T-461-12
Sentencia T-461/12
Sentencia T-461/12
ACCION
DE TUTELA DE MADRE CABEZA DE FAMILIA CONTRA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO-Terminación de
relación de trabajo por accidente cerebrovascular que generó incapacidad
superior a 180 días y pérdida de capacidad laboral de origen común del
72.55%
COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO-Elementos normativos y características
COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO-Naturaleza, función y principios sobre
los cuales debe desarrollar la actividad asociativa/COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO-A pesar de estar regidas por sus propios estatutos y fuera
del ámbito de la jurisdicción laboral no pueden desconocer las garantías
constitucionales
COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO-Relación laboral
COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO-Prohibición de actuar como empresas de
intermediación laboral
PROCESOS
DE DESLABORALIZACION DE LAS RELACIONES DE TRABAJO-Inconstitucionalidad
DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES Y RELACION LABORAL-Aplicación del
principio de primacía de la realidad sobre las formas
ACCION
DE TUTELA COMO MEDIO EXCEPCIONAL PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE LOS INCAPACITADOS
ESTADO-Protección
especial a personas en condiciones de debilidad manifiesta y sanción por abusos
o maltratos contra ellas
ESTADO-Política de
previsión, rehabilitación e integración social para disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos y atención especializada que requieran
VINCULACION
LABORAL-Prohibición de
despido o terminación de contrato a persona limitada por razón de su limitación
salvo autorización de la oficina de Trabajo
RELACION
LABORAL-Derecho
a la estabilidad laboral reforzada de personas que por condiciones físicas,
sensoriales o psicológicas están en circunstancia de debilidad manifiesta
PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Protección
PERSONAS
EN SITUACION DE DISCAPACIDAD FRENTE A CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACION LABORAL-Protección
DISCAPACIDAD
E INVALIDEZ-Diferencia
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA-Elementos
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE PERSONAS DISCAPACITADAS O AFECTADAS EN SU ESTADO DE SALUD-Opera sin
importar el tipo de relación laboral existente
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA-Garantía que
implica el derecho a la reubicación en puesto de trabajo adecuado a la
condición de salud
CONTRATO
LABORAL DE TRABAJADOR CON INCAPACIDAD SUPERIOR A 180 DIAS-Facultad de
terminación del empleador
TERMINACION
UNILATERAL DE CONTRATO DE TRABAJO POR EMPLEADOR-Justas causas
TERMINACION
UNILATERAL DE CONTRATO DE TRABAJO POR EMPLEADOR A TRABAJADOR CON INCAPACIDAD
SUPERIOR A 180 DIAS-Facultad no es absoluta
SEGURIDAD
SOCIAL-Servicio público
de carácter obligatorio y progresivo
DESARROLLO
PROGRESIVO DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES-Responsabilidad
del Estado
SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN-Prestación
pecuniaria por pérdida de capacidad laboral
DERECHO
A LA PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia vía tutela para precaver violación de
derechos fundamentales
PENSION
DE INVALIDEZ-Semanas
cotizadas entre fecha de estructuración y fecha del dictamen
ACCION
DE TUTELA DE MADRE CABEZA DE FAMILIA CON DISCAPACIDAD CONTRA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO-Protección
ACCION
DE TUTELA DE MADRE CABEZA DE FAMILIA CON DISCAPACIDAD CONTRA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO-Imposibilidad de
reincorporación laboral por incapacidad superior a 180 días y pérdida de capacidad
laboral de origen común del 72.55%
PENSION
DE INVALIDEZ-Facultad
de juez constitucional para ordenar reconocimiento y pago a pesar de no haberse
solicitado expresamente en la tutela
REGIMEN
DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD-Parámetros para acceder a la pensión de
invalidez por enfermedad común
DERECHOS
A LA SALUD, MINIMO VITAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE MADRE CABEZA DE FAMILIA CON
DISCAPACIDAD-Reconocimiento y
pago de pensión de invalidez deduciendo valor cancelado por devolución de
saldos
ACCION
DE TUTELA DE MADRE CABEZA DE FAMILIA CON DISCAPACIDAD CONTRA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO-Orden de pagar
salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de retiro
hasta el momento en que se reconoce la pensión de invalidez y pago de
indemnización
Referencia:
Expediente T-3316057
Acción de tutela
interpuesta por Tatiana Leguízamo Henao contra la Cooperativa de
Trabajo Asociado Gestionando C.T.A. y la Empresa Social del Estado Hospital San
Rafael de Fusagasugá.
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012)
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson
Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Fusagasugá y la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acción de tutela instaurada por Tatiana
Leguízamo Henao
en contra
de la Cooperativa
de Trabajo Asociado Gestionando C.T.A. y la Empresa Social del Estado Hospital
San Rafael de Fusagasugá.
I.
ANTECEDENTES.
1.
Hechos.
1.1. La señora Tatiana Leguízamo Henao
promovió acción de tutela como mecanismo transitorio en contra de la
Cooperativa de Trabajo Asociado Gestionando C.T.A. y la Empresa Social del
Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social, al debido
proceso, al derecho de asociación y al trabajo.
1.2. La accionante indica que fue
vinculada al Hospital San Rafael de Fusagasugá, a través de la cooperativa
desde el 1º de diciembre de 2009, prestando sus servicios como Auxiliar de
Facturación, devengando la suma de $968.000, 00 mensuales.
1.3. Añade que el 20 de septiembre de
2010, sufrió un accidente cerebro vascular (ACV), “donde le determinaron una
incapacidad a partir del día 21 de septiembre de 2011 y que a la fecha aún
continua (…), lo que constituye un periodo de 331 días al 19 de agosto”.[1]
1.4. Expone que al conocer la intención
de la cooperativa Gestionando C.T.A. de desvincularla del sistema de seguridad
social, radicó ante dicha entidad una petición el 1º de abril de 2011,
solicitando que no se le retirara de la EPS ni de la ARP, respuesta que no fue
oportuna y “no resuelve efectivamente las solicitudes hechas en mi escrito
de derecho de petición”.[2]
1.5. Indica que conforme con el Código
Laboral, después de los 180 días de incapacidad es responsabilidad de la EPS y
de la entidad contratante entrar a valorar y calificar su capacidad de trabajo.
Aclara que en la actualidad está pendiente dicho dictamen.
1.6. Señala que los conceptos emitidos
por los profesionales de medicina laboral le recomiendan continuar
incapacitada, que se califique su grado de invalidez e igualmente le ordenan
que se practique nuevas evaluaciones en neurología, otorrinolaringología,
psiquiatría, salud ocupacional y la repetición del examen del campo visual
central y periférico.
1.7. Afirma que el 26 de abril de 2011,
la cooperativa le envió un oficio informándole la decisión de terminar la
relación laboral, arguyendo que a raíz del accidente cerebrovascular se
encuentra incapacitada para trabajar.
1.8. Explica que conforme con el examen
visual que se le practicó el 9 de mayo de 2011, se estableció “una depresión
profunda generalizada de predominio en hemicampo nasal y con algunos escotomas
en periferia temporal y a su vez la percepción de escasos cinco estímulos
luminosos”[3];
asimismo se encontró la existencia de vértigo de DHI, discapacidad severa que
arroja pruebas oculomotoras con valores disminuidos y que produce nauseas,
mareo e intolerancia para realizar cualquier tipo de movimiento ocular,
reflejando un déficit del reflejo vestibular oculomotriz.
1.9. Además, el médico internista de
SALUDCOOP estableció que la paciente presenta enfermedades crónicas severas,
requiriendo control y evaluación sistemática por tener alto riesgo de
complicación cardiovascular, que podría provocarle la muerte.
1.10. Teniendo en cuenta lo anterior,
agrega que la finalización del vínculo laboral se dio cuando aún se encontraba
incapacitada y sin obtener la respectiva autorización de la autoridad
competente, esto es, del Ministerio de la Protección Social.
1.11.
Por último, señala que es madre cabeza de familia de dos menores de edad (3 y
12 años) y el sustento de su núcleo familiar que dependen de su salario, además
se encuentra en proceso de recuperación, ya que dicho padecimiento, le
ocasionó:
(i)
Mengua
física, de su capacidad motriz, parálisis facial y hemiparexia izquierda,
imposibilitándole desplazarse normalmente y tener una vocalización fluida.
(ii)
Pérdida
del sentido de ubicación en espacio y tiempo, de la memoria de la clase
funcional y la capacidad de realizar operaciones matemáticas simples, así como
el desconocimiento de la contabilización de dinero o números en sí.
(iii)
Disminución
visual y auditiva y,
(iv)
A
raíz de la operación del corazón, se encuentra delicada de salud por patología
crónica severa, relacionada con las funciones cardiovasculares.
1.12.
Con base en lo expuesto la accionante solicitó su reintegro en las condiciones
señaladas por la ley, como trabajadora del Hospital San Rafael de Fusagasugá y
asociada a la Cooperativa de Trabajo Gestionando C.T.A., igualmente, que le
restituyan los servicios de salud que gozaba al momento de estar afiliada, así
como también las compensaciones y prestaciones sociales causadas y no pagadas
desde antes del momento en que fue desvinculada hasta su reintegro laboral.
2.
Contestación de la entidad accionada.
2.1.
La Cooperativa de Trabajo Asociado Gestionando C.T.A. de Sumapaz
manifestó que la accionante, solicitó voluntariamente el 1º de diciembre de
2009, su vinculación como asociada con el objeto de prestar sus servicios como
auxiliar de facturación en la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de
Fusagasugá, suscribiéndose, entonces, un acto cooperativo para la ejecución de
dicha labor.
Que
conforme con el acto cooperativo el sueldo básico correspondía a la suma de
$968.000, sin embargo la compensación neta a cancelarle era la que resultase
una vez deducidos los aportes del Sistema General de Seguridad Social (A.R.P.,
E.P.S. y A.F.P.) y las cotizaciones para la capitalización autorizada.
En
cuanto a las incapacidades, Gestionando C.T.A. expuso que tuvo conocimiento de
ellas a partir del 21 de septiembre de 2010, con código de diagnóstico CIE 10:
G439, correspondiente a enfermedad general, las cuales han continuado hasta la
fecha. Advirtió que realizaron aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
por la accionante hasta el mes de julio de 2011, pese a que las incapacidades
reconocidas por la E.P.S. superaban los 180 días.
Indicó
que la petente al momento de vincularse como asociada aceptó y se comprometió a
cumplir los estatutos y reglamentos de la cooperativa. Por ello, a través del
oficio CG2011-35 del 25 de abril de 2011, atendió los derechos de petición,
informándole que el artículo 29 de los estatutos de la entidad, establece la
terminación del vínculo laboral del trabajador asociado por retiro forzoso,
cuando éste no puede continuar desempeñando su trabajo por enfermedad
contagiosa o crónica que no tenga carácter de enfermedad profesional o laboral,
o cualquier otro tipo de padecimiento que le impida continuar trabajando y cuya
incapacidad haya superado los 180 días.
Igualmente,
se le informó que en el caso de no ser posible su rehabilitación o curación
durante el periodo de la incapacidad temporal de 180 días, tendría que dar
inicio al proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral, que
conforme a lo estipulado en el artículo 52 de la Ley 962 de 2005 que modificó
el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, corresponde a la A.R.P. o la E.P.S..
Insistió
en que la incapacidad de la accionante superó los 180 días acumulados e
interrumpidos, y que teniendo en cuenta su estado de salud resulta imposible su
reubicación, máxime que la cooperativa depende de los requerimientos del
Hospital San Rafael de Fusagasugá.
Por
tal motivo, solicitó que se le exonerara de toda responsabilidad, por no haber
vulnerado derecho alguno y, porque se ha ajustado a las normas legales y a los
estatutos que rigen las cooperativas de trabajo asociadas.
2.2.
Por su parte, la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá señaló
que conforme con la base de datos de la institución, la accionante “no posee
ni (sic) ha poseído ninguna clase de vínculo laboral contractual con la E.S.E.,
Hospital San Rafael…”.[4]
Aclaró
que el servicio de facturación se realiza mediante contrato de prestación de
servicios desde el año 2004. Expuso que actualmente este servicio lo realiza
una empresa particular, que ejecuta el proceso de facturación.
Agregó
que tenía conocimiento que la actora era asociada y cooperada de la entidad con
quien se había contratado el proceso de facturación, en virtud de la
reclamación administrativa de carácter laboral que interpuso la señora Leguízamo
ante la oficina de trabajo del municipio de Fusagasugá. Añadió que dicho
hospital no suscribió ni ha suscrito contratos para el suministro de personal
con la cooperativa, y tenía para el año 2009 contrato de prestación de
servicios.
Que
de forma mensual la cooperativa factura el valor que corresponda a los mismos,
suma que se presenta de manera global sin establecer los valores que cancelará
a sus asociados por concepto de compensaciones.
Por
último, informó que el cargo de auxiliar de facturación no existe en la
entidad, motivo por el cual, mal podría nombrarse a la petente, toda vez que se
estarían violando las disposiciones de los artículos 123 y 124 de la
Constitución Política.
Por
ello, considera que esa entidad no ha realizado ninguna acción u omisión que
vulnere los derechos de la accionante, ni tiene o ha tenido vínculo alguno con
ella. Además existe otro mecanismo de defensa judicial que permitiría
establecer si existe alguna clase de vinculación con la institución.
II.
DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.
1.
Sentencia de primera instancia.
El
Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), mediante
sentencia del 6 de septiembre de 2011, decidió conceder la tutela como
mecanismo transitorio, hasta que la petente acudiera a la justicia ordinaria o
la entidad accionada mediante proceso obtuviera el permiso por parte de la
oficina respectiva para despedirla.
