C-394-94
Sentencia No
Sentencia No.
C-394/94
AUDIENCIA
ESPECIAL/CONTROL DE LEGALIDAD DE ACUERDOS ENTRE FISCAL Y PROCESADO
El acuerdo del
Fiscal y el procesado es asunto que concierne directa y especificamente al Juez
y por ello es razonable y ajustado a la técnica jurídica el que la ley hubiera
establecido el control del acuerdo por éste. Si normalmente, cuando no hay
acuerdo el Juez es quien decide sobre los aludidos aspectos, es obvio, que no
debe renunciar a esa función en ningún caso, y por consiguiente, debe controlar
el referido acuerdo en razón de que toca con cuestiones que pertenecen al
ámbito de su competencia.
DERECHOS DEL PROCESADO-Revisión judicial de acuerdos
La revisión que
ejecuta el Juez a los acuerdos entre el procesado y el Fiscal, es una garantía
de los derechos de los procesados, pues la intervención del Juez constituye una
instancia diferente e imparcial que asegura una recta administración de
justicia. Asimismo, dejar el referido acuerdo sin ningún control por parte de
los jueces, constituiría una alteración a las funciones de acusación y
juzgamiento.
AUDIENCIA ESPECIAL-Suspensión/TERMINO JUDICIAL
La
interrupción de términos que consagra la norma aludida, no es indeterminada,
sino limitada razonablemente en el tiempo y constituye un aspecto que compete
regular al legislador dentro de un criterio de razonabilidad. En efecto,
aspectos tales como la suspensión de los términos para la libertad provisional
y el término de prescripción de la acción penal, son materias que caen bajo su
órbita exclusiva de competencia y dentro de facultades que se juzgan
discrecionales. Solamente cuando dichos términos de interrupción sean
irrazonables de modo tal que atenten contra el principio del debido proceso
público sin dilaciones injustificadas, o entronicen la morosidad judicial que
la Constitución proscribe, podría predicarse su inconstitucionalidad.
TESTIGO-Reserva de identidad/DERECHOS DEL
SINDICADO/PRUEBAS RESERVADAS-Controversia/TESTIGO-Reserva de la
declaración/DERECHO DE DEFENSA-Vulneración
El hecho de que
la Corte haya considerado que la reserva de la identidad de los testigos en
ciertos casos y bajo determinadas circunstancias se aviene a la Constitución
Política, no implica que puedan estimarse ajustadas a ella las normas que de
cualquier manera coarten el derecho del sindicado a controvertir las pruebas
que se pretendan hacer valer dentro del proceso penal, para lo cual es menester
que las conozca. En tal virtud, los acápites normativos que se analizan
resultan inconstitucionales por cuanto violan el derecho de defensa del
sindicado, toda vez que al imponerse la reserva a algunos apartes de la
declaración del testigo no puede ejercer adecuadamente su derecho a
controvertir las pruebas allegadas en su contra.
NULIDAD PROCESAL-Concepto
Las nulidades consisten en la ineficacia de los actos procesales
que se han realizado con violación de los requisitos que la ley ha instituido
para la validez de los mismos; y a través de ellas se controla la regularidad
de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al
debido proceso. Si bien
se puede tildar de antitécnica la norma acusada en cuanto difiere la invocación
de la nulidad dentro del recurso de casación, no por ello la norma es
inconstitucional, por cuanto su regulación pertenece al ámbito de la
competencia discrecional del legislador. Pero además, es de destacar la
circunstancia de que el inciso final del artículo 218 del C.P.P., amplió el
recurso a "la garantía de los derechos fundamentales", proposición
jurídica que envuelve prácticamente no sólo todos los posibles casos de nulidad
con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, sino aún
violaciones que aunque propiamente no comportan nulidades constituyen vicios
sustanciales del proceso.
NULIDAD
PROCESAL-Oportunidad
La nueva disposición normativa debe ser interpretada en el sentido
de que las nulidades ocurridas durante la etapa de instrucción, si son
invocadas deben ser necesariamente consideradas por el Juez, sin perjuicio de
que éste pueda decretarlas de oficio, si fuere el caso.
CONMOCION INTERIOR-Decretos que se convierten en legislación permanente
Es posible
convertir en legislación permanente, en algunos casos, los decretos dictados
durante el Estado de Conmoción Interior, aun cuando el control constitucional
de dicha legislación es el que corresponde a la situación de normalidad.
INVESTIGACION PREVIA-Término
Una etapa
indefinida en el tiempo no canaliza ni puede servir de molde idóneo a la
actividad del Estado que reclama disciplina y orden y que, en la investigación
del delito debe avanzar de manera progresiva y a través de una serie de actos
vinculados entre sí y orientados hacia un resultado final que necesariamente se
frustraría si a las diferentes etapas no se les fija término, más aún si son
contingentes y puramente instrumentales.
LIBERTAD PROVISIONAL-Causales
No se violan los
principios de igualdad y favorabilidad con la regulación contenida en los
acápites normativos acusados, pues el trato diferenciado que ellos contienen se
justifica plenamente dada la gravedad y el enorme perjuicio social que
representan los hechos punibles de competencia de los jueces regionales, como
los de terrorismo, narcotráfico y secuestro, que demandan una mayor severidad
normativa en lo concerniente a la concesión de la libertad provisional.
REFERENCIA:
Expediente D-485.
ACTORES:
Carlos Alfonso
Moreno y Tito René Cortés Rubio.
NORMA ACUSADA:
Los incisos 4° y 5° del artículo 37A, el inciso 2° del parágrafo 1o
del artículo 37A; los incisos 2° y 3° del artículo 293; el artículo 306; el
parágrafo transitorio del artículo 329; el inciso final del artículo 369C; y el
parágrafo y parágrafo transitorio del artículo 415 del Código de Procedimiento
Penal, con las reformas introducidas por la ley 81 de 1993.
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL.
Santafé de Bogotá,
D. C., septiembre 8 de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
I. ANTECEDENTES.
Los ciudadanos
Carlos Alfonso Moreno y Tito René Cortés Rubio, en ejercicio del derecho
consagrado en los artículos 40-6 y 241-4, mediante escrito presentado el 11 de
noviembre de 1993, demandaron la declaratoria de inconstitucionalidad de los
artículos 37A (parcial), 293 (parcial) 306, 329 (parcial), 369C (parcial) y 415
(parcial) del Código de Procedimiento Penal.
Las normas
demandadas corresponden a reformas y adiciones hechas a dicho Código por los
artículos 4o, 37, 39, 42, 46 y 55 de la ley 81 de 1993.
El texto de las
referidas normas aparece transcrito en su integridad en la parte considerativa
de esta sentencia, en la cual se analiza su constitucionalidad.
En el proceso
actuaron los ciudadanos Francisco José Sintura y Roberto Hinestrosa Rey, como
intervinientes por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia
y del Derecho. Al analizar los cargos de inconstitucionalidad que el demandante
formula se evaluaran igualmente los criterios expuestos por dichos ciudadanos
en los cuales respaldan la constitucionalidad de las normas acusadas y el
concepto del señor Procurador General de la Nación.
II. COMPETENCIA.
Esta Corporación es
competente para conocer de la presente demanda, en virtud de la competencia que
le asigna a la Corte Constitucional el artículo 241 numeral 4 de la Carta
Política.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1) Capacidad del
juez para formular observaciones e improbar el acuerdo entre el fiscal y el
procesado en relación con la adecuación típica, participación, culpabilidad,
circunstancias del delito, pena, condena de ejecución condicional y preclusión
por otros comportamientos.
En el artículo 37A del Código de
Procedimiento Penal, nuevo precepto incorporado a dicho Código por el artículo
4o. de la ley 81 de 1993, se regula la llamada "Audiencia Especial"
que debe celebrarse una vez se encuentre ejecutoriada la resolución que defina
la situación jurídica del procesado y antes de que se cierre la investigación,
a instancia del fiscal o a iniciativa del procesado o de su apoderado, en la
cual el fiscal presentará los cargos contra el procesado. Dicha audiencia versa
sobre los siguientes aspectos: "la adecuación típica, el grado de
participación, la forma de culpabilidad, las circunstancias del delito, la pena
y la condena de ejecución condicional, la preclusión por otros comportamientos
sancionados con pena menor, siempre y cuando exista duda probatoria sobre su
existencia"
En dicha audiencia
se puede celebrar un acuerdo entre la Fiscalía y el Procesado sobre los
aspectos antes mencionados, el cual debe constar en un acta que formaliza dicho
acuerdo. Acto seguido se debe remitir el expediente al Juez de conocimiento a
efecto de que proceda a dictar sentencia "de conformidad con lo acordado
si encuentra el acuerdo ajustado a la ley y siempre que no se hayan violado
derechos fundamentales del procesado".
El demandante acusa de inconstitucionales
los incisos 4° y 5° del artículo 37A del C.P.P., que señalan:
"El juez
podrá formular observaciones acerca de la legalidad del acuerdo, si lo
considera necesario, mediante auto que no admite ningún recurso en el que ordenará
devolver el expediente al fiscal y citará a una audiencia que se realizará
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de las observaciones. En
la audiencia el fiscal y el sindicado discutirán las observaciones con el Juez
y manifestaran si las aceptan, lo que consignarán en un acta. En caso de
aceptar las observaciones el Juez dictará sentencia en el término de cinco (5)
días."
"Vencido
el término establecido en el inciso tercero de este artículo o finalizada la
audiencia a que hace referencia del párrafo anterior, el Juez, en caso de no
aceptar el acuerdo lo improbará mediante auto susceptible del recurso de
apelación".
Argumenta el demandante que según el
artículo 250 de la Constitución Política corresponde a la Fiscalía General de
la Nación, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los
Juzgados y Tribunales competentes, lo cual es propio del sistema acusatorio
donde los jueces simplemente son falladores, pero sobre la base de los cargos
previamente formulados por el Fiscal o sus delegados. Estima el actor que esta
norma y la del artículo 29 de la Constitución Política, sobre el debido
proceso, se violan en atención a que el juez invade la órbita de la competencia
del Fiscal al regular los textos acusados la posibilidad de que éste pueda
desconocer las bases del acuerdo realizado entre éste y el procesado.
Con respecto a la acusación, la Fiscalía
expresó que aun cuando las funciones de investigación y juzgamiento son
separadas, "los juzgados y tribunales competentes pueden conocer las
actuaciones de la Fiscalía, una vez proferida la acusación correspondiente, por
lo que estas actuaciones... no pueden considerarse como indebidas
interferencias del Juez sobre la actuación del Fiscal."
El ciudadano interviniente por el
Ministerio de Justicia y del Derecho afirma que las actuaciones de los jueces y
fiscales, ambos administradores de la justicia penal, deben ser mancomunadas,
aun cuando diferenciables; así en cuanto a la Fiscalía, la Constitución se
refiere a su autonomía administrativa y presupuestal, no así a la autonomía
funcional de la misma, por lo que para el caso que nos ocupa, el juez como
administrador de justicia, no como acusador, le es dable verificar que las
decisiones del fiscal se ajusten a la ley.
El señor Procurador General de la Nación,
aboga por la declaratoria de constitucionalidad de la norma con los siguientes
argumentos: a) El artículo 37A desarrolla una forma de transacción probatoria
que dista de aquella que prevé el artículo 37 ibídem sobre la sentencia
anticipada, pero tiene como elemento común la facultad del juez de fallar en
forma anticipada. b) La figura "corresponde dentro del nuevo sistema
procedimental al más puro caso de sustitución de la verdad controversial,
propia del sistema acusatorio, por el simple consenso volitivo entre las
partes". c). "Precisamente para evitar que el extremo
convencionalismo de la figura la haga derivar hacia la arbitrariedad y la
injusticia -mediante la renuncia total a la investigación y a la prueba- ,
resulta necesario el control judicial de la misma. Lo anterior con tanta mayor
razón, cuanto el carácter mixto de la función fiscal, como fue concebida en
nuestra Carta Fundamental, hizo el ente acusador un híbrido poderosísimo de
naturaleza doble, judicial y administrativo, que debe ser controlado por los
jueces, en orden a evitar su desbordamiento"; d) El Juez no puede verse
reducido al papel de un simple avalador de los acuerdos entre el procesado y la
Fiscalía, por el contrarío, "en esta labor conserva la facultad de
fallador pleno como fórmula garantizadora de la legalidad procesal tuitiva de
la libertad, seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad de las
decisiones judiciales".
Esta Corte considera que las normas
transcritas no vulneran la Carta Política, por las siguientes razones:
Si bien por mandato
constitucional, la etapa de la investigación le corresponde privativamente a la
Fiscalía General de la Nación, sin la injerencia de los jueces, a los cuales
les compete lo relativo al juzgamiento y determinación de la responsabilidad
del procesado, no aparece norma constitucional que adscriba de manera exclusiva
a la Fiscalía lo referente a los aludidos acuerdos, o que prohiba la
intervención de los jueces en lo que a estas negociaciones respecta. Estos
acuerdos, constituyen formas de composición del proceso, con el fin de llegar a
través de un acuerdo entre el Fiscal y el procesado a una pronta sentencia; por
lo tanto no puede afirmarse con certeza que pertenezcan a uno u otro ámbito, en
forma excluyente, esto es, a la investigación o al juzgamiento.
En tal virtud, bien
puede afirmarse que la formalización de dichos acuerdos por el Fiscal y el
procesado y el control posterior del Juez del conocimiento en lo que atañe a su
sometimiento a la ley y a la observancia de los derechos fundamentales del
procesado, constituyen un procedimiento complejo que no participa de las
ritualidades propias de la investigación o del juzgamiento, el cual esta
dirigido a que la misión del Estado en lo que concierne al juzgamiento de los
delitos se cumpla con arreglo a los principios de economía, celeridad y
eficacia y se obtenga, como se dijo antes, la expedición de una sentencia
rápida, pero obviamente sin que se vulneren la ley y los derechos fundamentales
del procesado.
Considera la Corte,
que aspectos tales como la adecuación típica, el grado de participación, la
determinación de la culpabilidad, las circunstancias del delito, la pena y la
condena de ejecución condicional y la preclusión por otros comportamientos
sancionados con pena menor, corresponden a aspectos de la actividad ordinaria
de juzgamiento propia del juez. Por consiguiente, el acuerdo del Fiscal y el
procesado sobre estas cuestiones, es asunto que concierne directa y
especificamente al Juez y por ello es razonable y ajustado a la técnica
jurídica el que la ley hubiera establecido el control del acuerdo por éste. Si
normalmente, cuando no hay acuerdo el Juez es quien decide sobre los aludidos
aspectos, es obvio, que no debe renunciar a esa función en ningún caso, y por
consiguiente, debe controlar el referido acuerdo en razón de que toca con
cuestiones que pertenecen al ámbito de su competencia.
Admitir que el
acuerdo entre el Fiscal y el procesado sobre las cuestiones antes aludidas
pueda ser definitivo e intangible, violaría el derecho al debido proceso que
exige que el juzgamiento se haga por el juez natural competente, según el
ordenamiento jurídico, esto es, el Juez del conocimiento, pues quien en
definitiva juzgaría sobre la base del acuerdo, sería el Fiscal y no el Juez,
convirtiéndose de este modo la sentencia en una simple refrendación formal de
dicho acuerdo.
Debe anotarse
adicionalmente, que la revisión que ejecuta el Juez a los acuerdos entre el
procesado y el Fiscal, es una garantía de los derechos de los procesados, pues
la intervención del Juez constituye una instancia diferente e imparcial que
asegura una recta administración de justicia.
Asimismo, dejar el
referido acuerdo sin ningún control por parte de los jueces, constituiría una
alteración a las funciones de acusación y juzgamiento. Así lo consideró esta
Corporación cuando al referirse a las normas sobre beneficios por colaboración
con la justicia, señaló que "la Fiscalía, y en particular su titular,
mantiene la plenitud de las facultades que le confieren la Constitución y la
ley, facultades que incluyen la de someter a la aprobación del juez propuestas
y acuerdos encaminados a la obtención de dichos objetivos, pero respetando, en
todo caso, el principio de la autonomía del juez. Es pertinente señalar que la
política criminal debe ajustarse a la Constitución y no ésta a aquella."[1]
2) Suspensión de
la actuación procesal durante la celebración de la audiencia especial y el
acuerdo.
El parágrafo 1° del artículo 37A del
C.P.P. alude a la suspensión de la actuación procesal en el evento de que se
solicite la celebración de la audiencia especial a que antes se hizo
referencia, por un término que no puede exceder de treinta días hábiles sin
perjuicio de que puedan practicarse diligencias de instrucción orientadas a
evitar la desaparición, alteración de las pruebas o vestigios del hecho. Dicha
suspensión no cobija "lo referente a la libertad o detención del procesado
o en relación a la vinculación de otras personas que se haya ordenado antes de
dicha solicitud".
El acápite normativo perteneciente a dicho
parágrafo que es objeto de la demanda, esto es, su inciso final, establece:
"Asi
mismo se suspenderán los términos para efectos de la libertad provisional y el
término de prescripción de la acción penal"
El cargo de inconstitucionalidad a dicho
aparte normativo lo radica el demandante en lo siguiente: "La prescripción
es un mecanismo jurídico establecido para aquellos eventos en que la justicia
ha demostrado su absoluta incapacidad para resolver los casos puestos a su consideración,
por lo que no vemos razón justificable alguna para que la incuria del Estado
sea amparada por un seudorropaje de legalismo a ultranza, máxime cuando el
mismo es violatorio de derechos y garantías consagradas en la Constitución, que
de contera le está trasladando al sindicado una carga de resorte exclusivo del
Estado, haciendo aún más gravosa su situación, con lo cual se rompe el
equilibrio y por ende la igualdad de que trata el Artículo 13 de la norma de
normas, la favorabilidad y la presunción de inocencia de que nos hablan los
incisos segundo y tercero del Artículo 29 ibídem; así como también el derecho a
obtener pronta y rápida justicia, lo mismo que el acceder a la administración
de justicia dentro de los términos del Artículo 229 de la Carta, con lo que no
podremos concluir cosa distinta de la Inconstitucionalidad del inciso en
cuestión."
Agrega el demandante
además que la suspensión de los términos para efectos de la libertad
provisional y el término de prescripción no es justificable constitucionalmente
porque la audiencia especial es un acto normal propio de la nueva orientación
del proceso penal, donde el imputado antes que obstaculizar y evadir la
responsabilidad está colaborando con la justicia hasta el punto de aceptar los
cargos esgrimidos por su acusador y por consiguiente aquél es ajeno a las
contingencias de las demoras que puedan presentarse.
El ciudadano interviniente por el
Ministerio de Justicia y del Derecho, refuta el cargo con el argumento de que
no se trata de una dilación injustificada del proceso, pues lo que se busca es
dotar a la administración de justicia "de instrumentos que permitan una
mayor celeridad, al tiempo que se logra dar cumplimiento al principio de la
economía procesal...".
El señor Procurador General de la Nación
conceptúa que la norma es constitucional, porque "La tensión que
evidencian los actores entre impunidad y morosidad de las actuaciones
judiciales, a partir de la suspensión impugnada, no sólo se resuelve en el
contexto de la reserva legal que determina el artículo 228 constitucional, para
fijar excepciones a la permanencia o continuidad de las actuaciones en la
administración de justicia, sino también en el de la razonabilidad".
Para la Corte, la interrupción de términos
que consagra la norma aludida, no es indeterminada, sino limitada
razonablemente en el tiempo y constituye un aspecto que compete regular al
legislador dentro de un criterio de razonabilidad. En efecto, aspectos tales
como la suspensión de los términos para la libertad provisional y el término de
prescripción de la acción penal, son materias que caen bajo su órbita exclusiva
de competencia y dentro de facultades que se juzgan discrecionales. Solamente
cuando dichos términos de interrupción sean irrazonables de modo tal que
atenten contra el principio del debido proceso público sin dilaciones
injustificadas, o entronicen la morosidad judicial que la Constitución proscribe
(arts. 29 y 228 C.P.), podría predicarse su inconstitucionalidad.
3) La reserva de
apartes de la declaración que permitan la identificación del testigo, y el
conocimiento de la identidad de éste por parte del Juez, el Fiscal y el
Ministerio Público.
El artículo 293 del C.P.P., regula lo
relativo a la reserva a la identidad del testigo en los procesos de
conocimiento de los jueces regionales, con miras a lograr su seguridad,
mediante la adopción de una serie de precauciones.
El demandante acusa como inconstitucional
los incisos 2° y 3° de la norma en cuestión, que dicen:
"Excepcionalmente,
la reserva podrá extenderse a apartes de la declaración que permitan la
identificación del testigo para garantizar su protección con autorización del
fiscal y del Ministerio Público quienes deberán estar de acuerdo para que
proceda esta medida."
"El Juez,
el Fiscal y el Ministerio Público conocerán la identidad del testigo y
cualquier otra parte reservada del acta para la valoración de la prueba de
conformidad con la sana crítica. La reserva se mantendrá para los demás sujetos
procesales, pero se levantará antes si se descubren falso testimonio,
contradicciones graves o propósitos fraudulentos, o cuando la seguridad del
testigo esté garantizada por cambio legal de identidad o cualquier otra forma
de incorporación al Programa de Protección de Víctimas y testigos".
El fundamento de la acusación estriba en
que "La reserva de la identidad del testigo, impide cuando aquella se
extiende a apartes de la declaración que permite la identificación del testigo,
conocer aspectos fundamentales de prueba de cargo, con lo que desaparecería la
publicidad; principio éste cardinal del debido proceso establecido en el
artículo 29 de la Constitución y concomitantemente la imposibilidad de
contradecir pruebas y en últimas de ejercer el derecho de defensa que aparecen
igualmente consignados en la disposición citada."
"Tanto
más se presenta esta situación si respecto de la valoración de la prueba se
crean discriminaciones como la que contempla el inciso tercero de la norma
acusada, en las que solamente el Juez, el Fiscal y el Ministerio Público,
pueden conocer "cualquier otra parte reservada del acta para la
valorización de la prueba", con lo que no solamente estarían vulnerando,
los principios de publicidad, contradicción, de defensa y del debido proceso
que trata el artículo 29 de la Normatividad Superior, sino que no existiría
equilibrio entre las partes, en desconocimiento obvio del Artículo 13 de la Ley
de Leyes y el Artículo 7o., de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre,..."
Los ciudadanos intervinientes por la
Fiscalía y el Ministerio de Justicia y del Derecho alegan que la norma es un
desarrollo de lo que el propio Código de Procedimiento Penal había establecido
en su artículo 156, cuando dispuso que "podrán utilizarse los mecanismos
técnicos que se estimen eficaces para garantizar la protección y reserva de la
identidad de los intervinientes", y el cual fue considerado como
constitucional por la Corte Constitucional. Los mismos argumentos son
presentados por el señor Procurador General de la Nación para solicitar la declaratoria
de constitucionalidad de los apartes normativos impugnados.
La Corte declarará la inexequibilidad de
los segmentos normativos referenciados, con los siguientes argumentos:
En la sentencia C-053 del 18 de febrero de 1993[2], mediante la
cual se declararon exequibles los artículos 158 y 293 del Decreto 2700 de 1991,
sobre protección de jueces y testigos mediante la reserva de su identidad, esta
Corporación advirtió:
"La identidad
de los testigos no tiene que ser necesariamente conocida por el sindicato para
garantizar su defensa mientras goce de todas las posibilidades de
controvertir las pruebas que se esgrimen en su contra y de hacer valer aquellas
que lo favorecen, en lo cual radica el núcleo esencial del derecho al debido
proceso en lo relativo al régimen probatorio"  (se subraya)
Ahora bien, el hecho
de que la Corte haya considerado que la reserva de la identidad de los testigos
en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias se aviene a la Constitución
Política, no implica que puedan estimarse ajustadas a ella las normas que de
cualquier manera coarten el derecho del sindicado a controvertir las pruebas
que se pretendan hacer valer dentro del proceso penal, para lo cual es menester
que las conozca. En tal virtud, los acápites normativos que se analizan
resultan inconstitucionales por cuanto violan el derecho de defensa del
sindicado, toda vez que al imponerse la reserva a algunos apartes de la
declaración del testigo no puede ejercer adecuadamente su derecho a
controvertir las pruebas allegadas en su contra (art. 29 C.P.).
4). Oportunidad para invocar nulidades originadas en la etapa de
instrucción.
La norma que
se acusa es el artículo 306 del C.P.P., cuyo texto es el siguiente:
"Oportunidad para invocar nulidades originadas en la etapa de
instrucción. Las nulidades que no sean invocadas hasta el término de traslado
común para preparar la audiencia, sólo podrán ser debatidas en el recurso de
casación".
La censura expresada por el demandante
radica en que la norma objeto de demanda "vulnera el principio de la
segunda instancia de que trata el Artículo 31 de la Carta, el derecho de
defensa y por ende el debido proceso, habida cuenta que en el mismo se
imposibilita el que las nulidades puedan ser alegadas en la segunda instancia,
sino han sido planteadas previamente hasta el término común para preparar la
audiencia, al determinarse que solamente podrán debatirse en casación. Al
respecto podríamos preguntarnos que ocurriría respecto de aquellos delitos que
no alcanzan a ser cobijados por el recurso de casación?. Si existe nulidad,
como podría ser la violación de las formas propias del juicio, por ignorancia,
por desidia, por disparidad de criterios en una defensa distinta en la segunda
instancia a la que intervino en la primera, jamás las nulidades podrían ser
planteadas y mucho menos decretadas...".
Respecto a esta norma, el ciudadano
interviniente por la Fiscalía señaló que ella es constitucional, con base,
entre otras razones, en que allí se contempla una medida para garantizar la
seguridad sobre las actuaciones judiciales ya surtidas, alejar la incertidumbre
sobre la función judicial y hacer posible la armonía social, la libertad y la
dignidad de las personas.
El ciudadano interviniente por el
Ministerio de Justicia y del Derecho, encuentra que la ley puede imponer un
momento procesal como límite de la oportunidad para invocar una nulidad, para
lo cual simplemente se requiere que ésta haya dispuesto de una oportunidad para
invocar las nulidades, que la nulidad se haya originado en la etapa de
instrucción y se haya tenido la oportunidad de invocarla, y que habiendo tenido
los sujetos procesales dicha oportunidad, no hayan ejercido su derecho.
El señor
Procurador General de la Nación alega que la norma es inconstitucional, y
expone así sus argumentos: No
obstante que la Procuraduría en anterior oportunidad avaló la declaratoria de
constitucionalidad de una norma similar, en ésta ocasión considera
inconstitucional el precepto acusado, pues el anterior estudio se realizó bajo
una perspectiva puramente formal, y cree ahora, partiendo de un análisis
material, que las causales de nulidad no pueden verse recortadas mediante el
señalamiento de términos que limiten su proposición al arbitrio del legislador.
Se declarará
que la norma referida se ajusta a la Constitución Política, por los siguientes
motivos:
Analizada la disposición en su contexto unitario, fácilmente se
advierte que la norma hace relación a las nulidades ocurridas durante la etapa
de instrucción. El término para invocar éstas es el del traslado común de
treinta (30) días señalado para la preparación de la audiencia pública prevista
en la etapa del juicio (arts. 446 y449 del C.P.P.). Por lo tanto, estima la Corte,
que durante la etapa del juicio pueden presentarse nulidades que las partes
pueden igualmente invocar y que el Juez puede decretar de oficio. Y en cuanto a
la oportunidad para invocar y decretar dichas nulidades si bien no existe norma
expresa, hay que acudir con fundamento en el artículo 21 del C.P.P. (principio
de integración) a las normas del Código de Procedimiento Civil, concretamente
al artículo 142 que permite alegar las nulidades "en cualquiera de las
instancias, antes de que se dicte sentencia o durante la actuación posterior a
ésta si ocurrieron en ella"
Las nulidades consisten en la ineficacia de los actos procesales
que se han realizado con violación de los requisitos que la ley ha instituido
para la validez de los mismos; y a través de ellas se controla la regularidad
de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al
debido proceso.
Es de competencia del legislador señalar las causales de nulidad y
las oportunidades para que los sujetos procesales puedan invocarlas o el Juez
decretarlas de oficio. El señalamiento de términos precisos para invocar la
nulidad obedece a la necesidad de que el proceso se tramite con celeridad y
eficacia con el fin de asegurar una pronta justicia. Obviamente, el
señalamiento de dichos términos debe enmarcarse dentro de la aludida finalidad
y obedecer a criterios de razonabilidad, de modo que no se coarte o limite el
derecho de defensa de las partes.
Evidentemente, la norma que se analiza pretende impedir eventuales actuaciones abusivas de
alguna de las partes que, faltando a la lealtad procesal, guarde silencio sobre
la existencia de una nulidad originada en la etapa de instrucción para invocarla
posteriormente, con lo cual obstaculizan el debido y normal desarrollo del
proceso, atentando contra los principios de celeridad y eficacia que rigen la
administración de justicia (arts. 29 y 209 C.P.).
En cuanto al
planteamiento que hace el demandante, con respecto a la posibilidad de invocar
nulidades en el recurso de casación, en el sentido de que la norma es
discriminatoria porque no todas las sentencias son susceptibles de dicho
recurso, la Corte hace las siguientes consideraciones:
Con la reforma
introducida al artículo 218 del C.P.P. por el artículo 35 de la ley 81 de 1993,
el recurso de casación procede contra las sentencias de segunda instancias
proferidas por el Tribunal Nacional, los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y el Tribunal Penal Militar, por los delitos que tengan señalada pena
privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de seis años, siendo
extensivo el recurso a los delitos conexos.
El inciso final de
dicha norma establece excepcionalmente el recurso de casación en los siguientes
términos: "De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, discrecionalmente, puede aceptar un recurso de casación en casos
distintos de los arriba mencionados, a solicitud del procurador, su delegado, o
del defensor, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la
jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales".
Se observa de lo
anterior, que el establecimiento del recurso de casación no puede comportar una
violación del principio de igualdad, dado que tiene como fundamento unas
situaciones y consideraciones fácticas y jurídicas que permiten un tratamiento
diferenciado; de ahí que el recurso extraordinario de casación este restringido
a unos determinados casos. Pero además, se advierte que el inciso final de la
norma en referencia ya transcrito, amplió el recurso a un variado e ilimitado
número de casos, cuando sea necesario admitirlo "para el desarrollo de la
jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales".
Si bien se puede
tildar de antitécnica la norma acusada en cuanto difiere la invocación de la
nulidad dentro del recurso de casación, no por ello la norma es
inconstitucional, por cuanto su regulación pertenece al ámbito de la
competencia discrecional del legislador. Pero además, es de destacar la
circunstancia de que el inciso final del artículo 218 del C.P.P., amplió el
recurso a "la garantía de los derechos fundamentales", proposición
jurídica que envuelve prácticamente no sólo todos los posibles casos de nulidad
con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, sino aún
violaciones que aunque propiamente no comportan nulidades constituyen vicios
sustanciales del proceso.
El artículo 306 del
C.P.P. vigente hasta la expedición de la norma que se acusa, señalaba: "Oportunidad para invocar nulidades
originadas en la etapa de instrucción. Las nulidades que no sean invocadas o
decretadas durante el término de traslado común para preparar la audiencia,
sólo podrán ser debatidas en el recurso de casación".
Sobre la norma
transcrita, se pronunció la Corte a través de la sentencia C-541/92[3] , en la cual expresó:
"La finalidad
de la norma es la de garantizar una etapa de juzgamiento libre de cualquier
vicio ordinario y, con dicho fin, se establecen oportunidades para que las
nulidades de los actos procesales que hubiesen podido presentarse durante la
investigación, que también comprende las fases de la indagación previa y la del
sumario, puedan ser invocadas y resueltas antes de proceder al juzgamiento."
"También,
encuentra la Corte que la norma acusada no contraría el Debido Proceso previsto
en el artículo 29 de la Constitución, por cuanto que, como queda expresado, los
sujetos procesales cuentan con oportunidades suficientes para invocar las
nulidades de los actos procesales originadas en la etapa de investigación y el
juez está dotado de facultades oficiosas para declararlas; ademas, la
"convalidación" transitoria de las no invocadas dentro de las
oportunidades señaladas, no se opone al principio del adelantamiento de un
proceso libre de cualquier vicio de evidente raigambre constitucional, todo lo
contrario, pretende que se llegue a la etapa de juzgamiento y se adelante ésta
con la mayor garantía posible; es más, el Recurso de Casación permite el debate
de estas nulidades como última garantía judicial para la defensa del Debido
Proceso de competencia de la jurisdicción ordinaria."
Se pone de presente, que la norma sólo fue modificada en el sentido
de suprimir la palabra "decretadas" y que el actor ningún reparo hace
a dicha modificación. Sin embargo, conviene precisar que la nueva disposición
normativa debe ser interpretada en el sentido de que las nulidades ocurridas
durante la etapa de instrucción, si son invocadas deben ser necesariamente
consideradas por el Juez, sin perjuicio de que éste pueda decretarlas de
oficio, si fuere el caso.
5). Términos para la instrucción de los procesos en curso al entrar
en vigencia las normas de la ley 81 de 1993 que reformaron el C.P.P..
En el
artículo 329 del C.P.P. se establecen los términos para la instrucción del
proceso y la competencia de quien debe adelantarla. Dichos términos se
determinan así: "El término de instrucción que corresponda a cualquier
autoridad judicial no podrá exceder de dieciocho (18) meses, contados a partir
de la fecha de su iniciación". "No obstante si se tratare de tres (3)
o más sindicados o delitos, el término máximo será de treinta (30) meses".
El parágrafo transitorio del artículo 329
del C.P.P., que constituye lo demandado, dispone:
"Parágrafo
Transitorio. Los procesos que al entrar en vigencia la presente ley se
encuentren en curso se calificarán según los siguientes términos:"
"Los
procesos cuya etapa de instrucción no exceda de seis (6) meses se calificarán
según los términos establecidos en el siguiente artículo."
"En los
procesos en que hubiere transcurrido un término igual o mayor a seis (6) meses
sin exceder de diez y ocho (18) en etapa de instrucción, el término disponible
para la calificación será de doce (12) meses."
"Los
procesos en que hubiere transcurrido un término igual o mayor a diez y ocho
(18) meses sin exceder de cuarenta y ocho (48) en etapa de instrucción, se
calificarán en un término no superior a ocho (8) meses."
"En los
eventos contemplados en los dos incisos anteriores, cuando se trate de tres (3)
o mas delitos o sindicados, el término de instrucción allí previsto se
aumentará hasta en las dos terceras partes."
"En los
procesos en los cuales haya transcurrido un término igual o superior a cuarenta
y ocho (48) meses sin exceder de sesenta (60) en la etapa de instrucción, el
término disponible para la calificación será de cuatro (4) meses."
"Los
procesos en cuya etapa de instrucción haya transcurrido un término igual o
superior a sesenta meses (60) se calificarán en un término no mayor de dos (2)
meses."
"Esta
disposición regirá también para procesos por delitos de competencia de los
jueces regionales"
El actor alega que la norma "no es
cosa distinta que una inadmisible prolongación de los estados de excepción, en
abierta contravía de los postulados de los artículo 213 y 214 de la Carta,
convirtiendo en legislación permanente lo que por antonomasia debe ser
transitorio."
"Las
cosas así, ponen en evidencia la violación de los artículos en mención, ya que
los términos allí establecidos se agotaron y así se diga en el parágrafo del
artículo 42, de la Ley 81 que el mismo tiene el carácter de
"transitorio", esa temporalidad no solamente es aparente por rebasar
los lapsos establecidos en el artículo 213 de la Carta, sino que a mas de ello,
al haber quedado incorporado en una ley expedida por el Congreso de la
República, en el tiempo tendrán vigencia, hasta tanto la misma no sea
modificada, por lo que, la fementida "transitoriedad" es simplemente
una simulación, ya que al producirse normas del Estado de Conmoción Interior,
por fuera del tiempo constitucionalmente establecido en la Norma Suprema, el
Congreso estaría asumiendo funciones propias del Ejecutivo...".
Sobre el
punto, el señor Procurador General de la Nación conceptúa que la norma es exequible, con fundamento
en los criterios que sobre el tema ha expuesto la Corte Constitucional en las
sentencias C-411, C-412 y C-426 de 1993.
La Corte
considera que no es admisible
el argumento del demandante, cuando afirma que el referido parágrafo es
inconstitucional por la circunstancia de que su contenido normativo obedece al
propósito del legislador de convertir en legislación permanente lo que antes
fue materia de un decreto de conmoción interior. En efecto, no se aprecia del
contenido de la disposición que éste haya sido el designio del legislador. Y de
otra parte, si así lo fuera, ya esta Corte tiene definido que es posible
convertir en legislación permanente, en algunos casos, los decretos dictados
durante el Estado de Conmoción Interior, aun cuando el control constitucional
de dicha legislación es el que corresponde a la situación de normalidad.
En relación con la
facultad del legislador para señalar los términos dentro de los cuales deben
investigarse los delitos, cerrar la investigación y calificar los procesos, es
ilustrativa la cita de los siguientes apartes de la sentencia C-411/93[4], proferida por esta
Corporación, en la cual se declaró inconstitucional el artículo 329 del C.P.P.,
que admitía el adelantamiento de la instrucción durante un tiempo indefinido,
esto es, el requerido para recaudar las pruebas necesarias para la calificación
correspondiente: "...la mayor o menor amplitud del término judicial deberá
condicionarse a factores tales como: la naturaleza del delito imputado, su mayor
o menor gravedad el grado de complejidad que su investigación comporte, el
número de sindicados y los efectos sociales nocivos que de él se
desprendan".
La
norma objeto de revisión se adecua a la doctrina constitucional de esta
Corporación, la cual en la sentencia C-412/93[5],
advirtió que "una etapa indefinida en el tiempo no canaliza ni puede
servir de molde idóneo a la actividad del Estado que reclama disciplina y orden
y que, en la investigación del delito debe avanzar de manera progresiva y a
través de una serie de actos vinculados entre sí y orientados hacia un
resultado final que necesariamente se frustraría si a las diferentes etapas no
se les fija término, más aún si son contingentes y puramente
instrumentales..."
De lo anterior,
deduce la Corte que se ajustó a la Constitución Política el legislador cuando
señaló en el parágrafo transitorio del artículo 329 del C.P.P., unos términos
definidos y precisos para la instrucción.
6. Colaboración
del procesado durante la instrucción.
El artículo 369C del C.P.P. regula lo
referente a la colaboración del procesado durante la etapa de instrucción y el
mecanismo para la formalización del acuerdo entre éste y el Fiscal.
El inciso final del artículo 369 C del
C.P.P., que se acusa en la demanda, señala:
"Cuando
la persona solicite sentencia anticipada o audiencia especial y manifieste su
deseo de colaborar eficazmente con la justicia, se aplicará el trámite
establecido en el artículo 37 o 37A de este Código, según el caso".
El demandante dice escuetamente que frente
a este inciso son igualmente válidos los argumentos esgrimidos en relación con
los incisos 4° y 5° del artículo 37A del C.P.P..
En razón a que los argumentos esgrimidos
por el actor para solicitar la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso
en cuestión son los mismos que se adujeron para estructurar los cargos de
inconstitucionalidad contra los incisos 4° y 5° del artículo 37A del C.P.P.,
esta Corte igualmente se remite a las consideraciones hechas con ocasión del
estudio de la constitucionalidad de estos preceptos.
7. Limitaciones
en cuanto a las causales de libertad provisional en los procesos de competencia
de los jueces regionales.
El artículo 415 del C.P.P., en su actual
redacción a raíz de la reforma que le introdujo el artículo 55 de la ley 81 de
1993, regula las causales de libertad provisional.
La demanda se contrae a la pretensión de
inconstitucionalidad de los dos parágrafos contenidos en dicho precepto y que
dicen:
"Parágrafo.
En los delitos de competencia de los jueces regionales, la libertad provisional
procederá únicamente en los casos previstos en los numerales 2o, 4o. y 5o. de
este artículo. En los casos de los numerales cuarto y quinto los términos para
que proceda la libertad provisional se duplicarán."[6]
"Parágrafo
Transitorio. En los procesos por delitos de competencia de los jueces
regionales en los que a la entrada en vigencia de la presente Ley, los
sindicados hayan  permanecido privados de la libertad efectivamente un tiempo
igual o mayor a la mitad de lo contemplado en el parágrafo anterior, el término
máximo de detención sin que se hubiese calificado o vencido el término para
presentar alegatos el juicio, según el caso, será de seis (6) meses contados a
a partir de la fecha de su sanción. En caso de que el término disponible para
la calificación contemplado en el artículo 329 de este Código fuere inferior a
seis (6) meses, el término máximo de detención será el término máximo de
instrucción".
En concepto del demandante los preceptos
acusados son inconstitucionales por que al tiempo que restringen las causales
de libertad provisional por unas formalidades de competencia, también duplican
términos, lo cual resulta extraño "a la esencia de la igualdad ante la ley
de todos los ciudadanos sin distingo alguno, lo mismo que se llevan de calle al
principio de favorabilidad". Adicionalmente agrega los argumentos que ya
aparecen resumidos en relación con los cargos de inconstitucionalidad del
parágrafo transitorio del artículo 329 del C.P.P., ya analizados en esta
providencia.
El ciudadano interviniente por la Fiscalía
General de la Nación y el señor Procurador General de la Nación sustentan la
constitucionalidad de la normatividad acusada invocando las consideraciones
expuestas por esta Corte en las sentencias T-330, C-090 y C-301 1993.
El ciudadano interviniente por el
Ministerio de Justicia y del Derecho encuentra justificable la diferenciación
prevista respecto a las causales de libertad provisional para procesados por
delitos de competencia de los jueces regionales, y conceptua que ello no
constituye violación al derecho de igualdad consagrado en la Constitución,
atendida la naturaleza y entidad de los hechos punibles que se pretenden
juzgar.
El punto central de la acusación del
demandante ya ha sido objeto de estudio por esta Corte en diferentes
sentencias; por consiguiente, siguiendo las orientaciones que éstas contienen
se procede al análisis de los cargos de la siguiente manera:
No se violan los
principios de igualdad y favorabilidad con la regulación contenida en los
acápites normativos acusados, pues el trato diferenciado que ellos contienen se
justifica plenamente dada la gravedad y el enorme perjuicio social que representan
los hechos punibles de competencia de los jueces regionales, como los de
terrorismo, narcotráfico y secuestro, que demandan una mayor severidad
normativa en lo concerniente a la concesión de la libertad provisional.
La idea expuesta es
la que fluye de los apartes que se citan de la sentencia C-301/93[7], en la cual se dijo:
"...no pugna con la Constitución adoptar un régimen especial aplicable a
cierto tipo de delitos, si el tratamiento diferenciado se justifica en razón de
factores objetivos que lo hagan necesario y no entrañe una suerte de
discriminación proscrita por la Constitución. Como la Corte lo ha reconocido en
varias sentencias, este es precisamente el caso de los delitos asociados al
terrorismo y al narcotráfico".
VIII. DECISION.
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
oído el concepto del señor procurador general de la Nación y cumplidos los
trámites previstos en el decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLES los incisos 4° y 5°
del artículo 37A, el inciso 2° del parágrafo 1o del artículo 37A; el artículo
306; el parágrafo transitorio del artículo 329; el inciso final del artículo
369C; y el parágrafo y parágrafo transitorio del artículo 415 del Código de
Procedimiento Penal, que fueron reformados por la Ley 81 de 1993.
SEGUNDO: Declarar INEXEQUIBLES los incisos 2° y 3°
del artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, que fue reformado por el
artículo 37 de la Ley 81 de 1993.
Cópiese,
notifíquese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
JORGE ARANGO
MEJIA
Presidente
ANTONIO
BARRERA CARBONELL
Magistrado
Ponente
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA
DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON
DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA V.
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-394/94
NULIDAD PROCESAL-Oportunidad/PRINCIPIO DE IGUALDAD-Vulneración/DEBIDO
PROCESO-Vulneración/LEALTAD PROCESAL/PRINCIPIO DE LA BUENA FE (Salvamento
de voto)
Es indudable que
la norma viola el principio de igualdad, por cuanto algunas personas que
acceden al recurso de casación tienen derecho a invocar y a debatir, en ese
momento procesal, las nulidades originadas en la etapa de instrucción que no
habían invocado hasta el término común para preparar audiencia. En cambio,
quienes no pueden acceder a la casación no tienen derecho a invocar y a debatir
tales nulidades. Se trata de un tratamiento discriminatorio, puesto que no
existe ninguna justificación razonable para el mismo, por lo cual la norma
viola el artículo 13 de la Constitución. En segundo término, la norma declarada
exequible por la Corte Constitucional desconoce el debido proceso. En efecto,
las causales de nulidad del procedimiento penal, consagradas en el artículo 304
del código, son una garantía legal del debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Constitución. Por consiguiente, negar a las partes la posibilidad  de
invocar y debatir posteriormente estas nulidades implica una vulneración de
principios constitucionales esenciales. La Corte considera que el artículo
impugnado no constituye una violación del debido proceso porque supone que si
alguien no alega una nulidad es por falta de lealtad procesal. Pero esta
interpretación de la  Corporación olvida el principio constitucional de la
buena fe.
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Desconocimiento (Salvamento de voto)
Se desconoce el
principio de doble instancia, que es constitutivo del debido proceso en los
casos de sentencias condenatorias a nivel penal. En efecto, si una persona, por
diversos factores, no invoca en el término legal una nulidad originada en la
instrucción, entonces no tiene derecho a que ésta sea debatida durante la
apelación. Y esto es grave, porque en determinados procesos la discusión de una
tal nulidad puede ser el elemento esencial para la decisión del caso respectivo.
NULIDAD-Oportunidad/ECONOMIA PROCESAL/ACTO PROCESAL-Ineficacia
(Salvamento de voto)
Aparece mucho más
lógico, en términos de economía procesal, que si un sujeto procesal invoca
durante la audiencia o la segunda instancia, de manera fundada, una nulidad
ocurrida en la instrucción, ésta sea debatida y decidida inmediatamente, en vez
de esperar hasta la casación para efectuar su examen. ¿O es acaso más favorable
a la celeridad procesal esperar hasta que la decisión de casación, varios meses
o años después, decrete la nulidad ocurrida en la instrucción y retrotraiga el
proceso a tal fase? Pero se podría objetar que una tal regulación implica una
obstaculización del proceso por la indefinida invocación de nulidades por los
sujetos procesales. No creemos que éste sea un argumento válido. De un lado, el
juez tiene facultades y deberes constitucionales y legales que no sólo le
permiten sino que le obligan a impedir tales dilaciones. De otro lado, la
normatividad que regula la ineficacia de los actos procesales  es lo
suficientemente rigurosa para evitar esos eventuales abusos de parte de los
sujetos procesales.
Los Magistrados
Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero,
disentimos de la decisión de la Corporación que declaró exequible el artículo
306 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que las nulidades
originadas en la etapa de instrucción, que no sean invocadas hasta el término
común para preparar audiencia, sólo podrán ser debatidas en el recurso de casación.
Según la
Corporación, esta norma es constitucional pues constituye una regulación
razonable de los términos durante los cuales se deben invocar y debatir las
nulidades. Con ella, según la Corte, se pretende evitar actuaciones abusivas de
alguna de las partes que, faltando a la lealtad procesal, guarde silencio sobre
la existencia de una nulidad originada en la instrucción para invocarla
posteriormente, con lo cual se obstaculizaría la eficacia y la celeridad del
proceso penal. Es pues una regulación que el legislador podía establecer dentro
de su ámbito de competencia.
Además, la
Corporación considera que la norma no es discriminatoria al reservar esta
posibilidad de invocar las nulidades a la casación, siendo que ésta opera sólo
para determinados procesos. Según la Corte, el recurso de casación tiene como
fundamento unas situaciones y consideraciones fácticas y jurídicas que hacen
legítimo un tratamiento diferenciado. Además, este recurso fue ampliado por el
artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, que establece que fuera de los
casos previstos previstos por la ley, de manera excepcional, la Sala Plena de
la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede aceptar un recurso de
casación "cuando lo considere necesario para el desarrollo de la
jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales".
No podemos compartir
las consideraciones de la Corporación, por cuanto creemos que el artículo
acusado efectivamente desconoce el principio de igualdad, del debido proceso y
de la doble instancia. Además, paradójicamente, esta disposición puede, en
muchas ocasiones, afectar la eficacia y la celeridad del proceso penal, con lo
cual el artículo vulnera las finalidades en función de las cuáles fue expedido.
1- La violación
del principio de igualdad
En primer término,
es indudable que la norma viola el principio de igualdad, por cuanto algunas
personas que acceden al recurso de casación tienen derecho a invocar y a
debatir, en ese momento procesal, las nulidades originadas en la etapa de
instrucción que no habían invocado hasta el término común para preparar
audiencia. En cambio, quienes no pueden acceder a la casación no tienen derecho
a invocar y a debatir tales nulidades. Se trata de un tratamiento
discriminatorio, puesto que no existe ninguna justificación razonable para el
mismo, por lo cual la norma viola el artículo 13 de la Constitución.
El argumento de la
Corte en este aspecto no  es convincente. Es cierto que se ha ampliado el
recurso de casación; pero de todos modos un gran número de procesos no acceden
a tal recurso, con lo cual se mantiene la violación del principio de igualdad.
Además, esta ampliación reposa en una facultad discrecional de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia, por lo cual algunas personas no tendrán nunca
derecho a invocar y debatir ciertas nulidades ocurridas durante la instrucción,
mientras que otras sí podrán hacerlo. A ello habría que sumar que la casación
es en general un recurso bastante costoso, que no puede ser sufragado por todas
las personas. De esa manera, quienes poseen mayores recursos económicos tienen
mayores posibilidades de invocar y debatir las nulidades, con lo cual se
introduce una injustificada discriminación económica.
2- Violación del
debido proceso y de la doble instancia.
En segundo término,
la norma declarada exequible por la Corte Constitucional desconoce el debido
proceso. En efecto, las causales de nulidad del procedimiento penal,
consagradas en el artículo 304 del código, son una garantía legal del debido
proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Por consiguiente,
negar a las partes la posibilidad  de invocar y debatir posteriormente estas
nulidades implica una vulneración de principios constitucionales esenciales.
La Corte considera
que el artículo impugnado no constituye una violación del debido proceso porque
supone que si alguien no alega una nulidad es por falta de lealtad procesal.
Pero esta interpretación de la  Corporación olvida el principio constitucional
de la buena fe (CP art. 83). Además, ella desconoce que, en la práctica, pueden
ser múltiples los motivos para que una parte no invoque una nulidad en el
término previsto por el artículo impugnado. Así, un procesado pudo ser mal
asistido durante la instrucción por su apoderado, de tal manera que éste no
hubiese invocado una nulidad en el término previsto por la ley. O puede ocurrir
que hasta ese momento procesal no hubiera total claridad sobre los alcances de
determinadas actuaciones judiciales constitutivas de una nulidad. ¿Es entonces
constitucional impedir que los sujetos procesales puedan invocar y debatir
tales nulidades posteriormente, sobre todo si tenemos en cuenta que ellas son
materializaciones de la violación del debido proceso? ¿Es justo establecer esa
limitación legal, cuando se sabe que muchos procesados no tienen recursos
suficientes para pagar un abogado y son entonces asistidos por diversos
apoderados de oficio, que no siempre son igualmente diligentes, ni comparten
los mismos criterios jurídicos?
Es cierto que de todos
modos el juez conserva, conforme al artículo 305 del Código de Procedimiento
Penal, la facultad de decretar oficiosamente una nulidad si advierte su
existencia. Pero ello no subsana la violación del debido proceso, porque el
artículo 306 elimina a las partes la facultad de invocar, como derecho
procesal, el examen de esas nulidades originadas durante la instrucción, ya que
reserva a un eventual recurso de casación el debate sobre las mismas.
Finalmente, de esa
manera también se desconoce el principio de doble instancia, que es
constitutivo del debido proceso en los casos de sentencias condenatorias a
nivel penal (CP art. 29). En efecto, si una persona, por diversos factores, no
invoca en el término legal una nulidad originada en la instrucción, entonces no
tiene derecho a que ésta sea debatida durante la apelación. Y esto es grave,
porque en determinados procesos la discusión de una tal nulidad puede ser el
elemento esencial para la decisión del caso respectivo.
3- La norma
impugnada y la economía procesal.
Creemos entonces que
el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal debió ser declarado
inexequible, porque en nombre de la eficacia y la celeridad procesal no se
puede desconocer la igualdad entre las personas y el debido proceso. Pero lo
más paradójico es que la regulación prevista por este artículo no es la más
razonable en términos de economía procesal.
En efecto, la norma
establece que las nulidades originadas en la etapa de instrucción, que no sean
invocadas hasta el término común para preparar audiencia, sólo podrán ser
debatidas en el recurso de casación. Esto significa que tales nulidades no
pueden ser debatidas antes, con lo cual se obliga a postergar el examen de las
mismas a un eventual recurso de casación. ¿Es eso razonable? No lo creemos, por
cuanto aparece mucho más lógico, en términos de economía procesal, que si un
sujeto procesal invoca durante la audiencia o la segunda instancia, de manera
fundada, una nulidad ocurrida en la instrucción, ésta sea debatida y decidida
inmediatamente, en vez de esperar hasta la casación para efectuar su examen. ¿O
es acaso más favorable a la celeridad procesal esperar hasta que la decisión de
casación, varios meses o años después, decrete la nulidad ocurrida en la
instrucción y retrotraiga el proceso a tal fase?
Pero se podría
objetar que una tal regulación implica una obstaculización del proceso por la
indefinida invocación de nulidades por los sujetos procesales. No creemos que
éste sea un argumento válido. De un lado, el juez tiene facultades y deberes
constitucionales y legales que no sólo le permiten sino que le obligan a
impedir tales dilaciones (CP art. 228 y C de P.P art. 9). De otro lado, la
normatividad que regula la ineficacia de los actos procesales (artículo 304 a
308 del C de P.P) es lo suficientemente rigurosa para evitar esos eventuales
abusos de parte de los sujetos procesales.
Por todo lo anterior
consideramos que el artículo impugnado no sólo desconoce la igualdad (CP art
13) y el debido proceso (CP art. 29) sino que además es una norma irrazonable
en términos de economía procesal, que debió ser declarada inexequible.
Fecha ut supra,
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                       CARLOS GAVIRIA DÍAZ
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
[1] Sentencia C-171/93. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Decreto
Legislativo 264/93.
[2] M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo.
[3] M.P. Fabio Moron Díaz.
[4] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[5] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[6] Los numerales 2°, 4° y 5° del artículo 415 del C.P.P. , dicen:
"2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el
sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena
privativa de la libertad por el delito que se le imputa, habida consideración
de la calificación que debería dársele.
Se considera que ha cumplido la pena, el que lleve en detención
preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que
se reúnan los demás requisitos para otorgarla.
La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta
para el computo de la sanción.
La libertad provisional a que se refiere este numeral será
concedida por la autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al
momento de presentarse la causal aquí prevista.
4. Cuando vencido el término de ciento veinte días de privación
efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción.
Este término se ampliará a ciento ochenta días, cuando sean tres o más los
imputados contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la
resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda
causal diferente.
No habrá lugar a libertad provisional, cuando el mérito de la
instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al sindicato
o a su defensor.
5. Cuando hayan transcurrido más de seis meses contados a partir
de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la
correspondiente audiencia pública o se hubiere vencido el término para
presentar alegatos de conclusión en el juicio, según el caso, salvo que se
hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado,
caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses.
No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se
hubiere iniciado, así esta se encuentre suspendida por cualquier causa, o
cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere
podido realizar por causa atribuible al sindicato o a su defensor".
[7] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.