han sufrido una mayor o menor
destrucción de su cultura por efecto del sometimiento al orden colonial y
posterior integración a la ‘vida civilizada’ (Ley 89 de 1890), debilitándose la
capacidad de coerción social de las autoridades de algunos pueblos indígenas
sobre sus miembros. La necesidad de un marco normativo objetivo que garantice
seguridad jurídica y estabilidad social dentro de estas colectividades, hace
indispensable distinguir entre los grupos que conservan sus usos y costumbres –los que deben ser, en principio, respetados–,
de aquellos que no los conservan, y deben, por lo tanto, regirse en mayor grado
por las leyes de la República, ya que repugna al orden constitucional y legal
el que una persona pueda quedar relegada a los extramuros del derecho por
efecto de una imprecisa o inexistente delimitación de la normatividad llamada a
regular sus derechos y obligaciones’.
La Sala estima necesario efectuar algunas precisiones sobre este
principio, por su relevancia para la solución del problema jurídico planteado.
La formulación efectuada por la Corte en el fallo T-254 de 1994 se
compone de dos partes: en la primera, se describe la historia y la realidad
social que han enfrentado los pueblos indígenas, que ‘sometidos por el orden
colonial’ o a partir del enfoque de ‘integración a la civilidad’ tienen
actualmente distintos grados de conservación de sus tradiciones. La segunda
parte, parece efectuar consideraciones normativas: deber [de los grupos que no
conservan sus tradiciones] de regirse en mayor grado por las leyes de la
república, como garantía a la seguridad jurídica y para que los miembros de la
comunidad no se encuentren en la incertidumbre sobre sus derechos y deberes por
la inexistencia de normatividad.
A juicio de esta sala, la segunda parte de la formulación debe
entenderse como una constatación descriptiva y no como un precepto normativo,
pues es claro que la pérdida de ciertos aspectos de la cultura tradicional,
usos y costumbres, modos de producción, formas de relacionarse con el ambiente,
visiones religiosas por parte de una comunidad indígena, no puede servir de
fundamento para disminuir su capacidad de decidir autónomamente sobre sus
asuntos[76].
Esa posibilidad sería  incompatible con los principios constitucionales de no
discriminación e igual respeto por la dignidad de todas las culturas.
La decisión de una comunidad indígena, con un grado escaso de
conservación de sus tradiciones, en el sentido de iniciar un proceso de
recuperación cultural debe ser respetada, de la misma forma y en el mismo grado
que la decisión de otra comunidad, con alta conservación de sus tradiciones, de
incorporar formas sociales propias de la cultura mayoritaria[77]”.
(iii) Parámetros de interpretación de normas nacionales que incidan en la
autonomía y el autogobierno étnico
3.4.5. Los parámetros de
armonización previamente expuestos, parten todos de la comprensión de que la
sobrevivencia, integridad y promoción de los grupos étnicos depende en gran
parte del ejercicio de su autonomía, cuya incidencia juega un rol determinante en
la resolución del asunto objeto de revisión, pues se relaciona con el alcance
de la interpretación que las autoridades públicas pueden darle a las normas que
guardan conexión con la manifestación del principio de diversidad étnica y
cultural.
En efecto, como se ha insistido,
el sistema constitucional se opone a la imposición de hermenéuticas que sean
una manifestación del proceso de asimilación y, por el contrario, propugna por
la existencia de un diálogo transcultural en la interpretación y aplicación de dichas
disposiciones. Por esta razón, resulta permitente traer a colación la lectura
efectuada en la Sentencia T-514 de 2009[78],
sobre el principio de a mayor conservación de la identidad, mayor autonomía.
Según se infiere de tal
formulación, cuando sea necesario proceder a realizar la exégesis de una norma
nacional de la cual depende en gran medida la conservación de las instituciones
de un grupo étnico, por regla general, se deberá preferir aquella
interpretación que bajo la lógica de consensos permita preservar la autonomía,
fortalecer el pluralismo y –sin desconocer los límites que surgen de principios
de mayor entidad, en el contexto de adopción de medidas alternativas menos
gravosas– empoderar a las autoridades autóctonas garantes, en gran parte, del
ejercicio de la coerción social de sus miembros.
De donde resulta que
necesariamente se excluyen las interpretaciones que impongan una cosmovisión y,
por el contrario, se busque más un diálogo intercultural entre iguales que
propugne, como lo ordena la Constitución, por la comprensión y el mutuo
respeto. Esta lectura sobre la materia que responde al principio de a mayor
conservación de la identidad, mayor autonomía, es especialmente
trascendente cuando se trata de grupos que se encuentran en un proceso de
recuperación de sus tradiciones.
3.4.5.1. La regla expuesta tiene
asidero en al menos dos elementos que, a partir de una interpretación sistemática,
resaltan del Convenio 169 de la OIT: (i) la coordinación entre autoridades
estatales y étnicas, y (ii) el respeto mutuo entre ambas culturas, que parte del
reconocimiento de las diversas prácticas y valores, su incentivo, guarda y
promoción. En cuanto al primero, el artículo 2 del Convenio en cita contempla que:
“(…) Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad
de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos
y a garantizar el respeto de su integridad”[79].  En el mismo sentido, el artículo 33 establece que: “La
autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente
Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos
apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos
interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. //  Tales
programas deberán incluir: (a) la planificación, coordinación, ejecución
y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas
previstas en el presente Convenio; [y] (b) la proposición de medidas legislativas
y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de
las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados”.
En cuanto al
segundo elemento, esto es, el respeto mutuo, varias disposiciones del
mencionado convenio de la OIT, desarrollan el respeto y consideración que a las
instituciones propias de dichas comunidades el Estado les debe prodigar[80]. Así, el literal a)
del artículo 5 dispone que: “deberán reconocerse y protegerse los valores y
prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos
pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los
problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”;
mientras que el literal b) del mismo artículo contempla que en la aplicación
del Convenio “(b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e
instituciones de esos pueblos (…)”. Finalmente, el artículo 8 establece que:
“Al aplicar la legislación nacional a los pueblos
interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su
derecho consuetudinario”[81].
3.4.5.2. La
coordinación entre las autoridades estatales y étnicas, y el respeto mutuo
entre ambas culturas, también fue contemplado por el Constituyente de 1991. De
esta manera, por ejemplo, el artículo 330 de la Carta (numerales 2 y 7) utiliza
el término armonía para referirse a la manera en que los Consejos indígenas
deberán elaborar las políticas, planes y programas de desarrollo dentro de su
territorio, teniendo en cuenta como parámetro ineludible lo previsto en el Plan
Nacional de Desarrollo. Al respecto, la norma en cita dispone que: “De
conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán
gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres
de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: (…) 2. Diseñar las
políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de
su territorio, en armonía con el plan nacional de desarrollo”[82].
A su turno, el numeral 7 de la
disposición mencionada describe como una función de estos Consejos la
colaboración que ha de existir con el Gobierno Nacional para la guarda del
orden público, en los siguientes términos: “Colaborar con el mantenimiento
del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y
disposiciones del Gobierno Nacional”. En este mismo sentido, el inciso primero
del artículo 246, en tratándose de las jurisdicciones especiales, refiere que:
“(…) La ley establecerá las formas de coordinación (…) con el sistema judicial
nacional”. Por último, un ejemplo del respeto mutuo, se encuentra en el
inciso 5 del artículo 68, cuando se señala que: “[Los] integrantes de los
grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su
identidad cultural”.
3.4.5.3. Finalmente, no sobra señalar
que la jurisprudencia de este Tribunal también ha desarrollado dichos
parámetros de coordinación y respeto mutuo que deben incidir en la hermenéutica
de las disposiciones nacionales que, como se verá en la resolución del caso
concreto, hallan una manifestación en las normas del Decreto 2957 de 2010[83].
Precisamente, en la citada T-514
de 2009, al momento de referirse a las posibles tensiones existentes entre el
principio de diversidad étnica y cultural, y otros principios de mayor entidad,
la Corte enfatizó que, cuando quiera que sea necesaria una armonización de la
autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas con el principio de unidad
nacional, deberá optarse por “una adecuada
delimitación entre los espacios de decisión del nivel nacional y los propios de
los pueblos originarios, así como [por] el establecimiento de mecanismos de coordinación
y concurrencia entre ellos”[84].
Por su parte, en
lo atinente al respeto mutuo, esta Corporación consideró que la guarda del
principio de diversidad étnica y cultural pasa también por la comprensión de
todas las autoridades públicas, de que su intervención frente ciertos ámbitos
de los conflictos internos, puede llegar a ser nociva, por lo que debe ser
cuidadosa de guardar el principio de minimización de las restricciones.
De esta forma,
“(…) si bien debe reconocerse que en determinadas circunstancias los
derechos fundamentales individuales pueden imponer límites a los derechos de
las comunidades, debe tenerse presente también que la Corte Constitucional
considera que existen ámbitos de la autonomía en los que la  intervención
externa es especialmente nociva y, en consecuencia, lo más indicado por parte
del juez constitucional es promover el diálogo interno de la comunidad
para que los conflictos sean resueltos en el marco de su cosmovisión, normas,
usos y costumbres.
