T-063-17
Sentencia
T-063/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO FACTICO POR
LA NO VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO-Ausencia
de valoración probatoria por parte del funcionario judicial
Son dos los elementos que deben reunirse para que se configure el
defecto fáctico por ausencia de valoración del material probatorio. De un lado,
es necesario que el funcionario judicial haya adoptado una decisión carente de
respaldo probatorio o que haya dejado de valorar una prueba que resultaba
determinante para la solución del problema jurídico sometido a su
consideración. La relevancia de dicha prueba es, precisamente, el segundo
requisito que conduce a la estructuración del defecto. De ahí que, en todo
caso, deba demostrarse que la falta de valoración probatoria incidió, de manera
definitiva, sobre el sentido de la sentencia acusada.
DEFECTO FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA DEL
MATERIAL PROBATORIO
Cuando el funcionario judicial, en el análisis que antecedió la
adopción de la sentencia, haya apreciado de manera errónea una o varias pruebas
y decide separarse por completo
de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido es un evento que la jurisdicción
constitucional ha considerado como un defecto fáctico por valoración defectuosa
del material probatorio.
SEGURIDAD SOCIAL EN
PENSIONES CON ANTERIORIDAD Y POSTERIORIDAD DE LA LEY 100/93
REGIMEN DE
PENSIONES-Exención del impuesto sobre
la renta y complementarios
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por cuanto la decisión judicial incurre en defecto fáctico por indebida y
defectuosa valoración probatoria, porque se debió considerar que la pensión de
jubilación del actor era objeto de exención
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por cuanto se incurre en defecto fáctico por indebida y defectuosa valoración
probatoria, en tanto se debió concluir que la pensión del accionante hacía
parte del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
Es claro que una adecuada apreciación de las
pruebas debió conducir al Tribunal demandado a considerar que en efecto
la pensión de jubilación del accionante era objeto de exención, de conformidad
con lo establecido el numeral 5º del artículo 206 del Estatuto Tributario, por
consiguiente, la liquidación de renta del año gravable 2009 efectuada por este
era correcta y los actos impugnados merecían anularse.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por cuanto se evidencia un desconocimiento por parte de la DIAN, de las normas
y jurisprudencia sobre la aplicación del régimen de transición y del precedente
fijado en la sentencia C-1261/05
Referencia: Expediente T-5.807.301
Acción de tutela presentada por el señor José Johnny
Martínez Donoso contra el Juzgado Cuarenta
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, la Sección Cuarta Subsección
B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la DIAN
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil diecisiete
(2017).
La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo de tutela proferido por la
Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado el 4 de agosto de 2016, que confirmó el dictado por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la misma
Corporación el 17 de marzo de 2016, en el trámite del amparo constitucional
promovido por José Johnny Martínez Donoso contra las providencias judiciales
proferidas por el Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B.
El proceso de referencia fue escogido para revisión
por la Sala de Selección[1]
Número Diez de la Corte Constitucional, mediante Auto del 28 de octubre de
2016.
I. ANTECEDENTES
El 12 de enero de 2016, José Johnny Martínez Donoso
formuló acción de tutela contra el Juzgado Cuarenta Administrativo de Oralidad
del Circuito de Bogotá y la Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por considerar que las sentencias proferidas el
19 de junio de 2014 y el 15 de octubre de 2015, respectivamente, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
1. Demanda y solicitud
1.1. El
accionante José Johnny Martínez Donoso manifiesta que comenzó a trabajar para
la sociedad Texas Petroleum Company, a partir del 11 de febrero de 1985, por
medio de un contrato a término indefinido, empresa que, posteriormente, fue
sustituida por Ominex de Colombia Ltda. y ésta última por Mansorovar Energy
Colombia Ltda.
1.2. El 22
de octubre de 2008, Martínez Donoso le informó a la empresa Mansarovar Energy
Colombia Ltda. la intención de desvincularse laboralmente de la misma por
considerar que, al cumplir más de 23 años de
servicio y contar con 55 años de edad, le asistía el derecho a recibir
la pensión de jubilación establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo
del Trabajo[2]
(en adelante CST), a la que tenía derecho de conformidad con el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
El 6 de noviembre la empresa le informó que accedían a
la petición de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada,
teniendo en cuenta que cumplía con los requisitos exigidos en la Ley 100 de
1993 y el artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo.[3]
Con fundamento en lo anterior el 15 de noviembre de 2008 el vínculo laboral
terminó de mutuo acuerdo, el último cargo desempeñando por el señor Martínez
Donoso fue Ingeniero III, con un salario integral mensual de $9´952.071, la
pensión fue reconocida a partir del 16 de noviembre de 2008.
1.3. El 20
de enero de 2009 José Johnny Martínez Donoso y la empresa Mansorovar Energy
Colombia Ltda., suscribieron un contrato de transacción de salarios y
prestaciones en el que consta, entre otros asuntos, que a partir del 1º de
abril de 1994 la empresa afilió a José Johnny al Instituto de los Seguros
Sociales (en adelante ISS), entidad a la que le consignó el bono pensional a su
nombre, por el periodo comprendido entre el 11 de febrero de 1985 y el 31 de
marzo de 1994 por una suma $158´459.461, así mismo, manifestaron que la
empresa reconoció la pensión de jubilación al señor Martínez Donoso a partir
del 16 de noviembre de 2008, la cual fue liquidada con el 75% del promedio del
salario recibido en los últimos 10 años, correspondiéndole una mesada de
$6´886.217, pensión que sería pagada hasta la fecha en la que el ISS le
reconociera la pensión de vejez.
1.4. El
accionante indica que el 29 de julio de 2010 presentó ante la DIAN declaración
de renta por el año gravable 2009, en el renglón 50 denominado renta exenta
registró las mesadas que había recibido por concepto de pensión de jubilación
por valor de $96´382.000 y liquidó un saldo a favor de $7´913.000, cifra que
posteriormente fue modificada en la declaración de corrección presentada en
cuantía de $7´373.000.
1.5. El 29
de febrero de 2012, la División de Gestión de Liquidación Oficial de Revisión
de la DIAN, por medio de Liquidación Oficial de Revisión No. 322412012000103,
determinó oficialmente el impuesto de renta del año gravable 2009 presentado
por el accionante, recalculó todos los ingresos laborales en el entendido que,
lo declarado como renta exenta, realmente se trataba de una pensión anticipada
que no goza de la exención del 100% y solo le es aplicable una exención del 25%
aplicado a los pagos laborales, de conformidad con lo establecido en el numeral
5º, del artículo 206 del Estatuto Tributario, en consecuencia, ordenó a
Martínez Donoso pagar la suma de $42´880.000, de los cuales $11´717.000
corresponden al gravamen que debía pagar y $31´163.000 por la sanción que le
imponen por inexactitud en la declaración de renta del año 2009.
Una vez le fue notificada la anterior decisión, el accionante
presentó recurso de reconsideración ante la DIAN argumentando que no se tuvo en
cuenta la naturaleza jurídica de la pensión de jubilación que le fue reconocida
por su empleador, la que obedeció al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo y en momento
alguno hizo parte de un plan de retiro voluntario para que le fuera reconocida
una pensión anticipada. Adujo que suscribió una transacción con su empleador
para dar por terminado el contrato de trabajo debido a que había cumplido los
requisitos que el CST exige para que le reconocieran la pensión de jubilación.
Por medio de la Resolución No.900.161 del 12 de abril
de 2013, la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de
Jurídica de la DIAN confirmó la decisión y el monto que debía pagar el
contribuyente.
1.6. A fin
de controvertir las decisiones de la DIAN, el accionante interpuso  demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso
administrativa solicitando la nulidad de los actos administrativos que
modificaron la declaración de renta que presentó del año gravable 2009.
1.6.1. La
primera instancia le correspondió conocerla al Juzgado Cuarenta Administrativo
de Bogotá, despacho que, en sentencia del 19 de junio de 2014, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en las pruebas obrantes en el
expediente. Al efecto consideró que la pensión que fue reconocida hacía parte
de un plan de retiro voluntario, no era de orden legal y, por consiguiente, las
sumas percibidas por él no encajan en la susodicha exención, pues tal
prestación fue reconocida temporalmente por parte de su ex empleador con el
objeto de dar por terminado el contrato laboral que los vinculaba, supeditada
al reconocimiento de la pensión de vejez que posteriormente debiera asumir el
ISS, previo cumplimiento de los requisitos registrados en el sistema de
seguridad social.
1.6.2. En
contra de la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación,
correspondiéndole su conocimiento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, el cual, mediante fallo de 15 de octubre de 2015,
confirmó la sentencia de primera instancia al considerar que el actor se acogió
a un plan de retiro voluntario, con pensión anticipada y transitoria a cargo
del empleador.
1.7. Con
apoyo en los hechos descritos el accionante presentó acción de tutela
solicitando la protección a su derecho fundamental al debido proceso que
considera vulnerado por la indebida valoración probatoria en la que incurrieron
los jueces demandados en esta causa.
2. Fundamentos de la demanda y pretensiones
2.1. El actor comienza por explicar que
antes de la expedición del nuevo Sistema de Seguridad Social contemplado en la
Ley 100 de 1993 existían distintos regímenes pensionales, entre ellos, el del
sector privado regulado en el artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo que
establece la obligación del empleador de reconocer y pagar la pensión a
aquellos trabajadores varones que cumplieran 55 años de edad y 20 años de
servicios continuos o discontinuos.
2.2. Con la expedición de la Ley 100 de
1993, para la compañía petrolera en la que trabajó, surgió la obligación de
afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones,
a través del Instituto de los Seguros Sociales –ISS–. De igual forma, en el
artículo 36 ibíd se estableció un régimen de transición, para aquellas
personas que al momento de la expedición de la ley tuvieran 40 de edad o más,
para los hombres, o 15 años de servicio o más, a quienes se les aplicaría el
régimen pensional anterior al cual estaban afiliados en relación con la edad
para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión.
2.3. Por su parte, el Decreto 813 de 1994[4] determinó que el citado régimen
de transición aplicaba para las pensiones de vejez y de jubilación de todos los
trabajadores del sector privado y para tener derecho a la transición el
empleado debía cumplir con el requisito de la edad o el tiempo de servicio que
estableció la precitada ley. En el caso de las pensiones reconocidas por las
empresas del sector privado los requisitos y montos de la pensión serían los
que se establecieron en los artículos 260 y 268 a 272 del CST, sin perjuicio de
los derechos que hayan adquirido los empleados, en virtud de la aplicación de
las disposiciones pactadas en convención o pacto colectivo de trabajo o
previstos en laudo arbitral.
2.4. De igual forma, el actor hizo
referencia al concepto del Instituto de los Seguros Sociales No. 12845 de 2008[5] mediante el cual resolvió una
consulta relacionada con el trámite de las pensiones de jubilación de los
trabajadores del sector público y privado, una vez entró en vigencia la Ley 100
de 1993, el cual confirma que sus argumentos son correctos y se ajustan a
derecho.
2.5. Sostiene el señor Martínez Donoso
que al momento de la expedición de la Ley 100 de 1993 cumplía con los
requisitos señalados en el artículo 36, debido a que nació el 19 de marzo
de1953 y al 1º de abril de 1994 contaba con 41 años de edad, de manera que el
empleador le debía aplicar el régimen al cual pertenecía antes de la expedición
del nuevo régimen de pensiones. De tal forma que la pensión de jubilación debía
reconocérsele en los términos establecidos en el artículo 260 Código Sustantivo
del Trabajo. Por su parte, la empresa lo afilió al ISS a partir del 1º de abril
de 1994 y consignó el bono pensional en esa entidad.
