C-107-17
Sentencia C-_______
Sentencia
C-107/17
NORMA QUE AUTORIZA
CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO EMBARGABLE-Extensión en favor de
integrantes de la familia unipersonal y de crianza y a integrantes de la
familia extensa
La Corte advierte que debe resolver
la siguiente controversia: ¿los artículos 4º y 5º de la Ley 70 de 1931, en
cuanto excluyen a los integrantes de la familia extensa, de crianza o a quienes
conforman un hogar unipersonal, de la potestad de constituir el patrimonio de
familia o ser beneficiarios del mismo, incurren en un tratamiento
discriminatorio injustificado y en un consecuente déficit de protección de los
derechos constitucionales de los que son titulares dichas modalidades de
familia? Para resolver esta materia, adopta la siguiente estructura: en primer
lugar, explica las características definitorias del patrimonio de familia, a
partir de su consagración legal y la interpretación que del mismo ha realizado
la jurisprudencia. Luego, recapitula el precedente sobre el mandato de
protección jurídica equitativa de las diferentes modalidades constitutivas de
familia, en los términos del artículo 42 C.P.  La Sala concluye que Las normas acusadas incurren una
discriminación injustificada, al omitir extender el acceso a la constitución
del patrimonio de familia a las familias extensas, de crianza y las
unipersonales, a pesar de que estos grupos humanos son sujeto de protección
integral, en los términos del artículo 42 C.P.  De esta manera, aunque de
acuerdo con la misma norma constitucional la regulación de dicha salvaguarda
corresponde al amplio margen de configuración legislativa, el mismo no puede
establecer limitaciones o distinciones que no se sustenten en un criterio
constitucionalmente admisible.  En el caso analizado, dicho criterio es
inexistente, lo que impone la adopción de un fallo de exequibilidad
condicionada, que extienda dicha protección a favor de las familias extensas,
de crianza y las unipersonales.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
INTEGRACION DE UNIDAD
NORMATIVA-Jurisprudencia
constitucional
FAMILIA-Protección equitativa de
diferentes modalidades
PATRIMONIO DE FAMILIA
COMO MEDIDA DE PROTECCION ECONOMICA-Contenido
PATRIMONIO DE FAMILIA-Intrínsecamente
relacionado con el concepto de interdependencia de los derechos
PROTECCION INTEGRAL DE
LA FAMILIA-Salvaguarda
del entorno físico y de los ingresos económicos que sirven de soporte para el
ejercicio de los derechos constitucionales
PATRIMONIO DE FAMILIA-Definición
La jurisprudencia constitucional se ha ocupado en varias ocasiones
de analizar el instituto jurídico del patrimonio de familia.  Para la Corte, el
mismo se define como el conjunto de bienes inembargables para llenar las
necesidades económicas de una familia fundamentalmente la vivienda, la
alimentación y en algunos casos los utensilios de trabajo e incluso el
automóvil, que se garantizan y salvaguardan contra los acreedores para el
desarrollo y el soporte económico de la familia ante eventuales riesgos y
situaciones críticas como quiebras o crisis económicas.
PATRIMONIO DE FAMILIA-Modos de constitución
La Corte ha distinguido entre dos modos de constitución: uno
de tipo facultativo y otro forzoso, por ministerio de la Ley.  La constitución
voluntaria está originalmente prevista en la Ley 70 de 1931, según los términos
anotados.  Igualmente, se prevé en la Ley 861 de 2003, normatividad que en su
artículo 1º determina la posibilidad que la madre cabeza de familia constituya
patrimonio de familia respecto del único bien inmueble urbano o rural que le
pertenezca, y a favor de sus hijos menores existentes y de los que estén por
nacer.  Esta facultad fue extendida a favor de los padres cabeza de familia,
según el fallo de exequibilidad condicionada C-722 de 2004, al advertirse que
debía prodigarse idéntica protección al grupo familiar dependiente tanto de la
madre exclusivamente, como del padre en la misma condición. Otra posibilidad de
conformación voluntaria del patrimonio de familia es la prevista por el
artículo 22 de la Ley 546 de 1999, disposición la cual prevé que los deudores de créditos de vivienda
individual estipulados en dicha normatividad podrán constituir patrimonio de
familia inembargable por el valor total del respectivo inmueble. Esto a
condición que el crédito haya sido otorgado por al menos el 50% del valor del
inmueble. Además, el patrimonio de familia así constituido perderá su vigencia
cuando el saldo de la deuda represente menos del 20% de dicho valor. Por
último, la constitución voluntaria del patrimonio de familia también opera
respecto de las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio
ajeno, según lo dispone el artículo 5º de la Ley 258 de 1996. Esta norma
permite tal constitución a través de registro en el folio de matrícula
inmobiliaria, pero solo respecto de la vivienda y sin perjuicio de los derechos
del propietario del predio respectivo. La constitución obligatoria y por
ministerio de la ley del patrimonio de familia está prevista para el caso de
las viviendas de interés social. En este caso, el artículo 1º de la Ley 91 de 1936
señala la obligación de los compradores del inmueble para que, sin sujeción a
las formalidades de procedimiento previstas en el Capítulo 10 de la Ley 70 de
1931, constituyan patrimonio de familia inembargable a través de su inscripción
en el registro inmobiliario, sin límite de cuantía en lo que respecta al valor
del bien, esto último en los términos del artículo 3º de la Ley 9ª de 1989.
Por ende, el inmueble solo puede ser perseguido por las entidades que financien
la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda, según lo
dispone el artículo 60 de la mencionada ley.
PATRIMONIO DE FAMILIA Y
AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR-Diferencias
La Corte advierte válido diferenciar el patrimonio de familia
de otras medidas similares, en especial la afectación a vivienda familiar. En
líneas generales, mientras el patrimonio de familia tiene por objeto establecer
una salvaguarda económica al grupo familiar, la afectación a vivienda familiar
está dirigida a impedir la tradición del inmueble sin que medie el
consentimiento de ambos cónyuges o compañeros. Con todo, la afectación a
vivienda familiar también incorpora medidas de protección sobre el inmueble. La
jurisprudencia constitucional ha distinguido estas dos instituciones del modo
siguiente, razón por la cual en este apartado se reitera ese precedente. Los
dos instrumentos tienen el mismo objeto, esto es, el inmueble destinado a la
vivienda familiar, y su contenido es similar, pues generan la inembargabilidad
de dicho bien, dejándolo a salvo de las acciones de los acreedores de su
propietario.  Adicionalmente, para el caso de la afectación de vivienda
familiar, se confiere al cónyuge o compañero no propietario una herramienta
para oponerse a la disposición del inmueble por parte de su pareja.  Con todo,
ambas figuras están destinadas a la protección del derecho a la vivienda digna
de los integrantes de la familia. (…) con la reforma introducida por la Ley 854
de 2003, la afectación a vivienda familiar también puede realizarse cuando se
trate de un bien adquirido por ambos cónyuges, de modo que la figura se asimila
en ese sentido al patrimonio de familia. Con todo, esta última institución
tiene un margen más amplio sobre el particular, pues también puede constituirse
el patrimonio de familia respecto del bien de un tercero, mediante donación
entre vivos o por asignación testamentaria. En ambos casos, la imposición del
gravamen genera la inembargabilidad del inmueble correspondiente.  Sin embargo,
para el caso de la afectación a vivienda familiar, dicho efecto no se predica
respecto de créditos amparados con hipoteca con anterioridad al acto
respectivo, conforme lo dispone el artículo 7º de la Ley 258 de 1996. En el
caso del patrimonio de familia, su constitución depende de la propiedad plena
del inmueble y la ausencia de gravámenes sobre el mismo, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 2º de la Ley 70 de 1931. Adicionalmente, mientras la
Ley 258 de 1996 consagra mecanismos consensuales y judiciales para el
levantamiento de la afectación de vivienda familiar, la regulación del
patrimonio de familia consagra la inembargabilidad e impide que el
consentimiento del beneficiario extinga esa salvaguarda.  En cambio, lo que se
dispone es la permanencia de la protección hasta que los hijos a favor de
quienes se haya constituido lleguen a la mayoría de edad y/o hayan fallecido
ambos cónyuges o compañeros. Ahora bien, en lo que respecta a la posibilidad de
enajenación del bien, ambos institutos jurídicos tienen una regulación similar,
aunque en el caso del patrimonio de familia también se exige para dicha
operación el consentimiento de los hijos menores, representados mediante
curador.   La afectación a vivienda familiar, a su vez, ofrece un grado de
protección menos intensa y de tipo indirecto a favor de los menores de edad.
En efecto, según lo dispone el artículo 4º de la Ley 258 de 1996, la afectación
a vivienda familiar se extingue de pleno derecho ante la muerte real o presunta
de uno o ambos cónyuges, exceptuándose el caso en que los menores que estén
habitando el inmueble soliciten judicialmente que se conserve la salvaguarda,
la cual podrá mantenerse hasta que lleguen a la mayoría de familia. Finalmente,
el patrimonio de familia puede constituirse respecto de viviendas que no
superen los 250 salarios mínimos mensuales, restricción que no opera en el caso
de la afectación de vivienda familiar. Como se observa, si bien ambas figuras
guardan algunas similitudes en cuanto a su objeto, beneficiarios y concesión de
inembargabilidad al inmueble que sirve de vivienda a la familia, también tienen
diferencias, las cuales le confieren carácter autónomo a cada mecanismo.
FAMILIA-Definición en la
Constitución/FAMILIA-Definición en sentido amplio/FAMILIA-Concepto
en la jurisprudencia constitucional a partir de lazos de afecto, solidaridad,
respeto y asistencia entre padres e hijos de crianza
FAMILIA-Mandato constitucional
de protección equitativa a diversas modalidades
DERECHO A LA INTIMIDAD FAMILIAR-Alcance
FAMILIA-Manifestación del libre
desarrollo de la personalidad
DERECHO A LA INTIMIDAD
PERSONAL O FAMILIAR-Contenido
FAMILIA DE CRIANZA-Acreedora de posiciones
jurídicas que el ordenamiento confiere a otras modalidades
FAMILIA DE CRIANZA-Protección
constitucional
FAMILIA UNIPERSONAL-Sujeto de habilitación
para constituir patrimonio de familia
FAMILIA UNIPERSONAL-Extensión del uso de
leasing habitacional
La Corte advierte que en esta decisión se hace referencia a
que no solo las parejas constituidas en matrimonio o unión marital, sino
también otras modalidades de familia son también titulares de la posibilidad de
utilizar el leasing habitacional, en tanto herramienta que permite el acceso a
la vivienda.  Por ende, resultaba plausible que la decisión en comento
determinara que incluso en el caso de la “familia unipersonal” se concluyera la
obligación de extenderle el uso del leasing habitacional.  Esto debido a que
tanto las familias como las personas que deciden vivir solas son titulares del
derecho a la vivienda. Por ende, el legislador está obligado a adoptar medidas
que protejan y hagan eficaz el derecho a la vivienda digna de los diferentes
modos de conformación de hogares, habitados bien por familias o por personas
solas.
Referencia: Expediente
D-11523
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 70 de 1931 “que
autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables”.
Actores: Luis Martín
Blanco Tirado y Rubén Darío Porras
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de
dos mil diecisiete (2017).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los
requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido
la presente Sentencia.
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en el artículo 241 de la Constitución, los ciudadanos Luis Martin
Blanco Tirado y Rubén Darío Porras demandaron la constitucionalidad del
artículo 4º (parcial) de la Ley 70 de 1931 “que autoriza la constitución de
patrimonios de familia no embargables”.
Cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la
Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la norma
acusada, subrayándose los apartes demandados:
Artículo 4º. El patrimonio de familia
puede constituirse a favor:
a) Literal modificado por la Ley 495 de
1999, artículo 2º. De una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante
matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de estos
y aquellos menores de edad.
b) Literal modificado por la Ley 495 de
1999, artículo 2º. De familia compuesta únicamente por un hombre o mujer
mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente.
c) De un menor de edad, o de dos o
más que estén entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad legítima o
natural.
III. LA DEMANDA
3.1. En primer término, los demandantes
consideran que las expresiones acusadas, en cuanto limitan la posibilidad de
constituir el patrimonio de familia a favor de las parejas, bien sean casadas o
vinculadas a través de unión marital de hecho, desconocen los artículos 5º, 15,
28 y 42 de la Constitución.  Esto debido a que excluye de la protección legal
contenida en la norma demandada a otras formas constitutivas de familia, que
prescinden de la existencia de una pareja, como son las familias unipersonales
y las familias extensas  “conformadas por personas mayores de edad, unidas
por vínculos consanguíneos, civiles o de afinidad , y sin hijos menores.”
Señalan que si se parte de considerar
que la constitución del patrimonio de familia tiene por objeto dotar de
estabilidad y seguridad al grupo familiar respecto del inmueble en el que ha
fijado su vivienda, no concurre ningún argumento para que esa garantía legal
deje de aplicarse a modalidades constitutivas de familia, diferentes a las
cubiertas por la norma acusada.  Así por ejemplo, para el caso de las familias
unipersonales y citando investigaciones sobre la materia, los actores afirman
que la vivienda corresponde al “lugar geográfico donde habita la persona,
que contribuye a la libertad en cuanto a su movilidad, dependiendo del lugar y
condiciones donde se establezca.  La vivienda tiene un significado relevante en
los hogares unipersonales: se define como una unidad separada, independiente
para ser utilizada como sitio de vivienda.”
Estos diferentes tipos de familia, a su
vez, han sido reconocidos por la jurisprudencia constitucional como acreedores
de protección en similares términos que las familias fundadas en la pareja,
imponiéndose como única condición la concurrencia de voluntad para conformarla.
Esta premisa, por ende, refuerza la conclusión acerca de la obligatoriedad de
extender la posibilidad de constituir el patrimonio de familia a las diferentes
modalidades que demográficamente concurren en Colombia.  De lo contrario, sería
forzoso afirmar que solo algunas familias tienen derecho a acceder a este
mecanismo legal, en contravía del carácter central que para la Constitución
tiene la familia como núcleo esencial de la sociedad, así como el respeto a la
intimidad familiar y la libertad de todos los ciudadanos de no ser molestados
en su persona o en su familia.
3.2. En segundo lugar, la demanda
sostiene que la exclusión en comento desconoce tanto el principio de la
dignidad humana, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Expresa sobre ese particular que si uno de los componentes de la dignidad de
las personas es gozar de autonomía para elegir un plan vital y determinarse
según sus características, el orden jurídico no puede establecer restricciones
que, como la demandada, imponen consecuencias desfavorables contra la decisión
de conformar familias bajo modelos diferentes al de la pareja, como sucede
respecto de quienes deciden optar por vivir solos.  Así, “se concluye que la
Constitución Política permite que las personas bajo el libre desarrollo de la
personalidad decidan con quien quieren compartir su vida y se les garantice
todos sus derechos frente a esta decisión que tomaron”.
3.3. Finalmente, los demandantes
consideran que la restricción objeto de demanda vulnera el derecho a la
igualdad, predicable de los diferentes tipos de familia, entre ellas las
conformadas por hogares unipersonales o de familia extensa.   Sobre el
particular reiteran el argumento planteado anteriormente, en el sentido de
considerar que no existe una razón constitucionalmente admisible para el
tratamiento diferenciado que contiene la restricción acusada.
IV. INTERVENCIONES
Intervenciones oficiales
4.1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio
Mediante escrito presentado por
apoderado judicial, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio solicita al
Corte que declare la exequibilidad de las expresiones demandadas.
Sin embargo, su argumentación está
dirigida a demostrar que la demanda es inepta, al basarse exclusivamente en
afirmaciones subjetivas del actor, que no logran conformar una acusación que
controvierta la razonabilidad que el Ministerio advierte en la norma acusada.
4.2. Ministerio de Justicia y del
Derecho
La Directora (E) de la Dirección de
Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y
del Derecho presenta escrito en el que solicita que se adopte un fallo
inhibitorio ante la ineptitud sustantiva de la demanda.
El Ministerio advierte que la demanda no
cumple con los requisitos argumentativos de claridad, certeza, pertinencia y
suficiencia.  Esto debido a que los cargos propuestos parten de una contradicción,
consistente en que mientras las definiciones lexicográficas como legales de
familia responden a la existencia de una pluralidad de personas, la demanda
extiende esa condición a las personas individualmente consideradas, sin
justificar suficientemente esta conclusión.
Agrega que esta contradicción se prueba
por el hecho que los demandantes refieren a la definición legal de familia
contenida en la Ley 924 de 1996, la cual parte de dicha pluralidad.  Por ende,
no hay concordancia entre la argumentación planteada en el libelo y las razones
de las que se sirve para sustentar la acusación.
4.3. Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene en el trámite a fin
que la Corte declare la exequibilidad condicionada de la norma acusada, en el
entendido que la institución del patrimonio de familia inembargable abarque las
diversas nociones de familia, de acuerdo con los criterios expuestos por la
Corte Constitucional.
En primer lugar, el ICBF considera que
en el presente asunto es necesario realizar la integración normativa con el artículo
5º de la Ley 70 de 1931, con el fin de evitar que se produzca un fallo inocuo.
Resala que dicha disposición enlista las personas que pueden ser beneficiarias
del patrimonio de familia, razón por la cual debe ser incluida dentro de los
efectos de la sentencia, en especial si estos son de exequibilidad condicionada
de la previsión demandada.
En segundo término y luego de hacer una
explicación sobre el concepto de patrimonio de familia, concluye que dicha
institución es un “instrumento de protección constitucional de la familia,
es una figura jurídica por medio de la cual se busca poner a salvo el
patrimonio familiar de las pretensiones económicas de terceros y se caracteriza
por ser un patrimonio especial con calidad de no embargable y que tiene como
finalidad dar estabilidad y seguridad al grupo familiar en su sostenimiento y
desarrollo en condiciones de dignidad y salvaguardando su vivienda.”
El Instituto señala que la protección
familiar antes descrita debe acompasarse con la evolución del concepto de
familia, verificado en la jurisprudencia constitucional.  Para el efecto
destaca que la Corte ha identificado a la familia como aquella unidad de
personas emparentadas por vínculos naturales y jurídicos y que se funda en los
valores del amor, el respeto y la solidaridad entre sus miembros,
caracterizándose por la unidad de vida y destino entre sus integrantes más
próximos. Esto lleva, de suyo, a la inconstitucionalidad de tratamientos que,
fundados en la índole de la composición familiar, limiten el acceso a derechos
predicables de dicha comunidad de vida.
Con base en esta premisa, el ICBF
resalta que la jurisprudencia de la Corte ha previsto que aquellas relaciones
de protección de menores de edad que se realizan por familiares diferentes a
los padres, son formas constitutivas de familia, acreedoras de protección
constitucional.  Esto sucede, por ejemplo, con los abuelos, parientes o padres
de crianza. En ese sentido, la protección de la familia no se circunscribe a un
tipo o composición particular, sino a la acreditación de las características
antes expresadas, lo cual puede predicarse de la familia monoparental,
biparental, ensamblada o extensa, entre otras modalidades las cuales, a su vez,
tienen carácter dinámico.  Igualmente, el Instituto interviniente pone de
presente que la protección de los derechos de los niños y niñas es igualmente
prevalente y exigible para cada una de dichas formas constitutivas de familia,
sin ninguna distinción.  En términos del ICBF “es necesario reconocer que la
misma Corte ha afirmado el reconocimiento de dichas realidades sociológicas de
transformación de la familia a la vez que ha aplicado criterios de analogía para
ampliar la aplicación de los mecanismos de protección reconocidos por el
ordenamiento jurídico, en cumplimiento de preceptos constitucionales que buscan
garantizar la permanencia y estabilidad, así como el beneficio de dichos
vínculos cambiantes y que el exigen al Derecho adaptarse a dichos cambios.”
