T-725-11
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia
T-725/11
LEGITIMACION POR
ACTIVA Y PASIVA EN ACCION DE TUTELA-Agencia oficiosa en
nombre de menor de edad
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES QUE PRESTAN SERVICIO PUBLICO-Procedencia
DERECHO DE
USUARIOS A LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE
AGUA POTABLE-Sujetos de especial protección
PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE-Competencia
DERECHO AL AGUA-Derecho
vital según instrumentos internacionales
DERECHO
FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones del Estado para garantizar
disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio de agua
DERECHO AL AGUA
POTABLE DESTINADA AL CONSUMO HUMANO-Fundamental
EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Contrato de
prestación de servicios según Ley 142/94
EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Suspensión por
incumplimiento en el pago según Ley 142/94
EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Casos en que debe
abstenerse de suspender el servicio por prevalencia de derechos fundamentales
PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD-Suscripción de acuerdos de pago para cumplir obligación
contraída con empresa de servicios públicos
ACCION DE TUTELA
DE POBLACION DESPLAZADA-Reiteración jurisprudencia de autos A092/08, A251/08 y
A006/09
AYUDA
HUMANITARIA DE EMERGENCIA-Temporalidad debe ser flexible y
no estar sujeta a plazos inexorables
ACCION DE TUTELA
DE MADRE CABEZA DE FAMILIA DISCAPACITADA E HIJO MENOR DE EDAD DESPLAZADOS COMO
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Prórroga automática de ayuda
humanitaria de emergencia hasta que satisfaga subsistencia digna
ACCION DE TUTELA
DE MADRE CABEZA DE FAMILIA DISCAPACITADA E HIJO MENOR DE EDAD DESPLAZADOS
CONTRA EPS-Reconexión servicio público domiciliario de acueducto y
acuerdo de pago de obligación contractual
ACCION DE TUTELA
DE MADRE CABEZA DE FAMILIA DISCAPACITADA E HIJO MENOR DE EDAD DESPLAZADOS
CONTRA ACCION SOCIAL-Inscripción en programas en cumplimiento de autos A092/08,
A251/08 y A006/09
Referencia:
expediente T-3071067
Acción de tutela incoada por María Ruth Villa,
mediante agente oficioso, contra Acción Social y Empresas Públicas de Medellín.
Procedencia: Sala de Decisión Constitucional del
Tribunal Superior de Medellín.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C., veintiséis
(26) de septiembre de dos mil (2011)
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo dictado en segunda instancia
por una Sala de Decisión Constitucional del Tribunal Superior de Medellín, dentro
de la acción de tutela incoada por María Ruth Villa mediante agente oficioso,
contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, en adelante Acción Social, Empresas Públicas de Medellín y esa
ciudad.
El asunto llegó a esta Corte por remisión que hizo el
mencionado Tribunal, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991 y la Sala de Selección Nº 5 de la Corte lo eligió para revisión,
en mayo 31 de 2011.
I. ANTECEDENTES
Un agente oficioso provisto por la Defensoría del
Pueblo pidió amparar los derechos a la vida digna, la integridad personal, la
salud y de petición de la señora María Ruth Villa, en febrero 4 de 2011, por
los hechos resumidos a continuación.
A) Hechos y relato efectuado por la parte demandante
1. En la demanda se lee que la señora María Ruth
Villa, de 51 años de edad, soltera, madre de Cristian de Jesús Badillo Villa,
de 11 años de edad, son desplazados del municipio de Morales, sur de Bolívar,
encontrándose inscritos en el sistema de Población Desplazada.
2. En febrero de 2010 la actora se accidentó, quedando
“con movilidad reducida, perdiendo las esperanzas de poder laborar para
buscar su sustento”. Por la falta de oportunidades de trabajo, “las
obligaciones se fueron acumulando” y el dueño de la casa donde residía la
desalojó en junio siguiente, pues debía 18 meses de arriendo y de servicios (f.
1 cd. inicial).
3. Consecuencialmente, la agenciada “quedó en la
calle, sufriendo las consecuencia del olvido del Estado y sumado a tantas
angustia, su nueva condición de indigencia, sin ninguna protección, sin poderse
mover a consecuencia de las secuelas del accidente, recibiendo humillaciones” (f.
1 ib.).
Así, “permaneció varias semanas en la calle… hasta
que encontró a una señora que tuvo compasión de ella” y le colaboró, “prestándole
un rancho de tabla en el barrio Robledo Aures” de Medellín, en el cual
actualmente reside con su hijo; sin embargo, aunque no paga arriendo, no ha
podido sufragar los servicios públicos, pues le es imposible trabajar debido a
la lesión permanente que tiene en la pierna derecha, que no le permite
desplazarse bien. En consecuencia, EPM le suspendió el servicio de agua
potable.
Por lo tanto, pidió el refinanciamiento, “pero como
no tenía escritura pública de la vivienda” y no cuenta con los recursos
económicos para cubrir la cuota inicial, no fue escuchada por EPM (f. 1 ib.).
4. Agregó que recibió hace tres años la última ayuda
humanitaria, que solo le sirvió “para tres meses de sostenimiento y a la
fecha, no ha vuelto a recibir ninguna ayuda” (f. 1 ib.).
Igualmente, expresó que la alimentación del grupo
familiar de la señora María Ruth Villa “depende de la caridad pública,
cuando amanece aliviada y puede medio moverse, sale a ejercer la mendicidad en
la calle de la ciudad, pero esto no sucede todos los días”, ya que su
pierna le impide movilizarse (f. 1 ib.).
Esa situación la está afectando gravemente, al igual
que a su hijo menor de edad, encontrándose deprimida porque “cada día tiene
que salir a pedir agua, y víveres para medio sostenerse, las vecinas le regalan
un poco de agua para hacer agua de panela o preparar lo poco que consiguen;
pero no ha podido bañarse porque le da pena gastarse bastante agua, porque los
vecinos son pobres y ella agradece, que una vecina deje que el niño se bañe en
su casa, para ir a estudiar” (f. 1 ib.).
Refirió que el menor recibe de lunes a viernes
almuerzo y refrigerio en el Instituto Don Bosco, pasando los fines de semana y
festivos hambre “y miles de necesidades al igual que la madre”[1].
5. La agenciada, en busca de obtener “calidad de
vida”, se presentó “a la UAO de Belencito Corazón y verbalmente solicitó
la prórroga de la ayuda humanitaria”, donde en mayo de 2010 le asignaron el
turno C3-88450; no obstante, “han pasado los días y el turno parece no
avanzar y las necesidades cada día son más y las posibilidades de cubrirla
ninguna” (f. 2 ib.).
6. Aclaró el agente de la Defensoría del Pueblo que
María Ruth Villa se acercó “a las instalaciones, a solicitar colaboración
para buscar la protección de sus derechos humanos y fundamentales”, y una
vez analizada la situación se incoó la tutela “para buscar el equilibrio
entre la norma y la realidad social” (f. 2 ib.).
7. En consecuencia, la parte actora solicitó:
i) Se ordene a Acción Social que “valore la
situación socio económica del grupo familiar de la señora María Ruth Villa y
que de acuerdo al resultado proceda a hacer efectivas las ayudas humanitarias,
sin tener en cuenta el turno asignado… toda vez que por todas las dificultades
planteadas en el cuerpo de tutela, requieren con urgencia del apoyo del Estado”;
además, una vez conocidas las circunstancias de la agenciada, ha de otorgarse
de manera ininterrumpida “la prórroga de la ayuda, hasta tanto, ella pueda
obtener una estabilidad económica”; e inscribir a la señora Villa en un
plan diseñado para la protección y atención de la población desplazada
desempleada y discapacitada (f. 14 ib.); y
ii) Ordenar a Empresas Públicas de Medellín la
reconexión del servicio de agua potable y refinanciar la deuda de dicho
servicio en “módicas cuotas mensuales de acuerdo a la precaria situación
económica de María Ruth Villa” (f. 14 ib.).
B) Documentos relevantes que en copia obran en el
expediente
1. Cédula de ciudadanía de la agenciada y tarjeta de
identidad de su hijo menor Cristián de
Jesús Badillo Villa, donde se observa que tienen 51 y 12 años de edad,
respectivamente (fs. 15 y 16 ib.).
2. Constancia de evolución médica, emitida por
Metrosalud (enero 31 de 2011 (f. 17 ib.).
II) Actuación procesal inicial
1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín
admitió la demanda en febrero 7 de 2011 y notificó i) al director de Acción
Social para que diera respuesta a lo pedido; ii) al Juez Veintiocho Penal del
Circuito de la misma ciudad para que de manera urgente remita “copia del
fallo, de primera y segunda instancia (si lo hubo), proferido en la acción de
tutela Rdo. 2008 – 00294 promovida por María Ruth Villa… contra Acción Social,
lo cual se requiere para que obre en el expediente de la referencia”; y
iii) a Empresas Públicas de Medellín para que ejerza su derecho de defensa, si
así lo estima (fs. 20 al 22 ib.).
2. Por otra parte, el Juzgado de conocimiento ordenó
en febrero 8 lo siguiente (fs. 23 a 26 ib.):
i) Remitir copia de la demanda de tutela a la
Comisaría 7ª de Familia de Robledo, para que “designen profesional que se
desplace a la vivienda” de la agenciada para constatar “las condiciones
actuales de vulnerabilidad de su grupo familiar y en especial del niño Cristian de Jesús Badillo Villa de 11 años de edad”
ii) A Empresas Públicas de Medellín, para que  “continúe
brindando a la usuaria la prestación de los servicios públicos de agua potable”,
restableciendo los derechos de la accionante; pidió se le indicara al despacho
judicial “qué políticas o programas sociales tiene el municipio de Medellín
para la población más desprotegida y vulnerable como el caso que se plantea en
la demanda.”
iii) A José Harley Castrillón, médico del Centro de
Salud CIVITÓN, para que remita al Juzgado copia de la historia clínica de la
paciente, “para conocer los pormenores del estado de salud de la señora
María Ruth Villa” y, de ser posible, informe el número de teléfono y
dirección que la usuaria suministró en el Centro de Salud, pues los datos que
aportó en la tutela no han permitido su ubicación.
iv) Con el fin de integrar el litis consorcio
necesario, remitir a la Subsecretaría de Bienestar Social de Medellín, esta
acción “para que se pronuncie, indicándole al juzgado qué políticas o
programas sociales tiene el municipio… para la población más desprotegida y
vulnerable como el caso que se plantea en la demanda respecto a la señora María
Ruth Villa”.
