T-034-98
Sentencia T-034/98
Sentencia T-034/98
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REGIMEN DE
CESANTIAS PARCIALES-Cambio
de legislación no justifica trato diferencial/DERECHO A LA IGUALDAD EN
REGIMEN DE CESANTIAS PARCIALES-Cambio de legislación
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
Son numerosas las
sentencias proferidas por esta Corporación en las cuales se señala que la
acción de tutela no constituye en términos generales, el mecanismo idóneo para
lograr el pago de prestaciones laborales, por existir el medio adecuado
ordinario de defensa judicial. Sin embargo, esta misma Corte ha expresado, que
en situaciones excepcionales y extraordinarias, la tutela podrá ser utilizada
para efectos de obtener el pago de acreencias laborales, sólo cuando se busque
con ello la protección y prevalencia de derechos fundamentales constitucionales
violados o amenazados, para lo cual los mecanismos ordinarios no serían
efectivos.
INDEXACION DE
CESANTIAS PARCIALES-Trabajadores
de la Rama Judicial
Tal y como lo
señala de manera muy clara la sentencia de la Corte Constitucional, el retardo
en que incurre la administración, en relación con el lapso de tiempo
transcurrido entre la fecha de liquidación de las cesantías parciales y aquella
en que el pago de las mismas se hace efectivo, causa un grave perjuicio
económico los demandantes. Además, no existe diferencia alguna entre las
necesidades que apremian a quienes permanecieron en el antiguo régimen de
cesantías, de aquellas que optaron por el nuevo régimen, razón por la cual
quienes están obligados a pagar salarios, prestaciones o pensiones, deben
cubrir oportunamente todas las sumas adeudadas y actualizarlas.
Referencia:
Expedientes Acumulados T-143152 T-141064 T-143392 T-143422 T-143423  T-143630
T-143784 T-144059 T-144118         T-144455 T-144788 T-145010 T-145042       T-145233
T-145323 T-145343 T-145360   T-145377 T-145393 T-145429 T-145506 T-145667
T-145723 T-145795 T-145816  T-145907 T-145977 T-146079 T-146084         T-146165
T-146545 T-146883
Demandantes: Juan De
Jesús Gallo Moreno Y Otros
Demandado:
Ministerio De Hacienda Y Crédito Público Y Administración Judicial.
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA
Santa Fé de Bogotá D.C., a los dieciséis
(16) días del mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998).
En cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33 y 36 del Decreto 2591 de 1991, los juzgados, Tribunales, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado, remitieron a la Corte Constitucional
los expedientes de la referencia, para los efectos de la revisión
constitucional de los fallos proferidos por ellos en el trámite de primera o
segunda instancia de las diferentes tutelas cuyos procesos se encuentran
acumulados.
I. ANTECEDENTES.
Los demandantes promovieron acciones de
tutela contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Administración
Judicial en sus diferentes seccionales y en algunos casos al Consejo Superior
de la Judicatura, al considerar que se les han quebrantado sus derechos
fundamentales a la igualdad, petición y en algunos casos al trabajo y debido
proceso, con fundamento en lo siguiente:
1. Hace varios meses los tutelantes solicitaron el reconocimiento,
liquidación y pago de sus cesantías parciales, a las cuales dicen tener
derecho.
2. Hasta la fecha, en la gran mayoría de los casos aquí estudiados, les
han reconocido las prestaciones reclamadas pero no les han pagado. En otros
casos, el reconocimiento de las mismas se ha supeditado a la existencia de la
correspondiente disponibilidad presupuestal, como así se los han comunicado por
escrito las correspondientes oficinas Seccionales de la Administración
Judicial; mientras que a otros demandantes, si bien les han pagado las mismas,
alegan no haber recibido los correspondientes intereses moratorios o indexación
por la injustificada tardanza en el pago.
3. Ante tal situación, los demandantes consideran violado su derecho
fundamental a la igualdad, pues se sienten discriminados frente a aquellos
servidores públicos que habiéndose acogido al nuevo régimen de cesantías
previsto en los decretos 57 y 110 de 1993, recibieron el pago de sus cesantías
parciales a los pocos días de haberlas solicitado, sin que existiera
justificación alguna para el trato diferente.
4. Consideran igualmente menoscabado, también, su derecho fundamental de
petición, teniendo en cuenta que, en varios de los casos aquí relacionados las
respuestas dadas a los peticionarios no resolvieron de fondo sus pretensiones o
en el peor de los casos nunca se dieron.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN.
En el cuadro anexo, que hace parte de esta
sentencia, se relacionan los nombres de los demandantes, su condición de
empleado o no de la Rama Judicial, la fecha en la cual solicitaron el pago de
sus cesantías parciales, la existencia o no de resolución reconociendo o no sus
prestaciones, el nombre de las entidades demandadas, los derechos que
consideran violados, lo solicitado en la tutela, y las decisiones proferidas
por los diferentes despachos judiciales en las diferentes instancias, señalando
en cada caso lo ordenado en dichos fallos.
III.CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
A. Competencia
Según lo dispuesto por los artículos 86 y
241 de la Constitución Política, esta Sala es competente para revisar las
sentencias proferidas por los juzgados, tribunales, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado.
