T-319-17
Sentencia T-319/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
Se trata
entonces de un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas
situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de
relevancia consti tucional, las cuales la tornan incompatible con los mandatos
previstos en el Texto Superior. Por esta razón, la acción de tutela contra
providencias judiciales es concebida como un “juicio de validez”, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que dieron origen
a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los recursos judiciales,
tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir las decisiones que
estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta. No obstante, pueden
subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste la arbitrariedad
judicial, hipótesis en la cual, como ya se dijo, se habilita el uso del amparo
tutelar.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
FAMILIA-Institución básica
de la sociedad/FAMILIA-Núcleo fundamental de la sociedad
FAMILIA-Evolución del
concepto
RECONCEPTUALIZACION DE LA NOCION DE
FAMILIA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDA-Reiteración sobre protección de derechos de parejas del mismo sexo
DERECHO DE LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO
A CONFORMAR UNA FAMILIA-Marco constitucional y
desarrollo jurisprudencial
UNION DE HECHO ENTRE
PAREJAS DEL MISMO SEXO-Modalidad de familia constitucionalmente protegida
UNION MARITAL DE
HECHO Y SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE PAREJAS DEL MISMO SEXO-Alcance de la
sentencia C-075 de 2007
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por configuración de defecto procedimental
absoluto por cuanto se adoptó decisión de fondo en fase de admisión de la
demanda
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Procedencia por configuración de defecto sustantivo por
cuanto se concluyó que uniones de hecho únicamente podían configurarse entre
parejas de distinto sexo
CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR OCURRENCIA DE HECHO SOBREVINIENTE-Auto admisorio
impugnado fue adicionado en el sentido de acoger para fallo la solicitud de
declaración de unión marital de hecho formulada por el actor
Referencia:
Expediente T-3.944.740
Acción de tutela
instaurada por el señor Eduardo contra el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, doce (12) de mayo de dos mil
diecisiete (2017)
La Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del
Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de
tutela adoptado por la Sala Familia del Tribunal Superior de Bogotá, dentro de
la acción de amparo constitucional presentada el señor Eduardo contra el
Juzgado Octavo de Familia de Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1.1. Cuestión previa
Como se verá más
adelante, la presente acción tiene por objeto la protección de los derechos
fundamentales al
debido proceso, al libre desarrollo de la perso-nalidad y a la igualdad,
entre cuyos hechos se invocan datos sensibles relacio-nados con la orientación
sexual de las partes de un proceso ordinario sometido al conocimiento de los
jueces de familia[1].
Por dicha razón, y en aras de proteger su intimidad y privacidad, se emitirán
respecto de este caso dos copias del mismo fallo, diferenciándose en que se
sustituirán los nombres reales de los sujetos involucrados, en aquella que se
publique en la gaceta de la Corte Constitucional.
1.2. Hechos relevantes
1.2.1. El señor Eduardo instauró
demanda ordinaria de declaratoria de unión marital de hecho contra Manuel, cuya
pretensión principal consistía en “[d]eclarar que entre [ambos] se conformó
una unión marital de hecho conforme la Ley 54 de 1990 y que la misma comenzó
desde el 5 de abril de 2003 y hasta el 10 de enero de 2011”[2]. Las demás
pretensiones, que se derivaban de la principal, apuntaban a la declaratoria y
posterior disolución y liquidación de la sociedad patrimonial.
1.2.2. El reparto del expediente
le correspondió al Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, el cual, en providencia
del 20 de septiembre de 2012, decidió admitir la demanda en lo referente a la
sociedad patrimonial, sin pronunciarse sobre la pretensión de declaratoria de la
unión marital de hecho.
1.2.3. En contra de la citada
providencia, el apoderado del señor Eduardo interpuso recurso de reposición,
por considerar que la demanda no versaba sobre la declaratoria de la sociedad
patrimonial, sino sobre la existencia de una unión marital de hecho, a
partir de la cual es posible probar la ocurrencia de la primera. Al respecto, en
auto del 11 de diciembre de 2012, el Juzgado Octavo de Familia dispuso no
reponer su decisión, al estimar que las parejas del mismo sexo únicamente son
beneficiarias de los efectos patrimoniales de las Leyes 54 de 1990 y 979 de
2005, de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia C-075 de 2007[3].
Como fundamento del auto en cita,
se hizo referencia a una providencia de la Sala de Familia del Tribunal
Superior de Bogotá, en la que se aseveró que las uniones que se producen por parejas
del mismo sexo no pueden ser declaradas como “uniones maritales de hecho”,
pues son situaciones diferentes que no están enmarcadas en la Constitución, sin
que ello desconozca que “sean recono-cibles y respetables como una realidad
sociológica asociada a una forma de vida diversa que produce unas relaciones de
orden patrimonial, frente a las que se hace necesario proteger los derechos de
los integrantes de las parejas del mismo sexo (…)”[4].