Por
ello ordenó a la cooperativa “no terminar el contrato cooperativo para
ejecución de labor individual de la accionante, TATIANA LEGUÍZAMO HENAO”[5],
y en caso de que dicha señora recuperara la salud, ordenó reubicarla en el
puesto que venía desempeñando o en otro de igual categoría o en su defecto el
que recomendara la A.R.P., sin desmejorarla. Igualmente, ordenó cancelar la
compensación o salarios dejados de percibir y los aportes al SGSSSI (A.R.P., E.P.S.
y A.F.P.) que no se hubieren pagado. Exoneró al Hospital San Rafael de
Fusagasugá de toda responsabilidad.
Lo
expuesto porque la entidad accionada vulneró además de los derechos invocados
por la accionada, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada al
dar por terminado el contrato cooperativo, a sabiendas de su condición de
salud, y encontrándose en incapacidad, situación que aún persiste y no contó
con el permiso de la autoridad laboral respectiva.
2.
Impugnación.
Mediante
escrito de 19 de septiembre de 2011, la Cooperativa de Trabajo Asociado de
Sumapaz Gestionando C.T.A., impugnó el fallo de primera instancia manifestando
que:
(i)   No se ha
desvinculado a la señora Leguízamo Henao, como trabajadora asociada ni ha
terminado su acto cooperativo para ejecución de la labor individual suscrito
entre las partes, sólo dio respuesta a una petición impetrada por ella, en
donde se le informó:
“[Q]ue de
conformidad con lo establecido en los Estatutos, los cuales son de pleno
conocimiento de los trabajadores asociados; en su Capítulo VII, Terminación del
Vínculo Laboral del Trabajador Asociado, Artículo 29 prevé “Retiro Forzoso. El
retiro forzoso se hará por razones ajenas a la voluntad del asociado, cuando no
puede continuar desempeñando en el sitio de trabajo por las siguientes razones:
1.    Enfermedad
contagiosa o crónica que no tenga carácter de enfermedad profesional o laboral,
así como cualquier enfermedad que le impida continuar con el trabajo y cuya
incapacidad haya durado más de 180 días.
(…)
En el evento de
que no sea posible la rehabilitación o curación del afiliado durante el período
de incapacidad temporal (180 días) se deberá dar inicio al proceso de
calificación de la pérdida de capacidad laboral o estado de invalidez.
Finalmente, debo
recomendarle que de conformidad con la normatividad que rige el asunto que nos
ocupa, deberá promover el inicio del proceso de calificación de la pérdida de
capacidad laboral o estado de invalidez.
(ii)      En ningún momento ha pretendido
desproteger a la actora. Muestra de ello fue que continuó realizando los
aportes a la seguridad social hasta el mes de julio de 2011, pese a que las
incapacidades reconocidas por la E.P.S. superaron los 180 días acumulados e
ininterrumpidos, tiempo en el que no se logró la rehabilitación para proceder a
su reubicación, hecho que resulta imposible debido a que aún continúa
incapacitada. Agrega que la E.P.S. tiene un deber de acompañamiento y
orientación a la persona en relación al trámite para obtener el pago de las
incapacidades superiores a 180 días, esto es, remitir los documentos
correspondientes ante el Fondo de Pensiones con el objeto de que se haga el
estudio de la solicitud y se decida sobre el pago de la prestación o en su
defecto el reconocimiento de la pensión de invalidez.
(iii)
Expone
que no pidió la autorización legal ante el Ministerio de la Protección Social,
debido a que estaba a la espera del pronunciamiento de la A.F.P. a la cual se
encontraba afiliada, ya que a partir del día 181, le corresponde a esa entidad
el pago de las compensaciones, hasta que se decretara dictamen de pérdida de
capacidad laboral o en su defecto se emitiera concepto favorable de su
recuperación, para poderla reubicar. Por lo anterior, solicitó que se vinculara
a la presente acción a Saludcoop E.P.S. y a A.F.P. BBVA Horizonte Pensiones y
Cesantías.
(iv)
Por
último, señala que dicha entidad no ha conculcado los derechos fundamentales
invocados por la actora, ya que no se ha desvinculado a la trabajadora asociada
de la cooperativa ni existe notificación alguna que acredite tal situación,
además no le correspondía pagar las compensaciones ni aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.
3.
Sentencia de segunda instancia.
La
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en providencia
del 16 de noviembre de 2011, revocó el fallo y, en su lugar denegó por
improcedente el amparo pretendido, con base en que la accionante dispone de
otro medio de defensa al cual puede acceder, y sin que el juez de tutela entre
a hacer juicios de valor que pertenecen a la justicia ordinaria laboral, como
es “la declaratoria de un contrato de trabajo que se encuentra en discusión,
y máxime cuando la accionante refiere en el hecho 9 que su condición es de
asociada, y se analiza si las entidades podían despedirla o desvincularla”,[6]
así como también su reintegro.
III.
PRUEBAS.
De
las pruebas que obran en el expediente se destacan:
-
Copia
de liquidación de incapacidades (cuaderno 1, folios 1 a 12).
-
Copia
de la incapacidad médica por SALUDCOOP EPS (cuaderno 1, folios 13 a 18).
-
Copia
de la historia clínica (cuaderno 1, folios 19 a 32 y 40 a 59).
-
Copia
de la respuesta del derecho de petición (cuaderno 1, folio 33).
-
Copia
de contrato de prestación de servicios suscritos entre el hospital San Rafael y
proceso express consultores y asesores Ltda. (cuaderno 1, folio 35).
-
Copia
de las semanas de cotización por SALUDCOOP E.P.S. (cuaderno 1, folios 37 a 39).
-
Copia
de la certificación de constitución, existencia y representación legal de la
cooperativa (cuaderno 1, folios 80 a 86).
-
Copia
de la solicitud voluntaria como asociado (cuaderno 1, folio 87).
-
Copia
del contrato de prestación de servicios (cuaderno 1, folios 90 a 103).
-
Copia
del acta de inspección de trabajo (cuaderno 1, folio 104).
-
Copia
de la resolución núm. 001452 de 2008 por medio de la cual se autoriza la
reforma a los regímenes de trabajo asociado y de compensaciones de una
cooperativa de trabajo asociado (cuaderno 1, folio 106).
-
Copia
de liquidación de prestaciones económicas por SALUDCOOP E.P.S. (cuaderno 1, folios
108 a 124).
-
Copia
de la petición presentada por Tatiana Leguízamo Henao (cuaderno 1, folio 128).
-
Copia
de la respuesta del derecho de petición por parte de Gestionando C.T.A. (cuaderno
1, folio 126).
-
Copia
del oficio dirigido a Gestionando C.T.A. solicitando el diligenciamiento del
formato para trámite en fondo de pensiones horizonte (cuaderno 1, folio 118).
-
Copia
del oficio CG69-11 respuesta de Gestionando C.T.A. (cuaderno 1, folio 129).
-
Copia
de la afiliación a Horizonte Pensiones y Cesantías (cuaderno 1, folios 130 a 133).
-
Incapacidades
(cuaderno 1, folios 1 a 18).
-
Incapacidad Médica
Fecha de inicio
Fecha de Finalización
Días de incapacidad
Número
104010002196920 del 29 de septiembre de 2010
21
de septiembre de 2010
5
de octubre de 2010
15 días
Número
6030 0000030855 del 5 de octubre de 2010
6
de octubre de 2010
7
de octubre de 2010.
2 días
Número
4268344 del 8 de octubre de 2010
8
de octubre de 2010
21
de octubre de 2010
14 días
Número
4310917 del 25 de octubre de 2010
22
de octubre de 2010
5
de noviembre de 2010
15 días
Número
109010000045100 del 22 de noviembre de 2010
21
de noviembre de 2010
30
de noviembre de 2010
10 días
Número
4842082 del 28 de diciembre de 2010
6
de noviembre de 2010
20
de noviembre de 2010
15 días
Número
4842117 del 28 de diciembre de 2010
1
de diciembre de 2010
25
de diciembre de 2010
25 días
Número
4842120 del 28 de diciembre de 2010
26
de diciembre de 2010
9
de enero de 2011
15 días
Número
5012219 del 11 de enero de 2011
10
de enero 2011
29
de enero 2011
20 días
Número
5988609 del 31 de enero de 2011
30
de enero de 2011
18
de febrero de 2011
20 días
Número
104010002642997 del 18 de febrero de 2011
19
de febrero de 2011
5
de marzo de 2011
15 días
Número
109010000048113 del 5 de marzo de 2011
6
de marzo de 2011
20
de marzo de 2011
15 días
Número
6333604 del 22 de marzo de 2011
21
de marzo de 2011
9
de abril de 2011
20 días
Número
6418230 del 11 de abril de 2011
10
de abril de 2011
19
de abril de 2011
10 días
Número
104010002820919 del 20 de abril de 2011
20
de abril de 2011
4
de mayo de 2011
15 días
Número
6524831 del 6 de mayo de 2011
5
de mayo de 2011
19
de mayo de 2011
15 días
Número
6591826 del 21 de mayo de 2011
20
de mayo de 2011
3
de junio de 2011
15 días
Número
6591826 del 20 de junio de 2011
4
de junio de 2011
19
de junio de 2011
16 días
Número
6727311 del 20 de junio de 2011
20
de junio de 2011
29
de junio de 2011
10 días
Número
6775713 del 1 de julio de 2011
30
de junio de 2011
19
de julio de 2011
20 días
Número
6855562 del 21 de julio de 2011
20
de julio de 2011
29
de julio de 2011
10 días
Número
6903306 del 1 de agosto de 2011
30
de julio de 2011
13
de agosto de 2011
15 días
Número
6963489 del 16 de agosto de 2011
14
de agosto de 2011
28
de agosto de 2011
15 días
Total
342 días
IV.
PRUEBAS DECRETADAS POR LA SALA DE REVISIÓN.
Mediante
auto del 8 de mayo del año en curso, el despacho decretó la práctica de pruebas
con el objeto de lograr determinar la condición actual de salud de la actora,
así como si se había producido alguna calificación médica por parte de la
respectiva entidad. Por ello y como quiera que las A.F.P. pudieran resultar
afectadas con la decisión de la sentencia y para garantizar su derecho de
defensa se vinculó a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y, al Instituto de
Seguros Sociales, por lo que resolvió:
(i)
Vincular
a
BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y, al Instituto de Seguros Sociales
Pensiones para que informaran, complementaran y/o contradijesen lo que estime
del caso y aportaran las pruebas que consideren pertinentes dentro del presente
amparo y,
(ii) Ordenar la
práctica de las siguientes pruebas:
(a)  Que el BBVA
Horizonte Pensiones y Cesantías informe si ya existe un dictamen de la junta médica
que determine el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de
estructuración de la petente, allegando los soportes correspondientes.
Igualmente, indicara si en el evento de que la calificación haya sido superior
al 50%, la señora Leguízamo Henao había solicitado la pensión de invalidez o si
dicha entidad se ha pronunciado al respecto. Por último, que remitiera la
historia laboral de las semanas cotizadas de la accionada.
(b) Que el I.S.S. y la Asociación
Colombiana de Administradores de Fondo de Pensiones y Cesantías -ASOFONDOS-,
remitieran la historia laboral de las semanas cotizadas de la señora Leguízamo
Henao y,
(c)  Que la actora informara si ya
la calificó una junta médica y, en el caso de haber sido dictaminada con una
pérdida de capacidad laboral superior al 50% señalara si ha solicitado la
pensión de invalidez. Asimismo, que enviara copia de la cédula y las semanas de
cotización durante el tiempo que ha trabajado, si las tenía en su poder.
1.
En respuesta, el 9 de mayo del presente año la señora Leguízamo Henao adjuntó:
-
Copia
de la cédula de ciudadanía (cuaderno 2, folio 23)
-
Copia
de la historia laboral (cuaderno 2, folios 23 a 26).
-
Copia
del oficio de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías informando acerca de las
indicaciones del proceso de solicitud de valoración (cuaderno 2, folio 26).
-
Copia
del oficio de MAPFRE Seguros notificándole el dictamen de pérdida de capacidad
laboral (cuaderno 2, folios 27 a 29).
-
Copia
del oficio de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías de la respuesta a la
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez (cuaderno 2, folios
30 a 31).
-
Resolución
del Ministerio de Trabajo (sanción por despido, cuaderno 2, folio 32 a 37).
2.
La A.F.P. BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías informó que la señora Leguízamo
Henao solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez, por lo que
remitieron su caso a la compañía de seguros MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
con el objeto de que determinara la pérdida de la capacidad laboral y el origen
de la misma.
Dicha
compañía a través de dictamen de 23 de septiembre de 2011, estableció que la
accionante tiene el setenta y dos punto cincuenta y cinco (72.55%) de pérdida
de capacidad laboral, y fijó como fecha de estructuración el 20 de septiembre
de 2010 por enfermedad de origen común.
Agrega
que conforme con el referido resultado, la entidad accionada procedió a
determinar si la actora cumplía con los requisitos de las cincuenta (50)
semanas de cotización al Sistema General de Pensiones dentro de los tres (3)
años anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez, esto
es, entre septiembre de 2007 y septiembre de 2010, encontrando que no cumplía
con dicho requisito.
