SU484-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia SU.484/08
FUNDACION SAN JUAN DE DIOS-Historia
jurídica
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Procedencia
excepcional pago de acreencias laborales
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Características
DERECHO AL MINIMO VITAL-Pago oportuno de
acreencias laborales
JUEZ DE TUTELA-Derechos invocados/FALLO
DE TUTELA EXTRA PETITA/FALLO DE TUTELA ULTRA PETITA/ESTADO SOCIAL
DE DERECHO-Vigencia de derechos constitucionales
ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y JUEZ DE TUTELA
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Encargado de
velar por la garantía, permanencia, protección y reestablecimiento de la
dignidad humana y el derecho al mínimo vital
DERECHO AL TRABAJO-Valor y principio
orientador del Estado Social de Derecho
TRABAJO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Alcance
DERECHO AL TRABAJO-Triple naturaleza
constitucional, valor, derecho y obligación social
DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Alcance
EMPLEADOR-Falta de presupuesto o
insolvencia para pago oportuno de salarios no es razón suficiente
EMPLEADOR-Situación económica,
presupuestal o financiera de un empleados público a privado así no sea producto
de su negligencia o desidia no exime de protección a los derechos del
trabajador
En esta
línea, el desorden administrativo o los indebidos manejos de los recursos
públicos no son ni podrían ser óbice para impedir el pago puntual de los salarios
y prestaciones de los empleados que se encuentran al servicio de la
administración. Es más, el que la situación económica, presupuestal o
financiera de un empleador público o privado no sea producto de su negligencia
o desidia, tampoco lo exime de responder por la protección y respeto de los
derechos mínimos y fundamentales de sus empleados. La intencionalidad de quien
incurre en el desconocimiento de un derecho fundamental, no puede tenerse como
elemento relevante para definir la procedencia o improcedencia del amparo
impetrado. Si existe vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho
fundamental, así debe declararlo el juez, pues lo que se busca es la defensa de
estos derechos y no la definición de responsabilidades, pues ni es su objeto y
existen vías judiciales apropiadas para el efecto.
PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Concepto
PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA-Vulneración por desconocimiento unilateral de los términos de un
acuerdo o convención por alguna de las partes
Es claro que
el principio de la buena fe y todas las reglas en que aquella se manifiesta,
exige a las autoridades y a los particulares mantener una coherencia en sus
actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se ha obligado y una
garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita
esperar el cumplimiento de las normas propias del tráfico jurídico. En este
orden de ideas, el desconocimiento unilateral de los términos de un acuerdo o
convención por alguna de las partes, burla el principio de buena fe y el
respeto a los actos propios, lo cual, en ocasiones, se traduce en el
rompimiento del principio de la confianza legítima.
JURISPRUDENCIA DE TUTELA-Unificación
ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL-Factores
que lo determinan
CORTE CONSTITUCIONAL-Remedios para
conjurar la grave vulneración de derechos fundamentales de los ex empleados y
ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios
La constatación de una grave vulneración de derechos fundamentales
en la situación de los ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San Juan
de Dios. Con relación a puntos como el que es ahora estudiado por la Sala
Plena, ya han sido abundantes los casos en que, cuando se reconoce la
vulneración de los derechos constitucionales disponiéndose su protección, se
previene a las autoridades con el fin de que tomen las medidas pertinentes en
orden a procurar el cese de una grave vulneración de derechos fundamentales. Cuando
se verifica una conculcación repetida y persistente de derechos fundamentales,
que afectan a un grupo significativo de personas, y cuya solución requiere la
intervención de distintas entidades para atender problemas de orden
estructural, esta Corporación ha ordenado remedios que cobijen no sólo a quienes
acuden a la acción de tutela para lograr la protección de sus derechos, sino
también otras personas colocadas en la misma situación, pero que no han acudido
al estrado judicial. En últimas, en pronunciamientos similares, la Corte ha
dispuesto entre sus ordenaciones principales para conjurar la grave vulneración
de derechos fundamentales que: (i) se diseñen y pongan en marcha las políticas,
planes y programas que garanticen de manera adecuada los derechos fundamentales
(ii) se apropien los recursos necesarios para garantizar la efectividad de
tales derechos; (iii) se modifiquen las prácticas, las fallas de organización y de procedimiento que resultan
violatorias de la Constitución; (iv) se reforme el marco jurídico cuyas
falencias producen la grave vulneración de derechos fundamentales y (v) se
realicen los trámites administrativos, presupuestales y de contratación que
sean indispensables para superar la vulneración de los derechos fundamentales.
CORTE CONSTITUCIONAL-Requerimiento a fin
de establecer mecanismo idóneo para la ejecución de la partida presupuestal
para los hospitales San Juan de Dios y Materno Infantil
FUNDACION SAN JUAN DE DIOS-Declaraciones
y órdenes para la protección a la violación de derechos fundamentales al
trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social de los ex empleados
y ex trabajadores del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil
FUNDACION SAN JUAN DE DIOS-Efectos de la
Sentencia SU.484 de 2008
FUNDACION SAN JUAN DE DIOS-Responsabilidad
de la Nación del pago del pasivo prestacional por concepto de cesantías,
reservas para pensiones y pensiones de jubilación causadas hasta el fin de la
vigencia presupuestal de 1993
FUNDACION SAN JUAN DE DIOS-Plazos para
que la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Bogotá Distrito Capital,
el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca distribuyan
los porcentajes en que han de asumir las obligaciones señaladas en la presente
sentencia
Referencia: Expedientes T-1496291, T-1380697, T-1343865, T-1424416,
T-1416467, T-1380698, T-1418447, T-1432064, T-1424402, T-1405058, T-1412295,
T-1403991, T-1411498, T-1405059, T-1418459, T-1429040, T-1405934, T-1419456,
T-1407078, T-1496295, T-1424407, T-1485792 y T-1418464.
Acciones
de tutela interpuesta por: María Eva Cubides Villarraga, José Joaquín Castro,
Yolanda Rodríguez Tole, Blanca Flor Villarraga Sanabria, Yaneth Parra Rico,
Blanca del Rocío Fuquen Jiménez, Miguel Eduardo Tavera Rojas, María del Carmen
Tequia Marentes, Esperanza Naranjo Ramírez, Hugo Alfredo Coy León, Edid
González Oliveros, Wilmer Cuervo Pineda, Pedro Antonio Díaz Lara, María Omaira
Carabalí Aponza, Yamile Portilla Vidal, Olga Beatriz Leal Cuervo, María
Inocencia Parra Otálora, Luz Stella Maldonado Vanegas, Laura Patricia Velandia,
María Cleotilde Cubides, Olga Lucía Chaparro Pinilla, Olga Marina Susa y Luz
Guadalupe Millán Barragán
Contra:
La Nación- Ministerio de la Protección Social- , el Departamento de
Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca, con citación oficiosa de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, La Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
y la Gerente Liquidadora de la Fundación San Juan de Dios.
Magistrado
Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos
mil ocho (2.008).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
Dentro del
trámite de revisión de los fallos dictados en los asuntos de la referencia.
I.
LOS ANTECEDENTES
1.- Hechos
comunes a los expedientes T-1496291, T-1380697, T-1343865, T-1424416,
T-1416467, T-1380698, T-1418447, T-1432064, T-1424402, T-1405058, T-1412295,
T-1403991, T-1411498, T-1405059, T-1418459, T-1429040, T-1405934, T-1419456,
T-1407078, T-1496295, T-1424407, T-1485792 y T-1418464.
Todos los actores dentro de los procesos
arriba referenciados demandan a la Nación - Ministerio de Protección Social- ,
al Departamento de Cundinamarca y a la Beneficencia de Cundinamarca.
En la totalidad de los trámites que ahora
son materia de revisión por la Corte Constitucional, existe identidad fáctica
en las mencionadas demandas de tutela, por cuanto cada uno de los accionantes
fungió como trabajador del Hospital Materno Infantil o del Hospital San Juan de
Dios y su pretensión se encuentra encaminada a que por medio de la acción de
tutela se protejan los derechos constitucionales al trabajo en condiciones
dignas y justas, al mínimo vital y a la seguridad social y que se ordene a la
entidad o entidades que corresponda el pago de salarios y prestaciones
adeudadas. Informan los actores que la cesación en el pago de salarios y demás
prestaciones, los ha colocado, al igual que a sus familias en unas condiciones
críticas de subsistencia.
Manifiestan todos, que pese a que han
elevado múltiples reclamaciones, la respuesta siempre ha sido que el
incumplimiento en el pago de las acreencias laborales que se reclaman, deviene
de la imposibilidad económica que en el momento tiene la Fundación San Juan de
Dios.
Indican también
los accionantes que mediante sentencia de 8 de Marzo de 2.005 proferida por el
Consejo de Estado, se declaró la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1.979 y
371 de 1.998, por los cuales se establecía la condición del Instituto Materno
Infantil como dependencia de la Fundación San Juan de Dios, entidad que en su
momento era de derecho privado y quien respondía por la representación legal,
lo que supone que ha variado la naturaleza jurídica de la institución para la
que labora y, por tanto, el empleador llamado a responder por sus acreencias
laborales.
En este orden,
no es ya el Hospital San Juan de Dios el obligado a responder por los derechos
derivados de su relación de trabajo, sino la entidad determinada por el Consejo
de Estado.
Finalmente
señala, que reiteradamente la Corte Constitucional ha ordenado a trabajadores y
pensionados de los Hospitales San Juan de Dios y del Instituto Materno
Infantil, la protección constitucional de sus derechos, disponiendo que se
adelanten las gestiones tendientes a obtener y proveer los recursos necesarios
para asegurar el pago de las prestaciones adeudadas.
2.- Hechos
particulares de cada caso
A.- Expediente
T-1496291
Se observa que
en este expediente, la señora Maria Eva Cubides Villarraga, asegura que se
vinculó al Hospital Materno Infantil el 4 de Marzo de 1983, para ocupar el
cargo de Auxiliar Fármaco Nocturna. Indica que desde Septiembre de 2005 no ha
recibido el pago de salarios, ni de ninguna prestación social.
B. Expediente
T-1380697
Aquí, el actor José
Joaquín Castro, señala que se vinculó al Instituto Materno Infantil el 1º de
Julio de 1988, desempeñando el cargo de Auxiliar de Estadística y Admisiones.
Asevera, que desde el mes de Noviembre de 1999, la entidad se ha sustraído del
pago de salarios y demás prestaciones sociales.
C. Expediente
T-1343865
En este asunto,
la actora, Yolanda Rodríguez Tole, manifiesta que se vinculó al Hospital San
Juan de Dios el 13 de Febrero de 1991, ocupando el cargo de Mecanógrafa.
Asegura, que desde el año de 1999 la entidad se ha sustraído al pago de
salarios, y demás prestaciones legales y convencionales.
Que en tal
virtud, no ha podido cancelar los costos de la Universidad de su hija, los
gastos derivados de su alimentación y manutención, así como las cuotas de su
casa, lo que se tradujo, esto último en el remate y pérdida de su apartamento.
D. Expediente
T-1424416
En este caso, la
accionante, Blanca Flor Villarraga Sanabria, asegura que se vinculó al Hospital
Materno Infantil mediante contrato de trabajo a término indefinido el 2 de
Abril de 1988, ocupando el cargo de Ayudante de Servicios Generales Diurna.
Indica que desde Septiembre de 2005 no ha recibido el pago de salarios, ni de
ninguna prestación social, así como también informa que desde el año 2000 no se
le han hecho a sus salarios los incrementos de ley.
E. Expediente T-1416467
Aquí, la actora
Yaneth Parra Rico, informa que se vinculó al Instituto Materno Infantil el 1º
de Abril de 1996, desempeñando el cargo de Profesional en Lactancia Materna,
con una asignación mensual de ($717.754.oo). Asevera, que desde el mes de
Septiembre de 2005, la entidad se ha sustraído del pago de salarios y demás
prestaciones sociales.
F. Expediente
T-1380698
En este caso, la
actora, Blanca del Rocio Fuquén Jiménez señala que se vinculó al Instituto
Materno Infantil el 19 de Septiembre de 1996, ocupando el cargo de Médico
Ginecoobstreta Diurna, el cual desempeñó con una asignación mensual de
($1.632.749.oo). Asegura, que desde el mes de Agosto de 2005 no ha recibido el
pago de salarios, ni de ninguna prestación social.
G. Expediente
T-1418447
Se advierte que
en este expediente, el señor Miguel Eduardo Tavera, asegura que se vinculó al
Hospital Materno Infantil el 10 de Octubre de 1983, para desempeñar el cargo de
Liquidador de Salarios en el Departamento de Personal. Informa que desde Agosto
de 2005 no ha recibido el pago de salarios, ni de ninguna prestación social.
H. Expediente
T-1432064
Aquí, la señora
María del Carmen Tequia Marentes, señala que se vinculó al servicio del
Instituto Materno Infantil el 1º de Septiembre de 1995, que ocupa el cargo de
Niñera devengando un salario de ($458.903.oo). Asegura, que desde el mes de
Septiembre de 2005 no ha recibido el pago de salarios, ni de ninguna prestación
social.
I.- Expediente
T-1424402
En este caso, la
actora, Esperanza Naranjo Ramirez, informa que se vinculó al servicio del
Instituto Materno Infantil el 15 de Febrero de 1990, y que ocupa el cargo de
Auxiliar de Enfermería Diurno, devengando un salario de ($4.58.903.oo) Asegura,
que desde el mes de Septiembre de 2005 no ha recibido el pago de salarios, ni
de ninguna prestación social.
J. Expediente
T-1405058
Indica aquí el
señor Hugo Alfredo Coy León, que se vinculó al servicio del Instituto Materno
Infantil el 1º de Abril de 1996, y que ocupa el cargo de Auxiliar de Enfermería
Diurno, devengando un salario de ($4.58.903.oo) Asegura, que desde el mes de
Septiembre de 2005 no ha recibido el pago de salarios, ni de ninguna prestación
social.
K. Expediente
T-1412295
En este caso, la
actora, Edid González Oliveros informa que se vinculó al servicio del Hospital
San Juan de Dios el 20 de Enero de 1989, y que ocupa el cargo de Auxiliar de
Enfermería. Asegura, que desde el mes de Noviembre de 1999 no ha recibido el
pago de salarios, ni de ninguna prestación social.
L. Expediente
T-1403991
En este caso, el
actor, Wilmer Cuervo Pineda informa que se vinculó al servicio del Instituto
Materno Infantil el 18 de Diciembre de 1996, y que ocupa el cargo de Auxiliar
de Enfermería devengando un salario de ($407.000.oo). Asegura, que desde el mes
de Agosto de 2005 no ha recibido el pago de salarios, ni de ninguna prestación
social.
LL.
Expediente T-1411498
Aquí, el actor Pedro
Antonio Díaz Lara, manifiesta que se vinculó al Instituto Materno Infantil el
17 de Febrero de 1986, para desempeñar el cargo de Obrero de Mantenimiento,
actualmente Calderista. Asegura, que desde el mes de Agosto de 2005 hasta la
fecha, la entidad se ha sustraído del pago de salarios y demás prestaciones
sociales.
M. Expediente
T-1405059
En este caso, la
accionante, María Carabalí Aponza, informa que se vinculó al Instituto Materno
Infantil el 13 de Enero de 1997, que ocupa el cargo de Auxiliar de Enfermería
devengando un salario de ($458.903.oo). Asegura, que desde el mes de Agosto de
2005 no ha recibido el pago de salarios, ni de ninguna prestación social.
N. Expediente
T-1418459
En este caso, la
accionante, Yamile del Portilla Vidal, asegura que se vinculó al Hospital
Materno Infantil el 31 de Diciembre de 1.996, ocupando el cargo de Médico
Hospitalario, el cual desempeñó con una asignación salarial mensual de
($1.350.000.oo). Indica que desde Septiembre de 2005 no ha recibido el pago de
salarios, ni de ninguna prestación social.
Ñ. Expediente
T-1429040
Señala la señora
Beatriz Leal Cuervo que se vinculó al Instituto Materno Infantil el 26 de
Agosto de 1988, para desempeñar el cargo de Ayudante de Servicios Generales.
Asegura, que desde el mes de Agosto de 2005 hasta la fecha, la entidad se ha
sustraído del pago de salarios y demás prestaciones sociales.
O. Expediente
T-1405934
Señala la señora
Maria Inocencia Parra Otálora que se vinculó al Hospital San Juan de Dios el 05
de Octubre de 1988, para desempeñar el cargo de Auxiliar de Enfermería
Nocturna. Asegura, que desde el mes de Noviembre de 1999, la entidad se ha
sustraído del pago de salarios y demás prestaciones sociales.
P. Expediente
T-1419456
En esta
cuestión, la actora, Luz Stella Maldonado Vanegas, manifiesta que se vinculó al
Instituto Materno Infantil el 1º de Mayo de 1985, que ocupa el cargo de
Auxiliar de Enfermería nocturna. Asegura, que desde el mes de Agosto de 2005 no
ha recibido el pago de salarios, ni de ninguna prestación social.
Q. Expediente
T-1407078
Afirma la señora
Laura Patricia Velandia, que se vinculó al servicio del Instituto Materno
Infantil el 2 de Enero de 1995, para desempeñar el cargo de Auxiliar de
Enfermería Nocturna y asegura que desde el mes de Agosto de 2005 no ha recibido
el pago de salarios, ni de ninguna prestación social.
R. Expediente
T-1496295
En este caso, la
accionante, Maria Cleotilde Cubides de Lozano, asegura que se vinculó al
Hospital San Juan de Dios el 1º de Julio de 1999, ocupando el cargo de Auxiliar
de Dietas. Indica que desde el mes de Noviembre de 1999 no ha recibido el pago
de salarios, ni de ninguna prestación social
S. Expediente T-1424407
Afirma la señora Olga Lucía Chaparro, que
se vinculó al servicio del Instituto Materno Infantil el 18 de Junio de 1994,
para desempeñar el cargo de Dentista Nutricionista el cual desempeñó con una
asignación salarial mensual de ($717.755.oo). Igualmente asegura que desde el
mes de Septiembre de 2005 no ha recibido el pago de salarios, ni de ninguna
prestación social.
T. Expediente
T-1485792
En este trámite, la accionante, Olga
María Susa de García, informa que se vinculó al Hospital San Juan de Dios desde
el 1º de Marzo de 1989, que ocupa el cargo de Enfermera Auxiliar. Asegura, que
desde el mes de Noviembre de 1999 no ha recibido el pago de salarios, ni de
ninguna prestación social.
U. Expediente
T-1418464
En este caso, la
actora, Luz Guadalupe Millan Barragán señala que se vinculó al Instituto
Materno Infantil el 1º de Febrero de 1997, que ocupa el cargo de Auxiliar de
Enfermería devengando un salario de ($458.903.oo). Asegura, que desde el mes de
Septiembre de 2005 no ha recibido el pago de salarios, ni de ninguna prestación
social.
3. Las
pretensiones.
Por los
accionantes, se presentó recurso de amparo solicitando la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y seguridad social en salud.
Así mismo y como corolario de la anterior declaración solicitan que se le
ordene a la entidad accionada el pago de los salarios y prestaciones sociales
que se le adeudan.
4.
Intervención de las autoridades acusadas.
4.1 La
Beneficencia de Cundinamarca.
A través del
Representante Judicial de la Beneficencia de Cundinamarca, ésta se opuso a
todas y cada una de las pretensiones haciendo notar que, los accionantes nunca
han prestado sus servicios a esa entidad. Adicionalmente, manifiesta que los
efectos de la sentencia del Consejo de Estado de 8 de Marzo de 2006, por medio
de la cual se declaró la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 que
generaron el decaimiento de la personería jurídica de la Fundación San Juan de
Dios, no se desprende que se haya derivado ningún tipo de responsabilidad de
carácter laboral.
Por otra parte
informan que en virtud de medidas del Gobierno Nacional, la Beneficencia de
Cundinamarca asumió la suma de ($1.100.000.000.oo), con los cuales se entregó
saneado el pasivo prestacional correspondiente a las pensiones de jubilación y
cesantías de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios y del Instituto
Materno Infantil, así como libre de gravámenes y limitaciones de dominio de los
predios donde funcionaban. Ello, consta en el acta No 05 de 26 de Febrero de
1980 suscrita por la Junta Directiva de la Fundación San Juan de Dios, de la
cual remitieron copia.
Al mismo tiempo,
destaca el ente accionado que, de conformidad con el artículo 6º del Decreto
2591 la acción de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa
judicial salvo que utilice para evitar un perjuicio irremediable, lo que, según
su dicho, no se compadece con las circunstancias fácticas que se analizan,
máxime cuando no se satisface el requisito de la inmediatez, como que solo,
mucho tiempo después de haberse producido el presunto daño, se puso en marcha
el aparato jurisdiccional del Estado con la presentación de la acción de
tutela.
Por último,
enfatiza esa entidad que la Nación ha buscado la manera de superar el déficit
económico de la Fundación San Juan de Dios; por ello, el Congreso de la
República aprobó en el presupuesto del año 2006, una partida de SESENTA MIL
MILLONES DE PESOS ($60.000.000.oo), lo que supone que la Beneficencia de
Cundinamarca no puede asumir la garantía de derechos y el cumplimiento de
obligaciones otorgados y contraídos durante la existencia jurídica de la
“Fundación San Juan de Dios”.
4.2 El
Departamento de Cundinamarca.
Por conducto de
la Secretaría Jurídica del Departamento, la Gobernación del ente territorial
descorrió el traslado de la acción de tutela, manifestando por una parte que
ésta no se halla legitimada en la causa por pasiva para intervenir en el
trámite de la acción de tutela, como que el Departamento de Cundinamarca no es
ni ha sido empleador de los trabajadores que ahora accionan y que prestaron sus
servicios a la Fundación San Juan de Dios. Para ello, se sirve de distintos
pronunciamientos judiciales que en casos similares han mantenido una línea al
respecto.
Informa la
entidad, también, que en el presupuesto nacional de la vigencia 2006, se
apropiaron $60.000.000.000 direccionados a la Fundación San Juan de Dios, a fin
de resolver, al menos en parte la crisis financiera por la cual atraviesan las
instituciones hospitalarias que la componen.
Entre tanto, se
advierte en el escrito contentivo de la defensa que en la acción de tutela no
constan las condiciones de procedibilidad, cual se trata de la ausencia de un
mal inminente, irreversible, injustificado y grave.
4.3 La
Nación- Ministerio de la Protección Social-
El Ministerio de
la Protección Socia, por intermedio de la Jefe de la Oficina Jurídica allegó
escrito a las distintas agencias judiciales que tramitaron las acciones de tutela
que aquí son materia de debate, solicitando que se declare la improcedencia de
la acción de tutela.
Señala el
Ministerio que Colombia es un Estado descentralizado y por ende, con autonomía
de sus entidades territoriales, lo que supone que, cada uno de ellos
(Departamento, Distrito o Municipio), está en la obligación de vigilar y
controlar las actividades de todos los entes que le estén adscritos o
vinculados. Además, -enfatiza esa entidad- las normas jurídicas que regula las
funciones y la estructura orgánica del Ministerio de la Protección Social,
determina claramente sus competencias y sus funciones, dentro de las que no
está ninguna de las que se pretende exigir con el recurso de amparo interpuesto
por los petentes.
Y, por último,
en cuanto a la intervención sostiene que “la figura de la intervención no
convierte al Ministerio en EMPLEADOR de los funcionarios o trabajadores del
ente intervenido, ni mucho menos opera la figura de la sustitución patronal;
por el contrario, la interpretación correcta de la operación del Sistema
Nacional de Salud, es que las entidades privadas estaban sujetas a las normas
que a ellas les eran aplicables, sin que la medida de intervención mutara su
naturaleza jurídica”.
5.
Intervención de las autoridades vinculadas
5.1 La
Alcaldía Mayor de Bogotá
Por intermedio
del Subdirector de Gestión Judicial, contestaron al requerimiento para oponerse
o allanarse a la vinculación que hizo la Corte Constitucional, señalando que
por tratarse de un asunto donde la participación del Distrito Capital ha sido
liderada por la Secretaría de Salud del Distrito.
Señaló la
Secretaría de Salud, que si bien el Distrito Capital participó en la
suscripción de los contratos de concurrencia, conjuntamente con el Ministerio
de la Protección Social, la Fundación San Juan de Dios y el Ministerio de
Hacienda, para el pago de de prestaciones de los exfuncionarios del Hospital
San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, dichos contratos (191 de 1995 y
799 de 1998 con sus respectivas modificaciones), no tenían por finalidad respaldar
el pago de prestaciones o cualquier otra erogación derivada de cualquier
relación laboral entre los trabajadores de la Fundación y la Secretaría. Tales
contratos se diseñaron solo para implementar formas de contribución para que
las entidades que formaban la Fundación San Juan de Dios superara la crisis que
estaba atravesando, asignándoseles recursos para cubrir el pasivo prestacional
hasta 31 de Diciembre de 1993. Y, dichos dineros se transfirieron para que
fueran manejados mediante fiducia, a fin de garantizar dichos pasivos. Esos
compromisos afirma, fueron cumplidos como consta en la certificación expedida
por el Área de Tesorería de la Secretaría Distrital para que fueran cumplidos
Informa la
Secretaría, también, que expedida la ley 715 de 2001, se liquidó el Fondo del
Pasivo Prestacional, se produjo una subrogación de responsabilidad con cargo al
Ministerio de Hacienda y Crédito público.
Por último,
manifiesta el Distrito a través de la Secretaría de Salud que con el fallo
proferido por el Consejo de Estado, no se resolvió el problema de la Fundación,
como que no se determinó la entidad o entidades responsables para su
funcionamiento y para asumir el pago de las acreencias laborales de sus
trabajadores.
“Desde el
inicio del proceso, la posición del señor Alcalde Mayor de Bogotá, siempre fue
Lara, en el sentido que el Distrito se comprometía a dar continuidad a los
servicios que venía prestando el Instituto Materno Infantil, por considerarlo
una Institución Especializada en servicios de cuidados intensivos pediátrico y
materno del más alto nivel, que bien podría en un futuro integrarse a la Red de
Salud del Distrito, pero que en ningún momento se hacía cargo del pago de
salarios o prestaciones, tal y como quedó consignado en el Punto 6 del Acuerdo Marco
suscrito el 16 de Junio de 2006”.
5.2 Nación - Ministerio
de Hacienda y Crédito público-.
Advierte el
Ministerio de Hacienda que, luego del pronunciamiento del Consejo de Estado de
Marzo de 2005, al anular los Decretos que le habían dado vida jurídica como
entidad de derecho privado a la Fundación San Juan de Dios, trasladó la
responsabilidad legal de las acreencias que estaban a cargo del extinto ente a
cargo de la Beneficencia de Cundinamarca.
Señala el
ministerio en su escrito de respuesta que la Nación, consiente del problema
financiero por el que pasa la Fundación, dispuso en ese Ministerio con
destinación especifica para el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno
Infantil, recursos por SESENTA MIL MILLONES DE PESOS ($60.000.000.000.oo) para
la vigencia fiscal 2006, los cuales serían desembolsados a través de un crédito
condonable sujeto a condiciones de desempeño, que pueden ser utilizados para
pagar pasivos laborales, como los solicitados por los accionantes. Insiste en
que para el cumplimiento de ese cometido, el Ministerio trabajó conjuntamente
con la Procuraduría General de la Nación con el fin de que el Departamento y la
Beneficencia de Cundinamarca efectuaran los trámites correspondientes.
Por último,
afirma que el 4 de Octubre de 2006 se suscribió Contrato de Empréstito con la
Beneficencia de Cundinamarca y del que aportaron copia.
5.3 Gerente
Liquidadora
Comienza
indicando la doctora Ana Karernina Gauna Palencia que una vez proferido el
fallo del Consejo de Estado de Marzo 5 de 2005, se produjo el decaimiento de la
personería jurídica de la Fundación San Juan de Dios.
Informa que como
consecuencia de ello era necesario proceder a la liquidación del conjunto de
derechos y obligaciones de la extinta entidad, la cual se consiguió luego de un
largo periodo de negociaciones y que concluyó con la suscripción de un Acuerdo
Macro, realizado el 16 de Junio de 2006 a instancias de la Procuraduría General
de la Nación, delegó en cabeza del Gobernador el nombramiento de un Liquidador,
con miras a garantizar la continuidad de la prestación de los servicios médicos
asistenciales del Instituto Materno Infantil.
Sostiene, que la
liquidación cuanta a la fecha con un monto de recursos que no le permitirá atender
la totalidad de las acreencias de la extinta Fundación San Juan de Dios
(Instituto Materno Infantil y Hospital San Juan de Dios), en efecto, solo se
cuenta con ($60.000.000.000), cuando el monto de las acreencias asciende a más
de ($500.000.000.000), No obstante, enfatiza que con su gestión ha iniciado el
trámite de cálculo de las liquidaciones que se adeudan a cada funcionario y
ex-funcionario, para lo cual ha conformado un comité interdisciplinario, por
ende, los pagos de las tutelas estarán sujetos a que se contrate la Fiduciaria,
quien según el convenio de desempeño y contrato de empréstito suscrito con el
Ministerio de la Protección Social, debe contratar una firma auditora que
valide cada una de las liquidaciones para que con el visto bueno de dicha
firma, se proceda al pago de las acreencias según el sistema de abono en
cuenta, como lo señala el convenio.
De la misma
manera, manifestó la Gerente Liquidadora que a la fecha no se han realizado los
desembolsos de los recursos a la Fiduciaria y solo hasta que ello se haga, la
liquidación contará con los recursos para atender los fallos de tutela a favor
de los accionantes.
Finalmente, y en
escrito allegado el 21 de Febrero de 2007, solicitó que, con el fin de
salvaguardar el proceso liquidatorio y los derechos laborales de los funcionarios
y ex - funcionarios de la Fundación San Juan de Dios acate los lineamientos
propuestos en su memorial y que son:
“1. Se
suspendan los procesos de ejecución en curso, y se abstenga de admitir nuevos
procesos de jurisdicción coactiva contra la entidad objeto de toma de posesión
con ocasión de obligaciones anteriores a dicha medida, y la obligación de dar
aplicación a las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la ley 222 de
1995.
2. Se
advierta a los secuestres, auxiliares de la justicia y demás funcionarios que
tengan activos de la intervenida para que procedan de manera inmediata a
entregarlos al liquidador.
3. Que en
adelante, no se inicien ni continúen procesos o actuación alguna contra la
intervenida sin que se notifique personalmente a la liquidadora.
4. El pago
efectivo de las condenas provenientes de sentencias en firme contra la entidad
intervenida proferidas durante la liquidación se harán atendiendo la prelación
de créditos establecidos en la ley de acuerdo con la disponibilidad de la
entidad.
