T-615-12
Sentencia T-615/12
Sentencia T-615/12
ACCION DE TUTELA CONTRA COLFONDOS-Solicitud para que se abstenga de pagar el 50% de la
pensión de sobrevivientes a padre de menor de edad con discapacidad
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Característica
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Daño consumado y hecho superado
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Corte Constitucional debe determinar alcance de los
derechos fundamentales cuya protección se solicita
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Procedencia excepcional de la acción de tutela para
ordenar algún tipo de indemnización
DAÑO CONSUMADO-Supuestos
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-No impide pronunciamiento de fondo sobre violación de
derechos fundamentales y corrección de decisiones judiciales
DERECHO A LA SALUD, VIDA Y MINIMO VITAL-No existe vulneración por no haber solicitado a Colfondos
que 50% de la pensión de sobrevivientes fuera entregado a la abuela quien tenía
la custodia de menor de edad con discapacidad
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTENIDO PARTICULAR-Revocatoria
de pensiones reconocidas irregularmente según Ley 797/03
REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS-Verificación oficiosa de la legalidad de documentos en
los que se apoyo el reconocimiento
REVOCATORIA DIRECTA DE ACTO ADMINISTRATIVO QUE
RECONOCE PENSION O PRESTACION ECONOMICA-Garantía
del debido proceso administrativo
ACCION DE TUTELA DE MENOR DE EDAD CON DISCAPACIDAD
CONTRA COLFONDOS-Verificación
oficiosa de reconocimiento de pensión de sobrevivientes según sentencia
C-835/03 y Ley 797/03
ACCION DE TUTELA CONTRA COLFONDOS-Carencia actual de objeto por fallecimiento de menor
de edad con discapacidad
Referencia: expediente T-3.409.775
Acción de tutela promovida por la señora “A”, quien actúa
en representación de la menor “B”, contra COLFONDOS S. A, con vinculación
oficiosa del señor “C”.
Magistrado Ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D. C., dos (2) de agosto de de dos mil doce
(2012)
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María
Victoria Calle Correa y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución y en los
artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos dictados
por el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales, el 30 de noviembre de
2011, y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, el 30 de enero de
2012, dentro del asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES
En el presente caso, por estar involucrado un
asunto que pertenece a la órbita personal protegida por el derecho fundamental
a la intimidad de la accionante, de su nieta menor de edad y del padre de la
misma, la Sala ha decidido no mencionar en la sentencia ningún dato que
conduzca a su identificación y ordenar a los jueces de instancia y a la
Secretaría de esta Corte que guarden estricta reserva respecto de la identidad
de los mismos.
En el presente caso, la señora “A”, abuela de la
menor “B” quien ostenta su custodia y cuidado provisional, promovió acción de
tutela contra COLFONDOS S. A., con el objeto de que la entidad se abstuviera de
hacerle entrega a “C” (padre de B) del porcentaje de la pensión de
sobrevivientes que le fue reconocido por comunicado N° BP-R-I-L-11251-10-11 del
24 de octubre de 2011, el cual considera le corresponde a ella legalmente. De
esta manera, solicita al juez constitucional que ordene realizar “los
trámites y gestiones necesarias para que la parte de la pensión que le
corresponde a la menor (…) sea entregada a la suscrita abuela materna y así
poder seguir brindándole los cuidados necesarios que requiere para su precaria
salud”.
Hechos
1. Indica la demandante A que dentro del matrimonio
contraído con el señor D, fue procreada E,
quien a su vez concibió a B,
nacimiento que tuvo lugar el 2 de marzo de 1996. Agrega que después del
nacimiento de su nieta B, su hija contrajo nupcias con C, quien es el padre de la
menor.
2. Refiere la demandante que su hija E falleció el
20 de julio de 2011, razón por la cual, su nieta B continuó conviviendo con su
padre del cual recibía maltratos físicos y psicológicos, situación agravada por
la condición de discapacidad que padecía la menor. Como consecuencia de lo
anterior a la menor le fue detectado un tumor maligno en la columna vertebral, “lo
que hace que siempre tenga que estar alguien a su cuidado personal”.[1]
3. Sostiene que luego del deceso de su hija, el
único interés del padre de la menor era acceder a la sustitución pensional. De
allí que hubiera optado por el cuidado de B, pues era la forma de acreditar una
convivencia familiar, y en consecuencia, de acceder a la totalidad de la citada
prestación económica.
4. Comenta la actora A que debido a los malos
tratos que recibía la menor por parte de su padre, acudió en compañía de su
esposo D a la Comisaría de Familia de Villamaría (Caldas) con el objeto de que
se les otorgara, como abuelos, la custodia y cuidado personal de B, “pues en
manos de su padre, (…) su vida corre peligro, máxime si se trata de una menor,
que como ya se dijo está en situación de discapacidad y que no puede valerse
por sí misma y que por tanto no deja explicación entendible al comportamiento
inhumano y anormal de su padre.”[2]
Mediante acta suscrita el 17 de noviembre de 2011
en la Comisaría de Familia de Villamaría, se decidió otorgar a los señores A y
D la custodia y cuidado provisional de B.[3]
5. Para terminar, comenta que el precario estado de
salud de su nieta requiere especial cuidado y demanda elevados gastos
económicos, por lo que considera necesario que COLFONDOS S. A., se abstenga de
entregar el 50% de la pensión de sobrevivientes al padre de la menor, debido a “que
es una persona muy violenta y que arremete a la menor y su familia materna sin
ningún miramiento.”[4]
Fundamentos jurídicos de la solicitud de tutela
6. Con fundamento en la situación fáctica expuesta,
la demandante pide al juez constitucional que tutele los derechos fundamentales
de la menor B, a la salud, a la vida y al mínimo vital, y en consecuencia, que
ordene a COLFONDOS S. A. “que realice los trámites y gestiones necesarias
para que la parte de la pensión que le corresponde a la menor (…) sea entregada
a la suscrita abuela materna y así poder seguir brindándole los cuidados
necesarios que requiere para su precaria salud.”[5]
Pruebas que obran en el expediente
- Registro Civil de Nacimiento N° 24300187, en el
que consta que la fecha de nacimiento de B fue el 2 de marzo de 1996 (folio 3
del cuaderno principal).
- Escrito dirigido a la Comisaría de Familia de
Villamaría, en el que B, expresa “los motivos por los cuales deseo vivir
bajo el cuidado de mis abuelos” (folios 4 a 14 ibíd.).
- Reporte de anatomía patológica del 13 de
septiembre de 2011, en el que se indica como diagnóstico médico de B “Tumor
de células redondas pequeñas y azules y elementos cartilaginosos malignos”
(folio 15 ibíd.).