Añade
que al ser rechazada la solicitud de pensión de invalidez le informaron a la
accionante sobre el derecho que tenía para acceder a la devolución de saldos
(conforme con el artículo 72 de la Ley 100 de 1993). Así que, conforme con esto,
dicha señora radicó los documentos necesarios con el fin de hacer efectiva la
devolución de los mismos, por lo que la entidad accionada, el 27 de febrero de
2012 realizó el pago de trece millones cuatrocientos treinta y cuatro mil
quinientos noventa y cuatro pesos ($13.434.594).[7]
Por
último, indicó que conforme con lo expuesto no ha vulnerado derecho fundamental
alguno.
3.
De otro lado, la Asociación Colombiana de Administradores del Fondo de
Pensiones y Cesantías -ASOFONDOS-,
allegó los períodos cotizados por la accionante hasta el momento en que se
trasladó de la A.F.P. Protección al BBVA Horizonte para que le puedan
certificar y autenticar la información solicitada.
4.
Por su parte, el Instituto de los Seguros Sociales -I.S.S.- no se pronunció
sobre los requerimientos de dicho auto.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.
Competencia.
Esta
Sala es competente para examinar el fallo materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico.
2.1. En el presente asunto,
la señora Leguízamo Henao interpuso el amparo constitucional contra la
cooperativa Gestionando C.T.A. y la Empresa Social del Estado Hospital
San Rafael de Fusagasugá por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la vida, la salud, la seguridad social, al debido proceso, a la asociación y al
trabajo, en razón a que
dio por terminada la relación de trabajo con ocasión a su padecimiento, esto
es, accidente cerebrovascular (ACV) que le generó una serie de incapacidades[8]
superiores a 331 días.
2.2.
Luego, el
despacho decretó la práctica de pruebas con el fin de lograr establecer la
condición actual de salud de la actora, así como si existía alguna calificación
médica expedida por la respectiva entidad. Por ello y como quiera que las A.F.P.
pudieran resultar afectadas con la decisión de la sentencia y para garantizar
su derecho de defensa, se vinculó a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y, al
Instituto de Seguros Sociales.
2.3.
Como respuesta de lo anterior, se obtuvo que la señora Leguízamo Henao, de 33
años, madre cabeza de familia, y calificada por la compañía de seguros MAPFRE
COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. con una pérdida de capacidad laboral del 72.55% de
origen común y fecha de estructuración del 20 de septiembre de 2010. Sin
embargo, a pesar de ser considerada inválida, la A.F.P. BBVA Horizonte
Pensiones y Cesantías le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, por
no cumplir el requisito de las cincuenta (50) semanas de cotización, ya que aportó
un total de 37.71 semanas al Sistema General de Pensiones en los últimos tres
(3) años anteriores a la fecha de la estructuración.
2.4.
Conforme
con los hechos expuestos, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la Cooperativa de Trabajo Asociado
Gestionando C.T.A.,
podía dar por terminado el vínculo jurídico que la actora mantenía con la
entidad sin que mediara la previa autorización del Ministerio de la Protección
Social, a pesar de que dicha empresa tenía conocimiento de las incapacidades
sufridas por la accionante como consecuencia de un accidente cerebrovascular
(ACV).
Igualmente,
si a raíz de la pérdida de capacidad laboral de la señora Leguízamo Henao, el
juez constitucional puede ordenar la protección de derechos fundamentales
vulnerados, que no fueron invocados por la interesada en el citado amparo, esto
es, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en razón a la
imposibilidad de su reincorporación laboral.
Para
abordar el problema jurídico, se recordará la jurisprudencia constitucional
respecto de: (i) los elementos normativos de las cooperativas de trabajo
asociado;
(ii) la acción de tutela como medio excepcional para la protección de la
estabilidad laboral reforzada respecto a los discapacitados; (iii) la facultad del
empleador de terminar el contrato laboral a un trabajador con una incapacidad
superior a 180 días; (iv) el derecho a la pensión de invalidez; (v) semanas
cotizadas entre la fecha de estructuración y la fecha del dictamen; y (vi) por último, se
resolverá el caso concreto.
3.
Elementos
normativos de las cooperativas de trabajo asociado. Reiteración de
jurisprudencia.
El
artículo 70 de la Ley 79 de 1988[9]
estipula que las cooperativas de trabajo asociado “vinculan el trabajo
personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución o la
prestación de servicios”. Estas cooperativas se sostienen, en el trabajo de
quienes la componen y mediante este nexo busca crear nuevos vínculos laborales
fundadas en la dignidad y en la sostenibilidad, sin que se presten a
inadecuadas utilizaciones[10].
En
fallo C-211 de 2000, se instituyeron como características que prevalecen en
este tipo de cooperativas, las siguientes:
-
“La
asociación es voluntaria y libre.
-
Se
rigen por el principio de igualdad de los asociados.
-
No
existe ánimo de lucro.
-
La
organización es democrática.
-
El
trabajo de los asociados es su base fundamental.
-
Desarrolla
actividades económicas sociales.
-
Hay
solidaridad en la compensación o retribución.
-
Existe
autonomía empresarial”.
La
mencionada sentencia adiciona que “[l]as cooperativas de trabajo asociado
nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que decide unirse
para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los
respectivos estatutos o reglamentos internos. Dado que los socios son los
mismos trabajadores éstos pueden pactar las reglas que han de gobernar las
relaciones laborales, al margen del código que regula esa materia. Todos los
asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado,
además de participar en la distribución equitativa de los excedentes que
obtenga la cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en forma transitoria u ocasional
se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes se regirán por la
legislación laboral vigente”.
Por
otra parte, la OIT en la recomendación 193 “Sobre la Promoción de las
Cooperativas”, indicó en el artículo 2º, que “el término cooperativa
designa una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en
común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática”.
En el literal b) del mismo precepto señaló que: “los principios cooperativos
elaborados por el movimiento cooperativo internacional, son los siguientes:
adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los socios;
participación económica de los socios; autonomía e independencia; educación,
formación e información; cooperación entre cooperativas, e interés por la
comunidad”
En
relación a la naturaleza de la organización de las cooperativas ésta
Corporación en reiterada jurisprudencia ha especificado cuál es la función y
los principios sobre los cuales se debe desarrollar la actividad asociativa,
pero haciendo énfasis en que a pesar de estar regidas por sus propios estatutos
y fuera del ámbito de la jurisdicción laboral, no por ello pueden desconocer
las garantías constitucionales.[11]
Al respecto, sostuvo:
“La facultad que
tienen los asociados de tales organizaciones para autorregularse no significa
que el legislador no pueda reglamentar algunos asuntos relacionados con ellas;
lo que ocurre es que no puede injerir en su ámbito estrictamente interno, pues
ello depende de la libre y autónoma decisión de los miembros que las conforman.
Pero tal libertad de regulación no es absoluta pues dichos estatutos o
reglamentos, como es apenas obvio, no pueden limitar o desconocer los derechos
de las personas en general y de los trabajadores en forma especial, como
tampoco contrariar los principios y valores constitucionales, ya que en caso de
infracción tanto la cooperativa como sus miembros deberán responder ante las
autoridades correspondientes, tal como lo ordena el artículo 6 del estatuto
superior. En consecuencia, como algunas de esas regulaciones podrían infringir la
Constitución y las leyes, corresponderá a las autoridades competentes analizar
en cada caso particular y concreto si éstas se ajustan a sus preceptos y, en
especial, si respetan o no los derechos fundamentales del trabajador”.[12]
El
vínculo desarrollado entre cooperado y cooperativa no está comprendido en el
marco de las relaciones de trabajo subordinado, por cuanto supone que sus
asociados son dueños de la cooperativa, razón por la cual no existe la dualidad
entre empleado y empleador, en consecuencia, en principio no puede utilizarse
la legislación laboral.[13]
Esta Corporación al estudiar la constitucionalidad de los artículos 59, 135 y
154 de la Ley 79 de 1988 y los numerales 6 y 7 del artículo 36 de la Ley 454 de
1998[14],
expuso:
“Las cooperativas
de trabajo asociado se diferencian de las demás en que los asociados son
simultáneamente los dueños de la entidad y los trabajadores de la misma, es
decir, que existe identidad entre asociado y trabajador. Siendo así no es
posible hablar de empleadores por una parte, y de trabajadores por la otra,
como en las relaciones de trabajo subordinado o dependiente. Esta la razón para
que a los socios-trabajadores de tales cooperativas no se les apliquen las
normas del Código sustantivo del Trabajo, estatuto que regula solamente el
trabajo dependiente, esto es, el que se presta bajo la continuada dependencia o
subordinación de un empleador y por el cual el trabajador recibe una
retribución que se denomina salario. En las cooperativas de trabajo asociado no
existe ninguna relación entre capital-empleador y trabajador asalariado pues el
capital de éstas está formado principalmente por el trabajo de sus socios,
además de que el trabajador es el mismo asociado y dueño. Así las cosas no es
posible derivar de allí la existencia de un empleador y un trabajador para
efectos de su asimilación con los trabajadores dependientes”.[15]
Asimismo
este tribunal precisó que en ciertos casos las personas que se encuentran
vinculadas con las cooperativas de trabajo asociado les son aplicables las
normas en materia laboral[16].
La primera situación se da “cuando las cooperativas contrataban trabajadores
ocasionales o permanentes[17]”[18],
la segunda se presenta: “cuando el cooperado no presta su aporte de trabajo
de forma directa a la cooperativa, ‘sino para un tercero, respecto del cual
recibe órdenes y cumple horarios y la relación con el tercero surge por mandato
de la cooperativa.’[19]”[20].
De
lo anterior se observa que con las personas que trabajan directamente para la
cooperativa y no son socios o cooperados se configura una relación laboral, ya
que se trata de verdaderos trabajadores[21] razón por la cual a
estas organizaciones se les prohíbe conforme con el artículo 7 de la Ley 1233
de 2008[22]:
“actuar como empresas de intermediación laboral para impedir que se usara la
forma asociativa de la cooperativa de trabajo asociado para evadir las cargas
prestacionales propias de un contrato de trabajo”[23].
La
Corte ha insistido su rechazo a la intermediación laboral que se hace a través
de las cooperativas de trabajo, así lo sostuvo en sentencia C-614 de 2009:
“De hecho, esta
Corporación reitera de manera enfática la inconstitucionalidad de todos los
procesos de deslaboralización de las relaciones de trabajo que, a pesar de que
utilizan formas asociativas legalmente válidas, tienen como finalidad última
modificar la naturaleza de la relación contractual y falsear la verdadera
relaciones de trabajo. Por ejemplo, en muchas ocasiones, las cooperativas de
trabajo asociadas, que fueron creadas por las Ley 79 de 1988, modificadas por la
Ley 1233 de 2008 y reglamentadas por el Decreto 3553 de 2008, para facilitar el
desarrollo asociativo y el cooperativismo, se han utilizado como instrumentos
para desconocer la realidad del vínculo laboral, a pesar de que expresamente el
artículo 7 de la Ley 1233 de 2008, prohíbe su intermediación laboral.
Así, la eficacia
normativa de la Constitución que protege de manera especial la relación laboral
y la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre la forma, impone
a los particulares y a todas las autoridades públicas, de una parte, el deber
de acatar las prohibiciones legales dirigidas a impedir que los contratos
estatales de prestación de servicios (norma acusada) y las cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado sean utilizadas como formas de
intermediación laboral (artículo 7º de la Ley 1233 de 2008) y, de otro, la
responsabilidad social de evitar la burla de la relación laboral”.
Conforme
con lo anterior, en distintos fallos encaminados a garantizar los derechos de
los trabajadores, esta Corporación ha aplicado el principio de primacía de la
realidad sobre las formas[24]
y ha podido establecer que a pesar de que los accionantes estaban adscritos a
una cooperativa de trabajo asociado, prestaban sus servicios a otras empresas
con las características de una relación contractual, por ende, no existía un
relación cooperativa sino laboral. Así se expuso en sentencia T-286 de 2003:
“(…) se (sic)
observa que si bien la actora es asociada de una cooperativa de trabajo
asociado (Coodesco), también lo es el hecho de que Coodesco la envió a prestar
sus servicios personales en las dependencias del Citibank, lugar donde cumplía
un horario y recibía una remuneración por parte de la Coodesco. Es decir, en el
caso planteado, tuvo lugar una prestación personal del servicio en cabeza de la
actora, una subordinación jurídica de la misma frente a Coodesco y una
remuneración a cargo de ésta por los servicios personales prestados por la
demandante. En otras palabras, se configuró el contrato de trabajo en
consonancia con la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal (art. 53 C.P.)”.
Por
lo anterior, con el objeto de que no se desnaturalicen las obligaciones propias
del derecho al trabajo respecto a este tipo de vínculos laborales la Corte ha
indicado que “no existe autonomía estatutaria absoluta, sino limitada por
parámetros constitucionales, en particular por los derechos fundamentales de
los trabajadores”[25]
y asociados, respetando “todas las obligaciones laborales, incluyendo la
protección al trabajador”.[26]
Este
tribunal en sentencia C-855 de 2009 sostuvo: “si bien las Cooperativas de
Trabajo Asociado, en los términos de las normas legales que las crean y regulan
(ley 79 de 1988) y de la interpretación que de ellas ha hecho la Corte
Constitucional, tienen diferencias marcadas y evidentes, en su estructura y
objeto jurídico, con las empresas privadas ordinarias, que permiten incluso que
su régimen societario y laboral sea distinto, también es verdad que entre
dichas Cooperativas y otro tipo de entidades existe un rasgo común: son
vehículos a través de los cuales se realiza el derecho fundamental al trabajo,
y en ambos casos, por esta razón, los trabajadores (asociados, en un caso, o
dependientes, en el otro) se hacen acreedores de las mismas garantías
constitucionales sobre el particular”.
