T-288-18
Sentencia
T-288/18
LEGITIMACION POR ACTIVA EN
TUTELA-Persona natural que actúa en defensa de sus
propios intereses
LEGITIMACION POR PASIVA EN
TUTELA-Autoridades públicas
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Reglas
generales
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE
LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar
si ante la existencia de otro medio de defensa judicial, éste es eficaz e
idóneo
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER
DERECHO A LA IGUALDAD, AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA INTIMIDAD
DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD PERTENECIENTE A COMUNIDAD LGBTI-Procedencia
El accionante cuestiona la ausencia de acciones afirmativas
tendientes a difundir los derechos de las personas que integran la comunidad
LGBTI, por lo que solicita, en consecuencia, el desarrollo de actividades de
capacitación y sensibilización dirigidas a la población carcelaria del
establecimiento de reclusión. Como se advierte, sus pretensiones no buscan
exigir el cumplimiento de normas de carácter general y abstracto, así como
tampoco cuestionar la legalidad de las mismas. De hecho, las solicitudes se
encuentran relacionadas con el deber que tienen ciertas autoridades públicas de
desarrollar actividades de capacitación y sensibilización, en materia de
derechos humanos de las personas con orientación u opción sexual diversa, y así
evitar futuros actos de discriminación. Por lo tanto, la acción de tutela es el mecanismo de defensa judicial
eficaz, debido a que los derechos que invoca el accionante como vulnerados
tienen la condición de fundamentales y su protección no podría lograrse
acudiendo a la jurisdicción ordinaria.
DERECHO A LA IGUALDAD, AL
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA INTIMIDAD-Dimensión
positiva
RELACIONES DE
ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas privadas de la libertad
DERECHOS FUNDAMENTALES DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación en tres grupos:
derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o limitados
PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD-Régimen jurídico especial
RELACION ENTRE
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS Y LA POBLACION INTERNA LGBTI-Derechos
y deberes especiales
PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES
DIVERSAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Población LGBTI
DERECHO
A LA IGUALDAD, AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA INTIMIDAD DE
PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD PERTENECIENTE A COMUNIDAD LGBTI-No
vulneración por cuanto actos de discriminación fueron cometidos por otros
internos y no por las entidades accionadas
Referencia: Expediente T-6.449.276
Acción de tutela instaurada por Yerson
Smith Soto Arroyo en contra del Ministerio del Interior.
Magistrado Ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de
dos mil dieciocho (2018).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Cristina Fajardo Rivera y los
Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
especial de la prevista en el artículo 241.9 de la Constitución Política y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de tutela de
instancia, proferido en el presunto asunto el 3 de agosto de 2017 por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal,
mediante el cual se amparó los derechos fundamentales a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad de Yerson Smith Soto Arroyo.
I. ANTECEDENTES
1.
El 21 de julio de 2017,
Yerson Soto presentó solicitud de tutela en contra del Ministerio del Interior.
Esta acción se ejerció con el propósito de proteger sus derechos fundamentales
a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad. En su
criterio, sus derechos han sido vulnerados, de un lado, debido a las presuntas
agresiones y malos tratos recibidos por parte de otros internos, por razones de
discriminación de género. Y, del otro, por las presuntas omisiones en las que
han incurrido el Ministerio del Interior, así como el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario del Guamo. En relación con la primera entidad, el
accionante indicó que ningún funcionario del Ministerio se ha presentado,
durante el tiempo de su reclusión, para velar por el respeto de sus garantías
constitucionales.
2.
Respecto del
establecimiento penitenciario y carcelario, el actor sostuvo que, si bien los
actos de discriminación no provienen de los guardias y directivos de la
institución, estas autoridades son las encargadas de difundir sus derechos
fundamentales. En consecuencia, estima que estos funcionarios tienen la
responsabilidad de concienciar a la población carcelaria acerca del respeto de
las libertades constitucionales de las personas con orientación u opción sexual
diversa, así como advertir que los actos de discriminación, motivados por razones
de género, configuran un delito.
1. Hechos
3.
Yerson Soto cumple su
pena privativa de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
del municipio de Guamo – Tolima (en adelante, el establecimiento de reclusión)
y, para la fecha de presentación de la solicitud de tutela, estaba próximo “a
cumplir 3 años”[1]
de reclusión en dicha institución.
4.
El accionante se
reconoce como integrante de la comunidad LGBTI (población lesbiana, gay, bisexual,
transexual e intersexual) y así fue registrado por el establecimiento de
reclusión, en el censo de la población carcelaria[2].  En su
escrito, manifestó ser “travesti”[3]
y tener su “cabello natural largo”[4].
5.
En su solicitud de
tutela, Yerson Soto afirmó que, por su orientación sexual y por el hecho de
exigir “nuestros espacios, [y] nuestro (sic) derechos”[5], ha sido “discriminado”[6] por parte
de otros internos. Al respecto, relató que “hace un promedio de 3 meses el
interno Medina Ocampo Willian, yo estaba en los baños bañándome y me echo
candela prendió la cortina del baño, la guardia lo llamó y lo regaño todo quedo
en las cámaras”[7].
En efecto, dentro de las pruebas incorporadas al expediente, obra una
comunicación de 14 de marzo de 2017, en la que el actor informó a la dirección
del establecimiento de reclusión, los hechos sucedidos el 10 de marzo anterior
con otros internos. En dicho escrito relató que le “prendieron fuego en la
toalla estando yo en la ducha y lanzándome (sic) fuego y tierra”[8].
6.
Adicionalmente, Yerson
Soto indicó en su solicitud que “el día de ayer sábado 15 de julio de 2017
me dieron mi conyugal con mi pareja sentimental (…) los compañeros del patio
comenzaron a patiar (sic) la puerta gritaban cosas, nos decían sobran esas
locas h.p., pirobas (sic), decían que nos hiban (sic) a golpiar (sic) (…)”[9]. Debido a estos
actos de discriminación, afirmó sentirse afectado “psicológicamente,
emocionalmente (…) me deprimo”[10].
7.
Para el actor, si
bien los actos de discriminación no devienen de la “guardia ni el director
(…) son los que también tienen que dar a conocer nuestros derechos” [11].
Adicionalmente, señaló que estos mismos funcionarios tienen la “culpa de (…)
no tener celdas para la intimidad (…) [y, por esta razón, deban utilizarse]
los alojamientos donde dormimos”[12].
8.
En relación con la
actuación del Ministerio del Interior, el accionante   indicó que tiene
conocimiento de una abogada de nombre Diana, persona delegada por esta entidad
“para velar por los derechos humanos de la comunidad LGTBI”, en los
establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Sin embargo, durante el
tiempo que ha permanecido privado de la libertad, esta funcionaria no ha
realizado ninguna visita para conocer la situación de la institución. Adicionalmente,
señaló que su compañero Gustavo Guarnizo Guarnizo, quien se encontraba de
tránsito en el establecimiento de reclusión, formuló un derecho de petición al
Ministerio, con el fin de solicitar su acompañamiento en la institución
penitenciaria.
2.       Pretensiones
de la solicitud de tutela
9.
En el escrito de
tutela, el accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la
igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad y, en consecuencia,
solicitó que se ordene:
(i) al
Ministerio del Interior, “enviar la abogada representante de la comunidad
LGTBI [para que lleve a cabo] una visita urgente para capacitar
sensibilizar a la guardia al director y a los internos de la E.P.C Guamo”[13].
(ii) la construcción de “un
mural sobre la no discriminación, porque al verlo todos los días no van a
volver a cometerlo porque ya saben que es un delito da mas (sic) cárcel”[14].
3.       Admisión y contestación de la demanda
10.
El 25 de julio de
2017[15],
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, admitió
la referida demanda y, adicionalmente, vinculó al trámite al Establecimiento de
reclusión.  Posteriormente, mediante el auto de 28 de julio de 2017, vinculó a
la Defensoría del Pueblo - Regional Tolima, a la Personería del Guamo y al Área
de Tratamiento del mismo Establecimiento de reclusión. Finalmente, mediante el auto
de 31 de julio de 2017, ordenó la vinculación del Director General del
Instituto Nacional y Penitenciario (en adelante, INPEC) y de la Procuraduría
General de la Nación, Regional Tolima.
3.1. Establecimiento Penitenciario y
Carcelario del Guamo
11.
El 27 de julio de
2017[16],
el Director del establecimiento de reclusión solicitó “se despache desfavorablemente
la acción de tutela impetrada”. Su pretensión se fundamentó en las
siguientes consideraciones.
12.
Primero, relató que,
debido a la agresión verbal padecida por el accionante durante su visita íntima
realizada el 15 de julio de 2017, ese mismo día el Dragoneante Nelson Galvis
Sossa presentó un informe de novedad, en el que se narró lo sucedido. Con base
en esta información, el Director del establecimiento de reclusión dispuso la
apertura de una investigación disciplinaria por estos hechos en contra de los
internos Edwin Alexander Díaz Acevedo y William Gabriel Medina. La calificación
jurídica de estos supuestos fácticos consistió en “la presunta comisión de
la falta disciplinaria preceptuadas (sic) en la ley 65 de 1993 (…) articulo 121
falta grave –inciso 2- Numeral 16 ‘agredir, amenazar o asumir grave actitud
irrespetuosa contra los funcionarios de la institución, funcionarios
judiciales, administrativos, los visitantes y los compañeros’”.
13.
Segundo, el 17 de
julio de 2017, la Dirección del Establecimiento citó a los integrantes de la
comunidad LGBTI, con el fin de escuchar y atender sus requerimientos y proponer
alternativas para su solución. Adicionalmente, se resaltó la necesidad de
respetar las “normas básicas de convivencia” de la institución. Por esta,
entre otras razones, el establecimiento de reclusión desarrolló diversas actividades
de sensibilización y capacitaciones sobre los derechos de la comunidad LGBTI,
para lo cual solicitó el apoyo de la Personería Municipal y de la Defensoría del
Pueblo. Adicionalmente, indicó que “se han generado espacios de integración
y reconocimiento de sus derechos como lo son la celebración del Orgullo Gay
registrada en el Acta del 29/06/2017”.
14.
Tercero, el
establecimiento de reclusión explicó que, debido a la infraestructura antigua de
la institución, sumado a una situación de hacinamiento que supera el 52%, “no
existen espacios físicos destinados exclusivamente para llevar a cabo las
visitas íntimas, por lo cual se realiza en las celdas de la misma población
reclusa esto preservando en todo momento y dadas las condiciones limitadas del
establecimiento la dignidad y respeto por los derechos humanos”.
15.
Cuarto, resaltó que
no se ha presentado “queja alguna ante esta dirección escrita o manifiesta verbalmente
en contra de ningún funcionario del cuerpo de custodia y vigilancia o
administrativo por conductas discriminatorias o que riñan en contra del
personal privado de la libertad de la comunidad LGBTI ni de ningún otro”.
3.2. Ministerio del Interior
16.
El 31 de julio de
2017, la Directora de Derechos Humanos de este Ministerio solicitó su
desvinculación de este trámite. En su criterio, esta entidad no tuvo ninguna
injerencia en los hechos que originaron la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Al respecto, indicó que, de conformidad con el Decreto
2893 de 2011, el Ministerio solo “formula, adopta, dirige, coordina y
ejecuta la política, planes, programas y proyectos en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario”.
17.
En desarrollo de las
anteriores funciones, el Ministerio “ha elaborado y puesto en práctica
diferentes estrategias para propender por la sensibilización y capacitación en
temas que aborden el respeto y la promoción de los derechos de las personas
LGBTI”. En desarrollo de estas actividades, el Ministerio realizó una labor
de acompañamiento durante el proceso de redacción y expedición de la Resolución
006349 de 2016, dictada por el INPEC, en la cual “se consignan una serie de
garantías a los derechos de los sectores sociales LGBTI y de personas con
orientaciones sexuales e identidades de género diversas privadas de la libertad”.
18.
Por ello, con
fundamento en la anterior Resolución, el Ministerio concluyó que la
problemática expuesta por el accionante es del “resorte y/o competencia del
INPEC (…) por cuanto: El Capitulo II de la Resolución mencionada regula
lo atinente a las visitas.// El Titulo XI reglamenta lo relativo al
Sistema atención de quejas en el ERON –Establecimientos de Reclusión del Orden
Nacional-, para la población privada de la libertad (…)”.
3.3. Defensoría del Pueblo Regional del Tolima
19.
Mediante el escrito
de 2 de agosto de 2017[17],
el Defensor del Pueblo de la Regional del Tolima solicitó la desvinculación de
esta entidad del trámite de tutela. Esto, debido a que “el hoy accionante,
no ha sido usuario de nuestros servicios defensoriales hasta el momento. Y la
Defensoría del Pueblo, no ha tenido relación directa con la afectación a los
Derechos Fundamentales, acá denunciados”. Adicionalmente, si bien la
Defensoría del Pueblo tiene la competencia funcional de “capacitar,
sensibilizar el cuerpo de custodia y a los internos sobre los derechos de la
comunidad LGTBI”, debe coordinarse, de manera previa, este tipo de
actividades con el personal del INPEC.
20.
En consecuencia, habida
cuenta de que el señor Soto no dirige esta acción constitucional en contra de
la Defensoría del Pueblo y tampoco se solicitó su asesoría o acompañamiento,
esta entidad no tiene ninguna competencia en este asunto y carece, por lo
tanto, de legitimación por pasiva. A pesar de esto y “en aras de darle
acompañamiento a la (sic) accionante, se designa a la defensora pública
Dra. ERIKA MAGNOLIA FRAFAN (sic) QUIROGA, contratista de la Defensoría Regional
Tolima, para el acompañamiento en el caso y lo que requiera con la finalidad de
brindarle asesoría y protección a sus derechos”.
3.4. INPEC
21.
Por medio del escrito de 3 de agosto de 2017[18], el
Coordinador del Grupo de Tutelas de esta institución solicitó su desvinculación
del trámite y, adicionalmente, pidió declarar la improcedencia de la acción de
tutela. Al respecto, señaló que esta entidad “NO ha vulnerado derechos
fundamentales” y que “la competencia frente a lo manifestado por el
accionante le corresponde a las Direcciones de la Regional Central y del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Guamo a través de su equipo de
trabajo”.  Para sustentar
esta afirmación, citó los artículos 29 y 30 del Decreto 4151 de 2011 y el
artículo 10 de la Resolución 005557 de 2012.
22.
En consecuencia, dado
que, en su criterio, no tiene ninguna competencia funcional para intervenir en
este asunto, “mediante oficio No. 8120-OFAJU-81204-GRUTU-013481 se dio
traslado de los documentos remitidos por su Despacho a las Direcciones de la Regional
Central y del Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Guamo a fin de que
(…) se pronuncien con relación a los hechos detallados en la acción
constitucional que nos ocupa”.
3.5. Procuraduría Regional del Tolima
23.
El 4 de agosto de 2017[19], la
Procuraduría Regional del Tolima solicitó “declarar impróspera” la
tutela presentada por el accionante. Para sustentar su petición, señaló que “una
vez revisada la base de datos de la correspondencia de esta regional no reposa
escrito de petición o solicitud de intervención por parte de este ente de
control referente al tema que aborda esta acción de tutela”.
Adicionalmente, habida cuenta de la naturaleza de las pretensiones realizadas
por el accionante, ninguna de ellas es de competencia de esta institución, por
lo que carece de legitimación por pasiva.
4. Decisión objeto de revisión
24.
El 3 de agosto de 2017[20],
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, profirió
sentencia, mediante la cual amparó los derechos fundamentales a la igualdad y al
libre desarrollo de la personalidad de Yerson Soto.
25.
En este fallo, se
ordenó al accionado, “que en coordinación con la Personería del citado
municipio y la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, adopten las medidas
necesarias, tendientes a sensibilizar a los internos sobre las garantías
constitucionales de esa comunidad minoritaria (…) tales como, realizar
capacitaciones a todos los internos, sobre las (sic) derechos de la comunidad
LGTBI y las consecuencias disciplinarias y penales a las que se verían
expuestos, al desplegar tratos discriminatorios o crueles contra esta
población; efectuar visitas, brigadas de salud y demás actividades”.
26.
Al respecto, el a
quo precisó que, si bien se han realizado varias actividades en el
establecimiento de reclusión dirigidas a sensibilizar a la población carcelaria
en relación con los derechos de personas con orientaciones sexuales e identidad
de género diversas, la vulneración de los derechos fundamentales de la
comunidad LGBTI, incluidos los del accionante, se mantiene. En efecto, según el
fallo, aún se advierte “una serie de situaciones por parte de los internos”,
que constituyen “comportamientos irregulares” desplegados en contra de
estos grupos sociales. En concreto, hizo referencia a la agresión verbal
padecida por el actor, durante su visita íntima realizada el 15 de julio de
2017. Por lo tanto, a pesar de los esfuerzos y medidas implementadas por el
establecimiento en esta materia desde mediados del año 2016, “no han sido lo
suficientemente efectivas, para cesar la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante y evitar la concurrencia de hechos
discriminatorios”.
27.
Por otra parte, en
relación con la inconformidad expresada por el accionante en torno a la
inexistencia de celdas especiales para las visitas íntimas, en el fallo se
señaló que, con fundamento en la Resolución 006349 de 2017, “si bien los
centros de reclusión deben contar con espacios especiales para esa clase de
visitas, en los eventos en lo que no existan locaciones, las mismas se podrán
llevar a cabo en otro lugar, lo cual se predica de la Cárcel de Guamo (…)”.
Así ocurre en el establecimiento de reclusión, que tiene una situación de “hacinamiento
del 52% y no existen lugares destinados para tal fin”, debido a que su
construcción es antigua. Adicionalmente, respecto de los “actos agresivos
(…) durante la visita íntima”, el accionado adoptó las medidas
disciplinarias en contra de los presuntos responsables, “por lo que no hay
lugar a emitirles ninguna orden en tal sentido”.
28.
Por último, en
relación con la pretensión del accionante de que se construya un mural, la Sala
concluyó que “aquel no demostró haber hecho esa solicitud al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario del Guamo, siendo ese instituto el que debe estudiar
la viabilidad administrativa y presupuestal de dicha obra, por lo que no se
accederá a esa pretensión”.
29.
Contra esta decisión
no se interpuso recurso.
5. Actuaciones en sede de revisión
30.
El expediente de la
referencia fue escogido para revisión mediante el Auto de 14 de noviembre de
2017, proferido por la Sala de Selección Número Once de la Corte Constitucional[21] y se
repartió al despacho del Magistrado Ponente de la presente providencia.
5.1. Pruebas decretadas en sede de revisión
31.
Mediante el auto de 5
de febrero de 2018[22],
este Despacho ordenó oficiar, por intermedio de la Secretaría General de esta
Corte, a las siguientes entidades:
31.1.
Al establecimiento de
reclusión para que informe: (i) Programas, campañas o actividades
dictadas en los últimos tres años, con el propósito de sensibilizar o capacitar
a la población carcelaria y a los funcionarios de la institución, acerca de los
derechos fundamentales de las personas con identidad de género diversa o que
pertenecen a la comunidad LGBTI; (ii) Actividades desarrolladas en
cumplimiento a la orden impartida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué, Sala Penal, dentro de la acción de tutela No
73001-22-04-000-2017-00495-00, promovida por el interno Yerson Smith Soto
Arroyo; (iii) Si, en los últimos 3 años, se han presentado quejas o
solicitudes, escritas o verbales, relacionadas con posibles actos de
discriminación, respecto de internos que pertenecen a la comunidad LGBTI; (iv)
Cuál es el estado actual de la investigación disciplinaria No 06-2017, seguida
en contra de los internos Edwin Alexander Díaz Acevedo y William Gabriel
Medina; (v) Si en el primer semestre del año 2017, se tuvo conocimiento
o se presentó algún informe o queja relacionada con un incidente presentado con
el interno Yerson Smith Soto Arroyo, durante el momento que tomaba su ducha. Al
respecto, debe precisarse si se adoptó alguna medida o se inició alguna
investigación disciplinaria por estos hechos y cuál es el estado actual de la
misma; y, (vi) Actividades de socialización u otro tipo de reuniones
realizadas entre los directivos del establecimiento y los integrantes de la
comunidad LGBTI, con el fin de conocer posibles quejas o inconvenientes
presentados entre la población carcelaria, solucionar temas específicos de
convivencia, entre otros asuntos.
31.2.
A la Personería
Municipal del Guamo, Tolima, para que informe: (i) Si ha
desarrollado algún programa o actividad de capacitación, acompañamiento o
asesoría al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Guamo - Tolima, con
el propósito de sensibilizar o informar a los funcionarios e internos acerca de
los derechos fundamentales de las personas con identidad de género diversa o
que pertenecen a la comunidad LGBTI; y, (ii) Si ha recibido alguna queja
o petición, formulada por los internos del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Guamo, sobre posibles actos de discriminación, desplegados en
contra de las personas con identidad de género diversa o que pertenecen a la
comunidad LGBTI.
