C-471-97
Sentencia C-471-97
Sentencia C-471-97
SENTENCIA
INHIBITORIA POR NORMA DEROGADA
Al comparar el precepto del 113 del C.C.A.
con el  art. 96 de la Ley Orgánica 5/92, fácilmente se deduce que esta última
norma subrogó a aquélla, porque se ocupó de regular la misma materia, en lo que
concierne a la intervención en los debates de las Cámaras de los diferentes
organismos que tienen iniciativa constituyente y legislativa. Habiendo sido
retirada del mundo jurídico la norma del art. 113 del C.C.A. y dado que la
Corte entiende que lo demandado es todo su contenido normativo, por constituir
una unidad, su decisión será inhibitoria.
Referencia:
Expediente D-1608.
Demanda de inconstitucionalidad
contra el artículo 113 (parcial) del Decreto 01 de 1984, “por el cual se
reforma el Código Contencioso Administrativo”.
Actor: María Elena
Vega Valcarcel
Magistrado Ponente:
Dr. ANTONIO BARRERA
CARBONELL
Santafé de Bogotá D.C., veinticinco (25) de
septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).
I. ANTECEDENTES.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios del proceso a que da lugar la acción pública de
inconstitucionalidad, procede la Corte a proferir la sentencia correspondiente
en relación con la demanda presentada por la ciudadana María Elena Vega
Valcárcel contra un aparte del  artículo 113 del Decreto 01 de 1984 (Código
Contencioso Administrativo), con fundamento en la competencia que le asigna el
art. 241-5 de la Constitución.
II. NORMA ACUSADA.
Se transcribe a continuación el texto del
art. 113 del Código Contencioso Administrativo, subrayando el aparte normativo
que se acusa:
DECRETO 01 de 1984
Por el cual se reforma el Código
Contencioso Administrativo.
(…)
ARTICULO 113.
Intervención de los Consejeros de Estado en el Congreso. Los consejeros
de Estado tendrán voz en el Congreso en la discusión de los proyectos que
presente la Corporación.
Además, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Constitución Política,
tendrán voz en los debates de las cámaras o de la comisiones en los casos
relativos a reformas constitucionales y administrativas.
Las cámaras
también podrán pedir la asistencia de comisiones del Consejo de Estado para que
intervengan en los debates de proyectos de ley que proponga o prepare por
solicitud del Gobierno. En el primer caso las comisiones serán designadas por
la Sala Plena de la Corporación y en el segundo por la Sala de Consulta y
Servicio Civil.
III. LA DEMANDA.
Fundamenta la demandante su pretensión de
inexequibilidad en los siguientes argumentos:
- El inciso final del artículo 113 del
C.C.A. le otorga facultades discrecionales a las dos Cámaras del Congreso para
citar o requerir la asistencia a las plenarias o a las comisiones de los
Consejeros de Estado, con lo cual se “contraviene el principio de la separación
de poderes, vulnerando de paso la autonomía e independencia de los jueces”.
- De igual modo la norma acusada “conlleva
implícita una atribución que contraviene lo dispuesto en los artículos 6o. y
121 de la ley suprema, en cuanto contiene un mandato que desborda claramente el
ámbito funcional del Congreso”.
IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DEL DERECHO.
Mediante apoderado, en escrito del 14 de
abril de 1997, intervino dicho Ministerio para solicitar, en primer término,
que la Corte se declare inhibida para resolver de mérito la demanda
interpuesta, en atención a que la demandante no señaló los fundamentos de su
pretensión, es decir, no precisó el concepto de la violación de las normas
constitucionales presuntamente quebrantados por la disposición acusada.
Subsidiariamente pide que se declare la constitucionalidad  de  dicha
disposición.
El primer planteamiento lo sustenta al
señalar que, “en el caso que nos ocupa, la demandante, si bien menciona
los preceptos constitucionales presuntamente afectados por la norma demandada,
a más de la enunciación de los mismos, no propone razón alguna que sustente la
violación”.
En cuanto a la constitucionalidad
del precepto acusado, advierte el impugnador, que “el principio de la
separación de los poderes no implica de suyo que cada uno de ellos actúe dentro
del Estado de manera aislada e independiente, y que por tanto, de ninguna
manera se involucre el uno con el otro. Por el contrario, el artículo 113 al
establecer que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas
pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines, permite la
realización de actividades  conjuntas entre los órganos del Estado para
conseguir los postulados que rigen la función estatal”.
“En cuanto a la violación de la independencia
del juez -continúa el Ministerio- no se vulnera por la norma demandada, en la
medida en que ésta se predica respecto a su función connatural de administrar
justicia y no respecto a su posibilidad de intervenir en el trámite legislativo
de un proyecto de ley presentado o preparado por el Consejo de Estado o
cualquier otro órgano de la rama judicial”.
V. INTERVENCION DEL CONSEJO DE ESTADO.
El Consejo, mediante escrito presentado por
su Presidente Dr. Juan de Dios Montes Hernández, solicita la exequibilidad de
la norma demandada, teniendo en cuenta las siguientes razones :
1. El Consejo de Estado tiene iniciativa
legislativa, según lo consignan los artículos 237-4 y 156 de la Constitución
para proponer proyectos en materias relacionadas con sus funciones o con actos
reformatorios de la Constitución. Adicionalmente se advierte, que la Sala de
Consulta y Servicio Civil puede preparar para el Gobierno proyectos de ley que
éste le encargue y luego presenta al Congreso, sin que por ello se comprometa la
independencia del Consejo de Estado, criterio que coincide con el expresado por
la Corte Constitucional en la sentencia del 5 de Febrero de 1996 al
pronunciarse sobre la ley estatutaria de la justicia (L. 270/96).