4.
La acción de tutela como medio excepcional para garantizar la estabilidad
laboral reforzada respecto a los incapacitados.
El
artículo 13 de la Constitución Política le impone al Estado la obligación de
proteger de manera especial a las personas que, por su condición económica,
física o mental, se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que se realicen contra ellas.
Asimismo,
el artículo 47 de la Carta le impone al Estado adelantar una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, proporcionándoles la atención especializada que
requieren. Y el artículo 54 superior estipula que: “[e]s obligación del
Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y
técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral
de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho
a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.
De
otro lado, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[27] dice:
“En
ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar
una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así, mismo ninguna
persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
No
obstante, quienes fueron despedidos o su contrato terminado por razón de su
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrá
derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin
perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de
acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen,
adicionen, complementen o aclaren”. (Subrayas fuera del
texto)
Esta Corporación, al analizar la constitucionalidad de la
norma invocada, en sentencia C-531 de 2000 declaró su exequibilidad pero “bajo
el supuesto de que en los términos de esta providencia y debido a los
principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad (C.P., arts.
2º y 13), así como de especial protección constitucional a favor de los
disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., arts 47 y 54), carece de
todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona
por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de
trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa
para el despido o terminación del respectivo contrato”.
Por ello, teniendo en cuenta las normas constitucionales y el
desarrollo legislativo y jurisprudencial referido, este tribunal ha verificado
la existencia en la órbita de las relaciones laborales de un verdadero derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada[28]
de aquellos individuos que por sus condiciones físicas, sensoriales o
psicológicas están en circunstancia de debilidad manifiesta.[29]
Igualmente, la Corte Constitucional estipuló que la
estabilidad laboral reforzada “constituye un derecho constitucional,
igualmente predicable de otros grupos sociales…”. Agregó que “con esa
estabilidad laboral reforzada se garantiza la permanencia en el empleo del
discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación física,
sensorial o psicológica, como medida de protección especial y en conformidad
con su capacidad laboral”[30].
Además, en providencia T-198 de 2006 esta Corporación ha
extendido la protección de las personas que se encuentra en una situación de
discapacidad: “puede afirmarse que la protección otorgada por la
Constitución y desarrollada por la Ley 361 de 1997 se encuentra dirigida a la
discapacidad, y no solamente a la invalidez”.
Por otra parte, debe referirse al concepto de discapacidad
debido a que en un comienzo el legislador hizo referencia al estado de
invalidez más no al de discapacidad, atendiendo el artículo 38 de la Ley 100 de
1993, que reza: “Se considera inválida la persona que por cualquier causa de
origen no profesional no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o
más de su capacidad laboral”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas[31],
en la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993[32],
elaboró un criterio sobre la discapacidad, en los siguientes términos:
“Con
la palabra discapacidad se resume en gran número de diferentes limitaciones
funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo.
La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual
o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental.
Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente
o transitorio”.
Así mismo, dicha norma en su artículo 7º impone a los Estados
la tarea de proteger a las personas que se encuentran en situación de
discapacidad, frente a cualquier tipo de discriminación en el mercado laboral, así:
“1.
Las disposiciones legislativas y reglamentarias del sector laboral no deben
discriminar contra las personas con discapacidad ni interponer obstáculos a su
empleo.
(…)
6.
Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores deben
cooperar para asegurar condiciones equitativas en materia de políticas de
contratación y ascenso, condiciones de empleo, tasas de remuneración, medidas
encaminadas a mejorar el ambiente laboral a fin de prevenir lesiones y
deterioro de la salud, y medidas para la rehabilitación de los empleados que
hayan sufrido lesiones en accidentes laborales.”
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestra legislación mediante la
Ley 762 de 2002, precisa el concepto de discapacidad:
“El
término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya
sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una
o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o
agravada por el entorno económico y social”.
La Corte Constitucional ha sostenido que: “se encuentra
establecido que se presenta una clara diferencia entre los conceptos de
discapacidad e invalidez. En efecto, podría afirmarse que la discapacidad es el
género, mientras que la invalidez es la especie, y en consecuencia no siempre
que existe discapacidad necesariamente nos encontramos frente a una persona
invalida. La invalidez sería el producto de una discapacidad severa”.[33]
Agrega que la discapacidad “implica una restricción debida a la
deficiencia de la facultad de realizar una actividad en la forma y dentro del
margen que se considera normal para el ser humano en su contexto social. En
este sentido, discapacidad no puede asimilarse, necesariamente a pérdida de
capacidad laboral. Así, personas con un algún grado discapacidad pueden
desarrollarse plenamente en el campo laboral…”[34].
De
acuerdo con lo expuesto, es evidente que las normas tanto nacionales como
internacionales buscan proteger a las personas que se encuentran en estado de
discapacidad, esto acontece, cuando un individuo no puede desarrollarse
laboralmente en condiciones óptimas de salud, por lo que se ve la necesidad de
salvaguardar sus derechos para que pueda permanecer en el empleo sin ningún
tipo de obstáculos.
La Corte ha reconocido a favor de las personas que están en
condición de debilidad manifiesta o indefensión como consecuencia de
padecimientos físicos, sensoriales o psicológicos, el beneficio de una “estabilidad
laboral reforzada” garantizándoles “la permanencia en el empleo (…)
luego de haber adquirido la respectiva limitación (…), como medida de
protección especial y en conformidad con su capacidad laboral”[35].
La sentencia T-263 de 2009 estableció como elementos que
configuran la estabilidad laboral reforzada, los siguientes: “(i) el derecho
a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón a su situación de
vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se configure una causal
objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a que el inspector de
trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el despido con base en la
verificación previa de dicha causal, a fin de que el mismo pueda ser
considerado eficaz”.
De lo expuesto se deduce la existencia de una protección
especial a este grupo de personas, que les garantiza la permanencia en el
trabajo con el objeto de protegerles su dignidad humana y los derechos a la
seguridad social y a la igualdad. Cabe recordar que la estabilidad laboral
reforzada no solo la ostentan quienes padecen invalidez o discapacidad, sino también
las personas que han padecido graves deterioros en su estado de salud y se
encuentran en una situación de debilidad manifiesta[36].
En este sentido la sentencia T-198 de 2006 indicó:
“En
materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física
están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las
personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les
impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que
acredite su condición de discapacitado”.
Además
la jurisprudencia constitucional ha señalado que la estabilidad laboral
reforzada de las personas que se encuentran discapacitadas o afectadas en su
estado de salud, opera sin importar el tipo de relación laboral existente[37].
De acuerdo a ello, el empleador solo podrá desvincular al trabajador que
presenta disminución física o psíquica, cuando medie autorización del inspector
del trabajo y por causa distinta a la de su padecimiento[38]. Se
puede así concluir que se trata de un tipo de protección relativa y no
absoluta[39],
puesto que en la hipótesis de que el trabajador incurra en causal de justa
causa para dar por terminado unilateralmente su contrato de trabajo, el
empleador se encuentra facultado para tramitar la autorización de despido ante
la autoridad competente[40].
De
lo anterior, se concluye que los trabajadores que están afectados en su salud
tienen derecho al reconocimiento de la estabilidad laboral reforzada sin
importar el vínculo laboral adoptado por las partes, mientras el inspector o
autoridad competente no autorice su desvinculación. En virtud de ello tiene “el
derecho a permanecer en su cargo hasta tanto se configure una causal objetiva
que extinga la relación laboral, circunstancia que de todas formas debe ser
verificada y autorizada por el inspector del trabajo”[41]. Así
como también podrá obtener el pago de la indemnización contemplada en el inciso
2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en el caso en que la desvinculación
laboral se realice sin previa autorización.
Ahora
bien, este tribunal ha expuesto “que en aquellos casos en los que el juez de
tutela encuentre acreditado que la terminación del contrato de trabajo de quien
ha sufrido mengua en su estado de salud no ha sido llevada a cabo con la
autorización por parte de la autoridad administrativa, deberá dar aplicación a
la presunción (…) en virtud de la cual se ha de asumir que la causa de dicha
desvinculación es, precisamente, la desmejora de su salud y, por consiguiente,
de la disminución de su capacidad laboral”[42].
Finalmente,
es importante reiterar que el beneficio de la estabilidad laboral reforzada, no
solo debe entenderse como el mecanismo que impide terminar con la relación
laboral al trabajador que se halle en condición de debilidad manifiesta, sino
además como garantía que implica el derecho a la reubicación en un puesto de
trabajo adecuado a su condición de salud en el que “pueda potencializar su
capacidad productiva y realizarse profesionalmente”[43]. Sin
embargo, ha de agregarse que en aquellos casos en se evidencie que existe un
principio de razón suficiente que lo exonere de efectuar dicha obligación,
puede eximirse de cumplirla[44].
5.
Facultad
del empleador de terminar el contrato laboral a un trabajador con una
incapacidad superior a 180 días.
El
numeral
15, del literal a), del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo consagra
como justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de
trabajo por parte del empleador: “La enfermedad contagiosa o crónica del
trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra
enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya
sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no
podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de
las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la
enfermedad.”
Respecto
a esta causal, la Corporación ha señalado, que la ley no le otorga la facultad
absoluta al empleador de terminar con el vínculo laboral de aquellos
trabajadores incapacitados por más de 180 días, toda vez que para utilizarla[45]:
“(i) […] debe dar
cumplimiento del artículo 16 del mismo Decreto ley 2351 de 1991 (sic) y de las
otras disposiciones laborales, incluidos el Convenio 159 de la OIT y normas
relacionadas con la obligación de reintegro”[46]; (ii)
“debe cumplir con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en
cuanto a la autorización previa de la Oficina de Trabajo, hoy Ministerio de la
Protección Social[47];
y (iii) “el empleador y las entidades responsables del Sistema de Seguridad
Social Integral deben obrar armónicamente entre sí, y, a su vez, con el
trabajador, con el fin de que el empleado incapacitado no interrumpa ni el
tratamiento ni el acceso a la atención médica, ni deje de percibir los medios
de subsistencia, bien sea a través del salario, o de la pensión de invalidez,
si a ella tiene derecho”[48].
Por lo expuesto, se hace indispensable
que el empleador que pretenda dar trámite a la referida causal, proceda a obtener
de la autoridad o entidad competente la calificación del porcentaje de pérdida
de capacidad laboral sufrida por el trabajador, con el objeto de establecer si
ésta es temporal o permanente, si es superior o inferior al 50%, ya que de ese
resultado dependerá la protección constitucional que se le deberá aplicar[49].
6.
El derecho a la pensión de invalidez.
La
Carta Política en su artículo 48 señala que la seguridad social es un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección coordinación
y control del Estado y con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad. Añade la referida norma que las reformas en
materia de seguridad social deben ser de carácter progresivo, lo cual no puede
menguar el grado de protección ya obtenido en materia de derechos
prestacionales[50].
Es
oportuno indicar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene bajo su
cargo juzgar la responsabilidad del Estado en temas relacionados con el
desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales[51],
sosteniendo en esta materia:
“Los derechos
económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como
colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el cual ya se ha pronunciado el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, se
debe medir, en criterio de este Tribunal, en función de la creciente cobertura
de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a
la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de la
población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social, y no en
función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no
necesariamente representativos de la situación general prevaleciente.”[52]
De
otro lado, el legislador, a través de la Ley 100 de 1993 implementó el Sistema
General de Seguridad Social, consagrando, entre otras normas, un capítulo sobre
pensiones de invalidez por riesgo común que busca compensar mediante el
otorgamiento de una prestación pecuniaria el infortunio derivado de la pérdida
de capacidad laboral. Con base en el artículo 38 de la referida ley “se
considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional,
no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50 % o más de su capacidad
laboral”.
Igualmente,
la Ley 860 de 2003 en su artículo 1º estipuló que el afiliado inválido tiene
derecho a la pensión de invalidez causada por enfermedad cuando acredite haber
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
A
pesar de que la pensión de invalidez tiene origen legal, este tribunal expuso
que puede adquirir el rango de derecho fundamental cuando se encuentre directa
e inmediatamente relacionado con uno o más derechos de esa categoría:
“El derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, o en su defecto de la
indemnización sustitutiva, se encuentra en conexidad con el derecho a la vida,
la integridad física, el trabajo y la igualdad, entre otros, por cuanto a
través de dicha prestación lo que pretende el Estado es dar cumplimiento al
mandato constitucional que impone como deber el de garantizar a todos los
habitantes ‘el derecho irrenunciable a la seguridad social’. Se garantiza el
derecho a la vida, pues se reconoce a favor de quien ha sufrido merma en su
capacidad laboral una suma de dinero mensual que permita velar por su
subsistencia, y en caso dado, por la de su familia, y además la integridad
física por cuanto como consecuencia de su estado de salud y de sus limitaciones
permanentes, el Estado le brinda una especial protección, además de la
asistencia médica derivada de su situación personal; se garantiza el derecho al
trabajo, ya que cuando el afectado no puede ofrecer al menos la mitad de su
capacidad laboral, se le exime de su obligación social de trabajar, y a la vez
se preserva su derecho en cuanto si recupera su capacidad, puede volver a
desempeñarse en el ejercicio de sus actividades laborales.”[53].
