T-394-18
Sentencia
T-394/18
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona
natural que actúa en defensa de sus propios intereses
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Autoridad
pública
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE
PETICION Y DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN PROCESO PENAL-Procedencia
Se cumple también el requisito de subsidiariedad,
pues no existe otro mecanismo de defensa judicial, mediante el cual el
accionante pueda lograr la protección de las garantías fundamentales que
considera vulneradas por la entidad accionada, en particular, los derechos de
petición y de acceso a la administración de justicia, los cuales, en el marco
de los hechos analizados, no tienen previsto dentro del proceso penal un medio
de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela.
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Jurisprudencia
constitucional
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE
PETICION Y DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN PROCESO PENAL-No
existe irregularidad alguna en el plano de la competencia del juez de tutela
para conocer el asunto
DERECHO DE PETICION ANTE AUTORIDADES JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia
En lo que respecta
al derecho de petición ante autoridades judiciales, esta Corporación ha
precisado sus alcances al manifestar que si bien es cierto que el derecho de
petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran
en la obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les
presenten,también lo es que “el juez o magistrado que conduce un proceso
judicial está sometido -como también las partes y los intervinientes- a las
reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones
legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente
las mismas que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones
relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con
arreglo a las normas propias de cada juicio”. En este sentido, la Corte ha
sostenido que el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones
respecto de las peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda
vez que han de diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de
dos clases: (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales,
que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser
ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben
ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho
de petición que rigen la administración y, en especial,  de la Ley
1755 de 2015.
DERECHO DE PETICION ANTE AUTORIDADES JUDICIALES-Debe
ser usado adecuadamente, de manera que la conducta de su titular no resulte
contraria a la buena fe y a los fines sociales y económicos del derecho
Esta Corporación ha
señalado que este derecho debe ser usado adecuadamente, de manera que la
conducta de su titular no resulte contraria a la buena fe y a los fines
sociales y económicos del derecho. En este sentido se pronunció la Corte en la
sentencia T-267 de 2017: “Específicamente, en materia de acceso a la administración de
justicia, y de formulación de peticiones ante las autoridades judiciales en el
marco de un proceso judicial, no procede la tramitación de solicitudes
relativas a asuntos previamente estudiados por la autoridad competente, los
cuales hayan sido respondidos en forma oportuna y debida, siempre y cuando (i) se
basen en la misma realidad probatoria y,(ii) reiteren identidad de
razonamiento jurídico. Así, cuando una autoridad se enfrente a una petición
reiterativa ya resuelta, ésta puede remitirse a las respuestas anteriores
sin necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento que estudie el fondo de
la cuestión debatida. Esto, se sustenta en los principios de eficacia y
economía en la labor judicial”.
PRINCIPIO DE GRATUIDAD COMO GARANTIA DEL ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD
Esta Corporación ha desarrollado el
contenido del principio de gratuidad, sosteniendo que es preciso para
garantizar la realización plena del derecho a la igualdad en el acceso a la
administración de justicia. En este sentido, dicha garantía tiene relevancia
constitucional por cuanto busca propiciar la equidad entre las partes que
acuden a un proceso judicial, teniendo en cuenta que tales circunstancias de
igualdad deben asegurarse no únicamente en relación con la oportunidad para
acudir a la administración de justicia, sino también respecto de las
condiciones mismas en que se accede. En relación con lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que “la gratuidad es, en esencia, la condición para hacer realidad el
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación económica de
las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a
la otra ni propiciar, por consiguiente, la discriminación”.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Contenido
y alcance
PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Alcance
conforme al artículo 6 de la Ley 270/96
El artículo 6 de la Ley 720 de
1996 previó que “la
administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del
Estado, sin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles
judiciales que se fijen de conformidad con la ley”. De ello se desprende
que en su sentido más estricto, el principio de gratuidad en el acceso a la
administración de justicia se refiere a la obligación estatal de garantizar
el servicio público de
administración de justicia sin costo para el usuario, de modo que la capacidad
económica no sea un factor determinante para acudir ante los jueces y
tribunales encargados de resolver sus pretensiones según lo establecido por la
ley.
PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA-Reiteración de jurisprudencia
DEBIDO PROCESO-Aplicación a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas
DERECHO A LA DEFENSA-Consagración constitucional
e internacional
DERECHO A LA DEFENSA-Definición
DERECHO A LA DEFENSA-Importancia
DERECHO
AL DEBIDO PROCESO-Implica la posibilidad de realizar una efectiva defensa judicial
DERECHO
A LA DEFENSA EN MATERIA PENAL-Modalidades/DERECHO A LA DEFENSA MATERIAL-Definición/DERECHO
A LA DEFENSA TECNICA-Definición
La jurisprudencia constitucional establece
que el derecho a la defensa comprende dos modalidades, la primera, la defensa
técnica, es aquella especializada, idónea y plena, que ejerce un profesional
del derecho a nombre del procesado, quien, se presume, tiene los conocimientos
y la experticia suficiente para controvertir los cargos del Estado. La
materialización de la defensa técnica puede darse, o bien con el nombramiento
de un abogado elegido por el imputado, o bien mediante la asignación de un
defensor público proporcionado por el Estado a través de la Defensoría del
Pueblo, cuándo se prueba la falta de capacidad económica por parte del
sindicado. La segunda modalidad de esta garantía constitucional es la defensa
material, entendida como la facultad inalienable que tiene el procesado de
defenderse a sí mismo.
DERECHO A LA DEFENSA MATERIAL-Alcance
SUSTITUCION DE EJECUCION DE LA PENA DE PRISION EN CENTRO
CARCELARIO POR PRISION DOMICILIARIA-Presupuestos
PRISION DOMICILIARIA-Requisitos
SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA-Contenido
y alcance
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Requisitos para entrega de
copias gratuitas de proceso penal
La Sala consideró, que en el marco de los
derechos de acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y
de defensa material, las copias gratuitas de un expediente penal, de persona
privada de la libertad, son procedentes siempre que: (i) se requieran
con el propósito de llevar a cabo algún trámite específico o ejercer una
facultad concreta dentro del proceso penal y (ii) que aquella no cuente con los recursos económicos
para asumir el costo asociado a acceder a la documentación solicitada.
DERECHO DE PETICION DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-No vulneración por cuanto las accionadas no
estaban obligadas a dar nuevo trámite a la reiteración de la petición
presentada por el actor, en observancia de los principios de eficacia y
economía en la labor judicial
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-No vulneración por cuanto
accionante no requiere las copias para hacer uso de una facultad concreta
dentro del proceso
Referencia: Expediente
T- 6.572.774
Acción de
tutela instaurada por Julio César Barón Ramírez contra el Juzgado 4 Penal del
Circuito Especializado de Villavicencio.
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., veinticuatro
(24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la
Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo
dictado en el asunto de la referencia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Tunja el 03 de octubre de 2017, en única instancia.
I. ANTECEDENTES
El 14 de septiembre
de 2017, Julio César Barón Ramírez interpuso acción de tutela para conseguir la
protección de sus derechos fundamentales de petición y debido proceso, que
considera vulnerados por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de
Villavicencio.
1. Hechos
1.1. Julio César Barón Ramírez se encuentra
privado de la libertad, en virtud de la sentencia condenatoria emitida el 30 de
marzo de 2017 por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de
Villavicencio, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso
restringido de las fuerzas armadas o explosivos. La decisión fue impugnada y el
recurso de apelación concedido mediante Auto del 26 de abril de 2017, por lo
que en la actualidad surte el trámite de segunda instancia ante el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio- Sala Penal.
1.2. El 22 de mayo de 2017, el acusado
autorizó a Sandra Milena Cabezas Rivas para solicitar la expedición de copias
de la totalidad de la actuación al Juzgado que lo condenó en primera instancia.
El Despacho resolvió la solicitud indicando que: (i) como el expediente
se encontraba en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio en
espera de la decisión sobre la apelación, la petición había sido reenviada a
esa Corporación Judicial; y (ii) que para expedir las copias requeridas
era necesario asumir su costo por valor de  $120.000. El Tribunal, por su
parte, dio respuesta al procesado y le indicó que para dar curso a su petición
era necesario pagar el costo de las copias, por $101.900. Posteriormente, el 21
de julio de la misma anualidad, el señor Barón Ramírez reiteró la solicitud de
nuevo al Juzgado 4º, sin obtener respuesta alguna.[1]
1.3. El procesado interpuso entonces acción
de tutela contra la autoridad judicial que conoció de la segunda solicitud,
manifestando que no se encuentra en capacidad económica para cubrir el costo de
las copias solicitadas. De esta manera, afirmó: “desde el momento de la
sentencia fui alejado de mi núcleo familiar, donde a la fecha no he podido ver
a mi familia por dificultades económicas en términos de la distancia”[2].
Sostiene que el Juzgado (i) vulneró
su derecho de petición al no haber resuelto la solicitud de copias elevada el
21 de julio de 2017, y (ii) desconoció sus derechos al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, por negar la expedición de copias
gratuitas a su favor y no considerar su condición de persona privada de la
libertad y en incapacidad económica. En consecuencia, solicita se ordene al
Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio expedir copia
gratuita del expediente seguido en su contra.[3]
2. Trámite de instancia y respuesta de
las entidades accionadas
El 18 de septiembre de 2017 la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja  asumió el conocimiento de
la acción de tutela y vinculó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio -Sala Penal.