B. Tránsito de un sistema legal a otro.
En este proceso
resulta pertinente transcribir lo señalado en la sentencia T-499 del 8 de
octubre de 1997, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo por
tratarse de asuntos similares a los que son materia de la presente revisión:
“En cuanto a los
expedientes acumulados objeto del presente fallo, la Sala reitera los criterios
expuestos en las sentencias T-418 de 1996, T-175 y SU-400 de 1997, en el
sentido de que el cambio de legislación no justifica un trato diferencial, en
cuanto al momento del pago de cesantías parciales, entre los servidores
públicos que se acogen al nuevo régimen y quienes permanecen en el anterior.
“En relación con
el punto, se reitera:
"El artículo
53 de la Constitución, a cuyos principios mínimos está sujeto el legislador y
lo están, por supuesto, el Gobierno y los jueces, dispone la igualdad de
oportunidades para los trabajadores, en desarrollo del principio general de la
igualdad, que, de conformidad con el artículo 13 ibídem proscribe toda
forma de discriminación o preferencia injustificada.
“Aunque, como lo
ha declarado esta Corte, el legislador tiene competencia para introducir
modificaciones a la normatividad laboral y puede, en consecuencia, plasmar
cambios en el contenido de las prestaciones sociales, crear nuevas modalidades
de ellas y señalar condiciones y requisitos aplicables a las relaciones
laborales futuras, es lo cierto que no goza de atribuciones para instituir o
propiciar distinciones no sustentadas en motivos fundados y razonables, para
desconocer los derechos de los trabajadores ni para menoscabar su libertad
“(...)
“Por tanto, el
tránsito de un determinado sistema salarial o prestacional a otro no puede
implicar el establecimiento de categorías o castas de trabajadores, ni a la
pérdida, por parte de algunos de ellos, de los derechos mínimos reconocidos
directamente por la Constitución.
“El cambio de
legislación no puede llevar a que los trabajadores que queden cobijados por las
nuevas modalidades de protección de sus derechos laborales -que no otro puede
ser su contenido- queden marginados de la igualdad de oportunidades ante la
ley; de la remuneración mínima vital y móvil; de la proporcionalidad entre la
remuneración y la cantidad y calidad de trabajo; de la garantía de estabilidad
en el empleo; de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
las normas laborales; de la seguridad en el sentido de que no serán forzados o
estimulados a transigir o conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles; de
la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales del Derecho; de la primacía de la
realidad sobre las formalidades; de las garantías de seguridad social,
capacitación, adiestramiento y descanso necesario, ni de la protección laboral
especial para las mujeres, las madres y los menores.
“De ninguna
manera las reformas del sistema jurídico en materia laboral pueden llevar
consigo la pérdida o la relativización del derecho que tiene todo trabajador,
por el hecho de serlo, con independencia del régimen laboral que lo cobije, al
pago puntual y al reajuste periódico de salarios, pensiones y prestaciones
sociales, ni al justo e inalienable derecho de reclamar que se le reconozcan
intereses moratorios, acordes con la tasa real vigente en el mercado, cuando el
patrono -oficial o privado-, la respectiva entidad de seguridad social o el
fondo de pensiones y cesantías al que pertenece, según el caso, incurre en mora
en el pago o cubrimiento de tales factores. Las trabas burocráticas, el
descuido y la inmoralidad son inadmisibles, frente a los postulados
constitucionales, como posibles excusas para el retraso, mientras que la
insolvencia o la iliquidez temporal del patrono o los problemas presupuestales,
en los casos de entidades públicas, pueden constituir explicaciones de aquél
pero jamás justificación para que sean los trabajadores quienes asuman sus
costos bajo la forma de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-418 del 9 de
septiembre de 1996).
“No es válido,
frente al derecho constitucional de la igualdad, el trato discriminatorio que,
según lo probado, han recibido las solicitudes de cesantías parciales
presentadas por los accionantes.”
C. Del pago de acreencias laborales y la tutela.
Son numerosas las
sentencias proferidas por esta Corporación en las cuales se señala que la
acción de tutela no constituye en términos generales, el mecanismo idóneo para
lograr el pago de prestaciones laborales, por existir el medio adecuado
ordinario de defensa judicial.
Sin embargo, esta
misma Corte ha expresado, que en situaciones excepcionales y extraordinarias,
la tutela podrá ser utilizada para efectos de obtener el pago de acreencias
laborales, sólo cuando se busque con ello la protección y prevalencia de
derechos fundamentales constitucionales violados o amenazados, para lo cual los
mecanismos ordinarios no serían efectivos. Así pues, en la sentencia T-175 del
8 de abril de 1997, Magistrado Ponente Doctor José Gregorio Hernández Galindo
se señaló al respecto lo siguiente:
"...la
liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la
acción de tutela, y si bien es cierto la Corte ha admitido su procedencia en
algunos casos, ellos han sido excepcionales y primordialmente sustentados en la
falta de idoneidad del medio ordinario, en los términos que se dejan expuestos,
relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las
que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el
amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente.
“Así, ha
encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el
pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sentencias
T-426 del 24 de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995 y T-437 del 16
de septiembre de 1996); que es posible intentar la acción de tutela para que se
cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una persona de la
tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr.
sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244
del 1 de junio de  1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T-608 del 13 de
noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensión revoca
unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el
derecho del afectado (Cfr. Sentencia T-246 del 3 junio de 1996); que es
posible restaurar, por la vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado
cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la
cancelación de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se
acogen a determinado régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han
optado por otro (Cfr. Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996) (subraya
la Sala).