Se
reitera, entonces, que la pensión de invalidez es una prestación de carácter
pecuniario que otorga el sistema de seguridad social por la pérdida o
disminución considerable de la capacidad laboral, lo que implica su
reconocimiento por la vía ordinaria. Empero, existen circunstancias que tornan
más gravosa la situación, como ocurre cuando la pensión es reclamada por un
individuo que se encuentra bajo protección especial, en cuyo caso esta Corte ha
ordenado el reconocimiento de la pensión de invalidez a través de la acción de
tutela:
“… una
persona en estado de invalidez tiene la calidad de sujeto de especial
protección constitucional, al estar impedida para acceder a una labor
debidamente remunerada y sin la posibilidad de valerse por sí misma. Someterla
a un litigio laboral con las tardanzas y complejidades propias de los procesos
ordinarios, resultaría aún más gravoso. Por tal razón, la Corte ha protegido
mediante tutela el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez,
en forma definitiva, o transitoria, según el caso”[54].
Dado
lo anterior, esta Sala considera que el derecho a la pensión de invalidez
resulta susceptible de ser otorgado por vía de tutela con el objeto de precaver
la violación de derechos fundamentales, dado que este ingreso, bien puede
constituir el único sustento económico de una persona, por implicar la
existencia de una disminución física que le impida o dificulte el acceso al
trabajo.
7.
Semanas cotizadas entre la fecha de estructuración y la fecha del dictamen.
En
cuanto al segundo requisito establecido por el artículo 39 de la Ley 100 de
1993 modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 para otorgar la
pensión de invalidez, esto es, que (ii) “haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración”, esta Corporación en los casos de enfermedades de
carácter crónicas o degenerativa, ha tenido en cuenta los aportes realizados
con posterioridad a la fecha de estructuración, esto obedece a que las personas
continúan cotizando al sistema de seguridad social durante el periodo
comprendido entre la fecha de estructuración de la invalidez y el momento en
que el individuo pierde su capacidad laboral de manera permanente y definitiva,
debido a que el sistema no puede beneficiarse de los aportes realizados con
posterioridad al tiempo en que se dictaminó la invalidez. Al respecto la
sentencia T-671 de 2011, expuso:
“Sin
embargo, existen casos en los que la fecha en que se pierde la aptitud para
trabajar, es diferente a la fecha en que comenzó la enfermedad u ocurrió el
accidente que causó ésta mengua. Lo anterior se presenta, generalmente, cuando
se padecen enfermedades crónicas, que al ser estos padecimientos de larga duración, su fin o curación no puede preverse claramente, degenerativas
o congénitas por manifestarse éstas desde el nacimiento, en donde la
pérdida de capacidad laboral es paulatina.
Frente
a este tipo de situaciones, la Corte ha evidenciado que los órganos encargados
de determinar la pérdida de capacidad laboral, es decir las Juntas de
Calificación de Invalidez, establecen como fecha de estructuración de la
invalidez aquella en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la que
se señala en la historia clínica como el momento en que se diagnosticó la
enfermedad, a pesar de que en ese momento, no se haya presentado una pérdida de
capacidad laboral permanente y definitiva[55]
superior al 50[56] %, tal y como establece el Manual
Único para la calificación de la invalidez – Decreto 917 de 1999-[57].
Esta
situación genera una vulneración al derecho a la seguridad social de las
personas que se encuentran en situación de invalidez y han solicitado su pensión
para conjurar este riesgo, por cuanto, en primer lugar, desconoce que, en el
caso de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, la pérdida de
capacidad laboral es gradual y por tanto la persona que sufre de alguno de este
tipo de padecimientos puede continuar desarrollando sus actividades; en segundo
lugar, no se tiene en cuenta las cotizaciones realizadas con posterioridad a la
fecha de estructuración de la invalidez para el reconocimiento de esta
prestación, lo cual puede generar un enriquecimiento sin justa causa por parte
del fondo de pensiones al ‘benefici[arce] de los aportes hechos con
posterioridad a la estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo
al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento
de la pensión.’[58]”.
De
otro lado, esta Corporación, no sólo ha tenido en cuenta las cotizaciones
realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración cuando se trata de
enfermedades de carácter degenerativo o progresivo, sino también, en los eventos
en que a pesar de tratarse de una persona joven que ha sido declarada inválida,
su precaria condición de salud y situación económica, le impida subsistir por
sus propios medios; así lo expuso en sentencia T-777 de 2009 donde estudió el
caso de una joven de 23 años de edad que sufrió un accidente y fue
diagnosticada con un 76.45% de pérdida de capacidad laboral quedando
imposibilitada para realizar cualquier tipo de trabajo que le permitiera sobrevivir.
En este caso, el Instituto de Seguros Sociales, le negó el reconocimiento y
pago de la pensión en razón a que no cumplía con los requisitos exigidos por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, esto es, no tenía las semanas requeridas ni
era menor de 20 años.
En
el referido fallo, este tribunal protegió el derecho y ordenó al I.S.S. el
reconocimiento de la pensión de invalidez, indicando:
“Como se señaló
anteriormente, el artículo 1° de la ley 860 de 2003, que modificó el artículo
39 de la ley 100 de 1993, reformó los requisitos para acceder a la pensión de
invalidez, atendiendo a varias motivaciones ya analizadas en la sentencia de
constitucionalidad C-428 de 2009. No obstante, llama la atención el parágrafo
1°; en este se incluye a un segmento joven de la población que cuenta con una
especial protección legal, tanto en el plano nacional como en el internacional,
y que hace referencia expresa a las personas que se encuentran iniciando su
vida laboral, bien sea por que han terminado su educación básica secundaria y
por carecer de medios económicos no pueden ingresar a la universidad, o bien
porque deben estudiar y trabajar al tiempo para proveerse lo necesario (mayores
de 18 años y menores de 20).
Considera la
Sala que en situación simétrica se hallan quienes están terminando su educación
universitaria después de haberse dedicado exclusivamente a sus estudios y ya
preparados para ingresar al mercado laboral adquieren sus obligaciones propias
emancipándose de sus progenitores, asumiendo directamente el pago de los
aportes a la seguridad social (25 años o menos). En otras áreas de la Seguridad
Social el Legislador ha dado un trato diferencial a los estudiantes con dedicación
exclusiva obedeciendo a diferentes motivaciones que lo han llevado, por
ejemplo, a extender los beneficios de la pensión de sobrevivientes hasta el
momento en que los jóvenes estudiantes cumplan los 25 años de edad; momento en
el cual se presume que estos están preparados para iniciar su vida laboral y,
por tanto, pueden asumir directamente el pago de los aportes al sistema de la
seguridad social integral.
Para el caso de
la pensión de invalidez, el legislador quiso dar protección especial a un segmento
joven de la población, permitiéndole acceder a dicha prestación originada en
enfermedad o accidente no profesional, con unos requisitos menos rigurosos que
para el resto de la población colombiana (26 semanas en el año
inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la invalidez o de su
declaratoria); ello, en razón a que los jóvenes se encuentran haciendo
tránsito de la vida estudiantil a la vida laboral o en el mejor de los casos
realizan las dos actividades concomitantemente. Es apenas obvio que a una
persona joven que está iniciando su vida laboral no se le pueden exigir los
mismos requisitos para acceder a un derecho prestacional como la pensión de
invalidez, que a una persona mayor, con experiencia, pues se presume que la
misma viene laborando desde tiempo atrás, bien sea de manera constante o
interrumpida, pero que las más de las veces alcanzará a reunir las 50 semanas
exigidas en los últimos tres años con anterioridad a la fecha de estructuración
de la invalidez que exige la norma.
Se tiene
entonces que el artículo 39 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo
1° de la Ley 860 de 2003, declarado parcialmente exequible por la sentencia de
constitucionalidad C-428 de 2009, hace referencia en sus numerales 1° y 2° a
los elementos conjuntivos y expresos que han de cumplirse en el tiempo y en la
cantidad de semanas cotizadas para acceder al derecho a la pensión de
invalidez: “últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración o al
hecho causante y 50 semanas cotizadas”. Sin embargo, no sucede lo mismo con el
parágrafo 1° del artículo 1° de la ley de la referencia, que exige expresamente
una cantidad determinada de semanas: veintiséis (26).
Frente al
requisito de tiempo en que debió haberse efectuado la cotización, la norma trae
dos proposiciones disyuntivas: a) La primera dice que debieron haberse
realizado durante el último año inmediatamente anterior al hecho causante de la
invalidez. La segunda señala que debieron realizarse durante el último año
antes de la fecha de su declaratoria “veintiséis (26) semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria”
(Subraya la Sala).
De tal manera
que a esta rama joven de la población se le puede tener en cuenta tanto las
semanas cotizadas antes del hecho causante de la invalidez, como las efectuadas
con antelación a la declaratoria de la misma; fechas que generalmente no
coinciden, dado que desde el instante de la ocurrencia del hecho causante de la
invalidez hasta el momento en que es declarada, transcurre un lapso de tiempo,
que en la mayoría de los casos no es inferior a seis meses (180 días de
incapacidad).
Se deduce entonces, que en esta característica consiste el trato diferencial
que el parágrafo en mención quiso dar a las personas jóvenes de Colombia, que
están haciendo el tránsito de la vida académica a la vida laboral. (Subrayado
fuera del texto).
Igualmente,
en sentencia T-200 de 2011 la Corte estudió el asunto de una persona de 32 años
edad madre cabeza de familia, con una pérdida de capacidad laboral del 64.05%
derivada de un accidente cerebrovascular. La A.F.P. Pensiones y Cesantías
Protección negó el reconocimiento de la pensión con fundamento en que la actora
no cumplía ni con el número de semanas cotizadas exigidas ni con el porcentaje
de fidelidad al sistema.
En
esa ocasión, la Corte concedió el reconocimiento de la pensión de invalidez,
indicando que: “…respecto de la acreditación de las cincuenta semanas
cotizadas al Sistema general de Seguridad Social en Pensiones, no se
contabilizará dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de
estructuración, sino desde la fecha del dictamen de pérdida de la capacidad
laboral, (…), debido a que la empresa, a pesar de la imposibilidad de la
demandante de continuar sus labores, de manera diligente, prosiguió pagando
aportes al régimen; de tal manera, se han de tomar en cuenta tanto las semanas
cotizadas antes del hecho causante de la invalidez, como las realizadas con
anterioridad a la declaración de la misma”.
De
lo anterior, ha de concluirse, que la A.F.P. al estudiar la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, debe tener en cuenta los
aportes realizados al sistema durante el período comprendido entre la fecha de
estructuración y el día en que se practica el dictamen de la pérdida de la
capacidad laboral de manera permanente y definitiva. Esto obedece, a que dentro
de ese período se continúa aportando al sistema hasta que la persona finalmente
es valorada.
8.
Caso
concreto.
8.1.
Hechos que motivaron el amparo de tutela
8.1.1.
En el presente asunto, la señora Tatiana Leguízamo Henao instauró el amparo
constitucional contra la
Cooperativa de Trabajo Asociado Gestionando C.T.A. y la Empresa Social
del Estado
Hospital San Rafael de Fusagasugá por estimar transgredidos sus derechos
fundamentales al trabajo, a la salud, y a la seguridad social, al dar por
terminada la relación de trabajo con ocasión a su padecimiento, esto es,
accidente cerebrovascular (ACV) que le generó una serie de incapacidades[59]
hasta por 331 días y que en la actualidad continúan, con base en el estatuto de
la referida entidad, que establece que cuando a un asociado se le imposibilite
la prestación del servicio por “[e]nfermedad profesional o laboral, así como
cualquier enfermedad que le impida continuar con el trabajo y cuya incapacidad
haya durado más de 180 días”[60],
se estructura la causal de retiro forzoso.
8.1.2.
Por otra parte, Gestionando C.T.A. indicó que tuvo conocimiento de la
existencia de las incapacidades a partir del 21 de septiembre de 2010, las
cuales continuaron, por ello siguió realizando los respectivos aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral hasta el mes de julio de 2011.
Agregó
que la actora al momento de vincularse como asociada aceptó y se comprometió a
cumplir con los estatutos y reglamentos de la cooperativa. Por esto, se le
informó que conforme con el artículo 29 de las normas de la entidad, la
terminación del vínculo laboral del trabajador asociado por retiro forzoso, se
produce cuando éste no puede continuar desempeñando su trabajo a causa de
cualquier tipo de padecimiento que haya superado los 180 días.
Añadió
que en caso de no ser posible su rehabilitación durante el periodo de la
incapacidad, deberá dar inicio al proceso de calificación de pérdida de la
capacidad laboral que conforme con las normas le corresponde a la A.R.P. o E.P.S.
dependiendo del caso. Por lo anterior, solicita que se vincule al presente
amparo a Saludcoop E.P.S. y, a la A.F.P. Horizonte Pensiones y Cesantías.
8.1.3.
De otro lado, el Hospital San Rafael de Fusagasugá expuso que en la base de
datos de la institución aparece que la accionada “no posee ni (sic) ha
poseído ninguna clase de vínculo laboral contractual con la E.S.E., Hospital
San Rafael…”.[61]
Aclaró
que el servicio de facturación se viene realizando mediante contrato de
prestación de servicios desde el año 2004, y que actualmente este servicio lo
desarrolla una empresa particular, que ejecuta el proceso de facturación.
Por
último, señaló que el referido cargo no existe en la entidad, motivo por el
cual, mal podría nombrar a la petente.
8.2.
Los mandatos estipulados en las normas de las cooperativas están limitados por
los principios constitucionales.