2.1. Contestación del Juzgado 4º Penal
del Circuito Especializado de Villavicencio. El 19 de septiembre de 2017,
el Juzgado solicitó negar el amparo por considerar que no vulneró ninguno de
los derechos invocados. Adujo que impulsó el proceso anteriormente referenciado
en contra del accionante, por los delitos mencionados (acápite 1.1) y que el 30
de marzo de 2017 lo condenó a 72 meses de prisión. Agregó que contra la
decisión se interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido mediante Auto
de 26 de abril de 2017.[4]
Sostuvo que el accionante presentó derecho
de petición el 24 de mayo de 2017, el cual fue recibido el 09 de junio de 2017
en el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales del Circuito
Especializados de Villavicencio, y que fue remitido el 15 de junio de 2017 al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, despacho donde se
surte la segunda instancia del proceso penal. Sobre el derecho de petición, el
accionado  manifestó que “desconoce el pronunciamiento emitido por el
Honorable Tribunal, por cuanto en el expediente no reposa copia de la
contestación emitida al aquí accionante”[5].
Explicó además que el 21 de julio de 2017
llegó al Despacho una segunda solicitud, que no fue remitida al Tribunal, por
cuanto “consideró que se trataba del mismo asunto por el cual se había
elevado petición, razón por la cual lo conservó y no procedió a su remisión
ante el Tribunal donde el expediente reposa para que se diera el debido
trámite, tal y como es debido”.[6]
Finalmente, expuso que no es posible la
entrega de las copias hasta tanto el accionante cancele su costo, estimado en
$120.000. No obstante, adujo que mediante oficio Nº 972 de 2017 hizo la
remisión gratuita de las “copias que corresponden a la audiencia de
verificación de legalidad del preacuerdo de fecha 22 de marzo de 2017 y
sentencia del 30 de marzo de 2017[7]”.
2.2. Contestación del Tribunal Superior
de Villavicencio –Sala Penal-.  El 25 de septiembre de 2017 el Tribunal
alegó que el proceso en referencia ingresó al Despacho para decidir el recurso
de apelación interpuesto por el defensor del procesado, contra la decisión del
30 de marzo de 2017. Indicó que dentro del expediente obra petición de copias
presentada por el accionante, recibida el 15 de junio de 2017, y que una
persona autorizada para el reclamo de los documentos solicitados se acercó al
Despacho y se le indicó que debía consignar la suma de $101.900 en la cuenta
bancaria dispuesta para ese fin por la Rama Judicial, en virtud del Acuerdo Nº
PSAA14-10280 de 22 de diciembre de 2014.[8]
Mencionó que si bien los trámites en la
jurisdicción penal son gratuitos, “en la actualidad no se cuentan (sic) con
los recursos suficientes para garantizar las copias del expediente de forma
gratuita, dado que los elementos suministrados por la Dirección Ejecutiva de
Administración Seccional del Meta, son de uso oficial y con ocasión a los
trámites propios de la administración de justicia”[9], por lo que
considera que de darles una destinación diferente, se incurriría en el delito
de peculado por uso, o según el caso, peculado por aplicación oficial
diferente. [10]
3. El fallo objeto de revisión
El 3 de octubre de 2017 la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja profirió fallo de primera
instancia y resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales de petición
y debido proceso del accionante. El Tribunal consideró que tanto el Juzgado 4º
Penal Especializado del Circuito como el Tribunal Superior de Villavicencio,
dieron el debido trámite a la solicitud de copias elevada por el accionante; el
primero remitiendo los documentos que dentro de sus capacidades presupuestales
estaba en posibilidad de asumir y el segundo autorizando su entrega, previa
cancelación del costo de las copias.[11]
De esta manera, no encontró probado que “el
Juzgado 4 penal del Circuito Especializado y el Tribunal Superior, ambos de
Villavicencio, le hayan impuesto una carga desproporcionada al demandante o que
sus derechos fundamentales se estén desconociendo”[12]. Consideró
que el peticionario podrá obtener las copias en el tiempo que desee, siempre y
cuando asuma la carga procesal que le corresponde.
4. Pruebas solicitadas y recibidas en
sede de revisión
Una vez seleccionado el proceso de la
referencia y puesto a disposición de esta Sala de Revisión, la suscrita
Magistrada Sustanciadora, mediante Auto del 23 de abril de 2018, con el
objetivo de tener mayor precisión dentro del proceso objeto de revisión,
procedió a decretar algunas pruebas[13].
En respuesta, fueron efectivamente allegados los siguientes medios de
convicción:
4.1. Mediante
Oficio 1795 del 30 de abril de 2018, el Tribunal Superior de Villavicencio
-Sala Penal- informó al Despacho: (i) que no se han expedido las copias
solicitadas por Julio César Barón Ramírez dentro del proceso penal de la
referencia, y (ii) que el accionante tiene defensor de confianza, quien
lo asistió durante todo el proceso penal e interpuso el recurso de apelación
contra la sentencia condenatoria[14].
4.2. El 3 de
mayo de 2018, mediante escrito, la Defensoría del Pueblo manifestó que una vez
revisada la base de datos del Sistema de Información Nacional de la Defensoría
Pública no se encontró solicitud del accionante para asistencia de
representación judicial con defensor público[15],
por lo que supone que el actor debe tener asistencia jurídica con apoderado de
confianza en los procesos que se cursan en su contra.[16]
Así mismo, informó que “si bien es
cierto, la Defensoría del Pueblo presta el servicio de defensoría pública, este
se hace a través de contrato de prestación de servicios de representación
judicial, y este contrato no contempla la obligación de asumir costos de los
usuarios en ningún evento. De otra parte el presupuesto asignado a la entidad
es exclusivamente para su funcionamiento propio de sus funciones, y no se les
podría dar otro uso que el contemplado en la constitución y la ley”[17].
4.3. En
comunicación del 3 de mayo de 2018 el Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad de Cómbita evidenció las
siguientes situaciones: (i) el accionante actualmente se encuentra “descontando
en ACTIVIDAD EDUCATIVA Ed. Media Mei CIeI V- Educación Formal-1.2 P.A.S.O
inicial”[18],
la cual no cuenta con ningún tipo de remuneración monetaria; (ii) el
Establecimiento no cuenta con equipos tecnológicos que permitan a los internos
conocer audios o videos correspondientes a las actuaciones penales seguidas en
su contra; y (iii) el demandante solamente ha recibido una visita por
parte de su madre adoptiva, la cual fue registrada el 4 de marzo de 2018.
4.4. El 7 de
mayo de 2018, el accionante, mediante escrito, indicó que durante el proceso
penal fue asistido por un abogado de confianza. Manifestó que no ha tenido
contacto con su apoderado después de que éste instaurara el recurso de
apelación contra la sentencia condenatoria de primera instancia, debido a su carencia
de recursos para continuar pagando los honorarios[19]. Aclaró que “si
bien en la etapa procesal conté con un abogado de confianza, esto se debió o
pudo ser gracias a que familiares y amigos colectaron el dinero que se requirió
para pagar los honorarios del profesional”.[20]
En relación con la motivación que le asiste
para solicitar las copias de la actuación penal, el accionante declaró:
“[A]l comentarle mi
caso a uno de mis compañeros; éste me preguntó por qué no me habían dado la
prisión domiciliaria y yo le respondí que el juez me la había negado porque
había habido un error en la certificación o acreditación del arraigo familiar.
Al escuchar esto, el compañero me expresa que si fue ese el motivo de la negativa
del juez, entonces es factible presentar nuevamente la solicitud; obviamente
subsanando ese error o falencia, pero que para ello necesitaba conocer de la
fuente más fiable; el proceso, los términos en que el juez se había pronunciado
al respecto y los fundamentos jurídicos y de hecho que le habían servido de
soporte, con el fin de evitar realizar peticiones incoherentes”[21]
De esta manera, el peticionario sustentó su
interés actual en obtener las copias del proceso penal pretendidas en el
escrito de tutela, en que aún se encuentra en prisión intramural y considera
que tiene derecho a la sustitución de la medida privativa de la libertad en
establecimiento penitenciario, por la de prisión domiciliaria[22].
Finalmente, solicitó a la Corte
Constitucional incluir al estudio de la vulneración a sus derechos
fundamentales, “la posible vulneración al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia”[23]
en razón a la “tardanza para resolver la impugnación presentada frente al
fallo condenatorio de primera instancia”[24],
argumentando que dicha tardanza le dificulta acceder a la fase de mediana
seguridad y a la obtención de “la prisión domiciliaria por cumplimiento de
la mitad de la pena – en caso de que no prospere la otra solicitud- y
posteriormente, para obtener la libertad condicional”[25].
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte es competente para revisar la
decisión judicial descrita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86
y 241-9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y
en virtud del Auto del 16 de febrero de 2018, proferido por la Sala de
Selección Número Dos, que escogió el expediente para revisión.
2. Cumplimiento de los requisitos de
procedencia de la acción de tutela promovida por Julio César Barón Ramírez
2.1. Antes de examinar el fondo del asunto
objeto de estudio, es preciso analizar la procedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Julio César Barón Ramírez contra el Juzgado 4 del
Circuito Especializado de Villavicencio.
2.2. Legitimación de las partes
Julio César Barón Ramírez está legitimado
para interponer la acción de tutela objeto de análisis, por cuanto actúa en
nombre propio, persigue la protección de sus derechos fundamentales, que
considera vulnerados[26].
