T-151-16
Sentencia T-151/16
DERECHOS DE
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-A no ser sometidas a tortura, tratos
crueles, inhumanos y degradantes en sitios de reclusión temporal o en salas de
retenidos
Quien ve restringida su libertad sin que pese sobre él una condena
y por tanto se le presuma inocente, debe estar en condiciones que no resulten
mayormente aflictivas para sus derechos fundamentales, y no constituyan tratos
o medidas que le generen sufrimiento, y por el menor tiempo posible; ello por
cuanto en este caso la medida se adopta como precaución y no como sanción.
PROHIBICION
DE LA TORTURA, PENAS, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES FRENTE A
POBLACION CARCELARIA-Respeto a la dignidad humana de los reclusos
La prohibición de someter a las personas a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, contenida en el artículo 12 de la
Constitución Política desarrolla de manera concreta el derecho al
reconocimiento de la dignidad humana y es aplicable en cualquier circunstancia
ya que no puede ser suspendida, ni siquiera en estados de excepción. En el
marco de la ejecución de medidas privativas de la libertad dispuestas con
ocasión de un proceso penal ésta prohibición hace parte de las garantías de un
juicio justo.
DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL INTERNO-Es deber del Estado garantizar a las personas
privadas de la libertad el goce de una adecuada alimentación, a la salud, a
contar con suficientes implementos de aseo personal, al suministro suficiente
de agua potable y a instalaciones higiénicas
DETENCION
PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Características
La medida de
detención preventiva puede cumplirse en cárceles para detención preventiva a
cargo de las entidades territoriales, en un centro de detención preventiva
anexos a ciudadelas judiciales, o en pabellones para detención preventiva en un
establecimiento penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten razones
de seguridad, separados de las demás secciones de estos establecimientos.
UNIDADES DE
REACCION INMEDIATA URI-Naturaleza/DETENCION EN UNIDADES DE REACCION INMEDIATA-Regulación
Las URI no son
lugares destinados a la reclusión de personas procesadas o en ejecución de una
sentencia. Son centros de servicio al ciudadano
a cargo de la Fiscalía General de la Nación con los que se  busca brindar
atención permanente y facilitar el acceso a la administración de justicia
mediante la disponibilidad 24 horas de un funcionario de la fiscalía – fiscal –
y su equipo de trabajo. La organización de estas unidades también corresponde a
la necesidad, conforme al inciso 2º del artículo 28 de la Constitución, de
legalizar la situación de la persona detenida en un término no mayor a 36
horas.
DERECHOS DE
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración al sobrepasar el lapso
máximo de tiempo permitido en sitios de retención transitoria, al ser lugares
que no están acondicionados para la permanencia por periodos prolongados
Las URI de la Fiscalía General de la Nación carecen de las
instalaciones y las condiciones para albergar a detenidos y personas
condenadas. La negativa del personal del INPEC de recibir bajo su custodia a las
personas luego de legalizada la captura también llevo a que los policiales
responsables de ésta confinaran a los detenidos y condenados en buses y
remolques por periodos prolongados – de meses-, en total hacinamiento, sin
tener la posibilidad de suplir sus necesidades básicas como ir a un baño,
dormir en una cama, usar elementos de aseo o tener un lugar adecuado para
recibir los alimentos.
DERECHOS DE
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración del derecho a la
alimentación por parte de la USPEC por falta de suministro en las cantidades y
condiciones adecuadas a los internos de las salas de las URI
El sometimiento a jornadas de ayuno constituye un trato
inhumano a los reclusos que además compromete su salud y los somete a un
padecimiento que no es inherente de la pena de prisión y mucho menos de la
medida de aseguramiento de detención preventiva.
DERECHOS DE
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden a la Policía suspender el uso
de lugares distintos de los establecimientos de reclusión del sistema
penitenciario y carcelario o de los sitios que han sido habilitados, para la
detención o reclusión de personas privadas de la libertad
DERECHOS DE LAS
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Orden al INPEC recibir en
custodia y efectuar el ingreso y registro al Sistema Penitenciario de todas las
personas que lleven más de treinta y seis (36) horas recluidas en los centros
de retención transitoria
Referencia:
expediente T- 5.215.221
Acción de
tutela promovida por José Manuel Díaz Soto, Defensor Delegado para la Política
Criminal y Penitenciaria contra la Policía Metropolitana de Bogotá y otros.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá
D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto
Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Alberto Rojas Ríos, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la
Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, profiriere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los
fallos dictados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 15 de
Julio de 2015 y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura el 26 de Agosto de 2015, dentro de la acción de tutela
interpuesta por José Manuel Díaz Soto, Defensor Delegado para la Política
Criminal y Penitenciaria, contra la Policía Metropolitana de Bogotá, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios - USPEC- ; la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá, CAPRECOM EICE, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Alcaldía
Mayor de Bogotá, para la protección de los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad en las Unidades de Reacción Inmediata de Engativá y de
Kennedy.
El expediente fue seleccionado para
revisión por auto del 12 de noviembre de 2015, de la Sala de Selección Número
Once.
I.
ANTECEDENTES
1.1. Hechos
Mediante acción de
tutela radicada el 30 de junio de 2015, el Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria
solicita el amparo de los derechos fundamentales de las personas recluidas en
los centros de detención transitoria de Bogotá. La petición de tutela se
fundamentó en los siguientes hechos:
a. Desde finales del año
2014 y como consecuencia de la operación reglamento adelantada por los
sindicatos del INPEC se registra hacinamiento en los centros de detención
transitoria, los cuales carecen de la infraestructura necesaria para la reclusión
por periodos prolongados y en condiciones acordes con la dignidad humana.
Ante ésta situación los
funcionarios de policía judicial han habilitado remolques y carpas en lugares
públicos aledaños como parques y plazas, para recluir detenidos e incluso
personas condenadas. En estos sitios los internos permanecen en condiciones
insalubres y sin baterías de baños para hacer sus necesidades fisiológicas, lo
cual desconoce la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes
contenida en el artículo 12 de la Constitución.
b. En las visitas
realizadas por la Defensoría del Pueblo se verificó que los internos no tienen
atención en salud porque falta claridad sobre la autoridad responsable de
brindarla. CAPRECOM EICE indica que solo atienden a las personas recluidas en
centros penitenciarios y carcelarios, y las EPS del régimen contributivo y del subsidiado
señalan que los internos deben ser trasladados a las IPS correspondientes para
poder brindarles servicio.
La Secretaría Distrital
de Salud de Bogotá se niega a prestar la atención básica requerida por las
personas recluidas en los centros de detención transitoria por considerar que
corresponde a CAPRECOM EICE. Con ello, dice el Defensor, no cumple con la
función asignada en el artículo 85 del Acuerdo 257 de 2006 relacionada con la
inspección, vigilancia y control en salud pública, aseguramiento y prestación
del servicio de salud.
También hay una omisión
del Ministerio de Salud y Protección Social en la fijación de los protocolos
guía de atención en salud a las personas recluidas en centros de detención
transitoria, quienes por esta situación no pueden acudir a las EPS para obtener
el servicio que requieren.
c. La Dirección Nacional
del INPEC y CAPRECOM EICE suscribieron el contrato de prestación de servicios
de salud intramural Nº092 de 2011, cuyo objeto es: “CAPRECOM se obliga para
con el INPEC a prestar los servicios de salud POS-S de baja complejidad a la
población reclusa en los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC, en
las áreas de sanidad de los establecimientos de acuerdo a los modelos de
atención previamente concertados y que hacen parte integral del contrato”.
En virtud de lo señalado
en el Decreto 2496 de 2012, artículos 1 y 13, dice el accionante, CAPRECOM EICE
es la entidad encargada de la atención a la población privada de la libertad,
interna en los establecimientos de reclusión, en guarnición militar o de
policía, en prisión, en detención domiciliaria, o bajo un sistema de vigilancia
electrónica; y no solo de la interna en los centros de reclusión administrados
por el INPEC.
d. La alimentación
suministrada a los internos es deficiente. A comienzos del año 2015 la
Defensoría del Pueblo constató que las condiciones de los alimentos que
ingresaban a las URI y estaciones de policía estaban en malas condiciones y las
porciones eran insuficientes. Las observaciones sobre la cantidad persisten en
los centros de detención transitoria de Bogotá.
e. El establecimiento
carcelario “La Modelo” ha restringido el ingreso de nuevos reclusos sin la
previa y necesaria coordinación con las autoridades carcelarias del orden
nacional para la definición de los lugares de reclusión de los nuevos internos,
lo cual ha generado la situación antes descrita.
f. En visita de
inspección realizada el 25 de junio de 2015 por funcionarios de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y
Penitenciaria, Regional Bogotá, se encontró:
-En la URI de Engativá,
con capacidad para 40 cupos se encontraron 38 personas detenidas y en un
remolque del CAI Móvil de la Estación de Policía Engativá estaban recluidas 9
personas, una de ellas manifestó llevar tres meses detenido en ese remolque en
precarias condiciones, a pesar de tener boleta de remisión al establecimiento
carcelario “La Modelo”. 7 personas a cargo de la Policía Aeroportuaria de
Bogotá se encuentran en una carpa instalada al lado de la URI, en condiciones
ambientales que afectan su salud. Los funcionarios a cargo señalaron que la
Secretaría Distrital de Salud no ha asistido a garantizar el servicio de salud
a los reclusos, solo acuden ante urgencias de alta complejidad. Uno de los
internos no fue recibido en la cárcel “La Modelo” porque sus heridas estaban
infectadas y se suspendió el tratamiento. CAPRECOM EICE no ha prestado los
servicios de salud porque los internos no se encuentran a cargo del INPEC.
En la URI de Kennedy no
detectaron hacinamiento dentro de las instalaciones que con una capacidad de 50
personas albergaba 48, sin embargo la Defensoría fue informada por algunos de
los internos sobre la falta de prestación adecuada del servicio de salud y la omisión
de traslado a las citas médicas y controles requeridos por un sindicado con
insuficiencia renal crónica que lleva dos meses en ese lugar. También se
determinó en la visita de inspección que frente a la edificación de la URI hay
2 autobuses en los que alojan personas con medida de aseguramiento y
condenadas. En uno de los buses se encontraron 3 mujeres, y 12 hombres cumpliendo
condena. Una de las mujeres refirió estar condenada y llevar tres meses
habitando en ese bus. En el segundo bus hallaron 10 hombres y 3 mujeres, entre
estas personas hay 3 condenados. Uno de ellos indicó ser sindicado y
encontrarse en el bus hace seis meses. Las personas que permanecen privadas de
la libertad en los buses no cuentan con acceso a duchas y baterías sanitarias
por lo que hacen sus necesidades fisiológicas en envases y bolsas. El 25 de
junio de 2015, cuando se realizó la visita de inspección, no se suministró
desayuno a los detenidos y las porciones del almuerzo eran insuficientes.
g. La privación de la
libertad en las salas de retenidos por más de 36 horas es violatoria de los
derechos fundamentales de las personas recluidas allí porque son lugares que no
cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar el mínimo de derechos
y las condiciones para alojamiento prolongado de internos.
La situación hallada por
los representantes de la Defensoría del Pueblo, dice el accionante, evidencia
el quebrantamiento del derecho a no ser sometido a tortura, tratos crueles,
inhumanos y degradantes, y a gozar de una vida en condiciones dignas, pues la
reclusión, aún por periodos cortos, en automotores, remolques y carpas en
parques, así como negar el acceso a baterías sanitarias y duchas, es un trato
cruel y degradante que lesiona la dignidad humana. Estas condiciones de
reclusión igualmente comprometen el derecho a la salud e integridad física de
los detenidos, dice el accionante.
Con fundamento en lo
anterior y en el material probatorio anexado a la petición de amparo, el Defensor
Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria solicita:
1.     Ordenar a la Dirección de la Policía
Metropolitana de Bogotá que suspenda el uso de remolques, autobuses y lugares
públicos como centros de detención.
2.     Ordenar a la Dirección de la Policía
Metropolitana de Bogotá, a la Dirección General del INPEC y a la Alcaldía Mayor
de Bogotá, establecer canales permanentes de comunicación para trasladar de
inmediato a las personas detenidas cuando se advierta que la capacidad de los
centros de detención transitoria está por superarse.
3.     Que la Dirección del Centro
Carcelario “La Modelo” coordine medidas con el INPEC cuando se niegue a recibir
nuevos reclusos a efecto de establecer los lugares de reclusión para las
personas que no sean admitidas allí.
4.     Ordenar a CAPRECOM EICE que realice
periódicamente un censo de la población privada de la libertad en los centros
de retención transitoria del Bogotá y asuma la atención en salud de todos los
que allí se encuentren.
5.     Ordenar al Ministerio de Salud y
Protección Social que reglamente el modelo de atención en salud aplicable a las
personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria.
6.     Ordenar a la Secretaría Distrital de
Salud que realice visitas semanales a todos los mencionados centros para tener un
censo actualizado y adelante las gestiones para que los internos reciban
atención por CAPRECOM EICE o la EPS correspondiente.
7.     Ordenar a la USPEC que adopte medidas
para garantizar la alimentación adecuada a los detenidos en centros de
detención transitoria de Bogotá.
8.     Por último solicita se trasladen los
internos a los centros de reclusión pertinentes y se preste atención en salud a
Johan Reyes Pinto, Jairo Orrego Vélez y Edinson Espinosa Monroy, detenidos en
la URI de Engativá, y Misael Cantor, Stiven Rentería Ababidía, Karol Vanessa
Quintero Vargas, y José Ferney Medina, internos en la URI de Kennedy.
1.2. Trámite procesal
a partir de la acción de tutela
Mediante
auto del 2 de Julio de 2015 la Magistrada sustanciadora del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, admitió para
trámite la solicitud de tutela y dispuso notificar esa decisión a la Policía
Metropolitana de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la
Unidad de Servicios  Penitenciarios y Carcelarios; la Secretaría Distrital de
Salud de Bogotá, CAPRECOM, los Ministerios de Salud y Protección Social, de
Justicia y del Derecho, y de Hacienda y Crédito Público, a la Alcaldía Mayor de
Bogotá, el Comandante de las Estaciones de Policía de Engativá, Kennedy, Usaquén,
Chapinero, Santa fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Barrios Unidos,
Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria, Rafael
Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Terminal, Aeropuerto y de Suba, al Director de la
Policía Aeroportuaria de Bogotá, los Coordinadores de las Unidades de Reacción
Inmediata – URI- con sede en Engativá, Kennedy, Paloquemao, Usaquén, Ciudad
Bolívar, Puente Aranda y la Unidad Permanente de Justicia y a los Directores de
los Establecimientos Carcelarios “La Modelo” y “El Buen Pastor” de Bogotá.
(folio 45)
En
providencia de la misma fecha la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá negó la solicitud de medida provisional,
al considerar insuficiente el material probatorio para ello. (folio 130)
El 10
de julio de 2015 la Magistrada sustanciadora del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dispuso remitir copia
de la acción de tutela a la Cárcel Distrital y Anexo de Mujeres de Bogotá para
que se pronunciara al respecto, ante el eventual interés o el impacto que
pudieren tener en esa entidad los resultados de la misma. (folio 482)
1.3. Respuesta de las
entidades accionadas
1.3.1.  Unidad de Reacción Inmediata  URI
Engativá.
La
Jefe de la Unidad de Reacción Inmediata - URI- Engativá manifestó que allí hay
hacinamiento porque no todos los capturados son recibidos en la Cárcel Nacional
Modelo, pues cuando ésta llega al tope de capacidad no recibe más personas. No es
cierto que falte atención en salud, dado que el personal de la SIJIN llama a la
línea 123 cuando se requiere y asisten los médicos al lugar, y cuando requiere hospitalización
ésta se ha efectuado. Informa que en las celdas se encuentran 42 personas con
medida de detención preventiva, aunque la capacidad es para 40, y hay una
persona más en el Hospital de Engativá. Indica también que el señor Jhojan
Reyes Pinto estuvo hospitalizado en julio de 2015 y lleva tres meses recluido en
el remolque del CAI Móvil que instaló la Estación de Policía frente a la URI de
Engativá, a pesar de haber sido remitido en varias ocasiones a la Cárcel Modelo
donde no lo han recibido por falta de cupo.
Señala
la Fiscal que los capturados de la Estación 21 del Aeropuerto siguen en un
parque a la intemperie, en las condiciones informadas por el accionante y sin
que el INPEC y las autoridades competentes adopten una decisión al respecto.
Por
último, solicita declarar improcedente la acción de tutela dado que existe un
pronunciamiento del 28 de enero de 2015, relacionado con la misma situación, dentro
del expediente 2015-0017, Magistrado Ponente Dr. Alberto Vergara Molano, y por
ello lo procedente sería tramitar el desacato (folio 177).
1.3.2.  Unidad de Reacción Inmediata URI
Kennedy
La
Jefe de Unidad comparte los fundamentos fácticos y Jurídicos contenidos en el
escrito de tutela, y señala que es una situación que afecta no solo a las URI,
sino además a las estaciones de Policía y las salas de la Policía Judicial
SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá. Sostiene que la situación
encontrada por la Defensoría se deriva de la situación de hacinamiento que se viene
presentando desde hace dos años “como consecuencia de la negativa a recibir
los presos cobijados con medida de aseguramiento de detención preventiva, así
como a las personas capturadas para cumplimiento de pena, por parte del INPEC”
informa que las personas recluidas allí “se hallan en condiciones muy
precarias y preocupantes, algunos de ellos padeciendo graves problemas de salud”,
por lo que es necesario que se trasladen a un lugar adecuado pues las URI solo
tienen celdas de paso, que no son sitios indicados para su permanencia y dar
los cuidados que requieren los internos que padecen enfermedades físicas y
mentales. Afirma que el hacinamiento genera condiciones de inseguridad e insalubridad
y se produce porque el INPEC se niega a realizar el traslado a los centros
carcelarios. El 10 de julio de 2015 en la URI de Kennedy se encontraban 53
personas, 51 de ellas con medida de aseguramiento de detención intramural y 2
para cumplir condena, superando en 3 la capacidad de la URI. Además en los remolques
de los CAI móvil ubicados frente a la unidad de reacción inmediata hay 12
personas con detención preventiva en las condiciones indicadas en la tutela,
por lo que las celdas de paso se han convertido en cárceles, cuando las
personas allí albergadas debían ser trasladadas a los establecimientos
carcelarios. Añade que, por el sellamiento realizado por la Secretaría Distrital
de Salud, las personas para judicialización son ubicadas en las estaciones de
Policía y los CAI móviles. Por lo anterior solicita se conceda el amparo (folio
450).
1.3.3.  Unidad de Reacción Inmediata URI Usaquén
El
Jefe de la Unidad solicita desestimar las pretensiones de la acción de tutela
en relación con la URI de Usaquén porque en ningún aparte el accionante se
refiere a esa unidad sino a otras dependencias, y en esa unidad de reacción
inmediata no hay carceletas (sic) o calabozos ni personas privadas de la
libertad pernoctando allí (folio 232).
1.3.4.  Unidad de Reacción Inmediata URI Puente
Aranda
El
Jefe de esta unidad de reacción inmediata informa que las URI tienen unas salas
de paso cuya finalidad es mantener en custodia temporal a los capturados
mientras se judicializa y decide por el fiscal delegado de turno en el término
de 36 horas la situación jurídica del indiciado.
Señala
que la crisis carcelaria se reactivó en el año 2013 porque en virtud de un
fallo de tutela se ordenó que desde febrero de 2013, y por tres meses, no se
recibieran internos en la cárcel nacional La Modelo, y luego se agravó
radicalmente con el “plan reglamento” puesto en marcha en 2014 por los guardias
del INPEC; así las salas de paso “terminaron convertidas en mini cárceles
sin contar ni con la infraestructura física ni con las condiciones de seguridad
y sanitarias requeridas para ejercer como centro de reclusión”.
Sostiene
que hasta hace poco en los corredores y pasillos de esa Unidad habitaban personas
en proceso de judicialización, pero ante las observaciones de la Secretaría
Distrital de Salud los indiciados fueron enviados a las estaciones de Policía
de la zona de influencia, y solo son trasladados a las URI para las diligencias
judiciales. Advierte que, a pesar de la precariedad, ha procurado garantizar a
los derechos fundamentales de los internos, mediante celdas diferenciadas para
hombres y mujeres, alimentación diaria, destinación de un día a la visita de
familiares y periódicamente se realizan jornadas de vacunación.
Aunque,
dice, los detenidos legalmente no están a su cargo porque están a disposición de
los jueces y, a raíz del “plan reglamento” del INPEC, bajo la custodia de la
Policía Nacional, la Jefe de Unidad ha intervenido con el fin de procurar el
traslado a las cárceles y el arreglo de las instalaciones afectadas por el hacinamiento
y las confrontaciones entre los internos; así mismo desde el año 2012 ha
solicitado al INPEC, a sus superiores y al Ministerio de Justicia y del
Derecho, la intervención ante la grave situación generada por el “plan
reglamento” del INPEC, que no permite el ingreso de las personas con medida de
aseguramiento a las cárceles (folios 386 a 389 ).
1.3.5.  Unidad de Reacción Inmediata URI
Ciudad Bolívar
La
Fiscal Jefe de la Unidad  señala que la falta de cupos en las cárceles el Buen
Pastor, la Modelo y Distrital y demás, generó hacinamiento en las celdas de
paso de las URI con las consecuencias advertidas por el accionante. Informa que
en esa Unidad también se presentó una situación como la de Kennedy y Engativá,
pues con una capacidad de 50 personas ingresaron 80 internos y por ello se
acomodó fuera de las celdas a más de 30, quienes debieron dormir en el suelo, además
dañaron los dos baños disponibles, y las deficientes condiciones dieron lugar a
que 13 detenidos rompieran las tejas y se fugarán, y varios túneles fueran
descubiertos y reparados. El Director del INPEC fue informado de esta situación
pero no hubo respuesta. Agrega que a comienzos del año 2015 se trasladó
personal a las cárceles sin embargo aún alberga a 60 afectados con medida de
aseguramiento intramural y algunos de ellos no han sido trasladados desde el 27
de julio de 2014. Sostiene que se está a la espera de que el INPEC y demás
instituciones resuelvan esta problemática  (folios 365 a 368).
1.3.6.  Establecimiento Carcelario de Bogotá
La
Directora (e) del Establecimiento Carcelario de Bogotá – La Modelo-, en
respuesta a la acción de tutela señaló que desde el 1º de agosto de 2014 las
organizaciones sindicales del INPEC iniciaron un ‘plan reglamento’, en
desarrollo del cual se impidió el ingreso a la Cárcel Modelo de Bogotá, por
inexistencia de cupos para albergar más internos. Afirma que las URI son
establecimientos de reclusión transitoria, de acuerdo a la Ley 1709 de 2014,
que están a cargo de la Policía Nacional quien tiene bajo su responsabilidad el
cuidado, custodia y respeto de los derechos fundamentales de los detenidos;
igualmente, dice, corresponde a ésta institución garantizar la atención en
salud de quienes se encuentren allí y trasladarlos a un hospital si presentan
quebrantos de salud, ya sea a cargo de las EPS, o si no están afiliados, a
través del Sisben. Por ello, a los internos de las URI, la Policía debe
trasladarlos para su debida atención médica, sin que en ello tenga injerencia
la Cárcel de Bogotá. En cuanto a la calidad y cantidad de alimentación, es un
asunto que corresponde al contratista y no al Establecimiento Carcelario de
Bogotá.
Manifiesta
que no es responsabilidad del Establecimiento Carcelario de Bogotá que se
encuentren personas privadas de la libertad en las URI de Kennedy y Puente
Aranda, pues en ese centro carcelario ha recibido 2499 detenidos en el primer
semestre del año 2015, y es inexplicable que la Policía de esas URI no haya
gestionado el traslado de esas personas a la Cárcel Distrital en donde hay
cupos, máxime si se encuentran en condiciones especiales como las señaladas en
la tutela. Informa que en la Cárcel Modelo de Bogotá hay 6874 internos
detenidos, (4986 intramuralmente y 1890 con medidas sustitutivas en sus
domicilios), cuando solo tiene capacidad para albergar a 2907 internos.
Precisa
que los internos que tienen la condición de sindicados “no pertenecen por
ley al Inpec, ni a la Cárcel Modelo de Bogotá”, por cuanto a tales
instituciones solo les corresponde vigilar, custodiar y resocializar a las
personas que han sido condenadas, mientras que los procesados afectados con
medida de aseguramiento son responsabilidad de los departamentos, municipios,
áreas metropolitanas y el distrito capital, conforme al artículo 17 de la Ley
1709 de 2014; y durante muchos años la Cárcel Modelo ha recibido a estas
personas sin recibir una contraprestación de parte del Distrito, como lo
establece el artículo 19 de la Ley 65 de 1993.
Considera,
con base en las normas citadas, que el Distrito Capital a través de la Cárcel
Distrital debe encargarse de recibir a los internos de las URI y no el INPEC o la
Cárcel Modelo la cual, por la negativa de la cárcel Distrital a recibir más
internos, sufre condiciones de hacinamiento, cuando la responsabilidad por los
detenidos es del Distrito.
Indica
que la Dirección Regional del INPEC trasladó 80 internos condenados de la
Cárcel Distrital para liberar cupos para los detenidos de las URI, pero éste
centro no los recibió. En apoyo a sus argumentos la Directora del
Establecimiento Carcelario de Bogotá informa las cifras de la capacidad de
albergue y el hacinamiento que tiene en cada uno de los patios.
Por último, no comprende por qué la
Policía no ha llevado a  los señores Misael Cantor y Steven Rentería a las
citas médicas y a éste último a las diálisis. También precisa que la
utilización de vehículos y busetones para tener detenidas a las personas es
parte de las políticas de la Policía y no del establecimiento carcelario de
Bogotá la Modelo. (folio 241)
1.3.7.  Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios USPEC
El
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
carcelarios informa que ésta Unidad no es una dependencia del INPEC o una
entidad equivalente, pues tiene funciones diversas e independientes.
Dice
que la responsabilidad respecto de los sindicados corresponde a las entidades
territoriales, de conformidad con los artículos 17, 19 y 21 del Código Penitenciario
y Carcelario y así lo corrobora la Procuraduría General de la Nación, mediante
Directiva 003 del 2 de septiembre de 2014.
Sostiene
que la USPEC, creada mediante Decreto 4150 de 2011 está encargada de gestionar
y operar el suministro de bienes y la prestación de servicios, la
infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para
el adecuado funcionamiento de los servicios a cargo del INPEC, por manera que dentro
de ese marco funcional, la USPEC no tiene competencia para prestar, vigilar o
hacer seguimiento a los servicios de salud POS que presta CAPRECOM a la
población privada de la libertad a cargo del INPEC. Y, en relación con los
servicios que no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud, suscribió el
contrato  de seguro Nº00341 del 12 de diciembre de 2014, con QBE SEGUROS S.A., de
conformidad con el artículo 10 del Decreto 2496 de 2012, que reglamentó el
artículo 14 de la Ley 1122 de 2007.
Añade
que en virtud del citado decreto el INPEC debe hacer el seguimiento  y control
del aseguramiento de los afiliados para garantizar el acceso oportuno y de
calidad de los beneficiarios a los servicios de salud. Por ello el INPEC suscribió
contratos de administración de recursos y aseguramiento del régimen subsidiado
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones CAPRECOM, para garantizar la asistencia médica a las
personas privadas de la libertad.
Con
la reforma introducida por los artículos 65 y 66 de la Ley 1709 de 2014, en todos
los centros de reclusión debe existir una Unidad de Atención Primaria y de
Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria, y el
Ministerio de Salud y la USPEC deben diseñar un modelo de atención especial,
integral diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de
la libertad, financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación.
La
contratación para la prestación de servicios de acuerdo a dicho modelo le
corresponde al Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad,
pero mientras esta se realiza, los servicios se seguirán garantizando conforme
a la normativa anterior a la Ley 1709, esto es, el Decreto 2496 de 2012, a
través de CAPRECOM EICE, y el INPEC es el encargado del seguimiento a los
servicios que presta esta EPS.
En
relación con la infraestructura sostiene que la USPEC no cuenta con recursos
para generar cupos adicionales a los que ya se encuentra implementando en
asocio con el INPEC, por lo que para la ampliación de cupos se requiere que
Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda asignen los recursos
suficientes a esa entidad para la creación, organización y mantenimiento de los
establecimientos de reclusión, conforme al artículo 16 de la Ley 1709 de 2014.
Añade
que la entidad no puede realizar obras que no estén en el presupuesto por lo
que para ordenar obras de infraestructura a través de acciones
constitucionales, debe vincularse al Ministerio de Hacienda y al Departamento
Nacional de Planeación con el fin de que suministren los recursos necesarios.
También
informó que en virtud del artículo 48 de la Ley 1709 de 2014 la USPEC tiene a
su cargo la alimentación de las personas privadas de la libertad. Por ello, con
base en el Decreto 4150 de 2011, celebró el contrato 361 del 23 de diciembre de
2014, con la Unión Temporal Servialimentar – 2014 para el suministro de
alimentación a los internos a cargo del INPEC en los establecimientos de reclusión
del orden nacional, militar y estaciones de Policía. En desarrollo de la supervisión
a este contrato, la Subdirección de Suministro de Servicios de la USPEC hizo
acompañamiento a la distribución de la ruta de la localidad de Engativá y
Puente Aranda y se socializaron los hallazgos para que se adoptaran las medidas
correctivas que luego serían verificadas. De esta gestión aportó prueba
documental.
Adicionalmente
resalta que el INPEC, de acuerdo al artículo 19 numeral 13 del Decreto 4151 de
2011, a través de la Subdirección de Atención en Salud, supervisa que la
alimentación de la población privada de la libertad cumpla con las condiciones
mínimas, para lo cual instituyó en cada establecimiento un comité de
seguimiento al suministro de alimentación COSAL, creado mediante Resolución
3764 del 21 de noviembre de 2013.
Concluye
que la acción de tutela respecto de la USPEC no debe prosperar pues ha cumplido
con la entrega oportuna de alimentos a los internos que se encuentran en las estaciones
de Policía y las URI de Bogotá, y ha atendido todas sus obligaciones (folio
269).
