C-582-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-582/02
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Accidente de trabajo cuando
transporte lo suministre el empleador
Referencia:
expediente D-3934
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 9 parcial del Decreto 1295 de 1994.
Actor: Elizabeth
Molina Quintero
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL
Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos
mil dos (2002).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, la ciudadana Elizabeth Molina Quintero demandó
parcialmente el artículo 9 del Decreto Ley 1295 de 1994 “por el cual se
determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales.”
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.  NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de
la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Año CXXX
No. 41.405 del 24 de junio de 1994, y se subraya lo demandado:
“DECRETO NUMERO 1295 de 1994
(junio 22)
por el cual se determina la organización y
administración del sistema general
de riesgos profesionales
El Ministro de Gobierno de la República de Colombia, delegatario de
funciones presidenciales otorgadas mediante el decreto 1266 de 1994, en
ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 11 del
artículo 139 de la Ley 100 de 1993
DECRETA:
(…)
CAPITULO II
RIESGOS PROFESIONALES
DEFINICIONES
(…)
Artículo 9o.
Accidente de Trabajo.
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel
que se produce durante la ejecución de  órdenes del empleador, o durante la
ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se
considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los
trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador.”
III.  LA DEMANDA
La demandante considera que el aparte de la
disposición acusada vulnera los artículos 13 y 53 de la Constitución Política
pues, en su criterio, da un trato discriminatorio a los trabajadores que se
trasladen de su residencia al lugar de trabajo en un vehículo no suministrado
por el empleador, al no consagrar como accidentes de trabajo los siniestros que
les puedan ocurrir durante ese recorrido, en tanto que sí lo hace para aquellos
a quienes el empleador les suministre el transporte. En este sentido, afirma
que “la norma impugnada desconoce la igualdad porque establece beneficios
para aquellas personas trabajadores particulares, empleados públicos o
trabajadores oficiales, a quienes el empleador les provee el medio de
transporte”, discriminando a los trabajadores a los que no se les
facilita.
Afirma que los trabajadores que tienen que
buscar por sí mismos el medio de transporte están en situación de desventaja,
pues además de no contar con la comodidad de un vehículo que los traslade a su
lugar de trabajo, son tratados de manera desigual frente a aquellos a quienes
sí se les brinda tal facilidad.
IV.  INTERVENCIONES
1. Intervención del ciudadano Manuel
Guillermo Rueda Serrano
El ciudadano Manuel Guillermo Rueda Serrano
intervino en este proceso con el fin de solicitar que se declare la
exequibilidad del aparte acusado. Sus argumentos son los siguientes:
Luego de hacer un recuento de la evolución
de la noción de accidente de trabajo dentro de la legislación y la
jurisprudencia colombianas, señala que ésta tiene como fundamento la
responsabilidad objetiva del empleador. Así, “si partimos del hecho de que
la teoría del riesgo profesional acogida por el Decreto 1295 de 1994 se basa en
que las actividades generan para quien las realiza un riesgo cuyo daño debe ser
indemnizado por quien ha creado esa actividad y se beneficia de ella, no podría
el legislador considerar como riesgo profesional el accidente que ocurre por
fuera de las actividades creadoras del riesgo, y sin ninguna intervención del
empleador, como ocurre con los accidentes que la demandante pretende sean
considerados laborales.”
En su criterio, la argumentación de la
demandante parte del supuesto erróneo de considerar como laborales todos los
accidentes que ocurran durante el traslado de la residencia al trabajo, o de
éste a la residencia, en medios de transporte comunes no proporcionados por el
empleador. En ese caso, afirma, el riesgo no es creado por el empleador y, en
consecuencia, el accidente no se produce por causa o con ocasión del servicio,
fundamento de la responsabilidad objetiva del empleador. Y continúa: “no es
viable que, so pretexto de una presunta violación al principio de igualdad se
busque equiparar las prestaciones que reconoce el Sistema de Riesgos
Profesionales y el Sistema General de Salud, ni mucho menos se busque convertir
en profesional un evento de origen común, para acceder a las prestaciones que
consagra el Sistema de Riesgos Profesionales.”
2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La ciudadana María de los Angeles Pascual
Hidalgo-Gato, actuando como apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, intervino en este proceso para solicitar la declaratoria de constitucionalidad
del aparte demandado, con fundamento en los argumentos que se exponen a
continuación:
No existe discriminación alguna hacia los
trabajadores que se trasladan a su lugar de trabajo bajo su propio riesgo, pues
éstos se encuentran en unas circunstancias de hecho diferentes de aquellos a
quienes el empleador les suministra el transporte, de modo que es razonable que
el legislador establezca reglas diversas para cada situación.