5. Se
cancelen los embargos decretados con anterioridad a la entrada en vigencia del
Acuerdo Macro celebrado el 16 de Junio de 2006, (el cual ordena la liquidación
de la Fundación San Juan de Dios) y que afectan los bienes de la misma, lo
anterior con la finalidad de integrar la masa de la liquidación”
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Los fallos
A.-
Expediente T-1496291
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado 42
Civil del Circuito de Bogotá mediante sentencia de 28 de Septiembre de 2006,
tuteló los derechos fundamentales invocados por la accionante señora Maria Eva
Cubides Villarraga, y dio su orden para su eficaz protección, con cargo a la
Beneficencia de Cundinamarca, mientras se define con certeza cual es la entidad
Departamental o Distrital a quien le corresponde el cumplimiento de las
obligaciones originadas por las vinculaciones laborales entre los trabajadores
del Instituto Materno Infantil y la Fundación Hospital San Juan de Dios. Para
ello, hace una revisión de la jurisprudencia constitucional frente a la
procedencia excepcional del recurso de amparo para la reclamación efectiva de
acreencias laborales cuando quiera que su no pago comprometa el mínimo vital
del agente a quien se le transgredieron sus garantías.
·
La impugnación
El fallo de
instancia fue recurrido en impugnación por la Beneficencia de Cundinamarca, con
fundamento en la inexistencia de subrogación de las obligaciones contraídas en
vigencia de la Fundación San Juan de Dios. Aduce también que le fue vulnerado
su debido proceso en el trámite de la primera instancia por el desconocimiento
de las pruebas aportadas y por ignorar el precedente jurisprudencia que ha
reconocido la improcedencia de la acción de tutela en casos similares.
·
Sentencia de Segunda Instancia
La Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá, revocó el fallo de primer grado, considerando
precisamente, la excepcionalidad de la acción de tutela y, particularmente,
destacando la existencia de otros medios de defensa judicial, así como el limbo
jurídico acaecido con ocasión de la decisión del Consejo de Estado de 8 de
Marzo de 2005, que declaró la nulidad de los actos administrativos que dotaban
de personería jurídica a la Fundación San Juan de Dios.
B. Expediente
T-1380697
·
Sentencia de Primera Instancia
El Tribunal
Superior de Bogotá Sala Civil Familia mediante proveído de 18 de Mayo de 2006
denegó la solicitud de tutela propuesta por la actora, considerando que el
asunto trataba en estricto rigor, del reclamo de una prestación económica, para
la que el Constituyente no instituyó el recurso de amparo, como que es la
situación que se estudió, del resorte de otra jurisdicción. Por otro lado,
indicó el Tribunal que, con relación al vínculo entre la petente y la
Beneficencia de Cundinamarca, ésta última saneó el pasivo laboral y pensional
que le correspondía. En cuanto a las otras entidades enjuiciadas, esto es, el
Ministerio de la Protección Social y la Beneficencia de Cundinamarca muy a
pesar de que no se opusieron a las pretensiones de la tutela no hay prueba que
evidencia relación laboral con la accionante.
C. Expediente
T-1343865
·
Sentencia de Primera Instancia
El Tribunal
Superior de Bogotá Sala Civil Familia mediante proveído de 31 de Marzo de 2006
denegó la solicitud de tutela propuesta por la actora, señora Yolanda Rodríguez
Tole considerando que el asunto trataba en estricto rigor, del reclamo de una
prestación económica, para la que el Constituyente no instituyó el recurso de
amparo. Por otra parte destaca que las entidades aquí demandadas no fueron sus
patrones ni se encuentra acreditada ningún tipo de relación de trabajo entre
los extremos del contencioso constitucional.
Finalmente, hace
notar el sentenciador de la instancia que habiendo transcurrido más de cinco
años desde que se originó el último pago, no se encuentra satisfecho el
requisito de la inmediatez propio de estos trámites
D. Expediente
T-1424416
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado 9º
Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia de 18 de Julio de 2006, negó
la acción de tutela impetrada considerando que el asunto trataba en estricto
rigor, del reclamo de una prestación económica para la que el Constituyente no
instituyó el recurso de amparo, como que es la situación que se estudió, del
resorte de otra jurisdicción.
Igualmente,
destacó la mencionada Agencia Judicial que las entidades enjuiciadas, no se
encuentran legitimadas por pasiva para obligarse a dicho pago, por cuanto las
entidades enjuiciadas, muy a pesar de que no se opusieron a las pretensiones de
la tutela no hay prueba que evidencia relación laboral con la accionante, según
lo dispuesto por decisión del Consejo de Estado de 25 de Agosto de 2005, ante
la desaparición de la Fundación Hospital San Juan de Dios el responsable de los
contratos de concurrencia ya suscritos y en ejecución, es el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, tal como lo consagró el artículo 3º del Decreto
1338 de 2002.
·
Sentencia de Segunda Instancia
La Sala Civil
del Distrito Superior de Bogotá, mediante sentencia de 11 de Agosto de 2006,
confirmó la sentencia adoptada en primera instancia.
E. Expediente T-1416467
·
Sentencia de Primera Instancia
El Tribunal
Superior de Bogotá Sala Civil Familia mediante proveído de 27 de Julio de 2006
denegó la solicitud de tutela propuesta por la actora, considerando que el
asunto trataba en estricto rigor, del reclamo de una prestación económica, para
la que el Constituyente no instituyó el recurso de amparo, como que es la
situación que se estudió, del resorte de otra jurisdicción. Por otro lado,
indicó el Tribunal que, con relación al vínculo entre la petente y la
Beneficencia de Cundinamarca, ésta última saneó el pasivo laboral y pensional
que le correspondía. En cuanto a las otras entidades enjuiciadas, esto es, el
Ministerio de la Protección Social y la Beneficencia de Cundinamarca muy a
pesar de que no se opusieron a las pretensiones de la tutela no hay prueba que
evidencia relación laboral con la accionante.
F. Expediente
T-1380698
·
Sentencia de Primera Instancia
La Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá mediante proveído de 17 de Mayo de 2006 denegó
la solicitud de tutela propuesta por la actora, considerando que el asunto
trataba en estricto rigor, del reclamo de una prestación económica, para la que
el Constituyente no instituyó el recurso de amparo, como que es la situación
que se estudió, del resorte de otra jurisdicción. Por otro lado, indicó el
Tribunal que, con relación al vínculo entre la petente y la Beneficencia de
Cundinamarca, ésta última saneó el pasivo laboral y pensional que le
correspondía. En cuanto a las otras entidades enjuiciadas, esto es, el
Ministerio de la Protección Social y la Beneficencia de Cundinamarca muy a
pesar de que no se opusieron a las pretensiones de la tutela no hay prueba que
evidencia relación laboral con la accionante.
Además, destacó
esa Corporación que por el tiempo que se tomó la actora para proponer la acción
de tutela, no se encuentra satisfecho el requisito de la inmediatez.
G.
Expediente T-1418447
·
Sentencia de Primera Instancia
La Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá mediante proveído de 11 de Mayo de 2006 denegó
la solicitud de tutela propuesta por la actora, considerando que el actor, al
plantear la demanda de tutela manifiesta que su empleador era el Instituto
Materno Infantil, que no las entidades contra las que promovió el recurso de
amparo, lo que denota una absoluta falta de legitimación de aquellas.
·
La impugnación
El fallo de
instancia fue recurrido en impugnación por el actor, señor Miguel Eduardo
Tavera Rojas, para lo cual únicamente manifestó que arrimaba al plenario
fotocopia de la decisión de Sala Plena de la Corte Constitucional que denegó
una solicitud de nulidad contra una sentencia de la misma Corporación en la que
se concedía una acción de tutela con similares características.
·
Sentencia de Segunda Instancia
La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la decisión de la
primera instancia. Indicó ese alto Tribunal que la tutela en el caso materia de
análisis resulta improcedencia de conformidad con las voces del artículo 6º
numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.
H. Expediente
T-1432064
La Sala Civil
del Tribunal Superior de Bogotá mediante proveído de 22 de Junio de 2006 denegó
la solicitud de tutela propuesta por la actora, considerando que el asunto
trataba en estricto rigor, del reclamo de una prestación económica, para la que
el Constituyente no instituyó el recurso de amparo, como que es la situación
que se estudió, del resorte de otra jurisdicción. Por otro lado, indicó el
Tribunal que, con relación al vínculo entre la petente y la Beneficencia de
Cundinamarca, ésta última saneó el pasivo laboral y pensional que le
correspondía. En cuanto a las otras entidades enjuiciadas, esto es, el
Ministerio de la Protección Social y la Beneficencia de Cundinamarca no hay
prueba que evidencia relación laboral con la accionante.
Además, destacó
esa Corporación que por el tiempo que se tomó la actora para proponer la acción
de tutela, no se encuentra satisfecho el requisito de la inmediatez.
·
La impugnación
El fallo de
instancia fue recurrido en impugnación por la accionante, sin manifestar
argumentos nuevos al de la petición de tutela.
·
Sentencia de Segunda Instancia
La Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, confirmó el fallo de primer
grado, ratificando las motivaciones del fallo de la instancia y dando cuenta,
también, de que no se halla comprometido el mínimo vital de la petente.
I.
Expediente T- 1424402
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá, a través de fallo de fecha 17 de
julio de 2006, resolvió conceder el amparo deprecado, teniendo en cuanta que,
está demostrado que la accionante tiene vínculo laboral vigente y siendo tan
prolongada la omisión en el pago de los salarios de la accionante, es evidente
que el mínimo vital se encuentra comprometido, vulnerándose también sus
derechos al trabajo y a una subsistencia digna, lo que justifica la procedencia
de la acción como mecanismo definitivo.
·
Sentencia de Segunda Instancia
La Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior del Bogotá, mediante providencia del 15 de
Agosto de 2006, revocó la sentencia emitida en primera instancia, para lo cual
considero que, la acción de tutela no puede ejercitarse como mecanismo
compulsivo de cobranza, menos aún en aquellos casos en que no se encuentra
determinado quien es la persona obligada a realizar el pago solicitado. Además,
que en el presente caso ni siquiera se planteo un hecho relativo a la
vulneración al mínimo vital.
J. Expediente
T-1405058
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado Trece
Civil del Circuito de Bogotá, el 7 de Julio de 2006, emitió sentencia a través
de la cual negó el amparo deprecado, teniendo en cuenta que, al generarse la
relación laboral del accionante, en vigencia de la existencia jurídica de la
FUNDACION SAN JUAN DE DIOS, la que por razón del pronunciamiento del Consejo de
Estado se avocó a la liquidación, es a través de tal trámite que puede reclamar
las prestaciones laborales generadas, contando con los mecanismos propios para
hacerse parte en dicho proceso, caso contrario, cuenta con las acciones
laborales correspondientes ante la justicia ordinaria y/o administrativa.
K. Expediente
T- 1412295
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Bogotá, a través de providencia de fecha 24 de
Julio de 2006, negó el amparo solicitado, al encontrar que, no corresponde a la
naturaleza de la acción su empleo para la resolución de controversias de
carácter económico, pecuniario o patrimonial como el pago de salarios
atrasados, a más de la existencia de otros medios judiciales idóneos para el
ejercicio del reclamo respectivo, tales como la posibilidad de acudir ante la
jurisdicción contencioso administrativa, además, la solicitud resulta
abiertamente extemporánea. Finalmente, resaltó que, ninguna de las accionadas
posee vínculo laboral con la actora, por consiguiente hay carencia de
legitimación en la causa por pasiva.
L. Expediente
T- 1403991
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, a través de sentencia emitida el 10 de
Mayo de 2006, tuteló los derechos fundamentales del accionante, teniendo en
cuenta que, se acreditó el vínculo del accionante con el Instituto Materno
Infantil, mediante contrato de trabajo a término indefinido, desempeñando el
cargo de auxiliar de enfermería diurno, como lo verifica una certificación
obrante en el proceso a fl. 1, y no se infirmó la falta de pago génesis de la
acción.
·
Sentencia de Segunda Instancia
La Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 10 de Julio de
2006 revocó la decisión de primera instancia, teniendo como base que, para
establecer la vinculación laboral y el monto de los salarios y prestaciones
adeudados al tutelante existe acción judicial ante el juez natural, el amparo
solicitado se torna improcedente en virtud del carácter subsidiario y residual
de la tutela. No obstante, como podría pensarse que la acción ordinaria laboral
no garantiza al tutelante el pago inmediato de los salarios y prestaciones que
en su decir le adeuda la entidad accionada, al abordar la solicitud como
mecanismo transitorio, tampoco los presupuestos sobre los cuales se edifica se
encuentran actualizados, porque el tutelante ni por asomo demostró el peligro
grave e inminente en que se encuentran los derechos invocados.
LL. Expediente
T- 1411498
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 19 de
Julio de 2006, negó el amparo solicitado, ya que encontró que, el accionado no
aportó prueba de la calidad de trabajador del Instituto Materno Infantil y de
habérsele dejado de pagar su salario y demás prestaciones desde Agosto de 2005.
De otra parte, tampoco se probó que el accionante tuviera relación laboral con
las entidades demandadas.
M. Expediente
T- 1405059
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Treinta Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 27 de Junio de
2006, concedió el amparo solicitado como mecanismo excepcional, ya que encontró
vulnerados los derechos al mínimo vital y a la seguridad social en salud,
debido a la falta de pago de los salarios reclamados, único medio de
subsistencia de la accionante, y también a la falta de asistencia médica que
puede poner en riesgo su salud y por ende su vida.
N. Expediente
T-1418459
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Noveno Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 18 de Julio de
2006, negó el amparo deprecado, teniendo en cuenta que, la accionante no probó
la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la omisión en el pago de
sus acreencias laborales por parte de la extinta Fundación San Juan de Dios,
adicionalmente, se evidencia que la accionante, no ha hecho uso de la acciones
judiciales ordinarias ante la jurisdicción laboral, para obtener el mencionado
pago, al contrario, directamente interpuso acción de tutela habiendo
trascurrido casi un año de la cesación de pagos salariales, haciendo presumir
que no existe afectación al mínimo vital, pues falta el presupuesto de la
inmediatez, el cual es consustancial con la protección constitucional, además,
las entidades entuteladas no tienen la legitimación por pasiva, en virtud que
es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público quien en ultimas está a cargo de
los pagos de las mesadas pensionales que cobra la accionante, mientras se
establece en forma definitiva a quien le corresponde asumir el pasivo pensional
de la Fundación San Juan de Dios.
Ñ. Expediente
T- 1429040
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogotá, a través de fallo calendado a 27 de
Julio de 2006, concedió el amparo solicitado, para lo cual tuvo en cuenta que,
la información suministrada por la interesada en este trámite y las pruebas
incorporadas, permitían deducir que, la demandante presta sus servicios
mediante contrato a término indefinido, desde el 29 de Agosto de 1988, en el
cargo de Ayudante de Servicios Diurna al Instituto Materno Infantil, y según el
documento de reclamación de pago dirigido a las accionadas, se obtiene certeza
que se le adeuda el salario a partir de Agosto de 2005, de lo cual se concluye
que se dejaron de hacer los respectivos aportes a la seguridad social, lo
anterior implica que a la actora se le están afectando sus derechos a la vida,
al mínimo vital y a la seguridad social.
·
Sentencia de Segunda Instancia
La Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a través de providencia fechada
23 de Agosto de 2006, revocó el fallo impugnado, teniendo en cuenta que, la
acción de tutela no puede ejercitarse como mecanismo compulsivo de cobranza,
menos aún en aquellos casos en que no se encuentra determinado quien es la
persona obligada a realizar el pago solicitado. Además, que en el presente caso
ni siquiera se planteo un hecho relativo a la vulneración al mínimo vital.
O.
Expediente T- 1405934
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de fecha 6 de Julio
de 2006, negó la solicitud de tutela, amparado en que, casi 5 años después es
cuando viene el accionante buscando la protección de sus derechos
fundamentales, predicando la improcedencia de la acción.
P. Expediente
T- 1419456
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia de fecha 28
de Julio de 2006, negó la solicitud de amparo teniendo en cuenta que, no existe
una relación laboral definida entre la accionante y la Beneficencia de
Cundinamarca, menos aún, respecto de la Gobernación de Cundinamarca o del
Ministerio de la Protección Social, que pese a que mantuvieron una conducta
silente en el presente trámite de la acción de tutela, no aparecen tampoco
obligados en contrato o relación legal alguna con la accionante, además, se
evidencia que hay carencia de inmediatez, pues espera la accionante casi un año
después de la fecha que aduce como impagada para elevar la acción.
Q.
Expediente T- 1407078
·
Sentencia Primera Instancia
El Juzgado
Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 18 de Julio
de 2006, negó el amparo solicitado por cuanto, no cabe duda que se trata de un
asunto que debe someterse a la justicia ordinaria, pues en realidad de lo que
se duele la actora es del no pago de salarios desde el mes de Noviembre de
1999, amén que, las entidades aquí accionadas no tienen vínculo laboral con la
peticionaria, y, finalmente, no se cumple con el requisito de la inmediatez.
R.
Expediente T- 1496295
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 17 de Octubre de
2006, negó la tutela requerida, teniendo en cuenta que, las entidades accionada
no ostentan la calidad de empleadoras, además no se puede desconocer que los
intereses en juego son eminentemente de contenido patrimonial, por ello, de
exclusivo conocimiento del Juez laboral ordinario o contencioso administrativo
y tampoco se demostró que se hubiera puesto en riesgo la vida o salud del actor.
·
Sentencia de Segunda Instancia
La Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a través de providencia del 14
de Noviembre de 2006, confirmó el fallo de primera instancia, al respecto dijo
que, no se interpuso dentro de un término prudencial y adecuado y no existe
justificación para tal proceder, por demás que, tampoco se encuentra acreditada
la existencia de un perjuicio irremediable.
S. Expediente
T-1424407
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Quinto Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia de fecha 17 de Julio
de 2006, concedió el amparo solicitado al considerar que, tratándose de
salarios modestos como los de la accionante, el mínimo vital de la trabajadora
se presume afectado, pues a su juicio, solo sirven para cubrir la subsistencia
más necesaria o congrua.
·
Sentencia de Segunda Instancia
La Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 16 de
Agosto de 2006, revocó el amparo concedido en primera instancia, teniendo en
cuenta que, no existe claridad respecto a la entidad obligada a hacer el pago
del salario, ni la certeza acerca de la existencia del contrato, la prestación
del servicio, y todas las circunstancias que deben confluir para que se emita
la orden que solicita la accionante, pues no es esta la orbita de competencia
del juez constitucional, y por tanto, la vía idónea para alcanzar la finalidad perseguida
por la accionante es el trámite a través de la jurisdicción ordinaria.
Entonces, la accionante cuenta con mecanismos judiciales para la defensa de sus
derechos, por demás que, no se demostró la configuración de un perjuicio
irremediable.
T.
Expediente T-1485792
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, a través de sentencia del 9 de Octubre
de 2006, concedió el amparo requerido, al considerar que, la falta de pago de
los salarios ha sido prolongada e indefinida en el tiempo, pues ha superado,
mas de 6 años, lo cual hace presumir la afectación al mínimo vital de la
accionante y su núcleo familiar, mas aun cuando las entidades demandadas nada
esgrimieron para desvirtuar dicha presunción. Además, esta reconocida la mora
en el pago de los aportes a seguridad social, por lo tanto se encuentran
vulnerados los derechos al mínimo vital móvil y a la vida digna y a la
seguridad social de la accionante y su núcleo familiar.
·
Sentencia de Segunda Instancia
La Sala de
Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a través de providencia del 3
de Noviembre de 2006, revocó el fallo de primera instancia, considerando que,
la accionante cuenta con mecanismos judiciales idóneos para la defensa de sus
derechos. Por demás que, para que la tutela prospere como mecanismo transitorio
de carácter urgente, inminente e impostergable, debe ser evidente el perjuicio
irremediable que se produce, y la determinación concreta de quien debe
someterse al acatamiento del fallo.
U.-
Expediente T-1418464
·
Sentencia de Primera Instancia
El Juzgado
Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia de fecha 1 de
Agosto de 2006, denegó la petición de tutela, con base en los argumentos que
siguen, la accionante manifestó que, desde el 1 de Febrero de 1997, se vinculó
laboralmente con el Instituto Materno Infantil y actualmente desempeña el cargo
de Auxiliar de Enfermería, a pesar de lo anterior, en su escrito contentivo de
la acción, reclama una serie de acreencias laborales frente al Departamento de Cundinamarca
y a la Beneficencia de Cundinamarca, quines no son sus empleadores, pues no
existe una relación laboral con ellos, entonces el amparo en este caso esta
condicionado por la imposibilidad de acudir a los medios de defensa judicial
consagrados en el ordenamiento jurídico, cosa que no ocurre.
III. DE LA
ACTUACIÓN ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Mediante auto de 31 de Agosto de 2.006,
la Sala de Selección número ocho de esta Corporación decidió escoger para
revisión, el expediente radicado con el código T-1405059, relacionado con la
acción de tutela presentada por la señora Maria Omaira Carabalí Aponza contra
el Ministerio de Protección Social, el Departamento de Cundinamarca y la
Beneficencia de Cundinamarca.
Igualmente, la Sala de Selección número
nueve por auto de 15 de Septiembre de 2.006, resolvió seleccionar para revisión
los expedientes radicados con los números T-1418459, T-1416467, T-1418464,
T-1419456 y T-1418447, relativos a las acciones de tutela presentadas por
Yamile Portilla Vidal, Yaneth Parra Rico, Luz Guadalupe Millan, Luz Stella
Maldonado Vanegas y Miguel Eduardo Tavera Rojas contra el Ministerio de
Protección Social, el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de
Cundinamarca; expedientes sobre los cuales, también, una vez se sometieron al
respectivo reparto, correspondió su sustanciación a esta Sala.
Por auto de
Noviembre 3 de 2006, la Sala Primera de revisión, dispuso la acumulación entre
sí, de los expedientes T-1405059, T-1418459, T-1416467, T-1418464, T-1419456, y
T-1418447.
Los expedientes radicados con los números
T-1403991, T-1412295, T-1380697, T-1405058, T-1424402, T-1407078, T-1424407,
T-1405934, T-1343865, T-1380698, T-1432064, T-1424416, T-1411498, T-1429040,
relacionados con las acciones de tutela presentadas por Edid González Oliveros,
José Joaquín Castro, Hugo Alfredo Coy León, Esperanza Naranjo Ramirez, Laura
Patricia Velandia Vargas, Olga Lucía Chaparro Pinilla, María Inocencia Parra
Otálora, Yolanda Rodríguez Tole, Blanca del Rocío Fluquen Jiménez, María del
Carmen Tequia Marentes, Blanca Flor Villarraga Sanabria, Pedro Antonio Díaz
Lara y Olga Beatriz Leal Cuervo, dirigidas contra la Nación -Ministerio de
Protección Social- , el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de
Cundinamarca, fueron acumulados a los anteriores mediante auto de 15 de
diciembre de 2006.
Como quiera que se encuentran en proceso
de sustanciación los respectivos asuntos, -que son de idéntica naturaleza- en
sesión de 15 de Noviembre de 2006, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
ordenó la suspensión de términos de las mencionadas acciones de tutela. De
igual forma, dispuso la Sala Plena que la elaboración de la ponencia quedaría a
cargo del Magistrado Jaime Araujo Rentaría.
Mediante auto de
7 de Diciembre de 2006 la Sala de Selección número 12 seleccionó para revisión
el expediente con número de radicación T-1485792, relacionado con la acción de
tutela incoada por Olga Marina Susa de García.
Al mismo tiempo,
por auto de 15 de Diciembre de 2006, también la Sala de Selección número 12
luego de ordenar su acumulación escogió para revisión, los expedientes
radicados con los códigos T-1496295 y T-1496291, que da cuenta de la acción de
tutela presentada por la señora Maria Cleotilde Cubides de Lozano y Maria Eva
Cubides Villarraga.
A través de
proveído de 31 de Enero de 2007 se ordenó la acumulación de los expedientes en
(T-1485792, T-1496295 y T-1496291) al expediente No T-1405059 y sus acumulados,
y que de igual manera, en ellos se hace indispensable la práctica de pruebas
para un mejor proveer, decretándose la suspensión de términos en esos últimos
asuntos.
IV.
FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES.
1. La
competencia.
De conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para
revisar las decisiones judiciales mencionadas en precedencia.
2. El asunto
bajo revisión. Problemas jurídicos planteados y esquema de resolución.
En el caso materia de debate, los
actores, dentro de los procesos arriba referenciados demandan a la Nación-
Ministerio de Protección Social-, al Departamento de Cundinamarca y a la Beneficencia
de Cundinamarca.
En la totalidad
de los trámites, se advierte una identidad fáctica y las pretensiones se
encuentran encaminadas a que por medio de la acción de tutela se protejan los
derechos constitucionales que hayan sido vulnerados y que se ordene a la
entidad o entidades que corresponda el pago de salarios y prestaciones
adeudadas.
Los problemas jurídicos a resolver en la
presente sentencia se sintetizan en las siguientes preguntas:
(i)
¿Resulta procedente la acción de tutela para
exigir el pago de salarios y prestaciones sociales cuando quiera que se vean
comprometidos los derechos fundamentales de los trabajadores y especialmente su
garantía al mínimo vital?
(ii)
¿Se vulneran los derechos de los trabajadores al
trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social cuando no se
cancelan en la debida oportunidad el salario y las demás prestaciones sociales?
(iii)
¿Debe soportar el trabajador las crisis
presupuestales de su empleador?
(iv)
¿Constituyen las expectativas generadas por un
contrato de trabajo uno de los casos en que se configura el postulado de la
confianza legítima?
(v)
¿Por qué es necesario proferir un fallo de
unificación?
Habida cuenta de
lo anterior, y por razones de metodología para resolver los problemas jurídicos
planteados, la Corte hará un análisis de: (i) la remembranza de la
historia jurídica de la Fundación San Juan de Dios; (ii) la procedencia
excepcional de la acción de tutela para hacer efectivo el pago de acreencias
laborales. Reiteración de jurisprudencia. (iii) el Estado Social de
Derecho y la protección a los principios constitucionales y a los derechos
fundamentales de los trabajadores. Premisas esenciales. (iv) la
situación del trabajador frente a la crisis presupuestal de su empleador. (v)
la prohibición de venirse contra los propios actos y el principio de la
confianza legítima en las relaciones con la administración; (vi) la
necesidad de dictar una sentencia de unificación y de declarar la grave
vulneración de derechos fundamentales; por último, (vii) se
referirá la Corte al caso concreto.
3. (i) La
historia jurídica de la Fundación San Juan de Dios.
Corresponde a la
Corte en este aparte, realizar una remembranza de la historia jurídica de la
Fundación, para lo cual se destacarán los momentos más importantes que desde
sus inicios den luces sobre su génesis, transformaciones y entidades
responsables, así:
·
El 21 de octubre de 1564 el primer
arzobispo de Santa fe, Fray Juan de los Barrios y Toledo, otorgó escritura
publica ante el presidente Don Andrés Díaz Venero de Leyva, donando unas casas
de su propiedad, para que se destinaran a un hospital sin personería jurídica
autónoma como bienes dirigidos con el fin de atender a los pobres tanto
españoles como de la ciudad de Santa fe, que se llamo San Pedro y por
disposición de su fundador tendría el patronato de los arzobispos de Santa fe. En la práctica
fue simplemente un legado para una obra caritativa de origen eclesiástico para
fundar un hospital de caridad.
·
En 1630 Felipe III dio el permiso
necesario para que la orden de los hospitalarios se hiciera cargo del hospital
de San Pedro de Santa fe, porque el hospital ocupaba un local estrecho.
·
Para el año 1723 se empezó a constituir
otro al occidente de la ciudad al cual se trasladó posteriormente el hospital
San Juan de Dios. Junto con las donaciones de varios Frailes se continuó la edificación
de la obra, la que se terminó en 1739 y se llamó hospital JESUS, MARIA y
JOSE, quedando finalmente denominado SAN JUAN DE DIOS. El anterior edificio
donde estaba ubicado el San Juan de Dios fue demolido y con el dinero recogido
proveniente de la venta de las casas que ocupaba se construyó el segundo.
·
Posteriormente, en 1834, La Cámara de
Provincia de Bogotá expidió un decreto el 13 de octubre, en el que establecía
que los religiosos del San Juan de Dios no eran
dueños de los hospitales ni de sus rentas y limosnas, sino unos asistentes de
los hospitales y de sus pobres.
·
El 5 de mayo de 1835 esa misma
corporación declaró que el Hospital de San Juan de Dios de la ciudad de Bogotá,
hacia parte de su patrimonio como una obra de beneficencia fundada por el
primer Arzobispo Fray Juan de los Barrios y Toledo. Ese mismo año, el Congreso
de la República suprimió todos los conventos hospitalarios existentes en la
República.
·
En 1869, la Asamblea legislativa del
Estado de Cundinamarca mediante ley del 15 de agosto de ese año, creó la “Junta
General de Beneficencia” la cual se encargó de la inspección y dirección de los
establecimientos de beneficencia y caridad del Estado. Se dispuso que este
sistema de administración se siguiera aplicando hasta el 31 de diciembre de
1869, considerando al Hospital San Juan de Dios como un Establecimiento de
Beneficencia del Estado.
·
En 1911 por medio de la ley 63, la Nación
compró los terrenos conocidos como “Molino de la Hortúa”.
·
En 1912 la ordenanza 37 reafirmó que el
Hospital San Juan de Dios no era para entonces persona jurídica autónoma sino
que se encontraba a cargo de la Junta de Beneficencia.
·
Por otra parte, en 1917 se cedió el
terreno conocido como “Molino de la Hortúa” al Departamento de Cundinamarca
para la construcción de centros siquiátricos y hospicios para indigentes. La
escritura pública correspondiente, se corrió en el mismo 1917.
·
Ya para 1919 a través de la ley 47 se autorizó
que dicho predio se destinara para complementar el Hospital San Juan de Dios.
Igualmente, En 1919 por medio de la ordenanza 48 expedida por la
Asamblea de Cundinamarca, se autorizó también a la Beneficencia de Cundinamarca
para vender los inmuebles del hospital y con su producto construir un nuevo
Hospital San Juan de Dios ahora ubicado en La Hortúa que solo empezó a
funcionar a partir de 1925. Jurídicamente, el hospital funcionó sometido
a las leyes españoles como un patrimonio dedicado a la destinación de la
utilidad común que le señaló a su fundador, y luego al sobrevenir la
independencia y la República se consideró como una entidad sometida al Estado
soberano de Cundinamarca y mas adelante a la Beneficencia del mismo
departamento.
·
En 1966 se conforma una sola institución
en conjunto con el instituto Materno Infantil.
·
A partir de 1974, luego de expedirse el
Decreto 01357, se constituyó a la Beneficencia de Cundinamarca como
establecimiento público del orden departamental pasando el patrimonio del
hospital San Juan de Dios a esta entidad. Al mismo tiempo, se expidió otro
Decreto que organizó a la Fundación San Juan de Dios como una entidad de
utilidad común, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio y de derecho privado.
·
En 1975 mediante la ordenanza 58 se
autorizó al Gobernador y a la Beneficencia para celebrar con la Universidad
Nacional un comodato con los inmuebles parte del Hospital San Juan de Dios y el
Instituto Materno Infantil; contrato que finalizó en 1977 con la
expedición de la ordenanza 22; por lo tanto los bienes del hospital continuaron
siendo de la Beneficencia de Cundinamarca. En ese mismo año, el Ministerio de
Salud (resolución 5464 del 19 de Agosto) asumió la dirección administrativa y
técnica del centro hospitalario que se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 1978;
en este lapso de tiempo el hospital continuó cumpliendo la finalidad que le
señaló el fundador: “ocuparse de brindar servicios hospitalarios a los pobres”.
