T-303-18
Sentencia T-303/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
DEFECTO
FACTICO-Dimensión negativa y positiva
FUERO
SINDICAL-Concepto/FUERO SINDICAL-Finalidad
FUERO
SINDICAL-Elemento esencial para la protección del derecho a la asociación
sindical y para su eficacia
REGIMEN
DE OPONIBILIDAD DEL FUERO SINDICAL-Jurisprudencia constitucional
REGIMEN
DE OPONIBILIDAD DEL FUERO SINDICAL
La
Sala considera, en síntesis, que una lectura armónica de las sentencias C-465
de 2008 y C-734 de 2008, a la luz de lo dispuesto en los artículos 363 y 371
del C.S.T., permite concluir que la oponibilidad del fuero sindical frente al
empleador exige que este tenga conocimiento acerca de la existencia del
sindicato, sus fundadores y/o los miembros de su junta directiva. Resulta
razonable la carga que se le impone al sindicato y a sus miembros de comunicar,
en los términos del artículo 363 del C.S.T., los actos del sindicato a efectos
de que sean oponibles. El
artículo 363 del C.S.T. relativo a la notificación de la constitución del
sindicato y el artículo 371 del C.S.T. sobre la notificación de los cambios en
la junta directiva del sindicato exigen: primero, que se comunique al inspector
de trabajo y al empleador sobre la constitución o modificación
en la composición de la junta directiva, según sea el caso, y segundo, que
dicha comunicación se efectúe por escrito. Teniendo en cuenta los anteriores
requisitos y la interpretación constitucional de las normas referidas en las
sentencias C-465 de 2008 y C-734 de 2008, la Sala observa que (i) si el sindicato
le notificó por escrito al inspector de trabajo y al
empleador, el fuero sindical es oponible a este último desde la fecha de la
primera comunicación, según lo dispone la sentencia C-465 de 2008. A su vez,
(ii) si el sindicato le notificó al inspector de trabajo y no
al empleador, el fuero sindical solo será oponible a éste último, cuando
conozca efectivamente de la existencia del sindicato, sus fundadores y/o
miembros de Junta Directiva, mediante la notificación realizada por el
Ministerio de Trabajo o por información proveniente directamente de la
organización sindical. En el caso (iii) de que el sindicato no comunique ni al
Ministerio ni al empleador, la protección foral no puede activarse.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por incurrir en
defectos sustantivo y fáctico al ordenar reintegro de trabajador
La
Sala concluye que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Juzgado Laboral del Circuito de San
Andrés incurrieron en un defecto sustantivo y fáctico al ordenar el reintegro
del señor Thyme Palmer, pese a que éste no le informó a su empleador por
escrito acerca de su condición de aforado, por desconocer la interpretación de
los artículos 363 y 371 del C.S.T. que ha hecho la Corte Constitucional a la
luz de la Constitución Política y por dar acreditadas algunas circunstancias
sin que exista el material probatorio idóneo para probar la existencia de la
comunicación por escrito del artículo 363 del C.S.T.
Referencia:
Expediente T-6.391.604
Acción de tutela
interpuesta por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura contra la Sala Única del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas y otros
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de
dos mil dieciocho (2018)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los
magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
El
expediente que se estudia a continuación fue seleccionado mediante Auto del 24
de noviembre de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Once de esta
Corporación.
La
acción de tutela fue interpuesta el 26 de mayo de 2017, mediante apoderado
judicial, por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura  contra la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, Islas y el Juzgado Laboral del Circuito de
San Andrés por considerar que estas autoridades judiciales le han vulnerado los
derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía e independencia
judicial del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés, en
adelante, Juzgado Único Penal, al proferir el primero la sentencia del 12 de
mayo de 2017 y el segundo la sentencia del 14 de marzo de 2014 en las que
ordenaron el reintegro del señor Guillermo Thyme Palmer con base en su alegado
fuero sindical a pesar de que nunca se le notificó por escrito al Juzgado Único
Penal acerca de su pertenencia al sindicato “Asonal Judicial”.
B.
HECHOS RELEVANTES
1. El señor Guillermo Thyme Palmer fue
nombrado en provisionalidad el 21 de enero de 2002, conforme a la Resolución
No. 002 del 21 de enero de 2002 en el cargo Auxiliar Judicial Grado II del
Juzgado Único Penal[1].
2. El 6 de diciembre de 2016, el
Coordinador del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo certificó
que la organización sindical “ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL
SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO Y AFINES ASONAL JUDICIAL SINDICATO DE INDUSTRIA –
ASONAL JUDICIAL S.I.” cuenta con registro de inscripción No. 06 del 8 de
julio de 2015, con domicilio en Chía, Cundinamarca y que la última Junta
Directiva de la Subdirectiva Seccional San Andrés islas de la citada
organización sindical es la depositada el 14 de diciembre de 2015 en la que
quedó designado el señor Guillermo Thyme Palmer como vicepresidente[2].
3. El Juzgado Único Penal informó que no
le han sido notificados por escrito la constitución de la organización sindical
ni los nombres de sus fundadores y miembros de la Junta Directiva[3].
4. El 28 de octubre de 2016, el Juzgado
Único Penal, mediante la Resolución No. 010 de esa fecha, resolvió declarar
insubsistente el nombramiento en provisionalidad del señor Guillermo Thyme
Palmer[4].
En la motivación del acto administrativo se aduce que el empleado tenía un
rendimiento laboral y comportamental negativo y le habían hecho varios llamados
de atención sin resultado alguno y un proceso disciplinario. A juicio del titular
del Juzgado Único Penal, “la falta de ejecución oportuna de las funciones
propias del cargo conocidas por el señor Guillermo Thyme Palmer, no ofrece
suficiente garantía de prestación de buen servicio y entorpece la buena marcha
del Despacho”[5].
Igualmente, en el curso del proceso disciplinario que tuvo lugar previa a su
declaración de insubsistencia, sostuvo lo siguiente:
“Según
él [el señor Thyme Palmer] está investido y protegido por el fuero sindical tal
como me lo ha manifestado y lo plasmó en la misiva del 15 de marzo de 2016”[6].
En la comunicación referida en la
declaración, el señor Thyme Palmer se dirigió al titular
del Juzgado Único Penal el 15
de marzo de 2016 contestando un memorando sobre su comportamiento laboral en el
que afirmó:
“Si dije que
yo no era ningún bobo, pero en ningún momento dije que desea que corrija el
oficio para buscar excusa para sacarme porque yo sé cómo piensa lo que dije fue
que usted quiere que le quite oficio que fue por error involuntario para que
después puedes (sic) utilizarlo en mi contra para sustanciar su resolución o
para presentarlo ante instancia ante la cual pediría que me quite el fuero
sindical (…) Pero según parece, como soy miembro del sindicato y como que no le
simpatiza a usted”[7].
5. El 31 de octubre de 2016, el señor
Guillermo Thyme Palmer interpuso recurso de reposición contra la Resolución No.
010 del 28 de octubre de 2016, solicitando que se revoque en su totalidad el acto
administrativo que lo declaró insubsistente y que sea restituido en su cargo[8]. El 1 de noviembre de 2016, el Juzgado Único Penal resolvió la
solicitud mediante la Resolución No. 011 y rechazó la petición por ser improcedente[9].
6. El 15 de noviembre de 2016, el
Juzgado Único Penal nombró en provisionalidad, mediante la Resolución No. 013,
a Danycet Bent Pérez en el cargo de Auxiliar Judicial Grado II, quien se
posesionó ese día[10].
7. El señor Thyme Palmer interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Único Penal por la violación a su derecho
fundamental de asociación sindical[11]
y solicitó que se le ordenara su reintegro al cargo que venía desempeñando sin
solución de continuidad junto los salarios y prestaciones dejados de recibir[12].
8. El 24 de noviembre de 2016, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés declaró improcedente el
amparo invocado por el accionante por considerar que no existe soporte de que
el despido constituyó un acto violatorio de la libertad sindical ni se demostró
la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia como
mecanismo transitorio[13].
El Tribunal sostuvo que el Despacho accionado no vulneró el debido proceso en
la medida que motivó en forma clara y detallada el acto de desvinculación del
empleado judicial, por lo que es la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, la vía judicial idónea para controvertir la Resolución No. 010 del 28
de octubre de 2016[14].
9. El fallo de primera instancia fue
confirmado en su totalidad por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el
9 de febrero de 2017 dado que la acción de tutela no es el escenario para
controvertir actos administrativos[15].
10. El 11 de enero de 2017, el señor
Thyme Palmer por medio de apoderado judicial presentó demanda en el proceso
especial de fuero sindical ante el Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés
en la que solicitó su reintegro al cargo que ocupab
11.
12.
13. a en el Juzgado Único Penal y que se
condenara a la entidad demandada al pago de los salarios y prestaciones sociales
que desde su insubsistencia dejó de percibir el señor Thyme Palmer[16].
14. El 9 de febrero de 2017, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura contestó la demanda laboral instaurada por el señor Thyme Palmer
alegando principalmente que la acción sindical había prescrito, según lo
dispone el artículo 118A del Código de Procedimiento Laboral, por haber
transcurrido más de dos meses sin que se haya interpuesto la acción que emana
del supuesto fuero sindical. Y argumentando, además, la excepción de
inexistencia del fuero sindical, dado que al Juzgado Único Penal nunca le
comunicaron por escrito la constitución del sindicato ni la pertenencia a éste
del señor Thyme Palmer[17].
15. El 14 de marzo de 2017, en audiencia
pública de juicio especial de fuero sindical, el Juzgado Laboral del Circuito
de San Andrés dictó sentencia declarando la ilegalidad de la declaratoria de
insubsistencia del señor Thyme Palmer y, en consecuencia, ordenó su
reintegro al cargo que ocupaba en el Juzgado Único Penal, decisión que fue
apelada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura[18],
dado que el empleador no fue notificado por escrito sobre la constitución del
sindicato y la pertenencia al mismo del señor Thyme Palmer[19].
16. En dicha providencia, el Juzgado
Laboral del Circuito motivó su decisión con base en lo afirmado en la sentencia
T-938 de 2011, según la cual del artículo 363 del C.S.T. se extraen dos
conclusiones: (i) La publicación allí prevista tiene como fin hacer posible la
exigencia de las garantías que surgen del ejercicio de la libre asociación
sindical y no de un condicionamiento para la existencia del sindicato y (ii) la
carga de publicidad que se impone por la creación del sindicato, no implica que
los terceros destinatarios de la publicación, para observar los efectos del
acto publicado, deban tener conocimiento efectivo, pleno o detallado de su
contenido, pues la ley laboral se limita a establecer tales cargas
publicitarias que, una vez cumplidas por parte de una asociación sindical,
generan que los actos realizados sean oponibles, por virtud del conocimiento
real o presunto que de ellos tengan.
17. Con base en la anterior lectura del
artículo 363 del C.S.T., el mencionado Juzgado concluyó que el señor Thyme
Palmer sí tiene fuero sindical porque de las pruebas recaudadas se evidencia
que tenía conocimiento de dicho fuero. Según el Juzgado Laboral, “el testigo
Benett Macnish Nelson, quien para la fecha de la constitución de la
subdirectiva de Asonal San Andrés S.I. fungía como secretario del Juzgado Único
Penal del Circuito Especializado, (…) declaró que al siguiente día hábil de la
junta directiva, estando en la Secretaría él y el señor Guillermo Thyme Palmer,
el señor juez le preguntó sobre el tema de la reunión que hubo en los días
anteriores, el testigo le contestó que él fue elegido como tesorero y el señor
Thyme como Vicepresidente”[20].
Por
otra parte, el Juzgado Laboral resaltó que en el folio 220 del expediente se
encuentra el documento mediante el cual el Juez Único Penal presentó recurso de
apelación el día 22 de agosto de 2016 en el marco del proceso disciplinario promovido
por el dicho juez contra el señor Thyme Palmer ante el Consejo Superior de la
Judicatura, en el que afirmó: “según él, está investido y protegido
por fuero sindical, tal como me lo ha manifestado y lo plasmó en su
misiva del 15 de marzo de 2016, la cual reposa a folio 81 del proceso
disciplinario de la referencia y que, de por cierto, desde que se vinculó al
sindicato en el año 2015, se ha vuelto irreverente”[21].
18. Por dichas pruebas, el Juzgado concluyó
que el Juez Único Penal conocía que el señor Palmer estaba vinculado a la
organización sindical desde el año 2015 y fue informado por el trabajador que
gozaba de fuero sindical. En palabras del Juzgado Laboral: “el hecho de no
haberse formalizado la comunicación por escrito, no minimiza la garantía foral
del demandante, si para la protección del derecho sustancial lo importante es
el conocimiento que tenía el juez accionado de que el trabajador que declaraba
insubsistente gozaba de esa garantía constitucional”[22]. Finalizó
enfatizando que: “con relación a que no se acreditó haberse comunicado a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el desarrollo de la jurisprudencia
constitucional al respecto señala que esto no afecta el fuero del trabajador”[23].
19. En el recurso de apelación, el
apoderado de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial adujo que el
artículo 363 del C.S.T. es muy claro en el sentido establecer la obligación de
notificar por escrito al empleador y al inspector de trabajo, es decir, que no
puede darse a conocer la constitución o modificaciones de la organización
sindical verbalmente, por lo que al no notificarle por escrito la constitución
de la organización sindical ni de su pertenencia a su junta directiva, no le son
oponibles los efectos del fuero sindical[24].
Concluye que, no existiendo prueba escrita en el expediente de tal
notificación, considera que el señor Thyme Palmer no se encuentra cobijado por
el fuero sindical y pide, entonces, que se revoque la sentencia de primera
instancia. En igual sentido se expresó la apoderada judicial del Juez Único
Penal del Circuito Especializado de San Andrés Islas[25].
20. El 12 de mayo de 2017, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
confirmó la sentencia del Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés que
ordenaba el reintegro laboral del señor Thyme Palmer a su cargo. Su
motivación se fundamentó en que Asonal Judicial S.I. se encuentra en la base de
datos de archivo sindical y en la última junta directiva de la Subdirectiva
Seccional de San Andrés aparece el señor Thyme Palmer como Vicepresidente de la
organización sindical. Luego, a partir de una lectura del artículo 406 del
C.S.T.[26],
concluyó “el señor Guillermo Thyme Palmer, para el momento de declaratoria
de la insubsistencia hacía parte de una organización sindical y fungía como
Vicepresidente de la misma, por lo tanto gozaba de fuero sindical y en caso de
que se procediera a su despido, desmejora en sus condiciones de trabajo o
traslados a otros establecimientos de la misma empresa, se debía solicitar el
levantamiento del fuero sindical”[27].