- Acta de la audiencia de custodia y cuidado
personal a favor de la adolescente B, suscrita el 17 de noviembre de 2011, en la
Comisaría de Familia de Villamaría, que decidió (folios 17 a 20 ibíd.):
“PRIMERO: aprobar con efecto vinculante la conciliación de
CUSTODIA Y CUIDADO PERSONA PROVISIONAL celebrado a favor de la adolescente [B].
SEGUNDO: los señores [A] y [D] ejercerán
la CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL PROVISIONAL de la adolescente [B],
fijando su residencia en la dirección antes mencionada, su hermana se
comprometen (sic) a velar por su nieta en todos los aspectos, evitarle
situaciones de peligro o abandono y acompañarlo debidamente en su proceso de desarrollo.”
- Solicitud de medida de protección a favor
del señor D, efectuada el 24 de junio de 2011 por la Fiscalía General de la
Nación al comandante de la subestación de Policía de Villamaría (folio 21
ibíd.).
- Solicitud de protección para la señora A y la
menor B, pedida por el Comisario de Familia de Villamaría, a la estación de
Policía del mismo municipio (folio 22 ibíd.).
Respuesta de la entidad accionada
7. Mediante oficio N° VJ-DPT-11-4993 del 29 de
noviembre de 2011, el representante legal de COLFONDOS S. A., presentó escrito
de contestación de la acción de tutela en el que se opuso a las pretensiones
formuladas por la accionante, bajo la consideración de que se configuró un
hecho superado, en tanto la prestación económica reclamada fue reconocida a sus
beneficiarios, por lo que concluyó que no se ha presentado vulneración o
amenaza a los derechos fundamentales invocados. Las razones en las que se apoyó
el escrito se pueden sintetizar así:
En primer lugar, comentó que la pensión de
sobrevivientes solicitada por el señor C, padre de la menor y compañero
permanente de la señora E, quien falleció el 20 de mayo de 2011, fue
debidamente reconocida mediante comunicación N° BP-R-I-L-11251 del 24 de
octubre del mismo año, en la modalidad de retiro programado por valor de $
576.800, la cual de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 100
de 1993, debe ser pagada por la administradora con cargo a la cuenta de ahorro
individual, “sin perjuicio de que varíe esta modalidad conforme lo dispuesto
en el artículo 12 del Decreto 832 de 1996”[6].
De otra parte, indicó que la discusión relativa a
la titularidad de la custodia y el cuidado personal de la menor, es un asunto
del resorte de la justicia ordinaria, por lo que escapa de su órbita de
competencia.
En ese orden de consideraciones, anotó que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno, en tanto el reconocimiento de la
prestación económica solicitada, fue efectuado a quienes acreditaron la calidad
de beneficiarios de la misma, precisando que no le corresponde adelantar los
trámites para que el porcentaje que le corresponde a la menor B sea entregado a
la accionante.
Decisiones judiciales objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
8. El Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales,
en fallo del 30 de noviembre de 2011, denegó por improcedente la acción de
tutela formulada por la accionante, bajo la consideración de que se trata de
una discusión de orden patrimonial que debe ser ventilada ante la justicia
ordinaria. De otra parte, sostuvo que la circunstancia de que se hubiera
conferido la custodia provisional y el cuidado personal de la menor a sus
abuelos maternos, no despoja a su progenitor de la patria potestad en tanto es
quien ostenta la representación legal. Así mismo, advirtió que no se evidencia
la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de
tutela a fin de dirimir asuntos propios del juez natural, precisando que la
titularidad de la custodia exige desplegar actuaciones diligentes que permitan
preservar la vida de la menor, pudiendo acudir a los trámites judiciales
expeditos que contempla la Ley 1395 de 2010.
En tercer término, señaló que COLFONDOS no ha
vulnerado ni puesto en peligro los derechos fundamentales de la menor, “por
el contrario, lo que se avizora es que efectuó, conforme al ordenamiento
jurídico, los trámites pertinentes para otorgar la pensión de sobrevivientes
deprecada por los beneficiarios de la afiliada fallecida. En tal virtud, le
asiste razón al solicitar se deniegue por improcedente la acción impetrada.”[7]
Para concluir, ordenó desvincular del trámite
tutelar al señor C, padre de la menor, por considerar que no se demostró
afectación iusfundamental alguna.
Impugnación
9. El 5 de diciembre de 2011, la accionante impugnó
la decisión del a quo bajo el argumento de que los derechos
fundamentales de la menor han sido afectados por el actuar de su padre, quien “al
recibir los beneficios de la sustitución pensional no va (sic) cumplir
con su obligación de padre, pues muy seguramente la invertirá en placeres no
muy santos.”[8]
Pone de presente que no conoce los trámites previstos en la mencionada Ley 1395
de 2010, “muy seguramente se trata de otro paquidermo legislativo que se
llena de ‘buenas intenciones’ pero que en la práctica no funciona”.
Con todo, solicitó la revocatoria de la sentencia y
la protección de los derechos fundamentales de la menor B.
Ampliación de la solicitud de tutela
10. El 27 de enero de 2012, se llevó a cabo ante el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, diligencia de declaración de la
accionante en los siguientes términos:
“PREGUNTADA: Infórmele al despacho si el señor [C], le ha
pasado el dinero correspondiente a la pensión de sobrevivientes a la menor [B],
en caso positivo en qué fechas: CONTESTO: No le ha dado una moneda de cinco
centavos, al contrario dice que se va a declarar en quiebra para no darle
absolutamente nada, por el contrario le niega el estudio, no le quiere pagar ni
siquiera la pensión mensual de su colegio. PREGUNTADA: Infórmele al despacho si
la menor se encuentra estudiando en caso positivo en qué colegio y cuánto paga?
Si está en el Colegio Villa del Rosario de Villamaría grado once, está pagando
$ 113.000. PREGUNTADO: Indíquele al despacho a la fecha quién o quiénes ven
económicamente por la menor [B]. CONTESTO: Los abuelos, mi esposo [D]
y yo. PREGUNTADA: Infórmele al despacho qué personas conforman el grupo
familiar de la menor [B]. CONTESTO: Mi esposo, la niña y yo. PREGUNTADA:
Cuáles son los ingresos y los egresos del grupo familiar? CONTESTO: El sueldo
de mi esposo, trabaja en el [X], de Villamaría, en la jornada de la
tarde, como dos millones cuatrocientos, creo, poco más o menos. Los egresos son
un millón ochocientos, porque estamos pagando otro apartamento. PREGUNTADA: Ha
iniciado algún proceso judicial que tenga relación con el asunto objeto de la
presente tutela, en caso positivo en qué fecha y ante qué autoridad judicial.