Adviértase que con los decretos 1875 y 5904 de esa anualidad, se determinó que
la dirección se ejecutaría por intermedio del Servicio de Salud de Bogota.
·
En 1979 se dictó el decreto 290, y en
aplicación al artículo 650 del Código Civil, el presidente consideró que la
institución y su patrimonio eran de origen privado, con personería jurídica y
tuvo en cuenta la finalidad perseguida por el fundador. El decreto de 1374 del
mismo año fijó la reorganización del mencionado establecimiento hospitalario y
lo integra con otros hospitales generales y el materno infantil, todos
adscritos al Sistema Nacional de Salud[1].
·
En 1980 se inició el traspaso de los
bienes del San Juan de Dios a la beneficencia. Ulteriormente el Consejo de
Estado Sala de Consulta y Servicio Civil expidió un concepto el 14 de Mayo de 1985
señalando que los decretos del 15 de febrero de 1979 y del 8 de Junio de 1979
deberían aplicarse mientras no fuesen anulados. Además que el San Juan de Dios fue
concebido como una institución publica de carácter departamental, administrado
por la beneficencia de Cundinamarca y luego por la Fundación San Juan de Dios e
intervenida por el Ministerio de Salud pero siempre continuó siendo parte del
patrimonio del departamento de Cundinamarca.
·
Mas tarde, en el 2002 el Congreso de la
República estatuyó la fundación San Juan de Dios como patrimonio
cultural de la Nación, lo que representa una limitación en su uso y destinación
(Ley 735).
·
El Consejo de Estado, en el año 2005, mediante
sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el día 18 de marzo,
dispuso que los actos acusados tanto el del 15 de febrero como el del 8 de
Junio de 1979 y el del 23 de febrero de 1998 violan normas de orden superior y
que se refieren a la Constitución del 1886, así como a la Carta de 1991, debido
a la falta de competencia del Gobierno nacional para tomar decisiones sobre la
administración del Hospital San Juan de Dios, pues estas debieron ser tomadas
por los órganos de orden departamental del Cundinamarca. Por lo tanto, declaró
la nulidad de los actos demandados, lo cual trajo como consecuencia jurídica la
perdida de fuerza ejecutoria del acto de reconocimiento de personería jurídica
en la medida en que de acuerdo con el C.C.A han desaparecido los fundamentos de
hecho y de derecho por lo tanto operan ipso jure.
ii. Procedencia excepcional de la acción de tutela para hacer efectivo
el pago de acreencias laborales. Reiteración de jurisprudencia.  El juez
constitucional es quien determina los derechos fundamentales violados. Fallo
ultra y extra petita en materia de tutela.
En primer lugar, resulta que en línea de
principio, la acción de tutela no representa el medio con el que, por regla
general se puedan reclamar acreencias laborales. Así lo ha entendido la
Jurisprudencia de la Corte.[2].
Recordemos que cada jurisdicción, tiene una órbita de competencias para someter
a su conocimiento la decisión de determinados asuntos. Tratándose del reclamo
de acreencias laborales, es la jurisdicción laboral quien, en principio, está
llamada a prestar su concurso para decidir controversias que se inscriben en el
desarrollo de un contrato de trabajo.
Ahora, la acción de tutela fue concebida por el constituyente como
un mecanismo subsidiario y residual para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, cuando en el ordenamiento jurídico no existen, o existiendo no
son lo suficientemente idóneos, otros mecanismos judiciales para garantizar el
ejercicio del derecho vulnerado o amenazado, a raíz de la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o, bajo determinados supuestos, de un particular.
Habida cuenta de lo dicho, las pretensiones que
están dirigidas, por ejemplo, a obtener el pago de salarios, el reconocimiento
de prestaciones sociales, el reconocimiento o reliquidación de pensiones, la
sustitución patronal, el reintegro de trabajadores y, en fin, todas aquellas
prestaciones que derivan su causa jurídica de la existencia de una relación
laboral previa, en principio, no están llamadas a prosperar por vía de la
acción de tutela, en consideración al criterio de subsidiaridad que reviste la
protección constitucional[3].
Esta limitación encuentra su razón de ser en la
existencia de otros medios judiciales, v.gr., proceso ordinario laboral. No
obstante, verificada la existencia de otros medios que permitan garantizar el
ejercicio del derecho fundamental vulnerado o amenazado, resulta necesario el
análisis de idoneidad y efectividad de tal medio, tendiente a determinar si la
acción de tutela resulta procedente, con el fin de conceder un amparo
transitorio, evitando la materialización de un perjuicio irremediable.[4]
Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo
siguiente: “i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que
está por suceder prontamente; ii) por ser grave, esto es, que el daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad; iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes; y iv) porque la acción de tutela sea impostergable
a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en
toda su integridad”.[5]
En otras ocasiones esta Corporación ha contemplado la procedibilidad
de la acción de tutela para reclamar acreencias derivadas de una relación de
carácter laboral, teniendo en cuenta, en concreto, que si se acudiese a la
jurisdicción competente, la duración media de un proceso laboral haría
nugatorio el ejercicio del derecho vulnerado o amenazado.[6] Esto se traduce en una
protección transitoria para conjurar un perjuicio irremediable, bajo
determinadas circunstancias apremiantes.
Igual consideración ha realizado la Corte, en los casos en que el
mínimo vital, entendiendo por aquél, el
mínimo de necesidades básicas indispensables para garantizar la subsistencia
digna de la persona y de su familia[7], que es vulnerado como consecuencia
de la mora en pago de salarios del extremo generalmente débil de la relación
laboral pueda verse comprometido.
Esta Corte ha estimado que se desconoce el mínimo vital cuando la
mora se prolonga en el tiempo[8]
y el salario constituye la única fuente de ingresos del trabajador.[9] En este sentido debe
reiterarse que el derecho de los
trabajadores al pago oportuno de los salarios no sólo es una garantía
constitucional (artículo 53 de la Constitución Política) sino que es un derecho
fundamental, que deriva directamente de los derechos a la vida, salud y al
trabajo[10].
La Corte Constitucional en estos casos
particulares de afectación al mínimo vital por el no pago de acreencias
laborales ha dicho que “la no cancelación de los salarios a un trabajador
por parte de su empleador, configura un perjuicio irremediable que, como se ha
anotado, pone en peligro el derecho fundamental a la subsistencia”[11].
Entre tanto, debe destacarse, para precisarse, que en cuanto al concepto de
mínimo vital del trabajador esta Corte ha señalado que éste: “(...)no debe
confundirse con la noción de salario mínimo, como quiera que la “garantía de
percibir los salarios y las demás acreencias laborales, se asienta en una
valoración cualitativa, antes que en una consideración meramente cuantitativa”[12],
que constituye un presupuesto y precondición básica para el ejercicio de los
derechos y libertades constitucionales de la persona”[13].
Y, en cuanto a su demostración, vale decir, a la prueba de su afectación, se ha señalado que en principio,
la carga de la prueba corresponde a
quien lo alega, pero el juez podrá
valorar las condiciones concretas con base en la buena fe, que deberá
presumirse (C.P. art. 83)[14]. Sin embargo, la carga de probar que
el trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas que le permitan
subsistir dignamente sin el salario le corresponde al demandado o al juez.[15]
Todo lo destacado, en consideración a que el no pago puntual
del salario al trabajador lo imposibilita para atender sus necesidades básicas
de alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud y pago de servicios
públicos, así como sus obligaciones financieras y comerciales, y que la espera
del agotamiento de un proceso ordinario le impediría el goce efectivo de sus
derechos[16].
La zozobra producida por el incumplimiento en la obligación
fundamental del empleador genera una crisis económica para el trabajador, quien
para poder atender sus obligaciones familiares, educativas y financieras debe
recurrir a otros medios, tales como préstamos. De tal suerte que, el derecho al
pago oportuno del salario es, como lo ha afirmado la Corte, un derecho
fundamental que como tal, merece protección a través del mecanismo de la
tutela.
En conclusión, se puede afirmar que la Constitución ha previsto que
aún cuando exista un medio judicial de defensa del derecho fundamental conculcado,
procede el amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Así, ha aceptado la procedencia excepcional de la tutela en
aquellos casos concretos en que se constate que la duración media de un proceso
haría nugatorio el ejercicio del derecho vulnerado o amenazado en determinadas
circunstancias apremiantes. Igual consideración ha realizado la Corte en los
casos en que se afecta el mínimo vital, entendiendo por aquel, el mínimo de
necesidades básicas indispensables para garantizar la subsistencia digna de la
persona y de su familia, que es vulnerado como consecuencia de la mora en el
pago de salarios o mesadas pensionales que se prolonga en el tiempo, de manera
que pueda verse comprometido por ser el salario o la pensión la única fuente de
ingresos del trabajador.
Ahora bien, en
segundo lugar, deber afirmarse que es el juez constitucional quien determina
los derechos fundamentales violados. Por ende sus fallos pueden ser ultra y
extra petita en materia de tutela.
En efecto, la
acción de tutela es el mecanismo constitucional creado por la Constitución de
1991, con el propósito de proteger los derechos fundamentales.
El desarrollo
constitucional del artículo 86 de la Constitución se encuentra en el decreto
2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”.
Principio
estructural de dicha norma reglamentaria es la prevalencia del derecho
sustancial[17].
Así entonces, en concordancia con el artículo 228 constitucional se señala que
al interior de la administración de justicia debe prevalecer el derecho
sustancial.
Ahora bien, la
solicitud de tutela[18]
debe contener, por parte del solicitante, el derecho que se considera violado o
amenazado, sin embargo no es necesario citar la norma constitucional
infringida, siempre que se pueda determinar por el juez de tutela el derecho
violado o amenazado. Lo anterior, denota la informalidad propia de la tutela y
su fácil acceso para las personas.
Así las cosas, a
quien corresponde establecer y determinar el derecho a tutelar es el juez,
quien lo hará en el fallo. Por consiguiente, si bien el demandante en tutela
puede señalar de manera subjetiva los derechos fundamentales que él considera
violados o amenazados – señalamiento éste que debe hacerse con un mínimo de
claridad – a quien corresponde la carga de determinar el derecho violado o
amenazado y por ende a tutelar, es al juez de tutela.
Precisamente, y
debido a la informalidad mencionada, el juez de tutela determina si los
derechos alegados por el demandante son los que corresponden a los hechos ó si
éstos son más de los que mencionó el demandante. Lo cual tiene respaldo en el
artículo 241 constitucional que establece que el juez constitucional debe
garantizar la integridad de la constitución. Al respecto esta Corporación ha
manifestado lo siguiente:
“El juez
constitucional puede fallar ultra y extra petita; la razón es muy simple, son
guardianes de la integridad de la Constitución, no sólo de una parte de ella
sino de toda la Constitución. Este principio, que se encuentra en todo el
derecho comparado y el cual aplican todos los tribunales constitucionales,
encuentra consagración positiva en el artículo 241 superior que establece que a
la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad de la
Constitución.”[19]
Igualmente se
afirmó:
“2.1. La acción de tutela como mecanismo efectivo en la
protección de los derechos fundamentales
En
consideración a la naturaleza fundamental de los derechos amparados por la
acción consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, el régimen de la
tutela está dotado de una mayor laxitud que el resto de las acciones jurídicas.
En efecto, mientras que el pronunciamiento judicial ultra y extra petita está
vedado en materia civil, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 305
del Código de Procedimiento Civil[20],
al juez de tutela le está permitido entrar a examinar detenidamente los
hechos de la demanda para que, si lo considera pertinente, entre a determinar
cuáles son los derechos fundamentales vulnerados y/o amenazados, disponiendo lo
necesario para su efectiva protección. No en vano la Corte Constitucional
ha sostenido que:
“ (…) dada la naturaleza de la presente acción, la labor del juez no
debe circunscribirse únicamente a las pretensiones que cualquier persona
exponga en la respectiva demanda, sino que su labor debe estar encaminada a
garantizar la vigencia y la efectividad de los preceptos constitucionales
relativos al amparo inmediato y necesario de los derechos fundamentales. En
otras palabras, en materia de tutela no sólo resulta procedente sino que en
algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra
petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por ejemplo, el juez
advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un derecho
fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección, toda
vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad
procesal. Ello equivaldría a que la administración de justicia tendría que
desconocer el mandato contenido en el artículo 2o superior y el espíritu mismo
de la Constitución Política, pues -se reitera- la vigencia de los derechos
constitucionales fundamentales es el cimiento mismo del Estado social de
derecho.” [21]
Es claro,
pues, que la naturaleza especialísima de la acción de tutela permite su
distinción respecto de las demás acciones legales, autorizando al juez asumir
un papel activo en el análisis del caso bajo su conocimiento, en aras de la
eficaz protección de los derechos fundamentales.”[22]
(iii) El Estado Social de Derecho y la protección a los principios
constitucionales y a los derechos fundamentales de los trabajadores. Premisas
esenciales.
Estado Social de
Derecho y amparo de derechos fundamentales son apreciaciones inseparables, pues
no sería concebible el primero, sin la protección efectiva de los segundos. Es
este, un tema pacifico en la doctrina y mucho más en la jurisprudencia
constitucional. Así, ha manifestado desde sus inicios la Corte Constitucional,
en sentencia T-406 de 1992
“11. La fórmula clásica del
Estado liberal, en relación con la delimitación de los derechos fundamentales,
consistía en establecer una lista de derechos pertenecientes a esta categoría.
Una de las manifestaciones de la crisis del Estado constitucional en la segunda
mitad del siglo veinte, consiste en afirmar que de nada sirve una buena lista
de derechos si no se tiene en cuenta el proceso de aplicación. Según esta
crítica, el problema fundamental de tales derechos se encuentra en la
definición de las relaciones entre ellos y no en la enunciación de los que son.
Es relativamente fácil ponerse de acuerdo en los derechos que son fundamentales
- de hecho en los convenios internacionales existe tal acuerdo - pero es
difícil saber, a priori, como se aplican. El asunto es: en caso de conflicto -
y esto es lo mas corriente- entre dos o tres derechos, cuál debe tener
prioridad ?. El problema fundamental de los valores no es el de su
enunciación sino el de su aplicación. Para la realidad del derecho es más
importante establecer cuales son los criterios de interpretación y aplicación
de las normas que establecer cuales es la lista de aquellas normas que
pertenecen a una determinada categoría.
Si lo esencial de la definición de los derechos fundamentales, se
juega en el ámbito de la relación entre los mismos, esto trae como
consecuencia: 1) que la definición a priori de todos los que son no tiene mayor
importancia; 2) que esta tarea debe ser llevada a cabo por el juez, puesto que
la relación entre los derechos es un dato que viene de los hechos ( a través de
la tutela); 3) de esta manera, en la relación texto constitucional-hecho
social, se irá construyendo una nueva interpretación de la carta de derechos
adecuada a una realidad propia del subdesarrollo (nuevo constitucionalismo para
América Latina).
12. Existe una nueva estrategia para el logro de la efectividad de
los derechos fundamentales. La coherencia y
la sabiduría de la interpretación y, sobre todo, la eficacia de los derechos
fundamentales en la Constitución de 1991, están asegurados por la Corte
Constitucional. Esta nueva relación entre derechos fundamentales y jueces
significa un cambio fundamental en relación con la Constitución anterior; dicho
cambio puede ser definido como una nueva estrategia encaminada al logro de
la eficacia de los derechos, que consiste en otorgarle de manera prioritaria al
juez, y no ya a la administración o al legislador, la responsabilidad de la
eficacia de los derechos fundamentales. En el sistema anterior la eficacia
de los derechos fundamentales terminaba reduciéndose a su fuerza simbólica.
Hoy, con la nueva Constitución, los derechos son aquello que los jueces dicen a
través de las sentencias de tutela 7 .
Con relación a
la manera en que el Estado Social de Derecho penetra la garantía a la dignidad
humana y el derecho al mínimo vital, también dijo esta Corporación en sentencia
T-426 de 1992:
“El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de
las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país
una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance.
El fin de potenciar las capacidades de la persona requiere de las autoridades
actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye
la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios
dinerarios para desenvolverse en sociedad.
Toda persona tiene derecho a un mínimo de condiciones para su
seguridad material. El derecho a un mínimo vital - derecho a la subsistencia
como lo denomina el peticionario-, es consecuencia directa de los principios de
dignidad humana y de Estado Social de Derecho que definen la organización
política, social y económica justa acogida como meta por el pueblo de Colombia
en su Constitución. Este derecho constituye el fundamento constitucional del
futuro desarrollo legislativo del llamado "subsidio de desempleo", en
favor de aquellas personas en capacidad de trabajar pero que por la estrechez
del aparato económico del país se ven excluidos de los beneficios de una
vinculación laboral que les garantice un mínimo de condiciones materiales para
una existencia digna”.
En providencia
posterior de ese mismo año, la Corte expresó:
“La naturaleza social que identifica al ordenamiento jurídico
colombiano tiene una sentida connotación de prevalencia de los derechos
fundamentales, en la superación de la crisis del Estado de Derecho y en la
inmediata tarea de recuperación social en sus niveles, dentro de un necesario
desarrollo de los principios de solidaridad y dignidad humana, los cuales
orientan el nuevo estado social de derecho.
En consecuencia, las autoridades de la República están en la
obligación de hacerse respetar y asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales de los particulares, de protegerlos en su vida, honra y bienes, a
través de acciones humanitarias, en aquellas circunstancias que amenacen o
vulneren derechos fundamentales, tales como la vida, la dignidad humana, la
intimidad, la salud, etc. La omisión de una de esas acciones humanitarias
justifica la intervención judicial y la consecuente sanción y responsabilidad a
la persona o autoridad renuente. En consideración a lo anterior, la naturaleza
social del Estado de derecho supone como lo quiso el Constituyente de 1991 un
papel predominantemente activo de las autoridades y un compromiso permanente en
la promoción y difusión de la justicia social.
La Carta Fundamental de 1991 consagra una nueva orientación
filosófica que ubica al hombre en un lugar privilegiado y se convierte en el
instrumento más eficaz al servicio de la dignificación del ser humano, lo cual
se deduce de la lectura del Preámbulo y de los artículos 1 al 95. Con fundamento
en ello, el respeto a la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones
del Estado en sus diversas manifestaciones”.
Tratándose de la ruptura que supone el no pago oportuno de los
salarios como vehículo que procura la garantía de un orden social justo, propio
del Estado Constitucional esta misma Corporación en sentencia T-273 de 1997
afirmó:
“Cuando con la violación al derecho a un salario oportuno, se
vulnera también en forma grave el derecho a la subsistencia, la acción de
tutela no sólo procede sino que, para hacer efectivos el derecho al trabajo, a
la seguridad social y a la vida, el juez debe ordenar el pago inmediato de los
salarios y prestaciones injustamente dejados de pagar. Si está de por medio la
digna supervivencia de las personas, las condiciones que le permiten conservar
su vida y la de su familia, cabe la tutela excepcionalmente, para obtener la
protección al mínimo vital.
(…)
Se evidencia que la costumbre, un tanto manía, que adquieren las
entidades públicas de no estar al día nunca con el pago de los salarios a sus
trabajadores, constituye una vulneración permanente al derecho al trabajo que
es preciso atacar con mecanismos de rápida protección que neutralicen la
negligencia y omisión de las autoridades. Ha reiterado además la jurisprudencia,
que el amparo de los derechos fundamentales, como los que aquí se solicitan, es
viable cuando el motivo de la violación es la negligencia u omisión de las
autoridades públicas ocasionada en los eventos en que conociendo la necesidad
de cumplir con el compromiso de pagar oportunamente los salarios de sus
empleados, la administración no procede a hacerlo, lesionando así su mínimo
vital, el derecho al trabajo y comprometiendo otros como la seguridad social y
la vida. Es deber de las entidades públicas efectuar con la debida antelación,
y no cuando la situación haga crisis, los empleados inicien cese de labores y
la capacidad de crédito se torne nula, todas las gestiones presupuestales y de
distribución de partidas que sean indispensables para garantizar a sus
trabajadores el pago puntual de la nómina. Cuando la administración provee un
cargo está abocada a verificar la existencia del rubro presupuestal que le
permita sufragar la respectiva asignación, y de ahí que su negligencia no
excuse la afectación de los derechos pertenecientes a los asalariados sobre
quienes no pesa el deber jurídico de soportarla[23]”. (Negrilla fuera de texto)
Igualmente, la Sentencia T- 011/98, relativa a la protección del mínimo
vital en un Estado Social y a la excepcionalidad de la acción de tutela en los
asuntos laborales, la Corte señaló:
“El pago de acreencias laborales ha sido concedido por vía de tutela
de manera excepcional, cuando con la suspensión del salario, por ejemplo, se
afecta el mínimo vital de los trabajadores. El trabajo, ha dicho la
jurisprudencia, reviste una triple dimensión: “es derecho fundamental, es una
obligación social y es un valor fundante del Estado. La obligatoriedad del trabajo
descansa en la premisa de que esfuerzo físico o mental realizado será
remunerado de manera proporcional a su calidad y cantidad, remuneración que
además debe reunir las notas de vital y móvil. De allí que el salario sea una
obligación patronal que se debe cumplir de manera oportuna y completa, pues de
lo contrario coloca en peligro la subsistencia del trabajador y su familia”
Se adoptó esa
misma fórmula en la Sentencia T-144/99 cuando consideró:
“Aunque no cabe en principio la acción de tutela para obtener el
pago de acreencias laborales, por cuanto existen medios judiciales idóneos para
alcanzar la protección de los derechos y para la efectividad de las
prestaciones de esa índole, la jurisprudencia de esta Corte ha sido también
constante en el sentido de que la aptitud de tales medios ordinarios se ve
ostensiblemente disminuida y aun anulada, frente al propósito constitucional de
la defensa cierta de los derechos fundamentales, cuando la falta de
cumplimiento de elementales deberes del patrono -como el oportuno pago del
salario- llega a afectar el mínimo vital de los trabajadores y sus familias, en
particular los niños, lo que amerita un desplazamiento de aquéllos, con miras
al inmediato y eficiente amparo de los derechos en juego. La subsistencia de
las personas no admite la espera de un largo proceso laboral y si a ello se
agrega la carencia absoluta de recursos de quien tiene en el trabajo la única
fuente de ellos, la intervención del juez constitucional se hace indispensable
y es oportuna para realizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
Se ha estimado viable el amparo por razón de la imperativa prevalencia del
derecho sustancial”.
In genere, en un Estado Social de Derecho existe la obligación de
otorgarle efectiva protección a los principios constitucionales laborales, que
impone también, la observancia de los principios generales del derecho
aplicados a las relaciones de trabajo. Ha manifestado al respecto esta Corte,
en la sentencia T-1031 de 2000:
“Esa protección al trabajo, sea cual fuere su modalidad, incluye
también, como es apenas obvio, los principios generales del derecho al trabajo
que la doctrina ha establecido y que en Colombia adquieren rango constitucional
en los artículos 53 y 83 de la C.P. con las siguientes expresiones:
PRIMACIA DE LA REALIDAD: “primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”,
IRRENUNCIABILIDAD: “Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales”; “facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles”,
FAVORABILIDAD, CONDICION MAS BENEFICIOSA Y PRINCIPIO PRO OPERARIO: “situación
mas favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales del derecho”,
CONSERVACIÓN DEL CONTRATO: “estabilidad en el
empleo”,
JUSTICIA SOCIAL: “garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a
la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad”,
INTANGIBILIDAD DE LA REMUNERACION: “remuneración mínima vital y
móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo”,
BUENA FE: “La actuación de los particulares y las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe” (este principio
no aparece en el artículo 53 sino en el 83 de la C.P.).
Tales principios se enmarcan dentro del objetivo específico de la
norma laboral consistente en otorgar un amparo a quienes se encuentran en un
estado de subordinación continuada hacia su empleador; debiendo exigirse el
elemento de la continuidad en cuanto a la dependencia mas que a los servicios,
o sea en cuanto al vínculo mas que a las prestaciones”.
El Estado Social
de Derecho y su papel en la realización del principio de solidaridad, fue
anunciado por la Corte Constitucional en la sentencia T-309/95. Fijó su alcance
en los siguientes términos:
“La idea y las proyecciones del Estado Social de Derecho, que es
característico de nuestra organización política, según lo expuesto por el
artículo 1º de la Carta, y que proclama una responsabilidad estatal mucho más
ligada a la obtención de resultados favorables a la satisfacción de las
necesidades primigenias de la comunidad y de los asociados, dentro del orden
jurídico, que al encasillamiento formal de sus actuaciones en los moldes
normativos. En el actual sistema jurídico, el principio de solidaridad,
contemplado en los artículos 1 y 95 de la Constitución Política, al que están
obligados los particulares pero que es primordialmente exigible al Estado, si
bien no bajo una concepción paternalista que establezca una dependencia
absoluta. A tal concepto se ha referido esta misma Sala, indicando que tiene el
sentido de un deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de su
pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio
esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés
colectivo”.
Ahora bien, no
se halla limitada la enunciación del Estado Social de Derecho como principio
fundamental del Estado Colombiano en el capitulo I de la Carta, pues en todo su
articulado es fácil encontrar manifestaciones concretas. Fue este, tema del que
ya se ocupó la Corte, entre otras en la sentencia C-1064 de 2001, cuando
examinó la constitucionalidad de la ley 628 de 2000[24].
Expresó la Corte
sobre el particular en sentencia que in extenso se transcribe:
“La fórmula política del Estado Social de Derecho exige, así, que
los órganos del Estado forjen la realidad institucional según los principios
fundamentales de una organización social justa de hombres y mujeres igualmente
dignos (Preámbulo y artículos 1, 2, 13, 42 a 50, 363 y 366 C.P.). Ello supone,
entre otras cosas, la superación del concepto formal de Estado de Derecho,
limitado a la provisión de garantías y procedimientos necesarios para asegurar
la libertad legal de la persona, y sometido, desde principios del siglo XX, a
la crítica socialista según la cual éste se limitaba a reflejar los intereses
de propietarios, empresarios y comerciantes. Tal superación implica, además, la
vinculación jurídica de las autoridades a unos principios tendientes a asegurar
la efectividad de los derechos y deberes de todos, particularmente, mediante la
previsión del mínimo vital, la promoción de la participación de los individuos
en la vida política, económica y cultural, la protección especial a personas y
grupos excluídos y la intervención en la economía con miras a corregir con
medidas redistributivas las situaciones de grave desigualdad e inequidad
existentes en la sociedad.
En este orden de ideas, entre las manifestaciones concretas del
principio fundamental del Estado Social de Derecho se encuentran, por ejemplo,
los mandatos generales dirigidos a promover la igualdad real y efectiva
mediante la adopción de medidas a favor de grupos marginados o discriminados
(artículo 13 inciso 2 C.P.); proteger especialmente a las personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta (artículo 13 inciso 3 C.P.); proteger a la mujer
embarazada, a la mujer cabeza de familia, a la niñez, a los adolescentes, a las
personas de la tercera edad, a los discapacitados, a los pensionados y a los
enfermos (artículos 43 a 49 C.P.); apoyar a los desempleados (artículo 54 C.P.)
y promover el pleno empleo así como el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas de menores ingresos (artículo 334,
inciso 2); y, en general, dar prioridad sobre cualquier otra asignación al
gasto social para la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable en los planes y
presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales (artículo 366 C.P.).
La interpretación sistemática del principio fundamental del Estado Social de
Derecho y de los preceptos constitucionales que lo concretan, permite concluir
que dicho principio abarca, sin caer en el paternalismo o en el
asistencialismo, contenidos tanto de participación en la prosperidad general,
de seguridad frente a los riesgos de la vida en sociedad, de equiparación de
oportunidades como de compensación o distribución de cargas. Por la concepción
material de la igualdad, el grado y tipo de protección requerido varía entre
situaciones diferentes, cuando se trata de distribuir y asignar recursos
escasos en un contexto en el que existen objetivamente necesidades
insatisfechas que el Estado debe prioritariamente atender.
(…)
Por otra parte, la efectiva realización del principio de Estado Social
de Derecho presupone la obligación del pago de tributos por parte de los
particulares. Tal conclusión se desprende del principio de solidaridad
(artículo 1 C.P.) y del deber de contribuir al financiamiento de los gastos e
inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (artículo 95
inciso 3 numeral 9 C.P.). Es precisamente en el contexto de toma de decisiones
macroeconómicas y sociales que los distintos sectores de la población, en
virtud del principio de solidaridad, asumen cargas públicas razonables para
permitir que sectores excluidos puedan progresivamente ser incorporados al goce
de los beneficios del progreso, lo cual sólo se puede lograr mediante la
conciencia creciente de la necesidad de cooperar y actuar mancomunadamente para
mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y superar gradualmente las
desigualdades presentes.
La apelación a la solidaridad reforzada en un Estado Social de derecho
no puede, sin embargo, llegar al extremo de eliminar la libertad individual y
social a través de la materialización de un Estado que, so pretexto de ejercer
sus funciones de dirección de la economía, se transforma en uno totalitario. El
Estado Social de Derecho tiene el significado, “de crear los supuestos sociales
de la misma libertad para todos, esto es, de suprimir la desigualdad social”[25]. En
esta dirección, el principio de Estado Social de Derecho es un mandato dirigido
al legislador que lo obliga a atender la justicia y la equidad en la toma de
decisiones de conformidad con el marco constitucional pero que respeta un
margen amplio a las opciones de política pública de las autoridades
popularmente elegidas. El Estado Social de Derecho no impone un modelo
económico o social, pero tampoco es indiferente a la realización de valores
como el orden social justo y la dignidad humana. Tal interpretación deja a
salvo la potestad de configuración legislativa radicada en cabeza del Congreso
y de diseño de programas de gobierno atribuida al Ejecutivo, y busca
conciliarla con los contenidos materiales que la propia Constitución consagra y
que vinculan a todas las autoridades públicas. Es así como el legislador, por
ejemplo, puede intervenir en la economía y la sociedad mediante normas
generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno (artículo 150 numeral 19
C.P.), de forma que asegure los objetivos propios del Estado Social (artículo 1
C.P.). No obstante lo anterior, la omisión legislativa de dictar las normas
generales llamadas a regular las relaciones de trabajo (artículo 53 C.P) y de
intervención estatal en diversos ámbitos de la vida económica y social,
(artículos 150 numeral 21 y 334 C.P.) no puede tener como efecto que el
principio de Estado Social de Derecho quede simplemente escrito. El principio
de inmunidad de los derechos constitucionales impide este resultado. Por ello,
ante circunstancias omisivas debe darse aplicación directa a los preceptos
constitucionales.
Es en este contexto fundamental – el cual se inspira en la idea de una
sociedad que propende la igualdad real de los seres humanos y que responde con
acciones solidarias ante la escasez, la marginación, la exclusión o el
desamparo - que deben interpretarse los principios mínimos en materia laboral
y, en especial, el referente a la movilidad del salario, así como las demás
disposiciones relevantes en el presente proceso”.