3. Las entidades requeridas procedieron de la
siguiente manera:
i) El Juzgado Veintiocho Penal del Circuito con
Función de Conocimiento anexó copia del fallo de tutela de primera instancia,
proferido “a favor de la señora María Ruth Villa en contra de Acción Social
– Red Solidaridad – Caja de Compensación Familiar – COMFAMA”[2]
(f. 27 ib.).
ii) La apoderada de Metrosalud entregó al despacho
judicial “los datos de dirección y el teléfono que reposan en nuestra base
de datos, calle 80 # 96-6 y 2305729” y anexó “copia íntegra y fiel de la
historia clínica de la señora María Ruth Villa” (fs. 39 a 89 ib.).
iii) La Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Apoyo
Familiar a la Justicia, Comisaría de Familia Comuna Siete de Medellín, indicó
en febrero 14 de 2011 al Juzgado que realizó “visita domiciliaria a la
vivienda de la señora María Ruth Villa”, remitiéndole lo actuado, donde se
constató (f. 145 ib.):
“… el trabajador social Oscar David Arismendy
Rodríguez, de la institución educativa Don Bosco, con el fin de conocer la
situación del niño… informa que las relaciones familiares del niño son
adecuadas, existe lazos afectivos entre la madre y el hijo, la madre es el
referente de autoridad, el comportamiento y el rendimiento académico del menor
es bueno y adecuado, la institución educativa observa compromiso de la madre en
el proceso de su hijo, y dado el nivel económico bajo de la señora se han beneficiado
de algunos apoyos económicos de la institución.
La señora María Ruth se observa adulta, con
dificultades para el desplazamiento físico por caída y lesión en la cabeza y
pierna derecha, lo que le impide ofrecerse laboralmente en oficios varios para
obtener ingresos y responder por el sustento familiar.
Se observa a la familia en estado extremo de pobreza,
el déficit en la vivienda, la salud, la alimentación y de servicios públicos
domiciliarios, permitiendo concluir que los derechos a una vida en condiciones
dignas están vulnerados, poniendo en riesgo el desarrollo físico, emocional y
social del niño Cristian de Jesús Badillo Villa.”
A) Respuesta de Acción Social
El subdirector técnico de atención a población desplazada,
en encargo, de la mencionada entidad, en agosto 2 de 2011 solicitó negar la
pretensión por hecho superado, puesto que se ha realizado “dentro del marco
de sus competencias todas y cada una de las gestiones encaminadas a dar
cumplimiento a lo señalado por la ley”, sustentando que (fs. 33 a 37 ib.):
i) El derecho de petición fue contestado a la
interesada de manera clara y a fondo en febrero 2 de 2011, indicándosele que se
encuentra en turno para asignación y “no es viable acceder a una nueva
programación”.
ii) La señora María Ruth Villa se encuentra incluida y
activa, junto con su hijo, desde febrero 14 de 2008, en el registro de
población desplazada, por lo cual “Acción Social ha atendido el núcleo
familiar del accionante con la ayuda humanitaria de emergencia”, de la
siguiente forma:
Fecha entrega
Componente
Asistencia
Tipo
Cantidad
Valor
01/07/2008
Acompañamiento
Psicosocial
Taller
Grupal
1
0
02/07/2008
Entrega recurso para transporte
Apoyo económico
Apoyo económico
1
10000
02/07/2008
Asistencia no alimentaria
Kit de hábitat interno
Tipo A
1
80000
02/07/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio de arriendo mensual
Auxilio de arriendo
1
90000
02/07/2008
Asistencia  no alimentaria
Cocina y vajilla
Tibo B
1
24000
02/07/2008
Asistencia alimentaria
Bono, alimento y aseo
Tipo A
1
90000
07/07/2008
Acompañamiento
Psicosocial
Bitácora
Bitácora
1
0
04/08/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio de arriendo mensual
Auxilio de arriendo
1
90000
04/08/2008
Asistencia alimentaria
Bono, alimento y aseo
Tipo A
1
90000
04/08/2008
Entrega recursos para transporte
Apoyo económico
Apoyo económico
1
10000
04/08/2008
Vestuario
Apoyo económico
Apoyo económico
1
61000
13/08/2008
Acompañamiento
Psicosocial
Taller
Grupal
1
0
21/08/2008
Acompañamiento
Psicosocial
Taller
Taller
1
0
04/09/2008
Apoyo alojamiento
Auxilio de arriendo mensual
Auxilio de arriendo
1
90000
04/09/2008
Acompañamiento
Psicosocial
Taller
Taller
1
0
04/09/2008
Asistencia alimentaria
Bono, alimento y aseo
Tipo A
1
90000
04/09/2008
Entrega recursos para transporte
Apoyo económico
Apoyo económico
1
10000
11/09/2008
Emprendimiento (creación)
Acompañamiento
psicosocial
Acompañamiento
Psicosocial
1
0
13/09/2008
Emprendimiento (creación)
Acompañamiento
psicosocial
Acompañamiento
psicosocial
1
0
13/09/2008
Emprendimiento (creación)
Apoyo económico
Apoyo económico
1
1500000
09/12/2008
Emprendimiento (creación)
Seguimiento y acompañamiento
Seguimiento y acompañamiento
1
0
iii) La interesada tiene asignación de turno “vigente”;
“en caso de ser viable” se programará la entrega del componente de atención
de ayuda humanitaria, respetando el orden de “presentación de solicitud
realizada a Acción Social, atendido el principio de un trato igualitario que
debe darse a la población desplazada de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal de la entidad”.
iv) Se le comunicó la asignación de un turno para
absolver su solicitud de atención humanitaria de emergencia.
v) La señora María Ruth Villa ha sido beneficiaria del
programa de generación de ingresos, del cual recibió:
11/09/2008
Emprendimiento
(creación)
Acompañamiento
psicosocial
Acompañamiento
psicosocial
1
0
13/09/2008
Emprendimiento
(creación)
Acompañamiento
psicosocial
Acompañamiento
psicosocial
1
0
13/09/2008
Emprendimiento
(creación)
Apoyo
económico
Apoyo
económico
1
1500000
09/12/2008
Emprendimiento
(creación)
Seguimiento
y acompañamiento
Seguimiento
y acompañamiento
1
0
vi) Frente a los temas relacionados con “salud,
educación, capacitación por parte del SENA, atención del ICBF, líneas de
crédito FINAGRO – Banco Agrario, generación de ingresos, asignación de predio
rural y vivienda”, de conformidad con la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569
de 2000, la peticionaria “puede acercarse a la UAO y/o UNIDADES
TERRITORIALES de Antioquia para que participe de la oferta institucional de
cada una de las entidades del SNAIPD para población desplazada”.
Allegó copia de la respuesta a la petición de febrero 2 de 2011 emitida por Acción Social,
donde le informó a la interesada que actualmente tiene un turno de asignación
vigente, anotando que “su solicitud de Atención Humanitaria ya se encuentra
en trámite”, por lo que “no es necesario radicar más solicitudes sobre
la misma, toda vez que esto podía llegar a generar congestión, y no modificar
ni priorizar el turno inicialmente asignado”, y en cuanto a lo pedido
frente “al pago de servicio públicos, nos permitimos informarle que entre
los subsidios establecidos por la Ley 387/1997 para la población desplazada, no
se encuentra contemplado el pago de servicios; por tal razón se le sugiere
exponer su caso directamente ante la empresa prestadora de servicios públicos”
(f. 37 ib.).
B) Respuesta de Empresa Públicas de Medellín (EPM).
Mediante escrito de febrero 11 de 2010, la apoderada
de la empresa accionada solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela “en lo que a la empresa se refiere… ante la ausencia de vulneración
alguna de los derechos invocados por la accionante”, argumentando:
i) De aceptarse como válido o demostrarse dentro
de la presente acción “la carencia de recursos y las precarias condiciones
en las cuales se encuentra la accionante y su hijo, se estaría ante necesidades
básicas insatisfechas de sectores especialmente protegidos, la cual
correspondería satisfacer al Estado y especialmente a las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada-
SNAIPD”, aseverando además que en el presente caso la señora María Ruth
Villa no acreditó su condición de persona desplazada “ni su inscripción en
el Registro Único de Población Desplazada” (fs. 103 y 104 ib.).
ii) Una vez consultado el número de la cédula de
ciudadanía de la actora por el equipo de soporte comercial de EPM, “se
encontró relacionado con el inmueble ubicado en la dirección cra 96 calle 80-15
de Medellín”, el cual cuenta con el servicio de energía prepago desde junio
29 de 2010 y de acueducto legalizado con tarifa residencial estrato 1.
Pero el servicio de agua potable “fue retirado
definitivamente de facturación por falta de pago”, pues “a la fecha, el
inmueble tiene una deuda por un valor de $3.716.672 incluyendo los intereses
por mora que son liquidados diariamente, sin tener en cuenta, el valor del consumo
acumulado”, aclarando la accionada que la suspensión es conforme a “una
facultad-deber que se encuentra consagrada en Ley 142 de 1994, que regula el
régimen de los servicios públicos domiciliarios de nuestro país, en el marco de
lo dispuesto en los artículos 365 a 370 de la Constitución” (fs. 104, 109 y
111 ib.).
iii) Una vez suspendido el servicio de
acueducto en octubre 5 de 2009 “a la vivienda de la usuaria, ésta se
reconectó ilegalmente a él… lo cual obligó a EPM a instalar dispositivos
especiales que impidieron la reconexión, lo que constituye una causal de
improcedencia de la acción de tutela” (f. 114 ib.).
iv) Si se llegara a conceder lo solicitado por la
señora María Ruth Villa, “supondría para la empresa prestar el servicio en
forma gratuita, en contravía no sólo de las prohibiciones legales sino de la
Carta Magna, al desconocer el derecho a la igualdad; fuera de constituirse en
una medida promotora de la cultura de no pago”, por lo que “de estimarse
válidas las aseveraciones de la accionante, estaríamos ante la configuración de
una necesidad básica insatisfecha que corresponde satisfacer al tenor de lo
dispuesto en la Constitución y la Ley, al ente territorial donde se presta el
servicio, en este caso, al municipio de Medellín, en cuanto corresponde a las
localidades entrar a subsanar las necesidades insatisfechas de los sectores
desprotegidos que no poseen recursos, especialmente aquellas referidas al
suministro de agua potable” (f. 114 ib.).
v) No consta “que la usuaria haya solicitado
financiación, y del reporte realizado por el equipo de soporte comercial de
esta empresa respecto a los hechos manifestados en el escrito de acción de
tutela, no aparece constancia de ello” (f 115 ib.).
vi) La interesada solicita “la reconexión inmediata
del servicio de acueducto, cuando la suspensión se realizó el 5 de octubre de
2009, es decir hace más de un año, lo que va en contravía del principio de
inmediatez de la acción de tutela y hace improcedente el amparo constitucional”
(f. 121 ib.); y
vii) Ni de las pruebas que obran en el expediente, ni
de las afirmaciones realizadas, se establece la existencia de un perjuicio
irremediable “que haga viable” esta acción (f. 122 ib.).
Por otra parte, agregó que el municipio de Medellín, “conciente
de estas responsabilidades, viene adelantado diversos programas, con el fin de
satisfacer las necesidades básicas en materia de servicio público”,
contando actualmente con un programa “Mínimo Vital Agua Potable”, cuyo
objetivo “es que cada persona que viva en un hogar urbano nivel 1 del SISBÉN
y niveles 1 y 2 en zona rural puede acceder gratuitamente a 2.5 metros cúbicos de agua potable para uso personal y doméstico”, lo cual se encuentra
establecido en el “plan de desarrollo 2008-2011”, buscando con ello luchar “contra la pobreza y… la equidad social” (f. 120 ib.).
