T-277-20
Sentencia
T-277/20
Referencia: Expediente T-7.722.775
Acción de tutela formulada
por Martha Lilian Londoño Correa, contra José Humberto Pérez Carmona y “Cafetería
y Restaurante Humbert”.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinte
(2020).
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los
Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, así
como en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 02
de 2015 -Reglamento de la Corte Constitucional-, profieren la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión
del trámite de la sentencia de tutela proferida en primera instancia por el Juzgado
Diecisiete Civil Municipal de Oralidad de Medellín, el 07 de septiembre de 2019,
y que concluyó el 09 de octubre de dicho año a través de la providencia de
segunda instancia emitida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de la
misma municipalidad. Lo anterior, dentro del proceso de amparo formulado por Martha
Lilian Londoño Correa, a través de apoderado, contra José Humberto Pérez Carmona
y “Cafetería y Restaurante Humbert”, en cabeza de su representante legal,
Milton Marín Martínez.
I.         ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.1.
La
señora Londoño Correa se vinculó laboralmente, en el año 2009, al
establecimiento comercial “Cafetería y Restaurante Humbert”, siendo contratada
por el señor José Humberto Pérez Carmona para desempeñarse como parrillera.
1.2.
En
el año 2015, mientras aún ocupaba el cargo anteriormente indicado, la
accionante comenzó a padecer una merma considerable en su estado de salud y le
fue diagnosticado esclerosis acetabular, dolor pélvico crónico e incontinencia
urinaria; asimismo, señaló sufrir de pérdida de audición. Por lo tanto, durante
la vigencia del contrato laboral le fueron otorgadas incapacidades médicas a
partir del 31 de agosto de 2015 hasta el 14 de junio de 2019[1], siendo
esta última proferida por un término de quince (15) días.
1.3.
El
28 de junio de 2017, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Antioquia, emitió su dictamen No.43433855-965 respecto de la situación de la
señora Londoño Correa, calificándola con una pérdida de capacidad laboral (PCL)
de 35.34%. Decisión que fue recurrida por la accionante.
1.4.
La
Junta Nacional de Calificación de Invalidez confirmó, el 26 de junio de 2018,
lo establecido anteriormente, razón por la cual no aumentó el porcentaje de PCL.
1.5.
El
29 de mayo de 2019, el empleador le notificó, mediante escrito, que “el
establecimiento de comercio en el cual usted prestó el servicio ya fue vendido”[2],
e informó que la respectiva matrícula había sido cancelada el 14 de marzo
anterior. Manifestó a la accionante que la relación laboral entre ellos
culminaba definitivamente el 31 siguiente, pues adujo que pese a esperar un
tiempo que consideró prudente, la señora Londoño Correa no le hizo llegar una
nueva constancia de incapacidad.
1.6.
El
31 de mayo de 2019, fecha en la que se dio por terminada unilateralmente la
relación laboral, la señora Londoño Correa se encontraba incapacitada[3], tal como
lo evidencia la historia clínica.
1.7.
Asimismo,
la accionante pudo constatar que, a pesar de que se le informó sobre la cancelación
de la matrícula comercial, el establecimiento sigue en pleno funcionamiento,
ejerce la misma actividad económica, conserva al personal que laboró con ella y
utiliza el mismo nombre y logo.
1.8.
A
la notificación de terminación de vínculo laboral, el señor Pérez Carmona anexó
la liquidación de las prestaciones sociales de la accionada en la cual incluyó
el pago de la indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[4]. Dando como
resultado la suma de siete millones noventa mil setecientos cuarenta y ocho
(7’090.748) pesos, los cuales fueron consignados a nombre del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de
Medellín[5].
1.9.
Afirmó
la accionante que al perder su empleo y no contar con ningún otro ingreso, la
calidad de vida de su núcleo familiar[6]
se ha visto severamente afectada. En igual sentido, su tratamiento médico se ha
entorpecido pues éste conlleva gastos en suministros y exámenes, en adición a
que tenía programada una cirugía en su rodilla izquierda.
1.10.    Por lo expuesto, la señora
Londoño Correa otorgó poder al señor Olver David Pulgarín Rojas, quien instauró
acción de tutela en contra del señor José Humberto Pérez Carmona, como su
empleador, y del establecimiento de comercio “Cafetería y Restaurante Humbert”[7], cuyo
representante legal, según informa la actora, es Milton Marín Martínez; para
que, en primer lugar, se declare la ineficacia de la terminación contractual y
se ordene su reintegro laboral sin solución de continuidad toda vez que el
despido se dio sin mediar la autorización de la Oficina del Trabajo, en segundo
lugar, que le sean resarcidos sus derechos laborales y de seguridad social vulnerados
durante la desvinculación y, finalmente, que se le otorguen 180 días de salario
como sanción al ser despedida sin la beneplácito de la autoridad competente.
2.
Trámite
impartido a la acción de tutela
La ciudadana Martha Lilian Londoño Correa,
mediante apoderado, presentó acción de tutela el 28 de agosto de 2019, en
contra del señor José Humberto Pérez Carmona y el establecimiento de comercio
“Cafetería y Restaurante Humbert”, representado legalmente por el señor Milton
Marín Martínez, en búsqueda de que fueran amparados sus derechos fundamentales
a la estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social.
La accionante sustentó su reclamo
constitucional en que, si bien el empleador conocía plenamente de su situación
de salud, éste, sin mediar autorización alguna por parte de la oficina del trabajo,
dio por finalizada su vinculación laboral de forma unilateral, entorpeciendo,
de esta manera, el tratamiento de las patologías que padece al no contar con
recursos para llevarlo a cabo. Aunado a lo anterior, y aunque consta en los
certificados de la Cámara de Comercio de Medellín la cancelación de la matrícula
comercial del establecimiento, manifiesta que en ese lugar sigue funcionando el
restaurante, con igual nombre, razón social, adecuación y empleados.
3.
Traslado y
contestación de la acción de tutela
Inicialmente, el Juzgado Diecisiete
Civil Municipal en Oralidad de Medellín inadmitió[8] la
solicitud de tutela por presentar contradicciones en la parte accionada, esto con
fundamento en que la acción iba dirigida en contra de una persona natural, José
Humberto Pérez Carmona, y una persona jurídica, “Cafetería y Restaurante
Humbert”. Sin embargo, en el acápite de pretensiones, la accionante dirigió las
mismas contra dos personas naturales, Pérez Carmona y Milton Marín Martínez.
Corregida la acción de
amparo, el 02 de septiembre de 2019[9],
el despacho judicial admitió la solicitud, por lo que ordenó a la parte accionada que se pronunciara
sobre los hechos expuestos por la accionante.
Igualmente ordenó
vincular a la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo, quien para la fecha de la
expedición del auto de admisión, fungía como propietaria del establecimiento
comercial, al considerar que la decisiones allí adoptadas podrían tener efectos
a su persona.
3.1.
José
Humberto Pérez Carmona, empleador.
Mediante escrito del 03 de
septiembre de 2019[10],
se pronunció respecto de los hechos enunciados por la accionante en el escrito
de tutela. Indicó las condiciones de la vinculación laboral que tenía la señora
Londoño Correa, por lo que señaló que en principio su contrato era a término
fijo por tres (3) meses, el cual se prorrogó, para luego, concretamente el 2 de
febrero de 2016, variar el período de contratación a un (1) año, siendo el
final de la última prórroga el 1 de febrero de 2019.
Adujo que se desprendió
del restaurante en cuestión el 14 de febrero de 2019. Sin embargo, al conocer
las condiciones de salud de la accionante, continuó haciéndose cargo del pago
de su seguridad social hasta el 29 de mayo siguiente.
Indicó que debido a la
imposibilidad de mantener la relación laboral y, entendiendo que la última
incapacidad médica de la cual tenía conocimiento databa del 9 de mayo de 2019,
esperó 20 días con la finalidad de saber si le era otorgada una nueva
incapacidad. Como la accionante jamás allegó el mencionado certificado,
procedió a realizar la liquidación de los créditos laborales de la señora
Londoño Correa[11],
arrojando un monto total a cancelar de siete millones noventa mil setecientos
cuarenta y ocho (7’090.748) pesos. Depositó la totalidad del dinero a órdenes
del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín.
Finalmente, señaló que perfeccionó
la venta del establecimiento con la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo en el
mes de febrero de 2019 y procedió a cancelar la matrícula comercial el 14 de
marzo siguiente. Siendo ella quien remodeló y adquirió nuevo personal, indicando
que entre ellos nunca versó relación comercial alguna.
3.2.
Milton
Marín Martínez, arrendatario del local comercial e intermediario entre José
Humberto Pérez Carmona y Andy Julieth Monsalve Giraldo.
Mediante escrito del 04 de
septiembre de 2019[12],
explicó que dentro de la estudiada controversia es simplemente “un
arrendador (sic) e intermediario de buena fe”[13],
pues se reunió a nombre de la señora Monsalve Giraldo[14] con el
señor José Humberto Pérez Carmona. Dicho encuentro tuvo lugar el 03 de abril de
2019, y en este se fijó el monto correspondiente al canon de arrendamiento del
local. En dicho encuentro el señor Pérez Carmona informó no tener conflictos
jurídicos de ninguna índole con ningún empleado o exempleado.
Señala al señor Pérez
Carmona como el único que ha vulnerado derechos en materia laboral, no
obstante, establece que éste ha tenido el ánimo de resarcirlos.
En igual sentido solicitó
ser desvinculado del presente trámite de tutela, en el entendido que no tiene “ninguna
relación jurídico laboral con la accionante”[15].
3.3.
Andy
Julieth Monsalve Giraldo.
A pesar de que el despacho
de primera instancia la vinculó al presente proceso, la señora Monsalve Giraldo
guardó silencio.
4.
Decisiones
adoptadas por las autoridades judiciales
4.1 Primera instancia
Mediante proveído del 07
de septiembre de 2019, el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Oralidad de
Medellín decidió TUTELAR los derechos de la señora Londoño Correa de manera
transitoria, al considerar que en el caso concreto era procedente la acción de
tutela presentada, teniendo en cuenta la urgencia de amparar sus derechos[16],
adicionalmente, indicó que se configuró una sustitución patronal, al determinar
que cumple cabalmente con los tres requisitos jurisprudencialmente
desarrollados para la aplicación de ésta[17]. Por consiguiente, dio a la
accionante un término de cuatro (04) meses, contados a partir de la promulgación
del fallo, para interponer ante la autoridad judicial competente la respectiva
demanda.
