T-090-16
Sentencia
T-090/16
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION
PENSIONAL-Procedencia excepcional a favor de
sujetos de especial protección constitucional o personas en circunstancias de
debilidad manifiesta
Por regla general, atendiendo el principio de subsidiariedad, la
acción de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento del derecho a
la sustitución pensional. Sin embargo, la Corte ha estimado que, dada la
necesidad de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales, se deben
considerar las siguientes excepciones a dicha regla de improcedencia: (i)
cuando los medios ordinarios de defensa no resultan aptos, idóneos y eficaces
para la protección de los derechos fundamentales amenazados porque, por
ejemplo, el beneficiario de la sustitución pensional es un sujeto de especial
protección constitucional o se encuentra en circunstancia de debilidad
manifiesta, la acción de tutela procede como instrumento definitivo para
salvaguardarlos; (ii) a pesar de existir un medio ordinario de protección
idóneo y eficaz, se hace necesario evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable sobre los derechos fundamentales del actor. En tal caso, si se
trata de un sujeto de especial protección constitucional, conforme lo establece
el artículo 13 Superior, la caracterización del perjuicio debe responder a un
criterio más amplio; (iii) el asunto puesto a consideración del juez de tutela
supone un problema de relevancia constitucional; y (iv) existe prueba, al menos
sumaria, de la titularidad del derecho exigido y de que se ha desplegado cierta
actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la protección invocada.
SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza,
finalidad y principios constitucionales
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Cuando respecto del pensionado existe un compañero(a) permanente y
una sociedad conyugal anterior que no fue disuelta, la sustitución se divide
entre el cónyuge y el compañero en proporción al tiempo que convivieron con el
causante
Las disputas que
puedan presentarse entre el cónyuge y el compañero o la compañera permanente
supérstite en torno al derecho a la sustitución pensional pueden ocurrir, o
bien porque este convivió simultáneamente con su cónyuge y su compañera o
compañero permanente, o bien porque, al momento de su muerte, tenía un
compañero permanente y una sociedad conyugal anterior que no fue disuelta, o un
compañero o compañera permanente y una unión conyugal vigente, con separación
de hecho. En este último evento, no hace falta que el cónyuge supérstite
demuestre que convivió con el causante durante los últimos cinco años de su
vida, sino, solamente, que convivió con él o ella más de cinco años en
cualquier tiempo.
DERECHO A LA
SUSTITUCION PENSIONAL PARA EL CONYUGE SUPERSTITE SEPARADO DE HECHO QUE CONSERVE
VIGENTE LA SOCIEDAD CONYUGAL-Para su reconocimiento debe demostrar vínculo matrimonial y convivencia
igual o superior a cinco años en cualquier tiempo
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Requisitos que debe acreditar cónyuge o compañera(o) permanente del
causante, ser mayor de 30 años de edad y demostrar la vida marital durante los
5 años anteriores a la muerte
La prestación se concede en forma vitalicia a quienes tienen 30 años
de edad o más a la fecha del fallecimiento del causante y a quienes, teniendo
menos edad, procrearon hijos con este. A los primeros, sin embargo, se les
exige un requisito adicional cuando aspiran a la sustitución pensional (es
decir, cuando el causante de la prestación ya tenía el status de pensionado).
Para ser beneficiario de la sustitución, el cónyuge o el compañero o compañera
permanente que contaba con 30 años de edad o más al momento del fallecimiento
del pensionado debe demostrar que hizo vida marital con él hasta su muerte y
que convivió al menos cinco años continuos antes de que falleciera. Quienes, en
contraste, aspiran a una pensión de sobreviviente no tienen que acreditar ese
requisito de convivencia.
CONCEPTO DE CONVIVENCIA-No supone necesariamente, habitación bajo el mismo techo
La convivencia que exige la Ley 797 de 2003, más allá de la
cohabitación, supone la existencia de lazos propios de la vida en pareja, como
el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico y el acompañamiento espiritual.
Por eso, aplicando también en este punto la jurisprudencia de la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, este alto tribunal ha considerado que la
ausencia de cohabitación no descarta la convivencia, cuando se fundamenta en
causas justificadas, relacionadas, por ejemplo, con cuestiones de salud,
obligaciones u oportunidades legales, imperativos legales u económicos, entre
otros. La multiplicidad de factores que pueden incidir en la acreditación del
requisito de convivencia demanda una exigente labor de valoración probatoria.
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Orden reconocer 50%, por cuanto convivió por más de 5 años y el
vínculo conyugal se mantuvo vigente hasta el fallecimiento del causante
Referencia:
expediente T-5.004.773
Demandante:
Victoria Parada Morales
Demandado:
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos
mil dieciséis (2016)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Jorge Iván Palacio Palacio y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la
providencia proferida, en segunda instancia, por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el veintidós (22) de mayo de dos mil
quince (2015), que revocó la sentencia dictada, en primera instancia, por el
Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, el trece
(13) de febrero de dos mil quince (2015), dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. La
solicitud
El dos (2) de
febrero de dos mil quince (2015), la señora Victoria Parada Morales impetró acción
de tutela contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a una vida digna, presuntamente vulnerados por
dicha entidad al negar la sustitución de la pensión de vejez solicitada.
2. Reseña
fáctica
2.1. Manifiesta la accionante que el 7 de
octubre de 1993, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, mediante Resolución N.°1953, reconoció una pensión mensual vitalicia
de jubilación a su esposo, Jorge Enrique Contreras Acosta, quien falleció el 26
de septiembre de 2013.
2.2. Refiere que, el 7 de octubre de 2013,
solicitó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia la
sustitución de la pensión de vejez del señor Contreras, en razón a que convivió
con él 15 años, desde 1966 hasta 1981, fecha para la cual su cónyuge abandono
el hogar. Así mismo, porque a pesar de la separación de hecho, la sociedad
conyugal siguió vigente y su esposo Jorge Enrique Contreras Acosta mantuvo su
afiliación a los servicios de salud como beneficiaria.
2.3. Indica que, el 1 de agosto de 2014, el Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante Resolución
N.°1843, reconoció el 50% de la sustitución
pensional del causante a su hija menor de edad, Valentina Contreras Puerta, a
través de su madre Luz Janelly Puertas Grisales. De igual manera, dejó en
suspenso el 50% restante hasta que la instancia judicial competente defina si
su reclamación como esposa del señor Contreras Acosta es procedente, toda vez que
no acreditó haber convivido, de forma continua, con el pensionado sus últimos 5
años de vida. Sostiene que, en desacuerdo con lo
anterior, presentó el recurso de reposición contra la mencionada resolución.
2.4. Informa que, el 6 de octubre de 2014, el Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante Resolución
N.°2560, resolvió el recurso de reposición y
confirmó lo decidido en la Resolución N.°1843, con base en los mismos
argumentos.
2.5. Señala que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha
determinado que los cónyuges, separados de hecho, podrían tener derecho a la
pensión de sobrevivientes en relación al tiempo convivido con el causante, pues
bastaría que la sociedad conyugal no se haya liquidado. Del mismo modo, manifiesta
que tiene 73 años de edad y depende económicamente de su hija, Lidia Victoria
Contreras Parada, quien no cuenta con un trabajo estable.
2.6. En razón de lo
expuesto, la accionante solicita, mediante la acción de tutela, que se ordene
al Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia reconocerle el 50% restante de la
sustitución de la pensión de vejez de su esposo.
3.
Oposición a la demanda de tutela
La acción de tutela objeto del presente
pronunciamiento, fue tramitada por el Juzgado Treinta y Nueve
Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, despacho judicial que,
mediante auto de tres (3) de febrero de dos mil quince (2015), admitió la
demanda y corrió traslado a la entidad demandada para efectos
de que ejerciera su derecho a la defensa.
3.1. Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia
José Jaime
Azar Molina, Subdirector de Prestaciones Sociales del Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, solicitó al juez de tutela denegar el
amparo invocado por improcedente, toda vez que la
accionante cuenta con otro mecanismo judicial para la defensa de sus derechos.
Así mismo, al advertir que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
4. Pruebas que obran en el expediente
Durante el
trámite de la acción de tutela, las partes allegaron, entre otras, las
siguientes:
·
Copia de la petición de 7 de octubre de 2013,
por medio de la cual la señora Victoria Parada Morales solicita al Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia la sustitución de la
pensión de vejez de su esposo (folio 16).
·
Copia del Registro Civil de Defunción del señor
Jorge Enrique Contreras Acosta (folio 17).
·
Copia del Registro Civil de Matrimonio de los
señores Jorge Enrique Contreras y Victoria Parada Morales (folio 18).
·
Copia del Registro Civil de Nacimiento de la
señora Victoria Parada Morales (folio 19).
·
Copia de las Declaraciones Extra Juicio rendidas
por los señores María Isabelina Meneses de Aponte, Henry Ramírez Romero,
Victoria Parada Morales y Yolanda Espinel de Plazas (folios 20 a 23).
·
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Victoria Parada Morales (folio 24).
·
Copia de la sentencia SL 1510 de 5 de febrero de
2014, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Luz Asuad de Olano contra la
Caja Nacional de Previsión Social (folios 25 a 44).
·
Copia de la Resolución N.°1843 de 1 de agosto de
2014, proferida por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia (folios 45 a 50).
·
Copia de la petición de 19 de agosto de 2014,
por medio de la cual la señora Victoria Parada Morales presenta el recurso de
reposición contra la Resolución N.°1843 de 2014, proferida por el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (folios 51 y 52).
·
Copia de la Resolución N.°2560 de 6 de octubre
de 2014, proferida por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia (folios 53 a 58).
·
Copia de la certificación emitida, el 11 de
noviembre de 2014, por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia y mediante la cual se hace constar que la señora Victoria Parada
Morales está afiliada a dicha entidad adaptada en salud, en el régimen
contributivo, como beneficiaria especial, cónyuge, desde el 1 de enero de 1998
(folio 60).
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
Primera
instancia
Mediante
sentencia de trece (13) de febrero de dos mil quince (2015), el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Conocimiento de
Bogotá, negó por improcedente el amparo solicitado al
considerar que en el caso objeto de estudio la accionante cuenta con otro
mecanismo judicial para la defensa de sus derechos. Así mismo, al advertir que
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
De igual
manera, advierte que en el caso de la referencia tampoco se cumple con el
requisito de inmediatez, toda vez que la demandante acude a la acción de tutela
a controvertir actos administrativos que se profirieron hace cuatro meses.