De otro lado, desde el punto de vista de la entidad demandada, la acción de
tutela resulta procedente, dado que se trata del Juzgado 4º del Circuito
Especializado de Villavicencio, autoridad pública que según el accionante
infringió sus derechos fundamentales[27],
al no haber dado respuesta a su segunda solicitud.
2.3. La tutela cumple el requisito de
inmediatez
En el presente caso se advierte que la
acción de tutela fue interpuesta el 14 de septiembre de 2017, esto es, poco
menos de dos meses después de haber elevado la segunda petición de copias al
Juzgado accionado, sin recibir respuesta del mismo. Por lo tanto, la Sala
considera que la presente acción de tutela se presentó en un término razonable
y oportuno, teniendo en cuenta además que el accionante es sujeto de especial
protección constitucional al ser una persona privada de la libertad[28],
en donde la presentación de escritos a los despachos judiciales debe realizarse
a través de las autoridades y la penitenciaría.
2.4. La tutela es procedente por cuanto
no hay un medio de defensa alternativo efectivo
Ahora bien, se cumple también el requisito
de subsidiariedad, pues no existe otro mecanismo de defensa judicial,
mediante el cual el accionante pueda lograr la protección de las garantías fundamentales
que considera vulneradas por la entidad accionada, en particular, los derechos
de petición y de acceso a la administración de justicia, los cuales, en el
marco de los hechos analizados, no tienen previsto dentro del proceso penal un
medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela.
3. Cuestión previa
3.1. En vista de que la providencia que se
revisa fue emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, la cual vinculó al trámite como sujeto pasivo a la Sala
Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, la Corte considera necesario
pronunciarse sobre la eventual irregularidad procesal derivada de la falta de
competencia que podría generarse cuando la decisión de tutela contra una
providencia judicial no es dictada por el superior jerárquico del administrador
de justicia accionado.
3.2.1. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional ha señalado que, de conformidad con los artículos 86 de la
Constitución y 8° transitorio de su título transitorio, adicionado por el Acto
Legislativo 01 de 2017, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de
1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela,
a saber:
(i) El factor territorial, en virtud
del cual son competentes “a prevención” los jueces con
jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que
motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos[29].
(ii) El factor subjetivo, que implica
que las acciones de tutela interpuestas contra (a) los medios de comunicación, deben
ser conocidas por los jueces del circuito, según el factor territorial, y (b)
que las promovidas contra las autoridades de la Jurisdicción Especial para la
Paz, corresponde al Tribunal para la Paz[30].
(iii) El factor funcional, que debe
ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el
conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que supone que
únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la
condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos
establecidos en la jurisprudencia[31].
3.2.2.
El artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1.
del Decreto 1069 de 2015 establece sobre el reparto de la acción de tutela que
“[p]ara los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la
solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
// (…) 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales
serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada”. Sin
embargo, de acuerdo con el claro criterio jurisprudencial consolidado a
partir de la reiteración pacífica de esta Corporación, las disposiciones
contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017,
de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos
judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela cuya aplicación o interpretación no genera  per se
un conflicto de competencia.
Ello significa que lo
dispuesto en el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las
autoridades judiciales en oposición a la garantía, principalmente, del derecho
al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno
para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la
resolución del asunto en sede de instancia[32].
3.3. Excepcionalmente y
solo cuando se advierta una distribución caprichosa, esta Corporación asignará
la competencia de acuerdo a las disposiciones del mencionado Decreto. Tal
supuesto ocurre, por ejemplo, cuando se asigna el conocimiento de una acción de
tutela interpuesta contra una de las Altas Cortes, a un funcionario judicial
diferente a sus miembros,[33]
o “siguiendo esa misma directriz, en los casos en que se reparta caprichosamente
una acción de tutela contra una providencia judicial, a un despacho diferente
del superior funcional del que dictó el proveído”.[34]
3.4. De conformidad con lo anterior, la Sala
considera que para predicarse una irregularidad en materia de competencia, debe verificarse una manipulación evidente
y caprichosa de las reglas de reparto, al momento de asignar la acción tutela
al juez de conocimiento. En el presente
trámite tal situación no se evidencia, toda
vez que la acción de tutela interpuesta por el accionante contra el Juzgado 4º
Penal Especializado del Circuito, fue repartida en debida forma al superior
jerárquico de la entidad accionada, y solo con posterioridad se hizo la
vinculación al Tribunal Superior de Villavicencio. En consecuencia, en el caso
que se examina no se presenta irregularidad alguna en el plano de la
competencia del juez de tutela para conocer del asunto.
4. Problemas jurídicos y estructura de
la decisión
4.1. Acorde con los antecedentes expuestos,
la Sala Segunda de Revisión resolverá los siguientes problemas jurídicos:
¿Vulneran las autoridades judiciales el
derecho de petición de una persona privada de la libertad al no dar respuesta a
la reiteración de una solicitud, en el marco de un proceso penal en su contra,
bajo el argumento de haberla resuelto de manera efectiva con anterioridad?
¿Vulneran las autoridades judiciales los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de una
persona privada de la libertad, al negar la solicitud de copias gratuitas de la
totalidad de la actuación de su proceso penal, bajo el argumento de que el pago
por el interesado constituye una carga procesal proporcionada y no existe
obligación legal de expedirlas sin costo?
4.2. Inicialmente, se hará referencia al
derecho de petición ante autoridades judiciales cuando se presenta una
reiteración de solicitudes en el marco de un proceso judicial. Luego, la Sala se
pronunciará sobre (i) el principio de gratuidad en el marco del derecho
del acceso a la administración de justicia y su relación con el derecho a la
igualdad material, (ii) el debido proceso en lo que refiere a la
definición y alcance del derecho a la defensa material en el proceso penal y (iii)
las particularidades de la solicitud de prisión domiciliaria. Con base en el
marco anterior, se resolverán los problemas jurídicos propuestos.
5. El derecho de petición ante
autoridades judiciales – Reiteración jurisprudencial
5.1. A partir de la jurisprudencia
constitucional que ha desarrollado el núcleo y alcance del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, se ha establecido que
este tiene dos dimensiones fundamentales: la primera implica la facultad de
presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas, y la
segunda comprende el derecho a tener respuesta oportuna, clara, completa y de
fondo a las peticiones presentadas[35].
De esta forma, dicha garantía fundamental
refiere a la posibilidad de las personas de elevar peticiones respetuosas ante
las autoridades, las cuales deben ser resueltas de manera pronta y oportuna.
Este deber se extiende a las autoridades judiciales, quienes se encuentran
obligadas a resolver las solicitudes de los peticionarios en los términos
prescritos por la Ley y la Constitución para tal efecto.[36]
5.2. Ahora bien, en lo que respecta al
derecho de petición ante autoridades judiciales, esta Corporación ha precisado
sus alcances al manifestar que si bien es cierto que el derecho de petición
puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran en la
obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten,[37] también lo es que “el
juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también
las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo
que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones
administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez
cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser
resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada
juicio”.[38]
En este sentido, la Corte ha sostenido que
el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones respecto de las
peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda vez que han de
diferenciarse los tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i)
las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se encuentran
reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal
efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo
de la litis e impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad
judicial bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la
administración y,[39]
en especial,  de la Ley 1755 de 2015[40].
En este orden, la omisión del funcionario
judicial en resolver las peticiones relacionadas a su actividad jurisdiccional
según las formas propias del proceso respectivo, configura una violación del
debido proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia[41]. Por otro lado, la
omisión de la autoridad jurisdiccional en resolver las peticiones formuladas en
relación con los asuntos administrativos constituye una vulneración al derecho
de petición[42].
5.3. Ahora bien, esta Corporación ha
señalado que este derecho debe ser usado adecuadamente, de manera que la conducta de
su titular no resulte contraria a la buena fe y a los fines sociales y
económicos del derecho. En este sentido se pronunció la Corte en la sentencia
T-267 de 2017[43]:
“Específicamente, en materia de
acceso a la administración de justicia, y de formulación de peticiones ante las
autoridades judiciales en el marco de un proceso judicial, no procede la tramitación
de solicitudes relativas a asuntos previamente estudiados por la autoridad
competente, los cuales hayan sido respondidos en forma oportuna y debida,
siempre y cuando (i) se basen en la misma realidad probatoria y, (ii)
reiteren identidad de razonamiento jurídico. Así, cuando una autoridad se
enfrente a una petición reiterativa ya resuelta, ésta puede remitirse a las
respuestas anteriores sin necesidad de emitir un nuevo pronunciamiento que
estudie el fondo de la cuestión debatida. Esto, se sustenta en los principios
de eficacia y economía en la labor judicial”.
6. El principio de gratuidad como
garantía del acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad
6.1. La jurisprudencia constitucional ha
definido el derecho al acceso a la administración de justicia como “la
posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder
acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia,
para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección
o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos”[44],
con sujeción estricta a los procedimientos establecidos y la plena observancia
de las garantías sustanciales y procedimentales establecidas en la ley.
En el desarrollo del derecho de acceso a la
justicia, esta Corporación ha reconocido un deber estatal de realizar o
garantizar tal prerrogativa, lo cual implica (i) facilitar las
condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce
del mismo. Específicamente, se ha establecido el deber, en cabeza del Estado,
de tomar medidas destinadas a “remover los obstáculos económicos para
acceder a la justicia, crear la infraestructura necesaria para administrarla y
asegurar la asequibilidad de los servicios del sistema de justicia a aquellos
grupos de población en condiciones de vulnerabilidad”[45].