Por lo estudiado, ordenó a
la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo, como propietaria del establecimiento
de comercio “Cafetería y Restaurante Humbert”, reintegrar a la accionante a su
anterior puesto o a uno mejor y a pagar los salarios causados desde el momento
en que fue retirada de su cargo hasta que fuera restituida.
4.2 Impugnación.
A través de escrito
fechado del 11 de septiembre de 2019[18],
la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo, quien a partir de abril de 2019 figura
en los certificados de Cámara y Comercio como la propietaria del
establecimiento de comercio “Cafetería y Restaurante Humbert”, precisó que el
restaurante del señor Pérez Carmona cerró a partir de febrero de ese año, por
lo que éste canceló su matrícula mercantil. Efectuado lo anterior, el 1 de
marzo siguiente procedió a celebrar contrato de arrendamiento de local
comercial con su dueño, es decir, José Humberto Pérez Carmona.
Indicó que si bien el
restaurante lleva igual nombre que el anterior, éste es totalmente nuevo, por
lo que no es existe en el caso en revisión la configuración de la sustitución
patronal. Lo anterior, se extrae puntualmente de su escrito, en el que manifiesta
“Así las cosas, cuando procedí a abrir mi restaurante, lo hice con personal
que yo contraté, máxime que cuando alquilé el local, en el mismo no estaba
funcionando ya el anterior restaurante, de donde, no era dable tener por
sentado que hubo una sustitución de empleadores (…)”[19].
4.3Segunda Instancia.
En sentencia del 09 de
octubre de 2019[20],
el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín, revocó el fallo de
primera instancia.
Respecto a la
materialización del elemento referente a la Continuidad de la empresa, como
requisito de configuración de la sustitución patronal, consideró que “si
bien la señora Monsalve Giraldo adujo que celebró una negociación con el señor
Pérez Carmona sobre el precitado establecimiento de comercio, también lo es que
ella fue conteste al indicar que el establecimiento de comercio que abrió al
público después de tal negociación obedeció a un establecimiento totalmente
diferente al que anteriormente tenía el aludido señor”[21],
para seguidamente aseverar que, “pese a poseer el mismo nombre, fue
registrado bajo un número de matrícula totalmente distinta y contó con
elementos y demás indumentaria diversa a la empleada por el precitado señor en
su anterior negocio”[22].
5
Actuaciones
en sede revisión
En auto del 09 de diciembre de 2019, la
Sala de Selección de Tutelas Número Doce, integrada por los Magistrados Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos, seleccionó el expediente de la
referencia y lo asignó, previo reparto, al Magistrado Alberto Rojas Ríos, para proyectar
la decisión de su revisión, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9°
del artículo 241 de la Constitución Política y en los artículos 33 a 36 del
Decreto 2591 de 1991, indicando como criterio de selección objetivo: Exigencia
de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental[23].
6
Material
probatorio relevante que obra en el expediente
6.1
Poder para
presentar acción de tutela, otorgado el 15 de agosto de 2019 por la accionante
al señor Olver David Pulgarín Rojas. Cuaderno principal, folios 11 y 12.
6.2
Dictamen
No.43433855-9985 del 26 de junio de 2018, expedido por la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez. Cuaderno Principal, folios 14 al 20.
6.3
Notificación de
terminación de vínculo laboral del 29 de mayo de 2019. Cuaderno principal,
folios 21 y 22.
6.4
Historia Médica de
la señora Martha Lilian Londoño Correa e historial de incapacidades. Cuaderno
Principal, folios 23 al 26.
6.5
Certificado de
cancelación de matrícula, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia el 18 de marzo de 2019. Cuaderno Principal, folios 29 y 30.
6.6
Certificado de
registro mercantil, expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia. Cuaderno Principal, folio 38.
6.7
Historia Laboral de
la señora Martha Lilian Londoño Correa, generado el 14 de junio de 2019.
Cuaderno Principal, folios 33 al 37.
6.8
Contrato de
arrendamiento para local comercial, suscrito el 03 de abril de 2019 ante la
Notaria Octava del Círculo de Medellín. Cuaderno Principal, folios 68 al 77.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Es competente esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro
de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en concordancia
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del caso, problema jurídico y estructura de la decisión.
La ciudadana Martha Lilian
Londoño Correa,
formuló acción de tutela contra el señor José Humberto Pérez Carmona y al establecimiento
de comercio “Cafetería y Restaurante Humbert”. Toda vez que consideró vulnerados
sus derechos fundamentales a estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud
y seguridad social; al ser desvinculada laboralmente de manera injusta y sin
seguir el debido proceso, a pesar de encontrarse incapacitada y cuenta con una
especial protección al tratarse de una persona en condición de discapacidad.
Con base a los
antecedentes del caso, corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional resolver el siguiente problema jurídico:
¿Los accionados, José
Humberto Pérez Carmona y el establecimiento de comercio “Cafetería y
Restaurante Humbert”, representado legalmente por la señora Andy Julieth
Monsalve Giraldo, vulneraron los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada,
mínimo vital, salud y seguridad social de la ciudadana Martha Lilian Londoño
Correa, al terminar su relación laboral mientras estaba
incapacitada y sin intermediación de la Oficina del Trabajo, desconociendo la
configuración de la sustitución patronal?
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se
estudiarán los siguientes temas: (i) Procedencia excepcional de la acción de tutela en
materia de reintegro laboral de personas amparadas por estabilidad laboral
reforzada en virtud a su condición de discapacidad; (ii) Despido de personas
sobre las que versa incapacidad médica; (iii) Desvinculación de empleados
con problemas de salud o en condición de discapacidad; (iv) Requisitos
jurisprudenciales y legislativos para la configuración de la sustitución
patronal; (v)
para finalmente entrar a la solución del caso concreto.
2.1.
Procedencia excepcional de la acción
de tutela en materia de reintegro laboral de personas amparadas por estabilidad
laboral reforzada en virtud a su condición de discapacidad. Reiteración de
jurisprudencia[24].
2.1.1. Inicialmente,
se hace menester establecer la viabilidad de la acción de tutela en esta
materia, pues es claro que dentro del ordenamiento
jurídico colombiano existen herramientas
judiciales específicas
destinadas a la protección de los derechos de los trabajadores. No obstante, en algunos casos es posible acudir a dicho mecanismo de amparo cuando se reúnen ciertas
especificidades, toda vez que deben tenerse en cuenta las condiciones
especiales del accionante y las posibles implicaciones derivadas de la presunta afectación de sus derechos fundamentales,
por tal motivo, se hace viable un trato excepcional en pro de salvaguardar, de manera expedita, los intereses de las personas que
gozan de una calidad especial, como lo es la estabilidad laboral reforzada.
El artículo 25 de la Constitución Política instauró el derecho al trabajo, y del mismo, se adujo que éste gozaría “de la especial protección del
Estado”[25]. Por tal razón, estableció
que los trabajadores, tienen derecho a la “estabilidad del empleo”[26]. De estos lineamientos, es dado concluir que el Estado tendrá
la obligación de impulsar medidas que restrinjan las potestades del empleador respecto de sus subordinados cuando estos
últimos reúnan ciertas condiciones como, por ejemplo, la mujer en estado de gestación o la persona con afectación en su salud.
Por su parte,
el
artículo 13 superior señala al Estado como el
llamado a
promover las condiciones para hacer efectivo dicho precepto. Para ello, deberá
adoptar medidas tendientes a proteger a aquellas personas que
están potencialmente amenazados, toda vez que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta[27].
Por lo tanto, esta Corporación ha desarrollado lo anteriormente expuesto, siempre en la búsqueda de
salvaguardar los derechos con los que cuenta
este grupo poblacional.
Como ejemplo de dicho planteamiento, la Corte, en
sentencias recientes referentes al estudio del artículo 5 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991[28], indicó que “la tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas que amenacen o vulneren derechos fundamentales.
Excepcionalmente es posible ejercerla frente a particulares si: (i) están encargados de la prestación de un servicio
público; (ii) su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo; o,
(iii) el accionante se encuentra en una situación de indefensión o de
subordinación”[29].
Respecto de la
tercera excepción, explicó esta Corporación que la situación de
subordinación se fundamenta en un nexo jurídico
existente entre personas en las que existe una dependencia[30], en específico a la facultad de dar órdenes del empleador
y la obligación que tiene el empleado de llevarlas
a cabo, así como la relación económica que se genera
entre ambos.
Para refuerzo de lo indicado,
la jurisprudencia constitucional ha precisado que, aunque existan
herramientas judiciales para resolver las
controversias surgidas de una relación de trabajo, la acción de tutela puede
ser procedente excepcionalmente en
casos en que se solicite el reintegro si sobre el afectado reposa condición de
estabilidad laboral reforzada, en tanto se explicó que:
“(…) de manera excepcional, la jurisprudencia de este
Tribunal ha contemplado la viabilidad del amparo constitucional para obtener el
reintegro de un trabajador, en aquellos casos en que se encuentra inmerso en
una situación de debilidad manifiesta, con la
capacidad necesaria de impactar en la realización de sus derechos al mínimo
vital o a la vida digna. En este escenario, la situación particular que rodea
al peticionario impide que la controversia sea resuelta por las vías ordinaras,
requiriendo de la procedencia de la acción de tutela,
ya sea para brindar un amparo integral o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en su contra.
En efecto, ciertos factores pueden llegar a ser
particularmente representativos en la determinación de un estado de debilidad
manifiesta, tales como: (i)
la edad del sujeto, (ii) su desocupación laboral, (iii) la circunstancia de no
percibir ingreso alguno que permita su subsistencia,
la de su familia e impida las cotizaciones al régimen de seguridad social y
(iv) la condición médica sufrida por el actor”[31] (Negrilla por fuera del
texto).
De allí quedan claros tres
lineamientos sobre la materia de estudio. Estos
son: (i) la acción de tutela cumple con una
función subsidiaria, es decir, que la misma solo debe ser interpuesta cuando no existan medios idóneos y eficaces para reclamar los derechos
vulnerados; (ii) no obstante, si versa sobre el
reintegro de personas sobre las que funja estabilidad laboral reforzada, el
amparo de los derechos allí reclamados podrán llevarse por este mecanismo de amparo y; (iii) dicha excepción tendrá cabida siempre y cuando el accionante
se encuentre en situación de debilidad manifiesta,
para lo cual tendrán que estudiarse aspectos personales de éste, como lo son:
la edad, su desocupación laboral, la
capacidad económica y la condición médica que acredita su discapacidad.