En relación concreta con la norma
acusada, el Instituto parte de considerar que la misma Ley 70 de 1931 autoriza
la constitución, a favor de toda familia, del patrimonio en comento, lo cual
implica que dicha previsión debe ser leída de forma actualizada.  Por lo tanto,
es necesario extender “esta figura jurídica para todos los diferentes grupos
o tipos de familia reconocidos jurisprudencialmente.” En ese sentido, el
beneficio del patrimonio de familia no puede reducirse a las modalidades
reconocidas en el artículo 4º de la Ley mencionada, pues ello configuraría una
vulneración de los derechos constitucionales de los demás tipos de familia,
todos ellos acreedores de protección. Sin embargo, es claro que la declaratoria
de inexequibilidad del listado previsto en dicha norma legal generaría una
nueva desprotección, esta vez en contra de los grupos actualmente incluidos.
Por ende, es necesario declarar la exequibilidad condicionada del precepto, de
manera que “se amplíe su ámbito de aplicación a la noción amplia de familia,
[lo cual] protege los vínculos familiares actualmente comprendidos y
lograría extender sus garantías a vínculos familiares resultantes de las
transformaciones sociales y jurídicas reconocidas por el juez de
constitucionalidad.” Esto requiere, a su vez, que la Corte defina criterios
claros para la determinación de los grupos familiares que serán objeto de dicha
protección ampliada.
Por lo tanto, el ICBF solicita a la
Corte que declare la exequibilidad condicionada del precepto acusado, en el
entendido que la institución del patrimonio de familia inembargable abarca a
las diversas nociones de familia, de acuerdo con los criterios que ha expuesto
la Corte Constitucional en su jurisprudencia.
4.4. Defensoría del Pueblo
La Defensora Delegada para Asuntos
Constitucionales de la Defensoría del Pueblo interviene en el presente trámite
con el fin que se adopte un fallo inhibitorio respecto de los cargos basados en
la presunta violación de los artículos 1, 5, 15, 16, 18, 28 y 42 de la
Constitución, y se declare la exequibilidad condicionada por la violación del
derecho a la igualdad, en el entendido que la norma también comprende en
igualdad de condiciones a los integrantes de las familias extensas.
En cuanto a lo primero, la Defensoría
sostiene que no se cumplen con los requisitos de suficiencia y especificidad
respecto de los cargos fundados en las disposiciones superiores citadas.  Esto
debido a que la argumentación planteada no ofrece una duda mínima sobre la
constitucionalidad de las normas acusadas y respecto de los preceptos
superiores mencionados, diferente a sostener que se está ante un tratamiento
discriminatorio contra las modalidades de familia no descritas en la disposición
demandada. Asimismo, tampoco demuestran por qué dicha distinción es
incompatible con el Estado Social del Derecho, el reconocimiento de los
derechos inalienables de las personas, el derecho a la intimidad, el libre
desarrollo de la personalidad o la libertad individual.
En lo que respecta al segundo asunto, la
Defensoría advierte que la norma incorpora un tratamiento discriminatorio
contra las familias extensas.  En primer término, la interviniente indica que
el juicio de igualdad debe hacerse dentro de los tipos de familia incorporados
en la norma acusada y las de naturaleza extensa, excluyéndose las familias
unipersonales, pues en este caso se está ante una persona que toma la decisión
de vivir sola por lo que, en lo que se refiere a las demás familias, no resulta
comparable.
Determinado este aspecto, pone de
presente que tanto la Ley 294 de 1996 sobre violencia intrafamiliar, como el
Código de Infancia y Adolescencia, hacen referencia a la familia extensa como
uno de los tipos de familia.  Igualmente, debe tenerse en cuenta que uno de los
fundamentos para la protección constitucional de la familia es la voluntad
libre de conformarla, lo que implica que las mismas resulten comparables, en
términos de vigencia de sus derechos.
Así, la Defensoría advierte que existe
una diferencia de trato injustificada entre situaciones de hecho que deben
recibir el mismo tratamiento, en tanto comparables. Señala que “aunque pueda
sostenerse que las situaciones de hecho no son idénticas, es cierto que las
diferencias que presentan son de menor relevancia y en consecuencia es
obligación del Estado brindar el mismo trato. Así, la relación de dependencia
económica entre un padre y su hijo involucra las mismas responsabilidades que
la existente entre un tío y su sobrino, o un abuelo y su nieto, en los casos en
los que estos deben asumirla como consecuencia de circunstancias de hecho que
den lugar a esta situación, siendo irrelevante entonces que entre estos no
exista una misma relación de consanguinidad.”
La entidad interviniente considera que
en el caso, habida cuenta que se está ante la posibilidad de afectar el derecho
fundamental a la familia, debía aplicarse un juicio de proporcionalidad
estricto.  Así, es claro que en tanto el patrimonio de familia es una
herramienta dirigida a proteger a esa comunidad humana, se está ante un fin
imperioso.  Sin embargo, la medida que excluye a las familias extensas no es
necesaria ni efectivamente conducente para lograr dicho fin, pues lo que se
genera es una forma de discriminación, que desconoce la equivalencia entre las
diferentes modalidades de familia en términos del grado de protección
constitucional que les es reconocido. En ese orden de ideas, la distinción
mencionada “no resulta constitucional, porque al establecer diferencias
entre los tipos de familia contraría el concepto amplio de esta institución
consagrado en la Carta Política y protegido en reiterada jurisprudencia de la
Corte Constitucional, es decir deja por fuera de la protección a una porción de
la sociedad que debería ser destinataria de esta.”   En consecuencia, debe
declararse la exequibilidad de la norma demandada, en el entendido que también
comprende, en igualdad de condiciones, a los integrantes de las familias
extensas.
4.5. Superintendencia de Notariado y Registro
Mediante intervención suscrita por el
Jefe de la Oficina Jurídica, la Superintendencia de Notariado y Registro
solicita a la Corte que declare la exequibilidad condicionada de la disposición
demandada.
Considera la Superintendencia que la
jurisprudencia constitucional ha conferido protección basada en los derechos
propios de la familia a distintas comunidades humanas, más allá de la familia
biparental, incluso extendiendo la protección al caso de la familia
unipersonal, como lo colige de la sentencia T-090 de 2007.  En ese sentido, la
norma acusada incurre en una exclusión injustificada, al privar del mecanismo
del patrimonio de familia a algunos de los grupos que son objeto de protección
en tanto manifestación de dicha institución nuclear para la sociedad.
Por lo tanto, “al realizar una
valoración objetiva de las similitudes socioeconómicas de las familias como
unidades sociales, jurídicas y culturales desde la perspectiva de la definición
de la norma demandada, y frente a los fenómenos de las familias unipersonales y
familias extensas propuestos por el demandante, se puede concluir que las
similitudes son de tal raigambre que la norma demandada vulnera los preceptos
constitucionales relacionados con el principio de igualdad.”  Por ende, si
se está ante los mismos supuestos de hecho, esto es, las diferentes formas
constitutivas de familia, entonces todas ellas deben recibir el mismo grado de
protección, que en el caso se traduce en el acceso a la constitución del
patrimonio de familia inembargable.
Intervenciones académicas
4.6. Instituto Colombia de Derecho
Procesal
El Presidente del Instituto Colombiano
de Derecho Procesal remitió ante la Corte concepto técnico realizado por el
doctor Jesael Antonio Giraldo Castaño, el cual solicita que se adopte un fallo
de exequibilidad condicionada, en el entendido que deben entenderse incluidas
en la norma acusada las personas que tienen parentesco de consanguinidad hasta
el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado y civil hasta el primer
grado, por conformar una familia.
Luego de hacer referencias a las
diferentes normas legales que han previsto estipulaciones sobre el patrimonio
de familia, el interviniente pone de presente, de manera similar a los demás,
que tanto la legislación como la jurisprudencia han venido ampliando el
concepto de familia, incluyendo otras modalidades constitutivas de la misma. Destaca
la unión marital de hecho, las parejas del mismo sexo y los padres y madres
cabeza de familia, todos ellos destinatarios de la protección propia de las
familias, como por ejemplo la relacionada con la salvaguarda del inmueble que
les sirve de vivienda.
Destaca que con anterioridad a la
Constitución de 1991 no existían mayores referencias a la conformación de la
familia, en tanto no se concebía como una institución flexible y adaptable a
las circunstancias de cada sociedad.  Esto con excepción del artículo 874 del
Código Civil, del cual el interviniente deriva una definición de la familia
extensa, puesto que al tenor de esa disposición legal “la familia comprende la
mujer y los hijos; tanto los que existe al momento de la constitución, como los
que sobrevienen después, y esto aun cuando el usuario o habitador no esté
casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la constitución.” Igualmente,
la norma incluye en la familia el número de trabajadores domésticos “necesarios
para la familia”.
Esta circunstancia fue modificada
radicalmente bajo la vigencia de la Carta Política, la cual determina a la
familia como titular de la especial protección del Estado, traducida en
diversas normas legales.  Estas previsiones, como sucede en caso puntual del
artículo 2º de la Ley 294 de 1996, norma que determina que hacen parte de la
familia incluso todas las demás personas que de manera permanente se hallaren
integrados a la unidad doméstica.  De igual forma, respecto de la regulación
sobre el patrimonio de familia, el artículo 4º de la Ley 70 de 1931, modificado
por el artículo 2º de la Ley 495 de 1999 identifica también diversas
modalidades constitutivas de familia. Sin embargo, todas estas definiciones han
estado vinculadas con la existencia de una relación de pareja o de parentesco.  Con
todo y a partir de la jurisprudencia constitucional aplicable “[t]odas
estas concepciones de familia, han de entenderse superadas por la evolución
cultural, social, política, económica y jurídica y no hay duda de que
actualmente no sólo existe la familia tradicional, esto es, la parental, o
unida por vínculos de parentesco o que proviene del matrimonio o de la unión marital,
sino otras formas de familia como la homosexual reconocida ampliamente por la
jurisprudencia constitucional.”
No obstante, esta definición amplia de
la familia como beneficiaria del reconocimiento y la protección constitucional no
está incluida la familia unipersonal, puesto que el concepto reconocido supone
la pluralidad de personas, que tiene como propósito “la compañía y el
socorro recíproco, como opción de vida común sin importar el sexo ni el origen
familiar.” Por ende, la protección de sujetos individuales en el
concepto analizado es admisible solo en el caso de los menores, pero no porque
en sí mismos conformen una familia, sino que porque son sujetos de especial
protección en los términos del artículo 44 C.P.  Asimismo, el interviniente también
excluye de ese ámbito protegido a las “personas mayores de edad que no
tienen vínculo parental alguno ni conforman pareja, aunque compartan el mismo
techo, se socorran y auxilien mutuamente, porque tal forma de supuesta
organización familiar no encuentra cobijo en el artículo 42 de la
Constitución”.   En tal sentido, no existe vulneración a la Constitución
cuando la norma acusada excluye de la opción de constituir patrimonio de
familia a las denominadas familias unipersonales, así como a aquellos grupos de
mayores de edad sin “vínculo parental”.  Esto, por supuesto, sin
perjuicio de la obligatoriedad de constitución del patrimonio de familia para
el caso de los beneficiarios de proyectos de vivienda de interés prioritario,
en los términos de la Ley 1537 de 2012.
Para el Instituto, la solución al caso parte de
considerar que el concepto de familia debe extenderse de manera análoga a los
órdenes sucesorales, por lo que debe abarcar todo vínculo parental “con
parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el
segundo grado y civil hasta el primer grado.” De esta manera, se resolvería
la discriminación que contiene la norma acusada, la cual delimita la
posibilidad de constitución voluntaria del patrimonio de familia a determinadas
modalidades de vínculo, con exclusión de otras.  Por lo tanto, la
constitucionalidad de la norma acusada debe condicionarse en el entendido que
están incluidas las personas que tienen parentesco en los grados antes
descritos.
4.7. Universidad del Rosario
La profesora Carmen Lilia Uribe Moya,
Coordinadora del Área de Familia del Consultorio Jurídico de la Universidad del
Rosario, presenta documento preparado por la investigadora María Juliana
Merchán Faccini, en el cual se solicita a la Corte que declare la exequibilidad
condicionada de la disposición demanda, en el entendido que se permite a los
demás tipos de familia reconocidas, la posibilidad de acceder a esta garantía
para salvaguardar sus derechos como unidad familiar.
Señala, en primer término, que el
instituto jurídico del patrimonio de familia está vinculado a la protección del
derecho a la vivienda, dotando al inmueble respectivo de condiciones de
inembargabilidad e inalienabilidad.  Es una medida que, conforme la noción
contemporánea sobre el tema, debe predicarse de todas las modalidades de
conformación familiar, acreedoras de manera equitativa de la protección
estatal, de acuerdo con el mandato previsto en el artículo 42 C.P., sin que
pueda preverse un modelo tipo que deban seguir los grupos familiares.  Así, “[t]odas
las familias, entendidas como elemento natural y fundamental de la sociedad,
tienen derecho a ser protegidas por el Estado y la sociedad.  Dentro de esa
protección que debe garantizarse, está la posibilidad de constituir un
patrimonio especial, con calidad de no embargable y bajo la denominación de
patrimonio de familia.”
Con todo, la Universidad se opone a que
la protección en comento para el caso de la familia unipersonal.  Advierte que
todas las modalidades de familias con protección constitucional tienen como
común denominador la comprobación de una pluralidad de personas y de voluntades,
en particular la decisión de conformar una pareja estable y singular. Por lo
tanto, “[p]ermitir la constitución de una protección tan especial para
el bien inmueble de una sola persona, por el solo hecho de que esta manifieste
la mera intención de conformar una familia, sin que tenga la obligación de
materializarla, constituye un contrasentido del espíritu de la norma
constitucional invocada como respaldo de la argumentación planteada por los
accionantes.  Y podría traducirse, llegado el caso, en la distracción de un
bien inmueble par que este no pueda responder a terceros por obligaciones
contraídas por un deudor que lo quiere sustraer de la órbita de sus
obligaciones contractuales, bien seas estas riesgosas o afectadas de mala fe.”
4.8. Universidad Externado de
Colombia
El profesor Carlos Enrique Gutiérrez
Sarmiento, del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de
Colombia, interviene en este proceso con el fin que la Corte declare la
inexequibilidad de los apartes acusados y proceda a integrar una nueva
normativa, acorde con la Constitución y en sustitución del precepto legal
declarado inexequible.
Señala que a partir de la interpretación
otorgada por la jurisprudencia constitucional al artículo 42 C.P., se concluye
necesariamente que la familia puede ser conformada de diversas maneras, entre
ellas tanto por la familia unipersonal como por la tipo extenso, esto es, la
derivada de “la decisión que tomen las personas mayores de compartir un
mismo techo y que se encuentran relacionadas por vínculos de consanguinidad,
civil o de afinidad relacionadas por vínculos de consanguinidad, civil o de
afinidad y que no tengan hijos menores de edad.”   Con base en esta
comprobación, el interviniente requiere a la Corte para que adopte una
sentencia integradora, en los términos antes indicados.
4.9. Universidad EAFIT
El profesor Guillermo Montoya Pérez, de
la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, presenta concepto justificativo
de la exequibilidad condicionada de la norma demandada, modulando sus efectos
en los términos que se exponen a continuación.
La intervención parte de señalar que la
figura del patrimonio de familia resulta muchas veces desnaturalizada en la
práctica, puesto que a pesar que se impone ese gravamen, el inmueble respectivo
no necesariamente es utilizado para fijar la vivienda de la familia, sino que
es arrendado a un tercero.  Por lo tanto, el instituto analizado termina siendo
utilizado para “apartar del patrimonio un bien inmueble, sustrayéndolo de la
prenda general de los acreedores y burlando a estos de una manera total o
parcial”. Por ende, se está ante la necesidad de reconducir el uso de dicho
mecanismo, con el fin que verdaderamente proteja lo que el interviniente define
como el derecho de morada.
Ahora bien, en relación con la
controversia objeto de análisis, concuerda con los demás conceptos en el
sentido que la vigencia del derecho a la igualdad involucra la necesidad que el
patrimonio de familia se extienda a todas las formas constitutivas de familia,
sin ninguna distinción.  Por ende, resulta necesario condicionar la norma
acusada en ese sentido, así como para que en caso que la familia no ocupe el
inmueble correspondiente, esta circunstancia “dará lugar a la cancelación
del patrimonio de familia inembargable a solicitud de cualquier interesado, en
especial, de los acreedores que se ven afectados frente a la disminución de la
prenda general”.
4.10. Universidad de la Sabana
La investigadora María Paula Ramírez
Hernández, de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos,
presenta intervención en la que defiende la inexequibilidad de la norma
demandada.  Para ello, formula documento en el que, no obstante, manifiesta
actuar a título exclusivamente personal.
En primer lugar, señaló que no existe en
el caso cosa juzgada constitucional por lo decidido en la sentencia C-029 de
2009, puesto que en dicho fallo, aunque se analizó la norma acusada, el debate
estuvo relacionado con el déficit de protección contra las parejas del mismo
sexo, materia diferente a la contenida en la demanda.
La investigadora reitera los argumentos
planteados por otros intervinientes, en el sentido que la jurisprudencia constitucional
ha contemplado un concepto flexible y evolutivo de familia, en el cual se
incorporaría tanto la familia extensa como la familia unipersonal.  De igual
manera, advierte que en la medida en que el patrimonio de familia es un
instrumento dirigido a proteger ese grupo de las contingencias vinculadas a la
pérdida de la vivienda, se vulnera el artículo 48 C.P. cuando
injustificadamente se excluyen a los tipos de familia mencionados del uso de
dicho instituto.
Agrega que el cargo por vulneración del derecho
al libre desarrollo de la personalidad, considera que no se incumple el
requisito de especificidad, en tanto no existe un vínculo entre las
distinciones que efectúa la norma acusada y la voluntad de las personas de
conformar una familia de determinada composición.
En contrario, sí se evidencia una
vulneración al principio de igualdad, puesto que la norma impone un tratamiento
discriminatorio contra las familias extensas y unipersonales, sin una razón
atendible para ello, más aun si se tiene en cuenta el cambio social de la
institución familiar. Así, “la protección normativa debe tener en cuenta
todos los supuestos de hecho que pueden presentarse con respecto al mandato
normativo, lo cual no sucede en el supuesto de hecho de la norma acusada. Se debe
tener en cuenta que el Estado tiene la obligación de garantizar la protección
de todas las personas que conforman la población teniendo en cuenta la realidad
actual de las circunstancias que conforman el supuesto de hecho de la norma.”
4.11. Universidad de Ibagué
El Decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Ibagué presenta escrito justificativo de la
constitucionalidad de la disposición acusada. Para ello parte de advertir que
la jurisprudencia constitucional ha definido a la familia como aquella
comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos,
que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se
caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus
integrantes más próximos.
Encuentra la Universidad que estas
condiciones no se cumplen en los casos de la familia extensa y la de carácter
unipersonal, pues estas no evidencian la unidad de vida o de destino antes
señaladas.  Empero, no explica la razón de esta afirmación.  Asimismo, agrega
que la interpretación extensiva que pretende el demandante “iría contra el
derecho que tiene todo acreedor de perseguir el pago de su acreencia embargando
los bienes de su deudor, ya que en todo caso se estaría excluyendo de esta
posibilidad, el inmueble en donde vive, y creemos que no es esta la intención
de la norma demandada.”
4.12. Universidad de Antioquia
La Decana de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Antioquia presenta concepto preparado por el Departamento de
Prácticas y Consultorio Jurídico de esa institución, en el cual se justifica la
exequibilidad condicionada del precepto acusado, a través de la adopción de una
sentencia aditiva.
Con este fin, parte del mismo supuesto
planteado por los demás intervinientes, acerca de las modificaciones en el caso
colombiano, que también obligan a transformaciones en el ámbito jurídico.