En el caso puntual del derecho al trabajo, la Corte enfatizó su
condición de valor y principio inspirador del Estado Social de Derecho, a
efectos de determinar cuando una controversia laboral tiene relevancia
constitucional para ser examinada en sede de tutela. Pues bien, en la sentencia
T-097 de 2006, se advirtió:
“4.1. Desde el Acto Legislativo No. 1 de 1936, artículo 17, el valor
del trabajo ha sido uno de los elementos esenciales que orienta las
instituciones del Estado, al ser considerado como una obligación social que
goza de la especial protección del Estado. El Constituyente de 1991 siguiendo
esa línea de pensamiento, consagró desde el Preámbulo de la Carta el deber del
Estado de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia y la igualdad, así como el conocimiento, la libertad y la paz,
valores que fueron refrendados en el artículo 1 de la Constitución, al disponer
que Colombia como Estado social de derecho se funda en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general. La especial protección del trabajo se
consagra en la Carta de 1991, en su artículo 25, al disponer que no sólo se
trata de un derecho sino de un deber que debe ser garantizado a todas las
personas en condiciones dignas y justas. Para completar esa especial
protección, se señalaron por el Constituyente unos principios mínimos
fundamentales que han de ser observados, entre los cuales se encuentran la
igualdad de oportunidades laborales, y una remuneración mínima, vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.
La consagración del trabajo como uno de los elementos esenciales en
los cuales se funda el Estado social de derecho, y el señalamiento de unos
principios mínimos que deben ser observados, no están establecidos en la
Constitución Política como meros postulados sino que exigen de todas las ramas
del poder público su observancia. En tal virtud, ante la existencia de
controversias o conflictos laborales la Constitución debe ser interpretada y
aplicada de suerte que los valores y principios que protegen y garantizan los
derechos de los trabajadores tengan plena realización en procura de la dignidad
de las personas (…)”.
Vistas así las cosas, es evidente que los principios que inspiran el
Estado Social de Derecho informan el ordenamiento positivo, para venir a
interpretar y a integrar sus contenidos, fundamentalmente las regulaciones
positivas que disciplinan los derechos fundamentales.
Así pues, del
Estado Social de Derecho se desprenden la siguiente premisa fundamental:
El trabajo,
el Salario y las prestaciones, conceptos constitucionales y jurisprudenciales.
Premisas esenciales.
En primer
lugar, el artículo 1º de la Constitución determina
que Colombia es una República estructurada en el trabajo. Éste principio
constitucional implica que se ofrezca al trabajo y a los trabajadores una
adecuada compensación, sin ningún tipo de privaciones o sufrimientos. Así las
cosas, el trabajo se constituye entonces en fundamento del estado colombiano[26], en derecho y en deber
de todas las personas y en actividad objeto de una protección y salvaguarda
especial.
Así las cosas,
el trabajo influencia cualquier tipo de actividad, al fin y al cabo es principio
soporte del Estado Colombiano, sea esta actividad privada o pública.
Siendo un
principio constitucional la protección del trabajo, la norma superior impone la
obligación a todos los órganos del Estado, en todos sus niveles (nacional,
departamento, local) y ramas (legislativa, ejecutiva y judicial) , de desarrollar
políticas que amplíen y protejan el empleo, la conservación y creación de
nuevos puestos de trabajo, combatir la desocupación , y la preservación de las
condiciones laborales más benéficas para los trabajadores.  Todos aquellos
actos que realice el Estado en contravía del principio de protección del
trabajo estará en contra de la Constitución.
Específicamente,
la Constitución contiene una serie de normas que protegen el trabajo
subordinado, entra éstas se encuentra el art. 25 que señala que el trabajo es
un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades de la
especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas; el art. 53 que determina un estatuto del trabajo y
una remuneración mínima vital y móvil , proporcional a la cantidad y calidad
del trabajo , que debe ser suficiente para garantizar al trabajador y su
familia una existencia digna .
La constitución
igualmente señala otros beneficios a favor del principio de protección del
trabajo como son la estabilidad del empleo, la irrenunciabilidad de los beneficios
mínimos establecidos en las normas laborales , el llamado principio pro
operario referente a la favorabilidad en beneficio del trabajador en caso de
duda en la aplicación del derecho, la primacía de la realidad sobre la forma en
las relaciones laborales , garantía de la seguridad social, protección especial
a la mujer trabajadora madre cabeza de familia y mujer embarazada, protección
al menor de edad trabajador, la capacitación y descanso necesario para el
trabajador.
El Estado, con
base en la constitución, garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste
periódico del salario y de las pensiones.
La protección
del trabajo no tiene solamente origen constitucional, sino que se ha plasmado
igualmente en instrumentos internacionales , como la declaración de derecho del
hombre art. 23, que consagra el derecho al trabajo, los pactos internacionales
de derechos económicos , sociales y culturales y de derechos civiles y
políticos.
En resumen, puede afirmarse que El Derecho
al trabajo adquiere particular importancia desde el preámbulo de la
Constitución a efectos de alcanzar un orden político, económico y social justo.
Al ser consagrado ahí como un valor fundante del Estado Social de Derecho, las
autoridades públicas deben, además de proteger al trabajador frente a posibles
abusos del empleador, implantar políticas y mecanismos para que se reivindique
el trabajo. Así, la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de 2004 dijo:
“(E)l derecho al trabajo surge con
particular importancia a partir del Preámbulo de la Constitución, a efectos de
ser protegido en la perspectiva de un orden político, económico y social justo.
A lo cual concurre el artículo 1 ibídem otorgándole un valor fundante en el
Estado Social de Derecho que entraña Colombia, ámbito en el que le corresponde
a las autoridades proveer a su garantía en condiciones dignas y justas, es
decir, atendiendo a la realización de los fines del Estado materializando los
atributos y consecuencias del derecho al trabajo. Así entonces, dentro de la
órbita estatal, a partir de políticas laborales consonantes con la dignidad y
justicia que deben irradiar el derecho al trabajo, le compete al Legislador
establecer normas tendientes a salvaguardar los intereses del empleado frente
al empleador. Vale decir, es tarea fundamental del Estado en general, y del
Legislador en particular, promover las condiciones jurídicas y fácticas
necesarias a la reivindicación del trabajo, en el entendido de que la libertad
de empresa con criterio rentable implica a su vez una función social en cabeza
de los empleadores, función ésta que en términos constitucionales tiene como
primeros destinatarios a los trabajadores de la empresa y, subsiguientemente, a
los clientes de sus bienes y servicios.” 1
En este orden de ideas, en la sentencia
C-100 de 2005, esta Corporación indicó que el trabajo cuenta con una triple
naturaleza constitucional. Por una parte, (1) es valor fundante del régimen
democrático y del Estado Social de Derecho, por otra (2) es un derecho
fundamental de desarrollo legal, y por último, (3) es una obligación social.2
Por este motivo el Trabajo es un objeto de especial salvaguarda por parte del
Estado, ya que permite realzar la primacía de otros principios igualmente
protegidos, como el respecto a la dignidad humana y a los derechos
fundamentales de las personas que como trabajadores adelantan una actividad
tendiente a desarrollar su potencial físico o mental, en aras de la provisión
de los medios necesarios para su subsistencia y sostenimiento familiar.3
De esta forma, en sentencia C- 107 de 2002
se adujo: “ Dentro de la nueva concepción del Estado como Social de Derecho,
debe entenderse la consagración constitucional del trabajo no sólo como factor
básico de la organización social sino como principio axiológico de la Carta;
y además, que constituye la actividad libre y lícita del hombre, que no sólo
contribuye a su desarrollo y dignificación personal sino también al progreso de
la sociedad, bien que se trate de una actividad independiente o subordinada.
(... )
El trabajo como derecho, implica una
regulación fundada en la libertad para seleccionarlo, por lo que, salvo las
restricciones legales, consiste en la realización de una actividad
libremente escogida por la persona dedicando a ella su esfuerzo intelectual o
material, sin que puedan impedírselo los particulares ni el Estado a quien,
por el contrario, le compete adoptar las políticas y medidas tendientes a su
protección y garantía.  “4 (subrayas fuera del original)
Ahora bien, la Constitución Colombiana ha
establecido que además de las características intrínsecas del trabajo, es
indispensable que éste se realice en condiciones dignas y justas.5
Como desarrollo de dichas condiciones, existen garantías en las que aquel
deberá desenvolverse. Así, “(…) deberán existir igualdad de oportunidades
para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil; estabilidad en el
empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales, facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación o interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la
realidad sobre formalismos establecidos por sujetos de las relaciones laborales
, garantía a la seguridad social , la capacitación, el adiestramiento y
el descanso necesario , protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad.6
En este orden de ideas, el hecho de que el
artículo 25 de la Constitución consagre el derecho al trabajo en condiciones
dignas y justas implica que la protección no sólo se extienda a los principios
dispuestos en el artículo 53 de la Constitución, sino que además comprenda la
garantía de otros derechos fundamentales en el ámbito laboral como son el
derecho a la integridad tanto física como moral, el derecho a la igualdad, a la
intimidad, al buen nombre, y a la libertad sexual, entre otros. (C- 898 de
2006).
En segundo
lugar, debe recordarse que el salario es la
remuneración obtenida por la actividad laboral desplegada. Esta remuneración
debe colmar la necesidades y urgencias de quien efectúa la actividad laboral,
estas necesidades y urgencias son vitales porque buscan garantizar no solo los
derechos fundamentales de quien trabaja sino igualmente de su familia , en
aspectos tan trascendentales en un Estado social de derecho como la vivienda,
la alimentación , la salud, la educación , etc.).
En consecuencia,
el Estado acorde con el artículo 53 de la Constitución, el llamado a garantizar
ese salario vital y móvil. Éste salario tiene como propósito mantener el poder
adquisitivo y que de esta forma se permita satisfacer el consumo de las cosas
necesarias y el goce de los bienes indispensables para una vida digna.
Respecto al
salario esta Corte ha manifestado:
“Garantía constitucional de que el pago del salario debe ser en
dinero cuando así se pacta.
El salario es
la remuneración que el trabajador recibe como contraprestación directa del
servicio, el cual se pacta pagar en especie o en dinero; cuando la remuneración
se acuerda en dinero, el numeral 1º del artículo 3 del Convenio 95 de la OIT,
dice lo siguiente: “Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán
exclusivamente en moneda de curso legal, y deberá prohibirse el pago con
pagarés, vales, cupones o en cualquier otra forma que se considere
representativa de la moneda de curso legal”. (el subrayado se encuentra por
fuera del texto original). Pago que debe hacerse en intervalos regulares tal
como lo determina el numeral 1º del artículo 12, además con el fin de proteger
el pago puntual del salario, la Recomendación 85 dice que debe ser en forma
periódica.
Con relación a la periodicidad en el pago de la remuneración, la Corte
Constitucional ha expresado “que el pago periódico y completo del salario
pactado constituye un derecho del trabajador y una obligación a cargo del
patrono, cuyo incumplimiento afecta los derechos a la subsistencia y al trabajo
en condiciones dignas y justas.
La periodicidad y oportunidad de la remuneración buscan precisamente
retribuir y compensar el esfuerzo realizado por el trabajador, con el fin de
procurarle los medios económicos necesarios para una vida digna y acorde con
sus necesidades.” Sentencia T-234 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(…)
El artículo 53 de la Constitución Política consagra los principios
mínimos fundamentales del trabajo, dentro del cual se dice que el Estado
garantizará el derecho al pago oportuno del salario, pago que no puede ser por
otro medio diferente al establecido en la Constitución, la Ley y los Tratados
Internacionales ratificados por Colombia, tal como lo contempla el artículo 93
de la misma carta.
(…)
En cuanto a
la protección del derecho al trabajo en condiciones dignas, en las que se
incluye el pago del salario en forma puntual y completa, la Corte
Constitucional ha proferido la sentencia T-857 de 2000, donde se retoman
pronunciamientos anteriores, de la siguiente manera: “a) El derecho de los trabajadores al pago oportuno de los salarios no
sólo es una garantía constitucional (art. 53) sino que es un derecho
fundamental, como quiera que deriva directamente de los derechos a la vida,
salud y al trabajo. (Sentencias
T-089 de 1999, T-211, T-213 de 1998, T-234 de 1997 y T-426 de 1992).
b) Para la protección judicial del derecho al pago
oportuno, el concepto de salario debe entenderse en un sentido genérico, pues
lo integran “todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor
desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones
que puedan asignarles la ley o las partes contratantes”[27].
(…)
j) La situación económica del empleador, sea
este público o privado, no es un motivo justificado para incumplir el deber
legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los trabajadores.
No obstante, si la deudora es una entidad pública, la orden del juez de tutela
“deberá ser que, en un término razonable fijado por el juez, se cree una
partida presupuestal, si no existiere, o se realicen las operaciones necesarias
para obtener los fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales
vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional”[28].
Sentencias T-015 de
1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998.
k) La orden que imparte el juez de tutela para
proteger el derecho fundamental al pago oportuno de los salarios podrá
extenderse a la totalidad de las sumas debidas. En otras palabras, en la sentencia SU-995/99 se precisó, que para lograr la completa protección de los derechos fundamentales
comprometidos, la orden debe extenderse no sólo a las sumas adeudadas, sino a
la garantía de pago de las mesadas futuras. Tratándose de entidades públicas,
si hay carencia de recursos, también el juez de tutela debe ordenar que se cree
la partida presupuestal correspondiente.”[29]
En tercer
lugar, con ocasión y por causa del trabajo
desplegado, nacen para el trabajador una serie de derechos que buscan de un
lado su protección de riesgos y contingencias que pueden presentarse en el
desarrollo de su actividad laboral. Este principio trae consigo entre otras las
indemnizaciones por enfermedades profesionales o no profesionales, por
accidentes de trabajo, la pensión de vejez, la pensión de invalidez, las
cesantías, etc.
De otro lado,
unos derechos que pretenden dar descanso a quien efectúa la actividad laboral
por cuanto el organismo humano requiere de pausas para recuperar el desgaste
que produce el trabajo. En otras palabras, lo que se pretende es que el
trabajador recupere las fuerzas desvanecidas como resultado de la actividad del
trabajo. Como resultado de éstos postulados encontramos el derecho a vacaciones
y el pago de éstas.
Los periodos de
vacaciones tienen un doble sentido, el patrono debe aceptar el retiro del
trabajador por un tiempo señalado en la ley y además debe pagarle el salario durante
este tiempo; el trabajador tiene el derecho de exigir un tiempo de vacaciones
acorde con la ley y la remuneración que legalmente se establezca para el
usufructo de su descanso.
(iv) La situación del trabajador frente a la crisis presupuestal de
su empleador.
De acuerdo con el artículo 25 constitucional, el trabajo es un
derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la
especial protección del Estado. Remata el dispositivo superior señalando
que, toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 334 ibidem establece que el Estado intervendrá
de manera especial para asegurar el pleno empleo y conseguir que todas las
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los
bienes y servicios básicos.
Ahora bien, este Tribunal ha sostenido de manera reiterada[30]
que la situación económica y presupuestal que afrontan un gran número de
entidades públicas, no justifica el incumplimiento de las obligaciones
laborales, y no constituye razón para suspender el pago de los trabajadores
que, prestando su servicio personal, soportan la desidia de la Administración.
En efecto, refiriéndose a esta práctica de los entes locales, la Corte ha
sostenido “…ello no justifica que se abuse de las condiciones y de la
posición que frente a ellos ostentan los empleados, hasta el punto que ciertos
funcionarios comprometen los rubros destinados al pago de las nóminas para
cancelar acreencias diferentes, o que no se adopten las medidas preventivas
necesarias para evitar el cese en los pagos salariales, conductas éstas que,
sin lugar a dudas, desconocen derechos fundamentales de los trabajadores y sus
familias.”[31]
En este mismo sentido, la Corte en sentencia SU-995 de 1999 señaló:
“La
situación económica del empleador, sea este público o privado, los argumentos
económicos, presupuestales o financieros no justifican el incumplimiento del
deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios de los
trabajadores. No obstante, si la deudora es una entidad pública, la orden del
juez de tutela deberá ser que, en un término razonable fijado por el juez, se
cree una partida presupuestal, si no existiere, o se realicen los trámites
correspondientes[32] para obtener los
fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo
vital, gozan de prelación constitucional”[33].
En esta línea,
entonces, el desorden administrativo o los indebidos manejos de los recursos
públicos no son ni podrían ser óbice para impedir el pago puntual de los
salarios y prestaciones de los empleados que se encuentran al servicio de la
administración.
Es más, el que la situación económica, presupuestal o financiera de
un empleador público o privado no sea producto de su negligencia o desidia,
tampoco lo exime de responder por la protección y respeto de los derechos
mínimos y fundamentales de sus empleados. La intencionalidad de quien incurre
en el desconocimiento de un derecho fundamental, no puede tenerse como elemento
relevante para definir la procedencia o improcedencia del amparo impetrado. Si
existe vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho fundamental, así
debe declararlo el juez, pues lo que se busca es la defensa de estos derechos y
no la definición de responsabilidades, pues ni es su objeto y existen vías
judiciales apropiadas para el efecto.
Debe en todo
caso dejarse en claro que en tales condiciones, la procedencia de la acción de
tutela se encontrará supeditada a la concurrencia de presupuestos ya abordados
incansablemente por esta Corte como que, por ejemplo, la omisión del empleador
en ese sentido ocasione un perjuicio irremediable o comprometa el mínimo vital
del trabajador y su núcleo familiar. Y es que interpretación diversa
desconocería que, sin un ingreso adecuado y pagado en tiempo, no se le
permitiría al extremo generalmente débil de la relación laboral asumir los
gastos más elementales, como los correspondientes a alimentación, salud,
educación o vestuario, en forma tal que su ausencia atente de manera grave y
directa contra la dignidad humana[34].
En resumen, la
situación económica del empleador, sea público o privado, los argumentos
económicos, presupuestales o financieros no justifican el incumplimiento del
deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios a los
trabajadores. En el caso de las entidades públicas, la orden del juez de tutela
deberá ser que, en un término razonable fijado por el juez, se cree una partida
presupuestal, si no existiere, o se realicen los trámites correspondientes para
obtener dichos fondos, bajo el entendido de que los créditos laborales
vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional. En esta línea,
el desorden administrativo o los indebidos manejos de los recursos públicos no
son ni podrían ser óbice para impedir el pago puntual de los salarios y
prestaciones de los empleados y trabajadores que se encuentran al servicio de
la administración. Tampoco, exime al empleador público o privado, el que esa
situación no sea producto de su negligencia o desidia, pues de todos modos debe
responder por la protección y respeto de los derechos fundamentales de los
empleados y los trabajadores.
(v)
Prohibición de venirse contra los propios actos y el principio de la confianza
legítima en las relaciones con la administración.
De antiguo, una
de las reglas más importantes que ha regido las relaciones jurídicas es la de
que “nadie puede cambiar su propio designio en perjuicio de otro”, lo que
encuentra su fundamento en la concepción de la sociedad romana, según la cual,
es costumbre observar y legítimo esperar en las relaciones entre hombres
probos, el que se honre la confianza en el cumplimiento de las expectativas
recíprocas.
Y es esta regla
una de las manifestaciones que con más nitidez emana del principio de la buena
fe, pues desconocer la prohibición de “venire contra factum propium”, sería
tanto como ignorar el señalado postulado, elevado como muy pocas Constituciones
del mundo a norma constitucional. Así, dispone el artículo 83 superior: “las
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a
los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas”.
Ya había
destacado la Corte en sentencia C-478 de 1998 (M.P.:
Dr. Alejandro Martínez Caballero), para referirse a esta regla general que
"si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de
la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su
situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege",
toda vez que "en tales casos, en función de la buena fe (C.P. art. 83), el
Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse
a la nueva situación".
Para explicar la
regla de la confianza legítima, esta Corporación ha manifestado: “La
confianza legítima es un principio originado en el derecho alemán, que en
términos de esta Corporación tiene su fundamento en los postulados
constitucionales de seguridad jurídica, respeto al acto propio y buena fe[35] y
constituye un instrumento válido para evitar el abuso del derecho.
Este
principio busca proteger al administrado frente a las modificaciones
intempestivas que adopte la administración, desconociendo antecedentes en los cuales aquél se fundó para continuar en el ejercicio de una
actividad o reclamar ciertas condiciones o reglas aplicables a su relación con
las autoridades. Esto quiere decir que el principio de confianza legítima es un
mecanismo para conciliar los posibles conflictos
que surjan entre los intereses públicos y los intereses privados, cuando la administración ha creado
expectativas favorables para el administrado y súbitamente elimina dichas
condiciones. Así pues, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es digna
de protección y debe respetarse”[36].
Es claro
entonces que el principio de la buena fe y todas las reglas en que aquella se
manifiesta, exige a las autoridades y a los particulares mantener una
coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos a los que se ha
obligado y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que
objetivamente permita esperar el cumplimiento de las normas propias del tráfico
jurídico.
En este orden de
ideas, el desconocimiento unilateral de los términos de un acuerdo o convención
por alguna de las partes, burla el principio de buena fe y el respeto a los
actos propios, lo cual, en ocasiones, se traduce en el rompimiento del
principio de la confianza legítima.
(vi) La necesidad de dictar una
sentencia de unificación frente a la existencia de fallos contradictorios.
En este acápite, se referirá la Corte a la pertinencia de proferir
una sentencia de unificación que comprenda los asuntos que a raíz de la
decisión del Consejo de Estado quedaron inconclusos, dentro de los cuales se
encuentra la determinación de los efectos económicos de la decisión y
principalmente, la forma en que las entidades deben concurrir a cancelar los
compromisos laborales que adeuda la Fundación San Juan de Dios.
Y más necesario se hace apelar a una decisión de tipo “ sentencia
de unificación “, cuando en la jurisdicción no han sido escasas las
decisiones contradictorias frente al mismo tema, incluso, entre las salas de
las distintas especialidades del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema
de Justicia, lo que eventualmente pudiere redundar en una violación del derecho
a la igualdad de los individuos que reciben de un mismo juez, fallos
contrapuestos, pese a que los supuestos de hecho que originaron las decisiones
eran en sustancia los mismos.
La razón que justifica lo que venimos comentando, no es otra que
aquella según la cual, el Consejo de Estado al igual que la Corte Suprema de
Justicia y todos los jueces colegiados, al resolver esta clase de acciones, se
despojan de su condición de máximos tribunales de lo contencioso
administrativo, por una parte, y de la justicia ordinaria, por otra, para
adoptar la de juez constitucional colegiado, dentro de lo que se ha denominado
jurisdicción constitucional –artículo 239 constitucional y artículo 43 de la
ley 270 de 1996-, jurisdicción ésta en la que la especialidad deja de ser
relevante y, como tal, no puede justificar la existencia de fallos
contradictorios en relación con casos que presentan una identidad substancial[37].
“La misma revisión eventual de todas las decisiones de tutela
-facultad privativa de esta Corte-, muestra el surgimiento de una organización
judicial nueva que, en lo relativo a la tutela, optó, como suele suceder, por
una estructura jerarquizada y un tribunal máximo. Ello, en sentir de la Sala,
significa que en esta materia, todos los jueces, como eventuales inferiores
jerárquicos de la Corte Constitucional, también hacen parte de la jurisdicción
constitucional orgánica y funcionalmente. Esto es muy claro si se piensa
que, dada la libertad de escogimiento del juzgador, en últimas es
indiferente que éste sea civil, laboral, penal o contencioso administrativo,
pues lo importante es la adecuada y rápida defensa de los derechos
fundamentales constitucionales.” (Negrillas fuera de texto) (Auto No. 16 de 1994, proferido por la
Sala Plena de la Corte Constitucional)
Surge así la necesidad de dictar una sentencia de unificación, que
procure homogenizar criterios, de forma que se puedan adoptar juicios que
permitan evitar decisiones opuestas. La misma ley prevé la unificación, a
través de la Sala Plena de cada Corporación.
Ya había dicho con tino esta Corte sobre el por qué es tan
importante esta unificación? Y se respondía: porque “La jurisprudencia de
los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal,
persigue la realización del principio de igualdad” (sentencia C-037 de 1996). El
artículo 13 de la Constitución establece que “...las personas deben recibir
la misma protección y trato de las autoridades”, precepto que por igual
obliga a las autoridades judiciales, máxime si de la jurisdicción
constitucional se trata. Obligación ésta que ha de entenderse vulnerada cuando
el juez, individual o colegiado, se aparta de sus pronunciamientos (precedentes),
pese a que el asunto a resolver presenta características iguales o similares a
los que ha fallado con anterioridad, o falla casos similares en diversos
sentidos, a un mismo tiempo, sin que exista razón que justifique clara y
debidamente la adopción de criterios o interpretaciones diversas. La división
de una Corporación en salas o secciones no es razón suficiente para que admitan
fallos diversos frente a supuestos de hechos substancialmente iguales. Así lo
ha definido esta Corporación en algunos de sus pronunciamientos (sentencia
T-125 de 1993, C-036 de 1996, C-447 de 1997 y T-321 de 1998, entre otros).
La constatación de una grave vulneración de derechos fundamentales en
la situación de los ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San Juan de
Dios.
Con relación a
puntos como el que es ahora estudiado por la Sala Plena, ya han sido abundantes
los casos en que, cuando se reconoce la vulneración de los derechos
constitucionales disponiéndose su protección, se previene a las autoridades con
el fin de que tomen las medidas pertinentes en orden a procurar el cese de una
grave vulneración de derechos fundamentales.
Cuando se verifica una conculcación
repetida y persistente de derechos fundamentales, que afectan a un grupo
significativo de personas, y cuya solución requiere la intervención de
distintas entidades para atender problemas de orden estructural, esta
Corporación ha ordenado remedios que cobijen no sólo a quienes acuden a la
acción de tutela para lograr la protección de sus derechos, sino también otras
personas colocadas en la misma situación, pero que no han acudido al estrado
judicial.
En últimas, en
pronunciamientos similares, la Corte ha dispuesto entre sus ordenaciones
principales para conjurar la grave vulneración de derechos fundamentales que:
(i) se diseñen y pongan en marcha las políticas, planes y programas que
garanticen de manera adecuada los derechos fundamentales (ii) se apropien los
recursos necesarios para garantizar la efectividad de tales derechos; (iii) se
modifiquen las prácticas, las fallas de
organización y de procedimiento que resultan violatorias de la
Constitución; (iv) se reforme el marco jurídico cuyas falencias producen la
grave vulneración de derechos fundamentales y (v) se realicen los trámites
administrativos, presupuestales y de contratación que sean indispensables para
superar la vulneración de los derechos fundamentales[38].
4. (vii) EL
CASO CONCRETO.
4.1 En el
caso sub lite, los accionantes todos, solicitan que se protejan los
derechos constitucionales que hayan sido vulnerados y que se ordene a la
entidad o entidades que corresponda el pago de salarios y prestaciones sociales
adeudadas.
Sea lo primero
dejar en claro, que no cabe duda a la Corte que los señores María Eva
Cubides Villarraga, José Joaquín Castro, Yolanda Rodríguez Tole, Blanca Flor
Villarraga Sanabria, Yaneth Parra Rico, Blanca del Rocío Fuquen Jiménez, Miguel
Eduardo Tavera Rojas, María del Carmen Tequia Marentes, Esperanza Naranjo
Ramírez, Hugo Alfredo Coy León, Edid González Oliveros, Wilmer Cuervo Pineda,
Pedro Antonio Díaz Lara, María Omaira Carabalí Aponza, Yamile Portilla Vidal,
Olga Beatriz Leal Cuervo, María Inocencia Parra Otálora, Luz Stella Maldonado
Vanegas, Laura Patricia Velandia, María Cleotilde Cubides, Olga Lucía Chaparro
Pinilla, Olga Marina Susa y Luz Guadalupe Millán Barragán; prestaron sus
servicios al Instituto Materno Infantil y al Hospital San Juan de Dios, según
consta en los expedientes radicados con los números T-1496291, T-1380697,
T-1343865, T-1424416, T-1416467, T-1380698, T-1418447, T-1432064, T-1424402,
T-1405058, T-1412295, T-1403991, T-1411498, T-1405059, T-1418459, T-1429040,
T-1405934, T-1419456, T-1407078, T-1496295, T-1424407, T-1485792 y T-1418464.
En primer
lugar, se debe establecer la procedencia del
recurso de amparo en las circunstancias particulares, es decir, sí la acción de
tutela resulta o no el mecanismo adecuado para hacer valer el reclamo por
concepto de salarios y prestaciones sociales en los trámites acumulados que
ahora son materia de resolución.
Pues bien, sobre
dicho interrogante, el desmedido retraso en el pago de los conceptos salariales
y de prestaciones sociales demandados, hacen presumir, sin el menor asomo de
dubitación, que el mínimo vital de los ex empleados y ex trabajadores de la
Fundación San Juan de Dios se ha visto comprometido.
Con todo y que
la Corte ha sostenido reiteradamente que el recurso de
amparo no procede para el cobro de acreencias laborales, pues esta es una
materia que, en principio, debe ser debatida ante los jueces que hacen parte de
la jurisdicción laboral, dicha regla tiene una clara excepción en aquellos
eventos en los que se acredita suficientemente que el no pago del salario y prestaciones
sociales; atenta contra las condiciones mínimas vitales del empleado o el
trabajador , pues en tal evento, en el que se constata que los ingresos - por
salario y por prestaciones sociales - del trabajador son su único medio de
subsistencia, sin duda, se compromete su derecho fundamental al mínimo vital.”[39]
Aún más, la
jurisprudencia de este Tribunal en torno al incumplimiento en el pago de
salarios y prestaciones sociales y la consecuente vulneración de su derecho
fundamental al mínimo vital, precisó las condiciones mínimas que gobiernan su
reconocimiento por el juez de tutela[40].
Ha de advertirse, que el salario y las
prestaciones sociales que devienen del trabajo, tienen una generosa protección
constitucional, de donde se desprende, entre otras cosas, la intangibilidad de
la remuneración frente a la preocupación de asegurarle al trabajador su
cancelación oportuna. De ahí que las notas características del salario son: 1.
es de la esencia del contrato de trabajo, 2. tiene carácter patrimonial, 3. es
una contraprestación por el servicio prestado, 4. es una retribución concreta,
de un valor económico cierto, indudable, 5. tiene formas de pago y contenido
múltiples, 6. es una contraprestación de orden público, reglamentada por la
ley, 7. tiene un carácter dinámico que contribuye al desarrollo social, 8.
tiene carácter alimentario, “Siendo el medio de vida y principal
subsistencia del trabajador y de su familia. Este carácter se identifica con la
naturaleza misma del salario”, 9. Constituye una obligación contractual,
10. Es dignificador del trabajador[41].
Recordemos que, en la situación de
marras, los accionantes estuvieron vinculados laboralmente con el Hospital San
Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, habiendo cesado intempestivamente
la cancelación oportuna de sus conceptos salariales y de prestaciones sociales hasta
la fecha.
Así las cosas, con base en los
fundamentos constitucionales expuestos en la presente providencia, esta Corte
Constata:
1. Los accionantes en los presentes
procesos de tutela estuvieron vinculados a la Fundación San Juan de Dios –
Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.
2. A los mencionados accionantes se les
cesó de manera intempestiva la cancelación oportuna de sus salarios y
prestaciones sociales, hasta la fecha.
3. El trabajo desempeñado por los acá
accionantes goza de una especial protección constitucional. El trabajo es un
derecho fundamental que en un Estado Social de Derecho adquiere alta valía y
por ende inmensa protección.