Esta
Corte ha recalcado en distintas oportunidades, que los preceptos estipulados en
los estatutos de las cooperativas están condicionados por los derechos de las
personas y los trabajadores, así como también por los principios
constitucionales.[62]
En
el presente asunto, se tiene que la señora Tatiana Leguízamo Henao, era miembro
asociado de la Cooperativa Gestionando C.T.A., fue remitida a prestar sus
servicios de auxiliar de facturación[63]
en el Hospital San Rafael de Fusagasugá (un tercero), y recibía de la citada
empresa como contraprestación una remuneración. Bien puede entonces concluirse
de lo expuesto, que la naturaleza del vínculo se ajusta a los elementos propios
que configuran el contrato de trabajo[64],
toda vez que la asociada prestó sus servicios en el hospital por mandato de la
cooperativa y, por tanto, recibía órdenes de ésta, prestaba un servicio
personal por cuenta de ella y percibía una retribución. Características estas
que se adecúan a las establecidas en el artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo para configurar un contrato de índole laboral con todas las
implicaciones que éste conlleva, tanto constitucionales como legales y en
atención al principio de prevalencia de la realidad sobre lo formal.[65]
De
todas maneras, el artículo 1º[66]
de la Ley 361 de 1997[67]
señala como principios inspiradores los contenidos, entre otros, en el artículo
13 de la Carta Política, por lo que la aplicación del artículo 26[68]
de esa normatividad no se encuentra limitada al grupo de trabajadores sometidos
a las normas laborales ordinarias, ya que el precepto constitucional
desarrollado se refiere en forma amplia pero a la vez específica a las personas
que se encuentren en estado de debilidad manifiesta, lo que incluye a
cualquiera que se halle en esas circunstancias sin importar que su trabajo, se
derive o no de la prestación de un servicio propiamente laboral. Se concluye que
se trata de una cooperada cuyo estado de debilidad manifiesta se deriva de su
padecimiento “accidente cerebrovascular” que le ha ocasionado
disminución física, principalmente:
“(A) capacidad
motriz, al punto que debe desplazarme con la ayuda de un bastón, siempre en
compañía de alguna persona para así evitar accidentes (…); (C) parálisis facial
y hemiparexia izquierda, lo que me impide un desplazamiento normal y una
vocalización fluida; (D) he perdido sentido de ubicación en espacio y tiempo,
pérdida de la memoria de la clase funcional y he perdido la capacidad de
realizar operaciones matemáticas simples, como también el desconocimiento de la
contabilización de dinero o números en sí; (E) mi capacidad visual y auditiva
están disminuidas de manera manifiesta y protuberante y, (…) por operación al
corazón realizada el 25 de mayo, estoy muy delicada de salud por patologías
crónicas severas, relacionadas con las funciones cardiovasculares”.[69]
Lo
anterior, encuentra soporte en la historia clínica y en los conceptos médicos
aportados, en los que le diagnosticaron trombosis cerebral derecha, parálisis
facial, hemiparecia izquierda con rigidez, pérdida a nivel de tiempo y espacio,
déficit de memoria, depresión, dificultad para concentrarse, trastorno motor[70]
y demás. Aunado a lo anterior, se tiene también que le diagnosticaron una
pérdida de capacidad laboral del 72.55%.[71] Por lo que resulta más
que evidente, que está cobijada y protegida por las normas constitucionales y
legales que amparan tal estado de vulnerabilidad.
8.3.
Procedencia de la acción de tutela.
Este
tribunal ha recalcado la improcedencia de la acción de tutela como medio
principal para ventilar problemas de naturaleza laboral, relacionados con la
estabilidad laboral reforzada. Empero, igualmente ha dicho que la postura varía
cuando, como ocurre en el presente asunto, se trate de personas que se encuentren
en estado de debilidad manifiesta y por tal motivo resultan discriminadas.
Conforme
con lo anterior y los hechos relatados, entrará la Sala a evaluar si la
presente acción de tutela es procedente para obtener el reintegro de la
accionante a la mencionada cooperativa, lo que depende de la conjugación de
tres requisitos: “(i) que el peticionario pueda considerarse una persona
discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta; (ii) que el empleador tenga
conocimiento de tal situación, y, (iii) que el despido se lleve a cabo sin
permiso del Ministerio de la Protección Social”.[72] La Sala
examinará cada punto a continuación:
(i)
Conforme con lo expuesto se parte de la base de que del simple vínculo entre
cooperativa y cooperado o de la existencia de un contrato de trabajo, resulta
ostensible que para el 25 de abril de 2011, fecha en la cual el gerente de la
cooperativa tomó la decisión de declarar el retiro forzoso de la actora por
haber cumplido más de 180 días de incapacidad para prestar el servicio de
conformidad con las normas estatutarias internas, la señora Leguízamo Henao, se
encontraba en estado de debilidad manifiesta como lo demuestran la historia
clínica, los conceptos médicos y las incapacidades entre estas, la número
6333604 del 22 de marzo de 2011, que se le diagnosticó entre el 21 de marzo y
el 9 de abril de 2011 y que posteriormente se prolongó por 180 días más, como
consta en las posteriores incapacidades que se le concedieron[73].
La
situación de que el padecimiento sufrido por la actora fuera transitorio y se
prolongara por más de 180 días, no constituía excepción para evadir el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 26[74] de la
Ley 361 de 1997[75]. Además,
conforme con el acervo probatorio, esto es, la historia clínica, los conceptos
médicos, las incapacidades que se prolongaron por más de 342 días y la
circunstancia de que para el momento en que ya se adelantaba el presente
proceso de revisión, se allegara la calificación del 72.55% de discapacidad,
aclara sin duda alguna la gravedad del estado actual de salud de la accionada,
lo que da lugar a que se le garantice su derecho a la estabilidad laboral
reforzada.
De
lo expuesto se concluye, que la señora Leguízamo Henao es sujeto de protección
especial, por cuanto sin reparar en que se encontraba en estado de debilidad
manifiesta, la cooperativa, a sabiendas de esa situación, procedió a
desvincularla sin que mediara previa autorización del Inspector del Trabajo.
(ii)
Respecto del conocimiento del empleador acerca de la condición de salud de la
actora, es evidente que la Cooperativa Gestionando C.T.A. conoció del
padecimiento (accidente cerebrovascular) ocurrido el 20 de septiembre de 2010,
puesto que la empresa sabía su estado de incapacidad. Así lo expresó en la
contestación de la demanda de tutela donde señala que “tuvo conocimiento
inicialmente por las incapacidades que iniciaron el 21 de septiembre de 2010,
con código de diagnóstico CIE 10:G439, cuyo origen corresponde a enfermedad
general: y posteriormente por los derechos de petición elevados por la
accionante a los que se les dio respuesta…”[76]. Igualmente,
cuando le informó a la accionante acerca de la causal del retiro forzoso
estipulado en los estatutos de dicha entidad el 25 de abril de 2011.
Prueba
de ello, es la Resolución núm. 14 del 4 de noviembre de 2011[77], a
través de la cual el Ministerio del Trabajo sancionó a la Cooperativa de
Trabajo Asociado del Sumapaz Gestionando C.T.A. con multa de cinco millones
trescientos cincuenta y seis mil pesos ($5.356.000).[78] Lo que
obedeció a que “la señora Tatiana tuvo la calidad de asociada hasta el día
21 de marzo de 2011, día en que cumplió los 180 días continuos de incapacidad y
que por tanto dieron aplicación al art. 29 en su numeral 1 de los estatutos de la
Cooperativa respecto al retiro forzoso, tal como lo expresa el señor gerente de
la Cooperativa en diligencia llevada a cabo en esta Inspección el día 16 de
junio del 2011 cuando dijo ‘la señora tiene calidad de asociada hasta el día
21 de marzo del 2011 día en que cumplió los 180 días continuos de incapacidad
según las certificaciones medicas lo que da aplicación al art. 29 en su numeral
1 de los estatutos de la Cooperativa respecto al retiro forzoso.’”.[79]
De
otra parte, se hace evidente que la terminación del vínculo existente entre
cooperativa y actora obedeció a su precario estado de salud, toda vez que fue
esa la razón que la entidad invocó para excluirla de su membrecía, lo que se
puede inferir de la situación de incapacidad en que se hallaba, situación que
se ajusta a los parámetros de conexidad existentes entre enfermedad y despido[80].
(iii)
Habiendo obedecido la decisión de su desvinculación a la precaria salud de la
señora Leguízamo Henao, resultaba obligatorio para la cooperativa que en
cumplimiento del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 recurriera al Ministerio de la
Protección Social en demanda de la autorización requerida. Sin embargo, en el
expediente no aparece evidencia de que así lo hubiese hecho.
Tal
situación, es aseverada por el Ministerio del Trabajo en la Resolución núm. 14
del 4 de noviembre de 2011[81],
donde indica que “[e]n cuanto a la manifestación que esta Inspección no se
pronunció sobre la autorización de dar por terminado el contrato a la señora
TATIANA LEGUÍZAMO no entiende este Despacho a cual autorización se refiere el
señor representante de GESTIONANDO CTA, si la Cooperativa no realizó
ninguna solicitud ante el Ministerio”.
Como
consecuencia de la actuación de la cooperativa la accionante se vio perjudicada
gravemente no solo a nivel personal sino familiar ya que es madre cabeza de
familia y el sustento de su núcleo familiar (dos hijos, de 3 y 12 años),[82]
quienes a raíz del despido se vieron afectados económicamente. Por lo anterior,
resulta claro que la acción de tutela constituye en este caso mecanismo apto
para proteger los derechos fundamentales vulnerados a la demandante, y para
resarcir el perjuicio que se le ocasionó.
Adicionalmente,
la Corte Constitucional ha determinado la procedencia de este amparo cuando
están en juego derechos constitucionales:
“…las acciones
laborales no siempre son suficientes para salvaguardar los derechos
constitucionales fundamentales que puedan resultar violados por actos
contrarios a la normatividad de la legislación del trabajo que ante todo
desconocen el Ordenamiento Fundamental y los tratados internacionales sobre
derecho humanos, y en estos eventos dejando a salvo la plena competencia de los
jueces laborales para resolver acerca de los asuntos que le corresponden, es
posible tutelar los derechos de orden constitucional, respecto de cuya
efectividad no resulta idóneo el medio judicial ordinario”.[83]
8.4.
Reitera la Sala, que para el momento de su desvinculación la señora Leguízamo
Henao, se encontraba en estado de debilidad manifiesta, razón por la cual la
cooperativa tenía la obligación de acudir a la autoridad del trabajo, para
obtener la respectiva autorización de desvinculación, so pena de considerarse
incursa en despido discriminatorio. En vista de lo anterior considera la Sala,
que la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2011 por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, debe ser revocada,
para en su lugar conceder la protección de los derechos fundamentales a la
demandante.
8.5.
Si bien la peticionaria solicitó el reintegro, se observa que la incapacidad
producida por el ACV se prolongó por más de 180 días y continuó hasta el
momento en que fue valorada arrojando una calificación del 72.55% de pérdida de
capacidad laboral. Esta situación hace imposible su reincorporación laboral.
Por lo que esta Sala entrará a estudiar si dicha señora tiene derecho a que se
le reconozca y pague la pensión de invalidez.
8.6. Facultad
del juez constitucional para ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, a pesar de que no lo hubiese solicitado expresamente en el amparo de
tutela.
8.6.1. La Corte
Constitucional ha estipulado que al ser la tutela un mecanismo de protección de
los derechos fundamentales “…
reviste al juez que conoce de ella de una serie de facultades que, en ejercicio
de la jurisdicción ordinaria, no posee. La principal de ellas, consiste en
fallar más allá de lo solicitado por quien hace uso de este mecanismo, fallos
ultra o extra petita. Prerrogativa que
permite al juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como
fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por
estar vulnerando o impidiendo la efectividad de derechos de rango
constitucional fundamental.”[84]
Entonces, existe la
posibilidad de que el juez de tutela pueda ordenar la protección judicial de todos
los derechos fundamentales que se encuentren presuntamente conculcados, así la
accionante no lo hubiese pedido expresamente en el amparo.
8.6.2. Ahora
bien, entrará la Sala a establecer si la actora cumple con los requisitos
exigidos por la ley para acceder a la pensión de invalidez, teniendo en cuenta los
siguientes hechos:
8.6.2.1. En el presente
asunto, la señora Leguízamo Henao interpuso el amparo constitucional contra la
Cooperativa Gestionando C.T.A. y la Empresa Social del Estado Hospital
San Rafael de Fusagasugá por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la vida, a la salud, a la seguridad social, al debido proceso, a la asociación
y al trabajo por
cuanto la primera le dio por terminada la relación de trabajo con ocasión a su
padecimiento, esto es, accidente cerebrovascular (ACV) que le generó una serie
de incapacidades[85]
hasta por 331 días.
8.6.2.2.
Luego, el
despacho decretó la práctica de pruebas con el fin de lograr establecer la
condición actual de salud de la actora, así como si existía alguna calificación
médica por parte de la respectiva entidad. Por ello y como quiera que las A.F.P.
pudieran resultar afectadas con la decisión de la sentencia y para garantizar
su derecho de defensa se vinculó a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y al
Instituto de Seguros Sociales.
8.6.2.3.
Como respuesta de lo anterior, se tiene que la señora Leguízamo Henao, de 33 años,
madre cabeza de familia (de dos menores de edad), y calificada con una pérdida
de capacidad laboral del 72.55% de origen común y fecha de estructuración del
20 de septiembre de 2010 por la compañía de seguros MAPFRE COLOMBIA VIDA
SEGUROS S.A., a pesar de ser considerada como inválida, la A.F.P. BBVA
Horizonte Pensiones y Cesantías niega el reconocimiento de la pensión de
invalidez, en razón a que no cumple con el requisito de las cincuenta (50)
semanas de cotización, ya que aportó un total de 37.71 semanas[86] al
Sistema General de Pensiones en los últimos tres (3) años anteriores a la fecha
de la estructuración.