1.3. Solicitud
de amparo constitucional
1.3.1. Para
el actor, el citado auto del 11 de diciembre incurre en un actuar contrario a
derecho, del cual se deriva la violación de los derechos funda-mentales al
debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad, por las
siguientes razones:
- En
primer lugar, la autoridad demandada vulneró su derecho al debido proceso, en
tanto negó tramitar la demanda de declaratoria de unión marital de hecho con
quien, afirma, era su ex compañero permanente, al considerar, erróneamente, que
puede existir una sociedad patrimonial, sin la previa existencia de la unión.
- En
segundo lugar, sostiene que el Juzgado Octavo de Familia desconoció su derecho
al libre desarrollo de la personalidad, en la medida en que la homosexualidad, en
los términos de la Sentencia T-097 de 1994[5],
representa una manera de ser y una opción íntima e individual no sancionable,
de la cual, a su juicio, se deriva que las parejas del mismo sexo tienen
derecho a formar una familia.
- Por
último, se quebrantó su derecho a la igualdad, en tanto se hizo uso de un
criterio sospechoso como la orientación sexual, para concluir que entre parejas
homosexuales no puede existir unión marital de hecho, lo cual constituye una
forma de discriminación. Aunado a lo anterior, el actor dice que la autoridad
demandada también se apartó de lo señalado en la Sentencia C-075 de 2007, en la
que se equiparó el derecho de las parejas homosexuales a tener uniones
mari-tales, en los mismos términos que las parejas heterosexuales.
1.3.2.
Luego se realiza un recuento de la evolución normativa y jurisprudencial referente
al trato que se le ha dado a las uniones maritales de hecho, para concluir que
actualmente se permite su reconocimiento entre parejas del mismo sexo. En
particular, destaca que la Sentencia C-075 de 2007 extendió la presun-ción de
sociedad patrimonial contenida en la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979
de 2005, a las parejas homosexuales. Al igual que la Sentencia C-029 de 2009
admite que toda unión, independientemente de si se trata de parejas
heterosexuales o del mismo sexo, tiene un proyecto de vida en común, voca-ción
de permanencia, asistencia recíproca y solidaridad entre sus integrantes, razón
por la cual sus miembros gozan de protección constitucional.
Finalmente,
refiere a la existencia de dos autos de los Juzgados Cuarto y Primero de
Familia de Bogotá, en los que se admite sendas demandas de declaratoria de
unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo y una sentencia de esta
última autoridad judicial, en la que resuelve declarar la referida unión.
1.3.3. Con
sujeción a los argumentos expuestos, el accionante solicita que se protejan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordene al Juzgado Octavo de
Familia de Bogotá admitir la demanda, con el fin de que se declare la unión
marital de hecho y se hagan los pronunciamientos que se deriven de tal
situación.
1.4. Contestación de la demanda
Dentro del término concedido por el
Tribunal Superior de Bogotá, la autoridad demandada ni los particulares
vinculados[6],
contestaron la acción de tutela.
1.5. Pruebas relevantes aportadas al
proceso
1.5.1. Copia de la demanda ordinaria de
declaración de unión marital de hecho presentada por el señor Eduardo contra Manuel.[7]
1.5.2. Copia del auto del 20 de
septiembre de 2012, por medio del cual el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá admitió la
demanda ordinaria de declara-ción de sociedad patrimonial, sin pronunciarse
sobre la pretensión del actor dirigida a que se declare la existencia de una
unión marital de hecho.[8]
1.5.3. Copia del recurso de reposición
presentado el 26 de septiembre de 2012 por el apoderado del accionante, en contra
el citado auto admisorio de la deman-da.[9]
1.5.4. Copia del auto del 11 de
diciembre de 2012, por medio del cual se resuelve desfavorablemente el recurso
de reposición presentado por el apode-rado del accionante.[10]
1.5.5. Copia del auto del 25 de enero de
2013, por medio del cual se niega el recurso de apelación interpuesto por la
parte accionante en contra del auto admisorio, por cuanto éste no es apelable,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 351 del Código de Procedimiento
Civil.[11]
II SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En sentencia del 4 de abril de 2013, la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá concedió el amparo del derecho
fundamental al debido proceso del accionante. Al respecto, consideró que la
autoridad demandada desconoció la legislación procesal civil relacionada con la
presentación y admisión de la demanda y decidió caprichosa y arbitrariamente
desconocer las pretensiones de la parte actora. Además, señaló que al resolver
el recurso de reposición, el juzgado anticipó la resolución de fondo sobre la
pretensión relacionada con la declaratoria de la unión marital de hecho.
Con fundamento en lo anterior, resolvió
dejar sin efecto el auto del 11 de diciembre de 2012, en lo relacionado con la forma
como se dio respuesta a la reposición formulada en contra el auto admisorio de
la demanda, y ordenó que, en el término de 48 horas siguientes, se procediera a
resolver nuevamente el recurso de reposición, atendiendo a las directrices expuestas
en la providencia, esto es, excluyendo cualquier consideración sobre la
resolución del fondo del asunto.
III. REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
3.1. Competencia
Esta Sala es
competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 28 de junio de
2013 proferido
por la Sala de Selección Número Seis.
3.2. Actuaciones
surtidas en sede de revisión
3.2.1. El 11 de
octubre de 2013, el apoderado del accionante remitió un escrito en el que
solicita que se dicte jurisprudencia sobre la posibilidad de declaratoria de
uniones maritales de hecho entre parejas del mismo sexo. Sobre el particular,
menciona la necesidad de que se aborden los siguientes temas: (i) el derecho
que tienen las parejas homosexuales a que se les reconozca y declare dicha
unión, sin que los jueces se excusen en que la Sentencia C-075 de 2007 sólo
tiene consecuencias patrimoniales; (ii) las diferencias que se presentan entre
la unión y los efectos que de ella se derivan; (iii) la imposibilidad de que exista
una sociedad patrimonial, sin la previa declaratoria de la unión; y (iv) la
aplicación de la retrospectividad en lo que se refiere a los bienes que
integran la sociedad.
3.2.2. En la
misma fecha reseñada, la organización Colombia Diversa presentó un Amicus
Curiae, en relación con el reconocimiento de la unión marital de hecho entre
parejas del mismo sexo. En su exposición, señala que el caso objeto de estudio resulta
relevante, comoquiera que existe un problema general de interpretación en las
jurisdicciones civil y de familia sobre la jurisprudencia constitucional que
ampara a las parejas del mismo sexo.
Al respecto,
sostiene que la Sentencia C-075 de 2007 representa un hito constitucional, pues
inició la línea jurisprudencial que ha buscado superar el déficit de protección
que sufren las parejas del mismo sexo. Esta providencia acertó al evidenciar
que el cambio social y jurídico tornó insuficiente el tipo de salvaguarda que,
con anterioridad a su expedición, se brindaba a dichas parejas, el cual
resultaba lesivo de la dignidad humana y del libre desarrollo de la
personalidad, al comportar una forma de discriminación.
A continuación,
menciona que el fallo en comento decidió extender el régimen de protección
contenido en la Ley 54 de 1990 y sus modificaciones a las parejas del mismo
sexo, amparo que, a su juicio, incluyó la conformación de la unión marital de
hecho, la presunción de sociedad patrimonial, los medios probatorios para su
declaratoria y los mecanismos para disolverla. Por ello, según afirma, a partir
de la protección consagrada en la mencionada providencia, las notarías empezaron
a declarar uniones maritales de hecho conformadas por parejas del mismo
sexo, lo cual marcó el inicio de una práctica institucional y judicial que se
ha extendido en el tiempo.
Luego de la
Sentencia C-075 de 2007, la Corte continuó con el desarrollo de una línea
jurisprudencial que ha permitido la consolidación de dichas uniones,
otorgándoles derechos como compañeros permanentes. En general, se destacan las
Sentencias C-811 de 2007[12],
T-856 de 2007[13],
C-336 de 2008[14],
C-798 de 2008[15],
T-1241 de 2008[16],
C-029 de 2009[17],
C-283 de 2011[18]
y C-238 de 2012[19].
Por último,
mencionó que en la Sentencia T-717 de 2012[20],
se estudió un caso similar al expuesto, en el que un juez no aplicó la Ley 54
de 1990 y se limitó a realizar una interpretación parcial y errada de la misma,
para no aceptar la declaración de unión marital de hecho de una pareja del
mismo sexo, lo cual, a juicio de la Corte, terminó en la lesión de los derechos
fundamentales del accionante. Dicho precedente es relevante en el examen del
asunto sub-judice, en el que se incurrió no sólo en un defecto procesal,
como lo declaró el juez de instancia, sino también en un defecto sustantivo, al
desconocer el alcance de lo previsto en la citada Ley 54 de 1990 y en la
jurisprudencia de la Corte sobre la materia.
3.2.3. En auto
del 10 de octubre de 2013, se ordenó al Juzgado Octavo de Familia de Bogotá que
remitiera el expediente en el que se encuentra el proceso de declaración de
unión marital de hecho iniciado por el accionante. Una vez se efectuó una
revisión del mismo, se constató que mediante auto del 10 de abril de 2013, el  juzgado
accionado admitió la demanda de declaratoria de unión marital de hecho, en
cumplimiento del fallo de tutela adoptado el 4 de abril de 2013 por la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en los términos en que se expuso en el
acápite de la sentencia objeto de revisión.