31.3.
A la Defensoría del
Pueblo, Regional Tolima, para que informe acerca de los mismos aspectos
indagados en el numeral anterior. Adicionalmente, precise si el interno Yerson
Smith Soto Arroyo ha solicitado la asesoría o el acompañamiento de la
Defensoría, en relación con posibles actos de discriminación ejercidos en su
contra y, de ser así, si algún defensor público le ha prestado asistencia
jurídica.
31.4.
Al Ministerio del
Interior, para que informe: (i) Si alguna persona, delegada por esta
entidad, ha realizado alguna visita al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Guamo – Tolima; y, (ii) Cuál fue el trámite dado al
derecho de petición presentado el 6 de julio de 2017, por el interno Gustavo
Guarnizo, recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Guamo – Tolima.
32.
Por medio del Auto de
12 de marzo de 2018[23],
este Despacho ordenó vincular al Ministerio del Interior a este trámite y,
adicionalmente, solicitó la siguiente información:
32.1 (i)
Si alguna persona,
delegada por el Ministerio, ha realizado alguna visita al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Guamo – Tolima; (ii) Si se ha recibido
alguna queja o petición, formulada por los internos del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Guamo – Tolima, sobre posibles actos de
discriminación, desplegados en contra de las personas con identidad de género
diversa o que pertenecen a la comunidad LGBTI; y, (iii) Si el Ministerio
ha desarrollado alguna actividad de capacitación, acompañamiento o formación al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Guamo, con el propósito de
sensibilizar o informar a funcionarios e internos acerca de los derechos
fundamentales de las personas con identidad de género diversa o que pertenecen
a la comunidad LGBTI. De ser así, en qué fecha se han desarrollado estas actividades
y en qué han consistido.
5.2 Respuesta del Ministerio del Interior
33.
Mediante el oficio de
15 de febrero de 2018[24],
la Directora de Derechos Humanos de este Ministerio informó lo siguiente:
34.
Primero, el señor
Gustavo Guarnizo Guarnizo presentó el 21 de julio de 2017 un derecho de
petición ante el Ministerio, el cual fue resuelto el 27 de julio siguiente (ver
párr. 8). En la respuesta a esta solicitud, se le informó que (i)
la entidad “estaba adelantando acciones para fortalecer los procesos de sensibilización
y capacitación en los establecimientos penitenciarios y carcelarios”, y que
las últimas jornadas fueron realizadas durante la Vigencia 2016; (ii) el
Ministerio apoyó y orientó la redacción del Reglamento General para los
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, que debía expedir el INPEC,
en la cual se incorpora “una serie de garantías a los derechos de las
personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas privadas
de la libertad”; (iii) en atención al acuerdo suscrito entre el
Estado Colombiano y Martha Lucía Álvarez, dentro del caso No 11656 conocido por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dispuso la revisión de los
reglamentos de todos los centros de reclusión del país. El objetivo es
armonizar sus disposiciones internas “con el nuevo marco de garantías para
las personas privadas de la libertad que pertenecen a sectores sociales LGBTI”;
y (iv) en relación con las capacitaciones realizadas por la funcionaria
Diana Navarro, se informó que ya no se encuentra vinculada al Ministerio.
35.
Segundo, entre los
años 2011 y 2016, esta entidad desarrolló diversas jornadas de capacitación y
sensibilización en los establecimientos de reclusión del país[25]. Estas
actividades “se realizaron en el marco de la asistencia técnica que el
Ministerio le proporcionaba al INPEC.// El objetivo de esa estrategia de
formación era fortalecer la capacidad administrativa del INPEC para la garantía
de derechos de personas LGBTI privadas de la libertad. Estaba dirigido al
personal administrativo, de guardia y de custodia del INPEC, así como a las
personas privadas de la libertad”. Además, señaló que el Ministerio no tuvo
conocimiento de los actos de discriminación padecidos por Yerson Smith Soto
Arroyo, toda vez que, no recibió ningún escrito por parte del actor en este
sentido y, en el derecho de petición presentado por el interno Gustavo
Guarnizo, tampoco se relataron estos hechos.
36.
Tercero, de acuerdo
con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el Ministerio evaluó la pertinencia de las jornadas de capacitación
desarrolladas en los años anteriores. Esto, debido a que continuaban
presentándose casos por presuntas violaciones a derechos humanos. Así, se
identificaron varios factores que limitaban su eficacia, como los siguientes: “i.
Débil capacidad institucional del INPEC para la garantía de derechos de los
sectores sociales LGBTI o personas con orientaciones sexuales e identidades de
género diversas. ii. Falta de adecuación institucional en el INPEC para la
implementación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género
diversas. iii. Falencias en el modelo de formación que impedían obtener el
impacto esperado”. En razón de lo anterior, el Estado “se comprometió, a
través del Ministerio de Justicia y del Derecho, a diseñar y llevar a cabo un
programa de formación continuo sobre derechos humanos de las personas LGBTI en
prisión”. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia “llevó a cabo una
prueba piloto en los establecimientos de reclusión donde estuvo Martha Álvarez.
Los resultados y recomendaciones de la prueba piloto serán la base para la
implementación del programa de formación”.
37.
Cuarto, además de las
referidas jornadas, la función de asistencia técnica del Ministerio se ha
concentrado, en lo sucesivo, en las siguientes líneas de trabajo: “(i) la
reforma del reglamento general del INPEC; (ii) la actualización de los
reglamentos internos de cada establecimiento de reclusión, mediante la Mesa de
Trabajo para el Seguimiento al cumplimiento del Reglamento General de los
Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (…); (iii) la impresión y
divulgación del diario de Marta (sic) Álvarez; y (iv) el seguimiento a casos
individuales mediante la Secretaría Técnica de la Mesa de Casos Urgentes”.
Con ocasión de la revisión de los reglamentos internos, en mayo de 2017, el
Ministerio del Interior realizó dos sesiones de trabajo con los directores de
los establecimientos de reclusión, “sobre los conceptos relativos al enfoque
diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género diversas y su
alcance en el proceso de reforma de los reglamentos internos”. Cabe
destacar que la mesa de seguimiento está conformada por los Ministerios del
Interior y de Justicia y del Derecho, el INPEC, la Procuraduría General de la
Nación, la Defensoría del Pueblo y la organización Colombia Diversa.
5.3. Respuesta de la Defensoría del
Pueblo - Regional Tolima
38.
Por medio del escrito
de 19 de febrero de 2018[26],
el Defensor del Pueblo de la Regional del Tolima informó lo siguiente:
39.
Primero, en
cumplimiento del fallo de tutela dictado dentro de este trámite, se coordinó,
junto con la Personería Municipal del Guamo, una “actividad de capacitación
sobre derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género
diversa a las personas privadas de la libertad en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario del Guamo”. Esta jornada se realizó el 11 de
septiembre de 2017 y la Defensoría asumió la formación de la mitad de la
población carcelaria, es decir, de 74 internos. Dicha capacitación abordó
varios temas, como los “[e]lementos conceptuales sobre género. Fundamentos
de la discriminación por orientación sexual e identidad de género diversa y
características de la violencia. Normatividad en reconocimiento de derechos,
incluyendo resoluciones del INPEC”. Para tal efecto, se aportó copia de los
formatos de la guía didáctica empleada en la jornada, el listado de asistencia
y el informe de actividad.
40.
Segundo, la
Defensoría “no ha recibido queja o petición formulado por los internos del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Guamo sobre posibles actos de
discriminación hacia las personas con orientación sexual e identidad de género
diversa (…) [y tampoco] figura ninguna queja, solicitud de
acompañamiento o asesoría por parte del señor Yerson Smith Soto Arroyo”.
5.4 Respuesta del Establecimiento
penitenciario y carcelario del Guamo
41.
Por medio del escrito
de 1 de marzo de 2018[27],
el Director del establecimiento de reclusión informó lo siguiente:
42.
Primero, se han
realizado las siguientes actividades de sensibilización y capacitación en temas
de identidad de género y orientación sexual diversa: (i) el 31 de mayo
de 2016 se desarrolló la “jornada informativa de la población LGBTI”; (ii)
el 7 de julio de 2016 se adelantó la actividad de socialización con los
funcionarios del establecimiento, denominada “Reconocimiento a la Diversidad
Sexual”; (iii) el 30 de agosto de 2016 se llevó a cabo la “jornada
de Salud Sexual y Reproductiva de la población LGBTI”; (iv) el 18 de
febrero de 2017 se socializó “‘La guía de los Derechos Humanos de la
Población LGBTI’ a la totalidad de la Población Privada de la Libertad, con el
fin de garantizar el enfoque diferencial para el sector LGBTI del establecimiento”;
(v) el 29 de junio de 2017 se celebró el día del orgullo gay, como un
espacio “de integración y reconocimiento de sus derechos”; (vi)
el 11 de septiembre de 2017 se realizó una “actividad de promoción y
divulgación en Derechos Humanos en enfoque diferencial en énfasis (comunidad
LGBTI), por parte de la Defensoría del Pueblo regional Tolima, con el
acompañamiento de la personería municipal y funcionaria de la comisaria de
familia municipal”. Esta jornada se adelantó en cumplimiento del fallo de
tutela proferido por el Tribunal Superior de Ibagué; (vii) el 13 de
diciembre de 2017 se llevó a cabo una “convocatoria Libre y Autónoma a las
personas privadas de la libertad que se autoreconocen pertenecientes a los
sectores LGBTI”; y, (viii) el 15 de diciembre de 2017 se desarrolló
una actividad con la comunidad LGBTI, “en el marco de los Derechos Humanos
con enfoque diferencial”.
43.
Segundo, en relación
con los posibles actos de discriminación por parte de internos en contra de la
población carcelaria LGBTI, la entidad aportó los documentos que dan cuenta de
los actuaciones adelantadas en relación con el interno Yerson Soto, así:
43.1. Acta de conciliación celebrada ante
la Unidad de Policía Judicial del establecimiento de reclusión, con ocasión de
los hechos ocurridos el 10 de marzo de 2017. El interno William Gabriel Medina
Ocampo reconoció su responsabilidad en estos hechos y se comprometió “a no
volver a cometer ningún acto que atente contra la vida y la dignidad humana del
interno Soto Arroyo Yerson Smith, estando este de acuerdo con lo manifestado
por el interno Medina Ocampo William Gabriel”.
43.2. Piezas procesales de la
investigación disciplinaria No 06-2017 adelantada en contra de los internos
Edwin Alexander Díaz Acevedo y William Gabriel Medina. Esta actuación se inició
con base en el reporte de 15 de julio de 2017 realizado por el dragoneante
Nelson Galvis Sossa, mediante el cual informó que ese mismo día, durante la
visita íntima de Yerson Soto con su pareja, los internos Díaz y Medina agredieron
verbalmente a estos últimos y lanzaron varios golpes a la puerta de la celda.
Adicionalmente, relató que los investigados “amenazaron con atentar contra
la integridad física de los integrantes de la comunidad LGBTI en general”. Finalmente,
mediante la Resolución No 190 de 26 de septiembre de 2017, el Consejo de
Disciplina del establecimiento sancionó a Edwin Díaz y a William Medina, “con
pérdida de redención de pena por (60) sesenta días. Según lo contemplado en el
art. 123 de la ley 65 de 1993. Por violar lo establecido en el art. 121 faltas
graves Numerales 17, 24, 29 de la ley 65 de 1993. En concordancia con la
resolución 5817 del (sic) 1994”. Esta decisión cobró ejecutoria al no
interponerse ningún recurso en su contra y “en la actualidad se encuentra cumplida”.
43.3. Formato único de noticia criminal
de 27 de julio de 2017, mediante el cual un funcionario de policía judicial del
INPEC recibió la denuncia penal formulada por Yerson Soto en contra de su
compañero José Antonio Ramírez Marín. Los hechos de agresión verbal y física
ocurrieron el 25 de julio de 2017 y, para el accionante, constituyeron actos de
discriminación sexual en su contra, por pertenecer a la comunidad LGBTI.
44.
En relación con este
último suceso, el establecimiento informó que el mismo 27 de julio, se llevó a
cabo una reunión entre el Director del establecimiento, el Comandante de
Vigilancia, los integrantes del área de tratamiento y desarrollo y los internos
autoreconocidos como población LGBTI, “con el fin de atender sus solicitudes
y requerimientos”. Al respecto, se les informó “por parte del Comando de
Vigilancia del establecimiento que se encuentra en estudio [un] plan de
mejora para la toma de su visita íntima”. Adicionalmente, se realizó una
actividad de “sensibilización con el fin de evitar hechos que alteren el
orden y la Disciplina dentro del EPC Guamo y preservar la seguridad y
tranquilidad dentro del mismo; siendo estos hechos el respeto mutuo y garantía
de los derechos a las personas privadas de la libertad dentro del
establecimiento sin discriminación alguna por razones sexuales y demás”.
5.5. Respuesta de la Personería Municipal
del Guamo
45.
Mediante el escrito
de 5 de marzo de 2018[28],
la Personera Municipal informó de la realización de una jornada de capacitación
que se llevó a cabo el 30 de agosto de 2017, en el Establecimiento Penitenciario
y Carcelario del Guamo. Para tal efecto, acompañó el acta de visita especial y
el registro fotográfico de las actividades realizadas en esa oportunidad. Dicha
jornada tuvo como propósito la “sensibilización (…) [de] la población
interna del Establecimiento Penitenciario y Carcelario en razón a la petición
verbal elevada por el interno YERSON SMITH SOTO ARROYO, en el cual dio a
conocer un inconveniente presentado con otros internos y la población LGBTI,
fue por ello que la suscrita (sic) se tomaron medidas necesarias a fin de que
cesara los tratos desiguales en donde fueron víctimas la población LGBTI (…)”.
46.
Adicionalmente, indicó
que, en representación de la Personería Municipal, ella participa, cada 15
días, en el Comité de Derechos Humanos y, cada mes, en el Comité Disciplinario
del establecimiento de reclusión. También relató que se “han realizado
jornadas de atención donde se brinda asesoría y orientación a los internos, se
realizan trámites jurídicos como derechos de petición, tendientes a garantizar
la protección de derechos fundamentales, tales como el derecho a la salud (…)
Igualmente se han llevado a cabo visitas de inspección al establecimiento y
(sic) penitenciario del municipio del Guamo, en la que se verifican las
condiciones de salubridad de los internos (…) Finalmente hago claridad que este
despacho organizo una actividad con los internos celebrando el día del orgullo
gay en el cual se compartió con una torta y unos detalles”.
5.6. Respuesta del Ministerio de Justicia
y del Derecho
47.
Mediante el escrito
de 2 de abril de 2018[29],
la Directora de Política Criminal y Penitenciaria informó lo siguiente:
48.
Primero, el
Ministerio, en desarrollo de sus funciones, realiza visitas técnicas a los
establecimientos de reclusión, “con el fin de hacer verificaciones del
cumplimiento de los lineamientos y recomendaciones para mejorar la situación de
derechos en los establecimientos carcelarios, corregir las condiciones de
habitabilidad de la población privada de la libertad, propender por el
cumplimiento del fin resocializador de la pena y aplicar los enfoques
diferenciales”.
49.
Segundo, durante el
año 2017, esta entidad desarrolló diversas actividades de sensibilización y
capacitación acerca de los derechos de la población LGBTI, en 6
establecimientos de reclusión del país. Estas instituciones fueron escogidas en
cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano. Al respecto,
precisó que la señora Martha Lucía Álvarez presentó una petición en contra de la República de
Colombia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente,
la Comisión presentó sus conclusiones en torno del caso (No 11656) mediante el
respectivo Informe de Fondo, en las que subrayó la necesidad de “Adoptar las
medidas estatales necesarias, incluyendo capacitación en derechos humanos a
funcionarios estatales, y el establecimiento de mecanismos de control, para
garantizar que las personas privadas de libertad no se vean sometidas a tratos
discriminatorios –incluyendo sanciones disciplinarias por demostraciones de
afecto entre mujeres en establecimientos carcelarios penitenciarios- por parte
de las autoridades estatales o por parte de otras personas privadas en razón de
su orientación sexual”.
50.
Debido a lo anterior,
el 14 de julio de 2017, el Estado colombiano suscribió un acuerdo de
cumplimiento, por medio del cual se comprometió a “llevar a cabo un programa
de formación continuo sobre derechos humanos de las personas LGBTI en prisión.
La formación estará dirigida a directivos del INPEC, el personal del Cuerpo de
custodia y vigilancia, y en general a todo personal administrativo, así como a
personas privadas de la libertad (….) El diseño del Programa de Formación
Continuo en Derechos humanos estará liderado por el Ministerio de Justicia y
del Derecho en estrecha coordinación con el INPEC”. Dicho programa tiene
dos módulos “uno de sensibilización frente a la diversidad sexual y de
género, y uno de capacitación sobre estándares mínimos en la materia”[30].
51.
Para el año 2018, el
Ministerio indicó que, en coordinación con el INPEC, se busca (i) continuar
con este programa de formación en otros establecimientos de reclusión y (ii)
emplear los resultados de estas jornadas, “así como los documentos finales de
contenido y modelo pedagógico (…) [para] actualizar la malla curricular
del módulo de derechos humanos de los programas de formación formal que tiene a
cargo la Dirección de Educación del INPEC y para modificar los programas de
educación virtual de la Escuela Penitenciaria dirigidos a la actualización
permanente del personal administrativo del INPEC”. Adicionalmente, se
encuentra en proceso de construcción un programa de jornadas de capacitación
dirigido “a los cónsules de derechos humanos de todos los ERON del país
(Dirección de Derechos Humanos del INPEC) y a los profesionales educadores de
la Escuela Penitenciaria para que se apropien del material y del modelo
pedagógico construido, (…) [y] puedan replicar las jornadas y su
metodología en todos los establecimientos penitenciarios”.
52.
Por último, el
Ministerio tampoco tuvo conocimiento de “actos de discriminación cometidos
en contra de personas con orientación sexual o identidad de género diversa en
el anteriormente mencionado establecimiento, ni hemos conocido de ninguna queja
o denuncia presentada anteriormente por el señor Yerson Smith Soto Arroyo”.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
53.
Esta Sala de Revisión
es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de
la referencia. La competencia que se ejerce está prevista en el inciso 2° del
artículo 86 y en el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas jurídicos
54.
Habida cuenta de los
hechos y antecedentes procesales de esta actuación, le corresponde a esta Sala
pronunciarse y responder los siguientes problemas jurídicos, uno de carácter
procesal y uno de fondo. Los problemas jurídicos son los siguientes:
54.1.
¿Resulta
procedente el ejercicio de la acción de tutela en este caso?
54.2.
¿Las
actividades que desarrollan las entidades accionadas para el cumplimiento de
sus deberes de protección respecto de la población carcelaria LGBTI garantizan los
derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y
a la intimidad del accionante?
55.
Para resolver los
anteriores problemas jurídicos, la Sala seguirá la siguiente metodología: (i)
examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela y los aplicará al caso concreto; (ii) analizará la
dimensión positiva de los derechos fundamentales a la igualdad, al libre
desarrollo de la personalidad y a la intimidad; (iii) se
pronunciará sobre la protección constitucional, legal y administrativa de la
población carcelaria LGBTI; y, (iv) finalmente, resolverá el caso
concreto.
3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela
56.
De acuerdo con el
artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela “mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre”, para la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, siempre que resulten amenazados o vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. De igual
forma, la acción de tutela resulta procedente cuando el accionante no disponga
de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de sus
derechos, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable.
57.
Los siguientes son
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela:
3.1. Legitimación en la causa: activa y
pasiva
58.
La acción de tutela
debe ser promovida por el titular de los derechos fundamentales que se estiman
vulnerados o amenazados, sea directamente o por su representante, por quien
actúa a su nombre en calidad de agente oficioso, por el Defensor del Pueblo o
el Personero Municipal[31].
Y, a su vez, esta acción debe ser ejercida en contra del sujeto responsable de
la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, sea este una autoridad
pública o un particular.
59.
En el presente caso
se cumple con el requisito de la legitimación en la causa por activa. El
accionante interpuso la acción de tutela por cuanto estimó vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y
a la intimidad. Luego de revisar las pruebas que obran en el expediente, esta
Sala de Revisión encuentra demostrado que el señor Yerson Soto (i) está
recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Guamo durante los
últimos tres años, (ii) pertenece a la comunidad LGBTI, como lo registró
el establecimiento en el censo de la población carcelaria, (iii) sufrió,
durante el año 2017, de varios actos de discriminación cometidos por parte de
otros internos, y (iv) las autoridades carcelarias conocieron de esos
sucesos y han informado acerca de las actuaciones que han tenido y las medidas
adoptadas respecto de los mismos. En consecuencia, el accionante es el titular
de los derechos fundamentales que estima vulnerados y cuya protección solicita
mediante la demanda sub judice.
60.
