T-045-15
Sentencia T-045/15
(Bogotá,
D.C., Febrero 11)
DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL-Jurisprudencia constitucional
DERECHO A LA SALUD MENTAL-Protección constitucional e internacional
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Suministro de tratamiento integral
DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL-Caso en que se solicita internación permanente a
enfermo de esquizofrenia paranoide
DERECHO AL DIAGNOSTICO-Corresponde al médico tratante determinar si es o no necesario
realizar exámenes para conocer el estado de salud de las personas, así como el
posible tratamiento a seguir
DERECHO A LA
SALUD Y A LA VIDA DEL ENFERMO MENTAL-Orden a EPS
realizar nueva valoración psiquiátrica para determinar si requiere internación
Referencia: Expedientes T-4.549.667
Fallos de tutela objeto revisión: Sentencia de única instancia del Juzgado Sexto Administrativo
Oral de Ibagué, del 29 de abril de 2014.
Accionante: Esperanza García actuando en representación de su hijo José
Harvey Varón García.
Accionados: Cafesalud EPS-S y la Secretaria de Salud del Departamento del
Tolima
Magistrados de la Sala Segunda de
Revisión: Mauricio González Cuervo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
I. ANTECEDENTES.
1. Demanda de tutela.
1.1. Elementos y pretensión[1].
1.1.1. Derechos fundamentales invocados.
Salud -art. 48 C.P.
1.1.2. Conducta que causa la
vulneración. No internar al ciudadano José Harvey Varón
García quien padece esquizofrenia paranoide en un centro psiquiátrico de
manera permanente.
1.1.3. Pretensión. Solicitó al juez
de tutela que le ordene a Cafesalud EPS-S internar a su hijo José Harvey Varón
García, en un centro psiquiátrico en el municipio de Ibagué o en uno cercano,
que sea idóneo para atender la condición de salud que lo aqueja y en donde le
presten todos los servicios de salud que requiera. De manera subsidiaria, pidió
que se le ordene a la EPS-S realizar una valoración médica a José Harvey, con
el fin de establecer que más servicios necesita.
1.2. Fundamentos de la pretensión.
1.2.1. La
ciudadana Esperanza García interpuso acción de tutela en representación de su
hijo José Harvey Varón García, quien es mayor de edad, pero padece desde hace
más de 13 años esquizofrenia paranoide, presentando cuadros de agresividad,
desorientación y compromiso de su comportamiento cognitivo[2].
1.2.2. Debido
a la enfermedad que aqueja al señor José Harvey ha sido internado en varias
oportunidades en el Hospital Federico Lleras en la unidad de salud por un lapso
inferior a ocho días, dándole de alta sin prever las consecuencias. Es así, que
en días pasados cuando estaba internado le dieron de alta, dejándolo salir a la
calle sin ningún cuidado.
1.2.3. La
tutelante aseguró que su hijo necesita ser internado de manera permanente en
una clínica psiquiátrica debido al avanzado estado de la enfermedad, sin embargo,
esto no ha sido posible.
1.2.4. Informó
que es una persona de escasos recursos económicos, vive en una pieza,
residencia que no es adecuada para cuidar a su hijo y aseveró que “por su
agresividad no puede lidiar con el”[3]
1.2.5.
Debido a lo anterior, solicitó al juez de tutela que le ordene a Cafesalud
internar a su hijo José Harvey Varón García, en un centro psiquiátrico en el
municipio de Ibagué o en uno cercano, que sea idóneo para atender la condición
de salud que lo aqueja y en donde le presten el resto de servicios de salud que
requiera. De manera subsidiaria, pidió que se le ordene a la EPS-S realizar una
valoración médica a José Harvey con el fin de establecer que más servicios
necesita.
2.
Respuesta de las entidades accionadas.
Mediante
Oficio No. J6AI-1244 del 11 de abril de 2014, el Juzgado Sexto Administrativo
Oral de Ibagué admitió la acción de tutela y le corrió traslado a Cafesalud y a
la Secretaria de Salud del Departamento del Tolima para que ejerzan su derecho
de defensa, se pronuncien sobre los hechos de la tutela y aporten las pruebas
que consideren pertinentes.
2.1. Cafesalud EPS-S[4].
La ciudadana
Ledys Alicia Rojas Sánchez, en su condición de Directora Departamental de
Cafesalud EPS-S, informó que José Harvey Varón García
está afiliado al sistema de seguridad social en salud al régimen subsidiado a
través de Cafesalud EPS-S, en calidad de beneficiario, desde el 1 de abril de
2008.
Aseguró, que
Cafesalud le ha prestado los servicios médicos de acuerdo con lo contemplado en
el POS al señor Rojas Sánchez. En cuanto a la petición de que sea internado de
manera permanente en una institución psiquiátrica, aclaró que un paciente no
puede estar de manera indefinida en este tipo de centros, pues quien determina su
permanencia es el médico tratante, al ser el profesional que conoce el caso
particular y dispone el plan de manejo del paciente.
