C-111-18
Sentencia C-111/18
DAÑO CAUSADO POR ANIMAL FIERO QUE NO REPORTA UTILIDAD PARA LA
GUARDA O SERVICIO DE UN PREDIO-Exequibilidad/DAÑO CAUSADO POR ANIMAL FIERO QUE NO REPORTA
UTILIDAD PARA LA GUARDA O SERVICIO DE UN PREDIO-Ausencia de culpa para
exonerarse de responsabilidad
La regla que impide
aceptar como argumento válido la ausencia de culpa por parte del tenedor del
animal fiero encuentra fundamento: (i) en el margen de configuración del que
dispone el Congreso para regular las hipótesis de responsabilidad civil; (ii)
en la ausencia de una prohibición constitucional de establecer regímenes de
responsabilidad sin culpa o que impidan alegarla con éxito tal y como se
desprende, por ejemplo, de la sentencia C-973 de 2002 y del artículo 88 de la
Constitución; y (iii) en el hecho de que se trata de una disposición que
promueve la protección del medio ambiente y la función social de la propiedad
al contribuir a la protección de la fauna silvestre y desincentivar la tenencia
de animales que no reportan beneficio alguno para la guarda o servicio de un
predio. Señaló, en adición a ello, (iv) que la interpretación mayoritaria del
artículo 2354 no excluye la posibilidad de proponer medios de defensa
relacionados, por ejemplo, con la inexistencia del nexo causal.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto
de violación
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO CAUSADO POR ANIMAL FIERO-Deben concurrir dos elementos
(i) La producción de un
daño por un animal fiero y, a su vez, (ii) que el animal no reporte “utilidad para la guarda
o servicio de un predio”.
ANIMAL FIERO-Definición
El animal fiero “cuya peligrosidad es la constante”,
se define como “aquel
que por sus propios instintos es peligroso para el hombre”.
DAÑO CAUSADO POR ANIMAL FIERO-Naturaleza del régimen de responsabilidad según
doctrina/DAÑO CAUSADO POR ANIMAL FIERO-Naturaleza del régimen de
responsabilidad conforme Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia/DAÑO
CAUSADO POR ANIMAL FIERO-Naturaleza del régimen de responsabilidad conforme
Jurisprudencia del Consejo de Estado
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL-Diferencias
COSA JUZGADA ABSOLUTA Y COSA JUZGADA RELATIVA-Diferencias
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efectos
CONTROL
ABSTRACTO DE CONSTITUCIONALIDAD DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN VIGENCIA DE LA
CONSTITUCION DE 1886-Jurisprudencia
constitucional sobre cambio de parámetro de control con la expedición de la
Constitución Política de 1991
La
jurisprudencia constitucional también ha establecido que las sentencias de
exequibilidad dictadas por la Corte Suprema de Justicia en aplicación de normas
constitucionales sustantivas que precedieron a la Carta Política ahora vigente,
no extienden sus efectos de cosa juzgada respecto de nuevas acusaciones. (…) No
obstante lo anterior, debe precisarse que sí se configura cosa juzgada cuando
la Corte Suprema de Justicia hubiere adoptado un pronunciamiento encontrándose
vigente la Constitución de 1991 y en ejercicio de la competencia transitoria
para decidir las acciones públicas de inconstitucionalidad instauradas
antes del 1 de junio de 1991 (art. 24 transitorio Superior). Ocurrirá lo mismo,
en aplicación de la regla según la cual los vicios de procedimiento se juzgan a
partir de las normas que rigieron su expedición, cuando se formule un cargo por
vicios de procedimiento de normas que por la misma razón habían sido juzgadas
en vigencia de la Constitución anterior.
INTEGRACION
NORMATIVA-Supuestos
Esta
figura ha sido objeto de precisión en la jurisprudencia constitucional,
identificando tres supuestos generales que justifican dicha integración: (i)
si la demanda versa sobre una disposición jurídica que de manera
independiente no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de tal forma que
su interpretación y aplicación depende de integrar su contenido con el de otra
disposición que no fue objeto de censura; (ii) si la disposición normativa
objeto de control constitucional está reproducida en otras normas del
ordenamiento que no fueron demandadas; y (iii) si, a pesar de no cumplirse
ninguna de las anteriores hipótesis, la disposición acusada se encuentra
intrínsecamente relacionada con otra respecto de la cual existen serias dudas
sobre su constitucionalidad.
INTEGRACION NORMATIVA-Improcedencia
DEBIDO
PROCESO-Definición/DEBIDO PROCESO-Aplicación a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas/DERECHO DE
DEFENSA-Garantía del debido
proceso
El
artículo 29 de la Constitución reconoce el derecho de defensa. Si bien la
mención de dicho derecho se encuentra en el inciso que regula los
procedimientos sancionatorios, ello no excluye su aplicación en otros
escenarios procesales, puesto que el mismo artículo dispone que el debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
En ese sentido, la jurisprudencia ha caracterizado el debido proceso “como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso
en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”. Entre tales garantías se encuentra el derecho
de defensa, entendido como la facultad para emplear “todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable”.
DEBIDO
PROCESO-Cumplimiento de las
garantías consagradas en la Constitución, tiene diversos matices según el
derecho de que se trate
El cumplimiento de las garantías del debido proceso consagradas en
la Constitución, tiene diversos matices según el derecho de que se trate “dado
que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible encontrar “reglas y
procedimientos” de otros órdenes como el civil, el administrativo, el policivo,
el correccional, el disciplinario o el económico, entre otros, que no son
comparables o asimilables directamente al ordenamiento penal y que comportan
decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que deberán ser
contemplados en la regulación de sus propias reglas.
DERECHO
DE DEFENSA-Manifestaciones procesales y
sustantivas
DERECHO DE DEFENSA-Restricciones
CONTROVERSIAS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL-Concreción del derecho de defensa
En
materia de controversias sobre responsabilidad civil, el derecho de
defensa se concreta
en la protección de un grupo de posiciones jurídicas con contenido
procedimental y sustantivo. Comprendidos por las primeras están los
instrumentos de actuación con los que cuenta el demandado para contestar la
demanda, solicitar la práctica de pruebas y controvertir las presentadas por la
contraparte, intervenir en su realización y/o apelar las decisiones
desfavorables. Las segundas se  derivan de reglas sustantivas que
conforman los regímenes de responsabilidad civil y que prevén los medios de
excepción frente a las pretensiones resarcitorias, incluyendo la posibilidad de
alegar que el daño no se produjo, que en su producción intervino una causa
extraña o que no existió culpa en la actuación.
REGIMENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL-Relevancia constitucional
REGIMENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL-Regulación e interpretación
Si
la relevancia constitucional no puede demostrarse, la regulación e
interpretación de las reglas de responsabilidad, quedan cobijadas por los
márgenes de acción constitucionalmente atribuidos al legislador y a la
jurisdicción ordinaria, en virtud de la cláusula general de competencia del
Congreso (arts. 114 y 150) y de la autonomía de la justicia ordinaria (arts.
228).
RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO CAUSADO POR ANIMAL FIERO-Restricción al derecho de defensa
RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO CAUSADO POR ANIMAL FIERO-Relación con otras reglas de responsabilidad en
el derecho privado
Expediente:
D-12050
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 2354 (parcial) del Código Civil.
Actores:
Oscar Moisés Buenahora Salazar y Clómer Evidiar Sánchez.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Bogotá, D.C.,
siete (7) de noviembre de 2018.
I.      ANTECEDENTES
1. Los ciudadanos
Oscar Moisés Buenahora Salazar y Clómer Evidiar Sánchez presentaron demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 2354 (parcial) del Código Civil.
A.  DISPOSICIÓN
ACUSADA
2. El texto
acusado, que se subraya a continuación, es el siguiente:
ARTICULO
2354. DAÑO CAUSADO POR ANIMAL FIERO. El daño causado por un animal fiero, de
que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre
imputable al que lo tenga; y si alegare que no le fue posible evitar el daño,
no será oído.
B. LA DEMANDA
3. La
demanda, soportada en algunas citas de jurisprudencia y doctrina, junto con la
transcripción de normas contenidas en la Constitución, en tratados de derechos
humanos y en la ley, solicita la declaración de inconstitucionalidad del aparte
demandado, argumentando que desconoce las garantías de defensa y contradicción
contenidas en el artículo 29 de la Carta Política.
3.1. El aparte acusado
niega el derecho a la defensa y contradicción, como garantías que integran el
derecho al debido proceso, dado que la expresión “no será oído” impide, ex
ante, alegar cualquier causal de exoneración de responsabilidad. Para los demandantes,
la responsabilidad prevista en el artículo demandado se apoya en la mera
tenencia del animal fiero -del que no se reporta utilidad para la guarda o
servicio de un predio-, lo que implica una prohibición absoluta de alegar que
no fue posible evitar el daño. Lo anterior quiere decir que esa sola
circunstancia, unida a la demostración del daño, desencadena la obligación de
reparar. No se trata únicamente de presumir de derecho la culpa del tenedor del
animal fiero, sino, al mismo tiempo, de impedir la alegación de cualquier otra
circunstancia de exoneración de responsabilidad. Se opone a la Carta establecer
un régimen de responsabilidad que niegue al tenedor del animal fiero proponer
medios de defensa relacionados con la imposibilidad de evitar el daño
ocasionado por el animal.
3.2. La
disposición cuestionada fue objeto de revisión por parte de la Corte Suprema de
Justicia[1].
Sin embargo, el análisis se realizó en vigencia del artículo 26 de la
Constitución de 1886, cuyo texto difiere de los contenidos que integran el
artículo 29 de la Constitución de 1991. Ello justifica que la Corte realice un
nuevo examen.
C.
INTERVENCIONES
4. Durante el
proceso intervinieron representantes de entidades públicas, instituciones
académicas y ciudadanos. A continuación se presenta una síntesis de los
principales argumentos expuestos.
a)    Intervenciones de
entidades públicas
4.1. Ministerio de
Justicia y del Derecho[2]
La responsabilidad
establecida en el artículo 2354 del Código Civil se configura a partir de la
creación de un riesgo, cuyos daños son imputables al guardián de la actividad
riesgosa. Siendo así, la norma parcialmente demandada se enmarca dentro del
régimen objetivo de responsabilidad, pues al tenedor del animal fiero no se le
realiza un juicio de reproche sobre su conducta. No existe una presunción de
culpa en la norma acusada sino que la misma es irrelevante. Ni la diligencia, ni
el buen cuidado, eximen de la obligación de responder por los daños causados
por el animal fiero.
En razón del daño,
las causales de exoneración de responsabilidad que proceden, a juicio del Ministerio,
son las que siguen: (i) causa extraña, alegando la imposibilidad de evitar el
daño para detener el juicio de imputación; (ii) culpa exclusiva de la víctima;
(iii) hecho determinante de un tercero; y (iv) fuerza mayor. El análisis de
constitucionalidad efectuado por la Corte Suprema de Justicia[3] y la
consideración de que la culpa del tenedor de un animal fiero deviene de una
presunción de derecho –iuris et de iure -, suponen un análisis subjetivo
de la responsabilidad del artículo 2354 del Código Civil a pesar de que la misma
es objetiva. Así las cosas, el Ministerio comparte el sentido de la aclaración
de voto de los Magistrados Héctor Marín Naranjo y Hernán Guillermo Aldana
presentada frente a la sentencia del 6 de abril de 1989 de la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia y luego retomada por la Sección Tercera del Consejo
de Estado en decisión del 23 de mayo de 2012.
Así las cosas, la
expresión demandada “no será oído”, implica una limitación a la garantía
integral del debido proceso, contraria a lo establecido en el artículo 29
Superior y el artículo 8 de la Convención Americana. Por ello solicita la declaratoria
de inexequibilidad parcial del artículo 2354 del Código Civil y en caso de no
ser acogida esta tesis, la declaración de exequibilidad condicionada de la
expresión “no será oído” en el entendido de que el tenedor del animal
fiero no podrá eximirse de responsabilidad por alegar diligencia y cuidado,
quedando a salvo la posibilidad de alegar y ser oído respecto de los otros
eximentes de responsabilidad.
b)   Intervenciones de
instituciones académicas
4.2. Academia
Colombiana de Jurisprudencia[4]
La Corte Suprema de
Justicia interpretó que la mera tenencia de un animal fiero, del que no se
deriva utilidad para la guarda o vigilancia de un predio, es suficiente para
que la presunción de culpa –de derecho- opere sobre quien se sirve de él. Por
esta razón, la prohibición de ser oído, planteada como causa de la violación del
derecho a la defensa, se aplica únicamente cuando el responsable del daño “pretenda
alegar la ausencia de culpa”. De este modo, la exoneración de
responsabilidad es viable en eventos en los cuales no se configura el daño, o
cuando se pruebe la causa extraña. El Consejo de Estado[5] adoptó una
tesis contraria, apoyándose en la aclaración de voto de los Magistrados Héctor
Marín Naranjo y Hernán Guillermo Aldana”[6].
A pesar de que el
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia[7]
sobre la constitucionalidad del artículo 2354 del Código Civil no excluye la
posibilidad de una nueva decisión, sí la limita. Al respecto, la sentencia
C-007 de 2016 determinó que únicamente tres razones hacen posible un nuevo
pronunciamiento sobre un asunto de constitucionalidad ya resuelto: “(i)
modificación del parámetro de control; (ii) cambio en la significancia material
de la Constitución y (iii) variación del contexto normativo del objeto de
control”. Dado que no se materializa ninguna de las condiciones anteriores,
el fallo del 6 de abril de 1989 de la Corte Suprema de Justicia debe tener la
condición de cosa juzgada constitucional.