La Sala también
encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, respecto de
algunas de las entidades accionadas. El artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “[l]a
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos
de que trata el artículo 2 de esta ley”. En este caso, las autoridades
penitenciarias y carcelarias están legitimadas por pasiva, toda vez que tienen
la condición de entidades públicas encargadas de garantizar la protección y
seguridad de las personas privadas de la libertad. Estas autoridades son las
siguientes:
61.
Primero, la acción de
tutela fue interpuesta en contra del Ministerio del Interior, que, de
conformidad con el Decreto 2893 de 2011, es la autoridad competente del diseño
e implementación de “las políticas públicas de protección, promoción,
respeto y garantía de los Derechos Humanos (…) con un enfoque integral,
diferencial y social”. Adicionalmente, como lo explicó en su escrito de 15
de febrero de 2018, esta entidad tiene funciones específicas de asistencia
técnica con el INPEC, dirigidas a la actualización y aprobación de los
reglamentos de los establecimientos de reclusión del país y la integración de
la Secretaría Técnica de la Mesa de Casos Urgentes. En este caso, Yerson Soto
señaló que esta entidad vulneró sus derechos, ante la falta de un
acompañamiento efectivo por parte de la delegada del Ministerio al
establecimiento de reclusión del Guamo[32].
62.
Segundo, el
accionante, a pesar de que no ejerció la acción de tutela en contra del
establecimiento de reclusión, en su solicitud indicó que esta institución
también omitió realizar las actividades necesarias, dirigidas a difundir los
derechos de la comunidad LGBTI. En efecto, en su escrito indicó que si bien los actos de discriminación que
ha padecido no provienen de la “guardia ni el director (…) son los
que también tienen que dar a conocer nuestros derechos (…) es culpa de la
guardia del director no tener celdas para la intimidad q’ (sic) sean los
alojamientos donde dormimos”[33]. En este sentido, los establecimientos
penitenciarios y carcelarios tienen específicos deberes de protección respecto
de la población privada de la libertad y, en particular, frente a los internos
con opción o identidad sexual diversa. Estas obligaciones son las que el actor estima
incumplidas.
63.
Tercero, en relación
con el Ministerio de Justicia y el INPEC, los Decretos 1427 de 2017 y 4151 de
2011, respectivamente, han asignado a estas entidades funciones específicas, relativas
al diseño, formulación y ejecución de la política criminal y penitenciaria. En
desarrollo de este cometido, deberán adelantar programas de formación y
educación continua sobre derechos humanos, que propendan por el mejoramiento de
las condiciones de las personas privadas de la libertad y el cumplimiento del
fin resocializador de la pena. En consecuencia, habida cuenta de las
pretensiones formuladas por el actor y las funciones discernidas en materia de
promoción y difusión de las garantías constitucionales de la población
carcelaria, se estima necesario evaluar las actuaciones desplegadas por estas
entidades, en relación con los derechos fundamentales cuyo amparo solicita
Yerson Soto.
64.
Por lo anterior, la
Sala considera que se encuentran legitimados por pasiva el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Guamo, los Ministerios del
Interior y de Justicia y del Derecho, así como el INPEC.
65.
Por otra parte, este
requisito procesal no se cumple respecto de la Defensoría del Pueblo Regional,
la Procuraduría Regional y la Personería Municipal. En efecto, de los hechos
probados dentro del proceso, no se advierte ninguna injerencia de estas
entidades en los comportamientos u omisiones que presuntamente vulneran o
amenazan los derechos fundamentales del accionante. De hecho, Yerson Soto no
solicitó la intervención de estas autoridades para precaver alguna situación
lesiva de sus derechos o para obtener asesoría en su caso.
66.
Al respecto cabe
precisar que, si bien es cierto las anteriores entidades tienen a su cargo el
diseño e implementación de las políticas de promoción y divulgación de los
derechos humanos en el país, no les asisten funciones concretas de capacitación
y formación, en el contexto específico del tratamiento penitenciario y
carcelario. Por lo tanto, no se acredita el requisito de legitimación por pasiva
en relación con la Defensoría del Pueblo Regional del Tolima, la Procuraduría
Regional del Tolima y la Personería Municipal del Guamo, toda vez que (i)
solo les corresponde el cumplimiento de deberes generales de protección de las
garantías constitucionales, y (ii) en ningún momento dentro del trámite
de tutela, el actor refiere respecto de estas entidades  alguna acción u
omisión que amenace o vulnere sus derechos fundamentales.
3.2. Inmediatez
67.
La jurisprudencia
constitucional ha señalado que la acción de tutela debe presentarse en un
término razonable y proporcionado, a partir del hecho que generó la presunta
vulneración de los derechos fundamentales. El requisito de la inmediatez tiene
por finalidad preservar la naturaleza de la acción de tutela, concebida como “un
remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de
los derechos invocados”[34].
68.
En consecuencia, en
cada caso, el Juez de tutela “debe tomar en cuenta las condiciones del
accionante, así como las circunstancias que rodean los hechos para determinar
lo que debería considerarse como plazo razonable. Para ello, debe valorar las
pruebas aportadas de acuerdo a los principios de la sana crítica, con el fin de
determinar si hay una causal que justifique la inactividad del accionante”[35].
69.
Esta Sala considera
que la acción de tutela presentada en el asunto de la referencia cumple con el
requisito de inmediatez. En efecto, Yerson Soto continúa privado de la libertad
en el establecimiento de reclusión y manifiesta que ha sido víctima de
reiterados actos de discriminación, motivados por su orientación sexual, por lo
que la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante es
actual. Con todo, el accionante manifestó que los últimos comportamientos de
esta naturaleza cometidos en su contra, ocurrieron el 15 de julio de 2017 y la
solicitud de tutela fue presentada el 21 de julio siguiente. Así las cosas, habida consideración de la
fecha de estos hechos y el ejercicio de la acción de tutela, esta Sala advierte
que la interposición de la solicitud se realizó dentro de un término razonable
y proporcional y, por lo tanto, se cumple también con el requisito de
inmediatez.
3.3. Subsidiariedad
70.
La acción de tutela
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial
efectivo para la protección de sus derechos fundamentales o, en caso de existir
tal recurso judicial, se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable[36].
El carácter subsidiario de esta acción “impone al interesado la
obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios
ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la
protección de sus derechos fundamentales (…) y sólo ante la ausencia de
dichas vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo
constitucional”[37].
71.
No obstante, la Corte
ha advertido que el estudio de la subsidiariedad de la acción de tutela no
consiste en una mera verificación formal de la existencia de otros mecanismos
judiciales o administrativos[38].
Por el contrario, le corresponde al juez constitucional analizar la situación
particular del accionante y los derechos cuya protección se solicita, con el
fin de comprobar si aquellos resultan eficaces para la protección de los
derechos fundamentales[39].
72.
De manera reiterada,
la Corte ha advertido que el juez constitucional debe determinar si los medios
de defensa judicial disponibles le otorgan una protección eficaz y completa a
quien acude a la acción tutela[40]. Si
no es así, puede otorgar el amparo de dos maneras distintas: (i) como
mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a través de la vía ordinaria,
y (ii) como mecanismo eficaz de protección de los derechos
fundamentales. La primera posibilidad implica que si bien las acciones
ordinarias pueden proveer un remedio integral, no son lo suficientemente
expeditas para evitar un perjuicio irremediable. La segunda, que el medio de
defensa ordinario no ofrece una solución integral para la protección de los
derechos fundamentales comprometidos.
73.
La existencia de las
otras vías judiciales debe ser analizada en cada caso concreto, en cuanto a su
eficacia. Si no permiten resolver el conflicto en su dimensión
constitucional o no ofrecen una solución integral para el derecho
comprometido, es procedente la acción de tutela como mecanismo de amparo
definitivo de los derechos fundamentales invocados.
74.
En este caso, la Sala encuentra que se cumple con el requisito de
subsidiariedad por tres razones examinadas en su conjunto. Primero, no existe un mecanismo judicial, distinto de la acción de tutela, que
le permita al accionante solicitar el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la
personalidad y a la intimidad y, sobre
todo, en relación con las pretensiones que formuló.
75.
En concreto, el accionante
cuestiona la ausencia de acciones afirmativas tendientes a difundir los
derechos de las personas que integran la comunidad LGBTI, por lo que solicita,
en consecuencia, el desarrollo de actividades de capacitación y sensibilización
dirigidas a la población carcelaria del establecimiento de reclusión. Como se
advierte, sus pretensiones no buscan exigir el cumplimiento de normas de
carácter general y abstracto, así como tampoco cuestionar la legalidad de las
mismas. De hecho, las solicitudes se encuentran relacionadas con el deber que
tienen ciertas autoridades públicas de desarrollar actividades de capacitación
y sensibilización, en materia de derechos humanos de las personas con
orientación u opción sexual diversa, y así evitar futuros actos de
discriminación. Por lo tanto, la acción de tutela es el mecanismo de defensa judicial
eficaz, debido a que los derechos que invoca el accionante como vulnerados
tienen la condición de fundamentales y su protección no podría lograrse
acudiendo a la jurisdicción ordinaria.
76.
Segundo, el accionante es un sujeto de especial
protección constitucional, por la relación de sujeción en la que se encuentra,
debido a su actual privación de la libertad. La
jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de la acción
de tutela para garantizar
los derechos de las personas privadas de la libertad, sea respecto de aquellos derechos
que no han sido suspendidos o del contenido de los derechos que aún no ha sido
limitado o restringido[41].
En este sentido, el accionante solicita la protección de sus derechos
fundamentales en razón de los actos de discriminación cometidos en su contra y
que, en su criterio, estuvieron motivados por su pertenencia a la comunidad
LGBTI. Así las cosas, resulta procedente el ejercicio de la acción de tutela
respecto de derechos que, por su privación de la libertad, solo han sido
limitados de manera parcial, como ocurre con los derechos al libre desarrollo
de la personalidad y a la intimidad[42].
77.
Tercero, las pretensiones formuladas tienen clara
incidencia en los derechos fundamentales del accionante, esto es, son
pretensiones de amparo de carácter individual y subjetivo, que no colectivo.
Precisamente, Yerson Soto alude, en concreto, a los actos de discriminación de
los que ha sido víctima, de manera directa, durante el año 2017. Por esta
razón, presentó la acción de
tutela con el propósito de solicitar la protección de sus derechos a la
igualdad (art. 13 de la C.P.), al libre desarrollo de la personalidad (art. 16
de la C.P.) y a la intimidad (art. 15 de la C.P.).
78.
En este orden de
ideas, la Sala considera procedente la acción de tutela ante la inexistencia de
algún mecanismo ordinario de defensa judicial para hacer valer las pretensiones
que con ella se plantean.
4. Dimensión positiva de los derechos a
la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad e intimidad
79.
Los derechos de
libertad son derechos fundamentales que vinculan al Estado y a los particulares.
Por lo tanto, al individuo, por el solo hecho de pertenecer al género humano,
se le reconoce un ámbito de libertad, ajeno a las intromisiones del Estado y de
terceros. Pero también, de manera correlativa, surge para el Estado un deber de
protección y promoción de las condiciones materiales e inmateriales para el
ejercicio de la libertad. En consecuencia, a las libertades fundamentales se
les reconoce dos facetas, una negativa de abstención y otra positiva de
actuación para sus destinatarios, “[l]a primera (…) la cual hace mención a
la protección del contenido del derecho mismo, impidiendo que terceros los
transgredan o vulneren con conductas que vayan en contravía de éstos. La
segunda, concebida como una faceta de acción, que determina los mecanismos
idóneos para garantizar su goce efectivo, así como también estipula sobre quien
recae la responsabilidad una vez éstos sean quebrantados”[43]. Bajo este
entendido, la Corte Constitucional ha reconocido un contenido prestacional a
los derechos de libertad, que “está dado por su capacidad para exigir de los
poderes públicos y, en ocasiones de los particulares, una actividad de hacer o
dar derivada del mismo texto constitucional”[44].
80.
El artículo 13 de la
Constitución Política prevé el derecho a la igualdad, según el cual todas las
personas “recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica”. Adicionalmente, el Estado debe adoptar
medidas a favor de grupos discriminados o marginados, especialmente para
aquellas personas “que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”[45].
81.
El principio de
igualdad tiene, básicamente, dos facetas: formal y material. En el sentido
formal (art. 13.1 de la CP), implica la igualdad ante la ley, la igualdad de
trato y la prohibición de discriminación. Y, en el sentido material (art. 13.2
y 13.3), comporta el deber del Estado de promover las condiciones necesarias
para que la igualdad sea real y efectiva. En consecuencia, se desarrollarán
acciones “destinadas a beneficiar a grupos discriminados o marginados de
manera sistemática o histórica, a través de prestaciones concretas o cambios en
el diseño institucional (acciones afirmativas)”[46].
82.
En este sentido, la
faceta negativa del derecho a la igualdad consiste, fundamentalmente, en la
prohibición que tiene el Estado de crear situaciones de discriminación o
profundizar aquellas que ya existen, sea de manera directa o indirecta. Es
decir, el mandato de abstención “no se dirige exclusivamente a evitar que la
administración adopte medidas, programas o políticas, abiertamente discriminatorias.
También va encaminado a evitar que medidas, programas o políticas, así éstas
hayan sido adoptadas bajo el marco de presupuestos generales y abstractos,
impacten desproporcionadamente a grupos marginados o discriminados o, en otras
palabras, los coloque en una situación de mayor adversidad”[47]. Esta faceta
apunta a garantizar una igualdad desde el punto de vista formal, toda vez que implica
las obligaciones de igualdad de trato y no discriminación.
83.
De la igualdad
material se deriva un mandato de intervención, que constituye la faceta
positiva del derecho a la igualdad, e implica el desarrollo de actuaciones que
garanticen que la igualdad sea real y efectiva. Estas acciones afirmativas “deben
ser comprendidas como cargas sociales constitucionalmente exigibles, que han de
operar frente a situaciones materiales de exclusión, cuyo objeto es incidir en
los factores que generan las situaciones de marginalidad que aquejan a los
grupos de especial protección constitucional. Esto implica que las acciones
afirmativas deben ser dinámicas y efectivas, al igual que concordar con la
situación material sobre la que pretenden incidir, teniendo un alcance temporal
limitado a la materialización de su finalidad”[48]. En
concreto, estas acciones buscan proteger a determinadas personas o grupos, con
el fin de “eliminar o reducir las desigualdades que los afectan, o de lograr
que los miembros de un grupo subrepresentado, tengan una mayor representación”[49].
84.
Por otra parte, el
artículo 16 de la Constitución Política dispone que “Todas las personas
tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que
las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. Este
derecho, también conocido como derecho a la autonomía e identidad personal,
consiste en la posibilidad que tiene todo individuo de adoptar, sin ninguna
intromisión o interferencia, las decisiones que le permitirán construir su plan
de vida, con base en sus particulares convicciones, creencias, aspiraciones y
deseos[50].
En consecuencia, este derecho implica “la libertad e independencia del
individuo para gobernar su propia existencia y para diseñar un modelo de
personalidad conforme a los dictados de su conciencia, con la única limitante
de no causar un perjuicio social”[51].
Por tanto, se entiende que se vulnera este derecho cuando “a la persona se
le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de
vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su
existencia”[52].
85.
Así las cosas, se
pueden identificar dos facetas del derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Una faceta negativa que consiste en la pretensión de no
injerencia o intervención arbitraria por parte del Estado, en los juicios y
determinaciones que adopta un ser humano como parte de su modelo de realización
personal. Igualmente, en una actitud de respeto y de no interferencia por parte
de la sociedad respecto de las decisiones que toma el individuo en la
construcción de su identidad personal.
86.
Por otra parte, su faceta
positiva alude a la obligación del Estado de brindar “condiciones
inmateriales y materiales[53]
adecuadas para el desarrollo de su proyecto de vida (…) disponiendo
tratamientos jurídicos similares para todas las personas”[54],
independientemente de cada opción de vida que elija el individuo. En todo caso,
el cumplimiento de esta obligación no puede acarrear la imposición de “un
determinado modelo de virtud o de excelencia humana (…) [toda vez que]
esas políticas implican que el Estado sólo admite una determinada concepción de
realización personal, lo cual es incompatible con el pluralismo”[55].
87.
Finalmente, el artículo
15 constitucional prevé el derecho de todas las personas “a su intimidad
personal y familiar”[56].
El objeto de protección de este derecho “supone la existencia y goce de una
órbita reservada en cada persona, exenta del poder de intervención del Estado o
de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permita a dicho
individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y cultural (…)
por ello en un Estado social demócrata [no] puede obligarse a las personas a
darle publicidad a los aspectos más íntimos y propios de su proyecto de vida
personal (…)”[57].
En efecto, el individuo tiene la facultad de exigir, tanto del Estado como de
la sociedad, el respeto por una esfera de vida privada y exclusiva para él
mismo, “que es resguardo de sus posesiones privadas, de sus propios gustos y
de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a
exhibir”[58].
Por lo tanto, el titular de este derecho es el único que puede decidir,
mediante su autorización expresa o tácita, hacer pública esta información, a
menos que medie una orden de autoridad competente, con fundamento en lo previsto
en la Constitución y la ley.
88.
En consecuencia,
también se identifican al menos dos facetas de este derecho. Así, “tiene
un status negativo, o de defensa frente a cualquier invasión indebida de
la esfera privada y a la vez un status positivo, o de control sobre las
informaciones que afecten a la persona o la familia”[59]. Dentro de
la faceta negativa, surgen las obligaciones de abstención y respeto que tienen
tanto el Estado como la sociedad, de no entrometerse indebidamente en el ámbito
personal y familiar del individuo o de divulgar información reservada. Y, en
relación con la esfera positiva, el Estado tiene una obligación de protección,
por lo que deberá abstenerse de interferir y hacer cesar, de manera oportuna y
eficaz, las intromisiones irrazonables e injustificadas que se presenten en
contra de la órbita reservada de cada persona.
89.
Solo a título
ilustrativo, las facetas positiva y negativa de estos tres derechos se pueden
resumir de la siguiente manera:
Derecho Fundamental
Dimensión Negativa
Dimensión Positiva
Derecho a la igualdad
Prohibición de discriminación
Deber de promoción/ acciones afirmativas: sujetos de
especial protección constitucional
Derecho al libre desarrollo de la personalidad
No injerencia o interferencia en el plan de vida del
individuo.
Brindar condiciones materiales e inmateriales que
permitan la construcción de su proyecto de vida
Derecho a la intimidad
Prohibición de intromisiones arbitrarias
Abstenerse de intervenir y hacer cesar cualquier
vulneración o control de la información que afecte el derecho.
5. Relación entre los establecimientos
penitenciarios y carcelarios y la población interna LGBTI: Derechos y deberes
especiales
90.
El ingreso de un
individuo a una institución penitenciaria o carcelaria conlleva el surgimiento
de una relación especial de sujeción entre la persona privada de la libertad y
el establecimiento de reclusión. Esta relación “se caracteriza porque el
interno queda enteramente cobijado por la organización administrativa”[60]. Así, el
Estado asume la responsabilidad por la protección y cuidado del interno durante
su tiempo de reclusión y éste, a su vez, debe cumplir con las normas
administrativas y disciplinarias (reglas de conducta) definidas por el centro
respectivo, que constituyen un régimen jurídico especial[61].
91.
Las personas privadas
de la libertad “cuentan con las garantías constitucionales de cualquier
ciudadano”[62].
El artículo 5 de la Constitución Política reconoce la primacía de los derechos
inalienables de la persona, sin discriminación alguna. Esta garantía
constitucional comporta, a su vez, un deber de protección, el cual se torna “imperioso
cuando se trata de personas que están recluidas en algún establecimiento
penitenciario y/o carcelario, por cuanto  en dicha circunstancia se
encuentran en una relación directa de especial sujeción con el Estado, que se
traduce, precisamente, en la obligación de éste de satisfacer las necesidades
esenciales, que la misma persona, en razón a su reclusión, no se puede proveer”[63].  Por lo
tanto, para
el Estado surge la obligación primaria de procurar las condiciones mínimas para
asegurar la existencia digna del interno, como ocurre con sus necesidades
vitales de alimentación, habitación, salubridad, entre otras[64].
92.
La jurisprudencia
constitucional ha sostenido que los sujetos privados de la libertad “conservan
su dignidad humana”[65],
por lo que deben recibir un tratamiento decoroso y adecuado durante el tiempo
de cumplimiento de la medida de aseguramiento o de la pena[66], toda vez
que “la reclusión no implica la pérdida de la condición de ser humano”[67]. Así lo reconoce
diversos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos[68],
la Convención Americana sobre Derechos Humanos[69]
o las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el
primer congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y
tratamiento del delincuente[70].
93.