Adicionalmente, deberá
indicarse la posibilidad de configuración de un perjuicio
irremediable[32] en los términos establecidos por esta Corporación, ya que como se ha explicado en anteriores pronunciamientos, la acción de tutela en la
materia de estudio será viable cuando no exista un medio idóneo y eficaz, o cuando sea necesario el amparo
como mecanismo transitorio para evitar su
materialización. Para determinar su existencia deben
tenerse en cuenta los siguientes criterios: (i) una amenaza actual e inminente,
(ii) que se trate de un perjuicio grave, (iii) que sea necesaria la adopción de
medidas urgentes y (iv) que las mismas sean impostergables.
2.1.2. En
relación con estabilidad laboral reforzada, la Corte ha estructurado una línea
jurisprudencial clara que ha permitido estudiar más a fondo dicha figura. En la presente, se
tomarán
como referencia los aportes plasmados en la
sentencia C-200 de 2019, dado que la misma contiene aclaraciones
importantes que vale la pena resaltar.
Se estableció que el derecho a la estabilidad en el empleo no solo era aplicable en virtud de un contrato de trabajo
a término indefinido, sino que el mismo se extiende a todas las modalidades de contratación. En efecto, en la providencia se hace alusión a otros
fallos en los que se trata el tema logrando especificar
que dicha figura
abarca a todos los trabajadores que están inmersos en una situación de debilidad manifiesta derivada del deterioro de su condición de
salud.
De lo anterior, se estructuró la existencia de
elementos que configuran dicha figura: “(i) el derecho a conservar el empleo; (ii) a no ser
despedido en razón de la situación de vulnerabilidad; (iii) a permanecer en el
empleo hasta que se requiera y siempre que no se configure una causal objetiva
que conlleve la desvinculación del mismo y; (iv) a que la autoridad laboral
competente autorice el despido, con la previa verificación de la estructuración
de la causal objetiva, no relacionada con la situación de vulnerabilidad del
trabajador que se aduce para dar por terminado el contrato laboral, so pena
que, de no establecerse, el despido sea declarado ineficaz”[33].
La sentencia T-417 de 2010 explicó que quien está en
situación de debilidad manifiesta por cuestiones de salud es el individuo que: “i)
pueda catalogarse como persona con discapacidad, ii) con disminución física,
síquica o sensorial en un grado relevante, y (iii) en general todas aquellos
que (a) tengan una afectación grave en su salud; (b) esa circunstancia les
‘impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares’, y (c) se tema que, en esas condiciones particulares,
pueden ser discriminados por ese solo hecho, está en circunstancias de
debilidad manifiesta y, por tanto, tiene derecho a la estabilidad laboral
reforzada”[34].
En el párrafo anterior queda claro que los
trabajadores cuentan con la mencionada protección a sus derechos cuando reúnen
los requisitos señalados y, de esta manera, se verifica que los mismos no
tienen la capacidad de realizar cabalmente las funciones para las que fueron
contratados inicialmente, por lo cual deben ser amparados por la estabilidad
laboral reforzada.
Por lo explicado, la figura en estudio cuenta con un amplio
desarrollo jurisprudencial en esta Corporación, ya que ha sido detalladamente
estudiada y reconocida, asimismo, de ese análisis se desprenden requisitos para
su configuración y sanciones para el empleador que no cumpla con la debida
forma de desvinculación de un empleado que ostente dicha calidad.
2.2.
Despido
de personas sobre las que versa incapacidad médica. Reiteración de
jurisprudencia.
Es posible que el
despido de la persona con estabilidad laboral reforzada por su estado de salud
surta efecto durante el desarrollo del tiempo de incapacidad ordenado por su
médico tratante, evento que debe ser estudiado detenidamente.
Dicho planteamiento
cobra relevancia dado que la protección en la estabilidad del trabajo no solo
se limita a proteger al empleado que, por su condición de discapacidad, deba
eventualmente ausentarse de su cargo, sino que de igual forma velará por los
derechos laborales de quien está dentro de un término de incapacidad estipulado
por el profesional de la medicina que adelanta el tratamiento para su afección.
Inicialmente, debe
indicarse que para que un empleado tenga estabilidad laboral reforzada debe
acreditar los siguientes requisitos: (i) que se establezca que el trabajador
se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte
sustancialmente el desempeño de sus labores en circunstancias regulares, pues
no cualquier afectación de la salud resulta suficiente para sostener que hay
lugar a considerar al trabajador como un sujeto de especial protección
constitucional; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por
el empleador en un momento previo al despido, y, finalmente, (iii) que no
exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea
claro que el mismo tiene origen en una discriminación[35].
Establecidos los
anteriores presupuestos, será obligación del empleador solicitar la
autorización para despedir a su subordinado cuando está protegido por
estabilidad laboral, aunado a esto, es incuestionable que dicha obligación se
hace más necesaria cuando este último se encuentra en curso de una incapacidad
ordenada por su médico tratante.
En la sentencia
T-434 de 2008, la Corte tomó como guía la Ley 361 de 1997 y de ésta explicó:
“Como se ha visto, la Ley 361 de 1997, en
el artículo 26 condiciona el uso de la facultad legal de terminar
unilateralmente un contrato de trabajo a un empleado en condición de debilidad
manifiesta, a la obtención de un permiso por parte del Ministerio de la
Protección Social. Esta protección genera para el empleador una carga que puede
entenderse bajo dos perspectivas. Por una parte, para efectuar el despido
debe estar comprobado que el empleado ha recuperado por completo su condición
de salud; o, bien, el empleador debe solicitar la autorización al
Ministerio de la Protección Social.
La primera opción requiere, por supuesto,
de un concepto médico definitivo, porque el empleador no puede arrogarse el
conocimiento científico y concluir, con base en sus apreciaciones personales,
cuándo un empleado ha recuperado por completo su condición física. Lo segundo, por expreso mandato legal[36]”
(Negrilla fuera del texto).
De allí que el
empleador no pueda despedir libremente a su trabajador en razón a la infundada percepción
personal de que éste ya se ha recuperado de la afección que sufría, ya que es
su deber considerar todos los factores causantes de la protección en su
estabilidad laboral. Es evidente que uno de ellos son las incapacidades médicas
otorgadas en consideración a las patologías dictaminadas, razón por la cual, en
desarrollo de ese tiempo, resulta prohibitivo desvincular laboralmente al
afectado.
Lo anterior
encuentra sustento en la sentencia C-079 de 1996 la cual señala que: “(…) el
empleador está en la obligación de reinstalar al trabajador en el cargo que
desempeñaba si recupera su capacidad de trabajo, de manera que la existencia
de una incapacidad parcial no constituye obstáculo para la reinstalación
mencionada, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede
continuar desempeñando el trabajo. De la misma manera, corresponde al
empleador proporcionar al trabajador incapacitado parcialmente un trabajo
compatible con sus aptitudes (artículo 16 del Decreto 2351 de 1965)[37]”.
Posteriormente, y
estudiando una controversia similar, la sentencia T-332A de 2014 precisó que: “El concepto general de reubicación,
entendido como el derecho de retornar al trabajo en la misma empresa, con
similares condiciones y con la continuidad del derecho a la seguridad social,
está directamente relacionado con la limitación que tiene el empleador de dar
por terminada la relación laboral amparándose en un periodo de incapacidad del
trabajador”[38].
Por lo explicado,
el subordinado que se encuentra dentro de un tiempo de incapacidad médica goza
igualmente de una protección en su relación laboral, pues como ha explicado la
jurisprudencia de esta Corporación, una vez finalice dicho término deberá
reincorporarse a sus labores, donde tendrán que reinstalarlo, de ser posible, o
reubicarlo según las condiciones especiales que dicte su patología. Por
consiguiente, si el deseo del empleador es prescindir de sus servicios, tendrá
que cumplir el requisito establecido para ello, en este caso, la autorización de la oficina del trabajo.
2.3.
Desvinculación
de empleados con problemas de salud o en condición de discapacidad. Reiteración
de jurisprudencia.
La Ley 361 de 1997[39]
dispuso los mecanismos tendientes a fortalecer las relaciones laborales de las
personas que cuentan con discapacidades de toda índole, y que afectan su
desempeño en éstas. En igual sentido, estableció sanciones para los empleadores
que no sigan el conducto regular para la terminación unilateral de los
contratos laborales de estos sujetos de especial protección.
El artículo 26
estipuló que ningún empleado puede ser privado de acceder o de mantenerse en un
cargo por contar con una condición de discapacidad y, de igual forma, estipuló
las sanciones a las que se enfrentan quienes no cumplan con dicho mandato.
Esta Corporación ha
estudiado detenidamente la materia en comento, ya que la providencia C-200 de
2019, recopiló apuntes dados en sede de revisión en referencia con la
desvinculación de este tipo de empleados.
La sentencia C-531 del 2000 indicó en lo referente al análisis del artículo 26 de la Ley 361 de 1997[40]
que:
“(…) (i) Ninguna persona podía ser retirada
de su cargo con base, únicamente, en alguna “limitación”; (ii) para terminar el
contrato con una persona con “limitaciones” debía mediar autorización de la
Oficina de Trabajo; (iii) si la persona era despedida sin dicha autorización,
el empleador debía indemnizarla de conformidad con la ley y, (iv)
adicionalmente, el trabajador debía ser resarcido con una suma equivalente a
180 días de salario.”[41].
De ese apartado se establecieron
dos puntos guía sobre el artículo[42]. (i) El inciso primero contiene una protección especial al
trabajador, toda vez determina que su condición de discapacidad no es justa
causal del despido y; por su parte, (ii) el inciso segundo estipula una indemnización a favor de quien sea removido de
su cargo arbitrariamente en virtud a su situación de discapacidad, dado que el
pago de la compensación es accesorio a la obligación del empleador a
reincorporar a sus labores al afectado[43].
Posteriormente, la Corte complementó dichas reglas
señalando que cuando se comprueba que en desarrollo de una terminación del
vínculo laboral en la que el trabajador goza de estabilidad laboral reforzada,
no medió autorización expresa de la oficina de trabajo, el juez debe reconocer:
“(i) la ineficacia de la terminación o del despido
laboral, (ii) el pago de todos los
salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir en el periodo en el cual
estuvo injustamente separado del cargo, (iii) el reintegro en un cargo igual o mejor al que se encontraba
desempeñando y en el que no sufra el riesgo de empeorar su condición de
salud, (iv) el derecho a recibir capacitación
para cumplir con las tareas que su nuevo cargo le impone, si hay lugar a ello; (v) y, para el caso específico de los trabajadores que
están calificados como discapacitados, el derecho a recibir “una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”[44].