Destaca como “las discusiones en términos de principialística jurídica y
secularización de la moral, han permitido la construcción de nuevas concepciones
que dan cuenta material de la realidad social y otorgan mayor garantía y
protección de los sujetos, sus derechos, sus relaciones y su esencia,
entendiendo a la sociedad como un organismo cambiante, que continuamente se
reinventa.”  En tal sentido, la familia puede estar conformada de
diferentes maneras, siendo el común denominador vínculos sentimentales, de
autoridad, de solidaridad, de poder o la combinación entre ellos.  Igualmente,
puede también contemplarse como expresión de la familia la de carácter
unipersonal, esto es, “la conformada por una sola persona que a su vez tiene
unas redes externas de familiares y no familiares, el cual surge como una
alternativa libre del individuo o por las circunstancias del ciclo vital
familiar como son las personas viudas, separadas o divorciadas.”
A partir de esta realidad, la
interviniente sostiene que es necesario que el derecho extienda su protección a
las nuevas tipologías de familia, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional, la cual ha concluido el carácter imperativo de un trato
igualitario entre las distintas modalidades constitutivas de familia.  En
términos de la intervención, “a pesar de tener estas familias
características diferentes todas deben recibir un trato igualitario, teniendo
en cuenta que la igualdad no sólo implica un trato paritario en aspectos que
presenten características iguales, sino que también permite dicho trato en
destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero cuyas
similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias, para el caso
concreto, resultan más relevantes las aspiraciones del núcleo de crear una vida
en común y compartirla, que los aspectos de la conformación de los sujetos y
los roles que desempeñan dentro de la familia.”
De otro lado, también se considera que
la discriminación en comento es contraria al principio de dignidad humana,
puesto que impone limitaciones para adoptar decisiones libres en cuanto a la
manera en que se decide conformar la familia.  Por lo tanto, resulta necesario
que se adopte una decisión por parte de la Corte, que haga comprehensiva la
protección derivada de la constitución del patrimonio de familia a sus
diferentes modalidades.
4.13. Universidad Industrial de
Santander
Los investigadores Javier Alejandro
Acevedo Guerrero, Clara Inés Tapias, Ernesto Rueda Puyana y Dolly Andrea Lugo
Cortés, integrantes del Grupo de Litigio Estratégico de la Universidad
Industrial de Santander, formulan ante la Corte intervención en la
exequibilidad de la norma demandada.
Indican que aunque la jurisprudencia
constitucional ha hecho referencia al concepto de familia unipersonal, el mismo
iría en contravía de uno de los elementos esenciales para la definición de
familia en la Constitución, esto es, la existencia de una voluntad responsable
de conformarla, que para los intervinientes supone la presencia de una
comunidad de personas. Así, “el legislador en el precepto demandado
establece una protección al matrimonio, al mantener una estabilidad económica
que les permita tener una mejor calidad de vida, protección que no se puede
extender para un solo individuo, pues fácilmente ante una situación de
persecución de los acreedores, cualquier persona podría argumentar que su
patrimonio es inembargable, evitando una acción judicial en su contra.”
Es de anotar que la intervención no
formuló argumentos frente a la protección de la familia extensa.
Intervenciones ciudadanas
4.14. Ciudadano Nicolay Romanovsky
Camacho
El ciudadano mencionado solicita a la
Corte que adopte un fallo inhibitorio ante la ineptitud sustantiva de la
demanda y que exhorte al Congreso para que regule la constitución del
patrimonio de familia para el caso de los hogares unipersonales.
Señala que la demanda es contradictoria,
en tanto de un lado solicita la inexequibilidad de la expresión acusada, lo
cual no es viable pues se terminaría afectando los derechos de las formas de
familia allí protegidas, pero a su vez se requiere a la Corte que adopte un
fallo de exequibilidad condicionada dirigido a extender la protección del
patrimonio de familia.
Sobre este particular, el interviniente
sostiene que en el caso de la familia unipersonal, no puede colegirse que la
jurisprudencia constitucional le haya otorgado el estatus propio del artículo
48 C.P., pues las referencias a la misma han sido solo tangenciales. Por lo
tanto, no podría concluirse que se está ante una omisión legislativa relativa,
sino respecto de una de carácter absoluto, frente a la cual la Corte carece de
competencia diferente a exhortar al legislador para que regule esa materia.
V.      CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Mediante escrito radicado en esta
Corporación en la oportunidad procesal correspondiente, el Procurador General
de la Nación presentó el concepto previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la
Constitución, en el que solicita a la Corte que (i) modifique su jurisprudencia
y “retorne al concepto auténticamente constitucional de familia y realice el
análisis del presente caso bajo el parámetro constitucional debido”; (ii)
se inhibida de adoptar una decisión de fondo respecto del cargo por violación
del derecho de igualdad, ante la ineptitud sustantiva de la demanda; y (iii) respecto
de los demás cargos, declare la norma exequible.
5.1. La Procuraduría General de la Nación
manifiesta, como cuestión preliminar, que a partir de lo decidido en la
sentencia C-577 de 2011, la Corte interpretó de manera contraria a lo que
denomina el “concepto auténticamente constitucional”, la institución de la
familia prevista en el artículo 42 C.P. Esto porque eliminó el requisito de
“heterosexualidad” de la pareja como uno de sus elementos esenciales, sin tener
justificación para ello y contrariando dicha norma superior.  En ese sentido,
solicita a la Corte que rectifique su jurisprudencia y retorne a dicha presunta
interpretación auténtica de la Constitución en cuanto al concepto de familia.
5.2. Expresa que de acuerdo con una
previsión específica del artículo 42 C.P., la regulación sobre el patrimonio de
familia es un asunto incorporado a la órbita propia del legislador, de lo cual
se colige la existencia de un amplio margen de configuración sobre el
particular. Por lo tanto, bien podía el Congreso circunscribir el patrimonio de
familia a determinados grupos familiares, sin que con ello discrimine a las
demás, a concepto del Ministerio Público, “creadas artificialmente” por la
jurisprudencia constitucional. Así, “la ley no genera ni promueve una
exclusión de las demás familias, sino que establece una protección especial en
favor del valor social que se atribuye tanto a los vínculos de solidaridad como
a los vínculos de afecto y al proyecto de vida en común de las parejas comprometidas.”
5.3. A juicio de la Vista Fiscal, la
demanda es inepta al desconocer los requisitos de certeza y suficiencia en el
cargo de igualdad.  Esto teniendo en cuenta que los demandantes interpretan el
patrimonio de familia como un derecho que debe darse a todas las modalidades
que la conforman, cuando en realidad es una excepción al principio de
universalidad del patrimonio del deudor como prenda general de garantía para
sus acreedores.  Entonces, su definición recae en el amplio margen de
configuración legislativa sobre la materia y no corresponde a un “mínimo de
derechos que deba garantizarse a la población. || Por este motivo, no es
cierto que el artículo 4º de la ley 70 referida establezca una exclusión que
genera trato discriminativo, (sic) pues lo que hacer es fijar una
excepción a un principio general en favor de “un tipo de familia” –para usar
esta terminología- específico, es decir, con características especiales, que
precisamente permiten sustraer una parte del patrimonio de su propiedad en
atención a la confiabilidad en la estabilidad del vínculo que une a sus
integrantes, así como a de permanencia que tiene esa unión forjada en una
pareja.”
De otro lado, considera que la demanda no
cumple el requisito de suficiencia, puesto que no explica la evolución del
instituto del patrimonio de familia, sino que simplemente fundamenta su acusación
en considerar que “en virtud de esas supuestas transformaciones los nuevos
tipos de familia son asimilables a las familias que el legislador definió
como las beneficiarias de la figura del patrimonio de familia inembargable.”  A
su vez, desconoció que efectivamente dicha figura jurídica ha evolucionado, al
punto que en la actualidad resulta aplicable a la unión de parejas que cumplan
con las características de (i) vocación de permanencia; (ii) lazos de
solidaridad; (iii) lazos de afecto; y (iv) posibilidad de construir un proyecto
de vida conjunto.  Por lo tanto, en la medida en que las modalidades
constitutivas de familia descritas en la norma acusada se ajustan claramente a
estas condiciones, no podría considerarse que la norma es inconstitucional.
Así, la demanda no ofrece suficientes razones para llegar a una conclusión
opuesta, en la medida en que no está demostrada ni la existencia de un trato
desigual, ni menos la irrazonabilidad del tratamiento jurídico.  De igual
manera, “los accionantes tampoco brindaron suficiente información acerca del
concepto de familia unipersonal ni de la familia extensa conformada por personas
mayores de edad unidas por vínculos consanguíneos, civiles o de afinidad y sin
hijos menores.”
Así, para el caso de la familia
unipersonal, solo se hizo mención a lo expuesto en la sentencia T-090 de 2007,
fallo en el cual no se llevó a cabo un análisis específico sobre ese pretendido
tipo de familia, “sino que solo se hace un uso indistinto de ese término
para hacer referencia a una persona soltera a quien le fue entregado en
adopción un menor de edad.”  Lo mismo puede predicarse de los datos
estadísticos contenidos en la demanda, los cuales tampoco ofrecen una
definición de familia, bien sea social o jurídica.
Ahora bien, para el caso del concepto de
familia extensa, la Procuraduría General insiste en que se circunscribe única y
exclusivamente a los efectos de la Ley 924 de 1996, sin que de esa norma pueda
concluirse la instauración de un nuevo tipo de familia.
5.4. El Ministerio Público, del mismo
modo, desestima el argumento fundado en la vulneración del principio de la
dignidad humana, en tanto advierte que la norma acusada no impone ninguna
obligación a las personas para que adopten el plan de vida que decidan, sino
que solo fija determinadas consecuencias jurídicas para dichas opciones
vitales.  Asimismo, la disposición demandada se une a otras que establecen la
inembargabilidad de determinados bienes, sin que ninguna de ellas interfiera
con la vigencia del principio de dignidad humana.
Para la Vista Fiscal, “sería errado
declarar la inconstitucionalidad de esta norma, al tiempo que se generarían
vacíos normativos respecto de cuándo y cómo se conforman vínculos familiares
que cumplan con los requisitos previstos por la misma Corte respecto de la
solidaridad, el afecto, la sostenibilidad y otras características del vínculo
de las parejas beneficiarias de la figura del patrimonio de familia
inembargable.”  En consecuencia, este es un asunto de privativa competencia
del legislador, en donde no le es dado a la Corte entrometerse, sin con ello
desconocer las funciones del Congreso.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE
LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. La Corte Constitucional es
competente para resolver la demanda de la referencia, en los términos del
artículo 241-4 C.P., puesto que se trata de la acción pública de
inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en una Ley de la
República.
Metodología de la decisión
2. Los demandantes consideran que las
expresiones acusadas, que limitan la constitución del patrimonio de familia
para las parejas conformadas mediante matrimonio o unión marital, con exclusión
de las familias extensas o unipersonales, son contrarias a la Constitución.
A pesar que exponen tres tipos de
argumentos en la demanda, esta acusación puede ser sintetizada en dos aspectos
principales.  El primero, relacionado con la existencia de un trato
discriminatorio en contra de los mencionados grupos familiares: para los
actores, es evidente que el instituto jurídico del patrimonio de familia está
destinado a proteger a dichas comunidades humanas de las contingencias
económicas que afecten los bienes indispensables para su sobrevivencia en
condiciones dignas, en particular la vivienda.  Sin embargo, sin que exista
alguna razón para ello, el legislador excluye de esa medida de protección a dos
manifestaciones concretas de la familia, la de tipo extensa y la unipersonal.
Por ende, se impone un tratamiento discriminatorio en su contra, al conferirles
un grado de protección inferior a la de otros grupos familiares, desconociéndose
el mandato constitucional, reiterado profusamente por la jurisprudencia de la
Corte, acerca de la protección equitativa a las diferentes conformaciones de
familias, todas ellas acreedoras de la misma salvaguarda por parte del Estado y
del orden jurídico.
El segundo argumento señala que la
norma acusada afecta el derecho a la intimidad y la dignidad humana de los
integrantes de dichas familias, en la medida en que impone un desincentivo para
que ejerzan su autonomía en la decisión sobre qué tipo de familia desean
conservar.  Esto en perjuicio de la facultad que tiene cada persona, en virtud
de dichos derechos constitucionales, de adoptar libremente su plan de vida.
3. Algunos de los intervinientes propugnan
porque la Corte adopte un fallo inhibitorio, debido a que la demanda no cumple
con los requisitos argumentativos previstos para el efecto por la
jurisprudencia constitucional.  Esto debido a que se basa en consideraciones
subjetivas a partir de las cuales otorga la protección constitucional de la
familia a aquella de carácter unipersonal, sin que esta hipótesis acredite las
características de pluralidad y voluntad que el orden jurídico exige para la
familia en tanto sujeto de protección constitucional. Adicionalmente, uno de
los intervinientes solicita a  la Corte que verse su decisión exclusivamente al
juicio de igualdad, puesto que los demandantes no ofrecen argumentos
suficientes y ciertos, dirigidos a demostrar por qué la norma acusada impide
que las personas conformen grupos familiares de acuerdo con su voluntad, de
manera que no existiría soporte suficiente para concluir la vulneración de los
derechos al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.
La mayoría de los intervinientes concuerda
parcialmente con la demanda, al considerar que se incurre en una discriminación
injustificada, relativa a la protección de la familia extensa.  Señalan que la
jurisprudencia constitucional ha dejado suficientemente definido en distintos
fallos que (i) la familia es un concepto dinámico, lo que implica que su
conformación es múltiple y está fundada en un concepto pluralista, que va mucho
más allá que la integración a través de la pareja biparental; y (ii) una de las
modalidades que ha sido reconocida por dicho precedente es la de naturaleza
extensa, por ejemplo la que se conforma a través de la familia de crianza.  Por
ende, si cada una de estas modalidades de conformación de la familia tiene
idéntico grado de protección constitucional, entonces no existe ningún
argumento que permita excluir de la constitución del patrimonio de familia a la
familia extensa.
Finalmente, uno de los intervinientes
propugna por la exequibilidad del precepto demandado, al considerar que el
mismo se inserta en la órbita de configuración legislativa que la Constitución
reconoce sobre la misma, así como protege el legítimo interés de los acreedores
en la prenda general de garantía que ofrece el patrimonio del deudor.
De otro lado, la Procuraduría General
solicita, de manera principal, que la Corte modifique su precedente para que
declare lo que en su sentir es el “verdadero sentido” del artículo 42 C.P., que
en su criterio solo protege a la familia biparental de diferente sexo.  De
forma subsidiaria, estima que debe adoptarse un fallo inhibitorio, en tanto la
demanda se fundamenta en una presunta discriminación contra grupos de personas
que han sido “artificialmente” considerados como familias, pero que no se
ajustan a dicho presunto “real sentido” de la norma constitucional mencionada.
Agrega que en el caso particular de la familia unipersonal, la misma no ha sido
considerada como tal por la jurisprudencia constitucional, más allá de una
referencia, en todo caso marginal, en una de sus decisiones.
4. Conforme a lo expuesto, la Sala
debe de manera preliminar pronunciarse sobre la aptitud de la demanda.  Luego,
en caso que se advierta la existencia de cargo, la Corte definirá tanto el
problema jurídico materia de análisis, así como la metodología de la presente
decisión.
Primer asunto preliminar. La demanda
ofrece un cargo de inconstitucionalidad discernible
5. Como se expresó en apartado
anterior, a pesar que la demanda contiene diferentes argumentos que, como lo
hizo uno de los intervinientes, pueden ser considerados de manera
independiente, a juicio de la Sala son en realidad componentes de un mismo
razonamiento principal, relativo a la presunta discriminación contra las
familias extensas y las unipersonales, al impedírseles en virtud de la norma
demandada, la posibilidad de constituir patrimonio de familia.  A partir de
esta comprobación, la demanda infiere que (i) se incurre en la vulneración del
derecho a la igualdad, al incorporarse por el legislador un tratamiento
discriminatorio injustificado; (ii) existe un déficit de protección para los
tipos de familia mencionados, en lo que tiene que ver con la salvaguarda de su
patrimonio, puesto que si bien concurre un mandato constitucional de idéntico
tratamiento a los diversos tipos de familia, la norma prodiga un grado de protección
constitucional diferenciado, sin existir una razón admisible para el efecto; y
(iii) el tratamiento discriminatorio y el consecuente déficit de protección
antes anotado, incorpora un desincentivo a las personas que decidan conformar
familias extensas o unipersonales,
6. El cargo es cierto, puesto que
efectivamente los apartados demandados excluyen a las familias extensas y a los
hogares unipersonales de la posibilidad de constituir patrimonio de familia
inembargable.  La censura, del mismo modo, es pertinente, en tanto se basa en
el presunto desconocimiento de un mandato constitucional verificable, que
obliga al legislador a prodigar idéntico tratamiento jurídico en lo que
respecta a las medidas de protección a los diferentes tipos de familia.
La demanda también cumple con el
requisito de especificidad, en tanto está construida bajo argumentos discernibles
y concretos, los cuales se dirigen a demostrar que la exclusión antes señalada
es incompatible con el derecho a la igualdad y, de manera concomitante, con la
protección constitucional de la familia y la autonomía individual.  Acerca de
este último aspecto y frente a lo planteado por algunos intervinientes y el
Ministerio Público, aunque es cierto que la norma no establece una prohibición
para la conformación de familias extensas o los hogares unipersonales, es
viable afirmar que sí introduce un desincentivo para los mismos, consistente en
privarlos de la posibilidad de acceder a una salvaguarda patrimonial a la que
sí tienen derecho otras modalidades constitutivas de familia.  De allí que a
partir de la vigencia del principio pro actione y vista la demanda de
una forma integral, se encuentre que el cargo es pertinente y específico.
7. Por último, la Sala comprende con
claridad cuál es la controversia que se somete a su jurisdicción y la misma
está sustentada en argumentos suficientes, que dan cuenta de la problemática
planteada.   Así, la Corte se opone a la consideración planteada por la
Procuraduría General, según la cual la demanda sería inepta porque se
fundamenta en la necesidad de dar protección a modalidades de familia
“artificialmente creadas” por la jurisprudencia constitucional.
Como se explicará en mayor detalle,
las reglas fijadas por la Corte en materia del reconocimiento de las diversas
modalidades de familia no surgen del capricho ni de una errónea interpretación
de la Constitución.  Antes bien, tienen fundamento en una lectura de la Carta
respetuosa del pluralismo, el mandato de prohibición de discriminación fundada
en el origen familiar, la protección de la familia como núcleo esencial de la
sociedad y el carácter prevalente de los derechos de los niños y niñas.  Por lo
tanto, lo que pretende el Ministerio Público sobre este particular es que la
Corte adopte su posición subjetiva sobre cómo debería interpretarse el artículo
42 C.P., que a su juicio protege únicamente a la familia biparental de
diferente sexo.  Esta postura dista ostensiblemente de las mencionadas
prescripciones constitucionales, por lo que en modo alguno resulta admisible.
Segundo asunto preliminar: Necesidad
de integración normativa.
8. La demanda acusa algunos apartados
del artículo 4º de la Ley 70 de 1931, modificados por el artículo 2º, los
cuales incorporan como personas habilitadas para la constitución del patrimonio
de familia al compañero o compañero permanente, excluyéndose tanto a los
integrantes de la familia extensa y de la denominada por los actores como
familia unipersonal.
