SU355-17
Sentencia T-506/12
Sentencia SU355/17
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración
de jurisprudencia
El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
se presenta en los casos donde el juez o magistrado obstaculiza “la efectividad
de los derechos constitucionales por motivos formales”, es decir, el
procedimiento es una barrera para la eficacia del derecho sustancial y en ese
sentido, deniegan justicia, por “(i) aplicar disposiciones procesales que se
oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii)
exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva y que en
determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para
las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada; o (iii),
incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”.
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
DEFECTO FACTICO-Dimensión
negativa y positiva
El
defecto fáctico, por su parte, se estructura a partir de una dimensión negativa
y otra positiva. La negativa surge de las omisiones o descuido de los funcionarios
judiciales en las etapas probatorias, verbi gratia, (i) cuando sin
justificación alguna no valora los medios de convicción existentes en el
proceso, los cuales determinan la solución del caso objeto de análisis; (ii)
resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que sustentan la decisión; y
(iii) por no ejercer la actividad probatoria de oficio, es decir, no ordenar
oficiosamente la práctica de pruebas, cuando las normas procesales y
constitucionales así lo determinan. La dimensión positiva, como su nombre lo
indica, se refiere a acciones positivas del juez, por lo tanto, se incurre en
ella (i) cuando se evalúa y resuelve con fundamento en pruebas ilícitas,
siempre que estas sean el fundamento de la providencia; y (ii) decidir con
pruebas, que por disposición de la ley, no es demostrativa del hecho objeto de
la decisión.
CONCURRENCIA ENTRE DEFECTO
PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y DEFECTO FACTICO-Reiteración de
jurisprudencia
En
algunos eventos la Corte ha considerado que existe concurrencia entre el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y el defecto fáctico en su
dimensión negativa, por ejemplo, (i) cuando no se valora la prueba aportada en
copias, a pesar de que las partes la conocieron y no la controvirtieron; (ii) por
no hacer uso de la potestad para decretar pruebas de oficio a fin de allegar
los originales de los documentos aportados en copia simple o no practicar las
pruebas sugeridas en el proceso y se precisan para determinar la verdad de lo
ocurrido.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DEL ESTADO-Alcance
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO-Antecedentes/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DEL ESTADO-Ámbitos en que se proyecta/RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO-Requisitos para su configuración/RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO-Comprende la responsabilidad extracontractual,
precontractual y contractual
DAÑO ANTIJURIDICO-Concepto
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO-Fundamento
constitucional
RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DEL ESTADO-Carácter institucional
ACCION DE REPARACION DIRECTA-Definición
REGIMEN PROBATORIO EN LA
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Prueba sobre el fallecimiento de una persona
sistema probatorio en la jurisdicción contencioso administrativa, al
igual que el Código de Procedimiento Civil y -hoy- en el Código General del
Proceso, se fundamenta en la libertad probatoria. Ambos estatutos conservan
similitud en sus normas, se mantienen los mismos medios de convicción, el mismo
sistema de admisibilidad y el mismo método para apreciar las pruebas, esto es,
el de la sana crítica. De igual manera, se faculta a los jueces y magistrados
para decretar pruebas de oficio cuando adviertan la presencia de aspectos
oscuros o difusos. Conforme con el Decreto 1260 de 1970 el deceso de las
personas debe inscribirse ante la oficina de registro del estado civil por los
familiares o encargados del lugar donde se produjo el deceso, pero si el mismo
se produjo de manera violenta, se requiere la orden judicial. Así mismo, quedó
establecido que el certificado civil de defunción es la prueba por excelencia
del fallecimiento, no obstante, es un hecho que puede demostrarse por otro
medio como el certificado médico, el testimonio, el acta de levantamiento o la
necropsia.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico en concurrencia
con un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en relación con la
valoración de la prueba sobre el fallecimiento de una persona
Referencia: Expediente
T-5.750.738
Acción de
tutela instaurada por Belkis Tapiero García y otros contra la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.
Magistrado
Ponente (e):
IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Bogotá, D.C.,
veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto Estatutario 2591 de 1991, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela
emitidos en segunda instancia por la Sección Quinta de la Sala Contencioso
Administrativa del Consejo de Estado y, en primera, por la Sección Cuarta de la
misma Corporación, en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
Mediante escrito radicado el 22 de octubre
de 2013 en la Secretaría de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, la señora Belkis Tapiero García[1] –y
otros- interpuso acción de tutela contra la Sección Tercera Subsección A del Consejo
de Estado, invocando el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad. Lo anterior, porque en la sentencia del 24 de julio de
2013, proferida dentro del proceso de reparación directa, radicado núm. 73001
23 31 000 2000 00685 01 (28317), se revocó el fallo de primera instancia y se
absolvió a la Policía Nacional, al considerar que no se acreditó la muerte del
señor Fermín Cerquera Camacho, en tanto no se allegó el registro civil de
defunción.
A través de auto del 27 de septiembre de 2016, el
presente asunto fue seleccionado para revisión por la Sala Novena de Selección[2] de la Corte Constitucional.
En la sesión del 23 de noviembre, la Sala Plena decidió asumir el conocimiento
del caso conforme con lo previsto en el artículo 61 del Reglamento Interno y se
suspendieron los términos en auto del 15 de diciembre del mismo año. El 28 de
febrero de 2017 la Corte en pleno ordenó la suspensión de los términos por tres
(3) meses.
1.
Hechos
1.1. Fermín Cerquera Camacho y Humberto Ortiz Bermúdez fueron
capturados por miembros de la Policía Nacional, por el presunto delito de
homicidio, el 23 de noviembre de 1998 en el corregimiento Puerto Saldaña del
municipio de Rioblanco (Tolima).
1.2. Tres días después, esto es, el 26 de noviembre de 1998, cuando los
señores Cerquera Camacho y Ortiz Bermúdez eran conducidos en un bus de servicio
público con destino al municipio de Chaparral, custodiados por dos agentes de
civil adscritos a la Policía Nacional, fueron abordados por varias personas del
Frente 21 de las FARC, quienes luego de requerir la entrega de las armas a los
policiales y bajar a los detenidos del vehículo, los asesinaron en presencia de
los demás pasajeros y los mismos agentes, a los cuales les devolvieron los
revólveres. Con fundamento en estos hechos, las familias de cada una de las
víctimas, de manera separada, formularon demandas de reparación directa contra
la Policía Nacional.
1.3. En efecto, la parentela de Humberto Ortiz Bermúdez, esto es, la
cónyuge María del Carmen Oliveros y sus hijas Andrea, Adriana y Ana Dilsa Ortiz
Oliveros, formularon la demanda el 30 de octubre de 2000 ante el Tribunal
Administrativo del Tolima. En esa instancia, mediante fallo del 19 de diciembre
de 2002 se declaró administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, de los perjuicios ocasionados a los demandantes.
Esta decisión fue recurrida en apelación por el apoderado de la demandada;
no obstante, el 7 de febrero de 2008, en audiencia de conciliación, las partes
llegaron a un acuerdo, comprometiéndose el Ministerio de Defensa a efectuar el
pago de los perjuicios. A través de providencia del 10 de abril de 2008, la
Sección Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado[3], aprobó el acuerdo conciliatorio y
declaró terminado el proceso.
1.4. Por su parte, el 3 de marzo de 2000, la cónyuge y la compañera
permanente de Fermín Cerquera Camacho, señoras Esther Camacho de Cerquera y
Belkis Tapiero García, y los hijos Elmer Eduardo y Jorge Andrés Cerquera García,
así como Luis Fernando Tapiero García y el padre del occiso, incoaron la acción
ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima[4]. Mediante
sentencia del 28 de abril de 2004 se condenó a la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, a pagar a los demandantes los perjuicios materiales
y morales.
El apoderado de la demandada recurrió en apelación la sentencia, así
como de manera parcial por el mandatario de los accionantes. Mediante fallo del
24 de julio de 2013, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado[5], revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que la parte demandante no demostró el daño, ya que no
aportó el registro civil de defunción del señor Fermín Cerquera Camacho, el
cual “es necesario para acreditar la ocurrencia de la muerte, habida
consideración de que ningún hecho o acto relacionado con el estado civil de las
personas, que sea sujeto a registro, hace fe ante alguna autoridad si no ha
sido debidamente inscrito” (fl. 167 y 168 c. reparación directa).
Asimismo se indicó que si bien en otros eventos, de manera excepcional,
se admitió el protocolo de necropsia y el acta de levantamiento para demostrar
la defunción de una persona, “lo cierto es que, en el presente asunto,
tampoco obra ninguno de esos elementos probatorios” (fl 168 expediente de
reparación).
1.5. Con fundamento en lo expuesto, los accionantes solicitaron el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad. En consecuencia, pidieron dejar sin efecto el
fallo emitido el 24 de julio de 2013 por la Sección Tercera, Subsección A del  Consejo
de Estado y, en su lugar, se ordene emitir uno nuevo que acate las normas
constitucionales y legales, así como las pruebas allegadas al expediente y los
lineamientos trazados por el fallo de tutela.
A juicio de los accionantes, la providencia del
Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental porque no se tuvo en
cuenta que conforme con el artículo 79 del Decreto 1260 de 1970 cuando “la
muerte fue violenta, su registro estará precedido de autorización judicial.
También se requiere esa decisión en el evento de una defunción cierta, cuando
no se encuentre o no exista el cadáver”. Precisión que realizaron dado que
la muerte del señor Cerquera Camacho se produjo cuando se hallaba detenido por
la Policía Nacional y, por tanto, el registro de la defunción no correspondía a
los demandantes, puesto que la norma en cita señala que debe efectuarse por
autorización judicial.
Así mismo, señalaron que no obstante que el
proceso contaba con el protocolo de necropsia del cadáver, realizada en el
Hospital “María Inmaculada” del municipio de Rioblanco (Tolima), del
cual se infiere que el cuerpo presentaba 18 orificios de entrada de proyectiles
de arma de fuego, siendo la causa probable de la muerte “Laceración cerebral”,
“Heridas por proyectil de Arma de fuego múltiple”, fue denegada “aduciendo
una nota final donde equivocadamente se afirma no haberse realizado la
necropsia”.
Aunado a lo expuesto, indicaron que tampoco se
tuvieron en cuenta las (i) actas de levantamiento, enviadas por la Inspectora
de Policía; (ii) el informe del Comandante del Batallón de Infantería, en el
cual se da cuenta de los homicidios; (iii) los 5 oficios del Comandante de la
Estación de Policía de Rioblanco (Tolima) donde se hace referencia a la captura
y los hechos relacionados con la muerte de Cerquera Camacho y Ortiz Bermúdez; y
(iv) las fotocopias del libro de anotaciones del Comando de Policía de
Rioblanco en las que se consignaron los acontecimientos que dieron lugar al
deceso de las personas antes mencionadas.
De otro lado, manifestaron que se incurrió en un
defecto fáctico, en su dimensión negativa, por omitir la práctica de la prueba
que requería para establecer los supuestos de hecho. Ello teniendo en cuenta
que desde la demanda se “solicitó librar oficios a la Fiscalía 27 de la
ciudad de chaparral (sic), a la Registraduría del Estado Civil de Rioblanco y
al Notario Único de Chaparral Tolima, pidiéndoles copia del registro civil de
defunción mencionado” (fl. 3 c. principal).
Así entonces, consideraron que al ignorar las
pruebas citadas se incurrió por la accionada en violación del artículo 174 del
C. de Procedimiento Civil cuyo precepto señala “Toda decisión judicial debe
fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”.
2.
Trámite procesal
A través de auto del 25 de noviembre de 2013, la
Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, admitió
la acción de tutela y ordenó dar traslado a la entidad accionada, a los
terceros con interés -Ministerio de Defensa y Policía Nacional-, para que ejercieran
el derecho de defensa, concediéndoles para ello dos días.
3.
Respuestas de
las entidades accionadas
3.1. El
Consejero de Estado Carlos Alberto Zambrano Barrera consideró que la tutela no
“está llamada a prosperar”, puesto que si bien es cierto que la muerte
de una persona debe inscribirse mediante orden de autoridad judicial, no es
menos que la carga de denunciar el fallecimiento está en cabeza del cónyuge y los
parientes más cercanos de la víctima, según lo establece el artículo 74 del
Decreto 1260 de 1970. Además, el artículo 75 expresa que cuando no se puede
registrar dentro de los 2 días siguientes, “sólo se procederá mediante orden
del inspector de policía… para lo cual, en todo caso, se requerirá”…previa
solicitud escrita del interesado…” (fl. 37, cuaderno de tutela, 1ª
instancia).
Con relación a
la no demostración del daño, se acogió a lo expuesto en el fallo cuando señaló
que no se allegó el registro civil de defunción, cuya prueba debió ser aportada
por la parte demandante y “si bien se tiene copia de un escrito firmado por
quien afirma ser el director (E) del Hospital María Inmaculada, en el que se
certifica que el cadáver del señor Fermín Cerquera Camacho tenía varios
impactos por arma de fuego, lo cierto es que para la Sala tal escrito no merece
credibilidad, toda vez que el mismo resulta contradictorio, pues al inicio de
él se afirma que al señor Cerquera Camacho se le practicó necropsia, pero, al
concluir, se consigna que ‘No se realizó necropsia por no contar con la
dotación requerida y necesaria para tal fin’, afirmación que corrobora el
oficio remisorio obrante a folio 16 del cuaderno 2 y que resulta suficiente
para descartar su valoración probatoria” (fl. 36 y 37 exp. 1ª instancia de
tutela).
3.2. El Secretario
General de la Policía Nacional, en escrito del 9 de diciembre de 2013, indicó
que por parte de esa entidad no existió vulneración al debido proceso, puesto
que la actividad de la Policía Nacional no es la de tomar decisiones
judiciales, aspecto que es del resorte exclusivo de las autoridades judiciales.
Aunado a lo
anterior, resaltó que cuando no existen causales de procedibilidad genéricas o
específicas, la acción de tutela no es el mecanismo para desconocer una
sentencia judicial definitiva, ya que de lo contrario se atentaría contra la
seguridad jurídica “al pervertirse el proceso ordinario y permitir que un
juez ajeno al debate, mediante un procedimiento informal y sumario entre a
compartir con el competente la decisión final, punto del litigio” (fl. 46
cuaderno 1ª instancia de tutela).
4. Decisiones de tutela objeto
de revisión
4.1. El 26 de mayo de 2016, la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, negó el amparo, al considerar que en el asunto objeto
de estudio no se presenta irregularidad alguna constitutiva de defecto fáctico
que permita acceder a la tutela. Indicó que la providencia atacada expuso de
manera concreta y con fundamento en el material probatorio arrimado las razones
por las cuales no se halló demostrada la muerte del señor Fermín Cerquera
Camacho. Estimó que el argumento presentado por la parte accionante apenas sí
entraña una “disconformidad con las explicaciones de la sentencia acusada,
pero no revela la existencia de una valoración irrazonable o arbitraria de los
medios probatorios del proceso”.
Así entonces, consideró que no es del resorte del
juez constitucional discernir sobre el análisis del material probatorio
elaborado por el juez ordinario competente, pues la acción de tutela no es
instancia adicional para su revisión ni tampoco son sus razones las que deben imponerse.
Por último, aseveró que a pesar de que la
accionante allegó con la acción de tutela el registro civil de defunción “conviene
precisar que dicho medio de convicción no existía al momento en que se dictó el
fallo acusado, luego no puede servir para dejarlo sin efecto” (fl. 72 cuad.
principal de tutela).
4.2. A través de escrito del 8 de junio de 2016,
el apoderado de la accionante impugnó la decisión. Criticó que el fallo de
primera instancia solo hubiese examinado la sentencia atacada sin detenerse en
el análisis de los diversos medios de convicción allegados a la acción de
reparación. Igualmente reprochó que no se tuvieron en cuenta los artículos 5 y
106 del Decreto 1260 de 1970. Asimismo, indicó que el registro civil de
defunción aportado con la demanda de tutela tenía como finalidad demostrar que
el mismo no existía, en tanto sólo en el año 2013 se ordenó la inscripción de la
muerte de Cerquera Camacho, lo que equivale a decir que el documento era inexistente.