El planteamiento
de los demandantes no explica de qué modo la norma viola el derecho al debido
proceso y tampoco por qué la misma debe ser objeto de una nueva revisión
constitucional. No debe desestimarse la motivación de la decisión de la Corte
Suprema de Justicia adoptada en 1989. Es indispensable tener en cuenta lo
siguiente: (i) la prohibición de oír la alegación no es absoluta, puesto que la
causa extraña o la ausencia del daño tienen pleno valor para exonerar al responsable,
de manera que no se adopta la tesis que en el contexto chileno ha sostenido
Arturo Alessandri; (ii) la expresión “no será oído” debe entenderse en
el sentido de que el demandado no podrá alegar con éxito la ausencia de culpa;
y finalmente, (iii) el cambio normativo del debido proceso, al contrastar las
normas de la constitución de 1886 y la Carta Política de 1991, no tiene
modificaciones esenciales que hagan necesario un nuevo juicio de
constitucionalidad.
En síntesis,
solicita que se declare la existencia de cosa juzgada constitucional. Sin
embargo, en caso de no acoger dicha tesis, plantea la declaratoria de
exequibilidad de la disposición acusada bajo la condición de que se entienda en
el sentido que fue dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia
del 6 de abril de 1989.
4.3. Instituto
Colombiano de Derecho Procesal[8]
Las razones
expuestas por la Corte Suprema de Justicia en 1989 se encuentran plenamente
vigentes en la actualidad, sin que en lo relativo al debido proceso se hubiera
producido un cambio sustantivo en las disposiciones constitucionales
relevantes. Ello puede demostrar la existencia de cosa juzgada constitucional.
La presunción de
culpa probada establecida por el legislador constituye el fundamento de la
exclusión del alegato defensivo. Dicha presunción no configura una veda para el
acceso a la justicia. Por el contrario, es una consecuencia directamente atribuida
por el legislador a una conducta que crea un estado de riesgo innecesario y de
este modo, protege a la víctima del daño. Con ello, la tenencia o propiedad de
un animal fiero -con fines distintos a la guarda o servicio de un predio- es
una conducta que no reporta utilidad alguna a quien la genera y por ello, el
legislador la equipara a una culpa probada.
La norma demandada
establece una protección a la víctima con la cual aligera la carga probatoria y
con ello, facilita la reparación del daño. Lo anterior, en  razón de que cuando
concurren tres supuestos -(i) el carácter fiero de un animal; (ii) la propiedad
o tenencia; y (iii) la ausencia de toda utilidad del animal-, se da por probado
el elemento culpa, “justamente porque nada explica crear un riesgo desmedido
sin derivar ninguna utilidad”.
La norma demandada
guarda armonía con el artículo 95 de la Constitución, en cuanto obliga a los
ciudadanos a no abusar de los derechos propios -limite que aplica a la
propiedad-  y a su vez, impone la carga de “[o]brar conforme al
principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. Siendo así, el
mandato constitucional antedicho justifica la presunción de culpa pues ella
deriva de haber creado el riesgo.
En conclusión, solicita
la declaratoria de exequibilidad y pone en consideración de esta Corporación la
integración normativa con los artículos 124 y 127 de la Ley 1801 de 2016, con
el fin de complementar el régimen de responsabilidad derivado de la tenencia
y/o propiedad de animales fieros.
4.4. Universidad
de La Sabana[9]
La expresión “no
será oído” aplicable a la alegación del tenedor del animal fiero sobre la
inevitabilidad del daño, se funda en la mera culpa y se incurre en ella de
manera automática. Por tal motivo, citando al doctrinante Javier Tamayo, “cuando
se presume de derecho una culpa, esta no puede desvirtuarse; pero esto no
quiere decir que el vínculo causal se presuma de derecho; (…) la culpa
exclusiva de la víctima permite desvirtuarlo, dejando incólume la existencia de
la falta, pero ya sin la incidencia causal del daño”. Teniendo en cuenta lo
sostenido por la Corte Suprema de Justicia el 6 de abril de 1989, el supuesto del
animal fiero que no reporta utilidad al servicio de un predio cabe
perfectamente dentro del concepto de responsabilidad por actividades peligrosas.
Por ello, la aproximación unánime de la doctrina nacional y jurisprudencia
civil alrededor de la interpretación del artículo 2354 del Código Civil,
permite concluir que la norma acusada no vulnera preceptos constitucionales y
que el único debate sobre esta disposición, es sí la misma se rige por un régimen
objetivo o subjetivo de responsabilidad.
Por los motivos
expuestos, solicitan que se declare la exequibilidad de la norma acusada y
además, consideran inoportuno que la Corte se pronuncie sobre el carácter
objetivo o subjetivo de la responsabilidad derivada del artículo 2354 del
Código Civil, “por no ser su función petrificar la interpretación del
derecho civil con una sentencia de constitucionalidad”.
c)     Intervenciones
ciudadanas
4.5. Sebastián
Escobar Torres[10]
Sebastián Escobar
Torres intervino en calidad de ciudadano presentando, en contra del contenido
de la demanda, dos razones principales. Primero, la impugnación carece de las
condiciones mínimas de procedencia para que la Corte se pronuncie sobre el
fondo del asunto. Lo anterior, dado que la argumentación que puede extraerse de
la demanda y del escrito de subsanación no cumple con los requisitos de
claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Segundo, la
expresión demandada -“no será oído”- no contraviene el debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución, puesto que ésta soporta una
presunción de derecho que busca aligerar la carga probatoria de la víctima del
daño. Además, de acuerdo con la sentencia C-590 de 2010 estas presunciones persiguen
finalidades constitucionales valiosas. Finalmente, acudiendo a la sentencia del
6 de abril de 1989 de la Corte Suprema de Justicia, expone que no existe una
limitación constitucionalmente inadmisible a las garantías del debido proceso,
pues el artículo 2354 del Código Civil exige un grado de diligencia sumo al
tenedor del animal fiero quien, en todo caso, puede defenderse alegando la
inexistencia del daño o el rompimiento del nexo causal. Se trata, además, de un
instrumento legislativo para la protección de las víctimas en tanto impone
comportamientos rigurosos y preventivos.
Solicita entonces,
teniendo en cuenta la ineptitud sustancial de la demanda, que se adopte una
decisión inhibitoria. Subsidiariamente, la Corte debe declarar la exequibilidad
de la expresión acusada.
D.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
5. Solicita que la
expresión demandada -“no será oído”- del artículo 2354 del Código Civil
se declare exequible.
No se configura la
cosa juzgada constitucional, en relación con la sentencia del 6 de abril de
1989 proferida por la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que el parámetro
de control y el cargo analizado en esa oportunidad versa sobre puntos diferentes
a la presente acusación. Además, el principio de primacía de la Constitución
exige que “las normas se juzguen con la Constitución vigente y su carácter
normativo”. En consecuencia, el cambio en el parámetro de control, debido a
que el fallo de la Corte Suprema de Justicia se profirió en vigencia de la
Constitución de 1886, permite a esta Corte adoptar una decisión de fondo.
La norma demandada
contiene un régimen objetivo de responsabilidad. En efecto, el riesgo emanado
de determinada actividad hace responsable -en caso de producirse el daño- a la
persona que haya propiciado la situación riesgosa. Aproximación normativa que
no implica que el tenedor del animal fiero carezca de medios para ejercer su
derecho a la defensa y contradicción, pues el artículo 2354 del Código Civil
establece un régimen sustancial de responsabilidad y no los medios de defensa
que puede emplear el demandado para su exoneración. En este orden de ideas, la
expresión cuestionada no proscribe medios de defensa pues, en todo caso, el
tenedor del animal fiero podrá demostrar ausencia de daño, inexistencia de nexo
causal entre el hecho del animal y el daño, caso fortuito, fuerza mayor y/o que
el animal no fue el elemento generador del daño. Dicho esto, la posibilidad de
defenderse y controvertir las pruebas aportadas por quien alega el daño respeta
las garantías del debido proceso.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1. Con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución, la Corte es competente
para conocer de la demanda en contra del artículo 2354 (parcial) del Código
Civil.
B.
PRIMERA
CUESTIÓN PRELIMINAR: la aptitud de la demanda
2. La Sala Plena
debe precisar, considerando las solicitudes de inhibición formuladas,  si la
acusación tiene la aptitud para propiciar un pronunciamiento de fondo. A juicio
de este Tribunal, el cargo propuesto, satisface las exigencias de claridad,
certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia. En efecto, el planteamiento
de los demandantes permite identificar un hilo conductor que tiene su punto de
partida en la referencia a las restricciones que al derecho de defensa impone
el lenguaje del artículo 2354 del Código Civil y concluye advirtiendo la
infracción del artículo 29 constitucional. La impugnación además, según se
desprende de lo anterior, afirma la infracción de una norma de la Carta
Política indicando que ello ocurre debido a que la expresión “no será oído”
supone la proscripción de algunos medios de defensa por parte del tenedor del
animal fiero, lo que satisface las exigencias de pertinencia y especificidad.
3. Algunos de los
intervinientes han sugerido que el cargo podría carecer de certeza, puesto que
la interpretación que del artículo demandado hacen los demandantes no es
correcta. En esa dirección, la Sala debe establecer si la premisa normativa en
la que se sostiene la acusación cumple ese requerimiento o si, por el
contrario, los demandantes le han asignado a la expresión acusada un
significado que no tiene.
4. Según la
demanda, la inconstitucionalidad de la expresión “no será oído” del
artículo 2354 del Código Civil tendría lugar debido a que en ella se impide al
tenedor de un animal fiero del que no se reporta utilidad, proponer como
argumento válido cualquier circunstancia de exoneración cuando dicho animal ha
producido un daño.
4.1. El artículo
del que hace parte la expresión demandada se integra al título XXXIV del Código
Civil titulado “Responsabilidad común por los delitos y las culpas”. Prescribe
que (i) cuando un animal fiero del que no se reporta utilidad para la guarda o
servicio de un predio causa un daño, (ii) este será siempre imputable al que lo
tenga, (iii) quien no será oído en caso de alegar que no le fue posible evitar
el daño. La revisión de la jurisprudencia y la literatura relevante, le ha
permitido a la Corte identificar el significado de tal disposición y los debates
que ha suscitado. A continuación se resumen las principales conclusiones.
4.1. El supuesto
de hecho consagrado en el artículo 2354 del Código Civil y que da lugar a la
responsabilidad allí prevista, exige la concurrencia de dos elementos: (i) la producción
de un daño por un animal fiero y, a su vez, (ii) que el animal no reporte
“utilidad para la guarda o servicio de un predio”[11]. El animal
fiero no se asimila, automáticamente, al “salvaje o bravío”[12], en tanto “muchos
animales, siendo salvajes, son mansos, como las ovejas, ardillas, conejos,
etc., mientras que otros, por el contrario, siendo domésticos o domesticados
conservan una agresividad que esperada o inesperadamente los lleva a atacar a
las personas”[13].
La doctrina ha precisado, en consecuencia, que “[u]n animal salvaje puede no
ser fiero: las liebres o conejos salvajes, los peces y aves inofensivas”,
y, “[a] la inversa, un animal fiero puede no ser salvaje: un león
domesticado, y aun puede ser doméstico: un perro bravo”. En esa
dirección “un animal fiero por naturaleza puede no serlo, si está
completamente domesticado, y es, por lo mismo, inofensivo como un león o un
leopardo que, a fuerza de domesticársele, no constituye ningún peligro”[14]. De esta
manera, el animal fiero “cuya peligrosidad es la constante”[15], se define
como “aquel que por sus propios instintos es peligroso para el hombre”[16]. Ahora bien,
no basta con que se trate de este tipo de animal, de modo que el segundo
elemento exige verificar  que su tenencia “no reporte utilidad para la
guarda o servicio de un predio, que sea inútil o innecesario”[17]. Por ello, en
el evento de tratarse de un animal que no pueda calificarse como fiero o del
cual el predio reporta utilidad será aplicable, a menos que exista regulación especial,
el artículo 2353 del Código Civil[18].
Ahora bien, el
artículo 2354 del Código Civil hace responsable al tenedor del animal
fiero inútil por los daños que este llegare a ocasionar. La doctrina ha
explicado que el régimen de tal artículo “afecta al que lo tenga, es
decir, a la persona en cuyo poder está en el momento de causar el daño, sea el
dueño, un poseedor o un mero tenedor, aun gratuito o benévolo”[19]. En
este orden de ideas, “la
mera detención material o jurídica de un animal feroz por cualquier título que
fuese, la tenencia por sí misma, genera ya la responsabilidad del tenedor por
los perjuicios que la bestia llegue a ocasionar”[20].
4.2. La Corte Suprema
de Justicia, en una decisión citada por varios de los intervinientes, analizó
el alcance del artículo 2354 del Código Civil con ocasión del control de
constitucionalidad realizado en vigencia de la Constitución anterior. En
providencia de fecha 6 de abril de 1989, explicó su fundamento y efectos a
partir de las siguientes premisas: (i) se trata de una responsabilidad fundada en
la sola tenencia del animal fiero del que no se reporta utilidad para la guarda
o vigilancia del predio; tal circunstancia (ii) por su propia naturaleza es
demostrativa de la culpa de quien se sirve de él o lo utiliza; de manera que
(iii) no es permitido alegar que no le fue posible evitar el daño, y si lo
hiciere, no será oído, elevando así dicha inferencia al rango de presunción de
derecho o juris et de jure, porque la experiencia indica que ese
hecho es ilícito por sí mismo.