Allegó como prueba documental relevante, copia del
Decreto 1649 de diciembre 18 de 2007, “por medio del cual se establecen las
condiciones de financiamiento de obligaciones pecuniarias a favor de la
empresa” (fs. 125 a 134 ib.).
C) Respuesta del municipio de Medellín
El apoderado del mencionado municipio, en escrito de
febrero 14 de 2011, respondió pidiendo “que se desestimen las peticiones de
la acción invocada”, manifestando en principio que “esta dependencia no
rebate, ni refuta, las declaraciones hechas por el accionante, vinculadas a los
hechos de tiempo, modo y lugar que dan cuenta de la condición y constitución de
desplazamiento de la señora María Ruth Villa”; no obstante, frente a lo
solicitado por el despacho judicial informó:
i) Frente a la reconexión y refinanciamiento de los
servicios públicos “de la accionante, se concluye que Empresas Públicas de
Medellín E.S.P. – EPM, es una empresa autónoma… que desde su creación en 1955,
opera de forma independiente. La participación de éste en la Empresa está
sometida a las reglas previstas en el articulo 27 de la Ley 142 de 1994”, que hace que el mencionado municipio, “vinculado a la presente acción de tutela, no
tenga aptitud ni capacidad legal para pronunciarse y/o adelantar actuación
alguna sobre el pedido de reconexión de agua potable, ni acerca de la
refinanciación de la deuda generada” (f. 147 ib.).
ii) En cuanto a los subsidios, “aplicados a los
servicios de agua, alcantarillado y aseo”, la norma vigente es la Ley 1151
de 2007[3], “por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Así entonces y verificando la
información de encuestas del SISBEN, se encuentra que la afectada, así como su
núcleo familiar, fueron encuestados en su sitio de residencia, el 12 de octubre
de 2007, arrojando para SISBEN II, un puntaje de 10.15, nivel 1 y el 6 de
diciembre de 2009, arrojando para SISBEN III, un puntaje de 26.66”, por lo que se puede concluir que la señora Villa y su hijo “por el bajo estrato
socioeconómico… vienen siendo beneficiarios de los subsidios que para los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se encuentran instituidos en la
Ley” (f. 149 ib.).
Adicionalmente, mediante el Plan de Desarrollo
2008-2011 Medellín, solidaria y competitiva, acude a la protección de la
población más vulnerable, creándose “el Programa de Mínimo Vital de Agua
Potable, que busca brindar a los hogares más pobres de la ciudad la cantidad
básica de agua necesaria para el cuidado, aseo y subsidio a través de un
auspicio que cubre hasta 2.5 m3 mensuales por persona, cantidad suficiente para
el aseo personal, aseo del hogar, alimento y cuidado de planta”[4],
empero, la actora no es beneficiaria de dicho programa, pues no se encuentra
incluida en la base de  datos (f. 150 ib.).
iii) Existen “varios registros en el Sistema de
Información, Gestión, Monitoreo y Atención a la población desplazada - SIGMA -
bajo el proyecto UAO (Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada)
del municipio de Medellín, que constan que la tutelante se ha acercado a
solicitar la orientación respectiva conforme a sus derechos y ésta se le ha
brindado de manera clara y oportuna, como también demuestra la entrega de la
ayuda humanitaria… Así mismo y respecto a la vinculación en salud, la tutelante
aparece activa actualmente con el régimen subsidiado de la EPS CAFESALUD”[5]
(f. 151 ib.);
iv) Un vez verificados los presupuestos procesales de
la acción de tutela, dirigida contra Acción Social y las Empresas Públicas de
Medellín E.P.M., “fue vinculado de oficio el municipio de Medellín”, configurándose
la falta de legitimación en la causa por pasiva “en tanto en lo referente a
la prestación del servicio de agua potable no es la municipalidad”, sino la
empresa de servicios públicos la encargada de responder “por las
prestaciones de la accionada en cuanto a la reconexión y refinanciación” de
dichos servicios (f. 153 ib.).
v) En lo referente a la solicitud de ayuda humanitaria,
de acuerdo con la calidad de desplazada que alega la señora María Ruth Villa en
la presente acción, “es claro que ésta se tramita desde el nivel nacional
toda vez que Acción Social es la entidad designada por el gobierno nacional
para coordinar el goce efectivo de derechos de la población desplazada…
Advirtiendo así mismo que la asistencia que por competencia le corresponde al
ente municipal le ha sido otorgado conforme se demuestra” (f. 154 ib.).
D) Sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín en
febrero 21 de 2011, tuteló los derechos solicitados por la actora, al
considerar que “en el caso de las mujeres desplazadas la prórroga de la
ayuda humanitaria opera de manera automática hasta tanto se compruebe por parte
de Acción Social la autosuficiencia integral”, lo anterior de conformidad
con el auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, advirtiendo que se trata de
una mujer cabeza de hogar en situación de desplazamiento, “que ha sido
olvidada por el Estado y que ha dejado de recibir ayuda por un periodo de más
de 2 años, lo cual la ha llevado al estado de extrema pobreza que la afecta de
manera grave hoy, por lo anterior la ayuda debe mantenerse hasta que la entidad
establezca que ya no es necesario, máxime cuando en la práctica oficiosa de
pruebas”.
Además, se encuentra inscrita en el régimen subsidiado
y vive en condiciones deplorables, que afligen su derecho fundamental, “lo
cual suma argumentos para predicar que hace parte de la población menos
favorecida de nuestro país y por ello, está más que en mora la entidad, no solo
en brindar la prórroga de la ayuda humanitaria, sino los demás aspectos”
que esto conlleva (f. 163 ib.).
Por otra parte, consideró que la señora María Ruth
Villa carece de recursos económicos para cancelar los servicios públicos “y
como producto de ello debió soportar la suspensión del agua”, lo que dio
lugar al desconocimiento de derechos constitucionales de la actora y de su
hijo, “que precisamente por la falta de agua están poniendo en riesgo su
vida”, más cuando un menor se encuentra viviendo con privación “de un
líquido tan preciado como el agua, situación que conlleva de manera directa a
la afectación de su crecimiento en condiciones dignas y a la conservación de
condiciones mínimas de salubridad”, considerando “que cualquier
disposición, que a través de su aplicación termine vulnerando o poniendo en
riesgo de vulneración derechos fundamentales y en especial de los niños,
termina siendo a todas luces inconstitucional y por lo tanto debe ser
inaplicado cuando se está ante la protección de un interés superior” (f.
166 ib.).
Agregó que “al establecer cualquier criterio de
ponderación entre derechos patrimoniales que solo afectan ámbitos de apreciación
pecuniaria, o requisitos y políticas administrativas que constituyen un
obstáculo o barrera para el goce de derechos como la dignidad, la salud, el
mínimo de agua de sujetos con derechos prevalentes, como los de los niños”,
hacia quienes “habrá de inclinarse la balanza”, por ende ordenó la
inmediata reconexión al servicio de agua potable e “instó a que se busque
una nueva restructuración de la deuda que permita un pago accesible de acuerdo
a las posibilidades de la deudora” (f. 167 ib.).
Por último, inaplicó los requisitos exigidos “para
acceder al programa que brinda el ente territorial de cara al servicio de agua
potable”, ordenando al municipio “que de manera inmediata, proceda a
inscribir a la señora María Ruth Villa en el programa Mínimo Vital de Agua
Potable” (f. 167 ib.).
E. Impugnación
En marzo 4 de 2011, la apoderada de Empresas Públicas
de Medellín impugnó la decisión del a-quo, basando su inconformidad en
los mismos argumentos expuestos en la respuesta emitida durante el trámite procesal
y aduciendo que a través del fallo de tutela “podría enviarse un mensaje
equívoco a la sociedad, incentivando la cultura del no pago y la conexión del
servicios de manera ilegal, porque con este hecho no estaría generando ninguna
consecuencia para el ciudadano, que a pesar de haberse reconectado ilegalmente
a los servicios públicos domiciliarios, es protegido por el Juez
constitucional” (f. 178 ib.).
F. Sentencia de segunda instancia
Mediante fallo de abril 11 siguiente, el Tribunal
Superior de Medellín, Sala de Decisión Constitucional, revocó la decisión impugnada, manifestando que “muy a
pesar que concurran los demás requisitos reseñados, ellos se encuentran
supeditados a que además no se evidencien conexiones fraudulentas por parte del
usuario, pues ello deslegitima el uso de la acción pública de tutela”, como
lo sucedido en el presente caso, además de existir una deuda.
Adicionalmente, como se acreditó “que en la
residencia de la accionante habita  un menor de edad”, dispuso “mediante
oficio a Bienestar Familiar la revisión del asunto, para determinar las
condiciones en las que se encuentra el niño Cristian de Jesús Badilla Villa”
(fs. 195 y 196 ib.).
Igualmente, indicó que la actora no será desprotegida “en
su condición de madre cabeza de familia como quiera que por parte del Juez de
primera instancia se protegieron sus derechos fundamentales frente a la Agencia
Presidencial Acción Social para la entrega automática de la ayuda humanitaria
de emergencia, decisión que dado que no fue recurrida, no fue revisada por esta
Sala de decisión; por lo que la misma se encuentra en firme” (f. 196 ib.).
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. Competencia
Corresponde a la Corte Constitucional analizar, en
Sala de Revisión, el fallo proferido dentro de la acción de tutela en
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de discusión
Esta Sala de Revisión determinará si los
derechos a la vida digna, la integridad personal, la salud y de petición
invocados por la señora María Ruth Villa, fueron vulnerados por Acción Social,
al no otorgar la ayuda automática de emergencia a una madre cabeza de familia;
y el municipio de Medellín y las Empresas Públicas de la misma ciudad, i) al
desconectar por falta de pago el servicio de agua potable a la actora, a pesar
de que convive con su hijo, menor de edad, ii) se acreditó la condición de
desplazada y iii) no se otorgaron los beneficios para que pudiera cancelar la
deuda de acuerdo a su situación socioeconómica.
Tercera.
Legitimación por activa y por pasiva
3.1. Tal como se
encuentra estipulado en el artículo 86 de la carta política, la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial
subsidiario o residual, para la protección de derechos fundamentales vulnerados
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los
particulares en los casos legalmente previstos.
Así, quien
sienta amenazado o vulnerado un derecho fundamental, directamente o por quien actúe a su nombre podrá acudir ante un Juez de la República, “en
todo momento y lugar”, procurando obtener la orden para que aquél respecto
de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, según
corresponda.
Las normas
reglamentarias de la tutela exigen, como presupuesto, la legitimidad e interés
del accionante, según se encuentra establecido en el artículo 10° del Decreto
2591 de 1991, admitiéndose también la agencia de derechos ajenos cuando el
titular no esté en condiciones de promover su propia defensa, al igual que la
intervención del Defensor del Pueblo y de los personeros municipales.
La informalidad
que caracteriza a la acción de tutela no se opone a que su ejercicio esté
sometido a unos requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales está la
legitimación por activa y por pasiva[6],
que permite consideraciones especiales como, para el caso, que cualquier persona esté legitimada
“para interponer acción de tutela en nombre de un menor, siempre y cuando en el
escrito o petición verbal conste la inminencia de la violación a los derechos
fundamentales del niño”[7].