En igual sentido, la sentencia T-494 de 2018 recogió ambos
planteamientos anteriormente referenciados y estableció:
“(…) si se pretende desvincular a una
persona en las condiciones descritas, es necesario contar con la autorización
de la Oficina del Trabajo pues, de no ser así, dicho acto jurídico es ineficaz.
Con ello, se prohíbe el despido discriminatorio de sujetos en situación de
debilidad, por ejemplo en razón a su discapacidad,
creándose así una restricción constitucionalmente legítima a la libertad
contractual del empleador, quien sólo está facultado para terminar el vínculo
después de solicitar una autorización ante el funcionario competente que certifique la concurrencia de una causa justificable para
proceder de esta manera.”[45]
Se
entiende que no es dable que el empleador tenga la plena potestad de terminar
la relación laboral cuando el otro extremo es alguien con estabilidad laboral
reforzada, ya que precisamente la Ley 361 de 1997 fue impulsada con el fin de
poner límites a las acciones de éste en pro de los derechos y la inclusión de
las personas que sufren alguna discapacidad.
2.4.
Requisitos
jurisprudenciales y legislativos para la configuración de la sustitución
patronal. Reiteración de jurisprudencia.
El Código
Sustantivo del Trabajo estableció las medidas de protección de los trabajadores
en los casos en que se presente un cambio en los empleadores. Éstos están
contenidos en los artículos 67 al 70 de dicho estatuto normativo, en los cuales
se estipula su existencia, su configuración y las obligaciones que ostentan los
dos empleadores.
El artículo 67
indica que la sustitución patronal se entenderá como el cambio de un empleador
a otro en el marco de un contrato de trabajo, sin importar la causa o razón,
siempre y cuando se mantenga la identidad del establecimiento, que el mismo no
presente cambios sustanciales en sus negocios o actividades[46].
De allí se
desprende una de las protecciones referentes a las relaciones laborales previas
que se hayan suscrito antes que haya tenido lugar el cambio en la dirección del
establecimiento, en tanto se indica que la simple variación de los empleadores
no termina ni altera las relaciones previamente adquiridas por el sustituido
respecto a sus subordinados[47].
Para evitar un
cambio brusco o intempestivo en las obligaciones ya adquiridas, la disposición
normativa estableció que ambos, sustituido y sustituto, compartirían cargas y
compromisos respecto de los subordinados vinculados al establecimiento.
En concreto, y
respecto a lo previamente explicado, el artículo 69[48]
señala que ambos empleadores compartirán las cargas durante y posterior a la
sustitución. Con esto se busca precisamente establecer una protección a los
trabajadores que tienen un vínculo laboral vigente, no dejándolos desprotegidos
en el cambio de una dirección. Lo anterior en virtud a que las relaciones se
mantienen incólumes y las obligaciones derivadas de las mismas serán
compartidas por ambos empleadores, sustituido y sustituto.
En adición a lo establecido,
la Corte Constitucional, respecto a las obligaciones compartidas de ambos
empleadores, ha dictado que: “De otro lado, el artículo 69 consagra los
deberes de los empleadores respecto de los trabajadores, verbi gratia: (i)
ambos responden solidariamente por las obligaciones que al momento de la
sustitución sean exigibles al anterior empresario; (ii) el nuevo responde de
las que surjan con posterioridad; (iii) si el derecho a la pensión de
jubilación nació antes de la subrogación, las mensualidades exigibles con
posterioridad deben ser cubiertas por el nuevo empleador, pero puede repetir
contra el antiguo; y (iv) el anterior empleador puede acordar con los
trabajadores el pago definitivo de sus cesantías hasta el momento del cambio,
como si se tratara de retiro voluntario, sin que se entienda terminado el
contrato de trabajo, pero si no se hace dicho acuerdo, debe entregar al nuevo
el valor de las cesantías y, a partir de ahí quedan por cuenta del nuevo, aun
cuando el antiguo no cumpla con la obligación”[49].
La solidaridad
entre los empleadores se materializa especialmente en el primer apartado, considerando
que tanto el sustituido como el sustituto tendrán a su cargo la cancelación de
las obligaciones debidas al empleado al momento de configurarse la sustitución
patronal. Superado dicho obstáculo, las nuevas obligaciones surgidas en lo
referente a dicho trabajador correrán exclusivamente por parte del empleador
sustituto.
Esta Corporación, a
través de la sentencia T-1238 de 2008, señaló cuándo se configura la
sustitución patronal y dejó sentado que para la misma deberán reunirse y
acreditarse 3 requisitos, éstos son: “(i) un cambio de empleador; (ii) la
continuidad de la empresa o afinidad en sus operaciones; y (iii) la continuidad
del trabajador”[50].
De igual forma, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia señala, en su
providencia SL749-2020 del 04
de marzo de 2020, que:
“(…) para que opere la sustitución patronal, se exige la
comprobación de: i) el cambio de un patrono por otro; ii) La continuidad de la
empresa o identidad del establecimiento y iii) la continuidad de servicios del
trabajador, mediante el mismo contrato de trabajo.
Sin embargo,
como quiera que la sustitución patronal tiene como objetivo, la unidad
contractual como medida de protección de los derechos laborales de los
trabajadores por el cambio de empleador, la sola suscripción de un nuevo
convenio entre el subordinado y el sustituto no puede implicar el nacimiento de
un nuevo vínculo contractual, a menos que se varíen las condiciones para su
desarrollo”.
De ese
planteamiento se entiende que con el concepto de sustitución patronal se busca
proteger a los trabajadores, para que, en caso de un cambio en su dirección, dicha
modificación no acarree cambios en el contrato de trabajo o la terminación del
mismo de manera imprevista, situación que vulnera los derechos de los
empleados. Por consiguiente, esta figura deberá aplicarse cuando reúnan los
tres requisitos desarrollados jurisprudencialmente.
2.5.
Caso en concreto
2.5.1.      Examen
sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad formal en el asunto sub
examine
2.5.1.1.
Legitimación por activa. El artículo
86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es la
herramienta judicial de defensa al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En
esta oportunidad, la ciudadana Martha Lilian Londoño Correa, otorgó poder al
señor Olver David Pulgarín Rojas para presentar acción de tutela en la que
se busca el amparo de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, mínimo
vital, salud y seguridad social; en virtud de la presunta
vulneración de los mismos por parte  del señor José Humberto Pérez Carmona, quien
siendo su empleador y conociendo su condición de salud y los pormenores que
derivan de la misma, aparentemente la retiró de su cargo sin contar con la
autorización de la Oficina del Trabajo. Por tal razón, se encuentra legitimada
para intervenir en esta causa.
2.5.1.2.
Legitimación por pasiva. Los artículos 13 y 42 del
Decreto 2591 de 1991 consagran las personas contra las cuales se puede
dirigir la acción de tutela. Así, ésta se puede invocar contra una autoridad
pública o un particular, que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango
constitucional fundamental.
La legitimación por pasiva hace
referencia a la aptitud legal de la persona, plenamente determinada, contra
quien se dirige el mecanismo de tutela, puesto que para que el amparo sea
procedente ésta debe ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental.
Inicialmente es
importante resolver la situación en lo referente al señor Milton Marín
Martínez, quien fue referenciado por la accionante como el nuevo administrador
de la ‘Cafetería y Restaurante Humbert’. Sin embargo, estudiados los pormenores
del caso, se pudo comprobar que éste solo figura como arrendatario del local
comercial, por lo tanto, no existió una real relación de subordinación entre la
actora y él.
No obstante lo
anterior, debe indicarse que se tendrá en cuenta lo manifestado por Marín
Martínez en su contestación al escrito de tutela, ya que ahí brinda información
relevante respecto de la relación laboral entre la accionante, Martha Lilian
Londoño Correa, el señor Pérez Carmona y la señora Monsalve Giraldo.
A continuación, en lo que respecta a estos
dos últimos, como se dijo en el acápite de consideraciones, el estudio de la
legitimación por pasiva se supera en el entendido que José Humberto Pérez
Carmona reconoció ser el empleador de la señora Londoño Correa en la
contestación a la acción de tutela y Andy Julieth Monsalve Giraldo figura como
la nueva propietaria del establecimiento de comercio ‘Cafetería y Restaurante
Hubert’.
2.5.1.3.
En el presente asunto se cumple con el requisito de subsidiariedad
e inmediatez de la acción de tutela
2.5.1.3.1.
Subsidiariedad. Para el cumplimiento de este
requisito deberá establecerse la necesidad o viabilidad de la acción de tutela.
Toda vez que como se ha dicho previamente, ésta será oportuna cuando no exista
otro medio idóneo y eficaz, o bien cuando sea necesario el amparo
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En reiterada jurisprudencia
esta Corporación ha sostenido que pese a existir otros medios de defensa
judicial para proteger a las personas que buscan el reintegro laboral, la
tutela es un mecanismo idóneo y eficaz, el cual procede de manera excepcional
cuando se acredita que el accionante reúne ciertas cualidades: “(i)
la edad del sujeto, (ii) su desocupación laboral, (iii) la circunstancia de no
percibir ingreso alguno que permita su subsistencia,
la de su familia e impida las cotizaciones al régimen de seguridad social y
(iv) la condición médica sufrida por el actor”[51].
En el presente caso la señora
Londoño Correa tiene actualmente 55 años de edad; no cuenta con un trabajo
estable ni permanente desde que fue desvinculada por su empleador; no percibe
ingresos que permitan su subsistencia ni el tratamiento que requiere ya que
sufre de esclerosis acetabular,
dolor pélvico crónico, incontinencia urinaria y de pérdida de audición.
Condiciones que no le permiten desarrollar su vida en condiciones dignas.
Por esto se hace necesaria la intervención del juez constitucional,
toda vez que se está ante la posible transgresión de los derechos fundamentales
de un sujeto de especial protección.
2.5.1.3.2.
Inmediatez. El cumplimiento de este
requisito procura que el amparo sea interpuesto oportunamente. Su satisfacción
pretende asegurar que se cumpla el objetivo de salvaguarda actual, inmediata y
efectiva de garantías fundamentales. El juez debe verificar que la
interposición de la tutela no se haga en forma tardía, o en tal caso,
determinar si existe un motivo válido o una justa causa para el no ejercicio
oportuno de la acción constitucional.
Se
tiene que la accionante fue desvinculada de su puesto de trabajo el 31 de mayo
de 2019 y que presentó la acción de tutela el 28 de agosto siguiente. El
escrito fue inicialmente inadmitido mediante auto del 29 de agosto de 2019.