Uno de los intervinientes considera
que la Corte debe realizar la integración normativa del artículo 5º de la misma
Ley, norma que determina los sujetos a favor de los cuales puede constituirse
el patrimonio de familia.  Considera que habida cuenta que el argumento central
de la demanda es la presunta discriminación injustificada respecto de la imposibilidad
que las mencionadas modalidades de familia puedan ser salvaguardadas
económicamente a través del patrimonio de familia, entonces deben ser analizado
en su constitucionalidad no solo el precepto que determina quiénes están investidos
de la posibilidad de constituir ese patrimonio, sino también respecto de quiénes
puede ser beneficiarios de dicha medida de protección económica.
La disposición mencionada es la
siguiente:
Artículo 5º. En beneficio de su
propia familia o de personas pertenecientes a ella, puede constituirse un
patrimonio de esta clase:
a)  Por el marido sobre sus bienes
propios o sobre los de la sociedad conyugal;
b) Por el marido y la mujer de
consuno, sobre los bienes propios de ésta, cuya administración corresponda al
primero, y
c) Por la mujer casada, sin necesidad
de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya administración se
hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren donado
o dejado en testamento en tales condiciones.
Es importante anotar que a través de
la sentencia C-340 de 2014[1],
se declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “El marido”,
contenida en el literal a) del artículo transcrito, en el entendido que la
facultad allí conferida respecto de los bienes de la sociedad, también era
predicable de la mujer.
9. La jurisprudencia constitucional
ha identificado las condiciones que deben cumplirse para que proceda la
integración normativa en el marco del control de constitucionalidad.[2]
Para ello, ha partido de considerar que se trata de una posibilidad
excepcional, prevista en el artículo 6º del Decreto Ley 2067 de 1991, según el
cual la Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá
señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con
aquellas otras que declara constitucionales.
Esta facultad ha sido denominada por
la jurisprudencia como de integración normativa.  Su carácter es absolutamente
excepcional, puesto que parte de la base de reconocer que la competencia de la
Corte se circunscribe, en aquellos casos diferentes al control automático de
constitucionalidad, únicamente a los cargos planteados por el demandante, so
pena de desarrollar un análisis oficioso que está previsto en la Carta Política
solo en casos taxativos.  Por lo tanto, la integración de normativa está
diseñada no para asumir nuevos problemas jurídicos, diferentes a los expuestos
en la demanda, sino únicamente para garantizar la eficacia del control judicial
que adelanta la Corte.  Esto implica, además, que el instrumento en comento no
puede servir para corregir los errores del cargo propuesto, en particular
respecto del incumplimiento del requisito de certeza.[3]
En ese orden de ideas, la integración
normativa opera en dos eventos específicos: El primero, cuando se realiza con
el fin de completar el sentido de la disposición acusada, de manera que el
texto resultante de la integración conforme un enunciado autónomo e
inteligible.  El segundo, destinado a incorporar al análisis otras
disposiciones de análogo contenido normativo, con el fin que también sean
cobijadas por los efectos de la sentencia y, de esta manera, se preserve la
seguridad jurídica y el principio de supremacía constitucional, evitándose que
el fallo se torne inocuo.  Tradicionalmente, el primer supuesto es denominado conformación
de la proposición jurídica completa y el segundo, el de la integración de
la unidad normativa.
Asimismo, el precedente con comento
señala que la unidad normativa procede
(i) en aquellas circunstancias en las
cuales el precepto acusado se encuentra reproducido en otras disposiciones que
no fueron objeto de demanda; o (ii)  cuando la disposición cuestionada está
inserta en un sistema normativo que, a primera vista, genera serias dudas de constitucionalidad;
o (iii) cuando el precepto demandado no tiene un contenido claro o unívoco, de
manera que, para entenderlo y aplicarlo, resulte absolutamente imprescindible
integrar su contenido con el de otra disposición que no fue acusada.
10.  A juicio de la Sala, en el caso
analizado se está ante el primer supuesto.  En efecto, la presunta
discriminación planteada en la demanda se derivaría no solo de la restricción
para constituir el patrimonio de familia a determinados sujetos, sino también de
la posibilidad de ser beneficiario de esa salvaguardia. Tanto en uno como en
otro caso, conforme los argumentos planteados por los demandantes, se estaría
ante un posible tratamiento discriminatorio injustificado, puesto que la
garantía en comento cobija tanto a quien constituye al patrimonio como a los
miembros de su familia, o lo que es lo mismo, a los sujetos regulados por el
artículo 4º y por el artículo 5º de la Ley 70 de 1931.
Así, de no realizarse la integración
normativa, se llegaría a un resultado paradójico en caso que se admita la
pretensión de declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada.
Esto debido a que habría una discordancia entre el régimen aplicable a la
constitución del patrimonio de familia y al de sus beneficiarios, el cual debe
ser armónico en la medida que se trata del mismo grupo humano protegido, esto
es, la familia cuyo patrimonio se salvaguarda.  De allí que se imponga dicha
integración.
De otro lado, también es importante
tener en cuenta que la integración normativa debe realizarse respecto de la
totalidad del artículo 4º acusado. Esto por una razón simple: el objeto de la
demanda no es cuestionar la inclusión del compañero y la compañera permanente
como titulares de la prerrogativa de constitución del patrimonio de familia,
sino cuestionar la omisión legislativa relativa derivada de la falta de
extensión de esa facultad a los integrantes de la familia extensa y a las
personas que conforman lo que denominan como familia unipersonal.  Por ende, la
acusación se dirige contra la norma legal en su conjunto, en tanto previsión
que estipula quiénes están jurídicamente habilitados para la conformación del
patrimonio de familia.  Por esta razón, la Corte asumirá el estudio de la
integridad de los artículos 4º y 5º ejusdem y en relación con los cargos
antes sintetizados.
Problema jurídico y estructura de la
sentencia
11. Definidos los anteriores asuntos
preliminares, la Corte advierte que debe resolver la siguiente controversia:
¿los artículos 4º y 5º de la Ley 70 de 1931, en cuanto excluyen a los
integrantes de la familia extensa, de crianza o a quienes conforman un hogar
unipersonal, de la potestad de constituir el patrimonio de familia o ser
beneficiarios del mismo, incurren en un tratamiento discriminatorio
injustificado y en un consecuente déficit de protección de los derechos
constitucionales de los que son titulares dichas modalidades de familia?
Para resolver esta materia, la Sala adoptará
la siguiente estructura: en primer lugar, explicará las características definitorias
del patrimonio de familia, a partir de su consagración legal y la
interpretación que del mismo ha realizado la jurisprudencia. Luego,
recapitulará el precedente sobre el mandato de protección jurídica equitativa
de las diferentes modalidades constitutivas de familia, en los términos del
artículo 42 C.P.  En tercer término y a partir de las reglas que se deriven de
las anteriores etapas de análisis, se resolverá el problema jurídico planteado.
El patrimonio de familia como medida
de protección económica
12. El artículo 42 C.P. determina que
la familia es el núcleo esencial de la sociedad y, por esta razón, es acreedora
de protección integral por parte del Estado.  En ese sentido, esta norma
constitucional establece una serie de salvaguardas a su favor, tanto de índole
personal como económico, entre las que se destacan la inviolabilidad de la
honra, la dignidad y la intimidad de la familia; la igualdad de derechos entre
la pareja y el deber de respeto recíproco entre sus miembros; la obligación de
tratamiento legal paritario entre los hijos al margen de la índole de su
filiación; la libertad reproductiva de la pareja; y el diferimiento a la ley
civil de los asuntos relativos a las formas de matrimonio, la edad y capacidad
para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, el reconocimiento
legal de los matrimonios religiosos, así como la disolución del vínculo
matrimonial.
Para el caso analizado, interesa
concentrarse en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 42 C.P., norma
que establece que la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e
inembargable.  Las medidas de protección de dicho patrimonio han sido una
constante en el ordenamiento jurídico colombiano, interesado en prodigar a la
familia de un grado de estabilidad económica suficiente, el cual salvaguarde a
sus integrantes de verse afectados gravemente en sus derechos fundamentales por
el hecho de la disminución de los bienes que requieren para su subsistencia en
condiciones dignas. Esto a través de medidas destinadas bien a excluir
determinados inmuebles del acervo constitutivo de la prenda general de garantía
de los acreedores, o estableciendo restricciones para la enajenación del
inmueble que sirva de vivienda a la familia.
El patrimonio de familia está, en ese
sentido, intrínsecamente relacionado con el concepto de interdependencia de los
derechos.  En efecto, la vigencia de los derechos fundamentales y demás
posiciones jurídicas con protección constitucional de que es titular la familia,
depende necesariamente que este grupo humano cuente con las condiciones
materiales mínimas e indispensables para la eficacia de tales garantías.  Así
por ejemplo, sería inconsistente afirmar, de un lado, que la Constitución adscribe
naturaleza inviolable a la intimidad familiar, pero simultáneamente no se
otorgue un grado de protección suficiente al inmueble que le sirve de vivienda,
el cual ese un elemento material necesario para el ejercicio del mencionado derecho
fundamental.
La protección integral de la familia,
entonces, pasa obligatoriamente por la salvaguarda del entorno físico y de los
ingresos económicos que sirven de soporte para el ejercicio de los derechos
constitucionales.  Esta conclusión es clara incluso desde mucho antes de la
expedición de la actual Carta Política.  Los antecedentes legislativos de la
norma acusada, que supera los ochenta años de existencia en el orden jurídico
nacional, son expresos en reconocer el vínculo entre la eficacia de los
derechos constitucionales de la familia como sujeto de protección por parte del
Estado y la salvaguarda económica de determinados mínimos de su patrimonio.  Así,
se señaló en la exposición de motivos del proyecto que fue luego aprobado como
la Ley 70 de 1931 como “[t]odas las legislaciones reconocen en principio que ciertos
bienes del deudor no pueden ser perseguidos por sus acreedores, pero entre
nosotros son tan pocos casos los que gozan de ese privilegio, que no bastan en
ningún caso para que el deudor quebrado y su familia no queden a merced de la
miseria. La reforma tiende, pues, a aumentar la cantidad de los bienes
inembargables en una cuota hasta de $1.000, concediendo el derecho de hacerlo a
quien quiera poner su familia bajo la égida protectora de los malos cálculos o
de la mala suerte. (…)
En efecto: en muchos casos ocurre que el patrimonio de familias acaudaladas
viene a menos, por negocios desgraciados o circunstancias excepcionales, y que
los miembros de ellas después de haber disfrutado de alguna holgura, se ven
sometidos a apremiantes necesidades, lo que viene a crear un problema social de
difícil y lenta solución.  Lo propio puede ocurrir en las familias de clase
media y obrera respecto de las cuales el proyecto de que nos ocupamos puede
constituir un estímulo para el ahorro y el trabajo fecundo.”[4].
13. La jurisprudencia constitucional se ha ocupado en varias
ocasiones de analizar el instituto jurídico del patrimonio de familia.  Para la
Corte, el mismo se define como el conjunto de bienes inembargables para llenar
las necesidades económicas de una familia fundamentalmente la vivienda, la
alimentación y en algunos casos los utensilios de trabajo e incluso el
automóvil, que se garantizan y salvaguardan contra los acreedores para el
desarrollo y el soporte económico de la familia ante eventuales riesgos y
situaciones críticas como quiebras o crisis económicas.[5]
Del mismo modo, a partir del análisis de la figura en el
derecho comparado, la Sala también ha concluido que la finalidad del patrimonio
de familia es dar estabilidad y seguridad al grupo familiar en su sostenimiento
y desarrollo, salvaguardando su morada y techo y los bienes necesarios para su
supervivencia en condiciones de dignidad.[6]
De manera compatible con esta perspectiva, la Ley 70 de 1931,
según fue modificada por la Ley 495 de 1999, determina que el patrimonio de
familia tiene carácter inembargable y se constituye respecto del dominio pleno
de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con
hipoteca, censo o anticresis y cuyo valor en el momento de la constitución no sea
mayor de 250 salarios mínimos mensuales vigentes.[7]
14. El precedente constitucional en comento también ha
resaltado que la institución jurídica del patrimonio de familia ha sufrido
diferentes variaciones, en virtud tanto de normas que han modificado su
regulación legal, como de decisiones judiciales que han redefinido su contenido
y alcance.
14.1. A partir de las reformas legales que ha sufrido el
patrimonio de familia, la Corte ha distinguido entre dos modos de constitución:
uno de tipo facultativo y otro forzoso, por ministerio de la Ley.  La
constitución voluntaria está originalmente prevista en la Ley 70 de 1931, según
los términos anotados.  Igualmente, se prevé en la Ley 861 de 2003,
normatividad que en su artículo 1º determina la posibilidad que la madre cabeza
de familia constituya patrimonio de familia respecto del único bien inmueble
urbano o rural que le pertenezca, y a favor de sus hijos menores existentes y
de los que estén por nacer.  Esta facultad fue extendida a favor de los padres
cabeza de familia, según el fallo de exequibilidad condicionada C-722 de 2004,
al advertirse que debía prodigarse idéntica protección al grupo familiar
dependiente tanto de la madre exclusivamente, como del padre en la misma
condición.[8]
Otra posibilidad de conformación voluntaria del patrimonio de
familia es la prevista por el artículo 22 de la Ley 546 de 1999, disposición la
cual prevé que los
deudores de créditos de vivienda individual estipulados en dicha normatividad
podrán constituir patrimonio de familia inembargable por el valor total del
respectivo inmueble. Esto a condición que el crédito haya sido otorgado por al
menos el 50% del valor del inmueble. Además, el patrimonio de familia así
constituido perderá su vigencia cuando el saldo de la deuda represente menos
del 20% de dicho valor.
Por último, la constitución voluntaria del patrimonio de
familia también opera respecto de las viviendas de interés social construidas
como mejoras en predio ajeno, según lo dispone el artículo 5º de la Ley 258 de
1996. Esta norma permite tal constitución a través de registro en el folio de
matrícula inmobiliaria, pero solo respecto de la vivienda y sin perjuicio de
los derechos del propietario del predio respectivo.
14.2. La constitución obligatoria y por ministerio de la ley
del patrimonio de familia está prevista para el caso de las viviendas de
interés social. En este caso, el artículo 1º de la Ley 91 de 1936 señala la
obligación de los compradores del inmueble para que, sin sujeción a las
formalidades de procedimiento previstas en el Capítulo 10 de la Ley 70 de 1931,
constituyan patrimonio de familia inembargable a través de su inscripción en el
registro inmobiliario, sin límite de cuantía en lo que respecta al valor del
bien,[9]
esto último en los términos del artículo 3º de la Ley 9ª de 1989.  Por ende, el
inmueble solo puede ser perseguido por las entidades que financien la
construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda, según lo
dispone el artículo 60 de la mencionada ley.
14.3. Ahora bien, en lo que respecta a los beneficiarios del
patrimonio de familia, el artículo 4º acusado determina que el mismo puede
constituirse a favor de (i) la familia compuesta por un hombre y una mujer
mediante matrimonio, o por compañeros permanentes y los hijos de estos y
aquellos menores de edad; y (ii) por la familia compuesta únicamente por la
pareja unida en matrimonio o a través de unión marital; y (iii) un menor de
edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de
consanguinidad.   A estas previsiones es pertinente adicionar lo prescrito en
el artículo 5º de la Ley acusada, la cual dispone que tanto los cónyuges y los
compañeros están habilitados para constituir el patrimonio de familia, tanto
respecto de bienes propios de cada cual, como los comunes.  De igual manera, el
artículo 6º ejusdem permite constituir el patrimonio por un tercero, dentro de los límites
fijados por el Código Civil para la disposición de bienes por medio de
donaciones entre vivos o asignaciones testamentarias a título singular.
Sobre el particular, debe reiterarse que también son
titulares de la facultad de constitución del patrimonio de familia los hijos
del padre o madre cabeza de hogar, respecto de sus hijos menores presentes o
futuros, según lo dispone el artículo 1º de la Ley 861 de 2003.  De otro lado,
conforme lo determinó la Corte en la sentencia C-029 de 2009, la protección
patrimonial antes descrita es aplicable indistintamente entre compañeros del
mismo o de diferente sexo, quienes se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de
1990.[10]
Esto, por supuesto, con independencia de la posibilidad de constituir el
patrimonio de familia frente a las viviendas adquiridas bajo el método de
financiación de que trata la Ley 546 de 1999, así como la obligatoriedad del
gravamen frente a la adquisición de viviendas de interés social.
Por lo tanto, el patrimonio de familia se predica tanto de
las parejas unidas en matrimonio y unión marital, así como de quienes son
cabeza de hogar frente a sus hijos, o incluso frente a menores de edad que
estén vinculados entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad, esto es,
hermanos. En consecuencia, resultan excluidos de la salvaguarda las familias
extensas, esto es, donde se verifique filiación o esta esté más allá del
segundo grado de consanguinidad, al igual que la denominada familia
unipersonal.
15. Conforme lo expuesto, la Corte resalta que el patrimonio
de familia es un instituto jurídico para la protección económica de la familia,
concentrado en la inembargabilidad del inmueble que le sirve de vivienda.  Su
conformación depende generalmente de la voluntad de quienes están investidos
por la Ley para constituirla y en beneficio de la pareja y de los hijos, así
como los hermanos entre sí.  Por ende, para su constitución se exige la concurrencia
de un vínculo matrimonial o de unión marital de hecho, o la comprobación sobre
filiación consanguínea en el primer grado, con exclusión de otras formas
constitutivas de familia.
Asimismo y frente al problema jurídico objeto de análisis, es
importante señalar que la Corte ha adoptado decisiones que han compatibilizado
la figura en comento con las distintas formas constitutivas de familia que
tiene análogo reconocimiento y protección constitucional. En particular, ha
extendido la salvaguarda del patrimonio de familia a favor de los jefes de
hogar, sin importar su género, así como a los compañeros permanentes que
conforman parejas del mismo sexo.  Esto bajo el argumento común de la necesidad
de prodigar dicha medida de protección económica de su familia para todas sus
modalidades, desestimando diferenciaciones basadas en motivos que no se
muestran constitucionalmente admisibles.
16. Por último, la Corte advierte válido diferenciar el
patrimonio de familia de otras medidas similares, en especial la afectación a
vivienda familiar. En líneas generales, mientras el patrimonio de familia tiene
por objeto establecer una salvaguarda económica al grupo familiar, la
afectación a vivienda familiar está dirigida a impedir la tradición del
inmueble sin que medie el consentimiento de ambos cónyuges o compañeros.[11]  Con todo,
la afectación a vivienda familiar también incorpora medidas de protección sobre
el inmueble.
La jurisprudencia constitucional ha distinguido estas dos
instituciones del modo siguiente, razón por la cual en este apartado se reitera
ese precedente.[12]
16.1. Los dos instrumentos tienen el mismo objeto, esto es,
el inmueble destinado a la vivienda familiar, y su contenido es similar, pues
generan la inembargabilidad de dicho bien, dejándolo a salvo de las acciones de
los acreedores de su propietario.  Adicionalmente, para el caso de la
afectación de vivienda familiar, se confiere al cónyuge o compañero no
propietario una herramienta para oponerse a la disposición del inmueble por
parte de su pareja.  Con todo, ambas figuras están destinadas a la protección
del derecho a la vivienda digna de los integrantes de la familia.
16.3. La afectación a vivienda familiar, en los términos de
la Ley 258 de 1996, operaba exclusivamente cuando el bien inmueble ha sido
adquirido en su totalidad por uno de los cónyuges o compañeros, con
anterioridad a la celebración del matrimonio o la conformación de la unión
marital de hecho, según el caso. No obstante, con la reforma introducida por la
Ley 854 de 2003, la afectación a vivienda familiar también puede realizarse
cuando se trate de un bien adquirido por ambos cónyuges, de modo que la figura
se asimila en ese sentido al patrimonio de familia. Con todo, esta última
institución tiene un margen más amplio sobre el particular, pues también puede
constituirse el patrimonio de familia respecto del bien de un tercero, mediante
donación entre vivos o por asignación testamentaria.
