T-774-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-774/11
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE
TRABAJADOR DISCAPACITADO-Procedencia
excepcional
Reiteradamente la
Corte ha señalado que, en principio, el mecanismo de amparo es improcedente
para reclamar el reintegro laboral, toda vez que el ordenamiento
jurídico prevé para el efecto, acciones judiciales específicas cuyo
conocimiento, ha sido asignado a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo
contencioso administrativo, según la forma de vinculación de que se trate. No
obstante, esta Corporación ha indicado que, de forma excepcional, la acción de
tutela puede proceder, cuando se afecten derechos de personas que se encuentren
en circunstancias de debilidad manifiesta como consecuencia de su condición
económica, física o mental y, adicionalmente, en los casos en los cuales se
predica el derecho a la estabilidad laboral reforzada.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LAS
PERSONAS CON LIMITACIONES FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Reiteración de jurisprudencia
CONTRATO A TERMINO FIJO O CUYA DURACION DEPENDE DE LA
OBRA O LABOR CONTRATADA
De conformidad
con el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, los contratos de trabajo
podrán celebrarse por el tiempo que dure la realización de una obra o labor
determinada. De esta manera, se establece en general, el momento en el que
ocurre el vencimiento o la terminación de la relación laboral, así que el
vínculo subsiste mientras el empleador requiera de los servicios del trabajador
o no se haya finalizado la obra para la cual fue contratado.
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Naturaleza jurídica, definición y características
RELACIONES LABORALES EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
TEMPORALES/EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Régimen legal según artículo 71 de Ley 50 de 1990
EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Definición trabajador en misión
Los trabajadores
vinculados a estas empresas que desarrollan su actividad en las dependencias
propias de las empresas de servicios temporales se denominan de “planta” y de “misión”
son considerados, aquellos enviados por la empresa a las dependencias de los
usuarios que tiene como objetivo cumplir la tarea o el servicio contratado por
éstos cuando sea necesario reemplazar personal, en situaciones como:
vacaciones, licencias, incapacidades por enfermedad o para atender incrementos
en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los
períodos estacionales en cosechas o en la prestación de servicios, por un
término de 6 meses prorrogable hasta por 6 meses más. Servicios que se refieren
a labores de carácter ocasional, accidental o transitorio. A los trabajadores
en misión, se les aplica, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en el
Código Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral y tienen
derecho a un salario ordinario, equivalente al de los trabajadores de la
empresa usuaria que ejecuten la misma labor, a los mismos beneficios que
aquella tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo en lo
relacionado con transporte, alimentación y recreación, a la compensación
monetaria por vacaciones y primas de servicios proporcional al tiempo laborado,
cualquiera que éste sea. En materia de salud ocupacional es responsable la
empresa de servicios temporales.
FACULTAD DEL EMPLEADOR DE TERMINAR EL CONTRATO LABORAL
DE UN TRABAJADOR CON UNA INCAPACIDAD SUPERIOR A 180 DIAS-Límites
La aplicación desmedida de la causal
de terminación del contrato de trabajo, sin tener en cuenta si el trabajador al
que se le han extendido incapacidades por un período superior a 180 días
continuos, tiene posibilidades de recuperación, conforme con el concepto
médico, tiene un efecto negativo enorme, por cuanto de una parte, se le
desvincula del empleo que le proveía los recursos económicos para cubrir sus
necesidades, y por otra, sin que hubiese restablecido su salud surgen
dificultades para continuar con su tratamiento. Este Tribunal ha considerado
que el sólo cumplimiento del período de 180 días continuos de incapacidad, no
apareja como consecuencia la terminación unilateral de contrato por justa causa
por parte del empleador, es decir, esta facultad no es absoluta ni puede
ejercerse de forma irrazonable o indiscriminada, por cuanto a éste le incumbe
la obligación de reincorporar a los trabajadores que han recuperado su salud, o
reubicar a aquellos que presentan incapacidades parciales, según concepto
médico.
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Trabajador que estaba incapacitado por enfermedad y
fue despedido del trabajo
DERECHO AL MINIMO VITAL Y ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE TRABAJADOR DISCAPACITADO-Caso
en que procede el reintegro por cuanto fue despedido debido a su discapacidad
sin previa autorización del Ministerio de la Protección Social
Referencia: expedientes
T-2.986.734, T-2.991.593, T-3.039.796, T-3.042.443, T-3.045.131, T-3.048.045, T-3.060.850,
T-3.064.179 (Acumulados)
Accionantes: Omaira
Angulo, Juan Carlos Bernal Sanabria, Blanca Eduviges Camacho Bermúdez, Arlén
Fabian López Sánchez, Alberto Rondón Pava, Leonardo Buitrago Quintero, Gloria
Inés Cubides Gutiérrez y Olga Lucía Venegas
Accionados: Cooperativa
de Trabajo Asociado Solidaridad Empresarial, Comfenalco EPS, Seccional Valle
del Cauca, ARP Sura, Ajecolombia S.A., Farmatodo Colombia S.A., Inversiones de la
Costa Pacífica S.A.,Temporales Uno-A S.A., Empresa de Servicios Públicos de
Flandes, Quad Graphics Colombia S.A., Soplascol Ltda. y Flores Calima Ltda.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., veinte (20)
de octubre de dos mil once (2011)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla
Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Cali (T-2.986.734); el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá (T-2.991.593.);
el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá (T-3.039.796); el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín
(T-3.042.443); el Juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal (T-3.045.131); el
Juzgado Treinta y seis Civil Municipal de Bogotá (T-3048045); el Juzgado
Treinta y uno Civil del Circuito de Bogotá (T-3.060.850), y el Juzgado Veintitrés
Civil del Circuito de Bogotá (T-3.064.179).
Los expedientes de la referencia fueron
repartidos a la Sala Cuarta de Revisión por las Salas de Selección Cuatro y
Seis de 2011.
La Sala Cuarta de
Revisión una vez examinó los expedientes, mediante Auto del 10 de agosto de
2011, decidió acumularlos por encontrar que guardaban unidad de materia.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente
T-2.986.734
1.1. La solicitud
El 29 de octubre de 2010,
la señora Omaira Angulo, en nombre propio, formuló acción de tutela contra la
Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaridad Empresarial, Comfenalco EPS,
Seccional Valle del Cauca y la ARP Sura, por la presunta violación de sus
derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, a la seguridad
social y al mínimo vital, entre otros.
1.2. Los hechos
La accionante los
narra, en síntesis, así:
1.2.1. Ingresó como trabajadora asociada de la Cooperativa de
Trabajo Asociado Solidaridad Empresarial, a prestar sus servicios en el hogar
del anciano Cristo Señor de la Vida, a partir del 1 de febrero de 2007, en el
cargo de manipuladora de alimentos.
1.2.2. En el mes de julio de 2008, cuando realizaba sus
funciones, sufrió un accidente laboral al resbalar y caer al piso. Lo sucedido fue puesto en conocimiento de la
supervisora quien no reportó inmediatamente el siniestro a la ARP Sura.
1.2.3. Días
después de aquel episodio fue atendida en la Clínica Valle del Lilí y le fue
concedida una incapacidad por tres días.
1.2.4. Como consecuencia del mencionado siniestro sus
condiciones de salud se vieron desmejoradas, pues empezó a padecer un constante
y agudo dolor a nivel de la espalda baja.
1.2.5. La atención que ha recibido en la EPS Comfenalco,
Seccional Valle del Cauca, consistente en el suministro de analgésicos y la
realización de terapias no han contribuido a una mejoría en su estado de salud
y tampoco ha sido remitida a un especialista para que determine el tratamiento
a seguir.
1.2.6. Por decisión unilateral de la Cooperativa de Trabajo
Asociado Solidaridad Empresarial, a partir del 26 de julio de 2010, se terminó
su vínculo laboral con dicha organización solidaria, sin tener en cuenta su
deteriorado estado de salud, como consecuencia de la seria afectación a nivel de
la espalda baja que le fue diagnosticada como lumbalgia no especificada.
1.2.7. Ni la ARP ni la EPS le han brindado el servicio
adecuado por cuanto su enfermedad no ha tenido una evolución satisfactoria.
1.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Dieciocho
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, mediante
proveído del 2 de noviembre de 2010, admitió la demanda y corrió traslado a las
entidades demandadas para que ejercieran su defensa.
1.3.1. Dentro de la oportunidad legal prevista, Comfenalco -Seccional
Valle del Cauca-, a través de apoderada judicial, señaló lo siguiente:
-Comfenalco no es la
llamada a brindarle a la señora Omaira Angulo los servicios de salud, toda vez
que se encuentra retirada de la entidad.
En efecto, conforme con
el certificado expedido por el Jefe de Registro y Aportes de la EPS, la
accionante se encuentra retirada de la entidad desde el 1 de octubre de 2010.
-Todos los servicios
requeridos por la señora Angulo que se encuentran en el POS le fueron brindados
durante su vinculación a la EPS.
-La petente cuenta
con varias alternativas para acceder junto con su grupo familiar a los
beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a saber: (i)
afiliarse como trabajadora independiente si ejerce una actividad económica y
perciba ingresos iguales o superiores a un salario mínimo legal vigente; (ii)
en calidad de cotizante dependiente si existe vinculación laboral con una
empresa y (iii) como dependiente de uno de sus familiares.
Si no le es posible
a la demandante lo anterior, puede acceder al régimen subsidiado previa
encuesta del SISBEN. Si este trámite resulta demorado puede acudir al ente
territorial, Secretaría de Salud Departamental, para recibir la atención en
salud en calidad de vinculada al sistema.
1.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
ARP Sura antes Compañía Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y
Seguros de Vida, SURATEP S.A., a través del representante legal, esgrimió las
razones por las cuales considera que la acción de tutela resulta improcedente,
las cuales pueden resumirse, así:
-La señora Omaira
Angulo presentó afiliación a la entidad en los siguientes períodos:
De octubre 25 de
2003 hasta el 2 de noviembre del citado año, por medio del empleador Marketing
Personal S.A.
De febrero 1 de 2007
al 1 de septiembre de 2010, a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado
Solidaridad Empresarial.
-Durante la vigencia
del último período de cobertura, la accionante sufrió un accidente de trabajo,
el 14 de julio de 2008, el cual fue debidamente reportado y calificado, el 11
de septiembre de 2008, como lumbago no especificado.
-Por concepto de
este accidente, la entidad le brindó a la demandante todas las prestaciones
asistenciales requeridas. El costo de los procedimientos, medicamentos y
atenciones que se le proporcionaron a la señora Angulo ascendió a la suma de
trescientos ochenta y nueve mil treinta y un peso ($389.031.oo).
-Como consecuencia
del precitado accidente, la ARP le reconoció a la petente por concepto de pago
de incapacidades temporales el equivalente a tres días de incapacidad,
generándose un pago por valor de cincuenta y cinco mil seiscientos once pesos
($55.611.oo).
-La ARP cumplió las
obligaciones que le impone la ley. Así, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 1° de la Ley 776 de 2002, respondió por las prestaciones asistenciales
y económicas derivadas del mencionado accidente de trabajo.
-Si bien la señora
Omaira Angulo sufrió un accidente de trabajo el 14 de julio de 2008, el mismo
no dejó secuelas. Por ello, el reconocimiento de las prestaciones económicas y
asistenciales debe ser solicitado ante la EPS de conformidad con el Decreto
1295 de 1994.
Lo anterior, por
cuanto la enfermedad no calificada como profesional, se presume como de origen
común de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 100 de 1993. El reconocimiento
de las prestaciones asistenciales y económicas corresponde al Sistema General
de Seguridad Social en Salud y al Sistema General de Pensiones, en caso de que
se configure una serie de elementos.
-La acción de tutela
promovida por la señora Angulo, deberá negarse por improcedente en lo que
concierne a la ARP Sura, porque no vulneró ningún derecho fundamental, pues la
entidad cumplió con todas las obligaciones contractuales, legales y
constitucionales respecto de las prestaciones asistenciales y económicas
derivadas del accidente de trabajo referenciado.
1.3.3. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaridad Empresarial, a través del
representante legal, dio respuesta a la acción de tutela, en los siguientes
términos:
-La señora Omaira
Angulo fue trabajadora asociada de la cooperativa desde el 1 de febrero de 2007
hasta el 26 de julio de 2010. Durante este período estuvo afiliada a Comfenalco
EPS, a la ARP SURATEP y al Seguro Social.
-La entidad canceló
en forma oportuna los aportes a la seguridad social de la accionante y en ese
orden, son las entidades de previsión social, las llamadas a prestarle toda la
atención médica derivada de su estado de salud.
-Existe otra vía
judicial idónea como es la jurisdicción laboral ordinaria para decidir y
conocer sobre las peticiones formuladas por la accionante, ya que no se ha
probado la existencia de un perjuicio irremediable que enerve la súplica a la
justicia ordinaria.
-El juez de tutela
no puede suplantar la voluntad de los titulares de la relación jurídica,
originaria de las obligaciones cuyo cumplimiento se reclama a través de la
acción constitucional ni desconocer los procedimientos establecidos por el
legislador para casos como el presente.
1.4. Pretensiones
La señora Omaira
Angulo solicita que sean protegidos sus derechos fundamentales a la salud en
conexidad con la vida, a la seguridad social y al mínimo vital, entre otros y,
en consecuencia, se ordene a la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaridad
Empresarial a efectuar su reintegro y a Comfenalco EPS, Seccional Valle del
Cauca y a la ARP Sura, a prestarle todos los tratamientos necesarios y la
realización de los exámenes pertinentes para mejorar sus condiciones de salud.
1.5. Pruebas
-Copia de las
órdenes médicas a nombre de la señora Omaira Angulo de terapias físicas en la
Clínica Versalles (Folio 3 del cuaderno principal).
-Copia de las
órdenes médicas a nombre de la accionante de medicamentos para el dolor (Folios
3, 4 y 15 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica de la señora Omaira Angulo en la Clínica Versalles (Folios 5,
7, 11, 13 y 14 del cuaderno principal).
-Copia del formato
de justificación médica para solicitud de medicamentos, insumos, procedimientos
y servicios no POS (Folios 6 y 9 del cuaderno principal).
-Copia de la orden
de servicios para valoración por fisiatría (Folio 12 del cuaderno principal).
-Copia de la
valoración por fisiatría de la señora Omaira Angulo en la Clínica Versalles
(Folio 8 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia laboral de la señora Omaira Angulo en Seguros de Riesgos Profesionales
Suramericana S.A., ARP Sura, antes Compañía Suramericana Administradora de
Riesgos Profesionales y Seguros de Vida S.A., SURATEP S.A. (Folio 38 del
cuaderno principal).
-Copia del estado de
cuenta de la señora Omaira Angulo en la ARP Sura (Folio 39 del cuaderno
principal).
-Copia de la
consulta de pago de incapacidades a nombre de la señora Omaira Angulo en la ARP
Sura (Folio 40 del cuaderno principal).
-Copia de los Convenios
de trabajo asociado suscritos entre la señora Omaira Angulo y la Cooperativa de
Trabajo Asociado Solidaridad Empresarial, el 1 de febrero de 2007 y 3 de marzo
de 2008 (Folios 61-65 del cuaderno principal).
-Copia de la
constancia de afiliación a Comfenalco, Seccional Valle del Cauca de la señora
Omaira Angulo (Folio 65 del cuaderno principal).
-Copia del carné de
afiliación de la señora Omaira Angulo a SURATEP. (Folio 66 del cuaderno
principal).
-Copia de la constancia
de afiliación al Seguro Social, Pensiones, de la señora Omaira Angulo (Folio 67
del cuaderno principal).
-Copia de los
formatos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social efectuados por la
Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaridad Empresarial a nombre de la señora
Omaira Angulo (Folios 71 a 176 del cuaderno principal).
2. Expediente
T-2.991.593
2.1. La solicitud
El 17 de enero de
2011, el señor Juan Carlos Bernal Sanabria, a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos
fundamentales al trabajo, a la seguridad social y a la dignidad humana, entre
otros, los cuales, según afirma, le fueron vulnerados por la empresa Ajecolombia
S.A. al terminar el contrato laboral a término indefinido, suscrito entre él y
la mencionada empresa.
2.2. Los hechos
El demandante los
narra, a través de apoderado, en síntesis, así:
2.2.1. Desde
el 16 de julio de 2007 el señor Juan Carlos Bernal Sanabria se vinculó a la
empresa Ajecolombia S.A., como maquinista para conducir vehículos de
montacargas.
2.2.2. El
examen médico de ingreso que le fue practicado al demandante, cuando inició su
vinculación laboral, demostró que se encontraba en óptimas condiciones de
salud.
2.2.3. En
el mes de septiembre de 2010 el señor Bernal Sanabria empezó a padecer de unos
fuertes dolores en la espalda lo cual fue informado a sus jefes inmediatos
quienes le manifestaron que ello podía provenir de un indebido esfuerzo o
movimiento. Al persistir sus dolencias acudió a la EPS Cruz Blanca.
2.2.4.
Los exámenes médicos que le fueron practicados al petente, específicamente, una
resonancia magnética determinó que tenía varias hernias discales. A juicio del
accionante, dicha enfermedad fue causada por las labores que desempeñaba
cargando botellas de gaseosas y envases desocupados y al conducir el vehículo de
montacargas por una zona sin pavimentar.
2.2.5. La
EPS Famisanar, le notificó por escrito a la empresa accionada, que el señor
Juan Carlos Bernal Sanabria padecía de una posible enfermedad profesional y
señaló una serie de recomendaciones laborales.
2.2.6. El
3 de diciembre de 2010, el actor, a pesar de encontrarse muy enfermo, laboró
normalmente hasta las horas de la noche. Al incrementarse el dolor en la zona afectada,
acudió a la Clínica de Occidente en la que le suministraron unos calmantes y le
concedieron una incapacidad por tres días.
2.2.7. Mediante
comunicación del 3 de diciembre de 2010, el Jefe de Talento Humano de la
empresa Ajecolombia S.A., le informó al demandante acerca de su decisión
unilateral de dar por terminado el contrato de trabajo. Documento que fue
remitido a través de correo certificado al día siguiente.
2.2.8. El
13 de diciembre de 2010, el señor Juan Carlos Bernal Sanabria elevó una
petición a la empresa por medio de la
cual solicitó su reintegro, toda vez que estaban pendientes unas valoraciones
médicas para determinar el origen de la enfermedad que padece.
2.2.9. A la fecha de presentación de la acción de tutela no
se le ha efectuado el examen médico de egreso.
2.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Noveno
Civil Municipal de Bogotá, mediante proveído del 18 de enero de 2011, admitió
la demanda y corrió traslado a la entidad demandada para que ejerciera su
defensa.
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, Ajecolombia S.A., consideró que la acción
de tutela resulta improcedente para lograr la protección de los derechos
fundamentales del accionante, por las siguientes razones:
-El señor Juan
Carlos Bernal Sanabria comenzó a trabajar en Ajecolombia S.A. en el cargo de
Montacarguista con un salario de $700.000, cumpliendo turnos de ocho horas de
lunes a sábado de 6:00 A.M. a 2:00 P.M. o de 2:00 P.M. a 10:00 P.M., los cuales
rotaba semanalmente.
-Los exámenes de
ingreso y el concepto de aptitud laboral realizados por Salud Ocupacional de
Los Andes Ltda. al señor Bernal Sanabria, indicaron que era apto para
desempeñar el cargo de montacarguista pero con patología que no limitaba la
labor.
-Ajecolombia S.A.
decidió, el 3 de diciembre de 2010, terminar el vínculo laboral con fundamento
en la posibilidad legal que tiene el empleador para terminar unilateralmente y
sin justa causa el contrato de trabajo en razón de que la empresa requirió
hacer una reorganización administrativa, siendo necesario finalizar no sólo el
contrato laboral del demandante, sino también el de otro trabajador de la
compañía.
-En esta fecha, es
decir, el 3 de diciembre de 2010, el demandante incomprensiblemente trabajó
sólo hasta las 10 A.M., retirándose de su lugar de trabajo, sin autorización
alguna.
Como ese mismo día
no fue posible entregarle la carta de terminación del contrato de trabajo al
señor Bernal Sanabria en su residencia, toda vez que no fue atendido el
llamado, la empresa decidió remitirle la comunicación, el 4 de diciembre de
2010 por correo a través de la empresa Envía.
-Las funciones de
montacarguista consisten en el cargue y descargue del producto terminado que
llega de la planta de producción y organizarlo según las fechas de vencimiento
para posteriormente entregarlo a los almacenistas.
-El accionante
prestaba sus servicios en la bodega de Fontibón, la cual se encuentra
totalmente pavimentada y adecuada para el normal y correcto funcionamiento de
los montacargas.
-El 3 de diciembre
de 2010, el trabajador debió cumplir el turno de 6:00 A.M. a 2:00 P.M. pero
sólo trabajó hasta las 10:00 A.M., luego no es cierto que hubiera laborado
hasta las horas de la noche como lo manifestó en la demanda de tutela.
-Al plenario no fue
incorporada la supuesta incapacidad que le fue concedida al trabajador a partir
del 3 de diciembre de 2010 y por tres días. Si llegare a existir se advierte
que nunca fue puesta en conocimiento de la empresa. De ahí que no es posible inferir
que al trabajador le fue terminado el contrato de trabajo cuando se encontraba incapacitado.
-La incapacidad
médica de fecha 6 de diciembre de 2010, arrimada al plenario, fue expedida
después de terminado el vínculo laboral del señor Bernal Sanabria.
-Las Entidades
Promotoras de Salud, son las únicas entidades competentes para determinar el
estado de salud de las personas y no los empleadores como lo pretende hacer ver
el tutelante.
-Las recomendaciones
médicas expedidas por la EPS en el caso del trabajador Bernal Sanabria nunca
fueron presentadas en el Área de Recursos Humanos de la empresa.
-A la empresa no le
fue dirigida ninguna comunicación por parte del actor solicitando el reintegro
ni tampoco existe prueba en el expediente de dicha petición.
-Al momento de
efectuarse el pago de la liquidación definitiva de prestaciones le fue
entregado al trabajador la orden para que se practicara los exámenes médicos de
egreso conforme con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 57 del Código
Sustantivo del Trabajo.
2.4. Pretensiones
El señor Juan Carlos
Bernal Sanabria solicita que se tutelen sus derechos fundamentales al trabajo,
a la seguridad social y a la dignidad humana, entre otros y, en consecuencia,
se ordene a la empresa Ajecolombia S.A., su reintegro.
2.5. Pruebas
En el expediente
obran como pruebas:
-Copia del resultado
del examen de RX columna lumbosacra efectuado al señor Juan Carlos Bernal
Sanabria, el 8 de octubre de 2010 (Folio 3 del cuaderno principal).
-Copia del resultado
del examen de RX pelvis o articulación coxo-femoral practicado al señor Juan
Carlos Bernal Sanabria, el 8 de octubre de 2010 (Folio 4 del cuaderno
principal).
-Copia del resultado
de RM columna lumbosacra realizado al señor Juan Carlos Bernal Sanabria, el 11
de noviembre de 2010 (Folio 5 del cuaderno principal).
-Copia del
certificado de incapacidad expedido por Corvesalud Ltda. a nombre del señor
Juan Carlos Bernal Sanabria del 6/12/10 a 15/12/10 (Folios 6 y 34 del cuaderno
principal).
-Copia de las recomendaciones
expedidas por la EPS Cruz Blanca, el 22 de noviembre de 2010, en el caso del
señor Juan Carlos Bernal Sanabria (Folio 7 del cuaderno principal).
-Copia del resultado
del examen de electromiografía de aguja efectuado al señor Juan Carlos Bernal
Sanabria, el 30 de noviembre de 2010 (Folio 8 del cuaderno principal).