Señaló que la afirmación plasmada en la sentencia
atacada, en torno a que las actas de autopsia y levantamiento de cadáver no
obraban en el expediente, es “errónea y contradictoria, dado que la
respectiva necropsia y la constancia del acta de levantamiento del cadáver
correspondiente a Fermín Cerquera Camacho, lo mismo que otras pruebas
documentos (sic) de carácter oficial que figuran dentro del proceso, establecen
a todas luces la muerte de esta persona”. En ese sentido, se refirió al
protocolo de necropsia firmado por el médico Director del Hospital “María
Inmaculada”, obrante a folio 62 del cuaderno de anexos, y a los oficios
provenientes de los uniformados de los cuales se establece “inequívocamente” la
muerte de Cerquera Camacho.
Consideró, igualmente, que no se aplicó el
precedente judicial, puesto que en el caso del señor Humberto Ortiz Bermúdez
–fallecido en los mismos hechos- el mismo Consejo de Estado, Sección Tercera,
en segunda instancia aprobó el acuerdo conciliatorio, para lo cual se señaló
que “la muerte del señor Humberto Ortiz Bermúdez se produjo a causa de la
omisión, por parte de la entidad demandada”, fallecimiento que se fundamentó
en el mismo “conjunto probatorio aportado en esta tutela”.
Por su parte, mediante oficio S-2016 del 23 de
junio de 2016, el Secretario General de la Policía Nacional reiteró el
argumento en torno a su falta de legitimidad por pasiva, por no tener en sus
competencias la emisión de decisiones judiciales, así como la de negar el
amparo porque no existen causales para su procedencia (fls. 119 a 120 c. ppal
de tutela).
4.3. La Sección Quinta, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, el 4 de agosto de 2016 decidió confirmar la
sentencia de primera instancia, puesto que en su sentir no existió desconocimiento
del precedente judicial, ya que en el proceso de reparación directa por la
muerte del señor Ortiz Bermúdez el pronunciamiento se hizo en torno a la
aprobación de la conciliación y si  bien se tuvieron en cuenta algunas pruebas
del proceso adelantado por el fallecimiento de Cerquera Camacho, “lo cierto
es que para probar la muerte del señor Humberto Ortiz Bermúdez, se aportó copia
auténtica de la licencia de inhumación”.
De otro lado, se dijo que no era cierto que la
autoridad accionada hubiese desconocido las pruebas, en especial aquellas
relacionadas por el actor, puesto que al examinar la prueba estableció que para
demostrar la muerte de una persona se requiere el registro civil de defunción y,
si bien jurisprudencialmente, se ha aceptado que ella se puede probar con otros
medios de convicción, “lo cierto es que no son aquellos que la parte actora
solicita se tengan en cuenta para la prosperidad de sus pretensiones”. En
ese orden de ideas, estimó que el examen realizado en la sentencia del 24 de
julio de 2013 no fue caprichoso o irracional, en tanto no se acreditó, de
manera legal, el fallecimiento del señor Cerquera Camacho (fls. 125 a 136, c.
ppal.).
5. Pruebas
5.1. Allegadas
por la parte accionante:
5.1.1.
Fotocopia de la demanda de reparación directa, con los respectivos poderes de
los demandantes (contenidos en un cuaderno anexo entre folios 1 y 23).
5.1.2. Fotocopia
de registro civil de nacimiento de Fermín Cerquera Camacho (fl. 25 cuaderno
anexo).
5.1.3. Fotocopia
del oficio núm. 240 del 2 de diciembre de 1998, suscrito por el Inspector de
Rioblanco, el cual hace referencia al envío de las actas de levantamiento, pero
que no se logra identificar con claridad los nombres de los occisos (fl. 39 c.
anexo).
5.1.4. Fotocopia
del oficio núm. 200, del 25 de noviembre de 1998, a través del cual el
Comandante de la Estación Rioblanco informa al Personero Municipal de esa
población, sobre la captura de Fermín Cerquera Camacho y Humberto Ortiz
Bermúdez, por encontrarse “sindicados por el delito de homicidio agravado”.
5.1.5. Fotocopia
del oficio núm. 202 del 26 de noviembre de 1998 suscrito por el Comandante de
la Estación Rioblanco, dirigido al Secretario Judicial Fiscalía General de la
Nación de Chaparral, por el cual se deja a disposición a los capturados,
quienes serán “custodiados” por dos patrulleros “en traje de civil”
(fl. 42 c. anexo).
5.1.6. Fotocopia
del oficio núm. 271 firmado por el Comandante de Estación Rioblanco, dirigido a
su homólogo del Distrito Cinco de Policía Chaparral, a través del cual le da a
conocer lo sucedido el 26 de noviembre de 1998, con el desplazamiento de los capturados
Cerquera Camacho y Ortiz Bermúdez (fl. 44 c. anexo).
5.1.7.
Fotocopia del informe núm. 4799 del 26 de noviembre de 1998, enviado al
Comandante del Departamento de Policía Tolima por parte del Comandante del
Batallón de Infantería No. 17 Gral. Caicedo, en el que da a conocer sobre la
muerte de los señores Fermín Cerquera Camacho y Humberto Ortiz Bermúdez (fl. 45
c. anexo).
5.1.8.
Fotocopia de tres folios del libro de anotaciones, en el cual se observan
constancias sobre (i) la salida de los capturados el 26.11.98, a las 04:30 a.m.
en cumplimiento de orden del Comando del Distrito núm. 5 con destino a la Fiscalía
de Chaparral; (ii) el mismo día, a las 06:00, en la que se indica que de la
Estación El Limón se informó que los agentes que conducían a los retenidos se
presentaron allí e indicaron que fueron interceptados por unos hombres que les
quitaron la munición y asesinaron a los detenidos. (fls. 46 a 47 c. anexo).
5.1.9.
Fotocopia del auto emitido el 31 de marzo de 2000 por el Tribunal
Administrativo del Tolima (radicado 0685/2000), a través del cual se admite la
demanda de reparación directa promovida  por los familiares cercanos de
Cerquera Camacho (fl. 49 c. anexo).
5.1.10.
Fotocopia del oficio 742-29040 de la Registradora del Estado Civil de Chaparral
dirigido al Secretario del Tribunal Administrativo de Ibagué, en el que se le da
a conocer que “revisado el archivo de esta oficina en lo relacionado a
defunciones se buscó desde el 28 de Noviembre de 1998 hasta el mes de Junio de
1999 y no se encontró registro de defunción de FERMIN CERQUERA CAMACHO”
(fl. 53 c. anexo).
5.1.11. Fotocopia
del acta de audiencia de recepción de testimonios del 25 de octubre de 2000 por
el Magistrado instructor. En ella se advierte la declaración del Agente Carlos
Arturo Bernal Arroyave –uno de los encargados de conducir a los occisos a
Chaparral- (fl.54 y 55 c. anexo).
5.1.12. Copia
del escrito con fecha del 29 de septiembre de 2000, firmado por el Jefe
Administrativo H. María Inmaculada, con destino al Secretario del Tribunal
Administrativo del Tolima, por el cual envía copia del oficio del 1º de diciembre
de 1998 “donde se comunica que no se realizó necropsia a FERMIN CERQUERA CAMACHO,
por no contar con la dotación requerida y necesaria para tal fin”. A este
escrito fue adjuntado el documento suscrito por el médico director encargado en
el que se da cuenta de los 18 orificios de entrada y 15 de salida, así como que
la causa probable de la muerte fue “Laceración cerebral”, por heridas
ocasionadas con proyectil de arma de fuego.
5.1.13. Fotocopia de la decisión del 1º de agosto
de 2000, por medio de la cual se archivó la investigación disciplinaria impulsada
por el Comando del Departamento de Policía del Tolima, respecto de los Agentes
Carlos Bernal Arroyave y Rigoberto Suárez Ibáñez (fls. 68 a 71 c. anexo).
5.1.14. Fotocopias de las actas de testimonios
vertidos por Marco Evelio Cárdenas Lasso, Ferney de Jesús Vinasco Gómez, Edgar
Ramírez Ariza, Alfonso Carvajal y Jairo Gutiérrez. Los dos primeros dieron fe
del parentesco de Fermín Cerquera Camacho con los demandantes. Los dos
siguientes eran pasajeros del bus y el último era el conductor. Estos de manera
uniforme aseveraron que tanto los uniformados como los detenidos fueron obligados
a descender del vehículo y una vez en el piso “mataron” a los reclusos
(fls. 81 a 88 c. anexo).
5.1.15. Fotocopia del auto del 10 de agosto de
2000 emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima, a través del cual
decreta las pruebas pedidas por la parte demandante (fls. 90 y 91 c. anexo).
5.1.16. Fotocopias de los oficios núms. 5771 y
5772 del 25 de noviembre de 1998, suscrito por el Secretario Judicial II de la
Unidad de Fiscalías de Chaparral. El primero dirigido al Comandante de la
Estación de Policía Rioblanco, solicitando dejar a su disposición a los
capturados, y el segundo, al Director del Centro de Rehabilitación Social de
Rioblanco, pidiendo “mantener encarcelados en esas instalaciones a
disposición de la Fiscalía 26 de esta Unidad, a FERMIN CERQUERA CAMACHO y
HUMBERTO ORTIZ BERMUDEZ, quienes se encuentra (sic) imputados del delito de
HOMICIDIO AGRAVADO…Así mismo solicito se sirva ordenar lo pertinente para que
los antes mencionados, sean trasladados bajo las estrictas medidas de
seguridad, hasta las instalaciones del centro de Rehabilitación Social de esta
localidad…toda vez que los mismos serán escuchados en injurada el día
veintiséis de los cursantes a partir de las 2:00 y 4:00 de la tarde” (fls.
92 y 93 c. anexo).
5.1.17. Fotocopia de informe de policía, mediante
el cual el Comandante Quinto del Distrito Chaparral da a conocer a su homólogo del
Departamento de Policía del Tolima los hechos relacionados con la muerte de los
señores Cerquera Chaparro y Ortiz Bermúdez (fls. 94 y 95 c. anexo).
5.1.18. Fotocopia de las actas de testimonios del
Capitán José Patrocinio Sánchez Reyes –Comandante Distrito Chaparral-, Jairo
Gutiérrez –conductor del bus- y de los agentes Carlos Arturo Bernal Arroyave,
Rigoberto Suárez Ibáñez  (fls. 96 a 98 c. anexo).
5.1.19. Fotocopia del informe suscrito por los
agentes Rigoberto Suárez Ibáñez y Carlos Arturo Bernal Arroyave enviado al
Comandante del Distrito Quinto Chaparral, poniendo en su conocimiento los
hechos ocurridos en la madrugada del 26 de noviembre de 1998 y donde perdieron
la vida los capturados (fls. 104 a 105 c. anexo).
5.1.20. Fotocopias de los oficios dirigidos por
el Secretario del Tribunal Administrativo del Tolima al Comandante de Policía
Tolima, al Fiscal 27 de Chaparral y Fiscal Regional ante la Sijin del Tolima,
para que remitan copias de las investigaciones disciplinaria y penales que se
impulsen en cada una de esas oficinas con ocasión del fallecimiento de los
señores Fermín Cerquera Camacho y Humberto Ortiz Bermúdez (fls. 106 a108 c. anexo).
5.1.21. Fotocopias de los oficios núms. 8576 y
8577 del 5 de septiembre de 2000 mediante los cuales el Secretario del Tribunal
instructor solicita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como al
Hospital de Rioblanco la copia del protocolo de necropsia sobre el cadáver de
Cerquera Camacho (fls. 111 y 112 c. anexo).
5.1.22. Fotocopias de los oficio núm. 8591 y 8592
del 5 de septiembre de 2000, firmados por el Secretario del Tribunal
Administrativo del Tolima solicitando al Registrador del Estado Civil copia del
registro civil de defunción del occiso Cerquera Camacho (fls. 113 y 114 c. anexo).
5.1.23. Fotocopia de la sentencia emitida el 28
de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo del Tolima, radicado 0685/00,
en la que se declaró “Administrativamente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la muerte causada al señor FERMIN
CERQUERA CAMACHO, en hechos acontecidos el 26 de noviembre de 1998, en la vía
que de Rioblanco conduce al Municipio de Chaparral Tolima” (fls. 122 a 141 c.
anexo).
5.1.24. Fotocopia de la sentencia de segunda
instancia del 24 de julio de 2013 proferida por la Subsección A, Sección
Tercera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través
de la cual se revoca la sentencia del 28 de abril de 2004 y, en su lugar, niega
“las pretensiones de la demanda” (fls. 157 a 165 c. anexo).
5.1.25. Fotocopia del Registro civil de defunción
serial núm 06112177 a nombre de Fermín Cerquera Camacho. En el documento se
advierte que su registro se produjo el 7 de junio de 2013
autorizada por la Fiscalía 56 Seccional de Chaparral   Este documento aparece
expedido en la misma fecha de inscripción (fl. 174 c. anexo).
5.1.26.
Fotocopia de respuesta a un derecho de petición, con fecha del 6 de junio de
2013, dirigida a la señora María Reyes Cerquera Camacho, suscrita por la
Asistente de la Fiscalía 56 de Chaparral. En ella le informa que la
investigación por la muerte del señor Fermín Cerquera Camacho se impulsó por la
Fiscalía 4ª Especializada de Ibagué y fue enviada al Juzgado Penal del Circuito
de Chaparral con resolución de acusación en contra de Desiderio Soria Daza y
Edilberto Rubio García (fl. 175 c. anexo).
II. TRÁMITE SURTIDO EN SEDE DE REVISIÓN
1. Conforme con el artículo 64 del
Acuerdo 02 de 2015 (Reglamento Interno de la Corte) que faculta a esta
Corporación para arrimar elementos de convicción, en sede de revisión, mediante
auto del 3 de abril de 2017 se decretaron las siguientes pruebas:
1.1. Al Tribunal
Administrativo del Tolima se le solicitó remitiera en
calidad de préstamo y con destino a este trámite, el expediente contentivo del
proceso de Reparación Directa, interpuesta por Belkis
Tapiero García y otros, contra la Nación –Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, radicado núm. 730012331000200000685-01. En igual sentido, se solicitó
al Consejo de Estado, puesto que al parecer allí reposó el expediente.
1.2. Al Juzgado Penal del Circuito de Chaparral
(Tolima), para que enviara en calidad de préstamo y con
destino a este trámite, el expediente contentivo del proceso penal adelantado por el homicidio de los señores Fermín
Cerquera Camacho y Humberto Ortiz Bermúdez, siendo procesados Desiderio Soria
Daza y Edilberto Rubio García.
1.3. Al Secretario General del Consejo de Estado
para que informara el trámite dado a la presente acción de tutela, indicando la
fecha de presentación, su desarrollo y fecha de remisión a la Corte.
III. CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  Competencia
Esta
Sala es competente para analizar los fallos materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2.
Presentación del caso y del problema jurídico.
2.1. Los accionantes, por intermedio
de apoderado, solicitaron el amparo constitucional, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad con la sentencia proferida el 24 de julio de 2013 por la Subsección A,
Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación
directa, radicado núm. 730012331000200000685-01, promovido contra la Nación, el
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Sentencia a través de la cual se
revocó la emitida el 28 de abril de 2004 por el Tribunal Administrativo del
Tolima, en la que se declaró administrativamente responsable a las demandadas
por la muerte del señor Fermín Cerquera Camacho.
La Sección Tercera del Consejo de
Estado expuso como razón para revocar el fallo de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda, la ausencia de prueba demostrativa
del daño, esto es, de la muerte de Fermín Cerquera Camacho. En efecto, señaló
el fallador que al proceso no se arrimó el certificado civil de defunción y, a
pesar de que existía un escrito firmado por el Director (e) del Hospital “María
Inmaculada”,  en el que se certificaba que “el cadáver de Fermín
Cerquera Camacho tenía varios impactos por arma de fuego, no le daba
credibilidad por ser contradictorio, en tanto que en la parte inicial se afirma
que se practicó necropsia, pero al final se consigna que no se realizó “por no
contar con la dotación requerida y necesaria para tal fin”.
En sentir de los
accionantes, la sentencia del Consejo de Estado incurrió en dos causales de
procedencia de la acción de tutela respecto de providencias judiciales, esto
es, en (i) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en tanto
desconoció el material probatorio demostrativo de la muerte del señor Fermín
Cerquera Camacho, y (ii) defecto fáctico por no practicar las pruebas que
requería para establecer los supuestos de hecho.