Estimó que
la demandante no demostró de qué manera la negativa de la entidad accionada de reconocerle
la cuota parte de la sustitución pensional podía perjudicar su estilo de vida,
pues, en primer lugar, no se trata de la interrupción de una prestación ya reconocida
que afecte de forma considerable su mínimo vital y, en segundo lugar, cuenta
con el apoyo de su hija para atender sus necesidades básicas.
En desacuerdo con lo anterior, la accionante presentó el
recurso de apelación.
Segunda
Instancia
El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, mediante providencia
proferida el veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015), revocó la
sentencia impugnada y, en su lugar, ordenó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia “emitir
un acto administrativo, a través del cual reconozca y pague a la actora el 50%
de la pensión que en vida era recibida por el señor Jorge Enrique Contreras
Acosta, en calidad de beneficiaria de la sustitución pensional”. Lo
anterior, con base en los siguientes argumentos:
Determinó que la acción de
tutela es procedente para resolver el problema jurídico planteado por la
accionante porque, en primer lugar, es un sujeto de especial protección
constitucional en razón a su avanzada edad, en segundo lugar, porque carece de
los ingresos necesarios para solventar sus necesidades, pues depende únicamente
de su hija y, en tercer lugar, porque la accionante estuvo inscrita en el servicio
de salud, en calidad de beneficiaria de su esposo, hasta que este falleció.
Ahora bien, respecto al derecho
de la accionante a ser beneficiaria de la sustitución de la pensión de vejez de
su esposo, el Tribunal transcribió el Artículo 13, inciso 3°, literal b de
la Ley 797 de 2003, según el cual, “En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente
será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente
la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al
literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante
siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente”. El texto subrayado fue declarado
exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-1035 de 2008, en el entendido de que además de
la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al
tiempo de convivencia con el fallecido.
Aunado a lo
anterior, dicha Corporación cito la sentencia SL 1510, proferida por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 5 de febrero de 2014, en la
que el Alto Tribunal recordó que:
“en
decisiones más
recientes
del 24 de enero y 13 de marzo de 2012, Rads. 41637 y 45038 respectivamente, se
introdujo una nueva modificación al criterio anterior, consistente en
ampliar la interpretación que ha desarrollado la Sala sobre el tema, según la
cual, lo dispuesto en el inc. 3° lit. b) del Art. 13 de la L. 797 de 2003 y la
postura de otorgarle una cuota parte o la pensión a «quien acompañó al
pensionado o afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le
brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar
separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que
alude la normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse previos al
fallecimiento, sino en cualquier época», se debe aplicar también en los
casos en que no exista compañera o compañero permanente al momento del
fallecimiento del afiliado o pensionado. Ello toda vez que «si el
derecho incorporado en ese literal, otorgaba esa prerrogativa a la (el) cónyuge
cuando mediaba una (un) compañera (o) permanente, no podía existir argumento en
contra, ni proporcionalidad alguna, que se le restara cuando aquella no se
hallaba, pues entonces la finalidad de la norma no se cumplía, es decir, no se
proveía la protección al matrimonio que el legislador incorporó, haciendo la
salvedad, de que la convivencia en el matrimonio, independientemente del
periodo en que aconteció, no podía ser inferior a 5 años, según lo dispuesto en
la preceptiva». Queda así armonizado el contenido de la citada norma con
criterios de equidad y justicia, lo que implica un estudio particular en cada
caso.” (Subrayado fuera del texto original)
Sostiene que el
causante, Jorge Enrique Contreras y la accionante, Victoria Parada Morales contrajeron
matrimonio católico el 4 de enero de 1966, procrearon tres hijos y convivieron
15 años, desde 1966 hasta 1981. Así mismo, advierte que, después de la
separación de hecho, el señor Contreras continuó en contacto telefónico con su cónyuge
y la visitó “de tiempo en tiempo”[1], también, mantuvo su afiliación
al servicio de salud como su beneficiaria. Por último, señala que el de cujus
nunca disolvió la sociedad conyugal, ni convivió con otra persona después
de que abandono a su esposa.
De conformidad
con lo expuesto, el Tribunal consideró que “estas circunstancias encuadran
en el supuesto de hecho que corresponde al precepto contemplado en el inciso 3°
del Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 13 de la Ley
797 de 2003, que introdujo una reforma en materia de los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes consistente en que, si bien la convivencia con el
causante sigue siendo el requisito fundamental para que el cónyuge o el compañero
o la compañera permanente accedan a esa prestación por muerte, se estableció
una excepción a esa regla general, con el fin de conferirle también la
condición de beneficiario al cónyuge separado de hecho que conserve vigente el
vínculo matrimonial, quien tendrá derecho a la pensión en proporción al tiempo
de convivencia con el de cujus. (…)
En el presente
caso, la señora Victoria Parada Morales en su condición de cónyuge separado de
hecho mantiene vigente el vínculo matrimonial con el de cujus, por lo que en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, confiere el
derecho a la cuota parte de la pensión otorgada al señor Jorge Enrique
Contreras por los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en el porcentaje que le
fue suspendido por el Fondo de Pasivo Social de esa misma entidad”.
III. PRUEBAS SOLICITADAS EN
SEDE DE REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Mediante Auto de nueve (09) de septiembre
de dos mil quince (2015), el Magistrado Sustanciador consideró que para
proferir la decisión de fondo, era necesario vincular al presente tramite a la
señora Luz Llanelly Puertas Grisales, madre de la hija menor de edad del señor
Jorge Enrique Contreras Acosta. Así mismo, recaudar algunas pruebas para
verificar hechos relevantes del proceso. En consecuencia, resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO:
Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIESE a
Cafesalud E.P.S., para que, en el término de tres (3) días siguientes a la
notificación del presente proveído, informe a esta Corporación, la dirección de
domicilio y número telefónico que tenga registrado en su base de datos respecto
de la señora Luz Llanelly Puertas Grisales, identificada con la cédula de
ciudadanía N.°24.413.885, quien según el Registro Único de Afiliados a la
Protección Social-RUAF- aparece como afiliada en el Régimen Subsidiado, a
través de Cafesalud E.P.S., en el departamento de Risaralda, municipio de Apia,
como cabeza de familia, con el fin de vincularla al trámite de la acción de
tutela de la referencia.
SEGUNDO:
Por
Secretaría General, OFICIESE a la señora Victoria Parada Morales para
que, en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la
notificación de este auto, se sirva informar a esta corporación, con los
correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, lo siguiente:
·
De
qué forma dependía económicamente del señor Jorge Enrique Contreras Acosta
·
Si
tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos
·
Quiénes
integran actualmente su núcleo familiar, de dónde derivan sus ingresos
económicos y si tiene alguna profesión, arte u oficio
·
Si
es dueña de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso positivo, cuál es su
valor y la renta que pueda derivar de ellos
·
¿Cuál
es su situación económica actual?
·
Si
se encuentra afiliada a alguna entidad de salud y, en caso afirmativo, señale
si es en calidad de cotizante o beneficiaria
·
¿Cuánto
tiempo y hasta cuando convivió con el causante?
·
Si
ha adelantado proceso ordinario laboral tendiente a obtener el reconocimiento
pensional pretendido. En caso afirmativo, señale cuándo y dónde lo realizó.
Para el efecto, anexe los documentos que permitan corroborarlo. En caso
negativo, manifieste por qué razón no lo ha adelantado.
·
La
relación de gastos mensuales por todo concepto (alimentación, vestuario, salud,
recreación, vivienda, préstamos, etc.), con los correspondientes soportes que
así lo acrediten
·
La
dirección de residencia de la señora Luz Llanelly Puertas Grisales si la conoce
TERCERO:
ORDENAR a
la Secretaría General de la Corporación que, una vez hayan sido recepcionadas
las pruebas requeridas, le informe al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia y a la señora Victoria Parada Morales para que se
pronuncien sobre las mismas, en el término de tres (3) días hábiles, plazo
durante el cual, el expediente quedará en la Secretaría General.”
2. La Secretaria
General de la Corte Constitucional informó al Magistrado Sustanciador que, en
la recepción de esta Corporación, el 15 y 16 de septiembre de 2015, se
recibieron los Oficios N.° RC-CF-REQ-35700 y OPT-A-1024/2015, suscritos por
Ernesto Julio Niño Moreno, Director de Operaciones de Cafesalud EPS y, Victoria
Parada Morales, respectivamente. Así mismo, se adjuntaron varias pruebas
documentales.
3. El 18 de
septiembre de 2015, la Secretaria General de la Corte Constitucional informó al
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y a la señora
Victoria Parada Morales de la recepción de las anteriores pruebas, las cuales
puso a su disposición los días 21, 22 y 23 de septiembre.
4.
Mediante Auto de veinticuatro (24) de septiembre de dos mil quince (2015), el
Magistrado Sustanciador consideró necesario recaudar algunas pruebas para
verificar hechos relevantes del proceso. En consecuencia, resolvió lo
siguiente:
“Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFÍCIESE
al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para que, en
el término de tres (3) días siguientes a la notificación del presente proveído,
informe a esta Corporación, la dirección de domicilio y número telefónico que
tenga registrado en su base de datos respecto de la señora Luz Llanelly Puertas
Grisales, identificada con la cédula de ciudadanía N. ° 24.413.885, y quien
según Resolución N.° 1843 de 2014 fue reconocida como representante legal de la
menor Valentina Contreras Puertas, con el fin de vincularla al trámite de la
acción de tutela de la referencia.
Así mismo, remita copia del acto administrativo por medio del cual
reconoció a la señora Victoria Parada Morales, identificada con la cédula de
ciudadanía N.° 20.286.720, en virtud de un fallo de tutela, el 50% de la
pensión causada por el señor Jorge Enrique Contreras Acosta.”
5. La
Secretaria General de la Corte Constitucional informó al Magistrado
Sustanciador que, en la recepción de esta Corporación, se recibió el Oficio N.°
A-3144 de 2015 suscrito por José Jaime Azar Molina, Subdirector de Prestaciones
Sociales del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. De
igual manera, se adjuntaron varias pruebas documentales.