En su caso, el derecho a la pensión
de jubilación lo adquirió el 19 de marzo de 2008 cuando cumplió 55 años de
edad, fecha en la que contaba con más de 23 años laborados, motivo por el cual
la empresa le reconoció la pensión de jubilación a partir del 16 de noviembre
de 2008.
2.6. En cumplimiento de su deber legal,
en el año 2010, efectuó la declaración de renta correspondiente al año
anterior, en ella informó el monto que había percibido por la pensión de
jubilación que le habían reconocido y consideró que se encontraba exenta del
impuesto debido a que cumplía con el requisito establecido en el parágrafo 3,[6] del artículo 206 del Estatuto
Tributario que establece: “Para tener derecho a la exención consagrada en el
numeral 5 de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos
necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993”,
en este caso, la pensión que percibía se encontraba contemplada en el régimen
de transición del nuevo sistema de seguridad social.
Sostiene que los anteriores
argumentos no fueron acogidos por la DIAN, entidad que tiene una errada
interpretación de las normas descritas y desestimó las pruebas aportados al
trámite.
Por su parte, los jueces que
conocieron del proceso contencioso administrativo desestimaron los argumentos y
las pruebas presentadas, al denegar las pretensiones solicitadas con iguales
argumentos que la DIAN, al considerar que la prestación reconocida era una pensión
voluntaria que no se encuentra dentro de los requisitos que exige la citada
norma.
2.7. Partiendo de la situación descrita,
el accionante acusa las decisiones judiciales por defecto fáctico por
indebida valoración probatoria pues, a su juicio, las sentencias demandadas
no efectuaron una adecuada estimación de las pruebas arrimadas al proceso
contencioso administrativo y, de esta manera, se vulneró su derecho fundamental
al debido proceso.
2.7.1. Sostiene el actor que de haberse
apreciado correctamente las pruebas que se aportaron al proceso, entre ellas:
su documento de identidad, el contrato de trabajo, la transacción y la
audiencia de conciliación que suscribió con su empleador, se podía constatar
que al cumplir con todos los requisitos que exigía el régimen pensional
establecido en el CST, la empresa para la cual laboró le concedió la pensión de
jubilación. En realidad, en ninguna de las pruebas aportadas dice que su
pensión hacía parte de un plan de retiro voluntario en el que se acordaba una pensión
provisional hasta que el ISS le reconociera la pensión de vejez. Así mismo,
considera que hubo desconocimiento de las normas pensionales que regulan la
materia.
Concretamente, señaló que los jueces
administrativos no tuvieron en cuenta que el contrato de transacción y la
conciliación aportadas al trámite se suscribieron de conformidad con lo
preceptuado en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por consiguiente, la empresa para la cual laboró debía aplicarle el régimen más
favorable, continuar pagando los aportes al Sistema de Seguridad Social al ISS
y reconocerle la pensión establecida en el régimen anterior. Así las cosas, una
vez cumpliera los requisitos señalados en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993
al ISS le correspondía reconocer la pensión de vejez, hecho lo cual la empresa
quedaba liberada del pago total de la pensión o solo parcialmente si el monto
de la pensión asumida por el ISS fuese inferior a la cuantía de la pensión de
jubilación que venía recibiendo.
Advierte que dentro del proceso
administrativo los jueces tampoco valoraron los elementos de convicción
aportados, en los cuales consta que antes de suscribir el contrato de
transacción solicitó la terminación del vínculo laboral debido a que cumplió
con los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación. Similar
situación ocurrió con la certificación que la empresa expidió para ser
presentada ante la DIAN en la que consta que la pensión se concedió de
conformidad con lo regulado en el CST.
2.7.2. En consecuencia, las mesadas pagadas
por la compañía Mansorovar Energy
Colombia Ltda. se encontraban exentas del pago total del impuesto sobre la
renta y complementarios, según lo establecido en el numeral 5º, del artículo
206[7]
del Estatuto Tributario[8]
y, en ese sentido, las entidades demandadas debieron decretar la nulidad de los
actos expedidos por la DIAN a través de los cuales modificó su declaración de
renta del año gravable 2009.
2.8. Con
fundamento en las circunstancias fácticas descritas solicita que: (i) declarar
que la decisión del Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, a través de la decisión emitida el 15 de octubre de 2015,
dentro del expediente No. 11001333704020130003201, por medio de la cual se negó
la nulidad de la liquidación oficial de revisión No. 322412012000103 del 29 de
febrero de 2012 y la Resolución No. 900.161 del 12 de abril de 2012 constituyen
una vía de hecho; (ii) como consecuencia de lo anterior declarar que las
actuaciones del Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
dentro del referido expediente no constituyen una providencia judicial y (iii)
ordenar al Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
proferir sentencia dentro del proceso No. 11001333704020130003201, en la cual
se haga una debida valoración probatoria, teniendo en cuenta la demanda y los
alegatos de conclusión presentados.
3. Pruebas allegadas al proceso
Las pruebas aportadas al trámite de tutela, todas de
origen documental, son las siguientes copias simples:
3.1. Sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Contencioso Administrativo de la Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, del 15 de octubre de 2015, dentro del proceso contencioso
administrativo que presentó José Johnny Martínez Donoso en contra de la DIAN,
aportada por el magistrado ponente en la respuesta a la tutela.[9]
3.2. Solicitud dirigida al Presidente de la compañía
Mansarovar Energy Colombia Ltda., fechada 21 de octubre de 2008, en la que el
señor José Johnny Martínez Donoso manifiesta su deseo de retirarse de la
empresa debido al cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 260 del
CST para el reconocimiento de la pensión de jubilación e incluirlo en la nómina
de pensionados a partir del 16 de noviembre de 2008. Así mismo, requirió la
liquidación y acreencias laborales legales y extralegales a que tenía derecho.[10]
3.3. Oficio de la empresa Mansarovar Energy Colombia
Ltda., del 6 de noviembre de 2008, informando al accionante que accedía al
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación solicitada por cumplir los
requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993 y el artículo 260 del CST, al efecto,
el monto de la mesada pensional sería el correspondiente al 75% del promedio de
su salario integral recibido durante los 10 últimos años, indexados según los
indicadores certificados por el DANE, por último, manifestaron que en el
transcurso de un mes debían celebrar el acta de conciliación.[11]
3.4. Contrato de transacción de salarios y prestaciones
suscrito entre José Johnny Martínez Donoso y Mansorovar Energy Colombia Ltda.,
suscrita el 20 de enero de 2009, en la que consta el pago del bono pensional,
la afiliación al ISS, el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir
del 16 de noviembre de 2008 y el pago de los aportes a la seguridad social
hasta tanto el ISS reconociera la pensión al señor Martínez Donoso.[12]
3.5. Audiencia de conciliación celebrada el 23 de abril de
2009 en el Juzgado veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá entre la empresa
Mansarovar Energy Colombia Ltda. y José Johnny Martínez Donoso en la cual
consta que:[13]
- La empresa
afilió, a Martínez Donoso, al ISS a partir del 1º de abril de 1994.
- La compañía
pagó al ISS un bono pensional por valor de $158´459.461, a nombre de José
Johnny Martínez Donoso por el periodo laborado entre el 11 de febrero de 1985 y
el 31 de marzo de 1994.
- El
accionante recibió salarios y prestaciones sociales por valor $13´946.722.
- La compañía
entregó al señor Martínez Donoso la suma de $47´571.581, a título de
bonificación.
-
Reconocieron a Martínez Donoso la pensión de jubilación a partir del 16 de
noviembre de 2008, correspondiente al 75% del promedio del salario recibido en
los últimos 10 años, por valor $6´886.217, hasta la fecha en la que el ISS
reconociera la pensión de vejez al señor Martínez Donoso.
- La empresa
seguiría cotizando al ISS los aportes de seguridad social hasta el otorgamiento
de la pensión por parte de esa entidad y, una vez se concediera, la empresa
solo será responsable del pago de la diferencia en el monto de la pensión si
este fuera inferior.
3.6. Certificado expedido, el 2 de septiembre, por la
compañía Mansorovar Energy Colombia Ltda. en la que consta que la pensión que
fue reconocida al señor José Johnny Martínez Donoso es de naturaleza legal y en
tal sentido se encuentra ubicada dentro del régimen de exención tributaria
consagrado en el numeral 5º, del artículo 206 del Estatuto Tributario.[14]
3.7. Registro de ingreso de trabajadores de Texas
Petroleum Company, en el que consta que José Johnny Martínez Donoso comenzó a
laborar en la empresa el 11 de febrero de 1985.[15]
4. Oposición a la demanda de tutela
Por Auto del 21 de enero de 2016, la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la acción
de tutela y, con el fin de conformar debidamente el contradictorio, ordenó
ponerla en conocimiento de las autoridades judiciales demandadas y vinculó a la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, para que se pronunciaran
respecto de los hechos y las pretensiones planteados en ella.
4.1. Tribunal
Contencioso Administrativo de la Cundinamarca
4.1.1.
Dentro de la oportunidad procesal, el magistrado ponente de la decisión objeto
de censura dio respuesta a la acción de tutela, mediante escrito en el que
efectuó un recuento de los supuestos fácticos de la demanda que el accionante
interpuso contra la DIAN. Seguidamente, sostuvo que el debate se centró en
determinar si José Jhonny Martínez Donoso tenía derecho a beneficiarse de la
exención prevista en el inciso 5º, del artículo 206 del Estatuto Tributario.
4.1.2. Afirmó
que estuvo de acuerdo con la sentencia de primer grado por cuanto el artículo
206 del ET establece como gravados con el impuesto sobre la renta y
complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de
una relación legal o reglamentaria, excepto las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez, de sobreviviente y riesgos profesionales, de tal forma que
para acceder al beneficio se debía cumplir con lo establecido en el parágrafo
3º ibíd que establece: “el contribuyente debe cumplir los requisitos
necesarios para acceder a la pensión de acuerdo con la Ley 100 de 1993”.
4.1.3. Partiendo
del contrato de transacción celebrado entre Mansorovar Energy Colombia Ltda. y
José Jhonny Martínez Donoso, la Sala llegó a la conclusión de que el accionante
se acogió a un plan de retiro voluntario, con pensión anticipada y transitoria
a cargo del empleador, hasta que el trabajador accediera a la pensión de vejez
que posteriormente habría de reconocerle el ISS. En consecuencia, el demandante
no tenía el status pensional requerido por la Ley 100 de 1993 y por ello
la empresa se comprometió a seguir cotizando al ISS hasta que cumpliera los
requisitos para que este instituto reconociera la pensión de vejez.
4.1.5. Con
fundamento en lo anterior, considera el magistrado ponente que la pensión que
le fue reconocida al actor no cumple con el condicionamiento que prescribe el
parágrafo 3º, del artículo 206 de Estatuto Tributario para materializar la
exención prevista en el numeral 5º del mismo artículo.
4.1.6. Señaló
que el accionante plantea en la acción de tutela los mismos argumentos presentados
en el proceso contencioso, como si se tratara de una tercera instancia,
pretendiendo reabrir el debate y desplazar al juez natural de sus competencias.
4.1.7. Con
fundamento en los argumentos descritos solicitó negar las pretensiones de la
tutela por cuanto, en el presente caso, se profirió una sentencia al tenor de
la Constitución y la ley, en consecuencia, no vulneró los derechos
fundamentales que el accionante reclama.
4.2. Unidad Administrativa Especial de Dirección de
impuestos y Aduanas Nacionales – Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
Ministerio de Defensa Nacional –DIAN–
En la respuesta, la entidad sostiene que la
tutela es improcedente al encontrarse plenamente demostrado que el proceso
contencioso administrativo se adelantó de acuerdo a las normas aplicables al
caso, no se evidencia ninguna causal de nulidad y dentro del control
jurisdiccional el accionante fue vencido, sin que se advierta alguna violación
de los derechos fundamentales invocados.
