C-303-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-303/12
(Abril 25 de
2012)
ACUERDO
SOBRE ZONA DE REGIMEN FRONTERIZO PARA LOCALIDADES DE TABATINGA-BRASIL Y
LETICIA-COLOMBIA-Se ajusta a la Constitución Política, tanto en su aspecto
formal como en su contenido material
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS PUBLICOS Y DE LAS
LEYES QUE LOS APRUEBAN-Características
El control de
constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban,
presenta las siguientes características: “(i) previo al perfeccionamiento del
tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción
gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el
Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días
siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la
Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y
el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza
de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE ACUERDO SOBRE ZONA DE REGIMEN FRONTERIZO PARA LOCALIDADES
DE TABATINGA-BRASIL Y LETICIA-COLOMBIA-Proceso de formación en cuanto a la
validez de la representación y competencia en la suscripción del Convenio
ACUERDO
SOBRE ZONA DE REGIMEN FRONTERIZO PARA LOCALIDADES DE TABATINGA-BRASIL Y
LETICIA-COLOMBIA-Control de constitucionalidad sobre el trámite legislativo
REGIMEN CONSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES-Contenido
MANDATO CONSTITUCIONAL DE INTEGRACION LATINOAMERICANA Y DEL
CARIBE-Significado/MANDATO
CONSTITUCIONAL DE INTEGRACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE-Jurisprudencia
constitucional
REGULACION EN MATERIA DE ZONAS DE FRONTERA-Importancia
La Corte ha destacado en diversas oportunidades la
relevancia constitucional de las zonas de frontera. La importancia del régimen
que se establezca para tales zonas obedece a que, en su desarrollo, se
encuentran comprometidos intereses constitucionales destacados entre los que
están el mandato de integración latinoamericana, el desarrollo de las entidades
territoriales y de su autonomía así como la promoción de procesos de
intercambio social, cultural o económico. La referida importancia puede encontrarse
reflejada en al menos tres disposiciones de la Constitución: (i) el artículo
289 prevé que por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en
zonas de frontera pueden adelantar directamente con las entidades territoriales
limítrofes del otro país y que se encuentren en el mismo nivel, programas de
cooperación e integración a efectos de fomentar el desarrollo comunitario, la
prestación de servicios públicos y la preservación del medio ambiente; (ii) el numeral
2 del artículo 300 establece que le corresponde a las asambleas departamentales
expedir las disposiciones relacionadas, entre otras cosas, con las zonas de
frontera; (iii) el artículo 337 prevé que la ley podrá establecer para las
zonas de frontera regímenes especiales en materia económica y social que se
orienten a promover el desarrollo de las mismas. La Corte Constitucional ha
indicado que la profundización de las relaciones en zonas de frontera guarda
correspondencia con el ideal integracionista que inspira las relaciones
internacionales según el texto de la Constitución.
ZONAS DE
FRONTERA-Alcance de la competencia del legislador para su regulación
Las
competencias asignadas al legislador en esta materia son abiertas, en la medida
en que la Constitución no las somete expresamente a condicionamientos
específicos, de manera que las soluciones que se adopten y el acierto o bondad
de las mismas depende en alto grado del examen y ponderación de la problemática
que presenten las mencionadas regiones y de la respuesta política que a través
de las respectivas normas puede asumir el legislador bajo cierta
discrecionalidad. Tratándose del desarrollo de un cometido estatal, claramente
definido en la Constitución, existe una amplia libertad de configuración de la
normatividad jurídica que sirve de instrumento para su concreción, con base en
las evaluaciones políticas que el legislador haga y según las apreciaciones de
la realidad económica, social y cultural de las zonas de frontera. La
discrecionalidad del legislador, por consiguiente, sólo se encontraría limitada
por las prohibiciones o condicionamientos a los cuales la Constitución podría
someter su acción en esta materia, v.gr., en las circunstancias que tienen que
ver con la protección de la soberanía nacional, el reconocimiento de la
intervención de los distintos órganos públicos en el diseño, manejo y control
de las atribuciones que se les otorguen a dichas regiones, las limitaciones
presupuestales y financieras de la Nación, el manejo de las relaciones
internacionales y de la política económica etc.
ZONAS DE
FRONTERA-Marco constitucional y legal
ACUERDO
SOBRE ZONA DE REGIMEN FRONTERIZO PARA LAS LOCALIDADES DE TABATINGA-BRASIL Y
LETICIA-COLOMBIA-Contenido
ACUERDO
SOBRE ZONA DE REGIMEN FRONTERIZO PARA LAS LOCALIDADES DE TABATINGA-BRASIL Y
LETICIA-COLOMBIA-Su estructuración constituye una manifestación expresa del
propósito constitucional de promover la integración latinoamericana/ACUERDO
SOBRE ZONA DE REGIMEN FRONTERIZO PARA LAS LOCALIDADES DE TABATINGA-BRASIL Y
LETICIA-COLOMBIA-Constituye una forma de profundización de intercambio
comercial
INTEGRACION
LATINOAMERICANA-Jurisprudencia constitucional
ACUERDO
SOBRE ZONA DE REGIMEN FRONTERIZO PARA LAS LOCALIDADES DE TABATINGA-BRASIL Y
LETICIA-COLOMBIA-Competencias específicas del legislador íntimamente
relacionadas
En la
aprobación del Acuerdo examinado concurren tres competencias específicas del
legislador íntimamente relacionadas. La competencia relativa a la intervención
en el diseño de las relaciones internacionales promoviendo la integración
latinoamericana, la habilitación para intervenir en la economía a efectos de
promover mercados más eficientes y, finalmente, la facultad de establecer
reglas especiales para las zonas de frontera.
ACUERDO
SOBRE ZONA DE REGIMEN FRONTERIZO PARA LAS LOCALIDADES DE TABATINGA-BRASIL Y
LETICIA-COLOMBIA-Limitaciones aplicables al régimen especial de frontera
ACUERDO
SOBRE ZONA DE REGIMEN FRONTERIZO PARA LAS LOCALIDADES DE TABATINGA-BRASIL Y
LETICIA-COLOMBIA-Aplicación de los principios de soberanía, reciprocidad,
equidad y conveniencia nacional
ACUERDO
SOBRE ZONA DE REGIMEN FRONTERIZO PARA LAS LOCALIDADES DE TABATINGA-BRASIL Y
LETICIA-COLOMBIA-Establecimiento de penalidades por parte de autoridades
aduaneras admite interpretaciones distintas/AUTORIDADES ADUANERAS-Incompetencia
para crear o establecer faltas o sanciones
Una interpretación inicial consistiría en señalar que la disposición
establece una habilitación para que las autoridades aduaneras ­colombianas -que
según el artículo 1 del decreto 2685 de 1999 están constituidas por los
funcionarios públicos o dependencias oficiales que en virtud de la Ley y en
ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el
cumplimiento de las normas aduaneras- fijen, previo acuerdo con las autoridades
de Brasil, las sanciones especiales aplicables a quienes desconozcan el régimen
previsto en el acuerdo. Tal interpretación resultaría contraría a la
Constitución si se considera que el principio de legalidad, aún con sus
variantes especiales en materia aduanera en virtud de la distribución de
competencias que se deriva del literal c), numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución (leyes marco), prohíbe que los funcionarios a los que alude el
artículo 1 del decreto 2685 de 1999 se ocupen de establecer sanciones o de
fijar las faltas que las originen. Ahora bien, una segunda interpretación del
referido artículo 4 indica, de conformidad con el propósito general del acuerdo
de ampliar los canales de comercialización entre Leticia y Tabatinga ofreciendo
certidumbre sobre los requisitos aplicables al intercambio de mercancías, que
la habilitación para establecer las penalidades se limita única y
exclusivamente a la posibilidad de identificar el régimen que -en cada uno de
los países y según el ordenamiento legal o reglamentario aprobado por las
autoridades competentes- sería aplicable a la infracción del régimen
establecido para la Zona. No se trataría de una habilitación para la creación
de nuevas faltas o sanciones aduaneras sino de la identificación de aquellas ya
existentes en cada ordenamiento y que resultarían aplicables en la Zona de
Frontera. Esta interpretación encontraría también apoyo en la función que en
Colombia, según el Decreto 2685 de 1999, se asigna a las autoridades aduaneras
y que consiste en exigir o controlar el cumplimiento de las normas
correspondientes y no, en crearlas. En opinión de la Corte, la interpretación
indicada permite hacer compatible el texto del acuerdo con las exigencias
constitucionales derivadas del debido proceso y del principio de legalidad.
Además tal interpretación  no afecta el objetivo central del acuerdo que
consiste en promover la integración comercial en una Zona de Frontera.  Así las
cosas, el Presidente de la República al momento de manifestar su consentimiento
internacional para obligar al Estado Colombiano por el presente Acuerdo deberá
formular una declaración interpretativa, en el sentido de advertir que el
artículo cuarto (4) constituye una habilitación que se limita única y
exclusivamente a la posibilidad de identificar el régimen que sería aplicable a
la infracción del régimen establecido para la Zona, en cada uno de los países y
según el ordenamiento legal o reglamentario aprobado por las autoridades
competentes. En consecuencia el artículo 4 no habilita a las autoridades
aduaneras colombianas  a crear o establecer faltas o sanciones.
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1463 del 29 de junio de 20011“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre los Gobiernos de la
República de Colombia y de la República Federativa de Brasil para el
establecimiento de la zona de régimen Especial Fronterizo para las localidades
de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia)”, firmado en Bogotá, D.C., a los 19
días del mes de septiembre de 2008”.
Referencia: expediente LAT 376
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
I. ANTECEDENTES
1. Texto normativo
Se transcribe el texto completo de la Ley aprobatoria del
Acuerdo, tal como se encuentra publicada en el Diario Oficial 48.116 de
fecha 30 de junio de 2011:
LEY
1463 DE 2011
(Junio
29)
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de
Colombia y de la República Federativa de Brasil para el establecimiento de la
Zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil)
y Leticia (Colombia)”, firmado en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de
septiembre de 2008.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto
el texto del “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la
República Federativa de Brasil para el establecimiento de la Zona de Régimen
Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia
(Colombia)”, firmado en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de septiembre
de 2008.
(Para
ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel del texto íntegro de los Instrumentos
Internacionales mencionados).
PROYECTO DE LEY NÚMERO 196 DE
2009 SENADO
por medio de la cual se
aprueba el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la
República Federativa de Brasil para el establecimiento de la Zona de Régimen
Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia
(Colombia)”, firmado en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes de septiembre
del 2008.
El Congreso de la República
Visto el texto
del “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la República
Federativa de Brasil para el establecimiento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo
para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia)”,
firmado en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de septiembre de 2008.
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto original en
castellano del Acuerdo, certificada por la Coordinadora del Área de Tratados de
la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual
consta de seis (6) folios, documento que reposa en los Archivos de la Oficina
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS
Honorables
Senadores y Representantes:
En nombre del
Gobierno Nacional, y en cumplimiento de los artículos 150  numeral 16, 189
numeral 2, y 224 de la Constitución Política de Colombia, presentamos al
honorable Congreso de la República el Proyecto de ley, por medio de la cual
se aprueba el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la
República Federativa de Brasil para el Establecimiento de la zona de Régimen
Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia
(Colombia)”, firmado en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de septiembre
del 2008.
1. Integración
Leticia-Tabatinga
Las ciudades
de Leticia y Tabatinga conforman prácticamente una sola ciudad con una
aglomeración urbana de aproximadamente 78 mil habitantes. Ambas ciudades se
localizan a la margen izquierda del río Amazonas y existe un libre tránsito de
bienes y personas a pesar del límite internacional que jurídicamente las
separa.
Tanto Leticia
como Tabatinga son los principales centros de localización de las actividades
económicas, los mayores centros de población y los centros proveedores de
servicios de sus respectivas regiones nacionales.
Las
actividades económicas se basan primordialmente en la pesca artesanal y en las
actividades de comercio. Esta última se da en mayor escala en Leticia donde
existe un número considerable de establecimientos comerciales. Otras
actividades económicas importantes giran en torno a la presencia militar en
ambas ciudades, a las actividades de turismo y la prestación de servicios,
particularmente de transporte.
Dado el límite
internacional de estas dos ciudades, existen dos aeropuertos, dos puertos sobre
el río Amazonas, dos plantas de generación de energía y dos sistemas para el
tratamiento y potabilización de aguas.
2.
Antecedentes
La Comisión de
Vecindad Colombo-Brasileña se constituyó y se reglamentó mediante el Decreto
711 del 16 de abril de 1993, en desarrollo de las recomendaciones formuladas
por los Mandatarios de ambos países en la Declaración Presidencial del 3 de
septiembre de 1991, que tiene como objetivo desarrollar proyectos de
cooperación y desarrollo conjunto, así como dinamizar en materia económica y
fronteriza en las siguientes áreas: transporte e infraestructura, medio
ambiente y desarrollo, integración física y desarrollo social.
Actualmente, la
Comisión de Vecindad Colombo-Brasilera está conformada por la subcomisión de
integración y desarrollo fronterizo, la subcomisión de asuntos económicos y
comerciales, y el grupo de trabajo de medio ambiente.
En marco de la
IX Reunión de la Comisión de Vecindad, realizada el 5 y 6 de octubre de 2006 en
Bogotá, se acordó que a nivel de Gobiernos se trabajara el tema de la
integración comercial entre Leticia-Tabatinga. Adicionalmente, se acordó la
conformación de un grupo de trabajo técnico que brindara recomendaciones de
cómo avanzar en esta integración regional.
En desarrollo
del I Consultorio Empresarial realizado en Leticia el 30 y 31 de enero de 2008
organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se identificaron
los principales obstáculos para el desarrollo regional y para mejorar la
competitividad de Leticia. En la mesa de comercio exterior y aduanas, en
materia de convenios bilaterales con los países vecinos, se identificó como
problemática regional que:
“Colombia y
Brasil han suscrito varios tratados bilaterales y multilaterales, en los cuales
los dos Estados han manifestado su voluntad de darle prioridad a los intereses
de sus poblaciones fronterizas amazónicas, sin embargo, después de décadas de
su vigencia, las entidades de los dos Estados, bajo el imperio de sus
correspondientes nacionalismo y celo institucional se han empeñado en hacer
prevalecer sus correspondientes legislaciones nacionales en detrimento de los
intereses regionales de esta área fronteriza compartida, generando
incertidumbre y malestar entre sus pobladores”.
