T-636-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-636/04
MUJER EMBARAZADA-Protección constitucional especial
LICENCIA DE MATERNIDAD-Procedencia excepcional de tutela para el
pago/LICENCIA DE MATERNIDAD-Pago por tutela cuando afecta el mínimo
vital de la madre y su hijo
LICENCIA DE MATERNIDAD-Objeto
LICENCIA DE MATERNIDAD-Término para reclamarla
LICENCIA DE MATERNIDAD-Pago por allanamiento a la mora por EPS
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-862862
Acción de tutela instaurada por Nelsy
Sánchez Hernández contra SaludCoop E.P.S.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D. C.,
primero ( 1 ) de julio de dos mil cuatro (2004)
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Jaime Araújo Rentería, Alfredo
Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en particular las contenidas en los artículos 86 y
241, numeral 9, de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo
dictado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva, en el trámite de la
acción de tutela iniciada por Nelsy Sánchez Hernández contra SaludCoop E.P.S.
I.       ANTECEDENTES
Nelsy Sánchez Hernández interpuso acción
de tutela el día 29 de octubre de 2003, en forma verbal, solicitando que le sean
protegidos sus derechos a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital,
derechos que considera afectados por la E.P.S. SaludCoop.
1.      Hechos
Refiere la accionante que labora como
empleada de una fotocopiadora de propiedad de la señora Rebeca Castaño de
López.
Señala, así mismo, que se encuentra
afiliada en calidad de cotizante a la E.P.S. SaludCoop desde el 1° de
septiembre de 2001. Sin embargo, dicha entidad se negó a efectuar el
reconocimiento y pago de la prestación de licencia de maternidad a la que
considera tiene derecho y la cual tuvo inicio el 14 de noviembre de 2002.
Dicha negativa le fue comunicada el 27 de
diciembre de ese mismo año, argumentando que la misma obedecía a pagos
extemporáneos por parte de su empleadora.
En consecuencia, solicita se ordene a la
entidad demandada que reconozca y pague su licencia de maternidad.
2.      Pruebas relevantes que obran en el expediente
2.1. Copia del oficio de SaludCoop E.P.S.
dirigido a la señora Rebeca Castaño de López, mediante el cual se informa la
negativa del reconocimiento y pago de la licencia de maternidad de la
accionante[1].
2.2. Copia del comprobante de incapacidad
por maternidad de la señora Sánchez Hernández, en donde consta que la misma
tuvo inicio el 14 de noviembre de 2002[2].
2.3. Copia del carné de afiliación de la
actora[3].
2.4. Copia de la respuesta a la petición
presentada por la señora Sánchez Hernández a la E.P.S. demandada[4].
2.5. Copia de los formularios de
autoliquidación de aportes a SaludCoop E.P.S., correspondientes a los años 2001
y 2002[5].
2.6. Testimonio rendido por la señora
Rebeca Castaño de López[6].
3.      Respuesta de SaludCoop E.P.S.
El Gerente de la Regional Huila de
SaludCoop E.P.S. manifestó que la negativa por parte de la entidad al
reconocimiento y pago de la licencia de maternidad de la actora obedeció a la
realización de pagos extemporáneos. Señala que lo anterior no implica que esta
última quede desamparada, sino que dicha obligación corresponde a su
empleadora, en virtud del artículo 3° del Decreto 047 de 2000.
Indicó, así mismo, que la acción de
tutela no es procedente para defender derechos económicos, sino para proteger
aquellos de rango fundamental y, excepcionalmente, en caso de que no exista
otro mecanismo de defensa judicial.
Al considerar que la entidad asumió una
conducta legítima, se desvirtúa la procedencia de la acción de tutela, pues se
requiere que el menoscabo que ha sufrido el actor provenga de actividades
ilegales de los particulares.
Por último, solicitó al Juez de
conocimiento que declare improcedente la acción de tutela, por cuanto SaludCoop
E.P.S. no ha desconocido o vulnerado derecho fundamental alguno.