Sin embargo,
luego de las correcciones ordenadas, fue tramitada mediante la decisión del 02
de septiembre siguiente. Contando a partir de esta última fecha, entre el hecho
generador y la presentación de la solicitud de amparo transcurrieron
aproximadamente 4 meses; entendiéndose éste como un término razonable y
oportuno para acudir a este mecanismo teniendo en consideración la inadmisión
inicial.
2.5.2. Examen
de procedibilidad material: Los señores José Humberto Pérez Carmona y Andy
Julieth Monsalve Giraldo vulneraron los derechos a la estabilidad laboral reforzada, mínimo
vital, salud y seguridad social de la ciudadana Martha Lilian Londoño Correa.
Una vez superado el análisis de
procedencia, a continuación, la Sala entrará a estudiar de fondo la solicitud
de amparo y se ocupará de resolver el problema jurídico formulado.
2.4.3. Corresponde
a la Sala Novena de Revisión determinar si debe proteger los derechos a la
estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social de la
ciudadana Martha Lilian Londoño Correa, toda vez que el señor Pérez Carmona
despidió a la accionante mientras ésta se encontraba en período de incapacidad,
aun conociendo su condición de salud y los tratamientos médicos que de ésta se
derivan y no teniendo la certeza de su recuperación total, adicionalmente, para
tal fin no medió autorización de la oficina del trabajo. De igual forma, no
informó de esta situación a la señora Monsalve Giraldo.
Analizado el caso, se pudo establecer que el señor Pérez Carmona no
siguió el conducto regular esperado ante la ausencia de la accionante a su
puesto de trabajo, ya que antes de dar por terminada la relación laboral, debía
abrir un proceso disciplinario en contra de la señora Martha Lilian, para de
esta forma darle la oportunidad de explicar las razones por las cuales no se
presentó a trabajar. Sin embargo, al no agotar dicho procedimiento, no podía el
empleador prescindir de los servicios de la actora.
Ahora bien, el
derecho a la estabilidad laboral reforzada se desprende de la debilidad
manifiesta que presenta el trabajador como, por ejemplo, una afectación de su
salud, frente a su patrono. Como se explicó en la parte considerativa de la
presente providencia, un empleado está en esta situación cuando presenta una
merma en su salud física, psíquica o sensorial, la cual representa una
dificultad sustancial para desempeñarse en sus labores[52], por
tanto, la figura aplica como una protección a sus derechos, pues impide que
éste sea arbitrariamente removido de su cargo; dejando así sin efectos
cualquier acto discriminatorio que se fundamente en su condición.
En el caso que
atañe, se pudo acreditar en el expediente que la señora Martha Lilian Londoño
Correo, en el año 2015, fue diagnosticada con esclerosis acetabular, dolor
pélvico crónico, incontinencia urinaria y pérdida de audición[53]. A raíz de
la mencionada condición, la señora Londoño Correa debía asistir continuamente
ante su médico tratante y, como consecuencia de su patología, le eran otorgadas
incapacidades médicas constantes[54].
A partir de su dictamen,
la señora Martha Lilian fue calificada por Junta Nacional de Calificación de
Invalidez con una pérdida de capacidad laboral de 35.34%.[55]
Estas
condiciones de salud, aunadas a su edad (55 años) y a la falta de otros
ingresos para cubrir su tratamiento médico, dan cuenta que en definitiva la
señora Londoño Correa está dentro de una situación de debilidad manifiesta.
Aunado a lo
anterior, la accionante reúne los tres requisitos desarrollados por la
jurisprudencia para determinar el otorgamiento de una protección laboral en su
empleo, estos son: (i) presentar una condición de salud que le impida o
dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en circunstancias
regulares, pues no cualquier afectación resulta suficiente para considerar al
trabajador como un sujeto de especial protección constitucional; (ii) que la
condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento
previo al despido, y, finalmente, (iii) que no exista una justificación
suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que el mismo tiene
origen en una discriminación[56].
Estudiado el
caso, y atendiendo a los anteriores presupuestos, se pudo verificar que la
señora Londoño Correa cumple con la totalidad de los mismos en el entendido que:
(i) por su patología no le es sencillo mantenerse de pie durante períodos
largos, situación totalmente inviable cuando se trata de alguien que debe pasar
sus turnos laborales frente a una parrilla realizando labores de cocina; (ii) el
señor Pérez Carmona conocía de la situación de salud de la actora, tanto así
que desde el inicio de su relación laboral le otorgó a ésta una gran cantidad
de permisos para que acudiera a citas  y consultas médicas dirigidos a tratar
su enfermedad, asimismo, en la respuesta a la acción de tutela reiteró nuevamente
su conocimiento tanto de la enfermedad que sufría, como de los cuidados que
requería; (iii) Finalmente, el señor Pérez Carmona justificó la terminación del
contrato de trabajo de la actora con la venta del establecimiento de comercio.
Sin embargo, como se ha estudiado hasta aquí, al estar ella cobijada por la
protección en su estabilidad laboral en virtud de su estado de salud, no podía
su empleador despedirla sin autorización de la oficina del trabajo.
En virtud a las
anteriores circunstancias, se encuentra entonces que efectivamente la señora
Londoño Correa es beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada.
Esta protección
se deriva del carácter especial que ha dado el Estado a personas en condición
de discapacidad, como en efecto lo es la accionante, fundamentado en la
obligación de éste en proteger sus derechos al trabajo y la estabilidad del
mismo. De ahí que mediante la Ley 361 de 1997, el Legislador haya dispuesto
ciertos mecanismos para llevar dicha protección a la realidad, limitando las
potestades del empleador respecto de sus subordinados. Toda vez que de la
disposición normativa enunciada se desprenden dos puntos específicos: (i) que
nadie, en virtud a su condición de discapacidad podría ser privado de acceder a
un empleo –a menos que se acredite que éste es totalmente incompatible con las
discapacidades del sujeto-, ni podrá ser removido de uno y; (ii) el empleador
no podrá desvincularse laboralmente un trabajador en condición de discapacidad,
por lo que debe primero solicitar la autorización a la oficina del trabajo para
terminar el vínculo laboral con una persona que sufra dichas condiciones, so
pena de multa de 180 días de salario, como indemnización, y a verse obligado a
reintegrar a quien despidió, con el pago de todas las prestaciones dejadas de
percibir en el tiempo que el empleado estuvo fuera de la relación laboral.
De este estudio se establece
que ningún trabajador podrá ser discriminado, sea para ingresar o mantenerse en
su empleo, por las condiciones de salud que soporte o por las enfermedades que
desarrolle, situación que no fue respetada en el caso concreto, en el entendido
que la señora Londoño Correa, en vigencia de su relación laboral como
parrillera en el establecimiento “Cafetería y Restaurante Humbert”, fue
removida de dicho cargo mientras sobre ella reposaba la protección especial a
la estabilidad en su empleo en virtud a su condición de salud y a que a la
fecha se encontraba incapacitada por orden de su médico tratante.
Por tal razón,
mientras la señora Martha Lilian gozara de dicho amparo, el señor Pérez Carmona
no podía dejar, exclusivamente a su arbitrio, el desprenderse de ella como
trabajadora, toda vez que no alegó causal objetiva alguna que demostrara la
incompatibilidad de la señora Londoño Correa con las labores a desempeñar, así
como tampoco verificó la evolución de su tratamiento ni solicitó un permiso
especial otorgado por la oficina del trabajo, so pena de incurrir en sanciones
establecidas en la Ley. De igual forma, adujo que esperó
durante 20 días para conocer de una nueva incapacidad, no obstante, el correcto
proceder hubiese sido, como se explicó con anterioridad, abrir un proceso
disciplinario en contra de la accionante para verificar si existía o no justa
causa para ausentarse de su puesto de trabajo.
El señor Pérez
Carmona, procedió a dar terminación a la relación laboral con la accionante,
argumentando la venta del establecimiento de comercio referenciado, esto a
través de la carta de notificación de terminación de la relación laboral[57], en la que
realizó la liquidación de sus prestaciones sociales, a las cuales le añadió el
pago de la indemnización de la que habla el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
es decir, a 180 días de salario, que para el caso concreto eran según sus
cálculos de cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y
seis (4’968.696)[58],
monto que fue consignado a las órdenes del Juzgado Veinte Laboral del Circuito
de Medellín.
No obstante,
como se ha venido explicando, aunque está permitido que el empleador consigne
la suma de la liquidación para que ésta sea reclamada, debía iniciar un proceso
disciplinario en el cual buscara establecer las razones por las cuales su
trabajador se ausentó y, asimismo, garantizar que procuró de forma diligente que
éste estuviera debidamente notificado.
En definitiva,
el señor Pérez Carmona no cumplió con las obligaciones que tenía con su
empleada derivadas de su condición de salud, ya que a pesar que conocía
cabalmente su enfermedad, no trato siquiera verificar la evolución de la misma,
pues procedió al despido aun intuyendo que la señora Londoño Correa podría
allegar una nueva incapacidad, en tanto vale la pena señalar que como su
empleador durante aproximadamente 4 años, conocía que como consecuencia de a la
patología sufrida, la accionante requería de permisos médicos frecuentes, pues
incluso estableció en su respuesta a la presente acción de tutela que esperó
durante 20 días un nuevo certificado médico.
Del estudio de
esta situación se constató que en su último año de servicios (mayo 2018-mayo
2019) la accionante tuvo que ausentarse de su cargo 24 veces en función a su
patología, sumando 305 días de incapacidad[59]. Por lo que no es dable que el señor
Pérez Carmona, sin sustento alguno, estableciera que la señora Londoño Correa
había superado su afección y, por ello, no haya suministrado nuevo certificado
de incapacidad, dando paso a su desvinculación.
En consideración
a esto, debe hacerse especial hincapié en la historia clínica[60], ya que
tan errado en dicha apreciación estaba el accionado, que se pudo evidenciar que
la señora Martha Lilian, al momento de ser desvinculada (31 de mayo de 2019),
efectivamente estaba dentro de un tiempo de incapacidad, toda vez que su médico
tratante le otorgó un período que comprendió 15 días (30 de mayo al 14 de junio
de 2019). Teniendo en cuenta esta información y comparándola con lo indicado
por el señor Pérez Carmona en su respuesta a la presente acción de tutela, es
evidente que éste no podía llegar a intuir que a su subordinada no la
incapacitarían de nuevo, pues era de su pleno conocimiento que por su condición
era bastante probable y el correcto proceder habría sido abrir un proceso
disciplinario para conocer si existía justificación por su ausencia.