21. A la conclusión antes descrita,
llegó el Tribunal Superior al constatar en materia probatoria que
“se
encuentra plenamente demostrado que el nominador del demandante, en este caso
el Juez Único Penal del Circuito Especializado, tenía pleno conocimiento de la
existencia del órgano sindical y de la inclusión del Señor (sic)
Guillermo Thyme Palmer, al mismo como queda evidencia de las pruebas
documentales obrantes en el expediente a folio 223 del cuaderno principal del
proceso, el cual hace parte del memorial radicado por el Doctor REMO AREIZA
TAYLOR dentro del proceso disciplinario iniciado en contra del hoy Demandante,
del que claramente se observa la manifestación  de que tenía conocimiento de
que el señor Guillermo Thyme Palmer, formaba parte del sindicato, en palabras
del Señor Areiza Taylor: Según él está investido y protegido con fuero sindical
tal como me lo ha manifestado y lo plasmó en la misiva del 15 de marzo
de 2016 la cual reposa a folio 81 del proceso disciplinario de la referencia y
que de por cierto desde que se vinculó al sindicato en el año 2015 se ha vuelto
irreverente”[28].
22. Igualmente, el conocimiento del Juez
Único Penal fue extraído por el Tribunal de los testimonios recaudados:
“no son
totalmente certeras las aseveraciones de los recurrentes acerca del
desconocimiento de la condición de aforado del señor Thyme Palmer, dado que
pese a que no existe constancia de notificación personal al empleador en este
caso al Juez Único Penal del Circuito Especializado, este contaba con
conocimiento más que el otorgado por el hoy demandante como lo demuestran los
testimonios recabados en el trasegar del proceso”[29].
23. Finalmente, respecto del
cumplimiento de la notificación del artículo 363 del C.S.T., el Tribunal
confirma que “se tiene la certificación de inscripción del registro sindical
con lo cual se cumple el requisito de publicidad requiriendo con el precitado
artículo, lo cual hace totalmente válido y oponible a terceros la existencia de
la organización sindical y las prerrogativas que devienen del mismo”[30]. Por ello,
confirmó la sentencia del 14 de marzo de 2017 proferida por el Juzgado Laboral
del Circuito.
24. El accionante interpuso acción de
tutela el 26 de mayo de 2017, pues considera que tanto el Juzgado Laboral del Circuito
como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés desconocieron el
artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo (modificado por el art. 43 de la
Ley 50 de 1990)[31],
según el cual: “Una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato
de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector
del trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, la constitución del
sindicato, con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de
los fundadores. El inspector o alcalde a su vez, pasarán igual comunicación al
empleador inmediatamente”. Insiste el accionante que la protección del
fuero sindical surte sus efectos a partir de que el empleador recibe un escrito
en el que se le informe sobre la constitución del sindicato y le proporcione el
nombre de los trabajadores aforados[32].
25. Igualmente, el accionante afirma que
las accionadas desconocieron el artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo
que señala “[c]ualquier cambio, total o parcial, en la Junta Directiva de un
sindicato debe ser comunicado en los mismos términos indicados en el artículo
363. Mientras no se llene este requisito el cambio no surte ningún efecto”.
Norma que, a su juicio, ha sido comprendida por la Corte Constitucional y la
Corte Suprema de Justicia como la necesidad de notificar al empleador para que
el fuero sindical le sea oponible[33].
26. Por lo anterior, el accionante
argumenta que el señor Guillermo Thyme Palmer no gozaba de fuero sindical al
momento de su declaración de insubsistencia por parte del Juzgado Único Penal
en la medida que éste no le había notificado por escrito, según lo disponen los
artículos 363 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia las
autoridades judiciales accionadas (i) valoraron como pruebas un documento que
carecía de validez como lo fue la confesión del Juez Único Penal dentro del
proceso disciplinario iniciado contra el señor Thyme Palmer (defecto fáctico
en su dimensión positiva); (ii) desconocieron el precedente constitucional
sobre el asunto contenido, entre otras, en la sentencia C-632 de 2012 sobre la
invalidez de la confesión hecha por los representantes de la Nación (defecto
por desconocimiento del precedente) y (iii) desconocieron los artículo 363
y 371 del Código Sustantivo del Trabajo al exigir una notificación por escrito
que no se surtió, ya que el hecho de haber manifestado que tenía fuero no era
suficiente para efectos de estos artículos (defecto sustantivo)[34].
27. Resalta el accionante que se vulneró
la independencia judicial en tanto que el Magistrado Fabio Máximo Mena del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, no aceptó la recusación formulada por la parte demandada en el
proceso laboral, pese a que el doctor Mena Gil había postulado y elegido al
accionante en la Junta Directiva de la Subdirectiva Seccional de San Andrés islas[35].
28. En la acción de tutela también se solicitó
como medida provisional que se suspenda el efecto de la sentencia del 12 de
mayo de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés,
y la sentencia del 14 de marzo de 2017 del Juzgado Laboral del Circuito de San
Andrés para evitar posibles daños al presupuesto nacional, ya que se tendrían
que sufragar los salarios que no fueron pagados al señor Thyme Palmer desde la
declaratoria de su insubsistencia[36].
C.
RESPUESTA DE LA
ENTIDAD ACCIONADA
Tribunal Superior del Distrito
Judicial del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina[37]
29. Solicitó que se desestimaran las
pretensiones del accionante por considerar que no se ha violado derecho
fundamental alguno. Lo anterior se fundamenta en que “si bien no existe
dentro del proceso constancia de notificación personal al empleador, acerca de
la constitución del sindicato e integrantes de la Junta directiva (sic), no se
puede con esto inescindiblemente restar validez al fuero sindical, en razón a
que en primer lugar la fundación de la subdirectiva y la elección de los
dignatarios del sindicato ASONAL JUDICIAL S.I., fue debidamente inscrita  ante
el Ministerio del Trabajo el día catorce (14) de diciembre de 2015, por tanto
quien entonces estaba llamado a comunicar al empleador es el Ministerio de
Trabajo, sin embargo se tiene del recaudo probatorio del proceso de fuero
sindical  que el Juez Único Penal del Circuito Especializado –REMO AREIZA
(empleador) tenía pleno conocimiento de la condición de aforado del señor
Guillermo Thyme Palmer”[38].
30. Además,
señaló que la existencia del fuero sindical del señor Guillermo Thyme Palmer se
refuerza por lo establecido en el segundo inciso del artículo 118 del Código
Procesal del Trabajo (modificado por el art. 48 de la Ley 712 de 2001): “[c]on
la certificación de inscripción en el registro sindical o la comunicación al
empleador de la elección, se presume la existencia del fuero del demandante”.
Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés[39]
31. El Juzgado Laboral resaltó que el
debate se centra en determinar si el señor Guillermo Thyme tenía fuero sindical al momento en que le fue notificada la
declaración de insubsistencia o no. El Juzgado Único alega que no fue
comunicada por escrito de la existencia de la organización sindical y de la
pertenencia del trabajador a ella. Sin embargo, el Juzgado Laboral enfatizó que
la sentencia T-873 de 2004 estableció que “[c]omo la ley no señala
formalidad alguna respecto de la forma en que debe surtirse tal comunicación,
salvo que ella sea escrita, debe concluirse que puede llevarse a cabo de
cualquier manera apta para hacer saber al empresario la conformación de la
organización sindical”. De manera que el Juez Único Penal tenía
conocimiento de la pertenencia del señor Thyme Palmer al sindicato según se
evidenció en (i) el testimonio del abogado Bennet Mc’Nish Nelson (Secretario
del Juzgado Único Penal) y (ii) la prueba documental en la que el juez
accionado presentó un recurso de apelación en el proceso disciplinario iniciado
por el juez contra el señor Thyme Palmer en donde afirmó “según él está
investido y protegido con fuero sindical”[40].
D.
RESPUESTA DEL TERCERO
INTERVINIENTE
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado[41]
32. Solicitó que se dejara sin efecto la
sentencia del 12 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas y la sentencia del 14 de marzo de 2017 proferida
por el Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés por la violación al debido
proceso e independencia judicial del Juzgado que representa[42]. Insistió en que la
ausencia de la comunicación por escrito sobre la constitución del sindicato por
parte de sus directivas impidió que el empleador tuviera acceso a esa
información, de suerte que le fuera oponible el fuero sindical[43].
Asociación Nacional de Trabajadores
del Sistema Judicial Colombiano y afines (Asonal Judicial S.I.)[44]
33. Consideró que la acción de tutela no
cumple con los requisitos genéricos de procedibilidad, en particular, no se
menciona cuáles son los hechos constitutivos de los defectos de las
providencias atacadas. Si bien en la acción de tutela se hace referencia a la
vulneración del debido proceso y la autonomía e independencia judicial, en
ninguna parte se explican ni sustentan los defectos en que incurrieron las
autoridades judiciales accionadas[45].
34. La organización sindical Asonal
Judicial S.I., subdirectiva San Andrés, fue constituida el 4 de septiembre de
2015, tal como consta tanto en la certificación del inspector de trabajo de San
Andrés como en aquella proferida por el funcionario del archivo general del
Ministerio de Trabajo. De la constitución y depósito de la primera Junta
Directiva se dio aviso a las autoridades de trabajo el 14 de diciembre de 2015,
según consta en las certificaciones del Ministerio del Trabajo. Resaltó que la
Corte Constitucional ha afirmado que basta con notificar al Ministerio o al
empleador para que quede surtida la notificación, lo cual queda evidenciado con
la constancia del Inspector de Trabajo de San Andrés en la que se acredita el
recibo de los documentos el 14 de diciembre de 2015[46].
35. Por lo anterior, argumentó que en
este caso se ha desvinculado a un trabajador aforado sin levantar el fuero
sindical, por lo que las providencias atacadas no vulneraron el derecho al
debido proceso y a la independencia y autonomía judicial[47].
Danycet Bent Pérez
36. Informó que se posesionó en el cargo
de Asistente Judicial Grado II en el Juzgado Único Penal Especializado desde el
15 de noviembre de 2016 hasta el 12 de junio de 2017, en reemplazo del señor
Guillermo Thyme Palmer. Al posesionarse no recibió empalme, ni entrega del
cargo, tampoco recibió el libro radicador al día. También se dio cuenta que el
señor Thyme Palmer no utilizada su usuario en la plataforma Justicia XXI[48].
37. Por ello, decidió coadyuvar en todos
los hechos y pretensiones a la Dirección Ejecutiva y Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura en la acción de tutela[49].
E.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Primera
instancia: Sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 21 de
junio de 2017.
38. Decidió conceder la acción de tutela,
dejar sin efectos las sentencias del 14 de marzo y del 12 de mayo de 2017
proferidas, respectivamente, por el Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés
y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina y, en su lugar ordenar al Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés
para que proceda a emitir un nuevo fallo.
39. Lo anterior se fundamentó al
verificar que la interpretación dada a los artículos
363 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo “constituyó una clara vía de
hecho por defecto sustantivo, al señalar el a quo que ‘el hecho de no haberse
formalizado la contestación (sic) por escrito no minimiza la garantía del
demandante, si para la protección del derecho sustancial lo importante es el
conocimiento que tenía el juez que el trabajador que declaraba insubsistente
gozaba de esa garantía’, razonamiento que fue acogido integralmente por el ad
quem”[50].
40. Insistió en que la comunicación por
escrito de la que habla el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo no es
un requisito de validez del acto de constitución de la organización sindical,
sino que cumple el principio de publicidad para proteger el debido proceso que
debe respetarse por el trabajador aforado y por el empleador[51]. En otras
palabras, para que sea oponible al empleador la condición de aforado de un
empleado, ésta debe ser notificada por escrito.
Impugnación
41.  El señor Guillermo Thyme Palmer impugnó la decisión del juez de tutela
de primera instancia por considerar que se ignoró lo establecido por el literal
c y los parágrafos 1 y 2 del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo
(modificado por el artículo 12 de la Ley 584 de 2000) que establece lo
siguiente:
“c)
Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato,
federación o confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y
cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un
(1) principal y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que
dure el mandato y seis (6) meses más”.
Parágrafo
1o. Gozan de la garantía del fuero sindical, en los términos de este artículo,
los servidores públicos, exceptuando aquellos servidores que ejerzan
jurisdicción, autoridad civil, política o cargos de dirección o administración.
Parágrafo
2o. Para todos los efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical
se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta directiva
y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador”.
42. Según el recurrente, esta norma es
posterior al artículo 363 y 371 del Código Sustantivo de Trabajo y más
especial, por lo que debe prevalecer por criterio cronológico y de
especialidad. En consecuencia, esto contraría el razonamiento del a quo
quien considera que la prueba del fuero sindical es solemne[52].
Segunda instancia: Sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el
31 de agosto de 2017.
43.  La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia decidió confirmar la sentencia de primera instancia por
considerar que las providencias judiciales objeto de la acción de la tutela
incurrieron en un defecto sustantivo, pues pese a que hicieron referencia a que
no existía constancia de la notificación personal al empleador, infirieron el
conocimiento de la información extraída del proceso disciplinario contra el
trabajador, ignorando así lo previsto en los artículos 363 y 371 del C.S.T.[53].
44. Recordó que los artículos 363 y 371
del C.S.T. el Legislador previó la necesidad de comunicar al empleador la
creación de la organización sindical y de los trabajadores que forman parte de
las juntas directivas ya sea en forma directa o por intermedio del Ministerio
del Trabajo, una vez se haya radicado la correspondiente inscripción[54]. En el
caso concreto, “si bien está demostrada la creación de la Junta Directiva de
la Subdirectiva de San Andrés, la cual fue registrada el 14 de diciembre de
2015, también lo es que no existe constancia alguna de parte del sindicato ni
de la citada Cartera Ministerial (sic) que se le haya comunicado al empleador,
máxime que quien tenía la carga de probar ese hecho era la parte demandante”[55].
45. Lo dicho queda soportado con la
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia STL2292 de 2013 en la que afirmó:
“tal
como lo menciona el artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo, para que
surtan efecto los cambios, totales o parciales, realizados en las juntas
directivas de los sindicatos es requisito que éstos sean comunicados en los
términos señalados en el artículo 363 C.S.T. (…) desde la perspectiva del
derecho constitucional de asociación y libertad sindical, la respuesta
apropiada es que la protección foral opere desde que se efectúa la primera
notificación. Ello, por cuanto en el caso de que el primer notificado hubiere
sido el empleador éste adquiere desde el mismo momento de la comunicación la
obligación de respetar el fuero sindical de los nuevos dirigentes. Y porque, en
el caso de que el primer notificado hubiera sido el Ministerio, éste adquiere
la obligación de comunicar inmediatamente al empleador sobre la designación
realizada”[56].
F.
ACTUACIONES ADELANTADAS
ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
46.
De conformidad con el artículo 64 del Acuerdo 02 de
2015[57]
(Reglamento Interno de la Corte Constitucional), el Magistrado Sustanciador
decretó las siguientes pruebas, por medio del auto del 15 de febrero de 2018.