6. Mediante Auto
de dos (02) de octubre de dos mil quince (2015), el Magistrado Sustanciador
consideró que para proferir la decisión de fondo, era necesario vincular al
presente tramite a la señora Luz Llanelly Puertas Grisales, madre de la hija
menor de edad del señor Jorge Enrique Contreras Acosta. Así mismo, recaudar
algunas pruebas para verificar hechos relevantes del proceso. En consecuencia,
resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: ORDENAR que por conducto de la
Secretaría General, se ponga en conocimiento de la señora Luz Llanelly Puertas
Grisales, el contenido de la demanda de tutela que obran en el expediente
T-5.004.773 para que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
del presente auto, se pronuncie respecto de los hechos, las pretensiones y el
problema jurídico que plantea la aludida acción de tutela.
SEGUNDO: Por Secretaría General, OFÍCIESE a la
señora Luz Llanelly Puertas Grisales, para que, en el término de tres (3) días
hábiles contados a partir de la notificación de este auto, se sirva informar a
esta corporación, con los correspondientes documentos que respalden sus
afirmaciones, lo siguiente:
·
Cuánto tiempo y hasta cuándo convivio con el señor Jorge
Enrique Contreras Acosta
·
Si dependía económicamente del señor Jorge Enrique
Contreras Acosta
·
¿Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos?
·
¿Quiénes integran actualmente su núcleo familiar, de dónde
deriva sus ingresos económicos y si tienen alguna profesión, arte u oficio?
·
¿Si es dueña de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso
positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos?
·
¿Cuál es su situación económica actual?
·
¿Informe si se encuentra afiliada a alguna entidad de salud y,
en caso afirmativo, señale si es en calidad de cotizante o beneficiaria?
·
La relación de gastos mensuales por todo concepto
(alimentación, vestuario, salud, recreación, vivienda, préstamos, etc.), con
los correspondientes soportes que asi lo acrediten
·
Si ha adelantado proceso ordinario laboral tendiente a obtener
el reconocimiento pensional pretendido. En caso afirmativo, señale cuándo y
dónde lo realizó. Para el efecto, anexe los documentos que permitan
corroborarlo. En caso negativo, manifieste por qué razón no lo ha adelantado.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaria General de la
Corporación que, una vez hayan sido recepcionadas las pruebas requeridas, le
informe al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y a
la Señora Victoria Parada Morales para que se pronuncien sobre las mismas, en
el término de tres (3) días hábiles, plazo durante el cual el expediente quedará
en la Secretaria General.”
7. La Secretaria
General de la Corte Constitucional informó al Magistrado Sustanciador que en la
recepción de esta Corporación, se recibió un Oficio suscrito por la señora Luz
Llanelly Puerta Grisales, junto con pruebas documentales y fotográficas.
8. La Secretaria
General de la Corte Constitucional informó al Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia y a la señora Victoria Parada Morales de
la recepción de las anteriores pruebas, las cuales puso a su disposición. Sobre
dichos documentos, las dos partes allegaron escritos manifestando sus opiniones
al respecto.
9.
Mediante Auto de nueve (09) de octubre de dos mil quince (2015), el Magistrado
Sustanciador consideró que para proferir la decisión de fondo era necesario
recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes del proceso. En
consecuencia, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Por Secretaría General, OFÍCIESE al Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para que, en
el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de
este auto, se sirva informar a esta Corporación, con los correspondientes
documentos que respalden sus afirmaciones, lo siguiente:
·
La fecha en la cual fue incluida en nominada la señora Victoria
Parada Morales
·
Si la señora Victoria Parada Morales ha reclamado las
mesadas pensionales
SEGUNDO: Suspender el término para fallar el presente
asunto hasta tanto sean allegadas y valoradas las pruebas aquí ordenadas.”
10.
La
Secretaria General de la Corte Constitucional informó al Magistrado
Sustanciador que, en la recepción de esta Corporación, se recibió el Oficio N.°
OPT-1212 de 2015 suscrito por José Jaime Azar Molina, Subdirector de
Prestaciones Sociales del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia. De igual manera, se adjuntaron varias pruebas documentales.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
Es competente esta Sala de la
Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción
de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991.
2.
Procedibilidad de la Acción de Tutela
2.1. Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución Política
establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede
acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las
actuaciones u omisiones de las autoridades públicas y de los
particulares, en los casos específicamente previstos por el legislador. En
esta oportunidad, la señora Victoria Parada Morales solicita el amparo de sus
derechos e intereses, razón por la cual se encuentra legitimada para actuar
como demandante.
2.2.
Legitimación pasiva
El Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia se encuentra
legitimado como parte pasiva en el presente proceso de tutela, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 2591 de
1991, debido a que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en
discusión.
3. Problema jurídico
Con fundamento en la reseña
fáctica expuesta y las decisiones de tutela adoptadas por los jueces de
instancia, en esta oportunidad, le corresponde a la
Sala de Revisión determinar, si el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital y a una vida digna de la señora Victoria Parada
Morales al negar el reconocimiento de la cuota parte de la sustitución
pensional, en calidad de cónyuge supérstite, de la pensión de vejez del señor
Jorge Enrique Contreras Acosta, argumentando que la accionante no acreditó haber convivido, de forma continua, con el
pensionado sus últimos 5 años de vida.
Para resolver la cuestión planteada, estima la Sala
necesario ocuparse de los siguientes temas: (i) Procedencia excepcional
de la acción de tutela para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional
a favor de sujetos de especial protección constitucional o personas en
circunstancias de debilidad manifiesta; (ii) Naturaleza,
finalidad y principios constitucionales de la sustitución pensional; (iii)
Derecho a la sustitución pensional para el cónyuge
supérstite separado de hecho que conserve vigente la sociedad conyugal y,
luego analizará (iv) el caso concreto.
4. Procedencia excepcional de la acción de
tutela para obtener el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de
sujetos de especial protección constitucional o personas en circunstancias de
debilidad manifiesta. Reiteración de jurisprudencia
Por regla general, la resolución de los conflictos
jurídicos que surgen en materia de sustituciones pensionales es asunto que
compete a la jurisdicción ordinaria laboral o a la contencioso administrativa,
según sea el caso. Así pues, la acción de tutela, al tener naturaleza
subsidiaria y encontrarse subordinada a la inexistencia o falta de idoneidad
del medio judicial para la protección del derecho vulnerado, conforme lo indica
el artículo 86 Superior, se torna improcedente para resolver pretensiones de
dicha clase.
Sin embargo, si los medios ordinarios de defensa no
resultan aptos, idóneos y eficaces para la protección de los derechos
fundamentales amenazados, como sería el caso de personas merecedoras de
especial protección, de manera excepcional, procede la acción de tutela como
instrumento definitivo para salvaguardarlos, teniendo en cuenta que la
jurisprudencia constante de esta Corporación ha destacado el vínculo estrecho
que une al mínimo vital y la vida digna con la recepción de ciertas acreencias
pensionales[2],
dentro de las cuales se encuentra la sustitución pensional. Así se señaló, por
ejemplo, en las sentencias T-396 y T-820 de 2009[3]:
“En primer lugar, la acción de tutela procederá
como mecanismo principal y definitivo en el evento en que el medio de defensa
judicial previsto para este tipo de controversias no resulte idóneo y/o eficaz
en el caso concreto. La Corte ha considerado que los mecanismos laborales
ordinarios, aunque idóneos, no son eficaces cuando se trata de personas que
reclaman el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y se encuentran en
circunstancia de debilidad manifiesta por su avanzada edad, por su mal estado de
salud, por la carencia de ingreso económico, por su condición de madre cabeza
de familia con hijos menores y/o por si situación de desplazamiento forzado,
entre otras. Frente a estas circunstancias, las acciones ordinarias no son lo
suficientemente expeditas frente a la exigencia de la protección inmediata de
derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la salud, a la
educación, a la vivienda digna, a la alimentación adecuada y a la seguridad
social”.
Así pues, es importante resaltar que la idoneidad y
la eficacia del mecanismo ordinario para reclamar el reconocimiento de la
sustitución pensional, deben ser analizadas por el juez de tutela haciendo una
evaluación de los hechos expuestos en cada caso en concreto, en procura de
determinar si el conflicto planteado transciende el nivel puramente legal para
convertirse en un problema de relevancia constitucional.
De otro lado, la acción de tutela también procede,
de forma excepcional, como mecanismo transitorio para reclamar el
reconocimiento de la sustitución pensional, a pesar de la existencia de un
medio judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando es necesaria para evitar un
perjuicio irremediable, el cual se configura, en estos casos, cuando se viola o
amenaza el derecho al mínimo vital del peticionario y/o de su familia por la
ausencia de la referida prestación.
El perjuicio irremediable, además de reunir las
condiciones de inminencia, urgencia, gravedad y requerir la ejecución de
medidas impostergables, debe cumplir con dos supuestos adicionales comprobables
por el juez constitucional: “(i) la prestación económica que percibía el
trabajador o pensionado fallecido constituye el sustento económico de su grupo
familiar dependiente; y, (ii) los beneficiarios de la pensión carecen, después
de la muerte del trabajador o pensionado, de otros medios para garantizarse su
subsistencia, por lo que quedan expuestos a un perjuicio irremediable derivado
de la afectación de su derecho fundamental al mínimo vital”[4]. Precisamente,
frente a la presunción de afectación al mínimo vital, la Corte ha indicado que
a pesar de la informalidad de la acción de tutela, de todos modos, el
accionante debe acompañar a su afirmación de que le asiste el derecho alguna
prueba siquiera sumaria[5]
o esta debe ser decretada por el juez de tutela, de oficio[6].
Frente a este punto, la Corte, en sentencia T-789
de 2003[7],
reiterada en la sentencia T-326 de 2007[8],
indicó que el análisis de procedibilidad de la acción de tutela y la
caracterización del perjuicio irremediable, deben responder a un “criterio
amplio” cuando quien la interponga tenga el carácter de sujeto de especial
protección constitucional. En esos eventos, el estudio debe efectuarse con una
óptica, “si bien no menos rigurosa, sí menos estricta, para así
materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y
protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones
de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”. Sin embargo, es
pertinente señalar que la mera circunstancia de que el afectado sea un sujeto
de especial protección constitucional no contrae en sí misma la acreditación
del perjuicio irremediable, sino que tiene como consecuencia que su valoración
deba realizarse bajo criterios más amplios, como se explicó.
