C-804-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-804/06
UNIDAD
NORMATIVA-Integración
En
el caso concreto se impugnaron algunas expresiones aisladas contenidas en el
artículo 33 del Código Civil, tales como las expresiones hombre y otras
semejantes del inciso primero, al igual que las expresiones [p]or el contrario
y no se aplicarán a otro sexo contenidas en el inciso segundo de la misma
disposición. Tales expresiones carecen de significado aisladas de su contexto,
por tal razón deberá formularse la proposición jurídica completa y examinarse la
constitucionalidad de la totalidad del artículo 33.
DERECHOS DE LA MUJER-Evolución histórica
DERECHOS DE LA MUJER-Protección constitucional especial
MUJER-Sujeto constitucional de especial protección
DIGNIDAD
HUMANA DE LA MUJER-Alcance
La
disposición contenida en el artículo 1º superior describe a Colombia como un
“Estado social de derecho (…) organizado en forma de República (…) democrática,
participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana.” El
respeto por la dignidad humana exige reconocer en las mujeres igual dignidad a
la que durante mucho tiempo sólo se reconoció en los hombres. Requiere que las
mujeres sean tratadas con el mismo respeto y consideración con que son tratados
los varones. Lo anterior no como resultado de un acto de liberalidad o
condescendencia sino porque las mujeres por sí mismas son reconocidas como
personas y ciudadanas titulares de derechos cuya garantía está amparada en
forma reforzada por lo ordenamientos jurídico interno e internacional. El
respeto por la dignidad humana de las mujeres significa, además, dejar de
considerarlas “objeto” a disposición de los hombres: padres, maridos o
compañeros permanentes. Este reconocimiento expreso en el texto constitucional
constituye sin duda un paso enorme, ante todo cuando se piensa que la entidad
de persona y de ciudadanas de las mujeres fue puesta en duda por siglos, y será
profundizado por lo dispuesto en la Constitución vista en su conjunto y, en
particular, por lo preceptuado en los artículos 13, 40 y 43 superiores.
DIGNIDAD HUMANA-Principio fundante del ordenamiento jurídico
DIGNIDAD HUMANA-Principio constitucional
DIGNIDAD HUMANA-Derecho fundamental autónomo
PARTICIPACION DE LA MUJER EN NIVELES
DECISORIOS DE LA ADMINISTRACION-Mecanismos para garantizarla
DERECHOS DE LA MUJER-Consagración en instrumentos
internacionales
DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS-Derechos de la mujer
LENGUAJE
JURIDICO-Poder instrumental y
simbólico
El lenguaje es a un mismo tiempo instrumento y
símbolo. Es instrumento, puesto que constituye el medio con fundamento en el
cual resulta factible el intercambio de pensamientos entre los seres humanos y
la construcción de cultura. Es símbolo, por cuanto refleja las ideas, valores y
concepciones existentes en un contexto social determinado. El lenguaje es un instrumento mediante el cual se
configura la cultura jurídica. Pero el lenguaje no aparece desligado de los
hombres y mujeres que lo hablan, escriben o gesticulan quienes contribuyen por
medio de su hablar, escribir y gesticular a llenar de contenidos las normas
jurídicas en una sociedad determinada.
LENGUAJE LEGAL-Debe
estar acorde con principios y valores constitucionales
LENGUAJE INCLUYENTE-Significado
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA EN LEY ESTATUTARIA DE
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Utilización
de la expresión “recursos humanos” de la rama judicial
LEY NACIONAL DEL DEPORTE-Utilización de la expresión “transferencia” de
deportistas
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  POR EL HECHO
AJENO-Utilización en el Código Civil
de expresiones “criado”, “sirviente” y “amo” admite interpretaciones
discriminatorias y denigrantes de la condición humana/RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL POR EL HECHO AJENO-Reemplazo  de las expresiones
“amos”,”criados” y “sirvientes” por “empleadores” y “trabajadores”
DEFINICION LEGAL-Finalidad/LENGUAJE JURIDICO-Refleja las situaciones de inclusión
o exclusión
Siendo
el lenguaje, como lo es, uno de los principales instrumentos de comunicación y
reflejando – como refleja – los hábitos, concepciones y valores imperantes en
un medio social determinado, las situaciones de inclusión o exclusión también
se proyectan en el lenguaje jurídico. Precisamente uno de los fines de las
definiciones legales consiste en fijar fronteras y, en tal sentido, en
determinar quiénes se encuentran dentro de los límites establecidos por las
definiciones y quiénes permanecen por fuera. Los criterios que se utilizan para
marcar la inclusión o la exclusión reflejan el contexto valorativo e ideológico
en que ellos se adoptan. “el lenguaje no sólo refleja y comunica los hábitos y
valores de una determinada cultura sino que conforma y fija esos hábitos y
valores. Como los hombres/varones han tenido el poder de definir las cosas,
todo lo que está definido lo está desde su perspectiva. Como los hombres han
tenido el poder de definir las cosas y los valores, sólo las cosas y valores
que ellos han definido están aceptados como válidos en nuestra cultura y, por
ende, esta cultura es masculina.” Para nadie constituye una novedad, que
durante un largo lapso sólo los varones pudieron participar en los escenarios
políticos. Los hombres y únicamente ellos tomaron parte en la vida activa de
las sociedades; se
fijaron fines, emprendieron proyectos y trazaron los caminos que habían de
conducirlos a la obtención de las metas propuestas. Resulta claro, por tanto, que lo manifestado por los
hombres – también en el terreno jurídico – tienda a conectarse de inmediato con
lo humano por antonomasia. El referente predominante fue, por largo tiempo,
masculino. Así las
cosas, los hombres adquirieron la virtualidad de representar de manera
simultánea lo positivo y lo neutro: Es preciso reparar en que la identificación de los valores masculinos con
lo neutral y objetivo se reflejó muy pronto en la manera misma como se
nombraban las cosas, en el modo cómo se creaban y definían las palabras, cómo
se sentaban las reglas de la gramática, en fin, en la forma cómo se
“establec[ía] lo que existe y lo que no existe, lo que se considera natural y
lo que no lo es, lo bueno y lo malo.” A lo largo de años y años las mujeres se
vieron exceptuadas del ejercicio de ese inmenso poder. Ese poder fue
monopolizado por el hombre.
DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER-Predominio de la razón patriarcal como obstáculo
CONSTITUCION POLITICA-Valor normativo/CODIGO CIVIL-Valor normativo
CODIGO CIVIL-Alcance
de la expresión “hombre”/LENGUAJE JURIDICO-Utilización de “vocablos
genéricos con trampa”
Si
se tiene en cuenta el contexto ideológico y valorativo en el cual se emitió la
definición analizada y contenida en el artículo 33 del Código Civil y se
repara, de igual modo, en la filosofía que inspiró la codificación, puede
decirse que lo allí consignado no tenía otro fin que perpetuar el dominio
masculino sobre la mujer pues, como se mencionó, todas las disposiciones
referentes a la mujer en el Código Civil estaban dirigidas a reafirmar la
inferioridad de la mujer respecto del varón, a recalcar la incapacidad de la
mujer para manejar su propia vida y administrar sus bienes o para orientar la
educación de sus hijos. Si bien hoy en día el Código Civil ha de ser
interpretado de conformidad con los principios, valores y derechos consagrados
en el ordenamiento constitucional, en todo caso, es inocultable el sentido
originalmente sexista y discriminador de la codificación. Luego de lo expuesto
con antelación, es factible constatar cómo con el empleo de expresiones
genéricas usualmente orientadas a denotar un solo sexo – como lo es el vocablo
“hombre” en su uso social – pero aplicadas en un sentido general, supuestamente
abarcador de los dos sexos en definiciones jurídicamente relevantes, se cae en
lo que la doctrina ha denominado “vocablos genéricos con trampa”, esto es,
expresiones que “parecen incluir a los dos sexos pero con frecuencia son
excluyentes respecto de las mujeres.”
DEFINICION LEGAL DE LA EXPRESION “HOMBRE”-Uso generalizado para referirse a todos los
individuos de la especie humana es inconstitucional
La
definición contenida en el artículo 33 del Código Civil es una definición hecha
por contraste. No sólo emplea vocablos cuyo uso social únicamente hacen
referencia al varón y ordena entenderlos en un sentido general supuestamente
abarcador de hombres y mujeres por igual, sino que cuando en el párrafo segundo
indica que a contrario sensu “las palabras mujer, niña, viuda y otras
semejantes, que designan el sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, a menos
que expresamente las extienda la ley a él”, esta distinción tiene un impacto
simbólico e instrumental negativo si se piensa en el poder del lenguaje
jurídico para generar una cultura jurídica incluyente y no discriminatoria. Uno de los objetivos principales de los
distintos textos contenidos en documentos internacionales consiste en romper
con el sistema de jerarquías excluyente y con la subordinación y
discriminación. Su propósito principal es, por consiguiente, lograr comprometer
a los Estados en el diseño de políticas y estrategias serias orientadas a
garantizar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Así las cosas, la definición contenida en el artículo
33 no supera el examen de constitucionalidad. Utilizar expresiones como las
empleadas por el artículo 33 del Código Civil, contribuye a mantener la
situación histórica de discriminación contra las mujeres. Pretender que se utilice como universal
el vocablo “hombre”, solo trae como consecuencia la exclusión de las mujeres
pues el término hombre, que en su uso social sólo se refiere a los varones,
utilizado en tanto genérico implica que las mujeres “deben estar constantemente
calculando si la expresión las incluye o no.” Dada la influencia que tiene tanto el lenguaje
jurídico, como la manera de llenar de contenido las definiciones jurídicas por
medio del mismo en las trasformaciones que puedan presentarse en la cultura
jurídica, sólo una definición cuyo contenido permita visualizar lo femenino,
hacer visibles a las mujeres o al menos no ocultarlas tras la fachada de un
término que en su uso social solo alude a los varones - armoniza con los preceptos
constitucionales y con lo dispuesto en los Pactos y Convenios Internacionales
aprobados por Colombia.
SENTENCIA
INTERPRETATIVA-No aplicación
Podría
pensarse que en virtud del principio de conservación del derecho, lo mejor
sería proferir una sentencia interpretativa que adecue al contenido axiológico
de la Carta de 1991 las expresiones contenidas en el artículo 33 del Código
Civil, sin embargo, encuentra esta Corporación que en esta oportunidad tal
opción resulta impracticable, precisamente porque el uso generalizador de la
palabra hombre y en general de los vocablos que identifican a los individuos
del género masculino para referirse al todos los individuos de la especie
humana es lo que se encuentra inconstitucional por su contenido discriminador y
excluyente. Por consiguiente declarar la exequibilidad de las expresiones
acusadas bajo el entendido que cobijan también al género femenino sería
simplemente reproducir el contenido de la disposición demandada.
SENTENCIA
DE INEXEQUIBILIDAD-Alcance
El
objeto de este pronunciamiento es el lenguaje jurídico y no el lenguaje
corriente. Por lo tanto esta decisión no trasciende a todos los usos del
lenguaje común que tengan connotación de género, sino que se limita
específicamente a un término empleado por el Código Civil que resulta contrario
a los valores, principios y derechos constitucionales porque torna invisible al
género femenino. Adicionalmente esta Corporación estima pertinente realizar
algunas precisiones en relación con el alcance de la decisión adoptada. En
primer lugar se recalca que la definición contenida en el artículo 33 del
Código Civil, cuya inexequibilidad declarará la Corte en la presente sentencia,
no es de orden técnico sino de carácter general y no es indispensable para la
comprensión del contenido del Código Civil ni de otras disposiciones que
integran el ordenamiento jurídico, en esa medida la declaratoria de
inexequibilidad no suscita problemas de interpretación insalvables, ni
dificulta la comprensión de otras disposiciones del ordenamiento civil.
Referencia: expediente D-6178
Demandante: Andrés
Gómez Roldán
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 33 (parcial) del Código Civil
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de
septiembre de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública establecida en el
artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Andrés Gómez Roldán solicitó ante
esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad (parcial) del artículo 33 del Código Civil.
Mediante
auto de dos (2) de febrero de 2006, el Magistrado Sustanciador admitió la
demanda contra el artículo 33 del Código Civil y dispuso correr traslado de la
misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de
rigor; solicitó por medio de la Secretaría General de la Corporación a la
Defensoría del Pueblo, a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad
Nacional, a la Dirección de la Cátedra de Género y Derecho de la Universidad de
los Andes y a la Corporación Sisma Mujer rendir concepto sobre la exequibilidad
o inexequibilidad de la disposición demandada. Comunicó al Presidente de la
República, al Ministerio del Interior y de Justicia, al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) a fin que, si lo consideraban oportuno, intervinieran
directamente o por medio de apoderado. Invitó, igualmente, a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos (ILSA), a las Facultades de Derecho de las Universidades Andes, de
Cartagena, Externado, Javeriana, Nacional y Rosario para que, de considerarlo
oportuno, intervinieran mediante escrito indicando las razones que, en su
criterio, justifican la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma
demandada.
Cumplidos
los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el
concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre
la demanda de la referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la disposición
demandada:
CODIGO CIVIL
Ley 57 de 1887
“Por la cual se adoptó el Código Civil de la Nación
sancionado el 26 de mayo de 1873.”
(…)
CAPITULO V.
DEFINICIONES DE VARIAS PALABRAS DE USO FRECUENTE EN
LAS LEYES
“ARTICULO 33. Las palabras hombre, persona, niño, adulto y otras
semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la especie
humana, sin distinción de sexo, se entenderán que comprenden ambos sexos en las
disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la disposición o
el contexto se limiten manifiestamente a uno solo.
Por el contrario, las
palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan el sexo femenino, no
se aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a
él.”
III. LA DEMANDA
El actor, Andrés Gómez Roldán, considera que el artículo 33 (parcial) del Código
Civil desconoce el Preámbulo de la Constitución de 1991 (dignidad humana,
igualdad); el artículo 4º de la Constitución (supremacía de las normas
constitucionales) así como el artículo 2º superior (garantía de efectividad de
los derechos, de los principios y de los deberes constitucionales); el artículo
13 de la Constitución Nacional (igualdad y goce de derechos y libertades); el
artículo 43 superior (igualdad y protección de la mujer); artículo 93 de la
Constitución Nacional (derechos humanos y derecho internacional/prevalencia en
el ordenamiento jurídico interno). En este mismo orden de ideas, estima el
demandante se vulnera el artículo 1º de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (igualdad en libertad); la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las formas de Discriminación contra la Mujer; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; la Carta de Naciones Unidas. Opina que todas
estas normas forman parte del bloque de constitucionalidad y que, según lo
establecido por el artículo 93 superior, deben ser tenidas en cuenta para
interpretar los derechos constitucionales fundamentales consignados en la
Constitución Nacional. A continuación, se hace una síntesis de las principales
razones que aporta el demandante para apoyar su demanda.
Encuentra
el actor, que la utilización de las expresiones hombre y otras
semejantes en la definición contenida en el artículo 33 del
Código Civil al pretender cobijar a todos los individuos de la especie humana
sin distinción de sexo “a menos que por la naturaleza de la disposición o el
contexto se limite manifiestamente a uno solo” y, a renglón seguido, cuando
en el párrafo segundo se agregan las expresiones por el contrario,
las palabras mujer, niña, viuda y otras semejantes, que designan al sexo
femenino no se aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las
extienda la ley a él”, hacen una clara alusión a lo masculino y descartan
del enunciado de la norma lo femenino. Opina el demandante, que con ello se
adopta una definición excluyente de las mujeres que no concuerda con el
desarrollo que en materia de no discriminación por razones de género ha tenido
lugar en el mundo y en Colombia, particularmente, a partir de la Constitución
de 1991.
Sostiene
el actor que el lenguaje utilizado en la definición contenida en el artículo 33
utiliza el vocablo hombre para hacer referencia tanto a varones como a mujeres.
Esto tiene, a su juicio, serias implicaciones por cuanto presenta al hombre –
varón – como el único sujeto de acción y de referencia y ubica a la mujer en
una situación de dependencia y subordinación. Insiste el demandante en
que las normas deben contener definiciones no discriminatorias por motivos de
género. De acuerdo con las investigaciones sobre el uso del lenguaje, añade el
demandante, las lenguas “son sistemas de comunicación creados por los seres
humanos a su imagen y semejanza; por ello, en sociedades en que se establece
una diferencia social entre los sexos, existen divergencias estructurales y de
uso.” Así las cosas, la manera como se hace referencia a las mujeres y a
los varones refleja, a su turno, el modo como estos géneros son tratados dentro
de un contexto social determinado[1].
Recalca
el demandante, que tanto lo dispuesto en la Constitución como en los tratados
internacionales obligan a que el contenido de las definiciones se aplique un
enfoque de género. Lo anterior no puede restringirse al uso del lenguaje sino
que debe servir de punto de partida para realizar un análisis de la realidad y
proponer transformaciones más igualitarias procurando hacer visibles tanto a
los varones como a las mujeres en los términos de igualdad constitucional que
irradia la Ley Fundamental.
A
continuación, se refiere a la manera como acoge el ordenamiento jurídico
constitucional el principio de la dignidad humana en tanto “principio
medular y fundante” y dice que el Estado de derecho en Colombia no puede
partir de supuestos normativos “basados en interpretaciones genéricas”,
no puede aceptar que se subsuman en un solo sexo definiciones básicas en la
interpretación del compendio normativo. Agrega, que “el género masculino no
es el que edifica la especia humana” y que “no es dable en el seno de
una democracia como la nuestra, interpretaciones excluyentes que provengan de
suposiciones legales que deben estar en consonancia con un modelo
constitucional como el nuestro.”
Pone
énfasis el demandante en que el Capítulo V del Código Civil regula lo referente
a las definiciones de palabras de uso frecuente en las leyes. Alega, a
continuación, que estas definiciones no pueden servir de punto de partida para
la interpretación de todo un contexto normativo cuando afectan la dignidad de
las mujeres “pues los códigos no pueden edificarse en normas
inconstitucionales e injustas en relación con el género femenino” tanto más
cuanto se excluye a las mujeres de la definición y se las pone al amparo del
género masculino.
En
relación con el principio de igualdad constitucional, dice el demandante que
tiene su fundamento en el artículo 13 superior. Acentúa el actor el contenido
del inciso segundo del artículo 13 en el que se determina que el Estado debe “promover
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las mediadas
en favor de grupos discriminados o marginados.” Recalca que el contenido
del artículo 13 se ve reforzado por lo dispuesto en el artículo 43 cuando
expresa que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades[2].”
Agrega
el demandante, que las normas no pueden convertirse en un instrumento para
desconocer los derechos de las mujeres y de las niñas pues “cualquier forma
de discriminación sexista es una clara vulneración de la Constitución Política
de 1991 y por ende de la Carta de Naciones Unidas, de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y de la Convención sobre la Eliminación de toda las Formas
de Discriminación contra la Mujer” así como de otros instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.
Por
todo lo anterior, solicita el actor a la Corte Constitucional declarar la
inconstitucionalidad de las expresiones demandadas.
IV. INTERVENCIONES
1.-
La Corporación SISMA MUJER
En
escrito recibido en la Secretaría
General de la Corte Constitucional el día 17 de febrero de 2006 emitió concepto
la Corporación SISMA MUJER. Consideró la representante de la Corporación que
las expresiones demandadas contenidas en el artículo 33 del Código Civil
desconocen, en efecto, la igualdad entre los sexos “al determinar tratos
diferenciales para unas y otros.” Recordó que no era competencia de la
Corte Constitucional realizar cambios en las definiciones establecidas en las
normas, pero estimó que la Corte podía optar por una de dos alternativas: o
bien modular los efectos de su sentencia en el sentido de redactar el artículo
de manera acorde con las exigencias constitucionales así: “Las palabras
persona, niño/a, adulto/a y otras semejantes que en sentido general se aplican
a individuos de la especie humana sin distinción de sexo, se entenderán que
comprenden ambos sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la
naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno
sólo” y, en esta misma línea de pensamiento, recomendó declarar inexequible
- y por ende fuera del ordenamiento jurídico - el párrafo segundo del artículo
33. O bien instar al Legislador para que dentro de un lapso prudencial
redactara una definición orientada a corregir las deficiencias constitucionales
verificadas en el artículo demandado. Expuso los siguientes argumentos en apoyo
de su solicitud.
A juicio de la Corporación SISMA MUJER, las
expresiones utilizadas en la definición contenida en el artículo 33 del Código
Civil son discriminatorias en razón del sexo. Al utilizarlas, el Legislador
confundió la “neutralidad del derecho” con suponer que al decir HOMBRE se está
incluyendo a toda la especie humana. Recordó la interviniente que el lenguaje
no es un instrumento neutral de comunicación. El lenguaje, insistió, es a la
vez un medio de acción y de persuasión. Las expresiones utilizadas en la
definición contenida en el artículo 33 contradicen postulados propios del
Estado social de derecho que propugnan por la igualdad en el contenido de la
Ley. Esto propicia que se continúen legitimando situaciones de inequidad en
contra de las mujeres.
Con ello se desconoce, de igual modo, el principio de
igualdad sustancial contenido en la Constitución Nacional mediante el cual “se
señala el compromiso de remover los obstáculos que configuran efectivas
desigualdades de hecho que se oponen al disfrute efectivo del derecho.” A
juicio de la interviniente las expresiones utilizadas en la definición
contenida en el artículo 33 del Código Civil no hacen más que obviar “las
causas que subyacen en las situaciones que tienen que ver con fenómenos
históricos de segregación, marginación y con injusticias históricas que se
pretenden subsanar.” Recalcó la interviniente que la igualdad sustancial
tiene un “carácter compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de
personas y grupos ubicados en condiciones de inferioridad[3].”
En consideración a lo expuesto, estimó que los
argumentos alegados por el actor para solicitar la inexequibilidad de las
expresiones demandadas de la definición contenida en el artículo 33 del Código
Civil estaban justificados desde el punto de vista constitucional.
2.- Universidad Nacional de Colombia
En escrito allegado a la Secretaría General de la
Corte Constitucional el día 17 de febrero de 2006, la Directora de las Escuela
de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional de Colombia, comunicó que había encomendado responder el concepto
solicitado por la Corte Constitucional a Lina María Céspedes Báez, abogada
egresada de la Maestría de la Escuela de Estudios de Género de la mencionada
Universidad.
La interviniente consideró que retirar las expresiones
demandas utilizadas en la definición contenida en el artículo 33 produciría “un
vacío normativo que podría ir en desmedro de las mismas mujeres porque la
redacción de las normas en Colombia ha tenido ese parámetro consagrado en el
Estatuto Civil de utilizar las palabras hombre, niño y adulto en un
sentido universal que pretende cobijar a las mujeres, niñas adultas viudas, entre
otras, provocando que el otorgamiento de derechos, facultades y obligaciones se
dé sobre esa base.”
Recordó la interviniente que el artículo 33 forma
parte del Capítulo V del título Preliminar del Código Civil en donde se
establecen un conjunto de definiciones. Enfatizó que desde una perspectiva
estricta de interpretación el enunciado allí previsto no puede ser considerado
norma jurídica por cuanto no está orientado a ordenar, prohibir o permitir una
conducta determinada. Una definición, dijo la interviniente, no genera en
principio obligaciones. Adquiere relevancia jurídica la definición en el
momento en que se la integra con otros enunciados que sí constituyen norma
jurídica, “dado que permiten, prohíben o establecen obligaciones.”
Sugiere el concepto emprender el estudio acerca de si “la
mera definición de unos conceptos puede ser contraria al ordenamiento
constitucional”, indagar, en suma, no únicamente acerca de los efectos
instrumentales de los enunciados jurídicos sino al respecto de sus efectos
simbólicos. A continuación, dividió su exposición en tres acápites. En el
primero, se pronunció sobre el lenguaje y la eficacia simbólica del derecho; en
el segundo abordó el asunto concerniente a los principios constitucionales y a
los compromisos internacionales del Estado colombiano. En el tercero, realizó
un análisis de la disposición demandada y concluyó que ese enunciado perpetuaba
la discriminación contra la mujer[4].
En relación con los principios constitucionales y los
convenios internacionales, enfatizó la interviniente que el Estado colombiano
se encuentra comprometido con la igualdad, la justicia y la democracia. Estos
principios informan todo el ordenamiento constitucional y coinciden con lo
establecido en los artículos 2º y 7º de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; con lo dispuesto en los artículos 1º y 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; con lo previsto en el artículo 2º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de los
Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Todos estos pactos y convenios
internacionales integran el bloque de constitucionalidad y sirven de canon para
juzgar el ajuste de la legislación a los postulados supremos de la
Constitución. Finalmente, sostuvo la interviniente que las expresiones acusadas
y utilizadas en la definición contenida en el artículo 33 del Código Civil
contribuyen a perpetuar la discriminación contra la mujer, pues “mantienen
el estereotipo de que lo masculino es lo universal y lo femenino la singular,
visión que se ve confirmada con el segundo inciso de la previsión acusada[5].”
3. Cátedra de Género y Derecho, Universidad de los
Andes
La directora de la Cátedra de Género y Derecho de la
Universidad de los Andes, Isabel Cristina Jaramillo, emitió concepto el día 13
de enero de 2006. La interviniente dividió su exposición en dos partes y una
tercera en la que se refirió al asunto en concreto. En la primera parte se
pronunció sobre la construcción y reproducción de las relaciones sociales en el
lenguaje y, en la segunda, hizo referencia a la construcción y reproducción de
las relaciones sociales en el lenguaje legal[6].