Sostiene que el Sistema de Riesgos
Profesionales está fundamentado en la posibilidad de creación de un riesgo por
parte del empleador. En esta medida, si en el cumplimiento de las labores el
trabajador sufre un daño, el empleador debe asumir los costos, por tratarse de
una responsabilidad civil específica que “ha evolucionado a un esquema de
‘responsabilidad objetiva’, fundamentado en la ‘creación de un riesgo’ y no en
la existencia de culpa”, riesgo que ha sido trasladado a entidades
especializadas en su administración.
En este orden de ideas, “resulta claro
por qué cuando el transporte lo suministra el empleador, el accidente que
ocurriera se considera profesional, puesto que se trata de un riesgo que le
corresponde a dicho empleador…”
En efecto, cuando el empleador asume el
transporte se produce una “prolongación” de la empresa, de modo que el empleado
sigue estando subordinado y, si sufre un perjuicio en desarrollo de tal
actividad, se hace acreedor de las prestaciones del Sistema de Riesgos
Profesionales. Por el contrario, cuando el empleado asume el transporte bajo su
propia responsabilidad, el patrono no tiene por qué responder por riesgos que
le son completamente ajenos. En consecuencia, la diferencia de trato obedece a
criterios objetivos. Así mismo, es razonable y proporcionada, “pues procura
evitar que los empleadores se sustraigan de su responsabilidad por hechos que
llegaren a perjudicar a los trabajadores sometidos a un medio de transporte que
él eligió.”
3.     Ministerio de Salud
El ciudadano Bernardo Alfonso Ortega Campo,
actuando como apoderado del Ministerio de Salud, intervino en este proceso para
defender la constitucionalidad del aparte demandado, argumentando que para que
un accidente se considere laboral, debe haber ocurrido con ocasión de la
prestación del servicio.
Por tanto, se ha considerado que sólo
cuando el empleador suministre el transporte puede decirse que el siniestro
sucedió con ocasión del servicio. En este sentido, afirma que “considerar
una situación diferente a la consagrada legalmente como accidente de trabajo
sería ampliar el ámbito de la disposición más allá de lo que tradicionalmente
se ha venido considerando  como sitio o lugar de trabajo.”
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACION
El señor Procurador General de la Nación,
en concepto No. 2822 recibido el 14 de marzo de 2002, solicita a la Corte
declarar la exequibilidad del aparte demandado del artículo 9 del Decreto Ley
1295 de 1994. Para defender la constitucionalidad de la disposición acusada
transcribe los argumentos esbozados en el concepto No. 2791, puesto que los
cargos de la demanda son  en esencia los mismos a los presentados dentro del
expediente D-3806.
Afirma que la norma que se acusa
parcialmente no desconoce el principio de igualdad, pues el trato diverso que
le da a los trabajadores a quienes el empleador no  proporciona el transporte,
tiene como fundamento que éstos se encuentran en circunstancias diferentes de
aquellos a quienes sí se les suministra el transporte. En efecto, cuando el
empleador ofrece el medio de transporte, tiene la responsabilidad de prestar de
manera adecuada el servicio, garantizando las condiciones de seguridad
necesarias para los trabajadores que lo utilizan. En esa medida, debe responder
por los daños que los empleados sufran en virtud de tal servicio.
Sostiene que “el Congreso, al configurar
la norma de esta manera, tuvo en cuenta las posibilidades reales de control del
empleador frente a los medios de transporte, situación que no se predica frente
a los vehículos y medios de transporte en que el trabajador se desplaza de su
residencia a su trabajo bajo su cuenta y riesgo, ya que si lo hace en vehículo
particular lo hace bajo su propia responsabilidad y, si es a través de medios
de transporte de servicio público, son las empresas de transporte las que deben
proteger al usuario de estas contingencias y, como tal, el accidente no se
puede considerar como un riesgo profesional.”
En este orden de ideas, cuando sucede un
accidente durante el recorrido del transporte suministrado por el empleador,
éste debe estar protegido laboralmente porque existe una relación directa entre
el empleador, el trabajador y el medio de transporte y, además, porque su causa
y fundamento jurídico se encuentran en el contrato de trabajo. En cambio,
cuando el trabajador se transporta por sus propios medios, el transporte no
tiene ninguna relación con el contrato de trabajo. En ese caso, la relación se
da más bien entre el transportador y el usuario.
