T-684-06
Sentencia: T-684/06
Sentencia T-684/06
HABEAS DATA-Contenido protegido/CADUCIDAD DEL DATO-Reglas
jurisprudenciales sobre límite temporal
DERECHO AL HABEAS DATA FINANCIERO Y
RECTIFICACION DE INFORMACION
El derecho al habeas data financiero se manifiesta en
la facultad de rectificación de los datos en cabeza del titular de los mismos.
Esto hace alusión a la posibilidad de exigir (i) que el contenido de la
información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la información que por su
redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones equívocas, (iii) que los
datos puestos a disposición de la base de datos hayan sido obtenidos legalmente
y su publicación se haga mediante canales que no lesionen otros derechos
fundamentales, entre otras exigencias.
PRINCIPIO DE NECESIDAD-Compatibilidad
con caducidad del dato negativo
DATO NEGATIVO-Requisitos para que proceda ante las Centrales de
Riesgo Financiero
HABEAS DATA-Procedencia de la tutela
Procede la tutela para la protección del habeas data
cuando se suministra y divulga en una base de datos, información sobre un
peticionario que no haya dado su autorización para el efecto de manera libre,
previa, expresa y escrita, y cuando tal autorización es empleada para difundir
información con finalidades distintas a las informadas previamente al usuario
del sistema por la entidad financiera correspondiente.
CENTRALES DE RIESGO Y PROTECCION DEL DERECHO
AL HABEAS DATA-Responsabilidades
frente a los usuarios del sistema financiero
Las entidades administradoras de bases de datos
financieros son responsables de que (i) el ejercicio de recolección,
tratamiento y circulación de datos sea razonable y no lesione los derechos
fundamentales de los titulares de la información; (ii) de la incorporación de
los nuevos datos que les sean remitidos, en particular cuando de la inclusión
de dichos datos se deriven situaciones ventajosas para el titular; (iii) de retirar
los datos una vez se cumplan los términos de caducidad de los mismos; (iv) de mantener
separadas las bases de datos que se encuentren bajo su cargo y de impedir
cruces de datos con otros bancos de información; (v) de garantizar la
integridad y seguridad de la información almacenada; (vi) de verificar que la
entidad que le remite datos para divulgación, cuanta con autorización previa,
expresa y escrita del titular del dato para el efecto, y (vii) de informar a
este último que la información será incluida en su fichero.
ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE FENALCO Y BANCO-Finalidad era otorgar créditos pero no se
autorizó reporte por el Banco a Centrales de Riesgo
Aunque FENALCO impartió su aval para que el banco
demandado otorgara varios créditos en ejecución de la alianza estratégica a la
que se ha hecho mención, lo cierto es que no otorgó su consentimiento de la
forma antes explicada para que sus datos negativos fueran reportados a la CIFIN
y a Datacrédito. Ciertamente, no existe ninguna prueba de que su representante
legal haya comprometido de manera expresa y específica la voluntad de la
agremiación en este sentido.
DERECHO AL HABEAS DATA-Caso en que se vulneró al remitir
información negativa sobre FENALCO
La Sala encuentra que el Banco GNB Sudameris y Computec
S.A. efectivamente vulneraron el derecho al habeas data de FENALCO, el primero,
al remitir información negativa sobre la agremiación a la base de datos
administrada por la segunda, sin contar con autorización previa, expresa y
escrita para el efecto de su representante legal, y la segunda, al no haber
verificado que el banco contara con la autorización aludida, antes de divulgar
los datos en comento. La Sala concederá la tutela a los derechos al habeas data
y al buen nombre de FENALCO y, en consecuencia, confirmará la sentencia de
primera instancia en la que se ordenó al Banco GNB Sudameris y la División
Datacrédito de Computec S.A., dentro del término de cuarenta y ocho (48)
siguientes a la notificación del fallo, eliminar los datos negativos de FENALCO
divulgados en la base de datos administrada por esta última entidad.
Referencia: expediente T-1’335.929
Accionante: Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)
Accionado: Banco GNB Sudameris, Asobancaria y Computec S.A.
Magistrado Ponente:
Dr.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Bogotá D.C, diecisiete (17) de agosto de
dos mil seis (2006).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto,
Álvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las sentencias
proferidas por el Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá, el 10 de noviembre de
2005, y por el Juzgado 5° Civil del Circuito de Bogotá, el 29 de enero de 2006.
I. ANTECEDENTES
El 14 de octubre de 2005, la Federación
Nacional de Comerciantes (FENALCO), por intermedio de su representante legal el
señor Guillermo Botero Nieto, interpuso una acción de tutela contra el Banco
GNB Sudameris, la Asociación Bancaria y de Instituciones Financieras
(Asobancaria) y Computec S.A., por la presunta violación de sus derechos
fundamentales al habeas data y al buen nombre, con fundamento en los siguientes
hechos:
1.1 Hechos de la demanda
La sociedad demandante relata que, a
finales del año 2002, entabló diálogos con el Banco Tequendama con el fin de
crear una alianza estratégica para promover la apertura de líneas de crédito
con su respaldo.
Asegura que aunque la alianza referida
nunca se suscribió, entre los años 2003 y 2004, el banco demandado otorgó un
sinnúmero de créditos a personas naturales, en supuesto desarrollo del
convenio.
Indica que varios de los beneficiarios de
tales créditos han incumplido con sus pagos y que, por esta razón, el banco
pretende ahora que FENALCO se haga responsable de los mismos. Agrega que como
se negó a ello, el banco reportó a la entidad ante las centrales de riesgo,
como supuesto avalista de los referidos créditos.
Afirma que ha enviado varias solicitudes al
banco para que se corrija esa información, pero que nunca ha obtenido
respuesta.
Aduce que ante el silencio del banco, el 8
y 9 de agosto de 2005, formuló el reclamo correspondiente ante las centrales de
riesgo Datacrédito –de Computec S.A.- y CIFIN –de Asobancaria-,
respectivamente, dado que –asegura- la información reportada es falsa y el
banco no tiene autorización expresa y escrita de FENALCO para el efecto.
Señala que los días 2 y 22 de septiembre
siguientes, recibió sendas respuestas de Datacrédito y la CIFIN,
respectivamente, en las que le informaron que el banco había confirmado los
datos y que, por tanto, se mantendría el reporte en cuestión.
Asevera que el Director de Operaciones del
banco ratificó la información suministrada a las centrales de riesgo, con
fundamento en un documento en el que no figura la supuesta autorización emitida
por FENALCO.
1.2 Pretensiones
Con fundamento en el anterior relato, la
entidad accionante solicita que se tutelen sus derechos fundamentales al habeas
data y al buen nombre, y, en consecuencia, se ordene al Banco GNB Sudameris
retirar de las bases de datos CIFIN y Datacrédito, así como de cualquier otra,
los datos negativos que haya remitido de FENALCO.
1.3 Argumentos
La entidad demandante asegura que el Banco GNB
Sudameris no podía reportar la información negativa en cuestión, porque no
contaba con autorización suya para el efecto. Agrega que Datacrédito y la CIFIN
tampoco estaban habilitados para divulgar la información aludida, por no reunir
los requisitos que la Constitución exige para ello, estos son, la calidad de la
información –que se trate de información completa, veraz, actualizada e
imparcial- y la autorización expresa y escrita de reporte del titular de la
información.
1.4 Respuesta de las entidades
accionadas
1.4.1 Banco GNB Sudameris
Por medio de memorial del 1° de noviembre
de 2005, el banco referido informó que en junio de 2005, se perfeccionó el
proceso de fusión por absorción del Banco Tequendama S.A., por el Banco GNB
Sudameris, razón por la cual este último asumió todos los derechos,
obligaciones y operaciones bancarias de la sociedad disuelta.