Este aspecto fue puesto de relieve recientemente por la Corte en la Sentencia
T-1253 de 2008. En este fallo, referente a problemas internos para la elección
del cabildo del resguardo de potrerito, en Coyaima, Tolima, la Corte consideró
que una decisión del juez de tutela podría tener efectos negativos
irreversibles, al cerrar la posibilidad de diálogo entre las facciones de la
comunidad en disputa, mediante la imposición de una solución ajena al derecho
propio de la comunidad[85].”[86]
(iv) Aplicabilidad de los criterios de autonomía y
autogobierno a la Kriss Romani, en atención al principio de diversidad étnica y cultural
3.4.6.
Como se señaló en las consideraciones precedentes y dentro de los márgenes
constitucionales que lo delimitan, el reconocimiento de la autodeterminación de
los pueblos étnicos, como lo es el gitano, comprende el ejercicio –entre otros
aspectos– del poder correspondiente a las autoridades tradicionales frente al
cumplimiento de un sistema jurídico propio, de lo que se deriva, en caso de ser
necesario, el despliegue de un poder coercitivo por parte de dichas
autoridades.
En este
sentido, en la citada sentencia C-359 de 2013[87], se hizo referencia a un conjunto de elementos que
diferencian al pueblo gitano del resto de culturas existentes en Colombia y que
se denomina zakono o rrompinen, el cual se aprecia, entre otros,
en las siguientes características:
“a. La
pertenencia al grupo es por nacimiento, por lo que no constituye una opción
individual o colectiva, ni un estilo de vida.
b. Tradición
nómada y reconversión en nuevas maneras de itinerar. Más allá del hecho físico
de desplazarse de un lugar a otro, el nomadismo refiere fundamentalmente a una
concepción mental, que identifica movilidad con bienestar, entre otras cosas.
c. Una
conciencia histórica sui géneris fundada en el saber del eterno
presente; una lengua propia (rromanes o shib romaní)[88]; organización social
basada en grupos de parentesco o patrigrupos, patrilineales y patrilocales;
articulación del sistema social por linajes patrilineales (vitsi) dispersos,
independientes y autónomos[89];
autoridades e instituciones propias (seré Rromenge-jefes de familia, la Kriss o
tribunal conformado por los seré Rromenge y la Krisnitorya de mayor prestigio
que presiden).
d. Idea de un
origen común (real o simbólico) y una historia compartida, marcada por las
persecuciones a las que ha sido sometido en diferentes épocas y en casi todo el
mundo.
e. Apreciación
de la edad y el sexo como principios ordenadores de estatus, tomando
importancia los hombres mayores a quienes se les debe respeto.
f. Alto
etnocentrismo y construcción de fronteras respecto a otros pueblos étnicos y
culturales, a los que se denomina gadzhé.
g. Sistema
jurídico propio denominado Kriss Rromaní o Rromaniya, conformado por un
conjunto de disposiciones que se transmiten de generación en generación de
forma verbal.
h. Sujeción a
un complejo sistema de valores y creencias (zakono o rromanipen) que permiten
el ejercicio de la solidaridad entre los patrigrupos.
i. Un
particular sentido de la estética (física y artística) que acarrea un apego
profundo a la libertad individual y colectiva que hace obsoletas las
reglamentaciones.
j. Actividades
productivas orientadas a los oficios tradicionales[90] (artesanías, venta
informal, lectura de la buenaventuranza, reparación en mecánica, etc.) y en
general no cuentan con trabajos estables y permanentes.[91]”
3.4.6.1.
Como se observa de lo expuesto, la Kriss Rromaní es un elemento que
constituye la identidad de dicha comunidad y su despliegue supone                                –precisamente–
una manifestación clara de la autonomía y autogobierno del pueblo Rom, en el
cual se vislumbra la existencia de unas autoridades tradicionales que ejercen
un poder coercitivo (Seré Rromenge), con el propósito de resolver controversias
internas, a partir de un conjunto de disposiciones transmitidas de generación
en generación, que busca hacer cumplir mandatos ancestrales.
Por
ello, negar su ejercicio y validez para
resolver conflictos internos, sería atentar contra el reconocimiento del
pluralismo y de la diversidad, ampliamente desarrollados en esta providencia.
Este elemento fue considerado expresamente por el Estado Colombiano en el numeral
1º del artículo 4 del Decreto 2957 de 2010[92],
en los siguientes términos: “Se es Rrom o Gitano por descendencia
patrilineal, la cual permite la ubicación de una persona en un determinado
grupo de parentesco, configurado fundamentalmente en torno a la autoridad
emanada de un hombre de reconocido prestigio y conocimiento, el cual a su vez,
a través de diferentes alianzas, se articula a otros grupos de parentesco, en
donde todos comparten, entre otros aspectos, la idea de un origen común, una
tradición nómada, un idioma, un sistema jurídico la Kriss Rromaní, unas
autoridades, una organización social, el respeto a un complejo sistema
de valores y creencias, un especial sentido de estética que conlleva a un
fuerte apego a la libertad individual y colectiva, las cuales definen fronteras
étnicas que los distinguen de otros grupos étnicos”[93].
Lo
anterior, también fue expuesto en el numeral 2º del citado decreto, en
el que se identifica la institución político social que estructura a este grupo
étnico. Así, según el literal b) del mencionado numeral, la Kriss corresponde
“[al] Tribunal en el que se reúnen los gitanos mayores (Seré Rromengue) de
determinada Kumpania, con el propósito de resolver una controversia y tratar
asuntos interno.” Al tiempo que, según el literal a), la Kriss Rromaní, se
identifica como “el sistema propio del grupo étnico Rom o Gitano, el cual
está compuesto por una serie de normas y valores culturales que todos los
miembros del grupo étnico tienen el deber de acatar y hacer cumplir”.
De lo
anterior se infiere que, en criterio de esta Sala de Revisión, si se reconoce
que tal sistema es un componente esencial de la cultura gitana, resultaría
contrario al principio de diversidad étnica y cultural, considerar que –a pesar
de reconocer su autonomía y autogobierno– no tienen derecho de resolver sus
controversias y de tratar sus asuntos internos, a través de las autoridades
tradicionales dispuestas para el efecto.
3.4.6.2. Esta conclusión también encuentra
sustento en los mandatos de la Constitución Política y en el Convenio 169 de la
OIT. En efecto, el inciso segundo del artículo 70 de la Carta, establece que:“(…)
el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las [culturas] que conviven
en el país” y, por lo mismo –conforme con el artículo 8º– “reconoce y
protege” la totalidad de las culturas que conforman la nacionalidad
colombiana[94].
Lo anterior, en el marco del artículo 13 del Texto Superior,
que le impone a las autoridades públicas el deber de brindar la misma
protección y trato a todas las personas y que, por lo mismo, en el caso de las
comunidades étnicas existentes, demanda que se les otorgue las mismas garantías para el desarrollo de su cultura, cuando –entre
otras– se busca la consolidación de un sistema en el que autoridades tradicionales
existen y, a través de sus propias instituciones, resuelven sus controversias
internas.
De allí que, restringir
injustificadamente el ejercicio de una institución tradicional, que define la
identidad cultural, y que constituye un medio autóctono de resolución de
conflictos a través de un tribunal de autoridades Rom, conduciría a una
discriminación contra un grupo étnico específico, que repugna con el pluralismo
que sustenta el Estado Social y Democrático de Derecho.
En este sentido, el Convenio 169 de
1989 es claro en indicar que su aplicación se predica para todos los pueblos
tribales existentes en los Estados signatarios, “(…) cuyas condiciones
sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la
colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias
costumbres o tradiciones o por una legislación especial”[95].
Dicha aplicación debe realizarse en un contexto en el cual gocen de sus especiales prerrogativas y de los mismos “derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la
población”. Lo anterior, en tratándose de las comunidades étnicas, implica
el respeto al estatus especial adquirido como consecuencia de su
tradición cultural, relativo –entre otros aspectos– a la autonomía y al autogobierno,
que incluye el apoderamiento de sus autoridades tradicionales e instituciones,
como lo es la Kriss Rromani[96].
En consecuencia, es claro que existe un derecho para todas las comunidades étnicas
amparadas por el citado instrumento internacional de que se respeten sus
mecanismos de resolución de conflictos.
3.4.6.3. Siguiendo este hilo
conductor, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que los Gitanos se
encuentran cobijados por las disposiciones del tal Convenio, al ser uno de los
pueblos tribales a los que se refiere. Como tal, se halla resguardado por el
principio de diversidad étnica y cultural, ya que éste es transversal a toda la
Carta. En este sentido, en la aludida Sentencia C-359 de 2013[97],
se indicó que: “la expresión ‘pueblos tribales’ debe
entenderse referida a todos los grupos sociales que comparten una identidad
cultural distinta a la sociedad dominante, reconociendo así la existencia de
grupos étnicos diferentes al de los pueblos indígenas, para garantía de su
supervivencia social, económica, política y cultural”.