II.      DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE
REVISIÓN
El Juzgado Segundo Civil Municipal de
Neiva, en sentencia de 13 de noviembre de 2003, negó el amparo de los derechos
reclamados, tras considerar que se halla probado en el expediente que los pagos
de los aportes al sistema, efectuados por la empleadora de la accionante, no
cumplieron los requisitos contemplados por el Decreto 806 de 1998 y por el
artículo 21 del Decreto 1804 de 1999, puesto que se hicieron de forma
extemporánea.
Agregó que en el presente caso la tutela
es improcedente, pues se observa que la actora puede acudir a la jurisdicción
laboral a fin de obtener el pago integral o proporcional de su licencia de
maternidad, por cuanto no se encuentra ante un perjuicio irremediable.
III.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
DE LA CORTE
1.      Competencia
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del
caso por la Sala de Selección.
2.      El problema jurídico planteado
A esta Sala corresponde resolver la
siguiente cuestión:  la falta de reconocimiento y pago de la licencia de
maternidad por parte de SaludCoop E.P.S., por mora del empleador, ¿ constituye
una vulneración de los derechos fundamentales de la accionante y de su hijo
recién nacido?
3.      Protección constitucional a la
mujer embarazada
Existen disposiciones de rango
constitucional en las que se establecen garantías especiales para proteger a la
mujer, particularmente cuando se encuentra en estado de embarazo. Así, nuestra
Carta Fundamental establece que la mujer gozará de especial protección del
Estado durante el embarazo y después del parto, como mecanismo para amparar la
dignidad y los derechos a la igualdad y al libre desarrollo de las mujeres
(C.Pol. arts. 1°, 13 y 43).
Ahora bien, los preceptos superiores no sólo
buscan proteger a la mujer embarazada sino también a la madre, como un
mecanismo de protección de los derechos de los niños, los cuales, según el
artículo 44 de la Constitución Política, prevalecen sobre los derechos de los
demás.
4.      Reglamentación sobre la
licencia de maternidad en el ordenamiento jurídico colombiano
En armonía con las disposiciones
superiores, el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 236, subrogado por
el artículo 34 de la Ley 50 de 1990, estipula que la mujer trabajadora que se
encuentre en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de doce (12)
semanas en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar
a disfrutar de ella.
A más de lo anterior, a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la licencia de maternidad, así como
las prestaciones económicas que de ella se derivan, deben ser asumidas por el
Instituto de Seguros Sociales y por las
empresas promotoras de salud con cargo
al Fondo de Solidaridad del Sistema de Seguridad Social en Salud.
Así mismo, el Decreto 1406 de 1999, que
creó el régimen de recaudación de aportes que financian el sistema de seguridad
social integral, en su artículo 40, parágrafo 2, establece que durante los
períodos de licencia de maternidad, las afiliadas deberán presentar su
autoliquidación de aportes al sistema a través de su empleador, por todo el
tiempo que dure dicha licencia.
Por su
parte, el Decreto Reglamentario 047 de 2000 determina el período mínimo de
cotización para obtener el pago de la licencia de maternidad y dispone que el
pago estará a cargo del empleador cuando cotice un período inferior al de la
gestación o incumpla el pago de las condiciones previstas para el pago de
prestaciones económicas.
5.    Procedencia excepcional de la tutela para obtener el pago de
la licencia de maternidad
Como es sabido, la licencia de maternidad
es un derecho prestacional que en principio no podría ser objeto de amparo
constitucional, toda vez que la afectada cuenta con un mecanismo judicial idóneo
y adecuado para solicitar su cancelación, cual es el proceso ejecutivo laboral
ante la jurisdicción ordinaria.
Sin embargo, la Corte ha establecido la
necesidad de materializar la especial protección que debe garantizar el Estado
a la mujer, según el mandato constitucional consagrado en el artículo 43. Así,
en múltiples pronunciamientos esta Corporación ha determinado la procedencia
del pago de la prestación a que se viene haciendo referencia, a través de la
acción de tutela, en caso de que la satisfacción del mínimo vital de la madre y
del recién nacido dependan de dicho pago.[7]
6.      Allanamiento
a la mora
Los empleadores tienen ciertos deberes legales, como
inscribir a sus empleados en una empresa promotora de salud, pagar
cumplidamente los aportes que les corresponden, descontar de los ingresos
laborales las cotizaciones que corresponden a los trabajadores y girar
oportunamente los aportes y las cotizaciones a la E.P.S. (Art. 161 Ley 100 de
1993).