CONTESTO: No, estoy esperando la respuesta de la tutela. PREGUNTADA: Quiere
agregar algo más a la declaración. CONTESTO: En la comisaría de familia de
Villamaría hubo un acuerdo entre las partes que él pasaría mensualmente por
alimentos doscientos cincuenta mil pesos y que en diciembre de dos mil once y
en junio y cada que hayan primas le estaría dando doscientos mil pesos más y
este año le daría el dinero con el aumento de Ley y en diciembre le consignó $
350.000, le adeuda $ 100.000 de diciembre. Cuando [B] lo llamó a decirle
que era $ 450.000 lo único que hizo fue tratarla mal, maldecirla, le colgó el
teléfono.”[9]
Sentencia de segunda instancia
11. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Manizales, en decisión del 30 de enero de 2012, confirmó la sentencia
impugnada, en la medida en que no encontró configurado el requisito de
subsidiariedad, pues la accionante cuenta con el proceso de privación de la
administración de los bienes del niño, niña o adolescente, “en el cual ab
initio se puede pedir la suspensión provisional de las facultades de
disposición y de administración de los bienes y la designación de un tutor o un
curador, según se trate”[10],
trámite judicial que puede iniciarse a instancia de la persona que tenga el cuidado
del menor, mediante el procedimiento verbal sumario, “el que se decide en
una sola audiencia, por lo tanto es breve.”[11]
Para terminar, advierte que la menor no se
encuentra ante un perjuicio irremediable, en la medida en que sus abuelos le
prodigan bienestar emocional y económico, “pues así lo hizo saber la señora [A],
en declaración rendida ante este despacho judicial el día 27 de los cursantes
mes y año.”[12]
Trámite surtido en sede de revisión
12. El expediente fue seleccionado y repartido a
este despacho para su estudio el 29 de marzo de 2012. El 20 de junio siguiente,
con el fin de actualizar la información allegada al expediente y para adoptar
la respectiva decisión de mérito, el Magistrado Sustanciador decidió:
“PRIMERO.- OFICIAR a la Comisaría de Familia de Villamaría,
Caldas (carrera 4 N° 7-52 esquina, Casa de la Cultura), para que, dentro de los
tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia, remita con
destino al expediente de tutela de la referencia, las actuaciones
administrativas adelantadas a favor de la menor [B], con posterioridad a
la diligencia de audiencia de custodia y cuidado personal provisional, que tuvo
lugar el 17 de noviembre de 2011.
SEGUNDO.- OFICIAR a la señora [A], quien actúa
en representación de su nieta [B], en la calle 9 N° 6-36, apartamento
401, conjunto habitaciones pinares II, en el municipio de Villamaría, Caldas,
para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta
providencia, informe con destino al expediente de tutela de la referencia, si
con posterioridad a la declaración rendida ante el Juzgado Cuarto Civil
Municipal de Manizales, el 27 de enero de 2012, han acaecido hechos nuevos.
TERCERO.- OFICIAR a la Registraduría Municipal de
Manizales (calle 54 N° 23A-26) y de Villamaría (carrera 3 N° 9-38 local 101),
para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta
providencia, remita con destino al expediente de tutela de la referencia, el
registro civil de defunción de [B], titular de la tarjeta de identidad
9603021683, quien falleció hace aproximadamente un (1) mes, según informó a
esta Corporación la Comisaría de Familia de Villamaría.”
13. Durante el término concedido, se recibió la
siguiente documentación:
Mediante oficio N° CFV-143 del 27 de junio de 2012,
la Comisaría de Familia de Villamaría, remitió copia de la diligencia de
audiencia de fijación de cuota alimentaria y regulación de visitas, adelantada
el 1° de diciembre de 2011, celebrada entre los señores C y A.
A través de oficio N° NS-12-535 del 28 de junio de
2012, la Notaría Segunda del Circuito de Manizales, atendiendo a la
comunicación enviada por la Registraduría Municipal de Villamaría, remitió
copia auténtica del Registro Civil de Defunción de B, con número indicativo
serial 6985082, que da cuenta de deceso de la menor el 13 de mayo del mismo
año.
Finalmente, la señora A envió escrito a esta
Corporación, en el que indica que (i) antes del fallecimiento de B, su padre
continuó agrediendo verbalmente mediante palabras desobligantes e
inmisericordes, situación que la obligó a no recibirle llamadas telefónicas;
(ii) después de los improperios recibidos de su progenitor, la menor quedaba
sumida en la tristeza, “pues no comprendía porque (sic) la trataba
tan mal, con tratos semejantes a este: ‘porque (sic) no te moriste en la
cirugía, porque (sic) naciste niña, yo esperaba un varón para levantarlo
parecido a mí’”[13];
y (iii) a pesar de que su hija E se había divorciado judicialmente del padre de
la menor, y tampoco era su compañera permanente, llama la atención que
COLFONDOS S. A. hubiera accedido al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, por lo que solicita que la citada prestación económica “no
la siga recibiendo más ese señor [C] que sea por ley de la tutela, que
tenga otro destinatario, porque yo entablé la tutela para que le quedara a mi
nietecita [B], para pagar sus estudios según el querer de la propia mamá
de la niña, mi hija [E].”[14]
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. Esta Sala de la Corte Constitucional, es
competente para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de
tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y
241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico
2. Con fundamento en la situación fáctica expuesta,
las decisiones de instancia y en las pruebas decretadas y practicadas en sede
de revisión, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela
presentada por la señora A, quien actúa en representación de la menor B, en
razón del otorgamiento provisional de la custodia y cuidado personal efectuado
por la Comisaría de Familia de Villamaría, es procedente para ordenar a
COLFONDOS S. A., que se abstenga de hacer entrega al padre del porcentaje de la
pensión de sobrevivientes que le corresponde a la menor, y para que el juez
constitucional ordene realizar “los trámites y gestiones necesarias para que
la parte de la pensión (…), sea entregada a la suscrita abuela materna y así
poder seguir brindándole los cuidados necesarios que requiere para su precaria
salud.”[15]
3. Empero, antes de abordar el estudio del problema
jurídico planteado, la Corte hará referencia a la jurisprudencia constitucional
relativa a la carencia actual de objeto, la cual se configura en este caso como
consecuencia de la muerte de la menor B en el curso de la acción de tutela,
teniendo en cuenta que la misma falleció el 13 de mayo de 2012, de lo cual da
cuenta el Registro Civil de Defunción con indicativo serial N° 06985082[16],
que fuera remitido a esta Corporación por la Notaría Segunda de Manizales[17].
Análisis previo: Carencia actual de objeto.
4. El fenómeno de la carencia actual de objeto
tiene como característica esencial que la orden del/de la juez/a de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto,
esto es, caería en el vacío[18].
Lo anterior se presenta, generalmente, a partir de dos eventos: el hecho
superado o el daño consumado.
5. Por un lado, la carencia actual de objeto por hecho
superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por
completo la pretensión contenida en la demanda de amparo -verbi gratia se ordena la práctica de la cirugía cuya realización
se negaba o se reintegra a la persona despedida sin justa causa-, razón por la
cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria[19].