A continuación, relató que el 19 de
noviembre de 2002, los representantes legales del entonces Banco Tequendama y
de FENALCO suscribieron una carta de compromiso para la celebración de una
alianza estratégica para el otorgamiento de créditos por el primero, con el
aval del segundo, a personas que tuvieran o no la calidad de comerciantes
afiliados a la agremiación.
Agregó que la alianza comenzó a funcionar
de la siguiente manera: El banco aprobaba los créditos de los solicitantes de
acuerdo con las diferentes modalidades y líneas de financiación establecidas, a
continuación, se comunicaba con FENALCO para efectos del otorgamiento del aval,
y este último impartía la aprobación mediante la asignación de un código, el
cual era registrado en el formato de solicitud.
Indicó que en el espacio de los formularios
de solicitud de crédito reservado para FENALCO -donde se consignaba el código
del aval- se señalaba que la entidad autorizaba el reporte de cualquier
información a las centrales de riesgo.
En este orden de ideas, sostuvo que no era
cierto que la alianza no se hubiera celebrado y que FENALCO no hubiera otorgado
autorización para ser reportado ante las centrales de riesgo. En consecuencia,
aseguró que no había lugar a retirar los reportes remitidos a estas últimas.
1.4.2 Asociación Bancaria y de
Instituciones Financieras (Asobancaria)
Mediante memorial del 1° de noviembre de
2005, Asobancaria –como administradora de la Central de Información Financiera
CIFIN-, informó que efectivamente en su base de datos aparecen varios reportes
formulados por el Banco GNB Sudameris sobre FENALCO, pero que todos son
positivos.
Por otra parte, resaltó la importancia del
reporte de la información sobre el endeudamiento global de las personas
naturales y jurídicas, para efectos de que las entidades financieras cumplan
con las reglas de cupos individuales de crédito y controlen los niveles de
concentración crediticia. A esto agregó que la regulación de la materia era un
desarrollo del principio constitucional de democratización del crédito.
Precisó que el ser administradora de la
base de datos CIFIN, no la hacía responsable de la exactitud y veracidad de la
información allí registrada, y que los únicos responsables por este concepto,
de conformidad con los artículos 9 y 10 del reglamento de la CIFIN, son quienes
suministran los datos.
Finalmente, afirmó que no se estaba
violando ningún derecho fundamental de FENALCO, ya que todos los registros que
figuraban en la CIFIN en su nombre eran positivos.
En consecuencia, solicitó que se denegaran
las pretensiones de la demanda en lo que a ella respectaba.
1.4.3 Computec S.A.
La División Datacrédito de Computec S.A.,
en escrito de fecha 1° de noviembre de 2005, afirmó que, en efecto, en su base
de datos aparecen varios reportes negativos de FENALCO, de conformidad con la
información suministrada por el Banco GNB Sudameris. Agregó que la entidad
actora ha formulado varios reclamos con ocasión de dicha información, de los
cuales ha  corrido traslado oportuno al banco, quien ha confirmado los datos.
Por otra parte, aseguró que Computec sólo
recopilaba la información suministrada por sus suscriptores sobre la situación
crediticia general e histórica de sus clientes, previa autorización escrita y
voluntaria de los mismos, y que se limitaba a ingresar la información en el
banco de datos, tal como la recibe.
Precisó que el vínculo que da origen al
reporte tiene origen entre el titular de los datos y la entidad suscriptora,
razón por la cual, cuando se presenta un reclamo en relación con la veracidad
de la información que figura en el fichero o con la falta de autorización para
publicarla, Datacrédito corre traslado del mismo a la entidad respectiva para
que se pronuncie al respecto dentro de los términos fijados por el código de
conducta de la entidad.
Por último, aseguró que las discrepancias
que existen entre FENALCO y el Banco GNB Sudameris sobre la existencia de la
alianza que el segundo afirma dio lugar al otorgamiento de los créditos
aludidos, y sobre la autorización para reportar la información sobre dicha
relación a las centrales de riesgo, deben ser resueltas por las instancias
judiciales ordinarias.
En este orden de ideas, solicitó que se
denegara la solicitud de amparo promovida en su contra.
1.5 Decisiones judiciales que se revisan
1.5.1 Primera instancia
Mediante sentencia del 10 de noviembre de
2005, el Juzgado 24 Civil Municipal de Bogotá concedió la tutela al habeas data
de FENALCO, por estimar que el Banco GNB Sudameris no había seguido el
procedimiento que acordó en la carta de compromiso suscrita con la demandante,
para efectos de otorgar los créditos. Al respecto, aseguró que de conformidad
con dicha carta, las solicitudes de aval debían haberse tramitado por escrito y
no por vía telefónica.
A esto agregó que el banco no había
aportado copia de los documentos en los cuales FENALCO concedía su autorización
de reporte en cada uno de los créditos otorgados.
Por estas razones, concluyó que el banco
demandado no contaba con autorización expresa del titular del dato para
reportarlo ante las centrales de riesgo, razón por la cual concedió el amparo y
le ordenó, junto a Computec –División Datacrédito-, corregir la información
negativa reportada.
1.5.2 Impugnación
En comunicación del 21 de noviembre de
2005, el Banco GNB Sudameris impugnó el fallo de primera instancia, bajo los
siguientes argumentos:
En primer lugar, indicó que el a-quo no
había valorado adecuadamente el contenido de la carta de compromiso referida,
ya que en ésta –aseguró- se encuentra la autorización expresa y escrita del
reporte que extrañó el despacho.
En segundo lugar, manifestó que en la misma
carta no se prevé el procedimiento que el juez exigió para el otorgamiento de
los avales por parte de FENALCO, pues en el documento nunca se indicó que el
mismo debiera ser expreso y escrito.
En tercer lugar, sostuvo que la
autorización de reporte a las centrales de riesgo dada por FENALCO, se
encuentra en el formato destinado a consignar los códigos de aval de cada
crédito, copia de uno de los cuales se suministró a la primera instancia a modo
de ejemplo.
En cuarto lugar, adujo que FENALCO no podía
desconocer su carácter de avalista de los créditos otorgados con fundamento en
la alianza estratégica aludida, el cual aceptó al asignar códigos de aval a
cada uno y al expedir la factura respectiva para el cobro de su comisión por
los mismos.
Por último, aseguró que adjuntaba otro
formato donde el representante legal de FENALCO había dado su autorización
expresa al banco para ser reportado a las centrales de riesgo, el cual
respaldaba sus anteriores argumentos.
De esta manera, solicitó que se revocara el
fallo de primera instancia y que, para el efecto, se tuviera en cuenta todo el
material probatorio que aportó ante el a-quo y el formato que anexaba a
su impugnación.
1.5.3 Segunda instancia
En sentencia del 29 de enero de 2006, el
Juzgado 5° Civil del Circuito de Bogotá revocó la decisión de primera instancia
y negó el amparo solicitado por FENALCO, ya que consideró que la controversia
versaba sobre los términos de ejecución de la alianza estratégica que esta
entidad y el Banco Tequendama –ahora Banco GNB Sudameris- celebraron para que
el segundo otorgara créditos con el aval del primero, asunto que no
correspondía dilucidar al juez de tutela.
En consecuencia, sostuvo que debía ser la
jurisdicción ordinaria la que determinara, de conformidad con un examen
probatorio completo, si con ocasión de los avales que concedió FENALCO para que
el banco otorgara algunos créditos, había dado su autorización para ser
reportado ante las centrales de riesgo.
1.6 Pruebas relevantes
a.
Copia de la carta
enviada el 27 de junio de 2005, por el Vicepresidente Jurídico de FENALCO, al
Presidente del Banco Tequendama, solicitándole clarificar sus cuentas con la
entidad y levantar el reporte negativo enviado a la CIFIN (fol. 16 C. 2).
b.