Advirtió además
que (iv) esta
responsabilidad, como en general la de los demás casos que contempla el Título XXXIV del Código Civil,
se cimienta en la culpa del tenedor y, a pesar de que se aproxima de cierto
modo a la esfera de la responsabilidad objetiva, no adquiere la naturaleza de
ésta, pues su fundamento es la culpa presunta. Igualmente sostuvo que (v) la
presunción en este caso no acarrea la mera inversión de la carga de la prueba
de la culpa, sino que equivale a una culpa automática y constituye, por esa
razón, el medio más eficaz de protección a la víctima del daño. Tal protección,
a juicio de la Corte Suprema, (vi) se materializa en que la ley extrema la
diligencia exigible al tenedor del animal, a quien no le permite alegar que
observó suficientes precauciones en su custodia para evitar el perjuicio, ya
que la sola producción del daño revela que aquellas fueron inadecuadas. Esa
presunción, sin embargo, (vii) se refiere únicamente al elemento subjetivo de
la responsabilidad, es decir, a la culpa de quien tiene la cosa. En
consecuencia, (viii) los otros presupuestos de responsabilidad -daño, nexo
causal y el hecho que activa la presunción- escapan del ámbito de la presunción
de culpa e integran el onus probandi a cargo del demandante. De
esta manera, (ix) la prohibición de oír la alegación del tenedor del animal
sobre la inevitabilidad del daño se circunscribe a la mera culpa por incurrir
en ella automáticamente y al demandado le es permitido alegar la ausencia de
daño o que una causa extraña lo produjo.
4.3. Aclarando su
posición respecto de la motivación presentada en tal sentencia, dos Magistrados
de la Corte Suprema de Justicia aclararon su voto[21]. Indicaron que
no era claro “cómo pueda ser posible que el precepto en cuestión se adentre
en el ámbito de la responsabilidad objetiva pero que, al tiempo, halle su
fundamento en la culpa”. A su juicio, tal “avenimiento es un imposible
lógico y jurídico”. Luego de destacar la existencia de disputas sobre la
ubicación del fundamento de la responsabilidad -sí se encuentra en la culpa o
en el riesgo creado- advirtieron que “la defensa de la culpa como fundamento
exclusivo -y excluyente- de la responsabilidad civil, aparte de pasar de largo
ante las complejidades que la inventiva humana ha traído a la vida moderna, se
ha planteado a partir de elaboraciones que, en el campo dogmático, se busca
estén en correlación con la noción básica, sin parar mientes en que el
enlazamiento que así se construye dista mucho de adecuarse a la lógica”.
Dicho esto, la aclaración
de voto cuestiona la tesis de una presunción de culpa de derecho formulando las
siguientes preguntas: “¿Cómo es posible que de derecho, es decir, sin que se
le admita prueba en contrario, se presuma la conducta negligente o imprudente
de alguien? ¿Cómo decir, según lo hace el fallo anterior, que en la culpa se
puede incurrir de una manera automática? Una apreciación semejante, en buen
romance, no puede significar cosa distinta a que se es culpable por el simple o
mero hecho de actuar. Y, siendo así, ¿dónde queda el aspecto subjetivo -la
negligencia o la imprudencia- del comportamiento?”. Posteriormente, indican
que “[e]n razón de que el obrar entonces no resulta examinado más que por
sus resultados o por su trazado exterior -en el caso que se analiza, por tener
un animal fiero-, es por lo que creemos que, con toda evidencia, es preferible
llamar las cosas por su nombre, y de tal manera no tropezar con la mayúscula
incongruencia bajo la que gravita la sentencia so capa de mantener, a ultranza,
un soporte subjetivo de la responsabilidad que, si bien es advertible en otros
supuestos, no se encuentra en la norma enjuiciada”. Señala la aclaración:
“El
llamar las cosas por su nombre representa, en nuestro sentir, que en el caso
del artículo 2354 del C. C., la responsabilidad, es con exactitud, de carácter
objetivo. La responsabilidad de la que en este artículo se trata, como bien se
sabe, puede llegar a configurarse por la escueta circunstancia de tener el
animal fiero: Allí no hay que averiguar nada más. Ni, desde luego, forzando o
distorsionando los conceptos, hay necesidad de decir que "constituye falta
de diligencia y cuidado" el tener un animal fiero. Basta con que,
concurriendo los otros factores previstos en la regla legal, se dé la circunstancia
de la que se viene hablando para que la responsabilidad se tipifique. Nótese
como la estructura del precepto, aparte de ser mucho más precisa y rigurosa que
la de los otros artículos que en el "Título XXXIV se ocupan de la
responsabilidad civil -lo que se constata, justamente, en el apartado que ha
sido objeto del enjuiciamiento respecto del cual se provee-, gira en torno de
este verbo: tener. No existe, quizá, dentro del Código, una
locución que, en sí misma, esté revestida de una connotación más objetiva que
esta del tener, o de su acción, la tenencia. De hecho, cuando el ordenamiento
desea impregnarla de un sentido diferente, ha de acudir a calificaciones o
descripciones que el término, en sí mismo, es incapaz de brindar (v. por ej. lo
que se sucede en el artículo 762 donde, en relación con la posesión, se la
define como la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño). En cambio, en
la hipótesis del artículo 2354, la tenencia del animal carece de toda flexión
respecto de otras posibles manifestaciones o condicionamientos de la conducta
del sujeto, salvo, claro está, la atañedera a que el animal se utilice en la
guarda o servicio de un predio, pero ésta, en modo alguno, la sustrae de la
calificación que aquí le venimos asignando, o sea, el verla desde una perspectiva
rigurosamente objetiva”.
En suma, refutando
la tesis del fundamento unitario en materia de responsabilidad civil, concluyen
“que ese fundamento unitario no existe, o sea, que ésta puede asentarse en
distintos soportes, según sean los casos, lo que hoy es ya un punto pacífico en
la doctrina y en muchas legislaciones, incluida la nuestra”[22].
4.4. En la
doctrina algunos señalan que la disposición consagra una presunción de culpa de
derecho que al tenedor del animal fiero “le impide destruir la presunción de
culpa que existe en su contra”[23].
Tal presunción únicamente opera para el elemento subjetivo de la imputación de
responsabilidad y, en consecuencia, “el hecho, el daño y el nexo de
causalidad no se presumen, [sino que] tienen que ser probados por el
perjudicado”[24].Tal
aproximación implica que el demandado puede exonerarse demostrando la
existencia de una causa extraña. En consecuencia, la frase “(…) y si
alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído” se refiere
solo al aspecto subjetivo y no a los otros factores que determinan la
responsabilidad civil extracontractual”[25].
4.5. Otro sector
de la doctrina ha sugerido que el artículo 2354 del Código Civil contempla un
régimen acentuado en materia de responsabilidad en el que “no habiendo excepción
que exima de indemnizar en el caso del artículo 2354, ni el caso fortuito, y
parece que ni la imprudencia del perjudicado, porque es mayor la de tener
animales fieros”[26].
La presunción de derecho se origina en la culpa de tener animales fieros que no
sirven para la guarda o servicio de un predio, y cuya tenencia, no “admite
excusa ninguna para librarse de la indemnización correspondiente”[27]. Según
algunos autores, la responsabilidad en estos casos “es de pleno derecho”[28] y “prohíbe
escuchar al responsable que pretenda presentar descargos”. Conforme a tal
perspectiva, el tenedor asume la obligación de reparación en virtud de la
presunción de responsabilidad que pesa en su contra debido al riesgo creado[29]. Se trata entonces
de un régimen objetivo que prescinde de la culpa y atribuye responsabilidad por
el resultado[30],
de modo que “quien ha creado un riesgo para su provecho debe reparar los
perjuicios inherentes, responder por el resultado”[31], sin que le
sea posible “destruir esa presunción de responsabilidad que pesa en su
contra, porque es una presunción de derecho, irrefragable, de las que no
admiten prueba en contrario”[32].
4.6. La Sección
Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 23 de mayo de 2012, analizó
el alcance del artículo 2354 del Código Civil. En lo que reviste mayor interés
para el presente asunto, dicho tribunal señaló que el régimen de
responsabilidad era objetivo, según lo habían indicado los magistrados de la
Corte Suprema de Justicia que, en la sentencia del 6 de abril de 1989, suscribieron
la aclaración de voto -ver supra 4.3-. Explicó en esa dirección el
Consejo de Estado:
“La Sala comparte
el enfoque contenido en la aclaración de voto de los honorables Magistrados
Naranjo y Aldana, como quiera que deviene inadmisible un escenario de
responsabilidad asentado sobre una presunción de culpa en el que la misma esté
graduada como de derecho, es decir, que no admita prueba en contrario. En otros
términos, resulta contradictorio que se indique que un tipo de responsabilidad
está fundamentada en la culpa, pero, a continuación, se niegue la posibilidad
de probar diligencia y cuidado, por cuanto de esa afirmación se desprende una
incongruencia lógica formal que riñe con los principios de identidad, de no
contradicción y de tercero excluido.
En consecuencia,
la responsabilidad en este tipo de escenarios se estructura a partir de la
concreción del riesgo creado, es precisamente esa actividad peligrosa –la de
ser el guardián de un animal fiero o salvaje– lo que genera que el daño sea
imputable al demandado, salvo que se acredite una causa extraña (…)”.
Estableció además que
la forma en que se regulaba la materia violaba la Constitución destacando, en
particular, que el derecho de defensa del tenedor del animal fiero se ve
afectado cuando se le impide proponer, con posibilidades de éxito, algunos
medios de excepción, entre ellos la causa extraña. En línea con lo expuesto, explicó
del siguiente modo la decisión de acudir a la excepción de inconstitucionalidad:
“De modo que la Sala inaplicará la
expresión del artículo 2354 del C.C., correspondiente al segmento normativo que
reza: “y si alegare que no fue posible evitar el daño, no será oído”,
toda vez que resulta contraria a los artículo 28, 29 y 229 de la Carta Política
que establecen los derechos fundamentales de defensa, al debido proceso y de
acceso efectivo a la administración de justicia, como quiera que el demandado
tiene el derecho, al ser un régimen objetivo de responsabilidad, a contestar la
demanda, controvertir y contradecir los medios probatorios, así como demostrar
la configuración de una circunstancia exonerativa de responsabilidad.
En efecto, como ya
se indicó la norma no se estructura sobre la culpa, por tal motivo una
expresión como la mencionada restringe la posibilidad del demandado de
acreditar que el daño, por ejemplo, le fue externo, imprevisible e
irresistible, y que, por consiguiente, no le era posible evitarlo. En esos
términos, la responsabilidad se convertiría, aquí sí, en una de tipo automático
respecto de la cual no operaría forma de exonerarse lo cual deviene
inadmisible.
Entonces, la
disposición analizada contiene una restricción que desde el punto de vista
sustancial y procesal resulta contraria a la Constitución Política, puesto que
no permite probar una causa extraña como forma de exoneración, en aras de
desvirtuar la imputación fáctica y, de otro lado, impide el acceso efectivo a
la administración de justicia por cuanto limita injustificadamente el derecho
que tiene toda persona –natural o jurídica, nacional o extranjera– de ser oída
en juicio ante al juez natural de la controversia.
En ese orden de
ideas, se dará aplicación al artículo 4º de la Constitución Política para poder
valorar los medios de convicción que integran el acervo probatorio y, de esta
forma, determinar si el daño es o no imputable a la administración pública, o,
si por el contrario operó una causa extraña que impida atribuir la lesión
antijurídica a aquélla”.
Conforme a ello,
en la parte resolutiva, el Consejo de Estado dispuso “[d]eclarar de
oficio probada la excepción de inconstitucionalidad de la siguiente
expresión, contenida en el artículo 2354 del Código Civil: “y si alegare que no
le fue posible evitar el daño, no será oído”[33].
5. Del recuento
anterior, se desprende que tanto la jurisprudencia como la doctrina ha
discutido ampliamente la naturaleza del régimen de responsabilidad que nace del
artículo 2354 del Código Civil. Algunos consideran que la disposición demandada
contempla una regla de presunción de culpa que no puede desvirtuarse, al paso
que otros argumentan que, en realidad, se trata de una regulación que prescinde
de la culpa y fija un régimen objetivo de responsabilidad con apoyo en la tesis
del riesgo creado. En todo caso, en una u otra postura, la ausencia de culpa en
la ocurrencia del daño no constituye un argumento válido para exonerarse de
responsabilidad. Los defensores de tales posturas admiten, en general, que el
artículo demandado no impide que el tenedor del animal puede liberarse de la
obligación de reparar, alegando y probando que el daño no existió o que
sobrevino por una causa extraña. Sobre esto último existen, a su vez, algunas
discrepancias respecto de los eventos específicos que pueden invocarse. Unos advierten
que es posible aducir la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa exclusiva de
la víctima y el hecho de un tercero[34],
mientras que otros destacan que se admiten solo algunas de tales hipótesis[35].
Fundamento
del régimen de responsabilidad del artículo 2354
Consecuencias
o efectos
Se
trata de un régimen cimentado en la tesis culpabilista. La culpa se presume
de derecho.
No
le corresponde al demandante probar la acción culpable. El demandado puede
exonerarse de responsabilidad alegando la no acreditación del supuesto de
hecho, la causa extraña o la inexistencia del daño
Se
trata de un régimen de responsabilidad objetiva.
Ahora bien, un
sector minoritario de la doctrina, señala que la disposición prevé, en
realidad, una regla de responsabilidad que proscribe la posibilidad de proponer
con exito cualquier circunstancia diferente a la no configuración del supuesto
de hecho o a la inexistencia del daño[36].
La causa extraña no sería, bajo esta perspectiva, un medio de defensa posible. La
sentencia del Consejo de Estado –supra 4.6–, adoptó la misma interpretación
del artículo demandado y, por ello, acudió a la excepción de inconstitucionalidad
a efectos de disponer su inaplicación.
Fundamento del régimen de
responsabilidad del artículo 2354
Consecuencias
o efectos
Se
trata de un régimen cimentado en una presunción de derecho sobre la
responsabilidad.
No
le corresponde al demandante probar la acción culpable. El demandado puede
exonerarse de responsabilidad, alegando la no acreditación del supuesto de
hecho o la inexistencia del daño. No puede conseguir la liberación de
responsabilidad planteando la ausencia de culpa ni la causa extraña
6. En síntesis, la
acusación del demandante no carece de certeza. En realidad, de la
jurisprudencia -tanto de la Corte Suprema como del Consejo de Estado- y la doctrina,
se desprende la posibilidad de interpretar la disposición demandada como una
restricción del derecho de defensa. En particular, existe un consenso acerca de
que el tenedor de un animal fiero del que no se reporta utilidad y que ha
producido un daño, no puede exonerarse de responsabilidad alegando la
ausencia de culpa. Siendo así, respecto de tal interpretación el cargo es
cierto y, en consecuencia, cumple las condiciones para ser admitido.