En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que
el mismo diera orden alguna[20].
¿Cuál debe ser entonces la conducta del/de la juez/a de
amparo ante la presencia de un hecho superado? Según la jurisprudencia
constitucional[21],
para resolver este interrogante se debe hacer una distinción entre los/las
jueces/zas de instancia y la Corte Constitucional cuando ejerce su facultad de
revisión.
Así, esta Corte ha señalado que “no es
perentorio para los jueces de instancia (…) incluir en la argumentación de su
fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada
en la demanda. Sin embargo pueden hacerlo, sobre todo si consideran que la
decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado,
incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de
la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes”[22], tal como lo prescribe el artículo 24 del Decreto
2591 de 1991[23].
Lo que es potestativo para los/las jueces/zas
de instancia, se convierte en obligatorio para la Corte Constitucional en sede
de revisión pues como autoridad suprema
de la Jurisdicción Constitucional “tiene el deber de determinar el
alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita”[24].
Ahora bien, lo que sí resulta ineludible en estos
casos, tanto para los/las jueces/zas de instancia, como para esta Corporación,
es que la providencia judicial incluya la demostración de que en realidad se ha
satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto
es, que se demuestre el hecho superado[25], lo que autoriza a
declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y
a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se dirijan a
prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a
advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la misma
se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.
6. Por otro lado, la carencia actual de objeto por daño
consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza del derecho
fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de
tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación o impedir que
se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento del daño
originado en la vulneración del derecho fundamental[26].
Recuérdese que la acción de tutela tiene un
carácter eminentemente preventivo más no indemnizatorio, por regla general[27].
En otras palabras, su fin es que el/la juez/a de tutela, previa verificación de
la existencia de una vulneración o amenaza de un derecho fundamental, dé una
orden para que el peligro no se concrete o la violación concluya; sólo
excepcionalmente se permite ordenar algún tipo de indemnización[28]. En
este orden de ideas, en caso de que presente un daño consumado, cualquier orden
judicial resultaría inocua[29]
o, lo que es lo mismo, caería en el vacío[30] pues no se puede impedir
que se siga presentando la violación o que acaezca la amenaza. La única opción
posible es entonces la indemnización del perjuicio producido por causa de la
violación del derecho fundamental, la cual, en principio, no es posible obtener
mediante la mencionada vía procesal.
Cabe preguntarse cuál es la conducta a seguir por
parte del/de la juez/a de tutela en el caso en el que se verifique la
existencia de un verdadero daño consumado teniendo en cuenta que, como
se dijo, cualquiera de sus órdenes sería inocua. Para responder a este
interrogante, la jurisprudencia constitucional ha indicado que es necesario
distinguir dos supuestos[31].
El primero de ellos se presenta cuando al momento
de la interposición de la acción de tutela el daño ya está consumado, caso en
el cual ésta es improcedente pues, como se indicó, tal vía procesal tiene un
carácter eminentemente preventivo mas no indemnizatorio. A ello se refiere el
artículo 6, numeral 4, del Decreto 2591 de 1991 cuando indica que “la acción
de tutela no procederá... cuando sea evidente que la violación del derecho
originó un daño consumado (...)”. Esto quiere decir que el/la juez/a de
tutela deberá hacer, en la parte motiva de su sentencia, un análisis serio en
el que demuestre la existencia de un verdadero daño consumado, al cabo del cual
podrá, en la parte resolutiva, declarar la improcedencia de la acción, sin
hacer un análisis de fondo[32].
Adicionalmente, si lo considera pertinente,
procederá a compulsar copias del expediente a las autoridades que considere
obligadas a investigar la conducta de los/las demandados/as cuya acción u
omisión causó el daño e informar al actor/a o a sus familiares sobre las
acciones jurídicas de toda índole a las que puede acudir para el resarcimiento
del daño.
El segundo supuesto tiene lugar cuando el daño se
consuma en el transcurso del trámite de la acción de tutela: en primera
instancia, segunda instancia o en el trámite de revisión ante la Corte
Constitucional. En esta hipótesis, la jurisprudencia constitucional ha indicado
que si bien no resulta viable emitir la orden de protección que se solicitaba
en la acción de tutela, es perentorio que, tanto el/la juez/a de instancia como
la Corte Constitucional en sede de revisión[33]:
(i)
Se pronuncien de fondo en la parte motiva de la sentencia sobre la
presencia del daño consumado y sobre si existió o no la vulneración de los
derechos invocados en la demanda, lo cual incluye, en el caso del juez/a de
segunda instancia y de la Corte Constitucional, la revisión de los fallos
precedentes para señalar si el amparo ha debido ser concedido o negado[34].
(ii)
Hagan una advertencia “a la autoridad pública para que en ningún caso
vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder
la tutela (…)”, al tenor del artículo 24 del decreto 2591 de 1991[35].
(iii)
Informen al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de
toda índole a las que puede acudir para la reparación del daño[36].
(iv)
De ser el caso, compulsen copias del expediente a las autoridades que
considere obligadas a investigar la conducta de los/las demandados/as cuya
acción u omisión causó el mencionado daño[37].
7. Para ejemplificar la hipótesis del daño
consumado durante el transcurso del proceso de tutela resulta útil traer a
colación dos casos similares al presente, los cuales fueron decididos por esta Corte
mediante las sentencias T-209 de 2008 y T-946 de 2008.
En esas oportunidades se verificó la existencia de
una carencia actual de objeto por daño consumado ya que, ante la injustificada
negativa de las Empresas Promotoras de Salud –EPS- y de las Instituciones
Prestadoras de Salud –IPS- a realizar a las peticionarias el procedimiento
necesario para la interrupción voluntaria de un embarazo producto de un acceso
carnal no consentido, éstas dieron a luz. Como se ve, aquello que se pretendía
evitar con la interposición de la acción de tutela se produjo de modo tal que
no era posible emitir orden judicial alguna para retrotraer la situación.
8. Ahora bien, advierte la Sala que es posible
que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño
consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto quede
en el vacío. A manera de ejemplo, ello sucedería en el caso en que, por una
modificación en los hechos que originaron la acción de tutela, el/la tutelante
perdieran el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o ésta
fuera imposible de llevar a cabo.[38]
Por ejemplo, esto sucedió en la sentencia T-988 de
2007 en la que tanto la EPS como los jueces de instancia se rehusaron
ilegítimamente a practicar la interrupción voluntaria de un embarazo producto
de un acceso carnal violento en persona incapaz de resistir. Ante la negativa,
la mujer terminó su gestación por fuera del sistema de salud, por lo que, en
sede de revisión, cualquier orden judicial dirigida a interrumpir el embarazo
resultaba inocua. No se trataba entonces de un hecho superado, pues la
pretensión de la actora de acceder a una IVE dentro del sistema de salud en
condiciones de calidad fue rechazada, pero tampoco de un daño consumado en
vista de que el nacimiento tampoco se produjo.