“En todos los
casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta
Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el
acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en
detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del
medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto,
cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la
Constitución. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia
T-01 del 21 de enero de 1997)
“En el caso sub-examine
debe resaltarse, además, que, si bien los interesados persiguen el pago de sus
cesantías parciales, no es este el objeto central de las acciones de tutela. La
razón básica de sus demandas tiene que ver en realidad con la violación del
derecho fundamental a la igualdad a raíz de las diferencias de trato existentes
entre los empleados de la Rama Judicial que se acogieron al nuevo régimen
contenido en los decretos 57 y 110 de 1993 y los que siguieron bajo las normas
anteriores, en materia del pago de cesantías parciales.
“En efecto, como
lo manifestaron en sus escritos, mientras a los del nuevo régimen se les está
cancelando sus cesantías parciales máximo en un mes después de haberlas
solicitado, los del antiguo sistema fácilmente tienen que esperar varios años
para lograr el pago.
“Esta
discriminación resulta odiosa pues no puede aceptarse que ante la ley y en las
mismas circunstancias, existan trabajadores tratados peyorativamente y
perjudicados desde el punto de vista económico sin razón válida alguna, tan
sólo como consecuencia de haber optado por un régimen legal diferente”
Lo anterior es la
misma situación que se configura en el caso sub-examine frente a la evidente
discriminación entre individuos que se someten a distintos regímenes legales,
respecto de una misma prestación. Por lo tanto, la tutela promovida no se
encamina exclusivamente a obtener el efectivo pago de las cesantías parciales
reconocidas, ni a desconocer o a invalidar el nuevo sistema de cesantías, sino
a restablecer la igualdad entre las personas, cuando esta ha sido quebrantada,
en virtud del trato diferente, para los efectos del pago de las cesantías
reclamadas, razón por la cual es procedente aplicar la misma jurisprudencia de
la Corporación a los similares hechos que dieron lugar al ejercicio de las
acciones formuladas en este proceso.
D. Indexación de las cesantías parciales aún no
canceladas.
Tal y como lo señala
de manera muy clara la sentencia SU-400 del 28 de agosto de 1997, el retardo en
que incurre la administración, en relación con el lapso de tiempo transcurrido
entre la fecha de liquidación de las cesantías parciales y aquella en que el
pago de las mismas se hace efectivo, causa un grave perjuicio económico los
demandantes. Además, no existe diferencia alguna entre las necesidades que
apremian a quienes permanecieron en el antiguo régimen de cesantías, de
aquellas que optaron por el nuevo régimen, razón por la cual quienes están
obligados a pagar salarios, prestaciones o pensiones, deben cubrir
oportunamente todas las sumas adeudadas y actualizarlas. Al respecto, la
sentencia ya mencionada señaló lo siguiente:
“Ya expresó la
Corte al respecto que "la necesidad de recibir los dineros de sus
cesantías, que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, no es menor en el
caso de quienes prefirieron el nuevo régimen que en el de quienes permanecieron
en el antiguo". Lo cual pone de presente el perjuicio ocasionado al
trabajador a quien el pago se ha demorado.
“En efecto, una
vez liquidada la suma que en ese momento puede retirar el empleado, lo normal
sería que se le entregara, toda vez que él cuenta con ella para atender a las
necesidades que según la ley justifican el retiro de la cesantía parcial. El
retardo de la administración le causa daño económico, bien sea por la pérdida
de la oportunidad de utilización efectiva de los fondos, ya por la necesidad de
contratar créditos mientras el desembolso se produce.
“Bien es cierto
que desde el punto de vista de la entidad pública obligada, ésta, de
conformidad con el artículo 345 de la Constitución, no podría efectuar el
correspondiente gasto público sin la suficiente disponibilidad presupuestal,
pero no lo es menos que, por una parte, el tiempo que transcurra entre la
liquidación y el desembolso, inclusive por causas presupuestales, implica un
deterioro del poder adquisitivo de la moneda, y por otra, que el costo
respectivo no debe asumirlo el trabajador sino el patrono. Si éste desea que
tal costo disminuya, habrá de procurar el pronto pago, mediante la agilización
de los trámites presupuestales, pero no le será lícito prolongar
indefinidamente la iniciación de los mismos, cargando al trabajador con las
consecuencias.
“Así, si el
trabajador, mientras se produce el pago efectivo, ha contratado un empréstito y
debe pagar unos intereses, sería del todo injusto y profundizaría la
desigualdad respecto del empleado a quien sí se cancela con rapidez la cesantía
parcial, pretender que aquél no tenga derecho a la actualización monetaria de
las cantidades que la administración le adeuda.
“La Corte
Constitucional, en Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996, dejó en claro
que los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones deben asumir,
además del cubrimiento íntegro de las sumas correspondientes, la actualización
de los valores que hayan venido reteniendo a los trabajadores, desde el momento
en que adquirieron el derecho al pago hasta el instante en que éste se produzca
efectivamente.
“Tal
actualización, según lo destacó la Sala Plena en Sentencia C-448 de 1996,
desarrolla claros principios constitucionales, en especial el que surge del
artículo 53 C.P., a cuyo tenor la remuneración laboral debe ser móvil, a
fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que se logra
normalmente mediante la indexación de las sumas adeudadas, para que éstas no se
deterioren en términos reales con el paso del tiempo, sin detrimento de los
cargos que pueda hacerse a la entidad incumplida en cuanto a la indemnización
de otros perjuicios que su ineficiencia y demora puedan generar al afectado.
“Desde luego, son
los mecanismos ordinarios previstos en la legislación los que permiten por
regla general la indemnización de perjuicios o el resarcimiento por los daños
sufridos.