C.
SEGUNDA
CUESTIÓN PRELIMINAR: Inexistencia de cosa juzgada constitucional
7. Algunos
intervinientes señalaron que respecto de la disposición acusada existe cosa
juzgada constitucional. Afirmaron que por la misma razón -la violación del
debido proceso- y en vigencia de la Constitución de 1886, la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia proferida el 6 de abril de 1989, declaró exequible la
expresión “y si alegare que no le fue posible evitar el daño no será oído”.
8. La cosa juzgada constitucional ha sido
entendida por este Tribunal como “una institución jurídico procesal, que tiene su
fundamento en el artículo 243 de la Constitución Política, mediante la cual se
otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”[37].
Para determinar su configuración, la jurisprudencia ha insistido que es
imprescindible verificar si la materia cuyo examen se propone ha sido ya juzgada
en decisiones anteriores. Ello ocurrirá si el objeto de control y el análisis
de constitucionalidad son equivalentes.
9. Tomando como punto de partida el objeto de
control, la jurisprudencia ha diferenciado entre cosa juzgada formal y material.
Siempre y cuando exista identidad en el análisis de constitucionalidad que se
propone, la primera se configura cuando el mismo enunciado normativo se somete
nuevamente a control de la Corte, mientras que la segunda, se presenta cuando
un contenido normativo o norma equivalente se acusa una vez más.
Teniendo en cuenta la amplitud del
pronunciamiento previo, la cosa juzgada puede clasificarse en
absoluta cuando la primera decisión agotó cualquier debate sobre la
constitucionalidad de la disposición o norma acusada y relativa si la
decisión anterior juzgó la validez constitucional solo desde la perspectiva de
algunos de los cargos posibles. En el primer caso, por regla general, no será
posible emprender un nuevo examen constitucional. En el segundo, por el
contrario, será posible examinar la norma acusada desde la perspectiva de las
nuevas acusaciones.
10. En general, los efectos que en materia
de control constitucional tiene cada una de las hipótesis referida pueden
delimitarse a partir de las siguientes reglas: i)
si la decisión previa fue de inexequibilidad y existe cosa juzgada
formal es procedente el rechazo de la demanda o, en su caso, la decisión de
estarse a lo resuelto en la sentencia anterior;
(ii) si la decisión previa fue de inexequibilidad y existe cosa
juzgada material, procede estarse a lo resuelto y declarar la inexequibilidad de
la disposición por desconocimiento del artículo 243 de la Constitución; (iii)
si la decisión previa fue de exequibilidad y existe cosa juzgada
formal procede rechazar la demanda o, en su caso, estarse a lo resuelto, a menos que se trate de
cargos diferentes; y (iv) si la decisión previa fue de exequibilidad
y existe cosa juzgada material las consideraciones de la sentencia
anterior se erigen en un precedente especial que puede seguirse -disponiendo estarse
a lo resuelto y declarando exequible la norma- o del que puede apartarse
con el deber de exponer razones poderosas que justifiquen una decisión
diferente.
En el caso de ser aplicables las reglas
(iii) y (iv) -cosa juzgada formal o material con decisión previa de
exequibilidad-, la Corte ha concluido que es posible adoptar un nuevo
pronunciamiento de fondo si se demuestra que el contexto normativo del objeto
de control ha variado, o se ha producido un cambio formal o hermenéutico (Constitución
viviente) de las normas que constituyen el parámetro de control.
11. La
jurisprudencia constitucional también ha establecido que las sentencias de
exequibilidad dictadas por la Corte Suprema de Justicia en aplicación de normas
constitucionales sustantivas que precedieron a la Carta Política ahora vigente,
no extienden sus efectos de cosa juzgada respecto de nuevas acusaciones[38].
Esta doctrina se extiende también a las decisiones que fueron adoptadas
contrastando las disposiciones bajo su control con contenidos similares a los
previstos actualmente en la Carta de 1991[39], en
atención a que el cambio constitucional demanda una comprensión integral y, en
esa medida, disposiciones con textos o contenidos similares pueden adquirir
significados diversos por su relación con otras disposiciones o su vinculación
a normas integradas al bloque de constitucionalidad. Aceptar en este tipo de
eventos la existencia de cosa juzgada significaría, en la práctica, la renuncia
de la Corte al ejercicio de las competencias como guardián de la integridad y
supremacía de la Constitución de 1991.
No
obstante lo anterior, debe precisarse que sí se configura cosa juzgada cuando
la Corte Suprema de Justicia hubiere adoptado un pronunciamiento encontrándose
vigente la Constitución de 1991 y en ejercicio de la competencia transitoria
para decidir las
acciones públicas de inconstitucionalidad instauradas antes del 1 de junio de
1991 (art. 24 transitorio Superior)[40]. Ocurrirá lo mismo, en
aplicación de la regla según la cual los vicios de procedimiento se juzgan a
partir de las normas que rigieron su expedición, cuando se formule un cargo por
vicios de procedimiento de normas que por la misma razón habían sido juzgadas
en vigencia de la Constitución anterior.
12. La Sala Plena concluye que no puede
abrirse paso la solicitud de estarse a lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia proferida el 6 de abril de 1989 en la que declaró
exequibles las expresiones “y si alegare que no le fue
posible evitar el daño no será oído" del artículo 2354 del
Código Civil. Aunque dicho Tribunal adoptó esa decisión luego
de considerar que no violaba el derecho de defensa previsto en el artículo 26
de la Carta Política anterior, ello no cierra la posibilidad de un nuevo pronunciamiento
de fondo. En efecto, el cargo ahora propuesto afirma la violación del artículo
29 de la Constitución de 1991 cuyo texto tiene diferencias significativas en lo
relativo, por ejemplo, al ámbito de aplicación del derecho al debido proceso y
a las garantías específicas que lo integran.
Artículo 29 de la Constitución de 1991
Artículo 26 de la Constitución de 1886
El
debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de
las formas propias de cada juicio.
En
materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la
haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la
defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su
contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces
por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso
Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se impute,
ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de
cada juicio.
En
materia criminal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Además de las diferencias textuales, la
Corte encuentra que el artículo 29 debe ser objeto de una interpretación a la
luz de la nueva Constitución cuyos contenidos, en aspectos relativos a la protección
de derechos, son diferentes. El contexto constitucional en el que se inscriben
las disposiciones, puede conferirle significados o efectos diversos aun siendo formalmente
equivalentes o semejantes. Por ello, la tarea de guardar la integridad de la
Carta de 1991 le impide a este Tribunal estarse a lo resuelto por la Corte Suprema.
Naturalmente, esta conclusión no se opone a que las importantes consideraciones
planteadas en ese entonces  -supra 4.2-, así como la aclaración de voto -supra
4.3-, sean consideradas como criterios orientadores para la presente
decisión.
D.
TERCERA
CUESTION PRELIMINAR: Improcedencia de integrar la unidad normativa con los
artículos 124 y 127 de la Ley 1801 de 2016
13. En su
intervención, el representante del Instituto Colombiano de Derecho Procesal le planteó
a la Corte la posibilidad de integrar la unidad normativa con los artículos 124
y 127 de la Ley 1801 de 2016 -Código de Policía-. El primero tipifica los
comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales
y fija las medidas correctivas que deben ser aplicadas en caso de que se
configuren. El segundo establece una regla de conformidad con
la cual el
propietario o tenedor de un canino potencialmente peligroso, debe asumir la
total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione. Igualmente, dispone
que el Gobierno reglamentará en un término de seis (6) meses lo relacionado con
la expedición de las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que
cubrirán este tipo de contingencias.
14. La posibilidad de integrar la unidad
normativa, a efectos de juzgar disposiciones que no fueron acusadas, se
encuentra reconocida en el tercer inciso del artículo 6º del Decreto 2067 de
1991 al señalar que la Corte se pronunciará
de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar, en la sentencia,
las que conforman unidad normativa con aquellas otras que declara
inconstitucionales. Esta figura ha sido objeto de precisión en la
jurisprudencia constitucional, identificando tres supuestos generales que
justifican dicha integración[41]:
(i) si la demanda versa sobre una disposición
jurídica que de manera independiente no tiene un contenido deóntico claro o
unívoco, de tal forma que su interpretación y aplicación depende de integrar su
contenido con el de otra disposición que no fue objeto de censura; (ii) si la disposición normativa
objeto de control constitucional está reproducida en otras normas del
ordenamiento que no fueron demandadas; y (iii) si, a pesar de no cumplirse
ninguna de las anteriores hipótesis, la disposición acusada se encuentra
intrínsecamente relacionada con otra respecto de la cual existen serias dudas
sobre su constitucionalidad.
15.
En esta oportunidad, no se configura ninguno de los supuestos requeridos para
integrar la unidad normativa por las razones que se resumen a continuación: (a)
la disposición demandada tiene un contenido deóntico plenamente identificable y
no requiere -al menos en principio- del examen de ninguno de los artículos del
Código de Policía para su aplicación e interpretación; (b) el artículo 124 de
la Ley 1801 de 2016 tipifica un conjunto de comportamientos que deben ser
objeto de medidas de naturaleza policiva, mientras que el artículo bajo examen
se ocupa de establecer un régimen de responsabilidad civil, lo que implica que,
dada su independencia temática, la eventual declaratoria de inexequibilidad de
la expresión demandada no haría inocua la decisión de la Corte; y además (c) no
se identifica una relación intrínseca entre la disposición cuestionada y el
articulo 124 del Código de Policía,  ni en el curso del proceso fueron aportadas
o identificadas razones que susciten serias dudas sobre la constitucionalidad
de esta última. A su vez, (d) el artículo 127 del Código de Policía, en
particular el primer inciso, prevé una regla con algún grado de semejanza a la
del artículo 2354 del Código Civil, pero no constituye una reproducción de este
último, ni puede decirse que su supuesto de hecho sea equivalente; en ese
sentido, de una parte, es discutible afirmar -sin elementos probatorios
mínimos- la equivalencia entre las categorías “caninos potencialmente
peligrosos” y “animales fieros” y, de otra, a diferencia del artículo 127 del
Código de Policía, el artículo 2354 del Código Civil se refiere específicamente
a la tenencia de animales que no reportan utilidad para el predio en el que se
encuentran. Finalmente, (e) no puede afirmarse que la relación de la
disposición demandada con el artículo 127 sea intrínseca, ni tampoco que
respecto de este último recaigan serias dudas sobre su constitucionalidad.
E.
PROBLEMA
JURÍDICO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
16. En atención al
significado que la jurisprudencia y la doctrina le ha atribuido a la
disposición parcialmente acusada, le corresponde a la Corte establecer si la
expresión “no será oído” contenida en el artículo 2354 del Código Civil
vulnera el derecho a la defensa previsto en el artículo 29 de la Constitución, al
imponer al tenedor de un animal fiero la obligación de reparar los daños que
cause, sin que sea posible aceptar como válido -para exonerarse de
responsabilidad- el argumento de no haber podido evitar el daño.
17. Con el
propósito de resolver el problema indicado, la Corte inicialmente precisará el
alcance del derecho constitucional a la defensa y los vínculos que tiene con
los regímenes de responsabilidad (sección F). A continuación, indicará en qué
sentido la expresión acusada constituye una limitación a las posiciones que
protege tal derecho, aludiendo, además, al contexto normativo en el que se
inscribe la disposición cuestionada (sección G). Finalmente, se ocupará de analizar
el cargo formulado (sección H).
F.
CONSTITUCIÓN,
DERECHO DE DEFENSA Y REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
18. El artículo 29
de la Constitución reconoce el derecho de defensa. Si bien la mención de dicho
derecho se encuentra en el inciso que regula los procedimientos sancionatorios,
ello no excluye su aplicación en otros escenarios procesales, puesto que el
mismo artículo dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas. En ese sentido, la jurisprudencia ha caracterizado
el debido proceso “como el conjunto de
garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se
busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de la justicia”[42]. Entre tales garantías se encuentra
el derecho de defensa, entendido como la facultad para emplear “todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable”[43].
19.
El objeto y naturaleza de los intereses que se debaten en un proceso judicial
inciden en el modo en que se concretan las garantías que integran el debido
proceso. Esa relación exige que el legislador tome en consideración que una mayor
incidencia de los resultados de un proceso judicial en derechos de especial
significado constitucional, impone un mayor grado de protección del derecho a
la defensa. Naturalmente, advierte la Corte, en cualquier trámite judicial debe
asegurarse el respeto de un mínimo de garantías procesales. En ese sentido, por
ejemplo, no sería posible sancionar o condenar a una persona sin permitir su
participación en el trámite respectivo; tampoco si el procedimiento tuvo lugar
ante una autoridad desprovista de competencia, o al margen de las reglas
establecidas para su desarrollo.
20.
Esa distinción, entre un ámbito de protección variable del debido proceso en
función de la materia de la que se ocupa y un contenido mínimo cuya garantía es
obligatoria, ha sido reconocida por la jurisprudencia al advertir que ese
derecho admite diferentes grados de protección[44]. El efecto de esa premisa
consiste en que “el cumplimiento de las garantías mínimas del debido proceso
contempladas en la Constitución, tendrá diversos matices según el derecho de
que se trate, dado que no todo derecho es de orden penal, sino que es posible
encontrar “reglas y procedimientos” de otros órdenes como el civil, el
administrativo, el policivo, el correccional, el disciplinario o el económico,
entre otros, que no son comparables o asimilables directamente al ordenamiento
penal y que comportan decisiones y sanciones de diversa categoría, matices que
deberán ser contemplados en la regulación de sus propias reglas”[45].