47.
En primer lugar, le solicitó al Ministerio de Trabajo que informara si le
comunicaron por escrito directamente o a través de los inspectores de trabajo,
en los términos del artículo 363 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo, los
cambios en la Junta Directiva de la Subdirectiva Seccional que implicaron el
nombramiento del señor Guillermo Thyme Palmer como Vicepresidente, y en caso
afirmativo, si el Ministerio de Trabajo informó al Juzgado Único Penal del
Circuito Especializado de San Andrés o al Consejo Superior de la Judicatura
sobre dicha situación.
48.
En segundo lugar, le solicitó a Asonal Judicial  que informaran si se
comunicaron los cambios relativos a la nueva composición de la Junta Directiva
al Ministerio del Trabajo, al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
San Andrés o al Consejo Superior de la Judicatura.
49.
Por último, invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al Colegio
de Abogados del Trabajo para que se pronunciaran sobre la interpretación de
los artículos 363 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 113 y
118 del Código Procesal del Trabajo.
50.
La Secretaría General informó que se recibieron las respuestas de Asonal[58],
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia[59]
y  de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura[60].
Para efectos de la brevedad de esta sentencia, se relacionarán las respuestas
en el Anexo I.
51.
El 23 de marzo de 2018, se profirió un segundo auto en el que se resolvió
oficiar al Ministerio de Trabajo a fin de que (i) informara si se comunicaron
por escrito los cambios efectuados a la Junta Directiva del sindicato “Asociación
Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano y Afines Asonal
Judicial Sindicato de Industria- Asonal Judicial S.I.”; (ii) precisara la
fecha en la que dicha comunicación ocurrió; (iii) informara si el Ministerio le
comunicó tal modificación al Juez Único Penal del Circuito Especializado de San
Andrés o al Consejo Superior de la Judicatura y (iv) si no lo había hecho,
explicara por qué motivo ello ha sido así. Igualmente, suspendió el proceso
hasta el 1 de mayo de 2018.
52.
En respuesta al requerimiento, el Ministerio de Trabajo[61]
contestó que pese al registro de la junta directiva en el que se inscribe el
señor Guillermo Thyme Palmer en calidad de Vicepresidente con fecha del 4 de
diciembre de 2015, no informó al Juez Único Penal del Circuito Especializado ni
al Consejo Superior de la Judicatura acerca de tal registro y que se desconocen
las razones por esa omisión[62].
G.
INSISTENCIA
53.
El Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez insistió, de conformidad con la
facultad prevista en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, en la selección
de este expediente[63].
La razón para ello es que estimó que este caso exige aclarar el contenido y
alcance de un derecho fundamental en tanto que su examen permitirá establecer
cuál es la interpretación de los artículos 363 y 371 del Código Sustantivo del
Trabajo y los artículos 113 y 118 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social que mejor cumple con el mandato de optimización de los
principios constitucionales del debido proceso (art. 29 C.P.) y la asociación
sindical (art. 39 C.P.). Estos principios entran en tensión al analizarse la
oponibilidad al empleador del nombramiento de un trabajador como directivo
sindical.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
54. Esta Corte es competente para conocer de
esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, así como en virtud del Auto del 24 de noviembre de 2017, expedido
por la Sala de Selección de Tutela Número Once de esta Corte, que decidió
someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia.
B.
CUESTIONES PREVIAS
–PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
55. Por regla general, la Corte ha sostenido que la acción de tutela
no es procedente contra providencias judiciales[64].
Sin embargo, ha reconocido su procedencia excepcional cuando se amenacen
o vulneren las garantías constitucionales y derechos fundamentales, siempre que
se cumpla con los requisitos generales y especiales de
procedencia. Su carácter excepcional radica, entre otras cosas, en que el
análisis de la providencia atacada debe respetar la autonomía e independencia
judicial y solo revocar la decisión cuando el defecto sea ostensible, flagrante
y manifiesto. Esto significa que la revisión de las actuaciones judiciales es
para verificar que se cumplan estándares mínimos que garanticen el debido
proceso y que sean trascendentes en la decisión.
56. Los requisitos generales y especiales de
procedencia fueron consolidados en gran parte en la sentencia C-590 de 2005.
Los primeros, que habilitan la interposición de la acción de tutela, son los siguientes:
a. Legitimación
por activa y pasiva.
b. Relevancia
constitucional. El juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué el problema a resolver es genuinamente una cuestión que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
c. Inmediatez.
Que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración o de la entrada en ejecutoria de la
providencia atacada.
d. Efecto
decisivo del defecto procedimental. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que ella tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.
e. Identificación
razonable de los hechos. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible.
f. Que
no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
g.
Subsidiariedad. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
De allí que el actor deba desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos[65].
Procede
la Sala a examinar cada uno de estos requisitos generales en el caso
concreto.
57. Legitimación por activa: De acuerdo con el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, toda persona
podrá, por sí mismo o a través de un tercero que actúe en su nombre, reclamar
ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales vulnerados o
amenazados.
58. La acción de tutela fue interpuesta por el apoderado judicial de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, parte demandada en el proceso de reintegro laboral iniciado por el
señor Guillermo Thyme Palmer y que resolvió el Juzgado Laboral del Circuito de
San Andrés, Islas, en primera instancia y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en segunda instancia[66].
59. Estas providencias, a juicio del
accionante, vulneraron su derecho al debido proceso y a la autonomía e
independencia judicial en la medida que incurrieron en un defecto fáctico por
carecer del apoyo probatorio que permita la aplicación de un supuesto legal. En
consecuencia, el accionante está legitimado por activa para proteger estos
derechos que considera vulnerados.
60. Legitimación por pasiva: De acuerdo con el artículo 86 de la
Constitución Política, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad
pública que por su acción u omisión vulnere o amenace los derechos
fundamentales.
61. Tanto el
Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés, Islas como el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de San Andrés son entidades pertenecientes a la Rama Judicial
y prestan el servicio público de administración de justicia. En consecuencia,
se acredita la legitimación por pasiva.
62. Relevancia constitucional: En este caso se evidencia la
relevancia constitucional no solo por tratarse de un cuestionamiento de
decisiones judiciales por la violación del debido proceso, sino también porque
los defectos alegados se relacionan con la interpretación y aplicación de normas
estrechamente vinculadas con el alcance de la protección del fuero sindical y el
momento en que resulta oponible al empleador.
63. Inmediatez: La sentencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue proferida
el 12 de mayo de 2017 y la acción de tutela se interpuso el 26 de
mayo de ese mismo año. Por lo tanto, la Sala considera que se cumple con el
requisito de inmediatez por haberse presentado la acción de tutela catorce días
después de la fecha del fallo, término que se estima razonable.
64. Efecto decisivo del defecto procedimental.
Entre los defectos que alega el accionante se encuentra el defecto
procedimental absoluto[67],
sin embargo no precisa si tiene una incidencia decisiva en la solución del caso
ni tampoco identifica en qué sentido los jueces de instancia actuaron al margen
del procedimiento establecido. Por lo tanto, respecto del defecto procedimental
alegado, se considera que no cumple con este requisito.
No
obstante, se continuará el análisis respecto de los demás defectos (sustantivo
y fáctico). En efecto, la acción de tutela en este caso está principalmente
encaminada a cuestionar la definición del momento en que el fuero sindical
surtió efectos contra el empleador y si ello era vinculante a pesar de que
nunca existió una comunicación por escrito del empleado que así lo informara.
Esto indica que la controversia no es sobre un asunto procesal, sino de
interpretación y aplicación de las leyes que otorgan la protección sindical a
los trabajadores frente a los empleadores.
65. Identificación razonable de los hechos: La acción de tutela expone
de manera razonable y clara los hechos que, a juicio del accionante, generaron
la vulneración a sus derechos fundamentales. Estos hechos indican que tanto las
providencias del Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés como del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Andrés consideraron que el debatido fuero
sindical del señor Guillermo Thyme Palmer cobraba efectos frente al Juez Único
Penal del Circuito Especializado de San Andrés, pese a que éste nunca recibió
notificación por escrito de la afiliación o membresía en la junta directiva de
la organización sindical. En efecto, el accionante considera que esa posición desconoce
que los artículos 363 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo exigen una
comunicación por escrito tanto de la constitución de la asociación sindical
como de los cambios en su junta directiva, señalando que sin esa comunicación por
escrito, “no surte ningún efecto el cambio”[68].
66. No es una acción de tutela contra una sentencia de tutela. La acción de tutela no se dirige contra sentencias
de tutela, sino que se encamina a atacar providencias proferidas en la
jurisdicción ordinaria laboral.
67. Subsidiariedad: El artículo 86 de la Constitución
Política establece que la acción de tutela “solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
En desarrollo de esta norma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 estableció
como causal de improcedencia de la acción de tutela, la existencia de otros
recursos o medios de defensa judicial, sin perjuicio de la posibilidad de
acudir a la tutela como mecanismo transitorio para remediar un perjuicio
irremediable.
68.
En este caso se agotaron todos los recursos ordinarios
y extraordinarios al alcance del accionante para evitar una vulneración a su debido
proceso, de suerte que el único mecanismo restante a su disposición no era otro
que interponer la acción de tutela. Por consiguiente, se declara cumplido el
requisito de subsidiariedad.
Requisitos especiales de
procedibilidad de acción de tutela contra providencias judiciales
69. Adicionalmente a los requisitos
generales de procedibilidad antes analizados, el accionante debe demostrar al
menos uno de los requisitos especiales, dentro de los cuales se encuentran los
siguientes:
a. Defecto
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente
al margen del procedimiento establecido.
c.
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en
normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión
sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.
h. Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.
Violación directa de la Constitución[69].
70.
Con base en estos defectos, la Sala procederá al
planteamiento jurídico y a establecer la estructura de la decisión.
C.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
Acorde con los fundamentos fácticos
expuestos en la Sección I anterior de esta providencia, le corresponde a la
Sala Cuarta de Revisión determinar si incurrieron en un defecto sustantivo y
fáctico las autoridades judiciales (el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Juzgado Laboral del
Circuito de San Andrés) al proferir las sentencias del 14 de marzo y 12 de mayo
de 2017 que ordenaban el reintegro del señor Guillermo Thyme Palmer por
considerar que estaba amparado por el fuero sindical al ser el Vicepresidente
de la Junta Directiva de Asonal, Subdirectiva de San Andrés, pese a que no se
informó por escrito de tal situación a su empleador (Juzgado Único Penal del
Circuito Especializado de San Andrés, Islas y/o al Consejo Superior de la
Judicatura).
71. Con el fin de resolver el problema jurídico
planteado la Sala analizará (i) el alcance del defecto sustantivo y del defecto
fáctico (Sección D), (ii) el régimen general del fuero sindical (Sección F) y
(iii) la oponibilidad del fuero sindical a terceros (Sección G). A continuación,
resolverá el caso concreto (Sección H).
D.
EL DEFECTO SUSTANTIVO
Y DEFECTO FÁCTICO
Defecto sustantivo
72. La competencia de las autoridades judiciales para interpretar las normas, en
virtud del principio de autonomía e independencia judicial, no es absoluta. Al
estar sometidos al imperio de la Constitución y la ley, los jueces no pueden desbordar el marco de acción que le reconocen
la Constitución y la ley al apoyar o sustentar su decisión en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, pues de hacerlo incurrirían en un
defecto sustantivo[70].
73. Para precisar los eventos constitutivos
de defecto sustantivo, la Corte ha referido, entre otras, las siguientes
hipótesis en que una disposición debe considerarse como inaplicable:
(i)
Norma no hace parte del sistema jurídico. El juez aplica normas que han sido declaradas inexequible, que son
inexistentes o que han sido derogadas por los medios legalmente previstos[71].
(ii)
Norma debe interpretarse sistemáticamente
con otras normas. El juez aplica una norma que
requiere de interpretación sistemática con otras normas, lo que implica que no
tiene en cuenta otras normas aplicables al caso[72].
(iii)
Norma no es aplicable al caso. El juez aplica una norma que, pese a ser constitucional, no es
aplicable al caso concreto[73].
(iv)
Incongruencia de la providencia. El juez incurre en una incongruencia en la providencia entre la
parte motiva y la resolutiva[74].
(v)
Norma es inconstitucional pero no ha sido
declarada. El juez aplica normas abiertamente inconstitucionales
y no aplica la excepción de inconstitucionalidad, debiendo hacerlo[75].
(vi)
El sentido de la norma interpretado en una
sentencia con efectos erga omnes no es acogido. El
juez desconoce una sentencia con efectos erga omnes contrariando la ratio
decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, o la
interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior[76].
(vii)
Norma supone
desconocer una sentencia de exequibilidad condicionada. El juez desconoce la parte resolutiva de
una sentencia de exequibilidad condicionada[77].
(viii)
Norma no es
interpretada con enfoque constitucional. Cuando
el juez no interpreta la norma que apoya su decisión con un enfoque
constitucional orientado a la protección de los derechos fundamentales y
teniendo en cuenta las particularidades del caso[78].
74. En definitiva, todas las expresiones
del defecto sustantivo pretenden materializar el artículo 230 de la
Constitución Política, según el cual los jueces en sus providencias están
sometidos al imperio de la ley, es decir “al ordenamiento jurídico como
conjunto integrado y armónico de normas, estructurado para la realización de
los valores y objetivos consagrados en la Constitución”[79].
Defecto fáctico
75. El defecto
fáctico se presenta cuando el juez, a pesar de no tener apoyo probatorio
suficiente para dar por cumplido el supuesto de hecho de una norma jurídica en
la que fundamenta la decisión, asume su acreditación.
76. El defecto fáctico tiene una
dimensión negativa y una positiva. La primera hace referencia a omisiones en el
decreto, práctica o valoración de las pruebas, mientras que la segunda surge
cuando (i) el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar o (ii) cuando da
por acreditadas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde
su decisión[80].
Es importante resaltar que en los eventos de defectos fácticos la intervención
del juez de tutela, como la ha sostenido esta Corte, debe ser reducida debido
al respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural e inmediación.
Sin embargo, tales garantías no habilitan al juez para valorar las pruebas de
manera arbitraria, caprichosa o irracional.
77. La jurisprudencia constitucional ha
insistido que solo es viable apoyar una acción de tutela en un defecto fáctico
cuando se evidencia que en el juicio de valoración probatoria se comete un
error “de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto (…)”.
Conforme a ello el defecto “debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora
de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de
un asunto, según las reglas generales de competencia”[81].
E.