1.3.8.  Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC
En
respuesta a la solicitud de tutela este instituto indica que no ha vulnerado
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Unidades
de Reacción Inmediata – URI y en Estaciones de Policía; y que la situación de
hacinamiento debe resolverse en concurso con los demás entes que hacen parte
del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario.
Informa
que al verificar la situación de las personas mencionadas en el escrito de
tutela encontró que: Karol Vanessa Quintero Vargas está detenida desde el 2 de
julio de 2015 a cargo de la reclusión de mujeres de Bogotá y el señor José
Ferney Medina Ramírez se encuentra recluido en el Establecimiento Carcelario
Bogotá desde el 30 de junio de 2015, lo cual demuestra que en la medida de lo
posible se realizan los traslados a los establecimientos de reclusión del
INPEC, e indica que están haciendo las gestiones necesarias para cumplir las
órdenes dadas por la Corte en la sentencia T-388 de 2013, así como lo dispuesto
por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional, en fallo del 21
de agosto de 2014, que fijó un plazo de un año para solucionar la situación de
hacinamiento.
Añade
que las entidades territoriales deben atender a los detenidos preventivamente y
por ello solicita su vinculación a efecto de que se hagan cargo de estas
personas para evitar que las URI y las estaciones de Policía colapsen (folio
345).
1.3.9.  Ministerio de Justicia y del Derecho
La
Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del
Derecho solicita desvincular a esa entidad de la acción de tutela por falta de
legitimación por pasiva, por cuanto los hechos se refieren al cumplimiento de
funciones de entidades distintas al Ministerio de Justicia y del Derecho. La
prestación del servicio de salud compete a CAPRECOM EICE y la responsabilidad
por las condiciones de infraestructura compete a la USPEC, y en ello no tiene
injerencia el Ministerio de Justicia y del Derecho, dado que la USPEC es la
encargada de la construcción y adecuación de la infraestructura de los
establecimientos penitenciarios, la dotación de artículos de primera necesidad
para los internos y garantizar su alimentación, de acuerdo con el artículo 5
del Decreto 4150 de 2011 y el artículo 16 de la Ley 65 de 1993.
Además,
todo lo relacionado con las condiciones de los establecimientos penitenciarios
y carcelarios, cuerpo de custodia y vigilancia, y traslado de internos incumbe
exclusivamente al INPEC, entidad encargada de la asignación de cupos en los
establecimientos penitenciarios, así como de hacer prevalecer y respetar la
dignidad humana al interior de los establecimientos de reclusión. Precisa que
ese ministerio no es superior del INPEC o de la USPEC, frente al cumplimiento
de decisiones judiciales.
Informa
que el Ministerio de Justicia y del Derecho ha trabajado con el INPEC para
efectuar las altas y los traslados de los internos recluidos en las URI y las estaciones
de Policía de Bogotá, a los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.
Con
base en el artículo 18 de la Ley 65 de 1993, 17 de la Ley 1709 de 2014 y la
Directiva 03 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación, pide que se
involucre a los entes territoriales para que contribuyan a superar el problema,
por cuanto es a ellos a quienes les corresponde la creación sostenimiento y
vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y
condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad. Resalta
que los establecimientos a cargo de las entidades territoriales deben
destinarse a la reclusión de las personas afectadas con medida de aseguramiento
de detención preventiva (folio 332).
1.3.10.
Ministerio
de Salud y Protección Social
El
Director Jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social afirma que esa
entidad no es responsable de la prestación de servicios de salud de los
internos ni tiene dentro de sus funciones adelantar los procesos de
aseguramiento de la población reclusa a cargo del INPEC. Señala que las
personas privadas de la libertad pueden recibir atención en salud en cualquiera
de tres condiciones:
i) Como
interno de establecimiento carcelario del orden departamental, distrital o
municipal a cargo de los entes territoriales correspondientes, que está sujeta
a las condiciones de operación del régimen subsidiado. La responsabilidad
de atender y sufragar los costos por el servicio de salud incluido en el POSS
se encuentra a cargo de la respectiva EPSS y en lo No POS, corresponde al ente
territorial, de conformidad con la Ley 715 de 2001, quien pagará al prestador
por los servicios que brinde.
ii) Como
afiliado al régimen contributivo, subsidiado o a algún régimen de excepción.
En este caso los internos conservarán dicha afiliación, siempre que cumpla con
los requisitos para el efecto y las EPS del régimen contributivo y las
entidades aseguradoras en los regímenes exceptuados son los responsables
directos de la prestación de los servicios de salud y el pago de los mismos,
para lo cual deben coordinar su gestión con el INPEC. Si la atención se da por una
EPS-S del orden nacional con la que el INPEC tenga contrato ésta podrá hacer el
recobro a la aseguradora por la atención,  y
iii) Como
población reclusa a cargo directamente del INPEC en establecimiento de
reclusión del orden nacional. En el Decreto 2496 de 2012 se establecieron las
normas para el aseguramiento de la población reclusa, el cual establece que la
afiliación por el INPEC se hará al régimen subsidiado a través de una o varias
EPS públicas o privadas, que determine la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios USPEC. La atención se deberá garantizar a través de las EPS
autorizadas para ello, con base en los listados censales del INPEC, conforme al
artículo 3 del Decreto 2496, pues toda persona recluida en un establecimiento
carcelario a cargo del INPEC sin afiliación a seguridad social debe pertenecer
al Régimen Subsidiado de Salud y recibir los servicios del asegurador
contratado.
Indica
que para tal efecto la EPS y el INPEC deben elaborar y adoptar un manual
técnico para la prestación de los servicios de salud, que debe contener como
mínimo el modelo de atención y los mecanismos de referencia y contrareferencia
de los pacientes, y habilitar las áreas de sanidad de los establecimientos para
prestar los servicios de salud. (folio 347)
1.3.11.
Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
La
representante del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicita desvincular
a la entidad por existir falta de legitimación por pasiva pues los hechos no se
relacionan con las funciones asignadas a ese ministerio en el Decreto 4712 de
2008. Añade que en el marco de sus competencias en materia presupuestal y
administrativa frente a las entidades encargadas de vigilar y custodiar a los
internos en los centros carcelarios y penitenciarios del país ha cumplido a
cabalidad sus deberes. Señala que dado que el INPEC es una sección del
Presupuesto General de la Nación, cualquier partida presupuestal que requiera
para cumplir con su misión, en la cual está contemplada la solución a los
problemas que denuncia el tutelante, debe ser tramitada como lo disponen las
normas presupuestales respectivas  (folio 234).
1.3.12.
Policía
Metropolitana de Bogotá
El
Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos MEBOG da respuesta a la acción de
tutela mediante escrito radicado el 17 de julio de 2015. Informa que a la fecha
existe hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata URI y las estaciones
de Policía adscritas a la Policía Metropolitana de Bogotá, pero los internos
nunca han recibido tratos crueles, inhumanos o degradantes de parte de los
policías de custodia.
Aunque
no deben tener retenidos en las Estaciones de Policía porque no son unidad
carcelaria y carecen de la infraestructura adecuada para ello, las autoridades
judiciales que disponen la reclusión en las estaciones son las que desconocen
con esas órdenes los derechos humanos y al cuerpo policial le ha tocado asumir una
función que en realidad le corresponde al INPEC.
Afirma
que “si se presenta el hacinamiento en las URI toca llevarlos al parque a
la intemperie, lo cual no se puede entonces por salud nos toca ubicarlos en los
CAI móviles, en camiones, que tampoco son prenda ni de garantía, ni de respeto
al ser humano, porque no hay donde más poder albergarlos”. Esta
situación genera riesgo para la comunidad y para los policías que cuidan a los
detenidos y condenados, quienes, además tampoco pueden tener visita conyugal.
Sostiene
que desde 2012, cuando por la crisis se cierran los establecimientos carcelarios,
la Policía Nacional debió asumir la custodia de las personas privadas de la
libertad. En el año 2014 se adelantó el plan reglamento por el INPEC, que llevo
a que los internos fueran acomodados en las Estaciones de Policía en donde se
amotinaron y causaron daños, por lo que policías de los cuadrantes tuvieron que
reforzar la vigilancia de los retenidos.
Añadió
que en enero de 2015 la guardia del INPEC levantó el ‘plan reglamento’, y se
realizó el traslado de la mayoría de los capturados, pero no de todos porque el
Director de la Cárcel Modelo indicó que los cupos en ese centro esta
restringidos por un fallo de tutela que no permite superar el tope establecido.
Posteriormente se determinó la asignación de 30 cupos distribuidos de manera
equitativa en la Cárcel Nacional Modelo, pero luego el director restringió más
la disponibilidad, por lo cual para julio de 2015 existe hacinamiento en las
salas de retención transitoria “por el represamiento de 456 capturados
imputados hombres, con medida de aseguramiento intramural dirigida a la cárcel
modelo.”
Para la
atención en salud informa que ha solicitado al INPEC que la EPS CAPRECOM brinde
asistencia sanitaria, pero no ha sido posible porque solo la brindan a los
internos bajo la custodia y responsabilidad del INPEC, por ello acudió a la
Secretaría Distrital de Salud, que también adujo que la responsable es CAPRECOM,
pero esta EPS dice que solo atiende a las personas bajo custodia del INPEC. De
otra parte indica que la alimentación de las personas detenidas en las URI es
deficiente e insuficiente.
Informa
que en la URI de Engativá hay hacinamiento y que en los CAI móviles y buses están
recluidas personas capturadas que no se han trasladado a las cárceles adscritas
al INPEC porque no hay cupo disponible, y que el INPEC responde que ellos no
tienen a cargo esas personas, y es así porque no las quieren recibir.
El
Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos MEBOG también afirma que en la URI de
Kennedy hay 12 personas en condición de hacinamiento. Según informaron los
custodios de la URI el señor Misael Cantor, ingreso allí el 28 de mayo de 2015
por orden de un Juzgado de Control de Garantías, al ingresar informó que padece
una enfermedad cardiaca, se le permite ingreso de medicamentos y se deja esta
consigna. Precisa que éste interno no ha solicitado ser conducido a ningún
centro médico y continúa privado de la libertad en las instalaciones de la URI
porque existe hacinamiento en la cárcel modelo hacia la cual va dirigida la
boleta de detención, no obstante requerir de un sitio más adecuado para su
detención. También señala que el señor Stiven Renteria Abadia ingresó a la URI
el 28 de abril de 2015 y el 18 de mayo siguiente salió, bajo custodia de
patrullero, hacia el hospital de Kennedy para prestarle la atención médica
porque padece insuficiencia renal crónica y requiere tratamiento periódico.
Éste interno también permanece en la URI porque no ha sido trasladado a la
Cárcel Nacional Modelo por el hacinamiento que aún existe allí.
En
relación con las personas confinadas en el CAI móvil informa que Karol Vanessa
Quintero Vargas  fue capturada el 24 de marzo de 2015, no ingresa a la sala de
paso de la URI porque se encuentra a la máxima capacidad por ello permanece en
la parte externa bajo la custodia de uniformados de la Estación de Policía de
Kennedy. Esta señora es trasladada el 26 de junio de 2015 al Centro Carcelario el
Buen Pastor. El interno José Ferney Medina también permaneció en la parte
externa hasta su traslado el 30 de junio de 2015.
Solicita
que no se suspenda el uso de remolques porque ello congestionaría las URI, pero
que si se ordene el traslado inmediato a los centros carcelarios de quienes se
encuentren en las celdas temporales de las Estaciones de la MEBOG, dado que es
al INPEC a quien le corresponde garantizar la privación de la libertad de los
sindicados y condenados en condiciones dignas y propender por la prestación de
los servicios de salud y alimentación adecuada.
Por
último, manifiesta que a través de los canales de comunicación que ya existen
se brinda la información sobre los capturados albergados en las URI y los CAI,
y que las mesas de trabajo realizadas con el concurso de la Administración
Distrital, han permitido el traslado de reclusos de la Cárcel Distrital a otras
de municipios cercanos para abrir cupos a 150 personas que se encontraban
detenidas en las URI y CAI. Concluye que la Policía Metropolitana de Bogotá no
ha vulnerado los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad
por lo que solicita se declare improcedente la acción de tutela (folios 352 a
364).
1.3.13.
Comando de
la Estación de Policía de Usaquén
El Comandante
de la Estación de Policía de Usaquén señala que la Policía no ha vulnerado el
derecho al debido proceso porque su función no es manejar procesos ni
administrar justicia, sino colaborar con ella. Indica que no son centro
carcelario, tampoco tienen salas de detenidos, calabozos ni las condiciones
para albergar a personas privadas de la libertad en las Estaciones de Policía.
Aunque algunas veces funcionarios judiciales ordenan tener detenidos en las estaciones
de policía esa medida es violatoria de toda dignidad y trato humano. Por último
pide se declare que existe legitimación en la causa por pasiva de la Policía
Nacional porque es el INPEC el competente para efectuar la reseña y traslado
del detenido al lugar de cumplimiento de la condena.
1.3.14.
Alcaldía
Mayor de Bogotá
La
Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Subdirección de Defensa Judicial
indicó que con fundamento en el artículo 88 del Decreto Distrital 654 de 2011
dio traslado por competencia de la acción de tutela a la Secretaría Distrital
de Salud, y pide desvincular al Distrito pues no ha vulnerado ningún derecho
fundamental invocado por el accionante. (folio 449)
1.3.15.
Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá D.C.
La
jefe de la oficina asesora Jurídica de la Secretaría de Salud del Distrito informa
que verificado el sistema de seguridad social en salud encontró la evidencia de
afiliación de los internos señalados en el escrito de tutela al sistema de
seguridad social en salud, así:
Nombre
Entidad
Estado Afiliación
Johan Reyes Pinto
‘Registra una usuaria’
‘Registra una usuaria’
Jairo Orrego Vélez
Saludcoop
Activo
Edinson Espinosa Monroy
Capital Salud
Activo
Misael Cantor
Nueva EPS
Activo
Stiven Renteria Abadía
Comparta Choco-Quibdó
Activo
Karol Vanessa Quintero
Compensar
Activo
José Ferney Medina
Capital Salud
Activo
Precisa
que Karol Vanessa Quintero, Misael Cantor y Jairo Urrego Vélez registran en el
régimen contributivo y en estos eventos son las EPS las que deben garantizar la
atención en salud de manera oportuna y completa; y que los usuarios privados de
la libertad están exentos de copago, de conformidad con el artículo 5 del
Decreto 2496 de 2012.
La
representante de la Secretaría Distrital de Salud solicita la desvinculación de
la entidad por falta de legitimación por pasiva para resolver sobre las
peticiones aducidas por el accionante, dado que la cobertura en salud de las
personas que están en la URI y van a ser trasladadas a un establecimiento
carcelario del nivel nacional le corresponde al INPEC. Mientras se oficializa
la afiliación a la EPS que asigne el INPEC, es responsabilidad de éste
garantizar los servicios de salud que requieran. Agrega que venido realizando visitas
a esas unidades, de las cuales se deja constancia en acta, en el marco del
proyecto vigilancia intensificada “Centros carcelarios y salas de retenidos”.
Concluye que esa Secretaría no ha incurrido en afectación de derecho alguno
(folio 401).
1.3.16.
Secretaría
de Gobierno de Bogotá y Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
A
través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la Secretaría de Gobierno
solicita su desvinculación por ausencia de legitimación por pasiva dado que no
tiene la representación de la Policía Metropolitana de Bogotá ni de alguna entidad
vinculada a la acción de tutela y tampoco ha incurrido por acción u omisión en
violación de los derechos fundamentales aducidos por la parte accionante.
Señala que la Secretaría de Gobierno ha trabajado a favor de los derechos
fundamentales de las personas recluidas (folio 430).
Posteriormente
la misma funcionaria, en representación de la Cárcel Distrital de Varones y
Anexo de Mujeres allega informe de la Directora de éste establecimiento y
solicita declarar improcedente el amparo  porque su representada ha obrado en
cumplimiento de sus funciones y competencias legales. En dicho informe se
evidencia que la Administración Distrital efectuó en abril de 2015 una mesa de
trabajo para determinar las acciones encaminadas al cumplimiento de la
sentencia T-388 de 2013. En esa oportunidad se fijaron compromisos como el
traslado de personas condenadas allí recluidas a establecimientos a cargo del
INPEC y la asignación de los cupos liberados a la recepción del mismo número de
detenidos que se encontraban en las URI y estaciones de policía. Para el 10 de
julio de 2015, esa Cárcel había recibido a 88 procesados, y ofreció 30 cupos
adicionales para descongestionar las URI. Así mismo informó que en la medida
que se liberen cupos recibirá los provenientes de las URI y las estaciones de policía.
Por último indica que por normas urbanísticas solo puede recibir procesados por
delitos de menor impacto (folio 556).
1.3.17.
Caja de
Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM EICES
Luego
de proferirse el fallo de tutela de primera instancia la Líder Proyecto
Caprecom – INPEC, de CAPRECOM informó que de acuerdo al Decreto 2496 de 2012 no
es posible que esa entidad atienda a los accionantes porque solo los reclusos
Karol Vanesa Quintero Vargas y José Ferney Medina hacen parte de la población
privada de la libertad autorizada por la ley para recibir atención de Caprecom
y aparecen activos en sus bases de datos. Sostiene que esa entidad no puede
atender a las personas recluidas en las URI, las estaciones de policía y
calabozos del CTI, porque ellos están bajo la custodia y responsabilidad de la
Policía Nacional, el CTI y la Fiscalía. Indica que dadas las condiciones de la
población reclusa CAPRECOM EICE presta la atención en salud de manera
intramural por los servicios de baja complejidad, a través del  régimen
subsidiado.
Informa
que revisada la base de datos única de afiliados del FOSIGA Karol Vanessa
Quintero y José Ferney Medina Ramírez están activos, y respecto de los demás:
·
Johan Reyes Pinto
no aparece en la base de datos, y en el reporte de Fosiga con número de cédula aparece
otra persona.
·
Jairo de Jesús Orrego
Vélez, no registra en la base de datos y se encuentra afiliado al régimen
contributivo activo en EPS SALUDCOOP.
·
Edison Yojan Espinosa
Monroy está retirado de la base de datos y aparece como afiliado activo al
régimen subsidiado EPS Capital Salud.
·
Misael Cantor no
está registrado en su base de datos. Está como afiliado activo del régimen
contributivo en la NUEVA EPS S.A.
·
Stiven Rentería
Abadía registra como retirado y multiafiliación en sus bases de datos. Aparece
como activo en el régimen subsidiado en EPS Cooperativa de Salud Comunitaria
Comparta.
De
otra parte manifiesta que la afiliación a la EPS y la programación para prestar
servicios de salud a los internos es responsabilidad del INPEC. Por ello, Caprecom
no puede brindar atención a los usuarios que no aparezcan como afiliados a sus
bases de datos. Dado que esa entidad maneja recursos públicos para atender a
sus afiliados no puede destinarlos para brindar atención a quienes no lo son porque
pueden ser sometidos a acciones penales por peculado. Por último afirma que CAPRECOM
EICES no ha vulnerado ni puesto en peligro los derechos fundamentales de los
accionantes (folio 692).
1.3.
Decisiones de tutela que se revisan
Son
objeto de revisión los fallos dictados por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria  del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 15 de julio de
2015 y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura el 26 de Agosto de 2015, mediante los cuales se accedió al amparo
solicitado por el Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria,
a favor de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad
en las instalaciones Unidades de Reacción Inmediata, las estaciones de Policía
y vehículos aledaños a éstas.
1.3.1.
Sentencia de Primera Instancia
El
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en sentencia del 15 de julio de
2015[1] concedió la tutela de los
derechos fundamentales a no ser sometido a tratos y penas crueles, inhumanos y
degradantes, al reconocimiento de la dignidad humana, a la salud y a la
alimentación adecuada, solicitada por el Defensor Delegado para la Política Criminal
y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo a favor de Johan Reyes Pinto, Jairo
Orrego Vélez y Edinson Espinosa Monroy, detenidos en la URI de Engativá, y
Misael Cantor, Stiven Rentería Ababidía, Karol Vanessa Quintero Vargas, y José
Ferney Medina, internos en la URI de Kennedy, y demás personas recluidas en las
Unidades de Reacción Inmediata – URI y Estaciones de Policía de Bogotá. Esta
decisión se fundamenta en que:
a) El
Estado es responsable de las personas privadas de la libertad en centros de
detención transitoria, así como de los que se encuentran en centros
carcelarios, quienes, por la medida que los afecta, tienen una limitación de
sus derechos porque su sostenimiento ya no depende de sus propios medios
económicos.
b) Las
URI y las estaciones de policía presentan un alto grado de hacinamiento por el
aumento de la criminalidad y la insuficiente infraestructura carcelaria, lo que
ha obligado al uso de carpas, buses y CAI móviles como lugares de detención.
Esta situación se agudiza por el plan reglamento y si bien se adoptaron medidas
de contingencia luego de levantada esa medida por el acuerdo entre el Gobierno
y el INPEC,  resultan insuficientes porque la situación de sobrepoblación en
tales lugares continua, así como los problemas de insalubridad, inseguridad y
demás asociados a ello.
c)
Aunque se han realizado acciones, el hacinamiento en los centros carcelarios y
penitenciarios adscritos al INPEC subsiste y ha dado lugar a que, en
cumplimiento de lo señalado en la sentencia T-388 de 2013 de la Corte
Constitucional, se restrinja el ingreso al establecimiento carcelario La Modelo
para mitigarlo, medida que impacta en las URI y las estaciones de policía, en
donde deben permanecer personas con detención preventiva intramural o
domiciliaria e incluso condenados, en improvisados espacios que no cuentan con
las condiciones mínimas para llevar una vida digna, poder descansar, contar con
baterías sanitarias adecuadas, desinfectadas, aire libre y seguridad. Recuerda
el a quo que la medida de privación de la libertad personal no implica la
afectación de otros derechos.
d) Se
estableció que en las URI y las estaciones de policía hay personas que llevan
periodos prolongados allí, aunque su estadía no debiera superar las treinta y
seis horas conforme al artículo 28 de la Constitución y la Ley 1709 de 2014.
e) Sobre
el servicio de salud indicó que CAPRECOM EICE se sustrajo de intervenir dentro
de la acción de tutela por lo que debe aplicarse la presunción de veracidad
conforme al artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 y, con base en ello, concluir
que esa EPS es renuente a prestar dar atención médica a los internos en las URI
y estaciones de policía de manera injustificada. Considera que CAPRECOM EICE está
obligada a prestar atención a las personas internas en centros carcelarios
adscritos al INPEC y a los ubicados en las URI, por cuanto el Decreto 2496 de
2012 no hace distinción entre unos y otros.
Sostiene
el juez constitucional que la atención en salud de estas personas compete al
INPEC y a CAPRECOM EICE, pero también a la USPEC que, conforme al Decreto 4150
de 2011, debe gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los
servicios para el adecuado funcionamiento de la gestión penitenciaria a cargo
del INPEC. Por lo anterior, tanto esas entidades como la Secretaría Distrital
de Salud, el Ministerio de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco de
sus competencias, deben adoptar las decisiones necesarias para superar la grave
situación y diseñar una estrategia unificada encaminada a la modernización y
humanización del sistema penitenciario.
f) En
relación con el servicio de alimentación, con base en lo señalado en la
sentencia T-388 de 2013, el a quo indicó que, sin restar credibilidad a lo descrito
en la solicitud de tutela, es necesario que el INPEC y la USPEC verifiquen el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Unión Temporal
Servialimentar  en el contrato de suministro, porque no tiene certeza sobre que
las raciones suministradas a los internos de las URI y de las estaciones de
policía sean insuficientes, no aptas para el consumo humano o recibidas
tardíamente.
Con
base en lo anterior, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá concedió el amparo y ordenó: i) al Director del
INPEC que en un plazo de un mes traslade a las personas con medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y las
condenadas que estuvieren en la URI y estaciones de Policía de Bogotá a los
centros carcelarios donde deben permanecer; ii) a CAPRECOM EICE y a la USPEC,
que en asocio con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá coordinen la
atención en salud de esas personas; iii) CAPRECOM EICE, la USPEC, la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá, el Ministerio de Salud y la Alcaldía Mayor de
Bogotá deben adoptar las determinaciones necesarias, prioritarias y efectivas
para conjurar la situación que afrontan las personas privadas de la libertad en
las URI y/o Estaciones de Policía de la ciudad y, a través de mesas de trabajo,
deben elaborar políticas para modernizar y humanizar el Sistema Penitenciario y
Carcelario mediante planes a corto, mediano y largo plazo que atiendan a las
necesidades de la población con medida de aseguramiento que implique privación
de la libertad; y el INPEC y la USPEC deben verificar el cumplimiento de las
obligaciones de la unión temporal Servialimentar derivadas del contrato de
suministro de alimentos Nº 361 de diciembre de 2014.
1.3.2.
Impugnaciones presentadas
Estación
de Policía de Usaquén
El
Comandante de la Estación de Policía de Usaquén impugna el fallo proferido el
15 de julio de 2015, al considerar que no ha violado el debido proceso porque “no
lleva ningún proceso ni a favor ni en contra, del señor accionante, ya que no
es función de la policía – Estación de Policía de Usaquén (administrar
justicia) dirimir conflictos respecto a la propiedad, pues u función es
colaborar con la recta administración de justicia” y añade que las
estaciones de Policía no son centros carcelarios, porque carecen de las
condiciones para albergar personas, tampoco tienen salas de detenidos ni
calabozos.  Agrega que cuando la autoridad judicial le ha ordenado tener a las
personas cumplen con esa orden, pero no tiene relación con los hechos relatados
por el tutelante. (Folio 619)
Ministerio
de Salud y Protección Social
El
apoderado del Ministerio solicita se revoque el numeral tercero del fallo
impugnado en lo que respeta a las medidas que debe adoptar el Ministerio de
Salud y Protección Social con fundamento en los mismos argumentos planteados al
contestar la solicitud de tutela, relacionados con que dentro de sus funciones
no está ser prestador de servicios de salud y los cuales reproduce en el libelo
de impugnación. (Folio 733)
Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC
La
USPEC solicita se revoquen las órdenes dadas en los puntos 2 y 4 del numeral
segundo de la parte resolutiva, en cuanto impone obligaciones a la USPEC para
garantizar la atención en salud y el derecho a la alimentación de la población
privada de la libertad.
Sostiene
que la decisión del a quo no se articula con las competencias de las entidades
territoriales ni con la sentencia T-388 de 2013 que declaró nuevamente el
estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.
Afirma que la USPEC “no tiene competencia ni para prestar, vigilar o hacer
seguimiento al servicio  de salud POS que presta CAPRECOM EPS a la población
privada de la libertad a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC, y en lo que corresponde a los servicios de salud no
incluidos en dicho plan, NO POS, dio cumplimiento a lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 2496 de 2012, suscribiendo el contrato de seguro
Nº000705248099 de fecha 11 de diciembre de 2014 con QBE SEGUROS S.A.” Advierte
que el seguimiento al servicio de salud que presta CAPRECOM EPS es un deber del
INPEC, y que el nuevo esquema de atención previsto en la Ley 1709 de 2014 está
siendo elaborado por la USPEC y el Ministerio de Salud y su implementación será
gradual y progresiva como lo dispone esa normativa. Sobre éste tema concluye
que la USPEC no puede cumplir funciones relacionadas con la prestación del
servicio de salud porque no han sido asignadas por la ley.
En
materia de infraestructura sostiene que las autoridades locales deben destinar
presupuesto para atender a la población sindicada y condenada y así lo advierte
la Procuraduría General de la Nación en la Directiva 003 del 2 de septiembre de
2014. Añade que la USPEC no puede cumplir las órdenes judiciales si no están
dentro del presupuesto, el cual, para el año 2015 fue menor al que la Unidad
solicitó, por lo cual se necesita del concurso del Ministerio de Hacienda y el
Departamento Nacional de Planeación porque sin presupuesto asignado no pueden
acatarse las decisiones judiciales que dispongan la realización de obras de
infraestructura.
En
relación con el suministro de alimentación a los detenidos en las URI y
Estaciones de Policía indica que ha asumido la prestación de servicio para lo
cual suscribió el contrato 361 de 2014 con la Unión Temporal Servialimentar –
2014 cuya ejecución está bajo la supervisión de la Subdirección de suministro
de servicios de la USPEC, dependencia que ha realizado visitas de inspección y
verificación de alimentos. Además, el INPEC a través del comité COSAL debe
realizar el seguimiento al cumplimiento del servicio se alimentación, gramaje,
horarios y calidad, entre otros aspectos. Para el caso en estudio indica que la
USPEC no ha recibido ninguna sugerencia de alimentación del comité COSAL, por
el contrario el INPEC está satisfecho con los alimentos entregados.
Finalmente
señala el representante de la UPEC que en éste caso existe otro medio de
defensa judicial y no está acreditado un perjuicio irremediable que haga
procedente el amparo, “como quiera que las afirmaciones en las que el
accionante funda el mismo, son meras afirmaciones subjetivas, que ni siquiera
pueden ser calificados de indicios que puedan acreditar la grave e inminente
violación de los derechos que se invocan en la acción de tutela”. (Folio
738)
Defensoría
Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo.