Bajo
similar razón, ese mismo artículo 86 superior instituye, en su inciso final,
que la acción de amparo procede contra particulares, entre otros eventos,
cuando el accionado esté encargado de la prestación de un servicio público.
Cuarto.
El derecho a la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario
de agua potable, cuando sus usuarios son sujetos de especial protección
constitucional
4.1. El acceso al agua potable, de conformidad con el
ordenamiento jurídico colombiano, amerita consideraciones superiores, tanto por constituir un derecho fundamental, como por tratarse de un servicio
público. “En tal sentido,
todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones
de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir,
reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad”[8].
Conforme al artículo 365 de la Constitución Política[9], la prestación eficiente
de los servicios públicos hace parte de las finalidades sociales del Estado, al
cual le corresponde la regulación, la vigilancia y el control respectivos, aunque
el suministro esté en cabeza de particulares. Igualmente, el artículo 366
superior[10] impone como prioridad
oficial la satisfacción de las necesidades de salud, educación, saneamiento
ambiental y agua potable de la población.
Así, el servicio
domiciliario de agua potable es de “aquellos que se prestan a través del
sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o
sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de
satisfacer las necesidades esenciales de las personas”[11].
Así se determina en el artículo 367 de la Carta Política:
“La ley fijará las competencias y responsabilidades
relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta
además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de
ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán
directamente por cada municipio cuando las características técnicas y
económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen,
y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.
La ley determinará las entidades competentes para
fijar las tarifas.”
4.2. La naturaleza jurídica del derecho al agua debe
ser comprendida a la luz de los instrumentos internacionales ratificados por el
Estado colombiano (art. 93 Const.), varios de los cuales imponen el deber de
garantizar el disfrute del derecho a ese bien vitalmente indispensable.
En efecto, los artículos
11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
señalan que los Estados Partes reconocen los derechos de toda persona a un
nivel de vida adecuado y a disfrutar del más alto nivel posible de salud física
y mental. Estos derechos incluyen la alimentación, el vestido y la vivienda, y
una mejora continua de las condiciones de existencia. Según la Observación
General 15 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(CDESC), órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto, la efectividad
de los derechos en comento depende de la satisfacción del derecho al agua,
entre otros:
“El derecho al agua se
encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para
asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las
condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité ha
reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el
párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995)). El derecho
al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel
posible de salud (párrafo 1 del artículo 12)  y al derecho a una vivienda y una
alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11). Este derecho también debe
considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta
Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la
dignidad humana.”
En consecuencia,
siguiendo la observación en cita, bajo cualquier circunstancia el derecho al
agua comprende (i) la disponibilidad: el abastecimiento de agua de cada persona
debe ser continuo y suficiente, según las necesidades personales y domésticas;
(ii) la calidad: el agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser
salubre; y (iii) la accesibilidad: el agua y las instalaciones y servicios de
agua no solo deben estar al alcance físico de todos los sectores de la
población, sino también sus costos y cargos directos e indirectos “deben ser
asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros
derechos reconocidos en el Pacto”; igualmente, la accesibilidad comprende
el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre cuestiones
relacionadas con el servicio de agua.
4.4. Además, el numeral
2° del artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño exige a los
Estados Partes que en virtud del reconocimiento del derecho infantil al más
alto nivel posible de salud, “combata las enfermedades y la malnutrición en
el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la
aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de
contaminación del medio ambiente”.
4.5. El artículo 14 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, dispone que los Estados Partes están obligados a asegurar el derecho de
todas las mujeres a: “Gozar de condiciones de vida adecuadas,
particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la
electricidad y el abastecimiento de agua.”
4.6. De este modo, la efectividad del derecho al agua es
una condición previa para la satisfacción de los derechos fundamentales a la
vida, el medio ambiente y la salud[12] y, por tanto, es
necesario garantizar su protección inmediata cuando el agua esté destinada al
consumo humano. Al respecto, la sentencia T-888 de septiembre 12 de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, señaló:
“La Corte ha mantenido su línea jurisprudencial y ha
reiterado que el derecho al consumo de agua en condiciones de potabilidad tiene
rango fundamental y puede ser protegido por vía de tutela cuando existe
afectación particular del derecho fundamental o cuando existe un perjuicio
irremediable que autorice la intervención urgente del juez de tutela, siempre y
cuando el suministro de agua sea requerido para el consumo humano y no para
otras necesidades.”
Así, en virtud de lo
dispuesto al efecto en la Constitución y en instrumentos internacionales
ratificados por el Estado colombiano en la materia, así como en la
jurisprudencia de esta corporación, el derecho al agua potable destinada al
consumo humano es un derecho fundamental y su afectación lesiona gravemente
otros derechos fundamentales, entre otros, la vida digna, la salud y el
ambiente sano.
4.7. Por otra parte, en
desarrollo de esos preceptos, el legislador expidió la Ley 142 de 1994, la cual
se aplica, de acuerdo con su artículo 1°, a los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas
combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local
móvil en el sector rural.
Ahora bien, en
concordancia con las facultades previstas al efecto, mediante la Ley en cita el
legislador radicó el derecho también bajo responsabilidad de las empresas que
prestan servicios públicos domiciliarios, que han de percibir una
contraprestación, de parte de los usuarios. De hecho, el artículo 128 de dicha
Ley 142 de 1994, señala que es contrato de prestación de servicios públicos
domiciliarios aquél “en virtud del cual una empresa de servicios públicos
los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a
estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos
usuarios no determinados”.
En tal sentido, el parágrafo único del artículo 130 de
la Ley 142 de 1994 prevé el deber de las empresas de servicios públicos
domiciliarios de suspender dicho servicio cuando el usuario incumple su obligación de pagar oportunamente los períodos
facturados dentro del término previsto en el contrato[13].
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que
el cobro que realizan las empresas de servicios públicos domiciliarios, así
como su suspensión en caso de incumplimiento en el pago, tienen respaldo en el
principio de solidaridad, comoquiera que de esos se procura el sostenimiento
financiero de esas empresas y constituyen un medio para la realización de la
finalidad social del Estado en este ámbito, según el artículo 365 de la
Constitución[14].
4.8. Empero, aunque la suspensión de los servicios
públicos por incumplimiento en el pago de los períodos facturados es
constitucionalmente válida, en reiterada jurisprudencia esta corporación ha
señalado que la legitimidad de dicha suspensión debe ser analizada según los
supuestos fácticos y jurídicos de cada caso. A juicio de esta Corte, “la no
afectación de los derechos fundamentales de los usuarios como consecuencia de
la interrupción del servicio es una consideración previa a su suspensión, en
tanto permite determinar si una actuación en esta dirección se ajusta a la
Carta”[15].
Ese criterio condujo a la Corte, mediante sentencia
C-150 de 2003, precitada, a declarar exequible el artículo 130 de la Ley 142 de
1994, que dispone la suspensión del servicio en caso de incumplimiento en el
pago, en el entendido de respetar “los derechos de los usuarios de los servicios públicos cuando se vaya a
tomar la decisión de cortar el servicio. Tales derechos, como el respeto a la
dignidad del usuario (art. 1° de la C.P.) son, entre otros: (i) el debido proceso
y el derecho de defensa, que permite a los usuarios o suscriptores contradecir
efectivamente tanto las facturas a su cargo[16]
como el acto mediante el cual se suspende el servicio[17]
y también obligan a las empresas prestadoras de servicios públicos a observar
estrictamente el procedimiento que les permite suspender el servicio[18]. El derecho al debido
proceso incorpora también el derecho a que se preserve la confianza legítima
del usuario de buena fe en la continuidad de la prestación del servicio si éste
ha cumplido con sus deberes[19];
y (ii) el derecho a que las empresas prestadoras de servicios públicos se
abstengan de suspender el servicio cuando dicha interrupción tenga como
consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos
especialmente protegidos o, impida el funcionamiento de hospitales y otros
establecimientos también especialmente protegidos en razón a sus usuarios[20], o afecte gravemente
las condiciones de vida de toda una comunidad[21]”.
4.9.  Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha
establecido excepciones a la regla general de la suspensión de los servicios
públicos domiciliarios cuando los suscriptores incumplen el deber de pago. Como
se indicó, dichas excepciones guardan una relación directa con la protección de
los derechos fundamentales de los usuarios del servicio. Por su parte, la
excepción relativa a la efectividad de los derechos fundamentales de los
sujetos de especial protección constitucional ha sido reiterada en múltiples
oportunidades por esta Corte[22], en el sentido de
afirmar que las empresas de servicios públicos domiciliarios deben abstenerse
de suspender el servicio en caso de incumplimiento en el pago, cuando las
personas afectadas por esa medida se encuentren en una situación de
vulnerabilidad o indefensión que implique la observancia de un deber de
especial protección, por parte del Estado y los particulares.
4.10. En síntesis, el cobro que realizan las empresas
de servicios públicos, así como la suspensión en caso de incumplimiento en el
pago, tienen respaldo en el ordenamiento jurídico y constituyen actuaciones
legítimas a la luz del artículo 365 de la Constitución. No obstante, en virtud
de la prevalencia de los derechos fundamentales, dichas empresas deben
abstenerse de suspender un servicio público esencial en caso de incumplimiento
en el pago, cuando: i) las personas afectadas por esa medida sean sujetos de
especial protección constitucional[23]; ii) se trate de
establecimientos constitucionalmente protegidos en atención al servicio que
prestan y las condiciones de vulnerabilidad e indefensión de sus usuarios; y
iii) esté debidamente acreditado que se trata de usuarios que carecen de
recursos económicos suficientes para sufragar el costo de los servicios.
En todo caso, bajo estos supuestos fácticos, el juez
de tutela ordenará adelantar todas las gestiones que sean conducentes a que se suscriban acuerdos de pago, a fin de se
cumpla la obligación contraída con la empresa de servicios públicos; en
concordancia con el principio de solidaridad, la reconexión del servicio por
disposición tutelar, debe estar sujeta a la celebración de dichos acuerdos.
Quinto. Procedencia
de la acción de tutela para la protección de los derechos de las mujeres
desplazadas por la violencia, como sujetos de especial protección por parte del
Estado y prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia
5.1. Un Estado
social de derecho debe brindar a sus habitantes los mecanismos suficientes para
el ejercicio de sus derechos, incluyendo el real acceso a los servicios mínimos,
que les permita llevar una vida en condiciones dignas. La Constitución Política
de Colombia, con el fin de lograr la efectiva protección de los derechos del
conglomerado social, en especial de aquellas personas que dadas sus condiciones
físicas, psíquicas, económicas y sociales se hallen en estado de indefensión y
debilidad manifiesta, ha establecido la observancia de especiales deberes
respecto de estos sectores más vulnerables, para así lograr una mayor certeza
en la garantía de sus derechos[24], existiendo
constitucionalmente un especial tratamiento respecto de aquellos grupos que se
encuentren en situación de indefensión, entre ellos, las personas víctimas de
desplazamiento forzado[25].