Dentro de este
consultorio empresarial se acordó que el Ministerio de Relaciones Exteriores
estudiaría de manera concertada con los sectores regionales el Proyecto de
Acuerdo Bilateral para la Integración y Desarrollo de las Municipalidades de
Leticia y Tabatinga, presentado por la Cámara de Comercio del Amazonas a la
Cancillería Colombiana, en cumplimiento a lo dispuesto en la X Reunión de la
Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Brasilera, celebrada el 12 de
noviembre de 2007 en la ciudad de Sao Paulo (Brasil) y, adelantaría las
gestiones pertinentes para conseguir la suscripción de este Acuerdo por parte
de los dos Estados.
En el marco de
la visita oficial del Presidente de Brasil, señor Luiz Inacio Lula da Silva, el
19 de julio de 2008, los Presidentes dieron un nuevo impulso a este tema, dando
un plazo de 30 días para concluir las negociaciones y suscribir el Acuerdo.
Luego de dos
reuniones con las autoridades brasileras para negociar las condiciones del
Acuerdo, en el marco de la XI reunión de la Comisión de Vecindad
Colombo-Brasileña realizada el 19 de septiembre de 2008 se suscribió el Acuerdo
entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la República Federativa
del Brasil para el Establecimiento de la zona de Régimen Especial Fronterizo
para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia).
3. Intereses
de Colombia en la Negociación
La normativa
colombiana mediante el Decreto 2685 de 1999 en el Título XIII establece las
condiciones para la Zona del Régimen Aduanero Especial de Leticia, el cual
indica que para las mercancías que se importen por Leticia, Puerto Nariño y
Tarapacá para uso y consumo en la zona, se encuentran exentas del pago de
tributos aduaneros, requisitos y licencias de importación. Para aquellas
operaciones que superen los $1.000 dólares americanos, deberán presentar una
declaración de importación simplificada.
En este
sentido, Colombia permite el ingreso de mercancías para uso y consumo en la
región solo con la nota fiscal o declaración simplificadas y las mercancías se
encuentran libres del pago de tributos aduaneros y del pago de IVA. Dado que
los productos comprados en Leticia no cuentan con las mismas condiciones para
el ingreso a Tabatinga, se hacía necesario homologar los requisitos que se
tienen en la zona.
Adicionalmente,
las entidades de control aplican las normativas nacionales, las cuales pueden
generar dificultades al comercio fronterizo dado la especificidad de la zona,
por lo cual se buscaba alcanzar el reconocimiento mutuo entre las entidades de
control.
4. Condiciones
negociadas
El Acuerdo
entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la República Federativa
del Brasil para el Establecimiento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo
entre las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia) se suscribió
el 19 de septiembre de 2008. Este Acuerdo tiene como objeto el desarrollo de la
región fronteriza y facilitar el comercio fronterizo de estas dos localidades.
Este régimen
aplica para las mercancías que se consumen o comercializan en estas localidades
libres de tributos, registro, licencia, autorización o certificación, salvo aquellas
dispuestas por normatividad interna.
Para las
mercancías destinadas a la comercialización, son beneficiarios de este régimen
las personas habilitadas para realizar las operaciones comerciales de acuerdo a
lo estipulado para tal fin en la legislación interna y deben estar establecidas
en las localidades de Leticia y Tabatinga.
Para estas
mercancías se aplicará un comercio libre de registros, licencias, visados,
certificaciones o autorizaciones, salvo aquellas que por la normativa interna
aplica a todo el territorio nacional. El despacho aduanero será simplificado.
Solo se requerirá la factura comercial, la cual deberá ser acordada entre las
Partes para facilitar el control y la fiscalización aduanera.
Para el pago
de los tributos exigibles de acuerdo con la legislación interna, que no se
encuentran exentos al amparo del presente régimen, se deberá presentar una
declaración aduanera consolidada mensual.
Adicionalmente,
se acordó que para facilitar el comercio en la zona, se buscará el
reconocimiento mutuo de certificaciones de las entidades de control en la zona,
a las que haya lugar la operación comercial.
En cuanto a
mercancías para el consumo en la zona, son beneficiarias del régimen las
personas domiciliadas en las localidades fronterizas y las mercancías deben ser
destinadas al uso y consumo familiar compatibles a sus necesidades y las cuales
no revelen por su tipo, volumen o cantidad, un destino comercial. Para el
ingreso al resto del territorio nacional se deben aplicar las disposiciones
contenidas en la normatividad interna de cada Parte.
El ingreso y
salida de las mercancías no están sujetos a la presentación de ningún documento
salvo la factura comercial o nota fiscal.
Para todo el
régimen se contempló que las mercancías bajo su amparo están libres en el caso
de Colombia de todos los tributos aduaneros y en el caso de Brasil, de los
tributos federales incidentes en las operaciones de comercio exterior.
Por las
anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de
Relaciones Exteriores y del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, solicita
al Honorable Congreso de la República, aprobar el “Acuerdo entre los
Gobiernos de la República de Colombia y de la República Federativa de Brasil
para el establecimiento de la zona de Régimen Especial Fronterizo para las
Localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia)”, firmado en Bogotá,
D. C., a los 19 días del mes de septiembre del 2008.
De los honorables congresistas,
El Ministro de Relaciones
Exteriores,
Jaime Bermúdez Merizalde.
El Ministro de Comercio,
Industria y Turismo,
Luis Guillermo Plata Páez
LEY 424 DE 1998
(enero 13)
por la cual
se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por
Colombia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1o.
El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las
Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de
los primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se
inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están
cumpliendo y desarrollando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por
Colombia con otros Estados.
Artículo 2o.
Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Tratados
Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos,
trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y
este, a las Comisiones Segundas.
Artículo 3o.
El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada
uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores
presente a consideración del Congreso.
Artículo 4o.
La presente ley rige a partir de su promulgación.
El Presidente
del honorable Senado de la República.
Amílkar
Acosta Medina.
El Secretario
General del honorable Senado de la República,
Pedro
Pumarejo Vega.
El Presidente
de la honorable Cámara de Representantes,
Carlos
Ardila Ballesteros.
El Secretario
General de la honorable Cámara de Representantes,
Diego Vivas
Tafur.
REPÚBLICA DE
COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y
ejecútese.
Dada en Santa
Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998.
ERNESTO SAMPER
PIZANO
La Ministra de
Relaciones Exteriores,
María Emma
Mejía Vélez.
ACUERDO ENTRE
LOS GOBIERNOS LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA DE RÉGIMEN ESPECIAL FRONTERIZO PARA LAS
LOCALIDADES DE TABATINGA (BRASIL) Y LETICIA (COLOMBIA)
El Gobierno de
la República de Colombia
y
El Gobierno de
la República Federativa de Brasil,
Considerando
el compromiso con el desarrollo de la región fronteriza y la conveniencia del
establecimiento de un régimen especial de facilitación del comercio fronterizo
para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia),
DECIDEN:
Adoptar
régimen especial de comercio para las referidas localidades, a seguir descrito.
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES
GENERALES.
ARTÍCULO 1o.
1. El Régimen
especial establecido por este Acuerdo se aplica al comercio de mercancías entre
las localidades fronterizas de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia) para
consumo o comercialización exclusiva en la zona.
2. Las
localidades fronterizas a que se refiere el párrafo 1o corresponden a la
delimitación geográfica del área urbana, de cada una de las localidades, tal
como consta en la normatividad interna de cada una de las Partes.
CAPÍTULO
II.
DISPOSICIONES
APLICABLES AL COMERCIO.
ARTÍCULO 2o.
Serán
beneficiarios del régimen de Facilitación Comercial Fronteriza establecido en
este capítulo las personas habilitadas para realizar operaciones comerciales
conforme a la legislación interna de cada Parte y regularmente establecidas en
las localidades de frontera mencionadas en el artículo 1o, que actúen en el
comercio, registradas por la Administración Aduanera con jurisdicción sobre la
localidad del establecimiento, en la forma establecida por ella.
ARTÍCULO 3o.
Las
operaciones comerciales realizadas por las personas en la forma prevista en el
artículo 2o gozarán del régimen simplificado, consistente en:
a) Dispensa de
registro o licencia y de cualquier otro visado, autorización o certificación,
salvo la aplicación de la normatividad sanitaria, fitosanitaria, zoosanitaria y
ambiental vigente. Dichas operaciones comerciales no estarán exentas de la
inspección de las autoridades de control, cuando se consideren necesarias.
b) Despacho
aduanero simplificado en la importación y exportación, realizado con base
apenas en la factura comercial o nota fiscal, siempre que sea posible emitida
por medio electrónico, cuyo contenido deberá ser acordado entre las partes
firmantes, para facilitar el control y la fiscalización aduanera.
c)
Presentación de declaración aduanera consolidada y pago de eventuales tributos
y otros derechos recurrentes de la importación o de la exportación en bases
mensuales, reuniendo todas las facturas o notas fiscales de la empresa, en el
periodo, y demás elementos necesarios a la determinación de los tributos
exigibles de acuerdo con la legislación de cada Parte;
d) Exención de
la presentación del certificado de origen correspondiente a los tratamientos
preferenciales acordados en el marco de los tratados comerciales.
e) La
declaración aduanera a que se refiere el literal “c” deberá ser presentada por
el importador o por el exportador habilitado, hasta el quinto día del siguiente
mes al de la realización de la operación, comprendiendo las operaciones de
importación o de exportación realizadas al amparo del Régimen en el mes inmediatamente
anterior.
f) De acuerdo
con lo establecido en la legislación interna de cada Parte, ningún pago de
tributo, derecho aduanero u otros gastos incurrirlos, podrá ser exigido antes
de la fecha prevista en el literal “e”.
ARTÍCULO 4o.
1. Las
autoridades aduaneras de ambas partes, de común acuerdo, establecerán las
penalidades para las personas que infrinjan las condiciones y requisitos del
presente régimen, sin perjuicio a la aplicación de otras sanciones previstas en
la legislación de cada parte firmante, en un plazo no mayor a tres (3) meses de
su entrada en vigor.
ARTÍCULO 5o.
1. Las Partes
se comprometen a buscar la armonización de las condiciones y requisitos
formales y el procedimiento para el registro en el Régimen, el contenido de
información y otras providencias para garantizar la implementación del mismo,
en un plazo no mayor a tres (3) meses de su entrada en vigor.
2. Las
administraciones aduaneras de las partes firmantes podrán disponer entre sí
información sobre los registrados en el Régimen, así como intercambiar
información estadística y de inteligencia fiscal de las operaciones realizadas
en el ámbito del presente Acuerdo.
CAPÍTULO
III.
DISPOSICIONES
APLICABLES AL CONSUMO.
ARTÍCULO 6o.
Serán
beneficiarios del Régimen establecido en este capítulo las personas
domiciliadas en las localidades fronterizas, tal como están definidas en el
artículo 1o.
ARTÍCULO 7o.
Para la
introducción de mercancías de la zona al resto del territorio nacional, se
deberán aplicar las disposiciones contenidas en la normativa nacional vigente
de cada Parte.
ARTÍCULO 8o.
El Régimen
mencionado en el artículo 6o se aplica a los artículos para uso y consumo
familiar de los domiciliados en las localidades fronterizas a que se refiere
este Acuerdo, compatibles con sus necesidades y desde que no revelen, por su
tipo, volumen o cantidad, destino comercial.
ARTÍCULO 9o.
El ingreso y
salida de mercancías o productos de que trata este capítulo no estarán sujetos
a registro o declaración de importación o de exportación, debiendo estar
acompañados de factura comercial o nota fiscal, emitida siempre que sea posible
por medio electrónico, y suministrada por el establecimiento comercial
regularmente establecido y localizado en una de las localidades fronterizas a
que se refiere el presente Acuerdo.
ARTÍCULO 10.
Las personas
que infrinjan las condiciones del presente capítulo estarán sujetas a la
aplicación de las penalidades previstas en la legislación de cada Parte.
CAPÍTULO
IV.
DE LA
TRIBUTACIÓN.
ARTÍCULO 11.
La mercancía
comercializada al amparo del Régimen estará exenta de pago:
a) en el caso
de Brasil, de los tributos federales incidentes en las operaciones de comercio
exterior; y
b) en el caso
de Colombia, de los tributos aduaneros.
CAPÍTULO V.
DISPOSICIONES
FINALES.
ARTÍCULO 12.
El ingreso y salida
de mercancías que necesitan de autorización de otros órganos intervinientes en
las operaciones de comercio exterior deberá ser instruido con la anuencia de
estos, la cual podrá ser efectuada en la propia factura comercial.
ARTÍCULO 13.
El Régimen
establecido en este Acuerdo no se aplica a la mercancía o especie de fauna y
flora cuya importación o exportación sea prohibida o controlada conforme a
legislación nacional, de cada una de las Partes.
ARTÍCULO 14.
Los bienes
comercializados al amparo de este Régimen que fueren encontrados fuera de las
localidades fronterizas definidas en el artículo 1o, estarán sujetos al
tratamiento o las penalidades previstas en la legislación nacional de cada
Parte.
ARTÍCULO 15.
La mercancía
amparada por el presente Acuerdo podrá ser enviada a otras localidades de las
Partes firmantes para reparo y/o manutención, conforme sus normas
reglamentarias.
ARTÍCULO 16.
Las Partes
establecerán de común acuerdo, las mercancías que no serán admisibles al amparo
del presente Régimen, en el plazo establecido en el artículo 5o.
ARTÍCULO 17.
El Régimen
establecido en este Acuerdo deberá ser reevaluado periódicamente, conforme sea
acordado entre las partes firmantes, en un período no superior a dos (2) años,
en lo que se refiere a la adecuación a la realidad de las economías locales,
inclusive lo que respecta a la eventual introducción de límites de valor para
la utilización del procedimiento simplificado.
ARTÍCULO 18.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier
controversia relacionada a la interpretación o implementación de este Acuerdo
será resuelto por las partes contratantes por vía diplomática.
ARTÍCULO 19.
ENTRADA EN VIGENCIA.
El Acuerdo
entrará en vigencia 30 días a partir de la fecha de recepción de la segunda
nota diplomática por la cual una de las Partes informa a la otra el
cumplimiento de los requisitos internos para su entrada en vigencia.
Firmado en
Bogotá, a los 19 días del mes de septiembre del 2008, en dos originales,
redactados en portugués y español, siendo ambos textos igualmente idénticos.