3.4.7. Así las cosas, bajo la lógica de entender que la Kriss
Rromaní es susceptible de ser aplicada en el ordenamiento jurídico colombiano,
como previamente se expuso, con miras a que el pueblo Rom pueda resolver sus
controversias y asuntos internos, esta Corporación no puede pasar por alto que
se trata de una cultura que presenta características propias, ya que representa
a una comunidad que tiene elementos que la hacen diferente de las demás manifestaciones
culturales que habitan el territorio colombiano y que inciden en las peculiaridades
de su sistema normativo, así como en el despliegue de su autonomía y
autogobierno.
Por tal razón, la kriss Rromaní ha de ser comprendida
como una forma de heterocomposición que le permite a dicho pueblo, a través de
sus autoridades tradicionales y en ejercicio de su autonomía, aplicar un
sistema normativo propio para resolver sus controversias internas. De allí que,
para esclarecer sobre qué asuntos debe ejercerse dicha forma de autogobierno,
en principio, se observa que resultan aplicables los siguientes criterios, cuyo
origen se deriva de la interpretación sistemática del Decreto 2957 de 2010, a
saber: (i) un elemento subjetivo, que se expresa en el que el conflicto
se relacione con un aspecto atinente o de importancia para la organización Rom[98];
(ii) un elemento objetivo, que se manifiesta en que la naturaleza del
bien jurídico le atañe al interés del grupo étnico y no corresponda, por el
contrario, a la sociedad mayoritaria, teniendo en cuenta los mandatos que
emergen del principio de maximización de la autonomía[99];
y (iii) un elemento institucional, que exige la presencia de cierto
poder de coerción social por parte de las autoridades tradicionales y de la
definición, a partir de sus normas y valores, de aquellos asuntos internos que
deben ser sometidos al conocimiento del sistema propio del grupo étnico gitano[100].
3.4.8.
Conclusiones preliminares
En suma, el principio de
diversidad étnica y cultural encuentra una de sus manifestaciones en el
ejercicio de la autonomía y el autogobierno de los pueblos indígenas y
tribales. De hecho, el paradigma actual comprende que la existencia y
conservación de esas comunidades (que se tienen por una riqueza), depende –en
gran medida– de la efectividad de los citados derechos. En este sentido, se ha
entendido que la autodeterminación ha de desarrollarse ampliamente sin
franquear los límites establecidos, vinculados con la necesidad de salvaguardar
principios que tienen una mayor entidad y que, principalmente, se hallan –en
términos de dignidad– en el ámbito del consenso intercultural frente a lo humanamente
intolerable.
Con todo, y para evitar que la
diversidad y el pluralismo sean simplemente una referencia retórica, la
jurisprudencia ha destacado tres elementos a tener en cuenta al momento de
resolver las posibles tensiones que existan entre las instituciones de una
comunidad y los derechos individuales de sus miembros, o entre la aplicación
del régimen normativo nacional respecto de la autonomía de los pueblos. Ellos
son: (i) el principio de maximización de la autonomía de las comunidades (o de
minimización de las restricciones a su autonomía); (ii) en tratándose de
conflictos internos, el principio de mayor autonomía para las decisiones; y (c)
el principio de a mayor conservación de la identidad, mayor autonomía. Estos
principios se convierten en una herramienta para definir controversias en los
asuntos propios de la comunidad y tienen incidencia en la interpretación que se
ha de dar a normas nacionales que repercutan en el ejercicio de sus derechos,
como ocurre, por ejemplo, con el Decreto 2957 de 2010.
Ahora bien, en la medida en que
la comunidad Rom hace parte de los grupos étnicos cobijados por estos principios
y que así se reitera en el Convenio 169 de la OIT al reconocerlo como pueblo
tribal, sus instituciones –entre ellas aquellas que existen para dirimir
conflictos, como lo es la Kriss– han de ser respetadas e incentivadas sin
soportar discriminación alguna, y bajo la lógica de tener en cuenta sus
particularidades, deberán gozar del mismo ámbito de acción que el resto de las culturas existentes en Colombia. Por lo anterior, se
entiende que la Kriss está compuesta, entre otras, por autoridades tradicionales
habilitadas para dirimir sus propias controversias y por la posibilidad de
fijar y seguir sus normas y procedimientos para solventar sus conflictos internos
(o también denominado Kriss Rromaní). En todo caso, como previamente se expuso, el
ámbito de acción de este modo de heterocomposición se encuentra vinculado, en
principio, a unos criterios de tipo subjetivo, objetivo e institucional, con
miras a definir qué asuntos se someten a dicha forma
de autogobierno.
Con fundamento en los citados
elementos, esta Sala de Revisión procederá a la solución del asunto bajo
examen.
3.5. Caso concreto
3.5.1. De la procedencia de la
acción de tutela
3.5.1.1. Como fue señalado con
anterioridad, el objeto sobre el cual se pronuncia la Corte en esta oportunidad
se circunscribe a la negativa de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías Étnicas del Ministerio del Interior, de registrar la organización del
demandante como una kumpania más de las existentes en Colombia. Lo
anterior, a partir del argumento conforme al cual las Kumpañy
reconocidas y registradas en Colombia le solicitaron no inscribir nuevas
organizaciones, con el fin de evitar el fraccionamiento del proceso organizativo
del pueblo gitano y, por ende, afectar su capacidad de diálogo frente a las
autoridades del Estado.
3.5.1.2. Teniendo en cuenta el
objeto de esta controversia, la Sala considera que el caso planteado es
procedente para ser resuelto mediante acción de tutela, por las siguientes
razones: (i) en cuanto a la legitimación por activa, porque el amparo se
promueve directamente por una persona natural, en nombre propio y de los otros
sujetos que integran la organización que él
representa[101];
y (ii) en lo que atañe a la legitimación por pasiva, porque la solicitud
se dirige contra una autoridad pública, como lo es la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior[102];
así como frente a varias autoridades y organizaciones del pueblo Rom, en las
que se presenta una hipótesis de indefensión, en el entendido que la decisión
por ellas adoptada impide el registro de la organización representada por el
accionante.
A partir de la
interpretación del artículo 86 de la Constitución Política y del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, en lo que corresponde (iii) al carácter subsidiario
de la acción de tutela, es preciso recordar que esta Corporación ha señalado
que el amparo constitucional está llamado a prosperar cuando no existan otros
mecanismos de defensa judicial o cuando, aun existiendo, se acredita que los
mismos no son lo suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o no
son lo suficientemente expeditos para evitar un perjuicio irremediable. En el
primero de los citados casos, se entiende que el
mecanismo ordinario previsto por el ordenamiento jurídico para resolver un
asunto no es idóneo, cuando, por ejemplo, no permite resolver el
conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución integral
frente al derecho comprometido. En este sentido, esta Corporación ha dicho que:
“el requisito de la idoneidad ha sido interpretado
por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de
tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las
consideraciones de índole formal[103].
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada
caso concreto, teniendo en cuenta, las características procesales del
mecanismo, las circunstancias del peticionario y el derecho fundamental
involucrado”[104].
En el asunto sub-judice, si
bien en principio podría considerarse que la negativa al registro configura un
acto administrativo, en la medida en que plasma una decisión de la
administración generadora de efectos jurídicos, lo que habilitaría su control
ante los jueces de lo contencioso administrativo, lo cierto es que las
alternativas que se ofrecen por dicha vía se concretan en juicios de validez
(pretensiones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho), que no
responden a una controversia que se plantea en términos de diversidad étnica,
autonomía y autogobierno del pueblo Rom. Incluso, de aceptarse el control
judicial administrativo, no sería posible abordar el atinente a la oponibilidad
de la decisión de las autoridades gitanas. Por lo anterior, esta Sala de
Revisión considera que el otro medio de defensa judicial no resulta idóneo para
resolver el conflicto planteado, lo cual, a partir de lo expuesto, torna
procedente al amparo constitucional. Esta decisión se refuerza si se tiene en
cuenta que las comunidades tribales, como lo es el pueblo Rom, requieren de especial
protección por parte del Estado y sus derechos colectivos han sido catalogados
como fundamentales por la jurisprudencia reiterada de esta Corporación.
Al margen de lo
anterior, en lo que respecta al cumplimiento del principio de inmediatez[105],
se encuentra que la acción de tutela se interpuso el 21 de enero de 2014, esto
es, a los pocos días de que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
del Ministerio del Interior diera respuesta a la solicitud de registro, tanto
en la primera como en la segunda oportunidad[106].
Así las cosas, es innegable que se está en presencia de un término razonable,
que no altera el carácter urgente e inminente del amparo.