5.2. Esta
Corte, dada la magnitud del desplazamiento y la consecuencial violación
sistemática de derechos, decidió declarar “un estado de cosas
inconstitucional”[26], que conlleva
exigir al Estado un mayor compromiso hacia la solución real, debiendo aumentar
los recursos destinados a asegurar el goce efectivo de los derechos de los
desarraigados y una mayor capacidad institucional, para establecer y
desarrollar políticas públicas adecuadas a la ingente dimensión del problema,
que permitan superarlo.
Con base en lo
anterior, tratándose de una población sumida en situación calamitosa, por haber
soportado terribles cargas excepcionales, cuya protección y la satisfacción de
sus necesidades ostensiblemente demanda especial actividad, esta Corte ha
instituido, en reiterada línea jurisprudencial, que la acción de tutela es el
mecanismo idóneo[27] al efecto:
“Para esta Sala es
claro, en consecuencia, que ante la situación de fragilidad en que se encuentra
la población desplazada la acción de tutela prevalece sobre otros… mecanismos
ordinarios de defensa, dado que en ese caso los titulares de los derechos
fundamentales vulnerados son sujetos cobijados por una protección
constitucional reforzada, cuya situación particular de debilidad manifiesta e
indefensión revela la necesidad de protección inminente mediante el amparo
constitucional.”[28]
5.3. Esta Corte, a través
de diversos autos[29], ha erigido una especial
protección a la población desplazada, que se encuentre en riesgo acentuado,
como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las comunidades indígenas y
afrodescendientes, los adultos mayores y las personas con discapacidad.
5.4. Así, en
el precitado auto 092 de 2008[30], se identificó un número
significativo de riesgos de género[31] en el marco del
conflicto armado colombiano, que son a su vez factores específicos de
vulnerabilidad a los que están expuestas las mujeres, circunstancias frente a
las cuales se impone a las autoridades públicas el deber de emprender acciones
integrales, racionales, coordinadas y cuidadosamente diseñadas, para atacar en
forma directa los factores que generan el impacto diferencial de la violencia
desplegada por el conflicto armado sobre las mujeres colombianas.
Así, en el auto recién citado se dispuso (no está en
negrilla en el texto original):
“… las autoridades que conforman el SNAIPD deberán
establecer e implementar, dentro de sus procedimientos ordinarios de
funcionamiento, dos presunciones constitucionales que amparan a las
mujeres desplazadas en tanto sujetos de protección constitucional reforzada:
a. La presunción constitucional de vulnerabilidad
acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos de su acceso a los distintos
componentes del SNAIPD y de la valoración integral de su situación por parte de
los funcionarios competentes para atenderlas; y
b. La presunción constitucional de prórroga
automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres
desplazadas, hasta que se compruebe la autosuficiencia integral y en
condiciones de dignidad de cada mujer en particular.
Es responsabilidad del Director de Acción Social el
disponer las actuaciones y procedimientos necesarios para que la totalidad de
los funcionarios públicos que están encargados de atender los derechos de las
mujeres desplazadas conozcan, comprendan y apliquen adecuadamente estas dos
presunciones constitucionales; así se les ordenará en la presente providencia.”
5.5.
Igualmente, en el también precitado auto 006 de 2008 se expresó que las
personas con discapacidad gozan de una protección reforzada, que se deriva
tanto del ordenamiento jurídico interno[32] como del derecho internacional[33].
A partir de estas garantías de protección, se desprende un conjunto de deberes
en cabeza de las autoridades públicas y de los particulares, para garantizar el
respeto y goce efectivo de sus derechos. Dicho auto
señala que las personas discapacitadas constituyen, sin duda, uno de los grupos
más vulnerables y discriminados de la población desplazada:
“El conflicto armado y el desplazamiento forzado son
fenómenos que causan y exacerban la discapacidad. El grado de discriminación,
aislamiento y exclusión que sufren a diario las personas con discapacidad, se
ve agudizado  por el conflicto y por el desplazamiento. Ante estos eventos, las
necesidades de la población con discapacidad tienden a ser dejadas de lado, se
olvida que, a diferencia de otras víctimas del conflicto armado, ellas
enfrentan barreras adicionales, tanto sociales, como de acceso al espacio
físico, a la comunicación, a la información, a la participación. En situaciones de conflicto esta población está expuesta a
un mayor riesgo de perder la vida, de ser sometida a violencia, de ser víctima
de abusos y tratos denigrantes, o de ser abandonada. Muchas personas con
discapacidad, por las múltiples barreras y restricciones que enfrentan, ni
siquiera tienen la oportunidad de escapar para sobrevivir. Pero incluso,
aquéllas que logran hacerlo para garantizar su vida, seguridad e integridad
personal, se ven abocadas en un nuevo entorno a un mayor aislamiento y
marginación que les hace más difícil recuperarse y recobrar sus medios de
subsistencia.”
5.6. Además,
mediante auto 251 de 2008, antes referido, se señaló que niños, niñas y
adolescentes desplazados por el conflicto armado son sujetos de protección
constitucional imperativa y prioritaria, en virtud de los mandatos de la
carta política y de los deberes internacionales del Estado colombiano en
materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario:
“La alarmante situación de los niños, niñas y
adolescentes colombianos en situación de desplazamiento forzado, se erige sobre
la base de una contradicción elemental que, en criterio de la Sala,
existe entre la protección jurídica reforzada y prioritaria de la que son
objeto indiscutido por mandato de la Constitución Política, por una parte, y la
dramática realidad de la vida cotidiana de mucho más de un millón de menores de
edad individuales que han sido víctimas indefensas y manifiestamente
vulnerables del desplazamiento en todo el territorio colombiano, por otra.”
5.7. Por lo
anterior, con relación a la temporalidad de la ayuda humanitaria de emergencia,
el parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, señalaba que a tal atención
se tiene derecho por un espacio máximo de tres meses, prorrogables
excepcionalmente por otros tres meses más, limite máximo y excepcionalidad
declarados inexequibles en la sentencia C-278 de abril 8 de 2007.
La ayuda
humanitaria no puede estar sujeta a plazos inexorables, ya que si bien es
conveniente que la referencia temporal exista, debe ser flexible, sujeta a que
la reparación sea real, con medios eficaces y continuos, según las
particularidades del caso, hasta superar la situación de vulnerabilidad que se
cierne sobre los desarraigados, particularmente frente a la etapa de la
atención humanitaria, en la cual se deben garantizar condiciones de vida digna
que permitan paulatinamente una estabilización económica y social. Al respecto,
determinó la Corte[34]:
“En lo que
respecta a que el término de la ayuda humanitaria sea de tres meses, la Corte
lo encuentra corto más no necesariamente contrario a la Constitución Política,
en la medida de su acople y flexibilidad frente a las características propias
del hecho concreto.
…   …   …
Lo
definitivamente inconstitucional, y así lo declarará la Corte, son las
expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros tres (3) más” del parágrafo
del artículo 15 de la ley 387 de 1997, pues le imprimen rigidez al plazo para
la provisión de la ayuda humanitaria de emergencia a los desplazados, impidiendo
que estas personas puedan seguir recibiendo atención del Estado por un tiempo
mayor, mientras logran superar definitivamente su situación de vulnerabilidad.
El segmento restante del citado parágrafo se declarará exequible, en el
entendido que la atención humanitaria de emergencia será prorrogable hasta que
el afectado esté en condiciones de asumir su autosostenimiento.”[35]
Por
consiguiente, teniendo en cuenta que el status de desplazado depende de
una condición material concreta, en especial cuando se trata de discapacitados
y de mujeres cabeza de hogar, con uno o varios hijos menores de edad a su
cargo, la atención humanitaria de emergencia y su correspondiente prórroga
automática deben ser concedidas hasta que el afectado satisfaga realmente su
derecho a la subsistencia digna, de modo que pueda suplir sus necesidades
básicas, asumir su auto sostenimiento, y superar las circunstancias de
vulnerabilidad, marginalidad e indefensión ocasionadas por el desplazamiento
forzado.
En
consecuencia, resulta justificado e imperativo que el Estado siga prestando la
ayuda humanitaria que sea requerida, hasta que la situación de especial
vulnerabilidad sea superada[36].
Sexto. Caso concreto
6.1. Con base en
las consideraciones y fundamentos expuestos, corresponde determinar si el
municipio de Medellín y Empresas Públicas de la misma ciudad, vulneraron los
derechos fundamentales de María Ruth Villa y de su hijo Cristian de Jesús Badillo Villa, menor de edad, a la integridad personal, a la salud y
de petición, a causa de la suspensión del servicio público de agua potable en
su vivienda; igualmente, si Acción Social conculcó similares derechos al no
haber otorgado la prórroga automática de la ayuda humanitaria, al ser mujer
desplazada madre cabeza de familia, que tiene a cargo un hijo y es
discapacitada.
6.2. De acuerdo
con los hechos y pruebas que fundamentan la presente acción de tutela, incoada
por la Defensoría del Pueblo, está demostrado que la agenciada por esa
institución es persona discapacitada, desplazada del municipio de Morales, sur de Bolívar,  madre cabeza de familia de un hijo de 11 años de
edad.
Así mismo, está
probado que debido a su precaria situación económica, la agenciada adeuda a
Empresas Públicas de Medellín S. A., E.S.P., $3.716.672[37],
por concepto del servicio público de acueducto y alcantarillado, y que, como
consecuencia del incumplimiento en el pago de las facturas, la empresa
accionada suspendió desde hace aproximadamente dos años el suministro del
servicio de agua potable al inmueble que ella habita con su hijo.
6.3 En primer
lugar, como se indicó en los fundamentos jurídicos de este fallo, el derecho al
agua potable destinada al consumo humano es fundamental y, por ende, defensable
por vía de tutela, en tanto la limitación, negación o suspensión de ese bien
lesiona gravemente la salud y el disfrute de un ambiente sano, así como las
posibilidades de llevar una vida digna.
En aplicación de
esta regla, en el presente asunto está demostrado que el agua potable reclamada
será destinada al consumo y aprovechamiento humano, pues el inmueble objeto de
la suspensión del servicio de acueducto es residencial. Es decir, en este caso
está probado que la prestación del servicio de agua tiene por objeto la
satisfacción de las necesidades de alimentación y salubridad de María Ruth
Villa y de su hijo, menor de edad, propósito que tiene pleno respaldo jurídico
y hace procedente la acción de tutela interpuesta, por vulneración de los
derechos fundamentales al agua potable, la vida digna, la salud y el ambiente
sano.
Concluir lo
contrario implicaría aceptar que a una familia, sin importar que sea pequeña
como la de la agenciada, le es indiferente tener el continuo suministro de agua
potable, argumento que, desde todo punto de vista, resulta contrario a la
Constitución y a la realidad.
6.4. En las
consideraciones generales de esta providencia, también se señaló que aunque la
suspensión de los servicios públicos constituye una actuación legítima en caso
de incumplimiento en el pago de las facturas, las empresas encargadas de su
prestación deben abstenerse de adelantar dicho procedimiento cuando los
afectados por esa medida sean sujetos de especial protección constitucional.