Por la
República de Colombia
CAMILO REYES
RODRÍGUEZ,
Viceministro
de Relaciones Exteriores, encargado de las Funciones del Despacho del Ministro
de Relaciones Exteriores.
Por la
República Federativa de Brasil
SAMUEL
PINHEIRO GUIMARÃES,
Secretario
General de Relaciones Exteriores.
LA SUSCRITA
COORDINADORA DEL ÁREA DE TRATADOS DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES
CERTIFICA:
Que la
reproducción del texto que antecede es fotocopia fiel y completa del texto
original en castellano del “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de
Colombia y de la República Federativa de Brasil para el establecimiento de la
zona de régimen especial fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil)
y Leticia (Colombia)”, firmado en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de
septiembre del 2008, el cual consta de seis (6) folios, documento que reposa en
los archivos de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Dada en
Bogotá, D. C., a veintisiete (27) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009).
Margarita
Eliana Manjarrez Herrera.
Coordinadora
Área de Tratados
Oficina
Asesora Jurídica,
RAMA EJECUTIVA
DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C.,
14 de septiembre de 2009
Aprobado. Sométase
a consideración del Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
El Ministro de
Relaciones Exteriores
(Fdo.) Jaime
Bermúdez Merizalde.
DECRETA:
ARTÍCULO
PRIMERO. Apruébase el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de
Colombia y de la República Federativa de Brasil para el establecimiento de la
Zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil)
y Leticia (Colombia)”, firmado en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de
septiembre de 2008.
ARTÍCULO
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de
1944, el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la
República Federativa de Brasil para el establecimiento de la Zona de Régimen
Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia
(Colombia)”, firmado en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de septiembre
de 2008, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del
mismo.
Artículo 3o.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en
Bogotá, D. C., a los
Presentado al
honorable Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores y
el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.
El Ministro de
Relaciones Exteriores,
Jaime
Bermúdez Merizalde.
El Ministro de
Comercio, Industria y Turismo,
Luis
Guillermo Plata Páez.
RAMA EJECUTIVA
DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C.,
14 de septiembre de 2009
Aprobado.
Sométase a consideración del Congreso de la República para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
El Ministro de
Relaciones Exteriores
(Fdo.) Jaime
Bermúdez Merizalde.
DECRETA:
Artículo 1o.
Apruébase el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la
República Federativa de Brasil para el establecimiento de la Zona de Régimen
Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia
(Colombia)”, firmado en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de septiembre
de 2008.
Artículo 2o.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo
entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la República Federativa de
Brasil para el establecimiento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo para
las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia)”, firmado en
Bogotá, D. C., a los 19 días del mes de septiembre de 2008, que por el artículo
primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente
del honorable Senado de la República,
ARMANDO
BENEDETTI VILLANEDA.
El Secretario
General del honorable Senado de la República,
EMILIO RAMÓN
OTERO DAJUD.
El Presidente
de la honorable Cámara de Representantes,
CARLOS ALBERTO
ZULUAGA DÍAZ.
El Secretario
General de la honorable Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO
RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPÚBLICA DE
COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y
cúmplase.
Ejecútese, previa
revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en
Bogotá, D. C., a 29 de junio de 2011.
JUAN MANUEL
SANTOS CALDERÓN
La Ministra de
Relaciones Exteriores,
MARÍA ÁNGELA
HOLGUÍN CUÉLLAR.
El Ministro de
Comercio, Industria y Turismo,
SERGIO
DIAZGRANADOS GUIDA.
2. Intervenciones
2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores
Actuando a
través del Director de Asuntos Jurídicos Internacionales, el Ministerio de
Relaciones Exteriores presenta escrito que contiene las razones que, en su
opinión, justifican la declaratoria de constitucionalidad de la ley 1463 de
2011.
Luego de referirse
al contenido del Acuerdo y de destacar que su objetivo consiste en desarrollar
la región fronteriza y facilitar el comercio entre Tabatinga y Leticia, se
ocupa de examinar la constitucionalidad del trámite de suscripción y aprobación
del acuerdo.
Inicia
recordando que Leticia y Tabatinga se ubican en la rivera del rio Amazonas
conformando una aglomeración urbana de aproximadamente 78.000 habitantes. A
pesar del límite internacional que los divide jurídicamente opera entre tales
centros urbanos el libre tránsito de bienes y personas.
Advierte que
en el marco de la IX Reunión de la Comisión de Vecindad Colombo-Brasileña se
acordó la conformación de un grupo de trabajo que formularía recomendaciones a
fin de avanzar en la integración regional. Luego de diferentes reuniones y a
raíz de la visita oficial del presidente de la República Federativa de Brasil
se estableció un término de 30 días para concluir todas las negociaciones y
suscribir el acuerdo correspondiente.
El 19 de
septiembre de 2008 el Viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia,
encargado de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores y
el Secretario General de Relaciones Exteriores de Brasil suscribieron el
acuerdo para el establecimiento de la zona de régimen especial fronterizo para
las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia).
El día 14 de
septiembre de 2009 fue impartida la Aprobación Ejecutiva por parte del
presidente de la República con el propósito de someter el acuerdo suscrito a
consideración del Congreso de la República. Con fundamento en ello y por
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores fue presentado el proyecto de
ley 169/09(Senado) y 164/10(Cámara) acompañando la correspondiente exposición
de motivos suscrita por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de
Comercio, Industria y Turismo. Así las cosas y previo cumplimiento de los
debates correspondientes el Congreso aprobó la ley 1463 de 2011 procediéndose a
la sanción presidencial y a su publicación en el Diario Oficial No. 48.116 de
fecha 30 de junio de 2011.
Conforme a
lo expuesto concluye señalando que el acuerdo satisfizo los requisitos formales
previstos para su suscripción y aprobación legislativa. Adicionalmente consulta
los principios y postulados que gobiernan al Estado colombiano y su política
exterior.
2. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
En escrito
radicado en la Secretaría General de esta Corporación el día 31 de octubre de
2011, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo expone las razones por las
cuales considera que la Corte debe declarar la exequibilidad del Acuerdo y de
su Ley aprobatoria.
Señala que
en lo referido al procedimiento de aprobación se cumplieron los trámites
constitucionalmente exigidos. En su opinión se surtieron las etapas
contempladas para este tipo de acuerdos. Advierte, citando jurisprudencia de
esta Corporación, que las medidas que se incorporan en el acuerdo no requerían
ser sometidas al trámite de consulta previa dado que no afectaban directamente
a comunidades étnicas.
Al respecto
indica que los compromisos asumidos en el Acuerdo objeto de análisis, (…)
no son obligaciones que involucren derechos de los grupos étnicos. De
esta manera lo que busca el gobierno colombiano mediante este Acuerdo es
facilitar el comercio fronterizo de las dos localidades, a través de reglas
transparentes, claras y previsibles.
Más
adelante, presentando su conclusión en relación con este aspecto indicó:
“En
conclusión, los tratados internacionales que no incluyan compromisos
específicos que afecten directamente a los grupos étnicos y cuyas disposiciones
han sido expedidas de manera uniforme para la generalidad de los colombianos,
no deben ser consultados. De la lectura del texto del Acuerdo que se analiza,
se puede constatar que el mismo no aborda temas que afectan a las minorías
étnicas, por lo cual, siguiendo los criterios jurisprudenciales de esa
Honorable Corporación, no era necesario someter la negociación de este Acuerdo
a consulta de los grupos étnicos.”[1]
Indica que
el Acuerdo celebrado cumple con los fines esenciales del Estado previstos en la
Constitución Política. En particular señala que la ampliación de los mercados
así como la creación de incentivos para la inversión extranjera se vinculan con
la promoción de la prosperidad general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población. Afirma que la suscripción del acuerdo cumple con las
finalidades constitucionales que se vinculan al desarrollo de relaciones
económicas y comerciales, ya que es un instrumento de integración económica
que responde a la dinámica mundial de celebrar esta clase de tratados a fin de
fortalecer los canales productivos y comerciales del país para mejorar su
oferta exportable.
El
Ministerio sostiene que la celebración del acuerdo es una expresión de la
soberanía nacional y del principio de autodeterminación de los pueblos. Sobre
este aspecto indica que el Estado manifestó su voluntad de crear
obligaciones reciprocas frente a otro Estado en ejercicio del poder soberano
que tiene de autodeterminarse y el texto del Tratado es resultado de un proceso
de negociación en el que ambos Estados, soberana y autónomamente, plantearon
unos puntos de partida en la negociación para llegar a acuerdos equitativos y
recíprocos que quedaron plasmados en el Acuerdo.
Posteriormente
se ocupa de examinar la constitucionalidad de cada uno de los capítulos del
acuerdo. Advierte que todos ellos son convenientes y, adicionalmente, que
resultan compatibles con las disposiciones constitucionales en materia de
integración latinoamericana, con los principios que rigen la administración
pública y con el margen de configuración que en materia aduanera se reconoce a
favor del Congreso por la Constitución[2].
3.2. Ministerio
del Interior
La Dirección
de consulta Previa, mediante comunicación de fecha 28 de septiembre de 2011, se
ocupa de exponer las razones por las cuales no resultaba exigible adelantar la
consulta previa. Según su intervención y luego de referirse a las disposiciones
aplicables y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia
señala que no era procedente la consulta previa considerando que las
comunidades indígenas de la zona no sufren afectación directa con el Acuerdo si
se considera que no tienen la costumbre de ejercer la actividad del comercio
como si ocurre, en forma mayoritaria, con los colonos mestizos de la zona.
Advierte
además que la principal actividad económica de las comunidades indígenas es la
agricultura que se caracteriza por su desarrollo en pequeños espacios rurales,
con prácticas tradicionales y con un volumen limitado siendo destinada tal
producción al consumo local. En esa misma dirección advierte que las
comunidades de la zona ejercen pesca fluvial artesanal no industrializada cuyos
volúmenes no son altos y es dedicada principalmente al abastecimiento de las
comunidades.
Concluye
señalando que al tratarse de una medida legislativa de carácter general que no
compromete los intereses directos de comunidades étnicas minoritarias, no
resultaba necesario adelantar el proceso de consulta previa.
2.4. Secretaria
Jurídica de la Presidencia de la República
Mediante
comunicación de fecha 28 de julio de 2011 la Secretaria Jurídica de la
Presidencia de la República indica que frente a las comunidades indígenas
ubicadas en la zona de influencia del Acuerdo celebrado no se adelantaron
procesos de información, concertación, reunión, diálogo o consulta,  considerando
que tal Acuerdo no contiene disposiciones que afecten en forma directa y
exclusiva a las comunidades indígenas allí asentadas dado que se limita a
establecer un régimen especial de comercio de mercancías que se aplicará, de
manera general a todos los habitantes de la zona. A fin de fundamentar su
conclusión cita la sentencia C-030 de 2008 en la que la Corte destacó que la
consulta sólo procedía frente a aquellas medidas que pudieren afectar de manera
directa a las comunidades.
3.
Concepto del Procurador General de la Nación
En concepto 5269 de fecha 23 de noviembre de 2011, el
Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional que se
declare la exequibilidad del Acuerdo suscrito y de la ley 1463 de 2001 a través de la cual se surtió su aprobación.
Luego de enunciar el trámite dado al Acuerdo y de referirse
a cada una de las etapas surtidas en el Congreso de la República, el Procurador
concluye que no se evidencia vicio alguno que pueda afectar la validez
constitucional de los actos objeto de examen.
Ahora bien, al emprender el análisis material del acuerdo
el concepto del Ministerio Público afirma que los 19 artículos del Acuerdo
representan la buena voluntad de ambas partes de propiciar el desarrollo de la
región fronteriza y de profundizar su relación de integración en materia
comercial.
Señala que la celebración del acuerdo no exigía la
realización de consulta previa dado que, según advierte, el acuerdo se aplicará
en la ciudad de Leticia no incluyendo los territorios aledaños en los que
pueden habitar comunidades indígenas. Adicionalmente, advierte el Procurador,
si bien en la ciudad de Leticia habitan indígenas, no se puede desconocer
que buena parte de los habitantes no lo son, sino que tienen otra
procedencia y, en todo caso, viven con arreglo a presupuestos propios de la
civilización occidental. Con apoyo en lo anterior y luego de referirse al
Convenio169 de la OIT y a diferentes decisiones de la Corte, concluye que el
acuerdo celebrado así como la ley no afectan de manera particular y especial a
grupos indígenas.
Finalmente sostiene que el acuerdo objeto de examen busca
fortalecer las relaciones comerciales y económicas. En esa medida, desarrolla
el fin de impulsar la prosperidad general constituyendo, además, una expresión
de lo ordenado por el Preámbulo y los artículos 9, 226 y 227 en materia de integración
latinoamericana.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Corporación es competente para adelantar el control de
constitucionalidad del presente Acuerdo, en cuanto tratado internacional, y de la
Ley 1463/11 aprobatoria del mismo (CP, art 241.10).
2. Cuestiones jurídico-constitucionales a resolver
2.1. El control de
constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban,
presenta las siguientes características[3]:
“(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación
del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser
enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte
Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental;
(iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos
formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo
el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una
condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi)
cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la
supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos
internacionales del Estado colombiano.”[4]
2.2. La Corte realizará el
control de constitucionalidad del presente tratado y su ley aprobatoria, de la
siguiente manera: (i) sobre el proceso de formación del instrumento
internacional, en cuanto a la validez de la representación del Estado
colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la
competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado; (ii)
respecto del trámite legislativo del correspondiente proyecto de ley en el
Congreso de la República; (iii) sobre el contenido material de las
disposiciones del tratado y la ley.
3. Proceso de negociación del instrumento internacional:
representación y competencia en la suscripción del Convenio
3.2.1. El control de constitucionalidad comprende la
verificación de las facultades del representante del Estado colombiano para
negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento
internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969.[5]
3.2.2. El
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación de fecha 2 de agosto
de 2011, indicó que el Viceministro de Relaciones Exteriores suscribió el día
19 de septiembre de 2008 el acuerdo finalmente aprobado a través de la ley 1463
de 2011. Adjunta copia del Decreto 3459 de fecha 12 de septiembre de 2008[6]
por medio del cual se encargó al Señor Viceministro, Dr. Camilo Reyes
Rodríguez, de las funciones del Despacho del Sr. Ministro de Relaciones
Exteriores[7]. Adicionalmente
destaca que el Presidente de la República impartió, el día 14 de septiembre de
2009, la aprobación ejecutiva[8]. En
efecto, la Coordinadora del Grupo Interno de trabajo de la Dirección de Asuntos
Jurídicos Internacionales aporta copia de la decisión, suscrita por el
Presidente de la República y el Ministro de relaciones Exteriores, de someter
el acuerdo celebrado a consideración del Congreso de la República.