Finalmente, es necesario recordar que el
excepcional reconocimiento del derecho a la sustitución pensional por vía de
tutela se encuentra sometido, adicionalmente, a una última condición de tipo
probatorio, consistente en que en el expediente esté acreditada la procedencia
del derecho, a pesar de que la entidad encargada de responder no haya hecho
mención al reconocimiento o simplemente no haya ofrecido respuesta alguna al
escrito de tutela, y que el accionante haya agotado algún trámite
administrativo o judicial tendiente a obtener el reconocimiento de tal
prestación. Así lo señaló la Corte, en sentencia T-651 de 2009[9], cuando,
al estudiar el reconocimiento de una pensión especial de vejez para la madre de
una hija inválida, adujo que “(…) la acción de tutela procede cuando se
encuentra debidamente probado que el accionante tiene derecho al reconocimiento
de la pensión y, sin embargo, la entidad encargada, luego de la solicitud
respectiva, no ha actuado en consecuencia”.
En este orden de ideas, por regla general,
atendiendo el principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente
para obtener el reconocimiento del derecho a la sustitución pensional. Sin
embargo, la Corte ha estimado que, dada la necesidad de garantizar la
prevalencia de los derechos fundamentales, se deben considerar las siguientes
excepciones a dicha regla de improcedencia: (i) cuando los medios
ordinarios de defensa no resultan aptos, idóneos y eficaces para la protección
de los derechos fundamentales amenazados porque, por ejemplo, el beneficiario
de la sustitución pensional es un sujeto de especial protección constitucional
o se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta, la acción de tutela
procede como instrumento definitivo para salvaguardarlos; (ii) a pesar
de existir un medio ordinario de protección idóneo y eficaz, se hace necesario
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable sobre los derechos
fundamentales del actor. En tal caso, si se trata de un sujeto de especial
protección constitucional, conforme lo establece el artículo 13 Superior, la
caracterización del perjuicio debe responder a un criterio más amplio; (iii)
el asunto puesto a consideración del juez de tutela supone un problema de
relevancia constitucional; y (iv) existe prueba, al menos sumaria, de la
titularidad del derecho exigido y de que se ha desplegado cierta actividad
administrativa o judicial tendiente a obtener la protección invocada.
5. Naturaleza,
finalidad y principios constitucionales de la sustitución pensional.
Reiteración de jurisprudencia.
Dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones se consagró por parte del legislador un conjunto
de prestaciones económicas con la finalidad de prevenir contingencias propias
de los seres humanos, tales como la viudez, la invalidez, la muerte y la vejez.
Así las cosas, reconoció derechos
pensionales para aquellos afiliados que les sobrevenga alguna de estas
eventualidades, previo el cumplimiento de unos requisitos, a efectos de evitar
la consolidación de mayores daños a sus condiciones de vida.
En ese sentido, estableció, entre
otras, la pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes y la sustitución
pensional.
Con la intención de atender el
intríngulis del asunto que concita a la Sala, se ahondará en el estudio del
derecho a la sustitución pensional.
Así las cosas, es menester partir
de que, como su mismo nombre lo indica, lo que pretende tal asignación es
sustituir, en este caso, el derecho financiero que otro ha adquirido, fenómeno
que se puede llevar a cabo siempre y cuando el titular del mismo haya
fallecido. Lo anterior, con la intención de que el apoyo monetario recaiga en
quienes dependían económicamente del causante.
En ese sentido, la sustitución
pensional pretende evitar que las personas que financieramente mantenían una
dependencia con el pensionado, queden sin un ingreso que les permita su congrua
subsistencia, de manera intempestiva, ante la eventualidad sobrevenida por el
deceso de aquel.
Por tanto, se trata de una
prestación económica cuya finalidad se asimila a la de la pensión de
sobrevivientes, salvo que, en esta última no se ha consolidado el derecho
pensional en favor del afiliado sino que se encuentra laborando y cotizando al
SGSS y fallece, por lo que en este supuesto se torna necesario cumplir un
número mínimo de aportes para que puedan acudir sus familiares a solicitar el
reconocimiento.
Situación que no hace falta en
tratándose de sustituciones habida cuenta que el afiliado ya consolidó y le fue
reconocida su pensión y, ante su deceso, lo que pretenden los beneficiarios es
sustituirlo por cuanto era quien suministraba los recursos financieros para
cubrir sus necesidades y, con su muerte, son expuestos a un inminente perjuicio
de no contar con la continuidad del pago de la asignación prestacional.
Desde esa perspectiva, la Corte, en sentencia C-111
de 2006[10],
estableció que “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener
para sus beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y económica
con que contaban en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que al
desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlos a una evidente
desprotección y posiblemente a la miseria[11]. Por
ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y que, además, en muchos
casos compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades mínimas”. Por consiguiente, resulta claro para la Sala
que la finalidad que se persigue con la sustitución pensional es la de suplir
la ausencia repentina del apoyo económico que el pensionado ofrecía a sus
familiares, y que el deceso de éste no determine el cambio sustancial de las
condiciones de vida del beneficiario o beneficiarios, pues dicha sustitución
tiene el alcance de brindar una ayuda vital e indispensable para la
subsistencia de éstos.
Así las cosas, para la Corte las disposiciones
destinadas a regular los aspectos relacionados con la sustitución pensional no
pueden incluir expresa o implícitamente tratos discriminatorios que se
conviertan en barreras que dificulten el acceso a aquella, dada su especial
dimensión constitucional y los principios en comento que le sirven de respaldo
constitucional.
Desde el punto de vista legal, la sustitución
pensional se encuentra consagrada tanto en el régimen de prima media con
prestación definida como en el de ahorro individual con solidaridad. En
términos generales, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, las personas que tienen
derecho a la sustitución pensional son los miembros del grupo familiar del
pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca[12].
En forma adicional, para tener derecho al
reconocimiento de la sustitución pensional, se debe acreditar por parte de los
miembros del grupo familiar del causante, la condición de beneficiarios legales
a partir del orden de prelación que estatuyen los artículos 47 y 74 de la Ley
100 de 1993, modificados y recogidos en lo dispuesto por el artículo 13 de la
Ley 797 de 2003[13].
Dicho orden garantiza la estabilidad económica y financiera del sistema general
de pensiones, habida consideración que el reconocimiento de la sustitución
pensional solo opera para los miembros del grupo familiar que, por su cercanía
y dependencia del causante, pueden resultar afectados en su digna subsistencia.
6.
Derecho a la sustitución pensional para el cónyuge
supérstite separado de hecho que conserve vigente la sociedad conyugal.
La Ley 100 de 1993 contempló, en sus artículos 47 y
74, quiénes pueden ser beneficiarios de la sustitución pensional y de la
pensión de sobrevivientes y los requisitos que deben satisfacer para que se les
reconozca tal condición. Tales disposiciones fueron modificadas por la Ley 797
de 2003, cuyo artículo 13 identificó como beneficiarios de esas prestaciones,
en forma excluyente i) al cónyuge o al compañero o compañera permanente
supérstite y a los hijos menores de 18 años y mayores de 18, hasta los 25 años,
que estuvieran estudiando y dependieran del causante al momento de su muerte;
ii) a los padres del causante y iii) a sus hermanos inválidos, si dependían de
él.
Con respecto al cónyuge y al compañero o compañera
permanente, el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 indicó, primero, que pueden
acceder a la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, según
corresponda, en forma vitalicia o temporal.
La prestación se concede en forma vitalicia a
quienes tienen 30 años de edad o más a la fecha del fallecimiento del causante
y a quienes, teniendo menos edad, procrearon hijos con este. A los primeros,
sin embargo, se les exige un requisito adicional cuando aspiran a la
sustitución pensional (es decir, cuando el causante de la prestación ya tenía
el status de pensionado). Para ser beneficiario de la sustitución, el cónyuge o
el compañero o compañera permanente que contaba con 30 años de edad o más al
momento del fallecimiento del pensionado debe demostrar que hizo vida marital
con él hasta su muerte y que convivió al menos cinco años continuos antes de
que falleciera. Quienes, en contraste, aspiran a una pensión de sobreviviente
no tienen que acreditar ese requisito de convivencia.[14]
Finalmente, la norma contempla que la prestación se
concede en forma temporal a la esposa o compañera menor de 30 años que no procrearon
hijos con el causante. En ese caso, la pensión se reconoce durante veinte años,
lo cual exige a su beneficiario cotizar al sistema para obtener, después, su
propia pensión.
Tales son las exigencias que determinan el
reconocimiento de la sustitución pensional y de la pensión de sobreviviente
cuando al causante le sobrevive su cónyuge o su compañero o compañera
permanente. No obstante, la Ley 797 de 2003 previó también la posibilidad de
que el causante hubiera hecho vida en común con varias personas que pudieran
considerarse beneficiarias del respectivo derecho pensional. El artículo 13
contempló las reglas para identificar al titular de la prestación en esos
eventos.
La norma contempla tres hipótesis distintas. La
primera, (i) se presenta cuando respecto del pensionado existe un
compañero o compañera permanente y una sociedad conyugal anterior que no fue
disuelta. En este caso, la pensión de sobrevivientes se divide entre el cónyuge
y el compañero o compañera en proporción al tiempo en que convivieron con el
causante.[15]
La segunda, es la que tiene lugar (ii) cuando
el causante de la prestación -afiliado o pensionado- convivió simultáneamente
con su cónyuge y con su compañero o compañera permanente durante los cinco años
anteriores a su muerte. Según la Ley 797, en tal hipótesis, la pensión debía
reconocérsele a la esposa o al esposo del causante.[16]
El último caso al que remite la norma es aquel en
el que (iii) el causante de la pensión de sobreviviente o de la
sustitución pensional tenía un compañero o compañera permanente al momento de
su muerte y una unión conyugal vigente, estando, no obstante, separado de hecho
de su cónyuge. De acuerdo con la Ley 797 de 2003, tal situación permite que la
compañera o el compañero permanente reclamen una cuota parte de la prestación
correspondiente, en forma vitalicia, en un porcentaje proporcional al tiempo
que convivieron con el causante, siempre que haya sido superior a los últimos
cinco años antes de su fallecimiento. La otra cuota parte le corresponderá al cónyuge
supérstite del afiliado o pensionado.[17]
Esta corporación ha interpretado dichas pautas
normativas en distintos escenarios. En sede de control de constitucionalidad,
por ejemplo, la Sentencia C-1035 de 2008[18] examinó la expresión “en caso de convivencia simultánea en
los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y
una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo”, contenida en el
literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y la declaró exequible, en el
entendido de que también serían beneficiarios de la pensión la compañera o
compañero permanente, y de que la pensión se dividiría entre ellos (as)
–el cónyuge y el compañero permanente -en proporción al tiempo de convivencia
con el fallecido.[19]
El fallo advirtió que preferir al esposo o a la
esposa para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional o de la
pensión de sobrevivientes resultaba discriminatorio e irrazonable, pues no había
motivos para privilegiar a la pareja conformada por un vínculo matrimonial
sobre aquella conformada por un vínculo natural en los casos de convivencia
simultánea. La naturaleza del vínculo familiar no podía
constituir un criterio para establecer tratamientos diferenciales que, como el
aplicado por la norma acusada, desconocían la finalidad legal y constitucional
de la pensión de sobrevivientes, dijo la Corte.