8.6.2.4.
Por su parte, BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, señala que la accionante pide
el reconocimiento de la pensión, solicitud que fue negada en razón a que a
pesar de que a la señora Leguízamo Henao el 23 de septiembre de 2011 se le
dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 72.55%, no cumplía con los
requisitos de las cincuentas (50) semanas cotizadas dentro de los de los tres
(3) años anteriores a la fecha de estructuración de su estado de invalidez.
Igualmente,
indica que al ser rechazada dicha petición le entrega la suma de trece millones
cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos
($13.434.594)[87],
en materia de devolución de saldos.
8.6.3.
Antes de estudiar de fondo este asunto, es pertinente recordar que el amparo de
tutela se interpuso en razón al padecimiento de la actora, esto es, accidente
cerebrovascular, por esto, la respectiva entidad la evaluó diagnosticándole una
pérdida de capacidad laboral del 72.55% que le imposibilita la reincorporación
o reubicación laboral. Así que teniendo en cuenta que no tiene empleo ni el
reconocimiento de la pensión, es decir, no posee los medios necesarios para
sufragar los gastos que implica su enfermedad (tratamiento, controles médicos,
etc.). Aunado a lo anterior, es importante indicar que es madre cabeza de
familia de dos menores de edad y que su núcleo familiar depende económicamente
de ella.
En
las circunstancias descritas, la presente acción es procedente para establecer
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, a pesar de existir otro
medio de defensa judicial, ya que se trata de un sujeto amparado
constitucionalmente y que carece de capacidad económica para sufragar sus
gastos y los de su familia.
8.7.
Requisitos exigidos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, para acceder a la pensión de invalidez.
8.7.1.
Debe la Sala determinar si la actora cumple con los requisitos exigidos por la
ley para acceder a la pensión de invalidez. Ello obedece a la gravosa situación
que padece, y que por tanto no da espera[88].
8.7.2.
Así las cosas se tiene que, el régimen de ahorro individualidad con solidaridad
instaurado por la Ley 100 de 1993, estableció como parámetros para acceder a la
pensión de invalidez por enfermedad común los que se encuentran consagrados por
los artículos 38, 39, 40 y 41 de esa misma norma, a saber:
(i)   Haber perdido el
cincuenta (50%) o más de la capacidad laboral, por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente.
(ii) Ser declarado inválido y
acreditar cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez[89].
(iii)
Que
la pérdida de la capacidad laboral, el estado de invalidez y el origen de las
contingencias sea determinado en primera oportunidad por las administradoras
del régimen subsidiado, las administradoras de riesgos profesionales -ARP-, las
compañías de seguros y las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, las juntas
regionales de calificación de invalidez y la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez, con base en el Manual Único para la calificación de invalidez
expedido por el Gobierno Nacional.[90]
8.7.3.
Conforme con esos presupuestos legales y con las pruebas que obran en el
expediente se evidencia que la señora Leguízamo Henao cumple con los requisitos
para acceder a la pensión de invalidez, como se explicará a continuación:
8.7.3.1.
Haber
perdido el cincuenta (50%) o más de la capacidad laboral, por cualquier causa
de origen no profesional, no provocada intencionalmente.
Para
comenzar, se colige que la compañía de seguros MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS
S.A., el 23 de septiembre de 2011 determinó una pérdida de la capacidad
equivalente al 72.55% por enfermedad de origen común y con fecha de
estructuración el 20 de septiembre de 2010.[91]
8.7.3.2.
Ser declarado inválido y acreditar cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de
los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez.
En
relación a la acreditación de las cincuenta (50) semanas cotizadas al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, es importante señalar que no se va a
contabilizar dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha en que
se estructuró la invalidez, esto es, el 20 de septiembre de 2010, sino desde la
fecha del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, es decir, el 23 de septiembre
de 2011. Esto obedece a que la cooperativa continuó cotizando al sistema, a
pesar del estado de salud de la accionante (accidente cerebrovascular), así
como lo expresó en el escrito de contestación de la acción de tutela “[s]ea
la oportunidad para informar al despacho que, la Cooperativa, a pesar de
haberse registrado más de 180 días de incapacidad, continuo realizando los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral hasta el mes de julio de 2011”.[92]
Por ello, al momento de estudiar si la accionante cumple con este requisito, se
tendrá en cuenta tanto los aportes realizados antes y después de la declaración
de invalidez[93].
Además
el hecho de que la A.F.P. haya esperado casi un año para valorar el estado de
salud de la actora, debido a que la fecha del dictamen es del 23 de septiembre
de 2011[94]y
el momento de estructuración del 20 de septiembre de 2010, período que como se
dijo la cooperativa continuó realizando los respectivos aportes.
Conforme
con lo anterior y teniendo en cuenta que como se expuso en el primer numeral la
accionante es una persona inválida, se procede a establecer a continuación el
monto de las semanas cotizadas:
Se
observa que dentro de los tres años anteriores a la fecha del dictamen de
pérdida de la capacidad laboral, esto es, el 23 de septiembre de 2011[95],
aparecen registradas en su historia laboral las siguientes cotizaciones entre
septiembre de 2008 y septiembre de 2011[96]:
Salario Base de Cotización
Valor de Cotización obligatoria
CICLO
DÍAS COTIZADOS al BBVA Horizonte
Pensiones y Cesantías
$398.000
$45.783
2009/12
30
$515.000
$59.225
2010/01
30
$515.000
$59.225
2010/02
30
$515.000
$59.225
2010/03
30
$515.000
$59.225
2010/04
30
$515.000
$59.221
2010/05
30
$515.000
$59.225
2010/06
30
$515.000
$59.225
2010/07
30
$515.000
$59.225
2010/08
30
$515.000
$59.225
2010/09
30
$515.000
$59.225
2010/10
30
$515.000
$59.225
2010/11
30
$515.000
$59.225
2010/12
30
$536.000
$61.668
2011/01
30
$536.000
$61.669
2011/02
30
$536.000
$61.668
2011/03
30
$536.000
$61.669
2011/04
30
$536.000
$61.668
2011/05
30
$536.000
$61.668
2011/06
30
$536.000
$61.669
2011/07
30
$536.000
$61.669
2011/08
30
Total
630 días que equivalen a 90 semanas
De
esta manera, se constata que el segundo requisito también se encuentra
satisfecho, toda vez que la accionante cotizó dentro de los tres (3) años
anteriores a la fecha de calificación de invalidez (23 de septiembre de 2011),
noventa (90) semanas que rebasan el mínimo de cincuenta (50) semanas exigido
por la norma.
Además,
es importante tener en cuenta que la señora Leguízamo Henao es una persona
joven que estaba comenzado su vida laboral. Al respecto este tribunal ha
señalado “Es
apenas obvio que a una persona joven que está iniciando su vida laboral no se
le puedan exigir los mismos requisitos para acceder a un derecho prestacional
como la pensión de invalidez, que a una persona mayor, con experiencia, pues se
presume que la misma viene laborando desde tiempo atrás, bien sea de manera
constante o interrumpida, pero que las más de las veces alcanzará a reunir las
50 semanas exigidas en los últimos tres años con anterioridad a la fecha de
estructuración”[97].
8.7.3.3.
La
exigencia de la determinación de la pérdida de la capacidad laboral, el estado
de invalidez y el origen de las contingencias, por parte de las entidades
autorizadas, como ya se señaló, fue establecida por la compañía de seguros
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A..
8.8.
En situaciones como la que se estudia, la acción de tutela se constituye en un
medio expedito para que la protección efectiva y urgente de las garantías
fundamentales, recuérdese que la accionante es una persona que sufrió un
accidente cerebrovascular, madre cabeza de familia de dos menores de edad (3 y
12 años), y que no cuenta con los medios económicos para costear los controles,
tratamiento médicos que requiere, así como tampoco para sobrevivir ella y su
núcleo familiar, por estar desempleada, debido a que se le imposibilita tanto
su reincorporación como su reubicación. En esta medida, someterla a esperar que
la justicia ordinaria resuelva de fondo acerca de su situación, haría nugatoria
la protección efectiva de sus derechos constitucionales[98], por
ello, este amparo se torna procedente como mecanismo principal y definitivo.
Así
que con base en la facultad del juez de tutela para fallar más allá de
las pretensiones iniciales de la peticionaria, y con el objeto de proteger los
derechos fundamentales a
la salud, al mínimo vital y a la seguridad social, la Sala ordenará a
BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie el proceso de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la señora Tatiana Leguízamo
Henao, debiendo cobijar en ese mismo término los valores ocasionados desde la
fecha del dictamen de la calificación de invalidez, esto es, desde el 23 de
septiembre de 2011.
8.9. Como quiera que la A.F.P. BBVA Horizonte Pensiones y
Cesantías, devolvió los saldos de la cuenta de ahorro individual a la actora
conforme con el artículo 72[99] de la Ley 100 de 1993, autorícese al
mismo para deducir del retroactivo pensional el valor cancelado por este
concepto[100].
8.10. Además, se ordenará a la Cooperativa de Trabajo Asociado
del Sumapaz Gestionando C.T.A. pagarle a la señora Tatiana Leguízamo Henao, en un término
máximo de diez (10) días, también contados a partir del mismo acto de
notificación, si no lo ha efectuado, los salarios y demás
prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de su retiro hasta el momento
en que se le reconoce la pensión de invalidez (esta es, el 23 de septiembre de
2011 fecha del dictamen de la pérdida de la capacidad laboral).
Adicionalmente,
el pago de la indemnización de que trata el inciso 2º del artículo 26 de la Ley
361 de 1997.
8.11. Por último, se declara que la
Cooperativa de Trabajo Asociado del Sumapaz Gestionando C.T.A., violó los
derechos fundamentales de la actora, por las razones acá expuestas. En
consecuencia, se compulsara copias a la Superintendencia de la Economía
Solidaria, para que si así lo considere sancione a dicha entidad, teniendo en
cuenta los hechos expuestos en la presente tutela.
VI.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR el
fallo emitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca,
de fecha
16 de noviembre de 2011,
dentro
del proceso de tutela iniciado por la accionante en contra de la Cooperativa de
Trabajo Asociado del Sumapaz Gestionando C.T.A. que a su vez revocó el
del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), en su lugar
CONCEDER el
amparo del derecho a la seguridad social, a la salud y a la vida digna en cabeza
de la señora Tatiana Leguízamo Henao.
Segundo. DECLARAR que la
Cooperativa de Trabajo Asociado del Sumapaz Gestionando C.T.A., violó los
derechos fundamentales de la actora, conforme con las razones expuestas en la
parte motiva. En consecuencia, se compulsará copias a la Superintendencia de la
Economía Solidaria, para que si así lo considere sancione a dicha entidad, teniendo
en cuenta los hechos expuesto en la presente tutela.
Tercero. ORDENAR al
BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie el proceso de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la señora Tatiana Leguízamo
Henao desde la fecha del dictamen de la pérdida de la capacidad laboral; de
igual manera se autoriza a la A.F.P. BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías,
deducir del monto del retroactivo pensional liquidado a favor de la tutelante
el valor cancelado por concepto de devolución de los saldos de que versa el
artículo 72 de la Ley 100 de 1993 que le fueron entregados a la accionante.
Cuarto.
ORDENAR a la Cooperativa de Trabajo Asociado del Sumapaz Gestionando
C.T.A. pagarle a la señora Tatiana Leguízamo Henao, en un término
máximo de diez (10) días, también contados a partir del mismo acto de
notificación, si no lo ha efectuado, los salarios y demás
prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de su retiro hasta el momento
en que se le reconoce la pensión de invalidez (esta es, el 23 de septiembre de
2011 fecha del dictamen de la pérdida de la capacidad laboral).
Adicionalmente,
el pago de la indemnización de que trata el inciso 2º del artículo 26 de la Ley
361 de 1997.
Quinto. LÍBRESE por la
Secretaría General de esta Corporación las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno
1, folio 61.
[2] Ídem.
[3] Ídem.
[4] Cuaderno 1, folio 247.
[5] Cuaderno 1, folio 272.
[6] Cuaderno 1, folio 293.
[7] Adjunta copia del soporte de
pago (cuaderno 2, folio 76)
[8] Cuaderno 1, folios 13 a 18.
[9] "Por la cual se
actualiza la Legislación Cooperativa".
[10] Sentencia T-467 de 2010 “[A]sí
lo estableció la organización Internacional de las Cooperativas de Producción
Industrial, Artesanal y de Servicios, en la Declaración Mundial sobre Cooperativas de Trabajo Asociado”, aprobada por la Asamblea General de la Organización Sectorial de la Alianza Cooperativa -ACI-.
[11] Sentencias T-467 de 2010 y T-132
de 2011.
[12] Sentencia C-211 de 2000.
[13] Sentencia T-467 de 2010.
[14] “Por
la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se
transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de
Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las
entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones”.
[15] Sentencias T-1177 de 2003, T-550
de 2004 y T-003 y 467 de 2010, entre otras.
[16] Sentencia T-467 de 2010.