3.2.3
Atendiendo las consideraciones anteriores es claro que ninguna objeción puede
formularse respecto del proceso de aprobación inicial del Acuerdo dado que, de
una parte, quien actuó en representación del Estado Colombiano lo hizo en
ejercicio de funciones de Ministro de Relaciones Exteriores –según lo establece
el literal a) del numeral 2 del artículo 7 de la Convención de Viena y, en todo
caso, se surtió la aprobación ejecutiva reconocida como una forma de
cumplimiento de lo ordenado por el numeral 2 del artículo 189 de la
Constitución.
4. El proceso de formación del proyecto de ley en el
Congreso de la República.[9]
4.1. El proyecto de ley
4.1.1. Iniciativa y radicación.
El Proyecto de Ley 196 de 2009 (Senado) fue presentado el 17 de
noviembre de 2009, conforme lo establecen el inciso final del artículo 154 de la
Constitución y  el artículo 143 de la ley 5 de 1992, ante la Secretaría del Senado
de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime
Bermúdez Merizalde y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luís
Guillermo Plata Páez[10].
4.1.2. Publicación del texto y la exposición de
motivos.
El texto original del proyecto de ley junto con la respectiva
exposición de motivos, fueron publicados en la Gaceta del Congreso de la
República No. 1174 de fecha 19 de noviembre de 2009 (Pág. 1-5)[11]
conforme se establece en el numeral 1 del artículo 157 de la Constitución y el
artículo 144 de la ley 5 de 1992.
4.2.
Trámite en el Senado de la República
4.2.1. Primer debate en Senado
4.2.1.1. Publicación de la ponencia.
La ponencia
correspondió al Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 139 de fecha 21 de abril de 2010 (Pág. 15-20)[12].
En esta ponencia se propone aprobar en primer debate el proyecto de ley sin
modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional y sin
modificaciones, reservas, enmiendas u observaciones al texto del Acuerdo
firmado entre Colombia y Brasil. En la referida Gaceta se pública el texto
definitivo del proyecto de ley.
4.2.1.2.
Anuncio para votación en primer debate.
El anuncio
de discusión y votación del Proyecto de Ley 196 de 2009 Senado, fue llevado a
efecto en la sesión del miércoles 2 de junio de 2010 de la Comisión
Segunda Constitucional Permanente. Se indica lo siguiente en la Gaceta 473 de
fecha 30 de julio de 2010 (Págs. 4-6):
“El señor
Secretario da lectura al anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión.
Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley por instrucciones del
Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (…)
(…)
Proyecto
de ley número 196 de 2009 Senado”
(…)
Esos son los
proyectos de ley que quedan anunciados para la próxima sesión de Comisión señor
Presidente.
(…)
El señor
Presidente Manuel Enríquez Rosero:
Agradece a la
Comisión, entonces citamos para el próximo martes a las 9:30 a.m. en la
Comisión Segunda, para continuar con los proyectos de ley. (…) se levanta la
sesión y se convoca para el próximo martes con los proyectos que ya fueron
anunciados al inició de la sesión”[13]
4.2.1.3.
Aprobación para primer debate (quórum y mayoría).
El día martes 8 de junio de 2010,
la Comisión Segunda del Senado realizó el debate y votación del proyecto, según
consta en la Gaceta del Congreso No. 473 de fecha 30 de julio de 2010 – que
contiene el acta No. 30 del 8 de junio de 2010. Según consta
en el acta, el informe de ponencia fue aprobado con 8 votos a favor y
ninguno en contra, de un total de 13 que, según el artículo 2 de la ley 3
de 1992 conforman la Comisión Segunda del Senado. El Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado de la República, en constancia de fecha julio 29 de
2011[14], certifica
que el proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el 8 de junio de 2010
conforme a las exigencias previstas en el acto legislativo No. 01 de 2009.
4.2.2. Segundo debate:
4.2.2.1. Término entre comisión y
plenaria.
Habiendo sido aprobado el
proyecto en primer debate el 8 de junio de 2010 y abierto a segundo debate el
22 de noviembre de 2010, se cumple con el requisito constitucional de un mínimo
de ocho días entre la actuación parlamentaria de la Comisión y la de su
plenaria (CP, art 160).
4.2.2.2. Publicación del texto
Aprobado y de la ponencia.
El texto
aprobado en primer debate correspondiente al proyecto de ley 169 de 2009
Senado, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 939 (págs. 15 y 16) de
fecha 22 de noviembre de 2010[15].
La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por la
senadora Alexandra Moreno Piraquive y publicada en la Gaceta del Congreso No.
939 (págs. 7-16) del 22 de noviembre de 2010, proponiendo su aprobación en
segundo debate sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno
Nacional y sin modificaciones, reservas, enmiendas u observancia al texto del
Acuerdo Firmado entre Colombia y Brasil[16].
4.2.2.3. Anuncio para votación en segundo debate.
El proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 14 de
diciembre de 2010 según consta en el acta 33 publicada, a su vez, en la Gaceta
No. 78 (págs. 207-209 y 224) del 10 de marzo de 2011. Se indica:
“Por instrucciones de la Presidencia y, de
conformidad con el Acto legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los
proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Señor Presidente, los siguientes son los
proyectos para la sesión del día de mañana:
(…)
Proyectos con ponencia
para Segundo Debate
(…)
Proyecto de ley número 196 de 2009 Senado,
por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre los Gobiernos de la República
de Colombia y de la República Federativa del Brasil, para el establecimiento de
la zona de Régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga
(Brasil) y Leticia (Colombia), firmado en Bogotá, D. C., a los 19 días del mes
de septiembre de 2008.
(…)
Siendo las 8:30 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca
para el día miércoles 15 de diciembre de 2010, a las 9:00 a. m.”[17]
4.2.2.4. Aprobación en segundo debate.
El Secretario General del Senado de la República certifica lo
siguiente:
“(…) La Discusión y Aprobación de la Ponencia para Segundo Debate se
encuentra publicada en la Gaceta del Congreso número 80 del viernes 11 de marzo
de 2011 páginas 57-58 que contiene la publicación del Acta número 34 de la
Sesión Ordinaria del día miércoles 15 de diciembre de 2010, fecha en la cual
se votó el proyecto. La Votación Nominal fue de un total de 52 votos
emitidos así: Por el SI 52 Votos afirmativos, cero (0) votos negativos, no hubo
abstenciones ni constancias.”[18]
De la discusión y aprobación del proyecto de ley 196 Senado existe constancia
en el Acta 34 de la sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2010 publicada en la
Gaceta No 80 (Págs. 57-58) del 11 de marzo de 2011[19].
Allí aparece que se sometió a votación la proposición positiva con la que
terminaba el informe de ponencia, se realizó la votación nominal y fue aprobada
de manera unánime por un total de 52 senadores.
4.3. Trámite en la
Cámara de Representantes
4.3.1. Primer debate
4.3.1.1. Término entre Senado y Cámara de Representantes.
De conformidad con lo exigido en el
inciso primero del artículo 160 de la Constitución entre la aprobación del
proyecto en el Senado de la República (15 de diciembre de 2010) y la iniciación
del debate en la Cámara de Representantes (26 de abril de 2011)  transcurrieron
no menos de 15 días.
4.3.1.2. Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
El texto
aprobado en segundo debate en el Senado (Sesión Plenaria) correspondiente al
proyecto de ley 196 de 2009 Senado, fue publicado en la Gaceta del Congreso
No. 1.119 (pág. 34) de fecha 22 de diciembre de 2010[20].
Se señala allí que el texto publicado fue aprobado en plenaria de senado el día
15 de diciembre de 2010 sin modificaciones.
La ponencia para el primer debate ante la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara, correspondió al representante Víctor
Hugo Moreno Bandeira y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 109 (Págs.
9-16) de fecha 22 de marzo de 2011[21].
En la ponencia presentada se propone aprobar en primer debate el proyecto de
ley sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional y sin
modificaciones, reservas, enmiendas u observancia al texto del Acuerdo firmado
entre Colombia y Brasil.
4.3.1.3. Anuncio de votación.
El Proyecto
fue anunciado el 5 de abril de 2011 tal como consta en el Acta 32 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 278 (Pág. 44) de 2011[22].
El anuncio previo exigido en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 fue
formulado en los siguientes términos:
“Hace el uso de la palabra el Presidente de la
Comisión, doctor Albeiro Vanegas Osorio:
Solamente para decir Representantes que se
anuncian los siguientes proyectos de ley, a efectos de que no quede duda en el
seno de la comisión.
Dice la secretaría que hay que decir que de
acuerdo con el artículo 8° del Acto legislativo número 1 de 2003, se anuncian
los proyectos de ley.
Proyecto de ley número 164 de 2010 Cámara,
196 de 2009, por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre los gobiernos de la
República de Colombia y la República Federativa del Brasil para el
establecimiento de las zonas al régimen especial fronterizo para las
localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia).
(…)
Para la próxima
sesión que haya aprobación de proyectos de ley.
Nos vemos el próximo
martes de la semana entrante 10 de la mañana.”
4.3.1.4. Aprobación del proyecto.
El día 26 de
abril de 2011, la Comisión Segunda del Senado realizó el debate y votación del
proyecto según consta en la Gaceta del Congreso No. 279 de fecha 17 de mayo de
2011 (págs. 14-18) – que contiene el acta No. 33 del 26 de abril de 2011-. Al
ser sometida a votación la proposición con la que terminaba el informe de
ponencia y luego de repetir la votación se obtuvo como resultado 10 votos por
el sí y un voto negativo, de un total de 19 que, según el artículo 2 de la ley
3 de 1992 conforman la Comisión Segunda de la Cámara. Al preguntarle a la
Comisión si aprobaba el articulado del proyecto y ante la solicitud de uno de
los representantes de llevar a efecto la votación nominal se obtuvo el voto
positivo de 10 senadores y 1 voto negativo. Posteriormente se sometió a
votación el título del proyecto y la propuesta de que el mismo pasara al
segundo debate obteniéndose idéntico resultado[23].
El día 26 de abril de 2011 fue sometido
a discusión y votación el proyecto de ley. El anuncio de tal discusión y
votación fue formulado el día 5 abril de 2011 indicando que ello ocurriría en
la próxima sesión que hubiera aprobación de proyectos de ley y, en todo caso,
se citaba a la comisión para el siguiente martes a las 10:00 a.m. Considerando
las observaciones que puede suscitar este anuncio si se considera que la
aprobación no se llevó a cabo “el siguiente martes”, cabe reiterar lo
señalado por la Corte al examinar el mismo asunto en la sentencia C-051 de
2012. En esa oportunidad, al adelantar el control de constitucionalidad de la
ley 1457 de 2011, destacó:
“En primer
lugar, el anuncio de la votación en el tercer debate, surtido en la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes, a pesar de plantear algunas
complejidades, en todo caso se ajusta a los preceptos constitucionales. Durante
la sesión del 5 de abril de 2011 la iniciativa fue anunciada a partir de dos
criterios, a saber, (i) para una fecha determinada, a través de la
expresión “… el próximo martes de la semana entrante…” lo que
correspondería al día 12 de abril de 2011; (ii) para una fecha
determinable, mediante la formulación según la cual el anuncio era efectuado “Para
la próxima sesión que haya aprobación de proyectos de ley.”
Como se
indicó en apartado anterior, la aprobación de la iniciativa en tercer debate
tuvo lugar el 26 de abril de 2011, fecha que fue la de la siguiente reunión de la
Comisión Segunda de la Cámara. El consecutivo de las actas así lo demuestra, lo
cual sirve de prueba para acreditar que se estaba ante la “siguiente sesión”
a la que se hizo referencia en la reunión del 5 de abril de 2011, fecha en todo
caso “determinable”. En suma, frente al caso analizado, no existe duda
que la votación del Proyecto de Ley tuvo lugar en la “siguiente sesión”
a aquella en que se realizó el anuncio.[24]
4.3.2.
Segundo debate
4.3.2.1. Término entre comisión y plenaria.
Conforme lo exige el artículo 160 de la
Constitución transcurrió un plazo de no menos de 8 días entre el debate surtido
en la Comisión Segunda de la Cámara (26 de abril de 2011) y el adelantado en la
Plenaria de dicha Corporación (31 de mayo de 2011).
4.3.2.2. Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
El texto
aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes correspondiente al
proyecto de ley 196 de 2009 Senado y 164 de 2010 Cámara, fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 269 (págs. 7 y 8) de fecha 17 de mayo de 2011[25].
La ponencia para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara de
Representantes fue presentada por el Representante Víctor Hugo Moreno Bandeira
y publicada en la Gaceta del Congreso No. 269 (Págs. 1-7) de fecha 17 de mayo
de 2011[26]. El
informe de ponencia concluía indicando que se proponía a la Plenaria de la
Cámara de Representantes la aprobación en segundo debate del proyecto de ley
sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional y sin
modificaciones, reservas, enmiendas u observancias al texto del Acuerdo firmado
entre Colombia y Brasil.
4.3.2.3. Anuncio para votación en Plenaria.
El Proyecto
fue anunciado el día 30 de mayo de 2011 tal como consta en el Acta 66 de
tal sesión, publicada en la Gaceta del Congreso No. 669 de fecha 8 de
septiembre de 2011 (Pág. 63-64). En la Gaceta se indica:
“(…) Proyectos para segundo debate.
Se anuncian
los siguientes proyectos para la Sesión Plenaria del día 31 de mayo de 2011 o
para la siguiente Sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos o actos
legislativos.
(…)
Proyecto de ley números 164 de 2010 Cámara, 196 de 2009 Senado,
(…) por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo entre los
Gobiernos de la República de Colombia y de la República Federativa del Brasil¿,
para el establecimiento de la zona de Régimen Especial Fronterizo para las
localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia), firmado en Bogotá, D.
C., a los 19 días del mes de septiembre de 2008.