Copia de la carta
enviada el 21 de febrero de 2005, por el Vicepresidente Jurídico de FENALCO, al
Presidente del Banco Tequendama, informándole (i) que el banco no había enviado
a la entidad la información adecuada sobre el proceso de concertación que
estaban adelantando; (ii) que como había sido establecido desde el principio,
la imputación de los pagos que realizaran los deudores del banco se haría
primero a capital, luego a la comisión de FENALCO y, por último, a intereses
–corrientes o moratorios-; (iii) que FENALCO consideraba que el rendimiento
reportado por el banco -2,5%- del capital que éste había colocado en el mercado
-$6.000 millones- era a todas luces irreal y no se compadecía con la verdad de
los hechos; (iv) que el compromiso que el banco había adquirido con FENALCO
para dar claridad a las cuentas, era “(…) separar, del total del dinero
colocado, lo que correspondía a capital, a comisiones de FENALCO y a intereses
corrientes y moratorios cobrados a los deudores”, trabajo que –aseguraba-
no había sido realizado en debida forma por el primero, lo cual impedía llegar
a un entendimiento sobre las cifras; (v) que estaba preocupado por la falta de
respuesta a la comunicación enviada por FENALCO al banco, el 11 de noviembre de
2004, mediante la cual le solicitaba retirar el reporte negativo enviado a la
CIFIN; (vi) que insistía en la necesidad de que el banco actualizara el estado
de cartera de los deudores, y (vii) que le recordaba que por orden del mismo
banco, FENALCO había suspendido el cobro de cartera directamente (fols. 17 y 18
C. 2).
c.
Copia del reporte
enviado el 25 de julio de 2005, por la Jefe de la Unidad de Atención al Público
de Asobancaria, al Presidente de FENALCO, sobre la información que reposa sobre
la entidad en su base de datos. En el documento consta que existen varios
reportes formulados por el Banco GNB Sudameris (fols. 19 a 45 C. 2).
d.
Copia de la carta
enviada el 22 de julio de 2005, por el Director Jurídico de Computec, a
FENALCO, informándole la historia de los créditos de la entidad que existía en
su base de datos. Según este documento, existen 674 registros de moral
reportados por el Banco GNB Sudameris (fols. 46 y 47 C. 2).
e.
Copia de la comunicación
de fecha 30 de agosto de 2005, mediante la cual el Director Jurídico de
Computec – División Data Crédito informó a FENALCO (i) que en su base de datos
existían 561 registros de mora remitidos por el Banco Sudameris, (ii) que
debido a lo manifestado por la entidad, había generado un reclamo al banco, el
cual debía responder en el término de 10 días hábiles, y (iii) que una vez el
banco rectificara la información, procedería a modificar su base de datos (fol.
48 C. 2).
f.
Copia de la carta
enviada por el Director Jurídico de Computec – División Data Crédito, a
FENALCO, comunicándole que el Banco Sudameris había ratificado los registros
negativos referidos (fol. 49 C. 2).
g.
Copia de la carta
enviada el 26 de septiembre de 2005, por el Jefe de la Unidad de Atención al
Público de la CIFIN, al Presidente de FENALCO, con el fin de ponerlo en
conocimiento de la respuesta emitida por el Banco Sudameris en relación con la
solicitud de rectificación de los registros negativos de la entidad. En la
referida carta, el Director de Operaciones del banco demandado suministra copia
de un formulario de solicitud de crédito en el que asegura se encuentra el aval
impartido por FENALCO (fols. 50 a 55 C. 2).
h.
Copia del formulario
“Solicitud de crédito y pagaré para financiación de matrículas” No. 3215791,
del Banco Tequendama. Al final del documento aparece un “espacio exclusivo para
FENALCO”, en el que figura el nombre del funcionario Rodrigo Robles como quien
aprueba la operación, el código de aval 1010281, y una cláusula que indica “Avalamos
la obligación contenida en el presente pagaré y desde ahora convenimos y
aceptamos anticipadamente todas sus prórrogas, novaciones y renovaciones”.
Además, en el pagaré aparece una cláusula del siguiente tenor (fols. 77 y 78 C.
2):
“AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE EN
CENTRALES DE RIESGO
Autorizo (autorizamos) expresa e
irrevocablemente con carácter permanente, al BANCO TEQUENDAMA S.A., a quien
represente sus derechos u obstente en el futuro la calidad de acreedor para que
con fines estadísticos de información comercial y de evaluación de riesgos en
la realización de negocios financieros y de operaciones activas de crédito
reporte, procese, solicite, consulte y divulgue a la Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de Colombia, a cualquier otra entidad que maneje o
administre bases de datos con los mismos fines o a cualquier institución
sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, todo lo
relativo al nacimiento, modificación y extinción de obligaciones que directa o
indirectamente tenga contraídas o vigentes  hasta la total extinción de las
obligaciones a mi (nuestro) cargo por cualquier medio legal y después de ello
durante el plazo máximo que para el efecto autoricen la ley y la
jurisprudencia”.
i.
Copia de la carta de
compromiso de fecha 19 de noviembre de 2002, mediante la cual los
representantes legales del Banco Tequendama –Carlos Iván Vargas Perdomo- y de
FENALCO –Sabas Pretelt de la Vega- se comprometieron a lo siguiente:
“Los abajo firmantes, por medio del
presente documento manifestamos nuestra voluntad de celebrar una alianza
estratégica entre el BANCO TEQUENDAMA y FENALCO con el fin de desarrollar un
producto consistente en la apertura de líneas de crédito por parte del BANCO
TEQUENDAMA a ser utilizadas por distintas entidades aprobadas por el BANCO
TEQUENDAMA tengan o no la calidad de comerciantes afiliados a FENALCO.
Para el cumplimiento de lo anterior,
FENALCO se compromete a avalar los pagarés otorgados a favor del BANCO
TEQUENDAMA S.A. para instrumentar todas las operaciones de crédito
desembolsadas en desarrollo de la mencionada Alianza Estratégica. Será
condición previa para que FENALCO avale los mencionados pagarés, que EL BANCO
le haya consultado a FENALCO y que éste haya impartido su confirmación o
autorización, previo el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y
condiciones previstas por FENALCO y que serán comunicadas a EL BANCO por
escrito.
La presente carta de compromiso se suscribe
con el fin de iniciar la operación previamente a la estructuración y firma de
los contratos respectivos, de tal forma que a más tardar el próximo 15 de
diciembre de 2002 las partes formalicen el o los respectivos(s) contrato(s)
marco en el (los) que se establezcan los compromisos adquiridos por las partes
y las condiciones generales en las que se desarrollará la operación.
El presente compromiso constituye un
acuerdo único entre las partes y por consiguiente a partir de sus suscripción
por las partes, deja sin efecto cualquier otro documento suscrito con
anterioridad a la firma de la presente comunicación.” (fol. 79 C. 2).
j.
Reporte de la
información de FENALCO registrada en la base de datos de Asobancaria, de fecha
1° de noviembre de 2005. En este documento aparecen varios reportes del Banco
GNB Sudameris, pero ninguno en mora (fols. 84 a 86 C. 2).
k.
Reporte de la
información de FENALCO registrada en la base de datos de Data Crédito, de fecha
31 de octubre de 2005. En este documento figuran varios registros de mora como
avalista formulados por el Banco GNB Sudameris (fols. 111 a 139 C. 2).
l.
Reporte de la
verificación del estado de los reclamos formulados por FENALCO a Data Crédito,
por la información remitida por el Banco GNB Sudameris a la base de datos (fol.
140 a 183 C. 2).
m.
Copia de la carta de
fecha 4 de mayo de 2004, por medio de la cual el Director Nacional de
Fenalsistemas de FENALCO remitió al Banco Tequendama la factura No. 41400, que
aseguró corresponde a “(…) las comisiones generadas durante el mes de Marzo
por los avales otorgados en los créditos educativos (…)” (fol. 191 C. 2).
n.