En relación con el asunto bajo análisis, la
interviniente opinó que aún cuando, a su juicio, la demanda contenía cargos
claros, específicos, pertinentes y suficientes la solicitud de expulsar del
ordenamiento algunos apartes de la definición contenida en el artículo
demandado presenta inconvenientes. “En primer lugar, al conservar ‘niño’ y
‘adulto’ como genéricos, se podría estar incurriendo en la reificación de otras
discriminaciones. En ese sentido el fallo podría ser inocuo porque elimina una
forma genérica dejando vivas otras.” En segundo lugar, al ser eliminadas
del segundo inciso las expresiones demandadas, éste pierde todo su
significado. A continuación, realizó la interviniente un examen de las
distintas disposiciones del Código Civil que utilizan las palabras contenidas
en la definición, luego de lo cual, se preguntó si cabría estudiar si los
defectos de la petición podrían superarse por medio de la figura de la unidad
normativa cuyo uso, como lo ha reconocido la Corte Constitucional, solo procede
en casos excepcionales.
Consideró la interviniente que en el presente caso
bien podría estarse en la situación en que la disposición demandada no tiene
contenido jurídico autónomo de manera que no sería factible comprenderla sin
antes acudir al texto de una norma no demandada, o bien, podría estarse en la
circunstancia en que la norma demandada se encuentra reproducida en otras
disposiciones que no fueron objeto de demanda. En estas eventualidades,
recuerda la interviniente, se integra la unidad normativa para evitar que el
fallo resulte inocuo.
La unidad normativa en el caso bajo estudio, agregó la
interviniente, “implicaría que se declarara inexequible todo el artículo 33
del Código Civil y se reemplazaran todas las expresiones que aluden a un sexo
exclusivamente (marido, mujer, viuda, viudo, niño, niña, adulto) a lo largo del
Código Civil (…) por la palabra persona.” Esta solución, concluyó,
implicaría ciertamente la modificación de muchos artículos del Código Civil
pero sería de manera simultánea la única forma de “corregir el tipo de
discriminación a la que alude el demandante.”
4.- Veeduría Distrital
La ciudadana María Consuelo del Río Mantilla actuando
en su calidad de Veedora Distrital allegó concepto a la Secretaría de la
Corporación el día 19 de abril de 2006. Estimó la interviniente que las
expresiones acusadas y utilizadas en la definición contenida en el artículo 33
de la Código Civil desconocían tanto el derecho a la igualdad ante la ley como
la igualdad de trato. Opinó que estas expresiones establecían una
discriminación frente a la mujer, a la niña y a la viuda cuando se contrastaba
con lo previsto en la disposición para el hombre, el niño y el adulto al
permitir que estos tres vocablos fueran aplicables en un sentido general y
excluyente del género femenino. La interviniente recordó lo manifestado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-507 de 2004 en donde la Corporación
identificó tres dimensiones del principio de igualdad. A renglón seguido, pasó
la interviniente a aportar las razones por las cuales consideró que el artículo
33 incurría en una discriminación por razón de sexo. Dijo que de lo preceptuado
en el artículo 13 superior era posible inferir una prohibición de trato
discriminado “por motivos de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica.”
5.-Universidad del Rosario
Mediante escrito allegado a la Secretaría de la
Corporación el día 18 de abril de 2006 emitió concepto la Universidad del
Rosario y solicitó declarar la exequibilidad del artículo del Código Civil
demandado. Apoyó su solicitud en las consideraciones que se resumen a
continuación.
Cada grupo humano de acuerdo con su desarrollo
cultural se ha valido de un conjunto de mecanismos abstractos de comunicación.
El que las convenciones sociales utilizadas para denotar la generalidad en el
habla jurídica otorguen prioridad a lo masculino sobre lo femenino tiene un
origen histórico y se relaciona con la situación presente en diversas culturas
en las cuales “el sexo femenino estaba sometido, en toda la extensión de la
palabra, al varón adulto y no sólo en la práctica sino también en las
concepciones religiosas y jurídicas en las que el varón llevaba la voz cantante
en todas las actuaciones familiares.” La tendencia a designar conjuntos con
el nombre del individuo y, al hacerlo, suprimir la indicación del género y el
número ha sido una costumbre generalizada y aceptada sin que lo anterior
signifique que haya sido acertada, pues puede obedecer, incluso, a la
consagración de errores.
La Universidad interviniente enfatizó en su concepto
que “la comunicación verbal y escrita es (…) apenas una convención o acuerdo
del pueblo para designar ciertos elementos de manera que todos los comprendan.”
Adujo que de hacerse un ejercicio estadístico en el campo jurídico era factible
constatar que el derecho también reflejaba la tendencia a utilizar el género
masculino como término generalizador[7].
Subrayó el escrito de intervención presentado por la
Universidad del Rosario que las definiciones acogidas por el legislador
reflejan “los usos consagrados del idioma.” Por esta razón, no puede
acusarse al Legislador de haber incurrido en falla alguna pues la connotación
sexista existe en el lenguaje corriente[8].
Dijo el concepto, que el uso de términos genéricos
como los contenidos por la disposición demandada - hombre, niño y demás
masculinos singulares – “no trae como consecuencia directas ventajas para
los hombres y los niños frente a las mujeres, siempre que no induzca
directamente a hacer prevalecer a estos frente a ellas.”En realidad lo que
busca la Constitución, agregó el concepto, es evitar la existencia de normas
que por sí mismas puedan inducir a acciones u omisiones que discriminen de
manera injustificada o innecesaria los diversos sujetos del derecho. En el caso
bajo examen lo que la norma pone de presente “es que (…) lleva ese mensaje
implícito – en realidad subliminal – de sexismo propio de estos nombres, que
por sí mismo no es apto para generar las conductas violatorias. La disposición
demandada que no es regulatoria sino simplemente  explicativa, no tiene
potencialidad real ni virtual para inducir a la discriminación.” Recordó la
Universidad del Rosario en su concepto que la misma Constitución que “se
cuidó de omitir la palabra hombre en sentido genérico, incurrió en la falla que
se tacha en la demanda, al referirse al niño, adolescente (Arts. 44,45 y 50
C.N.). Afirmó, por último, que de no ser constitucional el uso de la
disposición contenida en el artículo del Código Civil demandado, “la Corte
se vería en el predicamento de tener que empezar por ajustar los términos
constitucionales.”
6.- Academia Colombiana de Jurisprudencia
El día 18 de abril de 2006 rindió concepto la Academia
Colombiana de Jurisprudencia ante la Secretaría General de la Corte
Constitucional. Mediante escrito presentado por Lucy Cruz de Quiñones e Ilva
Myriam Hoyos solicitó la Academia a la Corte Constitucional que se declarara la
exequibilidad de la disposición demandada y expuso los siguientes motivos en
sustento de su petición.
Estimó que el artículo 33 del Código Civil era una
norma atípica cuyo objetivo consistía en determinar el uso de algunas palabras
y en señalar los alcances específicos de términos jurídicos. En este orden de
ideas, la disposición demandada no busca ordenar, prohibir o permitir
determinada conducta. La finalidad del artículo del Código Civil demandado no
es por tanto la de discriminar o desconocer la dignidad de las mujeres sino “todo
lo contrario, este artículo se limita a establecer cuál es el uso que se les da
a las expresiones mencionadas en los textos legales[9].”
La Academia se refirió primero al uso frecuente de la
palabra hombre y llegó a la conclusión de que este término en su utilización
habitual y, de acuerdo con la primera acepción encontrada en el Diccionario
de la Real Academia Española, aludía al ser humano o al individuo de
la especie humana y comprendía, en tal sentido, tanto al varón como a la mujer.
Por ese motivo, añadió, “[e]sa  definición legal corresponde al uso
general de las palabras y no puede entenderse como discriminatoria de las
mujeres[10].”
Consideró que el demandante parecía partir de una
noción restrictiva de dignidad humana y no de la consignada en el artículo 1º
superior. Afirmó al respecto que “el debate iusconstitucional y
iusfundamental debe hacerse en el ámbito jurídico, no en la novedad de las concepciones
ideológicas, (sic) y, por ende, la Corte ha de estudiar la demanda no para
dirimir la confrontación de la norma con una concepción sino con el
ordenamiento constitucional. Este debate ha de estar encaminando, por tanto, a
la recta administración de justicia.”Luego de transcribir en extenso el
escrito realizado por la académica Ilva Myriam Hoyos sobre la dignidad humana[11], concluyó el
concepto emitido por la Academia Colombiana de Jurisprudencia que la disposición
contenida en el artículo 33 del Código Civil demandado no desconocía tal
principio[12].
Acerca del eventual desconocimiento del principio de
igualdad indicó el concepto que tal principio admitía también distinciones
cuando ellas son justificadas. Añadió, por lo demás, que “[f]rente a la
norma demandada la cuestión parece estar centrada en saber si el hecho de que
una norma establezca como definición legal que la palabra ‘hombre’ se aplica a
los individuos de la especie humana, sin distinción de sexo, y que, por tanto,
se entenderá que comprende ambos sexos, implica una (sic) desconocimiento de la
igualdad en derecho.” Llegó a la conclusión según la cual no podría afirmarse
de modo razonable que estemos en presencia de un desconocimiento de este tipo
por cuanto “la norma reconoce que la voz ‘hombre’ puede aplicarse a los
individuos de la especie humana, sean éstos varones o mujeres.”
Respecto de la expresión demandada en el párrafo
segundo del artículo 33, añadió el concepto, que “si la Corte considera que
la demanda en este punto reúne los requisitos exigidos para hacer un análisis
de fondo, estimamos que ha de declarar el inciso exequible. Por que la
distinción que hace el legislador no es injusta, al no lesionar los derechos de
los varones. Simplemente determina el sentido de la expresión ‘mujer’, que
gramaticalmente no tiene el carácter  genérico que se da a la voz ‘hombre’.”
En vista de lo anterior, solicitó la Academia Colombiana de Jurisprudencia que
se declarara la constitucionalidad de las expresiones demandadas.
7.- Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos – ILSA
El día 19 de abril de 2006 presentó concepto el
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA y solicitó
declarar la inexequibilidad de las expresiones demandadas. Se concentró
exclusivamente en abordar el cargo relacionado con el desconocimiento del
derecho a la igualdad. En este orden de cosas, procedió a reflexionar sobre los
cambios presentados a partir de la Constitución de 1991 cuando “no sólo [se]
reconoce la igualdad de derechos para todas las personas, sino que de manera
explícita [se] consagra la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, y la prohibición expresa de discriminar a la mujer en razón de sus
sexo.” Así las cosas, el derecho a la igualdad opera como principio
transversal que se proyecta sobre cualquier tipo de derecho pues “se
configura dentro de un Estado Social de Derecho [e implica] la obligación de
abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas,
directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de
facto, que afecten otros derechos fundamentales como la dignidad humana, la
libertad y el libre desarrollo de la personalidad.”
Destacó el concepto emitido por el Instituto, cómo el
uso de un lenguaje incluyente y respetuoso significa un primer paso “hacia
la visibilización y materialización de los derechos de las mujeres, en concordancia
con los avances de la legislación nacional e internacional sobre el tema en los
últimos años. Por consiguiente, el Código Civil, al señalar la palabra “hombre”
en sentido general, promueve desde la semántica que un grupo de la población
quede excluida, y como consecuencia no puede ser constitucional el trato
diferenciador que se consagra en la norma demandada.”
A juicio del Instituto, el lenguaje abarca elementos
que son determinantes para la construcción del pensamiento social. El contenido
de ciertas expresiones se refleja en ámbitos de amplia difusión como
resultan ser los preceptos legales que nos rigen” y edifican mecanismos
ilegítimos de exclusión social. Ese precisamente es el caso “de la identidad
del ser humano exclusivamente ligada a la expresión ‘hombre’, constituida ya
como una práctica cotidiana, que reproduce claramente un patrón social carente
de toda justificación ante el derecho.”
El Instituto Latinoamericano de Servicios Legales
Alternativos realizó en su concepto un repaso de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional existente sobre la protección especial que la Constitución le
confiere a las mujeres y del derecho de la igualdad a la luz de las demandas
presentadas en contra del Código Civil (Sentencias C-082 de 1999; C-112 de
2000; C-507 de 2004). También se refirió al derecho a la igualdad desde la
perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Concluyó,
finalmente, que “la norma demandada constituye una violación simbólica de
los derechos de las mujeres, razón por la cual deberá ser declarada
inconstitucional.”
8.- Universidad Externado de Colombia
Por medio de escrito allegado a la Secretaría de la
Corte Constitucional el día 19 de abril de 2006 la Universidad Externado de
Colombia solicitó que se declarara la exequibilidad de la disposición
demandada. A renglón seguido se exponen de manera resumida los motivos con que
la Universidad sustentó su solicitud.
El concepto fue dividido en dos acápites. De un lado,
se pronunció acerca del análisis lingüístico de las expresiones demandadas y,
de otro, sobre el análisis jurídico del artículo 33 del Código Civil. La
primera parte comenzó con una referencia al término hombre en su acepción
general. Dijo el concepto que esta acepción es el reflejo de un uso social sin
que esto tenga una connotación discriminatoria frente a lo femenino o implique
reafirmar la superioridad de un género frente a otro[13].
También abordó el concepto el tema relacionado con el
principio de conservación del derecho y recordó lo manifestado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-320 de 1997. A propósito de esta sentencia
afirmó que en el caso bajo examen y en virtud de ese principio, la Corte debía
mantener la disposición demandada dentro del ordenamiento jurídico y opinó que
tampoco era necesario declarar la exequibilidad condicionada por cuanto “la
norma demandada señala las formas como se deben interpretar las expresiones en
cuestión.”
Con respecto al análisis jurídico del artículo 33,
dijo el concepto que la disposición contenida en ese artículo no significaba
ninguna novedad en el ámbito del derecho. Citó a renglón seguido varios
ejemplos para mostrar que desde los tiempos del Derecho Romano era frecuente
encontrar términos utilizados en un sentido generalizador. Concluyó el concepto
presentado por la Universidad Externado de Colombia que las expresiones
acusadas se ajustaban a lo prescrito por el ordenamiento constitucional “puesto
que se trata de una norma que desarrolla el principio de igualdad y que es
acorde con las realidades sociales. Se puede ver de manera clara,” añadió
por último, “que dichas expresiones no señalan una superioridad de un género
frente al otro, por el contrario, lo que hacen es prevenir una posible
discriminación hacia el género femenino.” A partir de todo lo anterior,
conceptuó que la Corte Constitucional debía declara la constitucionalidad de
las expresiones demandadas del artículo 33 del Código Civil.”
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
Mediante concepto número 4094 allegado a la
Secretaría General de esta Corporación el día 17 de mayo de 2006, el Procurador
General de la Nación solicitó declarar la exequibilidad de las expresiones
demandadas del artículo 33 del Código Civil. A continuación se hace una
síntesis de las razones aportadas por la Vista Fiscal para sustentar su
solicitud.
Según el Procurador General de la Nación,
el problema jurídico a resolver puede plantearse de la siguiente forma: ¿vulneró
el legislador el derecho a la igualdad de trato sexual por discriminación en contra
del sexo femenino al establecer que, en las disposiciones de las leyes, la
palabra hombre y otras semejantes hacen referencia a ambos sexos? La Vista
Fiscal estimó necesario declarar la unidad normativa en relación con el segundo
párrafo del artículo 33 demandado, pues a su juicio existe un nexo intrínseco
estrecho entre estas dos disposiciones de ahí que se justifique hacer una
excepción En el asunto bajo examen, consideró el Procurador que “como el
cargo de inconstitucionalidad por discriminación en contra del sexo femenino se
refuerza con el cuestionamiento al empleo de la palabra mujer, niña, viuda y
otras semejantes para aludir sólo a dicho sexo, se hace necesario conformar la
unidad normativa con la expresión ‘a menos que por la naturaleza de la
disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo’, contenida en
la parte final del primer inciso del artículo 33 del Código Civil[14].”
Estimó el Procurador que para determinar si
la disposición demandada tenía efectos discriminatorios por razones de sexo era
preciso examinar su contexto. Respecto de la utilización de la palabra hombre y
otras semejantes en tanto términos generalizadores que abarcan ambos sexos, no
consideró la Vista Fiscal que contraríe el mandato constitucional de no
discriminación tanto más cuanto en la disposición demandada se pone énfasis en
que esas palabras se entenderán en su sentido general y se aplicarán a todos
los individuos de la especie humana, sin distinción de sexo.
Opinó el Procurador en su concepto que “en
principio, el uso del lenguaje en los enunciados normativos no es el que
determina la discriminación en sí misma, sino las consecuencias o efectos
jurídicos, reales o potenciales, que de tal empleo se deriven, tanto en los
contenidos normativos como de su aplicación” y recordó que ese mismo
criterio fue el que utilizó la Corte Constitucional cuando se pronunció sobre
la demanda instaurada en contra del artículo 34 del Código Civil (sentencia
C-534 de 2005). Adujo igualmente que la filosofía que inspiró la expedición del
Código Civil el día 26 de mayo de 1873 (artículo 1º de la Ley 57 de 1887) “se
constituyó en un hito del lenguaje jurídico (influencia ideológica radical), en
lo que tiene que ver con el tratamiento digno del ser humano.” Añadió, a
continuación, que lo anterior también se cumple cuando se observa la
disposición demandada a la luz de lo establecido en la Constitución de 1991.
Lo expuesto con antelación, llevó a la
Vista Fiscal a solicitar la exequibilidad del “uso de la palabra hombre y
otras semejantes para referirse a ambos sexos en las disposiciones de las
leyes, teniendo en cuenta que el legislador de 1887 tuvo la visión de mantener
su aplicación a los individuos de la especie humana, lo cual preserva la
dignidad de éstos y el trato igualitario que los sexos requieren en sentido
general, independientemente de las discriminaciones históricas contre el género
femenino y de las acciones que el Estado emprenda para su corrección
institucional y social.”
No obstante lo anterior, el Ministerio
Público expresó dudas frente al eventual potencial discriminatorio que se
pudiera derivar del trato efectuado por el legislador con fundamento en el
empleo de las palabras hombre, mujer u otras semejantes para referirse a un
solo sexo, por cuanto allí “no se admite distinción alguna al operador
jurídico frente a los efectos o consecuencias jurídicas de las normas, en
relación con el sexo o género al cual van dirigidas.” Así las cosas, según
el Ministerio Público sería factible que la legislación vigente para 1886 vista
bajo la óptica de la Constitución de 1991 “especialmente lo atinente a la
igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres y a la no
discriminación por razones de sexo, protegiendo reforzadamente al género
femenino frente a los tratos discriminatorios de los cuales históricamente ha
sido objeto” presente reparos de constitucionalidad.
Desde la perspectiva de la eficacia misma
del derecho constitucional, “el problema no es hipotética ni intuitivamente
simbólico, sino instrumental como potencial vehículo de discriminación
normativa en la aplicación de las palabras hombre, mujer y otras semejantes
referidas a un solo sexo en las disposiciones legales.” (Énfasis dentro del
texto). Para la Vista Fiscal la cuestión que se plantea en el caso bajo
análisis no sólo involucra el uso simbólico del lenguaje en los diferentes
contextos sino que va más allá y no radica únicamente en la condición de medio
de comunicación del lenguaje “(neutral en principio y consustancial a la
persona humana como ser social), sino en su instrumentalización para
representar contenidos y fines, y eso es cuestión de poder (inclusiones,
exclusiones, tratos justos o equitativos). A medida  que se transforman los
contenidos y fines, mediante el lenguaje se tienen que construir y expresar
esos cambios[15].”
Concluyó el Ministerio Público, finalmente,
que el lenguaje jurídico no puede ser neutro sino que debe respetar “los
fines constitucionales que garantizan la vigencia de un orden justo a partir de
la igualdad de los hombres y mujeres en sus derechos  y oportunidades y de la
protección reforzada que se debe dispensar al género femenino para equilibrar
su trato históricamente discriminatorio.” En este orden de ideas, solicitó
a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad “de las expresiones
‘hombre’, ‘y otras semejantes que’ y ‘su’ contenidas en el inciso primero del
artículo 33 del Código Civil.” Pidió también declarar la exequibilidad de “las
expresiones ‘a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se
limiten manifiestamente a uno solo’, ‘por el contrario’ y ‘no se aplicarán a
otro sexo’ contenidas en el artículo 33 del Código Civil, bajo el entendido de
que el uso en las disposiciones de las leyes, de las palabras hombre, mujer y
otras semejantes referidas a un solo sexo o género debe ser exclusiva y
objetivamente de carácter razonable y proporcionado en función de la
salvaguarda de intereses superiores del ser humano y de la sociedad, y en
ningún momento discriminatorio.”
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
1.- La Corte Constitucional es competente
para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º de la
Carta.
2.
Objeto de la demanda
El demandante encuentra que el término “hombre”,
la expresión “y otras semejantes que” contenidas en el inciso
primero del artículo 33 del Código Civil y las expresiones “por el
contrario” y “no se aplicarán a otro sexo”,
contenidas en el segundo inciso del mismo precepto, vulneran el principio
de dignidad humana (artículo 1º constitucional), el principio  de igualdad
(artículo 13 constitucional) y el derecho de la mujer a no ser discriminada
(artículo 43 constitucional).
Según el actor, el lenguaje utilizado en
la definición contenida en el artículo 33 utiliza el vocablo “hombre” en
su uso equivalente a género masculino para hacer referencia tanto a varones
como a mujeres lo que implica ubicar a la mujer en una situación de dependencia
y subordinación. A su juicio, el lenguaje tiene un enorme potencial simbólico y
de comunicación y además un poder reproductor y transformador que debe ponerse
en armonía con el marco de libertad y de igualdad material dentro del contexto
del Estado democrático, participativo y pluralista que ofrece la Constitución
Nacional. El actor estima que las expresiones demandadas desconocen el
principio de la dignidad humana e implican una discriminación injustificada del
género femenino. Constituyen, en consecuencia, una vulneración de los artículos
1º, 13 y 43 superiores y de los Pactos y Convenios Internacionales orientados a
garantizar el respeto de la dignidad humana de las mujeres y a prohibir la
discriminación por razones de género.
Algunas de las intervenciones y la Vista
Fiscal consideraron que las expresiones demandadas no desconocían el texto
constitucional pues el vocablo “hombre” que aparece en el párrafo
primero del artículo 33 había sido utilizado en su acepción general y abarcaba
tanto a mujeres como a varones. Muchas de las intervenciones coincidieron en
que al ser utilizado el término “hombre” en un sentido general estaba
orientado justamente a proteger a las mujeres y no a excluirlas. El Ministerio
Público planteó una preocupación adicional relacionada con el eventual efecto
discriminatorio que se pudiera derivar del trato efectuado por el legislador
cuando aplique las palabras hombre, mujer u otras semejantes para referirse a
un solo sexo. Conceptuó el Procurador que al ser la expresión contenida en el
artículo 33 producto del Legislador de 1886, ésta debía siempre ser interpretada
en el sentido establecido por la Constitución de 1991 de manera que sugirió a
la Corte declarar la exequibilidad de “las expresiones  ‘a menos que por la naturaleza de la
disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo’, ‘por el contrario’
y ‘no se aplicarán a otro sexo’ contenidas en el artículo 33 del Código Civil,
bajo el entendido de que el uso en las disposiciones de las leyes, de las
palabras hombre, mujer y otras semejantes referidas a un solo sexo o género
debe ser exclusiva y objetivamente de carácter razonable y proporcionado en
función de la salvaguarda de intereses superiores del ser humano y de la
sociedad, y en ningún momento discriminatorio.”
Otros intervinientes estimaron que el
vocablo “hombre”, supuestamente neutral y abarcador de ambos géneros, no
hacía más que perpetuar una estado de invisibilidad y subordinación de la
mujer, situación ésta que - de acuerdo con los tratados y convenios
internacionales sobre derechos humanos; de conformidad con los preceptos constitucionales
y con los desarrollos jurisprudenciales que prohíben la discriminación por
razones de sexo -, debe ser proscrita pues significa privilegiar a los varones
y discriminar de manera injustificada a la mujer. Si bien es cierto algunas de
las intervenciones consideraron que no era del resorte de la Corte
Constitucional realizar cambios en las definiciones contenidas en las normas y
muchas de ellas se pronunciaron respecto de los efectos indeseables que podría
tener realizar una modificación de las expresiones demandadas, sugirieron a la
Corporación modular su sentencia en el sentido de ajustar el contenido del
artículo 33 del código Civil a los preceptos constitucionales tal y como lo ha
hecho la Corte Constitucional en otras ocasiones. La mayoría de las
intervenciones expusieron en extenso acerca del poder simbólico e instrumental
del lenguaje en general, así como del jurídico en particular y sobre la
importancia de las expresiones utilizadas por éste en la trasformación de un
grupo de prácticas que han contribuido a perpetuar el trato discriminador
contra las mujeres. Otras intervenciones consideraron, a su turno, que la
situación de discriminación de la mujer es una práctica social que no debería
existir pero llamaron la atención respecto de que la discriminación existe en
el lenguaje corriente y que habría primero que corregir el idioma corriente
para evitarla lo que además de exagerado podría resultar probablemente inocuo.
3. La integración de la unidad normativa y la
formulación del problema jurídico.
Antes
de entrar a formular el problema jurídico considera la Corte pertinente
establecer por anticipado que para realizar el juicio de constitucionalidad de
las expresiones acusadas en el caso bajo examen procederá a integrar la unidad
normativa y por una parte extenderá el control sobre todo el contenido
normativo del artículo 33 del Código Civil.
Al
respecto, cabe señalar que la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido
reiteradamente que la integración de la unidad normativa es excepcional, y sólo
procede “cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o
cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un
contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En
este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición
normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de
forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema
planteado”[16].
Se
trata realmente de dos hipótesis diferentes en las cuales la Corte
Constitucional puede extender su examen de constitucionalidad sobre
disposiciones o enunciados normativos que no han sido acusados expresamente en
la demanda. En primer lugar, cuando las expresiones demandadas carecen de un
contenido deóntico claro unívoco o de un ámbito regulador propio, aislado del
contexto en el cual están insertadas, y se requiere precisar su alcance
incluyendo en el juicio de constitucionalidad otros enunciados normativos que las
complementan, caso en el cual la Corte procede a formular la proposición
jurídica completa[17].