-Copia de la comunicación
de terminación de contrato de trabajo dirigido al señor Juan Carlos Bernal
Sanabria suscrita por la Jefe de Talento Humano de la empresa Ajecolombia S.A.
(Folio 11 del cuaderno principal).
-Copia del contrato
de trabajo a término indefinido suscrito por la empresa Ajecolombia S.A. y el
señor Juan Carlos Bernal Sanabria (Folio 27 del cuaderno principal).
-Copia del examen médico
de ingreso practicado al señor Juan Carlos Bernal Sanabria en Los Andes Ltda.,
el 17 de julio de 2007 (Folio 30 del cuaderno principal).
-Copia de la factura
de venta expedida por la empresa Envía, relacionado con el servicio de
mensajería utilizado por la empresa Ajecolombia S.A., el 4 de diciembre de 2010
(Folio 32 del cuaderno principal).
-Copia de la factura
de venta expedida por Avianca del servicio de mensajería DEPRISA utilizado por
la empresa Ajecolombia S.A., el 10 de diciembre de 2010 (Folio 33 del cuaderno
principal).
-Copia de la
liquidación de prestaciones económicas, de la EPS Cruz Blanca (Folio 35 del
cuaderno principal).
-Copia de las
recomendaciones expedidas por la EPS Cruz Blanca, el 7 de noviembre de 2010, en
el caso del señor Juan Carlos Bernal Sanabria (Folio 37 del cuaderno
principal).
-Copia de la
solicitud de servicios a Los Andes Ltda. relacionado con el examen de retiro
del señor Juan Carlos Bernal Sanabria (Folio 39 del cuaderno principal).
-Copia de la
liquidación definitiva del contrato de trabajo del señor Bernal Sanabria (Folio
40 del cuaderno principal).
3. Expediente
T-3.039.796
3.1. La solicitud
El 22 de febrero de
2011, la señora Blanca Eduviges Camacho Bermúdez interpuso acción de
tutela en nombre propio para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales
a la vida en condiciones dignas, a la seguridad social y a la estabilidad
laboral reforzada, en su calidad de persona incapacitada que, según afirma, le
fueron vulnerados por Farmatodo Colombia S.A. al terminar el contrato laboral a
término indefinido suscrito entre ella y la empresa demandada.
3.2. Los hechos
Los describe la
demandante así:
3.2.1 Desde el 11 de enero de 2011, se vinculó a la empresa
Farmatodo Colombia S.A. a través de un contrato laboral a término indefinido.
3.2.2 El 27 de enero de 2011 le informaron que en
cumplimiento de sus funciones debía realizar el aseo de todo el almacén, ante
lo cual, comunicó verbalmente que estaba imposibilitada para hacerlo, toda vez
que desde septiembre de 2009 padecía de una hernia discal. Además, en su
contrato de trabajo no estaba estipulada dicha labor.
3.2.3. A pesar de que informó acerca de sus condiciones físicas,
cumplió con dicha función, afectándose gravemente su salud por lo que debió
acudir al servicio de urgencias. Inicialmente, le fue concedida una incapacidad
por un período de dos días la cual fue prorrogada por nueve y siete días más.
3.2.4. Estando incapacitada fue citada por la empresa el 17
de febrero de 2011 supuestamente para que colaborara con un turno, lo cual, en
realidad, no aconteció, pues una vez ingresó al almacén le fue entregada la carta
de terminación del contrato, advirtiéndole el empleador que dicha determinación
se había adoptado dentro del período de prueba estipulado.
3.2.5. El despido le causa graves perjuicios, pues tiene
pocas posibilidades de conseguir un nuevo empleo por sus condiciones de salud,
las cuales se vieron aminoradas por las funciones que debió cumplir y que no
estaban especificadas en el contrato de trabajo ni hacen parte de las labores
que deben ser desarrolladas por un auxiliar de farmacia.
3.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado
Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, mediante
auto del 24 de febrero de 2011, admitió la demanda y corrió traslado a la
empresa Farmatodo Colombia S.A. para que ejerciera su defensa.
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, Farmatodo Colombia S.A., a través de apoderado,
contestó la acción de tutela en los siguientes términos:
-Entre las partes existió
un contrato de trabajo a término indefinido cuya fecha de inicio de labores se
estipuló para el 11 de enero de 2011.
-La accionante no
informó a salud ocupacional que padecía de una hernia discal como se observa en
el certificado de aptitud ocupacional por ella suscrito.
-La señora Camacho
Bermúdez se vinculó a la empresa en el cargo de auxiliar de farmacia y dentro
de sus funciones se encontraba la de realizar el aseo del local.
-Casi quince días
después de iniciadas las labores y ante una orden del empleador, manifestó que
no podía realizar la función de aseo encomendada. Posteriormente, presentó dos
incapacidades expedidas el 7 y el 8 de febrero de 2011, concedidas por dos y
nueve días, respectivamente, con diagnóstico de lumbago.
-El 17 de febrero de
2011 dentro del período de prueba, Farmatodo decide dar por terminado el
contrato de trabajo suscrito con la señora Camacho Bermúdez, pues de haber
informado, previamente, que padecía de una enfermedad que la incapacitaba para
el desempeño de sus labores, la empresa no la habría contratado.
-El diagnóstico
reportado en las incapacidades que presentó la demandante señala que padece de
lumbago, por lo que no es posible deducir de ello la existencia de alguna
limitación.
-No se explica cómo
la petente solicita el reintegro cuando ella misma manifestó que sufre de una
hernia discal desde el año 2009 que la imposibilita para realizar las funciones
que la entidad empleadora requiere.
-En el examen médico
de egreso, el cual fue suscrito por la señora Camacho Bermúdez, se certifica
que no padece de ninguna incapacidad que la limite, ni de enfermedades de
origen profesional, luego no se explica cómo posteriormente acude a la acción
de tutela en procura de la defensa de sus derechos fundamentales supuestamente
vulnerados por la empresa al terminarle el contrato de trabajo.
-Si la demandante
sufre de alguna incapacidad, la cual, no fue originada por las actividades que
desarrolló en Farmatodo Colombia S.A., pues como ella lo manifestó se causó antes
de dicha vinculación, deberá acudir a las entidades que integran el sistema de
seguridad social para que la valoren y califiquen el grado de incapacidad o de
invalidez que pudiera padecer.
-La accionante
cuenta con otro mecanismo de defensa, esto es, la jurisdicción laboral.
3.4. Pretensiones
La señora Blanca
Eduviges Camacho Bermúdez solicita que se ordene el amparo definitivo de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a Farmatodo
Colombia S.A. que la reintegre y le cancele los salarios y prestaciones
sociales dejados de pagar desde la fecha del despido hasta que se efectúe el
reintegro.
3.5. Pruebas
En el expediente
obran como pruebas:
-Copia del
certificado de incapacidad proferido por la Clínica Colsanitas S.A. a nombre de
la señora Blanca Eduviges Camacho Bermúdez del 07/02/2011 a 08/02/2011 (Folio 7
del cuaderno principal).
-Copia del
certificado de incapacidad proferido por la Clínica Colsanitas S.A. a nombre de
la señora Blanca Eduviges Camacho Bermúdez del 08/02/2011 a 16/02/2011 (Folio 8
del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación del 17 de febrero de 2011 dirigida a la señora Camacho Bermúdez en
la que la empresa accionada le informa que ha decidido dar por terminado el
contrato de trabajo a partir de la fecha y estando dentro del período de prueba
(Folio 11 del cuaderno principal).
-Copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Blanca Eduviges Camacho Bermúdez (Folio 12 del
cuaderno principal).
-Copia del contrato
individual de trabajo a término indefinido suscrito el 11 de enero de 2010 por
la señora Blanca Eduviges Camacho Bermúdez y la empresa Farmatodo Colombia S.A.
(Folio 29 del cuaderno principal).
-Copia del
certificado de aptitud laboral, informe de salud ocupacional, examen de ingreso
efectuado a la señora Camacho Bermúdez, el 5 de enero de 2011 (Folio 22 del
cuaderno principal).
-Copia del
certificado de aptitud laboral, informe de salud ocupacional, examen de egreso
practicado a la señora Camacho Bermúdez, el 28 de febrero de 2011 (Folio 23 del
cuaderno principal).
4. Expediente T-3042443
4.1. La solicitud
El 15 de diciembre
de 2010, el señor Arlén Fabian López Sánchez, a través de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la
seguridad social, al trabajo, a la dignidad humana y a la estabilidad laboral
reforzada, en su calidad de persona incapacitada que, según afirma, le fue
vulnerado por la empresa Inversiones de la Costa Pacífica S.A., en adelante
Incopac S.A., al terminar el contrato laboral a término indefinido suscrito entre
él y la empresa demandada.
4.2. Los hechos
El demandante los
narra, a través de apoderado, en síntesis, así:
4.2.1. Desde el 16 de
septiembre de 2010 fue vinculado a la empresa Incopac S.A., a través de un
contrato de trabajo a término indefinido, para prestar sus servicios como
surtidor de mercancías.
4.2.2. Precisamente,
realizando la labor anteriormente mencionada, en particular cuando levantaba
una carretilla con envases de gaseosas y sin la capacitación para cumplir dicha
labor y sin los elementos de protección sufrió una lesión en la columna
vertebral.
4.2.3. Como consecuencia de lo anterior fue incapacitado en varias
ocasiones, del 28 de septiembre a 5 de octubre de 2010, del 14 a 28 de octubre del citado año, del 29 de octubre a 7 de noviembre de dicha anualidad.
4.2.4. Una vez terminada la primera incapacidad y, no
obstante la ARP Sura había recomendado a la empresa su reinstalación, la
Administradora de la empresa accionada le ordenó, descargar de un camión cajas con
envases de aceite y bultos de azúcar, lo cual empeoró sus condiciones de salud.
4.2.5. En el tiempo que estuvo incapacitado le fueron
practicadas fisioterapias e hidroterapias pero no presentó mejoría alguna, por el contrario, el dolor en la zona
afectada fue aún más intenso.
4.2.6. La
empresa accionada, no obstante conocer su estado de salud decidió terminar su
contrato de trabajo, sin que mediara justa causa y sin contar con la
autorización del Ministerio de la Protección Social.
4.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Doce
Civil Municipal de Medellín, mediante proveído del 16 de diciembre de 2010,
admitió la demanda y corrió traslado a Incopac S.A. para que ejerciera su
defensa.
La entidad demandada
no contestó la acción de tutela instaurada por el señor Arlén Fabian López Sánchez.
4.4. Pretensiones
El demandante le
pide al juez de tutela conceder el amparo definitivo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se ordene a la empresa Incopac S.A., la
reinstalación en el empleo en un cargo diferente al que desempeñaba  y
acorde con su estado de salud.
Así mismo, solicita
el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de pagar desde la fecha
del despido hasta que se efectúe el reintegro.
Igualmente, pide al
juez de tutela se ordene el pago de la indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario.
4.5. Pruebas
En el expediente
obran como pruebas:
-Copia del contrato
individual de trabajo a término indefinido suscrito el 16 de septiembre de 2010
por el señor Arlén Fabián López Sánchez y la empresa Incopac S.A. (Folio 11 del
cuaderno principal).
-Copia de los
certificados de incapacidad proferidos por la Clínica Medellín a nombre del
señor Arlén Fabián López Sánchez Bermúdez del 28/09/2010 a 05/10/2010; 14/10/10
a 28/10/10; 29/10/10 a 07/11/10 (Folio 12 del cuaderno principal).
-Copia de la programación
de citas de fisioterapias e hidroterapias a nombre del señor López Sánchez
(Folio 15 del cuaderno principal).
-Copia de las
recomendaciones efectuadas por la IPS Aguacatala en el caso del señor López
Sánchez (Folio 18 del cuaderno principal).
-Copia del resultado
de los exámenes de resonancia de columna lumbosacra y electrodiagnóstico
efectuados al señor López Sánchez (Folio 29 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación dirigida al señor Arlén Fabián López Sánchez por parte de Incopac
S.A., mediante la cual le notificó que su contrato de trabajo terminaría a
partir del 10 de noviembre de 2010 estando en período de prueba (Folio 31 cuaderno
principal).
5. Expediente
T-3.045.131
5.1. La solicitud
El 7 de febrero de
2011, el señor Alberto Rondón Pava presentó acción de tutela para que le fueran
protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud y a la estabilidad
laboral reforzada, en su calidad de persona discapacitada, derechos que, según
afirma, le fueron vulnerados por la empresa Temporales Uno-A S.A. y la Empresa
de Servicios Públicos de Flandes, en adelante ESPUFLAN E.S.P., al terminar el
contrato de obra o labor determinada, suscrito entre él y la empresa temporal.
5.2. Los hechos
El accionante los narra, en síntesis, así:
5.2.1. Desde el 1 de enero de
2008 ingresó a laborar en ESPUFLAN E.S.P. como operador y celador por cuenta de
la empresa Temporales Uno-A S.A. para prestar sus servicios en la planta de
tratamiento de agua potable.
5.2.2. En
el mes de julio de 2010, el ingeniero encargado de la planta, le informó que ya
no prestaría sus servicios en dicho lugar, porque las directivas de la entidad
habían determinado que le serían asignadas otras funciones, como la de
fontanería y la realización de otros oficios.
5.2.3. El
30 de julio de 2010 radicó una petición ante la gerencia de la mencionada empresa
de servicios públicos mediante la cual solicitó que no fuera trasladado a un
cargo que implicara una carga excesiva de trabajo como sucede, por ejemplo, en
las labores de fontanería. Lo anterior con fundamento en la pérdida de
capacidad laboral del 32.70% que padece según el dictamen proferido por la
Junta Regional de Invalidez de Cundinamarca.
5.2.4. No
obstante que informó a las directivas de ESPUFLAN E.S.P. sobre sus condiciones
de salud, le asignaron funciones relacionadas con la recolección de escombros,
que implicaron un esfuerzo físico excesivo, razón por la cual reiteró, el 4 de
agosto de 2010, la petición inicial, pues sus condiciones de salud se vieron
ostensiblemente afectadas.
5.2.5. El
2 de diciembre de 2010, le fue terminado su contrato de trabajo.
5.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Flandes, mediante proveído del 9 de febrero de 2010, admitió la
demanda y corrió traslado a las empresas demandadas para que ejercieran su
defensa.
5.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, ESPUFLAN
E.S.P., a través del representante legal, esgrimió las razones por las cuales
considera que la acción de tutela resulta improcedente para lograr la
protección de los derechos invocados, las cuales pueden sintetizarse, de la
siguiente manera:
-El señor Alberto Rondón
Pava, prestó sus servicios en la empresa como trabajador en misión vinculado a
través de la empresa Temporales Uno-A S.A. desde el 7 de julio de 2010 hasta el
2 de diciembre del citado año.
-En el examen médico
de ingreso que efectuó la empresa temporal el señor Rondón Pava no informó
acerca de su discapacidad. Cuando las directivas de la empresa de servicios
públicos tuvieron conocimiento de ello, procedieron a informarle al jefe
inmediato para que procediera a su reubicación en el cargo de celador en la
planta de tratamiento de agua potable. Luego, el trabajo forzoso, lo realizó el
trabajador por espacio de diez días.
-El accionante
dispone de otro medio de defensa judicial y la tutela no procede en este caso
como mecanismo transitorio, pues con las pruebas allegas al proceso no se acreditó
la existencia de un perjuicio irremediable. Por el contrario, el hecho de que
el señor Rondón Pava hubiera acudido a la acción constitucional, casi dos meses
después de acaecida su desvinculación, indica la inexistencia del daño que
permita la procedencia de la solicitud de amparo.
-El único, verdadero
y real empleador del señor Alberto Rondón Pava es la empresa Temporales Uno-A
S.A., de acuerdo con el contrato de trabajo que suscribieron a principios del
mes de julio de 2010. Empresa que finiquitó la vinculación laboral por la
configuración de una causa legal de terminación de contrato de trabajo, cual es
la finalización de la obra o labor contratada.
5.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
empresa temporales Uno-A S.A., a través de la Jefe de Relaciones Laborales, dio
respuesta a la acción de tutela, en los siguientes términos:
-El señor Alberto Rondón
Pava suscribió un único contrato de trabajo por duración de la obra o labor
determinada el día 7 de julio de 2010 como trabajador en misión de la empresa
usuaria ESPUFLAN E.S.P. en el cargo de supernumerario.
-El supernumerario tiene
como propósito apoyar las necesidades de la empresa usuaria, realizando labores
de distintos cargos, luego debe colegirse que el demandante no fue contratado
como lo manifiesta para desempeñar el cargo de celador o servicio operador.
-La empresa tuvo en
cuenta las sugerencias y recomendaciones proferidas por Seguros La Equidad en
el caso del trabajador. Por este motivo fue reinstalado en labores acordes con
su condición física.
-El contrato de
trabajo del señor Rondón Pava concluyó por la configuración de una causa legal
de terminación de contrato, cual es la finalización de la obra o labor
contratada.
-Cuando la empresa
decidió dar por terminado el contrato de trabajo del demandante, aquél no se
encontraba incapacitado, ni limitado para trabajar. En efecto, la incapacidad
que reposa en el plenario, se expidió por enfermedad el 31 de julio de 2010 y
fue concedida por dos días.
-La Junta Regional
de Invalidez de Cundinamarca, con anterioridad a la vinculación del señor Rondón
Pava, profirió el dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral en el que
consta que la invalidez o limitación se estructuró mientras laboraba para otra
empresa en el cargo de auxiliar de servicios generales y no en la ejecución del
contrato de trabajo con Temporales Uno-A S.A.
-En el desarrollo
del contrato de trabajo del señor Rondón Pava, la empresa cumplió todas las
obligaciones consagradas en el régimen laboral colombiano.
5.4. Pretensiones
El señor Alberto
Rondón Pava solicita se tutelen sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia,
se ordene a las empresas ESPUFLAN E.S.P. y Temporales Uno-A S.A. efectuar su
reintegro en un cargo acorde con sus condiciones de salud.
Así mismo, solicita
que las empresas demandadas le cancelen los salarios y prestaciones sociales
dejados de pagar desde la fecha del despido hasta que se efectúe el reintegro.
5.5. Pruebas
En el expediente
están las siguientes pruebas:
-Copia de las peticiones
elevadas por el señor Alberto Rondón Pava a las empresas accionadas mediante
las cuales solicita que no sea trasladado a un cargo que implique excesiva
fuerza física en razón de la discapacidad que padece (Folios 7 y 8 del cuaderno
principal).
-Copia de la
respuesta a la petición presentada por el señor Rondón, dada por parte de la
empresa Temporales Uno-A S.A. (Folio 10 del cuaderno principal).
-Copia de las
recomendaciones laborales permanentes efectuadas por Seguros La Equidad en el
caso del señor Alberto Rondón Pava (Folio 11 del cuaderno principal).
-Copia de la
incapacidad concedida por Salud Total EPS al señor Rondón Pava a partir del 31
de julio de 2010 por el término de dos días (Folio 14 del cuaderno principal).
-Copia del dictamen
proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y
Cundinamarca (Folio 17 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación dirigida al señor Alberto Rondón Pava por parte de la empresa
Temporales Uno-A S.A., mediante la cual le notificó que su Contrato por obra o
labor contratada, terminaría a partir del 2 de diciembre de 2010 (Folio 20
cuaderno principal).
-Copia del contrato
de suministro Nº 008 de 2010 suscrito entre ESPUFLAN E.S.P. y la empresa
Temporales Uno-A S.A., el 7 de julio de 2010 (Folio 40 del cuaderno principal).
-Copia del
certificado de aportes realizados por la empresa Temporales Uno-A S.A. a nombre
del señor Alberto Rondón Pava (Folio 48 del cuaderno principal).
-Copia de la
certificación laboral expedida por la empresa Temporales Uno-A S.A. a nombre
del señor Rondón Pava (Folio 50 del cuaderno principal).
-Copia del contrato
de trabajo por duración de la obra o labor determinada para persona en misión
suscrito entre la empresa Temporales Uno-A S.A. y el señor Alberto Rondón Pava
(Folio 51 del cuaderno principal).
6. Expediente T-3.048.045
6.1. La Solicitud
El 23 de marzo de
2011, el señor Leonardo Buitrago Quintero, en nombre propio, presentó acción de
tutela para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, a
la seguridad social y al mínimo vital, entre otros, que, según afirma, le
fueron vulnerados por la empresa Quad Graphics Colombia S.A., en adelante Quad
Graphics al terminar el contrato laboral a término indefinido, suscrito entre
él y la empresa demandada.
6.2. Los hechos
Los narra el
accionante, en síntesis, así:
6.2.1. El 14 de enero de 2003 se
vinculó laboralmente con la empresa Quad Graphics mediante un contrato laboral
a término indefinido para desempeñar el cargo de operario de impresión
rotativo.
6.2.2. El 7 de marzo de 2010, en su domicilio sufrió una caída,
resultando afectado su miembro superior izquierdo al fracturarse el cúbito y el
radio, por lo cual fue intervenido quirúrgicamente para implante de clavos y
colocación de injerto óseo.
6.2.3. Por
su deteriorado estado de salud le fueron concedidas al inicio del tratamiento varias
incapacidades médicas, las cuales nuevamente fueron prescritas porque el
especialista consideró que debía realizarse una nueva intervención quirúrgica, toda
vez que la lesión no presentaba una evolución satisfactoria por algunos
desaciertos en la cirugía inicial.
Así,
fue nuevamente incapacitado del 29 de enero hasta el 23 de febrero de 2011, del
24 de febrero al 27 del mismo mes y año y del 28 de febrero al 19 de
marzo de dicha anualidad.
6.2.4. El
10 de febrero de 2011, estando incapacitado y sin cumplir el término del
preaviso ni contar con la autorización del Ministerio de la Protección Social, la
empresa Quad Graphics, le informó por escrito que su contrato de
trabajo terminaría a partir del 28 de febrero de 2011. Textualmente se señaló:
“(…) la compañía en curso de la
reorganización de sus procesos operativos y administrativos y teniendo en
cuenta que a la fecha su incapacidad por enfermedad de origen común, tiene más
de 300 de días continuos, la compañía ha decidido dar por terminado su contrato
de trabajo a partir del día 28 de febrero de 2011; de acuerdo con lo
establecido en el numeral 15 del artículo 62 del Código Sustantivo del
Trabajo.”
6.2.5. El
salario que devengaba constituía su único ingreso para poder suplir sus
necesidades básicas y las de su familia, compuesta por dos hijas, y su
esposa, que no trabaja.
6.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Treinta y
Seis Civil Municipal de Bogotá, mediante proveído del 22 de marzo de 2011,
admitió la demanda y corrió traslado a la empresa Quad Graphics para que ejerciera
su defensa.
Así mismo, decidió
vincular a la EPS Cafesalud y al Ministerio de la Protección Social para que se
pronunciaran sobre los hechos y derechos invocados por el accionante.
6.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el
Ministerio de la protección Social, a través del Coordinador Grupo Acciones
Constitucionales, respecto de la acción de tutela promovida por el señor
Leonardo Buitrago Quintero señaló:
-En el presente caso
debe declararse la improcedencia de la acción de tutela contra el Ministerio de
la Protección Social por falta de legitimación por pasiva, toda vez que esta entidad
no es ni ha sido empleadora del señor Buitrago Quintero, lo que implica que no
existió vínculo de carácter laboral entre el accionante y el ministerio.
-De acuerdo con el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 cuando se trate de personas con
discapacidades, es claro que para poder terminar unilateralmente sus contratos
de trabajo, deberá mediar autorización por parte de un inspector de trabajo, a
fin de que constate la limitación o imposibilidad del trabajador para
desarrollar la labor para la cual fue contratado.