2.2. De acuerdo con la situación fáctica planteada y las
decisiones de instancia, corresponde a la
Sala Plena determinar si en el asunto sub
júdice procede la acción de tutela para controvertir la providencia
proferida en segunda instancia por la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, el 24 de julio de 2013,
dentro del proceso de reparación directa que adelantó la familia del señor Fermin
Cerquera Camacho contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional con
ocasión de su muerte. Si la Sala encuentra que
la acción de amparo resulta procedente, pasará a determinar si la autoridad
judicial demandada incurrió en una violación del derecho al debido proceso,
particularmente en los defectos procedimental y fáctico, al proferir la
decisión acusada, en la que revocó la sentencia del Tribunal Administrativo
del Tolima que había accedido a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento
que no se demostró el daño, es decir, que no se acreditó el fallecimiento del
causante.
Para resolver el problema
jurídico planteado, la Corte examinará previamente los siguientes temas: (i) las causales generales y específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, caracterizando de manera específica los defectos
procedimental (por exceso ritual manifiesto) y fáctico; (ii) la responsabilidad del Estado; (iii) el régimen probatorio en la
jurisdicción contencioso administrativa; y, (iv) la prueba sobre el fallecimiento
de una persona, haciendo breve referencia a la diligencia de necropsia. Una
vez precisados estos aspectos, v) abordará el estudio del caso concreto.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
3.1. La Constitución Política de 1991, en el
artículo 86, instituyó la acción de tutela como un mecanismo orientado a la
protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por actos de
las autoridades públicas o de un particular. En desarrollo de esa norma surgió
el Decreto Estatutario 2591 de 1991, en cuyo artículo 40 consagraba la
competencia especial para conocer de las acciones contra las providencias
judiciales proferidas por “los jueces superiores, los tribunales, la Corte
Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”. No obstante, esta Corporación
declaró su inconstitucionalidad a través de la sentencia C-543 de 1992, al
considerar que la acción no procede contra esa clase de providencias, excepto
cuando el funcionario judicial incurra en una ostensible y grave actuación de
hecho. Es en esas circunstancias en que debe brindarse protección a los
derechos fundamentales de quienes los consideran vulnerados a través de una
sentencia judicial, sin que al respecto pueda negarse el amparo bajo el pretexto
de garantizar la seguridad jurídica y la autonomía judicial de los funcionarios.
3.2. La Corte, en torno a establecer la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ha
desarrollado una línea jurisprudencial sobre las causales genéricas y
específicas que permiten examinar a profundidad las demandas y establecer la
vulneración o no de los derechos fundamentales.
3.3. Así entonces, se distinguen como causales
generales aquellas que posibilitan el estudio del fondo del asunto, como es la
inmediatez, el principio de subsidiariedad, la importancia del caso para el
derecho constitucional, que no se trate de sentencia de tutela y que en los
casos en que se alegue irregularidad procesal, sea determinante y amenace
derechos fundamentales del actor. En la sentencia C-590 de 2005, fueron
definidas así:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[6]. En consecuencia, el
juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[7].  De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[8].  De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[9].  No obstante, de acuerdo con la
doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[10].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias
de tutela[11].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”[12] (resalto
añadido).
3.4. En cuanto a las causales especiales de
procedibilidad, antes señaladas como “vías de hecho”, en la misma
sentencia C-590 de 2005, esta Corte señaló que para la procedencia de la acción
se requiere la presencia de por lo menos una de ellas, debidamente demostrada:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[13] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[14].
i. Violación directa de la Constitución”. “Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una
disposición ius fundamental a un caso concreto[15]; o
porque (ii) aplica la ley al margen  de los dictados de la Constitución[16]”[17].
3.5. La Corte ha
dicho que no existe un límite indivisible entre estas causales, de suerte que
una misma situación dentro del proceso judicial puede derivar en varios
defectos. Por ejemplo, el irrespeto por los procedimientos legales y, de forma
simultánea, vulnerar directamente la Constitución o impedir una correcta
apreciación de las pruebas[18].
Breve
caracterización del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
3.6. Entre las causales de procedibilidad de la acción
tuitiva contra providencias judiciales encontramos el defecto procedimental, que
se puede estructurar a partir de dos formas: (i) la absoluta, que se
presenta en los eventos donde el funcionario judicial sigue un procedimiento
diferente al establecido en la ley, u omite alguna de las principales fases del
proceso y quebranta los derechos de defensa y contradicción de las partes; y
(ii) por exceso ritual manifiesto, el cual se manifiesta cuando el
fallador desconoce el contenido del artículo 228 de la Constitución Política,
en tanto le impide a las personas el acceso a la administración de justicia[19] y el
deber de dar prevalencia al derecho sustancial.
En ese sentido, el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se presenta en los casos donde el juez o magistrado
obstaculiza “la efectividad de los derechos constitucionales por motivos
formales”[20],
es decir, el procedimiento es una barrera para la eficacia del derecho
sustancial y en ese sentido, deniegan justicia, por “(i) aplicar
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos
formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan
constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas”[21].
Igualmente, esta Corporación ha reiterado que el funcionario judicial “incurre en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el
derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de
los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva
pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicación en
exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga
en el desconocimiento de derechos fundamentales”[22].
Para la procedencia de la tutela por defecto
procedimental, en cualquiera de sus dos formas, se precisa la concurrencia de
los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional: “(i) que no haya posibilidad
de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia
directa en el fallo que se acusa de [vulnerar] derechos fundamentales; (iii)
que la irregularidad haya sido alegada [dentro] del proceso ordinario, salvo
que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración [de] derechos fundamentales”[23].
Breve caracterización del defecto fáctico.
3.7. El defecto fáctico, por su parte, se estructura a partir de una
dimensión negativa y otra positiva. La negativa surge de las omisiones o
descuido de los funcionarios judiciales en las etapas probatorias, verbi
gratia, (i) cuando sin justificación alguna no valora los medios de
convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del caso
objeto de análisis; (ii) resuelve el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión[24]; y (iii) por no ejercer
la actividad probatoria de oficio, es decir, no ordenar oficiosamente la
práctica de pruebas, cuando las normas procesales y constitucionales así lo
determinan.
La
dimensión positiva, como su nombre lo indica, se refiere a acciones positivas
del juez, por lo tanto, se incurre en ella (i) cuando se evalúa y resuelve con
fundamento en pruebas ilícitas, siempre que estas sean el fundamento de la
providencia[25]; y (ii) decidir con
pruebas, que por disposición de la ley, no es demostrativa del hecho objeto de
la decisión[26].
Concurrencia
de los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico.
3.8. En
algunos eventos la Corte ha considerado que existe concurrencia entre el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y el defecto fáctico en su
dimensión negativa, por ejemplo, (i) cuando no se valora la prueba aportada en
copias, a pesar de que las partes la conocieron y no la controvirtieron; (ii)
por no hacer uso de la potestad para decretar pruebas de oficio a fin de
allegar los originales de los documentos aportados en copia simple o no
practicar las pruebas sugeridas en el proceso y se precisan para determinar la
verdad de lo ocurrido[27].
3.8.1. Así por ejemplo, en sentencia T-599 de 2009, se conoció
el caso de demanda de reparación directa interpuesta por una señora a quien le
causaron graves daños en su vivienda por una incursión guerrillera en el año
2000. La demandante allegó como prueba un oficio dirigido al Gobernador del
Departamento del Huila, al Presidente de la República, al Comandante de la
Brigada del Ejército, al Coordinador de la Red de Solidaridad Social y al
Obispo de la Diócesis por el Alcalde Municipal, el Personero Municipal y el
Párroco, en el cual se les dio a conocer la urgencia de proteger la población
por la inminencia de la toma guerrillera. Oficio que en sentir de la accionante
fue valorado de manera indebida, cuando en otro proceso, por los mismos hechos
sí fue apreciado debidamente.
El Tribunal
Contencioso Administrativo del Huila negó las pretensiones porque el documento
que daba cuenta de la incursión guerrillera fue aportado en copia simple y no
podía ser considerado como medio de prueba. Además, porque se trató de una
agresión indiscriminada, dirigida a todos los residentes del municipio, mas no
se dirigió exclusivamente contra instituciones estatales, afectando la vida de
varias personas, la Alcaldía, la Estación de Policía, Telecom, la Casa de la
Cultura y el Banco Agrario, al igual que la Iglesia, la Casa Cural y varias
viviendas particulares. En ese sentido, el riesgo no era excepcional.
Esta Corporación encontró que pese a que en el proceso
se insinuaron pruebas y que en otro expediente se recurrió a prueba testimonial
para dar certeza al documento, el Tribunal Administrativo del Huila omitió
decretar de manera oficiosa las pruebas que le permitieran arribar a la verdad
sobre lo ocurrido y, en ese sentido, incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto. Concedió el amparo solicitado, además, entre otras
cosas, ordenó recaudar de oficio la copia autentica del documento aportado por
la demandante o decretar oficiosamente los testimonios de las personas que
suscribieron el documento.
3.8.2. Igualmente, en sentencia T-817 de 2012 se
conoció de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por
la compañera permanente de un capitán (r.) del Ejército Nacional, quien en vida
fue pensionado por la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares, pero quedó pendiente
el pago de los haberes dejados de cobrar por el causante y el reconocimiento y
pago de la pensión de beneficiarios que le pudiera corresponder a la accionante
(cónyuge del fallecido), así como a la compañera permanente del difunto, “hasta
tanto la jurisdicción competente determinara a cuál de las dos peticionarias le
asistía el derecho a acceder a la prestación”.
El Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, tras
vincular a la cónyuge como litisconsorte necesario, a pesar de no haber
acreditado en su momento el vínculo matrimonial a través del respectivo
registro civil, ordenó reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a la
compañera permanente, “sin que en ninguna de las referidas sentencias se
haya declarado a mi poderdante como cónyuge culpable que dio lugar a la
separación de hecho”, para a partir de allí establecer su exclusión como
beneficiaria de la prestación a pesar de estar convocada dentro del trámite
procesal.
La Sala Novena de
Revisión concedió el amparo a la cónyuge, al considerar que los despachos
judiciales accionados incurrieron en defecto por exceso ritual manifiesto y a
la vez en defecto fáctico, en su dimensión negativa, puesto que a pesar de
haber sido vinculada al proceso como listisconsorte necesario en calidad de
cónyuge del causante, se omitió ordenar pruebas de oficio orientada a solicitar
el registro civil de matrimonio de la accionante, el cual era trascendental
para decidir el asunto, relacionado con los derechos constitucionales.
3.8.3.
Del mismo modo, en sentencia SU-915 de 2013 se ventiló el caso de un
estudiante que apareció “ahorcado” en las instalaciones de la Sijin
Bogotá. La familia demandó en reparación directa a la Nación – Ministerio de
Defensa - Policía Nacional, solicitaron como prueba las copias de la
investigación penal y así fueron requeridas, pero no las remitieron en su
debida oportunidad.
El
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones, al considerar
que no se allegó prueba que permitiera establecer que los “captores fueran
pertenecientes a la Policía Nacional” y, además, “Contrario a lo afirmado
por los demandantes se allega prueba por parte de la sala de retenidos de la
SIJIN, de la cual se establece que para el mes de los hechos, no se registró
entrada alguna con el nombre de VÍCTOR JAVIER CAÑAS ÁLVAREZ, igualmente
informan que durante los últimos cinco años no se ha reportado muerte violenta
ni natural, dentro de sus instalaciones”.
Sostuvieron
los accionantes que, antes de proferirse el fallo, arrimaron las copias de la
investigación penal y disciplinaria para que se tuviera en cuenta, no obstante,
la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la sentencia, al considerar
que no se podían valorar los documentos porque fueron allegados en copia simple
y no fueron aportados dentro de los términos legales.
La
Corte amparó los derechos de los actores al concluir que se presentó un
defecto, porque no se insistió en la prueba que había sido pedida y decretada
oportunamente, la cual era fundamental para los derechos de los padres de la
víctima. En efecto se indicó que “la actitud esperada, en respeto del
derecho fundamental al debido proceso y a la verdad de los demandantes, era la
de proceder a requerir o solicitar nuevamente tales documentos a la Fiscalía
General de la Nación, haciendo uso de las facultades procesales otorgadas por
el legislador”.
3.8.4.
Asimismo, en sentencia SU-774 de 2014 la Sala Plena de la Corte
Constitucional decidió amparar los derechos de un accionante en proceso de pérdida
de investidura, al considerar que el Consejo de Estado le vulneró sus derechos,
al negar las pretensiones porque no aportó las copias auténticas de los
contratos que permitían demostrar la causal alegada.
En
ese caso, esta Corporación consideró que al no practicarse pruebas de oficio,
concretamente por no requerirse los originales de los documentos públicos que
fueron aportados en copias simples, se incurrió en un exceso ritual manifiesto
en concurrencia con un defecto fáctico.
3.8.5.
En sentencia T-535 de 2015 la Sala Octava de Revisión analizó el caso de
un joven que en la madrugada del 1º de julio de 2007 cuando se dirigía a su
vivienda, acompañado por un amigo, fue interceptado y obligado a abordar un
vehículo al parecer de la brigada y, posteriormente, aparecieron muertos en la
vereda Brazuelos del municipio de Chaparral (Tolima). Según los accionantes,
los autores del homicidio fueron miembros de la VI Brigada del Batallón No. 17,
quienes adujeron que fueron dados de baja en combate, puesto que se encontraban
delinquiendo.
La
primera instancia condenó a la Nación –Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, al considerar que se presentaron graves irregularidades en la muerte
de los jóvenes, de quienes se supo se dedicaban a lavar los carros y a hacer
mandados en el parque del municipio. En torno a los testimonios de los
uniformados se dijo que eran cuestionables porque provenían de quienes dieron
de baja a aquellas personas y “en ese sentido, lo más lógico es que buscaran
una coartada”. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Tolima, revocó
la sentencia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, puesto que en
su sentir no se encontraba probada la falla en el servicio por parte del
Ejército Nacional, quienes “… en
cumplimiento de un deber legal, atendida una zona de alto riesgo, la existencia
de información de que había gente uniformada en el sector, procedió a dirigirse
a la vereda ‘Brazuelos’, siendo recibidos con disparos y la activación de una
granada de fragmentación, por lo que procedieron a hacer uso de las armas”.
Esta
Corporación al conocer en sede de revisión la acción de tutela interpuesta por
las madres de los occisos, concedió el amparo, por lo tanto, dejó sin valor ni
efectos la sentencia de segunda instancia y mantuvo en firme la de primera,
puesto que el Tribunal Administrativo del Tolima desestimó el nexo de
causalidad, sobre la única base de no
hallar probado que el vehículo en el que presuntamente fueron transportados los
jóvenes Lozada García y Bravo Montiel perteneciera al Ejército Nacional. Así se
expresó: “En cuanto ninguna de las declaraciones indican que la persona o el
carro en el que fueron vistos en la madrugada de los hechos pertenecían a instituciones
del Estado”. Esa inferencia, en sentir de la Corte, “comporta
la ocurrencia de un defecto fáctico en dimensión negativa, por indebida
valoración probatoria, ya que no es razonable la conclusión a la que arriba el
juzgador de segunda instancia, si se tiene en cuenta el análisis del conjunto
de las pruebas que obran en el proceso, las cuales fueron integralmente
valoradas por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito
de Ibagué.
Lo
anterior, en tanto existían testimonios que daban fe no solo de que los jóvenes
departieron hasta altas horas de la noche en un bazar y luego aparecieron
muertos con uniformes camuflados, sino que fueron transportados en un vehículo
cuya propiedad no se había determinado y posteriormente aparecieron sus cuerpos
vigilados por miembros del Ejército Nacional. La Corte estimó que “La
sumatoria de estos indicios conlleva a concluir, indefectiblemente, a través de
las reglas de la experiencia que, conforme lo determinó el juez contencioso de
primera instancia, se deba atribuir responsabilidad al Estado por falla en el
servicio”.
Señaló la Sala de
Revisión que en el trabajo de construir la prueba indiciaria se debe acatar la
máxima de legalidad, es decir, que en la argumentación se muestre el hecho
indicado, el indiciario, la conclusión y las reglas de la experiencia que
determinan la inferencia entre las premisas y la aserción[28], y
conforme con los parámetros de la sana crítica, valorar el
grado de convicción que ofrece cada medio de prueba. Análisis que no realizó el
Tribunal accionado.