La
otra hipótesis acaece cuando “[l]as normas (…) tienen cada una un sentido
regulador propio y autónomo, pero el estudio de constitucionalidad de la
disposición acusada impone el examen de la conformidad o inconformidad con la
Constitución de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que
están contenidos en otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se
constituye la unidad normativa”[18].
En este último caso la Corte Constitucional ha afirmado que debe existir
una relación “íntima e inescindible” entre la disposición acusada y
aquella respecto de la cual se integra la unidad normativa, de manera tal que
para evitar un fallo inocuo resulte indispensable extender el examen de
constitucionalidad a esta última[19].
La segunda hipótesis también tiene lugar cuando la disposición impugnada se
encuentre íntima e inescindiblemente relacionada con otra norma que parece prima
facie inconstitucional[20].
En
el caso concreto se impugnaron algunas expresiones aisladas contenidas en el
artículo 33 del Código Civil, tales como las expresiones hombre y otras
semejantes del inciso primero, al igual que las expresiones [p]or el
contrario y no se aplicarán a otro sexo contenidas en el inciso
segundo de la misma disposición. Tales expresiones carecen de
significado aisladas de su contexto, por tal razón deberá formularse la
proposición jurídica completa y examinarse la constitucionalidad de la
totalidad del artículo 33.
Una
vez aclarado lo anterior, pasa la Corte a formular el problema jurídico. En
esta oportunidad le corresponde a la Sala Plena verificar si al establecer el
artículo 33 del Código Civil que el vocablo “hombre” puede ser empleado
en las definiciones legales en tanto término genérico y abarcador de los dos
sexos “a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se
limite manifiestamente a uno solo” y luego, al añadir que “por el
contrario las palabras mujer, niña viuda y otras semejantes, que designan el
sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, a menos que expresamente las
extienda la ley a él” se ajusta la definición contenida en el referido
artículo a la Constitución en su conjunto y, concretamente, a lo dispuesto por
los artículos 1º (dignidad humana), 13 (derecho a la igualdad), 40 (garantía de
participación de las mujeres en la elección, ejercicio y control del poder
político) 43 (prohibición de discriminación contra la mujer) así como a lo
consignado en los Pactos y Convenios Internacionales sobre los Derechos de las
Mujeres aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el Gobierno
Nacional.
Para solucionar el problema jurídico la Corte
Constitucional:
(i)
Repasará brevemente
la evolución del rol social de la mujer y sus derechos. Con relación a lo
anterior, aludirá a los derechos de la mujer en el ordenamiento jurídico
constitucional y en el derecho internacional de los derechos humanos.
(ii)
Se referirá al
lenguaje jurídico. En este orden de ideas, abordará los siguientes temas: (a)
poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico; (c) el lenguaje jurídico
no es neutral; (d) las situaciones de inclusión y exclusión también se reflejan
en el lenguaje jurídico; (e) la razón
patriarcal y su proyección en el lenguaje jurídico y en la cultura jurídica; (f) potencial transformador del lenguaje
jurídico y de la cultura jurídica.
(iii)
Examinará el sentido
y alcance de la expresión hombre utilizada en la definición contenida en el
artículo 33 del Código Civil a la luz de las ideas y valores predominantes en
el momento en que se adoptó el Código Civil a fines del siglo XIX. En relación
con lo anterior, la Corte se pronunciará respecto de los asuntos que se nombran
a continuación:
(iv)
Determinará si la
expresión “hombre”, tal como es utilizada en la definición contenida en
el artículo 33 del Código Civil, constituye un término equívoco que en lugar de
incluir a las mujeres, las excluye.
(v)
Verificará si la
definición contenida en el párrafo primero y en el párrafo segundo del artículo
33 del Código Civil armoniza con lo dispuesto en los artículos 1º, 13, 40 y 43
de la Constitución Nacional y con lo establecido en los Convenios y Tratados
Internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia.
Por último, una vez establecidos los anteriores
elementos examinará la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
4. Evolución
del rol social de la mujer y sus derechos
Las mujeres han batallado durante años por reclamar lo
que a partir de un concepto mínimo de humanidad han merecido pero que
históricamente les ha sido negado, esto es, el reconocimiento de su dignidad
humana y de su estatus de personas y ciudadanas; la igualdad formal y material
de trato; el goce de aquellos derechos que hacen factible su capacidad de
concebir y emprender de manera activa los proyectos que sean de su interés; la
capacidad de administrar sus propios bienes; el derecho a recibir una
instrucción y una educación adecuada a sus necesidades; la posibilidad de
participar de manera activa en la configuración, en el ejercicio y en el control
del poder político. En suma, la manera de hacer factible su aparición visible,
concreta, consciente, autónoma y libre en la vida familiar, social, económica,
política, cultural y jurídica de conformidad con su propia mirada.
La lucha a favor de los derechos de las mujeres se
inicia muy temprano, cada caso aislado y remoto en el tiempo ha servido de
ejemplo y motivación para avanzar en el sendero iniciado por las pioneras.
Romper una tradición excluyente no ha sido fácil y lo han logrado mujeres
puestas en circunstancias especiales, así como mujeres resueltas a abrirse paso
aún en medio de las condiciones más adversas, y en esta lucha han sido
acompañadas por ilustres miembros del otro género que – como ellas - se han
resistido con tenacidad y valentía a admitir que las mujeres se vean reducidas
al estatus de “cosa”, de “objeto”[21].
A propósito de la situación de desventaja histórica en
que se han encontrado las mujeres – en general – y concretamente las mujeres
colombianas, manifestó la Corte en la sentencia C-410 de 1994:
“En nuestro país, tradicionalmente, el derecho civil
ha definido el papel de las mujeres en un sentido bastante restrictivo, acorde
con el marcado signo patriarcal de las fuentes que informaron el código, entre
las que se cuentan el derecho romano, el derecho canónico, el ordenamiento
español y el código de Napoleón; hasta bien entrado el presente siglo, rigieron
instituciones civiles caracterizadas por el particular énfasis que pusieron en
las obligaciones y prohibiciones a la mujer, en contraste con la largueza que
caracterizó la concesión de derechos al varón sobre su esposa e hijos; para
confirmar lo anterior es suficiente recordar que en la concepción original del
código, para proceder al divorcio, que realmente era una separación, bastaba el
adulterio de la mujer frente al amancebamiento que se exigía del hombre; la
potestad marital otorgaba al marido derechos y obligaciones "sobre la
persona y bienes de la mujer" quien tampoco tenía domicilio propio sino el
de su esposo, el matrimonio la convertía en incapaz correspondiéndole al marido
la representación legal y el manejo exclusivo de los bienes de la sociedad
conyugal y de los propios de la mujer, la patria potestad se ejercía tan sólo
por el padre; el Decreto 1003 de 1939 obligó a la mujer a tomar el apellido del
marido, agregándole el suyo precedido de la partícula "de",
indicativa de pertenencia.”
Más adelante se refirió la sentencia mencionada a la
exclusión de las mujeres respecto de la vida laboral:
“A la exclusión de las mujeres de la vida política
durante un amplio periodo, se juntó su exclusión de la vida económica general;
el trabajo asalariado no estuvo dentro del conjunto de actividades que pudieran
ser realizadas por ellas, y cuando se las admitió al mismo fueron relegadas a
labores de segunda categoría; los prejuicios sociales imponían el confinamiento
de la mujer a las tareas del hogar, comúnmente consideradas improductivas; se
difundió, de ese modo, una imagen de la mujer como ser económicamente
dependiente y por tal motivo sometida a la autoridad de los padres o del
marido.”
Destacó esta misma sentencia los obstáculos que se
presentan para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres en la práctica
incluso luego de haber podido acceder las mujeres al campo laboral:
“Sin embargo, cuando la mujer logra superar el
obstáculo inicial de acceder a un trabajo, las dificultades persisten,
impidiéndosele en gran medida la promoción dentro del mismo, por que la
organización laboral sigue asentada sobre bases masculinas, las normas y las
experiencias de los hombres dominan el mundo del trabajo que se estructura
conforme a un modelo en el que la presencia femenina se torna extraña y por
ende inestable. La delimitación de las esferas de actuación de uno y otro sexo
es un dato tan corriente y antiguo que no precisa prueba alguna; la segregación
profesional divide el mercado de trabajo, relegando a la mujer a ocupaciones
secundarias y mal remuneradas.”
Posteriormente, se refirió la sentencia C-410 de 1994
a dos situaciones que continúan significando un reto enorme en el camino de las
mujeres hacia su propia realización libre y autónoma: los problemas que deben
enfrentar las madres cabeza de familia y la doble carga que han de asumir con
frecuencia tantas mujeres trabajadoras las cuales deben también llevar sobre
sus hombros todo el peso del trabajo en el hogar:
“Es de anotar que el panorama sucintamente descrito
ofrece particulares incidencias cuando se trata de hogares con jefatura
femenina; la violencia crónica productora de un elevado número de viudas, el
divorcio, el abandono, la emigración y el denominado "madresolterismo"
incrementan el porcentaje de mujeres cabeza de familia (25%), fenómeno que en
una importante proporción se presenta en los sectores pobres. Tampoco puede
olvidarse que dentro de los grupos discriminados existen subgrupos sometidos a
un grado más alto de presión como consecuencia del estado civil o de la
situación familiar. Las mujeres casadas, normalmente soportan mayores
dificultades para su acceso y permanencia en el trabajo y de ordinario lo
abandonan más temprano. Sin embargo, en muchos países se registra un aumento de
su participación en la población activa, independientemente de que tengan o no
hijos.
Ahora bien, la creciente vinculación de la mujer a la
fuerza productiva no ha sido suficiente para relevarla del cumplimiento de las
labores domésticas que tradicionalmente se han confiado a su exclusiva
responsabilidad; esas tareas no retribuidas, no reconocidas y ejecutadas sin la
ayuda de nadie, preceden a la existencia del mercado económico regular y
continúan hoy en día al margen del mismo; de ahí que las heterogéneas y
complejas labores del ama de casa ligadas a la función "reproductiva y
alimentadora" y que abarcan desde la crianza y educación de los hijos
hasta la producción y transformación de alimentos, pasando por la provisión de servicios,
el aseo y el cuidado de enfermos o impedidos, además de no retribuidas sean
desconocidas como trabajo efectivo, incluso por las mismas mujeres, quienes
suelen entender por trabajo exclusivamente el empleo remunerado que desarrollan
fuera del hogar. Como invisible, difuso o trivial, el trabajo doméstico que
suele coincidir con el periodo reproductivo de la mujer.
El trabajo doméstico cumple un papel decisivo en el
funcionamiento del sistema económico, en el proceso de socialización y en el
mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo; a pesar de esto, y como
resultado de la nula valoración de este tipo de labores, los planificadores
ignoran esta faceta del trabajo femenino que según algunos cálculos equivale a
una cifra que oscila entre la quinta y la tercera parte del producto nacional
bruto; semejante limitación afecta las estadísticas sobre la mujer, que
participa cada vez más en la fuerza laboral, supeditando las más de la veces su
actividad productiva a las responsabilidades primarias del hogar. El trabajo
doméstico, consecuentemente, escapa a los registros de la seguridad social y a
los beneficios y prestaciones que ésta proporciona; en definitiva, en una
sociedad en la que todavía el papel del sexo femenino es puesto, en buena medida,
en el lado contrario al de los roles vinculados al éxito y a la efectividad, lo
que se considera trabajo productivo no depende tanto de la actividad que se
despliegue como del sujeto que la realice.
La suma del trabajo doméstico y del trabajo remunerado
aporta una idea acerca de la complejidad y heterogeneidad de las funciones que
las mujeres incorporadas a la fuerza laboral deben atender y, además, permite
captar la especificidad de las tareas femeninas en términos de intensidad; los
variados campos en los que la mujer trabajadora interviene, la sujetan al
cumplimiento de una "doble jornada", pues habitualmente reservan un
tiempo prudencial a las tareas domésticas antes y después de cumplir con su
horario de trabajo remunerado. Según datos aportados por la Defensoría ‘... el
trabajo de una mujer con doble jornada asciende a las 12 y 13 horas diarias. En
una investigación realizada entre madres usuarias de los CAIPS se encontró que
el 35,2% de las mujeres trabajan más de 5 días, incluyendo los días en que los
niños no van al jardín, situación especialmente difícil para las mujeres que
laboran también los domingos. Las horas requeridas para las responsabilidades
de casa y el tiempo necesario para el trabajo, suma en la mayoría de las veces
96 horas semanales, comparadas a las 48 horas semanales de los hombres’.
De las cifras transcritas se deduce que la noción de
tiempo de descanso resulta prácticamente vacía de contenido para la población
femenina trabajadora; los fines de semana y los feriados, cuando no están
dedicados al trabajo remunerado, son utilizados para adelantar actividades
domésticas, y mientras tanto los restantes miembros de la familia se entregan
al ocio. De acuerdo con la Defensoría, la investigación realizada entre madres
usuarias de los CAIPS indicó que ‘un 82% de las madres consideraron que
dedicaban su descanso a realizar oficios en el hogar, considerando como tiempo
libre aquel que no se destina a una actividad remunerada’.”
No sobra traer a la memoria la síntesis que hizo la
Corte Constitucional en la sentencia C-731 de 2000 en la cual destacó algunas
de las principales etapas por las que ha trascurrido la lucha de las mujeres colombianas por lograr el
reconocimiento de la igualdad en el terreno propiamente jurídico. Recordó la
Corte en aquella ocasión que:
““No
hay duda alguna de que la mujer ha padecido históricamente una situación de
desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y
especialmente a la familia, a la educación y al trabajo. Aun cuando hoy, por
los menos formalmente, se reconoce igualdad entre hombres y mujeres, no se
puede desconocer que para ello las mujeres han tenido que recorrer un largo
camino.
Baste recordar que bien entrado el siglo veinte, las
mujeres en Colombia tenían restringida su ciudadanía, se les equiparaba a los
menores y dementes en la administración de sus bienes, no podían ejercer la
patria potestad, se les obligaba a adoptar el apellido del marido, agregándole
al suyo la partícula “de” como símbolo de pertenencia, entre otras
limitaciones.
(…)
[E]n materia política, en 1954 se les reconoció [a las
mujeres] el derecho al sufragio, que pudo ser ejercido por primera vez en 1957.
En materia de educación, mediante el Decreto 1972 de 1933 se permitió a la
población femenina acceder a la Universidad. En el ámbito civil, la ley 28 de
1932 reconoció a la mujer casada la libre administración y disposición de sus
bienes y abolió la potestad marital, de manera que el hombre dejó de ser su
representante legal. El decreto 2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto
al hombre como a la mujer, eliminó la obligación de obediencia al marido, y la
de vivir con él y seguirle a donde quiera que se trasladase su residencia; el
artículo 94 decreto ley 999 de 1988 abolió la obligación de llevar el apellido
del esposo, y las leyes 1ª. de 1976 y 75 de 1968 introdujeron reformas de
señalada importancia en el camino hacia la igualdad de los sexos ante la ley.
En materia laboral, la ley 83 de 1931 permitió a la mujer trabajadora recibir
directamente su salario. En 1938, se pusieron en vigor normas sobre protección
a la maternidad, recomendadas por la OIT desde 1919, entre otras, las que
reconocían una licencia remunerada de ocho semanas tras el parto, ampliada a
doce semanas mediante la ley 50 de 1990. Por su parte, mediante  el Decreto
2351 de 1965, se prohibió despedir a la mujer en estado de embarazo.
A este propósito de reconocimiento de la igualdad
jurídica de la mujer se sumo también el constituyente de 1991. Por primera vez,
en nuestro ordenamiento superior se reconoció expresamente que ‘la mujer y el
hombre tienen iguales derechos y oportunidades’ y que ‘la mujer no podrá ser
sometida a ninguna clase de discriminación’.”
En
virtud del rol de las mujeres en la sociedad actual, no tienen cabida en el
ordenamiento jurídico colombiano disposiciones que establecen tratos
discriminatorios aun cuando se trate de regulaciones dirigidas supuestamente a
protegerlas, pero que al estar inspiradas en estereotipos sociales y culturales
machistas perpetúan la desigualdad. La Corte Constitucional se ha ocupado de
este fenómeno en repetidas oportunidades, y lo ha calificado como
“discriminación indirecta”, razón por la cual este tipo de enunciados
normativos han sido declarados inexequibles[22].
Sin embargo, no todo trato diferenciado a favor de las mujeres está
constitucionalmente prohibido y en esa medida las acciones afirmativas a favor
de las mujeres  implementadas por el Legislador con el propósito de reparar las
desigualdades históricas han significado un avance importante en la ruta por la
construcción de la igualdad.
En
los últimos años, las conquistas de las mujeres se han ampliado y profundizado.
En este sentido la sentencia C-355 de 2006 ha significado un hito importante en
el reconocimiento a la mujer de los derechos sexuales y reproductivos. En esa
oportunidad le correspondió a la Corte Constitucional pronunciarse respecto de
si la penalización del aborto en todo caso y bajo toda circunstancia era
compatible con las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en
los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos aprobados y ratificados por
Colombia. La Corte resolvió que penalizar a la mujer que abortara en
determinadas circunstancias – cuando el embarazo es producto de una violación;
en el evento en que de llevarse a término el embarazo corra peligro la vida de
la madre; cuando se presenten serias malformaciones del feto incompatibles con
la vida extrauterina; en caso de incesto - significaba imponerle a las mujeres
una carga desproporcionada y no razonable que no armonizaba ni con los derechos
constitucionales fundamentales ni con lo dispuesto en los instrumentos
internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por el Estado colombiano.
En
esa misma sentencia se pronunció la Corporación sobre algunos de los avances
más destacados en materia de garantía de los derechos de las mujeres como lo
son, la protección reforzada de la mujer embarazada y la preservación de su
estabilidad laboral; la existencia de un conjunto de medidas afirmativas
adoptadas por el Legislador con el fin de obtener la igualdad real de las
mujeres, en especial, aquellas decisiones aprobadas para amparar a las madres
cabeza de familia; la garantía del derecho de las mujeres a desarrollar su
personalidad libres de imposiciones y de presiones injustificadas; el derecho
de las mujeres a gozar de las mismas oportunidades de las que gozan los hombres
y el amparo de sus derechos sexuales y reproductivos[23].
Todas
estas garantías están consignadas en la Constitución de 1991 y reciben una
protección especial a partir de lo dispuesto por los Tratados Internacionales
aprobados por el Estado colombiano.
5. Los derechos de la mujer en el ordenamiento
constitucional colombiano
La lucha por los derechos de las mujeres en Colombia
comenzó a cosechar frutos con anterioridad a la vigencia de la Constitución de
1991[24],
pero puede decirse que a partir de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento
las conquistas obtenidas hasta ese momento se profundizan y se elevan a rango
constitucional.
Sobra decir que toda la Constitución de 1991 garantiza
a las mujeres el pleno disfrute de los derechos consignados en la Norma
Fundamental y, en especial, su derecho a estar libres de cualquier tipo de
discriminación. En la presente sentencia se referirá la Corte particularmente a
las disposiciones que el actor consideró vulneradas con las expresiones
demandadas y, en tal sentido, se pronunciará sobre el artículo 1º (dignidad
humana) el artículo 13 (derecho a la
igualdad), artículo 40 (protección especial a la participación de las mujeres
en la Administración Pública) y el artículo 43 (prohibición de discriminar a
las mujeres).
El
artículo 1º de la Constitución de 1991 establece:
“Colombia es un Estado social de derecho, organizado
en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
En
este lugar bien vale la pena resaltar que lo dispuesto en el artículo 1º
implica un cambio profundo con consecuencias directas frente a la lucha a favor
de los derechos de las mujeres. La disposición contenida en el artículo 1º
superior describe a Colombia como un “Estado social de derecho (…)
organizado en forma de República (…) democrática, participativa y pluralista
fundada en el respeto de la dignidad humana.” El respeto por la dignidad
humana exige reconocer en las mujeres igual dignidad a la que durante mucho
tiempo sólo se reconoció en los hombres. Requiere que las mujeres sean tratadas
con el mismo respeto y consideración con que son tratados los varones. Lo
anterior no como resultado de un acto de liberalidad o condescendencia sino
porque las mujeres por sí mismas son reconocidas como personas y ciudadanas
titulares de derechos cuya garantía está amparada en forma reforzada por lo
ordenamientos jurídico interno e internacional.
El
respeto por la dignidad humana de las mujeres significa, además, dejar de
considerarlas “objeto” a disposición de los hombres: padres, maridos o
compañeros permanentes. Este reconocimiento expreso en el texto constitucional
constituye sin duda un paso enorme, ante todo cuando se piensa que la entidad
de persona y de ciudadanas de las mujeres fue puesta en duda por siglos, y será
profundizado por lo dispuesto en la Constitución vista en su conjunto y, en
particular, por lo preceptuado en los artículos 13, 40 y 43 superiores, como
tendrá la Corte oportunidad de indicar más adelante.
En
la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional se pronunció sobre la
dignidad humana en las distintas facetas en que ésta aparece en el ordenamiento
jurídico colombiano: como valor fundacional de todo el sistema jurídico, como
principio y como derecho fundamental. Subrayó la Corte que:
“[a] pesar de su distinta naturaleza funcional, las
normas deducidas del enunciado normativo dignidad humana -el principio
constitucional de dignidad humana y el derecho fundamental a la dignidad
humana- coinciden en cuanto al ámbito de conductas protegidas. En efecto, ha
sostenido esta Corporación que en aquellos casos en los cuales se emplea
argumentativamente la dignidad humana como un criterio relevante para decidir,
se entiende que ésta protege: (i) la autonomía o posibilidad de diseñar un plan
vital y de determinarse según sus características (vivir como se quiere), (ii)
ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), (iii) la
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones)[25].”
(…)
“La dignidad humana asegura de esta manera una esfera
de autonomía y de integridad moral que debe ser respetada por los poderes
públicos y por los particulares. Respecto de la mujer, el ámbito de protección
de su dignidad humana incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida,
entre las que se incluye la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de
su intangibilidad moral, que tendría manifestaciones concretas en la
prohibición de asignarle roles de genero estigmatizantes, o inflingirle
sufrimientos morales deliberados.”
De
otra parte, el aspecto pluralista de la definición de democracia participativa
contenido en el artículo 1º adquiere aquí la mayor importancia. El
pluralismo se convierte junto con el principio de igualdad en un hilo
conductor que recorre de manera trasversal todos los preceptos
constitucionales, superándose con ello la visión patriarcal masculina, impuesta
de modo excluyente durante tantos años. La Constitución de 1991 abre la puerta
a un conjunto de grupos sobre los cuales hasta ese momento – con algunas
contadas excepciones - se había tendido un grueso manto de indiferencia o a
quienes se había ignorado y condenado a la sumisión, a la dependencia, a la
inactividad y a la invisibilidad: las etnias, las mujeres, las ancianas
y los ancianos, las personas con limitaciones físicas o psíquicas, aquellas
cuyas preferencias sexuales no coinciden con la heterosexualidad, las niñas y
los niños.
En
el artículo 13 superior se consigna el derecho a la igualdad en sus
varias facetas, esto es, como igualdad formal ante la ley, como derecho a no
ser discriminados de manera injusta, como igualdad material, es decir, como
exigencia para equilibrar las oportunidades vitales de las personas y evitar
situaciones extremas de desprotección y desamparo.
“Todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.”
El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.” (Énfasis fuera del texto original).
Toda
persona, por el hecho biológico del nacimiento, es reconocida como libre e
igual ante la Ley y se hace merecedora de la misma protección y del mismo trato
por parte de las autoridades públicas. Todas las personas con independencia
de su sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica son titulares de los mismos derechos, libertades y
oportunidades.
A
partir de la lectura del párrafo segundo del artículo 13 superior resulta
palmario que las y los Constituyentes no permanecieron indiferentes ante la
situación de desigualdad material en que se hallan tantas mujeres y no se les
escapó que “los derechos en abstracto pueden”, en efecto, “no
ser suficientes para definir la situación concreta de las mujeres[26].”
Justamente por ese motivo determinaron que – con independencia de la
ideología que profese el Gobierno de turno - el Estado debe intervenir mediante
el diseño de políticas públicas para que la igualdad entre varones y mujeres
deje de ser meramente formal y pase a ser una igualdad real y efectiva.
El
párrafo tercero agrega algo de suma importancia en relación con los derechos de
las mujeres, especialmente de aquellas mujeres que con motivo de su situación
económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta. Lo anterior es tanto más importante por cuanto para nadie es un
secreto que existen miles y miles de mujeres obligadas por una u otra razón a
enfrentar condiciones económicas desfavorables o situaciones vitales adversas
las cuales limitan su acceso a la educación y restringen de modo extremo sus
posibilidades de autodeterminación. Son muchas todavía las mujeres que deben
sufrir en silencio el maltrato físico, psíquico y emocional por parte de sus
parientes, padres, maridos o compañeros permanentes. De otro lado, según lo
preceptuado por el artículo 13 superior, no cabe duda alguna que las mujeres
gozan de todos los derechos constitucionales fundamentales establecidos
de manera generosa en la Constitución Nacional.
En
el caso particular de las mujeres, la Constitución de 1991 prescribe en su
artículo 43 que “[l]a mujer y el hombre tienen iguales derechos y
oportunidades.” Y agrega de manera contundente: “[l]a mujer no podrá ser
sometida a ninguna clase de discriminación.”(Énfasis añadido). Esta
prohibición se extiende a todos los campos en los que puedan surgir medidas,
actuaciones, definiciones y, en general, políticas con contenidos
discriminatorios para las mujeres. La Corte Constitucional ha emitido una amplia
jurisprudencia en relación con este asunto y ha hecho valer en múltiples
ocasiones la prohibición de someter a las mujeres a cualquier tipo de
discriminación, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 43
superior[27].