3.2.4. Con posterioridad, en auto del 27
de octubre de 2016, se solicitó al despacho del Magistrado Aroldo Wilson Quiroz,
en su calidad de miembro de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, que remitiera a esta Corporación copia de los siguientes documentos:
(i) sentencia proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá; (ii)
recurso de apelación contra la anterior providencia; (iii) sentencia proferida
por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá y (iii) recurso
extraordinario de casación presentado por el demandante. Lo anterior, en la
medida en que se tuvo conocimiento de que el proceso iniciado por el
accionante, se encontraba pendiente de decisión en la mencionada Alta
Corporación Judicial, al haberse interpuesto el citado recurso extraordinario por
la parte demandante contra la sentencia de segunda instancia proferida por la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá. El contenido de las
providencias y actuaciones procesales se resumen a continuación:
(i) Sentencia del 25 de febrero de
2014 proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá. En esta
providencia se declara la existencia de la unión marital de hecho entre el
accionante y el señor Manuel, desde el 8 de febrero de 2007 hasta el 31 de
diciembre de 2011 y, en consecuencia, se decide declarar, disolver y liquidar
la sociedad patrimonial originada de dicha unión. El fallo se fundamentó en el
análisis del material probatorio aportado al proceso, a partir del cual se
concluyó que, desde el año 2004, existió una relación de pareja entre las
partes “con las características esenciales de permanencia, singularidad y
comunidad de vida”, pese a las alegaciones realizadas por la parte
demandada, quien afirmaba que el único vínculo que existió fue laboral, pues el
señor Eduardo era su conductor.
(ii) Sentencia del 25 de agosto de
2014 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En
esta providencia se decide revocar la decisión de primera instancia, pues si
bien se comprobó que existió una relación senti-mental entre el accionante y el
señor Manuel, lo cierto es que, en criterio del Tribunal, ningún elemento
probatorio logró demostrar que existió la intención de integrar una familia, como
elemento esencial para declarar la existencia de una unión marital de hecho.
(iii) Copia del recurso de casación
presentado el 2 de septiembre de 2014, por el apoderado del señor Eduardo, el
cual se sustenta en dos cargos:
(a) El primer cargo está fundado en la
primera causal de casación[21]
y se dirige a señalar que la decisión del Tribunal aplicó erróneamente los
artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, respecto del preámbulo y los artículos 13
y 58 de la Constitución Política; 8 de la Ley 153 de 1886; 5, 6, 7 y 8 de la
Ley 54 de 1990; y 174, 177, 187, 304, 305, 306 y 626 del Código General del Proceso,
básica-mente por la apreciación equivocada de las pruebas allegadas al
expediente, que demostraban la existencia de una relación sentimental que, aunque
el mismo Tribunal admitió, incurrió en una contradicción, en tanto concluyó que
pese a ese hecho, no hubo la intención de conformar una familia. En criterio
del recurrente, los testimonios demostraban la existencia de comportamientos
que sólo pueden tener las personas unidas por un vínculo sentimental y estable,
con vocación de permanencia.
(b) El segundo cargo también basado en
la primera causal de casación, y se fundamenta en que la sentencia del Tribunal
interpretó de forma errónea los artículos 13 y 58 de la Constitución Política;
8 de la Ley 153 de 1886; 5, 6, 7 y 8 de la Ley 54 de 1990; y 174, 177, 187,
304, 305, 306 y 626 del Código General del Proceso; toda vez que concluyó que,
para que pueda declararse la existencia de una unión marital de hecho, debe
demostrarse la intención que tuvieron las partes de integrar una familia. Para
el recurrente, este requisito es ajeno a la ley, la cual no exige demostrar un
elemento volitivo, más allá de la acreditación de la pareja. Sobre el
particular, se señala que: “[e]n presencia de los elementos que constituyen
la relación bajo examen y que en esencia se manifiestan en una comunidad de
vida, la intención de las partes para conformar una familia es ínsita y
consubstancial.”.
Por información contenida en la
página de internet de la Corte Suprema de Justicia, se conoció que el
Magistrado Aroldo Wilson Quiroz, mediante Auto del 12 de septiembre de 2016,
decidió aceptar el segundo cargo de la demanda de casación, encontrándose
pendiente de decisión.
3.3. Delimitación
del caso, problema jurídico y esquema de decisión
3.3.1. Vista la acción
de tutela, se tiene que el amparo propuesto está dirigido a cuestionar la
providencia que decidió no reponer el auto en el cual la autoridad judicial
demandada resolvió admitir una demanda ordinaria, excluyendo en esa instancia
el análisis de una pretensión dirigida a que se declare, con anterioridad al
reconocimiento de la sociedad patrimonial, la existencia de una unión marital
de hecho, con el argumento de que las parejas del mismo sexo tan sólo son
beneficiarias de los efectos patrimoniales de las Leyes 54 de 1990 y 979 de
2005, a partir de su entendimiento sobre lo dispuesto en la Sentencia C-075 de
2007.