Los jueces de
instancia en el proceso no se percataron de estas particularidades, pues en
ningún momento se mencionó en sus providencias que la accionante había sido
retirada de su puesto de trabajo mientras cumplía de un término de incapacidad,
lo cual se presenta como una grave vulneración a sus derechos fundamentales,
razón por la cual derivó en la negación del amparo en segunda instancia.
De toda esta
situación tendría que haber sido informada la señora Andy Julieth Monsalve
Giraldo, quien incluso antes del despido de la accionada compraría el
establecimiento de comercio, en tanto era obligación de José Humberto Pérez
Carmona anunciar la calidad que ostentaba la accionante al tratarse de una
empleada del establecimiento. Sin embargo, decidió omitir esa información. De
esta situación se tiene sustento en la respuesta a la acción de tutela
presentada por el señor Milton Marín Martínez, quien en su escrito señaló que “(…)
el señor José Humberto declaró no estar en conflictos jurídicos de carácter
laboral con ningún empleado o exempleado”[61].
Por lo expuesto,
resulta evidente que el señor José Humberto conocía del conducto regular que
debía agotar para dar por finalizada su relación laboral con la señora Londoño
Correa, en tanto citó específicamente el artículo que estipula que debe solicitar
la autorización de la oficina del trabajo. No obstante, su razonamiento fue
errado, ya que consideró que con el simple pago de la indemnización su relación
culminaría sin necesidad de acudir ante la autoridad competente, desconociendo
el carácter de doble sanción, reintegro e indemnización, que estipula dicha
normativa.
Dicha sanción
económica se hace necesaria en consideración a los efectos negativos que
produce la desvinculación laboral de un sujeto de especial protección. En
efecto, ésta tiene por objeto castigar al empleador que no siga el conducto
regular establecido para desprenderse de sus trabajadores que ostenten esa
calidad, toda vez que, como se desarrolló en las consideraciones de esta
providencia, se busca blindar las relaciones de las personas con discapacidad,
quienes son especialmente vulnerables cuando son removidos de sus empleos. Por
tanto, el pago de los 180 días de salario no se trata de una cláusula de
terminación, sino de un castigo que deberá soportar el empleador que injustificadamente
incumpla con los requisitos al despedir a una persona con estabilidad laboral
reforzada, adicional a el reintegro y lo que esto conlleva.
Respecto de la
desaparición de la vida jurídica del establecimiento de comercio que arguyen
los accionados, es preciso indicar que en esta situación se encuentra
acreditada la configuración de la sustitución patronal.
En efecto, en el
caso en estudio se estableció que para que dicha figura tuviera lugar debían
reunirse y acreditarse tres requisitos: “(i) un cambio de empleador; (ii) la continuidad de
la empresa o afinidad en sus operaciones; y (iii) la continuidad del trabajador”[62].
(i) Como se
indicó en el expediente, el señor José Humberto Pérez Carmona era propietario
de la ‘Cafetería y Restaurante Humbert’, en la cual se desempeñaba como
parrillera la aquí accionante. Según lo indicado por las partes accionadas,
éste pasó a manos de Andy Julieth Monsalve Giraldo, lo cual quedó estipulado en
el escrito de tutela[63],
en la contestación de los accionados[64],
en la impugnación a la sentencia de primera instancia presentada por la señora
Monsalve Giraldo[65]
y en los certificados donde versan los registros en Cámara y Comercio[66].
(ii) Pudo
verificarse a través del certificado de registro de Cámara y Comercio[67] del 03 de
abril de 2019, que el establecimiento sigue en pleno funcionamiento y, además,
éste sigue cumpliendo la misma actividad que se indicaba en el certificado del
14 de marzo de 2019, fecha en que se dio la cancelación de la matrícula
comercial; concretamente, el “expendio a la mesa de comidas preparadas”. En
igual sentido, éste queda ubicado en el mismo lugar y su nombre no fue
modificado, puesto que sigue siendo denominado como ´Cafetería y Restaurante
Humbert’. Los únicos cambios que se comprobaron en ellos fueron el propietario
y el número de matrícula.
(iii) En
referencia a este requisito debe precisarse que el cambio de empleador se dio
entre los días 14 de marzo y 03 de abril de 2019, siendo este último mes donde
se suscribió el contrato de arrendamiento del local comercial, el cual es de
propiedad del señor Pérez Carmona. Como se evidenció en el expediente, la carta
de notificación enviada por el señor José Humberto a la accionada fue enviada
el día 29 de mayo del mismo año, es decir, la venta del establecimiento tuvo
lugar durante la vigencia del contrato laboral suscrito entre éste y la señora
Martha Lilian Londoño Correa y mientras esta última se encontraba incapacitada
en razón a su conocida patología.
Por tales
consideraciones, y en virtud al cumplimiento a cabalidad de los tres requisitos
para su configuración, se tiene que en el caso en estudio efectivamente existió
una sustitución patronal, cumpliendo los parámetros que establece tanto la Ley
en materia laboral como la jurisprudencia de esta Corte.
Como se pudo
establecer mediante la valoración integral de las pruebas, en el presente caso se
vulneraron los derechos sobre los cuales solicita el amparo la accionante, ya
que fue retirada de su cargo sin el cumplimiento cabal de todos los requisitos
legales para ello y mientras cumplía un período de incapacidad ordenado por su
médico. Adicionalmente, se está entorpeciendo su reintegro a las labores con el
argumento que dicho establecimiento ya no se encuentra en funcionamiento,
situación alejada de la realidad, en tanto se pudo acreditar la existencia de
la sustitución patronal en el caso que atañe, toda vez que el simple cambio en
el número de matrícula, cuando se cumplen a cabalidad los 3 requisitos
jurisprudencialmente desarrollados, no exime ni al empleador sustituido ni al
sustituto de las obligaciones adquiridas previo al cambio en la dirección del
establecimiento. Lo anterior deja en evidencia que los accionados, con su
actuar, han menoscabado los
derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social de la
accionante.
Teniendo en cuenta esa situación, no se entiende cómo el juez de
segunda instancia determinó que se trataba de un negocio comercial totalmente
nuevo, ya que, en la parte considerativa de su sentencia, tomó como fundamento
el cambio del número de matrícula mercantil para determinar que no existió en
el presente caso sustitución de patronos. No obstante, no podía dicho ente
judicial poner por encima aspectos meramente formales sobre la realidad, pues
como se corroboró en el estudio de la presente controversia, la “Cafetería y
Restaurante Humbert” sigue funcionando en iguales condiciones, sencillamente
hubo un cambio en su dirección y en su número de registro.
Por lo
anterior, la Corte revocará el fallo de tutela proferido por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de
Medellín a través del cual decidió
revocar la providencia de primera instancia y, en consecuencia, denegó el
amparo deprecado.
En su
lugar, tutelará los derechos fundamentales a
la estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social de la ciudadana Martha Lilian Londoño. Del mismo modo, ordenará a la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo, propietaria
del establecimiento de comercio ‘Cafetería y Restaurante Humbert’ que en un término de cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia reintegre a la
señora Londoño Correa a sus labores, en un puesto igual o mejor al que
anteriormente venía desempeñando.
De
igual manera, se ordenará que dentro de los quince (15) días hábiles contados a
partir de la notificación de la decisión , entre el señor Pérez Carmona y la
señora Monsalve Giraldo se efectúe el pago tanto de los salarios y prestaciones
sociales que legalmente le correspondan y de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social desde cuando se produjo la terminación del contrato hasta que
se haga efectivo el reintegro como de la sanción establecida en el inciso
segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días de
salario. Esto en virtud a la solidaridad que existe entre los empleadores al
momento de la configuración de la sustitución patronal.
Lo
anterior, sin perjuicio de que la señora Monsalve Giraldo posterior al pago pueda
acudir a la jurisdicción ordinaria en busca del reintegro de éste.
3.
Síntesis de la
decisión
En el presente caso, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional resuelve la acción de tutela promovida por la ciudadana Martha
Lilian Londoño Correa contra los señores José Humberto Pérez Carmona, y Andy Julieth Monsalve
Giraldo.
La accionante invocó la vulneración de sus derechos fundamentales
a la estabilidad laboral
reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social, ya que aun
conociendo de su situación de salud y que sobre ella existía estabilidad
laboral reforzada, el señor José Humberto Pérez Carmona, quien fungía como su
empleador, terminó la relación laboral que los unía mientras ella se encontraba
dentro de un período de incapacidad médica y sin mediar expresa autorización de
la Oficina del Trabajo, siendo este último un requisito sine qua non para
desvincular a los trabajadores sobre los cuales verse una discapacidad derivada
de su estado de salud.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional debió
abordar el problema jurídico para resolver el asunto objeto de revisión,
respecto a si ¿Los
accionados, José Humberto Pérez Carmona y el establecimiento de comercio
“Cafetería y Restaurante Humbert”, representado legalmente por la señora Andy
Julieth Monsalve Giraldo, vulneraron los derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social de la ciudadana Martha Lilian Londoño
Correa, al terminar su relación laboral mientras estaba
incapacitada y sin intermediación de la Oficina del Trabajo, desconociendo la
configuración de la sustitución patronal?
Para responder el interrogante anterior, se pronunció sobre los
siguientes ejes temáticos: (i) Procedencia excepcional de la acción
de tutela en materia de reintegro laboral de personas amparadas por estabilidad
laboral reforzada en virtud a su condición de discapacidad; (ii) Despido de
personas sobre las que versa incapacidad médica; (iii) Desvinculación de empleados
con problemas de salud o en condición de discapacidad; (iv) Requisitos
jurisprudenciales y legislativos para la configuración de la sustitución
patronal;
(v) para finalmente entrar a la solución del caso concreto.
Al resolver el caso, la Sala Novena de Revisión revocó la decisión
proferida por el Juzgado
Diecinueve Civil del Circuito de Medellín la cual denegó
las pretensiones de la acción de tutela impulsada por la ciudadana Martha Lilian Londoño Correa.
En el análisis adelantado se evidenció que en el presente caso se
le estaban vulnerando los derechos a la estabilidad laboral reforzada, mínimo vital, salud y seguridad
social, ya que estos fueron conculcados por los accionados en dos
momentos. El primero de ellos cuando el señor José Humberto Pérez Carmona, aun conociendo
tanto que la señora Londoño Correa requería de incapacidades médicas constantes
y que él debía solicitar autorización a la oficina del trabajo para despedirla,
no lo hizo, al considerar erróneamente que el pago de la indemnización lo
eximía de dicho permiso, confluyendo con que la accionante al momento de la
desvinculación se encontraba incapacitada. Y, en segundo lugar, cuando se
desconoció la configuración de la sustitución patronal, a pesar de reunir los
tres requisitos establecidos por la jurisprudencia, por lo cual, la señora
Londoño Correa al momento de la terminación de su contrato, tenía como
empleadora a la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo.