El derecho a estar las mujeres libres de cualquier forma de discriminación ha
sido, pues, desarrollado ampliamente por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[28]
y ha sido complementado con un conjunto de posibilidades que garantizan a las
mujeres el ser tratadas con la misma consideración y el mismo respeto con que
se trata a los varones y les aseguran poder ejercer de manera amplia sus
derechos constitucionales fundamentales[29].
Conocedoras
como fueron las y los Constituyentes de 1991 sobre la situación de precariedad
económica o de la sujeción y dependencia en que se encuentran todavía tantas
mujeres, la convirtieron en sujetos de especial protección constitucional.
Justamente en este sentido se pronuncia el artículo 43 cuando determina:
“[d]urante el embarazo y después del parto gozará [la
mujer] de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste
subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza
de familia.”
El
artículo 40, a su turno, significa ampliar el horizonte de actuación de las
mujeres y extenderlo a importantes escenarios de la vida pública dentro de los
cuales ellas pueden contribuir a definir los contenidos de las reglas que rigen
los destinos de la sociedad y participar de modo activo en la puesta en marcha
del Estado en todos los campos: administrativo, político y jurisdiccional. En
este orden de cosas el artículo 40 superior preceptúa que::
“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este
derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos,
consultas populares y otras formas de participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones
políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir
sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y
en la forma que establecen la Constitución y la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
Interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución y de la ley.
6.
Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.
7. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración
Pública.”
El
numeral séptimo del artículo referido constituye la cristalización de una lucha
constante de las mujeres por aparecer de modo visible y activo en el escenario
político; para dejar de ser objeto de definiciones y pasar a convertirse en
personas que definen las reglas de juego e introducen contenidos en ellas; para
abandonar la condición de destino y empezar a marcar los destinos en conjunto
con los varones. Y este mandato constitucional fue materializado mediante la
expedición de la Ley Estatutaria 581 de 2000.
Entre
los mecanismos contemplados en la Ley Estatutaria para garantizar la adecuada y
efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la
Administración Pública cabe mencionar los siguientes:
-
La participación mínima de las
mujeres en el 30 por ciento (30%) de los cargos de mayor jerarquía en las
entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles
nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal.
-
La participación mínima de las
mujeres en el treinta por ciento (30%) de los cargos de libre nombramiento y
remoción, de la Rama Ejecutiva, del personal administrativo de la Rama
Legislativa y de los demás órganos del poder público, que tengan atribuciones
de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y
control de las acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional,
departamental, regional, provincial, distrital y municipal, incluidos los
cargos de libre nombramiento y remoción de la Rama Judicial.
-
La obligación de incluir por lo
menos el nombre de una mujer en las ternas para el nombramiento en los cargos
que deban proveerse por este sistema, en cabeza de quien esté encargado de
elaborarlas.
-
La obligación de incluir hombres y
mujeres en igual proporción para la designación en los cargos que deban
proveerse por el sistema de listas, en cabeza de quien esté encargado de
elaborarlas.
A
partir de lo expuesto, es factible afirmar que el ordenamiento constitucional
colombiano en su conjunto está diseñado para acoger a la mujer como persona y
ciudadana digna, merecedora del mismo respeto y de la misma consideración que
merecen los varones, con plena capacidad para ejercer toda la gama de derechos
que de modo amplio se consigna en la Constitución de 1991. A renglón seguido,
indicará la Corte cómo a partir de lo consignado en el campo del derecho
internacional la protección de los derechos de la mujer contenida en la Norma
Fundamental se profundiza, amplía y refuerza.
6.
Los Derechos de la Mujer en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos
En
virtud de lo dispuesto por el artículo 93 superior, “los tratados y
convenios internacionales ratificados (sic) por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno.” Ahora bien, si se tiene en cuenta lo
determinado en el párrafo 2º del mismo artículo 93 de acuerdo con el cual, “los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia”, entonces de ahí resulta que los Convenios y Tratados
Internacionales aprobados por el Congreso de la República y ratificados por el
Gobierno Nacional también deben servir como canon de interpretación de los
derechos constitucionales fundamentales y han de ser tomados como puntos de referencia
para fijar el sentido y alcance de los derechos constitucionales fundamentales
de las mujeres. De esa suerte, no sólo se confirma la vocación
internacionalista del ordenamiento constitucional colombiano sino que se
recalca, a un mismo tiempo, el amparo reforzado que se confiere a los derechos
de las mujeres.
Tal
como sucedió durante mucho tiempo en el plano del derecho interno, también en
el ámbito del derecho internacional los primeros documentos y declaraciones
fueron formulados desde una perspectiva excluyente de la visión y de los
intereses de las mujeres. Los logros, por tanto, fueron en un comienzo
precarios. Esto empieza a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial cuando
se expide la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y cuando en el
año de 1966 se aprueban los Pactos de Naciones Unidas, el primero, sobre
Derechos Civiles y Políticos y, el segundo, sobre Derechos Sociales Económicos
y Culturales.
Dentro
de los instrumentos internacionales que consignan los derechos de la mujer
cobran especial relevancia la Declaración sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer de 1967 y la Convención sobre todas las formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, acogida
por Colombia mediante la Ley 51 de 1981 y vigente en el país a partir del 19 de
febrero de 1982.
El
Preámbulo de la Convención reconoce inspirarse en la fe depositada por las
Naciones Unidas en los derechos humanos fundamentales así como en la dignidad y
en el valor de la persona humana y en la igualdad de los hombres y mujeres.
Invoca también el Preámbulo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Parte de la necesidad de llevar a la práctica los derechos y libertades
proclamados por esa Declaración sin distinción de sexo y de favorecer la
igualdad de goce de todos los derechos sociales, culturales, civiles y
políticos a favor de hombres y mujeres por igual. No obstante ese
reconocimiento, se preocupa el Preámbulo por destacar que pese a la existencia
de diversos instrumentos de protección de los derechos de las mujeres, ellas “siguen
siendo objeto de importantes discriminaciones.”
Este instrumento internacional fue objeto de
un Protocolo Facultativo adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el
día 6 de octubre de 1999, el cual entró en vigor en Colombia el día 22 de
diciembre de 2000[30].
Otro instrumento internacional de gran relevancia es
la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, adoptada por la
Asamblea General de Naciones Unidas el día 20 de diciembre de 1952 que entró en
vigor en Colombia apenas el 5 de noviembre de 1986 mediante la Ley 35 de 1986.
El Preámbulo de esta Convención recalca que:
“[t]oda persona tiene derecho a
participar en el gobierno de su país directamente o por conducto de
representantes libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso en el
servicio público de su país” e insiste en el deseo de “igualar la condición del hombre y de la
mujer en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos, conforme a las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.”
En las sentencias C-410 de 1994, T-500 de 2002 y C-355
de 2006 la Corte Constitucional realizó una completa síntesis sobre los
instrumentos internacionales que han sido adoptados por Colombia con miras a
evitar la discriminación en contra de las mujeres[31].
En la sentencia T-500 de 2002 aprovechó la Corte para
pronunciarse de modo extenso sobre el derecho a la igualdad consignado en el
artículo 13 superior y reflexionó respecto de las contribuciones realizadas por
el derecho internacional en punto a la lucha en contra de la discriminación por
razones de sexo[32].
La Corte recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su
artículo 2º había reivindicado el ejercicio de derechos y libertades sin
diferenciación por razón de sexo. Mencionó, asimismo, que el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 1º contenía el
compromiso de los Estados de respetar los derechos de las personas sin
distinción alguna, asunto que será confirmado por lo establecido en el Pacto
Internacional sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Ambos pactos
adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966
fueron, como se sabe, suscritos por Colombia el 21 de diciembre del mismo año y
aprobados mediante Ley 74 de 1968.
Se refirió también la Corte a los derechos contenidos
en la Convención Americana cuyo artículo 1º prevé el principio de no
discriminación por motivos de sexo y en el artículo 24 estatuye el derecho a la
igualdad formal ante la ley[33].
Hizo énfasis la Corte sobre
otro documento de gran importancia, cual es, la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belém Do Pará, Brasil, el día
9 de junio de 1994 y aprobada mediante la Ley 248 de 1995. La Convención de
Belém Do Pará, que entró en vigor en el país el día 15 de diciembre de 1996, consagra el derecho de las mujeres a vivir
una vida libre de toda forma de discriminación y a ser “valorada[s] y
educada[s] libre[s] de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”
.
Igualmente en la
sentencia C-355 de 2006 se hace un extenso recuento de la evolución de los
derechos de la mujer en el plano internacional, con especial énfasis en sus derechos
sexuales y reproductivos. Se menciona inicialmente la Primera Conferencia
Mundial de Derechos Humanos llevada a cabo en Teherán en 1968, en la cual se
reconoció la importancia de los derechos de las mujeres, y se reconoció por
primera vez el derecho humano fundamental de los padres “a determinar
libremente el número de hijos y los intervalos entre los nacimientos”.  Se
recuerda también que la Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció el año 1975 como el Año Internacional de la Mujer, y que ese mismo
año se convocó una conferencia mundial en México dedicada a mejorar la
condición de la mujer, y se estableció la década de 1975-1985 como Decenio de
la Mujer de las Naciones Unidas. Dentro de este marco tuvieron lugar las
conferencias mundiales de Copenhague en 1980 y la de Nairobi en 1985, para
comprobar y evaluar los resultados del Decenio de la Mujer de las Naciones
Unidas.
En
la misma sentencia se destaca el papel de la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos de Viena en 1993, al declarar que “los derechos humanos de la mujer
y la niña, son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos
universales”, así como que la plena participación de la mujer en
condiciones de igualdad en la vida política, económica, social y cultural, y la
erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son
objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
Posteriormente,
en la Conferencia Mundial sobre población y Desarrollo de El Cairo en 1994, en
el documento de programa de acción, se puso un gran énfasis en los derechos
humanos de la mujer, y se reconoce que “los derechos reproductivos son una
categoría de derechos humanos que ya han sido reconocidos en tratados
internacionales y que incluyen el derecho fundamental de todas las personas a
“decidir libremente el número y el espaciamiento de hijos y a disponer de la
información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo”. Este
programa establece además, que “la salud reproductiva entraña la capacidad
de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo y de procrear, y la
libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia”.
También se determinó, que hombres, mujeres y adolescentes tienen el derecho de “obtener
información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables”
de su elección para la regulación de la fecundidad, así como el “derecho a
recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos
y los partos sin riesgo”.
La
cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Plataforma de Beijing), confirma los
derechos reproductivos establecidos en el Programa de Acción de El Cairo.
En
la sentencia C-355 de 2006 también se hace alusión a los diferentes tratados
internacionales que sirven de base para el reconocimiento y protección de los
derechos de las mujeres, a los cuales ya se hizo previamente referencia tales
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer -CEDAW-, que entró en vigor para Colombia a partir del 19 de febrero de
1982, en virtud de la Ley 51 de 1981, y la Convención para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, entrada
en vigencia para Colombia el 15 de diciembre de 1996, al aprobarse la Ley 248
de 1995.
Los instrumentos internacionales mencionados con
antelación tienen algo en común: todos subrayan la insuficiencia de los
derechos humanos – considerados desde el punto de vista de su existencia formal
y en abstracto - para dar respuesta de manera suficiente a la “diversidad,
especificidad y complejidad de la problemática de la mujer[34].”
Estos instrumentos se esfuerzan, por tanto, en considerar la situación de
vulnerabilidad en que se encuentran aún gran cantidad de mujeres “tanto en
las esferas públicas como privadas[35]”
y propenden, en tal sentido, por reconocer las necesidades particulares de
las mujeres de modo que se garantice “eficazmente la eliminación de las
inequidades históricas y las injusticias estructurales que experimentan las
mujeres por el único hecho de ser [mujeres][36].”
Hasta aquí puede decirse que el empeño de las mujeres
a favor de superar su situación de discriminación histórica se ha manifestado
de varias maneras en el tiempo y en el espacio. Sin lugar a dudas y pese a que
todavía queda un buen trayecto por recorrer, estos esfuerzos han logrado
subvertir un orden de cosas que durante largo tiempo parecía inmodificable. Por
sobre todo han insistido las mujeres en ampliar en la práctica “la máxima de
la universalidad[37]”
supuestamente abarcadora de los dos sexos para que incluya, en efecto,
también a las mujeres y les haga extensibles a ellas los beneficios que por un
largo lapso solo favorecieron a los hombres.
Si bien es cierto el derecho abstracto ha significado
el umbral de ingreso de la mujer a la vida activa, a la posibilidad de
autorrealización, también se debe reparar en que ese umbral puede no ser
bastante y es imposible predecir de antemano si este punto de ingreso llegue a
trasformarse en algo meramente formal, en una simple fachada para distraer las
miradas de la exclusión y la discriminación dominante en la realidad[38]. El
reto de las políticas en contra de la discriminación de la mujer consiste hoy,
justamente, en profundizar las conquistas, llevarlas a la práctica y hacerlas
extensibles al mayor número de mujeres.
En los párrafos que anteceden, ha realizado la Sala
Plena una breve aproximación a los avances que en el campo del ordenamiento
jurídico interno como en el ámbito del derecho internacional se han llevado a
cabo para obtener la real y efectiva protección de los derechos de las mujeres.
Esta perspectiva es útil para abordar el problema jurídico relevante en esta
decisión, sin embargo no es suficiente. En efecto, en esta ocasión debe
examinar la Corte Constitucional las connotaciones constitucionales del lenguaje
jurídico, específicamente aquellas que involucran las definiciones contenidas
en un texto preconstitucional, el cual además data de un período histórico muy
anterior al momento en que la cuestión de la mujer adquiere relevancia en el
plano interno e internacional.
Si bien las expresiones que ocupan a la Corte
Constitucional en esta decisión en principio no tienen un contenido deóntico,
pues no son formuladas como un mandato, una permisión o una prohibición, no por
ello puede decirse que estén desprovistas de significado, por el contrario,
reflejan una determinada concepción del mundo con claras implicaciones para el
papel de la mujer en el ordenamiento jurídico civil.
En esa medida las definiciones contenidas en un cuerpo
normativo de las características del Código Civil no pueden sustraerse del
influjo del nuevo orden introducido por la Carta de 1991. Baste recordar que el
derecho constitucional irradia en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico,
y por lo tanto los principios y valores constitucionales moldean y transforman
todos los ámbitos del derecho, con más fuerza aquellos preconstitucionales. En
definitiva, el uso del lenguaje no es indiferente al derecho constitucional,
porque ciertas expresiones pueden entrar a reñir con el orden de valores
establecidos en el texto constitucional, y esta Corporación puede y debe entrar
a estudiar las implicaciones constitucionales del lenguaje jurídico.
Por esa razón, a continuación, abordará la Corte el
asunto relacionado con el poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico
y la influencia que éste ejerce bien sea para mantener la condición de sujeción
de las mujeres y su sometimiento a prácticas injustamente discriminatorias - y
por tanto desconocedoras de sus derechos constitucionales fundamentales - o
bien para trasformar el estado de cosas imperante y lograr una igualdad real y efectiva entre varones y mujeres.
7. Poder
instrumental y simbólico del lenguaje jurídico
El lenguaje es a un mismo tiempo instrumento y
símbolo. Es instrumento, puesto que constituye el medio con fundamento en el
cual resulta factible el intercambio de pensamientos entre los seres humanos y
la construcción de cultura. Es símbolo, por cuanto refleja las ideas, valores y
concepciones existentes en un contexto social determinado. El lenguaje es un instrumento mediante el cual se
configura la cultura jurídica. Pero el lenguaje no aparece desligado de los
hombres y mujeres que lo hablan, escriben o gesticulan quienes contribuyen por
medio de su hablar, escribir y gesticular a llenar de contenidos las normas
jurídicas en una sociedad determinada.
Como
lo recuerda Arthur Kaufmann, “todo lenguaje y todo hablar contiene ya una
determinada interpretación de la realidad” (…) [l]a controversia sobre palabras
y sobre reglas del lenguaje, es por tanto algo absolutamente típico en
sociedades pluralistas.” Se discute sobre las reglas del lenguaje y también
acerca de las palabras utilizadas para definir los contenidos. Cada una de las
expresiones utilizadas marcan el fondo de aquello que se propone afirmar
–mandar, prohibir o permitir -. Mediante el lenguaje se comunican ideas,
concepciones de mundo, valores y normas pero también se contribuye a definir y
a perpetuar en el tiempo estas ideas, cosmovisiones, valores y normas.
Por otra parte, cabe recordar que la jurisprudencia
constitucional no ha sido extraña a los problemas constitucionales implicados
en el uso del lenguaje jurídico. En efecto, a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, numerosas
expresiones contenidas en el ordenamiento jurídico han sido demandadas en
acción pública de inconstitucionalidad por no corresponder al contenido
axiológico del nuevo ordenamiento constitucional[39].
Sobre
este extremo la Corte ha sostenido de manera reiterada que el legislador está en
la obligación de hacer uso de un lenguaje legal que no exprese o admita
siquiera interpretaciones contrarias a los principios, valores y derechos
reconocidos por la Constitución Política[40].
En este sentido se pronunció cuando al examinar uno de los títulos de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia encontró que la expresión “recursos
humanos” de la rama judicial comportaba un desconocimiento del principio de
la dignidad humana, por considerar que dicha expresión pugna con “la
concepción de la persona como un fin en sí misma y no como un medio para un
fin. En otras palabras, como un ser que no es manipulable, ni utilizable en
vista de un fin, así se juzgue éste muy plausible. El Estado está a su servicio
y no a la inversa.” Por lo anterior, concluyó que denominar recursos
humanos “a las personas que han de cumplir ciertas funciones, supone adoptar
la perspectiva opuesta a la descrita, aunque un deplorable uso cada vez más
generalizado pugne por legitimar la expresión.”[41]
Igualmente
el estudiar una norma de la denominada Ley Nacional del Deporte, la Corte
indicó que la utilización de la expresión “transferencia” de los
deportistas, representaba “en sentido literal, que los clubes son verdaderos
dueños de esas personas, ya que sólo se transfiere, se vende y se presta
aquello de que se es propietario.” razones por las cuales advirtió que “el
lenguaje de una norma legal no es axiológicamente neutro, ni deja de tener relevancia
constitucional (...)” y por lo tanto “el uso de términos jurídicos que
tiendan a cosificar a la persona no es admisible”[42].
Las
expresiones empleadas en el Código Civil han dado lugar a diversos
pronunciamientos de esta Corporación. La Corte ha debido ocuparse por ejemplo
de la constitucionalidad de expresiones tales como “criado”[43],
“padres naturales” o el calificativo de “legítimos”  de los
ascendientes y descendientes[44],
o las expresiones “furiosos locos”, “mentecatos”, “imbéciles[45]”,
las cuales ha considerado que riñen abiertamente con el principio de
dignidad humana, consagrado en el artículo 1º de la Carta de 1991.
Sobre el particular,
la Corte Constitucional ha sostenido que el lenguaje legal debe ser acorde con
los principios y valores que inspiran a la Constitución de 1991, ya que " es
deber de la Corte preservar el contenido axiológico humanístico que informa a
nuestra norma fundamental, velando aún porque el lenguaje utilizado por el
legislador no la contradiga[46].
En
este sentido se sostuvo en la sentencia C-1088 de 2004:
El uso emotivo de las palabras utilizadas
por el legislador al formular una regla de derecho determinada puede interferir
derechos fundamentales de las personas y por ello el juez constitucional se
halla legitimado para resolver los problemas constitucionales que se deriven de
ello y que le sean planteados en ejercicio de la acción pública e informal de
inconstitucionalidad. Y cuando el juez constitucional asume esta función, lejos
de incurrir en excesos, está cumpliendo, de manera legítima, con la tarea que
se le ha encomendado: Defender la integridad y supremacía de la Carta
Política.
En fecha reciente se ocupó nuevamente de la cuestión,
cuando se pronunció sobre la constitucionalidad de las expresiones “criado”,
“sirviente” y “amo” contenidas en el artículo 2439 del Código
Civil y sostuvo:
De las anteriores citas jurisprudenciales se observa
que el juicio para determinar el impacto del lenguaje sobre la
constitucionalidad de ciertos textos legales, es un ejercicio que trasciende el
análisis netamente lingüístico. En efecto, las consideraciones históricas,
sociológicas y de simple uso del idioma tienen especial importancia para
verificar si determinadas expresiones lingüísticas contravienen el cuadro de
valores, principios y derechos fundamentales que inspiran la Constitución.  Así
sucede cuando la Corte reprocha un enunciado determinado por el contexto en que
se encuentra inserto sin que en sí mismo éste tenga una significación
discriminatoria.  Así ocurre con las expresiones “recursos” o “transferencia” a
las que atrás se ha hecho mención, las cuales han sido retiradas del
ordenamiento en consideración a su uso inapropiado.
En el caso que ocupa ahora la atención de la Corte,
desde el punto de vista meramente lingüístico las expresiones “criado”, “sirviente”
y “amo” podrían considerarse inclusive precisas para designar una relación de
subordinación como la de los empleados domésticos.  En efecto, de acuerdo con
el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la expresión criado,
en su acepción pertinente, designa a la “persona que sirve por un salario, y
especialmente la que se emplea en el servicio doméstico”; la locución sirviente
a la “persona adscrita al manejo de un arma, de una maquinaria o de otro
artefacto” y a la “persona que sirve como criado”; mientras que amo designa al
“Hombre que tiene uno o más criados, respecto de ellos” pero también a la
“Cabeza o señor de la casa o familia”, a la “Persona que tiene predominio o
ascendiente decisivo sobre otra u otras” y al  “Dueño o poseedor de algo”.
No obstante, ampliando la perspectiva del análisis, se
observa que las expresiones utilizadas por el Código Civil para denominar la
relación de los empleados domésticos con sus empleadores, admiten
interpretaciones discriminatorias y denigrantes de la condición humana y así se
evidencia cuando se analizan con un enfoque más amplio.  Al respecto, se tiene
que dichas locuciones tienden a la cosificación del ser humano y refieren a un
vínculo jurídico que no resulta constitucionalmente admisible, cual era el
denominado en el propio Código Civil como “arrendamiento de criados y
domésticos”, el cual consistía en una modalidad de arrendamiento que en
realidad hacía al “criado” sujeto pero sobre todo objeto del contrato, como si
tratara de un bien más.
Con base en los anteriores razonamientos declaró la
inexequibilidad de las expresiones demandadas bajo el entendido que las mismas serían en adelante sustituidas por las
expresiones “empleadores” y “trabajadores”, y sin que el
pronunciamiento afectara el régimen de responsabilidad previsto en el artículo
2349 del Código Civil y el alcance fijado por la jurisprudencia especializada.
Se
tiene, entonces que la jurisprudencia constitucional ha coincidido en que el
lenguaje jurídico no es un instrumento neutral de comunicación y en esa medida
debe ajustarse al contenido axiológico de la Carta de 1991.
8. Las situaciones de inclusión o exclusión también se proyectan en el
lenguaje jurídico. La razón patriarcal y su proyección en el
lenguaje jurídico y en la cultura jurídica.
Siendo
el lenguaje, como lo es, uno de los principales instrumentos de comunicación y
reflejando – como refleja – los hábitos, concepciones y valores imperantes en
un medio social determinado, las situaciones de inclusión o exclusión también se
proyectan en el lenguaje jurídico. Precisamente uno de los fines de las
definiciones legales consiste en fijar fronteras y, en tal sentido, en
determinar quiénes se encuentran dentro de los límites establecidos por las
definiciones y quiénes permanecen por fuera. Los criterios que se utilizan para
marcar la inclusión o la exclusión reflejan el contexto valorativo e ideológico
en que ellos se adoptan.
“el lenguaje no sólo refleja y
comunica los hábitos y valores de una determinada cultura sino que conforma y
fija esos hábitos y valores. Como los hombres/varones han tenido el poder de
definir las cosas, todo lo que está definido lo está desde su perspectiva. Como
los hombres han tenido el poder de definir las cosas y los valores, sólo las
cosas y valores que ellos han definido están aceptados como válidos en nuestra
cultura y, por ende, esta cultura es masculina[47].”
No
es extraño, por consiguiente, que la situación de invisibilidad, subordinación,
y discriminación a la cual por largos años se vieron y se han visto sometidas
las mujeres, se proyectara también en el modo en que se fijaron los criterios
de inclusión y exclusión mediante el lenguaje jurídico generando, de paso, una
cultura de tipo patriarcal que se proyectó y, aún se proyecta, en el lenguaje
jurídico y en la cultura jurídica.
Para nadie constituye una
novedad, que durante un largo lapso sólo los varones pudieron participar en los
escenarios políticos. Los hombres y únicamente ellos tomaron parte en la vida
activa de las sociedades; se fijaron fines, emprendieron
proyectos y trazaron los caminos que habían de conducirlos a la obtención de
las metas propuestas. Resulta claro, por tanto, que lo manifestado por
los hombres – también en el terreno jurídico – tienda a conectarse de inmediato
con lo humano por antonomasia. El referente predominante fue, por largo tiempo,
masculino. Así las cosas, los hombres adquirieron la
virtualidad de representar de manera simultánea lo positivo y lo neutro:
“hasta el punto que se dice ‘los
hombres’ para designar a los seres humanos, pues el singular de la
palabra vir se ha asimilado al sentido general de la palabra homo. La mujer
aparece como el negativo, de modo que toda determinación se le imputa como una
limitación sin reciprocidad[48].” (Énfasis añadido).