De acuerdo con lo
anterior, la Corte Constitucional ha indicado que las personas privadas de la
libertad son titulares de tres tipos de derechos, así: (i) los
derechos que no son susceptibles de ninguna limitación, por lo que se
mantienen incólumes y se debe garantizar su ejercicio a plenitud, como los
derechos a la vida, a la integridad personal, a la dignidad humana, a la salud,
al debido proceso, de petición, a la libertad de conciencia, el habeas data,
entre otros; (ii) los derechos que pueden ser limitados[71], en
cumplimiento de los fines de resocialización de la pena o para el mantenimiento
del orden, la seguridad y la convivencia dentro del establecimiento de
reclusión, como, por ejemplo, los derechos a la intimidad personal y familiar,
al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, al trabajo,
a la educación, de reunión, de asociación, etc.[72]; y (iii)
los derechos que están suspendidos, debido a que son connaturales a la
misma privación de la libertad, como ocurre con los derechos a la libertad, a
la libre locomoción, a la libertad de escoger oficio o los derechos políticos[73]. Así las
cosas, el Estado debe garantizar, plenamente, los derechos que no han sido
suspendidos y, parcialmente, aquellos que han sido restringidos.
94.
De
manera correlativa, las personas privadas de la libertad están sujetas a un
régimen jurídico especial, que implica el cumplimiento de normas
administrativas y disciplinarias, dirigidas a mantener el orden y seguridad de
los establecimientos de reclusión, al igual que hacer efectiva la ejecución de
la medida o pena privativa de la libertad. El Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993,
modificada por la ley 1709 de 2014) señala que el interno debe obedecer “las reglas particulares y a las
de su clasificación, además de aquellas que rigen uniformemente a la totalidad”[74], al igual
que las órdenes dictadas por “los funcionarios o agentes de la autoridad (…)
para el cumplimiento de las normas”[75].
En caso de desconocer las reglas y normas de convivencia, podría verse expuesto
a las sanciones disciplinarias previstas por esta normativa, así como en los
reglamentos general (dictado por el INPEC) e interno (expedido por cada
establecimiento de reclusión)[76].
95.
Por su parte, la
Resolución 006349 de 2016, “[p]or la cual se expide el Reglamento General de
los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional-ERON a cargo del INPEC”[77], prevé
algunos de los deberes que deben cumplir las personas privadas de la libertad,
así:
(i)
Cumplir con los
horarios de cierre y recogida de las celdas y dormitorios, al igual que con
aquellos que regulan las diferentes actividades desarrolladas por la
institución.
(ii)
Realizar, por
turno, la limpieza del establecimiento.
(iii)      Portar y utilizar los elementos
permitidos dentro del establecimiento.
(iv)       Respetar el horario, modalidades,
condiciones y duración de las comunicaciones externas autorizadas.
(v)
Cumplir con los
requisitos previstos para obtener los permisos de visita.
(vi)       Bañarse y afeitarse diariamente. Tampoco
está permitido el uso de barba y el cabello largo, excepto en los casos que
sean necesarios para garantizar los derechos de las personas LGBTI.
(vii)    Permitir la práctica de requisas
rutinarias o sorpresivas.
96.
Los derechos y
deberes de las personas privadas de la libertad se pueden resumir de la
siguiente manera:
Relaciones entre los Establecimientos de Reclusión y la población
privada de la libertad LGBTI
INTERNOS
Derechos
Deberes
Los que se mantienen incólumes, como los derechos a la vida, a la
integridad personal o a la salud.
Aquellos restringibles parcialmente, como los derechos al libre desarrollo
de la personalidad o a la intimidad.
Los que están restringidos.
Cumplir las normas administrativas y disciplinarias,
previstas en la ley y los reglamentos.
97.
De manera correlativa,
el ordenamiento jurídico prevé funciones específicas para las autoridades que
intervienen en la dirección y administración del sistema penitenciario y
carcelario del país. A continuación, la Sala de Revisión se concentrará en la
regulación administrativa de dichas competencias, funciones y deberes, pero solo
en relación con las entidades aquí accionadas y respecto de la protección
interna LGBTI.
98.
Primero, en relación
con el Ministerio del Interior, los Decretos 2893 de 2011, 2340 y 1066, ambos
de 2015, y 410 de 2018 definen sus objetivos y estructura orgánica. En estas
normativas se disponen las siguientes funciones:
(i)
Formular,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y
proyectos para la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, el
derecho internacional humanitario, la población LGBTI, entre otros temas, en
coordinación con las demás entidades del Estado competentes.
(ii)
Formular y hacer
seguimiento a la política de atención a la población Lesbiana, Gay, Bisexual,
Transexual e Intersexual (LGBTI), para la materialización de sus derechos, con
un enfoque integral, diferencial y social, en coordinación con las demás
entidades competentes del Estado.
(iii)      Participar en la formulación, ejecución y
seguimiento de acciones de no discriminación e inclusión social de la población
LGTBI.
(iv)       Coordinar, promover y participar en el
conocimiento y la difusión de los derechos de la población LGBTI.
(v)
Promover la
cultura ciudadana tendiente a la creación de "entornos libres de
discriminación" en todas las sedes de entidades estatales del orden
nacional y territorial, y establecimientos de comercio o de otra naturaleza
abiertos al público.
(vi)       Adelantar los estudios y las
investigaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que
contribuyan al diagnóstico y la elaboración de las políticas y propuestas
tendientes a garantizar la vigencia de los mismos.
(vii)    Prestar asesoría a las gobernaciones y
alcaldías municipales para la debida atención a la población LGBTI.
(viii)  Diseñar y ejecutar los programas de
asistencia técnica, social y de apoyo para población lesbiana, gay, bisexual,
transexual e intersexual, para el ejercicio de sus libertades y derechos y
promover acciones con enfoque diferencial, orientadas a atender la población.
(ix)       Coordinar con las instituciones
gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas
públicas dirigidas a la población LGBTI y el ejercicio de sus libertades y
derechos.
99.
Segundo, en relación
con el Ministerio de Justicia y del Derecho, se expidió el Decreto 1069 de 2015
“[p]or medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho” y, posteriormente, el Decreto 1427 de 2017
“[p]or el cual se modifica la estructura
orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de
Justicia y del Derecho”.
Las funciones asignadas a
esta entidad son las siguientes:
(i)
Formular,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública sobre asuntos
carcelarios y penitenciarios.
(ii)
Proponer los
lineamientos para la formulación de las políticas e iniciativas del Estado, con
enfoque diferencial y especializado, en materia criminal y penitenciaria.
(iii)      Promover y/o adelantar la revisión de las
condiciones de reclusión y de resocialización del sistema penitenciario y de
los centros de privación de la libertad de los adolescentes.
(iv)       Promover y adelantar los estudios que
sirvan para identificar estrategias para mejorar las condiciones de
habitabilidad de la población privada de la libertad y propender por el
cumplimiento del fin resocializador de la pena.
(v)
Realizar visitas
técnicas de seguimiento y comisiones de verificación a los establecimientos
penitenciarios, en virtud de fallos de tutela, órdenes constitucionales, plan
interno de seguimiento de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, o
a petición de diferentes autoridades o entidades.
(vi)       Formular los lineamientos para mejorar la
situación de derechos en los establecimientos carcelarios, a partir de los
insumos recogidos en las visitas de seguimiento o extractados de los diferentes
estudios desarrollados.
(vii)    Asesorar y apoyar técnicamente el
desarrollo de la Comisión de Seguimiento al Sistema Penitenciario y Carcelario.
(viii)  Asesorar a otras entidades del orden
nacional y territorial sobre asuntos penitenciarios.
(ix)       Modificar y actualizar los programas de
educación para el personal del INPEC.
(x)
Con ocasión de
las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, llevar a cabo un proceso de formación continuo sobre derechos humanos
de las personas LGBTI en prisión. Este programa está dirigido a los directivos
del INPEC, al personal de cuerpo de custodia y vigilancia, al personal
administrativo y a las personas privadas de la libertad.
100.      Tercero, en relación con el INPEC, el
Decreto 4151 de 2011 modificó su estructura y señaló las siguientes funciones:
(i)
Ejercer la
vigilancia, custodia, atención y tratamiento de las personas privadas de la
libertad, en el marco de la promoción, respeto y protección de los derechos
humanos.
(ii)
Coadyuvar en la
formulación de la política criminal, penitenciaria y carcelaria.
(iii)      Ejecutar la política penitenciaria y
carcelaria, en coordinación con las autoridades competentes, en el marco de los
derechos humanos, los principios del sistema progresivo y a los tratados y
pactos suscritos por Colombia en lo referente a la ejecución de la pena y la
privación de la libertad.
(iv)       Elaborar los estudios, proyectos e
investigaciones necesarios para la ejecución de la misión institucional y el
funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario.
(v)
Proponer las
políticas institucionales en materia de inducción, formación, capacitación y
actualización del personal de atención integral y tratamiento, y de custodia y
vigilancia.
(vi)       Establecer las directrices para la
atención de la población privada de la libertad pertenecientes a grupos
minoritarios, por presentar condiciones de riesgo de exclusión social.
(vii)    Prestar los servicios de atención
integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario a la población privada de
la libertad.
(viii)  Asesorar a las entidades territoriales en
materia de gestión penitenciaria y carcelaria, en lo de su competencia.
(ix)       Expedir el reglamento general y aprobar
los reglamentos internos a los cuales se sujetarán los diferentes
establecimientos de reclusión.
(x)
Realizar el
diagnóstico de las condiciones de los establecimientos de reclusión y de la
población privada de la libertad para la definición de proyectos y programas de
atención básica de la población sindicada privada de la libertad y tratamiento
penitenciario de la población condenada privada de la libertad, así como para
el mejoramiento de su calidad de vida.
(xi)       Desarrollar los programas académicos para
la formación, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento del personal de
atención y tratamiento, y de custodia y vigilancia.
101.       Cuarto, respecto del establecimiento de
reclusión, esta institución informó que su reglamento interno aún se encuentra
en proceso de revisión, toda vez que debió ser ajustado a las normas y
directrices contenidas en la Resolución 006349 de 2016[78]. Por esta
razón, se ha aplicado directamente este acto administrativo, para asegurar el
adecuado funcionamiento de la institución.
102.      Es importante destacar que, con ocasión
del caso de Martha Lucía Álvarez y del posterior Acuerdo de Cumplimiento
celebrado por el Estado Colombiano (pár. 102), una de las medidas de no
repetición pactadas por las partes consistió en la modificación del reglamento
general penitenciario, así como de los reglamentos internos de los
establecimientos de reclusión del país. En consecuencia, se dispuso la creación
de una mesa de trabajo para el seguimiento de esta orden, conformada por el
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Procuraduría General de la Nación, el
INPEC, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior y la organización
Colombia Diversa. Esta comisión “se ocupará de revisar la conformidad de los
reglamentos internos (…) con el Reglamento General de los Establecimientos de Reclusión
del Orden Nacional-ERON, con relación a las garantías de derechos para las
personas LGBT en reclusión y existirá hasta que sean aprobados los 135
Reglamentos Internos”. Como resultado de esta actividad, se expidió la
Resolución 006349 de 19 de diciembre de 2016.
103.      Así, con fundamento en el Decreto 4151 de
2011 y en la anterior Resolución, los establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país tienen asignadas las siguientes funciones:
(i)
Ejecutar las
medidas de custodia y vigilancia a las personas privadas de la libertad al
interior de los establecimientos de reclusión velando por su integridad,
seguridad, el respeto de sus derechos y el cumplimiento de las medidas
impuestas por autoridad judicial.
(ii)
Ejecutar los
proyectos y programas de atención integral, rehabilitación y tratamiento
penitenciario, procurando la protección a la dignidad humana, las garantías
constitucionales y los derechos humanos de la población privada de la libertad.
(iii)      Brindar a la población privada de la
libertad la información apropiada sobre el régimen del establecimiento de
reclusión, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias, y los
procedimientos para formular peticiones y quejas.
(iv)       Conservar el orden penitenciario y
carcelario dentro del establecimiento de reclusión.
(v)
No utilizar los
criterios de orientación sexual, identidad o la expresión de género como estándares
de categorización, exclusión, estigmatización o para la imposición de una
sanción disciplinaria. En concreto, a) no se podrá clasificar a los
internos, dentro del establecimiento de reclusión, con base en las anteriores
razones. De todas maneras, se podrá concertar la creación de espacios
especiales y exclusivos, destinados a la protección de la población LGBTI, que
en ningún caso podrán derivar en su segregación o exclusión; de igual forma, b)
no podrá excluirse a ningún interno de un programa de trabajo, estudio o
enseñanza; c) no se podrá “considerar como conducta sancionable las
manifestaciones de afecto, ni su apariencia física o cualquier manifestación
corporal de su orientación sexual, o expresión o identidad de género”; d)
no se podrá disponer el traslado de celda, patio o establecimiento de
reclusión o adoptar una medida de prevención; o, e) no se podrá negar la
visita íntima[79].
(vi)       Permitir ciertas manifestaciones o
conductas, cuando constituyan una expresión de la identidad personal. Así, se
permite el ingreso y tenencia de objetos, tales como pelucas, esmalte o
maquillaje o se admite el uso de pelo largo.
(vii)    Implementar un protocolo de
confidencialidad para el tratamiento de la información de la cartilla
biográfica, en particular, los datos relacionados sobre la orientación sexual,
la expresión e identidad de género o estado de salud del interno.
(viii)  Practicar las requisas dentro de un marco
de respeto a la dignidad humana, a la integridad física y con un enfoque
diferencial. Estas se realizarán por una persona del mismo género con el que se
identifique a la persona a quien se le hace el registro.
(ix)       Tener en cuenta ciertas condiciones
particulares de los internos en el examen médico de ingreso, con el propósito
de garantizar, por ejemplo, la continuidad de los tratamientos hormonales.
(x)
Cuando exista una
queja, reclamo o denuncia[80]
por actos de discriminación en razón de la orientación sexual, identidad de
género, violencia sexual o violación al derecho a la visita íntima de una
persona privada de la libertad LGBTI, se pondrán estos hechos en conocimiento
del área de atención al ciudadano o del director del establecimiento. Esto, con
el propósito de que se adopten las medidas necesarias para que cese la amenaza
o la vulneración. Además, se remitirá la denuncia a la Procuraduría General de
la Nación o a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda, sin
perjuicio de las investigaciones internas. Y, cuando se esté frente a la
presunta comisión de una conducta punible, los funcionarios del cuerpo de
vigilancia y custodia que cumplan funciones de policía judicial podrán recibir
la denuncia y desarrollar los actos urgentes, para asegurar los primeros
elementos materiales probatorios.
104.      Las anteriores son las funciones que
tienen las entidades demandadas en relación con la población interna y,
específicamente, con la población LGBTI que permanece en establecimientos de
reclusión.
6. Caso concreto
105.      Yerson Smith Soto Arroyo interpuso acción de tutela en contra del
Ministerio del Interior, con el propósito de solicitar la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y
a la intimidad. El actor refirió varios actos de discriminación cometidos por
otros internos en su contra (párr. 5 y siguientes), y, por ello, formuló las siguientes pretensiones: (i)
ordenar al Ministerio del Interior, “enviar la abogada representante de la
comunidad LGTBI una visita urgente para capacitar sensibilizar a la guardia al
director y a los internos de la E.P.C Guamo”[81] y, (ii)
construir “un mural sobre la no discriminación, porque al verlo todos los
días no van a volver a cometerlo porque ya saben que es un delito da mas (sic)
cárcel”[82].
Además, agregó que “su
compañero de la comunidad LGTBI el 06 de julio envió un derecho de petición
art. 23 al Ministerio del Interior Bogotá (…) porq’ (sic) vio la discriminación
q’ (sic) vivimos en la cárcel del Guamo Tolima él ha estado en 6 cárceles y
dice q’ (sic) esta es la peor la única que lo descriminan (sic) a uno”[83].
106.      El a quo vinculó a este trámite al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Guamo, al Área de Tratamiento de
esta misma institución, a la Defensoría del Pueblo - Regional Tolima, a la
Personería Municipal del Guamo, al INPEC y a la Procuraduría General de la
Nación, Regional Tolima (párr. 10). Y, en sede de revisión, se dispuso
la vinculación del Ministerio de Justicia y del Derecho (párr. 32). Sin
embargo, la Sala estima que el requisito de legitimación por pasiva solo se cumple
respecto del establecimiento
de reclusión, de los Ministerios del Interior y de Justicia, así como del INPEC
(párr. 65 y 66).
107.      Por su parte, el establecimiento de
reclusión accionado manifestó que, de manera oportuna, ha escuchado y atendido
las peticiones y reclamos de la población privada de la libertad LGBTI que, en
el último censo carcelario, estaba conformada por tres internos, incluido el
accionante y un interno que estaba de tránsito en la institución. En relación
con los actos de discriminación narrados por el actor, señaló que la
institución adelantó la respectiva investigación disciplinaria, la cual
concluyó con una sanción impuesta a dos internos. Igualmente, ha adelantado
todas las actuaciones legales y disciplinarias dirigidas a proteger los
derechos fundamentales del interno Soto Arroyo. Finalmente, señaló que, en los
últimos años, el establecimiento ha promovido espacios de integración y
reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI.
108.      Igualmente, el Ministerio del Interior
señaló que no tuvo injerencia en los hechos que originaron la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados. Al respecto, precisó que a
esta entidad le corresponde dirigir, coordinar y ejecutar planes, programas y
proyectos en materia de derechos humanos. Por ello, durante los años 2011 a
2017, se han desarrollado diversas jornadas de capacitación y sensibilización
en los establecimientos de reclusión del país, así como que, a partir de 2017, se
ha concentrado en la reforma del reglamento general del INPEC, en la
actualización de los reglamentos internos de cada institución penitenciaria y
carcelaria, y, por último, en el seguimiento de casos individuales mediante la
Secretaría Técnica de la Mesa de Casos Urgentes.
109.      Por su parte, el Ministerio de Justicia y
del Derecho indicó que no tuvo conocimiento de los actos de discriminación
cometidos en contra del actor. Además, señaló que, en desarrollo de sus funciones,
ha realizado actividades de sensibilización y capacitación respecto de los
derechos de la población LGBTI en 6 establecimientos de reclusión del país,
como parte de una prueba piloto. En la actualidad, planea continuar con este
proceso de formación en otras instituciones y emplear los resultados obtenidos
para actualizar los programas de educación existentes.  Por último, el INPEC
manifestó que no tiene ninguna competencia funcional para intervenir en este
asunto.
6.1 Cuestión previa
110.      Inicialmente, la Sala advierte que la
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad
y a la intimidad alegada por
el accionante, no devino como consecuencia de las actuaciones u omisiones de las
entidades accionadas, entiéndase, del establecimiento de reclusión, de los
Ministerios del Interior y de Justicia, así como del INPEC. En efecto, de las
pruebas recaudadas dentro de este trámite, así como de las manifestaciones
realizadas por el señor Soto Arroyo, se advierte que (i) los
actos de discriminación fueron cometidos por otros internos en su contra, y que
(ii) las anteriores entidades han cumplido de manera adecuada con las funciones
que, constitucional y legalmente, se les ha asignado en relación con la
protección de los derechos fundamentales de las personas con orientación u
opción sexual diversa, en el contexto del tratamiento penitenciario y
carcelario. Así lo reconoció expresamente el accionante en relación con el
establecimiento penitenciario, quien, por lo demás, no aludió a ningún acto de
discriminación cometido por los funcionarios del establecimiento de reclusión o
una violación concreta por parte de los funcionarios de las restantes entidades
accionadas (pár. 7).
111.      En relación con el primer aspecto, los
hechos narrados por el actor aluden a varios actos de discriminación padecidos
durante el año 2017 y que fueron cometidos por otros internos. En su solicitud
de tutela, Yerson Soto relató dos sucesos, así: (i) el 10 de marzo[84], uno de
sus compañeros le prendió fuego a la cortina de la ducha, mientras tomaba su
baño diario, y (ii) el 15 de julio, varios internos lo agredieron
verbalmente y golpearon la puerta de su celda, durante su visita íntima. Posteriormente,
en el oficio de 1 de marzo de 2018 remitido por el establecimiento de reclusión,
se informó (iii) de un nuevo suceso de violencia verbal y física,
cometido por otro interno en contra del actor, ocurrido el 25 de julio de 2017.
112.      Esta Sala procederá a analizar cada acto
de discriminación relatado por el actor y las acciones concretas desarrolladas
por el establecimiento de reclusión, en observancia de las funciones que le han
sido asignadas por el ordenamiento jurídico, para así determinar si existe la
vulneración de derechos fundamentales alegada por el actor y si las entidades
demandadas han incumplido sus deberes constitucionales y legales en relación
con la población LGBTI reclusa.
Primer acto de discriminación
113.      En relación con el suceso ocurrido el 10
de marzo de 2017 durante el momento del baño matutino, la Sala verifica que la
Unidad de Policía Judicial del establecimiento de reclusión procedió a revisar
los videos de seguridad de ese día, con el propósito de identificar al presunto
autor de este comportamiento. Esta actividad permitió la individualización del
interno William Gabriel Medina Ocampo, quien fue citado para ser interrogado
por estos hechos, darle a conocer la falta que había incurrido y adoptar las
respectivas medidas para conjurar esta situación.