3.8.6. Esta
Corporación en sentencia SU-636 de 2015 se pronunció sobre el caso en
que el Frente 19 de las FARC penetró a unas fincas preguntando por el padre de
los accionantes y, tras proferir amenazas y acusaciones, le incendiaron las
instalaciones, destruyeron las construcciones e implementos de trabajo. El
Tribunal Administrativo del Magdalena condenó a la Nación al hallar acreditados
los elementos de la falla en el servicio por el Ministro de Defensa –Ejército y
Policía Nacional. En segunda instancia, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado revocó el fallo, porque en su sentir hubo deficiencia
probatoria, ya que los demandantes no acreditaron ser los propietarios de las
fincas destruidas y saqueadas, constituyéndose esto en una falta de
legitimación por activa. Y no se podían considerar como poseedores porque ello
implicaría cambiar la causa petendi, ya que lo hicieron en calidad de
propietarios.
La
Corte expresó que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto tiene
relación con el defecto fáctico, lo cual ocurre, entre otros eventos, cuando:
i) el funcionario judicial no valora una prueba documental aportada en copia
simple, a pesar de que pudo ser conocida y no controvertida por las partes; y,
ii) cuando no utiliza su facultad oficiosa para decretar la práctica de los
elementos requeridos para llegar a la verdad y obtener los originales de los
documentos.
En esta situación
la Corte concluyó que no había exceso ritual manifiesto en la valoración
probatoria realizada por el Consejo de Estado, porque: i) la calidad de
propietarios fue controvertida desde el inicio del proceso por las entidades
demandadas en la acción de reparación directa; (ii) los accionantes no
mostraron una actitud diligente para satisfacer la carga probatoria que les
correspondía, como era la inscripción de la escritura pública en la respectiva
oficina de registro de instrumentos públicos, ni tampoco explicaron las razones
por las cuales no aportaron los elementos probatorios requeridos para acreditar
su calidad de propietarios, ni solicitaron su práctica dentro de las oportunidades
probatorias.
3.8.7. Recientemente
en sentencia T-031 de 2016 se conoció un caso donde el Fondo Nacional
del Ahorro presentó demanda ejecutiva con título hipotecario contra una pareja
por incumplir el pago de la deuda contraída con el mismo. El Juzgado Veintiséis
Civil del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago, el cual fue notificado
personalmente. El notificador afirmó que la demandada manifestó que “su
esposo el señor Miguel Ángel Díaz no puede notificársele ya que él se encuentra
desaparecido desde hace varios años”. El apoderado de la demandada solicitó
“los beneficios legales y jurisprudenciales” por la desaparición del
cónyuge y, por petición del juez, presentó un escrito en el cual manifestó que
“agentes del Estado perpetuaron contra mi cónyuge Miguel Ángel Díaz Martínez
el delito de desaparición forzada. Por lo tanto no he tenido conocimiento
alguno hasta la fecha desde el día de su desaparición; es decir, que al ser la
desaparición forzada un delito continuado no ha sido posible establecer o no su
defunción o por el contrario su supervivencia, de tal suerte que cuando ello se
establezca iniciaré las acciones judiciales a las que haya lugar”.
El curador ad
litem del ejecutado desaparecido propuso la excepción que denominó
extinción del derecho por operar la prescripción, lo cual así se declaró.
Remitido el proceso a otro Juzgado de Descongestión ordenó seguir adelante con
la ejecución respecto de la demandada, porque “dentro del término legal no
propuso ningún medio de defensa”; decretó la venta en pública subasta del
bien inmueble y la liquidación del crédito, pero sólo del 50% de la cónyuge.
El apoderado de la
demandada presentó incidente de nulidad “de lo actuado a partir de la
sentencia inclusive y se dicte una nueva donde se tenga en cuenta la existencia
de un litisconsorte necesario y se extienda los efectos de la prescripción a
los dos demandados en relación con una única e indivisible deuda”. No
obstante, la diligencia de remate se llevó a efecto y se adjudicó a la señora
Martha Patricia Gómez Rodríguez el 50% del bien inmueble hipotecado. El 5 de
agosto de 2011, la actora pidió la suspensión de la subasta por encontrarse
tramitando “el acceso a los beneficios contemplados en la Ley 986 de 2005”,
pero fue negada, porque “(i) ya se había efectuado el remate, (ii) lo
perseguido no era la cuota parte del demandado Miguel Ángel Díaz Martínez, y
(iii) entre los deudores no se había pactado solidaridad”. La nulidad
también fue denegada.
En enero de 2012 el
curador pidió la suspensión del proceso con base en el artículo 14 de la Ley
986 de 2005, en tanto, esa medida procedía para proteger “no sólo los
intereses de su representado sino también las prerrogativas de su familia,
puesto que la norma, al proteger a las víctimas de desaparición forzada,
extiende sus efectos al cónyuge y a los hijos del sujeto pasivo del delito”.
El Juzgado no accedió, porque en el proceso no se persiguen bienes del cónyuge
desaparecido y la demandada no puso al día la obligación hipotecaria, por lo
menos hasta la fecha en que desapareció el esposo. Terminado el proceso, la
accionante interpuso la acción tuitiva al considerar que se configuró un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al prescribir la obligación
en favor del desaparecido y continuarla respecto de la cónyuge.
En este caso, la Corte concluyó que el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se presentaba “cuando el funcionario jurisdiccional no
acata el mandato de dar prevalencia al derecho sustancial, situación que lo
lleva a denegar o vulnerar el derecho al acceso a la administración de
justicia”. Así mismo se indicó que “si bien la actuación judicial se
presume legítima, se torna en vía de hecho cuando el actuar del juez se
distancia abiertamente del ordenamiento normativo, principalmente de la
normatividad constitucional, ignorando los principios por los cuales se debe
regir la administración de justicia”[29].
En ese orden, consideró que el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto “se encuentra estrechamente relacionado con problemas de hecho y
de derecho en la apreciación de la prueba y, por tanto, se estructura en
concurrencia con un defecto fáctico. A este respecto, cabe precisar que entre
uno u otro defecto material “no existe un límite
indivisible, pues tan solo representan una metodología empleada por el juez
constitucional para facilitar el estudio de la alegación iusfundamental formulada
en el escenario de la acción de tutela contra providencias judiciales”[30].
En
esta decisión, la Corporación reiteró que en eventos donde se involucran “graves
violaciones de derechos humanos y frente a la dificultad que, en muchos casos,
representa para las víctimas probar la existencia del daño antijurídico, el
principio de equidad impone al juez administrativo el deber de flexibilizar
las normas procesales y, en particular, las exigencias probatorias, de modo
que, para formar su convencimiento, acuda a otros elementos de juicio, tales
como: “los hechos notorios (art. 177 CPC); (ii) al juramento estimatorio (Art.
211 CPC); (iii) en el caso de violaciones masivas a los derechos humanos, la
cuantificación de las reparaciones puede adoptar modelos baremo o diferenciados
‘esto es, a partir de la demostración del daño acaecido a ciertas personas,
podrá deducirse también y hacerse extensiva tal cuantificación a quienes se
encuentren en situaciones similares pero no hubieren orientado adecuadamente su
labor a acreditar el quantum de los perjuicios sufridos’; (iv) a las
presunciones, que invierten la carga de la prueba a favor de las víctimas; (v)
a las reglas de la experiencia, entre otros, bajo la guía interpretativa del
principio pro homine”[31].
Esta orientación también la ha seguido el Consejo de Estado[32].
3.8.8. Finalmente,
en sentencia SU-454 de 2016 la
Corte conoció del caso del señor Hernando Pinilla
Pacheco, quien presentó por intermedio de apoderado, acción de tutela contra
las Subsecciones B, Secciones Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Consejo de Estado, al considerar que mediante los
fallos judiciales proferidos dentro del proceso de reparación directa contra el
INVIAS, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, con las determinaciones meramente formales que
emitieron. Ello, por cuanto no dieron prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal, al exigirle prueba de posesión de un inmueble cuando acreditó la
propiedad sobre el mismo.
En ese proceso dijo
la Corte que era “innegable la intrínseca relación entre el exceso ritual
manifiesto y los defectos fáctico y sustantivo, cuando se trata de errores en
la valoración de elementos probatorios. De tal suerte que el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto es el resultado de la aplicación
rigorista de las normas procesales, lo que en relación con el defecto fáctico
inciden en la interpretación del acervo probatorio contenido en el expediente y
provoca una visión distorsionada de la realidad procesal, que a su vez, afecta
gravemente los derechos fundamentales, por lo que su configuración hace
procedente la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta figura
no afecta la amplia libertad para valorar el acervo probatorio que tienen los
jueces, pero si exige que esta potestad sea ejercida en consideración a la
justicia material y a la prevalencia del derecho sustancial, puesto que su
desconocimiento incide en las resultas del proceso y en la vigencia de los
derechos fundamentales. Por su parte, existe una relación con el defecto
sustantivo cuando los jueces no aplican los principios que rigen los
procedimientos, puesto que se tratan de garantías sustanciales que se deben
observar en los procesos. Un claro ejemplo es el principio de equidad exigido
en los casos de reparación directa de conformidad con el artículo 16 de la Ley
446 de 1998 pues en el sentido de flexibilizar de los estándares probatorios y
ejercer las potestades judiciales en la materia a fin de lograr justicia
material” (Subrayado fuera de texto original).
4. Responsabilidad administrativa del Estado.
4.1. La responsabilidad del Estado surgió como producto de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual se fundamentó en el Código
Civil y los principios del Estado de derecho, dado el contexto nacional y
financiero de la época. De hecho, esta Corporación en sentencia C-832 de 2001 señaló
que se trataba de una transformación en todo el ámbito del derecho comparado y
por esa razón ha indicado que “la responsabilidad de la Administración
Pública es hija del intervencionismo del Estado”.
Sobre el origen de la responsabilidad patrimonial, la Corte en
sentencia C-957 de 2014, expresó:
“La
idea de que el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado fuera de
creación básicamente jurisprudencial, obedeció a dos circunstancias históricas
determinantes. En primer lugar, hasta principios del siglo XX, la tradición
clásica de soberanía que imperaba en el campo jurídico y político,
reforzaba y justificaba la idea de la potestad absoluta del Estado en el
ejercicio del poder, y su correspondiente “irresponsabilidad”, por daños a
terceros. En segundo lugar, ni en la ley, ni en la Carta Política anterior, se
establecía una cláusula expresa que consagrara este tipo de responsabilidad[33], -en
gran parte por la razón previamente enunciada -, lo que exigió respuestas de
los jueces, al actuar en casos concretos.
(…)
En
consecuencia, bajo reglas de derecho privado, la Corte Suprema de Justicia
desarrolló entonces la jurisprudencia inicial en estas materias, y tal y como lo
destacó la sentencia C-644 de 2011 de esta Corporación, con la providencia del
22 de octubre de 1896, la Corte Suprema de Justicia sostuvo por primera vez,
que “ a pesar de que las entidades estatales eran personas jurídicas, y por
tanto, irresponsables penalmente por los daños que ocasionaran a los
ciudadanos, sí se encontraban obligadas a las reparaciones
civiles por los perjuicios que resultaren de una conducta punible imputable a
los funcionarios públicos”[34].
A
partir de este momento, se fue consolidando paulatinamente una jurisprudencia
por parte de esa Corporación, que puede describirse en tres etapas distintas,
en las que el concepto de responsabilidad estatal fue evolucionando
paulatinamente, así: (a) el de la responsabilidad indirecta del
Estado, - que suponía que las personas de derecho público respondían por
las acciones u omisiones de sus agentes, bajo el entendido de que se trataba
del hecho de otro, ante el daño causado -[35]; (b)
el de la responsabilidad directa, -que admitía que quien
provocaba el daño finalmente, era la persona natural al servicio del Estado, lo
cual implicaba en últimas, que el verdadero causante del daño era la entidad
pública de manera directa[36]-,
y (c) el de la falla del servicio[37]”.
4.2. Posteriormente, al Consejo de Estado, a través de
la Ley 167 de 1941, se le otorgó competencia para conocer de acciones
reparatorias contra las entidades públicas, lo cual se hizo realidad con el
Decreto 528 de 1964. A partir de allí, elaboró su propia jurisprudencia pero
con base en los principios constitucionales de legalidad, la garantía de la
propiedad privada y derechos adquiridos con justo título, así como con el deber
del Estado de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Es decir, la
responsabilidad del Estado se constituyó en el “principio autónomo de
garantía integral del patrimonio de los ciudadanos”[38].
El Consejo de Estado centrado en la idea de la falta o
falla del servicio, “derivó la responsabilidad estatal del acto
administrativo, de la expropiación u ocupación de inmuebles en caso de guerra,
de trabajos públicos, del almacenaje, de las vía s de hecho y del daño especial”[39]. En ese
orden de ideas, antes de la constituyente de 1991, al Estado se le atribuía
responsabilidad básicamente, “no por el hecho de otro, sino por el hecho
propio, en razón a que las acciones u omisiones de los agentes del Estado se consideraba
inescindiblemente vinculadas a la función pública que desempeñaban[40]”.
4.3. Con la Constitución Política de 1991, en el
artículo 90[41],
se estableció, por primera vez, el principio general de la responsabilidad
patrimonial del Estado por los daños antijurídicos ocasionados con la acción u
omisión de las autoridades públicas, puesto que los derechos y libertades de las
personas no sólo se protegen con solicitar a los agentes estatales que actúen legalmente,
sino que se precisa de la reparación integral de los daños que se han ocasionados
por los mismos[42].
En torno a esta disposición la Corte, al conocer de una demanda de
inexequibilidad contra el artículo 50 –parcial- de la Ley 80 de 1993, se
pronunció en los siguientes términos:
“Como
se ve, el actual mandato constitucional es no sólo imperativo -ya que ordena al
Estado responder- sino que no establece distinciones según los ámbitos de
actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente
establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya
un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una
autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad
patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por
lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los
intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en
el ámbito contractual. Por el contrario, para esta Corporación el inciso
primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad
patrimonial del Estado y comprende por ende no sólo la  responsabilidad
extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual
(derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual)
así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter
contractual”[43].
En la sentencia C-333 de 1996 la Corte concluyó que el artículo
90 se inspiró en la doctrina española, que define el daño antijurídico “no
como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el
perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de
soportarlo, postura acogida por la jurisprudencia contencioso administrativa
colombiana”.
En
el precepto del artículo 90 Superior se compendian dos premisas distintas pero que
se relacionan entre sí. La primera se refiere a la responsabilidad patrimonial
del Estado y el deber de responder por el daño antijurídico producido por la
acción u omisión de los agentes estatales o autoridades públicas. La segunda,
se relaciona con la responsabilidad de los servidores públicos por ese daño
antijurídico ocasionado con su conducta dolosa o gravemente culposa y el deber
del Estado de demandar en repetición[44].
Sobre
la responsabilidad patrimonial del Estado, la Corte ha señalado que ese mandato
es “imperativo”[45], ya que obliga
al Estado a responder patrimonialmente por los daños imputables al mismo y a su
vez, se genera la protección a los derechos de los ciudadanos[46].
Así
mismo se ha establecido que la responsabilidad es institucional, ya que
comprende las actuaciones de todas las autoridades públicas “sin importar la
rama del poder público a que pertenezcan, lo mismo cuando se trate de otros
órganos autónomos e independientes creados por la Constitución o la ley para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado”[47].
4.4. El Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo)
en el artículo 86 estableció la acción de reparación directa como uno de los
mecanismos que efectiviza la responsabilidad patrimonial del Estado, en tanto
le permite a los ciudadanos demandar de manera directa el resarcimiento de los
daños ocasionados por “un hecho, una omisión, una operación administrativa o
la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa”.
4.5. Actualmente la Ley 1437 de 2011 (Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) mantuvo la figura
de la reparación directa como un medio de control para obtener la indemnización
del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del
Estado, de ahí que en el artículo 140 estableciera que el “Estado responderá,
ente otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de
trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o
a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”.
4.6.
En conclusión, la responsabilidad patrimonial del Estado es una institución de
carácter constitucional cuya finalidad es la de permitir a los ciudadanos
demandar al Estado para obtener el pago de los perjuicios ocasionados por sus agentes.