(…) Sí, Presidente, se han anunciado los proyectos de ley
para la sesión de mañana 31 de mayo o para la siguiente sesión plenaria en la
cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos”[27]
4.3.2.4. Aprobación.
El proyecto de ley fue debatido y
aprobado el 31 de mayo de 2011, según consta en el Acta 67 de tal sesión,
publicada en la Gaceta del Congreso 670 de fecha 8 de septiembre de 2011(págs.
26-30). Según la certificación remitida por el Secretario General de la Cámara
de Representantes a la sesión del día 31 de mayo se hicieron presentes 155
representantes. La ponencia para segundo debate, el articulado y el título del
proyecto fueron aprobados con las mayorías que exige la Constitución y la ley. Allí
se señala la ponencia para segundo debate fue aprobada de manera nominal con un
total de 90 votos. Se señala en la certificación que 4 representantes votaron
negativamente al paso que un total de 71 no votaron. Encontrándose presentes,
según la certificación presentada 155 representantes a la Cámara,  votaron
positivamente la ponencia para el segundo debate noventa (90) de ellos al paso
que cuatro (4) lo hicieron negativamente. Por su parte el articulado, el titulo
del proyecto y la pregunta referida a si querían los representantes que el
proyecto se convirtiera en ley de la República obtuvieron un total de ochenta y
siete (87) votos por el sí y un total de 5 por el no. Conforme a lo anterior se
habrían cumplido las reglas relativas al quorum decisorio y a la mayoría
decisoria previstas en la ley 5 de 1992.
4.4. Sanción Presidencial y envío a la Corte
Constitucional
4.4.1. Sanción.
El texto
definitivo del Proyecto de Ley 196 de 2009 Senado y 164 de 2010 Cámara fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 434 de  fecha 15 de junio de 2011
(Págs. 8-11)[28]. El día 29
de junio de 2011 el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del
Acuerdo objeto de examen. La Ley 1463 de 2011 fue publicada inicialmente en el
Diario Oficial No. 48116 de fecha 30 de junio de 2011
4.4.2. Remisión gubernamental oportuna.
Mediante comunicación de fecha 2 de
julio de 2011, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió
a la Corte Constitucional fotocopia debidamente autenticada de la ley No. 1463
de fecha 29 de junio de 2011 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo
entre los Gobiernos de la República de Colombia y de la República federativa de
Brasil para el establecimiento de la Zona de Régimen Especial Fronterizo para
las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia”, firmado en Bogotá
el día 19 de septiembre de 2008.” Conforme
lo establece el numeral 10 del artículo 241 la remisión se produjo en el plazo
establecido de seis días siguientes a la sanción de la ley.
4.5. Conclusión
La Corte Constitucional encuentra
cumplidos los requisitos de trámite del proyecto de ley aprobatorio del Acuerdo
en cuestión, así: (i) surtió los cuatro debates de aprobación con el quórum
exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las publicaciones del
proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los anuncios previos a
cada votación; (iv) cumplió los términos que deben entre las votaciones en
comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y Cámara de Representantes.
Por lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de
constitucionalidad en el trámite de este proyecto.
5. Examen de constitucionalidad material
En relación con el examen de
fondo, se trata de juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional
que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las
disposiciones superiores, para determinar si aquéllas se ajustan o no a la
Constitución Política. Con este propósito, (5.1) se  aludirá brevemente al
régimen constitucional en materia de relaciones internacionales destacando, de
manera particular, la orientación de la jurisprudencia constitucional en
relación con la integración latinoamericana. Una vez hecho esto (5.2) se
abordará brevemente a la regulación constitucional de las zonas de frontera.
Finalmente (5.3.) se ocupará de examinar la constitucionalidad del contenido
específico del Acuerdo.
5.1. El régimen constitucional de las relaciones internacionales
5.1.1. Las relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía
nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el Estado
(CP, artículos 150.16, 226 y 227). Adicionalmente se señala que la
internacionalización del país, así como la celebración de tratados
internacionales, debe edificarse sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional (artículos 226 y 227). Finalmente, el ámbito de
desarrollo de la integración internacional comprende las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas (artículo 226).
5.1.2. Desde el preámbulo, la Constitución refleja una inequívoca
orientación hacia la participación activa de Colombia en el escenario internacional
y, de manera particular, un énfasis en la integración de Colombia en la
comunidad latinoamericana y del Caribe. Este punto de partida se concreta (i)
en el segundo inciso del artículo 9 que establece que la política exterior de
Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe y (ii)
en el artículo 227 al establecer que el Estado promoverá la integración
económica, social y política de manera especial con los países de América
Latina y del Caribe, a tal punto que incluso autoriza la celebración de
tratados encaminados a la creación de organismos supranacionales para conformar
una comunidad latinoamericana de naciones.
5.1.3. El presente instrumento internacional es una “Convención
Interamericana”. En el escenario continental se dan cita las naciones
latinoamericanas y caribeñas, como también las naciones angloamericanas y
anglofrancoamericanas -al igual que en el Caribe- al lado de los pueblos de
raíz iberoamericana. Por ello, el ámbito hemisférico es un espacio privilegiado
para la profundización de las relaciones exteriores dirigidas a la integración
de Latinoamérica y el Caribe, a cuya consolidación concurre el sistema
interamericano.
5.1.4. Esta Corporación en diferentes oportunidades se ha referido al
significado del mandato constitucional de integración latinoamericana y del
caribe empleándolo como referente constitucional para evaluar la validez de
aquellos acuerdos o tratados celebrados por Estados ubicados en la región. Una
breve referencia a algunos de ellos es importante atendiendo la finalidad del Acuerdo
que en esta oportunidad es objeto de examen.
5.1.4.1. En la sentencia C-504 de 1992 en la que la Corte adelantó el
control de constitucionalidad del Convenio entre Colombia y Ecuador sobre
tránsito de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y
aeronaves, sostuvo lo siguiente:
“14. El
Convenio entre Colombia y Ecuador sobre tránsito de personas, vehículos
embarcaciones fluviales y marítimas y aeronaves, a juicio de la Corte
Constitucional, no sólo no desconoce ningún precepto constitucional sino que,
incluso, desarrolla y permite la expresión de los principios
jurídicos-internacionales trazados en la Carta Política.
En efecto, a
juicio de la Corte Constitucional, y como ya lo tiene establecido en su fallo
precitado, "ninguna de las mencionadas cláusulas vulnera las disposiciones
constitucionales y, por el contrario, ellas tienden al cumplimiento del
compromiso propuesto como finalidad del ordenamiento constitucional según lo
declara su Preámbulo: el impulso a la integración de la comunidad
latinoamericana, también consagrado por el artículo 9º de la Carta como una de
las metas hacia las cuales ha de orientarse la política exterior colombiana.
Ello coincide, además, con los mandatos de los artículos 226 y 227 de la
Constitución sobre promoción de las relaciones políticas, sociales y económicas
con los demás Estados y de la integración con los países de América Latina y el
Caribe, cuyo alcance puede llegar inclusive hasta la conformación de una
comunidad latinoamericana de naciones."
5.1.4.2. En
la sentencia C-070 de 1995, al adelantar el control de constitucionalidad del Acuerdo
para la creación del Mercado Común Cinematográfico Latinoamericano, advirtió
esta Corporación:
El articulado
del acuerdo no sólo no contiene preceptos contrarios a la Carta Política, sino
que se aviene a sus principios rectores y postulados normativos comprometidos
"a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana"
(preámbulo), y de acuerdo con los cuales "la política exterior de Colombia
se orientará hacía la integración latinoamericana y del Caribe" (art. 9o.
ibidem).
De suerte que
la conformación de un mercado de participaciones igualitarias, con topes
mínimos en dichas participaciones, resultando éstas garantizadas por el marco
de amparos nacionales por los países que participen con sus obras
cinematográficas en el mismo, está acorde con los procesos de integración
promovidos en la Constitución Política, especialmente los orientados a la
integración latinoamericana y del Caribe, como lo hace el acuerdo, mediante la
celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad,
lleguen incluso a "conformar una comunidad latinoamericana de
naciones" (art. 227 de la C.P.).”
5.1.4.3. En
la decisión C-088 de 1995 en la que la Corte examinó la Ley 147 de 1994
"por medio de la cual se aprueba el Convenio de Reconocimiento mutuo de
certificados, títulos y grados académicos de Educación primaria, Media y
Secundaria, entre el gobierno de la República de Colombia y la República de
Argentina” se dijo:
“Como puede apreciarse, es deber primordial del
Estado enfocar su política exterior hacía la integración política, económica y
social con los países de Latinoamérica, lo cual puede alcanzarse a través de
diversas formas: celebración de convenios y tratados bilaterales o
multilaterales, realización de reuniones, cumbres o conferencias con una agenda
especializada, intercambio de visitas oficiales por parte de funcionarios del
gobierno Nacional con los de otros países de América Latina, participación en
organismos supranacionales, etc.
El presente Convenio, al permitir el
reconocimiento mutuo de certificados y títulos académicos entre Estados como
Argentina y Colombia, se convierte, entonces, en uno de los instrumentos a
través del cual se cumple con el objetivo constitucional anteriormente citado.
Con todo, conviene agregar que el hecho de condicionar la aplicación del
instrumentos internacional en comento al régimen legal de cada uno de los
Estados contratantes, se respeta, para el caso de Colombia, su soberanía,
autonomía e independencia para regular, de conformidad con sus propios
intereses y objetivos, el derecho la promoción del conocimiento científico y
cultural y el ejercicio de determinadas actividades profesionales de interés
general.”
5.1.4.4. Posteriormente, en la sentencia C-331 de
1996 con ocasión del control de constitucionalidad de la Ley 216 de 1995
"Por medio de la cual se aprueba el convenio constitutivo de la asociación
de los estados del Caribe” sostuvo este Tribunal:
La
participación de Colombia en cualquier organismo internacional cuyo objeto
fundamental sea la integración, la concertación y cooperación entre países es
coherente con los postulados del artículo 226 de la Constitución, según el cual
la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas del Estado se hará sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional. Por otra parte, la conformación de una Asociación de
Estados del Caribe no sólo se ajusta a la Carta sino que, además, propicia y
fortalece su desarrollo. En efecto, el Preámbulo de la Carta establece que ésta
busca, entre otros propósitos, el impulso de "la integración de la
comunidad latinoamericana", lo cual es concretado por el último inciso
del artículo 9° -según el cual "la política exterior colombiana se
orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe"- y,
especialmente, por el artículo 227 de la Constitución, a cuyo tenor se tiene
que el Estado "promoverá la integración económica, social y política con
las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y del
Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad,
igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para
conformar una comunidad latinoamericana de naciones".
5.1.4.5. En una dirección semejante la sentencia C-581 de 2002, al
examinar la constitucionalidad de la ley 722 del 24
de diciembre de 2001“Por medio del cual se aprueba el Acuerdo del alcance
parcial de complementación económica No. 48 entre el Gobierno de la República
Argentina y los Gobiernos de las Repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela, Países miembros de la comunidad Andina”, indicó:
“El Acuerdo de
Alcance Parcial de Complementación Económica No. 48 que se examina, también
pretende afianzar las relaciones comerciales entre los países de la Comunidad
Andina signatarios del mismo con la República de Argentina, tomando como
referente normativo el Acuerdo Marco para la creación de una Zona de libre
Comercio entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR suscrito el 16 de abril de
1998.
En este
sentido, los propósitos enunciados en la parte inicial del Acuerdo bajo estudio
se avienen a la Carta, toda vez que la necesidad de fortalecer y profundizar el
proceso de integración latinoamericana y conformar áreas de libre comercio
sobre la base de acuerdos subregionales y bilaterales para que los países
avancen en su desarrollo económico y social, es perfectamente compatible con el
mandato del artículo 9° Superior según el cual “...la política exterior de
Colombia se orientará hacía la integración latinoamericana y del Caribe”.
El contenido
material del Acuerdo también se ajusta a la Ley Fundamental, toda vez que el
establecimiento de preferencias arancelarias y de disposiciones relativas a la
prohibición de imponer gravámenes o restricciones, régimen de origen, trato
nacional, valoración aduanera, medidas antidumping o compensatorias responde a
criterios de equidad, igualdad y reciprocidad en consonancia con lo dispuesto
en el artículo 227 Superior que le impone al Estado promover la integración
económica con América latina bajo esos mismos criterios.”
5.1.4.6. Por
su parte en la sentencia C-152 de 2005 al adelantar el control de
constitucionalidad de la Ley 883 del 4 de junio de
2004 Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de cooperación turística
entre el gobierno de la republica de Colombia y el gobierno de la republica de
Bolivia, esta Corporación sostuvo a  efectos de fundamentar su
constitucionalidad:
“Como se
desprende de los antecedentes y del texto de los artículos cuyo contenido se ha
sintetizado, el objetivo del Convenio sub examine es el de incrementar las
corrientes turísticas entre Colombia y Bolivia a través de una serie de medidas
adoptadas a través de los organismos oficiales de turismo de cada país en el
marco de su legislación interna.
En este
sentido el Convenio de Cooperación Turística sub examine busca propiciar y
apoyar esfuerzos de integración regional y subregional entre los dos países,
favoreciendo la participación conjunta y coordinada de los programas tendientes
a promover y estimular el desarrollo del turismo, fomentando la colaboración en
los aspectos relacionados con esta industria y propiciando que los avances en
este sector redunden en el mayor beneficio posible para los dos Estados.
Cabe destacar
que el Convenio sub examine se estructura a partir del respeto de la
Legislación y de las competencias de las autoridades responsables en cada país
firmante, por lo que atiende claramente los presupuestos
constitucionales que orientan la política exterior del Estado colombiano
referentes a la internacionalización de las relaciones políticas, económicas,
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional así como en el respeto de la soberanía nacional y el respeto a la
autodeterminación de los pueblos (art. 9 y 226 C.P.).
El Convenio, que se enmarca en la tendencia mundial
de establecer mercados más abiertos como consecuencia de los procesos de
internacionalización y globalización, atiende
igualmente no solo la obligación del Estado de promover la integración
económica, social y política con las demás naciones, sino especialmente la de
orientar la política exterior del Estado colombiano hacia la integración
Latinoamericana y del Caribe (arts. 9 y 227 C.P.).”