114.      Posteriormente, el 16 de marzo de 2017,
los internos Soto Arroyo y Medina Ocampo celebraron una audiencia de
conciliación, con la participación del Director del establecimiento de
reclusión y del Comandante de Vigilancia. En esta diligencia, el señor William
Medina reconoció su responsabilidad por estos hechos y manifestó que los había
cometido debido a los comportamientos inadecuados del compañero Soto, junto con
su pareja, durante los días de visita familiar. Finalmente, se llegó a un acuerdo
entre las partes, por lo que el interno Medina se comprometió “a no volver a
cometer ningún acto que atente contra la vida y la dignidad humana del interno
Soto Arroyo Yerson Smith”, y, a su vez, el actor manifestó estar conforme
con las manifestaciones de su compañero y aceptó dicha fórmula de arreglo. El
desarrollo de esta actuación consta en el Acta No 001 de 16 de marzo de 2017,
suscrita por el Dragoneante Alfonso Legro Olmos y los dos internos[85].
Segundo acto de discriminación
115.      El 15 de julio de 2017, el Dragoneante
Nelson Galvis Sossa informó al Director del establecimiento de reclusión que, durante
la visita íntima del interno Yerson Soto[86],
los internos Alexander Díaz Acevedo y William Medina Ocampo lo agredieron
verbalmente y lanzaron golpes a la puerta de la celda. Además, “amenazaron
con atentar contra la integridad física de los integrantes de la comunidad
LGTBI en general, palabras textuales (van a sobrar por la tarde las locas esas)”.
Estos hechos inicialmente fueron puestos en conocimiento del Director
encargado, Inspector Carlos Torres Fajardo, “quien hizo presencia (sic) y
quedando al tanto de la actuación dialogó con las partes antes mencionadas”[87] y los
conminó a cesar los actos discriminatorios, según informó el propio accionante.
Posteriormente, el 17 de julio de 2017[88],
el Director del Establecimiento, junto con el Comandante de Vigilancia y el
funcionario del área de tratamiento y desarrollo, realizaron una reunión con
los integrantes de la comunidad LGBTI de la institución, incluido Yerson Soto.
En esta oportunidad, se escucharon sus “solicitudes y requerimientos” y
se realizó “sensibilización con el fin de evitar hechos que alteren el orden
y la disciplina dentro del EPC Guamo y preservar la seguridad y tranquilidad
dentro del mismo”.
116.      Ese mismo día, el Director del
establecimiento de reclusión dispuso la apertura formal de una investigación
disciplinaria (Rad. 06-2017) en contra de los dos internos mencionados
anteriormente[89].
Los hechos fueron tipificados como faltas graves, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 121, numerales 16[90]
y 24[91],
del Código Penitenciario y Carcelario. Posteriormente, el 9 de agosto de 2017,
un funcionario de la dependencia de investigaciones internas del
establecimiento recibió las declaraciones juramentadas de Yerson Soto[92] y de
Edinson Cortés García[93],
víctima y testigo de estos comportamientos. De igual forma, el 23 de agosto de
2017, el mismo agente de la institución escuchó en diligencia de descargos a
Edwin Alexander Díaz Acevedo[94]
y a William Gabriel Medina[95].
117.      Finalmente, mediante la Resolución No 190
de 26 de septiembre de 2017[96],
el Consejo de Disciplina del establecimiento de reclusión sancionó a los
internos Díaz y Medina con la pérdida de redención de pena por 60 días, por
dichos actos de discriminación. Esta decisión fue notificada de manera personal,
respectivamente, el 3[97]
y 20[98]
de octubre de 2017 a los internos responsables disciplinariamente y, al no
haber interpuesto recurso en su contra, cobró ejecutoria. De acuerdo a lo
informado por esta misma institución mediante oficio de 1 de marzo de 2018,
esta sanción “en la actualidad se encuentra cumplida”[99].
Tercer acto de discriminación
118.      Estos hechos fueron posteriores a la
presentación de la solicitud de tutela y se tiene conocimiento de ellos, debido
a la información proporcionada por el establecimiento de reclusión mediante el oficio
de 1 de marzo de 2018.
119.      En el Oficio de 25 de julio de 2017[100], remitido
por uno de los dragoneantes al Director del establecimiento, así como en el
registro realizado en el libro de anotaciones, se informó acerca de una discusión
presentada ese día entre los internos Yerson Soto y José Antonio Ramírez Marín.
Con el propósito de solucionar este incidente y amparar los derechos del
primero, se escuchó a las personas involucradas en el mismo y se les prestó
atención y asesoría integral, para así determinar lo realmente sucedido, su naturaleza
y las medidas legales, administrativas o disciplinarias que podrían aplicarse. Al
respecto, el señor Soto manifestó que ese mismo día su compañero Ramírez lo
agredió físicamente y lo amenazó. Por ello, indicó que era su deseo formular
denuncia penal en su contra.
120.      Debido al relato anterior, el
establecimiento carcelario activó los canales institucionales previstos por la
ley y la administración para atender este tipo de casos. Así, el 27 de julio de
2017, el funcionario Alfonso Legro Olmos, quien cumple funciones de policía
judicial en el establecimiento de reclusión, recibió la denuncia penal
formulada por el señor Yerson Soto en contra del interno José Antonio Ramírez.
Posteriormente, el mismo funcionario diligenció el mismo formato único de noticia
criminal, con base en la narración fáctica realizada por el accionante.
Finalmente, dicho formato fue remitido a la Fiscalía General de la Nación, con
el fin de que se adelantara la respectiva investigación por estos
comportamientos. Dicho proceso penal actualmente está en curso, según informó
el establecimiento carcelario.
121.      En tales términos, la Sala advierte que
el establecimiento de reclusión ha cumplido con sus obligaciones frente a actos
de discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género o
cuando los hechos puedan revestir las características de una conducta punible y
ha adoptado las respectivas medidas de protección a favor del accionante.
122.      Así, en relación con el primer suceso,
adelantó varias actividades de indagación dirigidas a identificar al presunto
responsable y, una vez fue individualizado, solicitó sus explicaciones en torno
de estos comportamientos. Adicionalmente, ante la respuesta otorgada por cada
uno de los internos, consideró pertinente explorar una fórmula de arreglo entre
las partes, que garantizara en debida forma los derechos de la víctima. Por
ello, ante el consentimiento manifestado por ambas partes de celebrar un
acuerdo conciliatorio, se definieron los específicos compromisos de respeto a
favor del accionante.
123.      Respecto del segundo acontecimiento, a
título de medida de protección y, en cumplimiento de sus deberes legales, el
establecimiento de reclusión consideró que existía mérito para iniciar una
investigación disciplinaria en contra de los dos presuntos autores de los
comportamientos objeto de la queja. Además, una vez practicó las diligencias
testimoniales y de descargo, adoptó una decisión de fondo, en la que dio por
demostrada la materialidad de las faltas imputadas, así como la responsabilidad
de los dos internos que cometieron estas conductas. Finalmente, la sanción
disciplinaria se ejecutó en su integridad.
124.
Debe tenerse en
cuenta que, conforme lo relató el accionante en su declaración rendida el 9 de agosto
de 2017, dentro de la investigación disciplinaria No 06-2017, la dirección del
establecimiento atendió esta situación de manera eficaz e inmediata. Así lo
expresó Yerson Soto: “como a las 10:45 le dijimos al Comandante Sánchez
Gustavo que nos abrieran que ya íbamos a salir y cuando salimos estaba el
Inspector TORRES FAJARDO CARLOS hablando con pichi y Kiko y demás personas que
no estaban contentos con lo que hicieron ellos por esa actitud que tomaron eso
es una actitud discriminatoria y luego de eso no hemos tenido más problemas con
nadie no se porque (sic) lo hicieron (…)”[101]. De
hecho, refiriéndose a dicho episodio, el mismo accionante señaló que “no lo
veo desde una amenaza o agresión ni mucho menos discriminación eso es normal y
pues las disculpas y que los perdonáramos ya eso es cuento viejo y gracias a la
Dirección y Comando de Vigilancia del establecimiento por prestarnos atención a
nuestras solicitudes”[102].
125.      Así las cosas, el establecimiento cumplió
con lo previsto en el Artículo 142 de la Resolución 006349 de 2016, al adoptar
las medidas de urgencia necesarias (reunión y jornadas de sensibilización y
autoreconocimiento) para evitar que continuara la amenaza o la vulneración de
los derechos fundamentales del interno Soto Arroyo, al igual que adelantar la
respectiva investigación interna.
126.      Y, en relación con el tercer acto de
discriminación, la Unidad de policía judicial del establecimiento de reclusión,
al considerar que se podía estar frente a la comisión de un delito, dispuso lo
necesario para que el accionante formulara la respectiva denuncia penal, con el
fin de que se adelantara la investigación penal por estos hechos, a cargo de
las autoridades competentes. En consecuencia, también se cumplió con lo
dispuesto en el artículo 142 de la misma resolución, toda vez que el
establecimiento desarrolló los actos urgentes que se consideraron necesarios y
se remitió las diligencias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
que se adelantara la respectiva investigación penal por estos hechos.
127.
Adicionalmente, el
establecimiento ha desarrollado encuentros con la población LBGTI, con el fin
de escucharlos, atender sus requerimientos y proponer alternativas para la
adopción de medidas de protección en su favor, como el llevado a cabo el 17 de
julio de 2017. Lo anterior también se
evidencia con las Actas No 184 y 218 de 17 de julio y 10 de agosto de 2017,
respectivamente, las cuales también están suscritas por Yerson Soto.
128.
En la primera de ellas, se
registró la reunión realizada dos días después del segundo acto anteriormente
relatado, entre el Director del Establecimiento y otros funcionarios de la
institución con los integrantes de la comunidad LGBTI, la cual tiene por objeto
“atender solicitudes y requerimientos (…) en las cuales se registra
solicitud de capacitación de las demás personas privadas de la libertad dentro
del Establecimiento en temas concernientes a Derechos Humanos de las personas
integrantes de la comunidad LGBTI, así mismo el respeto por los demás derechos
de las personas que no pertenecen a esta comunidad”[103].
Al respecto, la dirección del establecimiento informó la adopción de las
siguientes medidas, para conjurar dicha situación: (i) “se realizó
apertura de investigaciones disciplinarias por los hechos ocurridos en días
anteriores según solicitud allegada por los señores privados de la libertad
Guarnizo Guarnizo Gustavo, Soto Arroyo Yerson y Caicedo Carrillo Diego e
informe de novedad presentado por el señor Dragoneante Galvis Sossa Nelson”[104];
(ii) “se les informa por parte del Comando de Vigilancia del
establecimiento que se encuentra en estudio plan de mejora para la toma de su
visita íntima”[105];
(iii) “[s]e realiza sensibilización con el fin de evitar hechos que
alteren el orden y la disciplina dentro del EPC Guamo y preservar la seguridad
y tranquilidad dentro del mismo; siendo estos hechos el respeto mutuo y
garantía de los derechos a las personas privadas de la libertad dentro del
establecimiento sin discriminación alguna por razones sexuales y demás”[106].
129.
Por su parte, en el Acta No 218 se
plasmó el desarrollo de una jornada de autoreconocimiento, la cual tuvo como
propósito “identificar las principales necesidades de la población interna
que (…) se autoreconocen dentro de los sectores LGBTI, con el fin de generar
acciones encaminadas al fortalecimiento de la política institucional en materia
de respeto, promoción, protección y defensa de los derechos humanos”. En
consecuencia, se adquirió el compromiso de “[d]esarrollar jornadas, con la
comunidad LGBTI, que garantice la dignidad humana y la protección de los
derechos de la población privada de la libertad, que se autoreconocen dentro
del sector LGBTI en el ERON”.
130.      Asimismo, la Sala constata que dicho
establecimiento ha implementado “espacios de integración y reconocimiento de
sus derechos como lo son la celebración del Orgullo Gay registrada en el Acta
del 29/06/2017”. En desarrollo de dichas campañas y jornadas, Yerson Soto
manifestó explícitamente que no ha sido agredido ni se le ha faltado al respeto
en el establecimiento, que conoce cuáles son sus derechos como “participante
del gremio LGBTI” y que ha “recibido mucho el apoyo por parte del grupo
INPEC, tanto como el director, tanto como el grupo de trabajo de ustedes,
porque me han colaborado bastante con mis presentaciones, mis fonomímicas y
parte de danzas, las cuales me han podido permitir presentarle a las visitas,
como tanto en las fiestas de la Virgen de las Mercedes y otras ocasiones más
que se nos ha podido presentar la ocasión de poder presentar (…) [y]
gracias a Dios he podido permanecer mi imagen porque es la que siempre he
tratado de manejar y permanecer casi prácticamente las 24 horas, se puede
decir, y he tenido el ingreso tanto como mis útiles de aseo como mis prendas de
vestir sin ningún inconveniente el ingreso”.
131.      Como se advierte, en el expediente obra
abundante prueba de las numerosas actividades de capacitación y
sensibilización, dirigidas a los internos y a los funcionarios de todo nivel de
la institución, con el propósito de brindar las herramientas necesarias que
permitan crear un espacio de respeto y tolerancia para las personas con
orientación sexual o identidad de género diversa (ver párr. 164). Estas
jornadas han sido realizadas de manera previa, concomitante y posterior a los
actos de discriminación referidos por el actor e, incluso, son distintas de
aquella ordenada por el a quo dentro de este trámite. Así las cosas, los
derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad
del actor se han protegido de manera suficiente por el establecimiento de reclusión,
por lo que no se constata su vulneración o amenaza.
132.      En efecto, el establecimiento de
reclusión ha adoptado las medidas a su cargo para (i) precaver nuevos
actos de discriminación, (ii) garantizar los derechos fundamentales de
la población LGBTI, en cuanto a las manifestaciones propias de su identidad
sexual, y (iii) hacer cesar cualquier amenaza o vulneración de sus
libertades fundamentales. En concreto, estas medidas han consistido en (i)
campañas de integración y auto reconocimiento, dirigidas a toda la población
carcelaria; (ii) medidas de prevención, que han permitido abrir espacios
de diálogo entre los distintos actores, para escuchar las inconformidades que
tienen acerca de temas de convivencia y sus posibles soluciones; (iii)
medidas disciplinarias, así como el desarrollo de actos urgentes, en el
ejercicio de funciones de policía judicial; y (iv) medidas de
asistencia, al propiciar y facilitar la denuncia del actor por actos
discriminatorios cometidos en contra de la población LGBTI ante las autoridades
competentes.
133.      En relación con las restantes entidades,
se advierte lo siguiente. En relación con el Ministerio del Interior, la Sala
constata que esta entidad (i) ha brindado asistencia técnica al INPEC en
materia de implementación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades
de género diversas; (ii) ha implementado estrategias de formación; y (iii)
ha desarrollado tareas de  asesoría en el proceso de adecuación normativa y
seguimiento a casos sobre violaciones a derechos humanos[107]. Así, en
desarrollo de esta política pública, entre los años 2011 a 2016, adelantó, en
total, 142 jornadas de capacitación y sensibilización, a más de 50
establecimientos carcelarios de todo el país[108].
134.      Además, con ocasión de las
recomendaciones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en el Informe de Fondo 3/14, se convino que el Estado, por medio del Ministerio
de Justicia, llevaría a cabo un “programa de formación continuo sobre
derechos humanos de las personas LGBTI en prisión”. Por tal razón, las
actividades de asistencia técnica desarrolladas por el Ministerio del Interior
se han enfocado, además, en las siguientes líneas de trabajo: (i)
reforma del reglamento general del INPEC; (ii) actualización de los
reglamentos internos de trabajo de cada establecimiento de reclusión del país;
(iii) impresión y divulgación del diario de Martha Álvarez; y, (iv)
seguimiento a casos individuales mediante la Secretaría Técnica de la Mesa de
Casos Urgentes.
135.      En relación con este caso concreto, la
Sala advierte que el Ministerio del Interior (i) no había tenido
conocimiento de los hechos narrados por el accionante, al no existir ningún
derecho de petición o escrito que así lo informara; (ii) le solicitó al
INPEC que indagara acerca de lo sucedido en este caso y le remitiera “un
reporte de las actuaciones adelantadas para la investigación disciplinaria de
los hechos” [109],
y (iii) le solicitó “a la secretaría técnica de la Mesa de
Seguimiento la priorización del reglamento del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario el Guamo, Tolima, para su revisión y aprobación”[110].
136.      En relación con el Ministerio de Justicia,
la Sala advierte que, pese a que se le asignaron competencias en esta materia
solo hasta el año 2017, esta entidad ha desarrollado pruebas pilotos en los
establecimientos carcelarios para la implementación del referido programa de
formación continua en derechos humanos. Adicionalmente, esta entidad también apoyó
la actualización del reglamento general de los establecimientos de reclusión del
país, en el que se reconocen las características particulares de los distintos
grupos que conforman la población carcelaria del país. Así mismo, ha
desarrollado varias actividades dirigidas a fortalecer la política
penitenciaria del país, especialmente en lo que se refiere a la adopción de un
enfoque diferencial en el cumplimiento de las funciones de la pena y a las
actividades de resocialización de la persona privada de la libertad a la vida
en sociedad, en particular de la población LGBTI.
137.      Finalmente, en atención a las directrices
y recomendaciones impartidas en materia de identidad y opción sexual diversa,
el INPEC expidió la Resolución 006349 de 2016, que debe ser aplicada por todos
los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En particular, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 8 del Decreto 4151 de 2011, a la Dirección
General del INPEC le corresponde “[d]efinir, establecer y hacer seguimiento
a las políticas institucionales sobre respeto de los derechos humanos de las
personas privadas de la libertad, sus familiares y visitantes, así como de los
servidores del Instituto (…) [y] [c]oordinar la ejecución de las
políticas encaminadas al respeto de la dignidad humana brindando las garantías
constitucionales y de los derechos humanos universalmente reconocidos”. En
cumplimiento de estas disposiciones, esta institución, junto con los
Ministerios del Interior y de Justicia, hacen parte de la mesa de seguimiento
encargada de revisar los reglamentos internos de los distintos establecimientos
de reclusión del país.
138.      Habida consideración del anterior marco
normativo y de las pruebas allegadas al expediente, se constata que las
entidades accionadas y vinculadas han desarrollado varias actuaciones en esta
materia, dirigidas a fomentar el respeto y la salvaguarda de los derechos de la
comunidad LGBTI interna en los establecimientos de reclusión del país. Así
ocurre con los programas y proyectos desarrollados por estas entidades, los
cuales han debido priorizarse para determinados establecimientos de reclusión.
139.      Además, la Sala reitera que el
establecimiento penitenciario accionado: (i) ha autorizado en debida
forma la visita íntima del actor, que, por la infraestructura del
establecimiento, debe realizarse en los dormitorios de los internos, de
conformidad con lo previsto por la Resolución 006349 de 2016 (párr.103).
De todas maneras, como se indicó en el Acta No 184 de 2017, se encuentra en
estudio un “plan de mejora para la toma de su visita íntima”[111]; (ii)
en ningún caso se han restringido las manifestaciones propias de su identidad
personal; (iii) se han dispuesto varios canales de comunicación, con el
propósito de atender las inquietudes de la población LGBTI acerca de su
situación de reclusión y la adopción de sus medidas de protección; (iv)
se han adoptado medidas administrativas, penales y disciplinarias frente a las
denuncias y quejas presentadas por el señor Soto, respecto de los actos de
discriminación cometidos por otros internos en su contra; y (v) se han
desarrollado diversas campañas de sensibilización y capacitación, con los
internos y la guardia penitenciaria, acerca del tratamiento constitucional que
debe darse a las personas con orientación sexual diversa.
140.      En tales términos, la Sala advierte que
los actos de discriminación relatados por el accionante fueron cometidos por
otros internos, que no por el establecimiento de reclusión. Por el contrario,
esta Sala constata que, en el caso concreto, el establecimiento de reclusión ha
adoptado, en debida forma las medidas administrativas, disciplinarias, de
promoción y de protección, que corresponden en favor del accionante y de los
demás integrantes de la población interna LGBTI. Además, está acreditado que
las otras entidades vinculadas al presente trámite han dado cumplimiento a sus
deberes en relación con la promoción y protección de los derechos de esta
población y, en modo alguno, están vinculadas con la amenaza y vulneración de
los derechos del accionante. Bajo estas premisas, la Sala analizará las
solicitudes formuladas por el accionante.
6.2 Solicitud de capacitar a la guardia
penitenciaria y los internos
141.      El actor solicitó que se ordenara al
Ministerio del Interior “enviar la abogada representante de la comunidad
LGTBI [para que lleve a cabo] una visita urgente para capacitar
sensibilizar a la guardia al director y a los internos de la E.P.C Guamo”[112].