3.5.1.3. En virtud de las razones
expuestas, esta Sala de Revisión encuentra que se satisfacen los requisitos de
procedencia del amparo y, por ende, se procederá al examen de fondo del
conflicto planteado. Con todo, comoquiera que la Kriss Rromaní se llevó
a cabo el día 19 de julio del año pasado, y que en ella se resolvió la
controversia atinente a la negativa de las kumpañy de permitir más
registros, decisión que fue aceptada por el accionante más no compartida, la
Sala debe enfatizar que con estas consideraciones no se le resta validez ni
efectividad a la determinación adoptada por dicho tribunal. Por lo mismo, sólo
analizará si el argumento dado por la Dirección obedece a los parámetros del
principio de diversidad étnica y cultural, y es
respetuoso de los derechos de libertad de asociación y debido proceso, sin
perjuicio de hacer referencia a la oponibilidad de las decisiones de las
autoridades tradicionales al demandante.
3.5.2. Ausencia de trasgresión
de los derechos alegados por el actor
3.5.2.1. De los medios
probatorios obrantes en el expediente y en aplicación de las consideraciones
generales de esta providencia, no cabe duda de que la Dirección ha respetado
los principios de minimización de las restricciones, de maximización de la
autonomía para resolver los conflictos internos y que ha obrado conforme con el
postulado de a mayor conservación de la identidad mayor autonomía,
dentro del desarrollo de una dinámica interpretativa que favorece al pluralismo,
en la aplicación de las normas nacionales que inciden en la autodeterminación
del pueblo Rom.
3.5.2.2. En efecto, la
interpretación que el actor pretende del artículo 9 del Decreto 2957 de 2010[107],
esto es, que todo gitano
–en la práctica– pueda registrar una organización como una kumpania,
desconoce la importancia del registro, que se vincula con el reconocimiento de
ciertos representantes idóneos para abrir canales de diálogo con el Estado, con
miras a que pueda existir una coordinación efectiva entre éste y las
autoridades tradicionales, que cumplen la labor de encauzar los intereses de
una población étnica que no supera la cifra de 5.000 personas. Esto significa
que, como a continuación se explicará, la hermenéutica propuesta por el
accionante supone una exégesis que en lugar de maximizar la autonomía de su
pueblo, prioriza una lectura que le resta eficacia a sus órganos de
representación, con menoscabo del rol que estos adquieren en expresión del principio
de pluralismo étnico y cultural.
Así las cosas, una interpretación
sistemática del decreto en mención, destaca la existencia de varios artículos que
contemplan la importancia del registro de las kumpañy, como un medio para
alcanzar una interlocución que sea adecuada y efectivamente representativa
frente al Estado. Así, el artículo 5 plantea que: “La formulación de
políticas públicas y de programas gubernamentales destinados a este pueblo debe
tener en consideración la amplia movilidad geográfica e itinerancia de [las]
Kumpañy”, por lo que –debido a su nomadismo– “la
ubicación de las (…) ya reconocidas puede cambiar en determinado momento”, hecho que obliga a “verificar la información con los Seré Romengué”.
Por otra parte, el artículo 7, dispone que:“Las entidades
territoriales sin perjuicio de su autonomía deberán tener en cuenta en la
elaboración de sus planes de desarrollo, las políticas y estrategias que el
Plan Nacional de Desarrollo establezca para la protección y atención del grupo
étnico Rom, cuando sus Kumpañy se encuentren en su jurisdicción”.
Cuatro puntos claves se infieren
de las normas expuestas, en primer lugar, el Estado asume la obligación de
formular políticas públicas y programas gubernamentales para el pueblo Rom,
cuya operatividad se debe plasmar y concretar en la elaboración de los planes
territoriales de desarrollo, para lo cual se impone la identificación de los
lugares en los que se encuentran localizadas las Kumpañy.
En segundo lugar, la citada
realidad implica la necesidad de contextualizar a la población gitana, a través
de las kumpañy, en organizaciones de alcance territorial, más allá de
que preserven su espíritu nómada. Por ello, el Decreto 2967 de 2010, en varias
de sus disposiciones, precisa los lugares en que esta población tiene su
asentamiento. Al respecto, el artículo 4, numeral 2, literal a), señala que: “De
la Kumpania. Kumpania (kumpañy plural): Es el conjunto de grupos familiares
configurados patrilinealmente (patrigrupos), que a partir de alianzas de
diverso orden optan por compartir espacios para vivir cerca o para itinerar de
manera conjunta. En Colombia, se ubican generalmente en sitios específicos
de centros urbanos, ciudades principales e intermedias del país”[108].
Por su parte, el parágrafo del artículo 5 dispone que: “Se reconocen
Kumpañy en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Santander,
Córdoba, Sucre, Valle del Cauca, Atlántico, Tolima, Nariño, y en la ciudad de
Bogotá. Teniendo en cuenta que por nomadismo, la ubicación de las Kumpañy ya
reconocidas puede cambiar en determinado momento, se debe verificar la
información con los Seré Romengué”.
En tercer lugar, a partir de los
rasgos de su cultura y teniendo en cuenta la representación de las kumpañy en
organizaciones de alcance territorial, es claro que la persona que detenta su representación
(Seré Romengué) desempeña un rol clave dentro de dichas estructuras, lo
que incluso supone un papel o un ideario de autoridad, como se infiere del
artículo 4 del Decreto 2657 de 2010, previamente citado.
Finalmente, en cuarto lugar, la
combinación de los citados elementos destaca la importancia de la organización
territorial de las Kumpañy y de la identificación de quienes la representan,
pues la unión de ambos factores son los que permiten que las políticas públicas
y programas gubernamentales previstos a favor del pueblo gitano puedan lograr
su plena operatividad.
Esto explica el motivo que
condujo a las distintas organizaciones Rom a solicitarle a la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior no inscribir
nuevas Kumpañy en Colombia, pues no cabe duda que una ampliación de las
mismas repercute directamente en la organización de alcance territorial que han
construido y en la capacidad de diálogo y concertación que los Seré Romengué
han logrado a nivel nacional y territorial. Por ello, en sus distintas
intervenciones, insisten en la necesidad de evitar el fraccionamiento del
proceso organizativo del pueblo gitano.
El registro no es entonces como
lo propone el actor un espacio abierto y sujeto exclusivamente a la decisión
del Ministerio del Interior, en el que todo gitano
puede registrar una organización, sino que se trata de un elemento clave para
el desarrollo de la autodeterminación del pueblo Rom, con implicaciones
en la subsistencia e integridad de las Kumpañy, y en la realización y
obtención de sus derechos e intereses. Por ello, como ya dijo, el régimen
normativo convoca a la certeza que el Estado y las organizaciones Rom deben
tener sobre el número de kumpañy existentes en el territorio, al igual
que sobre las autoridades tradicionales que las representan, ya que la
conformación de nuevos grupos familiares repercute directamente en las
condiciones en las que se encuentran las organizaciones existentes.
Por esta razón, a pesar de que el
artículo 9 del Decreto 2957 de 2010, parece sujetar el manejo del registro de
forma exclusiva al Ministerio del Interior, sin importar la opinión del pueblo
tribal que por él puede verse afectado, una lectura acorde con el principio de
diversidad étnica y cultural, conduce a una hermenéutica distinta. En efecto,
no sólo el citado decreto tuvo su origen en un proceso de reconocimiento y
concertación[109],
sino que las normas del mismo aluden permanentemente al dialogo y a la
interlocución, con el fin de asegurar la realización de los derechos de la
citada comunidad étnica.
Lo anterior, se materializa a
través de la Comisión Nacional de Diálogo, espacio de encuentro de la cultura
gitana con la mayoritaria y que –desde el colectivo  Rom– está compuesta por
los representantes de las kumpañy y de las organizaciones legalmente
constituidas. Precisamente, según el artículo 12 del Decreto en cita, entre sus
funciones se encuentra la de fungir como una “instancia
de diálogo, concertación e interlocución entre el grupo étnico Rom o Gitano y
el Gobierno Nacional”; así como el de “establecer mecanismos
de coordinación con las entidades del nivel nacional y territorial, para hacer
efectivo el cumplimiento de sus derechos”.
Desde esta
perspectiva, el hecho de que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías Étnicas del Ministerio del Interior haya negado el registro solicitado
por el accionante, con fundamento en la solicitud realizada por las
organizaciones Rom, la cual incluso se materializó en las modificaciones a los
estatutos de la Comisión Nacional de Dialogo[110],
en lugar de implicar una vulneración de los derechos al debido proceso y a la
diversidad étnica, responde a una lectura armónica y sistemática del Decreto
2957 de 2010, en el que la citada autoridad pública no puede adelantar el
registro alejado de los intereses del pueblo étnico que representa, en especial
por la connotación que él tiene para la satisfacción de derechos vinculados con
la subsistencia y la integridad étnica, en un marco acorde con el ejercicio de
su autonomía y autogobierno. No sobra recordar que, precisamente, el artículo 7
del Convenio 169 de la OIT dispone que: “Los pueblos interesados deberán
tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso
de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,
instituciones y bienestar espiritual (…)”.
Por
consiguiente, esta Corporación entiende que la lectura adoptada por el
Ministerio del Interior no implicó vulneración alguna de los derechos
fundamentales del accionante, en la medida en que su fundamento se encuentra en
la necesidad de garantizar la incidencia y la participación del pueblo Rom, a
través de sus representantes ante el Estado, en la adopción de una decisión que
repercute de forma directa en sus intereses, acorde con el principio de
diversidad étnica y cultural, conforme al cual se debe priorizar la
maximización de su autonomía.