Así, el fundamento de la indemnización por
los daños que sufra el trabajador como consecuencia de un accidente consiste en
que el riesgo ha sido creado por el mismo empleador, al suministrar el
transporte a sus empleados. En este orden de ideas, “no existe la
discriminación que plantea el actor (sic), ya que la norma da un trato distinto
a situaciones disímiles y ello justifica la constitucionalidad de la norma.”
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
La Corte es competente para decidir sobre
la constitucionalidad del aparte demandado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 241, numeral 5 de la Constitución, por cuanto hace parte de un
decreto con fuerza de ley dictado por el Presidente de la República en
ejercicio de facultades extraordinarias, conforme a lo consagrado por el
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución[1].
2. Cosa Juzgada
Constitucional
En el presente caso, la demandante considera que la
disposición acusada vulnera de una parte, el derecho a la igualdad consagrado
en el artículo 13 superior, y de otra, los derechos de los trabajadores
(artículo 53 C.P.).
El actor basa la vulneración del derecho a la igualdad en
que el aparte demandado discrimina de manera injustificada a los trabajadores a
quienes su empleador no suministra el medio de transporte, frente aquellos a
quienes sí lo suministra. En este último caso, los siniestros que les puedan
ocurrir durante el recorrido de su residencia al lugar de trabajo y viceversa,
son catalogados como accidentes de trabajo. Por lo tanto, a esta última
categoría se le está ampliando la cobertura frente a las contingencias que
ocurran durante el desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo.
Esta Corporación ya se pronunció sobre la constitucionalidad
del aparte demandado en esta oportunidad, declarándolo exequible frente a los
cargos estudiados en aquella ocasión.
En esa oportunidad, el demandante adujo la
vulneración del derecho a la igualdad, la afectación de los derechos adquiridos
de los trabajadores y la violación del derecho a la seguridad social. Así, la
propia sentencia resumió las acusaciones en los siguientes términos:
“Para
el demandante la expresión “cuando el transporte lo suministre el empleador”
atacada establece una diferencia de trato  sin justificación objetiva y razonable
que vulnera el principio de igualdad (art. 13 C.P.), al tiempo que desconoce
derechos adquiridos y  la garantía del derecho a la seguridad social  y  a la ampliación
de su cobertura para todos los trabajadores (arts.
48  y 53 C.P.).
“Quien
coadyuva la demanda solicita que la Corporación haga unidad normativa  con la
expresión  “cuando el transporte lo suministre la Institución” contenida en  el
Decreto Ley 1716 de 2000, tomando en cuenta que con ella  se generan
consecuencias discriminatorias  no solo en relación con la indemnización que
se recibe en caso de accidente,  sino también  respecto del derecho a pensión
de sobrevivientes en caso de muerte del trabajador.”
Para el accionante la disposición acusada, otorga un
tratamiento discriminatorio que vulnera el derecho a la igualdad (art. 13
C.P.), así como el derecho a la seguridad social (art. 48 C.P.) y los derechos
de los trabajadores consagrados en la Constitución (art. 53 C.P.). Es así
-decía- como la disposición restringe injustamente la categoría de accidente de
trabajo a los casos en que el empleador suministra el medio de transporte,
desprotegiendo a los trabajadores a quienes no se les otorga.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que cada
uno de los cargos formulados por la actora en ejercicio de la presente acción,
fue objeto de estudio en la sentencia C-453 de 2002, a través de la cual se
declaró exequible el aparte “cuando el transporte lo suministre el empleador” contenido en el artículo 9 parcial del Decreto Ley 1295 de
1994.
En dicho fallo, la Corte Constitucional estimó que no había
violación del derecho a la igualdad. Por el contrario, la diferencia de trato
se consideró razonable, pues permite establecer una responsabilidad objetiva
del empleador[2].
Finalmente, y en
relación con el cargo sobre la violación de los artículos 48 y 53 de la
Constitución, esta Corporación encontró que no hubo vulneración, pues el
trabajador que se provee su propio medio de transporte cuenta con otras formas
de garantizar la cobertura de las contingencias que ocurren durante el trayecto
hacia y desde su trabajo[3].
Con base en las anteriores
consideraciones, en sentencia C-453 de 2002 la Corte Constitucional resolvió:
“Declarar
EXEQUIBLE  la expresión “cuando el transporte lo suministre el
empleador” contenida  en el artículo  9  del Decreto Ley 1295 de 1994 “por el
cual se determina la organización y administración del sistema de riesgos
profesionales”, por los cargos analizados en esta Sentencia.”
Visto que esta Corporación en el proceso que culminó
con la sentencia C-453 de 2002, se pronunció sobre el mismo aparte demandado,
por los mismos cargos que hoy se formulan, se corrobora la operancia del
fenómeno de la cosa juzgada constitucional, el cual impide a la Corte
Constitucional volver sobre lo decidido (art. 243 C.P.).