El
Defensor Delegado impugna la decisión porque: i) considera que omitió
pronunciarse sobre la solicitud de suspender inmediatamente el uso de
remolques, autobuses y lugares públicos como lugares de detención transitoria; ii)
el término de un mes para realizar los traslados de las personas privadas de la
libertad que se encuentren en las URI y Estaciones de Policía a los
establecimientos carcelarios y penitenciarios correspondientes aplaza la
protección de la garantía de los derechos que debe ser de inmediato
cumplimiento y desconoce el antecedente fijado en la sentencia T-388 de 2013
según el cual está prohibida la permanencia de una persona por más de 36 horas
en las URI y Estaciones de Policía; iii) La sentencia impugnada no precisó cuál
es el modelo de atención en salud que debe aplicarse a esta población retenida
en las URI y actualmente la atención a través del régimen subsidiado es nula y
mediante el régimen contributivo es intermitente porque no hay personal de la
Policía que realice los traslados para las citas médicas. Añade que si bien en
el numeral 2.2., de la parte resolutiva del fallo se ordena coordinar la
prestación del servicio, no se hace ninguna relación al modelo de atención cuya
definición debe imponerse en la sentencia porque de otra forma caerá en una
discusión interminable sobre los responsables de la prestación del servicio de
salud a los retenidos en las URI; iv) finalmente advierte que no se estableció
un término para el cumplimiento de las órdenes dadas en los numerales 2, 2.1,
2.2, 2.3, y 2.4, lo cual resulta necesario para que sean idóneas y eficaces para
la protección de los derechos fundamentales de los retenidos. (Folio 757)
Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
La
representante del INPEC indica que en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en sentencia
del 21 de agosto de 2014 se encuentra adelantando gestiones para superar la
situación de hacinamiento en el Establecimiento carcelario “La Modelo” de
Bogotá, en le plazo de un año fijado en dicho fallo, pero no ha sido posible
reducir el hacinamiento. Dado que es prioritario atender esta situación
solicita “se disponga de medidas necesarias a fin de que el cumplimiento de
esta sentencia no implique desatender lo ordenado por la SALA JURISDICCIONAL
DISCIPLINARIA - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA” (Folio 764)
La
Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá
La
representante de la Secretaría Distrital de Salud impugna el fallo de primera
instancia porque le ordena coordinar con CAPRECOM y la USPEC la prestación del
servicio de salud, cuando ésta es responsabilidad del INPEC y de CAPRECOM EPSS,
desde el momento en que se les privó de la libertad, de conformidad con el
Decreto 2496 de 2012. Indica que la prestación de servicios del POS y lo NO
POS  deben ser asumidos por el INPEC, conforme al artículo 10 ejustem. Por lo
anterior considera que respecto de esa Secretaría existe falta de legitimación
en la causa por pasiva. Añade que no se puede endilgar responsabilidad respecto
de la situación sanitaria de las personas recluidas en URI y estaciones de
Policía dado que esa Secretaría ha venido realizando visitas de Inspección,
Vigilancia y Control sobre los factores de riesgo para la salud. (Folio 710)
Caja
de Previsión Social de Comunicaciones - CAPRECOM
En el
escrito de impugnación Caprecom EPSS indica que no es responsabilidad de esa
entidad la atención de las personas sindicadas y procesadas que no están bajo
la custodia del INPEC, de acuerdo con el objeto del contrato Nº092 de 2011 y
Acta modificatoria Nº1 suscrito entre CAPRECOM  EPS e INPEC, mediante el cual
CAPRECOM se obliga para con el INPEC a prestar  los servicios de salud POS-S de
baja complejidad a la población reclusa que se encuentra en los
establecimientos de reclusión a cargo del INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
– INPEC, y en lo demás  reproduce los argumentos planteados al contestar la
acción de tutela, luego de proferido el fallo de primera instancia[2].
1.3.3.
Sentencia de Segunda Instancia
Al
decidir la impugnación presentada por el Ministerio de Salud, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC, la Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá,
de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM y de la Defensoría
Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo,
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
mediante fallo del 26 de Agosto de 2015, confirmó la procedencia del amparo y dispuso
adicionar la sentencia proferida el 15 de julio de 2015 en el sentido de
ordenar a la Policía Metropolitana del Distrito de Bogotá, dar cumplimiento de
acuerdo a sus funciones y competencias a las orientaciones emitidas por la
Corte Constitucional en las sentencias T-388 de 2013, en los términos y plazos
allí señalados, para que el estado de cosas inconstitucional declarado no se
traslade a las Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de Policía de Bogotá.
Lo anterior al considerar que en éstos lugares se replican las situaciones de
violación permanente de los derechos humanos de las personas internas en los
establecimientos carcelarios.
Consideró
el ad quem que las pruebas demuestran que en las cinco URI de Bogotá
existe hacinamiento, personas durmiendo en los pasillos, esposados a las
barandas y escaleras, y enfermos en condiciones de higiene precarias. La falta
de albergue hizo que en la localidad de Engativá se habilitara un parque para
los retenidos que en las noches alojaban en carpas. Además, de acuerdo a la
información suministrada por la Defensoría la alimentación dada a estos
detenidos es insuficiente porque no entregan tres alimentos diarios y cuando lo
hacen las porciones son insuficientes y los alimentos llegan en mal estado.
Para
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la
vulneración del derecho a la salud está acreditada con la información sobre
omisión de atención en terapias, a personas con patologías psiquiátricas, y que
cuando se recibe por el servicio de urgencias, no suministra los medicamentos
necesarios.
Estas
circunstancias, señala el fallo, desconocen la obligación estatal de garantizar
a las personas privadas de la libertad condiciones dignas y respeto por sus
derechos fundamentales.
1.4. Pruebas que obran dentro del
expediente
Al expediente fueron allegados los
siguientes elementos probatorios:
·
Registro fotográfico
de la visita realizada por la Defensoría del Pueblo a las instalaciones de las
URI de Engativá y de Kennedy el 25 de junio de 2015, en donde se observan
personas dentro de un remoque, en un vehículo, en un parque donde está
instalada una carpa de acampar, un hombre con una sonda  y una botella plástica
con contenido líquido.
·
Fotocopia de la
Boleta de Detención Nº 058 de Oscar Johan Reyes Pinto, en la cual se indica que
fue capturado el 20 de mayo de 2015 y solicita mantener privado de la libertad
en el centro carcelario que disponga el Inpec. Señala el documento que “se
deja a disposición del centro de servicios judiciales de paloquemao en el
centro carcelario que disponga el Inpec” (folio 181).
·
Copia del Oficio
160-1-1 GALIM-5615 del 2 de junio de 2015, mediante el cual el Subdirector de
Suministro de Servicios solicita al contratista UT SERVIALIMENTAR 2014
implementar las acciones propuestas en su plan de mejora frente a lo requerido
en la visita realizada el 27 de marzo de 2015 a las Estaciones de Policía
(folio 285).
·
Copia del Oficio
160-1-1 GALIM-3240 del 6 de abril de 2015 dirigido a UT SERVIALIMENTAR 2014,
mediante el cual el Director de Logística de la USPEC le traslada un
requerimiento por hallazgo y plan de mejora a la prestación del servicio de
alimentación, por la situación encontrada en visita realizada el 27 de marzo de
2015. Dice el oficio: “REQUERIMIENTO: Sub-adecuación en gramaje para el
componente cereal (arroz) en la muestra Nº1 y Nº2; y para el componente
energético (plátano asado) en las tres muestras tomadas, los cuales no
cumplieron con lo establecido en la oferta mínima por encontrarse por debajo
del 95% del gramaje estipulado en la minuta patrón. El marcado de la fecha de
vencimiento y lote del vinagre se encontraba en stiker. Lo anterior, no da
cumplimiento a lo estipulado en la resolución 5109/05” (folio 287).
·
Copia del
contrato Nº361 del 23 de diciembre de 2014 cuyo objeto es “suministrar el
servicio de alimentación, por el sistema de ración, para la atención de los
internos que se encuentran a cargo del instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC en los establecimientos de reclusión del orden nacional en los
centros de reclusión militar y/o en las estaciones de policía”, y que tiene
como plazo de ejecución hasta el 21 de septiembre de 2015 (folio 317).
·
Reporte del
sistema SISIPEC WEB relacionado con el ingreso de la interna Karol Vanessa
Quintero Vargas, capturada el 25 de marzo de 2015, que ingresa en detención
domiciliaria el 26 de junio de 2015 (folio 345).
·
Reporte del
sistema SISIPEC WEB relacionado con el ingreso del interno José Ferney Medina
Ramírez, capturado el 31 de mayo de 2015 y con fecha de ingreso al
Establecimiento Carcelario Bogotá el 30 de junio de 2015, en condición de
sindicado (folio 346).
·
Fotocopia del
oficio 541 del 27 de enero de 2015, dirigido a la Directora Seccional de
Fiscalías de Bogotá, mediante el cual la Fiscal Jefe de la URI Ciudad Bolívar
informa que en visita efectuada el 23 de octubre de 2014 por la Secretaría de
Salud del Distrito encontraron 31 internos en el corredor con boleta de
encarcelamiento y 19 sindicados en espera de resolver su situación y se
hicieron observaciones a la situación de hacinamiento y los riesgos para la
salud de los retenidos, por lo cual  emitió concepto sanitario desfavorable y
se suscribieron compromisos con dicha Secretaria (folio 369).
·
Fotocopia del
Acta 629883 de la Secretaría de Salud de Bogotá donde se evidencia el estado de
las instalaciones de la URI Ciudad Bolívar, y deja constancia que las baterías de
baños son insuficientes para la cantidad de personas y no se encuentran en
buenas condiciones de higiene (folio 374).
·
Fotocopia del
oficio 363 del 14 de agosto de 2014, dirigido al Director de Custodia y
Vigilancia del INPEC, mediante la cual la Fiscal Jefe de la URI Ciudad Bolívar
le pide adopte las decisiones respecto de las personas que están de paso en la
URI, porque a diario crece el número, lo cual genera daño a las celdas, riesgos
para la seguridad y problemas relacionados con armas y tráfico de
estupefacientes (folio 389).
·
Fotocopia del
oficio Nº06972 del 29 de agosto de 2014, en el cual se informa por la Regional
que el INPEC “ha estado en plena disposición de asignar los cupos, pero como
es de conocimiento general los sindicatos del INPEC se encuentran en plan
reglamento, situación que ha troncado la gestión que se venía adelantando a
diario a cerca de las asignaciones de cupos” (folio 390).
·
Fotocopia del
oficio Nº08816 de noviembre 19 de 2014, que en respuesta a la Jefe de Unidad de
Reacción Inmediata de Puente Aranda, se le indica que “las bancadas que
conforman las organizaciones sindicales del INPEC, en la actualidad vienen
adelantando un cese de actividades llamado “PLAN REGLAMENTO” en la mayoría de
los centros penitenciarios del país, en especial los que se encuentran ubicados
en la ciudad de Bogotá, acción que altera el normal funcionamiento de los
mismos ...Tomando como medida de presión el no ingreso de más internos a los
centros de reclusión que sobrepasan dicho porcentaje” y luego añade “con su
actuar nace la anormalidad en los establecimientos de reclusión y como
consecuencia de ello el no recibimiento de más internos en los penales”
(folio 391).
·
Fotocopia del
oficio Nº DOM 3080 de 20 de noviembre de 2014 mediante el cual el Director del Establecimiento
Carcelario de Bogotá manifiesta a la Jefe de Unidad de Reacción Inmediata de
Puente Aranda, que expedida al boleta de detención el interno debe ser
conducido por la Policía al establecimiento carcelario y entregado al grupo de
reseña, se le practica un examen médico y efectúa el ingreso al Sistema
Nacional Penitenciario y luego se materializa la detención domiciliaria o
intramural. “Líderes sindicales no permiten el ingreso de internos
provenientes de la Uri a este establecimiento Carcelario debido al plan
reglamento. En consideración al hacinamiento que tiene en este momento el
penal”(folio 393).
·
Fotocopia del
oficio del sindicato SEUP del 4 de septiembre de 2014, en el cual se dan los
lineamientos para ejecutar el plan reglamento y en él se señala que con el fin
de lograr de manera mancomunada los objetivos de reivindicación de los derechos
laborales “La bancada sindical ha decidido amparados en la Constitución
Política Nacional, ley 65 de 1993 y Ley 1709, restringir el ingreso de internos
en los establecimientos cuya población carcelaria supere el 20% de
hacinamiento, por lo tanto NO SE RECIBIRAN NUEVAS ALTAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
CARCELARIOS Y PENITENCIARIOS DEL PAIS, provenientes de las URIS, estaciones de
Policía, y otros establecimientos de reclusión del país”, así como tampoco
tránsitos por diligencias judiciales; y respecto de las detenciones o prisiones
domiciliarias determina que solo se permitirán los ingresos de personas con
estas medidas “en los eventos en que estas se concedan por SALUD o por
garantizar derechos de los menores como padres y madres cabeza de familias, las
demás NO SE PERMITIRÁ SU INGRESO”  (folio 395).
·
Fotocopia del
oficio Nº062 de 2 de febrero de 2015, dirigido a la Jefe de Unidad de Reacción Inmediata
de Puente Aranda, en la cual el Subdirector de Seguridad y Vigilancia del INPEC
indica que el INPEC no tuvo injerencia en las acciones de hecho ni en la
restricción de los servicios del sistema penitenciario y carcelario dentro del
plan reglamento que genero hacinamiento en las salas de paso, URI y estaciones
de Policía; y añade que aún luego de levantado el plan reglamento algunos
establecimientos no pueden recibir internos por decisión de tutela (folio 390).
·
Fotocopias de los
reportes del comprobador de derechos de los internos (folios 406 a 429).
·
Fotocopia del
oficio Nº0513/2014 del 10 de diciembre de 2014, en el cual la Fiscal Jefe de la
URI Kennedy informa a la Directora Seccional Bogotá de la Fiscalía General de
la Nación las condiciones precarias de las personas recluidas en las
instalaciones de esa Unidad (folio 453).
·
Fotocopia del
Acta 482895 de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá donde se evidencia el
estado de las instalaciones de la URI de Kennedy, en la que consta la situación
de hacinamiento la precariedad de las instalaciones y de las condiciones de
higiene y salubridad así como la insuficiencia de servicios sanitarios para los
detenidos en el área del corredor (folio 457).
·
Fotocopias de los
correos electrónicos enviados por el Jefe de la URI Kennedy al INPEC para que
atienda la situación de hacinamiento, vulnerabilidad de las instalaciones y
riesgo de amotinamiento (folios 465 a 475).
·
Fotocopia del
Acta 629665 de la visita realizada en abril de 2015 por la Secretaría Distrital
de Salud de Bogotá en la cual se da concepto desfavorable a las instalaciones
de la URI Kennedy y se refiere que en el corredor se albergan 31 personas
privadas de la libertad, sin condiciones para hacerlo ni baterías sanitarias
disponibles (folio 478).
·
Fotocopia del
estado actual de afiliación y de los resultados de la consulta en el sistema
del Fosyga de Jairo de
Jesús Orrego Vélez, Edinson Yojan Espinosa Monroy, Misael Cantor, Stiven
Rentería Ababidía, Karol Vanessa Quintero Vargas, y José Ferney Medina Ramírez (folios
699 a 728).
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1. Competencia
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
en el proceso radicado T-5.215.221 de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y 56 del Reglamento de la Corporación.
2.2. Problemas jurídicos
Los hechos que motivaron
la interposición de la acción de tutela por el Defensor Delegado para la Política
Criminal y Penitenciaria de la Defensoría del Pueblo plantean la necesidad de
determinar:
a.     Si la reclusión de
personas afectadas con medidas privativas de la libertad en los centros de
detención transitoria de las Unidades de Reacción Inmediata y de las Estaciones
de Policía, en número superior a la cantidad de cupos para los cuales están
diseñados y por un periodo superior a treinta y seis (36) horas desconoce su
derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
b.     Si la reclusión de
personas privadas de la libertad en carpas instaladas en parques, rodantes
destinados a CAI móvil y buses de la Policía Nacional en los cuales no hay
espacio ni elementos para dormir ni baterías sanitarias, viola el derecho de
los allí internos a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
c.      Si se ha violado el
derecho fundamental a la salud de Johan Reyes Pinto, Jairo
de Jesús Orrego Vélez, Edinson Yojan Espinosa Monroy, Misael Cantor, Stiven
Rentería Ababidía, Karol Vanessa Quintero Vargas, José Ferney Medina Ramírez y demás personas que privadas
de la libertad en los mencionados lugares al efectuarse la visita de inspección
por la Defensoría del Pueblo el 25 junio de 2015, por ausencia de una entidad que
les preste el
servicio
de salud o por omisión en el traslado de los internos a los centros médicos para
asistir a citas médicas.
d.     Si las entidades
accionadas han vulnerado el derecho a la alimentación adecuada de los internos
en los Centros de detención transitoria de Bogotá, en atención a la cantidad y
calidad de la alimentación suministrada por la USPEC a través del contratista
Unión temporal SERVIALIMENTAR 2014.
Para resolver estos problemas jurídicos, y antes
de ocuparse del caso concreto, la Sala abordará el estudio normativo y jurisprudencial
de los siguientes temas: i) Derechos de las personas privadas de la libertad, y
ii) Competencias en materia de atención a la población privada de la libertad.
2.3. Derechos de las personas privadas de la
libertad
Con el fin de preservar el orden
público y los derechos de los habitantes en el territorio nacional, el Estado
ejerce su poder punitivo mediante la consagración de conductas punibles, cuya
realización da lugar al inicio de investigaciones penales y la sanción de los
responsables.
En el ejercicio de este poder
punitivo el legislador ha establecido la posibilidad de acudir a medidas
privativas de la libertad antes, durante y como consecuencia del proceso penal:
la captura en flagrancia, la detención preventiva (intramural o domiciliaria) y
las penas privativas de la libertad (prisión y arresto), las cuales conllevan
la afectación extraordinaria del derecho fundamental a la libertad personal, y
encuentran respaldo constitucional en los artículos 28, 30, 32 y 250 de la
Constitución[3].
Las medidas privativas de la libertad
antes de la condena (captura y medidas de aseguramiento) buscan asegurar la
comparecencia del sindicado al proceso, la seguridad de la víctima y la
sociedad, al igual que evitar que el imputado pueda obstruir el debido
ejercicio de la justicia. En este orden, quien ve restringida su libertad sin
que pese sobre él una condena y por tanto se le presuma inocente, debe estar en
condiciones que no resulten mayormente aflictivas para sus derechos
fundamentales, y no constituyan tratos o medidas que le generen sufrimiento, y
por el menor tiempo posible; ello por cuanto en este caso la medida se adopta
como precaución y no como sanción.
Por su parte, las penas privativas de
la libertad deben responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad y están encaminadas a la prevención general, retribución justa,
prevención especial, reinserción social y la protección al condenado.[4] La restricción de la libertad no
es entonces un ejercicio de retaliación por el daño generado con la conducta
punible[5],
ni sirve para la exclusión social de quien no se comportó conforme a las reglas
democráticamente señaladas para la preservación de bienes jurídicamente
protegidos, aunque naturalmente lleva implícito su marginamiento temporal. La
privación de la libertad de los condenados debe atender a una finalidad resocializadora
y preventiva adicional, y por tanto habrá de realizarse pensando en proyectar
los resultados de ese aislamiento temporal, en beneficio de la posterior
reincorporación social del condenado.
Una visión de las penas privativas de
la libertad acorde con el principio de dignidad humana, requiere que los
espacios en que se ejecuten brinden las condiciones para que los condenados
luego de un ejercicio reflexivo y con apoyo institucional, readopten los
modelos de conducta que les permitirán volver a vivir pacíficamente en
sociedad, observando el respeto por los derechos de los demás y la ley.
Así, cuando el Estado decide separar
a la persona de la sociedad como instrumento de reproche penal, también asume
la obligación de capacitarlo para su reinserción social, la aprehensión de la
norma y valoración del bien jurídicamente trasgredido con su conducta. El
confinamiento no es solo un castigo costoso que impone el Estado, sino también
una oportunidad de redireccionar el comportamiento de los sentenciados por los
cauces legales, cumpliendo con el deber de respetar y garantizar aquellos
derechos no alcanzados por la pena, sin privilegios pero tampoco con tales
restricciones que les nieguen su dignidad.
Tanto si se priva de la libertad en
el curso de un proceso, como si se hace como consecuencia de la condena
impuesta en el mismo, una vez se ha producido esa restricción a la libertad del
sindicado, imputado, enjuiciado o condenado, se establece una relación de
sujeción especial de éste respecto del Estado debido a la condición de indefensión en la que se encuentran los
reclusos. Esta relación hace
surgir unos deberes de respeto y otros de garantía de los derechos
fundamentales, en tanto la persona se encuentra en imposibilidad de procurarse
de manera individual y autónoma la satisfacción de las necesidades esenciales
para su subsistencia en condiciones dignas[6].
El artículo 1º de la Constitución Política
proclama que Colombia se funda en el respeto de la dignidad humana y, replicando
esta norma superior, el Código Penal indica que el derecho penal se cimienta en
el mencionado principio[7],
proyectándolo a todos los momentos de intervención del sistema penal.
Al respecto ha dicho la Corte
Constitucional[8] que:
“Dentro de
los deberes que surgen en cabeza del Estado como contrapartida al ejercicio del
legítimo poder punitivo, la jurisprudencia ha resaltado que el respeto por la
dignidad humana constituye el pilar central de la relación entre el Estado y la
persona privada de la libertad, y es, además, una norma fundamental de
aplicación universal,[9] reconocida expresamente por
los tratados y convenios de derechos humanos, prevalentes en el orden interno
(art. 93, CP).[10] De esta forma, por ejemplo,
la jurisprudencia ha precisado que “(…) el derecho a la dignidad humana de los
internos, el cual tiene connotación de fundamental y por tanto inherente a la
persona humana,[11] debe ser respetado no
sometiéndoseles a condiciones de hacinamiento[12] y no realizándoseles
requisas que por sus características vulneren la dignidad humana del privado de
la libertad y se constituyan a su vez en tratos crueles, inhumanos y
degradantes, proscritos por la Carta Política (art. 12 Constitución Política).”[13]”
En igual sentido, esta Corte señaló
que de la relación especial de sujeción surgen unas obligaciones, entre ellas:
“el deber positivo en cabeza del Estado de
asegurar el goce efectivo de los derechos de raigambre ius fundamental,
en la parte que no es objeto de limitación, o en su integridad en los demás
casos” y “la obligación imperativa de la
administración penitenciaria de garantizar todas las condiciones necesarias
para lograr la efectiva resocialización de los reclusos”[14].
De igual forma, al declarar el estado
de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario en la
sentencia T-388 de 2013, razonó esta Corte: “Las personas privadas de la libertad enfrentan una tensión sobre sus
derechos, dada la doble condición que tienen. Son acusados de ser criminales, o
han sido condenados por serlo, y en tal medida, se justifica la limitación de
sus derechos fundamentales, comenzando por la libertad. Sin embargo, teniendo
en cuenta, a la vez la relación de sujeción en que se encuentran las personas
privadas de la libertad, surgen razones y motivos para que se les protejan
especialmente sus derechos. Esta tensión constitucional que surge entre ser
objeto de especiales restricciones sobre sus derechos fundamentales y, a la
vez, ser objeto de especiales protecciones sobre sus derechos fundamentales,
lleva a actitudes y políticas contradictorias. Una política criminal y carcelaria
respetuosa de la dignidad humana, debe lograr un adecuado balance entre una y
otra condición que se reúnen en las personas privadas de la libertad.”
Por ello, aunque el ejercicio excepcional del poder punitivo
del Estado lleve en algunos eventos implícita la restricción del derecho a la
libertad personal,  existen derechos que no pueden ser restringidos a los
reclusos y respecto de los cuales surge para el Estado una posición de garante
de la cual se derivan concretas y exigibles deberes de respeto, garantía y
protección, vr gratia, el derecho a la vida, integridad personal, a la
salud y a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes.
Este deber de garantía
de ciertos derechos existe desde el momento mismo en que la persona queda
sometida a la privación de la libertad por orden de autoridad o flagrancia, sin
importar la posición que tenga el interno respecto de la actuación penal:
sindicado, imputado, enjuiciado o condenado. En este sentido la jurisprudencia
constitucional ha indicado que los derechos a la
vida, a la integridad personal y a la salud, permanecen intactos y no pueden
resultar afectados ni en mínima parte a lo largo del período de detención cautelar
ni durante el tiempo necesario para el pago de la pena impuesta; “De ello
se hace responsable el Estado desde el momento mismo de la captura o entrega
del detenido o condenado y hasta el instante en que readquiera su libertad”[15].
Para que ello
sea así, las entidades que hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y
Carcelario[16]
deben respetar los derechos de la población reclusa y generar condiciones de
privación de la libertad acordes con los requerimientos mínimos para cumplir
las medidas impuestas[17].
Los deberes de respeto, protección y
garantía igualmente comprometen a los funcionarios judiciales, es decir, el
administrador de justicia no puede desentenderse del deber de garantía una vez
ha impuesto la medida aflictiva de la libertad personal. Por ello el juez que
impone una medida de aseguramiento privativa de la libertad por estimarlo
necesario y reunirse los presupuestos de ley, no se desprende de la
responsabilidad que de ello se deriva una vez ha proferido la providencia pues
subsiste la obligación de adelantar las investigaciones y juicios lo antes
posible para que el sustento precario de la afectación del derecho esencial de
la libertad personal no traiga mayores perjuicios para el detenido, así mismo
debe atender y resolver oportunamente las solicitudes de libertad provisional o
sustitución de la detención intramural cuando condiciones extraordinarias del
procesado impongan  su salida del establecimiento de reclusión.
Igualmente, una vez ha culminado el
proceso con una condena a pena privativa de la libertad, a los Jueces de
Ejecución de Penas también les corresponde verificar las condiciones de
reclusión de los condenados,[18]
ignorarlo es deshumanizar el derecho penal y reducir su gestión a operaciones
aritméticas sobre términos de detención o prisión. Al Estado le corresponde a
través del Sistema Penitenciario y Carcelario, y también de la judicatura,
salvaguardar los derechos de la población carcelaria.
Esta necesidad de garantía de los
derechos condujo a la incorporación en la Ley 65 de 1993 del artículo 7A[19], que dispone:
“Artículo 7A. Obligaciones
especiales de los Jueces de Penas y Medidas de Seguridad. Los Jueces
de Penas y Medidas de Seguridad tienen el deber de vigilar las condiciones
de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad impuesta en la
sentencia condenatoria.
(…)
La inobservancia de
los deberes contenidos en este artículo será considerada como falta gravísima,
sin perjuicio de las acciones penales a las que haya lugar.
El Consejo Superior
de la Judicatura garantizará la presencia permanente de al menos un Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en aquellos establecimientos que así
lo requieran de acuer­do con solicitud que haga el Director General del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En los demás
establecimientos se garantizarán visitas permanentes.”
2.3.1. Derecho a no ser sometido a
tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a tener condiciones dignas
de reclusión.
La prohibición de someter a las personas a tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes, contenida en el artículo 12 de la
Constitución Política desarrolla de manera concreta el derecho al reconocimiento
de la dignidad humana y es aplicable en cualquier circunstancia ya que no puede
ser suspendida, ni siquiera en estados de excepción. En el marco de la
ejecución de medidas privativas de la libertad dispuestas con ocasión de un
proceso penal ésta prohibición hace parte de las garantías de un juicio justo.
En igual sentido, el artículo 5, numeral 2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos establece que “Nadie debe ser sometido a torturas ni
a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada
de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano” y el numeral
4 establece que “Los procesados deben estar separados de los condenados,
salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de
personas no condenadas.” [20]
El Comité de Derechos Humanos al referirse a esta
disposición ha indicado que los reclusos no pueden ser sometidos a un trato que
implique restricciones distintas de las que resulten de la privación de la
libertad, pues la prohibición antes señalada es una norma universal que no se
excusa por deficiencias materiales (falta de infraestructura) o limitaciones
económicas de los Estados para satisfacer las necesidades básicas de los
detenidos[21].
El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre
consentimiento a experimentos médicos o científicos”  y en coherencia con ello el artículo 10 señala que “Toda persona
privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano”, proposición que ha sido desarrollada en
otros instrumentos internacionales como el Conjunto de
Principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o
prisión[22]y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos[23], normas de soft law que describen las
condiciones mínimas acordes con el principio de dignidad humana[24], y como lo indica en su observación
preliminar 1, estas Reglas
pretenden identificar “los elementos esenciales de los sistemas
contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una buena
organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los
reclusos”[25].
Aunque son múltiples y variadas las reglas
adoptadas por las Naciones Unidas para una buena organización penitenciaria y  el tratamiento digno de
los reclusos, entre ellas cabe destacar las siguientes, porque son particularmente
relevantes en la definición de los problemas jurídicos que plantea esta acción
de tutela, considerando además que estas reglas están previstas para aplicarse
a las personas recluidas durante el trámite de su judicialización, a los
procesados[26]
y los sentenciados:
Establece la Regla 7
que al momento de ingreso de una persona a un establecimiento donde permanecerá
detenida debe realizarse un registro que contenga su identidad, los motivos de
la detención y la autoridad que lo ordenó, fecha y hora de ingreso y luego
consignar su egreso. La Regla 8 determina que las personas privadas de la
libertad deben ser recluidas diferencialmente, esto es, separados por
categorías definidas por la edad, el género, sus antecedentes, los motivos de
su detención y el trato que corresponda aplicarles. De tal forma que hombres y
mujeres no pueden estar recluidos en el mismo lugar, y las personas no
sentenciadas deben estar separadas de quienes cumplen una condena[27].
En relación con las
condiciones e infraestructura carcelaria señala la Regla 9:
“9. 1) Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán
ser ocupados más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como
el exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la
administración penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se
deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual. 2)
Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos
cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en
estas condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular,
adaptada al tipo de establecimiento de que se trate.
10. Los locales destinados a
los reclusos y especialmente a aquellos que se destinan al alojamiento de los
reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias de la higiene,
habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne al volumen de
aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.
11. En todo local donde los
reclusos tengan que vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser
suficientemente grandes para que el recluso pueda leer y trabajar con luz
natural; y deberán estar dispuestas de manera que pueda entrar aire fresco,
haya o no ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser
suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista.
12. Las instalaciones sanitarias
deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades
naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente.
13. Las instalaciones de baño y de
ducha deberán ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar
un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que
requiera la higiene general según la estación y la región geográfica, pero por
lo menos una vez por semana en clima templado.
14. Todos los locales frecuentados
regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y
limpios”.
Además, “Cada recluso dispondrá, en conformidad con los
usos locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual
suficiente, mantenida convenientemente y mudada con regularidad a fin de
asegurar su limpieza.”[28],
y se pondrá a su disposición el terreno, las instalaciones y el equipo
necesario para el ejercicio una educación física y recreativa[29].