4.3. Juzgado Cuarenta Administrativo del Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá
El juez, en atención al requerimiento judicial
sostuvo que no comparte el criterio del tutelante porque las pruebas arrimadas
al proceso se evaluaron de manera íntegra, a la luz de las reglas de la sana crítica.
En razón de lo anterior las pretensiones de la demanda se negaron teniendo en
cuenta que en materia tributaria los beneficios son de interpretación
restrictiva. En consecuencia, solicitó declarar el amparo improcedente o
negarlo.
5. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
5.1. Primera instancia
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 17 de marzo de
2016, negó la solicitud de  tutela argumentando que  el Tribunal accionado
profirió la sentencia valorando adecuadamente las pruebas obrantes dentro del
expediente, específicamente, el contrato de transacción celebrado el 20 de
enero de 2009 entre el actor y Mansarovar Energy Colombia Ltda. Al efecto
consideró que dichas pruebas se estudiaron de acuerdo con las reglas de la
experiencia, la sana crítica y el precedente establecido en la sentencia del 6
de diciembre de 2011, proferida por la Sección Cuarta[16]
del Consejo de Estado, en la que respecto a las pensiones anticipadas precisó
que estas son las reconocidas por el empleador, en el evento en que el
trabajador no cumple con los requisitos previstos para acceder a la pensión
legal, las cuales se encuentran por fuera del Sistema General de Pensiones a
que se refiere la Ley 100 de 1993, motivo por el cual sí son objeto de
gravamen.
De igual forma destacó el precedente jurisprudencial
plasmado en la sentencia T-038 de 2014,[17]
de esta Corporación, según el cual, la tutela no puede considerarse una tercera
instancia o un medio adicional al proceso ordinario para controvertir
decisiones judiciales cuando la interpretación del juez no le es favorable a
los intereses del accionante.
En razón de lo anterior, la Sala consideró que la
providencia cuestionada se ajusta a derecho y no resulta vulneradora de ningún
derecho fundamental.
5.2. Impugnación
5.2.1. Dentro del término de rigor, el
accionante impugnó la decisión, reiterando los argumentos expuestos en la
tutela. Agregó que no se efectuó una completa valoración probatoria de los
documentos allegados al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al
darle una defectuosa interpretación al contrato de transacción que aportó como
prueba y, tampoco, se dio relevancia a los supuestos fácticos que dieron origen
al acuerdo.
De tal forma que no se tuvieron
en cuenta los certificados ni los documentos expedidos por la empresa en los
que consta que era beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993 y, por lo tanto, la norma aplicable para su reconocimiento
pensional era el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.
5.2.2. Finalmente, sostuvo que la
acción de tutela resulta procedente, en la medida en que a pesar de emplear
todas las vías legales que tiene a su alcance las entidades demandadas
incurrieron en defecto fáctico y las decisiones proferidas en el trámite
contencioso no pueden considerarse una providencia judicial sino una vía de
hecho, de tal forma que no se estaría suplantando al juez natural ni tampoco se
estaría creando inseguridad jurídica, pues lo que se pretende es que se
profiera, de manera correcta, las providencias censuradas en el sentido de que
estas deben orientarse a maximizar los principios y valores constitucionales
que involucran la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos.
En ese sentido, considera que el
fallador de segunda instancia ha debido valorar todas las pruebas aportadas al
trámite judicial y tener en cuenta las normas aplicables en materia pensional
para los empleados del sector privado.
5.3. Segunda instancia
5.3.1. La Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en providencia del 4 de
agosto de 2016, confirmó el fallo dictado en primera instancia.
5.3.2. Para el ad quem en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta por el actor contra la DIAN, no
prosperaron las pretensiones debido a que no se encontró probado si la pensión
que le fue reconocida al demandante, por parte de la empresa Mansarovar Energy
Colombia Ltda., hacía parte de la renta exenta para el año gravable 2009, en
los términos del artículo 206 del ET.
En dicha decisión se concluyó que la pensión que
recibía el actor no fue reconocida por ninguno de los sujetos pertenecientes a
los regímenes pensionales contemplados en la Ley 100 de 1993.
5.3.3. A juicio de este fallador, dentro del trámite judicial
no se incurrió en un defecto sustantivo o en violación del derecho al debido
proceso, en consideración a que el Juez y el Tribunal  contencioso
administrativo aplicaron la norma dentro del margen de interpretación razonable
junto con las pruebas allegadas al expediente, ante lo cual concluyeron que no
era posible entender que la pensión reconocida al actor gozaba de renta exenta
para el año gravable 2009.
5.3.4. Asimismo, sostuvo que no se configuró el defecto
fáctico alegado, pues al revisar las sentencias proferidas por las autoridades
judiciales se logró verificar que éstas, a partir de los elementos de
convicción examinados, concluyeron que los actos administrativos de la DIAN no
se encontraban viciados de nulidad y, por tanto, no era posible acceder a las
pretensiones de la demanda. Por el contrario, consideró que las decisiones se
encuentran ajustadas a los principio de la sana crítica y autonomía judicial,
al estar debidamente motivadas y razonadas.
5.3.5. La inconformidad planteada, en este caso, no implica
que las providencias acusadas hayan incurrido en una vía de hecho. En razón de
ello no pueden ser estudiadas nuevamente por el juez constitucional, pues su
análisis es de competencia del juez natural del proceso y la tutela no está
llamada a convertirse en una instancia adicional para reabrir el debate que se
surtió en el proceso, dentro del cual se hizo uso de los medios de defensa
previstos legalmente.
En conclusión, para el ad quem las pruebas
arrimadas al proceso fueron debidamente valoradas  y, en consecuencia, se
evidencia que la controversia se resolvió bajo el sustento probatorio, legal y
jurisprudencial adecuado y las decisiones no obedecieron a un capricho
infundado por parte de los juzgadores.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional
para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de
1991, y en cumplimiento del Auto del 25 de enero de 2016, proferido por la Sala
de Selección Número Uno de esta Corporación.
2. Planteamiento del problema jurídico y cuestiones
jurídicas a resolver
2.1. En la presente oportunidad le corresponde a la Sala establecer si las
decisiones judiciales proferidas por el
Juzgado Cuarenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el actor contra la DIAN, incurren en
defecto fáctico derivado de una indebida valoración probatoria de las
pruebas que acreditan que la pensión de jubilación que recibió de su empleador
era de origen legal, en consecuencia, vulneran sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
2.2. Para resolver el mencionado problema jurídico,
previamente, debe la Sala abordar el estudio de los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el
defecto fáctico derivado de una indebida apreciación y valoración probatoria
como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (iii) si la
pensión de jubilación establecida en el Código Sustantivo de Trabajo a cargo de
los empleadores es de orden legal y (iv) si las pensiones que recibían los
trabajadores que se encontraban amparados por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 gozaron de la exención del impuesto sobre la renta y
complementarios. A partir de
las anteriores consideraciones se procederá a resolver el caso concreto.
3. Reiteración de jurisprudencia en torno a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, la tutela es un mecanismo sumario, preferente y
subsidiario de defensa judicial cuya finalidad es la protección de los derechos
fundamentales de las personas, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular
en los casos previstos en la Constitución y en la ley.
3.2. En relación con la posibilidad de interponer acciones
de tutela contra providencias judiciales, la Corte, en la Sentencia C-543 de
1992, sostuvo que, debido a la prevalencia de los principios constitucionales
de seguridad jurídica, autonomía judicial y a la garantía procesal de la cosa
juzgada, aquella resultaba improcedente cuando mediante ella se pretendía
cuestionar providencias judiciales,[18] salvo cuando se promovía como mecanismo subsidiario y
preferente de defensa judicial, respecto a las actuaciones de los jueces que
violaran o amenazaran de un derecho fundamental. La excepción planteada se
sustentó en que a pesar de la calidad jurídica que ostentan los jueces de la
república cuando administran justicia, sus actuaciones pueden ser cuestionadas
cuando infrinjan derechos fundamentales, eventos en los cuales la acción de
tutela procedía.
3.3. A
partir de la anterior regla, la jurisprudencia constitucional, al examinar
actuaciones judiciales que incurrían en una desviación de tal magnitud que no
merecía la denominación de providencia judicial, sostuvo un criterio conforme
al cual estas constituían una expresión de hecho que permitía interponer la
acción de tutela contra providencias judiciales. Partiendo de lo expuesto, la
jurisprudencia desarrolló la figura denominada “vía de hecho”, referida a sentencias abiertamente
injustas.
3.4. Posteriormente,
mediante distintas sentencias se determinó la existencia de varios tipos de
vicios o defectos contenidos
en el fallo judicial y que constituyen el fundamento de la vulneración de las
garantías fundamentales, entre los cuales
se encuentran el sustantivo, el orgánico, el fáctico o el procedimental. Ello,
justificado en que el ordenamiento jurídico no podía amparar situaciones que
cobijadas, en principio, por el manto del ejercicio autónomo de la función
judicial, comportaban una violación protuberante de la Constitución y, en
especial, los derechos fundamentales que son los bienes jurídicos más preciados
para el hombre.
3.5. Más
adelante, la Corte, en la Sentencia C-590 de 2005,[19] reiteró la regla general
de improcedencia de la tutela contra providencias judiciales, con el fin de
resguardar el valor de la cosa juzgada, la garantía de la seguridad jurídica y
los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial.
Asimismo, en concordancia con la jurisprudencia[20]
proferida hasta ese momento, según la cual en circunstancias excepcionales
cuando se verificaba la vulneración de derechos fundamentales y se acreditaba
el cumplimiento de ciertos requisitos que demarcaban el límite entre la
protección de bienes jurídicos y los principios y valores constitucionales que
resguardan el ejercicio legítimo de la función judicial, la Corte reiteró que
sí era procedente la acción de tutela contra providencias judiciales.
En esta oportunidad la Corte compiló los denominados
requisitos de procedencia en “generales” y “específicos”. El primero, se
refiere a la procedencia de la acción de tutela y, el segundo, atiende la
tipificación de las situaciones que conducen al desconocimiento de derechos
fundamentales, especialmente, el derecho al debido proceso.
3.5.1. La
Corte identificó que los requisitos generales son aquellos que se deben
cumplir ante los jueces constitucionales antes de estudiar el tema de fondo,
pues habilitan la procedencia de la acción de amparo constitucional. Tales
requisitos son: (i) que el asunto
sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; (ii) que
el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios,
antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad;
(iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga
incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de los derechos
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que
generan la violación y que esta haya sido alegada en el proceso judicial, en
caso de haber sido posible y, (vi) que el fallo impugnado no se trate de una
acción de tutela.
3.5.2. En lo que respecta a los requisitos específicos
fueron unificados en las denominadas causales
de procedibilidad, a partir del reconocimiento de los siguientes defectos o
vicios materiales: orgánico,[21]
sustantivo,[22]
procedimental,[23]
fáctico,[24]
error inducido,[25]
decisión sin motivación,[26]
desconocimiento del precedente constitucional[27]
y violación directa a la Constitución.
3.6. En
conclusión, la acción de tutela procede, excepcionalmente, como mecanismo de
protección de los derechos constitucionales fundamentales, para controvertir el
sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que: (i) se cumplan
los requisitos generales de procedencia; (ii) se advierta que la providencia
cuestionada incurrió en una o varias de las causales específicas; y (iii) se
determine que el vicio o defecto es de tal trascendencia que conlleva la
amenaza o la vulneración de derechos fundamentales.[28]
4.1 Defecto fáctico por ausencia o defecto de valoración
probatoria por parte del funcionario judicial
4.1.1. Ante la necesidad de propiciar la adopción de sentencias
ajustadas a la realidad, para contribuir a concretar los propósitos de lealtad
y eficiencia en la administración de justicia, se requiere de providencias
judiciales que se ajusten a las pruebas aportadas por los sujetos procesales y
a las que se practicaron en el curso del proceso y cuando ello no es así cabe
la posibilidad de cuestionar las decisiones judiciales por vía de tutela en
atención a sus deficiencias probatorias de tal forma que se cierre la
posibilidad de expedir decisiones arbitrarias y se incentive la confianza de
los ciudadanos en el sistema judicial.