Copia de la factura No.
41400, expedida en mayo de 2004 por FENALCO, a nombre del Banco Tequendama, por
concepto de comisiones (fol. 192 C. 2).
o.
Copia del documento
“Oferta de contrato de utilización  de tarjeta de pago la agencia de viaje
Aviatur S.A. y Banco Sudameris Colombia S.A.”, por medio del cual FENALCO
formuló oferta comercial al Banco Sudameris Colombia “(…) para celebrar
contrato para la utilización  de una tarjeta de pago de Agencias de Viaje (…)”.
El documento no tiene fecha ni firma del representante legal de la entidad
(fol. 2087 C. 2).
p.
Copia de los
formularios “Solicitud individual de seguro, grupo vida deudores” de Liberty de
Seguros S.A. y el Banco Tequendama, suscritos por las personas que el banco
demandado asegura solicitaron créditos en ejecución de la alianza estratégica
que suscribió con FENALCO. En estos documentos no figura ningún código de aval
otorgado por FENALCO (C. 3, 4, 5, 6 y 7).
q.
Copia de los formularios
“Solicitud de crédito y pagaré FENALCO-Microsoft”, mediante los cuales las
siguientes personas solicitaron créditos al Banco Tequendama con el aval de
FENALCO: Compañía Checa Automotriz S.A. –aval No. 1589590-, Identificar Ltda.
-aval No. 1560910-Colegio J. Verder Murphy -aval No. 1575676-, Todos los avales
fueron otorgados por Víctor Hugo Fonseca-. En estos formularios aparece una
cláusula de autorización para consulta y reporte en centrales de riesgo similar
a la trascrita en el literal h de este acápite (fols 72 a 79 C. 3.).
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
2.1 Competencia
Esta Corte es competente de conformidad con
los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
para revisar el presente fallo de tutela.
2.2 Procedencia de la acción de tutela
Antes de analizar el problema jurídico que
plantea el presente proceso, la Sala considera necesario pronunciarse sobre la
procedencia de la tutela promovida por FENALCO, toda vez que ésta se dirige
contra personas jurídicas particulares.
De acuerdo con los artículo 5 y 42 del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra particulares (i)
cuando éstos están encargados de la prestación del servicio público de
educación, de salud, o cualquier servicio público domiciliario, (ii) cuando
existe una relación de indefensión o subordinación entre el demandante y el
demandado, (iii) cuando el particular viole o amenace violar el artículo 17
superior, (iv) cuando el accionante solicita la protección de su derecho al
habeas data, (v) cuando se reclama la rectificación de informaciones inexactas
o erróneas, y (v) cuando el accionado actúa en ejercicio de funciones públicas.
La demanda bajo estudio encuadra dentro de
la cuarta hipótesis antes referida, de manera que la solicitud de amparo
resulta procedente.
2.3 Problema jurídico
Una vez analizada la procedencia de la
acción, corresponde a la Sala determinar si los derechos fundamentales al buen
nombre y al habeas data de FENALCO fueron vulnerados por el Banco GNB Sudameris
y por Asobancaria y Computec S.A., el primero, al remitir información negativa
sobre el demandante a las centrales de riesgo administradas por las otras
entidades demandadas, sin contar con autorización expresa, específica y escrita
del mismo para el efecto, y las segundas, al ingresar dicha información en sus
bases de datos, a pesar de que el tutelante ha informado que es falsa y que
quien reporta no tiene autorización expresa para ello.
Para resolver la cuestión, la Sala se ocupará, en
primer lugar, del contenido protegido del derecho al habeas data de conformidad
con la Constitución y la jurisprudencia de esta Corporación, en segundo lugar,
de las condiciones que esta Corte ha fijado para que proceda el reporte de
datos negativos ante las centrales de riesgo financiero y, por último, del
papel que desempeñan las entidades que administran dichas bases de datos en
materia de protección de los derechos al buen nombre y al habeas datas de las
personas reportadas a las mismas.
2.4 El contenido protegido del derecho al habeas data
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente en
materia financiera
Según el artículo 15 superior, el derecho al habeas
data comprende la facultad que tiene cualquier persona de conocer, actualizar y
rectificar toda información que se relacione con ella y que se recopile o
almacene en bancos de datos de entidades públicas o privadas.[1]
Su consagración como derecho fundamental busca
garantizar que la información referida y almacenada en las bases de datos
públicas o privadas respete la libertad y demás garantías constitucionales de
los ciudadanos.
Ahora bien, uno de los eventos en los que este derecho
adquiere mayor relevancia, es el relacionado con la recopilación de información
en bases de datos creadas para establecer perfiles de riesgo de los usuarios
actuales y potenciales del sistema financiero.
Ciertamente, estos bancos de datos, como lo ha
reconocido la jurisprudencia de esta Corporación[2], juegan un
papel importante para que la actividad financiera –declarada de interés público
por el artículo 335 de la Constitución- pueda desarrollarse con el menor riesgo
posible –en particular, para disminuir los riesgos de créditos otorgados y no
amortizados-, con el fin de proteger los recursos del ahorro del público y
garantizar el desarrollo normal de la actividad económica.
En este contexto, la posibilidad del titular de la
información de reclamar la protección de su derecho al habeas data adquiere las
siguientes manifestaciones:
En primer lugar, el titular del dato tiene derecho a
conocer la información sobre él remitida a los bancos de datos. Esta derecho, a
su vez, comprende la posibilidad de exigir que se le informe en qué base de
datos aparece reportado, así como su naturaleza y propósito de la misma, y de
acceder y verificar el contenido de la información recopilada.
Cuando aquel encuentre que no ha dado autorización
para el reporte, o que las condiciones en las que está recopilada la
información no se compadecen con la autorización que otorgó, entonces está
facultado para reclamar la exclusión del dato.
En segundo lugar, el titular de la información tiene
el derecho de actualización, el cual se refiere a la facultad de solicitar que
toda nueva información –principalmente aquella relacionada con el cumplimiento
así sea tardío de sus obligaciones- sea ingresada de manera inmediata al banco
de datos. Esto se justifica en el hecho de el reporte de mora en los bancos
referidos significa en la práctica una marginación del agente de los productos
que ofrece el sistema financiero, particularmente, del acceso al crédito.
No obstante, el almacenamiento de nuevos datos
positivos no significa que el ciudadano tenga derecho a que el dato negativo
anterior sea retirado de inmediato. Lo anterior, por cuanto la finalidad de los
banco de datos en el marco del sistema financiero es ilustrar el comportamiento
crediticio de los usuarios y, por esta vía, permitir establecer su perfil de
riesgo, razones por las cuales debe permanecer un mínimo de información en el
banco de datos de que se trate.
En este sentido, esta Corporación ha expresado que la
permanencia en las bases de datos de los reportes negativos por el término de
caducidad de los mismos no vulnera el derecho al buen nombre del usuario
reportado, porque se trata de información histórica real y cada persona es
responsable de su historial crediticio.[3]
Sin embargo, los datos negativos reportados tampoco
pueden permanecer de manera indefinida en las mismas, pues ello puede dar
lugar, en la práctica, a sanciones desproporcionadas, principalmente en el
ámbito financiero y comercial fruto de un comportamiento negativo pasado. En
este sentido, dado que el Congreso mediante ley estatutaria no ha fijado el
término de caducidad para el dato negativo, la Corte ha tenido que ocuparse de
la cuestión.
Es así como la Corte ha fijado las siguientes reglas,
que siguiendo la sentencia SU-082 de 1995, fueron correctamente sintetizados en
la sentencia T-565 de 2004 así:
-
Pago voluntario de
la obligación con mora inferior a un año: la información financiera negativa
reportada en la central de riesgo caduca en el doble de tiempo que duró la
mora.
-
Pago voluntario de
la obligación con mora superior a un año: la información financiera negativa
reportada en la central de riesgo caduca en dos años.