4. Las consecuencias directas del
trabajo, como el salario y las prestaciones sociales; tienen por consiguiente
concreta salvaguarda a luz de los postulados constitucionales.
5. En este orden de ideas, a los
accionantes se les afectó de manera grave sus derechos fundamentales al
trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social; al cesárseles en
la cancelación oportuna de sus salarios y prestaciones sociales. Dicha
vulneración grave se evidencia por el largo tiempo en que han dejado de
percibir las contraprestaciones a que tenían derecho por su trabajo.
6. Así pues, no debiendo los empleados y
trabajadores dejar de disfrutar de las prerrogativas constitucionales que
devienen de su trabajo, por el hecho de las crisis presupuestales o económicas
de sus empleadores, cuentan éstos con todo su derecho para exigir el pago y
cancelación de sus salarios y prestaciones sociales y más aún si el no disfrute
de éstos está produciendo una grave vulneración de sus derechos fundamentales.
7. La Corte Constitucional en estos casos
particulares de afectación al mínimo vital por el no pago de acreencias
laborales ha dicho que “la no cancelación de los salarios a un trabajador
por parte de su empleador, configura un perjuicio irremediable que, como se ha
anotado, pone en peligro el derecho fundamental a la subsistencia”[42]
8. En consecuencia, y con base en los presupuestos enunciados, esta
Corte ha aceptado la procedencia excepcional de la tutela. No solo porque se constate
que la duración media de un proceso haría nugatorio el ejercicio del derecho vulnerado
o amenazado; sino igualmente porque se afecta el mínimo vital de los
accionantes.
9. Por ende, ante la grave vulneración de
derechos fundamentales, es la tutela la vía expedita para la protección de los
mismos.
En segundo
lugar, esta Corte posee la certeza que en los
expediente T-1496291, T-1380697, T-1343865, T-1424416, T-1416467, T-1380698,
T-1418447, T-1432064, T-1424402, T-1405058, T-1412295, T-1403991, T-1411498,
T-1405059, T-1418459, T-1429040, T-1405934, T-1419456, T-1407078, T-1496295, T-1424407,
T-1485792 y T-1418464, la acciones de tutela fueron presentadas en el lugar
donde ocurrió la violación de los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital , a la vida y a la seguridad social.
Por tal razón, y
acorde con lo estipulado en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991[43], las anteriores
acciones constitucionales de protección de derechos fundamentales fueron
conocidas por jueces y tribunales del lugar donde ocurrió la vulneración
mencionada que dio lugar a la presentación de las solicitudes de amparo.
4.2. Ahora
bien, la Corte constata - como se viene mencionando - la existencia de una
grave situación de vulneración de derechos fundamentales que se ha prolongado
por espacio de varios años, la cual requiere de la adopción por parte de las
entidades demandadas, de medidas que conduzcan a restablecer los derechos
constitucionales conculcados, por el desmedido retraso en el pago de los
salarios y pensiones adeudados, lo que hace presumir, sin la menor duda, que su
mínimo vital se ha visto comprometido.
En efecto, téngase
presente que hace tiempo el trabajo dejó de ser una mercancía, sometido a las
leyes de la oferta y la demanda para finalmente ser admitido como el esfuerzo
del hombre que transforma la realidad material y la convierte en productiva y
útil para todo el conglomerado social, reivindicándose así el concepto de
plusvalía y los merecimientos que corresponden al directo creador de la riqueza
y a su entorno familiar en aspectos económicos y médico asistenciales.
Una de las
mayores conquistas de los trabajadores fue el reconocimiento de las
prestaciones sociales y, dicho sea de paso, primordialmente el salario[44] que constituye la
recompensa directa para todos aquellos que habiendo puesto su esfuerzo físico o
intelectual con su trabajo –única herramienta que le permitió al hombre dominar
la naturaleza y ponerla a su servicio- participan en la realización de los
fines de la entidad empleadora y de la sociedad en general.
Así pues, el trabajo, tanto físico como intelectual, ha sido
constitucionalmente objeto de una protección especial del Estado y a su vez,
reconocido como un derecho fundamental y una obligación social, realizable por
toda persona en condiciones dignas y justas[45].
De ahí que, el no pago al trabajador de la remuneración convenida, con la cual
se retribuye el servicio a cargo, de sus prestaciones derivadas de su seguridad
social, de sus pensiones fruto del trabajo realizado, no sólo significa una
violación de ese mandato superior, sino también al principio de la dignidad
humana y del mínimo vital individual y familiar, cuando el salario y las
prestaciones sociales, representan la única forma de subsistencia del
trabajador. Es más, una actuación en ese sentido, adicionalmente, atenta contra
cualquier intento de consecución de la paz laboral y de un ambiente propicio
para el desarrollo eficiente de las relaciones laborales económicamente
productivas, que hace indispensable para su corrección, el establecimiento de
mecanismos pertinentes para la adecuada satisfacción de las distintas
acreencias laborales[46].
Ni siquiera las
circunstancias de crisis económica por la que atraviesa el país y que
implícitamente se adujeron para justificar el no pago de los salarios y los
demás conceptos aquí reclamados, podrían ser tenidos en cuenta y evaluados por
el Juez constitucional. O, admitir para todos los casos la ausencia de
legitimación, esgrimida como pilar de defensa de las entidades accionadas así
como la existencia de otros medios de defensa judicial, de los que sabido es,
implica soportar el costo de un proceso promovido ante la jurisdicción
ordinaria laboral, es desconocer que en el entretanto, ante una institución
operativamente inactiva, puedan los trabajadores que aquí fungen como actores
encontrar una ocupación o fuentes diversas que le prodigan un digno sostenimiento,
razonamiento al que puede llegarse fácilmente, con solo advertirse los índices
de desempleo por los que atraviesa la Nación.
Ya había dicho la Corte al respecto: “Dadas
las condiciones de nuestro país, donde las tasas de desempleo son altas; el nivel
de vida de un alto porcentaje de la población no es el mejor y el ingreso del
colombiano medio alcanza para cubrir escasamente sus necesidades básicas, no se
requieren de mayores y complicados análisis para entender las vicisitudes a las
que puede quedar sometido un empleado cuando no recibe en tiempo su salario y
esta situación se prolonga en el tiempo. Es claro que mientras no se
implementen acciones rápidas, o se abrevien los términos y el procedimiento en
las existentes, recursos como la acción de tutela seguirán siendo los llamados
a ser utilizados para que el derecho del trabajador a recibir en tiempo su
asignación salarial, pueda ser realizable[47].”
Pues bien, si los actores realizaron la labor contratada y su
empleador –El Estado- se favoreció con ella, sin objetar nada por varios años
ahora no puede negarse al pago respectivo, pues, estaría haciendo recaer en la
parte más débil de la relación laboral una responsabilidad de la que es
absolutamente ajena[48].
Ahora bien, el manejo de la administración pública en el país, no
corresponde a los sujetos que han sido contratados para desempeñar una labor
–en este caso para el funcionamiento del servicio de salud- quienes deban estar
al tanto de los procedimientos internos de orden financiero y administrativo,
encaminados a regularizar lo concerniente al pago por la labor contratada[49].
Convalidar la inercia y la desidia de la administración para obviar
el pago de las acreencias que los actores por esta ruta procesal vienen
demandando, sería tanto como premiar su craso desconocimiento de las normas
internacionales, constitucionales y legales que gobiernan las relaciones de
trabajo. Pero además, no es solamente la confianza legítima de los
trabajadores, la que les ha creado un derecho del que son legítimos titulares,
sino que dicho postulado, emanado directamente del principio de la bona fides
es el que se estaría igualmente desconociendo.
Nótese cómo, frente a la existencia de una relación de trabajo que
legaliza el vínculo existente entre el Instituto Materno Infantil o el Hospital
San Juan de Dios y los señores María Eva Cubides Villarraga, José Joaquín
Castro, Yolanda Rodríguez Tole, Blanca Flor Villarraga Sanabria, Yaneth Parra
Rico, Blanca del Rocío Fuquen Jiménez, Miguel Eduardo Tavera Rojas, María del
Carmen Tequia Marentes, Esperanza Naranjo Ramírez, Hugo Alfredo Coy León, Edid
González Oliveros, Wilmer Cuervo Pineda, Pedro Antonio Díaz Lara, María Omaira
Carabalí Aponza, Yamile Portilla Vidal, Olga Beatriz Leal Cuervo, María
Inocencia Parra Otálora, Luz Stella Maldonado Vanegas, Laura Patricia Velandia,
María Cleotilde Cubides, Olga Lucía Chaparro Pinilla, Olga Marina Susa y Luz
Guadalupe Millán Barragán ; no puede simplemente ignorarse las primeras y más
importante obligaciones en todo contrato laboral con cargo del empleador: el
pago del salario, las prestaciones sociales y las pensiones.
La buena fe con la que actuaron los
trabajadores que por esta vía accionaron, lo hicieron incorporando el valor
ético-constitucional de la confianza, en ejercicio de su derecho constitucional
al trabajo y sus derechos derivados, los cuales tienen especial protección
constitucional; para lo cual desarrollaron cumplidamente las obligaciones
provenientes de su sujeción laboral. De suerte que confiaron que con su
declaración de voluntad, el pacto contraído surtiría sus efectos usuales, es
decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos.
Adviértase que
el antiguo brocardo pacta sunt servanda[50],
no solamente proviene de aquella consideración kelseniana según la cual la
convención es obligatoria en la medida en que el orden jurídico la considera
como hecho generador de derecho, por cuanto una norma superior autoriza a los
sujetos –por delegación-, a crear una norma de grado inferior. No, el contrato
tiene también su fundamento en prescripciones fundamentales, en el respeto a la
palabra dada, en fin, en una regla moral y objetiva superior a las partes.
Tampoco podría
la Corte cerrar los ojos ante el hecho natural de que corresponde a las entidades públicas, efectuar con la debida antelación, todas
las gestiones presupuestales y de distribución de partidas que sean
indispensables para garantizar a sus trabajadores el pago puntual de la nómina.
Ello, porque, cuando la administración provee un cargo está abocada a verificar
la existencia del rubro presupuestal que le permita sufragar la respectiva
asignación, y de ahí que su negligencia no excuse la afectación de los derechos
pertenecientes a los asalariados sobre quienes no pesa el deber jurídico de
soportarla[51].
4.3 Así
entonces, la crisis laboral de la Fundación San Juan de Dios se evidencia en la
falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de derechos reconocidos
constitucionalmente (derecho al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la
seguridad social) y desarrollados por la ley y el escaso volumen de recursos
efectivamente destinados a asegurar el goce efectivo de tales derecho y la
capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos
constitucionales y legales.
4.4. Pues bien,
nada hace la Corte Constitucional resolviendo sobre las reclamaciones que ahora
constituyen la materia litigiosa si no se despeja, para los efectos que aquí
interesan, las dudas resultantes con respecto a la entidad o entidades que
deben asumir el pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados tiempo
atrás; reclamados por esta vía constitucional. Para el cumplimiento de este
propósito, deberá la Sala hacer reminiscencia de la evolución normativa, así
como de las decisiones judiciales que han resuelto la situación con respecto a
la naturaleza jurídica de la Fundación San Juan de Dios y sí es ésta entidad u
otras, dentro de la estructura del Estado, las que deben prestar su concurso
para el cumplimiento de las obligaciones laborales de la extinta Fundación.
4.5 Acorde con la evolución normativa de la Fundación San Juan de Dios
expuesta anteriormente ( ordinal 3. i ) es del caso traer a colación
fundamentalmente, la sentencia proferida por el Consejo de Estado de 8 de Marzo
de 2005 que decidió declarar la nulidad de los Decretos 290[52] y 1374[53] de 1979 y 371[54] de 1998, normas
nacionales que, según lo expresa la sentencia, no podían otorgar al Hospital
San Juan de Dios la naturaleza jurídica de una fundación de utilidad común,
siendo que, en realidad, se trataba de una institución de salud
departamental[55].
Conforme al
fallo del Consejo de Estado, la Fundación desapareció del mundo jurídico[56], volviendo las
entidades que la conformaron a lo que eran antes del 15 de febrero de 1979, o
sea establecimientos de beneficencia del Estado, pertenecientes a la
Beneficencia de Cundinamarca y adscritos al Sistema Nacional de Salud,
como entes prestadores de servicios médico asistenciales.
Para la Corte,
las consecuencias derivadas de dicha sentencia se deben tener como producidas a
partir de la expedición de los decretos anulados mediante la misma, toda vez
que antes de ellos, la mencionada institución hospitalaria venía siendo un
establecimiento de salud de orden departamental, y si a partir de esos decretos
entró a ser objeto de unos efectos jurídicos distintos, justamente lo fue en
virtud del nuevo carácter o naturaleza jurídica que ilegalmente éstos le
habían dado, los cuales la desligaron del Departamento[57].
En
consecuencia, a raíz de la Sentencia del Consejo de Estado – Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo – de ocho ( 8 ) de marzo de dos mil cinco ( 2005 ),
en la cual se declaró la nulidad de los decreto Nos 290 de 15 de febrero de
1979 “ Por el cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan
disposiciones en relación con la fundación San Juan de Dios “ , el decreto
1374 de 8 de junio de 1979 “ Por el cual se adoptan los estatutos del hospital
San Juan de Dios “ y el decreto 371 de 23 de febrero de 1998 “ por el
cual se suple la voluntad del fundador y se reforman los estatutos de la
Fundación San Juan de Dios” expedidos por el Gobierno Nacional; las
entidades que conforman la Fundación San Juan de Dios regresaron a la Beneficencia de Cundinamarca.
Ahora bien,
como consecuencia de la decisión del máximo tribunal de lo contencioso
administrativo, se procedió a la liquidación del conjunto de derechos y
obligaciones de la extinta entidad, la cual se consiguió luego de un largo
periodo de negociaciones y que concluyó con la suscripción de un Acuerdo Macro,
realizado el 16 de Junio de 2006 a instancias de la Procuraduría General de la
Nación, que delegó en cabeza del Gobernador el nombramiento de un Liquidador,
con miras a garantizar la continuidad de la prestación de los servicios médicos
asistenciales de la señalada Fundación.
Pero además,
téngase en cuenta que por casi tres décadas, la Fundación San Juan de Dios, en
su nombre y desde su constitución como persona jurídica, contrajo obligaciones
y adquirió bienes y derechos. De tal suerte que para proteger los derechos
adquiridos por terceros de buena fe y para el cumplimiento de sus obligaciones
civiles, administrativas, tributarias y laborales entre otras, por medio de un
proceso liquidatorio procedió a efectuar el balance que permita la realización
de un corte de cuentas con el propósito de establecer su situación patrimonial
actual y todas las responsabilidades contraídas durante su existencia.
Nombrado el
liquidador de la Fundación San Juan de Dios, mediante la ley 998 de 2005, se
asignó una partida presupuestal por valor de sesenta mil millones de pesos, lo
que se hizo con la finalidad de solucionar parcialmente la crisis de la
Fundación, pero condicionado a que se suscribiera por parte de la Beneficencia
de Cundinamarca un crédito de presupuesto condonable con pagarés para el
desembolso de los recursos en virtud del cual se le entregarían los sesenta mil
millones de pesos, directamente al encargo fiduciario que fuera contratado por
la Beneficencia de Cundinamarca.
Le surge de
inmediato a esta Corporación, la siguiente pregunta: ¿Los sesenta mil
millones de pesos que por concepto de contrato de empréstito[58] el
Ministro de Hacienda y Crédito Público le otorgó a título de crédito condonable
a la Beneficencia de Cundinamarca resultan suficientes para el cubrimiento de
las deudas laborales derivadas de las relaciones de trabajo debidas al personal
cesante que al Instituto Materno Infantil y al Hospital San Juan de Dios
prestaron personalmente su servicio?
Sencillamente,
la contestación es negativa por cuanto de entrada, ya la Gerente Liquidadora de
la Fundación ha venido anunciando en sendos escritos allegados a esta Corte, la
insuficiencia de dichos recursos para cubrir todo el pasivo laboral[59]. Y, de aceptarse dicha
solución, se estaría claudicando a la defensa de los derechos del conjunto de
trabajadores a quienes abruptamente se les desconocieron todas las garantías
derivadas de sus contratos de trabajo[60].
Distinto colofón conduciría a la aceptación de una premisa falsa, inadmisible
en un Estado constitucional y sería el de que “lo mejor es dar poco a todos
y no todo a unos pocos”[61],
cual si se tratara de una fórmula simplista y matemática con la que se pudiera
burlar las obligaciones resultadas del contrato de trabajo, que como tal, no es
ajeno a las cargas que deben asumir las partes en la celebración de todo
negocio jurídico.
4.6. En lo que constituye el punto menos
pacifico de debate, relativo a la determinación de la entidad o entidades que
deben asumir el pago de los conceptos reclamados por los actores, no hay duda
que debe determinar la Sala cuales de las entidades
accionadas deben concurrir para restablecer derechos constitucionalmente
relevantes y, a renglón seguido, qué órdenes deben impartirse para el
restablecimiento de los derechos conculcados, teniendo en cuenta que dichas
ordenes no deben ser vanas sino efectivas de cara a las legítimas pretensiones
de los sujetos que conforman el extremo activo de la relación
jurídico-procesal.
No obstante, dadas las particularidades de la situación que aquí se
presenta, es necesario hacer unas precisiones, a fin de adoptar una decisión
que se ajuste a los parámetros constitucionales.
Lo anterior por
cuanto, la máxima autoridad contenciosa administrativa nada dijo sobre los
efectos económicos del fallo y mucho menos sobre imputaciones como consecuencia
de las responsabilidades correspondientes al pago de las acreencias que durante
años asumió la extinta Fundación privada.
Pues bien,
tratándose por ejemplo del pasivo pensional, para
financiar el pago de las pensiones de jubilación de los antiguos trabajadores
del Hospital San Juan de Dios, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el
Secretario de Salud Distrital y el Representante Legal de la Fundación San Juan de Dios suscribieron el 12 de mayo de 2005 el Adicional No.7
al Contrato de Concurrencia No.799 de 1998, en virtud del cual se permitió el
desembolso de recursos por parte de las entidades mencionadas para cancelar las
mesadas adeudadas desde el mes de diciembre de 2004
hasta el mes de abril de 2005.
Sin embargo, a
partir del 14 de junio de 2005, con ocasión de la ejecutoria de la sentencia
del Consejo de Estado que declaró la nulidad de los
Decretos 290, 1374 de 1979 y 371 de 1998[62], mediante los cuales se había otorgado personería jurídica a la
Fundación San Juan de Dios, no se pudo seguir implementando el instrumento
jurídico mencionado en el párrafo precedente por cuanto
la providencia de ese Tribunal produjo la desaparición del ámbito jurídico de
la Fundación San Juan de Dios y, por tanto, la pérdida de su capacidad para ser
sujeto de derechos y obligaciones[63].
En estas
circunstancias, y dadas las respuestas de las entidades accionadas según las cuales ninguna de ellas es responsable por la vulneración de
los derechos fundamentales de los actores aduciendo que no se encuentran
legitimados en la causa por pasiva, para esta Colegiatura resulta claro que
nadie quiere asumir las responsabilidades que le
corresponden, bajo el sofisma de una indefinición sobre la entidad encargada de
pagar las deudas laborales en que se fundamenta las pretensiones de la demanda
y, más aun, que existe un conflicto de carácter jurídico entre el Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca, la Beneficencia
de Cundinamarca y la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público- sobre
el particular.
Principios
Aplicables para resolver el conflicto planteado.
Ésta Corporación
tendrá en cuenta los siguientes principios para
resolver el conflicto jurídico planteado:
a). El principio
de Solidaridad.
b). El principio de Equidad.
c). El principio de que
“Quien se beneficie debe soportar ciertas cargas”
d). El principio
de que “Quien administra o vigila debe actuar con diligencia”.
Así las cosas,
verificados los siguientes hechos:
Que la Nación
por conducto del el Ministerio de Protección Social o por intermedio de la
Superintendencia de Salud ( administró – vigiló ), que
a través del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público es responsable del pasivo
prestacional del sector salud hasta el 31 de diciembre de 1993[64] ; verificado que tanto el Hospital San Juan de Dios y el Instituto
Materno Infantil han funcionado en la ciudad de Bogotá Distrito Capital; verificado el hecho de que la Gobernación de Cundinamarca
por intermedio de su Gobernador designa al Gerente de la Beneficencia de
Cundinamarca y además integra su Consejo Directivo[65]; verificado que los bienes de la Fundación San Juan de Dios y a
raíz de la sentencia del Consejo de Estado – Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo[66]- regresaron a la Beneficencia de Cundinamarca; es necesario que
todos concurran de manera solidaria y equitativa con el fin de restablecer los
derechos constitucionales fundamentales de los
trabajadores de la Fundación San Juan de Dios.
Con base en el principio constitucional de solidaridad, base esencial en un Estado Social de Derecho, el cual implica que exista
una responsabilidad estatal mucho más ligada a la
obtención de resultados favorables a la satisfacción de las necesidades primigenias
de la comunidad, que recae sobre los particulares
pero que es primordialmente exigible al Estado ( artículos 1 y 95
constitucionales ) y bajo el entendido que la Nación - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público- , Bogotá Distrito Capital , la Beneficencia de Cundinamarca y
el Departamento de Cundinamarca, no solo participaron en algún momento en la
administración de la Fundación San Juan de Dios sino que igualmente se
beneficiaron en gran manera de los servicios de salud que ésta prestaba, entrará
la Corte Constitucional a dar las ordenes que considere pertinentes para
salvaguardar los derechos fundamentales constitucionales que se encuentran
violentados.
5. Así las cosas, constatada la grave situación de vulneración de
derechos fundamentales y como
quiera que los trabajadores de la extinta Fundación San Juan de Dios, en sus establecimientos Instituto Materno
Infantil y el Hospital San Juan de Dios, no están
obligados a soportar las consecuencias del conflicto señalado por cuanto éste
trae como resultado la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital , a la vida y a la seguridad social ; por la ausencia de pago de sus salarios y
prestaciones sociales, la Corte
Constitucional realizará las
siguientes Declaraciones y dictará las
siguientes órdenes:
Relaciones
laborales y Concurrencia para restablecer
derechos constitucionalmente relevantes.
Con base en los
enunciados teóricos de esta providencia, la Corte
Constitucional debe establecer cuales fueron las fechas de terminación de las
relaciones laborales con la Fundación San Juan de Dios
y como deben asumir las entidades demandadas y los
porcentajes en que deben concurrir con base en el ya
expuesto principio de solidaridad.
En este orden de ideas, la Corte debe en primacía hacer valer los
derechos de los trabajadores – los cuales tienen respaldo constitucional y legal - por la prestación de su trabajo al patrono.
Éstos derechos, se recuerda de origen constitucional,
son el salario, las prestaciones sociales, las indemnizaciones y los descansos; conceptos claramente
esbozados por la Corte Suprema de Justicia- Sala
Laboral-, máximo órgano de la justicia ordinaria:
“ (…)
Determinar cuáles
de los pagos que el trabajador recibe del empleador constituyen salario y
cuáles no, es tema de innegable relevancia para las relaciones
obrero-patronales, tanto individuales como colectivas, por lo cual se hace
necesario distinguir el “salario” propiamente
dicho de otras remuneraciones y beneficios que también recibe el trabajador por razón de su
trabajo o con ocasión del mismo, cuáles son las “prestaciones sociales”, las
“indemnizaciones” y los “descansos”, según clasificación empleada hace ya
tiempo por nuestra legislación positiva y de
usanza predominante en el lenguaje ordinario de la vida laboral.
Lo primero que debe asentarse es el hecho
indiscutible de que todas estas expresiones “salario”, “prestaciones sociales”,
“indemniza­ciones” y “descansos” corresponden a pagos, reconocimientos o bene­ficios que el trabajador recibe a lo largo de su vida como tal, o
inclusive cuando deja de serlo por alcanzar la jubilación o verse temporal o
definitivamente imposibilitado para trabajar. No aciertan por consi­guiente quienes afirman que
sólo algunos de los enunciados beneficios son recibidos por el trabajador por
el hecho de su vinculación laboral, pues la verdad es que todos encuentran su
causa última en la presta­ción
subordinada de servicios personales a otro.
Siempre será entonces la relación laboral preexistente la razón de ser de todos
esos beneficios y la que, directa o indirectamente, fundamente o justifique su
recla­mación o reconocimiento.
Siendo cierto en consecuencia, como lo es, que los
beneficios que el trabajador obtiene del
empleador se originan todos en el servicio que le presta, la distinción de la
naturaleza jurídica entre unos y otros no debe buscarse en su causa sino más
bien en su finalidad, la cual sí permite delimitar claramente los diferentes
conceptos.
a)      El pago del
salario, desde el punto de vista jurídico,
es la principal obligación de quien se beneficia del trabajo subordinado ajeno,
como que constituye ordinariamente la contra prestación primor­dial y más importante de la actividad
desplegada por el trabajador. El salario aparece así como la remuneración más
inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su
fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador, por lo cual se
considera uno de los elementos esenciales de
toda relación de trabajo, sin que importe la forma jurídica —contrato de
trabajo o relación legal y reglamen­taria— que
regule la prestación personal subordinada de servicios.
b) La prestación
social, al igual que el salario, nace
indudable-mente de los servicios subordinados que se proporcionan al empleador,
pero a diferencia de aquél —y en esto quizá estriba la distinción esen­cial entre ambos conceptos— no retribuye propiamente la actividad
desplegada por el trabajador sino que más bien
cubre los riesgos o infortunios a que se puede ver enfrentado: La desocupación,
la pérdida ocasional o permanente, parcial o total, de su capacidad laboral por
enfermedad, accidente, vejez, etc. y la muerte, con la natural secuela de desamparo para el propio trabajador y para
aquellos que dependen de su capacidad productiva.
Que el propósito primordial del legislador al
estatuir las denomi­nadas “prestaciones
sociales”, fue el de amparar el trabajo humano frente a los riesgos que le son inherentes y no otra, resulta del hecho,
relativamente inadvertido, de que la Ley 90 de 1946 y luego los decretos
legislativos que constituyen la base de nuestro Código Sustantivo del Trabajo,
hayan establecido la temporalidad de las prestaciones
sociales a cargo directo del empleador, con miras a que fueran asumiéndose por
entidades de seguridad o previsión social (arts. 193 y 259 del C.>3. del
T.).
Como se ve, lo que el legislador tuvo en cuenta al
establecer las denominadas “prestaciones
sociales”, fue la necesidad de cubrir los riesgos de desocupación, de salud y
de vida que eventualmente con­llevan la pérdida
del empleo o del vigor o la integridad tísica y, en general, de todas aquellas
contingencias en que el trabajador pierde su fuerza de trabajo, o se ve impedido temporalmente para ejercitarla,
o resulta disminuida su capacidad laboral de modo tal que no le es posible
procurarse el salario necesario para su subsistencia personal y familiar.
El criterio según el cual las “prestaciones sociales” son aquellas que cubren riesgos inherentes al
trabajo, permite deslindar nítidamen­te lo que
el trabajador recibe por dicho concepto —directamente del empleador o por
intermedio de las entidades de seguridad o previsión social— de lo que se le paga o reconoce por el empleador como con­traprestación a los servicios que el trabajador realiza, o sea, a
la acti­vidad que éste despliega en
cumplimiento, a su vez, de su principal obligación emanada de la relación de
trabaja.
Entendiéndose las
“prestaciones sociales” como el mecanismo de seguridad social ideado por el
legislador nacional para cubrir los ries­gos que
afectan el desempleo, la salud y la vida del trabajador, resulta apenas lógico
que cualquier otro régimen, legal o convencional,
orien­tado a amparar estas contingencias
constituirá igualmente una pres­tación social,
en la misma forma que lo son las sumas de dinero o los beneficios que se
reconocen por razón del accidente de trabajo, la enfermedad profesional o
común, la maternidad, los gastos de entierro, el
auxilio de cesantía, las pensiones de jubilación o vejez, las pensiones de
viudez, orfandad e invalidez, garantías todas que no obstante su distinta
finalidad específica se agrupan dentro del género de las “pres­taciones sociales” porque están
dirigidas a cubrir riesgos laborales.
La circunstancia innegable de que nuestro estatuto
laboral también como prenda dentro del título que regula las prestaciones
sociales los beneficios correspondientes a la prima de servicios y la dotación de calzado y vestido de labor —de los cuales podría decirse que
no cubren riesgos— no alcanza a invalidar la argumentación que se viene expo­niendo. En efecto, la referida prima de servicios, bajo la
reglamentación anterior a la Ley 50 de 1990, sustituyó la participación de utilidades y la prima de beneficios que
establecía la legislación anterior (art. 306-2, C. S. del T.), que
evidentemente tenían carácter salarial (art. 127 ibídem),
razón por la cual tuvo que disponerse, para guardar
armonía con el artículo 128 que no era salario y
que no se computaría como salario en ningún caso (art. 307) y en cuanto al
suministro del calzado y vestido de labor es bien sabido que no corresponde
propiamente a una retribución del servicio sino a la dotación de elementos de trabajo para un mejor desempeño de la función, que tuvo su
origen en un claro propósito de seguridad industrial.
c) Las
indemnizaciones, que por definición
corresponden a repara­ciones de daños, en su
doble modalidad de compensatorias y moratorias,
resarcen los perjuicios que el trabajador llegue a sufrir como conse­cuencia del incumplimiento de las obligaciones legales o
convencionales del empleador, o por el desconocimiento de los precisos deberes
legales que la ley le impone al empleador en determinadas circunstancias.
d) Los “descansos
obligatorios” regulados por el Código
Sustantivo del Trabajo comprenden el “descanso dominical remunerado”, el “des­canso remunerado en otros días de fiesta” y las “vacaciones anuales
remuneradas”. Si bien, conforme lo afirma la
recurrente, el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo sostuvo que los
descansos remunerados comprendidos dentro del Título VIII del Código podían
clasificarse como una sui generis prestación social, en la medida en que, en prin­cipio, no es posible considerarlos
como “salarios” ni tampoco como “indemnizaciones”, lo cierto es que este
descanso, de innegable sentido protector de la salud y bienestar físico del
trabajador, no cubre un riesgo inherente a la actividad laboral, como silo
hacen las verdaderas “prestaciones sociales”. De
este modo mientras los eventos que ampa­ran las
denominadas prestaciones sociales son contingentes, las vaca­ciones y los demás descansos legalmente obligatorios deben siempre
disfrutarse, salvo los casos de excepción que
puntualiza la ley.
Si bien es verdad que existen normas que autorizan la
acumulación del descanso de las vacaciones o su disfrute parcial e inclusive,
en casos extremos, su compensación en dinero —caso en el cual pareciera estarse
más bien frente a una indemnización—, estas
situaciones excepcionales no desdibujan la finalidad primordial que persiguen
los descansos remunerados: Que mediante la inactividad laboral el trabajador
recupere su fuerza de trabajo paulatinamente
desgastada a medida que va acumulándose la fatiga propia de la labor cumplida.