Ante esta circunstancia, sólo resta estarse
a lo resuelto en la sentencia precitada y así se hará.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución
R
E S U E L V E :
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-453 de 2002, que declaró
exequible el aparte “cuando el transporte lo suministre el empleador”
contenida  en el artículo  9  del Decreto Ley 1295 de 1994.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] “ART. 150.- Corresponde al Congreso
hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(…)
10. Revestir, hasta por seis meses, al
Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir
normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública
lo aconseje.
Tales facultades deberán ser solicitadas
expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de
los miembros de una y otra cámara.
El Congreso podrá, en todo tiempo y por
iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el gobierno en uso
de facultades extraordinarias.
Estas facultades no se podrán conferir
para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el
numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos.”
[2] En este sentido, estimó la Corte
que, “…una primera situación se configura por el evento en el que el empleador
resuelve  asumir el transporte de sus trabajadores, lo que implica  el dominio
por su parte de las circunstancias  de modo, tiempo y lugar en que este se
realiza, y una segunda en la que el trabajador por sus propios medios, bien sea
en un vehículo de su propiedad  o en un transporte público,  o en uno privado
acude al trabajo o regresa de el, sin que en este último caso  el empleador
tenga ninguna injerencia sobre las condiciones en que dicho traslado se
efectúa.
Es pues objetivamente una situación diferente la que se
plantea en cada caso, y ello bien podía ser tomado en cuenta por el Legislador
al establecer la definición de accidente de trabajo en los términos señalados
en el artículo censurado.
Si
se advierte además que, como atrás quedó explicado, el sistema de riesgos
profesionales  se basa en  la teoría del riesgo creado, es lógico que  cuando
el transporte lo suministra el empleador, el accidente  que se produzca se
califique de profesional por cuanto  en esa circunstancia se produce una
especie de prolongación de la empresa, en la que  el trabajador, como
subordinado,  está sometido a las condiciones que se le fijen para su
transporte entre el sitio de trabajo y su residencia, razón por la que será el
empleador el llamado a responder por los perjuicios que se llegaren a causar.
Téngase en cuenta que en este caso  el empleador determina y controla las
condiciones en las que se realiza el transporte –elige el tipo de vehículo y el
conductor, establece las condiciones para su uso  y  mantenimiento, señala las
rutas, horarios etc- es decir que puede controlar o al menos circunscribir el
riesgo que crea,  en tanto que cuando  el trabajador se transporta por sus
propios medios ninguno de estos elementos se encuentra bajo su control.
Así
las cosas  el que la disposición demandada señale  como accidente de trabajo el
que ocurra cuando el transporte lo suministre el empleador, no obedece
entonces a  una  determinación caprichosa o irrazonable del Legislador, sino
que responde  a circunstancias precisas que como se ha visto están ligadas a la
posibilidad de establecer una relación directa  entre el hecho acaecido y el
riesgo creado por el empleador al asumir el transporte de sus trabajadores…”
[3] Para la Corte,“…La norma bajo examen, contenida en
las disposiciones referentes  al sistema de riesgos profesionales, no es la
única que ofrece protección al trabajador en caso de un  accidente. Cuando éste
se desplaza  a su lugar de trabajo en un medio de transporte no suministrado
por el empleador y acaece un percance,  el sistema de seguridad social no lo
deja desprotegido  puesto que si bien  no se trata de un accidente de trabajo
deberán  entrar a operar los otros mecanismos establecidos por  la ley 100 en
los sistemas de salud y de pensiones  que deberán  cubrir las prestaciones
asistenciales y económicas  previstas en el régimen común…
“…No
cabe entonces afirmar, como lo hace el demandante que con la expresión
censurada se desconoce el derecho  de los trabajadores a la garantía del
derecho a la seguridad social, pues como se ha visto dicho trabajador
encontrará en los diferentes  regímenes  en los que se subdivide el sistema
integral de seguridad social  las prestaciones necesarias para atender la
situación específica en que se encuentre, sin que necesariamente corresponda al
sistema de riesgos profesionales asumir la totalidad de las mismas.
No sobra recordar al respecto que los derechos
prestacionales, como la seguridad social, son de realización progresiva  y deben
ser  satisfechos con recursos económicos e institucionales limitados[3],
por lo que se ha hecho necesario estructurar un sistema complejo en el que a
través de diferentes mecanismos  e instituciones que se complementan  se busca
llegar paulatinamente a los objetivos imperativos señalados por el
Constituyente en el artículo 48 de la Carta Política…”