Informó que
al revisar la historia clínica del accionante se evidencia que no existe prescripción
por parte del médico tratante que ordene que sea internado en una institución
psiquiátrica, es decir, que esta petición se aleja de la definición de atención
en salud contenida en el artículo 2 del Decreto 1011 de 2006, debido a que no
se trata de la entrega de medicamentos, insumos o de la realización de
procedimientos que previamente hayan sido ordenados por el médico tratante,
requisito indispensable para que prospere la tutela.
Así mismo,
aseguró que la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, en el aparte
4.4.2., estableció que el concepto científico del médico tratante es el principal
criterio pero no el único para determinar el servicio que requiere, es así, que
en el presente caso Cafesalud no puede autorizar el servicio que solicitan al
no existir orden del médico tratante.
En
consecuencia, la EPS-S consideró que en el presente caso se está frente al
fenómeno de la carencia actual de objeto y por lo tanto, solicitó que la acción
de tutela sea denegada. En caso contrario, y en el evento en que se le ordene a
Cafesalud asumir algún servicio médico que no esté contemplado en el POS, se
autorice el recobro ante la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima.
2.2. Secretaría de Salud del Departamento del Tolima.
Guardó
silencio.
3. Sentencias objeto de revisión.
3.1. Sentencia del Juzgado Sexto
Administrativo Oral de Ibagué, del 29 de abril de 2014[5].
El juez constitucional negó el amparo
solicitado a través de este mecanismo constitucional al considerar que
Cafesalud EPS-S le ha prestado la atención médica que ha requerido José Harvey,
además no fue allegada al expediente orden médica prescrita por el médico
tratante en la que se evidencie la necesidad de internarlo de manera permanente
en un centro psiquiátrico en el que le puedan tratar la Esquizofrenia Paranoide
que padece.
Agregó que la EPS-S manifestó que le ha
autorizado y prestado los servicios médicos que ha requerido el actor, y la
queja de la madre de José Harvey no se basa en que la entidad accionada no le
haya prestado los servicios de salud prescritos, sino en que sea internado de
manera permanente situación para la que tampoco existe orden del médico
tratante.
A su vez, aseguró que la jurisprudencia
constitucional en la Sentencia T-057 de 2012, estableció que en virtud del
principio de solidaridad el cuidado del paciente está principalmente a cargo de
la familia, debido a que es la manera más adecuada para garantizar su
restablecimiento y la integración a la sociedad sin necesidad de que haya un
aislamiento severo, excepto si el médico tratante lo prescribió, circunstancia
que no se da en este caso.
Debido a lo expuesto, el juez consideró que
no se evidencia vulneración a los derechos fundamentales de José Harvey Varón
García, en razón a que está recibiendo atención médica y no se le ha impedido
el acceso a tratamientos, medicamentos e insumos que hayan sido ordenados por
el médico tratante.
II. FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para revisar la decisión judicial mencionada, con
base en la Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el
Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36-[6].
2.
Procedencia de la demanda de tutela.
2.1. Alegación
de afectación de un derecho fundamental. Los
derechos fundamentales que considera la accionante fueron transgredidos con la
actuación de la accionada son salud -art. 48 C.P.
y vida -art. 11 C.P.
2.2.
Legitimación activa. La acción de tutela
fue interpuesta por la señora Esperanza García actuando en representación de su
hijo José Harvey Varón García. Lo
anterior encuentra su fundamento constitucional en el artículo 86[7] de la Carta,
el cual establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales
han sido vulnerados o se encuentran amenazados, podrá interponer acción de
tutela en nombre propio o a través de un representante que actué en su nombre,
a su vez, el Decreto 2591 en el artículo 10 reitera lo anterior y establece que
los poderes se presumirán auténticos.
2.3. Legitimación pasiva. Cafesalud EPS-S es una
entidad particular prestadora del servicio público de salud a la que está
afiliado el accionante en el régimen subsidiado y la Secretaria de Salud
Departamental del Tolima es una entidad pública encargada  de garantizar el
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud[8].
2.4.
Inmediatez. La accionante no manifestó que le
haya solicitado a las entidades accionadas lo pretendido en esta acción de
tutela, sin embargo, la Sala considera que la condición de salud de José Harvey Varón García continua lo que implica que la pretensión es
actual y se mantiene en el tiempo.