-Las funciones
administrativas que le han sido asignadas al ministerio, no pueden invadir la
órbita de la jurisdicción ordinaria laboral, contenida en el artículo 2 del
Código Procesal del Trabajo. De ahí que, al funcionario administrativo le esté
vedado el pronunciamiento de juicios de valor que califiquen los derechos de
las partes, función que es netamente jurisdiccional.
6.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
empresa Quad Graphics, en escrito dirigido al juez de primera instancia, señaló:
-Entre la empresa
Quad Graphics y el accionante existió un contrato de trabajo a término
indefinido, vigente desde el 14 de enero de 2003 hasta el 28 de febrero de
2011.
-El último salario
devengado por el accionante fue la suma mensual de $1’991.500.
-Quad Graphics
procedió a dar por terminada la vinculación laboral, conforme con la causal
prevista en el numeral 15, del literal a), del artículo 62 del Código Sustantivo
del Trabajo, según la cual es justa causa para terminar unilateralmente el
contrato de trabajo por parte del empleador, el que hubiese transcurrido un
período de incapacidad igual a 180 días continuos.
-La empresa,
mediante oficio del 10 de febrero de 2011, le informó al accionante sobre la
decisión unilateral de dar por terminado su contrato de trabajo, a partir del
28 de febrero de 2011, es decir con más de 15 días de preaviso. Así mismo, se le
comunicó el reconocimiento y pago de la indemnización legal que ascendió a $
11’519.480. Adicionalmente se le canceló por concepto de prestaciones sociales
y vacaciones acumuladas el valor de $ 4’521.956. Efectuado los descuentos
debidamente autorizados por el señor Buitrago Quintero recibió la suma de $
8.088.518.
-La terminación del
contrato no sobrevino por la enfermedad, incapacidad para trabajar o
discapacidad del demandante, pues cuando la empresa tomó esta determinación
aquél no se encontraba en ninguna de las circunstancias anteriormente
descritas.
-Quad Graphics
afilió al demandante al régimen de seguridad social y pagó cumplidamente los
aportes.
-La EPS Cafesalud
debe brindar los servicios médico asistenciales al señor Buitrago Quintero
hasta por un tiempo de dos meses después de su desvinculación, esto es, hasta
el mes de abril de 2011. Posteriormente tiene la posibilidad de afiliarse,
junto con su núcleo familiar, al Sistema de Seguridad Social en Salud, en el
Régimen Subsidiado (SISBEN).
-La acción de tutela
promovida por el señor Buitrago Quintero no es procedente contra Quad Graphics,
toda vez que no está encargada de la prestación de un servicio público, no está
afectando de manera grave ni directamente el interés colectivo, ni existe una
relación de subordinación e indefensión con el demandante porque a la fecha no
existe relación laboral alguna.
Además, existe otro
mecanismo de defensa judicial, esto es, la jurisdicción laboral ordinaria y no
se acredita la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio.
6.3.3. Cafesalud EPS en escrito enviado al Juzgado Treinta y
Seis Civil Municipal de Bogotá, señaló:
-El señor Leonardo
Buitrago Quintero se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud en el Régimen Contributivo a través de Cafesalud EPS en calidad de
cotizante dependiente, desde el 3 de octubre de 2001, y registra a la fecha 505
semanas de cotización al sistema.
-Actualmente se
encuentra en período de protección laboral y, en consecuencia, tiene derecho a los
servicios médicos.
-Cafesalud EPS ha
cumplido todas las obligaciones dentro de los parámetros que rigen la
prestación del servicio, y lo seguirá haciendo mientras el paciente continúe
afiliado.
-En caso de existir
una estabilidad laboral reforzada como mecanismo de protección del trabajador,
las consecuencias patrimoniales de su desvinculación corresponderán a quien
fungía como empleador.
Por lo anterior, es
claro que se configura la falta de legitimación por pasiva en relación con
Cafesalud EPS.
6.4. Pretensiones
El señor Leonardo
Buitrago Quintero solicita que se tutelen sus derechos fundamentales invocados
y, como consecuencia de ello, se le ordene a la empresa Quad Graphics que lo
reintegre al cargo que venía desempeñando antes de su desvinculación o a uno
similar y lo afilie al sistema de seguridad social.
6.5. Pruebas
En el expediente
obran como pruebas:
-Copia del contrato
de trabajo a término fijo celebrado el 14 de enero de 2003 entre el señor
Leonardo Quintero Buitrago y la empresa Quebecor World Bogotá S.A. (Folio 19
del cuaderno principal).
-Copia del otrosí al
contrato de trabajo a término fijo suscrito el 14 de enero de 2003 por el señor
Leonardo Quintero Buitrago y la empresa Quebecor World Bogotá S.A. (Folio 22
del cuaderno principal).
-Copia de la
liquidación de prestaciones económicas, incapacidad, otorgada al señor Leonardo
Buitrago Quintero del 7 de marzo de 2010 al 5 de abril del mismo año (Folio 23
del cuaderno principal).
-Copia del
certificado de la incapacidad concedida al señor Buitrago Quintero del 29 de
enero de 2011 al 23 de febrero de la misma anualidad (Folio 24 del cuaderno
principal).
-Copia del certificado
de la incapacidad otorgada al señor Buitrago Quintero del 24 de febrero de 2011
al 27 de febrero del citado año (Folio 25 del cuaderno principal).
-Copia del
certificado de la incapacidad concedida al señor Buitrago Quintero del 28 de
febrero de 2011 al 19 de marzo del año en curso (Folio 26 del cuaderno
principal).
-Copia de la
comunicación dirigida al señor Leonardo Buitrago Quintero por medio de la cual
la empresa Quad Graphics le informó acerca de la terminación del contrato de
trabajo (Folio 28 del cuaderno principal).
-Copia de las tarjetas
de identidad y de los registros civiles de nacimiento de las hijas del
accionante Angie Tatiana y Luisa Fernanda Buitrago Blandón (Folios 29-31 del
cuaderno principal).
-Copia de recibos de
pago del Fondo Nacional del Ahorro a nombre del señor Leonardo Buitrago
Quintero (Folios 32 y 33 del cuaderno principal).
-Copia de la
certificación laboral del demandante (Folio 34 el cuaderno principal).
-Copia de la
liquidación final del contrato de trabajo del señor Buitrago Quintero (Folio 62
del cuaderno principal)
7. Expediente T-3.060.850
7.1. La solicitud
El 9 de febrero de
2011, la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez presentó acción de tutela para
que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida digna, a la
salud, al trabajo, a la seguridad social, al mínimo vital, y a la estabilidad
laboral reforzada que, según afirma, le fueron vulnerados por la empresa Soplascol
Ltda. al terminar el contrato individual de trabajo a término fijo inferior a
un año, suscrito entre ella y la mencionada compañía.
7.2. Los hechos
La accionante los narra, en síntesis,
así:
7.2.1. Desde
el 1 de febrero de 2006 fue vinculada
a la compañía Soplascol Ltda., mediante un contrato individual de trabajo a
término fijo inferior a un año, el cual fue prorrogado en varias ocasiones.
El último cargo
desempeñado fue el de operaria con una asignación mensual de $936.000.
7.2.2. Sus
condiciones de salud se vieron paulatinamente deterioradas. El médico
tratante le diagnosticó, inicialmente, lumbalgia mecánica crónica, situación
que conocía Soplascol Ltda., toda vez que el 4 de mayo y el 2 de noviembre de
2010 Cruz Blanca EPS le informó a la empresa acerca de algunas recomendaciones
médico laborales que debían ser tenidas en cuenta en su actividad laboral.
Posteriormente,
el 11 de enero de 2011, el Área de Riesgos Profesionales de dicha EPS, le
solicitó a la empresa una serie de documentos para estudio, en primera instancia,
del origen de la enfermedad que padece.
7.2.3. No obstante su deteriorado estado de salud, mediante comunicación
de diciembre 9 de 2010, la empresa le informó que su contrato de trabajo
terminaría por vencimiento del plazo pactado, el día 30 de enero de 2011.
7.2.4. En el mes de diciembre del mencionado año, de manera
escrita le solicitó a Soplascol Ltda. que reconsiderara su determinación de no
prorrogar su contrato de trabajo, por cuanto se encontraba en tratamiento y
pendiente de la calificación del origen de las enfermedades que padece, sin
embargo la empresa mantuvo su decisión inicial.
7.2.5. Debido a su desvinculación laboral, su situación
económica se encuentra seriamente afectada por cuanto el salario que devengaba
constituía su único ingreso y el de su familia, compuesta por su esposo quien
no labora y por sus dos hijas menores de edad.
Además, al
quedar desafiliada de la EPS, se afecta gravemente su estado de salud con
ocasión de la interrupción en el tratamiento médico.
7.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Treinta y
Cuatro Civil Municipal de Bogotá, mediante proveído del 19 de febrero de 2011,
admitió la demanda y corrió traslado a Soplascol Ltda. para que ejerciera su
defensa.
Así mismo, decidió
vincular a la EPS Cruz Blanca, Positiva Compañía de Seguros S.A., Ministerio de
la Protección Social y a la Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Suramericana
S.A. para que se pronunciaran sobre los hechos.
7.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, Soplascol
Ltda., a través de apoderado, esgrimió las razones por las cuales considera que
la acción de tutela resulta improcedente contra la entidad, las cuales pueden
sintetizarse, de la siguiente manera:
-La empresa le
informó a la señora Cubides Gutiérrez dentro del término legal estipulado que
había decidido no renovar su contrato de trabajo por vencimiento del plazo y,
no porque padeciera una discapacidad severa o profunda, porque no hay prueba en
su hoja de vida, ni en este proceso, que padezca de una discapacidad leve o
moderada, o sea superior al 15% que le permitiera gozar de la prerrogativa
establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
-Las funciones que
ejecutaba la demandante para nada incidieron en la presunta enfermedad que
alega, por cuanto la ARP Positiva, no determinó durante el período en que
estuvo vinculada a la empresa que padeciera de alguna enfermedad profesional.
-La empresa cumplió
de forma categórica las recomendaciones laborales que profirió la EPS Cruz
Blanca, entidad que le diagnosticó a la señora Cubides Gutiérrez una enfermedad
posiblemente de origen común.
-Para la fecha en
que la empresa decide comunicarle acerca de la terminación del vínculo laboral
y cuando se desvinculó definitivamente, la demandante no había sido calificada
como inválida o con alguna limitación física que impidiera que la compañía adoptara
dicha decisión.
-La comunicación del
11 de enero de 2011 proferida por la EPS Cruz Blanca, señala que la señora
Cubides Gutiérrez padece de una posible enfermedad profesional y le solicita a
la empresa una documentación, la cual fue conocida, el 27 de enero de 2011,
fecha posterior a la decisión de no prorrogar el contrato de trabajo.
-Cualquiera que sea
el origen de la enfermedad que padece la señora Cubides es la EPS Cruz Blanca o
la ARP Positiva, las entidades que deben cubrir el respectivo riesgo.
7.3.2. Positiva Compañía de Seguros, dentro de la
oportunidad legal prevista en relación con la acción de tutela promovida por la
señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez, señaló:
-La demandante
registra afiliación con la administradora de riesgos profesionales, a través
del empleador Soplascol Ltda. desde el 2 de febrero de 2006 hasta el 20 de
enero de 2011.
-El 29 de enero de
2011 mediante formato de informe de enfermedad profesional la señora Cubides
Gutiérrez comunicó sobre las enfermedades que le habían sido diagnosticadas por
su médico tratante de la EPS: lumbalgia mecánica crónica, escoliosis lumbar,
sacroiletis derecha.
Según la información
que reposa en la base de datos de los afiliados, se constató que en este caso
no existe dictamen de calificación de origen emitida por la EPS. De ahí que  una
vez se comunique la calificación de las patologías que padece la accionante se
entrará a determinar a quien le corresponde la prestación de los servicios
asistenciales y económicos.
-Una vez se obtenga
la calificación de origen por parte de la EPS se le hará a al señora Cubides
Gutiérrez la respectiva calificación de origen por parte de nuestra aseguradora
de riesgos profesionales como lo establece el Decreto 2463 de 2001.
7.3.3. La Consultoría en Gestión de Riesgos IPS Suramericana
S.A., dentro de la oportunidad legal prevista, señaló:
-A la entidad no le
consta acerca de la vinculación de la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez con
el empleador Soplascol Ltda., ni el cargo que desempeñó, ni el salario que
devengó.
-Con relación a la
lumbalgia mecánica crónica, escoliosis lumbar y sacroileitis que padece la
accionante, se advierte que le fue practicado el examen médico de ingreso y se
profirió concepto de aptitud.
- A la Consultoría
en Gestión de Riesgos IPS Suramericana S.A., no le consta la forma en que se
dio por terminado el contrato laboral suscrito entre la accionante y la empresa
Soplascol Ltda.
-La acción de tutela
promovida por la señora Cubides Gutiérrez está encaminada a solucionar
conflictos netamente laborales, en los que la consultoría no tiene ninguna
relación.
7.3.4. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
Cruz Blanca EPS, esgrimió las razones por las cuales considera que la acción de
tutela resulta improcedente para lograr la protección de los derechos
fundamentales de la accionante.
-La señora Gloria
Inés Cubides Gutiérrez se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad
Social en Salud en el régimen contributivo a través de Cruz Blanca EPS, en
calidad de cotizante dependiente, desde el 2/14/2006 y registra a la fecha 291 semanas
de cotización al sistema.
-La referida usuaria
se encuentra, actualmente, en protección laboral debido a la novedad de retiro
comunicada por parte de su empleador Soplascol Ltda. desde febrero de 2001.
-En caso de
predicarse la estabilidad laboral reforzada como mecanismo de protección a la
trabajadora, las consecuencias patrimoniales de su retiro, corresponden a su
empleador.
-En este caso la
señora Cubides Gutiérrez acude a la acción de tutela en procura de la
protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por su
empleador Soplascol Ltda. En consecuencia, es claro que se configura la falta
de legitimación por pasiva respecto de la EPS Cruz Blanca.
-Una vez consultada
la base de datos de la entidad se advierte que la señora Cubides Gutiérrez ha
sido valorada por fisioterapia, ortopedia y medicina laboral por lumbalgia,
escoliosis, sacroileitis con desbalance pélvico y dolor.
-Cruz Blanca EPS ha
cumplido todas sus obligaciones dentro de los parámetros que rigen la
prestación del servicio y lo seguirá haciendo mientras la paciente continúe
afiliada.
7.4. Pretensiones
La señora Gloria
Inés Cubides Gutiérrez solicita se tutelen sus derechos fundamentales invocados
y, en consecuencia, se ordene a Soplascol Ltda. su reintegro a un cargo de
igual o mejor categoría teniendo en cuenta las indicaciones médicas y el pago
de los salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar desde la fecha del
despido hasta que se efectúe el reintegro.
Así mismo solicita su
afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud.
7.5. Pruebas
- Copia de los
registros civiles de nacimiento de los hijos de la accionante Nelson Daniel y
Liliana Andrea Castillo Cubides (Folios 1 y 2 del cuaderno principal).
-Copia del formato
de informe de enfermedad profesional (Folio 3 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica ocupacional de la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez (Folio
4 del cuaderno principal).
-Copia de la comunicación
de fecha 9 de diciembre de 2010 sobre “[a]viso de vencimiento de contrato de
trabajo” suscrito entre la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez y la
empresa Soplascol Ltda. (Folio 7 cuaderno principal).
-Copia del oficio “[n]o
renovación del contrato de trabajo” dirigido a la señora Cubides Gutiérrez
por parte de la empresa Soplascol Ltda. de fecha 26 de enero de 2011 (Folio 8
del cuaderno principal).
-Copia de la
certificación laboral de la demandante expedida por la empresa Soplascol Ltda.
(Folio 9 del cuaderno principal).
-Copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez (Folio 10 del cuaderno
principal).
-Copia de la
petición elevada por la señora Cubides Gutiérrez a la empresa accionada
mediante la cual le solicita reconsidere la decisión de no renovar su contrato
de trabajo (Folio 11 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación de la EPS Cruz Blanca dirigida a la empresa Soplascol Ltda. por
medio de la cual solicita una documentación para estudio, en primera instancia
del origen de la enfermedad que padece la demandante (Folio 12 del cuaderno
principal).
-Copia de los oficios
de 4 de mayo y 2 de noviembre de 2010 a través de los cuales la EPS Cruz Blanca
le informó a la empresa Soplascol Ltda. acerca de unas recomendaciones médicas
en el caso de la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez (Folio 13 del cuaderno
principal).
-Copia del contrato
de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito entre la señora Gloria
Inés Cubides Gutiérrez y la empresa Soplascol Ltda. (Folio 33 del cuaderno
principal).
-Copia de la
liquidación de contrato efectuada por la empresa Soplascol Ltda. (Folio 34 del
cuaderno principal).
-Copia del pago de
los aportes efectuados por la empresa Soplascol Ltda. al sistema de seguridad
social (Folio 37 del cuaderno principal).
-Copia de evolución
historia consulta externa en la IPS CB Central de Especialistas Pepe Sierra a
nombre de la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez (Folio 50 del cuaderno
principal).
-Copia de los
resultados de estudio de neuroconducciones motoras y sensitivas de miembros
inferiores y electromiografía con electrodo de aguja monopolar efectuado a la
señora Cubides Gutiérrez (Folio 53 del cuaderno principal).
-Copia de la
evaluación del puesto de trabajo de la señora Cubides Gutiérrez efectuada por la
ARP Positiva (Folio 56 del cuaderno principal).
8. Expediente
T-3.064.179
8.1. La Solicitud
El 27 de enero de
2011, la señora Olga Lucía Venegas Garzón interpuso acción de tutela en nombre
propio para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al mínimo
vital, al trabajo, a la seguridad social e igualdad, pues, según afirma, le
fueron vulnerados por Flores Calima Ltda., al terminar el contrato laboral a
término indefinido, suscrito entre ella y la empresa demandada.
8.2. Los hechos
Los narra la
accionante, en síntesis, así:
8.2.1. El
9 de marzo de 2009, fue vinculada a la empresa Flores Calima Ltda. a través de
un contrato a término indefinido para realizar funciones de operaria.
8.2.2. Padece
de síndrome del túnel carpiano y lesiones de hombro, enfermedades que han sido
tratadas por la EPS Famisanar y le han generado una serie de incapacidades.
8.2.3. El
19 de noviembre de 2010, la empresa le comunicó su decisión unilateral de dar
por terminado su contrato de trabajo.
8.2.4. Debido a su desvinculación laboral, su situación
económica se encuentra seriamente afectada por cuanto el salario que devengaba
constituía su único ingreso.
8.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Veintiuno
Civil Municipal de Bogotá, mediante proveído del 27 de enero de 2010, admitió
la demanda y corrió traslado a la empresa Flores Calima Ltda. para que
ejerciera su defensa.
Mediante escrito
dirigido al juez de primera instancia, Flores Calima Ltda., a través de
apoderada, señaló:
-La señora Olga
Lucía Venegas Garzón, estuvo vinculada a la empresa por medio de un contrato de
trabajo a término indefinido celebrado el 9 de marzo de 2009 para desempeñar el
cargo de operaria, del cual fue despedida con justa causa, a partir del 19 de
noviembre de 2010.
-La justa causa de
despido consistió en que la trabajadora de forma reiterada y desafiante, puso
en riesgo su integridad personal al desatender los procedimientos de seguridad
industrial, a pesar de que la empresa le había suministrado todos los elementos
para salvaguardar su bienestar. Prueba de ello es que la compañía ha sido
certificada por diversas entidades internacionales en el correcto y cumplido
manejo en las relaciones laborales, ambientales y sociales las cuales se adjuntan
al presente escrito.
-La decisión de
terminar el vínculo laboral fue consecuencia de las muchas faltas en que la
trabajadora incurrió en el transcurso del año inmediatamente anterior. Ello
significa que reincidió en la violación del reglamento interno de trabajo
incumpliendo las obligaciones del trabajador contempladas en el régimen laboral
colombiano.
-Conforme con lo
anterior, el vínculo laboral finalizó porque la trabajadora incurrió en una
justa causa de despido al incumplir continuamente con sus obligaciones. De ahí
que dicha medida se torna legítima y eficaz.
-Respecto de las
enfermedades que padece la señora Venegas Garzón, ninguna de ellas ha
ocasionado pérdida de la capacidad laboral y hasta la fecha vienen siendo
tratadas por la EPS Famisanar, entidad que las calificó como de origen común.
Así las cosas, la
accionante se encuentra en plena capacidad para laborar, lo cual conforme a la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no puede ser considerada ni
siquiera como discapacitada “moderada”, y por lo tanto no está amparada
por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
-Para la fecha de
retiro, esto es, el 19 de noviembre 2010, la demandante no se encontraba
incapacitada.
-Los únicos
documentos que allegó la señora Venegas Garzón a la empresa fueron los resultados
de una resonancia nuclear magnética de articulaciones de miembro superior,
realizada el 3 de noviembre de 2010, y una radiografía de hombro efectuada, el
11 de noviembre del mismo año. No obstante, ninguno de estos documentos
representa una restricción y/o recomendación médica, ni un dictamen de pérdida
de capacidad laboral, ni una orden de reubicación, ni muchos menos denotan una
incapacidad permanente y/o temporal.
Se advierte que la
demandante entregó otros documentos a la empresa ocho después del retiro, sin
que puedan considerarse, así las cosas, determinantes para señalar que su
desvinculación es ineficaz.
-La señora Venegas
Garzón alega estar en estado de indefensión, sin embargo omite advertir que es
casada y que su esposo trabaja y colabora con la manutención de su hogar, por
ende, no puede predicar que como consecuencia de su desvinculación se derivó
una precaria situación económica.
-En este caso existe
otro medio de defensa judicial para resolver la controversia planteada, esto
es, la jurisdicción ordinaria laboral.
8.4. Pretensiones
La señora Olga Lucía
Venegas Garzón solicita que se ordene el amparo definitivo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene la reinstalación
en el cargo que venía desempeñando.
8.5. Pruebas
En el expediente
reposan las siguientes pruebas:
-Copia de la
comunicación fechada 19 de noviembre de 2010 por medio de la cual Flores Calima
Ltda. le informó a la señora Olga Lucía Venegas Garzón que decidió dar por
terminado su contrato de trabajo por justa causa (Folio 1 del cuaderno
principal).
-Copia de la
historia clínica de la accionante en la Caja de Compensación Familiar CAFAM de
fecha 31 de agosto de 2010 (Folio 3 del cuaderno principal).
-Copia de la
interpretación de estudios de imaginología efectúa a la señora Venegas Garzón
(Folio 4 del cuaderno principal de tutela).
-Copia de solicitud
de servicios en la IPS CAFAM por parte de la señora Olga Lucía Venegas Garzón
(Folio 6 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica de la señora Venegas Garzón emitida por el Área de Salud
Ocupacional, el 17 de diciembre de 2010 (Folios 7-10 del cuaderno principal).
-Copia del informe
de la junta quirúrgica de la IPS Cafam (Folio 12 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica de la señora Venegas Garzón en la IPS Crear Más Vida (Folio 13
del cuaderno principal).
-Copia del contrato
laboral a término fijo inferior a un año celebrado el 9 de marzo de 2009 entre
la señora Olga Lucía Venegas Garzón y Flores Calima Ltda. (Folios 17-23 del
cuaderno principal).
-Copia del Otrosí al
contrato de trabajo suscrito por Flores Calima Ltda. y la señora Olga Lucía
Venegas Garzón (Folio 24 del cuaderno principal).
-Copia de las
afiliaciones de la señora Venegas Garzón al sistema de seguridad social y del
pago de los aportes a salud, pensión y ARP (Folios 30-35 del cuaderno
principal).