En este caso,
como ya se indicó, se trata de una madre cabeza de familia, con un hijo menor
de edad a su cargo, lo que per se (artículos 13[38],
43[39]
y 44[40] Const.) los convierte en
sujetos de especial protección constitucional.
Reiterando, esta
Sala concluye que en el presente caso corresponde aplicar el criterio
jurisprudencial según el cual no es constitucionalmente admisible la suspensión
de un servicio público esencial, como el suministro domiciliario de agua
potable, cuando esa actuación conlleve el desconocimiento de derechos
fundamentales de sujetos especialmente protegidos.
6.5. De acuerdo
con lo sostenido en el fundamento jurídico anterior, las empresas de servicios
públicos deben abstenerse de suspender su suministro en caso de incumplimiento
en el pago, cuando esté debidamente acreditado que se trata de usuarios
merecedores de especial protección constitucional, que carecen de recursos
económicos suficientes para sufragar oportunamente su costo.
Recuérdese, en
adición a lo previamente expuesto, que en este caso la agenciada habita un
inmueble clasificado en el nivel 2 del SISBÉN. Así mismo, porque según lo
sostenido en el escrito de tutela, debido a su precaria situación económica,
María Ruth Villa ha tenido que pedir ayuda de vecinos y familiares para
satisfacer las necesidades de su familia, pues carece de empleo y se encuentra
discapacitada.
Entonces, en
atención a las pruebas allegadas y dado que la entidad accionada no desvirtuó
la afirmación hecha a nombre de María Ruth Villa, respecto de su difícil
situación económica, la Sala considera que se satisface el criterio
jurisprudencial en mención y, en consecuencia, la empresa accionada debe
abstenerse de suspender el servicio público de agua, como quiera que la falta
de recursos materiales no puede prevalecer sobre la eficacia de los derechos
fundamentales invocados.
6.6. Igualmente,
es importante aclarar que las empresas prestadoras de servicios públicos deben
brindar soluciones a la población más vulnerable, para así evitar que la misma
sea lesionada en sus derechos fundamentales, al agua potable en el presente
caso, debido a su desabastecimiento.
De tal suerte,
ante el incumplimiento en el pago de más de dos períodos consecutivos de
facturación, la empresa del servicio público de acueducto deberá, tal como se
señala en el fallo T-092 de 2011, precitado, “informar la situación
crediticia del usuario y el procedimiento a seguir para que éste pueda ponerse
al día en sus obligaciones. Para tal fin, en caso de que la persona a la que se
le preste el servicio no pueda cancelar de manera inmediata la deuda”, la
entidad mantendrá el servicio y con la aquiescencia del usuario merecedor de
protección constitucional, “deberá elaborar acuerdos de pago con plazos
amplios y cuotas flexibles teniendo en cuenta la capacidad económica” del
usuario, con el objetivo de que pueda ponerse al día “con el pago de las
obligaciones causadas por el consumo del referido servicio público”[41].
Tener en cuenta
la capacidad de pago de los usuarios al momento de la elaboración de los
mencionados acuerdos, busca darles posibilidades efectivas para saldar las
deudas que han contraído por la prestación del servicio público; de no ser así,
los acuerdos serían fórmulas vacías o ilusorias, que nunca darían solución
adecuada a la situación que se presenta.
Si los
mencionados acuerdos son incumplidos y “el usuario manifiesta y prueba que
no cuenta con la capacidad económica para hacerse cargo del pago de dicho
servicio básico, la empresa prestadora deberá instalar, a cuenta de esta, un
restrictor en el flujo del agua… o proveer una fuente pública del recurso
hídrico que asegure el suministro de igual cantidad de agua”[42].
La empresa
encargada de prestar el servicio de agua potable debe establecer unos
procedimientos adecuados, para informar de manera clara como se pueden efectuar
los acuerdos de pago con la población más vulnerable, con la posterior
expedición del documento de acuerdo respectivo.
Con ello se
concilian el principio de solidaridad que inspira la prestación de los
servicios públicos y el derecho fundamental de acceso de los usuarios sujetos
de especial protección, que se encuentren en imposibilidad de pago.
6.7. Por ende,
en el presente caso a pesar de que la empresa accionada señaló que la señora
agenciada no se acercó a la entidad a realizar un acuerdo de pago, se observa
que EPM simplemente suspendió el servicio, sin tener en cuenta las condiciones
socioeconómicas de la señora María Ruth Villa, vulnerando así el derecho de
ella y de su hijo de acceso a agua potable, siendo sujetos de especial
protección, como se indicó anteriormente. Además, omitió informar sobre el
acuerdo de pago que debía realizar la interesada, mujer desplazada,
discapacitada y madre cabeza de familia, con un hijo de 11 años de edad.
6.8. Frente a la
reconexión fraudulenta al servicio de agua potable, alegada por Empresas
Públicas de Medellín, la Corte considera que aún tal caso no puede fatalmente
conducir a que se niegue el acceso al derecho, por la misma triple
vulnerabilidad de la interesada y la falta de acreditación en torno a la
responsabilidad y a las circunstancias en que se realizó el corte del servicio
y su restablecimiento probablemente clandestino.
6.9. En
consecuencia, se ordenará a Empresas Públicas de Medellín S.A., E.S.P., por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha
realizado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta sentencia, reconecte el servicio público domiciliario de
acueducto al inmueble donde residen María Ruth Villa y su hijo Cristian de Jesús Badillo Villa,
menor de edad.
Dada la
necesidad de no incentivar la “cultura de no pago”, que podría
malentenderse a partir de lo aquí ordenado, y en preservación del principio de
solidaridad y de la improbabilidad de exoneración, dentro de los quince (15)
días hábiles subsiguientes, deberá la referida empresa de servicios públicos,
por igual conducto y circunstancias, adelantar los trámites necesarios para
llegar a un acuerdo de pago al alcance de María Ruth Villa, a fin de que ésta
pueda realizar algún abono a su obligación contractual, con parte de la suma
que Acción Social le gire como apoyo
económico, atendida su condición de desplazada y en la medida en que no se
afecte el mínimo vital de ella y de su hijo.
6.10. De otra
parte, aunque ninguna responsabilidad se infiere, por ahora, para el municipio
de Medellín, la Sala lo exonera de responsabilidad frente a la prestación del
servicio de agua potable, pero ordenará que el Alcalde municipal, si aún no se
ha realizado, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de
este fallo realice las gestiones del caso para que la señora María Ruth Villa y
su hijo puedan integrar y acceder al programa “Mínimo Vital de Agua Potable”,
que ofrece dicho ente territorial.
6.11. Por otra
parte, la señora María Ruth Villa fue inscrita en el Registro Único de
Población Desplazada desde febrero 14 de 2008, junto a su Cristian de Jesús
Badillo Villa, recibiendo ayuda humanitaria de emergencia y un incentivo para
un proyecto por $1.500.000. Sin embargo, no se han mejorado sus condiciones de
vida y tampoco se encuentra en capacidad de auto sostenerse junto con su
mencionado hijo menor de edad, lo cual la motivó a presentar derecho de
petición a Acción Social, solicitando la prórroga de la ayuda humanitaria de
emergencia.
Acción Social
señaló que no vulneró los derechos fundamentales de la agenciada, ya que
contestó que el derecho de petición se encuentra en turno de asignación, por lo
que “no es viable acceder a una nueva programación”, considerando dicha
entidad que se ha presentado un hecho superado, dado que dentro del marco de su
competencia ha realizado “todas y cada una de las gestiones encaminadas
a dar cumplimiento a lo señalado por la ley” (f. 33 ib.)
Se encuentra
probado que desde la fecha de su desplazamiento, la peticionaria ha recibido
ayuda humanitaria de emergencia, a la que tiene derecho por las condiciones
actuales de su hogar, pero no se ha beneficiado efectivamente de algún otro de
los componentes de la política de atención a la población desplazada por la
violencia, lo cual conlleva una violación de sus derechos básicos como víctima
de esa perpetración.
Frente a la petición de la agenciada para que se le
concedieran “las ayudas requeridas, sin tener en cuenta el turno asignado”,
debido a su grave situación, se deriva de lo respondido por Acción Social que
esta entidad sí ha vulnerado el derecho de petición, como quiera que la contestación
no fue directa y de fondo frente al problema afrontado, objeto de la solicitud.
En efecto, no se
ha examinado realmente la petición de la señora ahora agenciada, quien también
impetró ser incluida en los programas de producción y generación de empleo, con
el fin de lograr mejoría en sus condiciones económicas y el auto sostenimiento
de ella y para su hijo, sujetos de especial protección que harían suponer que
la ayuda humanitaria fuese célere.
Acción Social se
limitó a señalar que María Ruth Villa se encuentra en turno de asignación, lo
cual no constituye una respuesta efectiva, menos ante la situación de la
señora, quien por falta de oportunidades laborales y su situación de desplazada
y discapacitada, sufrió que le fuera cortado el servicio de agua potable, por
una deuda que tiene con la empresa prestadora de ese servicio público.
Con base en lo
anterior, se aprecia que la señora María Ruth Villa ha recibido de manera
fragmentada algunos de los componentes de la ayuda humanitaria de emergencia prevista
en la ley; sin embargo, Acción Social no ha reaccionado ante su triple
vulnerabilidad, en su condición de mujer desplazada, madre cabeza de familia
que tiene a cargo un menor de edad y es discapacitada, por lo que merece especial protección
dentro de la población desplazada. Por
tal motivo, existe en cabeza de la agenciada un derecho, aún insatisfecho, a
recibir la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia completa e integral,
con todos y cada uno de los componentes que establece la ley.
Así mismo, es
evidente que la agenciada se ha visto adicionalmente afectada por varias
facetas especiales de género que agravan el desplazamiento, contempladas en el
auto 092 de 2008, a saber, la asunción del rol de jefatura femenina de hogar,
sin las condiciones mínimas de subsistencia material, con obstáculos agravados
por la deficiencia de acceso al sistema educativo y la falta de inserción
productiva, laboral ni económica, sin atención ni acompañamiento psicosocial.
Por ello, esta
Sala ordenará a Acción Social, por conducto de su representante legal o quien
haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, (i) disponga lo necesario para
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la
presente providencia disponga, al nivel adecuado, la realización de una visita
a la señora María Ruth Villa, con el fin de constatar su actual situación
socioeconómica y la de su hijo Cristian de Jesús  Badillo Villa; (ii) cumplida
la orden anterior y verificado que la señora agenciada no se encuentra en
condiciones de asumir su auto sostenimiento, en su condición de mujer
desplazada, madre cabeza de familia y discapacitada,  Acción Social prorrogará
automáticamente la ayuda humanitaria de emergencia, que mantendrá hasta que se
demuestre de la actora puede subsistir por sus propios medios; en consecuencia,
Acción Social realizará la entrega completa a la señora María Ruth Villa de los
componentes previstos en la ley, en cuanto a alimentación básica, apoyo para alojamiento,
implementos de habitación, cocina, aseo y vestuario adecuado, en cantidad y
calidad suficiente para suplir temporalmente las necesidades de ella y de su
hijo, lo cual hará dentro de los quince (15) días hábiles subsiguientes a la
realización de la visita.