Sobre esos supuestos, esta Corporación ha insistido
en la importancia de que los conflictos que se presenten entre el cónyuge y el
compañero o compañera permanente por cuenta de su derecho a ser reconocidos
como beneficiarios de la sustitución pensional o de la pensión de
sobrevivientes se resuelvan considerando el contenido garantista de la Carta de
1991, que protege, en condiciones de igualdad, a las familias que el causante
constituyó con su esposo o esposa y con su compañero o compañera permanente.[20]
Tal es el fundamento de los fallos de revisión de tutela que han ordenado
reconocer tales prestaciones de forma proporcional al tiempo de convivencia con
el causante, en aquellos casos en los que este compartió los últimos cinco años
de su vida con su cónyuge y su compañero o compañera permanente, o incluso con
varios compañeros permanentes.
De manera más reciente, la Sentencia C-336 de 2014[21]
estudió la constitucionalidad del aparte del
inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en virtud
del cual se permite que el cónyuge separado de hecho obtenga una cuota parte de
la pensión de sobreviviente o de la sustitución pensional proporcional al
tiempo en el que convivió con el causante. La norma fue demandada sobre el
supuesto de que relevar al cónyuge de demostrar la convivencia efectiva con el
causante durante los últimos años de su vida resultaba discriminatorio frente
al compañero o compañera permanente supérstite, quien, en contraste, sí debía
demostrar tal convivencia.
La regla que en ese
sentido contemplaba la Ley 797 de 2003 había sido, en efecto, de difícil
interpretación para la justicia constitucional y para la justicia ordinaria. De
hecho, fue la Corte Suprema de Justicia la que, en decisión de 2011, dio cuenta
de que el legislador había previsto dicha posibilidad –la de que el cónyuge
separado de hecho accediera a la prestación demostrando una convivencia de
cinco años en cualquier tiempo- en ejercicio de su libertad de configuración en
materia pensional.[22]
Siguiendo tal
interpretación, esta corporación ha reconocido, en sede de tutela, el derecho a
la pensión de sobrevivientes de quienes, al momento de la muerte del causante,
mantenían vigente su sociedad conyugal con este, si además convivieron con él
durante al menos cinco años en cualquier tiempo.[23]
La Sentencia C-336 de 2014 ratificó dicho criterio
jurisprudencial al declarar exequible la expresión “la otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la
sociedad conyugal vigente”, contenida en el inciso final del literal b) del
artículo 13 de Ley 797 de 2003. El fallo aclaró que permitir que el cónyuge
separado de hecho obtenga una cuota de la pensión de sobrevivientes aunque no
haya convivido durante los últimos años de su vida con el causante no equivale
a discriminar al compañero permanente supérstite. Tal posibilidad, por el
contrario, busca equilibrar la tensión surgida entre el último compañero
permanente del causante y su cónyuge, con quien subsisten los vínculos
jurídicos, aunque no la convivencia.
En virtud de lo
expuesto es posible concluir, entonces, que las disputas que puedan presentarse
entre el cónyuge y el compañero o la compañera permanente supérstite en torno
al derecho a la sustitución pensional pueden ocurrir, o bien porque este
convivió simultáneamente con su cónyuge y su compañera o compañero permanente,
o bien porque, al momento de su muerte, tenía un compañero permanente y una
sociedad conyugal anterior que no fue disuelta, o un compañero o compañera
permanente y una unión conyugal vigente, con separación de hecho. En este
último evento, no hace falta que el cónyuge supérstite demuestre que convivió
con el causante durante los últimos cinco años de su vida, sino, solamente, que
convivió con él o ella más de cinco años en cualquier tiempo.
Así mismo, es
importante precisar que el concepto de convivencia no supone, necesariamente,
habitación bajo el mismo techo. La convivencia que exige la Ley 797 de
2003, más allá de la cohabitación, supone la existencia de lazos propios de la
vida en pareja, como el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico y el
acompañamiento espiritual. Por eso, aplicando también en este punto la
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, este alto
tribunal ha considerado que la ausencia de cohabitación no descarta la
convivencia, cuando se fundamenta en causas justificadas, relacionadas, por
ejemplo, con cuestiones de salud, obligaciones u oportunidades legales,
imperativos legales u económicos, entre otros.[24]
La multiplicidad de factores que pueden incidir en
la acreditación del requisito de convivencia demanda una exigente labor de
valoración probatoria. De ahí que el legislador haya previsto que las
controversias entre el cónyuge y el compañero o compañera permanente
supérstites por el derecho a la sustitución pensional deban ser resueltos por
la jurisdicción correspondiente. La Ley 1204 de 2008 señala que, mientras se
define en sede judicial quién es el beneficiario de la sustitución y en qué
proporción, la prestación quedará en suspenso.[25]
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la
Sala de Revisión pasa al análisis del caso concreto.
7. Análisis del caso concreto
A partir de la
reseña fáctica expuesta y de las pruebas que obran dentro del expediente, la
Sala de Revisión encuentra acreditados los siguientes hechos:
·
Que el 4 de enero de
1966, el señor Jorge Enrique Contreras Acosta y la señora Victoria Parada
Morales contrajeron matrimonio católico. De
dicha unión nacieron 3 hijos, Lidia Victoria, Giovanny y Mario Contreras
Parada.
·
Que la señora Victoria
Parada Morales y el señor Jorge Enrique Contreras Acosta compartieron techo,
lecho y mesa hasta 1981, año para el cual
este último abandono el hogar. Sin embargo, dicha sociedad conyugal nunca fue
disuelta.
·
Que el 7 de octubre de
1993, Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante Resolución N.°1953,
reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación al señor Jorge Enrique
Contreras Acosta.
·
Que el señor Jorge
Enrique Contreras Acosta y la señora Luz Llanelly Puerta Grisales convivieron, en
unión marital de hecho, por el periodo comprendido entre 1994 y 2002. De dicha relación
nació, el 17 de agosto de 1997, Valentina Contreras Puertas.
·
Que el 26 de septiembre
de 2013, falleció el señor Jorge Enrique Contreras Acosta.
·
Que el 7 de octubre de 2013, la señora Victoria Parada
Morales solicitó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia la sustitución de la pensión de vejez de su esposo. En razón a que
convivió 15 años con él, desde 1966 hasta 1981, fecha para la cual su cónyuge
abandonó el hogar. Así mismo, porque a pesar de la separación de hecho, la
sociedad conyugal siguió vigente y su esposo Jorge Enrique Contreras Acosta
mantuvo su afiliación a los servicios de salud como beneficiaria.
·
Que también la señora
Luz Llanelly Puertas Grisales solicitó al
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia la sustitución
de la pensión de vejez del señor
Jorge Enrique Contreras Acosta,
en nombre y representación de
su hija menor de edad, Valentina Contreras Puertas.
·
Que el 1 de
agosto de 2014, el Fondo de Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante Resolución N.°1843, reconoció el 50% de la sustitución pensional del
señor Jorge Enrique Contreras Puerta a su hija menor de edad, Valentina
Contreras Puerta, a través de su madre Luz Janelly Puertas Grisales. Así mismo,
dejó en suspenso el 50% restante hasta que la instancia judicial competente
definiera si la reclamación de la señora Victoria Parada Morales como esposa
del causante era procedente, toda vez que no acreditó haber convivido, de forma
continua, con el pensionado sus últimos 5 años de vida, requisito exigido en la
normatividad aplicable, artículo 13 de la Ley 797 de 2003. En desacuerdo con lo anterior, la señora
Victoria Parada Morales presentó el recurso de reposición contra la mencionada
resolución.
·
Que el 6 de octubre
de 2014, el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante Resolución N.°2560, resolvió el recurso de reposición y confirmó lo
decidido en la Resolución N.°1843, al considerar que la señora Victoria Parada
Morales no aportó un nuevo argumento, factico o legal, que pudiera modificar la
decisión tomada.
·
Que el 2 de febrero de
2015, la señora Victoria Parada Morales impetró acción de tutela contra el
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a una vida digna, presuntamente vulnerados por
dicha entidad al negar la sustitución de la pensión de vejez solicitada.
·
Que de dicha acción
conoció, en primera instancia, el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito
de Conocimiento de Bogotá,
despacho que, en sentencia de 13 de febrero de 2015, negó por improcedente el
amparo solicitado, al considerar que la accionante contaba con otro mecanismo
judicial para la defensa de sus derechos. Así mismo, al advertir que no
demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable. En desacuerdo con lo anterior, la accionante presentó
el recurso de apelación.
·
Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
Sala Penal, mediante providencia proferida el 22 de mayo de 2015, revocó la
sentencia impugnada y en su lugar, ordenó al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia “emitir un acto administrativo, a través del cual
reconozca y pague a la actora el 50% de la pensión que en vida era recibida por
el señor Jorge Enrique Contreras Acosta, en calidad de beneficiaria de la
sustitución pensional”. Lo anterior, al considerar que “En el presente
caso, la señora Victoria Parada Morales en su condición de cónyuge separado de
hecho mantiene vigente el vínculo matrimonial con el de cujus,  por lo que en
virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, confiere el
derecho a la cuota parte de la pensión otorgada al señor Jorge Enrique
Contreras por los ferrocarriles Nacionales de Colombia, en el porcentaje que le
fue suspendido por el Fondo de Pasivo Social de esa misma entidad”.