3.5.2.3. Adicionalmente, es
preciso resaltar que la decisión de la Dirección del
Ministerio del Interior obedeció a peticiones previas de las autoridades
gitanas, que fueron formuladas antes de que el actor realizara su solicitud. En
efecto, la petición del demandante sobre el registro fue formulada el 20 de
noviembre de 2013[111],
mientras que las instrucciones de las kumpañy fueron remitidas el 23 de
septiembre y el 10 de octubre de dichos año[112].
En ambos casos se hizo alusión al riesgo que devendría de la proliferación de
las Kumpañy y de la existencia de muchos representantes para un pueblo
que, según el censo mencionado, no supera los 5.000
integrantes. Se trata entonces de una decisión que, en el contexto de la
maximización de la autonomía de un pueblo, apela a darle la continuidad aun
proceso organizativo que, indudablemente, como ya se dijo, incide en la
sobrevivencia de este grupo.
De este hecho se desprenden dos
elementos relevantes. Por una parte, además de incidir en la representación, la
finalidad de la medida propugna por la subsistencia del grupo –con lo cual– prima
facie resulta ajustada al ordenamiento superior. Y, por la otra, no se
trata de una medida arbitraria o que haga parte de los asuntos que –por el
consenso intercultural– se constituyen en límites al ejercicio de su autonomía.
De hecho, una de las justificaciones que le dieron al juez constitucional los
demandados, supuso que una kumpania no es una familia extensa, sino una
cantidad de grupos familiares definidos por el tamaño de su linaje[113].
Así, comoquiera que la familia del demandante se encontraba dentro del linaje
de la kumpania de Bogotá –estando, de hecho, en el listado de PRORROM[114]–
no era posible que su organización fuese tenida por una kumpania diferente,
ya que en esencia se trata de una misma vitsa ligada por vínculos de
parentesco[115].
3.5.2.4. Al margen de lo anterior,
en sus respuestas al demandante, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías Étnicas del Ministerio del Interior acentuó que se trataba de un
conflicto interno, frente al cual sólo podía promover que se acudiera a sus usos
y costumbres para encontrar posibles soluciones. La Corte comparte esta
consideración y enfatiza que obedece al cumplimiento del principio de maximización
de la autonomía para resolver conflictos internos que giran en torno al proceso
organizativo de la comunidad y que deben ser solventados a través de sus
instituciones tradicionales.
La existencia de este conflicto
se desprende claramente de los elementos probatorios obrantes en el proceso. Uno
de ellos es el correo electrónico enviado por el actor a PRORROM, el 14 de
enero de 2014, en el que manifiesta su deseo de desvincularse de la citada organización,
en atención a la aparición de unas tensiones entre sus miembros[116].
Y otro corresponde al Acta No. 2 elaborada por las kumpañy registradas, que
hacen parte de la Comisión Nacional de Diálogo, y que muestra que el tema se
abordó como un asunto interno, ya que podía generar fraccionamientos en el
proceso organizativo que vienen adelantando[117].
Ahora bien, también es claro que
frente a la mencionada determinación y tras la orden del juez constitucional de
segunda instancia, se adelantó el tribunal tradicional denominado kriss Rromaní.
Con ello, siguiendo los parámetros de sus usos y costumbres, y rigiéndose por el
poder de sus autoridades tradicionales, el pueblo gitano resolvió la cuestión
con la intervención del propio demandante[118].
De manera que, en criterio de la Corte, se entiende que la decisión adoptada le
resulta oponible al actor, quien más allá de exteriorizar su inconformidad con
lo decidido, afirmó que respetará lo resuelto y que insistirá en el futuro en
su posición; mientras que, por su parte, la comunidad se comprometió a apoyarlo
en la constitución de cualquier asociación, pero enfatizando en que no se podrá
inscribir otra kumpania, en atención a los efectos legales y
representativos que ello conlleva[119].
Por lo demás, no observa la Corte
que el sometimiento a la kriss Rromaní de la controversia en cita, se
aparte de los parámetros que fijan su competencia, ya que el conflicto se
originó al interior del pueblo Rom (elemento subjetivo), vinculado con
un problema de organización y maximización de su autonomía (elemento
objetivo) y en el que se destacó la presencia de autoridades
tradicionales para su definición, acorde con sus normas y valores culturales (elemento
institucional).
3.5.2.5 Finalmente, tampoco se
encuentra que el derecho de asociación se encuentre comprometido, por las
siguientes razones: (i) porque los demandantes han sido reconocidos como
integrantes del pueblo étnico; (ii) porque hacen parte de una kumpania,
la cual representa sus intereses frente al desarrollo de las políticas del
Estado; (iii) porque la comunidad en general se obligó a apoyar la constitución
de cualquier organización que los represente; y (iv) porque la negativa al
registro, en ningún momento impide que existan agremiaciones para defender sus
intereses, incluso respecto de su propio pueblo, sin que por ello pueda imponerse
una lectura particular del quehacer estatal.
En efecto, la decisión de limitar
el registro de nuevas kumpañy no implica, en la práctica, una
restricción del derecho de asociación, que bien puede ejercer el demandante en
la consolidación de cualquier organización que desee, para lo cual contará
incluso con el apoyo de los demás gitanos que lo reconocen como parte de la
colectividad[120].
Se trata de una medida dirigida a fortalecer a la comunidad, en aras de
garantizar su autonomía y autogobierno, así como la guarda de sus estructuras
tradicionales. De hecho, suponer que el demandante o todo gitano pudiesen
fundar una nueva kumpania conllevaría desconocer que ésta es una
expresión de la organización tradicional, frente a cuya estructura no se puede
incidir sin contar con el beneplácito de las autoridades tradicionales.
3.5.2.6. En conclusión, en la
medida en que no se observa que el Ministerio del Interior haya vulnerado los
derechos invocados por el demandante y dado que las autoridades judiciales de
instancia consideraron que el asunto puesto a su consideración debía ser
resuelto por la propia comunidad, lo cual, conforme con lo señalado en esta providencia,
responde a los postulados mencionados en torno al principio de diversidad
étnica y cultural, esta Sala de Revisión confirmará las providencias sometidas
a revisión. Con todo, en lo atinente a la alegada trasgresión de los derechos
fundamentales de asociación y debido proceso, se adicionará el fallo en cita,
en el sentido de denegar el amparo promovido contra la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la
sentencia proferida el 15 de mayo de 2014 por la Subsección “B” de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
la causa iniciada por el señor David Cristo Barrios contra la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del Interior y otros,
que amparó el derecho a la autodeterminación del pueblo Rom.
Segundo.- Por las razones
expuestas en esta providencia, ADICIONAR el fallo mencionado en el
numeral primero, en el sentido de denegar el amparo solicitado contra la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías Étnicas del Ministerio del
Interior, por la ausencia de trasgresión de los derechos al debido proceso y
asociación, derivada del hecho de abstenerse de registrar la organización Kumpañy
e Lumnia Katar Le Rom.
Tercero.- Por Secretaría
General, LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ANDRÉS MUTIS VANEGAS
Secretario General
(E)
[1]
Integrada por los señores David Cristo Barrios, Marina Barrios
Bermúdez, Juan Carlos Cristo Torres, David Leonardo Cristo Torres, Sandro
Cristo Barrios, Nancy Aguilar Bolívar, Duván Andrés Cristo Aguilar, Wilson
Forero Molina, Sandra Cristo Barrios, Johan Sebastián Forero Cristo, Natalia
Cristo Cristo y Jeikob Santiago Forero Cristo.
[2]
Los demandados fueron los señores Sandro Mendoza, Sandro Mendoza Páez, Dayron
Gómez, Guillermo Mendoza, Sandro Cristo, Hernando Cristo, Jaime Gómez, Martha
Velásquez, Elkin Mendoza, William Mendoza, Juan Pablo Ramírez Gómez, Eduardo
Gómez, Eraclio Mendoza, Leonardo Mendoza, Juan Carlos Gómez, Hugo Yankovich,
Nohra Gómez, Delfín Aguad Gómez y Ana Dalla Gómez Baos.
[3]
Cuaderno 1, folios 119 a 121.
[4]
La norma en cita dispone que: “El representante de la Kumpania deberá
presentar por escrito la solicitud de registro ante la Dirección de Asuntos
Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio del Interior y de Justicia, o la
dependencia que haga sus veces, la cual deberá acompañar con los siguientes
documentos: a. Reglamento interno. // b. Acta de elección del representante de
la Kumpania, acompañada por el listado de asistentes que contengan las
respectivas firmas. // c. Dirección para correspondencia”.
[5]
Esta petición fue reiterada el 13 de enero de 2014 (Cuaderno
1, folios 79 a 80).