21. El derecho de
defensa tiene manifestaciones procesales y sustantivas. De una parte, se
refleja en la capacidad de las personas de intervenir efectivamente en los
trámites judiciales o administrativos, empleando los instrumentos disponibles
para resistir a la pretensión estatal o particular que se formule en su contra.
De otra, se concreta en la posibilidad de controvertir la existencia,
legitimidad, validez o eficacia de las pretensiones o reclamos que se formulen en
su contra, mediante la presentación, por ejemplo, de excepciones de mérito. Esta
doble dimensión ha sido reconocida por la jurisprudencia al indicar que el
derecho de defensa “se garantiza, no solo
mediante la vinculación que corresponde hacer a los funcionarios judiciales de
las personas que deben intervenir como parte en un proceso, previo el
cumplimiento de las formalidades propias para ello, sino además, permitiéndoles
alegar y probar dentro del mismo, todas aquellas circunstancias que consideren
propias para su defensa”[46]. Como lo ha dicho esta
Corporación es imprescindible que “durante el proceso judicial toda persona
que pueda ver afectados sus intereses tenga la oportunidad de expresar sus
ideas, defender sus posiciones, allegar pruebas, presentar razones y
controvertir las razones de quienes juegan en contra”[47].
22. El derecho de
defensa puede, en consecuencia, ser objeto de restricciones a través de medidas
que fijen condiciones o requisitos para actuar en un proceso judicial o que definan
reglas sustantivas aplicables a una situación jurídica y, por ejemplo, limiten
la proposición de determinados medios exceptivos.
22.1.
Bajo la dimensión procedimental la Corte ha considerado, por ejemplo, que se
afecta el derecho de defensa cuando (i) se omite examinar un escrito de
excepciones presentado por el demandado[48]; (ii) se valora indebidamente
una prueba, se introduce sin decreto previo o no se surte la contradicción;
(iii) no
se cumplen las exigencias de notificación impidiendo “defenderse en el
proceso [y] aportar alguna prueba tendiente a desvirtuar [la] responsabilidad
civil”[49]; o (v) se niega la
petición de amparo de pobreza y con ello, se afecta “la voluntad y el
derecho de la parte demandada de contar con una defensa técnica si así lo desea
y lo hace saber al juzgado”[50].
22.2.
La dimensión sustantiva, a su vez, ha sido reconocida por la Corte
Constitucional (i) al juzgar normas que impiden, en el ámbito del derecho del
consumo, que el fabricante o productor proponga algunos medios de defensa para
exonerarse de responsabilidad. En efecto, la sentencia C-973 de 2002 examinó un
artículo del Decreto 3466 de 1982 conforme al cual el productor solo podría
invocar como causales de exoneración la
fuerza mayor, el caso fortuito no sobrevenido por su culpa, el uso indebido del
bien por parte del afectado o el hecho de un tercero. Sostuvo, inicialmente,
que esa disposición reducía “exclusivamente a la demostración de alguna o
algunas de dichas causales su posibilidad de aportar pruebas o presentar
alegaciones para defenderse con el fin de no ser sometido a las sanciones
anotadas o al pago de la indemnización aludida”. Luego, al caracterizar esa
regla como una restricción del derecho de defensa, señaló “que si bien el productor podrá en las diferentes etapas del
procedimiento establecido en el artículo 28 del Decreto Ley 3466 de 1982 o en
las demás instancias procesales que se establecen tanto en el Código
Contencioso Administrativo para el caso de las sanciones, como en el Código de
Procedimiento Civil para el caso de la indemnización de perjuicios, presentar
pruebas, controvertir las que se presenten en su contra, y en general hacer uso
de los recursos que dichos procedimientos establecen, el ámbito de su
defensa no podrá desbordar la demostración del acaecimiento de dichas causales,
con lo que efectivamente puede considerarse que se presenta una limitación a su
derecho de defensa” (subrayado
fuera de texto). Seguidamente indicó que a pesar de que “podría
aducirse que por este medio simplemente se están determinando con claridad los
eventos en los cuales el nexo causal del daño se rompe, liberando a quien en
principio está llamado a responder y así limitar su responsabilidad (…)”
tal “circunstancia en todo caso implica una delimitación del ámbito en el
que el productor  puede ejercer su derecho de defensa para lograr la
exoneración de su responsabilidad, y en este sentido implica una limitación de
su derecho”.
Igualmente,
(ii) al juzgar la actividad interpretativa de los jueces ordinarios, ha
indicado que se viola el derecho de defensa cuando no se admite un medio de
defensa propuesto por el demandado a pesar de encontrarse reconocido en la ley.
Así, por ejemplo, la sentencia T-1072 de 2000 sostuvo que la decisión judicial consistente
en no reconocer como excepción cambiaría el incumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 828 del Código de Comercio -en materia de suscripción de documentos
por parte de invidentes- “impediría el ejercicio del derecho de defensa de
las personas invidentes en condiciones de igualdad con quienes tienen el
sentido de la vista”.
23. En materia de controversias
sobre responsabilidad civil, el derecho de defensa se concreta en la protección de un grupo de posiciones jurídicas con
contenido procedimental y sustantivo. Comprendidos por las primeras están los
instrumentos de actuación con los que cuenta el demandado para contestar la
demanda, solicitar la práctica de pruebas y controvertir las presentadas por la
contraparte, intervenir en su realización y/o apelar las decisiones
desfavorables. Las segundas se  derivan de reglas sustantivas que conforman los
regímenes de responsabilidad civil y que prevén los medios de excepción frente
a las pretensiones resarcitorias, incluyendo la posibilidad de alegar que el
daño no se produjo, que en su producción intervino una causa extraña o que no
existió culpa en la actuación.
24. La comprensión
del derecho de defensa, en los términos indicados, pone de presente su estrecho
vínculo con otras disposiciones constitucionales. En efecto, dado que la
atribución de responsabilidad puede conducir a la asignación de un deber de reparación
a través de obligaciones de dar o hacer, la posibilidad de defenderse es una
garantía necesaria para controlar la incidencia que ello puede tener en la
libertad general de acción (art. 16) y en el derecho de propiedad (art. 58) de
los responsables.
25. Ahora bien, los
regímenes de responsabilidad civil no solo revisten importancia constitucional
desde la perspectiva del derecho de defensa. Así, considerando el tipo de
intereses y derechos que se encuentran en juego, mediante tales regímenes (i) se
concretan formas específicas de justicia -correctiva o distributiva- que entran
en contacto con la obligación del Estado de asegurar la vigencia de un orden
justo (art. 2); (ii) se distribuyen cargas entre sujetos, algunas veces en
situación de simetría, otras veces en situación de disparidad, adquiriendo relevancia
el derecho a la igualdad (art. 13) o el deber de solidaridad (art. 95); (iii) se
crean incentivos para la evitación de daños o se distribuyen los costos de su evitación
como expresión posible de la función social de la propiedad (art. 58) o la empresa
como base del desarrollo (art. 333); y (iv) se realza o disminuye la
trascendencia de la actuación del sujeto que ha producido el daño, vinculándose
así con el problema de la dignidad humana y la libertad (art. 16).
En ese mismo
sentido, las reglas de responsabilidad también pueden ser entendidas como el
resultado de ponderar, articular o armonizar diferentes intereses
constitucionales. Así por ejemplo, la regla general de responsabilidad por el
hecho propio a partir de la culpa probada (art. 2341 del Código Civil) puede
entenderse como el resultado de ponderar el deber de proteger los derechos a la
integridad y propiedad de la víctima (arts. 12 y 58 de la Constitución) y la
necesidad de tomar en cuenta el carácter reprochable del comportamiento exigido
por el principio de libertad (arts. 1 y 16). A su vez, el régimen de
responsabilidad de culpa presunta -en algunos casos calificado como objetivo- (arts.
2353, 2354 o 2356 del Código Civil) puede entenderse como un resultado posible de
armonizar la necesidad de evitar daños -derivados de la tenencia de bienes que
generan riesgos o de actividades peligrosas- (arts. 58 y 95) y la importancia
de optimizar la libre iniciativa privada (art. 333).
26. De lo dicho se
sigue que los regímenes de responsabilidad civil pueden tener, en algunos
casos, relevancia constitucional. Dicho de otra manera, al definir y delimitar los
presupuestos de la responsabilidad de los particulares el legislador puede
entrar en contacto con previsiones constitucionales relacionadas, por ejemplo y
como ocurre en el asunto que ocupa la atención de la Corte, con el derecho de
defensa. Sin embargo, dado que la Constitución no prevé reglas particulares en
la materia y se trata de asuntos que suscitan disputas teóricas significativas,
no es atribución de esta Corte, al menos en principio, (i) definir cuál es la
mejor opción regulatoria, (ii) ni tomar partido respecto de las
interpretaciones de las normas que rigen esta materia.
Si la relevancia
constitucional no puede demostrarse, la regulación e interpretación de las
reglas de responsabilidad, quedan cobijadas por los márgenes de acción
constitucionalmente atribuidos al legislador y a la jurisdicción ordinaria, en
virtud de la cláusula general de competencia del Congreso (arts. 114 y 150) y
de la autonomía de la justicia ordinaria (arts. 228).
G.
LA
REGLA DEL ARTICULO 2354 COMO UNA RESTRICCIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA Y SU
RELACIÓN CON OTRAS REGLAS DE RESPONSABILIDAD EN EL DERECHO PRIVADO
27. La norma
demandada prohíbe “oír” al tenedor de un animal del que no se reporta
utilidad cuando alegue que no pudo evitar el daño causado. Esta regulación limita
el derecho de defensa al eliminar la posibilidad de proponer, con éxito, algunos
medios exceptivos.
Antes de emprender
el juzgamiento de la disposición acusada, la Corte encuentra relevante referir
el contexto en el que se inscribe y, en particular, aludir a algunos supuestos
de responsabilidad civil que, en lo relativo a los medios de defensa, pueden
tener algunas semejanzas con la norma examinada.
28. A pesar de que
el punto de partida en materia de responsabilidad patrimonial de los
particulares consiste en que la víctima debe asumir los daños que sufre, a
menos que demuestre que son imputables a otro, acreditando el hecho, el daño y
el nexo causal (artículo 2341 del Código Civil), varias reglas de
responsabilidad contractual y extracontractual (i) circunscriben la posibilidad
de defensa a la demostración de una causa extraña -cuyo efecto es el quiebre
del nexo causal- e incluso, en ciertas hipótesis, (ii) restringen esa
posibilidad a algunas variantes de la causa extraña.
28.1. En el primer
grupo pueden identificarse varios supuestos. En materia de responsabilidad
derivada de las actividades peligrosas la jurisprudencia de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia, oscilando entre un régimen de responsabilidad por
culpa y uno objetivo, ha señalado que quien las desarrolla solo puede librarse
de la obligación de reparar alegando y demostrando la existencia de una causa
extraña que incluye la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero y
la culpa exclusiva de la víctima[51].
Un régimen semejante es aplicable a la garantía del productor o proveedor
prevista en el artículo 16 de la Ley 1480 de 2011, conforme al cual este solo
podrá exonerarse cuando el defecto tiene su origen en la fuerza mayor o el caso
fortuito, en el hecho de un tercero así como en el uso indebido del
bien por parte del consumidor.
Igualmente,
apoyándose en la distinción entre obligaciones de medio y de resultado, la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido que para
exonerarse de responsabilidad en el caso de las primeras “basta demostrar
debida diligencia y cuidado (artículo 1604-3 del Código Civil)”[52] mientras que
en las segundas, “al presumirse la culpa, le incumbe destruir el
nexo causal entre la conducta imputada y el
daño irrogado, mediante la presencia de un elemento extraño,
como la fuerza mayor o el caso fortuito, la culpa exclusiva de la
víctima o el hecho de un tercero”[53].
28.2.
En el segundo grupo, que abarca eventos en los cuales se impide proponer con
éxito algunas variables de la causa extraña, se encuentran varias disposiciones
del Código de Comercio que -al menos por su texto- parecen prever tal límite. Por
ejemplo, el artículo 992 establece que el transportador podrá exonerarse, total
o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución y por la ejecución
defectuosa o tardía de sus obligaciones, únicamente mediante prueba de fuerza
mayor, siempre que ésta no se deba a culpa del transportador, de vicio propio o
inherente a la cosa transportada, o de culpa imputable exclusivamente al
pasajero, al remitente o al destinatario. El artículo 1391 del mismo Código
prescribe que todo banco es responsable con el cuentacorrentista por el pago
que haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya alterado, salvo que el
cuentacorrentista haya dado lugar a ello por su culpa o la de sus dependientes,
factores o representantes. En semejante dirección, al regular el contrato de
cajilla de seguridad, el artículo 1417 prescribe que los establecimientos
bancarios responderán de la integridad e idoneidad de las cajillas y por todo
daño que sufran los clientes, salvo fuerza mayor o caso fortuito. Igualmente, limites
semejantes se prevén en materia de los daños causados con ocasión del
transporte aéreo al establecer, el artículo 1827, que la persona que sufra
daños en la superficie tiene derecho a ser indemnizada por el explotador de la
aeronave con solo probar que tales daños provienen de una aeronave en vuelo o
de una persona o cosa caída de la misma, pudiendo el explotador exonerarse
únicamente si los daños no son consecuencia directa del acontecimiento que los
ha originado, o si obedecen  al mero hecho del paso de la aeronave a través del
espacio aéreo si se observaron los reglamentos de tránsito aéreo.
29.
La fundamentación y alcance de tales regímenes ha originado importantes debates
que no le corresponde dirimir a este Tribunal. Es suficiente con señalar, para
efectos de esta providencia, que las tesis fluctúan entre quienes sostienen que
la naturaleza objetiva de un régimen de responsabilidad depende de que solo
permita la exoneración por una causa extraña y los que afirman que tal
limitación no excluye, necesariamente, que se apoyen en la culpa presumiendo su
configuración. Con independencia de eso, lo cierto es que tanto la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como varias normas vigentes,
establecen regímenes de responsabilidad que se separan de la regla general que
impone, al afectado-demandante, demostrar la actuación culpable de quien ha
causado el daño.