16.4. En ambos casos, la imposición del gravamen genera la
inembargabilidad del inmueble correspondiente.  Sin embargo, para el caso de la
afectación a vivienda familiar, dicho efecto no se predica respecto de créditos
amparados con hipoteca con anterioridad al acto respectivo, conforme lo dispone
el artículo 7º de la Ley 258 de 1996. En el caso del patrimonio de familia, su
constitución depende de la propiedad plena del inmueble y la ausencia de
gravámenes sobre el mismo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2º de la
Ley 70 de 1931.
Adicionalmente, mientras la Ley 258 de 1996 consagra
mecanismos consensuales y judiciales para el levantamiento de la afectación de
vivienda familiar, la regulación del patrimonio de familia consagra la
inembargabilidad e impide que el consentimiento del beneficiario extinga esa
salvaguarda.  En cambio, lo que se dispone es la permanencia de la protección
hasta que los hijos a favor de quienes se haya constituido lleguen a la mayoría
de edad y/o hayan fallecido ambos cónyuges o compañeros.
Ahora bien, en lo que respecta a la posibilidad de
enajenación del bien, ambos institutos jurídicos tienen una regulación similar,
aunque en el caso del patrimonio de familia también se exige para dicha
operación el consentimiento de los hijos menores, representados mediante
curador.   La afectación a vivienda familiar, a su vez, ofrece un grado de
protección menos intensa y de tipo indirecto a favor de los menores de edad.
En efecto, según lo dispone el artículo 4º de la Ley 258 de 1996, la afectación
a vivienda familiar se extingue de pleno derecho ante la muerte real o presunta
de uno o ambos cónyuges, exceptuándose el caso en que los menores que estén
habitando el inmueble soliciten judicialmente que se conserve la salvaguarda,
la cual podrá mantenerse hasta que lleguen a la mayoría de familia.
16.5. Finalmente, el patrimonio de familia puede constituirse
respecto de viviendas que no superen los 250 salarios mínimos mensuales,
restricción que no opera en el caso de la afectación de vivienda familiar.
17. Como se observa, si bien ambas figuras guardan algunas
similitudes en cuanto a su objeto, beneficiarios y concesión de
inembargabilidad al inmueble que sirve de vivienda a la familia, también tienen
diferencias, las cuales le confieren carácter autónomo a cada mecanismo.
Para el caso que ahora ocupa la Sala, lo que debe resaltarse
sobre esta materia es que tanto el patrimonio de familia como la afectación de
vivienda familiar suponen para su aplicación la presencia de una pareja,
vinculada a través de matrimonio u unión marital de hecho, o la comprobación de
un vínculo filial directo entre padres e hijos.  Por ende, resultan excluidos
los supuestos de hecho que dan lugar a la demanda de la referencia.
Una vez se ha analizado el contenido y alcance del patrimonio
de familia, la Corte recapitulará el precedente constitucional sobre el
concepto de familia objeto de protección constitucional.
La definición de familia en la Constitución.  Protección del
pluralismo y la igualdad entre las diferentes modalidades de conformación
18.  La Constitución ofrece una fórmula amplia y comprehensiva
acerca de la definición de familia.  Conforme el artículo 42 C.P., la familia
es el núcleo fundamental de la sociedad y se conforma por vínculos naturales y
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.  Estas diferentes
modalidades de familia son todas ellas equivalentes respecto de la protección
constitucional que se les prodiga, cuyos componentes también están establecidos
en la citada norma superior.
Esta disposición está en consonancia con normas del derecho
internacional de los derechos humanos, que también disponen el lugar central de
la familia como sujeto de protección integral por parte del Estado. El artículo
23-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a
la protección de la sociedad y del Estado. Esta fórmula es replicada en
idénticos términos por el artículo 17-1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
19. La jurisprudencia constitucional, en ese sentido, ha
considerado que la familia es, ante todo, un fenómeno sociológico que se
comprueba cuando dentro de un grupo de personas se acreditan lazos de
solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común, construida bien por la
relación de pareja, la existencia de vínculos filiales o la decisión libre de
conformar esa unidad familiar.
La Corte, conforme lo expuesto, ha caracterizado a la familia
como una categoría esencialmente dinámica, la cual se concretiza ante la
evidencia de los elementos anteriormente señalados.  Para este Tribunal, “[n]o
obstante estar sometida a un proceso de constante evolución primeramente
verificado en la realidad de la que hace parte, la Corte ha definido la familia
“en un sentido amplio”, como “aquella comunidad de personas emparentadas entre
sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el
respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de
destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos”[13]. || Como
realidad “dinámica y vital, donde cobran especial importancia los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de
conciencia, el derecho a la intimidad”, la familia tiene, entonces, “un régimen
constitucional, cuya piedra angular es el artículo 42, en concordancia con el
artículo 5º”, régimen que busca hacer de ella “el ámbito adecuado para que
dentro de un clima de respeto, no violencia e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse
a plenitud como seres humanos, con la garantía de intimidad que permita el
transcurso de la dinámica familiar sin la intromisión de terceros” y, así
mismo, lograr un equilibrio entre la estabilidad necesaria para el desarrollo
de sus miembros con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad a que
tiene derecho cada uno de sus integrantes, aspecto este donde cobra especial
importancia la existencia de un ambiente de respeto por cada persona y de libre
expresión de los afectos y emociones”[14].[15]
La conformación del grupo familiar, en ese sentido, no
responde necesariamente a la determinación de una estructura particular de tipo
parental, ni menos a la existencia de una pareja, como errónea e
injustificadamente lo plantea la Procuraduría General.  En cambio, a fin de
identificar cuándo se está ante una familia, lo que debe verificarse es la
presencia de las cualidades fácticas antes reseñadas, las cuales permiten
acreditar el acto voluntario de conformación de la familia, así como la
construcción de lazos filiales e íntimos, en los términos expuestos.  Como lo
ha explicado la Corte “la Constitución Política de 1991, no solo protege un
único concepto de familia, en tanto esta protección se extiende a un sinnúmero
de situaciones que por circunstancias de hecho se crean y que a pesar de no
contar con las formalidades jurídicas, no implica el desconocimiento como
familia. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los lazos
de afecto, solidaridad, respeto y asistencia que sea crean entre padres e hijos
de crianza, son circunstancias de facto que no se encuentran ajenas al derecho
y que por lo tanto, son susceptibles de crear consecuencias jurídicas tanto en
derechos como deberes.”[16]
18. El mandato constitucional de protección equitativa a las
diversas modalidades de familia, identificadas a partir de este criterio
material, se sustenta a su vez en cuatro argumentos de índole constitucional,
vinculados a (i) la protección del derecho a la igualdad, la autonomía y el
libre desarrollo de la personalidad; (ii) la vigencia del derecho a la
intimidad; (iii) la obligación de tratamiento jurídico paritario entre los
hijos; y (iv) la necesidad de dotar de sentido al principio de respeto del
pluralismo.
18.1. El artículo 42 C.P. dispone como una de las vías para
la construcción de la familia la “voluntad responsable de conformarla”. Esta
cláusula involucra necesariamente el reconocimiento de un amplio grado de
autonomía de las personas, quienes pueden optar por configurar su grupo
familiar de acuerdo con su personal criterio, con la sola condición que se
trate de una decisión responsable.
Por lo tanto, se estaría ante un tratamiento discriminatorio
injustificado cuando se le dé carácter obligatorio o preferente a determinados
tipos de estructura familiar, a pesar que desde la misma Constitución se
prescribe una fórmula amplia de configuración, en los términos explicados.
Como es bien sabido, para que un tratamiento jurídico diferenciado sea
admisible, debe comprobarse la existencia de un factor válido desde la
perspectiva constitucional que lo permita.  En el caso analizado, conferir un
trato diferente a un grupo familiar sobre otro sería un acto contrario al
derecho a la igualdad, al menos por dos tipos de razones: (i) porque la
Constitución no determina en modo alguno una fórmula particular de conformación
de la familia, de manera que una distinción con propósitos de reconocimiento
jurídico carecería de sustento; y (ii) porque el artículo 13 C.P. determina
como uno de los criterios sospechosos de discriminación el origen familiar, por
lo que la validez constitucional de un tratamiento diferenciado entre
modalidades de familias solo estaría justificado ante la verificación de un
motivo imperioso, cuya presencia es improbable en el caso de las regulaciones
sobre la familia.
Este ha sido el criterio de la jurisprudencia, cuando ha
establecido que “[t]ratándose de la familia, la Corte ha precisado
que es “una manifestación del libre desarrollo de la personalidad y, en
concreto, de la libre expresión de afectos y emociones”, ya que “su origen se
encuentra en el derecho de la persona de elegir libremente entre las distintas
opciones y proyectos de vida, que según sus propios anhelos, valores,
expectativas y esperanzas, puedan construir y desarrollar durante su
existencia”[17].
|| En este orden de ideas, es evidente que la persona tiene el derecho a
conformar una familia y que su ámbito de protección comprende una faceta
negativa, cual es el derecho a no constituir una nueva familia, aunque
inevitablemente se pertenezca a alguna en condición distinta a la de esposo o
padre”.[18]
18.2. Estrechamente vinculado con el anterior criterio, la
necesidad de prodigar tratamiento paritario entre las familias se deriva de la
protección del derecho a la intimidad.  En los términos del artículo 15 C.P.
todas las personas tienen derecho a su intimidad personal o familiar.  Es
evidente que cuando se privilegia injustificadamente una modalidad constitutiva
de familia sobre otra, se está afectando este derecho, puesto que el Estado
invade la órbita interna del sujeto,  al indicarle qué modo de familia debe
conformar con el fin de hacerse acreedor de la protección jurídica
correspondiente.
También debe anotarse sobre el particular que dicha
intromisión no solo puede darse a partir de un criterio prescriptivo, en donde
desde el Estado se determina cuáles son las conformaciones familiares que
recibirán protección, sino también a partir de uno de carácter indirecto,
fundado en el desincentivo para la configuración de determinados tipos de
familia.  Esta situación se verifica, por ejemplo, cuando el orden jurídico
aunque reconoce a los diversos tipos de familia, confiere a algunos de ellos un
tratamiento más favorable, sin existir una razón constitucionalmente atendible
para realizar esa distinción.
El vínculo entre la protección de la intimidad familiar y la
obligación de tratamiento paritario entre las distintas modalidades de familia
ha sido identificado desde el derecho internacional de los derechos humanos.
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expuso los siguientes
argumentos al decidir el caso Atala Riffo y Niñas v. Chile, que por su
importancia para el asunto debatido y en razón a que ofrecen una visión amplia
del tema desde la perspectiva comparada, son transcritas in extenso:
“Respecto al concepto de
familia, diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, han
indicado que no existe un modelo único de familia, por cuanto éste puede variar[19].
De igual forma, el Tribunal Europeo ha interpretado el concepto de “familia” en
términos amplios. Respecto a parejas de diferente sexo, ha señalado
reiteradamente que:
La noción de familia bajo esta norma
no está circunscrita a relaciones basadas en el matrimonio y puede abarcar
otros vínculos de ‘familia’ de facto donde las partes están viviendo
juntas fuera del matrimonio. Un niño nacido en tal relación es ipso jure
parte de tal unidad familiar desde ese momento y por el mero hecho de su
nacimiento. Por tanto, existe entre el niño y sus padres un vínculo que implica
vida familiar. Además, el Tribunal recuerda que el goce mutuo de la compañía
del otro entre los padres y el niño constituye un elemento fundamental de la
vida familiar, aunque la relación de los padres esté rota, y [, en
consecuencia,] medidas nacionales que limiten tal goce, conllevan una
interferencia con el derecho protegido por el artículo 8 del Convenio[20].
En el Caso X, Y y Z
Vs. Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siguiendo el
concepto amplio de la familia, reconoció que un transexual, su pareja mujer y
un niño pueden configurar una familia, al señalar que:
Al decidir si una relación puede
considerarse como ‘vida familiar’, una serie de factores pueden ser relevantes,
incluyendo si la pareja vive junta, la duración de su relación y si se ha
demostrado el compromiso mutuo al tener hijos conjuntamente o por otros medios[21].
En primer lugar, y
respecto a la protección convencional de parejas del mismo sexo, en el Caso
Schalk y Kopf Vs. Austria, el Tribunal Europeo revisó su
jurisprudencia vigente hasta ese momento, en la cual solamente había aceptado
que la relación emocional y sexual de una pareja del mismo sexo constituye
“vida privada”, pero no había considerado que constituyera “vida familiar”, aun
al tratarse de una relación a largo plazo en situación de convivencia[22]. Al aplicar un criterio amplio de
familia, el Tribunal Europeo estableció que “la noción de ‘vida familiar’
abarca a una pareja del mismo sexo que convive en una relación estable de
facto, tal como abarcaría a una pareja de diferente sexo en la misma
situación”[23], pues consideró “artificial mantener
una posición que sostenga que, a diferencia de una pareja heterosexual, una
pareja del mismo sexo no puede disfrutar de la ‘vida familiar’ en los términos
del artículo 8” del Convenio Europeo[24].
El Tribunal resalta que,
a diferencia de lo dispuesto en el Convenio Europeo, en el cual sólo se protege
el derecho a la vida familiar bajo el artículo 8 de dicho Convenio, la
Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen la vida familiar de
manera complementaria. En efecto, esta Corte considera que la imposición de un
concepto único de familia debe analizarse no sólo como una posible injerencia
arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana,
sino también, por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la
luz del artículo 17.1 de dicha Convención.
En
el presente caso, el Tribunal observa que desde noviembre de 2002 hasta la decisión
de tuición provisoria, en mayo de 2003 (…), existía un vínculo cercano
entre la señora Atala, la señora De Ramón, el hijo mayor de la señora Atala y
las tres niñas. Al respecto, la señora Atala manifestó que “éramos una familia
absolutamente normal. Un niño, tres niñas, un gato, un perro, una perra, una
casa, teníamos proyecto como familia. Teníamos sueños como familia”[25]. Además, la señora De
Ramón declaró que “[l]a vida de los cinco miembros de la familia, seis [con
ella] era muy cercana a lo idílico [, pues e]stablecieron una relación de mucha
comunicación, al menos entre las mujeres de la familia”[26].
Por tanto, es visible
que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba protegido por
los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues existía una
convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía personal y afectiva entre la
señora Atala, su pareja, su hijo mayor y las tres niñas. Lo anterior, sin
perjuicio de que las niñas compartían otro entorno familiar con su padre.”[27]
A partir de estas consideraciones, la
Sala advierte que la jurisprudencia de la Corte IDH comparte unidad de sentido
con lo señalado en apartados anteriores, respecto de una comprensión amplia y
material de la familia, fundado para el caso analizado en la convivencia, el
contacto frecuente y la cercanía personal entre sus miembros. Asimismo, también
plantea que la desprotección jurídica a determinadas formas constitutivas de
familia no solo es un tratamiento discriminatorio, sino que también configura
una intromisión inválida a la intimidad familiar.
18.3. La Corte también ha
fundamentado el deber de protección paritaria a las diferentes modalidades constitutivas
de familia en la igualdad que la Constitución prescribe respecto de los hijos.
El inciso séptimo del artículo 42 C.P. determina que los hijos habidos en el
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia
científica, tienen iguales derechos y deberes.  Con base en esta previsión
superior, la jurisprudencia ha concluido que existe un mandato imperativo de
protección jurídica equitativa a los hijos, sin que puedan establecerse
discriminaciones entre ellos por ninguna circunstancia, en especial aquellas
que pretendan otorgar un tratamiento jurídico más favorable a determinadas
modalidades de filiación respecto de otras.
Llevado este argumento a la materia
analizada, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que las diferentes
modalidades de familia son acreedoras del mismo tratamiento jurídico por parte
del Estado, esta vez en razón a que suponer lo contrario significaría una
distinción fundada en la naturaleza de la filiación, la cual se encuentra
prohibida por la Carta.  En ese sentido, lo previsto en el artículo 42 C.P. no
puede ser comprendido únicamente como la igualdad entre los hijos, sino que
también incorpora la necesidad de equiparar a las diferentes formas de
filiación y, de una manera más general, de vínculo familiar fundado en
características de carácter material, según se ha explicado en precedencia.
En ese orden de ideas, la necesidad
de otorgar el mismo nivel de protección a las diferentes modalidades de
familia, se explica en que las personas que las integran también deben recibir
el mismo tratamiento, así como las salvaguardas que les confiere el orden
jurídico, pues de lo contrario se estarían planteando diferencias fundadas en
el tipo de filiación, que son constitucionalmente inadmisibles.  En términos de
la jurisprudencia objeto de examen,  “a la luz de la axiología
constitucional, son igualmente dignas de respeto y protección las familias
originadas en el matrimonio y la conformadas por fuera de éste, y que esta
igualdad proscribe toda forma de discriminación basada en el origen familiar,
ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado.
|| Si el constituyente quiso
equiparar la familia que procede del matrimonio con la familia que surge de la
unión de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, forzoso es
concluir que proscribe cualquier tipo de discriminación procedente de la clase
de vínculo que da origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son
“hijastros” los hijos que aporta uno de los cónyuges al matrimonio, pero que no
lo son los que aporta el compañero a una unión de hecho, se erige en un trato
discriminatorio que el orden jurídico no puede tolerar.”[28] (Subrayas no originales).[29]
18.4. Por último, la Corte también ha
considerado que el mandato que equipara constitucionalmente el grado de
protección a las diferentes modalidades constitutivas de familia, se explica en
la vigencia del respeto al pluralismo, en tanto elemento definitorio del Estado
Social y Democrático de Derecho.  La idea central que fundamenta esta
conclusión es que en una sociedad democrática concurren diferentes maneras de
concebir los proyectos vitales, tanto individuales como colectivos.  Cada una
de estas concepciones está justificada por el ejercicio de la autonomía de las
personas, de forma que no existe ningún fundamento plausible que permita al
Estado imponer una manera particular de constitución de la familia, bien sea de
forma directa y con base en normas prescriptivas o través de desincentivos,
según se explicó en el fundamento jurídico 18.2.
Para la Corte, esto permite afirmar que la conformación de la
familia constitucionalmente protegida no se limita a las opciones que confiere
la filiación biológica, sino que adopta múltiples posibilidades, todas ellas
sujeto de protección, no solo porque esto es corolario del reconocimiento de la
diversidad al interior de la sociedad, sino debido a que es la concepción más
garantista de los derechos de sus integrantes, en particular los niños y niñas.
Conforme a este precedente “conviene reiterar que “el
concepto de familia no incluye tan solo la comunidad natural compuesta por
padres, hermanos y parientes cercanos, sino que se amplía incorporando aun a
personas no vinculadas por los lazos de la consanguinidad, cuando faltan todos
o algunos de aquellos integrantes, o cuando, por diversos problemas, entre
otros los relativos a la destrucción interna del hogar por conflictos entre los
padres, y obviamente los económicos, resulta necesario sustituir al grupo
familiar de origen por uno que cumpla con eficiencia, y hasta donde se pueda,
con la misma o similar intensidad, el cometido de brindar al niño un ámbito
acogedor y comprensivo dentro del cual pueda desenvolverse en las distintas
fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y síquico”[30]. || Finalmente,
es menester poner de presente que también se impone como conclusión que “el
concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en
concordancia con el principio de pluralismo”, porque “en una sociedad plural,
no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a
esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial”[31].”[32]
De otro lado, no puede perderse de vista que la necesidad de reconocimiento
de las diferentes formas de familia, bajo un concepto pluralista, también
descansa en un argumento de índole fáctico.  En Colombia se comprueba la
presencia de distintas modalidades constitutivas de familia, en donde la
nuclear biparental incluso tiene carácter minoritario.  Como lo explica la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, “respecto a los tipos de
familia, se encontró que un tercio del total de los hogares del país (33.2%) está
ocupado por familias nucleares biparentales (ambos padres e hijos), un 12.6 por
ciento por nucleares monoparentales (falta el padre o la madre) y un 9.8 por
ciento de ellas por parejas sin hijos; un 12.8 por ciento son ocupados por
familias extensas biparentales (pareja, más hijos solteros, otros parientes,
hijos con pareja y/o con hijos); 9.8 por ciento son extensas monoparentales (el
jefe o la jefe sin cónyuge con los hijos solteros o casados y otros parientes);
2.9 por ciento pertenecen a parejas sin hijos junto con otros parientes y en un
4.5 por ciento de los hogares del país vive el jefe con otros parientes.”[33]
En consecuencia, si se adoptase una posición que privilegie
una manera en particular de concebir la familia, como es la postura defendida
en este proceso por el Ministerio Público, el resultado necesario sería la
desprotección de las dos terceras partes de la población colombiana, lo cual es
a todas luces insostenible.  En contrario, como se ha señalado insistentemente
en esta sentencia, las diferentes formas de familia, que como se acredita no
son simples hipótesis teóricas sino que están representadas en datos demográficos
comprobables, son todas sujetos del debido reconocimiento y protección,
particularmente respecto de las garantías previstas en el artículo 42 C.P.