En materia de higiene los reclusos condenados deben contar
con agua y los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza, además
de los medios para el cuidado personal a fin de que “se presenten de un modo
correcto y conserven el respeto de sí mismos”. La ropa interior se cambiará
y lavará con la frecuencia necesaria para mantener la higiene[30].
De manera particular, respecto del trato y condiciones en que
deben permanecer las personas en detención preventiva, esto es, los procesados
no sentenciados, la Sección C Reglas 84 a 93, de las Reglas Mínimas establece
que:
"Acusado" es toda persona arrestada o encarcelada
por imputársele una infracción a la ley penal, detenida en un local de policía
o en prisión, pero que todavía no ha sido juzgada. Éste gozará de la presunción
de inocencia y deberá ser tratado en consecuencia.
Los acusados gozarán de un régimen especial cuyos puntos
esenciales se determinan en las reglas que figuran a continuación:
·
Los acusados
serán mantenidos separados de los reclusos condenados.
·
Los jóvenes serán
mantenidos separados de los adultos. En principio, serán detenidos en
establecimientos distintos.
·
Deberán dormir en
celdas individuales a reserva de los diversos usos locales debidos al clima.
·
Podrán, si lo
desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior
por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso
contrario, la administración suministrará la alimentación.
·
Se autorizará al
acusado que use sus propias prendas personales siempre que estén aseadas.
·
Deberá ofrecérsele
la posibilidad de trabajar, pero no se le requerirá a ello. Si trabaja, se le
deberá remunerar.
·
Se permitirá que
el acusado sea visitado y atendido por su propio médico o su dentista si su
petición es razonable y está en condiciones de sufragar tal gasto.
La inobservancia de tales condiciones, como otras que se
mencionarán más adelante y se refieren a brindar alimentación oportuna y
adecuada y a recibir asistencia médica, puede llegar a configurar un
desconocimiento de la prohibición de torturas y tratos crueles, inhumanos y
degradantes.
Ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las
deficientes y antihigiénicas condiciones de detención constituyen formas de
tortura psicológica que ponen en riesgo otros derechos de las personas
afectadas como el derecho a la salud, a la integridad personal e incluso la
vida, cuando se le priva de la necesaria atención por los servicios médicos,
ante padecimientos dolorosos o que comprometen la vida del interno[31]. Respecto de tratos
degradantes, el Comité de Derechos Humanos señaló que “para que el castigo
sea degradante, la humillación debe exceder determinado nivel y en todo caso,
entrañar otros elementos que vayan más allá del simple hecho de ser privado de
la libertad”[32].
2.3.2. Derecho a la Alimentación
En cumplimiento del deber de garantía
que asume el Estado cuando restringe la libertad en ejercicio de su poder
punitivo, le corresponde velar por la integridad personal[33] y para ello debe suministrar
la alimentación adecuada desde el inicio de la restricción de la libertad hasta
que la recobre, ya sea que se encuentre como indiciado a la espera de la
legalización de su captura en un centro de detención transitoria, que está en
detención preventiva intramural o cumpliendo una condena[34].
Esta obligación se deriva de la
posición de garante y esencialmente del deber de trato humanitario a todos los
internos, y se satisface cuando los encargados suministran alimentación
adecuada en calidad y cantidad.
En relación con las personas procesadas
no sentenciadas, la Regla 87 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos, establece que de acuerdo con las particularidades derivadas de
razones de seguridad y organización, es posible que el interno se alimente con
lo que le suministre la familia o amigos, y de no ser así el Estado debe
suministrar la alimentación adecuada[35].
La Regla 20 referida en general a los
reclusos indica que “ 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las
horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y
servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud
y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de
agua potable cuando la necesite.”
Sobre este derecho, la Guía para la
Defensa Pública y la Protección Integral de los Privados de Libertad[36], establece que “Las
autoridades penitenciarias o de otro tipo a cargo de espacios de privación de
libertad, deben adoptar las disposiciones indispensables para garantizar a cada
persona detenida una adecuada provisión diaria de comida con suficiente valor
calórico y nutricional. El sustento adecuado de estas personas no debe estar
condicionado a la provisión de alimentos adicionales por parte de los miembros
de la familia”[37].
Del mismo modo, en el ámbito nacional la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha sido reiterativa en precisar que el Estado debe proveer
a los reclusos la debida alimentación diaria, “la cual tendrá que responder
a condiciones mínimas de higiene, valor nutricional y una calidad y cantidad
que les permita su sana y completa nutrición.”. Ha resaltado además que la privación
de alimentos desconoce la dignidad “y viola los derechos a la vida, a la
salud y a la integridad personal de los reclusos. El hambre, que supone
necesariamente sufrimiento y ostensible daño a la integridad personal -física y
mental- de quien la padece, constituye un trato cruel e inhumano, proscrito por
nuestro ordenamiento, y, por contera, implica, contra la Constitución, una pena
adicional no contemplada en la ley”[38].[39]
En reciente pronunciamiento ésta
Corte indicó que:
“Conviene recordar que el
derecho a la alimentación implica el acceso a “todos los elementos
nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y[/o] a
los medios para tener acceso a ellos”[181]. Conforme lo ha sostenido la
Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación,
consiste en “tener
acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante
compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y
suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que
pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual
y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”.
Sin embargo, entendiendo las condiciones
especiales en que se encuentran las personas privadas de la libertad, y su
imposibilidad de acceso autónomo a los alimentos, es deber del Estado, por
virtud de la sujeción que aquellas tienen frente a él, suministrarles el
alimento, en condiciones ideales cuantitativa y cualitativamente, ofreciendo
una alimentación adecuada y suficiente.”[40]
De acuerdo con lo señalado, el
cumplimiento del deber de brindar la alimentación corresponde al Estado y lo
hace responsable ya sea que asuma directamente el suministro de los alimentos o
lo realice mediante un tercero contratado para el efecto. Al respecto cabe
precisar que la celebración éstos contratos en ningún caso tiene como
consecuencia la trasferencia de esa responsabilidad estatal al contratista, por
cuanto la obligación de proveer de alimentos en cantidad y calidad adecuadas a
las personas privadas de la libertad no se satisface con la realización de
contratos de suministro, sino con la efectiva y oportuna provisión de
alimentación adecuada.
Este derecho
ha sido regulado a nivel nacional en los artículos 48[41] y 49[42] de la Ley 1709 de 2014, que
modificaron los artículos 67 y 68 de la Ley 65 de 1993, y disponen que la
USPEC es responsable de la alimentación de todas las personas privadas
de la libertad y para el efecto fijará las políticas y planes de suministro
de alimentos, los que “deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la
suficiente y balanceada nutrición de las personas privadas de la libertad”;
así mismo, la provisión de alimentos puede ser por administración directa o por
contrato con particulares.
2.3.3. Derecho a la Salud
Dentro de los deberes del Estado
igualmente se encuentra el brindar servicios médicos a los reclusos que lo
necesiten y requieran, para lo cual, de acuerdo a la complejidad puede acudirse
al servicio médico del centro de reclusión o a establecimientos de atención en
salud externos, y debe garantizar y autorizar los traslados respectivos.
Este derecho tiene sustento constitucional en el artículo 49,
el cual dispone que:
a)
La atención de la
salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud.
b)
Corresponde al
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a
los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para
la prestación de servicios de salud por entidades privadas, ejercer su
vigilancia y control, establecer las competencias de la Nación, las entidades
territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los
términos y condiciones señalados en la ley.
c)     El Estado dedicará especial atención
al enfermo dependiente o adicto a sustancias estupefacientes o sicotrópicas y a
su familia para fortalecerla en valores y principios que contribuyan a prevenir
comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y,
por consiguiente, de la comunidad
d)    Corresponde al Estado desarrollar en
forma permanente campañas de prevención contra el consumo de drogas o
sustancias estupefacientes y en favor de la recuperación de los adictos.
Dentro de las condiciones básicas
admitidas por las Naciones Unidas e incorporadas a las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, están:
“22. 1) Todo establecimiento
penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado
que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos
deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del
servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un
servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el
tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado
de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos
penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento
disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material,
del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a
los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el
personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo recluso debe
poder utilizar los servicios de un dentista calificado.
(…)
24. El médico deberá examinar a cada
recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a
menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una
enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar
el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o
contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir
un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada
recluso para el trabajo.
25. 1) El médico velará por la salud
física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los
reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos
aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un
informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un
recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad
cualquiera de la reclusión.
26. 1) El médico hará inspecciones
regulares y asesorará al director (...)”
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado de manera reiterada
y pacífica que el derecho fundamental a la salud debe garantizarse a toda la
población colombiana, sin distinción alguna. Y, cuando las personas están
privadas de la libertad por decisión de una autoridad, corresponde al Estado
garantizarles este derecho dado que no pueden hacerlo de manera autónoma, ya
sea por medio de la inclusión de población reclusa en
el Sistema General de Seguridad Social, o la realización de los traslados
necesarios para acudir a los servicios médicos si el interno conserva su
afiliación al régimen contributivo. Por ello “las autoridades
carcelarias tienen la obligación de garantizar a los reclusos no solo una
atención médica oportuna y eficiente, sino además, deben asegurar que las
prescripciones médicas como exámenes, medicamentos, intervenciones, cirugías, o
cualquier otro procedimiento requerido por el interno, sean efectivamente
realizados”[43].
En la sentencia T-849 de 2013, advirtió la Corte
Constitucional que “el derecho fundamental a la salud de la población
reclusa, debe ser garantizado por el Estado en todo momento, sin posibilidad
de limitarse o restringirse en razón a la circunstancia especial de privación
de la libertad, y debe hacerlo efectivo a través de su inclusión en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, para lo cual también, debe dar
solución oportuna y eficaz a las necesidades de dicho grupo”.
En la legislación nacional el
artículo 14, literal m, de la Ley 1122 de 2007[44]
señaló que la población privada de la libertad debe estar afiliada al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que le
corresponde al Gobierno Nacional buscar los mecanismos necesarios para que este
grupo de personas reciba la atención en forma adecuada.
Luego el artículo 2 del Decreto 1141 de 2009, modificado por el artículo 1 del Decreto
2777 de 2010, determinó que la afiliación de la población reclusa en los establecimientos de
reclusión a cargo del INPEC se realizará mediante subsidio
total, a través de una entidad promotora de salud del régimen subsidiado de
naturaleza pública del orden nacional; sin embargo, la población reclusa que se
encuentre afiliada al régimen contributivo o a regímenes exceptuados conservará
su afiliación, siempre y cuando continúe cumpliendo con las condiciones de
dicha afiliación, y, por lo tanto, las EPS del régimen contributivo y las
entidades aseguradoras en los regímenes exceptuados serán las responsables de
la prestación de los servicios de salud y el pago de los mismos, en función del
plan de beneficios correspondiente. Para la prestación de los servicios de
salud, se deberá coordinar la seguridad de los internos con el INPEC.
El Decreto 2777 de 2010, también estableció en el
artículo 9 que “La
afiliación de la población reclusa en establecimientos de reclusión del orden
departamental, distrital y municipal, está sujeta a las condiciones de
financiación y operación del Régimen Subsidiado y en lo previsto por la ley
para lo no cubierto por subsidios a la demanda".
Posteriormente el Gobierno Nacional expidió el Decreto
2496 de 2012, que regula
el aseguramiento en salud de la población privada de la libertad, interna en
los establecimientos de reclusión, en guarnición militar o de policía, en
prisión y detención domiciliaria, o bajo un sistema de vigilancia electrónica, a
cargo del INPEC y de las entidades territoriales en los establecimientos de
reclusión del orden departamental, distrital y municipal. Esta normativa, en
similar sentido dispone en el artículo 11 que “La afiliación de la población
reclusa en establecimientos de reclusión del orden departamental, distrital y
municipal está sujeta a las condiciones de financiación y operación del Régimen
Subsidiado” y lo que se encuentre fuera del Plan Obligatorio de Salud
corresponde asumirlo al respectivo ente territorial.
Los artículos 65 a 70 de la Ley 1709 de 2014 modificaron la regulación
existente en la Ley 65 de 1993 y en materia de salud determinaron que:
·
Todas las
personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del
sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin
discriminación por su condición jurídica.
·
Cualquier
tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que se determine como necesario
para el cumplimiento de este fin será aplicado sin necesidad de resolución
judicial que lo ordene.
·
Se garantizará el
tratamiento médico a la población en condición de discapacidad que observe el
derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque diferencial de
acuerdo a la necesidad específica.
·
El Ministerio de
Salud y Protección Social y la USPEC deberán diseñar un modelo de atención en
salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género para la
población privada de la libertad, que contenga una atención intramural,
extramural y una política de atención primaria en salud.
·
El Fondo Nacional
de Salud de las Personas Privadas de la Libertad es una cuenta especial de la
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería
jurídica, cuyos recursos serán manejados a través de una fiducia mercantil
contratada por la USPEC. Este  Fondo se encargará de contratar la prestación
de los servicios de salud de todas las personas privadas de la libertad, de
conformidad con el modelo de atención que se diseñe.
Esta normativa tuvo desarrollo en los Decretos 2245 del 24 de noviembre
de 2015 y 2519 del 28 de diciembre de 2015, a través de los cuales se fijan las
reglas para implementar de manera gradual el esquema de atención en salud para la población privada de la libertad
bajo la custodia y vigilancia del INPEC, y mantuvo vigente el esquema de
afiliación al sistema de seguridad social en salud definido en el Decreto 2496
de 2012 para efectos del aseguramiento en salud de la población reclusa a cargo
de las entidades territoriales, en los establecimientos de reclusión de los
órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén
recluidos en guarnición militar o de policía, hasta tanto se expida nueva
reglamentación.
Otro aspecto a considerar para la resolución del caso
concreto es que la Ley 1751 del 16 de febrero de 2015, ley estatutaria del
derecho fundamental a la salud, establece en el artículo 6 como un elemento
esencial del derecho a la salud la accesibilidad, que consiste en que “Los
servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones
de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos
vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación,
la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la
información”.
En síntesis, el Estado debe garantizar a la población privada de la
libertad el derecho a la salud, con independencia de la medida en virtud de la
cual  se encuentre recluido y el lugar o sitio de reclusión, y en tal virtud
está obligado a diseñar el modelo de atención en salud para la población privada de la libertad, asegurar la afiliación de los internos a cargo de las entidades territoriales,
en los establecimientos de reclusión de los órdenes departamental, distrital o
municipal así como para quienes estén privados de la libertad en guarnición
militar o de policía y garantizar la prestación de los servicios de
salud de la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del
INPEC bajo el nuevo esquema de atención, disponer los medios que permitan el acceso efectivo y oportuno al
servicio de salud que requiera cualquier interno, así como los traslados y
autorizaciones necesarios para la atención médica interna o extramural, así
como el suministro de medicamentos, tratamientos, e insumos indispensables para
la atención integral.
En materia de diseño del modelo de atención es preciso señalar que el
Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución 5159 del 30 de
noviembre de 2015, “por medio de la cual se adopta el Modelo de Atención en
Salud para la población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia
del instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC” cuyo
contenido fue definido en coordinación con la USPEC, y que si bien no existía para
el momento de los hechos que originaron esta acción de tutela, si constituye un
referente en materia de deberes y mecanismos de prestación de la atención en
salud para la población privada de la libertad.
2.4. Competencias en materia de atención a la población privada de la
libertad.
Con ocasión
de la situación carcelaria que ha dado lugar a declarar el estado de cosas
inconstitucional en la sentencia  T-153 de 1998 , luego en la sentencia T-388
de 2013, y reiterado recientemente en la sentencia T-762 de 2015, se adoptaron
medidas legislativas de reorganización del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario,
el cual parte de la atribución en el artículo 3 del
Decreto 2636 de 2004[45],
al Gobierno Nacional por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, de la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta
a través de una sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de
aseguramiento, del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del
trabajo social no remunerado.
Posteriormente se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios USPEC por el Decreto 4150 del 3 de noviembre de 2011[46], para que, en coordinación con
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, gestione y garantice el
suministro de bienes y la prestación de servicios necesarios para atender a la
población privada de la libertad.
Así, la
gestión administrativa y de soporte logístico fue asumida por la USPEC, en
tanto el INPEC, de acuerdo al Decreto 4151 de 2011[47], se encarga de la función de
vigilancia y custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la
libertad, vigilancia y seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de
la ejecución del trabajo social, entre otros.
Para
coordinar y atender de manera efectiva los requerimientos que surgen para el
cumplimiento de las medidas privativas de la libertad en los distintos
establecimientos de reclusión, y dado que la Ley 1709 señaló competencias conjuntas
en temas transversales al INPEC y a la USPEC, mediante el Decreto Reglamentario
0204 del 10 de febrero de 2016 el Gobierno Nacional, conforme al artículo 104
de la citada ley, determinó las funciones de las mencionadas entidades, cuyo
ejercicio debe desarrollarse en atención a los principios de coordinación,
eficiencia y progresividad, y en el artículo 2.2.1.12.3.1., de la Sección 3 del
decreto, creó el Comité de Coordinación de Funciones y Competencias
Inpec-Uspec, “encargado de verificar el estado de ejecución de las
competencias de cada entidad, según sus funciones legales y reglamentarias,
evaluar las dificultades en el cumplimiento de las mismas, crear planes de
mejoramiento y definir acciones conjuntas para el buen funcionamiento del
sistema y la protección de los derechos fundamentales de la población privada
de la libertad”
2.4.1. Competencia
respecto del lugar de privación de la Libertad y las condiciones del mismo.
Para efecto de determinar el lugar de
ejecución de las medidas privativas de la libertad, el artículo 304 de la Ley 906 de 2004[48], dispone que:
“Cuando el capturado deba privarse
de la libertad, una vez se imponga la medida de aseguramiento o la sentencia
condenatoria, el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo
entregará inmediatamente en custodia al INPEC o a la autoridad del
establecimiento de reclusión que corresponda, para efectuar el ingreso y
registro al Sistema Penitenciario y Carcelario. Antes de los momentos
procesales indicados el capturado estará bajo la responsabilidad del organismo
que efectuó la aprehensión.
La remisión expresará
el motivo, la fecha y la hora de la captura.
En caso de que el
capturado haya sido conducido a un establecimiento carcelario sin la orden correspondiente,
el director la solicitará al funcionario que ordenó su captura. Si
transcurridas treinta y seis (36) horas desde el momento de la captura no se ha
satisfecho este requisito, será puesto inmediatamente en libertad.
De igual forma deberá
cumplirse con carácter inmediato la comunicación al funcionario judicial cuando
por cualquier motivo pierda vigencia la privación de la libertad, so pena de
incurrir en las sanciones previstas en la ley.
La custodia
referida incluye los traslados, remisiones, desarrollo de audiencias y demás
diligencias judiciales a que haya lugar.
Parágrafo. El Director del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, ordenará el traslado de cualquier
imputado afectado con medida de aseguramiento, consistente en detención
preventiva, cuando así lo aconsejen razones de seguridad nacional, orden
público, seguridad penitenciaria, descongestión carcelaria, prevención de
actividades delincuenciales, intentos de fuga, o seguridad del detenido o de
cualquier otro interno.
En estos eventos, el
Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, informará
del traslado al Juez de Control de Garantías y al Juez de Conocimiento cuando
este hubiere adquirido competencia. El Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC– está obligado a garantizar la comparecencia del
imputado o acusado ante el Juez que lo requiera, mediante su traslado físico o
medios electrónicos.”(Resaltado
fuera del texto).
En concordancia con ello el artículo 72, modificado por el artículo 51 de la Ley 1709 de 2014 establece que “El
Juez de Conocimiento o el Juez de Control de Garantías, según el caso, señalará
el centro de reclusión o establecimiento de rehabilitación donde deban ser
recluidas las personas en detención preventiva. En el caso de personas
condenadas, la autoridad judicial la pondrá a disposición del Director del
Inpec, en el establecimiento más cercano, quien determinará el centro de
reclusión en el cual deberá darse cumplimiento de la pena. En caso de
inimputables por trastorno mental o enfermedad mental sobreviniente, el juez
deberá ponerlas a disposición del Servicio de Salud.”
Así mismo,
determina la Ley 1709 que las autoridades judiciales competentes podrán solicitar al Director del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que los detenidos o
condenados sean internados o trasladados a un determinado centro de reclusión,
en atención a sus condiciones de seguridad.
Estas medidas
se ejecutan a través de los establecimientos de reclusión que, de acuerdo con el
artículo 11 de  la Ley 1709 de 20 de enero de 2014[49] se clasifican en:
1. Cárceles de detención
preventiva, que son establecimientos a cargo de las entidades territoriales
que están dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención
preventiva.
2. Penitenciarías, que son
establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en las cuales se
ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema progresivo para el tratamiento
de los internos,
3. Casas para la detención y
cumplimiento de pena por conductas punibles culposas cometidas en accidente
de tránsito o en ejercicio de toda profesión u oficio. Estos establecimientos
serán autorizados por el INPEC y dependerán del respectivo establecimiento de
reclusión del orden nacional de su jurisdicción.
4. Centros de arraigo transitorio,
en los cuales se da atención de personas a las cuales se les ha proferido
medida de detención preventiva y que no cuentan con un domicilio definido o con
arraigo familiar o social.
5. Establecimientos de reclusión
para inimputables por trastorno mental permanente o transitorio con base
patológica y personas con trastorno mental sobreviniente. Estos
establecimientos estarán bajo la dirección y coordinación del Ministerio de
Salud y Protección Social, en los cuales serán recluidas las personas con
trastorno mental permanente o transitorio con base patológica, los cuales están
destinados a alojar y rehabilitar a inimputables por trastorno mental, según
decisión del juez de conocimiento previo dictamen pericial del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y a aquellas personas a quienes
se les sustituye la pena privativa de la libertad por internamiento en este
tipo de establecimientos como consecuencia de un trastorno mental
sobreviniente. La custodia y vigilancia externa de estos establecimientos
estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
6. Cárceles y penitenciarías de
alta seguridad. Son establecimientos destinados al cumplimiento de la
detención preventiva o de la pena impuesta a personas que ofrecen especiales
riesgos de seguridad a juicio del Director del INPEC.
7. Cárceles para mujeres, que
son destinadas para la detención preventiva de las mujeres procesadas, y las penitenciarías
para mujeres que son establecimientos para el cumplimiento de la pena
impuesta a las mujeres condenadas.
8. Cárceles y penitenciarías para
miembros de la Fuerza Pública. El Ministerio de Defensa Nacional construirá
o adecuará los centros de reclusión para miembros de la Fuerza Pública, previo
concepto del INPEC.
9. Colonias, que son establecimientos para purgar la pena,
preferencialmente para condenados de extracción campesina o para propiciar la
enseñanza agropecuaria.
10. Demás centros de reclusión que
se creen en el sistema peniten­ciario y carcelario.
Precisa el
artículo 8 de la Ley 65 de 1993 que nadie puede permanecer privado de la libertad en un
establecimiento de reclusión de los señalados sin que se legalice su captura o
su detención preventiva, conforme al Código de Procedimiento Penal.
En relación con las cárceles para la ejecución de la
detención preventiva, a cargo de las entidades territoriales, el artículo
17 de la Ley 65 de 1993, señala que es competencia de los departamentos, municipios, áreas
metropolitanas y del Distrito Capital, la creación, fusión o supresión,
dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles
para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones
que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva, para
lo cual deben proveerse los recursos en los presupuestos de dichos entes
territoriales y pueden celebrarse convenios con la Nación a efecto de mejorar
la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión.
En todo caso, será el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario quien  ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las
entidades territoriales y, como lo resaltó la Corte Constitucional en la
sentencia T- 471 de 1995, será éste el responsable de “la ejecución de las
sentencias penales y la detención precautelativa, la evaluación de las medidas
de seguridad y la reglamentación y control de las penas accesorias, dejando
solamente a los departamentos y municipios, así como a las áreas metropolitanas
y al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, la creación, fusión o supresión de
cárceles para aquellas personas detenidas precautelativamente”.
En este orden, la posición de garante
del INPEC no surge por el lugar en donde haya sido confinado el detenido o
condenado (si es o no un establecimiento de reclusión), sino porque en virtud
de orden judicial la persona debe permanecer privada de la libertad en un
establecimiento carcelario o penitenciario.
Cabe
resaltar que conforme
a los artículos 19 y 21 de la Ley 65 de 1993, las cárceles y pabellones de detención
preventiva son establecimientos
dirigidos exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva, que
están a cargo de las entidades territoriales. Los departamentos o municipios que carezcan de
sus respectivas cárceles, podrán contratar con el INPEC, el recibo de sus
presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales,
conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago
de algunos servicios y remuneraciones; y de igual forma, las cárceles municipales
podrán recibir presos nacionales en las mismas condiciones en que los centros
de reclusión nacionales reciben presos municipales.
Adicionalmente, pueden “existir pabellones para
detención preventiva en un establecimiento penitenciario para condenados, cuando
así lo ameriten razones de seguridad, siempre y cuando estos se encuentren
separados adecuadamente de las demás secciones de dicho complejo y de las
personas condenadas. Las entidades territoriales, la Fiscalía General de la
Nación y el Consejo Superior de la Judicatura podrán realizar las gestiones
pertinentes para la construcción conjunta de ciudadelas judiciales con un
centro de detención preventiva anexos a sus instalaciones” [50]
En materia de infraestructura y
dotación, el artículo
2.2.1.12.2.7., del Decreto 0204 de 2016,
determina que la infraestructura para la efectiva vigilancia, custodia,
atención y tratamiento de las personas privadas de la libertad, incluyendo la dotación
de saneamiento básico (elementos y las condiciones necesarias para garantizar la higiene y
salubridad dentro de los establecimientos de reclusión), y todos los bienes y servicios que
se requieran para el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario,
estará a cargo de la USPEC.
Detención
en Unidades de Reacción Inmediata
Además de la
regulación señalada para los establecimientos de reclusión, el legislador con
carácter restrictivo y excepcional consagró la posibilidad de albergar a
personas privadas de la libertad sin sentencia en las Unidades de Reacción
inmediata URI, que son centros de servicio al ciudadano a cargo de la Fiscalía
General de la Nación con los que se  busca brindar atención permanente y
facilitar el acceso a la administración de justicia mediante la disponibilidad 24
horas de un funcionario de la fiscalía – fiscal – y su equipo de trabajo. La
organización de estas unidades también corresponde a la necesidad, conforme al inciso
2º del artículo 28 de la Constitución[51],
de legalizar la situación de la persona detenida en un término no mayor a 36
horas.
Es preciso
hacer mención a la naturaleza de estas unidades en orden a resaltar que las
URI no son lugares destinados a la reclusión de personas procesadas o en
ejecución de una sentencia. Es así como el artículo 21 de  la Ley 1709 de
2014 al adicionar el artículo 28A a la Ley 65 de 1993, consagra la posibilidad de albergar en
detención transitoria a personas en Unidades de Reacción Inmediata o una
unidad similar.
Dice esta
norma:
“Artículo 28A. Detención en Unidad de
Reacción Inmediata o similar. La detención en Unidad de Reacción
Inmediata (URI) o unidad similar no podrá superar las treinta y seis (36)
horas, debiendo garantizarse las siguientes condiciones mínimas:
separación entre hombres y mujeres, ventilación
y luz solar suficientes, separación de los menores de edad y acceso a baño.
Parágrafo. Dentro de los dos años
siguientes a la vigencia de la presente ley las Entidades Territoriales
adecuarán las celdas a las condiciones de las que trata el presente artículo”.
(Resaltado fuera del texto).
Para materializar la reclusión de las personas aprehendidas,
señala la ley que es competencia de la Dirección del INPEC disponer del
traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por
decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella, conforme al
artículo 73 de la Ley 65 de 1993.
2.4.2. Competencia para suministrar la
alimentación adecuada a las personas privadas de la libertad.
De acuerdo al artículo 19 de la  Ley 65 de 1993, las
entidades territoriales pueden contratar con el INPEC el recibo de sus reclusos
mediante cláusulas en las que aquellas se comprometan al pago de la provisión
de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos; y de igual forma, si una
cárcel municipal o distrital recibe presos nacionales, el INPEC debe proveer
los recursos para la alimentación en dichos centros de reclusión.
La Ley 1709 de 2014, que modificó los
artículos 67 y 68 de la Ley 65, determinó que la alimentación de todas las
personas privadas de la libertad corresponde a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios USPEC, la cual debe ser adecuada en cantidad y
calidad para asegurar la suficiente y balanceada nutrición, suministrada en
forma higiénica y el régimen alimentario se puede modificar por razones médicas
(artículos 67 y 68).
Igualmente corresponde a la USPEC, promover, negociar,
celebrar, administrar y hacer seguimiento a contratos de asociaciones
público-privadas o de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba
que tengan por objeto la construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación
y prestación de servicios asociados a la infraestructura carcelaria y
penitenciaria, y realizar, directamente o contratar con terceros, las funciones
de supervisión, interventorías, auditorías y en general, el seguimiento a la
ejecución de los contratos de concesión y de las alianzas público-privadas, o
de concesión, o cualquier tipo de contrato que se suscriba.
2.4.3. Competencia en materia del deber de
garantía del derecho a la salud.
Como se refirió en precedencia el Decreto 2245 del 24 de noviembre de
2015 modifica el sistema de prestación del servicio de salud a la población
reclusa y señala la forma como se debe implementar de manera gradual el esquema
de atención en salud para la
población privada de la libertad bajo la custodia y vigilancia del INPEC, pero mantuvo
vigente el esquema de afiliación al sistema de seguridad social en salud
definido en el Decreto 2496 de 2012 para el aseguramiento en salud de las
personas detenidas en los establecimientos de reclusión de los órdenes
departamental, distrital o municipal así como para quienes lo estén en guarnición
militar o de policía.
Es del caso resaltar que para la
época de los hechos indicados en la acción de tutela este Decreto 2496 de 2012,
que modificó el Decreto 2777 de 2010, regulaba el aseguramiento en salud de
toda la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión,
en guarnición militar o de policía, en prisión y detención domiciliaria, o bajo
un sistema de vigilancia electrónica a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y de las entidades territoriales en los
establecimientos de reclusión del orden departamental, distrital y municipal.