Esta Corporación ha considerado que se presenta un defecto fáctico
cuando el funcionario judicial, “a pesar de que en el proceso existan
elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no
los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el
caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y
valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente”.[29]
Son dos, entonces, los elementos que deben reunirse para que se
configure el defecto fáctico por ausencia de valoración del material
probatorio. De un lado, es necesario que el funcionario judicial haya adoptado
una decisión carente de respaldo probatorio o que haya dejado de valorar una
prueba que resultaba determinante para la solución del problema jurídico
sometido a su consideración. La relevancia de dicha prueba es, precisamente, el
segundo requisito que conduce a la estructuración del defecto. De ahí que, en
todo caso, deba demostrarse que la falta de valoración probatoria incidió, de
manera definitiva, sobre el sentido de la sentencia acusada.
4.1.2. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio
Cuando el funcionario judicial, en el análisis que antecedió la
adopción de la sentencia, haya apreciado de manera errónea una o varias pruebas
y decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido[30] es un evento
que la jurisdicción constitucional ha considerado como un defecto fáctico por
valoración defectuosa del material probatorio. [31]
De tal manera que cuando lo concluido por el
juez es manifiestamente arbitrario e incorrecto, se desvincula de las reglas de
la sana crítica en la valoración probatoria y no hay congruencia entre lo
acreditado y lo decidido, el juicio deviene en caprichoso, caso en el cual la
providencia adoptada vulnera derechos y garantías constitucionales como el
debido proceso[32] y el acceso a la administración de
justicia[33] de aquellas personas que acudieron
ante los jueces para dirimir sus controversias.
Ante tal escenario, la intervención del juez de tutela es factible
en la medida en que el error que se observa es notorio, evidente, manifiesto y
decisivo en la sentencia. En esos eventos el operador judicial excede su
autonomía en la formación libre de su convencimiento.
De no presentarse situaciones como las descritas el juez
constitucional no debe intervenir, pues, la
tutela “no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia”.[34]http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-473-14.htm
- _ftn11
5. Seguridad social en pensiones con anterioridad y
posterioridad de la Ley 100 de 1993
5.1. El
concepto de seguridad social fue
introducido por primera vez en 1936 a la Constitución de la época. A partir de
entonces previó como garantía constitucional y deber del Estado frente a sus
ciudadanos, definiéndola como “La asistencia pública es función social del
Estado. Se deberá prestar a quienes careciendo de medios de subsistencia y de
derecho para exigirla de otras personas, estén físicamente incapacitados para
trabajar.” De igual forma ordenó al legislador reglamentar la forma cómo se
prestaría la asistencia por parte de los particulares y del Estado
directamente.
5.2. De igual forma, a través
de la ratificación de algunos instrumentos internacionales[35]
el Estado colombiano se obligó a implementar medidas que aseguraran a las
personas protección frente a las contingencias que les afectaran en materia de
seguridad social en pensiones, al considerarlas como un derecho humano. Así
mismo, aquel se comprometió a desarrollar una legislación interna que promoviera las condiciones
mínimas de previsión social.
5.3. Para cumplir los
compromisos adquiridos se expidieron diversas  disposiciones que reglamentaron las relaciones de los empleadores
con los trabajadores en materia pensional y se reguló el sector público y
privado a través de la Ley 6ª de 1945,[36] Ley 4ª de 1966,[37] Decreto
3135 de 1968,[38] Ley 33 de 1985,[39] Ley 71
de 1988,[40] y artículo
260[41]
del Código Sustantivo del Trabajo. De igual forma, entre los años 1945 y
1946, crearon la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y las cajas de previsión
del orden departamental y municipal.
Por medio de la Ley 90 de 1946, se
creó el seguro social obligatorio y el Instituto de Seguros Sociales, entidad
que, a partir del año de 1967, asumió el reconocimiento del riesgo de vejez y
la sustitución de  la pensión de jubilación a cargo de los empleadores. De
igual forma, dicha ley generó para los empleadores la obligación de afiliar a
sus empleados al sistema del Seguro Social, para que, una vez cumplidos los
requisitos señalados por las normas de creación de éste, fuese esta entidad y
no el empleador, la encargada de asumir y reconocer la prestación por el riesgo
de vejez. También introdujo la obligación, en cabeza de los empleadores, de
hacer los aprovisionamientos de capital correspondientes en cada caso y entregarlos
al Instituto con el fin de que éste pudiera asumir el aseguramiento de los
riesgos de vejez e invalidez por servicios prestados con anterioridad a la
vigencia del nuevo régimen.
Concretamente, en lo que toca con el presente caso, el Código
Sustantivo del Trabajo en su artículo 259,[42] contempló que el pago de las
prestaciones sociales, tales como la pensión de jubilación, estaría en cabeza
del empleador, hasta que el riesgo correspondiente fuera asumido por el
Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Seguidamente el artículo 260[43]
estableció los requisitos que debían cumplir los trabajadores para acceder a la
pensión de jubilación, en el caso de los hombres 55 años de edad, y las mujeres
adquirían el derecho con 50 años y 20 años de servicios continuos o
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código.
5.4. A partir de la expedición de la Constitución Política de 1991 se
estableció la seguridad social como un servicio público de carácter
obligatorio, irrenunciable y universal. Este derecho fundamental fue
reglamentado en la Ley 100 de 1993.[44] A partir de
entonces se determinó que existiría un sistema general de seguridad social en
pensiones integral,[45] el cual permitiría compilar la
dispersión normativa en materia de pensiones. Distinguía la pensión sanción, de
jubilación, voluntaria, de vejez y pensión por aportes. También se buscó acabar
con la incompatibilidad entre regímenes y derogó[46] las
disposiciones legales que regulaban las pensiones para los empleados públicos y
los trabajadores particulares.[47]
En relación con el campo de aplicación del nuevo Sistema General
de Pensiones, en el artículo 11 ibíd consideró que a pesar de la
derogación de las normas que reglamentaban las pensiones se respetarían
derechos adquiridos y estableció que :
“El sistema general de pensiones, con las excepciones previstas
en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del
territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías,
prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a
disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta
ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren
pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de
los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto
de Seguros Sociales y del sector privado en general”.
Teniendo en cuenta la anterior disposición y buscando proteger los
derechos de los trabajadores públicos o privados el artículo 36[48] de la
Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición para quienes ya hubieran
cumplidos los requisitos para adquirir la pensión de jubilación o vejez de
acuerdo con las disposiciones aplicables en cada caso y también amparó las
expectativas de aquellos que no habían consolidado su derecho, permitiéndoles
acceder a la pensión de vejez teniendo en cuenta la edad, el monto de la
pensión y el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio previstos en
las leyes vigente antes de la Ley 100 de 1993. De tal forma que, las personas
cobijadas por el régimen de transición se pensionarían de acuerdo con el
régimen antes aplicable.
Reconocida la pensión de jubilación por parte del empleador, éste
debía continuar cotizando al Instituto de Seguros Sociales hasta que el
trabajador cumpliera con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida,
establecidos en el artículo 33[49] de la Ley 100 de 1993. A partir del
cumplimiento de la edad y tiempo de servicio el ISS comienza a cubrir dicha
pensión y el empleador únicamente estaría obligado a pagar la diferencia del
mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el Instituto y el que
venía recibiendo el pensionado.
5.5. En conclusión, los anteriores argumentos permiten afirmar que la
pensión de jubilación regulada en el artículo 260 del CST se reconoce a quienes
cumplieron con los requisitos de tiempo y edad allí establecido, por parte de
los responsables de su pago, así las cosas el empleador está obligado a
reconocer y pagar esta prestación a sus trabajadores en cumplimiento de un
mandato legal y no por mera voluntad de este. También es claro que al expedirse
la Ley 100 de 1993 esta pensión de jubilación quedó inmersa en la transición
normativa que respetó los derechos adquiridos y algunas expectativas de
aquellos que cumplieran con los requisitos establecidos en el régimen pensional
que le correspondiera, precisamente la aplicación de lo dispuesto en esta norma
permite darle vigencia temporal a normas que expresamente derogó.
6. Las pensiones que recibían los trabajadores que se encontraban
amparados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 gozan de la exención
del impuesto sobre la renta y complementarios
6.1. El Estatuto Tributario vigente se expidió mediante el Decreto 624
de 1989. Este cuerpo normativo, en el artículo 206, enunció algunas excepciones
al pago del impuesto sobre la renta y complementarios de algunos recursos
provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria, entre ellos, los
recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de
sobrevivientes y sobre riesgos profesionales.
6.2. Tal regulación se previó originalmente ahora bien, este criterio
estuvo compilado en el artículo 35 de la Ley 75 de 1986.[50] Allí se
consagró una exención tributaria para los ingresos percibidos por concepto de
pensiones de jubilación, vejez o invalidez tanto para las mesadas canceladas
mensualmente o para aquellos pactos únicos por concepto de pensiones futuras
de jubilación. Para ser beneficiario de esta prerrogativa los
contribuyentes debían adjuntar a la declaración de renta copias del pacto y del
cálculo actuarial correspondiente, este último aprobado por el Instituto de
Seguros Sociales (ISS) o por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ambas
disposiciones tributarias limitaron la excepción de esa pensión a un monto que
establecieron en 1.000 UVT y $170.000, respectivamente.
Por lo anteriormente expuesto, se logra concluir que, en efecto,
las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobreviviente y riesgos
profesionales son susceptibles de exención del impuesto sobre la renta incluso
desde antes de la expedición de la Ley 100 de 1993.
6.3. Más adelante, el artículo 96 de la Ley 223 de 1995, adicionó el
parágrafo 3º al artículo 206 del ET, lo cual permitió adecuar la norma
tributaria al nuevo escenario de seguridad social que implementó la Ley 100 de
1993, disposición que, como se explicó, cambió los disímiles regímenes pensionales
existentes por uno universal. Como quiera que a través de la transición del
nuevo sistema establecido se respetaron los derechos adquiridos y algunas
expectativas que en materia pensional eran más favorables para los empleados y
cuyos responsables del reconocimiento y pago podían ser empleadores del sector
público y privado. Por consiguiente, las pensiones reconocidas a aquellos
trabajadores cobijados por el régimen de transición se encuentran incluidas en
el nuevo sistema integral de seguridad social y son susceptibles de la exención
tributaria, hasta 1.000 UVT.
6.4. A propósito del tema dilucidado, concretamente en la
Sentencia C-1261 de 2005 la Corte estudió una demandada de inconstitucionalidad
en contra del parágrafo 3º, del artículo 206 del Decreto 624 de 1989 (ET), en
la que, a juicio de la demandante, de la lectura literal de la norma se podía entender que únicamente gozaban de
exención los contribuyentes que cumplieran con los requisitos para acceder a la
pensión señalados en la Ley 100 de 1993, es decir, por el régimen solidario de
prima media con prestación definida y el régimen de ahorro
individual con solidaridad, dejando por fuera los regímenes pensionales que
existían antes de la expedición de esa norma.
En
esta oportunidad, la Corte verificó el campo de aplicación del Sistema general de
pensiones establecido en el artículo 11 y el respeto de los derechos adquiridos
de un sector de la sociedad que, de manera taxativa, señala la Ley 100 de 1993.
