T-296-13
NOTA DE
RELATORIA:  Mediante auto 060 de fecha 2 de marzo
de 2015, el cual se anexa en la parte final de esta providencia, la Corte
ejerce competencia para adoptar decisiones relativas a la aclaración del
sentido de las órdenes dispuestas en la sentencia T-296/13, así como para tomar
determinaciones dirigidas al correcto cumplimiento del objeto de la misma
Sentencia T-296/13
(Bogotá, D.C., 22 de mayo)
ESPECTACULO
TAURINO-Definición
y modalidades legales/ESPECTACULO TAURINO-Regulación legal, según ley
916 de 2004
El espectáculo taurino se encuentra
definido y regulado por el Legislador. Actualmente, rige la Ley 916 de 2004,
“por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”, que erige en norma
legal las reglas relativas a la preparación, organización y desarrollo de tal
actividad, “en garantía de los derechos del público y de cuantos intervienen en
aquellos” (Ley 916 de 2004, Título y artículo). Las modalidades del
“espectáculo taurino” se hallan previstas en la misma Ley 916/04: corridas de
toros, novilladas -con y sin picadores-, rejoneo, becerradas, festivales y
toreo cómico y, finalmente, los espectáculos mixtos, variedades de la actividad
taurina que se adelantan con arreglo al reglamento adoptado por el Legislador.
Así, las “corridas de toros”, el “rejoneo” y las “novilladas”, objeto de las
decisiones administrativas distritales controvertidas por la accionante, son
especies legalmente definidas de este género de espectáculo (Ley 916/04, art.
13).
ESPECTACULO
TAURINO-Ambito
territorial del reglamento taurino/ESPECTACULO TAURINO-Estructura
ESPECTACULO
TAURINO-Escenario
es la Plaza de Toros
ESPECTACULO
TAURINO COMO ACTIVIDAD EXCEPTUADA DE LA PROHIBICION Y SANCION DE ALGUNAS FORMAS
DE MALTRATO ANIMAL
ESPECTACULO
TAURINO EN LA LEGISLACION
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE ESPECTACULO TAURINO-Modulaciones o
condicionamientos a la exequibilidad de la sentencia C-666/10
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE ESPECTACULO TAURINO-Modulaciones de
la sentencia C-666/10 que fija prohibiciones legislativas y administrativas
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE ESPECTACULO TAURINO-Modulaciones de
la sentencia C-666/10 que establece requisitos de modo, lugar y tiempo al
espectáculo
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE ESPECTACULO TAURINO-Modulaciones de
la sentencia C-666/10 directamente dirigida a la protección animal
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE ESPECTACULO TAURINO-Sentencia
C-1192/05 exequibilidad del reconocimiento del espectáculo taurino como
“expresión artística del ser humano”
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE ESPECTACULO TAURINO-Sentencia
C-1192/05 exequibilidad del ámbito espacial de aplicación del Reglamento
taurino “en todo el territorio nacional”
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE ESPECTACULO TAURINO-Sentencia C-1192/05
exequibilidad de la asistencia de “menores de 10 años” a espectáculos taurinos,
en compañía de un adulto/ACCESO DEL MENOR A MANIFESTACIONES DE DIVERSIDAD
CULTURAL
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE ESPECTACULO TAURINO-Sentencia
C-889/12 competencias del legislador y de la autoridad territorial para la
realización del espectáculo taurino
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE ESPECTACULO TAURINO-Sentencia
C-889/12 incompetencia de los alcaldes municipales para “definir la
autorización de la práctica taurina”
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE ESPECTACULO TAURINO-Sentencias
C-1190/05, C-115/06, C-367/06
TAUROMAQUIA
COMO MANIFESTACION CULTURAL Y EL DEBER DE PROTECCION DE LOS ANIMALES
CULTURA
EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE-Protección y fomento
La Corte Constitucional ha establecido
que “el
desarrollo cultural de la Nación y el apoyo a las expresiones artísticas de los
nacionales son objetivos primordialmente perseguidos por el constituyente del
91. En efecto, del texto de la Constitución Política emana un claro interés por
favorecer, promover, reforzar y divulgar los valores culturales como medio
efectivo para consolidar la unidad del territorio colombiano”, de modo que “a
partir de la Constitución de 1991, la cultura no es asunto secundario, ni puede
constituir un privilegio del que disfruten solamente algunos colombianos,
sino que ella ha de extenderse a todos, bajo el entendido de que por constituir
uno de los fundamentos de la nacionalidad su promoción, desarrollo y difusión es
asunto que ha de gozar de la especial atención del Estado”. Destacó igualmente
que han de considerarse como expresiones culturales tanto las mayoritarias
entre la población como las minoritarias, e incluso las que sufran del rechazo
o desafección de algunos hacen parte de la cultura y sirven como sustento de la
nacionalidad, “pues de los artículos como el 7º y el 70 de la Constitución se
deduce que todas las manifestaciones culturales se encuentran en pie de
igualdad ante el ordenamiento jurídico colombiano”.
CULTURA
COMO BIEN CONSTITUCIONAL PROTEGIDO-Interpretación
en el sistema jurídico colombiano
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración por decisión distrital de no
permitir la realización de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros, en
virtud de la terminación unilateral del contrato de utilización del recinto
taurino
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración por falta de competencia de
quien adopta la decisión de prohibir realización de espectáculos taurinos
Ni el marco
legal para la realización de la tauromaquia, el Reglamento Nacional Taurino
(L.916/04), ni los condicionamientos introducidos por la Corte Constitucional
(Sentencia C-666/10), facultan a la administración distrital para imponer la
alteración de la estructura del espectáculo taurino para eliminar la muerte del
toro, como tampoco para impedir la realización de espectáculos taurinos que
cumplieran los requisitos constitucionales y legales. Tomar decisiones
administrativas en cualquiera de estos dos sentidos implica sustraer la
competencia del Legislador en la definición de las condiciones para la
realización de la expresión artística y cultural taurina, y por ende implica la
vulneración del derecho al debido proceso por defecto orgánico.
ACCION
DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO-Reglas jurisprudenciales
ACCION
DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO-Procedencia por
defecto orgánico al no tener competencia la autoridad distrital para prohibir
la realización de espectáculo taurino en la Plaza de Toros
La actuación administrativa se concretó
en la decisión de no permitir los espectáculos taurinos con muerte del animal.
Desatendida por el contratista la condición para la continuidad de la relación
contractual, la administración distrital, invocando la jurisprudencia
constitucional, optó por impedir la realización de corridas de toros con
ejecución del tercer tercio en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá
mediante la terminación anticipada del contrato de uso de la plaza, dejando
abierta la posibilidad de su realización sólo tras la modificación del
contenido.
ESPECTACULO
TAURINO-Competencia
de la autoridad administrativa frente a la realización de espectáculos taurinos
refiere al ejercicio de la función de policía
La función de policía deferida a la
autoridad administrativa respecto de la celebración de eventos taurinos, se
encamina cuanto menos a: (i) hacer cumplir las normas de rango legal vigentes
sobre la realización de los espectáculos públicos en general y taurinos en
particular, destacando especialmente el deber de garantizar la “salubridad, la
seguridad ciudadana y la tranquilidad, que se concreta en la verificación de
los requisitos para la realización del espectáculo exigidos por el Reglamento
Nacional Taurino y de las condiciones en que se adelanta, de conformidad con
las competencias ordinarias de policía; (ii) contribuir, en desarrollo de tal
función de policía, a la realización de los condicionamientos de la sentencia
C-666 de 2010 relativos a la tradición del espectáculo, a la programación
habitual de las fechas o temporadas y a la prohibición de inversiones públicas
en la construcción de plazas de exclusiva destinación taurina.
ESPECTACULO
TAURINO-Alcance
de las competencias administrativas locales frente a la tauromaquia
ESPECTACULO
TAURINO-Reglamento
Nacional Taurino -ley 916/04- como límite a la autoridad
administrativa
REGLAMENTO
NACIONAL TAURINO-Sentencia C-666/04 y la permisión del
espectáculo taurino con muerte del toro
ESPECTACULO
TAURINO-Incompetencia
de la administración distrital para impedir la presentación de espectáculos
taurinos en la Plaza de Toros con muerte de animal
En la sentencia C-666 de 2010 no se
realizó interpretación de la Constitución de la que se desprenda autorización
alguna a las administraciones municipales o distritales donde se practica
tradicional, regular y autorizadamente la tauromaquia, para imponer, por sí
misma e inaplicando la Ley 916 de 2004, alteraciones en la estructura de dicha
expresión artística y cultural. La conclusión fundamental de la sentencia C-666
de 2010, es que la tauromaquia es una actividad compatible con la Constitución
cuando se realiza de acuerdo con los condicionamientos plasmados por la Corte
en la parte resolutiva. Como fácilmente se verifica al analizar estas
condiciones para su realización, bajo ninguna circunstancia se contempló la
eliminación del tercer tercio de la corrida; más bien, se establecieron los
condicionamientos, como medidas dirigidas a compatibilizar la tauromaquia con
el deber de protección animal. Cualquier cambio de estos mínimos legales y
jurisprudenciales del espectáculo taurino, deberá implementarse a través de la
necesaria intervención del poder legislativo para realizar una nueva
ponderación, ya que la Corte Constitucional en su sentencia
C-666/10 determinó que sería necesaria “la actuación del
Legislador, que en cumplimiento de su potestad de configuración normativa debe
regular de manera más detallada la permisión de maltrato animal objeto de
examen constitucional”.
LIBERTAD
DE EXPRESION ARTISTICA-Aspectos generales
LIBERTAD
DE EXPRESION ARTISTICA-Límites
TAUROMAQUIA
Y ESPECTACULO TAURINO COMO FORMA DE EXPRESION ARTISTICA-En la
ley y en la jurisprudencia
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA-Titularidad del
derecho de la Corporación Taurina de Bogotá
La CTB fungía como responsable de la
organización y difusión del espectáculo taurino, esto es, de la realización
efectiva del derecho de libre expresión artística taurina; y en cuanto tal, es
titular de las garantías  jurídicas propias de este derecho fundamental. De
este modo, la protección del organizador y difusor actividad artística,
refuerza el amparo constitucional de las libertades del tauromáquico y de su
público, en tanto la ejecución pública de la tauromaquia potencia efectivamente
la realización del derecho fundamental de libre expresión artística.
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA Y ESPECTACULO TAURINO-Actuaciones
administrativas aplicadas por el IDRD y la Alcaldía de Bogotá que impactaron la
expresión artística taurina
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA-Afectación en
materia taurina
Las decisiones de la administración
frente a la actividad de la CTB se encaminaron a limitar la actividad de
difusión de la expresión artística taurina, de la que se encargaba en la ciudad
de Bogotá, buscando permitir solamente la puesta en escena de espectáculos
taurinos que no contemplaran el tercio de muerte del toro. La desatención de esta
imposición, derivó en medidas que agravaron el constreñimiento a la difusión de
la tauromaquia a cargo de la CTB, impidiendo el uso del escenario público
destinado especialmente a la realización de espectáculos taurinos en la ciudad
de Bogotá. Las medidas adoptadas por la administración distrital, se
constituyen en medidas irrazonables que se encaminaron a afectar de manera
excesiva el ámbito de difusión de la expresión artística a cargo de la CTB. Así,
la decisión del IDRD de dar por concluida la relación contractual con la CTB
para la utilización de la Plaza de Toros en actividades taurina por no aceptar
la supresión de la muerte del toro durante los espectáculos acordados, y el
consiguiente impedimento jurídico para la realización de las temporadas taurinas
habituales, afectó el derecho de libre expresión artística del accionante.
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA-Hipótesis de
censura por autoridad administrativa
Constituiría acto de censura el que las
autoridades administrativas de cualquier nivel territorial, sea nacional,
departamental, distrital o municipal, incluyendo los cuerpos colegiados con
autoridades normativas como Asambleas Departamentales o Concejos, supediten la divulgación
de contenidos expresivos, incluidos los artísticos, a un permiso, autorización
o examen previo, o al recorte, adaptación o modificación del contenido de
acuerdo con sus instrucciones, como también el acto que impida
difundir o tener acceso como público a dichas expresiones artísticas. Solamente
las restricciones a la expresión dispuestas en normas de rango legal o
constitucional, y que sean neutrales frente a los contenidos expresados son
aceptables, puesto que no pretenden la imposición de una visión específica de
lo deseable moral o estéticamente, a cargo de la entidad. Finalmente, las
restricciones al acceso igualitarios a los medios y escenarios de difusión bajo
el control del Estado, constituyen censura.
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA Y ESPECTACULO TAURINO-Vulneración
por restricción a la divulgación o difusión del espectáculo taurino
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO Y DERECHO A LA LIBRE EXPRESION ARTISTICA-Daño
consumado respecto a la temporada taurina de 2013
DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO Y DERECHO A LA LIBRE EXPRESION ARTISTICA-Orden
de restituir de manera inmediata la Plaza de Toros para la realización de
espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina
Referencia: Expediente
T- 3758508.
Accionante:
Corporación Taurina de Bogotá.
Accionado: Alcaldía
Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD.
Fallos de tutela objeto revisión:
Sentencia del 16 de octubre de 2012 del Juzgado
Veinticinco Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó la Sentencia del 8
de agosto de 2012 del Juzgado Cincuenta y Siete Civil
Municipal de Bogotá.
Magistrados de la Sala Segunda de
Revisión: Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado Ponente: MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
I.
ANTECEDENTES.
1.
Demanda de tutela.
1.1. Elementos y
pretensión.
1.1.1. Derechos fundamentales
invocados. La Corporación Taurina de Bogotá (en adelante CTB) presentó
demanda de tutela constitucional contra la Alcaldía Mayor de Bogotá (en
adelante Alcaldía) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (en
adelante IDRD), por considerar vulnerados sus derechos al debido proceso y a la
libertad de expresión artística.
1.1.2. Conducta(s) que causa(n) la
vulneración. (i) Decisión del IDRD de terminar anticipadamente el contrato
que permitía a la CTB el uso de la Plaza de Toros de Santa María (en adelante
la Plaza) para realizar espectáculos taurinos. Igualmente, (ii) la decisión
administrativa de suspender la venta de abonos para la temporada 2013 y la cancelación
de novilladas adelantadas en el marco del Festival de Verano.
1.1.3. Pretensiones de la demanda[1].
Se
ordene a las entidades accionadas dejar sin efectos la Resolución 280 de 2012,
“por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411 de 1999”; también,
el acto administrativo contenido en el oficio 20121010062061 del 26 de abril de
2012, por medio del cual se suspendió la venta de abonos y las novilladas en el
marco del Festival de Verano.
1.2. Hechos relevantes.
1.2.1. El 25 de agosto de 1999 fue
suscrito el contrato de arrendamiento No. 411, entre la CTB y el IDRD, para la
utilización de la Plaza y hacer posible la realización de espectáculos taurinos[2].
Su objeto consistió en entregar la Plaza a la CTB “por
seis (6) fechas durante los meses de enero, febrero y marzo del 2000, fechas
que serán determinadas por EL ARRENDADOR a más tardar el día 15 de diciembre de
1999, en las cuales se organizarán 5 corridas de toros y una novillada con
picadores”[3].
El contrato fue adicionado 6 veces[4], ya
para extender su plazo reiteradamente, adicionar su objeto o para configurarlo
como contrato de mandato -mediante otrosí aclaratorio[5]
del 30 de diciembre de 2003-. Con la última adición -del 16 de febrero de 2011-
se prorrogó el contrato por 4 años, del 31 de marzo de 2011 al 30 de marzo de
2015.
1.2.2. El 14 de enero de 2012, el diario
El Tiempo publicó el artículo de título “Petro abre debate al desaprobar las
corridas de toros”[6].
En él se señala que el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, habría iniciado “el
debate con su propósito de que en el Distrito no se realicen más espectáculos
que contemplan la muerte, como serían las corridas de toros”,
notificando públicamente a la CTB del inicio de una negociación para cambiar la
naturaleza del espectáculo taurino y la revisión del contrato. Por las
declaraciones públicas del Alcalde, la CTB le envió
comunicaciones el 16 de enero y 12 de marzo de 2012, con el fin de que se
realizara una reunión para dialogar sobre el futuro de las corridas en Bogotá. El 24
de enero de 2012, la Alcaldía envió comunicación identificada con el radicado
2-2012-3359, en la que manifestaba su disposición para “dialogar sobre el
futuro de la fiesta brava”[7],
y se confirmó la realización de una primera reunión.
1.2.3. El 17 de abril
de 2012, a petición de la CTB, se sostuvo una reunión con la administración
distrital y funcionarios del IDRD[8]
en la que los servidores de la administración exigieron la eliminación de la
muerte del toro en la corrida como condición para continuar con la ejecución
del contrato 411 de 1999, basados en la Sentencia C-666/10 de la Corte
Constitucional.
1.2.4. El 26 de abril de 2012 el IDRD
envió el oficio 20121010062061 a la CTB, en el que solicitaba “suspender
la venta de abonos correspondientes a la temporada taurina del año 2013 y no
programar las novilladas dentro del marco del festival de verano”[9].
La
CTB
interpuso recurso de reposición en el que argumentó que el artículo 23 de la
Ley 916 de 2004 sólo manda que la empresa encargada del espectáculo informe
previamente al ente administrativo competente del inicio de la venta de abonos[10],
pero que en ningún momento la autoridad tiene competencia para suspenderla.
Además, argumentaron la falta de competencia del IDRD para suspender las
novilladas del Festival de Verano, pues los arts. 14 y 19 de misma ley disponen
que “[p]ara la celebración de espectáculos taurinos en plazas
permanentes bastará únicamente, en todo caso, con la mera comunicación por
escrito”[11],
teniendo en cuenta el carácter de permanente de la Plaza.
1.2.5. El recurso de reposición fue
resuelto desfavorablemente mediante la Resolución 196 del 22 de mayo de 2012[12].
1.2.6. Por diferencias en la
interpretación de la Sentencia C-666 de 2010, se solicitó el concepto de un
experto[13].
El 1° de junio de 2012 se expusieron sus conclusiones, de las cuales destaca
que en la sentencia analizada se reconoció el espectáculo taurino como
espectáculo constitucionalmente admisible en lugares donde constituya una
práctica tradicional, que no se prohibió la muerte del toro y que se dejó la
regulación del asunto en manos del Legislador.
1.2.7. Mediante la Resolución 280 del 14
de junio de 2012[14],
el IDRD dispuso la terminación unilateral del contrato 411 de 1999, mediante el
cual se entregaba a la CTB la utilización de la Plaza de Toros de Santa María
para la celebración de espectáculos taurinos.
1.2.8. La CTB aportó al expediente la
providencia del 12 de julio de 2012 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que en segunda instancia resolvió una acción popular interpuesta
por la Empresa Taurina Toriles en contra del IDRD y la CTB[15].
En ella se decidió que, para proteger los intereses colectivos de la libre
competencia económica y la defensa del patrimonio público, debía terminarse el
Contrato 411 de 1999, en tanto para el mismo, “llámese de concesión o
mandato, [se] requería el agotamiento de un proceso de licitación
pública, en donde varios oferentes pudieran presentar sus propuestas a fin de
obtener la adjudicación de la plaza de toros de (sic) Santa María a la
mejor oferta que se allegara”[16].
Como
consecuencia de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Primera - Subsección A, revocó parcialmente la sentencia del a quo,
y ordenó, en lo pertinente para el presente caso, al “Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, para que dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del presente fallo, de (sic) por terminado el contrato 411
de 1999 con sus prórrogas, suscrito con la Corporación Taurina de Bogotá, en el
evento de que aún el mismo siga vigente”[17].
2. Respuesta del
ente accionado.
2.1. Respuesta de la Secretaría de
Hacienda Distrital – Alcaldía de Bogotá[18].
Destacó la falta de legitimidad en la
causa por pasiva, en tanto la entidad que realmente estaría comprometida en la
situación expuesta por la CTB sería el IDRD, razón por la cual remitió el
asunto a dicha entidad. De otro lado, en su opinión, la acción de tutela no
sería procedente, en tanto lo que se pretende es dirimir controversias
contractuales y solicitar la nulidad de actos administrativos. Señalan
igualmente que no está demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
2.2. Respuesta del IDRD.
2.2.1. Al responder desfavorablemente el
recurso de reposición interpuesto por la CTB contra oficio 20121010062061, en el
que solicitaba “suspender la venta de abonos correspondientes a la temporada
taurina del año 2013 y no programar las novilladas dentro del marco del
festival de verano”[19],
el IDRD, mediante la Resolución 196 del 22 de mayo de 2012[20],
indicó:
- “El IDRD como mandante afirma tener plenas
facultades para orientar sobre la forma de cumplir el encargo encomendado a la
CTB, pudiendo cancelar la venta de abonos y las novilladas del
Festival. Recuerda que la realización de espectáculos taurinos, está sujeta “a
la presentación de una propuesta por parte de la Corporación Taurina de Bogotá
que acoja las indicaciones señaladas por la Corte Constitucional en la
sentencia 666 de 2010, en el sentido de eliminar o morigerar las conductas
crueles en contra de los animales ‘en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección de la fauna’”[21].
-
Alega que con la cancelación de los espectáculos taurinos “es intención del
Instituto y la Administración Distrital proteger los intereses de todos los
ciudadanos en el marco de un Estado Social de Derechos (sic), razón por
la que se pretende que la actividad taurina, como actividad autorizada se
enmarque dentro de las indicaciones efectuadas por la sentencia C 666 de 2010
de la Corte Constitucional, al señalar que puede llevarse a cabo ‘siempre y
cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles
contra de ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y
deberes de protección a la fauna’”[22].
2.2.2. El IDRD expidió la Resolución
280 del 14 de junio de 2012[23]
que dispuso la terminación unilateral del contrato 411 de 1999. De allí se
destaca:
-
Para el IDRD, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del
artículo 7° de la Ley 84 de 1989, que exceptuaba de la noción de crueldad
animal de las corridas de toros mediante Sentencia C-666 de 2010, entendiendo,
entre otras cosas, que “la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989
permite la continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento
con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las
conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna”.
-
El IDRD considera que la realización de corridas de toros en la Plaza, en las
condiciones habituales -que en su opinión implican tortura- son “evidencia
de un nivel de participación de la administración distrital representada por el
IDRD, que se materializa en la promoción de dicha actividad, al entregar bajo
la figura del mandato un bien cuya naturaleza es de uso público, lo cual de
suyo implica una inversión de recursos e infraestructura públicos para promover
esta expresión por parte de una entidad pública (IDRD) excediendo los límites
establecidos por la propia Corte”[24].
Sostienen que “La plaza de toros al ser un bien de interés cultural del
Distrito Capital, cuya naturaleza es de un bien de uso público, no puede
destinarse a “promover” o “fomentar” actividades que incluyan un sufrimiento,
dolor o muerte a los animales, en desarrollo de la sentencia C-666 de 2010”[25].
-
Sostienen que la decisión de revocar el contrato de mandato “para nada
contraviene lo señalado en la Ley 916 de 2004, toda vez que no se están
prohibiendo por parte de la autoridad competente las corridas de toros en el
Distrito Capital, sino en cumplimiento de un mandato constitucional, se está
terminando un contrato de mandato porque su objeto mismo contraviene la orden
de morigerar las torturas y el trato cruel hacia los animales”[26].
2.2.3. Posteriormente, El IDRD contestó
la demanda de tutela, sosteniendo que la alegada vulneración de derechos
fundamentales no ha ocurrido, insistiendo en lo siguiente:
-
Dado que la actividad de la CTB se contrae a actividades netamente
empresariales, la protección de las expresiones artísticas no se predicaría de
ella.
-
Frente al tema contractual, el “actor debe circunscribirse a los mecanismos
ordinarios como son (sic) el adelantamiento de la acción contractual de
conocimiento de las autoridades contencioso administrativas”[27].
-
El “IDRD, no puede, no podía y no podrá prohibir la celebración de
espectáculos taurinos en Bogotá, lo que hizo fue bajo los lineamientos de un
contrato de mandato, emitir las instrucciones y darle los efectos correspondientes,
de conformidad con la legislación que le es aplicable, igualmente como
administrador del escenario público ya mencionado”[28].
-
Destacó frente a la Sentencia C-666 de 2010 que es posible que la autoridad
administrativa realice un control difuso de constitucionalidad, teniendo en
cuenta dos aspectos: (i) que la actividad taurina comporta elementos de no
protección a los animales, en una condición de no acatamiento de la Sentencia
C-666 de 2010, y (ii) el préstamo de la Plaza para la actividad taurina,
comportaría un nivel de participación de la administración distrital, que se
materializa en la promoción de dicha actividad, pues esta requiere dinero para
sus mantenimientos y la garantía de la seguridad del público, especialmente
representada en el reforzamiento estructural de la misma.
-
Sostuvo que “la Administración imparte la instrucción de erradicar todo
maltrato animal en el desarrollo de la actividad en el escenario de la Plaza de
Toros de Santa María de Bogotá, suprimiendo el tercer tercio o suerte suprema”[29],
y luego sostiene que como “la Corporación Taurina de Bogotá no cumplió con
la instrucción impartida por el mandante, se toma la decisión por (sic) dar
por terminado por revocación del mandato a través de la Resolución No 280 de
2012 […]”[30].
-
El IDRD afirma que sus decisiones y actuaciones se dirigen a “generar
cambios en la actividad de la tauromaquia […] encaminados al moderamiento de la
actividad, tal y como ha sucedido en diferentes ciudades del mundo, no viendo
por que (sic) Bogotá deba ser la excepción […]”[31].
-
Para el IDRD, “la actividad taurina está conformada por unos eventos que
tienen una secuencia, sin embargo, estas secuencias denominadas tercios no son
inmodificables como lo pretende hacer ver el accionante en su escrito de tutela
[…]”[32],
y en tanto la tradición que implica el espectáculo taurino no tiene el carácter
inmodificable, fue “la intención de la Administración Distrital conciliar
las expresiones culturales y los deberes de protección a la fauna de
conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional”[33].
-
Para el IDRD, la comprensión de la tradición taurina en Bogotá no puede
extenderse a las novilladas realizadas en el marco del Festival de Verano, pues
“estas se vienen realizando a partir del año 2005”[34].
Lo anterior significaría para la accionada que estas no se constituyen como “manifestaciones
culturales que tengan la vocación de tradición”[35].
3.
Intervención del Ministerio Público[36].
3.1. La Procuraduría General de la
Nación se pronunció, destacando que el Contrato 411 de 1999 “no corresponde
a un contrato de mandato, puesto que para que se tipifique esta clase de
contrato es necesario que el elemento que la gestión de negocios se haga por
cuenta y riesgo del mandante, situación que no se da en este contrato.|| Lo
anterior, puesto que del clausulado del contrato y del contenido obligacional
se puede advertir que el contrato se debe ejecutar por cuenta y riesgo del
contratista o supuesto mandatario […]”[37]. Señaló que
la situación analizada se encuadra realmente en el marco del arrendamiento, y
que el otrosí modificatorio sólo cambió la denominación, no así el clausulado y
el paquete obligacional. Siendo el cambio solo nominal, expuso el Ministerio
Público, no se podría dar aplicación de las normas que regulan el mandato lo
que implica que la Resolución 280 de 2012 estaría viciada de nulidad absoluta.
3.2. Señaló igualmente que las cláusulas
exorbitantes son aplicables a cierta clase de contratos estatales y sólo en
casos taxativos, que no parecen comprender el presente; en todo caso, la
terminación unilateral no podría aplicarse ni en un mandato ni en un
arrendamiento.
3.3. Argumentó la existencia de un
perjuicio irremediable, al considerar que los actos administrativos atacados
implican el irrespeto de una tradición cultural, reconocida en la Ley 916 de
2004, al igual que la afectación concreta que genera la actuación
administrativa sobre la CTB, una entidad con objeto único, a la que se le hizo
imposible ejecutarlo. Argumentó que estas situaciones no pueden mantenerse
durante el trascurso de procesos judiciales que pueden tardar varios años.
4.
Decisiones judiciales objeto de revisión.
4.1. Sentencia del Juzgado Cincuenta y
Siete Civil Municipal de Bogotá[38].
Mediante fallo del 8 de agosto de 2012,
el juez de primera instancia negó el amparo solicitado sosteniendo que en el
presente caso no se probó la vulneración del derecho al debido proceso. Afirma
que “dado que contra los actos administrativos que vulneran un derecho
fundamental particular, procede normalmente la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho (artículo 85 CCA.) y que al emplear dicha vía, el
interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto”[39],
no procedería la acción de tutela, pues en la jurisdicción contencioso
administrativa el accionante tendría la oportunidad de defenderse. Destacó que
el juez de tutela no estaría en capacidad de recopilar las pruebas necesarias
para declarar la terminación o la continuidad del contrato suscrito entre la CTB y
el IDRD, debido “al corto tiempo que posee para resolver tal controversia,
es por esa razón que el Juez natural podrá probar el cumplimiento o
incumplimiento de dicho contrato”[40].
4.2.
Impugnación[41].
La CTB solicitó que se revocara la
sentencia del a quo manifestando que las acciones contencioso
administrativas carecen de la idoneidad necesaria para solucionar el caso
concreto: (i) por cuanto la suspensión provisional del acto administrativo, en
el caso de las acciones contractuales, no sería procedente, y (ii) dado que la
duración promedio de los procesos en la jurisdicción contencioso administrativa
es de aproximadamente 10 años, lo que hace esa vía judicial inidónea para la
salvaguarda de los derechos fundamentales invocados. Igualmente, destacó que no
se pretendía la protección de un derecho económico, sino la garantía del
ejercicio material de su libertad de expresión artística y del principio de
conservación de las manifestaciones históricas y culturales que conforman el
patrimonio cultural de la Nación.
4.3. Sentencia del Juzgado Veinticinco
Civil del Circuito de Bogotá[42].
Mediante fallo del 16 de octubre de
2012, el juez de segunda instancia confirmó la decisión del a quo,
señalando que “la accionante si cuenta con medio alternativo para rescatar
los derechos que dice conculcados; y ese medio ciertamente es idóneo y eficaz,
pues allí la petente tendrá oportunidad de acreditar cómo es que la
administración actuó sobre situaciones del talante que se endilgan, sin que
pueda predicarse que la inversión de la carga de la prueba afecta sus derechos
en el interior de la tramitación, pues la problemática sobre la cual se
erigieron los cargos contra la administración distrital implica que sea el actor
quien debe demostrar el proceder insano de ella”[43].
Por lo anterior, no consideró que fuera fundamentado el alegato de trasgresión
al derecho fundamental a la libertad de expresión artística, pues este se
proyecta a todo un sector de la población colombiana y no podría vulnerarse a
la persona jurídica.
5. Intervenciones en sede de revisión.
5.1. Intervención de la Alcaldía Mayor
de Bogotá[44].
5.1.1. El señor Alcalde Mayor de Bogotá
intervino en el proceso de la tutela de referencia para señalar que después de
las Sentencias C-666 de 2010 y C-889 de 2012, la Corte ha enseñado que existe
un déficit de protección y cuidado de los animales y que dicho deber de
protección constituye también un fin legítimo del Estado. Afirma que la Corte
ordenó la extensión de protecciones contra la crueldad y la tortura a los
animales utilizados en actividades culturales y recreativas. Al respecto
mencionó, refiriéndose a la sentencia C-666 de 2010, que “la Corte ordenó la
extensión protecciones contra la crueldad y la tortura a animales que,
utilizados en actividades culturales y recreativas, habían sido total y
desproporcionadamente excluidos de esa protección para otorgar así inmunidad
completa frente a las contravenciones establecidas por la Ley 84 de 1989
(Estatuto Nacional de Protección de los Animales) donde el Legislador,
inequívocamente ordenó, en su artículo 1°, que ‘a partir de la promulgación de
la presente Ley, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial
protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente
por el hombre’”[45].
5.1.2. Considera que la prohibición de
las actividades taurinas, si llegare a ocurrir, compete al Legislador. Pero
también, a su juicio, es claro que las medidas inmediatas de morigeración son
un asunto en el que las autoridades administrativas pueden intervenir de manera
inmediata. Bajo este entendido, la actividad taurina en Colombia es libre, pero
el Estado no está obligado a su fomento, ni a su financiación, ni a la
destinación de la infraestructura y equipamiento urbanístico para su
realización. Se indicó en la intervención que “[l]a Corte interpretó así que
existía reserva legal para la adopción de prohibiciones absolutas en la
práctica (con lo cual se prueba que la actividad no tiene garantía
constitucional, no está ubicada en un ‘coto vedado de derechos’); pero debemos
ser enérgicos al manifestar que la morigeración está ya ordenada, que ella es
el mecanismo de inmediata protección que busca frenar el grave déficit de
protección de la sentiencia animal que ya es exigible y no depende de
legislación futura. Lo contrario sería negar seriedad y contundencia a las
sentencias de la Corte”[46].
5.1.3. La CTB llama derecho a su
exigencia de que el Estado continúe subsidiando su libertad de ejercer el
toreo, y los subsidios no son derechos, correspondiendo al Alcalde, no al
sector privado, establecer cuáles son las actividades que merecen ese subsidio económico.
5.1.4.
En relación a la presunta vulneración a la libertad de expresión artística,
considera el interviniente que los actos artísticos están sometido a límites
legales y morales que hay que respetar.
5.2. Intervención del apoderado judicial
de la CTB.
5.2.1. El 4 de marzo de 2013, intervino
el apoderado judicial de la CTB, argumentando que la decisión de la
administración distrital que dio por terminado el Contrato 411/1999, constituyó
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y la libertad
de expresión artística, que requieren la intervención del juez constitucional.
5.2.2. La terminación unilateral del
contrato constituye una medida de censura a una actividad legal, como es la
realización de espectáculos taurinos, permitida tanto en la Constitución
Política como en normas de rango legal. Existe por ende una afectación clara e
inminente del derecho fundamental a la expresión artística y del principio de
conservación de las manifestaciones históricas y culturales que conforman el
patrimonio cultural de la Nación.
5.2.3. Atendiendo a las facultades extra
y ultra petita con las que cuenta el juez constitucional, solicitó
ordenar al IDRD, la realización de un procedimiento de selección del
contratista para el manejo de la Plaza.
5.3. Ciudadanos.
5.3.1. El 3 de mayo de 2013, las señoras
Andrea Padilla Villarraga y Daniela Romero Waldhorn, intervinieron reiterando
la calificación de los animales como seres vivos sintientes. Validaron
la decisión tomada por el IDRD de revocar el contrato de mandato con la CTB
para efectos de uso de la Plaza. En relación con la libertad de expresión
artística, consideran que ni siquiera el arte está eximido de responsabilidades
éticas: en su opinión, un artista no tiene derecho a vulnerar la vida de otro
ser vivo sintiente -humano o animal- oponiendo su supuesta inmunidad artística.
En lo relativo al ambiente, las intervinientes consideran que a partir de la
Sentencia C-666 de 2010 se reconoce a los animales como sujetos de protección
especial por parte del Estado.
5.3.2. El 7 de mayo de 2013, la señora
María Constanza Moreno intervino para solicitar a esta Corporación apoyo a la
iniciativa tomada por la Alcaldía, pues busca impedir actos crueles con
animales y proscribir el uso de la Plaza como escenario para las corridas de
toros. Considera que esta sangrienta actividad vulnera los derechos a la paz y
a gozar de un ambiente sano.
5.3.3. El 7 de mayo de 2013, el señor
Carlos Crespo intervino para apoyar la abolición de la tauromaquia en Colombia
y la decisión de no utilizar la Plaza como escenario para las corridas de
toros. Argumenta que el gremio taurino hace parte de la cultura de violencia,
que precisamente se ha intentado erradicar durante tantos años y que defiende
un espectáculo generador de un efecto de aprendizaje que a su vez conlleva a
una cultura de agresión. Solicita que en el estudio de la revisión de la tutela
de referencia, se continúe manteniendo a la ciudad de Bogotá libre de todo acto
que atente contra la vida sintiente.
5.3.4. El 8 de mayo de 2013, el señor
Jan Creamer intervino haciendo un llamado a la Corte para que no permita las
corridas de toros en la ciudad de Bogotá, bajo el argumento de que las ciudades
que mantienen las corridas de toros se han quedado en el pasado perpetuando
espectáculos que son rechazados ampliamente por la mayoría de los ciudadanos y
que generan una atmósfera de irrespeto a los mismos humanos. Sostiene que
cuando se impone un espectáculo que es rechazado por las mayorías y que no
aporta culturalmente a la sociedad, los ciudadanos pierden la confianza en las
instituciones.
II.
CONSIDERACIONES.
1.
Competencia.
La
Sala es competente para la revisión del caso, con fundamento en los artículos
86 y 241.9 de la Constitución Política, desarrollados en los artículos 33 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
2.
Procedencia de la demanda de tutela.
2.1. Invocación de afectación de un
derecho fundamental.
La CTB invocó, como fundamento para el
ejercicio de la acción, los derechos al debido proceso y la libertad de
expresión, presuntamente vulnerados por la Alcaldía y el IDRD. En efecto, los
artículos 20 y 29 de la Constitución reconocen como fundamentales los derechos
invocados, calidad reiterada en abundante jurisprudencia[47].
Así, la demanda, en principio, plantea una controversia de orden
constitucional.
2.2. Legitimación por activa.
2.2.1. La acción de tutela fue
presentada por la CTB, persona jurídica sin ánimo de lucro[48],
actuando a través de apoderado[49].
La Corte Constitucional ha considerado que los derechos que la CTB busca
proteger a través de la acción de tutela -debido proceso y libertad de expresión-
pertenecen a la esfera de titularidad tanto de las personas naturales como
jurídicas.
2.2.2. La sentencia
SU-182 de 1998 reconoció que, “derechos fundamentales como el
debido proceso, la igualdad, la inviolabilidad de domicilio y de
correspondencia, la libertad de asociación, la inviolabilidad de los documentos
y papeles privados, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la
información, el habeas data y el derecho al buen nombre, entre otros”[50],
dada su naturaleza, son susceptibles de titularidad por las personas jurídicas.
Así, la CTB está legitimada para invocar la protección de su derecho al debido
proceso administrativo, constitucionalmente amparado -CP, art. 29-.
2.2.3. Frente al derecho
a la libre expresión, la Corte Constitucional ha establecido que su “titularidad
es universal, pues es definida por la expresión “toda persona” empleada
por el artículo 20 constitucional, el artículo 19 del PIDCP y el artículo 13 de
la CADH”[51].
Al respecto manifestó que “[l]a Corte ha reconocido que las personas
jurídicas también son titulares de este derecho, especialmente ha
reconocido la existencia de un derecho a la libertad de expresión en cabeza de
los medios de comunicación […]”[52].
Genéricamente, el artículo 20 constitucional en efecto garantiza la “libertad
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones” a toda persona, ya
natural o jurídica; y específicamente, el artículo 71 constitucional dispone
que “la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres”,
inscribiendo explícitamente la expresión artística como un derecho de libertad
de expresión. Partiendo de lo anterior, es procedente el reconocimiento de
legitimación por activa a la entidad accionante, dada la especificidad de su
objeto social que consiste fundamentalmente en “la promoción del espectáculo
taurino”[53]
y la difusión de “la cultura del espectáculo, su promoción, organización y
manejo”[54],
actividades que hacen posible la expresión artística como fenómeno creativo de
su autor y permiten que trescienda del ámbito estrictamente individual al plano
colectivo para que pueda convertirse en un bien cultural. Así, la CTB se halla
legitimada para solicitar la protección constitucional del derecho a la
libertad de expresión artística en el ámbito taurino, cuya realización efectiva
a través de la organización, promoción y divulgación del tal tipo de
espectáculos constituye el objeto social que la define[55].
2.3. Legitimación por pasiva.
La demanda de tutela ha sido dirigida
contra autoridades públicas distritales: el IDRD, como realizador de los actos
administrativos supuestamente violatorios de los derechos fundamentales
invocados -D 2591/91, art 1[56]-;
y la Alcaldía de Bogotá, en cuanto instancia superior de la anterior que
intervino públicamente en las instrucciones de actuación del IDRD -D 2591/91,
art 13[57]-
Lo que posibilita el ejercicio de la acción de tutela.