En esa ocasión se estimó que, no obstante la
carencia actual de objeto, era necesario que la Corte (i) se pronunciara de
fondo en la parte motiva de la sentencia sobre la vulneración de los derechos
invocados en la demanda y sobre los fallos de instancia para señalar que el
amparo debía haber sido concedido y (ii) advirtiera a la demandada que no
volviera incurrir en las conductas violadoras de derechos fundamentales. Agrega
la Sala que aquí también es procedente (iii) compulsar copias del expediente a
las autoridades que se considere obligadas a investigar la conducta de los/las
demandados/as que violaron derechos fundamentales.
9. Visto lo anterior, es claro para la Sala que la
carencia actual de objeto –por hecho superado, daño consumado u otra razón que
haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela- no impide un
pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos
fundamentales y la corrección de las decisiones judiciales de instancia,
salvo la hipótesis del daño consumado con anterioridad a la presentación de la
acción de amparo ya que allí ésta es improcedente en virtud del artículo 6,
numeral 14, del decreto 2591 de 1991. Menos aún cuando nos encontramos en sede
de revisión, espacio en el cual la Corte Constitucional cumple la función de
fijar la interpretación de los derechos fundamentales como autoridad suprema de
la jurisdicción constitucional.
Además, como se dejó entrever, un pronunciamiento
judicial en este tipo de casos, a pesar de la ausencia de una orden dirigida a
conceder la solicitud de amparo, tiene importantes efectos en materia
prevención de futuras violaciones de derechos fundamentales por parte de los
jueces de instancia y de las entidades públicas o privadas, e incluso, puede
llegar a ser un primer paso para proceder a la reparación de perjuicios y a la
determinación de responsabilidades administrativas, penales y disciplinarias.
El caso concreto
10. La señora A, actuando en representación de su
nieta la menor de edad B, promovió acción de tutela contra COLFONDOS S. A., con
el fin de que la misma se abstuviera de efectuar el pago del 50% de la pensión
de sobrevivientes al padre de la menor, la cual le había sido concedida como
consecuencia del fallecimiento de su esposa (madre de la menor), y que como
consecuencia de lo anterior, se realicen los trámites necesarios para que en lo
sucesivo, la pensión “sea entregada a la suscrita abuela materna y así poder
seguir brindándole los cuidados necesarios que requiere para su precaria
salud.”[39]
11. La entidad demandada se opuso a las
pretensiones de la solicitud de amparo, bajo la consideración de que la
prestación económica solicitada por el señor C, fue reconocida en razón a su
condición de cónyuge de la señora E, y representante legal de la menor B, en la
modalidad de retiro programado, razón por la cual estimó que no han sido
vulnerados los derechos fundamentales invocados por la demandante. Así mismo,
anotó que COLFONDOS S. A., “no está llamada a realizar los trámites
necesarios para que la parte de la pensión de la menor (…) sea cancelada a
nombre del accionante.”[40]
12. Para los jueces de instancia, no se encontraba
configurado el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, en tanto se
trata de una discusión de índole patrimonial que debe ventilarse ante la
jurisdicción ordinaria laboral.
13. Esta Sala de Revisión considera que
antes de entrar a resolver el asunto sub exámine, deberá reformularse el
problema jurídico planteado inicialmente (fundamento jurídico No. 2), teniendo
en cuenta que en el trámite de revisión de la presente acción de tutela, a
través de oficio N° NS-12-535 del 28 de junio de 2012, el despacho recibió de la
Notaría 2° del Circuito de Manizales copia auténtica del registro civil de
defunción de la menor B, con número indicativo serial 6985082, el cual da
cuenta del deceso de la menor el 13 de mayo del 2012.
14. Con base en los fundamentos jurídicos
anteriormente expuestos y atendiendo al hecho del fallecimiento de la menor
puede concluirse, en primer lugar, que los supuestos fácticos del caso no se
enmarcan dentro de la figura del hecho superado, ya que en ningún momento se verificó, por parte los jueces de
instancia o por este despacho, la completa satisfacción de la pretensión
contenida en la demanda de amparo de la Sra. A.
15. En segundo lugar, considera esta Sala que
tampoco se trata de una hipótesis de daño consumado, en la medida en que
la vulneración o amenaza del derecho fundamental por parte de la demandada, no
provocó un perjuicio que se pretendiera evitar con la acción de tutela. Lo
anterior, por cuanto la muerte de la menor no significó, en este caso puntual,
la configuración de un daño o vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante.
16. De este modo, a pesar de que de los anteriores
hechos no puede inferirse la configuración de un hecho superado, y tampoco de
un daño consumado, en el presente caso sí se mantiene el fenómeno de la
carencia actual de objeto dado que cualquier orden dada por el/la juez/a de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo, no surtiría ningún efecto,
esto es, caería en el vacío.
Así, en este asunto, la carencia actual de objeto
se deriva de una modificación sobreviviente de los hechos que originaron la
acción de tutela dada por la muerte de la menor de edad B, lo cual permite a
esta Sala inferir razonadamente que la accionante (abuela de la menor) perdió
todo el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada, pues la causa
que originaba su petición estaba dada por la necesidad de procurarse, mediante
la pensión de sobreviviente, los recursos necesarios para cuidar de la menor
discapacitada.
17. Pues bien, de acuerdo con la doctrina sobre el
fenómeno de la carencia actual de objeto desarrollada por esta Corporación y
con los hechos expuestos anteriormente, esta Sala entrará a determinar, en
primer lugar, (i) si pese a que en el presente caso no se configura un daño
consumado, podría entenderse que la actuación de COLFONDOS S.A. vulneró los
derechos fundamentales de la menor B; y segundo lugar, y en segundo lugar, (ii)
a pesar de no configurarse un daño consumado ni una vulneración de derechos
fundamentales, definir cuáles serían las medidas pertinentes que deberían
adoptarse en relación con la afirmación de la demandante según la cual, en este
caso, COLFONDOS S.A. otorgó la pensión al padre de la menor de forma ilegítima,
sin la previa verificación de los requisitos exigidos por la ley.
18. Con relación al primer problema jurídico que se
formula, la Corte no advirtió vulneración o amenaza alguna de los derechos
fundamentales de la menor por parte de COLFONDOS S. A., pues antes de la
presentación de la acción de tutela, la Sra. A no había efectuado ninguna
solicitud con el fin de que el 50% de la pensión de sobrevivientes que
legalmente le correspondía a la menor, le fuera entregado a ella en su
condición de abuela, siendo que ya desde el 17 de noviembre de 2011 detentaba
la titularidad provisional de la custodia y cuidado personal de B, según da
cuenta la actuación administrativa adelantada por la Comisaría de Familia de
Villamaría.