Se puede ejercer a través de varios mecanismos, uno de ellos es el medio de
control de reparación directa, en la cual deben demostrarse dos elementos: (i)
el daño y que (ii) el mismo sea imputable a una autoridad pública.
5. Régimen probatorio en la jurisdicción contencioso administrativa.
5.1. El artículo 168 del Decreto 01 de 1984 establecía que en los
procesos ante esta jurisdicción “se aplicaran en cuanto resulten compatibles
con las normas de este Código, las del de Procedimiento Civil en lo relacionado
con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios
de valoración”.
Por su parte, el artículo 169 permitía al ponente “en cualquiera de
las instancias” decretar las pruebas de oficio que considerara conducentes
o necesarias para “el esclarecimiento de la verdad”. Incluso, si al
momento de decidir existían puntos oscuros o dudosos, podían practicar las
pruebas respectivas que permitieran dilucidarlos.
5.2. En la Ley 1437 de 2011 las normas que regulan el régimen
probatorio mantuvieron la remisión al Código de Procedimiento Civil, así como
la faculta al juez o magistrado ponente para decretar de oficio los medios de
convicción que considere necesarios para establecer la realidad de lo ocurrido.
En ese sentido el artículo 213 prescribe:
“En
cualquiera de las instancias el juez o magistrado ponente podrá decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la
verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las
partes.
Además,
oídas las alegaciones el juez o la Sala, sección o subsección antes de
dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas
necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para
practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días” (subraya fuera
de texto).
5.3. Siguiendo la lógica establecida por los estatutos es del caso determinar
¿cuál es el régimen de admisibilidad de los medios de convicción, el modo como
se deben recoger y la forma de valorarlos? Para ello acudiremos nuevamente al
Código de Procedimiento Civil y (hoy) al Código General del Proceso.
5.3.1. En
efecto, el Código de Procedimiento Civil además de establecer en el Título del
régimen probatorio los principios de la necesidad de la prueba y la carga de la
misma, contenía las máximas sobre la conducencia y pertinencia, en tanto fija
que los medios de convicción deben ceñirse al objeto materia del proceso. Así
entonces, se rechazarán aquellos que estén prohibidos por la ley, los
ineficaces o que versan sobre hechos impertinentes y las manifestaciones
superfluas.
5.3.2. Con
relación al modo como se deben practicar, el estatuto dedicaba varios de sus
artículos a los medios de prueba como la confesión judicial, sus requisitos e
indivisibilidad, el interrogatorio y careo de las partes, el juramento
estimatorio, el testimonio de terceros, el dictamen pericial la inspección judicial,
los documentos e indicios (arts. 194 a 301 C. P. Civil). En este punto es
relevante señalar que los documentos se dividen en públicos y privados.
Según el
artículo 251 del C. de P. Civil, documento público es el “otorgado por
funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención”, por el
contrario, el documento privado, es el que no reúne los requisitos para ser
público. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe
lo contrario mediante tacha de falsedad, señala el artículo 252 ibídem.
5.3.3. En
torno al régimen de valoración de las pruebas, el Código de Procedimiento Civil
en el artículo 187 planteaba el de la sana crítica, “sin perjuicio de las
solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos”.
5.3.4. En
similar sentido se refiere el Código General del Proceso a la actividad
probatoria, ya que como medios de prueba consagra, en el artículo 165, los
mismos que fueron reseñados en el C. de Procedimiento Civil y, en el artículo
176. Expresamente señala que “Las pruebas deberán ser apreciadas en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de
las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez
de ciertos actos”. Así mismo, los artículos 168, 169 y 170 autorizan al
juez para rechazar de plano las pruebas ilícitas, las impertinentes, inconducentes
y superfluas, y para decretar pruebas de oficio, en las oportunidades
probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean
necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia.
5.3.5. Sobre la sana crítica, la doctrina ha indicado:
“Ese
concepto configura una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre
convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva
incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez
por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la
prueba.
Las
reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento
humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la
experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el
magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos peritos, de inspección
judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la
sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.
El
juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a
voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería
sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y
de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero
también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental,
tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”[48].
Por su parte,
esta Corporación señaló que el sistema de la sana crítica o
persuasión racional, es aquel en que el “juzgador debe establecer por
sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la
ciencia y la experiencia”. Sistema que igualmente, requiere motivación, la
cual consiste en la exposición de las razones que el juez ha tenido para
determinar el valor de cada una de las pruebas, con fundamento en las reglas
citadas[49].
5.3.6. Lo
anterior significa que el juez cuenta con autonomía e independencia para
valorar las pruebas que se aportan al proceso. Ese análisis probatorio debe
realizarse de manera conjunta, descartando las pruebas ilegales, las que no
fueron aportadas oportunamente y justificando el valor que se le da a aquellas
que sustentan la decisión. No obstante, la Corte ha expresado que a pesar de la
libertad que tiene el juzgador para interpretar las pruebas, ella no puede ser
caprichosa y debe fundarse en razonamientos justos e imparciales:
“Evidentemente,
si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(C.P.C., art.187 y C.P.L., art.61), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su
actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios
objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a éste desiderátum,
la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que
se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o
sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia la arbitrariedad judicial en
el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia
de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los
preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de
esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y
efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y
valores constitucionales”[50].
5.3.7. En cuanto a la excepción consagrada en el artículo 176 del C.
General del Proceso, “sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”, se debe observar
que los actos jurídicos, según la manera como se conforman, son consensuales o
formales. En ese sentido se ha afirmado que “Los primeros se perfeccionan por la sola voluntad de los
operadores jurídicos, sin que sea necesario su expresión mediante una forma
predeterminada, conforme a la vieja regla “solus consensus obligat”; mientras
que los segundos requieren el cumplimiento de ciertas formalidades prescritas
por la ley para su existencia y validez, conforme a la regla “forma dat esse
rei” (art. 1.500 del Código Civil)[51].
Igualmente, los actos formales se dividen en solemnes (ad
solemnitatem o ad substantiam actus) y formales (ad probationem).
Esta Corporación ha indicado que “La existencia de los actos solemnes está
supeditada a la observancia de las formas prescritas en la ley o determinadas
por  las partes, es decir, la voluntad de los agentes debe expresarse a través
de un preciso cauce legal o convencional, de tal manera que su inobservancia
hace que el acto se repute inexistente, o que se transforme en otro acto
(teoría de la conversión de los actos jurídicos). La institución de los actos
solemnes se debe a que la ley, inspirada en los criterios de seguridad e
interés social, ha exigido ciertos requisitos con la finalidad de asegurar,
precisar y conservar ciertos hechos u operaciones que repercuten en el ámbito
social. Tratándose de los actos formales, por el contrario, a pesar de que se
requiere de una determinada solemnidad jurídica, la inobservancia de la misma
no afecta la existencia o la validez del acto jurídico, sino su prueba”[52].
5.4.
En conclusión, el sistema probatorio en la jurisdicción contencioso
administrativa, al igual que el Código de Procedimiento Civil y -hoy- en el
Código General del Proceso, se fundamenta en la libertad probatoria. Ambos
estatutos conservan similitud en sus normas, se mantienen los mismos medios de
convicción, el mismo sistema de admisibilidad y el mismo método para apreciar
las pruebas, esto es, el de la sana crítica. De igual manera, se faculta a los
jueces y magistrados para decretar pruebas de oficio cuando adviertan la
presencia de aspectos oscuros o difusos.
6. La prueba sobre el fallecimiento de una persona.
6.1.
De acuerdo con el artículo 1º del Decreto 1260 de 1970[53]
“el estado civil de una persona es su
situación jurídica en la familia y la sociedad, determinada su capacidad para
ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible,
indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley”. Y conforme con el art. 2º el estado civil de las
personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la
calificación legal de ellos.
Los hechos y actos como el nacimiento, el reconocimiento de
hijos, las adopciones, el matrimonio, el divorcio, cambio de nombres,
defunciones y presunción de muerte, entre otros, deben ser inscritos en el
registro civil competente, según lo establecen los artículos 5º y 6° del
Decreto 1260 de 1970 y ninguno de estos hechos, actos y providencias sujetos a
registro, dice el artículo 106, “hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a
funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva
oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación”. No obstante, esta norma tiene una excepción, cuando advierte: “salvo
en cuanto a los hechos para cuya demostración no se requiera legalmente la
formalidad del registro”. Es decir, que existen hechos que pueden
demostrarse por otros medios de convicción, como los documentos y el
testimonio, entre otros.
6.2. Con relación al registro de las defunciones, los
artículos 73 y 74 del Decreto señalan que su denuncio se debe realizar por (i)
el cónyuge, (ii) los parientes más próximos del occiso, (iii) las personas que
habiten la casa donde ocurrió el deceso, (iv) el médico que asistió al difunto
en la última enfermedad, (v) la funeraria que atiende la sepultura, (vi) el
director o administrador del hospital, clínica, asilo, cárcel o establecimiento
público donde ocurrió el fallecimiento, y (vii) la autoridad de policía que
encuentre el cadáver de persona desconocida o que no haya sido reclamada, “dentro de los dos días siguientes al
momento en que se tuvo noticia del hecho, en la oficina de registro del estado
civil correspondiente al lugar donde ocurrió la muerte, o se encontró el
cadáver”.
Si la inscripción no se realizó en esos dos (2) días, su registró
solo podrá efectuarse con “orden judicial impartida luego de trámite
incidental”, según el artículo 75 del Decreto 1260 de 1970. Igualmente,
se requiere de orden judicial cuando “la muerte fue violenta” o “en el evento de una defunción cierta, cuando no se
encuentre o no exista el cadáver”, acorde con el artículo 79 ibídem.
6.3.
Ahora, en torno a la forma en que debe acreditarse la muerte ante el
funcionario del estado civil para su respectiva inscripción, señala el artículo
76: “mediante certificado médico, expedido bajo juramento, que se
entenderá prestado por el solo hecho de la firma”. Entiéndase médico
general, especialista, forense, de sanidad o el médico que desempeñe en el
lugar un cargo oficial relacionado con esa profesión y “todo profesional
médico”, a solicitud del encargado del registro. Y, “Tan sólo en caso de
no haber médico en la localidad se podrá demostrar mediante declaración de dos
testigos hábiles”.
6.4.
El Consejo de Estado ha señalado que ante la
ausencia del registro civil de defunción de una persona, es aceptable otros
documentos como la necropsia y el certificado de defunción. Así lo sostuvo en
sentencia del 27 de junio de 2012, radicado 88001-23-31-000-2000-00053-01
(24791):
“Como
el registro civil de defunción del señor Federico McLean Martínez, que obra en
copia simple, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en la norma
transcrita, no puede dársele valor probatorio en este proceso.
Sin
embargo, obra la copia auténtica del certificado de defunción A030300 y la
necropsia clínica 09-98, practicada el 10 de septiembre de 1998, ambos
documentos suscritos por funcionarios del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de San Andrés Islas. Si bien, de conformidad con el artículo
106 del Decreto 1260 de 1970[54], el medio idóneo para
probar la muerte de una persona es el respectivo registro civil de defunción,
los documentos acabados de mencionar serán tenidos en cuenta para acreditar la
del señor McLean Martínez, en virtud de que son documentos públicos, de los que
se presume su autenticidad, al haber sido suscritos por funcionarios públicos,
en ejercicio de su cargo. Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación
ha dicho:
“…
el documento público, es decir aquel que es expedido por funcionario de esa
naturaleza, en ejercicio de su cargo o con su intervención (artículo 251 C. de P. C.), se presume auténtico y tiene pleno valor probatorio frente a las partes, los terceros
y el juez, salvo que su autenticidad sea desvirtuada mediante tacha de
falsedad, según lo dispone el artículo 252 del C. de P.C.[55]”
Postura
reiterada en sentencia del 2 de mayo de 2016 dentro del expediente radicado 47001-23-31-000-2005-01061-01
(36541)[56]:
“La Sala advierte que sin desconocer que el registro civil
de defunción es el documento legalmente dispuesto para probar la muerte de una
persona en los términos de los artículos 73 y siguientes del Decreto 1260 de
1970, que señalan que el fallecimiento debe quedar inscrito en la oficina de
registro del estado civil y, en consecuencia, tal registro o certificado
constituye la prueba idónea de ese hecho, esta Sección ha decantado que esa
circunstancia también puede tenerse como cierta cuando se cuenta en el
expediente con otros elementos que permitan llegar a esa conclusión, sin que lo
anterior implique el desconocimiento de las normas que regulan la materia
porque lo que se pretenden es garantizar el acceso a la administración de
justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal”.
6.5.
Significa lo anterior que conforme con el Decreto 1260 de 1970 el deceso de las
personas debe inscribirse ante la oficina de registro del estado civil por los
familiares o encargados del lugar donde se produjo el deceso, pero si el mismo
se produjo de manera violenta, se requiere la orden judicial. Así mismo, quedó
establecido que el certificado civil de defunción es la prueba por excelencia
del fallecimiento, no obstante, es un hecho que puede demostrarse por otro
medio como el certificado médico, el testimonio, el acta de levantamiento o la
necropsia.
- Del protocolo de necropsia.
Según el Decreto 786 de 1990 la necropsia es el “procedimiento mediante el cual a través de
observación, intervención y análisis de un cadáver, en forma tanto externa como
interna y teniendo en cuenta, cuando sea del caso, el examen de las evidencias
o pruebas físicas relacionadas con el mismo, así como las circunstancias
conocidas como anteriores o posteriores a la muerte, se obtiene información
para fines científicos o jurídicos”.
En el sistema procesal penal, la necropsia se ubica dentro de la
categoría de la prueba pericial que deben cumplir los médicos forenses. La diligencia
como tal se divide esencialmente en tres partes que corresponden al (i) examen
exterior, (ii) el interior y (iii) la conclusión. El primero se relaciona con
los datos de la persona y, en general, “los signos recientes de trauma, en
su localización y extensión; los miembros superiores y con particular atención
las manos, son examinadas minuciosamente para buscar heridas de “defensa” que
tendrán gran valor en el proceso para clarificar homicidios en riñas”[57], así
como todas las cicatrices que presente el cadáver.
El examen interior, como su nombre lo indica corresponde a la
exploración de los órganos, con el fin de establecer el nexo de causalidad, la
naturaleza de las lesiones y la supervivencia probable del occiso, entre otros.
Y la conclusión, es la parte que contiene la causa de la muerte, el
nexo de causalidad ente las lesiones recibidas y el deceso, el tipo de arma o
instrumento que ocasionó la muerte, extraer proyectiles y el cálculo de
supervivencia. “Es la etapa más importante de la autopsia, ya que las
conclusiones llevarán al juez a tomar una determinada conducta. Decir la causa
de la muerte es obligatorio dentro de las conclusiones. Debe recordarse que
esta constancia constituye el “certificado de defunción”, con el cual se
autoriza la inhumación del cadáver” (subraya fuera de texto)[58].
En
suma, una necropsia completa debe estructurarse a través de tres etapas como
son el examen exterior, el interior y la conclusión, con la finalidad de
establecer, en primer lugar, la muerte de la persona, y, segundo, a través del estudio
de los órganos, determinar si el fallecimiento se produjo o no como
consecuencia de la lesión inferida, la posible supervivencia y particularidades
de las lesiones.
7. Análisis del
caso concreto.
7.1. Procedencia
genérica de la acción de tutela.
7.1.1. Como se señaló en la parte dogmática de esta
decisión, si bien la norma que permitía la acción de tutela contra providencias
judiciales fue declarada inexequible, la jurisprudencia de la Corte
excepcionalmente la admite en eventos donde el funcionario incurre en
ostensibles y graves actuaciones de hecho. La acción de tutela es procedente[59] siempre que se satisfaga los (i)
requisitos generales de procedibilidad, a través de las cuales se establece si
la decisión atacada puede ser examinada por el juez constitucional; y (ii) las
causales específicas o especiales, que definen la suerte de la decisión
demandada, en la medida que permiten establecer si se violaron o no los
derechos presuntamente vulnerados.