-
El pago dentro del
proceso ejecutivo (sin que prosperen excepciones que pongan fin al proceso –
salvo prescripción – y sin que se verifique el pago al momento de notificar el
mandamiento de pago), la información financiera negativa reportada en la
central de riesgo caduca en cinco años.
Más recientemente, en las sentencias T-487 de 2004[4]
y T-1319 de 2005[5], la Corte precisó (i) que
cuando una persona permanece en mora en relación con una obligación, este dato
negativo tendrá una caducidad de 10 años, que es el mismo término de caducidad
de la acción civil ordinaria, el cual debe contarse desde que la obligación es
exigible, y (ii) que cuando el proceso ejecutivo iniciado por la mora de una
persona reportada termina porque prospera la excepción de prescripción, el dato
negativo caducará también en el término de 10 años.
Finalmente, el derecho al habeas data financiero se
manifiesta en la facultad de rectificación de los datos en cabeza del titular
de los mismos. Esto hace alusión a la posibilidad de exigir (i) que el
contenido de la información almacenada sea veraz; (ii) que se aclare la
información que por su redacción ambigua, pueda dar lugar a interpretaciones
equívocas, (iii) que los datos puestos a disposición de la base de datos hayan
sido obtenidos legalmente y su publicación se haga mediante canales que no
lesionen otros derechos fundamentales, entre otras exigencias.
Cuando la información aludida no reúna estas
características, el titular tiene derecho a que la misma sea corregida o, dado
el caso, eliminada de la base de datos.
En adición, aunque el artículo 15 de la Carta no lo
mencione, el titular de la información tiene derecho que no se divulguen datos
que atenten contra su derecho a la intimidad o que lo hagan susceptible de
algún tipo de discriminación.[6] En el marco de las
centrales de riesgo financiero, los datos que se pongan en circulación deben
referirse exclusivamente al comportamiento crediticio de la persona, lo que la
jurisprudencia de la Corporación ha denominado como principio de necesidad.[7]
2.5 Requisitos para que proceda el reporte de datos
negativos ante las centrales de riesgo financiero
En la sentencia SU-082 de 1995[8],
la Corporación preciso que el núcleo esencial del derecho de habeas data está
integrado, por una parte, por el derecho a la autodeterminación informática y,
por otra, por la garantía de la libertad, en general, y por la libertad
económica, en particular.
Tal autodeterminación comprende la facultad que tiene
cualquier persona de controlar la recolección, uso y divulgación de ciertos
datos sobre ella, de conformidad con las regulaciones legales. Por su parte, la
garantía de la libertad del titular de la información se traduce en que los
datos puestos en circulación sean ciertos y que su divulgación sea fruto de una
autorización expresa y específica proveniente del titular.
En lo que atañe a los requisitos que debe reunir tal
autorización para efectos del reporte, la Corte ha señalado que ésta debe ser
libre, previa, expresa, escrita y proveniente del titular del dato.[9]
En este sentido, ha precisado que el acudir a una
entidad financiera para solicitar un servicio, la autoriza para revisar la
situación patrimonial del solicitante, pero no para divulgar lo que conoce de
él en razón o por ocasión del servicio que presta. Lo anterior, ya que para que
pueda divulgar tales datos, debe contar con autorización previa, explicita y
concreta del titular del dato para el efecto, y sólo puede hacerlo con el fin
de preservar la estabilidad económica que comporta la sanidad general del
crédito .[10]
En adición, ha sostenido que cuando una persona otorga
autorización a una entidad para divulgar su historia crediticia en los términos
antes expuestos, tal autorización “(…) i) debe entenderse otorgada por el
tiempo que los datos resulten pertinentes para enjuiciar los hábitos de pago y
la solvencia patrimonial de sus titulares, y ii) sólo puede abarcar datos
ciertos sobre obligaciones dinerarias insolutas, líquidas y exigibles”.[11]
Los anterior, por cuanto “(…) los datos
vetustos, caducos e inciertos no determinan el nivel real actual de respuesta
patrimonial de cada usuario del sistema, y en razón de que es la certeza sobre
las obligaciones realmente impagadas la que permite a quien analiza una
solicitud de crédito emitir juicios objetivos de cumplimiento”.[12]
Con fundamento en estas consideraciones, en la
sentencia T-022 de 1993, la Corporación concedió la tutela a un demandante de
quien circulaban datos personales de contenido crediticio sin su consentimiento
en una base de datos. La Corporación encontró entonces que para "favorecer
una plena autodeterminación de la persona" y ante la "omisión
de obtener la autorización expresa y escrita del titular para la circulación
de sus datos económicos personales", era necesario ordenar a
la central de información financiera en cuestión el bloqueo de las datos
personales del actor.
Posteriormente, en la sentencia T-729 de 2002[13],
la Corte analizó la tutela interpuesta por un ciudadano contra el Departamento
Administrativo de Catastro (Alcaldía Mayor de Bogotá) y la Superintendencia
Nacional de Salud, debido a que estas entidades tenían bases de datos en
internet sobre predios ubicados en Bogotá y afiliaciones al sistema de salud, a
las que cualquier persona podía tener acceso. El actor alegaba que la
existencia de dichas bases violaba su derecho a la intimidad y ponía en riesgo
su vida y la de los miembros de su familia. La Corporación concedió el amparo
solicitado porque estimó que el tutelante no había otorgado su autorización
para que sus datos figuraran en las bases de datos referidas –así como ninguna
otra persona cuyos datos figuraban allí mismo-.
Más recientemente, en la sentencia T-592 de
2003[14], la Corte concedió la
tutela a varias personas a quienes, a pesar de haber pagado voluntariamente sus
obligaciones, se les seguía reportando como morosas. La decisión se basó en que
la Corporación que encontró que las autorizaciones que habían otorgado los
accionantes a las entidades demandadas para el efecto, no reunían los
requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional en la materia y,
además, habían sido utilizadas indebidamente.
En efecto, a juicio de la Corporación, si
bien los demandantes habían concedido autorización a las entidades financieras
demandadas para reportar sus datos negativos a las centrales de riesgo financiero,
tales autorizaciones, por haberse otorgado con antelación a la existencia del
dato adverso y por su carácter de abiertas y accesorias a las operaciones de
crédito, “(…) no denota[ban] un real consentimiento de los otorgantes, ni
indi[caban] el cabal respeto de sus libertades y demás garantías
constitucionales, en cuanto no estuvieron acompañadas de la información
oportuna sobre su utilización, aparejada del alcance del reporte, ni de su
contenido y tampoco del nombre y ubicación de la encargada de administrar la
información”.[15]
En resumen, procede la tutela para la protección del
habeas data cuando se suministra y divulga en una base de datos, información
sobre un peticionario que no haya dado su autorización para el efecto de manera
libre, previa, expresa y escrita, y cuando tal autorización es empleada para
difundir información con finalidades distintas a las informadas previamente al
usuario del sistema por la entidad financiera correspondiente.
2.6 Las responsabilidades de las centrales de riesgo
en materia de protección del derecho al habeas data de los usuarios del sistema
financiero
Las centrales de riesgo, en el marco del sistema
financiero, son centros de acopio y almacenamiento de datos relacionados con el
comportamiento financiero de los usuarios del sistema. Éstas son administradas
por personas jurídicas –normalmente-, quienes se encargan además de su
actualización y ampliación, en virtud de contratos que celebran con entidades
crediticias para el efecto.
Dichas bases de datos pueden ser públicas –aquellas
donde los datos almacenados están a disposición del interesado-, privadas
–normalmente son las elaboradas internamente por cada entidad- y por
suscripción –aquellas conformadas por una entidad que vende el servicio de
consulta y reporte a entidades financieras y de otros tipos-.