Al efecto, evaluó el sentido de la norma
acusada a la luz de los parámetros jurisprudenciales estudiados, considerando
que el legislador no podía imponer un trato diferente a dos grupos de
pensionados, pues, si lo hacía,  la medida no se adecuaba a ningún propósito
constitucional o legal. Tampoco  era razonable y, además, el fin que se busca
al imponer el trato diferente ni siquiera resultaba legítimo. Dicho
pronunciamiento en lo pertinente expresó:
“De tal forma que el parágrafo en la frase ‘de acuerdo con la ley
100 de 1993’, no dejó por fuera de la exención a los diferentes regímenes que
se incluyeron de manera transitoria en virtud del artículo 36, y sus
beneficiarios deben ser gravados o exonerados de la misma manera,
independientemente del régimen pensional al cual pertenezcan, siempre y cuando
sea dentro de la ley. De lo contrario, una diferenciación de trato basada
únicamente en el régimen pensional que la origina es contraria a los principios
de igualdad ante la ley y de equidad en el deber de contribuir al financiamiento
del Estado.
… No obstante, muchos de estos otros grupos de pensionados,
supuestamente excluidos, sí se encuentran contemplados por la exención
consagrada en el parágrafo 3° del artículo 206 del Estatuto Tributario pues ésta
cobija a todos los pensionados que pertenecen al Sistema de Seguridad Social
Integral, es decir a todos aquellos que cumplen los requisitos establecidos en
la Ley 100 de 1993 para acceder, por ejemplo, a las i) pensiones legales:
pensión de vejez; pensión de sobrevivientes;  pensión de invalidez; ii)
regímenes especiales; iii) pensiones de naturaleza extralegal: pactos;
acuerdos; convenciones colectivas de acuerdo a la Ley 100 de 1993; iv) las
pensiones establecidas en la ley 100 de 1993 como anticipadas o de retiro
anticipado[51]; v) pensiones de actividades de
alto riesgo reconocidas por las administradoras del régimen de prima media de
acuerdo a la Ley 100 de 1993.
.... Con lo dicho, queda claro entonces que los cargos presentados
por la demanda según los cuales la norma acusada desconoce los derechos a
conciliar (art. 53, CP) a negociar colectivamente (art. 55, CP), o los derechos
adquiridos de los pensionados (art. 58, CP), se fundaban no en el Parágrafo 3°
del artículo 206 del Estatuto Tributario, sino en una lectura del mismo. Una
lectura que por cierto, no comparte la DIAN, el órgano estatal encargado de
recaudar los tributos.
… Así pues, una adecuada interpretación de la norma muestra que
muchos de aquellos casos que según el demandante recibían un trato diferente
por no gozar del beneficio de la exención, sí se encuentran contemplados por la
disposición acusada. Es decir, el criterio empleado por la norma no excluye del
beneficio a todos los grupos de pensionados, supuestamente discriminados. La
norma acusada contempla una garantía de forma amplia y generalizada que sólo
deja por fuera aquellas pensiones que no estén contempladas por el sistema de
seguridad social integral.  Es en ese sentido que se ha interpretado y aplicado
la expresión “de acuerdo con la Ley 100 de 1993”. En tal medida, puede
concluirse que la norma no desconoce la regla de la generalidad de los
tributos, ni constituye un criterio infra-inclusivo que haya dejado por fuera
de la exención casos similares que han debido ser contemplados a la luz de
parámetros objetivos de comparación.”
Por consiguiente, declaró exequible el parágrafo 3°,
del artículo 206 del Estatuto Tributario (modificado por el artículo 96 de la
Ley 223 de 1995), en razón a que la norma no dio un trato diferente a los
pensionados, tal y como lo planteaba el demandante.
6.5. La DIAN como autoridad que se encarga de la
administración y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
tiene la obligación de efectuar un riguroso análisis y aplicación del
ordenamiento que reglamenta el tema pensional, así como observar las sentencias
de constitucionalidad que han estudiado las normas tributarias que regulan su
actuación. Con base en ello, deberá verificar, en cada caso, si en la
declaración de la obligación tributaria, que presentan los contribuyentes hay
lugar al reconocimiento de la respectiva exención, originada al realizarse el
presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores de la
exención en materia pensional o si, por el contrario, se genera el
correspondiente impuesto y si hay lugar al pago del respectivo tributo.
Por consiguiente, se evidencia un desconocimiento por parte de la
DIAN de las normas y jurisprudencia sobre la aplicación del régimen de
transición y del precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia
C-1261 de 2005, pues ella hace referencia concreta a la  interpretación que
debe hacerse del citado parágrafo 3º, de tal manera que la exclusión de los
precedentes fijados por esta Corporación contraría la supremacía de la
Constitución y desconoce las garantías constitucionales de aquellos
contribuyentes que esperan un juicioso análisis por parte de organismo
especializado del Gobierno.
7. Caso concreto
7.1. Cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia
7.1.1.
Encuentra la Sala que en el presente asunto, se cumplen en su totalidad los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial fijados por la jurisprudencia de esta Corporación, veamos:
7.1.2. En
efecto, se observa que el demandante identificó de manera razonable los hechos
que generaron la vulneración de sus derechos, los cuales se encuentran
detallados en la demanda y acusa las decisiones
judiciales por defecto fáctico por indebida valoración probatoria pues,
a su juicio, las sentencias censuradas no efectuaron una adecuada estimación de
las pruebas arrimadas al proceso contencioso administrativo y, de esta manera,
se vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
(i) la cuestión que se discute es de indudable
relevancia constitucional, toda vez que se persigue la protección efectiva de
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia presuntamente trasgredidos por las autoridades judiciales demandadas,
como consecuencia de las sentencias proferidas dentro de un proceso contencioso
administrativo de nulidad y restablecimiento del derecho que dejó en firme
decisiones de la DIAN, las que, a su vez, infringen derechos fundamentales,
normas de seguridad social y desconocen el precedente constitucional.
Esto ocurre porque los jueces contenciosos de
instancia señalaron que no tenía derecho a la exención tributaria debido a que
su pensión no fue de orden legal, sino una pensión voluntaria o anticipada y
para ello se suscribió la transacción. En este caso, los jueces desconocieron
que al momento del reconocimiento de la pensión de jubilación[52]
el accionante cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 260 del
Código Sustantivo de Trabajo y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Así mismo, se observa que debido al carácter periódico
de la prestación reconocida al accionante, también se tiene que la declaración
de renta es anual, de tal forma que la vulneración del derecho se mantuvo en el
tiempo en cada declaración que él debió presentar. En este caso, para el año
gravable 2009, los recurso que percibió por concepto de pensión de jubilación fueron
de $96´383.000 y la resolución de la DIAN ordenó pagar $42´880.000, es decir el
41.32% de sus ingresos fueron afectados. Ahora en los años siguientes la DIAN
estaría sosteniendo el mismo criterio jurídico y cobrando un gravamen a una
pensión que, hasta 1000 UVT, estaba exenta del pago de renta y complementarios,
circunstancias que evidencian una permanente vulneración de los derechos del accionante
quien en su condición de pensionado depende de la pensión para su subsistencia
digna y congrua.
(ii) también es claro que dentro del proceso
contencioso, el accionante agotó los mecanismos de defensa judicial que la ley
dispone para el caso la protección de sus derechos fundamentales, en vista de
que apeló la sentencia, de primera instancia, proferida por el Juzgado Cuarenta
Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, recurso tramitado y resuelto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, decisiones bajo estudio en
la presente providencia. De tal manera que, en este caso se encuentra
satisfecho el presupuesto de subsidiariedad.
(iii) la acción de tutela fue interpuesta el 12 de
enero de 2016 y la sentencia censura se profirió el 15 de octubre de 2015,
notificada vía electrónica el 27 del mismo mes y año, término que para la Sala
es razonable y cumple con el requisito de inmediatez; (iv) La Sala considera
que el demandante identificó los hechos que, a su juicio, generaron la
vulneración alegada y los derechos fundamentales presuntamente infringidos,
aspectos que fueron abordados en el trámite contencioso administrativo y (v)
por último, es palmario que las sentencias bajo estudio no son contra un fallo
de tutela.
7.1.3. Verificados los requisitos de procedencia del presente amparo, la Sala Cuarta procede a examinar si en el caso concreto se presentó
alguna de las causales específica de procedibilidad consistente en un defecto
procedimental por ausencia o defectuosa valoración de las pruebas que se
allegaron al trámite judicial.
7.2. Revisión de las
providencias judiciales objeto de cuestionamiento a la luz del defecto
fáctico por indebida y defectuosa valoración probatoria exceso ritual manifiesto
7.2.1. La
controversia que se presentó ante la jurisdicción contencioso administrativa
surgió a partir de la declaración de
renta presentada por el señor Martínez Donoso, del año gravable 2009,
reportando como renta exenta las mesadas que había recibido por concepto de
pensión de jubilación que le había reconocido el empleador al cumplir con los
requisitos señalados en el artículo 260 del CST. Para la DIAN  la declaración
no se ajustaba a la realidad y decidió liquidarla oficialmente, una vez
concluyó el trámite administrativo, ordenó al contribuyente pagar la suma de
$42´880.000, de los cuales $11´717.000 corresponden al gravamen que debía
cancelar y $31´163.000 por la sanción impuesta por inexactitud en la
declaración de renta del año 2009.
La DIAN consideró que al contribuyente le
reconocieron una pensión voluntaria que se encuentra por fuera del Sistema de Seguridad General de Pensiones que
contempla la Ley 100 de 1993 y, de esta forma, no cumple con lo exigido en el parágrafo 3º, artículo
206 del Estatuto Tributario. Disposición que señaló una obligación tributaria
para aquellas personas que reciben pagos o abonos que provienen de una relación
laboral, contractual, legal o reglamentaria, excepto aquellos pagos percibidos
por pensiones de jubilación que no constituyen gravamen del impuesto de renta.
7.2.3. Por lo anterior, el accionante formuló demanda de acción de
nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que: (i) se declare la nulidad de la liquidación oficial de
revisión No. 322412012000103 del 29 de febrero de 2012 y la Resolución No.
900.161 del 12 de abril de 2012 expedidas por la DIAN, a través de los cuales
modificó la declaración de renta del año gravable 2009.
En el trámite judicial los jueces de primera y de
segunda instancia no accedieron a las pretensiones de la demanda, pues
consideraron que el contrato de transacción y la conciliación suscritos entre José Johnny Martínez Donoso y Mansorovar Energy Colombia Ltda. permitían
demostrar que la prestación que aquel le fue reconocida era una pensión
anticipada y temporal que hizo parte de un plan de retiro voluntario y, al
encontrarse por fuera del Sistema de Seguridad General de Pensiones que
contempla la Ley 100 de 1993, no cumple con el condicionamiento que prescribe
el parágrafo 3º, del artículo 206 de Estatuto Tributario para materializar la
exención prevista en el numeral 5º del mismo artículo.
7.2.4. En la
solicitud de tutela, el actor alega que los fallos del Juzgado Cuarenta
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y la Sección Cuarta, Subsección
B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, incurren
en defecto fáctico por indebida y defectuosa valoración probatoria, por
cuanto ambas instancias le restaron valor probatorio a las piezas procesales
arrimadas al expediente y que dan cuenta de los hechos que alega como
verdaderos.