“Salvo los
eventos contemplados en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 -en los cuales
se parte del supuesto de que el afectado no dispone de otro medio judicial, de
que la violación del derecho es manifiesta y consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria, y de que la indemnización del daño emergente
resulta indispensable para asegurar el goce efectivo del derecho-, no es la
acción de tutela el mecanismo indicado para obtener que tales reconocimientos y
pagos se efectúen.
“Cuando la Sala
Quinta de Revisión accedió a ordenar el pago de intereses moratorios, como lo
hizo en el caso resuelto mediante Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996,
lo hizo asignando tal concepto al necesario resarcimiento del daño ocasionado
por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo que ha evolucionado en la
jurisprudencia de la Corte, a partir de la Sentencia de Sala Plena C-448 del 19
de septiembre de 1996, hacia la obligatoria inclusión de la indexación de las
sumas debidas. Obsérvese que en aquélla oportunidad no se ordenó el pago de
cantidades indexadas, pues el papel de la actualización del poder adquisitivo
de la moneda lo cumplían en esa perspectiva los intereses de mora.
“Puesto que la
Sala Plena ha distinguido los aludidos conceptos, la solución entonces adoptada
no puede hacerse extensiva, de manera indiscriminada, a otros eventos, cada uno
de los cuales debe, normalmente ser verificado a la luz del daño causado, lo
que corresponde al juez ordinario. Tal el motivo de esta Sentencia de
unificación.”
“ (...).
“Otra cosa
acontece con la indexación, que resarce también un perjuicio -el ocasionado por
la depreciación del dinero en una economía inflacionaria-, pero que no exige el
análisis de cada caso concreto para establecer si existen o no, en las
circunstancias del peticionario, otra clase de perjuicios, pues siempre los
montos por pagar tendrán que indexarse para sostener su valor real.
Finalmente, advierte
la Corporación que como se ha señalado, no es viable por el mecanismo de la
tutela, el reconocimiento exclusivo de los intereses moratorios como objeto de
la acción, cuando ya se ha producido el pago de las prestaciones parciales, ya
que en dichos eventos el pretendido perjuicio causado, debe demostrarse ante la
justicia ordinaria, por existir otro medio de defensa judicial para dichos
casos, lo cual hace improcedente el ejercicio de aquella, como así se
dispondrá.
E. Situaciones
concretas.
Del análisis de los
expedientes objeto de revisión, salvo las excepciones mencionadas, las cuales
serán tratadas en acápites posteriores, resulta evidente el hecho de que los
demandantes eran funcionarios de la Rama Judicial desde hace varios años; que
todos permanecieron bajo el régimen antiguo de cesantías, y en consecuencia no
se acogieron al nuevo sistema establecido en los decretos 57 y 110 de 1993; que
todos solicitaron el reconocimiento y liquidación de sus cesantías parciales
por tiempo considerable, sin que hasta la fecha se haya hecho efectivo el pago
de las mismas, situación que fue justificada de manera general en la falta de
disponibilidad presupuestal. Con base en lo anteriormente descrito, la acción
de tutela resulta pertinente, razón por la cual ante la violación del derecho constitucional
fundamental a la igualdad, acompañada de la inexplicable ineficiencia
administrativa, se procederá a conceder la tutela, revocando aquellas
decisiones que en principio la denegaron y ordenando, a su vez, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, para que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, sitúe los fondos
necesarios para cubrir dichos pagos y su indexación, en el evento claro esta
que exista la correspondiente apropiación presupuestal, y si esta no existiera,
dispondrá dicha entidad del término anteriormente indicado, para iniciar las
gestiones pertinentes, tendientes a asegurar las adiciones presupuestales que
fueran del caso. Finalmente, se ordenará a la Dirección de Administración
Judicial para que proceda a pagar a los demandantes, dentro de los cinco (5)
días siguientes, al momento de recibir las partidas correspondientes.
Como se ha expuesto
en múltiples casos, la respuesta dada por la administración a quienes
solicitaron el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales, supeditaba la
expedición del correspondiente acto administrativo, a la disponibilidad de
partida presupuestal, dejando a los peticionarios sin una definición concreta
con respecto a los derechos reclamados, además de no producir un acto contra el
cual se pudiesen formular recursos. Por este motivo, se dispondrá que la
accionada proceda a resolver, positiva o negativamente, las peticiones
relacionadas con el reconocimiento de cesantías parciales de los actores.
Sólo se procederá a
confirmar en su totalidad las providencias a través de las cuales se tutelaron
los derechos invocados por los peticionarios en los términos arriba
especificados.
F. Casos Especiales.
1. Pago de bonificación - Expediente T-143422. Fernando
Tovar Guzmán.
En este proceso, el
demandante Fernando Tovar Guzmán ejerció acción de tutela contra el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y la Administración Judicial Seccional Bogotá,
por la supuesta violación de su derecho fundamental a la igualdad, pues
habiendo radicado el 14 de julio de 1995, la petición para la liquidación y
pago de la bonificación por descongestión de despachos judiciales, su
prestación aún no le ha sido cancelada, a diferencia de otros funcionarios, que
bajo el mismo supuesto fáctico ya recibieron el correspondiente pago.
Como se deduce de lo
anterior, en cuanto a la reclamación laboral planteada, existen mecanismos de
defensa judicial, para lo cual no es procedente la acción de tutela, sin que
además se haya acreditado un perjuicio irremediable que la justifique para ser
utilizada, en forma excepcional. Al respecto se reitera lo expuesto por la
Corte Constitucional en la sentencia T-673 del 11 de diciembre de 1997,
Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo:
“2.
Improcedencia de la tutela
“(...).
“Como lo ha
reiterado esta Corporación (Cfr. Sentencia T-01 del 21 de enero de 1997),
respecto de reclamaciones de carácter puramente laboral, a no ser que se
configure una de las excepcionales circunstancias que, con base en los
principios y normas constitucionales, la jurisprudencia ha delineado claramente
(especialmente por falta de efectividad del medio judicial ordinario en el caso
concreto, violación de derechos fundamentales de personas de la tercera edad,
afectación del mínimo vital), existen mecanismos de defensa en el sistema
jurídico, lo que, a la luz del artículo 86 de la Carta, impide la viabilidad de
la acción de tutela.
“Así, en el
presente asunto, han sido solicitadas por tutela todas las prestaciones
sociales del actor, sin que se haya probado ninguno de los elementos
extraordinarios en mención, por cuya virtud se hubiese podido justificar la
tutela, y sin que se haya establecido la inminencia de un perjuicio
irremediable.
“Tampoco aprecia
la Corte, según lo que aparece en el expediente, una vulneración directa de
preceptos constitucionales ni una afrenta probada de los derechos fundamentales
del accionante, lo que significa que se está ante una controversia de
naturaleza puramente laboral.
“El accionante ha
debido agotar los trámites judiciales ordinarios, en vez de sustituir por el
amparo los procesos señalados en la ley, pues aquél está única y
específicamente previsto para la protección de los derechos fundamentales.”
No obstante lo
expresado, si bien la tutela no resulta ser la vía judicial idónea para hacer
valer sus derechos, es pertinente señalar que como quiera que en el asunto
analizado no existió decisión de la administración, con respecto a la
reclamación del peticionario acerca del reconocimiento de su bonificación, ya
que respuesta emitida simplemente indica que la resolución que deba reconocerle
tal prestación laboral no se ha hecho por falta de disponibilidad presupuestal,
se ha transgredido abiertamente el derecho de petición, pues dicha respuesta en
nada resuelve concretamente en un sentido u otro la solicitud formulada por el
actor. En situación similar la Corte Constitucional mediante sentencia T-363
del 6 de agosto de 1997, señaló lo siguiente:
“La Corte procede
a reiterar los argumentos expuestos en Sentencia T-206 del 26 de abril de 1997,
que sirvieron de base para conceder la tutela invocada en los procesos antes
citados, pues los fundamentos de hecho y de derecho son esencialmente idénticos
a los que ahora estudia esta Sala.
“En dicho fallo
la Corte consideró que las autoridades tienen la obligación de responder de
manera oportuna, clara y precisa las peticiones que ante ella se formulan. En
efecto, la demora en responder o las contestaciones evasivas, vagas,
contradictorias, y en general todas aquellas que tiendan a confundir al
interesado, violan el derecho fundamental de petición. Tales apreciaciones son
aplicables al caso que ahora se estudia, pues es necesario anotar que la
liquidación efectuada por la Dirección Seccional de Administración Judicial no
conforma, como ésta misma lo reconoce, un acto administrativo que decida lo
referente al derecho pedido pero siembra en el actor una esperanza sobre su
eventual reconocimiento. Así, pues, dicho estado de indefinición constituye
vulneración del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta Política.
“Dijo la Corte en
la aludida sentencia:
"... la
respuesta aparente pero que en realidad no niega ni concede lo pedido,
desorienta al peticionario y le impide una mínima certidumbre acerca de la
conducta que debe observar frente a la administración y respecto de sus propias
necesidades o inquietudes: no puede hacer efectiva su pretensión, pero tampoco
tiene la seguridad de que ella sea fallida.
“Tal
circunstancia hace inútil el derecho fundamental del que se trata y, por tanto,
cuando ella se presenta, debe considerarse vulnerado el artículo 23 de la Carta
Política.
“En los casos
objeto de análisis, la característica común a las respuestas recibidas por los
solicitantes radica precisamente en la indefinición acerca de la materia
planteada por ellos ante la administración judicial -el reconocimiento y pago
de sus cesantías parciales-, pues, aunque no se les niega que puedan tener
derecho a retirarlas de conformidad con la ley, se les aplaza indefinidamente
la respectiva resolución por un motivo ajeno al derecho mismo, consistente en
la falta de apropiación presupuestal".
“(...).
"Para la
Corte Constitucional es claro que, si bien, como lo ha sostenido
invariablemente en su jurisprudencia, no debe producirse erogación alguna de
parte del Estado con cargo al tesoro público si no existe la correspondiente
provisión presupuestal, de ésta no depende la decisión administrativa sobre el
derecho que pueda tener el trabajador al reconocimiento de lo que se le adeuda
por concepto de una determinada prestación que el sistema jurídico le otorga.
“En otros
términos, la circunstancia coyuntural de la falta de una partida suficiente en
el presupuesto constituye óbice para el pago inmediato pero de ninguna manera
puede erigirse en obstáculo para que la administración determine si el derecho
existe en el caso concreto, ni tampoco para que proceda a su liquidación, ni
para que inicie los indispensables trámites, con miras a futuras provisiones
presupuestales respecto de vigencias posteriores, o a las adiciones necesarias
en la que se ejecuta.
“Así, en el
asunto que se examina, los solicitantes tenían derecho, con base en el artículo
23 de la Constitución, a que la Administración Judicial les resolviera sin
demora, es decir, dentro de los términos legales, si tenían o no derecho al
pago de sus cesantías parciales. Otra cosa era la disponibilidad actual del
Estado para pagarles de modo inmediato, según el Presupuesto de la vigencia
respectiva. Reconocer que tenían el derecho en ese momento no equivalía al pago
pero implicaba, como surge de la Constitución, que se hiciera lo necesario para
atender a esas obligaciones en el período siguiente o, inclusive, dentro del
mismo que se venía ejecutando, mediante procedimientos legalmente contemplados,
como las adiciones presupuestales.”
De esta forma, la
administración debió proceder a dar respuesta efectiva al peticionario, y no
evadir su obligación, justificada en una falta de disponibilidad presupuestal,
situación esta que es ajena al derecho mismo del peticionario..
En atención a lo
anterior, se procederá a REVOCAR en su totalidad la decisión proferida
por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y en su lugar TUTELAR
el derecho fundamental de petición del demandante, para lo cual la Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial, Seccional Bogotá, dentro del término
de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la
presente sentencia, proceda, si no lo ha hecho con anterioridad al presente
fallo, a dar respuesta -afirmativa o negativamente- a la petición del actor,
advirtiendo que la existencia o no de disponibilidad presupuestal no es excusa
válida para la definición de su derecho subjetivo.
2. Pago de salarios. Expediente T-145977. Clemente Guzmán
Amaya.
Según los hechos que
dieron lugar a la acción, el demandante, Clemente Guzmán Amaya, realizó varios
reemplazos en el juzgado 9° Penal Municipal de Ibagué, durante periodos
comprendidos entre los años de 1992 y 1993. Si bien ya se liquidó el monto
total adeudado, no le ha sido cancelado, aduciéndose la falta de disponibilidad
presupuestal, que en este caso corresponde a la partida de Vigencias Expiradas.
Ante tal situación, el actor consideró violado su derecho al trabajo por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial Seccional Ibagué, y solicitó el efectivo pago de los
dineros adeudados. El Juzgado 4 Civil del Circuito de Ibagué, quien conoció del
proceso, denegó la tutela. Consideró que este no es el mecanismo idóneo para
hacer efectivo dicho pago, según normas que regulan la acción de tutela.
Además, la Administración Judicial de dicha Seccional ya hizo los
requerimientos para disponer de los recursos pertinentes. El anterior fallo fue
confirmado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué con base en las
mismas consideraciones.
Analizado lo
anterior, la Corte procederá a CONFIRMAR la decisión de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Ibagué, pero con base en los criterios expuestos en la
sentencia T-673 del 11 de noviembre de 1997, que fue citada en el numeral
anterior, y que se estima innecesario transcribir. Por consiguiente, se
ordenará a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial Seccional
Ibagué, para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir
de la notificación de la presente sentencia, proceda si no lo ha hechop con
anterioridad al presente fallo, a dar respuesta -afirmativa o negativamente- a
la petición del actor, advirtiendo que la existencia o no de disponibilidad
presupuestal no es excusa válida para el reconocimiento o no de un derecho
subjetivo.
3. Solicitud exclusiva del pago de intereses moratorios o
indexación como objeto de la acción de tutela. Expediente T-143784, Luis
Fernando Muñoz Benítez.
En el presente caso,
el actor ya obtuvo el pago de sus cesantías parciales. Sin embargo, ejerce la
presente tutela para hacer efectivo el pago de la indexación o intereses
moratorios a que cree tener derecho, en razón a la mora en el pago de dicha
actualización.
Como ya se expuso,
la acción de tutela por este concepto no está llamada a prosperar, por cuanto se
persigue únicamente la cancelación de dineros como consecuencia del retardo en
el pago de obligaciones reconocidas, sin haberse acreditado el perjuicio
requerido para la procedencia de la acción y cuando para ello existe otro medio
de defensa judicial (Cfr.T-175 de 1997, SU-400 de 1997, y T- 499 de 1997).
Estima la Corte que
el asunto planteado parece asociarse a la petición de intereses moratorios o
indexación consagrado por la doctrina constitucional referida al otorgamiento
de la tutela cuando se trata de cesantías parciales aún no satisfechas, los
cuales constituyen el objeto de amparo. Cabe expresar que en dichos eventos, es
decir, cuando se promueve la acción de tutela con la pretensión del pago de
cesantías reconocidas y no canceladas y simultáneamente la indexación,  se ha
concedido la tutela frente a la violación del derecho a la igualdad y el trato
discriminatorio dado a ciertos empleados. Tal como lo expuso la sentencia
SU-400 de 28 de agosto de 1997, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández
Galindo:
“En efecto, puede
verse en los casos aquí acumulados una evidente identidad con los que fueron
analizados en las sentencias T-418 del 9 de septiembre de 1996 y T-175 del 8 de
abril de 1997, tanto en el tipo de solicitud elevada ante las autoridades
administrativas (petición de cesantía parcial), en la actitud observada por
éstas, en la patente discriminación entre servidores públicos y, también, en
las pretensiones que los actores formularon mediante el ejercicio de la acción
de tutela.”
Así pues, en este
caso, si existe sustracción de materia en cuanto a la cesantía parcial, en
tanto que ya al actor se le pagó lo debido, no es esta la vía para discutir la
simple actualización del dinero, ya que la indexación se ha concedido en esta
sede, siempre y cuando vaya unida a una petición de carácter laboral que a su
vez cumpla con las exigencias excepcionales para ser evacuada por vía de
tutela. Como bien lo dijo la sentencia que se viene citando:
..”ya que los
casos ahora acumulados tienen de común la violación del derecho a la igualdad
de los peticionarios, debe prosperar la acción de tutela para restablecer el
equilibrio roto en virtud de la discriminación oficial. Y, dado que la diferencia
injustificada de trato ha repercutido precisamente en demorar el desembolso de
sumas hace tiempo liquidadas y reconocidas por la administración, referentes a
cesantías parciales, es natural y apenas justo que por la misma vía de
protección constitucional del derecho a la igualdad se ordene la indexación de
tales cantidades, ya que de lo contrario la desigualdad subsistiría :...”
Por lo tanto, en el
presente caso, la Corte procederá a CONFIRMAR en su totalidad la
sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.
4. Solicitud de pago de cesantías parciales depositadas
en fondo privado y que fueron solicitadas para estudios. Negativa a
entregarlas. Expediente T-145233. María Gómez Torres.
La peticionaria,
María Gómez Torres, quien había optado por el nuevo régimen de cesantías
establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, solicitó en el mes de julio de
1997, un avance parcial de sus cesantías a fin de pagar sus estudios
universitarios. Sin embargo, tal solicitud le fue negada argumentándosele que
de acuerdo a un concepto emitido por el Director de la Unidad de Asesoría
Jurídica de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, a los
servidores públicos se les aplicaba lo dispuesto en el decreto 3118 de 1968, y
además se presentó la circular 0044 del 18 de junio de 1997, emanada de la
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, que estableció que los
avances de cesantías se contemplarían exclusivamente, para tres situaciones
allí reseñadas, no encontrándose entre ellas el avance de cesantías por
concepto de pago de estudios superiores. Indica por otra parte la demandante,
que personas que solicitaron el avance de sus cesantías, para los mismos
efectos que ella, y que lo hicieron antes del 18 de junio de 1997, fecha de expedición
de la mencionada circular, les fueron canceladas sin problema alguno.
Por tal motivo,
consideró violado su derecho a la igualdad, y solicitó a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá el pago de sus cesantías para el
efecto por ella planteado.
Los fallos de
instancia procedieron a negar la tutela pues consideraron que a la accionante
le asistía otra vía de defensa judicial.
Además, señalaron
que la esencia del problema radicaba en las diferencias surgidas entre la entidad
demandada y la peticionaria en el sentido de determinar que normas eran las
aplicables a su caso, situación esta que tampoco es objeto del juez de tutela.
La Corte en el caso
sub examine, considera que cuando se invoca un trato discriminatorio frente a
otras personas en igualdad de circunstancias, debe estar debidamente acreditado
a fin de tutelar el derecho fundamental, pero no limitarse como se hace en el
presente asunto, a realizar una afirmación escueta. En este sentido, en
sentencia T-207 1997, la Corte expresó:
“Empero, por
razones de pedagogía constitucional, la Corte estima necesario recalcar que las
violaciones al derecho a la igualdad solamente pueden establecerse y evaluarse
por el juez cuando tiene a disposición la totalidad de los elementos
comparativos, que le permitan corroborar si en verdad situaciones iguales han
sido tratadas de manera distinta o contraria.”
Por consiguiente, la
Corte procederá a CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que deniega la protección tutelar,
pero con base en los argumentos aquí expuestos, al no tenerse prueba de la
vulneración alegada por la actora al principio de igualdad.
5. Casos de temeridad. Expedientes T-145360, Norha del
Socorro Hernández, T-145393, Fanor Orlando Sánchez Jiménez y T-145795 Gladys
Esther Marino Rodríguez.
Del análisis de los
expedientes mencionados se pudo constatar que los peticionarios ya habían
interpuesto anteriormente una acción de tutela por los mismos hechos y contra
las mismas autoridades. En consecuencia, debe aplicarse en dichos asuntos el
artículo 38 del decreto 2591 de 1991, que en materia de temeridad señala que se
procederá a rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes. Por lo
tanto, en los casos de los expedientes:
T-145360   Norha
del Socorro Hernández.
(Anterior tutela
radicada en esta Corporación bajo el número T-86959).
T-145795   Gladys
Esther Marino de Rodríguez.
(Anterior tutela
radicada en esta Corporación bajo el número T-116154),
se procederá a RECHAZAR
las peticiones.
En el caso
particular del expediente T-145393, Fanor Orlando Sánchez Jiménez, su petición
ya había sido resuelta positivamente por la Corte Constitucional en la
sentencia T-175 de 1997, situación que era de conocimiento del demandante, pues
junto con la nueva demanda de tutela, anexa dicha sentencia, razón por la cual
la presente petición también se RECHAZARÁ.
IV. DECISIÓN.
Con base en las
consideraciones precedentes, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE :
Primero. REVOCAR  los
fallos proferidos por la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado; Juzgado 4°. Penal del Circuito de Neiva; Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; Juzgado Civil Municipal de
Sonsón; al resolver sobre las acciones de tutela radicadas bajo los siguientes
números y correspondientes a los peticionarios que se indican a continuación:
T-144455   Pedro
Pablo Contreras Fernández
José
William Villa Herrera
Hernán
Restrepo Bermúdez
Diego
Pedraza.
T-145010   Rodolfo
Leyva Morera
T-145323   Pedro Nel
Rodríguez.
T-145506   Iván de
Jesús Arango Ocampo
T-146079   Tito
Aurelio Bastidas Urbano
Segundo.
CONFIRMAR parcialmente, los fallos proferidos por el Juzgado 3 Civil
Circuito de Medellín, Juzgado 9 Civil del Circuito de Cali, Salas  Civil, Penal
y Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil del Tribunal Superior de
Cali, Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo,
Sección Tercera de la Sala Contenciosos Administrativa del Consejo de Estado,
Juzgado 7° Civil Cto. Bucaramanga, Juzgado 2° Civil del Circuito de Cali, y
Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, al resolver sobre las acciones
de tutela radicadas bajo los siguientes números y correspondientes a los
peticionarios que se indican a continuación:
Los expedientes
cobijados por esta orden son:
T-143152   Juan de
Jesús Gallo Moreno
T-141064   Carlos
Humberto Rioja
T-143392   Gloria
María Farfán de Sanabria
T-143423   Elsa
Moncayo Merizalde
T-143630   María
Elena Jaramillo Rodríguez
T-144118   Manuel
Joya Gutiérrez
T-144788   María del
Rosario Cornejo
T-145042   María
Angela Castaño de Matallana
T-145343   Nestor
Collazos
T-145377   María
Teresa Gómez Valderrama
T-145429   Margarita
del Carmen Lara de Reyes
T-145667   José
Antonio Suárez Prada
T-145723   Jaime
Toledo Carreño
T-145816   Nancy
Saavedra Navia
T-146084   Concepción
Vanegas Avilan
T-146165   Cesar
Emiro Ortíz Valero
T-146883   Fernando
Arenas Bautista
Tercero. En relación
con los expedientes citados en los numerales 1° y 2°, CONCÉDESE las
tutelas solicitadas por violación del derecho a la igualdad y petición y en
consecuencia, ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en sus diferentes seccionales, para que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
para que, si aún no lo ha hecho, proceda a resolver en uno u otro sentido,
valga decir, reconociendo o negando la solicitud de reconocimiento y pago de
cesantías formuladas por los peticionarios.
Cuarto. En el
evento en que la Administración Judicial profiera resolución ordenando el
reconocimiento y pago de cesantías parciales, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, a más tardar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes,
deberá situar, si ya no lo hubiere hecho, los fondos indispensables para el
pago de cesantías parciales solicitadas por los peticionarios junto con su
correspondiente indexación, siempre que hubiere apropiación presupuestal
suficiente.
En caso contrario,
es decir, si no hubiere apropiación presupuestal, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público iniciará los trámites indispensables a fin de efectuar las
pertinentes adiciones presupuestales.
Quinto. ORDÉNASE
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a las respectivas
seccionales, que, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al
momento en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe los fondos
respectivos, procedan, si ya no lo hubieren hecho, al pago de las cesantías
parciales que se adeudan a los demandantes, indexando las sumas debidas, tal
como lo dispuso la sentencia SU-400 del 28 de agosto de 1997, proferida por la
Sala Plena de esta Corte.
Sexto. CONFIRMAR los
fallos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y Juzgado
1° Civil Cto de Girardot, al resolver sobre las tutelas correspondientes a los
siguientes expedientes:
T-145907   Hermindo
Contreras Rodríguez
T-146545   Orlando
de Jesús Torres Carazo
Séptimo. REVOCAR la
decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en la
tutela del expediente T-143422 y en su lugar TUTELAR el derecho
fundamental de petición del actor. En consecuencia, se ORDENA a la
Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, Seccional Bogotá, que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de
la presente sentencia, proceda a dar respuesta -afirmativa o negativamente- a
la petición del actor, advirtiéndole que la existencia o no de disponibilidad
presupuestal no es excusa válida para el reconocimiento o no de un derecho
subjetivo.
Octavo. REVOCAR
parcialmente el fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de
Ibagué dentro del expediente T-145977, en el sentido de tutelar el derecho de
petición del actor. En su lugar, SE ORDENA a la Dirección Ejecutiva de
la Administración Judicial Seccional Ibagué, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
proceda a dar respuesta -afirmativa o negativamente- a la petición del actor,
advirtiendo que la existencia o no de disponibilidad presupuestal no es excusa
válida para el reconocimiento o no de un derecho subjetivo.
Noveno. CONFIRMAR
la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín,
en el caso del expediente T-143784.
Décimo. CONFIRMAR
el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Décimo primero.
CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Santa Rosa de Viterbo, dentro del expediente No. T-144059
Décimo segundo.
REVOCAR la providencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno Penal
Municipal de Medellín, y en su lugar RECHAZAR por existir temeridad la
tutela formulada por la señora Norha del Socorro Hernández de Gutiérrez dentro
del expediente No. T-145360, de conformidad con lo señalado por el artículo 38
del decreto 2591 de 1991.
Décimo tercero.
REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Cali, y en su lugar RECHAZAR por existir temeridad, la tutela formulada
por el ciudadano Fanor Orlando Sánchez Jiménez, dentro del expediente No.
T-145393, de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991.
Décimo cuarto.
REVOCAR parcialmente el fallo proferido por la Sala de Casación Civil y
Agraria de la Corte Suprema de Justicia en el Juzgado Cuarenta y Uno Penal
Municipal de Medellín, y en su lugar RECHAZAR por existir temeridad la
tutela formulada por la señora Gladys Esther Mariño de Rodríguez dentro del
expediente No. T-145795, de conformidad con lo señalado por el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991.
Décimo quinto. Por
Secretaria líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591
de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Ponente
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General