2.4. Inmediatez.
La tutela se interpuso el 26 de julio de
2012, alegando una vulneración causada por los actos administrativos expedidos
el 26
de abril y el 14
de junio de 2012. La proximidad entre las fechas de los actos administrativos y
la de presentación de la demanda de tutela, da cuenta del cumplimiento del
requisito de inmediatez.
2.5. Subsidiariedad.
2.5.1. La jurisprudencia constitucional
ha indicado que frente al requisito de subsidiariedad, la tutela procede
cuando no existe otro mecanismo judicial idóneo para salvaguardar el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, o cuando existiendo otro medio de defensa
judicial, éste no sea eficaz para el resguardo de los derechos, o ante la
generación de un perjuicio irremediable. La Corte Constitucional ha sido clara
en señalar que disputas de tipo contractual, centradas básicamente en la
naturaleza y denominación de un contrato, su vigencia, el régimen legal
aplicable al mismo, las facultades de los contratantes, sus obligaciones, la
naturaleza del bien objeto del mismo, la forma de terminación y los efectos de
la finalización de los mismos de manera extraordinaria, no corresponden en
principio al conocimiento de la jurisdicción constitucional. En el caso que se
examina, la entidad accionante refiere en su escrito la existencia de un
perjuicio irremediable derivado de los actos administrativos demandados,
argumentando que con dichas actuaciones se impidió la realización de su objeto
contractual.
2.5.2. En cuanto al derecho a la
libertad de expresión cabe resaltar que, dadas las circunstancias del caso
concreto, no se identifica algún otro recurso judicial efectivo para su
protección, distinto a la acción de tutela. Al respecto, la Corte ha recordado
que la libertad de expresión se encuentra consagrada como derecho fundamental[58], siendo
especialmente importante su protección como derecho de aplicación inmediata[59], por
lo que la acción de tutela es procedente, en el caso concreto. De
otra parte, la cancelación de las actividades y espectáculos propios de las
manifestaciones del arte y la cultura, por obra de una decisión administrativa
que hubo de cumplir un debido proceso, puede configurar una afectación de los
derechos fundamentales a la expresión artística y al debido proceso
administrativo, con ocurrencia de un perjuicio irremediable, en virtud de la
irrealización efectiva de aquel derecho. La demanda de
tutela analizada expone un escenario de ocurrencia de un perjuicio irremediable
actual, grave y urgente e impostergable, pues en virtud de
las decisiones administrativas, al no adelantarse actualmente ningún
espectáculo taurino en la ciudad se estaría restringiendo un derecho de
libertad de expresión que demandaría una solución apremiante que no puede posponerse.
Estos hechos tendrían la capacidad de comprometer derechos fundamentales y
generar el perjuicio irremediable alegado por los accionantes[60],
consideración que lleva a la Corte a pronunciarse sobre la eventual vulneración
de los derechos alegados y así verificar su configuración o descartar su
ocurrencia.
3. Problema constitucional.
3.1. Aptitud de los cargos.
3.1.1. La Corte se abstendrá de examinar
aspectos contractuales de incidencia meramente legal, como la naturaleza del
contrato de utilización de la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá entre el
IDRD y la CTB -ya de arrendamiento o de mandato-, en cuanto al fundamento para
su terminación unilateral, y cualquier otro aspecto relacionado con
consideraciones de tipo patrimonial de allí derivado.
3.1.2. Los cargos relativos al acto
administrativo concretado en el oficio 20121010062061 del 26 de
abril de 2012, por medio del cual se suspendió la venta de abonos y las
novilladas en el marco del Festival de Verano para la temporada de 2013, no se
examinarán aisladamente sino se subsumirán en los dirigidos contra la
resolución de terminación de contrato de utilización de la Plaza de Toros: de
una parte, a ese respecto se presentaría una carencia actual de objeto; y de
otra, los posibles efectos que para otros derechos del accionante hayan
derivado de tal decisión, no son para resolverse en sede de tutela.
3.1.3. El problema jurídico constitucional
que abordará esta Sala se cifra en la posible vulneración de derechos
fundamentales por la decisión unilateral de revocatoria del contrato No 411 de
1999 de utilización de la Plaza de Toros de Santa María -Resolución 280/12 del
IDRD-. Y los derechos constitucionales que se examinaran como presuntamente
vulnerados son: (i) el derecho al debido proceso administrativo y (ii) el
derecho de expresión artística, visto el análisis de legitimación por activa
del accionante.
3.2. Planteamiento de los cargos a
examinar.
3.2.1. La decisión administrativa de dar
por terminado anticipadamente el citado contrato de utilización de la Plaza
de Toros de “Santa María” de Bogotá para la realización de espectáculos
taurinos, significó, como lo reconoció el IDRD, que “la Administración
imparte la instrucción de erradicar todo maltrato animal en el desarrollo de la
actividad en el escenario de la Plaza de Toros de Santamaría de Bogotá, suprimiendo
el tercer tercio o suerte suprema”[61]. Ante la
desatención de tal instrucción, el IDRD afirmó que “la Corporación Taurina
de Bogotá no cumplió con la instrucción impartida por el mandante”, y en
consecuencia, “se toma la decisión por (sic) dar por
terminado por revocación del mandato a través de la Resolución No 280 de 2012
[…]”[62]
(Ver II, 2.2.).
3.2.1.1. Para el IDRD, de la sentencia
C-666/10 de la Corte Constitucional se deriva, entre otras cosas, que “la
excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación de
expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y
cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles
contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes
de protección a la fauna”. Y la autoridad distrital considera que la
realización de corridas de toros en la Plaza, en las condiciones habituales son
“evidencia de un nivel de participación de la administración distrital
representada por el IDRD, que se materializa en la promoción de dicha
actividad, al entregar bajo la figura del mandato un bien cuya naturaleza es de
uso público, lo cual de suyo implica una inversión de recursos e
infraestructura públicos para promover esta expresión por parte de una entidad
pública (IDRD) excediendo los límites establecidos por la propia Corte”[63];
sostiene que “La plaza de toros al ser un bien de interés cultural del
Distrito Capital, cuya naturaleza es de un bien de uso público, no puede
destinarse a “promover” o “fomentar” actividades que incluyan un sufrimiento,
dolor o muerte a los animales, en desarrollo de la sentencia C-666 de 2010”[64].
3.2.1.2. Agrega
que la decisión de revocar el contrato de mandato “para nada contraviene lo
señalado en la Ley 916 de 2004, toda vez que no se están prohibiendo por parte
de la autoridad competente las corridas de toros en el Distrito Capital, sino
en cumplimiento de un mandato constitucional, se está terminando un contrato de
mandato porque su objeto mismo contraviene la orden de morigerar las torturas y
el trato cruel hacia los animales”[65].
3.2.2. Del mismo modo,
para el Alcalde de Bogotá en las sentencias C-666 de 2010 y C-889 de 2012, la
Corte ha enseñado que existe un déficit de protección y cuidado de los animales
y que dicho deber de protección constituye también un fin legítimo del Estado.
Considera que si bien la prohibición de las actividades taurinas solo compete
al Legislador, las medidas inmediatas de morigeración -como la supresión de la
muerte del animal- son un asunto en las que las autoridades administrativas
pueden intervenir de manera inmediata.
3.2.3. En suma, la terminación
unilateral del contrato mencionado es una actuación de la administración que
concreta la decisión de no permitir los espectáculos taurinos con muerte del
animal. Desatendida por el contratista la condición para la continuidad de la
relación contractual, la administración distrital, invocando la jurisprudencia
constitucional, optó por cancelar las corridas de toros con ejecución del
tercer tercio en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, dejando abierta la
posibilidad de su realización sólo tras la modificación del contenido.
3.3. El problema jurídico
constitucional.
Visto lo anterior, el problema
constitucional a desatar es el siguiente:
La decisión administrativa distrital de
no permitir al accionante la presentación de espectáculos taurinos que
conlleven sufrimiento y muerte del animal en la Plaza de
Toros de “Santa María” de Bogotá -contenida principalmente en la
resolución IDRD No 280/12 de terminación anticipada del contrato de utilización
de la Plaza como en las órdenes correspondientes de suspensión de la venta de
abonos y cancelación de las novilladas-: (i) ¿vulnera el derecho al debido
proceso, por la posible incompetencia de la autoridad distrital para adoptar
tales decisiones que impiden la realización de estos espectáculos en la forma
legalmente prevista? (ii) ¿desconoce el derecho a la libertad de expresión
artística, por la posible restricción indebida del contenido y difusión de una
actividad regulada y definida en la ley como “expresión artística del ser
humano”?
Para resolver el problema jurídico
constitucional planteado, se examinarán en los “Considerandos” de esta
sentencia: los cargos de posible violación del derecho al debido proceso
administrativo -punto 7- y del derecho de libertad de expresión artística
-punto 8-. Previamente se abordarán dos cuestiones: el régimen legal del
espectáculo taurino -punto 4-, la jurisprudencia constitucional relativa a la
actividad taurina -punto 5- y la cultura como valor constitucional -punto 6-.
Finalmente, habrá una conclusión, a modo de síntesis de los hechos y
fundamentos jurídicos de la decisión -punto 9-.
4. Cuestión previa: la regulación legal
del espectáculo taurino (Ley 916 de 2004).
El Reglamento Nacional Taurino hace
parte de la legislación nacional: la Ley 916 de 2014 regula el espectáculo
taurino, precisando su concepto, modalidades, escenario, estructura y
naturaleza. También la Ley 84 de 1989 alude a corridas de toros, rejoneo, novilladas,
corralejas, becerradas y tientas, como actividades objeto de un régimen
especial de excepción frente a los deberes de protección animal.
4.1. El espectáculo taurino: definición y
modalidades legales.
4.1.1. El espectáculo taurino se
encuentra definido y regulado por el Legislador. Actualmente, rige la Ley 916
de 2004, “por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”, que
erige en norma legal las reglas relativas a la preparación, organización y
desarrollo de tal actividad, “en garantía de los derechos del público y de
cuantos intervienen en aquellos” (Ley 916 de 2004, Título y artículo)[66].
4.1.2. Las modalidades del “espectáculo
taurino” se hallan previstas en la misma Ley 916/04: corridas de toros,
novilladas -con y sin picadores-, rejoneo, becerradas, festivales y toreo
cómico y, finalmente, los espectáculos mixtos, variedades de la actividad
taurina que se adelantan con arreglo al reglamento adoptado por el Legislador.
Así, las “corridas de toros”, el “rejoneo” y las “novilladas”,
objeto de las decisiones administrativas distritales controvertidas por la
accionante, son especies legalmente definidas de este género de espectáculo
(Ley 916/04, art. 13).
4.2. Ámbito territorial del reglamento
taurino.
4.2.1. El Reglamento Taurino adoptado a
través de la Ley 916 de 2004, es calificado por el Legislador como un cuerpo
normativo “Nacional”[67].
4.2.2. Además de la regla general de
vigencia nacional de las leyes en el marco del Estado unitario, expresamente el
Legislador ordenó la aplicación del Reglamento Taurino en la totalidad del
territorio de la Nación[68].
4.3. Estructura del espectáculo taurino.
4.3.1. La estructura general del
espectáculo taurino también es materia de determinación legal. El artículo 12
de la Ley 916 de 2004 refiere a dicho espectáculo como un proceso integrado por
etapas sucesivas o tercios, entendido el “tercio” como “cada una de
las tres etapas -vara, banderillas y muerte- en que se divide la corrida”.
4.3.2. El mismo artículo 12 de la Ley citada
dispone la unidad e integralidad de esta actividad, al definir la “lidia”
como “el conjunto de suertes que de forma ordenada dan sentido a la corrida”[69],
dando cuenta de una secuencia de actos que han de conducir a la “muerte”
del toro en la postrera etapa de la faena, tercio que la tradición taurina
denomina ‘suerte suprema’. En otras palabras, el llamado tercio de muerte
es la parte culminante y significante del espectáculo taurino, según definición
adoptada por el Legislador, con base en la práctica tradicional y generalizada
de las corridas de toros.
4.4. El escenario del espectáculo taurino.
4.4.1. El escenario del espectáculo taurino
es, por mandato legal, la Plaza de Toros. En el artículo 3 de la Ley 916 de
2004 se definen las plazas de toros como “los recintos para las
celebraciones de espectáculos taurinos”[70].
4.4.2. Las plazas de toros son clasificadas
en el artículo 4 de la Ley 916/04 como permanentes, no permanentes y
portátiles: las plazas permanentes son “aquellos edificios o recintos
específica o preferentemente construidos para la celebración de espectáculos
taurinos”; mientras que las plazas no permanentes -polideportivos y
coliseos- son las que no teniendo como fin principal este tipo de espectáculo,
son habilitadas para ello.
4.4.3. También el Legislador predetermina
las categorías a que corresponden las plazas de toros, “por su tradición o
en razón del número o clase de espectáculos taurinos”: de primera, segunda
o tercera categoría. Por expresa referencia del artículo 10 de la Ley 916/04,
es de primera categoría la “Plaza de Toros de ‘Santa María’ de Bogotá”,
materia de la presente tutela.
4.5. La calificación legal de la
tauromaquia y el espectáculo taurino como formas de “expresión artística y
cultural”.
4.5.1. El Legislador definió el
espectáculo taurino como una modalidad de manifestación artística del ser
humano. Dice la Ley 916 de 2004 -el Reglamento Nacional Taurino-, en el
artículo 1:
Artículo
1-. El presente reglamento tiene por
objeto la regulación de la preparación, organización y desarrollo de los
espectáculos taurinos y de las actividades relacionadas con los mismos, en
garantía de los derechos e intereses del público y de cuantos intervienen en
aquellos. Los espectáculos taurinos son considerados como una expresión
artística del ser humano. (Subraya fuera del original)
4.5.2. La anterior calificación legal ha
sido constitucionalmente validada por esta Corte en diversas ocasiones
-sentencias C 1192/06 y C 889/12, principalmente[71]-,
con base en disposiciones superiores. Dice este tribunal constitucional: “la
Constitución Política en los artículos 70, 71 y 150 le asigna al Legislador la
atribución de señalar qué actividades son consideradas como expresión artística
y cuáles de ellas -en concreto- merecen un reconocimiento especial del Estado”.
4.6. El espectáculo taurino, como actividad
exceptuada de la prohibición de algunas formas de maltrato animal.
4.6.1. El artículo 6 de la Ley 84 de
1989 -Estatuto
Nacional de Protección de los Animales-, prohíbe como
regla general el maltrato animal, fijando sanciones a las conductas de daño o
crueldad para con tales seres vivos, y establece unas presunciones de actos
dañinos y crueles hacia los animales:
Ley 84 de 1989.
Artículo
6.
“El
que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas
como crueles para con los mismos por esta Ley, será sancionado con la pena
prevista para cada caso”.
“Se
presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los
siguientes (…)”.
4.6.2. En el artículo 7º, la Ley 84 de
1989 consagra excepciones a la prohibición y sanción de determinadas formas del
maltrato animal, esto es, al deber de protección de la fauna, entre las cuales
están diversas modalidades de espectáculo que involucran los toros:
Ley 84 de 1989.
Artículo 7.
Quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1, en los literales a), d), e),
f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros,
las novilladas, corralejas, becerradas y tientas así, como las
riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”. (Subraya
fuera del original)
4.6.3. La anterior disposición legal exime
los espectáculos taurinos de la prohibición de determinadas modalidades de
maltrato hacia los animales. Mas la excepción se contrae a los actos propios de
la tauromaquia: principalmente la herida y muerte del animal -descrita en los
literales a) y d)- y el carácter público de los mismos -literal f)-. Los demás
comportamientos dañinos y crueles con animales continúan siendo prohibidos, aún
para las actividades exceptuadas como las taurinas.
4.6.4. Tal excepción fue encontrada
compatible con la Constitución en sentencia C-666/10 de la Corte
Constitucional, en tanto la actividad y el espectáculo se halle sujeto a los
condicionamientos allí establecidos (Ver 5.1 de “Considerandos”).
4.7. Síntesis parcial: el espectáculo
taurino en la legislación.
4.7.1. El “espectáculo taurino”
-corridas de toros, rejoneo, novilladas y otras modalidades- se encuentra
reconocido y regulado sistemáticamente por el Legislador en el Reglamento
Nacional Taurino (Ley 916/04).
4.7.2. El Legislador definió la
estructura general del espectáculo taurino como una secuencia unitaria e
integral de actos: compuesta de tres ‘tercios’, sucede a partir de una suerte
de ‘varas’ seguida por otra de ‘banderillas’, que conducen al
tercio final o de ‘muerte’, “suertes que de forma ordenada dan
sentido a la corrida” (Ley 916/04, artículo 12).
4.7.3. Según la ley, el ‘tercio de
muerte’ es parte integral de la tauromaquia, determinada como la fase
culminante y significante del espectáculo y la expresión artística taurina, de
conformidad con lo previsto en el Reglamento Nacional Taurino (Ley
916/04, artículo 12).
4.7.4. La plaza de toros, permanente o
no permanente, es el escenario único del espectáculo artístico taurino, por
determinación legal. En el caso concreto, es el recinto legalmente denominado Plaza
de Toros de “Santa María” de Bogotá, calificada como de primera categoría (Ley
916/04, artículos 3, 4 y 10).
4.7.5. El Legislador
definió el espectáculo taurino como un modo de “expresión artística del ser
humano” (Ley 916/04, art. 1), basado en la atribución constitucional de
señalar las actividades que ameritan tal calificación (CP, artículos 70, 71 y
l50).
4.7.6. El Legislador exceptuó de la
prohibición general y sanción del maltrato animal -Ley 84 de 1989, artículos 6
y 7- determinadas conductas ligadas a la naturaleza de la tauromaquia, como la
herida y muerte del toro y el correspondiente espectáculo -literales a, d y f
del artículo 7 referido-, decretando con ello la licitud las corridas de toros y
otros eventos taurinos.
5. Cuestión previa: jurisprudencia
constitucional sobre el espectáculo taurino.
Las autoridades distritales han basado
su decisión de terminación unilateral del contrato de utilización de la Plaza
de Toros de Bogotá en lo dispuesto por la Corte Constitucional, especialmente
en los condicionamientos de la sentencia C-666 de 2010. Por lo anterior, es
indispensable adelantar un análisis jurisprudencial[72]
comenzando por el citado fallo, con las providencias especialmente relevantes
para la solución del caso. Adicionalmente, se da cuenta de otras decisiones
referidas a la actividad taurina que también han hecho tránsito a cosa juzgada.
5.1.
Sentencia C-666 de 2010.
La sentencia C-666/10 declaró la
exequibilidad condicionada de determinadas excepciones a la regla de
prohibición del maltrato animal. Al encontrar constitucionalmente admisible,
entre otros, el espectáculo taurino, confirmó su licitud, mas sujetándolo a determinadas
condiciones de realización.
5.1.1. Decisión: exequibilidad
condicionada.
5.1.1.1. Al resolver la demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, dijo la Corte:
RESUELVE:
“Declarar EXEQUIBLE
el artículo 7° de la Ley 84 de 1989 “por la cual se adopta el estatuto nacional
de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo
referente a su procedimiento y competencia”, en el entendido:
1) Que la
excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario,
si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y
de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se
entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el
sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En
particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales,
siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas
especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas
sean manifestación de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que
por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3) que sólo podrán
desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en
los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4) que sean
estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del
deber constitucional de protección a los animales; y 5) que las autoridades
municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la construcción de
instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades”.
5.1.1.2. Los cargos de
inconstitucionalidad que la Corte examinó, para desestimarlos con la
declaración de exequibilidad o para estructurar con ellos los
condicionamientos, son los siguientes: (i) vulneración
del principio de diversidad étnica y cultural, al desconocer las
manifestaciones culturales que consideran a los animales sujetos dignos de
protección jurídica -artículo 7 constitucional-; (ii) violación de la función
ecológica y social de la propiedad -artículo 58 constitucional-, por incumplimiento
de su función ejemplarizante frente a los animales basada en el respeto a la
vida, la dignidad en el trato y la compasión por el desventurado; (iii)
desconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales al
regularse en la Ley aspectos que competen a las entidades locales, en cuanto
manifestaciones de su patrimonio ecológico y cultural -artículo
313.9 constitucional-; (iv) prohibición de torturas y penas
crueles e inhumanas, que incluiría en su protección a los animales -artículo 12
constitucional-; (v) deber de protección de los recursos naturales y la
diversidad e integridad del medio ambiente -artículos 8, 95.8 y 79
constitucionales-.
5.1.2. La exequibilidad del espectáculo
taurino en la sentencia C-666/10 y su fundamento constitucional.
5.1.2.1. la decisión de exequibilidad de
la sentencia C-666/10, tiene dos implicaciones, que corresponden a la
estructura normativa del artículo 7º de la Ley 84/89 examinado[73]:
(i) la autorización de ciertos espectáculos con animales, y (ii) la permisión
de actos específicos hacia los animales que hacen parte de tales espectáculos.
(i) La autorización de espectáculos con
animales reconocidos como culturales que gocen de tradición y arraigo social,
citados en el artículo 7º de la Ley 84/89, a saber: “el rejoneo, coleo, las corridas de toros,
las novilladas, corralejas, becerradas y tientas así, como las
riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos” -subrayas fuera del original-. Es decir, de los
espectáculos taurinos y las actividades inherentes a la tauromaquia, entre
otros.
(ii) La permisión de actos específicos con
animales, consagrados como presunciones de daño o crueldad en el artículo 6º de
la citada ley y cuya prohibición resultaría incompatible con la autorización de
los anteriores espectáculos exceptuados, a saber, “los literales a), d), e)
f) y g) del artículo anterior” -el artículo 6º de la citada ley-. Tales
literales guardan estrecha relación con los eventos eximidos del deber de protección
de la fauna, y consisten en: “a) herir o lesionar a un animal…”; “d) causar
la muerte inevitable o necesaria a un animal…”; “e) enfrentar animales para que
se acometan…”; f) “convertir en espectáculo público el maltrato, la tortura o
la muerte de animales…”; g) usar animales vivos para entrenamiento o para
probar o incrementar la agresividad o la pericia de otros animales”. De
este modo, la exclusión de dichos actos de la presunción de daño animal y de la
prohibición de su ejercicio, es extensión de la exequibilidad de aquellos
espectáculos citados en el párrafo anterior, pues sin la autorización
constitucional de éstos no podrían realizarse aquellos. Para el caso aquí
examinado, sin la excepción a la prohibición de las heridas, lesiones y muerte
del toro, serían improcedentes los espectáculos taurinos en los términos de su
Reglamento -Ley 916/04-.
(iii) En síntesis, la declaración de
exequibilidad de las excepciones a la prohibición y sanción del maltrato
animal, confirma la validez constitucional de las modalidades del espectáculo
taurino reguladas en la Ley 916/04. Tal exención cubre los actos relacionados
con animales previstos en literales a), d), e), f) y g) del artículo 7º de la
Ley 84/89, que para el caso de la tauromaquia y el espectáculo taurino son: los
de causar herida, lesión o muerte al toro, y el carácter de espectáculo dado a
dichos eventos. En otras palabras, de la prohibición general de maltrato animal
permanecen exceptuadas las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, becerradas
y tientas -entre otras-: primero, por ser tenidas como espectáculos culturales
jurídicamente lícitos; segundo, merced a la permisión constitucional para
herir, lesionar o ultimar al toro en los tercios de vara, banderillas y muerte
que componen el espectáculo taurino.
5.1.2.2. Fundamentación del deber
constitucional de protección animal.
El punto de partida de la Corte es la
confirmación de la existencia de un deber constitucional de protección de la
fauna. Tal deber de protección de la fauna se apoya en tres bases
constitucionales: la dignidad humana, el deber de protección del ambiente y la
función social y ecológica de la propiedad.
(i) En primer lugar, aparece el concepto
‘dignidad humana’[74].
Si bien los animales no son sujetos de este atributo en el sentido que aplica a
los seres humanos, la dignidad conlleva una obligación de consideración no solo
con sus semejantes sino con los animales en tanto seres sintientes: “En otras
palabras, la posibilidad de que se vean afectados por tratos crueles, por
acciones que comportan maltrato, por hechos que los torturen o angustien obliga
a que las acciones que respecto de ellos se realicen por parte de los seres
humanos sean expresión del comportamiento digno que hacia ellos deben tener
seres dignos. En efecto, la superioridad racional -moral- del hombre no puede
significar la ausencia de límites para causar sufrimiento, dolor o angustia a
seres sintientes no humanos”[75].
(ii) En segundo lugar, está el deber de
protección al ambiente, que se entiende a partir del concepto de Constitución
Ecológica, modelado por primera vez en la Corte Constitucional en la
sentencia T-411 de 1992. Allí, la aproximación que plantea la Constitución con
respecto al ambiente, implica una “visión de los animales como otros seres
vivos que comparten el contexto en que se desarrolla la vida humana, siendo
determinantes en el concepto de naturaleza y, por consiguiente, convirtiéndose
en destinatarios de la visión empática de los seres humanos por el contexto –o
ambiente- en el que desarrolla su existencia”[76].
Sostuvo la Corte que “la
protección derivada de la Constitución, y que resulta útil en los términos de
este caso en concreto, es aquella respecto de los animales en general, de la
cual surge la obligación constitucional de prohibir su maltrato”[77].
(iii) Finalmente, “la naturaleza
ecológica de la propiedad y su consecuencia, la ecologización de la propiedad
privada, sustentan las limitaciones que desde el punto de vista constitucional
se derivan para la propiedad que sobre los animales se tenga”[78].
(iv) En resumen, si bien el concepto de
dignidad, en sentido humano, no es predicable de los animales, hay en el
comportamiento digno de las personas un deber de consideración hacia ellos como
especies sintientes y criaturas con las que compartimos el contexto o ambiente
de la existencia, incluidos, por supuesto, aquellos animales situados en la
esfera jurídica del derecho de propiedad.
5.1.2.3. Límites al deber de protección
de la fauna -fundamento de excepciones a la prohibición de maltrato animal-.
El deber constitucional de protección de
la fauna no es absoluto. La Corte Constitucional concluyó que resulta legítimo
consagrar excepciones a la prohibición del daño y crueldad hacia los animales,
cuando tal obligación entrare en tensión con otros principios o derechos de
rango constitucional.
(i) En los casos en que la obligación
constitucional de protección animal trabe conflicto con otros derechos
constitucionales, la ponderación se hace necesaria a través de un ejercicio de
armonización concreto, teniendo presente que la eventual excepción al deber
constitucional ha de estar debidamente justificada.
(ii) Partiendo de lo anterior, la Corte
reconoció validez constitucional a ciertas excepciones al deber de protección
animal, basada en otros principios o reglas constitucionales: el ejercicio de
la libertad religiosa -artículos 18 y 19 constitucionales-; los hábitos
alimenticios de los seres humanos para su sustento, protegida en tanto
tradición al igual que en consideración de derechos constitucionales como el
libre desarrollo de la personalidad o la libertad de empresa -artículos
superiores 1, 7, 16 y 333-; la investigación y experimentación científica y
médica -artículo 71 constitucional-; y finalmente, las manifestaciones artísticas
y culturales -artículos 7 y 70 constitucionales-, la excepción más relevante
para la solución del caso concreto.
(iii) En síntesis, al deber general de
protección del medio ambiente animal, la jurisprudencia constitucional le opuso
excepciones constitucionalmente válidas, apoyadas en otros fines y derechos
constitucionales igualmente relevantes. Entre ellos -pertinente al caso-,
determinadas expresiones culturales.
5.1.2.4. La “cultura” como límite
constitucional específico del deber de protección animal -fundamento de la
excepción a la prohibición legal de su maltrato-.
(i) Respecto de la cultura, como valor
constitucional digno de implicar una limitación al deber, también
constitucional, de protección animal, destacó la Corte lo siguiente: (…) “el
fundamento de la permisión de maltrato animal en el desarrollo de ciertas
actividades radica en que se trata de manifestaciones culturales con
arraigo social en ciertas regiones del territorio nacional”[79].
(iii) En síntesis, el deber
constitucional de protección del ambiente animal no es absoluto y, por el
contrario, admite excepciones al entrar en tensión con otros principios y
derechos constitucionales relevantes como los derechos alimentarios, la
libertad religiosa, la libertad de investigación científica y médica, el
derecho a la salud y el patrimonio cultural. Particularmente, la “cultura” es para
el Constituyente de 1991 un bien público constitucionalmente relevante, fundamento
de la nacionalidad, cuya diversidad y riqueza constituye el patrimonio cultural
que el Estado y los particulares deben proteger, asegurando el acceso
igualitario de todos los colombianos. Pero sólo las manifestaciones culturales
“con arraigo social” son admisibles para la permisión excepcional de
determinadas modalidades de maltrato animal.
5.1.3. Las modulaciones o condicionamientos
a la exequibilidad de la sentencia C-666/10 y su fundamento general.
5.1.3.1. Los cinco condicionamientos a
la decisión de exequibilidad del artículo 7º de la Ley 84/89, indican que la
constitucionalidad de la tauromaquia está sujeta a restricciones o
consecuencias justificatorias de la decisión de permitirlas. En otras palabras,
la modulación realizada por la Corte a la declaración de exequibilidad de las
excepciones a la prohibición del maltrato animal, conduce a la permisión de los
espectáculos taurinos -corridas, rejoneo, novilladas, tientas y becerradas- y
de actos de daño o maltrato animal -herir, lesionar o dar muerte al toro-, con
sujeción a tales reglas.
5.1.3.2.
Si bien, en un primer ejercicio de ponderación, la Corte encontró que el deber
constitucional de protección de los animales admite excepciones en razón al
deber de protección -también constitucional- de que gozan las manifestaciones
culturales, concluyó asimismo que podría existir un déficit protectivo de los
animales involucrados en las actividades eximidas; por eso, al declarar la
constitucionalidad de los espectáculos taurinos -y otros- fijó las modulaciones
que acompañan la declaración de exequibilidad. En dirección al
cubrimiento del tal déficit, tras admitir la constitucionalidad de los
espectáculos y actos exceptuados de prohibición, procedió a establecer los
condicionamientos a la sentencia C-666 de 2010 (ver II, 5.1.1.1). En síntesis,
al buscar la armonización de la tauromaquia como expresión cultural tradicional
con el deber de protección animal, la Corte consideró que, además de las
prohibiciones de maltrato no exceptuadas en la ley 84/89, deberían existir
otras restricciones para reforzar la protección animal en las actividades
taurinas y demás autorizadas.
5.1.3.4. Como se expresó atrás, la Corte
hizo cinco condicionamientos a la declaración de exequibilidad (ver II, 5.1.1.1),
que pueden agruparse en tres clases:
(i) Condicionamientos que fijan prohibiciones
normativas y administrativas: (i.i) no admisión de nuevas  excepciones al deber
de protección animal distintas de las previstas en el artículo 7º de la Ley 84
de 1989 -condicionamiento 4-; (i.ii) no destinación de dinero público a la
construcción de instalaciones destinadas exclusivamente a la realización de los
espectáculos exceptuados en el citado artículo -condicionamiento 5-.
(ii) Condicionamientos que establecen
requisitos de modo, lugar y tiempo: (ii.i) permisión de los espectáculos
taurinos -entre otros-, siempre que gocen de arraigo social en lugares donde
sean expresión de una tradición periódica e ininterrumpida, y sólo en dichos
municipios o distritos -condicionamiento 2-; (ii.ii) realización de tales
espectáculos únicamente en las épocas u ocasiones usualmente programadas en los
municipios autorizados -condicionamiento 3-
(iii) Condicionamientos directamente
dirigidos a la protección del animal en los espectáculos compatibles con la Constitución
-condicionamiento 1-: morigeración o eliminación “en el futuro” de las
conductas especialmente crueles contra los animales involucrados en las
actividades permitidas, “en un proceso de adecuación entre expresiones
culturales y deberes de protección a la fauna”, y en general, protecciones
especiales contra el sufrimiento y el dolor de los animales en el transcurso de
ellas.
5.1.4. Modulaciones de la sentencia
C-666 de 2010, que fijan prohibiciones  legislativas y administrativas -condiciones
4 y 5-.
5.1.4.1. Esta modulación que restringe
la posibilidad de eximir del deber de protección de la fauna únicamente a las
actividades exceptuadas en el artículo 7º de la Ley 84/89 -taurinas, entre
otras-, tiene como destinataria a la autoridad legislativa, el Congreso de la
República, quien como Legislador tendría competencia para modificar la Ley
84/89 e incrementar las actividades con animales eximidas del deber de
protección. Con lo dicho por la Corte en este condicionamiento, la
incorporación por medio de ley de una nueva excepción devendría
inconstitucional.
5.1.4.2. La prohibición a las
autoridades municipales de destinar “dinero público a la construcción de
instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades”, significa la imposibilidad
que tienen las autoridades administrativas de dirigir recursos públicos a la
construcción de plazas o recintos exclusivamente dedicados al espectáculo
taurino; por el contrario, en la medida en que tales instalaciones se utilicen también
en otras actividades -por ejemplo, didácticas, recreativas, deportivas o
culturales-, cabría hacerlo. Del mismo modo, tampoco quedan cobijadas en esta
prohibición, la destinación de dineros o recursos públicos para obras de
remodelación, mantenimiento o refacción de dichas construcciones. La razón es
la siguiente: (i) al prohibir la construcción de nuevos escenarios
exclusivamente destinados a la presentación de espectáculos taurinos, la Corte
es consecuente con la decisión de no incentivar su celebración en lugares
desprovistos de arraigo y tradición; (ii) al permitir la construcción de
recintos taurinos que comparten su utilización con otros destinos culturales o
deportivos, entre otros, debe tenerse en cuenta que solo puede darse en
municipios o distritos en los que existe una tradición taurina periódica,
reiterada e ininterrumpida en los que razones de  seguridad o salubridad
recomiendan tal solución; (iii) y al admitir la destinación de recursos a la
reparación, mantenimiento o refacción de plazas de toros, aún tratándose de
dedicación exclusiva a la presentación de espectáculos taurinos, se obra en
guarda de la seguridad y salubridad del público espectador, la mejor protección
de los animales, la integridad de los ejecutantes y la celebración del espectáculo.
5.1.5. Modulaciones de la sentencia
C-666 de 2010, que establecen requisitos de modo, lugar y tiempo al espectáculo
-condiciones 2 y 3-.
5.1.5.1.
Como queda dicho, una expresión cultural socialmente arraigada es razón
constitucionalmente válida para limitar el deber de protección animal, mediante
excepciones a la presunción de hechos dañinos y crueles para con ellos -artículo
6 de la Ley 84/89- y la consiguiente permisión del espectáculo -artículo 7 de
la citada Ley-. Así, las actividades taurinas de tradición local y arraigo en
determinadas localidades no resultan contrarios a la Constitución, y de allí la
exequibilidad dispuesta en la sentencia C-666 de 2010, en relación con los
correspondientes municipios y distritos.
5.1.5.2. Consistente con lo anterior,
las fechas, épocas u oportunidades del año en que proceden las celebraciones o
festejos taurinos, también se determinan en función de la tradición local, esto
es, en aquellas temporadas prestablecidas por la costumbre local de los
municipios o distritos autorizados.
5.1.6. Modulación de la sentencia C-666
de 2010, directamente dirigida a la protección animal -condicionamiento 1-.
5.1.6.1. La modulación inicial que
acompaña la decisión de exequibilidad del artículo 7º de la Ley 84/89 tiene el
siguiente contenido:
(i) Reitera que la excepción planteada
en el artículo 7º de la Ley 84/89 y declarada exequible, permite la práctica de
las actividades culturales con animales. De tal modo, los espectáculos
taurinos, entre otros, quedan eximidos de la prohibición de daño o maltrato
animal, y específicamente, los actos consistentes en “herir o lesionar”
o “causar la muerte” al toro y “convertir en espectáculo” la
actividad taurina -literales a), d), f) del artículo 6 de la Ley 84/89-, “hasta
determinación legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir”.
(ii) Condiciona inicialmente tal
permisión, a que “se eliminen o morigeren en el futuro las conductas
especialmente contra ellos”, mediante un ejercicio de armonización de las
expresiones culturales y el deber de protección de la fauna, y en general, a
que los animales deben “recibir protección especial contra el sufrimiento y
dolor durante el transcurso de esas actividades” (subraya fuera del
original.).
5.1.6.2. La Corte, en la ratio
decidendi de este condicionamiento, hizo referencia al órgano competente para
efectuar una adecuación futura entre el deber de protección animal y el derecho
a la expresión de la cultura:
(i) Respecto de la morigeración o
eliminación, “en el futuro”, de las “conductas especialmente crueles
contra ellos”, dijo este tribunal constitucional en la sentencia C-666/10:
“Una
lectura sistemática de la Constitución obliga a armonizar los dos valores
constitucionales en colisión en este caso concreto. Así, se resalta que la
excepción de la permisión de maltrato animal contenida en el precepto acusado
debe ser interpretada de forma restrictiva y, por consiguiente, no debe tener
vacíos que dificulten o, incluso, hagan nugatorio el deber de protección de los
animales que se deriva de la Constitución; en este sentido, la excepción
prevista en el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 debe incluir elementos mínimos
que garanticen en la mayor medida posible el bienestar de los animales
involucrados en dichas manifestaciones culturales.
Lo
anterior implica necesariamente la actuación del Legislador, que en
cumplimiento de su potestad de configuración normativa debe regular de manera
más detallada la permisión de maltrato animal objeto de examen constitucional”[80].
(Subrayas y resaltado fuera del original)
De lo anterior se desprende que la Corte
fue clara en señalar: (i) el imperativo de armonizar los valores
constitucionales en tensión -deber de protección animal y deber de protección
de las manifestaciones culturales-; (ii) la interpretación restrictiva de la
excepción de maltrato animal, para lo cual debe haber una regulación más
detallada de tal autorización; (iii) la necesaria intervención del
Legislador para expedir una regulación que, a futuro, sistematice la
protección de los animales en los casos de permisión legal de su maltrato por
razones culturales. Tal intervención regulatoria implica “necesariamente”
la actuación del Legislador, que solo puede darse a través de leyes que llegue
a expedir el Congreso de la República, tal como lo señaló la Corte Constitucional
en la misma sentencia C-666/10 sobre el alcance de su condicionamiento.
(ii) Reiterando la necesidad de que sea
solamente el Legislador, como órgano competente para regular los límites de los
deberes y derechos constitucionales, quien fije esos “elementos mínimos que
garanticen en la mayor medida posible el bienestar de los animales involucrados
en dichas manifestaciones culturales” -las exceptuadas de las prohibiciones
del artículo 7 de la Ley 84/89-, volvió a decir la Corte:
“Así
mismo, la Sala debe ser enfática en el sentido que la regulación que se expida
respecto de las actividades contenidas en el artículo 7º de la ley 84 de 1989
deberá tener en cuenta el deber de protección a los animales y, en
consecuencia, contener una solución que de forma razonable lo armonice
en este caso concreto con los principios y derechos que justifican la
realización de dichas actividades consideradas como manifestaciones culturales.
Con este propósito, dicha regulación deberá prever protección contra el
sufrimiento y el dolor de los animales empleados en estas actividades y deberá
propugnar porque en el futuro se eliminen las conductas especialmente crueles
para con ellos. Excede el ámbito de la Corte Constitucional el
determinar al detalle los elementos normativos que debe incorporar dicha
regulación, que caen dentro de la órbita exclusiva del Legislador. (subraya
fuera del original)
(iii) En síntesis, mediante dicho
proceso regulatorio, podrá el Legislador: (i) dictar reglas adicionales de “protección
especial contra el sufrimiento y dolor durante el transcurso de esas
actividades” -las exceptuadas-; (ii) ordenar se “morigeren en el futuro”
las conductas de crueldad hacia los animales. Entre tanto, “hasta
determinación legislativa en contrario”, dice la Corte Constitucional en la
sentencia C-666/10 reiterando la reserva del Legislador, “la excepción
allí planteada permite (…) la práctica de las actividades de entretenimiento y
de expresión cultural con animales allí contenidas”, debiéndose
entenderlas como aquellas manifestaciones culturales que gozan de arraigo
social en determinadas localidades, únicos lugares donde son realizables.