Al actualizar el régimen de
competencias asignadas al INPEC y a la USPEC, el Decreto 2496 de 2012 estableció
en el artículo 2 que esta Unidad es la encargada de determinar una o varias
Entidades Promotoras de Salud Públicas o Privadas, tanto del Régimen Subsidiado
como del Régimen Contributivo, autorizadas para operar el Régimen Subsidiado, a
las que debía afiliarse la población reclusa a cargo del INPEC. Para la
aplicación de éste modelo de atención es indispensable que el INPEC elabore y
actualice el registro y reporte oportuno de las novedades que afecten dicho
listado censal de las personas privadas de la libertad.
En vigencia de este modelo de
aseguramiento, el artículo 4 del Decreto 2496 de 2012 asigna al INPEC la
función de adelantar el seguimiento y control del aseguramiento de los
afiliados y hacer auditorías a la prestación de los servicios de salud a cargo
de las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, ya sea directamente o a través de
un contratista.
También
es función del INPEC hacer el seguimiento y control del aseguramiento de los internos y
garantizar su traslado para que reciban atención médica cuando se requiera, ya
sea que se encuentren en establecimientos de reclusión, en guarnición militar o
de policía, en prisión y detención domiciliaria, o bajo un sistema de
vigilancia electrónica[52].
De otra parte, compete a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, en el marco de las funciones
señaladas en el Decreto­ Ley 4150 de 2011, la asignación de la Entidad o
Entidades Promotoras de Servicios de Salud que afiliarán dicha población al
Régimen Subsidiado, diseñar un modelo de atención en salud especial, integral,
diferenciado y con perspectiva de género para la población privada de la
libertad, incluida la que se encuentra en prisión domiciliaria, y el
acondicionamiento y funcionamiento de una Unidad de Atención Primaria y de
Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria, dentro
de los establecimientos de reclusión[53].
A partir de la creación del Fondo
Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, éste se
encargará de contratar la prestación de los servicios de salud de todas las
personas privadas de la libertad a cargo del INPEC, de conformidad con el
modelo de atención que se diseñe[54]. La EPS seleccionada, conforme al artículo 6, numeral 2 ídem
deberá prestar el servicio de salud a los internos.
A pesar de la creación de un modelo de afiliación diferente para
la población reclusa a cargo del INPEC en el Decreto 2245 del 24 de noviembre de 2015, se mantuvo vigente el esquema de afiliación al sistema de
seguridad social en salud establecido en el Decreto 2496 de 2012 para el
aseguramiento mediante el régimen subsidiado de los internos en establecimientos
de los órdenes departamental, distrital o municipal así como para quienes estén
recluidos en guarnición militar o de policía.
En este orden, los departamentos,
municipios, áreas metropolitanas y el Distrito Capital de Bogotá, están a cargo
de la afiliación de los reclusos de los establecimientos a su cargo, al sistema
de salud a través del régimen subsidiado y asumir los costos de aquello no
incluido en el POS.
En materia de salud en los
establecimientos de reclusión, igualmente corresponde a los distritos y
municipios "44.3.5.
Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores
de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar
riesgos para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles, cuarteles,
albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales
terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares,
tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado, de abasto público y
plantas de sacrificio de animales, entre otros.", conforme el
artículo 44 de la Ley 715 de 2001
Considérese además, que la Corte
Constitucional mediante Auto 552A del 1 de diciembre de 2015, dispuso que la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de
Salud y Protección Social deben diseñar en el plazo señalado por esta
Corporación una estrategia de atención inmediata y efectiva que permita
satisfacer las urgentes necesidades de atención y prestación del servicio de
salud de la población penitenciaria y carcelaria en el país, lo anterior porque al hacer seguimiento al cumplimiento de la
sentencia T-760 de 2008, advirtió con preocupación la desatención sistemática a
las personas privadas de la libertad en centros carcelarios y penitenciarios a
cargo del INPEC. Indicó la Corte que:
“Conforme lo expuso
la Defensoría del Pueblo mediante oficio de fecha 5 de noviembre de 2015,
actualmente se presentan una serie de problemas en la atención oportuna y
eficiente de miles de reclusos en las cárceles del país. Para esta Sala de Seguimiento resulta preocupante que aun cuando la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de
Salud y Protección Social tienen conocimiento desde hace varios meses de la
situación que se presenta en la EPS-S CAPRECOM, generada por: (i) el represamiento de citas médicas, (ii) la falta de
autorizaciones para cirugías de alta complejidad, y (iii) la no
prestación de servicio alguno de salud en ciertas cárceles, a la fecha no hayan
adoptado las medidas necesarias para remediar la problemática descrita.
La Corte ha sostenido respecto a la población
privada de la libertad que se configura una relación de especial sujeción
frente al Estado y si bien se limitan ciertos derechos, los demás gozan de
plenitud en su garantía, como es el caso del goce efectivo de la
salud. Bajo esa línea en su jurisprudencia ha señalado que el derecho a la
salud de las personas que se encuentran recluidas debe protegerse con la misma
efectividad de quienes no hacen parte de esta población, en la medida en que su
naturaleza no cambia por el hecho de la detención. Por ello, la obligación de
garantía por parte del Estado se refuerza atendiendo la relación de sujeción
que en este evento se configura.
Así mismo,  no debe olvidarse que conforme a la Ley 1751 de 2015 (Estatutaria
de salud) dicho servicio debe prestarse garantizando los principios de
universalidad, oportunidad, continuidad, eficacia y particularmente equidad,
acorde con lo dispuesto en el literal c) del inciso 2º del artículo 6, …”.
Posteriormente, al examinar una acción de tutela
interpuesta para la protección de los derechos de una persona condenada
recluida en las instalaciones de una Unidad de Reacción Inmediata, dijo la
Corte:
“Así entonces,
y en concordancia con el alcance normativo del acceso a la salud de los reclusos, no es suficiente con que se fije una fecha para la
realización de los controles y exámenes médicos autorizados a los internos,
pues si no se garantiza el traslado del recluso al lugar donde se deben
practicar estos procedimientos, y por ello su asistencia a los mismos no se
hace efectiva, la programación del servicio de salud que se pretende prestar
resultaría inocua e incluso inútil.(…) el suministro de los servicios e insumos de salud sin
los que no sea posible la supervivencia de un interno, constituye una
obligación que se satisface garantizando el resultado, esto es, asegurando el
acceso efectivo del penado a las citas, tratamientos, exámenes y procedimientos
que requiera. En cambio, cuando los servicios e insumos únicamente estén
dirigidos a optimizar el bienestar del interno, el Estado, a través de las
autoridades competentes, debe comprometer su diligencia y hacer uso de todo lo
que este a su alcance y dentro de sus posibilidades para asegurar la prestación
de tales tecnologías médicas, dentro de las limitaciones propias de la
privación de la libertad.”[55]
Mediante sentencia T-762 del 16 de diciembre de
2015, la Corte Constitucional reiteró la existencia de un estado
inconstitucional de cosas en los establecimientos de carcelarios y
penitenciarios, previamente señalado en la sentencia T-388 de 2013, e impuso a
las autoridades penitenciarias
y carcelarias, así como a las entidades que prestan servicios de salud en los 16
establecimientos de reclusión allí estudiados, entre las cuales se encuentra la
Cárcel La Modelo de Bogotá, la obligación de adecuar las áreas de sanidad y
asegurar que cumplan con las condiciones mínimas de
prestación del servicio de salud propuestas en esa providencia, y que
se refieren grosso modo a:  “ En infraestructura: las áreas de
sanidad de los establecimientos deben disponer de todo lo necesario para contar con i) una zona de
atención prioritaria, ii) un stock mínimo de medicamentos; iii) un área de paso
para monitorear a los reclusos que fueron hospitalizados o
que lo serán. Dichos espacios deben ser higiénicos. b. En personal
médico: Los establecimientos penitenciarios y carcelarios deben cumplir con
personal multidisciplinario en salud. Tal personal debe incluir por lo menos
médicos, enfermeros y psicólogos”
Tales condiciones mínimas deben ser observadas en
los establecimientos de carcelarios y penitenciarios, en la prestación de los
servicios de salud a la población privada de la libertad que se efectúe en
virtud de la inclusión al esquema de que trata el Decreto 2245 del 24 de noviembre de 2015, para aquellos a cargo del
INPEC, y el señalado en el
Decreto 2496 de 2012, para los establecimientos que están a cargo de entidades
territoriales.
En síntesis:
1- La medida de detención preventiva
puede cumplirse en cárceles para detención preventiva a cargo de las entidades
territoriales, en un centro de detención preventiva anexos a ciudadelas
judiciales, o en pabellones para detención preventiva en un establecimiento
penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten razones de seguridad,
separados de las demás secciones de estos establecimientos.
2- El lugar de detención preventiva
será fijado por el juez competente y el establecimiento para cumplir la condena
privativa de la libertad será determinado por la Dirección del INPEC.
3- La detención de una persona en
Unidad de Reacción Inmediata (URI) o unidad similar, nunca puede superar las
treinta y seis (36) horas, y de conformidad con el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 debe cumplir con
unas condiciones mínimas, fijadas teniendo en cuenta que se trata de lugares
destinados a la reclusión de los internos por un periodo muy corto: separación
entre hombres y mujeres, ventilación y luz solar suficientes, separación de los
menores de edad y acceso a baterías sanitarias suficientes; pero además las
instalaciones deben ofrecer condiciones que garanticen un trato digno y
humanitario a los detenidos que se encuentren transitoriamente allí, tales como
alimentación oportuna y adecuada en cantidad y calidad, higiene, entornos de
salubridad y seguridad, y atención médica oportuna, integral y por personal
médico idóneo, ya sea a través del régimen subsidiado o contributivo. Aunque no
son establecimientos de detención preventiva o penitenciarios, en virtud de la
relación de sujeción especial de los internos y la posición de garante que
asumen las autoridades, existe la obligación estatal de proporcionar los
servicios de atención integral en salud que requieran las personas durante el
breve periodo que permanezcan allí. Brindar la alimentación adecuada en éstos
lugares corresponde a la USPEC.
4- Corresponde al INPEC la ejecución
de las medidas de aseguramiento y penas que impliquen la privación de la
libertad, es responsable de efectuar la afiliación y de realizar oportunamente los
traslados necesarios para la prestación del servicio de salud. Igualmente le
corresponde al INPEC trasladar a los presos de un establecimiento de reclusión
a otro, cuando así se determine por la Dirección del INPEC.
5- La USPEC es la entidad encargada
de la alimentación de las personas privadas de la libertad. La provisión
alimentaria podrá ser por administración directa o garantizada mediante contratos
con particulares y no puede suspenderse o limitarse como medida disciplinaria.
Los alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y
balanceada nutrición de las personas privadas de la libertad. La alimentación debe
ser suministrada en buenas condiciones de higiene y presentación.
6- La misma Unidad USPEC tiene la
función de designar la entidad prestadora de salud a través de la cual se brinde
el servicio médico a la población reclusa a cargo del INPEC, garantizar la
calidad del servicio prestado y acondicionar las instalaciones de los centros
de reclusión de modo que ofrezcan las condiciones mínimas que permitan la
atención médica integral y oportuna a los reclusos.
7- De acuerdo al artículo 51 de la citada Ley 65 de 1993,
corresponde al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad garantizar la
legalidad de la ejecución de las sanciones penales, verificar las condiciones
del lugar o del establecimiento de reclusión donde deba ubicarse la persona
condenada, repatriada o trasladada y conocer de las peticiones que los internos
o apoderados formulen en relación con el Reglamento Interno y tratamiento
penitenciario en cuanto se refiera a los derechos y beneficios que afecten la
ejecución de la pena.
8- Las entidades territoriales están
a cargo de establecimientos de detención preventiva y de los centros de
detención transitoria, a ellas les corresponde crearlos, brindar la
alimentación adecuada, garantizar el aseguramiento en salud de sus internos y
que existan condiciones dignas de reclusión. Igualmente, de acuerdo al
parágrafo del artículo 28A de la Ley 65 de 1993, corresponde a las Entidades
Territoriales (entre ellas al Distrito Capital) adecuar las celdas para la
detención transitoria en las Unidades de Reacción Inmediata o unidades
similares, a las condiciones mínimas señaladas en esa norma: celdas con
ventilación y luz suficiente, que permitan la privación de la libertad en
espacios separados de hombres y mujeres, adultos y menores de edad, y con
baterías sanitarias adecuadas y suficientes para la capacidad de la Unidad de
detención transitoria.
3.
CASO CONCRETO
El Defensor Delegado para la Política
Criminal y Penitenciaria promovió acción de tutela contra la Policía
Metropolitana de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
-INPEC-, la Unidad de Servicios  Penitenciarios y Carcelarios - USPEC- ; la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá, CAPRECOM EICE, el Ministerio de Salud y
Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la protección de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en las Unidades
de Reacción Inmediata de Engativá y Kennedy y en sitios aledaños a éstas, los
cuales estima violados en razón de los hallazgos encontrados en las visitas de
inspección realizadas por la Defensoría del Pueblo el 25 de junio de 2015.
Consideración
preliminar
Pasa la Sala de
revisión a hacer un pronunciamiento respecto de la petición de la Fiscal Jefe
de la URI de Engativá, de declarar improcedente la acción de tutela dado que
existe un fallo del 28 de enero de 2015, relacionado con la misma situación,
dentro del expediente 2015-0017, Magistrado Ponente Dr. Alberto Vergara Molano,
y por ello considera que lo procedente sería tramitar el desacato.
Considera la Sala que
la petición de la funcionaria judicial no está llamada a prosperar toda vez
que: i) los hechos que motivaron esa acción sucedieron antes de enero de 2015,
y los informados por el Defensor en ésta acción corresponden a las condiciones
encontradas el 25 de junio de 2015, es decir, 5 meses después, y ii) La acción
de tutela a la que se refiere la Fiscal Jefe de la URI de Engativá culminó con
el fallo proferido el 8 de abril de 2015 por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en segunda instancia,
mediante el cual revocó la sentencia dictada en primera instancia y declaró
improcedente la acción de tutela por carencia actual de objeto, al considerar
que “desde el 9 de enero se está adelantando la normalización, como se pudo
inferir de las respuestas dadas por las accionadas”.
Por lo anterior es
necesario un pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a la actuación
de las autoridades que hacen parte del Sistema Carcelario y Penitenciario, dado
que confirma que la situación irregular y violatoria de los derechos
fundamentales de las personas que son recluidas en las instalaciones de las URI
y en vehículos, carpas y remolques frente a dichas dependencias, continuó y es
reiterativa[56],
por lo cual se requiere una decisión de la Corte Constitucional con el fin de
garantizar los derechos de las personas que son recluidas en las URI y otras
unidades de detención transitoria, y prevenir la afectación de derechos
fundamentales.
Ahora bien, de acuerdo con las pruebas obrantes en el
expediente, particularmente de la evidencia fotográfica recaudada en la visita
de inspección antes mencionada, los registros de ingreso y los reportes de
afiliación al sistema de seguridad social de algunas de las personas privadas
de la libertad en las
Unidades de Reacción Inmediata de Engativá y Kennedy, se establece que:
3.1.
La detención preventiva y la ejecución de la
condena en sitios de retención transitoria, carpas, y vehículos, sitios que no son
establecimientos de reclusión y no cumplen los requerimientos mínimos para
serlo, vulnera los derechos fundamentales de los reclusos por someterlos a vivir
en condiciones inhumanas y degradantes.
De acuerdo a lo señalado en el escrito de tutela
y confirmado por los Jefes de las Unidades de Reacción Inmediata URI y la
Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) en sus intervenciones, en las
instalaciones de las unidades de reacción inmediata de Kennedy y Engativá, y en
vehículos estacionados en los alrededores, se encontraron personas privadas de
la libertad que llevaban allí periodos superiores a un mes, cuando el lapso
máximo permitido es de 36 horas[57], por tratarse de
lugares que, se reitera no son establecimientos de reclusión, y su
infraestructura y servicios no están acondicionados para la permanencia por
periodos prolongados.
3.1.1.
Situación encontrada en la URI de Kennedy
De acuerdo con lo informado por la Defensoría del
Pueblo en las instalaciones de la URI de Kennedy, con capacidad para 50
personas el 25 de junio de 2015 encontraron a 48 personas, cifra que para el 10
de julio de 2015 se incrementó a 53 conforme a lo señalado por la Fiscal Jefe
de la Unidad de Reacción Inmediata, de ellas 51 internos estaban en virtud de
la medida de aseguramiento de detención preventiva y 2 cumpliendo pena
privativa de la libertad.  Lo cual pone en evidencia que, como lo indicaron
funcionarios de la Fiscalía y el representante de la MEBOG, se recluyeron en
las instalaciones de la URI a personas que no deberían estar allí, sino en
establecimientos carcelarios y penitenciarios a cargo del INPEC, o para el caso
de los detenidos en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres,
excediendo la capacidad de albergue de esos centros de reclusión y generando
hacinamiento.
La afectación de los derechos es más intensa e
igual de ostensible en relación con las personas que fueron encontradas en
buses de la Policía Nacional parqueados en los alrededores de las instalaciones
de la URI Kennedy. Para el 25 de junio de 2015 la defensoría del pueblo halló
dos vehículos: i) el primero con 12 hombres y 3 mujeres, una de ellas manifestó
llevar confinada allí más de tres meses en virtud de una condena impuesta; y
ii) en otro bus se encontraron 10 hombres y 3 mujeres, entre ellas 3 personas
manifestaron encontrarse cumpliendo pena y una llevar 6 meses en detención
preventiva en ese bus, sin acceso a duchas ni baterías sanitarias por lo que
debían hacer sus necesidades fisiológicas en envases y bolsas plásticas. Esa
situación es corroborada por la Fiscal Jefe de la unidad URI quien informó que
para julio de 2015 estaban 12 personas detenidas preventivamente dentro de un
remolque de la Policía, que originalmente estaba destinado a servir de CAI Móvil,
en las condiciones de insalubridad e inseguridad indicadas por la Defensoría y
que se reseñarán más adelante.
De acuerdo con los
elementos de juicio allegados a la acción, el interno José Ferney Medina
Ramírez, permaneció del 30 de marzo al 30 de junio en la URI de Kennedy, hasta
que ingresó al Establecimiento Carcelario Bogotá en detención preventiva, de
modo que solo pasados tres meses y luego de realizada la visita por parte del
Ministerio Público fue trasladado al centro carcelario.
La interna Karol
Vanessa Quintero Vargas, fue capturada el 25 de marzo de 2015 y recluida en uno
de los buses parqueados en la parte externa de la URI de Kennedy, tres meses
después, cuando la defensoría realizó la visita, aún se encontraba en detención
preventiva en un vehículo de la Policía Nacional a las afueras de la Unidad de
Reacción Inmediata. Ésta procesada finalmente ingresa en detención domiciliaria
el 26 de junio de 2015, de acuerdo al reporte del sistema SISIPEC WEB, y por
información del apoderado del INPEC fue recluida en la Cárcel Nacional el Buen
Pastor el 2 de Julio de 2015. En este caso, como lo informo el Defensor
Delegado y lo corroboró la Fiscal Jefe de Unidad de Kennedy, a pesar de
ordenarse la detención domiciliaria, la medida no se ejecutó durante tres meses
porque los miembros del INPEC no adelantaron los trámites respectivos para el
traslado de la procesada al domicilio donde debía ejecutarse la medida de
detención domiciliaria[58].
Tanto la Fiscal Jefe de Unidad, el representante
de la MEBOG y el defensor accionante coinciden en señalar que esta situación se
generó por la renuencia de personal del INPEC en cumplir con su deber de
trasladar a los detenidos y condenados a los centros de reclusión respectivos,
dando lugar a que se utilicen las instalaciones de esas URI, remolques y buses,
como establecimientos carcelarios y penitenciarios, aunque de acuerdo al
artículo 20 de la Ley 65 de 1993 no tengan esta naturaleza y bajo las
condiciones actuales de su infraestructura no sea viable asignarla pues las URI
de la Fiscalía General de la Nación carecen de las instalaciones y las
condiciones para albergar a detenidos y personas condenadas. La negativa del
personal del INPEC de recibir bajo su custodia a las personas luego de
legalizada la captura también llevo a que los policiales responsables de ésta
confinaran a los detenidos y condenados en buses y remolques por periodos
prolongados – de meses-, en total hacinamiento, sin tener la posibilidad de
suplir sus necesidades básicas como ir a un baño, dormir en una cama, usar
elementos de aseo o tener un lugar adecuado para recibir los alimentos.
No se trata de una
situación coyuntural y aislada, pues cabe observar que la Fiscal Jefe de la URI
Kennedy con oficio Nº0513/2014 del 10 de diciembre de 2014, informó a la
Directora Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, las condiciones
precarias de las personas recluidas en las instalaciones de esa Unidad, y
cuatro meses después en Acta 629665 de la visita realizada en abril de 2015 la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá da concepto desfavorable a las
instalaciones de la URI Kennedy y refiere que en el corredor se albergan 31
personas privadas de la libertad, sin condiciones para hacerlo ni baterías
sanitarias disponibles. Existe entonces una situación de afectación prolongada
y sistemática de desconocimiento de los derechos de las personas privadas de la
libertad en las instalaciones de la URI que impone al Juez Constitucional
adoptar medidas para superarlo y evitar que se vuelva a presentar en el futuro.
3.1.2. Situación encontrada en la URI de Engativá
La situación encontrada en la visita efectuada en
la URI de Engativá también evidencia el desconocimiento manifiesto de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad allí y en
lugares aledaños, dado que se encuentran hacinadas en otro tipo de
instalaciones completamente inadecuadas para que sean habitadas por seres
humanos, como es el caso de las personas confinadas en un remolque del CAI
móvil ubicado cerca a la URI de Engativá y en una carpa de camping instalada a
la intemperie en un parque público aledaño, donde fueron alojados 7 capturados
de la Estación 21 de Policía del Aeropuerto. A esto se suma la reclusión indiscriminada de hombres y mujeres, condenados y
procesados compartiendo los mismos espacios.
Al uso de bienes muebles para el confinamiento,
en condiciones de hacinamiento de personas en detención preventiva – es decir,
que se presumen inocentes y no son sujetos de medidas para su reeducación o
resocialización - se suma el hacinamiento que registra la misma Unidad de
Reacción Inmediata de Engativá donde si bien para el 25 de junio de 2015 no
había sobrecupo, pasados 15 días, según lo informa la Fiscal Jefe de esta URI,
ya se superaba la capacidad pues permanecían allí dos reclusos más de los que podía
albergar.
La utilización de las
instalaciones de la URI, remolques, buses y carpas para la reclusión prolongada
de personas en detención o cumpliendo una condena se pone en evidencia con la
Boleta de Detención 058 de Oscar Johan Reyes Pinto, la cual indica que fue
capturado el 20 de mayo de 2015 y se solicita mantener privado de la libertad
en el centro carcelario que disponga el INPEC; sin embargo para el 25 de junio
de 2015, pasado más de un mes, aún permanecía en el remolque del CAI móvil
estacionado cerca de las dependencias de la URI porque el INPEC no dispuso su
permanencia en una cárcel para detención, cuando debió hacerlo en acatamiento a
la orden judicial. En este sentido el apoderado de la Policía Metropolitana de
Bogotá manifiesta que la situación de hacinamiento y de detención irregular en
vehículos surge porque el INPEC se niega a recibir bajo su custodia y
responsabilidad a estas personas, por lo que la Policía Nacional se vio
obligada a aprovisionar esos espacios para mantenerlos en detención.
Lo anterior no solo constituye una
irregularidad en la actuación de los servidores públicos del INPEC encargados
de recibir en custodia, ordenar y realizar el traslado de los procesados a los respectivos
establecimientos de reclusión, que merece la atención de los órganos de control,
sino que ocasionó una situación grave de violación del derecho de las
personas privadas de la libertad a no recibir tratos inhumanos o degradantes,
por las condiciones notoriamente insalubres e indignas en que se encontraban,
pues, se resalta, vehículos, carpas de acampar, parques y remolques así como
los pasillos de las URI no son los lugares establecidos por la ley para recluir
a las personas en detención preventiva o en cumplimiento de una condena, y
tampoco tienen las condiciones mínimas materiales y funcionales adecuadas para
hacerlo, a lo cual se suma la ostensible sobrepoblación que por la omisión del
INPEC se generó en las salas de detenidos de las URI y las estaciones de
Policía en la ciudad de Bogotá.
Indicó el
representante de la Policía Metropolitana de Bogotá que por la crisis generada
por la omisión del INPEC, se dispuso que “si se presenta el hacinamiento en
las URI toca llevarlos al parque a la intemperie, lo cual no se puede entonces
por salud nos toca ubicarlos en los CAI móviles, en camiones, que tampoco son
prenda ni de garantía, ni de respeto al ser humano, porque no hay donde más
poder albergarlos”. Y añadió que la congestión, si bien existía en el año
2012, se incrementó con ocasión del plan reglamento adelantado por el INPEC a
finales del año 2014, hasta el punto que en julio de 2015 había hacinamiento en
las salas de retención transitoria “por el represamiento de 456 capturados
imputados hombres, con medida de aseguramiento intramural dirigida a la cárcel
modelo.”
Esta situación de hacinamiento en las
salas de retenidos de las URI, así como en los vehículos y remolques constituye
una violación de los derechos de los reclusos, como lo resaltó la Corte
Constitucional ante una situación semejante en el año 2000, cuando señaló : “No sólo aparece claramente acreditado en el expediente que en
las Salas de Retenidos de las Estaciones de Policía del Distrito Capital y en
las de las otras instituciones señaladas por la Defensoría hay hacinamiento,
sino que éste se debe, en buena parte, a que allí se encuentran, junto con las
personas detenidas preventivamente, sindicados a los que se adelanta investigación,
y condenados que purgan las penas que les fueron impuestas. Si la convivencia
de sindicados y condenados que se presenta en los establecimientos carcelarios
es irregular y contraria a lo previsto en la ley, más irregular es que ella
se de en las salas de retenidos de las Estaciones de Policía, del DAS, la
SIJIN, la DIJIN o el CTI, donde, de acuerdo con el artículo 28 de la Carta
Política, ninguna persona debe permanecer más de 36 horas, y donde no debería
estar ningún sindicado o condenado.”[59]
También advierte la Sala Octava de
Revisión que, según informó el Fiscal Jefe de la Unidad de Reacción inmediata
de Ciudad Bolívar, allí se presentaron situaciones graves de alteración del
orden y daños en las instalaciones, en las baterías de baños y techos,
ocasionados por el hacinamiento que afectó esa unidad en razón de la omisión
del INPEC de hacerse cargo de las personas con medida de aseguramiento y
condena a la pena de prisión.
3.1.3. Hechos constitutivos de tratos
inhumanos y degradantes
Según la información suministrada por
la Defensoría del Pueblo, corroborada por el registro fotográfico de la visita
realizada el 25 de junio de 2015 y la versión aportada por los Fiscales Jefe de
las URI de Engativá y Kennedy, las personas fueron confinadas a espacios muy reducidos,
donde los reclusos no tienen un lugar y elementos para pernoctar, por lo que
las personas duermen en el piso o en las sillas de los vehículos,  tampoco hay
baterías sanitarias, ni condiciones higiénicas, de salubridad y dignas para recibir
los alimentos; los reclusos deben hacer sus necesidades fisiológicas en
recipientes plásticos, por la falta de sanitarios, así mismo existe hacinamiento
ya que deben compartir un pequeño espacio, hechos que llevan a concluir que el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC ha vulnerado, por omisión,
los derechos fundamentales de los reclusos que han permanecido allí, luego de
haberse legalizado su captura y están en detención preventiva o cumpliendo una
pena.
En efecto, tanto los Fiscales Jefe de
Unidad, como el apoderado de la Policía Metropolitana de Bogotá ratifican lo
señalado por el Defensor Delegado, en el sentido que la situación de violación
de derechos se genera por la omisión del INPEC de asignar y trasladar las
personas afectadas con detención preventiva o con pena de prisión a los
establecimientos carcelarios o penitenciarios donde deben cumplir esas medidas.
Es del caso mencionar que si bien
corresponde al juez determinar el lugar de reclusión de las personas en
detención preventiva, de acuerdo con las pruebas documentales allegadas se pudo
establecer que el funcionario judicial dispuso en la boleta de detención que
Oscar Johan Reyes fuera recluido en el lugar determinado por el INPEC, por lo
que éste instituto contaba con la posibilidad de internarlo en cualquiera de
los establecimientos a su cargo, sin que le era legalmente admisible ser
renuente a su deber y dejar a cargo de la Policía a los internos, cuando tenía
que asumir su custodia,  disponer el lugar de reclusión y realizar su traslado.
Aunque está acreditado que la
situación de vulneración de los derechos fundamentales de Karol Vanessa y José
Ferney ha cesado en razón de su traslado a los establecimientos de reclusión
correspondientes, y, en ese orden se configuraría un hecho superado, es del
caso en sede de revisión incluir el estudio de los hechos relacionados con su
situación y que acreditan que hubo una violación de sus derechos fundamentales
por parte del INPEC y por las autoridades policiales que los mantuvieron en
condiciones deplorables de reclusión por más de un mes, a efecto de fundamentar
las decisiones que en la parte resolutiva se adoptarán para prevenir que estas
violaciones a los derechos fundamentales de los internos vuelvan a ocurrir.
También indican los Fiscales Jefes de las
Unidades de Reacción Inmediata de Puente Aranda y Ciudad Bolívar, que esta
misma situación se presenta en esas Unidades y a pesar de solicitar la
intervención del INPEC y de la Dirección Seccional de Fiscalías no se le da
solución; evidencia de ello es que mediante oficio 541 del 27 de enero de 2015, dirigido a la Directora
Seccional de Fiscalías de Bogotá, la Fiscal Jefe de la URI Ciudad Bolívar
informa que en visita efectuada el 23 de octubre de 2014 por la Secretaría de
Salud del Distrito encontraron 31 internos en el corredor con boleta de
encarcelamiento y 19 sindicados en espera de resolver su situación jurídica,
generándose condiciones de hacinamiento y riesgo para la salud de los retenidos,
e igualmente solicitó mediante oficio al Director de Custodia y Vigilancia del
INPEC, que adopte las decisiones respecto de las personas que están de paso en
la URI, porque se sigue incrementando la población y el hacinamiento genera
daño a las celdas, riesgos para la seguridad y problemas relacionados con armas
y tráfico de estupefacientes.