Frente a esta solicitud, la Sala encuentra que el establecimiento de reclusión
ha venido desarrollando este tipo de actividades y jornadas con la población
carcelaria y la guardia penitenciaria, no solo a propósito de la acción de
tutela promovida por el señor Soto, sino desde tiempo atrás, puesto que las
mismas hacen parte de la ejecución de la política institucional trazada por la Administración
para combatir la discriminación en contra de la población carcelaria
perteneciente a la comunidad LGTBI. Por lo tanto, esta Sala de Revisión no accederá a esta solicitud.
142.      Como se explicó en la sección 5,  el
establecimiento de reclusión funciones específicas respecto de la protección a
la población LGTBI privada de la libertad, dentro de las cuales se destacan las
de: (i) ejecutar la política penitenciaria y carcelaria y los proyectos
y programas encaminados a la protección de los derechos humanos de esta
población; (ii) proponer las políticas institucionales para la formación
y capacitación del personal de la institución y los internos, y (iii)
adoptar las medidas institucionales para prevenir y cesar la amenaza o
vulneración en caso de actos discriminatorios contra la población LGTBI. El
cumplimiento de estas funciones se enmarca en el deber permanente que tienen
las distintas entidades e instituciones del Estado, dentro de la órbita de sus
funciones y competencias, de adelantar políticas públicas tendientes a evitar y
eliminar los actos de discriminación en contra de los grupos tradicionalmente
marginados, como la población LGTBI.
143.      Sobre estos deberes, la Corte ha
sostenido que en atención al principio de igualdad material previsto en el
artículo 13 de la Constitución Política, le corresponde al Estado promover las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor
de grupos discriminados o marginados. Así, con la incorporación de este mandato en la
Constitución, las autoridades “tienen el deber de propender por la erradicación de
las desigualdades” y, en ese sentido, tienen “la obligación de diseñar y
ejecutar políticas públicas que permitan lograr una igualdad real y efectiva a
través de la implementación de medidas de carácter progresivo que no agraven la
situación de la población socialmente más vulnerable”[113].
En ese escenario, el papel del Legislador y la Administración es determinante[114],
puesto que, en ejercicio de la amplia libertad de configuración que le reconoce
la Constitución, tienen la potestad de definir y ejecutar las políticas
públicas dirigidas a avanzar en la erradicación de las desigualdades sociales
existentes a fin de lograr la igualdad real y efectiva de
que trata el artículo 13 de la Constitución.
144.      Así las cosas, al estudiar el
cumplimiento de los deberes de protección impuestos a las entidades accionadas
por el legislador y la administración para garantizar el ejercicio de los
derechos fundamentales del accionante y, en particular, de la población
carcelaria LGTBI interna en el establecimiento penitenciario demandado, la Sala
constata que el establecimiento de reclusión ha venido adelantando diversos planes
y programas de capacitación y promoción de los derechos humanos para la
población carcelaria LGTBI. Es más, dichos planes y programas han sido
reforzados mediante espacios institucionales de diálogo y socialización con
dicha población, de auto reconocimiento y sensibilización, así como
investigaciones y sanciones en contra de los internos que han cometido actos de
discriminación en contra de la población LGBTI y del actor, en particular.
145.      En efecto, esta Sala constata que se han desarrollado
8 jornadas, las cuales han tenido distintos objetivos específicos y con las
cuales se ha buscado, principalmente, visibilizar a esa comunidad y promover el
respeto de sus derechos fundamentales. Así se verifica en las actas remitidas
por el establecimiento de reclusión, que se detallan a continuación:
Acta
Actividad
Objetivo
Asistentes o quienes suscriben el acta
No 133 de 31 de mayo de 2016[115]
Jornada Informativa Población LGBTI
Socializar la Directiva Transitoria No 00010 de
2016, que contiene las recomendaciones del Informe de Fondo 3/14
Funcionarios del establecimiento y un interno DD HH
No 173 de 7 de julio de 2016[116]
Reconocimiento de la diversidad sexual
Socialización de un video sobre el reconocimiento de
la diversidad sexual
Funcionarios del establecimiento
No 231 de 30 de agosto de 2016[117]
Jornada de salud sexual y reproductiva. Población
LGBTI
Jornada de salud sexual, así como entrega de
preservativos y artículos de aseo
Coordinada por funcionarios del establecimiento y un
interno DD HH
18 de febrero de 2017[118]
Campaña el INPEC Unido por los derechos humanos con
énfasis en el respeto por la comunidad LGBTI
Socialización de la guía de los derechos humanos de
la población privada de la libertad
143 internos
29 de junio de 2017[119]
Celebración del Día Internacional del Orgullo Gay
Celebración
anual y pública para instar a la tolerancia y la igualdad de la comunidad
LGBTI
3 internos autoreconocidos como integrantes de la
comunidad LGBTI. Igualmente, asistieron otros funcionarios y autoridades
municipales
No 254 de 11 de septiembre de 2017[120]
Promoción y divulgación en derechos humanos con
enfoque diferencial (con énfasis en la comunidad LGBTI)
Actividad de
socialización. Se realizó en cumplimiento del fallo de tutela
Población carcelaria. También participaron
autoridades municipales
13 de diciembre de 2017[121]
Convocatoria libre y autónoma a las personas
privadas de la libertad que se autoreconocen dentro del sector LGBTI
Identificar
sus principales necesidades
Internos que se autoreconocen como integrantes de la
comunidad LGBTI
No 378 de 15 de diciembre de 2017[122]
Actividad dirigida a la comunidad LGBTI
autoreconocida en el marco de los derechos humanos con enfoque diferencial
Jornada de
belleza que busca brindar un espacio de estética y cuidado personal a la
comunidad LGBTI
Internos que se autoreconocen como integrantes de la
comunidad LGBTI
146.      En consecuencia, la solicitud del
accionante, consistente en capacitar a la guardia penitenciaria y a los
internos, para evitar futuros actos de discriminación, ha sido satisfecha con
las continuas jornadas desarrolladas en los últimos años por el establecimiento
de reclusión. En otros términos, la específica pretensión de amparo relativa a
que se llevara a cabo una jornada de capacitación coincide plenamente con las distintas
capacitaciones que han venido realizando las entidades accionadas de manera
periódica. En este contexto, la intervención del juez de tutela para efectos de
ordenar la realización de dichas actividades resultaría inane. Por lo tanto, la
Sala no accederá a esta solicitud.
6.2Solicitud de construcción de un mural
147.
El actor también
solicitó que se ordenara la construcción de un mural “que advierta que los
actos de discriminación pueden configurar un delito”. Sin embargo, la Sala
no accederá a esta solicitud, debido a que (i) dentro de los deberes de
los establecimientos de reclusión, previstos por el Legislador y la propia
administración, no existe el deber específico de “construcción de un mural”.
Además, (ii) no se evidencia la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor por la ausencia del mural solicitado, y,
en todo caso, (iii) se constata el cumplimiento de los deberes
constitucionales y legales por parte del establecimiento carcelario para la
protección de los derechos fundamentales de la población LGTBI privada de la
libertad.
148.       Primero, si bien la Sala advierte que,
de manera general, dichos establecimientos sí tienen a su cargo la ejecución de
políticas públicas y actividades que permitan crear entornos libres de
discriminación, así como promover la protección de los derechos fundamentales
de la población carcelaria LGBTI, lo cierto es que en el marco normativo
vigente no se prevé el deber específico de “construcción de un mural” a
cargo de los establecimientos de reclusión, solicitado por el accionante.
149.      Además, si bien la construcción de un
mural podría tener la potencialidad de fomentar el respeto de los derechos de
la población carcelaria que integra la comunidad LGBTI, lo cierto es que esta
pretensión no puede adscribirse al contenido normativo de los deberes asignados
por el Legislador y la administración al establecimiento de reclusión. En
consecuencia, su satisfacción no puede ser exigida a la entidad por esta vía
judicial, máxime si se tiene en cuenta que acceder a la misma afectaría, de
manera ostensible, la libertad de configuración que tiene el establecimiento de
reclusión para desarrollar los planes y programas de promoción de los derechos
humanos, específicamente en lo relacionado con la población carcelaria que
pertenece a la comunidad LGTBI.
150.      Segundo, ni de la solicitud de tutela ni del acervo probatorio obrante en el
expediente es posible advertir que la ausencia de dicho mural constituya una
amenaza o vulneración directa, concreta y particular de los derechos
fundamentales del accionante. A lo sumo, la Sala puede constatar que en la
solicitud de amparo el accionante plasma su deseo de que en el establecimiento
carcelario accionado se construya un mural, pero no es posible determinar (i)
en qué términos la ausencia de este mural amenaza o vulnera sus derechos fundamentales,
y, por lo tanto, (ii) por qué dicho remedio judicial resulta
indispensable para conjurar dicha situación.
151.      Tercero, la Sala destaca que el
establecimiento carcelario ha venido cumpliendo sus deberes constitucionales y
legales mediante (i) la ejecución de programas de capacitación, de sensibilización
y de formación continua sobre derechos humanos; (ii) la elaboración de
un reglamento general que incluye un enfoque diferencial, integral y
especializado y que tenga en cuenta a los grupos los grupos históricamente
discriminados; y (iii) el impulso de investigaciones disciplinarias y
penales tendientes a evitar futuros actos de discriminación. Así, la Sala constata
que (i) mediante otras medidas, políticas y mecanismos, razonablemente
escogidos por la administración, se ha propendido por la protección de los
derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad
del accionante y de los demás internos LGTBI, y (ii) que dichas medidas,
políticas y mecanismos han sido realmente implementados de manera continua por
dicha entidad.
152.
Así las cosas, la Sala no accederá a la referida
solicitud.
8.  Síntesis de la decisión
153.      Yerson Smith Soto Arroyo interpuso acción de tutela en contra del
Ministerio del Interior, con el propósito de solicitar la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y
a la intimidad. En su opinión, esta entidad vulneró sus derechos, toda vez que
la abogada delegada de este Ministerio no se ha presentado a las instalaciones
del establecimiento penitenciario y carcelario del Guamo, durante el tiempo que
ha permanecido en situación de reclusión.
154.      El Establecimiento penitenciario y carcelario del Guamo
sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del accionante, toda vez que, de manera oportuna, ha
escuchado y atendido las peticiones y reclamos de la población privada de la
libertad LGBTI. En relación con los actos de discriminación narrados por el
actor, señaló que adelantó la respectiva investigación disciplinaria, la cual
concluyó con una sanción impuesta a dos internos. Igualmente, ha adelantado
todas las actuaciones legales y disciplinarias dirigidas a proteger los derechos
fundamentales del interno Soto Arroyo. Finalmente, señaló que, en los últimos
años, el establecimiento ha promovido espacios de integración y reconocimiento
de los derechos de la comunidad LGBTI.
155.      Por su parte, los Ministerios del
Interior y el INPEC solicitaron su desvinculación del trámite de tutela. En su
criterio, estas entidades no tuvieron ninguna injerencia en los hechos que
originaron la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por
el actor. Por último, el Ministerio de Justicia explicó la política pública
definida para la atención y protección de los derechos fundamentales de la
población carcelaria LGBTI, así como los programas que actualmente se
desarrollan, en coordinación con el INPEC, en materia de formación y difusión
de las garantías constitucionales del mismo sector.
156.      La Sala examinó, en primer lugar, el
cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela; luego,
estudió si los actos de discriminación relatados por el actor devinieron como
consecuencia de las actuaciones u omisiones de las entidades accionadas. Y,
finalmente, se pronunció acerca de las solicitudes formuladas por el actor,
atinentes al desarrollo de jornadas de capacitación y la construcción de un
mural.
157.      Primero, en relación con los requisitos
de procedencia, la Sala indicó que la legitimación en la causa, tanto por
activa como por pasiva, se cumplió en este caso. En relación con esta última,
señaló que el establecimiento de reclusión, los Ministerios del Interior y de
Justicia y del Derecho, al igual que el INPEC, estaban legitimados para
intervenir en este trámite. Igualmente, encontró acreditados los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad.
158.      Segundo, la Sala advirtió que estos
comportamientos fueron cometidos por otros internos y no por las entidades
accionadas, quienes han cumplido de manera adecuada con las funciones previstas
por el ordenamiento jurídico en relación con la promoción y protección de los
derechos fundamentales del accionante y demás internos LGBTI en el
establecimiento carcelario demandado. Así las cosas, los derechos fundamentales
a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad del
actor fueron protegidos suficientemente con los medios y el nivel adoptado por
las autoridades públicas accionadas, por lo que no existe amenaza o vulneración
de los mismos.
159.      Tercero, en relación con la pretensión de
capacitar a la población carcelaria, la Sala constató que en cumplimiento de
los deberes de protección impuestos por el Legislador y la administración a las
autoridades accionadas, estas han desarrollado continuas jornadas de
integración, capacitación y sensibilización con la población carcelaria y la
guardia penitenciaria a fin de combatir la discriminación en contra de la
comunidad carcelaria perteneciente a la comunidad LGTBI, entre otras
actividades, por lo que esta solicitud se encuentra satisfecha.
160.
Cuarto, la Sala analizó la solicitud de construcción de un mural que
advierta que los actos de discriminación pueden constituir un delito. En ese
sentido, concluyó que (i) dentro de los deberes de los establecimientos de reclusión, previstos
por el Legislador y la propia administración, no existe el deber específico de “construcción
de un mural”; (ii) la ausencia
de dicho mural no constituye una amenaza o vulneración directa, concreta y
particular de los derechos fundamentales del actor; y, (iii) la
administración, en ejercicio de su amplia libertad de configuración, ha
adoptado de manera continua otro tipo de medidas, políticas y mecanismos de
promoción y de protección de los derechos del accionante y de la población
interna LGBTI.
161.
En consecuencia, esta Sala
revocará la sentencia de instancia que concedió el amparo solicitado en el
presente asunto.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir el presente
asunto.
SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia de 3 de
agosto de 2017 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, Sala de Decisión Penal. En su lugar, DENEGAR
el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO.- Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-288/18
DERECHO A LA IGUALDAD, AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA INTIMIDAD DE PERSONA PRIVADA DE LA
LIBERTAD PERTENECIENTE A COMUNIDAD LGBTI-Caso exigía pronunciamiento sobre derechos de la población
LGBTI y recuento jurisprudencial sobre discriminación al interior de los
centros penitenciarios y carcelarios (salvamento de voto)
RELACION ENTRE ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS Y LA POBLACION INTERNA LGBTI-Decisión desconoce relación de custodia y
la posición de garante que adquieren los establecimientos carcelarios frente a
personas privadas de la libertad (salvamento de voto)
PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES
DIVERSAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL-Se debió
buscar remedio para la protección de los derechos del accionante y la comunidad
LGBTI (salvamento de voto)
DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Decisión
permite que situaciones de discriminación se sigan repitiendo, invisibiliza la
lucha de accionante por su dignidad humana y el respeto de los derechos de
comunidad LGBTI (salvamento de voto)
M.P. CARLOS BERNAL PULIDO
Un mural de indiferencia
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la
Corte, salvo el voto en el asunto de la referencia porque considero que la
Sentencia T-288 de 2018 (i) debió hacer mención expresa a los derechos
fundamentales de la población LGBTI, (ii) las acciones desplegadas por los
entes accionados no fueron efectivas para garantizar los derechos invocados y
(iii) las pretensiones solicitadas por el accionante eran razonables y
proporcionadas.
1. Yerson Smith Soto Arroyo se encuentra privado de la
libertad en la cárcel del Guamo y se reconoce a sí mismo como travesti. En ese establecimiento penitenciario ha
sido objeto de varios actos de discriminación por parte de otros internos
debido a su orientación sexual y su identidad. El actor explicó que en una
ocasión le prendieron fuego a la cortina del baño mientras se duchaba, y que
fue amenazado y agredido verbalmente durante una visita íntima con su pareja.
En consecuencia, presentó
acción de tutela contra el Ministerio del Interior buscando la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad,
al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, en la que planteó dos
pretensiones: (i) que el Ministerio accionado enviara una abogada representante
de la comunidad LGBTI para que realizara una visita al centro carcelario
orientada a sensibilizar a los funcionarios e internos sobre los derechos de
esta población, y (ii) la construcción de un mural sobre la no discriminación,
con el fin de recordar a los internos la importancia de respetar los derechos
de la comunidad LGBTI y prevenir conductas como las que había soportado.
2. La Sentencia T-288 de 2018 resolvió revocar la
decisión proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Penal, que
había amparado los derechos fundamentales de Yerson Soto. En consideración de la Sala, los hechos
de discriminación denunciados por el actor fueron cometidos por otros internos de la cárcel del Guamo y no
por las entidades accionadas, quienes han cumplido de manera adecuada con las
funciones previstas por el ordenamiento jurídico en relación con la promoción y
protección de los derechos fundamentales del accionante y demás internos LGBTI.
Así las cosas, estimó que los derechos fundamentales del actor fueron
protegidos suficientemente por las autoridades públicas accionadas y, por lo
tanto, no existía amenaza o vulneración de los mismos.
3. A continuación expongo de manera detallada las
razones por las que disiento de esta decisión.
-
La Sentencia omitió estudiar el desarrollo jurisprudencial de los derechos
fundamentales de la población LGBTI
4. Si bien la Sala dedicó un apartado a los derechos y
deberes de las personas privadas de la libertad, y a la relación entre estas y
los centros penitenciarios y carcelarios[123],
no hace referencia a los derechos fundamentales de la población LGBTI. El
mencionado título se limita a reseñar disposiciones normativas expedidas por el
INPEC y los ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho que establecen
algunas funciones a cargo de estas entidades, en relación con la promoción,
respeto y garantía de los derechos de dicha población. Aunque importantes,
considero que dichas referencias normativas resultaron insuficientes para
resolver el caso.
5. Tal como paso a mostrar, el apartado mencionado
carece de enfoque constitucional y sigue una propuesta que ya he evidenciado en
otras sentencias de esta misma Sala de Revisión, según la cual el contenido de
los derechos fundamentales se restringe a su desarrollo legal y reglamentario[124],
asunto sobre el que volveré más adelante.
6. Al omitir el estudio de la jurisprudencia de esta
Corte sobre la protección especial que debe recibir la población LGBTI, en
específico en el contexto de privación de la libertad, la Sentencia se apartó
de la perspectiva diferencial que era imprescindible para la resolución del
caso.  Ante situaciones como la aquí resuelta el juez constitucional debe tener
en cuenta que la población LGBTI históricamente ha sido objeto de
discriminación y marginación y que, en razón de ello, es considerada por la
jurisprudencia como uno de los grupos que debe recibir especial protección
constitucional[125].
Asimismo, no se puede perder de vista que existe una prohibición de
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género que se
desprende del artículo 13 constitucional, el cual consagra el derecho a la
igualdad.[126]
7. Esta Corte se ha caracterizado por proteger los
derechos y garantías de la población LGBTI, tal como lo demuestran varios
pronunciamientos que dan cuenta del amparo brindado a este grupo frente a
distintos actos de discriminación en el marco de los centros carcelarios. En
este sentido, ha resaltado que las autoridades penitenciarias deben garantizar
las visitas conyugales de parejas con orientación sexual diversa en condiciones
de libertad, igualdad e intimidad[127].
Ha requerido a dichas autoridades para contrarrestar y prevenir actos de acoso
y maltrato por parte de otros internos contra personas LGBTI[128], también ha
precisado que las manifestaciones de afecto entre reclusos homosexuales hacen
parte del libre desarrollo de la personalidad y no pueden dar lugar a la
imposición de sanciones disciplinarias[129].
Por otro lado, la Corte ha señalado que prohibir el pelo largo, el uso de
maquillaje y determinadas prendas de vestir a la población transgenerista,
atenta contra la autonomía personal y la opción sexual[130] y, frente
al estado de cosas inconstitucional que presenta el sistema penitenciario y
carcelario, ha advertido que las personas con orientaciones sexuales diversas
requieren aún mayor protección, ya que los prejuicios contra aquéllas tienden a
reproducirse e intensificarse en las cárceles[131]. También ha
sostenido que, en el marco
de los procedimientos de seguridad que se adelantan en los centros
penitenciarios -incluyendo las requisas-, las autoridades deben tener en cuenta
en su trato con la población LGBTI el género que manifiesta cada persona, pues
de lo contrario se vulnerarían sus derechos a la identidad de género, a la
dignidad y al debido proceso[132].
8. Considero que las particularidades del caso exigían
un pronunciamiento expreso sobre los derechos de la población LGBTI, así como
un recuento jurisprudencial sobre hechos de discriminación contra dicha
población al interior de los centros penitenciarios y carcelarios, con el fin
de constatar su especial situación de vulnerabilidad y de contar con mayores
elementos de juicio para resolverlo.