5.1.6.3. Fundamento de la competencia
exclusiva del Legislador para el establecimiento de nuevas restricciones a la
permisión de actividades y espectáculos taurinos -y otros exceptuados de
prohibición legal-.
Como fundamento para el reconocimiento
exclusivo de competencias legislativas en la realización del “proceso de
adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna”
conducentes a que “en el futuro” se “eliminen o morigeren las
conductas especialmente crueles” contra los animales, y su protección
especial durante los espectáuede adelantar
constitucionales. a Corte adujo el principio de reserva legislativa para ades,
aculos y actividades exceptuadas, la Corte adujo el principio
constitucional de reserva legislativa. Así, por involucrar principios y deberes
constitucionales, sólo el Congreso de la República, a través de leyes, podrá adelantar
el “proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de
protección a la fauna”; y en desarrollo del mismo, establecer nuevas
limitaciones al derecho de expresión cultural y adicionales expansiones al
deber de protección animal.
5.1.6.4.
La concurrencia de las administraciones territoriales en la subsanación del
déficit de protección animal en las actividades exceptuadas del deber de
protección animal -los espectáculos taurinos y otros-.
(i)
La sentencia C-666/10 una vez más destaca que es necesaria “la
actuación del Legislador, que en cumplimiento de su potestad de configuración
normativa debe regular de manera más detallada la permisión de maltrato animal
objeto de examen constitucional. Y agrega, haciendo referencia expresa a las autoridades
administrativas: “Labor que debe ser complementada con el
concurso de las autoridades administrativas con competencias normativas en la
materia, de manera tal que se subsane el déficit normativo del deber de
protección animal al que ya se hizo referencia.
(ii) En seguida precisa la Corte el tipo
de normatividad que debe dictarse en procura de la armonización dispuesta:
En este sentido deberá expedirse una regulación de rango legal e infralegal
que determine con exactitud qué acciones que impliquen maltrato animal pueden
ser realizadas en desarrollo de corridas de toros, becerradas, novilladas,
rejoneos, riñas de gallos, tientas y coleo, y en las actividades conexas con
dichas manifestaciones culturales, tales como la crianza, el encierro, el
adiestramiento y el transporte de los animales involucrados en las mismas”[81].
Así, las autoridades administrativas “con competencias normativas”, esto es,
los concejos municipales o distritales, podrán concurrir con el Congreso de la
República al establecimiento de regulaciones para cubrir el déficit normativo
en la protección animal.
(iii) No sobra agregar que la concurrencia
complementaria de las autoridades territoriales al cubrimiento del déficit de
protección animal a que se hace referencia, debe proceder con apego estricto al
principio de legalidad de las actuaciones de la administración. Así, las
autoridades dotadas de competencias normativas -para expedir acuerdos-, esto
es, los concejos municipales o distritales, dictarán sus reglamentos en el
marco de sus competencias administrativas, sin invadir ámbitos regulados por la
Ley o reservados al Legislador; y las autoridades ejecutivas, actuarán con
sujeción a las leyes y a los acuerdos emanados de la corporación popular
correspondiente.
5.1.6.5. En suma, el condicionamiento al
fallo de exequibilidad de la sentencia C-666 de 2012 que sujeta la realización
de espectáculos taurinos -y otros- al desarrollo de un “proceso de
adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna” dirigido a que “se
eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra
ellos”: (i) se basa en el imperativo de armonizar los valores
constitucionales en tensión, el deber de protección animal y el deber de
protección de la diversidad y la riqueza cultural; (ii) consiste en que “en
el futuro” debe haber una regulación de rango legal más detallada de las
actividades con animales objeto de excepción al deber de maltrato; (iii)
dispone la “necesaria” la intervención del Legislador para expedir una
regulación que, a futuro, sistematice la protección de los animales en los
casos de permisión legal de su maltrato; (iv) reitera lo anterior, al expresar
que “excede el ámbito de la Corte Constitucional” la determinación del
detalle de los elementos normativos de tal regulación, que “cae dentro de la
órbita exclusiva del Legislador”; (v) y finalmente prevé la concurrencia
complementaria de autoridades administrativas “con competencias normativas
en la materia” -para el caso, concejos municipales y distritales- a través
de “una regulación de rango infralegal” o sometida a la ley, en el
ámbito jurídico de sus atribuciones constitucionales y legales.
5.2. Sentencia C-1192 de 2005.
En esta providencia se decidieron cargos
de inconstitucionalidad contra las siguientes disposiciones de la Ley 916 de
2004 “Por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”:
5.2.1. Exequibilidad del reconocimiento
del espectáculo taurino como “expresión artística del ser humano”
(artículo 1º de la Ley 916/04).
5.2.1.1. La Corte Constitucional halló
concordante con la Constitución la calificación hecha por el Legislador del
espectáculo taurino como modalidad de la expresión artística:
RESUELVE:
Primero. Declarar EXEQUIBLE
por los cargos estudiados, la expresión “Los espectáculos taurinos son
considerados como una expresión artística del ser humano”, contenida en el
artículo 1° de la Ley 916 de 2004. (Corte Constitucional, C-1192/05)
5.2.1.2. Fundamento constitucional de la
calificación legal.
Para la Corte Constitucional, “la
Constitución Política en los artículos 70, 71 y 150 le asigna al Legislador la
atribución de señalar qué actividades son consideradas como expresión
artística y cuáles de ellas -en concreto- merecen un reconocimiento
especial del Estado”[82].
Con tal fundamento, la Ley 916/04 calificó la tauromaquia como forma de
manifestación del arte.
En la razón de la decisión, la Corte
Constitucional dijo: “[L]a
tauromaquia puede ser reconocida por el Legislador como una expresión artística
del ser humano, razón por la cual, la Corte encuentra que la acusación
impetrada no está llamada a prosperar, y por ello, en la parte resolutiva de
esta providencia, declarará la constitucionalidad de la expresión: “Los
espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del ser
humano”, por los cargos analizados.”[83].
5.2.1.3.
Razonabilidad jurídica de la calificación legal.
Al
predicar el Legislador la condición de expresión artística y cultural como
atributo del espectáculo taurino, le está reconociendo a la tauromaquia -el
oficio de la lidia del toro- su condición de “arte” y de “cultura”.
Así lo reiteró la Corte Constitucional, al expresar que la calificación de la
actividad taurina como forma de expresión artística, satisfizo “el criterio
jurídico de razonabilidad, pues como manifestación de la diversidad y
pluralismo de la sociedad, la tauromaquia, o en otra palabras, “el
arte de lidiar toros”[84],
ha sido reconocida a lo largo de la historia como una expresión artística y
cultural de los pueblos iberoamericanos”[85].
El reconocimiento de la tauromaquia como
actividad estética y del espectáculo taurino como hecho social y fenómeno
cultural, no entraña ni la negación de otras formas de expresión ni la
imposición de un criterio de valoración artística particular, sino la
identificación de una manifestación colectiva que a juicio del Legislador debe
gozar de un tratamiento especial por parte del Estado. En la sentencia C-1192
de 2005, agregó esta Corte: “Lo anterior no significa que las únicas expresiones
artísticas y culturales sean aquellas objeto de categorización y reconocimiento
por el Estado a través del Legislador, pues es la misma sociedad, representada
en sus artistas, literatos, compositores, maestros, artesanos, músicos, etc.,
quienes a lo largo de la historia pueden crear distintas manifestaciones
culturales, frente a cuyo tratamiento estatal puede el Legislador optar en el
futuro”.
5.2.1.4.
Validez de la calificación legal de la tauromaquia independiente de su
desaprobación parcial e improcedencia constitucional de su censura.
Señaló
esta Corte que “la tensión entre quienes abogan por
dicha práctica y quienes pretenden su abolición, no son suficientes para
declarar la inconstitucionalidad de las normas que disciplinan los espectáculos
taurinos, ya que los mismos ante todo son una manifestación
de la riqueza y diversidad cultural de nuestra Nación, que en virtud del
reconocimiento del Legislador como una expresión artística y cultural, no es
susceptible de censura (C.P. arts. 7°, 8°, 20, 52, 70, 71 y 72)”[86].
Destacó
además que “[h]oy en día a pesar de que la actividad taurina es reprobada
por un sector de la población, y en especial, por las asociaciones defensoras
de animales, no puede desconocerse que la misma históricamente ha sido
reconocida como una expresión artística que manifiesta la diversidad cultural
de un pueblo[…]”[87].
5.2.1.5. Constitucionalidad de la
calificación legal frente a la prohibición de tratos crueles y al principio de
la dignidad humana.
Ante el cargo de vulneración de la
dignidad humana, por autorizarse legalmente la participación ciudadana en la celebración
de ritos crueles para los animales y degradantes para las personas bajo el
pretexto de tratarse de expresiones artísticas y culturales, la Corte
Constitucional aclaró que la tauromaquia no afecta la dignidad de la persona
humana, pues “[e]l concepto de violencia y de tratos crueles que recoge el
artículo 12 del Texto Superior, corresponde a una visión antropológica de la
persona, conforme a la cual se entiende que existen actos violentos, cuando se
realiza cualquier comportamiento en el que la persona humana es tratada como si
no lo fuera. […] En consecuencia, no le asiste razón a la demandante al
afirmar que la norma acusada es contraria al artículo 12 de la Constitución,
pues la lidia de un toro bravo no entraña en modo alguno un acto de violencia,
en el que se le de a una persona un trato incompatible con su dignidad humana”[88].
5.2.2. Exequibilidad del ámbito espacial
de aplicación del Reglamento Taurino “en todo el territorio nacional” (artículo
2º de la Ley 916/04).
5.2.2.1. La Corte Constitucional decidió
la constitucionalidad de la vigencia del reglamento taurino en todo el
territorio nacional:
RESUELVE:
Segundo.-
Declarar
EXEQUIBLE por los cargos estudiados, la expresión “será de aplicación
general en todo el territorio nacional” contenida en el artículo 2° de la
Ley 916 de 2004. (Corte Constitucional, C-1192 de 2005).
5.2.2.2.
Regla general del ámbito nacional de las leyes de la República.
La
Corte recordó
que la norma analizada “se limita a reiterar el mandato constitucional
vigente en nuestro país desde hace más de cien años, conforme al cual en virtud
del carácter unitario del Estado Colombiano (C.P. art. 1°), las normas que
dicta el Congreso de la República tienen vocación de ser aplicadas en todo el
territorio nacional sin excepción”[89].
Ello, en respuesta al cargo de supuesta vulneración de las normas
constitucionales que reconocen la autonomía y la diversidad étnica y cultural
de la Nación.
5.2.2.3.
Potestad legislativa para la promoción y protección del patrimonio cultural de
la Nación.
Aclaró,
además, la Corte, que el ejercicio de la competencia legislativa en la materia
obedece a la realización de los artículos 150, 333 y 334 de la
Constitución Política, en los que se reconoce la potestad del Congreso para regular
y orientar la actividad económica y las relaciones de los particulares, con el
objeto de mantener y proteger el patrimonio cultural de la Nación. Es
así como “[e]sta
Corporación en sentencias C-474 de 2003 y C-668 de 2005, declaró que le
corresponde al Estado como obligación constitucional, intervenir en la economía
en aras de asegurar la conservación, protección y recuperación de los distintos
bienes que hacen parten parte de nuestro patrimonio cultural y arqueológico. De
igual manera, en sentencias C-661 de 2004
y
C-426 de 2005, señaló que es deber estatal promover y fomentar el acceso a la
cultura de todos los colombianos, adoptando para el efecto las medidas
legislativas y administrativas que resulten pertinentes”[90].
5.2.3.
Exequibilidad de la asistencia de “menores de 10 años” a espectáculos
taurinos, en compañía de un adulto (artículo 22 de la Ley 916/04).
5.2.3.1. Para la Corte, se ajusta a la
Constitución la previsión de que los menores de 10 años puedan asistir al
espectáculo taurino en compañía de un adulto:
RESUELVE:
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE
por los cargos estudiados, la expresión “Los menores de diez (10) años de
edad deberán ingresar en compañía de un adulto”, contenida en el artículo
22 de la Ley 916 de 2004. (Corte Constitucional, C-1192/05)
5.2.3.2.
Los menores como personas relativamente autónomas y la compañía del adulto como
medida de protección.
Frente al acceso de menores de edad al espectáculo
taurino, la sentencia parte de una perspectiva de un cambio de perspectiva en
la Carta del 91, en la que los niños dejan de verse como sujetos incapaces con
derechos restringidos, para pasar “a ser concebidos como personas libres y
autónomas (...) que de acuerdo a su edad y a su madurez pueden decidir sobre su
propia vida y asumir responsabilidades”[91]. Así, reconoce que “establece precisamente una medida de protección a
favor de los niños menores de diez (10) años de edad, consistente en la
imposibilidad de asistir a un espectáculo taurino, cuando no se está acompañado
de un adulto”[92], y “en
lugar de desconocer el artículo 44 Superior, pretende garantizar los derechos
fundamentales de los niños a la cultura, recreación y educación”[93].
5.2.3.3.
Acceso del menor a manifestaciones de diversidad cultural.
La Corte desestimó el cargo basado en la
consideración del impacto sicológico de las corridas de toros en los niños. Insiste la Corte
en que el acceso del niño al espectáculo taurino -acompañado de un adulto-, le
permite aproximarse a “una manifestación de la riqueza y diversidad cultural
de nuestro pueblo (C.P. arts. 7° y 8°)”[94],
realizando su derecho fundamental al acceso a la cultura, además de la
recreación y la educación, ya que “[l]a tauromaquia al representar también
un espectáculo cultural, en el que la persona puede disfrutar del arte y
compartir en comunidad momentos de diversión, esparcimiento y entretenimiento,
se convierte en una de las expresiones del derecho fundamental a la recreación
de los niños como ‘actividad inherente al ser humano’”[95].
5.3. Sentencia C-889 de 2012.
5.3.1. Normas examinadas por la Corte y
cargos de la demanda.
5.3.1.1. En esta providencia se
analizaron los artículos 14 y 15 (parciales) de la Ley 916 de 2004 “por la
cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”, a la vez que se realizó
la integración normativa frente a los artículos 17, 18 y 19 de la misma ley. Las
normas analizadas se refieren a los requisitos para la celebración de
espectáculos taurinos, en concreto, la comunicación previa o la autorización
del órgano administrativo y los requisitos de la aludida comunicación.
Igualmente, frente al régimen de autorización previa, la negación de los
permisos y las consecuencias de suspensión o prohibición de realización del
espectáculo por incumplimiento de los requisitos exigidos.
5.3.1.2. Para el demandante, el hecho de
que en lugares donde existan plazas de toros permanentes se contemple un
régimen de mera comunicación para la celebración de sus espectáculos, obliga a
las entidades territoriales a permitir la tauromaquia y los espectáculos
taurinos, afectando con ello su autonomía y competencias, con vulneración de
los artículos 288 y 136.1 constitucionales. Además, plantea la afectación del
mandato de diversidad étnica y cultural de la Nación, al imponer una visión
particular y específica que valora la tauromaquia, a pesar de basarse en un
maltrato a los animales y ser repudiada por parte de la población.
5.3.2. La decisión de la Corte en la
sentencia C-889 de 2012.
La Corte Constitucional, en fallo que
hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, decidió lo siguiente:
“PRIMERO: Declarar EXEQUIBLES,
por los cargos analizados en esta sentencia, las expresiones “La
celebración de espectáculos taurinos requerirá la previa comunicación al órgano
administrativo competente o, en su caso, la previa autorización del mismo en
los términos previstos en este reglamento.”; “en plazas permanentes
bastará únicamente, en todo caso, con la mera comunicación por escrito. En las
plazas no permanentes”; y “La comunicación”, contenidas en el
artículo 14 de la Ley 916 de 2004 “por la cual se establece el Reglamento
Nacional Taurino.”
SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLES,
por los cargos estudiados en esta sentencia, la expresión “o comunicación”,
contenida en el artículo 15 de la Ley 916 de 2004 “por la cual se establece
el Reglamento Nacional Taurino.”
TERCERO: Declarar EXEQUIBLES, por
los cargos estudiados en esta sentencia, los artículos 17, 18 y 19 de la Ley
916 de 2004 “por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino.”,
con excepción de la expresión “que requieran autorización previa” contenida
en los artículos 17 y 18 citados, que se declara INEXEQUIBLE”.
5.3.2.1. El régimen para
la realización de espectáculos taurinos dispuesto por la Ley 916 de 2004 debe
entenderse a partir del hecho de “que no existe una norma legal que
imponga la prohibición general de los espectáculos taurinos”[96], que
la actividad taurina ha sido definida por el Legislador como una expresión
cultural, que el Estatuto Taurino tiene aplicación en todo el territorio
nacional y que el régimen dispuesto por el Legislador sobre ‘comunicación’
a la entidad territorial, no quebranta el principio de autonomía en tanto
reconoce y resguarda el ejercicio de la función de policía -más adelante
se desarrollará a profundidad el alcance del concepto-, asignada a ellas por la
Constitución.
(i) Desde esta perspectiva está claro
que el Legislador no estaba obligado a facultar a las autoridades
administrativas para ejercer función de autorización previa a la realización
del espectáculo taurino, pues tal circunstancia corresponde exclusivamente al
Legislador en ejercicio del poder de policía, como quiera que sólo
mediante ley podría prohibir la realización de la expresión cultural. La
autoridad administrativa solo puede cumplir con sus funciones, siempre regida
por un principio de “estricta legalidad”[97], de
modo que es
“el Legislador el que tiene la potestad de fijar las condiciones
para el ejercicio de espectáculos públicos, entre ellos la actividad taurina,[… y este no está…] obligado constitucionalmente a otorgar
márgenes discrecionales de evaluación a los alcaldes, pues ello no sería nada
distinto que transferirles el ejercicio del poder de policía, lo que
contradeciría (sic) la Carta Política”[98].
(ii) A la luz de estos
lineamientos, el régimen dispuesto en la normativa vigente, de comunicación a
las entidades territoriales en las que se encuentren plazas permanentes,
respeta la diferenciación de funciones, reconociendo a la entidad territorial
la verificación de requisitos relacionados con la seguridad y salubridad del
espectáculo taurino, que en el marco de la ley –en concreto el Art. 15 de la
L.916/04-, permiten a la autoridad territorial el ejercicio de la función de
policía que la Constitución le reconoce. De este modo, la autoridad territorial
“exige
al interesado presentar un grupo definido de requisitos, varios de ellos
relacionados con la seguridad y salubridad del espectáculo taurino. Así, de las
exigencia contenidas en el artículo 15 de la Ley 916/04, se destacan aquellas
relacionadas con la certificación sobre las condiciones de seguridad
necesarias, así como la constancia veterinaria respecto de la sanidad de
chiqueros y corrales, al igual que la certificación sobre la solicitud del
servicio de seguridad por parte de la policía y la póliza de responsabilidad
civil extracontractual, dirigida al pago tanto de los perjuicios que pudiesen
causarse en razón del espectáculo, como por la asunción de tributos de la
entidad territorial correspondiente”[99].
(iii) El alcance de la comunicación
a la que refiere la regulación analizada, muestra como no se impone a las
entidades territoriales una circunstancia en la cual “queden inmediatamente
compelid[a]s a permitir el uso del precepto”[100],
sino que “debe mediar el efectivo cumplimiento de los requisitos de que
trata el artículo 15 de la Ley 916/04, junto con los fijados en las demás
normas legales que prevean condiciones exigibles para la celebración de
espectáculos públicos en general”[101].
5.3.2.2. La diferenciación entre plazas
permanentes y no permanentes es razonable, en tanto “que las plazas
de toros permanentes han sido concebidas para la realización de ese
espectáculo,
[siendo] aceptable que no se le impongan condiciones estrictas de habilitación,
más gravosas que las señaladas en el artículo 15 de la Ley 916/04 y los demás
preceptos legales que fijan exigencias para la celebración de eventos públicos.
En cambio, dichas condiciones sí son predicables de las plazas no permanentes,
precisamente por el hecho que esos inmuebles no han sido originalmente
concebidos para la mencionada función. En todo caso, […], tanto en uno
como en otro evento concurre un grupo de requisitos legales y constitucionales
para el espectáculo taurino, siendo responsabilidad de las autoridades locales
su estricto cumplimiento”[102].
5.3.2.3.
Igualmente, las autoridades territoriales mantienen vigente su función de
policía, en tanto están habilidades para adelantar el escrutinio de los
requisitos exigidos a los espectáculos taurinos –Art. 15 de la L.916/04-, bien
sea que sea que los espectáculos se realicen en plazas de toros permanentes, no
permanentes o portátiles –como se desarrolla en el punto siguiente-, pudiendo,
en caso de incumplirse, negar el permiso para la celebración del espectáculo.
5.3.2.4. A contrario, la Corte encontró
que se afectaba la autonomía territorial por cuanto los artículos 17 y 18
disponían de mecanismos para la subsanación de eventuales defectos y
consecuencias para su incumplimiento solo para los espectáculos taurinos que
requirieran autorización previa. Se encontró injustificado que tales medidas se
dispusieran solo para estos espectáculos, cuando los requisitos exigidos en el Art. 15 de la
L.916/04 aplican para los que requieren autorización y los que no, de tal
manera que para hacer efectiva la función propia de las autoridades
administrativas territoriales, debía generalizarse su aplicabilidad. Al
respecto, dijo la Corte que:
“Estas
condiciones, también se ha señalado, por expreso mandato del Legislador son
comunes a todos los espectáculos taurinos, bien sea que se lleven a cabo en
plazas de toros permanentes, no permanentes o portátiles. En ese sentido se
insiste que la Corte ha concluido en el presente fallo que las múltiples
exigencias a la actividad taurina son aplicables a sus diferentes modalidades,
al margen de la naturaleza del recinto en que son adelantadas.
A juicio de la
Corte, no existe ninguna razón constitucionalmente atendible para que la Ley
916/04, luego de fijar un marco común de requisitos para los espectáculos
taurinos, en general, a reglón seguido limite la comprobación de esas
exigencias exclusivamente a aquellos festejos que requieren autorización
previa, esto es, a los que se realizan en plazas no permanentes o portátiles.
Una disposición de ese carácter priva a las entidades territoriales de su
competencia constitucional de asegurar el orden público mediante el ejercicio
de la función de policía, más aún cuando se trata de la acreditación de
condiciones fácticas que el mismo Legislador ha previsto para esa clase
particular de espectáculos”[103].
5.3.3. Exequibilidad del reconocimiento
legal de la tauromaquia como expresión artística y cultural. (Reiteración de
jurisprudencia).
5.3.3.1. La decisión de la Corte partió de
reconocer la facultad del Legislador de determinar como expresión artística el
espectáculo taurino. Al respecto se manifestó:
“La
jurisprudencia constitucional, con todo, ha considerado que el Legislador se
encuentra habilitado para reconocer determinada tradición cultural, a
condición que (i) ese reconocimiento no signifique un tratamiento privilegiado
para la práctica correspondiente, que afectaría el pluralismo varias veces
mencionado; y (ii) la práctica cultural reconocida tenga un vínculo comunitario
o regional verificable, a partir de un cuerpo de prácticas y costumbres
igualmente específico, lo que proscribe toda forma de direccionamiento cultural
desde el Estado. En cambio, lo que es aceptable desde la Constitución es que la
práctica cultural diversa sea identificada o descubierta por el
Legislador, a fin de reconocerle su estatus legal de objeto protegido por el
Derecho, lo que es contrario a prescribir una práctica particular, carente de
ese origen social y comunitario”[104].
5.3.3.2.
En el caso de la tauromaquia lo que habría hecho el Legislador es precisamente
moverse dentro de ese ámbito permitido, descubriendo la práctica cultural
diversa, reconociendo su arraigo cultural y en consecuencia, procediendo a
regularla, como ocurrió en el Reglamento Nacional Taurino. Específicamente
concluyó:
“[L]a
jurisprudencia constitucional advierte que concurre una previsión legislativa
de reconocimiento de las corridas de toros como una expresión tradicional que
integra el patrimonio cultural de la Nación. Con todo, en tanto esa práctica
involucra maltrato animal, contradice el mandato superior de protección al
medio ambiente, a través de la garantía del bienestar animal. Por ende,
se hace necesario imponer restricciones, también de naturaleza constitucional,
sobre dichas actividades. Estas limitaciones responden a dos planos
diferenciados: (i) la exigencia de carácter cualificado a la práctica cultural,
en términos de arraigo, localización, oportunidad y excepcionalidad,
excluyéndose el reconocimiento estatal a las demás expresiones que no respondan
a estos criterios; y (ii) el deber estatal de adelantar acciones que
desincentiven las prácticas culturales que incorporan maltrato o tratos crueles
a los animales”.
5.3.4. Competencias del Legislador y de
la autoridad territorial para la realización del espectáculo taurino, según la
Corte Constitucional -sentencia C-889/12-.
5.3.4.1. Se estableció igualmente una
diferenciación clara de funciones entre el Legislador y las autoridades
administrativas locales, aplicable a la realización de la tauromaquia.
5.3.4.2. El Legislador ejerce respecto
de la actividad taurina el poder de policía, poder que “tiene
naturaleza eminentemente normativa y refiere a aquellas disposiciones dirigidas
a prever límites y condiciones para el ejercicio de actividades ciudadanas, en
aras de la protección del orden público y la convivencia social. Este poder es
privativo del Congreso de la República, en tanto versa sobre la limitación
justificada de derechos constitucionales”[105].
Este poder de policía solo resultará compatible con la
Constitución cuando esté dirigido a satisfacer un fin constitucionalmente
imperioso y, a su vez, sea imprescindible para cumplir con ese objetivo. En
ejercicio del mismo, es posible imponer restricciones a los derechos
constitucionales, basadas en razones encaminadas a la protección del orden
público[106]
y el interés general, razones que hacen que su implementación esté radicada
exclusivamente en cabeza del Congreso de la República.
5.3.4.3. Por otro lado, la autoridad
administrativa local sólo está autorizada para ejercer la función de policía.
El
ejercicio de la función de policía se encamina a la concreción de los mandatos
legales, adoptados con observancia del poder de policía, mediante actos
administrativos; sin que las autoridades administrativas nacionales o
territoriales puedan imponer restricciones más intensas que las previstas en
las leyes, en virtud de la reserva material de ley frente a las limitaciones a
los derechos constitucionales, en este sentido, la función de policía se ejerce
atendiendo principio de estricta legalidad.
5.3.5. Incompetencia de los alcaldes
municipales para “definir la autorización de la práctica taurina”, en la
sentencia C-889/12.
5.3.5.1. A partir de las anteriores
consideraciones y de la repartición de funciones derivada de la propia
Constitución, determinó la Corte en la sentencia C-889/12 que los alcaldes
municipales y distritales carecen de “un poder discrecional para definir la
autorización de la práctica taurina…”[107].
5.3.5.2.
Podría “considerarse que, a partir de decisiones de esta Corte, las
entidades territoriales sí tienen ese ámbito de discrecionalidad, para el caso
particular de las corridas de toros, al punto que podrían prohibirlas en su
respectiva jurisdicción territorial. […] No obstante, la Sala advierte
que esa última expresión no puede comprenderse como la concesión de facultades
omnímodas a las autoridades administrativas municipales, para que decidan por
sí y ante sí la prohibición de la actividad taurina. Ello debido al menos dos
tipos de razones: (i) la naturaleza constitucional del ejercicio de la función
de policía; y (ii) la existencia de una previsión legal, declarada compatible
con la Constitución, bajo determinadas condiciones, que reconoce y permite la tauromaquia
en determinadas zonas del país”[108].
5.3.5.3. En la sentencia C-889 de 2012
se precisó:
“Es
el Legislador el que tiene la potestad de fijar las condiciones para el
ejercicio de espectáculos públicos, entre ellos la actividad taurina, sin
que esté obligado constitucionalmente a otorgar márgenes discrecionales de
evaluación a los alcaldes, pues ello no sería nada distinto que transferirles
el ejercicio del poder de policía, lo que contradeciría (sic) la Carta
Política. Por ende, la disposición de requisitos particulares que deben ser
evaluados por las autoridades locales, en modo alguno puede considerarse como
el desconocimiento del grado de autonomía que la Constitución les confiere, ni
menos como la comprensión de la autoridad local como una “simple tramitadora”
de requisitos. Antes bien, es un ejercicio prima facie legítimo de las
potestades que se derivan del poder de policía, ligado tanto al principio
democrático como al principio de Estado unitario.
Con
todo, también debe resaltarse que ello no significa que las autoridades locales
no estén llamadas a cumplir estrictamente con el ordenamiento jurídico, entre
ellos los mandatos constitucionales respecto de los cuales se derivan
limitaciones concretas a las libertades públicas, como sucede con la seguridad,
la tranquilidad de las personas, la salubridad pública o la convivencia
ciudadana. De lo que se trata, en este orden de ideas, es que las
autoridades territoriales estén circunscritas en su actuar a los lineamientos fijados
por el poder de policía, sin que puedan imponer motu proprio sus
particulares consideraciones de conveniencia, distintas a las restricciones
respaldas por el ordenamiento”[109].
5.3.5.4. Con miras a acotar el tema del
alcance de las facultades de las autoridades administrativas en el caso
concreto de la tauromaquia y del espectáculo taurino, se hizo un repaso de la
delimitación constitucional del parámetro de control, para precisar la frontera
que impone la Constitución y la ley a una eventual decisión de los alcaldes de
prohibir la práctica de la tauromaquia.
Se dijo con claridad que “ni de la
legislación ni de la Carta Política se deriva una prohibición general para el
ejercicio de la actividad taurina, sino solo unas particulares restricciones,
en todo caso intensas, para que se lleve a cabo de manera compatible con el
mandato superior de bienestar animal. En tal sentido, si la autoridad
municipal o distrital ejerce el control de los espectáculos taurinos en su
condición de agente de la función de policía, no resulta válido desde la
perspectiva constitucional que prohíba esa actividad cuando no tiene respaldo
normativo, de índole legal –en tanto el poder de policía corresponde al
Congreso- para imponer esa condición”[110].
Aún más, la Corte determinó que “no existe una norma legal que
imponga la prohibición general de los espectáculos taurinos. Antes bien, la
Corte ha avalado el mandato legal que regula esas actividades, contenido en la
Ley 916/04, en cuanto es una tradición cultural de la Nación, susceptible de
ser reconocida con el Estado”[111].
5.3.5.5.
Ahora bien, la prohibición del espectáculo taurino que está vedada a la
Administración, es la del espectáculo taurino tal y como se halla definido en
la ley, esto es, en el Reglamento Nacional Taurino -Ley 916/04-.
En otras palabras, la autoridad administrativa no puede prohibir un espectáculo
artístico-cultural legalmente permitido, ni tampoco alterar su estructura
legalmente regulada y constitucionalmente aceptada.
5.4.
Otras sentencias relacionadas con la actividad taurina.
5.4.1. Sentencia C-1190 de 2005.
5.4.1.1. Se analizaron los artículos 15, literal d) y
82 (parcial) de la Ley 916 de 2004 “Por la cual se establece el Reglamento
Nacional Taurino”, relacionados con la presentación de documentos
adicionales a el caso de las solicitudes de autorización o las comunicaciones a
las autoridades administrativas para la realización de los espectáculos
taurinos y la comunicación de sanciones a ganaderos, matadores y subalternos a
través del órgano administrativo competente a las organizaciones, legalmente
constituidas. El demandante alegaba afectaciones a los derechos de asociación,
de igualdad y la libertad de iniciativa privada (Arts. 38, 13 y 333
Constitucionales respectivamente), por supuestamente obligar la norma demandada
a que los artistas taurinos estuvieran necesariamente afiliados a la Unión de
Toreros de Colombia –UNDETOC-, negando la posibilidad de constituir nuevas
asociaciones, y en caso de ser independientes o no pertenecer a la primera.
5.4.1.2. La Corte decidió declarar exequible el aparte
demandado del artículo 82 de la Ley 916 de 2004, relacionado con la
comunicación de sanciones a ganaderos, matadores y subalternos a través del
órgano administrativo competente de las organizaciones, legalmente
constituidas, a las que pertenezca el sancionado. De otro lado, frente al
literal d) del artículo 15 de la Ley 916 de 2004 se decidió introducir un
condicionamiento, para especificar que el documento adicional requerido para
los trámites administrativos tendientes a la realización del espectáculo
taurino, consistente en la certificación de UNDETOC de que los participantes (tanto
la empresa organizadora como los matadores y subalternos) se encontraran a paz
y salvo con esa entidad, únicamente podría ser requerida cuando en el festejo
actuaran afiliados a la dicha organización y en relación sus afiliados, sin
perjuicio de la certificación que deben expedir también otras organizaciones
legalmente constituidas en relación con respectivos sus afiliados,
permitiéndose la constitución y afiliación y funcionamiento de otras
organizaciones con propósito similar.
5.4.2. Sentencia
C-115 de 2006.
5.4.2.1. Se analizó la Ley 916 de 2004 “Por la cual
se establece el Reglamento Nacional Taurino”, bajo el argumento de que
violaría los mandatos constitucionales de libertad de profesión u oficio (Art.
26 Constitucional), de conciencia (Art. 18 Constitucional), el derecho al libre
desarrollo de la personalidad (Art. 16 Constitucional), y los límites
constitucionales al ejercicio de la competencia legislativa (Art. 150
Constitucional). Los cargos se encaminaron en tres líneas básicas, así: (i)
dado que la actividad taurina es un oficio de libre ejercicio, la norma
demandada entra en conflicto con el artículo 26 Superior pues el Congreso no
estaba facultado constitucionalmente para regular las prácticas propias de esa
actividad, sin perjuicio de restricciones de naturaleza policiva en los
espectáculos públicos; (ii) el demandante considera que la lidia de toros es
una actividad eminentemente privada, situación que implica que el Congreso no
podía regular tal asunto sin incurrir en exceso en el ejercicio de sus
competencias constitucionales; (iii) la disposición acusada vulnera el derecho
a la libertad de conciencia y al libre desarrollo de la personalidad de los
ciudadanos que encuentran en la actividad taurina un ejercicio de crueldad y
maltrato en contra de los animales.
5.4.2.2. La Corte decidió estarse a lo resuelto en la
sentencia C-1192 de 2005 y declarar exequibles los restantes contenidos
normativos. La razón de la decisión frente a los cargos expuestos por la
demandante remiten a las consideraciones vertidas por la Corte en la sentencia
C-1192 de 2005, recordando que “[p]ara la Corte, con base en las previsiones
contenidas en el Preámbulo y en los artículos 1º, 7º y 16 de la Carta, se
infiere que la obligación de reconocimiento de las actividades culturales debe
entenderse a partir de la vigencia del principio pluralista que informa el
actual modelo de Estado constitucional. Así, el deber de protección recae sobre
las diferentes concepciones del mundo y tradiciones artísticas, entre ellas las
que no responden a los parámetros sociales predominantes en cuanto a raza,
religión, lengua y folclor”[112]. En este marco de reconocimiento de la
facultad del Legislador para determinar qué actividades son consideradas como
expresiones artísticas y cuáles de ellas merecen el reconocimiento especial del
Estado, consideró la Corte que “dicha potestad de configuración normativa
incluye la posibilidad de exigir, en los términos del artículo 26 Superior,
tanto requisitos de formación académica para ejercer una determinada actividad
artística, como títulos de idoneidad para aquellos eventos en que la protección
del interés general y la prevención del riesgo social lo hagan estrictamente
necesario”[113].
5.4.2.3. Frente al exceso de la facultad de
configuración legislativa alegado, retomó las razones expresadas en la
sentencia C-1192 de 2005, considerándolas suficientes para otorgar legitimidad
a la regulación de la actividad taurina por parte del Congreso: “[D]icha
normatividad encuentra fundamento suficiente, de un lado, en la necesidad de
reconocimiento de la expresión cultural que constituye la tauromaquia, y del
otro, en el cumplimiento de la obligación estatal de establecer medidas
adecuadas y suficientes para la reducción del riesgo social que involucran
ciertas actividades ejercidas por particulares, como sucede en el caso concreto
de la lidia de toros”
[114], aunque destacó que “la regulación
legal de la actividad taurina no interfiere con el ejercicio de los derechos a
la libertad de conciencia y libre desarrollo de la personalidad. Como lo
sostuvo esta Corporación, el reconocimiento legal de la tauromaquia no involucra,
en modo alguno, la obligatoriedad de la concurrencia a esa actividad, de forma
que el ordenamiento constitucional garantiza plenamente el ejercicio de la
opción de los ciudadanos que, de acuerdo con sus convicciones, se oponen a la
lidia de toros”[115].
5.4.3. Sentencia C-367 de 2006.
5.4.3.1. Allí se analizaron los
artículos 1º (parcial); 2º (parcial); 12 (parcial); 22 (parcial); 26 (parcial);
31 (parcial) y 80 (parcial) de la ley 916 de 2004, “Por la cual se establece
el reglamento nacional taurino”, referidos a la asignación del carácter de
expresión artística del ser humano por parte del Legislador y la “regulación
de
la preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las
actividades relacionadas con los mismos” (L.916/04, Art. 1), la
aplicación del estatuto a todo el territorio nacional, la definición de
cuadrilla en tanto comprende la conformada “con niños torerillos
profesionales del mundo taurino, cuando su precocidad permite su explotación
económica”
(L.916/04, Art. 12), la asistencia de menores de 10 años al espectáculo
taurino, la presidencia del espectáculo taurino en cabeza del alcalde de la
localidad donde se realizare y la facultad del mismo para nombrar algunos
cargos propios del espectáculo, la declaración de que “[l]as ganaderías de
lidia en general, toros y novillos para lidia en particular, son producto de
alto interés nacional” (L.916/04, Art. 31), y la
posibilidad de crear escuelas taurinas para la formación de nuevos
profesionales taurinos y el apoyo y promoción de su actividad. Se argumentó por
parte de la demandante que estas normas violarían los mandatos constitucionales
de libertad de profesión u oficio (Art. 26 CP), pues se estaría regulando el ejercicio
de una actividad de libre ejercicio que no requiere formación académica, y de
paso se afectaría lo dispuesto en el artículo 1° de la Carta, en tanto al
definir como arte a la tauromaquia, se desconocería el mandato de protección
del interés general. Además, se afectaría el artículo 2º de la Constitución
Política, relacionado con la participación de los ciudadanos en las decisiones
que los afectan, por cuanto al disponerse la aplicación para todo el territorio
nacional de las disposiciones del estatuto, se estaría obligando a quienes
rechazan la práctica del toreo a someterse a lo establecido en la norma.
Igualmente, que se desconocerían los derechos de los niños al permitir su
entrada a un espectáculo en esencia violento, quedando la mente del
infante a merced de las distorsiones causadas por el espectáculo taurino, a
la par que se permite su explotación económica al formarse cuadrillas con
menores de edad. Aduce la violación de los artículos 314 y 315 de la Carta al
atribuir al alcalde la facultad de intervenir en una labor que no le
corresponde, al igual que del 355 superior al permitirse auxilios a los
ganaderos y la promoción de una actividad que considera absolutamente
inconstitucional.
5.4.3.2. La Corte decidió estarse a lo
resuelto en la sentencia C-1192 de 2005 (reseñada en la presente sentencia)
frente a la definición de la tauromaquia como expresión artística del ser
humano contenida en el artículo 1, y los apartes demandados de los artículos 2
y 22. Se declaró exequible el aparte relacionado con la regulación de la
preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las
actividades relacionadas del artículo 1° del Estatuto, e inexequibles
el artículo 26, relacionado con funciones asignadas a los alcaldes de la
localidad donde se realizara el espectáculo a desempeñar en el espectáculo
taurino
y la expresión “profesionales… cuando su precocidad permite su explotación
económica” del mismo artículo. De otro lado, la Corte declaró la exequibilidad
de la expresión “La que forman con niños torerillos … del mundo taurino”,
del artículo 12 de la Ley 916 de 2004, quedando condicionada al entendido de
que “los niños torerillos únicamente podrán hacer parte de una cuadrilla
cuando hayan cumplido los catorce (14) años de edad y, además, los empresarios
y las autoridades públicas les garanticen las condiciones de seguridad
previstas en los tratados y convenios de derechos internacional suscritos por
Colombia”[116].