6.2. En armonía con lo anterior, el
artículo 6 de la Ley 720 de 1996[46]
previó que “[l]a administración de justicia será gratuita y su
funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las agencias en
derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad
con la ley”. De ello se desprende que en su sentido más estricto, el
principio de gratuidad en el acceso a la administración de justicia se refiere
a la obligación estatal de garantizar el servicio público de
administración de justicia sin costo para el usuario, de modo que la capacidad
económica no sea un factor determinante para acudir ante los jueces y tribunales
encargados de resolver sus pretensiones según lo establecido por la ley.
Ahora bien, esta Corporación ha desarrollado
el contenido del principio de gratuidad, sosteniendo que es preciso para
garantizar la realización plena del derecho a la igualdad en el acceso a la
administración de justicia. En este sentido, dicha garantía tiene relevancia
constitucional por cuanto busca propiciar la equidad entre las partes que
acuden a un proceso judicial, teniendo en cuenta que tales circunstancias de
igualdad deben asegurarse no únicamente en relación con la oportunidad para
acudir a la administración de justicia, sino también respecto de las
condiciones mismas en que se accede[47].
En relación con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que “[l]a gratuidad es, en esencia, la condición para hacer realidad el
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación económica de
las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a
la otra ni propiciar, por consiguiente, la discriminación”[48].
6.3. El principio de gratuidad en el
servicio de administración de justicia no significa que no se deban asumir
ciertas cargas económicas en algunos procesos, con el objetivo de obtener la
declaración de un derecho. Esto no constituye una excepción ni una limitación en
la gratuidad de la prestación, que en ningún caso debe ser pagada, sino que
reconoce la asunción ordinaria de ciertos costos a cargo de los usuarios, para
la gestión óptima de sus derechos e intereses ante los tribunales. De esta
manera, según el artículo 6 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia
y lo precisado por esta Corte “el principio de gratuidad no exonera a
quienes acuden a la administración de justicia del pago de ciertos emolumentos”[49]
o cargas pecuniarias que se causen en el curso del proceso judicial, siempre
que éstas sean acordes a los principios de racionalidad, proporcionalidad,
equidad y justicia. La Corte ha puntualizado, sin embargo, que las cargas
económicas que surjan en el marco de un proceso en ningún supuesto podrán
desconocer el derecho de las partes a la igualdad material.[50]
6.4. En particular, esta Corte se ha
pronunciado en casos en los que la falta de capacidad económica del accionante
para sufragar el costo de una erogación en un proceso judicial, le impide
ejercer una oportunidad procesal precisa, que afecta el principio de igualdad sustantiva
en el acceso a la administración de justicia.
En la sentencia T-522 de 1994, en el marco
de un proceso laboral, la accionante solicitó al Juzgado expedir gratuitamente
las copias de las piezas procesales requeridas para el trámite del recurso de
apelación, solicitud que fue negada por el Despacho. En esta ocasión, la Corte
consideró que la respuesta del Juzgado iba en contravía del derecho al acceso a
la administración de justicia y el principio de gratuidad de los procesos
laborales, por lo que confirmó la orden de expedición de copias gratuitas para
surtir el trámite de apelación.
En el mismo sentido se pronunció esta
Corporación en la sentencia T-655 de 2010[51],
caso en el que la accionante no estaba en capacidad de cubrir el costo de la
copia auténtica de su historia clínica, prueba documental indispensable dentro
del proceso de reparación directa del que hacía parte. Al respecto, la Corte
estimó que debido a las circunstancias particulares de la peticionaria, era
necesario exceptuarla del cumplimiento de la normativa que le exigía el pago de
las copias auténticas, en aras de garantizar los principios de solidaridad,
igualdad real y justicia material. En razón a lo anterior, se ordenó a la
institución hospitalaria la emisión gratuita de la documentación requerida, con
la finalidad de materializar el derecho al acceso a la administración de
justicia en condiciones de igualdad.
6.5. Conforme a lo anterior, se configura
una circunstancia de desigualdad ulterior en el acceso a la administración de
justicia, en todos aquellos supuestos en los cuales de la asunción de una carga
económica dentro de un proceso judicial se siga la imposibilidad de ejercer una
facultad, interponer un recurso o hacer uso de medio procesal específico.
6.6. En este orden de ideas, el principio
de gratuidad es una garantía para el acceso a la administración de justicia en
condiciones de igualdad material. Ello no implica que los sujetos procesales en
un determinado trámite judicial estén exentos del pago de emolumentos y costos
asociados al mismo. No obstante, estas cargas pecuniarias se deben adecuar a
los principios de racionalidad, proporcionalidad, equidad y justicia, con el
fin de asegurar el acceso en condiciones de igualdad a la administración de
justicia. Por consiguiente, en los casos en los que la falta de capacidad
económica para sufragar el costo de una erogación en un proceso judicial le
impida a un usuario ejercer una oportunidad procesal precisa, se configuran
situaciones que transgreden de forma clara los derechos al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad material del ciudadano. En estos
eventos, le asistirá el derecho a obtener gratuitamente los documentos
solicitados, siempre, debe clarificarse, que no sean aplicables otros
mecanismos diseñados por el Legislador para corregir estos desequilibrios económicos
en los procesos, por ejemplo, a través de figuras como el amparo de pobreza o
la posibilidad que tiene la Defensoría del Pueblo de vincular investigadores,
técnicos, auxiliares y organizaciones científicas de investigación criminal
para que presten servicios de recaudo de material probatorio, en actuaciones penales
en las cuales el usuario no cuente con recursos económicos[52].
7. El derecho a la defensa material en
el proceso penal
7.1. El debido proceso en materia penal
y el derecho a la defensa
7.1.1. De
conformidad con el artículo 29 de la Carta Política, el debido proceso debe
aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas[53].
En materia penal, este se encuentra constituido, entre otros,  por los derechos
a ser procesado por un juez natural, a presentar y controvertir pruebas, a la
segunda instancia, al principio de legalidad, a la defensa material y técnica, y
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales[54].
7.1.2. Uno de los componentes esenciales del debido
proceso es el derecho a la defensa[55],
como lo han reconocido las normas de derecho internacional[56] y la
jurisprudencia constitucional. La Corte ha afirmado que el derecho de defensa
supone la “oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier
proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las
propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las
pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman
favorables, así como ejercitar los recursos que la ley otorga”.[57]
Este derecho adquiere una relevancia especial en materia penal, por estar en
juego la libertad de las personas.[58]
7.2. El derecho a la defensa técnica y
material en el proceso penal
La jurisprudencia constitucional establece
que el derecho a la defensa comprende dos modalidades, la primera, la defensa
técnica, es aquella especializada, idónea y plena, que ejerce un profesional
del derecho a nombre del procesado, quien, se presume, tiene los conocimientos
y la experticia suficiente para controvertir los cargos del Estado[59].
La materialización de la defensa técnica puede darse, o bien con el
nombramiento de un abogado elegido por el imputado, o bien mediante la
asignación de un defensor público proporcionado por el Estado a través de la
Defensoría del Pueblo, cuándo se prueba la falta de capacidad económica por
parte del sindicado. La segunda modalidad de esta garantía constitucional es la
defensa material, entendida como la facultad inalienable que tiene el procesado
de defenderse a sí mismo.[60]
7.3. El alcance del derecho a la defensa
material.
Esta Corporación ha considerado que la
defensa material y técnica son complementarias[61],
lo que supone la necesidad de proteger las dos modalidades para garantizar
efectivamente el derecho a la defensa, en tanto núcleo del debido proceso.
Sobre el derecho a la defensa material, en
sentencia C-425 de 2008[62]
la Corte se pronunció en los siguientes términos:
“ […] El derecho a
la defensa material supone, entre otras garantías, el derecho del
sindicado a comparecer personalmente al proceso, a enfrentar los cargos
que pesan en su contra, haciendo el propio relato de los hechos, suministrando
las explicaciones o justificaciones que considere pertinentes en su favor, también
ejerciendo actos positivos de oposición a las pruebas de las cuales se
desprende su señalamiento como posible autor o partícipe de la comisión de un
delito, a ver el expediente y a escoger libremente el derecho a
guardar silencio como estrategia de defensa. La defensa técnica en el proceso
penal, fue concebida como un presupuesto de validez de las decisiones que se
adoptan en ejercicio del ius punendi del Estado. Es así como la Corte concluyó
que del artículo 29 de la Carta se deduce que el imputado tiene derecho a
defenderse personalmente en el proceso pero bajo la dirección, asesoría y
acompañamiento directo de su abogado […]” (Subrayado fuera del texto original).
En concordancia, además de los derechos
reconocidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por
Colombia, en la Constitución Política y en la ley, el artículo 130 del Código
de Procedimiento Penal[63],
establece que “el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de las
mismas atribuciones asignadas a la defensa que resultan compatibles con su
condición”. Ello implica, en principio, que las facultades y atribuciones
reconocidas al defensor en los artículos 124[64]
y 125[65]
del referido Código, son análogas al imputado o procesado, salvo aquellas
cuestiones en las que se requiera la experticia y el conocimiento técnico del
abogado para legitimar el ejercicio de la oportunidad procesal, como lo es por
ejemplo, la interposición del recurso de casación[66].