Esta situación se ha proyectado de modo especialmente
profundo en el ámbito del lenguaje jurídico y, no en último lugar, en la manera
como se establecen definiciones por medio del mismo. Es factible – y eso lo
reconocen quienes se han ocupado de resaltar esta circunstancia – que los
atributos y prerrogativas del género masculino no las posean todos los varones
por igual. No obstante:
“el patriarcado no podría funcionar sin
el refuerzo ideológico de su gran trampa, que es el de haberse convertido en
género universal ante rem, in re y post rem, en arquetipo anterior a la
existencia de los hombres singulares. (…) [P]recisamente la ideología se ocupa
de hipertrofiar sus virtualidades sintética, y de hacer que el Género sea
percibido como patrimonio pro indiviso que todos usufructúan, impidiendo la
resolución analítica que pondría de manifiesto el carácter ilusorio de esta
percepción totalizadora[49].”
Es
preciso reparar en que la identificación de los valores masculinos con
lo neutral y objetivo se reflejó muy pronto en la manera misma como se
nombraban las cosas, en el modo cómo se creaban y definían las palabras, cómo
se sentaban las reglas de la gramática, en fin, en la forma cómo se “establec[ía]
lo que existe y lo que no existe, lo que se considera natural y lo que no lo
es, lo bueno y lo malo[50].”
A lo largo de años y años las mujeres se vieron exceptuadas del ejercicio de
ese inmenso poder. Ese poder fue monopolizado por el hombre.
Las mujeres estuvieron
durante siglos excluidas de participar en la actividad generadora de contenidos
por medio del lenguaje y la cultura jurídica se impregnó de aquello que el
hombre consideraba valioso. Esta situación trajo como consecuencia que “la
voz hombre sirviera para denominar tanto el varón de la especie como a la
especie toda” y que se crearan asimismo “reglas gramaticales que
permitieran que lo masculino pudiera tanto excluir como incluir/ocultar a lo
femenino[51].”
Las consecuencias de esta
situación, se manifiestan de diversas maneras y sus alcances en la
configuración de la cultura en general y de la cultura jurídica, en particular,
son inmensos. En el modelo masculino se valora de manera positiva la fuerza, la
razón, el arrojo, la independencia. La dulzura, la interdependencia, la
intuición y, en general, las tareas asociadas con cuidar, nutrir, dar, no
tienen en el modelo masculino - supuestamente representante de todo lo humano -
una connotación positiva. Salta a la vista que esta categorización dicotómica
distorsiona por completo la realidad e impide reconocer que ninguno de estos
rasgos es patrimonio exclusivo y excluyente de varones y mujeres. Al erigirse,
sin embargo, la fuerza, la violencia, el arrojo, como rasgos generalizadores de
lo que debe ser una sociedad se han despreciado otros rasgos como la
solidaridad, el cuidado, la benevolencia y sólo en los últimos tiempos se ha
logrado develar lo engañoso y contraproducente que puede resultar para la vida
en sus diferentes aspectos familiares, sociales, económicos, culturales
políticos y jurídicos seguir operando bajo ese tipo de categorizaciones
dicotómicas y excluyentes.
9. Potencial transformador
del lenguaje jurídico y de la cultura jurídica
El predominio de la razón patriarcal y su proyección
en la manera como se fijan los contenidos de las normas jurídicas no sólo tiene
un impacto simbólico. Presenta serios y graves obstáculos en el camino hacia la
igualdad real y efectiva entre varones y mujeres. En párrafos anteriores se
insistió en que el trayecto hacia la igualdad real y efectiva para las mujeres
ha sido largo y a menudo difícil de sortear. Uno de esos impedimentos ha sido,
sin duda, el predominio de la razón patriarcal reflejada en todos los ámbitos
de la vida.
El lenguaje y la cultura y, desde luego, el lenguaje
jurídico y la cultura jurídica - estrechamente relacionados entre sí -
permanecen vivos únicamente en la medida que se adapten a los cambios. Las
trasformaciones en estos ámbitos suelen presentarse de manera lenta y a veces
imperceptible:
“una cultura viva es como una lengua viva, que cambia
sin cesar (aunque lentamente) durante determinado período de tiempo, asimilando
nuevos idiomas y nuevas frases, nuevas formas y estructuras, que a menudo
consideramos el aspecto creativo del lenguaje. Una lengua muerta no cambia,
como tampoco lo hace una cultura muerta[52].”
El contacto entre culturas
trae como consecuencia que se adopten algunos usos ajenos pero también que se
dejen de lado ciertas prácticas. A este respecto es posible pensar en la
existencia de una suerte de línea de progreso: sin dejar de ser sensibles al
contexto, a las peculiaridades de cada caso en concreto, se marcan fronteras
con relación a aquellas expresiones culturales que se proyectan de modo
negativo frente al “tejido básico del universo humano”[53].
En muchas partes del mundo
ha sucedido que expresiones o manifestaciones culturales aceptadas y difundidas
con cierta amplitud en algunos momentos han sido, luego, seriamente
cuestionadas por considerarse degradantes de la dignidad humana y por herir la
sensibilidad de los humanos. Hoy en día resulta patente que no todas las
expresiones y no todos los contenidos pueden ser admitidos. Aquellas
manifestaciones del lenguaje, aquellos contenidos de la cultura – del lenguaje
jurídico y de la cultura jurídica - que signifiquen lesionar la dignidad humana
tienden a ser rechazados.
El reconocimiento de la
dignidad humana de las mujeres, el respeto y garantía de protección de sus
derechos se ha entendido justamente como un avance en esta dirección. Lo
anterior no significa en modo alguno que la dignidad de la mujer o sus derechos
primen sobre la dignidad o los derechos de los hombres. Ambos, mujeres y
hombres, tienen igual dignidad y deben ser tratados con igual consideración y
respeto. Bajo este enfoque, aun cuando continúa siendo necesario admitir que
“la construcción social de los roles, actitudes y relaciones entre mujeres y
hombres siempre existirá, el reto es asegurarnos que esta construcción sea
justa para ambos sexos y que ningún sexo domine al otro[54].”
(Énfasis añadido).
A
partir de lo expresado hasta este lugar puede decirse que el lenguaje como
fenómeno social, cultural e institucional de primer orden, se proyecta de
manera directa en el ámbito jurídico: “[e]l Derecho se manifiesta, se funda
y se expresa por medio de palabras”[55].
El lenguaje jurídico refleja y también contribuye a perpetuar formas de
pensamiento[56].
El lenguaje ni la cultura permanecen estáticos sino que se transforman de
manera profunda, aún cuando a veces imperceptible, con el paso del tiempo. Así,
como los cambios sociales pueden tener incidencia en los cambios del lenguaje y
de los contenidos de las definiciones construidas a partir del mismo, también
el lenguaje y la manera como éste sea utilizado para establecer contenidos,
puede producir una variación en la percepción de los fenómenos sociales[57].
Resulta manifiesta, pues, la influencia que ejerce el
lenguaje jurídico bien sea para mantener la condición de sujeción de la mujer y
su sometimiento a prácticas injustamente discriminatorias - y por tanto
desconocedoras de sus derechos constitucionales fundamentales - o bien para
trasformar el estado de cosas imperante y lograr una igualdad real y efectiva entre varones y mujeres.
Luego de
las consideraciones que anteceden, pasa la Corte a examinar el sentido y
alcance de la expresión hombre utilizada en la definición prevista en el
artículo 33 del Código Civil y lo hará teniendo presente las ideas y los
valores que predominaban cuando se adoptó el Código Civil a finales del siglo
XIX.
10.
Sentido y alcance de la expresión “hombre” utilizada en la definición prevista
en el artículo 33 del Código Civil a la luz de las ideas y valores
predominantes en el momento en que se adoptó el Código Civil a fines del siglo
XIX
El
artículo 33 forma parte del Capítulo V del Código Civil que contiene
definiciones de uso frecuente en las leyes. La definición prevista en este
artículo actualmente tiene su sentido y razón de ser en el contexto y respecto
del Código Civil, sin embargo cabe recordar que durante buena parte de los
siglos XIX y XX ello no fue así. En efecto, no sobra advertir que en el momento
histórico cuando fue adoptado el Código Civil se consideraba que la
Constitución era un texto esencialmente político, de escasa eficacia normativa,
el cual regía las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, mientras que
todo el tráfico jurídico entre particulares y las relaciones sociales se
entendía que estaban sujetas exclusivamente a la legislación civil, cuyo máximo
exponente era precisamente el Código.
Como bien ha recalcado la doctrina, el constitucionalismo
liberal desde sus inicios y durante buena parte de su evolución, tenía como uno
de sus fundamentos estructurales la separación entre sociedad y Estado,
mientras que el primero de estos ordenes era regido por la codificación civil,
a la Constitución se le atribuía exclusivamente la naturaleza de un texto que
regía las relaciones entre los poderes públicos y eventualmente entre estos
poderes y los ciudadanos.
En
esa medida también se explica la opinión generalizada que el Código Civil tenía
mayor fuerza normativa y estabilidad que la propia Constitución, razón por la
cual no es extraño que la Ley 57 de 1887 incorporara al Código los derechos y
garantías civiles contenidos en el Título III de la Carta de 1886.
Adicionalmente
a su fuerza normativa, el Código Civil también cumplía un papel integrador y
sistematizador del ordenamiento jurídico en general, y era el referente para la
interpretación de toda la legislación vigente. Por ello se explica que se
incorporara en el Código conceptos y definiciones jurídicas de alcance general,
al igual que principios de solución de antinomias normativas. Hoy en día es
claro que el Código fue desplazado de tal posición de primacía en el
ordenamiento jurídico, una vez que la Constitución adquirió plena fuerza y
eficacia normativa, sin embargo, las disposiciones contenidas en el Título
Preliminar, entre las que se cuentan las definiciones de varias palabras de uso
jurídico frecuente siguen conservando fuerza normativa para la interpretación
no sólo del Código, sino también de la legislación civil en su conjunto.
Algunas
de las intervenciones sostuvieron que las definiciones no son en sí mismas
normas jurídicas pues no están orientadas a mandar, permitir o prohibir ninguna
conducta. Otras insistieron en que la definición contenida en el artículo 33
del Código Civil en lugar de ser discriminatoria se orientaba a cobijar a las
mujeres en pie de igualdad con el hombre. Con respecto al primer asunto, debe
decir la Corte que si bien en un sentido estricto el artículo 33 del Código
Civil no podría considerarse en sí mismo una norma jurídica, la definición
contenida en dicho precepto tiene un carácter descriptivo, valorativo y
normativo innegable por la cual es factible realizar el juicio de
constitucionalidad.
Un buen número de
intervenciones enfatizaron que la expresión hombre utilizada en la definición
contenida en el artículo 33 del Código Civil tiene varias acepciones y la
primera de ellas, de acuerdo con lo establecido en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua, es general, abarcadora por igual de mujeres y varones.
Con ello negaron los intervinientes que el vocablo hombre utilizado en esa
definición tuviera un efecto discriminatorio para la mujer o violatorio de sus
derechos o de su dignidad humana. Otras intervenciones subrayaron, entretanto,
que el lenguaje carece de neutralidad y, dada las características de origen del
mismo, está impregnado de manera a veces exclusiva y excluyente de las
cosmovisiones defendidas por aquellos que han contribuido a conformarlo, en
este caso, los hombres, quienes han pretendido elevar ciertas magnitudes al
rango de lo universal, abstracto, racional, objetivo y neutro.
En
relación con este punto, vale la pena hacer un análisis de contexto respecto
del vocablo “hombre” contenido en la definición establecida en el
artículo 33 del Código Civil. A partir de allí, se mostrará que la expresiones
utilizadas en esa definición lejos de ser neutrales y abarcadoras son, más
bien, el resultado de la cosmovisión imperante al momento de adoptarse el
Código Civil a finales del siglo XIX y fueron pensadas, expresadas y
consignadas en el artículo 33 de manera exclusiva y excluyente por varones. Un
examen detenido del contexto ideológico y valorativo en el que surgió el Código
Civil colombiano, de la filosofía que lo inspiró así como del contenido de
muchos de sus preceptos referentes a la mujer deja ver que el Código Civil tuvo
un signo marcadamente patriarcal.
En
efecto, no está de más recordar que si bien las revoluciones liberales produjeron
cambios fundamentales en la historia de la humanidad, dentro de los cuales se
destaca la idea del Estado de derecho, esto es, la necesidad de limitar el
poder para impedir su ejercicio arbitrario y, por ende, la importancia de
evitar que el poder se concentre en unas solas manos, dejaron más o menos
intacta la situación de las mujeres. Los trascendentales cambios acaecidos a
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX no lograron evitar que la
mujer permaneciera recluida en el ámbito doméstico, pues no se pudo superar la
idea con base en la cual se defendía que la mujer se mantuviera privada de
lo público.
Esta
circunstancia fue plasmada por el Código de Napoleón[58]
y recogida en la mayoría de los ordenamientos de tradición continental. En
Colombia, con la adopción del Código Civil de Bello las mujeres fueron objeto
de extensivas prohibiciones en contraste con las amplias facultades que se
otorgaron a los varones. Las mujeres fueron reducidas a la condición de
incapaces o inmaduras mentales, equiparables en muchos aspectos a las personas
con limitaciones psíquicas o a los niños. En este sentido, se abrió paso a la
potestad marital compuesta por un conjunto de derechos de los que disponía el
varón sobre la persona y bienes de la mujer. La mujer carecía de domicilio propio,
debía habitar en el del padre o marido; era considerada un objeto de propiedad
del varón, padre o esposo; no podía ejercer la patria potestad sobre sus hijos.
El
predominio de la razón patriarcal en esa época y en tiempos posteriores fue
destacado por la Corte Constitucional en la sentencia C-082 de 1999 y en
tiempos recientes mediante la sentencia C-101 de 2005[59]:
“Tradicionalmente en nuestra sociedad, como
en la mayoría de las sociedades actuales, el ‘paradigma de lo humano’ se ha
construido alrededor del varón. Es a él a quien se le atribuyen características
socialmente valoradas como la racionalidad, la fuerza, el coraje, por oposición
a la mujer a quien se caracteriza como irracional, débil, sumisa. Tal dicotomía
en la construcción del género o, en otras palabras, los diferentes roles y
estereotipos que culturalmente se han asignado al hombre y a la mujer, no han
hecho nada distinto que generar una enorme brecha entre los sexos que, a su
vez, ha dado lugar a la discriminación de esta última en los más variados
campos. En especial, este trato diferente ha relegado a la mujer al espacio de
lo privado, al de la fiel esposa, aquélla que debe guardar sumisión frente al
marido, ‘quien debe liberar al ciudadano de las preocupaciones y tareas del
ámbito privado (el de naturaleza) para que éste pueda dedicarse al ámbito de lo
público (el de la cultura)’.”
Varias referencias
históricas dan cuenta de ello.
Rousseau, por ejemplo, filósofo de
vanguardia en su época, en el Capítulo V del Emilio escribió en un tono que
refleja su tiempo:
‘Toda la educación de las mujeres debe estar
referida a los hombres… Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por
ellos, criarles de pequeños, cuidarles cuando sean mayores, aconsejarles,
consolarles, hacerles la vida agradable y dulce: esos son deberes de todos los
tiempos y lo que ha de enseñárseles desde la infancia’.
Kierkegaard, padre del existencialismo, en
el Diario de un seductor, sostuvo:
‘La esencia de la mujer viene indicada
justamente como gracia, expresión que nos recuerda la vida vegetativa; ella es
como una flor, gusta decir a los poetas, y por último lo que en ellas hay de
espiritual tiene algo de vegetativo. Entra en los límites de la naturaleza y
es, por esto, libre más bien estéticamente. En un sentido más profundo, es
liberada por medio del hombre.’
Schopenhauer, por su parte, afirmó:
‘El defecto fundamental del carácter
femenino es que no tiene sentido de la justicia. Ello es debido al hecho
mencionado de que las mujeres son deficientes en los poderes de razonar y
deliberar.’
De acuerdo con estos pensadores la individualidad
y la autonomía eran connotaciones predicables sólo del sexo masculino, y la
mujer, por tanto,  sólo debía ajustarse al lugar que ‘la naturaleza’
(principalmente por sus atributos biológicos) le había reservado: tener hijos,
criarlos, cuidar al marido y a toda la familia, ocuparse de la casa.  De esta
manera se fue constituyendo una especie de ‘contrato social’, donde cada quién
ocupaba el espacio que le era destinado, con el agravante de que aquél que
correspondía a las mujeres estaba sub valorado.”
Una
lectura desprevenida de la expresión utilizada en la definición contenida en el
artículo 33 del Código Civil podría conducir erróneamente a pensar que con lo
allí determinado se estaba favoreciendo a las mujeres. No es cierto, sin
embargo, que el vocablo “hombre” tal como es utilizado allí signifique
un reconocimiento abierto y sincero de la igualdad jurídica entre hombres y
mujeres. No puede serlo cuando, como se vio, el mandato de igual consideración
y respeto para las mujeres – vigente a todas luces en la Constitución de 1991 -
estuvo lejos de orientar la filosofía en la que se inspiró el Código Civil. En
esa medida las definiciones contenida en el artículo 33 guardan estrecha
relación con la concepción del género femenino que inspiraba toda la
codificación y con el papel subordinado y dependiente que se asignaba a la
mujer a lo largo de su articulado.
12.
La expresión
“hombre”, tal como es utilizada en la definición contenida en el artículo 33
del Código Civil, constituye un “vocablo equívoco” desde la perspectiva de los
valores y principios constitucionales pues en lugar de incluir a las mujeres,
las excluye.
Si
a partir del contexto en que surgió el artículo 33 del Código Civil es factible
decir que el término “hombre” no logró despojarse del sentido masculino
que tiene en la práctica, está situación se confirma cuando se examina la
palabra “hombre” a la luz de otras definiciones contenidas en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua[60]
y, más concretamente, cuando se tienen en cuenta las definiciones de sexo débil
y de sexo fuerte:
“‘Sexo débil: Las mujeres. Femenino, na: Débil,
endeble. Afeminación: Molicie, flojedad de ánimo: Afeminar: Hacer perder a uno
la energía varonil. Molicie: afición al regalo, afeminación. Blando: Afeminado
y que no es fuerte para el trabajo.’
Sexo fuerte: los hombres. Varonil: Esforzado,
valeroso, firme. Hombrada: Acción propia de un hombre generoso y esforzado.
Fuerte: Animoso, varonil.’”
No sería extraño que esta concepción dicotómica cause
sorpresa a más de una persona hoy. En la actualidad, ni en ninguna época de la
historia la mujer podría equipararse a esa encarnación de lo débil, endeble,
blando, carente de energía, flojo para el trabajo que pretende eternizar el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Cierto es, como se indicó en
apartes anteriores de esta decisión, que las mujeres se vieron excluidas
durante un largo lapso de aparecer de manera activa, visible, consciente,
autónoma y libre en la vida familiar, social, económica, política, cultural y
jurídica y esta situación retrasó de modo considerable sus posibilidades de
actuar en todos los ámbitos mencionados. Eso no significa, sin embargo, que
alguna vez la definición contenida en el Diccionario haya reflejado un estado
de cosas real.
Sirva lo anterior para ilustrar los rasgos arbitrarios
que subyacen a la construcción de definiciones por medio del lenguaje y para
resaltar, de paso, el contenido no neutral e incluso con frecuencia irracional
de las definiciones. Como puede extraerse de las distinciones contenidas en el
Diccionario de la Real Academia de la Lengua, con ellas pretende perpetuarse
una perspectiva según la cual, lo fuerte, enérgico, activo, arrojado,
trabajador, es característico de la masculinidad. No hace falta realizar
estudios muy profundos para darse cuenta que la definición contenida en el
diccionario sólo refleja la imagen que proyectaron los hombres hacedores de las
mismas cuando se dieron a la tarea de marcar diferencias. No obstante, salta a
la vista la artificialidad de las dicotomías, su carácter arbitrario,
desatinado y excluyente cuando en la realidad estas cualidades o defectos
parecen más bien diluirse en la práctica y mantenerse esquivos a cualquier
encasillamiento o categorización simple.
Si
se tiene en cuenta el contexto ideológico y valorativo en el cual se emitió la
definición analizada y contenida en el artículo 33 del Código Civil y se
repara, de igual modo, en la filosofía que inspiró la codificación, puede
decirse que lo allí consignado no tenía otro fin que perpetuar el dominio
masculino sobre la mujer pues, como se mencionó, todas las disposiciones
referentes a la mujer en el Código Civil estaban dirigidas a reafirmar la
inferioridad de la mujer respecto del varón, a recalcar la incapacidad de la
mujer para manejar su propia vida y administrar sus bienes o para orientar la
educación de sus hijos. Si bien hoy en día el Código Civil ha de ser interpretado
de conformidad con los principios, valores y derechos consagrados en el
ordenamiento constitucional, en todo caso, es inocultable el sentido
originalmente sexista y discriminador de la codificación.
Luego de lo expuesto con
antelación, es factible constatar cómo con el empleo de expresiones genéricas
usualmente orientadas a denotar un solo sexo – como lo es el vocablo “hombre”
en su uso social – pero aplicadas en un sentido general, supuestamente
abarcador de los dos sexos en definiciones jurídicamente relevantes, se cae en
lo que la doctrina ha denominado “vocablos genéricos con trampa”, esto
es, expresiones que “parecen incluir a los dos sexos pero con frecuencia son
excluyentes respecto de las mujeres[61].”
Justamente por cuanto
durante mucho tiempo el derecho y los contenidos del mismo fueron definidos
desde fuentes exclusivamente patriarcales, se presenta el fenómeno del sexismo,
es decir, “la ideología de la supremacía masculina, de la superioridad del
varón y las creencias que la respaldan y las mantienen”[62].
De ahí que – como bien lo planteó el demandante y lo solicitaron varios de los
intervinientes- sea imprescindible examinar la validez de la definición
contenida en el artículo 33 del Código Civil a la luz de los preceptos
constitucionales así como de las disposiciones previstas en los Convenios y
Pactos Internacionales.
12.
Examen de constitucionalidad de la definición contenida en el párrafo primero y en el
párrafo segundo del artículo 33 del Código Civil examinada a la luz de los
artículos 1º, 13, 40 y 43 del Código Civil y de lo establecido en los Convenios
y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia
Lejos
de ser el resultado de un juicio imparcial, ajeno a cualquier consideración de
orden fáctico, político, ideológico o sociológico, la definición contenida en
el artículo 33 del Código Civil está impregnada de cada una de estas facetas y
en conjunto arroja un resultado claramente discordante con lo que las y los
Constituyentes de 1991 consideraron debía ser la situación de la mujer en
Colombia. La definición contenida en el artículo 33 del Código Civil es una
definición hecha por contraste. No sólo emplea vocablos cuyo uso social
únicamente hacen referencia al varón y ordena entenderlos en un sentido general
supuestamente abarcador de hombres y mujeres por igual, sino que cuando en el
párrafo segundo indica que a contrario sensu “las palabras mujer, niña,
viuda y otras semejantes, que designan el sexo femenino, no se aplicarán a otro
sexo, a menos que expresamente las extienda la ley a él”, esta distinción
tiene un impacto simbólico e instrumental negativo si se piensa en el poder del
lenguaje jurídico para generar una cultura jurídica incluyente y no
discriminatoria.
¿Por
qué el vocablo hombre puede convertirse en referente de la humanidad en su
conjunto y el término mujer no? En realidad, no existe una razón de orden
racional u objetiva capaz de responder a este interrogante. Sencillamente – y
se mostró más arriba – el artículo acusado formaba parte de una codificación
que fue inspirada en un concepto determinado de mujer y fue consecuente con el
mismo. Que eso haya sido así obedeció a motivos fácticos, esto es, a la
situación de la mujer en las sociedades del momento; a razones ideológicas, es
decir, a que quienes realizaron los trabajos que sirvieron de base al Code
Civil –fundamento a su vez de toda la codificación occidental entre la que se
cuenta el Código Civil colombiano- fueron varones impregnados por cosmovisiones
de acuerdo con las cuales las mujeres eran consideradas como débiles, incapaces
y sometidas a la eterna custodia de los hombres. Los varones eran propietarios
de las mujeres: “madre y esposa, niños, cocina e iglesia, eran el ideal de
vida femenina al comenzar el siglo[63].”
No pretende la Corte sugerir que el vocablo “mujer”
el cual en su uso social sólo hace alusión a las mujeres - tal como sucede con
la expresión “hombre” que se refiere en su uso social sólo a los hombres
– sea utilizado como universal o genérico, abarcador por igual de mujeres y
hombres. La intención de la Corte es enfatizar el impacto no sólo simbólico
sino instrumental del lenguaje jurídico y su desconocimiento de la protección
conferida a los derechos constitucionales fundamentales de las mujeres por el
ordenamiento jurídico constitucional en su conjunto y, particularmente, por lo
dispuesto en los artículos 1º (dignidad
humana, pluralismo); 13 (igualdad); 40 (participación activa de las mujeres en
el ejercicio y control del poder político y en actividades relacionadas con la
administración pública) y 43 (derecho de las mujeres a no ser discriminadas de
manera injustificada).
Cierto
es que el lenguaje jurídico y la cultura jurídica son un reflejo de las
valoraciones vigentes en el contexto social dentro del cual se desenvuelven. No
lo es menos, sin embargo, que tanto el lenguaje jurídico como la cultura
jurídica tienen un enorme potencial transformador. La manera como se utiliza el
lenguaje jurídico, el modo en que se fijan los contenidos de las definiciones
por medio del mismo, la conciencia que se tiene respecto de que “también se
crean mundos por medio del lenguaje jurídico” no puede ser indiferente a
los avances que se han producido, particularmente, luego de la Constitución de
1991. Ajustar el contenido de las definiciones jurídicas a lo dispuesto por la
Ley Fundamental parece ineludible si se quiere superar la hegemonía de la razón
patriarcal y si se desea ampliar los horizontes para dar lugar a una cultura
jurídica verdaderamente incluyente. No se trata, pues, de cambiar el lenguaje
corriente sino de ajustar el lenguaje jurídico a lo previsto por la Constitución
y por los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
Tanto
la Constitución de 1991 y los Convenios Internacionales sobre los derechos de
las mujeres se encaminan a procurar que la mujer salga de esa condición de
sometimiento, pasividad e invisibilidad en la cual por obra de
sociedades marcadamente patriarcales estuvo sumida. De ahí la insistencia en
demandar que el Estado promueva las condiciones para que la igualdad no quede
convertida en letra muerta y se torne real y efectiva. Lejos de ser una norma
caracterizada por su neutralidad, la Constitución de 1991 previó unos
contenidos valorativos mínimos que han de ser respetados por todas las
autoridades públicas y todos los ciudadanos y ciudadanas sin excepción.