·
Que en virtud de la
anterior decisión judicial, el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante Resolución N.°
1259 de 24 de julio de 2015, reconoció el 50% restante de la sustitución de la pensión
de vejez del señor Jorge Enrique Contreras Acosta a su cónyuge supérstite,
Victoria Parada Morales.
·
Que el 29 de septiembre
de 2015, el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia consignó, en la cuenta del Banco BBVA
designada por la señora Victoria Parada Morales, la suma de $ 709.789,
correspondiente a la mesada de dicho mes.
·
Que el señor Jorge
Enrique Contreras Acosta tenía inscritos como beneficiarios para la prestación
de los servicios médicos y de salud a su cónyuge, Victoria Parada Morales y a
su hija menor de edad, Valentina Contreras Puerta.
·
Que la señora Victoria
Parada Morales tiene 74 años de edad y depende económicamente de su hija Lidia
Victoria.
En el caso objeto de
estudio, se advierte que la señora Victoria Parada Morales acude a la acción de
tutela con el fin de que le sea reconocida la cuota parte de la sustitución de
la pensión de vejez de su esposo. En ese orden de
ideas, corresponde a la Sala de Revisión determinar, en primer lugar, si la
acción de tutela es procedente para solicitar el amparo invocado.
Del material probatorio allegado con el escrito tutelar,
la Sala observa que la accionante es un sujeto de especial protección constitucional
en razón a su avanzada edad, pues a la fecha tiene 74 años. Así mismo, se
advierte que no cuenta con ningún ingreso económico, pues depende en forma
exclusiva de su hija.
Ahora, si bien las controversias referentes al
reconocimiento de la sustitución pensional se deben ventilar ante la justicia
laboral dicho medio ordinario de defensa, con que cuenta la accionante, carece
de eficacia para proteger su derecho fundamental al mínimo vital, habida cuenta
que el cubrimiento de sus necesidades básicas no puede estar supeditado a un
largo proceso laboral. Por consiguiente, la tutela procede como instrumento
definitivo para salvaguardar los derechos de la señora Victoria Parada Morales,
máxime cuando el caso denota relevancia constitucional.
Superado el anterior juicio amplio de procedencia
de la acción de tutela, la Sala centra su atención en la segunda verificación,
atinente al derecho que le asiste a la accionante para reclamar una cuota parte
de la pensión de vejez de su esposo. Frente al tema, la Corte observa que el
señor Jorge Enrique Contreras Acosta disfrutaba, desde el 7 de octubre de 1993,
de la pensión mensual vitalicia de jubilación concedida por el
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
El pensionado falleció el 26 de septiembre de 2013 y,
por ende, de acuerdo con el numeral 1° del artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, tienen derecho a la
sustitución pensional los miembros de su grupo familiar cercano. De esta forma,
el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante
Resolución N.°1843 de 2014, reconoció el 50% de
la sustitución pensional del señor Jorge Enrique Contreras Puerta a su hija
menor de edad, Valentina Contreras Puerta, a través de su madre Luz Janelly
Puertas Grisales. Así mismo, dejó en suspenso el 50% restante hasta que la
instancia judicial competente definiera si la reclamación de la señora Victoria
Parada Morales como esposa del causante era procedente, toda vez que no
acreditó haber convivido, de forma continua, con el pensionado sus últimos 5
años de vida, requisito exigido en la normatividad aplicable, artículo 13 de la
Ley 797 de 2003.
Así las cosas,
la controversia queda contraída a determinar si la señora Victoria Parada Morales,
cónyuge supérstite, tiene derecho al reconocimiento del 50% restante de la
sustitución de la pensión de vejez del señor Jorge Enrique Contreras Acosta,
por haber permanecido vigente la sociedad conyugal con el causante, pese a no
haber convivido con este en los últimos 5 años anteriores a su muerte y no
existir durante ese lapso, alguna compañera permanente.
Debe comenzar la
Sala por advertir, que tal como lo señaló el Tribunal, Ad quem, la norma
aplicable a la situación pensional aquí debatida, no es otra que la Ley 797 de
2003, en su artículo 13, que, a su vez, modificó el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, toda vez que el afiliado Jorge Enrique Contreras Acosta, falleció el
26 de septiembre de 2013.
Dicha preceptiva
reguló íntegramente lo referente a los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, en los siguientes términos:
“Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a)
En
forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con
el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b)
En forma temporal, el cónyuge o
la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con éste. La pensión temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o
compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan
los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
(En caso de
convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o
el esposo). Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la
unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte correspondiente al literal a) en
un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando
haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente (…)”. (Resalta y
subraya fuera del texto original).
El
texto entre paréntesis fue declarado exequible condicionalmente, mediante
sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional, en el entendido de que «además
de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero
permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al
tiempo de convivencia con el fallecido».
Ahora bien,
acerca de la correcta interpretación de la parte pertinente de la norma
transcrita, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en fallo
CSJ SL, 29 nov. 2008, rad. 32393, rad. 40055, precisó que la hipótesis de la L.
797/2003, art. 13, lit. b, inc, 3º, solo aplica para el evento en que, luego de
la separación de hecho de un cónyuge con vínculo matrimonial vigente, el
causante establezca una nueva relación de convivencia y concurra un compañero o
compañera permanente, caso en el cual la convivencia de los 5 años de que habla
la norma para el cónyuge que va a recibir una cuota parte, puede ser cumplida
en «cualquier tiempo». En esta oportunidad, así se pronunció la Sala:
“(….)
la conclusión que se obtiene de la expresión <La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente…>, porque esa referencia no deja lugar a dudas de que el cónyuge que
conserva con vigor jurídico el lazo matrimonial tendrá derecho a una cuota
parte de la prestación. De tal modo, en caso de que, luego de la separación de
hecho de su cónyuge, el causante establezca una nueva relación de convivencia,
en caso de su fallecimiento el disfrute del derecho a la pensión deberá ser
compartido entre el cónyuge separado de hecho y el compañero o compañera
permanente que tenga esa condición para la fecha del fallecimiento, en
proporción al tiempo de convivencia.
Con
el fin de delimitar el ámbito de aplicación de la norma, considera la Corte
que, desde luego, la referencia que en aquella se hace a la cónyuge, también
debe entenderse efectuada respecto del cónyuge, pues, de no entenderse así la
disposición, se establecería una discriminación por razón de género que, en la
actualidad no tendría justificación, en tanto que, claramente, sería violatoria
del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución
Política.
Es
indudable que el precepto en cuestión establece como condición que la convivencia
«haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante”; pero un análisis de esa disposición legal, en su contexto, permite
concluir que, de la forma como está redactada, ese requisito se predica
respecto de la compañera o del compañero permanente, mas no del cónyuge porque,
con claridad, no se refiere a éste sino a aquéllos, ya que está escrita, en la
parte que interesa, en los siguientes términos: “…la compañera o compañero
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en
un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando
haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del
causante”.
Para
la Corte no tendría ningún sentido y, por el contrario, seria carente de toda
lógica, que al tiempo que el legislador consagra un derecho para quien
“mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho”, se le
exigiera a esa misma persona la convivencia en los últimos cinco (5) años de vida
del causante; porque es apenas obvio que, cuando se alude a la separación de
hecho, sin lugar a hesitación se parte del supuesto de que no hay convivencia,
ya que en eso consiste la separación de hecho: en la ruptura de la convivencia,
de la vida en común entre los cónyuges.
Sin
embargo, debe la Corte precisar que, siendo la convivencia el fundamento
esencial del derecho a la prestación, el cónyuge separado de hecho debe
demostrar que hizo vida en común con el causante por lo menos durante cinco (5)
años, en cualquier tiempo, pues de no entenderse así la norma, se
restaría importancia al cimiento del derecho que, se insiste, es la comunidad
de vida; al paso que se establecería una discriminación en el trato dado a los
beneficiarios, sin ninguna razón objetiva que la justifique, pues, como se ha
visto, al compañero o a la compañera permanente se le exige ese término de
convivencia, que es el que el legislador, dentro del poder que tiene de
configuración del derecho prestacional, ha considerado que es el demostrativo
de que la convivencia de la pareja es sólida y tiene vocación de permanencia,
de tal suerte que da origen a la protección del Sistema de Seguridad Social” (Subraya fuera
del texto original).
La anterior
interpretación fue ampliada, en las decisiones CSJ SL 24 ene. 2012, rad. 41637
y CSJ SL, 13 de mar. 2012, rad. 45038, en el sentido de que lo dispuesto en la
L. 797/2003, art. 13, lit. b, inc, 3º el inciso 3° y la postura de otorgarle
una cuota parte o la pensión a «quien acompañó al pensionado u afiliado,
y quien, por demás hasta el momento de su muerte le brindó asistencia económica
o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre y
cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la normativa, sin que
ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en
cualquier época»,
también debe aplicarse en los casos en que no
exista compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del
afiliado o pensionado, toda vez que «si el derecho
incorporado en ese literal, otorgaba esa prerrogativa a la (el) cónyuge cuando
mediaba una (un) compañera (o) permanente, no podía existir argumento en
contra, ni proporcionalidad alguna, que se le restara cuando aquella no se
hallaba, pues entonces la finalidad de la norma no se cumplía, es decir, no se
proveía la protección al matrimonio que el legislador incorporó, haciendo la
salvedad, de que la convivencia en el matrimonio, independientemente del
periodo en que aconteció, no podía ser inferior a 5 años, según lo dispuesto en
la preceptiva».
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Revisión
concluye que a la señora Victoria Parada Morales le asiste el derecho sobre el
50% restante de la sustitución pensional de la pensión de vejez de su esposo,
Jorge Enrique Contreras Acosta, por cuanto hizo vida en común con él por más de
5 años y el vínculo conyugal se mantuvo vigente hasta su muerte. En
consecuencia, confirmará el fallo proferido por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el 22 de mayo de 2015, dentro del
expediente T-5.004.773.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos
decretada en el proceso que aquí se decide.
SEGUNDO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en
esta providencia, el fallo judicial proferido por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, el 22 de mayo
de 2015, dentro del expediente T-5.004.773.