-Copia de la
liquidación del contrato laboral de la señora Venegas Garzón (Folio 36 del
cuaderno principal).
-Copia de la
consignación en depósito judicial de la liquidación final del contrato por
valor de $900.116.oo pesos (Folio 37 del cuaderno principal).
-Copias de diversos
llamados de atención efectuados a la señora Venegas Garzón el 3 de noviembre de
2009, 18 de enero, 15 de abril, 30 de abril, 9 de junio, septiembre 17,
septiembre 22 de 2010 y de las diligencias de descargos (Folios 40-61 del
cuaderno principal).
-Copia de la
Resolución Nº 003364 del 29 de octubre de 2008 “por la cual se aprueba el
reglamento interno”.
-Copia del
reglamento interno de la empresa Flores Calima Ltda. (Folios 68-92 del cuaderno
principal)
-Copia de las
certificaciones que ha recibido la empresa Flores Calima Ltda. (Folios 93-95
del cuaderno principal).
-Copias de las
incapacidades concedidas por la EPS Famisanar a la señora Venegas Garzón
(Folios 120-140 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica de la señora Olga Lucía Venegas en el Hospital Divino Salvador
de Sopó (Folio 141 del cuaderno principal).
II. DECISIONES
JUDICIALES
1. Expediente
T-2.986.734
1.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Dieciocho
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, mediante
sentencia del 29 de noviembre de 2010, decidió tutelar los derechos
fundamentales invocados como vulnerados por la señora Omaira Angulo con
fundamento en las siguientes razones:
-La señora Omaira
Angulo hace parte de aquellas personas a las que según la jurisprudencia
constitucional debe brindárseles una especial protección debido a su estado de
debilidad manifiesta no porque se encuentre discapacitada sino en atención a
los quebrantos de salud que viene presentando desde el 14 de julio de 2008,
situación que le generó una incapacidad de tres días y múltiples visitas al
médico de su EPS. “…este despacho concluye que al momento en que la
trabajadora fue notificada de la decisión de dar por terminado el vínculo
laboral que sostenía con la entidad demandada esta ya presentaba quebrantos de
salud y del cual era conocedor su empleador, [pues] conocía de su estado de
debilidad manifiesta, ante las constantes visitas al médico de su EPS…”
-Precisamente en una
de las visitas médicas, específicamente, la del 22 de junio de 2010 en la que
fue valorada en el área de fisiatría, se le diagnosticó a la señora Angulo,
lumbalgia mecánica, síndrome mistral lumbo. Además, en las incapacidades
allegadas, se indicó como diagnóstico, entre otros, marcha antálgica, dolor
localizado, ruptura de menisco interno, lo que permite concluir con meridiana
claridad que no podía continuar la función que desempeñaba en el hogar del anciano
Cristo Señor de la Vida como manipuladora de alimentos de conformidad con la
declaración rendida por la accionante en la ampliación de la demanda, no podía
continuarla. Así mismo, se colige que se encontraba enferma al momento de
producirse su desvinculación laboral para lo cual era necesario la autorización
de la Oficina de Trabajo.
-Estos hechos no
fueron desvirtuados por la cooperativa accionada y en la contestación de la
demanda de tutela, tampoco indicó las razones jurídicas en las que fundamentó
la desvinculación de la accionante.
-Por consiguiente,
este despacho observa que la empresa demandada vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social y la estabilidad laboral reforzada de la
accionante al dar por terminado su vínculo laboral sin tener en cuenta su
estado de salud. En consecuencia, se ordena a la Cooperativa de Trabajo
Asociado Solidaridad Empresarial el reintegro de la demandante y el pago de la
indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
1.2. Impugnación
La parte demandada impugnó
el fallo proferido por el Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Cali por las siguientes razones:
-En el caso de la
señora Angulo no hay ningún certificado expedido por autoridad competente que
de cuenta de su discapacidad y el hecho de que haya asistido periódicamente a
controles médicos no la califica como sujeto de especial protección por su
debilidad manifiesta.
-En el plenario solo
se allega una incapacidad por tres días del 21 al 23 de agosto de 2008. Ello
demuestra que durante los dos años posteriores al accidente de trabajo no le
fue concedida otra incapacidad, luego no es posible predicar que se halle en
estado de debilidad manifiesta por sus condiciones de salud.
-El juzgador no
puede arrogarse el conocimiento científico y concluir de manera subjetiva, sin
el concepto médico definitivo, que una persona se encuentra enferma y en
condición de debilidad manifiesta menos aún, cuando no existe la convicción
absoluta de tal aserto, como sucede en este caso, en el que la historia clínica
está ilegible.
-La señora Angulo,
efectivamente, sufrió un accidente laboral cuando ejercía sus labores, el 14 de
julio de 2008, pero fue tan fútil que hasta el 20 de agosto siguiente, lo
comunicó a la empresa, fecha en la que fue reportado a la ARP SURATEP.
-De acuerdo con la
historia clínica allegada al expediente, se puede concluir que la señora Angulo
desde antes del siniestro señalado venía siendo tratada por lumbalgia y aunque
no es relevante el origen de la contingencia que padece para gozar de una
estabilidad laboral reforzada, en este caso, sí es indicativo de la mala fe con
la que actúa la demandante al pretender atribuir dicha enfermedad al accidente
de trabajo.
-La estabilidad
laboral reforzada se predica de una clase especial, limitada y expresa de
personas que, debido a las afecciones de salud que padecen, se encuentran
verdaderamente limitadas según conceptos y valoraciones médicas.
-El fallo de
instancia no hace alusión a la jurisprudencia constitucional según la cual, en
aplicación del principio de solidaridad, las entidades prestadoras de los
servicios de salud deberán atender a las personas que han iniciado un
tratamiento o tengan un asunto pendiente de solución en relación con sus
condiciones de salud, no obstante, dejen de aportar como consecuencia de la
finalización del vínculo con la entidad para la cual prestaban sus servicios.
-El a quo
presumió que la desvinculación de la trabajadora asociada fue consecuencia de la
enfermedad que ella presuntamente padece pero en realidad se produjo ante la
imposibilidad económica de sostener el puesto de la accionante de acuerdo con
lo establecido en el artículo 35 de los estatutos de la cooperativa, lo cual le
fue informado en la comunicación calendada el 28 de junio de 2010.
Dicho precepto
establece que cuando el asociado no pueda continuar desempeñando su trabajo en
la cooperativa por razones ajenas a su voluntad, perderá dicha calidad. Entre
estas consideraciones se encuentra precisamente la supresión por parte de la
cooperativa del puesto de trabajo que desempeña el trabajador asociado, ante la
imposibilidad económica de sostenerlo.
Además en los
convenios de trabajo asociado que se suscriben, voluntariamente, se establece
en una de sus cláusulas que cualquiera de las partes tiene la facultad de darlo
por terminado avisando oportunamente a la otra, con por lo menos un (1) día de
antelación.
En este caso, la
cooperativa avisó con 28 días de antelación a la trabajadora asociada sobre la
desvinculación.
-El a quo,
sin tener en claro el tipo de contrato que existía entre las partes decidió la
controversia sometida a su consideración, desconociendo que según los
postulados de la Ley 79 de 1988 art. 59, las cooperativas de trabajo asociado
no se rigen por la legislación laboral sino por sus propios estatutos,
reglamentos internos y convenios.
-El pago de la
indemnización no procede porque la desvinculación de la señora Angulo no se
produjo por razón de una presunta limitación, condición sine qua non
para que proceda el pago de la misma sino por la supresión por parte de la
cooperativa del puesto de trabajo de la asociada.
1.3. Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Sexto
Penal del Circuito de Cali, mediante sentencia del 31 de enero de 2011, decidió
revocar el fallo impugnado por las siguientes consideraciones:
-Al juez de tutela
no le es permitido sustituir a la justicia ordinaria en su función de dirimir
controversias de tipo laboral porque ello equivaldría a suplantar al juez a quien
legalmente le está asignada la tarea de solucionar este tipo de conflictos.
Además, resultaría gravemente comprometida la función de administrar justicia
si se permitiera que un mecanismo especial y extraordinario como la acción de
tutela supliera los instrumentos y recursos ordinarios.
-El mecanismo de
amparo tiene como finalidad la protección oportuna de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados, lo cual en este caso no aconteció, por
cuanto el ente accionado obró conforme con las competencias y reglamentos a los
que se encuentra subordinado.
2. Expediente T-2.991.593
2.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Noveno
Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia del 1 de febrero de 2011,
consideró que la acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos Bernal
Sanabria contra la empresa Ajecolombia S.A., es improcedente por las siguientes
razones:
-Al expediente no se
allegó ninguna prueba que demuestre que el día 3 de diciembre de 2010, el señor
Juan Carlos Bernal Sanabria se encontraba incapacitado, pues el certificado de
incapacidad que se incorporó al plenario comprende el período del 6/12/10 al
15/12/10, luego al trabajador no se le terminó el contrato de trabajo en período
de incapacidad.
-Si bien el despido
del accionante por parte de Ajecolombia S.A., podría resultar injustificado, la
empresa pagó al trabajador la indemnización que procede en estos casos por
ministerio de la ley.
-El accionante cuenta
en este caso con otro medio de defensa judicial, cual es la jurisdicción
ordinaria.
Dicha decisión no
fue impugnada.
3. Expediente T-3.039.796
3.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Diecisiete
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, mediante
providencia del 9 de marzo de 2011, negó el amparo solicitado por la señora Blanca
Eduviges Camacho Bermúdez, al considerar que no obstante durante el período de
prueba la accionante estuvo incapacitada laboralmente por el lapso de once
días, ello no fue la causa de terminación del contrato de trabajo, ya que, esta
obedeció a la potestad legal que tienen las partes para terminar el vínculo
laboral sin implicaciones económicas indemnizatorias, pues en este período el
empleador puede crear el perfil del trabajador que requiere la empresa, asunto
que no es viable discutir a través de la acción de tutela sino ante la
jurisdicción laboral.
Dicha decisión no
fue impugnada por ninguna de las partes.
4. Expediente T-3.042.443
4.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Doce
Civil Municipal de Medellín, mediante Sentencia del 20 de enero de 2011, negó
el amparo solicitado por el señor Arlén Fabián López Sánchez, por las
siguientes razones:
-La terminación del
contrato de trabajo del señor López Sánchez no obedeció a su supuesta
discapacidad porque aquella no fue acreditada. No existe dictamen rendido por la
Junta Nacional de Calificación de Invalidez en la que se determine alguna
discapacidad o invalidez del trabajador. Sólo se demostró que al demandante le
fueron concedidas algunas incapacidades a raíz del accidente de trabajo en el
que se vio involucrado.
-Al petente no se le
notificó acerca de su desvinculación estando en incapacidad.
-La empresa decidió terminar
el contrato de trabajo durante el período de prueba, de conformidad con la
posibilidad legal que tiene de adoptar dicha determinación.
-Como el trabajador
no presenta ningún tipo de discapacidad o invalidez, el empleador no estaba
obligado a contar con la autorización del Ministerio de la Protección Social
para dar por terminado su contrato de trabajo.
-El presente caso
debe ser dirimido ante la jurisdicción laboral y no requiere de la intervención
del juez de tutela, pues no se acreditó la vulneración de ningún derecho
fundamental.
4.2. Impugnación
El apoderado
judicial de la parte demandante impugnó el fallo de primera instancia por las
siguientes razones:
-Si bien el actor no
se encuentra calificado por la Junta Nacional de Calificación y por ello no se
ha determinado el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, esta situación
no puede desconocer que el señor López Sánchez, se encontraba como consecuencia
de su estado de salud en tratamiento médico y había sido citado para una
valoración médica por parte de la ARP SURATEP.
-Para obtener la
calificación por parte de la Junta Nacional de Calificación, previamente debe
agotarse un proceso dispendioso ante la EPS o ARP y ante la Junta Regional de Calificación
de Invalidez. Como el accidente de trabajo en el que se vio involucrado el
demandante ocurrió recientemente, resulta imposible exigirse el agotamiento de
dicho trámite, pues aquel se encuentra en el tratamiento médico inicial.
-Dado que el señor
López Sánchez había sufrido un accidente de trabajo y se encontraba en
tratamiento médico, así no hubiere sido calificado por la Junta Nacional de
Calificación, no era posible jurídicamente terminar su contrato de trabajo, así
estuviera en período de prueba, pues se requería de conformidad con el artículo
26 de la Ley 361 de 1997 la autorización previa del Ministerio de la Protección
Social.
-En el período de
prueba estipulado en este caso, la entidad accionada no tuvo oportunidad para
conocer de las capacidades del trabajador en el desarrollo de sus funciones,
pues este estuvo incapacitado durante varios días con motivo de un accidente de
trabajo ocasionado por labores a que fue obligado por el empleador a realizar
sin la capacitación, ni los elementos de seguridad pertinentes. Es más, obra en
el plenario constancia de recomendación médica consistente en no ocupar al
trabajador en labores que requieran esfuerzo y la empresa desconoció esta sugerencia.
-Es necesario que se
analice el concepto de mínimo vital en este caso, pues se trata de una persona
de 33 años de edad que requiere para su realización personal sentirse útil y
productivo ante la sociedad, porque si bien el demandante, presuntamente posee
los elementos necesarios para su manutención con su familia no por ello se
siente realizado en su medio social.
4.3. Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Noveno
Civil del Circuito de Medellín, mediante providencia del 2 de marzo de 2011,
confirmó el fallo impugnado al considerar que la acción de tutela no es el
mecanismo establecido para el reintegro laboral, pues no se configuran los
requisitos de inminencia y gravedad que harían impostergable la toma de medidas
de protección en cabeza del juez constitucional para evitarle al accionante un
daño irreparable, toda vez que la afección que padece “LUMBAGO NO
ESPECIFICADO”  como consecuencia del accidente de trabajo, sólo le ha generado
unas incapacidades transitorias sin que tenga una disminución definitiva.”
En relación con la
presunta afectación del mínimo vital, del material probatorio allegado al
expediente, no se deriva una situación que permita presumir la afectación de
este derecho, ya que como él mismo lo expuso en su declaración, no tiene
personas a su cargo y su subsistencia por ahora la deriva de su grupo familiar
conformado por sus padres y una hermana.
5. Expediente T-3.045.131
5.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Flandes, mediante providencia del 23 de febrero de 2011, negó el
amparo solicitado por el señor Alberto Rondón Pava al considerar que la empresa
Temporales Uno-A S.A., desconocía en el momento de contratarlo las condiciones
médicas que padece. Una vez conoció el verdadero estado del trabajador procedió
a reubicarlo.
La terminación del
vínculo no fue consecuencia de la condición física del trabajador sino por la
configuración de una causa legal de terminación de contrato, cual es la
finalización de la obra o labor contratada.
-El contrato de
suministro celebrado entre las empresas accionadas fue estipulado para una
duración de seis meses. Así, al no advertirse continuidad en dicha relación
contractual, no era menester prolongar el vínculo laboral con el trabajador.
-Si bien el
demandante hace referencia a la vulneración del mínimo vital como consecuencia
de la terminación de su vínculo laboral, a través de la tutela no se puede
establecer la afectación de este derecho con la sola afirmación de la misma.
-En este caso no se
cumplió con el principio de la inmediatez, toda vez que la solicitud de amparo
fue presentada dos meses después de acaecidos los hechos que supuestamente
dieron origen a la vulneración.
-Para resolver la
controversia planteada en este caso, existe otro mecanismo de defensa judicial,
esto es la jurisdicción ordinaria laboral.
5.2. Impugnación
La parte demandante
impugnó el fallo proferido en primera instancia, bajo las siguientes
consideraciones:
-En el expediente
obra el dictamen de pérdida de capacidad laboral de fecha 24 de octubre de 2003
en la que se establece una incapacidad permanente parcial de 37,20% de origen
laboral, situación que lo hace merecedor de una estabilidad laboral reforzada.
-Antes de la
desvinculación, informó a las empresas accionadas acerca de la discapacidad que
padece. Por ello, era necesario para dar por terminado su contrato de trabajo,
la autorización previa del Ministerio de la Protección Social.
-Desde el año 2008
viene ocupando el cargo de operario de la planta de tratamiento de agua potable
del acueducto y celaduría, como se acredita con las minutas de los años 2008,
2009 y 2010.
5.3. Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Primero
Civil del Circuito de Espinal, mediante providencia del 16 de marzo de 2011, confirmó
el fallo impugnado por las mismas razones expuestas en la primera instancia.
6. Expediente T-3.048.045
6.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Treinta y
Seis Civil Municipal de Bogotá, mediante providencia del 30 de marzo de 2011, negó
el amparo de los derechos del señor Leonardo Buitrago Quintero, por las
siguientes razones:
-En este caso existe
otro medio de defensa judicial, esto es, la jurisdicción ordinaria laboral.
-Es improcedente el
amparo solicitado en forma transitoria porque no se acredita la existencia de
un perjuicio irremediable.
-Tampoco se advierte
la violación de los derechos fundamentales invocados. El mínimo vital se
encuentra garantizado con el pago de la indemnización por parte de la accionada
y no se advierte vulnerado el derecho a la seguridad social, pues la EPS a la
cual se encuentra afiliado el señor Buitrago Quintero debe prestarle los
servicios médicos hasta finalizar el tratamiento iniciado.
-La terminación del
contrato de trabajo, tuvo origen en la causal prevista en el numeral 15, del
literal a), del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, conforme con la
cual es justa causa para terminar unilateralmente la vinculación laboral, el
que hubiese transcurrido un período de incapacidad igual a 180 días continuos.
Dicha decisión no
fue impugnada.
7. Expediente T-3.060.850
7.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Treinta y
Cuatro Civil Municipal de Bogotá, mediante providencia del 22 de febrero de 2011,
concedió el amparo solicitado por la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez por
las siguientes razones:
-Pese a que la
accionante no ha sido calificada como discapacitada, es evidente que la aqueja
una enfermedad que afecta su desempeño laboral y la cual era de pleno
conocimiento de su empleador, quien no atendió su deber de reubicarla en un
cargo acorde con su situación, sino que por el contrario, procedió a terminar
el contrato de trabajo sin adelantar el trámite propio para ello, desconociendo
el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la señora Cubides Gutiérrez.
-No obstante que la
empresa accionada justificó la terminación del contrato de trabajo de la
demandante en el vencimiento del plazo fijo pactado, lo cierto es que el
derecho a la estabilidad laboral reforzada también comprende a quienes laboran
en el marco de tales contratos.
-La situación de la
señora Cubides Gutiérrez se ve agravada ante el hecho de que aún no se ha
determinado su grado de discapacidad o el origen de la enfermedad,
dificultándose así la determinación de un posible derecho de pensión de invalidez
que pudiera acceder.
-Negarle a la
demandante el derecho a la estabilidad laboral reforzada implicaría, atentar
con la posibilidad de continuar el tratamiento médico que requiere y de igual
forma, transgredir su derecho al mínimo vital, toda vez que por su estado de
salud, le resulta difícil ubicarse laboralmente.
7.2. Impugnación
La parte demandada
impugnó el fallo proferido en primera instancia, en síntesis, por las
siguientes razones:
-La acción de tutela
no procede de manera general para resolver controversias laborales, sino como
un mecanismo subsidiario de defensa. De ahí que en este caso resulta
improcedente que un juez diferente al laboral y por fuera de un proceso
ordinario, admita un reintegro que no está soportado en norma alguna, sino en
criterios jurisprudenciales, puramente auxiliares.
-El contrato de
trabajo de la señora Cubides Gutiérrez terminó por vencimiento del plazo y, no
por un presunto estado de discapacidad, que no se puede predicar de la simple
escoliosis y lumbalgia crónica que padece. Por ello, no es posible
circunscribir esos padecimientos dentro de la discapacidad establecida en la
Ley 361 de 1997.
7.3. Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Treinta y
Uno Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 8 de abril de 2011,
revocó el fallo proferido en primera instancia arguyendo lo siguiente:
-De la verificación
de los hechos indicados en el escrito de tutela y de las pruebas allegadas,
emerge palmario la improcedencia de la presente acción, por cuanto el asunto
ventilado es de carácter eminentemente laboral, que debe ser dirimido por otra
autoridad judicial en todo caso diferente a la jurisdicción constitucional.
-No es posible que
el juez de tutela proteja el derecho a la estabilidad laboral reforzada, porque
para ello debe demostrarse que las condiciones de salud del empleado dificultan
el desempeño regular de sus labores y que fue por esta razón que ocurrió la
desvinculación laboral, circunstancia que en este caso no se presenta, toda vez
que de las pruebas allegadas al plenario no se colige que la enfermedad que
padece la demandante produzca tan graves síntomas que le impidan seguir
desarrollando su actividad. Tampoco puede predicarse una limitación física,
discapacidad o minusvalidez de la trabajadora que hiciera necesaria la
autorización del Inspector del Trabajo para efectos de terminar el contrato de
trabajo.
-Según la EPS Cruz
Blanca la demandante se encuentra en período de protección laboral, por lo que
tiene asegurado la prestación del servicio de salud hasta el mes de mayo de la
presente anualidad, tiempo en el cual podrá no sólo adelantar las acciones
legales para ventilar la controversia surgida a raíz de la terminación del
contrato laboral y determinar el origen de su enfermedad sino para iniciar
también el trámite de afiliación al régimen subsidiado de salud y así asegurar la
continuación en la prestación del servicio de salud.
8. T-3.064.179
8.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Veintiuno
Civil Municipal de Bogotá, mediante providencia del 7 de febrero de 2011, negó
el amparo solicitado por la señora Olga Lucía Venegas Garzón al considerar que
existe otro mecanismo de defensa judicial y que la accionante no demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que permita la procedencia de la acción
de tutela como mecanismo transitorio.
8.2. Impugnación
La parte demandante
impugnó el fallo proferido en primera instancia por las mismas razones expuestas
en el líbelo petitorio.
8.3. Sentencia de segunda instancia
El Jugado Veintitrés
Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 22 de marzo de 2011, confirmó
el fallo impugnado reiterando las consideraciones expuestas en primera
instancia.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las
sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución
Política, en concordancia con los artículo 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico
Corresponde a esta
Sala de Revisión determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por los señores: Omaira Angulo, Juan Carlos Bernal
Sanabria, Blanca Eduviges Camacho Bermúdez, Arlén Fabian López Sánchez, Alberto
Rondón Pava, Leonardo Buitrago Quintero, Gloria Inés Cubides Gutiérrez y Olga
Lucía Venegas Garzón, al terminar los contratos de trabajo que habían suscrito,
a pesar de las condiciones de salud en que se encontraban y sin la previa
autorización del Ministerio de la Protección Social.
Para tal fin, esta
Sala se referirá, en primer lugar, a la jurisprudencia constitucional existente
en relación con la procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro
laboral en los casos de trabajadores discapacitados,  en segundo término, a la
estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, para luego, finalmente, dar solución a los casos
objeto de estudio.
3.
Procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los
casos de trabajadores discapacitados
Reiteradamente la
Corte ha señalado que, en principio, el mecanismo de amparo es improcedente
para reclamar el reintegro laboral,[1] toda
vez que el ordenamiento jurídico prevé para el efecto, acciones judiciales
específicas cuyo conocimiento, ha sido asignado a la jurisdicción ordinaria
laboral y a la de lo contencioso administrativo, según la forma de vinculación
de que se trate.