7.1.2. En el presente caso la acción de tutela resulta procedente
en tanto concurren los presupuestos generales de procedibilidad para acometer
el estudio de la misma. En efecto, revisada la actuación se advierte que:
(i) La acción objeto de este fallo es de relevancia
constitucional en tanto a través de ella se debate la presunta vulneración de
los derechos fundamentales constitucionales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, concretamente por no dar prevalencia al derecho
sustancial sobre el formal dentro de un proceso de reparación directa –exceso
ritual manifiesto-, por parte del Consejo de Estado, lo cual determina que el
debate jurídico se oriente a establecer si se respetaron los artículos 29, 228
y 229 de la Carta. Esa circunstancia faculta a la Corte para establecer si se
presentó o no causal específica de procedencia de la acción.
(ii) Los accionantes no cuentan con otros medios de defensa
judicial, puesto que la decisión que denegó sus pretensiones se emitió en el
trámite de la segunda instancia por parte del Consejo de Estado al revisar la
sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por lo tanto, no
tenía a su alcance la posibilidad de recurrir en apelación la decisión, como
tampoco era susceptible del recurso extraordinario de revisión, porque no se
estructura causal alguna de las previstas en el Estatuto Contencioso
Administrativo[60].
En efecto, el numeral 1º del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011 consagra como una de las causales de revisión el que con posterioridad al
fallo se encuentren “documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
Esta realmente no se muestra idónea ni eficaz en este caso, puesto que la
causal como tal parte de la hipótesis de que en el trámite del proceso hubo
diligencia, mediante el decreto y práctica de las pruebas; mientras que en el
asunto objeto de decisión surge de un presupuesto atribuible al juez, el cual
aplicando principios como la prevalencia del derecho sustancial (art. 228
Constitución Política) y el derecho a una pronta y efectiva justicia (art. 229
Superior) le era posible advertir la existencia de la prueba y con un mayor
grado de diligencia probatoria verificarla o comprobarla.
Aunado a lo expuesto, tampoco puede afirmarse que en este
evento la prueba del certificado civil de defunción surgió con posterioridad a
la sentencia, porque el documento ya existía como tal en la Registraduría
Nacional del Estado Civil, oficina de Rioblanco (Tolima), desde el 7 de junio
de 2013 -cuando la Fiscalía 56 Seccional ordenó su inscripción- y el fallo
acusado fue proferido el 24 de julio del mismo año, por lo tanto, si el
funcionario administrativo lo consideraba necesario para emitir el fallo, sólo
bastaba reiterar la petición a la autoridad respectiva y, en ese sentido,
allegarlo al expediente antes del fallo. Así las cosas, el requisito de
subsidiariedad se encuentra acreditado en la actuación.
(iii) En cuanto a la exigencia relacionada con la
inmediatez, debe observarse que la sentencia demandada fue proferida el
24 de julio de 2013 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y la acción de tutela se interpuso el 22 de octubre de
2013 en la Secretaría de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado. Entre una y otra actuación solo transcurrieron tres (3)
meses, es decir, que la acción constitucional se interpuso en un tiempo
razonable, solo que la decisión de primera instancia se produjo el 26 de mayo
de 2016 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado.
(iv) La acción
de tutela se interpuso con fundamento en la posible afectación de los derechos
fundamentales por presentarse los defectos procedimental por exceso ritual
manifiesto y fáctico en su dimensión negativa, por no valorar una prueba
allegada al expediente y/o no hacer uso de la facultad de decretar pruebas de
oficio. Vicios que en sentir de los accionantes afectó la demostración del daño
y, por supuesto, que las pretensiones de la demanda se despacharan de manera
negativa. En ese orden, debe repararse que efectivamente el fundamento del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A para negar las peticiones fue
precisamente el no haberse demostrado la muerte del señor Fermín Cerquera
Camacho por ausencia del certificado civil de defunción, aspecto que eventualmente
pudo establecerse con otros medios de prueba u ordenando traer al proceso el
citado documento.
(v) Analizada
la acción de tutela se percibe que los accionantes identificaron de manera razonable
los hechos que originaron la violación de los derechos fundamentales. En
efecto, señalaron que el acontecimiento surgió de la sentencia emitida el 24 de
julio de 2013 por parte de la demandada, al revocar el fallo del Tribunal
Administrativo del Tolima que había condenado a la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional. Revocatoria que se fundamentó en la inexistencia en
el proceso del certificado civil de defunción del señor Fermín Cerquera
Camacho, cuando en el expediente existían otros medios de convicción que daban
cuenta del deceso y/o haber ordenado, de oficio, allegar el respectivo
documento a la entidad pública pertinente.
(vi) La
decisión objeto de análisis mediante esta acción de tutela es una sentencia emitida
dentro de un proceso de reparación directa, lo que de suyo descarta que se
trate de providencia emitida en otra acción de tutela.
(vii)
Finalmente, debe advertirse que no hubo negligencia de parte de los accionantes
en la presentación del certificado civil de defunción, porque desde la demanda
advirtieron la inexistencia del mismo y, por esa razón, solicitaron como prueba
que se pidiera a la Registraduría del Estado Civil y a la notaría el citado
documento, como a las autoridades penales y disciplinarias copias de las
actuaciones de esa naturaleza. La defunción del señor Cerquera Camacho solo se
registró el 7 de junio de 2013
autorizado por la Fiscalía 56 Seccional de Chaparral (fl. 174 c. anexo).
7.1.3. En
conclusión, los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela
se encuentran acreditados en la presente actuación, razón por la cual es
oportuno el análisis de las causales específicas.
7.2. Causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela.
7.2.1. Corresponde ahora a la Sala
establecer si la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, al
expedir la sentencia del 24 de julio de 2013, vulneró los derechos
fundamentales del debido proceso de los accionantes, al revocar
el fallo del 19 de diciembre de 2000
emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima[61], al
considerar que no se demostró el daño, por no acreditarse la muerte del señor
Fermín Cerquera Camacho.
7.2.2. Pues bien, de acuerdo a las pruebas allegadas al
expediente, se estableció que efectivamente la parentela del señor Fermín
Cerquera Camacho, fallecido el 26 de noviembre de 1998 cuando era conducido en
un bus de servicio público por la Policía Nacional hacia el municipio de
Chaparral (Tolima), presentó demanda de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional con el fin de que se les repararan los
perjuicios ocasionados. Esas circunstancias fueron debidamente demostradas con los
siguientes medios de convicción:
7.2.2.1. Oficio núm. 200 del 25
de noviembre de 1998, a través del cual el Comandante de la Estación Rioblanco
informa al Personero Municipal de esa población, sobre la captura de Fermín
Cerquera Camacho y Humberto Ortiz Bermúdez, por encontrarse “sindicados por
el delito de homicidio agravado” y, además, haber recibido dos llamadas
anónimas preguntando por los retenidos y si iban a ser trasladados a otro sitio
(fl. 40, c. anexo).
7.2.2.2. Fotocopias de
los oficios núms. 5771 y 5772 del 25 de noviembre de 1998, suscrito por el
Secretario Judicial II de la Unidad de Fiscalías de Chaparral. El primero
dirigido al Comandante de la Estación de Policía Rioblanco, solicitando dejar a
su disposición a los capturados, y el segundo, al Director del Centro de
Rehabilitación Social de Rioblanco, pidiendo “mantener encarcelados en esas
instalaciones a disposición de la Fiscalía 26 de esta Unidad, a FERMIN CERQUERA
CAMACHO y HUMBERTO ORTIZ BERMUDEZ, quienes se encuentra (sic) imputados del
delito de HOMICIDIO AGRAVADO…Así mismo solicito se sirva ordenar lo
pertinente para que los antes mencionados, sean trasladados bajo las estrictas
medidas de seguridad, hasta las instalaciones del centro de Rehabilitación
Social de esta localidad…toda vez que los mismos serán escuchados en
injurada el día veintiséis de los cursantes a partir de las 2:00 y 4:00 de la
tarde” (fls. 92 y 93 c. anexo).
7.2.2.3. Oficio
núm. 202 del 26 de noviembre de 1998 suscrito por el Comandante de la Estación
Rioblanco, dirigido al Secretario Judicial Fiscalía General de la Nación de
Chaparral, por el cual deja a disposición a los capturados, quienes serán “custodiados”
por dos patrulleros “en traje de civil” (fl. 42 c. anexos).
7.2.2.4. Oficio
núm. 271 firmado por el Comandante de Estación Rioblanco, dirigido a su
homólogo del Distrito Cinco de Policía Chaparral, a través del cual le da a
conocer sobre la pérdida del material de guerra (42 cartuchos calibre 38 largo)
el 26 de noviembre de 1998 y lo sucedido con el desplazamiento de los
capturados Cerquera Camacho y Ortiz Bermúdez. En efecto, señaló que cuando
estos eran trasladados en un bus adscrito a la “empresa contrasur (sic),
línea de las 04:30 horas el día de hoy 26.11.98, los cuales fueron
interceptados sobre la vía Rioblanco el Limón en el sitio los Naranjos por al
pareser (sic) 10 bandoleros en traje de civil, utilizando armamento de
diferentes calibres, al parecer por miembros del 21 frente de las FARC, fueron
posteriormente bajados del vehículo aduciendo que solo querían a los retenidos,
los cuales momentos después fueron asesinados sobre la vía” (fl. 44 c.
anexos).
7.2.2.5.
Informe núm. 4799 del 26 de noviembre de 1998, enviado al Comandante del
Departamento de Policía Tolima por parte del Comandante del Batallón de
Infantería No. 17 Gral. Caicedo, en los siguientes términos:
“Con el
presente me permito informar a ese comando los hechos ocurridos en la vereda
Los Mandarinos jurisdicción del municipio de Rioblanco en donde bandoleros al
parecer de las 21 cuadrilla de las ONT-FARC ultimaron con arma de fuego a los
señores FERMIN CERQUERA CAMACHO Y HUMBERTO ORTIZ BERMUDEZ quienes se encontraban
a disposición de la Fiscalía 50 de Rioblanco y eran transportados por dos agentes
de la Policía…. Este Comando no fue enterado del desplazamiento de las personas
asesinadas, por parte de las autoridades correspondientes. El presente con el
propósito de que se adelanten las diligencias que ese Comando estime convenientes”
(fl. 45 c. anexo).
7.2.2.6. Tres
folios del libro de anotaciones del Comando de la Estación de Policía de
Rioblanco (Tolima), en el cual existen las siguientes constancias sobre lo
sucedido:
(i) “26.11.98, 04:30
salen los señores Fermín Cerquera Camacho y Humberto Ortiz Bermúdez los
cuales se encuentran sindicados por el delito de homici (sic). Lo anterior en
cumplimiento y bajo la autorización del comando de Dtto cinco Chaparral el cual
(sic) serán dejados a disposición mediante oficio 202 del 26.11.98 a Fiscalía
Seccional Chaparra (sic)”.
(ii) “261198, 06:00.
Informa la estación de Policía del limón que se presentaron los
ag….manifestando q (sic) en el bus No. WYG-368 de No interno 232 donde
movilizaban junto con los retenidos Fermín Cerquera y Humberto Ortiz Bermúdez
los cuales eran sindicados por el delito de homicidio agravado, se subieron
unos sujetos de traje de civil a la altura del sitio los mandarinos y …hicieron
parar el bus y bajaron a los policías junto con los retenidos, despojándolos de
los revólveres para sacarle la munición y luego devolviéndoselos, informándoles
que ellos no tenían o no querían nada con los policías y que se subieran
nuevamente al bus, posteriormente fueron al parecer asesinados cerca a los
naranjos vía al limón”.
(iii) “261198,
10:00 HS. Levantamiento. A la hora indicada Inspolicia de esta localidad practicó
levantamiento cadáveres de los srs Fermin (sic) Cerquera Camacho…el cual
presenta varios impactos diferentes partes cuerpo producidos con arma de fuego
al parecer pistola calib 7,65. Humberto Ortiz Bermudez (sic)… el cual presenta
varios impactos diferentes partes cuerpo al parecer con arma de fuego pistola
calib 7,65. Los antes mencionados se encontraban a disposición fisc. seccional
chpl bajo custodia esta unidad, ya que el director del centro carcelario de
este municipio hizo caso omiso a la orden impartida de la fiscalía en
referencia sobre la custodia de los retenidos en este centro carcelario. Siendo
las 04:30Hs. del día de hoy los retenidos fueron trasladados hacia la fiscalía
en mención los cuales eran custodiados por los agts Suárez Ibañez Rigoberto,
Bernal Arroyave Carlos Arturo. Traje civil, portando armamento corto alcance revolver
dotación oficial, en el bus nro. Int. 232, placas wyg-368 adscrito a la empresa
cointrasur y a la altura del sitio los naranjos entre Rioblanco y el Limón,
fueron interceptados por aproximadamente 10 sujetos en traje civil utilizando
arma diferentes calibres ente los cuales cuatro (4) de los anteriores viajaban
dentro del vehículo, quienes se identificaron como miembros del 21 Frente de
las FARC, posteriormente fueron bajados del vehículo intimidándolos con sus
armas, como resultado de ella el homicidio de los mencionados”. (fls. 46 a
48 anexos).
7.2.2.7. Fotocopia del informe suscrito por los agentes
Rigoberto Suárez Ibáñez y Carlos Arturo Bernal Arroyave enviado al Comandante
del Distrito Quinto Chaparral, dándole a conocer los hechos ocurridos:
“cuando
fuimos encañonados con armas de juego (sic) por la parte de atrás a la altura
de la cabeza por dos sujetos que manifestaron ser guerrilleros y otros dos que
se encontraban en las sillas de adelante nos apuntaban a la altura del pecho,
en ese momento otro sujeto de traje de civil le hizo el alto al conductor del
bus, se subió y posteriormente encañonó al conductor para que este detuviera la
marcha, fuimos despojados por los dos que nos apuntaban a la cabeza del armamento
que portábamos y al tiempo que nos decían que no nos moviéramos Policías porque
nos dejaban fríos que con nosotros ellos no tenían ningún problema que a los
que necesitaban eran a ese par de pájaros que hacían  días los estaban
esperando como pan al desayuno, luego nos ordenaron descender del bus junto con
los retenidos a los cuales les hicieron tender boca a bajo (sic) al lado
derecho de la vía junto a la puerta de descenso del vehículo, uno de ellos nos
dijo que los Policías al otro lado de la vía frente al capó del bus y ahí nos
volvieron a decir que con nosotros no tenían nada que estábamos trabajando
bien, que sigamos así que aunque hay unos civiles que son una porquería que no
se dejaban manejar por las buenas, que eso lo tenían ellos en cuenta; en ese
momento se escucharon varios disparos, uno de los supuestos guerrilleros que
estaban con los retenidos fue donde nosotros y os pidió las llaves de las
esposas, se las entrejamos (sic), la tomó, se retiró y luego volvió y nos dijo
que las quitaramos (sic) nosotros porque el (sic) no había podido, entregaron
una de las dos llaves y quitamos las esposas a uno de los retenidos ya muerto,
al otro no fue posible ya que la otra llave la extraviaron y son de otro tipo
de esposas” (fls. 104 y 105, c. anexo).
7.2.2.8. Fotocopia
del informe de policía suscrito por el Comandante del Quinto Distrito de Chaparral
el 27 de noviembre de 1998, dirigido al Comandante del Departamento de Policía
Tolima, en los términos que se citan:
“Fue así como
se coordinó el traslado de los capturados para el día 26-11-98 en horas de la
madrugada por medidas de seguridad y a las 04:50 horas del día 261198 a escasos
10 minutos de la localidad de Rioblanco fueron interceptados los Policías por
varios sujetos que dijeron manifestar pertenecer a la Guerrilla y los
despojaron de sus armas (revólveres), procediendo a bajar a todos los pasajeros
que venían en el Bus No. interno 232 afiliado COINSTRASUR y dieron muerte a los
dos capturados y le dijeron a los Policiales que con ellos no era la cuestión y
que estaban trabajando bien y procedieron a dar muerte a los capturados. Posteriormente
le devolvieron los revólveres a los Agentes sin la munición y huyeron”…Los
uniformados instauraron la correspondiente denuncia ante la Autoridad
competente” (fls. 94 y 95 c. anexo).