TERCERO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con
salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-090/16
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Se debió conceder la acción de tutela de manera transitoria,
mientras la jurisdicción ordinaria resuelve los titulares del derecho
(Salvamento de voto)
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL PARA EL CONYUGE
SUPERSTITE SEPARADO DE HECHO QUE CONSERVE VIGENTE LA SOCIEDAD CONYUGAL-Para su reconocimiento debe demostrar si convivió con el causante
hasta la muerte y, al menos, cinco años antes de su fallecimiento (Salvamento
de voto)
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL PARA EL CONYUGE
SUPERSTITE SEPARADO DE HECHO QUE CONSERVE VIGENTE LA SOCIEDAD CONYUGAL-Requisito de no demostrar convivencia durante los cinco años antes
de su fallecimiento resulta discriminatorio respecto del compañero(a)
permanente que si debe demostrar la convivencia en ese lapso de tiempo
(Salvamento de voto)
Referencia: Expediente T-5.004.773
Acción
de tutela presentada por Victoria Parada Morales contra el Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, a
continuación presento las razones que me condujeron a salvar el voto en
la sentencia de la referencia, proferida por la Sala Cuarta de Revisión, el 24
de febrero de 2016.
La
sentencia T-090 de 2016 analizó la acción de tutela interpuesta por la señora
Victoria Paredes contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia, a través de la cual la demandante reclamaba la protección de sus
derechos al mínimo vital y a la vida digna, que estimó vulnerados porque la
entidad accionada le negó su solicitud de sustitución pensional.
De
los hechos relatados en la tutela, se conocía que el señor Jorge Enrique
Contreras y la accionante contrajeron matrimonio y convivieron durante 15 años,
desde 1966 hasta 1981. Después de esa fecha, se separaron de hecho, pero aún
así el señor Contreras siempre mantuvo a la señora Parada afiliada como beneficiaria
en el sistema de salud.
También
se conocía que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales reconoció
pensión de jubilación al señor Jorge Enrique Contreras en 1993. Y en 2014,
después del fallecimiento del pensionado, se presentaron ante el Fondo dos
solicitudes de sustitución pensional: una, de la señora Luz Llanely Puertas
Grisales, quien requirió la sustitución de la prestación a favor de la hija que
tuvo con el causante, Valentina Contreras Puerta, menor de edad; y otra, de la
señora Victoria Parada, quien afirmó que, de acuerdo con la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, los cónyuges separados de hecho, pueden obtener la
pensión de sobrevivientes en proporción al tiempo convivido con el causante.
El
Fondo reconoció el 50% de la pensión del señor Contreras a la menor de edad y
dejó en suspenso la adjudicación del 50% restante porque consideró que para
decidir quien tenía derecho a ésta, era necesario adelantar un proceso judicial
ante la instancia competente.
La
señora Victoria Parada interpuso acción de amparo porque, en su criterio,
debido a su edad y a la falta de recursos económicos, no podía acudir a la
jurisdicción ordinaria para que se definiera su derecho. Indicó que tiene 73
años y depende económicamente de una hija que no cuenta con trabajo estable,
por lo que la negación de la sustitución pensional afectaba su mínimo vital.
En sede de revisión, el Magistrado sustanciador
profirió varios autos de pruebas en los cuales indagó, principalmente, por la
situación socio económica de la señora Victoria Parada y por su posible
dependencia económica con el causante. También ofició a algunas entidades con
el fin de obtener los datos de la señora Luz Llanely Puertas y, posteriormente,
la puso en conocimiento del proceso. A la señora Puerta le solicitó informar
sobre su situación socio económica y su relación con el señor Contreras.
En el estudio del caso, la sentencia determinó que
la tutela era procedente porque la demandante era una persona de especial
protección en razón de su edad y no podía someterse a un largo proceso
laboral.
Posteriormente,
en el análisis de fondo, se indicó que la norma aplicable al caso era el inciso
tercero del artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Al determinar el alcance de la
disposición, la sentencia acogió la interpretación de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, al cónyuge separado de
hecho no se le exige una convivencia en los últimos 5 años de vida del
causante, sino en cualquier tiempo. Lo anterior, porque dicha Corporación
considera que si el Legislador incluyó el derecho a la sustitución pensional de
los cónyuges separados de hecho, no se les puede exigir convivencia en los
últimos años, pues es obvio que por estar separados de hecho no convivían.
Por
consiguiente, la Sala Cuarta de la Corte Constitucional concluyó que la señora
Victoria Parada tiene derecho al 50% de la sustitución pensional porque estuvo
casada con el señor Jorge Enrique Contreras e hizo vida común con él por más de
15 años.
Decidí
salvar mi voto en la anterior decisión por tres razones que expongo a
continuación.
Primero,
considero problemático conceder una sustitución pensional a través de la
acción de tutela como mecanismo definitivo por la dificultad de traer a la
discusión a todos los posibles interesados y por la complejidad del debate
probatorio. De las pruebas aportadas, parece no existir otra compañera
permanente del causante, se infiere también que no hay una persona que tenga
interés en la sustitución pensional, no obstante, no hay certeza de la no
existencia de otra persona con mejor derecho. Esta falta de certidumbre no es
algo particular del caso de la referencia, corresponde a lo complejo que son
este tipo de asuntos que son competencia principal de la jurisdicción
ordinaria, escenario en el cual existe un procedimiento especial para llamar a
los posibles interesados en la pensión de sobrevivientes y definir a quién o a
quiénes corresponde la prestación.
En
el caso de la referencia, puede suceder que no estén vinculados todos los
interesados en la sustitución pensional y, aún así, se concedió la petición a
la actora como mecanismo definitivo.
Por
lo tanto, creo que no es adecuado que en sede de tutela se conceda el amparo
como mecanismo definitivo cuando se persigue una sustitución pensional, si
eventualmente es necesario ordenar una protección, estimo que ésta debe ser,
principalmente, transitoria, y posteriormente la jurisdicción debe estudiar el
caso y definir los titulares de los derechos.
Segundo, estimo que no es claro que se
deba conceder la titularidad del 50% de la prestación del causante a la
accionante y, con esto, se afecta el derecho de un titular incuestionable.
El artículo 13 de la Ley 797 de 2003 explica los
casos en los que es posible que el compañero permanente o cónyuge supérstite
obtenga la pensión de sobrevivientes de su pareja. El inciso 3, aplicado en la
tutela de la referencia, dispone cómo resolver los casos en los que existe
compañero permanente y cónyuge separado de hecho, sin convivencia simultánea.
Sin embargo, en el caso concreto, de acuerdo con el
material probatorio que reposa en el expediente, el señor Contreras no tenía
compañera permanente al momento de morir, pues la relación con la señora Puerta
terminó en 2002. En ese sentido, en mi criterio, la disposición aplicable es el
inciso primero del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en el que se indica que
si el causante tenía cónyuge –como en este caso, pues no se divorció de la
señora Victoria Parada- aquella tiene derecho a su pensión, únicamente si
convivió con el causante hasta la muerte y, al menos, cinco años antes de su
fallecimiento.
En mi criterio, de acuerdo con una interpretación
literal del artículo, la señora Victoria Parada no tiene derecho a la
sustitución pensional pues no vivió con el causante hasta la muerte, ni
convivió con él en sus últimos cinco años de vida.
Y más importante aún, desde una interpretación
finalística de la norma, la sustitución pensional es una figura jurídica que
tiene como objeto no dejar desprotegido a quien dependía del causante y que al
momento de la muerte del pensionado deja de contar con recursos económicos
indispensables para su sobrevivencia. La prestación que se discute no se
entiende entonces como un bien de la herencia, es un dinero que busca proteger
el mínimo vital de la pareja de quien fallece.
De los hechos descritos en el caso de la señora
Victoria Parada se entiende que aquella no dependía económicamente del
causante, su sostenimiento está a cargo de su hija. La accionante únicamente
recibía del señor Contreras la afiliación a salud. Por consiguiente, no hay
razón para que ella sea la beneficiaria de la pensión, pues su subsistencia no
estaba atada a percibir estos recursos. Si se entiende que la norma busca
proteger a quien se enfrenta a una afectación de su mínimo vital ante la muerte
del pensionado, en el caso de la señora Victoria Parada no es claro su derecho
a la pensión.
Asimismo, es de resaltar que conceder la
titularidad del 50% de la pensión a la accionante, implica que la hija menor de
edad del causante deje de percibir ese porcentaje. De forma que lo que se
decida respecto de la demandante repercute en la prestación que recibirá otra
persona que tiene un derecho indiscutible.
Para terminar, considero importante resaltar que en
sede de tutela solo se pueden conceder este tipo de prestaciones cuando el
accionante prima facie es titular del derecho. Sin embargo, el derecho
de la señora Victoria Parada a la sustitución pensional es cuestionable.
Tercero, considero que la interpretación
del inciso 3 del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que hace la sentencia, a
partir de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, puede ser discriminatoria.
La sentencia sostiene que el cónyuge separado de
hecho no debe demostrar convivencia con el causante en sus últimos cinco años
de vida para obtener la sustitución pensional, basta con que demuestre su
vínculo matrimonial y ese tiempo mínimo de convivencia en cualquier momento.
Sin embargo, de acuerdo con la misma interpretación, al compañero permanente no
se le releva de tal requisito, es decir que aquel sí debe demostrar vida en
pareja en los últimos cinco años de vida del pensionado, para tener derecho a
la prestación.
Como expliqué anteriormente, considero que esta
interpretación de la norma resulta problemática, pues desde una perspectiva
finalística el requisito de convivencia durante los últimos cinco años está
dispuesto para que se entregue la pensión del causante a quien requiere ese
ingreso económico porque se beneficiaba de él en vida del pensionado.
Adicionalmente, considero que los efectos de esta interpretación pueden
resultar discriminatorios porque frente a dos tipos de familia –la creada por
matrimonio y la creada por unión libre- se privilegia a aquella que surgió por
un vínculo matrimonial, al eliminársele al cónyuge el requisito de convivencia
antes de la muerte del beneficiario de la pensión para reclamar la prestación,
pero mantener la condición de convivencia para que a los compañeros se les
reconozca el derecho a la pensión de sobrevivientes. Este trato diferente tiene
como consecuencia que el cónyuge tendrá derecho a la sustitución pensional
durante toda la vida. En cambio, un eventual compañero permanente no tendría
tal prerrogativa, que está sometida a su convivencia dentro de los cinco años
previos al fallecimiento.