No obstante, esta
Corporación ha indicado que, de forma excepcional, la acción de tutela puede
proceder, cuando se afecten derechos de personas que se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta como consecuencia de su condición
económica, física o mental y, adicionalmente, en los casos en los cuales se
predica el derecho a la estabilidad laboral reforzada, pues esta regla general
debe ser necesariamente matizada en estos eventos.[2]
Precisamente, la
Corte en la Sentencia T-198 de 2006,[3] en relación con la procedibilidad del recurso de
amparo, señaló:
“En un primer término, debe observarse que la
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral
frente a cualquier tipo de razones de desvinculación. En efecto, esta
Corporación ha sostenido que solamente cuando se trate de personas en estado de
debilidad manifiesta o aquellos frente a los cuales la Constitución otorga una
estabilidad laboral reforzada, la acción de amparo resulta procedente”.
Bajo este contexto, esta
Corporación ha señalado categóricamente que, en las situaciones de excepcionalidad
señaladas, es necesario, en todo caso, para que proceda la acción de tutela, el
demandante debe demostrar que el despido estuvo ligado a su condición. Dicho en
otros términos que existe un nexo causal entre la terminación del vínculo
laboral y la enfermedad o discapacidad.
4. El derecho a
la estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales. Reiteración de jurisprudencia
Según el artículo 13
superior todas las personas son iguales ante la ley, y el Estado debe
garantizar las condiciones necesarias para que ese mandato sea real y efectivo.
De ahí que esta Corporación, haya interpretado que: “el principio de
igualdad deja de ser un concepto jurídico de aplicación formal, para
convertirse en un criterio dinámico, que debe interpretarse de conformidad con
las circunstancias particulares que rodean a cada persona, pretendiendo con
ello el logro de una igualdad material y no formal.”[4]
Así mismo, se establece
en el mencionado precepto constitucional que las personas que por su condición
económica, física o mental, se hallen en un estado de debilidad manifiesta,
gozan de una especial protección constitucional por parte del Estado.
Ahora bien, según la
jurisprudencia de la Corte, el compromiso que tiene el Estado para con las
personas discapacitadas de conformidad con la Constitución, es doble,“por
una parte, debe abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier medida
administrativa o legislativa que lesione el principio de igualdad de trato;
por otra, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, debe remover
todos los obstáculos que en los ámbitos normativo, económico y social
configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de
los derechos de estas personas, y en tal sentido, impulsar acciones
positivas.” [5] (Subrayado fuera del texto original)
En armonía con lo
anterior, el artículo 47 de la Carta Magna, dispone que el Estado debe gestionar
una política de previsión, rehabilitación e integración social encauzada a que
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, reciban la atención
especializada que necesitan.
Bajo esta
perspectiva, la Constitución en el artículo 53 consagra, que uno de los principios
mínimos que debe orientar las relaciones laborales, es la estabilidad en el
empleo y la garantía de la seguridad social. Acorde con este mandato, el
artículo 54 Superior, señala que es una obligación del “Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde
con sus condiciones de salud”.
Respecto de las
acciones afirmativas, este Tribunal ha afirmado que son aquellas que tienen
como propósito defender a ciertas personas o grupos para suprimir o aminorar
sus desigualdades a nivel social, cultural, económico o histórico que los
afectan y procurar que los miembros de un grupo discriminado tengan una mayor
representación en el marco político o social.[6]
Precisamente, de las
acciones afirmativas a favor de las personas que padecen limitaciones físicas o
mentales, la Corte ha establecido que se deriva una estabilidad laboral
reforzada, la cual implica: (i) el derecho a permanecer en el empleo; (ii) no
ser despedido por causa de la situación de vulnerabilidad; (iii) permanecer en
el empleo hasta que se requiera y hasta tanto no se configure una causal
objetiva que obligue la terminación del vínculo; y (iv) que la correspondiente
autoridad laboral autorice el despido o la terminación del contrato, con
fundamento en la previa verificación de la ocurrencia de la causal que se alega
para finiquitar el contrato laboral, so pena de que el despido se considere
ineficaz.[7]
Precisamente, el
legislador en relación con la estabilidad laboral reforzada de personas con
limitaciones, estableció una serie de garantías que tiene como propósito, permitir
que estas personas ingresen a la actividad laboral y  asegurar que sus
limitaciones no se constituyan en causales para que sean excluidas de la misma.
En efecto, el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, mediante el cual se establecieron los
mecanismos de integración social para personas en condición de discapacidad,
señala:
“…en ningún caso la limitación de una
persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos
que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable
en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren
despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio
de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren.”
Cabe precisar que la
Corte, se pronunció en sede de control abstracto, respecto de éste último
inciso declarándolo exequible de manera condicionada mediante la Sentencia
C-531 de 2000,[8] en el entendido de que el despido no se considera
eficaz, así se haya efectuado el pago de la indemnización al trabajador
discapacitado, si previamente no ha mediado la autorización de la Oficina de
Trabajo. En esta medida, la indemnización se constituye en una sanción para el
empleador, mas no en la posibilidad para éste de despedir sin justa causa a un
trabajador discapacitado.[9]
Así
mismo, este Tribunal, en sede de control concreto, en Sentencia T-198 de 2006[10],
señaló que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 contiene una protección laboral
reforzada que se proyecta en dos ámbitos:
-Un
ámbito positivo, que supone la prohibición de que las limitaciones físicas o
mentales de un trabajador se constituyan en la causa para su desvinculación
laboral, a menos que dicha limitación sea incompatible con el cargo que va a
desempeñar.
-Y uno
negativo, conforme con el cual ninguna persona discapacitada podrá ser
despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que exista
autorización de la Oficina de Trabajo. No obstante, quienes hayan sido
desvinculados por este motivo, tendrán derecho a una indemnización, sin
perjuicio de las demás prestaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo
establecido en las normas correspondientes.
Resulta de vital
importancia, destacar que para la Corte, están amparadas por la protección
prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,[11] tanto las personas que tienen la condición de
discapacitadas de acuerdo con la calificación efectuada por los organismos
competentes, como aquellas que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta, ya sea por la ocurrencia de un evento que afecte sus condiciones de
salud, o de una limitación física, sin importar si ésta tiene el carácter de
accidente, enfermedad profesional, o de origen común , ni si es de carácter
transitorio o permanente.
Precisamente, la
Corte frente al particular dijo:[12]
“* En la actualidad el ordenamiento jurídico
colombiano distingue entre trabajadores discapacitados calificados como tales
por las normas legales[13],
frente a los trabajadores que sufren una disminución en su condición física
durante la ejecución del contrato de trabajo, quienes a partir de lo dispuesto
en el artículo 13 Superior, exigen una protección especial por parte del Estado
dada su situación de debilidad manifiesta[14].
* El alcance y los mecanismos legales de protección -
en cada caso - son distintos, en primer lugar, porque la Ley 361 de 1997, en su
artículo 26, consagra un sistema de estabilidad laboral reforzada y, en segundo
término, porque la protección de los trabajadores en situación de debilidad
manifiesta se deriva de la aplicación inmediata de la Constitución junto con
algunas normas de rango legal que constituyen el denominado sistema normativo
integrado[15].
* Por ello, en tratándose de trabajadores puestos en
circunstancias de debilidad manifiesta, el juez de tutela puede, al momento de
conferir el amparo constitucional, identificar y ponderar un conjunto más o
menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal
circunstancia y, a su vez, goza de un amplio margen de decisión para proteger
el derecho fundamental amenazado o vulnerado. Esto significa, en otras
palabras, que la protección laboral de los trabajadores que se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba de las condiciones
de salud que impidan o dificulten el desempeño regular de sus labores.
* Con todo, el alcance constitucional de la protección
especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al empleador. De
suerte que, como regla general, le corresponde al empleador reubicar a los
trabajadores en estado digno y acorde con sus condiciones de salud, en atención
al carácter vinculante del principio constitucional de solidaridad. Sin
embargo, ‘el empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que
existe un principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera
de cumplirla’ [16]
(…)”
En diversas
oportunidades, la Corte, aplicando la jurisprudencia constitucional referida,
ha protegido el derecho de las personas con limitaciones, independientemente de
la calificación o no de su discapacidad, a no ser discriminadas en el ámbito
laboral como consecuencia de sus condiciones de salud y ha señalado que debe
brindárseles un trato especial.
Ahora bien, tal
y como quedó expuesto, la protección a la estabilidad laboral reforzada de los
trabajadores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, por causa
de una disminución en la capacidad física o mental, comprende, en primer lugar,
la prohibición impuesta al empleador de dar por terminado el contrato de
trabajo en razón de dicha discapacidad y en segundo término, la reubicación si
se requiere, hasta tanto no se verifique una causal objetiva para su
desvinculación previa comprobación de la misma por parte de la autoridad
laboral competente.
Precisamente, el derecho a la reubicación, según esta Corporación,
ha sido entendido como el privilegio que tiene el trabajador de que le sean
asignadas funciones conforme con su disminuida condición física derivada de una
enfermedad y mientras logra una plena mejoría ello con el fin de potencializar
su capacidad productiva y realizarse profesionalmente.[17]
La aplicación del principio de solidaridad, explica la
obligación del empleador de reubicar al trabajador que tiene una discapacidad o
una incapacidad física o mental, en una actividad digna y conforme con su
estado de salud, salvo que demuestre que “existe un principio de razón
suficiente que lo exonera de cumplirla”. [18]
Lo anterior, por
cuanto según este Tribunal, el derecho a la reubicación laboral tiene diversas
implicaciones, según el ámbito en el que se aplique, razón por la cual es
necesario analizar, una serie de elementos, con el fin de establecer si dicha
medida excede la capacidad del empleador o impide el desarrollo de su
actividad, pues en estos casos, este derecho debe ceder ante el interés
legítimo del empleador, debiendo en todo caso informar al trabajador esa
circunstancia y brindarle la posibilidad de proponer soluciones razonables.
En esta medida,
deberá examizarse, para determinar si el reintegro es viable: la clase de labores
encomendadas al trabajador; la naturaleza jurídica del empleador, y las
condiciones de la empresa y/o capacidad del empleador para realizar los
movimientos de personal.
La Corte en la Sentencia T-1040 de 2001,[19] frente al tema dijo:
“Por supuesto, el alcance constitucional de la
protección especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al
empleador.  En situaciones como éstas, en principio corresponde al empleador
reubicar al trabajador en virtud del principio constitucional de solidaridad,
asegurándole unas condiciones de trabajo compatibles con su estado de salud,
para preservar su derecho al trabajo en condiciones dignas.  Sin embargo, el
empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que existe un
principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera de
cumplirla.
En efecto, el alcance del derecho a ser reubicado por
condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito en el
cual opera el derecho.  Para tales efectos resultan determinantes al menos tres
aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de función que desempeña el
trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del empleador.  Si la
reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta
excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su
cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador.
Sin embargo, éste tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento del
trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones razonables a
la situación”.[20]
Así mismo, este
Tribunal ha señalado que en algunos eventos, la reubicación laboral como
consecuencia del estado de salud del trabajador, implica no solamente el simple
cambio de labores, sino también la proporcionalidad entre las funciones y los
cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber del
empleador de otorgar la capacitación necesaria con el propósito de que las
nuevas tareas puedan ser desarrolladas adecuadamente.[21]
Otros asuntos que
debe abordar la Sala antes de resolver el problema jurídico planteado, son los
relacionados con el significado y efecto de las relaciones que se presentan en
casos como los que se analizan como cuando el trabajador es contratado a través
de un contrato de obra o labor determinada, el asociado celebra un convenio
asociativo y la vinculación se realiza a través una empresa de servicios
temporales. Igualmente, se tratará lo concerniente a la facultad del empleador
de terminar el contrato laboral a un trabajador con una incapacidad superior a
180 días.
5. Contrato a
término fijo o cuya duración dependa de la obra o labor contratada
De conformidad con
el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, los contratos de trabajo
podrán celebrarse por el tiempo que dure la realización de una obra o labor
determinada. De esta manera, se establece en general, el momento en el que
ocurre el vencimiento o la terminación de la relación laboral, así que el
vínculo subsiste mientras el empleador requiera de los servicios del trabajador
o no se haya finalizado la obra para la cual fue contratado.
En relación con el
derecho a la estabilidad laboral reforzada, cuando se trata de esta modalidad
de contrato de trabajo, la Corte en la Sentencia T-1046 de 2008,[22] señaló:
“(…) la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la simple finalización de un contrato laboral de tales características,
arguyendo la culminación de la labor, no es una razón suficiente para dar por
terminado un vínculo de esta naturaleza, en especial, si la empresa escudada en
la finalización del contrato de obra, desconoce los requisitos legales para su
terminación o finiquita un contrato bajo supuestos que denoten discriminación[23].
Estas consideraciones resultan particularmente relevantes cuando se trata de la
terminación de contratos laborales celebrados con personas en condiciones de
debilidad manifiesta.”
En la sentencia
transcrita, esta Corporación también destacó que el vencimiento del plazo
pactado o la culminación de la obra, no resulta suficiente para legitimar la
determinación de un empleador de no renovar esa clase de contratos o darlos por
terminado cuando: (i) subsiste la materia del trabajo, las causas que lo
originaron o la necesidad del empleador; (ii) el trabajador ha cumplido
efectivamente sus obligaciones contractuales; y (iii) se trate de una persona
en una situación de debilidad. Por ello, el trabajador que goza de estabilidad
laboral reforzada, no puede ser desvinculado sin que exista una razón objetiva
para terminar el vínculo laboral y medie la autorización de la oficina del
trabajo, que respalde dicha decisión.
6. Las
cooperativas asociativas de trabajo
La cooperativa de
trabajo asociado es una forma de organización solidaria, que brinda la
posibilidad a varias personas de agruparse para acometer una actividad sin
ánimo de lucro mediante el aporte de la capacidad laboral de sus integrantes.
El artículo 70 de la
Ley 79 de 1998 “por la cual se actualiza la legislación cooperativa” señala
que las cooperativas son “aquellas que vinculan el trabajo personal de sus
asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de
servicios”.
El artículo 3 del
Decreto 4588 de 2006 “Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado” establece
que la actividad de los cooperados, está “encaminada a efectuar actividades
económicas, profesiones o intelectuales con el fin de producir en común bienes,
ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus
asociados.”
Por su parte, el
término de cooperativa, según la Recomendación R193 de 2002 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la promoción de las cooperativas, debe
interpretarse como: “la asociación autónoma de personas unidas
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas,
sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y
de gestión democrática.”
De conformidad con
lo expuesto, es posible colegir que las cooperativas de trabajo asociado mediante
la agrupación de personas y el aporte de la capacidad de trabajo tienen como propósito
la producción y ejecución de obras o la prestación de servicios, las cuales
deberán prestarse dentro de los lineamientos establecidos en los estatutos y en
la normatividad existente en la materia.
La Corte en la
Sentencia C-211 de 2000,[24] además, de señalar las características sobresalientes
de esta clase de organizaciones[25] recalcó que dada la entidad entre el asociado y el
trabajador, la relación entre éste y la cooperativa no se regula en principio
por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por los estatutos que definen entre
otras materias, el manejo y administración, su funcionamiento, el régimen de
trabajo, seguridad social y compensaciones, el reparto de excedentes y todos
los demás asuntos relacionados con el cumplimiento del objeto social.[26]
Con todo, esta Corporación
ha enfatizado que la capacidad de autorregulación de las cooperativas de
trabajo, comprende, el respeto por las garantías constitucionales que consagra la
Constitución y la ley. De ahí que, estas organizaciones solidarias, en virtud
de su autonomía configurativa no podrán contrariar los principios y valores
superiores, ni infringir las normas que regulan los mínimos que deben comprender
los contratos de asociación, pues se encuentran subordinadas a la vigilancia de
las autoridades competentes.[27]
Específicamente, el
artículo 7°, numeral 3 de Ley 1233 de 2008 señaló que cuando se use la organización
solidaria de trabajo asociado para encubrir una relación laboral, no sólo se disuelve
el vínculo cooperativo sino que también se deriva una responsabilidad solidaria
entre la organización infractora y el tercero contratante en relación con las
obligaciones prestacionales que causan a favor del trabajador.
Bajo este contexto, la
jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que si durante la ejecución del
contrato de trabajo asociado, la cooperativa de trabajo asociado infringe la
prohibición consistente en que estas organizaciones solidarias no pueden actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de sus
asociados para suministrar mano de obra a terceros beneficiarios, o admitir que
respecto de sus asociados se susciten relaciones de subordinación, se debe dar
aplicación la legislación laboral, y no la legislación civil o comercial porque
bajo estas hipótesis confluyen elementos esenciales que dan lugar a la
existencia de un contrato de trabajo simulado por el contrato cooperativo.
Sobre el particular,
esta Corporación en la Sentencia T-962 de 2008[28] precisó que: “la facultad para contratar con
terceros no es absoluta. En efecto, por expreso mandato legal, las cooperativas
y precooperativas no podrán actuar como intermediarios laborales o empresas de
servicios temporales.”
Así las cosas, la
intermediación modifica el vínculo cooperativo o, dicho en otras palabras, la
relación horizontal que debe existir entre los asociados cooperados en una
verdadera relación laboral pues el cooperado no ejerce sus funciones
directamente en la cooperativa sino que presta un servicio a un tercero, quien
le da órdenes y le impone un horario de trabajo, surgiendo así una clara
relación de subordinación.
La Corte, en Sentencia
T-445 de 2006[29] respecto de las hipótesis fácticas los supuestos que
permiten identificar la transformación de la relación entre los asociados
cooperados en un contrato de trabajo, dijo:
“En relación con los elementos que pueden conducir a
que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación
horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de
la dos partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado
de subordinación, se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo (i)
el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene
derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones
indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii) el
poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo
con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción por parte
del asociado a la designación [que]
la Cooperativa [haga] del tercero a favor del cual se va a ejecutar la
labor contratada y las condiciones en las cuales trabajará; entre otros.”
Conforme con lo
expuesto, cuando se presenten estos supuestos u otros que permitan determinar
la existencia de una relación de trabajo, el juez de tutela debe proteger los
derechos fundamentales del trabajador encubierto tras la calidad de asociado, y
aplicar los principios del derecho laboral[30] y las demás garantías laborales consagradas en la
Constitución Política.
7. Relaciones
laborales en las empresas de servicios temporales
Según la Ley 50 de
1990 reglamentada por el Decreto 4369 de 2006, la empresa de servicios
temporales es aquella que contrata la prestación con terceros beneficiarios
para colaborar de manera temporal en el desarrollo de sus actividades, mediante
la labor desarrollada por personas naturales contratadas directamente por la
empresa, la cual funge como su empleadora. La persona natural o jurídica que
contrata los servicios se denomina usuario.
Conforme con la
mencionada ley, los trabajadores vinculados a estas empresas que desarrollan su
actividad en las dependencias propias de las empresas de servicios temporales
se denominan de “planta” y de “misión” son considerados, aquellos
enviados por la empresa a las dependencias de los usuarios que tiene como objetivo
cumplir la tarea o el servicio contratado por éstos cuando sea necesario
reemplazar personal, en situaciones como: vacaciones, licencias, incapacidades
por enfermedad o para atender incrementos en la producción, el transporte, las
ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales en cosechas o en la
prestación de servicios, por un término de 6 meses prorrogable hasta por 6
meses más.[31] Servicios que se refieren a labores de carácter ocasional,
accidental o transitorio.
A los trabajadores
en misión, se les aplica, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en el Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral y tienen derecho a un
salario ordinario, equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que
ejecuten la misma labor, a los mismos beneficios que aquella tenga establecidos
para sus trabajadores en el lugar de trabajo en lo relacionado con transporte,
alimentación y recreación, a la compensación monetaria por vacaciones y primas
de servicios proporcional al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. En
materia de salud ocupacional es responsable la empresa de servicios temporales.
Los contratos
celebrados entre las empresas de servicios temporales y sus usuarios deberán
extenderse por escrito y cumplir las especificaciones consagradas en el
artículo 81 de la Ley 50 de 1990. El Ministerio de la Protección Social, al
tener a su cargo el control y vigilancia de esas empresas,  debe aprobar las
solicitudes de autorización de funcionamiento, sus reformas y el reglamento
interno.
De lo anteriormente
expuesto, se concluye que quienes celebren un contrato de trabajo con una
empresa de servicios temporales establecen con ella una relación de índole
laboral de carácter subordinado, siendo esta su empleador para todos los
efectos legales. Esta vinculación es radicalmente diferente de la que
constituye dicha empresa con los usuarios, en la que se obliga a enviarle
personal a cambio de un precio determinado para lo cual deberá vincular
trabajadores a través de la modalidad contractual que se ajusta a la necesidad
del servicio y duración de la misión.
Esta Corporación
reiteradamente, ha reconocido el carácter laboral de la relación jurídica entre
el trabajador y la empresa de servicios temporales, destacando que subsiste
mientras el usuario requiera de los servicios del trabajador o haya finalizado
la obra para la cual fue contratado. Igualmente, ha puntualizado que cuando el
usuario requiera de la contratación permanente del servicio de los trabajadores
en misión, debe acudir a otra forma de contratación diversa a la que se cumple
a través de dichas empresas.
Con todo, según la
Corte, la garantía de la estabilidad en el empleo abarca todas las modalidades
de contratos, incluidos los que suscriben las empresas de servicios temporales,
los cuales tienen, en principio, una vigencia condicionada al cumplimiento
pactado o a la finalización de la obra. Ello, en razón de que el principio de
estabilidad en el empleo se predica de todos los trabajadores, sin diferenciar la
naturaleza del vínculo contractual “en tanto lo que se busca es asegurar al
empleado la certeza mínima de que el vínculo laboral contraído no se romperá de
manera abrupta y sorpresiva, de manera tal que este no quede expuesto, en forma
permanente, a perder su trabajo y con el los ingresos que permiten su propio
sustento y el de su familia, por la decisión arbitraria del empleador”.[32]
Para este Tribunal,
en todo caso, la calidad de empleador de la empresa de servicios temporales en
relación con los trabajadores que envía en misión a las dependencias de los
usuarios “brinda la debida seguridad a una y otros y principalmente en
beneficio de la clase asalariada, pues, como la vinculación en primer termino
se hace directamente con la empresa, la cual posteriormente remite al
trabajador al usuario, era menester precisar responsabilidades y por lo tanto
identificar al patrono, quien se incorpora a la categoría de contratista
independiente prevista en el artículo 34 del C.S.T., lo cual no obsta para que
a su vez surja la responsabilidad solidaria de los beneficiarios del servicio.”[33]
8. La facultad del empleador de terminar el contrato
laboral a un trabajador con una incapacidad superior a 180 días
El numeral
15, del literal a), del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo,
textualmente dispone:
“ARTÍCULO 62. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA
CAUSA. Son justas causas para dar
por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:
A). Por parte del empleador:
15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador,
que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o
lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible
durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá
efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las
prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la
enfermedad”.
Acorde con lo anterior, es
justa causa para terminar unilateralmente por parte del empleador un contrato
de trabajo, el que haya trascurrido un período de incapacidad del trabajador,
por enfermedad, igual a 180 días continuos, sin que, de conformidad con
conceptos médicos, fuere viable su recuperación. Este tema, ha sido objeto de
diferentes pronunciamientos por parte de la Corte en sede de control abstracto[34]
y control concreto[35]
de constitucionalidad.
Específicamente, el precepto
legal citado fue estudiado por esta Corporación en la Sentencia C-079 de 1996[36]
En esa oportunidad, la Corporación resolvió declarar “EXEQUIBLE el
numeral 15° del literal a) del artículo séptimo del Decreto 2351 de 1965”.
La Corte consideró
que si bien la norma no era contraria al ordenamiento constitucional,“al
terminar el período de incapacidad temporal dentro del término de los 180 días
de que trata la norma materia de revisión, el empleador está en la obligación
de reinstalar al trabajador en el cargo que desempeñaba si recupera su
capacidad de trabajo, de manera que la existencia de una incapacidad parcial no
constituye obstáculo para la reinstalación mencionada, si los dictámenes
médicos determinan que el trabajador puede continuar desempeñando el trabajo.