De igual modo, el artículo 130 del aludido
Código precisa que “[e]n todo caso, de mediar conflicto entre las peticiones
o actuaciones de la defensa con las del imputado o procesado prevalecen las de
aquella”, de ahí que sea relevante concebir la defensa material y técnica
como complementarias, de modo que la primera se ejerza bajo la asesoría y el
acompañamiento del profesional del derecho que garantiza la segunda dentro del
proceso.
Ahora bien, el Código de Procedimiento
Penal reconoce expresamente ciertas atribuciones y facultades inalienables al
imputado o procesado. Así lo establece en su artículo 8, cuando al referirse a
la defensa como principio rector dentro del proceso penal precisa:
“En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de
imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de
persecución penal, en lo que aplica a: (…) j) solicitar, conocer y
controvertir las pruebas; k) tener un juicio público, oral, contradictorio,
concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones
injustificadas, en el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por
conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a
obtener la comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de
testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate”
(subrayado fuera del texto original).
De modo que, el Código faculta expresamente
al imputado o procesado para: (i) solicitar, conocer y controvertir
pruebas, (ii) interrogar en audiencia a los testigos a cargo, (iii)
obtener la comparecencia de testigos y peritos que puedan arrojar luz sobre los
hechos del debate y (iv) ejercer cualquier otra facultad asignada a la
defensa que sea compatible con su condición. Tales atribuciones legales
materializan el derecho a la defensa material dentro del proceso penal.
Conforme a lo anterior, el sindicado tiene
derecho a ser parte activa del proceso que se adelanta en su contra, de
coadyuvar con su defensor técnico en la formulación y ejecución de su
estrategia de defensa, así como de contar con los medios necesarios para
ejercer su efectivo derecho de defensa material en una oportunidad procesal
específica dentro del trámite, como lo es por ejemplo, realizar una solicitud
probatoria dentro de la audiencia preparatoria[67],
pedir ser escuchado en la audiencia de juicio oral para controvertir las
acusaciones y el material probatorio presentado en su contra[68], o presentar por
escrito argumentos que complementen la sustentación del recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia interpuesto por su apoderado[69]; de ahí que pueda requerir
eventualmente la posibilidad de consultar y a obtener copias del expediente. Lo
anterior, bajo la dirección, asesoría y acompañamiento del profesional del
derecho que garantiza su defensa técnica dentro del proceso penal.
No obstante, la Sala advierte que existe
una especial dificultad en el acceso a esta documentación para las personas
privadas de la libertad, quienes deben de recurrir a métodos de reproducción
físicos o virtuales de información, como las fotocopias, que les permitan
conocer el contenido del expediente sin acudir presencialmente a los despachos
judiciales.
7.4. La solicitud de prisión
domiciliaria
7.4.1. El artículo 38 de Código Penal[70] establece la prisión
domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la prisión en los siguientes
términos:
“ARTICULO 38. LA
PRISION DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA PRISION. La prisión domiciliaria
como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el
lugar de residencia o morada del condenado o en el lugar que el Juez
determine.
El sustituto
podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre
con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya
evadido voluntariamente la acción de la justicia.
PARÁGRAFO. La
detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de
residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En
estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo
sustitutivo de la prisión” (subrayas fuera de texto)[71].
7.4.2. Adicionalmente, los requisitos para
acceder a este beneficio, así como sus causales de exclusión están previstos en
el artículo 38B del citado Código de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 38B.
REQUISITOS PARA CONCEDER LA PRISIÓN DOMICILIARIA. Son requisitos para conceder
la prisión domiciliaria:
1. Que la
sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley
sea de ocho (8) años de prisión o menos.
2. Que no se
trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2o del artículo 68A de la
Ley 599 de 2000.
3. Que se
demuestre el arraigo familiar y social del condenado.
En todo caso
corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con
todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o
inexistencia del arraigo.
4. Que se
garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a)
No cambiar de residencia sin autorización, previa del funcionario judicial; b)
Que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados
con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía
personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre
insolvencia; c) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile
el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello; d) Permitir la
entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la
vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además deberá cumplir las
condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las
contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión
domiciliaria y las adicionales que impusiere el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad.”[72]
7.4.2.1. De acuerdo con el referido
artículo el reconocimiento de la prisión domiciliaria requiere de la
verificación de dos requisitos objetivos y uno subjetivo. Los objetivos están
determinados por el tipo penal por el cual se judicializó al condenado, de modo
que la prisión domiciliaria: (i) se concede sólo para los delitos que en
el Código Penal tienen establecida una pena mínima de ocho años o menos, y (ii)
no puede concederse si quien fue condenado cometió alguna de las conductas
punibles señaladas en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal.
7.4.2.2. De otro lado, el requisito
subjetivo está dado por la necesidad de demostrar que el condenado tiene
arraigo social y familiar, para lo cual el juez debe tener en cuenta todos los
elementos de prueba a su alcance. Este requerimiento está orientado a evaluar
el vínculo entre el condenado y su entorno social y familiar. Al respecto, el
artículo 312[73]
del Código de Procedimiento Penal[74]
establece que el arraigo en la comunidad está “determinado por el domicilio,
asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga
para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto”.
La evaluación del requisito subjetivo tiene
lugar al anunciar la decisión o el sentido del fallo, pues así lo establece el
artículo 447[75]
del Código de Procedimiento Penal de la siguiente forma:
“Artículo 447.
Individualización de la pena y sentencia. Si el fallo fuere condenatorio, o si
se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía, el juez concederá brevemente
y por una sola vez la palabra al fiscal y luego a la defensa para que se
refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y
antecedentes de todo orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán
referirse a la probable determinación de pena aplicable y la concesión de algún
subrogado. […]”.
7.4.3. Ahora bien, respecto de la
oportunidad procesal para elevar la solicitud de prisión domiciliaria, el
referido artículo 38 del Código Penal, faculta al condenado a elevar la
petición “independientemente de que se encuentre con orden de captura o
privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la
acción de la justicia”.
8. No se acreditan los supuestos
requeridos para que el señor Julio César Barón Ramírez sea exceptuado de la
carga procesal correspondiente al pago de las copias del proceso penal
8.1. En primer lugar, la Sala de Revisión
se propuso determinar si el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de
Villavicencio vulneró el derecho de petición del señor Julio César Barón
Ramírez, quien se encuentra privado de la libertad, al no dar trámite a la
reiteración de su solicitud de copias, en el marco de un proceso penal adelantado
en su contra, bajo el argumento de haberla resuelto de manera efectiva con
anterioridad.
8.1.2. En el presente caso se observa que
el accionante presentó dos solicitudes idénticas de expedición de copias de su
proceso al Juzgado 4º Penal Especializado del Circuito de Villavicencio. La primera,
radicada el 22 de mayo de 2017, resuelta de fondo tanto por el Juzgado
accionado como por el Tribunal Superior de Villavicencio -Sala Penal-, toda vez
que las autoridades judiciales dieron trámite al requerimiento informando al
accionante el procedimiento necesario para acceder a las copias y la carga
procesal que le correspondía con el fin de obtenerlas. La segunda solicitud fue
elevada por el actor el 21 de julio de 2017, de la cual no recibió respuesta,
pues según lo explicó el Juzgado 4º Penal Especializado del Circuito de
Villavicencio, no se le dio trámite por tener análogo contenido a la ya
contestada.
8.1.3. De conformidad con las
consideraciones expuestas en los fundamentos de esta sentencia, es necesario analizar
la naturaleza de la petición presentada por el actor para valorar adecuadamente
la respuesta de la parte demandada.
En este sentido, aun si, en principio,
podría considerarse que la expedición de copias es un aspecto secundario de la
actuación penal y, por lo tanto, de carácter administrativo, la Sala observa en
el presente caso que la solicitud del actor tiene un vínculo directo con su
participación en el proceso penal adelantado en su contra, e incluso, con las
estrategias de defensa y el acceso a los beneficios que pueda solicitar en
ejercicio de su derecho a la defensa material. Por lo tanto, el objeto de la
petición recae sobre aspectos que, de fondo, involucran el desarrollo de la
actuación penal y debe considerarse como parte del proceso.
8.1.4. En este orden, el Juzgado 4º Penal
del Circuito Especializado de Villavicencio y la Sala Penal del Tribunal del
Distrito Judicial de la misma ciudad, estaban obligados a resolver la solicitud
con observancia a los términos y etapas procesales propios de la normatividad
aplicable al desarrollo del proceso penal, y no se encontraban sujetos a las reglas
generales del derecho de petición consagradas en la Ley 1755 de 2015.
8.1.5. Ahora bien, en virtud de lo
precisado por esta Corporación en la sentencia T-267 de 2017[76] en relación al uso
debido de la formulación de peticiones ante las autoridades judiciales en el
marco de una actuación jurisdiccional, “no procede la tramitación de
solicitudes relativas a asuntos previamente estudiados por la autoridad
competente, los cuales hayan sido respondidos en forma oportuna y debida”[77], con ocasión de los
principios de eficacia y economía en la labor judicial.
Por consiguiente, la Sala concluye que la
solicitud elevada por el accionante el 22 de mayo de 2017, fue resuelta de
fondo por las autoridades judiciales demandadas y no estaban obligadas a dar
nuevo trámite a la reiteración de la petición presentada por el actor el 21 de
julio del 2017. Como resultado, no considera la Sala que el derecho de petición
del señor Julio César Barón Ramírez haya sido transgredido por el Juzgado 4º
Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, al no dar nuevo trámite a la
reiteración de su solicitud.