Además,
se declaró la exequibilidad del parágrafo del artículo 31 de la ley 916 de
2004, salvo las expresiones “son producto de alto interés nacional, dada su
importancia que” y “todos los”, las cuales se consideraron inexequibles.
Igualmente, frente al artículo 80 de la ley demandada, se declaró su
exequibilidad, salvo la expresión “fomento de” la cual se consideró
inexequible.
5.4.3.3. La razón de la Corte para adoptar
estas decisiones se basó en la reiteración de sus consideraciones en cuanto a
que el Congreso está facultado para determinar cuál actividad ha de ser
regulada en su ejercicio. En ese sentido, su intervención acerca de la regulación
de la preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de
las actividades relacionadas, cabía perfectamente bajo su competencia, teniendo
en cuenta que la definición de la tauromaquia como expresión artística del ser
humano resulta perfectamente compatible con la Constitución. En asuntos más
específicos, como la definición de “Cuadrilla” -comprendiendo la actividad
susceptible de explotación económica de los menores de edad- consideró que la
expresión legislativa era infortunada, en tanto admitía una interpretación
según la cual se estaría legitimando el sometimiento de unas personas a
condiciones de explotación económica, circunstancia que contraría el mandato de
reconocimiento y respeto por la dignidad humana, más aún en tratándose de
menores de edad (Art. 44 Constitucional). Ocurrió entonces un exceso en el
ejercicio de las competencias del Congreso de la República, pues se profirió
una norma contraria a los lineamientos constitucionales básicos, comprendidos
no solo en el texto de la Carta, sino en el bloque de constitucionalidad. Sin
embargo, la participación de los menores en el espectáculo taurino no sería absolutamente
inconstitucional, pues “[e]l texto de la Convención permite a los Estados
partes reglamentar las condiciones dentro de las cuales los menores podrán
desarrollar ciertas actividades, entre ellas las relacionadas con su
participación en la vida cultural y artística, fijando la edad mínima, los
horarios, las condiciones de trabajo y estableciendo penalidades para asegurar
la aplicación del texto de la Convención”[117]. Así,
resultaba necesario acomodar la participación de los menores en el espectáculo
taurino, para hacerlo compatible con estas normas del bloque de constitucional,
por lo cual se recurrió al condicionamiento, inspirado en las normas del Código
del Menor entonces vigente, que indicaba que podrían trabajar los mayores de 14
años, edad mínima aplicable a los menores que integraran una cuadrilla, previa
autorización de sus padres y la garantía de protección contra la explotación.
5.4.3.4.
De otro lado, frente a la presidencia de los espectáculos taurinos en cabeza de
los alcaldes de la localidad, y la posibilidad del mismo de nombrar ciertos
cargos instrumentales para el desarrollo del espectáculo, consideró la Corte
que la posibilidad de que una autoridad pública tuviera la atribución de
intervenir en una labor que corresponde a una actividad privada, infringía la
Constitución. Manifestó la Corte que la expresión atacada era inconstitucional,
pues la función de presidir los espectáculos taurinos resultaba contraria a la
naturaleza jurídica y a la dignidad que el constituyente confirió al primer
mandatario de la localidad. Especialmente, manifestó que “[i]mponer al
Alcalde el deber legal de presidir un espectáculo de carácter privado, como lo
es un festejo taurino, es inconstitucional, por cuanto la función de este
servidor público está limitada a vigilar que durante el espectáculo se observen
las normas legales y administrativas que regulan la denominada fiesta brava
[…] como se ha dicho, la función pública que constitucionalmente le
corresponde está limitada a vigilar que tales eventos se desarrollen dentro del
marco jurídico que garantiza el mantenimiento del orden público”[118].
5.4.3.5.
Frente
a las escuelas de formación para la tauromaquia, destacaron que dado que “el
Legislador y la jurisprudencia han manifestado que la tauromaquia es una
expresión artística, una modalidad de recreación y una expresión cultural del
ser humano, las escuelas taurinas destinadas a la formación de profesionales
taurinos constituyen un medio para el desarrollo de tal actividad, como también
para el logro de los propósitos buscados por el Estado, en cuanto a la
conservación de las tradiciones y a la protección del patrimonio cultural y
artístico de la Nación”[119],pero
no podrían ser consideradas como parte de la política educativa del Estado. En
ese sentido, no podría realizarse un fomento por parte del Estado de dichas
escuelas, pues quedarían en desigualdad frente a otras escuelas de formación en
otras disciplinas, razón por la cual era compatible con la Constitución su existencia,
pero no un fomento a las mismas.
5.4.3.6. Finalmente, y si bien no
resultaba cierto el cargo formulado por la demandante en tanto no se dispuso la
entrega de auxilios y donaciones para las ganaderías de lidia, consideró la
Corte que la calificación de esta actividad como “producto de alto
interés nacional, dada su importancia”, si implicaba
una afectación de rango constitucional, pues “[l]a norma que se examina
cualifica de manera desproporcionada una actividad importante, pero que dista
de ser considerada económicamente como producto de alto interés nacional, pues
ella vincula a un sector que no compromete el funcionamiento ni la estructura
macroeconómica del Estado”[120].
En igual sentido, la posibilidad que daba el parágrafo del artículo 31 de la
ley 916 de 2004 para que las ganaderías de lidia accedieran a todos los
créditos de fomento, apareció como desproporcionada a la luz del análisis
constitucional.
5.5. Síntesis de decisiones
jurisprudenciales relevantes al caso.
La Corte Constitucional, en las
sentencias referidas, ha declarado las siguientes exequibilidades o
inexequibilidades que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional:
5.5.1. Exequibilidad condicionada de la
excepción a la prohibición y sanción del maltrato animal e inaplicación de
presunciones de maltrato en actividades con animales (Sentencia C-666/10).
5.5.1.1. Decisión de exequibilidad: la
Corte Constitucional declaró exequible condicionalmente el artículo 7º del “Estatuto
Nacional de Protección de los Animales”[121],
que dispone que “Quedan exceptuados de los expuestos en el inciso 1o. y en
los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las
corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las
riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”,
estando los incisos aludidos directamente con la práctica de la tauromaquia.
5.5.1.2. Decisión de condicionamiento:
la excepción contemplada en el artículo 7º examinado puede aplicarse, solo bajo
las siguientes condiciones: “1) Que la excepción allí planteada
permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello llegare a
ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión
cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos
deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el
dolor durante el transcurso de esas actividades. En particular, la excepción
del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones
humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se
eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra
ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de
protección a la fauna. 2) Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos
municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una
tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización
responda a cierta periodicidad; 3) que sólo podrán desarrollarse en aquellas
ocasiones en las que usualmente se han realizado en los respectivos municipios
o distritos en que estén autorizadas; 4) que sean estas las únicas actividades
que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de
protección a los animales; y 5) que las autoridades municipales en ningún caso
podrán destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la
realización exclusiva de estas actividades”.
5.5.1.3. Razón de la decisión: (i) la
tauromaquia es una expresión artística y cultural, reflejo de un arraigo social
y de la realización de una tradición sociológica; (ii) el deber constitucional
de protección animal no se opone absolutamente a la celebración de espectáculos
taurinos, en virtud del deber, también constitucional, de promoción y
protección de la diversidad y el patrimonio cultural; (iii) la
constitucionalidad del espectáculo taurino se confirma con la exequibilidad de
la excepción a la prohibición del maltrato animal -art 7º, Ley 84/89-, esto es,
la permisión de actos que implican infligir daño al toro y son inherentes a
dicho espectáculo -herida y muerte del toro en espectáculo público o privado,
autorizada en los literales a, d y f del artículo 7º-; (iv) con todo, tal
permisión fue condicionada con una serie de limitaciones materiales,
geográficas, temporales al espectáculo taurino -en escenarios apropiados,
lugares de arraigo social y épocas habituales-, dado el déficit de protección
hallada en estas actividades con animales exceptuadas de la prohibición legal;
(v) entre los condicionamientos, se dispuso que el Legislador, a futuro,
pudiera realizar una nueva armonización concreta entre los valores de
protección de la cultura y del bienestar animal, adoptando medidas que “eliminen o
morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un
proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la
fauna”,
esto es, nuevas previsiones legislativas de mitigación o incluso de prohibición
de los actos de especial crueldad contra los animales exceptuados de la
prohibición del artículo 7º de la Ley 84/89, que (v.i) “implican
necesariamente la actuación del Legislador” y (v.ii) “Excede
el ámbito de la Corte Constitucional el determinar al detalle los elementos
normativos que debe incorporar dicha regulación, que caen dentro de la órbita
exclusiva del Legislador”; (vi) la concurrencia de las
autoridades administrativas a la protección de los animales es deber
constitucional, que se ejerce en el marco de sus competencias y sus límites
constitucionales y legales.
5.5.2. Exequibilidad de la definición
legislativa de la tauromaquia como “expresión artística” (sentencia C-1192/05,
reiterada por las sentencias C-115/06 y C-367/06).
5.5.2.1. Decisión: la Corte
Constitucional declaró exequible la expresión “Los espectáculos taurinos son
considerados como una expresión artística del ser humano” (artículo 1° de
la Ley 916 de 2004 o Reglamento Nacional Taurino[122]).
5.5.2.2. Razón de la decisión: (i) el
Legislador, en ejercicio de sus facultades constitucionales, puede identificar
qué actividades del ser humano deben considerarse expresiones artísticas y merecen un
reconocimiento especial del Estado, de acuerdo con los lineamientos
dispuestos en los artículos
7°, 8°, 70, 71 y 150 de la Constitución Política; (ii) la
razonabilidad de la definición legal de la tauromaquia como expresión
artística del ser humano, se basa en su identificación como actividad
tradicional que goza de un arraigo social determinable en regiones del país, y
constituye una manifestación de la diversidad cultural y el pluralismo social
como elemento del patrimonio cultural de Colombia.
5.5.3. Exequibilidad de la aplicación a
todo el territorio nacional del Reglamento Nacional Taurino (Sentencia
C-1192/05, reiteradas por las sentencias C-115/06 y C-367/06).
5.5.3.1. Decisión: la Corte
Constitucional declaró exequible la expresión “será de aplicación general en
todo el territorio nacional” (artículo 2° de la Ley 916 de 2004 o
Reglamento Nacional Taurino[123]).
5.5.3.2. Razón de la decisión: (i)
el ámbito nacional de aplicación de la ley, por regla general, es connatural a
su generalidad en el marco de un estado unitario y realización del principio de
igualdad consagrado en los artículos 1, 2 y 13 Superiores; (ii) el Legislador
busca, con la aplicación nacional del Reglamento Taurino, “preservar el
carácter artístico de la fiesta brava”[124],
mediante la protección de “(i) los derechos de los aficionados a recibir el
espectáculo en su integridad, (ii) las obligaciones básicas de las ganaderías,
(iii) la idoneidad de los recintos destinados a la práctica de la lidia, (iv)
las garantías mínimas fundamentales que se reconocen a los diestros o toreros
en el ejercicio de su oficio; y principalmente (v) un conjunto de reglas para
salvaguardar la integridad artística de la fiesta, preservar la pureza, sanidad
y bravura del toro de lidia y evitar su maltrato”[125].
5.5.3.3. Esta decisión debe armonizarse
con la referida al arraigo social de que deben gozar los municipios y distritos
en donde se admite el espectáculo taurino: la aplicación nacional de la ley del
reglamento taurino significa que en todos los lugares del territorio en que sea
admisible, regirán las reglas uniformes dispuesta legalmente; no entraña una
autorización de su práctica en todas las regiones del país, ya que solo se
admite en municipios o distritos en los que goza de tradición periódica,
regular e ininterrumpida.
5.5.4. Exequibilidad del régimen de
comunicación a las autoridades locales para la realización de espectáculos
taurinos e inexequibilidad de normas que suponían la autorización previa de las
autoridades locales para su realización (Sentencia C-889/12).
5.5.4.1. Decisiones: (i) la Corte
Constitucional declaró exequibles las expresiones “La
celebración de espectáculos taurinos requerirá la previa comunicación al órgano
administrativo competente o, en su caso, la previa autorización del mismo en
los términos previstos en este reglamento.”; “en
plazas permanentes bastará únicamente, en todo caso, con la mera comunicación
por escrito. En las plazas no permanentes”; y “La comunicación”,
contenidas en el artículo 14 del Reglamento Nacional Taurino[126],
y la expresión “o comunicación”, contenida en el artículo 15 de la misma
norma[127]; (ii) también se declararon exequibles
los artículos 17, 18 y 19 del Reglamento Nacional Taurino[128],
con excepción de la expresión “que requieran autorización previa” contenida
en los artículos 17 y 18 que fue hallada inexequible.
5.5.4.2. Razón de la 1ª
decisión: (i) el Legislador ejerce el poder de policía, capaz de imponer
limitaciones al ejercicio de los derechos y brindando un marco para el
ejercicio de la función de policía; esta función, en cabeza de la
administración, está regida por un principio de estricta legalidad, y se
encamina a garantizar el orden público en su jurisdicción por respeto de la
norma de rango legal, y no a la creación de nuevos requisitos y requerimientos
ausentes en la legislación; (iii) la autoridad administrativa local
carece de facultades para prohibir la práctica de la tauromaquia en su
jurisdicción, pues esta actividad cultural que “no es objeto de actual
prohibición general, decisión legislativa avalada por esta Corte”[129];
(iv) el régimen de comunicación de los espectáculos taurinos se
encaminan a la seguridad y preservación del espectáculo taurino, basadas en “criterios
objetivos y obligatorios para que las autoridades locales autoricen y controlen
la celebración de la actividad taurina, donde está constitucionalmente
permitida”[130]; (iv) al basarse en la verificación
de criterios objetivos, el régimen de comunicación es compatible con la
Constitución por ser desarrollo de la función de policía.
5.5.4.4. Razón de la 2ª
decisión: la expresión “que requieran autorización previa” contenida en
los artículos 17 y 18, estaría imponiendo un estándar de cumplimiento de
requisitos legales menos riguroso, en el caso particular de las corridas
celebradas en plazas de toros permanentes, situación contraria al marco
general, exigible a todos los espectáculos taurinos, por una consideración poco
razonable como es la naturaleza del inmueble donde se adelante la actividad,
por lo que la Corte considera que dicha expresión es inexequible.
5.5.5. Inexequibilidad de la
norma que disponía que la presidencia del espectáculo taurino por los alcaldes
(Sentencia C-367/06).
5.5.5.1. Decisión: la Corte declaró la inexequibilidad del
artículo 26 del Reglamento Nacional Taurino[131] -Ley 916 de
2004-, que contemplaba la presidencia del espectáculo por el alcalde de la
localidad.
5.5.5.2. Razón de la
decisión: las funciones de los alcaldes y sus agentes resultaran contrarias
a la naturaleza jurídica que el Constituyente confirió al primer mandatario de
la localidad: “la función de este servidor público está limitada a vigilar
que durante el espectáculo se observen las normas legales y administrativas que
regulan la denominada fiesta brava”, pues de acuerdo con el artículo 209 de
la Carta política, y siguiendo el principio de imparcialidad, se “le impone
el deber de actuar “teniendo en cuenta que la finalidad de los
procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las
personas sin ningún género de discriminación …”[132]”[133].
5.5.6. Exequibilidad del Reglamento
Nacional Taurino por no vulnerar la libertad de ejercicio de profesión u oficio
(Sentencia C-115 de 2006 y C-367/06)
5.5.6.1. Decisión: la Corte Constitucional declaró exequible el Reglamento
Nacional Taurino por no vulnerar la libertad de ejercicio de profesión u oficio
en la sentencia C-115/06, y la expresión “la regulación de la preparación,
organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las actividades
relacionadas con los mismos”, contenida en el artículo 1º de la ley
916 de 2004 (sentencia C-367/06).
5.5.6.2. Razón de la decisión: (i) la
regulación legal de la actividad taurina no interfiere con el ejercicio de los
derechos a la libertad de conciencia y libre desarrollo de la personalidad,
pues la misma no impone en modo alguno, la obligatoriedad de la concurrencia o
la práctica de esa actividad; (ii) tampoco vulnera el libre ejercicio de las
profesiones y los oficios, prevista en el artículo 26 Superior, pues al ser la
tauromaquia también un espectáculo público, “contiene un riesgo social
definido, ante el cual es razonable que se dispongan normas que disciplinen la
actividad y, de esa manera, protejan el interés general de quienes concurren al
mismo”[134]
5.5.7. Asistencia y participación de
menores en el espectáculo taurino y posibilidad de integrar cuadrillas
(Sentencias C-1192/05 y C-367/06).
5.5.7.1. Decisiones: (i) la Corte
Constitucional declaró exequible la expresión “Los menores de diez (10) años
de edad deberán ingresar en compañía de un adulto” contenida en el artículo
22 del Reglamento Nacional Taurino[135]; (ii)
igualmente, declaró la exequibilidad
condicionada de la expresión “La que forman con niños torerillos … del mundo
taurino”, del artículo 12 del Reglamento Nacional Taurino[136], bajo el
entendido de “que los niños torerillos únicamente podrán hacer parte de una
cuadrilla cuando hayan cumplido los catorce (14) años de edad y, además, los
empresarios y las autoridades públicas les garanticen las condiciones de
seguridad previstas en los tratados y convenios de derechos internacional
suscritos por Colombia”[137];
(iii) la expresión “profesionales … cuando su precocidad permite su
explotación económica” del mismo artículo, fue declarada inexequible.
5.5.7.2. Razón de las decisiones: (i) la
posibilidad de acceso de menores de edad de más de 10 años en compañía de un
adulto al espectáculo taurino desarrolla el acceso a la educación, la
recreación y la cultura, ordenados en el artículo 44 constitucional, a la par
que la compañía de un adulto es una medida de protección que garantiza la realización
de los derechos del niño; (ii) los menores de catorce no podrían participar al
contravenirse normas de trabajo de menores contempladas en normas nacionales e
internacionales vinculantes para Colombia; (iii) de otro lado, los menores de
edad de más de catorce (14) años pueden participar y actuar en espectáculos de
tauromaquia por ser expresión cultural y artística, aunque ello no puede
conducir a la explotación económica de los niños, pues esto último
contravendría el mandato del artículo 44 de la Carta y los tratados que
consagran y protegen los derechos de los niños; (iv) en la participación de los
menores de edad en el espectáculo taurino debe garantizarse la realización
plena de los derechos de los niños consagrados en la Constitución Política, y
los tratados en la materia.
5.5.8. Exequibilidad
condicionada del requerimiento de paz y salvo de agremiaciones de toreros en el
régimen de comunicación y exequibilidad de comunicación de sanciones a las
agremiaciones (Sentencia C-1190/05).
5.5.8.1. Decisiones: (i) La Corte
Constitucional declaró exequible condicionalmente el literal
d) del artículo 15 del Reglamento Nacional Taurino[138], “en
el entendido que la certificación prevista en la norma únicamente podrá ser
requerida cuando en el festejo van a actuar afiliados a la Unión de Toreros de
Colombia -UNDETOC- y en relación con ésos afiliados, y sin perjuicio de que la
certificación la deben expedir también otras organizaciones legalmente
constituidas y en relación con sus afiliados”[139];
(ii) también se declaró exequible la
expresión “serán comunicadas por el órgano administrativo competente a las
organizaciones, legalmente constituidas, a las que pertenezca el sancionado,
según los casos, para su constancia” del artículo 82 del Reglamento Nacional Taurino[140].
5.5.8.2. Razón de las decisiones: (i) es
posible que el Legislador establezca tratos diferenciados con fines de promover
la asociación de quienes se dedican a la actividad taurina, siempre y cuando
esta sea razonable y proporcionada, y no imponga la obligación a la persona de
conformar, permanecer o desafiliarse a una determinada organización, como
ocurre con la norma entendida a la luz del condicionamiento; (ii) igualmente se
debe recordar que la libertad de asociación se predica de las agremiaciones y
organizaciones constituidas para la práctica de la tauromaquia, pues sus
afiliados pueden pertenecer a la que escojan, o no pertenecer a ninguna, sin
que su elección tenga impacto en la práctica de la expresión artística taurina.
5.5.9. Exequibilidad del acceso de las
ganaderías de lidia a créditos de fomento, e inexequibilidad de la calificación
de la misma como producto de interés nacional (Sentencia C-367/06).
5.5.9.1.
Decisiones: (i) la Corte Constitucional declaró exequible el parágrafo del
artículo 31 de la ley 916 de 2004[141],
(ii) salvo las expresiones “son producto de alto interés nacional, dada su
importancia que” y “todos los”, las cuales son inexequibles.
5.5.9.2.
Razón de las decisiones: el Legislador excedió el ejercicio de
sus atribuciones al establecer que las ganaderías de lidia “son producto de
alto interés nacional, dada su importancia…”, pues cualifica de manera
desproporcionada una actividad que si bien puede ser importante, no alcanza la
categoría de ser “de alto interés nacional”, en especial porque no tiene un
impacto decisivo en el funcionamiento ni la estructura macroeconómica del Estado.
5.5.10. Exequibilidad de la creación de
escuelas taurinas, pero inexequibilidad de su fomento (Sentencia C-367/06).
5.5.10.1. Decisión: la Corte
Constitucional declaró exequible el artículo 80 del
Reglamento Nacional Taurino[142], salvo la
expresión “fomento de” la cual fue considerada inexequible.
5.5.10.2. Razón
de las decisiones: (i) las escuelas taurinas destinadas a la formación de
profesionales taurinos constituyen un medio para el desarrollo de la expresión
artística y cultural que es la tauromaquia, por propender por la conservación
de las tradiciones y la protección del patrimonio cultural; (ii) sin embargo,
como las escuelas taurinas no constituyen una de las prioridades de la política
educativa del Estado, el fomento las mismas rompe la igualdad frente a otras
escuelas de formación autorizadas por el ordenamiento jurídico, siendo
contrario a la Constitución.
6. La tauromaquia
como manifestación cultural y el deber de protección de los animales.
6.1. Constitución y cultura.
6.1.1. La Corte encuentra que la
Constitución, en los “principios fundamentales”,  consagra la “cultura” como un
bien constitucionalmente relevante: encuentra en ella un fundamento de la
nacionalidad, reconoce su diversidad, el acceso igualitario a ella, y el deber
general de protección de la riqueza y el patrimonio cultural de Colombia, en
los siguientes términos:
Constitución
Política, artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades (…).
La
cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El
Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país.
(…).
Constitución
Política, artículo 7. El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la Nación.
Constitución
Política, artículo 8. Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Constitución
Política, artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación
está bajo la protección del Estado.
6.1.2. Se aprecia como la Constitución
Política estableció la cultura como un principio orientador de la Carta, pues “la
promoción de la ciencia y la cultura es en sí misma un objetivo constitucional,
consagrado en el Preámbulo y en los artículos 2, 7, 8, 70, 71 y 72 de la Carta,
entre otros”[143].
Además, nuestro Estado Social de Derecho se basa en el pluralismo, que se
desarrolla a partir de la diversidad cultural de la Nación.
6.1.3. Se estableció también que uno de
los deberes del Estado sería la protección, el mantenimiento y la difusión de
la cultura, cuestión que se refleja en los artículos 7[144]
y 8[145]
de la Constitución, que imponen al Estado y a las personas el reconocimiento y
el deber de protección de la cultura de la Nación colombiana, y de la garantía
de su diversidad; a la par, los artículos 70[146] y 71[147]
de la Constitución reiteran el deber del Estado de “promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades”, reconociendo igualdad y dignidad a todas las
expresiones culturales que conviven en el país[148],
designando a las diversas manifestaciones de la cultura como
fundamento de la nacionalidad y estableciendo que la expresión artística será
libre.
6.2. Promoción y protección
constitucional de la Cultura.
6.2.1. La Corte Constitucional ha
establecido que “el desarrollo cultural de la Nación y el apoyo a las
expresiones artísticas de los nacionales son objetivos primordialmente
perseguidos por el constituyente del 91. En efecto, del texto de la
Constitución Política emana un claro interés por favorecer, promover, reforzar
y divulgar los valores culturales como medio efectivo para consolidar la unidad
del territorio colombiano”[149], de modo
que “a partir de la Constitución de 1991, la cultura no es asunto
secundario, ni puede constituir un privilegio del que disfruten solamente
algunos colombianos,  sino que ella ha de extenderse a todos, bajo el
entendido de que por constituir uno de los fundamentos de la nacionalidad su
promoción, desarrollo y difusión es asunto que ha de gozar de la especial
atención del Estado”[150].
6.2.2. Destacó igualmente que han de
considerarse como expresiones culturales tanto las mayoritarias entre la
población como las minoritarias, e incluso las que sufran del rechazo o
desafección de algunos hacen parte de la cultura y sirven como sustento de la
nacionalidad, “pues de los artículos como el 7º y el 70 de la Constitución
se deduce que todas las manifestaciones culturales se encuentran en pie de
igualdad ante el ordenamiento jurídico colombiano”[151].
6.3. La cultura como valor constitucional
en la sentencia C 666 de 2010.
6.3.1. En la sentencia C-666 de 2010, se estableció
que la cultura, en tanto valor constitucional que implica obligaciones para el
Estado en su conservación y realización, puede servir como sustento para
excepcionar el deber de protección animal[152], pues las
representaciones artísticas que la componen y estructuran son reflejo de un arraigo
social de un grupo social determinado, que merece salvaguarda en pro de la
garantía de la conservación y protección de la diversidad y el pluralismo,
aunque aquella no deba ser ilimitada.
6.3.2. La jurisprudencia estableció que la eventual
excepción a alguno de los valores constitucionales debía comportar una
armonización concreta para el caso específico, a cargo del juez, que
estableciera salidas para permitir la realización tanto del deber de promoción
de la cultura como el de protección animal. Al respecto se dijo que “no
corresponde a la competencia del juez constitucional inmiscuirse en lo acertado
o no de esta amplitud conceptual, ni para incluir actividades dentro de las
manifestaciones culturales, ni para excluirlas, pues esto será tarea del legislador
en ejercicio de su papel de representante de la sociedad colombiana”[153],
pero que si corresponde al juez constitucional “determinar, en cada caso que
le sea sometido a su examen […], que las distintas formas de expresión
en que se manifieste la cultura sean acordes con las demás normas de la
Constitución, para lo cual deberá emplear criterios de razonabilidad y
proporcionalidad que sean armónicos con los objetivos del Estado social que
consagró la Constitución de 1991”[154], en el marco
de un proceso de armonización concreto.
6.3.3. Las conclusiones de la Corte
Constitucional frente a la armonización entre los valores de la cultura y la
protección de los animales se consolidaron de la siguiente manera:
i.
“Las
manifestaciones culturales en las cuales se permite excepcionalmente el
maltrato animal deben ser reguladas de manera tal que se garantice en la mayor
medida posible el deber de protección animal. Existe el deber estatal de
expedir normas de rango legal e infralegal que subsanen el déficit normativo
actualmente existente de manera que cobije no sólo las manifestaciones
culturales aludidas por el artículo 7 de la Ley 84 de 1989 sino el conjunto de
actividades conexas con las mismas, tales como la crianza, el adiestramiento y
el transporte de los animales.
ii.
No
podría entenderse que las actividades exceptuadas puedan realizarse en
cualquier parte del territorio nacional, sino sólo en aquellas en las que
implique una manifestación ininterrumpida de tradición de dicha población. Contrario
sensu, no podría tratarse de una actividad carente de algún tipo de arraigo
cultural con la población mayoritaria del municipio en que se desarrolla la que
sirva para excepcionar el deber de protección animal.
iii.
La
realización de dichas actividades deberá estar limitada a las precisas
ocasiones en que usualmente éstas se han llevado a cabo, no pudiendo extenderse
a otros momentos del año o lugares distintos a aquellos en los que resulta tradicional
su realización.
iv.
Las
manifestaciones culturales en las cuales está permitido el maltrato animal son
aquellas mencionadas por el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, no se entienden
incluidas dentro de la excepción al deber de protección animal otras
expresiones que no hayan sido contempladas en la disposición acusada. Lo
contrario sería crear contextos impermeables a la aplicación de principios
fundamentales y deberes constitucionales incluidos en la Constitución, algo que
excede cualquier posibilidad de interpretación por parte de los poderes
constituidos y los operadores jurídicos.
v.
Las
autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público a la
construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas
actividades”[155].
6.3.4. En el caso de la tauromaquia, se
determinó que efectivamente constituye una expresión cultural, reconocida tanto
a nivel legislativo -Ley 916 de 2004-, como constitucional -especialmente en la
sentencia C-1192 de 2005-, pero que ella  también acarreaba maltrato sobre los
animales de lidia. Desde esta perspectiva, la excepción absoluta a las
sanciones por maltrato contempladas en el Art. 7 de la Ley 84 de 1989 se
presentaba desproporcionada, por generar un déficit frente al deber de
protección animal, que el juez constitucional se vió llamado a corregir mediante
una armonización en concreto plasmada en el condicionamiento de la sentencia
C-666/10, ya expuesto.
6.3.5. Así, a la par
que la tauromaquia es una manifestación cultural objeto del mandato de
protección y promoción de los artículos 7, 8, 70 y 71 de la Constitución,
también conlleva el maltrato de los toros que deben franquear los tres tercios
del espectáculo, y finalmente morir en el ruedo, en caso de no ser indultados.
Es una de aquellas manifestaciones culturales en las cuales entran en conflicto
la cultura y la protección de los animales.
6.3.6. Pero tal conflicto ya fue zanjado
por la jurisprudencia, reconociendo la viabilidad en la realización de la
expresión cultural taurina, que conlleva necesariamente el maltrato animal,
pero garantizando en la mayor medida posible el deber de protección animal,
estableciendo condiciones de tiempo, modo y lugar para la realización del
mismo.
6.3.7. La Corte destacó que el
fundamento para la consideración especial que se tuvo respecto de tauromaquia,
al permitir su realización en vista de su condición cultural, fue “es su
arraigo social en determinados y precisos sectores de la población, es decir,
su práctica tradicional, reiterada y actual en algunos lugares del territorio
nacional”[156].
6.4. Síntesis del punto.
6.4.1. La cultura es un bien
constitucional protegido en el ordenamiento jurídico colombiano, y la
Constitución de 1991, en sus artículos 2, 7, 8, 70 y 71, contiene normas que
promocionan y protegen la cultura y sus distintas formas de manifestación
dentro del territorio colombiano, salvaguardando especialmente el carácter
plural de las expresiones culturales. Existe además un deber del Estado en la
promoción y conservación de la cultura, en condiciones de igualdad.
6.4.2. La cultura es uno de los valores
constitucionales que permiten la excepción al deber de protección animal. El
conflicto entre la cultura y el deber de protección animal, como valores
constitucionales, debe resolverse mediante un proceso de armonización en cada
caso concreto, efectuado por el juez constitucional.
6.4.3. En el caso de la tauromaquia
existe conflicto entre los valores de protección animal y de promoción de la
cultura, pues a la par que es una expresión cultural reconocida, conlleva
necesariamente el maltrato de los animales, que no era atendido. Por esto, la
Corte debió realizar una armonización concretada en los condicionamientos de la
sentencia C-666 de 2010: (i) permitiendo la realización del espectáculo taurino
como expresión cultural en lugares donde tuviera reconocido arraigo social;
(ii) salvaguardando el deber de protección animal a través de restricciones de
tiempo, modo y lugar para su ejecución; (iii) y confiando al Legislador, “en el
futuro”, ponderaciones adicionales dirigidas a la morigeración o eliminación de
conductas especialmente crueles hacia los animales.
7. Cargo 1º: examen de vulneración del
derecho al debido proceso administrativo.
7.1. Alcance del problema jurídico.
7.1.1. El accionante alega la vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso administrativo por la decisión
distrital de no permitirle la realización de espectáculos taurinos en la Plaza
de Toros de Santa María de Bogotá, en virtud de la terminación unilateral del
contrato de utilización del recinto taurino -Resolución 280/12 del IDRD,
seguida de los actos administrativos de suspensión de la venta de abonos y
cancelación de las novilladas en su momento-. Considera el accionante que la
autoridad distrital accionada carecía de facultad jurídica para exigirle la
supresión de la muerte del toro -tercer tercio del espectáculo taurino-, como
condición para la continuidad del contrato de uso de la Plaza de Toros de Santa
María -contrato No 411 de 1999- y la presentación de espectáculos taurinos en
el recinto taurino de Bogotá.
7.1.2. El problema
jurídico-constitucional planteado es el siguiente: la decisión
administrativa distrital de no permitir al accionante la presentación de
espectáculos taurinos que conlleven sufrimiento y muerte del animal en la
Plaza de Toros de “Santa María” de Bogotá -emanada
principalmente de la resolución IDRD No 280/12 de terminación anticipada del
contrato de utilización de la Plaza, como de las órdenes correspondientes de
suspensión de la venta de abonos y cancelación de las novilladas-, ¿vulnera el
derecho al debido proceso, por la posible incompetencia de la autoridad
distrital para adoptar tales decisiones que impiden la realización de estos
espectáculos del modo previsto en la Ley 916 de 2004 -Reglamento Nacional
Taurino-?
7.2. El derecho
fundamental al debido proceso administrativo, por ausencia de competencia de
quien adopta la decisión -reiteración de jurisprudencia-.
7.2.1. La Constitución de 1991, al
consagrar el derecho fundamental al debido proceso, no pretendió restringir su
alcance a las actuaciones judiciales sino que extendió su ámbito a las
actuaciones administrativas. Dice el artículo 29 de la Constitución: establecer
en el artículo 29: “El debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas (…).
7.2.2. La jurisprudencia constitucional
define el debido proceso administrativo como “el que se cumple con arreglo a
los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que
protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o
situación jurídica, cuando quiera que la autoridad […] administrativa
deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo
cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la
imposición de una obligación o sanción”[157]
.
7.2.3. Para facilitar el análisis de la
afectación del derecho al debido proceso en el ámbito administrativo, se han
utilizado las clasificaciones desarrolladas para el análisis constitucional de
la tutela frente a providencias judiciales, identificando las actuaciones de la
administración que conllevan la afectación de tal derecho constitucional[158].
Tal teorización tiene en cuenta la existencia de causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela cuando se verifique la existencia de un
defecto orgánico, un defecto procedimental absoluto, un defecto fáctico, un
defecto material o sustantivo, un error inducido o vía de hecho por
consecuencia, la falta de motivación del acto, se presente el desconocimiento
del precedente constitucional vinculante, o se dé la violación directa de la
Constitución. En el caso concreto, por referirse el cargo a la ausencia de
competencia de quien adopta una decisión administrativa, se hará énfasis en el
concepto de defecto orgánico, que ha sido tipificado por la
jurisprudencia de la siguiente manera:
“13.1.
Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa
que profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo. Se trata, por ende, de una situación extrema, en
donde resulta irrazonable sostener que dicha autoridad estaba investida de la
facultad de adoptar la decisión correspondiente[159].
(subraya fuera del original)
7.2.4.
En cuanto al defecto orgánico en el caso de actos administrativos, la Corte
Constitucional ha establecido que “si se comprueba la incompetencia
del funcionario que emitió la decisión acusada, se configura un defecto
orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto la competencia tiene
por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial y/o
administrativa, para asegurar así el principio de seguridad jurídica que
representa un límite para ella misma, en la medida en que las atribuciones que
le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y
la ley establecen”[160].
En este sentido, el defecto orgánico se produciría, por ejemplo, si la
autoridad “(i) carecía absolutamente de competencia para conocer y definir
el asunto, esto es, desconoce su competencia, (ii) asume una competencia que no
le corresponde, así como (iii) adelanta alguna actuación o emite un
pronunciamiento por fuera de los términos dispuestos jurídicamente para que se
surta cierta actuación”[161].
7.2.5.
En síntesis, el debido proceso rige las actuaciones administrativas y su
violación puede darse por la incompetencia de la autoridad judicial o
administrativa que haya proferido el respectivo acto, configurando en ambos
casos un defecto orgánico en el acto en cuestión.
7.3.
El caso concreto: posible vulneración del derecho al debido proceso
administrativo.
7.3.1.
Los actos administrativos demandados y la interrupción del espectáculo taurino.
7.3.1.1. Justo antes de la emisión de la
Resolución 280 de 2012, “por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411
de 1999” y del acto administrativo contenido en el oficio 20121010062061
del 26 de abril de 2012 que decretó la suspensión de la venta de abonos y las
novilladas en el marco del Festival de Verano-el 17 de abril de
2012-, la administración distrital y los funcionarios del IDRD exigieron la
eliminación de la muerte del toro -basados en su interpretación de la Sentencia
C-666/10 de la Corte Constitucional-, como condición para que los contratos que
posibilitaban la realización del espectáculo taurino en Bogotá continuaran
operando. Es así como el IDRD sostuvo que “la Administración
imparte la instrucción de erradicar todo maltrato animal en el desarrollo de la
actividad en el escenario de la Plaza de Toros de Santamaría de Bogotá, suprimiendo
el tercer tercio o suerte suprema”[162]. Luego,
como “la Corporación Taurina de Bogotá no cumplió con la instrucción
impartida por el mandante” […] “se toma la decisión por
(sic) dar por terminado por revocación del mandato a través de la Resolución
No 280 de 2012 […]”[163]
(Ver II, 2.2.).
7.3.1.2. La decisión administrativa
implementada por la administración distrital en el caso concreto, fue la de
reclamar la eliminación de la muerte del animal en el espectáculo taurino, es
decir, evitar que se realizara la corrida en su integridad eliminando el tercer
tercio -de muerte del toro- como condición para la práctica de la tauromaquia.
Estas determinaciones llevaron, con su ejecución, a interrumpir la realización
de espectáculos taurinos en Bogotá, no obstante que en ningún momento se ordenó
la prohibición absoluta de la tauromaquia ni la administración hubiese basado
sus decisiones en una competencia para prohibir la realización del espectáculo
en su jurisdicción.
7.3.1.3. En suma, la actuación
administrativa se concretó en la decisión de no permitir los espectáculos
taurinos con muerte del animal. Desatendida por el contratista la condición
para la continuidad de la relación contractual, la administración distrital,
invocando la jurisprudencia constitucional, optó por impedir la realización de
corridas de toros con ejecución del tercer tercio en la Plaza de Toros de Santa
María de Bogotá mediante la terminación anticipada del contrato de uso de la
plaza, dejando abierta la posibilidad de su realización sólo tras la
modificación del contenido.
7.3.2. La invocación por las autoridades
territoriales del condicionamiento a la sentencia C-666/10.
7.3.2.1. La sentencia C-666 de 2010
resulta siendo de especial relevancia en el presente caso, por el debate
suscitado entre las partes de este proceso de tutela sobre el alcance del primer
condicionamiento.
7.3.2.2. Recapitulando, en la sentencia C-666/10
(ver II, 5.1), la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la
norma que exceptuaba los espectáculos taurinos de la prohibición general de eventos
que entrañaran prácticas dañinas y crueles para con los animales; también, en
consecuencia, encontró exequible la disposición que eximió determinados
actos inherentes a la actividad taurina de la prohibición de maltrato animal
-herir, lesionar o dar muerte al toro-, posibilitando con ello la realización
de este tipo de espectáculos. A esa decisión arribó tras efectuar una primera
ponderación entre el deber de protección de la fauna y el deber de promoción y
protección de la diversidad y el patrimonio cultural, partiendo del
reconocimiento de la tauromaquia como actividad artística y tradición cultural.
Adicionalmente, consideró que tales actividades con animales -corridas de toros
y otras- exceptuadas y permitidas en el artículo 7 de la ley 84/89, entrañaban
un déficit de protección animal que justificaba los condicionamientos
dispuestos en la citada sentencia.
7.3.2.3. Para el cubrimiento del déficit
de protección, la Corte optó por la modulación de la sentencia C-666/10. Uno de
los principales condicionamientos de la decisión de exequibilidad, consiste en
que se “eliminen
o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un
proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la
fauna”.