-
Las acciones desplegadas por los entes accionados no fueron lo
suficientemente efectivas para garantizar los derechos invocados
9. La mayoría
de la Sala argumentó
que las entidades accionadas no fueron quienes agredieron al actor y que, por
el contrario, en cumplimiento de los deberes de protección impuestos por el
Legislador y la Administración, han desarrollado continuas jornadas de
integración, capacitación y sensibilización con la población carcelaria y la
guardia penitenciaria a fin de combatir la discriminación en contra de la
comunidad LGTBI, entre otras actividades. Para la Sala dichas actividades
bastaban para proteger los derechos fundamentales del mencionado grupo y, por
lo tanto, desestimó la necesidad de atender las pretensiones del accionante.
10. Aunque es cierto que fueron otros internos
quienes llevaron a cabo los actos discriminatorios que denunció Yerson Smith Soto Arroyo y, que las entidades accionadas han organizado
algunas actividades tendientes a sensibilizar y capacitar a los funcionarios e
internos de la cárcel del Guamo, ello no es obstáculo ni razón suficiente para
denegar el amparo solicitado.
11. Contrario a lo señalado en la Sentencia, los
hechos que motivaron la acción de tutela reflejan, precisamente, que esas
campañas y actividades no han sido realmente efectivas, tal como acertadamente
señaló el juez de instancia al conceder el amparo. Incluso, situaciones
posteriores a lo expuesto por el accionante en la tutela, relativas a un nuevo
acto de agresión y discriminación, fueron conocidas por la Sala[133].
En este sentido, considero que existían suficientes elementos probatorios que
daban cuenta de la insuficiencia de las medidas que hasta el momento han
adoptado las entidades accionadas.
12. Adicionalmente, encuentro un total olvido del trasfondo humano, ético y
social que plantea este caso. La Sala pasó por alto que el peticionario es una
persona que (i) se encuentra privada de la libertad, (ii) pertenece a una
población vulnerable que merece especial protección constitucional, (iii) fue
víctima de actos discriminatorios en razón de su orientación sexual, los cuales
no solo atentaron contra su dignidad humana, sino que incluso pusieron en
riesgo su vida e integridad física; y (iv) ya había alcanzado un nivel de
protección de derechos fundamentales por parte del juez de tutela de primera
instancia.
13. Advierto con preocupación que la decisión de la
mayoría es indiferente frente a dichas circunstancias y envía un mensaje
desalentador a la sociedad, específicamente al accionante y al juez de
instancia, en relación con el rol que debe desempeñar el juez constitucional
frente a la garantía de los derechos fundamentales. La decisión también
desconoce la relación de custodia y la posición de garante que adquieren los
establecimientos carcelarios frente a las personas que se encuentran privadas
de la libertad que les impone, de manera general, dos tipos de obligaciones:
una negativa o de respeto, que consiste en abstenerse de vulnerar los derechos
fundamentales de quienes se encuentran bajo su custodia; y otra positiva o de
garantía, que se concreta en asegurar el goce de los derechos fundamentales a
la población carcelaria. Esta segunda obligación significa que las autoridades
carcelarias deben adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos
de las personas privadas de la libertad, y actuar frente a las afectaciones que
creen otros internos, pues la eficacia de los derechos fundamentales es también
horizontal, es decir, estos derechos aplican igualmente a las relaciones
entre particulares[134].
- Las pretensiones del accionante son
razonables y proporcionadas
14. Yerson Smith Soto Arroyo planteó dos pretensiones
que, en mi opinión, perseguían un mismo fin: la reparación simbólica de sus
derechos fundamentales y la prevención de más actos de discriminación en contra
de la comunidad a la que pertenece. La primera, buscaba la creación de más
campañas de sensibilización sobre los derechos de la población LGBTI; la
segunda, tenía que ver con la
construcción de un mural sobre la no discriminación. A mi juicio, ambas eran razonables y proporcionadas. Conviene
recordar que la reparación es un concepto amplio, que abarca distintos tipos de
medidas entre las que se encuentran la restitución, la indemnización, la
rehabilitación, la satisfacción y la no repetición[135]. En
especial, las medidas de satisfacción y no repetición se encuentran
estrechamente vinculadas, pues ambas “buscan reparar el daño inmaterial a
través de medidas de carácter no pecuniario[136].
Así, según la Corte IDH, las medidas de satisfacción tienen repercusión pública[137], y entre ellas se incluyen
medidas como las siguientes: publicación de la sentencia de ese tribunal en la
que se determina que existieron violaciones a los derechos humanos[138], los actos públicos de
reconocimiento de verdad[139],
la elaboración de documentales audiovisuales sobre las violaciones de derechos
humanos detectadas[140] y
la creación de un museo para honrar a las víctimas de un caso[141].
[…] Finalmente, las garantías de no repetición tienen la
finalidad de prevenir que las infracciones a los derechos humanos vuelvan a
ocurrir.”[142]
15. Las campañas de capacitación y sensibilización u otro
tipo de estrategias que buscan difundir y promover los derechos de la población
LGBTI, son medidas de satisfacción y no repetición pues su objetivo es prevenir
la ocurrencia de otros hechos de discriminación. Estas actividades son, además,
deberes del Estado, al cual le corresponde brindar una protección especial a
este grupo poblacional, y busca contribuir a la superación de los prejuicios y
estereotipos que aún persisten frente a estas personas que han sido utilizados
para justificar actos de violencia y discriminación.
16. En este sentido, considero que el argumento según
el cual el centro de reclusión del Guamo había desarrollado ocho jornadas que
tenían como objetivo promover el respecto de los derechos de la población
LGBTI, no es válido para descartar  la pretensión del accionante. Conviene
recordar, que cinco de las referidas jornadas fueron realizadas con
anterioridad a la presentación de la tutela[143];
y que, los internos de la cárcel no pertenecientes a la población LGBTI,
únicamente asistieron a tres de ellas. Pese a la realización de estas
actividades, el accionante fue víctima de por lo menos tres episodios de
discriminación. En otras palabras, quedó demostrado que las jornadas no estaban
siendo efectivas como medida preventiva de protección de los derechos de esta
comunidad.
17. Lo anterior pone de presente no solo la necesidad
de continuar con las campañas de capacitación y sensibilización al interior del
respectivo centro penitenciario, sino también de revisar los contenidos y
estrategias que se están utilizando en las mismas, más aun si se tiene en
cuenta que la decisión de la Sala no refiere cuáles fueron las conclusiones o
recomendaciones que arrojaron esos encuentros. No basta con cumplir una
disposición legal o reglamentaria en un sentido literal, realizar determinado
número de jornadas, sino que se debe procurar por que estas sean realmente
efectivas. Ha dicho esta Corte, en reiteradas ocasiones, que el cumplimiento de
los deberes constitucionales debe hacerse atendiendo al principio del efecto
útil de sus resultados, principio que se extraña en esta decisión. Sobre el
particular, se ha sostenido:
“A pesar de que las autoridades son conscientes del
contexto no funcional en el que se enmarcan sus decisiones y la consecuente
vulneración de derechos que traen consigo, o de la falta de conducencia y de
adecuación de las mismas, las adoptan justificando su actuar en la búsqueda de
los fines legítimos que persiguen y así tergiversan los instrumentos
constitucionales. Al respecto, esta Sala debe reiterar que el cumplimiento de
las obligaciones constitucionales debe realizarse a la luz del principio del effet
utile,[144]
de tal forma que se realicen los máximos esfuerzos para darles su pleno
sentido y así alcanzar los fines para los cuales han sido establecidas.[145]”[146]
18. Los hechos en los que se enmarca esta acción de
tutela son un llamado de alerta para las autoridades encargadas de velar por la
protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad en la Cárcel del Guamo, pues dejan ver la ineficacia de las
actividades que se han desarrollado hasta el momento. Esta conclusión me obliga
a advertir que la Sala ha debido buscar el mejor remedio para la protección de
los derechos del accionante y la comunidad LGBTI. Así, encuentro necesario un
llamado a reevaluar las estrategias que se vienen utilizando en las actividades
que al respecto ha desarrollado el mencionado Centro de Reclusión. Resulta
evidente la necesidad de explorar nuevas alternativas diferentes a las ya
utilizadas, o complementarias de las mismas.
19. Ahora bien, frente a la pretensión de la construcción de un mural
la mayoría de la Sala estimó que (i) el marco normativo vigente no prevé el deber
específico de “construcción de un mural” a cargo de los
establecimientos de reclusión y (ii) que de accederse a tal solicitud, se
afectaría, de manera ostensible, la libertad de configuración que tiene el
establecimiento de reclusión para desarrollar los planes y programas de
promoción de los derechos humanos, específicamente en lo relacionado con la
población carcelaria LGTBI. Considero que esta petición no fue interpretada en debida forma por
parte de la Sala, tal como paso a explicar.
20. El primer argumento refleja una postura en exceso
formalista y legalista[147]
que olvida tanto el carácter normativo de la Constitución, cuyas disposiciones
tienen eficacia directa incluso si no hay normas que las desarrollen, como el
principio de eficacia que rige la acción de tutela. Con ello, termina desconociendo
el rol activo que desempeña el juez constitucional frente a la efectiva
protección de los derechos fundamentales que se traduce en el cumplimiento de
ciertos deberes como: (i) interpretar adecuadamente la solicitud de tutela,
analizando íntegramente la problemática planteada[148]; (ii)
valorar la situación de vulnerabilidad de las personas y considerar sus
condiciones materiales de existencia; y (iii) proteger adecuadamente y conforme
a los hechos probados en el proceso, aquellos derechos vulnerados o amenazados,
incluso si el accionante no los invocó[149].
21. Adicionalmente, esta postura pasa por alto la
prohibición de discriminación y el deber de protección especial a favor de la
población LGBTI, principios que además de estar directamente consagrados en la
Constitución, hacen parte de las normas imperativas de derecho internacional –ius
cogens– que involucran a todas las autoridades públicas. En este sentido,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó, en el caso Atala Riffo vs
Chile, que todos los Estados miembros tienen la obligación de adoptar las
medidas necesarias para eliminar cualquier forma de discriminación de derecho o
de hecho, veamos:
“79. Sobre
el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha
señalado[150]
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza
del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona,
frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a
un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa,
por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo
discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran
incursos en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado
que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio
fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus
cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional
e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico[151].
80. Además, el Tribunal ha establecido que los Estados
deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas,
directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure
o de facto[152].
Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar
situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de
determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que
el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que,
bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las
situaciones discriminatorias[153].”
22. Respecto del segundo argumento, advierto que
carece de un adecuado desarrollo, pues no explica de qué forma se vería
afectada dicha libertad de configuración de la Administración. Conviene
precisar que, por el contrario, una orden en este sentido, además de procurar
una reparación simbólica de los derechos fundamentales del accionante, en tanto
se trataría de resarcir el daño moral que se le ha podido causar y reivindicar
el respeto por su dignidad humana, podría contribuir a su efectiva
materialización, por tratarse de una medida destinada a prevenir la discriminación.
23. Observo con preocupación que al pasar por alto la
finalidad de esa pretensión -adoptar una medida preventiva y simbólica de los
derechos fundamentales del actor-, la Sala realizó una interpretación
estrictamente literal,  esto es, la construcción de un mural, y no teleológica,
es decir, cualquier medida destinada a crear conciencia frente a la prohibición
de discriminación. De considerarse que la construcción del mural resultaba
desproporcionada, la Sala habría podido interpretar esa solicitud de manera más
amplia y buscar el remedio judicial que estimara más apropiado, adoptar la
medida que visivilizara de mejor manera la protección de los derechos del
accionante. En otras palabras, acceder a la pretensión del accionante no habría
implicado, necesariamente, construir un mural; podrían haberse estudiado otro
tipo de estrategias, como reservar una pared para la instalación de carteleras
alusivas a los derechos de las personas con identidad sexual diversa, dedicar
una zona para reflexión en la que no sólo se instalen elementos visuales sino
que, permita llevar a cabo otras actividades que permitieran la creación de
memoria y de comprensión en torno a la necesidad de respetar sus derechos
fundamentales y evitar actos de discriminación, o cualquier otro remedio que,
como garante de los derechos fundamentales de toda la población y director del
proceso, debió buscar la Sala como juez constitucional para lo cual podía,
incluso, buscar el apoyo de expertos en la materia o revisar otras experiencias
que podrían aportar a la solución del caso.
25. Finalmente, cabe recordar que en varias ocasiones
distintas salas de revisión de esta Corporación no solo han protegido los
derechos de las personas con identidad sexual diversa, sino que, contrario a la
decisión de la que me aparto, no encontraron obstáculos en las pretensiones
planteadas por los accionantes y, emitieron órdenes que, pese a no coincidir
con las mismas, buscaban una reparación integral de los derechos fundamentales
de esta población.
26. Así ocurrió, por ejemplo, en la Sentencia T-439 de
2006[154],
en la que se ordenó, entre otras medidas, la impartición de cursos sobre los
derechos humanos de las personas privadas de la libertad, al personal
administrativo, al de guardia de reclusión y a las internas de la Cárcel
Nacional de Mujeres “Villa Josefina”. Lo anterior, tras evidenciar varias
vulneraciones a sus derechos fundamentales, que incluían actos de
discriminación frente a internas pertenecientes a la comunidad LGBTI, quienes
habían sido sancionadas disciplinariamente a causa de sus manifestaciones de
afecto.
27. A su turno, en la Sentencia T-062 de 2011[155]
se protegieron los derechos fundamentales de un interno del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Yopal, Casanare, que se reconocía a sí
mismo como “gay transexual”, pese a haber encontrado la configuración de un
hecho superado[156].
En esa ocasión, la Corte ordenó a dicho establecimiento que, en conjunto con un
funcionario de la Defensoría del Pueblo, realizara una campaña de sensibilización
y capacitación a los funcionarios, personal de guardia e internos de ese
establecimiento, sobre la protección de los derechos constitucionales de los
reclusos y reclusas de identidad u opción sexual diversa. Órdenes similares se
han dictado también en contextos distintos a la privación de la libertad[157].
28. En suma, al resolver este caso la mayoría de la
Sala desaprovechó una valiosa
oportunidad para estudiar cuáles son las mejores alternativas para garantizar
la protección de los derechos fundamentales de las personas con identidad
sexual diversa que se encuentran privadas de la libertad, y la forma más eficaz
para prevenir actos de discriminación en su contra. También debo mencionar que
con esta decisión la Sala permite que estas situaciones se sigan repitiendo, y
con ello, además, invisibiliza la lucha de Yeison Smith Soto Arroyo por su
dignidad humana y por construir memoria en la cárcel del Guamo para prevenir y
crear conciencia sobre el respeto de los derechos de la comunidad LGBTI.
Afortunadamente esta Sentencia no constituye un cambio en la jurisprudencia de
la Corte y no representa la postura mayoritaria de la misma.
En los anteriores términos dejo suscrito mi
salvamento de voto a la Sentencia T-288 de 2018.
Fecha ut supra,
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Cno. 1. Fl. 3. Cabe destacar que en la
documentación obrante dentro del expediente, no aparece la fecha exacta del
ingreso del accionante al establecimiento penitenciario y carcelario del Guamo.
[2] Cno. Revisión. Fl. 33 y Cno. 1. Fl. 24. En comunicación de 1 de
marzo de 2018, el establecimiento informó que el accionante fue registrado en
el aplicativo SISIPEC WEB, “como se detalla en el acta de fecha 18/02/2017,
por la cual se socializa ‘La guía de los Derechos Humanos de la Población
LGBTI’ a la totalidad de la Población Privada de la Libertad”. Adicionalmente,
en el “Registro Atención de internos Grupal”, de 30 de junio de 2017, se
anotó que, en el establecimiento de reclusión, la comunidad LGBTI está
integrada por tres internos, incluido el señor Yerson Soto.
[3] Cno. 1. Fl. 1.
[4] Id.
[5] Id.
[6] Id.
[7] Id.
[8] Cno. Revisión. Fl. 87.
[9] Cno. 1. Fl. 3.
[10] Cno. 1. Fl. 1.
[11] Cno. 1. Fl. 1.
[12] Cno. 1. Fl. 3.
[13] Cno. 1. Fl. 2.
[14] Id.
[15] Cno 1. Fl. 10.
[16] Cno. 1. Fls. 14 – 28.
[17] Cno. 1. Fls. 93 – 99.
[18] Cno. 1. Fls. 103 – 104.
[19] Cno. 1. Fls. 114 – 116.
[20] Cno. 1. Fls 72 – 92.
[21] Cno de Revisión. Fls. 2-12. La Sala estuvo conformada por los
Magistrados Alberto Rojas Ríos y Alejandro Linares Cantillo.
[22] Cno de Revisión. Fls. 22-24.
[23] Cno. Revisión. Fls. 215-216.
[24] Cno. Revisión. Fls. 172-204.
[25] Para el año 2011 se realizaron 16 capacitaciones, para el
año 2012 se llevaron a cabo 20 capacitaciones, para el año 2013 se dictaron 2
capacitaciones, para el año 2014 se efectuaron 35 capacitaciones, para el año
2016 se ejecutaron 61 capacitaciones y para el 2018 se dictaron 8
capacitaciones.
[26] Cno. Revisión. Fls. 148-162.
[27] Cno. Revisión. Fls. 33-132.
[28] Cno. Revisión. Fls. 133-146.
[29] Cno. Revisión. Fls. 219-220.
[30] En su escrito, el Ministerio informó que contrató a dos
profesionales, quienes construyeron la siguiente propuesta del programa de
formación continua: “I. Objetivos de las sensibilizaciones y capacitaciones:
Crear consciencia de la población sexualmente diversa como sujeto de derechos
en el contexto carcelario colombiano. Desmontar imaginarios relacionados con
identificar los derechos de la población LGBTI como privilegios entre el
personal penitenciario. Construir una idea de la diversidad sexual como un fenómeno
valioso y protegido por el orden legal y constitucional a partir de la
experiencia de los afectos. Transmitir los conocimientos mínimos sobre cada uno
de los ejes planteados en los estudiantes de la Escuela Nacional Penitenciaria.
II. Contenido del programa (….) Para esto se diseñó un módulo que aborda los
siguientes temas: El sujeto sexualmente diverso como sujeto de derechos.
Aproximación a la legitimidad de la fluidez de la sexualidad humana y la
identidad de género. Estándares nacionales e internacionales en materia de
reconocimiento de la diversidad sexual. El derecho a la visita íntima y su
carácter fundamental. Herramientas de prevención, investigación y sanción de
violencia en contra de la diversidad sexual. Acceso al derecho a la salud y la
diversidad sexual. Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nuevo Reglamento
del INPEC. El derecho a la visita íntima. Caso Martha Lucía Álvarez”.
[31] Decreto 2591 de 1991, Art. 10. “La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo
y los personeros municipales”. Así se explica, por ejemplo, en la sentencia
SU-377 de 2014: “No es necesario, que el titular de los derechos interponga
directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre. El tercero
debe sin embargo tener una de las siguientes calidades: (i) representante del
titular de los derechos, (ii) agente oficioso, o (iii) Defensor del Pueblo o
personero municipal. En específico: (i) representante puede ser, por una parte,
el representante legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad,
incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y por otra el apoderado
judicial (en los demás casos). Para ser apoderado judicial, la persona debe ser
abogado titulado y a la acción debe anexar poder especial para el caso o en su
defecto el poder general respectivo. (ii) Como agente oficioso puede obrar un tercero
“cuando el titular de los mismos [es decir, de los derechos] no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra
deberá manifestarse en la solicitud” (Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El
Defensor del Pueblo y los personeros municipales pueden instaurar la tutela
conforme a la ley y la jurisprudencia a nombre de quien se los solicite o esté
indefenso”.
[32] Cno. 1. Fl. 3. Así lo afirmó en su solicitud de tutela: “(…)
la abogada Diana q’ (sic) visita todas las cárceles de Colombia pero a esta
cárcel no ha venido y voy a cumplir 3 años en la penitenciaria Guamo Tolima y
no la conozco se q’ (sic) esta abogada es la delegada del ministerio del
interior para velar por los derechos humanos de la comunidad LGTBI (…)”.
[33] Cno. 1. Fls. 1 y 3.
[34] Corte Constitucional. Sentencia SU-391
de 2016.
[35] Corte Constitucional. Sentencia SU-189 de 2012.
[36] Constitución Política, Art. 86.
[37] Corte
Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009.
[38] Corte Constitucional, Sentencia T-721 de
2012.
[39] Corte Constitucional, sentencias T-043
de 2014, T-402 de 2012 y T-235 de 2010.
[40] Ver, entre otras, las sentencias SU-961 de 1999, SU-1052 de 2000, T-747
de 2008, T-500 de 2002, T-179 de 2003, T-705 de 2012 y T-347 de 2016.
[41] Corte Constitucional. Sentencia T-744 de 2009.
[42] Al respecto, la Sentencia T-133 de 2006
indicó que las personas privadas de la libertad “cuentan con las garantías
constitucionales de cualquier ciudadano y, en el evento de creer vulnerados sus
derechos fundamentales, están legitimados para accionar ante los organismos
judiciales en busca de la protección de los mismos”.
[43] Id.