7.2.2.9. Oficio
núm. 240 del 2 de diciembre de 1998, suscrito por el Inspector (E) de
Rioblanco, dirigido a la Fiscalía de la misma localidad, en el cual informa que
“Revisado el escritorio  del señor Inspector Municipal se encontraron las
actas de levantamiento de los señores HUMBERTO ORTIZ BERMUDEZ, FERMIN CERQUERA
CAMACHO y LIDIA LOPEZ SALAZAR”, practicados los dos primeros el 26 de
noviembre de ese año en el sitio Los Naranjos y, el segundo, en la vereda Bocas
de Rioblanco. Igualmente dejó constancia que “se envían en el estado que se
encontraron” (fl. 39, c. anexo). En el mismo folio se observa un sello de
recibido de la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales
Municipales de Rioblanco Tolima con fecha del 02 de diciembre de 1998.
7.2.2.10.
Oficio del 1º de diciembre de 1998 suscrito por el
Médico Director (E) del Hospital “María Inmaculada” de Rioblanco y
dirigido al Inspector Municipal, en el cual se indica:
“Damos
respuesta a su oficio número 238 del 26 de noviembre del presente año,
realizándose Necropsia a FERMÍN CERQUERA CAMACHO; presentando:
1) 18 orificios de entrada de
proyectil de Arma de Fuego, localizados en:
·
Uno en región Parieto Occipital
·
Uno en región Occipital
·
Dos en región Dorsal derecha de tercio superior
·
Seis en región Dorsal izquierda de 2/3 inferiores
·
Tres en dorso Lumbar izquierda
·
Uno en región Hombro derecho
·
Uno en región de Cara anteromedial de brazo derecho, tercio
medio.
·
Uno en región de Cara anterior de antebrazo derecho, tercio medio
·
Dos en región de cara anterior de antebrazo derecho, tercio
distal.
15 orificios de salida localizados en:
·
Uno en región Frontal Central
·
Uno en región Parietal
·
Uno en región Clavicular
derecha, tercio medio
·
Uno en región de cara
lateral, tercio proximal, brazo derecho
·
Uno en región de cara
anterior, tercioi proximal, brazo derecho
·
Uno en región de cara
lateral, tercio medio, brazo derecho.
·
Dos en región de cara posterior,
tercio medio de antebrazo derecho
·
Uno en región de cara
posterior, tercio distal de antebrazo derecho
·
Uno en región axilar anterior
derecha.
·
Tres en región tórax
anterior, t4ercio medio, c on línea para esternal derecha.
·
Dos en región Toraco-abdominal
derecha.
2. Elementos Causantes: Proyectil de Arma de
fuego.
3. Causa Probable de Muerte:
·
Laceración cerebral
·
Heridas por proyectil de Arma
de Fuego múltiple.
NOTA:
No se realizó Necropsia por no contar con la dotación requerida y necesaria
para tal fin”.
7.2.2.11.
Analizados los medios de convicción que se acaban de relacionar, sin duda se
constituyen en prueba demostrativa de lo ocurrido. En efecto, se trata de
verdaderos documentos públicos cuya veracidad no se presta a dudas, en tanto fueron expedidos por autoridades públicas en ejercicio de sus funciones
y no fueron censurados o tachados de falsos en este trámite de tutela por la
parte accionada ni dentro del proceso de reparación directa (excepto la
denominada necropsia, que el juez constitucional de segunda instancia consideró
contradictorio y que es precisamente el objeto de esta decisión), de tal manera
que su eficacia probatoria se mantiene. Además, el documento del
Director del Hospital si bien no es una necropsia, sí constituye su componente
externo, por lo que no puede afirmarse que es contradictorio, como
equivocadamente lo valoró el Consejo de Estado.
7.2.3. En cuanto
a la prueba testimonial se cuenta con las fotocopias de las declaraciones
entregadas tanto por los agentes de Policía que conducían al occiso hacia el
municipio de Chaparral, como del conductor del bus intermunicipal y algunos
pasajeros del mismo, quienes de una u otra forma coincidieron en afirmar que
efectivamente el señor Cerquera Camacho fue obligado a descender del vehículo y
una vez en el piso lo sacrificaron con arma de fuego.
7.2.3.1. El uniformado Carlos
Arturo Bernal Arroyave, en testimonio vertido cinco días después de lo
ocurrido, esto es, el 1º de diciembre de 1998 dentro del proceso disciplinario
adelantado en la Policía Nacional – Departamento de Policía Tolima – Oficina de
Asuntos Disciplinarios, señaló que para el 26 de noviembre de ese año le
ordenaron desplazarse con los retenidos en el bus de las cuatro y media de la
mañana junto con el compañero Rigoberto Suárez Ibáñez y luego de abordar el
carro, “como a los diez minutos después de haber salido el vehículo…dos
señores que iban en la parte de atrás de nosotros nos pusieron de apistola
(sic) en la cabeza en ese mismo instante se pararon dos señores que iban al pie
de la puerta quienes también (sic) nos encañonaron con pistolas, el señor que
se subió al bus iba armado e hizo parar el bus, en ese instante uno de los que
nos encañaron dijo quietos policías no hagan ningún mobimiento (sic) por que
(sic) los dejamos frios (sic) a ustedes no les vamos (sic) a hacer nada
apuntandonos (sic) nos desarmaron y nos dijeron (sic) solo necesitamos estos
pajaros (sic) que mantienen robando y matando gente inocente, nos hicieron
parar y nos digeron (sic) somos Guerrilleros y nos digeron(sic) que nos
bajaramos (sic) del Bus (sic) a los dos retenidos y a nosotros dos (sic)
hicieron tender en el piso a los detenidos los cuales estaban por cuenta de la
fiscalía seccional de chaparral por el Delito de Homicidio al parecer eran
Paramilitares, anosotros nos hicieron por laparte izquierda del Bus y de nuevo
nos digeron (sic)que tranquilos que nosnos ibana ahcer nada….. en ese mismo
instante le hicieron varias descargas a los detenidos ocasionándole la muerte….
En el Limón le informamos al Comandante de guardia del Limón y así mismo al
Comandante del distrito y de Rioblanco, quedo (sic) la respectiva denuncia
en la fiscalía 27 de chaparra (sic)” (fls. 100 a 101 anexo).
Casi dos años después de los hechos, es decir, el 25
de octubre de 2000 ante el Magistrado instructor del proceso de reparación
directa, el testigo, en lo esencial, dijo lo mismo: “fue así como diez
minutos después de haber arrancado el bus, aproximadamente faltando diez
minutos para las cinco de la mañana, no me acuerdo muy bien la fecha pero creo
que fue el veintiséis de noviembre del noventa y ocho y en una hondanada de la
carretera se subió un sujeto e hizo parar el bus, así mismo nos dijeron unos
sujetos que venían en la parte de atrás del bus, encañonándonos en la cabeza
con pistola quietos policías, no hagan nada porque los dejamos fríos….Dijeron
solo necesitamos a estos pájaros que mantienen robando y matando gente
inocente…. Fue así como uno de ellos dijo a tierra y nos hicieron bajar a los
dos retenidos y a nosotros los dos policías. Primero de (sic) bajó uno de los
retenidos entonces le dijeron contra el piso, yo iba enseguida y me iba a tirar
al piso también entonces uno de los guerrilleros que iba en la parte de atrás
dijo no los policías no, los policías la frente (sic) del bus, fue así como nos
prestaron seguridad, nos tenían ahí y nos estaba hablando un guerrillero y así
mismo se escucharon varios impactos de bala y fue cuando mataron a los dos
muchachos” (resalto fuera del texto obrante en los fls.54 y 55 anexos).
7.2.3.2.
En igual sentido, el 1º de diciembre de 1998 se pronunció el agente Rigoberto Suárez Ibáñez  (fls. 96 a 98 anexos),
cuando indicó que efectivamente salieron a las 4:30 de la mañana del 26 de
noviembre de 1998 con destino a Chaparral a cumplir con la orden dada y, luego
de salir, aproximadamente a los diez minutos, dos hombres que venían de la
parte de atrás del bus “nos colocaron pistolas en la cabeza por la parte de
atrás diciéndonos (sic) quietos policias (sic) o los dejamos frios (sic) cuando
yo observe (sic) la parte delantera había otro sujeto con una pistola
apuntandome (sic) a la altura del pecho y otro le estaba apuntando a mi
compañero BERNAL también con pistola a la altura de la cabeza también por la
parte de atrás…uno de civil que se encontraba sobre la via (sic) le hizo alto
al conductor del bus y cuando el paro para recoger el supuesto pasajero,
también (sic) fue encañonado, con el fin que el bus no siguiera la marcha…nos
quitaron las armas de dotación que eran revólveres, cuando desendimos (sic) del
vehículo ordenaron tirarse boca abajo al piso…cuando bajamos del vehículo uno
de ellos dijo ese par son pajaros (sic) y se la pasan matando y robando…después
nos mandaron a la parte contraria del bus donde estaban los retenidos y uno de
ellos que ya se había identificado como guerrilleros nos dijo, ustedes
tranquilos policías (sic) con ustedes no tenemos nada ahí ya se escucharon unos
impactos de armas de fuego…el que os estaba custodiando nos dijo estos pajaros
(sic) mataron a un aguacatero en puerto Saldaña….a éstos no los podemos dejar
pasar por que (sic) en ocho días están por fuera y vuelven a hacer las mismas”
(fls. 102 y 103 c. anexo).
7.2.3.3. Por su parte, el conductor de la empresa
Cointrasur Jairo Gutiérrez, en declaración entregada el 1º de diciembre de
1998, también dentro del proceso disciplinario, de manera similar a lo expuesto
por los uniformados indicó que le correspondió salir a las 4:30 de la madrugada
de Rioblanco con destino Chaparral-Ibagué y a los diez minutos fue obligado por
un hombre armado a detener el carro y apagar el radio de comunicación.
Posteriormente, advirtió que bajaron a unos pasajeros, entre ellos los policías
y “otros señores que lo botaron sobre la carretera y escuché unos disparos,
no se (sic) que conversaciones tuvieron con los Agentes, duramos como unos diez
minutos y y de ahí le dijeron a los agentes que siguieran la marcha y a mi
también con la ruta que llevaba (sic) no presencie más” (fls. 99 c. anexo).
El 6 de diciembre de 2000 ante el Juez Civil del Circuito
de Chaparral, por comisión del Tribunal Administrativo del Tolima, el señor
Gutiérrez hizo la misma presentación de los hechos, al afirmar que luego de
salir de Rioblanco con destino a Ibagué “como a los 15 minutos de recorrido
un señor abrió la puerta del bus de división. Me dijo señor pare el bus un
momento encañonándome a mí, vamos a bajar unos señores aquí, y lo primero que
yo vi bajaron (sic) dos agentes de la policía, que estaban de civil, y después
bajaron otros dos señores, los dos señores los botaron en el piso bocaabajo
(sic) y los agentes los colocaron en la parte adelante del bomper del bus con
las luces encendidas, dos sujetos les dispararon a los que estaban boca
abajo en varias ocasiones, sin conocer los muertos ni los nombres de ellos,
a los agentes les quitaron las armas y volvieron se las entregaron a ellos
luego de haber matado a las dos personas que bajaron, las cuales estaban
esposadas y a los policías los hicieron entrar al bus y seguimos la marcha
quedando los dos muertos ahí y los que los mataron también….los agentes se
bajaron en El Limón” (fls. 87 y 88 cuad. anexos).
7.2.3.4. Los pasajeros Edgar Ramírez Ariza y Alfonso Carvajal, escuchados en la misma
audiencia del 6 de diciembre de 2000 por el Juez Civil del Circuito de
Chaparral, afirmaron que tanto los uniformados como los detenidos fueron
obligados a descender del vehículo y una vez en el piso “mataron” a los
reclusos (fls. 81 a 88 anexos). En efecto, el primero, advirtió que cuatro años
atrás conocía a Fermín Cerquera Camacho en Rioblanco donde lo veía con
frecuencia “borracho”, pero “no era persona problemática”. Sobre
lo ocurrido expresamente señalo: “ese día de su muerte, salimos de
Rioblanco hacia aca (sic) – Chaparral, y como a unos 15 o 20minutos  observe
(sic) que el bus paro (sic), pense (sic) que era una falla mecanica (sic), pero
me di cuenta que lo habían hecho parar unos señores, y entonces en el bus
venían dos policias (sic) de civiles y traían a dos detenidos esposados, y los
hicieron bajar, y los agentes entregaron las armas, no hicieron nada para
evitar cualquier suceso, y fue así como procedieron y mataron al señor
FERMINA (sic)” (fls. 84 y 85 anexo).
7.2.3.5. Alfonso Carvajal, por su
parte, luego de señalar que conoció al señor Cerquera Camacho, expuso que iba
dormido en el bus cuando escuchó “el alboroto de unos hombres armados, y
entonces todos nos pusimos asustados y vi cuando los policías o los civiles le
pasaron las armas a las personas que se subieron en el bus, y sacaron a don
FERMIN CERQUERA y al otro señor, los sacaron y los policia (sic) no hicieron
nada, y en la carretera los mataron” (fl. 86 anexo)
7.2.4. Analizados los citados testimonios bajo el tamiz de
la sana crítica, surgen creíbles, no solo porque fueron vertidos por quienes de
manera directa conocieron los hechos en los cuales perdió la vida el señor
Cerquera Camacho, sino por su capacidad de percepción para el momento de la
ocurrencia, en la medida que se trataba de personas con capacidad de observar y
escuchar, así como de evocar lo percibido o, por lo menos, no se demostró lo
contrario. Además, a pesar de que fueron interrogados en dos ocasiones, en el
fondo, siempre dijeron lo mismo de manera clara, coherente y sin intención alguna
de pretender tergiversar lo sucedido.
7.2.5.
En suma, el acopio probatorio documental y testimonial aportado a este trámite
de tutela, de manera palmaria evidencia que la muerte del señor Fermín Cerquera
Camacho fue un hecho que se produjo el 26 de noviembre de 1998 en inmediaciones
del municipio Rioblanco en el departamento del Tolima, en las condiciones
presentadas por los testigos y los informes entregados por las autoridades
policivas.
7.2.6. En similar sentido lo concibió
el Tribunal Administrativo del Tolima cuando en sentencia del
28 de abril de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, a
través de la cual se declaró administrativamente responsable a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional y en consecuencia pagar a los
demandantes los siguientes valores:
Nombre
S.M.L.M.V.
Total ($)
VICTORINO CERQUERA (padre)
70
25’060.000
ESTHER CAMACHO DE CERQUERA (madre)
70
25’060.000
BELKIS TAPIERO GARCÍA (Compañera permanente)
75
26’850.000
ELMER EDUARDO CERQUERA TAPIERO (Hijo)
70
25’060.000
JORGE ANDES CERQUERA TAPIERO (Hijo)
70
25’060.000
LUIS FERNANDO TAPIERO GARCÍA (Hijo Póstumo)
70
25’060.000
Para arribar a la citada decisión, como se dijo, el
Tribunal Administrativo del Tolima tuvo en cuenta no solo la prueba documental
analizada sino igualmente la testimonial vertida por el conductor del bus y los
agentes encargados del traslado de los aprehendidos. Posteriormente, en el punto
que denominó “Análisis sustancial” hizo referencia a los tres elementos
que la jurisprudencia ha decantado como esenciales para deducir la
responsabilidad de la administración en los casos de faltas o fallas en el
servicio. En efecto, refirió que esos requisitos eran: (i) “Una falla en la
prestación del servicio por retraso, irregularidad, ineficiencia omisión o
ausencia del mismo”; (ii) “Un daño que configure lesión o perturbación
de un bien jurídicamente tutela”; y (iii) “Un nexo de causalidad entre
la falla o falta de prestación del servicio a que la Administración está
obligada y el daño”.
Señaló el a-quo que, en el caso concreto, se hallaba
de cara a una falla en el servicio: “en razón a la perdida de la vida de los
señores Cerquera Camacho y Ortiz Bermúdez, en momentos en que se encontraban
bajo la custodia,  protección y cuidado del estado, más concretamente, de la
Policía Nacional, razón por la cual, debió la institución armada, desplegar los
medios y mecanismos suficientes para preservar la integridad de quienes en ese
momento se encontraban a su cargo, más aun cuando como lo anota el mismo
Comandante de Estación de Rioblanco, se habían recibido llamadas amenazantes
anónimas” (fls. 132 y 133).