[6]
Esta definición es un punto central de la disputa, pues los
demandados enfatizan que, además del mencionado elemento de vínculos
patrilineales, una Kumpania también tiene una cierta distribución
espacial, a pesar de que, en esencia, se trata de un pueblo con valores
nómadas. De manera que, como se deriva de lo acordado en el Decreto 2957 de
2010 (artículos 2 y 5), sólo podría existir una de dichas organizaciones por
“región”. Así, por ejemplo, en una carta radicada por el representante
de PRORROM ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del pasado 17
de enero de 2014, se indicó que:“(…) una kumpania es la que se encuentra en
todo un territorio [,] en este caso el de Bogotá, y teniendo en cuenta que
existen desde hace muchos años dos organizaciones como son PRORROM y UNIÓN
ROMANI [,] que según el censo general 2005 arroja una cifra de 523 personas que
se autoreconocieron como Rrom, no es pertinente que se reproduzcan para esta
población una tercera organización compuesta por 12 personas”.
[7]
La norma en cita dispone que: “El Ministerio del Interior y de Justicia
llevará el registro de las Kumpañy del país, y de sus representantes elegidos
por los miembros de cada una de ellas, de acuerdo al procedimiento interno que
para ello establezcan, quienes serán los representantes ante las instituciones
del Estado. // Parágrafo: Los miembros de los cargos dignatarios, directivos y
de autoridad de las Kumpañy, deberán en su totalidad pertenecer étnicamente al
grupo étnico Rrom o Gitano, desde el marco de los usos y costumbres, según las
definiciones establecidas en este decreto”.
[8]
Como previamente se transcribió, el
artículo 9 establece: “Requisitos para el registro. El
representante de la Kumpania deberá presentar por escrito la solicitud de
registro ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio
del Interior y de Justicia, o la dependencia que haga sus veces, la cual deberá
acompañar con los siguientes documentos:  a. Reglamento interno. // b. Acta de
elección del representante de la Kumpania, acompañada por el listado de
asistentes que contengan las respectivas firmas. // c. Dirección para
correspondencia”.
[9]
Decreto 2957 de 2010, art. 10.
[10]
Cuaderno 1, folios 166 a 168.
[11]
Cuaderno 1, folios 180 a 182.
[12]
Cuaderno 1, folio 181.
[13]
Cuaderno 1b, folios 1 a 24.
[14]
Decreto 2597 de 2010, art. 2, lit. c.
[15]
Cuaderno 1b, folio 17.
[16]
Sobre este punto, el artículo 2, literal b), del Decreto 2957
de 2010 establece que: “(…) d. De la Kriss: Tribunal en el que se reúnen los
gitanos mayores (Seré Rromengue) de determinada Kumpania con el propósito de
resolver una controversia y tratar asuntos internos”.
[17]
Para el efecto se expone el Censo del año 2005.
[18]
Este argumento fue reiterado por el representante de PRORROM tras la decisión
de segunda instancia en los siguientes términos: la familia del demandante no
puede erigirse en una kumpania diferenciada, porque su vitsa
(linaje o clan), es el mismo de muchos gitanos que habitan en la capital y
porque están unidos a ellos por vínculos filiares de parentesco muy estrechos.
En su criterio, se trata, simplemente, de una familia extensa (cuaderno 2,
folios 587 a 594).
[19]
La autoridad judicial de segunda instancia, mediante Auto del
25 de marzo de 2014, le ofició al aludido presidente, para que rindiera un
informe respecto al ajuste de los Estatutos de la Comisión Nacional de Diálogo,
radicado en el Ministerio del Interior el 27 de enero de 2014, así como del
acta No. 2, del 24 de enero de 2014, en la que consta el pronunciamiento frente
a la solicitud del demandante de abrir una nueva kumpania. (Cuaderno 2,
folios 301 a 305).
[20]
Cuaderno 2, folio 309.
[21]
Unión Romaní.
[22]
Sabanalarga.
[23]
Envigado.
[24]
Sahagún.
[25]
Cúcuta.
[26]
San Pelayo.
[27]
Sahagún.
[28]
Pasto.
[29]
Cuaderno 2, folios 344 a 382,  396 a 414 y 449 a 457.
[30]
Cuaderno 2, folio 260.
[31]
Cuaderno 2, folio 262.
[32]
Cuaderno 2, folio 491.
[33]
Una copia de estos certificados expedidos con posterioridad a
la sentencia de segunda instancia se encuentran en el folio 586 del cuaderno 2.
[34]
Adoptada el 15 de mayo de 2014.
[35]
La Comisión fue creada por el Decreto 2957 de 2010.
[36]
Cuaderno 3, folio 44.
[37]
Cuaderno 3, folio 45.
[38]
El Decreto 2957 de 2010, “Por el cual se expide un marco normativo para la
protección integral de los derechos del grupo étnico Rom o Gitano”,  define
a las kumpañy de la siguiente manera: “De la Kumpania. Kumpania
(Kumpañy plural): Es el conjunto de grupos familiares configurados
patrilinealmente (patrigrupos), que a partir de alianzas de diverso orden optan
por compartir espacios para vivir cerca o para itinerar de manera conjunta. En
Colombia se ubican generalmente en sitios específicos de centros urbanos,
ciudades principales e intermedias del país” (art. 4, lit. a).
[39]
De conformidad con el artículo 8 del aludido Decreto: “El Ministerio del
Interior y de Justicia llevará el registro de las Kumpañy del país, y de sus
representantes elegidos por los miembros de cada una de ellas, de acuerdo al
procedimiento interno que para ello establezcan, quienes serán los
representantes ante las instituciones del Estado”.
[40]
El artículo 10 del Decreto describe la Comisión de Diálogo como un espacio de
interlocución entre el Estado colombiano y el pueblo Rom. Se encuentra
conformada, por parte de los gitanos, “(…) por los representantes de las
Kumpañy y de las organizaciones legalmente constituidas”.
[41]
El artículo en cita dispone que: “Artículo 9.
Requisitos para el registro. El
representante de la Kumpania deberá presentar por escrito la solicitud de
registro ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom del Ministerio
del Interior y de Justicia, o la dependencia que haga sus veces, la cual deberá
acompañar con los siguientes documentos: a Reglamento interno. // b. Acta de
elección del representante de la Kumpania, acompañada por el listado de
asistentes que contengan las respectivas firmas. // c. Dirección para
correspondencia”.
[42]
El Decreto 2957 de 2010 define la Kriss como el “Tribunal en el que se reúnen los gitanos mayores (Seré Rromengué) de
determinada Kumpania con el propósito de resolver una controversia y tratar
asuntos internos”.
[43]
Si bien el Decreto previamente aludido contempla la referida definición de Kriss
como el tribunal tradicional de dicha comunidad, en los medios probatorios
obrantes en el expediente, los gitanos –en su mayoría– hacen alusión a él con
el término kriss Rromaní.
[44]
Según el Decreto 2957 de 2010, el Sero Rom (Seré Rromengué
plural), es el hombre casado, con hijos, sobre el cual recae la autoridad de un
determinado patrigrupo o grupo familiar extenso, por su prestigio, conocimiento
de la tradición, capacidad de construir consensos y habilidad en la palabra.
[45]
Es importante resaltar que en la Kriss celebrada, algunos de los
intervinientes, que incidieron en la adopción de la decisión, eran también
representantes de las kumpañy. Esto no es de extrañar, si se tiene en cuenta que
el propio Decreto 2957 de 2010, en el parágrafo del artículo 8, establece que “Los
miembros de los cargos dignatarios, directivos y de autoridad de las Kumpañy,
deberán en su totalidad pertenecer étnicamente al grupo étnico Rom o Gitano,
desde el marco de los usos y costumbres, según las definiciones establecidas en
este decreto”. Luego, en una población cercana a las 5.000 personas, es
posible que representantes de kumpania también sean hombres casados y
con hijos, frente a quienes –por su conocimiento de la tradición– sean tenidos
por Sero Rom.
[46] El inciso
primero del citado artículo establece que: “Artículo 35. Decisiones de
revisión. Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo,
unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las
normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente
justificadas”.
[47]
Para una descripción detallada de algunas de las
particularidades del pueblo Rom se puede consultar la Sentencia C-359 de 2013,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Dos elementos que conllevan a una lectura
diferencial de la jurisprudencia en tratándose de gitanos, se encuentran (i) en
el nomadismo –así en la actualidad no implique necesariamente un desplazamiento
físico sino una perspectiva sobre la vida, el ahora y la planeación– y (ii) en
la dificultad de delimitar un territorio.
[48]
El inciso segundo del artículo 70 de la Constitución establece
que: “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad.
El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país.
El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión
de los valores culturales de la Nación”. Esta disposición concuerda con lo
previsto en el artículo 7 de la CP, en el que se señala lo siguiente: “El
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana”.
[49]
El artículo 1º de la Constitución establece que: “Colombia
es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general”.
[50]
Incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 21 de
1991, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª. Reunión de
la Conferencia General de la O.I.T, Ginebra 1989”.