H.
ANALISIS
DE CONSTITUCIONALIDAD: El régimen establecido en el artículo 2354 del Código
Civil, al establecer que no es posible aceptar como válido -para exonerarse de
responsabilidad- el argumento relativo a la ausencia de culpa, es compatible
con la Constitución.
30. La Corte ha
constatado que la jurisprudencia y la doctrina aceptan, en general, que el
artículo 2354 del Código Civil impide al tenedor del animal fiero proponer como
argumento válido, a fin de exonerarse de su responsabilidad, la ausencia de
culpa. Algunos advierten que ello se explica en la existencia de una presunción
de culpa que no puede ser desvirtuada, al tiempo que otros señalan que se trata
de una hipótesis de responsabilidad objetiva fundada en la doctrina del riesgo
creado. No le corresponde a esta sentencia, ni es necesario para juzgar la
constitucionalidad de la disposición, tomar partido sobre cuál es la mejor
fundamentación de esa restricción. Ese ha sido un asunto que ha dividido a la
jurisprudencia y a la doctrina, y no es la Sala Plena el juez competente para
dirimir esa disputa.
31. Sin embargo, sí
le corresponde a la Corte definir la concordancia del derecho de defensa con el
régimen de responsabilidad aplicable al tenedor de un animal fiero del que no
reporta utilidad, en tanto niega validez al argumento relativo a la ausencia de
culpa. A juicio de este Tribunal tal restricción es compatible con la
Constitución, por las razones que a continuación se exponen.
32. El legislador,
en virtud de la cláusula general de competencia, dispone de un amplio margen de
configuración para regular las hipótesis de responsabilidad civil así como las
variantes de cada uno de sus elementos. No existe, desde el punto de vista
constitucional, un régimen único en la materia. Son diversas las opciones y es
posible articularlas tomando en consideración, por ejemplo, (i) la existencia o
no de riesgos especiales, (ii) el tipo de sujetos que intervienen en el tráfico
jurídico, (iii) la mayor o menor magnitud de los costos que se quieran evitar
así como (iv) el tipo de incentivos que pretendan crearse -supra 25-.
33. Si bien para
el derecho sancionatorio, los regímenes de responsabilidad objetiva o sin culpa
suscitan agudas tensiones constitucionales y están sometidos a un control
constitucional estricto según lo ha definido este Tribunal[54], en materia
de responsabilidad civil de los particulares, la Constitución no impide, prima
facie, tal modalidad de regulación. De hecho, el artículo 88 de la
Constitución contempla expresamente la posibilidad de que la ley defina los
casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e
intereses colectivos.
34. Igualmente, la
jurisprudencia ha señalado que no se opone a la Constitución prescribir que el
fabricante de un producto únicamente pueda exonerarse de la obligación de
indemnizar perjuicios demostrando “la fuerza mayor, el caso fortuito no sobrevenido por su culpa,
el uso indebido del bien o servicio por parte del afectado, o el hecho de un
tercero ligado o no al productor mediante relación de trabajo o contractual de
cualquier clase”. En tal dirección, la sentencia C-973 de 2002
sostuvo que en atención a la naturaleza asimétrica de la relación entre
fabricante y consumidor era posible prever como únicos medios de defensa aquellos
con la virtualidad de quebrar el nexo causal.
Indicó en tal sentido, que resultaba importante, respecto de las causas de exoneración,
“diferenciar aquellas en las que el nexo causal de la
responsabilidad se rompe en circunstancias que son totalmente ajenas
al productor, de aquellas en las que al menos de manera indirecta  éste
tiene algún tipo de vínculo con el daño causado”. De manera que, a juicio
de la Corte, era imprescindible distinguir “los casos en que se está frente a la fuerza mayor, el
caso fortuito no sobrevenido por culpa del productor, el uso indebido del bien
o servicio por parte del afectado, o el hecho de un tercero no ligado al
productor, de los casos en que el daño sobrevenga  como
resultado de un  caso fortuito generado por el productor, o por el hecho
de un tercero ligado a él  mediante relación de trabajo o contractual
de cualquier clase”. En el caso de  los últimos “dicho productor o bien
se encuentra en el origen  del perjuicio causado o bien tiene de
alguna manera la posibilidad de incidir en la determinación de la calidad del
bien o servicio que llegue a resultar deficiente y que pueda causar daños a los
consumidores y usuarios”.
A partir de esa distinción concluyó que solo podían invocarse como
hipótesis de exoneración de responsabilidad, aquellas que escapaban al ámbito
de influencia del fabricante resultaban compatibles con la Constitución. En
razón de lo anterior, declaró la exequibilidad del artículo demandado con
excepción de las expresiones “ligado o no al
productor mediante relación de trabajo o contractual de cualquier clase” las cuales expulsó del ordenamiento.
35. Esta decisión
permite identificar que la Corte, no solo consideró compatible con la Carta un
régimen de responsabilidad ligado exclusivamente a la actuación del
responsable, y no a su diligencia en el desarrollo de la actividad, sino que
además estimó que la Constitución prohibía eximirse de responsabilidad invocando
circunstancias bajo el control del productor o fabricante. Desde esa
perspectiva, la Corte ha justificado los
regímenes de responsabilidad en los que se permite “franquear las
instituciones procesales de resarcimiento de perjuicios”[55] en favor de una de
las partes cuando, por ejemplo, estas medidas pretenden modificar la situación
de inferioridad, restablecer el equilibrio o evitar las condiciones
excesivamente gravosas.
36. La
constitucionalidad de la regla establecida en el artículo demandado, tal y como
ha sido interpretada por la jurisprudencia y la doctrina, se apoya en varias
razones adicionales que a continuación se exponen.
36.1. Primero,
toma nota del riesgo particular generado por la tenencia de un animal fiero. El
legislador puede no solo tener en cuenta la asimetría de la relación -tal y
como ha ocurrido en relaciones de consumo- sino también la naturaleza del
riesgo que se crea o del que se obtiene un beneficio. La generación de un
riesgo especial o el aprovechamiento del mismo, habilitan al legislador para
fijar cargas especiales a los particulares en tanto se incrementan las
posibilidades de afectar los derechos de otros. Entre esas cargas puede
encontrarse un régimen de responsabilidad más estricto a través del cual se
concreta el deber de respetar los derechos de otros y no abusar de los propios
(art. 95.1).
36.2. Segundo,
interpretada la disposición a la luz del régimen de protección del ambiente y
considerando que un grupo de los que pueden considerarse animales fieros son,
al mismo tiempo, fauna silvestre[56]
protegida por las normas en materia de recursos naturales, un sistema estricto
de responsabilidad contribuye al cumplimiento de esa regulación, en tanto
establece un incentivo para que los particulares se abstengan de tener tal tipo
de animales. Es relevante advertir que el Decreto 2811 definió que la fauna
silvestre pertenece a la Nación con excepción de las especies de los
zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular y adoptó un régimen especial
para su salvaguarda y aprovechamiento[57].
Si la regla facilita la realización práctica de normas destinadas a la
protección del ambiente, puede considerarse como un desarrollo de los artículos
79 y 80 de la Constitución que imponen (i) la protección de la diversidad e
integridad del ambiente y (ii) la prevención así como el control de los
factores de deterioro ambiental[58].
En línea con lo dicho, la sentencia C-439 de 2011 indicó que la prohibición de
llevar animales en vehículos de servicio público -salvo que se trate de perros lazarillos- se
encontraba justificada para el caso de los animales fieros en tanto fauna
silvestre protegida por los artículos 79 y 80 de la Carta[59].
36.3. Tercero,
teniendo en cuenta que la regla examinada parte del supuesto de que la tenencia
del animal fiero no reporta utilidad alguna, un régimen de responsabilidad de
tales características, es un desarrollo válido de la función social y ecológica
de la propiedad al propiciar que las personas se abstengan de tener bienes de los
cuales no se obtienen beneficios particulares o sociales. El ejercicio del
derecho de propiedad no puede ser comprendido bajo la idea exclusiva de un
derecho  individual sino que debe articularse con la búsqueda de intereses
sociales, tal y como se desprende del artículo 58 de la Constitución y de la
interpretación que del mismo ha realizado la jurisprudencia de esta Corte[60].
36.4. La
restricción del derecho de defensa que se desprende de la norma supera,
igualmente, un examen de proporcionalidad. El escrutinio aplicable en este caso
es de intensidad débil dado que la regla examinada (i) corresponde al
desarrollo de competencias específicas del Congreso de la República y, en
particular, de aquella que le asigna la tarea de expedir los códigos (art.
150.2); (ii) no afecta el goce del derecho a la defensa puesto que si bien
restringe algunas de sus manifestaciones, no impide la válida formulación de
otros medios exceptivos según lo ha explicado la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia y la doctrina mayoritaria en la materia; y (iii) es una
manifestación concreta de la competencia del Congreso para adoptar medidas que
desarrollen la función social y ecológica de la propiedad, y promuevan la
protección del medio ambiente.
Ha sostenido la jurisprudencia
de este Tribunal que el juicio de intensidad débil impone determinar, de una
parte, si la medida persigue un fin constitucional legítimo o no prohibido (juicio
de finalidad o exclusión del capricho) y, de otra, si puede considerarse, al menos prima facie, como idónea para alcanzar la finalidad
identificada (juicio de adecuación)[61].
En este caso la
limitación del derecho de defensa -impidiendo al tenedor del animal proponer
con éxito la diligencia o la ausencia de culpa- tiene como propósito (i) evitar
la creación de riesgos extraordinarios con aptitud de afectar los derechos a la
vida o integridad de las personas (arts. 11, 12 y 95); (ii) desincentivar la
tenencia de animales de los que no se reporta utilidad o provecho, lo que puede
considerarse uno de los modos de realización de la función social de la
propiedad (art. 58); y (iii) promover la protección de la fauna silvestre,
creando un incentivo para cumplir las normas ambientales que protegen a sus
especies (art. 79). A juicio de la Sala, tales objetivos no solo son legítimos
sino incluso constitucionalmente importantes, al apoyarse directamente en
varias disposiciones de la Carta.
Igualmente, la
medida bajo examen contribuye a la realización de dichos objetivos. Imponer una
regla de responsabilidad acentuada cuyo efecto es privar al tenedor del animal
fiero, en los términos del artículo 2354, de la posibilidad de invocar con
exito su diligencia, propicia o incentiva dos tipos de comportamientos. El
incremento de la probabilidad de ser obligado a reparar los daños causados, de
una parte, tiene la aptitud de incentivar la no adquisición o conservación de
ese tipo de animales y, en el evento de no ser así, de otra, motiva la adopción
de medidas especiales de precaución para evitar que el daño se produzca.
37. El régimen de
responsabilidad analizado encuentra fundamento en la idea, también sostenida
por la doctrina, según la cual la mayor o menor corrección de la conducta del
agente puede ser una razón suficiente, pero no necesaria, para
atribuir responsabilidad[62].
En este sentido, comprender la responsabilidad civil como una forma de
enfrentar la violación de derechos permite aceptar que, incluso bajo
actuaciones “correctas” o “sin culpa”, las personas puedan ser obligadas a
reparar debido a la transgresión o vulneración de un derecho.
38. La conclusión sobre la validez
constitucional del régimen de responsabilidad por los daños causados por el
animal fiero es, en general, coincidente con la posición que respecto de una
materia cercana asumió la Corte en la sentencia C-059 de 2018. En efecto, en
esa oportunidad se cuestionó la exigencia de una póliza de responsabilidad
civil a los propietarios de caninos potencialmente peligrosos (artículo 127 de
la Ley 1801 de 2016). Al abordar el estudio del
cargo este Tribunal estableció que se debía realizar un juicio intermedio de
igualdad debido a que la disposición establecía una
responsabilidad objetiva del dueño de perros clasificados como potencialmente
peligrosos, sin que tenga posibilidad de exculparse por el eventual daño que
cause el animal.
Tal afirmación implicó reconocer que un régimen de responsabilidad sin culpa es,
prima facie, constitucionalmente posible.
39. En adición a lo expuesto, es importante señalar que la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia así como la mayoría de la
doctrina, sostienen que el artículo 2354 del Código Civil no proscribe la
posibilidad de aducir válidamente la inexistencia del nexo causal. Precisamente
el referido Tribunal, en la sentencia del 6 de abril de 1989 determinó que: “[l]a prohibición
de oír la alegación del tenedor del animal sobre la inevitabilidad del daño, se
circunscribe a la mera culpa por incurrir en ella automáticamente” y, en
consecuencia, “(a)l demandado le es permitido por tanto, alegar la ausencia
del daño o la causa extraña de éste (…)”. Esta interpretación se articula
plenamente con la Constitución dado que la imposición de un deber de reparar
exige, en general, la verificación de que el resultado ha sido consecuencia de
un comportamiento que no escapa del control o radio de acción de aquel a quien
se le atribuye.
Teniendo en cuenta
los efectos patrimoniales que se predican de la responsabilidad civil, prever
que únicamente aquel cuya actuación ha causado un daño pueda ser obligado a asumir
con su patrimonio el valor de los perjuicios, constituye una forma de garantizar
el derecho de propiedad. Precisamente ese derecho
garantiza un “espacio de libertad para que las personas puedan usar y
disponer libremente de sus bienes dentro del marco jurídico”[63] y, en esa
dirección, debe garantizarse “el nivel mínimo de
ejercicio de los atributos de goce y disposición, que produzcan utilidad
económica en su titular”[64]. A ellos se opondría, al menos prima
facie, un régimen que prescinda completamente de la imputación causal de un
resultado, como condición de atribución de responsabilidad.