Esta situación de
hacinamiento en las salas de paso de las URI y estaciones de Policía, informó
la Jefe de la URI de Ciudad Bolívar y el Subdirector de Seguridad y Vigilancia
del INPEC,  no se había superado para el momento de responder a la acción de
tutela, por lo cual las Jefes de URI solicitan la intervención del juez
constitucional a efecto de que los internos sean trasladados a los
establecimientos de reclusión correspondientes y no se generen situaciones de hacinamiento
incompatibles con la dignidad humana.
Se concluye de lo
anterior, que existe una situación de afectación del derecho fundamental a no
ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de las personas
que deben permanecer internas en las URI y Estaciones de Policía de Bogotá, en las
condiciones antes señaladas, la cual hace procedente otorgar el amparo y
adoptar medidas encaminadas no solo a superar la situación actual en esos
centros de detención transitoria, sino además encaminadas a prevenir que
vuelvan a ocurrir hechos similares, ante el peligro latente que así suceda.
Con el fin de
proteger los derechos fundamentales quebrantados, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá en sentencia del 15 de julio de 2015 ordenó al Director del INPEC que en un plazo
de un mes traslade a las personas con medida de aseguramiento de detención
preventiva en establecimiento carcelario y las condenadas que estuvieren en la
URI y Estaciones de Policía de Bogotá a los centros carcelarios donde deben
permanecer o a sus domicilios si están cobijados con detención domiciliaria. Frente
a esta orden el Defensor accionante manifestó su inquietud porque estima que:
i) omitió pronunciarse sobre la solicitud de suspender inmediatamente el uso de
remolques, autobuses y lugares públicos como lugares de detención transitoria;
y ii) el término de un mes para realizar los traslados de las personas privadas
de la libertad que se encuentren en las URI y Estaciones de Policía a los
establecimientos carcelarios y penitenciarios correspondientes aplaza la
protección de la garantía de los derechos que debe ser de inmediato
cumplimiento y desconoce el antecedente fijado en la sentencia T-388 de 2013
según el cual está prohibida la permanencia de una persona por más de 36 horas
en las URI y Estaciones de Policía.
Posteriormente, esta decisión
fue confirmada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de
la Judicatura, que en sentencia del 26 de Agosto de 2015, la adicionó en el
sentido de ordenar a las entidades accionadas “dar cumplimiento de acuerdo a
sus funciones y competencia a las orientaciones emitidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-388 de 2013, en los términos y plazos en ellas
ordenadas, conforme a sus competencias y funciones que el ordenamiento jurídico
les confía, a fin de que en el futuro, el estado de Cosas Inconstitucional
declarado en dichas providencias, no vuelva a trasladarse a las Unidades de
Reacción inmediata ni Estaciones de Policía de la Ciudad”.
Pues bien, con el fin
de adoptar medidas efectivas para eliminar la situación de violación de
derechos fundamentales y hacinamiento en los centros de detención transitoria
de las Unidades de Reacción Inmediata y Estaciones de Policía de Bogotá, sin
impactar de manera negativa a los establecimientos carcelarios y penitenciarios
localizados en el Distrito Capital, ni desconocer las órdenes dadas por esta
Corporación en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 para superar las
condiciones de hacinamiento en las cárceles y penitenciarias, se adicionará la
sentencia proferida el 15 de julio de 2015 del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá y confirmada por el ad quem en el fallo de segunda instancia proferido
el 26 de agosto de 2015, con las siguientes órdenes, encaminadas a salvaguardar el derecho a un trato
digno a la población privada transitoriamente de la libertad en los centros de
detención de las URI y Estaciones de Policía de Bogotá:
1. Ordenar a la Policía Metropolitana
de Bogotá que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
notificación de la sentencia, suspenda el uso como lugares de reclusión de
remolques, autobuses, carpas, parques, plazas públicas y cualquier otro sitio
distinto de los establecimientos de reclusión del sistema peniten­ciario y
carcelario o de los sitios que han sido habilitados, de acuerdo con la ley, para
la detención o reclusión de personas privadas de la libertad en condiciones mínimas de subsistencia digna y humana, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el
desacato.
2. Ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC que dentro de los dos (2) días
siguientes a la notificación de ésta sentencia, reciba en custodia y efectúe el
ingreso y registro al Sistema Penitenciario y Carcelario de todas las personas
que lleven más de treinta y seis  (36) horas recluidas en los centros de
retención transitoria de las URI y de las Estaciones de Policía de Bogotá,
registrando el estado de salud y los requerimientos de atención en salud de
todas las personas que recibe en custodia, especialmente de quienes reporten al
momento del ingreso enfermedades huérfanas, crónicas, congénitas,
degenerativas, que se encuentren en condición de discapacidad y mujeres en
estado de embarazo, y en el mismo plazo proceda a trasladar a los internos a
quienes se otorgó detención domiciliaria al domicilio donde debe ejecutarse
esta medida de aseguramiento.
3. Ordenar a la USPEC al INPEC y al Alcalde Mayor de
Bogotá D.C., que de manera coordinada y dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, pongan a disposición de
los internos que cumplidas las primeras 36 horas de detención, continúen
privados de la libertad en las Estaciones de Policía de Bogotá, centros de
detención de las URI y en general en todos los Centros de Detención Transitoria
de Bogotá D.C. un kit de aseo, colchoneta, almohada, sábanas y cobija y
garantice su permanencia en instalaciones que cuenten con espacios adecuados
para el descanso nocturno y con disponibilidad de una cantidad razonable de
baterías sanitarias, en óptimo estado de funcionamiento.
4. Ordenar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a la
Policía Metropolitana de Bogotá, y a la Secretaría de Gobierno de la  Alcaldía
Mayor de Bogotá que, si aún no lo han hecho, en un término razonable que en
ningún caso puede superar los ocho (8) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, procedan a trasladar a las personas
sindicadas y condenadas que lleven más de 36 horas en las Unidades de Reacción
Inmediata URI de Bogotá y salas de retenidos de las Estaciones de Policía de
Bogotá, a los establecimientos de reclusión del orden nacional o distrital en
los que, en condiciones dignas y de acuerdo con la Constitución y la ley, deben
permanecer hasta que la autoridad judicial competente ordene su libertad, éste
proceso de traslado de los
internos debe tener en cuenta la regla de equilibrio decreciente fijada para el
ingreso de internos a los establecimientos carcelarios, impuesta en la
sentencia T-388 de 2013[60],
de modo que no genere una situación de hacinamiento en los establecimientos
carcelarios y penitenciarios receptores.
5.  Ordenar a la USPEC, al INPEC y al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., que dentro de
los tres (3) meses siguientes a la notificación del fallo de tutela, busquen y
acondicionen un inmueble que
cumpla con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana, para la reclusión transitoria de los internos que, a pesar de
habérsele resuelto su situación con medida de aseguramiento de detención
intramural o estar cumpliendo una condena, pasadas 36 horas luego de su ingreso
a los establecimientos de detención transitoria, no puedan ser trasladados de
inmediato a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres del Distrito
Capital u otro establecimiento carcelario o penitenciario a cargo del INPEC
donde cumplan la medida de aseguramiento, o la pena. También deberán definir la
contribución económica de los entes territoriales en la ejecución del proyecto.
6. Advertir a la
Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de Bogotá, en los términos del artículo 24 del
Decreto 2591 de 1991, que una vez
efectuado el traslado de todas las personas que actualmente llevan más de
treinta y seis (36) horas en las instalaciones de las URI y Estaciones de
Policía, se abstengan de
mantener personas en detención en instalaciones de Unidad de Reacción Inmediata
(URI) o unidad similar, por un periodo superior a las treinta y seis (36)
horas, señaladas en el artículo 28A de la Ley 65 de 1993 y soliciten
oportunamente y por los medios formales el recibo en custodia de las personas
privadas de la libertad al INPEC.
7. Advertir al INPEC, que debe cumplir
su obligación de recibir en custodia a las personas privadas de la libertad por
medida de aseguramiento o condena, so pena de
las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato.
8. Por último se ordenará a la Alcaldía Mayor de Bogotá que en coordinación con el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios  Penitenciarios y
Carcelarios - USPEC- y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la
Fiscalía General de la Nación y con el Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 21 y 28A de la Ley 65 de
1993, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de
esta sentencia, elabore, y presente al Juez de seguimiento al cumplimiento de
este fallo de tutela, un programa de ampliación de infraestructura carcelaria y
de las áreas para detención transitoria de las instalaciones de las Unidades de
Reacción Inmediata o unidad similar,  que atienda las necesidades de cupos para
la detención preventiva y transitoria en el Distrito Capital en condiciones mínimas de subsistencia digna y humana, indicando las fases y
cronograma de desarrollo, programa que deberá adelantarse y culminarse en un
término no mayor a cuatro (4) años; para lo cual la Alcaldía Mayor de Bogotá
deberá proveer los recursos en el presupuesto del Distrito Capital y celebrar
los convenios que sean necesarios con la Nación a efecto de ampliar y mejorar
la infraestructura y el sostenimiento de los centros de detención transitoria y
de reclusión en el Distrito Capital.
Para coordinar el
cumplimiento de éstas órdenes se conformará una mesa de trabajo dentro de las
24 horas siguientes a la notificación de éste fallo de tutela, en la cual
participarán las entidades accionadas. Por lo anterior, se revocará el numeral
2.3. de la sentencia proferida el 15 de julio de 2015 por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá, con el fin de establecer la obligación de conformar
un grupo de trabajo que debe cumplir tareas concretas no solo en materia de
salud, sino además para garantizar condiciones de detención acordes con la
dignidad humana en los centros de detención transitoria de las URI y estaciones
de Policía de Bogotá.
3.2. Situación de desconocimiento del
derecho a la salud ocasionada por la omisión del INPEC del deber de trasladar a
los internos a los establecimientos de reclusión y déficit de protección del
derecho a la salud de las personas que permanecen hasta por 36 horas en las URI.
La Defensoría de Pueblo manifiesta
que no hay claridad respecto de la entidad que debe prestar el servicio de
salud a quienes se encuentran hacinados en las instalaciones de la URI y en los
vehículos y carpas instaladas alrededor de éstas, situación por la cual no se
les ha garantizado la disponibilidad y el acceso efectivo a este derecho.
De acuerdo al esquema de protección
indicado por el Ministerio de Salud pareciera que las personas recluidas en las
mencionadas instalaciones, por cuanto no se encuentran en centros de reclusión
a cargo del INPEC, no deben ser atendidas por la EPS contratada para el efecto,
que para la época de los hechos era COMPENSAR.
La Sala de Revisión no comparte esta
conclusión por las siguientes razones:
Dentro de las instalaciones de las
URI, en los buses, remolques y en la carpa se encontraban recluidas: i) las
personas que dentro de las 36 horas siguientes a la privación de la libertad
están a la espera de la audiencia de control de legalidad de la captura; y ii)
hombres y mujeres con medida de detención y otros con pena privativa de la
libertad que no debían encontrarse allí sino en establecimientos carcelarios y
penitenciarios. Dicho lo anterior se precisarán los deberes de atención en
salud que se han incumplido y las entidades responsables.
i) Atención en salud a las personas
detenidas hasta por 36 horas en las Unidades de Reacción Inmediata.
Los hechos planteados en el escrito
de tutela y las respuestas dadas por las distintas instituciones dejan en
evidencia un déficit de protección del derecho a la salud de las personas que
permanecen en las instalaciones de las Unidades de Reacción Inmediata o
unidades similares[61],
dado que, como no son ingresados a establecimientos carcelarios o
penitenciarios a cargo del INPEC, la EPS que en su momento prestaba la atención
en salud sostuvo que no estaba obligada a brindarles atención pues su deber
existía solo respecto de quienes están en establecimientos de reclusión a cargo
del INPEC.
Dada la posición de garante de los
derechos de la población carcelaria que surge una vez la persona es privada de
la libertad, y con el fin de adoptar medidas para proteger efectivamente el
derecho a la salud de los detenidos en estas unidades y superar la situación de
riesgo por falta de atención en salud debe la Sala precisar, con base en la
normativa existente que desde el momento en que las personas son aprehendidas,
el Estado debe garantizar la disponibilidad de los recursos para la prestación
de este servicio, y en caso de verificarse que el capturado no está afiliado al
Sistema de Seguridad Social en Salud, mientras permanezcan en las instalaciones
de las salas de detención transitoria de las URI, dicho sistema, a través del
régimen subsidiado debe cubrir la asistencia médica que llegue a requerir. La
obligación de garantizar la prestación del servicio médico durante el tiempo de
máximo 36 horas, que puede permanecer el detenido en las instalaciones de las
URI corresponderá entonces a la Entidad prestadora de Salud del régimen
subsidiado que determine la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.
A esta conclusión se arriba con base
en lo dispuesto en el artículo 2 del  Decreto 2245 de 2015, el cual determinó
que el esquema de atención a cargo del Fondo Nacional de Salud de las Personas
Privadas de la Libertad, se aplica a las personas en establecimientos de
reclusión a cargo del INPEC, pero mientras no ingresen a éstos, los servicios
se deben garantizar por el ente territorial en virtud del principio de
universalidad a través del régimen subsidiado, y para garantizar el derecho a
la salud de las personas recluidas en las URI, así se dispondrá en la parte
resolutiva.
En este sentido cabe
recordar que de acuerdo al artículo 3 de la Ley 1438 de 2011http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-611-14.htm
- _ftn15, la universalidad es uno de los principios del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, que busca el cubrimiento de “todos los residentes en el país, en todas las etapas de la vida”[62].
Para el efecto, el artículo 32 ídem[63]
establece el procedimiento que deben seguir las entidades territoriales en
aquellos eventos en los que una persona, no afiliada a ninguno de los
regímenes, accede al sistema.
Para proteger el
derecho a la salud de las personas privadas de la libertad la Sala Octava de
Revisión la Sala ordenará a la Alcaldía Mayor de Bogotá que preste los
servicios de salud que requieran en lo sucesivo las personas que se encuentren
recluidas transitoriamente en las salas de detención de las URI o unidad, conforme
al régimen subsidiado y garantice la continuidad en la prestación del servicio
hasta que sea asumido por el sistema penitenciario y carcelario a través de la
USPEC o el detenido recobre la libertad.
Para cumplir esta
obligación, la Alcaldía Mayor de Bogotá deberá establecer a diario y por
personal idóneo, las condiciones de salud y los requerimientos de atención en
salud de las personas recluidas en dichos centros de detención transitoria, y
garantice su atención, priorizando la prestación del servicio médico, entrega
de medicamentos e insumos a quienes reporten al momento del ingreso
enfermedades huérfanas, crónicas, congénitas, degenerativas, que se encuentren
en condición de discapacidad y mujeres en estado de embarazo.
ii) Atención en salud de las personas
que debían estar en custodia del INPEC, luego de la audiencia de control de
legalidad y formalización de la reclusión por detención preventiva o
cumplimiento de condena.
A juicio de la Sala la atención en
salud del segundo grupo, es decir, de aquellos que se encuentran en la URI
luego de haberse realizado la audiencia de control de legalidad de la captura y
encontrarse con medida de aseguramiento o una condena, debía ser asumida por el
INPEC dado que a este instituto le corresponde hacerse cargo de su custodia
conforme al artículo 304 de la Ley 906 de 2004, y en el caso concreto los
funcionarios judiciales determinaron que las personas fueran recluidas en la
Cárcel Nacional Modelo, a la cual por las condiciones relatadas en este fallo
no habían podido ingresar.
La obligación del INPEC y que
comparte actualmente con la USPEC en virtud del Decreto 2245 de 2015 de
garantizar la afiliación y atención en salud no deja de existir porque por la omisión
de los servidores del INPEC no se haya asumido la vigilancia y custodia de las
personas con medida de aseguramiento de detención preventiva y con penas de
prisión, luego de legalizada la captura. Es decir, la permanencia irregular en
un sitio en el cual no debían estar en detención o cumpliendo una condena no
excluye la obligación y responsabilidad del INPEC y de la USPEC, frente a la
afiliación y atención en salud de los procesados y condenados que llevaban para
la fecha de la visita varios meses en las URI de Kennedy y Engativá, así como de
los confinados a los vehículos y la carpa.
Es preciso advertir que desde el
momento en que la autoridad judicial dispone la privación de la libertad en
virtud de la medida de aseguramiento o de la sentencia impuesta y ordena su internamiento
en un centro de reclusión[64],
el INPEC, atendiendo a su posición de garante, debe asumir toda la
responsabilidad tanto de la ubicación en uno de aquellos de los destinados para
el efecto conforme al artículo 20 de la Ley 65 de 1993; como de garantizarles
todos los derechos: salud, alimentación, elementos de higiene, así como la ubicación
en sitios que cuenten con los requerimientos mínimos para la subsistencia
digna, dado que este es un deber que corresponde a la misionalidad del INPEC; y
de igual forma a la USPEC quien tiene la obligación de garantizar la prestación
del servicio de salud a las personas bajo custodia del INPEC, conforme al Modelo
de Atención en Salud Especial para la Población Privada de la Libertad[65] , cuya implementación
es responsabilidad de las dos entidades en mención.
Cabe recordar que el artículo 304 de
la Ley 906 de 2004, dispone que: “Cuando el capturado deba privarse de la
libertad, una vez se imponga la medida de aseguramiento o la sentencia
condenatoria, el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo
entregará inmediatamente en custodia al INPEC o a la autoridad del
establecimiento de reclusión que corresponda, para efectuar el ingreso y
registro al Sistema Penitenciario y Carcelario. Antes de los momentos
procesales indicados el capturado estará bajo la responsabilidad del organismo
que efectuó la aprehensión. (…) La custodia referida incluye los
traslados, remisiones, desarrollo de audiencias y demás diligencias judiciales
a que haya lugar.”(resaltado fuera del texto).
La garantía y efectividad del derecho
a la salud no depende de la decisión de los servidores públicos del INPEC de
hacerse cargo o no de los detenidos y condenados, pues hacerlo es una función
que tiene por ley y no puede trasladarla de facto a otra institución como la
Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional.
Es inadmisible incumplir con los
deberes de protección y garantía del derecho a la salud de los detenidos porque
los titulares de éste derecho se encuentren irregularmente recluidos en las
salas de paso de las URI y en las estaciones de Policía, por no encontrarse en
un establecimiento de reclusión a cargo del INPEC. Frente a ellos también
existe el deber de garantizar la prestación del servicio de salud, de llegar a
requerirse, a través del nuevo Modelo de Atención en salud, coya
implementación, como quedó consignado en el artículo 3 del decreto 5159 de
2015, le corresponde a la USPEC en coordinación con el INPEC.
Por ello, corresponde a la USPEC en
coordinación con el INPEC la garantía del derecho a la salud de todas las
personas privadas de la libertad una vez ha sido legalizada su captura y
dispuesto su detención preventiva o la reclusión para el cumplimiento de una
pena, dado que a partir de allí, conforme a la normativa antes mencionada
deberán quedar a cargo del INPEC, de tal forma que aún en caso de renuencia a
recibirlas para trasladarlas a establecimientos de reclusión, es deber del
INPEC garantizar la afiliación y atención integral en salud de estas personas,
aún, se insiste, en eventos como el examinado en el cual, por omisión
atribuible al INPEC, no se encuentran recluidos en un establecimiento
carcelario o penitenciario a cargo del INPEC, como deberían estarlo.
Ahora bien, en el caso en concreto, no
se vislumbra una violación del derecho a la salud por omisión de afiliación o
de atención dado que a pesar de la actuación del INPEC, los internos que se
encontraban hacinados en las URI de Kennedy y Engativá señalados en el escrito
de tutela estaban afiliados a una entidad prestadora del servicio de salud.
La Defensoría del Pueblo también hace
referencia a la falta de atención médica de dos reclusos, uno afectado por una
patología cardiaca y otro por insuficiencia renal crónica, cuya imagen hace
parte de la reseña fotográfica anexada al expediente.
En estos dos casos, de acuerdo con
los informes recibidos en desarrollo de esta acción de tutela se pudo
establecer que en éste último caso, el señor Stiven Rentería Abadía recibió tratamiento
médico y estuvo hospitalizado, así lo indicó el informe de la Policía
Metropolitana de Bogotá. En relación con el señor Misael Cantor, conocida su
situación de salud se permitió el ingreso de los medicamentos necesarios y no
se trasladó a atención médica extramural porque no fue requerido por él, según consta
en el mismo informe.
Lo anterior, en principio llevaría a
concluir que no se ha causado una violación de los derechos fundamentales de
los detenidos en cuyo favor se interpuso la tutela; sin embargo, advierte la
Sala que la situación generada por la detención prolongada dentro de vehículos
y en carpas, en condiciones insalubres, así como en la URI por periodos
prolongados – que exceden ampliamente las 36 horas- genera un peligro inminente
para el derecho a la salud, ante la inexistencia de personal médico que atienda
las situaciones de urgencia que puedan afectar a los detenidos y condenados,
quienes de haber sido trasladados oportunamente a los centros de reclusión que
cuentan con centros de atención médica intramural, no estarían en esas
condiciones de desamparo y riesgo para su vida.
Dicho lo anterior y, como quiera que
el traslado de internos que se ordena en esta sentencia se dará dentro de los
plazos fijados de forma gradual, ante la necesidad de observar la regla de
equilibrio decreciente, se ordenará a la USPEC y al INPEC que de manera
coordinada y dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación
de esta sentencia, asuman y garanticen la prestación integral de servicios
médicos, suministro de medicamentos e insumos, así como los traslados para
citas médicas, tratamientos y procedimientos médicos que requieran las personas
que cumplidas las primeras 36 horas de detención, continúen  privadas de la
libertad en las Estaciones de Policía de Bogotá, centros de detención de las
URI y en general en todos los Centros de Detención Transitoria de Bogotá D.C.
3.3. Desconocimiento de la USPEC del Derecho a la
Alimentación por falta de suministro en las cantidades y condiciones adecuadas
a los internos de las salas de las URI y los recluidos en otros espacios
destinados por la Policía Nacional.
Sostiene el accionante que la alimentación suministrada a los internos hacinados en las URI de Kennedy y
Engativá es deficiente,
hecho que constató la Defensoría del Pueblo en la visita realizada el 25 de
junio de 2015, en donde advirtió que a las personas detenidas en la URI de
Kennedy no se les suministró desayuno y el almuerzo tenía porciones
insuficientes.
En el mismo sentido, se advierte que en el Oficio 160-1-1 GALIM-3240 del 6 de
abril de 2015 dirigido a UT SERVIALIMENTAR 2014, el Director de Logística de la
USPEC traslada un requerimiento por hallazgo y plan de mejora a la prestación
del servicio de alimentación, por la situación encontrada en visita realizada
el 27 de marzo de 2015. Dice el oficio: “REQUERIMIENTO: Sub-adecuación
en gramaje para el componente cereal (arroz) en la muestra Nº1 y Nº2; y para el
componente energético (plátano asado) en las tres muestras tomadas, los cuales no
cumplieron con lo establecido en la oferta mínima por encontrarse por debajo
del 95% del gramaje estipulado en la minuta patrón. El marcado de la fecha
de vencimiento y lote del vinagre se encontraba en stiker. Lo anterior, no da
cumplimiento a lo estipulado en la resolución 5109/05”.
Pasados dos meses, esto es, hasta el
2 de junio de 2015 el Subdirector de Suministro de Servicios solicitó al
contratista implementar las acciones propuestas en su plan de mejora, y con
posterioridad no hay evidencia que la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios hubiere adelantado alguna gestión para superar con prontitud la
omisión de suministrar la alimentación diaria completa a las personas privadas
de la libertad en la URI de Kennedy y a quienes se encontraban recluidos en dos
buses cerca a la estación de Policía, sobre la vía pública. En este sentido es
del caso recordar que es deber de la USPEC garantizar la alimentación de todos
los reclusos.
El sometimiento a jornadas de ayuno
constituye un trato inhumano a los reclusos que además compromete su salud y
los somete a un padecimiento que no es inherente de la pena de prisión y mucho
menos de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
Por lo anterior, se
ordenará a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios USPEC que dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación de ésta sentencia,
adopte las medidas necesarias para que se suministren los alimentos a los
reclusos que permanezcan transitoriamente en las Unidades de Reacción Inmediata
de Bogotá URI y Estaciones de Policía de Bogotá, sin interrupción y observando
todos los requerimientos nutricionales y normas de protocolo de tratamiento
higiénico sanitario de alimentos, que garanticen una correcta alimentación de
los internos. Así mismo, se dispondrá que por Secretaría de la Corte
Constitucional se remita copia de los anexos de la acción de tutela a la Subdirección de Suministro de
Servicios de la USPEC, para que como Supervisor del contrato 361 de 2014,
evalúe las acciones a adelantar frente a las deficiencias en la ejecución del
mismo.
3.4. Causas de la situación de vulneración de los derechos fundamentales
y responsabilidad del INPEC.
El INPEC y otras
entidades accionadas señalan que la situación evidenciada en las instalaciones
de las URI y en sus alrededores, son consecuencia de las medidas de choque adoptadas
ante el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-388 de
2013[66],
que llevaron al cierre de algunos establecimientos de reclusión, lo cual
condujo a que el hacinamiento se trasladara a los centros de retención
transitoria como los de las URI, los cuales se vieron obligados a albergar
aquellos detenidos e incluso condenados no recibidos por los establecimientos
carcelarios, generando un represamiento.
En la acción de tutela que se revisa,
la situación de los internos surge por las restricciones impuestas por el INPEC
para el ingreso de personas a establecimientos de reclusión afectados por
hacinamiento, que llevó a que la Policía Metropolitana de Bogotá se viera
obligada a acoger en estaciones y bajo la vigilancia de miembros de la
institución en parques, carpas, CAI Móviles y vehículos a personas afectadas
con medida de detención preventiva o condena a pena privativa de la libertad,
cuando ello escapaba de sus funciones, pero forzados por la renuencia de los
funcionarios del INPEC a recibirlos y remitirlos a los respectivos
establecimientos de reclusión.
En
la sentencia T-847 de 2000, la Corte Constitucional advirtió que:
“Debe señalarse al
respecto que las funciones carcelaria y penitenciaria no están asignadas a la
Policía Nacional, ni al DAS, ni a la DIJIN, ni a la SIJIN, ni al CTI, sino al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, el que actúa en relación
directa con la Fiscalía General de la Nación, los jueces penales y los jueces
de ejecución de penas. Precisamente porque no les están asignadas esas
funciones, y en este caso está acreditado que las vienen cumpliendo, la
conclusión a la que debe arribar el juez de amparo es contraria a la que adoptó
el Tribunal Superior de Bogotá. Resulta claro que esas instituciones sí violan
la Carta Política, y los derechos de las personas sindicadas y condenadas que
permanecen detenidas en sus salas de retenidos, en casos como el que se revisa,
en los que se verifica que organismos a los que no se asignaron determinadas
funciones las vienen cumpliendo, de manera tan precaria, que no pueden brindar
a los internos el trato digno que se les debe dar, ni las oportunidades a que
tienen derecho.”
(…) el
problema del hacinamiento en las instituciones carcelarias del país, que se les
ordenó corregir por medio de la sentencia T-153/98 -antes referida-, no puede
ser pretendidamente "solucionado", enviando a personas sindicadas o
condenadas a las estaciones de policía o a las salas de retenidos de otros
organismos de seguridad, sin violar los derechos fundamentales de esas
personas, y vulnerar normas constitucionales como los artículos 2, 28, 29 y 121
de la Carta.”
En este concurso de
actuaciones irregulares también tiene cabida el proceder de las autoridades
judiciales, quienes desconociendo que les corresponde el deber de determinar el
lugar donde debe cumplirse la detención señalaron en las boletas de detención
como las aportadas al expediente, que el lugar sería el definido por el INPEC,
institución que, como se mencionó se negó a cumplir su función.
Señaló el representante del INPEC que
ello se debió a la operación reglamento adelantada por los sindicatos, justificación
inadmisible y preocupante porque evidencia que la situación de las personas
privadas de la libertad y el estado de vulnerabilidad derivado de la relación
de sujeción que se establece con la aprehensión por orden judicial, fue
utilizada como herramienta de presión en medio de unas reclamaciones de orden
laboral por los sindicatos del INPEC, hecho que constituye un desconocimiento manifiesto
de la dignidad de los internos en cuanto se les instrumentaliza para conseguir
conquistas laborales.
Lo anterior está demostrado con las
pruebas documentales aportadas al proceso. El Jefe de la Oficina de Asuntos
Jurídicos MEBOG, señaló que “el año pasado la crisis se agravó con motivo
del plan reglamento por la guardia del INPEC, por la cual durante el segundo
semestre del año 2014, no se permitió el ingreso a ningún centro carcelario y/o
penitenciario de los capturados, llegándose a acumular aproximadamente mil
setecientos ochenta (1780) detenidos, por lo que fueron acomodados en las
Estaciones en sitios improvisados que no cumplían con las exigencias de
seguridad, salubridad necesarias para la permanencia digna de una persona (...)
personas con detención domiciliaria, no fue posible se les autorizara su
detención en las casas o residencias autorizadas, porque faltaba la reseña que
hace el INPEC cuando recibe a una de estas personas y así mismo el traslado a
la casa o lugar de habitación donde pasara su domiciliaria, teniendo estas
personas que quedar recluidas en estos centros, por cuanto el INPEC simplemente
no quiso recibir, ni presentar alternativas de recibo o de reseña para estas
otras personas” Agrega que: “es falta de gestión para que se cumplan las
cantidades que ellos por misión y función les corresponde asumir, gestionar y
presentar alternativas y no convertir una situación laboral del INPEC en un
problema social” (folio 359)
La Jefe de la Unidad de Reacción
Inmediata de Puente Aranda indicó que las directivas del INPEC en las
respuestas dadas a esa jefatura “han señalado que la anormalidad
penitenciaria es consecuencia del llamado “plan reglamento” impuesto por las
organizaciones sindicales del INPEC, que tomaron como medida de presión el no
ingreso de más internos  a los centros de reclusión, aduciendo condiciones de
hacinamiento de estos penales. En la última comunicación que recibimos ... se
comunica que el “plan reglamento” se levantó como consecuencia del pacto
laboral firmado el 8 de enero de 2015 entre el alto gobierno y el INPEC y las
bancadas sindicales, pero acota que el personal de internos se irá recibiendo
de manera paulatina en virtud del alto índice de hacinamiento que aún registran
los establecimientos carcelarios y en algunos casos por las restricciones
derivadas de la orden judicial (tutela)”(folio 388).