Para tomar la decisión en la presente providencia se estudió la
viabilidad de la procedencia de la acción de tutela tendiente a la búsqueda del
reintegro laboral, situación posible vía excepcional tal y como lo explica la
sentencia T-151 de 2017, “(…)de manera excepcional, la jurisprudencia de
este Tribunal ha contemplado la viabilidad del amparo constitucional para
obtener el reintegro de un trabajador, en aquellos casos en que se encuentra
inmerso en una situación de debilidad manifiesta, con la capacidad necesaria de
impactar en la realización de sus derechos al mínimo vital o a la vida digna”.
De acuerdo con la sentencia T-417 de 2010, se constató que la
accionante se encuentra en estado de debilidad manifiesta ya que reúne las
circunstancias personales para ser catalogada como tal, las cuales son: “i)
pueda catalogarse como persona con discapacidad, ii) con disminución física,
síquica o sensorial en un grado relevante, y (iii) en general todas aquellos
que (a) tengan una afectación grave en su salud; (b) esa circunstancia les
‘impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares’, y (c) se tema que, en esas condiciones particulares,
pueden ser discriminados por ese solo hecho, está en circunstancias de
debilidad manifiesta y, por tanto, tiene derecho a la estabilidad laboral
reforzada”[68].
En consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior, se comprobó
que la situación de la accionante efectivamente encuadra dentro de los
presupuestos dictados por esta Corporación en lo referente a la estabilidad
laboral reforzada, toda vez que como indica la sentencia T-188 de 2017 debe
acreditarse que la persona: (i)
que se establezca que el trabajador se encuentra en una condición de salud que
le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en
circunstancias regulares, pues no cualquier afectación de la salud resulta
suficiente para sostener que hay lugar a considerar al trabajador como un
sujeto de especial protección constitucional; (ii) que la condición de
debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al
despido, y, finalmente, (iii) que no exista una justificación suficiente para
la desvinculación, de manera que sea claro que el mismo tiene origen en una
discriminación.
Adicionalmente, la actora, al momento de ser desvinculada se
encontraba cumpliendo un período de incapacidad ordenado por su médico tratante
como consecuencia de sus patologías sufridas, incumpliendo así el señor Pérez
Carmona con la obligación que tenía de verificar la evolución de su tratamiento
antes de poner fin a su contrato de trabajo, toda vez que en el momento en que
ella estuviera fuera de dicho término, debía reintegrarla a su cargo, o bien
evaluar la posibilidad de reubicarla.
En igual sentido se determinó que en el presente caso la señora
Londoño Correa efectivamente fue retirada de su cargo sin el lleno de los
requisitos legales estipulados en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, dado
que, si el deseo del empleador era prescindir definitivamente de sus servicios,
una vez su subordinada estuviera fuera del tiempo de incapacidad, debía
solicitar la autorización a la oficina del trabajo, quien debía dar el visto
bueno antes de proceder. No obstante, el señor Pérez Carmona no acudió a dicha
entidad, razón por la cual el despido se ve como injustificado, siendo claro
que deben aplicarse las sanciones pertinentes, es decir, la ineficacia de la
terminación del contrato de trabajo, el reintegro y el pago de las sanciones
que de esto se derivan[69].
Asimismo, es la señora Andy Julieth Monsalve Giraldo quien deberá
reintegrar a sus labores a la accionante, considerando que es ella quien funge
como empleadora en este momento, debido a que como se verificó en el caso
estudiado, efectivamente existió una sustitución patronal[70] entre el
señor Pérez Carmona  y la señora Monsalve Giraldo, puesto que se verificaron
los tres requisitos jurisprudencialmente desarrollados para su reconocimiento,
como lo son los establecidos en la sentencia T-1238 de 2008: “(i) un cambio de empleador; (ii) la
continuidad de la empresa o afinidad en sus operaciones; y (iii) la continuidad
del trabajador”.
En adición a ello, dados
los presupuestos de solidaridad que existe para el cumplimiento de las
obligaciones surgidas con anterioridad a la sustitución patronal, los cuales
están establecidos en el artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, ambos
empleadores, sustituido y sustituto, deberán resarcir solidariamente a la
señora Londoño Correa en lo que respecta al pago de los emolumentos a los
cuales tiene derecho por ser retirada de su cargo sin cumplir con el lleno de
los requisitos.
Por lo estudiado, no es dable que los accionados
desconozcan el debido proceso a seguir en la desvinculación de personas que
gozan de estabilidad laboral reforzada, el cual es el caso de la aquí
accionante, ya que la aquí accionante cuenta, desde hace varios años, con
problemas de salud, situación que llevó a que fuera calificada con una pérdida
de capacidad laboral de 35.34%,
situación que la dotó de una especial protección; argumento que se refuerza con
el hecho de que la señora, al momento de su despido, se encontraba en período
de incapacidad. El mencionado amparo fue desconocido por sus empleadores, el
señor Pérez Carmona y posteriormente la señora Monsalve Giraldo, al
desvincularla sin verificar el estado de salud actual de la señora Londoño
Correa, sin mediar la autorización de la oficina del trabajo y sin alegar
ninguna causal objetiva.
Como consecuencia de lo
explicado, y en virtud de la sustitución patronal existente, se ordenará a la
señora Andy Julieth Monsalve
Giraldo que en el término de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de la presente providencia, reintegre a la señora Londoño Correa a sus labores, en
un puesto igual o mejor al que venía desempeñando. Igualmente, se ordenará que tanto
el señor Pérez Carmona como la señora Monsalve Giraldo, en un plazo de quince
(15) días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia, en
virtud de la solidaridad que existe entre ambos empleadores cuando se configura
la sustitución patronal, cancelen a favor de la accionante los salarios y
prestaciones sociales que legalmente le correspondan y los aportes al Sistema
General de Seguridad Social desde la terminación del contrato de trabajo hasta
que se haga efectivo el reintegro, así como el pago de la sanción establecida
en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180
días de salario.
Esta última orden se
emitirá sin perjuicio de que posteriormente, en virtud a su desconocimiento de
la situación, la señora Monsalve Giraldo, una vez haya cumplido lo ordenado,
acuda a la jurisdicción ordinaria para repetir contra el señor Pérez Carmona en
la búsqueda de que le sea reintegrado el dinero pagado.
III.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 9 de
octubre de 2019, emitida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de
Medellín, que negó el amparo
de los derechos a la estabilidad
laboral reforzada, mínimo vital, salud y seguridad social invocados por la accionante.
En su lugar CONCEDER el amparo de los derechos a la estabilidad laboral reforzada, mínimo
vital, salud y seguridad social
de la ciudadana Martha Lilian Londoño Correa; en atención a la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO.- DECLARAR la ineficacia de la terminación de la
relación laboral existente entre “Cafetería y Restaurante Humbert”, cuya propietaria
es Andy Julieth Monsalve Giraldo, y la señora Martha Lilian Londoño Correa.
TERCERO.- ORDENAR a la señora ANDY JULIETH MONSALVE GIRALDO, como propietaria
del establecimiento de comercio ‘Cafetería y Restaurante Humbert’, que dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación de esta providencia, reintegre a la señora Martha
Lilian Londoño Correa, sin solución de continuidad, a un cargo de igual o mayor
jerarquía al que venía desempeñando, en el cual se deberá garantizar que las
condiciones laborales sean acordes con sus condiciones de salud, así como que
reciba la capacitación correspondiente para desempeñar el mismo.
CUARTO.- ORDENAR a JOSÉ HUMBERTO PÉREZ CARMONA, como
su anterior empleador, y ANDY JULIETH MONSALVE GIRALDO, como propietaria
de “Cafetería y Restaurante Humbert”, que dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, de manera solidaria,
cancelen a favor de la señora Londoño Correa los salarios y prestaciones
sociales que legalmente le correspondan y los aportes al Sistema General de
Seguridad Social desde cuando se produjo la terminación del contrato hasta que
se haga efectivo el reintegro, así como el pago correspondiente a la sanción
establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
consistente en 180 días de salario.
QUINTO.-
ADVERTIR a la señora ANDY JULIETH MONSALVE GIRALDO, que una vez cumpla con lo ordenado en los
dos apartados anteriores, podrá acudir a la jurisdicción ordinaria para que
allí busque el reintegro de lo pagado en virtud a la presente sentencia.
SEXTO.-
LIBRAR Por Secretaría General las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA T-277/20
Expediente:
T- 7.722.775
Magistrado
ponente:
Alberto
Rojas Ríos
Con mi
acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sala de Revisión, suscribo el
presente salvamento de voto en relación con la sentencia de la referencia.
Esto, habida cuenta de que, en el caso sub
examine, no se satisface el requisito de subsidiariedad y, en todo
caso, no se configuró la sustitución patronal.
Primero,
en el caso sub judice no se
satisface el requisito de subsidiariedad. Esto, por
cuanto el proceso ordinario laboral es el mecanismo idóneo y eficaz para
cuestionar la constitucionalidad y legalidad de la decisión de terminación
unilateral del contrato de trabajo, exigir el reintegro laboral y los
emolumentos pretendidos, así como para determinar la
existencia o no “sustitución patronal”[71]. Sin
embargo, la sentencia de la que me aparto se limita a exponer la situación de
riesgo de la accionante, pero no analiza su capacidad para resistir por
sí mismo o con la ayuda de su entorno dicha situación, de tal forma que pueda
satisfacer sus necesidades básicas hasta tanto agota la vía judicial ordinaria.
En consecuencia, en el caso sub examine, no
se desvirtuó la idoneidad y eficacia del proceso laboral ordinario ni la existencia de un prejuicio
irremediable que justificara la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitarlo. Por tanto, las meras referencias a la
condición de salud de la accionante y a que en la actualidad no tiene empleo resultan insuficientes para dar por
satisfecho el requisito de subsidiariedad.