Es común que las bases de datos relacionadas con
información financiera se identifiquen con estas dos últimas modalidades,
debido a que se trata de una información reservada que sólo debe estar a
disposición de los directos interesados: las entidades financieras para
establecer el perfil de riesgo de sus usuarios actuales o potenciales.
Ahora bien, esta Corporación ha sostenido que, en
primera instancia, el sujeto pasivo del derecho al habeas data es quien utiliza
el sistema de almacenamiento de datos personales, es decir, la entidad que
formula los reportes al banco de datos y consulta la información allí acopiada
para efectos establecer perfiles de riesgo de sus usuarios actuales y
potenciales.[16]
En este sentido, tratándose de bases de datos a las
que se tiene acceso por suscripción, quienes contratan el servicio son los
encargados de remitir la información actualizada sobre sus usuarios, mientras
quienes las administran, se encargan de ingresar y actualizar la información
que reciben.
No obstante, esto no significa que las entidades
administradoras de las bases de datos no tengan responsabilidades importantes
en materia de protección del derecho al habeas data de los titulares de la
información que ingresan en las mismas. En este sentido, esta Corporación ha
hecho importantes precisiones:
En primer lugar, ha indicado que el ejercicio de
recolección, tratamiento y circulación de datos debe ser razonable, con el fin
de respetar la libertad individual y las demás garantías constitucionales[17].
En segundo lugar, ha señalado que en virtud del
principio de incorporación, cuando de la inclusión de datos personales en
determinadas bases deriven situaciones ventajosas para el titular, la entidad
administradora está en la obligación de ingresarlos, de manera que está
prohibido negar la incorporación injustificada a la base de datos.[18]
En tercer lugar, ha aseverado que, de conformidad con
los términos de caducidad antes analizados, debe retirar los datos una vez
éstos se cumplan. En este orden de ideas, está prohibida la conservación
indefinida de los datos después de que han desaparecido las causas que
justificaron su acopio y administración.[19]
En cuanto lugar, ha afirmado según el principio de
individualidad, las administradoras deben mantener separadas las bases de datos
que se encuentren bajo su cargo, de tal forma que no les es permitido realizar
cruces de datos con informaciones provenientes de otras bases de datos.[20]
En quinto lugar, ha precisado que las administradoras
de estos bancos de datos también son garantes de la seguridad e
invulnerabilidad de las mismas. Por tanto, son responsables de que la
información almacenada no llegue a manos de personas no autorizadas, y que la
información que administran no sea alterada ilegalmente.
Por último, ha argüido que quienes administran estos
bancos están en la obligación de (i) verificar que la entidad que les remite
datos para divulgación, cuenta con autorización previa, expresa y escrita del
titular del dato para el efecto, y (ii) de informar a este último que la
información será incluida en su fichero.[21]
En suma, las entidades administradoras de bases de
datos financieros son responsables de que (i) el ejercicio de recolección,
tratamiento y circulación de datos sea razonable y no lesione los derechos
fundamentales de los titulares de la información; (ii) de la incorporación de
los nuevos datos que les sean remitidos, en particular cuando de la inclusión
de dichos datos se deriven situaciones ventajosas para el titular; (iii) de retirar
los datos una vez se cumplan los términos de caducidad de los mismos; (iv) de mantener
separadas las bases de datos que se encuentren bajo su cargo y de impedir
cruces de datos con otros bancos de información; (v) de garantizar la
integridad y seguridad de la información almacenada; (vi) de verificar que la
entidad que le remite datos para divulgación, cuanta con autorización previa,
expresa y escrita del titular del dato para el efecto, y (vii) de informar a
este último que la información será incluida en su fichero.
2.7 Caso
concreto
En la presente oportunidad, la Sala Sexta de Revisión
de la Corte Constitucional concederá la tutela al habeas data de FENALCO y, en
consecuencia, revocará el fallo dictado en segunda instancia por el Juzgado 5°
Civil del Circuito de Bogotá, y confirmará el proferido en primera por el Juzgado
24 Civil Municipal de Bogotá, por las siguientes razones:
2.7.1 Prueba de la existencia de una alianza
estratégica entre FENALCO y el Banco GNB Sudameris para el otorgamiento de
créditos por el segundo con el aval del primero
Para comenzar, la Sala observa que existen pruebas
suficientes para concluir que el contrato que FENALCO y el Banco Tequendama –hoy
Banco GNB Sudameris- prometieron celebrar para el otorgamiento de créditos por
el segundo con el aval del primero, sí se perfeccionó, pues pese a que no fue
suscrito por los representantes legales de dichas personas jurídicas, por
tratarse de un contrato consensual –y no solemne-, la voluntad de las partes
así lo hizo al comenzar a ejecutar la relación comercial.
En efecto, de conformidad con la copia del documento
“carta de compromiso” suscrito por los representantes legales de FENALCO y el
Banco Tequendama (fol. 79 C. 2) y allegado al proceso por la entidad demandada
-el cual no fue objetado ni tachado de falso por la entidad demandante-, la
Sala encuentra que el 19 de noviembre de 2002, estas dos personas jurídicas se
comprometieron a suscribir una alianza estratégica con el fin de crear una
línea de créditos para comerciantes afiliados y no afiliados a la primera, los
cuales serían otorgados por el banco y avalados por la misma. En dicho
compromiso, las partes convinieron que la operación comenzaría a implementarse
inmediatamente, mientras a más tardar el 15 de diciembre del mismo año,
suscribían los contratos correspondientes.
Para la concesión de los créditos, las partes
acordaron que el banco consultaría a FENALCO y que éste impartiría su aprobación
cuando lo considerara –cuando estimara que la solicitud cumplía la totalidad de
los requisitos que fijaría para el efecto y que se comprometió a comunicar al
banco-, con lo cual se entendería avalaba los pagarés que los beneficiarios de
los créditos otorgaran a favor del primero.
No obra prueba en el expediente de que el contrato
prometido se hubiera suscrito. No obstante, la Sala advierte que la alianza
estratégica sí comenzó a operar y con fundamento en ella el Banco Tequendama
–ahora Banco GNB Sudameris- otorgó varios créditos con el aval de FENALCO, como
lo demuestran las siguientes pruebas:
Según la copia del formulario “Solicitud de crédito y
pagaré para financiación de matrículas” remitido al juez de primera instancia
por el banco accionado (fols. 77 y 78 C. 2), FENALCO avaló el crédito que fue
concedido al señor Kevin Londres Díaz Lecompte para financiar su matrícula en
la Universidad Rafael Núñez de Cartagena, en el programa de derecho. En efecto,
en el espacio reservado para FENALCO del formulario de solicitud de crédito de
esta persona, aparece un código de aval y el nombre de un funcionario que el
banco indicó pertenece de FENALCO, quien vía telefónica, el 22 de diciembre de 2003,
asignó el código.
En adición, de acuerdo con los formularios “Solicitud
de crédito y pagaré FENALCO-Microsoft” aportados por el demandado (fols. 72 a
79 C. 3), en ejecución del mismo convenio el Banco Tequendama otorgó créditos a
las firmas Compañía Checa Automotriz S.A., Colegio J. Verder Murphy e
Identificar Ltda., los cuales fueron también avalados por FENALCO, mediante la
asignación de un código de confirmación.
Dado que el FENALCO no cuestionó la autenticidad de
estos documentos ni desmintió haber asignado los referidos códigos, la Sala
encuentra probado que los avales referidos efectivamente fueron emitidos.