Similar parámetro mutatis mutandis, le
sirvió a la Corte para concluir que no existió vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales en la sentencia SU-975 de 2003, en la que algunos de los
peticionarios, adultos mayores y de la tercera edad, solicitaban la
reliquidación de su mesada pensional, sin haber elevado previamente la petición
ante la entidad correspondiente. En aquella ocasión, así lo indicó este
Tribunal:
“Según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, es
necesario para que se configure una vulneración de los derechos fundamentales
por parte de la autoridad pública en materia de reajuste pensional, que el
mencionado reajuste haya sido efectivamente solicitado a la entidad competente
para poder obtener de ésta su reconocimiento. De lo contrario, no se daría a la
autoridad pública la oportunidad de hacer efectivo el derecho invocado por el
interesado.
Puesto que en los casos relacionados los accionantes no elevaron
reclamación ante CAJANAL para solicitar el reajuste de sus mesadas pensionales
antes de interponer la acción de tutela, no existió una acción u omisión que
potencialmente o de hecho vulnerara o amenazara los derechos fundamentales de
los peticionarios, tal y como lo exige el artículo 86 de la Constitución. Sin
la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no
hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado
(…)” (Las subrayas y negrillas son agregadas).
Por lo anterior, esta Sala le asiste la razón a
COLFONDOS al indicar en el escrito de contestación de la acción de tutela que “no
es la llamada a realizar [unilateralmente], los trámites necesarios para
que la parte de la pensión de la menor [B] sea cancelada a la
accionante.”[41]
Adicionalmente, aunque la Corte no puede pasar por
alto el delicado estado de salud que padecía la menor para el momento de la
presentación de la acción de tutela, también debe resaltar que no existía
imposibilidad económica para que la demandante, junto con su esposo,
garantizaran la manutención de B. Al respecto, en la diligencia de declaración
rendida ante el ad quem, señaló:
“PREGUNTADA: Infórmele al despacho qué personas
conforman el grupo familiar de la menor [B]. CONTESTO: Mi esposo, la
niña y yo. PREGUNTADA: Cuáles son los ingresos y los egresos del grupo
familiar? CONTESTO: El sueldo de mi esposo, trabaja en el X de Villamaría, en
la jornada de la tarde como dos millones cuatrocientos, creo,
poco más o menos. Los egresos son un millón ochocientos, porque
estamos pagando otro apartamento.” (Las subrayas y negrillas son
agregadas).
De igual manera, puso de presente que el 1° de
diciembre de 2011, en la Comisaría de Familia de Villamaría, se llevó a cabo
diligencia de conciliación de fijación de cuota alimentaria, en los siguientes
términos:
“(…) El señor [C], aportará como Cuota Alimentaria a favor de
la adolescente [B], la suma mensual de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
($250.000) los cuales ser consignarán a la cuenta de ahorros de Davivienda
cuyo titular es [B], suma que se consignará los 18 días de cada mes a
partir del mes de diciembre, dicha cuota alimentaria se incrementará cada año
en el mismo porcentaje que el gobierno nacional incremente el salario mínimo
legal. Respecto de las primas de mitad de año y diciembre el padre se
compromete (sic) aportar a la menor en proporción de cada una de ellas
la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000).”[42]
La demandante también sostuvo en escrito allegado a
esta Corporación:
“Señor Honorable Magistrado, a mi nietecita no le faltó nada, porque
además de todo el amor y cuidados que nosotros como abuelos maternos le
prodigamos a la niña, le dimos todos los medicamentos y atenciones médicas que
necesitó.”[43]
19. De esta manera, lo que se imponía por parte de
abuela de la menor, era solicitar ante COLFONDOS S. A., que el porcentaje que
legítimamente le correspondía a la menor, se entregara a ella o a su esposo,
por ser las personas que tenían asignada provisionalmente la custodia y el
cuidado personal. Así mismo, en caso de que la respuesta hubiera sido
hipotéticamente negativa, el cauce judicial idóneo para dirimir la
controversia, era la jurisdicción ordinaria laboral, por las circunstancias
particulares del caso. Por esta razón, no puede concluirse que de la actuación
de COLFONDOS S.A. se deriva una vulneración de derechos fundamentales de la
demandante.
20. Sin embargo, lo anterior no puede servir de
pretexto, para pasar por alto lo dicho por la accionante, en el sentido de que
para el momento en que el señor C solicitó ante COLFONDOS el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes, se encontraba divorciado judicialmente de la
madre de la menor, y tampoco eran compañeros permanentes. Así lo indicó ésta en
su escrito:
“Volviendo a lo de la tutela, mi hija [E] NO TENÍA por
compañero permanente a ese señor; ese señor, en la madrugada del 01 de
enero de 2010, estando mi hija nieta [B] viviendo separadamente como
lo ordenó el Juzgado de Familia en la sentencia de divorcio (…)
Señor Honorable Magistrado, yo no sé de leyes de pensiones y de casi
nada de esas ciencias, pero como fue posible que Colfondos S.A., le otorgara la
pensión a ese señor, ya que él no era el compañero permanente de mi hija [E].”
(Las subrayas son agregadas).
De esta manera, en atención a que para el momento
de la interposición de la acción de tutela (i) la custodia y cuidado de B
estaba a cargo de los abuelos A y D; b) que la pensión de sobreviviente había
sido adjudicada al padre de la menor; y c) que se habían presentado reiterados
incumplimientos, por parte del padre de la menor, para el pago de la cuota
alimentaría fijada por las partes en el Acta de Conciliación, esta Sala
considera pertinente, a partir del segundo problema jurídico referido, entrar a
determinar (ii) cuáles serían las medidas pertinentes que deberían adoptarse en
relación con la afirmación de la demandante según la cual, en este caso, se
desatendieron los requisitos para proceder al reconocimiento de la pensión de
sobreviviente o se reconoció la misma al padre de la menor, con base en falsa
documentación.
La Ley 797 de 2003 (art. 19), incorporó una norma
de excepción a la figura de la revocatoria directa de los actos administrativos
de contenido particular, sin necesidad de contar con el consentimiento del
particular, a fin de que los representantes legales de las instituciones de
seguridad social verifiquen oficiosamente la legalidad de los documentos en los
que se apoyó el reconocimiento de un derecho de contenido prestacional, siendo
su deber remitir copias de las actuaciones a las autoridades competentes. Así
reza la citada disposición:
“ARTÍCULO 19. REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS
IRREGULARMENTE. Los representantes legales de las instituciones de
Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o
reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento
de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los
documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la
suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera
que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció
indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el
incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación
falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto
administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a
las autoridades competentes.”
