T-862-00
Sentencia T-862/00
Sentencia
T-862/00
DERECHO AL PAGO
OPORTUNO DEL SALARIO-Fundamental/EMPLEADOR-Situación
económica o presupuestal no es óbice para desconocer pago de salarios
REMUNERACION
MINIMA VITAL Y MOVIL-Alcance
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL TRABAJADOR-Pago
oportuno de salarios
Referencia:
expedientes T-300.679, T-300.680 y T-301.337 (acumulados)
Peticionarios:
Fabiola Molina Rosado y Otros
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
once (11) de julio de dos mil (2000)
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido Sentencia en las acciones de tutela
interpuestas, en forma independiente, por Fabiola Molina Rosado, Debbie Howard
Howard y Noris Socorro Watson Evans contra el Hospital Timothy Britton de San
Andrés Isla.
I. ANTECEDENTES
1. HECHOS
1.1. Expediente T-300.679
Fabiola
Molina Rosado interpone acción de tutela en contra del Gerente del Hospital Timothy Britton de San Andrés Isla, por
cuanto no recibe el pago de sus salarios
desde agosto de 1999, las primas de navidad y de vacaciones del mismo año.
Afirma
la accionante que atraviesa por una situación económica muy difícil, ya que “se
han agotado todas las reservas que disponía y colocándome en un estado de
pauperización y de hambre, pues del (sic) dinero que devengo con mi trabajo
sustento mis necesidades básicas de alimento, vestido, vivienda, cancelo los
servicios domiciliarios”. Así mismo, la accionante informa que “para la
alimentación me ha tocado hacer créditos, fiar comida, a veces con lo que pueda
conseguir mi esposo nos ayudamos, él es médico ortopedista y a penas está
organizando el consultorio para trabajar, a veces le llegan consultas pero no
alcanza para todo, los colegios de mis hijos no los he pagado”.
Finalmente,
la accionante allega certificación del Banco Popular en donde consta que tiene
una obligación con libranza, la cual tiene 14 meses de mora. En este sentido,
el empleador certifica que las cuotas correspondientes a libranzas bancarias se
descuentan directamente de los salarios de los trabajadores y que “sólo está
pago en los bancos hasta el mes de enero de 1999”.
1.2. Expediente T-300.680
Debbie
Howard Howard presentó acción de tutela contra el Gerente del Hospital Timothy Britton de San Andrés Isla. La accionante labora actualmente como auxiliar
de enfermería en el centro accionado, pero no ha recibido el pago de sus
salarios correspondientes a los meses comprendidos entre agosto de 1999 a enero
de 2000. Igualmente, no le han pagado las primas de vacaciones y de navidad de
1999.
La
actora manifiesta que requiere su salario para solventar sus necesidades
básicas de alimentación, vestido y educación de sus hijos. Informa que “con el
Fondo Nacional del Ahorro compre una casa y tengo una tienda ahí, pero la
tienda sólo produce para comer y cuando el hospital me pagaba tenía que pagar
las necesidades más urgentes, actualmente estoy debiendo la luz y el teléfono
me lo cortaron… para la educación de mis hijas un amigo de mi esposo nos prestó
la plata para pagar la matrícula de una de ellas, y para el estudio de las
otras dos me tocó hablar en el colegio para que me den un plazo…”
1.3. Expediente T-301.337
La
señora Noris Socorro Watson Evans presentó acción de tutela contra el Gerente
del Hospital Timothy Britton
de San Andrés Isla. La actora afirma que
labora en la entidad accionada, pero que, a la fecha de presentación de la
tutela (31 de enero de 2000), no ha recibido el pago de sus salarios
correspondientes a los meses de agosto de 1999 a enero de 2000, primas de
navidad y vacaciones de 1999.
La
accionante manifiesta que necesita el pago de sus salarios para proveer lo
indispensable para su subsistencia, pues le “ha tocado prestar plata, la comida
la saco fiada en una proveedora, mi esposo se quedó sin trabajo hace un mes y
no le han cancelado nada, mi hijo de crianza me está ayudando, porque él
trabaja en la Gobernación y ya la pagaron, con lo que me dio pague la luz y el
agua y me alcanzó para hacer un mercadito, hice un préstamo para la casa y no
lo he podido pagar, cuento con vivienda propia y no tengo más bienes”. La
actora allega constancia de Bancolombia, en donde se informa que ella posee
tarjeta de crédito y “presenta un saldo vencido de 1.092.174”. Así mismo, la
accionante anexó certificación del Fondo Nacional del Ahorro, en donde consta
que el crédito a nombre de la actora debe cancelar la suma de $268.950 para
“dejar al día la obligación”.