5.1.5. La revisión de las decisiones de esta Corporación en
esta materia[29] permite
constatar, en consecuencia, una indudable determinación de la jurisprudencia
constitucional consistente en admitir la validez de todos aquellos tratados,
convenios o acuerdos que se orientan a promover formas de integración de los
diferentes países latinoamericanos y del caribe. Este reconocimiento ha
conducido a declarar la constitucionalidad  instrumentos internacionales que
comprenden regulación relativa a asuntos económicos, científicos, sociales
entre otros y que prevén, adicionalmente, las más diferentes formas de
establecer la integración.
5.2. La relevancia de la regulación en materia de zonas de
frontera
5.2.1. La Corte ha destacado en diversas oportunidades la
relevancia constitucional de las zonas de frontera. La importancia del régimen
que se establezca para tales zonas obedece a que, en su desarrollo, se
encuentran comprometidos intereses constitucionales destacados entre los que están
el mandato de integración latinoamericana, el desarrollo de las entidades
territoriales y de su autonomía así como la promoción de procesos de
intercambio social, cultural o económico. La referida importancia puede
encontrarse reflejada en al menos tres disposiciones de la Constitución: (i) el
artículo 289 prevé que por mandato de la ley, los departamentos y municipios
ubicados en zonas de frontera pueden adelantar directamente con las entidades
territoriales limítrofes del otro país y que se encuentren en el mismo nivel,
programas de cooperación e integración a efectos de fomentar el desarrollo
comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del medio
ambiente; (ii) el numeral 2 del artículo 300 establece que le corresponde a las
asambleas departamentales expedir las disposiciones relacionadas, entre otras
cosas, con las zonas de frontera; (iii) el artículo 337 prevé que la ley
podrá establecer para las zonas de frontera regímenes especiales en materia
económica y social que se orienten a promover el desarrollo de las mismas.
5.2.2. La Corte Constitucional ha indicado que la
profundización de las relaciones en zonas de frontera guarda correspondencia
con el ideal integracionista que inspira las relaciones internacionales según
el texto de la Constitución.
5.2.2.1. En efecto, en la sentencia C-615 de 1996 señaló
esta Corporación:
“Podría
sostenerse que la norma demandada legítimamente cabe dentro de las regulaciones
que el Congreso puede expedir con miras a desarrollar e integrar económica y
culturalmente las zonas de frontera (C.P. arts. 289, 300-2 y 337).
La Corte no
desconoce el papel activo que la ley debe desempeñar con el objeto de promover
programas de cooperación e integración en los departamentos y municipios
ubicados en zonas fronterizas. La conservación de la soberanía exige la
presencia visible del Estado en los territorios limítrofes y la existencia de
comunidades laboriosas y pujantes que desarrollen un sentimiento de arraigo
nacional. Pero, al mismo tiempo, es importante que se estrechen los lazos
culturales y económicos con las poblaciones de las naciones vecinas, como
corresponde al ideario integracionista de la Carta.
Entre las
facultades que la Constitución atribuye a la ley con el propósito de promover
el desarrollo de las zonas de frontera, se encuentra la de establecer
"normas especiales en materias económicas y sociales" (C.P. art.
337).”
5.2.2.2. Posteriormente
en la sentencia C-661 de 1998, la Corte Constitucional se refirió así al
alcance de la competencia del legislador para regular esta materia:
“Conviene
precisar ahora, ¿cuál es el alcance de las atribuciones que la Constitución
otorga al legislador para asumir las soluciones que autoriza el artículo 337
constitucional, frente a las zonas de frontera?.
Como se
constata del simple examen del contenido de dicha norma, las competencias asignadas
al legislador en esta materia son abiertas, en la medida en que la Constitución
no las somete expresamente a condicionamientos específicos, de manera que las
soluciones que se adopten y el acierto o bondad de las mismas depende en alto
grado del examen y ponderación de la problemática que presenten las mencionadas
regiones y de la respuesta política que a través de las respectivas normas
puede asumir el legislador bajo cierta discrecionalidad. Tratándose del
desarrollo de un cometido estatal, claramente definido en la Constitución,
existe una amplia libertad de configuración de la normatividad jurídica que
sirve de instrumento para su concreción, con base en las evaluaciones políticas
que el legislador haga y según las apreciaciones de la realidad económica,
social y cultural de las zonas de frontera.
La
discrecionalidad del legislador, por consiguiente, sólo se encontraría limitada
por las prohibiciones o condicionamientos a los cuales la Constitución podría
someter su acción en esta materia, v.gr., en las circunstancias que tienen que
ver con la protección de la soberanía nacional, el reconocimiento de la intervención
de los distintos órganos públicos en el diseño, manejo y control de las
atribuciones que se les otorguen a dichas regiones, las limitaciones
presupuestales y financieras de la Nación, el manejo de las relaciones
internacionales y de la política económica etc. (…)”
5.2.2.3. Por
su parte, en la sentencia C-269 de 2000 señaló lo siguiente al referirse
nuevamente a la trascendencia constitucional del régimen de fronteras y a las
competencias del Congreso en esta materia de acuerdo con lo establecido en el
artículo 337 de la Constitución precisó:
“Dentro del
marco constitucional descrito, se hace necesario entonces, que el legislador
busque el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales de
los habitantes de las zonas de frontera, cuyas relaciones sociales y económicas
han surgido en razón de circunstancias históricas y sociológicas que los
identifica, adoptando para ello soluciones que deben estar acordes con el
principio constitucional del Estado social de derecho, cuyas finalidades
coinciden con el contenido programático del artículo 337 superior.
Precepto éste
que adopta un cometido estatal específico de fomento, estímulo y promoción de las
zonas de frontera que comporta para el legislador el deber de su realización
práctica. En esa medida, las soluciones que se adopten deben tener en cuenta
las ventajas de la propia situación de esas zonas, para aprovecharlas e
impulsar la integración económica con los países vecinos y facilitar, entonces,
el fomento de proyectos de cooperación e integración con las entidades
territoriales limítrofes a fin de lograr el desarrollo económico y social
comunitario, la prestación eficiente de los servicios públicos y la
preservación del ambiente (arts. 226, 227 y 289 C.P.) (…).
En esta
medida, se hace necesario garantizar la efectividad del mandato constitucional
del artículo 337, mediante la promoción de programas de cooperación e
integración económica y social en los departamentos y municipios ubicados en
zonas fronterizas, donde la conservación de la soberanía, de la independencia
nacional y de la integridad territorial son fines esenciales del Estado
colombiano, lo cual exige de éste su presencia efectiva, y donde es fundamental
para su desarrollo, que se estrechen los lazos culturales y económicos con las
poblaciones de las naciones vecinas dentro del ideal integracionista de la
Carta Política de 1991. Principio éste que se desprende del preámbulo, al
señalar que la Constitución tiene como uno de sus fines esenciales, impulsar la
integración de la comunidad latinoamericana, así como del artículo 9º a cuyo
tenor la política exterior del Estado se orientará hacia la integración
latinoamericana y del Caribe.
3.3. En
cuanto al alcance de las atribuciones que el artículo 337 constitucional otorga
al legislador frente a las zonas de frontera, la Corporación en la sentencia
C-076 de 1997, MP. Dr. Jorge Arango Mejía, señaló que las competencias
asignadas en esta materia al legislador son abiertas, en la medida en que la
Constitución no las somete expresamente a condicionamientos específicos. Se
trata, entonces, de una amplia libertad de configuración normativa en cabeza
del legislador, lo que no significa, por supuesto, que dicha libertad sea absoluta
por cuanto está limitada por las prohibiciones a las cuales la Constitución
somete la acción legislativa en esta materia (v.gr., las circunstancias
relacionadas con la protección de la soberanía nacional, las limitaciones
presupuestales y financieras de la nación, el manejo de las relaciones
internacionales, etc.), la anterior perspectiva contribuye a hacer efectivo el
desarrollo del cometido estatal, con base en las evaluaciones políticas que el
Congreso haga y según las apreciaciones de la realidad económica, social y
cultural de las zonas de frontera.”
5.2.2.4. Posteriormente
en la sentencia C-206 de 2005 al adelantar el control de constitucionalidad de la Ley 894 del 21 de julio de 2004, “Por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del
Ecuador y el Gobierno de la República de Colombia sobre ferias y eventos de
Frontera” la Corte encontró que su contenido constituía un desarrollo del
régimen constitucional de zonas de frontera. Indicó entonces luego de aludir al
contenido de la ley 191 de 1995:
“Conviene
anotar que estos mandatos superiores fueron desarrollados por la Ley 191 de
1995 “por la cual se dictan disposiciones sobre zonas de frontera”, que
en su artículo 2° establece como  objetivos de la acción del Estado en dichos
territorios, entre otros, el fortalecimiento de los procesos de integración y
cooperación que adelanta Colombia con los países vecinos y eliminación de los
obstáculos y barreras artificiales que impiden la interacción natural de las
comunidades fronterizas, inspirados en criterios de reciprocidad; la creación
de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de las Zonas de
Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en materia
de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de
seguridad social, comercial y aduanera y la prestación de los servicios
necesarios para la integración Fronteriza y para  el desarrollo de  las
actividades económicas, sociales y culturales, tales como transporte,
telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico,
educación y salud, para lo cual su parágrafo dispone que “…Colombia
celebrará los tratados  o convenios que sean del caso con los países vecinos”.
El Acuerdo en
revisión pretende cumplir con los anteriores objetivos, puesto que la
exposición de productos procedentes de cada país no sólo incentivará las
actividades comerciales binacionales sino que también contribuirá al
fortalecimiento de las relaciones económicas y culturales permitiendo además
que los habitantes de las zonas fronterizas mejoren su calidad de vida.
En este orden
de ideas, el citado instrumento representa una importante solución a la
problemática social que se vive en las zonas de frontera pues aprovecha las
ventajas derivadas de la propia situación geográfica de estos territorios, para
impulsar la integración económica con los países vecinos y facilitar el
fortalecimiento de  la cooperación e integración económica, cultural y
comercial entre las entidades territoriales limítrofes a fin de lograr el
desarrollo económico y social comunitario, la prestación eficiente de los
servicios públicos y la preservación del ambiente, propósitos éstos a los que
debe propender la actividad del legislador en este campo tal como lo disponen
los artículos 289 y 337 de la Constitución y lo ha reconocido la jurisprudencia
constitucional (…)”
5.2.3. De
acuerdo con las citas precedentes es posible constatar que el Congreso cuenta
con un importante margen de acción a efectos de establecer y diseñar regímenes
especiales para las zonas de frontera con el propósito de avanzar en los
procesos de integración con los países limítrofes. El dilatado espacio de
configuración legislativa se encuentra en todo caso limitado por las exigencias
que se derivan, por ejemplo, (i) del mandato constitucional de salvaguardar la
soberanía nacional y (ii) de la prohibición de vaciar de contenido las
competencias de intervención de las autoridades estatales en el desarrollo de
determinadas actividades. Asimismo la intervención del Congreso (iii) no puede
privar a las entidades territoriales del ejercicio de las competencias que en
esta y otras materias les fueron constitucionalmente asignadas y (iv) debe
orientarse a la promoción de condiciones que, de manera clara, puedan mejorar
las condiciones de vida de las poblaciones comprendidas por los regímenes
especiales de frontera.
5.3.
Disposiciones del Acuerdo
5.3.1. Antecedentes
del Acuerdo
5.3.1.1. La
iniciativa tuvo como antecedente el Decreto 711 de 1993 que constituyó, a raíz
de la declaración conjunta 3 de septiembre de 1991 de los Presidentes de
Colombia y Brasil, una Comisión de Vecindad con la finalidad de propiciar la
cooperación entre las dos naciones, asesorando y proponiendo acciones
tendientes a fomentar e incrementar las relaciones colombo–brasileñas.
5.3.1.2. Con
ocasión de la IX Reunión de la Comisión de Vecindad realizada el 5 y 6 de
octubre de 2006 se acordó que los Gobiernos deberían trabajar en lo referido a
la integración comercial de Leticia y Tabatinga. Posteriormente en desarrollo
del I Consultorio Empresarial realizado en Leticia el 30 y 31 de enero de 2008
que organizó el Ministerio de Industria Comercio y Turismo fueron identificados
los principales obstáculos para el desarrollo regional y para el mejoramiento
de la competitividad de Leticia. En ese contexto se advirtió que a pesar de
haber sido celebrados diferentes tratados bilaterales y multilaterales en los
que se ha expresado la voluntad de dar prioridad a los intereses de las zonas
fronterizas, se continúan aplicando las legislaciones nacionales de cada uno de
los estados afectando los intereses regionales.
5.3.1.3. En
el referido Consultorio Empresarial se estableció que el Ministerio estudiaría
el proyecto de Acuerdo Bilateral para la Integración y Desarrollo de las
Municipalidades de Leticia y Tabatinga. En cumplimiento de ello y luego de
varias reuniones sostenidas entre funcionarios de Brasil y Colombia fue
suscrito, en la XI reunión de la Comisión de Vecindad Colombo Brasileña
celebrada el 19 de Septiembre de 2009, el Acuerdo dirigido al establecimiento
de la zona de régimen especial para las localidades de Tabatinga y de Brasil. Tales
ciudades, según se señala en la exposición de motivos, se encuentran ubicadas a
la margen izquierda del rio amazonas y constituyen, en la práctica, una única
ciudad con una población urbana de cerca de 78 mil habitantes. Entre tales
zonas (i) existe un libre transito de bienes y personas, (ii) se constata
presencia militar, (iii) se desarrollan actividades de turismo y, finalmente,
(iv) se prestan servicios de transporte.
5.3.1.4. La
celebración del acuerdo, advierte la exposición de motivos, favorece los
intereses de Colombia dado que, a pesar de que el Decreto 2685 de 1999
establece un régimen aduanero especial para Leticia previendo (a) la exención
de pago de tributos aduaneros, requisitos y licencias de importación así como
(b) la autorización de ingreso de mercancías para uso o consumo en la región
únicamente con la nota fiscal o con la presentación de declaraciones
simplificadas, no ocurre lo mismo con el ingreso de las mercancías a Tabatinga.
Además de ello las entidades de control aplican normativas nacionales que
pueden generar dificultades al comercio transfronterizo dada la especificidad
de la zona.