Para el demandante, el juzgado demandado
incurrió en una actuación contraria a la ley, pues se negó a tramitar la
demanda declarativa de la unión marital de hecho, desconociendo que, sin esta
última, de acuerdo con el régimen vigente, es imposible que exista una sociedad
patrimonial. Por su parte, al resolver la solicitud de amparo, el juez de
tutela de instancia consideró que existió un defecto procedimental, ya que a
través de la decisión del recurso de reposición, el juzgado demandado se
anticipó con la definición del asunto de fondo.
Para esta Corporación, además de
la citada irregularidad, la providencia cuestio-nada también podría adolecer de
un defecto sustantivo o material, no sólo por las razones expuestas por el
accionante, sino también porque su alcance tendría la entidad de generar un
eventual desconocimiento del régimen de protección que las sentencias de
constitucionalidad y de tutela de este Tribunal le han dado a la figura de la
unión marital de hecho, en tratándose de parejas del mismo sexo.
3.3.2. Por lo
anterior, dentro
del ámbito de competencia del juez de tutela para delimitar el objeto de la
controversia[22],
se
entiende que, como problema jurí-dico, le corresponde a la Corte determinar si
el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá vulneró el derecho fundamental al debido
proceso del señor Eduardo, como consecuencia de su decisión de no reponer el
auto admisorio del 20 de septiembre de 2012, a través del cual excluyó el
análisis de una pretensión dirigida a que se declare, con anterioridad al
reconocimiento de la sociedad patrimonial, la existencia de una unión marital
de hecho, con el argumento de que las parejas homosexuales tan sólo son
beneficiarias de los efectos patrimoniales de las Leyes 54 de 1990 y 979 de
2005, a partir de su concepción sobre lo dispuesto en la Sentencia C-075 de
2007. En este punto, como ya se dijo, el análisis se enfocará en la posible
ocurrencia de los defectos procedi-mental y sustantivo, cuyo reconocimiento
tendría la capacidad de impactar en la salvaguarda del derecho al libre
desarrollo de la personalidad (CP art. 16) y en la corrección de la situación
de desprotección a la que, por largos años, se han visto sometidas las parejas del
mismo sexo (CP art. 13, inc. 3).
Para dar
respuesta al citado problema jurídico, esta Sala inicialmente se pronunciará
sobre los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; luego de lo cual estudiará si dichos
requisitos se cumplen en el caso objeto de estudio. A
continuación hará una breve exposición sobre las causales específicas de procedibilidad
del amparo constitucional contra fallos judiciales, para lo cual se detendrá en
el análisis de los defectos procedimental y sustantivo. Finalmente, hará una
aproximación a la forma cómo el ordenamiento jurídico ha abordado el tema
referente a la unión material de hecho entre parejas del mismo sexo, con
énfasis en la jurisprudencia consti-tucional sobre la materia. Una vez
concluido el análisis de estos puntos, se procederá con el examen del caso
concreto.
3.4. Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
3.4.1. De
acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo residual y subsidiario de defensa judicial, cuya finalidad es la
protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular, en los casos previstos en la Constitución y en la
ley.
Tal como se
estableció en la Sentencia C-543 de 1992[23],
por regla general, el amparo es improcedente cuando se pretenden cuestionar
fallos judiciales, en respeto a los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial y a la garantía procesal de la cosa juzgada. Al
respecto, en dicho fallo se sostuvo que:
“La
acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la
Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.
Se
comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio
judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha
adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una
acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho
mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial
de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento
definitorio del derecho.”
Sin embargo, en
dicha oportunidad, también se estableció que de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, “no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales”[24]. En este sentido, si
bien se entendió que en principio la acción de amparo no procede contra
providencias judiciales, excepcionalmente es viable su uso como meca-nismo
subsidiario de defensa judicial, cuando de la actuación judicial se pro-duzca
la violación o amenaza de un derecho fundamental.
Se trata
entonces de un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas
situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de
relevancia constitucional, las cuales la tornan incompatible con los mandatos
previstos en el Texto Superior. Por esta razón, la acción de tutela contra
providencias judiciales es concebida como un “juicio de validez”[25], lo que se
opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de
los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que dieron
origen a un litigio, más aún cuando las partes cuentan con los recursos
judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para controvertir las
decisiones que estimen arbitrarias o que sean incompatibles con la Carta. No
obstante, pueden subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste la
arbitrariedad judicial, hipóte-sis en la cual, como ya se dijo, se habilita el
uso del amparo tutelar.
3.4.2. En
desarrollo de lo expuesto, la Sala Plena de esta Corporación, en la Sentencia
C-590 de 2005[26],
estableció un conjunto sistematizado de requisitos de naturaleza sustancial y
procedimental, que deben ser acreditados en cada caso concreto, como
presupuestos ineludibles para la protección de los derechos afectados por una
providencia judicial. Dichos requisitos fueron divididos en dos categorías,
aquellos generales que se refieren a la procedi-bilidad de la acción de
tutela, y aquellos específicos que se relacionan con la tipificación de
las situaciones que conducen al desconocimiento de derechos fundamentales,
especialmente el derecho al debido proceso.