2.5. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la
acción de tutela constituye un mecanismo de protección de derechos
fundamentales de carácter residual y subsidiario, es decir que únicamente será
procedente cuando no exista otro medio de defensa. No obstante, la
jurisprudencia constitucional ha establecido algunos eventos en que dicha
acción resultará procedente aun cuando exista otra vía, a saber: “(i) los
medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente idóneos y eficaces
para proteger los derechos presuntamente conculcados, (ii) aun cuando tales
medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como
mecanismo transitorio de protección, se producirá un perjuicio irremediable a
los derechos fundamentales, y (iii) el accionante es un sujeto de especial
protección constitucional (personas de la tercera edad, personas
discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y
niñas), y por lo tanto la situación requiere de particular consideración por
parte del juez de tutela” .
En el presente caso el señor José Harvey Varón García padece de
esquizofrenia paranoide, que consiste en “un trastorno severo que suele
comenzar en la adolescencia tardía o al comienzo de la adultez. Se caracteriza
por una profunda desorganización del pensamiento, afecta al lenguaje, la
percepción y el sentido de sí mismo. Suele incluir experiencias sicóticos tales
como escuchar voces o tener delirios. Puede alterar el funcionamiento de la
persona ya sea por la pérdida de una capacidad adquirida para ganarse la vida
y/o la suspensión de estudios que estaba cursando.”[9]. La
Sala considera que la acción de tutela resulta ser el mecanismo idóneo y
eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta su
estado de debilidad manifiesta el cual se deriva de la enfermedad que padece.
3.
Problema jurídico constitucional.
Le corresponde a la Sala determinar si ¿Cafesalud
EPS-S al no internar de manera
permanente al señor José Harvey Varón García, en un centro psiquiátrico le
vulnera el derecho a la salud?
4. El
derecho a la Salud en la jurisprudencia constitucional.
La Corte Constitucional, en sus inicios, manifestó que como el
derecho a la salud era de carácter social, estaba sujeto a un desarrollo
progresivo, es decir que en principio no era un derecho del cual se pudiera exigir
su aplicación inmediata; sin embargo, el Estado Colombiano estaba en la
obligación de proteger el nivel más alto posible de acuerdo a su capacidad
institucional y a sus recursos económicos[10].
Con el paso
del tiempo esta tesis fue reevaluada, pues el derecho a la salud fue protegido
a través de la acción de tutela, pero para ello se recurría a la teoría de la
conexidad, pues se consideraba que el derecho a la salud por sí solo no podía
ser protegido a través de este mecanismo, sino que era necesario demostrar la
afectación de un derecho fundamental.
Más adelante, este tribunal constitucional
sostuvo que el derecho a la salud, independientemente de su naturaleza de derecho
económico, social y cultural, ostenta la condición de fundamental, debido a que
se relaciona de manera directa con la vida y la dignidad de las personas, lo
que permite que se use la acción de tutela como mecanismo de protección[11].
En la Sentencia T-859 de 2003, la Corte dejó de lado el argumento de la
conexidad y dijo que la salud era por sí solo un derecho fundamental: “el
derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera autónoma’, cuando se
puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el
derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se encuentran en la
Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y la mayoría,
finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el Sistema
Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los que las personas
tienen derecho”[12].
En el mismo sentido, la Corte en la Sentencia
T-760 de 2008, reiteró lo anotado por la Sentencia C-811 de 2007, la cual
dispone “que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado a
todos los seres humanos igualmente dignos. No hacerlo conduce a que se presente
un déficit de protección constitucionalmente inadmisible.” Posteriormente,
la T-760 de 2008 concluyó diciendo que de acuerdo a la evolución
jurisprudencial del derecho a la salud, no hay duda que en este momento el
derecho a la salud es autónomo y por lo tanto fundamental, lo que permite hacerlo
exigible de manera directa a través de la acción de tutela.
Lo anterior se acentúa, cuando quien
requiere de la prestación es un sujeto de especial protección, como las
personas de la tercera edad, los menores de edad, personas en situación de
discapacidad, mujeres embarazadas, etc. También gozan de una protección
reforzada quienes padecen enfermedades ruinosas o catastróficas[13]. Es así, que
el artículo 13 de la Constitución impone al Estado el deber de proteger de
manera especial a aquellas personas que por sus condiciones económicas, físicas
o mentales, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
A su vez, el artículo 47[14] de la Carta,
exige que el estado adopte políticas encaminadas a prevenir y mejorar las
condiciones de vida de las personas que tienen alguna disminución sensorial, física
y mental, prestándoles atención especializada según lo requieran.
En este sentido, la Sentencia T―548
de 2011 consideró que “la salud no equivale
únicamente a un estado de bienestar físico o funcional. Incluye también el
bienestar psíquico, emocional y social de las personas. Todos estos aspectos
contribuyen a configurar una vida de calidad e inciden fuertemente en el
desarrollo integral del ser humano.”
Son componentes
integrales del derecho a la salud el aspecto mental, físico y social[15]
y tan solo la garantía y protección de estas tres esferas de la vida del ser
humano, por parte del Estado, significará la completa y adecuada protección del
derecho constitucional fundamental a la salud.