2. SOLICITUDES
Las
actoras consideran que la omisión de pago del empleador vulnera su mínimo vital
y sus derechos fundamentales al trabajo y seguridad social. Por ello, solicitan
que la entidad accionada efectúe los pagos adeudados de los salarios, de las
primas de vacaciones y de navidad y recargos por horas nocturnas y festivos.
3. INTERVENCIÓN DEL ACCIONADO
3.1.
Durante el trámite de instancia, el gerente (e) del hospital accionado
intervino en las acciones de tutela objeto de revisión. Los argumentos
centrales de la intervención se resumen a continuación:
-
El incumplimiento en el pago de las acreencias laborales de los trabajadores
del hospital no se trata “simple y llanamente de una omisión, ya que esta
entidad está atravesando una muy difícil situación financiera que la ha llevado
hasta este estado de postración que sin lugar a dudas se está tornando en
insostenible”.
-
Pese al incumplimiento del pago de salarios, la entidad ha suministrado las
drogas y el servicio médico que los trabajadores han requerido, por lo que el
derecho a la salud de los mismos está garantizado.
-
El hospital atraviesa por un problema estructural muy grave que se traduce en
una “paupérrima situación”, por lo que no es fácil recaudar el valor mensual de
la nómina ($300.000.000). De igual manera, el accionado informa que, aún en
aquellas épocas en las que la entidad tiene liquidez no puede destinar todos
los recursos al pago de la nómina, por cuanto el hospital debe comprar insumos
indispensables para la prestación de los servicios, tales como el material
quirúrgico, productos farmaceúticos y suministro de materiales. De ahí pues
que, agrega la entidad accionada, “en el caso de que el hospital destinara
estrictamente cada peso que le ingresa para atender única y exclusivamente el
pago de la nómina nos podría poner en una situación absolutamente insostenible,
porque, entonces: cómo se podrían adquirir los insumos que son absolutamente
indispensables para vender servicios???? Y si no se venden servicios de dónde
obtendría el hospital los recursos financieros para pagar la nómina ????” (negrillas
originales).
-
Finalmente, el accionante sostiene que en la tarea de “administrar la pobreza”,
el conflicto que surge entre los derechos de los trabajadores y el derecho a la
salud de todos los habitantes del archipiélago, debe resolverse en favor del
segundo.
3.2.
El Jefe de Recursos Humanos de la entidad accionada también intervino en los
asuntos de la referencia e informó que a las actoras se les adeuda los salarios
desde agosto de 1999 a enero de 2000. Así mismo, la accionada no ha efectuado
los aportes al régimen de salud, pensión y riesgos profesionales.
II. SENTENCIAS
OBJETO DE REVISIÓN
El conocimiento de
las acciones de tutela correspondió al Tribunal Superior de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, quien mediante sentencias del 9 y 11 de febrero
de 2000, negó las pretensiones de las tutelas. Según su criterio, la
controversia que aquí se suscita debe discutirse en la jurisdicción ordinaria,
pues existe otro medio de defensa judicial que excluye la acción de tutela.
Así mismo, el A
quo consideró que no existe vulneración del mínimo vital de las actoras,
por lo que no procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. En efecto, en el caso de la señora Molina Rosado dijo
que conocida la situación de la actora “no puede admitirse que sea de
´pauperización´ como ella lo ha sostenido porque cuenta con vivienda propia, su
esposo en el ejercicio de su profesión (médico) devenga un ingreso que así no
sea gran cantidad, puede atender así sea medianamente la subsistencia de la
familia”.
En relación con la
señora Howard Howard el Tribunal afirmó que tampoco se encuentra afectado su
mínimo vital, como quiera que “conocida la situación actual de la demandante no
puede admitirse que sea de ´hambre´ como ella lo ha afirmado porque, tiene una
tienda que le genera ingresos con los que suple la alimentación, no pudiéndose
por lo tanto sostener que este afectado su mínimo vital”
En cuanto a la
señora Watson Evans el juez constitucional tampoco consideró que se vulneró su
mínimo vital, pues “conocida la situación actual de la demandante no puede
admitirse que sea de ´pauperización´ como ella la ha calificado porque además
de tener vivienda propia, su hijo le colabora y puede así suplir sus
necesidades básicas, esta apreciación la respalda el hecho de que hayan
transcurrido más de seis meses desde cuando se le dejó de pagar el salario
hasta la fecha de presentación de la demanda…”
Finalmente, el A
quo manifestó que las actoras no probaron la violación del derecho a la
seguridad social en salud en conexidad con la vida, como quiera que los servicios
médicos se están prestando.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Las actoras
interponen acción de tutela para exigir el pago de salarios y prestaciones que
adeuda el empleador, correspondientes a seis meses de trabajo. El juez de
instancia niega las acciones de tutela, puesto que considera que las
pretensiones deben discutirse en la jurisdicción ordinaria. Así mismo, opina
que no existe vulneración del mínimo vital de las actoras que autorice la
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Por
consiguiente, la Sala deberá reiterar su jurisprudencia en relación con la procedencia
excepcional de la acción de tutela para el pago de salarios.