7.2.7. Por su parte, la accionada en la respuesta a la
acción de tutela mantuvo la posición exhibida en la sentencia del 24 de julio
de 2013, al considerar que la muerte del señor Cerquera Camacho no se hallaba
demostrada por no contar con el certificado civil de defunción y que, si bien
la jurisprudencia del Consejo de Estado ha admitido como prueba del deceso
otros documentos, por ejemplo el acta de levantamiento y el protocolo de
necropsia, en este evento a pesar de existir un escrito firmado por quien dijo
ser el Médico Director, encargado, del Hospital “María Inmaculada” de
Rioblanco (Tolima) en el cual se indica que se realizó necropsia, no le dio
validez porque, en su sentir, el mismo presentaba inconsistencias, en tanto que
en la parte superior se señalaba que se trataba de la autopsia, mientras que al
final de la misma se decía que “No
se realizó necropsia por no contar con la dotación requerida y necesaria para
tal fin”. El fallo atacado textualmente expresa:
“Pues bien, la Sala advierte que no se encuentra
demostrado el daño por cuya indemnización demandan los actores, por cuanto la
parte demandante, teniendo la carga de su prueba, en los términos del artículo
177 del C. de P. C., no aportó el registro civil de defunción del señor Fermín
Cerquera Camacho, el cual, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y
106 del Decreto 1260 de 1970, es necesario para acreditar la ocurrencia de la
muerte, habida consideración de que ningún hecho o acto relacionado con el estado
civil de las personas, que sea sujeto a registro, hace fe ante alguna autoridad
si no ha sido debidamente inscrito.
Ahora, si bien en la demanda se solicitó “…Librar
oficios a la Registraduría del Estado Civil de Rioblanco Tolima y al Notario
único de ciudad (sic) Chaparral, pidiendo copia del Registro Civil de defunción
correspondiente a GERMÍN CERQUERA CAMACHO…”, lo cierto es que, decretada esa
prueba por el a quo, la Registraduría informó que, en sus archivos, no encontró
el solicitado registro civil de defunción, mientras que la Notaría guardó
silencio ante el mismo requerimiento. Frente a esto, la parte actora se mostró
conforme, habida cuenta de que nada dijo al respecto” (fls. 163 y 164 c.
anexo).
Con relación a la diligencia aportada como necropsia,
la sentencia advierte:
“Si bien se tiene copia de un escrito firmado por
quien afirma ser el director (E) del Hospital “María Inmaculada”, en el que se
certifica que el cadáver del señor Fermín Cerquera Camacho tenía varios
impactos por arma de fuego, lo cierto es que para la Sala tal escrito no merece
credibilidad, toda vez que el mismo resulta contradictorio, pues al inicio de
él se afirma que al señor Cerquera Camacho se le practicó necropsia, pero, al
concluir, se consigna que “…No se realizó Necropsia (sic) por no contar con la
dotación requerida y necesaria para tal fin”, afirmación que corrobora el
oficio remisorio obrante a folio 16 del cuaderno 2 y que resulta suficiente
para descartar su valoración probatoria (fls. 16, 17 y 18, C.2)”.
7.2.8. Al respecto considera la Corte que el documento
excluido por la accionada ciertamente revela, sin discusión alguna, que la
diligencia practicada por el médico del Hospital “María Inmaculada” de
Rioblanco en el cadáver de quien en vida respondía al nombre de Fermín Cerquera
Camacho, así no observe algunos requisitos formales para una adecuada necropsia
(ausencia del examen interno) sí abriga el valor probatorio necesario como
documento público[62] que
acredita la muerte violenta. En efecto, el libelo se encuentra suscrito por el
Dr. Diego Germán Charry, quien fungía como director encargado del citado centro
hospitalario y en el da fe no sólo de la muerte sino de que se produjo por
proyectil de arma de fuego, es decir, se trata de un verdadero documento
público, en los términos citados por los Códigos de Procedimiento Civil y
General del Proceso.
7.2.9. Aunado a lo anterior, no puede
desconocerse que el medio probatorio que debe aportarse a la oficina de
registro del estado civil para inscribir la defunción de una persona es el “certificado
médico”, el cual da plena fe de lo ocurrido y que se entenderá prestado
bajo juramento, por el solo hecho de la firma. Lo cual ratifica que la muerte
puede demostrarse por este medio, situación a la cual también se ha referido el
Consejo de Estado (ver parte dogmática 6.4.), sin embargo, la accionada en este
evento no la tuvo en cuenta, a pesar de que fue una de las sentencias en que se
apoyó al responder la tutela. Es más, según el artículo 76 del Decreto 1260 de
1970, en caso de no existir médico en la localidad, se podrá demostrar mediante
dos testimonios de personas hábiles.
7.2.10. De acuerdo con lo determinado en la parte
dogmática de esta sentencia, el defecto fáctico proviene de varias
circunstancias, entre ellas, por la apreciación irracional de una prueba y por
no observarse en conjunto los elementos probatorios. En el caso objeto de
decisión, considera la Corte que el amparo solicitado a través de esta acción
de tutela debe concederse puesto que dentro del proceso de reparación directa se
incurrió en defecto fáctico, en su dimensión negativa, por realizar una
valoración inadecuada del certificado médico, en el cual se dejó establecida la
muerte del señor Fermín Cerquera Camacho y por no haberse analizado de manera
global todos los medios de convicción arrimados a este trámite que igualmente
daban certeza sobre la citada defunción.
7.2.11. Si bien el artículo 29 de la Constitución
Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas y, como consecuencia del mismo, el
juzgamiento debe realizarse con observancia de la plenitud de las formas
propias del juicio, su aplicación irrestricta no puede sacrificar el derecho
sustancial porque se incurre en un defecto procedimental por exceso de
ritualismo. En este caso, la Sección Tercera del Consejo de Estado al no tener
como prueba idónea el certificado del médico de Rioblanco, para exigir en
cambio como prueba única demostrativa del fallecimiento del señor Fermín
Cerquera Camacho el registro civil de defunción, incurrió en un exceso ritual
manifiesto, en tanto dio prelación a las exigencias o requisitos formales sobre
lo realmente acontecido, esto es, el fallecimiento violento de una persona, en
las circunstancias de modo, tiempo y lugar ampliamente señaladas en esta
decisión. En otras palabras, la
autoridad judicial accionada renunció conscientemente a la verdad jurídica
objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, por dar aplicación en
exceso rigurosa de la exigencia formal de acreditar el fallecimiento del señor
Cerquera Camacho con el registro civil de defunción, documento que, no sobra
señalarlo, no podía aportarse al proceso por cuanto solo hasta el mes de junio
del año 2013 se produjo el registro de la defunción por autorización de la
Fiscalía 56 Seccional de Chaparral (fl.
174 anexos).
Visto lo anterior, es posible afirmar que en el
fallo atacado la accionada no sólo valoró de manera irracional un documento público
que certificaba la muerte de una persona, sino que igualmente se dejaron de
justipreciar pruebas de importante valor probatorio para la decisión final,
vulnerando de esa manera el derecho fundamental
constitucional al debido proceso de los demandantes en el proceso de reparación
directa, puesto que el fallo se apartó de lo realmente probado en el proceso.
7.2.12. De igual manera, si la Subsección A,
Sección Tercera del Consejo de Estado consideraba que el documento público
emitido por el Médico del Hospital de Rioblanco, como tampoco el material
probatorio analizado le era suficiente para dar certeza de la muerte de
Cerquera Camacho, debió acudir a la facultad oficiosa de decretar pruebas (arts.
185 C. C. Adm. y 213 Ley 1437 de 2011). En efecto, las citadas normas autorizan
al funcionario judicial para que, aún al momento de emitirse sentencia, en el
caso de advertir “puntos oscuros o difusos de la contienda” ordene las
pruebas que considere necesarias, en este evento, insistir en el certificado
civil de defunción y/o arrimar las actas de levantamiento, toda vez que se
trataba de documentos axiales en el proceso de reparación.
7.2.13. En ese orden, la
Sala estima que la sentencia dictada el 24 de julio de
2013, por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, desconoció el derecho fundamental
al debido proceso de los accionantes, incurriendo específicamente en un defecto
fáctico en concurrencia con un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Por tal razón, la Corte procederá a dejar sin efectos dicha
providencia, concediendo el amparo solicitado y revocando las sentencias
de tutela que negaron el mismo. En consecuencia, se ordenará a la autoridad
judicial accionada, proceda a emitir un nuevo fallo que analice las
pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las consideraciones de esta
providencia.
7.2.14. Finalmente, debe advertirse que a pesar
de que los hechos del caso ahora en estudio corresponden a los mismos sucesos
juzgados en el proceso de reparación directa por la muerte del señor Ortiz
Bermúdez, el derecho a la igualdad no se vulneró, porque en este último caso sí
se contaba con el registro civil de defunción mientras que en este evento se
echaba de menos.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. REVOCAR las sentencias proferidas el veintiséis (26) de mayo
de dos mil dieciséis (2016), por la Sección Cuarta de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera instancia, y el cuatro (4) de agosto de
dos mil dieciséis (2016), por la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en segunda
instancia, por las cuales negaron la acción de tutela formulada por la
señora Belkis Tapiero  García y otros. En su lugar, CONCEDER el amparo a
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia –por no dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal- de los
actores.
Segundo.
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil
trece (2013), proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, a través de la cual revocó el fallo del veintiocho (28) de abril de dos mil
cuatro (2004) emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del
proceso de reparación directa instaurado por la señora Belkis Tapiero García y
otros.
Tercero. ORDENAR al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A que, en el improrrogable término
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la notificación de
esta providencia, profiera una nueva sentencia de fondo, en la que deberá tener
en cuenta lo expuesto en esta sentencia.
Cuarto. Líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Vicepresidente
CARLOS
LIBARDO BERNAL PULIDO
Magistrado
JOSÉ
ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado
(e.)
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
(e.)
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RIOS
Magistrado
ROCÍO
LOAÍZA MILIÁN
Secretaria
General
[1] Por intermedio de apoderado.
[2] Conformada por los Magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e)
y Jorge Iván Palacio Palacio.
[3] Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez, acompañado por los
Consejeros Miriam Guerrero de Escobar y Ramiro Saavedra Becerra, los otros dos
estuvieron ausentes.
[4] M.P. Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, en Sala con los
Magistrados José Arleth Ruiz Castro y José Manuel Santana Murillo.
[5] Consejero Ponente Carlos Alberto Zambrano
Barrera. Lo acompañaron los Consejeros Hernán Andrade Rincón y Mauricio Fajardo
Gómez.
[6]  Sentencia T-173 de 1993.
[7]  Sentencia T-504 de 2000.
[8] Ver entre otras Sentencia T-315 de 2005.
[9] Sentencias T-008 de 1998 y SU-159 de
2000.
[10] Sentencia T-658 de 1998.
[11] Sentencias T-088 de 1999 y SU-1219 de 2001.
[12] Sentencia T-590 de 2005.
[13] Sentencia T-522 de 2001.
[14] Cfr.
Sentencias T-462 de 2003; SU-1184 de 2001; T-1625de 2000 y T-1031 de 2001.
[15] Dice la Corte en la Sentencia C–590 de 2002 que se deja de aplicar una
disposición iusfundamental en los casos en que, “… si bien no se está ante
una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales”.
[16] En la sentencia C–590 de 2005 se reconoció autonomía a esta causal de
procedibilidad de la acción de tutela, y se establecieron algunos criterios
para su aplicación.
[17] Sentencia Su-198 de 2013.
[18] Ver SentenciasT-120 de 2014 y T-214 de 2012.
[19] La Corte ha señalado que el derecho al acceso de la administración de
justicia, supone la garantía de obtener respuestas definitivas a las
controversias planteadas, así que los jueces se encuentran obligados adoptar
todas las medidas pertinentes para evitar los pronunciamientos inhibitorios,
bien sea de forma manifiesta, o de forma implícita, cuando una decisión es solo
en apariencia de mérito. Cfr. Sentencias T-134 de 2004 y T-1017 de 1999.
[20] Sentencia T-264 de 2009.
[21] Sentencia SU-636 de 2015.
[22] Sentencia T-429 de 2011.
[23] Sentencia T-591 de 2011.
[24] Sentencia C-590 de 2005.
[25] Sentencia SU-159 de 2000.
[26] Sentencia T-1082 de 2007.
[27] Sentencias SU-774 de 2014 y 636 de 2015.
[28] Cargas Probatorias Dinámicas, Jorge W.
Peyrano, Inés Lepori White, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires.
[29] Cfr. T-1306 de 2001 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra). En esta misma providencia, la Corte estableció que “(…) si el
derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un
derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle
prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular
quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las
normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva
realización del derecho material (art. 228).”
[30] Sentencia T-591 de 2011.
[31] Sentencia T-926 de 2014.
[32] Consejo de Estado, Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero. 28 de
agosto de 2014. Radicación 32988. “el juez
administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a
criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e
inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de
reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos
fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas”.
[33] Sentencia C-832 de 2001.
[34]Sentencia
C-644 de 2011.
[35] Sentencia C-832 de 2001.  El sostén original de esta
tesis parte de la idea de culpa en contra de la persona jurídica, pues se
supone que ésta  ha debido de elegir bien  a sus agentes (culpa in eligiendo) o
ha debido vigilarlos diligentemente (culpa in vigilando).
[36] Cfr. sentencia C-832 de 2001.
[37] Corte
Suprema de Justicia, Sentencia del Junio 30 de 1962. M.P. José J. Gómez. La tesis de falla del servicio público o culpa
de la administración, se estructuró bajo el supuesto de que  “entre  los
deberes sociales del estado sobresale el de prestar a la colectividad servicios
públicos eficientes, así que fallando éstos, deja de cumplir el ordenamiento
constitucional y debe reparar el daño”. Como lo reconoció esta Corte
previamente en la sentencia C-285 de 2002[37], la responsabilidad indirecta del
Estado se sustentó por la Corte Suprema de Justicia básicamente, en los
artículos 2347 y 2349 del Código Civil, mientras que la responsabilidad directa,
lo hizo en el artículo 2341 de ese mismo estatuto, incorporando la teoría de la
culpa de la administración a la explicación de los fundamentos de la
responsabilidad patrimonial del Estado
[38] Sentencia T-926 de 2014.
[39] Sentencia C-957 de 2014.
[40] Sentencia C-832 de 2001, citada en sentencia C-957 de
2014.
[41] “El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados
por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
[42] Sentencia C-832 de 2001.
[43] Sentencia C-333 de 1996.
[44] Sentencia C-957 de 2014.
[45] Sentencia C-043 de 2004.
[46] Sentencia C-333 de 1996.
[47] Sentencia C-484 de 2002.
[48] Couture, Eduardo J., Fundamentos del
Derecho Procesal Civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962.
[49] Sentencia C-202 de 2005.
[50] Sentencia T-442 de 1994.
[51] Sentencia SU-1185 de 2001.
[52] Ibídem.
[53] “Por
el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas”.
[54] Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las
personas.
[55] Sentencia del 11 de agosto de 2010.
Expediente: 19056 M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Así mismo, sentencia del 18 de
julio de 2012, radicado 24.963.
[56] CP. Danilo Rojas Betancourth.
[57] Medicina Forense, Giraldo G. César Augusto. 10ª edición, 2001,
Señal Editora, págs. 250 a 259.
[58] Medicina legal, criminalística y toxicología para abogados,
Solórzano Niño, Roberto. Ed. Temis, 2009, pág. 372.
[59] Sentencia C-590 de 2005. En esa ocasión, la Corte Constitucional
declaró inexequible una norma en la cual se disponía que contra los fallos de
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los que se
declarara fundada una causal propuesta, no procedía recurso “ni acción”.
Esta Corporación sostuvo entonces que sí procedía acción de tutela, con
determinados requisitos.
[60] Arts. 185 Código Contencioso Administrativo y 250 de la
Ley 1437 de 2011.
[61] A
través del cual se declaró administrativamente responsable a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, de los perjuicios ocasionados a los
demandantes.
[62] No fue tachado por las partes dentro del
proceso de reparación directa. La Nación –Mindefensa - Policía Nacional al
responder la demanda se opuso a las pretensiones, toda vez que a su juicio no
se demostró la falla del servicio y, por el contrario, dio por probado el daño
al advertir que este “ocurrió por fuerza mayor a manos de terceros ajenos a la
Administración. Ver fl. 159 c. anexo.