7.2.5. Una vez
analizado el material probatorio que obra dentro del expediente y, en
particular, la decisión judicial de segunda instancia censurada, la Sala
encuentra que, en efecto, la misma incurre en un defecto fáctico por
indebida y defectuosa valoración probatoria, por lo siguiente:
La Sala considera que en el presente
asunto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B se abstuvo de
apreciar integralmente las pruebas que se aportaron al proceso, entre ellas, el
documento de identidad que daba cuenta de la fecha de nacimiento, el contrato
de trabajo que demostraba la relación laboral entre el accionante y la compañía
que le reconoció la pensión, la solicitud de reconocimiento de pensión de
jubilación por cumplir los requisitos del artículo 260 del CST, el contrato de
transacción y la audiencia de conciliación que suscribió con su empleador, de
las cuales se podía corroborar que la empresa para la cual laboró le concedió
la pensión de jubilación establecida en el citado artículo.
Se puede constatar que el Juzgado y
el Tribunal incurrieron en una errada interpretación a las pruebas al arribar a
la conclusión de que la prestación otorgada correspondió a un acto voluntario
o espontáneo del empleador para dar por terminado el vínculo laboral y no por
el cumplimiento de los requisitos legales de tiempo de servicio y edad por
parte del trabajador para ser acreedor de la prestación pensional. Al hacerlo,
cometió un error evidente y manifiesto en la valoración de la prueba y esa
apreciación incidió, de manera directa, en el sentido de la decisión. Por tal
motivo el Tribunal no accedió a la revocatoria de los actos administrativos de
la DIAN solicitada por el accionante.
Es indiscutible que el desacierto, en
el examen de las pruebas y los supuestos fácticos y jurídicos, cambió por
entero el sentido del fallo y vulneró la garantía del derecho al debido proceso
del accionante. En este caso, se halla la Corte  ante  pruebas concluyentes
orientadas a establecer que la prestación reconocida al accionante era una
pensión de jubilación que estaba contemplada en el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, de ahí que era susceptible de la exención prevista en el numeral 5º del artículo 206 del ET. No cabe
desconocer el hecho según el cual los requisitos pensionales que el demandante
satisfizo son los previstos en la Ley 100 de 1993 de acuerdo con la remisión
expresa que esta hace a normas anteriores, tratándose de aquellos trabajadores
que se encuentran en transición.
Reitera la Corte que la pensión que en el asunto
examinado cobija al demandante también se causó con el lleno de los requisitos
previstos en la Ley 100 de 1993 para aquellos trabajadores que estaban en
transición, evento en el cual esta misma ley precisó cuáles eran los que debían
observarse. De modo que la alusión que se hace en el artículo 36 ibíd a
normas anteriores, tratándose de trabajadores en transición, no desdibuja el
hecho de que es esta última ley la que define las condiciones en que estos
pueden pensionarse.
Reafirma la solidez del anterior entendimiento,
plantear el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los requisitos pensionales
de los trabajadores en transición? La respuesta a este interrogante está en la
Ley 100 de 1993 y no en un ley distinta y, abiertamente, tendría que ser la
siguiente: según lo previsto en el artículo 36 ibíd tales requisitos son
los establecidos en normas anteriores, con excepción del IBL que sería el
regulado en esta última ley. Es pues la Ley 100 de 1993 la que consagra esos
presupuestos aun cuando lo haga, si se quiere, por vía de remisión. De no
incorporar a dicha norma la anterior precisión no habría claridad sobre cuáles
serían los requisitos pensionales de los trabajadores en transición. Si los
nuevos o los anteriores. De modo que resulta imperioso reconocer que, en todo
caso (transición o no), es la Ley 100 de 1993 la que regula o define cuáles son
las condiciones que en uno u otro evento se deben aplicar.
Por lo demás no puede perderse de vista que esta Corte
ya precisó en la sentencia C-1261 de 2005 que diferenciar, para efectos de la
exoneración tributaria de que gozaban las pensiones de jubilación entre las
causadas conforme al nuevo régimen y las causadas en transición, deviene en una
discriminación constitucionalmente inaceptable.
Es claro que una adecuada apreciación
de las pruebas debió conducir al Tribunal demandado a considerar que en efecto la pensión de jubilación del Martínez
Donoso era objeto de exención, de conformidad con lo establecido el numeral 5º del
artículo 206 del Estatuto Tributario, por consiguiente, la liquidación de renta
del año gravable 2009 efectuada por este era correcta y los actos impugnados
merecían anularse.
En el proceso judicial, se logra identificar que la
actuación de la DIAN no se justifica, desde el punto de vista constitucional,
al adoptar una interpretación que discrimina en relación con otros pensionados,
y que desconoce los principios de igualdad ante la ley y equidad en el deber de
contribuir.
No obstante la corrección que por vía de
interpretación efectuó la Corte en la sentencia C-1261 de 2005, la DIAN
trasladó una carga desproporcionada para
el pensionado Martínez Donoso a quien ordenó el pago de un impuesto sobre la
renta y complementarios por valor de $11´717.000 y el pago de una multa, por
inexactitud en la declaración de renta que asciende a $31´163.000, para un
total de $42´880.000.
Para la Sala los documentos aportados al proceso
contencioso administrativo permiten confirmar que los hechos narrados en la
demanda son ciertos y coinciden con los supuestos que las normas jurídicas
invocadas establecen. Nótese que de las pruebas se logra concluir que
ciertamente había un vínculo laboral debidamente reglamentado por el CST y que
al cumplir con los requisitos exigidos para el reconocimiento y pago de la
pensión del accionante, se terminó el vínculo laboral para dar paso al
reconocimiento de dicha prestación.
Sin embargo, las actuaciones judiciales se desligaron de las pruebas allegadas al trámite
judicial y que permiten verificar los supuestos fácticos alegados, le restaron
credibilidad y cambiaron su sentido, pues es claro que ni en los hechos
descritos ni en ninguna de las pruebas aportadas se dice que la pensión
reconocida hacía parte de un plan de retiro voluntario ofrecido por el
empleador en el que se acordaba una pensión provisional hasta que el ISS
reconociera la pensión de vejez. Los jueces llegaron a esa conclusión
desconociendo que, por el contrario, los elementos de juicio a su disposición
ofrecían información confiable de los hechos en litigio y daban certidumbre a
lo afirmado por el demandante con apoyo en las normas pensionales que regulan
la materia.
7.2.6. Por las razones expuestas, no tienen razón los jueces de
instancia a quienes les correspondió conocer de la tutela, cuando afirman que la pensión voluntaria reconocida por el empleador
obedeció a que el trabajador no cumplía con los requisitos previstos para
acceder a la pensión legal y como quiera que esta prestación se encuentra por
fuera del Sistema General de Pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993, la
misma sí es objeto de gravamen, y que, por lo tanto, la providencia cuestionada
se ajustó a la ley, no vulneró ningún derecho fundamental y los jueces aplicaron las normas dentro del margen de
interpretación razonable.
Frente a los argumentos expuestos por los jueces
constitucionales de instancia, la Sala debe precisar que si bien en nuestro
sistema judicial se permite la discrecionalidad del juez, el ejercicio de ese
poder lo obliga a motivar su decisión, observar criterios racionales que la
sustenten, al igual que evaluar coherentemente tanto los enunciados fácticos,
como las pruebas que esclarecen la realidad de los hechos debatidos. Ese poder
que le fue atribuido para valorar discrecionalmente las pruebas y determinar su
eficacia, no lo exonera de observar criterios de racionalidad y lógica.
En este momento del discurso argumentativo la Sala
considera oportuno observar que si bien en el reconocimiento de la pensión al
demandante intermedió una especie de contrato de transacción es lo cierto que
dicho acto jurídico en modo alguno constituyó la fuente o el genero de tal
derecho pues, como ha quedado evidenciado, el sustento de este último es
precisamente la ley de seguridad social actualmente vigente, junto con las
modificaciones que le han sido introducidas y no una gracia, liberalidad o
decisión voluntaria del empleador. Cabe recordar que los empleadores suelen
recurrir al expediente de celebrar estos acuerdos no con el propósito de
constituir derechos diferentes o adicionales a los legalmente previstos sino simplemente
para evitar eventuales demandas por el carácter de sentencia con el que la ley
procesal reviste al acto que los aprueba. De modo que en esos términos el
celebrado en este caso ha debido ser valorado.
7.2.7. Así
las cosas, se impone amparar en este caso el derecho fundamental al debido
proceso del demandante en consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia de
segunda instancia proferida en este caso y ordenará al juzgado que, en el
término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a dictar un nuevo fallo de acuerdo con las
consideraciones del presente proveído que resuelva la segunda instancia.
8. Conclusión
En consecuencia, esta Sala concluye que: (i) la pensión de
jubilación regulada en el artículo 260 del CST, que fueron reconocidas a los
empleados que se encontraban en el régimen de transición, de manera temporal,
hicieron parte del Sistema de Seguridad Social integral establecido en la Ley 100 de
1993; (ii) las pensiones
que se obtuvieron con el cumplimiento de los requisitos señalados y
contemplados en la Ley 100 de 1993, incluidos aquellas prestaciones que se
reconocen con ocasión del régimen de transición sí se encuentran contemplados
por la exención consagrada el numeral 5º del artículo 206 del Estatuto
Tributario; (iii) el
contribuyente que haya percibido recursos con ocasión de las pensiones
contempladas en el régimen de transición tiene derecho a la exención tributaria
arriba citada.
Por todo lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión para proteger los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del actor, dejará sin efectos las sentencias
proferidas, en segunda instancia, por la Sección Segunda, Subsección B, de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 4 de agosto de
2016, que confirmó el dictado por la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la misma Corporación el 17 de marzo de 2016, en la cual decidió negar el amparo solicitado
en el proceso de tutela iniciado por José
Johnny Martínez Donoso, contra el Juzgado Cuarenta Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá y la Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en esta providencia.
III.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo
proferido, el 4 de agosto de 2016, por la Sección Segunda Subsección B, de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que, a su vez,
confirmó el dictado, 17 de marzo de 2016, por la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la misma Corporación, en el trámite del amparo
constitucional promovido por José
Johnny Martínez Donoso contra las
decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Cuarenta Administrativo de
Oralidad del Circuito de Bogotá, Sección Cuarta, Subsección B, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la DIAN.
SEGUNDO.- TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de José Johnny Martínez Donoso.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas, en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B el 15 de
octubre de 2015 y en primera instancia por el Juzgado Cuarenta Administrativo
de Oralidad del Circuito de Bogotá el 19 de junio de 2014. En consecuencia, se
le ORDENA al Juzgado Cuarenta Administrativo de Oralidad del Circuito de
Bogotá que, en el término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la
notificación de esta providencia, proceda a dictar un nuevo fallo, de acuerdo
con las consideraciones del presente proveído, que resuelva las pretensiones
formuladas por José Johnny Martínez Donoso,
dentro del expediente No.
11001333704020130003201.
CUARTO.- Líbrese
la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE
LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
A LA SENTENCIA T-063/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se
debió declarar la improcedencia por no cumplir requisitos generales de
procedibilidad (Salvamento de voto)
En este caso concreto no se presenta
un asunto de verdadera relevancia constitucional, sino que se controvierte la
aplicación de una norma legal, a una pensión derivada de un contrato de
transacción celebrado entre un empleado y la empresa para la cual trabajó, con
efectos eminentemente tributarios.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se debió declarar la improcedencia por cuanto no se configuró defecto fáctico en tanto no se verificó que realmente no se usaron las reglas de la
sana crítica, de tal forma que no se desconoció la Constitución (Salvamento de voto)
No es arbitrario, ni caprichoso ni un error ostensible que se
deduzca lógicamente que la celebración de un contrato de transacción y una
audiencia de conciliación de una pensión transitoria, acompañada de un pago de
bono pensional y una afiliación al SGSS en pensiones a la espera de que el
empleado logre acceder a la pensión de vejez, atiendan a un plan de retiro
anticipado.