REGIMEN GENERAL DEL
FUERO SINDICAL
78. La Constitución
Política establece en los artículos 38 y 39 el derecho fundamental a la libre
asociación[82]
y el derecho a constituir sindicatos y a que sus representantes gocen de fuero
y otras garantías para el cumplimiento de su gestión[83]. Este
Tribunal ha señalado que las asociaciones sindicales tienen la finalidad de
proteger los intereses de los afiliados ante el empleador buscando siempre
promover el mejoramiento de las condiciones laborales[84].
79. Para garantizar
que las asociaciones sindicales cumplan con sus objetivos, el ordenamiento
jurídico ha previsto unos mecanismos para su protección, dentro de los cuales
se encuentra el fuero que cobija a los fundadores y directivos de las
organizaciones sindicales.
80. En la
legislación interna, el fuero sindical quedó definido en el artículo 405 del
Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.), según el cual es “la garantía de que
gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus
condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma
empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por
el juez del trabajo”[85].
Esta garantía permite que la actuación de los fundadores y directivos del
sindicato tengan una protección reforzada que impida su despido, el
desmejoramiento de sus condiciones laborales o su traslado a otro lugar sin que
exista justa causa comprobada por la autoridad judicial competente.
81. La Corte ha
señalado que el fuero sindical no está destinado únicamente a la protección
individual del trabajador sino que tiene por objeto proteger el derecho de
asociación en su conjunto, es decir, amparar la libertad de acción de los
sindicatos[86].
En palabras de esta Corte, “el fuero sindical no surgió históricamente, ni
se encuentra establecido por la ley para la protección individual y aislada de
un trabajador, sino que se trata de un mecanismo, ahora con rango constitucional
para amparar el derecho de asociación, que no es, así entendido, de interés
particular sino colectivo”[87].
Sobre el particular la Corte ha indicado:
“La garantía constitucional de fuero a los
representantes sindicales está estrechamente ligada con la protección al
ejercicio del derecho de asociación sindical, cuya finalidad es procurar que
los sindicatos, mediante sus representantes, puedan ejercer la función para la
cual fueron constituidos, esto es, la defensa de los intereses económicos y sociales
de sus afiliados. La garantía foral va dirigida a la protección del fin más
alto que es el amparo del grupo organizado, mediante la estabilidad de las
directivas, lo cual redunda en la estabilidad de la organización, como quiera
que el representante está instituido para ejecutar la voluntad colectiva”[88].
En este sentido, el fuero sindical es un elemento
esencial para la protección del derecho a la asociación sindical y para su
eficacia.
De lo anterior se
desprenden varias conclusiones. Primero, el fuero sindical es una garantía
constitucional para hacer efectivo el derecho a la libre asociación sindical y
para proteger la libertad de acción de los sindicatos. Segundo, el fuero cobija
a ciertos trabajadores que pertenecen a una organización sindical, quienes
tendrán una serie de garantías laborales (prohibición de despido,
desmejoramiento de condiciones y traslado a otro lugar de trabajo, a menos que
exista una justa causa y autorización judicial). Y por último, el fuero
sindical hace posible que los líderes de los sindicatos lleven a cabo sus
tareas en beneficio de los trabajadores, sin temer las eventuales represalias
del empleador. El fuero sindical no significa, entonces, la imposibilidad de
despedir al trabajador aforado, sino que al hacerlo, el empleador debe (i)
demostrar una justa causa y (ii) solicitar la autorización al juez quien deberá
verificar su existencia[89].
F.
REGIMEN DE OPONIBILIDAD
DEL FUERO SINDICAL
82. Debe ocuparse
la Sala de precisar desde cuándo es oponible el fuero sindical al empleador.
83.  El artículo
363 del C.S.T. (modificado por el artículo 43 de la Ley 50 de 1990) dispone que
“[u]na vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de
trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y
al inspector del trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, la
constitución del sindicato, con la declaración de los nombres e identificación
de cada uno de los fundadores. El inspector o alcalde a su vez, pasarán igual
comunicación al empleador inmediatamente” (énfasis añadido).
84. Cuando no se
trata de la asamblea de la constitución del sindicato sino del cambio de los
miembros de su junta directiva, el artículo 371 del C.S.T. dispone que “[c]ualquier
cambio, total o parcial, en la Junta Directiva de un sindicato debe ser comunicado
en los mismos términos indicados en el artículo 363. Mientras no se llene
este requisito el cambio no surte ningún efecto” (énfasis añadido).
(i)
La sentencia
C-465 de 2008
85. En la sentencia
C-465 de 2008, la Corte se ocupó de establecer, entre otras cosas, si el artículo 371 del C.S.T. vulneraba disposiciones
incluidas en el bloque de constitucionalidad, al disponer que todo cambio,
total o parcial, en la junta directiva de un sindicato debe ser comunicado en
los términos del art. 363 del C.S.T., so pena de que no surta ningún efecto
hasta que ello ocurra.
86. A efectos de
resolver tal cuestión la Corte presentó los siguientes argumentos. Inició
señalando (i) que atendiendo la remisión a lo previsto en el artículo 363 “los cambios realizados en las juntas
directivas de los sindicatos no entrarán en vigor hasta que las organizaciones
sindicales se los comuniquen por escrito a los empleadores y al inspector del
trabajo”. Seguidamente
sostuvo (ii) que dicha disposición “tiene por fin dar publicidad a las
decisiones tomadas dentro de la organización, de tal manera que ellas sean
oponibles ante terceros – verbigracia para temas como el del fuero sindical – y
que los actos que realicen esos dirigentes puedan obligar al sindicato.
Según la Corte “la norma acusada persigue es garantizar los derechos del
sindicato y de los terceros, a través de la definición acerca de cuándo
empiezan a surtir efectos los cambios efectuados en la junta directiva de un
sindicato”. Así las cosas “la comunicación no es un requisito de validez
sino de oponibilidad ante terceros”.
87. Si la
notificación prevista en el artículo 363 C.S.T. es necesaria para que los
cambios en la Junta Directiva tengan efectos frente al empleador, es necesario
preguntarse cuándo comienzan a surtir dichos efectos. Para ello, la
Corte precisó que tal cuestión tenía
diferentes respuestas, de acuerdo con los sujetos interesados en esas
modificaciones en la Junta Directiva. Para el efecto, distinguió
específicamente entre (a) el sindicato, (b) los terceros y (c) el empleador y
el Ministerio de Trabajo.
·
Oponibilidad
frente al sindicato:
Los cambios realizados
deben tener efecto inmediato en relación con el sindicato, es decir que
entrarán en vigor tan pronto como él mismo lo decida, sin tener que cumplir
ninguna condición externa[90].
·
Oponibilidad
frente a terceros: Los cambios realizados tienen efecto a
partir del momento en el que el sindicato lleve a efecto el depósito de la
comunicación respectiva ante el Ministerio de Trabajo puesto que “a partir de esa comunicación
el Ministerio está en condiciones de expedir certificaciones acerca de quiénes
representan al sindicato” [91].
·
Oponibilidad
frente al empleador y el Ministerio de Trabajo: Los cambios, advirtió la Corte, “tienen efectos a
partir del momento en que el sindicato les informe sobre ellos”[92].
Precisadas estas hipótesis la Corte desarrolló
la siguiente argumentación. En primer lugar (i) destacó que “en el caso
de los empleadores y el Gobierno es fundamental la determinación acerca del
momento en que adquieren eficacia los cambios para establecer cuáles son los
trabajadores amparados por el fuero sindical”. Luego de ello (ii) precisó
que “los cambios en la junta directiva de un sindicato solamente surten
efectos luego de que se hubiera notificado de ellos, por escrito, al inspector
del trabajo y al empleador”. Seguidamente advirtió (iii) que en atención a
que “por lo regular, las dos notificaciones no son simultáneas, la pregunta
que surge es si el amparo del fuero opera desde que se practica la primera
notificación o solamente a partir de que el Ministerio y el patrono hayan
recibido la comunicación”. Entendió la Corte “que, desde la perspectiva
del derecho constitucional de asociación y libertad sindical, la respuesta
apropiada es que la protección foral opere desde que se efectúa la primera
notificación”. Para el efecto (iv) consideró que tal era la conclusión
correcta puesto que “en el caso de que el primer notificado hubiere sido el
empleador éste adquiere desde el mismo momento de la comunicación la obligación
de respetar el fuero sindical de los nuevos dirigentes” al tiempo que “en
el caso de que el primer notificado hubiera sido el Ministerio, éste adquiere
la obligación de comunicar inmediatamente al empleador sobre la designación
realizada”. Con apoyo en tales consideraciones la Corte declaró exequible condicionalmente el
artículo 371 “en el entendido de que la comunicación al Ministerio acerca de
los cambios en la junta directiva de un sindicato cumple exclusivamente
funciones de publicidad, y de que el fuero sindical opera inmediatamente
después de la primera comunicación”[93].
Teniendo en cuenta
que la decisión de la Corte Constitucional tuvo como presupuesto el
reconocimiento de que el artículo bajo examen exige que se comunique no solo al
empleador sino también al Ministerio de Trabajo -en tanto el artículo 363 al
que se remite el artículo 371 emplea la conjunción copulativa “y”- puede
concluirse que (a) si las dos comunicaciones son recibidas simultáneamente,
surtirá efectos los cambios desde ese momento y (b) si las comunicaciones no
son recibidas simultáneamente, la protección opera desde que se recibe la primera
notificación.
88. Así las cosas,
la Corte solo resolvió la pregunta relativa al momento desde el que surte
efectos el fuero sindical cuando el sindicato informó al Ministerio de Trabajo y
al empleador, es decir, cuando hay dos comunicaciones, de ahí que utilizó la
expresión “después de la primera” comunicación, implicando que hay una
segunda comunicación. Como bien lo advirtió la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, “la notificación de la constitución del nuevo sindicato la
debe dar la organización de trabajadores tanto al empleador como al
inspector del trabajo (o alcalde del lugar en defecto del anterior), con lo
cual se materializa la fase privada de la dicha notificación”[94]. En
otras palabras, la notificación debe surtirla la organización sindical ­–como
lo indica la conjunción “y” del artículo 363 C.S.T.– tanto al empleador como al
inspector de trabajo.
89. No obstante lo
anterior, la sentencia C-465 de 2008 no se refirió a aquellas hipótesis en las
cuales (i) no se informó ni al Ministerio de Trabajo ni al empleador o (ii) se
informó al Ministerio de Trabajo pero no al empleador. En el primer caso la
protección foral no se activa. Por su parte, en la segunda hipótesis solo
será oponible al empleador el cambio en la Junta Directiva cuando este tenga
conocimiento debido a que el Ministerio de Trabajo así se lo comunica o porque
el empleador ha podido conocer directamente el documento proveniente del
sindicato en el que se indique la circunstancia que activa el fuero.  De esta
forma, como lo sostuvo la intervención de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia “[e]s de anotar que los efectos tutelares de la notificación
se concretan con la primera información que reciba el empleador, sea que
provenga del sindicato o del inspector”[95]. Esta conclusión, tal y como se
explica a continuación, se apoya en lo indicado por la Corte Constitucional en
la sentencia C-734 de 2008.
(ii)
La sentencia
C-734 de 2008
90. En la sentencia
C-734 de 2008, la Corte debía establecer si desconocía el derecho de asociación
sindical la obligación impuesta al sindicato de comunicar por escrito su
constitución al respectivo empleador y al inspector del trabajo.
91. Sostuvo la
Corte, en primer lugar, que la obligación de inscribir el acta de constitución
de un sindicato “ante el
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social- hoy, Ministerio de la Protección
Social- para que pueda actuar como tal sólo tiene finalidad de publicidad, sin
que implique control alguno por parte del Ministerio”. Con apoyo en tal premisa declaró
exequible el artículo 363 del C.S.T. por considerar que la notificación
prevista en dicha norma se dirige a sujetos de derecho relacionados con las
garantías que se derivan de la constitución de la organización sindical, como
es el caso del empleador y la autoridad del trabajo. Dicha notificación, según
la Corte, cumple una finalidad legítima en tanto garantiza la publicidad y la
seguridad jurídica:
“(…) la notificación prevista en la norma demandada,
más que una restricción al derecho de libertad sindical, es una garantía para
los trabajadores que conforman un sindicato. El que el empleador conozca
de su existencia, permite hacerle exigible la garantía de los derechos de
los trabajadores fundadores del sindicato, de su junta directiva y de todos
cuantos hayan participado en su constitución, particularmente para el
reconocimiento del fuero sindical y el ejercicio de las gestiones y labores
de representación del sindicato mismo y sus asociados”[96] (subrayado
y negrillas no son del texto original).
92. De conformidad
con esta interpretación, la comunicación prevista en el artículo 363 del C.S.T.
hace exigible el reconocimiento del fuero sindical frente al empleador, ya que
es a partir del conocimiento que este tenga de la constitución del sindicato,
que quedan proscritas –sin justa causa calificada por la autoridad judicial-
las conductas orientadas al retiro, desmejoramiento o traslado de los empleados
aforados. Sin que exista el conocimiento del empleador de la existencia del
sindicato o del fuero de los trabajadores fundadores o de los miembros de la
junta directiva, no es posible que le sea oponible el fuero sindical.
(iii)
Síntesis del
régimen de oponibilidad del fuero sindical
93. La lectura
conjunta de la sentencia C-465 de 2008, que señala que si se da la comunicación
al Ministerio de Trabajo y al empleador en forma no simultánea, es oponible el
fuero desde la primera notificación, y la sentencia C-734 de 2008, conforme a
la cual únicamente desde el conocimiento del empleador -mediante la
notificación prevista en el artículo 363 del C.S.T.- es que le es oponible el
fuero sindical de uno de sus empleados, permite concluir que la regulación
vigente no contempla un régimen objetivo del fuero sindical. Ello implica que
para su activación el empleador debe tener conocimiento de los empleados que
están amparados por la garantía foral bien sea porque la organización sindical
se lo comunicó formalmente o porque así lo hizo el Ministerio de Trabajo.
94. Para la Corte,
cuando el sindicato no remite notificación por escrito al empleador en los
términos del artículo 363 y 371 del C.S.T., no se está cumpliendo una carga
razonable para activar una protección de singular importancia. Si la finalidad
de la norma, como se ha señalado, es garantizar la publicidad y seguridad
jurídica de las personas obligadas por el fuero sindical, es apenas lógico que
la protección se active una vez las personas obligadas conozcan quiénes son los
sujetos amparados. En adición a ello, tal y como lo advirtió la sentencia C-734
de 2008, la notificación allí prevista constituye una garantía para los
trabajadores que conforman el sindicato, pues el hecho de que “el empleador
conozca de su existencia [la del sindicato y de los aforados], permite
hacerle exigible la garantía de los derechos de los trabajadores fundadores
del sindicato, de su junta directiva y de todos cuantos hayan participado en su
constitución, particularmente para el fuero sindical” (énfasis añadido). Esto
significa que el fuero sindical es oponible al empleador cuando éste conozca
acerca de la existencia del sindicato, de sus fundadores y de los miembros de
su junta directiva.