8.2.1. En segundo lugar, la Sala de
Revisión se propuso determinar si el Juzgado 4º Penal del Circuito
Especializado de Villavicencio y la Sala Penal del Tribunal del Distrito
Judicial de la misma ciudad vulneraron los derechos fundamentales del
peticionario al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al negarle
la solicitud de copias gratuitas de la totalidad de la actuación adelantada en
su contra, con el argumento de que esta constituye una carga procesal
proporcionada y que no existe obligación legal de expedir la documentación de
manera gratuita.
8.2.2. En virtud de las consideraciones
expuestas en los fundamentos de esta Sentencia, la Sala advierte que una
persona privada de la libertad, sin capacidad económica para cubrir el valor de
expensas judiciales a su cargo, podría llegar a verse afectada en sus derechos
fundamentales a la defensa material y al acceso a la administración de justicia
en condiciones de igualdad. Tal sería el caso del procesado que debido a la
carencia de recursos para sufragar el costo de las copias del expediente, no
pudiera, a causa de esta situación, ejercer su derecho a actuar de forma
directa en el trámite y llevar adelante un específico procedimiento en procura
de sus intereses como, por ejemplo, el contrainterrogatorio a un testigo, el
ofrecimiento de su propio testimonio en el juicio oral o la aceptación
informada de los cargos imputados.
De acuerdo con las subreglas indicadas en
las consideraciones de esta Sentencia, en los anteriores supuestos se generaría
una vulneración al derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad,
pues la carga pecuniaria no correspondería a los principios de racionalidad,
proporcionalidad, equidad y justicia. Así mismo, se ocasionaría una violación
al debido proceso en razón de que se restringiría de manera irrazonable su derecho
a la defensa material. Por ende, en dichas hipótesis surgiría el derecho del
sujeto a la exención del pago de la copias del expediente al interesado, en
aras de garantizar la eficacia de sus derechos fundamentales.
8.2.3. Para decidir el caso concreto, la Sala
deberá verificar si el señor Julio César Barón Ramírez: i) requiere la
documentación solicitada con el propósito de ejercer una facultad concreta y
determinada dentro del proceso penal, y (ii) no cuenta con los recursos
económicos para asumir el costo que se deriva de la expensa ordinaria asociada
a acceder a la documentación solicitada.
8.2.4. Respecto del primer aspecto, el
señor Julio Cesar Barón Ramírez expuso que al conversar con uno de sus
compañeros, éste le había preguntado las razones por las cuales no se le otorgó
la prisión domiciliaria, respondiendo el actor que la negativa había obedecido
a que existió un error en la acreditación del arraigo familiar. En razón de ello,
su compañero le comunicó que era factible presentar una nueva solicitud
subsanando dicho error, pero que “para ello necesitaba conocer de la fuente
más fiable; el proceso, los términos en que el juez se había pronunciado al
respecto y los fundamentos jurídicos y de hecho que le habían servido de
soporte”[78]
de la decisión, a fin de evitar realizar “peticiones incoherentes”. En
esta razón radicaría la necesidad del peticionario de obtener la copia del
expediente[79].
Así las cosas, a partir de lo manifestado
por el actor, la Sala observa que su solicitud de reproducción gratuita de la
totalidad del expediente está orientada a conocer los fundamentos jurídicos y
fácticos en los que soportó el Juez 4º Penal del Circuito Especializado de
Villavicencio la decisión de negar el mecanismo sustitutivo de prisión domiciliaria.
Específicamente, se advierte un especial interés en la valoración de la
acreditación del arraigo familiar, debido a que, según lo expresa el señor
Barón Ramírez, éste fue el requisito que le impidió acceder al beneficio
referido.
En síntesis, el accionante requiere la
documentación necesaria para conocer las razones, de hecho y de derecho, que le
asistieron al juez de instancia para tomar la decisión de negar el mecanismo
sustitutivo de prisión domiciliaria, de modo que tenga la posibilidad de
presentar una nueva solicitud subsanando las “falencias” que haya
advertido el funcionario judicial al momento de tomar la referida determinación.
En estas circunstancias, la Sala encuentra que
no existe una relación necesaria entre la documentación que solicita el
accionante y la facultad procesal que pretende ejercer, a saber, la solicitud
del beneficio de la prisión domiciliaria[80].
Lo anterior debido a que la acreditación de los requisitos objetivos y
subjetivos, determinados en el artículo 38A del Código Penal para acceder a este
mecanismo sustitutivo de la prisión intramural, no depende de la información
que consta en la actuación procesal. Por el contrario, (i) los
requisitos objetivos para conceder la prisión domiciliaria, están determinados
por la pena imponible, derivada del tipo penal por el cual se emitió sentencia
de condena y (ii) el requisito subjetivo de arraigo familiar y social,
es evaluado por el Juez tras haber anunciado el sentido del fallo condenatorio,
en el momento de individualizar la pena y dictar sentencia, según lo estipula
el artículo 447[81]
del Código de Procedimiento Penal, de todo lo cual queda constancia en la
sentencia.
De modo que, para conocer las razones “de
hecho y de derecho” por la cuales le fue negado el mecanismo sustitutivo de
prisión domiciliaria, así como la valoración del Juez de los requisitos objetivos
y subjetivos determinados en el artículo 38A del Código Penal, el señor Julio
César Barón Ramírez debe observar las razones expuestas por el Juez en la
Sentencia. Lo anterior le permitirá conocer los fundamentos jurídicos y fácticos
del funcionario judicial en relación a la acreditación del arraigo social y
familiar del acusado (requisito subjetivo), así como la compatibilidad del tipo
penal por el cual fue condenado y la medida de prisión domiciliaria (requisito
objetivo). Como resultado, la información requerida por el accionante para
ejercer la oportunidad procesal que pretende está contenida en la sentencia
condenatoria emitida el 30 de marzo de 2017 por el Juzgado 4º Penal del
Circuito Especializado de Villavicencio, de la cual, según la intervención del
Juzgado accionado, se le hizo remisión gratuita mediante oficio Nº 972 de 2017[82], de forma que no requiere
la expedición de la copia de la totalidad del expediente.
En síntesis, dado que la reproducción del
expediente no es un requisito imprescindible para que el accionante ejerza la
facultad procesal concreta que pretende, la Sala no encuentra satisfecha la
primera condición de la subregla planteada en las consideraciones de la
presente sentencia (requerir la documentación solicitada con el propósito de
ejercer una facultad concreta y determinada dentro del proceso penal) y, en
esta medida, no le asiste al actor el derecho a ser exceptuado de la carga
procesal correspondiente al pago de las copias del expediente.
8.2.5. Tras haber concluido que el actor no
requiere la documentación solicitada para ejercer adecuadamente una facultad
dentro del proceso penal, por sustracción de materia, no es necesario ahondar en
el análisis relativo a la acreditación de que el accionante no cuenta con los
recursos económicos para asumir el costo que se deriva de la expensa ordinaria
asociada a la expedición de copias del expediente.
8.3. En este orden de ideas, la Sala de
Revisión no encontró una vulneración a los derechos fundamentales del señor
Julio César Barón Ramírez al acceso a la administración de justicia en
condiciones de igualdad y al debido proceso. Las autoridades accionadas no
desconocieron sus derechos al (i) no dar nuevo trámite a la reiteración
de la petición presentada por el actor el 21 de julio del 2017, y (ii)
negar la solicitud de copias gratuitas de la totalidad de la actuación
adelantada en contra del actor. En consecuencia, procederá a confirmar la
sentencia proferida el 3 de octubre de 2017 por la Sala de Decisión Penal del
tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en los términos expuestos en
esta providencia.
9. Síntesis de la decisión
Julio César Barón Ramírez, persona privada
de la libertad, considera que sus derechos fundamentales de petición, acceso a
la administración de justicia y debido proceso fueron vulnerados por el Juzgado
4º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio- Sala Penal, por no dar nuevo trámite a la
reiteración de su solicitud de copias y negarse a expedir copias gratuitas del
proceso penal seguido en su contra. En particular, los accionados argumentaron
que el pago de la reproducción del expediente constituye una carga procesal
proporcionada y no existe obligación legal de expedirlas sin costo. Como
consecuencia, el procesado interpuso acción de tutela, para que se ordene
expedir copia gratuita de la actuación, toda vez que no tiene la capacidad
económica para asumir su costo.
La Sala estimó que el objeto de la petición
recae sobre aspectos que, de fondo, involucran el desarrollo de la actuación
penal y debe considerarse como parte del proceso, por lo que las autoridades
judiciales estaban obligadas a resolver la solicitud con observancia a los términos
y etapas procesales propias de la normatividad aplicable al desarrollo del
proceso penal. En virtud de lo anterior, afirmó que las autoridades demandadas
no estaban obligadas a dar nuevo trámite a la reiteración de la petición
presentada por el actor el 21 de julio del 2017, en observancia de los
principios de eficacia y economía en la labor judicial.
De otro lado, la Sala consideró, que en el
marco de los derechos de acceso a la administración de justicia en condiciones
de igualdad y de defensa material, las copias gratuitas de un expediente penal,
de persona privada de la libertad, son procedentes siempre que: (i) se
requieran con el propósito de llevar a cabo algún trámite específico o ejercer
una facultad concreta dentro del proceso penal y (ii) que aquella no
cuente con los recursos económicos para asumir el costo asociado a acceder a la
documentación solicitada.