[44] Corte Constitucional. Sentencia T-427 de 1992.
[45] Corte Constitucional. Sentencia C-624 de 2008. Del derecho a la
igualdad surgen dos mandatos que vinculan a los
poderes públicos, estos son, dar el mismo trato a supuestos de hecho
equivalentes y dar un tratamiento desigual cuando deba distinguirse entre
situaciones diferentes. Estos dos mandatos, “pueden a su vez ser descompuestos en cuatro mandatos: (i) un mandato
de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias
idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a
destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común,
(iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de
las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se
encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en
cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes”.
[46] Id.
[47] Corte Constitucional. Sentencia T-291 de 2009.
[48] Corte Constitucional. Sentencia T-740 de 2015.
[49] Corte constitucional. Sentencia T-928 de 2014.
[50] Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 1997.
[51] Corte Constitucional. Sentencia C-507 de 1999. La jurisprudencia ha sostenido que este derecho no protege una
conducta determinada ni opera en un ámbito específico, como ocurre con la
libertad de expresión o de cultos, “por lo cual se aplica en principio a
toda conducta”.
[52] Corte Constitucional. Sentencia C-336 de 2008.
[53] La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-336 de 2008,
explica en qué consisten estas condiciones: “Por condiciones inmateriales se
entienden los requerimientos éticos, morales, axiológicos, emocionales e
inclusive espirituales que identifican a cada persona y que siendo intangibles
e inmanentes deben ser amparados por el Estado, pues de otra manera la persona
podría ser objeto de atentados contra su fuero íntimo y su particular manera de
concebir el mundo. Por condiciones materiales han de entenderse los
requerimientos tangibles que permiten a la persona vivir rodeada de bienes o de
cosas que, según sus posibilidades y necesidades, le permiten realizar su
particular proyecto de vida”.
[54] Corte Constitucional. Sentencia C-336 de 2008.
[55] Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 1997.
[56] Se han identificado diversos grados en el derecho a la intimidad,
así: “la intimidad personal, familiar, social y gremial (C.P. art. 15). La
primera, alude precisamente a la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y
de poder guardar silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto,
salvo su propia voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizado
aspectos íntimos de su vida. La segunda, responde al secreto y a la privacidad
en el núcleo familiar, una de cuyas principales manifestaciones es el derecho a
la inmunidad penal, conforme al cual, “nadie podrá ser obligado a declarar
contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes entro del
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. La
tercera, involucra las relaciones del individuo en un entorno social
determinado, tales como, las sujeciones atenientes a los vínculos labores o
públicos derivados de la interrelación de las personas con sus congéneres en
ese preciso núcleo social, a pesar de restringirse -en estos casos- el alcance
del derecho a la intimidad, su esfera de protección se mantiene vigente en aras
de preservar otros derechos constitucionales concomitantes, tales como, el
derecho a la dignidad humana. Finalmente, la intimidad gremial se relaciona
estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de
reservarse -conforme a derecho- la explotación de cierta información, siendo,
sin lugar a dudas, uno de sus más importantes exponentes, el derecho a la
propiedad intelectual (C.P. art. 61)”. Corte Constitucional. Sentencia
T-787 de 2004 citada por la Sentencia T-050 de 2016.
[57] Corte Constitucional. Sentencia T-787 de 2004.
[58] Corte Constitucional. Sentencia C-881 de 2014.
[59] Corte Constitucional. Sentencia C-881 de 2014.
[60] Corte Constitucional. Sentencia T-706 de 1996.
[61] La jurisprudencia constitucional ha identificado algunas de las
características de esta relación especial de sujeción, así: “(i) la
subordinación de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii)
esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen
jurídico especial (controles disciplinarios y
administrativos especiales y [la] posibilidad de limitar el ejercicio
de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio
de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos
fundamentales debe estar autorizado por la Constitución y la ley. (iv) La
finalidad del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de
los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de
los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar
disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena
(la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos
derechos especiales (relacionados con las condiciones materiales de
existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de
los reclusos, los cuales deben ser especialmente garantizados por el
Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar de manera especial
el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre
todo con el desarrollo de conductas activas)”. Corte Constitucional.
Sentencia T-881 de 2002 citada por la Sentencia T-750A de 2012.
[62] Corte Constitucional. Sentencia T-133 de
2006.
[63] Corte Constitucional. Sentencia T-559 de
2013.
[64] Corte Constitucional. Sentencia T-744 de 2009. Por lo tanto,
deberá “abstenerse de intervenir en la esfera misma de los derechos de los
internos, de tal forma que los haga nugatorios, y, adicionalmente, desarrollar
las acciones necesarias para garantizar su goce efectivo (…) en razón a
que, por causa de su reclusión, están en una situación de indefensión”[64].
[65] Corte Constitucional. Sentencia T-133 de 2006. En el mismo
sentido, se encuentran las sentencias T-296 de 1998 y T-744 de 2009.
[66] El Código Penitenciario consagra la prevalencia del respeto a la
dignidad humana, de las garantías constitucionales y de los derechos humanos.
Así mismo, prohíbe toda forma de violencia física, psíquica o moral y de
discriminación por razones de sexo, entre otras. De todas maneras, podrán
definirse distinciones razonables por motivos de seguridad, de resocialización
y para el cumplimiento de la sentencia y de la política penitenciaria y
carcelaria. Además, esta política deberá tener un enfoque diferencial, al
reconocer que existe población con características particulares, por motivos de
género, identidad de género o de orientación sexual, entre otras razones.
[67] Corte Constitucional. Sentencia T-133 de 2006.
[68] Ley 74 de 1960, Art. 10. “Toda persona privada de libertad
será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano. 2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto,
adecuado a su condición de personas no condenadas; b) Los menores procesados
estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de
justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 3. El régimen
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes
estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a
su edad y condición jurídica”.
[69] Ley 16 de 1972, Art. 5. “Derecho a la Integridad Personal. 1.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no
puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar
separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y
serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no
condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de
los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad
posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán
como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.
[70] “Principio fundamental. 6. 1) Las reglas que siguen
deben ser aplicadas imparcialmente. No se debe hacer diferencias de trato
fundadas en prejuicios, principalmente de raza, color, sexo, lengua, religión,
opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social,
fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera. 2) Por el contrario, importa
respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que
pertenezca el recluso”.
[71] Sobre la limitación de los derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad, el Código Penitenciario y Carcelario dispone lo
siguiente: “ARTÍCULO 10A. INTERVENCIÓN MÍNIMA.
El sistema penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y las
garantías de los internos; los que solo podrán ser limitados según lo dispuesto
en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos
del régimen interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario”.
[72] Corte Constitucional. Sentencia T-479 de
2015. De todas maneras, surge el “deber del Estado de asegurar el goce
efectivo de los derechos (fundamentales o no) en la parte que no sea objeto de
limitación, dada la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta
en la que se encuentran los internos”.
[73] Corte Constitucional. Sentencias T-706 de 1996, T-750 de 2003,
T-479 de 2015, entre otras.
[74] Ley 65 de 1993, Art. 119.
[75] Ley 65 de 1993, Art. 120.
[76] Ley 65 de 1993, Art. 117.
[77] Ley 65 de 1993, Art. 116. El Código Penitenciario y
Carcelario dispone que el INPEC “expedirá el reglamento
disciplinario al cual se sujetarán los internos de los establecimientos de
reclusión”.
[78] En el auto de pruebas de 5 de febrero de 2018 se ordenó al
Establecimiento de reclusión del Guamo remitir copia de su reglamento interno.
Dado que en su oficio de respuesta de 1 de marzo del mismo año no se hizo
ninguna alusión al mismo, nos comunicamos telefónicamente con la Institución
para indagar acerca de esta normativa. Al respecto, el director del
establecimiento, Cristian Villalobos, informó que el reglamento interno aún
continuaba en proceso de revisión, dado que debió ajustarse a los nuevos lineamientos
y disposiciones señaladas por el INPEC.
[79] Cabe destacar que, como lo dispone esta Resolución, cada
establecimiento de reclusión, “garantizará un lugar especial para efectos de
la visita íntima. En casos excepcionales, cuando no existan los correspondientes
espacios adecuados, éstas se podrán realizar en las celdas o dormitorios”.
[80] Ley 599 de 2000, Art. 134A. “ACTOS DE
DISCRIMINACIÓN.  El que arbitrariamente impida,
obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por
razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás
razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis
(36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.
[81] Cno. 1. Fl. 2.
[82] Id.
[83] Cno. 1. Fl. 1.
[84] El establecimiento de reclusión informó que estos hechos
ocurrieron el 10 de marzo de 2017.
[85] Cno. Revisión. Fl. 122. En esta acta se dejó constancia del
desarrollo de la audiencia de conciliación en los siguientes términos: “Por parte del In. Torres Fajardo Carlos Andrés, fueron observados los
videos de las camaras del Epmsc del Guamo Tolima para la fecha y hora de los
hechos, logrando observar e individualizar al interno Medina Ocampo William
Gabriel identificado con (…) por lo cual fue llamado a la oficina de la
direccion y se le da a conocer la falta que había cometido; manifestando y
reconociendo que si lo habia hecho, debido a que el interno soto arroyo yerson
smith, perteneciente a la comunidad LGBTI, ha incurrido en comportamientos
inadecuados con su pareja al interior del pabellon en presencia de ellos y del
personal visitante femenino y masculino en presencia del interno Soto Arroyo
Yerson Smith, del señor Director ing. Cristian Villalobos y el comandante de vigilancia
In. Torres Fajardo Carlos Andres, el interno Medina Ocampo William Gabriel se
compromete a no volver a cometer ningún acto que atente contra la vida y la
dignidad humana del interno Soto Arroyo Yerson Smith, estando este de acuerdo
con lo manifestado por el interno Medina Ocampo William Gabriel”.
[86] Cno. Revisión. Fl. 91.
[87] Cno. Revisión. Fls. 95-96. Así también lo indicó Yerson
Soto en su declaración juramentada de 9 de agosto de 2017, rendida dentro de la
investigación disciplinaria No 06-2017, en la cual relató lo siguiente: “como a las 10:45 le dijimos al Comandante Sánchez Gustavo
que nos abrieran que ya íbamos a salir y cuando salimos estaba el Inspector
TORRES FAJARDO CARLOS hablando con pichi y Kiko y demás personas que no estaban
contentos con lo que hicieron ellos por esa actitud que tomaron eso es una
actitud discriminatoria
[88] Cno. Revisión. Fls. 131-132. Acta No 184 cuyo propósito es “[r]ealizar
registro de calidad a atención realizada por la Dirección, Comando de
Vigilancia y Tratamiento y Desarrollo del EPC Guamo a las Personas Privadas de
la Libertad de la Comunidad LGBTI”.
[89] Cno. Revisión. Fls. 92-94.
[90] “Agredir, amenazar o asumir grave
actitud irrespetuosa contra los funcionarios de la institución, funcionarios
judiciales, administrativos, los visitantes y los compañeros”.
[91] “Asumir conductas dirigidas a
menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión”.
[92] Cno. Revisión. Fls. 95-97.
[93] Cno. Revisión. Fls. 98-99.
[94] Cno. Revisión. Fls. 101-103.
[95] Cno. Revisión. Fls. 105-107.
[96] Cno. Revisión. Fls. 108-115.
[97] Cno. Revisión. Fl. 116.
[98] Cno. Revisión. Fl. 117.
[99] Cno. Revisión. Fl. 35.
[100] Cno. Revisión. Fls. 128-130.
[101] Cno. Revisión. Fls. 95-96.
[102] Cno. Revisión. Fls. 96-97.
[103] Cno. Revisión. Fl. 131.
[104] Id.
[105] Id.
[106] Cno. Revisión. Fls. 131-132.
[107] Cno. Revisión. Fl. 172 Vto.
[108] Cno. Revisión. Fl. 173.
[109] Cno. Revisión. Fl. 176.
[110] Id.
[111] Cno. Revisión. Fl. 131.
[112] Cno. 1. Fl. 2.
[113] Corte Constitucional. Sentencia C-211 de 2017.
[114] Ibídem. Sobre el particular, la Corte señaló que el legislador es
“el encargado, en tanto órgano democrático y representativo por excelencia,
de formular las políticas sociales que serán adelantadas por el Estado en su
conjunto, dentro de los parámetros trazados por la Constitución”.
[115] Cno. Revisión. Fls. 38-39.
[116] Cno. Revisión. Fls. 40-41.
[117] Cno. Revisión. Fls. 42-43.
[118] Cno. Revisión. Fl. 37.
[119] Cno. Revisión. Fls. 44-46.
[120] Cno. Revisión. Fls. 47-56.
[121] Cno. Revisión. Fls. 60-69.
[122] Cno. Revisión. Fls. 57-58.
[123] Consideraciones jurídicas 90 a 104 de la Sentencia.
[124] He advertido en varios salvamentos de
voto sobre esta preocupante postura. Ver salvamentos de voto de la magistrada
Diana Fajardo Rivera a las sentencias SU-005 de 2018, T-027 de 2018, T-091 de
2018; y aclaración a la Sentencia T-148 de 2018.
[125] Ver, entre otras, las sentencias T-314 de
2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-077 de 2016. M.P. Jorge Ivan Palacio
Palacio; y T-291 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[126] Ibídem.
[127] Sentencias T-499 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis y T-815 de 2013.
M.P. Alberto Rojas Ríos.
[128] Sentencias T-1096 de 2004. M.P. Manuel
José Cepeda Espinoza y T-238 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[129] Sentencia T-439 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[130] Sentencia T-062 de 2011. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[131] Sentencia T-388 de 2013. M.P. María
Victoria Calle Correa.
[132] Sentencia T-720 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[133] Así se evidencia en los párrafos 119 y
120, en los que se resume un nuevo acto de discriminación frente al accionante
que dio origen a una denuncia penal en contra de otro recluso.
[134] “Esta es una doctrina alemana -que literalmente
traduce “efecto frente a terceros de los derechos fundamentales”-, que tuvo
origen jurisprudencial a raíz del pronunciamiento del 15 de enero de 1958 del
Tribunal Constitucional alemán en el caso Lüth (en
1951 el cineasta Veit Harlan demandó a Erich Lüth -presidente de la Asociación
de Prensa de Hamburgo- por boicotear su película “La amada inmortal”, debido al
apoyo que había prestado al régimen nacionalsocialista. La justicia ordinaria
condenó a Lüth al pago de los perjuicios causados, decisión frente a la cual
instauró un recurso de amparo, llegando el caso al Tribunal Constitucional
alemán, el cual protegió el derecho a la libertad de expresión del Lüth).
Respecto de esta doctrina, la Corte
Constitucional se ha pronunciado -entre otras- en las Sentencias T-009
de 1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 1; T-547 de
1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 2; T-012 de
1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 3; T-148 de
1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico Nº 2; T-1217 de
2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño, fundamento jurídico “Naturaleza de los
contratos de medicina prepagada, límites a la autonomía de los contratantes en
razón de la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales entre
particulares. Reiteración de jurisprudencia”; T-632 de 2007. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, fundamento jurídico Nº 3, nota al pie 5; T-158 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico Nº 4, nota al pie 27; T-160 de 2010.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, fundamento jurídico Nº 3, nota al pie 3;
C-378 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 3.2.;
T-171 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico Nº 5.1.,
nota al pie 15; T-783 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento
jurídico Nº 3.1., nota al pie 20; T-126 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, fundamento jurídico Nº 8, nota al pie 12; T-392 de 2014. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico “Procedibilidad de la acción de
tutela para discutir controversias desatadas de contratos de medicina prepagada”,
nota al pie 5; T-720 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento
jurídico Nº 66, nota al pie 24; y T-550 de 2016. M.P. (e) Aquiles Arrieta
Gómez, fundamento jurídico Nº 6.9., nota al pie 85.”
Cita tomada de la Sentencia T-007 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[135] “Tales medidas han de incluir cinco
componentes básicos: (1) la restitución plena, que hace referencia al
restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la
violación, entendida ésta como una situación de garantía de sus derechos
fundamentales, y dentro de estas medidas se incluye la restitución de las
tierras usurpadas o despojadas a las víctimas. De no ser posible tal
restablecimiento pleno, es procedente (2) la compensación a través de medidas
como la indemnización pecuniaria por el daño causado. Pero además de éstas, la
reparación integral incluye otras medidas como (3) la rehabilitación por el
daño causado, mediante la atención médica y psicológica, así como la prestación
de otros servicios sociales necesarios para esos fines; (4) la satisfacción, a
través de medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de
la dignidad de las víctimas; al igual que (5) garantías de no repetición, para
asegurar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean
desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de
evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se
repitan”  Corte Constitucional, Sentencia SU-254
de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterada en las sentencias C-161 de
2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Sivla y C-344 de 2017. M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
[136] Corte IDH. Caso de la Masacre de Las Dos
Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 255.
[137] Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No.
190, párr. 67.
[138] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros
(Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No.
287, párrs. 572 y 573; Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Solicitud
de Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
21 de noviembre de 2012. Serie C No. 254, párr. 259.
[139] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros
(Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No.
287, párrs. 572 y 576; Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Solicitud
de Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
21 de noviembre de 2012. Serie C No. 254, párr. 263.
[140] Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros
(Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C No.
287, párrs. 572 y 579.
[141] Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs.
Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4
de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 279 y 280.
[142] Sentencia C-344 de 2017. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[143]  La tutela se presentó el 21 de julio de 2017 y solo 3 jornadas se
realizaron con posterioridad a dicha fecha.
[144] La utilización de este principio se encuentra tanto en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional (Auto A-048 de 2009, fundamento ii.4;
Sentencias C-758 de 2014, fundamento n° 5, y T-976 de 2014, fundamento 2.3.1)
como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Velásquez Rodríguez
Vs. Honduras, sentencia C 4, párr. 33; Caso de la "Masacre de
Mapiripán" Vs. Colombia. sentencia C 134, párr. 105; y Caso González y
otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, sentencia C 205, párrs. 59-77).
[145] De este modo, por ejemplo, no habría ninguna justificación
proporcionada y razonable para permitir una interpretación que genere como
resultado que –en el marco de un ECI- una entidad se abstenga de atender los
requerimientos que se le realicen, excusándose en que otra entidad no le ha
brindado la información necesaria, sin que se hayan realizado los esfuerzos
necesarios para remediar dicha situación o por lo menos poner de presente la
situación ante los órganos de control, en virtud de los principios de
complementariedad, concurrencia y subsidiariedad (v.gr. Autos A-314 de 2009 y
A-383 de 2010).
[146] Auto 373 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[147] Sobre la postura de la mayoría de la Sala Primera de Revisión,
según la cual el contenido prestacional de los derechos está previsto
únicamente en la ley y los reglamentos me he pronunciado en varias ocasiones.
Al respecto, pueden ser revisados los salvamentos de voto que presenté a las
sentencias SU-005 de 2018; T-027 de 2018; T-091 de 2018; y la aclaración de
voto a la Sentencia T-148 de 2018.
[148] Decreto 2591 de 1991. “Artículo
18. Restablecimiento inmediato. El juez que conozca de la solicitud podrá
tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier consideración formal y sin
ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de
prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del
derecho.”
Decreto
2591 de 1991. “Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere
rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y
se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra
averiguación previa.”
Decreto
2591 de 1991. “Artículo 21. Información adicional. Si del informe resultare
que no son ciertos los hechos, podrá ordenarse de inmediato información
adicional que deberá rendirse dentro de tres días con las pruebas que sean
indispensables. Si fuere necesario, se oirá en forma verbal al solicitante y a
aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud, de todo lo cual se levantará
el acta correspondiente de manera sumaria.
En
todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para
conceder o negar la tutela.”
[149] Sentencia T-255 de 2015. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva. En este punto vale anotar que en el salvamento de voto a la
Sentencia T-029 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido, expuse también la necesidad
de que los jueces constitucionales propendan por la materialización de los
derechos fundamentales de quienes reclaman su protección mediante la acción de
tutela.
[150] Cfr. Opinión Consultiva OC-4/84, supranota83, párr. 55.
[151] Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie
A No. 18, párr. 101 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supranota 83, párr.
269.
[152] Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03, supranota 85, párr. 103 y Caso
Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supranota 83, párr. 271.
[153] Cfr. Opinión Consultiva OC-18/03,supranota 85, párr. 104; Caso
Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supranota 83, párr. 271, y Naciones Unidas,
Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 18, No discriminación, 10
de noviembre de 1989, CCPR/C/37, párr. 6.
[154] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[155] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[156] La tutela tenía que ver con advertencias
al interno de cortar su pelo y mantener la cabeza rapada. Esto nunca llegó a
materializarse y durante la revisión de los fallos de instancia se comprobó que
no existía amenaza a sus derechos fundamentales.
[157] Al respecto, pueden ser consultadas las
sentencias T-499 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-314 de 2011. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; T-804 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-099 de
2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y T-291 de 2016. M.P. Alberto Rojas
Ríos.