Los requisitos
de carácter general, conforme se expuso, se refieren a la viabilidad
procesal de la acción de tutela contra providencias judiciales y son esenciales
para que el asunto pueda ser conocido de fondo por el juez constitu-cional. La
verificación de su cumplimiento es, entonces, un paso analítico obligatorio,
pues, en el evento en que no concurran en la causa, la consecuencia jurídica es
la declaratoria de su improcedencia. Lo anterior corresponde a una consecuencia
lógica de la dinámica descrita vinculada con la protección de la seguridad
jurídica y la autonomía de los jueces, ya que la acción de amparo no es un
medio alternativo, adicional o complementario para resolver conflictos
jurídicos. Por el contrario, en lo que respecta a los requisitos de carácter
específico, se trata de defectos en sí mismos considerados, cuya presencia
conlleva al amparo de los derechos fundamentales, así como a la expedición de
las órdenes pertinentes para proceder a su protección, según las circunstancias
concretas de cada caso.
3.5. Estudio de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales en el asunto sub-examine
3.5.1. La Corte
ha identificado los siguientes requisitos generales, que, según lo
expuesto, habilitan la procedencia de la acción de amparo, a saber: (i) que la
cuestión discutida tenga relevancia y trascendencia constitucional; (ii) que se
hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial
al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la acción se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración, es decir, que se
cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal
alegada, de existir, tenga un impacto decisivo en el contenido de la decisión;
(v) que el actor identifique los hechos constitutivos de la vulneración y que,
en caso de ser posible, los hubiese alegado durante el proceso judicial en las
oportunidades debidas; y (vi) que no se trate de una sentencia de tutela[27].
3.5.2. Con
fundamento en lo anterior y en relación con el caso sub-judice, esta
Corporación pasará a verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en los términos
previamente expuestos.
3.5.2.1. En lo
que hace referencia a la relevancia constitucional del caso, cabe
señalar que la cuestión gira en torno al posible desconocimiento del derecho al
debido proceso, en el trámite de una demanda dirigida a la declaratoria de una
unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo. En efecto, no sobra recor-dar
que, en el asunto bajo examen, por la vía de los defectos procedimental y sustantivo,
se cuestiona que el juez demandado debió reponer su decisión y admitir la
demanda dirigida a la declaratoria de dicha unión, sin abordar al inicio del
proceso la definición de un asunto de fondo que debe ser resuelto en la
sentencia. Por lo demás, también se controvierte que con ese proceder se adoptó
una decisión contraria al régimen legal vigente, en el que la
definición previa sobre la existencia de la unión, es un presupuesto esencial
para que se pueda declarar una sociedad patrimonial.
De esta manera,
obsérvese cómo si bien la protección solicitada tiene una inci-dencia directa
en el derecho al debido proceso, su importancia va más allá de dicha garantía,
pues también repercute de forma directa en la salvaguarda de otros derechos
fundamentales como la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de la
personalidad. Precisamente, aun cuando el amparo busca determinar si el juez de
familia debió admitir la demanda de declaratoria de unión marital de hecho, es
claro que el asunto sometido a examen tiene una mayor incidencia y relevancia
constitucional, ya que su definición se relaciona transversalmente con el
mandato genérico previsto en la Carta, por virtud del cual es obligación del
Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, al
margen de la orientación sexual de la persona[28].
Además, el asunto propuesto también podría comprometer otros principios básicos
como la dignidad huma-na, entendida como la posibilidad que tiene toda persona
de autodeterminarse y de escoger un proyecto de vida, el cual puede estar
vinculado con la decisión autónoma de vivir en pareja, sin importar si es del
mismo sexo, lo cual, conse-cuencialmente, se relaciona con el derecho al libre
desarrollo de la persona-lidad. En este orden de ideas, la Sala considera que
el asunto guarda relevancia constitucional, lo que torna procedente el examen
del resto de requisitos genéricos.
3.5.2.2. En lo
que atañe al agotamiento previo de los otros mecanismos de defensa judicial,
se observa que el actor utilizó las herramientas procesales que tenía a su
alcance, pues contra el auto admisorio de la demanda –que omitió pronunciarse
sobre la declaratoria de unión marital de hecho– interpuso recurso de
reposición, providencia que se cuestiona en esta oportunidad. Luego de lo cual presentó
recurso de apelación frente a lo resuelto, el cual fue negado por el juzgado
accionado el 25 de enero de 2013, con fundamento en que el recurso no era
procedente, de conformidad con el artículo 351 del Código de Procedi-miento
Civil[29].
Por lo demás, como la decisión cuestionada es una providencia interlocutoria
proferida en la etapa de admisión de la demanda, no cabe el ejercicio de
recursos extraordinarios[30].