2. En desarrollo de las mencionadas facultades,
se justifica la presencia de los Consejeros de Estado en los debates ante las
Cámaras, “lo cual significa que están facultados para explicar, referir,
exponer, describir o ilustrar a los legisladores sobre las palabras, frases o
incisos que integran los artículos y, en general, todo el texto de la propuesta
legislativa”. Es asi como la norma demandada establece “la posibilidad para los
congresistas de invitar a los miembros del Consejo de Estado, con el objeto de
que expongan el proyecto, ilustren a los legisladores sobre sus antecedentes
así como también sobre los argumentos que justifican su expedición”.
3. “Se debe aclarar -anota el escrito del
Consejo- que no se trata de una citación como lo afirma el demandante, ni de un
acto de presión contra los miembros de la rama judicial. Consiste, repetimos,
en la posibilidad que tienen los consejeros de acudir voluntariamente o por
invitación  ante los miembros de la rama legislativa, con el propósito de que
puedan conocer  y comprender mejor los temas propios del proyecto sometido a su
conocimiento”.
4. La participación del Consejo de Estado
en los aludidos debates responde, por lo demás, al deber de colaboración entre
las ramas del poder público, según los términos del artículo 113 de la
constitución, “con el propósito de cumplir los deberes constitucionales y
legales en beneficio del país”.
VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION.
La Procuraduría, en su concepto del 14 de
Mayo de 1997, solicitó a la Corte negar las pretensiones de la demandante, para
lo cual tuvo en cuenta las siguientes razones:
- Modernamente no se puede considerar la
separación absoluta entre los órganos del poder público, “para dar paso a una
separación en el ámbito funcional, permitiendo el ejercicio interactivo de las
potestades públicas”.
El sentido de la división de funciones de
las ramas del poder público es el de permitir a cada una de ellas ejercer una
función principal y específica, sin que por ello esté inhibida para concurrir
al ejercicio de otras actividades interorgánicas.
- El artículo 38 de la ley Estatutaria de
la Justicia (270 de 1996), le asignó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, entre otras funciones, la de preparar proyectos de ley y de
Códigos que le encomiende el Gobierno Nacional para que luego pueda éste
concretar dicha iniciativa ante Congreso. Atendiendo el criterio de la Corte
Constitucional, señalado en la sentencia C-037/96, la Procuraduría admite que
esa labor no atenta contra la posibilidad de que el Consejo de Estado prepare y
presente proyectos de ley sobre asuntos de su competencia.
VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
1. Consideraciones preliminares.
Según la Constitución (arts. 156 y 237-4),
el Consejo de Estado tiene la facultad de preparar y presentar proyectos de
actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley, en materias
relacionadas con sus funciones.
En los términos del art. 38 de la ley
270/96, a la Sala de Consulta y Servicio Civil se le ha asignado la función de
"preparar los proyectos de ley y de códigos que el encomiende el Gobierno
Nacional".
El art. 96 de la ley 5/92 regula el derecho
a intervenir en los debates relativos a proyectos de ley o de actos
legislativos, en los siguientes términos:
"Derecho a intervenir. En los debates
que se cumplan en las sesiones plenarias y en las Comisiones, además de sus
miembros y los Congresistas en general, podrán los Ministros y funcionarios
invitados intervenir sobre temas relacionados con el desempeño de sus funciones
y las iniciativas legislativas por ellos presentadas. Asi mismo, podrán hacerlo
por citación de la respectiva Cámara".
"Sólo participarán en las decisiones,
y por consiguiente podrán votar, los miembros de las Coporaciones legislativas
(en plenaria o comisiones, con Senadores o Representantes, según el
caso)".
"La Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado,
el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor
General de la República, el Fiscal General de la Nación y el Defensor del
Pueblo, al tener la facultad de presentar proyectos de ley en materias
relacionadas con sus funciones, pueden de igual manera estar presentes e
intervenir para referirse a tales asuntos".
"En todas las etapas de su trámite, en
proyectos de ley o de reformas constitucionales, será oído por las Cámaras un
vocero de los ciudadanos proponentes cuando hagan uso de la incitativa popular,
en los términos constitucionales".
2. Fallo inhibitorio por subrogación del
art. 113 del C.C.A.
El actual Código Contencioso
Administrativo, fue expedido mediante el decreto 001/84, en ejercicio de
facultades extraordinarias. Concordante con los arts. 84 y 141-2 de la
Constitución de 1886 los arts. 96-6, 98-3. 113 del C.C.A. regularon la
competencia que le correspondía al Consejo de Estado, en ese entonces, para
proponer reformas de la legislación o preparar a petición del Gobierno tal tipo
de reformas, asi como la posibilidad de intervención en los debates ante las
Cámaras Legislativas para explicar, defender y justificar las respectivas
propuestas.
Al comparar el precepto del 113 del C.C.A.
con el  art. 96 de la Ley Orgánica 5/92, fácilmente se deduce que esta última
norma subrogó a aquélla, porque se ocupó de regular la misma materia, en lo que
concierne a la intervención en los debates de las Cámaras de los diferentes
organismos que tienen iniciativa constituyente y legislativa.
Habiendo sido retirada del mundo jurídico
la norma del art. 113 del C.C.A. y dado que la Corte entiende que lo demandado
es todo su contenido normativo, por constituir una unidad, su decisión será
inhibitoria.
VIII. DECISION.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declararse INHIBIDA para
pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 113 del Código
Contencioso Administrativo, por encontrarse subrogado por el art. 96 de la ley
5/92.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUNOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General