[51] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[52]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta oportunidad, la Corte se pronunció
sobre un caso en el cual un indígena demandó al gobernador de su comunidad y al
representante legal del resguardo, por haber sido excluido de los beneficios
económicos financiados con recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones. Como hechos del caso se destacan que la comunidad, a través de
la asamblea general, decidió no incluir al actor dentro de los beneficiarios,
en razón a que llevaba más de 15 años viviendo en Bogotá y había incumplido los
acuerdos de volver en un tiempo pactado. Esta decisión que se adoptó por igual
para todas las personas que se encontraban en la misma situación. Al momento de
revisar el asunto, la Corte abordó los siguientes temas: el principio de
diversidad, integridad étnica y autonomía; la solución de conflictos entre
derechos individuales y de la comunidad; y los elementos del SGP. Tras estudiar
los aludidos temas y teniendo en cuenta los medios probatorios aportados al
expediente, la Corte encontró que no se había trasgredido el derecho
fundamental al debido proceso, pues la comunidad había obrado conforme con el
reglamento interno y de manera armónica con el principio de maximización de la
autonomía. Por lo demás, se señaló que la falta de asignación de recursos no
constituía una sanción, sino una nueva forma de distribución fundada en la
autoridad política de la comunidad, buscando privilegiar los intereses del
resguardo y no los de cada uno de los indígenas individualmente considerados.
Por consiguiente, este Tribunal concluyó que el criterio de residencia
utilizado para asignar los recursos era legítimo y que, por ende, era posible
excluir a un beneficiario, si éste incumplió con los acuerdos de retorno.
[53]
Al respecto, entre otras, puede consultarse la Sentencia T-646 de 2014, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la que se estudió una acción de tutela
instaurada por las comunidades étnicas de Bocachica y Caño de Oro, que habitan
la Isla de Tierrabomba, contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La citada autoridad se encontraba impulsando la aprobación de un proyecto de
Estatuto Aduanero que, entre otros aspectos, se refería a la actividad de
fondeo dentro del contexto del régimen de aduanas. En criterio de los
demandantes, dicha propuesta implicaba una afectación directa a sus
comunidades, lo que conllevaba que el Estatuto tuviese que ser previamente
consultado con ellas. Este Tribunal, tras reiterar su jurisprudencia, consideró
que al tratarse de normas generales que regulan la actividad aduanera, las
cuales no tenían una incidencia directa en dichas comunidades, no eran objeto
de las obligaciones que se desprenden de la Constitución y de los Convenios
internacionales relativas a la consulta previa. Por dicha razón, denegó el
amparo deprecado.
[54]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta sentencia de
unificación, la Corte se pronunció sobre un caso en el cual fueron demandadas
autoridades del resguardo Ika, ubicado en la zona oriental de la Sierra Nevada
de Santa Marta, por tensiones existentes entre la población Arhuaca evangélica
y el resto de la comunidad, en especial por la actividad de una iglesia
cristiana y sus prácticas evangelizadoras, que llegó incluso a construir un
templo en el territorio del resguardo sin autorización. Dicho conflicto, en el
que para la iglesia cristiana se consideraba que las autoridades tradicionales
eran una especie de brujos que seguían una práctica supersticiosa, incidía en
la unidad política y religiosa del pueblo en torno a los Mamos y, por lo
mismo, repercutía en la regulación social. El asunto analizado por esta
Corporación giró en torno a la tensión existente entre la libertad de cultos
–de los indígenas evangélicos y de la iglesia cristiana– y la integridad y
autonomía de la comunidad Ika. Al momento de analizar el caso concreto, la
Corte consideró que debido al sistema político en torno a los Mamos (donde
la autoridad religiosa también era la social) y teniendo en cuenta las posturas
de los evangélicos ante ellos y frente a la ley de origen, se estaba en
presencia de dos cosmovisiones que a pesar de ser igualmente respetables eran
incompatibles. Por dicha razón, encontró que las limitaciones impuestas a los
evangélicos eran proporcionales a la protección de la integridad y
sobrevivencia de la comunidad, ya que el orden social se vería seriamente
afectado.
[55]
ST-380/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[56] ST-380/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); ST-001/94 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo).
[57] ST-380/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SC-058/94 (MP.
Alejandro Martínez Caballero); ST-349/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz); ST-496/96
(MP. Carlos Gaviria Díaz); SU-039/97 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
[58]
Sobre la materia, por ejemplo, el inciso primero del artículo
330 de la CP dispone que “(…) los territorios indígenas estarán gobernados
por consejos conformados y reglamentados según sus usos y costumbres  (…)”.
[59]
Este punto será abordado más adelante, al momento de hablar de
los límites constitucionales al principio diversidad étnica y cultural en su
faceta de autogobierno.
[60] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[61] CP art. 1º
[62] CP art 246.
[63] ST-349/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz); ST-523/97 (MP. Carlos
Gaviria Díaz).
[64]
ST-428/92 (MP. Ciro Angarita Barón); SC-139/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz).
[65]
Según la ST-254/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), las disposiciones
constitucionales que permiten derivar la anterior conclusión resultan
complementadas por los artículos 8° y 9° del Convenio N° 169 de la O.I.T. (Ley
21 de 1991), conforme a los cuales los pueblos indígenas tienen derecho a
aplicar y a conservar sus usos y costumbres, “siempre que éstos no sean
incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico
nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.”
[66]
ST-349/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz)
[67]
Subrayados por fuera del texto original.
[68]
Sentencia SU-510 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muños, en la que se toma como
referencia la Sentencia T-349 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[69]
Un ejemplo de lo anterior puede observarse en la Sentencia SU-510 de 1998,
previamente citada, en la se efectuó un exhaustivo análisis de elementos
probatorios, así como de intervenciones de expertos, para establecer que las
limitaciones a la libertad religiosa impuesta por los Mamos a los Ika
evangélicos no trasgredían el ordenamiento constitucional. Para evidenciar que
se trataba de una medida proporcional destinada a proteger la integridad de la
comunidad Arhuaca, ante una cosmovisión que le es completamente incompatible,
este Tribunal tuvo en cuenta, entre otros, (i) los conflictos históricos por la
tierra que enfrentaron a colonos y terratenientes; (ii) la esencia de su
sistema político piramidal –donde el mamo es el líder religioso y
político que funge un papel fundamental en el equilibrio existente entre dos
principios antagonistas– y (iii) los elementos relacionados con la ley de
origen, como el pagamento, que era tenido por los protestantes como
superstición y brujería.
[70]
Sentencia T-254 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[71]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[72] Este principio fue planteado por primera vez en las Sentencias
T-254 de 1994 y T-349 de 1996, y ha sido reiterado en numerosas oportunidades
como el criterio esencial para el estudio de casos relacionados con la autonomía
de las comunidades indígenas. En la T-349 de 1996 expresó la Corporación: “…
el desarrollo del principio de la diversidad cultural en las normas
constitucionales citadas, y considerando que sólo con un alto grado de
autonomía es posible la supervivencia cultural, puede concluirse como regla
para el intérprete la de la maximización de la autonomía de las comunidades
indígenas y, por lo tanto, la de la minimización de las restricciones
a las indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía”. [Por
otra parte, en la] Sentencia SU-510 de 1998, señaló la Corporación: “En la
esfera de las libertades, las soluciones dadas por la Corte a los problemas a
que da lugar su ejercicio se han resuelto dentro de una línea que privilegia su
máximo despliegue posible (principio pro libertate), también la doctrina de la
Corte se ha inclinado por maximizar su radio de acción, claro está, dentro de
los límites trazados por la Constitución (principio pro communitas)”.
[73] “Esta regla supone que al ponderar los intereses
que puedan enfrentarse en un caso concreto al interés de la preservación de la
diversidad étnica de la Nación, sólo serán admisibles las restricciones a la
autonomía de las comunidades, cuando se cumplan las siguientes condiciones: a.                Que
se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior
jerarquía (v.g. la seguridad interna) [y] b. Que se trate de la medida
menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas”.
[Véanse, al respecto, las Sentencias] T-254 de 1994, T-349 de 1996 y SU-510
de 1998.
[74] Ibídem.
[75]
Sentencias T-349 de 1996 y SU-510 de 1998.
[76]
Al respecto, es oportuno mencionar que, a pesar de que el principio ha sido
reiterado desde 1994, no existe un solo pronunciamiento en el que la Corte haya
aceptado o impuesto una restricción a la autonomía de una comunidad indígena
que ha sufrido un proceso de “aculturación”, o de pérdida de costumbres
tradicionales.
[77]
La Sala considera que el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como algunas de sus
disposiciones concretas constituyen criterios relevantes de interpretación en
la materia, especialmente, los siguientes aspectos “Reafirmando que, en el
ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda
forma de discriminación”… “reconociendo que la Carta de la Naciones
Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración
y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del derecho
de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su
desarrollo económico, social y cultural (Preámbulo); el artículo 2 que consagra
la igualdad entre los pueblos y el artículo 3º que se refiere al derecho a la
libre determinación para determinar su condición política y perseguir su
desarrollo económico, social y cultural.”.