De la misma manera, corresponde al empleador proporcionar al trabajador
incapacitado parcialmente un trabajo compatible con sus aptitudes (artículo 16
del Decreto 2351 de 1965)”.
Según
este Tribunal, la norma citada, debe interpretarse conforme con el artículo 16
del Decreto 2351 de 1965, “Por el cual hacen unas reformas al Código Sustantivo
del Trabajo”, que dispone que finiquitado
el período de incapacidad temporal, el empleador tiene la obligación de
reincorporar al trabajador en el empleo que ocupaba, si su estado de salud se
ha reestablecido, y en consecuencia ha recuperado su capacidad laboral. En el
evento en que el trabajador continúe incapacitado parcialmente, deberá
otorgarle un empleo acorde con su condición física, para lo cual deberá
efectuar los cambios de personal que considere convenientes. El canon referido
dispone:
“ARTÍCULO 16. Reinstalación
en el empleo. Al terminar el período de incapacidad temporal, los patronos
están obligados:
a) A reinstalar a los
trabajadores en los cargos que desempeñaban si recuperan su capacidad de
trabajo. La existencia de una incapacidad parcial no será obstáculo para la
reinstalación, si los dictámenes médicos determinan que el trabajador puede
continuar desempeñando el trabajo:
b) A proporcionar a los
trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo compatible con sus
aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean
necesarios.
2. El incumplimiento de
estas disposiciones se considerará como un despido injustificado”.
Así mismo, este Tribunal ha considerado
que el derecho a la reincorporación laboral tiene fundamento en el régimen de seguridad
social en salud, previsto en la Ley 100 de 1993, en el que se reconoce el pago
de incapacidades ocasionadas por enfermedad de origen general, en concordancia
con el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001, según el cual, “la solicitud de
calificación de pérdida de capacidad laboral sólo podrá tramitarse cuando se
haya adelantado el tratamiento y rehabilitación integral o se comprueba la
imposibilidad de su realización, de manera que, si la enfermedad tiene
recuperación, el trabajador tiene derecho a la reinstalación en el empleo”.[37]
Bajo esta perspectiva, la aplicación desmedida
de la causal de terminación del contrato de trabajo, sin tener en cuenta si el
trabajador al que se le han extendido incapacidades por un período superior a
180 días continuos, tiene posibilidades de recuperación, conforme con el
concepto médico, tiene un efecto negativo enorme, por cuanto de una parte, se
le desvincula del empleo que le proveía los recursos económicos para cubrir sus
necesidades, y por otra, sin que hubiese reestablecido su salud surgen
dificultades para continuar con su tratamiento.
Este
Tribunal ha considerado que el sólo cumplimiento del período de 180 días
continuos de incapacidad, no apareja como consecuencia la terminación
unilateral de contrato por justa causa por parte del empleador, es decir, esta
facultad no es absoluta ni puede ejercerse de forma irrazonable o
indiscriminada, por cuanto a éste le incumbe la obligación de reincorporar a
los trabajadores que han recuperado su salud, o reubicar a aquellos que
presentan incapacidades parciales, según concepto médico.[38]
Precisamente, la Corte en la Sentencia
T-279 de 2006,[39]consideró
en relación con la terminación del contrato de trabajo, por justa causa, cuando
se supera más de 180 días continuos de incapacidad, que “(i) el empleador no
goza de la facultad plena de aplicar el artículo 7, numeral 15, del Decreto
2351 de 1965, pues, para aplicarlo debe dar cumplimiento del artículo 16 del
mismo Decreto y de las otras disposiciones laborales, incluidos el Convenio 159
de la OIT y normas relacionadas con la obligación de reintegro; (ii) debe
existir siempre el dictamen médico o calificación de la autoridad competente
sobre la capacidad laboral, con el fin de conocer la situación personal del
trabajador; (iii) el empleador y las entidades responsables del Sistema de
Seguridad Social Integral deben obrar armónicamente entre sí, y, a su vez, con
el trabajador, con el fin de que el empleado incapacitado no interrumpa ni el
tratamiento ni el acceso a la atención médica, ni deje de percibir los medios
de subsistencia, bien sea a través del salario, o de la pensión de invalidez,
si a ella tiene derecho.”
Ha sido reiterada la
jurisprudencia de esta Corporación que ha considerado lesivo de los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, la igualdad y la seguridad
social del trabajador cuando su desvinculación laboral se justifica en que
cumplió un período de incapacidad laboral superior a 180 días continuos, negándose
a reubicarlo en otro empleo.
La Corte en la
Sentencia T-504 de 2008,[40] frente al particular señaló:
“…entidades demandadas violaron los derechos invocados
por el accionante como quiera que (i) lo desvincularon laboralmente mientras se
encontraba incapacitado desconociendo su derecho a la estabilidad laboral
reforzada, (ii) hicieron caso omiso de las recomendaciones de reubicación
elevadas por los médicos de salud ocupacional que atendieron al actor, (iii)
superado el término de 180 días de incapacidad del accionante no adelantaron
gestiones para procurar su rehabilitación y reintegración laboral, así como tampoco
procuraron definir su estado de invalidez, de suerte que violaron el principio
de solidaridad que les asiste frente a sujetos de especial protección, (iv)
suspendieron el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social
integral sin reparar en el estado de salud del actor y sin indagar sobre su
posibilidad de ser reintegrado laboralmente, y (v) adoptaron medidas para
superar el perjuicio que la liquidación de la Cooperativa la Paz irrogaba a los
cooperados y al usuario del servicio, sin considerar dentro de las mismas la
inclusión del accionante como beneficiario del reintegro.”
9. Estudio de los
casos concretos
Con fundamento en
las consideraciones y fundamentos expuestos anteriormente, esta Sala de
Revisión determinará si las empresas Cooperativa de Trabajo Asociado
Solidaridad Empresarial,  Ajecolombia S.A., Farmatodo Colombia S.A.,
Inversiones de la Costa Pacífica S.A.,Temporales Uno-A S.A., Empresa de
Servicios Públicos de Flandes, Quad Graphics Colombia S.A., Soplascol Ltda. y
Flores Calima Ltda., vulneraron el derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada, entre otros, de los señores Omaira Angulo, Juan Carlos Bernal
Sanabria, Blanca Eduviges Camacho Bermúdez, Arlén Fabian López Sánchez, Alberto
Rondón Pava, Leonardo Buitrago Quintero, Gloria Inés Cubides Gutiérrez y Olga
Lucía Venegas Garzón, al terminar
unilateralmente sus contratos de trabajo, no obstante su deteriorado estado de
salud y de no contar con el permiso de las autoridades laborales
correspondientes.
En las
consideraciones generales de esta providencia la Sala concluyó que en virtud
del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador con
limitaciones físicas o mentales tiene derecho a: (i) conservar el empleo; (ii)
no ser despedido por causa de su situación de vulnerabilidad; (iii)
permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite su
desvinculación y (iv) que la correspondiente autoridad laboral autorice el
despido, previa verificación de la causal que se alega para finiquitar el
contrato.
Igualmente, la Sala
indicó que si en estos casos, se acredita que el despido o la no renovación de
los contratos ocurrió sin la autorización de la autoridad laboral competente,
el juez de tutela deberá presumir que el vínculo laboral fue terminado a
iniciativa del empleador en razón del estado de salud del trabajador.
Conforme con lo
expuesto, para la Sala, en los asuntos sometidos a revisión, las solicitudes de
amparo son procedentes y deben prosperar en relación con la pretensión relativa
a la reintegro, la cual fue esbozada por cada uno de los accionantes en sus demandas.
Lo anterior, por cuanto la Sala no comparte los
criterios expuestos por los jueces de
instancia, para denegar el amparo solicitado y según los cuales:
-La acción
de tutela, en los casos planteados, era
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad previsto en el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 por
cuanto analizadas las circunstancias específicas en que se encontraban los
demandantes -sujetos de especial protección por sus condiciones físicas y
mentales- al momento de invocar la protección de sus derechos presuntamente
vulnerados o amenazados, la acción constitucional resulta más eficaz que la
acción judicial prevista en la jurisdicción ordinaria laboral.
En todos los casos,
se acreditó que los accionantes se hallan en circunstancias de debilidad
manifiesta, por sus condiciones de salud con ocasión de las distintas
enfermedades que adolecen. Igualmente, se comprobó que la terminación de sus contratos de trabajo implicó la
grave afectación de sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la
salud, como consecuencia de la desafiliación del sistema de salud y, por ende,
la interrupción de los tratamientos médicos.
-Que están amparadas por la protección laboral prevista
en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 solamente aquellas personas que tienen
la condición de discapacitadas de acuerdo con la calificación efectuada por los
organismos competentes porque de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la
Corte dicha garantía comprende también a las que se encuentran en condiciones
de debilidad manifiesta ya sea por la ocurrencia de un evento que afecte sus
condiciones de salud, o de una limitación física, sin importar si esta tiene el
carácter de accidente, enfermedad profesional, o de origen común , ni si es de
carácter transitorio o permanente.
-Que el empleador en
todos los casos puede hacer uso de la facultad legal para dar por terminado el
contrato de trabajo si paga la indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario consagrada en el inciso 2o.del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues de
conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal el despido o
terminación del vínculo laboral no se considera eficaz, así se haya efectuado
el pago de la misma, si previamente no ha mediado la autorización del
Ministerio de la Protección Social, pues aquella se constituye en una sanción
para el empleador que ha procedido en la forma descrita.
Ahora bien, para
resolver el problema jurídico esbozado, se analizará, si la desvinculación de
los demandantes por parte de las empresas accionadas obedeció a sus condiciones
de salud, es decir, si las demandadas, incurrieron en un trato discriminatorio.
Dicha discriminación
se comprueba cuando en el caso particular se acredite:
-Que el demandante
pueda considerarse una persona discapacitada, o en estado de debilidad
manifiesta;
-Que el empleador
tenga conocimiento de tal situación;
-Que se encuentre
acreditado el nexo causal entre el despido o la terminación del contrato y las
condiciones deplorables de salud del trabajador; y
-Que no medie la
autorización del inspector del trabajo en los casos en que ella resulta necesario.
9.1. T-2.986.734
Con base en las
pruebas incorporadas al plenario, la Sala tiene por demostrado:
-El 1 de febrero de
2007, la señora Omaira Angulo y la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaridad
Empresarial celebraron, en principio, un convenio de trabajo asociado.
-El 14 de julio de
2008, se vio involucrada en un accidente de trabajo, al resbalar y caer al
piso, el cual fue debidamente reportado a la ARP. Dicho siniestro, según la
demandante le afectó ostensiblemente la región de la espalda baja.
-El 11 de septiembre
de 2008, a la demandante le fue diagnosticado lumbago no especificado, según la
ARP.
-Seguros de Riesgos
Profesionales Suramericana S.A., ARP Sura, antes Compañía Suramericana
Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de Vida S.A., SURATEP S.A.,
le brindó a la señora Angulo las prestaciones asistenciales que requirió como
consecuencia de este siniestro, entre las cuales se encuentran: consulta médica
general, consulta de fisiatría, atención por urgencias, medicamentos, sesiones
de fisiatría y el pago de una incapacidad por tres días.
-Por decisión
unilateral, la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaridad Empresarial, a
partir del 26 de julio de 2010, excluyó a la demandante como asociada y la
retiró del puesto de trabajo que desempeñaba con fundamento en el artículo 35
de los estatutos que rigen a esta organización, que dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 35. RAZONES AJENAS A LA VOLUNTAD DEL
ASOCIADO. Cuando el asociado no pueda continuar desempeñando su puesto de
trabajo en la cooperativa por razones ajenas a su voluntad, perderá la calidad
de asociado. El Consejo de Administración, de oficio o por solicitud expresa de
parte interesada, formalizará su retiro. Se consideran razones ajenas a la voluntad
del trabajador asociado que le imposibilitan continuar desempeñando su puesto
de trabajo, las siguientes:
(…)
3. Supresión por parte de la cooperativa del puesto de
trabajo que desempeña el trabajador asociado, ante la imposibilidad económica
de sostenerlo.
(…)”
-Es posible entender
que en este caso, bajo la perspectiva de la figura del denominado “contrato
realidad” se configuran los supuestos fácticos que dan lugar al
surgimiento de una relación de intermediación laboral, no obstante, que,
aparentemente, el vínculo entre la demandante y la Cooperativa de Trabajo
Asociado Solidaridad Empresarial, se encuadró en un convenio de asociación.
Para la Corte, las
circunstancias que determinaron el desarrollo del vínculo entre las partes,
permitieron la configuración de una relación que pugna con el plano de
horizontalidad que se predica entre los extremos de un contrato de asociación,
el cual impone que los dos sujetos actúen en un mismo nivel, determinado por
los roles normativos.
Tal consideración, de manera general, surge a partir
de lo siguiente: (i) lo manifestado por la petente y que no fue controvertido
por la demandada, en el sentido de que prestaba sus servicios como manipuladora
de alimentos en el hogar del anciano Cristo Señor de la Vida; (ii) la copia del
CONVENIO DE TRABAJO ASOCIADO suscrito entre la accionante y la
mencionada cooperativa, establece la forma de compensación mensual ordinaria
que recibiría la señora Omaira Angulo; (iii) la duración del mencionado
vínculo, estaba condicionado por el tiempo continuo o discontinuo de la ejecución
del trabajo cooperativo de la asociada a favor de la cooperativa y según los
requerimientos de los contratos que se celebren entre ésta y las empresas
contratantes. Conforme con las inequívocas previsiones del artículo 24 del
Código Sustantivo del Trabajo “se presume que toda relación de trabajo
personal está regida por un contrato de trabajo”. En virtud de esta
presunción debe darse aplicación a la consideración descrita ante la ausencia
de prueba sobre el hecho contrario al que el legislador ha presumido. Bajo este
contexto la organización solidaria dejó de actuar conforme con las normas que
regulan el objeto social propio de las cooperativas de trabajo asociado y violó
las prohibiciones consagradas en el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006.
En efecto, el mencionado artículo textualmente dice:
“Las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de
intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o
remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores
o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir
que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con terceros contratantes.
Cuando se configuren prácticas
de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios
temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo
Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables por las
obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.”
Partiendo de la consideración
de que en el presente asunto estarían presentes los elementos característicos de
una relación laboral y que, por ende, habría que darle alcance a todo lo que
ello supone, la Sala advierte que no se tuvo en cuenta la situación de
debilidad manifiesta de la demandante, producto de la afección en la zona de la
espalda baja que le fue diagnosticada como lumbalgia y, en consecuencia, la
estabilidad laboral derivada de ella.
Independientemente
de que esta hubiera sido generada con anterioridad al accidente de trabajo,
circunstancia en que se fundamenta la cooperativa demandada para señalar
enfáticamente que de modo alguno desconoció los derechos fundamentales de la
señora Angulo.
Para la Sala, la
mencionada organización solidaria permitió que con respecto a una de sus
asociadas se generara una relación de subordinación y dependencia con un
tercero contratante y cuando decidió terminar tal relación no cumplió el
procedimiento consagrado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es decir, no
medió autorización previa del inspector del trabajo, para que el despido
pudiese tener eficacia. Lo anterior, por cuanto de la situación fáctica
analizada, se vislumbran los elementos esenciales de una relación laboral encubierta
bajo la modalidad de un contrato cooperativo.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 31 de enero de
2011, proferido en segunda instancia por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Cali y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la
estabilidad laboral reforzada de la demandante. En consecuencia, ordenará a la
Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaridad Empresarial, por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apta para
trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud,
realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del
plan de salud ocupacional, reintegrar a la señora Omaira Angulo, si ella está de
acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se le
desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad
laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de
mantenerse las condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaridad Empresarial, que reconozca y pague a favor de
la señora Omaira Angulo, una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro de la señora Omaira
Angulo, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues, de acuerdo
con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y la jurisprudencia
de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional resulta
improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
9.2. T-2.991.593
Del material
probatorio allegado al expediente, se desprenden los siguientes hechos:
-El señor Juan
Carlos Bernal Sanabria, el 16 de julio de 2007, celebró un contrato individual
de trabajo a término indefinido con Ajecolombia S.A. para desempeñar el cargo
de montacarguista.
-Estando en
ejecución el contrato de trabajo, empezó a padecer de fuertes dolores en la
región lumbosacra, al decir del demandante, ocasionado por la función de montacarguista
que cumplía en la empresa accionada por lo que debió acudir a Cruz Blanca EPS.
-Los médicos
tratantes le diagnosticaron las siguientes enfermedades: “discopatía L4-L5 y
L-5-S1, en L-4-L5 hay una hernia discal protuida central no comprensiva, en
L5-S1 hay hernia discal central y posterolateral derecha extruida y migrada
caudalmente que causa severa compresión del saco dural y de la raíz S1 derecha
en el receso lateral y desplaza la raíz de S1 izquierda”, después de la
práctica de varios exámenes como RX y RM de columna lumbosacra y
electromiografía de aguja.
-El Área de Medicina
Laboral de Cruz Blanca EPS mediante oficio fechado 7 de noviembre de 2010,[41]
solicitó a la empresa una serie de documentos para estudio en primera instancia
del origen de las enfermedades diagnosticadas al señor Bernal Sanabria.
-El 22 de noviembre
de 2010, el Área de Medicina Laboral de Cruz Blanca EPS,[42] sugirió
en el caso del señor Bernal Sanabria, las siguientes recomendaciones:
“(…)
· PUEDE CONTINUAR POSTURA BIPEDA O SEDENTE (DE PIE O SENTADO) POR ESPACIO
DE 2 HORAS Y ALTERNAR LA POSTURA POR ESPACIO DE 5 MINUTOS.
· PUEDE REALIZAR ACTIVIDADES USUALES EVITANDO POSTURAS FORZADAS DE
COLUMNA (AGACHARSE, ARRODILLARSE) O TORSIÓN DEL TRONCO PERMANENTEMENTE.
· PUEDE CONTINUAR CAMINANDO POR ESPACIO DE 1 HORA Y HACER PAUSAS POR
ESPACIO DE 10 MINUTOS.
· PUEDE REALIZAR ACTIVIDADES QUE REQUIERAN MANEJO DE CARGAS NO SUPERIORES
A 12.5 KGS BIMANUAL.
· PUEDE SUBIR Y BAJAR ESCALERAS DE FORMA OCASIONAL DURANTE SU LABOR Y
VIDA COTIDIANA NORMAL.
· EXTENDER LAS PRESENTES RECOMENDACIONES A LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA
DIARIA.
· EVITAR POSICIONES DE FLEXIÓN DE LA COLUMNA MANTENIDAS NI REPETITIVAS.
· ESTAS RECOMENDACIONES SE REALIZAN POR UN PERÍODO DE 12 MESES TENIENDO
EN CUENTA LA CRONOCIDAD DEL DOLOR Y PARA PERMITIR CONTINUAR TRATAMIENTO POR
ARP.”
-Mediante
comunicación del 3 de diciembre de 2010, el Jefe de Talento Humano de la
empresa Ajecolombia S.A., le informó al demandante acerca de su decisión
unilateral de dar por terminado el contrato de trabajo. Documento que fue
remitido a través de correo certificado al día siguiente.
-Según
Ajecolombia S.A., el contrato de trabajo
del señor Bernal Sanabria fue terminado con fundamento en el artículo 64 del
Código Sustantivo del Trabajo, en razón de que la empresa requirió hacer una
reorganización administrativa, siendo necesario finalizar, no sólo el contrato
laboral del demandante, sino también el de otro trabajador de la compañía.[43]
-Con fundamento en
la reseña fáctica expuesta y las pruebas que obran en el expediente, la Sala
infiere que la desvinculación del señor Juan Carlos Bernal Sanabria, por parte
de su empleador, desconoció los derechos fundamentales invocados, por las
siguientes razones:
(i) Cuando Ajecolombia
S.A., tomó la iniciativa de poner fin al contrato de trabajo suscrito con el
demandante, este se encontraba en condición de debilidad manifiesta por el serio
deterioro en sus condiciones de salud debido a los problemas en la región lumbrosaca,
diagnosticados como “discopatía L4-L5 y L-5-S1, en L-4-L5 hay una hernia
discal protuída central no comprensiva, en L5-S1 hay hernia discal central y
posterolateral derecha extruída y migrada caudalmente que causa severa
compresión del saco dural y de la raíz S1 derecha en el receso lateral y desplaza
la raíz de S1 izquierda”, en proceso de valoración por parte del Área de
Medicina Laboral de Cruz Blanca EPS al momento de la terminación del contrato.
(ii) La discapacidad
sufrida por el señor Bernal Sanabria era de conocimiento de su empleador, si se
tiene en cuenta que la enfermedad se desarrolló durante la vigencia del vínculo
laboral y frente a la cual, dentro del tratamiento propuesto por la EPS Cruz
Blanca, se emitieron varias recomendaciones médicas, conocidas por la empresa
el 25 de noviembre de 2010, antes de dar por terminado su contrato de trabajo.
A pesar de que al
expediente no se allegó la supuesta incapacidad médica que según el accionante
le fue concedida en la Clínica del Occidente al finalizar el día en que la
empresa tomó la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo, esto es,
el 3 de diciembre de 2010 y que permitiría categóricamente afirmar que su
vínculo laboral finalizó estando el trabajador incapacitado, para la Sala, es
claro que la entidad empleadora sí conocía el deteriorado estado de salud del
señor Bernal Sanabria, quien tiene seriamente afectada la región lumbosacra
como consecuencia de las múltiples enfermedades que padece y que de manera
contundente afectan su capacidad física. En efecto, en el plenario sí consta
que la empresa fue notificada, el 25 de noviembre de 2010, de las
recomendaciones médico laborales que debían implementarse en la ejecución de
las labores del demandante.
(iii) En el
expediente no se incorpora ninguna prueba que revele que el empleador, no
obstante conocer que el actor presentaba una disminución de su capacidad física,
haya solicitado la autorización del Ministerio de la Protección Social, en los
términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado el
contrato de trabajo desconociendo, como quedó reseñado en esta providencia, que
se trataba de un sujeto de especial protección constitucional, respecto de
quien se predica la garantía de una estabilidad laboral reforzada.
Para la Corte, en el
presente caso, se presume que el contrato de trabajo del accionante fue
terminado de manera unilateral por parte del empleador, en razón de las
afecciones de salud que padece, con lo que se vulneró su derecho fundamental a
la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto la empresa
Ajecolombia S.A. tenía conocimiento de la afección del trabajador y no cumplió el
procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
oficina de trabajo.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo no impugnado de fecha 1
de febrero de 2011 proferido por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá y,
en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la
estabilidad laboral reforzada del demandante. En consecuencia, ordenará a Ajecolombia
S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si
aún no lo ha efectuado, dentro del término de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta
de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo
para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el
desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar al señor Juan Carlos Bernal
Sanabria, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y
bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a Ajecolombia S.A., que reconozca y pague a favor del señor Juan
Carlos Bernal Sanabria,
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro del señor Juan
Carlos Bernal Sanabria, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria,
pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y
la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
9.3. Expediente
T- 3.039.796
Del material
probatorio allegado al expediente, se desprenden los siguientes hechos:
-La señora Blanca
Eduviges Camacho Bermúdez, el 11 de enero de 2011, celebró un contrato
individual de trabajo a término indefinido con Farmatodo Colombia S.A. para
desempeñar el cargo de auxiliar de farmacia.