Segundo, en el
caso sub examine no está acreditada la sustitución
patronal. Esto, debido a que no se evidenció la “continuidad
de la empresa, establecimiento o negocio”[72] en
el que la accionante trabajaba. Lo anterior, porque el
empleador de la accionante canceló la “matrícula
comercial” del restaurante en el que ella trabajaba y,
por consiguiente, culminó su vínculo laboral. Con posterioridad, la señora Andy
Julieth Monsalve Giraldo dio apertura a otro establecimiento que desempeña la
misma actividad. Si bien dichos restaurantes desarrollaban
la misma actividad comercial, este elemento no es suficiente para dar por
configurada la sustitución patronal, dado que son dos establecimientos de
comercio diferentes pertenecientes a personas naturales distintas. En estos
términos, en el caso sub examine, no
se evidenció la continuidad del establecimiento de comercio en el cual
trabajaba la accionante; simplemente está probado que dos establecimientos
distintos, con diferentes propietarios, desarrollaban la misma actividad
comercial[73]. Por
esta razón, lejos de lo sostenido por la mayoría, no
está acreditado el fenómeno de la sustitución patronal en relación con la
accionante.
Fecha ut supra,
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Dentro del
expediente esta es la última fecha de la que se tiene constancia, esto mediante
la historia clínica de la señora Londoño Correa. Cuaderno principal, folios 23
al 26.
[2] Cuaderno principal, folio 21.
[3] Cuaderno principal, folio 24.
[4] En el mencionado artículo se estipuló como indemnización por el
despido lo equivalente a 180 días de salario.
[5] Cuaderno principal, folio 58.
[6] En su escrito de tutela, la señora Londoño Correa indicó que convive
con su hija, su nieta menor de edad y su madre, quien cuenta con 75 años de
edad.
[7] Calle 16 No.59-76 Barrio San Pablo-Guayabal (Medellín, Antioquia).
[8] Cuaderno
principal, folio 39.
[9] Ibídem, folio 51.
[10] Ibídem, folio 54 al 62.
[11] Indicó el señor Pérez Carmona que a dicha liquidación incluyó la
indemnización establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por despido
sin autorización de la oficina del trabajo, que corresponde a 180 salarios
diarios, lo que corresponde a cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil
seiscientos noventa y seis (4’968.696) para el caso de la señora Martha Lilian
Londoño Corrrea.
[12] Cuaderno
principal, folios 63 al 80.
[13] Ibídem,
folio 63.
[14] Si bien el señor Marín Martínez adujo que asistió a dicha reunión a
nombre de Andy Julieth Monsalve Giraldo con el fin de establecer las
condiciones del arrendamiento del local comercial, para la misma no obra ningún
poder dentro del expediente. Asimismo, en el contrato de dicho negocio
jurídico, es él quien figura como el arrendatario.
[15] Cuaderno
principal, folio 63.
[16] Ibídem, folio 82. “1. Que el peticionario pueda considerarse una
persona discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta. 2. Que el empleador
tenga conocimiento de tal situación. 3. Que el despido se lleve a cabo sin
permiso del Ministerio de la Protección Social. 4. Que se irrogue un perjuicio
irremediable de tal magnitud, que los medios ordinarios de defensa no resulten
idóneos”.
[17] Ibídem, folios 85 y 86. (i) Cambio de empleador, “obsérvese que
la nueva empleadora de la tutelante es la señora ANDY JULIETH MONSALVE GIRALDO,
en calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado
Restaurante y Cafetería Humbert” ; (ii) continuidad de la empresa “no
solo continua funcionando, sino que también ejerce la misma actividad comercial
y como se indicó en la narración de los hechos, funciona en el mismo sitio,
incluso conformado por personal que laboró con la accionante.” ; y (iii)
continuidad del trabajador, se acredita en virtud del “fuero circunstancial
del que goza la tutelante”.
[18] Cuaderno
principal, folios 89 y 90.
[19] Ibídem, folio 89.
[20] Ibídem,
folios 94 al 97.
[21] Cuaderno principal, folio 96.
[22] Ibídem, folio 96.
[23] Cuaderno Corte Constitucional, folio 7.
[24] El presente acápite se elaborará tomando como referencia las
sentencias T-041 de 2019, en lo referente a la viabilidad de la acción de
tutela en búsqueda del reintegro laboral de personas en condición de
discapacidad, y C-200 de 2019 respecto del desarrollo jurisprudencial de la
estabilidad laboral reforzada.
[25] Constitución
Política, artículo 25.
[26] Ibídem,
artículo 53.
[27] Debe indicarse que el artículo referido cuenta también con refuerzo
a través de Tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, como
los son la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la
ONU y los Convenios C-111 y C-159 de la OIT.
[28] “Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
[29] T-041 de
2019.
[30] Ver T-030 de
2018 y T-041 de 2019.
[31] Ver
sentencias T-151 de 2017 y T-305 de 2018.
[32] Ver sentencias T-225 de 1993, SU-544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-1225
de 2004), y T-702 de 2008; entre otras.
[33] Sentencia T-337 de 2009. Igualmente, ver sentencias T-589 de 2017,
T-320 de 2016, T-002 de 2011 y T-118 de 2009.
[34]Ver también sentencias T-784 de 2009 y T-041 de 2019.
[35] Sentencia
T-188 de 2017. Ver también: T-215 de 2014.
[36] Sentencia
T-434 de 2008.
[37] C-079 de
1996, citado en la sentencia T-332A de 2014.
[38] T-332A de
2014.
[39] Por la
cual se establecen mecanismos de integración social de las personas en
situación de discapacidad y se dictan otras disposiciones.
[40] Artículo 26. En ningún caso la limitación discapacidad de
una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a
menos que dicha limitación discapacidad sea claramente demostrada como
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo,
ninguna persona limitada en situación de discapacidad podrá ser despedida o su
contrato terminado por razón de su limitación discapacidad, salvo que medie
autorización de la oficina de Trabajo.
No
obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su
limitación discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el
inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
[41] Ver sentencias C-531 del 2000 y C-200 de 2019. La primera
providencia referenciada estudió una demanda en la que se alegaba que el
mencionado artículo permitía que los empleadores despidieran a empleadores con
discapacidad previa autorización de la Oficina del Trabajo o con el pago de la
indemnización si esto se omitía. En igual sentido, cabe precisar que en la
misma se utiliza el término “limitación” y similares, pues para la época dicha
calificación no había sido modificada, esto no se dio sino hasta la Sentencia
C-458 de 2015.
[42] Ley 361 de
1997.
[43] C-531 del
2000.
[44] Ver
sentencias T-364 de 2016 y C-200 de 2019. Esta última compiló varias
apreciaciones en la materia.
[45] T-494 de
2018.
[46] Código
Sustantivo del Trabajo.
[47] Código
Sustantivo del Trabajo, artículo 68.
[48] Código Sustantivo del Trabajo, artículo 69. Responsabilidad de los
empleadores.
1. El
antiguo y el nuevo empleador responden solidariamente las obligaciones que a la
fecha de la sustitución sean exigibles a aquél, pero si el nuevo empleador las
satisfaciere, puede repetir contra el antiguo.
2. El
nuevo empleador responde de las obligaciones que surjan con posterioridad a la
sustitución.
3. En los
casos de jubilación, cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la
sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a esa
sustitución deben ser cubiertas por el nuevo empleador, pero éste puede repetir
contra el antiguo.
4. El
antiguo empleador puede acordar con todos o con cada uno de sus trabajadores el
pago definitivo de sus cesantías por todo el tiempo servido hasta el momento de
la sustitución, como si se tratara de retiro voluntario, sin que se entienda
terminado el contrato de trabajo.
5. Si no
se celebrare el acuerdo antedicho, el antiguo empleador debe entregar al nuevo
el valor total de las cesantías en la cuantía en que esta obligación fuere
exigible suponiendo que los respectivos contratos hubieren de extinguirse por
retiro voluntario en la fecha de sustitución, y de aquí en adelante queda a
cargo exclusivo del nuevo empleador el pago de las cesantías que se vayan
causando, aun cuando el antiguo empleador no cumpla con la obligación que se le
impone en este inciso.
6. El
nuevo empleador puede acordar con todos o cada uno de los trabajadores el pago
definitivo de sus cesantías, por todo tiempo servido hasta el momento de la
sustitución, en la misma forma y con los mismos efectos de que trata el inciso
4o. del presente artículo.
[49] Sentencia
T-254 de 2018.
[50]Sentencia T-1238 de 2008. Ver también T-331 de 2015, T-254 de 2018 y
T-954 de 2011.
[51] Ver
sentencias T-151 de 2017 y T-305 de 2018.
[52] Sentencias
T-784 de 2009 y Sentencia T-417 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[53] Cuaderno
principal, historia clínica. Folios 22 al 25.
[54] El listado
de todas las incapacidades médicas otorgadas, iniciando la última el 14 de
junio de 2019, está en los folios 23 al 24.
[55] Cuaderno
principal, folios 13 al 19.
[56] Sentencias
T-188 de 2017 y T-215 de 2014.
[57] Cuaderno
principal, folio 20.
[58] Ibídem,
folio 21.
[59] Ibídem,
folio 24.
[60] Ibídem,
folios 23 al 24.
[61] Cuaderno
principal, folio 63.
[62] Ver
sentencias T-1238 de 2008, T-954 de 2011 y 258 de 2018.
[63] Cuaderno
principal, folios 1 al 9.
[64] Ibídem,
folios 53 a 61.
[65] Ibídem,
folios 89 y 90.
[66] Ibídem,
folios 61 y 62; 78 y 79.
[67] Ibídem,
folios 61 y 62; 78 y 79.
[68] Ver en igual
sentido las sentencias T-784 de 2009 y T-041 de 2019.
[69] Ver
sentencias C-531 del 2000 y T-364 de 2016.
[70] Ver sentencias T-331 de 2015 y T-254 de 2018.
[71] En los términos del artículo 48 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, corresponde a los jueces
laborales tramitar este tipo de pretensiones y, además, asumir “la dirección
del proceso adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto de los
derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez
en su trámite”.
[72] Sentencia T-954 de 2011. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional “para que se perfeccione la figura jurídica de la sustitución
de empleadores es necesario [acreditar] (…) tres requisitos (…): (i)
Cambio de empleadores; (ii) Continuidad de la empresa, establecimiento o
negocio y la conservación del giro de sus actividades; y (iii) Continuidad del
trabajador”.
[73] En este sentido, le asistía razón al juez de segunda instancia,
quien concluyó que el nuevo establecimiento de comercio, “pese a poseer el
mismo nombre, fue registrado bajo un número de matrícula totalmente distinta y
contó con elementos y demás indumentaria diversa a la empleada por el precitado
señor en su anterior negocio”.