Tutela, pago de
salarios y mínimo vital
2. En múltiples
decisiones, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de los trabajadores al pago oportuno de
los salarios es una garantía constitucional (art. 53) y un derecho fundamental
que emana del derecho al trabajo, pues no sólo es una forma de concretarlo sino
que es una consecuencia inmediata e ineludible de la relación laboral. Por lo
tanto, el concepto de salario que protege la Constitución no sólo se refiere a
la remuneración fija mensual del trabajador sino que lo integran “todas las
sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador,
sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o
las partes contratantes”[1].
Ahora
bien, en razón a la especial protección que la Carta otorga al trabajo, la
difícil situación económica por la que atraviesa el empleador público o privado,
no lo autoriza para incumplir el deber legal y constitucional de pagar
oportunamente los salarios de los trabajadores. Por consiguiente, las razones
de índole fiscal no son válidas para desconocer el pago del salario de quien
tiene derecho a ser retribuido por su esfuerzo.
En
este contexto, la vía judicial idónea para proteger el derecho fundamental al
pago oportuno del salario es la jurisdicción laboral. No obstante, de manera
excepcional, este derecho puede protegerse por medio de la acción de tutela
cuando el incumplimiento en el pago de los salarios ponga en peligro “el
derecho fundamental a la subsistencia”[2]. Dicho de otro modo, la acción de tutela
procede sólo para proteger el mínimo vital del accionante, esto es, “para
evitar que el trabajador sufra una situación crítica económica y psicológica”[3].
Aquí, obviamente surge una pregunta: ¿qué debe entenderse por mínimo vital?
3. El concepto de
mínimo vital ha ocupado la atención de la Corte Constitucional en múltiples
oportunidades. En efecto, la sentencia T-011 de 1998, lo definió como aquellos “requerimientos básicos indispensables para
asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en
lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, educación,
vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles
para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su modestia,
corresponda a las exigencias más elementales del ser humano”[4]. Luego, la sentencia
SU-225 de 1999[5]
dijo que el mínimo vital es una “institución de justicia elemental que se
impone aplicar, como repetidamente lo ha hecho la Corte Constitucional, en
situaciones humanas límites producidas por la extrema pobreza y la indigencia
cuando quiera que frente a las necesidades más elementales y primarias, el
Estado y la sociedad no responden de manera congruente y dejan de notificarse
de las afectaciones más extremas de la dignidad humana”.
Posteriormente,
en reciente sentencia de unificación de jurisprudencia, la Corte Constitucional
sostuvo que el mínimo vital se identifica con el “mínimo de condiciones decorosas
de vida” del trabajador. Por consiguiente, este concepto no significa que deba
realizarse una valoración cuantitativa del salario o de los gastos del empleado
sino que se refiere a una consideración cualitativa de los mismos, lo cual se
evalúa en cada caso concreto. De ahí pues, que el mínimo vital no
necesariamente coincide con el concepto de salario mínimo ni con el estrato que
ocupa el individuo ni con una “valoración numérica de las necesidades
biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la apreciación
material del valor de su trabajo, de las circunstancias propias de cada
individuo, y del respeto por sus particulares condiciones de vida”[6].
Por
estas razones, tal y como lo sostuvo la Sala Plena de la Corte en la decisión
que se reitera en esta oportunidad, el análisis de las condiciones concretas
del accionante deben encaminarse a establecer si el salario es la fuente
principal para satisfacer las necesidades personales y familiares del
trabajador, como quiera que no sólo se trata de “proteger el equilibrio y el
bienestar económico que se derivan de la prestación de servicios personales,
sino de garantizar la integridad del vínculo jurídico que surge entre las
partes, evitando que se abuse y se desconozcan derechos legítimamente
adquiridos y constitucionalmente garantizados, como realización parcial del
orden justo y la convivencia pacífica para todos los asociados”.
4.
Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala entra a analizar si la acción de
tutela procede para exigir que el empleador cumpla con su deber legal y
constitucional de pagar oportunamente los salarios de las accionantes, o si
como lo afirman las decisiones de instancia, la jurisdicción ordinaria es la
competente para conocer de las pretensiones objeto de estudio. Para ello, es
necesario averiguar si existe vulneración del mínimo vital de las trabajadoras.
5. En este sentido,
lo primero que llama la atención de la Sala es el concepto cuantitativo con el
que el A quo estudia el mínimo vital de las actoras, puesto que despacha
desfavorablemente la protección del mínimo vital que solicitan las actoras, a
partir de la propiedad de una vivienda (T-300.679 y T-300.680), o del apoyo
económico que “medianamente” brinda el esposo (T-300.679), o de la eventual
colaboración del hijo de crianza (T-301.337), o de la propiedad de una “tienda”
que genera ingresos “con los que suple la alimentación” (T-300.680) o del transcurso
del tiempo para impetrar la tutela (T-301.337).
Así pues, la
protección del mínimo vital del trabajador no se produce, como lo afirma el
juez de instancia, solamente en estados de “pauperización” o de “hambre”, pues
el carácter humanista del Estado Social de Derecho permite acudir a “criterios
más amplios y realistas”[7]
que dependen de la estructura socio
económica de los individuos. Así mismo, de la jurisprudencia de esta
Corporación se colige que la garantía constitucional a gozar de un mínimo vital
no puede limitarse a la existencia de recursos para la alimentación o al
eventual apoyo de terceros. Por consiguiente, se trata de proteger, con
carácter urgente, el conjunto de necesidades y aspiraciones del núcleo familiar
que dependen del salario del trabajador.
6.
En este contexto, en razón a que se presume que lo afirmado por las actoras es
cierto (art. 83 de la Carta), se analizará la situación concreta de las tutelas
objeto de estudio:
La
señora Molina Rosado expone que su salario es la fuente principal con que
dispone para cumplir sus necesidades básicas de “alimento, vestido, vivienda… [y]
servicios domiciliarios”. Aunque eventualmente cuenta con ayuda de su esposo,
el incumplimiento injustificado en el pago del salario arriesga el derecho a la
educación de sus hijas y la coloca al borde de la muerte comercial por el no
pago de sus obligaciones bancarias y comerciales. Lo anterior, le permite
deducir a la Sala que el mínimo vital de la accionante y de su familia se
encuentra vulnerado por la omisión del empleador que aquí se discute. De ahí
que la acción de tutela prospera para exigir el pago oportuno del salario de la
accionante.
En
el mismo sentido, la señora Debbie Howard sostiene que, pese a tener un
establecimiento comercial que le “produce para comer”, su salario es la fuente
básica para proveer el vestido, la educación de sus hijos y el pago de los
servicios domiciliarios. Frente al incumplimiento en el pago, la accionante
informa que los servicios de luz y teléfono fueron suspendidos y debe el
colegio de sus hijos. Por ende, la Sala también encuentra transgredido el
mínimo vital de la actora, por lo que debe concederse el amparo impetrado.
Por
su parte, la señora Watson Evans manifiesta que su esposo está sin empleo,
allega certificaciones bancarias donde consta créditos vencidos y asegura que,
pese a que su hijo de crianza le ayudó en una ocasión, su salario es su fuente
principal de subsistencia. Por lo tanto, la acción de tutela también prospera
para exigir el pago oportuno del salario de la accionante.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
el fallo proferido por el
Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 9
de febrero de 2000. En su lugar CONCEDER la acción de tutela
interpuesta por Fabiola Molina Rosado contra el Hospital Timothy Britton de San
Andrés Isla.
Segundo. REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal Superior
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
el 9 de febrero de 2000. En su lugar CONCEDER
la acción de tutela interpuesta por Debbie Howard Howard contra el Hospital
Timothy Britton de San Andrés Isla.
Tercero.- REVOCAR
el fallo proferido por el
Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 11
de febrero de 2000. En su lugar CONCEDER la acción de tutela
interpuesta por Noris Socorro Watson Evans contra el Hospital Timothy Britton
de San Andrés Isla.
Cuarto.- ORDENAR al Director del Hospital Timothy
Britton de San Andrés Isla, proceder a cancelar los salarios y las primas
atrasadas de las señoras Fabiola Molina Rosado, Debbie Howard Howard y Noris
Socorro Watson Evans -si todavía no lo hubiere hecho-, para lo cual realizará
las diligencias pertinentes, dentro de los dos meses siguientes a la
notificación del presente fallo.
Quinto.- LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[2] Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[3] Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[4]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.-
[5]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[6]
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[7]
Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria
Díaz.