Por ejemplo, se puede presentar el siguiente
escenario. Una persona contrajo matrimonio con otra, convivió con su cónyuge
por cinco años y se separaron de hecho. Luego, vivió 20 años con un compañero
permanente. Y en los últimos 10 años de su vida no tuvo pareja alguna y no era
responsable económicamente de sus anteriores parejas. Bajo la interpretación
adoptada en la sentencia T-090 de 2015, en el caso hipotético, el cónyuge
tendría derecho a la sustitución pensional, mientras que el compañero
permanente no, pues el requisito de convivencia en los últimos 5 años sólo
aplicaría a éste último.
Lo anterior, a mi juicio, supone una protección
acentuada a ciertas familias, según el vínculo matrimonial que las conforma. Lo
cual, a su vez, implica una falta de reconocimiento como familia igualmente
válida a aquella que surge de la unión marital de hecho. Con ello, se remarca
un estereotipo discriminatorio que asimila la familia ideal como aquella constituida
bajo el matrimonio, a la cual se le brinda una protección jurídica mayor.
Es cierto que no todos los vínculos familiares son
iguales, ni tienen las mismas repercusiones jurídicas. Cada institución
jurídica puede tener deberes y derechos específicos. Ahora bien, las
prerrogativas que surgen en virtud del apoyo y el sentimiento de afecto en cada
una de las familias, no puede ser privilegio de unas cuantas constituidas por
un vínculo formal, tal como el matrimonio. Por eso, los derechos que surgen del
reconocimiento del apoyo mutuo, no pueden ser una prerrogativa únicamente de
quienes se unen bajo matrimonio.
Con respecto a la figura de la sustitución
pensional, la Corte Constitucional ha indicado que ésta fue creada para
auxiliar a la persona que queda desamparada económicamente con la muerte de su
pareja que recibía una pensión. Este auxilio no encuentra un mejor derecho
frente a los cónyuges, ni un menor derecho ante los compañeros permanentes. Sin
importar el vínculo, el objeto de la norma es no dejar en situación de
desprotección a la pareja del causante que dependía de él, más allá de la vía
que escogieron para conformar su familia.
En la misma línea de lo expuesto, una
discriminación aún mayor podría ocurrir frente a las parejas que no pueden
acceder al matrimonio. Por ejemplo, en este momento, a algunas parejas
conformadas por personas del mismo sexo se les ha negado el vínculo de
matrimonio, así que éstas uniones no tendrían la posibilidad de obtener un
derecho a la sustitución pensional en los mismos términos que pueden tenerlo
las parejas del mismo sexo que contraen matrimonio, si se sigue la
interpretación de la sentencia T-090 de 2016.[26]
En conclusión, considero que en el ámbito
específico de la aplicación del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 no es posible
otorgar un trato privilegiado al cónyuge, frente al compañero permanente,
únicamente en razón del vínculo del matrimonio que dio origen a su familia con
el causante.
Finalmente, en conexión con la segunda razón que
expuse para sustentar por qué me aparto de la sentencia T-090 de 2016, deseo
precisar que lo dicho no significa que  considere que el requisito de
convivencia en los últimos años de vida del causante se deba eliminar también
para los compañeros permanentes, con el fin de otorgarles el mismo trato que a
los cónyuges. Lo anterior, porque se desnaturalizaría el objeto de la
sustitución pensional que es brindar apoyo económico a quien dependía del
ingreso de la persona fallecida, como lo expliqué anteriormente.
Únicamente pretendo mostrar que la interpretación
adoptada por la sentencia de la referencia tiene efectos discriminatorios sobre
las familias y puede crear un trato diferente injustificado en parejas que no
tengan la posibilidad de contraer matrimonio.
Fecha ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1]
Folio 22.
[2] Sentencia T-593 de 2007, T-701 de 2008 y T-396 de 2009, entre otras.
[3]
Magistrado Humberto Sierra Porto.
[4] Sentencia T-971 de 2005, reiterada en las sentencias T-692 de 2006,
T-129 de 2007 y T-396 de 2009.
[5]
Sentencia T-335 de 2007.
[6]
Sentencia T-820 de 2009.
[7]
Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa.
[8]
Magistrado Rodrigo Escobar Gil.
[9]
Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva.
[10]
Magistrado Rodrigo Escobar Gil.
[11] Sentencia C-002 de 1999.
[12] En sentencia C-617 de 2001, la Corte indicó que el numeral 1° del
Artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con su respectiva modificación, regula la
situación que se presenta ante la muerte del pensionado por vejez o invalidez,
hipótesis en la cual tiene lugar la subrogación de los miembros del grupo
familiar en el pago de la prestación que venía recibiendo su titular, y no la
generación de una prestación nueva o diferente. Dijo que es lo que se
denominado en sentido estricto, sustitución pensional.
[13] El artículo
13 de la Ley 797 de 2003 indica: “Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En
forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En
forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos
de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años.
En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia
pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el
literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o
compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o
compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y
se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c)
Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y, los hijos inválidos si dependían económicamente del
causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las
condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el
criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A
falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este.
e) A
falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste”.
[14] El artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en efecto, solo exige al cónyuge o compañera o compañero permanente supérstite acreditar su
convivencia con el causante en aquellos casos en que “la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado”. Tal exigencia no opera,
por lo tanto, cuando el causante de la prestación era un afiliado al sistema.
[15] “Si respecto de un pensionado hubiese un compañero
o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal
no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos
(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”.
[16] “En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo”. La Sentencia C-1035 de 2008 condicionó tal
disposición a que se entendiera que, en caso de convivencia simultánea, la
pensión se dividiría entre el cónyuge y el compañero permanente, de forma
proporcional al tiempo en que cada uno convivió con el causante.
[17] “Si no existe convivencia simultánea y se
mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte
de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”.
[18] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[19] El
Consejo de Estado ya había cuestionado, en 2007, que los casos de convivencia
simultánea del causante con su cónyuge y su compañero o compañera permanente
dentro de los cinco años anteriores a la muerte del primero debieran resolverse
a favor del esposo o la esposa del afiliado. Así, aplicando criterios de
justicia y equidad, ordenó distribuir en partes iguales una pensión de
sobrevivientes entre la esposa y la compañera permanente de un pensionado de la
Policía Nacional que había convivido con ellas simultáneamente durante los
cinco años anteriores a su muerte.
[20] Los
conflictos pensionales que se presenten entre el cónyuge y el compañero permanente
de pensionados fallecidos antes del 7 de julio de 1991 cuyas
sustituciones pensionales se rigieran por normas dictadas en vigencia de la
Constitución de 1886 deben resolverse bajo esa misma perspectiva. La Sentencia T-110 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) advirtió
que, en esos casos, la Carta de 1991 se aplica retrospectivamente, para
asegurar que los compañeros
permanentes se beneficien de la igualdad de trato que el nuevo marco
constitucional les confiere a las familias constituidas por vínculos naturales
o jurídicos.
[21]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[22] La Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia rectificó
su jurisprudencia sobre la materia en los siguientes términos: “Es indudable que el
precepto en cuestión establece como condición que la convivencia «haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”; pero
un análisis de esa disposición legal, en su contexto, permite concluir que, de
la forma como está redactada, ese requisito se predica respecto de la compañera
o del compañero permanente, mas no del cónyuge porque, con claridad, no se
refiere a éste sino a aquéllos, ya que está escrita, en la parte que interesa,
en los siguientes términos: “…la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante”. Para
la Corte no tendría ningún sentido y, por el contrario, seria carente de toda
lógica, que al tiempo que el legislador consagra un derecho para quien
“mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho”, se le
exigiera a esa misma persona la convivencia en los últimos cinco (5) años de vida
del causante; porque es apenas obvio que, cuando se alude a la separación de
hecho, sin lugar a hesitación se parte del supuesto de que no hay convivencia,
ya que en eso consiste la separación de hecho: en la ruptura de la convivencia,
de la vida en común entre los cónyuges. Sin embargo, debe la Corte precisar
que, siendo la convivencia el fundamento esencial del derecho a la
prestación, el cónyuge separado de hecho debe demostrar que hizo vida en común
con el causante por lo menos durante cinco (5) años, en cualquier tiempo, pues
de no entenderse así la norma, se restaría importancia al cimiento del derecho
que, se insiste, es la comunidad de vida; al paso que se establecería una
discriminación en el trato dado a los beneficiarios, sin ninguna razón objetiva
que la justifique, pues, como se ha visto, al compañero o a la compañera
permanente se le exige ese término de convivencia, que es el que el legislador,
dentro del poder que tiene de configuración del derecho prestacional, ha
considerado que es el demostrativo de que la convivencia de la pareja es sólida
y tiene vocación de permanencia, de tal suerte que da origen a la protección
del Sistema de Seguridad Social.” (Radicado 40055, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza,
29 de noviembre de 2011).
[23] Sobre
el particular pueden revisarse las sentencias T-217 de 2012 (M.P. Nilson
Pinilla); T-278 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo) y T-641 de 2014 (M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez).
[24] Al respecto puede revisarse, por ejemplo, la
sentencia T-197 de 2010 (M.P. María Victoria Calle).
[25] Ley 1204 de 2008, artículo 6°. “En caso de
controversia suscitada entre los beneficiarios por el derecho a acceder a la
pensión de sustitución, se procederá de la siguiente manera: Si la controversia
radica entre cónyuges y compañera (o) permanente, y no versa sobre los hijos,
se procederá reconociéndole a estos el 50% del valor de la pensión, dividido
por partes iguales entre el número de hijos comprendidos. El 50% restante,
quedará pendiente de pago, por parte del operador, mientras la jurisdicción
correspondiente defina a quién se le debe asignar y en qué proporción, sea
cónyuge o compañero (a) permanente o ambos si es el caso, conforme al grado de
convivencia ejercido con el causante, según las normas legales que la regulan.
Si no existieren hijos, el total de la pensión quedará en suspenso hasta que la
jurisdicción correspondiente dirima el conflicto. (…)”.
[26] Al momento
de proferir este salvamento de voto, la Sala Plena de la Corte Constitucional
estudia varios expedientes de tutela en los que se estudian las acciones de
amparo presentadas por la Procuraduría General de la Nación contra las
decisiones judiciales o de notarios que unieron bajo matrimonio, en algunos
casos, o un contrato especial, en otros casos, a parejas conformadas por
personas del mismo sexo.