Tal condición, se insiste, constituyó el fundamento de la administración
distrital para exigir del contratista la eliminación de la muerte del toro en
los festejos, ante cuya negativa las autoridades expidieron los actos
administrativos demandados que llevaron a la interrupción de la celebración
anual de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Santa María.
7.3.2.4. En efecto, el IDRD consideró
que lo dispuesto en el condicionamiento primero de la sentencia C-666/10 incluía
un supuesto mandato constitucional para las autoridades territoriales, de morigeración
de las conductas constitutivas de maltrato animal, expresando que “se está
terminando un contrato de mandato porque su objeto mismo contraviene la orden
de morigerar las torturas y el trato cruel hacia los animales”[164].
Para el IDRD, la continuidad en la realización de expresiones como la
tauromaquia dependían de emprender acciones directas de morigeración de
conductas de maltrato, de tal manera que la exigencia de eliminación de la
muerte del toro y la alteración esencial del espectáculo taurino no serían
ajenas al tema, y por el contrario, realizarían mandatos de la Corte
Constitucional. Al respecto se dijo que “la excepción del artículo 7 de la
ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de
entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el
futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de
adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna” [165].
Este argumento fue desarrollado por el Alcalde de Bogotá en su
intervención en sede de revisión, argumentando que si bien la prohibición de
las actividades taurinas solo compete al Legislador, las medidas inmediatas de
morigeración -como la supresión de la muerte del animal- son asunto en el que
las autoridades administrativas pueden intervenir de manera inmediata.
7.3.3. Las competencias de la autoridad
administrativa frente a la realización de espectáculos taurinos.
7.3.3.1. De acuerdo con el repaso
jurisprudencial realizado (ver II, 5.3.4 y 5.3.5), el papel de la
entidad administrativa en materia taurina refiere al ejercicio de la función
de policía. Hay que recordar que la función de policía se encamina a la
concreción de los mandatos legales, adoptados en desarrollo del poder de
policía por el Legislador, sin que la administración esté facultada para
imponer restricciones o alteraciones más intensas o gravosas de aquellas
previstas en la ley, en virtud del principio constitucional de la reserva
material legislativa en las limitaciones a los derechos fundamentales, para el
caso, los derechos de libertad, entre los cuales se encuentra el de libre
expresión cultural y artística.
7.3.3.2. Es claro entonces que la función
de policía deferida a la autoridad administrativa respecto de la
celebración de eventos taurinos, se encamina cuanto menos a: (i) hacer cumplir
las normas de rango legal vigentes sobre la realización de los espectáculos
públicos en general y taurinos en particular, destacando especialmente el deber
de garantizar la “salubridad, la seguridad ciudadana y la tranquilidad”[166],
que se concreta en la verificación de los requisitos para la realización del
espectáculo exigidos por el Reglamento Nacional Taurino y de las condiciones en
que se adelanta, de conformidad con las competencias ordinarias de policía;
(ii) contribuir, en desarrollo de tal función de policía, a la realización de
los condicionamientos de la sentencia C-666 de 2010 relativos a la tradición
del espectáculo, a la programación habitual de las fechas o temporadas y a la
prohibición de inversiones públicas en la construcción de plazas de exclusiva
destinación taurina.
7.3.3.3. Debe reiterarse que la función
de policía se ejerce atendiendo un principio de legalidad estricta, no pudiendo
la administración contrariar lo dispuesto por la Ley 916 de 2004, en lo compatible
con la Constitución. Al respecto, Ley 916 de 2004 admite la muerte del toro
como elemento integral de las actividades taurinas definidas en ella; y
previamente, la Ley 84 de 1989 -artículo 7º-, había eximido ciertos actos en
que se inflige daño al animal de la prohibición general de maltrato de la
fauna. Así, en principio, la ley permite la actividad taurina en Colombia con
muerte del toro, sujeta en todo caso a los condicionamientos jurisprudenciales
dictados por la Corte Constitucional. En otras palabras, el estatuto legal aplicable
y la interpretación autorizada de la Constitución, conforman el marco jurídico
que determina el alcance de las competencias administrativas locales frente a
la tauromaquia.
7.3.4. El Reglamento Nacional Taurino
-Ley 916/04- como límite a la autoridad administrativa.
7.3.4.1. En cuanto a la Ley 916 de 2004,
hay que recordar que el Legislador definió la estructura general del
espectáculo taurino como una secuencia unitaria e integral de actos, compuesta
de tres ‘tercios’, iniciando con la suerte de ‘varas’ seguida por la de
‘banderillas’, y culminando con el tercio final o de ‘muerte’, “suertes que
de forma ordenada dan sentido a la corrida” (Ley 916/04,
artículo 12).
Es así, como el tercer tercio de la corrida constituye parte integral del
espectáculo taurino y de la expresión artística y cultural ínsita en él,
cuestión que se controvierte directamente con la determinación de la
administración de Bogotá de exigir la eliminación de la muerte del toro como
condición para la realización de las corridas en la Plaza.
7.3.4.2. Siendo elemento estructural de
la expresión artística taurina y parte integral del espectáculo la muerte del
toro y los actos preparatorios de “la suerte final” -varas y
banderillas-, toda determinación del nivel administrativo que entrañe la
alteración del diseño legislativo del espectáculo taurino, significa un
desconocimiento de la ley y un ejercicio no autorizado la función de policía.
No fue voluntad del Legislador librar al arbitrio de las administraciones
municipales, distritales, departamentales o nacionales, la determinación de qué
partes del espectáculo debían o podían ejecutarse por los artistas taurinos. Por
el contrario, al regular la tauromaquia en la ley 916/04, preservó para sí la
determinación y alcance de una expresión que reconoció como artística y cultural,
a modo de exteriorización de su poder de policía.
7.3.4.3. No es extraña tal determinación
legislativa, si se tiene en cuenta que al disponer que la tauromaquia es una “expresión
artística del ser humano”, y al regular su práctica, el Legislador buscó “preservar
el carácter artístico de la fiesta brava”[167],
mediante la protección de “(i) los derechos de los aficionados a recibir el
espectáculo en su integridad, (ii) las obligaciones básicas de las
ganaderías, (iii) la idoneidad de los recintos destinados a la práctica de la
lidia, (iv) las garantías mínimas fundamentales que se reconocen a los diestros
o toreros en el ejercicio de su oficio; y principalmente (v) un conjunto de
reglas para salvaguardar la integridad artística de la fiesta, preservar la
pureza, sanidad y bravura del toro de lidia y evitar su maltrato”[168].
7.3.4.4. Desde esta perspectiva, la
determinación de la administración tendiente a alterar la tauromaquia para
eliminar la muerte del toro se revela contraria a la ley: sustrae de la
competencia del Legislador la determinación del contenido de la expresión
taurina regulada en la Ley 916/04, labor que correspondería al Congreso de la
República en ejercicio del poder de policía y no a la administración
como titular de la función de policía.
7.3.4.5. Cabe recordar que el Legislador
calificó la tauromaquia en Colombia como una expresión artística y cultural
compatible con la Constitución, en tanto se adelantare bajo las condiciones
dispuestas en la sentencia C-666 de 2010. Por eso, solo resta examinar si la
decisión de impedir la realización del espectáculo taurino,  con sufrimiento y
muerte del animal,  deriva de un mandato de la jurisprudencia constitucional.
7.3.5. La sentencia C-666 de 2004 de la
Corte Constitucional y la permisión del espectáculo taurino con muerte del toro
con arreglo a la Ley 916/04 -Reglamento Nacional Taurino-.
7.3.5.1. Negada legalmente la
posibilidad de que la autoridad administrativa disponga de atribución jurídica
para imponer modificaciones a la estructura básica del espectáculo taurino y de
condicionar su realización a la exclusión de la muerte del toro, solo queda
verificar la existencia de un mandato constitucional superior que facultara a
la administración para inaplicar en este punto el Reglamento Nacional Taurino
-Ley 916/04-, en ejercicio de una suerte de control difuso de
constitucionalidad, a partir del condicionamiento contenido en la sentencia
C-666 de 2010.
7.3.5.2. Retomando lo ya dicho, la
sentencia C-666/10 condicionó la excepción a la prohibición de ciertas
actividades que conllevan maltrato animal a “eliminen o
morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un
proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la
fauna”.
La discusión presente recae en saber a quién compete dictar las medidas de
morigeración o eliminación aludidas. En una primera fundamentación de este
condicionamiento, dijo en la sentencia C-666/10:
(…)
Lo anterior implica necesariamente la actuación del Legislador, que en
cumplimiento de su potestad de configuración normativa debe regular de manera
más detallada la permisión de maltrato animal objeto de examen constitucional”[169]
7.3.5.3. Insistiendo en la necesidad de
que sea solamente el Legislador quien fije esos “elementos mínimos que
garanticen en la mayor medida posible el bienestar de los animales involucrados
en dichas manifestaciones culturales” -exceptuadas de las prohibiciones del
artículo 7 de la Ley 84/89-, volvió a expresarse la Corte en la C-666/10:
“(…)
Con este propósito, dicha regulación deberá prever protección contra el
sufrimiento y el dolor de los animales empleados en estas actividades y deberá
propugnar porque en el futuro se eliminen las conductas especialmente
crueles para con ellos. Excede el ámbito de la Corte Constitucional el
determinar al detalle los elementos normativos que debe incorporar dicha
regulación, que caen dentro de la órbita exclusiva del Legislador”[170].
Y luego reiteró que es “la
actuación del Legislador, que en cumplimiento de su potestad de configuración
normativa debe regular de manera más detallada la permisión de maltrato animal
objeto de examen constitucional”[171].
7.3.5.4. Agregó la Corte, haciendo
referencia expresa al concurso de las autoridades administrativas
en la subsanación de tal déficit de protección, que “deberá
expedirse una regulación de rango legal e infralegal que determine con
exactitud qué acciones que impliquen maltrato animal pueden ser realizadas en
desarrollo de corridas de toros, becerradas, novilladas, rejoneos, riñas de
gallos, tientas y coleo, y en las actividades conexas con dichas
manifestaciones culturales, tales como la crianza, el encierro, el
adiestramiento y el transporte de los animales involucrados en las mismas”[172].
Así, en la sentencia C-666/10 se prevé que las autoridades administrativas “con
competencias normativas”, esto es, los concejos municipales y distritales,
podrán concurrir complementariamente al establecimiento de regulaciones para
cubrir el déficit normativo en la protección animal, el marco de sus
competencias y con estricta sujeción al principio de legalidad.
7.3.5.5. En suma, la Corte fue clara en
señalar la necesaria intervención del Legislador para expedir una
regulación que, a futuro, sistematice la protección de los animales en
los casos de permisión legal de su maltrato por razones culturales. La
intervención regulatoria que implica necesariamente la actuación del
Congreso de la República, se apoya en un principio constitucional: sólo el
Legislador puede restringir el contenido o alcance de derechos y deberes constitucionales
fundamentales a través de leyes que llegue a expedir el Congreso de la
República, en virtud de la reserva legislativa en materia de limitaciones a los
mismos, tal como lo señaló la Corte Constitucional.
7.3.5.6. Es por lo anteriormente
expuesto, que en la sentencia C-889 de 2012, en armonía con lo decidido
previamente en la sentencia C-666/10, la Corte manifestó que de momento,
en la normatividad vigente “las funciones de esas autoridades locales
sobre el espectáculo taurino se limitan a la evaluación de la autorización para
su celebración, siempre bajo el cumplimiento de las mencionadas
condiciones, sumadas a aquellas que prevé el orden jurídico para las distintas
clases de espectáculos públicos”[173]. A lo que se agregó
que, “esa última expresión no puede comprenderse como la concesión de
facultades omnímodas a las autoridades administrativas municipales, para que
decidan por sí y ante sí la prohibición de la actividad taurina. Ello debido al
menos dos tipos de razones: (i) la naturaleza constitucional del ejercicio de
la función de policía; y (ii) la existencia de una previsión legal, declarada
compatible con la Constitución, bajo determinadas condiciones, que reconoce y
permite la tauromaquia en determinadas zonas del país”[174].
7.3.5.7. Para abundar en razones, cabe
decir que no tendría sentido aceptar como compatibles con la Constitución
conductas de maltrato animal implícitas en el Reglamento Taurino, para en
seguida proscribirlas mediante un condicionamiento, en lugar de haber optado
por su inconsitucionalidad. En efecto, la sentencia C-666/10 encontró
exequibles las disposiciones del artículo 7º de la Ley 84/89 que exceptuaron
del deber de protección animal ciertas conductas, como las de infligir herida y
muerte al toro en el marco de la actividad taurina, en consideración al deber
de promoción y defensa de la diversidad y riqueza cultural de la Nación;
carecería de sentido interpretar el condicionamiento de morigeración o
eliminación “en el fututo” de tales conductas, como un mandato para
prohibir de inmediato y por vía administrativa lo acabado de validar
constitucionalmente. De ahí que la Corte haya dictado una sentencia de
exequibilidad condicionada, reconociéndole solamente al Legislador la facultad
de modificar la estructura del espectáculo taurino -establecido en la ley- y
hasta de eliminarlo, en un ejercicio adicional y futuro de ponderación entre el
deber constitucional de protección de la fauna y el deber constitucional de
protección del patrimonio cultural diverso y plural.
7.3.5.8. El condicionamiento al fallo de
exequibilidad de la sentencia C-666 de 2012 que sujeta la realización de
espectáculos taurinos -y otros- al desarrollo de un “proceso de
adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna” dirigido a que “se
eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra
ellos”: (i) se basa en el imperativo de armonizar los valores
constitucionales en tensión, el deber de protección animal -de una parte- y
deber de protección de la diversidad y la riqueza cultural, de otra; (ii)
consiste en que “en el futuro” debe haber una regulación de rango legal
más detallada de las actividades con animales objeto de excepción al deber de
maltrato; (iii) dispone la “necesaria” la intervención del Legislador
para expedir una regulación que, a futuro, sistematice la protección de los
animales en los casos de permisión legal de su maltrato por razones culturales;
(iv) reitera lo anterior, al expresar que “excede el ámbito de la Corte
Constitucional” la determinación del detalle de los elementos normativos de
tal regulación, que “cae dentro de la órbita exclusiva del Legislador”;
(v) prevé la concurrencia complementaria de autoridades administrativas “con
competencias normativas en la materia” -para el caso, los concejos
municipales y distritales- a través de “una regulación de rango […] infralegal”,
en el ámbito jurídico de sus atribuciones constitucionales y legales.
7.3.5.9. En suma, el primer
condicionamiento de la sentencia C-666 de 2010, no constituye un mandato
dirigido a las autoridades administrativas nacionales o territoriales que los
faculte para disponer la exclusión del “tercio de muerte” del espectáculo
taurino con desconocimiento de la ley ni los autorice a supeditar su
realización a tal exigencia. Así, cualquier cambio en la
armonización operada por la Corte entre el deber de protección animal y la cultura
que suponga la modificación de la legislación taurina vigente, presupone la
intervención del Legislador, cuestión aún no registrada en el panorama
normativo colombiano.
7.5.5. Incompetencia de la
administración distrital para impedir la presentación de espectáculos taurinos
en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá con muerte del animal.
7.5.5.1. Basado en lo anterior, puede
concluirse por esta Corte que en la sentencia C-666 de 2010 no se realizó
interpretación de la Constitución de la que se desprenda autorización alguna a
las administraciones municipales o distritales donde se practica tradicional,
regular y autorizadamente la tauromaquia, para imponer, por sí misma e
inaplicando la Ley 916 de 2004, alteraciones en la estructura de dicha expresión
artística y cultural.
7.5.5.2. La conclusión fundamental de la
sentencia C-666 de 2010, es que la tauromaquia es una actividad compatible con
la Constitución cuando se realiza de acuerdo con los condicionamientos
plasmados por la Corte en la parte resolutiva. Como fácilmente se verifica al
analizar estas condiciones para su realización, bajo ninguna circunstancia se
contempló la eliminación del tercer tercio de la corrida; más bien, se
establecieron los condicionamientos, como medidas dirigidas a compatibilizar la
tauromaquia con el deber de protección animal. Cualquier cambio de estos
mínimos legales y jurisprudenciales del espectáculo taurino, deberá
implementarse a través de la necesaria intervención del poder
legislativo para realizar una nueva ponderación, ya que la
Corte Constitucional en su sentencia C-666/10 determinó que sería
necesaria “la actuación del Legislador, que en cumplimiento de su potestad
de configuración normativa debe regular de manera más detallada la permisión de
maltrato animal objeto de examen constitucional”.
7.5.5.3. A partir de este entendimiento,
es claro que la creación de una nueva limitación para la realización de la
tauromaquia, como sería la orden de eliminar el tercer tercio de la corrida, le
correspondería al Legislador en ejercicio del poder de policía. Entre
tanto, los condicionamientos de tiempo, modo y lugar para la realización del
espectáculo -en lugares de arraigo social de la tradición taurina regular e
ininterrumpida y en las ocasiones habitualmente autorizadas-, son suficientes
para que la actividad sea compatible con la Constitución, sin que se haya
dejado a la administración o a cualquier ente distinto al Legislador, el
establecimiento de exigencias adicionales para la realización de la expresión
artística y cultural.
7.5.5.4. Se aprecia entonces que las
decisiones de la administración distrital contenidas en la
Resolución 280 de 2012, “por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411
de 1999” y del acto administrativo contenido en el oficio 20121010062061
del 26 de abril de 2012, por medio del cual se suspendieron la venta de abonos
y las novilladas en el marco del Festival de Verano-el 17 de abril de
2012-, fueron actuaciones viciadas por un defecto orgánico, en tanto las
accionadas pretendieron ejercieron un poder de policía reservado al
Legislativo.
7.5.5.5. Verificada la existencia del
defecto orgánico y la vulneración del derecho al debido proceso del accionante,
la Sala debe señalar que las medidas adoptadas por las entidades accionadas
condujeron a la cancelación de la temporada taurina 2013 en la ciudad de
Bogotá, que usualmente tiene lugar en los meses de enero y febrero, al igual
que de las novilladas realizadas en el marco del Festival de Verano que se
adelantan en el mes de agosto. Por tal razón, frente a la realización de estos
espectáculos taurino, la Sala declarará la existencia de un daño consumado, por
la imposibilidad de restablecer el derecho frente a la misma por las
restricciones impuestas por el condicionamiento de la sentencia C-666/10.
7.6. Síntesis del examen del cargo 1º.
7.6.1. No es posible para una autoridad
administrativa disponer la alteración del espectáculo taurino para eliminar el
tercer tercio de la corrida mediante acto administrativo, dadas: (i) la
definición legal de la corrida con tres tercios, incluido el de la muerte
-L.916/04-; y (ii) la validación constitucional, en torno a la práctica de la actividad
taurina en condiciones de tiempo, modo y lugar que deriven del arraigo social
de la tauromaquia -sentencia C-666/10-, no incluyentes de proscripciones
administrativas de su estructura legal como expresión cultural.
7.6.2. Las decisiones administrativas en
tal sentido, implicaron el ejercicio de facultades propias del Legislador, y
por ende, la ocurrencia de un defecto orgánico por inexistencia de competencia
de las autoridades distritales.
7.6.3. La autoridades administrativas -de
la localidad donde se practica la tauromaquia, o la departamental o nacional- no
están facultadas para establecer requisitos adicionales relativos a la práctica
de esta actividad constitucionalmente admitida y legalmente regulada, en
ausencia de disposición legislativa previa en dicho sentido, y tampoco goza de
una habilitación constitucional autónoma para disponer válidamente su
alteración.
7.6.4. La Sala considera que en estas
circunstancias ocurrió un defecto orgánico en la actuación administrativa, y
por lo mismo, una vulneración del derecho al debido proceso que amerita tutela
constitucional. Y ante imposible restablecer el derecho frente a la realización
de la temporada taurina del año 2013, se declarará la existencia de un daño
consumado.
8. Cargo 2º: examen de vulneración del
derecho a la libre expresión artística.
8.1. El problema jurídico a resolver.
8.1.1. La CTB también invocó la
protección de su derecho a la libre expresión, considerándolo vulnerado por la
exigencia administrativa de modificar la estructura y forma de la tauromaquia -para
eliminar el tercer tercio de la corrida- y la consiguiente suspensión y
cancelación del espectáculo taurino. Para los accionantes, las actuaciones de
la administración equivalen a verdaderas medidas de
censura frente a una actividad legal, como es la práctica de la expresión
artística taurina, permitida tanto en la Constitución Política como en normas
de rango legal, y que es reflejo de una tradición cultural reconocida, pues “la
prohibición o la limitación a la difusión de cualquier idea, por razón de ser
contraria a una ideología determinada o a la posición de las mayorías, entraña
un acto de censura”[175].
8.1.2. En síntesis, se trata de resolver
si la decisión administrativa distrital de no permitir al accionante la
presentación de espectáculos taurinos que conlleven sufrimiento y muerte del
animal en la
Plaza de Toros de “Santa María” de Bogotá, contenida en los actos
administrativos demandados, constituye una intervención administrativa indebida
en
el contenido del espectáculo taurino -actividad legalmente regulada y definida
como “expresión artística del ser humano”- y una restricción a la
promoción y difusión del mismo, en suma, afectaciones injustificadas del
derecho de libre expresión artística.
8.2. El derecho a la libre expresión
artística.
8.2.1. La Constitución reconoce a la
expresión artística como un derecho constitucional de libertad: responde al
desarrollo de los principios previstas en los artículos constitucionales 20 y
71 que enseñan que “la búsqueda del conocimiento y la expresión artística
son libres”[176],
y que existe una garantía para toda persona, “de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones”[177].
8.2.2. La expresión artística se
estructura en una doble dimensión, individual y colectiva: de una parte, está
el sujeto creador o emisor que realiza propiamente la expresión y de otra
parte, el sujeto receptor de su arte. La conexión entre ambos se hace posible
mediante un proceso comunicativo, que en muchas ocasiones pasa por
la utilización de un medio, mecanismo o escenario apto para la transmisión de
las ideas y creaciones. Así, la actividad de difusión de la expresión, concreta
el derecho a la libertad efectiva de expresión artística, pues como bien dijo
la
Corte Constitucional, “toda vez que lo que interesa al mundo jurídico son
las relaciones de alteridad, sería contrario a toda lógica admitir la
existencia de la facultad jurídica de tener una propia concepción de las cosas,
si esta no pudiera comunicarse a los demás”[178].
En otras palabras, la protección de la expresión artística se extiende
a la garantía de los medios idóneos para difusión de la misma.
8.2.2.1. La dimensión individual del
derecho a la libre expresión artística alude a la libertad del artista para la
creación del contenido, la forma del mismo, expresada a través del lenguaje
convencional o simbólico. Y abarca tanto las expresiones socialmente aceptadas
como las que son inusuales, alternativas o diversas, incluso las escandalosas,
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias.
8.2.2.2. La
dimensión colectiva incorpora la difusión de la expresión como elemento
esencial del derecho a la expresión artística, pues la divulgación
de la expresión también es inseparable del proceso creativo mismo. Así,
el
artista está en libertad de escoger el ‘medio apropiado’ de
difusión de su expresión,
gozando de la facultad de utilizar el que le resulte adecuado para difundir la
manifestación artística y hacerla llegar al mayor número de destinatarios.
8.2.3.
Cuando la
difusión requiere cierta infraestructura para hacerse adecuadamente, este
elemento de la expresión puede ser desarrollado por otro sujeto distinto del
artista, circunstancia que no implica que la protección derivada de los
artículos 20 y 71 desaparezca. Por el contrario, la garantía se extiende a este
tercero que contribuye con la conexión necesaria entre el artista -que
desarrolla la dimensión individual de la expresión- con su público en quien se
concreta la dimensión colectiva. Por eso, las restricciones sobre las
posibilidades de divulgación constituyen, igualmente, una limitación de la
libertad de expresión.
8.2.3.1. La importancia de la
divulgación para la realización de la libertad de expresión puede apreciarse fácilmente
en la modalidad de la libertad de prensa. La protección a quien difunde la
expresión -periodista, opinador, escritor, caricaturista- se hace nugatoria de
no mediar una actividad editorial que posibilite el acceso al producto del
autor y permita su comunicación con el público más amplio posible: en otras
palabras, la vulneración del derecho fundamental a expresarse libremente puede
concretarse al dirigirse la restricción, ya sobre el periodista, afectando su
expresión, ya sobre el lector, coartando su acceso, o sobre el propio medio
editorial o empresa de comunicación, impidiendo su reproducción o difusión-.
8.2.3.2. No es posible, entonces, simplificar
el entendimiento del derecho a la libre expresión acotando su alcance al sólo creador
o al público, pues sin la intervención de quien la difunde -ya el propio
artista o un tercero- el derecho fundamental no logra efectiva concreción. Así,
debe entenderse como relevante para la garantía del derecho, la protección del
mecanismo de difusión escogido o aceptado por el autor, en tanto esencial para
su realización efectiva. Frente a esta circunstancia, la
jurisprudencia ha protegido el “derecho a la difusión de la expresión
artística”[179],
pronunciándose específicamente sobre el acceso a los mecanismos de difusión de
la expresión.
8.2.4. Se pone de
presente que la libertad de expresión encuentra límites derivados del deber de
no abusar de los derechos propios en detrimento de los derechos de los demás[180]
-así como el artista tiene el derecho a difundir su obra, el receptor
tiene el derecho correlativo a no recibirla-, y en la
preservación del orden, la seguridad y el bienestar públicos, lo que se expresa
en la existencia de regulaciones que establecen requerimientos objetivos para
la práctica del espectáculo, tales como la seguridad de los escenarios,
horarios de atención al público, capacidad de los escenarios, insonorización
del lugar de realización del espectáculo, preservación de la salud, entre
otros.
8.2.5. Finalmente, cuando dichas
expresiones artísticas hacen parte de la cultura[181],
surge un deber de imparcialidad del Estado frente a la realización de las
mismas, al disponerse en la Constitución que “La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad” y que El Estado reconoce
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país”[182]
(subraya fuera del original).
8.3. La Tauromaquia y el
espectáculo taurino como forma de expresión artística, en la ley y la
jurisprudencia.
8.3.1. El Legislador definió el
espectáculo taurino como una manifestación artística del ser humano, definición
declarada exequible por la Corte Constitucional (C-1192/05). Al predicar
como atributo propio del espectáculo taurino su condición de expresión
artística y cultural, se está reconociendo la tauromaquia -el oficio de la
lidia del toro- como un “arte”. Así lo reiteró la Corte Constitucional,
al expresar que la calificación de la actividad taurina como forma de expresión
artística, satisfizo “el criterio jurídico de razonabilidad, pues como
manifestación de la diversidad y pluralismo de la sociedad, la tauromaquia,
o en otra palabras, “el arte de lidiar toros”[183],
ha sido reconocida a lo largo de la historia como una expresión artística y
cultural de los pueblos iberoamericanos”[184].
8.3.2. El espectáculo taurino se
delimitó y reguló por el Legislador mediante la Ley 916 de 2004, “por la
cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”. Dentro de las
modalidades del “espectáculo taurino” se establecieron en la ley: las
corridas de toros, novilladas -con y sin picadores-, el rejoneo, las
becerradas, los festivales y el toreo cómico, contemplándose la posibilidad de
realizar espectáculos mixtos (L 916/04, art. 13). La estructura general del
espectáculo taurino, también fue objeto de determinación legal: la Ley 916 de
2004 refiere a la corrida, dividiéndolo en etapas o tercios, y definiendo el “tercio”
como “cada una de las tres etapas -vara, banderillas y muerte- en que se
divide la corrida” (L.916/04, Arts. 12 y 13); y el artículo 12 de la Ley
citada, alude a la concepción de este espectáculo, al definir la “lidia”
como “el conjunto de suertes que de forma ordenada dan sentido a la corrida”,
dando cuenta de que se trata de una secuencia integral de actos que debe
conducir a la “muerte” del toro en la postrera etapa de la corrida,
razón por la que la tradición taurina denomina este último tercio como ‘suerte
suprema’. Y el escenario del espectáculo taurino es, por mandato legal, la
Plaza de Toros: en el artículo 3 de la Ley 916 de 2004 se definen las plazas de
toros como “los recintos para las celebraciones de espectáculos taurinos”,
siendo clasificadas como permanentes, no permanentes y portátiles, siendo
permanentes “aquellos edificios o recintos específica o preferentemente
construidos para la celebración de espectáculos taurinos” (L.916/04, Art.
4). También el Legislador predetermina las categorías a que corresponden las
plazas de toros, “por su tradición o en razón del número o clase de
espectáculos taurinos”: de primera, segunda o tercera categoría. Por
expresa referencia del artículo 10 de la Ley 916/04, es de primera categoría la
“Plaza de Toros de ‘Santa María’ de Bogotá”, materia de la presente
tutela.
8.3.3. Las definiciones, normas y
principios consagrados en el Reglamento Nacional Taurino son reflejo de los
elementos derivados de la práctica tradicional del espectáculo taurino. Dicha
regulación revela la intención del Legislador de preservarla y garantizar su
integridad, tanto para quienes ejecutan el arte de la tauromaquia como para el
público que, al reconocerle valor estético, cultural y artístico, acude a
apreciarla. Estas consideraciones muestran como las regulaciones de los espectáculos
taurinos son desarrollo de los principios consagrados en los artículos 20, 70 y
71 constitucionales.
8.3.4. Cualificado el concepto de
cultura no solamente como un conjunto de prácticas sociales sino como aquellas
manifestaciones en que se expresa un modo de vida tradicional de un pueblo o
parte de él, han de considerarse como expresiones culturales tanto las mayoritarias
entre la población como las minoritarias que incluso gocen del rechazo o
desafección de grupos significativos en regiones o lugares de la Nación, “pues de los
artículos como el 7º y el 70 de la Constitución se deduce que todas las
manifestaciones culturales se encuentran en pie de igualdad ante el
ordenamiento jurídico colombiano”[185]. Con
todo, debe insistirse en que el fundamento para la excepción contemplada en el
artículo 7º de la ley 84 de 1989 es el arraigo social de las expresiones
culturales, es decir, aquellas prácticas y espectáculos taurinos enraizados “en
determinados y precisos sectores de la población, es decir, su práctica
tradicional, reiterada y actual en algunos lugares del territorio nacional”.
8.3.5. Finalmente, ha de recordarse que
la práctica de la tauromaquia está sometida a las condiciones dispuestas por la
Corte Constitucional en la sentencia C-666 de 2010, en la que se establecieron
limitaciones de tiempo, modo y lugar para la práctica de la expresión
artística. Así, (i) los animales deben recibir, no obstante la naturaleza de la
actividad taurina, un tipo de protección especial contra el sufrimiento y el
dolor; (ii) los espectáculos taurinos únicamente pueden realizarse en aquellos
municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de una
tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización
responda a cierta periodicidad; y (iii) los espectáculos taurinos solo pueden
desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado
autorizadamente.
8.4. El caso concreto.
8.4.1. La CTB y la titularidad del
derecho a la libre expresión artística taurina.
8.4.1.1. Como se esbozó anteriormente,
la difusión es un elemento esencial de la libertad de expresión, que en muchas
ocasiones es realizado por un tercero. En el presente caso, el espectáculo
taurino venía siendo organizado y coordinado por la CTB, permitiendo a los
artistas taurinos realizar su arte, de acuerdo con las previsiones del
Reglamento Nacional y de la Sentencia C-666/2010; además,  brindaba al público la
oportunidad de acceder al espectáculo en el recinto dispuesto para ello en la
ciudad de Bogotá, a través de la comercialización de la boletería, como
administrador de la Plaza.
8.4.1.2. La CTB fungía, entonces, como responsable
de la organización y difusión del espectáculo taurino, esto es, de la realización
efectiva del derecho de libre expresión artística taurina; y en cuanto tal, es
titular de las garantías  jurídicas propias de este derecho fundamental. De
este modo, la protección del organizador y difusor actividad artística,
refuerza el amparo constitucional de las libertades del tauromáquico y de su
público, en tanto la ejecución pública de la tauromaquia potencia efectivamente
la realización del derecho fundamental de libre expresión artística.
8.4.2. Las actuaciones administrativas
aplicadas por el IDRD y la Alcaldía de Bogotá que impactaron la expresión
artística taurina en la ciudad de Bogotá.
Del recuento de los hechos, es evidente
que existió una decisión administrativa a cargo de las autoridades accionadas
que pretendió modificar el espectáculo taurino y, con ello, impedir la práctica
de la tauromaquia de la ciudad de Bogotá en los términos constitucionalmente
admitidos -con los condicionamientos de la sentencia C-666/10-, y de
conformidad con la ley -Ley 916/04 y 84/89-legales. Tres fueron las aristas de
esta decisión: (i) la exigencia por parte de la Alcaldía y del IDRD hacia la
CTB, de solo realizar corridas si se suprimía del espectáculo el tercer tercio
de la corrida; (ii) la aplicación por parte del IDRD -como consecuencia de la
desatención de la anterior instrucción- de lo que consideró como revocatoria
del contrato de mandato, es decir, la terminación de la relación contractual
por medio de la cual se permitía la utilización de la Plaza para la realización
de la expresión artística taurina, haciendo imposible el uso del escenario para
la realización y difusión del espectáculo completo; y, (iii) la orden, previa
al inicio de la temporada 2013, de suspender la venta de abonos y la
cancelación de las novilladas del Festival de Verano, cercenando el mecanismo
de acceso al público, operado por la CTB como encargada de la difusión.
8.4.3. Afectación del derecho de libre
expresión artística en materia taurina.
8.4.3.1. La libre expresión artística
tiene una dimensión individual, referida al proceso de creación de la misma, y
una colectiva ligada a la apreciación de la expresión por el público, que se
conectan a través del proceso de difusión de la expresión. La difusión de la
expresión artística puede hacerse a través de un tercero que estará cobijado
por las garantías consagradas en la Constitución, en tanto su papel es esencial
para la realización del derecho fundamental, en tanto “lo
que interesa al mundo jurídico son las relaciones de alteridad, sería contrario
a toda lógica admitir la existencia de la facultad jurídica de tener una propia
concepción de las cosas, si esta no pudiera comunicarse a los demás”[186].
8.4.3.2. Las decisiones de la
administración frente a la actividad de la CTB se encaminaron a limitar la
actividad de difusión de la expresión artística taurina, de la que se encargaba
en la ciudad de Bogotá, buscando permitir solamente la puesta en escena de
espectáculos taurinos que no contemplaran el tercio de muerte del toro. La
desatención de esta imposición, derivó en medidas que agravaron el
constreñimiento a la difusión de la tauromaquia a cargo de la CTB, impidiendo
el uso del escenario público destinado especialmente a la realización de
espectáculos taurinos en la ciudad de Bogotá.
8.4.3.3.
Señaló esta Corte que “la tensión entre quienes abogan por
dicha práctica y quienes pretenden su abolición, no son suficientes para
declarar la inconstitucionalidad de las normas que disciplinan los espectáculos
taurinos, ya que los mismos ante todo son una manifestación
de la riqueza y diversidad cultural de nuestra Nación, que en virtud del
reconocimiento del Legislador como una expresión artística y cultural, no es
susceptible de censura (C.P. arts. 7°, 8°, 20, 52, 70, 71 y 72)”[187].
Destacó
además que “[h]oy en día a pesar de que la actividad taurina es reprobada
por un sector de la población, y en especial, por las asociaciones defensoras
de animales, no puede desconocerse que la misma históricamente ha sido
reconocida como una expresión artística que manifiesta la diversidad cultural
de un pueblo[…]”[188],
llegando incluso a manifestar que “en nuestro ordenamiento interno, el
artículo 4° de la Ley 397 de 1997, es categórico en disponer que: “En ningún
caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y
artístico de las realizaciones y proyectos culturales”. Partiendo, claro
está, de lo previsto en el artículo 20 Superior, que reconoce la libertad de
expresión en todas y cada una de las actividades del quehacer humano y que
impide la censura previa sobre las mismas”[189]. En otras
palabras, no se pueden excluir modos de expresión humanos por particulares
sensibilidades o criterios estéticos que pretendan ser impuestos a los demás,
incluso desde una posición mayoritaria.
8.4.3.4. Hay que
resaltar las decisiones de la administración distrital -Resolución
280 del 14 de junio de 2012, y el el oficio 20121010062061 del 26
de abril de 2012-, se basaron en consideraciones del IDRD apoyadas en
su interpretación de la sentencia C-666 de 2010. Mas de dicha sentencia no se
pueden derivar mandatos que permitan justificar las restricciones a la difusión
de la expresión artística taurina de la entidad de las que se operaron en la
ciudad de Bogotá. Por esta razón, es posible concluir que las
decisiones de la administración, como se expuso con ocasión del análisis
realizado frente a la vulneración del derecho al debido proceso (cfr. supra,
II. 6.5.2. – 6.6.), carecieron de un fundamento adecuado, radicado en una norma
constitucional o legal que permitiera la adopción de este tipo de medidas. La
realidad normativa en el caso de la restricción a la difusión de la expresión
artística taurina, es que, tal como ocurrió en el caso de la competencia para
la expedición de los actos administrativos, no existía habilitación legislativa
o constitucional que permitiera la imposición de restricciones para la
realización de la misma.
8.4.3.5. Es así como la decisión administrativa
de imponer restricciones a la difusión de la expresión artística taurina no
encuentra ni en el Reglamento Nacional Taurino, Ley 916/04, ni en los
condicionamientos de la Sentencia C-666 de 2010, justificación para imponer la
limitación, que efectivamente se dio en este caso. A pesar de esta ausencia de
justificación legal o constitucional, se operó una
limitación al
ámbito de difusión de la expresión artística, pues se limitó el acceso de la
CTB a la plaza de toros permanente, construida para la realización del
espectáculo taurino, así como la venta de boletería que permitía a la CTB dar
acceso al público para la difusión del espectáculo. Esto implica que la
terminación de la relación contractual y la prohibición de la comercialización
de abonos, no
buscó perseguir el logro de finalidades imperiosas ni de mandatos legales o
realización de competencias constitucionales, lo que redunda en la necesidad de
concluir que la imposición de medidas restrictivas de la libertad de
expresión en el caso concreto, implicó la vulneración del derecho a la libre
expresión artística, en su modalidad de difusión, a cargo de la CTB.
8.4.3.6. Cabe reiterar, que en el mismo
sentido de lo expuesto anteriormente con ocasión del análisis de la vulneración
del derecho al debido proceso administrativo, la sentencia C-666 de 2010, no
contempló la facultad de imposición de medidas por parte de las autoridades
administrativas para que afectaran la libre expresión artística taurina, ni en
su faceta de creación, ni en la de difusión, ni en la de apreciación por parte
del público. La
interpretación del IDRD frente al contenido de la sentencia analizada, tal como
quedó establecido antes, resulta incorrecta, y con ello, la fundamentación
frente a la afectación del ámbito de realización de la libre expresión
artística. Esto es así por cuanto son los condicionamientos los que definen los
límites de la actuación administrativa, y a partir de su literalidad, es
evidente que en ningún momento estableció la Corte Constitucional una
prohibición de las actividades de difusión, promoción, patrocinio o cualquier
otra forma de intervención que implique fomento a las manifestaciones
culturales exceptuadas por el artículo 7º de la ley 84 de 1989, pues sólo las
limitó parcialmente, y en correspondencia con los requisitos de
territorialidad, periodicidad, temporalidad y excepcionalidad de las
manifestaciones.
8.4.3.7. Cabe recordar que la
Corte Constitucional manifestó que “[e]n el caso de las corridas de toros en
plazas permanentes de propiedad de las entidades territoriales, la exigencia de
ese requisito [relacionado con la constancia sobre el arrendamiento de la
plaza] conlleva el ejercicio de la competencia contractual de los
distritos y municipios, respecto de la fijación de las condiciones particulares
para la protección de la salubridad, la seguridad ciudadana y la tranquilidad,
al igual que los asuntos económicos y administrativos propios del arrendamiento
de bien inmuebles, de conformidad con las reglas del Estatuto General de la
Contratación Pública y demás normas legales pertinentes”[190],
Con ello se  reconoce, en sentencia C-889 de 2012 -posterior a la invocada por
el IDRD-, que existe tanto la posibilidad de adelantar un proceso contractual
para la administración de la Plaza de Toros, como la obligación de garantizar
la salubridad, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos cuando se
disponga la utilización de la misma, en cumplimiento de los mandatos
constitucionales y legales, y en desarrollo de la función de policía adscrita a
las autoridades administrativas locales.