Tal consideración es
también armónica con el régimen de responsabilidad por el hecho de otros
o por el hecho de las cosas. En esos casos -con independencia de que sea
o no requerida la culpa- el resultado que da lugar a reparar se asocia con el
comportamiento de la persona a quien se le atribuye el incumplimiento de una
obligación prevista en el ordenamiento. En este sentido, la Corte Suprema ha
señalado que el primer tipo de responsabilidad “se erige  (…) a
consecuencia de haber faltado el llamado por ley a responder, al deber jurídico
concreto de vigilar, elegir y educar”[65],
al tiempo que la doctrina nacional, apoyándose en De Cupis, ha destacado que en
el segundo se trata de “la omisión de cuanto es necesario y debido para que
el peligro existente en la cosa no se convierta en daño o no se exteriorice o
sobrevenga” [66].
40. Advierte la
Corte, finalmente, que la forma de establecer el vínculo de causalidad así como
su rompimiento, es un asunto que, en principio, se encuentra librado a los
diseños legislativos que adopte el Congreso de la República y a la
interpretación que de ellos hagan las autoridades judiciales y la doctrina.
I.      SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
41. Le correspondió
a la Corte establecer si la expresión “no será oído” contenida en la
parte final del artículo 2354 del Código Civil vulneraba el derecho de defensa
previsto en el artículo 29 de la Constitución, al imponer al tenedor de un
animal fiero la obligación de reparar los daños causados por dicho animal, sin
que sea posible aceptar como válido -para exonerarse de responsabilidad- el
argumento de no haber podido evitar el daño. Este Tribunal destacó,
inicialmente, que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, la norma
parcialmente impugnada excluye la posibilidad de considerar como argumento
admisible la ausencia de culpa o diligencia para liberarse de la obligación de
reparar.
42. Teniendo en
cuenta que el derecho de defensa puede ser objeto de limitaciones mediante las
normas que definen reglas sustanciales de responsabilidad y que impiden el
éxito de determinados medios exceptivos, concluyó que el artículo 2354 prevé
una restricción a tal derecho al señalar, con lenguaje imperativo, que el daño
le será siempre imputable sin que sea un argumento válido –en caso de alegarlo-
la imposibilidad de evitarlo.
43. El legislador,
en virtud de la cláusula general de competencia, dispone de un amplio margen de
configuración para definir y delimitar los diversos regímenes de
responsabilidad y, en esa dirección, no existe -desde el punto de vista
constitucional- un régimen único en la materia. Son diversas las opciones y es
posible su diseño tomando en consideración, entre otras cosas, la existencia o
no de riesgos especiales, el tipo de sujetos que intervienen en el tráfico
jurídico, la mayor o menor magnitud de los costos que pretendan evitarse, así
como el tipo de incentivos que puedan crearse.
44. La regla que
impide aceptar como argumento válido la ausencia de culpa por parte del tenedor
del animal fiero encuentra fundamento: (i) en el margen de configuración del
que dispone el Congreso para regular las hipótesis de responsabilidad civil;
(ii) en la ausencia de una prohibición constitucional de establecer regímenes
de responsabilidad sin culpa o que impidan alegarla con éxito tal y como se
desprende, por ejemplo, de la sentencia C-973 de 2002 y del artículo 88 de la
Constitución; y (iii) en el hecho de que se trata de una disposición que
promueve la protección del medio ambiente y la función social de la propiedad
al contribuir a la protección de la fauna silvestre y desincentivar la tenencia
de animales que no reportan beneficio alguno para la guarda o servicio de un
predio. Señaló, en adición a ello, (iv) que la interpretación mayoritaria del
artículo 2354 no excluye la posibilidad de proponer medios de defensa
relacionados, por ejemplo, con la inexistencia del nexo causal
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE
la expresión “, no será oído” del artículo 2354 del Código Civil, por
los cargos analizados en esta sentencia.
SEGUNDO.-
Notifíquese, comuníquese, publíquese y archívese el expediente.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
En comisión
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
En comisión
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de Voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
[1] Corte Suprema de Justicia -
Sentencia Nº 14 del 6 de abril de 1989, Exp. 1887. Magistrado Ponente: Jaime
Duque Pérez.
[2] Suscribe el documento Enrique Gil
Botero, Ministro de Justicia y del Derecho.
[3] Corte Suprema de Justicia -
Sentencia Nº 14 del 6 de abril de 1989, Exp. 1887. Magistrado Ponente: Jaime
Duque Pérez.
[4] Suscribe el documento el ciudadano
Ernesto Gamboa Morales, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
[5] Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero Ponente:
Enrique Gil Botero. Sentencia del 23 de mayo de 2012. Rad. 22592.
[6] Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero Ponente:
Enrique Gil Botero. Sentencia del 23 de mayo de 2012. Rad. 22592.
[7] Corte Suprema de Justicia -
Sentencia Nº 14 del 6 de abril de 1989, Exp. 1887. Magistrado Ponente: Jaime
Duque Pérez.
[8] Suscribe el documento el ciudadano
Edgardo Villamil Portilla.
[9] Suscriben el documento Obdulio
Velázquez Posada y Jorge Oviedo Albán, docentes de derecho civil de la
Universidad de La Sabana.
[10] Suscribe el documento el ciudadano
Sebastián Escobar Torres.
[11] La doctrina ha destacado
esta doble exigencia. Así, López Mesa, indica: “(…) para que el artículo
1129 del Código Civil resulte de aplicación, es necesaria la concurrencia de
estos requisitos: 1) que el daño haya sido causado por un animal feroz y 2) que
éste no reporte ninguna utilidad para la guarda o servicio del predio en dónde
se encuentre. Vale decir entonces, qué si el animal feroz presta utilidad para
la guarda o servicio del predio, el artículo 1129 deja de aplicarse y la
responsabilidad se rige por las normas generales”. En esa misma dirección
Peirano Facio señala que “no basta que se trate de un animal feroz para que
nos coloquemos dentro del ámbito del art. 1329: es menester además, que ese
animal no reporte utilidad para la guarda o servicio del predio”.
Igualmente, Alessandri Rodríguez sostiene que “[e]l animal fiero no sólo queda regido por el art.
2326 cuando es útil para la guarda de un predio, sino también cuando lo es para
el servicio del mismo”. Al respecto puede consultarse: (i) Marcelo López
Mesa, Capítulo XIV: “Daños causados por cosas inanimadas y animales”, En:
Tratado de la Responsabilidad Civil, Tomo V (2011) Cord. Félix Trigo Represas,
Segunda edición. Ed. Fondo Editorial de Derecho y Economía: Buenos Aires;
Argentina. pp.
179; (ii) Jorge
Peirano Facio, (1948). Responsabilidad Extracontractual. Tercera
edición. Ed. Temis Librería, Bogotá: Colombia, pp. 642; (iii) Alessandri Rodríguez
(1943), De la responsabilidad extracontractual  en el derecho civil chileno.
Ed. Imprenta Universitaria: Santiago de Chile; Chile. pp. 408.
[12] El artículo 687 del Código Civil establece las
siguientes definiciones: “Se llaman animales bravíos o salvajes los que
viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los
peces; domésticos, los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo
la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas, y domesticados los
que, sin embargo de ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a la
domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio del hombre. // Estos
últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre,
siguen la regla de los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven
a la clase de los animales bravíos”.
[13] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sentencia del 4 de febrero de 2009.
[14] Alessandri Rodríguez (1943), De
la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno. Ed.
Imprenta Universitaria: Santiago de Chile; Chile. pp. 407 – Otros doctrinantes
también acuden a la enumeración para explicar el concepto de animal fiero, así,
por ejemplo: (i)
Alessandri Rodríguez, “es el animal feroz o peligroso, como los leones,
tigres, leopardos, etc.” (pp. 407); (ii) Pérez Vives, “un tigrillo, un
león, un caimán, un águila, un cóndor, etc.” (pp. 283); (iii) Fernando
Vélez, “tigre, león pantera”.
[15] Álvaro Pérez Vives (2011) Teoría
General de las Obligaciones. Volumen II. Parte Primera. Ed. Doctrina y ley:
Bogotá; Colombia, pp. 288.
[16] Jorge Peirano
Facio, (1948),  pp. 642.
[17] Alessandri Rodríguez (1943), pp.
407.
[18] Tal disposición prescribe lo siguiente: “El dueño
de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal, aún
después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño
no puede imputarse a culpa del dueño o del dependiente, encargado de la guarda
o servicio del animal. // Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que
se sirva de un animal ajeno; salva su acción contra el dueño si el daño ha
sobrevenido por una calidad o vicio del animal, que el dueño, con mediano
cuidado o prudencia, debió conocer o prever, y de que no le dio conocimiento”.
[19]Alessandri Rodríguez (1943), pp. 404-405.
[20] Marcelo López Mesa, Capítulo XIV:
“Daños causados por cosas inanimadas y animales”, En: Tratado de la
Responsabilidad Civil, Tomo V (2011) Cord. Félix Trigo Represas, Segunda
edición. Ed. Fondo Editorial de Derecho y Economía: Buenos Aires; Argentina,
pp. 180.
[21] Magistrados Héctor Marín
Naranjo y Hernán Guillermo Aldana Duque.
[22] Concluyen la
aclaración indicando: “Por lo demás, no sobra recordar que la presunción de
culpabilidad juris et de jure ha sido desechada por un vasto sector
de la doctrina en razón de no ser más que una ficción destinada, según se ha
visto, a soslayar el real meollo del problema. // En fin, estimamos que para el
examen de la constitucionalidad del precepto confrontado no era indispensable
que la cuestión se derivara hacia el análisis del fundamento de la
responsabilidad en el caso considerado porque, habiéndose centrado el ataque en
el cercenamiento del derecho de defensa tutelado por el artículo 26 de la C.
N., aquel bien se pudo haber adelantado en el exclusivo terreno procesal -como
era, además, lo que incumbía- para concluir en que, en el evento materia del
pronunciamiento, no es posible condenar al demandado sin que en frente suyo y
con su citación y audiencia, se hubiera impulsado un proceso diligenciado con
sujeción al mandato legal, pues el "... no será oído" de la parte
final del artículo 2354 es punto que entronca con el sentido y el alcance de la
responsabilidad, cuya magnitud es a la jurisdicción civil a la que compete
definir, mas no con una supuesta transgresión a los dictados de la Constitución
Nacional”.
[23] Gilberto Martínez Ravé (1990) La
Responsabilidad Civil Extracontracual en Colombia. Sexta edición, Ed.
Biblioteca Jurídica Diké: Medellín, Colombia, pp. 287.
[24] Gilberto Martínez Ravé, pp. 287.
[25] Gilberto Martínez Ravé, pp. 289.
[26] Fernando Vélez, Estudio sobre el
Derecho Civil Colombiano. Tomo IX. Segunda Edición, Ed. Imprenta París
América: París, Francia, pp. 28.
[27] Fernando Vélez, pp. 28.
[28] Álvaro Pérez Vives (2011) Teoría
General de las Obligaciones. Volumen II. Parte Primera. Ed. Doctrina y ley:
Bogotá; Colombia, pp. 284.
[29] Pérez Vives, en armonía con lo
expuesto destaca que “la tesis que [se] ve en el artículo 2354 es una
de las pocas aplicaciones que nuestro Derecho hace de la teoría del riesgo
creado (…), nuestro legislador diferenció  de modo rotundo el daño
causado por un animal doméstico o por aquellos salvajes no fieros, susceptibles
de dominio (como las abejas, palomas, ect.), del perjuicio proveniente de un
animal fiero, reglamentando esta última clase de responsabilidad en precepto
separado, que hace siempre responsable al que tenga el animal fiero e impide
oir sus descargos si los presentare”. Álvaro Pérez Vives (2011), pp. 282
[30] Alberto Tamayo Lombana, (1998) Manual
de Obligaciones: la responsabilidad civil fuente de obligaciones.  Ed.
Temis S.A.: Bogotá, Colombia,
pp. 154, 236.
[31] Alberto Tamayo Lombana, pp. 232.
[32] Alberto Tamayo Lombana, pp. 155.
[33] El Magistrado
Jaime Orlando Santofimio Gamboa manifestó su discrepancia destacando, entre
otras cosas, que no le correspondía a ese Tribunal declarar la excepción de
inconstitucionalidad en ese caso. Señaló: “A la sazón, adviértase que la
expresión tachada de inconstitucional no se refiere a la imposibilidad del
demandado de alegar en su defensa una causa extraña sino de invocar diligencia
y cuidado para desvirtuar la culpa, por cuanto, como se ha dicho, no se trata
del tradicional sistema subjetivo de responsabilidad, fundamentado en la culpa,
sino de un régimen objetivo, que si bien sólo fue propuesto a mediados del
siglo XIX, como consecuencia del desarrollo científico e industrial que trajo
la “Revolución Industrial” con el auge del maquinismo y la introducción de la
teoría del riesgo, puede afirmarse, que para la fecha de promulgación de la
codificación civil (26 de mayo de 1873) Don Andrés Bello lo previó, aunque en
relación con la máquina de la época, pues no puede perderse de vista, que el
hombre a lo largo de la historia y de su evolución se valió del animal en el
desarrollo de sus actividades económicas, tales como la agricultura, la pesca y
la caza, como instrumento de trabajo y transporte, además, de usarlo para
derivar de él su alimento, vestuario, deportes, etc. Y fue, precisamente, con
los procesos revolucionarios que el animal se vio desplazado por la maquinaria
y paulatinamente fue olvidado como herramienta de trabajo, reduciéndolo, hoy
día, principalmente, a ser objeto de afecto - mascota. // Adicionalmente,
debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia analizó el postulado
acusado a la luz de los preceptos del debido proceso dentro del cual se
encuentra el derecho de defensa y acceso a la administración de justicia, los
cuales fueron incluidos en el ordenamiento constitucional actual, sin
modificaciones esenciales que hicieran necesario un nuevo juicio de
constitucionalidad de la norma. //Finalmente, en relación con la forma como se
aplicó la excepción de inconstitucionalidad, debe decirse que no obedeció a su
técnica, pues, si bien el juez contencioso puede, por vía de excepción,
inaplicar una norma que encuentra inconstitucional, en el caso concreto, este
juicio corresponde a la parte motiva de la providencia, donde se explica por
qué la norma o una parte de ella no resulta aplicable y cuáles son los
preceptos constitucionales que ella desconoce o los derechos fundamentales que
con su aplicación se trasgreden, sin que sea dable al Contencioso
Administrativo invadir la esfera del juez constitucional declarando la inconstitucionalidad
de la norma “por vía de excepción” en la parte resolutiva de la sentencia,
porque, se insiste, sólo la Corte Constitucional cuenta con la competencia
funcional para declarar con efectos erga omnes la inconstitucionalidad de las
normas legales, de modo que debe hacerse claridad en este sentido”.