En el presente caso, la Sala encontró que el
accionante no requiere las copias para hacer uso de una facultad concreta dentro
del proceso penal, en la medida en que no existe una relación necesaria entre
la documentación solicitada gratuitamente y la petición de la prisión
domiciliaria que desea formular. Esto, principalmente porque la información que
requiere revisar con el fin de sustentar adecuadamente la solicitud del
beneficio penitenciario se halla en la Sentencia, cuya copia le fue entregada
sin ningún costo, según se mostró a lo largo del trámite de tutela. Por
consiguiente, no se observa vulneración alguna a los derechos fundamentales del
actor al acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad y al
debido proceso, por parte de las autoridades judiciales demandadas. En
consecuencia, se procederá a confirmar la Sentencia proferida el 3 de octubre
de 2017 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Tunja, en los términos expuestos en esta providencia.
III.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas en precedencia, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la Sentencia proferida el 3 de octubre de 2017 por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en los términos expuestos en
esta providencia.
Segundo.- LÍBRESE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada Ponente
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 2-3, Cuaderno de Instancia.
[2] Folio 3, Cuaderno de Instancia.
[3] Folio 6, Cuaderno de Instancia.
[4] Folios 14-15, Cuaderno de Instancia.
[5] Folio
14, Cuaderno de Instancia.
[6] Folio 15, Cuaderno de Instancia.
[7] Folio 15, Cuaderno de Instancia.
[8] Folios 21-22, Cuaderno de Instancia.
[9] Folio 21, Cuaderno de Instancia.
[10] Folios 21-22, Cuaderno de Instancia.
[11] Folios, 26-33, Cuaderno de Instancia.
[12] Folio 32, Cuaderno de Instancia.
[13] Se solicitó: PRIMERO. A la Sala Penal del Tribunal
Superior de Villavicencio que informara al Despacho: (i) si con posterioridad a
la interposición de la presente acción de tutela había expedido copia a favor
del señor Barón Ramírez del proceso penal, y (ii) si el señor Julio César Barón
Ramírez cuenta con defensor particular o si, por el contrario, su apoderado es
defensor público. SEGUNDO. A la Defensoría del Pueblo que informara al
despacho: (i) si el accionante cuenta con defensor público, y (ii) si la
Institución dispone de una alternativa de solución, para los casos en los que
el usuario del servicio de defensoría pública no cuenta con los recursos
económicos para asumir costas del proceso, como las copias del expediente.
TERCERO. A Julio César Barón Ramírez que informara al Despacho: (i) ¿Cuáles son
las razones que motivan la solicitud de copias de todo el proceso penal con
radicación 50001600000020160070100 adelantado en su contra por el delito de
fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las
fuerzas armadas o explosivos? E indicara si requiere la copia del expediente
para intervenir en una actuación o etapa concreta del proceso y si aún tiene
interés en su petición, y (ii) ¿Qué circunstancias específicas lo motivaron a
solicitar directamente las copias del proceso y por qué no lo hizo por
intermedio de su apoderado o intentó acceder al expediente a través de él?
CUARTO. Al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Combita que informara
al Despacho: (i) si dentro del establecimiento penitenciario, el señor Julio César
Barón Ramírez ejerce alguna labor, oficio o trabajo por el cual reciba una
remuneración o compensación, y en caso de ser afirmativa la respuesta, comunicar
el monto, el carácter y las condiciones de dicha remuneración, (ii) si el
Establecimiento Penitenciario cuenta, dentro de sus instalaciones, con
dispositivos audiovisuales que permitan a los internos conocer los audios y
videos correspondientes a las actuaciones penales seguidas en su contra, y
(iii) si el señor Julio César Barón Ramírez ha recibido visitas de sus
familiares durante el tiempo que ha estado recluido en el Establecimiento
Penitenciario y, de ser así, con qué frecuencia.
[14]Folio 34, Cuaderno de Revisión.
[15] Folio 37, Cuaderno de Revisión.
[16] Folio 37, Cuaderno de Revisión.
[17] Folio 37, Cuaderno de Revisión.
[18] Folio 46, Cuaderno de Revisión.
[19] Folio 38, Cuaderno de Revisión.
[20] Folio 39, Cuaderno de Revisión
[21] Folio 39, Cuaderno de Revisión.
[22] Folio 39, Cuaderno de Revisión.
[23] Folio 39, Cuaderno de Revisión.
[24] Folio 39, Cuaderno de Revisión.
[25] Folio 39, Cuaderno de Revisión.
[26] Sobre la legitimación por activa, el
artículo 86 de la Constitución Política y 1° del Decreto 2591 de 1991 establece
que toda persona tiene la facultad de incoar el amparo constitucional, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales.
[27] En relación a la legitimación por pasiva,
los artículos 86 de la Constitución Política y 1° del Decreto 2591 de 1991,
establecen que la acción de tutela procede contra la acción u omisión de
cualquier autoridad pública que amenace o vulnere derechos fundamentales.
[28] Sobre la relación de especial sujeción que
surge entre el Estado y las personas privadas de libertad, se pueden consultar,
entre otras, las sentencias T-714 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-153 de 1998.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-881 de 2002.
M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-1030 de
2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-490
de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett;
T-180 de 2005. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-317 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández;
T-793 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-077 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada; T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa. S.P.V.
Mauricio González Cuervo; T-687 de 2013. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-422 de 2014.
M.P. Andrés Mutis Vanegas; T-077 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-111 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y C-026 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. S.V.
Alberto Rojas Ríos. S.V. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. A.V. María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
Jorge Iván Palacio Palacio. S.V. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] Cfr. Auto 493 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[30] El artículo transitorio 8º del título transitorio de la
Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del
Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela
deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para
conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original).
[31] De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el Auto 655 de
2017. M.P. Diana Fajardo Rivera, debe entenderse que la expresión “superior
jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la
jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se
surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico”
(negrillas fuera del texto original). Véanse también, por ejemplo, los autos
486 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera; y 496 de 2017. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
[32] Ver, entre otros, los autos 105 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; 157 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 007 de 2017. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; 028 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 030 de
2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 052 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; 059 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 059A de 2017. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; 061 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez; 063 de
2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 064 de 2017. M.P. María Victoria Calle
Correa; 066 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 067 de 2017. M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo; 072 de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 086 de 2017.
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; 087 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; 106 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; 152 de 2017. M.P.
Alejandro Linares Cantillo; 171 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 197
de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;  332 de 2017. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; y 325 de 2018. M.P. Diana Fajardo
Rivera.
[33] Corte Constitucional, ver Autos A-111 de 2018. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas y A-539. M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
[34] Auto 198 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas.
[35] Sobre el derecho fundamental de petición
pueden observarse, entre otras, las sentencias T-012 de 1992 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; T-377 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero;  T-1160A de
2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-191 de 2002 M.P. Jaime Córdoba
Triviño; T-173 de 2013 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-211 de 2014 M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; C-951 de 2014 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez; y
T-332 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos. Por su parte, en relación con el desarrollo
del núcleo esencial del derecho en mención,
las sentencias C-818 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-951 de 2014.
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez establecen como elementos propios del
derecho de petición: (i) la pronta resolución de la petición por parte de las
autoridades, (ii) la emisión de una respuesta de fondo y (iii) la notificación
efectiva de la decisión. Específicamente, las sentencias T-610 de 2008. M.P.
Rodrigo Escobar Gil y C-510 de 2004, M. P. Álvaro Tafur Galvis, se refieren a
las condiciones características de una debida respuesta de fondo de la
siguiente manera: “la respuesta debe
observar las siguientes condiciones: a) claridad, esto es que la misma sea
inteligible y que contenga argumentos de fácil comprensión; b) precisión, de
manera que la respuesta atienda directamente a lo solicitado por el ciudadano y
que se excluya toda información impertinente y que conlleve a respuestas
evasivas o elusivas; c) congruencia, que hace referencia a que la respuesta
esté conforme con lo solicitado; y por último, d) consecuencia en relación con
el trámite dentro del cual la solicitud es presentada”. Esto debe ser entendido sin que signifique que la resolución deba ser en favor de las
pretensiones del peticionario, tal y como se precisó en la sentencia C-510 de
2004. M. P. Álvaro Tafur Galvis.
El derecho de petición consagra de un lado la facultad de
presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y, de otro
lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al
asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la
respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los
supuestos fácticos y normativos que rigen el tema. Así, se requiere “una
contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que
el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la
misma sea favorable o no a sus intereses”, así se explica en la
sentencia T-369 de 2013. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[36] Corte Constitucional, sentencia T-267 de 2017. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[37] Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[38] Corte Constitucional, sentencia T-344 de 1995. M.P. José Gregorio
Hernández.
[39] Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias T-311 de 2013.
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-267 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos y
T-2015A de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
[40] “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo”
[41] Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio
González Cuervo. En lo relacionado a la omisión del funcionario judicial en
resolver peticiones propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al
debido proceso, ver entre otras, sentencias T-377 de 2000. M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-178 de 2000. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-007
de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Diaz.