5.3.2. Contenido
del Acuerdo
Según quedó
señalado, el acuerdo aprobado a través de la ley 1463 de 2011 tiene como
propósito el establecimiento de una Zona de Régimen Especial Fronterizo para
las localidades de Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia). De manera
particular, tal y como lo establece su artículo 1, el régimen especial tiene
como propósito cobijar el comercio de mercancías, entre las localidades
referidas, para el consumo o comercialización exclusiva en la zona, previendo
allí mismo que tales localidades corresponden a la delimitación geográfica
fijada  en cada uno de los países. Precisado esto, en el capítulo primero del
Acuerdo, los restantes se ocupan de establecer (1) un régimen de facilitación
comercial fronteriza (Capítulo II), (2) un régimen especial en materia de
consumo (Capítulo III), (3) reglas aplicables en materia tributaria (Capítulo
IV) y, adicionalmente, (4) algunas disposiciones finales.
5.3.2.1. La Zona de Régimen Especial se expresa a través de la fijación
de un conjunto de normas que, sin lugar a dudas, se encuentran orientadas a
facilitar el comercio entre las dos localidades.
El primer grupo de reglas (Capitulo Segundo – artículos 2, 3, 4 y 5 del
Acuerdo) se refiere al que allí se denomina régimen de facilitación comercial.
En ellas se establecen sus beneficiarios al advertir que lo serán las personas
habilitadas para desarrollar operaciones comerciales según lo previsto en cada
país, que regularmente se encuentren establecidas en las localidades amparadas
por el acuerdo, que actúen en el comercio y, finalmente, que se hallen
registradas por la administración de aduanas que opera en la localidad del
establecimiento.
La facilitación comercial fronteriza se traduce en la definición de un
régimen de intercambio simplificado que tiene como efectos, entre otros, (1) la
prohibición de exigir en las operaciones comerciales cualquier registro,
licencia, visado, autorización o certificación salvo lo relativo a las normas
sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias y ambientales y lo relacionado con el
derecho de inspección, (2) la fijación de un despacho aduanero simplificado en
materia de importación y exportación pudiendo llevarse a efecto con la factura
comercial o con una nota fiscal, (3) la autorización para la presentación de
declaraciones aduaneras consolidadas y pago de eventuales tributos y otros
derechos recurrentes de la importación o de la exportación en bases mensuales.
Se prevé para la presentación de la declaración aduanera, que corresponderá
al  importador o el exportador habilitado, hasta el quinto día del siguiente
mes al de la realización de la operación, comprendiendo las operaciones de
importación o de exportación realizadas al amparo del Régimen en el mes
inmediatamente anterior. En directa conexión con ello, se establece que antes
de la fecha prevista para la presentación de la declaración aduanera no será
posible el cobro de ningún tributo, derecho aduanero u otros gastos.
Con la
finalidad de asegurar la efectividad de este régimen se establece, en el
artículo 4, que las autoridades aduaneras de cada parte podrán prever, de común
acuerdo, las penalidades aplicables a las personas que infrinjan las
condiciones y requisitos del régimen especial sin que ello constituya un
obstáculo para la aplicación de las otras sanciones que se hubieren previsto
por cada Estado.
En similar
dirección a la anterior, el artículo 5 dispone que las partes deben buscar la
armonización de las condiciones y requisitos formales y el procedimiento para
el registro en el Régimen, el contenido de información y otras providencias
para garantizar la implementación del mismo. Allí se prevé también que las
administraciones aduaneras pueden disponer entre sí información sobre los
registrados en el Régimen, así como intercambiar información estadística y de
inteligencia fiscal de las operaciones que se realicen en desarrollo del
Convenio[30].
5.3.2.2. El
segundo grupo de reglas (Capitulo Tercero – artículos 6, 7, 8, 9 y 10 del
Acuerdo) conforman el régimen especial para el consumo e inicia identificando a
sus beneficiarios señalando que lo son las personas domiciliadas en las
localidades fronterizas cubiertas por el Acuerdo. Establece que cuando se
pretenda el ingreso de mercancías que procedan de la Zona objeto de regulación
en el acuerdo deberán aplicarse las disposiciones contenidas en la normativa
nacional (artículo 7º).
El régimen
especial para el consumo, señala el artículo 8 del Acuerdo, se aplica a los
artículos para uso y consumo familiar bajo la condición de que por su tipo,
volumen o cantidad no evidencien un destino comercial. Respecto de este tipo de
bienes se dispone, en el artículo 9, que el ingreso y salida de mercancías o
productos de que trata este capítulo no estarán sujetos a registro o
declaración de importación o de exportación, debiendo estar acompañados de
factura comercial o nota fiscal tal y como se prevé para el régimen de
facilitación comercial transfronteriza. Se establece finalmente que aquel que
infrinja las condiciones contempladas en el capítulo tercero se encontrará
sujeto a las penalidades que contemple la legislación de cada una de las
partes.
5.3.2.3. En
materia de tributación (Capitulo Cuarto – artículo 11 del Acuerdo) se establece
que la mercancía comercializada en desarrollo del régimen previsto en el
acuerdo estará exenta de pago de los tributos federales de Brasil incidentes en
las operaciones de comercio exterior y de los tributos aduaneros establecidos
en Colombia.
5.3.2.4. En
el último de los capítulos (Capitulo Quinto – artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 del Acuerdo) se contemplan varias disposiciones orientadas a regular
aspectos estrechamente vinculados al funcionamiento de la Zona. Así, el
artículo 12 señala que cuando el ingreso y salida de mercancías requieren
autorización de órganos diferentes en los casos de operaciones de comercio
exterior, deberá contarse con la anuencia de tales órganos. Ahora bien se
exceptúa de la aplicación de este régimen las operaciones que recaigan sobre
fauna o flora cuya importación, de acuerdo con la legislación nacional, se
encuentre prohibida o sujeta a algún tipo de control. Con el propósito de
evitar la extensión de los beneficios derivados de este régimen especial a
zonas para las cuales no se ha previsto, el artículo 14 determina que aquellos
bienes comercializados al amparo del régimen especial y que se encuentren fuera
de las localidades beneficiarias se someterán al tratamiento o a las
penalidades previstas en la legislación nacional de cada parte. En todo caso y
como excepción a la regla establecida en el artículo 14, se establece que ello
no se opondrá a que la mercancía protegida por el Acuerdo sea enviada a otras
localidades para su reparo y/o manutención. En el artículo 16 se dispone que
las partes definan, de común acuerdo, aquellas mercancías que no pueden
ampararse en el régimen previsto en el Acuerdo.
5.3.2.5. Finalmente
los artículos restantes se ocupan de regular el régimen de examen del acuerdo,
la forma de solución de controversias y el momento de entrada en vigencia. Así,
el artículo 17 señala que el acuerdo debe ser objeto de revaluación periódica
en el plazo de 2 años a fin de establecer su adecuación a las economías locales
siendo posible, en todo caso, introducir límites de valor para la utilización
del procedimiento especial que se disciplina en el Acuerdo. El artículo 18
establece que las controversias que se presenten serán solucionadas por la vía
diplomática. El artículo 19 se limita a establecer que el acuerdo entrará en
vigencia 30 días a partir de la recepción de la segunda nota diplomática de una
de las partes en la que se informe que han sido cumplidos los requisitos
internos para la entrada en vigencia.
5.4. Consideraciones sobre la constitucionalidad del Acuerdo.
5.4.1. Para la Corte Constitucional el contenido del Acuerdo no plantea,
salvo las precisiones que más adelante se formulan, duda constitucional de
ninguna naturaleza. Por el contrario, es evidente que su estructuración
constituye una manifestación expresa del propósito constitucional de promover
la integración latinoamericana. En efecto, el Acuerdo pretende avanzar en un
proceso de intercambio económico entre dos regiones estrechamente vinculadas
estableciendo, para ello, un régimen simplificado para las actividades de
comercialización y consumo de los bienes que circulan en la Zona que el mismo
acuerdo delimita. El conjunto de reglas establecidas en el Acuerdo, de manera
particular las previstas en los capítulos segundo, tercero y cuarto, se
encaminan a eliminar barreras que, en otras condiciones, podrían ser exigidas
por las autoridades aduaneras de cada uno de los Estados afectando los
incentivos o posibilidades de integración comercial entre las localidades de
Leticia y Tabatinga.
5.4.2. El conjunto de disposiciones examinadas por la Corte encuentran
apoyo en diferentes disposiciones constitucionales que no sólo permiten su
adopción sino que, al mismo tiempo, promueven que así se haga. Existen, en esa
dirección, al menos cuatro razones constitucionales de enorme importancia:
5.4.2.1. La ley aprobada, en primer lugar, constituye una forma de
integración económica latinoamericana que no contradice los principios de
reciprocidad, equidad y conveniencia nacional. Los esfuerzos destacados en la
exposición de motivos para avanzar en la integración de Brasil y Colombia, son
expresión de un desarrollo directo de la especial preferencia que por la
integración regional definió el constituyente. Sobre tal énfasis, la Sentencia
C-633 de 2011 concluyó “(…) que desde el compromiso de impulsarla, el ser orientación
de la política exterior colombiana y su inclusión como mandato de especial
promoción, la integración política, económica, social con latinoamericana y el
Caribe representa en la Constitución una apuesta especialmente deseable, dentro
de las múltiples opciones existentes en materia de relaciones internacionales”.
Así entonces cabe señalar que el Acuerdo objeto de examen responde al
compromiso de impulso de la integración Latinoamericana así como al mandato de
especial promoción de la integración regional.
5.4.2.2. En segundo lugar, el Acuerdo objeto de examen constituye una forma
de profundización del intercambio comercial nacional e internacional y, en esa
medida, supone el desarrollo de un propósito constitucional altamente valioso
no sólo por su relación con los procesos de integración económica sino también
porque impulsa mercados mas competidos. Ello optimiza la eficiencia de tales
mercados en tanto se traduce en la ampliación de la oferta y la demanda. En esa
medida constituyen una forma de realización de las cláusulas constitucionales
que protegen los derechos de los consumidores (art. 78), que garantizan la
libre iniciativa privada (art. 333) y que establecen las funciones que debe
desarrollar el Estado en materia de intervención económica (art. 334)
5.4.2.3. En tercer lugar, la aprobación del Acuerdo por parte del
Congreso  puede entenderse amparada por la competencia, definida en el artículo
337 de la Constitución, para establecer normas especiales en materia económica
y social a efectos de promover el desarrollo en zonas de frontera. Es evidente
que el Acuerdo celebrado no sólo asegura procesos de intercambio comercial más
simples y por ello más profundos sino que, al mismo tiempo y como consecuencia
de tal circunstancia, hace posible avanzar en el intercambio social y cultural
de la región. La importancia del desarrollo de zonas de frontera tiene un alto
valor en tanto constituye una expresión aguda del mandato de integración
latinoamericana considerando la cercanía geográfica de las diferentes
localidades. No constata la Corte la infracción de los límites que se imponen
al legislador en esta materia. Por el contrario se establece un régimen general
que es respetuoso de la soberanía nacional, de la autonomía de las entidades
territoriales y de las competencias de intervención de los órganos estatales
con facultades para incidir en el régimen de aduanas.
Debe resaltarse que en la aprobación del Acuerdo examinado concurren
tres competencias específicas del legislador íntimamente relacionadas. La competencia
relativa a la intervención en el diseño de las relaciones internacionales
promoviendo la integración latinoamericana, la habilitación para intervenir en
la economía a efectos de promover mercados más eficientes y, finalmente, la
facultad de establecer reglas especiales para las zonas de frontera.
5.4.2.4. En cuarto lugar, el desarrollo de esta Zona de Frontera
constituye una forma de expresión de la descentralización territorial y de la
autonomía de los Departamentos y Municipios dado que facilita, conforme lo
dispone el artículo 289 de la Constitución, la ejecución por parte de unos y
otros programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo
comunitario.
5.4.3. Es imprescindible destacar que el Acuerdo prevé algunas limitaciones
aplicables al régimen especial de frontera. En esa dirección establece la
existencia de mecanismos de control respecto de determinado tipo de productos
determinando que las autoridades nacionales no pierden su competencia para
desplegar actividades de inspección de las mercancías que circulan. Tampoco se
extiende el régimen especial de circulación a aquellos eventos en los cuales
por razones sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias o ambientales, deban ser
establecidas medidas restrictivas. Ahora bien además de las reglas aplicables
inmediatamente y que limitan territorial y materialmente el alcance del régimen
especial contemplado en el Acuerdo –prohibición de comercializar las mercancías
fuera de la zona especial-, se prevé una evaluación periódica del alcance del
Acuerdo con el propósito de identificar la necesidad de incorporar ajustes a su
implementación.
Este último grupo de medidas constituyen una expresión del principio
de soberanía. En efecto, dichas disposiciones permiten que los Estados
apliquen las normas internas relacionadas con controles sanitarios y
ambientales de forma tal que, adicionalmente, se salvaguarda (i) la
calificación de la salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a
cargo del Estado (art. 49), (ii) el deber del Estado de controlar la calidad de
los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad (artículo 78) y (iii)
el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano (art. 79). Igualmente
constituyen una expresión de soberanía nacional aquellas disposiciones del
Acuerdo que definen, por ejemplo, que el ingreso y salida de mercancías que
requieren autorización de órganos diferentes en los casos de operaciones de comercio
exterior deberá desarrollarse con la anuencia de tales órganos (art. 334).
5.4.4. En atención al contenido del acuerdo, la Corte concluye que en
el mismo no se desconocen los principios de reciprocidad, equidad y
conveniencia nacional. De una parte, los compromisos asumidos son
equivalentes y no reflejan, de ninguna manera, un tratamiento desproporcionado
de ninguna de las partes. Estas asumen, en cada una de las dimensiones que se
ocupa de regular el Acuerdo, idénticas obligaciones. Tampoco cabría argumentar
el desconocimiento del deber de desarrollar las relaciones internacionales
conforme a la exigencia de la conveniencia nacional, dado que del contenido
mismo del Acuerdo así como de la exposición de motivos y de la intervención del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se deduce su importancia
estratégica en el proceso de integración con Brasil y, de manera particular,
con la promoción de mejores condiciones en las relaciones comerciales de las
localidades de Leticia y Tabatinga.
5.4.5. Considera la Corte necesario detenerse en el examen de una
disposición que motiva una consideración constitucional especial. El artículo 4
del Acuerdo prevé que las autoridades aduaneras de ambas partes, de común
acuerdo, establecerán las “penalidades” para las personas que infrinjan
las condiciones y requisitos del régimen, sin perjuicio de la aplicación de
otras sanciones previstas en la legislación de cada parte firmante, en un plazo
no mayor a tres (3) meses de su entrada en vigor. Dice así tal disposición:
Artículo 4º.