Los
contenidos de las definiciones legales inciden en la manera como se perpetúan
medidas, actuaciones y en general políticas discriminatorias frente a las
mujeres, de modo que aquellas definiciones tendientes a reproducir contenidos
sexistas significan una vulneración de la prohibición prevista en aquellos
preceptos constitucionales dirigidos a reconocer la dignidad de las mujeres
como personas autónomas y libres merecedoras de la misma consideración y
respeto que merecen los varones y constituyen, de la misma forma, una violación
de los Pactos y Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia.
De acuerdo con lo anterior, toda y cualquier
distinción - incluso diferenciaciones lingüísticas basadas en el sexo - que
desconozcan o amenacen desconocer el goce y ejercicio de los derechos de las
mujeres debe ser rechazada por lo menos en el ámbito jurídico. Los Estados
están obligados a adoptar las medidas apropiadas y conducentes a fin de
eliminar esas medidas en sus distintas manifestaciones. Uno de los objetivos principales de los
distintos textos contenidos en documentos internacionales consiste, insistimos,
en romper con el sistema de jerarquías excluyente y con la subordinación y
discriminación. Su propósito principal es, por consiguiente, lograr comprometer
a los Estados en el diseño de políticas y estrategias serias orientadas
a garantizar una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
Así
las cosas, la definición contenida en el artículo 33 no supera el examen de
constitucionalidad. Utilizar expresiones como las empleadas por el artículo
33 del Código Civil, contribuye a mantener la situación histórica de
discriminación contra las mujeres. Pretender que se utilice como universal el vocablo “hombre”,
solo trae como consecuencia la exclusión de las mujeres pues, como bien lo
recordó la intervención de la Universidad de los Andes, el término hombre, que
en su uso social sólo se refiere a los varones, utilizado en tanto genérico
implica que las mujeres “deben estar constantemente calculando si la
expresión las incluye o no.” Dada la
influencia que tiene tanto el lenguaje jurídico, como la manera de llenar de
contenido las definiciones jurídicas por medio del mismo en las trasformaciones
que puedan presentarse en la cultura jurídica, sólo una definición cuyo
contenido permita visualizar lo femenino, hacer visibles a las mujeres o al
menos no ocultarlas tras la fachada de un término que en su uso social solo
alude a los varones - armoniza con los preceptos constitucionales y con lo
dispuesto en los Pactos y Convenios Internacionales aprobados por Colombia.
En relación con lo anterior vale la pena mencionar que
la Asamblea General de Naciones Unidas,
mediante resolución AG/RES. 1591 (XXVIII-O/98) encomendó al Consejo Permanente
lo siguiente:
“estudiar y proponer, de ser el caso, la modificación
del título de la ‘Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre’
por el de ‘Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la Persona’, u
otra expresión que se considere pertinente, así como reemplazar en su texto,
cuando corresponda, la palabra ‘hombre’ por ‘persona’ o la expresión que se
acuerde.”
Esta recomendación obedece a una tendencia general por
reconocer que el lenguaje en tanto instrumento de comunicación y símbolo o reflejo
de aquello que las sociedades consideran valioso o no en un momento dado de su
historia cumple una tarea clave. En este sentido se ha llamado la atención
acerca de que:
“[u]no de los aspectos más relevantes que se plantea
hoy en la relación entre derecho y lenguaje es el de la reconstrucción del
lenguaje jurídico con una perspectiva de género. La lucha por la igualdad de la
mujer es también la lucha por la eliminación de términos sexistas en el
lenguaje y por la reformulación del lenguaje en un sentido igualitario. Se
trata de una tarea complicada por cuanto que el lenguaje que compartimos ha
sido construido históricamente sobre claves masculinas y su reformulación sobre
claves igualitarias ofrece gran dificultad[64].”
Ahora
bien, podría pensarse que en virtud del principio de conservación del derecho,
lo mejor sería proferir una sentencia interpretativa que adecue al contenido
axiológico de la Carta de 1991 las expresiones contenidas en el artículo 33 del
Código Civil, sin embargo, encuentra esta Corporación que en esta oportunidad
tal opción resulta impracticable, precisamente porque el uso generalizador de
la palabra hombre y en general de los vocablos que identifican a los
individuos del género masculino para referirse al todos los individuos de la
especie humana es lo que se encuentra inconstitucional por su contenido
discriminador y excluyente. Por consiguiente declarar la exequibilidad de las
expresiones acusadas bajo el entendido que cobijan también al género femenino
sería simplemente reproducir el contenido de la disposición demandada.
Por
lo tanto, con fundamento en las consideraciones realizadas a lo largo de la
presente sentencia, la Corte procederá a declarar inexequible la definición
contenida en el artículo 33 del Código Civil salvo el siguiente aparte: “la palabra persona en su sentido general
se aplicará a individuos de la especie humana sin distinción de sexo”, el cual, se declarará exequible.
Ahora
bien, es preciso enfatizar que el objeto de este pronunciamiento es el lenguaje
jurídico y no el lenguaje corriente. Por lo tanto esta decisión no trasciende a
todos los usos del lenguaje común que tengan connotación de género, sino que se
limita específicamente a un término empleado por el Código Civil que resulta
contrario a los valores, principios y derechos constitucionales porque torna
invisible al género femenino. Si bien sería conveniente que tanto el lenguaje
corriente como el lenguaje jurídico se adaptaran a la nueva cosmovisión
pluralista introducida por la Carta de 1991, tal propósito escapa sin dudas a
los alcances del control de constitucionalidad.
Adicionalmente
esta Corporación estima pertinente realizar algunas precisiones en relación con
el alcance de la decisión adoptada. En primer lugar se recalca que la
definición contenida en el artículo 33 del Código Civil, cuya inexequibilidad
declarará la Corte en la presente sentencia, no es de orden técnico sino de
carácter general y no es indispensable para la comprensión del contenido del
Código Civil ni de otras disposiciones que integran el ordenamiento jurídico,
en esa medida la declaratoria de inexequibilidad no suscita problemas de
interpretación insalvables, ni dificulta la comprensión de otras disposiciones
del ordenamiento civil.
En
segundo lugar, es preciso señalar que si bien la definición prevista en el
artículo 33 del Código Civil desconoce preceptos constitucionales y por esa
razón será declarada inexequible, eso no significa que todas las expresiones
contenidas en la legislación vigente que tengan una connotación de género devengan
inconstitucionales. En efecto, muchas de ellas no tienen un sentido
discriminador y excluyente y en esa medida se ajustan a la Constitución. Por
otra parte, incluso aquellas que tienen una connotación discriminadora y que en
esa medida pueden suscitar serios reparos sobre su constitucionalidad, sólo en
caso extremos deberán ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Cobra aquí
pleno sentido el principio de conservación del derecho, y en consecuencia tales
expresiones deben ser  interpretadas de conformidad con el orden axiológico
constitucional, y por lo tanto, sólo en casos excepcionales, cuando ello no sea
posible, como acontece precisamente con la definición objeto de examen en la
presente decisión, habrá lugar a una declaratoria de inexequibilidad.
Es
preciso, por tanto, subrayar la necesidad de que las operadoras y los
operadores jurídicos interpreten siempre ese tipo de expresiones de forma que
armonice con los principios, valores y derechos consignados en la Constitución
Nacional y con los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Esta
obligación se extiende, pues, a la interpretación de los distintos niveles
normativos, de inferior a superior jerarquía,  reglamentos, ley, Constitución y
tratados internacionales.
De
esta manera se puede armonizar el lenguaje jurídico empleado por textos
normativos preconstitucionales, o incluso de aquellos promulgados con
posterioridad a la entrada en vigor de la Carta de 1991, con el contenido
axiológico contenido en ésta. No obstante, esto no exime a todos los órganos
con competencia para producir derecho del deber de utilizar siempre un lenguaje
que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las
opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el
derecho al libre desarrollo de la personalidad de los colombianos y de las
colombianas.
VII. DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar la INEXEQUIBILIDAD del artículo 33 del
Código Civil salvo el siguiente aparte que se declara EXEQUIBLE: “la
palabra persona en su sentido general se aplicará a individuos de la especie
humana sin distinción de sexo.”
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO  DE VOTO
SENTENCIA C-804
del 27 de septiembre 2006
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia sobre normas que definen conceptos o
fijan alcance de palabras y expresiones de uso frecuente en el ordenamiento
jurídico/NORMAS ATIPICAS-Concepto (Salvamento de voto)
Según lo ha señalado de forma reiterada
esta Corporación, no hay lugar a
emitir pronunciamiento de fondo dentro del juicio de inconstitucionalidad,
cuando las normas que se someten al mismo no son susceptibles de producir
efectos jurídicos. Ha precisado la jurisprudencia que este fenómeno puede tener
ocurrencia no solo cuando la norma llevada a juicio ha sido derogada por otra
posterior o cuando se trata de una disposición cuyo contenido normativo se ha
agotado o ejecutado, sino también, cuando la preceptiva acusada, a pesar de
encontrarse vigente en el ordenamiento, no está en capacidad de generar por sí
misma consecuencias jurídicas concretas e independientes y requiere para el efecto
de su integración con otras normas que la desarrollen o complementen. Respecto
de esta última circunstancia, que es la que interesa al asunto bajo análisis,
la Corte ha destacado que tal situación puede tener lugar respecto de normas
atípicas, que por razón de su contenido material son meramente explicativas y
no regulatorias, como es el caso de aquellas que se limitan a definir ciertos
conceptos o fijar el alcance de palabras o expresiones que son de uso frecuente
en el ordenamiento y que, stricto sensu, no son jurídicamente relevantes en
cuanto no están llamadas a cumplir con el carácter general de la ley cual es el
de “mandar, prohibir, permitir o castigar”. Dichas normas, no buscan ordenar,
prohibir, castigar o permitir determinada conducta en forma directa, actúan más
bien como marco conceptual para definir ciertas reglas utilizadas por otros
preceptos que sí generan consecuencias jurídicas específicas y concretas. No
sobra destacar que el fundamento que sirve a esta posición, guarda relación con
la distinción que la propia jurisprudencia constitucional ha establecido entre
disposición y contenido normativo.
DISPOSICION JURIDICA Y NORMA JURIDICA-Diferencias (Salvamento de voto)
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Norma que no produce efectos jurídicos (Salvamento de
voto)
Respecto de la norma declarada parcialmente inexequible, no sobra
recordar que se trata del artículo 33 del Código Civil que, como ocurre con el
precepto que fue objeto de estudio en los fallos antes citados, hace parte del
Libro Primero del mencionado código y, concretamente, del Capítulo V del Título
Preliminar, en el cual se regula lo relacionado con las “Definiciones de varias
palabras de uso frecuente”. Dentro de ese contexto, la norma se ocupa de
señalar la manera como deben entenderse en las disposiciones de las leyes las
palabras “hombre, persona, niño adulto y otras semejantes”, e igualmente, las
palabras “mujer, niña, viuda y otras semejantes”. Siendo consecuente con la
posición adoptada por la Corte en las Sentencias C-507 de 2004 y C-534 de 2005,
tampoco en el caso del artículo 33 del Código Civil había lugar a emitir
pronunciamiento de fondo, pues el mismo no contiene un mandato jurídico
propiamente dicho. Se trata en realidad de una norma de definición, explicativa
y no regulatoria, que por sí misma no está llamada a producir efectos jurídicos
propios, y menos los que le son atribuidos por el actor. Atendiendo a su
contenido normativo, por su intermedio se define el alcance de las palabras
“hombre, persona, niño adulto”, de acuerdo con el uso general que el lenguaje
le atribuye a las mismas, con lo cual no puede afirmarse que su objetivo sea el
de afectar la dignidad de la mujer o el de establecer un trato discriminatorio
en su contra, pues la misma no tiene esa significación ni la potencialidad para
estimular la violación de tales garantías.
TRATADOS INTERNACIONALES QUE HACEN PARTE DEL BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Alcance de la
expresión “hombre” (Salvamento de voto)
El significado de una palabra es el de su uso en el
lenguaje, siendo a su vez el lenguaje fruto de la historia, la cultura y las
relaciones sociales, debe entonces concluirse que a partir de sus bases
históricas, etimológicas y semánticas, la acepción de “hombre” en el contexto
general de la cultura occidental, hace relación a lo humano y no a lo masculino
o viril y engloba por tanto a toda la especie humana. Esta interpretación
encuentra además pleno respaldo en el derecho internacional, que a través de distintos
tratados y convenios internacionales ha empleado el vocablo “hombre” con un
sentido general y neutro, esto es, para referirse al género humano sin
distinción de sexo. Esto ocurre, concretamente, en el caso de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica  y en la Declaración
Americana de los Derechos y deberes del Hombre, las cuales se encuentran
incorporados al derecho interno y, según lo ha sostenido esta Corporación,
hacen parte del bloque de constitucionalidad por tratarse de convenios que
reconocen derecho humanos.
CONSTITUCION POLITICA-Uso de las expresiones “niño” y “adolescente”
(Salvamento de voto)
DEFINICION LEGAL DE LA EXPRESION “HOMBRE”-Uso neutro y genérico  no es discriminatorio ni
contrario a la dignidad de la mujer (Salvamento de voto)
Si en gracia de discusión se admitiera que en el
asunto de la referencia había lugar a proferir decisión de fondo, consideramos
que el artículo 33 del Código Civil ha debido declarase exequible, toda vez
que, conforme se anotó anteriormente, el significado que el mismo le reconoce a
la voz “hombre”, corresponde al de su uso habitual, común y generalizado dentro
del lenguaje castellano, es decir, al que alude a los individuos de la especie
humana, sin distinción de sexo, comprendiendo tanto a los varones como a las
mujeres. No cabe duda que el alcance dado a la expresión “hombre” por la norma
acusada no es constitucionalmente inadmisible, como equivocadamente lo
consideró la Sala, pues, independiente al hecho de que el mismo pueda suscitar
diferencias en punto a los distintos alcances que le son atribuibles, lo cierto
es que en su uso neutro y genérico no es peyorativo ni discriminatorio, y
tampoco comporta una connotación contraria a la dignidad de la mujer ni busca
colocarla en una situación de sujeción u ocultamiento. Dentro de su función de
defender la supremacía de la Constitución, compartimos plenamente el empeño
loable de la Corte de procurar la dignificación de la mujer y de vencer
cualquier concepción sexista que mantenga vigente la segregación. Sin embargo,
consideramos que a tal propósito no contribuye la declaratoria de
inconstitucionalidad parcial del artículo 33 del Código Civil, ya que, como ha
quedado suficientemente explicado, de su contexto normativo no se advierte un
desconocimiento del contenido axiológico humanístico que informa la Carta
Política.
Referencia: Expediente D-6178
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33
(parcial) del Código Civil.
Magistrado Ponente:
HUMBERTO SIERRA PORTO
Con
el acostumbrado respeto, nos permitimos consignar las razones que nos llevaron
a salvar el voto en el asunto de la referencia, las cuales fueron debidamente
expuestas durante el curso de los debates en el seno de la Sala Plena.
Conforme lo expresamos
oportunamente, no compartimos la decisión mayoritaria que resolvió declarar la
inexequibilidad parcial del artículo 33 del Código Civil, bajo la consideración
de que tal disposición, al definir el alcance de las expresiones “hombre”, “niño”, “adulto”,
generaban un trato excluyente y discriminatorio hacia las mujeres.
Consideramos que la decisión de la
Corte es equivocada por dos razones fundamentales. La primera, por cuanto no
tuvo en cuenta el hecho de que la norma acusada no tenía por sí misma contenido
jurídico autónomo y, por tanto, que no cabía adelantar en su contra el juicio
de inconstitucionalidad. La segunda, en la medida que le atribuyó a la
preceptiva demandada un alcance que desborda su verdadero contenido normativo y
que resulta contrario al espíritu de la misma.
1. La norma acusada no produce efectos
jurídicos propios
Según lo ha señalado de forma reiterada
esta Corporación, no hay lugar a emitir
pronunciamiento de fondo dentro del juicio de inconstitucionalidad, cuando las
normas que se someten al mismo no son susceptibles de producir efectos
jurídicos[65].
Ha precisado la jurisprudencia que este fenómeno puede tener ocurrencia no solo
cuando la norma llevada a juicio ha sido derogada por otra posterior o cuando
se trata de una disposición cuyo contenido normativo se ha agotado o ejecutado,
sino también, cuando la preceptiva acusada, a pesar de encontrarse vigente en
el ordenamiento, no está en capacidad de generar por sí misma consecuencias
jurídicas concretas e independientes y requiere para el efecto de su
integración con otras normas que la desarrollen o complementen.[66]
Respecto de esta última circunstancia, que es la que
interesa al asunto bajo análisis, la Corte ha destacado que tal situación puede
tener lugar respecto de normas atípicas, que por razón de su contenido material
son meramente explicativas y no regulatorias, como es el caso de aquellas que
se limitan a definir ciertos conceptos o fijar el alcance de palabras o
expresiones que son de uso frecuente en el ordenamiento y que, stricto sensu,
no son jurídicamente relevantes en cuanto no están llamadas a cumplir con el
carácter general de la ley cual es el de “mandar, prohibir, permitir o
castigar”[67].
Dichas normas, que como se dijo no buscan ordenar, prohibir, castigar o
permitir determinada conducta en forma directa, actúan más bien como marco
conceptual para definir ciertas reglas utilizadas por otros preceptos que sí
generan consecuencias jurídicas específicas y concretas.
No sobra destacar que el fundamento que sirve a esta
posición, guarda relación con la distinción que la propia jurisprudencia
constitucional ha establecido entre disposición y contenido normativo. Así, ha
sostenido esta Corporación que mientras la disposición hace referencia a un
texto legal o artículo específico (el artículo X de la ley Z), siendo a su vez
el objeto sobre el que recae la actividad interpretativa, el contenido
normativo refiere a la regla de derecho incluida en el texto y a las
consecuencias jurídicas que de él se derivan, constituyéndose entonces en el
resultado de la interpretación. A partir de tal diferencia, puede ocurrir que
de una misma disposición se puedan derivar varios contenidos normativos
diferentes, como también, que varias normas se vean influenciadas por un mismo
enunciado normativo, circunstancia que debe advertir el juez constitucional
para definir el alcance del juicio de constitucionalidad y su procedibilidad.
En relación con el punto dijo este Tribunal:
“Como quiera que en el presente caso, desde el momento
de la presentación del análisis, tanto del demandante[68]
como de la Corte Constitucional, se hace uso de la distinción que esta Corporación
ha establecido entre disposiciones normativas y normas, es preciso introducir
la reflexión con una concisa exposición de dicha distinción. En varias
ocasiones la Corte ha explicado que las disposiciones normativas (enunciados
normativos) como enunciados del lenguaje jurídico no agotan su significación en
el mero lenguaje con el que son expresadas. Tienen en cambio, un contenido
normativo (normas) adicional, que se refiere a lo que ella prescribe más allá
de su redacción. Por ello las disposiciones y los contenidos son distintos, al
punto que de una misma disposición se pueden derivar varios contenidos
normativos diferentes[69],
e igualmente varias normas, incluso distintas, pueden corresponder a un mismo
enunciado normativo.” [70]
Sobre esa base, para la jurisprudencia ha resultado
inadmisible juzgar la constitucionalidad de ciertos textos jurídicos, como es
el caso de aquellos cuyo contenido normativo se limita a definir conceptos,
cuando a luz de los cargos que se le imputan no están llamados a producir
efectos jurídicos por sí mismos. En estos casos, la posibilidad de que la Corte
pueda entrar a establecer si tal categoría de normas se ajustan o no a la Carta
Política, depende de que se integre previamente la unidad normativa con los
preceptos que sí le confieren efectos jurídicos concretos a lo contenido en
ellas. Este criterio fue desarrollado por la Corte en las Sentencias C-507 de
2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y C-534 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), a propósito de sendas demandas de inconstitucionalidad formuladas
contra el artículo 34 del Código Civil.
En la Sentencia C-507 de 2004, la Corte se declaró
inhibida para emitir pronunciamiento de fondo contra el artículo 34 del Código
Civil, precisamente, bajo la consideración de que se trata de una norma que se
limita a definir las reglas de capacidad del ejercicio de los derechos por
parte de las personas, pero que no genera efectos y consecuencias jurídicas por
sí misma. Adujo este Tribunal que, en la medida que dicha norma está
estrechamente relacionada con las reglas de capacidad contenidas en otras
disposiciones del sistema legal, para que proceda la demanda en su contra es
imperativo acusar también otros preceptos que desarrollaran la materia,
circunstancia que no había tenido lugar en ese caso. Sobre el particular,
sostuvo expresamente la Corte en el mencionado fallo:
“El artículo 34 del Código Civil,
al igual que el resto de normas del Capí­tulo V del Título Preliminar, tiene
por objeto definir una serie de conceptos. En este caso se trata de las
categorías en las cuales divide el sistema jurídico el desarrollo evolutivo
humano. Aunque no se introduce como elemento norma­tivo del artículo 34 del
Código, a partir de una lectura sistemática del mismo, se concluye que la
función de los conceptos tratados en dicho artículo es servir de marco
conceptual para definir las reglas de capacidad del ejercicio de los derechos
por parte de las personas.
El artículo contempla dos grandes
categorías, la primera es la ‘mayoría de edad’ (o simplemente ‘mayor’)
como se denomina a quien “ha cumplido dieciocho años” (21 originalmente); la
segunda es ser ‘menor de edad’ (o simplemente menor) como se
denomina a quien “no ha llegado a cumplirlos”. El grupo de los menores se
divide a su vez en tres categorías: con la primera, ‘infante’ o ‘niño’,
se denomina a “todo el que no ha cumplido siete años”; con la segunda, ‘impúber’,
al ‘varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce’;
y con la tercera, ‘adulto’, al “que ha dejado de ser impúber”.
Los ‘menores-adultos’ son las mujeres entre los 12 y los 18 años y los
varones entre los 14 y los 18 años.[71]
2.2. La acción pública de
inconstitucionalidad bajo estudió alega que la defini­ción de ‘impúber’
desconoce la ‘primacía de los derechos inalienables de la persona’ (art.5;
C.P.), los ‘derechos funda­mentales de los niños’ (art.44; C.P.), y el
principio de igualdad (art.13; C.P.), al determinar que la categoría ‘menor-adulto’
hace referencia a las mujeres a partir de los doce (12) años de edad y a los
hombres a partir de los catorce (14) años de edad. A su juicio, el aparte
demandado del artículo 34 del Código Civil establece una diferencia de trato
discriminatorio basado en el sexo, al otorgar dos años más de capacidad a las
mujeres que a los hombres.
2.3. No obstante, la simple lectura del
texto del artículo 34 del Código Civil muestra que esta disposición legal no
establece cuál es la capacidad de las personas, en especial, de las mujeres y
de los hombres a los 12 y a los 14 años, respectivamente.  En otras palabras,
la regla legal que el demandante conside­ra inconstitucional, y en contra de la
cual presenta sus argumentos, no está in­cluida en el texto del artículo 34 del
Código Civil; como se mostró, éste se limita a establecer cuál es el uso que se
les da a las expre­siones mencionadas en los textos legales.
En consecuencia, el alegato no es
susceptible de ser analizado en sede de consti­tu­cionalidad, pues la norma que
formalmente se demandó no contiene la regla jurídica acusada. Para que un
argumento sea pertinente para fundar una acción pública de inconstitu­cionalidad,
se requiere que la regla jurídica que se acusa de violar la Carta Política se
encuentre contemplada por las disposicio­nes legales que hayan sido demandadas.[72]
2.4. No desconoce la Corte que el
artículo 34 del Código Civil está estrecha­mente relacionado con las reglas de
capacidad fijadas en muchas otras dispo­siciones del sistema legal. Pero para
que proceda la demanda en contra del artículo 34 del Código por esta razón,
deben demandarse también aquellas otras disposiciones legales que abordan el
tema, en especial el artículo 1504 del mismo Código.[73]  En
el presente caso los artículos sólo fueron mencio­na­dos en la demanda, no
fueron objeto de ésta.
Por tanto, la Corte Constitucional se
inhibirá de conocer los cargos en contra del artículo 34 del Código Civil por
no ser pertinentes. La demanda no demuestra que llamar menor adulto
al que ‘ha dejado de ser impúber’, esto es ‘al mayor de 14 y a la mayor de 12
años’, de por sí, desconoce principio constitucional alguno. La norma fija una
definición estipulativa que cobra importancia en materia de capacidad en tanto
genere efectos y consecuencias jurídicas. El artículo 34 del Código Civil, por
sí sólo, no los genera.”  (negrillas y subrayas fuera de texto original).
El criterio anterior fue reiterado en la Sentencia
C-534 de 2005, al despachar una demanda contra distintas disposiciones del
Código Civil, incluyendo el artículo 34. En esa oportunidad, este Tribunal
confirmó que este último precepto no tiene un efecto jurídico independiente
pues solo establece una definición cuyo uso en la legislación civil está en
cabeza de otras disposiciones distintas a dicho artículo. No obstante,
considerando que el actor incorporó a la demanda algunas de las disposiciones
que hacían uso del concepto previsto en el artículo 34 del Código Civil, la
Corte procedió a integrar la unidad normativa, habilitándose para emitir
pronunciamiento de fondo contra la norma en cita.