8.4.3.8. Las
circunstancias expuestas en los numerales precedentes muestran como las medidas
adoptadas por la administración distrital, se constituyen en medidas
irrazonables que se encaminaron a afectar de manera excesiva el ámbito de
difusión de la expresión artística a cargo de la CTB. Así,
la decisión del IDRD de dar por concluida la relación contractual con la CTB
para la utilización de la Plaza de Toros en actividades taurina por no aceptar
la supresión de la muerte del toro durante los espectáculos acordados, y el
consiguiente impedimento jurídico para la realización de las temporadas
taurinas habituales, afectó el derecho de libre expresión artística del
accionante.
8.4.4. La hipótesis de censura del
derecho fundamental de libre expresión artística por la autoridad
administrativa.
8.4.4.1. Los accionantes expresaron el
posible ejercicio de censura a la libertad de expresión artística, por la
administración distrital, derivada de la terminación unilateral y anticipada
del contrato de utilización de la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, y
con ello, de la imposibilidad de desarrollar el objeto contractual consistente
en la presentación del espectáculo taurino en los términos definidos por el
Reglamento Nacional Taurino -Ley 916/04-.
8.4.4.2. La Corte constata que la
autoridad administrativa en el presente caso invocó la sentencia C-666 de 2010,
como fundamento de la competencia que desplegó: específicamente el
condicionamiento relativo a que “se eliminen o morigeren en el futuro las
conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna”. Reiterado por
la Corte el alcance de la sentencia C-666/10 y sus condicionamientos, no se
encuentra que las decisiones administrativas adoptadas, que condujeron a la
afectación de los derechos al debido proceso y a la libre expresión artística y
cultural, hubieren obedecido a previsiones la imposición de valoraciones
estéticas determinadas, ni a pretensiones de corrección o legitimidad en los
actos públicos, como tampoco a oficiar en representación del querer de una
mayoría o un sector minoritario de presión respecto de la abolición o restricción
fundamental del espectáculo taurino. En consecuencia, no concluye que en los
actos vulneratorios del derecho de libre expresión artística haya existido una
voluntad de censura.
8.4.4.3
Con todo, a título ilustrativo, juzga pertinente invocar jurisprudencia
constitucional en materia de censura al derecho de libre expresión
artística -extensiva a la actividad taurina declarada legalmente como tal-, a
fin de reiterar los límites que impone la Constitución al establecer
perentoriamente que en Colombia “No habrá censura”[191].
(i) La jurisprudencia ha establecido
frente a la censura que “el supuesto subyacente es que en una sociedad
democrática, abierta y pluralista, no pueden existir instancias encargadas de determinar
cuáles contenidos son “correctos” o “legítimos”. En aplicación de
esta regla, ha establecido la jurisprudencia constitucional que se configura
una censura proscrita cuando las autoridades estatales, invocando el
ejercicio de sus funciones, supervisan el contenido [… de lo que se
quiere expresar…] para efectos de supeditar la divulgación del contenido a
su permiso, autorización, examen previo, o al recorte, adaptación o
modificación del contenido”[192]
–dimensión individual-. Se ha especificado igualmente que “[e]n
un Estado como el que define la Constitución de 1991, en el que las personas
son moralmente autónomas, a nadie puede impedírsele difundir o tener acceso a
las obras que quiera, so pretexto de su contenido inmoral o antiestético”[193]
–dimensión colectiva y de difusión-, pues hacerlo así implicaría una censura
por parte de la autoridad que violaría la Constitución en sus artículos 20 y
71.
(ii) Hay que destacar
frente a la
administración, que solo son admisibles ciertas limitaciones neutrales frente
al contenido de una determinada expresión, como las relativas al tiempo, modo y
lugar para que se realice, de modo que la restricción
ha de ser estrictamente neutral frente al contenido de lo expresado para
que no se constituya en censura. Se prohíbe entonces que, en ausencia de
prescripción legal, la autoridad administrativa, sin importar su jerarquía o su
posición dentro de la estructura del Estado, es decir, a nivel nacional,
departamental, distrital o local, por medio de actos de contenido general o
particular, efectúe “el
control previo de lo que se va a expresar [… e imponga…] el veto de
ciertos contenidos expresivos antes de que la información, opinión, idea,
pensamiento o imagen sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya
expresión ha sido censurada, como a la totalidad de la sociedad potencialmente
receptora del mensaje censurado ejercer su derecho a la libertad de expresión”[194].
(iii) No es tampoco argumento válido
para impedir la difusión de una obra artística el pretexto de proteger un
supuesto interés de terceros, o de la colectividad, o de una mayoría o minoría,
a no ser ofendidos por el contenido o la naturaleza de una obra artística, pues
son tales personas quienes habrán de escoger, libremente, si acuden a una
determinada exhibición o espectáculo o si se detienen en la contemplación de
los mismos[195].
En un Estado basado en el pluralismo[196], es una
exigencia ineludible para quienes no comparten el valor artístico o el
contenido de una obra, abstenerse de impedir que el artista ejerza su libre expresión,
y permitir, a la vez, que quienes valoran la obra puedan apreciarla
pacíficamente. La Corte señaló que resultaba inconcebible e incompatible, desde
el punto de vista constitucional, una situación tal que permitiera esa elección
de los contenidos a difundir señalando que “[d]ifícilmente podría pensarse
una actitud más ajena a los presupuestos del Estado de derecho, que aquélla en
la que una autoridad pública se erige en fiscal de la correspondencia entre una
obra de arte y su personal axiología moral o estética. La acción de tutela está
llamada, en estos casos, a restablecer el imperio de los derechos fundamentales
de las personas afectadas por dicha discriminación”[197].
(iv) También puede constituir un acto de
censura aquel que se encamina a evitar el acceso igualitario a los medios de
difusión de carácter oficial o público -o en manos de un particular encargado
de la prestación de un servicio público-[198].
Así, la negativa en el acceso al escenario de difusión debe estar fundamentada
en criterios objetivos, acordes con la Constitución y alejados de la censura.
Así, “resulta inescapable para la autoridad el cumplimiento del deber de
garantizar a todos los solicitantes igualdad de oportunidades y criterios
de selección objetivos y acordes con la Constitución Nacional, tales como
la calidad técnica y artística de las obras, o las finalidades específicas
de la sala de exhibición (v.g. la promoción exclusiva de los artistas de
una determinada región; la destinación de una galería a la difusión del arte
escultórico y no pictórico, fotográfico o de otra clase; la creación de una
sala de conciertos para música de cámara y no sinfónica, para música de
vanguardia y no tradicional, etc.)”[199]. El hecho
de dar una fundamentación objetiva a la negativa de acceso a los escenarios de
difusión, teniendo presente el propósito del escenario, asegura que “toda
persona tiene derecho a competir en igualdad de condiciones por un acceso a los
medios públicos de difusión, para dar a conocer sus obras”[200].
8.4.4.4. En el caso específico de la
expresión artística taurina, los límites objetivos frente a la realización del
espectáculo, se encuentran consignados en el Reglamento Nacional Taurino
–L.916/04-, en el Estatuto Nacional de Protección de los Animales en lo
aplicable a la tauromaquia[201],
y en los condicionamientos dispuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-666 de 2010. En este sentido, y teniendo en cuenta la delimitación
legislativa y constitucional del actuar administrativo, serán constitutivos de
censura los encaminados a impedir la celebración de espectáculos taurinos en
las condiciones del Reglamento Nacional Taurino, y los encaminados a agravar las
limitaciones imponibles a la tauromaquia en virtud de la legislación para la
protección de los animales –L.84/89-, en lo aplicable, y las dispuestas por la
Corte Constitucional en su condicionamiento –C-666/10, que armoniza el deber de
protección animal con el valor cultural de la tauromaquia.
8.5. Síntesis del examen del cargo.
8.5.1. Las decisiones administrativas
que limitaron la labor de difusión del espectáculo taurino, a cargo de la CTB,
carecieron de una justificación legal que previera tal limitación, pues ni la
Constitución, ni la ley 916 de 2004, ni la sentencia C-666 de 2010,
establecieron la posibilidad de que se impidiera la difusión de los
espectáculos taurinos cuando contemplaran la muerte del toro, por vía
administrativa. La ausencia de esta autorización de rango legal implica, por si
misma, la vulneración del derecho a la libre expresión, en su faceta de
difusión a cargo de la accionante.
8.5.2. Por lo anterior, la Sala
considera que en estas circunstancias ocurre una vulneración del artículo 20 de
la Constitución, y de contera, del artículo 70 superior, en tanto se afecta sin
justificación jurídica la libre expresión artística en su faceta de difusión,
siendo necesario tutelar el derecho invocado por la CTB.
8.5.3. Constituiría acto de censura el
que las autoridades administrativas de cualquier nivel territorial, sea
nacional, departamental, distrital o municipal, incluyendo los cuerpos
colegiados con autoridades normativas como Asambleas Departamentales o
Concejos, supediten
la divulgación de contenidos expresivos, incluidos los artísticos, a un
permiso, autorización o examen previo, o al recorte, adaptación o modificación
del contenido de acuerdo con sus instrucciones, como también el acto que impida
difundir o tener acceso como público a dichas expresiones artísticas. Solamente
las restricciones a la expresión dispuestas en normas de rango legal o
constitucional, y que sean neutrales frente a los contenidos expresados son
aceptables, puesto que no pretenden la imposición de una visión específica de
lo deseable moral o estéticamente, a cargo de la entidad. Finalmente, las
restricciones al acceso igualitarios a los medios y escenarios de difusión bajo
el control del Estado, constituyen censura.
9. Conclusión del caso.
9.1. Demanda. La
Corporación Taurina de Bogotá (CTB) presentó demanda de tutela contra la
Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD),
buscando la protección de sus derechos al debido proceso y
la libertad de expresión artística, presuntamente vulnerados por la decisión de
las entidades distritales de terminar de manera anticipada el contrato de utilización
de la Plaza de Toros de Santa María para la presentación de espectáculos
taurinos, y haber suspendido la venta de abonos para la temporada de toros 2013
y cancelado las novilladas de denominado Festival de Verano.
9.2. Legitimación y subsidiaridad. Los
derechos que la CTB busca proteger a través de la acción de tutela pertenecen a
la esfera de titularidad tanto de las personas naturales como jurídicas: el
debido proceso, por cuanto éstas también fungen como sujetos procesales en
actuaciones judiciales o administrativas (Constitución, artículo 29 y Corte
Constitucional, SU-182/98); la libertad de expresión artística, en tanto la
realización efectiva de este derecho, en su dimensión individual o colectiva,
puede depender de una persona jurídica constituida para la organización,
promoción y difusión de la expresión artística y cultural (Constitución,
artículos 20 y 71). De otra parte, el derecho a la libre expresión en el caso
concreto no cuenta para su protección con otro recurso judicial idóneo y
efectivo; y la
cancelación de las actividades y espectáculos propios de las manifestaciones
del arte y la cultura, por obra de una decisión administrativa que hubo de cumplir
un debido proceso, podría configurar una afectación de los derechos
fundamentales mencionados, con ocurrencia de un perjuicio irremediable.
9.3. Procedencia de
los cargos. (i) La Corte se abstiene de examinar controversias contractuales
estrictamente legales y consideraciones de tipo patrimonial. (ii) La Corte aborda
solamente la posible vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante por los actos de la administración -la terminación unilateral del
contrato mencionado principalmente-, en tanto impiden la realización de espectáculos
taurinos con muerte del animal en Bogotá por la exigencia del IDRD de suprimir “el
tercio de muerte”.
9.4. El problema jurídico
constitucional. La Corte Constitucional se ocupa en
esta sentencia de decidir si ¿la decisión administrativa distrital de no
permitir al accionante la presentación de espectáculos taurinos que conlleven
sufrimiento y muerte del animal en la Plaza de Toros de “Santa María”
de Bogotá, contenida
principalmente en la resolución IDRD No 280/12 de terminación anticipada del
contrato de utilización de la Plaza, vulnera: (i) el derecho al debido proceso,
por la posible incompetencia de la autoridad distrital para adoptar tales decisiones
administrativas que impiden la realización de espectáculos taurinos en los
términos y modalidades previstos en la ley? (ii) el derecho a la libertad de
expresión artística, por la posible restricción indebida del contenido de una
actividad legalmente regulada y definida como “expresión artística del ser
humano”?
9.5. El régimen legal de los
espectáculos taurinos. El Legislador ya ha fijado las reglas
del espectáculo taurino y la tauromaquia: (i) el Reglamento Nacional Taurino
tiene rango legal; (ii) el espectáculo taurino es un modo de “expresión
artística del ser humano” -Ley 916/04, artículo 1-; (iii) consiste en una
secuencia de tres ‘tercios’, de “varas” y de “banderillas”, que
conducen al tercio final o de “muerte” definido como su etapa culminante
y significante -Ley 916/04, artículo 12-; (iv) la Plaza
de Toros de Santa María ha sido legalmente destinada como escenario de
espectáculos taurinos en Bogotá y calificada como plaza de 1ª categoría -Ley
916/04, artículos 3, 4 y 10-.
9.6. Permisión legal de la actividad
taurina.
La Ley 84 de 1989 exceptuó de la prohibición general del maltrato animal a los
espectáculos taurinos -corrida de toros, rejoneo, novilladas, tientas,
becerradas-,  y determinados actos propios de la tauromaquia -herida, lesión,
muerte del toro y el correspondiente espectáculo (Ley 84 de 1989, artículos 6 y
7, y sentencia constitucional C-666/10). La Corte Constitucional declaró la
exequibilidad condicionada de tales excepciones en un proceso de armonización
entre el deber constitucional de protección de los animales y el deber también
constitucional de promoción de la diversidad y el pluralismo cultural.
9.7. Reiteración
jurisprudencial sobre los espectáculos taurinos. La Corte
Constitucional, en las sentencias C-1192/05, C-666/10 y C-889/12, ya había
establecido y reiterado lo siguiente: (i) la constitucionalidad de la
calificación legislativa de la tauromaquia como “expresión
artística del ser humano” contenida en el artículo 1° de la Ley 916 de 2004,
como cosa juzgada constitucional; (ii) el condicionamiento de la sentencia
C-666/10 relativo a la “morigeración” o “eliminación” del maltrato
animal, está dirigido al legislador, autoridad competente para efectuar
armonizaciones distintas a las realizadas por la Corte Constitucional, y a la
administración, solamente para el cumplimiento de dicho marco legislativo y el
desarrollo de su función de policía como autoridad territorial; (iii) dicho condicionamiento
no faculta a autoridades administrativas nacionales o territoriales para
disponer la exclusión del “tercio de muerte” u otra actividad propia del
espectáculo taurino legalmente autorizado, ni para supeditar su realización a
tal exigencia o imponer condiciones más restrictivas a las ya existentes para
su realización; (iv) la Sentencia C-666 de 2010 impone otras condiciones para
la realización de espectáculos taurinos como el arraigo social del mismo y su
realización periódica y regular, que implican la constitucionalidad de tal expresión
artística y la viabilidad de su celebración en los municipios o distritos y
fechas o temporadas habituales; (v) la prohibición de destinación de dineros
públicos por parte de las autoridades administrativas territoriales para la
construcción  de instalaciones exclusivamente destinadas a los espectáculos
taurinos, no
niega la obligación de adelantar el mantenimiento y la adecuación de los
escenarios ya existentes con el fin de garantizar la salubridad y la seguridad
y tranquilidad ciudadanos en dichos escenarios, ni impide la construcción de
escenarios taurinos que compartan su propósito con otras actividades, pues la
prohibición se refiere solo instalaciones de dedicación exclusiva; (vi) la
sentencia C-889/12 ha sido clara al establecer que las autoridades
administrativas no pueden imponer limitaciones de los derechos constitucionales
más intensas que las previstas en las leyes, pues solo ejercen la función de
policía que se encamina a la realización de la ley, careciendo de “un poder
discrecional para definir la autorización de la práctica taurina”.
9.8. Precisión sobre el condicionamiento
1º de la C-666/10: reiteración de jurisprudencia. El
condicionamiento consistente en que “se eliminen o morigeren en el futuro
las conductas especialmente contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna”, y
en general, a que los animales reciban “protección especial contra el
sufrimiento y dolor durante el transcurso de esas actividades”, que
acompañan la declaración de exequibilidad de la sentencia C-666/10 y fueron
fundamento de los actos administrativos demandados, tienen el siguiente
alcance: (i) se basan en el imperativo de armonizar los valores
constitucionales en tensión, el deber de protección animal y el deber de
protección de la diversidad y la riqueza cultural; (ii) consisten en que “en
el futuro” debe haber una regulación de rango legal más detallada de las
actividades con animales objeto de excepción al deber de maltrato; (iii)
disponen la “necesaria” la intervención del Legislador para expedir una
regulación que, a futuro, sistematice la protección de los animales en los
casos de permisión legal de su maltrato; (iv) reiteran lo anterior, al expresar
que “excede el ámbito de la Corte Constitucional” la determinación del
detalle de los elementos normativos de tal regulación, que “cae dentro de la
órbita exclusiva del Legislador”; (v) y finalmente prevén la concurrencia
complementaria de autoridades territoriales “con competencias normativas en
la materia” -al caso, concejos municipales y distritales- a través de “una
regulación de rango infralegal”, como también de las autoridades
ejecutivas en ejercicio de sus funciones administrativas de policía.
9.9. La tauromaquia como manifestación
cultural y el deber de protección de los animales. (i) La
cultura es un bien constitucional protegido en el ordenamiento jurídico
colombiano, y la Constitución de 1991 en sus artículos 2, 7, 8, 70 y 71,
contiene normas que promocionan y protegen la cultura y sus distintas formas de
manifestación dentro del territorio colombiano, salvaguardando especialmente el
carácter plural de dichas expresiones; (ii) la cultura es uno de los valores constitucionales
que permiten la excepción al deber de protección animal; (iii) el conflicto
entre la cultura y el deber de protección animal, como valores
constitucionales, debe resolverse mediante un proceso de armonización en cada
caso concreto, efectuado por el juez constitucional; (iv) en el caso de la
tauromaquia existe conflicto entre los valores de protección animal y de
promoción de la cultura; por esto, la Corte debió realizar una armonización
concreta en los condicionamientos de la sentencia C-666 de 2010 permitiendo la
realización del espectáculo taurino como expresión cultural, en lugares donde
tuviera reconocido arraigo social.
9.10. Vulneración del derecho fundamental
al debido proceso. Ni el
marco legal para la realización de la tauromaquia, el Reglamento Nacional
Taurino (L.916/04), ni los condicionamientos introducidos por la Corte
Constitucional (Sentencia C-666/10), facultan a la administración distrital
para imponer la alteración de la estructura del espectáculo taurino para
eliminar la muerte del toro, como tampoco para impedir la realización de
espectáculos taurinos que cumplieran los requisitos constitucionales y legales.
Tomar decisiones administrativas en cualquiera de estos dos sentidos implica
sustraer la competencia del Legislador en la definición de las condiciones para
la realización de la expresión artística y cultural taurina, y por ende implica
la vulneración del derecho al debido proceso por defecto orgánico.
9.11. Vulneración
del derecho a la libre expresión artística y cultural. Se
verificó la vulneración del derecho a la libre expresión artística y cultural de
la Corporación Taurina de Bogotá, en virtud de la restricción severa a la
divulgación o difusión del espectáculo taurino, parte del núcleo esencial del
derecho de libre expresión, porque la autoridad administrativa: (i)
intervino indebidamente el contenido de la expresión artística y cultural a
realizarse en la Plaza de Toros de Bogotá, cuyo suceso correspondía garantizar
a la Corporación como organizador del espectáculo y responsable del mismo ante
el público; (ii) coartó injustificadamente el derecho de la CTB a la promoción
y difusión de un espectáculo protegido como expresión artística y manifestación
cultural; y (iii) actuó en ausencia de autorización legislativa previa para
imponer limitaciones a la difusión de la forma expresiva taurina, desconociendo
el principio constitucional de reserva legal en materia de restricción de
derechos fundamentales.
9.12. Prevención de actos de censura. (i)
La Corte constata que la autoridad administrativa en el presente caso invocó la
sentencia C-666 de 2010, como fundamento de la competencia que desplegó con el
resultado ya declarado de la vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante; reiterado
por la Corte el alcance de la sentencia C-666/10 y sus condicionamientos, no se
encuentra que las decisiones administrativas adoptadas hubieren obedecido a la
imposición de valoraciones estéticas determinadas, ni a pretensiones de
corrección o legitimidad de los actos públicos, como tampoco a oficiar en
representación del querer de una mayoría o un sector minoritario de presión
respecto de la abolición o restricción fundamental del espectáculo taurino; en
consecuencia, no concluye que en los actos lesivos del derecho de libre
expresión artística haya existido una decisión de censura. (ii) Por el
contrario, constituiría
acto de censura el que las autoridades administrativas de cualquier nivel
territorial, sea nacional, departamental, distrital o municipal, incluyendo los
cuerpos colegiados con autoridades normativas como Asambleas Departamentales o
Concejos, llegaran a supeditar la divulgación de contenidos expresivos, incluidos
los artísticos , a un permiso, autorización o examen previo, o al recorte,
adaptación o modificación del contenido, como también el acto que impidiera
difundir o tener acceso público a dichas expresiones artísticas, como
imposición de una visión específica de lo deseable moral o estéticamente, a
cargo del poder.
9.13. Daño consumado: Establecida la
vulneración de los derechos al debido proceso y a la libre expresión artística
y cultural, fue necesario declarar la existencia de un daño
consumado respecto de la temporada taurina 2013.
9.14. Medidas para el restablecimiento
de los derechos vulnerados.
9.14.1. Las medidas necesarias para el
restablecimiento de los derechos vulnerados, serán de dos tipos: (i) en primer
lugar, se dispondrán órdenes de cumplimiento  inmediato, que se impartirán en
el ordinal tercero de la parte resolutiva; y (ii) en segundo lugar, se
dispondrán órdenes de cumplimiento en un término límite de seis meses, que se
plasmarán en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la presente sentencia.
9.14.2. Las órdenes de cumplimiento
inmediato son: (i) la restitución inmediata de la Plaza de
Toros de Santa María como escenario para la realización de espectáculos
taurinos, en tanto escenario de primera categoría, conforme a la Ley 916 de
2004; (ii) la rehabilitación en su integridad de las instalaciones,
dependencias y áreas de la Plaza de Toros de Santa María, enunciadas en la Ley
916 de 2004 y las demás utilizadas en el espectáculo taurino, en garantía de la
seguridad, la salubridad  y la tranquilidad. La
administración desplegará la actuación administrativa necesaria para el
cumplimiento de lo ordenado en esta sentencia, a través de actos
administrativos, órdenes, abstenciones y demás actuaciones idóneas y
conducentes.
9.14.3. El segundo conjunto de órdenes, prevé
un término de seis meses para su cumplimiento, y consiste en lo siguiente: (i) la
reapertura de la Plaza como escenario taurino en condiciones de neutralidad e
igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la realización
de los fines de transparencia en la administración pública aplicables al
proceso; (ii) el restablecimiento de los espectáculos taurinos en las fechas u
ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la temporada regular
en los primeros meses del año, como el Festival de Verano en el mes de agosto;
(iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las actividades taurinas
tradicionales, con las características habituales de calidad y contenido de tal
expresión artística: (iv) la reanudación del espectáculo taurino
atendiendo mínimos de calidad y contenido propios de una plaza de primera
categoría, respetando tanto los mandatos legales plasmados en la Ley 916/04
relacionados con las formas y requerimientos propios de la práctica de la
tauromaquia.
La
administración distrital habrá de abstenerse de adelantar cualquier tipo de
actuación administrativa que obstruya, impida o dilate la celebración de
espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Santa María.
9.14.4. La Corte dejará sin efectos los
actos administrativos demandados. No obstante, el Contrato de
administración de la Plaza de Toros, no revive en virtud de esta decisión, ya
que la sentencia  del 12 de julio de 2012 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dictada en sede de acción popular, decidió dejarlo sin efecto. En
este sentido, se dispondrá la implementación por parte de la administración
distrital, de acuerdo con su mejor criterio y en aplicación de los principios
que orientan la administración pública, de los mecanismos necesarios, sea
contractuales u otros de orden administrativo, para la reanudación del
espectáculo taurino en la ciudad de Bogotá.
9.15. La Corte Constitucional reitera
que: (i) la calificación de la tauromaquia como “expresión artística del ser
humano”, fue realizada por el Congreso de la República en la Ley 916/04; (ii) en
dos sentencias anteriores -C-1192/05 y C-889/12-, fue validado
constitucionalmente dicho reconocimiento, con valor de cosa juzgada; (iii) las características
de arraigo social, que hacen del espectáculo taurino una manifestación de la
diversidad cultural y elemento del patrimonio cultural de la nación, justifican
constitucionalmente la continuidad de la celebración del espectáculo taurino,
como excepción al deber de protección animal; (iv) la Corte en las sentencias
citadas ha protegido la diversidad cultural y el derecho a la libre expresión
artística, en el ámbito de lo taurino, independiente de las valoraciones
subjetivas o visiones particulares que sobre él se tengan; (v) en virtud de
esta sentencia se ratifica el principio constitucional de reserva legal, que
impide que las autoridades ejecutivas establezcan limitaciones a los derechos
fundamentales, como salvaguarda de las libertades de los individuos frente al
poder.
9.16. En suma, la presente decisión es
reiteración de la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la
constitucionalidad de los espectáculos taurinos y de las condiciones de su
realización, como de las reglas establecidas en leyes de la República hoy
vigentes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR por las
razones expuestas en esta providencia, la Sentencia del 16
de octubre de 2012 del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito
de Bogotá, que confirmó la Sentencia del 8 de agosto de
2012 del Juzgado
Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, que negó el amparo solicitado, y
en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo
y a la libre expresión artística, invocados por la Corporación
Taurina de Bogotá, dejando sin efectos la Resolución
280 de 2012, “por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411 de 1999”;
y el Oficio 20121010062061 del 26 de abril de 2012, por medio del cual se
suspendió la venta de abonos y las novilladas en el marco del Festival de
Verano.
Segundo.- DECLARAR la
existencia de un daño consumado en relación con la realización de la temporada
taurina correspondiente al año 2013.
Tercero.- ORDENAR
a la entidades accionadas: (i) restituir de manera inmediata la Plaza de Toros
de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de
espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de
otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su
destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino
de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004; (ii) rehabilitar en
su integridad las instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos
taurinos en las condiciones habituales de su práctica,  como expresión de la
diversidad cultural y el pluralismo social, en garantía de la
salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que utilicen dichos
escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla; (iii)
abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que
obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo
taurino en Bogotá D.C.
Cuarto.- ORDENAR a las
autoridades distritales competentes disponer lo necesario para la reanudación
del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa María de Bogotá, mediante
la adopción de
mecanismos contractuales u otros administrativos que garanticen la continuidad
de la expresión artística de la tauromaquia y su difusión, teniendo en cuenta:
(i) la reapertura de la Plaza como escenario taurino en condiciones de
neutralidad e igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y
la realización de los fines de transparencia en la administración pública
aplicables al proceso; (ii) el restablecimiento de los espectáculos taurinos en
las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de Bogotá, incluyendo tanto la
temporada regular en los primeros meses del año como el Festival de Verano en
el mes de agosto; (iii) la sucesiva, periódica y regular realización de las
actividades taurinas tradicionales, con las características habituales de la
calidad y contenido de tal expresión artística.
Quinto.- El IDRD
dispondrá de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente
providencia, para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo anterior
-cuarto-, a través de los procedimientos contractuales u otros administrativos
del caso conducentes a la reanudación de los espectáculos taurinos
tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004.
Líbrese
por Secretaría
General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991,
para lo efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA T-296/13
CONTRATO
ESTATAL-Causales
de terminación (Salvamento de voto)
ACCION
DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO-Improcedencia
para debatir actuación de la administración distrital de impedir la presentación
de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros con muerte de animal por existir
otro medio de defensa judicial (Salvamento de voto)
Existen mecanismos idóneos y
eficaces que no solo sirven para dirimir el conflicto suscitado en virtud del
acto administrativo que profirió la administración, sino que los supuestos
afectados con la decisión cuentan con herramientas jurídicas suficientes,
distintas de la acción de tutela, que permiten, de manera inmediata, cesar la
vulneración del perjuicio que con la actuación cuestionada, eventualmente, se
les haya podido irrogar. Lo anterior torna evidente que la acción de tutela
como mecanismo regular de protección de derechos fundamentales, no era la
procedente para resolver este caso. Al efecto no puede perderse de vista que a
términos del artículo 86 constitucional, inciso tercero: “Esta acción solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable” lo cual evidencia el carácter residual del mencionado
instrumento.
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA Y ESPECTACULO TAURINO-Improcedencia
de tutela por no existir perjuicio irremediable en decisión de Administración
Distrital de impedir la presentación de espectáculos taurinos en la Plaza de
Toros con muerte de animal (Salvamento de voto)
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA-No es titular
del derecho la Corporación Taurina de Bogotá por cuanto no regula el proceso de
creación y desarrollo del espectáculo taurino (Salvamento de voto)
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA-Titularidad
corresponde a quienes participan en la corrida de toros (Salvamento de voto)
LIBERTAD
DE EXPRESION ARTISTICA Y DIFUSION DE EXPRESION ARTISTICA-Diferencias
(Salvamento de voto)
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA-No es absoluto
(Salvamento de voto)
PROTECCION
DE LOS ANIMALES DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO NACIONAL
(Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T-3.758.508
Acción
de tutela instaurada por la Corporación Taurina de Bogotá contra la Alcaldía
Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD
Magistrado
Ponente:
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Con el mayor comedimiento he de
manifestar que discrepo de la decisión de la mayoría, persuadido de las
inequívocas razones que, a continuación, de manera sucinta, me permito
expresar:
No sobra advertir que mi posición sobre
el tema no está vinculada con mi sentir personal en torno a si deben o no
permitirse las corridas de toros pues creo sustentar mi parecer en la realidad
normativa, constitucional y legal, actualmente en vigor que, en últimas es la
que constituye el marco en el que tiene que desenvolverse la actuación
judicial. Cabe esta precisión por cuanto no desconozco que este asunto
claramente desborda el ámbito de lo meramente jurídico para ingresar en el
proceloso universo de la conceptualidad en el que la opinión social exhibe
matices la más de las veces irreconciliables, todos con sus “muy fundadas”
razones.
I. El fallo que la
Sala de Revisión profirió, en esencia, plantea y dilucida dos problemas
jurídicos, a saber: el primero de ellos, referido a la supuesta vulneración del
debido proceso en razón de la incompetencia de la autoridad distrital para
adoptar las decisiones administrativas que impiden la realización del
espectáculo taurino, con el argumento de que no se adoptaron las medidas de
protección animal que esta Corte estableció y, el segundo, circunscrito a la
vulneración al derecho de libertad de expresión artística.
Respecto del primer asunto, la
conclusión a la que arriba la Sala es que ninguna autoridad administrativa
puede prohibir un espectáculo artístico cultural,  legalmente permitido, ni
alterar su estructura legalmente regulada y constitucionalmente aceptada.
Asimismo, se acoge el entendimiento de que los condicionamientos adoptados en
la Sentencia C-666 de 2010, no pueden ser exigidos por parte de la autoridad
administrativa, en el sentido de solicitar la eliminación del tercer tercio de
la corrida, pues se trata de un espectáculo que se encuentra regulado por el
reglamento taurino, -Ley 916 de 2004- y, en consecuencia, dicha modificación le
corresponde al legislador no a la administración territorial local.
Debo precisar que en el caso examinado
se controvierte, en sede de tutela, un acto administrativo que da por terminado
de manera anticipada el contrato de mandato suscrito entre la Corporación
Taurina de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
Dicha determinación responde a la
instrucción de erradicar todo maltrato animal en el desarrollo de la actividad
en el escenario de la Plaza de Toros de la Santa María, lo cual no fue atendido
por la Corporación Taurina de Bogotá, motivo por el cual se expide la
Resolución No 280 de 2012.[202]
Lo anterior, nos sitúa en un escenario en el cual debió
estudiarse si existe un medio judicial, idóneo y eficaz que permitiera dirimir
la controversia que se plantea por vía de la acción de tutela y si existe un
perjuicio irremediable que justifique su procedencia excepcional y transitoria.
De conformidad con los contratos suscritos
entre la administración y la Corporación Taurina de Bogotá, la acción idónea
para solucionar la cuestión litigiosa planteada, es la prevista en el artículo
141 de la Ley 1437 de 2011, que establece la posibilidad de: declarar la existencia
del contrato, su nulidad, incumplimiento o revisión, solicitar la
indemnización de perjuicios, y liquidación[203].
Cobra importancia dentro de la acción de controversias contractuales la
posibilidad de aplicar la resolución del contrato por incumplimiento de una de
las partes, de conformidad con lo señalado en el artículo 1546 del Código Civil[204].
En resumen, son varios los eventos que pueden dar
lugar a la terminación de un contrato estatal: i) cuando se prediquen
los eventos del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, ii) la declaratoria de
caducidad, ante el incumplimiento de las obligaciones del contratista que afecte de manera grave, y directa, la
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización,
iii) la
solicitud de nulidad del contrato de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 80 de 1993 y iv) la resolución del contrato de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil, situaciones
que pueden discutirse mediante la acción de controversias contractuales.
En adición a lo anterior, se advierte que
en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Constitución Política, “la
jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente
por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los
actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.  Asimismo,
el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011 establece: “Las
medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de
suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones
de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una
o varias de las siguientes medidas:
1.
Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2.
Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter
contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no
exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su
adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado
Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la
parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la
cual recaiga la medida.
3.
Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4.
Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o
demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la
agravación de sus efectos.
5.
Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso
obligaciones de hacer o no hacer.
PARÁGRAFO. Si
la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos
de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la
autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá
limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en
atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los
límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.”
Con sujeción a la preceptiva
citada y a las precisiones argumentales que la complementan es menester
concluir que sí existen mecanismos idóneos y eficaces que no solo sirven para
dirimir el conflicto suscitado en virtud del acto administrativo que profirió
la administración, sino que los supuestos afectados con la decisión cuentan con
herramientas jurídicas suficientes, distintas de la acción de tutela, que
permiten, de manera inmediata, cesar la vulneración del perjuicio que con la
actuación cuestionada, eventualmente, se les haya podido irrogar. Lo anterior
torna evidente que la acción de tutela como mecanismo regular de protección de
derechos fundamentales, no era la procedente para resolver este caso. Al efecto
no puede perderse de vista que a términos del artículo 86 constitucional,
inciso tercero: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable” lo cual evidencia el
carácter residual del mencionado instrumento.
Ahora bien, tratándose de la vulneración de un
derecho fundamental como la libertad de expresión, al analizar la existencia
del perjuicio irremediable que permite el ejercicio de la tutela como mecanismo
excepcional y transitorio, este debe revestir (i) gravedad (ii)
inminencia del perjuicio, (iii)  impostergabilidad de las medidas para
la protección del derecho y (iv)  urgencia de las mismas.
ç
En sentencia
SU-1070 de 2003 la Corte Constitucional analiza y expone cada una de ellas:
A).El perjuicio ha de ser inminente: "que
amenaza o está por suceder prontamente".  Con lo anterior se diferencia de
la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas
de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y
oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética.  Se
puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro
de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada.  Lo inminente,
pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un
resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado.
Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso
iniciado.  Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento
oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por
ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es
cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto.
Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.
B). Las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en
el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o
remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia.  Es apenas una
adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace
relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a
su respuesta proporcionada en la prontitud.  Pero además la urgencia se refiere
a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a
las circunstancias particulares.  Con lo expuesto se verifica cómo la precisión
y la prontitud dan señalan la oportunidad de la urgencia.
C).                 No basta cualquier perjuicio, se
requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.  La gravedad
obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados
bienes bajo su protección, de manera que la amenaza  a uno de ellos es motivo
de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.  Luego
no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que
recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente.  Y se
anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o
determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces
inconveniente.
D).La urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad
de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere
una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con
efectos antijurídicos.  Se trata del sentido de precisión y exactitud de la
medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades
públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías
básicos para el equilibrio social.
De
acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce
que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de  hecho en que se
encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un
bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e
impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo
transitorio. [205]
De cara a los lineamientos jurisprudenciales reseñados en
el caso examinado no se evidencia el daño impostergable, grave, ni la urgencia
que requiere la intervención del juez de tutela. ¿Cuál es el peligro para la
comunidad, el impacto social y cultural que no da espera?. A mi juicio,  en el
fallo de la mayoría, no se alude a pruebas ni se esgrimen argumentos respecto
del perjuicio irremediable, como tampoco cuestionamientos en torno de la
ineficacia de las acciones contencioso administrativas, o la falta de idoneidad
de las herramientas con que se cuenta dentro del proceso respectivo, las que,
por el contrario, sí resultan lo suficientemente aptas para cesar la
vulneración de los derechos en discusión.
Los mecanismos judiciales ya precisados, permiten a los
interesados no solo disipar las dudas frente a la legalidad o no de los actos
de la administración, sino neutralizar, de manera inmediata, cualquier posible
vulneración de derechos. La solicitud de medidas cautelares permite crear un
espacio eficaz en el que mientras decide el juez natural, se previene, se
conserva o se suspenden los actos de la administración. De otra parte, la
posibilidad de reclamar el monto total de los perjuicios irrogados, si ese
fuera el caso, también está presente por vía del ejercicio de las mencionadas
acciones contencioso administrativas.
Estimo que no existen suficientes elementos de juicio que
lleven a la conclusión de que la acción de tutela deba considerarse como
mecanismo principal judicial para dirimir este conflicto, cuando es claro que
al efecto existen otros recursos legales contra la actuación de la
administración distrital y cuando resulta evidente, además, que no se concreta
la existencia de un perjuicio irremediable que requiera la intervención
inmediata del juez constitucional.
II. Con relación al estudio de la competencia de
la autoridad administrativa local de exigir el cumplimiento de lo dispuesto en
la sentencia C-666 de 2010, estimo lo siguiente: la Sentencia C-889 de 2012 que
estudió la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 916 de 2004[206], en
su acápite  de la ratio decidendi[207],
apartado 37 de la decisión, a mi juicio, arroja conclusiones distintas, de las
que la mayoría acoge, pues, en los términos de la sentencia: la Corte no
descarta las competencias de las autoridades administrativas en torno a la
adopción de ciertas medidas respecto de este tipo de actividades, por el
contrario, las prohijó expresamente. Lo anterior fue objeto de estudio en el
fallo al analizar el principio de autonomía territorial y la exequibilidad
condicionada del artículo 7º de la Ley 84 de 1989, en Sentencia C-666 de 2010,
de la cual se extracta lo siguiente: “…la
disposición acusada permite excepcionalmente el maltrato animal en el
desarrollo de ciertas manifestaciones culturales, no obstante, se trata de una
disposición excepcional de alcance restringido como se ha sostenido a la largo
de esta providencia, de manera tal que no limita la potestad reguladora en
cabeza de las autoridades administrativas municipales. Por lo tanto, estas
pueden determinar si permiten o no el desarrollo de las mismas en el territorio
en el cual ejercen su jurisdicción” (resaltado fuera del texto).
Al entrar al análisis de las
consideraciones respecto de la exequibilidad condicionada, en el contexto de
las exigencias que puedan requerirse por parte de la administración se dijo : “(i)
la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en
contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de
entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y
cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial
contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades.
En particular, la excepción del artículo 7º  de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con
animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las
conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre
expresiones culturales y deberes de protección a la fauna;”( resaltado
fuera del texto).