Como lo manifestó la
Corte en la Sentencia T-057 de 2012, una las esferas de protección es la salud
mental, la cual ha sido entendida por la Organización Mundial de la Salud como
un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias
aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar
productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su
comunidad.[16]
De otra parte, a través de la Ley
1306 de 2009 que versa sobre la “Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el
Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados” en
el artículo 2 determinó que una persona tiene una discapacidad mental “cuando
padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender
el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo
de su patrimonio.”
Así
mismo, en el artículo 11 y 12 dispone que ninguna
persona que se encuentre en situación de discapacidad mental podrá ser privada
de su derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico,
adiestramiento, educación y rehabilitación física o psicológica, proporcionales
a su nivel de deficiencia[17] y que
las personas con discapacidades mentales tienen derecho a los servicios de salud de manera gratuita,
a menos que la fuerza de su propio patrimonio, le permita asumir tales gastos.[18]
De otra parte, en el
literal k del artículo 33 de la Ley 1122 de 2007 se estableció que “el
Gobierno Nacional debe definir el Plan Nacional de Salud Pública para cada
cuatrienio donde le correspondía incluir acciones
orientadas a la promoción de la salud mental, y el tratamiento de los
trastornos de mayor prevalencia, la prevención de la violencia, el maltrato, la
drogadicción y el suicidio”.
A su vez, en el Plan
Decenal de Salud Pública, 2012 – 2021, se dispuso que habrá prevención y
atención integral a problemas y trastornos mentales y a las diferentes formas
de la violencia. Adicionalmente se definió dicho componente como:
“8.3.3.2.1. “En
este componente se contemplan las estrategias dirigidas a la prevención y
atención integral de aquellos estados temporales o permanentes identificables
por el individuo y/o por otras personas en los que las emociones, pensamientos,
percepciones o comportamientos afectan o ponen en riesgo el estado de bienestar
o la relación consigo mismo, con la comunidad y el entorno y alteran las
habilidades de las personas para identificar sus propias capacidades, afrontar
las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y
contribuir a su comunidad; igualmente incluye la prevención de las violencias
en entornos familiares, escolares, comunitarios y laborales y la atención del
impacto de las diferentes formas de la violencia sobre la salud mental.
Se consideran
de especial atención aquellos estados de alto impacto, costo emocional,
económico y social sobre los individuos, familias y comunidades, que requieren
intervención prioritaria por parte del Estado y la sociedad en su conjunto y
los procesos articulados de servicios transectoriales, dirigidos a individuos,
familias y colectivos que buscan prevenir, mitigar y superar los daños e
impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida
en relación, generados a los sobrevivientes, víctimas, sus familias y
comunidades por las graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario en el contexto del conflicto armado
colombiano”[19].
De igual manera, la
jurisprudencia constitucional no ha sido ajena a este tipo de propósitos,
incluso ha reconocido el carácter iusfundamental del derecho a la salud de las
personas que tienen algún tipo de discapacidad mental, denominándolo derecho a
la salud mental.[20]
En suma, se evidencia el compromiso del Estado por mejorar
la salud de los colombianos al establecer disposiciones que van encaminadas a prevenir
y brindarles atención integral a las personas que tengan diferentes tipos de
trastornos mentales.
5. El derecho al diagnóstico.
Reiteración de jurisprudencia.
La Corte en
innumerables oportunidades se ha enfrentado a casos donde los accionantes le
solicitan al juez de tutela que se le ordene a las entidades prestadoras de
salud la prestación del servicio de terapias domiciliarias y de otros elementos
que consideran necesarios para el tratamiento y recuperación de la enfermedad
que padecen. La Corporación al analizar este tipo de casos, ha sido reiterativa
en que es necesario constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
jurisprudencia para conceder un servicio no POS, los cuales son:
“(i) que la
falta del servicio médico que se requiere vulnere o amenace los derechos a la
vida y a la integridad personal de quien lo necesita;
(ii) que el
servicio no pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el plan
obligatorio o cuando esté científicamente comprobado que el sustituto no tenga
el mismo nivel de efectividad que el excluido;
(iii) que el
servicio haya sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de
garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo, o aún no
siendo así, la entidad no haya desvirtuado con razones científicas la necesidad
de un tratamiento ordenado por un facultativo de carácter particular”
(iv) la
falta de capacidad económica del peticionario para costear el servicio
requerido.”[21]
Sin embargo, en
cuanto al tercer requisito establecido por este Tribunal Constitucional, que
hace referencia a la existencia de una orden médica por parte de un profesional
adscrito a la EPS, ha manifestado que a pesar que en el expediente no obre
prueba de la prescripción médica, pero existe una duda razonable sobre la
necesidad del servicio solicitado, la Corte ha expresado que el juez de tutela
no cuenta con los conocimientos necesarios para determinar la necesidad o
urgencia del servicio, razón por la cual, y en aras de salvaguardar el derecho
al diagnóstico, ha ordenado una valoración del paciente por parte del equipo
médico de la entidad accionada, de tal manera que éste determine si es necesaria
la prestación requerida, y, en caso que la respuesta sea afirmativa, deberá
prestar el servicio con cargo al FOSYGA.
7. Caso Concreto.
7.1. La
señora Esperanza García interpuso acción de tutela en representación de su hijo
José Harvey Varón García, quien es mayor de edad, pero padece desde hace más de
13 años esquizofrenia paranoide, presentando cuadros de agresividad,
desorientación y compromiso de su comportamiento cognitivo.  Debido a su
enfermedad ha sido internado en varias oportunidades por un lapso no superior a
ocho días, sin embargo, la accionante considera que su hijo necesita ser
internado de manera permanente en una clínica psiquiátrica debido al avanzado
estado de la enfermedad, pero esto no ha sido posible.
7.2.
Cafesalud en su respuesta informó que José Harvey Varón García está afiliado a
dicha EPS al régimen subsidiado, en calidad de beneficiario, desde el 1 de
abril de 2008, prestándole todos los servicios requeridos. En cuanto a la solicitud
de que sea internado de manera permanente en una institución psiquiátrica,
aclaró que un paciente no puede estar de manera indefinida en este tipo de
centros, pues quien determina su permanencia es el médico tratante, al ser el
profesional que conoce el caso particular y dispone el plan de manejo del
paciente.
7.3. El juez
de instancia negó el amparo solicitado al considerar que Cafesalud EPS-S no ha
incumplido con sus deberes constitucionales, pues le ha prestado todos los
servicios que el actor ha requerido según lo prescrito por el médico tratante.
Así mismo, determinó que el reclamo de la señora Esperanza García no se basa en
una falta de prestación de los servicios ordenados por el médico tratante, sino
en una solicitud personal para que su hijo sea internado de manera permanente en
una institución psiquiátrica, situación para la que no existe orden del médico
tratante.
7.4. De
acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia constitucional a pesar que el derecho
a la salud este en el capítulo de derechos económicos, sociales y culturales es
considerado como fundamental, lo cual implica que las entidades prestadoras del
servicio de salud deben otorgar una adecuada atención en la fase preventiva,
durante el tratamiento y en la recuperación. Deber que se incrementa, cuando
quien requiere la prestación es un sujeto de especial
protección en razón a su condición de discapacidad la cual puede ser física o
mental, como en el presente caso, que José Harvey Varón García padece de
esquizofrenia paranoide.
7.5. A su vez, el artículo 13 de la
Constitución le impone al Estado el deber de proteger de manera especial a
aquellas personas que por sus condiciones económicas, físicas o mentales, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. En igual sentido, el artículo 47 de la Carta, determina
que el Estado debe adoptar políticas encaminadas a prevenir y mejorar las
condiciones de vida de las personas que tienen alguna disminución sensorial,
física y mental, prestándoles atención especializada según lo requieran.
Así mismo, la adecuada protección del derecho constitucional fundamental a la
salud, se da cuando el Estado brinda las condiciones necesarias para que las
personas sean atendidas cuando presenten problemas mentales, físicos y
sociales, debido a que estos tres componentes son integrales del derecho a la
salud.
7.6. De otra parte, la Corte Constitucional ha estudiado varios casos de personas que padecen
trastornos afectivos, mentales y del comportamiento, como la esquizofrenia y en
donde su pretensión es que se le ordene a las entidades prestadoras de salud
que internen a los pacientes de manera permanente. Al resolver este tipo de
casos la Corte ha acudido a diferentes órdenes entre las cuales encontramos:
(i) el internamiento u hospitalización permanente en centro de salud
especializado del paciente con limitaciones de su salud mental; (ii) la
internación transitoria del paciente en centro de cuidados intermedios; (iii)
el tratamiento domiciliario o ambulatorio del paciente a cargo de su núcleo
familiar y con la asistencia de las Entidades Prestadoras del Servicio de salud
y del Estado; (iv) la realización de un diagnóstico médico que permita
determinar el tratamiento idóneo para la patología del paciente y (v) el
suministro de información detallada al paciente y a sus parientes sobre las
características de la enfermedad y el tratamiento que requiere.
El primer tipo de orden, es decir, el
internamiento u hospitalización permanente en un centro de salud mental, se dio
en la Sentencia T-398 de 2000, donde este
Tribunal conoció el caso de un paciente calificado con un grado de invalidez
del 100% quien padecía de "esquizofrenia paranoide crónica" a
quien Cajanal decidió dar de alta, poniendo fin a la atención intrahospitalaria
que le venía prestando de manera permanente durante varios años y sin tener en
cuenta los distintos conceptos médicos que recomendaban la internación del
paciente. En este caso la Corte avaló la continuidad de tratamientos
siquiátricos de acuerdo con lo establecido en los dictámenes médicos.
El segundo tipo
de orden -internación
transitoria en centro de cuidados intermedios- fue adoptado en la Sentencia T-1093 de 2008, analizó el caso de una mujer de 61 años que padecía “trastorno
afectivo bipolar” y para quien su sobrina solicitaba una internación en hogar
especializado en razón a su limitada capacidad económica para continuar
sufragando los gastos. En esta ocasión la Corte ordenó la internación de la
paciente en un centro de cuidados intermedios, y lo hizo con el fin de que allí
se realizaran todos los exámenes médicos y diagnósticos necesarios para
establecer con precisión cual era el estado de salud mental de la paciente que
les permitiera a los galenos determinar si debía decretarse o no la internación
definitiva.
En el tercer
tipo de orden, en las Providencias
T-209 de 1999 y T-124 de 2002, donde en ambos casos los tutelantes
padecían de “esquizofrenia paranoide”, este Tribunal no permitió la
hospitalización de los pacientes, pues sus cuadros clínicos recomendaban un
tratamiento ambulatorio bajo el cuidado de sus parientes. Además, la Corte recordó
que la familia es la principal llamada a asistir a sus parientes enfermos.
El cuarto tipo, consiste en ordenar el diagnóstico médico para determinar el tratamiento idóneo, esta fue
una conclusión a la que llego la Corte en la Sentencia T-507 de 2007, donde analizó el
caso de una madre soltera que padecía ‘depresión bipolar afectiva’ y no
contaba con algún familiar que pudiera cuidar de ella permanentemente, esta
Corte ordenó a la E.P.S someter a valoración psiquiátrica a la paciente y
dependiendo del concepto del médico tratante adscrito a la entidad, ordenó
suministrar todos los procedimientos, medicamentos, exámenes que requiriera
ésta para tratar su enfermedad, incluyendo el servicio de hospitalización si
así lo señalaba el mismo.[22]
Finalmente, en la Sentencia
T-398 de 2004 al analizar el caso de una madre que solicitó la internación de
su hijo en un centro especializado, debido a que, padecía retardo mental moderado y trastorno afectivo bipolar mixto, la Corte
optó por ordenarle a las entidades accionadas que suministren la entrega de información detallada sobre las
características de la enfermedad y el tratamiento que ésta requiere.
De lo anterior,
se evidencia que la Corte en cada caso ha estudiado las circunstancias
específicas de las personas que solicitan la reclusión en un centro psiquiátrico
y acorde con las mismas adopta la decisión que a su juicio es la más adecuada
para el caso concreto.
7.7. Es así que en el presente caso, tal y
como la manifestó la señora Esperanza García en los
hechos de la demanda de tutela[23]
y aceptado por Cafesalud EPS en su contestación[24] se evidencia
que el señor José Harvey Varón García está afiliado a dicha entidad y que
padece de esquizofrenia paranoide, lo que ha llevado a que en varias
oportunidades haya sido internado en centros psiquiátricos. A su vez, la Sala
pudo corroborar lo anterior en la historia clínica del actor[25].
Pese a lo anterior, y a que está demostrado que el actor padece de
esquizofrenia la Sala no encuentra que Cafesalud EPS haya incumplido sus
deberes constitucionales, pues en la historia clínica aportada no existe una
prescripción médica indicando que José Harvey deba ser internado de manera
permanente en un centro de atención psiquiátrica, lo que no permite afirmar que
haya una vulneración por parte de dicha entidad.
Ahora, la señora Esperanza, quien es la madre de José Harvey,
manifestó que presenta cuadros de desorientación, compromiso de su
comportamiento cognitivo y de agresión siendo esta última una situación con la que
no puede lidiar. Lo anterior, ha llevado a que en varias oportunidades sea
internado por un lapso de 8 días en centros de atención psiquiátrica, sin
embargo, considera que dicho tratamiento no es suficiente por lo que solicitó
que lo internen de manera permanente.
Adicionalmente, informó que es una persona de escasos recursos,
que no cuenta con una vivienda adecuada para brindarle a su hijo el bienestar que
requiere, pues vive en una pieza, a su vez, Cafesalud indicó que José Harvey se
encuentra afiliada al régimen subsidiado de salud en calidad de beneficiario.
En el presente caso, la Sala no tiene claridad sobre el estado
clínico y la evolución de la enfermedad del señor José Harvey Varón García,
pues en el acervo probatorio que obra en el expediente, no se evidencia orden
del médico tratante que indique que el accionante deba ser internado de manera
permanente en una institución psiquiátrica, sin embargo, la Sala considera que existe
una duda razonable sobre la necesidad del servicio solicitado.
Es así, que en el presente caso la Sala adoptará como remedio
jurídico y ordenará la
realización de un diagnóstico médico el cual deberá ser realizado por tres
especialistas para determinar el tratamiento idóneo para la patología del
paciente, el cual podrá conducir incluso a que sea
internado de manera permanente en un centro psiquiátrico. En cualquier caso,
los galenos deberán suministrarle
a la familia y al paciente información detallada sobre (i) las características
de la enfermedad y el tratamiento que requiere, (ii) de los cuidados especiales que deben tener en cada uno de
los periodos de la enfermedad y, (iii) las medidas que puede adoptar en caso de
episodios de violencia o agresión.
III. CONCLUSIÓN
1. Síntesis del caso
La señora
Esperanza García interpuso acción de tutela en representación de su hijo José
Harvey Varón García, quien es mayor de edad, padece desde hace más de 13 años
esquizofrenia paranoide, presentando cuadros de agresividad, desorientación y
compromiso de su comportamiento cognitivo.  Debido a su enfermedad ha sido
internado en varias oportunidades por un lapso no superior a ocho días, sin
embargo, la accionante considera que su hijo necesita ser internado de manera
permanente en una clínica psiquiátrica, petición que no ha sido acogida por la
entidad accionada.
Por su
parte, Cafesalud en su respuesta informó que José Harvey Varón García está
afiliado a dicha EPS régimen subsidiado, en calidad de beneficiario, desde el 1
de abril de 2008, prestándole todos los servicios requeridos. En cuanto a la
solicitud de que sea internado de manera permanente en una institución
psiquiátrica, aclaró que un paciente no puede estar de manera indefinida en
este tipo de centros, pues quien determina su permanencia es el médico
tratante, al ser el profesional que conoce el caso particular y dispone el plan
de manejo del paciente.
2.
Decisión.  Del acervo probatorio no se evidencia
orden del médico tratante que indique que el accionante deba ser internado de
manera permanente en una institución psiquiátrica. Adicionalmente, la Sala no
cuenta con los elementos de juicio indicados para acceder a la pretensión de la
madre José Harvey Varón García, por lo tanto, le ordenara a Cafesalud EPS-S
realizar un diagnóstico médico
el cual deberá ser realizado por tres especialistas para determinar el
tratamiento idóneo para tratar la patología del paciente, el cual podrá conducir incluso a que sea internado de manera
permanente en un centro psiquiátrico.  En cualquier caso, los galenos deberán suministrarle a la familia y al paciente
información detallada sobre (i) las características de la enfermedad y el
tratamiento que requiere, (ii) de
los cuidados especiales que deben tener en cada uno de los periodos de la
enfermedad y, (iii) las medidas que puede adoptar en caso de episodios de
violencia o agresión.
3. Razón de la decisión. (i) Acorde con el artículo 13 y 47 de la Constitución Política, el
Estado tiene el deber de brindarle una especial protección a las personas que por sus condiciones económicas, físicas o mentales, se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. (ii) Cuando no hay orden
del médico tratante pero existe una duda razonable sobre la necesidad del
servicio solicitado, y el juez de tutela no cuenta con los conocimientos
necesarios para determinar la necesidad o urgencia del servicio, ordenará la valoración
del paciente por parte del equipo médico de la entidad accionada.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR la providencia del 29
de abril de 2014 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de
Ibagué, y en su lugar, CONCEDER la
tutela del derecho fundamental a la salud del señor José Harvey Varón García.
SEGUNDO.- ORDENAR
a Cafesalud EPS-S que en el término de cinco (5) días hábiles a partir de la
notificación de esta sentencia, le realice un diagnóstico médico al señor José
Harvey Varón García, el cual
deberá ser realizado por tres especialistas con el fin de determinar el
tratamiento idóneo para tratar la esquizofrenia paranoide que padece, el cual podrá conducir incluso a que sea internado de manera
permanente en un centro psiquiátrico.
TERCERO.-  ORDENAR
a Cafesalud EPS-S que en el término máximo de cinco (5) días hábiles
posteriores al diagnóstico realizado por los especialistas preste el
tratamiento determinado por los expertos.
CUARTO.-  ORDENAR
a Cafesalud EPS-S que con posterioridad al diagnóstico le suministre a la familia de José Harvey Varón García y a él información detallada sobre (i) las características de la
enfermedad y el tratamiento que requiere, (ii) de los cuidados especiales que deben tener en cada uno de
los periodos de la enfermedad y, (iii) las medidas que puede adoptar en caso de
episodios de violencia o agresión.
QUINTO.- LÍBRESE
por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ      GABRIEL E. MENDOZA MARTELO
Magistrado                                                       Magistrado
ANDRES
MUTIS VANEGAS
Secretario
General
[1] Acción de tutela fue
presentada el 10 de abril de
2014, por la señora Esperanza García en representación de su hijo José Harvey
Varón García contra Cafesalud y la Secretaría de Salud Departamental.
(Folios 14 al 16 del cuaderno No. 1).
[2] Afirmación realizada en los hechos de la demanda de tutela. (Folio
14 del cuaderno No. 1).
[3] Afirmación realizada en los hechos de la demanda de tutela. (Folio
15 del cuaderno No. 1).
[4] Respuesta de Cafesalud EPS-S. (Folio 28 y 29 del cuaderno No. 1).
[5] Sentencia de única instancia. (Folios 32 al 50 del cuaderno No.
1.).
[6] En Auto del 20 de octubre de 2014 de la
Sala de Selección de tutela No. 10 de la Corte Constitucional, dispuso la
revisión del expediente T- 4.549.667 y procedió a su reparto.
[7]
Constitución Política, Artículo 86 “toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[8]
Constitución Política de Colombia, Artículo 86.
[9] http://www.acpef.com/que-es-la-esquizofrenia/.
Asociación Colombiana de Personas con Esquizofrenia y sus familias.
[10] En el mismo sentido ver las sentencias T-946 de 2007, SU-111 de
1997, SU-225 de 1998, SU-480 de 1997, SU-819 de 1999; el Protocolo
Adicional a la Convención Americana de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, y del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales y la
Observación
General Número 14 del Comité de
Derecho Sociales, Económicos y Culturales.
[11] Sentencia T-176 de 2011.
[12] En la sentencia T-859 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett) se dice al respecto: “Así las cosas, puede sostenerse que
tiene naturaleza de derecho fundamental, de manera autónoma, el derecho
a recibir la atención de salud definidas en el Plan Básico de Salud, el Plan
Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado –Ley 100 de 1993
y sus normas complementarias -, así como respecto de los elementos derivados de
las obligaciones básicas definidas en la
Observación General N°14. Lo anterior por cuanto se han definido los
contenidos precisos del derecho, de manera que existe un derecho subjetivo
claro a favor de quienes pertenecen a cada uno de los subsistemas
–contributivo, subsidiado, etc.-. La Corte ya se había pronunciado sobre ello
al considerar el fenómeno de la transmutación de los derechos prestacionales en
derechos subjetivos. || 13 La naturaleza de derecho fundamental que
tiene el derecho a la salud en los términos del fundamento anterior, implica
que tratándose de la negación de un servicio, medicamento o procedimiento establecido
en el P.O.S., se estaría frente a la violación de un derecho fundamental. No es
necesario, en este escenario, que exista amenaza a la vida u otro derecho
fundamental, para satisfacer el primer elemento de procedibilidad de tutela:
violación o amenaza de un derecho fundamental.” Esta decisión ha sido
reiterada, entre otras, en las sentencias T-060 de 2007 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-148 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).
[13] Ver Sentencias T-1081 de 2001, T-441 de 2004, T-935 de 2005, T-527
de 2006 y T-073 de 2008, T-391 de 2009, T-359 de 2010, T-053 de 2011, entre
otras.
[14] ARTICULO   47.  El Estado adelantará una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
[15] “Informe sobre la Salud en el Mundo 2001. Salud Mental: nuevos
conocimientos, nuevas esperanzas.” Organización Mundial de la
Salud OMS.
[16] Ibíd.
[17] Artículo 11 de la Ley 1306 de 2009.
[18] Artículo 12 de la Ley 1306 de 2009.
[19]http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Decenal%20%20Documento%20en%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.pdf
[20] Ver, entre otras, las Sentencia T-666 de
2004, T―016 de 2007,  T―760 de 2008 y T- 057 de 2012.
[21] Sentencias T-1204 de 2000, T-648 y T-1007 de 2007, T-139 y T-144 y
T-517, T-760 y T-818 de 2008, T-922 de 2009,  T-189 de 2010, T-437 de 2010, T-
053 de 2011, T- 212 de 2011 y T-233 de 2011 entre muchas otras.
[22] Ver también las sentencias T―458 de 2009 y T―398 de
2004 donde este Tribunal tampoco ordena la internación, sino que determina que
la paciente debe ser valorada médicamente para que se defina el tratamiento que
se le debe suministrar de manera integral, bien sea intrahospitalario o
domiciliario.
[23] Manifestación realizada en los hechos de la demanda de tutela.
(Folio 14 del cuaderno No. 1).
[24] Respuesta a la demanda de tutela por parte de Cafesalud EPS-S.
(Folio 28 al 29 del cuaderno No. 1).
[25] Copia de la historia Clínica. (Folio 4 al 9 del cuaderno No. 1).