19. Este marco de análisis y las reglas que plantea, a su
vez, han permitido a la Corte adoptar decisiones que, por ejemplo, concluyen
que la familia de crianza, esto es, la que no se conforma por vínculos
biológicos, sino por la comprobación de criterios materiales, es una modalidad
de grupo familiar con reconocimiento y protección constitucional.
En diferentes decisiones, esta Corporación ha considerado que
la familia de crianza, a pesar que no está conformada por vínculos consanguíneos
directos, en todo caso permite acreditar los requisitos materiales de
solidaridad, respeto, amor y auxilio mutuo entre sus miembros, razón por la
cual son acreedoras de las posiciones jurídicas que el ordenamiento confiere a
otras modalidades de familia.
Con base en este argumento, distintas decisiones de la Corte,
particularmente fallos de revisión de tutela, han concluido que las familias de
crianza, y en general las familias extensas, pueden acceder a beneficios y
salvaguardas legales que la ley prevé a favor de la filiación consanguínea o a
la pareja. A continuación se realizará una exposición de casos que ejemplifican
dicho precedente.[34]
19.1. Esta línea jurisprudencial se remonta a la sentencia
T-495 de 1997[35],
la cual asumió el caso de un joven soldado quien falleció en razón del servicio
y sus padres de crianza, quienes asumieron su cuidado personal desde la niñez
sin que se formalizara la relación, solicitaron al Ejército Nacional el pago de
la indemnización prevista en la ley.  Esta prestación les fue negada debido a
la ausencia de vínculo filial.
Para la Corte, a pesar de no concurrir dicha formalización,
se estaba ante una verdadera familia objeto de protección, atendiéndose a un
criterio material para su conformación.  En la sentencia se destacó cómo había
surgido entre el causante y los solicitantes “una familia que para
propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o, incluso, a
la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianzó
los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros, realidad
material de la que dan fe los testimonios de las personas que les conocieron.”  De acuerdo con esta
verificación fáctica, el pago de la indemnización devenía constitucionalmente
obligatoria, puesto que “si el trato, el afecto y la asistencia mutua que se
presentaron en el seno del círculo integrado por los peticionarios y el soldado
fallecido, eran similares a las que se predican de cualquier familia
formalmente constituida, la muerte [del joven] mientras se hallaba en servicio
activo debió generar para sus padres de crianza, las mismas consecuencias
jurídicas que la muerte de otro soldado para sus padres formalmente
reconocidos; porque no hay duda de que el comportamiento mutuo de padres e hijo
("de crianza") revelaba una voluntad inequívoca de conformar una
familia, y el artículo 228 de la Carta Política establece que prevalecerá el
derecho sustantivo.”
19.2. De acuerdo con las normas sobre subsidio familiar, los
hijastros del trabajador solo pueden ser considerados como tales cuando este ha
contraído matrimonio con el padre o madre del menor.  La Corte estudió un caso
en el que el subsidio no fue otorgado, en tanto los padres conformaban una
unión marital de hecho.
En la decisión se concluyó que tal distinción contrariaba
tanto el mandato de protección equitativa de las distintas formas de familia,
como la igualdad ante los hijos, previsiones superiores que han sido explicadas
en fundamentos jurídicos anteriores. Así, se consideró que “si el constituyente quiso
equiparar la familia que procede del matrimonio con la familia que surge de la
unión de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, forzoso es
concluir que proscribe cualquier tipo de discriminación procedente de la clase
de vínculo que da origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son
“hijastros” los hijos que aporta uno de los cónyuges al matrimonio, pero que no
lo son los que aporta el compañero a una unión de hecho, se erige en un trato
discriminatorio que el orden jurídico no puede tolerar.”[36]
19.3. Esta regla fue reiterada en la sentencia T-606 de 2013,[37] donde
también se pretendía extender los beneficios convencionales de un trabajador
respecto de la hija menor de su compañera permanente, quien le eran negados los
beneficios respectivos al no tener filiación biológica con el empleado.  La
Corte arribó a idéntica conclusión y estipuló que “que el derecho de los
niños a tener una familia se puede materializar en el seno de cualquiera de los
tipos de familia que protege la Carta Política[38],
habida cuenta de que el primer espacio al cual el infante tiene derecho a
pertenecer es su núcleo familiar, en el cual ha de encontrar las condiciones
personales y afectivas más adecuadas para que su proceso de educación moral y
formación ciudadana sea llevado a cabo cabalmente.”
19.4. Un caso análogo fue estudiado por la Corte en la
sentencia T-070 de 2015[39],
en donde se negó el subsidio educativo al hijo de crianza de un trabajador, en
razón a que carecía de una filiación biológica o adoptiva, pues era hijo de su
pareja. En este caso, se señaló que “[l]as familias conformadas por padres e
hijos de crianza han sido definidas por la jurisprudencia constitucional como
aquellas que nacen por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión
y protección, pero no por lazos de consanguinidad o vínculos jurídicos. Sin
embargo, la protección constitucional que se le da a la familia, también se
proyecta a este tipo de familias”. De esa manera, resultaba jurídicamente necesario extender
el subsidio estudiantil al hijo de crianza, en tanto integrante de la familia
del trabajador titular de esa prestación económica.
19.5. Finalmente, estas reglas fueron
recapituladas en la reciente sentencia T-354 de 2016.[40] En esta
decisión se analizó el caso de una familia de crianza, cuyo uno de sus miembros
tenía derecho a beneficios contenidos en la convención colectiva de trabajo,
los cuales no podía extender a sus padres de crianza, pues la norma solo
confería el beneficio a los padres biológicos o adoptivos.  La Sala de Revisión
concluyó que esta distinción era contraria a la Constitución, por lo que amparó
los derechos invocados y ordenó la extensión del beneficio.  Así, luego de
sintetizar el precedente analizado, concluyó que “las relaciones humanas
conllevan la imperiosa necesidad de adaptar la legislación y el derecho a la
realidad, toda vez que en materia de familia, los vínculos entre sus miembros
se han extendido más allá de los meramente jurídicos o existentes por
consanguinidad, para dar paso a un concepto más amplio que comprende las
relaciones de afecto, convivencia, solidaridad, respeto y apoyo mutuo,
situaciones de facto que dan lugar al reconocimiento de derechos y la
imposición de deberes.”
20. Según el análisis de estas decisiones,
así como del precedente consolidado de la Corte sobre la protección equitativa
de las diferentes modalidades de familia, la Sala concluye que desde la
Constitución se deriva un mandato de tratamiento equitativo a esos variados
tipos de grupos humanos, todos ellos sujetos de reconocimiento estatal y dentro
de un criterio pluralista sobre la conformación de la familia.
Esta configuración del grupo familiar
responde a parámetro material, basado en la identificación de una comunidad
conformada de manera voluntaria y en dónde se verifiquen lazos de amor, respeto
mutuo y solidaridad, relaciones que pueden o no tener fundamento en la existencia
de una vínculo filial, biológico o propio de la pareja.  Tales condiciones son
predicables tanto de la familia de crianza, como de la familia extensa.
De otro lado, no puede perderse de
vista que incluso desde el derecho legislado, concurren normas que
efectivamente describen a la familia extensa como sujeto de protección estatal.
Así, el artículo 2º de la Ley 294 de 1996, sobre violencia intrafamiliar,
establece que para efectos de dichos normatividad la familia está integrada por
los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre de familia, aunque
no convivan en un mismo hogar; los ascendientes o descendientes de los
anteriores y los hijos adoptivos; y todas las demás personas que de manera
permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.
Asimismo, la Sala también evidencia
que las reglas expuestas en el caso de la familia de crianza, resultan por
entero aplicables respecto de las familias extensas, esto es, aquellas que se
conforman por parientes vinculados por algún grado de filiación. En ese caso,
la configuración de la familia no solo se soporta en la acreditación de los
criterios materiales expuestos, sino también concurre prueba de la existencia
de parentesco, según las reglas del derecho civil.  Sin duda alguna, las
familias extensas así consideradas son una modalidad constitutiva de familia en
los términos del artículo 42 C.P.
A este respecto, debe indicarse que
contrario a como lo plantea uno de los intervinientes, la Corte no está
habilitada en este caso para definir hasta cuál grado de parentesco debe
considerarse la familia extensa.  Esto debido a que, como se ha señalado
insistentemente en esta sentencia, la conformación de la familia responde
esencialmente a criterios materiales, resultando contrario a la Carta que desde
el Estado se propugne por un modelo particular de grupo familiar acreedor de la
protección constitucional. Por ende, se entenderá que existe una familia, para
efectos de su protección jurídica, cuando concurran dichos factores materiales y/o
se acredite el parentesco entre sus miembros.  Esto de acuerdo con lo explicado
en los fundamentos jurídicos anteriores.
Solución del cargo propuesto
21. Las normas objeto de examen
establecen que la constitución del patrimonio de familia puede realizarse a
favor de la familia compuesta por la pareja, conformada mediante matrimonio o
unión marital de hecho, así como respecto de sus hijos menores de edad.  El
patrimonio de familia, a su vez, puede ser constituido por los integrantes de
la pareja, solicitado judicialmente por los hijos menores de edad, o definido
por tercero a través de donación o asignación testamentaria.
Por ende, estas disposiciones
excluyen a la familia extensa, de crianza y a la unipersonal, de la posibilidad
de constituir el patrimonio de familia.  Así por ejemplo, en el caso hipotético
que en la vivienda habite una familia conformada por varias personas con
parentesco entre sí y siendo una de ellas sea la propietaria plena del bien
inmueble, no será posible configurar dicho gravamen si no se acredita relación
de pareja o la presencia de hijos menores de edad de algunos de sus miembros.
22. Esta situación es contraria a la
protección equitativa de las diferentes modalidades de familia, según lo
dispone el artículo 42 C.P. En efecto, en esta decisión se han expuesto dos
premisas definidas: (i) el patrimonio de familia es un instituto jurídico
destinado a la salvaguarda de ese grupo humano, en tanto protege al inmueble
que le sirve de vivienda y, por ende, de ámbito físico para la vigencia de
distintos derechos fundamentales; y (ii) que en una sociedad democrática
respetuosa del pluralismo y del derecho a la intimidad personal o familiar, las
diferentes modalidades de familia son acreedoras del mismo grado de protección
por parte del Estado y que no proceden diferencias de trato jurídico entre
ellas, salvo que se compruebe la existencia de un criterio imperioso para ello.
Esto en razón a que el origen familiar es un criterio sospechoso de
discriminación.
De conformidad con estos
presupuestos, la Corte advierte que no existe un motivo constitucionalmente
fundado para que las familias extensas, de crianza o las unipersonales, no
puedan acceder a la conformación del patrimonio de familia.  A pesar que en los
términos del artículo 42 C.P., corresponde al margen de configuración
legislativa la definición del patrimonio de familia inembargable, las
distinciones legales que se realicen sobre esta materia deben ser compatibles
con los parámetros expuestos.  Sobre el particular, no se evidencia ninguna
razón que permita justificar la exclusión en comento.
Esta circunstancia implica la
afectación de disposiciones constitucionales en al menos tres niveles: En
primer término, se incorpora un tratamiento discriminatorio injustificado y
fundado en un criterio sospechoso, como es el origen familiar. En segundo
lugar, se desconocen los derechos constitucionales de las familias extensas, de
crianza y las unipersonales, al excluírseles injustificadamente de la
protección que el legislador ha previsto para la vivienda y que se prodiga a
otras modalidades constitutivas de familia.  Finalmente, se vulneran los
derechos a la intimidad y a la autonomía personal, puesto que la limitación que
plantea las normas estudiadas conlleva a un desincentivo para la decisión libre
de conformar una familia extensa, así como la validación desde el orden
jurídico de un modo particular de familia sobre otros, a través de la concesión
de un tratamiento jurídico más beneficioso a favor de aquel.
23. En consecuencia, la Sala
considera que en el presente asunto debe adoptarse un fallo de exequibilidad
condicionada que resuelva la discriminación propuesta. Por ende, se declarará
la constitucionalidad de + de 2006 dispone que en la solicitud de constitución
de patrimonio de familiar debe constar (i) la manifestación que se entenderá
rendida bajo la gravedad del juramento del titular del derecho de dominio en el
sentido de que la constitución del patrimonio se hace únicamente para favorecer
a los beneficiarios; que a la fecha no tiene vigente otro patrimonio de
familia; y que existen o no acreedores que pueden verse afectados con la
constitución de la limitación; y (ii) copia o certificado de la inscripción en
el Registro del Estado Civil del Matrimonio, si a ello hubiere lugar, y de la
inscripción en el Registro del Estado Civil del Nacimiento de los hijos menores
edad, o la partida eclesiástica correspondiente en los casos que hace plena
prueba según la ley.
Por ende, quien constituya patrimonio
de familia para el caso de la familia extensa, podrá aportar los instrumentos
que acrediten tanto el parentesco entre sí, como son los documentos del
registro civil, así como hacer uso de las declaraciones juradas u otros medios
de prueba que den cuenta de la existencia de la familia extensa, a partir de la
comprobación de los criterios materiales a los que se ha hecho referencia en
varios fundamentos de la presente decisión.
Y en el caso de las familias de
crianza, se deberá acreditar mediante declaración juramentada, que si bien no
confluyen los vínculos biológicos que dan lugar al parentesco directo, existen
vínculos materiales comprobables (solidaridad, respeto, amor, auxilio mutuo
entre sus miembros, entre otros) respecto de la relación familiar, que habilita
el reconocimiento y la protección constitucional.
24. Ahora bien, en lo que respecta al
caso particular de la denominada “familia unipersonal”, que en criterio de los
demandantes también debe ser sujeto de la habilitación para constituir
patrimonio de familia, la Corte acoge dicho argumento ante el trato
injustificado y discriminatorio que se debe superar desde el plano
constitucional, como pasa a explicarse.
24.1. La “familia unipersonal” es una
categoría sociológica y demográfica identificable, referida a aquellas personas
que deciden conformar su hogar de manera solitaria, hecho suficiente para
extenderles la definición constitucional de familia de que trata el artículo 42
CP.
La Corte parte de advertir que la
opción vital de conformar un hogar que prescinda de la compañía de otras
personas es una decisión que está amparada por la Constitución, en cuanto es
expresión legítima del derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como
de la dignidad humana que contiene la competencia de cada cual para adoptar las
decisiones personales conforme a su voluntad y sin interferencias
injustificadas.
24.2. Adicionalmente, también debe
aclararse que la jurisprudencia constitucional ha reconocido al hogar
unipersonal como un tipo de familia, sujeto de protección integral.  En efecto,
la Corte se ha referido a la materia en la sentencia C-936 de 2003[41],
en la que a propósito del estudio de constitucionalidad de algunas normas sobre
leasing habitacional, llegó a la conclusión que ese instrumento financiero no
solo debía incluir entre sus beneficiarios a las parejas, sino a otras
modalidades constitutivas de la misma, incluso a la “familia unipersonal”.
Esto debido a cada una de ellas tenía derecho a un instrumento financiero que
les permita el acceso a la vivienda. Para ello, expresó los argumentos
siguientes:
“La familia como objeto
constitucionalmente protegido (C.P. art. 42) requiere un espacio determinado en
el cual se desarrolla y se realizan los procesos propios de este fenómeno
social. Dicho espacio corresponde a la vivienda y las condiciones antes
indicadas, que cualifican su dignidad y benefician a cada uno de sus
integrantes, así como a la familia. Sin la mencionada protección a los
individuos integrantes de la familia, ésta se ve desprotegida y se enfrenta a
su disolución.
Lo anterior indica que, por otro
lado, no se pueda considerar a la familia exclusivamente como unión de un
hombre y una mujer, sino en un sentido social, de suerte que abarque a la
“familia unipersonal” y diversas formas de unión grupal que convivan juntos[42].
Lo anterior, en la medida en que la vivienda digna comprenda la idea de
habitación. Se protege el lugar destinado para habitar, sin considerar cómo se
integre el núcleo familiar. Así, es objeto de la disposición constitucional la
vivienda familiar[43].
De conformidad con lo anterior, no
existe obligación constitucional alguna de que la financiación de viviendas que
no estén destinadas a la vivienda (habitación) familiar del tenedor (tenedor,
poseedor o propietario), adopte modalidades especiales. Suponer una obligación
constitucional en sentido contrario, implicaría extender la satisfacción de
derechos constitucionales hacia ámbitos meramente lucrativos y mercantiles. Tal
no es el propósito de la norma constitucional.
32. Lo anterior obliga a una
consideración adicional. El acceso a la vivienda se logra, salvo que el Estado
lo otorgue directamente, bajo modalidades contractuales privadas, donde en
algunos casos impera la autonomía de la voluntad. Al distinguirse entre la
vivienda familiar (aquella destinada a la habitación del tenedor) y aquella que
entra en el mercado inmobiliario, se hace evidente que en el primer ámbito
opera una limitación a la autonomía contractual.
En una democracia constitucional los
derechos constitucionales operan, no sólo como límites a la actuación estatal,
sino también como definidores del espectro de libertad de los particulares.
Estos tienen que adecuar sus comportamientos, y coadyuvar, a la realización de
los fines constitucionales. Esto, claro está, dentro de un esquema en el que el
balance entre los derechos constitucionales no conduzca al sacrificio de la
autonomía privada.
Si el legislador considera necesario,
o las circunstancias fácticas lo tornan demandable, la existencia de un sistema
especial de financiación de la tenencia de vivienda familiar, la actividad
privada se encontrará sujeta, en lo que a la autonomía respecta, a los
parámetros constitucionales y estatales de actuación.” (Subrayas no
originales).
24.3. La Corte advierte que en esta decisión se hace
referencia a que no solo las parejas constituidas en matrimonio o unión
marital, sino también otras modalidades de familia son también titulares de la
posibilidad de utilizar el leasing habitacional, en tanto herramienta que
permite el acceso a la vivienda.  Por ende, resultaba plausible que la decisión
en comento determinara que incluso en el caso de la “familia unipersonal” se
concluyera la obligación de extenderle el uso del leasing habitacional.  Esto
debido a que tanto las familias como las personas que deciden vivir solas son
titulares del derecho a la vivienda. Por ende, el legislador está obligado a adoptar
medidas que protejan y hagan eficaz el derecho a la vivienda digna de los diferentes
modos de conformación de hogares, habitados bien por familias o por personas
solas.