La circunstancia de que los descansos remunerados, y
en especial las vacaciones, no cubran riesgos laborales propiamente dichos,
obliga a concluir que no estuvo desencaminado el legislador cuando, al expe­dir el Código Sustantivo del
Trabajo, no los incluyó dentro del régimen de las prestaciones sociales sino
que formó con ellos un grupo aparte:
El de los “descansos obligatorios”. Y el hecho de que
posteriormente se hayan expedido normas como los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978 que, al regular materias laborales de
los empleados oficiales, re­fundan las
vacaciones de esos trabajadores como una prestación social, no invalida la
afirmación de que las auténticas “prestaciones sociales” son aquellas por medio de las cuales se cubren riesgos inherentes al trabajo humano
subordinado.
Por otra parte, adicionalmente a la remuneración del
trabajo, las prestaciones sociales, las indemnizaciones y los descansos, el
trabajador también puede recibir del empleador —y
lo hace frecuentemente— algunos pagos no constitutivos de salario puesto que no
tienen como objeto retribuir el servicio sino que están destinados a
facilitarle el desempeño cabal de sus funciones o son una simple liberalidad
oca­sional del empleador (art. 128 del C. S. del T.)” [67]
Por
consiguiente, en primer lugar, la Corte reconocerá a los trabajadores de la
Fundación San Juan de Dios los salarios, las prestaciones sociales (dentro de las que se encuentran las pensiones) , las
indemnizaciones y descansos , como derechos provenientes de la prestación del
servicio desarrollado.
De igual manera,
y con base en las argumentaciones anteriores, esta Corporación reconocerá a los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, los aportes y cotizaciones al
sistema integral de seguridad social, con base en lo estipulado en el artículo 161 de la ley 100 de 1993:
“ARTÍCULO 161. DEBERES DE LOS EMPLEADORES. Como integrantes
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los empleadores, cualquiera
que sea la entidad o institución en nombre de la cual vinculen a los
trabajadores, deberán:
1. Inscribir
en alguna Entidad Promotora de Salud a todas las personas que tengan alguna
vinculación laboral, sea ésta, verbal o escrita, temporal o permanente. La
afiliación colectiva en ningún caso podrá coartar la libertad de elección del
trabajador sobre la Entidad Promotora de Salud a la cual prefiera afiliarse, de
conformidad con el reglamento.
2. En
consonancia con el artículo 22 de esta ley, contribuir al financiamiento del
Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante acciones como las
siguientes:
a) Pagar
cumplidamente los aportes que le corresponden, de acuerdo con el artículo 204.
b) Descontar
de los ingresos laborales las cotizaciones que corresponden a los trabajadores
a su servicio;
c) Girar
oportunamente los aportes y las cotizaciones a la Entidad Promotora de
Salud, de acuerdo a la reglamentación que expida el gobierno.
3. Informar
las novedades laborales de sus trabajadores a la entidad a la cual están
afiliados, en materias tales como el nivel de ingresos y sus cambios, las
vinculaciones y retiros de trabajadores. Así mismo, informar a los trabajadores
sobre las garantías y las obligaciones que les asisten en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
4. Garantizar
un medio ambiente laboral sano, que permita prevenir los riesgos de trabajo y
enfermedad profesional, mediante la adopción de los sistemas de seguridad
industrial y la observancia de las normas de salud ocupacional y seguridad
social.
PARÁGRAFO.
Los empleadores que no observen lo dispuesto en el presente artículo estarán
sujetos a las mismas sanciones previstas en los artículos 22 y 23 del Libro
Primero de esta Ley. Además, los perjuicios por la negligencia en la
información laboral, incluyendo la subdeclaración de ingresos, corren a cargo
del patrono. La atención de los accidentes de trabajo, riesgos y eventualidades
por enfermedad general, maternidad y ATEP serán cubiertos en su totalidad por
el patrono en caso de no haberse efectuado la inscripción del trabajador o no
gire oportunamente las cotizaciones en la entidad de seguridad social
correspondiente”
No obstante, la
presente providencia no se refiere a los aportes que
debe realizar el empleador al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (I.C.B.F), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni a las Cajas de
Compensación Familiar; los cuales quedan expresamente
excluidos de la presente providencia.
En este orden de
ideas, la Corte establecerá en consecuencia:
5.1. En relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de Dios, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, la Corte Constitucional DECLARARÁ
que quedaron terminadas el 29 de Octubre de 2001:
5.1.1. Todas las relaciones
de trabajo vigentes para esa fecha que hayan tenido como causa un contrato de
trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían respectivamente por el
Código Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias – incluida la ley 6
de 1945- ó por la ley y el reglamento.
5.1.2. Los
contratos de prestación de servicios personales vigentes para esa fecha con
personas naturales que los prestaban personalmente.
La anterior fecha surge de la siguiente
manera:
a). Con base en concepto emitido por la
Oficina asesora jurídica y de apoyo legislativo del Ministerio de la Protección
Social[68],
la fecha de corte de la relación laboral de los ex empleados y ex trabajadores
del Hospital San Juan de Dios fue el 21 de Septiembre de 2001 fecha en
que salió el último paciente del mencionado Hospital.
b). La resolución 1933 de 2001[69] de 21 de septiembre
de 2001 determinó como efectos de la intervención administrativa de la
Fundación San Juan de Dios los siguientes:
·
La separación de las personas que ocupan cargos
de dirección, técnicos y si fuere el caso, administrativos.
·
Los directores y administradores quedarán
privados de toda facultad de administración o disposición de bienes de estas
Instituciones.
·
La separación del revisor fiscal.
·
La improcedencia del registro de la cancelación
de gravámenes constituidos a favor de las unidades institucionales, sobre
cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización
del Interventor que se designe. Así mismo, los registradores no podrán
inscribir ningún acto que afecte el dominio de la propiedad intervenida, so
pena de ineficacia.
·
Este acto constituye causal de remoción del
cargo de Director de la Fundación San Juan de Dios.
c).Dicha
resolución fue publicada en el Diario Oficial No 44.567 el sábado 29 de
septiembre de 2001.
5.1.3 Ahora bien, la Corte Constitucional, en aras de proteger los
derechos fundamentales de los ex empleados y ex trabajadores y atendiendo su
especial situación; entiende que debió dárseles un preaviso para la terminación
de sus relaciones laborales de 30 días, término aplicado analógicamente de lo
estipulado en el artículo 46[70]
del Código Sustantivo del Trabajo. Éste término tiene como finalidad
constitucional brindarle un lapso al trabajador para que se prepare económica y
moralmente, y supere las dificultades que acarrea la perdida del empleo. En
este orden de ideas, la ley con base en la Constitución busca prevenir la
afectación de derechos fundamentales como el mínimo vital, que se vería
transgredido en el evento en que el trabajador quedara, de un momento a otro
desempleado; permitiendo de esta forma la planeación necesaria para superar la
crisis familiar y económica que acarrea la terminación de la relación laboral.
5.1.4 En
consecuencia, habiéndose publicado la resolución 1933 de 2001 el 29 de
septiembre del mismo año en el Diario Oficial ya mencionado, el término que
determina la Corte Constitucional, contados los 30 días referidos, para tener
como fecha de terminación de los contratos laborales del Hospital San Juan de
Dios es el 29 de octubre de 2001.
5.2. En relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de Dios,
INSTITUTO MATERNO INFANTIL, la Corte Constitucional DECLARARÁ que
quedaron terminadas entre agosto y diciembre de 2006 acorde con la fecha
determinada en cada una de ellas:
5.2.1 Todas las relaciones de trabajo vigentes
para esa fecha que hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un
nombramiento y posesión; y que se regían respectivamente por el Código Sustantivo
del Trabajo y las normas complementarias – incluida la ley 6 de 1945- ó por la
ley y el reglamento.
5.2.2. Los
contratos de prestación de servicios personales vigentes para esa fecha con
personas naturales que los prestaban personalmente.
La anterior
determinación nace de lo expuesto por la Liquidadora de la Fundación San Juan
de Dios[71]
quien afirma lo siguiente: “ ( …) me permito manifestar a la
Honorable Sala, que para la terminación del vínculo laboral entre el Instituto
Materno Infantil y sus ex funcionarios fueron proferidas resoluciones de
insubsistencia a partir del mes de agosto de 2006 hasta diciembre del mismo año;
siendo el 20 de diciembre la última fecha oficial de corte, teniendo en cuenta
que en dicha fecha fue notificado por edicto el último grupo de personas, (… )
“
5.3. La
Corte Constitucional DECLARARÁ que de las obligaciones surgidas a partir
del 15 de junio de 2005 por los conceptos que a continuación se
señalarán, es deudora la Beneficencia de Cundinamarca:
5.3.1 De
los aportes y cotizaciones al sistema integral de seguridad social de la
Fundación San Juan de Dios
5.3.2 De
los salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e
indemnizaciones por servicios prestados al INSTITUTO MATERNO INFANTIL.
Dichas
obligaciones surgen a cargo de la Beneficencia de Cundinamarca a partir del 15
de junio de 2005 por las siguientes razones:
a). La sentencia del Consejo de Estado – Sala
Plena de lo contencioso administrativo- que declaró la nulidad de los decreto Nos 290 de 15 de febrero de 1979 “ Por el cual se
suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la
fundación San Juan de Dios “ , el decreto 1374 de 8 de junio de 1979 “ Por
el cual se adoptan los estatutos del hospital San Juan de Dios “ y el
decreto 371 de 23 de febrero de 1998 “ por el cual se suple la voluntad del
fundador y se reforman los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”
expedidos por el Gobierno Nacional, está fechada el ocho ( 8 ) de marzo de
dos mil cinco ( 2005 ).
b). Dicho fallo
fue notificado mediante Edicto No 123 de veintinueve (29) de marzo de 2005.
c). Dentro del
término de ejecutoria, los días cuatro (4) y cinco (5) de abril de dos mil
cinco (2005) , el apoderado del Departamento de Cundinamarca, como tercero
interesado , la parte actora en el expediente contencioso administrativo y su
coadyuvante, solicitaron aclaración de la Sentencia. Dicha solicitud fue
resuelta mediante auto de 24 de mayo de 2005.
d). El auto de
veinticuatro (24) de mayo de dos mil cinco (2005) fue notificado por Estado el
nueve (9) de junio del mismo año; quedando debidamente ejecutoriado el
catorce (14) de junio de dos mil cinco (2005).
e) Una de las consecuencias del fallo dictado por el
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo – fue que las entidades que conforman la Fundación
San Juan de Dios regresaron a la Beneficencia de
Cundinamarca. En este
orden de ideas y a partir del quince (15) de junio de
dos mil cinco (2005) de las
obligaciones mencionadas es deudora la Beneficencia de Cundinamarca.
5.4. La
Corte Constitucional determina que con el fin de atender la responsabilidad
financiera a cargo de la Nación del pago del pasivo prestacional por concepto
de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación , causadas
hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993; de conformidad con el
artículo 33 de la ley 60 de 1993 en concordancia con lo previsto en el artículo
61 de la ley 715 de 2001 , DECLARARÁ que hasta el 31 de diciembre de 1993
el pasivo prestacional por concepto de cesantías, reservas para pensiones y
pensiones de jubilación por servicios prestados a la Fundación San Juan de Dios
es responsabilidad de la Nación.En efecto, el
artículo 33 de la ley 60 de 1993[72]
creó el Fondo Nacional para el pago del pasivo prestacional de los servidores
del sector salud, al cual pertenecía la Fundación San Juan de Dios; dentro de
sus características estaba garantizar el pago del pasivo prestacional por
concepto de cesantías, reservas para pensiones y
pensiones de jubilación, causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal
de 1993. Ahora bien, el artículo 61 de la ley 715 de 2001[73] suprimió
el Fondo del pasivo prestacional para el sector salud creado por el artículo 33
de la ley 60 de 1993; no obstante estableció que en adelante y con el fin de
atender la responsabilidad financiera a cargo de la Nación para el pago de las
cesantías y pensiones de las personas beneficiarias de dicho Fondo y de acuerdo
con los convenios de concurrencia correspondientes, la Nación a través del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se haría cargo del giro de los
recursos.
En consecuencia, acorde con las normas señaladas y hasta el
31 de diciembre de 1993, es la Nación la responsable del pago, por servicios prestados a la Fundación San Juan de Dios, del
pasivo prestacional por concepto de cesantías,
reservas para pensiones y pensiones de jubilación causadas hasta esa fecha.
5.5. La Corte Constitucional ORDENARÁ que en relación con el pago por concepto de aportes y cotizaciones
al sistema integral de seguridad social, que incluye el pasivo pensional y otras
obligaciones atinentes a la financiación del pago de las pensiones de la Fundación San Juan de Dios que comprende el Hospital
San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, causado entre el primero (1)
de enero de 1994 y el 14 de junio de 2005, deben concurrir:
5.5.1 La Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un porcentaje del cincuenta por ciento
(50 %) .
5.5.2
Bogotá Distrito Capital, en un porcentaje
del veinticinco por ciento (25%).
5.5.3 La Beneficencia de
Cundinamarca solidariamente con el Departamento  de Cundinamarca en un
porcentaje del veinticinco por ciento (25 %).
Lo anterior, con
base en con base en el principio constitucional de solidaridad, base esencial
en un Estado Social de Derecho, el cual implica que exista una responsabilidad
estatal mucho más ligada a la obtención de resultados favorables a la
satisfacción de las necesidades primigenias de la comunidad, que es
primordialmente exigible al Estado ( artículos
1 y 95 constitucionales ) y bajo el entendido que el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, en representación de la Nación; Bogotá Distrito Capital, la
Beneficencia de Cundinamarca y el Departamento de Cundinamarca, no solo
participaron en algún momento en la administración de la Fundación San Juan de
Dios sino que igualmente se beneficiaron en gran manera de los servicios de
salud que ésta prestaba.
5.6. La Corte Constitucional ORDENARÁ que en relación con el pago de
los salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e
indemnizaciones, de la Fundación San Juan de Dios, causados hasta el
29 de octubre de 2001, en relación con el Hospital San Juan de Dios y los causados
hasta el 14 de junio de 2005, en relación con el Instituto Materno Infantil,
deben concurrir:
5.6.1.     La Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público en un porcentaje del treinta y cuatro por ciento ( 34 % ).
5.6.2. Bogotá Distrito Capital, en un porcentaje del treinta y tres por
ciento ( 33 % )
5.6.3 La Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el Departamento
de Cundinamarca en un porcentaje del treinta y tres por ciento ( 33 % ) .
Dicha
distribución tiene como sustento el principio constitucional también
perteneciente al Estado Social de Derecho, de solidaridad; mencionado en
el acápite anterior.
De los
plazos para el pago de las obligaciones señaladas en esta providencia y la
posibilidad de redistribución de los porcentajes acá indicados.
De acuerdo con
la constatación hecha por ésta Corporación, de la grave situación de vulneración
de derechos fundamentales y como quiera que los trabajadores de la extinta
Fundación San Juan de Dios, en sus establecimientos Instituto Materno Infantil
y el Hospital San Juan de Dios, no están obligados a soportar las consecuencias
del conflicto señalado por cuanto éste trae como resultado la vulneración de
sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital , a la vida y a la
seguridad social ; por la ausencia de pago de sus salarios y prestaciones
sociales, ésta Corte comprende la necesidad imperiosa de que dicha situación
grave de vulneración de derechos fundamentales termine en el menor tiempo
posible; por tal razón ordenará el pago de las obligaciones señaladas en unos
plazos razonables para la salvaguarda de los derechos y dispondrá la posibilidad
de que las entidades redistribuyan los porcentajes destacados en esta
providencia. Por consiguiente:
5.7. La Corte Constitucional OTORGARÁ un plazo de tres (3)
meses, contados a partir de los cinco (5) días siguientes a la notificación
de la parte resolutiva de ésta providencia, en el
cual pueden, si lo tienen a bien, la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público- , Bogotá Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y la
Beneficencia de Cundinamarca, redistribuir los porcentajes en que han de asumir
las obligaciones señaladas en la presente sentencia. En el evento de que no se
logre un acuerdo de redistribución en el plazo de tres (3) meses, se
mantendrá la distribución aquí hecha.
5.8 El pago a los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, que
comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, de las
pensiones causadas, de los salarios, de las
prestaciones sociales diferentes a pensiones, de los descansos y de las
indemnizaciones; se hará en un plazo máximo de un (1) año. Este plazo
se contará a partir de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la
parte resolutiva de ésta providencia.
5.9 El pago adeudado por la Fundación San Juan de Dios, que
comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, por
concepto de aportes y cotizaciones al sistema integral de seguridad social y
otras obligaciones atinentes a la financiación del pago de las pensiones, se
hará en un plazo máximo de cinco (5) años. El pago señalado se
realizará en no menos de una quinta parte cada año. Este plazo se contará a
partir de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la parte
resolutiva de ésta providencia.
5.10 Con
el fin de evitar problemas de iliquidez, el responsable del pago y en consecuencia
de los desembolsos, frente a los trabajadores, para cancelar en los plazos
señalados en los ordinales cinco – ocho (5.8) y cinco-nueve (5.9) las
obligaciones relacionadas por concepto del pasivo pensional, los salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e
indemnizaciones, es la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
sin perjuicio de que éste pueda repetir, compensar o deducir en las
proporciones aquí fijadas o que se fijen, conforme a esta sentencia de las
transferencias, regalías o participaciones, contra Bogotá Distrito Capital, el
Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de Cundinamarca.
Lo anterior, por
ser la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la entidad con mayor
capacidad de pago de manera inmediata, lo que traería consigo una salvaguarda
más pronta de los derechos fundamentales vulnerados. Además por cuanto el
Ministerio mencionado es el organismo a nivel nacional encargado de dirigir la
ejecución de la política económica y fiscal del Estado.
5.11. En el evento en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Bogotá Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de
Cundinamarca, no lleguen a un acuerdo – el cual no implica responsabilidad
patrimonial - o no estén de acuerdo con la distribución hecha por la Corte
Constitucional, podrán acudir ante el Juez Competente (Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo) para definir las relaciones entre ellos y la
respectiva responsabilidad patrimonial por sus actos, hechos, omisiones, operaciones,
etc; la Corte Constitucional habilita un término de dos (2) años, para
iniciar las acciones legales - contados a partir del vencimiento del año (1)
señalado en el ordinal cinco – ocho (5.8).
Si alguno de los
obligados hace uso de la anterior facultad, ni la demanda ni el desarrollo del
proceso judicial, impiden que se cumpla esta sentencia.
En este orden de
ideas, es necesario que la Corte precise que mediante el presente fallo no se
está pronunciando respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado. Las
órdenes aquí impartidas tienen por objeto único proteger los derechos
fundamentales que se encuentran violados. Es necesario recordar aquí, para
mayor claridad, que la responsabilidad patrimonial en mención se deriva de lo
previsto en el artículo 90 de la Carta Política, que prevé que:
“El Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
(…)
Al interpretar
esta norma de la Carta, recientemente la Corte explicó:
Esta
Corporación[74]
ha señalado que la citada disposición constitucional es el fundamento no sólo
de la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que además consagra “la
cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado”, aplicable también
a los regímenes de responsabilidad precontractual y contractual, tal como por
otra parte ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado, juez
especializado en este campo[75].
Los elementos
centrales del régimen de responsabilidad consagrado constitucionalmente son la
noción de daño antijurídico y su imputación al Estado, razón por la cual la
jurisprudencia constitucional se ha ocupado de delimitarlos conceptualmente.
Sobre el daño antijurídico se pronunció extensamente en la sentencia C-333 de
1996, donde luego de estudiar los debates en la Asamblea Nacional Constituyente
concluyó que la propuesta que llevó a la consagración del actual artículo 90
estuvo inspirada en la doctrina española, la cual ha definido el daño
antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado
sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber
jurídico de soportarlo, postura acogida por la jurisprudencia contencioso
administrativa colombiana.[76]
De manera tal
que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe
ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho,
sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar
el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”[77], lo
cual significó un giro copernicano en el fundamento de la responsabilidad
estatal, la cual ya no reposa en la “calificación de la conducta de la
Administración, sino la calificación del daño que ella causa” (subrayas
en el original)[78].
La Corte
Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como
fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los
principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al
Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los
administrados frente a la propia Administración[79].
Igualmente ha considerado que se ajusta a distintos principios consagrados en
la Constitución, tales como la solidaridad (Art. 1º) y la igualdad (Art. 13) [80], y en
la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los
artículos 2º y 58 de la Constitución[81].
El segundo
elemento que configura la responsabilidad patrimonial del Estado a la luz el
artículo 90 constitucional es la imputabilidad del daño antijurídico a las
autoridades públicas, aspecto en el cual también ha sido abordado por la
jurisprudencia de esta Corporación y tratado profusamente por el Consejo de
Estado. Esta última autoridad judicial ha sostenido que la imputación está
ligada pero no se confunde con la causación material, por cuanto en ciertos
eventos se produce una disociación entre tales conceptos, razón por la cual
para imponer al Estado la obligación de reparar un daño “es menester, que
además de constatar la antijuricidad del mismo, el juzgador elabore un juicio
de imputablidad que le permita encontrar un ´título jurídico´ distinto de la simple
causalidad material que legitime la decisión; vale decir, la ´imputatio juris´
además de la imputatio facti”[82].
La Corte
Constitucional ha, de esta manera, reiterado las consideraciones del Consejo de
Estado sobre los alcances del inciso primero artículo 90 de la Carta, tribunal
que ha resumido su criterio en los siguientes términos:
"(S)on dos las condiciones indispensables para la procedencia
de la declaración de la responsabilidad patrimonial con cargo del Estado y
demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la
imputabilidad del daño a alguna de ellas.
La noción de daño antijurídico es invariable cualquiera sea la clase
(contractual o extracontractual) o el régimen de responsabilidad de que se
trate; consistirá siempre en la lesión patrimonial o extrapatrimonial que la
víctima no está en el deber jurídico de soportar.
La diferencia estriba, en consecuencia, en los títulos jurídicos de
imputación del daño, determinantes de la causalidad jurídica más allá de la
simple causalidad material que se deriva del nexo causal.
Así, mientras en la responsabilidad fundada en el contrato, serán
títulos jurídicos de imputación, por ejemplo los mandatos de buena fe, y la
igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza los
contratos conmutativos”(art. 28, ley 80 de 1993) en la extracontractual lo
serán, además, la falla del servicio que es el título de imputación más
frecuente, cualquiera que sea el sistema que para su prueba se adopte; la culpa
personal en nexo con el servicio, prevista para citar algunas disposiciones, en
el inciso 2° del artículo 90 de la C. N y en el artículo 77 del CCA; la
igualdad de las personas ante la Ley (art. 13 de la C.N., entre otros); el
riesgo excepcional establecido, por ejemplo por la Ley 104 de 1993 o en el
decreto 444 del mismo año; el error judicial y el anormal funcionamiento de la
administración de justicia art. 40 del CPC, art. 414 del CPP, etc), la
inconstitucionalidad de la Ley declarada judicialmente, y principios de
justicia de equidad como éste del no enriquecimiento sin causa.” (negrillas
fuera del texto original)[83]
Esta última
cita es pertinente para recalar en la cuestión objeto de estudio en la presente
decisión, pues tal como lo ha entendido el Consejo de Estado, la disposición
constitucional que regula la materia establece la obligación de reparar los
daños antijurídicos provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto,
como se ha reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos para que
opere la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño antijurídico
y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, sin
hacer distingos en cuanto al causante del daño.
De este modo
la responsabilidad patrimonial del Estado por los hechos, acciones u omisiones
imputables al Poder Legislativo está expresamente contemplada en el artículo 90
constitucional, pues cualquier otra posibilidad sería abiertamente
inconstitucional desde la perspectiva del Estado Social de Derecho y de los
principios y valores que rigen nuestro ordenamiento constitucional tales como
la solidaridad, la igualdad, la justicia material y la supremacía de la
Constitución. Principios que cristalizaron en el ordenamiento jurídico
colombiano y que encontraron una de sus expresiones en la disposición
constitucional en comento. No sobra advertir que la Constitución establece
expresamente determinados supuestos de obligación reparatoria por la actuación
del Legislador, tales como la figura de la expropiación[84], la
obligación de indemnizar cuando se establece un monopolio[85] o
cuando el Estado decide reservarse determinadas actividades estratégicas o
servicios públicos[86].”.[87]
Así las cosas, es
claro que el mecanismo, subsidiario, residual y extraordinario, que es la
acción de tutela, no constituye el procedimiento idóneo para establecer en el
caso que por medio de la presente sentencia se trata, cuál es el daño
antijurídico que sufrieron los demandantes y la imputabilidad de dicho daño a
alguna de las entidades de carácter público vinculadas a la presente acción;
elementos que, como se vio, configuran la responsabilidad patrimonial del
estado. Lo que está efectuando la Corte es la aplicación del principio de
solidaridad y no realizando imputaciones de responsabilidad patrimonial. Es el
principio de solidaridad constitucional el que permite acá salvaguardar los
derechos fundamentales violados. Entre las razones para aplicar éste principio
de solidaridad encontramos:
a)
existe una actuación irregular de la
administración nacional al dictar decretos que crearon la Fundación San Juan de
Dios, los cuales fueron posteriormente declarados nulos por el Consejo de
Estado,
b)
la situación actual evidenciada en la presente
sentencia es fruto de la administración ineficiente de los entes encargados de
ello y por lo tanto deben responder constitucionalmente por los derechos
violados a los trabajadores,
c)
por razones de solidaridad, la nación debe
apoyar a los departamentos y municipios para la adecuada prestación de los
servicios de salud y para el pago de los derechos laborales de los
trabajadores,
d)
las entidades demandadas se han beneficiado del
servicio de salud ofrecido por la Fundación San Juan de Dios; quien se
beneficia debe recibir las cargas inherentes a esa actividad;
En consecuencia,
la Corte constata la existencia de una grave situación de vulneración de los
derechos fundamentales de los accionantes, y si se efectúan una serie de
declaraciones y órdenes, esto se hace –como quedó dicho ya- para que cese la
violación a los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y
a la seguridad social de los ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San
Juan de Dios.
5.12. Las sumas que haya desembolsado la Nación, que no correspondan a
obligaciones a su cargo, con el fin de atender las obligaciones de Bogotá
Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca o la Beneficencia de
Cundinamarca, por concepto de pasivo pensional, salarios, prestaciones sociales
diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones a cargo de la Fundación
San Juan de Dios, se imputarán al pago de las obligaciones a su cargo.
5.13. Sin perjuicio de lo señalado en los ordinales cinco-ocho (5.8) y
cinco-nueve (5.9) y con el fin de atender el
mínimo vital, la Corte Constitucional ORDENARÁ el pago de salarios y
mesadas pensionales, en el plazo de hasta tres ( 3) meses, el cual se
contará desde el vencimiento del término para llegar a un acuerdo, señalado en
el ordinal cinco-siete (5.7), o a partir de la fecha en la cual se llegue a un
acuerdo; la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – deberá
destinar una partida de no menos de sesenta mil millones de pesos ( $
60.000.000.000 ).
Para el
propósito anterior, la liquidadora deberá enviar al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público una lista de las personas cobijadas por esta sentencia de la
Fundación San Juan de Dios a los cuales se les adeuden salarios
y mesadas pensiones, donde se señale de manera específica el monto de lo
adeudado. A la lista mencionada, la liquidadora deberá adjuntar los soportes
correspondientes a cada uno de los ex trabajadores. El plazo para elaborar y
enviar esta lista es de un (1) mes contado a partir de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la parte resolutiva de ésta providencia.
El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público debe realizar las verificaciones del caso en el
término máximo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al recibo de la
lista con sus respectivos soportes.
El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público cuenta con un plazo máximo de un ( 1 ) mes -
contado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para realizar las
verificaciones- para pagar las sumas arriba mencionadas, debidamente
soportadas y de conformidad con la regla señalada en el siguiente inciso.
El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público debe controlar que no se pague más de lo que se
adeuda. El pago debe consistir en una cuantía o cifra igual para todos los ex
trabajadores; sin que se sobrepase el monto de la respectiva obligación. Los
montos restantes se pagarán en los plazos señalados en los ordinales cinco-ocho
(5.8) y cinco-nueve (5.9).
5.14. Los plazos máximos señalados en la
presente providencia, - ordinales cinco-siete (5.7), cinco-ocho (5.8) ,
cinco-nueve (5.9), cinco-diez (5.10) y cinco – trece (5.13)- no son
susceptibles de ser modificados ni alterados a través de acuerdos o convenios.
Inspección,
Vigilancia y Control sobre las órdenes de protección de derechos fundamentales
dadas en la presente Sentencia.
Debido a la
grave situación de violación de los derechos fundamentales de los ex empleados
y ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, a la situación actual en
que se encuentran con el consecuente menoscabo de sus derechos al trabajo, al
mínimo vital, a la vida y a la seguridad social, consecuencias éstas producto
del cese intempestivo en la cancelación de sus salarios y prestaciones sociales
a las que tenían derecho por su trabajo desempeñado y específicamente a las
órdenes que imparte la Corte Constitucional en la presente providencia; es
indispensable para el eficaz cumplimiento de las mismas y para la salvaguarda
cierta e inmediata de los derechos fundamentales conculcados el señalamiento de
una serie de controles que permitan que se lleve a buen término la finalidad de
la presente sentencia que no es otra que la protección de los derechos
fundamentales de los accionantes.  Por tal razón esta Corte:
5.15.
SOLICITARÁ a la Procuraduría General de la Nación y
a la Contraloría General de la República, acorde con sus competencias, vigilar,
controlar y procurar que se adelanten todas las gestiones administrativas
necesarias para que se realice el pago del pasivo pensional y de los salarios,
prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones; le
hagan acompañamiento al proceso de pago durante todo el tiempo que sea preciso
para su cumplimiento, vigilen y controlen el desenvolvimiento de la liquidación
y el cumplimiento de ésta Sentencia.
Para ejercer inspección,
vigilancia y control sobre la liquidación de la Fundación San Juan de Dios, la
Corte Constitucional ORDENARÁ que dentro de los cinco ( 5 ) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, se integre una
Comisión de Seguimiento conformada por el Ministro de Hacienda y Crédito
Público o su delegado, el Alcalde de Bogotá Distrito Capital o su delegado, el
Gobernador del Departamento de Cundinamarca o su delegado y el Gerente de la
Beneficencia de Cundinamarca o su delegado. Esta Comisión ejercerá la
inspección, vigilancia y control sobre la liquidadora y la liquidación, y se
dará su propio reglamento de funcionamiento.
La liquidadora
debe dar cuenta de su gestión a la Comisión de Seguimiento y ésta a la
Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República. Por
su parte, éstas últimas informarán a la Corte Constitucional, cuando consideren
que esta Corporación debe tomar medidas para el cumplimiento de la sentencia.
Así mismo, la Corte Constitucional podrá pedir información al Procurador
General de la Nación y al Contralor General de la República cuando lo crea
necesario y podrá tomar dichas medidas cuando lo considere oportuno.
Efectos de
la presente Sentencia.
Producto de la
grave situación de vulneración de derechos fundamentales que produjo la
cesación intempestiva en la cancelación de salarios y prestaciones sociales en
los ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, ante la
masiva violación de derechos constitucionales que afectan a un número
significativo de personas, la prolongada omisión de las autoridades en el
cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos fundamentales
tantas veces mencionados, la insuficiencia en las medidas legislativas,
administrativas y presupuestales para procurar el restablecimiento de los
derechos laborales reclamados, la existencia clara de un problema social cuya
solución compromete la intervención de varias entidades; la Corte
Constitucional establece que los efectos de la presente sentencia arropan a
todos los ex empleados y ex trabajadores de la fundación San Juan de Dios.