En lo relacionado a la omisión del funcionario judicial en resolver peticiones
propias de su actividad jurisdiccional y la vulneración al acceso a la
administración de justicia, ver entre otras, sentencias C-951 de 2014. M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez; T-006 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-173 de 1993: M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-268 de 1996. M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[42] Corte Constitucional, sentencia T-215A de 2011. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[43] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[44] Corte Constitucional, sentencia C-426 de
2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[45] Corte Constitucional, sentencia T-283 de
2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. SV. Luis Ernesto Vargas Silva. En
esta decisión, la Corte reconoció que para remover los obstáculos económicos en
el acceso a la justicia se  requiere del Estado la ejecución de medidas como la
implementación de tasas judiciales razonables o el uso de figuras como el
amparo de pobreza. De otro lado, sobre la necesidad de asegurar la
asequibilidad de grupos en condiciones de vulnerabilidad, pone como ejemplo
medidas orientadas a acercar los servicios del sistema de justicia a las
personas que se encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales
dificultades de comunicación, así como la adecuación de infraestructura de los
edificios en donde funcionan las autoridades judiciales, de modo que sea
accesible para personas en situación de discapacidad.
[46] Ley Estatutaria de administración de Justicia.
[47] Corte Constitucional, sentencia C-037 de
1996. M.P. Vladimir Naranjo Mesa. En esta oportunidad la Corte trajo a colación
el principio de gratuidad en la administración de justicia en los siguientes
términos: “A pesar de que la Carta Política no hace referencia expresa al
principio de gratuidad en el acceso a la administración de justicia, para la
Corte éste se infiere de los objetivos mismos que persigue la labor de impartir
justicia y de la realización plena del derecho a la igualdad contenido en el
artículo 13 superior”. En otra oportunidad, esta Corte en sentencia T-522
de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell, expuso que las condiciones de igualdad
entre las partes de un proceso judicial no se predica únicamente de la
oportunidad en el acceso, sino también de las condiciones mismas en las que se
accede; por lo que la capacidad económica de las partes juega un papel
preponderante dentro del acceso a la justicia, toda vez  que de poner en
desventaja a una de ellas, se traduce en una transgresión injustificada al
derecho a la igualdad.
[48] Corte Constitucional, sentencia T-522 de
1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[49] Corte Constitucional,
sentencia C-713 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[50] Corte Constitucional, sentencia C-713 de
2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En esta decisión la Corte precisó que
el pago de costas y expensas judiciales cuando se pretenda el reconocimiento de
un derecho, no constituyen una transgresión al principio de gratuidad,
específicamente adujo “si bien toda persona tiene el derecho de acceder sin
costo alguno ante la administración de justicia, no sucede los mismo con los
gastos necesarios para obtener la declaración de un derecho”. En el mismo
sentido se había pronunciado la Corte en sentencias C-1512 de 2000. M.P. Álvaro
Tafur Galvis. S.V. Jairo Charry Rivas y C-808 de 2002. M.P. Jaime Araujo
Rentería, en donde se establece que la puesta en marcha del aparato judicial
con la finalidad de reclamar un derecho, obliga a las partes a asumir costos
económicos, aclarando que las erogaciones pecuniarias que tengan la obligación
de sufragar atiendan los principios de racionalidad, proporcionalidad, equidad
y justicia, sin que en ningún caso se pueda
llegar a desconocer el derecho a la igualdad.
[51] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[52] Ley 941 de 2005, artículo 18.
[53] La Constitución Política de
Colombia establece en su artículo 29 que el debido proceso tiene como fin que, en
el desarrollo de los diferentes procedimientos establecidos por la ley, se
proteja a los ciudadanos contra los abusos o desviaciones de poder por parte de
las autoridades, originados no sólo en las actuaciones procesales sino en las decisiones que
se adopten y puedan afectar injustamente los derechos e intereses legítimos de
aquellos.
[54] Así lo estableció la Corte
Constitucional, entre otras, en las sentencias T-018 de 2017. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; C-594 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
C-025 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Jaime Araújo Rentería; C-425 de
2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. S.P.V. Jaime Araújo Rentería; y C-154 de
2004. M.P. Jaime Araújo Rentería. S.V. Rodrigo Escobar Gil.
[55]Corte Constitucional, sentencia
C-152 de 2004. M.P. Jaime Araújo Rentería. S.V. Rodrigo Escobar Gil.
[56] El artículo 14, Num. 3, Lit.
d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la
Ley 74 de 1968, establece que “[d]urante el proceso, toda persona acusada de
un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:  (...) d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse
personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada,
si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el
interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio,
gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo”.
Igualmente, el Art. 8º, Num. 2, Lits. d) y e), de la Convención Americana de
Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972, implanta que “(...)[d]urante
el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas: (...) d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o
de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y
privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un
defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación
interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor
dentro del plazo establecido por la ley”.
[57] Corte Constitucional,
sentencia C-025 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Jaime Araújo Rentería.
[58] Corte Constitucional, sentencia C-152 de
2004. M.P. Jaime Araújo Rentería. S.V. Rodrigo Escobar Gil.
[59] Corte Constitucional, sentencias, entre muchas otras,
C-025 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil. SV. Jaime Araújo Rentería; C-592 de
1993. M.P. Fabio Moron Díaz; C-617 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; T-654 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-610 de 2001 M.P. Jaime
Araujo Rentería; C-507 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T - 784 de 2000, M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; C-131 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V.
Rodrigo Escobar Gil; C-228 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett. A.V. Jaime Araújo Rentería; C-040 de 2003. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández; C-328 de 2003. M.P.  Manuel José Cepeda Espinosa;  y C-152 de
2004. M.P. Jaime Araújo Rentería. S.V. Rodrigo Escobar Gil; C-152 de 2004, M.P.
Jaime Araújo Rentería; C-1194 de 2005. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-782
de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-068 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil;
T-962 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-069 de 2009 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[60] Corte Constitucional, sentencias Corte
Constitucional, sentencia C-152 de 2004. M.P. Jaime Araújo Rentería. S.V.
Rodrigo Escobar Gil, y C-025 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil. S.V. Jaime
Araújo Rentería.
[61] Corte Constitucional, sentencia
C-210 de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. A.V. Nilson Pinilla Pinilla.
[62] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. S.P.V.
Jaime Araújo Rentería.
[63] Ley 906 de 2004.
[64] La ley 906 de 2004 en su artículo 124 precisa: “[l]a defensa
podrá ejercer todos los derechos y facultades que los Tratados Internacionales
relativos a Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad,
la Constitución Política y la ley reconocen en favor del imputado”.
[65] La ley 906 de 2004 en su artículo 125 precisa: “En especial la
defensa tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 1. Asistir personalmente
al imputado desde su captura, a partir de la cual deberá garantizársele la
oportunidad de mantener comunicación privada con él. 2. Disponer de tiempo y
medios razonables para la preparación de la defensa, incluida la posibilidad
excepcional de obtener prórrogas justificadas para la celebración del juicio
oral. 3. En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los
elementos probatorios, evidencia física e informaciones de que tenga noticia la
Fiscalía General de la Nación, incluidos los que sean favorables al procesado.
4. Controvertir las pruebas, aunque sean practicadas en forma anticipada al
juicio oral. 5. Interrogar y contrainterrogar en audiencia pública a los
testigos y peritos. 6. Solicitar al juez la comparecencia, aun por medios
coercitivos, de los testigos y peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos
materia de debate en el juicio oral. 7. Interponer y sustentar, si lo estimare
conveniente, las nulidades, los recursos ordinarios y extraordinarios y la
acción de revisión. 8. No ser obligado a presentar prueba de descargo o
contraprueba, ni a intervenir activamente durante el juicio oral. 9. Abstenerse
de revelar información relacionada con el proceso y su cliente, conforme a la
ley”.
[66] La ley 906 de 2004 en su artículo 182 precisa sobre la legitimación
del recurso de casación: “[e]stán legitimados para recurrir en casación los
intervinientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo directamente si
fueren abogados en ejercicio”.
[67] La Ley 906 de 2004 en su artículo 357 precisa sobre las solicitudes
probatorias en el trámite de la audiencia preparatoria “[d]urante la
audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa
para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión”,
en el entendido de que el término defensa comprende tanto a la técnica
como a la material.
[68] La Ley 906 de 2004 en su artículo 378 precisa sobre la
contradicción de la pruebas practicadas en el trámite de la audiencia de juicio
oral “[l]as partes tienen la facultad de controvertir, tanto los medios
de prueba como los elementos materiales probatorios y evidencia física
presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por fuera de la
audiencia pública”.
[69] La Ley 906 de 2004 en su artículo 378, modificado por el artículo
91 de la ley 1395 de 2010, precisa sobre el trámite del recurso de apelación
contra sentencias “[e]l recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de
fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado a los no recurrentes dentro
de la misma o por escrito en los cinco (5) días siguientes, precluido este
término se correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cinco
(5) días”.
[70] Ley 599 de 2000.
[71] Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 1709 de 2014.
[72] Artículo adicionado por el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014.
[73] Modificado por el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007.
[74] Ley 906 de 2004.
[75] Modificado por el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010.
[76] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[77] Corte Constitucional, sentencia T-267 de 2017. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[78] Folio 39, Cuaderno de Revisión.
[79] Folio 38, Cuaderno de Revisión.
[80] Folio 39, Cuaderno de Revisión.
[81] Modificado por el artículo 100 de la Ley 1395 de 2010.
[82] Folio 15, Cuaderno de Instancia.