También se
ordenará que la señora María Ruth Villa sea inscrita dentro de los programas
que buscan implementar y hacer cumplir el auto 092 de 2008, para intervenir en
las facetas de género enunciadas, como beneficiaria individual de cada uno de
ellos, y de lo dispuesto en los autos 251 de 2008 y 006 de 2009, en lo
referente a su hijo y a la discapacidad que ella padece, todo ello a más tardar
dentro del mes subsiguiente a la visita antes referida.
6.12. Las
autoridades que deben acatar lo dispuesto en cada uno de los puntos
precedentes, reportarán las gestiones trascendentes que realicen y el
cumplimiento final de cada aspecto, al Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Medellín, que en primera instancia tramitó y decidió la presente acción de tutela.
Por todo lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia dictada en abril 11 de 2011 por una Sala de Decisión
Constitucional del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual se revocó en
lo impugnado el amparo concedido en febrero 21 del mismo año por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Medellín, dentro de la acción de tutela
instaurada por agente oficioso de la Defensoría del Pueblo a nombre de la
señora María Ruth Villa, contra Empresas Públicas de Medellín S.A., E.S.P., el
municipio de Medellín y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, Acción Social. En su lugar, se dispone TUTELAR los
derechos fundamentales de María Ruth Villa y los de su hijo Cristian de Jesús
Badillo Villa, menor de edad, a la vida digna, la integridad personal, la salud
y de petición.
Segundo.-
ORDENAR a Empresas Públicas de Medellín S.A., E.S.P., por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en
el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia, reconecte el servicio público domiciliario de acueducto al inmueble
donde residen en Medellín María Ruth Villa y su hijo Cristian de Jesús Badillo
Villa.
Tercero.-
ORDENAR a Empresas Públicas de Medellín S.A., E.S.P., por conducto de su
representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha realizado, en
el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
adelante los trámites necesarios para llegar a un acuerdo de pago al alcance de
María Ruth Villa, a fin de que ella pueda realizar algún abono a su obligación
contractual, con parte de la suma que Acción Social le gire como apoyo
económico, atendida su condición de desplazada y en la medida en que no se
afecte el mínimo vital de ella y de su hijo.
Cuarto.- ORDENAR
a Acción Social, por conducto de su Director o quien haga sus veces, que si aún
no lo ha realizado, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente providencia, disponga realizar una visita a la
señora María Ruth Villa, con el fin de constatar su actual situación
socioeconómica y la de su hijo Cristian de Jesús Badillo Villa.
Quinto.- ORDENAR
a Acción Social, por conducto de su Director o quien haga sus veces, que si aún
no lo ha realizado, verificado que la señora María Ruth Villa no se encuentra
en condiciones de asumir su auto sostenimiento familiar, le otorgue la prórroga
automática de la ayuda humanitaria de emergencia, que mantendrá hasta que se
demuestre que la agenciada puede subsistir por sus propios medios; en
consecuencia, Acción Social realizará la entrega completa a la señora María
Ruth Villa de los componentes previstos en la ley, en cuanto a alimentación
básica, apoyo para alojamiento, implementos de habitación, cocina, aseo y
vestuario, en cantidad y calidad suficiente para suplir temporalmente las
necesidades de ella y de su hijo, lo cual hará dentro de los quince (15) días
hábiles subsiguientes a la realización de la visita.
Sexto.-
ORDENAR a Acción Social, por conducto de su Director o quien haga sus
veces, que si aún no lo ha realizado, disponga que la señora María Ruth Villa
sea inscrita dentro de los programas que buscan implementar y hacer cumplir el
auto 092 de 2008 de esta corporación, para intervenir en las facetas de género
enunciadas, como beneficiaria individual de cada uno de ellos y de lo dispuesto
en los autos 251 de 2008 y 006 de 2009, también de esta corporación, en lo
referente a su hijo y a la discapacidad que ella padece, todo ello a más tardar
dentro del mes subsiguiente a la visita antes referida.
Séptimo.- ORDENAR al Alcalde de Medellín que, si aún no se ha realizado, en el término de
las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo realice las gestiones
del caso para que la señora María Ruth Villa y su hijo Cristian de Jesús
Badillo Villa puedan integrar y acceder al programa “Mínimo Vital de Agua
Potable”, que ofrece dicho ente territorial.
Octavo.-
ORDENAR que las autoridades que deben acatar lo dispuesto en cada uno de
los puntos precedentes de esta parte resolutiva, reporten las gestiones
trascendentes que realicen y el cumplimiento final de cada aspecto, al Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Medellín, que en primera instancia tramitó y
decidió la presente acción de tutela.
Noveno.- Por
Secretaría General de esta corporación, LÍBRESE la comunicación a que se
refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
A LA SENTENCIA T-725/11
Referencia: expediente T-3071067.
Acción de tutela instaurada por María Ruth Villa,
mediante agente oficiosa, en contra de Acción Social y las Empresas Públicas de
Medellín.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Con
el respeto acostumbrado haré una relación sucinta de las particularidades del
caso y de la sentencia en cuestión para, de manera subsiguiente, referir las
razones que justifican la suscripción de una aclaración de voto en relación con
la sentencia precitada.
Mediante
la sentencia de la referencia se resolvió una solicitud de amparo impetrada por
una ciudadana de 51 años de edad, víctima del desplazamiento forzado, quien
pretendía, a través de la misma, la salvaguarda de derechos fundamentales en
titularidad suya y la de su hijo de 11 años de edad, también afectado por este
flagelo. Para la fecha de interposición de la tutela, la señora y su hijo se
encontraban asentados en la ciudad de Medellín, en un inmueble ajeno, gracias a
que, según informa, “una señora tuvo compasión de ella y le colaboró
prestándole un rancho de tabla en el barrio Robledo Aures.”
De
acuerdo con su dicho, debido a una discapacidad generada por un accidente
sufrido en febrero de 2011 y en razón a que a la fecha no había recibido
prórroga de las ayudas humanitarias, incurrió en mora en el pago de sus
obligaciones pecuniarias con la empresa de servicios públicos demandada, que
presta el servicio de agua potable. Con posterioridad intentó infructuosamente
el refinanciamiento de la deuda e incluso la reconexión ilegal. Al momento de
la tutela no contaba con el servicio de agua potable.
Adicionalmente,
informó la accionante que al solicitar la prórroga de la ayuda humanitaria ante
funcionarios de Acción Social le fue otorgado el turno C3-88450. A la fecha de la tutela, no había recibido la ayuda. Finalmente, de acuerdo con el apoderado
de las Empresas Públicas de Medellín, la deuda de la accionante ascendía a
$3.716.672.
Sobre
la base de estos elementos fácticos, en el proyecto se hicieron consideraciones
alrededor del derecho a la continuidad en la prestación del servicio público
domiciliario de agua potable cuando hay involucrados sujetos de especial
protección constitucional, reconocido en una ya reiterada jurisprudencia
constitucional. Igualmente, se volvió sobre el precedente sentado por esta
Corporación en cuanto a la protección reforzada que merecen las mujeres
víctimas del desplazamiento forzado, especialmente en lo que atañe a la
presunción de prórroga automática de la ayuda humanitaria.
También
se hizo referencia a la ratio decidendi sentada en la sentencia T-092 de
2011, que fue declarada nula mediante auto 211 del 3 de octubre de 2011,
atinente a la obligación que tienen las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios de, como primera medida, intentar acuerdos de pago con los
usuarios que han incurrido en mora y, en últimas, la instalación de un
restrictor de flujo de agua para asegurar el suministro de una cantidad mínima
de este fluido para beneficio de quienes se encuentran en estado de
indefensión.
Se
precisó, además, que la conexión fraudulenta por parte de la persona interesada
no podía erigirse, en sede de tutela, en argumento para la denegación del
acceso al agua. Finalmente, se resolvió conceder el amparo y ordenar: i) a la
Alcaldía de Medellín iniciar las gestiones para integrar a la accionante y a su
hijo al programa “Mínimo Vital de Agua Potable”; ii) a la EPM reconectar
el servicio de agua y iii) a Acción Social realizar dentro de las 48 horas
siguientes una visita a la vivienda de la accionante para determinar su
situación actual y proceder a la entrega de las ayudas humanitarias.
Las
razones que sustentan mi aclaración de voto tienen que ver, en primer lugar,
con que se haya invocado la ratio decidendi contenida en la sentencia
T-092 de 2011, que fue declarada nula mediante auto 211 del 3 de octubre de
2011, debido a una discordancia entre el proyecto debatido por la Sala Octava
de Revisión y el publicado por la Relatoría de esta Corporación. Así, la acción
de tutela iniciada por María Isabel Ortiz contra la Junta Administradora del
Acueducto JUAN XXIII fue finalmente resuelta mediante sentencia T-740 de 2011
debido a que, se insiste, la sentencia T-092 de 2011 fue declarada nula, razón
por la cual esta última no constituye precedente y no debía ser traída a
colación. Además, disiento de que se hubiese ordenado la reconexión del
servicio sin condicionamiento alguno puesto que, de acuerdo con un precedente
sentado en múltiples sentencias, incluyendo la precitada sentencia T-740 de
2011, el restablecimiento del servicio a consecuencia de una orden de amparo
debe estar limitado al suministro de 50 litros diarios de agua por persona, mas no deber ser ilimitado. Los anteriores son los argumentos que motivaron mi
aclaración de voto.
Fecha ut supra,
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1]
El menor además se encuentra “sin ropa, sin materiales escolares, y sin
uniforme”, dado que la señora Villa no tiene la posibilidad económica para
sufragarlos  (f. 2 ib.).
[2]
En esa providencia de junio 24 de 2008, lo pretendido para la agenciada era que
se ordenara i) “a Acción Social que de inmediato se le entregue a ella las
ayudas humanitarias a las que tenía derecho, subsidio para vivienda, arriendo,
salud, educación, alimentación, como prórroga de las mismas como prevé la Ley 387 de 1997”; ii) “dar respuesta a la solicitud de vinculación al programa
Familias en Acción, fechada el 6 junio de 2007”; y iii) “a la Caja de Compensación Familiar COMFAM, brindar respuesta de fondo… sobre la postulación para
Auxilio de Vivienda Familiar”. Después de un análisis de fondo, el Juzgado
tuteló los derechos de petición, a la población desplazada, a la vida digna, al
mínimo vital y a la niñez, ordenando al representante legal de Acción Social
que “en un término no superior a cuarenta y ocho horas… proceda a responder
de fondo el derecho de petición y completa a la solicitud de ayuda humanitaria”
reclamada, “definiendo la fecha real y concreta en la que se procederá a la
entrega de las ayudas para arrendamiento, alimentación y kits de aseo… brindar
además, una verdadera y real orientación a la accionante y a su grupo familiar
para que puedan lograr la consolidación  y estabilización de su situación como desplazados”
(f. 29 ib.).
[3]
En el artículo 99 de la mencionada Ley se indica: “SUBSIDIOS PARA LOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. <Artículo derogado por el
artículo 276 de la Ley 1450 de 2011> Para efectos de lo dispuesto en el
numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores
al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1,
cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el
estrato 3.”