Cuando esta
Corte se refiere a todos los ex empleados y ex trabajadores de la fundación San
Juan de Dios hace referencia a aquellos que interpusieron la presente acción de
tutela como a aquellos que no lo hicieron. En consecuencia:
5.16. Los
efectos de la presente decisión se extienden a todos los trabajadores de la Fundación
San Juan de Dios, que comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto
Materno Infantil, cuyas relaciones de trabajo hayan tenido como causa un
contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían
respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas
complementarias – incluida la ley 6 de 1945 - ó por la ley y el reglamento. O
que hayan tenido contratos de prestación de servicios personales en su
condición de personas naturales y que los prestaban personalmente.
5.17 La presente decisión no produce efectos respecto de:
5.17.1. Las personas que tenían relación laboral con la Fundación San Juan
de Dios –que comprende al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno
Infantil, - que haya tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento
y posesión, y que se regían por el Código Sustantivo del Trabajo y sus normas
complementarias, incluida la Ley 6 de 1945, o por la ley y el reglamento, que
hayan obtenido por vía judicial, a través de procesos de tutela o de procesos
laborales, el reconocimiento de aportes y cotizaciones al sistema integral de
seguridad social, salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones,
descansos e indemnizaciones.
5.17.2. Las personas naturales que hayan tenido contratos de prestación de
servicios personales y que los prestaban personalmente a la Fundación San Juan
de Dios, que comprende al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno
Infantil, que hayan obtenido por vía judicial, a través de procesos de tutela o
de procesos laborales, el reconocimiento de sus contraprestaciones.
5.17.3. Las personas jurídicas que hayan tenido contratos de prestación de
servicios con la Fundación San Juan de Dios –que comprende al Hospital San Juan
de Dios y al Instituto Materno Infantil- y las personas naturales que hayan
tenido contratos de prestación de servicios con la Fundación San Juan de Dios
–que comprende al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil-, y
que no los hayan prestado personalmente.
Orden a la
Beneficencia de Cundinamarca y Prevención a todas las Autoridades Públicas.
De un lado, y ante la consecuencia jurídica que
produjo la Sentencia del Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo – de ocho ( 8 ) de marzo de dos mil cinco ( 2005 ), en la cual
se declaró la nulidad de los decretos 290 de 15 de febrero de 1979 “ Por el
cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación
con la fundación San Juan de Dios “ , el decreto 1374 de 8 de junio de 1979
“ Por el cual se adoptan los estatutos del hospital San Juan de Dios “ y
el decreto 371 de 23 de febrero de 1998 “por el cual se suple la voluntad
del fundador y se reforman los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”
expedidos por el Gobierno Nacional; esto es que las entidades que conforman la
Fundación San Juan de Dios regresaron a la Beneficencia de Cundinamarca; y ante
la afirmación hecha por la liquidadora de la Fundación San Juan de Dios, de que
inmuebles pertenecientes a la Fundación San Juan de Dios se encuentran ocupados
de manera ilegal:
5.18. La Corte Constitucional
ORDENARÁ a la Beneficencia
de Cundinamarca ejercer las acciones posesorias, reivindicatorias o policivas
necesarias para recuperar los bienes pertenecientes a la extinta Fundación San
Juan de Dios.
De otro lado, debe la Corte recordar que
el Estado colombiano tiene la característica determinada de ser un Estado
Social de Derecho, particularidad esta que informa todo el ordenamiento
jurídico y que además funge como principio constitucional del Estado.
En los postulados teóricos de ésta providencia se han señalado con
suficiencia las propias connotaciones que dicho principio constitucional tiene
cuando de derechos laborales se trata.
Pues bien, en el presente caso sujeto a estudio por la Sala Plena de
ésta Corporación, de manera sorprendente se constata como el Estado a través de
las diferentes entidades que han sido demandadas en la presente acción de
tutela actuaron respecto de la Fundación San Juan de Dios con tal desidia, con
tal negligencia, con tal flojedad y apatía que contrariaron las bases mínimas
del estructural y vinculante Estado Social de Derecho. La indolencia y dejadez
con que las entidades estatales apreciaron la situación de cientos de personas
produjo como única secuela la grave situación de vulneración de derechos
fundamentales.
No puede un Estado que se tilda de constitucional y democrático,
permitir que situaciones como las presentadas en la presente sentencia de
unificación se vuelvan a presentar. No es éste tipo de Estado el que pretende
forjar la Constitución de 1991, protectora en primacía de la guarda y respeto
por los derechos fundamentales de las personas. No obstante, el mismo Estado –
a través de las entidades demandadas – pareciera olvidar que el nuevo
ordenamiento constitucional obliga a que éste – el propio Estado – exista y
tenga su razón de ser única y exclusivamente en función de la garantía de los
derechos fundamentales de los individuos que lo componen.
Con graves situaciones de violación de los derechos fundamentales
como la presente, el Estado – a través de las entidades demandadas – da a
entender que aún le es ajena la cláusula vinculante del Estado Social de
Derecho; pareciera no comprender – ni las entidades demandadas ni los
funcionarios responsables en el presente asunto – que en el modelo de Estado
creado en 1991 es el Estado quien está al servicio, a la asistencia y al
auxilio de los derechos fundamentales de los seres humanos, que éste se debe
a ellos; que el Estado es una creación del ser humano y no al contrario ,
que por tal razón la única justificación que garantiza su existencia es que el
aparato estatal tienda constantemente a salvaguardar aquellos derechos que
hacen de ser humano único. Todas las ramas del poder público, el poder
legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial; no hacen cosa diferente
que desarrollar sus funciones acorde con la constitución y la ley con el único
propósito de que los seres humanos que componen el Estado puedan usufructuar y
gozar de los derechos fundamentales que los arropan con las limitaciones
establecidas en la constitución.
Así las cosas, esta Corporación como máxima garante de los
principios constitucionales y de los derechos fundamentales vertidos en ella,
no puede más que deplorar y rechazar de manera enérgica la grave situación de
vulneración de derechos fundamentales producida por la entidades demandadas,
las cuales por pertenecer al Estado- el primero y principal en ser llamado para
la protección de los derechos constitucionales fundamentales- denotan la
magnitud y dimensión de la grave situación acá producida.
Es de agregar, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CDESC) – órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( PIDESC), -
aprobado en Colombia a través de la ley 74 de 1968- ha señalado que existe “ una
obligación mínima de asegurar la satisfacción de por los menos niveles
esenciales de cada uno de los derechos (…) Si el Pacto se ha de interpretar de
tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de
su razón de ser”.
Por consiguiente, situación como la presentada en la Fundación San
Juan de Dios impide que los ciudadanos puedan tener acceso a la satisfacción
de por lo menos niveles esenciales de derechos, en el presente caso de
derechos fundamentales como el trabajo, el mínimo vital, la vida y la seguridad
social.
5.19. En este orden de ideas, la Corte
Constitucional PREVENDRÁ[88]
a todas las autoridades públicas para que en ningún caso incurran o vuelvan a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder las
tutelas de que trata la presente sentencia. Así las cosas, en el futuro ninguna
autoridad pública y en particular, ningún establecimiento del Sistema Nacional
de Salud debe producir las graves afectaciones a los derechos fundamentales al
trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social, constatadas en la
presente sentencia.
5.20. En
consecuencia, y con base en los argumentos precedentes, en las declaraciones realizadas y en las órdenes emitidas por está Corte
como máxima garante de los derechos fundamentales, se REVOCARÁN las sentencias de tutela que
habían negado el amparo de los derechos fundamentales y en su lugar se CONCEDERÁ la protección de los derechos fundamentales al trabajo, al
mínimo vital, a la vida y a la seguridad social de los
ex empleados y ex trabajadores de la Fundación San Juan de Dios. Excepto el expediente T-1405059 donde se CONFIRMARÁ la decisión de instancia por
haber concedido la protección de los derechos fundamentales.
V. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.
LEVANTAR la suspensión del término para
dictar sentencia, dentro de los procesos de la referencia.
SEGUNDO. Declarar la violación de los derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social de
los trabajadores vinculados con la Fundación San Juan de Dios – Hospital San
Juan de Dios e Instituto Materno Infantil-. Por tal razón, el derecho al salario y a las
prestaciones sociales debe ser protegido y salvaguardado.
TERCERO. 3.1
(Expediente T-1496291) REVOCAR la decisión adoptada
el nueve (9) de noviembre de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por María Eva Cubides Villarraga contra la
Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de Protección Social y otros, y en su
lugar, CONCEDER la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida
y a la seguridad social.
3.2 (Expediente
T-1380697) REVOCAR la decisión adoptada el
dieciocho (18) de mayo de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por José Joaquín Castro contra el Ministerio
de la Protección Social y otros, y en su lugar,
CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.3
(Expediente T-1343865) REVOCAR la decisión adoptada
el treinta y uno (31) de marzo de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por Yolanda Rodríguez Tole contra el
Ministerio de la Protección Social y otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.4
(Expediente T-1424416) REVOCAR la decisión adoptada
el once (11) de agosto de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por Blanca Flor Villarraga Sanabria contra
el Departamento de Cundinamarca y otro, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.5
(Expediente T-1416467) REVOCAR la decisión adoptada
el veintisiete (27) de julio de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por Yaneth Parra Rico contra el Ministerio
de la Protección Social y otros, y en su lugar,
CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.6 (Expediente T-1380698) REVOCAR la
decisión adoptada el diecisiete (17) de mayo de 2006 por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la
acción de tutela instaurada por Blanca del Rocío Fuquen Jiménez contra el Ministerio de la Protección Social y otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.7 (Expediente T-1418447) REVOCAR la
decisión adoptada el veinticinco (25) de julio de 2006 por la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por Miguel Eduardo Tavera Rojas contra el
Ministerio de la Protección Social y otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.8 (Expediente T-1432064) REVOCAR la
decisión adoptada el quince (15) de agosto de 2006 por la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada
por María del Carmen Tequia Marentes contra el Ministerio
de la Protección Social y otros, y en su lugar,
CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.9.
(Expediente T-1424402) REVOCAR
la decisión adoptada el quince (15) de agosto de
2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá,
dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Esperanza Naranjo
Ramírez contra la Gobernación de Cundinamarca y otros,
y en su lugar, CONCEDER la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida
y a la seguridad social.
3.10 (Expediente T-1405058) REVOCAR la decisión adoptada el siete
(7) de julio de 2006 por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, dentro
del trámite de la acción de tutela instaurada por Hugo Alfredo Coy León contra la Gobernación de Cundinamarca y otros
y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital, a la vida y a la seguridad social.
3.11
(Expediente T-1412295) REVOCAR la decisión adoptada
el veinticuatro (24) de julio de 2006 por el Juzgado Décimo Civil del Circuito
de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Edid
González Oliveros contra la Gobernación de Cundinamarca
y otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital, a la vida y a la seguridad social.
3.12
(Expediente T-1403991) REVOCAR la decisión adoptada
el diez (10) de julio de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por
Wilmer Cuervo Pineda contra la Beneficencia de
Cundinamarca y otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital, a la vida y a la seguridad social.
3.13 (Expediente T-1411498) REVOCAR la decisión adoptada el
diecinueve (19) de julio de 2006 por el Juzgado Treinta y dos Civil del
Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por
Pedro Antonio Díaz Lara contra la Gobernación de
Cundinamarca y otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital, a la vida y a la seguridad social.
3.14 (Expediente
T-1405059) CONFIRMAR la decisión adoptada el veintisiete (27) de junio de 2006 por el
Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, dentro
del trámite de la acción de tutela instaurada por María Omaira Carabalí Aponza contra la Gobernación de Cundinamarca y otros, en el sentido de CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.15
(Expediente T-1418459) REVOCAR la decisión adoptada
el dieciocho (18) de julio de 2006 por Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Yamile
Portilla Vidal contra la Gobernación de Cundinamarca y
otro, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital, a la vida y a la seguridad social.
3.16 (Expediente
T-1429040) REVOCAR la decisión adoptada el
veintitrés (23) de agosto de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada
por Olga Beatriz Leal Cuervo contra la Gobernación de
Cundinamarca y otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital, a la vida y a la seguridad social.
3.17 (Expediente
T-1405934) REVOCAR la decisión adoptada el seis (6) de julio de 2006 por el Juzgado
Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, dentro del trámite de la acción de
tutela instaurada por María Inocencia Parra Otálora contra
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.18 (Expediente T-1419456) REVOCAR la decisión adoptada el
veintiocho (28) de julio de 2006 por Juzgado Treinta y cinco Civil del Circuito
de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Luz Stella
Maldonado Vanegas contra el Ministerio de la Protección
Social y otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.19 (Expediente
T-1407078) REVOCAR la decisión adoptada el
dieciocho (18) de julio de 2006 por el Juzgado veintisiete Civil del Circuito de
Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Laura Patricia
Velandia contra el Ministerio de la Protección Social y
otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital, a la vida y a la seguridad social.
3.20 (Expediente T-1496295) REVOCAR la decisión adoptada el
catorce (14) de noviembre de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por María Cleotilde Cubides de Lozano contra
el Ministerio de la Protección Social y otros, y en su lugar, CONCEDER la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital, a la vida y a la seguridad social.
3.21 (Expediente T-1424407) REVOCAR la decisión adoptada el
dieciséis (16) de agosto de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela
instaurada por Olga Lucía Chaparro Pinilla contra la
Gobernación de Cundinamarca y otros, y en su lugar,
CONCEDER la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social.
3.22 (Expediente T-1485792) REVOCAR la decisión adoptada el dos
(2) de noviembre de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá, dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por
Olga Marina Susa de García contra el Ministerio de la
Protección Social y otros, y en
su lugar, CONCEDER la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida
y a la seguridad social.
3.23 (Expediente
T-1418464) REVOCAR la decisión adoptada el primero
(1) de agosto de 2006 por el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá,
dentro del trámite de la acción de tutela instaurada por Luz Guadalupe Millán
Barragán contra la Gobernación de Cundinamarca y otros,
y en su lugar, CONCEDER la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida
y a la seguridad social.
CUARTO. En
relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de Dios, HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS, la Corte Constitucional DECLARA que quedaron
terminadas el 29 de Octubre de 2001:
4.1
Todas las relaciones de trabajo vigentes
para esa fecha que hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un
nombramiento y posesión; y que se regían respectivamente por el Código
Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias – incluida la ley 6 de
1945- ó por la ley y el reglamento.
4.2
Los contratos de prestación de servicios
personales vigentes para esa fecha con personas naturales que los prestaban
personalmente.
QUINTO: En
relación con el establecimiento de la Fundación San Juan de Dios, INSTITUTO
MATERNO INFANTIL, la Corte Constitucional DECLARA que quedaron
terminadas entre agosto y diciembre de 2006, acorde con la fecha determinada en
cada una de ellas:
5.1
Todas las
relaciones de trabajo que hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un
nombramiento y posesión ; y que se regían respectivamente por el Código
Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias – incluida la ley 6 de
1945- ó por la ley y el reglamento.
5.2
Los contratos de prestación de servicios
personales con personas naturales que los prestaban personalmente.
SEXTO: DECLARAR que de las obligaciones surgidas a partir del 15 de junio de 2005
por los conceptos que a continuación se señalarán, es deudora la
Beneficencia de Cundinamarca:
6.1
De los aportes y cotizaciones al sistema
integral de seguridad social de la Fundación San Juan de Dios
6.2
De los salarios, prestaciones sociales
diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones por servicios prestados al INSTITUTO
MATERNO INFANTIL.
SEPTIMO: Con
el fin de atender la responsabilidad financiera a cargo de la Nación del pago
del pasivo prestacional por concepto de cesantías, reservas para pensiones y
pensiones de jubilación , causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de
1993; de conformidad con el artículo 33 de la ley 60 de 1993 en concordancia
con lo previsto en el artículo 61 de la ley 715 de 2001 , DECLARAR que
hasta el 31 de diciembre de 1993 el pasivo prestacional por concepto de
cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación por servicios
prestados a la Fundación San Juan de Dios es responsabilidad de la Nación.
OCTAVO: OTORGAR un plazo de tres (3) meses, contados a partir de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la parte resolutiva de ésta providencia,
señalada en el ordinal vigésimo tercero (23°) , en el cual pueden , si lo
tienen a bien, la Nación - el Ministerio de Hacienda y Crédito Público- ,
Bogotá Distrito Capital , el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de
Cundinamarca, redistribuir los porcentajes en que han de asumir las
obligaciones señaladas en la presente sentencia. En el evento de que no se
logre un acuerdo de redistribución en el plazo de tres (3) meses, se mantendrá
la distribución aquí hecha.
NOVENO: El pago a los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, que
comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, de las
pensiones causadas, de los salarios, de las
prestaciones sociales diferentes a pensiones, de los descansos y de las
indemnizaciones; se hará en un plazo máximo de un (1) año. Este plazo se contará
a partir de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la parte
resolutiva de ésta providencia, señalada en el ordinal vigésimo tercero (23°)
DECIMO: El pago adeudado por la Fundación
San Juan de Dios, que comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto
Materno Infantil, por concepto de aportes y cotizaciones al sistema integral de
seguridad social y otras obligaciones atinentes a la financiación del pago de
las pensiones, se hará en un plazo máximo de cinco (5) años. El pago señalado
se realizará en no menos de una quinta parte cada año. Este plazo se contará a
partir de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la parte
resolutiva de ésta providencia, señalada en el ordinal vigésimo tercero (23º).
DECIMO PRIMERO: ORDENAR que en relación
con el pago por concepto de aportes y cotizaciones al sistema integral de
seguridad social, que incluye el pasivo pensional y respecto de todas las obligaciones
mencionadas en el numeral décimo, de la Fundación San Juan de Dios que
comprende el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, causado
entre el primero (1º) de enero de 1994 y el 14 de junio de 2005, deben
concurrir:
1.   La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un
porcentaje del cincuenta por ciento (50 %) .
2.   Bogotá Distrito Capital, en un porcentaje del veinticinco por ciento
(25%).
3.   La Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el Departamento
de Cundinamarca en un porcentaje del veinticinco por ciento (25 %) .
DECIMO SEGUNDO: ORDENAR que en relación
con el pago de los salarios, prestaciones sociales diferentes a pensiones,
descansos e indemnizaciones, de la Fundación San Juan de Dios, mencionados
en el numeral noveno causados hasta el 29 de octubre de 2001, en relación con
el Hospital San Juan de Dios y los causados hasta el 14 de junio de 2005, en
relación con el Instituto Materno Infantil, deben concurrir:
1.  La
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en un porcentaje del treinta
y cuatro por ciento (34 %).
2.  Bogotá
Distrito Capital, en un porcentaje del treinta y tres por ciento (33 %)
3.  La
Beneficencia de Cundinamarca solidariamente con el Departamento de Cundinamarca
en un porcentaje del treinta y tres por ciento (33 %).
DECIMO
TERCERO: Con el fin de evitar problemas de
iliquidez, el responsable del pago y en consecuencia de los desembolsos, frente
a los trabajadores, para cancelar en los plazos señalados en los ordinales
noveno (9°) y décimo (10°) las obligaciones relacionadas por concepto del
pasivo pensional, los salarios, prestaciones sociales
diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones, es la Nación - Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de que éste pueda repetir,
compensar o deducir en las proporciones aquí fijadas o que se fijen, conforme a
esta sentencia de las transferencias, regalías o participaciones, contra Bogotá
Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y la Beneficencia de
Cundinamarca.
DECIMO CUARTO:
En el evento en que el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Bogotá Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y la
Beneficencia de Cundinamarca, no lleguen a un acuerdo – el cual no implica
responsabilidad patrimonial - o no estén de acuerdo con la distribución hecha
por la Corte Constitucional, podrán acudir ante el Juez
Competente ( Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ) para definir las
relaciones entre ellos y la respectiva responsabilidad patrimonial por sus
actos, hechos, omisiones, operaciones, etc; la Corte Constitucional habilita un
término de dos (2) años, para iniciar las acciones legales - contados a partir
del vencimiento del año (1) señalado en el ordinal noveno (9°).
Si alguno de los
obligados hace uso de la anterior facultad, ni la demanda ni el desarrollo del
proceso judicial, impiden que se cumpla esta sentencia.
DECIMO
QUINTO: Las sumas que haya desembolsado la Nación,
que no correspondan a obligaciones a su cargo, con el fin de atender las
obligaciones de Bogotá Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca o la
Beneficencia de Cundinamarca, por concepto de pasivo pensional, salarios,
prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones a
cargo de la Fundación San Juan de Dios, se imputarán al pago de las
obligaciones a su cargo.
DECIMO SEXTO:
SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación y
a la Contraloría General de la República, acorde con sus competencias, vigilar,
controlar y procurar que se adelanten todas las gestiones administrativas
necesarias para que se realice el pago del pasivo pensional y de los salarios,
prestaciones sociales diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones; le
hagan acompañamiento al proceso de pago durante todo el tiempo que sea preciso
para su cumplimiento, vigilen y controlen el desenvolvimiento de la liquidación
y el cumplimiento de ésta Sentencia.
Para ejercer inspección,
vigilancia y control sobre la liquidación de la Fundación San Juan de Dios, la
Corte Constitucional ORDENA dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación señalada en el numeral vigésimo tercero (23º), integrar una
Comisión de Seguimiento conformada por el Ministro de Hacienda y Crédito
Público o su delegado, el Alcalde de Bogotá Distrito Capital o su delegado, el
Gobernador del Departamento de Cundinamarca o su delegado y el Gerente de la
Beneficencia de Cundinamarca o su delegado. Esta Comisión ejercerá la
inspección, vigilancia y control sobre la liquidadora y la liquidación, y se
dará su propio reglamento de funcionamiento.
La liquidadora
debe dar cuenta de su gestión a la Comisión de Seguimiento y ésta a la
Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República. Por
su parte, éstas últimas informarán a la Corte Constitucional, cuando consideren
que esta Corporación debe tomar medidas para el cumplimiento de la sentencia.
Así mismo, la Corte Constitucional podrá pedir información al Procurador
General de la Nación y al Contralor General de la República cuando lo crea
necesario y podrá tomar dichas medidas cuando lo considere oportuno.
DECIMO SEPTIMO.- Sin perjuicio de lo
señalado en los numerales noveno y décimo y con
el fin de atender el mínimo vital, se ordena el pago de salarios y mesadas pensionales,
en el plazo de hasta tres ( 3) meses, el cual se contará desde el vencimiento
del término para llegar a un acuerdo, señalado en el ordinal octavo (8°), o a
partir de la fecha en la cual se llegue a un acuerdo, la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público – deberá destinar una partida de no menos de sesenta
mil millones de pesos ( $ 60.000.000.000 ).
Para el
propósito anterior, la liquidadora deberá enviar al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público una lista de las personas cobijadas por esta sentencia de la
Fundación San Juan de Dios a los cuales se les adeuden salarios
y mesadas pensiones, donde se señale de manera específica el monto de lo
adeudado. A la lista mencionada, la liquidadora deberá adjuntar los soportes
correspondientes a cada uno de los ex trabajadores. El plazo para elaborar y
enviar esta lista es de un (1) mes contado a partir de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la parte resolutiva de ésta providencia,
señalada en el ordinal vigésimo tercero (23°).
El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público debe realizar las verificaciones del caso en el
término máximo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al recibo de la
lista con sus respectivos soportes.
El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público cuenta con un plazo máximo de un ( 1 ) mes - contado
a partir del día siguiente al vencimiento del plazo para realizar las verificaciones-
para pagar las sumas arriba mencionadas, debidamente soportadas y de
conformidad con la regla señalada en el siguiente inciso.
El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público debe controlar que no se pague más de lo que se
adeuda. El pago debe consistir en una cuantía o cifra igual para todos los ex
trabajadores; sin que se sobrepase el monto de la respectiva obligación. Los
montos restantes se pagarán en los plazos señalados en los numerales noveno y
décimo.
DECIMO OCTAVO: ORDENAR a la Beneficencia de Cundinamarca ejercer las acciones posesorias,
reivindicatorias o policivas necesarias para recuperar los bienes
pertenecientes a la extinta Fundación San Juan de Dios.
DECIMO NOVENO: Los plazos máximos
señalados en la presente providencia, - ordinales octavo (8°), noveno (9°),
décimo (10°), décimo tercero (13°) y décimo séptimo (17°) - no son susceptibles
de ser modificados ni alterados a través de acuerdos o convenios.
VIGESIMO: PREVENIR a
todas las autoridades públicas para que en ningún caso incurran o vuelvan a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder las
tutelas de que trata la presente sentencia. Así las cosas, en el futuro ninguna
autoridad pública y en particular, ningún establecimiento del Sistema Nacional
de Salud debe producir las graves afectaciones a los derechos fundamentales al
trabajo, al mínimo vital, a la vida y a la seguridad social, constatadas en la
presente sentencia.
VIGESIMO PRIMERO: Los efectos de la presente decisión se extienden a todos los trabajadores
de la Fundación San Juan de Dios, que comprende el Hospital San Juan de
Dios y el Instituto Materno Infantil, cuyas relaciones de trabajo hayan tenido
como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesión; y que se regían
respectivamente por el Código Sustantivo del Trabajo y las normas
complementarias – incluida la ley 6 de 1945 - ó por la ley y el reglamento. O
que hayan tenido contratos de prestación de servicios personales en su
condición de personas naturales y que los prestaban personalmente.
VIGESIMO
SEGUNDO: La presente decisión no produce efectos
respecto de:
22.1
Las personas que tenían relación laboral con
la Fundación San Juan de Dios –que comprende al Hospital San Juan de Dios y al
Instituto Materno Infantil, - que haya tenido como causa un contrato de trabajo
o un nombramiento y posesión, y que se regían por el Código Sustantivo del
Trabajo y sus normas complementarias, incluida la Ley 6 de 1945, o por la ley y
el reglamento, que hayan obtenido por vía judicial, a través de procesos de
tutela o de procesos laborales, el reconocimiento de aportes y cotizaciones al
sistema integral de seguridad social, salarios, prestaciones sociales
diferentes a pensiones, descansos e indemnizaciones.
22.2.
Las personas naturales que hayan tenido
contratos de prestación de servicios personales y que los prestaban
personalmente a la Fundación San Juan de Dios, que comprende al Hospital San
Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil, que hayan obtenido por vía
judicial, a través de procesos de tutela o de procesos laborales, el
reconocimiento de sus contraprestaciones.
22.3.
Las personas jurídicas que hayan tenido
contratos de prestación de servicios con la Fundación San Juan de Dios –que
comprende al Hospital San Juan de Dios y al Instituto Materno Infantil- y las
personas naturales que hayan tenido contratos de prestación de servicios con la
Fundación San Juan de Dios –que comprende al Hospital San Juan de Dios y al
Instituto Materno Infantil-, y que no los hayan prestado personalmente.
VIGESIMO TERCERO: Para garantizar la
efectividad de las decisiones adoptadas y el conocimiento de las obligaciones
que acá se imponen, la Secretaria General de la Corte Constitucional notificará
la parte resolutiva de la presente providencia a la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, a Bogotá Distrito Capital, al Departamento de
Cundinamarca, a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Liquidadora de la
Fundación San Juan de Dios; dentro de los cinco (5) días siguientes a la
expedición de ésta.
VIGESIMO CUARTO: Las restantes
notificaciones a las partes seguirán el curso normal señalado en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Presidente
AUSENTE
EN COMISIÓN
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
AUSENTE
CON EXCUSA
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ.
Secretaria
General
[1] El decreto
estableció que la  Junta Directiva de la Fundación San Juan de Dios, estaría
conformada por:
·
Ministro
de Salud: Presidente de la Junta y Representante legal.
·
Gobernador
del Departamento de Cundinamarca o su delegado.
·
Alcalde
Mayor de Bogotá o su delegado.
·
Arzobispo
de Bogotá o su delegado.
·
Un
representante de la Beneficencia de Cundinamarca o su delegado.
·
Un
representante del Presidente de la República.”
·
[2] Ver al respecto las sentencias (T-015/95,
T-146/96, T001/97, T-166/97,
T-193/97, T-207/97, T-217/97, T-223/97, T-575/97, T-577/97, T-580/97, T-635/97, T-664/97, T-673/97, T-010/98, T-035/98, T-047/98, T-048/98, T-139/98, T-205/98, T-332/98, T-335/98, T-362/98, T-364/98, T-410/98, T-418/98, T-423/98, T-435/98, T-467/98, T-611/98, T-616/98, T-646/98, T-699/98, T-730/98, T-737/98, T-759/98, T-785/98, T-239/99, T-259/99, T-263/99, T-278/99, T-283/99, T-390/99, T-594/99, T-606/99, T-054/00, T-401/00, T-581/00, T-605/00, T-648/00, T-655/00, T-713/00, T-816/00, T-835/00, T-858/00, T-911/00, T-1012/00, T-1034/00, T-1156/00, T-1256/00, T-1388/00, T-1454/00, T-1366/00, T-1659/00, T-1733/00, T-480/01, T-497/01, T-518/01, T-590/01, T-748/01, T-056/02, T-938/02, T-943/02, T-944/02, T-338/03, T-516/03, T-087/06)
[3]
Sentencia Corte constitucional T-768 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentaría.
[4] Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-179 de 2003,
T-999 de 2001,  T-875 de 2001,  SU-086 de 1999, entre muchas otras.
[5]
Esta doctrina ha sido reiterada en las sentencias de la Corte Constitucional,
T-225 de 1993, MP. Vladimiro Naranjo Mesa, SU-544 de 2001, MP: Eduardo
Montealegre Lynett, T-983-01, MP: Álvaro Tafur Galvis, entre otras.
[6] Sentencia T – 335 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. “La Corte ha considerado que la acción de tutela no
procede si se trata de resolver controversias que, en principio, son del
resorte de la jurisdicción laboral. Sin embargo, ha entendido que existen
ciertas circunstancias excepcionales en las cuales la mencionada acción es
procedente para resolver este tipo de conflictos. Para que se configuren las
circunstancias excepcionales mencionadas, resulta necesario que se reúnan,
cuando menos, las siguientes tres condiciones. Para que la acción de tutela
desplace al mecanismo judicial ordinario de defensa, es necesario (1) que se
trate de la protección de un derecho fundamental, (2) que la amenaza o la
lesión del derecho fundamental pueda ser verificada por el juez de tutela, y,
(3) que el derecho amenazado no pueda ser salvaguardado integralmente mediante
el mecanismo ordinario existente.”
[7] Consultar Sentencia T-1001 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo
[8]
Consultar Sentencia T-033 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz
[9]
Consultar al respecto las Sentencias T-284 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz,
T-434 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y T 1031 de 2000, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[10]
Consultar en el mismo sentido las Sentencias
T-089 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-213 de 1998, M.P. Fabio
Morón Díaz, T-234 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz, y T-426 de 1992,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[11]
Al respecto pueden verse las Sentencias SU-995 de 1999. M.P.