1. Las autoridades aduaneras de ambas partes, de común acuerdo,
establecerán las penalidades para las personas que infrinjan las
condiciones y requisitos del presente régimen, sin perjuicio a la aplicación de
otras sanciones previstas en la legislación de cada parte firmante, en un plazo
no mayor a tres (3) meses de su entrada en vigor.
(subraya fuera del original)
5.4.5.1. Este artículo admite diferentes interpretaciones una de las
cuales es incompatible con el texto de la Constitución.
5.4.5.2. Una interpretación inicial consistiría en señalar que la
disposición establece una habilitación para que las autoridades aduaneras ­colombianas
-que según el artículo 1 del decreto 2685 de 1999 están constituidas por los
funcionarios públicos o dependencias oficiales que en virtud de la Ley y en
ejercicio de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el
cumplimiento de las normas aduaneras- fijen, previo acuerdo con las autoridades
de Brasil, las sanciones especiales aplicables a quienes desconozcan el régimen
previsto en el acuerdo.
Tal interpretación resultaría contraría a la Constitución si se
considera que el principio de legalidad, aún con sus variantes especiales en
materia aduanera en virtud de la distribución de competencias que se deriva del
literal c), numeral 19 del artículo 150 de la Constitución (leyes marco),
prohíbe que los funcionarios a los que alude el artículo 1 del decreto 2685 de
1999 se ocupen de establecer sanciones o de fijar las faltas que las originen.
5.4.5.3. Ahora bien, una segunda interpretación del referido artículo 4
indica, de conformidad con el propósito general del acuerdo de ampliar los
canales de comercialización entre Leticia y Tabatinga ofreciendo certidumbre
sobre los requisitos aplicables al intercambio de mercancías, que la
habilitación para establecer las penalidades se limita única y exclusivamente a
la posibilidad de identificar el régimen que -en cada uno de los países y según
el ordenamiento legal o reglamentario aprobado por las autoridades competentes-
sería aplicable a la infracción del régimen establecido para la Zona. No se
trataría de una habilitación para la creación de nuevas faltas o sanciones
aduaneras sino de la identificación de aquellas ya existentes en cada
ordenamiento y que resultarían aplicables en la Zona de Frontera.
Esta interpretación encontraría también apoyo en la función que en
Colombia, según el Decreto 2685 de 1999, se asigna a las autoridades aduaneras
y que consiste en exigir o controlar el cumplimiento de las normas
correspondientes y no, en crearlas.
5.4.5.4. En opinión de la Corte, la interpretación indicada permite
hacer compatible el texto del acuerdo con las exigencias constitucionales
derivadas del debido proceso y del principio de legalidad. Además tal
interpretación  no afecta el objetivo central del acuerdo que consiste en
promover la integración comercial en una Zona de Frontera.
5.4.6. Así las cosas, el Presidente de la República al momento de
manifestar su consentimiento internacional para obligar al Estado Colombiano
por el presente Acuerdo deberá formular una declaración interpretativa, en el
sentido de advertir que el artículo cuarto (4) constituye una habilitación que se
limita única y exclusivamente a la posibilidad de identificar el régimen que
sería aplicable a la infracción del régimen establecido para la Zona, en cada
uno de los países y según el ordenamiento legal o reglamentario aprobado por
las autoridades competentes. En consecuencia el artículo 4 no habilita a las
autoridades aduaneras colombianas  a crear o establecer faltas o sanciones.
5.5. Conclusión de constitucionalidad
Atendiendo las consideraciones expuestas es claro que no existe
objeción constitucional que determine la invalidez del Acuerdo o de su ley
aprobatoria. Por el contrario, tal y como se ha indicado en la presente
providencia, el trámite legislativo se surtió de conformidad con los requisitos
constitucionales y legales relevantes para ello y, adicionalmente, su contenido
desarrolla disposiciones constitucionales relativas a la dirección de la
política exterior y al régimen especial de zonas fronterizas.
En todo caso y considerando las posibilidades interpretativas del
artículo 4, la Corte estima necesario ordenar que, al momento de prestar el
consentimiento para obligar internacionalmente al Estado, el Presidente de la
República formule una declaración interpretativa según lo señalado en el
fundamento jurídico 4.3.3.5 de esta providencia.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE
el “Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Colombia y
de la República Federativa de Brasil para el establecimiento de la zona de
régimen Especial Fronterizo para las localidades de Tabatinga (Brasil) y
Leticia (Colombia)”, firmado en Bogotá, D.C., a los 19 días del mes de
septiembre de 2008”
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE
la Ley 1463 de de 2011, por medio de la cual se aprobó el citado Acuerdo.
Tercero.- Disponer que
el Presidente de la República, al momento de manifestar su
consentimiento internacional para obligar al Estado Colombiano por el presente
Acuerdo, deberá formular una declaración interpretativa en el sentido de
advertir que el artículo cuarto (4) constituye una habilitación que se limita
única y exclusivamente a la posibilidad de identificar el régimen que -en cada
uno de los países y según el ordenamiento legal o reglamentario aprobado por
las autoridades competentes- sería aplicable a la infracción del régimen
establecido para la Zona. En consecuencia el artículo 4 no habilita a las
autoridades aduaneras colombianas  a crear o establecer faltas o sanciones.
Cuarto.- Ordenar la
comunicación de la presente sentencia al Presidente de la República y a la
Ministra de Relaciones Exteriores, para los fines contemplados en el numeral 10
del artículo 241 de la Constitución Política.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Presidente
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ.
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Los argumentos relativos a la inexistencia de una obligación de realizar la
consulta previa en este caso fueron expuestos también en el documento de fecha
3 de agosto de 2011 suscrito por el jefe de Asuntos legales Internacionales del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
[2]
Más adelante y en caso de ser relevante, la Corte se referirá a las consideraciones particulares del Ministro de Comercio, Industria y Turismo respecto de
cada uno de los capítulos del Acuerdo.
[3] Ver,
Sentencias C-468/1997; C-376/1998; C-426/2000 y C-924/2000.
[4]
Sentencia 1192/08.
[5]  7. Plenos
poderes. 1. Para la adopción la
autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del
Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a
un Estado: a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o b) si se deduce
de la práctica seguida por los Estados interesados. o de otras circunstancias,
que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante
del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes.
2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se
considerará que representan a su Estado:
a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno
y Ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos
relativos a la celebración de un tratado; b) los Jefes de misión diplomáticas,
para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el
Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los representantes
acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una
organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de
un tratado en tal conferencia. Organización u órgano. 8. Confirmación
ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la
celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo
7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado,
no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese
Estado. 9. Adopción del texto. 1. La adopción del texto de un
tratado se efectuara por consentimiento de todos los Estados participantes en
su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2. La adopción del texto de
un tratado en una conferencia internacional se efectuara por mayoría de dos
tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan
por igual mayoría aplicar una regla diferente. 10. Autenticación del
texto. El texto de un tratado quedara establecido como auténtico y
definitivo a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan
los Estados que hayan participado en su elaboración; o b) a falta de tal
procedimiento, mediante la firma, la firma "ad referéndum" o la
rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o
en el acta final de la conferencia en la que figure el texto.
[6]
Se adjunta copia auténtica del Decreto 3459 de 2008. Folio 186. Cuaderno de
pruebas OPC 214.
[7]
[7] Se adjunta copia de la
autorización suscrita por el Presidente de la República y el Ministro de relaciones Exteriores. Folio 183-184. Cuaderno de pruebas OPC 214
[8]
Se adjunta copia de la autorización suscrita por el Presidente de la República y el Ministro de relaciones Exteriores. Folio 185. Cuaderno de pruebas OPC 214.
[9] En el presente caso no era necesario agotar el
requisito de la consulta previa a las comunidades étnicas que puedan resultar
afectadas directamente por cualquier medida legislativa. La jurisprudencia de
esta Corporación ha establecido que la consulta previa de comunidades indígenas
o afrodescendientes es procedente en aquellos casos en los cuales se pretenda
adoptar una medida legislativa o administrativa que pueda afectar de manera
directa a una de tales comunidades. Para la Corte (i) el carácter general del Acuerdo, (ii) su propósito de ampliar los canales de intercambio comercial sin
afectar de ninguna manera con las actividades tradicionales de las comunidades
indígenas y (iii) la ausencia de evidencia sobre algún tipo de efecto del
Acuerdo en la forma de vida o en la conformación de alguna comunidad indígena o
afrodescendiente, son razones que demuestran la inexistencia, en el presente
caso, del deber de adelantar el trámite de la consulta previa.
La consulta previa es imperativa en el caso de
decisiones que afectan directamente comunidades étnicas. Sobre este
punto la Corte afirmó lo siguiente en la sentencia C-030 de 2008: “De este modo, cuando se adopten medidas en aplicación
del convenio, cabe distinguir dos niveles de afectación de los pueblos
indígenas y tribales: el que corresponde a las políticas y programas que de
alguna manera les conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho
general de participación, y el que corresponde a las medidas administrativas o
legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el
cual se ha previsto un deber de consulta.”.
[10]
Se adjunta copia remitida por el Secretario general del Senado de la República. Folios 4-8 del expediente legislativo. Cuaderno de pruebas OPC215. Remitido
mediante comunicación de fecha 2 de agosto de 2011.
[11]
Se adjunta copia remitida por el Secretario general de la Comisión Segunda Permanente del Senado de la República. Folios 173-175. Cuaderno de pruebas OPC 215. Remitido mediante comunicación de fecha 29 de julio de 2011
[12]
Se adjunta copia remitida por el Secretario general de la Comisión Segunda Permanente del Senado de la República. Folios 170-172. Cuaderno de pruebas OPC 215. Remitido mediante comunicación de fecha 29 de julio de 2011.
[13]
Se adjunta copia remitida por el Secretario general de la Comisión Segunda Permanente del Senado de la República. Folios 132-133 y 135. Cuaderno de pruebas OPC 215. . Remitido mediante comunicación de fecha 29 de julio de 2011.
[14]
Folios 127-129. Cuaderno de pruebas OPC 215.
[15]
Se adjunta copia remitida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado. Folio 162. Cuaderno de pruebas  OPC 215/11. . Remitido mediante
comunicación de fecha 29 de julio de 2011.
[16]
Se adjunta copia remitida por el Secretario General de la Comisión Segunda Permanente del Senado de la República. Folios 158 a 162. Cuaderno de Pruebas OPC 215.  . Remitido mediante comunicación de fecha 29 de julio de 2011.
[17]
Se adjunta copia remitida por el Secretario General del Senado de la República.  Folios 268-270 y 285. Cuaderno de pruebas  OPC 293.
[18]
Documento de fecha 19 de septiembre de 2011. Folio 1.Cuaderno de pruebas  OPC
293/11.
[19]
Se adjunta copia remitida por el Secretario del Senado de la República. Folios 342-344. Cuaderno de pruebas  OPC 293/11.
[20]
Se adjunta copia remitida por el Secretario General del Senado. Folio 35.
Cuaderno de pruebas  OPC 293/11.
[21]
Se adjunta copia remitida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Folios 11-18. Cuaderno de pruebas  OPC
216/11.
[22]
Se adjunta copia remitida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Folios 82. Cuaderno de pruebas  OPC 216/11.
[23]
Se adjunta copia remitida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Folios 32-37. Cuaderno de pruebas  OPC
216/11.
[24] Una fórmula de
decisión similar fue utilizada por la Corte en la sentencia C-305/10, donde
sostuvo que “…no existe una fórmula sacramental para cumplir con lo ordenado
por el inciso final del articulo 160 de la C.P., el empleo de los términos “anunciar” y “anuncios”, así como el contexto en que aparecen inscritos los
términos permite inferir que se trata de dar a conocer en sesión previa, a los
parlamentarios, los proyectos que serán discutidos y eventualmente aprobados en
la siguiente sesión. Si bien la convocatoria se hace expresamente, en dos
oportunidades, para “mañana”, lo cierto es que del consecutivo de actas se
puede deducir que entre la sesión celebrada el 30 de septiembre de 2008 y la
llevada a cabo el 7 de octubre de 2008, la Comisión Primera del Senado no sesionó. De ahí que cobre relevancia la expresión utilizada
por el Secretario, en el sentido de que: “están hechos los anuncios de los
proyectos de ley, en forma reglamentaria, para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado” (negrillas fuera del texto original).”
[25]
Se adjunta copia remitida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Folios 89-90. Cuaderno de pruebas  OPC
216/11.
[26]
Se adjunta copia remitida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Folios 83-89. Cuaderno de pruebas  OPC
216/11.
[27]
Se adjunta copia remitida por Secretario General de la Cámara de Representantes mediante comunicación de fecha 20 de septiembre de 2011. Folios 468
y 469. Cuaderno de pruebas OPC 216 y 294 de 2011.
[28]
Se adjunta copia remitida por el Secretario General de la Cámara de Representantes. Folios 108-111. OPC216/11
[29]
En muchas otras decisiones la Corte ha tenido en cuenta al adoptar decisiones
de exequibilidad, la relevancia de los instrumentos internacionales desde la
perspectiva del mandato de integración latinoamericana y del Caribe. Entre
tales decisiones se encuentran, por ejemplo, las sentencias C-204 de 1993,
C-105 de 1995, C-270 de 1999, C-404 de 1999, C-522 de 1999, C-288 de 2000,
C-328 de 2000, C-363 de 2000, C-012 de 2001, C-091 de 2001, C-862 de 2001,
C-914 de 2001, C-953 de 2001, C-334 de 2002, C-335 de 2002, C-534 de 2002,
C-581 de 2002, C-1144 de 2004, C-533 de 2004, C-206 de 2005, C-176 de 2006,
C-863 de 2006,  C-864 de 2006, C-923 de 2007, C-926 de 2007, C-927/07, C-841 de
2008, C-031 de 2009, C-248 de 2009,  C-285 de 2009, C-288 de 2009, C-378 de
2009, C-446 de 2009,  C-639 de 2009, C-377 de 2010, C-538 de 2010 yC-567 de
2010.
[30] Debe indicarse
que la administración de datos de las personas registradas puede resultar
relevante desde la perspectiva del derecho al habeas data. Por ello y a pesar
de que la disposición referida no evidencia, en si misma, un riesgo de
tratamiento de datos personales incompatible con el régimen constitucional
Colombiano, cabe destacar que las autoridades correspondientes deben sujetarse
a las reglas y principios que resultan en esta materia aplicables.