En esa dirección, como lo señala la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, el propósito de que la notificación sea por
escrito consiste en “obtener una constancia irrefutable del conocimiento por
parte del empleador de la creación del sindicato y, consecuentemente, del
inicio del período de protección para quienes participaron en el acto (…)
si un trabajador ha sido elegido como nuevo integrante de la junta directiva
pero aún no se ha surtido la notificación triangular prevista en el artículo
363 del CST (al cual remite el artículo 371 CST), podría ser despedido o
trasladado o desmejorado sin permiso del juez laboral legítimamente”[97].
95. La Sala
considera, en síntesis, que una lectura armónica de las sentencias C-465 de
2008 y C-734 de 2008, a la luz de lo dispuesto en los artículos 363 y 371 del C.S.T.,
permite concluir que la oponibilidad del fuero sindical frente al empleador
exige que este tenga conocimiento acerca de la existencia del sindicato, sus
fundadores y/o los miembros de su junta directiva. Resulta razonable la carga
que se le impone al sindicato y a sus miembros de comunicar, en los términos
del artículo 363 del C.S.T., los actos del sindicato a efectos de que sean
oponibles.
El artículo 363
del C.S.T. relativo a la notificación de la constitución del sindicato y el
artículo 371 del C.S.T. sobre la notificación de los cambios en la junta
directiva del sindicato exigen: primero, que se comunique al inspector de
trabajo y al empleador sobre la constitución o modificación en la
composición de la junta directiva, según sea el caso, y segundo, que dicha
comunicación se efectúe por escrito. Teniendo en cuenta los anteriores
requisitos y la interpretación constitucional de las normas referidas en las
sentencias C-465 de 2008 y C-734 de 2008, la Sala observa que (i) si el
sindicato le notificó por escrito al inspector de trabajo y al
empleador, el fuero sindical es oponible a este último desde la fecha de la
primera comunicación, según lo dispone la sentencia C-465 de 2008. A su vez, (ii)
si el sindicato le notificó al inspector de trabajo y no al empleador,
el fuero sindical solo será oponible a éste último, cuando conozca
efectivamente de la existencia del sindicato, sus fundadores y/o miembros de Junta
Directiva, mediante la notificación realizada por el Ministerio de Trabajo o
por información proveniente directamente de la organización sindical. En el
caso (iii) de que el sindicato no comunique ni al Ministerio ni al empleador,
la protección foral no puede activarse.
G.
SOLUCIÓN DEL CASO
CONCRETO
96. En el proceso de fuero sindical
adelantado por el señor Guillermo Thyme Palmer se pretendía que fuera declarada
la ilegalidad de la desvinculación laboral del actor por violación a las normas
del fuero sindical y, en consecuencia, que se ordenara su reintegro al Juzgado Único
Penal del Circuito Especializado de San Andrés. El señor Thyme Palmer considera
que el Juez Único Penal del Circuito Especializado lo declaró insubsistente el
28 de octubre de 2016, pese a que era beneficiario del fuero sindical directivo
en la medida que fue nombrado Vicepresidente de la junta directiva de la Asonal
Judicial S.I. de la subdirectiva de San Andrés desde el 14 de diciembre de 2015[98], fecha en la que fue
inscrita la modificación ante el Ministerio de Trabajo.
Frente a tal
pretensión, el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – afirmó que “ni al Juzgado Único Penal del circuito
Especializado de esta ínsula ni a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, le han sido comunicados por
escrito sobre la constitución del sindicato en mención, con la declaración de
los nombres e identificación de cada uno de los fundadores y miembros de la
Junta Directiva, como lo exige el artículo 363 del Código Sustantivo del
Trabajo”[99].
Por lo anterior, consideró que no le era oponible el fuero sindical del señor
Thyme Palmer.
97. El señor Thyme
Palmer sostuvo que ello sí era oponible por varias razones, En primer lugar,
porque el parágrafo 2 del artículo 406 del C.S.T. (modificado por el artículo
12 de la Ley 584 de 2000), establece que el fuero sindical se demuestra con la
copia del certificado de inscripción de la junta directiva y/o comité
ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador[100]. En
segundo lugar, consideró que su condición de aforado le era oponible una vez se
hubiera hecho el registro en el Ministerio de Trabajo. En tercer lugar, afirmó
que el Juez Único Penal del Circuito Especializado tenía conocimiento de su
condición de aforado, pues se lo habían informado verbalmente. Incluso, en el
recurso de apelación que interpuso el Juez Único Penal en el marco del proceso
disciplinario que por su queja se adelantó contra el señor Thyme Palmer afirmó:
“[s]egún él está investido y protegido con fuero sindical tal como me lo ha
manifestado y lo plasmó en su misiva del 15 de marzo de 2016 la cual reposa a
folio 81 del proceso disciplinario de la referencia”[101].
98. Por su parte,
el Juez Único Penal y el Consejo Superior de la Judicatura han insistido que no
han sido notificados ni les ha sido comunicada la constitución del sindicato[102]. También
han precisado que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que el
fuero de los fundadores o adherentes a un sindicato empieza a regir desde el
momento mismo de la constitución del sindicato, pero su oponibilidad frente al
empleador rige desde que se le notifique debidamente[103]. Por
último, consideraron que la valoración de lo dicho en el proceso disciplinario
por el Juez Único Penal y extraer de ella una confesión a lo narrado es apreciar
una prueba que no debe serlo, porque “en sentencia C-632 de 2012, la Corte
Constitucional dejó en claro que “el fundamento de la regla de invalidez de la
confesión hecha por los representantes de la nación, los departamentos, los
distritos, los municipios o los establecimientos públicos (…) se vincula al
principio de legalidad y al deber de asegurar el interés general, la moralidad
pública y el patrimonio del Estado”[104].
99. La discusión en
este caso se circunscribe, entonces, a resolver si le era oponible el fuero
sindical del señor Thyme Palmer a su empleador al momento de su desvinculación
o si, por el contrario, no le era oponible por no haberse dado cumplimiento a
lo exigido en los artículos 363 y 371 del C.S.T. Ello a fin de determinar la
validez de las decisiones judiciales que interpretaron tales disposiciones.
100. Los jueces de
instancia en el trámite de la acción de tutela –la Sala Laboral y Penal de la
Corte Suprema de Justicia– sostuvieron que la oponibilidad del fuero sindical está
condicionada a que el empleador haya sido notificado por escrito[105]. La
Sala Laboral argumentó que la interpretación dada a los artículos 363 y 371 del
C.S.T. efectuada por el Juzgado Laboral del Circuito y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de San Andrés evidencia un defecto sustantivo materializado al
señalar la providencia impugnada que “el hecho de no haberse formalizado la
contestación (sic) por escrito no minimiza la garantía del demandante, si para
la protección del derecho sustancial lo importante es el conocimiento que tenía
el juez que el trabajador que declaraba insubsistente gozaba de esa garantía”[106].  La
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reforzó lo anterior al indicar que
en el caso no se adelantó el proceso establecido en los artículos 363 y 371 del
C.S.T., pues “no existe constancia alguna de parte del sindicato ni de la
citada Cartera Ministerial que se le haya comunicado al empleador, máxime que
quien tenía la carga de probar ese hecho era la parte demandante, para efectos
de que sus pretensiones salieran avante”[107].
101. La Sala
advierte que el Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Andrés incurrieron en un defecto
sustantivo por no acoger el sentido de las normas fijado por la Corte Constitucional y abstenerse de realizar
una interpretación sistemática del régimen de oponibilidad del fuero sindical. En
otras palabras, el Juzgado Laboral y el Tribunal Superior desconocieron
la interpretación que las sentencias
C-465 de 2008 y C-734 de 2008 hicieron de los artículos 363 y 371 del C.S.T. al
definir  desde cuándo es oponible el fuero sindical al empleador.
102. Conforme quedo
expuesto en la sección F) es posible identificar dos hipótesis:
(a)
si el sindicato le
notificó por escrito al inspector de trabajo y al empleador, el fuero
sindical es oponible y exigible al empleador desde la fecha de la primera
notificación, según lo dispone la sentencia C-465 de 2008.
(b)  si el sindicato le notificó al inspector de
trabajo y no al empleador, el fuero sindical solo será oponible al
empleador cuando éste conozca de la existencia del sindicato, sus fundadores
y/o miembros de junta directiva, mediante la notificación realizada por el
Ministerio de Trabajo o por información proveniente directamente de la
organización sindical.
103. En el caso sub
examine, se constata que el empleador no fue notificado de la constitución
de la organización sindical ni del cambio de la composición de su Junta
Directiva, por lo que le es inoponible el fuero sindical hasta que ello le sea
comunicado por escrito. Ni la declaración del Juez Único Penal del Circuito
Especializado efectuada en el marco del proceso disciplinario, ni la
comunicación del empleado del 15 de marzo de 2016 en la que contesta al
memorando de atención enviado por el Juez Único Penal y dice de paso que “según
parece como yo soy miembro del sindicato y que no le simpatiza a usted, todas
las faltas son mías”[108]
tienen el efecto de la comunicación por escrito exigida en los artículos 363 y
371 del C.S.T.
104. La
comunicación de la que trata el artículo 363 y 371 es solemne en tanto además
de provenir de la organización sindical debe (i) ser escrita y (ii) contener
información sobre la constitución del sindicato con la declaración de los
nombres e identificación de cada uno de los fundadores y, en caso de ser
aplicable (art. 363 del C.S.T.), (iii) requiere contener información sobre los
nombres e identificación de los nuevos miembros de la Junta Directiva (art. 371
del C.S.T.).
105. Las
declaraciones verbales y los dichos de paso en un escrito que no cumplen con
los requisitos antes exigidos, no pueden tomarse como comunicaciones o
notificaciones en los términos del artículo 363 del C.S.T., pues ello no solo
afectaría la seguridad jurídica, sino que convertiría el fuero sindical en un
fuero objetivo sin la exigencia de que el empleador tenga un conocimiento real
o presunto –entendido como la recepción de la comunicación escrita del artículo
363 del C.S.T.– de la condición de aforados de sus empleados. Lo anterior
resultaría irrazonable, ya que, de ser así, el empleador quedaría sometido una
vez desvincula a un empleado al riesgo de ser sorprendido por la existencia del
fuero, encontrándose obligado a reintegrar al empleado y a asumir las
consecuencias económicas que de ello se desprende.
106. De acuerdo con
lo anterior, la Corte encuentra que las decisiones adoptadas en el curso del
proceso laboral aplicaron equivocadamente el régimen jurídico relativo a la
oponibilidad del fuero sindical al desconocer no solo las exigencias que se
derivan de una interpretación sistemática sino también los pronunciamientos que
sobre el particular adoptó la Corte en sede de control abstracto.
107. En adición a
ello y no encontrándose acreditada la comunicación por escrito de la que tratan
los artículos 363 y 371 del C.S.T., puede concluirse que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en un defecto fáctico por dar por probadas circunstancias sin que exista material probatorio
que respalde su decisión. En otras palabras, por haber acreditado que se surtió
la comunicación por escrito que cumple los efectos de publicidad ante terceros
del artículo 363 del C.S.T. con medios probatorios que no cumplen las
exigencias legales.
108. Igualmente, la
Sala considera que no es de recibo el argumento del empleado relativo a que la
calidad de aforado se prueba y por tanto es exigible con la copia del
certificado de inscripción o la copia de la comunicación al empleador y que,
por estar inscrita la modificación a la Junta Directiva desde diciembre de
2015, gozaba del fuero sindical a partir de tal fecha. Esta comprensión resulta
equivocada, por cuanto el parágrafo 2 del artículo 406 del C.S.T. establece lo
siguiente “[p]ara todos los efectos legales y procesales la calidad del
fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la
junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al
empleador”. Esto significa que este artículo versa sobre los requisitos
probatorios del fuero, pero no sobre los requisitos de publicidad
que deben cumplirse a efectos de hacer oponible el fuero en los términos
fijados por los artículos 363 y 371 del C.S.T.
109. Así las cosas,
no existe una antinomia entre estas normas, como lo sugiere el empleado, sino
que se trata de normas que tienen objetos diferentes. Por un lado, las
comunicaciones exigidas por los artículos 363 y 371 del C.S.T tienen “por
fin dar publicidad a las decisiones tomadas dentro de la organización, de tal
manera que ellas sean oponibles ante terceros y que los actos que realicen esos
dirigentes puedan obligar al sindicato. La comunicación no es un requisito de
validez sino de oponibilidad ante terceros”[109]. En
cambio, el artículo 406 del C.S.T. establece una tarifa legal probatoria a
efectos de probarse en un proceso el fuero: (i) copia del certificado de la
inscripción de la Junta Directiva o (ii) copia de la comunicación al empleador.
De hecho, destaca la Corte, ninguno de tales documentos fue entregado por el señor
Thyme Palmer al juez que lo desvinculó por el incumplimiento de sus
obligaciones laborales.
110. La Sala
concluye que el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Juzgado Laboral del Circuito
de San Andrés incurrieron en un defecto sustantivo y fáctico al ordenar el
reintegro del señor Thyme Palmer, pese a que éste no le informó a su empleador
por escrito acerca de su condición de aforado, por desconocer la interpretación
de los artículos 363 y 371 del C.S.T. que ha hecho la Corte Constitucional a la
luz de la Constitución Política y por dar acreditadas algunas circunstancias sin
que exista el material probatorio idóneo para probar la existencia de la
comunicación por escrito del artículo 363 del C.S.T.
H.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
111. La acción de tutela fue interpuesta
el 26 de mayo de 2017, mediante apoderado judicial, por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura contra la Sala Única del Tribunal Superior de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, Islas y el Juzgado Laboral del
Circuito de San Andrés por considerar que estas autoridades judiciales le han
vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y a la autonomía e
independencia judicial del Juzgado Único Penal al proferir el primero la
sentencia del 12 de mayo de 2017 y el segundo la sentencia del 14 de marzo de
2014, en las que ordenaron el reintegro del señor Guillermo Thyme Palmer con
base en su alegado fuero sindical a pesar de que nunca se le notificó por
escrito al Juzgado Único Penal acerca de su pertenencia al sindicato “Asonal
Judicial”.
112. A la Corte le correspondió determinar
si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
sustantivo y fáctico al proferir las  sentencias del 14 de marzo y
12 de mayo de 2017 que ordenaban el reintegro del señor Guillermo Thyme Palmer
por considerar que estaba amparado por el fuero sindical al ser el
Vicepresidente de la Junta Directiva de Asonal, Subdirectiva de San Andrés,
pese a que no se informó por escrito de tal situación a su empleador (Juzgado
Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés, Islas y/o al Consejo
Superior de la Judicatura).
Para
su solución, la Sala precisó desde cuándo le era oponible al empleador el fuero
sindical. Para ello, hizo una lectura sistemática de las sentencias C-465 de 2008 que examinó la
constitucionalidad del artículo 371 del C.S.T. y la C-734 de 2008 que hizo lo
mismo respecto del artículo 363 del C.S.T. La primera sostuvo que si se da la
comunicación al Ministerio de Trabajo y al empleador en forma no simultánea, es
oponible el fuero desde la primera notificación, mientras que la segunda
resaltó que únicamente desde el conocimiento del empleador -mediante la
notificación por escrito prevista en el artículo 363 del C.S.T.- es que le es
oponible el fuero sindical de uno de sus empleados. Dicha lectura sistemática
resulta en que la regulación vigente no contempla un régimen objetivo del fuero
sindical, sino que es necesario el conocimiento del empleador para efectos de
su oponibilidad.
113. La Sala
concluyó, a partir de una interpretación sistemática de los artículos 363 y 371
del C.S.T. y de las sentencias de constitucionalidad antes referidas, las
siguientes subreglas: (i) si el sindicato le notificó por escrito al inspector
de trabajo y al empleador, el fuero sindical es oponible a este último
desde la fecha de la primera comunicación, según lo dispone la sentencia C-465
de 2008. A su vez, (ii) si el sindicato le notificó al inspector de trabajo y
no al empleador, el fuero sindical solo será oponible a éste último, cuando
conozca efectivamente de la existencia del sindicato, sus fundadores y/o
miembros de Junta Directiva, mediante la notificación realizada por el
Ministerio de Trabajo o por información proveniente directamente de la
organización sindical. En el caso (iii) de que el sindicato no comunique ni al
Ministerio ni al empleador, la protección foral no puede activarse.
114. En el caso sub examine, se constató que el empleador no fue
notificado de la constitución de la organización sindical ni del cambio de la
composición de su Junta Directiva, por lo que le es inoponible el fuero
sindical hasta que ello le sea comunicado por escrito. Ni la declaración del
Juez Único Penal del Circuito efectuada en el marco del proceso disciplinario
contra el empleado, ni la comunicación del 15 de marzo de 2016 en la que el
trabajador contesta al memorando de atención enviado por el Juez Único Penal y
dice de paso que “según parece como yo soy miembro del sindicato y que no le
simpatiza a usted, todas las faltas son mías”[110],
tienen el efecto de la comunicación por escrito exigida en los artículos 363 y
371 del C.S.T. Por lo tanto, no le es oponible el fuero sindical al accionante
en la medida que no fue notificado en los términos del artículo 363 del C.S.T.
115. En
consecuencia, la Corte accedió a la pretensión del accionante consistente en la
declaración de los defectos fáctico y sustantivo de las providencias atacadas y
por consiguiente, la Sala confirmará el fallo de tutela adoptada
el 31 de agosto de 2017 por la Sala de Casación Penal (Sala de Decisión de
Tutelas No. 2) de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó
la sentencia proferida el 21 de junio de 2017 por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia que (i) concedió el amparo
constitucional al debido proceso del accionante, (ii) dejó sin efectos
las sentencias del 14 de marzo de 2017 y 12 de mayo del mismo año, proferidas
por el Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina  y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de San Andrés respectivamente, dentro del proceso
especial de fuero sindical-acción de reintegro promovida por el señor Guillermo
Thyme Palmer contra la Nación donde compareció el Juez Único Penal del Circuito
Especializado de San Andrés como litisconsorte necesario, y (iii) ordenó
al Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés emitir un nuevo fallo.
III.      DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional de la República
de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la decisión adoptada el 31 de
agosto de 2017 por la Sala de Casación Penal (Sala de Decisión de Tutelas No.
2) de la Corte Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó la sentencia
proferida el 21 de junio de 2017 por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia que (i) concedió el amparo constitucional al debido proceso
del accionante, (ii) dejó sin efectos las sentencias del 14 de marzo de 2017 y
12 de mayo del mismo año, proferidas por el Juzgado Laboral del Circuito de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina  y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas respectivamente, dentro del proceso
especial de fuero sindical-acción de reintegro promovida por el señor Guillermo
Thyme Palmer contra la Nación donde compareció el Juez Único Penal del Circuito
Especializado de San Andrés como litisconsorte necesario, y (iii) ordenó al
Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés emitir un nuevo fallo. Lo anterior
debido a las razones presentadas en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo.- LIBRAR
las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así
como DISPONER las notificaciones a las partes –a través de los juzgados
de instancia, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta
de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
Anexo I
Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano
y Afines –Asonal Judicial S.I.-[111].
116. Sostuvo que existe un precedente
judicial aplicable al caso establecido en la sentencia C-465 de 2008 en la que
se estableció lo siguiente:
“en
el caso de los empleadores y el Gobierno es fundamental la determinación acerca
del momento en que adquieren eficacia los cambios para establecer cuáles son
los trabajadores amparados por el fuero sindical. De acuerdo con el artículo
371, los cambios en la junta directiva de un sindicato solamente surten efectos
luego de que se hubiera notificado de ellos, por escrito, al inspector del
trabajo y al empleador. Dado que, por lo regular, las dos notificaciones no son
simultáneas, la pregunta que surge es si el amparo del fuero opera desde que se
practica la primera notificación o solamente a partir de que el Ministerio y el
patrono hayan recibido la comunicación”[112].
Según
lo anterior, argumentó el representante de Asonal, la garantía del fuero
sindical entra operar inmediatamente después de que al Ministerio o al
empleador le ha sido comunicada la designación[113]. Por ello, afirmó que
los jueces de instancia en el proceso de la acción de tutela se equivocaron
porque se apoyaron en la sentencia C-695 de 2008, la cual es inhibitoria y no
modula el artículo 371 del C.S.T. como lo hace la C-465 de 2008[114].
117. Concluyó que “en los documentos
anexados en la demanda de fuero sindical, los cuales fueron valorados por el
Juzgado Laboral de San Andrés y luego por el Honorable Tribunal Superior de
dicho Departamento, se observa claramente que la notificación al Ministerio de
Trabajo se surtió dentro de los parámetros legales, con todas las formalidades
que exige la ley laboral y dentro del mandato contenido en la sentencia C-465
de 2008”[115].
Por lo anterior, el señor Thyme Palmer sí estaba cobijado por la garantía del
fuero sindical.
Respuesta de Asonal Judicial S.I.- Subdirectiva San Andrés, Islas.
118. A la respuesta formulada por el
Magistrado Sustanciador sobre si se comunicaron por escrito al Ministerio de
Trabajo, al Juez Único Penal Especializado del Circuito de San Andrés o al
Consejo Superior de la Judicatura, informó que el 14 de diciembre de 2915 se
procedió a realizar el Depósito y Registro de la organización sindical ante el
Director Territorial del Ministerio de Trabajo de San Andrés, Islas, lo que
tenía como propósito, según aclara, cumplir con los fines de publicidad
exigidos en los términos de la sentencia C-465 de 2008. Insiste que en la
comunicación se solicitó al representante del Ministerio de Trabajo que
procediera a realizar “los demás actos concernientes a la creación de esta
Subdirectiva de Asonal en las Islas”[116],
para lo cual se le suministraron las direcciones de notificación de la Rama
Judicial, Fiscalía General de la Nación y Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
119. También preguntó el Magistrado
Sustanciador, en caso de inexistencia de comunicación al Juez Único Penal del
Circuito Especializado de San Andrés o al Consejo Superior de la Judicatura,
por qué razón no lo surtió esa comunicación por escrito. Frente a lo anterior,
se respondió que en la sentencia C-465 de 2008 se señala que con la primera
notificación se adquiere la obligación de que el Ministerio comunique
inmediatamente al empleador sobre la designación realizada[117]. En este sentido, el
depósito de la comunicación respectiva ante el Ministerio cumplió con el
requisito de publicidad y debe entenderse la fecha desde la cual son oponibles
a terceros los cambios en la composición de la Junta Directiva ante terceros.
120. Finalmente, insistió en la importancia
de dos pruebas. Una de ellas es la del testigo Benneth Mcnisch, quien declaró
que al día siguiente de la reunión de la Asamblea de Constitución del Sindicato
(7 de diciembre de 2015), fueron llamados por el Juez Único Penal Especializado
del Circuito que les preguntó “¿cómo les fue en la reunión que tenía en el
sindicato? Y el señor Mcnisch respondió: “A mí, me eligieron de Tesorero del
sindicato y al señor Guillermo Thyme Palmer fue nombrado como Vicepresidente de
la organización sindical”[118].
La otra es la del recurso de apelación que interpuso el Juez Único Penal
Especializado del Circuito que escribió en el memorial lo siguiente:
“Según él (sic)
está investido y protegido con fuero sindical tal como me lo manifestó y lo
plasmó en su misiva del 15 de marzo de 2016, la cual reposa a folio 81 del
disciplinario de la referencia, y que de por cierto desde que se vinculó al
sindicato en el año 2015 se ha vuelto irreverente (…)”[119].
Academia Colombiana de Juristas[120]
121. La Academia Colombiana de Juristas, a
través de uno de sus miembros, respondió a las tres interrogantes formuladas
por este Despacho (i) cuál es la función y la naturaleza de la notificación
prevista en el artículo 363 C.S.T., (ii) ¿cuál es la finalidad de notificar por
escrito al empleador de las modificaciones de la Junta Directiva y de la
existencia del sindicato, según los artículo 363 y 371 del C.S.T.? y (iii)
¿existe alguna antinomia entre los artículos 363 y 371 del C.S.T. que, por un
lado, exige la notificación por escrito al empleador y los artículos 113 y 118
del Código Procesal del Trabajo, por otro, que presume la existencia del fuero
del demandante “con la inscripción en el registro sindical o la comunicación al
empleador?
122. Respecto a la primera pregunta, informó
que el empleador debe tener conocimiento de la circunstancia que otorga la
garantía del fuero al trabajador. Lo anterior a efectos de controlar la
intencionalidad que lleve a afectar el legítimo derecho de asociación sindical[121].
123. El conocimiento se da con la
notificación triangular y mixta en tanto que tiene un ingrediente privado y otro
oficial o administrativo. La notificación debe darla la organización de
trabajadores tanto al empleador como al inspector de trabajo con lo que se
materializa la fase privada de la notificación, pero “el inspector del
trabajo debe comunicar la creación del sindicato al empleador con lo cual se
cierra el triángulo por medio de una actuación administrativa”[122].
124. En cuanto al momento en el que es
oponible el fuero sindical al empleador, el concepto establece que “los
efectos tutelares de la notificación se concretan con la primera información
que reciba el empleador, sea que provenga del sindicato o del inspector, lo que
significa que no se exige, para lo efectos que se vienen analizando, que
completen las dos vías de notificación”[123].
125. En relación con la segunda pregunta,
aclaró que la finalidad de la notificación del artículo 363 del C.S.T. es “la
de obtener una constancia irrefutable del conocimiento por parte del empleador
de la creación del sindicato y, consecuentemente, del inicio del período de
protección para quienes participaron en el acto de la fundación”[124]. Asimismo, respecto
del artículo 371 del C.S.T. aclaró que tiene la misma finalidad que el artículo
363, de suerte que “si un trabajador ha sido elegido como nuevo integrante
de la junta directiva pero aún no se ha surtido la notificación triangular
prevista en el artículo 363 del C.S.T. (al cual remite el artículo 371 CST),
podría ser despedido o trasladado o desmejorado sin permiso del juez laboral
legítimamente”[125].
En todo caso, enfatizó que resulta esencial la prueba de la formalidad escrita
en la notificación[126].
126. Finalmente, en cuanto a la última
pregunta, el miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia afirmó que no
hay una antinomia entre los artículos 113 y 118 del Código Procesal del Trabajo
y los artículos 363 y 371 del C.S.T., ya que los primeros están encaminados a
facilitar el proceso liberando a la parte interesada acreditar el fuero de tal
forma que con la presentación de la demanda está reconociendo o admitiendo que
en el litigio hay un fuero en el medio. En cambio, los segundos artículos
tienen un efecto constitutivo de un derecho[127].
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial[128]
127. Al descorrer el traslado de las pruebas
recibidas, aclaró que aportar una multiplicidad de documentos sobre la cantidad
de afiliados de Asonal Judicial S.I. a nivel nacional, no demuestra el objetivo
de la colisión de derechos por la cual fue seleccionada la tutela, pues ninguno
de esos documentos evidencia que se hayan notificada en debida forma a sus
empleadores[129].
128. Insistió que el testimonio de Bennett
Mcnish no puede servir como prueba para demostrar el fuero sindical, pues es el
sindicato quien es el encargado de notificar al empleador[130].
129. Desmiente que el señor Thyme Palmer
haya realizado “plantones” frente al Palacio de Justicia de San Andrès. En
definitiva, considera que Asonal Judicial S.I. Subdirectiva de San Andrés no ha
aportado nada nuevo al proceso y, en cambio, ignora que el señor Thyme Palmer “faltó
a la verdad cuando consignó en su hoja de vida que era graduado como Técnico
Profesional en Asuntos Judiciales”[131],
lo que fue desvirtuado con el certificado expedido por la Institución
Universitaria Marco Fidel Suárez[132].
130. Por lo anterior, solicita que se deje
sin efecto la sentencia del 12 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
islas y la sentencia del 14 de marzo d 2017, proferida por el Juzgado Laboral
del Circuito de San Andrés.
SALVAMENTO
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-303/18
REGIMEN DE
OPONIBILIDAD DEL FUERO SINDICAL-Se desconoció la
jurisprudencia vigente sobre la oponibilidad y eficacia de los cambios o
constitución de las juntas directivas de los sindicatos
(Salvamento de voto)
COMUNICACION DE CAMBIOS EN JUNTAS
DIRECTIVAS DE SINDICATOS-Requisito
de oponibilidad ante terceros (Salvamento de voto)
CAMBIOS EN JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS-Rigen a partir de la primera comunicación (Salvamento
de voto)
Referencia: Expediente T-6.391.604
Acción
de tutela presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura
(Nación) contra la Sala Única del Tribunal Superior de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, Islas y otros.
Asunto:
Interpretación de los artículos 363 y 371 del C.S.T frente a la notificación de
la constitución de la organización sindical y la protección foral de los
miembros del sindicato.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
1.
Con el acostumbrado respeto
por las decisiones de la Corte Constitucional, a continuación, presento las
razones que me conducen a salvar el voto en la decisión adoptada por la
mayoría de la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación, en sesión del
veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018).
2.
La providencia de la que me
aparto estudió el caso del señor Guillermo
Thyme Palmer, quien fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Auxiliar
Judicial Grado II en el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San
Andrés (el “Juzgado Único Penal”) el 21 de enero de 2002. En el año 2015, el accionante fue designado vicepresidente de ASONAL JUDICIAL S.I Subdirectiva
Seccional San Andrés Isla en el año 2015.
El 28 de octubre de
2016, el Juzgado Único Penal declaró insubsistente el nombramiento en
provisionalidad del señor Thyme Palmer. En la motivación del acto expuso que el
empleado tenía un rendimiento laboral y comportamental negativo, “no
ofrec[ía] suficiente garantía de prestación de buen servicio y entorpec[cía] la
buena marcha del despacho”, que le llamó la atención en varias
oportunidades y que también le abrió un proceso disciplinario.
El 31 de octubre de 2016, el señor Thyme Palmer
interpuso recurso de reposición contra la anterior Resolución y el 1° de
noviembre del mismo año el Juez Único Penal lo rechazó por considerarlo
improcedente. Posteriormente, el 15 de noviembre siguiente, nombró en dicho
cargo a otra persona. Igualmente, interpuso acción de tutela contra la anterior
decisión por considerar que se vulneró su derecho fundamental de asociación
sindical y solicitó su reintegro y pago de salarios y prestaciones que dejó de
recibir.
El 24 de noviembre de 2016 el
Tribunal Superior del Distrito Judicial, en primera instancia, declaró
improcedente el amparo al considerar que no existía soporte de que el despido
constituyó un acto violatorio de la libertad sindical ni se demostró la
ocurrencia de un perjuicio irremediable y que el mecanismo idóneo para
controvertir la resolución objeto de reproche es el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Esta decisión fue confirmada por la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia, el 9 de febrero de 2017.
El 11 de enero de 2017 presentó
demanda en el proceso especial de fuero sindical ante el Juzgado Laboral del
Circuito de San Andrés y solicitó su reintegro y pago de salarios y acreencias
laborales desde la declaratoria de insubsistencia. Dicho juzgado dictó
sentencia en la que declaró ilegal la declaratoria de insubsistencia del señor
Thyme Palmer y, consecuentemente, ordenó su reintegro al cargo que ocupaba en
el Juzgado Único Penal.
La Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura apeló la
decisión, al considerar que el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo
(CST) obliga a notificar por escrito la constitución de la organización
sindical y su pertenencia tanto al empleador como al Inspector de Trabajo, por
lo que al no haberse dado en el presente caso dicha notificación no eran
oponibles los efectos del fuero sindical.
El 12 de mayo de 2017 el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
confirmó la sentencia de primera instancia, al concluir que ASONAL JUDICIAL
S.I., se encuentra en la base de datos de archivo sindical y en la última junta
directiva de la Subdirectiva Seccional de San Andrés aparece el señor Thyme
Palmer como Vicepresidente de la organización sindical.
3.
El 26 de mayo de 2017, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura interpuso acción de tutela para que se
protegiera su derecho fundamental al debido proceso y a la independencia
judicial y pidió que se dejaran sin efectos las sentencias proferidas por los
jueces laborales en primera y segunda instancia dentro del proceso especial de
fuero sindical.
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina manifestó que aunque no existe dentro del proceso constancia de
notificación personal al empleador acerca de la constitución del sindicato y
los integrantes de la junta directiva no se puede restar validez al fuero
sindical en razón a que ASONAL JUDICIAL inscribió la elección de los directivos
del sindicato el 14 de diciembre de 2015 y existe prueba de que el empleador
tenía conocimiento de la condición de aforado del señor Thyme.
Por su parte, el
Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés, expuso que la Sentencia T-873 de
2004 estableció que la ley no señala formalidad alguna respecto a la forma
en que debe surtirse la comunicación, por tanto, puede efectuarse de diversas
maneras en donde lo importante, en todo caso, es que el empleador conozca la
conformación de la organización sindical.
4.
El 21 de junio de 2017, la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia concedió la acción de
tutela y dejó sin efectos las sentencias proferidas por los jueces que
conocieron del proceso especial de fuero sindical ya que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 363 de este Código la comunicación no es un requisito
de validez del acto de constitución de la organización sindical, sino que se
refiere al requisito de publicidad. Enfatizó que para que sea oponible la
condición de aforado de un empleado debe notificarse por escrito al empleador.
La Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de primera
instancia, por considerar que las providencias judiciales objeto de reproche
incurrieron en defecto sustantivo, ya que según lo dispuesto en los artículos
363 y 371 del Código Sustantivo del Trabajo es necesario comunicar al empleador
la creación de la organización sindical y de los trabajadores que forman parte
de la junta directiva, de manera directa o a través del Ministerio del Trabajo.
5.     La Sala Cuarta de Revisión confirmó la decisión
adoptada el 31 de agosto de 2017 por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia que, a su vez, confirmó la de primera instancia que: (i)
concedió el amparo al debido proceso del accionante; (ii) dejó sin efectos las
sentencias proferidas dentro del proceso especial de fuero sindical; y (iii)
ordenó al Juzgado Laboral del Circuito de San Andrés proferir un nuevo fallo.
Motivos del disenso
6.
En mi concepto, el fallo del
que me aparto desconoció la jurisprudencia vigente sobre la oponibilidad y
eficacia de los cambios o constitución de las juntas directivas de los
sindicatos. Aunque la decisión citó la Sentencia C-465 de 2008[133],
que analizó la constitucionalidad del artículo 371 del CST y la Sentencia
C-734 de 2008[134], que estudió la conformidad con la
Constitución del artículo 363 de esa misma normativa, concluyó que como “(…)
el empleador no fue notificado por escrito de la constitución de la
organización sindical ni del cambio de la composición de su Junta Directiva (…)
es inoponible el fuero sindical hasta que ello le sea comunicado por escrito
(…)”. Tal posición no se encuentra conforme con las reglas que ha fijado
esta Corporación acerca de la eficacia de los cambios en las juntas directivas
de las organizaciones sindicales, en particular, cuando el sindicato le
notifica dicho cambio al Ministerio, como pasa a verse a continuación:
7.
La Sentencia C-465 de
2008[135], que declaró
la exequibilidad del artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo
respecto al cargo de violación de la libertad sindical, fijó las siguientes reglas en relación con el momento en
el que tienen eficacia los cambios en la integración de la Junta Directiva:
(i) En virtud del
principio de autonomía sindical los cambios que se realizan en relación con el sindicato
tienen efecto inmediato.
(ii) Respecto a la
situación de los empleadores y el Gobierno, dichos cambios surten
efectos a partir de que el sindicato les informe sobre ellos.
En este punto el fallo
precisó que, por regla general, las dos notificaciones no son simultáneas. Por
tanto, para garantizar los derechos constitucionales de asociación y libertad
sindical la protección foral opera desde que se surte la primera
notificación. Así, si el primer notificado es el empleador, este adquiere
desde el mismo momento de la comunicación, la obligación de respetar el fuero
sindical de los nuevos dirigentes. Por el contrario, si el primer notificado es
el Ministerio, este adquiere la obligación de comunicar inmediatamente al
empleador la designación que se realizó.
(iii) Acerca de los terceros,
determinó que como el depósito de la comunicación respectiva en el Ministerio
tiene efectos de publicidad sobre esas modificaciones, debe entenderse que, a
partir de ese momento, son oponibles a terceros.
8.     Esta postura fue reiterada en la Sentencia
C-737 de 2008[136], la cual recordó que la
comunicación al Ministerio sobre los cambios en la junta directiva de un
sindicato cumple exclusivamente funciones de publicidad y que el fuero sindical
opera inmediatamente después de la primera comunicación. La misma afirmación se
hizo en la Sentencia C-695 de 2008[137].
Por su parte, la Sentencia
C-734 de 2008[138] señaló que la notificación prevista
en el artículo 363 del Código Sustantivo del Trabajo es una garantía para los
trabajadores que conforman un sindicato ya que el conocimiento del empleador de
su existencia permite hacerle exigible los derechos de los fundadores y de
aquellos que conforman su junta directiva, especialmente respecto del fuero
sindical, sin embargo la notificación es un mecanismo de publicidad, no un
condicionamiento de la existencia del sindicato[139].
La misma decisión señaló que:
“(…)
en cambio, en relación con los terceros, la declaración de voluntad de
constitución del sindicato sólo produce efectos jurídicos, esto es, sólo les es
oponible a partir de la comunicación de la misma a ellos, en forma particular o
en forma general, esto último mediante publicación (…).
En
este orden de ideas, la expresión “su reconocimiento jurídico [del sindicato]
se producirá con la simple inscripción del acta de constitución”, contenida en
el Art. 39 de la Constitución, debe interpretarse en armonía con  el principio
de publicidad, en el sentido de que dicho reconocimiento no consiste en el
otorgamiento de personería jurídica al sindicato, ni tampoco en un acto
declarativo de su existencia válida, por parte del Estado, sino en la
oponibilidad o producción de los efectos jurídicos de dicha constitución
respecto del Estado, como tercero que es, comprendidas todas sus entidades,
frente a los partícipes en la declaración de voluntad colectiva de constitución,
o sea, frente a los fundadores del sindicato, y en relación con todos los demás
terceros, entre ellos en primer lugar el empleador, a partir de la mencionada
inscripción (…)”.
De la misma manera, la Sentencia
T- 535 de 2009[140]
recordó que la Sentencia C-465 de 2008[141], ya citada, estableció que la
comunicación al Ministerio del Trabajo acerca de los cambios en la junta
directiva de un sindicato cumple exclusivamente funciones de publicidad y que
el fuero sindical opera inmediatamente después de la primera comunicación[142].
9.
Igualmente, la Sentencia T-464 de
2010[143]
determinó que no tenía sentido la solicitud del accionante, miembro de la Junta
Directiva del sindicato SINALTRAINBEC, seccional
Sincelejo, de que se declarara su condición de directivo. Lo anterior, porque
tal condición se adquirió por derecho propio luego de haber sido efectuado el
registro de la nueva junta directiva ante la autoridad administrativa, conforme
lo establecido por el artículo 371 del CST. Así, dijo que la inscripción conlleva
el reconocimiento como directivo de la organización sindical y genera como
consecuencia jurídica que el sindicato pueda ejercer las funciones previstas en
la ley y en los estatutos, así como también que tenga capacidad jurídica para
buscar la protección de los derechos de la organización sindical (C.S.T.
artículo 372).
10.
A la luz de los anteriores pronunciamientos se resolvieron
cuestiones similares a las abordadas en la providencia de la que me aparto y
que no fueron mencionadas, como la T-938 de 2011[144]
y la T-148 de 2013[145]. La primera de estas
providencias abordó lo relacionado con el
ejercicio de la libre asociación sindical y los trámites posteriores ante
autoridades administrativas y particulares; la publicidad de los actos
sindicales, el fuero sindical y el momento a partir del cual se entiende
vigente. Al respecto, expuso que:
“(…) Tomando en cuenta
que la comunicación acerca de la constitución del sindicato debe realizarse a
varias personas (al empleador y al inspector del trabajo, o en su defecto al
alcalde), la protección foral se predicará a partir de la primera que se haga,
sea al empleador, quien es el que tiene la posibilidad de despedir, transferir
o desmejorar a los aforados, o sea al Ministerio o alcalde correspondiente,
dado que ellos, tan pronto son notificados, adquieren la obligación de informar
inmediatamente al empleador al respecto”.
Así mismo, indicó que
ante las varias comunicaciones mediante las cuales el sindicato publica su
constitución, la protección foral se predica de la primera de ellas. En dicho
fallo, la primera notificación también se realizó al denominado Ministerio de
la Protección Social, por tanto, la Sala concluyó que surgió para esta entidad
la obligación inmediata de notificarlo al empleador.
Por su parte, la segunda
providencia referida, la Sentencia T-148 de 2013[146],
señaló con relación a la supuesta ausencia de notificación al empleador y la
protección foral, lo siguiente:
“(…)
la Sala que en la providencia atacada el Tribunal incurrió en un defecto
fáctico, por cuanto se dejó de valorar pruebas obrantes en el proceso que
permitían establecer que efectivamente con anterioridad a la declaratoria de
insubsistencia de la accionante, la Contraloría Distrital de Barranquilla tenía
conocimiento de la condición de aforada de la demandante.
Sobre
este punto, tal como se expuso anteriormente, al ser varias las comunicaciones
mediante las cuales el sindicato publica su constitución, o en este caso,
designa miembros de la comisión de reclamos parte de la junta directiva, la
protección foral se predica a partir de la primera comunicación efectuada, lo
cual sucedió, en el presente caso, ante el Ministerio de la Protección Social,
el 12 de agosto de 2009.
A
partir de tal fecha se entiende surtida la publicación general de la actuación
del sindicato, pues con la comunicación al Ministerio surgió el deber de éste
de reportarla inmediatamente al empleador, tal como establece el artículo 363
del CST.
(…)
Lo
descrito, plantea una duda sobre lo sucedido y sobre la “aplicación” de las
normas legales relevantes, por lo que encuentra pertinente la Sala recordar que
ante esta duda en la aplicación, el artículo 53 de la Carta ordena preferir la
situación más favorable al trabajador”.
11.
En mi criterio, la
jurisprudencia reseñada es clara en establecer el alcance de las comunicaciones
y notificaciones de la conformación y cambios de sindicatos al Ministerio de
Trabajo y al empleador, para efectos de su eficacia, existencia y oponibilidad.
Sin embargo, a pesar de las reglas jurisprudenciales fijadas por esta Corporación
sobre la materia, en particular, acerca de la primera notificación que se
realiza, la providencia de la que me aparto establece que de la lectura
sistemática de las sentencias de constitucionalidad C-465 y C-734 de 2008
se desprende la exigencia de la comunicación por escrito al empleador. A su
vez, determina que hasta que ello no acontezca la existencia del sindicato es
inoponible. Tales conclusiones y reglas no se derivan de estos
pronunciamientos. Como quedó visto con anterioridad, la primera comunicación,
sea al empleador o al Ministerio del Trabajo determina la oponibilidad del
sindicato y, en el segundo supuesto surge el deber de notificar al primero. Así
pues, estimo que la Sentencia T-303 de 2018 desconoce la jurisprudencia
reseñada y el alcance otorgado por las decisiones de este Tribunal a los
artículos 363, 370, 371 y 372 del CST.
Por lo anterior,
considero que el proyecto no se ajusta a la línea jurisprudencial sobre la
materia. En estos términos, expongo
las razones que me llevan a salvar el voto con respecto a las consideraciones y
la decisión que se adoptó en la Sentencia T-303 de 2018.
Fecha ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Folio 4 y 169 del cuaderno primero.
[2] Folio 41 del cuaderno primero. Sin embargo, en el folio 125 del
cuaderno obra otra certificación de la Coordinadora del Grupo de Archivo
Sindical del Ministerio de Trabajo en la que se consigna que “la Organización
Sindical denominada ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA JUDICIAL
COLOMBIANO Y AFINES “ASONAL-JUDICIAL SI” de Primer Grado y de Industria,
con Registro de Inscripción número 000484 del 16 de enero de 1976, con
domicilio en Chía, departamento de Cundinamarca”.
[3] Folio 86 del cuaderno primero.
[4] Folio 4 y 38 del cuaderno primero.
[5] Folios 38, 39 y 40 del cuaderno primero. Los llamados de atención
se encuentran en los folios 127, 128, 129, 130, 213, 214, 215 y 217 del
cuaderno primero.
[6] Folio 234 del cuaderno tercero.
[7] Folio 237 del cuaderno primero.
[8] Folio 4 del cuaderno primero.
[9] Folio 4 del cuaderno primero.
[10] Folio 4 del cuaderno primero.
[11] Folio 4 del cuaderno primero.
[12] Folio 166 del cuaderno primero.
[13] Folio 4 y 131 del cuaderno primero.
[14] Folio 146 del cuaderno primero.
[15] Folio 4 y 212 del cuaderno primero.
[16] Folio 4, 18 y 31 del cuaderno primero.
[17] Folios 85 a 97 del cuaderno primero.
[18] Folio 4 del cuaderno primero.
[19] Folio 20 del cuaderno primero.
[20] Minuto 13:00 del archivo “Fallo- marzo 14 Guillermo Thyme.
Audiencia en el proceso laboral ante el Juagado Laboral del Circuito de San
Andrés (Sentencia del 14 de marzo de 2017).
[21] Minuto 14:40 del archivo “Fallo- marzo 14 Guillermo Thyme.
Audiencia en el proceso laboral ante el Juagado Laboral del Circuito de San
Andrés (Sentencia del 14 de marzo de 2017).
[22] Minuto 14:50 del archivo “Fallo- marzo 14 Guillermo Thyme.
Audiencia en el proceso laboral ante el Juagado Laboral del Circuito de San
Andrés. (Sentencia del 14 de marzo de 2017).
[23] Minuto 15:30 del archivo “Fallo-
marzo 14 Guillermo Thyme. Audiencia en el proceso laboral ante el Juagado Laboral
del Circuito de San Andrés. (Sentencia del 14 de marzo de 2017).
[24] Folio 123 del cuaderno del expediente electromagnético del proceso
laboral en segunda instancia (sentencia del 12 de mayo de 2017 del Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Departamento Archipiélago San Andrés,
Providencia y Santa Catalina).
[25] Ibíd. Folio 124.
[26] Artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo: Están amparados por
el fuero sindical: a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de su
constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el registro
sindical, sin exceder de seis (6) meses; b) Los trabajadores que, con
anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato,
para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores; c) Los
miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o
confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5)
suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1)
principal y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que
dure el mandato y seis (6) meses más; d) Dos (2) de los miembros de la comisión
estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o
confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por
seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1)
comisión estatutaria de reclamos. PARAGRAFO 1o. Gozan de la garantía del fuero
sindical, en los términos de este artículo, los servidores públicos,
exceptuando aquellos servidores que ejerzan jurisdicción, autoridad civil,
política o cargos de dirección o administración. PARAGRAFO 2o. Para todos los
efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical se demuestra con la
copia del certificado de inscripción de la junta directiva y/o comité
ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador.
[27] Folio 125 del cuaderno del expediente electromagnético del proceso
laboral en segunda instancia (sentencia del 12 de mayo de 2017 del Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Departamento Archipiélago San Andrés,
Providencia y Santa Catalina).
[28] Folio 126 del cuaderno del expediente electromagnético del proceso
laboral en segunda instancia (sentencia del 12 de mayo de 2017 del Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Departamento Archipiélago San Andrés,
Providencia y Santa Catalina).
[29] Folio 5 y 23 del cuaderno primero.
[30] Folio 127 del cuaderno del expediente electromagnético del proceso
laboral en segunda instancia (sentencia del 12 de mayo de 2017 del Tribunal
Superior del Distrito Judicial del Departamento Archipiélago San Andrés,
Providencia y Santa Catalina).
[31] Folio 5 del cuaderno primero.
[32] Folio 5 del cuaderno primero.
[33] Folio 6 del cuaderno primero.
[34] Folios 6 y 7 del cuaderno primero.
[35] Folio 10 del cuaderno primero.
[36] Folio 11 del cuaderno primero.
[37] Documento suscrito por Javier de Jesús Ayos Batista (Magistrado del
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina).
[38] Folio 312 del cuaderno primero.
[39] Documento suscrito por Defna Nereya Campo Manjarres (Juez Laboral
del Circuito de San Andrés, isla).
[40] Folios 357 a 359 del cuaderno primero.
[41] Documento suscrito por Remo Areiza Taylor (Juez Único Penal
Especializado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina).
[42] Folio 332 del cuaderno primero.
[43] Folio 330 del cuaderno primero.
[44] Documento suscrito por Luis Fernando Otalvaro Calle (Presidente
Asonal Judicial S.I.).
[45] Folio 371 del cuaderno primero.
[46] Folio 372 del cuaderno primero.
[47] Folio 374 del cuaderno primero.
[48] Folio 352 del cuaderno primero.
[49] Folio 351 del cuaderno primero.
[50] Folio 379 del cuaderno primero.
[51] Folio 380 del cuaderno primero.
[52] Folio 401 del cuaderno primero.
[53] Folio 27 del cuaderno tercero.
[54] Folio 28 del cuaderno tercero.
[55] Folio 29 del cuaderno tercero.
[56] Folio 29 del cuaderno tercero.
[57] Artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015: “Con miras a la protección
inmediata y efectiva del derecho fundamental vulnerado y para allegar al
proceso de revisión de tutela elementos de juicio relevantes, el Magistrado
sustanciador, si lo considera pertinente, decretará pruebas…”.
[58] OPTB-395 de 2018 suscrito por Luis Fernando Otálvaro Calle
(Representante Legal de Asonal S.I.)  y OPTB 395 de 2018 suscrito por Domingo
José Gallardo Hudson (Presidente de la Organización Sindical Asonal Judicial
S.I. –Subdirectiva San Andrés, Islas).
[59] OPTB-396 de 2018 suscrito por Jaime Cerón Coral (Secretario
General)
[60] Oficio del 13 de marzo de 2018 suscrito por Jesús Gerardo
Daza Timana.
[61] OPTB 787 de 2018. Documento suscrito por Ethel Yanet Castro Manuel
(Regional San Andrés Isla).
[62] Folio 278 del cuaderno cuarto.
[63] Folio 3 del cuaderno cuarto.
[64] Corte Constitucional Sentencia T-179A de 2017 y T-540 de 2017.
[65] Ver Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2015.
[66] Sobre este punto, cabe señalar que la Corte Constitucional
ha sostenido que las autoridades públicas pueden, en ciertos casos, ser
titulares de los derechos fundamentales como los derechos a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, entre otros. Así lo
dijo la Corte en la sentencia T-233 de 2017: “(…) las personas jurídicas
pueden ejercer el recurso de amparo debido a que son titulares de derechos
fundamentales por dos vías, directamente, como titulares de aquellas prerrogativas
que por su naturaleza son predicables de estos sujetos de derecho, e
indirectamente, cuando la vulneración puede afectar las prerrogativas
fundamentales de las personas naturales que las integran”. Igualmente, en
la sentencia T-390 de 2012, la Corte recordó que las entidades públicas también
son titulares de derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia: “Así, el ejercicio del derecho de amparo por
parte de las personas jurídicas, sean privadas o de derecho público, puede
concretarse de dos formas: “a) Directamente: cuando las personas jurídicas son
titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus
miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos
por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas. // b)
Indirectamente: cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la
tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales
asociadas.” Tratándose de las acciones dirigidas a la protección directa de las
garantías inherentes a las personas jurídicas públicas, esta corporación ha
puntualizado que esos entes son titulares de aquellos derechos cuya naturaleza
así lo admita, estando habilitadas para “ejercitarlos y defenderlos”.
[67] El defecto procedimental absoluto “se puede configurar
porque el funcionario judicial: (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del
procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de
una de las partes o (iii) “pasa por alto realizar el debate probatorio, natural
en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los
sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la
demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en
la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales” (Corte
Constitucional. T-620 de 2013).
[68] Artículo 371 del Código Sustantivo del Trabajo.
[69] Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
[70] Corte Constitucional. Sentencias T-008 de 1998 y SU-659 de 2015.
[71] Corte Constitucional. Sentencia SU-659 de 2015.
[72] Corte Constitucional. Sentencias SU-659 de 2015, T- 790 de 2010 y
T- 510 de 2011.
[73] Corte Constitucional. Sentencias SU-659 de 2015, T- 572 de 1994 y
SU-172 del 2000.
[74] Corte Constitucional. Sentencias SU-659 de 2015 y T-100 de 1998.
[75] Corte Constitucional. Sentencias SU-659 de 2015 y T-572 de 1994.
[76] Corte Constitucional. Sentencias SU-659 de 2015 y T-459 de 2017.
[77] Corte Constitucional. Sentencia SU-659 de 2015.
[78] Corte Constitucional. Sentencia SU-659 de 2015 y T-549 de 2017.
[79] Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001.
[80] Corte Constitucional. Sentencia SU-448 de 2016.
[81] Corte Constitucional Sentencia T-781 de 2011.
[82] Artículo 38 de la Constitución Política: Se garantiza el derecho de
libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las
personas realizan en sociedad.
[83] Artículo 39 de la Constitución Política: Los trabajadores y
empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin
intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple
inscripción del acta de constitución. / La estructura interna y el
funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se
sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. / La cancelación o la
suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial. / Se
reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión. / No gozan del derecho de
asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.
[84] Ver Corte Constitucional. Sentencia T-466 de 16 de junio 1999. El
derecho a constituir sindicatos también se deriva en el ámbito del derecho
internacional en: el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 087,
el artículo 23.4. de la Declaración de Derecho Humanos, el artículo 22 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[85] Artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo (modificado por el
artículo 1 del Decreto 204 de 1957).
[86] Ver Corte Constitucional. Sentencias C-240 de 2005, C-381 de 2000 y
C-710 de 1996.
[87] Corte Constitucional. Sentencia C-240 de 2005.
[88] Corte Constitucional. Sentencia T-096 de 2010.
[89] Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 2012.
[90] Corte Constitucional. Sentencia C-465 de 2008.
[91] Ibíd.
[92] Ibíd.
[93] Ibíd.
[94] Folio 252 del cuaderno quinto.
[95] Folio 252 del cuaderno quinto.
[96] Corte Constitucional. Sentencia C-734 de 2008.
[97] Folio 252 del cuaderno quinto.
[98] Folio 28 del cuaderno cuarto.
[99] Folio 71 del cuaderno cuarto.
[100] Parágrafo 2 del artículo 406 del C.S.T. (modificado por el
artículo 12 de la Ley 584 de 2000): “Para todos los efectos legales y
procesales la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del
certificado de inscripción de la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la
copia de la comunicación al empleador” .
[101] Folio 234 del cuaderno segundo.
[102] Folios 152 y 1533 del cuaderno primero.
[103] Ver Corte Constitucional. Sentencia T-733 de 2011. En esta
providencia, la Corte afirmó: “el nacimiento de esta protección para los
fundadores y adherentes de un sindicato, no está sujeto a condición alguna,
distinta de la constitución del mismo y la prueba de la existencia de dicho
fuero, se materializa con la comunicación al empleador relacionada con la
creación de la organización”.
[104] Corte Constitucional. Sentencia C-632 de 2012.
[105] Folio 380 del cuaderno primero.
[106] Folio 379ª del cuaderno primero.
[107] Folio 29 del cuaderno cuarto.
[108] Folio 251 del cuaderno primero.
[109] Corte Constitucional. Sentencia C-465 de 2008.
[110] Folio 251 del cuaderno primero.
[111] Documento suscrito por Luis Fernando Otálvaro Calle,
representante legal de Asonal S.I. del 5 de marzo de 2009 (respuesta al Oficio
OPTB-395/18) y Domingo José Gallardo Hudson, Presidente de la Organización
Sindical Asonal Judicial S.I. – Subdirectiva San Andrés, Islas.
[112] Corte Constitucional. Sentencia C-465 de 2008.
[113] Folio 28 del cuaderno quinto.
[114] Folio 30 del cuaderno quinto.
[115] Folio 31 del cuaderno quinto.
[116] Folio 40 del cuaderno quinto.
[117] Folio 41 del cuaderno quinto.
[118] Folio 42 del cuaderno quinto.
[119] Folio 43 del cuaderno quinto.
[120] Documento suscrito por Jaime Cerón Coral, Secretario General, y
concepto suscrito por Germán G. Valdés Sánchez, miembro de la academia, del 23
de febrero de 2018.
[121] Folio 251 del cuaderno quinto.
[122] Folio 252 del cuaderno quinto.
[123] Folio 252 del cuaderno quinto.
[124] Folio 252 del cuaderno quinto.
[125] Folio 252 del cuaderno quinto.
[126] Folio 252 del cuaderno quinto.
[127] Folio 253 del cuaderno quinto.
[128] Documento suscrito por Jesús Gerardo Daza Timaná (apoderado
judicial de la Rama Judicial) del 13 de marzo de 2018.
[129] Folio 260 del cuaderno quinto.
[130] Folio 260 del cuaderno quinto.
[131] Folio 261 del cuaderno quinto.
[132] Folio 262 del cuaderno quinto.
[133] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[134] M.P. Mauricio González Cuervo.
[135] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[136] M.P Rodrigo Escobar Gil.
[137] M.P
Jaime Araujo Rentería.
[138] M.P. Mauricio
González Cuervo.
[139] Sentencia C-734 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo. “El que
el empleador conozca de su existencia, permite hacerle exigible la garantía de
los derechos de los trabajadores fundadores del sindicato, de su junta
directiva y de todos cuantos hayan participado en su constitución,
particularmente para el reconocimiento del fuero sindical y el ejercicio de las
gestiones y labores de representación del sindicato mismo y sus asociados,”
[140] M.P Humberto
Antonio Sierra Porto.
[141] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[142] Sentencia T- 535 de 2009 M.P Humberto Antonio Sierra Porto. “Se
tiene entonces que en virtud de los efectos erga omnes de las decisiones
adoptadas por la Corte Constitucional, el Ministerio de la Protección Social, a
partir de la comunicación de la sentencia C-465 de 2008, no puede negar la
inscripción de los nuevos directivos sindicales, pues si la entidad estatal o
el  empleador consideran que hay motivos para denegar el registro deberán
acudir a la justicia laboral para que esta última lo declare”.
[143] M.P Jorge Iván Palacio Palacio
[144] M.P. Nilson Pinilla
Pinilla
[145] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub
[146] Ibídem