3.5.2.3. Con
respecto a la inmediatez, este Tribunal advierte que transcurrieron tres
meses entre la fecha en la que el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá profirió la
providencia cuestionada y el momento en que se interpuso la presente acción de
tutela, de donde se infiere que se trata de un término razonable y oportuno
para el ejercicio del amparo constitucional[31].
3.5.2.4. En lo
referente al impacto decisivo de la irregularidad alegada, esta Sala
aprecia que el defecto originado en que el juzgado decidió de fondo el asunto
sometido a controversia en la fase de admisión de la demanda, tiene la entidad suficiente,
de existir, para generar un cambio fundamental en el desarrollo del proceso y
en el alcance de la sentencia que le ponga fin, toda vez que ello se tradujo en
la negativa a estudiar la posible configuración de la unión marital de hecho
entre el accionante y el señor Manuel.
3.5.2.5. En
cuanto a la identificación del hecho constitutivo de la vulneración alegada
y de su invocación en las oportunidades debidas, esta Sala encuentra
que, a partir del cumplimiento del deber de caracterización del defecto invo-cado,
es que cabe su encuadramiento jurídico en un posible defecto sustantivo y/o en
un defecto procedimental. En cuanto al primero, se advierte que fue alegado
durante el curso del proceso de admisión de la demanda, cuando al formular el
recurso de reposición, se pidió que se asumiera el conocimiento de la
pretensión vinculada con la declaración de unión marital de hecho. Frente al
segundo, su invocación se produjo con ocasión de la acción de tutela, sin que
sea posible reclamar su previa alegación, toda vez que su supuesta ocurrencia
tan sólo se presentó con la expedición del auto que ahora se cuestiona.
3.5.2.6. Por
último, comoquiera que se controvierte la providencia proferido en el
desarrollo de un proceso ordinario de declaratoria de unión marital de hecho,
también se cumple con el requisito atinente a que la decisión cuestionada no
corresponda a una sentencia de tutela. En consecuencia, a partir de lo
expuesto, la Sala constata que se cumplen con los presupuestos generales de
procedencia del amparo constitucional, por lo que se pasará al examen de los requisitos
específicos que, como ya se señaló, permiten la prosperidad del amparo
solicitado.
3.6. Estudio
sobre los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
3.6.1. En cuanto
a los requisitos específicos de procedencia, como se explicó en
el acápite 3.4.2 de esta providencia, se trata de exigencias que se relacionan
con la caracterización de los defectos que conducen al desconocimiento de los
derechos fundamentales, especialmente del derecho al debido proceso. Dichos
vicios han sido unificados en las siguientes causales de procedibilidad: el
defecto orgánico, el defecto sustantivo, el defecto procedimental absoluto, el
defecto fáctico, el error inducido, la decisión sin motivación, el descono-cimiento
del precedente constitucional y la violación directa de la Constitución.
3.6.2. En esta
oportunidad, a partir de las razones que justifican el amparo propuesto, le
corresponde a esta Corporación pronunciarse sobre los defectos procedimental
absoluto y sustantivo, pues, como se explicó, el asunto objeto de discusión se
concreta en la expedición de un auto que resuelve un recurso de reposición, en
el que se decidió de fondo sobre la controversia planteada, lesionando, al
parecer, no sólo las formas propias de cada juicio, sino también los mandatos constitucionales
y legales que permiten la protección de los miembros de las parejas del mismo
sexo.
3.6.3. Caracterización
del defecto procedimental absoluto como causal de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.6.3.1.
Esta Corporación ha establecido que el defecto procedimental absoluto se
presenta cuando el juez actúa totalmente al margen de las formas propias de
cada juicio (CP art. 29). En este sentido, se ha considerado que existe una
violación del derecho al debido proceso, por cuanto el procedimiento adoptado
por el juez no se somete a los requisitos establecidos en la ley sino a su
propia voluntad, en contravía de las garantías previstas en las normas
procesales para los sujetos que intervienen en cada juicio.
Al
respecto, en la Sentencia T-996 de 2003[32],
con ocasión de una acción de tutela en la que se cuestionó la actuación de un
juez laboral que no agotó el período probatorio y profirió sentencia con
inobservancia de dicha etapa del proceso, la Corte recordó que:
“(…)
el defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el
juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o
cuando pretermite las etapas propias del juicio, como, por ejemplo, omite
la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, o
cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso,
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al
no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su
contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de
fondo y la violación a los derechos fundamentales.” Subrayas fuera del original
3.6.3.2.
Por lo demás, en criterio de este Tribunal, se trata de un defecto de
naturaleza calificada, puesto solamente emerge cuando se presenta un descono-cimiento
absoluto de las formas propias de cada juicio[33],
ya sea porque (i) el juez se ciñe a un trámite completamente ajeno al
pertinente (desvía el cauce del asunto), o porque (ii) omite etapas
sustanciales del procedimiento con violación de los derechos de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso.
3.6.3.2.