La situación descrita
también lleva a colegir que la Dirección del INPEC no ejerce los deberes que
como superior de la guarda y de la institución le competen, y omitió adoptar medidas
para que se superara con celeridad los efectos de la mencionada estrategia de
las organizaciones sindicales, causando la violación de los derechos de la población
privada de la libertad, que pasados seis (6) meses de firmado el acuerdo que
puso fin al conflicto laboral, aún seguía recluida y en condiciones de
hacinamiento en vehículos, carpas y salas de retención transitoria, por la
omisión del INPEC de disponer el traslado respectivo a establecimientos
carcelarios o penitenciarios. Al respecto cabe recordar que conforme a la
normativa penal, la persona capturada debe ser puesta a disposición del juez de
control de garantías en el plazo máximo de 36 horas con el fin de efectuar la
audiencia de control de legalidad, ordenar la cancelación de la orden de
captura y disponer lo pertinente en relación con el aprehendido, por lo que
impuesta la medida de aseguramiento de detención corresponde al INPEC trasladar
al procesado al centro de reclusión correspondiente, sin que sea posible que la
persona afectada sea ingresada nuevamente a la URI para que cumpla allí la
medida de aseguramiento en espera del juicio.
Frente a la responsabilidad de la
Policía Nacional en la situación de vulneración de derechos fundamentales, en
sentencia T-847 de 2000, dijo la Corte: “ Resulta claro que esas instituciones sí violan la Carta
Política, y los derechos de las personas sindicadas y condenadas que permanecen
detenidas en sus salas de retenidos, en casos como el que se revisa, en los que
se verifica que organismos a los que no se asignaron determinadas funciones las
vienen cumpliendo, de manera tan precaria, que no pueden brindar a los internos
el trato digno que se les debe dar, ni las oportunidades a que tienen derecho.”
En este orden, advierte la Sala Octava
de Revisión que en la situación de violación de los derechos fundamentales
puesta de presente por el Ministerio Público confluye la omisión de
funcionarios del INPEC, de la USPEC, y de la Policía Metropolitana de Bogotá, y
por ello se darán órdenes a estas entidades en aras de que hechos semejantes no
se vuelvan a presentar.
Así, ante la necesidad de adoptar
medidas encaminadas a evitar que las situaciones demostradas en el trámite de
ésta acción de tutela vuelvan a presentarse en las Unidades de Reacción Inmediata
y en las estaciones de Policía, y se sigan violando los derechos de las
personas recluidas allí, se adoptarán otras medidas, cuya ejecución debe ser
coordinada  por una    una mesa de trabajo que deberá conformarse dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes a la notificación de ésta sentencia, en la cual deberán participar los
representantes, o delegados con poder de decisión, de las siguientes entidades:
el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía
Metropolitana de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
-INPEC-, la Unidad de Servicios  Penitenciarios y Carcelarios - USPEC-, la
Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la
Secretaría Distrital de Gobierno, en la cual se deberá coordinar la
implementación de las órdenes dadas en esta sentencia. Esta mesa de trabajo
deberá rendir informes bimensuales de seguimiento a esta Sala de Revisión de Tutelas
y al Juez de Tutela de Primera Instancia, sobre las fases de desarrollo de las
actividades necesarias para cumplir las órdenes dadas en esta sentencia y
garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en
los establecimientos de retención transitoria de Bogotá, las dificultades,
estrategias de superación de éstas y los resultados concretos alcanzados, lo
anterior para efecto de evaluar la situación.
Así mismo, el Gobierno Nacional, a
través del Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el Departamento Nacional de Planeación, y la Alcaldía Mayor de
Bogotá, deberán adoptar las medidas necesarias
para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que permitan cumplir las
órdenes dadas a las distintas instituciones en esta sentencia.
En atención a ello,
se exhortará a
la Defensoría del Pueblo para que en cumplimiento de su función constitucional
de los derechos fundamentales continúe realizando visitas a las URI de Bogotá y
a las Salas de Retención de las estaciones de Policía de Bogotá D.C., con el
fin de determinar el estado de reclusión de las personas privadas de la
libertad, verifique la efectividad de sus derechos fundamentales, de ser
procedente promueva las actuaciones no solo preventivas sino también
sancionatorias frente a la vulneración de sus derechos.
Igualmente
se exhortará a la Procuraduría General de la Nación, para que a través de la Procuraduría Delegada para la
Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, ejerza la
supervigilancia del cumplimiento de la función asignada a los jueces de
ejecución de penas y Medidas de Seguridad en el artículo 51 de la Ley 65 de
1993[67]
y remitir los resultados de la misma al Consejo Superior de la Judicatura o el
organismo que haga sus veces, como evidencia de la gestión cumplida por estos
funcionarios.
Síntesis de la decisión
La Sala Octava de Revisión, con base en los
hechos informados por el Defensor Delegado y corroborados por los Jefes de
Unidad de Reacción Inmediata de Kennedy y Engativá, y el Representante de la Policía
Metropolitana de Bogotá, estableció que con la actuación del INPEC y de la
Policía Nacional se ha desconocido el deber de respeto a la dignidad humana
establecido en el artículo 1 de la Constitución e infligido una violación manifiesta
del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, contenido en el artículo 11 de la Constitución Política, de las
personas recluidas en las salas de retenidos y pasillos de las URI de Bogotá, en
carpas ubicadas en parques, remolques y automotores parqueados cerca a éstas.
Lo anterior por cuanto fueron confinados a lugares carentes de todos los
elementos mínimos que deben existir para garantizar una reclusión en
condiciones dignas y que no cumplen con las garantías contenidas en el artículo
5, numerales 2 y 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues a lo
anterior se suma la reclusión indiscriminada de hombres y mujeres, condenados y
procesados compartiendo pequeños espacios no aptos para ser utilizados como
establecimientos de reclusión.
La Sala Octava de Revisión advirtió que las instalaciones de las Unidades de
Reacción Inmediata no son los lugares establecidos por la ley para recluir a
personas que deben permanecer privados de la libertad en virtud de una medida
de aseguramiento o en cumplimiento de una condena luego de la formalización de
la reclusión[68],
y tampoco tienen las condiciones materiales y funcionales adecuadas para
hacerlo, por lo que en éste evento también se violó el principio constitucional
de dignidad humana[69]
al confinar a los internos en las Unidades de Reacción Inmediata por periodos
prolongados, desconociendo que la detención transitoria allí no puede superar
las treinta y seis (36) horas, conforme al artículo 21 de la Ley 1709 de 2014,
que adicionó el artículo 28A a la Ley 65 de 1993; lapso fijado con base en el
artículo 28 de la Constitución, porque es el máximo permitido para legalizar la
captura, pues a partir de esta actuación las personas afectadas con detención
preventiva o capturados a efecto de cumplir una pena deben quedar a disposición
del funcionario judicial de conocimiento o del juez de control de garantías bajo
la custodia del INPEC y en un establecimiento carcelario o penitenciario.
Consideró la Sala Octava de Revisión que esta
situación también se produjo como efecto del represamiento ocasionado por la
renuencia de funcionarios del INPEC en tramitar los traslados de los internos a
los establecimientos en los que se ordenó su reclusión dentro del denominado “plan
reglamento”, actuación que constituye una violación del principio de dignidad
humana al utilizar a personas procesadas y condenadas como herramientas de
presión en un proceso de negociación de derechos laborales, conducta censurable,
que no puede avalarse, tolerarse ni ignorarse por el Juez constitucional.
Ante la evidencia de los hechos que generaron la violación
sistemática y generalizada del derecho de las personas recluidas en las URI, en
vehículos y carpas aledañas a las mismas a recibir trato digno, la Sala de
Revisión adoptará medidas encaminadas a que no se utilicen instalaciones
distintas a los establecimientos de reclusión habilitados por la ley y
autorizados por el INPEC, como sitios de confinamiento de personas afectadas
con medidas de detención o condenas a prisión, por tratarse de espacios que no
están diseñados para ofrecer las condiciones mínimas para recluir por periodos
prolongados a los procesados o condenados. Reitera la Sala la prohibición legal
de mantener personas privadas de la libertad en las salas de detención
transitoria de las URI, por periodos superiores a 36 horas, e igualmente adopta
medidas para que, sin afectar las medidas para afrontar el hacinamiento en los
centros carcelarios y penitenciarios del INPEC, en el Distrito Capital se
disponga de lugares que cumplan las condiciones mínimas de dignidad para la
reclusión de aquellos que ya han permanecido más de 36 horas en las
instalaciones de las Unidades de Reacción Inmediata, Estaciones de Policía y
demás sitios habilitados por la Policía Metropolitana para detención
transitoria.
Al constatar que existe una situación de riesgo
para la garantía efectiva del derecho a la salud de las personas que se
encuentran recluidas en las salas de detención transitoria de las URI, porque
las accionadas manifestaron no tener claridad sobre el ámbito de sus
competencias y en este orden considerar que a ninguna de ellas compete la
garantía de prestación del servicio de salud, la Sala Octava de Revisión  hizo
claridad en el sentido que la atención del servicio de salud de las personas
que permanezcan hasta por 36 horas en las URI debe ser garantizada por las entidades
territoriales a través del régimen subsidiado en aplicación del principio de
universalidad, en este caso por la Alcaldía Mayor de Bogotá y que pasado éste
lapso y en todo caso luego de la audiencia de control de legalidad y la
formalización de la reclusión, la atención en salud corresponde a la USPEC en
coordinación con el INPEC cuando por decisión judicial las personas quedan bajo
su custodia.
En tercer lugar, la Sala de Revisión estableció
que la alimentación suministrada por el contratista Unión Temporal
Servialimentar a las personas recluidas en las instalaciones de las URI y en
lugares aledaños no cumple con las condiciones de calidad y cantidad
requeridas, y dado que corresponde al Estado a través de la USPEC dar la
alimentación a los internos que se encuentran en una relación especial de
sujeción, para proteger el derecho a la alimentación ordena a dicha Unidad
suministrar oportunamente alimentos que cumplan los requerimientos mínimos, e
insta a la Defensoría del Pueblo realizar un control sobre el acatamiento de
ésta orden a través de visitas periódicas. Y, como para el suministro de
alimentos se celebró un contrato y en su desarrollo se fijaron acciones de
mejoramiento, igualmente determina la Sala de Revisión la necesidad de que el
interventor del contrato, así como los organismos de control intervengan en el
marco de sus competencias.
Por último, dado que las medidas adoptadas
requieren de la provisión de recursos, la Sala de Revisión dispone el Gobierno Nacional, a través del
Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Nacional de Planeación, y la Alcaldía Mayor de Bogotá, deberán adoptar las
medidas necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que
permitan cumplir las órdenes dadas a las distintas instituciones en esta
sentencia.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 26 de Agosto de 2015,
que en su momento confirmó la sentencia proferida el 15 de Julio de 2015 por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual concedió el
amparo solicitado por el Defensor Delegado para la Política Criminal y
Penitenciaria, para la tutela de los derechos fundamentales de la población
privada de la libertad en las Unidades de Reacción inmediata y Estaciones de
Policía de Bogotá.
Segundo. ADICIONAR las
decisiones adoptadas en la sentencia proferida el 15 de julio de 2015 del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá y confirmada por el ad quem en el fallo de segunda
instancia proferido el 26 de agosto de 2015, con las siguientes órdenes,
encaminadas a
salvaguardar los derechos fundamentales de la población privada
transitoriamente de la libertad en los centros de detención de las URI y
Estaciones de Policía de Bogotá:
2.1. ORDENAR a la Dirección de la
Policía Metropolitana de Bogotá que dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes a la notificación de la sentencia, suspenda el uso como lugares de
reclusión de remolques, autobuses, carpas, parques, plazas públicas y cualquier
otro sitio distinto de los establecimientos de reclusión del sistema peniten­ciario
y carcelario o de los sitios que han sido habilitados, de acuerdo con la ley, para
la detención o reclusión de personas privadas de la libertad en condiciones mínimas de subsistencia digna y humana, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el
desacato.
2.2. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC que dentro de los dos (2) días
siguientes a la notificación de ésta sentencia, reciba en custodia y efectúe el
ingreso y registro al Sistema Penitenciario y Carcelario de todas las personas
que lleven más de treinta y seis  (36) horas recluidas en los centros de
retención transitoria de las URI y de las Estaciones de Policía de Bogotá,
registrando el estado de salud y los requerimientos de atención en salud de
todas las personas que recibe en custodia, especialmente de quienes reporten al
momento del ingreso enfermedades huérfanas, crónicas, congénitas,
degenerativas, que se encuentren en condición de discapacidad y mujeres en
estado de embarazo, y en el mismo plazo proceda a trasladar a los internos a
quienes se otorgó detención domiciliaria al domicilio donde debe ejecutarse
esta medida de aseguramiento.
2.3. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,  a la Policía
Metropolitana de Bogotá, y a la Secretaría de Gobierno de la  Alcaldía Mayor de
Bogotá que, si aún no lo han hecho, en un término razonable que en ningún caso
puede superar los ocho (8) días contados a partir de la notificación de esta
providencia, procedan a trasladar a las personas sindicadas y condenadas que
lleven más de 36 horas en las Unidades de Reacción Inmediata URI de Bogotá y
salas de retenidos de las Estaciones de Policía de Bogotá, a los
establecimientos de reclusión del orden nacional o distrital en los que, en
condiciones dignas y de acuerdo con la Constitución y la ley, deben permanecer
hasta que la autoridad judicial competente ordene su libertad, éste proceso de
traslado de los internos
debe tener en cuenta la regla de equilibrio decreciente fijada para el ingreso
de internos a los establecimientos carcelarios, impuesta en la sentencia T-388
de 2013, de modo que no genere una situación de hacinamiento en los
establecimientos carcelarios y penitenciarios receptores.
2.4.  ORDENAR
a la USPEC, al INPEC y al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., que
dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación del fallo de tutela,
busquen y acondicionen un inmueble que cumpla con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana, para la reclusión transitoria de los internos que, a pesar de
habérsele resuelto su situación con medida de aseguramiento de detención
intramural o estar cumpliendo una condena, pasadas 36 horas luego de su ingreso
a los establecimientos de detención transitoria, no puedan ser trasladados de
inmediato a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres del Distrito
Capital u otro establecimiento carcelario o penitenciario a cargo del INPEC
donde cumplan la medida de aseguramiento, o la pena. También deberán definir la
contribución económica de los entes territoriales en la ejecución del proyecto.
2.5. ORDENAR a la USPEC al INPEC y al Alcalde Mayor de Bogotá D.C., que de manera
coordinada y dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación
de esta sentencia, pongan a disposición de los internos que cumplidas las
primeras 36 horas de detención, continúen  privados de la libertad en las
Estaciones de Policía de Bogotá, centros de detención de las URI y en general
en todos los Centros de Detención Transitoria de Bogotá D.C. un kit de aseo,
colchoneta, almohada, sábanas y cobija y garantice su permanencia en instalaciones
que cuenten con espacios adecuados para el descanso nocturno y con una cantidad
razonable de baterías sanitarias, en óptimo estado de funcionamiento.
2.6. ADVERTIR a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de
Bogotá, en los términos
del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, que una vez efectuado el traslado de todas las personas que actualmente
llevan más de treinta y seis (36) horas en las instalaciones de las URI y
Estaciones de Policía, se abstengan de mantener personas en detención en Unidad de Reacción
Inmediata (URI) o unidad similar, por un periodo superior a las treinta y seis
(36) horas, señaladas en el artículo 28A de la Ley 65 de 1993 y soliciten
oportunamente y por los medios formales el recibo en custodia de las personas
privadas de la libertad al INPEC.
2.7. ADVERTIR al INPEC, que debe cumplir su
obligación de recibir en custodia a las personas privadas de la libertad por
medida de aseguramiento o condena, so pena de
las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato.
2.8. ORDENAR a la Alcaldía Mayor de Bogotá que en coordinación con el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de Servicios  Penitenciarios y
Carcelarios - USPEC- y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la
Fiscalía General de la Nación y con el Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 21 y 28A de la Ley 65 de
1993, en un término de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de
esta sentencia, elabore, y presente al Juez de seguimiento al cumplimiento de
este fallo de tutela, un programa de ampliación de infraestructura carcelaria y
de las áreas para detención transitoria de las instalaciones de las Unidades de
Reacción Inmediata o unidad similar,  que atienda las necesidades de cupos para
la detención preventiva y transitoria en el Distrito Capital en condiciones mínimas de subsistencia digna y humana, indicando las fases y
cronograma de desarrollo, programa que deberá adelantarse y culminarse en un
término no mayor a cuatro (4) años; para lo cual la Alcaldía Mayor de Bogotá
deberá proveer los recursos en el presupuesto del Distrito Capital y celebrar
los convenios que sean necesarios con la Nación a efecto de ampliar y mejorar
la infraestructura y el sostenimiento de los centros de detención transitoria y
de reclusión en el Distrito Capital.
2.9. ORDENAR a la Alcaldía
Mayor de Bogotá que a partir de la notificación de ésta sentencia asuma la
prestación integral de los servicios de salud que requieran dentro de las primeras
treinta y seis (36) horas de privación de la libertad, todas las personas que
se encuentren recluidas transitoriamente en las salas de detención de las Unidades
de Reacción Inmediata y Estaciones de Policía de Bogotá D.C., a través del
régimen subsidiado, si no hay prueba de su afiliación al Sistema de Seguridad
Social en Salud al momento del ingreso al establecimiento de reclusión
transitoria y garantizar la continuidad en la prestación del servicio hasta que
sea asumido por el sistema penitenciario y carcelario a través de la USPEC o el
detenido recobre la libertad; para el efecto ORDENAR a la Alcaldía Mayor
de Bogotá que a partir de la notificación de esta sentencia, a diario
establezca y registre, a través de personal idóneo, las condiciones de salud y
los requerimientos de atención en salud de las personas recluidas en dichos
centros de detención transitoria, y garantice su atención, priorizando la
prestación del servicio médico, entrega de medicamentos e insumos a quienes
reporten al momento del ingreso enfermedades huérfanas, crónicas, congénitas,
degenerativas, que se encuentren en condición de discapacidad y mujeres en
estado de embarazo.
2.10. ORDENAR a la USPEC y al INPEC que de manera
coordinada y dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación
de esta sentencia, asuman y garanticen la prestación integral de servicios
médicos, suministro de medicamentos e insumos, así como los traslados para
citas médicas, tratamientos y procedimientos médicos que requieran las personas
que cumplidas las primeras 36 horas de detención, continúen  privadas de la
libertad en las Estaciones de Policía de Bogotá, centros de detención de las
URI y en general en todos los Centros de Detención Transitoria de Bogotá D.C.
2.11. ORDENAR a la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a
la notificación de ésta sentencia, adopte las medidas necesarias para que se
suministren los alimentos a los reclusos que permanezcan transitoriamente en
las Unidades de Reacción Inmediata de Bogotá URI y Estaciones de Policía de
Bogotá, sin interrupción y observando todos los requerimientos nutricionales y
normas de protocolo de tratamiento higiénico sanitario de alimentos, que
garanticen una correcta alimentación de los internos; y REMITIR copia de los folios 1 a
19, 32 a 42, 284 a 331 y 794 a 809 de la acción de tutela a la Subdirección de Suministro de
Servicios de la USPEC, para que como Supervisor del contrato 361 de 2014 dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia,
inicie las acciones pertinentes
frente a las deficiencias en la ejecución del mismo, e igualmente a la
Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República.
2.12. El Gobierno Nacional, a través del Presidente de la
República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento
Nacional de Planeación, y la Alcaldía Mayor de Bogotá, deberán ADOPTAR las
medidas necesarias para asegurar los recursos suficientes y oportunos, que
permitan cumplir las órdenes dadas a las distintas instituciones en esta
sentencia.
2.13.
EXHORTAR a la Defensoría del Pueblo para que en cumplimiento
de su función constitucional realice visitas periódicas a las URI de Bogotá y a
las Salas de Retención de la Policía Nacional, con el fin de determinar el
estado de reclusión de las personas privadas de la libertad, verifique la
efectividad de sus derechos fundamentales, de ser procedente promueva las
actuaciones no solo preventivas sino también sancionatorias frente a la
vulneración de sus derechos y envíen los reportes que estime necesarios al juez
de primera instancia encargado de verificar el cumplimiento del presente fallo.
2.14.
EXHORTAR
a la Procuraduría General de la Nación, para que a través de la Procuraduría Delegada para la
Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, ejerza la
supervigilancia del cumplimiento de la función asignada a los jueces de
ejecución de penas y Medidas de Seguridad en el artículo 51 de la Ley 65 de
1993 y remitir los resultados de la misma al Consejo Superior de la Judicatura
o el organismo que haga sus veces, como evidencia de las gestión cumplida por
estos funcionarios, para los efectos a que haya lugar.
2.15. ORDENAR al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá que verifique el cumplimiento de esta providencia y envíe una
copia de las actuaciones adelantadas a la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, la cual en todo caso, se reserva la posibilidad de reasumir la
competencia respecto del cumplimiento del fallo.
2.16. ORDENAR a la
Alcaldía Mayor de Bogotá y al INPEC que publiquen las decisiones adoptadas en
la parte resolutiva de este fallo en todos los centros de detención transitoria
de las Unidades de Reacción Inmediata URI de Bogotá, y en las Estaciones de
Policía de Bogotá, en un área que permita su conocimiento por los usuarios y
personas que se encuentren allí privadas de la libertad.
Tercero. REVOCAR el numeral 2.3 de la
sentencia proferida el 15 de julio de 2015 por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá y en su lugar ORDENAR la conformación de una mesa de trabajo dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes a la notificación de ésta sentencia, en la cual deberán participar los
representantes, o delegados con poder de decisión, de las siguientes entidades:
el Ministerio de Justicia
y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Metropolitana de
Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, la Unidad de
Servicios  Penitenciarios y Carcelarios - USPEC-, la Alcaldía Mayor de Bogotá,
la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Secretaría Distrital de
Gobierno, en la cual se deberá coordinar la implementación de las órdenes dadas
en esta sentencia. Esta mesa de trabajo deberá rendir informes bimensuales de
seguimiento a esta Sala de Revisión de Tutelas y al Juez de Tutela de Primera
Instancia, sobre las fases de desarrollo de las actividades necesarias para cumplir
las órdenes dadas en esta sentencia y garantizar los derechos fundamentales de
la población privada de la libertad en los establecimientos de retención
transitoria de Bogotá, las dificultades, estrategias de superación de éstas y
los resultados concretos alcanzados, lo anterior para efecto de evaluar la
situación.
Cuarto. Líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, Notifíquese, insértese en la gaceta de
la Corte Constitucional y Cúmplase,
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento de voto
Con aclaración de voto
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
SALVAMENTO DE VOTO Y ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA T-151/16
DERECHOS DE
LAS PERSONAS DETENIDAS EN LUGARES DE RETENCION TRANSITORIA-Las órdenes
de traslado de los detenidos podría disponer una priorización injustificada
frente a las personas hacinadas en otras ciudades (Salvamento parcial de voto)
Las órdenes de traslado debieron
valorar tres restricciones importantes. La primera de carácter jurídico
derivado de la regla de equilibrio decreciente impuesta en la Sentencia T-388
de 2013 que impide el ingreso de nuevos presos luego de superar un tope
determinado. La segunda, también jurídica, relativa al alcance de las ordenes
que dictaron esas sentencias para superar el estado de cosas inconstitucional
del sistema carcelario. Y la última, de naturaleza fáctica, alusiva a la actual
ausencia de cupos suficientes en el sistema carcelario y penitenciario
nacional. Era importante que el juez constitucional enfrentara las
restricciones presentes en la materia y, con esa panorámica, adoptara medidas
ejecutables en términos reales (efectivas) para la pronta protección ius
fundamental, en un diálogo abierto y reflexivo con los precedentes judiciales y
la administración.
DERECHOS DE
LAS PERSONAS DETENIDAS EN LUGARES DE RETENCION TRANSITORIA-Los
responsables administrativos deberán adelantar las actuaciones pertinentes para
que la reclusión de personas por más de 36 horas en estos lugares sea
excepcional (Aclaración de voto)
Los responsables administrativos deberán
adelantar las actuaciones pertinentes para que la reclusión de personas por más
de treinta y seis horas en estos lugares sea realmente excepcional y asegurar
condiciones dignas a todos los detenidos, no solo a los que permanezcan en sus
instalaciones por un término mayor al dispuesto en la legislación preventiva
Referencia. T-5.215.221
Acción de tutela instaurada por José Manuel Díaz Soto,
Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria, contra la Policía
Metropolitana de Bogotá y otros.
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones de la Sala me permito salvar el voto
frente a los numerales 2.2, 2.3, 2.4 y 2.8 de la parte resolutiva de la
sentencia y aclarar el voto en relación con los resolutivos 2.5 y 2.11 de la
misma.
La
solicitud de tutela
1. El Defensor Delegado para la Política Criminal interpuso
acción de tutela contra la Policía Metropolitana de Bogotá, el INPEC, la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, la Secretaría Distrital de
Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá, por considerar que las entidades
accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, salud y
alimentación de las personas detenidas en las unidades de reacción inmediata y
las estaciones de policía de la ciudad.
2. Entre las conductas lesivas el Defensor Delegado destacó
la existencia de hacinamiento, condiciones de estancia deplorables para los
detenidos, deficiencias en la prestación del servicio de salud, problemas de
calidad y cantidad en los alimentos y ausencia de baterías sanitarias en los
centros de detención transitoria.
3. El accionante aseguró que los centros carcelarios y
penitenciarios administrados por el INPEC se niegan a recibir a los detenidos
argumentando la inexistencia de cupos. Además, resaltó que la falta de
coordinación entre las entidades del Estado responsables de esta población impide
otorgarles condiciones dignas de existencia.
4. Para remediar la situación, el Defensor solicitó la tutela
de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en las
unidades de reacción inmediata de Engativá y Kennedy y la adopción de las
siguientes medidas de protección: i) ordenar a la Policía Metropolita de Bogotá
que suspenda el uso de remolques, autobuses y lugares públicos como centros de
detención; ii) ordenar a la Policía Metropolitana de Bogotá, al INPEC y a la
Alcaldía de Bogotá que establezca canales permanentes de comunicación para
trasladar de inmediato a las personas detenidas, cuando se advierta que la
capacidad de los centros de detención transitoria está por superarse; iii)
ordenar a la Cárcel La Modelo de Bogotá que coordine con el INPEC medidas para
determinar lugares de reclusión cuando esta última se niegue a recibir a los
detenidos; iv) ordenar a Caprecom EPS que realice periódicamente un censo de la
población privada de la libertad en los centros de detención transitoria y
asuma su atención médica; v) ordenar al Ministerio de Salud que reglamente el
modelo de atención en salud aplicable a las personas privadas de la libertad en
los centros de detención transitoria; vi) ordenar a la USPEC que adopte medidas
para garantizar la alimentación adecuada de los detenidos en centros de
reclusión transitoria y vii) ordenar el traslado de los detenidos, en las
unidades de reacción inmediata y estaciones de policía, a lugares de reclusión
carcelaria y penitenciaria nacionales y distritales.
La
Sentencia T-151 de 2016
5.
El fallo T-151 de 2016 confirmó parcialmente la sentencia proferida el 26 de
agosto de 2015 por el Consejo Superior de la Judicatura en segunda instancia,
la cual había confirmado la tutela concedida por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá en providencia del 15 de julio de 2015.
6.
La Sala Octava de Revisión constató la ocurrencia de los abusos denunciados por
la Defensoría del Pueblo y la lesión de los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad en los centros de detención de la Policía
Nacional y en las unidades de reacción inmediata.
7.
En la sentencia, la Corte consideró que las órdenes de protección dictadas por
las autoridades judiciales de instancia eran importantes. Sin embargo, advirtió
que persistía la necesidad de adicionar los remedios constitucionales con el
objeto de otorgar una garantía más efectiva. Para el efecto, dictó las medidas
que encontró procedentes, enlistadas en los numerales segundo y tercero de la parte
resolutiva de la decisión.
Las
razones del salvamento parcial de voto
8.
Aunque acompaño el ánimo garantista de la Sentencia T-151 de 2016 y buena parte
de sus órdenes, me aparto de las decisiones contenidas en los numerales 2.2,
2.3, 2.4 y 2.8 de la parte resolutiva de la decisión. La primera de ellas le
ordenó al INPEC que dentro de los dos días siguientes a la comunicación de la
sentencia recibiera en custodia e ingresara al sistema nacional penitenciario y
carcelario a las personas que llevaran treinta y seis horas recluidas en los
centros de detención transitoria de las unidades de reacción inmediata y
estaciones de policía de Bogotá. A su turno, la segunda le ordenó al INPEC, a
la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Secretaría de Gobierno de Bogotá que
en un término máximo de ocho días procedieran a trasladar a estas personas a
los establecimientos de reclusión del orden nacional o distrital, teniendo en
cuenta la regla de equilibrio decreciente plasmada en la Sentencia T-388 de
2013.
9.
Por su parte, la orden 2.4 dispuso que dentro de los tres meses siguiente a la
notificación de la providencia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios USPEC, el INPEC y la Alcaldía Mayor de Bogotá debían acondicionar
un inmueble que cumpliera condiciones dignas de reclusión para las personas
condenadas o con detención transitoria que no pudieran ser trasladadas a
centros carcelarios o penitenciarios. Esas entidades también deberán “definir
la contribución económica de los entes territoriales en la ejecución del
proyecto”.
10.