24.4. Justamente, el reconocimiento jurisprudencial a la
categoría de “familias unipersonales”, permite extender también la figura del
patrimonio de familia, pero haciendo la salvedad que en ningún caso la misma se
podrá ser utilizada para que una sola persona la constituya con fines de
quebrantar la prenda general de garantía que constituyen los bienes del deudor,
respecto de los acreedores. Por ello, en todo caso se deberá acreditar la
vocación de familia unipersonal que alegue el constituyente, para no defraudar
los intereses de los acreedores que aquel tenga.
Conclusión
25. Las normas acusadas incurren una discriminación
injustificada, al omitir extender el acceso a la constitución del patrimonio de
familia a las familias extensas, de crianza y las unipersonales, a pesar de que
estos grupos humanos son sujeto de protección integral, en los términos del
artículo 42 C.P.  De esta manera, aunque de acuerdo con la misma norma
constitucional la regulación de dicha salvaguarda corresponde al amplio margen
de configuración legislativa, el mismo no puede establecer limitaciones o
distinciones que no se sustenten en un criterio constitucionalmente admisible.
En el caso analizado, dicho criterio es inexistente, lo que impone la adopción
de un fallo de exequibilidad condicionada, que extienda dicha protección a
favor de las familias extensas, de crianza y las unipersonales.
VII.   DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLES los artículos 4º
y 5º de la Ley 70 de 1931 “que autoriza la constitución de patrimonios de
familia no embargables”, por los cargos analizados en esta sentencia y en
el entendido que el patrimonio de familia podrá constituirse a favor de los
integrantes de la familia unipersonal y de crianza, y a los integrantes de la
familia extensa.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Presidente
Con salvamento de voto
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
Con salvamento de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
Con salvamento parcial de
voto
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado (P)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
A LA SENTENCIA C-107/17
FAMILIA UNIPERSONAL-Reconocimiento en
condiciones de igualdad (Aclaración de voto)/FAMILIA-Referencia al
concepto de buenas costumbres (Aclaración de voto)/MORAL SOCIAL-Diferente
a buenas costumbres (Aclaración de voto)
Referencia Expediente D-11523
Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de
la ley 70 de 1931 “que autoriza la constitución de patrimonios de familia no
embargables”
Demandantes: Luis Martin Blanco Tirado y Rubén Darío Porras
Magistrado Ponente.
Luis Ernesto Vargas
Silva
Acompaño la decisión
adoptada en la sentencia C-107 de 2017[44],
en a que la Sala Plena de la Corporación declaro la exequibilidad de los
artículos 4º y 5º[45]
de la ley 70 de 1931[46]
por los cargos analizados, bajo el entendido de que el patrimonio de familia
puede constituirse a favor de los integrantes de la familia unipersonal, de
crianza y extensa. Mi aclaración de voto apunta a la justificación del
reconocimiento de la familia unipersonal como sujeto titular de esta medida de
protección económica[47]
1. El problema que se
estudió en la providencia consistió en establecer si la exclusión de los
integrantes de las familias unipersonal, de crianza y extensa de la posibilidad
de constituir un patrimonio de familia y/o ser beneficiarios del mismo, constituye
un tratamiento discriminatorio injustificado. La sentencia concluye que dichas
modalidades de familia padecen de un déficit de protección constitucional,
atendiendo a la compresión sociológica y jurídica de la familia, al mandato
constitucional de conceder un trato equitativo a sus diferentes modalidades, y
a la importancia de la protección a través de medidas de tipo económico, en un
escenario de interdependencia de los derechos.[48]
2. El esfuerzo
argumentativo principal dentro de la sentencia recayó en el déficit de
protección de las familias extensas y de crianza, con base en la línea
jurisprudencial que ha venido construyendo consistentemente la Corte
Constitucional. En tal marco, la providencia destaca la caracterización de la familia
como un fenómeno sociológico, que se configura cuando entre un grupo de
personas se acreditan lazos de solidaridad, de amor, respeto mutuo y unidad de
vida común.
En el mismo sentido, la
providencia subraya el amplio grado de autonomía personal en el establecimiento
de un grupo familiar de acuerdo con [el] personal criterio, concluyendo:
“20. Según el análisis
de estas decisiones, así como del precedente consolidado de la Corte sobre la
protección equitativa de las diferentes modalidades de familia, la Sala concluye
que desde la Constitución se deriva un mandato de tratamiento equitativo a esos
variados tipos de grupos humanos, todos ellos sujetos de reconocimiento
estatal y dentro de un criterio pluralista sobre la conformación de la familia.
Esta configuración del
grupo familiar responde a parámetro material, basado en la identificación de
una comunidad conformada de manera voluntaria y en donde se verifiquen lazos de
amor, respeto mutuo y solidaridad, relaciones que pueden o no tener fundamento
en la existencia de una (sic) vínculo filial, biológico o propio de la pareja.
Tales condiciones son predicables tanto de la familia de crianza, como de la
familia extensa”.
Como lo diría hace ya
varios años el ex Magistrado Ciro Angarita Barón, lo relevante, cuando se habla
de familia, es entender que es el lugar “donde están los afectos”.
El término “las
buenas costumbres” como criterio de restricción del derecho de asociación y
reunión de menores de 18 años presenta un grado de indeterminación constitucionalmente
admisible. Para responder esa pregunta la Corte se refirió a su jurisprudencia
sobre la validez del uso de “conceptos jurídicos indeterminados” en tal
escenario, esto es, en el de limitación del ejercicio de bienes
constitucionales; escrutinio que condujo a enfatizar en el concepto de “moral
social”, dado que en control abstracto de constitucionalidad algunas
disposiciones que incluían la expresión buenas costumbres fueron analizadas
acudiendo a dicho concepto[49].
Una de las primeras
sentencias en las que se hizo referencia al término de “moral social” (o
moral general) fue la sentencia C-224 de 1994[50],
en la que se analizó la constitucionalidad de una norma que otorga la condición
de fuente de derecho a la costumbre praeter legem que, además de
general, sea conforme a la moral cristiana[51].
La Corte concluyó que la referencia a moral cristiana solo era válida si
se entienda por tal a la moral social o general, pues de otra forma se
desconocerían los principios de diversidad y pluralismo, que informan nuestra
constitución[52].
Con independencia de la
decisión adoptada en aquella oportunidad, deseo destacar dos aspectos. El
primero, es que el término costumbre, conforme al lenguaje natural, solo
se refiere a la existencia de una práctica o hecho social reiterado y, por lo
tanto, no involucra per se una calificación conforme a un código de
corrección ni puede equipararse a un concepto como el de moral. El
segundo, es que la costumbre   con relevancia jurídica (la que
constituye fuente de derecho) es aquella que, además de ser generalizada,
refleja pautas de conducta que (i) son importantes para sus participantes y
(ii) son compatibles con los valores y principios que irradian al sistema
jurídico.
Aunado a lo anterior, y
como presupuesto inicial, también debe advertirse que mientras el término moral
hace parte de los enunciados previstos en la Carta de 1991, incluso lo es
del de moral social (art. 34), el de buenas costumbres no fue
considerado por el Constituyente dentro de sus previsiones
3. en el contexto del
artículo 32 de la ley 1098 de 2006, la expresión “buenas costumbres”, (así
como “la Ley,…la sabiduría física o mental y el bienestar del menor”),
constituye un criterio de limitación del derecho de asociación y reunión de los
menores de 18 años, esto es, funciona como una fuente de restricción
que, por autorización del legislador, debe tener en cuenta el aplicador de la
disposición.
En tal situación,
entonces ¿que debe entenderse por buenas costumbres?. Un primer
acercamiento evidencia que no es meramente costumbres [esto es prácticas
sociales reiteradas], por dos motivos: (i) porque su importancia para el
derecho debe ser determinada por algún criterio de relevancia y compatibilidad
con el mismo sistema, y (ii) porque literalmente la palabra costumbre está
acompañada por el calificativo “buenas”. Ahora bien, ¿puede darse el
término “buenas” una comprensión que se ajuste al ordenamiento
constitucional y resuelva tales elementos de relevancia y compatibilidad con el
sistema jurídico?
La respuesta a dichos
interrogantes es negativa, pues lo bueno es un escenario constitucional
formado en la dignidad y, por tanto, en el reconocimiento de la autonomía del
individuo así como el pluralismo y la diversidad, no ofrece un terreno seguro,
es un término que desde la jurisprudencia constitucional no genera un grado de
determinación que permita de servir de fuente de limitación adecuado de los
derechos.
Pese a lo anterior, la
costumbre como fuente de derecho si se ha analizado por la Corte con referencia
a un código valorativo compatible con la Constitución, bajo el criterio de moral
social; por lo tanto, en virtud del principio de conservación del
derecho, la remisión de las buenas costumbres a la moral social
fue adecuada, sin perder de vista, en todo caso, la diferencia conceptual que
ya ha quedado explicada.
4. el uso del concepto
de moral social sin embargo no deja de ser problemático y, por lo tanto,
la Corte debe avanzar en la definición de sus perfiles y estimar la utilidad de
su aportación y mantenimiento en la práctica jurídica.
En concreto , y luego de
referirse a las principales decisiones que han abordado el concepto de moral
social,  en la sentencia C-113 de 2017 ( que no es novedosa al respecto) se
consideró que: “ [l]a moral social, entendida como las pautas de conducta
que, en efecto, hacen parte de un código social que se considera importante en
el seno de una comunidad, pero que , además , debe estar acorde con los
principios y valores relevantes en un contexto constitucional pluralista y
multicultural, constituye un criterio que, en principio, tiene la potencialidad
de limitar válidamente el ejercicio de los derechos”.
Dos aspectos debo
resaltar en esta oportunidad. El primero, es que la identificación de las
pautas de conducta del código social con relevancia para el derecho no puede
implicar de forma alguna la simple agregación mayoritaria de preferencias, pues
ello lesionaría las visiones minoritarias de lo que se considera valorable o no
por parte de una comunidad.
El segundo, es la
eficacia de remitir, en ultimas, a través del código dado por el concepto moral
social a los valores relevantes en el contexto constitucional, pues parece
ser que lo que se hace es reafirmar una moral positiva que ya se encuentra en
la constitución (en sentido amplio) y, por lo tanto, no hace falta construir el
margen de ella, con miras a la trasparencia, claridad y efecto útil, categorías
que parecen no aportar a la práctica jurídica[53].
Fecha ut supra
María Victoria Calle
Correa
Magistrada
SALVAMENTO
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A LA
SENTENCIA C-107/17
CONSTITUCION DE PATRIMONIO
DE FAMILIA NO EMBARGABLE EN FAVOR DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA UNIPERSONAL Y DE
CRIANZA Y A INTEGRANTES DE LA FAMILIA EXTENSA-Corte
debió proferir fallo inhibitorio por falta de aptitud de la demanda (Salvamento
de voto)
NORMA QUE AUTORIZA CONSTITUCION DE PATRIMONIO DE FAMILIA NO
EMBARGABLE-No existe una obligación
constitucional de incluir otro tipo de familia como beneficiaria de patrimonio
de familia inembargable (Salvamento de voto)
INCONSTITUCIONALIDAD
POR OMISION LEGISLATIVA-Requisitos (Salvamento de voto)
Referencia: Expediente
D-11523
Demanda de
inconstitucionalidad contra los literales a) y b) del artículo 4º
(parciales) de la Ley 70 de 1931, “Que autoriza la constitución de
patrimonios de familia no embargables”.
Magistrado sustanciador:
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación presento
las razones que me conducen a salvar el voto en la decisión adoptada por
la mayoría de la Sala Plena, en sesión del 22 de febrero de 2017.
1.
Los
ciudadanos plantearon los siguientes argumentos:
Primero, afirmaron que los literales
acusados violan los artículos 5º, 15, 28 y 42, al excluir la posibilidad de
constituir patrimonio de familia inembargable a favor de otras formas
constitutivas de familia, como son la unipersonal y la familia extensa. En ese
orden de ideas, indicaron que de las normas Superiores se deriva la obligación
de extender la posibilidad de constituir el patrimonio de familia inembargable
a todos los tipos de familia existentes.
Segundo, argumentaron que los
preceptos censurados transgreden el principio de igualdad, pues no hay una
razón constitucionalmente válida para excluir esos dos tipos de familia del
beneficio previsto en la norma.
Tercero, sostuvieron que los
literales acusados violan los derechos a la dignidad humana y al libre
desarrollo de la personalidad, porque no respetan la adopción de un plan de
vida distinto, como es conformar una familia unipersonal.
2.  No obstante, al analizar
la aptitud de la demanda, la sentencia señala que hay un solo cargo, que
consiste en que (i) se incurre en la vulneración del principio de igualdad al
incorporar un tratamiento discriminatorio injustificado; (ii) existe un déficit
de protección para los tipos de familia unipersonal y extensa, pues a pesar de
que existe un mandato constitucional de darles idéntico tratamiento la norma
les da una protección distinta sin justificar la discriminación; y (iii) el
déficit de protección incorpora un desincentivo a las personas para conformar
familias extensas y unipersonales.
Específicamente, la Sala concluyó que
el cargo es cierto porque, en efecto, la norma excluye a las familias
extensas y unipersonales, es pertinente pues existe un mandato que
obliga al Legislador a dar igual tratamiento a todos los tipos de familia; es específico,
porque se dirige a demostrar que la norma desconoce la igualdad, la autonomía y
la familia. En efecto, a pesar de que no se dice expresamente en la demanda, en
virtud del principio pro actione se entiende que los argumentos de los
demandantes apuntan a demostrar que los preceptos comportan un desincentivo a
conformar ese tipo de familias; y es suficiente porque los argumentos dan
cuenta de la problemática planteada.
Una vez verificada la aptitud de la
demanda, la Sala evidenció la necesidad de realizar la integración normativa
del artículo 4º en su totalidad y el artículo 5º de la misma normativa, que
prevé en beneficio de qué personas puede constituirse el patrimonio de familia
inembargable. Para justificar la integración normativa se estableció que el
objeto de la demanda era cuestionar una omisión legislativa relativa, ante la
falta de extensión de esa facultad a los integrantes de la familia extensa y a
las personas que conforman una familia unipersonal.
3.
Después de
estudiar la aptitud del cargo y realizar la integración normativa, la Sala
Plena de esta Corporación se propuso resolver el siguiente problema jurídico:
¿Los artículos 4º y 5º
de la Ley 70 de 1931, en cuanto excluyen a los integrantes de la familia
extensa o a quienes conforman un hogar unipersonal, de la potestad de
constituir el patrimonio de familia o ser beneficiarios del mismo, incurren en
un tratamiento discriminatorio injustificado y un consecuente déficit de
protección de los derechos constitucionales de los que son titulares dichas
modalidades de familia?
Para resolver el cuestionamiento
mencionado, la sentencia efectuó análisis sobre los siguientes temas: (i) el
patrimonio de familia inembargable como medida de protección económica.
Particularmente, se hace referencia a la jurisprudencia sobre el tema y la
diferencia con la afectación a vivienda familiar; y (ii) la definición de
familia en la Constitución y su carácter plural.
A partir de los conceptos
desarrollados, la
Sala Plena concluyó que el origen familiar es un criterio sospechoso de
discriminación y en este caso no existe un motivo constitucionalmente válido
para que las familias extensa, de crianza y unipersonal, no puedan acceder a la
conformación del patrimonio de familia y, en esa medida, se viola la igualdad.
En consecuencia, se declaran exequibles los artículos 4º y 5º de la Ley 70 de
1931, en el entendido de que “el patrimonio de familia podrá constituirse a
favor de los integrantes de la familia unipersonal y de crianza, y a los
integrantes de la familia extensa”.
4.
Me
aparto de la posición adoptada por la mayoría de la Sala Plena por dos razones,
a saber: (i) considero que la Corte debió proferir un fallo inhibitorio ante la
ineptitud sustantiva de la demanda; y (ii) estimo que no existe una obligación
constitucional de incluir otro tipo de familias como beneficiarias del
patrimonio de familia inembargable.
5.
En
primer lugar, tal y como lo argumenté ante la Sala Plena, el cargo propuesto
por los demandantes no satisface los presupuestos exigidos por el artículo 2º
del Decreto 2067 de 1991 para formular un juicio de constitucionalidad, motivo
por el cual la Corte debió INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo, por
ineptitud sustancial de la demanda.
En este caso era posible que en
aplicación del principio pro actione se entendiera que, a pesar de que
el cargo planteado por el accionante consistía en la violación del principio de
igualdad, se trataba de un cargo por omisión legislativa relativa ante una
exclusión que a juicio de los demandantes resultaba discriminatoria. Sin
embargo, el análisis de aptitud del cargo no correspondió a los criterios
fijados por la jurisprudencia constitucional para analizar este tipo de
omisiones.
En efecto, en la sentencia
C-427 de 2000, esta Corporación señaló que, para que el cargo de
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa prospere, deben concurrir
los siguientes requisitos: “a) que exista una norma sobre la cual se
predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos
casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto
fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente;
d) que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una
desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos
a las consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el
incumplimiento de un deber constitucional del legislador.”[54]
En este caso, los demandantes indicaron que de la
Constitución se deriva la obligación de extender la posibilidad de constituir
el patrimonio de familia inembargable a todos los tipos de familia existentes,
por cuanto existe un
mandato de darles idéntico tratamiento. Sin embargo, ese argumento no es
suficiente para formular un cargo por omisión legislativa relativa, pues los
ciudadanos no demostraron: (i) que se tratara de casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse
dentro del mismo presupuesto fáctico; (ii) que la exclusión objeto de reproche
no respondiera a una razón objetiva y suficiente; ni (iii) que la mencionada
exclusión implicara el incumplimiento de un deber constitucional del Legislador.
En efecto, los demandantes tenían la carga de
argumentar que las familias unipersonal y extensa debían recibir el mismo trato
que los otros tipos de familia, a pesar de no ser iguales. No obstante, los
ciudadanos se limitaron a afirmar que el principio de igualdad hacía imperativo
que cualquier tipo de familia recibiera el mismo trato, y no explicaron por
qué, siendo diferentes, el trato discriminado resultaba desproporcionado.
De otra parte, la sentencia de la que me aparto deja
de lado que el constituyente garantizó al Legislador un amplio margen de
apreciación en la configuración de los efectos patrimoniales de las personas y
las familias. En ese orden de ideas, los demandantes tenían la carga de
argumentar que en este caso la omisión objeto de censura implicaba el
incumplimiento de un deber constitucional del Congreso. Sin embargo, es
evidente que no manifestaron por qué razón el mandato de proteger a la familia
limitaba la libertad de configuración del Legislador en materia patrimonial y,
en esa medida, el cargo por omisión legislativa relativa no podía prosperar.
En ese orden de ideas, considero que
el análisis de aptitud adoptado por la mayoría de la Sala Plena, desconoce que,
si en aplicación del principio pro actione se interpretaba el cargo como
una omisión legislativa relativa, éste no era apto por carecer de suficiencia.
6.
En
segundo lugar, en relación con el fondo del asunto, estimo que contrario a lo
que sostuvo la mayoría de la Sala Plena, el Legislador no tiene la obligación
constitucional de incluir otro tipo de familias como beneficiarias del
patrimonio de familia.
De conformidad con el artículo 42 Superior, el Legislador tiene a
su cargo la regulación del patrimonio de familia inalienable e inembargable. Así pues, la expedición de las normas relacionadas con el patrimonio de
familia y su inembargabilidad e inalienabilidad, son proferidas por el Congreso
de la República en ejercicio de su función de hacer las leyes.
En ese orden de ideas, de acuerdo con
la cláusula general de competencia asignada al Congreso de la República en los
numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Constitución Política, el Legislador
cuenta con un amplio margen de configuración para regular los asuntos
patrimoniales.