-Estando en
ejecución el contrato de trabajo, a comienzos de febrero de 2011,  empezó a
padecer de un prolongado y crónico dolor lumbar. Síntoma que inicialmente fue
diagnosticado como lumbalgia no especificada y posteriormente como lumbalgia y
ciática al irradiarse el malestar a la parte posterior de las extremidades
inferiores, al decir de la accionante, provocado después de realizar la labor de aseo del establecimiento
donde laboraba, actividad a la que inicialmente se opuso desarrollar por cuanto
padece de una hernia discal desde el año 2009.
-A la accionante con
ocasión de la enfermedad que padece le fueron concedidas varias incapacidades
médicas. La parte demandante allegó al expediente las que continuación se
relacionan:
Fecha de inicio
Fecha de
terminación
Número de días
2011/02/07
2011/02/08
2
2011/02/08
2011/02/16
9
2011/02/17
2011/02/23
7
-Según, Farmatodo
Colombia S.A., acudió a la posibilidad legal que tiene el empleador de terminar
unilateralmente el contrato de trabajo dentro del período de prueba.
Con fundamento en la
reseña fáctica expuesta y las pruebas que obran dentro del expediente, la Sala
infiere que la desvinculación de la señora Blanca Eduviges Camacho Bermúdez por
parte de su empleador, la empresa Farmatodo Colombia S.A., constituye un grave
desconocimiento de los derechos fundamentales reclamados, por las siguientes
razones:
(i) Cuando la
empresa accionada, tomó la iniciativa de poner fin a su contrato de trabajo, la
señora Camacho Bermúdez se encontraba en condición de debilidad manifiesta por
el menoscabo en su estado de salud como consecuencia de un prolongado y agudo
dolor en la región lumbar que posteriormente se reflejó también en la parte
posterior de sus extremidades posteriores. Por este síntoma a la trabajadora le
fue diagnosticado, inicialmente un lumbago no especificado y posteriormente
lumbago y ciática.
(ii) La discapacidad
sufrida por la señora Camacho Bermúdez era suficientemente conocida por la
empresa Farmatodo Colombia, si se tiene en cuenta que la atención médica
brindada por la EPS a la trabajadora y las incapacidades concedidas ocurrieron durante
la vigencia de la relación laboral.
(iii) En el
expediente no se incorpora ninguna prueba que revele que la empresa demandada,
no obstante conocer que la actora presentaba una disminución de su capacidad
física haya solicitado la autorización del Ministerio de la Protección Social,
en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado unilateralmente
el contrato de trabajo, desconociendo, como quedó reseñado en esta providencia,
que se trataba de un sujeto de especial protección constitucional, respecto de
quien se predica la garantía de una estabilidad laboral reforzada.
Para la Corte, en el
presente caso, se presume que el contrato de trabajo de la accionante fue
terminado de manera unilateral por parte del empleador, en razón de las
afecciones de salud que padece, con lo que se vulneró su derecho fundamental a
la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto la empresa Farmatodo
Colombia S.A. tenía conocimiento de la afección de la trabajadora y no cumplió
el procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
oficina de trabajo.
En virtud de lo
anterior, la Sala de Revisión considera necesario proteger los derechos
invocados, que fueron vulnerados por la conducta discriminatoria de la empresa Farmatodo
Colombia S.A.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo no impugnado de fecha 9
de marzo de 2011 proferido por el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá y, en su lugar, concederá el amparo
de los derechos a la vida digna y la estabilidad laboral reforzada de la
demandante. En consecuencia, ordenará a la empresa Farmatodo Colombia S.A., por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta
de que es apta para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo
para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el
desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar a la señora Blanca Eduviges
Camacho Bermúdez, si ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que
venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud
actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud de
la trabajadora, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a Farmatodo Colombia S.A., que reconozca y pague a favor de la señora Blanca
Eduviges Camacho Bermúdez,
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro de la señora
Blanca Eduviges Camacho Bermúdez, podrán ser exigidos ante la jurisdicción
ordinaria, pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el
presente caso y la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de
amparo constitucional resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
9.4. Expediente
T- 3.042.443
De las pruebas que
reposan en el expediente la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
-El señor Arlén
Fabián López Sánchez, el 16 de septiembre de 2010, celebró un contrato
individual de trabajo a término indefinido con la empresa Incopac S.A., para
desempeñar el cargo de surtidor.
-El 28 de septiembre
de 2010, estando en ejecución el contrato de trabajo mencionado, el señor López
Sánchez sufrió un accidente laboral cuando
halaba un carro, y sintió un tirón a nivel de la espalda del cual la
A.R.P. Sura tuvo conocimiento, mediante el informe individual de accidente de
trabajo.
Como consecuencia de
ese siniestro, sus condiciones de salud se han visto seriamente mermadas al
presentar un intenso dolor en la región lumbar, siendo atendido en varias
ocasiones en el servicio de urgencias de la Clínica Medellín.
-Una vez reportado
el accidente de trabajo ante la A.R.P. Sura, al accionante se le ha
suministrado toda la atención médica necesaria.
-La enfermedad que
padece el señor López Sánchez, le generó varias incapacidades, como se muestra
a continuación:
Fecha de inicio
Fecha de
terminación
Número de días
2010/09/28
2010/10/05
8 días
2010/10/14
2010/10/28
15 días
2010/10/29
2010/11/07
10 días
-El 9 de noviembre
de 2010, Incopac S.A. informó al señor Arlén Fabián López Sánchez que la
empresa decidió dar por terminado su contrato de trabajo dentro del período de
prueba a partir del día 10 de noviembre de 2010.
-Respecto de la
desvinculación del señor López Sánchez, Incopac S.A., no hizo ningún
pronunciamiento en el trámite del proceso de tutela.
De los hechos
relatados y probados se infiere que la desvinculación del señor Arlén Fabián
López Sánchez, a iniciativa de su empleador, la empresa Incopac S.A. constituye
un grave desconocimiento de sus derechos fundamentales, por las siguientes
razones:
(i) Cuando Incopac
S.A. tomó la iniciativa de finiquitar su contrato de trabajo, el demandante se
encontraba en condición de debilidad manifiesta por el deterioro en su estado
de salud, como consecuencia de la afectación en la zona lumbar después del
episodio ya narrado.
(ii) La discapacidad
sufrida por el señor López Sánchez, era de pleno conocimiento de Incopac S.A.,
si se tiene en cuenta que el desarrollo de la enfermedad que aminoró su estado
de salud acaeció durante la vigencia de la relación laboral y se generaron al
menos tres incapacidades de duración prolongada.
(iii) En el
expediente no existe un elemento probatorio que demuestre que la empresa Incopac
S.A. no obstante conocer que el actor presentaba una disminución de su
capacidad física haya solicitado la autorización del Ministerio de la
Protección Social, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado el contrato de trabajo, con lo cual se desconoció, como quedó
reseñado en esta providencia, que se trataba de un sujeto de especial
protección constitucional, respecto de quien se predica la garantía de una
estabilidad laboral reforzada.
Para la Corte en el
presente caso, el vínculo laboral del accionante fue terminado a iniciativa del
empleador, no obstante las afecciones de salud que padece, con lo que se
vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Ello, por
cuanto Incopac S.A. tenía conocimiento de la condición de incapacidad del
trabajador y no cumplió el procedimiento establecido en el inciso 1° del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona limitada puede
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la Oficina de Trabajo.
En virtud de lo
anterior, la Sala de Revisión considera necesario proteger los derechos
invocados, que fueron vulnerados por la conducta discriminatoria de la empresa Incopac
S.A.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 2 de marzo de
2011, proferido en segunda instancia por el Juzgado Noveno Civil del Circuito
de Medellín y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales a
la vida digna y la estabilidad laboral reforzada del demandante. En
consecuencia, ordenará a la empresa Incopac S.A. por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apto para
trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud,
realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del
plan de salud ocupacional, reintegrar al señor Arlén Fabián López Sánchez, si él
está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando
se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a Incopac S.A., que reconozca y pague a favor del señor Arlén
Fabián López Sánchez,
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro del señor Arlén
Fabián López Sánchez, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues,
de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y la
jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
9.5. T-3.045.131
Del material
probatorio allegado al expediente, se desprenden los siguientes hechos:
-El señor Alberto Rondón
Pava estuvo vinculado a la empresa Temporales Uno-A S.A., a través de un
contrato por duración de la obra o labor determinada en calidad de trabajador
en misión.
-El señor Rondón
Pava prestó sus servicios como trabajador en misión en ESPUFLAN E.S.P. en el
cargo de supernumerario.[44]
-Tras la decisión de
ESPUFLAN E.S.P., de asignarle otras labores, el demandante le informó a dicha
entidad que la Junta Regional de Invalidez de Cundinamarca le había dictaminado
una pérdida de la capacidad laboral del 32.70%, por síndrome doloroso de
columna lumbosacra, razón por la cual solicitaba que fuera trasladado a un
cargo que no implicara una carga excesiva de trabajo.
-Como consecuencia
de las labores que debió cumplir como recolector de escombros, según el
demandante, sus condiciones de salud se aminoraron y le fue concedida una
incapacidad por dos días por parte de Salud Total EPS por cuadro de lumbago
agudo.
-El 29 de septiembre
de 2010, la ARP Equidad Seguros, emitió una serie de recomendaciones en el caso
del señor Rondón Pava, entre las cuales se encuentran:
“(…)
·
Manipular cargas de pesos hasta
los 5kg. Para cargas mayores debe utilizar ayudas mecánicas o la colaboración
de otros operarios, siempre utilizando la técnica adecuada para el
levantamiento de cargas.
·
Restringir la ejecución de
actividades deportivas de contacto.
·
Alternar posturas según la
fatiga  (de pie, sentado), la adopción de una sola posición durante largos períodos
de tiempo pueden aumentar la sintomatología.
·
Realizar desplazamientos por
terreno regular, teniendo en cuenta el estado de las superficies y obstáculos
restringiendo correr, trepar, subir/bajar escaleras o saltar.
·
Adoptar posiciones que
restrinjan la aplicación de fuerza en columna como cuclillas, rodillas o
inclinaciones de tronco.
·
Permitir el uso de zapato cómodo
para permitir mayor estabilidad en el pie.
·
Los desplazamientos deben
realizarse según fatiga individual del trabajador, evitando caminatas
prolongadas (más de 20 minutos continuos).
·
El trabajador debe realizar
todas las actividades laborales y extralaboral aplicando las técnicas de
higiene de columna y mecánica postural.”
-En la citada
comunicación, se sugiere en el caso del señor Rondón Pava, una reubicación
laboral temporal o restructuración de las labores asignadas de tal forma que
sea posible cumplir con las recomendaciones dadas, hasta que el médico tratante
lo considere necesario.
-El 2 de diciembre
de 2010, el Jefe de Gestión Humana de la empresa Temporales Uno-A S.A., le
comunicó por escrito al señor Alberto Rondón Pava que el contrato de obra o
labor contratada se dará por terminado al finalizar la jornada laboral del día,
debido a la terminación de la labor, obra u oficio para el cual fue contratado
en beneficio de la empresa usuaria ESPUFLAN E.S.P.
-Según la Empresa
Temporales Uno-A S.A., la terminación del vínculo laboral con el señor Rondón
Pava obedeció a que terminó la obra o labor para la cual había sido contratado.
De conformidad con
la reseña fáctica expuesta y las pruebas arrimadas al plenario, la Sala
determina que la desvinculación del señor Alberto Rondón Pava, por parte de su
empleador, Temporales Uno-A S.A. vulneró los derechos fundamentales invocados,
por las siguientes razones:
(i) Cuando
Temporales Uno-A S.A. tomó la iniciativa de poner fin a su contrato de trabajo,
aquel se encontraba en condición de debilidad manifiesta por la afectación en
las condiciones de salud, como consecuencia del fuerte y continuo dolor,
diagnosticado como lumbago agudo.
(ii) El menoscabo en
el estado de salud del actor era conocido por Temporales Uno-A S.A., si se
tiene en cuenta que el padecimiento del trabajador ocasionado por el dolor en
la región lumbar, se desarrolló durante la vigencia de la relación laboral.
Tal consideración la
refuerza el hecho de que las recomendaciones que efectuó el médico tratante de la
ARP Seguros Equidad fueron conocidas por la empresa accionada.
(iii) No obra en el
informativo elemento probatorio alguno que acredite que Temporales Uno A- S.A.,
a pesar de tener conocimiento de que el demandante presentaba una disminución
de su capacidad física, haya solicitado la autorización del Ministerio de la
Protección Social en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado el contrato de trabajo, desconociéndose, como quedó reseñado
en esta providencia, que se trataba de un sujeto de especial protección
constitucional, respecto de quien se predica una estabilidad laboral reforzada,
extensiva a todos los contrato de trabajo, bien sea a término fijo, indefinido,
por obra o labor contratada.
Para esta
Corporación, en el presente caso, el vínculo laboral del accionante, se presume
fue terminado por parte del empleador, en razón de las condiciones de salud en
que se encuentra, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto Temporales Uno-A S.A. tenía
conocimiento de la situación de incapacidad del trabajador y no cumplió el
procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
Oficina de Trabajo.
En virtud de lo
anterior, la Sala de Revisión considera necesario proteger los derechos
invocados, que fueron vulnerados por la conducta discriminatoria de Temporales
Uno-A S.A.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha   de marzo 16
de 2011, proferido en segunda instancia por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Espinal y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la
vida digna y la estabilidad laboral reforzada del demandante. En consecuencia,
ordenará a la empresa Temporales Uno-A S.A., por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término
de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al
señor Alberto Rodón Pava, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al
que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud
actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a Temporales Uno-A S.A., que reconozca y pague a favor del señor Alberto
Rodón Pava, una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro del señor Alberto
Rodón Pava, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues, de
acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y la
jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
9.6. T-3.048.045
Con base en las
pruebas incorporadas al plenario la Sala tiene por demostrado:
-El señor Leonardo
Buitrago Quintero, trabajó con la empresa Quad Graphics  desde el 14 de enero
de 2003 hasta el 28 de febrero de 2011, en desarrollo de un contrato laboral a
término indefinido.[45]
-El 7 de marzo de
2010, el demandante sufrió un accidente en su residencia que le ocasionó
fractura del cúbito y radio del brazo izquierdo, razón por la cual tuvo que ser
intervenido en dos ocasiones.
-La lesión que
sufrió el señor Buitrago Quintero, le generó varias incapacidades, como se
muestra a continuación:
Fecha de inicio
Fecha de
terminación
Número de días
2010/03/07
2010/04/05
30 días
2010/04/06
2010/05/05
30 días
2010/05/06
2010/06/04
30 días
2010/06/05
2010/07/04
30 días
2010/07/05
2010/07/29
25 días
2010/07/30
2010/08/24
26 días
2010/08/25
2010/09/08
15 días
2010/09/09
2010/10/04
26 días
2010/10/05
2010/10/30
26 días
2010/10/31
2010/11/24
25 días
2010/11/25
2010/11/29
5 días
2010/11/30
2010/12/24
25 días
2010/12/25
2010/12/29
5 días
2010/12/30
2011/01/24
26 días
2011/01/25
2011/01/28
4 días
2011/01/29
2011/02/23
26 días
2011/02/24
2011/02/27
4 días
2011/02/28
2011/03/19
20 días
2011/03/20
2011/03/29
10 días
-El 10 de febrero de
2011, la empresa Quad Graphics le comunicó al demandante que había decidido “dar
por terminado su contrato de trabajo a partir del 28 de febrero de 2011; de
acuerdo con lo establecido en el numeral 15 del Art. 62 del Código Sustantivo del
Trabajo.”
De los hechos
relatados y probados es posible concluir que la actuación de la Quad Graphic
vulnera el derecho fundamental del señor Buitrago Quintero a la estabilidad
laboral reforzada del que son titulares las personas que sufren una limitación
física. En esta medida, la empresa accionada desconoció los derechos
fundamentales del accionante, al terminar unilateralmente su contrato laboral, aduciendo
la causal prevista en el numeral 15, del literal a), del artículo 62 del Código
Sustantivo del Trabajo, conforme con la cual es justa causa para terminar
unilateralmente el contrato de trabajo por parte del empleador, el que hubiese
transcurrido un período de incapacidad igual a 180 días continuos, por cuanto
no le era permitido aplicarla (i) sin tener en cuenta que no obraba un concepto
médico según el cual no era posible la rehabilitación del trabajador; (ii) sin
advertir la situación particular del demandante; y (iii) sobre todo, sin acudir
a la Oficina del Trabajo correspondiente para que, de encontrarse procedente,
se autorizara el despido, conforme con lo previsto por el artículo 26 de la Ley
361 de 1997.
Como se expuso en
las consideraciones generales de esta providencia, el cumplimiento del período
de 180 días continuos de incapacidad, no da derecho al empleador, por sí solo,
para terminar unilateralmente el contrato laboral por justa causa, es decir,
esa prerrogativa no es absoluta, ni puede ser ejercida desmedidamente, por
cuanto conforme con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2351 de 1965,
debe reincorporar a los trabajadores que han recuperado su salud consumado ese período,
o reubicar a aquellos que presentan incapacidades parciales, de acuerdo con lo
que médicamente se haya medicado.[46]
En virtud de lo
anterior, la Sala de Revisión debe proteger los derechos invocados por el
demandante, que fueron vulnerados por la empresa Quad Graphic al dar aplicación
a la causal de terminación unilateral por justa causa, sin esperar a que,
conforme con una valoración médica, se determinara si podía regresar a sus
labores o debía ser reubicado en otro empleo con funciones acordes con su
salud, constituyéndose dicha actuación en discriminatoria desde el punto de
vista del ordenamiento constitucional, pues evidencia que el motivo de
desvinculación del demandante fueron las incapacidades causadas en la
recuperación que adelanta de las lesiones que sufrió en su brazo izquierdo, lo
cual como ya se anotó, desconoce el derecho fundamental de aquél a la estabilidad
laboral reforzada de que goza.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo no impugnado de fecha 30
de marzo de 2011, proferido por el Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Bogotá
y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la
estabilidad laboral reforzada del demandante. En consecuencia, ordenará a la
empresa Quad Graphics Colombia S.A., por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los
tres (3) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al
señor Leonardo Buitrago Quintero, si él está de acuerdo, a un cargo igual o
superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su
estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a Quad Graphics Colombia S.A., que reconozca y pague a favor del señor Leonardo
Buitrago Quintero, una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven de la reincorporación del señor
Leonardo Buitrago Quintero, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria,
pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y
la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
9.7.  Expediente
T- 3.060.850
Las pruebas obrantes
en el proceso demuestran que:
-La señora Gloria
Inés Cubides Gutiérrez, estuvo vinculada con la empresa Soplascol Ltda. a
través de un contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año, el
cual fue prorrogado en varias ocasiones.
La última
vinculación, como las anteriores, mediante contrato de trabajo a término fijo
inferior a un año, terminó el 31 de enero de 2010.
-Estando vigente el
vínculo laboral con la empresa Soplascol Ltda., la señora Cubides Gutiérrez,
empezó a sentir un permanente dolor lumbar. Inicialmente, le fue diagnosticado
una lumbalgia mecánica crónica y posteriormente, además, escoliosis lumbar
derecha y sacroileititis derecha.
-El Médico Especialista
en Salud Ocupacional de Cruz Blanca EPS, emitió el 4 de mayo de 2010, previo el
análisis de los antecedentes médicos y ocupacionales para el manejo de la
lumbalgia mecánica crónica que padece la demandante, las siguientes
recomendaciones laborales:
“(…)
·
PERMITIR ALTERNAR POSTURAS
(SENTADO Y DE PIE) EN LA JORNADA LABORAL.
·
EVITAR DESPLAZAMIENTOS DE
LARGAS DISTANCIAS A PIE.
·
EVITAR LEVANTAR PESOS DE MÁS DE
DIEZ KILOS.
·
EVITAR POSTURAS FORZADAS DE
COLUMNA (AGACHARSE) FRECUENTEMENTE.
·
EVITAR SUBIR O BAJAR ESCALERAS
FRECUENTEMENTE.
·
CONTINUAR MANEJO MÉDICO POR LA
EPS DENTRO DEL PLAN DE BENEFICIOS DEL POS Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
ESTAS RECOMENDACIONES SE REALIZAN POR UN PERÍODO
INICIAL DE 6 MESES, TENIENDO EN CUENTA LA CRONICIDAD DE LA PATOLOGÍA Y PARA
DEFINIR MEJORIA DEL DOLOR Y REHABILITACION POR EPS.”
-Posteriormente, el
2 de noviembre de 2010, el Médico Especialista en Salud Ocupacional de Cruz
Blanca EPS, profirió nuevamente unas recomendaciones médico laborales, teniendo
en cuenta que según resonancia magnética, la señora Cubides Gutiérrez además de
padecer de lumbalgia mecánica crónica,  adolece de escoliosis lumbar y
sacroiletis derecha. Estas fueron las sugerencias:
“(…)
·   PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR ACTUAL.
·   EVITAR LEVANTAR O DESPLAZAR PESOS MAYORES A 7.5 KILOS
BIMENSUAL.
·   EVITAR POSTURAS FORZADAS DE COLUMNA (AGACHARSE)
FRECUENTEMENTE.
·   CONTINUAR MANEJO MÉDICO POR LA EPS DENTRO DEL PLAN DE
BENEFICIOS DEL POS Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL. EN
SALUD.
ESTAS RECOMENDACIONES SON VÁLIDAS PARA LAS ACTIVIDADES
DE LA VIDA COTIDIANA Y SE REALIZAN POR UN PERÍODO ADICIONAL DE 6 MESES PARA
REMITIR ESTABILIDAD, CONTINUAR REHABILITACIÓN POR EPS Y DETERMINACIÓN FINAL DE
ORIGEN.”
-El 1 de junio de
2010, la empresa Soplascol Ltda., le comunicó a la accionante que su contrato
de trabajo terminaría el 30 de enero de 2010, fecha pactada en el contrato de
trabajo a término fijo inferior a un año que habían suscrito.
-Una vez le fue
notificada la decisión de Soplascol Ltda. de que su contrato de trabajo no
sería renovado, la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez le solicitó a la
empresa que reconsiderara dicha determinación, por cuanto se encontraba en
tratamiento y pendiente de la calificación del origen de las múltiples
enfermedades que padece.
-El 11 de enero de
2011, Cruz Blanca EPS, le solicitó a la demandada la remisión de una serie de
documentos para estudio en primera instancia de una posible enfermedad
profesional en el caso de la señora Cubides Gutiérrez.
-El 26 de enero de
2011, Soplascol Ltda. le ratificó a la demandante su decisión de no renovar el
contrato de trabajo, cuya fecha de finalización estaba estipulada para el 31[47] de enero de 2011.
De los hechos
relatados y probados se concluye que la desvinculación de la señora Gloria Inés
Cubides Gutiérrez, a iniciativa de su empleador, la empresa Soplascol Ltda. constituye
un grave desconocimiento de los derechos fundamentales reclamados, por las
siguientes razones:
(i) Cuando la
empresa demandada, tomó la decisión de no prorrogar su contrato de trabajo, la
señora Cubides Gutiérrez era incuestionable que aquella se encontraba en
situación de debilidad manifiesta porque sus condiciones de salud se
encontraban aminoradas por la afectación de su región lumbar.
(ii) El menoscabo en
el estado de salud de la actora era suficientemente conocido por la empresa Soplascol
Ltda., si se tiene en cuenta que el desarrollo de las enfermedades, el
diagnóstico, el tratamiento médico y la calificación del origen de las mismas
acaecieron durante la vigencia de la relación laboral.