Finalmente, el resuelve 2.8 le ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá que en
coordinación con los Ministerios de Justicia y Hacienda, la USPEC, la Fiscalía
General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, presente un programa
de ampliación de infraestructura carcelaria y de las áreas para detención
transitoria de las unidades de reacción inmediata. De acuerdo con la mayoría,
el plan deberá ejecutarse dentro los próximos cuatro años con cargo a los
recursos del Distrito.
11.
Las anteriores determinaciones no las acompaño, por estas razones:
12.
Comparto la preocupación de la Sala por la situación de hacinamiento de las
personas detenidas en las estaciones de policía y en las unidades de reacción
inmediata de Bogotá. Así mismo entiendo la necesidad de dictar órdenes de
protección constitucional que reviertan la grave situación que se está
presentando en estos lugares de detención transitoria.
13.
Precisamente por eso, considero que las medidas de salvaguarda superior no
podían tomarse al margen de los problemas estructurales que padece el sistema
carcelario y penitenciario colombiano, ni de los esfuerzos que en este momento
se encuentra realizando el gobierno nacional y los entes territoriales en
cumplimiento de lo dispuesto en las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.
14.
Estimo que en un primer momento la Sala debió revisar el alcance de su
competencia, en armonía con la cosa juzgada de las mencionadas sentencias, y
requerir información a las entidades encargadas de su cumplimiento para
establecer el margen jurídico y material de acción del fallo. En suma, pienso
que la mayoría debió tener en cuenta las restricciones jurídicas y materiales
que presenta este caso.
15.
En particular, las órdenes de traslado debieron valorar tres restricciones
importantes. La primera de carácter jurídico derivada de la regla de equilibrio
decreciente impuesta en la Sentencia T-388 de 2013 que impide el ingreso de
nuevos presos luego de superar un tope determinado. La segunda, también jurídica,
relativa al alcance de las órdenes que dictaron esas sentencias para superar el
estado de cosas inconstitucional del sistema carcelario. Y la última, de
naturaleza fáctica, alusiva a la actual ausencia de cupos suficientes en el
sistema carcelario y penitenciario nacional.
16.
Esas restricciones no son infranqueables pero su superación sí requería un
examen detenido y cuidadoso por parte de la Corte para no entorpecer los planes
y esfuerzos desplegados por la administración en el cumplimiento de las
mencionadas sentencias, ni la distribución de cargas y responsabilidades entre
las entidades concernidas en su acatamiento.
17.
En mi criterio, en un contexto de cupos escasos, como el que soporta el sistema
nacional carcelario, resultaba necesario que las medidas que se adoptaran
atendieran al conjunto de usuarios del mismo. Por esa razón, la orden de
traslado de los detenidos, dictada en la Sentencia T-151 de 2016,
lamentablemente podría aparejar una priorización injustificada frente a las
personas hacinadas en otras ciudades, la imposibilidad material de la
administración para cumplir la orden o, en el peor de los casos, el
agravamiento de la agobiante situación de sobrepoblación que ya padecen las
personas retenidas en cárceles y penitenciarias municipales, departamentales y
nacionales.
18.
Y aunque la orden consignada en el numerales 2.4 del fallo representa un camino
promisorio y necesario para la atención urgente de la población hacinada en
sitios de reclusión permanente y transitoria, la misma debió tomarse con una
perspectiva condicionada, abierta y dialógica, luego de estudiar las cargas y
responsabilidades que las Sentencias T-338 de 2013 y T-762 de 2015 le
impusieron al nivel central y al Distrito y, en particular, después de revisar
la competencia de la Sala Octava de Revisión en esta materia.
19.
Una perspectiva similar debió asumir la Sala al dictar la orden 2.8. dirigida a
la ampliación de la infraestructura carcelaria del Distrito. En ese caso,
además, pudo tener en cuenta que la ejecución de las órdenes de descongestión
carcelaria desarrolladas en el marco de cumplimiento de las Sentencias T-338 de
2013 y T-762 de 2015, podría tornar innecesaria la puesta en funcionamiento de
lugares adicionales de detención permanente con cargo a los recursos del
distrito. Esta orden, en suma, no se podía tomar al margen de la situación
carcelaria del país, ni de estudios técnicos que acreditaran su pertinencia.
20.
Ciertamente las penosas condiciones de reclusión que están soportando las
personas agenciadas por la Defensoría del Pueblo requiere una atención seria y
urgente que ataque el hacinamiento que por cuenta de la regla de equilibrio
decreciente y la pasividad de la administración terminó trasladándose de los
centros carcelarios y penitenciarios a los lugares de retención transitoria.
21.
Por esa razón era importante que el juez constitucional enfrentara las
restricciones presentes en la materia y, con esa panorámica, adoptara medidas
ejecutables en términos reales (efectivas) para la pronta protección ius
fundamental, en un diálogo abierto y reflexivo con los precedentes
judiciales y la administración. Como la Sala no lo hizo, salvo mi voto.
Las
razones de la aclaración de voto
22.
Aclaro el voto en relación con los numerales 2.5 y 2.11 de la parte resolutiva
de la decisión, por las razones que paso a exponer.
23.
El resuelve 2.5 ordena a la USPEC, al INPEC y a la Alcaldía Mayor de Bogotá que
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de esta sentencia
ponga a disposición de los internos privados de la libertad por más de treinta
y seis horas en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata un kit
de aseo, colchoneta, sábanas y cobija. También les ordena garantizar su
permanencia en instalaciones que cuenten con espacios adecuados para el
descanso nocturno y con una cantidad razonable de baterías sanitarias.
24.
El numeral 2.11, a su vez, le ordena a la USPEC que dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la comunicación del fallo adopte las medidas necesarias para
que suministre alimentos a los reclusos que permanezcan transitoriamente en las
unidades de reacción inmediata y estaciones de policía de Bogotá, sin
interrupción y observando los requerimientos nutricionales e higiénicos
pertinentes.
25.
De alguna manera estas órdenes parten del probable incumplimiento de los plazos
otorgados en las decisiones 2.2 y 2.3 de la parte resolutiva del fallo, pues
buscan garantizar los derechos de personas detenidas por más de treinta y seis
horas. Precisamente por esa razón acompaño las órdenes 2.5 y 2.11, toda vez que
se fundan en supuestos reales y se dirigen a atenuar la grave situación de
indignidad que están padeciendo las personas recluidas de manera permanente en
sitios de detención transitoria.
26.
Estas órdenes, en todo caso, no pueden entenderse como una autorización a la
administración para que continúe reteniendo a estas personas en sitios que no
están diseñados ni adecuados para estancias prolongadas. Los responsables
administrativos deberán adelantar las actuaciones pertinentes para que la
reclusión de personas por más de treinta y seis horas en estos lugares sea
realmente excepcional y asegurar condiciones dignas a todos los detenidos, no
solo a los que permanezcan en sus instalaciones por un término mayor al
dispuesto en la legislación preventiva.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1]
Folios 486 a 555
[2]
Cdo. 2ª. Instancia folios 1 a 4
[3]
ARTICULO  28. Toda persona es libre. Nadie puede ser
molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni
detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo
previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del
juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste
adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por
deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
ARTICULO   30.  Quien estuviere privado de su
libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier
autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas
Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.
ARTICULO  32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser
aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la
autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán
penetrar en él, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio
ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.
ARTICULO  250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar
el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por
medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando
medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible
existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni
renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para
la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la
política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad
por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se
exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo y en relación con el mismo servicio.
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación,
deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de
garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados
al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad,
en especial, de las víctimas.
(...) La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación
para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites
y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la
función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta
y seis (36) horas siguientes. (...)”
[4]
Ley 599 de 2000, artículo 4.
[5]En
la sentencia T-719-99, dijo la Corte: “La pena no tiene un sentido de
retaliación social o de venganza, ni puede ser aplicada con saña ni con
desprecio hacia el ser humano que purga sus faltas anteriores. Ella tiene un
carácter resocializador que debe aplicarse de modo civilizado, conforme al
Derecho, sin que el Estado -que tiene la función de administrar justicia- abuse
de sus atribuciones ni se iguale al delincuente.”. Sobre la relación especial de
sujeción, entre otras, las sentencias T-849 de 2013, T-013-16, T-1145-05
[6]
En la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de febrero
de 2007 Asunto del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel
de Uribana) señaló que “el Estado se encuentra en
una posición especial de garante con respecto a las personas privadas de
libertad en centros penitenciarios o de detención, en razón de que las
autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas. Además, “[u]na
de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de
garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida y a la
integridad personal de las personas privadas de libertad, es la de [procurar] a
éstas las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen
en los centros de detención”7 .
[7]
Ley 599 de 2000 “Artículo 1. Dignidad Humana. El derecho penal tendrá como
fundamento el respeto a la dignidad humana.”
[8]
Sentencia T-848 de 2005. Corte Constitucional.
[9]
Así se consideró en la sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa)
en la que se indicó: “Esta regla fundamental consta
expresamente en el artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, según el cual ‘toda persona privada de libertad será tratada huma­na­mente
y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’. De allí ha
deducido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –intérprete
autorizado del Pacto- una serie de consecuencias de gran importancia,
contenidas en la Observación General No. 21 sobre personas el trato humano de
las privadas de la libertad, a saber: (i) todas las personas privadas de la
libertad deberán ser tratadas en forma humana y digna, independientemente del
tipo de detención al cual estén sujetas, del tipo de institución en la cual
estén recluidas; (ii) los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud
del artículo 10-1 del Pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a
las personas privadas de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus
derechos que las legíti­mamente derivadas de la medida de detención correspondiente;
y (iii) por tratarse de una ‘norma fundamental de aplicación universal’, la
obligación de tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar
sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de recursos materiales, ni a
distinciones de ningún tipo.”  La sentencia también hace referencia al artículo
5-2 de la Conven­ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969) [de
conformidad con el cual “...toda persona privada de libertad será tratada con
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”] y al caso Knights
y otros contra Jamaica de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
[10]
Las normas internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema universal
de protección, como el sistema interamericano de protección, consagran la
dignidad de toda persona privada de la libertad como uno de los de Derechos
Humanos (CADH, 1969) ya citado, y el numeral 1 del artículo 10° del Pacto
Interna­cional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP, 1966)  prescribe una
regla similar, a saber, que “[t]oda persona privada de libertad será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.
[11]
Ver sentencia T-702 de 2001; MP Marco Gerardo Monroy Cabra (En esta ocasión, la
Sala Sexta de Revisión consideró que las requisas de los reclusos obligándolos
a desnudarse y a mostrar sus partes íntimas vulneraba el derecho a la dignidad
humana y por tanto debía ser suprimida y llevada a cabo bajo condiciones de
respeto de la dignidad humana manifestada en la intimidad del recluso.)
[12]
Ver sentencia T-153 de 1998; MP Eduardo Cifuentes Muñoz  (En esta sentencia se
declaró un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la situación carcelaria
colombiana  caracterizada, entre otras, por el alto grado de hacinamiento).
[13]
Corte Constitucional, sentencia T-269 de 2002 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra). En esta ocasión la Corte decidió reiterar que no es
razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad
humana de la persona al manipular sus partes íntimas, existiendo otros
mecanismos para garantizar la seguridad.
[14]
Corte Constitucional, Sentencia T-1145 de 2005, criterio reiterado en otras
decisiones como la T-361 de 2015, T-077 de 2015, T-111 de 2015.
[15]
“habiendo
sido prohibida en el sistema colombiano la pena de muerte (art. 11 C.P.) y
estando proscrita toda clase de castigos que impliquen tortura, tratos crueles,
inhumanos o degradantes (art. 12 C.P.), los derechos a la vida, a la
integridad personal y a la salud, en conexión con aquéllos, permanecen
intactos. Es decir, no pueden resultar afectados ni en mínima parte durante el
tiempo necesario para el pago de la pena impuesta o a lo largo del período de
detención cautelar. De ello se hace responsable el Estado desde el momento
mismo de la captura o entrega del detenido o condenado y hasta el instante en
que readquiera su libertad.” Corte Constitucional, sentencia T-535-98
[16]
Ley 1709 de 2014, artículo 7, que modificó el artículo 15 de
la Ley 65 de 1993.
[17]
En este sentido el artículo 4 de la Ley 1709 de
2014, que modificó el artículo 5 de la Ley 65 de 1993, prevé que: “En los
establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a
las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente
reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.
Las restricciones impuestas
a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio
de necesidad y deben ser propor­cionales a los objetivos legítimos para los que
se han impuesto.
Lo carencia de recursos no podrá justificar que las
condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad.”
[18] Artículo  38. De los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Los jueces de
ejecución de penas y medidas de seguridad conocen:
1. De las decisiones necesarias para que
las sentencias ejecutoriadas que impongan sanciones penales se cumplan.
(…)
4. De lo relacionado con la rebaja de la
pena y redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza.
5. De la aprobación previa de las
propuestas que formulen las autoridades penitenciarias o de las solicitudes de
reconocimiento de beneficios administrativos que supongan una modificación en
las condiciones de cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de
privación efectiva de libertad.
6. De la verificación del lugar y
condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad.
Asimismo, del control para exigir los correctivos o imponerlos si se
desatienden, y la forma como se cumplen las medidas de seguridad impuestas a
los inimputables.
En ejercicio de esta función, participarán
con los gerentes o directores de los centros de rehabilitación en todo lo
concerniente a los condenados inimputables y ordenará la modificación o
cesación de las respectivas medidas, de acuerdo con los informes suministrados
por los equipos terapéuticos responsables del cuidado, tratamiento y
rehabilitación de estas personas. Si lo estima conveniente podrá ordenar las
verificaciones de rigor acudiendo a colaboraciones oficiales o privadas.
[19]
Mediante el artículo 5 de la Ley 1709 de 2014.
[20]
También en el artículo 5 de la Declaración Universal, el
artículo 7 del PIDCP, el Principio 6 del Conjunto de Principios, el artículo
5.2. de la Convención Americana de Derechos Humanos.
[21] Cfr. Observación
General No. 21, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos
Humanos, Artículo 10 - Trato humano de las personas privadas de libertad, 44º
período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 176 (1992); y Comité de Derechos Humanos caso de Albert W. Mukong, contra Camerún.
[22]
Adoptado por la Asamblea General en
su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988. Principio 6.
[23]
Adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento de Delincuente, celebrado en 1995.
[24]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-077 de 2013.
[25]
Estas reglas han sido un constante referente en las decisiones de esta
Corporación, así como en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
[26]
La Sección C de las Reglas mínimas, se ocupa de las
condiciones particulares para esta población reclusa.
[27]
En Fongum Gorji-Dinka v. Camerún, el Comité de derechos Humanos sostuvo que se
violaba el artículo 10.2. a del PIDCP porque, a pesar de que el señor Fongum no
tenía una condena en su contra, fue detenido en la misma celda con veinte
personas condenadas por homicidio. En el caso Colombiano, al declarar el estado
de cosas inconstitucional en la sentencia T-153 de 1998, la Corte ordenó la
separación de los sindicados y condenados, en un plazo no mayor de 4 años.
[28]
Regla 19
[29]
Regla 21
[30]
Regla 16
[31] En el caso Pacheco Teruel y otros Vs Honduras, la
Corte indicó que:
“de conformidad con los artículos 5.1 y 5.2
de la Convención,  toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir
en condiciones de  detención compatibles con su dignidad personal. Además,
el Estado debe garantizar  el derecho a la vida y a la integridad personal
de los privados de libertad, en  razón de que éste se encuentra en
posición especial de garante con respecto a  dichas personas, porque las
autoridades penitenciarias ejercen un control total  sobre éstas.
(…)
67. Este Tribunal ha  incorporado en
su jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones
carcelarias y deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor
de las  personas privadas de libertad. En particular, como ha sido
establecido por esta  Corte:
a) el hacinamiento constituye  en sí
mismo una violación a la integridad personal; asimismo, obstaculiza el
normal desempeño de las funciones esenciales en los centros
penitenciarios;
b) la separación por categorías  deberá
realizarse entre procesados y condenados y entre los menores de edad de
los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban el
tratamiento adecuado a su condición;
c) todo privado de libertad  tendrá
acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal;
la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del
Estado  a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran
bajo su  custodia;
d) la alimentación que se  brinde, en
los centros penitenciarios, debe ser de buena calidad y debe aportar  un
valor nutritivo suficiente;
e) la atención médica debe ser
proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea
necesario  y a cargo del personal médico calificado cuando este sea necesario;
(…)
h) todas las celdas deben  contar con
suficiente luz natural o artificial, ventilación y adecuadas  condiciones
de higiene;
i) los servicios sanitarios  deben
contar con condiciones de higiene y privacidad;
j) los Estados no pueden alegar  dificultades
económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan  con
los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la
dignidad inherente del ser humano,”
[32]
Comunicación No. 265/1987: Finland. 02/05/89. General CCPR/C/35/D/265/1987 2 de
mayo de 1989, párr. 9.2
[33]
“La Sala advierte que el acceso de los internos a los servicios médicos
prescritos o autorizados y a una alimentación adecuada son un componente del
derecho a la salud, el cual a su vez, como ya se indicó, hace parte
de las garantías que, en la relación especial de sujeción, no se ven
restringidas, limitadas o suspendidas en el ejercicio del poder punitivo,
motivo por el cual, hacer efectivo dicho acceso se convierte en una obligación
del Estado, pues son prestaciones dirigidas a satisfacer necesidades básicas e
imprescindibles para asegurar la integridad de la vida y el bienestar en la
salud del interno” Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2015.
[34]
Cfr. Corte Constitucional Sentencias T-714-96, T- 535-98,
T-077-13, T-388-13, T-391-15
[35]
“ 87. Dentro de los límites
compatibles con un buen orden del establecimiento, los acusados podrán, si lo
desean, alimentarse por su propia cuenta procurándose alimentos del exterior
por conducto de la administración, de su familia o de sus amigos. En caso
contrario, la administración suministrará la alimentación”.
[36]
Observada por las Defensorías Públicas de acuerdo a sus respectivas realidades
legislativas, como cuerpo doctrinal guía en la actuación adelantada en virtud
del artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
[37]
Igualmente precisa que “Los alimentos estarán libres
de sustancias nocivas cuando se manejen de forma tal que se protejan contra la
contaminación causada por adulteración, mala higiene ambiental o manipulación
incorrecta durante cualquiera de las etapas propias de la cadena alimentaria.
La alimentación responderá a las tradiciones culturales cuando, en la medida de
lo posible, tome en cuenta valores que no están estrictamente relacionados con
el aspecto nutricional de los comestibles pero sí con las costumbre de la
persona.”
[38]
Cfr .Corte Constitucional Sentencias T-718-99, T-208-09
[39]
En el mismo sentido en la sentencia T-274 de 2009 dijo la
Corte: “La salud no
ha de ser comprendida de manera exclusiva como la facultad de goce de un
determinado conjunto de condiciones biológicas que permita la existencia
humana, pues esta garantía “abarca una amplia gama de factores socioeconómicos
que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar
una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes
básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda,
el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas,
condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano”
[40]
Sentencia T-762 de 2015
[41]
Artículo  48. Modifícase el artículo 67 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará
así:
Artículo 67.
Provisión de alimentos y elementos. La Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec) tendrá a su cargo la alimentación de las personas privadas
de la libertad.
Cuando resulte necesario y únicamente por razones de salud, el
médico podrá establecer la modificación del régimen alimentario de las personas
privadas de la libertad o podrá autorizar que estas se provean su propia
alimentación desde el exterior del establecimiento penitenciaria siempre y
cuando se cumpla con las condiciones de seguridad e higiene del mismo. En los
demás casos solo podrá ser autorizado por el Consejo de Disciplina. Se tendrán
en cuenta, en todo caso, las convicciones religiosas de la persona privada de
la libertad.
Bajo ninguna
circunstancia las personas privadas de la libertad podrán contratar la
preparación de alimentos al interior de los centros de reclusión. Está
prohibida la suspensión o limitación de la alimentación como medida
disciplinaria.
[42]
Artículo  49. Modifícase el artículo 68 de
la Ley 65 de 1993, el cual quedará así:
Artículo 68.
Políticas y planes de provisión alimentaria. La Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec) fijará las políticas y planes de provisión alimentaria que
podrá ser por administración directa o por contratos con particulares. Los
alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y
balanceada nutrición de las personas privadas de la libertad. La alimentación
será suministrada en buenas condiciones de higiene y presentación. Los internos
comerán sentados en mesas decentemente dispuestas.
En
la manipulación de los alimentos se deberá observar una correcta higiene. Los
equipos de personas encargadas del mantenimiento de las cocinas de los
establecimientos penitenciarios deberán conservarlas limpias y desinfectadas
evitando guardar residuos de comida y dándoles un uso correcto a los
utensilios, de conformidad con el manual que para tal efecto expida la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec)
[43]
Corte Constitucional, Sentencia T-825-10
[44]
“m) La población reclusa del país se afiliará al
Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Gobierno Nacional determinará
los mecanismos que permitan la operatividad para que esta población reciba
adecuadamente sus servicios.”
[45]
que modificó el artículo 14 de la Ley 65 de 1993
[46]
Artículo 4°. Objeto. La Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios - SPC, tiene como objeto gestionar y operar el suministro de bienes
y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo
logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC.
[47]
Artículo 1o. Objeto. El Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario, INPEC, tiene como objeto ejercer la vigilancia, custodia, atención
y tratamiento de las personas privadas de la libertad; la vigilancia y
seguimiento del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del
trabajo social no remunerado, impuestas como consecuencia de una decisión
judicial, de conformidad con las políticas establecidas por el Gobierno
Nacional y el ordenamiento jurídico, en el marco de la promoción, respeto y
protección de los derechos humanos.
[48]
Modificado por el artículo 58 de la Ley 1453 de 2011.
[49]
Que modificó el artículo 20 de la ley 65 de 1993
[50]
Artículo 21 de la Ley 65 de 1993, modificada por el artículo 12 de la Ley 1709
[51]
“La persona detenida
preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las
treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley”.
[52]
Artículo 34 de la Ley 1709 de 2014: “Artículo 30B. Traslados de las personas privadas de la
libertad.
Salvo lo consagrado en el artículo anterior, la persona privada de la libertad
que dentro de una actuación procesal sea citada ante autoridad competente, o
que por su estado de salud deba ser llevada a un hospital o clínica, será
remitida por el personal del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), garantizando sus derechos a la
vida e integridad personal y a la dignidad humana previa solicitud de la
autoridad competente.
Previa
solicitud de la autoridad penitenciaria y carcelaria, la Policía Nacional podrá
prestar el apoyo necesario para la realización de estos traslados en los casos
excepcionales y cuando las condiciones de seguridad del recorrido o la
peligrosidad del trasladado así lo ameriten según evaluación que realizará la
Policía Nacional.”
[53]
Artículo 7.1
[54]
El 30 de diciembre de 2015, conforme a los Decretos 2245 y
2519 de 2015, la USPEC  suscribió el contrato Nº59940-001-2015 con el Consorcio
de Fondo de Atención en Salud PPL 2015, para “la
prestación integral de los servicios de salud, para la población privada de la
libertad a cargo del Instituto Nacional penitenciario y Carcelario – INPEC, con
cargo a los recursos del Fondo Nacional de Salud para la población privada de
la libertad” de manera transitoria.
[55]
Sentencia T-391 de 2015
[56]
Una situación semejante fue estudiada por la Corte en el año
2000, en la sentencia T-847 de 2000
[57]
Artículo 28A  de la Ley 65 de1993
[58]
Cabe resaltar que la detención preventiva se puede sustituir por detención en
el lugar de residencia para madres cabeza de familia, por  razones de salud, o
porque cuando para el cumplimiento
de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la
reclusión en el lugar de residencia.
[59]
Sentencia T-8Sentencia T-847 de 2000
[60]
En la Sentencia T-388 de 2013 la Corte Constitucional estableció la regla
de equilibrio decreciente aplicable para el ingreso de internos a los
establecimientos de carcelarios y penitenciarios, en virtud de la cual, se
permite el ingreso de personas al establecimiento penitenciario y/o carcelario
siempre que no se aumente el nivel de ocupación y se atienda al deber de
disminuir contantemente el nivel de hacinamiento. Es decir; sólo se podrá
autorizar el ingreso de personas al centro de reclusión si y sólo si (i) el
número de personas que ingresan es igual o menor al número de personas que
salgan del establecimiento de reclusión, durante la semana anterior, por la
razón que sea, y (ii) el número de personas del establecimiento ha
ido disminuyendo constantemente, de acuerdo con las expectativas y las
proyecciones esperadas.
[61]
Con base en el artículo 28A de la Ley 65 de 1993.
[62]
En sentencia T-611 de 2014, dijo la Corte
Constitucional: “La introducción del artículo 32 implicó no solo la
desaparición de la figura de “participantes vinculados” del artículo 157 de la
Ley 100 de 1993, sino que además, generó una mayor carga en las entidades
territoriales, ya que es en estas últimas, en quienes recae el deber de asumir
de manera activa la obligación de garantizar un verdadero acceso al servicio de
salud a toda aquella población pobre no asegurada, que no tiene acceso al
régimen contributivo, máxime cuando se ha establecido el carácter de
fundamentalidad del derecho a la salud”.
[63]
Artículo 32 establece que: “Cuando una persona requiera
atención en salud y no esté afiliado, se procederá de la siguiente forma:
32.1 Si tiene capacidad de pago cancelará el servicio y se le
establecerá contacto con la Entidad Promotora de Salud del régimen contributivo
de su preferencia.
32.2 Si la persona manifiesta no tener capacidad de pago, esta
será atendida obligatoriamente. La afiliación inicial se hará a la Entidad
Promotora de Salud del Régimen Subsidiado mediante el mecanismo simplificado
que se desarrolle para tal fin. Realizada
la afiliación, la Entidad Promotora de Salud, verificará en un plazo no mayor a
ocho (8) días hábiles si la persona es elegible para el subsidio en salud. De
no serlo, se cancelará la afiliación y la Entidad Promotora de Salud procederá
a realizar el cobro de los servicios prestados. Se podrá reactivar la afiliación al
Régimen Subsidiado cuando se acredite las condiciones que dan derecho al
subsidio. En todo caso el pago de los servicios de salud prestados será
cancelado por la Entidad Promotora de Salud si efectivamente se afilió a ella;
si no se afilió se pagarán con recursos de oferta a la institución prestadora
de los servicios de salud, de conformidad con la normatividad general vigente
para el pago de los servicios de salud.
Si no tuviera documento de identidad, se tomará el registro
dactilar y los datos de identificación, siguiendo el procedimiento establecido
por el Ministerio de la Protección Social en coordinación con la Registraduría
Nacional del Estado Civil para el trámite de la afiliación”.
[64]
La Ley 906 de 2004 en el artículo 2, modificado
por el artículo 1 de la Ley 1142, dispone que “En todos los casos se solicitará el control de legalidad de
la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las
treinta y seis (36) horas siguientes” este inciso fue
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-163 de 2008, en el entendido que “dentro del
término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la
norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por
parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente.”.
Y, en el mismo sentido, el artículo 297,
inciso 2º, dispone que  “Capturada
la persona será puesta a disposición de un juez de control de garantías en el
plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de
control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y
disponga lo pertinente con relación al aprehendido”.
En el mismo sentido, el parágrafo del artículo 298, establece que:
“La persona
capturada durante la etapa de juzgamiento será puesta a disposición de un juez
de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para
que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de la
orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.”,
mismo término previsto para los
eventos en que la captura es realizada en flagrancia, en el artículo 302, según
el cual “La Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el
informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la
aprehensión, o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia
física aportados, presentará al aprehendido, inmediatamente o a más tardar
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de control de
garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la legalidad
de la aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, de la defensa y del
Ministerio Público”.
[65]
Cfr. Decreto 5159 de 2015.
[66]
En la sentencia T- 762 de 2015, dijo la Corte: “El
efecto práctico de las medidas de cierre o de condicionamiento de la entrada de
personas a un centro carcelario ha sido la congestión de los centros de paso de
las personas privadas de la libertad como las Unidades de Reacción Inmediata
URI’s, los calabozos de las estaciones de policía o incluso los parqueaderos de
algunos de los Palacios de Justicia en el territorio nacional.” Y
más adelante indicó: “en este momento de la situación carcelaria se
encuentra acreditado que el carácter estructural-general de los problemas y de
las medidas necesarias para conjurarlos, implica que la liberación de cupos
carcelarios en unos establecimientos, o la prohibición de recibir nuevos
internos,  repercute negativamente en otros aledaños. En la actualidad,
esta es una estrategia ineficaz, que se orienta simplemente al traslado de la
sobrepoblación, sin solucionar de fondo el problema. Tales medidas, que
restringen el ingreso de personas privadas de la libertad,  no pueden ser
actualmente avaladas por esta Corporación, en la medida en que constituyen
soluciones parciales que frenan el hacinamiento en unas cárceles, en detrimento
de otras y de los derechos fundamentales de los reclusos que se encuentren en
ellas.Por lo anterior, no obstante la confirmación de algunas de las decisiones
de instancia en los expedientes objeto de estudio, tal confirmación no podrá
entenderse, de ninguna manera, sobre aquellas órdenes orientadas a cerrar
centros carcelarios, impedir el ingreso de reclusos y a trasladar internos
hacia cárceles con menos tasas de sobrepoblación. El decrecimiento de las tasas
de sobrepoblación deberá ser el resultado de la armonización de las etapas de
la política criminal.”
[67]  “Artículo 51. El Juez de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad garantizará la legalidad de la ejecución de las
sanciones penales. En los establecimientos donde no existan permanentemente
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad estos deberán realizar al
menos dos visitas semanales a los establecimientos de reclusión que le sean asignados.
El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, además de las funciones
contempladas en el Código de Procedimiento Penal, tendrá las siguientes:
1.
Verificar las condiciones del lugar o del establecimiento de reclusión donde
deba ubicarse la persona condenada, repatriada o trasladada.”
[68]
Artículo 304 de la Ley 906 de 2004.
[69]
Consignado en el artículo 1 de la Constitución Política y
replicado en el artículo 5 de la Ley 65 de 1993.