[17] Artículo 59 de la Ley 79 de 1988. “En las cooperativas de trabajo asociado en que los aportantes de
capital son al mismo tiempo los trabajadores y gestores de la empresa, el
régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación, será
establecido en los estatutos y reglamentos en razón a que se originan en el
acuerdo cooperativo y, por consiguiente, no estará sujeto a la legislación
laboral aplicable a los trabajadores dependientes y las diferencias que surjan,
se someterán al procedimiento arbitral previsto en el Título XXXIII del Código
de Procedimiento Civil o a la justicia laboral ordinaria. En ambos casos, se
deberá tener en cuenta las normas estatutarias, como fuente de derecho.//Las
compensaciones por el trabajo aportado y el retorno de los excedentes previstos
en el artículo 54 numeral 3º de
la presente Ley, se hará teniendo en cuenta la función del trabajo, la
especialidad, el rendimiento y la cantidad de trabajo aportado.//Sólo en forma
excepcional y debidamente justificada, las cooperativas de trabajo no asociado
podrán vincular trabajadores ocasionales o permanentes no asociados; en tales
casos, estas relaciones, se rigen por las normas de la legislación laboral
vigente.//En las cooperativas que no sean de trabajo asociado, el régimen
laboral ordinario se aplicará totalmente a los trabajadores dependientes y a
los trabajadores que a la vez sean asociados”.
[18] Sentencia T-467 de 2010.
[19] Sentencias T-003 de 2010, T-550
de 2004, T-1177 de 2003, entre otras.
[20] Sentencia T-467 de 2010.
[21] Ídem.
[22] “Por
medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones
a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio
Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control
concurrente y se dictan otras disposiciones”.
[23] En igual sentido los artículos
16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, prohíbe que las precooperativas y las
cooperativas de trabajo asociado actúen como empresas de intermediación laboral
y en caso de incumplimiento se les sancionara obligándolas a responder
solidariamente por las “obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado”. Que rezan así:
“Artículo
16. Desnaturalización del trabajo asociado. El asociado que sea enviado por la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado a prestar servicios a una persona natural o
jurídica, configurando la prohibición contenida en el artículo 17 del presente
decreto, se considerará trabajador dependiente de la persona natural o jurídica
que se beneficie con su trabajo.
Artículo
17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán
actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros
beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos
atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del
servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de
subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando
se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador
asociado.”.
[24] Sentencias T-1219 de 2005 y
T-132 de2011.
[25] Sentencias T-004, T-003 y T-467
de 2010.
[26] Ídem.
[27] “Por la cual se
establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se
dictan otras disposiciones”.
[28] Sentencia T-132 de 2011.
[29] Sentencia T-962 de 2008, T-263 de
2009 y T-132 de 2011.
[30] Sentencia C-531 de 2000.
[31] Artículo 93 de la Constitución Política “Los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen
los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno.
Los derechos y
deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
[32] Sobre Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
[33] Sentencia T-198 de 2006.
[34] Ídem.
[35] Sentencia C-531 de 2000.
[36] Sentencias T-132 y T-121 de 2001.
[37] Sentencias T-065 de 2010, T-292 y
T-663 de 2011.
[38] Sentencias T-490 de 2010 y T-292
de 2011.
[39] Sentencia T-663 de 2011.
[40] Sentencia T-936 de 2009.
[41] Sentencias T-663, T-132 de 2011 y
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
[42] Sentencias T-936 de 2009 y T-663
de 2011.
[43] Sentencias T-504 de 2008 y T-663
de 2001.
[44] Sentencias T-1040 de 2001 y T-663
de 2011.
[45] Sentencia T-050 de 2011.
[46] Sentencia T-279 de 2006.
[47] Sentencia T-992 de 2008
[48] Ibídem.
[49] Sentencia T-050 de 2011.
[50] Sentencia C-428 de 2009: “El principio de progresividad en la cobertura de la Seguridad Social y la
prohibición, prima facie, de adoptar medidas que constituyan un retroceso
frente al nivel de protección ya alcanzado en materia de derechos sociales
prestacionales, consiste básicamente en que el Legislador no puede
desmejorar los beneficios señalados previamente en leyes, sin que existan
razones suficientes y constitucionalmente válidas para hacerlo, y está consagrado tanto en la Constitución Política
(artículo 48) como en otros cuerpos normativos internacionales a los que se
halla vinculada Colombia, en particular, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de Naciones Unidas -intérprete autorizado del PIDESC- y el Pacto de
San José de Costa Rica que enuncian compromisos frente a la progresividad de la
legislación en materia de derechos económicos, sociales y culturales”.
[51] Artículo 26 del Pacto de San José aprobado por la Ley 16 de 1972.
[52] Caso “Cinco Pensionistas vs. Perú” del 28 de
febrero de 2003.
[53] Sentencia T-619 de 1995.
[54] Sentencia T-796 de 2010.
[55] Artículo 2 del Decreto 917 de 1999 “Para
efecto de la aplicación y cumplimiento del presente decreto, adóptense las
siguientes definiciones:
a)
Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de
cualquier origen, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más
de su capacidad laboral.
b)
Incapacidad permanente parcial: Se considera con incapacidad permanente parcial
a la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, presente una pérdida
de la capacidad laboral igual o superior al 5% e inferior al 50%.
c)
Capacidad Laboral: Se entiende por capacidad laboral del individuo el conjunto
de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico,
mental y social, que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual.
d)
Trabajo Habitual: Se entiende como trabajo habitual aquel oficio, labor u
ocupación que desempeña el individuo con su capacidad laboral, entrenamiento
y/o formación técnica o profesional, recibiendo una remuneración equivalente a
un salario o renta, y por el cual cotiza al Sistema Integral de Seguridad
Social”.
[56] Artículo 3 del Decreto 917 de 1999:“la
fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en
forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe
documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda
diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En
todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no
habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez”.
[57] Sentencia T-163 de 2011.
[58] Sentencia T-699A de 2007.
[59] Cuaderno 1, folios 13 a 18.
[60] Ídem, folio 33.
[61] Ídem, folio 247.
[62] Sentencias C-211 de 2000, C-855
de 2009 y T- 003 de 2010 “…que si bien las cooperativas gozan de libertad para
determinar y autor regular ciertos aspectos básicos que conciernen a su objeto
social, estructura, organización y funcionamiento, a las condiciones de ingreso
y retiro, también lo es que dicha libertad no es absoluta, porque se debe
ejercer dentro del marco de la Constitución y de las restricciones impuestas
por la ley”.
Agregó que
“… no es
admisible constitucionalmente que las cooperativas de trabajo asociado,
basándose en sus estatutos, dejen desprotegidos los derechos tanto de los
asociados como de los trabajadores”.
[63] Cuaderno 1, folio 35. El
desarrollo del acuerdo de trabajo asociado, estipula en el primer objetivo “GESTIONANDO
C.T.A., vincula los servicios personales, del TRABAJADOR ASOCIADO, para
desempeñar la labor de AUXILIAR DE FACTURACIÓN, cuyas actividades, ubicación y
las demás inherentes al cargo, le informa la E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá al inicio de su vinculación laboral. Esta labor se iniciara a partir
del primer (01) días del mes de Diciembre del año dos mil nueve (2009), y será
ejecutada en la entidad E.S.E. Hospital San Rafael de Fusagasugá”.
[64] La sentencia C-211 de 2000
precisó “… que en algunos casos, a los trabajadores vinculados con las
Cooperativas de trabajo asociado se les aplica la legislación laboral (sentencia
T-900 de 2004) (sic). Uno de ellos se da, cuando las cooperativas contratan
trabajadores ocasionales o permanentes (artículo 59 Ley 79 de 1998) (sic),
caso de carácter excepcional debido a su propia naturaleza de “asociación para
trabajar”. En estas ocasiones se dan todos los supuestos de una relación
laboral subordinada, a saber: “existe un empleador, un trabajador que labora
bajo la subordinación de aquél, y una remuneración o salario” (sentencias
T-1177 de 2003 y T- 286 de 2003) (sic).//La otra situación ocurre,
cuando se configura bajo la regla de “la vinculación formal a una cooperativa
de trabajo asociado no excluye que en la práctica entre ésta y el trabajador
asociado surja una relación laboral” (sentencias T-291 de 2005, T-917 de 2004, T-900 de
2004, T-550 de 2004, T-1177 de 2003 y, T-286 de 2003) (sic), es decir, cuando el
cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, sino para un tercero,
respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios y la relación con el tercero
surge por mandato de la Cooperativa (sentencias 1177 de 2003 y T- 550 de 2004) (sic)”.
[65] Sentencia T-467 de 2010.
[66] “Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan
en los artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en consideración a la dignidad que le es propia a las
personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y
culturales para su completa realización personal y su total integración social
y a las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y
protección necesarias”.
[67] “Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan
otras disposiciones”.
[68] “En
ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar
una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así, mismo
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.// No
obstante, quienes fueron despedidos o su contrato terminado por razón de su
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior,
tendrá derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”. Normatividad vigente a la época en que
ocurrieron los hechos.
[69] Cuaderno 1, folio 63.
[70] Cuaderno 1, folios 19 a 32.
[71] Cuaderno 2, folios 28 a 30.
[72] Sentencia T-554 de 2008.
[73] Vale la pena recordar que la Corte Constitucional, como ya se dijo, ha señalado que los estatutos en que se basan las
cooperativas, se encuentran limitadas por las normas constitucionales y por los
derechos fundamentales de los trabajadores, por lo que, éstas organizaciones
deben cumplir con las obligaciones laborales, sobre todo cuando el trabajador
ha padecido una mengua en su estado de salud (sentencia T-003 de 2010).
[74] “En
ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar
una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así, mismo
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.// No
obstante, quienes fueron despedidos o su contrato terminado por razón de su
limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior,
tendrá derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas
que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.
[75] La sentencia T-516 de 2011
expone que “El trabajador se
encontraba bajo un nuevo período de incapacidad, posterior a la inicial suma de
180 días, dio por terminada la vinculación laboral, aduciendo precisamente la
causal prevista en el numeral 15 del literal A) del artículo 62 del Código
Sustantivo del Trabajo, que no podía aplicar, (i) sin tener en cuenta que,
conforme con un concepto médico, el trabajador tenía posibilidades de
rehabilitación; (ii) sin reparar en la situación particular del empleado; y (iii)
sin que se autorizara el despido por
la autoridad competente, según exige el artículo 26 de la Ley 361 de 1997”. Igualmente, la Sentencia T-050 de 2011 establece que el trabajador que “hubiera estado incapacitado
durante más de 180 días, porque la causal legal que sirvió de base al despido
solo puede aplicarse en aquellos eventos en los que la pérdida de capacidad
laboral del trabajador ha sido calificada previamente, y el empleador cuenta
con la autorización del Ministerio de Protección Social para dar por terminado
el contrato de trabajo”.
[76] Cuaderno 1, folio 135.
[77] Cuaderno 2, folio 33.
[78] Ídem.
[79] Cuaderno 2, folio 34.
[80] Sentencia T-519 de 2003.
[81] Cuaderno 2, folio 33.
[82] Cuaderno 1, folios 60 y ss.
[83] Sentencia SU-667 de 1998.
[84] Sentencia T-886
de 2000.
[85] Cuaderno 1, folios 13 a 18.
[86] Cuaderno 2, folio 31.
[87] Adjunta copia del soporte de
pago (cuaderno 2, folio 76).
[88] Sentencia T-886 de 2000 señala
que “…la naturaleza de la acción de tutela, como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, reviste al juez que conoce de ella de una serie de
facultades que en, ejercicio de la jurisdicción ordinaria, no posee. La
principal de ellas, consiste en fallar más allá de lo solicitado por quien hace
uso de este mecanismo, fallos ultra o extra petita. Prerrogativa que permite al
juez de tutela pronunciarse sobre aspectos que, sin ser expuestos como
fundamento del amparo solicitado, deben ser objeto de pronunciamiento, por
estar vulnerado o impidiendo la efectividad de derechos de rango constitucional
fundamental”.
[89] Artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
[90] Artículo 4º del Decreto
reglamentario 2463 de 2001 “Las decisiones que tomen las entidades
promotoras de salud, las administradoras del régimen subsidiado, las
administradoras de riesgos profesionales, las juntas regionales de calificación
de invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, sobre el grado
de pérdida de la capacidad laboral, se emitirán con base en el manual único
para la Calificación de la Invalidez o en las tablas de calificación vigentes
al momento de la estructuración de dicha pérdida, según sea el caso. En este
último evento, la entidad calificadora determinará en primer lugar, la fecha de
estructuración y luego procederá a la aplicación de la tabla correspondiente”.
[91] Cuaderno 2, folio 29.
[92] Cuaderno 1, folio 141.
[93] Sentencia T-200 de 2011
[94] Cuaderno 2, folio 30.
[95] “Respecto de la acreditación de
las cincuenta semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, no se contabilizará dentro de los últimos tres años anteriores a la
fecha de estructuración, sino desde la fecha del dictamen de pérdida de la
capacidad laboral”. Sentencia T-200 de 2011.
[96] Reporte de las semanas cotizadas al BBVA Horizonte Pensiones y
Cesantías (cuaderno 2, folios 24 a 26).
[97] Sentencia T-839 de 2010.
[98] Sentencia T-200 de 2011.
[99] Artículo 72. “Devolución de saldos por invalidez.
Cuando el afiliado se invalide sin cumplir con los requisitos para acceder a
una pensión de invalidez, se le entregará la totalidad del saldo abonado en su
cuenta individual de ahorro pensional, incluidos los rendimientos financieros y
adicionado con el valor del bono pensional si a ello hubiere lugar.
No
obstante, el afiliado podrá mantener un saldo en la cuenta individual de ahorro
pensional y cotizar para constituir el capital necesario para acceder a una
pensión de vejez.”
[100] Sentencia T-777 de 2009.