Cuando el empleador omite uno cualquiera de estos
deberes, en principio, tiene la obligación de asumir los costos de la seguridad
social, y la Entidad Promotora de Salud, a su turno, tendrá derecho a alegar la
excepción de contrato no cumplido en el sentido de que no está obligada a
satisfacer las prestaciones debidas (Arts. 79, 80 y 81 del Decreto 806 de 1998;
Art. 1609 del Código Civil).
Sin embargo, cuando tales cotizaciones y aportes se
han realizado al sistema en forma ininterrumpida aunque por fuera del término
establecido en las normas reglamentarias, la reiterada jurisprudencia de la
Corte ha previsto el fenómeno del allanamiento a la mora. En tal situación, la
entidad promotora de salud no puede negarse a reconocer y pagar la licencia de
maternidad, por cuanto esta figura sanciona la negligencia o inactividad de la
entidad para cobrar cuanto le ha sido adeudado (aportes, cotizaciones o
intereses de mora por pagos extemporáneos), por los cauces jurídicos que tiene
a su disposición, pues no es la parte más débil de la relación (madre y recién
nacido), que manifiestamente necesita ser asistida, quien debe soportar las
controversias suscitadas en torno de la relación contractual, afectando con su
actitud el mínimo vital de aquellos[8].
Al respecto la Corte ha expresado:
“Deberá
reiterarse, que las entidades promotoras de salud no pueden negar las
prestaciones causadas debidamente a favor de los trabajadores beneficiarios,
cuando se han allanado a la presunta mora del empleador, toda vez, que una
actitud omisiva en el requerimiento al causante de la misma, no puede ser
alegada a su favor frente a la parte más débil de la relación, la madre y su
hijo, que por demás, sí ha participado en el sistema amparada en la buena fe y
en el cumplimiento oportuno de sus obligaciones” [9].
7.  Oportunidad de la acción de tutela
A partir de la sentencia T-999 de 2003
con ponencia del Magistrado Jaime Araújo Rentería, se planteó un cambio de
jurisprudencia en el tema que    nos ocupa, y consideró la Corte que la tesis
mantenida previamente, que establecía  la garantía de la vigencia de la
licencia de maternidad (84 días) como plazo oportuno para interponer la acción
de tutela, establecida previamente, se convirtió con el tiempo en un formalismo
utilizado por las empresas promotoras de salud que hacía insalvable la
protección efectiva de las garantías con las cuales debe contar la mujer
durante el embarazo y después del parto, así como la del recién nacido. Sobre
ese presupuesto, la Corte amplió el término, para hacer viable el amparo
constitucional durante el primer año de vida del niño[10]. La sentencia lo señaló
en los siguientes términos:
“Adicional a las razones exógenas y ajenas
a las madres accionantes, referidas a la demora con la que las empresas
promotoras de salud responden las peticiones relativas al pago de la licencia
de maternidad, llevando a las interesadas a tener que acudir tardíamente a la
acción de tutela con la nefasta consecuencia de que el juez constitucional
igualmente desestima sus intereses por oportunidad en la presentación de sus
alegatos, cree fundadamente esta Sala que el énfasis en la protección
constitucional para casos como el que nos ocupa, es preciso hacerlo en el
recién nacido que amerita protección en todos los planos del ser,  para
permitirle a la madre que pueda demandar en tutela no única y estrictamente
dentro del término de la licencia de maternidad sino también dentro del año de
protección  que la propia Carta concede  a los recién nacidos menores de un año
aún sin tener un régimen de seguridad social definido. (art. 50 C.P.) Vale
decir, la ius fundamentalidad de la licencia de maternidad se extiende hasta
por un año y en ese tiempo se le permite legítimamente  a la madre acudir en
tutela si así lo desea, para la protección del derecho al mínimo vital de ella
y de su hijo.