(iii) Las pruebas
del proceso demuestran que la empresa Soplascol Ltda. no obstante conocer que la
señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez presentaba una disminución de su capacidad
física, no solicitó la autorización del Ministerio de la Protección Social en
los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado el
contrato de trabajo, desconociendo, como quedó reseñado en esta providencia,
que se trataba de un sujeto de especial protección constitucional, respecto de
quien se predica la garantía de una estabilidad laboral reforzada, extensiva a
los contratos a término fijo inferior a un año.
Para esta
Corporación, en el presente caso, el vínculo laboral de la accionante fue
terminado a iniciativa del empleador como consecuencia de su aminorado estado
de salud, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada. Lo anterior, por cuanto la empresa Soplascol Ltda. tenía
conocimiento de la condición de discapacidad de la trabajadora y no cumplió el
procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
Oficina de Trabajo.
En virtud de lo
anterior, la Sala de Revisión considera necesario proteger los derechos
invocados, que fueron vulnerados por la conducta discriminatoria de la empresa Soplascol
Ltda.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 8 de abril de
2010, proferido en segunda instancia por el Juzgado Treinta y Uno Civil del
Circuito de Bogotá y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la
vida digna y la estabilidad laboral reforzada de la demandante. En
consecuencia, ordenará a la empresa Soplascol Ltda., por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro
del término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente
sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apta para trabajar
y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a
través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud
ocupacional, reintegrar a la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez,
si ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a Soplascol Ltda., que reconozca y pague a favor de la señora Gloria
Inés Cubides Gutiérrez,
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las prestaciones
y demás emolumentos que se deriven del reintegro de la señora Gloria Inés
Cubides Gutiérrez, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues, de
acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y la
jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
9.8. Expediente
T-3.064.179
Con base en las
pruebas incorporadas al plenario la Sala tiene por demostrado:
-La señora Olga
Lucía Venegas Garzón, fue vinculada el 9 de marzo de 2009 a la empresa Flores Calima Ltda., inicialmente, a través de un contrato individual de trabajo a
término fijo inferior a un año. Contrato cuya modalidad de duración fue
modificada a término indefinido, a través del otrosí, suscrito por las partes,
el 1 de junio del citado año.
-Estando vigente la
relación laboral de la señora Venegas Garzón con Flores Calima Ltda. le fueron
diagnosticadas las siguientes enfermedades; Sinovitis, tenosinovitis, síndrome
del túnel carpiano y lesiones del hombro derecho, en principio, no
especificadas y posteriormente calificadas como síndrome de manguito rotador derecho,
las cuales venían siendo tratadas por la EPS Famisanar y le habían generado a
la demandante una disminución en su capacidad física y una serie de
incapacidades como pasa a relacionarse a continuación:
Fecha de inicio
Fecha de
terminación
Número de días
2009/12/23
2009/12/26
4 días
2009/12/28
2010/01/01
5 días
2010/01/04
2010/01/06
3días
2010/01/09
2010/01/13
5 días
2010/01/14
2010/01/16
3 días
2010/02/16
2010/02/17
2 días
2010/02/20
2010/02/24
5 días
2010/02/25
2010/03/03
7 días
2010/03/04
2010/03/07
4 días
2010/03/23
2010/03/24
2 días
2010/03/30
2010/03/31
2 días
2010/04/07
2010/04/07
1 día
2010/04/21
2010/04/21
1día
2010/05/03
2010/05/03
1 día
2010/06/15
2010/06/16
2 días
2010/06/23
2010/06/24
2 días
2010/07/09
2011/07/12
4 días
2010/09/06
2010/09/07
2 días
2010/10/11
2010/10/14
4 días
2010/11/10
2010/11/13
4 días
-Según Flores Calima
Ltda., el vínculo laboral se extinguió porque la trabajadora incurrió en una
justa causa de despido al incumplir continuamente con sus responsabilidades,
específicamente “actuar con lealtad y obediencia, en tanto que desatendió
sus obligaciones de auto-cuidado; prevención de accidentes y enfermedades
profesionales, [e] información al empleador, poniendo en serio riesgo su propia
seguridad personal.”[48]
De los hechos relatados
y probados es posible concluir que la desvinculación de la señora Olga Lucía
Venegas Garzón, a iniciativa de su empleador, la empresa Flores Calima Ltda. vulnera
gravemente los derechos fundamentales invocados, por las siguientes razones:
(i) Cuando Flores
Calima Ltda., dio lugar a la terminación del contrato de trabajo suscrito con
la demandante, aquella se hallaba en condición de debilidad manifiesta por el
deterioro en su estado de salud debido a las enfermedades que le habían sido
diagnosticadas: Sinovitis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano y
lesiones del hombro derecho, en principio, no especificadas y posteriormente
calificadas como síndrome de manguito rotador.
(ii) La discapacidad
que deteriora el estado de salud de la señora Venegas Garzón era de pleno
conocimiento de la empresa, si se tiene en cuenta que la enfermedad se
desarrolló durante la vigencia del vínculo laboral y le fueron concedidas a la
demandante varias incapacidades. A pesar de que al expediente no se allegaron las
recomendaciones médicas que según la accionante fueron proferidas por la EPS a
la que se encontraba afiliada, con ocasión de las múltiples enfermedades que
padece, para la Sala, es claro que la entidad empleadora sí conocía el
deteriorado estado de salud de la demandante, quien tenía afectada la
funcionalidad en su mano izquierda y en el hombro derecho así ignorara el
diagnóstico realizado por los médicos tratantes. Constan en el expediente una
interpretación de estudios de imagenología que le fueron practicados a la
petente, en el que da cuenta la grave alteración e impedimento en el hombro
derecho, que si bien no constituye un diagnóstico sí da muestra de la limitación
física de la accionante, la cual fue presentada a la empresa el 11 de noviembre
de 2010, antes de la finalización del vínculo laboral.[49]
Con todo, según el
examen de salud ocupacional efectuado a la señora Venegas Garzón, el 17 de
diciembre de 2010, se sugirió que la tendinitis de flexoextensores del carpo
bilateral, el síndrome del túnel carpiano, incipiente, izquierdo y el síndrome
de manguito rotador hombro derecho, que padece la demandante su origen fueran
calificado, en primera instancia, por parte de la EPS Famisanar.
(iii) En el
informativo no existe prueba alguna que acredite que la empresa Flores Calima Ltda.,
no obstante conocía que la actora presentaba una disminución de su capacidad
física haya solicitado la autorización del Ministerio de la Protección Social
en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado
el contrato de trabajo, con lo cual se desconoció, como quedó reseñado en esta
providencia, que se trataba de un sujeto de especial protección constitucional,
respecto de quien se predica una estabilidad laboral reforzada, extensiva a
todos los contrato de trabajo, bien sea a término fijo, indefinido, por obra o
labor contratada.
Para la Corte, en el
presente caso, el vínculo laboral de la accionante fue terminado a iniciativa
del empleador, en razón de las afecciones de salud que padece, con lo que se
vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Ello, por
cuanto la empresa Flores Calima Ltda., tenía conocimiento de la condición de
discapacidad de la trabajadora y no cumplió el procedimiento establecido en el
inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona
limitada puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su
limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo.
En virtud de lo
anterior, la Sala de Revisión considera necesario proteger los derechos
invocados por la demandante, que fueron vulnerados por la conducta
discriminatoria de la empresa Flores Calima Ltda.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 22 de marzo de
2010, proferido en segunda instancia por el Juzgado Veintitrés Civil del
Circuito de Bogotá y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la
vida digna y la estabilidad laboral reforzada de la demandante. En
consecuencia, ordenará a la empresa Flores Calima Ltda., por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro
del término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente
sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apta para trabajar
y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a
través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud
ocupacional, reintegrar a la señora Olga Lucía Venegas Garzón, si
ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a Flores Calima Ltda., que reconozca y pague a favor de la señora Olga
Lucía Venegas Garzón ,
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro de la señora Olga
Lucía Venegas Garzón, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues,
de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y la
jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
IV. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo de fecha 31 de enero de
2011, proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali, el cual revocó
el dictado por el Juzgado Dieciocho Penal Municipal Con Funciones de Control de
Garantías de Cali, el 29 de noviembre de 2010 negando la tutela solicitada por
la señora Omaira Angulo en el trámite del proceso T-2.986.734. En su lugar, CONCEDER,
por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada de la señora
Omaira Angulo y, en consecuencia, ORDENAR a la Cooperativa de Trabajo
Asociado Solidaridad Empresarial, por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los
tres (3) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar a la
señora Omaira Angulo, si ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al
que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud
actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud de
la trabajadora, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidaridad
Empresarial, el reconocimiento
y pago a favor de la señora Omaira Angulo de una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
TERCERO.-
ADVERTIR a la señora Omaira Angulo
que debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente
para reconocer el pago de los salarios y demás prestaciones que dejó de
percibir durante el tiempo que fue desvinculada de la empresa demandada, si
considera que tal derecho le asiste.
CUARTO.- REVOCAR el fallo de fecha 1 de febrero de 2011, proferido por
el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá en el trámite del proceso de tutela
T-2.991.593. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de
esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la
estabilidad laboral reforzada del señor Juan Carlos Bernal Sanabria y, en
consecuencia, ORDENAR a la empresa Ajecolombia S.A., por intermedio de
su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apto para
trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada
a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud
ocupacional, reintegrar al señor Juan Carlos Bernal Sanabria, si él
está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando
se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social.
QUINTO.- ORDENAR a la empresa Ajecolombia S.A., el reconocimiento y pago a favor del
señor Juan Carlos Bernal Sanabria de una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
SEXTO.- ADVERTIR al señor Juan Carlos Bernal Sanabria que debe acudir
a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente para reconocer
el pago de los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el
tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada, si considera que tal
derecho le asiste.
SÉPTIMO.- REVOCAR el fallo de fecha 9 de marzo de 2011, proferido por
el Diecisiete Penal Municipal con Función de control de Garantías de Bogotá en
el trámite del proceso de tutela T-3.039.796. En su lugar, CONCEDER, por
las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada de la señora
Blanca Eduviges Camacho Bermúdez y, en consecuencia, ORDENAR a la
empresa a la empresa Farmatodo Colombia S.A., por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apta para
trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud,
realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del
plan de salud ocupacional, reintegrar a la señora Blanca Eduviges Camacho
Bermúdez, si ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y
bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud de la
trabajadora, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
OCTAVO.- ORDENAR a la empresa Farmatodo Colombia S.A., el reconocimiento y pago a favor de la
señora Blanca Eduviges Camacho
Bermúdez de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
NOVENO.- ADVERTIR a la señora Blanca Eduviges Camacho Bermúdez que debe
acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente para reconocer
el pago de los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el
tiempo que fue desvinculada de la empresa demandada, si considera que tal
derecho le asiste.
DÉCIMO.- REVOCAR el fallo de fecha 2 de marzo de 2011, proferido por
el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín, el cual confirmó el dictado
por el Juzgado Doce Civil Municipal de Medellín, el 20 de enero de 2011 negando
la tutela solicitada por el señor Arlén Fabián López Sánchez en el trámite del
proceso T-3.042.443. En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los
términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida
digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor  Arlén Fabián López
Sánchez y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa Incopac S.A. por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de los tres (3) días siguientes a la
notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta
de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo
para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el
desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar al señor Arlén Fabián López
Sánchez, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y
bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
DÉCIMO PRIMERO.-
ORDENAR a Incopac S.A., el reconocimiento y pago a favor del
señor Arlén Fabián López Sánchez de una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO SEGUNDO.-
ADVERTIR al señor Arlén Fabián López
Sánchez que debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la
competente para reconocer el pago de las salarios y demás prestaciones que dejó
de percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada, si
considera que tal derecho le asiste.
DÉCIMO TERCERO.-
REVOCAR el fallo de fecha 16 de marzo
de 2011, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Espinal, el
cual confirmó el dictado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Flandes,
el 23 de febrero de 2011 negando la tutela solicitada por el señor Alberto
Rondón Pava en el trámite del proceso de tutela T-3.045.131. En su lugar, CONCEDER,
por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor
Alberto Rondón Pava y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa Temporales
Uno-A S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces
que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los tres (3) días
siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica
que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede
hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que
tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al
señor Alberto Rodón Pava, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al
que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud
actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
DÉCIMO CUARTO.-
ORDENAR a la empresa Temporales Uno-A
S.A., el reconocimiento y
pago a favor del señor Alberto
Rodón Pava de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO QUINTO- ADVERTIR al señor Alberto Rodón Pava que debe
acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente para reconocer
el pago de los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el
tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada, si considera que tal
derecho le asiste.
DÉCIMO SEXTO.- REVOCAR el fallo de fecha 30 de marzo de
2011, proferido por el Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Bogotá en el
trámite del proceso de tutela T-3.048.045. En su lugar, CONCEDER como
por las razones y en los términos de esta sentencia,  el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor
Leonardo Buitrago Quintero y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa Quad
Graphics Colombia S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga
sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de los tres (3)
días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración
médica que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que
puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con
la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al
señor Leonardo Buitrago Quintero, si él está de acuerdo, a un cargo igual o
superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su
estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social.
DÉCIMO SÉPTIMO.-
ORDENAR a la empresa Quad Graphics Colombia
S.A, el reconocimiento y pago a favor del señor Leonardo Buitrago
Quintero de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO OCTAVO.- ADVERTIR al señor Leonardo Buitrago Quintero que debe acudir a
la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta la competente para reconocer el
pago de los salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el
tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada, si considera que tal
derecho le asiste.
DÉCIMO NOVENO.- REVOCAR el fallo de fecha 8 de abril de
2011, proferido por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá el
cual confirmó el dictado por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil Municipal de
Bogotá, el 22 de febrero de 2011 negando la tutela solicitada por la señora
Gloria Inés Cubides Gutiérrez en el trámite del proceso de tutela T-3.060.850.
En su lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta
sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la
estabilidad laboral reforzada de la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez y, en
consecuencia, ORDENAR a la empresa Soplascol Ltda., por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la
presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apta para
trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud,
realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del
plan de salud ocupacional, reintegrar a la señora Gloria Inés Cubides Gutiérrez,
si ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando
cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social.
VIGÉSIMO.-
ORDENAR a la empresa Soplascol Ltda.,
el reconocimiento y pago a favor de la
señora Gloria Inés Cubides
Gutiérrez de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del inciso
2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
VIGÉSIMO
PRIMERO.- ADVERTIR a la señora Gloria
Inés Cubides Gutiérrez que debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por
ser esta la competente para reconocer el pago de los salarios y demás
prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue desvinculada de la
empresa demandada, si considera que tal derecho le asiste.
VIGÉSIMO
SEGUNDO.- REVOCAR el fallo de fecha
22 de marzo de 2011, proferido por el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de
Bogotá el cual confirmó el dictado por el Juzgado Veinte y uno Civil Municipal
de Bogotá, el 7 de febrero de 2011 negando la tutela solicitada por la señora
Olga Lucía Venegas Garzón en el trámite del proceso de tutela T-3.064.179. En
su lugar, CONCEDER, por las razones y en los términos de esta sentencia,
el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad
laboral reforzada de la señora Olga Lucía Venegas Garzón y, en consecuencia, ORDENAR
a la empresa Flores Calima Ltda., por intermedio de su representante legal
o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de
los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar a la
señora Olga Lucía Venegas Garzón, si ella está de acuerdo, a un cargo igual o
superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su
estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud de la trabajadora, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social.
VIGÉSIMO
TERCERO.- ORDENAR a la empresa Flores
Calima Ltda., el
reconocimiento y pago a favor de la señora Olga Lucía Venegas Garzón de una indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
VIGÉSIMO CUARTO.-
ADVERTIR a la señora Olga Lucía
Venegas Garzón que debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser
esta la competente para reconocer el pago de los salarios y demás prestaciones
que dejó de percibir durante el tiempo que fue desvinculada de la empresa
demandada, si considera que tal derecho le asiste.
VIGÉSIMO QUINTO.-
LÍBRENSE por la Secretaría General de
esta Corporación, en cada uno de los procesos, la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
|Secretaria
General
[1] Véanse, entre otras, las sentencias T-198 del 16 de marzo de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1038 del 4 de diciembre de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[2] Véase, Sentencia T-576 del 14de octubre de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[3] M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[4] Véase, Sentencia T-871 del 21 de julio de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] Véase, Sentencia T-1167 del 17 de noviembre de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[6] Ibídem.
[7] Véase, Sentencia T-337 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[8] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[9] Véase, Sentencia T-129 del 24 de febrero de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra.
[10] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[11] Véanse, Sentencias T-1040 del 27 de septiembre de 2001y T-256 del 24
de marzo de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-1183 del 24 de noviembre de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Véase, Sentencia T-351 del 5 de mayo de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[13] “El artículo 5 de la Ley 361 de 1997 ‘Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan
otras disposiciones’, establece que para hacerse acreedores a la protección
legal especial que consagra, es necesaria la previa calificación médica que
acredite la discapacidad.  Dice: ‘Las personas con limitación deberán aparecer
calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud,
ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas
promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva limitación
en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario de
afiliación la información respectiva y la verificarán a través de diagnóstico
médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.’
[14] “El artículo 13 de la Constitución establece:‘El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.’
[15] “En efecto, en Sentencia SU-480 del 25 de septiembre
de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación manifestó que: ‘La
realización del servicio público de la Seguridad Social (art. 48) tiene como sustento un sistema normativo integrado no solamente
por los artículos de la Constitución sino también por el conjunto de reglas en
cuanto no sean contrarias a la Carta. Todas esas normas contribuyen a la
realización del derecho prestacional como status activo del Estado. Es decir,
el derecho abstracto se concreta con reglas y con procedimientos prácticos que
lo tornan efectivo. Lo anterior significa que si se parte de la base de que la
seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la
igualdad material y el Estado social de derecho, se entiende que las reglas
expresadas en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos no están para restringir
el derecho (salvo que limitaciones legales no afecten el núcleo esencial del derecho),
sino para el desarrollo normativo orientado hacia la optimización del mismo, a
fin de que esos derechos constitucionales sean eficientes en gran medida. Es
por ello que, para dar la orden con la cual finaliza toda acción de tutela que
tenga que ver con la salud es indispensable tener en cuenta esas reglas
normativas que el legislador desarrolló en la Ley 100/93, libro II y en los decretos, resoluciones y acuerdos pertinentes. Lo importante es visualizar que la
unidad de los principios y las reglas globalizan e informan el sistema y esto
debe ser tenido en cuenta por el juez de tutela’.
[16] “Recuérdese que los trabajadores forman parte de una empresa, la
cual se encuentra sujeta a la dirección, manejo y coordinación del
correspondiente empresario (artículo 25 del C.Co). Por ello, en estos casos,
debe apelarse a la adopción de medidas de protección que no limiten irrazonable
o desproporcionadamente los derechos a la libertad de empresa y a la libertad
de establecimiento.”
[17] Véase, Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[18] T-1040 del 27 de septiembre de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[19] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[20]Ibídem.
[21] Véase, Sentencia T-198 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[22] M.P. Mauricio González Cuervo.
[23] Sentencias T-1101 del 18 de octubre de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-739 del 1 de diciembre de 1998. M.P.  Hernando Herrera Vergara.
[24] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[25] Según esta sentencia entre las características sobresalientes de las
cooperativas de trabajo asociado se encuentran: la asociación voluntaria y
libre de personas, igualdad de los cooperados, ausencia de ánimo de lucro,
organización democrática, trabajo de los asociados, desarrollo de actividades
económico-sociales, solidaridad en la compensación o retribución y autonomía
empresarial.
[26] T-632 del 1 de julio de 2004. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[27] T-962 del 7 de octubre de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentaría.
[28] M.P. Mauricio González Cuervo
[29] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil
[31] Esta Corporación con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad
presentada contra la expresión “por un término de seis (6) meses prorrogable
hasta por seis (6) meses más” contenida en el numeral 3 del artículo 77 de la Ley 50 de 1990 en Sentencia C-330 de 1995 consideró que ese límite temporal para que los
usuarios de las empresas de servicios temporales contraten con éstas, es
constitucional pues su finalidad es proteger a los trabajadores para que las
empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores temporales, con perjuicio
de los permanentes.
[32] Sentencia T-889 de agosto 26 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[33] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, N° 1019 de septiembre 19 de 1991, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[34] Veáse, Sentencia C- 079 del 29 de febrero de 1996, M. P. Hernando Herrera Vergara.
[35] Véanse, entre otras, la Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[36] M.P. Hernando Herrera Vergara.
[37] Véase, Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[38] Véase, Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil
[39] M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[40] M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[41] Esta comunicación fue conocida, según la empresa
accionada, el 10 de diciembre de 2010, fecha en la cual ya había terminado el
vínculo laboral del señor Bernal Sanabria.
[42] El citado documento fue conocido por la empresa
accionada el 25 de noviembre de 2010.
[43] En la Carta de despido de fecha 3 de diciembre de 2010, textualmente dice:
“Me permito informarle
que Aje Colombia S.A., ha decidido dar por terminado su contrato de trabajo en
forma unilateral y sin justa causa al finalizar la jornada del día 03 de
diciembre del presente año. La anterior decisión se tomó como fundamento en la
facultad prevista en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, que subrogó el artículo 64 del C.S.T.”
[44] Según la empresa Temporales Uno-A S.A., el cargo de
Supernumerario tiene como propósito apoyar las necesidades de la empresa
usuaria, realizando labores de distintos cargos.
[45] El 14 de enero de 2003, el señor Leonardo Buitrago Quintero y la
empresa Quad Graphics, en eses entonces con la razón social de Quebedor World
Bogotá S.A., suscribieron un contrato individual de trabajo a término fijo
inferior a un año. Posteriormente, el 18 de febrero de 2004, celebraron un
otrosí al citado contrato modificando la duración del mismo, al estipular que
sería a término indefinido.
[46] Véase, Sentencia T-118 del 16 de febrero de 2010. MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[47] Inicialmente, a la trabajadora se le notificó que su contrato de
trabajo finalizaría el 30 de enero de 2011.
[48] Durante la vigencia del contrato de trabajo de la señora Olga
Lucía Venegas Garzón con Flores Calima Ltda., iniciado el 9 de marzo de 2009 y
terminado el 19 de noviembre de 2010, la empresa le realizó a la trabajadora
los siguientes llamados de atención: el 3 de noviembre de 2009, porque no se
presentó a trabajar el día 27 de octubre de 2009; el 18 de enero de 2010 por la
actitud altanera y agresiva al dirigirse al personal administrativo; el 15 de
abril de 2010 por cuanto el día jueves 15 de abril de 2010 se presentó a
trabajar a las 9:57 a.m.; el 27 de abril de 2010 como consecuencia de la
ausencia en los días 8 y 9 de abril del citado año; el 30 de abril de 2010 en
razón de que no allegó la incapacidad médica que según la señora Venegas Garzón
le fue concedida esa fecha; el 9 de junio, nuevamente por ausencia, en la
jornada laboral del día 6 de mayo de 2010; el 13 de julio de la mencionada
anualidad por el comportamiento grosero frente al Gerente de la Compañía cuando el funcionario le solicitó los documentos relacionados con las
recomendaciones médicas que se han emitido en su caso.
[49] En la interpretación de estudios de imagenología practicada a
la señora Olga Lucía Venegas Garzón, el 3 de noviembre de 2010 se lee
textualmente: “El estudio es demostrativo de alteración de la intensidad de
señal a nivel de la porción  mas distal del tendón del Supraespinoso hallazgo
en relación con avulsión incompleta a este nivel, ruptura parcial de la bursa
subacromio, subdeltoudea bursal subacromial íntegra.”  “CAMBIOS DEGENERATIVOS
SOBRE LA INSERCIÓN DEL MANGUITO ROTADOR”.