[78]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[79]
Énfasis propio.
[80]
Convenio 169 de la OIT, art. 5, literales a y b, y art. 8.
[81]
Énfasis propio.
[82]
Énfasis propio.
[83]
“Por el cual se expide un marco normativo para la protección integral de los
derechos del grupo étnico Rrom o Gitano”.
[84]
Énfasis propio.
[85] La jurisprudencia de la Corte ha considerado que la
autonomía es especialmente amplia en temas como la elección de las
autoridades propias del resguardo (T-1258 de 2008, T-979 de 2006 y T-737 de
2005), la elección y traslado de ARS o EPS, (C-088 de 2001, C-898 de
2002, T-379 de 2003), la destinación de los recursos que reciben los resguardos
del Sistema General de Participaciones (T-704 de 2006, SU-510 de 1998, C-921 de
2007), el ejercicio del derecho fundamental a la propiedad colectiva del
territorio (T-188 de 1993, T-380 de 1993, T-428 de 1992, T-652 de 1998, entre
otros).
[86]
Énfasis propio.
[87]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En esta sentencia, la Corte se pronunció sobre
una demanda instaurada contra los artículos 13 y 28 de la Ley 1537 de 2012, que
regulan aspectos atinentes al acceso a la vivienda de interés social. La
demandante alegaba la existencia de una omisión legislativa relativa, pues
únicamente figuraban como criterios de priorización dentro de los proyectos, la
pertenencia a grupos afro o indígenas. Este Tribunal consideró que tal omisión
efectivamente se configuraba, ya que se dejaba de lado a las comunidades
raizales y Rom. Por ello, procedió a declarar la exequibilidad de las normas
demandadas a través de una sentencia aditiva, en el sentido de que dichos
grupos humanos también se encuentran incluidos dentro de los criterios de priorización
de los proyectos de vivienda.
[88]
Perteneciente a la familia lingüística noríndica, emparentada
con muchos idiomas hablados actualmente en el subcontinente indio.
[89] Los gitanos colombianos son Kaderash,
pertenecientes a diversas vitsi (clanes), pudiendo resaltarse: Bolochoc,
Mijháis, Jhanes, Churón, Bimbay, Langos, Bobokón, Charapano, Cháiko y Lovari.
Antiguamente estas vitsi correspondían a los apellidos que llevaban los
gitanos, no obstante, con el mecanismo de invisibilización fueron cambiados sus
apellidos por otros en castellano como Gómez, Mendoza, Romero, Rivera, Flórez,
Méndez, Montes, Vásquez. Otros conservaron los apellidos originarios de Europa
del Este como Demetrio, Yankovich, Miklos, Ivanov, Gomanovich, etc.
[90]
Como conocimientos tradicionales del pueblo Rom, pueden
citarse: i) metalúrgicos: relacionados principalmente con la forja y aleación
de los metales; ii) químicos: invención y desarrollo de diversas sustancias que
facilitan la aleación y soldadura de los metales; iii) diseño industrial:
desarrollo de procedimientos y protocolos para realizar el trabajo de refacción
y modificación de artefactos mecánicos, sobre todo hidráulicos; iv)
zootécnicos: asociados a la cura y preparación de caballos y otros equinos; v)
arquitectónicos: necesarios para el montaje de carpas y campamentos; vi)
herbolarios: referidos al manejo de plantas medicinales y aromáticas con fines
terapéuticos; vii) artes adivinatorias: construcción de un sistema de
conocimiento y de interpretación del mundo considerado como mágico, que se
utiliza para indagar acerca del porvenir (quiromancia, cartomancia); y viii)
astronómicos y astrológicos: conocimiento de normas y leyes de la naturaleza,
derivados de la profunda observación de los astros, que ha llevado al diseño y
desarrollo de un horóscopo propio. Frente a las actividades económicas y
productivas tienen una concepción moral y cultural que se resume en la
siguiente afirmación: “se trabaja para vivir y no se vive para trabajar”.
Ello va acompañado a no dejarse inmiscuir en relaciones de autoridad y de poder
entre empleador y trabajador.
[91]
Cfr. Bimbay, Y. (2007). Conociendo al pueblo Rrom: una mirada desde las
kumpeniyi del Caribe. Santa Marta, Colombia (s.e). Concepto de Ana Dalila Gómez Baos para este asunto, folios 115
a 117 del cuaderno principal. Pueblo Rrom -Gitano- de Colombia.
Haciendo camino al andar. DNP. 2011. Páginas 22-23, 68
a 71 y 77-78.
[92]
“Por el cual se expide un marco normativo para la protección integral de los
derechos del grupo étnico Rom o Gitano”.
[93]
Énfasis propio.
[94]
CP art. 8.
[95]
Literal “a”, artículo 1, Convenio 169 OIT.
[96]
El literal “a” del numeral 2º, del artículo 2º, establece que las acciones que
adelante el Estado para garantizar el respeto a la integridad de estos pueblos
deberán asegurar, entre otras, “(…) a los miembros de dichos pueblos [el
goce], en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación
nacional otorga a los demás miembros de la población”.
[97]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[98]
Sobre el particular, cuando el artículo 4 del decreto en cita define a la Kriss,
la identifica como: “[El] tribunal en el que se reúnen los gitanos mayores
(Seré Rromengue) de determinada Kumpania con el propósito de resolver una
controversia y tratar asuntos internos”.
[99]
Así, cuando el mismo artículo 4 precisa lo que se entiende por identidad
cultural, señala que: “Se es Rrom o Gitano por descendencia patrilineal, la
cual permite la ubicación de una persona en un determinado grupo de parentesco,
configurado fundamentalmente en torno a la autoridad emanada de un hombre de
reconocido prestigio y conocimiento, el cual a su vez, a través de diferentes
alianzas, se articula a otros grupos de parentesco, en donde todos comparten,
entre otros, la idea de un origen común, una tradición nómada, un idioma, un
sistema jurídico la Kriss Rromaní, unas autoridades, una organización social,
el respeto a un complejo sistema de valores y creencias, un especial sentido de
la estética que conlleva a un fuerte apego a la libertad individual y
colectiva, las cuales definen fronteras étnicas que los distinguen de otros
grupos étnicos”.
[100]
Al respecto, el artículo 4, numeral 2, literal c), dispone que: “[La Kriss
Rromaní] es el sistema propio del grupo étnico Rrom o Gitano, el cual está
compuesto por una serie de normas y valores culturales que todos los miembros
del grupo étnico tienen el deber de acatar y hacer cumplir”.
[101]
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que: “Toda
persona tendrá acción de tutela (…)”, el cual se desarrolla por el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos: “La acción
de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante (…)”. Énfasis propio.
[102]
El citado artículo 86 del Texto Superior señala que: “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar (…) la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
(…)”. Énfasis propio.
[103]
Véase, entre otras, las Sentencias T-106 de 1993 y T-100 de 1994.
[104]
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[105]
Sobre el alcance de este principio, la Corte ha sostenido que la procedibilidad de la acción de tutela también exige que su
interposición se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del
momento en el que se generó la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
de manera que el amparo constitucional no se convierta en un factor de
inseguridad jurídica y de posible afectación de los derechos de terceros.
[106]
27 de diciembre de 2013 y 13 de enero de 2014.
[107]
El cual, como ya se dijo, dispone que: “Artículo 9. Requisitos para el
registro. El representante de la Kumpania deberá presentar por escrito la
solicitud de registro ante la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom
del Ministerio del Interior y de Justicia, o la dependencia que haga sus veces,
la cual deberá acompañar con los siguientes documentos: a. Reglamento Interno.
// b. Acta de elección del representante de la Kumpania, acompañada por el
listado de asistentes que contengan las respectivas firmas. // c. Dirección
para correspondencia”.
[108]
Énfasis propio.
[109]
En los considerandos del Decreto 2957 de 2010 se dice que: “(…) dadas sus
singularidades como grupo étnico, es portador de unas señales identitarias
específicas y de una cultura propia que ameritan un tratamiento especial y
diferencial por parte del Estado colombiano y la sociedad mayoritaria, a fin de
garantizar su integridad étnica y cultural, así como el ejercicio pleno de sus
derechos colectivos”. Por ello, “se hace necesario desarrollar acciones
afirmativas como grupo étnico, tendientes al fortalecimiento de su autonomía y
su participación en la articulación de derechos con el resto de la sociedad
colombiana”.
[110]
Al respecto, ver el literal “B” del acápite de pruebas de esta
sentencia.
[111]
Cuaderno 1, folios 39 a 58.
[112]
Cuaderno 1, folios 61 a 64, y 66 a 70.
[113]
Cuaderno 1, folios 71 a 78.
[114]
Cuaderno 1, folio 38.
[115]
Cuaderno 2, folios 587 a 594.
[116]
Cuaderno 1, folios 86 a 88.
[117]
Cuaderno 1, folios 199 a 208.
[118]
Cuaderno 4, folios 1 a 15.
[119]
Cuaderno 1, folio 191.
[120]
Cuaderno 1, folio 191.