“Bajo ese entendido, es innegable que debe
darse trámite a una tutela que ha sido presentada aún después del término de la
licencia de maternidad, por cuanto existen circunstancias donde la licencia,
que se constituye en el salario de la mujer que dio a luz durante el tiempo en
que la trabajadora permanece retirada de sus labores, es el único medio de
subsistencia en condiciones dignas tanto para la madre como para su recién
nacido.”
Lo anterior significa entonces, que a
partir de dicha sentencia en comentopara que el amparo constitucional sea
viable,  el pago de la prestación económica de la licencia de maternidad debe
ser planteado ante los jueces de tutela durante el primer año de vida del niño.
8.  Análisis del caso en concreto
De acuerdo con los preceptos
constitucionales, legales y reglamentarios, así como los parámetros
jurisprudenciales sentados por esta Corporación en relación con la prestación
económica de la licencia de maternidad, en el caso que se examina se puede
establecer lo siguiente:
8.1. La accionante labora como empleada
en la fotocopiadora de propiedad de la señora Rebeca Castaño de López, quien,
según la entidad demandada, efectuó de manera extemporánea algunos aportes
durante el período de gestación de la primera.
8.2. No obstante, SaludCoop E.P.S.,
Regional Huila, se allanó a la mora, pues aceptó el pago tardío y, además, no
ejerció oportunamente las facultades que le otorga la ley para realizar el
cobro de lo adeudado, razón por la cual no puede negarse a reconocer y pagar la
licencia de maternidad a que tiene derecho la demandante.
8.3. La acción de tutela fue instaurada
por la señora Sánchez Hernández el día 29 de octubre de 2003, fecha para la
cual no había expirado un año  a partir del inicio de su licencia de
maternidad, el 14 de Noviembre de 2002 (Fl. 3), es decir que, conforme a lo
antes expuesto, se cumple el requisito de la oportunidad de aquella.
Por estos motivos, se revocará la sentencia proferida
por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva y, en su lugar, se concederá el
amparo constitucional de los derechos al mínimo vital y a la dignidad humana
invocados por la actora.
IV.    DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.  REVOCAR la sentencia proferida el 13 de noviembre de 2003 por
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva. En consecuencia, se  CONCEDE la
tutela de los derechos fundamentales invocados por la acicionante.
Segundo. ORDENAR a la E.P.S. SaludCoop, Regional Huila, que en el
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
presente fallo, proceda a reconocer y pagar la licencia de maternidad a la que
tiene derecho la señora Nelsy Sánchez Hernández, a efectos de hacer efectiva la
especial protección que la Constitución prescribe para las mujeres en las
condiciones en que se encuentran ella y su hijo.
Tercero. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Ponente
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario
General (e)
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL (E)
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
Que el H.
Magistrado MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, no firma la presente sentencia por
encontrarse en comisión oficial en el exterior.
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Cfr. Folio 2.
[2] Cfr. Folio 3.
[3] Cfr. Folio 4.
[4] Cfr. Folio 5.
[5] Cfr. Folios
6 a 21.
[6] Cfr. Folio 27.
[7] Ver, entre otras, las sentencias: T-175 de
1999, T-210 de 1999, T-362 de 1999, T-496 de 1999, T-258 de 2000, T-467 de
2000, T-1168 de 2000, T-075 de 2001, T-157 de 2001, T-161 de 2001, T-473 de
2001, T-736 de 2001, T-1002 de 2001, T-1224 de 2001, T-707 de 2002, T-996 de
2002, T-885 de 2002, T-773 de 2002, T-460 de 2003.
[8] Al respecto, se pueden consultar, entre
otras, las sentencias T-059 de 1997, T-458 de 1999, T-765 de 2000, T-473 de
2001, T-221 de 2002, T-664 de 2002, T-707 de 2002, T-880 de 2002, T-996 de
2002, T-553 de 2003 y T-931 de 2003.
[9] Sentencia T-1224 de 2001, M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[10] Esta jurisprudencia ha sido reiterada por la
sentencia T-1014 de 2003.