Referencia:
Expediente T-5.807.301
Acción
de tutela presentada por José
Johnny Martínez Donoso contra el Juzgado 40 Administrativo de Oralidad del
Circuito de Bogotá, Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la DIAN.
Asunto:
No supera la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
No se configura el supuesto defecto fáctico alegado. Aplicación
descontextualizada de la sentencia C-1261 de 2005.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
1. Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a
continuación las razones por las cuales salvo mi voto en la decisión adoptada
por la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, en sesión del 3 de febrero de 2017,
en la cual se profirió la sentencia T-063 de 2017. Considero que la
acción de tutela no superaba los requisitos generales de procedencia contra
sentencias judiciales. Adicional a ello, de estudiarse de fondo, considero que
debía negarse.
En
esta decisión, la Sala revocó en su integridad las sentencias proferidas por las Secciones Primera y
Segunda del Consejo de Estado dentro del trámite de tutela contra las
providencias judiciales que se emitieron dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho iniciado por la accionante para anular las decisiones sancionatorias
que había tomado la DIAN en su contra. En
su lugar, la mayoría de la Sala tuteló los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de
justicia del actor, supuestamente vulnerado por las autoridades judiciales.
En consecuencia, dejó sin efectos
las sentencias proferidas dentro del referido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y ordenó al Juzgado 40 Administrativo de
Oralidad del Circuito de Bogotá dictar un nuevo fallo, de acuerdo con las
consideraciones de la sentencia de la cual me aparto.
2.
La decisión se estructuró de la siguiente manera: Primero, reitera la
jurisprudencia constitucional sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias. Segundo,
analiza el defecto fáctico por
ausencia de valoración probatoria por parte del funcionario judicial y por
valoración defectuosa del material probatorio. Tercero, estudia el régimen de seguridad social en pensiones con anterioridad y
posterioridad a la Ley 100 de 1993 y la exención tributaria bajo la cual se encontraban
amparadas las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100
de 1993.
Finalmente, al resolver
el caso concreto, se analizan sucintamente los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y se declara
la configuración del defecto fáctico, al entender que la valoración de los
jueces naturales fue defectuosa, en tanto éstos debieron llevar necesariamente
a la conclusión de que la pensión del accionante hacía parte del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.
3.
A partir de los elementos fácticos y jurídicos que rodean este caso particular,
presento mi salvamento de voto debido a mi desacuerdo tanto con la parte motiva
como resolutiva de esta sentencia. Mi oposición encuentra fundamento en las
siguientes razones:
3.1. En este caso concreto no se presenta un asunto de
verdadera relevancia constitucional, sino que se controvierte la aplicación de
una norma legal, a una pensión derivada de un contrato de transacción celebrado
entre un empleado y la empresa para la cual trabajó, con efectos eminentemente
tributarios.
La relevancia constitucional del asunto sometido al juez de amparo, es
uno de los requisitos generales principales que deben acreditarse para avalar
la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. La Corte en sentencia C-590 de 2005, estableció que este
requisito implica:
“(…) el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[53].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa, porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.”[54]
En sentencia T-635 de 2010[55]
este Tribunal manifestó que su acreditación requiere que: “(…) el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para
la interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su
desarrollo eficaz,  así como para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales.”
De lo anterior, se desprende que el presente asunto no
tiene relevancia constitucional, pues a pesar de que el accionante alega la
vulneración del derecho al debido proceso es claro que sus argumentos están
dirigidos a reabrir el debate judicial en el cual él no resultó ganador[56].
Adicional a ello, el actor no demuestra ninguna
circunstancia particular que haga factible la intervención del juez
constitucional, en tanto, no plantea un debate de esta naturaleza. Por el
contrario, presenta un problema que además de haber sido resuelto ya ante los
jueces naturales, tiene una connotación eminentemente económica, que
no tiene ninguna virtualidad de afectar su mínimo vital, en tanto: i) ya
debió haber efectuado el pago, ii) era un pago único, que le fue impuesto con
respeto al debido proceso, iii) no se afectó su derecho a la pensión como tal,
en tanto ésta sigue siendo pagada por la empresa hasta que él consiga cumplir
los requisitos de Ley 100 de 1993[57].
Adicional a ello, iv) su pensión asciende a un aproximado de $6.000.000 de
pesos, y v) no acredita circunstancias adicionales de salud, edad o incapacidad
que hagan necesaria y relevante la intervención constitucional en este caso
concreto.
Al respecto, esta Corte en sentencia T-470 de 1998[58] manifestó
que:
“Las controversias por elementos puramente
económicos, que dependen de la aplicación al caso concreto de las normas
legales ­–no
constitucionales– reguladoras de la materia, exceden ampliamente el
campo propio de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato del artículo 86 de la Constitución y según consolidada
jurisprudencia de esta Corte, radica en la protección efectiva, inmediata y
subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales, ante actos u
omisiones que los vulneren o amenacen.”
Por lo anterior, considero que la presente acción de
tutela debió ser declarada improcedente, ya que como reiteradamente lo ha dicho
esta Corporación, la misma no puede ser usada para reabrir los debates
judiciales o controvertir una decisión con la que no se está de acuerdo. En
otras palabras, esta Corte ha recalcado que la acción de tutela no es una
tercera instancia cuando se está inconforme con la decisión de los jueces
naturales. Evidentemente en este caso fue incoada de esta forma.
3.2. La discusión aquí no era si el accionante estaba
en el régimen de transición o no, o si la misma era de origen legal o no, sino
si su pensión es o no parte del Sistema General de Seguridad Social en
pensiones y, por ello, acreedora de la exención tributaria.
Estimo que la sentencia se sigue una línea
argumentativa que no es suficientemente clara. Lo anterior cuando se establece
que por el hecho de que el señor tenga una pensión de origen legal (que además
es discutible y quienes lo debieron verificar fueron los jueces naturales, no
los constitucionales), entonces está incluido “automáticamente” en el
régimen de transición.
Esa afirmación debe soportarse realmente en las
condiciones del accionante, que no demuestra los sustentos suficientes para
establecer que su pensión era de origen legal. En efecto, según se narra en la
sentencia, el accionante sólo hasta el 23 de abril de 2009, fecha de la
audiencia de conciliación, se afilió al SGSS en pensiones, con efecto
retroactivo, como lo demuestra el pago de un bono pensional por un periodo
anterior. Además que empieza a cotizar desde ese momento bajo las condiciones
del SGSS en pensiones, para acceder a una pensión de vejez. Por estas razones,
es claro que no se puede afirmar que el accionante pertenece al régimen de
transición, pues su afiliación se produjo mucho después de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 –el 23 de abril de 2009–.
Adicional a ello, estimo que la discusión aquí no
era si el accionante estaba en el régimen de transición o no, o si la misma era
de origen legal o no, sino si su pensión es o no parte del SGSS en pensiones,
pues de ello es que depende la aplicación o no de la exención tributaria que se
discute, en los términos de la norma:
“CAPITULO VII.
RENTAS EXENTAS. DE TRABAJO.
Art. 206. Rentas de trabajo exentas.
Están gravados con el impuesto sobre la renta
y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de
la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los
siguientes:
(…)
5. Las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez, de sobrevivientes y sobre Riesgos Profesionales, hasta el año gravable
de 1997. A partir del 1 de Enero de 1998 estarán gravadas sólo en la parte del
pago mensual que exceda de 1.000 UVT.**
El mismo tratamiento tendrán las
Indemnizaciones Sustitutivas de las Pensiones o las devoluciones de saldos de
ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado del impuesto será el que
resulte de multiplicar la suma equivalente a 1.000 UVT**, calculados al momento
de recibir la indemnización, por el número de meses a los cuales ésta
corresponda.
Parágrafo 3. Para tener derecho a la exención consagrada en el
numeral 5 de este artículo, el contribuyente debe cumplir los requisitos
necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 100 de 1993.”
Como lo advierte la sentencia esa norma fue objeto de
estudio por parte de esta Corte mediante la sentencia C-1261 de 2005[59], en la cual se indicó
que se debía extender la extensión tributaria a quienes pertenecían al régimen
de transición. Sin embargo, esa misma sentencia refiere que esa exención no
aplica para pensiones por fuera del régimen de Ley 100 de 1993:
El estudio de igualdad de la exención puede verse como una
vulneración de dicho principio entre aquellas distintas clases de pensionados
dentro de un mismo universo, que por estar cobijados por un mismo sistema pero
por diversos regímenes especiales pueden pedir ser tratados de la misma manera,
de acuerdo a los criterios recordados en esta providencia. La segunda
perspectiva del examen a la luz del principio de igualdad corresponde a un
estudio entre los dos universos de pensionados referidos, que por tratarse de
pensionados que han adquirido su calidad de tales de acuerdo a sistemas
diferentes no se puede realizar en los mismos términos que el primero.
El cargo analizado anteriormente responde a un análisis de
igualdad sobre la exención estipulada para los pensionados, de diversos
regímenes especiales, de acuerdo al sistema de seguridad social integral y por
lo tanto a los cuales se refiere dicha ley, así no estén dentro del régimen
pensional ordinario.
Ahora bien, a la luz de la igualdad cabe preguntarse si los
pensionados por fuera del sistema integral, también pueden aspirar al beneficio
tributario de los que están dentro de dicho sistema. La conclusión es negativa. La norma
acusada no vulnera el principio de igualdad tributaria entre tales pensionados
externos al sistema integral, y aquellos pensionados que han adquirido su
calidad de acuerdo al sistema de seguridad social integral, sin que ello
signifique que a la luz de ciertas reglas tributarias, tales pensionados ajenos
al sistema de seguridad social integral, es decir, el segundo universo de
pensionados al que se ha hecho alusión, no  estén cobijados por normas
tributarias específicas sobre las que la Corte no se pronuncia en esta
oportunidad porque no han sido demandadas.
3.3 No se configuró el defecto fáctico en los términos
reiterados por la jurisprudencia de esta Corte.
Desde
sus inicios esta Corte estableció que los jueces naturales tienen amplias
facultades para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso
concreto[60]. Por ello esta Corporación
determinó que cuando se alega un error de carácter probatorio, la evaluación de
la providencia judicial por parte de un juez de tutela, debe privilegiar los
principios de autonomía e independencia judicial[61].
No
obstante, tal poder discrecional debe estar inspirado en los principios de la
sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo
contrario, la discrecionalidad sería entendida como arbitrariedad judicial,
hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de
tutela podría revocar la providencia atacada[62].
Esta
Corporación estableció que el defecto fáctico se configura cuando: i) existe
una omisión en el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; ii) se
da una valoración caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; o iii) no
se valora en su integridad el material probatorio.
Así
mismo, esta Corte puntualizó que el defecto estudiado tiene dos dimensiones,
una positiva[63] y otra
negativa[64]. La primera se presenta
cuando el juez efectúa una valoración por “completo equivocada” o
fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y la segunda cuando
omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no decreta su
práctica sin justificación alguna.
Con todo, esta Corporación ha sido enfática en señalar
que “para
que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, ‘El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto’[65]”[66].
De acuerdo a lo anterior, estimo que la argumentación
sobre la ocurrencia o no del defecto fáctico ofrecida en la sentencia debió ser
más rigurosa que la planteada, pues en los términos que está, parece más una
disonancia entre la opinión de esta Sala de Revisión y la de los jueces
contenciosos, que una real valoración arbitraria, ostensible y caprichosa,
y eso hace que la autonomía judicial y la seguridad jurídicas se vean
quebrantadas.
Recuérdese que el defecto por valoración fáctica es el
más sensible en este aspecto, pues no se trata de imponer una interpretación
sobre la otra, sino de verificar que realmente no se usaron las reglas de la
sana crítica, de tal forma que no se desconoció la Constitución.