Adicionalmente, la conclusión de que la referida
alianza se perfeccionó es confirmada por los siguientes documentos:
·
La copia de la carta
enviada el 21 de febrero de 2005, por el Vicepresidente Jurídico de FENALCO, al
Presidente del Banco Tequendama, informándole (i) que el banco no había enviado
a la entidad la información adecuada sobre el proceso de concertación que
estaban adelantando; (ii) que como había sido establecido desde el principio,
la imputación de los pagos que realizaran los deudores del banco se haría
primero a capital, luego a la comisión de FENALCO y, por último, a intereses
–corrientes o moratorios-; (iii) que FENALCO consideraba que el rendimiento
reportado por el banco -2,5%- del capital que éste había colocado en el mercado
-$6.000 millones- era a todas luces irreal y no se compadecía con la verdad de
los hechos; (iv) que el compromiso que el banco había adquirido con FENALCO
para dar claridad a las cuentas, era “(…) separar, del total del dinero
colocado, lo que correspondía a capital, a comisiones de FENALCO y a intereses
corrientes y moratorios cobrados a los deudores”, trabajo que –aseguraba-
no había sido realizado en debida forma por el primero, lo cual impedía llegar
a un entendimiento sobre las cifras; (v) que estaba preocupado por la falta de
respuesta a la comunicación enviada por FENALCO al banco, el 11 de noviembre de
2004, mediante la cual le solicitaba retirar el reporte negativo enviado a la
CIFIN; (vi) que insistía en la necesidad de que el banco actualizara el estado
de cartera de los deudores, y (vii) que le recordaba que por orden del mismo
banco, FENALCO había suspendido el cobro de cartera directamente (fols. 17 y 18
C. 2).
·
La copia de la carta
enviada el 4 de mayo de 2004, por el Director Nacional de Fenalsistemas de
FENALCO, al Banco Tequendama, remitiéndole la factura No. 41400, que aseguró
corresponde a “(…) las comisiones generadas durante el mes de Marzo por los
avales otorgados en los créditos educativos (…)” (fol. 191 C. 2).
·
La copia de la factura
No. 41400, expedida en mayo de 2004 por FENALCO, a nombre del Banco Tequendama,
por concepto de comisiones (fol. 192 C. 2).
La autenticidad de estos documentos, su contenido, ni
la finalidad que el Banco GNB Sudameris indicó tenían –solicitar aclaraciones
sobre el estado de cuenta de los deudores de los créditos otorgados en
ejecución de la alianza referida y cobrar las comisiones que por concepto de la
concesión de los mismos créditos tenía FENALCO- tampoco fueron controvertidos
por la agremiación accionante, de manera que son también prueba de la ejecución
de la alianza.
Las anteriores pruebas llevan a la Sala a concluir que
pese a la alianza estratégica que FENALCO y el Banco GNB Sudameris prometieron
celebrar el 19 de noviembre de 2002, no fue suscrita por los representantes
legales de las entidades, sí se perfeccionó por la voluntad de las mismas, la
cual se manifestó en el otorgamiento de varios créditos por el banco con el
aval la agremiación accionante.
2.7.2 Inexistencia de autorización previa, expresa y
escrita de FENALCO para ser reportado por el banco demandado a las centrales de
riesgo financiero
Lo anterior era perfectamente posible por tratarse de
un negocio jurídico de tipo consensual; sin embargo, tal consensualidad no
puede extenderse a la autorización para que FENALCO fuera reportado a las
centrales de riesgo cuando los deudores principales de los créditos entraran en
mora, como a continuación se explica.
De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación
-como ya fue expuesto- para que una entidad financiera pueda reportar datos
negativos de sus deudores o usuarios a centrales de riesgo como la CIFIN y
Datacrédito, estos últimos, es decir, los titulares de los datos, deben dar su
autorización para el efecto de manera libre, previa, expresa y escrita.
En la presente oportunidad, aunque FENALCO impartió su
aval para que el banco demandado otorgara varios créditos en ejecución de la
alianza estratégica a la que se ha hecho mención, lo cierto es que no otorgó su
consentimiento de la forma antes explicada para que sus datos negativos fueran
reportados a la CIFIN y a Datacrédito. Ciertamente, no existe ninguna prueba de
que su representante legal haya comprometido de manera expresa y específica la
voluntad de la agremiación en este sentido, como a continuación se analiza:
En primer lugar, la Sala encuentra que en la carta de
compromiso suscrita por el representante legal de FENALCO y del Banco
Tequendama –única prueba que cuenta con la firma del representante legal de
FENALCO-, el 19 de noviembre de 2002, nada se mencionó sobre esta cuestión,
como se puede observar en al siguiente trascripción del documento:
“Los abajo firmantes, por medio del
presente documento manifestamos nuestra voluntad de celebrar una alianza
estratégica entre el BANCO TEQUENDAMA y FENALCO con el fin de desarrollar un
producto consistente en la apertura de líneas de crédito por parte del BANCO
TEQUENDAMA a ser utilizadas por distintas entidades aprobadas por el BANCO
TEQUENDAMA tengan o no la calidad de comerciantes afiliados a FENALCO.
Para el cumplimiento de lo anterior,
FENALCO se compromete a avalar los pagarés otorgados a favor del BANCO
TEQUENDAMA S.A. para instrumentar todas las operaciones de crédito
desembolsadas en desarrollo de la mencionada Alianza Estratégica. Será
condición previa para que FENALCO avale los mencionados pagarés, que EL BANCO
le haya consultado a FENALCO y que éste haya impartido su confirmación o
autorización, previo el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y
condiciones previstas por FENALCO y que serán comunicadas a EL BANCO por
escrito.
La presente carta de compromiso se suscribe
con el fin de iniciar la operación previamente a la estructuración y firma de
los contratos respectivos, de tal forma que a más tardar el próximo 15 de
diciembre de 2002 las partes formalicen el o los respectivos(s) contrato(s)
marco en el (los) que se establezcan los compromisos adquiridos por las partes
y las condiciones generales en las que se desarrollará la operación.
El presente compromiso constituye un
acuerdo único entre las partes y por consiguiente a partir de sus suscripción
por las partes, deja sin efecto cualquier otro documento suscrito con
anterioridad a la firma de la presente comunicación.” (fol. 79 C. 2).
En segundo lugar, si bien en los formularios de
solicitud de crédito de Kevin Londres Díaz Lecompte, Compañía Checa Automotriz
S.A., Colegio J. Verder Murphy e Identificar Ltda. –los cuales fueron avalados
por FENALCO- se consignó una cláusula de autorización para consulta y reporte a
las centrales de riesgo[22], está no estaba
comprendida dentro del aval otorgado por FENALCO, por las siguientes razones:
Primero, porque en el espacio reservado para FENALCO
en los formularios, expresamente se indicó que el aval sólo comprendía el título
valor –pagaré- que los deudores principales otorgaban a favor del banco para
respaldar sus obligaciones, y no las demás cláusulas del contrato de mutuo,
como se puede observar en la siguiente trascripción:
“Avalamos la obligación contenida en el
presente pagaré y desde ahora convenimos y aceptamos anticipadamente todas sus
prórrogas, novaciones y renovaciones”
Segundo, porque aunque en gracia de discusión se
aceptara que FENALCO avaló los pagarés y las cláusulas del contrato de mutuo,
lo cierto es que los documentos en comento no contienen la firma del
representante legal de la entidad, requisito indispensable para otorgar la
autorización referida a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación.
Por otra parte, considera la Sala que la autorización
de reporte contenida en las copia del documento “Oferta de contrato de
utilización de tarjeta de pago la agencia de viaje Aviatur S.A. y Banco
Sudameris Colombia S.A.”, por medio del cual FENALCO formuló oferta comercial
al Banco Sudameris Colombia “(…) para celebrar contrato para la utilización
de una tarjeta de pago de Agencias de Viaje (…)”(fol. 2087 C. 2), pueda
justificar los reportes negativos objeto de esta controversia, por cuanto (i)
dicha autorización se refiere específicamente al contrato de utilización de
tarjeta de pago que FENALCO ofreció celebrar, y (ii) el documento carece de
fecha y firma, de manera que es incierto si fue expedido de manera posterior a
la celebración del convenio en mención y si efectivamente fue firmado por el
representante legal de la entidad actora.
Finalmente, cabe anotar que el banco accionado
suministró copia a la segunda instancia de muchos otros formularios de
solicitudes de créditos que aseguró habían sido avalados por FENALCO. No
obstante, la Sala observa que en ninguno de ellos hay un espacio específico
para el aval de FENALCO, no figura un número de aval asignado, tampoco el
nombre de funcionario alguno de la misma entidad que hubiera dado la
autorización para la concesión del crédito, ni mucho menos la firma de su
representante legal. Por tanto, estima que, para lo que interesa a efectos de
resolver la presente controversia, tampoco constituyen prueba de que la entidad
peticionaria haya dado su autorización para ser reportada ante las centrales de
riesgo financiero.
2.7.3 Conclusión
En suma, (i) dentro del expediente obra prueba de que
la alianza estratégica que los representantes legales de FENALCO y el Banco
Tequendama –hoy Banco GNB Sudameris- prometieron celebrar en documento suscrito
el 19 de noviembre de 2002, se perfeccionó por el simple acuerdo de voluntades
de las partes –que se manifestó en el otorgamiento de varios créditos con el
aval de FENALCO-, toda vez que se trataba de un negocio consensual; (ii) no
obstante, no existe prueba de que la agremiación demandante haya otorgado
paralelamente autorización previa, expresa y por escrito al banco accionado,
para que fuera reportada a las centrales de riesgo financiero cuando los
deudores principales de los créditos que respaldó incumplieran sus pagos.
Lo anterior, por cuanto, (a) en la carta de compromiso
suscrita por los representantes legales de FENALCO y del Banco Tequendama para
la celebración de la alianza referida -único documento que cuenta con la firma
del representante legal de FENALCO-, nada se mencionó al respecto, y (b) el
respaldo que FENALCO dio a varios créditos concedidos por el banco, no
comprendía la cláusula de autorización de reporte de datos negativos a las
centrales de riesgo financieras. Esto, ya que, primero, en el espacio reservado
para FENALCO en los formularios de solicitud de los créditos aludidos,
expresamente se indicó que el aval sólo comprendía el título valor otorgado por
los deudores principales a favor del banco en respaldo de su obligación, y no
las cláusulas del contrato de mutuo, entre las que estaba incluida una de
autorización de consulta y reporte de datos a dichos bancos. Segundo, porque
aunque en gracia de discusión se aceptara que el aval comprendía la cláusula
referida, en todo caso los documentos respectivos no fueron suscritos por el
representante legal de FENALCO, como lo exige la jurisprudencia de esta
Corporación.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que el Banco
GNB Sudameris y Computec S.A. efectivamente vulneraron el derecho al habeas
data de FENALCO, el primero, al remitir información negativa sobre la
agremiación a la base de datos administrada por la segunda, sin contar con
autorización previa, expresa y escrita para el efecto de su representante
legal, y la segunda, al no haber verificado que el banco contara con la
autorización aludida, antes de divulgar los datos en comento.
No ocurre lo mismo respecto del banco de datos que
administra Asobancaria –Central de Información Financiera CIFIN-, por cuanto en
respuesta a la demanda que dio lugar al presente proceso, esta entidad aseveró
que sólo había recibido reportes positivos de FENALCO provenientes del banco
accionado.
Así las cosas, la Sala concederá la tutela a los
derechos al habeas data y al buen nombre de FENALCO y, en consecuencia,
confirmará la sentencia de primera instancia en la que se ordenó al Banco GNB
Sudameris y la División Datacrédito de Computec S.A., dentro del término de
cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación del fallo, eliminar los datos
negativos de FENALCO divulgados en la base de datos administrada por esta
última entidad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: Revocar la sentencia proferida el 29 de enero de 2006, por el
Juzgado 5° Civil del Circuito de Bogotá y, en su lugar, confirmar el
fallo dictado el 10 de noviembre de 2005, por el Juzgado 24 Civil Municipal de
Bogotá, en el que se concedió la tutela al derecho al habeas data de FENALCO.
SEGUNDO: Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, la
corporación de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes
para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Ver al respecto las sentencias T-008 de 1993, SU-082 de 1995, T-462 de 1997, T-131 y T-303 de 1998, T-307 y T-857 de
1999, T-527, T-856 y T-1427 de 2000, T-486 de 2002, T-204, T-608 y T-864 de
2004 y T-018 de 2005 y T-204 de 2006, entre otras.
[2] Ver por ejemplo las sentencias T-1319 de 2005, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto y T-204 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentaría.
[3] Ver al respecto la sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango
Mejía.
[4] M.P. Jaime Araujo Rentaría.
[5] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[6] Ver en este sentido las sentencias T-414 de 1992, M.P. Ciro
Angarita Barón, SU-082 y SU-089 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
[7] Ver al respecto la sentencia T-479 de 2002, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[8] M.P. Jorge Arango Mejía.
[9]
Ver al respecto las sentencias T-022 de 1993, T-097 de 1995, SU-082 de 1995,
T-552 de 1997, T-527 de 2000, T578 de 2001 y T-729 de 2003, entre otras.
[10] Ver sentencia T-592 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[11] Cfr. sentencia T-592 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[12] Ibídem.
[13] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[14] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[15] La Corte también estimó que se había vulnerado el derecho al
habeas data de los tutelantes, toda vez que (i) no habían sido debidamente
notificados del reporte, (ii) no se les había concedido la oportunidad de
ejercer su derecho a la rectificación y actualización del dato, y (iii) las
entidades accionadas habían reportado datos erróneos fruto de sus propio
desorden admisnitrativo. Además, en el caso de aquellos a quienes las entidades
financieras accionadas les había entregado un paz  salvo y les había hecho
creer que sus registros negativos desaparecerían, consideró que se había
vulnerado su buena fe.
[16] Ver al respecto la sentencia SU-082 de 1995, M.P. Jorge Arango
Mejía.
[17] Cfr. Sentencia T-577 de
1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta sentencia la Corte
revisó una tutela promovida por una persona que había sido reportada ante la
central de riesgos que administra Asobancaria, como codeudor de una obligación
respecto de la cual (i) la entidad reportante había celebrado un acuerdo con el
deudor principal –la entidad había celebrado un acuerdo concordatario con sus
acreedores-, y (ii) ya había transcurrido el término de caducidad para hacerla
exigible –habían transcurrido más de 12 años-. En el caso concreto, la Corporación
concedió el amparo porque estimó que era desproporcionada e irracional
la conducta del acreedor de omitir la actualización y rectificación de la
información sobre su deudor, contra quien nunca había ejercido las acciones
legales correspondientes y quien había dejado transcurrir los plazos legales
para intentarlo.
[18] Ver al respecto la sentencia T-729 de
2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[19] Ibídem.
[20] Ibídem.
[21] Ver al respecto las sentencias T-199 de 1995, M.P. José Gregorio
Hernández, y T-592 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[22] El texto de la cláusula era el siguiente:
“AUTORIZACIÓN
PARA CONSULTA Y REPORTE EN CENTRALES DE RIESGO
Autorizo
(autorizamos) expresa e irrevocablemente con carácter permanente, al BANCO
TEQUENDAMA S.A., a quien represente sus derechos u obstente en el futuro la calidad
de acreedor para que con fines estadísticos de información comercial y de
evaluación de riesgos en la realización de negocios financieros y de
operaciones activas de crédito reporte, procese, solicite, consulte y divulgue
a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, a cualquier
otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines o a
cualquier institución sometida al control y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria, todo lo relativo al nacimiento, modificación y extinción de
obligaciones que directa o indirectamente tenga contraídas o vigentes  hasta la
total extinción de las obligaciones a mi (nuestro) cargo por cualquier medio
legal y después de ello durante el plazo máximo que para el efecto autoricen la
ley y la jurisprudencia”.