Esta Corporación, al efectuar el estudio de
constitucionalidad del citado precepto, encontró que se ajusta a la
Constitución, específicamente a los principios de la función administrativa
(art. 209 de la CP), aunque precisó que la posibilidad de revisar oficiosamente
prestaciones de contenido económico, solamente se puede efectuar por una sola
vez, a fin de no vulnerar el principio del non bis in idem (art. 29 de la
CP). Así lo expresó la Corte:
“…estima la Corporación que con tal deber se tiende a proteger la
objetividad, transparencia, moralidad y eficacia que la función administrativa
requiere en orden al correcto reconocimiento y pago de las pensiones u otras
prestaciones económicas propias del régimen de seguridad social. Y es que la
labor de los citados funcionarios no puede enclaustrarse en el nicho de la
apariencia ritual ni del manejo mecánico de los actos administrativos que les
compete expedir, considerar, atender o satisfacer, incluidos los documentos que
soporten el trámite y expedición de los respectivos actos de reconocimiento y
pago. Asimismo, no se trata de prohijar la instauración de instancias
administrativas contrarias a los principios de economía, celeridad y eficacia
que la Carta destaca a favor de la función administrativa, que en todo caso
debe resolverse en la materialización de los derechos y deberes de las
personas.[44]
Del mismo modo, con relación a los motivos que
pueden dar lugar a la verificación oficiosa, destacó que:
“debe tratarse de unos motivos reales, objetivos, trascendentes, y
desde luego, verificables. Pues como cabe suponer, unos motivos originados en
los planos de la subjetividad irracional, en la intuición, en el
desconocimiento de los requisitos mínimos para interpretar y aplicar el
derecho; en la falta de diligencia y cuidado que la función pública exige a
todo servidor público y a quienes sin serlo cumplan funciones administrativas,
se destaca, unos tales motivos, carecen de toda vocación para promover la
verificación oficiosa que estipula la norma demandada. De suerte que los
motivos que dan lugar a la verificación oficiosa no pueden contraerse al capricho,
a la animadversión o a la simple arbitrariedad del funcionario competente, dada
la desviación de poder que tales móviles pueden encarnar en detrimento de la
efectividad de los derechos legítimamente adquiridos y de la confianza legítima
que a los respectivos funcionarios les corresponde honrar.”[45]
También señaló que en relación con las falencias
meramente formales, o inconsistencias por desactualización de la información
interna de las entidades correspondientes, lo que se impone es tomar medidas
que permitan el saneamiento de los defectos encontrados, siendo posible la
revocatoria del acto administrativo, siempre y cuando medie el consentimiento
expreso y escrito del titular, y en su defecto, el de sus causahabientes, pues
de lo contrario la respectiva entidad deberá demandar el acto ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo[46]. En todo caso, señaló
como ratio decidendi que la revocatoria directa de un acto
administrativo que reconoce una pensión o prestación económica, aún sin el
consentimiento del particular, sólo puede declararse cuando ha mediado un
delito. Sobre el particular, la Corte sostuvo:
“[C]uando el incumplimiento de los requisitos aludidos esté
tipificado como delito y la Corte señala claramente que basta con la
tipificación de la conducta como delito, para que la administración pueda
revocar, aunque no se den los otros elementos de la responsabilidad penal, de
tal manera que en el evento de que el reconocimiento se hizo con base en
documentación falsa o se halla comprobado el incumplimiento de los requisitos,
basta con que sean constitutivos de conductas tipificadas por la ley penal,
hipótesis en la cual se inscribe la utilización de documentación falsa, en
conexidad o no con conductas tipificadas por la ley penal tales como el
cohecho, el peculado, etc.”[47]
En este contexto, resaltó la importancia de
garantizar el derecho al debido proceso administrativo (art. 29 de la C.P.), al
punto que “mientras se adelanta el correspondiente procedimiento
administrativo se le debe continuar pagando al titular -o a los causahabientes-
de la pensión o prestación económica, las mesadas o sumas que se causen, esto
es, sin solución de continuidad. Y como respecto del titular obra la presunción
de inocencia, le corresponde a la Administración allegar los medios de
convicción que acrediten la irregularidad del acto que se cuestiona. Es decir,
la carga de la prueba corre a cargo de la Administración.” En relación con
esta garantía constitucional, indicó:
“[L]os motivos que dan lugar a la hipótesis de revocatoria del
artículo 19 no pueden entenderse de manera indeterminada, aislada, ni al margen
del debido proceso. Antes bien, la manifiesta ilegalidad, tanto de las
conductas reprochadas como de los medios utilizados para acceder a la
prestación económica que se cuestione, debe probarse plenamente en el
procedimiento administrativo que contemplan las prenotadas disposiciones, para
lo cual el titular del derecho prestacional o sus causahabientes deberán contar
con todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa,
destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los principios de la
necesidad de la prueba, de la publicidad y la contradicción; y por supuesto,
imponiéndose el respeto y acatamiento que ameritan los términos preclusivos con
que cuenta el funcionario competente para adelantar y resolver cada etapa o
lapso procedimental. Así, la decisión revocatoria, en tanto acto reglado que
es, deberá sustentarse en una ritualidad sin vicios y en una fundamentación
probatoria real, objetiva y trascendente, en la cual confluyan de manera
evidente todos los elementos de juicio que llevaron al convencimiento del
funcionario competente para resolver. En conclusión, entre la parte motiva y la
parte resolutiva del acto de revocatoria directa deben mediar relaciones de
consonancia que estén acordes con los respectivos mandatos constitucionales y
legales, particularmente, con el debido proceso, la legalidad de los derechos
adquiridos y la defensa del Tesoro Público. Recordando además que, en materia
de supresión de actos administrativos, no es lo mismo cuando interviene un
funcionario administrativo que cuando interviene el juez”.
21. Por todo lo anterior, la Corte declaró la
exequibilidad condicionada del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, en el
entendido de que el incumplimiento de los requisitos o el reconocimiento de
una prestación con base en documentación falsa, se referirá siempre a
conductas que estén tipificadas como delito por la ley penal.
En conclusión, si bien la Sala no puede determinar
si en efecto existió una irregularidad en el otorgamiento de la pensión de
sobreviviente al padre de la menor, si puede disponer la remisión de una copia
del expediente de tutela y de la presente sentencia a COLFONDOS S. A., para que
de conformidad con lo previsto en la Ley 797 de 2003 (art. 19), y en la
sentencia C-835 de 2003, verifique oficiosamente el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes efectuado al señor C, y de ser el caso, ponga en
conocimiento de las autoridades competentes la situación irregular que pueda
resultar dentro del trámite administrativo, a fin de que adelanten las
investigaciones a que haya lugar.
22. Por las razones expuestas, la Sala declarará la
carencia actual de objeto, y confirmará la sentencia emanada del Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Manizales, el 30 de enero de 2012.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR la carencia actual de
objeto en el asunto evaluado.
SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia dictada por
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, el día 30 de enero de 2012,
por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO.- REMITIR copia del expediente de
tutela y de la presente sentencia a COLFONDOS S. A., para que de conformidad
con lo previsto en la Ley 797 de 2003 (art. 19) y en la sentencia C-835 de
2003, verifique oficiosamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
efectuado al señor C (padre de la menor), y de ser el caso, ponga en
conocimiento de las autoridades competentes la situación irregular que pueda
resultar dentro del trámite administrativo, a fin de que adelanten las
investigaciones a que haya lugar.
CUARTO.- ORDENAR a la Secretaría General de
esta Corporación, así como a los jueces de instancia que conocieron de este
proceso, que tomen las medidas adecuadas con el fin de guardar reserva de la
identidad de la peticionaria y de las personas mencionadas en esta providencia.
QUINTO.- Por la Secretaría General, LÍBRESE
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para
los fines allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUÍS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Folio 23 del cuaderno principal.
[2] Ibídem.
[3] Folios 17 a 20 del cuaderno principal.
[4] Folio 24 ibíd.
[5] Folio 24 ibíd.
[6] Folio 33 reverso ibíd.
[7] Folio 50 ibíd.
[8] Folio 55 ibíd.
[9] Folio 5 del cuaderno de segunda instancia.
[10] Folio 15 ibídem.
[11] Folio 16 ibíd.
[12] Ibíd.
[13] Folio 56 del cuaderno de revisión.
[14] Folio 57 ibídem.
[15] Folio 24 del cuaderno principal.
[16] Folio 49 del cuaderno de revisión.
[17] Conforme lo establece el Decreto Extraordinario 1260 de 1970 (art.
101), “El estado civil debe constar en el registro del estado civil.”
[18] Sentencia T-533 de 2009.
[19] Ibídem.
[20] En el mismo sentido, las sentencias T-170 de 2009, T-309 de 2006,
T-308 de 2003 y T-972 de 2000, entre muchas otras.
[21] Sentencia T-533 de 2009.
[22] Sentencia T-170 de 2009.
[23] “ARTICULO 24. PREVENCION A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado (…) en
el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela,
y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo
establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo son perjuicio
de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá
a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión.”
[24] Sentencia T-170 de 2009.
[25] Ibídem.
[26] Sentencia T-083 de 2010.
[27] Al respecto, ver las sentencias T-803 de 2005, T-448 de 2004, T-873 de
2001, T-498 de 2000, T-170 de 1996, T-164 de 1996, T-138 de 1994, T-468 de 1992
y T-456 de 1992, entre otras.
[28] El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 25, regula la excepcional
hipótesis de indemnización por vía de tutela de la siguiente forma : “Cuando
el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea
manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria,
además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda
la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la
indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar
el goce efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La
liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite
incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que
hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la
actuación. La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y
solidariamente contra éste, si se considera que ha mediado dolo o culpa grave
de su parte, todo ellos sin perjuicio de las demás responsabilidades
administrativas, civiles o penales en que haya incurrido. Si la tutela fuere
rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las
costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad”. Sobre la
aplicación de esta hipótesis en aquellos casos en que se debió haber ordenado
la interrupción voluntaria del embarazo y por la negativa éste culminó en el
nacimiento del/ de la hijo/a ver la sentencia T-209 de 2008.
[29] Sentencias T-288 de 2004, T-496 de 2003, T-436 de 2002, SU-667 de
1998, T-170 de 1996, T-164 de 1996, T-596 de 1993 y T-594 de 1992, entre otras.
[30] Sentencia T-309 de 2006, T-496 de 2003 y SU-667 de 1998, entre otras.
[31] T-083 de 2010.
[32] Así se hizo, por ejemplo, en las sentencias T-979 de 2006 (respecto de
la violación del derecho de petición), T-138 de 1994 y T-596 de 1993.
[33] Sentencias T-170 de 2009 y SU-667 de 1998.
[34] Ver sentencias T-803 de 2005, T-758 de 2003, T-873 de 2001, T-498 de
2000, SU-667 de 1998, T-428 de 1998 y T-476 de 1995, entre otras.
[35] Así se hizo en las sentencias T-803 de 2005, SU-667 de 1998,
T-428 de 1998 y T-476 de 1995.
[36] Ver las sentencias T-170 de 2009 y T-576 de 2008.
[37] Así se hizo en las sentencias T-808 de 2005, T-662 de 2005,
T-980 de 2004, T-288 de 2004, T-496 de 2003 y SU-667 de 1998.
[38] Sentencia
T-585 de 2010.
[39] Folio 24 del cuaderno principal.
[40] Folio 34 del cuaderno de revisión.
[41] Folio 34 del cuaderno de revisión.
[42] Folios 39 a 41 ibídem.
[43] Folio 56 ibíd.
[44] Sentencia
C-835 de 2003.
[45]
Ibíd.
[46] Sobre el particular, la Corte dijo: “[N]o se puede tratar de cualquier incumplimiento de requisitos, toda vez que ante falencias meramente
formales; o ante inconsistencias por desactualización de la información interna
de las entidades correspondientes, respecto de las cuales el titular del
derecho o sus causahabientes no hayan realizado conductas delictivas, le
compete al respectivo funcionario tomar de oficio las medidas tendientes al
saneamiento de los defectos detectados, haciendo al efecto acopio de los medios
y recursos institucionales, sin perjuicio de la solicitud de información a
terceros y, llegado el caso, al titular del derecho o a sus causahabientes. Por
lo mismo, ni la Administración ni los particulares pueden extenderle a los
titulares de la pensiones o prestaciones económicas los efectos de su propia
incuria; así como tampoco darle trascendencia a aquello que no la tiene, tal
como ocurriría, por ejemplo, con un pensionado que habiendo cumplido
satisfactoriamente con todos los requisitos legales y reglamentarios, sin
embargo, se le pretende cuestionar su derecho porque en la contabilización
posterior del tiempo requerido, resultan dos días más o dos días menos de
tiempo laborado, que en modo alguno modifican el requisito del tiempo que él ya
demostró por los medios idóneos, llegando incluso a superar el tiempo exigido. Por
consiguiente, la comentada actuación, lejos de cualquier pretensión revocatoria
de oficio, debe encaminarse hacia la depuración de la información que soporta
la expedición y vigencia del acto administrativo de reconocimiento
prestacional. En concordancia con esto, cuando de conformidad con la Constitución y la ley deba revocarse el correspondiente acto administrativo, será necesario
el consentimiento expreso y escrito del titular, y en su defecto, el de sus
causahabientes. De no lograrse este consentimiento, la entidad emisora del acto
en cuestión deberá demandarlo ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.”
[47]
Sentencia T-949 de 2010.