En mi opinión, siguiendo las máximas de la
experiencia, estimo que no es arbitrario, ni caprichoso ni un error ostensible
que se deduzca lógicamente que la celebración de un contrato de transacción y
una audiencia de conciliación de una pensión transitoria, acompañada de un pago
de bono pensional y una afiliación al SGSS en pensiones a la espera de que el
empleado logre acceder a la pensión de vejez, atiendan a un plan de retiro
anticipado. Por ello, tampoco estoy de acuerdo con la argumentación de fondo.
Expresados los motivos de mi salvamento de
voto reitero que me aparto de la decisión adoptada en esta ocasión.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
Integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto
Vargas Silva.
[2]
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo: Artículo 260. DERECHO A
PENSIÓN. 1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital
de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a
los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50)
años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene
derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez,
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicio.
2. El
trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad
expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya
cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio.
[3] Folio 80 del cuaderno principal.
[4]
“Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la ley 100 de 1993”.
[5]
“…Reconocida la pensión de jubilación por el empleador, éste continuará
cotizando al Instituto de Seguros Sociales hasta que el trabajador cumpla con
los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez en el
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, establecidos en el artículo 33
de la Ley 100 de 1993. En ese momento el ISS procederá a cubrir dicha pensión
siendo de cuenta del empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre
la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado.
El tiempo de
servicios al empleador se tendrá en cuenta para el reconocimiento de la pensión
de vejez a cargo del ISS. Dicho empleador trasladará al Instituto el valor
correspondiente al cálculo actuarial previsto en el artículo 33 de la Ley 100
de 1993, resultante a 1 de abril de 1994, o un título representativo del mismo
emitido por el empleador en las condiciones y con las garantías que señale la
Junta Directiva del Instituto del Seguro Social. El valor de dicho cálculo se
sujetará al reglamento respectivo. En el evento que no se traslade al Instituto
de Seguros Sociales el valor correspondiente, el empleador o la empresa
continuarán con la totalidad de la pensión a su cargo.
b) Cuando a 1
de abril de 1994, el trabajador tuviera 20 o más años de servicios continuos o
discontinuos, al servicio de un mismo empleador o tenga adquirido el derecho a
la pensión de jubilación a cargo de éste, la pensión de jubilación será asumida
por dicho empleador.
c) Las
pensiones de jubilación causadas o reconocidas por el empleador con
anterioridad al 1 de abril de 1994 que vayan a ser compartidas con el Instituto
de Seguros Sociales, continuarán rigiéndose por las disposiciones que se venían
aplicando para dichas pensiones”.
[6]
Parágrafo adicionado por el artículo 96 de la Ley 223 de 1995.
[7]
Artículo 206. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. Están gravados con el impuesto sobre
la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta
provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de
los siguientes: […] 5. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de
sobrevivientes y sobre Riesgos Profesionales, hasta el año gravable de 1997. A
partir del 1 de Enero de 1998 estarán gravadas sólo en la parte del pago
mensual que exceda de 1.000 UVT. <Ajuste de salarios mínimos en términos de
UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006, a partir del año gravable
2007>. Numeral modificado por el artículo 96 de la Ley 223 de 1995.
[8]
Decreto 624 de 1989, “Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos
Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”.
[9]
Folios 22 al 32 del cuaderno principal.
[10]
Folio 79 del cuaderno principal.
[11]
Folio 80 del cuaderno principal.
[12]
Folios 84 y 85 del cuaderno principal.
[13]
Folios 81 al 83 del cuaderno principal.
[14]
Folio 86 del cuaderno principal.
[15]
Folio 87 del cuaderno principal.
[16]
C.P. William Giraldo Giraldo.
[17]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[18] Sobre el particular, en dicha providencia se dijo que: “La
acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.
Se
comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio
judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha
adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una
acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho
mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial
de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento
definitorio del derecho.”
[19] En esta oportunidad, la Corte estudió la constitucionalidad de la
norma que proscribía cualquier acción contra la sentencia que resolviera el
recurso extraordinario de casación en materia penal.
[20]
Sentencias T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-008 de 1998,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-658 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; SU-159
de 2000, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;            T-504 de 2000, M.P.
Antonio Barrera Carbonell; T-1625 de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez;         T-522 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1031 de
2001, SU-1184 de 2001, T-462 y T-949 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
y; SU-1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[21] Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada carece –absolutamente– de competencia para ello.
[22] Aquellos casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales, no se hace uso de una norma que claramente aplicaba al caso
o que presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
[23] Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
[24] Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
[25] Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y esa circunstancia condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales.
[26] Se traduce en el incumplimiento de los servidores judiciales de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el
entendido que allí reposa la legitimidad de su decisión funcional.
[27] Se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance.
[28] Sentencias
T-575, T-307 y T-247 de 2016, T-271 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-117 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada; T-620 de 2013, M.P. Jorge
Iván Palacio y SU-625 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[29] Sentencia T-902 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy,
ver también T-1100 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[30] Ibíd.
[31]
Ver sentencias T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-450 de 2001,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-1065 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-162 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería y T-458 de 2007, M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[32] Artículo
29 de la Constitución Política.
[33] Artículo
229 de la Constitución Política.
[34]
Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[35] En diversos
pronunciamientos, esta Corte ha destacado algunos de los instrumentos
internacionales que consagran el derecho a la seguridad social y que crean
obligaciones sobre la materia al Estado colombiano, tales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, los Convenios No. 102 y 128 sobre la
Seguridad Social, adoptados en 1952 por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, aprobada por Colombia mediante la Ley 22 de 1981, la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, aprobada por Colombia mediante la Ley 146 de
1994, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- “Protocolo de San
Salvador”-, aprobado por Colombia mediante la Ley 1319 de 1996.
[36]
Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo,
asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de
trabajo. Este cuerpo normativo es considerado como el primer Estatuto Orgánico
del Trabajo con el fin de reglamentar las relaciones de los empleadores con los
trabajadores.
[37]
Por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión
Social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez y se dictan otras
disposiciones.
[38]
Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector
público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados
públicos y trabajadores oficiales.
[39]
Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y
con las prestaciones sociales para el Sector Público.
[40]
Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones.
[41]
ARTÍCULO 260. DERECHO A PENSIÓN. 1. Todo trabajador que preste servicios a una
misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que
llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o
a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios
continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este
Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión
de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los
salarios devengados en el último año de servicio. 2. El trabajador que se
retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene
derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el
requisito de los veinte (20) años de servicio.
[42]
“1. Los empleadores o empresas que se determinan en el presente Título deben
pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las especiales
que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de cada una de ellas en
su respectivo capítulo. 2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez
y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los
empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de
los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que
dicte el mismo Instituto”.
[43]
DERECHO A LA PENSION. <Artículo derogado por el artículo 289 de la Ley 100
de 1993. El texto derogado continuó vigente para los trabajadores sometidos al
régimen de transición creado por el artículo 36 de la Ley 100. El texto
original es el es el siguiente:>
1. <Aparte
subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Todo trabajador que preste servicios a
una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior,
que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es
varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de
servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de
este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o
pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio
de los salarios devengados en el último año de servicio.
El trabajador
que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada
tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el
requisito de los veinte (20) años de servicio.
[44]
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.
[45] De
acuerdo con la Ley 100 de 1993, artículo 279, algunas pensiones,
excepcionalmente, serían reguladas por normas diferentes, así: El Sistema
Integral de Seguridad Social contenido la ley no se aplicaría a los miembros de
las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el
Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vinculara a partir de
la vigencia del nuevo sistema, ni a los miembros no remunerados de las
corporaciones públicas. De igual forma, se exceptúa a los afiliados al fondo
nacional de prestaciones sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989,
los trabajadores de las empresas que al empezar a regir la Ley 100/93,
estuvieran en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan pactado
sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y mientras
dure el respectivo concordato. Tampoco se aplicaría a los servidores públicos
de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la misma.
Estipuló que la pensión gracia para los educadores de que tratan las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, continuaría a cargo de la Caja Nacional de
Previsión y del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, cuando éste
sustituyera a la caja en el pago de su obligaciones pensionales.
[46]
Ley 100 de 1993, artículo 289. -Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a
partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo
2º de la Ley 4ª de 1966, el artículo 5º de la Ley 33 de 1985, el parágrafo del
artículo 7º de la Ley 71 de 1988, los artículos 260, 268, 269, 270, 271 y 272
del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que los modifiquen o
adicionen.
[47]
Con la entrada en vigencia de esta norma, el 1° de abril de 1994, el artículo
260 del Código Sustantivo del Trabajo que establecía los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación, fue reemplazada por el artículo 33,
posteriormente modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que
introdujo nuevos requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez y
algunas reglas pertinentes para el cómputo de las semanas cotizadas en el
régimen de prima media.
[48]
Reglamentado por el Decreto 813 de 1994, en el artículo 3° precisó que para
aquellos trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo con empleadores o
empresas del sector privado que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de
pensiones, los requisitos y montos de la pensión legal de vejez, serán los que
se establecían en los artículos 260, 268, 269, 270, 271, y 272 del Código
sustantivo del trabajo, y demás disposiciones que las complementen, modifiquen
o adicionen, según el caso.
Por su parte
en el artículo 5º reconoce los derechos adquiridos y cuando el trabajador
cumpla con los requisitos del régimen que se le venía aplicando, tendrá derecho
al reconocimiento y pago de la pensión a cargo de dicho empleador.
[49]
Enuncia los requisitos de tiempo y edad para obtener la pensión de vejez.
[50]
Por la cual se expiden normas en materia tributaria de catastro, de
fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se conceden unas
facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.
[51] Cita originar 45. Ley 100 de 1993. Artículo 62.
[52] Folio
80 del cuaderno principal, se observa oficio de la empresa Mansarovar Energy
Colombia Ltda., del 6 de noviembre de 2008, en el cual le informan al
accionante que accedía al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
solicitada por cumplir los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993 y el
artículo 260 del CST, al efecto, el monto de la mesada pensional sería el
correspondiente al 75% del promedio de su salario integral recibido durante los
10 últimos años, indexados según los indicadores certificados por el DANE, por
último, manifestaron que en el transcurso de un mes debían celebrar el acta de
conciliación.
[53]  Sentencia 173/93.
[54] Sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada entre
otras en sentencia T-006 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[55] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[56] Sobre la improcedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales debido al incumplimiento del requisito de relevancia constitucional,
ver, entre otras, las sentencias T-136 de 2015 M. P. María Victoria Calle
Correa, T-586 de 2012 M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-635 de 2010 M.
P. Jorge Iván Palacio Palacio
[57] Según se desprende del contrato de transacción que el actor celebró
con la empresa petrolera.
[58] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[59] M. P. Manuel José Cepeda Espinosa
[60] La Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, determinó que, en lo que hace al análisis del
material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia.
[61] Ver, entre otras, las sentencias
T-231 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-442 de 1994, M. P. Antonio
Barrera Carbonell; T-008 de 1998, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001, M. P. Eduardo Montealgre Lynett; SU-159 de 2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-114 de 2010, M. P. Mauricio González Cuervo, SU-198 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
En ésta última se indicó expresamente: “la intervención del juez de tutela, en
relación con el manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido. El respeto por los principios de
autonomía judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un
examen exhaustivo del material probatorio”.
[62] Ver sentencia
T-442 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero. Allí se indicó: “si bien
el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica…,
dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el juez
simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera alguna
no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente.”
[63] Cfr., entre otras, SU-159 de 2002, precitada.
[64] Cfr., entre otras, T-442 de 1994 y SU-159 de 2002, precitadas.
[65] “Sentencias T-636 de
2006  (M. P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-590 de 2009.”
[66] SU-198 de 2013, precitada.