[34] Al respecto Martínez Ravé (1990)
afirma que “es imposible creer que la ley impida  al demandado demostrar que
no existió nexo de causalidad entre el hecho (intervención del animal) y el
resultado dañoso. No es posible que el que tenga un animal fiero no pueda
demostrar que el animal no ocasionó el daño, que el daño es consecuencia de un
rayo, de un caso fortuito o fuerza mayor, es decir que el nexo causal no
existió” (pp. 287).
[35] En términos de Javier Tamayo, “la
culpa consiste en tener un animal fiero sin necesidad ni utilidad; por ello,
probada la tenencia del animal sin necesidad ni utilidad (establecida la
culpa), el demandado no puede desvirtuarla, pues ya está probada y no tiene
sentido la prueba de la diligencia y cuidado. (…) [También expone que]
el demandado se exoneraba probando cualquiera causa extraña, ahora pensamos que
la fuerza mayor o el hecho de un tercero deben ser asumidos por el responsable”.
Javier Tamayo Jaramillo (2007), Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo
I. Segunda Edición. Ed. Legis: Colombia,  pp.1410 y 1411.
[36] En sentido similar, sosteniendo la
imposibilidad de exonerarse a la luz del régimen chileno, Alessandrí Rodríguez
sostiene: “(…) si
el daño ha sido causado por un animal fiero de que no se reporta utilidad para
la guarda o servicio de un previo, el que lo tenía no puede exonerarse de
responsabilidad, ni aun probando el caso fortuito o la culpa exclusiva de la
víctima o de un tercero. (…) Hay una presunción de derecho de que el daño
sobrevino por su culpa: ésta no consiste en la falta de vigilancia sino en el
hecho de tener semejante animal, y como ella subsiste mientras lo tenga en su
poder, no puede relevarse de responsabilidad, puesto que la sola realización
del daño está demostrada porque lo tenía en su poder” Alessandri Rodríguez (1943), De
la responsabilidad extracontractual  en el derecho civil chileno. Ed.
Imprenta Universitaria: Santiago de Chile; Chile.  pp. 419.
[37] C-818 de 2012.
[38] En tal dirección se encuentran,
por ejemplo, las sentencias C-587 de 1992, C-060 de 1994,  C-153 de 1994, C-720
de 2007 y C-394 de 2017.
[39] Sentencia C-445 de 1995. Dijo la
Corte en esa oportunidad: “Según uno de los ciudadanos
intervinientes, la Corte Constitucional debería en este caso estarse a lo
resuelto en la sentencia No 17 del 15 de febrero de 1990, por medio de la cual
la Corte Suprema de Justicia examinó y declaró constitucionales las
disposiciones acusadas. Según su criterio, si bien la Corte Suprema examinó
estas normas frente a la Constitución derogada, los principios que tuvo en
cuenta son exactamente los mismos que consagra la Carta de 1991 en materia
tributaria, a saber la progresividad, la equidad y la eficiencia del sistema
tributario, por lo cual existe cosa juzgada constitucional. Esta Corporación no comparte el criterio de este interviniente y
considera que procede un pronunciamiento de fondo sobre las disposiciones
acusadas, ya que en este caso no opera la cosa juzgada material, puesto que la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia se efectuó con base en la
Constitución derogada. En tales circunstancias, incluso si los principios que
rigen el sistema tributario en el actual ordenamiento constitucional fueran los
mismos que aquellos de la Carta derogada, sería necesario un nuevo examen de
constitucionalidad por esta Corporación. En efecto, es deber de la Corte
Constitucional confrontar las normas acusadas no únicamente en relación con los
cargos aducidos por el actor sino frente a la totalidad de la Carta que hoy nos
rige, con el fin de determinar si se ajustan o no a sus mandatos. Los
principios que gobiernan el sistema tributario no pueden ser interpretados
aisladamente sino integrados al conjunto de la normativa constitucional. En
tales circunstancias, es obvio entonces que normas tributarias que podían ser
constitucionales, conforme a la Carta anterior, pueden por el contrario
resultar opuestas a las disposiciones de la Carta de 1991. Por ello,  en
anteriores ocasiones, esta Corporación ya había establecido que las "decisiones
adoptadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia antes de la vigencia de la
Carta de 1991, no hacen tránsito a cosa juzgada material, toda vez que el
examen realizado por esa Corporación no comprendió las disposiciones de la
actual Constitución”.
[40] En ese sentido, entre otras, las
sentencias C-159 de 1997, C-336 de 1999 y C-043 de 2006.
[41] Tales hipótesis, reiteradas en
numerosas oportunidades, fueron recordadas recientemente en la sentencia C-010
de 2018.
[42] Sentencia C-341 de 2014. En igual
sentido se encuentran las sentencias SU -544 de 2001, C-758 de 2013, C-537 de
2016.
[43] C-341 de 2014. También con ese
alcance se encuentran las sentencias C- 725 de 2000, T-536 de 2009, C-980 de
2010, T-719 de 2012,  C-083 de 2015, T-714 de 2017.
[44] Sentencias C-431 de 2014 y C-083
de 2015.
[45] Sentencia C-248 de 2013.
[46] Sentencia C-670 de 2004.
[47] Sentencia T-778
de 2004. Con semejante orientación están las sentencias C-025 de 2009, C-315 de
2012, C-594 de 2014, C-496 de 2015, C-166 de 2017.
[48] Sentencia T-909 de 2006.
[49] Sentencia T-025 de 2018.
[50] Sentencia T-616 de 2016.
[51] Sobre la
orientación de la Corte Suprema de Justicia en esta materia pueden consultarse,
entre muchas otras, las decisiones de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia de fecha 24 de agosto de 2009, 26 de agosto de 2010, 6 de
octubre de 2015, 6 de mayo de 2016, 12 de enero de 2018, 1 de febrero de 2018 y
12 de Junio de 2018.
[52] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Sentencia del 24 de mayo de 2017, N. 7110.
[53] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Sentencia del 24 de mayo de 2017, N. 7110.
[54] Recientemente, refiriéndose a la
materia indicó este Tribunal en la sentencia C-225 de 2017: “24.  En aplicación de esta lógica, a pesar de que la
Corte Constitucional haya considerado, en un primer momento, que la presunción
de inocencia del artículo 29 de la Constitución Política, así como el principio
de dignidad humana fundaban una proscripción absoluta de toda forma de
responsabilidad objetiva, es decir, aquella en la que basta con probar la
ocurrencia del hecho dañino imputable al sujeto, para que le fuera atribuida la
responsabilidad, sin tomar en consideración el elemento volitivo culpa o de
responsabilidad subjetiva (…), y formuló, como principio el nulla poena sine culpa (…),
ha aceptado tanto excepciones, como modulaciones. Así, este tribunal ha
declarado la constitucionalidad de formas de responsabilidad objetiva, por
ejemplo la presente en materia cambiaria (…), pero ha sometido este tipo de responsabilidad
a una serie de condiciones que determinan su proporcionalidad frente a la
afectación del principio de culpabilidad, derivado de la presunción de
inocencia: (i) no pueden tratarse de medidas que priven de derechos al
destinatario o a terceros; (ii) sólo pueden ser sanciones de tipo monetario; y
(iii) no pueden ser graves en términos absolutos o relativos (…). De esta
manera, se estableció la excepcionalidad de la responsabilidad sin culpa, la
que implica que cuando el legislador ha guardado silencio, se debe entender que
el régimen previsto es de responsabilidad subjetiva (…). En desarrollo del
carácter excepcional de la responsabilidad objetiva, recientemente esta Corte
declaró que la pérdida de investidura, sanción grave pronunciada por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, no puede ser decretada sin mediar un análisis
suficiente del elemento subjetivo dolo o culpa, como garantía del derecho al
debido proceso (…)”.
[55] Sentencia C-1141 de 2000.
[56] El artículo 249 del Decreto 2811 de
1974 estableció: “Entiéndese
por fauna silvestre el conjunto de animales que no han sido objeto de
domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han
regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies
que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático”.
[57] El
artículo 258 del Decreto 2811 de 1974 prescribe que le corresponde a la Administración Pública, en lo relativo a fauna
silvestre y caza: a). Establecer y administrar zonas de protección,
estudio y propagación de animales silvestres, sin perjuicio de derechos
adquiridos o del interés social; b). Clasificar los animales silvestres y
determinar los que puedan ser objeto de caza y las especies que requieran tipo
especial de manejo. c). Adelantar estudios sobre fauna silvestre, mediante
labores de investigación, para lograr un manejo adecuado del recurso; d).
Velar por la adecuada conservación, fomento y restauración de la fauna
silvestre. e). Prohibir o restringir la introducción, transplante, cultivo
y propagación de especies silvestres perjudiciales para la conservación y el
desarrollo del recurso; f). Ejecutar las prácticas de manejo de la fauna
silvestre mediante el desarrollo y la utilización de técnicas de conservación y
aprovechamiento. g). Crear y vigilar el funcionamiento de jardines zoológicos y
similares colecciones de historia natural y museos; h). Imponer vedas
periódicas o temporales o prohibiciones permanentes y fijar las áreas en que la
caza puede practicarse y el número, talla y demás características de los
animales silvestres y determinar los productos que puedan ser objeto de
aprovechamiento según la especie zoológica; i). Realizar directamente el
aprovechamiento del recurso cuando ello se justifique por razones ecológicas,
económicas o sociales, sin perjuicio de derechos adquiridos o de interés
público; j). Autorizar la venta de productos de la caza de subsistencia
que por su naturaleza no puedan ser consumidos por el cazador y su
familia; k). Tomar las demás medidas autorizadas por ley o
reglamento. En la sentencia C-439 de 2011 señaló este Tribunal: “De esta forma, a partir del año 1974 no es posible a
los particulares reclamar ningún derecho sobre especies de fauna silvestre y,
en consecuencia tampoco es posible la tenencia de estos animales y su libre
transporte por particulares. Corresponde a la Administración Pública regular el
tema relativo a su clasificación, establecimiento y administración de las zonas
de protección, velar por su conservación, prohibir o restringir la introducción,
trasplante, transporte, cultivo y propagación de especies silvestres, imponer
vedas, señalar en qué casos es posible su aprovechamiento, así como autorizar o
restringir la caza por razones de subsistencia  o de comercialización”.
[58] Sentencia C-431
de 2000, reiterada por Sentencia T-154 de 2013: “ (…) se reconoce el medio ambiente
sano como un derecho del cual son titulares todas las personas (…) [y] se le
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e
integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar
las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7)
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al
ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas de frontera.”
[59] Indicó la Corte: “Como de manera
acertada lo señaló el Jefe del Ministerio Público en su intervención, en la
actualidad no es posible a los particulares ejercer tenencia alguna sobre
especies de fauna silvestre, salvo en aquellos especiales casos regulados por
la ley; circunstancia que lleva a esta Sala a inferir que la prohibición de
transportar estas especies en el servicio público de pasajeros, guarda
coherencia no sólo con la finalidad de seguridad y salubridad propia del
servicio de transporte público de pasajeros, sino principalmente con el
propósito constitucional de proteger la biodiversidad e integridad del ambiente
y garantizar su conservación en concordancia con los artículos 79 y 80 de la
Carta, en atención a que estas especies forman parte del patrimonio biológico y
ecológico del país, lo que de suyo impide su libre tránsito a través de
cualquier modo de transporte. De allí que estas potísimas razones de interés
social se encuentren suficientes, necesarias y proporcionadas para encontrar
exequible la medida que se reprocha en cuanto dice a la fauna silvestre, cuya
categoría comprende los animales fieros o salvajes y silvestres señalados en
los “Cites” (…) así como los “domesticados”, dada la prohibición expresa
de cautiverio de estas especies y la obligación de las autoridades de ordenar
el decomiso de las mismas y reintegrarlas a su hábitat”.
[60] En la sentencia C-589 de 1995, que
luego sería retomada en decisiones posteriores, la Corte indicó lo siguiente: “La función social de la propiedad presenta diversas y
matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de
los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella
emanan, así como también por la posición económica de las personas que la
poseen. "La función social tiene, por una parte, el significado de moderar
y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que por otra parte,
le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad."
[61] Así fue establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-673 de 2001. La estructura del juicio allí
propuesta fue reiterada, entre otras, en las sentencias C-114 y C-115 de 2017.
[62] Jules L Coleman (2010), Riesgos y
Daños. Ed. Marcial Pons: Madrid; España. pp. 287.
[63] C-189 de 2006. Al respecto pueden
consultarse también las sentencias C-1174 de 2004, C-1133 de 2009 y C-278 de
2014.
[64] C-189 de 2006.
[65] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Sentencia del 22 de mayo de 2000, N. 6264. Al respecto indicó: “La responsabilidad civil por el hecho ajeno se
erige entonces a consecuencia de haber faltado el llamado por ley a responder,
al deber jurídico concreto de vigilar, elegir y educar; lo que en el fondo
constituye una garantía que ofrece la ley a los damnificados en aras de esa
debilidad a que antes se hacía referencia. Responsabilidad que actúa en la
medida en que se encuentre cabalmente definida o acreditada la responsabilidad
civil del directamente responsable”.
[66] Jorge Santos Ballesteros, (2012) Responsabilidad
Civil, Parte General. Tomo I, Tercera Edición. Ed. Temis: Bogotá, Colombia.
pp 290.