Al respecto, se dijo en la mencionada sentencia:
“6.- Así, la
Corte encuentra que la norma jurídica consistente en determinar la capacidad e
incapacidad de impúberes y púberes, es la que en estricto sentido es
cuestionada en su constitucionalidad. A su vez, dicha norma no coincide
completamente, ni con lo expresado en el artículo 34 del C.C, ni con los demás
enunciados demandados. Esto es, que dicha norma tan solo se deriva de los
enunciados conjuntamente considerados y no agota todo el contenido de los mismos. Tal y como se dijo en la
sentencia C-507 de 2004: “[e]l artículo 34 del Código Civil, al igual
que el resto de normas del Capí­tulo V del Título Preliminar, tiene por objeto
definir una serie de conceptos”, y en sí mismo no establece ningún efecto
jurídico. “...[L]a simple lectura del texto del artículo 34 del
Código Civil muestra que esta disposición legal no establece cuál es la
capacidad de las personas, en especial, de las mujeres y de los hombres a los
12 y a los 14 años, respectivamente. (...)No desconoce la Corte que el artículo
34 del Código Civil está estrecha­mente relacionado con las reglas de capacidad
fijadas en muchas otras dispo­siciones del sistema legal...” y con las de
nulidad de los actos jurídicos celebrados por incapaces; pero el efecto
jurídico lo determinan aquellas disposiciones que le asignan consecuencias
jurídicas concretas a la distinción del artículo 34 en comento. Como por
ejemplo los artículos 1504 y 1741 del Código Civil, también demandados.
7.- De
lo anterior se puede concluir que el artículo 34 del Código Civil no contiene
un efecto jurídico independiente, pues solo establece una definición. Así
mismo, el uso de esta definición en la legislación Civil lo establecen otras
disposiciones distintas a dicho artículo. Luego los efectos jurídicos, y por
ende la posibilidad real de ser acorde o contraria a la Constitución, solo se
entienden integrando la definición con las distintas disposiciones que le
confieren efectos. Por lo tanto, si bien el análisis de esta Corte estará
centrado en la distinción normativa introducida en el artículo 34 del C.C, lo
cierto es que, como dicha distinción sugiere un trato normativo concreto que
constituye un norma jurídica derivada de varias disposiciones, luego dicho
trato es lo que se configura como objeto de estudio por parte de esta
Corporación.” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Respecto de la norma declarada parcialmente inexequible, no sobra
recordar que se trata del artículo 33 del Código Civil que, como ocurre con el
precepto que fue objeto de estudio en los fallos antes citados, hace parte del
Libro Primero del mencionado código y, concretamente, del Capítulo V del Título
Preliminar, en el cual se regula lo relacionado con las “Definiciones de
varias palabras de uso frecuente”. Dentro de ese contexto, la norma se
ocupa de señalar la manera como deben entenderse en las disposiciones de las
leyes las palabras “hombre, persona, niño adulto y otras semejantes”, e
igualmente, las palabras “mujer, niña, viuda y otras semejantes”.  Al
respecto dispone el artículo:
ART. 33.- Las palabras hombre, persona, niño, adulto,
y otras semejantes que en su sentido general se aplican a individuos de la
especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán que comprenden ambos
sexos en las disposiciones de las leyes, a menos que por la naturaleza de la
disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo.
Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda, y
otras semejantes que designan el sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, a
menos que expresamente las extienda la ley a él.
Tal precepto es acusado por el actor, sobre la base de
que el lenguaje en él utilizado, concretamente respecto del vocablo “hombre”,
es contrario a los principios de dignidad humana e igualdad, en cuanto que
ubicaba a la mujer en una situación de dependencia y subordinación.
Siendo consecuente con la posición adoptada por la
Corte en las Sentencias C-507 de 2004 y C-534 de 2005, tampoco en el caso del
artículo 33 del Código Civil había lugar a emitir pronunciamiento de fondo,
pues el mismo no contiene un mandato jurídico propiamente dicho. Se trata en
realidad de una norma de definición, explicativa y no regulatoria, que por sí
misma no está llamada a producir efectos jurídicos propios, y menos los que le
son atribuidos por el actor. Atendiendo a su contenido normativo, por su
intermedio se define el alcance de las palabras “hombre, persona, niño
adulto”, de acuerdo con el uso general que el lenguaje le atribuye a
las mismas, con lo cual no puede afirmarse que su objetivo sea el de afectar la
dignidad de la mujer o el de establecer un trato discriminatorio en su contra,
pues la misma no tiene esa significación ni la potencialidad para estimular la
violación de tales garantías.
El
demandante aduce que la expresión “hombre” es per se
discriminatoria, sin entrar a demostrar en qué casos en particular la propia
ley, e incluso los operadores jurídicos, la emplean para desconocer los
derechos de la mujer, aun a pesar de la advertencia hecha por la propia
preceptiva acusada de usarla en sentido general y no peyorativo ni
discriminatorio.
Desde este punto de vista, la opción de adelantar el
respectivo juicio de constitucionalidad, con el fin de establecer una presunta
violación de los principios de dignidad humana e igualdad de la mujer, sólo era
posible a partir del señalamiento de las disposiciones que hacen uso de la
definición contenida en el artículo 33 del Código Civil y de la manera como
éstas son interpretadas con criterio discriminatorio. Sin embargo, en cuanto la
demanda se dirigió únicamente contra el artículo citado y no se acreditó la
discriminación aludida, se hizo nugatoria cualquier posibilidad de activar el
juicio de inconstitucionalidad en su contra.
2. La norma acusada no tiene un contenido
discriminatorio
Si en gracia de discusión se admitiera que en el
asunto de la referencia había lugar a proferir decisión de fondo, consideramos
que el artículo 33 del Código Civil ha debido declarase exequible, toda vez
que, conforme se anotó anteriormente, el significado que el mismo le reconoce a
la voz “hombre”, corresponde al de su uso habitual, común y generalizado
dentro del lenguaje castellano, es decir, al que alude a los individuos de la
especie humana, sin distinción de sexo, comprendiendo tanto a los varones como
a las mujeres.
Tal y como lo manifestamos, la definición que hace la
norma acusada del vocablo “hombre” coincide plenamente con la noción
gramatical contenida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, en cuanto que éste, en su primera acepción define “hombre”
como “Ser animado racional”, comprensivo de “todo el género humano”.
Aun cuando en el idioma español la palabra “hombre” puede
congregar distintas acepciones, la que cobija a “todo el género humano”
es la más arraigada y la que se muestra como principal y originaria, en razón a
que el significado de su ancestro etimológico, el latín “homo”, refiere
precisamente al “ser humano”. La voz “homo” remite a su vez a la
voz “humus” que simboliza “tierra”, “barro”, de manera
que, combinando esta dos voces, “hombre” es el nacido de la tierra sin
distinción de género, es decir, el “ser humano”.
En el latín clásico, del cual surgieron las lenguas
romances incluyendo por supuesto el castellano, había una clara distinción
entre las voces “homo” y “uir”, en el sentido que la primera se
utilizaba para designar al ser humano y la segunda para referirse al varón,
siendo entonces evidente que “homo” tenía un significado neutro que
comprendía los dos géneros: tanto al varón como a la mujer. Una situación
semejante ocurría con el idioma griego, pues allí era común la diferencia entre
las palabras “ánthropos” y “anér”, refiriéndose el termino
inicial al ser humano y el último al varón. En la evolución del latín a las
lenguas romances, la voz “uir” desapareció, sin dejar expresión
semejante en el idioma español, constituyéndose tal hecho en el motivo por el
cual a la expresión “hombre” se le fueron agregando otras acepciones,
secundarias y supletivas, manteniendo su principal significado, el equivalente
a ser racional, todo su valor, importancia y trascendencia dentro de la cultura
occidental.
Si como lo ha dicho esta Corporación[74],
el significado de una palabra es el de su uso en el lenguaje, siendo a su vez
el lenguaje fruto de la historia, la cultura y las relaciones sociales, debe
entonces concluirse que a partir de sus bases históricas, etimológicas y
semánticas, la acepción de “hombre” en el contexto general de la cultura
occidental, hace relación a lo humano y no a lo masculino o viril y engloba por
tanto a toda la especie humana.
Esta interpretación encuentra además pleno respaldo en
el derecho internacional, que a través de distintos tratados y convenios internacionales
ha empleado el vocablo “hombre” con un sentido general y neutro, esto
es, para referirse al genero humano sin distinción de sexo. Esto ocurre,
concretamente, en el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de
San José de Costa Rica  y en la Declaración Americana de los Derechos y deberes
del Hombre, las cuales se encuentran incorporados al derecho interno y, según
lo ha sostenido esta Corporación, hacen parte del bloque de constitucionalidad
por tratarse de convenios que reconocen derecho humanos.
Así, en el preámbulo de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de San José de Costa Rica, incorporada a nuestro derecho
interno a través de la Ley 16 de 1972, se lee:
“Reafirmando su propósito de consolidar en este
Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de
libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los
derechos esenciales del hombre;
Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado
Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana,
razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno
de los Estados americanos…”  (Negrillas
y subrayas fuera de texto)
Por su parte, tanto en su epígrafe como en el
preámbulo, la Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia
Internacional Americana en Bogotá, Colombia en 1948, se utiliza la expresión de
la siguiente manera:
“DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL
HOMBRE”
“- Todos los hombres nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están por naturaleza de razón y
conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros.
- El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia
del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en
toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la
libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.”
“…”
“- Es deber del hombre servir al
espíritu con todas sus potencias y recursos porque el espíritu es la finalidad
suprema de la existencia humana y su máxima categoría.
- Es deber del hombre ejercer,
mantener y estimular por todos los medios a su alcance la cultura, porque la
cultura es la máxima expresión social e histórica del espíritu.” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
En el caso de la Constitución Política, aun cuando en
su texto no se hace uso del vocablo “hombre” para referirse al ser
humano, la misma sí le reconoce un significado neutro a las expresiones “niño”
y “adolescente”, también cuestionadas por la Corte en el presente
caso. Concretamente, tales expresiones fueron utilizadas por el Constituyente
de 1991 para identificar tanto a los niños y adolescentes varones como a las
niñas y adolescentes mujeres, lo cual tiene ocurrencia en los artículos 44 y 46
de la Carta en los que se consagran los “derechos fundamentales de los niños”
y se propugna por el derecho del “adolescente”...“a la
protección y a la formación integral”. (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Entendido de esa manera, no podía considerarse, como
lo hace la sentencia, que el propósito de la norma al reconocerle a la palabra “hombre”
un significado neutro, era precisamente excluir lo femenino y someter a la
mujer a una situación de inferioridad. Se desconoce que es el mismo legislador
quien se ocupó de despojar dicha expresión de todo contenido emotivo y sexista,
al señalar expresamente que debe emplearse por los operadores jurídicos y por
la ley para comprender los seres humanos, atendiendo así a su uso general.
Tomando en consideración este hecho, extraña a los
sucritos que la mayoría de la Sala no hubiera considerado para el análisis, la
reglas hermenéuticas consagradas en los artículos 27 y 28 del Código Civil, en
las que se expresa que: “Cuado el sentido de la ley sea claro, no se
desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, y que “las
palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso
general de las mismas palabras”; Reglas hermenéuticas que, por lo demás,
vienen siendo consideradas por el derecho internacional e incluso lo fueron por
el propio Constituyente de 1991 a la hora de fijar el sentido de las
expresiones “hombre”, “niño” y “adulto”.
Ahora bien, como guardián de la integridad y
supremacía de la Constitución, es cierto que la Corte Constitucional se halla
legitimada para preservar el contenido axiológico humanístico que informa la
Carta Política, controlando que el legislador no lo contradiga a través del
lenguaje legal que utiliza al expedir la ley. Sin embargo, tal y como lo ha
precisado la propia jurisprudencia, el juicio para determinar el impacto del
lenguaje sobre la constitucionalidad de los textos jurídicos está condicionado
a que se establezca con precisión el uso de expresiones, palabras o términos
contrarios a los valores, principios y derechos reconocidos por la Constitución
Política, ya que no cualquier interpretación y diferencias con el lenguaje
empleado puede dar lugar a su retiro del ordenamiento jurídico, máxime cuando
el defecto inconstitucional alegado no se proyecta sobre el contenido normativo
propiamente dicho.
De acuerdo con este criterio, en ejercicio del control
de constitucionalidad de las leyes, la Corporación ha excluido del
ordenamiento, por encontrarlos violatorios de los principios de dignidad humana
e igualdad, términos y expresiones con sentido peyorativo, degradante o
discriminatorio y que tienden a cosificar a la persona. Así, por ejemplo, en la
Sentencia C-478 de 2003 (Ma.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Corte declaró
inexequibles expresiones del Código Civil que para denominar a personas con limitaciones
psíquicas utilizaban locuciones como “furiosos locos”, “mentecatos”,
“imbecilidad”, “idiotismo”, “locura furiosa” y “casa de
locos”.  Con ese mismo criterio, en la Sentencia C-1235 de 2005 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil), la Corporación declaró inexequible las expresiones “criado”,
“sirviente” y “amo”, contenidos en el artículo 2349 del Código
Civil, utilizadas para referirse a las relaciones entre empleadores y
trabajadores.
Acorde con la misma regla hermenéutica, también la
Corporación ha avalado expresiones del lenguaje jurídico cuya lectura puede
generar controversia pero que en sí mismas no son contrarias a la Constitución
Política. Así, en la Sentencia C-668 de 2001 (Ma.P. Clara Inés Vargas
Hernández), se declararon exequibles las expresiones “no demandante” del
artículo 211, “demandante” de los artículos 213 y 216 y “demandada”
del artículo 217 de la Ley 600 de 2000, acusadas bajo el supuesto de desconocer
la perspectiva constitucional de la casación en materia penal, pues le daban a
tal recurso la connotación de una acción independiente al proceso y no el
carácter de medio impugnación de naturaleza extraordinario que en realidad debe
tener. En esa oportunidad, acogiéndose al significado etimológico y jurídico de
los citados términos, la Corte calificó como infundadas las referidas
acusaciones  con el argumento de que “el sentido semántico de las expresiones
impugnadas no altera la esencia del recurso extraordinario de casación penal”
y, por tanto, las mismas no violaban ningún precepto constitucional. Al
respecto, sostuvo este Tribunal que “[e]n el asunto que se revisa es evidente
que nos encontramos ante una situación en la cual es necesario salvaguardar la
eficacia de las normas jurídicas parcialmente acusadas,  como quiera que se ha
establecido que el sentido de las expresiones acusadas - pese a su aparente
contradicción con el significado que la jurisprudencia le ha atribuido a la
casación en materia penal -, no desvirtúa la naturaleza de la casación como
recurso extraordinario, sino, todo lo contrario, hace énfasis en su carácter de
medio de impugnación que debe sustentarse con arreglo a una técnica especial
que asegure su prosperidad”.
Aplicando entonces la doctrina dominante de la Corte
sobre el control constitucional del lenguaje jurídico, expresada -entre otros-
en los fallos citados, no cabe duda que el alcance dado a la expresión “hombre”
por la norma acusada no es constitucionalmente inadmisible, como
equivocadamente lo consideró la Sala, pues, independiente al hecho de que el
mismo pueda suscitar diferencias en punto a los distintos alcances que le son
atribuibles, lo cierto es que en su uso neutro y genérico no es peyorativo ni
discriminatorio, y tampoco comporta una connotación contraria a la dignidad de
la mujer ni busca colocarla en una situación de sujeción u ocultamiento.
Dentro
de su función de defender la supremacía de la Constitución, compartimos
plenamente el empeño loable de la Corte de procurar la dignificación de la
mujer y de vencer cualquier concepción sexista que mantenga vigente la
segregación. Sin embargo, consideramos que a tal propósito no contribuye la
declaratoria de inconstitucionalidad parcial del artículo 33 del Código Civil,
ya que, como ha quedado suficientemente explicado, de su contexto normativo no
se advierte un desconocimiento del contenido axiológico humanístico que informa
la Carta Política.
Fecha
ut supra,
RODRIGO ESCOBAR GIL
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
A LA SENTENCIA C- 804/06
Referencia: expediente D-6178
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 33
(parcial) del Código Civil.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Aunque comparto plenamente la decisión adoptada en la
presente Sentencia, discrepo respecto de algunas de las consideraciones
vertidas en su parte considerativa como fundamento de la decisión.
De manera concreta disiento respecto de las consideraciones
según las cuales la Sentencia C-355 de 2006 significó un hito importante en el
reconocimiento a la mujer de derechos sexuales y reproductivos. En dicha
Sentencia, como se recordará, la Corte estimó que penalizar a la mujer que
abortaba en ciertas circunstancias especiales resultaba contrario a la
Constitución Política.
Por las razones que en forma amplia expuse en el salvamento
de voto a la mencionada Sentencia C-355 de 2006, aclaro mi voto ahora señalando
que me aparto de las consideraciones expuestas en la presente ocasión, que
reiteran lo dicho por la Corte en aquella ocasión para justificar la
inconstitucionalidad de la penalización del aborto en ciertos casos especiales.
Fecha ut supra,
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
[1] El lenguaje, añade el actor, “es una forma de
representarnos el mundo y tiene un doble poder reproductor y transformador de
la realidad en el marco de la libertad, de la igualdad material y en el
contexto de un Estado democrático, participativo y pluralista como el nuestro,
que se edifica en el marco axiológico de la dignidad humana.”
[2] Manifiesta el actor que la Corte Constitucional por medio de su
jurisprudencia ha tenido oportunidad de realizar una labor pedagógica en el
sentido de fijar el sentido y alcance de las palabras de textos jurídicos en
consonancia con el texto constitucional. Así lo hizo, dice el actor, en la
sentencia C-371 de 2000 y también en la sentencia C-534 de 2005. La Corte
precisó que los términos sexo y género no son sinónimos y se pronunció, entre
otras cosas, sobre el concepto de bloque de constitucionalidad.
[3] A
renglón seguido, citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en
concreto la sentencia C-506 de 2004 en donde, a su turno, se aludió a la
sentencia C-112 de 2000 para reafirmar el contenido del artículo 43 superior el
cual determina que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de
discriminación.” Hizo memoria la interviniente acerca de que en estas dos
providencias – para nombrar tan solo algunas - ha insistido la Corte Constitucional
en que “las clasificaciones basadas en el género son, prima facie,
inconstitucionales salvo que estén orientadas a definir el ámbito de acciones
afirmativas a favor de la mujer. Paro esta presunción de inconstitucionalidad
puede ser desvirtuada si se demuestra que hay fines legítimos y, además,
imperiosos que solo pueden alcanzarse acudiendo al sexo como criterio de
clasificación (…) Por ende, si una diferencia de trato se funda en una
categoría potencialmente discriminatoria, tienen que concurrir claras razones
que expliquen su empleo, pues de no existir esas justificaciones especiales, y
en virtud de la presunción de inconstitucionalidad, el juez deberá retirar del
ordenamiento esas regulaciones[3].”
[4] Respecto
de la relación entre el lenguaje y la eficacia simbólica del derecho coincidió
la interviniente con filósofos como Lyotard y Wittgenstein en el sentido de
afirmar que las palabras no son un mero reflejo o representación de las cosas
sino que ellas configuran a un mismo tiempo la realidad que intentan “aprehender
y establecen los límites entre la verdad y la mentira.” De acuerdo con lo
anterior, dijo la interviniente, “el significado de las palabras no surge de
su facultad de describir los objetos, sino a partir de su uso y su contexto.”
Llamó la atención la interviniente en cuanto al carácter performativo de las
palabras comprendido como “la virtualidad de construir simultáneamente el
acto al cual se refieren.” Para la interviniente los frutos cosechados en
la lucha de las mujeres en el terreno de las leyes, de las instituciones y de
las costumbres dentro de las sociedades occidentales comenzarán a cristalizar
únicamente en el momento en que se garantice “una revisión del uso del
lenguaje y (…) la resignificación de ciertos conceptos.” Los cambios, en su
opinión, deben inscribirse “en lo más profundo de la constitución de la
conciencia y del lenguaje.” El lenguaje no es solo una facultad biológica y
psíquica del ser humano, es también un producto social y está mediado por
convenciones que hacen posible la comunicación. El lenguaje se encuentra
relacionado en forma estrecha con el símbolo y con el discurso simbólico. Así
las cosas, el lenguaje y las maneras de expresión que utiliza no se reducen tan
sólo a definiciones y conceptos. Aluden de igual forma a un campo simbólico en
el cual “los significados y los objetos son reafirmados o alterados por
medio de prácticas que manipulan palabras y discursos, transmiten y trastocan
la cultura.” El derecho - afirmó la interviniente - es un sistema de
comunicación que se expresa en términos de normas con estructura compleja y al
cual le subyace una lógica propia. El derecho es lenguaje y se expresa por
medio del lenguaje, de ahí que cuente con un campo simbólico definido. Según la
interviniente, la eficacia del derecho se desdobla en dos dimensiones no
excluyentes pero tampoco siempre concurrentes: la instrumental y la simbólica.
De un lado, propaga una idea de legitimidad y, del otro, cumple la función de
difundir la idea de obligatoriedad de las normas que lo conforman. Concluye la
interviniente que si bien una definición no puede considerarse norma jurídica
y, en tal sentido, el artículo 33 del Código Civil no lo es desde un punto de
vista estricto, “impone una definición para los términos de la ley, en su
acepción amplia” y, al hacerlo, “sí puede contrariar los postulados
constitucionales en la medida en que actúa en el terreno de lo simbólico
perpetuando representaciones, imaginarios y significados de las palabras.”
[5] A propósito de lo anterior, indicó la interviniente,
la reflexión entorno a la discriminación debe partir también de poner sobre el
tapete las estrategias discriminatorias que se perpetúan en el lenguaje y que
suelen disimularse por medio de su supuesta universalidad. Llegó a la
conclusión de que en el asunto bajo examen la definición contenida en el
artículo 33 del Código Civil contrariaba en efecto los principios
constitucionales así como los convenios internacionales que forman parte del
bloque de constitucionalidad “por cuanto asalta el derecho a la igualdad de
las mujeres y las somete a una discriminación en virtud del sexo” lo cual
según la propia jurisprudencia constitucional representa una distinción fundada
en un criterio sospechoso.
[6] Respecto
de la construcción y reproducción de las relaciones sociales en el lenguaje,
también partió la interviniente de la perspectiva defendida por Ludwig Wittgenstein
según la cual existe un estrecho nexo entre el lenguaje y las prácticas
sociales. Indicó, a renglón seguido, que los filósofos de la reconstrucción han
llegado al extremo de afirmar que no existe realidad fuera del lenguaje. Sea
cual fuere el punto de partida, señaló la interviniente, “se reconoce al
lenguaje la potencia para afectar la manera en la que nos comportamos
socialmente.” De ahí que “la lucha por el lenguaje se haya convertido en
una lucha relevante para los grupos tradicionalmente excluidos o marginados,
para quienes la transformación de las prácticas sociales debe atravesar una
trasformación de las prácticas lingüísticas, aún si para algunos esta no es la
panacea sino un paso más en un proyecto más amplio.”Subrayó la
interviniente que si bien es cierto no existe acuerdo sobre cuál debe ser el
énfasis de la lucha por la transformación del lenguaje, todos los grupos que se
preocupan por innovar el lenguaje para dar cabida a proyectos más incluyentes
coinciden en “afirmar la necesidad de visibilizar las diferencias para poder
tratarlas justamente”. Insiste la interviniente en que la palabra hombre ha
estado vinculada históricamente a “varón”. Esta es justamente la razón por la
cual pretender que se utilice como universal el vocablo hombre solo trae como
consecuencia la exclusión de las mujeres. La palabra hombre siempre funciona
como genérico de modo que las mujeres “deben estar constantemente calculando
si la expresión las incluye o no.” En cuanto a la construcción y
reproducción de las relaciones sociales en el lenguaje legal, opinó la
interviniente que lo dicho sobre el lenguaje en general se aplica también al
lenguaje legal. Lo anterior con el matiz de que se trata en efecto de lenguaje
legal y, en tal sentido, “implica una regulación de la fuerza monopolizada
por el estado” y, a la vez, “produce consecuencias en cuanto a la
distribución de reconocimiento y recursos más importantes y más visibles.”El
peso de este argumento, señaló la interviniente, ha sido reconocido por la
jurisprudencia constitucional cuando defiende que ciertas expresiones en los
textos legales deben ser declaradas inexequibles por cuanto contravienen el
contenido axiológico humanístico de la Constitución Nacional y desconocen, en
concreto, la dignidad humana.
[7] “[P]or
eso el Código Civil refleja en sus textos donde las palabras generalizadas
siguen la misma línea que ahora se acusa de discriminadora y así se habla de:
GUARDADOR, TESTADOR, HEREDERO, OBLIGADO, JUEZ, FUNCIONARIO, TERCERO, ACREEDOR,
CIUDADANO, POSEEDOR y muchos casos más como fórmula ‘apocopadas’ que incluyen
género y número. Por el contrario son nombres femeninos aunque incluyentes de
ambos géneros PERSONA, SOCIEDAD; FUNDACIÓN, CORPORACIÓN, EMPRESA; POLICÍA,
HUMANIDAD, AUTORIDAD, JUSTICIA.”
[8] La
falla “sería en todo caso del idioma y pretender corregir el idioma por
medio de una norma jurídica es además de exagerado, posiblemente inocuo.”
Admite que el artículo demandado tiene un contenido sexista pero no porque así
lo haya querido el legislador sino porque “así está estructurado el medio de
comunicación y aunque se conocen casos de palabras que han tenido que cambiar
porque su uso constituye una forma de afrenta, no es el legislador el que lo
hace sino la sociedad con el cambio de esquemas.” De acuerdo con el
concepto una “apreciación superficial de que el uso del vocablo masculino
como generalizador se prestaría para que las normas promoviesen actuaciones
lesivas injustificadas por discriminación, pero es de destacar que ese
fenómeno hasta donde hemos llegado a rastrear se ha presentado precisamente
cuando se utilizan tales términos en sentido específico y no cuando se da el
alcance general.”