Carlos Gaviria Díaz,  T-144 de 1999, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, T-210 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, T-527 de
1997, M.P. Hernando Herrara Vergara, T-063 de 1995, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[12]
De ahí pues, que la valoración del mínimo
vital corresponde a las condiciones especiales de cada caso concreto y no al
monto de las sumas adeudadas, o a una simple valoración numérica de las
necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, que busca evitar
que el trabajador sufra una situación crítica económica y psicológica. En
este sentido ver las Sentencias SU-342 de 1995, T-019 de 1997, T-081 de 1997,
T-261 de 1997, SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz, la  T-220 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
[13]
En este sentido consultar las Sentencias T- 015 de 1995. M.P. Hernando Herrera
Vergara; T- 063 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández; T-108 de 1998. M.P.
Alejandro Martinez Caballero.
[14]
En sentencia T-1088 de 2000, con ponencia
de Alejandro Martínez caballero, se dijo al respecto que no se exige la prueba
diabólica (demostración a plenitud de que no se tienen otros ingresos), sino
que se requiere algo que le permita al juez deducir que el salario es el único
ingreso y que el no pago afecta gravemente al trabajador. En el mismo sentido
consultar las sentencias SU-478 de 1997 M.P. Alejandro Martinez
Caballero, SU-995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-464 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T- 481 de 2001, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[15]
Consultar, entre otras sentencias, las siguientes: T-818 de 2002, M.P.
Alejandro Martínez Caballero, y T-141 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[16]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-505 del 25 de mayo de 2004 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil).
[17] Decreto 2591 de 1991. ART. 3º—Principios.
El trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los
principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía,
celeridad y eficacia.
[18] Decreto 2591 de 1991 ART. 14.—Contenido
de la solicitud. Informalidad. En la solicitud de tutela se expresará, con
la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que
se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere
posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de
las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También
contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante.
No
será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se
determine claramente el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser
ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación, por memorial, telegrama u
otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se
gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado.
En
caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad,
la acción podrá ser ejercida verbalmente. El juez deberá atender inmediatamente
al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podrá
exigir su posterior presentación personal para recoger una declaración que
facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario
levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno.
[19] Auto de Sala Plena No 360 de 2006.
[20]
Reformado por el Decreto 2282 de 1989, art. 1º, mod. 135. Dicho artículo prevé
en su inciso 2º que “No podrá condenarse al demandado por cantidad superior
o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la
invocada en ésta”.
[21] Sentencia T-310/95, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[22] Sentencia T- 622 de 2000. Corte Constitucional.
7 H.L. Hart, El concepto del derecho,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977, 125 y ss
[23]
Sentencia T-571 de 1992
[24]
Por la cual se decreta el Presupuesto
de Rentas y Recursos de Capital y Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2001.
[25]
Ernst Wolfgang Böckenförde, Estudios sobre Estado de Derecho y democracia, Ed.
Trotta, Madrid 2000, p. 37.
[26]
Como acciones del Estado para hacer cumplir el principio constitucional del
trabajo encontramos la planeación económica, la nacionalización o
colectivización de las empresas, la prelación a los trabajadores en la venta de
empresas del estado, la dirección de la economía, la reforma agraria y el
acceso a la tierra de los trabajadores agrarios, sistema fiscal pensado en la
progresividad, etc.
[27] Sentencia SU-995 de 1999.
[28] Sentencia SU-995 de 1999.
[29]
Sentencia T- 003 de 2002
[30]
Cfr. Sentencias T-011 de 1998, T-144 y T-375 de 1999, SU-090, SU-995 de 2000,
T-906 de 2001, MP: Jaime Córdoba Triviño, Sentencias
T-387 de 1999; MP: Alfredo Beltrán Sierra; T-259 de 1999, MP: Alfredo Beltrán
Sierra y T-286 de 1999, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[31]
Cfr. Sentencia T-399 de 1998.
[32] La Corte también ha insistido en que “si bien es
conocida por parte de la Corte Constitucional la crisis económica, presupuestal
y financiera que aqueja a la mayoría de entidades locales, y asumiendo la misma
posición adoptada en casos similares al que es objeto de revisión, esta
Corporación ha señalado que una entidad pública o privada que se encuentre
inmersa en problemas de orden económico o financiero, no la exime de su
principal obligación como empleadora, cual es la de cumplir oportunamente con
el pago de las acreencias laborales”, Sentencia T-035 de 2001, M.P. Cristina
Pardo Schlisenger. En este mismo sentido consultar las sentencias T-147 de
1997,  T- 502 de 1999 y Su 995 de 1999, T- 035 de 2001 y T-261 de 2004.
[33] Consultar entre otras muchas las sentencias SU-995 de
1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz Sentencias,
T-015 de 1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998.
[34]
Sentencia Corte Constitucional T-818 de 2000.
[35]
Ver entre otras, las sentencias T-020 de 2000 y C-478 de 1998.
[36]
sentencia T-1094 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentaría
[37] Sentencia Corte Constitucional T-606 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[38]
Sentencia Corte Constitucional T-025 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda
[39] Corte Constitucional, Sentencia T-1088 de 2001, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[40] “1)
Que exista un incumplimiento en el pago del salario al trabajador que por su
parte ha cumplido con sus obligaciones laborales;
2) Que dicho
incumplimiento comprometa el mínimo vital de la persona. Esto se presume cuando
a) el
incumplimiento es prolongado o indefinido[40]. La no
satisfacción de este requisito lleva a que no se pueda presumir la afectación
del mínimo vital, la cual deberá ser probada plenamente por el demandante para
que proceda la acción de tutela.
b) el
incumplimiento es superior a dos meses,[40] salvo que
la persona reciba como contraprestación a su trabajo un salario mínimo.[40]
3) La presunción de afectación del mínimo vital debe
ser desvirtuada por el demandado o por el juez, mientras que al demandante le
basta alegar y probar siquiera sumariamente[40] que el
incumplimiento salarial lo coloca en situación crítica,[40]
dada la carencia de otros ingresos o recursos diferentes al salario que le
permitan asegurar su subsistencia.[40]
4) Argumentos
económicos, presupuestales o financieros no son razones que justifiquen el
incumplimiento en el pago de los salarios adeudados al trabajador.[40]
Lo anterior no obsta para que dichos factores sean tenidos en cuenta al momento
de impartir la orden por parte del juez de tutela tendiente a que se consigan
los recursos necesarios para hacer efectivo el pago”.
[41]
Lupo Hernández, p. 423 de Estudios sobre derecho individual
del trabajo, en homenaje a Mario Deveali.
[42]
Al respecto pueden verse las Sentencias SU-995 de 1999. M.P.
Carlos Gaviria Díaz,  T-144 de 1999, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, T-210 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz, T-527 de
1997, M.P. Hernando Herrara Vergara, T-063 de 1995, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[43]
Decreto 2591 de 1991 ,  Artículo 37 “ Primera instancia :  Son competentes para
conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con
jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaren
la presentación de la solicitud. (… ) “
[44] “
Nuestra Carta Política consagra la posibilidad que tiene toda persona de
trabajar en condiciones dignas y justas, y es precisamente por esto que el
empleador tiene la obligación de pagar oportuna y completamente el salario,
pues de no hacerlo estaría violando no solo el derecho al trabajo, sino también
a la vida y a la subsistencia.
Cuando un individuo presta sus servicios a
otro, existiendo prestación personal del servicio, subordinación y
remuneración, se crea entre ellos un vínculo jurídico de carácter conmutativo,
y es por esto que puede afirmarse que una vez desarrollado el esfuerzo físico y
mental por parte del trabajador para la realización de su labor, el salario se
convierte en un derecho adquirido, que debe cumplirse de manera oportuna por
parte del empleador, quien ya se vio beneficiado por el servicio prestado.”. (Sentencia T-284 de 1.998, M.P. Dr. Fabio
Morón Díaz).
[45] Un estudio de la evolución histórica del derecho al
trabajo y su constitucionalización, se hizo en la sentencia  C-1064 de 2001,
cuando expresó: “El trabajo,
como institución social y realidad jurídicamente reconocida, es uno de los
elementos alrededor de los cuales gira la configuración del modelo de Estado
democrático y social que ha identificado a Colombia desde la primera mitad del
siglo XX hasta nuestros días en clara coincidencia con los cambios ocurridos a
nivel mundial durante esa misma época, en los términos ya referidos.  En
efecto, “a partir de 1936 y con mayor énfasis a raíz de la expedición de la
Carta del 91”[45],
el trabajo, se erige como “un objetivo central, específico y conscientemente
buscado por el Constituyente”[45] que, a
través del Preámbulo y el artículo 1º de la Constitución, entre otras
disposiciones, reconoce su importancia y manda protegerlo y garantizar su
ejercicio por parte de todas las personas.
Así, cuando ante la Asamblea Nacional
Constituyente fue presentado el proyecto de lo que es hoy el artículo 25
Superior, extendiendo la protección especial del Estado a todas las
manifestaciones del trabajo, se pretendió plasmar una noción del valor del
trabajo que "[n]o se trata, como pudiera pensarse con ligereza, de un
simple retoque cosmético o terminológico. Se pretende, entonces, señalar un
rumbo inequívoco y fundamental para la constitución de una nueva legitimidad
para la convivencia democrática, que debe nutrir el espíritu de la estructura
toda de la nueva Carta”[45]. En estas
condiciones, el trabajo se eleva a rango de principio fundamental necesario
para la interpretación de la acción estatal y de los derechos y deberes
incluidos en la Carta, así como un factor indispensable de integración social”.
[46]
Sentencia Corte Constitucional C-079 de 1999 M.E. Martha Victoria Sáchica
[47]
Sentencia T-259 de 1999
[48] En la sentencia T-340 de 2005 M.P. Jaime Araujo
Rentaría, en la que se resolvió sobre la Acción de tutela instaurada por
Alberto García Ospina, y otros contra la Gobernación del Valle del Cauca, la
Corte Constitucional con Ponencia del Magistrado Jaime Araujo Rentaría, advirtió
: “En conclusión, el no pago por parte de la Gobernación del Valle del Cauca
de las acreencias que le adeuda a los educadores contraviene lo previamente
decidido por la propia administración, trasgrediendo así el principio de buena
fe que rige los actos de la misma, y la regla  "nemini licet venire
contra factum proprium"; en consecuencia, se desconoce el principio de
confianza legitima que debe presidir toda la actuación administrativa
vulnerando, de ésta manera, el derecho al debido proceso”.  (Negrilla fuera
de texto).
[49]
Corte Constitucional. Sentencia T-1080/01. Magistrado Ponente:
Alfredo Beltrán Sierra. .
[50]
En nuestro ordenamiento, dicha máxima fue acogida por el
artículo 1602 del Código Civil que establece: “Todo contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por
su consentimiento mutuo y por causas legales”
[51]
Sentencia T-289 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz
[52]
“Por el cual se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en
relación con la Fundación San Juan de Dios”.
[53]
“Por el cual se adoptan los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”.
[54] “Por el cual se suple la voluntad del fundador y
se reforman los estatutos de la Fundación San Juan de Dios”.
[55]
A folio 74 del fallo de marzo 8 de 2005, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado se considera que el Hospital San Juan de Dios es una
Institución de Salud Departamental.
[56] Esta
decisión implicó el decaimiento de la
personería jurídica de la fundación, otorgada mediante la Resolución N° 10.869
de 1979 del entonces Ministerio de Salud.
[57]
Así lo dejó ver la Sala novena de revisión de la Corte Constitucional.
Sentencia T-141 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas
[58]
La realización del señalado contrato de empréstito, data del 4 de Octubre de
2006.
[59]
Informe de Gestión – Marzo 31 de 2008.  Presentado a la Corte Constitucional
por la Dra. Anna Karenina Gauna Palencia.  Fundación San Juan de Dios en
liquidación.
[60] Recordemos que la protección al trabajo no se explica
únicamente con el amparo expreso a que alude el canon 25 de la Carta. También,
el artículo 53, se refirió a él en un diamantino mensaje al poder legislativo
cuando señaló: “ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del
trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de
trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos
de los trabajadores”.
[61]
Dicho argumento, fue utilizado en su defensa por la Superintendencia Nacional
de Salud en una acción de tutela con similares hechos incoada contra esa
entidad y contra la Fundación San Juan de Dios
[62] Sentencia del 8 de marzo de 2005 de la Sala Plena del
Consejo de Estado (Radicado:11001-03-24-000-2001-000145-01.)
[63] En lo que se refiere al punto tratado en este
párrafo, es pertinente aclarar que esta Corporación en las sentencias T-1329 de 2005 y T-248 de 2006
advirtió que se había suscrito el Adicional No 8 al Contrato de Concurrencia No
799 de 1998 entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Distrito
Capital – Fondo Financiero Distrital de Salud- y la Beneficencia de
Cundinamarca, pero que dicho instrumento no era propiamente un contrato de
concurrencia porque, si bien el adicional en mención estaba suscrito por tres
entidades, sólo el ministerio contrajo en virtud de éste la obligación de hacer
el pago de las mesadas pensionales de los jubilados de la extinta Fundación San
Juan de Dios. Se anota también según información proporcionada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público que este adicional no alcanzó para
cubrir el pago de las mesadas de los pensionados del Hospital San Juan de Dios
durante la vigencia fiscal del 2006.
[64]
Ley 715 de 2001, ARTÍCULO 61. FONDO DEL PASIVO PRESTACIONAL PARA EL SECTOR SALUD.
Suprímase el Fondo del Pasivo Prestacional para el Sector Salud creado por el
artículo 33 de la Ley 60 de 1993. En
adelante, con el fin de atender la responsabilidad financiera a cargo de la
Nación para el pago de las cesantías y pensiones de las personas beneficiarias
de dicho Fondo y de acuerdo con los convenios de concurrencia correspondientes,
la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
[65]
Decreto 028 de 28 de febrero de 2005 “Por el
cual se modifica la estructura Orgánica o Estatuto Básico de la Beneficencia de
Cundinamarca”
Artículo
1°: Denominación y naturaleza jurídica. La Beneficencia de Cundinamarca, es un
establecimiento público del orden departamental, adscrito a la Secretaría de
Salud, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y
patrimonio independiente.
(…)
Artículo
4°: Órganos de Dirección y Administración. La Dirección y Administración de la
Beneficencia de Cundinamarca estará a cargo del Consejo Directivo y del
Gerente, quien es el representante legal de la Beneficencia de Cundinamarca.
Artículo
5°: (…)
Parágrafo:
Las Funciones relacionadas con la organización interna y la planta de personal,
necesitan para su validez, la aprobación por Decreto del Gobernador.
Artículo
6°: El Consejo Directivo. El Consejo Directivo de la Beneficencia de
Cundinamarca, estará integrado así:
El
Gobernador de Cundinamarca o su delegado, quien lo preside
El
Ministro de la Protección Social, o su delegado
El
Secretario de Salud o su delegado
El
Secretario de Educación o su delegado
El
Secretario de Planeación o su delegado
[66]
Sentencia de ocho ( 8 ) de marzo de dos mil cinco ( 2005 ), en la cual se
declaró la nulidad de los decretos  290 de 15 de febrero de 1979 “ Por el cual
se suple la voluntad del fundador y se adoptan disposiciones en relación con la
fundación San Juan de Dios “ , el decreto 1374 de 8 de junio de 1979 “ Por el
cual se adoptan los estatutos del hospital San Juan de Dios “ y el decreto 371
de 23 de febrero de 1998 “ por el cual se suple la voluntad del fundador y se
reforman los estatutos de la Fundación San Juan de Dios” expedidos por el
Gobierno Nacional
[67]
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral-  rad. 25734 M.P.
Gustavo J. Gnecco Mendoza.
[68]
Informe de Gestión, marzo 31 de 2008 , pag. 1 de la Fundación San Juan de Dios
en liquidación .  Presentado por Anna Karenina Gauna Palencia , Liquidadora.
[69] Resolución 1933 de 2001. Superintendencia Nacional de
Salud.  : ( …)  RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la intervención administrativa
total de la Fundación San Juan de Dios, por el término de un (1) año, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
Parágrafo 1°. La duración de la intervención
administrativa ordenada podrá prorrogarse por el mismo término y por una sola
vez, salvo que la Superintendecia Nacional de Salud conceptúe sobre la
necesidad de continuar con la intervención por un período mayor, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 752 de 1996.
Parágrafo 2°. Los costos de la intervención serán de
cargo de la entidad intervenida o de la Superintendencia Nacional de Salud, de
acuerdo con los recursos que se le asignen para tal fin.
Artículo 2°. Los procedimientos administrativos por
aplicar son los establecidos en el Decreto 663 de 1993 y demás normas
pertinentes, en los términos del artículo 36 del Decreto 1922 de 1994.
Artículo 3°. La medida de intervención administrativa
total de la Fundación San Juan de Dios produce los siguientes efectos:
1. La separación de las personas que ocupan cargos de
dirección, técnicos y si fuere el caso, administrativos.
2. Los directores y administradores quedarán privados
de toda facultad de administración o disposición de bienes de estas
Instituciones.
3. La separación del revisor fiscal.
4. La improcedencia del registro de la cancelación de
gravámenes constituidos a favor de las unidades institucionales, sobre
cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización
del Interventor que se designe. Así mismo, los registradores no podrán
inscribir ningún acto que afecte el dominio de la propiedad intervenida, so
pena de  ineficacia.
5. Este acto constituye causal de remoción del cargo
de Director de la Fundación San Juan de Dios.
Artículo 4°. Decrétense las siguientes medidas
preventivas:
1. En beneficio de los terceros, el Interventor deberá
presentar el inventario de bienes de la Fundación en el término de treinta (30)
días, contados a partir de su posesión.
2. El Interventor deberá presentar a la
Superintendencia Nacional de Salud, Informe de Gestión mensualmente sobre los
aspectos administrativos, financieros y de prestación de servicios de la
fundación intervenida.
Artículo 5°. Esta medida de intervención total de la
Fundación San Juan de Dios se aplica sin perjuicio de los procesos de
disolución y liquidación que sean necesarios, conforme a las disposiciones
legales.
Artículo 6°. Asignar las funciones de Interventor al
doctor Raúl Lagos Forero, identificado con la cédula de ciudadanía número
19063389 de Bogotá, Jefe del Área Administración del Aseguramiento de la
Secretaría de Salud del Distrito Capital, comisionado para prestar sus
servicios en la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución 986 de
2001.
Parágrafo. El Interventor ejercerá las funciones aquí
asignadas sin derecho a remuneración distinta a la del cargo que ejerce en
propiedad en el Distrito Capital.
Artículo 7°. El Interventor designado ejercerá
funciones públicas, sin perjuicio de la aplicación, cuando sea del caso, de las
normas del derecho privado.
Artículo 8°. El Interventor de conformidad con lo
previsto en el artículo 16 del Decreto 1922 de 1994 podrá:
1. Asumir las funciones de uno, de varios o de todos
los programas, organismos, dependencias y cargos que ejerzan funciones de
dirección y administración en la Fundación San Juan de Dios, de conformidad con
sus estatutos.
2. Decretar la separación de personas que ejerzan
cargos de dirección técnica, científica y administrativa en la Fundación San Juan
de Dios.
3. Ejercer las funciones de la Junta Directiva por el
término que dure la facultad de intervención.
4. Ejercer las facultades que garanticen los efectos
de la intervención total decretada sobre la Fundación San Juan de Dios, de
conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto 1922 de 1994.
Artículo 9°. Notificar personalmente el contenido de
la presente resolución al Representante Legal de la Fundación San Juan de Dios,
haciéndole saber que contra este acto administrativo procede el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse por escrito en el momento de la
diligencia de notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
ésta, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo. De no ser posible la notificación personal, ésta se
hará en los términos del artículo 45 del Decreto 01 de 1984.
Artículo 10. Las decisiones contenidas en el presente
acto administrativo son de cumplimento inmediato, por tanto la interposición
del recurso de reposición no suspende su ejecución con fundamento en lo
ordenado en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 510 de 1999.
Artículo 11. Para todos los efectos a que haya lugar
publíquese en el Diario Oficial la presente resolución y
comuníquese a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud; al
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y al Interventor designado.
Notífíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de septiembre de 2001.
La Superintendente Nacional de Salud,
Inés Gómez de Vargas
[70] ART.
46—Subrogado. L. 50/90, art. 3º. Contrato a término fijo. El contrato de
trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede
ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente.
1.  Si
antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes
avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con
una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado
por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente.
(…)
[71]
Comunicación No GL- 125 dirigida a la Sala Plena de la Corte Constitucional por
la liquidadora de la Fundación San Juan de Dios.
[72] Ley 60 de 1993  ARTÍCULO 33. FONDO
PRESTACIONAL DEL SECTOR SALUD. Créase el Fondo Nacional para el pago del pasivo
prestacional de los servidores del sector salud, como una cuenta especial de la
Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y estadística, con
las siguientes características:
1. El Fondo Prestacional garantizará el pago del pasivo
prestacional por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de
jubilación, causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993,
de los servidores pertenecientes a las entidades o dependencias de que trata el
numeral 2o. del presente artículo, que se encuentren en los siguientes casos:
a. No afiliados a ninguna entidad de previsión y seguridad social,
cuya reserva para cesantías o pensiones de jubilación no se haya constituido
total o parcialmente, excepto cuando las reservas constituidas con anterioridad
a la vigencia de la presente ley se destinen a fin distinto al pago de
cesantías y pensiones.
b. Afiliados a entidades de previsión y seguridad social pero
cuyos aportes no hayan sido cancelados o hayan sido cancelados parcialmente,
excepto cuando la interrupción de los pagos respectivos se haya producido con
posterioridad a la vigencia de esta ley, o cuando las reservas se hayan destinado
a otro fìn.
c. Afiliados o pensionados de las entidades de previsión y
seguridad social cuyas pensiones sean compartidas con las instituciones de
salud, correspondiendo al Fondo el pago de la diferencia que se encuentre a
cargo de la entidad de salud cuya reserva para cesantías o pensiones de
jubilación no se haya constituido total o parcialmente, excepto cuando las
reservas constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley se
destinen a fin distinto al pago de cesantías y pensiones.
2. Son beneficiarios del Fondo y tienen derecho a exigir el pago
de la deuda de sus pasivos prestacionales, los servidores mencionados en el
numeral 1o. del presente artículo que pertenezcan a las siguientes entidades o
dependencias del sector salud:
a. A las instituciones o dependencias de salud que pertenezcan al
subsector oficial del sector salud.
b. A entidades del subsector privado del sector salud cuando se
trate de instituciones que hayan estado sostenidas y administradas por el
Estado, y aquellas privadas que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una
entidad pública.
c. A las entidades de naturaleza jurídica indefinida del sector
salud cuando se trate de instituciones que hayan estado sostenidas y
administradas por el estado, o que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una
entidad pública.
3. La responsabilidad financiera para el pago del pasivo
prestacional de los servidores de las entidades o dependencias identificadas en
el numeral 2, reconocida en los términos de la presente ley, se establecerá
mediante un reglamento expedido por el gobierno nacional que define la forma en
que deberán concurrir la nación y las entidades territoriales, para cuyo efecto
se tendrá en cuenta la proporción en que han concurrido los diversos niveles
administrativos a la financiación de las entidades y dependencias del sector
salud de que trata el presente artículo, la condición financiera de los
distintos niveles territoriales y la naturaleza jurídica de las entidades.
4. El Fondo se financiará con los siguientes recursos:
a. Un 20% de las utilidades de Ecosalud.
b. Un porcentaje de los rendimientos, que fije el Gobierno
Nacional, proveniente de las inversiones de los ingresos obtenidos en la venta
de activos de las empresas y entidades estatales.
c. Las partidas del presupuesto general de la Nación que se le
asignen.
PARÁGRAFO 1o. La
metodología para definir el valor de los pasivos prestacionales y los términos
de la concurrencia financiera para su pago será establecida mediante reglamento
por el Gobierno Nacional. Ese reglamento además caracterizará la deuda del
pasivo prestacional, la forma de manejo del Fondo, al igual que su
organización, dirección y demás reglas de funcionamiento, en un período no
mayor a los seis meses siguientes de expedida la presente Ley.
PARÁGRAFO 2o. El
Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales, Distritales y Municipales
podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda pública para
pagar el pasivo prestacional según reglamento que para el efecto se expida. Los
pagos del pasivo prestacional por cesantías y pensiones podrán ser hechos a los
fondos privados de cesantías y pensiones, a las cajas de previsión, al
Instituto de Seguros Sociales o a los fondos territoriales que para el efecto
se creen, y en todos los casos se entenderá que en la fecha de los pagos del
pasivo prestacional causado se interrumpe cualquier retroactividad con cargo a
la nación, a las entidades territoriales o a la entidad de prestación de
servicios de salud que corresponda.
[73] Ley 715 de 2001, ARTÍCULO 61. FONDO DEL PASIVO PRESTACIONAL PARA EL SECTOR SALUD. Suprímase el Fondo del Pasivo Prestacional para el
Sector Salud creado por el artículo 33 de
la Ley 60 de 1993. En adelante, con el fin de atender la responsabilidad
financiera a cargo de la Nación para el pago de las cesantías y pensiones de
las personas beneficiarias de dicho Fondo y de acuerdo con los convenios de
concurrencia correspondientes, la Nación a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, se hará cargo del giro de los recursos, así:
61.1.
Al encargo Fiduciario o Patrimonio Autónomo constituido por la entidad
territorial para el pago de las mesadas y bonos pensionales de las
Instituciones de Salud, de conformidad con el Decreto 1296 de 1994.
61.2.
A las entidades administradoras de pensiones o cesantías a las cuales se
encuentren afiliados los servidores públicos.
61.3.
A los fondos de que trata el artículo 23 del Decreto–ley 1299 de 1994
o a los fideicomisos a que se refiere el artículo 19, numeral 3 del mismo
Decreto.
[74]
Las implicaciones del artículo 90 de la Carta en el régimen de la
responsabilidad patrimonial del Estado ha sido un tema ampliamente desarrollado
por esta Corporación y por el Consejo de Estado.  Así se lo advierte, entre
otras, en las Sentencias T-468-92, C-543-92, C-058-93, C-04-96, C-037-96,
C-333-96, C-358-96, C-274-98, C-088-00, C-430-00, C-100-01, C-832-01, C-840-01,
C-892-01 y C-1149-01, C-235 de 2002 y C-043 de 2004 de esta Corporación y,
entre otras, en las Sentencias de 22 de noviembre de 1991, 26 de noviembre de
1992, 2 de marzo de 1993, 13 de julio de 1993, 8 de mayo de 1995, 21 de junio
de 1995 y 29 de marzo de 1996 del Consejo de Estado.
[75]
Así ha sostenido la jurisdicción contencioso administrativa que el artículo 90
representa “la consagración de un principio constitucional constitutivo de la
cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, tanto la de
naturaleza contractual como la extracontractual". Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de mayo de
1995, Expediente 8118. Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández. En el
mismo sentido ha sostenido que Por ello ha dicho esa misma Corporación que el
artículo 90 "es el tronco en el que encuentra fundamento la totalidad de
la responsabilidad patrimonial del Estado, trátese de la responsabilidad
contractual o de la extracontractual" Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 13 de julio de 1993,
Expediente 8163. Consejero Ponente Juan de Dios Montes Hernández.
[76]
El Consejo de Estado he definido el daño antijurídico como "la lesión de
un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en
la obligación de soportar", por lo cual "se ha desplazado la
antijuricidad de la causa del daño al daño mismo". Por consiguiente,
concluye esa Corporación, "el daño antijurídico puede ser el efecto de una
causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde,
en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva"
Consejo de Estado. Sentencia del 13 de julio de 1993. Loc-cit.
[77]
Sentencia C-533 de 1996.
[78]
Sentencia C-043 de 2004. En la misma decisión sostuvo: “No se trata de saber
si hubo o no una falla en el servicio, es decir una conducta
jurídicamente irregular aunque no necesariamente culposa o dolosa, sino de
establecer si cualquier actuar público produce o no un “daño antijurídico”,
es decir un perjuicio en quien lo padece, que no estaba llamado a soportar” (negrillas
fuera del texto original).
[79]
Sentencia C-333 de 1996.
[80] Esta Corporación, en Sentencia C-333-96, con ponencia
del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, resaltó la armonía existente entre
el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado consagrado en el artículo
90 de la Carta y el Estado Social de Derecho:  “Desde el punto de vista
sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como
fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los
principios y valores propios del Estado Social de Derecho (CP art. 1º), pues al
propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares
frente a la actividad de la administración. Así, la  responsabilidad
patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de
los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual
puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia
actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las
autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita
patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional
establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por
los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión
de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio
antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial
del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización.
Esta concepción de la posibilidad de indemnización de un daño antijurídico
incluso originado en una actividad lícita del Estado armoniza además con el
principio de solidaridad (CP art. 1º) y de igualdad (CP art. 13), que han
servido de fundamento teórico al régimen conocido como de daño especial, basado
en el principio de igualdad de todos ante las cargas públicas. En efecto, si la
Administración ejecuta una obra legítima de interés general (CP art. 1º) pero
no indemniza a una persona o grupo de personas individualizables a quienes se
ha ocasionado un claro perjuicio con ocasión de la obra, entonces el Estado
estaría desconociendo la igualdad de las personas ante las cargas públicas (CP
art. 13), pues quienes han sufrido tal daño no tienen por qué soportarlo, por
lo cual éste debe ser asumido solidariamente por los coasociados (CP art. 1º)
por la vía de la indemnización de quien haya resultado anormalmente
perjudicado. Se trata pues, de un perjuicio especial sufrido por la víctima en
favor del interés general, por lo cual el daño debe ser soportado no por la
persona sino por la colectividad, por medio de la imputación de la
responsabilidad al Estado.  Por ende, la fuente de la responsabilidad
patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la
conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre
no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se
reputa indemnizable.  Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser
reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente
acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de
justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.
[81]
Sentencia C-832 de 2001.
[82]Consejo
de Estado. Sentencia de 13 de julio de 1993, loc. cit.
[83]
Sentencia del Consejo de Estado de mayo 8 de 1995, Expediente 8118, Consejero
Ponente Juan de Dios Montes Hernández.
[84]
El artículo 58 constitucional modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo
01 de 12991, contempla:
Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.  Cuando de la aplicación de
una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
El Estado portegerá y promoverá las formas asociativas
y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social
definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado.  En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio.
[85] ARTICULO 336. Ningún monopolio podrá
establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés
público o social y en virtud de la ley.
La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse
antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de
ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita.
La organización, administración, control y explotación
de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por
la ley de iniciativa gubernamental.
Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios
de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud.
Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de
licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y
educación.
La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de
monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que
establezca la ley.
El Gobierno enajenará o liquidará las empresas
monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad
cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la
ley.
En cualquier caso se respetarán los derechos
adquiridos por los trabajadores.
[86] ARTICULO 365. Los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen
jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso,
el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos
servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante
ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas
o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que
en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.
[87]
Sentencia C-038/06
[88] Decreto 2591 de 1991 , Artículo 24 Prevención a
la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del
acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible
restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en el fallo se
prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si
procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en
el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las
responsabilidades en que ya hubiere incurrido.
El juez
también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere
adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión.