T-154-13
SENTENCIA N°
T-
de 2009
Sentencia T-154/13
ACCION DE
TUTELA PARA LA PROTECCION DE DERECHOS COLECTIVOS-Procedencia excepcional
ACCION DE
TUTELA-Criterios para determinar su procedencia cuando se afectan derechos
colectivos
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Relación con derechos a la salud y a la vida
PRESERVACION
DEL MEDIO AMBIENTE SANO-Objetivo de principio y punto de partida de una
política universal a través de la cual se busca lograr un desarrollo sostenible
La conservación del ambiente
no solo es considerada como un asunto de interés general, sino principalmente
como un derecho internacional y local de rango constitucional, del cual son
titulares todos los seres humanos, “en conexidad con el ineludible deber del
Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo
cualquier injerencia nociva que atente contra su salud”. Al efecto, la
Constitución de 1991 impuso al Estado colombiano la obligación de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar de un ambiente sano, y dispuso el
deber de todos de contribuir a tal fin, mediante la participación en la toma de
decisiones ambientales y el ejercicio de acciones públicas y otras garantías
individuales, entre otros.
DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Partículas de carbón en el aire que afectan
el ambiente sano
CONTAMINACION
AMBIENTAL-Emisión de partículas de carbón vulnera derechos a la intimidad,
a la vida y a la salud
Ante la realización por una
empresa o entidad de una actividad económica que pueda producir contaminación
del ambiente, resultando ineficaces o insuficientes los controles que por ella
misma corresponde implantar, al igual que aquellos radicados en las autoridades
competentes para mantener las condiciones básicas ambientales que permitan
preservar la calidad de vida y proporcionar un bienestar general, se vulnera el
derecho fundamental a la intimidad personal y familiar de quienes resulten
afectados por la contaminación en distintas formas, más notoriamente la
auditiva y la paisajística en esa perturbación contra la intimidad. Sin duda,
la explotación, transporte y almacenamiento de carbón genera dispersión de
partículas, que afectan la pureza del aire, al igual que la tierra y el agua
donde finalmente caen. En tal virtud, esas actividades deben estar sometidas a
vigilancia, con específicas y severas medidas sanitarias y de control,
tendientes a proteger la indemnidad del ambiente, el bienestar general y,
particularmente, la salud y demás derechos de la población circunvecina.
MEDIO
AMBIENTE SANO-Protección constitucional e internacional
CALIDAD DEL
AIRE EN EXTERIORES-Carbón así como volatilidad del polvillo como
contaminantes del aire que afecta la salud
PRINCIPIO DE
PRECAUCION AMBIENTAL DEBE SER APLICADO A FALTA DE CERTEZA CIENTIFICA-Reiteración
de jurisprudencia
PRINCIPIO DE
PRECAUCION AMBIENTAL-Elementos
DERECHO AL
AMBIENTE SANO-Contaminación ambiental por explotación minera de la empresa
Drummond afecta derecho a la salud y a la intimidad del núcleo familiar del
accionante conformado principalmente por menores de edad
DERECHO AL
AMBIENTE SANO Y A LA SALUD-Orden a Drummond ejecute la instalación de
maquinaria de última generación técnica para contrarrestar el ruido y la
dispersión de partículas de carbón que afecta salud e intimidad del núcleo
familiar del accionante que incluye varios niños
MINISTERIO
DE AMBIENTE-Orden para implementar y ejecutar medidas para erradicar los
efectos que genera la explotación carbonífera a gran escala
MINISTERIO
DE AMBIENTE-Orden para promover una política nacional integral para la
prevención y el control de la contaminación del aire y el agua a causa de la
explotación y transporte de carbón
Referencia: expediente
T-2550727
Acción de
tutela instaurada por Orlando José Morales Ramos, contra la Sociedad Drummond
Ltda.
Procedencia: Tribunal Superior de Valledupar, Sala
Civil-Familia-Laboral
Magistrado
sustanciador:
NILSON
PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de
marzo dos mil trece (2013)
La Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla,
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alexei Julio Estrada, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo dictado
por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, no
impugnado, dentro de la acción de tutela incoada por Orlando José Morales
Ramos, contra la Sociedad Drummond Ltda.
El asunto llegó a la Corte Constitucional
por remisión que hizo el referido Tribunal, en virtud de lo ordenado por el
artículo 31 del Decreto 2591 de 1991; la Sala Segunda de Selección de esta
Corte lo eligió para revisión, mediante auto de febrero 26 de 2010.
I. ANTECEDENTES
El señor Orlando José Morales promovió
acción de tutela en julio 9 de 2009, contra la sociedad Drummond Ltda., aduciendo
vulneración de los derechos a la vida, a la salud, a la intimidad, al ambiente
sano y de los niños, por los hechos que a continuación son resumidos.
A. Hechos y relato contenido
en la demanda
1. El actor indicó que la finca “Los Cerros” en la
que reside con su familia, ubicada en el corregimiento La Loma, municipio El
Paso del departamento de Cesar, se encuentra aproximadamente a 300 metros de distancia de la mina de carbón “Pribbenow”, propiedad de la empresa demandada,
la cual se explota “indiscriminadamente y sin control ambiental alguno”,
ya que los “trabajos de minería se llevan a cabo las 24 horas del día”[1].
Aseveró que lo anterior genera i) ruido “insoportable”,
por el funcionamiento de las máquinas; ii) “polvillo y material particulado”
disperso en el aire, producido por la explotación, el cual se posa sobre su
casa, implementos de trabajo, animales, alimentos, afluentes de agua, etc.;
iii) afecciones a la salud de quienes residen en dicho lugar, en especial los
niños “que allí se encuentran”, quienes presentan “tos, ojos
irritados y molestias en sus oídos” y, en algunos casos, fiebre y
dificultad para respirar[2].
2. Señaló que
las dos fuentes de agua que utilizan para consumo y desarrollo de sus
actividades diarias, están contaminadas “con cargas de sólidos no
determinados que determinan un aspecto, olor y sabor indeseables”, en su
sentir, producto de la explotación de la mina[3].
3. Solicitó
ordenar a la compañía accionada “detener, parar o suspender” la
explotación en el sector de la mina “Pribbenow”, hasta tanto se
verifique que i) los trabajos se realicen dentro de horas hábiles, “es
decir, entre las 7:00 am y 7:00 pm”, acorde con el Decreto 0948 de junio 5
de 1995; ii) la sociedad demandada cumpla con la normatividad vigente “en
cuanto a las condiciones permisivas de ruido que impidan seguir causando
perjuicios a nuestra salud”; y iii) el entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a un ambiente sano “de
todas las personas que residimos y adelantamos nuestra actividad laboral en el
sector de la mina”[4].
B. Documentos relevantes cuya
copia obra en el expediente
1. Registros fotográficos de “Finca Juan Fernando” (sic)[5].
2. Contraseñas de
identificación de los señores Orlando José Morales Ramos y Emma María Martínez
Rivera[6].
3. Copia de los registros civiles de nacimiento de Neibis de
Jesús, Jandys de Jesús, Luis Eduardo, Karen Lorena, Estefany Yisell, Duvelis
María, Eduardo Elías, Nivis Paola, Carlos Mario, Erika Patricia y Andris de
Jesús Morales Martínez, quienes tenían 4, 6, 6, 8, 9, 10, 13, 13, 15, 17 y 18
años de edad, respectivamente, al momento de incoar está acción[7].
3. Historia clínica de los niños
Karen Lorena, Neibis de Jesús, Jandys de Jesús, Duvelis María y Estefany Yisell
Morales Martínez[8].
4. Certificado de matrícula
inmobiliaria 192.0017.770 de la finca “Los Cerros”, municipio La Jagua
de Ibirico, Cesar[9].
II. ACTUACIÓN PROCESAL
1. Mediante auto de julio 13 de 2009, el Juzgado Promiscuo
Municipal de La Jagua de Ibirico admitió la acción y notificó a la
respectiva Personería Municipal y a DRUMOND Ltd., pidiendo informar sobre los hechos y pretensiones consignados
en la demanda; también ordenó una inspección judicial a la finca Los Cerros, “con
el fin de constatar los daños existentes y anunciados en la presente acción”[10].
En cumplimiento de lo anterior, en la inspección judicial
(acta suscrita en julio 23 de 2009), se apreció[11]:
“… que del examen de los planos aportados por la empresa
DRUMMOND LTD., la casa donde presuntamente están ocurriendo los hechos alegados
en la tutela se encuentran en jurisdicción del municipio de Chiriguaná...
el botadero de estéril de la empresa DRUMMOND LTD. en su
punto más cercano se encuentra a 1.400 metros en donde se observó vestigios de
vegetación…
no se observa nubes o polvillo de material explotado por la
empresa DRUMMOND LTD…”
Igualmente, se reseñó que “en la casa de habitación
reside el accionante con su señora y a la vista se contaron nueve (9) menores
de edad que según el accionante son sus hijos”.
2. En julio 24 siguiente, el referido
Juzgado vinculó al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, CORPOCESAR, y ordenó
remitir la actuación a “Tribunales Superiores de Distrito Judicial de
Valledupar” (sic), para que asuma conocimiento y continúe el trámite,
invocando al respecto el Decreto 1382 de 2000. A raíz de ello, el
diligenciamiento fue avocado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal de
Valledupar, en agosto 20 de 2009[12].
A. Respuesta de Drummond LTD.
En julio 16 de 2009[13],
la representante legal de dicha sociedad sostuvo que la tutela no está llamada
a prosperar, pues la compañía “es fiel cumplidora de la licencia
ambiental otorgada, lo cual se puede demostrar con el hecho de que la empresa y
las autoridades ambientales realizan monitoreos y mediciones permanentes de
material particulado en el aire, los cuales se encuentran dentro de los límites
permisibles, se realizan análisis y seguimientos a las aguas subterráneas, se
corren modelos hidrológicos, al igual que se han efectuado estudios de medición
de ruido y vibraciones, los cuales siempre han arrojado resultados óptimos de
cumplimiento de los estándares existentes”[14].
Agregó que “el botadero a que
hace referencia el accionante no se construyó de la noche a la mañana, no
apareció de la nada, ya existía y estaba en funcionamiento mucho antes de que
el actor decidiera vivir en ese lugar”[15].
B. Respuesta del entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
En escrito de agosto 26 de 2009,
el apoderado del referido Ministerio expresó que de los resultados obtenidos en
la red de monitoreo, frente a la norma sobre calidad del aire, Resolución 601
de 2006, se concluye que las estaciones de La Aurora, Las Palmitas y Boquerón
cumplen el promedio anual establecido en tal preceptiva.
Tratándose de la emisión de ruido
generada por la operación minera, manifestó que se atenúa en el perímetro de
las operaciones mineras y no trasciende hacia predios de otros propietarios.
Los niveles de ruido medidos se encuentran por debajo de los establecidos en la
Resolución 627 de 2006 para una zona de uso industrial, como la minera.
Frente a la acusada afectación
por “sólidos no determinados” sobre las dos fuentes de agua en la finca
Los Cerros, indicó que los monitoreos exigidos por el Ministerio, permiten un
registro diario en los diferentes puntos autorizados para vertimiento de aguas
tratadas, con estructuras para la medición directa e indirecta de los caudales,
constatándose así el cumpliendo de los parámetros de calidad establecidos en el
Decreto 1594 de 2005.
C. Respuesta de la Corporación
Autónoma Regional del Cesar, CORPOCESAR
En escrito de agosto 27 de 2009,
el apoderado de la referida entidad explicó que mediante Resolución 0295 de
2007, el otrora Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
asumió temporalmente el conocimiento de los asuntos asignados a la Corporación,
en virtud de la facultad selectiva y discrecional consagrada en el numeral 15
del artículo 14 de la Ley 99 de 1993; acorde con dicha Resolución, el
Ministerio conocerá de las actuaciones administrativas, hasta tanto determine
que se han adoptado los mecanismos que aseguren el manejo integral y armónico
de la problemática ambiental asociada a los proyectos de minería en el centro
del Cesar.
D. Sentencia única de instancia
En fallo de septiembre 2 de 2009,
que no fue impugnado, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Valledupar negó el amparo,
pues “no está expresamente demostrado en el expediente que la empresa
Drummond Ltd. esté vulnerando, amenazando o poniendo en serio peligro un
derecho constitucional fundamental, al actor o a sus hijos, ya que ninguna
prueba obra con el alcance de evidenciar que el ruido que producen las máquinas
que utiliza en la explotación de carbón en la mina Pribenow, dañe el ambiente
sano y por ende la salud de las personas con residencias colindantes, por el
contrario, el concepto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, indica que la explotación de carbón en esa mina se adelanta bajo
control, y cumple con los programas de manejo ambiental tendientes a minimizar
los impactos ambientales nocivos”[16].
III. PRUEBAS ORDENADAS EN SEDE
DE REVISIÓN
Mediante auto de mayo 18 de 2010, además de suspender el
término para decidir, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional
dispuso[17]:
1. Oficiar al Ministerio de la Protección Social, a la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), a las Facultades de
Medicina de las Universidades Nacional de Colombia, Pontifica Javeriana y de
los Andes, en Bogotá, y Popular del Cesar, en Valledupar, para que informaran:
i) qué incidencia y síntomas genera en la salud de una persona, en especial los
menores de edad, el “polvillo o material particulado disperso en el aire,
producido por la explotación minera de carbón”; y ii) “si esta situación
podría generar, de inmediato o a mediano o a largo plazo riesgos para la vida
humana y su calidad, particularmente de las personas que residen en el contorno
de la explotación carbonífera”.
2. Oficiar al médico que atendió a los hijos del actor,
adscrito a la IPS Salud Integral E.U., de Chiriguaná, para que expresara “su
conocimiento acerca de la situación de salud de los menores y si lo que padecen
aquéllos es producto del polvillo que genera la mina de carbón que Drummond
Ltd., explota en el corregimiento La Loma, El Paso, Cesar”.
3. Oficiar al entonces Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Rural, al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad
Nacional de Colombia (IDEA) y a las Universidades Javeriana, Externado de
Colombia y de los Andes, en Bogotá, para que absolvieran los siguientes
interrogantes:
“a. ¿Cuáles consecuencias ambientales, y
particularmente sobre el aire y el agua, genera la explotación de carbón en
mina a cielo abierto?
b. ¿Cuáles son las medidas a seguir para
preservar el medio ambiente, cuando se está realizando una explotación de
carbón a cielo abierto?
c. ¿Cuáles son los estándares máximos de
contaminación permitidos a nivel mundial y en Colombia, cuando existe
explotación minera como la de este caso?
d. ¿La emisión de ruido producto de las
máquinas usualmente empleadas en la explotación de carbón a cielo abierto, qué
consecuencias produce en el ambiente y la población circunstante?”
4. Oficiar al entonces Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Rural y a Corpocesar, para que explicaran si:
“a ¿La empresa Drummond Ltd., encargada de
explotar la mina de carbón
‘Pribbenow’, en el corregimiento La Loma, El Paso,
Cesar, cumple con el plan de manejo ambiental que le fue fijado?
b. ¿La sociedad en mención ha entregado
los informes periódicos de cumplimiento requeridos?
c. ¿Cuáles son las consecuencias
ambientales que se presentan cuando dicha empresa realiza trabajos de minería
las 24 horas del día?
d. ¿Existe un horario establecido o
aconsejado para la explotación minera a cielo abierto de carbón?
e. ¿Qué beneficios ambientales y a la
población circundante genera que dicha actividad se realice por un tiempo
determinado cada día, y no permanentemente?”
5. Que el otrora Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Rural, designara un experto en la materia, que rindiese informes
técnicos, con tomas de muestras y observaciones de laboratorio, recogidas en la
finca Los Cerros, morada del actor, y en la mina de carbón “Pribbenow” de
la empresa Drummond Ltd., y determinase la concentración de los residuos y si
ellos tienen efectos contaminantes o pueden repercutir contra la salud de los
habitantes del sector.
6. Oficiar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
para que informara “qué consecuencias ambientales y particularmente sobre
animales y cultivos, genera una explotación minera de carbón a cielo abierto”.
7. Oficiar al Ministerio de Minas y Energía, para que
indicara si:
“a. ¿La empresa Drummond Ltd., garantiza
el desarrollo sostenible de los recursos naturales y la preservación del
ambiente, en la explotación de carbón a cielo abierto que se está realizando en
el corregimiento La Loma, El Paso, Cesar?
b. ¿La Drummond Ltd., cumple con las
disposiciones constitucionales legales y reglamentarias relacionadas con la
explotación, transporte, refinación, distribución, procesamiento, beneficio,
comercialización y exportación de recursos naturales no renovables que el
Ministerio establece?
c. ¿Cuáles son las condiciones que dicha
cartera dispuso para realizar la explotación de la mina ‘Pribbenow’, en el
corregimiento La Loma, El Paso, Cesar?
d. ¿Existe un horario establecido para esa
explotación minera?”
8. Oficiar a Drummond Ltd., para que explicara:
“a. ¿Cuáles son los procedimientos o
procesos que se efectúan en la mina ‘Pribbenow’, en el corregimiento La Loma, El Paso, Cesar?
b. ¿Por qué Drummond Ltd., opera las 24
horas diarias en la mina, y cuáles consecuencias se generarían si dicha
operación se ejecuta en un determinado número de horas y no permanentemente?
c. ¿Cuál es el plan ambiental asumido por
la empresa Drummond Ltd., a nivel nacional o internacional, frente a la
explotación de minas de carbón?
d. ¿Cuáles son las mediciones y estudios
ambientales realizados por esa empresa en los diferentes procesos de
explotación minera de carbón, y cuáles se han realizado en este caso?”
9. En escrito de mayo 28 de 2010, el director del Instituto
de Estudios Ambientales para el Desarrollo de la Pontificia Universidad
Javeriana indicó que era imposible contestar los cuestionamientos planteados “en
tan corto tiempo dada la naturaleza de esos interrogantes”[18].
10. En escrito de mayo 31 siguiente, el Director General de
Corpocesar expresó que “mediante resolución N° 0295 del 20 de febrero de
2007 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, resolvió
ejercer temporalmente el conocimiento de asuntos asignados a la Corporación
Autónoma Regional del Cesar, en virtud de la facultad selectiva y discrecional
consagrada en el Numeral 16 del Artículo Quinto de la Ley 99 de 1993”[19].
11. En mayo 21 de 2010, la Directora del Grupo de
Investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de
Colombia, se refirió a las consecuencias ambientales que genera la
explotación de carbón en mina a cielo abierto, señalando[20]:
“a.
Recurso Ambiental Suelo:
-Alteración
y modificación estructura del suelo.
-Derrame
de carbón en vías si no se establecen medidas de prevención, corrección,
mitigación y compensación respectivas se produce (sic).
b. Recurso
Ambiental Agua:
-Disminución
de la cantidad y calidad de aguas superficiales y subterráneas, si no se
establecen medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación
respectivas.
c. Recurso
Ambiental Aire:
-Afectación
al componente atmosférico por emisión de partículas durante la explotación,
cargue, transporte, descargue y embarque de carbón.
- La
explotación de carbón en mina a cielo abierto y la generación de material
particulado puede afectar a la población expuesta si no se controla su emisión,
siendo los principales efectos:
-La
neumoconiosis, es la presencia del polvo de carbón dentro de los pulmones, la
cual depende del tiempo de exposición.
-Las
partículas <10 micras se depositan en los alvéolos causando bronquitis,
asma, enfisema, pulmonía y enfermedades cardíacas.
-Las
partículas suspendidas totales <10 micras no penetran profundamente los
pulmones, quedando en los vellos nasales, en las mucosas de los pasajes orales
o en la tráquea.
-Los
grupos humanos más afectados son los adultos mayores de 50 años y los niños
menores de 3 años.
-La
frecuencia de enfermedades respiratorias en la infancia puede tener el efecto
de que los pulmones no se desarrollen normalmente.
-Los
síntomas respiratorios asociados con partículas incluyen tos severa y
dificultades o dolor al respirar.
d.
Afectación Ambiental de Paisaje y Morfología:
-Modificación
de paisaje y morfología en el área de intervención (explotación, cargue,
transporte y descargue de carbón).
-
Cobertura de polvillo de carbón de los recursos naturales renovables,
principalmente suelo y flora, si no se establecen medidas de prevención,
corrección, mitigación y compensación respectivas.”
Igualmente, señaló que dentro de
las medidas para preservar el ambiente cuando se está realizando una
explotación a cielo abierto, se debe “diseñar, implementar y controlar
sistemas de humectación en los procesos de explotación, almacenamiento
temporal, cargue, transporte y descargue de carbón para evitar la emisión de
material particulado al aire”. Agregó que se debe “transportar el carbón
a través de bandas transportadoras cerradas”.
Indicó además que el ruido
generado por los equipos usualmente empleados en la explotación de carbón a
cielo abierto, trae consecuencias negativas en el ambiente y en la población
expuesta.
Señaló que en los casos en los
que se superan los límites permisibles de ruido, se puede causar disminución de
la sensibilidad auditiva, dependiendo de cada individuo. En algunos se pueden
producir daños auditivos en un breve lapso, en cambio otros pueden trabajar en
ambientes ruidosos sin sufrir daños auditivos demostrables.
12. En escrito de mayo 31 de
2010, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se refirió a las
consecuencias que genera una explotación minera de carbón a cielo abierto,
generándose en cuanto a animales y cultivos[21]:
“-Cambios
en el uso del suelo.
-Cambio en
las propiedades físicas y químicas del suelo.
-Activación
de procesos erosivos.
-Remoción
de la cobertura vegetal.
-Pérdida
de biomasa y fauna asociada.
-Altas
concentraciones de material particulado (que podrían afectar la salud humana o
animal).
-Contaminación
de fuentes hídricas.
-Cambio en
la aptitud agrológica del suelo que afecta el desarrollo de la actividad
agropecuaria y pecuaria de la región.”
Sin embargo, aclaró que dicha
cartera “no tiene estudios propios sobre los impactos de la minería a cielo
abierto en la agricultura”.
13. En respuesta de junio de
2010, el Coordinador Académico del Programa Curricular del Departamento de
Toxicología de la Universidad Nacional de Colombia manifestó que evidentemente
el material generado en la explotación del carbón a cielo abierto se ha
relacionado en forma causal directa con enfermedades respiratorias que afectan
los pulmones, que por su evolución son de tipo crónico, progresivo y de carácter
irreversible.
Adicionalmente, explicó que “este
material particulado disperso en el ambiente penetra a las personas por vía
respiratoria y puede afectar indistintamente al ser humano sin distingos de
edad, género o raza”. Indicó también que “estas enfermedades pulmonares
pueden comprometer a las personas expuestas ambientalmente por residir en áreas
geográficas cercanas a la explotación”[22].
14. En escrito de junio 1° de
2010, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad de los Andes
informó que se abstiene de opinar en el trámite de la presente acción de
tutela, por el convenio especial de cooperación científica y tecnológica
suscrito con el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, que llevó a cabo un estudio de valoración económica ambiental en
la zona carbonífera del Cesar[23].
15. En junio 1° de 2010, la
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, informó que dicha
entidad “no cuenta dentro de su staff con especialistas en este tema que
puedan resolver estas inquietudes”[24].
16. En escrito de junio 2
siguiente, el jefe de neumología del Hospital Universitario de la Fundación
Santa Fe de Bogotá, entidad asociada a la Facultad de Medicina de la
Universidad de los Andes, expresó “que la exposición al polvillo o material
particulado generado por la explotación minera de carbón puede causar diversas
enfermedades respiratorias como bronquitis crónica, enfisema, enfermedad
pulmonar instructiva crónica (EPOC), neumoconiosis de los mineros del carbón
entre otras”.
Indicó además que “hay
informes de literatura que muestran mayor incidencia de enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, mayor incidencia de cáncer y mayor mortalidad por
enfermedad pulmonar, cardiaca y renal en comunidades vecinas a minas de carbón,
sin embargo estos estudios no permiten establecer relación causa efecto”[25].
17. En junio 2 de 2010, el
entonces Ministerio de la Protección Social mencionó que a la fecha no contaba
con estudios de investigación epidemiológica relacionados con la afectación en
salud, que pueda generar la actividad minera del carbón en la población objeto
de consulta[26].
18. En la misma fecha, el
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se pronunció
frente a las consecuencias ambientales, particularmente sobre el aire y agua,
que genera la explotación de carbón a cielo abierto, relacionando aspectos: i)
físicos, “remoción de suelo y vegetación, cambios paisajísticos, abatimiento
de niveles freáticos, cambios en patrón natural de drenaje, eventuales desvíos
o realineamiento de cauces, disminución y alteración del régimen de caudales,
posible contaminación puntual de aguas, generación de residuos líquidos y
sólidos, deterioro de la calidad de aire por emisión de material particulado y
gases y generación de ruido y vibraciones”; ii) bióticos, “afectación y
posible pérdida de cobertura vegetal, afectación y posible pérdida de
ecosistemas, afectación a la migración de especies fauna, afectación a recursos
hidrobiológicos”; y iii) sociales, “cambios en patrones sociales,
desplazamiento de poblaciones, generación de expectativas, reasentamiento y
problemática social asociada, desarrollo regional y local, afectación de
actividades de desarrollo futuros, generación de empleo, divisas y regalías,
incremento en la demanda de servicios sociales y públicos domiciliarios,
modificaciones en situaciones de tensión y afectación del patrimonio cultural”[27].
Expresó que dentro de las medidas
para preservar el ambiente al explotar carbón a cielo abierto, se incluyen “manejos
de drenaje superficial: lluvias y fuentes de agua superficial, de acuíferos al
ser intervenidos por la operación minera, de aguas y lluvias y de escorrentía,
de emisiones atmosféricas: material particulado y ruido, de residuos
ordinarios, de residuos sólidos especiales, de aguas residuales domésticas, de
aguas residuales mineras, de aguas residuales y desechos industriales, de las
lagunas de almacenamiento y sedimentación, de botaderos y material estéril, de
recurso suelo, de coberturas vegetales, de fauna terrestre, de fauna acuática,
de hidrocarburos, de sustancias químicas y otros materiales peligrosos, de
maquinaria, equipos y vehículos y de abandono de tajos y de infraestructura”[28].
Tratándose del cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental por parte de Drummond Ltd., explicó que “la empresa
presentó un cumplimiento en el 83% de sus obligaciones, sin que sea posible
establecer una ponderación respecto al peso de cada obligación; correspondiendo
el 17% restante a obligaciones que pudieran presentar una deficiencia parcial”[29].
Adjunto al citado escrito copia
de la Resolución 0017 de enero 15 de 2007 emitida por ese Ministerio, mediante
la cual, entre otras determinaciones, fijó el Plan de Manejo Ambiental a la
empresa aquí accionada[30].
19. En
junio 4 de 2010[31], el Instituto de
Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia explicó que
tratándose de la explotación de carbón a cielo abierto, lo que mayor impacto
negativo produce son “los materiales particulados (polvo) estos compuestos
ocasionan problemas ambientales, dependiendo de la concentración de los mismos
en la atmósfera… en relación al material particulado los efectos principales en
la salud incluyen los efectos en la respiración y el sistema respiratorio, el
agravamiento de afecciones respiratorias y cardiovasculares ya existentes, la
alteración de los sistemas de defensa del organismo contra materiales extraños,
daños al tejido pulmonar, carcinogénesis y mortalidad prematura”[32].
Acerca del
impacto contra recursos hídricos, manifestó que dicha explotación genera “sedimentación
en cuerpos de agua, cambios en la calidad físico química del agua, afectación
de la dinámica de cuerpos subterráneos y superficiales, disminución del caudal”[33].
20. En
junio 4 de 2010, el representante legal de la empresa Drummond Ltd., expresó
que “una de las tareas de mayor relevancia es el control del material
particulado (emisión de polvo al aire, por el tránsito de los camiones y
equipos en vías destapadas, la explotación misma y el gran movimiento de
tierras que implica esta actividad), el cual se controla con riego por una
flotilla de carrotanques de dieciocho mil galones que riega todas las vías y
rampas de la mina, aspersores de agua en los puntos críticos de emisión,
mantenimiento preventivo de los motores de todos los equipos y camiones, así
como pavimentación de algunas vías, compactación de las mismas, controles de
velocidad a todos los vehículos que circulan, recuperación y revegetalización
de los botaderos y áreas que ya terminaron su utilidad en la explotación y la
conservación de barreras vivas alrededor de la mina”[34].
Frente a
por qué la empresa opera las 24 horas diarias y cuáles consecuencias mitigaría
la explotación no permanente, indicó que “se trata de operaciones mineras
que requieren elevadas inversiones de capital y requieren volúmenes máximos de
producción durante el período de concesión, para asegurar adecuadas tasas de
retorno sobre el capital invertido, estas minas operan en un mercado de precios
fluctuantes, por lo que se hace indispensable mantener máximos niveles de
producción para conservar la viabilidad económica de una mina durante la vida
de la misma”. Así mismo, “este tipo de operaciones no son eficientes si
el equipo de minería que normalmente se utiliza es parqueado o dejado de
utilizar la mitad del día. Los grandes equipos de minería están diseñados para
funcionar 24 horas al día a fin de que resulten más eficientes y económicos”[35].
Afirmó
también que si la compañía no pudiera operar las 24 horas del día, no sería
económicamente viable. Por otro lado, “las consecuencias para sus empleados
serían devastadoras puesto que se haría necesario terminar muchos contratos de
trabajo y los empleados restantes tendrían que aceptar una compensación más
baja y niveles de beneficios reducidos. El Gobierno Nacional y los entes
departamentales y municipales sufrirían un serio impacto negativo, debido a las
reducciones significativas en regalías e impuestos a todos los niveles. La
economía colombiana también sufriría un impacto nocivo importante debido a la
reducción de la actividad económica generada hoy en día por Drummond Ltd., ya
que la compañía compraría menos bienes y servicios, reduciría
significativamente la inversión en infraestructura y afectaría de manera
considerable la balanza de pagos del país”[36].
La empresa
accionada mencionó además que el Plan de Manejo Ambiental se encuentra
debidamente aprobado por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, y comprende los siguientes programas de monitoreo que
garantizan que todas las actividades inherentes a la minería se enmarcan dentro
de los parámetros y estándares técnicos, gran parte de ellos internacionales,
legalmente vigentes:
“-Programa
de control de material particulado.
-Programa
de vegetación y suelos removidos.
-Programa
restauración vegetal.
-Programa
salvamento de fauna silvestre.
-Programa
plan de cierre.
-Programa
redes de drenaje.
-Programa
desvío de cauces.
-Programa
tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales.
-Programa
residuos sólidos.
-Programa
manejo de hidrocarburos.
-Programa
estabilización de taludes.
-Programa
control de voladuras.
-Programa
información comunitaria e institucional.
-Programa
fortalecimiento comunitario e institucional.
-Programa
desarrollo de comunidades.
-Programa
reasentamiento de la población.
-Programa
generación de empleo.
-Programa
afectación a terceros e infraestructura.
-Programa
educación ambiental.
-Programa
señalización ambiental.
-Programa
monitoreo y vigilancia de material particulado.
-Programa
monitoreo de ruido.
-Programa
monitoreo de voladuras.
-Programa
construcción de piezómetros.
-Programa
monitoreo de suelo
-Programa
monitoreo de parcelas de sucesión vegetal.
-Programa
monitoreo de fauna silvestre.
-Programa
monitoreo de cauces.
-Programa
monitoreo social.”
Con su
respuesta, la compañía demandada aportó también copia de los siguientes
documentos[37]:
a. Resolución 030 de marzo 13 de
2003, por medio de la cual se otorgó concesión para aprovechar aguas
subterráneas en beneficio del Proyecto Carbonífero La Loma-Cesar, a nombre de
Drummond Ltd..
b. Resolución 197 de abril 13 de
2005, que resolvió un recurso de reposición interpuesto por Drummond Ltd.,
contra la Resolución 030 de 2003.
c. Resolución 237 de abril 19 de
2005, que autorizó a Drummond Ltd., efectuar aprovechamiento forestal único en
los predios conocidos como “‘Lote de Terreno’ y ‘La Cruz’, ubicados
en jurisdicción de municipio de Chiriguaná-Cesar, en beneficio del proyecto
carbonífero establecido en comprensión territorial de La Jagua de Ibirico,
Chiriguaná y El Paso-Cesar”.
d. Resolución 1051 de octubre 10
de 2006 que otorgó autorización a la Drummond Ltd., para manejar y disponer
residuos sólidos provenientes de la actividad desarrollada en el proyecto
carbonífero “La Loma”, ubicado en jurisdicción de los referidos
municipios.
e. Resolución 115 de noviembre 1°
de 2006 por la cual cual se prorrogó la autorización forestal concedida a
Drummond Ltd., mediante las Resoluciones 237 de 2005 y 336 de 2006.
f. Resolución 0017 de enero 5 de
2007, mediante la cual, entre otras determinaciones, fueron modificados unos
actos administrativos y se estableció un Plan de Manejo Ambiental.
g. Resolución 1137 de junio 26
siguiente, por medio de la cual se otorgó autorización para realizar un
aprovechamiento forestal único.
h. Resolución 1949 de noviembre 4
de 2007, que otorgó una concesión de aguas subterráneas, entre otras
determinaciones.
i. Resolución 431 de marzo 12 de
2008, mediante la cual se modificaron las Resoluciones 212 del 22 de diciembre
de 2003, 483 del 28 de junio de 2004 y 055 del 10 de febrero de 2005, emitidas
por la Corporación Autónoma Regional del Cesar, y se otorgó una concesión de
aguas superficiales.
j. Resolución 0607 de abril 16 de
2008, por medio de la cual se aclaró la Resolución 431 de 2008 y se adoptaron
otras determinaciones.
k. Resolución 0829 de mayo 22
siguiente, mediante la cual se otorgó un permiso de emisiones atmosféricas.
l. Resolución 1451 de agosto 15
del mimo año, que modificó la Resolución 017 de enero 5 de 2007.
m. Modificación Plan de Minería,
contrato La Loma, Informe Principal, tomo 1., junio de 2009.
n. Actualización del Plan de
Manejo Ambiental del Proyecto Carbonífero La Loma y tomo 2, mapas, marzo 2006.
21. En
escrito de junio 11 de 2010, el Instituto Colombiano de Geología y Minería,
INGEOMINAS, manifestó: “… en desarrollo de los diferentes contratos mineros
Drummond Ltd., viene cumpliendo con sus obligaciones contractuales, tal como se
evidencia en las acciones de seguimiento y control que reposan en cada uno de
los expedientes de los contratos… desde el ámbito de competencia de INGEOMINAS
como autoridad minera delegada, se ha verificado el cabal cumplimiento de las
obligaciones emanadas del contrato La Loma, y de las disposiciones normativas
en las que se enmarca la actividad minera que realiza Drummond Ltd.. Por tal
motivo, en la actualidad, no ha sido objeto de ningún proceso de carácter
sancionatorio en su contra.”[38]
22. En
escrito de junio 23 de 2010, la empresa Drummond Ltd. presentó memorial de
registro fotográfico de visita del 21 de los mismos mes y año, al sitio donde
habita el demandante.
23.
Mediante escrito de agosto 6 de 2010, el entonces Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial explicó que designó un experto en la materia,
para determinar la concentración de residuos y si ellos tienen efectos
contaminantes o pueden repercutir en la salud de los habitantes del sector, en
especial de los menores que residen en la finca “Los Cerros”, refiriendo[39]:
i) La
vivienda “donde habita la familia está construida en ladrillo de arcilla
(expuesto) y techo de lámina acanalada de zinc, consta de tres habitaciones y
una cocina, no cuenta con electricidad y la preparación de alimentos se realiza
en fogón de leña, la cocina no posee chimenea ni un mecanismo de evacuación de
humo”.
ii) El
área del proyecto minero Pribbenow “más cerca al predio identificado como la
finca Los Cerros, corresponde al botadero de estériles SO, 1.5 km
aproximadamente en dirección S85°W”.
iii)
“De acuerdo con las consultas realizadas por el doctor Juan Carlos Correa,
médico especializado en Salud Pública con experiencia en estudios de calidad
del aire y sus efectos en la salud humana, de la Fundación Santa Fe de Bogotá,
determinar con certeza si la afectación a la salud de un individuo en
particular o un grupo pequeño de individuos es debida al material particulado
proveniente de la explotación minera no es posible. Esto se debe a que existen
múltiples factores de riesgo que pueden estar afectando a las personas
simultáneamente pero que cuya contribución individual al desarrollo de una
enfermedad no se puede determinar. Es así como otros factores como cocinar con
leña en un espacio no ventilado adecuadamente o el hacinamiento pueden contribuir
al desarrollo de una enfermedad respiratoria.”
24. En
escrito de junio 25 de 2010, un tercero interviniente y apoderado “de
algunos moradores de las poblaciones de Plan Bonito, El Hatillo, La Aurora, El
Boquerón y otros, del municipio de El Paso, departamento del Cesar”, anotó
que la empresa carbonífera no solamente ha “causado graves y enormes
perjuicios” a la vida y a la salud del actor, sino también a sus
representados, quienes así mismo “padecen dicha problemática ambiental”
y de salubridad.
Por lo
anterior, indicó que “es necesario que desde ya la Corte Constitucional
tenga en cuenta la situación de otras personas que se encuentran en similares
condiciones fácticas y jurídicas frente a quien presentó la acción de tutela de
la referencia”[40].
Señaló que
el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no protegió a la
población que se encuentra en los alrededores de la empresa accionada, pues no
verificó “previamente al otorgamiento de la licencia ambiental… cuántas personas
resultaron o podían resultar afectadas con la actividad minera que desarrolla
la Drummond Ltd.”[41].
Agregó que
mediante Resolución 414 de 2008 “se otorgó licencia ambiental al proyecto El
Descanso Norte”, modificada por la Resolución 1343 de julio 30 de 2008,
donde se consignó[42]:
“ARTÍCULO
TERCERO.- Modificar el artículo décimo de la Resolución 414 del 11 de Marzo de
2008, el cual quedará así: ‘ARTÍCULO DÉCIMO.- Requerir a la empresa DRUMMOND
LTD., para que, dentro del proceso de reasentamiento a comunidades, dé
cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1. Incluir
dentro de los procesos de reasentamiento y/o negociación directa, la
parcelación El Prado y las poblaciones de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón,
para lo cual deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones:
1.1.
Realizar el proceso de reasentamiento de la población de Plan Bonito en un
término no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que defina la metodología y la proporción en la que cada uno de
los concesionarios mineros deberá dar cumplimiento a las obligaciones previstas
en el presente artículo.
1.2.
Realizar el reasentamiento en un período no mayor a dos años (2) años, contado
a partir de la ejecutoria de este acto administrativo, de las comunidades
restantes (Parcelación El Prado, El Hatillo y Boquerón), de acuerdo a un orden
de prioridad previamente establecido según su nivel de detrimento ambiental,
atribuible al desarrollo de la actividad minera.
1.3. Antes
del inicio de la explotación de carbón deberá iniciar el proceso de
reasentamiento, reubicación y/o negociación directa con la parcelación y el
caserío de El Platanal y con la totalidad de los predios que se encuentren
dentro del área de influencia puntual.
1.4. El
programa de reasentamiento deberá contemplar como mínimo la reposición del
hábitat y el usufructo del territorio para todas las personas, familias, grupos
o unidades culturales, cuya movilización obligue a abandonar su sitio de
trabajo, de vivienda o ambos. De igual forma éste se fundamentará en el
conocimiento y respeto de las estrategias adaptativas que poseen las
comunidades, planteando la ejecución de alternativas requeridas para el control
y administración de los recursos y la satisfacción estable de las necesidades
básicas en el nuevo hábitat. Dicho plan de reasentamiento deberá estar
armonizado con los planes de desarrollo local, municipal y regional
pertinentes…”
Dicho
interviniente expuso “que si bien la empresa solicitó previamente al inicio
de la obra minera la respectiva licencia”, tanto la sociedad demandada,
como los Ministerios de Minas y Ambiente, “no se preocuparon por las
circunstancias especiales relacionadas con la población que se encuentra de
tiempo atrás, es decir, desconocieron que esa zona que hoy es minera, estuviese
ocupada por una población como la que hoy reclama protección”[43].
Aseveró
que la actividad minera adelantada en dicha zona por la empresa accionada, “es
grave y de enormes impactos ambientales por cuanto existen graves alteraciones
del aire con material particulado que supera los niveles máximos permitidos
conforme lo ha indicado CORPOCESAR, y del mismo modo, deterioro del componente
socio-económico pues las comunidades allí presentes están siendo gravemente
afectadas en su vida, salud, trabajo, tranquilidad, etc… es de una magnitud tal
que de acuerdo con lo que dice” la referida corporación autónoma regional,
existen “grandes cantidades de partículas minerales de carbón PM10, las
cuales producen afectaciones negativas en el sistema respiratorio”[44].
Resaltó
que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene conocimiento de la
problemática ambiental en el área de influencia del proyecto, pues “en su
última Resolución N° 970 de mayo 20 de 2010, y no solamente en ésta sino en
otras más, en donde señala con un informe técnico elaborado sólo hasta
diciembre de 2009, que existe grave alteración ambiental en la zona y por dicha
causa se debe realizar la reubicación de las personas que se encuentran
viviendo alrededor de las minas (ni siquiera sabe el Ministerio cuántas son,
porque no le preocupa hacer el censo)”[45].
Indicó que
“el informe que dice tener el Ministerio de Ambiente está atrasado en más de
cinco meses frente a los informes que indica CORPOCESAR, autoridad regional
ambiental quien ha realizado constantes monitoreos… desde julio de 2007 hasta
abril de 2010, cuyos informes permanentes, continuos, eficaces y precisos
informan que el material particulado existe en la zona de Plan Bonito, el
Hatillo, Boquerón y La Aurora, generado por la explotación, extracción y
transporte del referido mineral por parte de las empresas concesionadas, lo
considera como peligroso para la salud humana… señala además que para los corregimientos
y veredas… donde viven mis representantes… los niveles de PM10 superan las 300
y 500 macropartículas, especialmente en los tres primeros meses del año 2010”[46].
Agregó que los
informes de Corpocesar señalan que el “material particulado ha llegado
inclusive hasta los 800 m3 de concentración de microrganismos de material
particulado del carbón, lo cual conforme a lo dicho por la corporación
Corpocesar es peligroso para la salud humana”[47].
El interviniente
aportó unas gráficas donde se muestra la concentración en microgramos/m3 PM10 y
en PST, en las zonas presuntamente afectadas por la empresa carbonífera:
PM10:
Localidad
Monitor
Abr-09
Oct-09
Dic-09
Ene-09
Feb-10
Mar-10
Abr-10
Últimos
días de abr. 10
Plan
Bonito
ZM7
229,7
225,6
284,8
279,4
162,9
312,5
170,9
47,3
El
Hatillo
ZM13
Nr
51,3
Nr
128,5
135
130,2
70,4
20,4
Boquerón
ZM6
Nr
Nr
85,9
113,7
115
125,5
74,6
36,8
Aurora
ZM5
68.3
44,7
85,9
98,2
102,5
93,7
99,4
10,8
PST:
Localidad
Monitor
Abr-09
Oct-09
Dic-09
Ene-09
Feb-10
Mar-10
Abr-10
Últimos
días de abr. 10
Plan
Bonito
ZM7
558,6
551,4
616,9
673,6
357,2
800,3
290,3
92
El
Hatillo
ZM13
173,3
133,6
191,3
307,3
285,7
268,3
211,9
0
Boquerón
ZM6
193,7
148,5
168,8
212,5
273
163,3
148,4
74,5
Aurora
ZM5
138,6
67,4
323
236,2
179,2
96,9
94,3
27,9
En
consecuencia, adujo que en esas gráficas se observa que la accionada no cumple
con el Plan de Manejo Ambiental sobre las emisiones atmosféricas y no se ha
socializado el problema ambiental con la colectividad, “ni nada que le
permita a mis representados y a toda la comunidad efectuar acciones de
contingencia que eviten resultados dañinos… para este último propósito, difiere
su responsabilidad administrativa de censar a la población afectada, a la
empresa cuestionada antes citada, tal como así lo indica la Resolución 970 de
mayo 20 de 2010, donde curiosamente permite la creación de una fiducia
mercantil para que a través de ella se realice el reasentamiento de la
población perjudicada (reconoce que existe)”[48].
Dicha
Resolución 970 de 2010 “busca solucionar un problema ambiental que reconoce
existir el Ministerio de Ambiente, olvida en la Resolución que la protección de
los derechos fundamentales es inmediata, no sometida a condicionamientos ni a
existencia de patrimonios autónomos; que lo último que puede ocurrir con tal
figura jurídica es la burla de los derechos de mis representados”[49].
IV. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. Competencia
Esta corporación es competente
para examinar la determinación referida, en Sala de Revisión, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de análisis.
Corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la
empresa Drummond Ltd., ha vulnerado los derechos a la vida, a la salud y a
gozar de un ambiente sano del señor Orlando José Morales Ramos, su cónyuge y
sus once hijos, por las emanaciones y residuos que provienen de la explotación
de carbón en la mina “Pribbenow”, corregimiento La Loma, municipio El
Paso, Cesar, cercana a la finca “Los Cerros”, donde residen.
Tercero. Procedencia de la
acción de tutela para la protección de derechos colectivos. Reiteración de
jurisprudencia.
3.1. La acción de tutela no
procede, por regla general, para la protección de los derechos colectivos,
frente a los cuales el ordenamiento jurídico colombiano ha previsto mecanismos
especiales, fundamentalmente la acción popular, medio constitucional específico
para amparar derechos e intereses generales, entre los cuales está el goce de
un ambiente sano, de acuerdo a lo estatuido en la preceptiva vigente (cfr.
arts. 86 y 88 Const. y 6-3 D. 2591 de 1991).
3.2. Efectivamente, la
Constitución prevé en el artículo 88 que los derechos colectivos podrán ser
amparados mediante acciones populares, reguladas en la Ley 472 de 1998. Pero,
derivado de la previsión contenida en el inciso final del artículo 86 superior,
“… o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo…”,
que de suyo valida que la acción pueda también dirigirse contra un particular,
como en el presente caso, los juzgadores deben ser especialmente cuidadosos y
constatar si se presenta conexidad con la afectación de derechos fundamentales,
en cuanto es trascendente que del atentado contra bienes colectivos se derive
también la vulneración o amenaza individual, o a un grupo concreto, como una
familia, lo cual ha llevado a la jurisprudencia a determinar unas reglas de
ponderación, como criterio auxiliar, que el juez puede tener en cuenta para
eventualmente conceder una tutela[50]:
“1. Que
exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o
amenaza a un derecho fundamental de tal suerte que el daño o la amenaza del
derecho fundamental sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del
derecho colectivo.
2. El
peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho
fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza subjetiva.
3. La
vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino
que deben aparecer expresamente probadas en el expediente.
4. La
orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental afectado
y no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión
resulte protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza.”
Todo ello es claro, en la medida
en que la afectación general también se particularice en conculcaciones
fundamentales individualizables.
Cuarta. El derecho a un ambiente sano.
4.1. A partir de la carta
política de 1991, y de la suscripción y aprobación de diversos instrumentos
trasnacionales, al igual que de constataciones en  derecho comparado[51],
la protección al ambiente ocupa un lugar trascendental en el ordenamiento
jurídico nacional. Desde esta perspectiva, la Corte Constitucional colombiana
ha desarrollado ese carácter ecológico de la carta política, dando carácter
fundamental al derecho al ambiente sano, directamente y en su conexidad con la
vida y la salud, entre otros[52], que impone deberes
correlativos al Estado y a los habitantes del territorio nacional.
En la sentencia C-671 de 2001 de
junio 21 de 2001, M. P. Jaime Araújo Rentería,[53] señaló esta corporación:
“… la
protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter
de objetivo social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación
eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los recursos naturales
como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, ha
sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un
reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Artículo 366 C.P.
…   …   …
La defensa
del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace parte del
entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las
generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la
jurisprudencia ha denominado ‘Constitución ecológica’, conformada por el
conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los
cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que,
en gran medida, propugnan por su conservación y protección.”
Respecto de la relación del
derecho a un ambiente sano con los derechos a la vida y a la salud, el citado
fallo también indicó:
“El derecho
al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de
las personas. De hecho, los factores perturbadores del medio ambiente causan
daños irreparables en los seres humanos y si ello es así habrá que decirse que
el medio ambiente es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.
A esta conclusión se ha llegado cuando esta Corte ha evaluado la incidencia del
medio ambiente en la vida de los hombres y por ello en sentencias anteriores de
tutelas, se ha afirmado que el derecho al medio ambiente es un derecho
fundamental.”
Bajo ese entendido, uno de los
principios fundamentales del actual régimen constitucional es la obligación
estatal e individual de proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación (art. 8° Const.), en virtud de la cual la carta política recoge y
determina[54], a manera de derechos
colectivos[55], las pautas generales
que rigen la relación entre el ser humano y el ecosistema.
Estas disposiciones establecen
(i) el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano; (ii) la obligación
estatal y de todas las personas de proteger la diversidad e integridad del
ambiente; (iii) la obligación del Estado de prevenir y controlar los factores
de deterioro y garantizar un desarrollo sostenible[56];
y (iv) la función ecológica de la propiedad[57].
4.2. Respecto de los deberes
impuestos al Estado, la jurisprudencia de esta corporación ha manifestado[58]:
“Mientras por una parte se
reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas
las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las
decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la
otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su
diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación,
3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera.”
De ahí que todos los habitantes
del territorio colombiano tienen derecho a gozar de un entorno sano y el deber
de velar por su conservación. Igualmente, el Estado debe prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales por conductas
lesivas del ambiente y exigir la reparación de los daños causados.
4.3. Ahora bien, dentro del marco
constitucional, el aprovechamiento de los recursos naturales, aunque es
permitido, no puede dar lugar a perjuicios en términos de salubridad individual
o social y tampoco puede acarrear un daño o deterioro que atente contra la
diversidad e integridad del ambiente. En otras palabras, la Constitución de
1991 apunta a un modelo de desarrollo sostenible[59],
en el que la actividad productiva debe guiarse por los principios de
conservación, restauración y sustitución[60].
Dicho modelo, si bien promueve y
reconoce la importancia de la actividad económica privada y, además, admite la
explotación mesurada de los recursos naturales, implica una limitación de la
actividad privada y la imposición de varias responsabilidades en cabeza de los
particulares.
En resumen, la conservación del
ambiente no solo es considerada como un asunto de interés general, sino
principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional,
del cual son titulares todos los seres humanos, “en conexidad con el
ineludible deber del Estado de garantizar la vida de las personas en
condiciones dignas, precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra
su salud”[61].
Al efecto, la Constitución de
1991 impuso al Estado colombiano la obligación de asegurar las condiciones que
permitan a las personas gozar de un ambiente sano, y dispuso el deber de todos
de contribuir a tal fin, mediante la participación en la toma de decisiones
ambientales y el ejercicio de acciones públicas[62]
y otras garantías individuales[63], entre otros.
Quinto. Vulneración o
amenaza de los derechos a la intimidad, a la vida y a la salud por la
contaminación ambiental y, específicamente, por la emisión de partículas de
carbón.
5.1.
Los derechos del ser humano a la salud y a la indemnidad, suelen resultar afectados por las alteraciones que se ciernan
contra el ambiente sano, particularmente cuando se altera la calidad de
elementos vitales, como el agua y el aire, en virtud de la relación inmanente
entre ellos, que impide escindir su consideración y salvaguarda. Así lo ha
señalado esta Corte[64]:
“Es cierto
que la salud y la integridad física son objetos jurídicos identificables, pero
nunca desligados de la vida humana que los abarca de manera directa. Por ello
cuando se habla del derecho a la vida se comprenden necesariamente los derechos
a la salud e integridad física, porque lo que se predica del género cobija a
cada una de las especies que lo integran. Es un contrasentido manifestar que el
derecho a la vida es un bien fundamental, y dar a entender que sus partes
-derecho a la salud y derecho a la integridad física- no lo son.
Cuando se
habla del derecho a la salud, no se está haciendo cosa distinta a identificar
un objeto jurídico concreto del derecho a la vida, y lo mismo ocurre cuando se
refiere al derecho a la integridad física. Es decir, se trata de concreciones
del derecho a la vida, mas no de bienes jurídicos desligados de la vida humana,
porque su conexidad próxima es inminente. En cambio, respecto de los demás
derechos fundamentales la conexidad con el derecho a la vida no es directa,
sino que aquellos se refieren siempre a éste, pero de manera indirecta y
mediata.”
5.2. Igualmente, el derecho a un
ambiente sano presenta una innegable conexión con la intimidad de las personas
(art. 15 Const.), de manera que la lesión del primero puede redundar contra el
disfrute y efectividad del segundo, ya que puede coartar la autodeterminación
de las personas, en razón a condiciones a las cuales se puedan ver expuestos en
el interior de sus moradas, que implican molestias para desarrollarse en su
ámbito privado personal y familiar. Así lo ha señalado esta corporación[65]:
“Modernamente,
la jurisprudencia constitucional ha extendido la protección del ámbito o esfera
de la vida privada, implícita en el derecho fundamental a la intimidad, a
elementos o situaciones inmateriales como ‘el no ser molestado’ o ‘el estar a
cubierto de injerencias arbitrarias’, trascendiendo la mera concepción espacial
o física de la intimidad, que se concretaba en las garantías de inviolabilidad
del domicilio y de la correspondencia. El ruido molesto y evitable es un
fenómeno percibido desde la órbita jurídica constitucional como una ‘injerencia
arbitraria’ que afecta la intimidad de la persona o de la familia…
El
particular que, prevalido de la inacción de las autoridades públicas, contamina
el aire y ocasiona molestias a las personas que permanecen en sus hogares hasta
un grado que no están obligadas a soportar, vulnera simultáneamente el derecho
a un ambiente sano y el derecho fundamental a la intimidad (CP arts. 15 y 28).
La generación de mal olor en desarrollo de la actividad industrial es
arbitraria cuando, pese a la existencia de normas sanitarias y debido al
deficiente control de la autoridad pública, causa molestias significativamente
desproporcionadas a una persona hasta el grado de impedirle gozar de su
intimidad.”
De esta manera, ante la
realización por una empresa o entidad de una actividad económica que pueda
producir contaminación del ambiente, resultando ineficaces o insuficientes los
controles que por ella misma corresponde implantar, al igual que aquellos
radicados en las autoridades competentes para mantener las condiciones básicas
ambientales que permitan preservar la calidad de vida y proporcionar un
bienestar general, se vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal y
familiar de quienes resulten afectados por la contaminación en distintas
formas, más notoriamente la auditiva y la paisajística en esa perturbación
contra la intimidad.
5.3. Sin duda, la explotación,
transporte y almacenamiento de carbón genera dispersión de partículas, que
afectan la pureza del aire[66], al igual que la tierra
y el agua donde finalmente caen. En tal virtud, esas actividades deben estar
sometidas a vigilancia, con específicas y severas medidas sanitarias y de
control, tendientes a proteger la indemnidad del ambiente, el bienestar general
y, particularmente, la salud y demás derechos de la población circunvecina[67].
Tal actividad de vigilancia está
regulada en Colombia en la Ley 9 de 1979, “por la cual se dictan medidas
sanitarias”, que en materia de protección del ambiente en cuanto a
emisiones atmosféricas, asignaba al Ministerio de Salud el deber de reglamentar
la preservación de la calidad del aire, según los postulados de esa Ley y del
Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
El Decreto 02 de 1982, “por el
cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el
Decreto-ley 2811 de 1974, en cuanto emisiones atmosféricas”, censuró la
alteración del aire por “la presencia o acción de los contaminantes en
condiciones tales de duración, concentración o intensidad, que afecten la vida
y la salud humana, animal o vegetal; los bienes materiales del hombre o de la
comunidad, o interfieran su bienestar”.
5.4. Recuérdese que en virtud del
“Convenio sobre la Diversidad Biológica”, suscrito en Río de Janeiro
en 1992, aprobado por Ley 165 de 1994, Colombia contrajo el compromiso
internacional de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de
conservar las áreas de especial importancia ecológica, adquiriendo la
obligación, entre varias también reiteradas por otros instrumentos
transnacionales, de explotar sus recursos naturales de manera que no se
perjudique el equilibrio ecológico. Esta Corte, en fallo C-519 de noviembre 21
de 1994, declaró exequibles ese Convenio y la Ley aprobatoria.
El incumplimiento de las normas
sobre mantenimiento de la calidad del aire conlleva, en consecuencia, no solo
un desconocimiento del derecho colectivo al ambiente sano y los
individualizables de la vida y la salud, entre otros, sino un quebrantamiento
grave de deberes internacionales,
5.5. Acudiendo al derecho
trasnacional, la Corte Europea de Derechos Humanos ha emitido diversos fallos
relativos a la protección del ambiente y su conexidad con la salud pública,
algunos de los cuales serán evocados a continuación, con la reafirmación del
deber de actuar de las autoridades para asegurar el respeto a esos derechos y
prevenir su afectación[68].
5.5.1. En el caso
Oneryildiz vs. Turquía[69], dicha Corte Europea
determinó que “la obligación de respetar los derechos incluían el deber
positivo de actuar para asegurar el resguardo de los derechos de las personas
bajo su jurisdicción”. Oneryildiz, basurero en Estambul, generó una
explosión de metano que afectó a una población adyacente, causando la muerte de
39 personas. Esa Corte señaló que las empresas responsables del manejo de los
detritos, tenían la obligación de adoptar pasos apropiados para salvaguardar la
vida de las personas, más aún cuando se trate de “actividades industriales,
que por su propia naturaleza son peligrosas”.
Se anotó que tratándose de
actividades peligrosas, deben adoptarse reglamentos dirigidos a regular las
características especiales para su ejercicio, particularmente con consideración
al nivel de riesgo potencial a las vidas humanas. Agregó que: “Ellos deben
gobernar los permisos, establecimiento, operación, seguridad y supervisión de
la actividad y deben hacer obligatorio para todos los involucrados la adopción
de medidas prácticas para asegurar la efectiva protección de ciudadanos cuyas
vidas puedan estar en peligro por los riesgos inherentes”[70].
Adicionalmente, ese tribunal
abordó el problema de la negligencia, y distinguió entre error de juicio o
falta de cuidado, y la omisión de medidas necesarias y suficientes para hacer
frente a los riesgos inherentes en actividades peligrosas, a pesar del
conocimiento de las consecuencias[71]. Concluyó que “el
conocimiento que tenían o debían tener las autoridades acerca de los riesgos
reales implicaba la obligación positiva de tomar medidas preventivas que fueren
efectivas para proteger a los individuos”[72].
De tal manera, la citada Corte
Europea encontró responsable a Turquía en el caso Oneryildiz, indicando que
“los oficiales y autoridades (del Estado) no hicieron todo lo posible para
proteger a las víctimas del riesgo inmediato y conocido al que estaban
expuestos”[73].
5.5.2. En el caso López Ostra
vs. España[74], las autoridades
permitieron la instalación de una planta contaminante en tierras propiedad del
municipio de Lorca (Murcia), con subsidios del Estado. Aunque las autoridades
relocalizaron sin costo a los residentes y suspendieron parcialmente ciertas
operaciones de la planta, se permitió su funcionamiento por años, afectando a
los peticionarios[75].
En tal virtud, la Corte Europea
de Derechos Humanos señaló que la municipalidad y otras autoridades
contribuyeron a prolongar la situación, inaplicando resoluciones judiciales[76],
por lo cual concluyó que España desconoció “el derecho al respeto del hogar
de los peticionarios al no adoptar medidas razonables y efectivas para tutelar
los derechos humanos”[77].
5.5.3. En el caso Fadeyeva vs.
Rusia[78], la Corte Europea
determinó que el Estado ruso, a pesar de no haber causado de manera directa las
violaciones contra derechos de pobladores de la ciudad de Cherepovets,
generadas por una fábrica allí ubicada, si estaba en posibilidad de conocer que
la contaminación se estaba produciendo.
Ese tribunal europeo analizó el
caso bajo la óptica del deber del Estado de actuar y adoptar medidas razonables
y apropiadas para proteger los derechos, habiendo determinado que la
contaminación ambiental no era el resultado de eventos repentinos ni
inesperados sino, al contrario, “llevaba ya tiempo de existir y era bien
conocida”[79].
Observó que la contaminación en
Cherepovets “era causada en un 95% por la fábrica, a diferencia de otras
ciudades donde un gran número de fuentes contribuyen a la contaminación”;
en este sentido, “los problemas ambientales eran específicos y atribuibles a
una particular empresa”, de manera que las autoridades del Estado son
responsables de haber violado los derechos humanos de los peticionarios, pues
no confrontaron los riesgos ni adoptaron medidas adecuadas para prevenirlos y
reducir el daño ambiental[80].
5.5.4. Frente al caso Taskin y
otros vs. Turquía[81], la Corte Europea
estableció responsabilidad del Estado en violación de derechos humanos, al no
considerar los posibles peligros a los que se exponía a la población al
permitir actividades mineras (carboníferas), aún sin que se haya comprobado
daños a la salud o a los hogares de los demandantes[82].
En el referido caso, la justicia
de Turquía había anulado permisos a operaciones mineras con cianuro, atendiendo
expresamente obligaciones positivas en protección de los derechos a la vida y
al ambiente saludable[83]. Empero, las autoridades
administrativas permitieron que las operaciones mineras continuaran,
desconociendo los riesgos generados a la población.
La Corte Europea expresó que al
determinarse “complejos temas de política ambiental y económica, los
procesos decisorios deben incluir investigaciones y estudios que permitan
predecir y evaluar anticipadamente los efectos que pudieran afectar al medio
ambiente y los derechos de las personas. Se encuentra más allá de toda duda, la
importancia del acceso público a las conclusiones de dichos estudios, y a la
información que les sirven de base”[84].
En consecuencia, esa Corte
determinó que los agentes del Estado no llevaron a cabo directamente las
acciones violatorias, pero Turquía sí violó derechos establecidos en la
Convención Europea de Derechos Humanos, “por el hecho de permitir que
terceros lleven a cabo, o continúen llevando a cabo, acciones violatorias de
derechos humanos”. En este sentido, la obligación de respetar los derechos
consagrados en dicha Convención conlleva también el deber de garantizar su
efectivo goce.
5.5.5. Otro caso relevante es Dubetska
y otros vs. Ucrania[85], que versó sobre la
contaminación procedente de una mina y una planta de procesamiento de carbón,
de propiedad del Estado. Los demandantes, residentes en una zona rural muy
cercana a dichas instalaciones, fueron expuestos durante años a un alto riesgo
de padecer cáncer y enfermedades renales y respiratorias, según los estudios de
autoridades nacionales y de diversas entidades privadas, “debido no sólo a
la presencia de elevados niveles de concentración de sustancias peligrosas en
el aire, sino también a la contaminación de las aguas subterráneas, proveniente
de las infiltraciones en las escombreras. Al mismo tiempo, los habitantes
sufrían también inundaciones y hundimientos del suelo”[86].
Ante esta situación, las
autoridades ucranianas decidieron facilitar una nueva vivienda a los afectados
en otra zona, pero debido a la demora en el cumplimiento cada familia presentó
una demanda civil, con resultados diversos, pues a unos se les reconoció el
derecho a ser reubicados, mientras a otros se les denegó, “inter alia,
porque los responsables de la empresa habían tomado ya medidas para limitar la
polución”.
En dicho asunto, los demandantes
alegaron sufrir “respecto a los derechos garantizados en el artículo 8 del
Convenio. De conformidad con los criterios presentes en la sólida
jurisprudencia existente en la materia, la Corte indica que han sido
facilitados una cantidad considerable de datos que evidencian que, durante al
menos doce años transcurridos desde la entrada en vigor de la Convención
respecto a Ucrania, los demandante habían vivido en una zona insegura según el
marco legislativo y los estudios empíricos”.
Dicha Corte consideró que “aunque
los demandantes son libres de moverse a otro lugar, no les resultaba factible
llevar a cabo el cambio de residencia sin el apoyo económico del Estado, más
aún cuando su actual vivienda había sufrido una importante depreciación al
estar ubicada en una zona saturada ambientalmente”.
5.6. Otro
caso relevante en el derecho trasnacional fue resuelto por la Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos[87], al encontrar a Nigeria
responsable de violaciones a derechos padecidas por comunidades de Ogoniland,
causadas por el vertimiento al ambiente de desechos tóxicos, por parte de la
empresa Shell, sin que se tomaran las medidas necesarias para impedir la
afectación de las aldeas. Dicha contaminación generó complicaciones de salud,
incluyendo afecciones en la piel y complicaciones gastrointestinales y
reproductivas[88].
La Comisión
Africana halló que Nigeria había conculcado a las comunidades Ogoni la
disponibilidad de sus recursos naturales, así como sus derechos a la vida, la
salud, el ambiente sano, la vivienda y la comida, dejándolas desprotegidas al
no evitar ni sancionar los vertimientos, no obstante tener los gobiernos “la
obligación de proteger a sus ciudadanos, no sólo a través de legislación
apropiada y fiscalización efectiva, sino también protegiéndolos de actos
perjudiciales que puedan ser perpetrados por terceras personas”[89].
5.7. Esos
pronunciamientos trasnacionales coinciden con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[90], que ha concluido que el
ambiente sano constituye un derecho fundamental, acorde con la protección con
la que se debe blindar nada menos que la preservación de las posibilidades de
vida en el planeta tierra.
5.8. Es
relevante acudir también, por otra parte, a las guías recomendadas por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a las normas de calidad del
aire en exteriores frente a contaminantes tradicionales, establecidas en
América Latina y el Caribe, Canadá, China, Estados Unidos de América, Japón y
la Unión Europea.
Las guías
señalan el estimado del nivel de concentración de un contaminante en el aire,
al cual pueden estar expuestos los seres humanos durante un tiempo promedio
determinado, sin riesgos apreciables para la salud. Ese estimado es, sin
embargo, una simple recomendación sin vigor coercitivo.
Las normas de
calidad son ya disposiciones legales, que fijan el límite máximo permisible de
concentración de un contaminante del aire durante un tiempo promedio de
muestreo determinado, definido con el propósito de proteger el ambiente y,
consecuencialmente, la salud[91].
Según las
normas de calidad del aire en exteriores fijadas en América Latina, el Caribe,
Canadá, China, Estados Unidos de América, Japón y la Unión Europea, son seis
(6) los contaminantes tradicionales, a saber, dióxido de azufre (SO2), monóxido
de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono (O3), material particulado
en suspensión (MP) y plomo (Pb). El presente análisis se circunscribe al
material particulado (MP), esto es, las partículas sólidas o líquidas
suspendidas en el aire producidas por la quema incompleta del combustible para
motores diesel y los combustibles sólidos, como la madera y el carbón[92],
debiendo tomarse en cuenta también la volatilidad del polvillo de éste,
acentuada si se extrae, almacena o transporta sin cubierta.
Esas
partículas (MP) tienen una “composición química diversa y su tamaño varía de
0.005 a 100 mm de diámetro aerodinámico”[93]; pueden causar daño al
tejido pulmonar, siendo más vulnerables los niños, los adultos mayores y
quienes padezcan influenza, asma o enfermedades pulmonares y cardíacas crónicas[94].
Antes se
consideraba que todas las partículas suspendidas en el aire (partículas totales
en suspensión, PTS) afectaban la salud de la misma forma, pero “recientemente
se ha demostrado que las partículas que más afectan la salud son aquellas con
diámetro aerodinámico menor de 10 mm (MP10) y, más aún, aquéllas con diámetro
aerodinámico menor de 2,5 mm (MP2,5)”[95].
Empero, la
OMS aún no establece un umbral para los efectos del material particulado en la
salud. Por ello, las guías para MP se representan por asociaciones
estadísticamente significativas, entre el incremento de los efectos observados
y “el incremento de las concentraciones de MP10, MP2,5 y sulfatos”[96].
5.9. Para
mayor información, podría acudirse a las gráficas que ilustran el análisis
obrante en la página abajo citada[97], que muestran i) el
porcentaje de aumento de la mortalidad diaria y hospitalizaciones atribuidas al
acrecentamiento de las concentraciones de MP y sulfatos; ii) el incremento en
el porcentaje del uso de broncodilatadores, exacerbación de los síntomas
respiratorios, tos y flujo atribuido al aumento de las concentraciones de MP;
iii) los valores límite para la protección de la salud pública, los tiempos
promedio de muestreo y frecuencias de excedencia permitida para las normas de
PTS y MP10 en América Latina, el Caribe, Canadá, China, Estados Unidos, Japón y
la Unión Europea.
5.10. El
muestreo de MP, establecido en las normas respectivas, generalmente se realiza
por medio de “la captación del MP en un filtro o la separación inercial,
seguidos de la determinación gravimétrica de la masa, en muestras de 24 horas”.
Por ejemplo, en Ecuador se observa que la frecuencia mínima de muestreo es cada
tres días, es decir, que dichos métodos automáticos recientemente desarrollados
para la medición continua de MP parten de la atenuación “de la radiación
beta, la microbalanza oscilatoria y la microbalanza piezoeléctrica”[98].
En normas de
otros países se han establecido umbrales de alerta, de manera que cuando las
concentraciones de MP sobrepasan el umbral, se toman medidas inmediatas para
reducir las emisiones y prevenir a la población. Un ejemplo de ello es Brasil,
donde se establecieron tres umbrales de alerta, por encima de los cuales se
toman medidas cada vez más estrictas, “250 mg/m3 (atención), 420 mg/m3
(alerta) y 500 mg/m3 (emergencia) para un tiempo promedio de muestreo de 24
horas. Los planes de acción para mejorar la calidad del aire deben especificar
las medidas que se deben tomar en caso de que los niveles de contaminación
sobrepasen los umbrales de alerta”[99].
5.11. En Colombia, según
un análisis realizado en 2005 (documento Conpes 3344 de marzo 14 de 2005), la
contaminación del aire tenía su causa principal en el uso de combustibles
fósiles: “Las mayores emisiones de material particulado menor a 10 micras
(PM10), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO) estaban
ocasionadas por las fuentes móviles[100], mientras que las
de partículas suspendidas totales (PST) y óxidos de azufre (SOx) eran generadas
por las fuentes fijas[101]”.
En “Política de Prevención y
Control de la Contaminación del Aire”, que publicó en 2010 el entonces
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se anotó que “el
documento Conpes 3344 mencionó que en el país, el contaminante monitoreado de
mayor interés, dados sus demostrados efectos nocivos sobre la salud humana era
el material particulado (PST y PM10)  y que con frecuencia las concentraciones
de este contaminante superaban los estándares ambientales de la regulación
vigente. Sin embargo, el material particulado menor a 2,5 micras (PM2.5),
contaminante que afecta de manera importante la salud de las personas, no
era medido ni exigido por la legislación colombiana” (no está en
negrilla en el texto original).
El referido documento Conpes
denotó que la atención institucional resultaba adecuada para el desarrollo de
una gestión descentralizada de prevención y control de la contaminación del
aire, a la luz de las regulaciones y lineamientos de política definidos por el
Gobierno Nacional. Empero, dado que existen enormes diferencias entre las
autoridades ambientales frente a su capacidad institucional, leyéndose en tal
documento que “el fortalecimiento de las más débiles sería condición
necesaria para implementar con éxito políticas de calidad del aire”.
Se identificó que las autoridades
ambientales y en particular las de orden sectorial, desarrollaron instrumentos
normativos, en parte generados aisladamente, sin observar esos lineamientos de
política gubernamental central, no obstante su explicitud y concertación entre
las entidades. A su vez, los sectores diseñaron algunas políticas y
regulaciones, inopinadamente alejadas de las consideraciones ambientales.
El documento Conpes en cita
también incluyó que “con frecuencia las acciones emprendidas en materia de
control de la contaminación del aire no eran objeto de evaluación, debido a las
debilidades técnicas e institucionales de algunas instituciones nacionales y
regionales del Sistema Nacional Ambiental, en particular en lo relativo a su
capacidad para recolectar, administrar y analizar la información ambiental,
económica y de salud requerida para este tipo de evaluaciones”,
significando que la regulación del control de la contaminación no estaba
completa y la existente desactualizada, al no analizar las nuevas realidades
ambientales, demográficas, económicas y tecnológicas del país, ni
específicamente de las regiones.
Finalmente, se identificó la
necesidad de establecer un plan de acción con actividades coordinadas, con el
objetivo de construir la política nacional para la prevención y el control de
la contaminación del aire.
El diagnóstico de la situación
ambiental del país incluye la determinación del estado actual de las redes de
calidad del aire, principales instrumentos para determinar el grado de esa
contaminación[102]; la identificación y
origen de los contaminantes críticos en los centros urbanos con mayor
contaminación atmosférica; la evaluación del efecto sobre la salud de la
población; y el aporte negativo de cada tipo de fuente en la contaminación del
aire.
Así, un estudio “epidemiológico
de Bogotá, realizado en conjunto con la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá, analizó una muestra de 610 niños y niñas menores de 5 años expuestos a
diferentes niveles de concentración de material particulado menor a 10 micras
(PM10) en las localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón. Se detectó que
el 79,6% de los niños presentó chillidos o silbidos en el pecho en los jardines
infantiles ubicados en las zonas de mayor exposición frente al 69% de las zonas
de menor exposición. Se detectó que los niños menores de 5 años que van a
jardines infantiles y están expuestos a mayor contaminación del aire tienen 1,7
veces más riesgo de ausentismo escolar por enfermedad respiratoria. Los
resultados preliminares concuerdan con la literatura y evidencian la relación
entre contaminación del aire por material particulado respirable y síntomas
respiratorios en las localidades de Bogotá. Se resalta la importancia de tener
en cuenta tanto la contaminación intramural como extramural”[103].
En este sentido, el documento
Conpes 3550 de julio 4 de 2008, que contiene los lineamientos para la
formulación de la Política de Salud Ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire y agua y seguridad química, identificó la amplia incertidumbre
que existe en el país acerca del beneficio que para la salud general puede
derivarse de las intervenciones que se puedan estar realizando en prevención y
control de la contaminación del aire.
Identificó también que las
mediciones adelantadas por las autoridades de salud y ambiente, han sido por lo
general desarticuladas e intermitentes, denotando “que se requiere integrar
la información de salud y calidad del aire para realizar el seguimiento de los
impactos de la salud a causa de las condiciones del ambiente, con base en
información epidemiológica, lo que implica sistemas de información integrados,
con equipos de investigación y seguimiento y en lo posible con capacidad de
análisis prospectivo y pronóstico”[104].
5.12. El entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial actualizó la normativa relacionada
con las variables que afectan la calidad del aire en el país. Así, expidió en
abril 3 de 2006 el Decreto 979, y en marzo 4 de 2010 la Resolución N° 610,
indicando los estándares de calidad del aire y fijando medidas para la atención
de episodios, según niveles de prevención, alerta y emergencia[105].
Igualmente, en el citado Decreto
979 de 2006 se reglamentó la clasificación de Áreas-Fuente de Contaminación,
para que las corporaciones y autoridades ambientales implementaran, de
requerirse, planes de reducción de la contaminación y de contingencia en las
áreas contaminadas, con ayuda de autoridades de tránsito, de salud y de
planeación, entre otras.
5.13. Por otra parte, el “Informe
Anual sobre el Estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables en
Colombia, Calidad del Aire”, elaborado por IDEAM en 2007, evidenció que, en
general, “el material particulado (MP) es el contaminante que más deteriora
la calidad del aire al superar los límites máximos permisibles tanto anuales
como diarios en la mayoría de las redes que miden este contaminante. El ozono
troposférico también alcanza concentraciones críticas en las zonas en las
cuales ha sido monitoreado este contaminante, mientras que los valores
encontrados para óxidos de nitrógeno y de azufre en la mayoría de las redes se
mantiene dentro de los estándares establecidos”.
En
informe rendido por IDEAM en 2010 sobre el Estado del Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables, se indicó que “en el año 2009
la variación en el monitoreo de cada uno de los principales contaminantes
atmosféricos respecto al diagnóstico presentado en el Informe de calidad del
aire 2007[106], evidencia en los
diferentes SVCA una tendencia a disminuir el monitoreo de contaminantes como el
dióxido de azufre SO2 y el dióxido de nitrógeno NO2, y en menor medida el ozono
O3 y el monóxido de carbono CO. En el mismo sentido, con respecto al material
particulado la tendencia es a la disminución en el número de estaciones que
monitorean Partículas Suspendidas totales PST, para dar prioridad al
monitoreo de material particulado menor a 10 micras PM10 y material particulado
menor a 2.5 micras PM2.5, debido a la importancia que representa este tipo de
material en cuanto al grado de afectación a la salud humana”.
Sexta. A falta de certeza
científica, debe ser aplicado el principio de precaución.
6.1. El
Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro de 1992 incluyó 27
principios generales, advirtiendo que, con el fin de proteger el ambiente, los
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución, conforme a sus
capacidades, “cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente” (no está en negrilla en el original,
como tampoco en la cita anterior ni en las subsiguientes).
6.2. El numeral 6° del artículo 1° de la Ley 99 de
diciembre 22 de 1993, consagró dicho criterio de precaución como un principio
general, indicando que la política ambiental se fundamenta en criterios y
estudios científicos, mas “las autoridades ambientales y los particulares
darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista
peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces
para impedir la degradación del medio ambiente”.
Esta
corporación en fallo C-293 de abril 23 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra,
explicó que la autoridad ambiental es competente para aplicar el principio de
precaución, mediante un acto administrativo motivado, en el caso de observarse “un
peligro de daño, que éste sea grave e irreversible, que exista un principio de
certeza científica, así no sea esta absoluta, que la decisión que la autoridad
adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente”.
Después, en
sentencia T-299 de abril 3 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte
realizó un resumen completo de la jurisprudencia constitucional existente hasta
ese momento sobre la relevancia, el alcance y la aplicación en el ordenamiento
jurídico interno del mencionado principio. Así se concluyó:
“(i) El
Estado Colombiano manifestó su interés por aplicar el principio de precaución
al suscribir la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo;
(ii) el principio hace parte del ordenamiento positivo, con rango legal, a
partir de la expedición de la Ley 99 de 1993; (iii) esta decisión del
legislativo no se opone a la constitución; por el contrario, es consistente con
el principio de libre autodeterminación de los pueblos, y con los deberes
del Estado relativos a la protección del medio ambiente; (iv) el Estado ha
suscrito otros instrumentos internacionales, relativos al control de sustancias
químicas en los que se incluye el principio de precaución como una
obligación que debe ser cumplida de conformidad con el principio de buena fe
del derecho internacional; (v)… el principio de precaución se encuentra
constitucionalizado pues se desprende de la internacionalización de las
relaciones ecológicas (art. 266 CP) y de los deberes de protección y prevención
contenidos en los artículos 78, 79 y 80 de la Carta.”[107]
6.3. Es además
ilustrativo acudir, en ámbito trasnacional de otras latitudes, a lo estatuido
en el numeral 2° del artículo 174 de la Constitución de la Comunidad Europea,
en cuanto consagra: “… la política medioambiental de la Unión tendrá como
objetivo un nivel elevado de protección, teniendo presente la diversidad
de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en
los principios de precaución y de acción preventiva, en el principio de
corrección de los daños al medio ambiente, preferentemente en el origen, y en
el principio de que quien contamina paga.”
6.4. Así, el principio de
precaución conlleva la adopción de medidas eficaces para precaver la
degradación del ambiente, sin que pueda sacrificarse su aplicación en aras de
la inmadurez científica.
Séptimo. Análisis del caso
concreto.
Efectuadas las precisiones
precedentes, a partir de los hechos observados y de la cuidadosa apreciación
integral del amplio caudal probatorio acopiado en el asunto que ahora ocupa la
atención de la Corte, devienen sustentadas las siguientes consideraciones y
conclusiones:
7.1. Es indudable que existe una
concentración de partículas de carbón sobre el contorno de la explotación
carbonífera de Drummond Ltd., en el corregimiento La Loma del municipio El
Paso, Cesar, la cual tiene origen en el proceso de explotación (24 horas
diarias), cargue, transporte y, en fin, la operación que se lleva a cabo por
dicha empresa.
Así, está demostrado que:
i) La
empresa accionada expresó en junio 4 de 2010 que su operaciones se efectúa las
24 horas diarias, argumentando que se “trata de operaciones mineras que
requieren elevadas inversiones de capital y requieren volúmenes máximos de
producción durante el período de concesión, para asegurar adecuadas tasas de
retorno sobre el capital invertido, estas minas operan en un mercado de precios
fluctuantes, por lo que se hace indispensable mantener máximos niveles de
producción para conservar la viabilidad económica de una mina durante la vida
de la misma”, por lo que indicó que si dicha actividad se suspende por
algún momento del día, no sería eficiente y perdería viabilidad económica (“los
grandes equipos de minería están diseñados para funcionar 24 horas a fin de que
resulten más eficientes y económicos”)[108].
Por otro
lado, anotó que “las consecuencias para sus empleados serían devastadoras
puesto que se haría necesario terminar muchos contratos de trabajo y los
empleados restantes tendrían que aceptar una compensación más baja y niveles de
beneficios reducidos. El Gobierno Nacional y los entes departamentales y
municipales sufrirían un serio impacto negativo, debido a las reducciones
significativas en regalías e impuestos a todos los niveles. La economía
colombiana también sufriría un impacto nocivo importante debido a la reducción
de la actividad económica generada hoy en día por Drummond Ltd., ya que la
compañía compraría menos bienes y servicios, reduciría significativamente la
inversión en infraestructura y afectaría de manera considerable la balanza de
pagos del país”[109].
ii) El hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible señaló en agosto 6 de 2010 que, de conformidad con el
Plan de Manejo Ambiental por parte de Drummond Ltd., esta empresa “presentó
un cumplimiento en el 83% de sus obligaciones, sin que sea posible establecer
una ponderación respecto al peso de cada obligación; correspondiendo el 17%
restante a obligaciones que pudieran presentar una deficiencia parcial”[110].
En cuanto a las consecuencias ambientales,
dicha cartera refirió también que la explotación de carbón a cielo abierto,
genera efectos a) físicos, ante la “remoción de suelo y vegetación, cambios
paisajísticos, abatimiento de niveles freáticos, cambios en patrón natural de
drenaje, eventuales desvíos o realineamiento de cauces, disminución y
alteración del régimen de caudales, posible contaminación puntual de aguas,
generación de residuos líquidos y sólidos, deterioro de la calidad de aire por
emisión de material particulado y gases y generación de ruido y vibraciones”;
b) bióticos, debido a “afectación y posible pérdida de cobertura vegetal,
afectación y posible pérdida de ecosistemas, afectación a la migración de
especies fauna, afectación a recursos hidrobiológicos”; y c) sociales, por “cambios
en patrones sociales, desplazamiento de poblaciones, generación de
expectativas, reasentamiento y problemática social asociada, desarrollo
regional y local, afectación de actividades de desarrollo futuros, generación
de empleo, divisas y regalías, incremento en la demanda de servicios sociales y
públicos domiciliarios, modificaciones en situaciones de tensión y afectación
del patrimonio cultural”[111].
En cuanto a la visita técnica
realizada por un experto en la materia, de dicho Ministerio, se señaló que[112]:
i) La
vivienda “donde habita la familia está construida en ladrillo de arcilla
(expuesto) y techo de lámina acanalada de zinc, consta de tres habitaciones y
una cocina, no cuenta con electricidad y la preparación de alimentos se realiza
en fogón de leña, la cocina no posee chimenea ni un mecanismo de evacuación de
humo”.
ii) El
área “del proyecto minero Pribbenow más cerca al predio identificado como la
finca Los Cerros, corresponde al botadero de estériles SO, 1.5 km
aproximadamente en dirección S85°W”.
iii)
“De acuerdo con las consultas realizadas por el doctor Juan Carlos Correa,
médico especializado en Salud Pública con experiencia en estudios de calidad
del aire y sus efectos en la salud humana, de la Fundación Santa Fe de Bogotá,
determinar con certeza si la afectación a la salud de un individuo en
particular o un grupo pequeño de individuos es debida al material particulado
proveniente de la explotación minera no es posible. Esto se debe a que existen
múltiples factores de riesgo que pueden estar afectando a las personas
simultáneamente pero que cuya contribución individual al desarrollo de una enfermedad
no se puede determinar. Es así como otros factores como cocinar en leña en un
espacio no ventilado adecuadamente o el hacinamiento pueden contribuir al
desarrollo de una enfermedad respiratoria.”
7.2. Los
elementos de convicción allegados por esta corporación, permiten cotejar
algunas observaciones divergentes entre lo señalado por el Ministerio de
Ambiente y por la sociedad accionada.
En efecto,
mediante Resolución N° 1525 de agosto 6 de 2010, “por la cual se resuelven
los recursos de reposición interpuestos en contra de la resolución N° 0970 del
20 de mayo de 2010”, que fue emitida por esa cartera un día después de la
respuesta enviada a esta Corte, se determinó, para el período entre 2007 y
2010, una “fuente de contaminación alta para la zona del asentamiento humano
Municipio de El Paso”, por lo que se ordenó a Drummond Ltd. realizar “un
censo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
resolución, para lo cual deberán contar con el acompañamiento de la Defensoría
del Pueblo y de las autoridades municipales. Dicho censo deberá ser registrado
ante las Alcaldías de los municipios de El Paso y La Jagua de Ibirico y servirá
de base para el respectivo proceso de reasentamiento”.
Igualmente
mediante Resolución N° 0540 de marzo 7 de 2011, la Directora de Licencias,
Permisos y Trámites Ambientales del otrora Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, “impone una medida preventiva de amonestación
escrita” a Drummond Ltd. y a otras empresas que no hacen parte de la
presente acción de tutela, por el incumplimiento de las obligaciones
consagradas en los numerales 1, 2, 2.2, 3, 4 y 5 del artículo cuarto de la
Resolución N° 970 de 2010, modificada por la Resolución N° 1525 de 2010, a raíz
de “la no contratación dentro del plazo establecido, de una entidad de
reconocida trayectoria y experiencia en procesos de reasentamiento para la
formulación y ejecución del plan de reasentamiento”.
Además,
por no haber “optado dentro del plazo establecido, entre celebrar un contrato
de fiducia mercantil de administración irrevocable u otro mecanismo que ofrezca
garantías y beneficios similares en relación con el manejo de los recursos que
serán utilizados para financiar el proceso de reasentamiento; no haber aportado
los recursos necesarios para la constitución del patrimonio autónomo o fondo
común que garantice la financiación total del proceso de reasentamiento, de
acuerdo con los criterios de proporcionalidad determinados en el artículo
segundo de la Resolución 970 de 2010, modificada por la Resolución 1525 del
mismo año; no haber contratado, por intermedio de la entidad fiduciaria o
mediante el mecanismo que se adopte para la administración de los recursos, una
Interventoría que efectúe el seguimiento a la labor realizada por la entidad
contratada para realizar el reasentamiento con el objetivo de verificar el
cumplimiento o no de la labor que le ha  sido encargada; no haber realizado el
censo de las poblaciones dentro del plazo asignado por la falta de contratación
de la entidad encargada para ello; y finalmente, por no haber entregado a este
Ministerio el Plan de Reasentamiento, a más tardar el 15 de marzo de 2011,
conforme al plazo establecido”.
7.3. De lo
anteriormente reseñado, se deduce contraposición entre lo anotado por la
empresa accionada y lo verificado por el Ministerio de Ambiente, que sí
advirtió gran impacto ambiental en el área de influencia del proyecto
carbonífero en cuestión, con afectación a la comunidad circunvecina en el
municipio El Paso, Cesar, entre la cual está el demandante Orlando José Morales
Ramos y su núcleo familiar.
7.4. Así, es evidente que al
esparcirse las partículas de carbón, además de la degradación que producen en
el ambiente, directamente en sus componentes de aire y agua, su propagación
constante genera contaminación hacia vegetales, animales y todo el entorno, con
severa repercusión contra la población humana, cuya salud compromete
especialmente al causar enfermedades respiratorias y pulmonares.
Para el caso concreto, con los
elementos de convicción acopiados, entre ellos lo aportado por el actor Orlando
José Morales Ramos (e. gr. fotografías y planos, fs. 11 a 13 y 61 a 63 cd.
inicial), se constata que la explotación carbonífera sí colinda con la finca
donde él habita con su numerosa familia, integrada en su mayoría por niños, a
cuyos derechos debe otorgarse prevalencia (art. 44 Const.), siendo así mismo
claro que los efectos nocivos del ruido y de la dispersión del polvillo de
carbón interfieren la intimidad familiar y la salud, golpeando además la
tranquilidad, el sosiego doméstico, el aseo, la lozanía y el paisaje, con un
eventual demérito al valor del predio.
7.5.
Por otra parte, aunque no fue posible realizar el examen médico que se dispuso
verificar sobre las vías respiratorias del actor, para determinar la
causa de sus afecciones, no hay fundamento para descartar su relación de causalidad con la existencia constante de
partículas de carbón en el aire que se respira en el contorno de su residencia,
provocada por las actividades que las 24 horas del día realiza la sociedad
accionada en la vecina explotación.
7.6. Debe observarse que las
licencias de funcionamiento y el presunto ceñimiento a los requisitos por parte
de la empresa accionada, no desvirtúan la constatación objetiva de la polución
que se sigue generando sobre el ambiente, en principio sobre las zonas aledañas
a la explotación, almacenamiento e inicio del trasporte.
La realidad resulta así
confrontada con el hipotético cumplimiento de unas disposiciones
reglamentarias, que no es sustento constitucional suficiente para la
continuidad, dentro de unas circunstancias que visiblemente no satisfacen la
inalienable obligación “del Estado y de las personas” de proteger
la riqueza natural de la Nación (art. 8° Const., no está en negrilla en el
texto original), de una explotación económica, que por importante y rentable
que sea no justifica el deterioro ambiental.
Recuérdese además que los
artículos 58 y 333 ibídem , entre otros, subordinan la propiedad, la
actividad económica, la libertad de empresa y la iniciativa privada, al bien
común, al interés social y a la preservación del ambiente.
En la confrontación de derechos y
libertades, sin lugar a dudas prevalece el reconocimiento de la persona humana
y su existencia en condiciones dignas y saludables, sin injerencias
contrapuestas a los principios inmanentes al Estado social de derecho, que
coarten su indemnidad.
De tal manera, cuando lo demás
falla, es procedente la implementación tutelar de mecanismos preventivos, que
en el asunto bajo estudio han de amparar la situación del actor y de su
familia, y consecuencialmente de otros vecinos, al imponer los correctivos
necesarios para erradicar los efectos nocivos que, para el caso, se están
produciendo por el ruido y la diseminación de partículas de carbón,
consiguiente a las actividades que realiza la sociedad accionada, particular
que está afectando el interés individualizable y a la vez colectivo al ambiente
sano (arts. 86 Const.), empresa cuya libertad no deviene restringida por el
acatamiento de las obligaciones y responsabilidades propias de su función
social, que también atañe a los organismos de control, al Ministerio del ramo y
a las demás entidades ambientales competentes.
7.7.  La Sala
Civil-Familia-Laboral del Tribunal
Superior de Valledupar, negó el amparo al no hallar expresamente
demostrado que la empresa Drummond Ltd., esté “vulnerando, amenazando o
poniendo en serio peligro un derecho constitucional fundamental, al actor o a
sus hijos, ya que ninguna prueba obra con el alcance de evidenciar que… la mina
Pribbenow, dañe el ambiente sano y por ende la salud de las personas con
residencias colindantes”.
Si tal insuficiencia probatoria
se diere, lo cual podría deberse a inacción judicial y a la celeridad impuesta
para que la protección de los derechos fundamentales sea oportuna, ya se ha
efectuado referencia al principio de precaución, de imperio trasnacional
e interno, que conduce a que la falta de certeza científica no puede aducirse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para precaver la
degradación del ambiente y la generación de riesgos contra la salud.
7.8. De tal
manera, se ordenará al hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por
intermedio de su respectivo titular, que en el ámbito de sus funciones analice
a cabalidad y haga cumplir apropiadamente las recomendaciones de la OMS, y de
otros organismos internacionales, en lo que corresponda, como los referidos en
precedencia dentro del presente fallo, particularmente frente a los efectos
adversos a la salud y, en general, contra el ambiente, que genere la
explotación carbonífera a gran escala, implantando las medidas adecuadas que
deban tomarse para erradicar los referidos efectos.
Se ordenará
también al referido Ministerio, por el mismo conducto, que asumidas esas
recomendaciones internacionales, con prevalencia en cuanto formen parte del
bloque de constitucionalidad y, en todo caso, bajo la preeminencia propia de la
intensa preceptiva constitucional colombiana pro preservación del ambiente sano[113],
haga implantar y funcionar eficientemente, en un lapso no superior a tres (3)
meses contados desde la notificación de esta sentencia, con subsiguiente
control constante y cabal, la amortiguación del ruido y la erradicación de las
emanaciones de partículas de carbón, en su explotación, almacenamiento y
trasporte del mineral, supervisando el pleno cumplimiento de lo que a
continuación se determina y previendo, imponiendo o haciendo imponer, por el
conducto correspondiente, las sanciones a que haya lugar.
Igualmente se
ordenará al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  por conducto del
respectivo Ministro o de quien al respecto haga sus veces, que con base en las
guías recomendadas por la OMS y lo dispuesto por los demás organismos
internacionales concernientes, promueva un plan de acción con actividades
coordinadas de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional
Ambiental, con el objetivo de construir una política nacional integral, para
optimizar la prevención y el control contra la contaminación del aire y del
agua.
7.9. Por otra
parte, se ordenará a Drummond Ltd., por conducto del representante legal de su
sucursal en Colombia o quien haga sus veces, teniendo en cuenta las
consideraciones que anteceden y siempre bajo el indicado principio de
precaución y el respeto adicional a los derechos de los niños, además de toda
la normativa constitucional y legal antes reseñada, que en el término máximo de
tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, ejecute
la instalación de maquinaria de última generación técnica, al igual que
amortiguadores, lavadores, cubiertas y recuperadores de carbón y sus
partículas, para contrarrestar el ruido y la dispersión.
Con los
mismos fines y dentro de igual término y conducto, Drummond Ltd. será obligada
a incluir en su plan de manejo ambiental, en derredor de las zonas de
explotación, almacenamiento y trasporte de carbón, la plantación de barreras
vivas que coadyuven a erradicar el daño generado por la explotación carbonífera[114].
7.10. De la
misma manera se solicitará al Defensor del Pueblo que, en cumplimiento del
artículo 282 de la Constitución Política, particularmente en cuanto a su
función 1ª, procure que sean efectivamente ejercidos y defendidos los derechos
tutelados mediante esta sentencia, de la cual y de la demanda que dio origen a
la presente acción se le enviará copia auténtica por conducto parte de la
Secretaría General de esta corporación.
7.11. Copias
auténticas de los mismos documentos mencionados en el punto anterior también
serán compulsadas y enviadas, por igual conducto, al Procurador General de la
Nación y a la Contralora General de la República, para que, en el ámbito de sus
respectivas funciones, hagan cumplir lo ordenado en esta providencia y, si lo
encuentran atinente, inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales a
que hubiere lugar, por las medidas y obras que han debido y deban realizarse y
no hubieren sido ejecutadas apropiada y oportunamente en defensa del ambiente y
de la salud.
7.12. Previamente, se resolverá
levantar la suspensión del término para decidir esta acción, que se había
dispuesto mediante auto de mayo 18 de 2010, y será revocada la sentencia única
de instancia, dictada en septiembre 2 de 2009 por la Sala Civil-Familia-Laboral
del Tribunal Superior de Valledupar,
no impugnada, que negó el amparo, al no hallar “expresamente demostrado en
el expediente que la empresa Drummond Ltd. esté vulnerando, amenazando o
poniendo en serio peligro un derecho constitucional fundamental”.
En su lugar, le serán tutelados
al demandante José Orlando Morales Ramos y a su núcleo familiar, que incluye
varios niños, los derechos fundamentales a la vida, la salud, la intimidad y el
ambiente sano.
Octava. Decisión.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la
suspensión del término para decidir esta acción, que se había dispuesto
mediante auto de mayo 18 de 2010.
Segundo.- REVOCAR la
sentencia dictada en septiembre 2 de 2009 por la Sala Civil-Familia-Laboral del
Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar, dentro de la acción de tutela incoada por José
Orlando Morales Ramos.  En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos
fundamentales del referido demandante y de su núcleo familiar, a la vida, la
salud, la intimidad y el ambiente sano.
Tercero.- ORDENAR al Ministro
de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien al respecto haga sus veces, que en
el ámbito de sus funciones analice a cabalidad y haga cumplir apropiadamente la
preceptiva constitucional colombiana y, en lo que corresponda, las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros
organismos internacionales relacionados en el presente fallo, particularmente
frente a los efectos adversos a la salud y, en general, contra el ambiente, que
genere la explotación carbonífera a gran escala, implantando y haciendo
ejecutar las medidas adecuadas que deban tomarse para erradicar los referidos
efectos.
En particular,
dicho Ministro o quien al respecto obre por él, hará implantar y funcionar
eficientemente, en un lapso no superior a tres (3) meses contados desde la
notificación de esta sentencia, con subsiguiente control constante y cabal, la
amortiguación del ruido y la erradicación de las emanaciones de partículas de
carbón, en su explotación, almacenamiento y trasporte del mineral, supervisando
el pleno cumplimiento de lo que a continuación se determina y previendo,
imponiendo o haciendo imponer, por el conducto correspondiente, las sanciones a
que haya lugar.
Cuarto.-
ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  por conducto
del respectivo Ministro o de quien al respecto haga sus veces, que con base en
las guías recomendadas por la OMS y lo dispuesto por los demás organismos
internacionales concernientes, promueva un plan de acción con actividades
coordinadas de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional
Ambiental, con el objetivo de erigir una política nacional integral para
optimizar y hacer cumplir prioritariamente la prevención y el control contra la
contaminación del aire y del agua causada por la explotación y transporte de
carbón.
Quinto.-
ORDENAR a Drummond Ltd., por conducto del representante legal de su
sucursal en Colombia o quien haga sus veces, que en el término máximo de tres
(3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, ejecute la
instalación de maquinaria de última generación técnica, al igual que
amortiguadores, lavadores, cubiertas y recuperadores de carbón y sus
partículas, para contrarrestar el ruido y la dispersión.
Sexto.- Con
los mismos fines y dentro de igual término y conducto, ORDENAR a
Drummond Ltd. que incluya en su plan de manejo ambiental, en derredor de las
zonas de explotación, almacenamiento y trasporte de carbón, la plantación de
barreras vivas que coadyuven a erradicar el daño generado por la explotación
carbonífera.
Séptimo.-
SOLICITAR al Defensor del Pueblo que, en cumplimiento del artículo 282 de
la Constitución Política, particularmente en cuanto a su función 1ª, procure
que sean efectivamente ejercidos y defendidos los derechos tutelados mediante
esta sentencia, de la cual y de la demanda que dio origen a la presente acción
se le enviará copia auténtica por conducto parte de la Secretaría General de
esta corporación.
Octavo.-
COMPULSAR Y ENVIAR, por igual conducto, copias auténticas de los mismos
documentos mencionados en el punto anterior, al Procurador General de la Nación
y a la Contralora General de la República, para que, en el ámbito de sus
respectivas funciones, hagan cumplir lo ordenado en esta providencia y, si lo
encuentran atinente, inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales a
que hubiere lugar, por las medidas y obras que han debido y deban realizarse y
no hubieren sido ejecutadas apropiada y oportunamente en defensa del ambiente y
de la salud.
Noveno.- LÍBRESE la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese
en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Magistrado
ALEXEI JULIO ESTRADA
Magistrado
MARTHA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1] F. 1 cd. inicial.
[2] Fs. 1 a 3 y 27 a 31 ib..
[3] F. 3 ib..
[4] F. 7 ib..
[5] Fs. 11 a 13 ib..
[6] F. 17 ib..
[7] Fs. 16 a 26 ib..
[8] Fs. 27 a 31 ib..
[9] F. 36 ib..
[10] Fs. 40 y 41 ib..
[11] Fs. 69 y 70 ib..
[12] Fs. 71 y 78 ib..
[13] Fs. 47 a 60 ib..
[14] F. 49 ib..
[15] Íd..
[16] F. 142 ib..
[17] Fs. 10 a 12 cd. Corte.
[18] F. 39 ib..
[19] F. 40 ib..
[20] Fs. 48 a 52 ib..
[21] F. 54 ib..
[22] F. 56 ib..
[23] F. 61 ib..
[24] F. 63 ib..
[25] F. 65 ib..
[26] F. 68 ib..
[27] Fs. 78 a 79 ib..
[28] F. 79 ib..
[29] F. 84 ib..
[30] Fs. 103 a 267 ib..
[31] Fs. 274 a 281 ib..
[32] F. 275 ib..
[33] Íd..
[34] F. 287 ib..
[35] F. 288 ib..
[36] F. 294 ib..
[37] Esos documentos aportados por la empresa demandada se hallan en un
cuaderno anexo (fs. 1 a 315).
[38] Fs. 314 a 316 cd. Corte.
[39] Fs. 332 a 336 ib..
[40] F. 1 cd. anexo 1.
[41] F. 2 ib..
[42] Fs. 2 y 3 ib..
[43] F. 3 ib..
[44] Fs. 3 y 4 ib..
[45] F. 4 ib..
[46] Íd..
[47] Íd..
[48] Fs. 5 ib..
[49] F. 6 ib..
[50] SU-1116 de octubre 24 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[51] La carta política ecuatoriana, de gran relevancia internacional al
respecto, dispone en su artículo 3° (numeral 3°) como deber primordial del Estado,
entre otros, “defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger
el medio ambiente”. Además instituye “el derecho a vivir en un ambiente
sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La ley establecerá
las restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, para
proteger el medio ambiente… El derecho a una calidad de vida que asegure la
salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental;
educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios
sociales necesarios” (art. 23 numerales 6 y 20).
Igualmente,
el artículo 32 anota que “para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a
la conservación del medio ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar
y controlar áreas para el desarrollo futuro, de conformidad con la ley”.
Dicha
Constitución también contiene una sección expresamente dedicada al ambiente,
donde dispone:
“Art. 86.-
El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable.
Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de
la naturaleza.Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:
1. La
preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país.
2. La
prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios
naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los
requisitos que para estos fines deberán cumplir las actividades públicas y
privadas.
3. El
establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que
garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los
servicios ecológicos, de conformidad con los convenios y tratados
internacionales.
Art. 87.-
La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos para
establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que
correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
por las acciones u o misiones en contra de las normas de protección al medio
ambiente.
Art. 88.-
Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar
previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será
debidamente informada. La ley garantizará su participación.
Art. 89.-
El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los siguientes
objetivos: Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes.
Establecer
estímulos tributarios para quienes realicen acciones ambientalmente sanas.
Regular,
bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el medio ambiente, la
experimentación, el uso, la comercialización y la importación de organismos
genéticamente modificados.
Art. 90.-
Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas químicas,
biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de
residuos nucleares y desechos tóxicos.
El Estado
normará la producción, importación, distribución y uso de aquellas sustancias
que, no obstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas para las personas y el
medio ambiente.
Art. 91.- El
Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños
ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta Constitución.
Tomará
medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias
ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia
científica de daño.
Sin
perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona
natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la
ley para la protección del medio ambiente.”
La
Constitución de la República Federativa de Brasil, Capítulo VI, Título III (orden
social), artículo 225, dispone (traducción libre):
“Todos
tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso
común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al
Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las
generaciones presentes y futuras.
1°. Para
asegurar la efectividad de este derecho, incumbe al poder público:
I. Preservar
y restaurar los procesos ecológicos esenciales y procurar el tratamiento
ecológico de las especies y ecosistemas; II. preservar la diversidad y la
integridad del patrimonio genético del país y fiscalizar a las entidades
dedicadas a la investigación y manipulación de material genético; III. definir
en todas las unidades de la Federación, espacios territoriales y sus
componentes para ser objeto de especial protección, permitiéndose la alteración
y la supresión solamente a través de ley, prohibiéndose cualquier uso que
comprometa la integridad de los elementos que justifican su protección; IV.
exigir, en la forma de la ley, para la instalación de obras o actividades
potencialmente causantes de degradación significativa del medio ambiente, un
estudio previo del impacto ambiental, al que se dará publicidad; V. controlar
la producción, la comercialización y el empleo de técnicas, métodos y
sustancias que supongan riesgos para la vida, para la calidad de vida y para el
medio ambiente; VI. Promover la educación ambiental en todos los niveles de
enseñanza y la conciencia pública para la preservación del medio ambiente; VII.
proteger la fauna y la flora, prohibiéndose, en la forma de la ley, las
prácticas que pongan en riesgo su fusión ecológica, provoquen la extinción de
especies o sometan a los animales a la crueldad.
2°. Los
que explotasen recursos minerales quedan obligados a reponer el medio ambiente
degradado, de acuerdo con la solución técnica exigida por el órgano público
competente, en la forma de la ley.
3°. Las
conductas y actividades consideradas lesivas al medio ambiente sujetan a los
infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y
administrativas, independientemente de la obligación de reparar el daño
causado.
4°. La
floresta Amazónica brasileña, la Mata Atlántica, la Sierra del Mar, el Pantanal
Matogrosense y la zona costera son patrimonio nacional, y su utilización se
hará en la forma de la ley, dentro de las condiciones que aseguren la
preservación del medio ambiente, incluyendo lo referente al uso de los recursos
naturales.
5°. Son
indisponibles las tierras desocupadas o las adquiridas por los Estados, a
través de acciones discriminatorias, necesarias para la protección de los
ecosistemas naturales.
6°. Las
fábricas que operen con reactor nuclear deberán tener su localización definida
en ley federal, sin la cual no podrán instalarse.”
[52] Cfr. T-092 de febrero 19 de 1993, M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671
de junio 21 de 2001, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[53] En la mencionada sentencia se declaró la exequibilidad de la “Enmienda
del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes,
suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997”, que desarrolla “los
preceptos constitucionales que consagran la cooperación internacional en campos
indispensables para la preservación de la salud y la vida de las personas,
contenidos en el Preámbulo y en los artículos 1, 2 y 9 de la Carta. De igual
forma, garantiza y respeta la equidad, la reciprocidad y la conveniencia
nacional, que deben inspirar las relaciones internacionales en materia
política, económica, social y ecológica, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 226 del Estatuto Supremo”.
[54] Artículo 95.8 ibídem.
[55] Artículos 79 y 80 ib..
[56] El artículo 3° de la Ley 99 de 1993, “por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”,
dispone que por desarrollo sostenible ha de entenderse “el que conduzca al
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta,
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. Igualmente, en
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el artículo 4°
indica que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable
y productiva en armonía con la naturaleza”. Además, en el Convenio sobre la
Biodiversidad Biológica, aprobado por Colombia mediante Ley 164 de 1994, se
precisó que “conscientes de que la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica tienen importancia crítica para satisfacer las
necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la población mundial
en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a los recursos genéticos y
a las tecnologías, y la participación en esos recursos y tecnologías. Tomando
nota de que, en definitiva, la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad entre los Estados y
contribuirán a la paz de la humanidad”.
[57] El artículo 58 de la Constitución, antes y después del Acto
Legislativo 1° de agosto 10 de 1999, dispone en su inciso 2° (no está en
negrilla en su texto original): “La propiedad es una función social que
implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.”
[58] C-431 de abril 12 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[59] Según la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, puede
definirse como “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin
poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus
propias necesidades". Ver http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm.
Uno de los documentos que pretendió crear conciencia en la humanidad
sobre la problemática ambiental fue el “Informe de la Comisión Mundial sobre
Medio Ambiente y Desarrollo”, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1987, con la participación de 19 Estados, entre ellos
Colombia, donde se indicó: “A mediados del Siglo XX, vimos por primera vez
nuestro planeta desde el espacio. Los historiadores seguramente podrán
considerar que esta visión tuvo un impacto mayor en el pensamiento que el que
tuvo la revolución copernicana del siglo XVI. Desde el espacio, nosotros vemos
una pequeña y frágil esfera compuesta no por la actividad humana y las
construcciones en general, sino por un esquema de nubes, océanos, zonas verdes,
y suelos. La inhabilidad de la humanidad para coordinar sus actividades dentro
de tales esquemas está cambiando radicalmente los sistemas planetarios. Muchos
de estos cambios están acompañados de peligros que amenazan la vida. Esta nueva
realidad coincide con nuevos desarrollos positivos de este siglo. Desde el
espacio, nosotros vemos y estudiamos la tierra como un organismo cuya salud
depende de la salud de todos sus componentes.”
[60] Art. 80 Const..
[61] T-458 de mayo 31 de 2011, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[62] Art. 88 Const..
[63] Arts. 11, 49 (incisos 1°, 2° y 5°), 67 (inciso 2°) y 330 (numeral 5°) Const.
, entre otros.
[64] T-494 de octubre 20 de 1993, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[65] T-219 de mayo 4 de 1994, M.P. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[66] El Decretó 948 de junio 5 de 1995, “por el cual se reglamentan
parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del
Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9
de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire”, dispone:
“Artículo 3º.- Tipos de Contaminantes del Aire. Son
contaminantes de primer grado, aquellos que afectan la calidad del aire o el
nivel de inmisión, tales como el ozono troposférico o smog fotoquímico y sus
precursores, el monóxido de carbono, el material particulado, el dióxido de
nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo.
Son contaminantes tóxicos de primer grado aquellos que
emitidos, bien sea en forma rutinaria o de manera accidental, pueden causar
cáncer, enfermedades agudas o defectos de nacimiento y mutaciones genéticas.”
“Artículo 35.- En las operaciones de almacenamiento,
carga, descarga y transporte de carbón y otros materiales particulados a
granel, es obligatorio el uso de sistemas de humectación o de técnicas o medios
adecuados de apilamiento, absorción o cobertura de la carga, que eviten al
máximo posible las emisiones fugitivas de polvillo al aire.”
“Artículo 37.- Sustancias de Emisión Controlada en
Fuentes Móviles Terrestres. Se prohíbe la descarga al aire, por parte de
cualquier fuente móvil, en concentraciones superiores a las previstas en las
normas de emisión, de contaminantes tales como monóxido de carbono (CO),
hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas, y otros que el
Ministerio del Medio Ambiente determine, cuando las circunstancias así lo
ameriten.”
“Artículo 73.- Parágrafo 3º.- No requerirán permiso de
emisión atmosférica las quemas incidentales en campos de explotación de gas o
hidrocarburos, efectuadas para la atención de eventos o emergencias.”
“Artículo 93.- Medidas para Atención de Episodios.
Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 979 de 2006. Cuando en virtud del
resultado de estudios técnicos de observación y seguimiento de la calidad del
aire en un área, se declare alguno de los niveles de Prevención, Alerta o
Emergencia, además de las otras medidas que fueren necesarias para restablecer
el equilibrio alterado, la autoridad ambiental competente procederá, según las
circunstancias lo aconsejen, a la adopción de las siguientes:
1. En el nivel de prevención:
…   …   …
d) Ejercer estricta vigilancia sobre las fuentes fijas
que más incidan en la elevación de los niveles de concentración de
contaminantes, tales como las que empleen carbón, fuel oil o crudo como
combustible, restringir la emisión de humos y su opacidad y reducir su tiempo
máximo de exposición.”
“Artículo 95.- Obligación de Planes de Contingencia.
Sin perjuicio de la facultad de la autoridad ambiental para establecer otros
casos, quienes exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen,
procesen, transporten, o almacenen hidrocarburos o sustancias tóxicas que
puedan ser nocivas para la salud, los recursos naturales renovables o el medio
ambiente, deberán estar provistos de un plan de contingencia que contemple todo
el sistema de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos,
personal capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones
contaminantes y reparación de daños, que deberá ser presentado a la Autoridad
Ambiental Competente para su aprobación.”
[67] Cfr. T-203 de marzo 23 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[68] Los casos son tomados del sitio web: http://www.ciel.org/Publications/Morellana_DDHH_Nov07.pdf.
[69] Sentencia de noviembre 30 de 2004, aplicación N° 48939/99, párr. 71
& 89.
[70] Ibídem, párr. 90 (traducción libre).
[71] Párr. 93 ib..
[72] Párr. 101 ib..
[73] Párr. 109 ib..
[74] Sentencia de noviembre 23 de 1994, aplicación
N° 16798/90.
[75] Párrs. 47 y 53 ib..
[76] Párr. 56 ib..
[77] Párrs. 51 y 58 ib..
[78] Sentencia de junio 9 de 2005, aplicación N° 55723/00.
[79] Págs. 21 y 22 ib..
[80] Pág. 22 ib..
[81] Sentencia de noviembre 10 de 2004, aplicación N°
46117/99.
[82] Párr. 121 ib..
[83] Párr. 119 ib.
[84] Párr. 119 ib..
[85] Sentencia de febrero 11 de 2011, aplicación N° 30499/03.
[86] http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=7013.
[87] Comisión Africana, Comunicación N° 155-96
(2001), Social and Economic Rights Action Centre and the Centre for Economic
and Social Rights v. Nigeria.
[88] Cabe resaltar que en el caso de las
Comunidades Ogoni, éstas no fueron consultadas acerca de las decisiones, ni
se beneficiaron materialmente de la explotación petrolera.
[89] Párr. 59 ib..
[90] Cfr., entre otras, T-500 de julio 3 de 2012, M. P. Nilson Pinilla
Pinilla.
[91] Cfrt. Tecnologías y Contaminación de Atmósferas, para PYMES, Grupo de
Investigación en Láseres, Espectroscopía Molecular y Química Cuántica.
Universidad de Murcia. Consultado en: http://www.um.es/LEQ/Atmosferas/Ch-I-2/F1s0p1.htm.
[92] Es importante señalar que las variaciones en la norma para un
contaminante entre diferentes países dependen principalmente del enfoque usado
en el proceso de formulación y el modo en que se implementa la norma dentro de
la estrategia del manejo de la calidad del aire. Por ejemplo: “i) En algunos
países se incluyen las consideraciones económicas en el proceso de fijación de
normas mientras que en otros no; ii) En algunos países la ley fija plazos
específicos para el cumplimiento de las normas mientras que en otros, las
normas son objetivos para lograr a largo plazo sin fecha límite; iii) En
algunos países se revisan las normas periódicamente mientras que en otros no.
Además, dependiendo de la importancia del contaminante para el país, el proceso
de revisión de la norma para cierto contaminante puede tener mayor o menor
prioridad; iv) En algunos países las normas se han clasificado en primarias y
secundarias, mientras que en otros se han clasificado de acuerdo con otros
parámetros como, por ejemplo, la región en la cual se deben cumplir.” (Tomado
de: http://www.um.es/LEQ/Atmosferas/Ch-I-2/F1s0p1.htm).
[93] Ibídem.
[94] Las guías de calidad del aire de la OMS relativas al material
particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre de 2005
señalan que “el aire limpio es un requisito básico de la salud y el
bienestar humanos. Sin embargo, su contaminación sigue representando una
amenaza importante para la salud en todo el mundo. Según una evaluación de la
OMS de la carga de enfermedad debida a la contaminación del aire, son más de
dos millones las muertes prematuras que se pueden atribuir cada año a los
efectos de la contaminación del aire en espacios abiertos urbanos y en espacios
cerrados (producida por la quema de combustibles sólidos). Más de la mitad de
esta carga de enfermedad recae en  las poblaciones de los países en desarrollo”.
[95] Cfr. http://www.um.es/LEQ/Atmosferas/Ch-I-2/F1s0p1.htm.
[96] Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado,
el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, de 2005.
[97] Los dos primeros gráficos “no se deben usar para concentraciones de
MP10 inferiores a 20 mg/m3 o superiores a 200 mg/m3 para un tiempo promedio de
exposición de 24 horas y para concentraciones de MP2,5 inferiores a 10 mg/m3 o
superiores a 100 mg/m3 para un tiempo promedio de exposición de 24 horas. Por
ejemplo, para una concentración de MP10 de 100 mg/m3 para un tiempo promedio de
muestreo de 24 horas la figura 2 indica que habrá un aumento en la mortalidad
diaria atribuida al MP del 7%.” (http://www.um.es/LEQ/Atmosferas/Ch-I-2/F1s0p1.htm).
[98] Sobre los métodos de referencia puede obtenerse información detallada
en los documentos de la ISO en la página web http://www.iso.ch/cate/1304020.html),
y en los documentos sobre contaminantes criterio tradicionales de la EPA (http://www.epa.gov/ttn/amtic/
pm.html).
[99] Ibídem.
[100] “Vehículos, motocicletas, trenes, aviones, barcos, etc., que
utilizan fuentes fósiles de energía.”
[101] “Establecimientos industriales y termoeléctricas, principalmente.”
[102] Las redes de calidad del aire son sistemas conformados por estaciones
permanentes de calidad del aire que cuentan con equipos de medición de
contaminantes en el aire.
[103] Según se presente al interior de un recinto, o afuera.
[104] Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010.
[105] La elaboración de esta reglamentación contó con el apoyo del Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y las autoridades
ambientales.
[106] “El micrómetro o micra es la unidad de longitud equivalente a una
millonésima parte de un metro. Su símbolo científico es μm.”
[107] Cfr. también C-988/04 (octubre 12), M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto; C-071/03 (febrero 4), M. P. Álvaro Tafur Galvis; y C-073/95 (febrero
23), M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[108] F. 287 cd. Corte.
[109] F. 294 ib..
[110] F. 84 ib..
[111] Fs. 78 a 79 ib..
[112] Fs. 332 a 336 ib..
[113] C-944 de octubre 1° de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla: “… la
gran importancia que la Constitución de 1991 le confirió a los temas
ambientales, al punto de haber sido doctrinalmente catalogada como una
Constitución ecológica. A este respecto es pertinente recordar los siguientes
aspectos, contenidos en distintas cláusulas constitucionales: (1) la obligación
del Estado y de todas las personas de proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación (art. 8°); (2) la naturaleza de servicios públicos a
cargo del Estado que se asigna a la salud y el saneamiento ambiental (art. 49);
(3) la función ecológica, como un elemento inherente al concepto de función
social de la propiedad privada (art. 58); (4) la necesidad de considerar la
eventualidad de las calamidades ambientales dentro de las variables que las
normas sobre crédito agropecuario deben tener en cuenta (art. 66); (5) inclusión
de la protección al medio ambiente como uno de los objetivos de la educación
(art. 67); (6) el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro efectivo de estos fines (art. 79); (7) la obligación del Estado de
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, prevenir los factores de deterioro ambiental y cooperar con las
naciones vecinas en la protección de los ecosistemas situados en zonas
fronterizas (art. 80); (8) la prohibición existente en relación con el ingreso
al país de residuos nucleares y desechos tóxicos (art. 81); (9) el deber que el
Estado tiene en relación con la defensa del espacio público y su destinación al
uso común (art. 82); (10) la procedencia de las acciones de cumplimiento y
populares para proteger el derecho a gozar de un medio ambiente sano (arts. 87
y 88); (8) el deber de la persona y del ciudadano de proteger los recursos
culturales y naturales del país y de velar por la conservación de un ambiente
sano (art. 95, num. 8°); (11) la función congresual de reglamentar, mediante la
expedición de leyes, la creación y funcionamiento de corporaciones autónomas
regionales (art. 150, num. 7°); (12) la perturbación del orden ecológico como
razón que justifica la declaratoria del estado de emergencia y el consiguiente
uso de facultades legislativas (art. 215); (13) el deber del Estado de promover
la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (art.
226); (14) la inclusión del tema ambiental dentro de los objetivos del control
fiscal, manifestada en la necesidad de valorar los costos ambientales generados
por la gestión pública (art. 267, num. 3°) y en la obligación de que el
Contralor General presente al Congreso un informe anual sobre el estado de los
recursos naturales y el medio ambiente (art. 268, num. 7°); (15) la función
asignada al Procurador General de la Nación de defender los intereses
colectivos, y en especial el ambiente (art. 277, num. 4°); (16) la posibilidad
de que los departamentos y municipios ubicados en zonas limítrofes adelanten,
junto con sus entidades homólogas de los países vecinos, programas de
cooperación e integración dirigidos, entre otros objetivos, a la preservación
del medio ambiente (art. 289); (17) la competencia que tienen las asambleas
departamentales para regular, por medio de ordenanzas, temas relacionados con
el ambiente (art. 300, num. 2°); (18) la consideración de las circunstancias
ecológicas como criterio para la asignación de competencias administrativas
especiales a los departamentos (art. 302); (19) el régimen especial previsto
para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
uno de cuyos objetivos es la preservación del ambiente y de los recursos
naturales del archipiélago (art. 310); (20) la competencia de los concejos
municipales para dictar normas relacionadas con el control, la preservación y
defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio (art. 313, num. 9°);
(21) la asignación mediante ley de un porcentaje de los impuestos municipales
sobre la propiedad inmueble a las entidades encargadas del manejo y
conservación del ambiente (art. 317); (22) las funciones que se atribuyen a los
territorios indígenas con respecto a vigilancia sobre los usos del suelo y la
preservación de los recursos naturales (art. 330, num. 1° y 5°); (23) la
creación de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, la
cual tiene dentro de sus objetivos el aprovechamiento y preservación del
ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables (art.
331); (24) la regla conforme a la cual el Estado es propietario del subsuelo y
de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos
adquiridos (art. 332); (25) la posibilidad de limitar, mediante la expedición
de leyes, el alcance de la libertad económica, cuando así lo exija el interés
social, el ambiente y/o el patrimonio cultural de la Nación (art. 333); (26) la
posibilidad de que el Estado intervenga, por mandato de la ley, en la
explotación de los recursos naturales y el uso del suelo, así como en la
producción, distribución, utilización y consumo de bienes, y en los servicios
públicos y privados, siendo la preservación de un ambiente sano uno de los
objetivos posibles de dicha intervención (art. 334); (27) la necesidad de
incluir las políticas ambientales como uno de los elementos esenciales del Plan
Nacional de Desarrollo que cuatrienalmente debe expedirse (arts. 339 y 340);
(28) el señalamiento de la preservación del ambiente como una de las posibles
destinaciones de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (art. 361); (29)
la inclusión del saneamiento ambiental como uno de los objetivos fundamentales
de la actividad del Estado (art. 366).”
[114] De conformidad con la Guía Ambiental para evitar, corregir y compensar
los impactos ambientales, realizado por el Ministerio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial en agosto de 2008, se indicó que el propósito de las
barreras vivas o artificiales es evitar: “i) alteración de la calidad
atmosférica por ruido y material particulado, ii) Alteración del paisaje; iii)
Alteración de la estabilidad del terreno; y iv) Cambios en la calidad de agua
por arrastre de sedimento”, donde igualmente se indicó que dichas barreras
difractoras “minimizan la afectación sobre la población aledaña al sitio de
las obras”.