[9] A renglón seguido, anunció el concepto de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia que procedería a indicar porqué razón no puede
decirse que el actor logre demostrar los motivos con base en los cuales juzga
que las expresiones demandadas desconocen “el principio-derecho de la
dignidad humana y el principio-derecho de la igualdad.” Pese al anterior
anuncio, en realidad lo que hizo el concepto a renglón seguido fue sugerir los
problemas jurídicos que habría de resolver la Corte Constitucionales en el
asunto bajo examen[9].
[10] De inmediato, pasó a pronunciarse el concepto de la
Academia sobre “la voz hombre y la representación de la realidad del ser
humano.” Concluyó que al no ser el lenguaje tan sólo un asunto de filólogos
y lingüistas sino, de igual modo, un reflejo de las prácticas sociales “se
ha admitido que la guía que ofrecen ciertas reglas formalmente normativas y
declarativas no implica un compromiso valorativo del legislador, ya que éste
puede formular enunciados imparciales o no comprometidos. Tal es el caso de un
enunciado que admite que existen razones para asumir el lenguaje común, desde
el punto de vista de su aceptación social, en sentido genérico, diferenciándolo
del sentido específico.”
[11] A folios 8-10 del expediente.
[12]  “sino que al contrario, la aceptación de que cuando la ley civil
hace uso de la voz ‘hombre’ puede también entenderse la mujer, ‘a menos que por
la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno
solo’, es un uso igualitario que no desconoce ni afecta la dignidad de los
seres humanos pertenecientes al sexo femenino.”
[13] Estableció
el concepto emitido por la Universidad Externado que “lo afirmado en
párrafos anteriores tiene un fundamento académico ya que en la Filosofía del
Lenguaje el lenguaje a través de la pragmática, la cual consiste en analizar
una expresión de acuerdo con el contexto en que se use, a las intenciones
comunicativas del hablante y a su uso social. En consecuencia, no hay ningún
impedimento técnico para que el legislador le de a una expresión el uso
socialmente aceptado.”
[14] La
Vista Fiscal afirmó en su concepto que “el uso de la palabra hombre y otras
semejantes como referente de interpretación y aplicación legal para aludir a
los individuos de la especie humana, sin distinción de sexo o género, en sí
mismo no conlleva discriminación alguna. Lo que genera discriminación por
razones de sexo, son los efectos o consecuencias en cada caso concreto. Por el
contrario, la limitación del uso de las palabras hombre, mujer y otras
semejantes a un solo sexo, como referente definitorio o clasificatorio en las
disposiciones de las leyes, puede conllevar en sí misma incidencia
discriminatoria.”
[15] A
continuación se dedicó el concepto del Procurador a examinar esta cuestión
instrumental del lenguaje jurídico vista desde la perspectiva de la
Constitución de 1991. Hizo un repaso de las distintas disposiciones
constitucionales en donde se ha reafirmado la igualdad de derechos y
oportunidades entre los géneros (artículos 13, 43 superior, entre otros) e hizo
referencia asimismo a la jurisprudencia constitucional respecto de la igualdad
(sentencia C-534 de 2005; C-371 de 2000; C-507 de 2004). Recordó, a propósito
de lo anterior, que la Constitución Nacional había sentado unos límites al
ejercicio de las competencias propias del legislador “en cuanto a su deber
de tratar los temas de género bajo la concepción de igualdad (como principio y
derecho), y no discriminadamente, especialmente en lo referente al sexo
femenino. Como corolario le impone al Estado, por intermedio de todas las
autoridades, la ejecución de medidas positivas para mantener el tratamiento
igualitario o para restablecerlo donde potencial o realmente resulte
comprometido negativamente.”Mencionó de igual modo la Vista Fiscal, cómo
una de las formas más básicas de discriminación por razón del género ha sido la
discriminación en el terreno normativo. Nombró varias sentencias por medio de
las cuales la Corte Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse en contra
de ese tipo de discriminación (sentencia C-534 de 2005; C-371 de 2000; C-082 de
1999; T-624 de 1995; T-098 de 1994; C-112 de 2000; C-622 de 1997; T-326 de
1995; T-026 de 1996; C-309 de 1996; T-507 de 2004). Llamó la atención el
Ministerio Público sobre el hecho de que pese a los avances en el terreno de la
no discriminación normativa “la discriminación sexual en contra de la mujer
está vigente con hondo arraigo en los contextos sociales y se expresa en las
instituciones que los representan o personifican.” Transcribió a
continuación lo expresado por la misma Vista Fiscal mediante concepto número
4071 dentro del expediente D-6152 en donde dio cuenta de las diferencias entre
hombres y mujeres en relación con distintos asuntos como economía, desempleo y
ocupación.
[16] Sentencia C-320 de 1997.
[17] Ver sentencias C-357 de 1999 y C-409 de 1994.
[18] Sentencia C-349 de 2004.
[19] Ver las sentencias C-538 y C-925 de 2005.
[20] Sentencia C-320 de 1997.
[21] Así,
por ejemplo,  En su obra titulada
Sur l’ admission des femmes au droit
de Cité dijo Condorcet:
“O
bien ningún miembro de la especie humana tiene verdaderos derechos, o bien
todos ellos poseen los mismos; aquel que vota contra los derechos de otro, sea
cual fuere el color, la religión o el sexo de éste, abjura con ello de los
suyos propios.”
Condorcet se opuso de
modo vehemente a que las mujeres fueran despojadas de todos sus derechos y
fueran sometidas de manera arbitraria a lo que con ellas se resolviera hacer:
bien sea relegarlas a un estado de comodidad parasitaria que las inhibe para
actuar y las reduce a la más completa invisibilidad; o ponerlas en situación de
privilegio aislado y convencerlas de “que la
situación a la que se ha visto enfrentada la mujer no ha impedido el
surgimiento de grandes personalidades femeninas”
(Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Los hechos y los mitos, Vol. I,
Ediciones Cátedra, Universidad de valencia, Madrid, 2002, p. 216); o bien condenarlas a una suerte de esclavitud perpetua, invisible
y silenciosa, haciéndolas víctimas de constantes maltratos físicos, psíquicos y
emocionales.
[22] Ver sentencias T-026 de 1996, C-622 de 1997, C-534 de 2005.
[23] Ver sentencias T-028 de 2003, T- 771 de 2000, T-900 de 2004, T- 161 de
2002 y T -653 de 1999. También sentencias T- 1084 de 2002, T- 1062 de 2004, T-
375 de 2000, C- 722 de 2004, C- 507 de 2004, T- 606 de 1995, T-656 de 1998, T-
943 de 1999, T- 624 de 1995, C- 112 de 2000, C- 371 de 2000, C- 1039 de 2003.
[24] Al respecto consultar María Emma Wills Obregón
Investigadora del  IEPRI, Universidad Nacional de Colombia “Las luchas por la
plena ciudadanía de las mujeres en Colombia: contrastes y aprendizajes de tres
oleadas feministas en el siglo XX, en: Responsabilidad Democrática de las Mujeres.
Un mundo en Construcción, http/ www.fescol.org.co
[25] Cfr. sentencia T-881 de 2002.
[26] Ibídem, p. 158.
[27] El derecho a estar las mujeres libres de cualquier
forma de discriminación ha sido desarrollado ampliamente por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional. En la sentencia C-355 de 2006 realizó la
Corporación un repaso completo de las distintas decisiones en donde se ha
fijado el alcance y sentido del derecho de las mujeres a no ser discriminadas:
El derecho a ser madre, o, en otros términos, la consideración de la maternidad
como una “opción de vida” que corresponde al fuero interno de cada mujer. En
consecuencia, no es constitucionalmente permitido que el Estado, la familia, el
patrono o instituciones de educación, establezcan normas que desestimulen o
coarten la libre decisión de una mujer de ser madre, así como tampoco lo es
cualquier norma, general o particular, que impida el cabal ejercicio de la
maternidad. En ese orden de ideas, el trato discriminatorio o desfavorable a la
mujer, por encontrarse en alguna especial circunstancia al momento de tomar la
decisión de ser madre (ya sea a temprana edad, dentro del matrimonio o fuera del
mismo, en una relación de pareja o sin ella, o mientras se desarrolla un
contrato de trabajo etc.) resulta, a la luz del derecho al libre desarrollo de
la personalidad, abiertamente inconstitucional. El derecho a la identidad
personal, del que se desprenden entre otros: (i) el derecho a un nombre como
expresión de la individualidad. La Corte entiende “jurídicamente” este derecho
como “la facultad del individuo de proclamar su singularidad”; (ii) El derecho
a la libre opción sexual. La Corte ha afirmado en diversas sentencias que “la
preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad sexual hace parte
del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad
(...)”; (iii) el derecho a decidir sobre la apariencia personal, la Corte ha
determinado que patrones estéticos no pueden ser impuestos por las
instituciones educativas, ni tampoco por el Estado ni por otros particulares. A
manera de ejemplo, las decisiones sobre el atuendo o vestido, la longitud del
cabello o el uso de cosméticos no pueden ser decididas por el establecimiento
educativo. Tampoco las entidades estatales pueden establecer normas
reglamentarias discriminatorias del acceso a cargos y funciones públicas con
base en patrones estéticos, ni los establecimientos de reclusión imponer
reglamentos de visitas que coarten las decisiones sobre la apariencia personal.
[28] Ver Sentencias C-588 de 1992, T-484 de 1993, T-098 de 1994, C-410 de
1994, T-145 de 1995, T-202 de 1995, T-214 de 1995, T-326 de 1995, T-026 de
1996, C-309 de 1996, C-410 de 1996, C-622 de 1997, C-623 de 1998, C-082 de
1999, C-112 de 2000, C-371 de 2000, C-007 de 2001, T-1153 de 2001, T-500 de
2002, T-530 de 2002, T-610 fr 2002, C-184 de 2003, C-964 de 2003, C-044 de
2004, C-507 de 2004, C-722 de 2004, C-101 de 2005.
[29] En la sentencia C-355 de 2006 realizó la Corporación
un repaso completo de las distintas decisiones en donde se ha fijado el alcance
y sentido de los derechos de las mujeres:“El derecho a ser madre, o, en
otros términos, la consideración de la maternidad como una “opción de vida” que
corresponde al fuero interno de cada mujer. En consecuencia, no es
constitucionalmente permitido que el Estado, la familia, el patrono o
instituciones de educación, establezcan normas que desestimulen o coarten la
libre decisión de una mujer de ser madre, así como tampoco lo es cualquier
norma, general o particular, que impida el cabal ejercicio de la maternidad. En
ese orden de ideas, el trato discriminatorio o desfavorable a la mujer, por
encontrarse en alguna especial circunstancia al momento de tomar la decisión de
ser madre (ya sea a temprana edad, dentro del matrimonio o fuera del mismo, en
una relación de pareja o sin ella, o mientras se desarrolla un contrato de
trabajo etc.) resulta, a la luz del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, abiertamente inconstitucional. El derecho a la identidad
personal, del que se desprenden entre otros: (i) el derecho a un nombre como
expresión de la individualidad. La Corte entiende “jurídicamente” este derecho
como “la facultad del individuo de proclamar su singularidad”; (ii) El derecho
a la libre opción sexual. La Corte ha afirmado en diversas sentencias que “la
preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad sexual hace parte
del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad
(...)”; (iii) el derecho a decidir sobre la apariencia personal, la Corte ha
determinado que patrones estéticos no pueden ser impuestos por las
instituciones educativas, ni tampoco por el Estado ni por otros particulares. A
manera de ejemplo, las decisiones sobre el atuendo o vestido, la longitud del
cabello o el uso de cosméticos no pueden ser decididas por el establecimiento
educativo. Tampoco las entidades estatales pueden establecer normas
reglamentarias discriminatorias del acceso a cargos y funciones públicas con
base en patrones estéticos, ni los establecimientos de reclusión imponer
reglamentos de visitas que coarten las decisiones sobre la apariencia
personal./Además, en virtud de la autonomía de toda persona para tomar
decisiones relativas a su salud, puede decidir seguir un tratamiento médico o
rehusarlo, y esto último aún cuando existan en esa persona perturbaciones
mentales que no constituyan obnubilación total que le impidan manifestar su
consentimiento, o a pesar de que la elección del paciente no conduzca, según
criterios de otros, incluido el del médico, a su restablecimiento o a la
recuperación de su salud.”
[30] El
artículo primero del Protocolo establece que “Todo Estado en el presente
Protocolo (‘Estado Parte’) reconoce la competencia del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (¿el Comité’) para recibir y
considerar las comunicaciones presentadas e conformidad con el artículo 2.”
El artículo segundo del Protocolo establece, a su turno, que “las
comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se
hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una
violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la
Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas, se requerirá su
consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre
sin tal consentimiento.”
[31]  Los textos de los instrumentos internacionales
orientados a proteger los derechos de las mujeres se pueden consultar en: www.hchr.org.co
[32] En esa oportunidad varias trabajadoras de ECOPETROL
instauraron acción de tutela pues consideraron que las exigencias que debían
cumplir sus cónyuges para acceder en calidad de beneficiarios a los servicios a
cargo de la entidad eran mayores que las que se requerían a las esposas de los
trabajadores masculinos. Esto, según las peticionarias, configura una medida
discriminatoria por razones de sexo sin justificación alguna. La Corte concedió
la tutela y ordenó a la empresa, entre otras cosas, “que procediera a inscribir a los cónyuges
de las accionantes como familiares de aquellas, para efectos del goce de los
beneficios legales y reglamentarios correspondientes, previa comprobación
únicamente de los requisitos señalados en las normas de dicha empresa para la
inscripción de las esposas de los trabajadores de sexo masculino.”
[33] Si bien es cierto esta Convención fue suscrita en San
José de Costa Rica el día 22 de noviembre de 1969, se adoptó en Colombia por
medio de la Ley 16 de 1972 y fue ratificada en el año de 1973. Entró en
vigencia, no obstante, hasta el día 18 de julio de 1978.
[34] Derechos de la Mujer, Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Edición actualizada, Bogotá, diciembre de 2002, p. 11. Para obtener información
actualizada a la fecha consultar www.hchr.org.co
[35] Ibídem.
[36] Ibídem.
[37] Celia Amorós, ob. Cit., p. 55.
[38] El último informe presentado al Consejo Económico y
Social de Naciones Unidas por parte de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia (62º periodo de
sesiones E/CN.4/2006//009, 20 de enero de 2006 p. 98 y 99) establece lo
siguiente sobre la situación de las mujeres colombianas: “Durante 2005 se
han mantenido los avances en el área de la educación y de la participación
política de las mujeres en la rama ejecutiva del nivel nacional. La Alcaldía de
Bogotá presentó un Plan de Igualdad de Oportunidades para la ciudad. Sin
embargo persisten la violencia (por ejemplo, en materia de violencia
intrafamiliar, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005, 2 de cada
5 mujeres alguna vez casadas o unidas, reportaron haber sufrido agresiones
físicas por parte del esposo o compañero; [también persisten las inequidades,
principalmente en la áreas de ingresos y empleo (la tasa de desempleo de las
mujeres es casi de 18% mientras que la de los hombres es de 10.5% (2019 Visión
Colombia. Presidencia de la República, DNP, versión para discusión 2005). Las
mujeres tienen ingresos por lo general 20% menores que los hombres (Informe
Nacional sobre Metas del Milenio 2005));salud (por ejemplo, la tasa de
mortalidad continúa muy alta: para 2003 la tasa promedio era 99 por 100.000 mil
nacidos vivos, pero en el Chocó llegaba al 409 por 100.000 (Informe Nacional
sobre Metas del Milenio)) y participación (por ejemplo la participación actual
de las mujeres en las gobernaciones es del 6%, en las Alcaldías del 7.5% y en
el Congreso del 12% (UNIFEM. Situación de las mujeres en Colombia, septiembre
de 2005).Las metas y compromisos internacionales del país en materia de equidad
de género no se ven reflejados adecuadamente en las políticas públicas, en
particular en el documento 2019 presentado por el gobierno nacional para la
discusión pública. LA respuesta estatal a la violencia intrafamiliar no es
satisfactoria. Esto se debe, entre otras razones, a la dispersión de
autoridades competentes, a la falta de coordinación institucional y de
servicios, y a disposiciones normativas que no contribuyen a la prevención y
sanción de ese tipo de conductas.”
[39] Ver entre muchas otras, Corte Constitucional. Sentencias C-105 de
1994; C-222 de 1994; C-544 de 1994; C- 397 de 1995; C-446 de 1995; C- 591 de
1995; C- 174 de 1996; C-004 de 1998; C-742 de 1998; C-068 de 1999; C-082 de
1999; C- 112 de 2000; C- 289 de 2000; C- 641 de 2000; C- 800 de 2000; C-1111 de
2000; C- 1440 de 2000; C-1492 de 2000; C-1495 de 2000; C-1264 de 2000; C-007 de
2001; C- 1298 de 2001; C-174 de 2001; C-092 de 2002, C-379 de 2002; C-478 de
2003; C-1088 de 2004 y C-1235 de 2005.
[40] Cfr. Sentencia C-1235 de 2005.
[41] Sentencia C-037 de 1996.
[42]Sentencia C-320 de 1997. En esta ocasión al examinar
la exequibilidad de una
disposición de la denominada Ley Nacional del Deporte, la Corte indicó que la
utilización de la expresión “transferencia” de los deportistas,
representaba “en sentido literal, que los clubes son verdaderos dueños de
esas personas, ya que sólo se transfiere, se vende y se presta aquello de que
se es propietario.” razones por las cuales advirtió que “el lenguaje de
una norma legal no es axiológicamente neutro, ni deja de tener relevancia
constitucional (...)”
[43] Sentencia C-379 de 1998.
[44] Corte Constitucional. Sentencia C-105 de 1994.
[45] Corte constitucional. Sentencia C-483 de 2003.
[46] Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996.
[47] Alda Facio Montejo, “El principio de igualdad ante la ley en el
contexto de una política para la eliminación de la discriminación sexual, en:
AA:VV Avances en la construcción jurídica de de la igualdad para las mujeres
colombianas, Defensoría del Pueblo, Bogotá, 1995, p. 18.
[48] Simone de Beauvoir, Ob. Cit., p. 49.
[49] Celia Amorós, Hacia una crítica de la razón patriarcal, Anthropos,
Barcelona, 1991, p. 26.
[50] Ibídem p. 17.
[51] Ibídem.
[52] Bimal K. Matilal “Pluralismo, relativismo e interacción entre
culturas” en: Cultura y Modernidad. Perspectivas filosóficas de Oriente y
Occidente. Autores Varios. Edición a cargo de Eliot Deutsch, Kairós,
Barcelona de 2001, p.p. 151-172, especialmente, p.p. 164 y 165.
[53] Íbidem.
[54] Alda Facio, ob. Cit., p. 15.
[55] Naciones Unidas. Instituto Latinoamericano de
Naciones Unidas Para la Prevención del Delito y la Atención del Delincuente
(ILANUD). Programa Mujer, Justicia y Género en: www.ilanud.or.cr/justiciagenero/SEXISMO
.pdf, p. 3.
[56] Ibídem.
[57] Ibídem.
[58] “El código napoleónico que fija [la suerte de la
mujer] durante un siglo retrasó mucho su emancipación” dice Simon de
Beauvoir, y rememora “Napoleón sólo quiere ver en la mujer una madre, pero
heredero de la revolución burguesa, no desea romper la estructura de la
sociedad y dar a la madre un lugar más elevado que a la esposa; prohíbe la
investigación de la paternidad; define con dureza la condición de la madre
soltera y el hijo natural. No obstante la mujer casada tampoco encuentra
recurso en su dignidad de madre; la paradoja final se perpetúa. Soltera y
casada están privadas de la condición ciudadana, lo que veda funciones como la
profesión de abogado y el ejercicio de la tutela. Sin embargo la mujer soltera
cuenta con la plena capacidad civil, mientras que el matrimonio conserva el
mundium. La mujer debe obediencia a su marido; éste puede condenarla a
reclusión en caso de adulterio y obtener el divorcio contra ella; si mata ala
culpable sorprendida en flagrante delito, es excusable a los ojos de la ley;
sin embargo, el marido sólo es susceptible de multa si lleva a una concubina al
domicilio conyugal, y sólo en este caso la mujer puede obtener el divorcio
contra él. El hombre fija el domicilio conyugal, tiene muchos más derechos
sobre los hijos que la madre; salvo en caso de que la mujer dirija una empresa
comercial, su autorización es necesaria para contraer obligaciones. El poder
marital se ejerce con rigor sobre la persona de la esposa y sobre sus bienes.”
Op. Cit. p.p. 186, 187.
[59] En la sentencia C-082 de 1999 se abordó el análisis
de constitucionalidad del numeral
7 del artículo 140 del Código Civil. El numeral 7 del artículo 140 del Código
Civil establecía que el matrimonio era nulo y sin efectos "cuando se
[había] celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice, siempre que antes de
efectuarse el matrimonio se hubiere declarado, en juicio, probado el
adulterio". La Sala Plena le dio la razón al demandante y concluyó que
la disposición acusada contenía, en efecto, una discriminación en razón del
sexo, y si ésta se constituía en un límite injustificado al libre desarrollo de
la personalidad y al derecho a la intimidad. En vista de lo anterior, resolvió
la Sala Plena de la Corte Constitucional expulsar del ordenamiento jurídico la
disposición contenida en el numeral 7 del artículo 10 del Código Civil. En la sentencia C-101 de 2005 le correspondió a la
Sala Plena de la Corte Constitucional realizar el juicio de constitucionalidad
de la disposición contenida en el artículo 1134 del Código Civil. La demanda
planteó que este precepto desconocía el principio constitucional de igualdad
así como la prohibición de establecer discriminaciones por razones de género por cuanto condicionaba el derecho de las
mujeres a gozar del usufructo, de la habitación o de la pensión periódica a que
permanecieran en estado de soltería o de viudedad. La Corte resolvió declarar inexequible el artículo
demandado.
[60] El análisis aquí efectuado se inspira en el realizado por Helena
Urrutia que es, a su turno,  referido por Alda Facio Montejo en su escrito, “El
principio de igualdad ante la ley en el contexto de una política para la eliminación
de la discriminación sexual, op. Cit. p. 17.
[61] Ibídem.
[62] Ibídem.
[63] Margarita Riviere, El Mundo según las Mujeres, p. 17.
[64] Francisco Balaguer Callejón, “La
construcción del lenguaje jurídico en la Unión Europea” en: ReDCE no 1.
Enero-Julio de 2004,
www.ugr.es/~redce/ReDCE1/LA%20construcción%20lenguaje%20jurídico.
[65] Al respecto ver, entre otras, las Sentencias  C- 350 de 1994 y
C-685 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-583 de 1995 y C-1644 de
2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-1373 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis),   C-074 de 2004  y C- 757 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[66] Cfr. las Sentencias C-507 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa) y C-534 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[67] El artículo 4° del Código Civil dispone: “La ley es una
declaración de voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la
Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir,
permitir o castigar.”
[68] En la Sentencia C-507 de 2004 (Exp. D-4866), el demandante fue el
mismo ciudadano que presenta la acusación en el presente proceso de
constitucionalidad  (Exp. D-5460). En la demanda del 2002, el mencionado
ciudadano acusó igualmente al artículo 34 del Código Civil por encontrarlo
contrario a la Constitución. La Corte expresó frente a la estructura
argumentativa de aquella demanda que “…la regla legal que el demandante
conside­ra inconstitucional, y en contra de la cual presenta sus argumentos, no
está in­cluida en el texto del artículo 34 del Código Civil; como se mostró, éste
se limita a establecer cuál es el uso que se les da a las expre­siones
mencionadas en los textos legales. [Por ello], … para que proceda la
demanda en contra del artículo 34 del Código por esta razón, deben
demandarse también aquellas otras disposiciones legales que abordan el tema, en
especial el artículo 1504 del mismo Código.” (Énfasis fuera de texto).
Por lo anterior, la presente demanda parece estructurarse de tal manera que se
pretenden integrar las disposiciones normativas que junto con el artículo 34
mencionado, determinan un trato normativo presuntamente inconstitucional.
[69] Sentencia C-1046 de 2001
[70] Sentencia C-534 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[71]
Valencia Zea, siguiendo la obra de
Savigny Sistema del derecho romano actual, afirma que “(…) estos tres
períodos fueron distinguidos en Roma, y las razones que hubo para ello no han
cambiado sustancialmente en el derecho moderno.” (Valencia Zea, Arturo. Derecho
Civil. Parte General y personas. Tomo I. Editorial Temis. Colombia,
1989. p.400)
[72]
La jurisprudencia de ha reiterado, en diversas ocasiones, que la efectividad
del derecho político de interponer acciones públicas de inconstitucionalidad se
funda en que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes, de lo contrario, la Corte terminará
inhibiéndose. Ver la sentencia de la Corte Constitucional C-1052 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa) [Pueden consultar­se, entre varios, los Autos de
Sala Plena 244 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño); 178 de 2003 (Eduardo
Montealegre Lynett); y 049 de 1994 (MP Álvaro Tafur Galvis); en dichas
oportunidades, fundándose en la sentencia C-1052 de 2001 entre otros
precedentes, la Corte resolvió rechazar los recursos de súplica presen­tados
por los actores en cada uno de los procesos contra los autos en que los Magistrados
habían inadmitido las acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas por
no presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.]
[73]
Artículo 1504.—Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y
sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito.  ||  Sus
actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución.  ||
Inciso 3º—(Modificado por el Decreto 2820 de 1974, artículo 60). Son
también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad
y los disipadores que se hallen bajo interdicción. Pero la incapacidad de estas
personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas
circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.  ||  Además
de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibi­ción
que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos. (El
texto resaltado fue declarado inexequible mediante sentencia C-983 de 2002)
[74] Cfr. la Sentencia C-1088 de 2004 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño).