C-358-97
Sentencia C-358/97
Sentencia
C-358/97
PUNIBILIDAD-Regulación compete al legislador
La regulación de
la punibilidad es del resorte del Legislador, en desarrollo de su función de
expedir códigos en todos los ramos de la legislación.
PRISION Y ARRESTO-Marco sancionatorio diferenciado/ARRESTO-Medida
menos grave que la prisión/PENA APLICABLE EN CONCURSO DE DELITOS-Equivalencia
de tres días de arresto a uno de prisión
A fin de que el
Estado pueda castigar los hechos punibles, debe contar con un repertorio de
instrumentos y medidas sancionatorias que le permita distinguir los supuestos
de mayor y menor gravedad con arreglo al principio de proporcionalidad. La
existencia de una pluralidad de especies punitivas permite al mismo Legislador
establecer un marco sancionatorio diferenciado que sea congruente con las
distintas hipótesis delictivas que toma en consideración. El Legislador, en
este caso, introduce un factor que contribuye a diferenciar la pena de prisión
y la de arresto, el cual redunda en reducir la severidad de esta última. De
presentarse una pluralidad de delitos, gobernada por el instituto del concurso,
tres días de arresto se hacen equivaler a uno de prisión. Dado que en este
evento la sanción será la correspondiente a la pena más grave, aumentada hasta
en otro tanto, la equivalencia anotada incide en que se establezca un límite
menor a la mayor sanción resultante del concurso si entre las transgresiones
figura una o más penadas con arresto. Se quiere, pues, que este plus de la
pena, con prescindencia de que el concurso sea homogéneo o heterogéneo, sea
inferior si uno de los delitos tiene señalada pena de arresto, lo cual
claramente indica que el Legislador asocia el arresto a una medida
comparativamente menos grave que la prisión.
SANCION-Determinación
La sanción es una
consecuencia del supuesto de hecho previsto en la norma y denota el grado de
reprobación de que ella es objeto. La sanción, por sí misma, no determina el
supuesto. La sanción que finalmente se imponga al agente corresponderá a la
connotación jurídico-penal que habrá de deducirse de su conducta concreta. El
demandante asume implícitamente que la definición abstracta de las especies de
penas determina el quantum del castigo cuando éste sólo se establece a partir
de la conducta real y del grado de descalificación que ella le merezca al
Legislador, lo que se expresa en cada sanción singular que acompaña a los
diferentes tipos penales.
PRISION Y ARRESTO-Imposibilidad juicio de igualdad
Sin considerar el
referente real de las sanciones, no es posible llevar adelante el juicio de
igualdad. Plantear la semejanza de dos especies de sanción, cuya diferenciación
se hace en términos de mayor o menor severidad - de modo que el instrumental
sancionatorio pueda ofrecer respuestas adecuadas a la pluralidad de conductas
delictivas -, como exigencia imperativa del principio de igualdad, desconoce la
competencia positiva del Legislador, que debe ocuparse de crear tipos de penas
que tengan caracteres distintivos puesto que, si no existe una homogeneidad en
la conducta delictiva, no puede, de otro lado, darse una uniformidad de los
medios sancionatorios. La existencia de un inventario abstracto de sanciones
diversas, no viola la Constitución.
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Conversión
de multa en arresto
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Concesión
de libertad condicional por arresto o prisión
HOMICIDIO EN LOS
CODIGOS PENAL Y PENAL MILITAR-Material
y jurídicamente no son diferentes/HOMICIDIO Y SU AGRAVACION EN EL CODIGO
PENAL MILITAR-Vulneración de la igualdad punitiva por ser inferior a
legislación ordinaria
Tanto el bien
jurídico protegido -la vida-, como la descripción de la conducta típica son
idénticos. Que el agente sea militar o simplemente civil, no afecta el tipo. En
los dos eventos, se comete el delito de homicidio. La circunstancia de que el
homicidio tenga relación directa con una acción referida al servicio militar o
policial, sólo será relevante para determinar la jurisdicción aplicable, que es
un posterius, pero desde el punto de vista material y jurídico el supuesto
material, el tipo y la lesión no son diferentes. Si bajo los aspectos
relevantes, las dos situaciones son iguales, el tratamiento diferenciado es
inaceptable. Por lo tanto, la Corte concluye que
en relación con los delitos comunes contemplados en el Código Penal Militar,
éste no puede, sin violar el principio de igualdad en materia punitiva, imponer
penas principales inferiores a las previstas en la legislación penal ordinaria.
Es el caso del delito de homicidio, sancionado en el Código Penal Militar, que
en el Código Penal recibe un castigo más severo. Las expresiones demandadas que
fijan el quantum de la pena del delito de homicidio y de las circunstancias de
agravación punitiva serán declaradas inexequibles. En estos dos eventos, por
razones elementales de integración normativa, las penas serán las que se
establecen en las normas respectivas del Código Penal.
FUERO PENAL
MILITAR-El ser miembro de
la fuerza pública en servicio activo no lo exime del derecho penal común
El miembro de la fuerza pública, así se encuentre en servicio activo,
ha podido cometer el crimen al margen de la misión castrense encomendada: en
este caso, el solo hecho de estar en servicio activo no lo exime de ser
sometido al derecho penal común. Las prerrogativas y la investidura que
ostentan los miembros de la fuerza pública pierden toda relación con el
servicio cuando deliberadamente son utilizadas para cometer delitos comunes,
los cuales no dejan de serlo porque el agente se haya aprovechado de las
mencionadas prerrogativas e investidura, ya que ellas no equivalen a servicio
ni, de otro lado, tienen la virtud de mutar el delito común en un acto
relacionado con el mismo. El simple hecho de que una persona esté vinculada a
la fuerza pública no dota a sus propósitos delictivos de la naturaleza de
misión de la fuerza pública. Ellos continúan siendo simplemente la voluntad
delincuencial imputable a la persona, desconectada del servicio público de la
defensa y de la seguridad públicas, la cual en un plano de estricta igualdad
deberá ser investigada y sancionada según las normas penales ordinarias.
FUERO PENAL MILITAR-El delito debe tener relación directa y próxima con la
función militar o policiva
La exigencia de que la conducta punible tenga una relación directa con
una misión o tarea militar o policiva legítima, obedece a la necesidad de
preservar la especialidad del derecho penal militar y de evitar que el fuero
militar se expanda hasta convertirse en un puro privilegio estamental. En este
sentido, no todo lo que se realice como consecuencia material del servicio o
con ocasión del mismo puede quedar comprendido dentro del derecho penal
militar, pues el comportamiento reprochable debe tener una relación directa y
próxima con la función militar o policiva. El concepto de servicio no puede
equivocadamente extenderse a todo aquello que el agente efectivamente realice.
De lo contrario, su acción se desligaría en la práctica del elemento funcional
que representa el eje de este derecho especial.
JUSTICIA PENAL
MILITAR-Elementos personal
y funcional/DERECHO PENAL ORDINARIO-Aplicación por no ser diáfana
relación directa del servicio con el delito/JURISDICCION PENAL MILITAR-Excepción
constitucional a la regla del juez natural general
Tratándose del delito típicamente militar y del delito común adaptado a
la función militar, tanto el elemento personal como el funcional, constitutivos
de la justicia penal militar, son forzosamente estimados por el juez, habida
cuenta de que la norma penal los involucra conjuntamente. En el caso de los
delitos comunes objeto de recepción pasiva por parte del Código Penal Militar,
la ausencia de un condicionamiento positivo estricto dentro del mismo tipo
penal, que supedite la competencia de la justicia penal militar a su
vinculación directa con un acto u operación propios del servicio, dificulta la
decisión acerca de cuál es el derecho penal aplicable. Esa decisión está
siempre expuesta a dos peligros igualmente graves y lesivos de la igualdad y
del debido proceso: por una parte, la discrecionalidad judicial para definir el
juez natural y el derecho aplicable; por otra, la conversión del fuero en
privilegio personal y el socavamiento injustificado de la jurisdicción ordinaria.
Los mencionados peligros pueden menguarse, sin embargo, si se parte de la
definición del fuero penal militar como una excepción a la regla del juez
natural general. Ello significa que en todos aquellos casos en los que no
aparezca diáfanamente la relación directa del delito con el servicio habrá de
aplicarse el derecho penal ordinario. La jurisdicción penal militar constituye una excepción
constitucional a la regla del juez natural general. Por ende, su ámbito debe
ser interpretado de manera restrictiva, tal como lo precisa la Carta Política
al establecer en su artículo 221 que la justicia penal militar conocerá
"de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en
servicio activo, y en relación con el mismo servicio". Conforme a la
interpretación restrictiva que se impone en este campo, un delito está
relacionado con el servicio únicamente en la medida en que haya sido cometido
en el marco del cumplimiento de la labor - es decir del servicio - que ha sido
asignada por la Constitución y la ley a la Fuerza Pública.
FUERO PENAL
MILITAR-Vínculo entre el
delito y la actividad propia del servicio
Para que un
delito sea de competencia de la justicia penal militar  debe existir un vínculo
claro de origen entre él  y la actividad del servicio, esto es, el hecho
punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el
marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo
armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del
servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y abstracto.
Esto significa que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la
realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de
los cometidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por el contrario,
si desde el inicio el agente tiene propósitos criminales, y utiliza entonces su
investidura para realizar el hecho punible, el caso corresponde a la justicia
ordinaria, incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una cierta
relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública y el hecho punible del
actor. En efecto, en tales eventos no existe concretamente ninguna relación
entre el delito y el servicio, ya que en ningún momento el agente estaba
desarrollando actividades propias del servicio, puesto que sus comportamientos
fueron ab initio criminales.
FUERO PENAL
MILITAR-Rompimiento de
nexo funcional por delito de lesa humanidad
Esta Corporación
ha señalado que las conductas constitutivas de los delitos de lesa humanidad
son manifiestamente contrarias a la dignidad humana y a los derechos de la
persona, por lo cual no guardan ninguna conexidad con la función constitucional
de la Fuerza Pública, hasta el punto de que una orden de cometer un hecho de
esa naturaleza no merece ninguna obediencia. Un delito de lesa humanidad es tan
extraño a la función constitucional de  la Fuerza Pública que no puede jamás
tener relación con actos propios del servicio, ya que la sola comisión de esos
hechos delictivos disuelve cualquier vínculo entre la conducta del agente y la
disciplina y la función propiamente militar o policial, por lo cual su
conocimiento corresponde a la justicia ordinaria. Existen conductas punibles
que son tan abiertamente contrarias a la función constitucional de la Fuerza
Pública que su sola comisión rompe todo nexo funcional del agente con el
servicio.
JUSTICIA PENAL
MILITAR-Corresponde a
justicia ordinaria conocer del proceso en caso de duda sobre la jurisdicción
competente
La relación con
el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del proceso.
Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la norma
ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que aparezca
nítidamente que la excepción al principio del juez natural general debe
aplicarse. Ello significa que en las situaciones en las que exista duda acerca
de cuál es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso
determinado, la decisión deberá recaer en favor de la jurisdicción ordinaria,
en razón de que no se pudo demostrar plenamente que se configuraba la
excepción.
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Prescripción
de varias acciones penales
JUSTICIA PENAL
MILITAR-No extensión
acumulación de sentencias/JUSTICIA PENAL MILITAR-Orden de ejecución de
las sentencias
En materia
procesal penal, por regla general, cada delito se investiga y juzga en un solo
proceso, y la pena correspondiente se ejecuta individualmente. Las excepciones
a esta regla son de índole legislativa. La Constitución Política, a este
respecto, fuera de reconocer la reserva de ley, no se ocupa de prefigurar las
decisiones que serán del resorte de aquélla. Por esta razón, en principio no se
observa violación alguna a la Carta, si se establece un límite a la acumulación
que, por fuerza, deja de comprender algunas hipótesis referidas a los fallos
que se profieren de manera independiente, lo que podría ocurrir si dentro de la
oportunidad legal no se advierte o intenta la acumulación de los procesos en
curso. Encuentra la Corte que razones de economía procesal pueden limitar las
excepciones a la regla general. La existencia de jueces de penas, que no se
deriva de un imperativo constitucional, ha podido llevar a la legislación
ordinaria a decidir la ampliación del instituto de la acumulación, inicialmente
concebido únicamente para los procesos. Si la omisión de los jueces de penas en
el Código Penal Militar no acarrea inconstitucionalidad alguna, menos lo puede
hacer la no extensión de la acumulación, cuya operatividad se facilita
enormemente por su presencia.
LEY PENAL
ESPECIAL-Mera desemejanza
con ley ordinaria no implica inconstitucionalidad
La Constitución
no establece que las normas procesales del Código Penal Militar deban ser
idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las disposiciones de la
legislación especial garantizan el debido proceso y se sujetan a la
Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas que se
fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas ordinarias,
salvo que éstas carezcan de justificación alguna. La Constitución ha impuesto
directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta de la común.
Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no podrá basarse en
la mera disparidad de los textos normativos. Lo anterior no significa que toda
diferencia adquiera validez por el simple hecho de que se inserta en una norma
especial.
DECISION SOBRE
ACUMULACION DE PROCESOS EN JUSTICIA PENAL MILITAR-Improcedencia de recurso/LEY-Disposición libre
de procedencia de recurso
Sólo las
sentencias penales condenatorias suponen el derecho a su impugnación, carácter
que obviamente no tiene el auto que deniega la acumulación pedida por la parte.
En relación con las demás providencias, la ley puede libremente disponer que
algunas puedan ser apeladas y otras carezcan de recurso. No viola la
Constitución el hecho de que la ley procesal militar, con el objeto de imprimir
celeridad a los procesos y por razones de economía, suprima recursos que se
consagren en la legislación ordinaria, cuya adopción no sea forzosa.
LEGISLACION PENAL
MILITAR-Ausencia de jueces
de ejecución de penas y medidas de seguridad/JUEZ PENAL MILITAR-Ejecución
de la sentencia no viola debido proceso
La ausencia de
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en la legislación penal
militar sería inconstitucional si ello correspondiera a una exigencia de la
Constitución, que no la plantea, o si fuera obligatorio que en la legislación
penal militar se consagraran  todos y cada uno de los instrumentos y mecanismos
procesales ordinarios, lo que tampoco es del caso aceptar. No se viola el
debido proceso si se confía al juez penal militar la ejecución de la sentencia
que él mismo haya proferido. El cumplimiento de la sentencia debe siempre
ceñirse a sus propios términos, independientemente del funcionario que deba
velar por su correcta aplicación. Motivos de orden histórico y de conveniencia
han justificado la creación de jueces de ejecución de penas, lo que ha
representado una notable reducción de la carga que en esta fase soportaban los
jueces ordinarios. No se viola el debido proceso, puesto que los jueces
encargados de supervisar la ejecución de las penas, así hayan sido quienes
intervinieron en el juzgamiento, deben limitarse a hacer cumplir la decisión
judicial previamente dictada.
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Término de
prescripción de la acción penal
JUSTIFICACION DEL
HECHO PUNIBLE EN JURISDICCION PENAL MILITAR-Legítimo ejercicio de cargo comprende estricto
cumplimiento de deber legal
La Corte entiende
por ejercicio legítimo de un cargo público aquél que normalmente se desprende
del recto y leal ejercicio de las funciones que se encuentren detalladas en la
ley o en el reglamento respectivos y que por ser tal no comporta
extralimitación ni omisión alguna. Del conjunto de funciones que legalmente se
asigna a cada cargo surgen para su titular precisos deberes de acción o de
abstención. Como quiera que la realización de dichas funciones se impone con la
fuerza superior de un deber jurídico, en estricto rigor, la causal analizada,
si tiene algún sentido válido y rescatable, quedaría comprendida en la primera
causal que reza: "El hecho se justifica cuando se comete: (1) En estricto
cumplimiento de un deber legal". En realidad, el legítimo ejercicio de un
cargo no puede ser distinto del "estricto cumplimiento de un deber
legal". Si a lo anterior se agrega que el legítimo ejercicio de un cargo
no entraña ningún asomo de antijuriducidad - y, por lo tanto, no ha menester de
justificación, en cuanto que no es acto típico -, se sigue que si en un
determinado caso ello da lugar a un debate penal, el asunto deberá resolverse
necesariamente a la luz de la causal primera. Dejando de lado lo que en el
fondo puede ser un error conceptual, la interpretación que consulta el espíritu
de la norma, con el propósito de hacerla operativa en algún sentido plausible,
la ubica en el espacio propio de la primera causal.
INTERNACION DE
INIMPUTABLES POR JUSTICIA PENAL MILITAR-Tratamiento igualitario al de justicia ordinaria
No existen
razones que justifiquen que se brinde un trato  diferente a los inimputables
que están al servicio de la fuerza pública. Por otra parte, así como no tiene
sentido establecer términos mínimos de internación tampoco tiene sentido
establecer un término máximo como el que se encuentra en los artículos 88 y 89
(tres años). El fin de la medida de seguridad es que la persona se recupere de
la enfermedad mental transitoria o que adquiera la suficiente adaptabilidad al
medio social. Por lo tanto, la internación deberá prolongarse hasta que se
logre el objetivo, salvo que la medida se extienda hasta el máximo de duración
de la pena impuesta por el delito, caso en el cual la persona deberá ser puesta
en libertad, tal como ocurre con lo inimputables que no forman parte de la
fuerza pública.
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Asesoramiento
y otras actuaciones ilegales
JURISDICCION
PENAL MILITAR-No juzga a
funcionarios o empleados civiles de la justicia penal militar
Los funcionarios
o empleados civiles de la justicia penal militar no pueden ser juzgados por la
jurisdicción penal militar, puesto que el último inciso del artículo 212 de la
Constitución lo prohibe expresamente. Por lo tanto, la constitucionalidad de
este aparte se puede declarar únicamente bajo el entendido de que los
funcionarios o empleados civiles de la justicia penal militar no pueden ser
investigados ni juzgados por la justicia penal militar.
ASESORAMIENTO Y
OTRAS ACTUACIONES ILEGALES EN JUSTICIA PENAL MILITAR-Inconstitucionalidad agravación de penas
del Ministerio Público
La agravación de
las penas para el funcionario del ministerio público que incurra en la conducta
de asesoramiento ilegal resulta inexequible. La Constitución no autoriza a los
funcionarios de la Procuraduría General de la Nación para actuar
simultáneamente como miembros de la fuerza pública.
SALA
DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Función de dirimir conflictos de competencia entre
distintas jurisdicciones
Tanto la Constitución
Política como la Ley 270 de 1996, atribuyen al Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Disciplinaria, la función de dirimir los conflictos de
competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones.
PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION-Cargos
son incompatibles con la condición de miembro activo de la fuerza pública
FISCAL ANTE EL
TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR-Carácter
de funcionarios de la Procuraduría General y prohibición dualidad de funciones
Dado que los
fiscales ante el Tribunal Superior Militar cumplen las funciones de agentes del
Ministerio Público es claro que ellos deben ser funcionarios de la Procuraduría
General de la Nación. Cabe aún preguntar si, a la luz de la Constitución, un
miembro de la fuerza pública podría al mismo tiempo ser funcionario de la
Procuraduría, de manera que pudiera también ser designado como agente del
ministerio público ante la justicia penal militar. Esta Corporación considera
que la respuesta debe ser negativa. Ciertamente, una tal dualidad de funciones
afectaría ostensiblemente la independencia y la autonomía de los miembros de la
Procuraduría.
FUNCIONARIO Y
EMPLEADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR MILITAR-Régimen disciplinario aplicable por su condición,
además, de miembro activo de fuerza pública
En principio, los
funcionarios del Tribunal Superior Militar están sometidos al régimen
disciplinario establecido para la Rama Judicial, al menos durante el tiempo en
el cual se encuentran investidos de jurisdicción, pues en ese lapso su
principal función corresponde a la de administrar justicia y, en consecuencia,
están, sobre todo, vinculados a los bienes y valores tutelados por el régimen
disciplinario aplicable a la administración de justicia. Si una conducta de
estos servidores públicos se encontrare tipificada como falta en los dos
regímenes de que trata la disposición estudiada, habrá de preferirse el
estatuto de la administración de justicia y, por lo tanto, a la luz de las
normas actuales, su investigación y juzgamiento deberán ser realizados por la
Procuraduría General de la Nación conforme a las normas procesales y
sustanciales aplicables a los miembros de la rama judicial. No obstante, si un
servidor público, en el que confluya la doble condición anotada, incurre en una
conducta que no se encuentra tipificada en el régimen disciplinario de la rama
judicial pero, sin embargo, sí es considerada como falta dentro del régimen
disciplinario de la fuerza pública, deberá ser juzgado disciplinariamente
conforme a este último sistema normativo. Por supuesto, lo anterior siempre que
el mencionado régimen no resulte incompatible con la función judicial. Idéntico
razonamiento se aplica a los denominados "empleados" de Tribunal
Superior Militar, que no son otros que los que integran el personal subalterno,
al cual se refiere el artículo 321 del Código Penal Militar.
LEGISLADOR-Competencia para establecer faltas y
sanciones disciplinarias
Unicamente el
órgano legislativo es el que puede establecer faltas y sanciones disciplinarias
y que no le es dado a ningún cuerpo distinto la expedición de regímenes
disciplinarios.
PROCURADOR
JUDICIAL PENAL ANTE TRIBUNAL MILITAR-Nombramiento y distribución
FUNCIONARIO DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-No pueden ser a la vez miembros en servicio activo de la fuerza pública
ININTERRUPCION DE
LA ACTUACION SUMARIAL-No
suspensión de términos respecto a la práctica de pruebas
La expresión
contenida en el artículo acerca de que durante los días feriados no se
suspenden los términos legales y judiciales, habrá de entenderse que está
referida específicamente a los plazos para la práctica de las pruebas, sin
afectar los términos relacionados con notificaciones, con la interposición de
recursos o con el proferimiento de autos, todos los cuales se rigen por normas
propias.
SANCIONES
CORRECCIONALES POR NO COLABORACION CON LA JUSTICIA PENAL MILITAR-Inimpugnabilidad de las sanciones
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-No
reformatio in pejus en justicia militar
RECURSOS
EXTRAORDINARIOS DE CASACION Y REVISION ANTE JUSTICIA PENAL MILITAR-Titularidad
RECURSO
EXTRAORDINARIO EN JUSTICIA PENAL MILITAR-Extensión a los no recurrentes
TERMINO JUDICIAL
EN JUSTICIA PENAL MILITAR-Causal
de impedimento por incumplimiento no justificable
Las salvedades
que hizo la Corte con respecto a la imposición de sanciones a los funcionarios
judiciales por el incumplimiento de los términos son aplicables también a las
situaciones de impedimento. El sentido de las figuras del impedimento y la
recusación es el de garantizar que el juez actúe en forma absolutamente
imparcial dentro del proceso, de manera que los asociados vean realmente
satisfecho su derecho de acceso a la justicia. El legislador ha estimado que el
incumplimiento de los términos constituye causal de impedimento cuando la mora
judicial no es justificable. No existe ninguna razón constitucional que
conduzca a la declaración de inexequibilidad de la norma que prescribe que el
impedimento no opera si la demora se encuentra justificada: si bien es cierto
que todo retardo en los trámites judiciales afecta el derecho de acceso a la
justicia - así como los derechos a la vida y a la integridad física son
afectados también por los hechos de la naturaleza -, el legislador ha estimado
que la situación real de mora judicial, que es producto de múltiples circunstancias,
solamente amenaza el principio de la imparcialidad cuando no obedece a causas
ajenas al juez. Esta decisión del legislador es razonable y por lo tanto debe
ser respetada por el juez constitucional.
NORMA LEGAL-Incompetencia para juzgar sobre inconveniencia/NORMA
LEGAL-No adecuación a realidad social
La Corte reitera
que no es tarea suya juzgar acerca de la inconveniencia de una determinada
norma. Si la práctica demuestra que un texto legal no se adecua a la realidad
nacional, no es la Corte el organismo llamado a retirar el texto de la
normatividad, pues quien decide sobre estos temas es el Poder Legislativo.
ALLANAMIENTO Y
REGISTROS DE LOCALES DIPLOMATICOS POR JUSTICIA PENAL MILITAR/REGISTRO DE
RESIDENCIA U OFICINAS POR JUSTICIA PENAL MILITAR
BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD-Tratados
internacionales no forman parte
Los tratados
internacionales no constituyen por el solo hecho de serlo parte del bloque de
constitucionalidad y, por lo tanto, elemento de juicio para el examen de
constitucionalidad de una norma. Ello significa que, en principio, no
constituye motivo suficiente para la declaración de inconstitucionalidad de una
norma legal el hecho de que ella se oponga a lo acordado en un trato
internacional. La Corte simplemente está afirmando que no es factible, por la
vía del control constitucional abstracto, y en términos generales, declarar la
inexequibilidad de una norma que contradiga un tratado. Sin embargo, es obvio
que corresponde a los jueces ordinarios, en los casos concretos, resolver los eventuales
conflictos que puedan surgir entre tratados y leyes. La Carta reconoce fuerza
jurídica interna al derecho internacional.
UNIDAD NORMATIVA-Aplicación
CANCELACION DE
MULTA EN JUSTICIA PENAL MILITAR
SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD-Fijación
de efectos
Referencia:
Expediente D-1445
Actor: Jaime Enrique
Lozano
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 25 (parcial), 26 (parcial), 39
(parcial), 45, 66 (parcial), 74 (parcial), 78, 87 (parcial), 88 (parcial), 89
(parcial), 123, 125 (parcial), 212, 259, 260 (parcial), 319 (parcial), 328
(parcial), 363 (parcial), 366 (parcial), 368 (parcial), 384, 402 (parcial),
430, 458, 473 (parcial), 485 (parcial), 500 (parcial), 577, 645, 702 y 703 del
Decreto 2550 de 1988, por el cual se expidió el   Código Penal Militar.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Santa Fe de Bogotá,
D.C., Agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y siete (1997). Aprobada por
acta No. 35
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y
por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria
Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez
Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
ha pronunciado la
siguiente
S E N T E N C I A
En el proceso de
constitucionalidad contra los artículos 25 (parcial), 26 (parcial), 39 (parcial),
45, 66 (parcial), 74 (parcial), 78, 87 (parcial), 88 (parcial), 89 (parcial),
123, 125 (parcial), 212, 259, 260 (parcial), 319 (parcial), 328 (parcial), 363
(parcial), 366 (parcial), 368 (parcial), 384, 402 (parcial), 430, 458, 473
(parcial), 485 (parcial), 500 (parcial), 577, 645, 702 y 703 del Decreto 2550
de 1988, por el cual se expidió el Código Penal Militar.
I. ANTECEDENTES
1. El Presidente de
la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le
confirió la Ley 53 de 1987, expidió el Decreto 2550 de 1988, el cual fue
publicado en el Diario Oficial Nº 38608  de 1988.
2. El ciudadano
Jaime Enrique Lozano demandó los artículos 25 (parcial), 26 (parcial), 39
(parcial), 45, 66 (parcial), 74 (parcial), 78, 87 (parcial), 88 (parcial), 89
(parcial), 123, 125 (parcial), 212, 259, 260 (parcial), 319 (parcial), 328
(parcial), 363 (parcial), 366 (parcial), 368 (parcial), 384, 402 (parcial),
430, 458, 473 (parcial), 485 (parcial), 500 (parcial), 577, 645, 702 y 703 por
considerarlos violatorios de la Constitución Política.
3. A través de
memorial fechado el 3 de diciembre de 1996, el Director General de la Policía
Nacional expresó su concepto acerca de las diversas normas demandadas.
4. La apoderada del
Ministerio de Defensa, a través de memorial del día 3 de diciembre de 1996, se
opuso a las pretensiones del demandante y expuso las razones que sustentan la
exequibilidad de las normas acusadas.
5. El Viceprocurador
General de la Nación,  mediante escrito fechado el 20 de marzo de 1997, expuso
su concepto acerca de la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de
las diferentes normas demandadas.
II. TEXTOS ACUSADOS, CARGOS ELEVADOS,
INTERVENCIONES, CONCEPTO DEL MINISTERIO  PUBLICO
Y EXAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
En vista del cúmulo
de normas acusadas y de cargos formulados, y con miras a obtener una mayor
claridad en la exposición, las normas demandadas han sido agrupadas
temáticamente, en la medida de lo posible. Además, la transcripción de los
distintos grupos de normas será seguida por la exposición de los cargos, las
intervenciones y el concepto del Ministerio Público y por el examen de
constitucionalidad de esta Corporación. Si respecto de algún cargo no se
menciona la posición de algún interviniente se debe a que en el respectivo
escrito no se hace referencia a ese tema. Cabe agregar que la intervención del
Ministerio de Defensa Nacional se sintetiza al final de este aparte, puesto que
ella no se ocupó con el análisis de cada uno de los artículos acusados sino que
se limitó a exponer una posición general acerca de la naturaleza especial de la
Justicia Penal Militar.
Con respecto a la
transcripción de las normas debe precisarse que las subrayas destacan la parte
demandada por el actor.
Igualmente, debe
aclararse que la demanda contra los artículos 123 y 125 del Código Penal
Militar, referidos al delito de cobardía, fue inadmitida, por cuanto la Corte
ya declaró su constitucionalidad en la sentencia C-563 de 1995, M.P Carlos
Gaviria Díaz.
INTERVENCION DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
El Ministerio de
Defensa destaca la naturaleza especial de la Justicia Penal Militar, sobre la
cual manifiesta que es reconocida expresamente por la Constitución Política en
su artículo 221. Por lo tanto, considera que “la comparación que hace el
demandante entre la Justicia Penal Ordinaria y la Penal Militar no es
pertinente toda vez que esta última constituye una legislación especial y por
ende no tiene que ser idéntica en todos sus preceptos, ya sean sustantivos o
procedimentales a la legislación ordinaria".
Agrega el
interviniente que la misma Corte Constitucional reconoció - en la sentencia
C-037/96, dictada a raíz del proyecto de Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia - que el ordenamiento penal militar es un ordenamiento especial que
difiere del derecho penal común.
De otro lado, y en
relación con los argumentos de inconstitucionalidad invocados por la demanda
frente a la Constitución de 1991, expresa que el estatuto penal militar fue
expedido bajo la vigencia de la Constitución de 1886, razón por la cual
quedaron algunas de sus normas desactualizadas. Anota que esta es una de las
razones que motivaron al Gobierno a presentar un proyecto de modificación del
Código Penal Militar.
Finalmente, el
Ministerio asevera que "la demanda no reúne los requisitos legales para su
presentación toda vez que no se expresa con exactitud el motivo de la violación
de cada uno de los artículos demandados".
1. Las penas,
su conversión y equivalencia
1.1. NORMA
ACUSADA
"ARTICULO 25.-
Límite a la pena aplicable en el concurso.
La pena aplicable en
el concurso no podrá ser superior a la suma aritmética de las que correspondan
a los respectivos hechos punibles.
Para los efectos
del inciso anterior, tres (3) días de arresto equivalen a uno (1) de
prisión....".
ACTOR
Para el actor,
atenta contra el artículo 13 de la Constitución la equivalencia que se consagra
en el inciso 2° del artículo 25. Expresa que tanto el arresto como la prisión
tienen como efecto la privación de la libertad y que no existe ninguna
justificación para favorecer a los condenados a la pena de arresto con una
disminución del total de la sanción que les fue impuesta. El sólo hecho de la
denominación de la pena no altera su efecto (la reclusión). Por lo tanto,
estima que en esta situación se discrimina entre los procesados, en perjuicio
de los condenados a penas de prisión.
POLICIA NACIONAL
La Policía Nacional
manifiesta que tanto en la justicia penal ordinaria como en la militar se
contemplan como penas principales para los imputables la prisión, el arresto y
la multa. Sostiene que la conversión de tres (3) días de arresto en un (1) día
de prisión, en las situaciones de concurso de delitos, se debe a que la última
se impone para delitos de mayor gravedad, que causan un mayor daño y conllevan
penas accesorias. Otorgar un tratamiento igual a las distintas penas
principales atentaría contra el principio de la legalidad de la sanción.
MINISTERIO PUBLICO
El Ministerio
Público resalta que el artículo 25 del Código Penal Militar está dirigido “a
regular lo atinente a la procedencia del concurso de hechos punibles”. Sostiene
que éste es una institución procesal “en virtud de la cual se determina la sanción
a imponer en caso de pluralidad de delitos; constatación cuya consecuencia
reside en la posibilidad de efectuar la acumulación jurídica - que no material
- de las respectivas penas”. Añade que para la efectividad de la acumulación es
indispensable que exista la posibilidad jurídica de adicionar varias penas.
Señala que la ley
penal ordinaria somete la viabilidad del concurso, entre otras cosas, al hecho
de que las penas imponibles sean privativas de la libertad o puedan acumularse
(art. 27 del CP), situación que también se da en el régimen especial del Código
Penal Militar (art. 24).
Añade que “las penas
privativas de la libertad son de dos especies: la prisión y el arresto, por lo
cual son acumulables. Sin embargo, difieren en cuanto a su calidad, pues la
prisión entraña la interdicción de derechos y funciones públicas; de donde se
comprende el que la norma cuya constitucionalidad se discute, haya contemplado
en su apartado segundo lo ateniente a la conversión o equivalencia entre ellas,
para efectos de su acumulación a consecuencia del concurso”.
La conversión de la
pena de arresto en prisión contemplada en la norma, a razón de tres días por
uno, no implica, a su juicio, prerrogativa alguna de cuyo goce queden excluidos
los condenados a prisión, sino que ella hace patente la existencia del concurso
de hechos punibles.
EXAMEN DE LA
CORTE
No obstante que la
Constitución Política incidentalmente se refiere a las penas de arresto y
prisión, no las define. La regulación de la punibilidad es del resorte del
Legislador, en desarrollo de su función de expedir códigos en todos los ramos
de la legislación. Si bien ambas sanciones tienen, en la legislación penal, el
carácter de penas principales y, además, aparejan la privación de la libertad,
pueden diferenciarse en otros aspectos que determine la ley. La definición
general de un tipo específico de sanción comprende la enunciación normativa de
sus notas distintivas, sean éstas primarias o secundarias.
De la Constitución
Política no se infiere ningún mandato al Congreso en el sentido de que formule
definiciones idénticas para las dos penas. Por el contrario, si algún criterio
pretende deducirse de la Carta, que distinga las dos penas, éste no podría ser
otro que el de la procedencia de un régimen dual no necesariamente equivalente
en todos sus elementos.
A fin de que el
Estado pueda castigar los hechos punibles, debe contar con un repertorio de
instrumentos y medidas sancionatorias que le permita distinguir los supuestos
de mayor y menor gravedad con arreglo al principio de proporcionalidad. La
existencia de una pluralidad de especies punitivas permite al mismo Legislador
establecer un marco sancionatorio diferenciado que sea congruente con las
distintas hipótesis delictivas que toma en consideración.
El Legislador, en
este caso, introduce un factor que contribuye a diferenciar la pena de prisión
y la de arresto, el cual redunda en reducir la severidad de esta última. De
presentarse una pluralidad de delitos, gobernada por el instituto del concurso,
tres días de arresto se hacen equivaler a uno de prisión. Dado que en este
evento la sanción será la correspondiente a la pena más grave, aumentada hasta
en otro tanto, la equivalencia anotada incide en que se establezca un límite
menor a la mayor sanción resultante del concurso si entre las transgresiones
figura una o más penadas con arresto. Se quiere, pues, que este plus de
la pena, con prescindencia de que el concurso sea homogéneo o heterogéneo, sea
inferior si uno de los delitos tiene señalada pena de arresto, lo cual
claramente indica que el Legislador asocia el arresto a una medida
comparativamente menos grave que la prisión.
La sanción es una
consecuencia del supuesto de hecho previsto en la norma y denota el grado de
reprobación de que ella es objeto. La sanción, por sí misma, no determina el
supuesto. La sanción que finalmente se imponga al agente corresponderá a la
connotación jurídico-penal que habrá de deducirse de su conducta concreta. El
demandante asume implícitamente que la definición abstracta de las especies de
penas determina el quantum del castigo cuando éste sólo se establece a
partir de la conducta real y del grado de descalificación que ella le merezca
al Legislador, lo que se expresa en cada sanción singular que acompaña a los
diferentes tipos penales.
En estas
condiciones, sin considerar el referente real de las sanciones, no es posible
llevar adelante el juicio de igualdad. Plantear la semejanza de dos especies de
sanción, cuya diferenciación se hace en términos de mayor o menor severidad -
de modo que el instrumental sancionatorio pueda ofrecer respuestas adecuadas a
la pluralidad de conductas delictivas -, como exigencia imperativa del
principio de igualdad, desconoce la competencia positiva del Legislador, que
debe ocuparse de crear tipos de penas que tengan caracteres distintivos puesto
que, si no existe una homogeneidad en la conducta delictiva, no puede, de otro
lado, darse una uniformidad de los medios sancionatorios. La existencia de un
inventario abstracto de sanciones diversas, no viola la Constitución.
Por las razones
anotadas, se declarará la constitucionalidad del inciso demandado.
1.2 NORMA ACUSADA
"ARTICULO
45.- Conversión de multa en arresto. Cuando la multa hubiere sido impuesta como pena
principal y única, y el condenado no la pagare o amortizare de acuerdo con lo
previsto en los artículos anteriores, se convertirá en arresto equivalente al
salario mínimo legal por día. En este caso el arresto no podrá exceder de cinco
(5) años.
El condenado a
quien se le haya hecho la conversión de que trata el inciso anterior podrá
hacer cesar el arresto en cualquier momento en que satisfaga la parte
proporcional de Multa que no haya cumplido en arresto".
ACTOR
Para el actor, la
norma atacada viola principios esenciales del debido proceso como la seguridad
jurídica y la tipicidad, dado que si el Legislador considera que un
comportamiento debe ser objeto de reproche penal, la sanción establecida debe
ser clara y única. La facultad concedida al funcionario ejecutor de la pena para
convertir la multa en arresto vulnera, además, los artículos 6, 28 y 121 de la
Carta. La norma obliga al juez penal a ejercer funciones que le son ajenas,
pues ellas son exclusivas del juez de ejecuciones fiscales, y afectan el
derecho a la libertad del sancionado.
MINISTERIO
PUBLICO
El Ministerio
Público expresa que la norma establece un tipo autónomo, “en virtud del cual se
castiga un hecho definido y se le atribuye una sola consecuencia jurídica”. El
fin de la norma es  “servir como apremio ante la eventual evasión al
cumplimiento de una pena”. Añade que la Corte Constitucional ya se pronunció
sobre este tema en su sentencia C-628/96 y aboga por la declaración de
constitucionalidad.
EXAMEN DE LA
CORTE
El texto literal de
la norma acusada es idéntico a la disposición del artículo 49 del D.L 100 de
1980, que fue encontrada exequible por esta Corte en sentencia C-628 de 1996
(M.P. Hernando Herrera Vergara). En vista de la existencia de cosa juzgada
material sobre el asunto, la Corte se estará a lo resuelto en la sentencia
citada.
1.3 NORMA ACUSADA
"ARTICULO 66.-
Concepto. El juez podrá conceder la libertad condicional al condenado a la
pena de arresto mayor de tres (3) años, o a la de prisión que exceda de dos (2),
cuando haya cumplido las dos terceras partes de la condena, siempre que su
personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus
antecedentes de todo orden, permitan suponer fundadamente su readaptación
social".
ACTOR
Según el demandante,
esta norma vulnera el derecho a la igualdad y a la autonomía judicial por
cuanto consagra un tratamiento diferente, en punto al beneficio de la libertad
condicional, entre los condenados a pena de arresto y a pena de prisión. No
encuentra el actor ninguna razón atendible para establecer diferenciaciones
entre los condenados, si se tiene en cuenta que ambas sanciones consisten
esencialmente en la privación de la libertad. Igualmente, considera
injustificada la discriminación que se estatuye en contra de las personas
condenadas a penas inferiores a los límites temporales establecidos para poder
gozar de la libertad condicional. Ello por cuanto se supone que si la pena es
inferior a dichos límites es porque la infracción repercutió en menor escala en
la sociedad y afectó menos a la víctima.
POLICIA NACIONAL
El director de la
Policía manifiesta que "tradicionalmente y en la práctica se ha sostenido
que el arresto se impone a personas que cometan delitos cuyas consecuencias no
perjudican de una manera grave a la sociedad, mientras que la prisión está
establecida para castigar aquellas conductas que afectan de una manera más
ostensible al conglomerado social".
De otro lado, afirma
que aunque ambas penas son restrictivas del derecho a la libertad personal, “si
se mira la legislación penal de una manera integrada encontramos que frente a
los denominados subrogados penales tales como la condena de ejecución
condicional, el tratamiento es absolutamente diferente, ya que el juez, en el
caso de arresto, puede suspender la ejecución de la pena sin importar el quantum
de la misma, mientras que, en el caso de la prisión, se establece un límite de
tres años para poderse conceder este beneficio. Es tan importante la diferencia
entre el arresto y la prisión desde el punto de vista que acabamos de anotar,
que para el caso concreto planteado en la demanda prácticamente nunca se daría
tal situación, por cuanto siempre que se imponga la pena de arresto
automáticamente se dará la condena de ejecución condicional".
Asevera que, puesto
que existen razones objetivas para imponer de manera diferenciada las penas de
arresto y prisión, es razonable que el legislador también disponga que las
consecuencias de esos reproches penales no sean iguales.
MINISTERIO
PUBLICO
El Ministerio
Público sostiene que la intención del legislador al dictar la norma demandada
fue establecer que, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, el condenado
tendría la posibilidad de acceder a la subrogación de la pena privativa de la
libertad que le fuera impuesta. Esta posibilidad quedó restringida para los
casos en que la sanción consistiera en arresto mayor a tres años o en prisión
mayor de dos, requisito que el demandante considera inconstitucional porque
para él los efectos de estas penas son iguales, razón por la cual considera que
el legislador, al emplear términos distintos, actuó de manera irrazonable. A
diferencia del actor, la Vista Fiscal considera que la prisión es una pena más
severa que el arresto “a cuya imposición puede sobrevenir la concesión de
diversos y más variados beneficios que cuando el juez opta por la prisión”.
En su criterio, la
norma surge de la competencia del legislador para definir la política criminal
que ha de enmarcar la actividad punitiva del Estado. Además, atiende a
criterios de equidad al atribuir consecuencias jurídicas distintas a supuestos
de hecho diferentes.
EXAMEN DE LA
CORTE
Dado que el texto de
la norma demandada corresponde literalmente a la disposición del artículo 72
del D.L 100 de 1980, declarada exequible mediante sentencia C-087 de 1997 (M.P.
Fabio Morón Díaz), la Corte Constitucional en razón del fenómeno de la cosa
juzgada constitucional resolverá estarse a lo decidido en la sentencia
citada.
2. Desigualdad entre las penas para los miembros de la Fuerza Pública y
las penas para las personas que no lo son. Ambito de aplicación del fuero penal
militar.
NORMAS ACUSADAS
"ARTICULO 25.-
Límite a la pena aplicable en el concurso.
La pena aplicable en
el concurso no podrá ser superior a la suma aritmética de las que correspondan
a los respectivos hechos punibles.
(...)
En ningún caso la
pena privativa de la libertad podrá exceder de treinta (30) años".
"ARTICULO 39.-
Duración de la pena. La duración máxima de la pena es la siguiente:
1.- Prisión hasta
treinta (30) años..."
"ARTICULO
259.- Homicidio. El que
con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su
cargo, matare a otra persona, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15)
años".
"ARTICULO 260.-
Circunstancias de agravación punitiva. La pena será de dieciséis (16) a
treinta (30) años de prisión, si el hecho descrito en el artículo anterior se
cometiere: (...)".
ACTOR
A juicio del actor,
en todos estos artículos se configura una discriminación en desmedro de las
personas que no forman parte de las Fuerzas Militares, dado que las penas
máximas contempladas para los miembros de la Fuerza Pública - tanto la pena
máxima genérica como la que resulta del concurso de delitos y del homicidio - equivale
a la mitad de la que se puede aplicar a las personas que son juzgadas por la
justicia ordinaria. Expresa que el artículo 44 del Código Penal (en la versión
de la Ley 40 de 1993) elevó a 60 años la condena máxima de prisión, mientras
que en el caso de la justicia penal militar ella asciende apenas a 30 años.
Manifiesta que el
hecho de que las sanciones estén consagradas en distintos códigos no justifica
la discriminación, puesto que los reproches penales se refieren a hechos
punibles que son  similares en su estructura típica.
POLICIA NACIONAL
La Policía Nacional
se opone a los argumentos del actor. Respecto a la crítica manifestada contra
el inciso 3° del artículo 25 del Código Penal Militar sostiene que también el
inciso final del artículo 28 del Código Penal ordinario contempla la pena
máxima de privación de libertad de treinta (30) años para el concurso de hechos
punibles.
Con respecto a los
demás artículos manifiesta que "para el desarrollo de las funciones
encomendadas a la Fuerza Pública en el ejercicio de su deber y dada su dinámica
cotidiana en sus actuaciones y decisiones, desde siempre y a nivel mundial se
le ha dado un tratamiento diferencial en el campo penal que constituye el fuero
[penal militar]...", contemplado en el artículo 121 de la Constitución
Política, recientemente reformado a través del acto legislativo N° 02 de 1995.
Por eso, estima que no puede hablarse de igualdad en este tema, pues los
militares se encuentran en situación diferente de los que no lo son. A manera
de ejemplo, argumenta que la diferencia entre estas dos especies se manifiesta
en el hecho de que los militares responden por delitos que se predican
únicamente de ellos.
Agrega que las
normas del Código Penal Militar sólo se aplican a quienes actúan dentro de las
limitaciones del fuero castrense y que aquellos miembros de la Fuerza Pública
que "obran por fuera del marco que les otorga este especial tratamiento
(acto legislativo 02/95), responden ante la jurisdicción ordinaria, obviamente
recibiendo las penas señaladas en el Decreto 100 de 1980, Ley 40 de 1993 y
demás normas concordantes".
MINISTERIO
PUBLICO
El Ministerio
Público considera que a propósito del inciso 3 del artículo 25 se aplica el
mismo examen material esbozado en las consideraciones expuestas en defensa de
la constitucionalidad del inciso 2° del mismo artículo, también acusado (ver
supra). Agrega que el establecimiento de un tope máximo para la sanción de
pérdida de la libertad en el caso del concurso delictivo no rompe el principio
de igualdad porque ese máximo punitivo en el concurso no puede compararse con
el tope de las penas consagrado por la ley penal para cada uno de los tipos
penales, considerados individualmente.
Pide, a su vez, la
constitucionalidad de la parte demandada del artículo 39. Las normas penales
ordinaria y militar se aplican a situaciones y contextos diferentes, de donde
se deriva que el tratamiento desigual que en una y otra normatividad se da al
tope de las penas no vulnera la igualdad. Expresa que la legislación penal militar
se aplica “exclusivamente a los militares o miembros de la Policía Nacional en
servicio activo que cometan un hecho punible militar o común, relacionado con
el mismo servicio”. En consecuencia, estima que “no debe ser igual el
tratamiento de la conducta ilícita de un particular a la de quien actúa, si
bien incurriendo en una infracción de la ley penal, en estrecha relación con el
servicio que presta. Es decir, que no obstante la conducta estar descrita por
la ley penal, quien en ella incurre lo hace por razón del servicio - en este
caso, el de proveer a la defensa de la soberanía, la independencia nacional, la
integridad del territorio y el orden constitucional, además de la vida, honra,
bienes y demás derechos de los asociados -, lo cual justifica la aplicación de
unas consecuencias jurídicas diferentes”.
Con todo, precisa
que el solo hecho de pertenecer a la fuerza pública no es criterio suficiente
para justificar el establecimiento de discriminaciones en el trato penal a las
personas o a sus actos. Una diferenciación que se fundamentara en ese hecho
aislado sería tan censurable como la que pudiera resultar de la pertenencia a
una raza, a un credo religioso o a una organización política. En consecuencia,
asevera que se vulnera la igualdad si no se distingue “el acto ilícito cometido
por un agente de la fuerza pública que actúa en relación con el servicio, de la
infracción cometida por un particular o por el mismo agente sin que exista nexo
alguno con la función pública que desempeña”.
En relación con los
artículos 259 y 260, inciso 1°, la Vista Fiscal se remite a las consideraciones
presentadas a propósito del artículo 39 numeral 1 “a partir de las cuales se
concluyó la conformidad del tratamiento diferencial aplicado a los miembros de
la fuerza pública respecto de los particulares, con los mandatos de orden
Superior”.
No obstante, el
Viceprocurador considera que la expresión “con ocasión del servicio o por causa
de éste” debe ser declarada inconstitucional, por cuanto desconoce el artículo
221 de la Carta. Al respecto sostiene:
“si el artículo 221
constitucional estableció que las cortes marciales o tribunales militares
conocerán de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en
servicio activo y en relación con el mismo servicio,  la ley no puede
extender el fuero militar para juzgar delitos cometidos con ocasión, por causa,
o en circunstancias diferentes a la relación con el servicio, sin desconocer
los principios que rigen la interpretación de las excepciones. La facultad de
juzgamiento atribuida a la justicia penal militar en virtud del fuero
constitucional, es la excepción a la cláusula general de competencia atribuida
a la Fiscalía General de la Nación por el artículo 250 de la misma
Constitución, y en tal virtud debe interpretarse en forma restrictiva y
restringida, como corresponde a las excepciones en derecho”.
El representante del
Ministerio Público define el concepto de delitos cometidos en relación con el
servicio de la siguiente manera:
“Los delitos cometidos
en relación con el servicio son aquéllos que ocurren en desarrollo de las
actividades militares orientadas al cumplimiento de su misión constitucional;
es decir que, en ejercicio de una función inherente al cargo, el militar excede
la órbita propia de las funciones que constitucionalmente o legalmente le han
sido asignadas. Esto no ocurre, cuando en cumplimiento de una misión oficial,
el militar aprovecha su investidura para cometer hechos punibles. Por ejemplo,
si durante un operativo el servidor público aprovecha la circunstancia para
cometer un secuestro, una desaparición forzada, una tortura, un acceso carnal
violento o un hurto, estos hechos son cometidos con ocasión o por causa del
mismo (conexidad ocasional según la dogmática penal), pero no se trata de una
actividad relacionada con el servicio”.
Así, pues, se dice
que un acto tiene relación con el servicio cuando una vez iniciado legalmente
un procedimiento propio de las actividades asignadas a la Fuerza Pública ocurre
un exceso cuantitativo en el cumplimiento de la función, como sucede cuando el
servidor público se excede en el uso de la fuerza que le está permitido
legalmente ejercer; o cuando el militar subsume la conducta en un tipo penal,
pero en estricto cumplimiento de un deber legal.
Agrega la Vista
Fiscal que la extensión del fuero a los actos cometidos “con ocasión del
servicio o por causa de éste” significa que cualquier abuso de la investidura
del militar en servicio activo implica fuero constitucional, así el hecho no
tenga ninguna relación con la misión constitucional asignada a la fuerza
pública.
Para finalizar, el
Viceprocurador manifiesta que la declaración de inconstitucionalidad de la
expresión  “con ocasión del servicio o por causa de éste”, contenida en el
artículo 259, debe extenderse, por unidad normativa, a idénticas expresiones
incluidas en los artículos 261, 262, 263 y 264 del Código Penal Militar  y a la
expresión “con ocasión del servicio” que se encuentra en el artículo 291 del
mismo código.
COMISION
COLOMBIANA DE JURISTAS
La Comisión Colombiana
de Juristas intervino en el proceso, a través de dos de sus miembros.
Manifiestan ellos que comparten la posición del demandante acerca de la
inconstitucionalidad del tratamiento punitivo diferencial en materia de
homicidio para las personas que son juzgadas por la justicia penal militar. Con
todo, consideran que en el estudio de constitucionalidad del artículo 259 la
Corte debe extenderse también a la expresión “con ocasión del servicio o por
causa de éste o de funciones inherentes a su cargo”, que ellos consideran
inexequible. Asimismo, solicitan que se realice unidad normativa con la
expresión “con ocasión del servicio” consagrada en el artículo 291 del mismo
Código.
Exponen los
intervinientes que las expresiones que ellos demandan están dirigidas a definir
legalmente el alcance del fuero militar en relación con el homicidio cometido
por un miembro en servicio activo de la fuerza pública. Estiman que la
definición adoptada en el Código extiende indebidamente el fuero penal militar,
con lo cual se incurre en una transgresión a la Constitución.
Para fundamentar su
posición, los coadyuvantes de la demanda exponen que “el legislador tiene la
facultad de desarrollar la Constitución y establecer el sentido de los
conceptos que ella consagra. Sin embargo (...) el legislador no puede desbordar
la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas,
por lo cual la definición legislativa no puede erigirse en interpretación
auténtica de la Carta. Por ende, si la definición desborda los límites
establecidos por la Constitución, ella es inconstitucional, y debe la Corte
declararla inexequible”. Al aplicar estos postulados a la situación bajo
examen, los intervinientes encuentran que la definición del fuero penal militar
que consagran las normas impugnadas desborda los límites establecidos por la
Constitución Política para algunas características esenciales de él, tales como
su ámbito material y su excepcionalidad.
La Constitución
define que los miembros de la fuerza pública en servicio activo están sujetos
al fuero penal militar. Sobre este punto - el ámbito subjetivo de aplicación
del fuero - no hay discusión. Pero el ámbito material, es decir el relacionado
con el tipo de delitos que  debe ser juzgado por la justicia penal militar, sí
ofrece problemas. En efecto, la Carta Política establece que esta jurisdicción
opera únicamente para los delitos cometidos en relación con el servicio. Sin
embargo, las expresiones demandadas amplían el ámbito material de la justicia
penal militar a los delitos cometidos “con ocasión del servicio o por causa de
éste o de funciones inherentes a su cargo”. Por eso, los intervinientes se
preguntan si esa extensión del fuero a las últimas situaciones se aviene con el
concepto que ofrece la Carta Política, es decir, si ella puede ser considerada
un desarrollo legislativo adecuado de lo establecido en este sentido por
aquélla.
Afirman que para
poder responder de manera adecuada al interrogante planteado debe partirse de
la base de que el fuero militar tiene un doble carácter excepcional: de un
lado, porque es una excepción a la prohibición de que los cuerpos castrenses
administren justicia (C.P. art. 213); y de otro lado, por cuanto es una
excepción a la competencia de los funcionarios judiciales ordinarios (C.P.
arts. 28 y 250). Este carácter excepcional de la justicia penal militar ha sido
reconocido con claridad por la jurisprudencia y la doctrina.
Estiman los
participantes dentro del proceso que de la excepcionalidad del fuero penal
militar se deriva que “el alcance del mismo debe ser interpretado en forma
restrictiva”, lo cual excluye, entre otras cosas, el uso de la analogía o de
interpretaciones extensivas para determinar el alcance del fuero. Por lo tanto,
“el fuero militar sólo se extiende  a los delitos militares y a aquellos
comunes que se cometan en relación con el servicio, sin que quepa extender su
alcance”.
Los intervinientes
consideran que las razones anteriores son suficientes para determinar la
inexequibilidad de las expresiones acusadas, “ya que ellas buscan una extensión
del fuero militar, al establecer que no sólo los delitos cometidos por los
miembros de la Fuerza Pública ‘en relación con el servicio’ sino también
aquellos cometidos con ‘ocasión’ del servicio o por ‘causa’ del servicio o de
‘funciones inherentes’ al cargo son de competencia de la jurisdicción
castrense”.
EXAMEN DE LA
CORTE
Análisis del quantum
punitivo consagrado en las diferentes normas
1. El inciso final del artículo 25 y el
numeral 1° del artículo 39 del Código Penal Militar se refieren a la duración
máxima de la pena de prisión. El término máximo que se establece - treinta años
-, es sensiblemente menor que el previsto en el Código Penal. La Ley 40 de 1993
aumentó a 60 años el término máximo de duración de la pena de prisión, como
consecuencia de los incrementos de las sanciones fijadas para los delitos de
homicidio y secuestro.
Las modificaciones introducidas al Código
Penal no se repitieron en el Código Penal Militar, lo que explica el rezago
punitivo de éste último.  En la sentencia C-015 de 1997, la Corte
Constitucional estimó que la desigualdad sobreviniente, originada en una mutación
normativa, en virtud de la cual se suprime un delito contemplado en la
legislación comercial, pero se deja inalterada la legislación penal ordinaria
que, a su turno, había consagrado un delito semejante, no era suficiente para
considerar que se configurara por ese solo hecho un vicio de
inconstitucionalidad. Por consiguiente, deberá precisarse si la situación
creada por la Ley 40 de 1993 es análoga a la que en la anterior oportunidad
estudió esta Corporación.
En los dos casos, la situación de paridad
legal entre los regímenes general y especial se ve alterada como consecuencia
de la adopción de una ley posterior que sólo toma en cuenta uno de los dos
órdenes normativos. No obstante, las diferencias no dejan de ser notables. La
abolición del delito de alzamiento de bienes implicó la derogación de una
disposición perteneciente a la ley especial aplicable al comercio. En cambio,
la Ley 40 de 1993, lejos de suprimir tipos penales, lo que hace es aumentar sus
penas, y modificar el régimen ordinario. El delito de alzamiento de bienes
protege el patrimonio y  la buena fe, al paso que el de homicidio tutela la
vida y la integridad personal. La protección penal de la vida es permanente y
absoluta. La protección del patrimonio y de la buena fe, en lo que concierne al
derecho penal, es relativa, pudiéndose amparar a través de otras técnicas y
procedimientos, hasta el punto de resultar admisible “la eliminación de la
tutela penal” por razones variables de política criminal.
Cabe agregar que la relación entre el
derecho penal ordinario y el derecho comercial - que incidentalmente se ocupó
de enunciar tipos penales -, no es la misma que puede predicarse del derecho
penal ordinario y el derecho penal especial (Código Penal Militar). A título
excepcional, la legislación comercial consagró tipos penales. La legislación
penal militar, por el contrario, como su nombre lo indica, regula
exclusivamente una materia penal y, además, históricamente, admite diversas
formas de reenvío al derecho penal ordinario.
Desde este punto de vista la ley penal
militar, en lo que respecta a los delitos comunes cometidos por miembros de la
Fuerza Pública y que tengan relación con el servicio, puede remitirse a la ley
penal ordinaria y, en este caso, no se genera problema alguno de igualdad en el
trato que reciben los militares sujetos a fuero y los civiles que carecen del
mismo. Sin perjuicio de que la técnica de remisión pueda cuestionarse por otros
aspectos, en relación con ciertas figuras, el legislador puede optar por
“copiar” en el Código Penal Militar los tipos penales ordinarios o su régimen
punitivo. Justamente, cuando ocurren desfases normativos entre los dos
regímenes, ya sea porque la “copia” pierde actualidad a raíz de ulteriores
reformas legales producidas en la legislación ordinaria, o simplemente en razón
de que el delito común se sanciona de manera diversa en el Código Penal
Militar, se suscita un problema de igualdad que debe ser puntualmente
esclarecido por la jurisdicción constitucional. En el fondo, lo que se debate
es la extensión del fuero militar, puesto que sanciones más leves para
supuestos típicos idénticos podrían representar un privilegio que desvirtúa su
propia naturaleza y que se torna carente de justificación.
Las connotaciones particulares que adquiere
la relación derecho penal ordinario - derecho penal militar, de acuerdo con lo
expuesto, lleva a la Corte a concluir que  la doctrina sentada en la sentencia
citada no es de recibo en esta ocasión.
2. El Código Penal Militar no sólo se ocupa
de consagrar tipos intrínsecamente militares, cuya especialidad de suyo no
permite que, en principio, se controviertan aspectos relativos a la igualdad en
materia punitiva. También la legislación penal militar incorpora tipos penales
comunes en los que pueden incurrir los miembros de la Fuerza Pública. El hecho
de que sea menor el término máximo de duración de la pena de prisión señalado
en la legislación penal militar, se explicaría por la menor sanción atribuible
al homicidio cometido por militares en servicio activo y en relación con el
mismo. Tratándose de delitos comunes recogidos literalmente en el Código Penal
Militar, ciertamente no existe razón alguna para que el principio de igualdad
no sea objeto de análisis y detenida ponderación. En primer lugar, el bien
jurídico protegido es el mismo. En segundo lugar, la disparidad punitiva de un
idéntico tipo penal requiere de una justificación plena, pues de entrada debe
presumirse inconstitucional.
3. Al respecto es importante recordar que en
la sentencia C-287 de 1997, M.P. Carlos Gaviria, la Corte declaró la
inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley 294 de 1996, que establecía los
límites mínimo y máximo de la pena de prisión para los delitos de violencia
sexual entre cónyuges. En el fallo, la Corte precisó que la norma acusada
contemplaba “una sanción considerablemente menor para los delitos de acceso y
acto carnal violentos, cuando el acto se ejecuta contra el cónyuge o la persona
con quien se cohabita o se haya cohabitado, o con quien se haya procreado un
hijo, en relación con las sanciones que prevé el Código Penal para este mismo
tipo de conductas, cuando el sujeto pasivo es indeterminado, pues en el primer
caso la sanción es de 6 meses a dos años de prisión, en tanto que el segundo
asigna una sanción privativa de la libertad de 8 a 20 años para el acceso
carnal violento, cuando el sujeto pasivo del acto es mayor de 12 años, y de 20
a 40 años, cuando éste es menor de dicha edad, y 4 a 8 años para el acto sexual
diverso del acceso carnal violento”.
La Corte consideró que, desde el punto de
vista de la Constitución, era inaceptable que para los mismos delitos de acceso
carnal y acto sexual violentos se impusieran penas diferentes,  dependiendo de
si existía o no una relación entre la víctima y el agente. Ello haría suponer que
los bienes jurídicos de la libertad sexual y la dignidad de las personas
merecen una menor protección cuando existe un vínculo entre el agresor y la
víctima. Por lo tanto, esta Corporación concluyó que la consagración de
sanciones menores para los delitos de acceso y acto carnal violentos cometidos
por el cónyuge, el cohabitante actual o del pasado o la persona con quien se
hubiera procreado un hijo, vulneraba el derecho a la igualdad y era, en
consecuencia, inconstitucional.
4. Como quiera que
supuestos de hecho iguales deben ser objeto de un tratamiento jurídico igual,
el primer interrogante por resolver se relaciona con la semejanza o desemejanza
que pueda predicarse entre el tipo penal homicidio regulado en el Código Penal y
el tipo penal homicidio consagrado en el Código Penal Militar. El artículo 323
del Código Penal reza: “El que matare a otro incurrirá en prisión de
veinticinco (25) a cuarenta (40) años”. Por su parte, el artículo 259 del
Código Penal Militar, expresa: “El que con ocasión del servicio o por causas de
éste o de funciones inherentes a su cargo, matare a otra persona, incurrirá en
prisión de diez (10) a quince (15) años”. No es difícil concluir que tanto el
bien jurídico protegido - la vida -, como la descripción de la conducta típica
son idénticos. Que el agente sea militar o simplemente civil, no afecta el
tipo. En los dos eventos, se comete el delito de homicidio. La circunstancia de
que el homicidio tenga relación directa con una acción referida al servicio
militar o policial, sólo será relevante para determinar la jurisdicción
aplicable, que es un posterius, pero desde el punto de vista material y
jurídico el supuesto material, el tipo y la lesión no son diferentes.
Si bajo los aspectos
relevantes, las dos situaciones son iguales, el tratamiento diferenciado es
inaceptable. Por lo tanto, la Corte concluye que
en relación con los delitos comunes contemplados en el Código Penal Militar,
éste no puede, sin violar el principio de igualdad en materia punitiva, imponer
penas principales inferiores a las previstas en la legislación penal ordinaria.
Es el caso del delito de homicidio, sancionado en el Código Penal Militar con
una pena de prisión de 10 a 15 años - la que se eleva de 16 hasta 30 años si
concurren circunstancias de agravación punitiva -, que en el Código Penal
recibe un castigo más severo consistente en pena de prisión de 25 a 40 años,
que se aumenta de 40 a 60 años si median circunstancias de agravación punitiva.
De acuerdo con lo expuesto, las expresiones demandadas que fijan el quantum
de la pena del delito de homicidio y de las circunstancias de agravación
punitiva serán declaradas inexequibles. En estos dos eventos, por razones
elementales de integración normativa, las penas serán las que se establecen en
las normas respectivas del Código Penal.
Análisis de la expresión “con ocasión del servicio o por causas de éste
o de funciones inherentes a su cargo”
1.
La Corte acoge la peticiones formuladas por el Viceprocurador General de la
Nación y los intervinientes en representación de la Comisión Colombiana de
Juristas. Las expresiones "con ocasión del servicio o por causa de éste o
de funciones inherentes a su cargo", y "con ocasión del
servicio", contenidas en los artículos 259, 261, 262, 263, 264 y 291 del
D-L 2550 de 1988 constituyen realmente una misma unidad normativa. En efecto,
la declaración de inexequibilidad de los mencionados enunciados normativos
contenidos en la disposición acusada, lógicamente debería acarrear la misma
resolución respecto de los demás artículos indicados. Pero, además, el análisis
de la Corte se extenderá a los artículos 190, 266 y 278 del Código Penal
Militar, en los cuales aparecen frases similares.
2.
En los precisos términos de la Constitución Política, la jurisdicción penal
militar conoce (1) de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza
pública en servicio activo, (2) siempre que ellos tengan "relación con el
mismo servicio". De esta manera, la misma Carta ha determinado los
elementos centrales de la competencia excepcional de la justicia castrense, con
lo cual limita el ámbito de
acción del legislador en este campo y exige un
más estricto control de constitucionalidad sobre él, pues, como bien se
expresó en la Sentencia C-081/96 de esta Corporación, entre más definida se
encuentre una institución por la Carta, menor será la libertad de configuración del Legislador sobre ella. Por
ende, la ley que señala cuáles son los delitos que corresponde conocer a esta
jurisdicción debe respetar la orden constitucional que impone tanto el
contenido esencial del fuero militar como su carácter
limitado y excepcional. La extensión de éste, por fuera de los supuestos
constitucionales, menoscabaría la jurisdicción ordinaria, que se impone como
juez natural general, por mandato de la misma Constitución y, por contera,
violaría asimismo el principio de igualdad, el cual sólo se concilia con una
interpretación restrictiva de las excepciones a la tutela judicial común[1].
3.
La expresión "relación con el mismo servicio", a la vez que describe
el campo de la jurisdicción penal militar, lo acota de manera inequívoca. Los
delitos que se investigan y sancionan a través de esta jurisdicción no pueden
ser ajenos a la esfera funcional de la fuerza pública. Los justiciables son
únicamente los miembros de la fuerza pública en servicio activo, cuando cometan
delitos que  tengan "relación con el mismo servicio". El término
"servicio" alude a las actividades concretas que se orienten a
cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerzas militares - defensa
de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del
orden constitucional - y de la policía nacional - mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas
y la convivencia pacífica.
4.
La norma constitucional parte de la premisa de que el miembro de la fuerza
pública actúa como tal, pero también se desempeña como persona y ciudadano. El
servicio público no agota ni concentra todo el quehacer del miembro de la
fuerza pública, como por lo demás ocurre con cualesquiera otra persona. La
totalidad de los actos u omisiones del miembro de la fuerza pública no puede,
en consecuencia, quedar comprendida dentro del fuero castrense. Para los
efectos penales, se torna imperioso distinguir qué actos u omisiones se imputan
a dicho sujeto como miembro activo del cuerpo militar o policial, y cuáles se
predican de su actividad propia y singular como persona o ciudadano ordinario.
La distinción es básica y obligada si se quiere preservar la especialidad del
derecho penal militar, que complementa el derecho penal común, pero que en modo
alguno lo sustituye.
5.
La nota de especialidad del derecho penal militar, que explica su contenido y
fija su alcance, la determina la misma Constitución al vincular las conductas
típicas sancionadas por este código a la prestación activa del servicio
confiado a los integrantes de la fuerza pública. En un Estado de Derecho, la
función  militar y la policiva están sujetas al principio de legalidad. El
ejercicio del monopolio de la fuerza por el Estado, y las condiciones y
modalidades en que se desarrolla, sólo son legítimos cuando se realizan
conforme a la Constitución y a la ley. Entre las muchas normas que configuran
el marco jurídico aplicable al uso y disposición de la fuerza que detenta el
Estado, las que se plasman en el Código Penal Militar tienen la mayor
relevancia en cuanto que en ellas se imponen deberes de acción o de abstención
a los miembros de la fuerza pública. A través del derecho penal militar se
pretende excluir comportamientos reprochables que, pese a tener relación con el
servicio, denotan desviación respecto de sus objetivos o medios
legítimos.
6.
El concepto de servicio corresponde a la sumatoria de las misiones que la
Constitución y la ley le asignan a la fuerza pública, las cuales se
materializan a través de decisiones y acciones que en últimas se encuentran
ligadas a dicho fundamento jurídico. La sola circunstancia de que el delito sea
cometido dentro del tiempo de servicio por un miembro de la fuerza pública,
haciendo o no uso de prendas distintivas de la misma o utilizando instrumentos
de dotación oficial o, en fin, aprovechándose de su investidura, no es
suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal militar. En
efecto, la noción de servicio militar o policial tiene una entidad material y
jurídica propia, puesto que se patentiza en las tareas, objetivos, menesteres y
acciones que resulta necesario emprender con miras a cumplir la función
constitucional y legal que justifica la existencia de la fuerza pública. El
uniforme del militar, por sí sólo, no es indicativo de que lo que hace la
persona que lo lleva sea en sí mismo delito militar; por lo tanto, deberá examinarse
si su acción o abstención guarda relación con una específica misión militar. De
otro lado, el miembro de la fuerza pública, así se encuentre en servicio
activo, ha podido cometer el crimen al margen de la misión castrense
encomendada: en este caso, el solo hecho de estar en servicio activo no lo
exime de ser sometido al derecho penal común. Las prerrogativas y la
investidura que ostentan los miembros de la fuerza pública pierden toda
relación con el servicio cuando deliberadamente son utilizadas para cometer
delitos comunes, los cuales no dejan de serlo porque el agente se haya
aprovechado de las mencionadas prerrogativas e investidura, ya que ellas no
equivalen a servicio ni, de otro lado, tienen la virtud de mutar el delito
común en un acto relacionado con el mismo.
Un
entendimiento distinto del que se concede a estas hipótesis en esta sentencia,
conduciría a desvirtuar la esencia del fuero militar y policial, que de otro
modo terminaría por convertirse en privilegio estamental. Repárese que si se aceptara
que fueran juzgadas por la justicia penal militar  todas las personas a las que
se imputa un delito, que haya sido perpetrado haciendo uso de las prendas
distintivas de la fuerza pública o utilizando armas de dotación oficial, se
estaría admitiendo que  el fuero se discierne por la mera circunstancia de que
el sujeto activo tenga el carácter de miembro de la fuerza pública sin parar
mientes en la relación de su proceder con el servicio castrense objetivamente
considerado. El simple hecho de que una persona esté vinculada a la fuerza
pública no dota a sus propósitos delictivos de la naturaleza de misión de la
fuerza pública. Ellos continúan siendo simplemente la voluntad delincuencial
imputable a la persona, desconectada del servicio público de la defensa y de la
seguridad públicas, la cual en un plano de estricta igualdad deberá ser
investigada y sancionada según las normas penales ordinarias.
7.
Además del elemento subjetivo - ser miembro de la fuerza pública en servicio
activo -, se requiere que intervenga un elemento funcional en orden a que se
configure constitucionalmente el fuero militar: el delito debe tener relación
con el mismo servicio. Lo anterior no significa que la comisión de delitos sea
un medio aceptable para cumplir las misiones confiadas a la fuerza pública. Por
el contrario, la Constitución y la ley repudian y sancionan a todo aquel que
escoja este camino para realizar los altos cometidos que se asocian al uso y
disposición de la fuerza en el Estado de derecho, puesto que éste ni requiere
ni tolera el recurso a medios ilegítimos para la consecución de sus fines. El
servicio está signado por las misiones propias de la fuerza pública, las cuales
por estar sujetas al principio de legalidad en ningún caso podrían vulnerarlo.
No
obstante que la misión o la tarea cuya realización asume o decide un miembro de
la fuerza pública se inserte en el cuadro funcional propio de ésta, es posible
que en un momento dado, aquél, voluntaria o culposamente, la altere
radicalmente o incurra en excesos o defectos de acción que pongan de presente
una desviación de poder que, por serlo, sea capaz de desvirtuar el uso legítimo
de la fuerza. Justamente a este tipo de conductas se orienta el Código Penal
Militar y se aplica el denominado fuero militar. La legislación penal militar,
y el correspondiente fuero, captan conductas que reflejan aspectos altamente
reprochables de la función militar y policial, pero que no obstante tienen como
referente tareas y misiones que, en sí mismas, son las que de ordinario
integran el concepto constitucional y legal de servicio militar o policial.
La
exigencia de que la conducta punible tenga una relación directa con una misión
o tarea militar o policiva legítima, obedece a la necesidad de preservar la
especialidad del derecho penal militar y de evitar que el fuero militar se
expanda hasta convertirse en un puro privilegio estamental. En este sentido, no
todo lo que se realice como consecuencia material del servicio o con ocasión
del mismo puede quedar comprendido dentro del derecho penal militar, pues el
comportamiento reprochable debe tener una relación directa y próxima con la
función militar o policiva. El concepto de servicio no puede equivocadamente
extenderse a todo aquello que el agente efectivamente realice. De lo contrario,
su acción se desligaría en la práctica del elemento funcional que representa el
eje de este derecho especial.
La
Corte Constitucional, a este respecto, coincide con el criterio adoptado por la
Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal, en el auto del 23 de agosto de 1989, MP. Gustavo Gómez
Velásquez:
"Los delitos de
carácter común son los que usualmente, por su naturaleza, dan lugar a
perplejidades en cuanto a deducir el fuero de carácter militar. Es corriente,
en un principio, considerar los mismos como ajenos a la función castrense. Pero
este general y apriorístico criterio, no resulta de fatal aplicación. Cuando
esta clase de infracción aparezca como realizada dentro del ejercicio de un
servicio de carácter militar, a no dudarlo, debe discernirse el fuero. Pero la
función castrense debe aparecer nítida, esto es, que no se dude que se estaba
en su desempeño legítimo y que, como consecuencia de su aplicación, que
inicialmente no envolvía la comisión de hecho delictuoso alguno, ocurrió
eventualmente el hecho criminoso.
Estos aspectos son
de sumo interés y establecen nota distintiva fundamental para apreciar la
cobertura y alcance del fuero militar. Si se llega a la función, con el
propósito de ejercerlas con fines delictivos y en desarrollo de éstos se cumple
aquélla, es indubitable que se está frente a una actividad criminosa que no
puede cobijar el fuero para que sea la justicia castrense la que conozca de tal
comportamiento. Pero sí por el contrario se está dentro de una sana y recta
aplicación de la función militar y en cumplimiento de la misma se origina y
desarrolla la conducta punible, por lo mismo que ésta tiene con aquélla un
vínculo sustancial, debe inferirse la vigencia y reconocimiento del cuestionado
fuero.
En el caso sub examine
es cierto que los procesados cumplían una tarea de carácter militar (guardia
externa y mantenimiento en el barrio Navy Cay), aunque caprichosamente
resolvieron mudar el sitio de su prestación, lo cual ha originado una
sindicación por el delito de "desobediencia". Para nada tenía que
involucrarse ésta con funciones policivas relacionadas con el control de
estupefacientes. Accidentalmente apareció en la playa un costal con unos 55
kilos de marihuana, siendo llamados los infantes de marina para recogerla,
actividad ésta que no implica delito alguno, pero sí el comportamiento
posterior, esto es, el haber aprovechado la posesión del estupefaciente para
intentar, en asocio de un particular, su venta. En estas condiciones, la
retención de ese alucinógeno, que bien pudo hacerlo cualquier particular y
llevarlo a la autoridad respectiva, no comporta la aplicación específica de un
servicio, que dé lugar a la acción delictiva. El servicio se roza con ésta,
pero no es propia de aquél. De ahí que no pueda extenderse su alcance a
comportamiento de tales características.
Conviene, además,
enfatizar sobre lo siguiente: el ámbito restringido sobre el cual opera la
justicia penal militar, ya que por mandato constitucional sólo puede ésta
conocer de conductas delictuosas cometidas por militares en servicio activo y
en relación con el mismo servicio (art. 170 C.N.), no posibilita el que entren
a éste ámbito judicial de excepción otros comportamientos u otros procesados,
ni siquiera por vía del Instituto de la conexidad o de la acumulación. De ahí,
pues, que para que éstos operen, debe tratarse de personas procesadas que
tengan ese carácter y realicen conductas de tan específica índole. Ni los
delitos comunes, privados de relación con el servicio, ni personas ajenas a la
condición militar pueden llevarse a tales tribunales militares, así unos y
otros exhiban algunos nexos, como la participación conjunta en los hechos o
ligámenes de naturaleza probatoria, etc.
La excepcionalidad
de este fuero impone su rigor y de ahí que no puedan establecerse esta clase de
unidades procedimentales, muy propias y amplias en el estatuto ordinario de
procesamiento. De ahí que se imponga la separación de las investigaciones y de
los juzgamientos, para que la justicia castrense sólo se ocupe de lo que a ésta
le permite conocer la Constitución: lo exclusivamente relacionado con el
servicio que presta el militar activo inculpado.
No es posible,
entonces, que delitos comunes, cometidos por militares en servicio activo, pero
ajenos a su actividad oficial, y que se puedan mostrar conexos con delitos
propios del fuero castrense, se unifiquen, para su conocimiento por parte de
los tribunales militares. Debe procederse a separar unos de otros: aquéllos
irán a la justicia ordinaria y éstos pasarán a la justicia penal militar".
8.
La Constitución se ha ocupado de trazar las coordenadas básicas de la justicia
penal militar. Cometido específico del Código Penal Militar será el de
especificar, por vía general, los comportamientos que dentro de dicho marco
quedan sometidos a la justicia penal militar. Los tipos penales típicamente
militares no pueden acuñarse sin tomar en consideración las características
propias del servicio militar y policial.
En
algunos casos, los tipos penales comunes se incorporan en el Código Penal
Militar, con el objeto de introducir elementos y circunstancias inherentes al
servicio que presta la fuerza pública y que resulta conveniente tomar en
consideración.
Finalmente,
el Código Penal Militar - entre otras opciones reservadas al campo de libertad
configurativa del legislador -, puede efectuar un reenvío a la legislación
penal ordinaria, en lo concerniente a los tipos penales no considerados
expresamente, pero que pueden eventualmente ser violados por parte de los
miembros de la fuerza pública al dar cumplimiento a las misiones relacionadas
con actos y operaciones vinculados con el servicio.
En
este último caso, el legislador puede limitarse a trasladar literalmente al Código
Penal Militar los tipos penales ordinarios, siempre que se determine como
elemento del tipo la relación directa del supuesto criminal con la prestación
del servicio militar o policial. De lo contrario, sin justificación alguna se
expandiría la justicia penal militar y, además, ella adoptaría un sesgo
puramente personalista, ajeno por entero a la finalidad que la anima y que
apunta a preservar la legitimidad que ha de rodear todo acto de disposición y
uso de la fuerza pública.
En
el plano normativo el legislador no puede, pues, construir los tipos penales
militares, modificar los tipos penales ordinarios o incorporarlos en el Código
Penal Militar, sin tomar en consideración lo que genuinamente tiene relación
directa con los actos propios del servicio militar y policial. La justicia
penal militar está montada sobre dos elementos que se equilibran mutuamente:
uno de carácter personal - miembro de la fuerza pública en servicio activo - y,
otro, de índole funcional - relación del delito con un acto del servicio. Por
consiguiente, el legislador no puede sin más alterar este equilibrio.
Hacer
caso omiso de la relación funcional o relajarla hasta el punto de que por ella
pueda entenderse todo lo que ocurra mientras se adelanta una acción emprendida
por miembros de la fuerza pública o todo aquello que se siga de su actuación,
como se desprende de las expresiones examinadas, conduce inexorablemente a
potenciar sin justificación alguna el aspecto personal del fuero militar.
Tanto
en los delitos típicamente militares como en los comunes cuyos elementos, de
una o de otra manera, han sido modificados con el objeto de adaptarlos al
contexto de la función militar o policiva, el concepto de servicio o misión
legítima constituye un referente obligado para el legislador, que toma de éste
características y exigencias propias para proyectarlas luego como ingredientes
o aspectos de las diferentes especies punitivas. En estos dos casos convergen
de manera ciertamente más acusada los elementos personal y funcional que integran
la justicia penal militar.
En
el tercer caso - recepción pasiva de tipos penales comunes -, el riesgo de
reforzar el elemento personal de la justicia penal militar en detrimento del
elemento funcional es definitivamente mayor, lo que debe llevar a la Corte a un
examen más estricto y riguroso sobre esta parte de la normativa, máxime si se
repara en que por dicho sendero el fuero puede fácilmente trocarse en
privilegio y, paralelamente, el derecho especial extender su dominio a costa
del derecho penal común y de la jurisdicción ordinaria.
9.
Antes de decidir acerca de la aplicación del derecho penal militar en un caso
concreto es indispensable que el juez, al analizar el contexto fáctico en el
que se cometió el  acto delictivo, distinga y confronte la conducta
efectivamente realizada y la operación o acción propios del servicio.
Tratándose del delito típicamente militar y del delito común adaptado a la
función militar - o "militarizado" como lo señalan algunos autores -,
tanto el elemento personal como el funcional, constitutivos de la justicia
penal militar, son forzosamente estimados por el juez, habida cuenta de que la
norma penal los involucra conjuntamente. En el caso de los delitos comunes
objeto de recepción pasiva por parte del Código Penal Militar, la ausencia de
un condicionamiento positivo estricto dentro del mismo tipo penal, que supedite
la competencia de la justicia penal militar a su vinculación directa con un
acto u operación propios del servicio, dificulta la decisión acerca de cuál es el
derecho penal aplicable. Esa decisión está siempre expuesta a dos peligros
igualmente graves y lesivos de la igualdad y del debido proceso: por una parte,
la discrecionalidad judicial para definir el juez natural y el derecho
aplicable; por otra, la conversión del fuero en privilegio personal y el
socavamiento injustificado de la jurisdicción ordinaria. Los mencionados
peligros pueden menguarse, sin embargo, si se parte de la definición del fuero
penal militar como una excepción a la regla del juez natural general. Ello
significa que en todos aquellos casos en los que no aparezca diáfanamente la
relación directa del delito con el servicio habrá de aplicarse el derecho penal
ordinario.
10. La jurisdicción
penal militar constituye una excepción constitucional a la regla del juez
natural general. Por ende, su ámbito debe ser interpretado de manera
restrictiva, tal como lo precisa la Carta Política al establecer en su artículo
221 que la justicia penal militar conocerá “de los delitos cometidos por los
miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo
servicio”. Conforme a la interpretación restrictiva que se impone en este
campo, un delito está relacionado con el servicio únicamente en la medida en
que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la labor - es decir del
servicio - que ha sido asignada por la Constitución y la ley a la Fuerza
Pública. Esta definición implica las siguientes precisiones acerca del ámbito
del fuero penal militar:
a)  que para que un delito sea de competencia de la
justicia penal militar  debe existir un vínculo claro de origen entre él  y la
actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una
extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad
ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. Pero aún más, el
vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y
directo, y no puramente hipotético y abstracto. Esto significa que el exceso o
la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea que en
sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional. Por el contrario, si desde el inicio el agente
tiene propósitos criminales, y utiliza entonces su investidura para realizar el
hecho punible, el caso corresponde a la justicia ordinaria, incluso en aquellos
eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta entre los fines de
la Fuerza Pública y el hecho punible del actor. En efecto, en tales eventos no
existe concretamente ninguna relación entre el delito y el servicio, ya que en
ningún momento el agente estaba desarrollando actividades propias del servicio,
puesto que sus comportamientos fueron ab initio criminales.
b)  que el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad
relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad
inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas
circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la
total contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la
Fuerza Pública. Al respecto es importante mencionar que esta Corporación ya ha
señalado que las conductas constitutivas de los delitos de lesa humanidad son
manifiestamente contrarias a la dignidad humana y a los derechos de la persona,
por lo cual no guardan ninguna conexidad con la función constitucional de la
Fuerza Pública, hasta el punto de que una orden de cometer un hecho de esa
naturaleza no merece ninguna obediencia. En efecto, en la sentencia C-578 de
1995, en el fundamento jurídico 5.3.1. se expresó:
“La orden del
servicio es la que objetivamente se endereza a ejecutar los fines para los
cuales está creada la institución. Una orden que de manera ostensible atente
contra dichos fines o contra los intereses superiores de la sociedad, no puede
reclamar válidamente obediencia. La orden de agredir sexualmente a una persona
o de infligirle torturas, bajo ninguna circunstancia puede merecer el
calificativo de orden del servicio. Estas acciones, que se enuncian a título de
ilustración, son ajenas completamente al objeto de la función pública confiada
a los militares y al conjunto de sus deberes legales”.
Por consiguiente, un
delito de lesa humanidad es tan extraño a la función constitucional de  la
Fuerza Pública que no puede jamás tener relación con actos propios del
servicio, ya que la sola comisión de esos hechos delictivos disuelve cualquier
vínculo entre la conducta del agente y la disciplina y la función propiamente
militar o policial, por lo cual su conocimiento corresponde a la justicia
ordinaria.
La Corte precisa: es
obvio que nunca un acto del servicio puede ser delictivo, razón por la cual una
conducta propia del servicio no amerita jamás castigo. Por ello la justicia
castrense no conoce de la realización de “actos del servicio” sino de la
comisión de delitos “en relación” con el servicio. Es decir, lo que esta
Corporación afirma no es que los delitos de lesa humanidad no constituyen actos
del servicio, pues es obvio que en un Estado de derecho jamás un delito - sea o
no de lesa humanidad - representa una conducta legítima del agente. Lo que la
Corte señala es que existen conductas punibles que son tan abiertamente
contrarias a la función constitucional de la Fuerza Pública que su sola
comisión rompe todo nexo funcional del agente con el servicio.
c)   que la relación con el servicio debe surgir
claramente de las pruebas que obran dentro del proceso. Puesto que la justicia
penal militar constituye la excepción a la norma ordinaria, ella será
competente solamente en los casos en los que aparezca nítidamente que la
excepción al principio del juez natural general debe aplicarse. Ello significa
que en las situaciones en las que exista duda acerca de cuál es la jurisdicción
competente para conocer sobre un proceso determinado, la decisión deberá recaer
en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de que no se pudo demostrar
plenamente que se configuraba la excepción.
11. Conforme a lo
anterior, la extensión del fuero penal militar a conductas que están más allá
de los delitos estrictamente relacionados con el servicio representa una
vulneración a la limitación que impuso el Constituyente al ámbito de aplicación
de la justicia penal militar. En tales circunstancias, los argumentos expuestos
conducen inevitablemente a la declaración de inconstitucionalidad de las
expresiones “con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones
inherentes a su cargo, o de sus deberes oficiales” incluida en el artículo 190;
“con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su
cargo”, contenida en los artículos 259, 261, 262, 263, 264 y 266; “con ocasión
del servicio o por causa de éste” comprendida en el artículo 278; y “u otros con
ocasión del servicio”, incluida en el artículo 291 del Código Penal Militar. En
efecto, en todos estos casos el Legislador extendió el ámbito de competencia de
la justicia castrense más allá de lo constitucionalmente admisible, por lo cual
la Corte retirará del ordenamiento esas expresiones, en el entendido de que la
justicia penal militar sólo se aplica a los delitos cometidos en relación con
el servicio, de acuerdo con los términos señalados en el numeral precedente de
esta sentencia.
12. Para finalizar
este aparte y teniendo en cuenta que luego de esta sentencia el texto del
artículo 291 del Código Penal Militar puede resultar equívoco, importa precisar
que el contenido vigente del mencionado artículo quedará así: “Juez Natural.
Los militares en servicio activo y los miembros de la Policía Nacional, cuando
cometan delitos contemplados en este Código, y en relación con el mismo
servicio, sólo podrán ser juzgados por los jueces y tribunales establecidos en
este Código”.
Igualmente, en vista
de que las declaraciones de inexequibilidad podrían dejar el artículo 259 del
Código Penal Militar sin contenido específico, se declarará la
inconstitucionalidad total del artículo, bajo el entendido de que para los
delitos de homicidio que deban ser conocidos por la justicia penal militar se
aplicará lo establecido en el artículo correspondiente del Código Penal
ordinario.
3. Desigualdad
entre los militares y los no militares en materia de prescripción de la acción
penal, de acumulación de procesos y de ejecución de la pena.
3.1 NORMAS
ACUSADAS
"ARTICULO
78.- Prescripción de varias acciones. Cuando fueren varios los hechos punibles
investigados en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple
independientemente para cada uno de ellos".
"ARTICULO 703.-
Orden de ejecución de las sentencias. Si contra la misma persona se hubieren
dictado varias sentencias en diferentes procesos, se ejecutarán en el orden en
que se hayan proferido. Si los procesos se han adelantado simultáneamente, el
tiempo durante el cual hubiere permanecido privado de la libertad por
cualquiera de ellos, se tendrá como parte cumplida de la pena impuesta en la
sentencia condenatoria que primero se ejecute.
Si se tratare de
inimputable, el tiempo que hubiere permanecido bajo la medida de seguridad, se
computará conforme al artículo 95 de este Código".
ACTOR
El actor se refiere
conjuntamente a los artículos 78 y 703. A su juicio, atenta contra el derecho
de igualdad, en perjuicio de los miembros de la Fuerza Pública, el hecho de que
éstos no tengan la posibilidad de que el juez disponga, si se dan las
circunstancias y condiciones previstas legalmente, la acumulación jurídica de
las diversas penas impuestas contra una misma persona en diferentes procesos,
situación que sí se presenta en la justicia penal ordinaria, por obra del
artículo 505 del Código de Procedimiento Penal. A consecuencia de esta
situación el Código Penal Militar contempla, en su artículo 78, que la
prescripción de las diversas acciones penales que operan en un sólo proceso se
cumple independientemente para cada uno de los delitos investigados. Manifiesta
que en este tema deberían regir los criterios de la justicia penal ordinaria,
en razón del principio de favorabilidad.
POLICIA NACIONAL
El Mayor General
Serrano puntualiza, en primer lugar, que la comparación del artículo 78
demandado con el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal   resulta
inadecuada, puesto que este último se refiere a la acumulación jurídica de
penas y no a la prescripción de las acciones. Estima que el artículo 78 debe
confrontarse con el artículo 85 del Código Penal ordinario, situación en la
cual es claro que no existe desigualdad ninguna. De otra parte, estima que la
asimilación de los artículos 78 y 703 es errada, ya que "se trata en el
primer caso de prescripción de varias acciones, mientras que en el segundo se
contempla el orden de ejecución de las sentencias, es decir, confundió sin
razón alguna acciones con penas".
MINISTERIO
PUBLICO
Respecto al artículo
78 el representante del Ministerio Público expresa que la norma “cuando niega
la posibilidad de la acumulación, hace referencia específica y directa a la de
la prescripción de varias acciones y no a procesos ni a penas, siendo
instituciones de diversa entidad”.
Manifiesta que la
figura de la prescripción en materia punitiva busca garantizar “el logro de los
objetivos de la investigación de los hechos y circunstancias que la conforman,
a la par que goza de una virtud liberadora en relación con el sujeto activo de
una infracción penal”. Por esta razón, la norma impide la acumulación de las
prescripciones de delitos investigados en un mismo proceso, “pues el término
fijado para cada uno de ellos atiende a su gravedad y naturaleza, de modo que
resultaría a las claras injusto e irrazonable que un hecho prácticamente
insignificante, a pesar de ilícito pudiera ser investigado por un lapso
excesivo dada la acumulación de su prescripción con la de otra infracción de
mayor lesividad”.
Con respecto al
artículo 703, la Vista Fiscal manifiesta que el demandante ve en la figura de
la acumulación de sentencias una institución siempre benéfica para los
intereses de los procesados o los condenados. Expresa que discrepa de esa
posición, por cuanto la suma aritmética de las sentencias llevaría a la
imposición de penas irredimibles, a la vez que la subsunción de una en otra
conduciría a la impunidad de algunas conductas.
Finaliza con la
aseveración de que la acumulación de sentencias carece de sentido y de que
“quien infringe la ley penal debe responder ante ella tantas veces como
infracciones haya cometido”.
EXAMEN DE LA
CORTE
Artículo 78
El texto literal del
artículo 78 demandado coincide sustancialmente con el contenido del  artículo
85 del D.L 100 de 1980, que fue encontrado exequible por esta Corte en la
sentencia C-087 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz). En vista de la existencia de
cosa juzgada material sobre el asunto, la Corte se estará a lo resuelto en la
sentencia citada.
Artículo 703
El artículo 703 del
Código Penal Militar, regula el orden de ejecución de las sentencias dictadas
en diferentes procesos, sin disponer, como lo hace el artículo 505 del C de
P.P., la aplicación de las normas que regulan la dosificación de la pena, en
caso de concurso de hechos punibles. Si bien el Código Penal Militar, contiene
disposiciones sobre el concurso de hechos punibles, el artículo 483 de dicho
código determina que la oportunidad para solicitar la acumulación se inicia
desde que se dicta la resolución de convocatoria y termina cuando se produce la
formulación de los cuestionarios.
En materia procesal
penal, por regla general, cada delito se investiga y juzga en un solo proceso,
y la pena correspondiente se ejecuta individualmente. Las excepciones a esta
regla son de índole legislativa. La Constitución Política, a este respecto,
fuera de reconocer la reserva de ley, no se ocupa de prefigurar las decisiones
que serán del resorte de aquélla. Por esta razón, en principio no se observa
violación alguna a la Carta, si se establece un límite a la acumulación que,
por fuerza, deja de comprender algunas hipótesis referidas a los fallos que se
profieren de manera independiente, lo que podría ocurrir si dentro de la
oportunidad legal no se advierte o intenta la acumulación de los procesos en
curso.
Se pregunta la Corte
si la circunstancia de que el C. de P.P. contemple algunos eventos en los que
es posible la aplicación de las normas que regulan la dosificación de la pena,
en caso de concurso de hechos punibles, cuando los delitos conexos se hubieren
fallado independientemente o cuando se hubieren proferido varias sentencias en
diferentes procesos, genera una desigualdad respecto de los justiciables de la
jurisdicción penal militar que carecen de esta posibilidad.
La Constitución no
establece que las normas procesales del Código Penal Militar deban ser
idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las disposiciones de la
legislación especial garantizan el debido proceso y se sujetan a la
Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas que se
fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas
ordinarias, salvo que éstas carezcan de justificación alguna. La Constitución
ha impuesto directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta
de la común. Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no
podrá basarse en la mera disparidad de los textos normativos. Lo anterior no
significa que toda diferencia adquiera validez por el simple hecho de que se
inserta en una norma especial.
Encuentra la Corte
que razones de economía procesal pueden limitar las excepciones a la regla
general ya mencionada. La existencia de jueces de penas, que no se deriva de un
imperativo constitucional, ha podido llevar a la legislación ordinaria a
decidir la ampliación del instituto de la acumulación, inicialmente concebido
únicamente para los procesos. Si la omisión de los jueces de penas en el Código
Penal Militar no acarrea inconstitucionalidad alguna, menos lo puede hacer la
no extensión de la acumulación, cuya operatividad se facilita enormemente por
su presencia.
Por las razones
anteriores, el artículo 703 será declarado exequible.
3.2 NORMA ACUSADA
"ARTICULO
485.- Decisión sobre acumulación. Recibido el informe o propuesta de la
acumulación, el juez resolverá de plano sobre su procedencia o improcedencia.
Contra dicha decisión no procede recurso alguno".
ACTOR
El actor manifiesta
que la norma que ordena que la decisión del juez con respecto a la solicitud de
acumulación de procesos será inapelable vulnera los derechos fundamentales a la
dignidad, a la doble instancia y a la favorabilidad. Considera que la
acumulación de los procesos y de las penas evita al procesado la suma
aritmética de las sanciones, es decir, le representa una disminución de la
condena total. Acota que en este campo también se presentaría una vulneración
del derecho a la igualdad, dado que en la justicia penal ordinaria sí se admite
la impugnación de la providencia que deniega la acumulación de procesos (Código
de Procedimiento Penal, arts. 76, 505 y 523).
POLICIA NACIONAL
Para la Policía, el
artículo acusado constituye una de las excepciones permitidas por el artículo
31 de la Constitución Política, que consagra el principio de la doble
instancia. Observa que el hecho de que la justicia penal militar constituya una
jurisdicción propia hace comprensible que en ella se puedan presentar
situaciones especiales, tal como ocurre con la no impugnabilidad de la decisión
tomada por el juez en punto a la acumulación de procesos.
Al respecto cita la
sentencia C-150/93, MP Fabio Morón, en la cual se declaró la
constitucionalidad de algunas disposiciones del Código de Procedimiento Penal y
se dijo: "Advierte la Corte que la Constitución establece el principio de
la doble instancia como derecho constitucional fundamental, y con carácter
indisponible y obligatorio pero referido sólo al caso de la sentencia
condenatoria (...). La Corte no encuentra que exista obstáculo alguno de carácter
constitucional, que impida al Legislador proveer sobre la materia en ciertas
hipótesis acerca de la improcedencia de recursos contra providencias distintas
a las sentencias condenatorias; en este sentido se tiene en cuenta lo dispuesto
por el citado inciso 1 del artículo 31 de la CN en la parte que indica que
quien sea sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria, y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho".
MINISTERIO
PUBLICO
El representante del
Ministerio Público defiende la constitucionalidad del artículo 485,  para lo
cual se remite a las consideraciones presentadas respecto al artículo 402.
Añade, no obstante, que para el caso del artículo 485 la apelación no se
justifica porque la decisión del juez en relación con la procedencia o
improcedencia de la acumulación de procesos no tiene que ver con el principio
de favorabilidad sino con el de economía procesal: “la acumulación opera cuando
contra la persona se adelantan dos o más procesos diferentes, o cuando se trata
de delitos conexos que no se han investigado conjuntamente, sin que de tal
reunión pueda predicarse una ventaja para el procesado, así como no se puede
alegar un perjuicio derivado del adelantamiento separado de las causas”.
EXAMEN DE LA
CORTE
Artículo 485
Se objeta que la
decisión sobre la solicitud de la acumulación sea inapelable, no obstante que
en la legislación ordinaria sí lo es, lo que ocasiona grave perjuicio a quienes
cobija esta jurisdicción.
Se ha puesto de
presente que la mera desemejanza con la legislación ordinaria no implica la
inconstitucionalidad de la ley penal especial. A lo anterior deberá agregarse
que, conforme a la reiterada jurisprudencia de este Corte, sólo las sentencias
penales condenatorias suponen el derecho a su impugnación, carácter que
obviamente no tiene el auto que deniega la acumulación pedida por la parte. En
relación con las demás providencias, la ley puede libremente disponer que
algunas puedan ser apeladas y otras carezcan de recurso. No viola la
Constitución el hecho de que la ley procesal militar, con el objeto de imprimir
celeridad a los procesos y por razones de economía, suprima recursos que se
consagren en la legislación ordinaria, cuya adopción no sea forzosa.
Por las razones
anteriores, el artículo 485 será declarado exequible.
3.3 NORMA ACUSADA
"ARTICULO 702.-
A quien corresponde la ejecución de la sentencia. La ejecución de la
sentencia definitiva corresponde al juez penal militar que conoció del proceso
en primera o única instancia, mediante orden comunicada a los funcionarios
administrativos encargados del cumplimiento de la pena o de la medida de
seguridad".
ACTOR
El demandante estima
que este artículo establece una discriminación inadmisible. Manifiesta que
mientras en la legislación penal ordinaria los procesados gozan de un
funcionario judicial absolutamente autónomo y, lo más importante, de un juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad que no ha intervenido en ninguna
forma dentro del proceso y que, por lo tanto, les garantiza la resolución imparcial
de sus diferentes peticiones, en el proceso penal militar la imparcialidad
"se mengua gravemente cuando quien termina 'ejecutando la condena' es el
mismo funcionario que hizo el juzgamiento". Este funcionario "que
valoró de cierta manera y desde determinada perspectiva el material probatorio,
que ya se formó una opinión acerca del procesado y de su personalidad, muy
difícilmente va a cambiar de parecer en un estado posterior a la condena como
es en el que se desenvuelve la actividad de los Jueces de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad".
POLICIA NACIONAL
La Policía
manifiesta que "la circunstancia de que el Juez Penal Militar sea quien
ejecute la sentencia definitiva, en ningún momento afecta la autonomía e
independencia a que alude el actor", y que, en consecuencia, el juez penal
militar puede resolver con absoluta imparcialidad las diversas peticiones que
puede elevarle el condenado, razón por la cual no observa ninguna razón para
hablar de un trato discriminatorio a este respecto.
MINISTERIO
PUBLICO
El Viceprocurador
señala que la actuación del funcionario que verifica o supervisa la ejecución
de la condena derivada de un proceso penal  está sujeta a lo decidido en el
expediente “de modo que su actuación sólo puede redundar en beneficio de quien
soporta la sanción, y nunca podrá hacer más gravosa la situación del
condenado”.
Adicionalmente,
afirma que la creación de los jueces de ejecución de penas en la justicia
ordinaria busca descongestionar y racionalizar la labor de los despachos, los
cuales presentan un volumen de procesos por tramitar muy superior al que se que
se  da en la justicia penal militar.
EXAMEN DE LA
CORTE
La ausencia de
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en la legislación penal
militar sería inconstitucional si ello correspondiera a una exigencia de la
Constitución, que no la plantea, o si fuera obligatorio que en la legislación
penal militar se consagraran  todos y cada uno de los instrumentos y mecanismos
procesales ordinarios, lo que tampoco es del caso aceptar.
No se viola el
debido proceso si se confía al juez penal militar la ejecución de la sentencia
que él mismo haya proferido. El cumplimiento de la sentencia debe siempre
ceñirse a sus propios términos, independientemente del funcionario que deba
velar por su correcta aplicación. Motivos de orden histórico y de conveniencia
han justificado la creación de jueces de ejecución de penas, lo que ha
representado una notable reducción de la carga que en esta fase soportaban los
jueces ordinarios.
El Legislador puede
no considerar la procedencia de este tipo de jueces para la justicia penal
militar, y ningún precepto constitucional dejaría de acatarse. En este evento,
no se viola el debido proceso, puesto que los jueces encargados de supervisar
la ejecución de las penas, así hayan sido quienes intervinieron en el
juzgamiento, deben limitarse a hacer cumplir la decisión judicial previamente
dictada.
Por las razones
anteriores, se declarará la constitucionalidad del artículo 702.
4. Desigualdades
originadas por causa del término máximo de prescripción
NORMA ACUSADA
"ARTICULO 74.-
Término de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribe en un
tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si fuere privativa de la
libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años ni excederá de
veinte (20).
Para este efecto se
tendrán en cuenta las circunstancias de atenuación y agravación
concurrentes".
ACTOR
En este caso, el
demandante considera que el establecimiento de un término  máximo genérico de
prescripción de la acción penal constituye una desigualdad inaceptable entre
los procesados. Ello por cuanto, a manera de ejemplo, las personas que
cometieron un delito cuya pena máxima es de veinte años requieren del mismo
período de tiempo para beneficiarse de la prescripción que aquéllos que
perpetraron un delito que tiene como pena máxima la de 30 años. De esta manera,
los que cometen delitos que tienen un "techo” máximo de castigo superior a
los 20 años resultan “premiados” con el establecimiento de un término máximo de
prescripción, a pesar de haber incurrido en delitos de mayor gravedad social.
POLICIA NACIONAL
El Director de la
Policía asevera que para entender la norma acusada debe recordarse que la
Constitución contempla que no existen penas imprescriptibles. Y precisamente la
finalidad perseguida por el legislador al establecer un máximo de veinte años
para la prescripción de la acción penal es la fijación de un límite de tiempo
para que se extinga la potestad punitiva del Estado a raíz de un determinado
hecho punible.
MINISTERIO
PUBLICO
La Vista Fiscal
explica que la prescripción es “un fenómeno en virtud del cual se produce el
reconocimiento jurídico de un hecho cual es el transcurso del tiempo, cuya
verificación tiene por efecto la imposibilidad de ejercitar la acción judicial
en materia penal. Así, en el caso concreto, es una forma de extinguir para el
Estado, como titular de la acción penal, la potestad de perseguir y sancionar el
delito, a causa de su inactividad al respecto”.
Agrega que la
fijación de límites mínimos y máximos para la persecución penal por parte del
legislador redunda “en beneficio no sólo de los intereses del imputado, quien
tiene derecho a la definición jurídica de su situación y de su conducta, o por
lo menos, a no estar sujeto indefinidamente a una persecución; sino además de
la sociedad considerada como un todo al cual el Estado debe responder con
diligencia en la represión efectiva del crimen”.
El término mínimo
para la prescripción tiene por objeto “otorgar a las agencias estatales la
oportunidad de recaudar todo el material conducente a reprimir la infracción
penal comprobada”. El máximo responde a la idea de que el paso del tiempo hace
que el interés por la imposición de la sanción penal desaparezca - el reproche
debe ser actual a la conducta - y que la tarea investigativa sea cada vez más
difícil.
EXAMEN DE LA
CORTE
El texto acusado del
artículo 74 es idéntico al aparte del artículo 80 del D.L 100 de 1980 que fue
encontrado exequible por esta Corte en sentencia C-087 de 1997 (M.P. Fabio
Morón Díaz). En vista de la existencia de cosa juzgada material sobre el punto,
la Corte se estará a lo resuelto en la sentencia citada.
5. El ejercicio
de un cargo público como justificación de un hecho punible.
NORMA ACUSADA
"ARTICULO 26.-
Causales. El hecho se justifica cuando se comete:
1.- (...)
2.- (...)
3.- En legítimo
ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público.
4.- (...)
5.- (...) "
ACTOR
El actor expresa que
la causal de justificación consagrada en la norma acusada constituye "una
especie de aval o autorización para que el Policía o Militar, prevalido de su
condición, delinca y luego esgrima esta causal excluyente de antijuridicidad
para que su reprochable conducta delictiva quede en la impunidad".
Considera que, por el contrario, y de acuerdo con el artículo 6° de la
Constitución, el abuso de la función pública debería ser establecido como
circunstancia agravante de la pena, tal como ocurre con el numeral 11 del
artículo 66 del Código Penal ordinario.
POLICIA NACIONAL
El comandante de la
Policía Nacional responde que la norma atacada es la reproducción literal de la
causal de justificación consagrada en el numeral 3 del artículo 29 del Código
Penal ordinario. Manifiesta que el actor interpreta de manera errónea la norma,
pues su objetivo no es autorizar la arbitrariedad del funcionario público sino
posibilitar su actuación. Se refiere la causal a "aquellas especiales situaciones
en las que un hecho que normalmente está prohibido por la ley penal, no
constituye delito por la existencia de una norma que lo autoriza o lo
impone".
MINISTERIO
PUBLICO
El Ministerio
Público aclara que la causal de justificación demandada “excluye la
antijuridicidad de una conducta típica atribuida a los miembros de la fuerza
pública, por razón de que su actuación se ha producido en ejercicio de su
investidura, es decir, dentro de las funciones descritas por la Constitución,
las leyes y los reglamentos, como inherentes al cargo que ostentan, de modo que
existe un grado de vinculación entre el comportamiento punible y las prestación
del servicio”.
De otro lado,
manifiesta que la norma no autoriza el aprovechamiento de la investidura para
cometer ilícitos, pues ella misma contiene la exigencia de que la conducta se
ejecute en ejercicio legítimo del cargo público, lo cual significa que  la
conducta aparentemente reprochable debe estar ajustada a lo señalado por la
Constitución, la ley y los reglamentos.
EXAMEN DE LA
CORTE
La norma demandada
contempla el legítimo ejercicio de un cargo público como causal de
justificación del hecho punible. La Corte entiende por ejercicio legítimo de un
cargo público aquél que normalmente se desprende del recto y leal ejercicio de
las funciones que se encuentren detalladas en la ley o en el reglamento
respectivos (C.P. art., 122) y que por ser tal no comporta extralimitación ni
omisión alguna (C.P. art., 6). Del conjunto de funciones que legalmente se
asigna a cada cargo surgen para su titular precisos deberes de acción o de
abstención. Como quiera que la realización de dichas funciones se impone con la
fuerza superior de un deber jurídico, en estricto rigor, la causal analizada,
si tiene algún sentido válido y rescatable, quedaría comprendida en la primera
causal que reza: “El hecho se justifica cuando se comete: (1) En estricto
cumplimiento de un deber legal”. En realidad, el legítimo ejercicio de un cargo
no puede ser distinto del “estricto cumplimiento de un deber legal”. Si a lo
anterior se agrega que el legítimo ejercicio de un cargo no entraña ningún
asomo de antijuriducidad - y, por lo tanto, no ha menester de justificación, en
cuanto que no es acto típico -, se sigue que si en un determinado caso ello da
lugar a un debate penal, el asunto deberá resolverse necesariamente a la luz de
la causal primera. Dejando de lado lo que en el fondo puede ser un error
conceptual, la interpretación que consulta el espíritu de la norma, con el
propósito de hacerla operativa en algún sentido plausible, la ubica en el
espacio propio de la primera causal. No obstante que desde este punto de vista
la causal examinada resulte repetitiva o redundante, será declarada exequible,
puesto que esto último aunque podría estimarse como error de técnica jurídica,
no alcanza a viciar de inconstitucionalidad la norma demandada.
6. Duraciones mínima y máxima de las medidas de seguridad
NORMAS ACUSADAS
"ARTICULO 87.-
Internación para enfermo mental permanente. Al inimputable por enfermedad
mental permanente se le impondrá medida de internación en establecimiento
psiquiátrico o clínica adecuada, de carácter oficial, en donde será sometido al
tratamiento científico que corresponda.
"Esta medida
tendrá un mínimo de dos (2) años de duración, vencido este término podrá
sustituirse por libertad vigilada, previo dictamen médico psiquiátrico".
"ARTICULO 88.-
Internación para enfermo mental transitorio. Al inimputable por enfermedad
mental transitoria se le impondrá la medida de internación en establecimiento
psiquiátrico o similar, de carácter oficial, donde será sometido al tratamiento
que corresponda.
"Esta medida tendrá
un mínimo de tres (3) meses de duración y un máximo de tres (3) años.
Transcurrido el mínimo indicado se suspenderá condicionalmente, cuando se
establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica".
"ARTICULO 89.-
Otras medidas aplicables a los inimputables. A los inimputables que no padezcan
de enfermedad mental se les impondrá medida de internación en establecimiento
público o particular, aprobado oficialmente, que pueda suministrar educación o
adiestramiento industrial, artesanal o agrícola.
"Esta medida tendrá
un mínimo de un (1) año de duración y un máximo de tres (3) años se
suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha adquirido
suficiente adaptabilidad al medio social en que se desenvolverá su vida".
ACTOR
Estima el demandante
que la consagración legal de límites temporales a las medidas de seguridad
significa una afectación de diversos derechos fundamentales, tales como la
libertad de locomoción y los derechos a la libertad personal, a la dignidad, al
acceso a la seguridad social y a la protección especial para los discriminados
y marginados. La duración del internamiento de los inimputables penalmente solo
debe estar supeditada a la recuperación mental del sentenciado o, en el caso de
que sea imposible la rehabilitación síquica, al cumplimiento del término máximo
de la pena prevista para el delito correspondiente. Adiciona que en punto a
este problema la Corte ha de acogerse a lo precisado en la sentencia C-176 de
1993, MP Alejandro Martínez Caballero.
POLICIA NACIONAL
El representante de
la Policía Nacional manifiesta su acuerdo con el actor acerca de que este tema
ya ha sido definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-176/93.
MINISTERIO
PUBLICO
Para la Vista
Fiscal, “la imposición de medidas a los inimputables por enfermedad mental de
carácter permanente o transitoria debe atender a su recuperación”. Por eso,
“resulta incoherente la determinación de mínimos y máximos en cuanto a la
internación que debe sufrir quien ha incurrido en la comisión de un hecho
punible, pero está en incapacidad de comprender la ilicitud de su
comportamiento”.
Retoma lo señalado
por el Instituto de Medicina Legal en su respuesta a un cuestionario que le
fuera enviado por el magistrado sustanciador, acerca de que  “el tiempo de
internamiento de un individuo con una patología psiquiátrica que lo amerite,
está determinado por el tiempo que ella se tarde en responder al tratamiento
psiquiátrico instaurado y recuperar a sí su salud mental”. Igualmente, remite a
lo expresado en la sentencia C-176 de 1993 de esta Corporación sobre el
señalamiento de topes mínimos de internamiento para los inimputables que
cometan delitos confiados al conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria.
Solicita, en
consecuencia, que se declare la inexequibilidad de las expresiones “tendrá un
mínimo de dos años de duración” y “vencido este término”, contenidas en el
artículo 87, y “un mínimo de tres meses de duración” y transcurrido el mínimo
indicado”, incluidas en el artículo 88. Asimismo, manifiesta que en vista de
que en el artículo 87 no se precisa un límite máximo de internamiento ha de entenderse
que su internación, “dada la prohibición de las penas y medidas de seguridad
imprescriptibles, está limitada al máximo previsto para la conducta en que se
ha incurrido”, tal como lo estableció la sentencia C-176 de 1993 de esta
Corporación.
De otro lado,
respecto del artículo 89 expresa que a éste no le caben las mismas
consideraciones, “toda vez que en sus supuestos no se alude al padecimiento de
enfermedad mental, sino a otras causas de inimputabilidad penal como formas de
enajenación o inferioridad síquica que, sin constituir una patología, afectan
la capacidad de ordenación volitiva del sujeto”.
Dentro de las
causales de inimputabilidad a que se refiere el artículo 89 se encuentran “la
embriaguez, las psicosis pasajeras, los estados emocionales, la inmadurez
sicológica y, en fin, todas aquellas circunstancias a raíz de las cuales el
individuo pierde la capacidad para comprender la ilicitud de su comportamiento
o de autoregularse conforme a esa comprensión, sin que ello pueda atribuirse a
un deterioro de los órganos corporales o de las funciones relacionadas con el
pensamiento y la manifestación dirigida de la conducta”. Por eso, concluye que
en estos casos sí procede la imposición de mínimos y  máximos de duración para
la medida de seguridad derivada de la comisión del delito.
INTERVENCIÓN DEL
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL
El Instituto de
Medicina Legal y el Servicio de Psiquiatría del Hospital Militar Central
respondieron un cuestionario que les fue formulado por el magistrado
sustanciador acerca de los problemas psiquiátricos referentes a miembros de las
fuerzas militares. Al respecto manifestaron que de acuerdo con la experiencia
acumulada no se observaban diferencias entre las patologías que en este
respecto presentan los militares y los no militares; que no es necesario
ordenar en todos los casos la internación hospitalaria por causa de afecciones
psiquiátricas; y que el tiempo de internamiento de un individuo con patologías
psiquiátricas depende de la respuesta de éste al tratamiento, razón por la cual
no tiene sentido fijar términos mínimos de internamiento.
EXAMEN DE LA
CORTE
1. En la sentencia
C-176 de 1993 de esta Corporación (M.P. Alejandro Martínez Caballero) - que
versó sobre la demanda de inconstitucionalidad contra diversos apartes de los
artículos 94, 95 y 96 del Decreto Ley 100 de 1980, que tratan sobre la
internación para enfermo mental permanente y transitorio y sobre otras medidas
aplicables a inimputables,  respectivamente -, se declaró que la fijación de
términos mínimos de duración del internamiento de los inimputables era
inexequible. Por consiguiente, con respecto a este punto habrá de estarse a lo
resuelto en la mencionada sentencia, en vista de la existencia de cosa juzgada
material sobre el asunto.
2. Los mismos
artículos 94, 95 y 96 del Decreto Ley 100 de 1980 establecían que las medidas
de internación tendrían un máximo indeterminado. La referida sentencia C-176 de
1993 declaró también inexequible esos apartes de acuerdo con la siguiente
consideración:
“[E]l tiempo de
duración máxima de la medida de seguridad es el equivalente del término de la
pena prevista para ese hecho punible. Tal tope tiene dos efectos: primero, no
se podrá internar a nadie en calidad de medida de seguridad más allá de dicho
plazo; segundo, dicho tiempo señala igualmente el plazo para la prescripción de
la medida de seguridad.
“Entonces cuando se
llegue el plazo máximo de la medida de seguridad, el juez está obligado a poner
en libertad al inimputable. La razón de ser de ello es que la medida de
seguridad supone privación de libertad.
“Tal conclusión es
la única que se aviene con la preceptiva constitucional del artículo 28, según
la cual ‘en ningún caso podrá haber ... medidas de seguridad
imprescriptibles’.
“(...)
“Por otra parte, se
pregunta la Corte ¿qué pasa cuando una vez cumplido el tiempo previsto para el
máximo del hecho punible, la persona no se ha rehabilitado a nivel psíquico?.
“Al tenor de las
líneas anteriores, la persona debe ser puesta en libertad. Termina para ella el
tiempo de reclusión en calidad de inimputable, sin perjuicio de que el Estado
le garantice el tratamiento especial que requiera, pero ya no como inimputable
sino como disminuido psíquico”.
El artículo 87 del
Código Penal Militar no establece un término máximo de internación, sino que
señala que al inimputable por enfermedad mental permanente se le impondrá
medida de internación en un centro psiquiátrico y que esta medida podrá
sustituirse por libertad vigilada. En este punto no existe ninguna objeción
constitucional, siempre y cuando se entienda que si la persona recupera
permanentemente la razón no habrá lugar a la libertad vigilada.
Por su parte, en los
artículos 88 y 89 del Código Penal Militar se consagra una duración máxima de
tres años para las medidas de seguridad. Este hecho suscita el interrogante
acerca de si es admisible desde el punto de vista de la Constitución que se
consagren diferencias en relación con el tratamiento penal de los inimputables
que han incurrido en un delito, según el tipo de justicia  penal que los
juzgue. Es decir, si el inimputable es juzgado por la justicia ordinaria puede
ser internado hasta por el límite temporal máximo de la pena imponible al
delito cometido, mientras que si el inimputable es juzgado por la justicia
penal militar puede ser recluido únicamente hasta por tres años,
independientemente del delito que cometió y de las penas establecidas para
éste. ¿Es esta diferencia justificable?.
La Corte considera
que no. Como bien lo señalan el Instituto de Medicina Legal y el Servicio de
Psiquiatría del Hospital Militar Central no existen razones que justifiquen que
se brinde un trato  diferente a los inimputables que están al servicio de la
fuerza pública. Por otra parte, así como no tiene sentido establecer términos
mínimos de internación tampoco tiene sentido establecer un término máximo como
el que se encuentra en los artículos 88 y 89 (tres años). El fin de la medida
de seguridad es que la persona se recupere de la enfermedad mental transitoria
o que adquiera la suficiente adaptabilidad al medio social. Por lo tanto, la
internación deberá prolongarse hasta que se logre el objetivo, salvo que la
medida se extienda hasta el máximo de duración de la pena impuesta por el
delito, caso en el cual la persona deberá ser puesta en libertad, tal como
ocurre con lo inimputables que no forman parte de la fuerza pública.
3. Por todo lo
anterior, se declarará la inconstitucionalidad de las siguientes expresiones:
“...tendrá un mínimo de dos (2) años de duración, vencido este término...”,
contenida en el artículo 87; “...tendrá un mínimo de tres (3) meses de duración
y un máximo de tres (3) años. Transcurrido el mínimo indicado...”, incluida en
el artículo 88; y “...tendrá un mínimo de un (1) año de duración y un máximo de
tres (3) años...”, comprendida dentro del artículo 89.
4. De esta manera,
el texto vigente de los artículos 87, 88 y 89 es el siguiente:
Artículo 87.- Internación para enfermo mental
permanente. Al inimputable por enfermedad mental permanente se le impondrá
medida de internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, de
carácter oficial, en donde será sometido al tratamiento científico que
corresponda.
Esta medida podrá
sustituirse por libertad vigilada, previo dictamen médico psiquiátrico.
Artículo 88.- Internación para enfermo mental
transitorio. Al inimputable por enfermedad mental transitoria se le impondrá la
medida de internación en establecimiento psiquiátrico o similar, de carácter
oficial, donde será sometido al tratamiento que corresponda.
Esta medida se
suspenderá condicionalmente, cuando se establezca que la persona ha recuperado
su normalidad psíquica.
Artículo 89.- Otras medidas aplicables a los
inimputables. A los inimputables que no padezcan de enfermedad mental se les
impondrá medida de internación en establecimiento público o particular,
aprobado oficialmente, que pueda suministrar educación o adiestramiento
industrial, artesanal o agrícola.
Esta medida se
suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha adquirido
suficiente adaptabilidad al medio social en que se desenvolverá su vida.
7. ASESORAMIENTO
ILEGAL
NORMA ACUSADA
ARTICULO 212.- Asesoramiento
y otras actuaciones ilegales. El que ilegalmente represente, litigue, gestione
o asesore en asunto judicial, administrativo o policial, incurrirá en arresto
de seis (6) meses a dos (2) años y multa de un mil a veinte mil pesos.
La penas se
aumentarán de una tercera parte a la mitad, si el responsable es funcionario o
empleado de la justicia penal militar o del Ministerio Público.
ACTOR
A juicio del actor,
el término “asesorar” consagrado en la norma es ambiguo, situación que es
inadmisible en la normatividad penal, en la que no se admite el uso de la
analogía. Manifiesta que la norma viola los artículos 4 y 6 de la Constitución.
Considera, además, que el artículo desconoce la realidad colombiana, pues en el
país hay muchas poblaciones en las que no se encuentran abogados ni entidades
del Estado - como la Defensoría del Pueblo - que puedan orientar a las personas
acerca de la mejor forma de hacer valer sus derechos. En esta situación,
resulta apenas elemental que los funcionarios contribuyan a orientar a las
personas, pero esta orientación puede ser tomada como un asesoramiento ilegal.
Manifiesta también que en el caso de los funcionarios del Ministerio Público la
norma entra en contradicción con los deberes de éstos de brindar asesoría al
ciudadano común, de manera que si ellos cumplen con esta tarea podrían ser
objeto de denuncia penal en virtud del artículo 212 analizado, pero si no la
cumplen también podrían ser denunciados por infracción al artículo 6 de la
Constitución, por omisión en el cumplimiento de sus funciones.
POLICIA NACIONAL
Para el
interviniente en representación de la Policía, el actor desconoce la existencia
del fuero penal militar consagrado en los artículos 221 de la Constitución y 14
del Código Penal Militar. Recuerda que el Código Penal Militar no es aplicable
a los particulares y agrega que "en el texto del artículo 212 el sujeto
activo del punible es indeterminado lo es respecto del grado o jerarquía que
ese Militar o Policía pueda ostentar pero ello no quiere decir que sea aplicable
a los particulares”.
Respecto al término
asesoramiento sostiene que no es ambiguo ya que éste "debe concretarse a
asunto judicial, administrativo o policial y además estar orientado a conseguir
intereses personales en detrimento de la justicia o de la propia
administración".
Finalmente,
manifiesta que "la prohibición contenida en el tipo penal se refiere es al
asesoramiento ilegal y a contrario sensu (sic), cuando el  funcionario tenga
como misión precisamente la de orientar o asesorar en cualquier materia
jurídica, esos consejos naturalmente dejarían de ser "ilegales".
MINISTERIO
PUBLICO
El representante del
Ministerio Público aclara que la conducta descrita por la norma consiste en el
asesoramiento de carácter ilegal. Entiende por ilegal “aquello salido de los
fueros trazados por las normas”; de donde se deriva que el tipo penal busca
“impedir o a castigar la intervención de un agente de la fuerza pública ante
los estrados e instancias administrativas, judiciales o policivas, cuando dicha
intervención tiene por objeto ejercer la representación de otro , pelear una
causa en juicio, realizar diligencias tendientes a hacer efectivo un interés
propio o ajeno, o aconsejar a un tercero en relación con la actuación que éste
adelanta ante la Administración, siendo esa conducta extraña a su competencia o
a las funciones que le han sido adscritas por la Constitución, la ley y los
reglamentos, los cuales determinan el ámbito legítimo de la acción del
servidor”.
De otro lado, la
Vista Fiscal expresa que la tipificación del asesoramiento ilegal en el
artículo demandado responde a propósitos superiores “cuales son el de
garantizar la moralidad de la actividad pública (...) y el de mantener la
independencia entre las distintas autoridades que encarnan la actividad
estatal. Por último, quiere preservar la probidad al interior de las filas de
los cuerpos armados del país”.
Finalmente, el
representante del Ministerio Público hace dos aclaraciones. En primer lugar, en
virtud de la prohibición constitucional del juzgamiento de civiles por la
justicia penal militar (artículo 213) la expresión “funcionario de la justicia
penal militar” contenida en el inciso segundo del artículo 212 “puede ser
declarada constitucional siempre y cuando se aplique únicamente a los funcionarios
de la justicia penal militar que tengan la calidad de militares en servicio
activo, pues los civiles vinculados a la justicia penal militar, en ningún caso
pueden ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”.
En segundo lugar, la
expresión “o del ministerio público” que se encuentra en el mismo inciso
segundo debe ser declarada inconstitucional  porque los funcionarios del
Ministerio Público son civiles cuya investigación corresponde a la justicia
ordinaria.
EXAMEN DE LA
CORTE
1. El
texto del artículo 212 del Código Penal Militar coincide sustancialmente con el
del artículo  157 del D.L 100 de 1980, que fue encontrado exequible por esta
Corte en la sentencia C-087 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz). Su diferencia
radica en que en el segundo se hace referencia directa a los empleados
oficiales y se añade como pena  la de interdicción de derechos y funciones
públicas por un período de uno a cuatro años. Sin embargo, estas divergencias
son irrelevantes para el análisis constitucional que aquí se realiza, puesto
que para la época de expedición del Decreto Ley 100 de 1980 el término
“empleado oficial” comprendía a todos los funcionarios estatales - incluidos los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía -, siendo asimilable al
concepto actual de servidor público. Adicionalmente, la Ley 190 de 1995 dispuso
que “la expresión ‘empleado oficial’ se sustituye por la expresión ‘servidor
público’, siempre que aquella sea utilizada en el Código Penal o en el Código
de Procedimiento Penal”. De otra parte, la pena adicional que se puede imponer
en el caso de la Justicia Penal Militar no afecta el contenido normativo del
artículo. Por esta razón, deberá estarse a lo resuelto en relación con el
primer inciso, en atención a la existencia de cosa juzgada material sobre este
tema.
2. El segundo
inciso del artículo 212 exige otro tipo de análisis: si bien su texto
coincide con el del inciso segundo del artículo 157 del Decreto-Ley 100 de
1980, sus condiciones de aplicación son diferentes. En efecto, el artículo 212
se refiere a la justicia penal militar, mientras que el 157 lo hace a la
justicia penal ordinaria.
3. Los funcionarios
o empleados civiles de la justicia penal militar no pueden ser juzgados por la
jurisdicción penal militar, puesto que el último inciso del artículo 212 de la
Constitución lo prohibe expresamente. Por lo tanto, la constitucionalidad de
este aparte se puede declarar únicamente bajo el entendido de que los
funcionarios o empleados civiles de la justicia penal militar no pueden ser
investigados ni juzgados por la justicia penal militar.
4. Por otra parte,
la agravación de las penas para el funcionario del ministerio público que
incurra en la conducta de asesoramiento ilegal resulta  inexequible. La
Constitución no autoriza a los funcionarios de la Procuraduría General de la
Nación para actuar simultáneamente como miembros de la fuerza pública. Este
tema es tratado con amplitud en el punto que se relaciona con el artículo 212
del Código Penal Militar, en el fundamento 2.
8. Organismo
competente para conocer sobre los conflictos de competencia entre la justicia
penal militar y la ordinaria
NORMA ACUSADA
"ARTICULO 319.-
Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, conoce:
(...)
5. De los
conflictos de competencia que se suscitan entre la jurisdicción penal militar y
la ordinaria."
ACTOR
Sostiene el actor
que la norma acusada viola el numeral 6 del artículo 256 de la Constitución
Política  - que es reproducido por el ordinal 2 del artículo 112 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia -, el cual dispone que  la función
de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas
jurisdicciones le compete a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura.
POLICIA NACIONAL
El representante de
la Policía Nacional comparte la tesis del actor. Igualmente, manifiesta que el
numeral 1 del artículo 9 del Decreto 2652 de 1991, dictado en uso de facultades
extraordinarias, otorga la función en mención a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Estima, en consecuencia,
que el artículo atacado fue derogado tácitamente por la nueva Constitución,
razón por la cual solicita que la Corte se declare inhibida en este punto, por
sustracción de materia.
MINISTERIO
PUBLICO
La Vista Fiscal
expresa que del principio de que la Carta Política  es norma de normas (C.P.
art. 4) se deriva que el contenido del inciso 5 del artículo 319 del Código
Penal Militar  ha sido derogado por el numeral 6 del artículo 256 de la
Constitución Política. Por lo tanto, solicita que la Corte se inhiba de
pronunciarse sobre este cargo.
EXAMEN DE LA
CORTE
Tanto la
Constitución Política (C.P. art., 256-6) como la Ley 270 de 1996 (art. 112),
atribuyen al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, la función
de dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas
jurisdicciones. De ahí que la disposición demandada que incorpora un precepto
contrario, vulnere la Constitución Política y deba ser declarada inexequible.
9. Régimen
disciplinario de los servidores del Tribunal Superior Militar
NORMA ACUSADA
"ARTICULO 328.-
Régimen disciplinario. Los funcionarios y empleados del Tribunal Superior
Militar están sometidos al régimen disciplinario establecido para la Rama
Jurisdiccional y el Ministerio Público; además, con excepción del
presidente, al reglamento interno de la corporación.
Los militares o
policías en servicio activo que desempeñen cargos en el Tribunal Superior
Militar, estarán sujetos, además a los reglamentos militares o policiales
Parágrafo. Los
servicios sólo serán ordenados por el presidente, en su defecto por el
vicepresidente, a fin de que la corporación tenga completa autonomía".
ACTOR
Expone el actor que
esta norma consagra una discriminación en perjuicio de las personas que laboran
en el Tribunal Superior Militar, por cuanto ellas estarían sometidas a dos
regímenes disciplinarios distintos, al tiempo que a los demás servidores
públicos sólo los rige el Código Disciplinario Unico -CDU. En el caso de los funcionarios
y empleados del Tribunal la discriminación se concreta en el hecho de que ellos
son disciplinables tanto mediante el régimen creado para la Rama Judicial y el
Ministerio Público - que es hoy en día el mismo CDU - como a través del
reglamento del mismo Tribunal, al cual se le asigna un carácter normativo
legal. Y con respecto a los  militares o policías en servicio activo que
desempeñen cargos en el Tribunal Superior Militar el desfavorecimiento se
presenta por el hecho de que ellos están sujetos tanto al régimen del CDU - en
su condición de funcionarios judiciales - como al establecido en los
reglamentos  militares y de policía.
Manifiesta que el
artículo vulnera también el derecho al debido proceso en temas como el de la
seguridad jurídica, la tipicidad y la legalidad en razón de que los
funcionarios aludidos no saben a ciencia cierta cuáles comportamientos les
están vedados y a qué sanciones están expuestos.
En consecuencia,
solicita el actor que la Corte declare que cuando los  militares o policías
prestan funciones judiciales están sujetos al régimen disciplinario común a
todos los servidores públicos, y que al regresar a sus cuarteles quedan
nuevamente sometidos al régimen militar o policial.
POLICIA NACIONAL
La Policía Nacional
aboga por la exequibilidad de la norma, la cual se ajustaría a los criterios
expuestos por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, al
analizar el artículo 111 del proyecto de  Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia. Resalta que en la sentencia de la Corte se precisa que en la
Constitución se admite la existencia de regímenes disciplinarios especiales,
entre los cuales estarían el militar y el policial. Así, concluye que el
régimen disciplinario militar o policial debe ser aplicado también en los casos
en que un miembro de la Fuerza Pública, por necesidad o razón del servicio, se
encuentra adscrito al Tribunal Superior Militar.
De otro lado,
sostiene que "el reglamento interno del tribunal es una reglamentación en
forma específica relacionada con la organización de la misma corporación que no
tiene carácter de régimen disciplinario, sino por el contrario como un
mecanismo funcional para desarrollar en forma coordinada la función
jurisdiccional de su conocimiento y de sus integrantes, con un carácter más
preventivo que sancionatorio".
MINISTERIO
PUBLICO
El representante de
la Vista Fiscal afirma que “la coexistencia de regímenes disciplinarios no
necesariamente entraña una vulneración al principio de tipicidad acogido por la
Constitución como norte de la actividad sancionatoria del Estado, por cuanto lo
que ocurre es  que se multiplican los estatutos a los cuales se debe obedecer,
sin que por ello sea dable afirmar la indefinición de las conductas
reprochables ni las eventuales sanciones”. Además, la coexistencia se justifica
en este caso porque el comportamiento del miembro de la fuerza pública que hace
parte del Tribunal Superior Militar, se despliega tanto en el ámbito del cuerpo
armado al cual pertenece como en la administración de justicia.
EXAMEN DE LA
CORTE
1. De acuerdo con el
artículo 312 del Código Penal Militar, el Tribunal Superior Militar está
integrado por el Comandante General de las Fuerzas Militares, quien es su
presidente y, en principio, por quince magistrados, diez fiscales - los cuales
reciben ahora, de acuerdo con la terminología de la Ley 201 de 1995 que fija la
estructura y organización del Procuraduría General de la Nación, la
denominación de procuradores judiciales penales -, y el personal subalterno necesario
para la realización de sus funciones propias. La Carta de 1991 fue clara al
exigir como imperativo inexcusable de todo administrador de justicia un
compromiso supremo con la imparcialidad, lo que tornaba inconstitucional la
posibilidad de que los funcionarios del Tribunal Superior Militar ostentaran,
simultáneamente, la calidad de miembros en servicio activo de las Fuerzas
Armadas o de Policía[2].
No obstante, el Acto Legislativo N° 02 de 1995 estableció que las cortes o
tribunales militares “estarán integrados por miembros de la fuerza pública en
servicio activo o en retiro” y, por lo tanto, resulta claro que existe una
autorización constitucional expresa para que los miembros activos de la fuerza
pública hagan parte del Tribunal Superior Militar.
2. Con respecto al
mismo artículo 321 es importante ahora establecer si los fiscales (procuradores
judiciales penales) pueden ser miembros activos de la fuerza pública. Para iniciar
el análisis debe recordarse, en primer lugar, que la Corte Constitucional ya ha
manifestado en varias ocasiones[3]
que el reconocimiento constitucional de un fuero penal para los miembros de la
Fuerza Pública no apareja la existencia de un fuero disciplinario para los
miembros de esa institución. Así, en la sentencia C-399 de 1995, M.P. Alejandro
Martínez Caballero, se expresó:
“Por ello el fuero
militar no afecta las competencias y funciones de los organismos de control,
puesto que ese fuero es exclusivamente penal y no se extiende a las otras
esferas de actividad de los órganos estatales. Así, las funciones de la
Procuraduría General de la Nación no se ven limitadas por el fuero militar, ni
desde el punto de vista disciplinario - pues los miembros de la fuerza pública
son servidores públicos que están entonces sujetos a la supervigilancia
disciplinaria de esa entidad (CP art. 277 ord 6º) -, ni en relación con las
otras funciones del Ministerio Público (CP arts 277 y 278), en particular la
relativa a su participación en los procesos penales. La Corte coincide entonces
con la Vista Fiscal en que no existe ningún fuero militar de fiscalización,
pues el fuero militar es de carácter estrictamente penal y de interpretación
restrictiva. Esto ya lo había establecido durante la vigencia de la anterior
Constitución, la Corte Suprema de Justicia cuando señaló que el control del
Ministerio Público se extiende "sobre todos los funcionarios y empleados
del Estado, como en efecto lo son también los miembros de las Fuerzas
Armadas"[4].
En el mismo sentido, esta Corte Constitucional también había precisado que no
existe ningún fuero disciplinario para los integrantes de la Fuerza Publica
porque "el Ministerio Público, de acuerdo con el Ordenamiento
constitucional de 1886 y con el que hoy rige, es el ente competente encargado
de ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los servidores estatales, y
los miembros de las Fuerzas Militares lo son[5]”.
3. De otra parte, es
pertinente señalar que la Ley 201 de 1995 ha establecido que los militares en
servicio activo no pueden ocupar cargos en la Procuraduría o en la Defensoría
del Pueblo. En efecto, el artículo 175 precisa en su numeral d) - el cual fue
declarado exequible por esta Corporación en su sentencia C-196 de 1997, M.P.
Carmenza Isaza de Gómez - lo siguiente:
“Artículo 175.
Incompatibilidades. Los cargos y empleos de la Procuraduría General de la Nación
y de la Defensoría del Pueblo son incompatibles:
“(...)
“d) Con la condición
de miembro activo de la fuerza pública”.
4. Con todo, se
pregunta la Corte si constitucionalmente resulta admisible que un miembro
activo de la fuerza pública desempeñe el cargo de procurador judicial penal
ante el Tribunal Superior Militar. Sobre este particular es importante tener en
cuenta que el artículo 362 del Código Penal Militar expresa que los Fiscales
ante el Tribunal Superior Militar cumplen la función de agentes del ministerio
público, función esta que la Constitución le asignó de manera clara y
exclusiva a los miembros de la Procuraduría General de la Nación, en los
términos que indique la ley (C.P. art. 277-7). Es decir, los citados servidores
públicos deben pertenecer a la estructura orgánica de la Procuraduría General
de la Nación y estar sometidos, exclusivamente, al poder de dirección que
ejerce el Procurador General. En este sentido se manifestó la Corte, en la
sentencia C-283 de 1997, al indicar:
“Por la razón
mencionada, el artículo 277 de la Constitución Política, al establecer las
funciones de la Procuraduría General de la Nación, señala que estas podrán ser
ejercidas por el Procurador General de la Nación directamente o a través de sus
delegados y agentes. Sin embargo, no sobra advertir, que resultará
inexequible la disposición que asigne a un servidor público, que no exhiba la
calidad de agente o delegado del Procurador General, alguna de las funciones
que constitucionalmente le pertenecen a la Procuraduría. En efecto, de la
calidad de “supremo director” se deriva la  facultad de coordinar, orientar y
controlar a los servidores públicos que actúen bajo su dirección, así como la
de revisar sus actuaciones. En estas circunstancias, un funcionario excluido del
poder de dirección que ostenta el Procurador General no puede, sin que con ello
se comprometan los artículos 275 y 277 de la Carta, ser titular de aquellas
funciones que, por orden de la Constitución, le compete cumplir a la
Procuraduría General de la Nación” (subrayas no originales).
5. Así, pues, dado
que los fiscales ante el Tribunal Superior Militar cumplen las funciones de
agentes del Ministerio Público es claro que ellos deben ser funcionarios de la
Procuraduría General de la Nación (C.P. art. 277-7). Cabe aún preguntar si, a
la luz de la Constitución, un miembro de la fuerza pública podría al mismo
tiempo ser funcionario de la Procuraduría, de manera que pudiera también ser
designado como agente del ministerio público ante la justicia penal militar.
Esta Corporación considera que la respuesta debe ser negativa. Ciertamente, una
tal dualidad de funciones afectaría ostensiblemente la independencia y la
autonomía de los miembros de la Procuraduría (C.P. arts. 113, 117, 118, 275,
277).
6. La Constitución
de 1886 señalaba, en su artículo 142, que “[e]l Ministerio Público será
ejercido bajo la suprema dirección del Gobierno...”. Esta disposición colocaba
al Procurador General de la Nación en una situación de subordinación con
respecto al Ejecutivo. En la práctica institucional, en atención a la
incongruencia que significaba el hecho de que el organismo de control
dependiera del Gobierno, se presentó en este punto un fenómeno de mutación
constitucional, en cuya virtud la Procuraduría adquirió apreciable
independencia con respecto al Ejecutivo.
En la Asamblea
Nacional Constituyente se suscitó el debate acerca de si era conveniente
continuar con la consagración de la división tripartita del poder, a pesar de
que en la práctica y en el derecho constitucional comparado se observaba que
ella ya no interpretaba cabalmente la realidad estatal. En diversas ponencias
se propuso reconocer la existencia de otras ramas del poder, distintas de las
tradicionales, entre las cuales estarían las ramas de control y la electoral[6]. Finalmente, se decidió
continuar con el modelo tripartito de división de los poderes, pero admitiendo
la existencia de otros órganos autónomos e independientes. Al respecto
preceptúa el artículo 113 de la Carta:
“Artículo 113. Son
ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial.
“Además de los
órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado.
“Los diferentes
órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para
la realización de sus fines”.
Dado que la
Constitución de 1991 le reconoció a la Procuraduría General de la Nación
autonomía e independencia con respecto a los otras ramas y organismos, lo lógico
es que sus actividades propias sean realizadas por funcionarios suyos, librados
de todo posible conflicto de interés y subordinados únicamente al Procurador
General de la Nación. Esta definición acerca de los funcionarios del Ministerio
Público garantiza que éste pueda ejercitar a cabalidad las atribuciones que le
han sido confiadas.
7. Pese a lo
anterior, como quedó expresado, algunos de los funcionarios y empleados del
Tribunal Superior Militar pueden ser, simultáneamente, miembros en servicio activo
de las fuerzas armadas o de la policía nacional (C.P.  art. 221).
8. A la luz de la
demanda estudiada, se pregunta la Corte si viola la Constitución la norma que
somete a un doble régimen disciplinario la conducta de servidores públicos en
los que coincide la calidad de funcionario judicial con la condición de
miembros en servicio activo de la fuerza pública.
Un servidor público
en el cual se conjuga la doble condición anotada se encuentra en capacidad de
afectar con sus actos tanto los bienes jurídicos tutelados por el régimen
disciplinario propio de los miembros de la rama judicial como aquéllos
protegidos por los reglamentos disciplinarios de la Fuerza Pública. En estas
condiciones, no se ajusta a los imperativos constitucionales en materia de igualdad
excluir la conducta de los funcionarios del Tribunal Superior Militar que a la
vez son miembros de la fuerza pública, de la aplicación de uno de los dos
regímenes disciplinarios mencionados, pues su conducta es susceptible de
afectar los bienes por ellos tutelados. Sin embargo, puede darse el caso en el
que estos dos sistemas normativos tipifiquen como falta la misma conducta y la
sometan a consecuencias jurídicas diversas, o que, simplemente, la coincidencia
genere incertidumbre acerca del tipo de proceso que ha de seguirse o del juez
disciplinario competente. En estas condiciones, la coincidencia de regímenes
disciplinarios podría afectar los principios constitucionales relativos al
debido proceso o el principio non bis in idem.
Igualmente, también es
cierto que, a pesar de las eventuales coincidencias, existen faltas
disciplinarias típicas y exclusivas de cada uno de los regímenes que la
disposición demandada hace coincidir, precisamente en razón de la especificidad
propia de las labores judiciales y de las de la fuerza pública. En efecto, no
todas las conductas que tienen la virtualidad de afectar a la administración de
justicia tienen que estar contempladas en el régimen disciplinario de la fuerza
pública, pues varias de ellas no son susceptibles de ser ejecutadas en el
ejercicio  de la funciones propias de ésta última o se pueden materializar
exclusivamente en cumplimiento de la función judicial. Algo semejante ocurre en
el caso contrario. Resulta razonable suponer que algunas acciones u omisiones que
pueden afectar a las fuerzas armadas o de policía, no se encuentran tipificadas
en el régimen disciplinario de la rama judicial.
Así las cosas, la
única decisión razonable es la de interpretar la disposición estudiada de
manera tal que los funcionarios judiciales a que se refiere, se encuentren
sometidos a las normas disciplinarias propias de su doble condición, sin que
ello implique admitir una eventual duplicidad que comprometería los principios
constitucionales antes mencionados.
En consecuencia,
entiende la Corte que, en principio, los funcionarios del Tribunal Superior
Militar están sometidos al régimen disciplinario establecido para la Rama
Judicial, al menos durante el tiempo en el cual se encuentran investidos de
jurisdicción, pues en ese lapso su principal función corresponde a la de
administrar justicia y, en consecuencia, están, sobre todo, vinculados a los
bienes y valores tutelados por el régimen disciplinario aplicable a la
administración de justicia. En consecuencia,  si una conducta de estos
servidores públicos se encontrare tipificada como falta en los dos regímenes de
que trata la disposición estudiada, habrá de preferirse el estatuto de la
administración de justicia y, por lo tanto, a la luz de las normas actuales, su
investigación y juzgamiento deberán ser realizados por la Procuraduría General
de la Nación conforme a las normas procesales y sustanciales aplicables a los
miembros de la rama judicial.
No obstante, si un
servidor público, en el que confluya la doble condición anotada, incurre en una
conducta que no se encuentra tipificada en el régimen disciplinario de la rama
judicial pero, sin embargo, sí es considerada como falta dentro del régimen
disciplinario de la fuerza pública, deberá ser juzgado disciplinariamente
conforme a este último sistema normativo. Por supuesto, lo anterior siempre que
el mencionado régimen no resulte incompatible con la función judicial.
Idéntico
razonamiento se aplica a los denominados “empleados” de Tribunal Superior
Militar, que no son otros que los que integran el personal subalterno, al cual
se refiere el artículo 321 del Código Penal Militar.
9. En el inciso
primero del artículo bajo examen se dispone que, con excepción del presidente,
los funcionarios y empleados del Tribunal Superior Militar estarán sometidos
también a las normas disciplinarias contenidas en el reglamento interno de la
corporación. Sobre este particular, la Corte Constitucional ha manifestado de
manera reiterada que los principios del derecho penal criminal son aplicables
al derecho disciplinario, por cuanto éste constituye una modalidad del derecho
penal o sancionatorio.[7]
Entre esos principios se encuentra el de que el único órgano autorizado
constitucionalmente para tipificar conductas como delitos es el Congreso. Pues
bien, en diversas sentencias esta Corporación ha expresado que la misma
garantía se aplica a las faltas disciplinarias y que, por lo tanto, éstas
tienen que ser consagradas en la ley. En la sentencia C-417 de 1993, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo, se expuso:
“Las faltas
disciplinarias son definidas anticipadamente y por vía general en la
legislación y corresponden a descripciones abstractas de comportamientos que,
sean o no delitos, enturbian, entorpecen o desvirtúan la buena marcha de la
función pública en cualquiera de sus formas, lo que hace que las mismas
disposiciones  que las consagran estatuyan, también con carácter previo, los
correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas. Según las
voces del artículo 124 de la Constitución, ‘la ley determinará la
responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva[8]”.
Igualmente, en el
fallo C-341 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell, que trató sobre el régimen
disciplinario de los trabajadores del Banco de la República, se expresó :
“la autonomía que se predica del Banco no comporta lo correspondiente al
régimen disciplinario de sus servidores, pues lo relativo a la responsabilidad
disciplinaria de los servidores públicos es materia que corresponde regular al
legislador, con fundamento, principalmente, en los art. 6, 124, 150-23 y 209 de
la Constitución”.
De lo anterior se
desprende que únicamente el órgano legislativo es el que puede establecer
faltas y sanciones disciplinarias y que no le es dado a ningún cuerpo distinto la
expedición de regímenes disciplinarios. Por lo tanto, resulta inconstitucional
el precepto que somete a los miembros del Tribunal Superior Militar a las
normas disciplinarias establecidas por el reglamento de esa corporación.
10. En consecuencia,
la Corte declarará la exequibilidad del artículo 328, salvo la expresión
“además, con excepción del presidente, al reglamento interno de la
corporación”, la cual se declarará inexequible. Sin embargo, la
constitucionalidad se declara  bajo el entendido de que el funcionario o
empleado del Tribunal Superior Militar que sea simultáneamente miembro de la
fuerza pública en servicio activo, estará sometido en primer término al régimen
disciplinario establecido para la rama Judicial en las situaciones en las que
se encuentre investido de jurisdicción, pues, en ese caso, su principal función
es la de administrar justicia. Igualmente, deberá entenderse que los
representantes del ministerio público ante el Tribunal Superior Militar no
podrán ser, a la vez, miembros de la fuerza pública en servicio activo.
10.
Facultades de los procuradores delegados para las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional en punto al nombramiento de procuradores judiciales penales
NORMAS ACUSADAS
"ARTICULO 363.-
Atribuciones de los procuradores delegados. Los procuradores delegados para las
Fuerzas militares y para la Policía Nacional, tienen las siguientes funciones:
(...)
4. Designar a los
fiscales de primera instancia".
"ARTICULO 366.-
El Ministerio Público ante los jueces de primera instancia. Ante los jueces de
primera instancia, el ministerio público estará representado por el fiscal
permanente que para cada juez de primera instancia designe el respectivo
Procurador delegado".
"ARTICULO 368.-
Designación especial. Cuando por cualquier causa el fiscal permanente no
pudiere intervenir en el proceso o faltare en forma absoluta, el respectivo
Procurador delegado designará al Oficial que deba
reemplazarlo".
ACTOR
A juicio del actor,
las tres normas transcritas violan la autonomía del Procurador General de la
Nación, "quien es el único que tiene las atribuciones constitucionales
para el nombramiento de funcionarios y empleados de la Procuraduría General de
la Nación (art. 278-6 superior)”.
POLICIA NACIONAL
Al respecto estima
la Policía que el artículo 278, numeral 6, de la Constitución Política  derogó
tácitamente los artículos 363, numeral 4, 366 y 368 del Código Penal Militar.
Por ello, estima que la Corte debe declararse inhibida para conocer sobre este
cargo, por causa de sustracción de materia. Con todo, aclara el interviniente
que "la designación de fiscales ante las Cortes Marciales y Tribunales
Militares que haga el señor Procurador General de la Nación, deberá recaer en
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro de conformidad con
lo previsto en el artículo 221 de la Constitución Política, modificado por el
Acto Legislativo 02 de 1995".
MINISTERIO
PUBLICO
El representante del
Ministerio Público hace referencia a la Ley 201 de 1995 que estableció la
organización y estructura de la Procuraduría. Manifiesta que esta ley, en sus
artículos 98 y 100, autorizó a los Procuradores Judiciales Penales para
intervenir en las etapas de investigación previa, instrucción y juzgamiento de
la justicia penal militar. Esta intervención “se rige por lo principios
inherentes a la actividad fiscalizadora, por lo cual propende por la defensa
del orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales,
como funciones atribuidas por el órgano Constituyente al titular del Ministerio
Público, las cuales está facultado para delegar. Es así como aquellas se
traspasan a otros funcionarios como los Procuradores Delegados y los
Procuradores judiciales quienes, por esa razón y desde ese instante, se
convierten en agentes directos del Procurador General. Por lo mismo, es él
quien debe nombrarlos y removerlos, toda vez que lo representan de una manera
inmediata a guisa de un alter ego, de donde se deriva el que a él le
correspondan las facultades de determinar su distribución y ubicación, así como
la de asignarles sus competencias”.
El Viceprocurador
considera que la Corte debe inhibirse para fallar sobre los cargos esgrimidos
contra los textos analizados porque todas las normas acusadas - el numeral 4
del artículo 363 del Código Penal Militar y las expresiones “delegado” del
artículo 366 y “respectivo”, “delegado” y “oficial” del artículo 368 - han
sido modificadas por la Ley 201 y la Constitución (artículo 278-6).
EXAMEN DE LA
CORTE
1. El Código Penal
Militar vigente está contenido en el Decreto 2550 de 1988, dictado con base en
las facultades extraordinarias conferidas al Ejecutivo mediante la Ley 53 de
1987. Dado que el único requisito constitucional existente para la aprobación,
derogación o modificación de Códigos se refiere a que estas decisiones sean
tomadas directamente por el Legislador, de manera que no cabe la concesión de
facultades extraordinarias al Ejecutivo para el efecto, es claro que, como ya
lo ha señalado esta Corporación[9],
el Código Penal Militar puede ser reformado a través de una ley expedida de
acuerdo con los procedimientos ordinarios. Precisamente eso es lo que ha
ocurrido en relación con los artículos bajo análisis.
En el año de 1995,
el Congreso expidió la Ley 201, “por la cual se establece la estructura y
organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras
disposiciones”. En el artículo 79 se expresa que “los agentes del Ministerio
Público, actuarán como sujetos procesales ante las autoridades judiciales” y se
manifiesta que entre ellos se encuentran el Viceprocurador General de la
Nación, los distintos procuradores delegados, los procuradores judiciales y los
personeros municipales. Luego, con respecto al ejercicio del Ministerio Público
ante la justicia penal militar declara que éste se efectúa por “el Procurador
General de la Nación, por sí o por medio de los procuradores delegados para las
Fuerzas Militares, de Policía Nacional y de los procuradores judiciales
penales”.
En relación con los
procuradores judiciales penales expresa el artículo 90:
“Competencia de los
procuradores judiciales penales. Los procuradores judiciales penales, cumplirán
las funciones que el Código de Procedimiento Penal atribuye al Ministerio
Público y las demás que determine el procurador General de la Nación, ante el
tribunal nacional, la sala penal de los tribunales superiores de distrito
judicial, los jueces regionales, penales y promiscuos del circuito, de
ejecución de penas y medidas de seguridad, sala jurisdiccional disciplinaria de
los consejos seccionales de la judicatura, las unidades de fiscalía y de
policía judicial, el tribunal superior militar y demás autoridades de la
justicia penal militar, según distribución que haga el Procurador General de la
Nación” (subraya no original).
Por otra parte, el
artículo 89 establece, en su literal a), que es competencia del procurador
delegado para el Ministerio Público en materia penal “designar por delegación
del Procurador General de la Nación, los agentes especiales para que,
desplazando a los procuradores judiciales penales y personeros municipales,
intervengan en los procesos penales de competencia de la justicia ordinaria y
penal militar”.
Finalmente, el
artículo 153 establece que “los agentes del Ministerio Público serán de libre
nombramiento y remoción del Procurador General[10]”.
De los anteriores
artículos se pueden extraer las siguientes conclusiones: primera, que los
representantes del Ministerio Público ante los juzgados castrenses ya no se
denominan fiscales sino procuradores judiciales penales; segunda, que los
procuradores judiciales ante la justicia penal militar son nombrados
directamente por el Procurador, puesto que ellos son agentes del Ministerio
Público y que todos los agentes son designados directamente por aquél; tercera,
que la distribución de los procuradores judiciales entre los diferentes
juzgados castrenses la realiza directamente el Procurador, y sólo
excepcionalmente, y por delegación del Procurador General, el procurador
delegado en materia penal. Esto último sin excluir que, en los términos de la
Ley, también los procuradores delegados para las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional puedan ser delegados para fijar la distribución de los procuradores
judiciales penales ante los juzgados castrenses.
Por consiguiente,
las normas demandadas han sido derogadas y, por lo tanto, la Corte se inhibirá
de pronunciarse sobre ellas.
2. En la
intervención de la Policía Nacional se manifiesta que la designación de los
fiscales - hoy procuradores judiciales penales - ante los tribunales militares
debe recaer siempre en miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en
retiro,  para dar cumplimiento al artículo 221 de la Constitución. Esta
posición no es de recibo. Como ya se manifestó en el fundamento 2 del punto 9
de esta sentencia, de la Constitución se infiere que los funcionarios de la
Procuraduría General de la Nación no pueden ser al mismo tiempo miembros en
servicio activo de la fuerza pública. Dado que los argumentos expuestos en el
aparte aludido de este fallo son aplicables enteramente a la afirmación del
representante de la Policía, la Corte se remite a lo allí señalado.
11.
Ininterrupción de la actuación sumarial
NORMA ACUSADA
"ARTICULO 384.-
Ininterrupción de la actuación sumarial. Todos los días y horas son hábiles
para practicar diligencias en la investigación sumaria, y los términos legales
y judiciales no se suspenden por la interposición de día feriado durante ella".
ACTOR
Expresa el
demandante que esta disposición es violatoria de los artículos 1, 2, 5, 13, 29
y 228 de la Carta. Estima que dado que los juzgados penales militares y el
mismo Tribunal Superior Militar están localizados dentro de instalaciones
militares, la no suspensión de los términos en los días feriados imposibilita a
los sujetos procesales  hacer uso de los recursos que la ley les concede, en el
evento de que los términos de ejecutoria de una providencia transcurran, total
o parcialmente, durante los días domingos o festivos. Igualmente, considera que
el derecho de las partes procesales a conocer el desarrollo de la investigación
se desconoce durante esos días, pues el acceso a las instalaciones
"judiciales-militares" les estará vedado.
Finalmente, sostiene
que este artículo se contradice con el 422, numeral 2, del mismo Código, en el
que se dispone que los términos se suspenderán durante las vacaciones
colectivas, durante los días domingos, festivos y de Semana Santa, y cuando no
haya despacho al público, por fuerza mayor o caso fortuito.
POLICIA NACIONAL
La Policía se
refiere únicamente al argumento del actor en torno a la contradicción en que
incurrirían la norma acusada y el artículo 422, numeral 2. Al respecto
manifiesta que puesto que la oposición se presenta entre normas del mismo
Código ha de recurrirse a la regla contenida en el artículo 5, numeral 2, de la
Ley 57 de 1887, según la cual debe aplicarse la norma posterior. Así, estima
que en este caso concreto debe darse aplicación al artículo 422 del Código
Penal Militar, razón por la cual el interviniente considera que la Corte debe
declararse inhibida para pronunciarse sobre este asunto.
MINISTERIO
PUBLICO
La Vista Fiscal se
refiere, en primer lugar, a la afirmación del actor acerca de que las
prescripciones del artículo 384 se contradicen con las del numeral 2 del
artículo 422 del Código Penal Militar. Al respecto expresa que no es tarea de
la Corte Constitucional entrar a resolver sobre los conflictos que se presentan
entre normas de rango legal. En segundo lugar, el Viceprocurador manifiesta que
“la ininterrupción de términos en la etapa sumaria obedece a que en ella es
fundamental el recaudo de las pruebas, ya que de los resultados que arroje su
estudio, cabrá decidir aspectos fundamentales como la viabilidad de la acción,
la autoría o complicidad probable, la determinación de la presencia de causales
de exclusión de antijuridicidad o culpa, etc.”. Añade que el artículo no impide
el ejercicio del derecho de defensa, pues, existe, en cabeza de los sujetos
procesales, la posibilidad de contradecir los medios probatorios una vez hayan
sido vinculados formalmente a la actuación procesal y dentro de las
oportunidades previstas por la ley.
EXAMEN DE LA
CORTE
El actor manifiesta
que la disposición del artículo 384 del Código Penal Militar  que expresa que
“los términos legales y judiciales no se suspenden por la interposición de día
feriado durante ella” afecta el derecho de las partes procesales a interponer
recursos contra las providencias, puesto que bien se puede presentar el caso de
que los términos de ejecutoria de una providencia transcurran o se venzan en
días festivos.
El artículo 384 se
refiere específicamente a la práctica de diligencias dentro de la etapa
sumarial. La aclaración formulada es importante, dado que el texto que genera
la preocupación del demandante ha de ser  interpretado a partir del objeto del
mismo artículo, que es el de regular los términos para la práctica de pruebas
dentro de la etapa de la investigación. Es decir, la expresión contenida en el
artículo acerca de que durante los días feriados no se suspenden los términos
legales y judiciales, habrá de entenderse que está referida específicamente a
los plazos para la práctica de las pruebas, sin afectar los términos
relacionados con notificaciones, con la interposición de recursos o con el
proferimiento de autos, todos los cuales se rigen por normas propias.
Esta interpretación
ya había sido adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia en relación con el artículo 149 del anterior Código de Procedimiento
Penal, el cual tenía un contenido idéntico al artículo aquí demandado y al
artículo 171 del actual Código de Procedimiento Penal. En efecto, en auto del
día 10 de julio de 1980, M.P. Dante Fiorillo, publicado en la Gaceta Judicial
N° 2402, pp. 316-317, esa Corporación manifestó:
“De los términos
anteriores, el referente a la práctica de la diligencia de indagatoria no
admite interrupción alguna de conformidad con el artículo 149 del Código de
Procedimiento Penal, en cuanto dispone que ‘todos los días y horas son hábiles
para practicar actuaciones en la investigación sumaria’, de modo que ‘los
términos legales y judiciales no se suspenden por la interposición del día
feriado durante ella’ ; no así, sin embargo, el que se contrae a la
definición de la situación jurídica del capturado, plazo para el cual solo se
computan los días hábiles, como lo indican los artículos 191 y 186 ibídem, al
establecer, el primero, que se suspende durante los feriados o las vacaciones y
cuando no haya despacho público y, el segundo, que el que vence en día feriado
se prorroga de derecho hasta el día sucesivo no feriado, preceptos ambos de
carácter general que no se oponen a la norma especial del artículo 149 ibídem,
que se refiere a la práctica de diligencias y no, por consiguiente, al
proferimiento de autos y sentencias, o a su notificación o ejecutoria, o a
otras determinaciones, para las cuales rigen aquellas normas generales y no
ésta, su excepción” (subrayas no originales).
De otra parte, como
bien lo señala el Ministerio Público no le corresponde a la  Corte
Constitucional entrar a resolver las contradicciones que se presentan entre
distintas disposiciones de carácter legal.
Por las razones
anteriores, se declarará la exequibilidad del artículo 384.
12.
Inimpugnabilidad de las sanciones para las personas que no colaboren con  la
buena marcha del proceso.
NORMAS ACUSADAS
"ARTICULO 402.-
Imposición de sanciones. Las sanciones a que se refieren los artículos
anteriores serán impuestas por el funcionario que adelanta el proceso o cumpla
la comisión, mediante resolución motivada, inapelable, con base en el
informe que bajo juramento le rinda el secretario o citador".
"ARTICULO 500.-
Sanciones. A quien sin justa causa impida, o no preste colaboración para la
práctica de cualquier prueba en el proceso, el funcionario le impondrá, por
resolución motivada, arresto inconmutable de uno (1) a treinta (30) días según
la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para lograr la
práctica inmediata de la prueba. La decisión no será susceptible de recurso
alguno y tendrá cumplimiento inmediato".
ACTOR
En relación con el
artículo 402, el actor estima que la inimpugnabilidad de las decisiones
sancionatorias constituye una vulneración a los derechos de defensa, del debido
proceso y de la doble instancia. Las sanciones consagradas en los artículos
equivalen materialmente a sentencias condenatorias y, por lo tanto, deberían
ser recurribles, máxime si se tiene en cuenta que ellas afectan el derecho
fundamental a la libertad. Asimismo, sostiene que la prescripción del art. 402
acerca de que el informe del secretario o del citador del juzgado es suficiente
como elemento probatorio para imponer la sanción, atenta contra la Constitución
(art. 29) y contra las normas contenidas en la ley estatutaria de la
administración de justicia (arts. 3, 9, 26 y 27) y en el Código de
Procedimiento Penal.
Acerca del texto
atacado del artículo 500, el demandante se limita a manifestar que “el hecho de
estar en juego un derecho fundamental como es el de la libertad personal,
bastaría para que el acto sancionatorio (de naturaleza más administrativa que
jurisdiccional)  fuera impugnable ante el superior (...) no resulta lógico
esperar que un funcionario sea absolutamente imparcial sobre sus actuaciones”.
POLICIA NACIONAL
El interviniente en
representación de la Policía Nacional aboga por la exequibilidad de las dos
normas. Manifiesta que el poder sancionatorio del juez tiene por objeto velar
por el desarrollo cabal de los procesos a su cargo. Sus planteamientos se
relacionan específicamente con el artículo 402. Anota que la norma señala que
la decisión sancionatoria debe ser motivada, lo que significa que debe ofrecer
las razones para su imposición, y que lo que ella prohibe es la apelación,
hecho que implica que la decisión sí es susceptible del recurso de reposición.
Recuerda que el artículo 31 de la Constitución autoriza al Legislador para
establecer excepciones al principio de la doble instancia.
Acerca de la crítica
expuesta sobre el papel que desempeña el informe que rinde el Secretario o el
citador para la imposición de la sanción, responde que aquél no implica
automáticamente una decisión sancionatoria : "Ese informe no es más
que la noticia que el empleado hace para conocimiento de la persona que
impondrá la sanción si a ella hubiere lugar, equivale igualmente a la noticia
criminis que da cualquier ciudadano para que se investigue una conducta, sin
que ello suponga siempre una sentencia condenatoria”.
MINISTERIO
PUBLICO
En relación con el
artículo 402, el representante del Ministerio Público afirma que “no toda
decisión de carácter sancionatorio comporta la posibilidad de su impugnación
administrativa o judicial, ya que tal exigencia sólo procede respecto de las
sentencias que imponen una condena a un procesado”. En consecuencia, dado que
la sanción de que trata el artículo acusado no tiene el carácter de sentencia,
pues no es una determinación que ponga fin a un procedimiento, expresa que en
estos casos no es exigible el derecho a impugnarla.
Con todo, la Vista
Fiscal ataca la constitucionalidad de la norma, por razones distintas a las
esbozadas por el actor. En efecto, el Viceprocurador considera que ésta viola
el artículo 29 de la Constitución Política en cuanto desconoce la existencia de
dos etapas procesales claramente definidas como son la investigación y el
juzgamiento. El trámite breve y sumario que consagra la norma no garantiza el
derecho de defensa, puesto que no contiene una estructura procesal que cobije
la existencia de un pliego de cargos formulado por el funcionario competente
antes de la imposición de la sanción correspondiente. Esta situación impide al
infractor conocer una acusación debidamente formulada y solicitar las pruebas
que estime pertinentes para refutar el pliego de cargos.
En relación con el
artículo 500 afirma que se aplican las consideraciones expuestas a propósito de
los artículos 402 y 485. Sin embargo, añade que en este caso la Corte debe
inhibirse de decidir por cuanto el demandante no señaló las normas de la
Constitución que consideraba infringidas por el texto acusado del artículo 500
del Código Penal Militar, condición imprescindible para la procedencia de la
acción de inconstitucionalidad.
EXAMEN DE LA
CORTE
1. Esta Corporación
ya ha manifestado que la Constitución solamente exige la existencia de la doble
instancia con respecto a las sentencias condenatorias. Al respecto se expresó
en la sentencia C-019 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón:
“La jurisprudencia
ha sostenido reiteradamente que la doble instancia, a través de la apelación o
la consulta, no es parte esencial del debido proceso, y  la Constitución  no la
ordena como exigencia del juicio adecuado9.
“Empero, la tesis
jurisprudencial que se menciona tiene hoy un carácter relativo pues si bien es
cierto que la Constitución no establece la doble instancia como un principio
del debido proceso, de manera abstracta y genérica, no lo es menos que la
posiblidad de impugnar las sentencias condenatorias sí es un derecho que hace
parte del núcleo esencial del debido proceso. En otros términos, una norma que
impida impugnar las sentencias condenatorias será  inconstitucional por
violación del debido proceso. En todos los demás casos, la doble instancia es
un principio constitucional cuyas excepciones pueden estar contenidas en la
ley. (Art. 31 de la C.N)”.
2. Con todo, la
Corte ha establecido también que contra determinados actos sí debe caber la
doble instancia, a pesar de que la ley no la haya contemplado y de que los
mencionados actos no constituyan sentencias condenatorias. Así ocurrió en el
caso que dio origen a la mencionada sentencia C-019 de 1993, y que trataba
sobre la disposición del artículo 167 del Código del Menor que preceptuaba que
los procedimientos contra menores de edad por infracciones a la ley penal
serían de única instancia. En aquella ocasión la Corte reconoció que el
concepto de sentencia condenatoria no se predicaba de las infracciones penales
cometidas por menores - pues a ellos no se les condena, sino que se les impone
una medida rehabilitadora y protectora. Ello haría en principio aceptable desde
el punto de vista constitucional que el Legislador no hubiera contemplado la
doble instancia para los fallos que dictaran en ese contexto los jueces de
menores o los promiscuos de familia. Sin embargo, la Corte consideró que en
esas situaciones debía darse aplicación a lo preceptuado por el artículo 37 de
la Convención Internacional de Derechos del Niño - aprobada por la Ley 12 de
1991 -, en el cual se señala que los niños privados de su libertad tienen
derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal
u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión
sobre dicha acción. Esta Corporación concluyó:
“En síntesis: La
doble instancia no pertenece al núcleo esencial del debido proceso, - pues la
ley puede consagrar excepciones -, salvo cuando se trata de sentencias
condenatorias, las cuales siempre podrán ser impugnadas, según el artículo 29
de la Carta. El concepto de "sentencia condenatoria" contradice la
filosofía y naturaleza de la legislación de menores, a cuyo amparo, el juez
puede imponerle medidas al menor infractor de carácter protector y pedagógico,
pero nunca de naturaleza condenatoria. Sin embargo, si alguna de esas medidas
es privativa de la libertad, podrá ser siempre impugnada a la luz de la
Convención sobre los Derechos del Niño, que, se repite, ha sido incorporada a
nuestra legislación interna.
“Todo lo cual se
reafirma, además, con el artículo 93 de la Carta, que establece que los
tratados y convenios internacionales - ratificados por el Congreso -, que
reconocen los derechos humanos, prevalecen en el orden interno.
“(...)
“De tal manera que
el artículo 167 del Código del Menor habrá de entenderse en el sentido de que
los procesos relativos a menores infractores de la ley penal son de única
instancia, salvo en los casos en los que durante su transcurso o al final del
mismo se tome una medida que, - si bien protectora o pedagógica -, sea
privativa de la libertad. Dichas medidas podrán ser objeto de impugnación ante
una instancia superior, sin perjuicio de los recursos de reposición que el
mismo Código ya contempla.
“Solo interpretada
de esa manera, se puede afirmar que la norma es constitucional. De otra forma,
sería inconstitucional, por violación del artículo 93 de la Carta que establece
que  los convenios internacionales ratificados por el Congreso prevalecen  en
el orden interno”.
3. Igualmente, esta
Corporación ha precisado que una norma que consagra la inimpugnabilidad de
decisiones es inconstitucional cuando se viola con ella el principio de
igualdad. Así ocurrió, por ejemplo, con el literal b) del artículo 22 de la Ley
4ª de 1990, en el cual se establecía que la Procuraduría Delegada para la
Defensa de los Derechos Humanos adelantaría y decidiría en única instancia la
acción disciplinaria “por la participación en actos que configuren genocidios,
torturas y desapariciones de personas, en que incurran en ejercicio de sus
funciones los miembros del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas
Militares, la Policía Nacional, los funcionarios o personal de los organismos
adscritos a esas instituciones, y los demás funcionarios y empleados”. En esa
oportunidad, la Corte estableció que el funcionario que era investigado por
esta Procuraduría Delegada se encontraba en desventaja procesal en relación con
los funcionarios que habían cometido una falta cuya investigación le
correspondía a otra Procuraduría Delegada, pues las decisiones de éstas sí
podían ser apeladas ante el Procurador General de la Nación. Por lo tanto, y
dado que no existía ninguna razón objetiva que justificara el trato
diferenciado, esta Corporación declaró la inconstitucionalidad de la
consagración de la inimpugnabilidad de las decisiones de la Procuraduría
Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos[11].
Asimismo, la Corte
declaró la inconstitucionalidad del inciso 2° del artículo 6° de la Ley 14 de
1988, que establecía que las sentencias de la Sección Quinta del Consejo de
Estado no podían ser objeto del recurso de súplica. A juicio de la Corte se
daba un trato discriminatorio a las personas que tramitaban sus procesos ante
esta Sección, en razón de que los fallos de las otras Secciones del Consejo de
Estado sí admitían el recurso de súplica. En vista de lo anterior y del hecho
de que no se encontraba una razón que justificara la diferenciación, se declaró
la inexequibilidad del mencionado inciso[12].
4. Ahora bien, los
artículos demandados se refieren a una circunstancia especial, cual es la
atribución disciplinaria del juez para imponer sanciones correccionales a las
personas que no colaboren con la justicia. Sobre el tema de las sanciones
correccionales la Corte ya se manifestó, en relación con el numeral 2° del
artículo 39 del Código de Procedimiento Civil. En esa ocasión, la Corte
consideró, en la sentencia C-218 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, que la sanción
correccional, que de acuerdo con el artículo demandado aquella vez podía
ascender hasta cinco días de arresto, no tenía el carácter de condena y que,
por lo tanto, la norma acusada era constitucional:
“Es claro, que en el
caso que ocupa a la Sala, las sanciones de tipo correccional que impone el
Juez, en ejercicio de los poderes disciplinarios que la norma impugnada le
otorga, como director y responsable del proceso, no tienen el carácter de
"condena", son medidas correccionales que adopta
excepcionalmente el funcionario, con el objeto de garantizar el cumplimiento de
sus deberes esenciales, consagrados en el artículo 37 del Código de
Procedimiento Civil.
“Tales medidas son
procedentes, siempre que se cumplan los siguientes presupuestos:
“Que el
comportamiento que origina la sanción correctiva constituya, por acción u
omisión, una falta al respeto que se le debe al juez como depositario que es
del poder de jurisdicción; que exista una relación de causalidad entre los
hechos constitutivos de la falta y la actividad del funcionario judicial que
impone la sanción; que con anterioridad a la expedición del acto a través del
cual se impone la sanción, y con el fin de garantizar el debido proceso, el
infractor tenga la posibilidad de ser oído y la oportunidad de aportar pruebas
o solicitar la práctica de las mismas; en este orden de ideas, ha dicho esta
Corporación, ‘...debe entenderse modificado por la normatividad constitucional
el artículo 39 del C.P.C."[13];
que la falta imputada al infractor esté suficientemente comprobada, ‘...mediante
la ratificación, con las formalidades de la prueba testimonial, del informe del
secretario del respectivo despacho, con la declaración de terceros o con copia
del escrito respectivo..."; que la sanción se imponga a través de
resolución motivada, en la cual se precise, "...la naturaleza de la falta,
las circunstancias en la que la misma se produjo, su gravedad, la culpabilidad
del infractor y los criterios tenidos en cuenta para dosificar la sanción; que
dicha resolución se notifique personalmente, señalando que contra ella procede
el recurso de reposición. Cumplidos los anteriores presupuestos, se cumple de
manera estricta el debido proceso.
“Ha quedado
plenamente demostrado que las disposiciones impugnadas no contradicen en nada
el ordenamiento superior, al contrario, no obstante haber sido expedidas con
anterioridad a la vigencia de la Carta de 1991, ellas se ajustan a su filosofía
y disposiciones, pues a tiempo que facultan al juez como depositario de la
majestad de la justicia para imponer medidas correctivas que garanticen el
normal desarrollo del proceso, del cual es director y responsable, establecen
un procedimiento que garantiza el derecho fundamental consagrado en el artículo
29 de la C. P., el cual de no ser cumplido de manera estricta genera para el
funcionario las responsabilidades que señala la ley, las cuales le
corresponderá definir, y sancionar si es del caso, a la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, o a las autoridades disciplinarias
correspondientes en el caso de funcionarios que gocen de fuero constitucional”.
5. Los mismos
argumentos de constitucionalidad son de recibo en el presente proceso. En
consecuencia, se declarará la exequibilidad de la norma. Finalmente, se
pregunta la Corte si estos artículos han sido derogados por la Ley Estatutaria
para la Administración de Justicia que, en su artículo 60, dispuso:
“Artículo 60.
Sanciones. Cuando se trate de un particular, la sanción correccional
consistirá, según la gravedad de la falta, en multa hasta diez salarios mínimos
mensuales.
“Contra las
sanciones correccionales sólo procede el recurso de reposición, que se
resolverá de plano”.
El anterior
interrogante ya fue resuelto por la Corte en la misma sentencia C-218 de 1996,
al señalar que el precepto del artículo 60 de la Ley Estatutaria es de carácter
general, aplicable únicamente cuando en los códigos de procedimiento no existan
normas correccionales propias: “Finalmente, advierte la Corte que no existe
contradicción entre lo dispuesto por el art. 39 del C.P.C. y lo que señala la
Ley 270 de 1996, ‘Estatutaria de la Administración de Justicia’, pues esta
última norma es general, aplicable en todo caso cuando los respectivos Códigos
de Procedimiento no hayan establecido una regulación especial”.
6. Por último, se
observa que la demanda del actor contra el artículo 500 se refiere únicamente a
la imposibilidad de apelar la sanción correccional. Es decir, el demandante no
alude en su libelo a la no procedencia de otros recursos. De otra parte, el
análisis de la Corte se ha limitado a las pretensiones de la demanda. Ello
significa que el texto atacado del artículo 500 será declarado constitucional
únicamente en lo que concierne a la improcedencia del recurso de apelación
contra la sanción.
13.  No Reformatio
in pejus
13.1 NORMA
ACUSADA
"ARTICULO 430.-
Reformatio in pejus. El recurso de apelación otorga competencia al superior
para decidir sin limitación alguna sobre la providencia impugnada".
ACTOR
En este caso, el
actor se limita a expresar que la norma vulnera el inciso segundo del artículo
31 de la Constitución Política  sobre la no reformatio in pejus.
POLICIA NACIONAL
La Policía Nacional
estima que la Corte debe declararse inhibida para decidir sobre la norma
acusada porque "de conformidad con reiterada jurisprudencia de la
Honorable Corte Constitucional y según lo establecido en el artículo 4 de la
Constitución Política, es evidente que el artículo 430 del Código Penal Militar
es inaplicable por existir una flagrante contradicción entre esta norma y el
artículo 31 de la Carta”.
MINISTERIO
PUBLICO
La Vista Fiscal
expresa que en relación con la norma demandada opera el instituto de la cosa
juzgada constitucional, puesto que la Corte ya se pronunció sobre este artículo
en su sentencia C-055 de 1993.
EXAMEN DE LA
CORTE
Como bien lo
sostiene el representante del Ministerio Público, sobre el artículo 430 ya se
pronunció la Corte en su sentencia C-055 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo. En la referida providencia se decidió declarar exequible el artículo
430, salvo la expresión “sin limitación alguna”, la cual fue declarada inconstitucional.
En consecuencia, en relación con el artículo 430  deberá estarse a lo resuelto
en la mencionada sentencia.
13.2 NORMA
ACUSADA
"ARTICULO 458.-
Aplicación extensiva. La decisión del recurso extraordinario se extenderá a
los no recurrentes, según el caso".
ACTOR
Estima el demandante
que la aplicación extensiva del resultado de los recursos extraordinarios a los
no recurrentes viola los artículos 1 y 29 de la Constitución. Sostiene que el
no recurrente "no tiene por qué ser pasivo de un fallo que posiblemente le
desfavorezca pues surge clara la inferencia de que si no recurrió, es porque
estaba conforme con lo decidido en las instancias".
POLICIA NACIONAL
La Policía Nacional
estima que la norma es exequible. Expone que el artículo demandado es de
idéntica redacción a la del artículo 243 del Código de Procedimiento Penal.
Añade que el artículo 227 del último Código, referente al recurso de casación,
establece el principio de no agravación cuando se trate de sentencia
condenatoria, salvo que el Fiscal, el Ministerio Público o la parte civil la
hubieren recurrido. Esta limitación es lógica, pues la decisión que se produzca
afecta sólo al apelante único. La agravación de la pena para todos los demás
procesados no recurrentes atentaría contra el principio de la reformatio in
pejus.
Respecto a la acción
de revisión manifiesta que el problema al que alude el actor no se presenta en
ella, por cuanto las decisiones que pueden surgir en la resolución  de esta
acción se restringen, bien a declarar la extinción de la acción penal, o bien a
devolver la actuación al despacho que corresponda para que se tramite
nuevamente.
MINISTERIO
PUBLICO
Afirma el
Viceprocurador que el término “recurso extraordinario” alude a los recursos de
casación y revisión. Considera que si el objeto del proceso es la búsqueda de
la verdad, “resulta coherente que toda decisión judicial que se aparte de ella
en la definición de los derechos y de las cargas que deben soportar los
ciudadanos pueda, a pesar de la ininmutabilidad que le otorga la fuerza de cosa
juzgada, ser desvirtuada en aras de la justicia”. Además, la casación y la
revisión persiguen un fin común, cual es “la anulación de un fallo cuyo
basamento, por errático o falaz, consigue un resultado abiertamente contrario
al hecho o al derecho. De allí que las consecuencias derivadas del ejercicio de
ambos recursos se hagan extensivos a todos los sujetos involucrados por la
sentencia, la cual queda sin efecto alguno”.
EXAMEN DE LA
CORTE
1. Como señalan los
intervinientes, los recursos extraordinarios a los cuales se refiere el
artículo 458 son los de casación y revisión. La primera exigencia que plantea
el examen de constitucionalidad de este artículo es establecer quiénes pueden
ser titulares de los recursos de casación y revisión, es decir, quiénes pueden
ser recurrentes en los términos del texto impugnado. Al respecto, el artículo
436 del Código Penal Militar prescribe que podrán interponer el recurso de
casación el procesado, su defensor o el fiscal (este último corresponde en la
terminología actual al representante del ministerio público, es decir, al
procurador judicial penal). A su vez, el artículo 448 señala que los titulares
del recurso de revisión son el condenado, mediante apoderado, y el ministerio
público. De esta manera, los titulares de estos recursos coinciden con los
sujetos habilitados para interponer los medios de defensa extraordinarios
contemplados en el Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 222 y 233,
si se hace la salvedad de la exclusión de los representantes de la Fiscalía
General de la Nación y de la parte civil dentro del proceso penal.
2. La no inclusión
de la Fiscalía como sujeto legitimado para la interposición de los recursos de
revisión y casación ante la justicia penal militar, obedece a que la misma
Constitución precisó que las labores de esta entidad no comprenden la
investigación de los delitos y la acusación de los presuntos infractores cuando
se trate de “delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio
activo y en relación con el mismo servicio” (C.P. art. 250).
3. El caso del
representante de la acción  civil es diferente. Esta Corporación ya ha señalado
que el derecho de acceso a la justicia comprende también la posibilidad de que
la víctima o el perjudicado con un delito puedan hacerse parte dentro del
proceso penal. Asimismo, ha expresado que, en virtud del derecho de igualdad
contenido en el artículo 13 de la Carta, no es admisible hacer diferenciaciones
sobre la posibilidad de constituirse en parte civil en un proceso penal, de
acuerdo con el tipo de justicia de que se trate. Ello significa que toda
persona que ha sido víctima o ha sido afectada por un delito que está siendo
conocido por la justicia penal militar  tiene también el derecho de solicitar
que sea admitida como parte civil dentro del proceso, a pesar de que el Código
Penal Militar vigente no contemple esta figura. Al respecto se señaló en la
sentencia de tutela 275 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero:
“Por todo lo anterior,
no se puede aducir que tratándose de los procesos que cursan ante la justicia
penal militar no hay lugar a la constitución de parte civil porque cualquier
posible perjuicio podría ser resarcido mediante la acción de reparación directa
que se tramita ante los Tribunales Contencioso Administrativos. Esta opinión
restringiría el ejercicio del derecho de acceder a la justicia en una etapa
útil cual es la de la instrucción y en la etapa crucial: el juicio, lo cual
impediría, además, apelar de la sentencia que se dictare (derecho fundamental
establecido en el artículo 31 de su Constitución).
“No se puede
argumentar tampoco que en la justicia penal militar no cabe la acción civil por
no contemplarlo expresamente el Código Penal Militar (Decreto 2550 de 1988). En
efecto, el mencionado decreto es anterior a la Constitución de 1991, por lo
cual debe ser interpretado conforme a la Carta fundamental y, en particular, a
los derechos constitucionales. Ahora bien, esta Corporación ha establecido que
el derecho de acceso a la justicia está profundamente relacionado con el
derecho al debido proceso. Así, en sentencia C-173/93, la Corte estableció que
"el acceso a la administración de justicia es inescindible del debido
proceso y únicamente dentro de él se realiza con certeza[14]". En ese orden de
ideas, si la Constitución determinó que "el debido proceso se aplicará a
toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 C.P.), sería
paradójico sostener que habiéndose ampliado el debido proceso a lo
administrativo se restringiera en cuanto tocara con una expresión de la
justicia penal: la militar.
“Igualmente, esta
Corporación ha señalado que "el artículo 229 de la Carta debe ser
concordado con el artículo 13 ídem, de tal manera que el derecho a
"acceder" igualitariamente ante los jueces implica no sólo la
idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el
idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de jueces y
tribunales ante situaciones similares.[15]".
Por eso, constituye una discriminación injustificada que quienes son víctimas o
perjudicados de delitos investigados por la justicia penal ordinaria puedan
acceder al proceso penal, mientras que quienes son víctimas o perjudicados de
ilícitos investigados por la justicia penal militar no puedan hacerlo.
“Por todo lo
anterior, considera la Corte que si alguien ha sido víctima o perjudicado por
un hecho investigado por la justicia penal militar, tiene derecho a acceder  al
proceso penal”.
Así, pues, ha de
entenderse que también el representante de la parte civil podrá interponer los
recursos de casación y revisión.
4. El actor
considera que el artículo 458 es inconstitucional por cuanto la extensión de
los efectos de la decisión a los no recurrentes puede afectarlos de manera
desfavorable, a pesar de que ellos no se hayan manifestado en el curso del trámite
del recurso. Conviene precisar dos puntos. Primero, el artículo 359 del mismo
Código Penal Militar establece que “los no recurrentes serán notificados
personalmente del auto admisorio de la demanda” y que de no ser posible se les
notificará por estado. Asimismo, el artículo dispone que “si se tratare de una
persona absuelta se le declarará ausente y se le designará defensor de oficio,
con quien se surtirá el recurso”. Así, los no recurrentes tienen oportunidad de
intervenir dentro del trámite del recurso.
En segundo lugar, ha
de tenerse en cuenta que la interposición de un recurso extraordinario implica
la insatisfacción de una de las partes del proceso con la sentencia dictada. El
recurrente espera legítimamente que la resolución judicial impugnada sea
revisada en el sentido de sus pretensiones. Y de ser así es natural que la
providencia que resuelve el recurso afecte a las demás partes dentro del
proceso, sean ellas recurrentes o no recurrentes.
La única limitación
que cabría formular es la que surge del principio de la no reformatio in
pejus[16]
- consagrado en el artículo 31 de la Constitución -, que también opera en estos
recursos. En efecto, el artículo 227 del Código de Procedimiento Penal
establece con respecto al recurso de casación que “cuando se trate de sentencia
condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal, el
Ministerio Público o la parte civil, cuando tuvieren interés, la hubieren
recurrido”. Y si bien, el principio de la no reformatio in pejus no está
establecido expresamente para el recurso de revisión, es claro que también se
aplica a este medio de defensa, pues como ya se estableció en la sentencia
T-474 de 1992 (M.M. P.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez
Caballero) la no reformatio in pejus “es un principio general de derecho
procesal y una garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental
al debido proceso”. Es decir, el mencionado principio constituye una garantía
tendente a garantizar el derecho de defensa de los procesados y, por lo tanto,
debe entenderse que opera para todos los recursos que estén al alcance de éste.
Las razones
anteriores son suficientes para declarar la constitucionalidad de la norma
demandada, bajo el entendido de que en todo caso habrá de acatarse el principio
de la no reformatio in pejus.
14. La mora en el
cumplimiento de los términos como causal de impedimento
NORMA ACUSADA
"ARTICULO 473.-
Causales de impedimento. Son causales de impedimento:
(...)
"9. Dejar el
juez o magistrado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto,
a menos que la demora sea debidamente justificada".
ACTOR
A juicio del actor,
la causal de impedimento consagrada en la norma demandada debería actuar
automáticamente, es decir, sin estar condicionada a que el funcionario no haya
justificado en debida forma que los términos judiciales se hubieran vencido sin
que él realizara ninguna actuación. Estima que esta norma vulnera el preámbulo
y los artículos 1, 2, 5, 13, 29, 228, 229 y 230 de la Constitución Política, y
los artículos 2 y 4 de la ley estatutaria de la administración de justicia.
POLICIA NACIONAL
El director de la
Policía manifiesta que la frase acusada también se encuentra en el artículo 103
del Código de Procedimiento Penal ordinario. Manifiesta que no encuentra motivo
para declarar la inconstitucionalidad y recuerda que la conveniencia o
inconveniencia de una norma no es materia de estudio por la justicia
constitucional. Agrega que el número de funcionarios y empleados de la justicia
es muy reducido en comparación con el cúmulo de procesos que debe tramitar y
que la declaración de inconstitucionalidad solicitada conduciría al caos y a la
parálisis de la administración de justicia.
MINISTERIO PUBLICO
El Viceprocurador
recuerda que los artículos 4 de la ley estatutaria de la administración de
justicia y 29 de la Constitución establecen que los términos judiciales se
observarán con diligencia y que su incumplimiento será sancionado. No obstante,
manifiesta que del mismo artículo 29 de la Constitución se infiere que “no se
viola el debido proceso cuando se trata de dilaciones justificadas”.
EXAMEN DE LA
CORTE
La Carta Política le
ha otorgado gran importancia al cumplimiento de los términos judiciales, tal
como se deduce del hecho de que en el artículo 228 se consagre que “los
términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado”. En concordancia con el valor que la Constitución  le confiere a
este punto, en el artículo 4° de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia se estableció que “la administración de justicia debe ser pronta y
cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento
por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de
mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.
Esta Corporación ya
ha manifestado que el derecho de las personas a contar con un proceso ágil y
sin retrasos injustificados forma parte de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la justicia. Sin embargo, precisamente en relación con
las sanciones que se pueden imponer a los jueces por incumplimiento de los
términos, la Corte también expresó en su sentencia C-037 de 1996 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa):
“Es, pues, en el
fallo en el que se plasma en toda su intensidad la pronta y cumplida justicia,
como conclusión de todo un proceso, donde el acatamiento de las formas y los
términos, así como la celeridad en el desarrollo del litigio judicial
permitirán a las partes involucradas, a la sociedad y al Estado tener la
certeza de que la justicia se ha administrado debidamente y es fundamento real
del Estado social de derecho.
“Consecuencia de los
argumentos precedentes, fue la consagración en el artículo 228 superior del
deber del juez de observar con diligencia los términos procesales y,
principalmente, de sancionar su incumplimiento. Por ello, la norma bajo examen
establece que de darse esta situación, el respectivo funcionario podrá ser
sancionado con causal de mala conducta. La Corte se aparta así de las
intervenciones que cuestionan este precepto, pues, como se vio, él contiene
pleno respaldo constitucional. Sin embargo, debe advertirse que la sanción al
funcionario judicial que entre en mora respecto del cumplimiento de sus
obligaciones procesales, es asunto que debe ser analizado con sumo cuidado. En
efecto, el responsable de evaluar la situación deberá estimar si dicho
funcionario ha actuado en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza
se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación de
responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del
tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable”.
Las salvedades que
hizo la Corte con respecto a la imposición de sanciones a los funcionarios
judiciales por el incumplimiento de los términos son aplicables también a las
situaciones de impedimento. El sentido de las figuras del impedimento y la
recusación es el de garantizar que el juez actúe en forma absolutamente
imparcial dentro del proceso, de manera que los asociados vean realmente
satisfecho su derecho de acceso a la justicia. El legislador ha estimado que el
incumplimiento de los términos constituye causal de impedimento cuando la mora
judicial no es justificable. No existe ninguna razón constitucional que
conduzca a la declaración de inexequibilidad de la norma que prescribe que el
impedimento no opera si la demora se encuentra justificada: si bien es cierto
que todo retardo en los trámites judiciales afecta el derecho de acceso a la
justicia - así como los derechos a la vida y a la integridad física son
afectados también por los hechos de la naturaleza -, el legislador ha estimado
que la situación real de mora judicial, que es producto de múltiples
circunstancias, solamente amenaza el principio de la imparcialidad cuando no
obedece a causas ajenas al juez. Esta decisión del legislador es razonable y
por lo tanto debe ser respetada por el juez constitucional.
Las anteriores
razones conducen a la declaración de exequibilidad del texto legal acusado.
15. Allanamientos
especiales. Los tratados internacionales y el examen de constitucionalidad de
las leyes
NORMA ACUSADA
"ARTICULO 577.-
Allanamientos especiales. Para el allanamiento y registro de las casas y
naves que conforme al Derecho Internacional gocen de inmunidad diplomática, el
funcionario de instrucción pedirá su venia al respectivo agente diplomático,
mediante oficio, en el cual rogará que conteste dentro de veinticuatro horas.
Este oficio será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
"En caso de
registro de residencia u oficinas de los cónsules, se dará aviso al cónsul
respectivo o, en su defecto, a la persona a cuyo cargo estuviere el inmueble
objeto de registro".
ACTOR
El actor manifiesta
que esta norma es inconstitucional por dos razones: la primera, porque
"normas que en la práctica no tienen aplicación o que por su misma
inaplicabilidad demeritan la labor legislativa, desprestigian el aparato
judicial colombiano ante la comunidad internacional y menguan la credibilidad y
el respeto debidos a la administración de justicia", y la segunda, porque
"el domicilio de una embajada de un país extranjero se asimila en derecho
internacional a territorio extranjero".
POLICIA NACIONAL
El interviniente por
parte de la Policía insiste que la inconveniencia, la inaplicación o la
inaplicabilidad de una norma no constituyen motivo suficiente para su
declaratoria de inconstitucionalidad. Manifiesta que "el hecho de que
existan ciertas dificultades para la práctica de determinada prueba o que haya
que agotar instancias de tipo diplomático, no es motivo suficiente para que
aquello sea contrario a la Constitución Política".
MINISTERIO
PUBLICO
La Vista Fiscal
expresa que la norma acusada “se encuentra motivada en razones de cortesía
internacional, como pauta de conducta a ser atendida en lo que atañe al manejo
de las relaciones entre los Estados, teniendo en cuenta el propósito de
coadyuvar al establecimiento y preservación de una comunidad pacífica de
naciones”. Los inmuebles aludidos en la norma se reputan territorio extranjero.
De allí que se solicite al funcionario diplomático, como representante de su
gobierno,  la autorización para proceder al registro o allanamiento. Sin
embargo, esta circunstancia no “ridiculiza la actuación de las autoridades
nacionales, toda vez que en ese ámbito no son soberanas, no pudiendo irrumpir
en él con la fuerza e investidura de sus cargos, dado que no tienen
jurisdicción ni imperio fuera del propio territorio”. Por lo tanto, la norma
debe ser declarada exequible.
EXAMEN DE LA
CORTE
1. El demandante
argumenta que el artículo 577 es inconstitucional porque no tiene aplicación
alguna en la práctica, hecho que conduce al desprestigio de los poderes
públicos colombianos. Como bien lo señala el interviniente por parte de la
Policía, no es éste un argumento de orden jurídico y por lo tanto es
inaceptable. La Corte reitera que no es tarea suya juzgar acerca de la
inconveniencia de una determinada norma. Si la práctica demuestra que un texto
legal no se adecua a la realidad nacional, no es la Corte el organismo llamado
a retirar el texto de la normatividad, pues quien decide sobre estos temas es
el Poder Legislativo.
2. El demandante
expone también como motivo para solicitar la declaración de
inconstitucionalidad del artículo 577 del Código Penal Militar que éste
desconoce que “el domicilio de una embajada de un país extranjero se asimila en
derecho internacional a ‘territorio extranjero”. Esta afirmación no tiene, sin
embargo, ningún fundamento. El artículo acusado reconoce claramente que las
edificaciones que sirven de sede a las embajadas de otros países son territorio
extranjero. De ahí que la norma disponga que el funcionario de instrucción
judicial que considere pertinente, dentro del curso de sus investigaciones,
practicar un allanamiento a las casas y naves que tengan inmunidad diplomática,
deberá solicitar la autorización del respectivo agente diplomático. Y si éste
no acepta la diligencia, la misma no podrá llevarse a cabo.
3. Los requisitos
para la práctica de los allanamientos y registros de los locales diplomáticos y
de la residencia y oficina de los cónsules han sido fijados por tratados
internacionales. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, suscrita
en 1963 y aprobada en Colombia mediante la Ley 6ª de 1972, dispuso que se
entendía como locales de la misión diplomática “los edificios o las partes de
los edificios, sea cual fuere su propietario, utilizados para las finalidades
de la misión, incluyendo la residencia del jefe de la misión, así como el
terreno destinado al servicio de esos edificios o de parte de ellos”. Y con
respecto al tema bajo análisis dispuso:
“Artículo 22. 1. Los locales de la misión son
inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin
consentimiento del jefe de la misión.
“(...)
“3. Los locales de
la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios
de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa,
embargo o medida de ejecución”.
“Artículo 30. 1. La residencia particular del agente
diplomático goza de la misma inviolabilidad y protección  que los locales de la
misión”.
Igualmente, en la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, suscrita el 24 de abril de
1963 y aprobada en Colombia mediante la Ley 17 de 1971, se dispone con respecto
a las oficinas consulares:
“Artículo 31. Inviolabilidad de los locales consulares.
“ 1. Los locales
consulares gozarán de la inviolabilidad que les concede este artículo.
“2. Las autoridades
del Estado receptor no podrán penetrar en la parte de los locales consulares
que se utilice exclusivamente para el trabajo de la oficina consular, salvo con
el consentimiento del jefe de la oficina consular, o de una persona que él
designe, o del jefe de la misión diplomática del Estado que envía. Sin embargo,
el consentimiento del jefe de oficina consular se presumirá en caso de
incendio, o de otra calamidad que requiera la adopción inmediata de las medidas
de protección”.
Entre los países
americanos, la inviolabilidad de los locales consulares se aplica también a la
residencia de los cónsules, como se deduce de la Convención sobre Agentes
Consulares, suscrita en La Habana en el marco de la VI Conferencia Panamericana
celebrada en febrero de 1928, y aprobada en Colombia mediante la Ley 57 de
1930. En ella se prescribe:
“Artículo 18. La residencia oficial de los Cónsules y los
lugares ocupados por las oficinas y archivos consulares, son inviolables, y en
ningún caso podrán las autoridades locales entrar en ellas sin permiso de los
Agentes Consulares, ni examinar ni apoderarse, bajo pretexto alguno, de los
documentos u objetos que se encuentren en una oficina consular”.
4. El inciso 2 del
artículo demandado expresa que para el registro de la residencia u oficina de
los cónsules se debe dar aviso a éstos o al encargado del inmueble. El inciso
contempla únicamente la acción de avisar, es decir, no exige la aprobación
previa del cónsul para la práctica del registro. En este punto es evidente que
existe una contradicción con los tratados suscritos y aprobados por Colombia acerca
de las relaciones y los agentes consulares. No obstante, ¿el hecho de que
exista disparidad entre una norma de rango legal y una norma contenida en un
tratado internacional amerita la declaración de  inconstitucionalidad de la
norma legal?.
5. El artículo 9 de
la Constitución expresa que “las relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de
los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional
aceptados por Colombia”. Dentro de los principios fundamentales del derecho
internacional se encuentra el Pacta Sunt Servanda, que obliga al respeto
y cumplimiento de lo acordado en los tratados internacionales. Como
consecuencia de este principio, las autoridades colombianas están obligadas a
velar por la observancia de los tratados ratificados por Colombia. Ello por
cuanto su vulneración puede comprometer la responsabilidad internacional del
país y porque  la Carta confiere fuerza jurídica interna a la normatividad internacional,
aún cuando, como es natural, sin que ello afecte el carácter de norma suprema
que tiene la Constitución (CP art. 4º),  pues, como ya se ha reiterado por
parte de esta Corporación, para que los tratados o convenios internacionales
tengan fuerza jurídica interna es condición indispensable "que sus normas
no contraríen o vulneren los preceptos consagrados en nuestra Carta Política,
pues en el caso de que tal cosa ocurriera las cláusulas transgresoras serían
inaplicables[17]".
Con todo, el
principio Pacta Sunt Servanda no resuelve el interrogante planteado. El
hecho de que se acepte que los tratados internacionales deben ser acatados no
implica que las normas legales contrarias a lo pactado en los tratados deban
ser consideradas inconstitucionales. Por lo tanto, la pregunta debe ahora
dirigirse a establecer si todos los tratados internacionales firmados por el
Estado colombiano integran el  bloque de constitucionalidad.
6. Con arreglo a la
jurisprudencia de esta Corporación, el bloque de constitucionalidad[18] está compuesto por
aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del
texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad
de las leyes. Ello bien sea porque se trata de verdaderos  principios y reglas
de valor constitucional, esto es, porque "son normas situadas en el nivel
constitucional", como sucede con los convenios de derecho internacional
humanitario[19],
o bien  porque son disposiciones que no tienen rango constitucional pero que la
propia Carta ordena que sus mandatos sean respetados por las leyes ordinarias,
tal y como sucede con las leyes orgánicas y estatutarias en determinados campos[20].
La Corte ha señalado
con claridad "que siempre que se habla de bloque de constitucionalidad, se
hace porque en la Constitución una norma suya así lo ordena y exige su
integración, de suerte que la violación de cualquier  norma que lo conforma se
resuelve en últimas en una violación del Estatuto Superior[21]". Esto significa
que la incorporación de una norma al bloque de constitucionalidad debe tener
fundamento expreso en la Carta. Es lo que ocurre con los tratados de derechos
humanos, los cuales fueron integrados expresamente por la Constitución al
bloque de constitucionalidad al señalar que sus normas prevalecen en el orden
interno y al prescribir que los derechos y deberes constitucionales serán
interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados
por Colombia (CP art. 93)[22].
Con todo, la Constitución colombiana no señala en ninguna de sus disposiciones
que el conjunto de los tratados ratificados por Colombia debe ser tenido en
cuenta por la Corte al examinar la constitucionalidad de las leyes. Esto
significa, si se sigue el principio que permite identificar la normatividad que
conforma el bloque de constitucionalidad, que no todos los tratados
internacionales forman parte de él.
7. Las anteriores
consideraciones serían suficientes para excluir del bloque de
constitucionalidad las normas internacionales distintas de los tratados de
derechos humanos. Sin embargo, existen también razones procesales y prácticas
relativas a la naturaleza del control constitucional ejercido por esta Corte
que justifican tal decisión. Según las disposiciones que regulan los juicios
ante la Corte, esta Corporación debe efectuar una revisión integral de las
normas acusadas, por lo cual debe confrontarlas frente a todas las
disposiciones de la Constitución. Si se aceptara que todos los tratados que
obligan a Colombia integran el bloque de constitucionalidad, correspondería a
la Corte revisar las normas impugnadas con relación a los mandatos del universo
de los tratados ratificados por Colombia, lo cual es irrazonable, pues
prácticamente ello imposibilitaría un adecuado control por el juez
constitucional.
De otro lado, las
decisiones que toma la Corte en ejercicio del control abstracto de las normas
legales tienen fuerza erga omnes y hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional (C.P. art. 243), por lo cual sus decisiones tienen carácter
absoluto y definitivo. Sin embargo, la aplicación de muchos tratados está
sujeta a condiciones cambiantes. Numerosos convenios internacionales exigen la
condición de reciprocidad para que sus cláusulas se apliquen, por lo cual su
aplicabilidad a un caso concreto dependerá del cumplimiento de esa exigencia,
que puede variar según el comportamiento de los Estados que hagan parte del
convenio. Mal podría entonces la Corte excluir en forma permanente del
ordenamiento una ley por violar un tratado cuya aplicabilidad está sujeta a
contingencias. Por tal razón, en Francia, en donde los tratados tienen
expresamente rango supralegal, pues así lo establece el artículo 55 de su constitución,
el Consejo Constitucional ha establecido que esas normas internacionales no
integran el bloque de constitucionalidad, por lo cual no corresponde a ese
tribunal "examinar la conformidad de una ley a las estipulaciones de un
tratado o de un acuerdo internacional[23]”.
8. Los argumentos
expuestos llevan a concluir que los tratados internacionales no constituyen por
el solo hecho de serlo parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto,
elemento de juicio para el examen de constitucionalidad de una norma. Ello
significa que, en principio, no constituye motivo suficiente para la
declaración de inconstitucionalidad de una norma legal el hecho de que ella se
oponga a lo acordado en un trato internacional. ¿Significa lo anterior que el
ordenamiento constitucional colombiano erosiona el valor normativo interno de
los tratados?. En manera alguna, pues la Corte simplemente está afirmando que
no es factible, por la vía del control constitucional abstracto, y en términos
generales, declarar la inexequibilidad de una norma que contradiga un tratado.
Sin embargo, es obvio que corresponde a los jueces ordinarios, en los casos
concretos, resolver los eventuales conflictos que puedan surgir entre tratados
y leyes. Como se ha señalado en esta sentencia, la Carta reconoce fuerza
jurídica interna al derecho internacional.
9. Las conclusiones
anteriores son aplicables enteramente a la situación bajo análisis: ningún
aparte de la Constitución permite considerar que los convenios internacionales
sobre relaciones diplomáticas y consulares integran el bloque de
constitucionalidad. En consecuencia, en el examen de constitucionalidad del
inciso 2 del artículo 577 del Código Penal Militar  no procede el cotejo de
éste con las normas de los mencionados convenios. Por lo tanto, y en vista de
que, como se expuso al inicio, ninguno de los argumentos esbozados por el actor
constituye realmente un cargo de inconstitucionalidad contra el artículo 577,
esta Corporación se declarará inhibida para fallar sobre él.
16. Procedimiento
para el cobro de las multas
NORMA ACUSADA
"ARTICULO 645.-
Procedimiento para el cobro de las multas. El cobro de las Multas se hará
por el procedimiento previsto en los artículos 43 y siguientes de este
Código".
ACTOR
Plantea el actor que
esta norma vulnera los artículos 1, 2, 13 y 29 de la Carta Política. Destaca
que en el artículo 423 del Código de Procedimiento Penal se consagra que el
cobro de las multas se realizará mediante el trámite previsto para las
ejecuciones fiscales. Estima que las personas sancionadas con multa dentro de
la justicia penal militar reciben un tratamiento desfavorable con respecto a
aquéllas que son multadas por la justicia ordinaria. Recuerda que en la
justicia penal militar la no cancelación del valor de la pena pecuniaria puede
llegar a afectar el derecho a la libertad, según lo dispone el artículo 45 del
Código Penal Militar.
MINISTERIO
PUBLICO
Para el Ministerio
Publico, la norma acusada “es incapaz de dañosidad alguna” ya que se limita a
hacer la remisión a otras normas en las que se señala el procedimiento para el
cobro de una obligación surgida de una falta. En consecuencia, considera que la
demanda debió dirigirse contra las normas que fijan el procedimiento para el
cobro de las multas. Y si se llegare a encontrar que tal regulación contraría
los mandatos de la Constitución se podría “atacar el contenido de este precepto
(el artículo 645 del régimen especial), por virtud del instituto de la
integración de materia”.
EXAMEN DE LA
CORTE
Como bien lo
manifiesta el Ministerio Público, el artículo 645 del Código Penal Militar no
contiene prescripciones que puedan ser acusadas de inconstitucionalidad. La
misma fundamentación de la demanda del actor contra este artículo hace
referencia a los preceptos contenidos en los artículos 43 a 45 del mencionado
código y no al artículo atacado. Así, pues, para examinar el cargo contra el
artículo 645 habrá de realizarse unidad normativa con los artículos 43 a 45 del
Código Penal Militar, que a continuación se transcriben:
“Artículo 43. Plazo
y pago por cuotas. Al imponer la multa o posteriormente, el juez podrá
atendidas las circunstancias del artículo anterior, señalar el plazo para el
pago o autorizarlo por cuotas adecuadas, dentro de un término no superior a
tres (3) años, previa caución.
“Artículo 44. Amortización
mediante trabajo. Podrá autorizarse al condenado la amortización de la
multa mediante trabajo no remunerado, libremente escogido por éste y realizado
en favor de la administración pública o de la comunidad.
“El juez de primera
instancia determinará el trabajo computable para dicho efecto, así como la
forma de comprobación y control.
“El salario de cada
día de trabajo imputable a la multa será calculado de conformidad con el valor
comúnmente asignado a esta actividad en el lugar donde se realice.
“Artículo 45. Conversión
de multa en arresto. Cuando la multa hubiere sido impuesta como pena
principal y única, y el condenado no lo pagare o amortizare de acuerdo con lo
previsto en los artículos anteriores, se convertirá en arresto equivalente al
salario mínimo legal por día. En este caso, el arresto no podrá exceder de
cinco (5) años.
“El condenado a
quien se le haya hecho la conversión de que trata el inciso anterior, podrá
hacer cesar el arresto en cualquier momento en que satisfaga la parte
proporcional de multa que no haya cumplido en arresto”.
Como se puede
observar, el artículo 43 trata sobre la atribución del juez para conceder un
plazo o fijar cuotas para el pago de la multa. Asimismo, el artículo 44 se
ocupa de la posibilidad de autorizar al condenado para amortizar la multa
mediante trabajo no remunerado. Contra estos preceptos no cabe ninguna objeción
de inconstitucionalidad, pues simplemente están dirigidos a favorecer la
cancelación de la multa, bien sea a través de la fijación de cuotas o plazos,
ora a través de la autorización de su pago mediante una prestación laboral que
proponga el condenado.
Con todo, la
acusación del actor está dirigida más concretamente contra el artículo 45 del
Código Penal Militar. Afirma él que la situación del condenado a la pena
principal y única de multa en la justicia penal militar  es más gravosa que la
del condenado a la misma pena en la justicia ordinaria. Sin embargo, la
afirmación del actor no se ajusta a la realidad, pues el artículo 49 del Código
Penal ordinario (Decreto Ley 100 de 1980) contiene un texto normativo idéntico
al del artículo 45 del Código Penal Militar. Pero, además, el artículo 45 del
Código Penal Militar ya fue analizado dentro de esta misma demanda, razón por
la cual en este lugar sólo cabe remitirse a lo decidido sobre él en el punto
2.1.
17. Los efectos
de esta sentencia en el tiempo
Como ya se ha
señalado reiteradamente, corresponde a la Corte Constitucional determinar los
efectos temporales de sus sentencias. Por razones de seguridad jurídica y de
respeto al debido proceso, esta sentencia surtirá efecto a partir de su
notificación y, en relación con el pasado, sólo se aplicará a los procesos en
curso en los cuales todavía no se hubiere dictado sentencia.
VII. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional
R E S U E L V E:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE
el inciso 2º del artículo 25 del Código Penal Militar.
Segundo.- ESTARSE
A LO RESUELTO en la sentencia C-628 de 1996, en relación con el artículo 45
del Código Penal Militar.
Tercero. - ESTARSE
A LO RESUELTO en la sentencia C-087 de 1997, en relación con el artículo 66
del Código Penal Militar.
Cuarto.- Declarar
INEXEQUIBLES el inciso final del artículo 25, que dispone que “en ningún
caso la pena privativa de la libertad podrá exceder de treinta (30) años”, y el
numeral primero del artículo 39 del Código Penal Militar. En estos dos
artículos habrá de entenderse que la duración máxima de la pena privativa de la
libertad en el concurso de hechos punibles, y de la pena de prisión, será la
establecida por las normas pertinentes del Código Penal ordinario.
Quinto.- Declarar
INEXEQUIBLE la frase “la pena será de dieciséis (16) a treinta (30) años de
prisión”, incluida en el inciso primero del artículo 260 del Código Penal
Militar, bajo el entendido de que para las circunstancias descritas en este
artículo se aplicarán las penas correspondientes del Código Penal ordinario.
Sexto.- Declarar
INEXEQUIBLE el artículo 259 del Código Penal Militar, bajo el entendido de
que los delitos de homicidio cometidos por miembros de la fuerza pública en
servicio activo, y en relación con el servicio, serán juzgados  por la justicia
penal militar siguiendo los preceptos del artículo correspondiente del Código
Penal ordinario.
Séptimo.- Declarar
INEXEQUIBLES las expresiones “con ocasión del servicio o por causa de éste
o de funciones inherentes a su cargo, o de sus deberes oficiales”, incluida en
el artículo 190; “con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones
inherentes a su cargo”, contenida en los artículos 261, 262, 263, 264 y 266;
“con ocasión del servicio o por causa de éste”, comprendida en el artículo 278;
y “u otros con ocasión del servicio”, incluida en el artículo 291 del Código
Penal Militar. En todos estos artículos habrá de entenderse que la justicia
penal militar sólo se aplica a los delitos cometidos en relación con el
servicio, en los términos señalados en esta sentencia. Con respecto al artículo
261 ha de aclararse que cuando en él se remite en materia de penas a lo
establecido en los artículos 259 y 260, debe entenderse que, de acuerdo con lo establecido
en esta sentencia,  las penas imponibles son las contenidas en las normas
equivalentes del Código Penal ordinario.
Octavo. - ESTARSE
A LO RESUELTO en la sentencia C-087 de 1997, en relación con el artículo 78
del Código Penal Militar.
Noveno. - Declarar
EXEQUIBLE el artículo 703 del Código Penal Militar.
Décimo. -
Declarar EXEQUIBLE el artículo 485 del Código Penal Militar.
Undecimo. -
Declarar EXEQUIBLE el artículo 702 del Código Penal Militar.
Decimo Segundo. -
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-087 de 1997, en relación con la
expresión “ni excederá de veinte (20)”, contenida en el artículo 74 del Código
Penal Militar.
Decimo Tercero. -
Declarar EXEQUIBLE la expresión “o de un cargo público”, contenida
en el numeral tercero del artículo 26 del Código Penal Militar
Decimo Cuarto. - ESTARSE
A LO RESUELTO  en la sentencia C-176 de 1993, que estableció la
inconstitucionalidad  de la fijación de términos mínimos de duración del
internamiento de los inimputables. Por lo tanto, las expresiones “tendrá un
mínimo de dos (2) años de duración, vencido este término”, contenida en el
artículo 87; “tendrá un mínimo de tres (3) meses de duración” y “transcurrido
el mínimo indicado”, incluidas en el artículo 88; y “tendrá un mínimo de un (1)
año de duración”, contenida en el artículo 89, serán declaradas
inconstitucionales.
Decimo Quinto. - Declarar
EXEQUIBLE la frase “Esta medida podrá sustituirse por libertad vigilada
previo dictamen médico psiquiátrico”, contenida en el artículo 87, bajo el
entendido de que si la persona recupera permanentemente la razón no habrá lugar
a libertad vigilada.
Decimo Sexto. -
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “y un máximo de tres (3) años”,
contenida en los artículos 88 y 89 del Código Penal Militar.
Decimo Septimo. -
ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-087 de 1997, en relación con el
primer inciso del artículo 212 del Código Penal Militar.
Decimo Octavo. - Declarar
EXEQUIBLE la expresión “Las penas se aumentarán de una tercera parte a
la mitad, si el responsable es funcionario o empleado de la justicia penal
militar”, contenida en el inciso segundo del artículo 212 del Código Penal
Militar, bajo el entendido de que esta norma no se aplica a los funcionarios o empleados
civiles de la justicia penal militar.
Decimo Noveno. -
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “o del Ministerio Público”, contenida
en el inciso segundo del artículo 212 del Código Penal Militar.
Vigesimo. - Declarar
INEXEQUIBLE el numeral 5º del artículo 319 del Código Penal Militar.
Vigesimo Primero. -
Declarar EXEQUIBLES los dos primeros incisos del artículo 328,
salvo la expresión “además, con excepción del Presidente, al reglamento interno
de la corporación”, la cual se declara INEXEQUIBLE. La constitucionalidad
de los mencionados incisos se declara bajo el entendido de que el funcionario o
empleado del Tribunal Superior Militar que sea al mismo tiempo miembro de la
fuerza pública en servicio activo estará sometido en primer término al régimen
disciplinario establecido para la Rama Judicial, en las situaciones en las que
se encuentre investido de jurisdicción. Igualmente, debe entenderse que los
representantes del Ministerio Público ante el Tribunal Superior Militar no
pueden ser en ningún caso, simultáneamente, miembros de la fuerza pública en
servicio activo.
Vigesimo Segundo .
- INHIBIRSE para resolver sobre el numeral 4 del  artículo 363 y
sobre los vocablos “delegado” del artículo 366, y “respectivo”, “delegado” y
“Oficial” del artículo 368 del Código Penal Militar.
Vigesimo Tercero.
- Declarar EXEQUIBLE el artículo 384 del Código Penal Militar.
Vigesimo Cuarto.
- Declarar EXEQUIBLES los artículos 402 y 500 del Código Penal
Militar. La declaración sobre el  artículo 500 se realiza únicamente en lo que
hace referencia a la improcedencia del  recurso de apelación contra la sanción
correccional.
Vigesimo Quinto.
- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-055 de 1993, en relación con el
artículo 430 del Código Penal Militar.
Vigesimo Sexto. -
Declarar EXEQUIBLE el artículo 458 del Código Penal Militar, bajo el
entendido de que en todo caso habrá de acatarse el principio de la no reformatio
in pejus.
Vigesimo Septimo. -
Declarar EXEQUIBLE la expresión “a menos que la demora sea
debidamente justificada”, contenida en el numeral 9 del artículo 473 del
Código Penal Militar.
Vigesimo Octavo.
- INHIBIRSE para pronunciarse sobre el artículo 577 del Código Penal
Militar.
Vigesimo Noveno. -
Declarar EXEQUIBLES los artículos 645, 43 y 44 del Código Penal
Militar.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento
Parcial de voto a la Sentencia C-358/97
HOMICIDIO EN
JUSTICIA PENAL MILITAR-Expresiones
demandadas implican relación con el servicio (Salvamento parcial de voto)
Nuestra
discrepancia estriba exclusivamente en la declaración de inexequibilidad de las
expresiones "con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones
inherentes a su cargo", con las cuales el legislador ha calificado los
delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, con sujeción a los
preceptos constitucionales, para que queden comprendidos dentro del ámbito de
jurisdicción de la Justicia Penal Militar. Creemos que la expresión
constitucional -delitos cometidos en relación con el servicio- incluye las
transcritas, es decir, ellas tienen todas relación íntima e inescindible con el
servicio. Las expresiones demandadas no violan, por sí mismas, la Constitución,
pues todas implican "relación con el servicio". Por eso, la
declaración de su inexequibilidad es improcedente e inútil, y a nada conduce.
En últimas, lo que se busca, y en lo cual estamos de acuerdo, es la
interpretación restrictiva de las palabras "en relación con el mismo
servicio", contenidas en el artículo 221 de la Constitución.
Interpretación restrictiva encaminada a fortalecer la administración de
justicia y la protección de los derechos fundamentales, pero que no implica, en
abstracto, contradicción entre las palabras utilizadas por el legislador, pues
definitivamente tal contradicción -basta consultar el Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua- no existe.
Referencia:
Expediente D-1445
Los suscritos
magistrados compartimos en su integridad lo expresado en la parte motiva de la
sentencia. A nuestro juicio, de los delitos que se cometan por miembros de la
Fuerza Pública y que no tengan relación con el servicio, debe conocer la
justicia ordinaria, pues, por definición, escapan al fuero militar, consagrado
en el artículo 221 de la Constitución, uno de cuyos presupuestos es
precisamente el de que los hechos punibles correspondientes sean perpetrados
"por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con
el mismo servicio".
Por tanto, a nuestro
modo de ver, que coincide con lo señalado en el fallo, conductas como la
tortura, el secuestro, el homicidio fuera de combate, las masacres y otras
similares, no constituyen ni pueden constituir acto del servicio y, desde
luego, no están cobijadas por las reglas del fuero militar.
Nuestra discrepancia
estriba exclusivamente en la declaración de inexequibilidad de las expresiones
"con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a
su cargo", con las cuales el legislador ha calificado los delitos
cometidos por miembros de la Fuerza Pública, con sujeción a los preceptos constitucionales,
para que queden comprendidos dentro del ámbito de jurisdicción de la Justicia
Penal Militar.
Creemos que la
expresión constitucional -delitos cometidos en relación con el servicio-
incluye las transcritas, es decir, ellas tienen todas relación íntima e
inescindible con el servicio.
¿Cómo sostener que
un acto ejecutado "con ocasión del servicio", o "por causa de
éste", o en ejercicio de funciones "inherentes al cargo
militar", no guarda relación con el servicio confiado por la Constitución
a los miembros de la Fuerza Pública?. Las expresiones demandadas no violan, por
sí mismas, la Constitución, pues todas implican "relación con el
servicio". Por eso, la declaración de su inexequibilidad es improcedente e
inútil, y a nada conduce.
En últimas, lo que
se busca, y en lo cual estamos de acuerdo, es la interpretación restrictiva de
las palabras "en relación con el mismo servicio", contenidas en el
artículo 221 de la Constitución. Interpretación restrictiva encaminada a
fortalecer la administración de justicia y la protección de los derechos
fundamentales, pero que no implica, en abstracto, contradicción entre las
palabras utilizadas por el legislador ("con ocasión del servicio",
"por causa del servicio", o "inherentes al cargo") y las
plasmadas en la Constitución ("delitos cometidos en servicio y en relación
con el mismo servicio"), pues definitivamente tal contradicción -basta
consultar el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua- no existe.
JORGE ARANGO MEJIA                        HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado                                             Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
Fecha, ut supra.
[1] Diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte
Constitucional han reiterado que el fuero penal militar tiene carácter
excepcional y restringido. Al respecto ver, entre otras, las siguientes
providencias  de la Corte Suprema de Justicia: sentencia del 4 de octubre de
1971, M.P. Eustorgio Sarria, Gaceta Judicial CXXXVIII, p. 408; auto del 22 de
septiembre de 1989, M.P. Edgar Saavedra, proceso 4065; sentencia del 14 de
diciembre de 1992, M.P. Dídimo Páez, proceso 6750; sentencia del 7 de julio de
1993, M.P. Gustavo Gómez, proceso 7187; sentencia del 26 de marzo de 1996, M.P.
Jorge Córdoba, proceso 8827. Entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ver el auto 012 de 1994, M.P. Jorge Arango, y las sentencias C-399 de 1995 y
C-17 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[2]La Corte ya ha manifestado que el principio de imparcialidad de la
justicia, consagrado en los artículos 29, 228 y 230 de la Carta Política, rige
también en los procesos que se adelantan ante la justicia penal militar. Ver al
respecto las sentencias C-592 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz, y C-141 de 1995,
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[3] Ver sentencias C-399 de 1995 y C-017 de 1996, M.P. Alejandro
Martínez; C-047 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo; y  C- 196 de 1997, M.P. Carmenza
Isaza de Gómez.
[4]Corte Suprema de Justicia. Sentencia No 68 del 16 de junio de
1983. Magistrados Ponentes. Manuel Gaona Cruz y Carlos Medellín Forero.
Gaceta Judicial. CLXXV, P 352.
[5] Sentencia C-152/93. MP Carlos Gaviria Díaz.
[6]Ver para el efecto el informe - ponencia presentado por la
subcomisión encargada del estudio de la Rama Ejecutiva del Poder Público,
publicado en la Gaceta Constitucional N° 59, del 5 de abril de 1991, pp. 2-13.
En la página 5 se hace un resumen de las diversas propuestas hechas acerca de
la división del Poder. Confrontar, asimismo, las proposiciones sustitutivas
presentadas por los constituyentes Augusto Ramírez Ocampo y María Teresa Garcés
Lloreda, las cuales se encuentran en la Gaceta N° 105, de mayo 22 de 1991, pp.
23 a 26.
[7] Ver al respecto, entre otras, las sentencias T-438 de 1992,
fundamento jurídico 1; T-438 de 1994, fundamento 3.2.; C-280 de 1996,
fundamento 10, y SU-637 de 1996, fundamento 13.
[8] Ver  también  las sentencias C-280 de 1996 y  SU-637 de
1996.
[9]Ver sentencia C-399 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[10]El artículo 153 de la Ley 201 de 1995 fue declarado exequible
mediante la sentencia C-031 de 1997, M.P. Antonio Barrera. Sobre la
clasificación de los empleos de la Procuraduría General de la Nación ver la
sentencia C-334 de 1996, M.M. P.P. Alejandro Martínez Caballero y Julio César
Ortíz.
9
Sentencia 81. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Trece de Junio de 1991.
M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein, entre otras.
[11]Ver sentencia C-017 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[12]Ver sentencia C-005 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Sobre este tópico ver también la sentencia C-345 de 1993, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[13] Sentencia T-351 de 1993.
[14] Sentencia C-173/93 del 4 de mayo de 1993. Magistrado Ponente:
José Gregorio Hernández Galindo.
[15] Sentencia C-104/93 del 11 de marzo de 1993. MP Alejandro Martínez
Caballero.
[16]Sobre el tema de la no reformatio in pejus ver, entre
otras, las sentencias  SU 598 de 1995, M.P. Hernando Herrera Vergara, SU-327 de
1995, MP Carlos Gaviria Díaz, C-055 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo y T-474 de 1992 MMPP Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez
Caballero.
[17]Sentencia C-295/93 MP Carlos Gaviria Díaz.
[18]Ver sentencias C-225/95 y C-578/95.
[19]Ver sentencia C-225/95. MP Alejandro Martínez Caballero.
Fundamento Jurídico No 12.
[20] Ver sentencia C-578/95. MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamentos
Jurídicos No 3 y 4.
[21] Sentencia C-578/95. Fundamento Jurídico Nº 3.
[22] Cabe aclarar que, de acuerdo con la sentencia C-295 de 1993, M.P.
Carlos Gaviria, no todos los derechos humanos consagrados en los tratados
internacionales conforman el bloque de constitucionalidad, pues esta calidad
sólo se predica de aquellos derechos que no pueden ser suspendidos durante los
Estados de Excepción.
[23] Consejo Constitucional. Sentencia 54DC del 15 de enero de 1975.