Siguiendo con el análisis de la
sentencia C-889 de 2012, cualquier posible duda o contradicción  que subsista
en torno a las atribuciones que en este caso se predican de las autoridades
administrativas locales, queda dirimida con las elocuentes precisiones
incorporadas en las conclusiones de la misma, y que dan cuenta de que: (i)
Concurren un grupo de requisitos que son exigibles a todos los espectáculos
taurinos al margen de la naturaleza del escenario en que se lleven a cabo, (ii)
Los requisitos deben ser verificados por las autoridades locales, esto
incluye el cumplimiento de las condiciones constitucionales de arraigo social,
localización, oportunidad y excepcionalidad que fueron ordenadas por la Corte
en la sentencia C-666/10, ante la necesidad de hacer compatible la actividad
taurina con el mandato de protección animal. (iii) las normas acusadas
ofrecen criterios objetivos y obligatorios para que las autoridades locales
autoricen y controlen la celebración de la actividad taurina, donde está
constitucionalmente permitida, sin que se entienda que exista un poder
discrecional para definir la autorización de la práctica taurina[208].
No sobra agregar que los anteriores
razonamientos son obligatorios y por tanto vinculantes, por cuanto forman parte
de la ratio de la sentencia, en la medida en que sujetan  y constituyen
la base de la decisión, adoptada en el fallo de constitucionalidad C-889 de 2012.
En ese sentido la Corte ha señalado el carácter vinculante de la ratio[209],
pues, al tener un nexo causal con la parte resolutiva, es
obligatoria, debe ser observada por las distintas autoridades y corrige la
jurisprudencia[210].
En virtud de lo expuesto, se puede
concluir que el legislador en el ejercicio de sus competencias puede prohibir
las manifestaciones culturales que involucran el maltrato animal, como
aconteció con la Ley 1638 de 2013 que prohibió la utilización de los animales
salvajes en los espectáculos circenses. Que lo dispuesto en la Sentencia C-666
de 2010, en lo que se refiere específicamente a la excepción contemplada en el
artículo 7 de la Ley 89 de 1989, permite recrear la actividad taurina hasta
determinación legislativa en contrario, siempre que dicha práctica vele por una
protección especial contra el sufrimiento y el dolor de los animales, lo que
obliga a las autoridades locales velar por el respeto no solo de los requisitos
legales para la celebración del espectáculo, sino, además,  por el cumplimiento
de las restricciones y limitaciones, derivadas del mandato constitucional de
bienestar animal, previstas en la sentencia C-666 de 2010.
Se desprende de lo anterior que sí
existe competencia por parte de la administración local para verificar el
cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia C-666 de 2010, y hasta
determinación legislativa en contrario, se trata de un requisito bajo criterios
objetivos y obligatorios,  que pueden y deben ser verificados por dichas
autoridades respecto de la actividad taurina. En consecuencia, estimo que no
existe vulneración al debido proceso en virtud de un defecto orgánico, como lo
concluyó la mayoría, basada en un entendimiento del asunto que no se aviene con
lo que verdaderamente corresponde.
Como una acotación final al problema jurídico planteado y
que controvierte los argumentos que sustentan el primer asunto dilucidado en la
sentencia, debe advertirse que la función de policía constituye la gestión
administrativa de carácter concreto, que se sujeta a los principios de
legalidad, debido proceso, la libertad, convivencia e inmediatez. En otras
oportunidades la Corte se ha pronunciado respecto de sus límites[211]; la
exigencia de las reglas estipuladas en la sentencia C-666 de 2010 no pueden
entenderse ajenas a la legalidad, arbitrarias o desproporcionadas; el
requerimiento efectuado por la administración local al iniciar esta contienda
no buscó la prohibición del espectáculo artístico sino acompasarlo con lo
dispuesto en la Ley 89 de 1989, incluidos los condicionamientos que igualmente,
con carácter normativo, esta Corporación le introdujo, lo que también genera
aceptación en la comunidad, pues no se trata de ir en contra de una norma, ni
invadir espacios que son competencia exclusiva del legislador, sino de
concertar las distintas cosmovisiones sobre el tema, que se fundamentan en
derechos constitucionales. Negar la posibilidad de intervención de las
autoridades administrativas no es la interpretación que se desprende de la
sentencia de constitucionalidad C-889 de 2012. La actividad taurina, expresión
artística y cultural de la Nación debe guardar un equilibrio con el mandato
superior del bienestar animal reconocido en la sentencia C-666 de 2010, y hasta
que exista norma que eventualmente prohíba dicha práctica, se debe buscar un
equilibrio por parte de los entes administrativos, atendiendo a criterios
legales y constitucionales, lo cual no puede valorarse como una violación al
debido proceso.
Si bien al final la decisión que profiere la autoridad
local se traduce en impedir la actividad cultural y artística, desde mi
perspectiva, dicha decisión fue producto de un proceso que pretendió, en
principio, concertar con la Corporación Taurina de Bogotá  la práctica de la
actividad taurina y el cumplimiento de las indicaciones de la sentencia C-666
de 2010, para ello, antes de proferir la Resolución 280 de 2012, fueron
solicitadas por parte de la administración propuestas y conceptos que
resolvieran las diferencias de los contratantes.
El segundo problema jurídico que aborda
la sentencia es la vulneración a la libertad de expresión artística. Frente al
tema, la pregunta que debe responderse es ¿Si le asiste a la CTB la protección
del derecho fundamental a la libertad de expresión artística?
Considero que No, por las siguientes
razones: la libertad de expresión artística se define como: el derecho de las personas a crear o
proyectar artísticamente su pensamiento, y el derecho a difundir y dar a
conocer sus obras al público. El primero de ellos, dado su alcance netamente
íntimo, no admite restricción alguna, aparte de las limitaciones naturales que
la técnica escogida le imponga al artista, y las fronteras de su propia
capacidad para convertir en realidad material lo que previamente existe sólo en
su imaginación.[212]
Se trata de un derecho fundamental que
se deriva del derecho al libre desarrollo de la personalidad, motivo por el
cual se predica del ser humano, del artista, y aunque si bien la Corte ha dicho
que le asiste a las personas jurídicas,  en el caso en concreto se observa que
la Corporación Taurina de Bogotá no es una entidad del orden gremial que regule
el oficio taurino, en los términos señalados por el artículo 356 del C.S.T.[213]. La Corporación
Taurina de Bogotá es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto es el
mejoramiento de las condiciones de los animales, la cultura del
espectáculo, su promoción, organización y manejo de los recursos que se
obtengan. Sus estatutos no contemplan el mejoramiento de la profesión del
torero, el oficio del rejoneador, no establece ningún tipo de regulación en el “arte
de lidiar toros”,  o respecto de quienes participan en dicha actividad.  La
Corporación Taurina tiene objetivos claros y específicos dirigidos a la
promoción espectáculo, y manejo de los recursos, sin olvidar que busca el
mejoramiento de las condiciones de los animales.
Con suficiente ilustración sobre la
naturaleza jurídica de la Corporación Taurina de Bogotá, resulta claro que
dicha persona jurídica  no regula ese proceso de creación y desarrollo del
espectáculo. El arte de lidiar toros constituye una actividad que realizan y
ejecutan quienes participan en la corrida, estas personas son quienes
proyectan dicha manifestación artística.
De otra
parte, se controvierte la difusión de dicha expresión cultural. Vale la pena
diferenciar la expresión artística y cultural del  derecho a su
difusión. El derecho a la difusión  del arte tiene otra naturaleza y aunque
concreta el primero,  no es absoluto[214].
La Corte Constitucional ha dicho que la expresión artística y su difusión son
elementos conexos pero distintos, una es la libertad de expresión artística y
otra la difusión de esa libertad a la cual pueden imponerse límites. Al
respecto señaló la Corte: “En tratándose del uso de medios oficiales de
difusión, o de medios particulares encargados de la prestación de un servicio
público, la difusión artística debe someterse a la previa autorización que, con
base en criterios acordes con la Constitución, otorguen las autoridades
competentes.  No es otro el límite posible a la difusión de la expresión
artística.” (Sentencia T-104 de 1996).
En el caso en concreto  conforme a lo
dispuesto en la sentencia C-889 de 2012, en íntima conexidad con la sentencia
C-666 de 2010, a la cual expresamente remite, la verificación de la autoridad
administrativa de ciertos y determinados requisitos puede limitar el derecho de
difusión, atendiendo a criterios objetivos y razonables contenidos en la
constitución y la ley.
Corolario de lo anterior, a la
Corporación Taurina de Bogotá como ente que promociona el espectáculo y la
cultura taurina le corresponde observar los criterios orientadores, vinculantes
y obligatorios que ha establecido la Corte Constitucional en los estudios de
constitucionalidad, con mayor razón, cuando uno de sus objetivos “es el
mejoramiento de las condiciones de los animales”, luego, con tan nobles
propósitos es una entidad que debe propender hacía la protección animal en su
labor de difusión.
Y es que en la búsqueda del balance entre los intereses
diversos no puede ser la libertad de expresión artística un derecho absoluto.
En la labor de conmensurar los derechos en conflicto, no puede concebirse una
garantía fundamental que permita el maltrato de un ser vivo, pues se trata de
una protección que deviene de salvaguardar prerrogativas de raigambre
fundamental como el medio ambiente y la dignidad humana[215] y si
bien la Corte Constitucional ha señalado las excepciones al deber de protección
animal[216],
y permite de manera excepcional ciertas prácticas artísticas y culturales, ante
la ausencia de normas que regulen la tensión que surge entre la manifestación
cultural y las normas de protección animal, tanto jueces como autoridades
locales deben armonizar dichos valores atendiendo a los precedentes y normas
que regulan el tema.  Los actos expedidos por la administración se avienen con
las exigencias de protección contra el maltrato animal y a los pronunciamientos
constitucionales ya reseñados. Dichos actos, en principio, no pretendieron prohibir
la realización de las corridas de toros, su  requerimiento se concretaba a
observar el cumplimiento de la sentencia C-666 de 2010, facultad que se regula
en la Ley 916 de 2004, y la sentencia C-889 de 2012. Ahora bien, como no medió
acuerdo entre los contratantes, se expidió La Resolución No 280 del 14 de junio
de 2012 que impide la realización de la actividad taurina en cuanto no se
acompase con los condicionamientos legales sentados por esta Corporación.
De igual manera, la evolución de
la jurisprudencia colombiana observa una directriz clara frente a la protección
del maltrato animal.  En casos como el analizado en la sentencia T-608 de 2011[217] se
advierte que los animales se encuentran dentro de la
esfera de protección de la naturaleza y el medio ambiente. Lo que implica que
la visión que se tiene de estos no puede ser una meramente utilitarista, sino,
por el contrario, deben ser entendidos como otros seres vivos que interactúan
dentro del desarrollo o preservación del medio ambiente. Inclusive, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 686 y siguientes, relacionados
con la propiedad de animales bravíos por medio de la ocupación de caza y pesca
observa que esta debe ser limitada con la expedición del Código de Recursos
Naturales, y de conformidad con el artículo 248 de dicho estatuto, la fauna
silvestre se encuentra en cabeza del Estado, contemplando solo dos excepciones
los zoocriaderos y los cotos de caza de propiedad particular.
En la sentencia C-283 de 2014 la Corte enfatizó en torno
al equilibrio y armonía que debe existir entre las tradiciones culturales y
artísticas y el maltrato animal. Y al estudiar la constitucionalidad del
artículo 1º de la Ley 1638 de 2013[218],
advirtió la necesidad de no extender prácticas que la sociedad estime como
incorrectas e indeseables. Agrega que las manifestaciones culturales deben
tener como finalidad la educación de un pueblo[219].
El
Consejo de Estado en reciente decisión, establece como prioridad del Estado
brindar soluciones laborales alternativas a todas las personas que trabajan con
provecho de los animales, pero estima que resulta  inconstitucional e ilegal
una actividad que someta al maltrato, a la crueldad y a la humillación al animal,
Señalando en lo pertinente.
“En otras palabras, los humanos pueden servirse de los
animales para su supervivencia, para su compañía, para investigación, en
actividades laborales o recreativas, pero sin vulnerar los derechos que les
asisten, en especial de no ser tratados simplemente como objetos o cosas, de no
ser sometidos a tratos crueles, degradantes, a ser mantenidos en malas
condiciones de salud y libertad, a su sacrificio con el menor dolor y sufrimiento
posible, a jornadas laborales adecuadas con condiciones que respeten su
integridad y descanso, a no ser objeto de sufrimientos innecesarios cuando se
experimente con ellos en el campo científico, a garantizar un mínimo de
libertad y espacio, a garantizar su adecuada alimentación y cuidado, etc.”[220].
Los anteriores pronunciamientos muestran claramente que
no se pueden fomentar prácticas que promuevan el maltrato animal y que las
excepciones y manifestaciones culturales y artísticas que aun permiten el uso
de animales, como el toreo, están sujetas a claras restricciones por cuya
observancia deben velar las autoridades administrativas locales. Que dichas
excepciones legales, en las cuales se permite la utilización de animales,  cuyo
fin es la protección de derechos como la libertad de expresión, no pueden ser
ajenas a las nuevas disposiciones e interpretaciones jurisprudenciales y
constitucionales, las cuales, en consecuencia, deben conciliar los distintos
intereses y derechos en conflicto.
Es pertinente aclarar que en estos casos
no puede hablarse de censura, pues no se trata de reprobar dicha actividad, ni
de obstaculizar o prohibir su difusión, sino de armonizarla con las nuevas
directrices constitucionales y legales.  La administración local frente al
asunto dilucidado estaba en el deber de intentar morigerar el trato cruel y la
muerte del toro, en la búsqueda de un balance entre la manifestación cultural y
los precedentes vinculantes y obligatorios que sobre protección animal existen.
En el caso examinado, los requerimientos de la administración propugnan por el
cumplimiento de las pautas señaladas en la sentencia C-666 de 2010, las cuales
tienen  fundamento constitucional[221].
No puede perderse de vista que al proferirse un fallo de exequibilidad
condicionada, las reglas  fijadas en la sentencia se incorporan al enunciado
normativo[222].
Los condicionamientos fijados en la sentencia C-666 de 2010, se consideran
incorporados en la Ley 89 de 1989, y le agregan un contenido constitucional.
Ahora bien, habida consideración de que
los argumentos en que se funda la decisión parten de la interpretación de dos
sentencias de constitucionalidad proferidas por la Sala Plena de la
Corporación, en aras de evitar incurrir en contradicciones con los precedentes
citados, y en virtud de la relevancia del tema, habría resultado preferible que
la presente acción de tutela se hubiere resuelto por la Sala Plena de la
Corporación[223],
observación que, de manera inconcusa, hubiese podido disipar, con certeza,
cualquier duda respecto del genuino sentido de las sentencias de
constitucionalidad sobre las normas aplicables a tan polémico asunto. A no
dudarlo la Sala Plena debió fungir como interprete fidedigno y verdadero de los
efectos y alcances de sus propias decisiones, lo que no fue posible por cuanto
esa opción se planteó luego de registrado el proyecto.
En efecto, si bien la lectura que la
mayoría de la Sala de Revisión le atribuyó al asunto “pudiera resultar
plausible”, también existen muy fundadas razones que validan el entendimiento
que el ente tutelado le atribuyó a las normas que regulan el tema incluidos los
condicionamientos y las ratios establecidos por la Corte como
presupuesto inobjetable e inescindible de su  constitucionalidad. La posición
del suscrito magistrado disidente también plantea una opción válida de
interpretación, respecto de lo que se deriva del ordenamiento jurídico
aplicable.
La mayoría entiende que se necesitaba
una ley “futura” que dispusiese cómo morigerar el sufrimiento, el dolor y en
general las conductas crueles contra los animales respecto de las actividades a
las que se refiera la excepción de que se trata el artículo 7º de la Ley 84 de
1989.  Una lectura sencilla de la parte resolutiva de la sentencia C-666 de
2010 claramente indica que ello no es así y que la orden para que se concrete
dicha protección ya viene dada en la Ley 84 de 1989 artículo 7º, de acuerdo con
lo que de ella se deduce atendiendo los condicionamientos que le fueron
introducidos, y el punto relacionado con que las autoridades locales tienen el
deber de abogar por dicha protección animal, y plenas competencias al efecto,
se desprende de lo que sentó expresamente la Corte al respecto, en la sentencia
C-889 de 2012, como ha quedado reseñado.
Todo lo anterior permite concluir que el
escenario ideal de decisión del presente asunto ha debido ser la Sala Plena de
la Corte, precisamente, por cuanto el meollo de la cuestión radicaba en la
valoración de sus propias decisiones frente a lo cual lo que la Corporación
decidiera  hubiese ofrecido el mayor grado de certeza posible, con lo cual se
reducía al máximo el ámbito de las discrepancias y los serios inconvenientes
que ello supone.
Por último quiero enfatizar en que, a mi
juicio, resulta inadmisible la consideración según la cual existe un derecho
fundamental para desarrollar una expresión artística que concluya con la muerte
de un animal, el cual deba ser amparado por vía de la acción de tutela,
concebida esta, principalmente, como el instrumento constitucional idóneo para
resguardar y restablecer al ser humano que ha sido víctima de atentados contra
su dignidad. Ello por cuanto no encuentro fácil acompasar lo que jurídica y
filosóficamente representa la dignidad humana y lo que supone la muerte de un
animal en las condiciones en las que en el denominado arte taurino se sacrifica
a un toro.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Auto
060/15
(Bogotá
DC, Marzo 2)
Referencia: Solicitudes
de aclaración y cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013, Exp. T-3758508.
Solicitantes: Alcaldía
Mayor de Bogotá e Instituto Distrital de Recreación y
Deporte
-IDRD.
Magistrado
Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I.
ANTECEDENTES
1. La
sentencia T-296/13 objeto de la solicitud de aclaración.
1.1.
La Sentencia T-296 de 2013, proferida por la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, efectuó la revisión de las sentencias de tutela del 16
de octubre de 2012, del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito
de Bogotá, y la Sentencia del 8 de agosto de 2012 del Juzgado
Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, dictadas en el marco del proceso
de tutela iniciado por la Corporación Taurina de Bogotá (en
adelante CTB) contra la Alcaldía Mayor de Bogotá (en adelante Alcaldía) y el
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (en adelante IDRD). En la acción de
tutela, la CTB consideró que se habían vulnerado sus derechos al debido proceso
y a la libertad de expresión artística, por la decisión de dichas autoridades
públicas de terminar anticipadamente el contrato que permitía a la CTB el uso
de la Plaza de Toros de Santa María (en adelante la Plaza) para realizar
espectáculos taurinos, y la decisión administrativa de suspender la venta de
abonos para la temporada 2013 y la cancelación de novilladas adelantadas en el
marco del Festival de Verano.
1.2.
La Sala Segunda de Revisión se pronunció sobre los derechos a la libre
expresión artística y frente al derecho al debido proceso, exclusivamente
frente a la competencia para la cancelación de  actividades y
espectáculos propios de las manifestaciones del arte y la cultura relacionados
con la tauromaquia. La Sala se abstuvo de realizar un pronunciamiento
sobre controversias contractuales de rango legal o de
carácter patrimonial. Como problema jurídico del caso, se formuló el siguiente:
“9.4.
El problema jurídico constitucional. La Corte
Constitucional se ocupa en esta sentencia de decidir si ¿la decisión
administrativa distrital de no permitir al accionante la presentación de
espectáculos taurinos que conlleven sufrimiento y muerte del animal en la
Plaza de Toros de “Santa María” de Bogotá, contenida
principalmente en la resolución IDRD No 280/12 de terminación anticipada del
contrato de utilización de la Plaza, vulnera: (i) el derecho al debido proceso,
por la posible incompetencia de la autoridad distrital para adoptar tales
decisiones administrativas que impiden la realización de espectáculos taurinos
en los términos y modalidades previstos en la ley? (ii) el derecho a la
libertad de expresión artística, por la posible restricción indebida del
contenido de una actividad legalmente regulada y definida como “expresión
artística del ser humano”?”[224]
1.3.
La Sala Segunda de Revisión resolvió el caso ordenando la tutela de los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la libre expresión
artística, disponiendo:
“Primero.-
REVOCAR
por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia del 16
de octubre de 2012 del Juzgado Veinticinco Civil del Circuito
de Bogotá, que confirmó la Sentencia del 8 de agosto de
2012 del Juzgado
Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, que negó el amparo solicitado, y
en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso administrativo
y a la libre expresión artística, invocados por la Corporación
Taurina de Bogotá, dejando sin efectos la Resolución
280 de 2012, “por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411 de 1999”;
y el Oficio 20121010062061 del 26 de abril de 2012, por medio del cual se
suspendió la venta de abonos y las novilladas en el marco del Festival de
Verano.
Segundo.-
DECLARAR la existencia de un daño consumado en relación con la realización de
la temporada taurina correspondiente al año 2013.
Tercero.- ORDENAR
a la entidades accionadas: (i) restituir de manera inmediata la Plaza de Toros
de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de
espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de
otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su
destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario
taurino de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004; (ii)
rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza para la realización
de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica,  como
expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social, en garantía
de la salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que utilicen dichos
escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla; (iii)
abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que
obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo
taurino en Bogotá D.C.
Cuarto.-
ORDENAR
a las autoridades distritales competentes disponer lo necesario para la
reanudación del espectáculo taurino en la Plaza de Toros de Santa María de
Bogotá, mediante la adopción de mecanismos contractuales u otros administrativos
que garanticen la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia y su
difusión, teniendo en cuenta: (i) la reapertura de la Plaza como escenario
taurino en condiciones de neutralidad e igualdad, garantizando la selección
objetiva de los proponentes y la realización de los fines de transparencia en
la administración pública aplicables al proceso; (ii) el restablecimiento de
los espectáculos taurinos en las fechas u ocasiones usuales en la ciudad de
Bogotá, incluyendo tanto la temporada regular en los primeros meses del año
como el Festival de Verano en el mes de agosto; (iii) la sucesiva, periódica y
regular realización de las actividades taurinas tradicionales, con las
características habituales de la calidad y contenido de tal expresión
artística.
Quinto.- El IDRD
dispondrá de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente
providencia, para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo anterior
-cuarto-, a través de los procedimientos contractuales u otros administrativos
del caso conducentes a la reanudación de los espectáculos taurinos
tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004”[225].
2.
Las solicitudes.
Tanto
la Alcaldía como el IDRD radicaron solicitudes de aclaración, el día 10 de
septiembre de 2014, ante la Secretaría General de esta Corporación; debe
indicarse que ambos documentos se corresponden exactamente en su contenido, y
que la solicitud del IDRD se presentó coadyuvando la solicitud radicada por la
Alcaldía[226],
razón por la cual se analizarán como una sola.
2.1.
Fundamentos de la solicitud.
2.1.1.
En primer lugar, las solicitantes argumentaron que es necesaria la aclaración
de la sentencia T-296/2013, pues la parte resolutiva de la misma sería
contradictoria. Sostienen que en ella se ordenó a la vez la restitución
inmediata de la Plaza, pero simultáneamente se planteó (i) la necesidad de
realizar un contrato para la utilización de la Plaza, fruto de un proceso de
selección que atienda los principios de la contratación pública, y (ii)
ejecutar la rehabilitación del escenario, que presupone una intervención
en la Plaza con obras de reforzamiento estructural. Para los solicitantes no
resultaba posible cumplir los mandatos de manera simultánea, pues se requiere
de un tiempo prudencial tanto para la realización de los procedimientos para la
contratación, como para  realizar el reforzamiento estructural del escenario[227],
imposibilidad frente a la cual debería pronunciarse la Sala.
2.1.2.
En segundo lugar, expusieron que la actuación administrativa necesaria para el
cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-296/2013, implica una dilación en
su ejecución, haciendo imposible su acatamiento inmediato. En este sentido, la
orden en torno a “abstenerse de adelantar cualquier tipo
de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate” [228] el
restablecimiento de la Plaza como recinto del espectáculo taurino en Bogotá,
sería también imposible de cumplir.
2.1.3.
En tercer lugar señalaron que el término de 6 meses dispuesto en el resolutivo
quinto de la sentencia para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo
cuarto, no atendería los “términos legales que deba agotar en los
correspondientes procesos, en los cuales intervienen otras autoridades públicas,
tales como órganos de control y eventualmente autoridades judiciales”[229],
pudiendo resultar imposible para el IDRD el cumplimiento de las órdenes
mencionadas.
2.2.
Pretensiones de aclaración.
2.2.1.  La restitución de la plaza debe cumplirse luego de que se realicen el
proceso contractual y las obras de intervención en desarrollo del contrato,
necesarias para que la Plaza pueda utilizarse en la forma como lo dispone la
sentencia.
2.2.2.
La orden de "abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación
administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento" debe
entenderse como referida solo a actuaciones no previstas en la ley.
2.2.3.
El término de seis meses en el que el IDRD debe dar cumplimiento a las órdenes
comprende exclusivamente las actuaciones que son de su competencia.
II.
CONSIDERACIONES.
1.
Cuestión previa: el alcance de las solicitudes del IDRD y la Alcaldía.
1.1.
Las solicitudes radicadas por el IDRD y la Alcaldía fueron presentadas como
solicitudes de aclaración. Con todo, algunos de los puntos desarrollados
refieren a la forma de cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-296 de
2013: el tiempo necesario para completar la rehabilitación del escenario; y la posibilidad
de diferir el cumplimiento de las órdenes en vista de las exigencias propias de
las obras de rehabilitación.
1.2.
Los temas aludidos, si bien rebasan el alcance de una solicitud de aclaración
en los términos del Código General del Proceso, son importantes y merecen una
consideración por parte de esta Sala. Así, serán tenidas en cuenta en el marco
de las diligencias de cumplimiento de las sentencias de tutela, reguladas en el
Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
1.3.
Como consecuencia de lo anterior, el presente auto se ocupará tanto de la
aclaración de la sentencia T-296/13 como de su cumplimiento, atendiendo el
contenido material de las solicitudes.
2. Competencia
de la Sala.
2.1.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha admitido la procedencia
excepcional de solicitudes de aclaración en el marco de sus procedimientos de
constitucionalidad: cuando el texto de la sentencia a la que se refiere ofrezca
verdaderos y poderosos motivos de duda en cuanto a su alcance, y se cumplan
ciertos requisitos básicos de procedencia, previstos en el Código General del
Proceso[230]
-art. 285- y la jurisprudencia constitucional.
2.2. La Corte
Constitucional ha destacado que si bien “[e]s
obligatorio para el juez de primera instancia, en cuanto no pierde competencia
para ello, hacer cumplir la orden de tutela”[231],
extraordinariamente la propia Corte puede asumir la competencia para conocer
del cumplimiento de sus fallos, como cabeza de la jurisdicción
constitucional, cumpliendo los requisitos básicos establecidos
jurisprudencialmente.
3.
Requisitos de admisibilidad y procedencia de la aclaración y la verificación
del cumplimiento.
3.1.
Requisitos de la solicitud de aclaración.
3.1.1.
Como requisitos de procedencia de la solicitud de aclaración, la jurisprudencia
ha establecido: (i) un requisito de legitimación, exigiendo que esta sea
formulada por quien fue parte en el proceso al que se refiera la sentencia[232];
igualmente, se admite la procedencia de oficio de la aclaración de una
providencia. (ii) La aclaración solo es admisible si es formulada dentro del
término de ejecutoria de la respectiva providencia[233], […]
durante los tres días posteriores a su notificación”[234]
-CGP, art. 302-. (iii) Los conceptos o frases a aclarar deben estar contenidos en
la parte resolutiva de la sentencia o deben influir en ella, ofreciendo “verdadero
motivo de duda”[235]
y  teniendo en cuenta que la aclaración no debe servir para
revocar o reformar la providencia a la que se refiere.
3.1.2.
En el presente caso, (i) tanto la Alcaldía de Bogotá como el IDRD fueron parte
en el procedimiento de revisión del expediente T-3.758.508, que culminó con la
expedición de la sentencia T-296 de 2013; por este motivo, ambos se encuentran
legitimados para elevar la solicitud de aclaración. (ii) Igualmente, frente al
cumplimiento del requisito de oportunidad, se verificó que la sentencia T-296
de 2013 fue notificada a la Alcaldía Mayor de Bogotá el 10 de septiembre de
2014, mientras que la notificación al IDRD se realizó el 11 de septiembre de
2014[236],
cumpliéndose el requisito de oportunidad pues las solicitudes de aclaración
fueron radicadas en la Secretaría de esta Corporación el 10 de septiembre de
2014[237].
(iii) Es claro que las pretensiones de aclaración expuestas por los
solicitantes se refieren a elementos de la parte resolutiva de la sentencia
T-296/13, y las entidades accionadas exponen dificultades en el entendimiento
de las órdenes.
3.1.3.
La Sala considera que a pesar de que las órdenes son claras y que de ellas no
se deriva una duda que haga imposible su comprensión, las entidades obligadas
exponen interpretaciones que dejan entrever una eventual dificultad en la
ejecución de las órdenes, lo que sugiere la necesidad de esclarecer algunos
elementos para facilitar la intelección y el cabal cumplimiento de la sentencia
y del restablecimiento de los derechos vulnerados.
3.2.
Requisitos para la verificación del cumplimiento de la sentencia de revisión.
3.2.1.
Para la procedencia de la verificación del cumplimiento de las sentencias
proferidas por las salas de revisión de la Corte Constitucional, debe
comprobarse el cumplimiento de los siguientes tres requisitos: “1. Se
debe tratar de un incumplimiento de una sentencia dictada por la propia Corte
Constitucional, en donde se concede la pretensión solicitada. 2. Debe resultar
necesaria la intervención de esta Corporación para proteger el orden
constitucional. 3. La actuación de la Corte debe ser indispensable para hacer
efectiva la protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados”[238].
3.2.2.
Se tiene en el presente caso: (i) la verificación del cumplimiento se refiere a
una sentencia dictada por la Corte Constitucional, en la que se concede la
pretensión; (ii) la
intervención de la Corte es necesaria para la preservación del orden
constitucional pues se encamina a asegurar la efectividad de las órdenes
dispuestas en la sentencia T-296/13; y (iii) se comprueba la necesidad
de que la Corte Constitucional intervenga para hacer efectiva la protección de
los derechos fundamentales vulnerados, al haber sido puesto en consideración de
la Sala, como situación sobreviniente, la necesidad de emprender labores de
reforzamiento estructural de la Plaza, para asegurar la seguridad, la
salubridad y la tranquilidad de los asistentes y participantes del espectáculo
taurino.
3.3. Conclusión
del punto.
Como
consecuencia de lo anterior, la Corte ejercerá competencia para adoptar
decisiones relativas a la aclaración del sentido de las órdenes dispuestas en
la sentencia T-296/13, como para tomas determinaciones dirigidas al correcto
cumplimiento del objeto de la misma.
4.
Aclaración de las órdenes impartidas en la Sentencia T-296/13.
4.1.
La expresión “restitución”[239]
de la sentencia T-296 de 2013 (resolutivo tercero, i).
4.1.1.
Ha
de aclararse que la expresión “restitución” refiere a un concepto estrictamente
jurídico, para ratificar la destinación legal de la Plaza de Toros de Santa
María de Bogotá y regresarla a su uso legal como plaza de toros permanente de
primera categoría[240]. La “restitución”
no debe confundirse ni con la rehabilitación física de la Plaza ni con su
reapertura al público. Por esto, la orden de la “restitución” así entendida
obra de manera inmediata, y se entiende cumplida con la notificación a la
autoridad distrital de la sentencia T-296/13.
4.1.2.
No sobra recordar que la “restitución” de la Plaza como escenario para la realización
de espectáculos taurinos no impide que el escenario pueda ser
utilizado en otras actividades culturales o artísticas, deportivas o
recreativas, siempre y cuando con ello no se altere ni obstruya su destinación
principal y tradicional.
4.2. La
expresión “rehabilitación”[241]
de la sentencia T-296/13 (resolutivo tercero, ii).
4.2.1.
La rehabilitación hace referencia a la intervención física o locativa de la
Plaza, (i) dirigida a la adecuación de la infraestructura necesaria para la
práctica de la tauromaquia y la realización de espectáculos taurinos -y otros-
en las condiciones habituales de su realización, (ii) en garantía de la
salubridad, seguridad y tranquilidad que deben rodear el espectáculo taurino y
demás espectáculos.
4.2.2.
En el trámite de aclaración, las autoridades distritales han puesto en
conocimiento de esta Sala la necesidad de realizar un reforzamiento estructural
de la Plaza, dado el deterioro que actualmente presenta, con miras a garantizar
su idoneidad como recinto para la realización de espectáculos taurinos.
4.2.3.
Se aclara que el reforzamiento estructural se inscribe en la orden fijada en la
sentencia T-296/13 -resolutivo tercero .ii-, en cuanto obra de infraestructura
para “rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza”. Así,
su ejecución será objeto de evaluación judicial del cumplimiento de la
sentencia de tutela, en los términos del decreto 2591/91 y la jurisprudencia de
la Corte.
5. El
procedimiento administrativo/contractual para la rehabilitación y reapertura
de la Plaza.
5.1.
El término de las obras de rehabilitación.
5.1.1.
Las obras de reforzamiento estructural hacen parte integral del mandato de
rehabilitación de la Plaza ordenado en el resolutivo tercero de la T-296/13
-supra II, 4.2.3-. Por ello, la correcta ejecución y cumplimiento de las
órdenes de tutela demanda de la Sala el establecimiento de tiempos ciertos para
la ejecución de las obras, en garantía de la protección constitucional
concedida, destacando, además, que la apreciación de su necesidad y modalidad
compete a la autoridad distrital en ejercicio de sus funciones administrativas
y de policía.
5.1.2.
En tal sentido, la Sala toma en cuenta que la autoridad distrital ha emprendido
un procedimiento contractual cuyo objeto es la realización del reforzamiento
estructural de la Plaza de Toros de Santa María[242],
fijando para el efecto un “plazo máximo de ejecución” de dieciocho (18) meses y
una “fecha de legalización” del contrato el 17 de marzo de 2015. Considerando
razonable y conducente dicho proceso contractual y tales término y fecha, la
Sala incorporará las propias determinaciones distritales como criterios para la
evaluación del cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-296 de 2013, así:
(i) la legalización del contrato para el reforzamiento estructural de la Plaza
deberá realizarse a más tardar el 17 de marzo de 2015; (ii) el término de
ejecución del contrato, es decir, para la finalización de las obras de
rehabilitación estructural de la Plaza, será de máximo dieciocho (18) meses,
contados a partir de la legalización del respectivo contrato. Los parámetros
serán tenidos en todo caso por la Corte como fecha y término ciertos[243].
5.2.
El plazo de seis meses para el proceso administrativo/contractual de operación
de la Plaza.
5.2.1.
Consistiendo la reapertura de la Plaza de Toros de Santa María en su puesta a
disposición del público para el restablecimiento de espectáculos taurinos, la
Sala reconoce la necesidad de que se realice previamente la rehabilitación del
escenario en los términos antes expuestos, con miras a garantizar su ejecución
y cumplimiento en condiciones de seguridad, salubridad y tranquilidad.
5.2.2.
Para la
exigibilidad de lo dispuesto en el ordinal quinto de la sentencia T-296/13[244], la Sala
de Revisión dispondrá que los seis (6) meses allí fijados para la conclusión
del proceso administrativo/contractual de operación de la Plaza, habrán de
coincidir con el semestre final del cronograma de ejecución de las obras de
rehabilitación. Así, vencido el mes doce (12) del término de ejecución de las
obras de reforzamiento estructural -a iniciarse el 17 de marzo, tomada ésta
como fecha cierta-, deberá darse inicio al proceso administrativo/contractual
aludido, “garantizando
la selección objetiva de los proponentes y la realización de los fines de transparencia
en la administración pública” y procurando con ello el
restablecimiento de los derechos vulnerados y facilitando en la mayor medida
posible la ejecución del fallo de tutela.
6. Actuaciones
dilatorias.
6.1. La Sala
destaca que
el adelantamiento de los procedimientos de rehabilitación estructural y
administrativos/contractuales antes referidos, en los términos dispuestos en el
presente auto, no han de ser tenidos como dilatorios u obstructivos del
restablecimiento de los derechos fundamentales tutelados en la sentencia
T-296/13.
6.2.
La orden consistente en “abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación
administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto
del espectáculo taurino en Bogotá D.C.”, es parámetro
de verificación judicial del cumplimiento de las órdenes dispuestas para este
caso por la Corte Constitucional, con arreglo a criterios de finalidad,
razonabilidad y conducencia.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
RESUELVE:
Primero.- ACLARAR que
la orden de restitución contenida en el resolutivo tercero de la Sentencia
T-296 de 2013 (i. “restituir de manera inmediata la Plaza
de Toros de Santa María como plaza de toros permanente para la realización de
espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina, sin perjuicio de
otras destinaciones culturales o recreativas siempre que éstas no alteren su
destinación principal y tradicional, legalmente reconocida, como escenario
taurino de primera categoría de conformidad con la Ley 916 de 2004”), alude a la
ratificación de la destinación jurídica de la  Plaza de Toros de Santa María de
Bogotá, como plaza
de toros permanente de primera categoría, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 916 de 2004.
Segundo.- ACLARAR que la
rehabilitación dispuesta en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
Sentencia T-296 de 2013 (ii. rehabilitar en su integridad las
instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las
condiciones habituales de su práctica,  como expresión de la diversidad
cultural y el pluralismo social, en garantía de la
salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que utilicen dichos
escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla”),
comprende la
obra de reforzamiento estructural de la Plaza de Toros de Santa María decidida
por la autoridad distrital.
Tercero.- ASUMIR
la competencia para verificar cumplimiento de la sentencia T-296 de 2013.
Cuarto.- DISPONER que la
ejecución de las obras de reforzamiento estructural de Plaza de Toros
de Santa María de Bogotá,
parte integral del mandato de rehabilitación antes aludido, habrá de
adelantarse de acuerdo con el cronograma propuesto por la autoridad distrital,
así: (i) la
legalización del contrato para el reforzamiento estructural deberá realizarse a
más tardar el 17 de marzo de 2015; (ii) el término máximo de ejecución del
contrato de rehabilitación estructural de la Plaza de toros de Santa María será
de dieciocho (18) meses, contados a partir de la legalización del respectivo
contrato.
Quinto.- DISPONER que el término de seis (6) meses consagrado en el
ordinal quinto de la parte resolutiva de la Sentencia T-296 de 2013 para la
realización del proceso administrativo/contractual de operación de la Plaza de
Toros, comenzará a correr a partir del 17 de marzo de 2016, correspondiendo a la
autoridad distrital competente adelantarlo de conformidad con el resolutivo
cuarto de la sentencia, “en condiciones de neutralidad e
igualdad, garantizando la selección objetiva de los proponentes y la
realización de los fines de transparencia en la administración pública”, conducente a la
reanudación de los espectáculos taurinos tradicionales y periódicos, en los
términos de la Ley 916 de 2004.
Sexto.- INFORMAR a
los interesados que contra las decisiones atinentes a la aclaración de la
Sentencia T-296 de 2013 no procede recurso alguno.
Comuníquese,
notifíquese, cúmplase y publíquese.
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con
salvamento de voto
LUÍS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANDRÉS
MUTIS VANEGAS
Secretario
General (e)
[1] Cuaderno Principal, folio 38.
[2] Cuaderno Principal, folios 55-59.
[3] Cuaderno Principal, folio 56.
[4] Adición No. 1
del 29 de marzo de 2000: Se prorrogó el contrato por 3 años, hasta el 31 de
marzo de 2003. Además se señaló que el arrendatario podría ejecutar 2
actividades taurinas adicionales durante el periodo de vigencia del contrato. Adición
No. 2 del 18 de julio de 2002: Se prorrogó el contrato por 1 año. En caso de cumplirse
las obligaciones del arrendatario, el contrato se prorrogaría por 3 años más. Adición
No. 3 del 18 de enero de 2005: Se prorrogó el contrato por 3 años. Se
especificó que iría hasta el 31 de marzo de 2007, por el cumplimiento de
obligaciones de la CTB. Adición No. 4 del 25 de julio de 2005:
Se cambió la fecha de vencimiento del plazo del contrato de la Adición No.3,
para especificar que iría hasta el 31 de marzo de 2008. Se estableció la
posibilidad de prorrogarlo por 3 años más, por el cumplimiento de la CTB. Adición
No. 5 del 28 de marzo de 2008: Se convino prorrogar el contrato por 3 años más,
es decir, hasta el 30 de marzo de 2011. Adición No. 6 del 16 de febrero de 2011:
Se prorrogó el contrato por 4 años más, es decir, del 31 de marzo de 2011 al 30
de marzo de 2015. Cfr. Cuaderno Principal, folios 60-75.
[5] Cuaderno Principal, folios 60-61.
[6] Cuaderno Principal, folio 82.
[7] Cuaderno Principal, folio 80.
[8] Cfr. Cuaderno Principal, folio 92.
[9] Cuaderno Principal, folio 92.
[10] L.916/2004, Art. 23: “VENTA DE ABONOS. Para el inicio de la venta de abonos, la empresa le informará
al órgano administrativo competente la fecha en que se iniciará la reservación
de las localidades o la venta de abonos para la realización de los espectáculos
taurinos, comunicación que deberá ser enviada por la empresa por lo menos con
tres (3) días de anticipación a la apertura de venta de abonos […]”.
[11] Cfr. L.916/2004, Art.14.
[12] Cuaderno Principal, folio 101-114.
[13] Tercer Cuaderno, folio 12. Concepto del Dr. Manuel José Cepeda. La
Corporación afirma que dicho concepto se solicitó de común acuerdo, mientras
que el IDRD lo niega, sosteniendo que el concepto fue solicitado motu
proprio por la accionante.
[14] Cuaderno Principal, folios 45-56.
[15] Cuaderno Principal, folios 232-280. La
acción popular fue interpuesta por la Empresa Taurina Toriles y en ella obraron
como demandados el IDRD y la Corporación Taurina. La primera instancia se
surtió ante el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Bogotá, que emitió su
fallo el 3 de abril de 2009, mediante el cual denegó las pretensiones de la
actora.
[16] Cuaderno Principal, folio 264.
[17] Cuaderno Principal, folio 278.
[18] Cuaderno Principal, folios 214-218.
[19] Cuaderno Principal, folio 92.
[20] Cuaderno Principal, folio 101-114.
[21] Cuaderno Principal, folio 112.
[22] Cuaderno Principal, folio 113.
[23] Cuaderno Principal, folios 45-56.
[24] Ibíd.
[25] Ibíd.
[26] Cuaderno Principal, folio 53.
[27] Tercer Cuaderno, folio 3.
[28] Ibíd.
[29] Ibíd.
[30] Ibíd.
[31] Tercer Cuaderno, folio 30.
[32] Ibíd.
[33] Tercer Cuaderno, folio 34.
[34] Ibíd.
[35] Ibíd.
[36] Cuaderno Principal, folios 219-228.
[37] Cuaderno Principal, folio 220.
[38] Cuaderno Principal, folios 281-291 (Primera
Instancia).
[39] Cuaderno Principal, folio 288. Subrayas y
negrilla en el texto original.
[40] Ibíd.
[41] Cuaderno Principal, folios 302-309.
[42] Segundo Cuaderno, folios 60-67. (Segunda
Instancia).
[43] Segundo Cuaderno, folio 65.
[44] Del propio señor Alcalde doctor Gustavo Petro Urrego, 2 de mayo
de 2013.
[45] Cuaderno Corte Constitucional, folio 31.
[46] Ibíd. Cfr. Cuaderno Corte Constitucional, folio 35.
[47] Ver, entre otras, sentencias en lo
relativo al derecho al debido proceso: T-909 de 2009; T-048 de 2008; T-828 de 2008;
T-917 de 2008; T-796 de 2006; T-653 de 2006; T-1308 de 2005; T-849 de 1999. En cuanto al derecho a la libertad de expresión, T-391 de 2007;
T-235A de 2002; T-1319 de 2001; SU-667 de 1998; T-104 de 1996.
[48] Certificado de existencia y
representación legal obrante a folios 43-44, Cuaderno Principal.
[49] Poder obrante a folio 42, Cuaderno
Principal.
[50] Subrayas fuera del texto original.
[51] Sentencia C-442 de 2011.
[52] Ibíd. Subrayas fuera del texto original.
[53] Cuaderno Principal, folio 43.
[54] Ibíd.
[55] Cfr. Sentencia T-391 de 2007.
[56] D.2591/1991, Art. 1:”OBJETO. Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública […]” (Subrayas fuera del texto original).
[57] D. 2591/1991, Art. 13: “PERSONAS
CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCIÓN E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra
la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento
de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o
aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo
que se decida en el fallo. […]”
[58] Constitución Política, Art. 20. Cfr.
Sentencias T-391/07; T-441/04.
[59] Constitución Política, Art. 85.
[60] Cfr. Sentencia T-225 de 1993.
[61] Resolución 280/12 del IDRD, de revocatoria del contrato No 411 de
1999 con la Corporación Taurina de Bogotá (subraya
fuera del original).
[62] Ibíd. (subraya
fuera del original).
[63] Ibíd.
[64] Ibíd.
[65] Cuaderno Principal, folio 53.
[66] LEY 916/04, ARTÍCULO
1o. El presente reglamento tiene por objeto la regulación de la preparación,
organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y de las actividades
relacionadas con los mismos, en garantía de los derechos e intereses del
público y de cuantos intervienen en aquellos (…). (subraya fuera del original)
[67] LEY 916 DE 2004 (noviembre 26), Por la cual se establece el Reglamento
Nacional Taurino (Diario Oficial 45.744 de 26 de noviembre de 2004).
(Subraya fuera del original)
[68] LEY 916 DE 2004, ARTÍCULO 2º. Lo previsto en el presente
reglamento será de aplicación general en todo el territorio nacional.
(subraya fuera del original)
[69] LEY 916 DE 2004, ARTÍCULO
12. DEFINICIONES. Para la aplicación e interpretación de este Reglamento, se
tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
(…) “Tercio. Cada una de las tres etapas -vara,
banderillas, muerte- en que se divide la corrida”.
(…) “Lidia. El conjunto de suertes que de forma
ordenada dan sentido a la corrida”.
[70] LEY 916 DE 2004, ARTÍCULO 3º. CLASIFICACIÓN DE LAS PLAZAS DE
TOROS. Los recintos para las celebraciones de espectáculos taurinos
se clasifican en:
“A. Plazas de toros permanentes.
“B. Plazas de toros no permanentes
(polideportivos, coliseos).
“C. Plazas portátiles.
[71] Las sentencias C-115 de 2006 y C-367 de
2006 resolvieron ‘estarse a lo resuelto’ en la Sentencia C-1192 de 2005.
[72] En primer término, la C-1192 de 2005, la C-666/10 y la 889/12.
También las sentencias C-1190 de 2005, C-115 de 2006, C-367 de 2006.
[73] Ley 84 de 1989. (…)
Artículo 6: “El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las
conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será
sancionado con la pena prevista para cada caso” (…). Luego agrega: “Se presumen
hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los siguientes: (a… z)”.
Artículo 7: Quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1, en los literales
a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de
toros, las novilladas, corralejas, becerradas y tientas así, como las riñas de
gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”. (subraya fuera
del original)
[74] Cfr. Sentencia C-666 de 2010.
[75] Sentencia C-666 de 2010.
[76] Ibíd.
[77] Ibíd. La Sentencia C-666 de 2010, estableció como conclusión
frente a los elementos de ese deber de protección animal, las siguientes:
i.
“Una visión de la naturaleza, el ambiente
y los seres que de él hacen parte no como un depósito de recursos a
disposición de los seres humanos; por el contrario, una concepción
integracionista que entiende a los seres humanos como un elemento más de
aquellos que componen la naturaleza.
ii.
Una base conceptual para las relaciones
de los seres humanos con la naturaleza, el ambiente y los otros seres que lo
integran distinta de la utilitarista, aleja de un parámetro de provecho humano
e indiferente a las sensaciones de seres sintientes que también integran el
ambiente.
iii.
En este sentido se desprende de las
disposiciones constitucionales una protección reforzada al ambiente en el que
viven los seres humanos que se encuentren dentro del territorio colombiano;
iv.
Una protección reforzada a la fauna que
se halle dentro del territorio colombiano, en cuanto elemento integrante del
ambiente cuya protección ordena la Constitución;
v.
Una protección reforzada a todos los
animales en cuanto integrantes de la fauna que habita el Estado colombiano;
vi.
Un deber de índole constitucional para el
Estado, que implica obligaciones concretas para los poderes constituidos y que,
por consiguiente, no pueden apoyar, patrocinar, dirigir, ni, en general, tener
una participación positiva en acciones que impliquen maltrato animal; de la
misma forma, tampoco podrán asumir un papel neutro o de abstención en el
desarrollo de la protección que debe brindarse a los animales;
vii.
Una protección a los animales que tendrá
fundamento, además, en las obligaciones que conlleva la dignidad humana, la
cual impide que dicha protección se desarrolle ignorando las cargas que, en
cuanto seres superiores, surgen respecto de las especies inferiores, las cuales
constituyen, sin duda, una obligación moral, tal y como se manifestó en los
considerandos de la Carta Mundial de la Naturaleza.”
[78] Ibíd.
[79] Sentencia C-666 de 2010. Subrayas fuera del texto original.
[80] Sentencia C-666 de 2010.
[81] Sentencia C-666 de 2010.
[82] Sentencia C-1192 de 2005. Subrayas fuera del original.
[83] Ibíd. Subrayas fuera del texto original.
[84] Nota de la sentencia C-1192 de 2005: “Real Academia Española.
Diccionario de la Lengua Española Vigésima primera edición Madrid 1992 P. 1948”.
Subraya fuera del texto original.
[85] Sentencia C-1192 de 2005. Subraya fuera
del texto original.
[86] Ibíd. Subrayas y negrilla fuera del texto
original.
[87] Ibíd.
[88] Sentencia C-1192 de 2005.
[89] Ibíd.
[90] Ibíd.
[91] Sentencia C-507 de 2004, citada en la
sentencia C-1192 de 2005.
[92] Sentencia C-1192 de 2005.
[93] Ibíd. Frente al señalamiento por el
Legislador de 10 años como edad límite para el ingreso acompañado al
espectáculo taurino, la Corte destacó que tal determinación cabe dentro del margen
de configuración del Legislador.
[94] Ibíd.
[95] Ibíd.
[96] Sentencia C-889 de 2012.
[97] Ibíd.
[98] Ibíd.,
[99] Ibíd.,
[100] Ibíd.,
[101] Ibíd.
[102] Ibíd,
[103] Ibíd.
[104] Ibíd. Subrayas fuera del texto original.
[105] Sentencia C-889 de 2012.
[106] Frente a la definición de orden público, ver sentencia C-889 de
2012.
[107] Sentencia C-889 de 2012.
[108] Ibíd.
[109] Ibíd. (Subrayas fuera del texto original).
[110] Sentencia C-889 de 2012. Subrayas fuera
del texto original.
[111] Ibíd. Subrayas
fuera del texto original.
[112] Sentencia C-115/06.
[113] Ibíd.
[114] Ibíd.
[115] Ibíd.
[116] Sentencia C-367/06.
[117] Ibíd.
[118] Sentencia C-367/06.
[119] Ibìd.
[120] Ibíd.
[121] L.84/89, Art. 7: “Quedan exceptuados
de los expuestos en el inciso 1o. y en los literales a), d), e), f) y g) del
artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas,
corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los
procedimientos utilizados en estos espectáculos”.
[122] L.916/04, Art. 1º: “El presente
reglamento tiene por objeto la regulación de la preparación, organización y
desarrollo de los espectáculos taurinos y de las actividades relacionadas con
los mismos, en garantía de los derechos e intereses del público y de cuantos
intervienen en aquellos. Los espectáculos taurinos son considerados como una
expresión artística del ser humano”.
[123] L.916/04, Art. 2º: “Lo previsto en el
presente reglamento será de aplicación general en todo el territorio nacional.”.
[124] Sentencia C-1192/05.
[125] Ibíd.
[126] L.916/04, Art.14: “REQUISITOS
PARA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS. La celebración de
espectáculos taurinos requerirá la previa comunicación al órgano administrativo
competente o, en su caso, la previa autorización del mismo en los términos
previstos en este reglamento.
Para la celebración de espectáculos taurinos en
plazas permanentes bastará únicamente, en todo caso, con la mera comunicación
por escrito. En las plazas no permanentes será necesaria la
autorización previa del órgano administrativo competente.
La comunicación o la solicitud
de autorización podrán referirse a un espectáculo aislado o a una serie de
ellos que pretendan anunciarse simultáneamente para su celebración en fechas determinadas”.
[127] L.916/04, Art. 15: “DOCUMENTACIÓN. Las solicitudes de autorización o las comunicaciones a que
hacen referencia los artículos anteriores se presentarán por los organizadores
con una antelación mínima de ocho días y en ella deberá expresarse lo
siguiente:
[…]
Junto con las solicitudes o
comunicación se acompañará por el interesado los siguientes
documentos: […]”.
[128] - L.916/04, Art. 17: “NEGACIÓN DEL
PERMISO. En el caso de espectáculos taurinos, que requieran
autorización previa, el órgano competente advertirá al interesado, en un
plazo de cinco (5) días hábiles, acerca de los eventuales defectos de
documentación para la posible subsanación de los mismos y dictará la resolución
correspondiente, otorgando o denegando la autorización solicitada, en los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha en la que la documentación exigida haya
quedado completa. || La resolución denegatoria será motivada e indicará los
recursos procedentes contra la misma.
- L.916/04, Art. 18: “En el caso de
espectáculos taurinos, que requieran autorización previa, en los
cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la comunicación a que
hace referencia los artículos anteriores, el órgano administrativo competente
podrá, mediante resolución motivada, prohibir la celebración del espectáculo”.
- L.916/04, Art. 19: “El órgano
administrativo es el competente para suspender o prohibir la celebración de
todo tipo de espectáculos taurinos, únicamente en plazas no permanentes o
portátiles, por no reunir los requisitos exigidos”.
[129] Sentencia C-889/12.
[130] Ibìd.
[131] L.916/04, Art. 26. “La
presidencia de los espectáculos taurinos corresponderá al Alcalde de la
localidad, quien podrá delegar en el Secretario de Gobierno y este a su vez en
un funcionario con investidura de Inspector de Policía. En caso de espectáculos
taurinos consecutivos o de temporada, el presidente y su asesor deberán ser los
mismos, salvo casos de fuerza mayor.
El Alcalde nombrará un capellán.
El Alcalde nombrará un Asesor de la Presidencia ad
honórem.
Lo acompañará también en el palco uno de los
veterinarios de la Junta Técnica.
El Alcalde de la localidad designará por decreto la
Junta Técnica con carácter de ad honórem, encargada de velar por la buena
marcha del espectáculo y por que se cumpla este reglamento, la cual estará
integrada así:
a) Plaza de primera categoría.
Un Inspector de plaza con suplente
Un Inspector de puyas y banderillas con suplente
Dos médicos veterinarios
Un representante de los ganaderos, con suplente;
b) Plazas de segunda categoría.
Un Inspector de plaza con suplente
Un inspector de puyas y banderillas con suplente
Dos médicos veterinarios
Un representante de los ganaderos con suplente
Los suplentes solo actuarán en ausencia principal.
No tendrán voz ni voto cuando el principal esté en ejercicio de sus funciones.
Todas las decisiones de la Junta Técnica se tomarán por mayoría simple”.
[132] Artículo 3º. del código contencioso administrativo.
[133] Sentencia C-367/06.
[134] Sentencia C-115/06.
[135] L.916/04, Art. 22º: “TODOS LOS
ESPECTADORES PERMANECERÁN SENTADOS DURANTE LA LIDIA EN SUS CORRESPONDIENTES
LOCALIDADES. En los pasillos y escaleras únicamente podrán permanecer los
agentes de la autoridad y los empleados de la empresa.
Los menores de diez (10) años de
edad deberán ingresar en compañía de un adulto.
Los espectadores no podrán acceder
a sus localidades ni abandonarlas durante la lidia de cada res.
Queda terminantemente prohibido el
lanzamiento al ruedo de cualquier clase de objeto contundente que produzca daño
o lesión personal. Los espectadores que incumplan esta prohibición durante la
lidia serán expulsados de la plaza, sin perjuicio de la sanción a que hubiere
lugar.
Los espectadores que perturben
gravemente el desarrollo del espectáculo o causen molestias u ofensas a otros,
ganaderos, actuantes, empresarios y espectadores en general, serán advertidos
de su expulsión de la plaza que se llevará a cabo si persisten en su actitud, o
se procederá a la misma si los hechos fuesen graves, sin perjuicio de la
sanción a que, en cada caso, sean acreedores.
El espectador que durante la
permanencia de una res en el ruedo se lance al mismo, será retirado de él por
las cuadrillas y puesto a disposición de los miembros de las fuerzas de
seguridad.”.
[136] L.916/04, Art. 12º: “DEFINICIONES. Para
la aplicación e interpretación de este Reglamento, se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:
[…]
Cuadrilla. Conjunto de tres peones y
dos picadores contratados por un matador para la temporada taurina, lo que
conforma la cuadrilla fija/La que forman los mozos para correr los toros en las
calles./La que forman los capas para ir a torear a las fiestas de las aldeas y
pueblos/La que forman con niños torerillos profesionales del
mundo taurino, cuando su precocidad permite su explotación
económica.” (tachados declarados inexequibles).
[137] Sentencia C-367/06.
[138] L.916/04, Art. 15: “DOCUMENTACIÓN. Las
solicitudes de autorización o las comunicaciones a que hacen referencia los
artículos anteriores se presentarán por los organizadores con una antelación
mínima de ocho días y en ella deberá expresarse lo siguiente:[…]
Junto con las solicitudes o
comunicación se acompañará por el interesado los siguientes
documentos: […]
d) Certificación de la Unión de
Toreros de Colombia, tanto de la sección de matadores como de la sección
subalternos, donde conste que tanto la empresa organizadora como los matadores
y subalternos actuantes se encuentran a paz y salvo con esas entidades”
[139] Sentencia C-1190/05.
[140] L.916/04, Art. 82: “Las sanciones
impuestas, a ganaderos, matadores y subalternos, una vez que sean firmes por vía
administrativa, serán comunicadas por el órgano administrativo
competente a las organizaciones, legalmente constituidas, a la que pertenezca
el sancionado, según los casos, para su constancia”.
[141] L.916/04, Art. 31: “Las ganaderías de donde provienen
las reses de lidia podrán estar afiliadas a una asociación de criadores
legalmente constituida. Tendrán obligatoriamente, según las clases de
espectáculos o festejos taurinos, las características que se precisan en los
artículos siguientes.
Parágrafo. Las ganaderías de lidia en
general, toros y novillos para lidia en particular, son producto de
alto interés nacional, dada su importancia que se refleja en el
sector productivo y creadores de fuentes de trabajo, por lo tanto tendrán acceso
a todos los créditos de fomento” (tachado declarado
inexequible).
[142] L.916/04, Art. 15: “DOCUMENTACIÓN. Las
solicitudes de autorización o las comunicaciones a que hacen referencia los
artículos anteriores se presentarán por los organizadores con una antelación
mínima de ocho días y en ella deberá expresarse lo siguiente:[…]
Junto con las solicitudes o
comunicación se acompañará por el interesado los siguientes
documentos: […]
d) Certificación de la Unión de
Toreros de Colombia, tanto de la sección de matadores como de la sección
subalternos, donde conste que tanto la empresa organizadora como los matadores
y subalternos actuantes se encuentran a paz y salvo con esas entidades”
[143] Cfr. Sentencia C-924/00.
[144] Constitución Política, Art. 7: “El
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana”.
[145] Constitución Política, Art. 8: “Es
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación”.
[146] Constitución Política, Art. 70: “El Estado
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente
y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas
del proceso de creación de la identidad nacional.
La cultura en sus
diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado
promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la Nación”.
[147] Constitución Política, Art. 71: “La
búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en
general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás
manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones
que ejerzan estas actividades”.
[148] Adicionalmente se integran a esta
consagración aquellas obligaciones derivadas de compromisos internacionales que
existen sobre la materia de la cultura: “entre éstos, se cuentan los
derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1.966, en cuyo artículo 15 se reconoce el derecho de todas las personas a
participar en la vida cultural y a beneficiarse de los progresos de la ciencia
y sus aplicaciones, y el deber correlativo de los Estados de tomar las medidas
necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la
cultura. Este precepto reitera lo dispuesto en los artículos 27 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1.948, y XIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, igualmente
vinculantes para Colombia” (cfr. Sentencia C-924/00).
[149] Sentencia C-661/04.
[150] Sentencia C-671/99.
[151] Sentencia C-666/10.
[152]
Además de la cultura, en la providencia se destacaron como susceptibles de
restringir la realización del deber de protección animal (i) la libertad
religiosa, (ii) los hábitos alimenticios del ser humano, y (iii) la
investigación y experimentación médica. Frente a todas ellas se constató que el
maltrato a los animales era inevitable, pero cada una estaría justificada por
valores constitucionales que permitían la ponderación de cara a la protección
de los animales.
(i) Frente a la libertad
religiosa se indicó que, al igual que con la cultura, no solo hay un deber de
abstención de la acción del Estado frente a la esfera individual, sino un deber
positivo “que impone a la actuación estatal una serie de
lineamientos con miras a su respeto” (C-666/10),
especialmente frente a “la neutralidad estatal ante las confesiones
religiosas, la obligación de generar un contexto de garantía a la libertad
religiosa y el mantenimiento de la igualdad y consiguiente
prohibición de discriminación por motivos religiosos” (C-666/10).
La Corte, aunque no había resuelto un caso específico frente a la tensión entre
la libertad religiosa y el deber de protección animal, suscribió la doctrina
del Tribunal Constitucional Alemán, en el sentido de que debía darse
prevalencia a los preceptos religiosos, de modo que “el deber de protección
animal se ha visto limitado en los casos en que se contrapone a la libertad de
cultos” (C-666/10).
(ii) Los hábitos
alimenticios de los seres humanos, fruto de una tradición de vieja data en el
mundo occidental, también han implicado una excepción del deber de protección
animal, que tal como ocurriría con el caso de la cultura, estaría mediada por
un ejercicio de armonización concreta. Así, sin quebrantar el orden constitucional
vigente, se admite el sacrificio de animales para la alimentación del ser
humano, incluso a nivel  de “actividad industrial y
comercial, desarrollada en amparo de derechos constitucionales como la libertad
de empresa o el libre desarrollo de la personalidad”
(C-666/10), pero tal sacrificio en atención al deber de
protección animal, debe darse en condiciones que eviten al máximo el
sufrimiento de los animales. Así, “ante la imposibilidad de evitar el
maltrato animal –pues el animal es sacrificado-, esta acción debe comportarle
el menor sufrimiento posible. Es este el resultado de la armonización en
concreto en este específico caso, que, resalta la Corte, siempre tiene en
cuenta el privilegiar el bienestar animal como concepto integrante del
contenido esencial del deber de protección animal” (C-666/10). A manera de
conclusión, la Corte estableció que “el principio de bienestar animal cede
ante las costumbres alimenticias de la especie humana, al admitirse el
sacrificio de animales para el consumo humano. Sin embargo, el sacrificio
animal en estos casos debe ajustarse a parámetros establecidos con el objetivo
de eliminar cualquier práctica que implique sufrimiento evitable para el animal
y, así mismo, la crueldad en los procedimientos de sacrificio, demostrando que,
incluso en estos casos, el deber constitucional resulta plenamente aplicable a
la relación que los humanos mantengan con los animales” (C-666/10).
(iii) La
Corte Constitucional estableció igualmente que la investigación y la
experimentación médica serían una circunstancia válida de limitación al deber
de protección animal, seguramente  inspirados en la realización de los derechos
a la salud y a la dignidad humana. Hay que destacar que en este caso también se
exige que la experimentación se realice garantizando al máximo el bienestar de
los animales, a pesar de que ser inevitable su maltrato.
[153] Ibíd.
[154] Ibíd.
[155] Ibíd.
[156] Ibíd.
[157] Sentencia C-214 de 1994.
[158] Cfr. Sentencias T-076 de 2011 y T-214 de 2004.
[159]Cfr. Sentencia T-076 de 2011. (subrayas fuera del texto original).
Reiterada, entre otras, en sentencias T- 385 y 1082 de 2012 y T-865 de 2013.
[160] Sentencia T- 1082 de 2012.
[161]Sentencia T-302 de 2011 (subrayas fuera del texto original).
[162] Resolución 280/12 del IDRD, de revocatoria del contrato No 411 de
1999 con la Corporación Taurina de Bogotá (subraya
fuera del original).
[163] Ibíd. (subraya
fuera del original).
[164] Cuaderno Principal, folio 53.
[165] Cuaderno Principal, folios 45-56.
[166] Ibíd.
[167] Sentencia C-1192/05.
[168] Ibíd. (subrayas fuera del texto
original).
[169] Sentencia C-666 de 2010 (Subraya y
negrilla fuera del texto original).
[170] Ibíd. (Subraya y negrilla fuera del texto
original).
[171] Ibíd.
[172] Ibíd.
[173] Ibíd. (Subraya fuera del texto original)
[174] Sentencia C-889 de 2012.
[175] Cuaderno Corte Constitucional, f. 13.
[176] Constitución Política, Art. 71.
[177] Constitución Política, Art. 20.
[178] Corte Constitucional, Sentencia C-616 de 1997. Ver también la
Sentencia T-1202 de 2000, fundamentos jurídicos 2.5 y 2.6
[179] Cfr. Sentencia T-104/96.
[180] Constitución Política, Art. 95. “[…] Son deberes de la persona y del ciudadano: || 1. Respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios”.
[181] Cfr. Constitución Política, Art. 70.
[182] Constitución Política, Art. 70 (subrayas
fuera del texto original).
[183] Nota de la sentencia C-1192 de 2005: “Real Academia Española.
Diccionario de la Lengua Española Vigésima primera edición Madrid 1992 P. 1948”.
[184] Sentencia C-1192 de 2005.
[185] Ibíd.
[186] Corte Constitucional, Sentencia C-616 de 1997. Ver también la
Sentencia T-1202 de 2000, fundamentos jurídicos 2.5 y 2.6
[187] Ibíd. Subrayas y negrilla fuera del texto
original.
[188] Ibíd.
[189] Sentencia C-1192 de 2005. Subrayas fuera del texto original.
[190] Ibíd.
[191] Constitución Política, Art. 20.
[192] Sentencia T-391 de 2007.
[193] Sentencia T-104 de 1996.
[194] Sentencia C-417 de 2009.
[195] A este respecto puede consultarse
igualmente la Sentencia T-235A de 2002.
[196] Constitución Política, Art. 1.
[197] Sentencia T-104 de 1996.
[198] Cfr. Sentencia T-104 de 1996.
[199] Ibíd. Subrayas fuera del texto original.
[200] Ibíd.
[201] Estaría excluida la aplicación de las
presunciones y sanciones dispuestas en el artículo 6 de esta norma, por lo
dispuesto en su artículo 7, declarado exequible condicionalmente por la Corte
Constitucional.
[202] El contrato 411 de 1999 es de
arrendamiento de la Plaza de Toros de “Santamaría”, con prórrogas el  29
de marzo de 2000, por tres años y el 18 de julio de 2002. El 30 de diciembre de
2003 se suscribió otrosí donde las partes de común acuerdo pactaron que se
configuraba un contrato de mandato de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2142 del Código Civil, la última prórroga fue el 28 de marzo de 2008,
hasta marzo de 2015.
[203] ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. Cualquiera de
las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o
su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se
declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene
al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones
y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial
del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad
estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o,
en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la
celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán
demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que
acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del
contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las
partes contratantes o sus causahabientes.
[204] Consejo de Estado,
Sección Tercera. Radicación número: 85001-23-31-000-1997-00374-01(15797), 25 de
febrero de 2009.
[205] Corte Constitucional. Sentencia T-225-93, M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa. Esta jurisprudencia ha sido reiterada en diferentes ocasiones, como son
las sentencias T-789-00, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; SU-544-01, M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-803-02, M.P. Alvaro Tafur Gálvis; T-882-02, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-922-02, M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[206] Artículo  14. Requisitos
para celebración de espectáculos taurinos. La
celebración de espectáculos taurinos requerirá la previa comunicación al órgano
administrativo competente o, en su caso, la previa autorización del mismo en
los términos previstos en este reglamento.
Para la celebración de
espectáculos taurinos en
plazas permanentes bastará únicamente, en todo caso, con la mera comunicación
por escrito. En las plazas
no permanentes será necesaria
la autorización previa del órgano administrativo competente.
La comunicación o la solicitud de autorización
podrán referirse a un espectáculo aislado o a una serie de ellos que pretendan
anunciarse simultáneamente para su celebración en fechas determinadas.
NOTA: El texto subrayado fue
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C -889 de 2012.
[207] Principio general de la decisión
(sentencia C-047 de 1999)
[208] “37.5. Analizadas las normas demandadas y las demás de la Ley
916/04, se encuentra que a pesar que el legislador utilizó la expresión
“comunicación” en lo que respecta a las corridas de toros a celebrarse en
plazas de toros permanentes, se demostró que concurren un grupo de requisitos
que son exigibles a todos los espectáculos taurinos, al margen de la naturaleza
del escenario en que se lleven a cabo.”
“Estos requisitos, que deben ser
verificados por las autoridades locales para autorizar la práctica taurina,
refieren a: (i) las condiciones para el espectáculo que están contenidas en la
Ley 916/04, descritas en el fundamento jurídico 22 de esta sentencia; (iii) los
requisitos que sobre aseguramiento del orden público prevea el legislador para
la celebración de espectáculos públicos, en general; y (iii) el cumplimiento de
las condiciones constitucionales de arraigo social, localización, oportunidad y
excepcionalidad que fueron ordenadas por la Corte en la sentencia C-666/10,
ante la necesidad de hacer compatible la actividad taurina con el mandato de
protección animal.
Estas condiciones, por supuesto, no
son modificables.  Es admisible que los órganos de representación política
titulares del poder de policía puedan, en el futuro, hacerlas más exigentes,
incluso al grado de prohibición general de la práctica taurina.
37.6.  Vistas de este modo las
normas acusadas, se encuentra que las mismas ofrecen criterios objetivos y
obligatorios para que las autoridades locales autoricen y controlen la
celebración de la actividad taurina, donde está constitucionalmente permitida.
Esta conclusión se opone a la consideración del demandante, en el sentido que
los alcaldes municipales y distritales deben estar investidos de un poder
discrecional para definir la autorización de la práctica taurina”.  (C-889/2012)
[209] SU - 047 de 1999
[210] C-131 de 1993, C634 de 2011 y C-816 de
2011.
[211] Sentencia C-241 de 2010: “La Corte Constitucional ha señalado unos
límites precisos al ejercicio del poder y la función de policía en un Estado
democrático de derecho: (i.) Debe
someterse al principio de legalidad; (ii.) Debe tender a conservar y
restablecer el orden público; (iii.) Las medidas que se adopten deben ser
proporcionales y razonables, no pueden traducirse en la supresión absoluta
de las libertades o en su limitación desproporcionada; (iv.) no pueden
imponerse discriminaciones injustificadas a ciertos sectores; (v.) la medida
policiva debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra
quien ejerce legalmente sus libertades, y (vi.) las medidas policivas se
encuentran sometidas a los correspondientes controles judiciales. Aspectos que
de antemano impiden que el ejercicio del poder de policía atente contra los
derechos fundamentales, entre ellos, el derecho al debido proceso.”
[212] Sentencia T-104 de 1996.
[213] Artículo 356: C) gremiales, si están
formados por individuos de una misma profesión oficio o especialidad.
[214] Sentencia T-104 de 1996: “Éste encuentra sus límites en el deber genérico que tiene toda
persona de no abusar de sus derechos en detrimento de los derechos de otros”.
[215] Visión antropocéntrica del ser humano
como  y su código moral  con el medio ambiente. (sentencia C-666 de 2010).
[216] (i) libertad religiosa, (ii) hábitos
alimenticios, (iii) Investigación y experimentación médica. (sentencia C-666 de
2010.
[217] Reitera la sentencia T-760 de 2007.
[218] ARTICULO 1°.
Prohibición. Se prohíbe el uso de animales silvestres ya sean nativos o
exóticos de cualquier especie en espectáculos de circos fijos e  itinerantes,
sin importar su denominación, en todo el territorio Nacional.
[219] Sentencia C-283 de 2014 comunicado de
prensa.
[220] Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Rad. 25000-23-24-000-2011-00227-01(AP)
[221] “Las limitaciones fundadas en la imposición de responsabilidades
ulteriores por la violación de prohibiciones previas, no constituyen censura
previa y están autorizadas por la Convención Interamericana, siempre y cuando
representen medidas necesarias para defender determinados bienes
constitucionales.” (C-592-2012).
[222] Sentencia C-109
de 1995 “La Corte tiene la posibilidad de modular de muy diversas
maneras los efectos de sus sentencias. En efecto, de conformidad con la
Constitución, es a la Corte Constitucional a quien corresponde señalar los
efectos de sus sentencias. Esta Corporación cuenta entonces con la posibilidad
de modular el efecto de su fallo, con el fin de evitar los equívocos o los
efectos paradójicos” (…) Las sentencias integradoras encuentran entonces su
primer fundamento en el carácter normativo de la Constitución, puesto que el
juez constitucional, con el fin de asegurar la integridad y la supremacía de la
Carta, debe incorporar en el orden legal los mandatos constitucionales. Por
ello, si el juez, para decidir un caso, se encuentra con una indeterminación
legal, ya sea porque el enunciado legal es insuficiente, ya sea porque el
enunciado es contrario a la Carta, el juez debe proyectar los mandatos
constitucionales directamente al caso, aun cuando de esa manera, en apariencia,
adicione el orden legal con nuevos contenidos normativos.”
[223] Acuerdo 05 de 1992. “Artículo 54 A. Revisión por la Sala Plena. Modificado
mediante Acuerdo 01 de 3 de diciembre de 2008, quedando en los siguientes
términos: “Artículo 54 A. Revisión por la Sala Plena. Cuando a juicio de la
Sala Plena, por solicitud de cualquier magistrado, un proceso de tutela dé
lugar a un fallo de unificación de jurisprudencia o la transcendencia del tema
amerite su estudio por todos los magistrados, se dispondrá que la sentencia
correspondiente sea proferida por la Sala Plena. (…).”
[224] Sentencia T-296/13.
[225] Ibíd.
[226] Cfr. Solicitud de Aclaración IDRD, folio 1.
[227] Al respecto destacan la necesidad de obtener la aprobación del
Ministerio de Cultura para la realización de intervenciones estructurales en la
Plaza, siendo susceptible el proyecto de sufrir ajustes y modificaciones en el
trámite de la misma.
[228] T-296/13, Resolutivo Tercero.
[229] Solicitud de Aclaración Alcaldía de Bogotá, folio 7.
[230] En cuanto a la interpretación de las normas del procedimiento
civil, se ha aplicado lo dispuesto en el Art. 4 del Decreto 306 de 1992, que indica
que “Para la interpretación de las disposiciones  sobre trámite de la acción
de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios
generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean
contrarios a dicho decreto […]”. Al respecto los principios consignados en
los artículos 11 y 12 del Código General del Proceso (L. 1564/12), llaman a
llenar los vacíos de las normas procesales “con las normas que regulen casos
análogos” (Art. 12), y a interpretar la norma procesal para la efectividad
de los derechos reconocidos en la ley sustancial, justificación suficiente para
la aplicabilidad del artículo 285 del CGP para tramitar la aclaración de las
sentencias de la Corte Constitucional. Antes de la vigencia del CGP se hacía
remisión a lo dispuesto en el artículo 309 del CPC que disponía: “ACLARACION.
La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con
todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte,
podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan
verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva
de la sentencia o que influyan en ella. || La aclaración de auto
procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a petición de parte
presentada dentro del mismo término. || El auto que resuelva sobre la
aclaración no tiene recursos”.
[231] Sentencia T-1038/00.
[232] Cfr. Autos A-150 y A-151 de 2012.
[233] Cfr. Autos A-013/14, A-073A/14,.
[234] Auto A-339/10.
[235] CGP, Art. 285, (subrayas fuera del texto original).
[236] Respecto del IDRD, se aplican al caso las reglas de la
notificación por conducta concluyente (CGP Art. 301), en tanto su solicitud de
aclaración, en la que se hace mención de la sentencia T-296 de 2013, fue
radicada antes de la notificación efectiva de la Sentencia T-296 de 2013, a
cargo del Juez de primera de instancia de tutela. Al respecto pueden verse los
autos A-013/14; A-197A/11.
[237] Cfr. Certificación del 17 de septiembre de 2014, expedida por el
Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, y contenida en el Oficio
No. T 0629/14Este oficio obra en el expediente de la solicitud de nulidad
formulada por la Alcaldía Mayor de Bogotá contra la Sentencia T-293 de 2013, en
los folios 229 a 237. En virtud de (i) la informalidad en el trámites de las
acciones de tutela, (ii) que dicho documento consta en la solicitud de nulidad
formulada por el solicitante de la presente aclaración, y (iii) que el mismo
está a cargo del despacho sustanciador, la certificación referida es tenida en
cuenta en el presente trámite para la demostración de la fecha de notificación
de la sentencia T-296 de 2013, de la Corte Constitucional.
[238]Consultar, entre otros, Autos A-149A/03; A-127/04; A-184/06;
A-072/10; A-216/12; A-219/12; A-245/14.
[239] Sentencia T-296/13, parte resolutiva, orden tercera:  “(i)
restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santamaría como plaza de
toros permanente para la realización de espectáculos taurinos y la preservación
de la cultura taurina, sin perjuicio de otras destinaciones culturales o
recreativas siempre que éstas no alteren su destinación principal y
tradicional, legalmente reconocida, como escenario taurino de primera categoría
de conformidad con la Ley 916 de 2004”
[240] Cfr. L.916/04, Arts. 4 y 10.
[241] Sentencia T-296/13, parte resolutiva, orden tercera: “(ii)
rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza para la realización
de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica,  como
expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social, en garantía de la
salubridad, la seguridad y la tranquilidad de las personas que utilicen dichos
escenarios para realizar su expresión artística o para disfrutarla”.
[242] Para
el efecto el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural puso en marcha el
procedimiento de contratación identificado con el numero IDPC-LP-001-2015, con
el fin de realizar el siguiente objeto contractual: “EJECUCIÓN DE LA PRIMERA
ETAPA DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE
REAJUSTE PARA LA INTERVENCIÓN DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLAZA DE TOROS
LA SANTAMARÍA, UBICADA EN LA CALLE 27 NO. 6-29 / CARRERA 6 NO. 26-50 DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”.
[243] Se
tiene como cronograma para la realización de la orden de rehabilitación el
siguiente, tomando en consideración el “pliego de condiciones definitivo”
en el proceso de contratación identificado con el número IDPC-LP-001-2015, y en
la adenda no. 4 del mismo, referida al cronograma del proceso, publicados en la
página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública con fechas 6 de
febrero de 2015 y 18 de febrero de 2015, así: a) Fecha límite para la
legalización del contrato: 17 de marzo de 2015; b) Plazo
máximo de Ejecución: Dieciocho meses contados a partir de la fecha de
legalización antes establecida, de manera que su culminación se produzca antes
del 18 de septiembre de 2016. En: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-132120
[244] T-296 de 2013:
“Quinto.- El IDRD
dispondrá de seis (6) meses, a partir de la notificación de la presente
providencia, para el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo anterior
-cuarto-, a través de los procedimientos contractuales u otros administrativos
del caso conducentes a la reanudación de los espectáculos taurinos
tradicionales y periódicos, en los términos de la Ley 916 de 2004”[244].