Los
preceptos demandados en esta oportunidad establecen los tipos de familia a
favor de las cuales se constituye el patrimonio de familia inembargable. Los
demandantes afirman que el Legislador tenía el deber de incluir a las
unipersonales y extensas como destinatarias de la norma. Sin embargo, considero
que la exclusión objeto de reproche no comporta el incumplimiento de un deber
constitucional porque responde a una razón objetiva y suficiente.
En
efecto, las unipersonales y extensas son formas de familia protegidas
constitucionalmente, que tienen características distintas a las otras formas de
familia también reconocidas por la Carta Política. No obstante, las
particularidades de las familias unipersonal y extensa comportan la dificultad
de probar su existencia, lo cual genera una carga desproporcionada para los acreedores.
Debe tenerse en cuenta que, tal y como lo establece el artículo
2488 del Código Civil, los bienes del deudor constituyen la prenda general de
los acreedores, por lo que la constitución del patrimonio de familia
inembargable es una excepción a este principio general. En consecuencia, la
dificultad en la prueba de la existencia de estos tipos de familia genera un
riesgo desproporcionado para los acreedores que justifica que el Legislador los
haya excluido de este beneficio.
En conclusión, considero que el constituyente garantizó al
Legislador un amplio margen de apreciación en la configuración de los efectos
patrimoniales de las personas y las familias, y la exclusión de las familias
unipersonal y extensa de la norma acusada obedece a una razón objetiva y
suficiente, que consiste en garantizar que el patrimonio del deudor sea prenda
general de sus acreedores.
De esta manera, expongo las razones que me llevan a
salvar el voto con respecto a las consideraciones y la decisión que se adoptó
en la sentencia C-107 de 2017.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Corte Constitucional, sentencia C-340 de 2014 (M.P. María
Victoria Calle Correa. SV. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle
Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[2] La Corte ha utilizado la metodología de
la integración normativa en innumerables ocasiones. Para efectos de este
análisis se utiliza la síntesis expresada en la sentencia C-104 de 2016 (M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto
Vargas Silva).
[3] “La certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace
referencia a que los cargos se dirijan contra una proposición normativa
efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta,
inferida por el demandante,  implícita o que hace parte de normas que no fueron
objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de
inconstitucionalidad cuestione un contenido legal verificable a partir de la
interpretación del texto acusado.” Corte Constitucional, sentencia C-1052
de 2001 y C-370 de 2006.
[4] Diario Oficial número 21706, de 5 de junio de 1931La cita es
tomada de la sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María
Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
y Jorge Iván Palacio Palacio), fundamento jurídico 2.2.3.
[5] Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María
Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
y Jorge Iván Palacio Palacio), fundamento jurídico 2.1.1.
[6] Ibídem.
[7] La Corte concluyó que esta limitación en el valor del inmueble
objeto del patrimonio de familia no se oponía a la Constitución y
específicamente no incorporaba un tratamiento discriminatorio injustificado
respecto de las familias que habitan inmuebles de un valor mayor. Al respecto
se señaló que “surge del derecho comparado y de su regulación
en Colombia, desde el momento mismo en que fue creada esa institución, el bien
objeto de constitución del patrimonio de familia queda excluido del derecho de
los acreedores a su persecución judicial para obtener la satisfacción de
créditos insolutos. || Es decir, la prenda general del patrimonio del
deudor en beneficio de sus acreedores se ve disminuida, en cuanto el bien
objeto de patrimonio de familia no puede ser afectado con medidas cautelares de
embargo y secuestro ni sometido al remate para el pago de una acreencia, con lo
que se disminuye el alcance de la prenda general que en beneficio de los
acreedores establece el artículo 2488 del Código Civil. || Tampoco se
quebranta por este aspecto el derecho a la igualdad, como quiera que los
acreedores de quienes constituyen un patrimonio de familia sobre un bien cuyo
valor, al momento de establecerlo, no sea mayor de doscientos cincuenta (250)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedan en la misma situación, y a
todos se les permite ejercer los derechos auxiliares del crédito insatisfecho
cuando el bien tenga un valor que supere el monto ahí establecido. || Como
consecuencia de lo expuesto, no se encuentra que el aparte normativo acusado
como inconstitucional, sea violatorio de los artículos 5° y 42 de la Carta
Política, en cuanto en ellos se dispone una protección integral a la familia,
como quiera que simplemente se reguló un aspecto de carácter patrimonial en
general, sin que en esa norma constitucional se encuentre prohibida la
regulación por el Congreso, en ejercicio de su atribución legislativa, pues
esas normas constitucionales deben ser interpretadas en armonía con las
atribuciones que confiere al Congreso el artículo 150 superior para expedir las
leyes en todos los ramos de la legislación, como aquí se hizo, sin quebranto
del derecho a la igualdad (artículo 13) y sin que ello signifique  ningún
menoscabo al derecho de adquirir una vivienda digna, con sistemas adecuados de
financiación, conforme al artículo 51 de la Carta.”  Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-317 de
2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos
Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio).
[8] Corte Constitucional, sentencia C-722 de
2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. Unánime). Sobre el particular, este fallo
indicó: “En el presente caso, la medida prevista en la Ley 861
de 2003 busca proteger el patrimonio mínimo del grupo familiar, representado en
el inmueble que destinan para vivienda, como medida de protección, no solo de
la mujer cabeza de familia, sino, primordialmente, de los menores que dependen
de manera exclusiva de ella. En atención a esa específica finalidad de la
norma, no existe razón que justifique limitar ese amparo especial a los menores
que dependan de su madre, y no aplicarlo a aquellos que, en las mismas
circunstancias, dependan exclusivamente del padre. || Por las anteriores
consideraciones, la Corte declarará la exequibilidad condicionada de las
expresiones demandadas, en el entendido que el beneficio que se establece en la
Ley 861 de 2003 para los menores que dependan de la mujer cabeza de familia,
deberá igualmente otorgarse a los hijos menores dependientes del hombre que, de
hecho, se encuentre en la misma situación de la mujer cabeza de familia, en los
términos a que alude el artículo 2º de la Ley 82 de 1993.”
[9] Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
en la práctica sí opera un límite de cuantía, en tanto el artículo 90 de la Ley
1753 de 2015, actual plan nacional de desarrollo, dispone que el valor máximo
de una vivienda de interés social será de 135 salarios mininos mensuales
vigentes.
[10] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-029 de 2009 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. SPV. Jaime
Araújo Rentería, Nilson Pinilla Pinilla. AV Jaime Araújo Rentería). Sobre la
materia, la sentencia expuso que “.    Las normas acusadas se inscriben en
al ámbito de la protección especial que la Constitución ha dispuesto para la
familia. Se trata de una medida positiva de protección, que responde a un
imperativo constitucional para cuyo desarrollo existe amplia libertad de
configuración de legislador. Los demandantes no ponen en entredicho que esa
protección se brinde a la familia, ni los cargos presentados se orientan a
cuestionar el concepto de familia como tal. || Sin embargo, dado que, de
manera expresa, el legislador ha señalado que las previsiones sobre patrimonio
de familia inembargable o afectación a vivienda familiar se aplican a los
compañeros permanentes, cabe señalar que las mismas tienen, también, un
fundamento en el valor social que tienen los vínculos de solidaridad y afecto
creados por las parejas. || En ese contexto las previsiones legales atienden a
la necesidad de proteger un patrimonio o la vivienda de quienes han decidido
realizar un proyecto de vida en común en calidad de pareja, sin que la Corte
aprecie que exista una razón para justificar, en este aspecto, una diferencia
de trato entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo que se
hayan acogido al régimen patrimonial de la unión marital de hecho, en los
términos de la Ley 54 de 1990.”
[11] “Como puede advertirse, la afectación a vivienda familiar es
una institución que también desarrolla la protección que el constituyente
concibió para la familia y que se concentra sobre el bien inmueble que utiliza
como morada.  No obstante, a diferencia del patrimonio de familia, que se
orienta a proteger la casa de habitación para ponerla a salvo de las
pretensiones económicas de terceros, la afectación a vivienda familiar tiene
por finalidad proteger al cónyuge no propietario y a sus hijos de los actos de
disposición del cónyuge propietario. || El legislador tuvo en cuenta que
la venta o constitución de gravámenes sobre la casa de habitación por parte del
cónyuge o compañero propietario, era una práctica que frecuentemente dejaba
desamparado al cónyuge no propietario y a sus hijos pues por desavenencias
familiares, aquél luego se desentendía del deber que le asistía de procurar
para éstos un lugar de habitación.  Por ello tomó la decisión de condicionar la
enajenación del bien inmueble del cónyuge propietario y la constitución de
gravámenes o derechos reales sobre él al consentimiento libre de los cónyuges o
compañeros expresado con su firma.  Con esta exigencia la ley evita que el
cónyuge o compañero no propietario y sus hijos se vean sorprendidos por los
actos de disposición del otro cónyuge, actos que no conoció y a los que no tuvo
la oportunidad de oponerse.” Corte Constitucional, sentencia C-560 de 2002
(M.P. Jaime Córdoba Triviño. Unánime). Fundamento jurídico 5.
[12]Corte Constitucional, sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla. SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio), fundamento jurídico 2.3.
[13] Ibídem. [la cita refiere a la sentencia C-271 de 2003]
[14] Cfr. Sentencia C-660 de 2000.
[15] Corte Constitucional, sentencia C-577 de
2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV Juan Carlos Henao Pérez, María
Victoria Calle Correa, Gabriel Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y
Luis Ernesto Vargas Silva.  SV. María Victoria Calle Correa).
[16] Corte Constitucional, sentencia T-233 de
2015 (M.P. Mauricio González Cuervo. Unánime).
[17] Cfr. Sentencia C-875 de 2005.
[18] Corte Constitucional, sentencia C-577 de
2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV Juan Carlos Henao Pérez, María
Victoria Calle Correa, Gabriel Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y
Luis Ernesto Vargas Silva.  SV. María Victoria Calle Correa).
[19]             Cfr. Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 21 (13º período de
sesiones, 1994). La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares,
párr. 13 (“La forma y el concepto de familia varían de un Estado a otro y hasta
de una región a otra en un mismo Estado. Cualquiera que sea la forma que adopte
y cualesquiera que sean el ordenamiento jurídico, la religión, las costumbres o
la tradición en el país, el tratamiento de la mujer en la familia tanto ante la
ley como en privado debe conformarse con los principios de igualdad y justicia
para todas las personas, como lo exige el artículo 2 de la Convención”); Comité
de los Derechos del Niño, Observación General No. 7. Realización
de los derechos del niño en la primera infancia, supra nota,
párrs. 15 y 19 (“El Comité reconoce que ‘familia’ aquí se refiere a una
variedad de estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cuidado y el
desarrollo de los niños pequeños y que incluyen a la familia nuclear, la
familia ampliada y otras modalidades tradicionales y modernas de base
comunitaria, siempre que sean acordes con los derechos y el interés superior
del niño. […] El Comité observa que en la práctica los modelos familiares son
variables y cambiantes en muchas regiones, al igual que la disponibilidad de
redes no estructuradas de apoyo a los padres, y existe una tendencia global
hacia una mayor diversidad en el tamaño de la familia, las funciones parentales
y las estructuras para la crianza de los niños”); Comité de Derechos Humanos,
Observación General No. 19 (39º período de sesiones, 1990). La familia
(artículo 23), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.), párr. 2 (“El Comité observa que el
concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y
aun entre regiones dentro de un mismo Estado, de manera que no es posible dar
una definición uniforme del concepto”), y Naciones Unidas, Comité de Derechos
Humanos, Observación General No. 16 (32º período de sesiones, 1988). Derecho a
la intimidad (artículo 17), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.), párr. 5 (“En cuanto al
término ‘familia’, los objetivos del Pacto exigen que, a los efectos del
artículo 17, se lo interprete como un criterio amplio que incluya a todas las
personas que componen la familia, tal como se entienda ésta en la sociedad del
Estado Parte de que se trate”).
[20]             T.E.D.H., Caso
Schalk y Kopf, supra, párr. 91 (“the notion of
family […] is not confined to marriage-based relationships and may encompass
other de facto “family” ties where the parties are living together out of
wedlock. A child born out of such a relationship is ipso jure part of that
“family” unit from the moment and by the very fact of his birth. Thus there
exists between the child and his parents a bond amounting to family life. The
Court further recalls that the mutual enjoyment by parent and child of each
other's company constitutes a fundamental element of family life, even if the relationship
between the parents has broken down, and domestic measures hindering such
enjoyment amount to an interference with the right protected by Article 8 of
the Convention”), citando T.E.D.H., Caso Elsholz, supra nota
párr. 43; Caso Keegan, supra nota,
párr. 44, y Caso Johnston y otros Vs. Irlanda, (No. 9697/82), Sentencia
de 18 de diciembre de 1986, párr. 56; ver también T.E.D.H., Caso Alim
Vs. Rusia (No. 39417/07), Sentencia de 27 de septiembre de 2011, párr. 70; Caso
Berrehab Vs. Países Bajos, (No. 10730/84), Sentencia de 21 de junio de
1988, párr. 21, y Caso L. Vs. Países Bajos, (No. 45582/99),
Sentencia de 1 de junio de 2004. Final, 1 de septiembre de 2004, párr. 36.
[21]             T.E.D.H., Caso X, Y y Z Vs. Reino Unido, (No.
21830/93), Sentencia de 22 de abril de 1997, párr. 36
(“When deciding whether a relationship can be said to amount to ‘family life’,
a number of factors may be relevant, including whether the couple live
together, the length of their relationship and whether they have demonstrated
their commitment to each other by having children together or by any other
means”). Cfr. T.E.D.H., Caso Marckx Vs. Bélgica, (No. 6833/74), Sentencia de
13 de junio de 1979, párr. 31; Caso Keegan, supra nota ¡Error! Marcador no definido., párr. 44, y Caso Kroon y
otros, supra nota, párr. 30.
[22]             T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra
nota, párr. 92 (“the Court's case-law has only accepted that
the emotional and sexual relationship of a same-sex couple constitutes ‘private
life’ but has not found that it constitutes ‘family life’, even where a
long-term relationship of cohabiting partners was at stake”).
[23]             T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra
nota, párr. 94 (“a cohabiting same-sex couple living in a
stable de facto partnership, falls within the notion of ‘family life’, just as
the relationship of a different-sex couple in the same situation would”) y Caso
P.B. y J.S. Vs. Austria, (No. 18984/02), Sentencia de 22 de julio de 2010. Final. 22 de
octubre de 2010, párr. 30.
[24]             T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra
nota, párr. 94 (“the Court considers it artificial to maintain
the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couple cannot
enjoy “family life” for the purposes of Article 8”)y Caso P.B. y J.S., supra
nota 23, párr. 30.
[25]             Declaración de la
señora Karen Atala Riffo rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia
pública del presente caso.
[26]             Declaración de Emma de Ramón de 4 de agosto de 2011
(expediente de fondo, tomo II, folio 762).
[27] Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs.
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie
C No. 239. Párr. 172 a 177.
[28] Corte Constitucional, sentencia T-588 de
2009, citada en la decisión T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Unánime).  Sobre este mismo particular pueden también consultarse los fallos T-1502
de 2000 y T-1199 de 2001.
[29] Esta posición es reforzada por otras
decisiones, en las que la Corte hace manifiesto el criterio material como
dirimente para la identificación de grupos familiares.  Así, “se
tiene que las relaciones humanas conllevan la imperiosa necesidad de adaptar la
legislación y el derecho a la realidad, toda vez que en materia de familia, los
vínculos entre sus miembros se han extendido más allá de los meramente
jurídicos o existentes por consanguinidad, para dar paso a un concepto más
amplio que comprende las relaciones de afecto, convivencia, solidaridad,
respeto y apoyo mutuo, situaciones de facto que dan lugar al reconocimiento de
derechos y la imposición de deberes.” Corte Constitucional, sentencia T-354
de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime).
[30] Cfr. Sentencia T-049 de 1999.
[31] Cfr. Sentencia T-572 de 2009.
[32] Corte Constitucional, sentencia C-577 de 2011
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV Juan Carlos Henao Pérez, María
Victoria Calle Correa, Gabriel Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y
Luis Ernesto Vargas Silva.  SV. María Victoria Calle Correa).
[33] Ministerio de Salud y Protección Social & Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015.  Resumen
Ejecutivo, página 12.  Disponible en http://profamilia.org.co/docs/Libro%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf  Documento consultado el 18 de enero de 2017.
[34] El análisis jurisprudencial sobre la
materia es tomado de la recapitulación hecha recientemente por la Corte en la
sentencia T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime).
[35] Corte Constitucional, sentencia T-495 de 1997 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz. Unánime).
[36] Corte Constitucional, sentencia T-586 de
1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime.)
[37] Corte Constitucional, sentencia T-606 de
2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos. AV. Luis Ernesto Vargas Silva)
[38] Sentencia T-292 de 2004. En esta ocasión, la Corte estudió el
caso de una pareja a la que le fue entregada una menor por parte de su madre
biológica ante su incapacidad de cuidarla. No obstante, transcurridos unos
meses, la madre natural reclamó a su hija e intentó que el ICBF le asignara su
custodia. Por lo anterior, la pareja que cuidó de la menor como si fuesen sus
padres, instauró acción de tutela solicitando la protección de su derecho y de
la menor a tener una familia, bajo el argumento de que los vínculos familiares
no surgen únicamente por consanguinidad. La Corte falló a favor de la pareja y
ordenó al ICBF iniciar los trámites para que la pareja adoptara a la menor.
[39] Corte Constitucional, sentencia T-070 de
2015 (M.P. María Victoria Sáchica Méndez. AV. Luis Ernesto Vargas Silva).
[40] Corte Constitucional, sentencia T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. Unánime).
[41] Corte Constitucional, sentencia C-936 de
2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett. SV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba
Triviño y Clara Inés Vargas Hernández).
[42] La Corte ya ha avanzado sobre este punto en la sentencia T-163 de
2003.
[43] En sentencia C-560 de 2002 la Corte consideró una de las
modalidades de la vivienda familiar y su protección.
[44] SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro
Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Gloria Stella Ortiz Delgado
[45] Aunque el artículo 5º de la Ley 70 de
1931 no fue objeto de demanda, la Sala encontró la necesidad de integrarlo al
estudio por considerar que el contenido normativo del artículo 4º cuestionado
se encontraba reproducido en aquel, y, en consecuencia, era preciso evitar una
discordancia entre el régimen aplicable a la constitución del patrimonio
familiar, de un lado, y el de sus beneficiarios, del otro.
[46] “que autoriza la constitución de
patrimonios de familia no embargables”
[47] El aumento de hogares unipersonales es
evidente. Basta con analizar las estadísticas que al respecto se han publicado
por el DANE.
[48] Al respecto, se afirmó: “la protección
integral de la familia, entonces, pasa obligatoriamente por la salvaguardada
del entorno físico y de los ingresos económicos que sirven de soporte para el
ejercicio delos derechos constitucionales. Esta conclusión es clara incluso
desde mucho antes de la expedición de la actual Carta Política”
[49] En la sentencia  C-431 de 2004 (MP Marcos Gerardo Monroy Cabra;
SVP Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil, Alfredo Beltrán Sierra y Clara
Inés Vargas Hernández); C-350 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa. SV
Gabriel Eduardo Mendoza Marcelo), entre otras.
7 MP Jorge Arango Mejía y SV Eduardo
Cifuentes Muñoz, Fabio Morón Díaz, Alejandro Martínez Caballero y Carlos
Gaviria Díaz.
8 Artículo
13 de la ley 153 de 1887:” la costumbre, siendo general y conforme con la moral
cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva”.
[53] Las familias desempeñan funciones esenciales como la
socialización y el cuidado, estas son primordiales para el acceso de las
personas al bienestar en un sentido amplio. Así lo señala John DEWEY  en su libro
“Democracia y educación: una
introducción a la filosofía de la educación 1916”.
[54] Sentencia C-427 de 2000; M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.