[4]
Para ser beneficiario del mencionado programa mínimo vital de agua potable, se
requiere (f. 150 ib.): “pertenecer al nivel I del SISBEN y ser beneficiario
de Medellín Solidaria, Familias en Acción o de otro programa de la Secretaría de Bienestar Social para el área urbana, o ser del nivel I y II del SISBEN en el
área rural; tener una conexión legal a acueducto y/o alcantarillado o estar
conectado a través de un medidor comunitario; y estar al día en el pago de las
cuentas a EPM, para estar al día es indispensable cancelar la cuenta de
servicios públicos domiciliarios hasta la fecha de vencimiento de páguese sin
recargo, pues de lo contrario se considera como no cancelado de forma oportuna
lo que implicaría la suspensión temporal del auspicio, dejando claro que estar
al día en el pago no significa estar a paz y salvo con la empresa, pues se
pueden tener deudas pendientes para cancelar mediante plan de pago.”
[5]
Se agregó por parte del municipio que de conformidad con la Ley 387 de 1997, la interesada “tendría… en su condición de persona víctima del
desplazamiento forzado”, derecho a vincularse a una serie de programas que
hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, los cuales algunos de estos son: i) Familias en Acción, donde se
otorgan subsidios de alimentación y estudio para los menores de edad, “puede
la afectada acercarse a la UAO Belencito, con fotocopia de los documentos de
sus hijos… y las cédulas de sus padres y del declarante, certificado de estudio
actualizado de los menores que se encuentran estudiando, certificado de control
de crecimiento y desarrollo de los menores de siete años”; ii) vinculación
laboral “a través del SENA podrá recibir capacitación laboral e
inscripciones de la hoja de vida”, donde se puede comunicar con el señor
José Fernando Gutiérrez, encargado “del tema para capitación para población
en condición de desplazamiento… teléfono 5760000 ext. 42400; iii) “Secretaría
de educación, oficina de atención a población desplazada, expide certificación
educativa para exención de pagos pecuniarios de matricula”; iv) para el
inicio de unidades productivas, donde se otorgan microcréditos, “no
subsidios”, se encuentran Ministerio de Industria y Comercio, el Banco
Agrario de Colombia S. A., Banco de Comercio Exterior  S. A., Bancoldex, y en
Medellín a través del Banco de la Oportunidad y el Centro de Desarrollo Empresarial Zonal – CEDEZO; v) en cuanto a vivienda, la entidad competente es el
Fondo Nacional del Vivienda, FONVIVIENDA; y vi) frente al tema de reubicación “en
una vivienda digna o garantías de retorno le informamos que puede acercarse a la UAO, para recibir la atención y orientación pertinente con los funcionarios del componente de
Gestión Social de la UAO” (fs. 151 y 152  ib.).
[6]
Cfr. T-658 de agosto 15 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil y T-768 de septiembre 4 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
[7] Cfr. T-408 de septiembre 12 de 1995, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
[8] T-092 de diciembre 17 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto
[9]
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que
fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones
de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la
mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno
decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos,
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha
ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”
[10] “El bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua
potable.
Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre
cualquier otra asignación.”
[11] T-578 de noviembre 3 de 1992, M. P. Alejandro Martinez Caballero.
[12]
Sobre el carácter fundamental del derecho al agua potable, véanse entre otras,
las sentencias T-091 de febrero 15 de 2010 y T-915 de diciembre 9 de 2009, M. P. Nilson Pinilla Pinilla; T-546 de agosto 6 de 2009, M. P. María Victoria Calle; T-381 de mayo 28 de 2009, M. P. Jorge Ignacio Pretlt Chaljub; T-270 de abril 17 de 2007
y T-1104 de octubre 28 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería; y T-413 de
septiembre 13 de 1995, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[13]
En igual sentido, el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 18
de la Ley 689 de 2001, dispone: “El incumplimiento del
contrato por parte del suscriptor o usuario da lugar a la suspensión del
servicio en los eventos señalados en las condiciones uniformes del contrato de
servicios y en todo caso en los siguientes: || La falta de pago por el
término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2)
períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3)
períodos cuando sea mensual y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores
o líneas. || Es causal también de suspensión, la alteración
inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones
contractuales de prestación del servicio. || Durante la suspensión, ninguna de
las partes puede tomar medidas que hagan imposible el cumplimiento de las
obligaciones recíprocas tan pronto termine la causal de suspensión. || Haya o no suspensión, la entidad prestadora puede ejercer todos los
derechos que las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del
incumplimiento.” (No está subrayado en el texto
original.)
[14] C-150 de febrero 25 de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] T-614 de 2010, precitada.
[16] “En la Sentencia T-485 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte analizó el derecho de los usuarios a que sus recursos sean resueltos antes de que se
les corte el servicio. De igual manera los artículos 152 a 158 de la Ley 142 de 1994 versan sobre los derechos de defensa del usuario en sede de la
empresa.”
[17] “En la Sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre
Lynett), la Corte sostuvo que ‘contra el acto de suspensión del servicio que
realice la empresa proceden los recursos de reposición, y de apelación’.”
[18] “Sobre este punto, ver la Sentencia T-1108 de 2002 (M.P. Álvaro Tafúr Galvis),
donde se desarrolló ampliamente el tema.”
[19] “Sobre este punto, ver la Sentencia T-730 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).”
[20] “Sobre este punto, pueden consultarse, entre otras, las
siguientes providencias T-235 de 1994 (M.P. Antonio Barrera Carbonell),
respecto de cárceles; la Sentencia T-380 de 1994 (M.P. Hernando Herrera
Vergara), respecto de colegios públicos; y la Sentencia T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), respecto de hospitales, acueductos
y establecimientos relacionados con la seguridad ciudadana.”
[21] “Sobre este punto, ver la Sentencia T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).”
[22] Cft. T-915 de 2009 y T-546 de 2009, ya referidas.
[23] También son sujetos de especial protección los desplazados (T-025
de enero 22 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[24] Cft. T- 025 de 2004, precitada; T-136 de febrero 27 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-156 de febrero 15 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-358 de abril 17de  2008,  M. P. Nilson Pinilla, entre otras.
[25] Esta corporación ha reconocido que el fenómeno del desplazamiento
forzado es un problema de inmensa gravedad social,
económica y política, por la transgresión masiva y
sistemática de derechos fundamentales de un elevado porcentaje de colombianos
que, dentro de la violencia generada por el conflicto interno y por el brutal desconocimiento
sistemático de los derechos, han sido obligados a abandonar abruptamente su lugar de residencia y su actividad habitual, debiendo
migrar a otro lugar dentro del territorio nacional, frente
a la falta de capacidad institucional para afrontar tal barbarie.
[26] La Corte Constitucional detalló los elementos y circunstancias que provocaron la
declaratoria del estado de cosas inconstitucional en
materia de desplazamiento forzado. La sentencia T-025 de 2004 precisó: “Varios elementos confirman la existencia de un estado de cosas
inconstitucional respecto de la situación de la población internamente
desplazada. En primer lugar, la gravedad de la situación de vulneración de
derechos que enfrenta la población desplazada fue expresamente reconocida por
el mismo legislador al definir la condición de desplazado, y resaltar la
violación masiva de múltiples derechos. En segundo lugar, (…) el elevado
volumen de acciones de tutela presentadas por los desplazados para obtener las
distintas ayudas (…) la insuficiencia de recursos destinados, (…) la
continuación de la vulneración de tales derechos no es imputable a una única
entidad (…) la vulneración de los derechos de los desplazados reposa en
factores estructurales (…).”
[27] Al respecto ver, entre otras, T-098 de febrero 4 de 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-419 de mayo 22 de 2003, M. P. Alfredo Beltrán Sierra; T-985 de octubre 23 de 2003, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-025 de 2004, precitada.
[28] T-501 de julio 23 de 2009, M. P. Mauricio Gonzáles Cuervo.
[29] Autos 092 de abril 14 y 251 de octubre 6, ambos de 2008; 004, 005
y 006, los tres de enero 26 de 2009, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] Auto que desarrolló la “Protección de los derechos
fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del
conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas
inconstitucional declarado en la sentencia T- 025 de 2004, después de la sesión
pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión”.
[31] Los riesgos que fueron identificados en el auto 092 de 2008,
anteriormente referido, son: “En el ámbito de la prevención del
desplazamiento forzoso, la Corte Constitucional ha identificado diez (10) riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano, es decir, diez
factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres
por causa de su condición femenina en el marco de la confrontación armada
interna colombiana, que no son compartidos por los hombres, y que explican en
su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las
mujeres. Estos riesgos son: (i) el riesgo de violencia sexual, explotación
sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el riesgo de
explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles
considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de
los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus
hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de
amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de
familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares
o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de
alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por
los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados de su pertenencia a
organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores
de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el
conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y asesinato por las estrategias
de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que
implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio
nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor
económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de
apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus tierras y su
patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su
posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles
rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación y
vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x) el
riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante
el proceso de desplazamiento. Luego de valorar jurídicamente estos diez riesgos
desde un enfoque de prevención del desplazamiento forzado, la Corte Constitucional ordena en el presente Auto que el Gobierno Nacional adopte e implemente
un programa para la prevención de los riesgos de género que causan un impacto
desproporcionado del desplazamiento sobre las mujeres, programa que ha de ser
diseñado e iniciar su ejecución en un término breve en atención a la gravedad
del asunto – a saber, tres meses a partir de la comunicación de la presente
providencia.”
[32] El artículo 2° de la Constitución incluye entre los fines esenciales del Estado, “‘servir a la comunidad’, ‘garantizar la efectividad de los
principios’, ‘derechos y deberes consagrados en la Constitución’ y ‘asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo’. Acto
seguido dispone el mismo mandato constitucional que las autoridades estatales
han sido instituidas ‘para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares’. Más adelante, el artículo 5º Superior ordena que ‘el Estado
reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables
de la persona’”. El artículo 13 ibídem ordena que “el Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. El artículo
47 ib. impone la obligación del Estado de adelantar “política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”. El artículo 54 ib. dispone que es “obligación del
Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y
técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral
de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho
a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. El artículo 68 de la Carta instituye como obligaciones especiales del Estado la “erradicación del analfabetismo
y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con
capacidades excepcionales”.
[33] En relación con las obligaciones internacionales en pro de las
personas con discapacidad, obran tratados generales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que si bien no se refieren explícitamente a las personas
con discapacidad, sus garantías directamente les atañen. De igual forma, son
aplicables todas las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, que además contiene, en su artículo 23, previsiones específicas en relación con los
menores discapacitados.
[34] C-278 de abril 8 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[35] C-278 de 2007, anteriormente referida.
[36] Cfr. T-025 de 2004.
[37] F. 104 cd. inicial.
[38] “… El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.”
[39] “… El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de
familia.”
[40] “… La familia, la sociedad y el Estado tiene la obligación de
asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y
el ejercicio pleno de sus derechos…”
[41] T-092 de 2011, precitada.
[42] T-092 de 2011.