Caracterización del defecto sustantivo como causal de procedi-bilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
3.6.3.2.1.
Según se manifestó en la Sentencia SU-817 de 2010[34], el
defecto sustantivo o material se presenta –entre otras– en las siguientes
hipótesis:
“(…)
(i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable al caso concreto, (ii) cuando la decisión se fundamenta en normas
inexistentes o inconstitucionales, (iii) cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance,
es contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada)[35],
(iv) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática, (v) cuando la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y por ende inaplicada o (vi) cuando a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica
a la cual se aplicó[36].”
3.6.3.2.2. Aunado
a lo anterior, también se ha señalado por la Corte, que cuando existan varias
interpretaciones admisibles sobre un mismo tema y el operador jurídico decida
aplicar una de ellas, de forma sensata y ajustada a los límites normativos, la
acción de tutela no está llamada a prosperar, en respeto de los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial (CP art. 228), pues se entiende que el
defecto material o sustantivo sólo ocurre en los casos en los que se evidencia
un actuar arbitrario y caprichoso del juez, y no una mera discrepancia de
interpretación.[37]
3.7. Del derecho de las
parejas del mismo sexo a constituir una familia
3.7.1. La familia es una realidad
sociológica que antecede al Estado, el cual asume la obligación de proteger su
integridad y velar por su conservación. Al respecto, los artículos 5[38] y 42[39] de la Constitución
reconocen a la familia como institución básica y núcleo esencial de la sociedad,
por lo que esta Corporación la ha definido como “aquella comunidad de
personas emparentadas entre sí, por vínculos naturales o jurídicos, que funda
su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por
la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más
próximos”[40].
Según el artículo 42 del Texto
Superior, la familia “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por
la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla”, lo cual, en principio, pareciera
sugerir que la conformación de una familia tiene como presupuesto la existencia
de una pareja. Sin embargo, en criterio de la Corte, debe hacerse una lectura
amplia del texto constitucional, toda vez que existen familias conformadas por
madres solteras y sus hijos, abuelos que se hacen cargo de sus nietos, hermanos
mayores que deben cuidar a sus hermanos menores, entre otras formas.
3.7.2. Al margen del desarrollo
que la Corte le ha dado al tema de las diversas formas de familia, en esta
oportunidad, el estudio del caso se centra en la posible constitución de una de
ellas, a partir de “la voluntad responsable” de una pareja “de
conformarla”. Sobre el particular, cabe aclarar que en un inicio esta expre-sión
de familia tenía como una de sus características definitorias la hetero-sexualidad
de la pareja, ya que si bien se reconocían los derechos de las personas
homosexuales como individuos, no existía un instrumento específico en el
derecho de familia que les permitiese desarrollarse como pareja, situación que,
en no pocos casos, se estima como indispensable para la realización personal.
En consonancia con lo anterior,
en un principio, la jurisprudencia de esta Corte también consideró que no había
lugar a extender la protección y reconocimiento con que contaban las uniones materiales
de hecho entre compañeros de distinto sexo a las uniones integradas por
homosexuales, ya que estimó que esas relaciones tenían unas características
distintas que impedían proceder con su asimilación[41].
Sin embargo, a partir del año
2007, esta Corporación empezó a evidenciar que la ausencia de legislación que
protegiera a las uniones constituidas entre parejas del mismo sexo constituía
un déficit de protección que, puntualmente, afectaba los derechos a la dignidad
y al libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior, se señaló en la
Sentencia C-075 de 2007[42],
en donde la Corte debió determinar si la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley
979 de 2005, al establecer un régimen patrimonial únicamente aplicable entre
compañeros permanentes hombre-mujer, vulneraba los derechos a la igualdad, a la
dignidad humana, al mínimo vital y a la libre asociación de los integrantes de
parejas homosexuales.
3.7.3. En la sentencia
previamente reseñada, como punto de partida, la Corte mencionó que de la
Constitución se desprende la prohibición de discriminar en razón de la
orientación sexual de las personas. De la misma manera, consideró que, para la
época, el ordenamiento jurídico les reconocía derechos a las personas
homosexuales, pero las privaba de tener instrumentos para desarrollarse como
pareja en otras dimensiones de la vida.
Para la Corte, según se señala en
la Sentencia C-075 de 2007, si bien existen diferencias entre una pareja
heterosexual y una homosexual, por lo que no es imperativo que se aplique el
mismo régimen de protección, para el momento en que se profirió dicha sentencia,
el ordenamiento jurídico ni siquiera preveía un trato diferente, sino que
simplemente no consagraba una regulación en el ámbito del derecho de familia que,
de forma específica, protegiera a las parejas del mismo sexo, lo cual resultaba
constitucionalmente censurable, pues con ello se negaba que las personas que integran
esa unión gozaran de amparo constitucional, a la luz de las normas superiores
que protegen el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y que
proscriben todo tipo de discriminación por la orientación sexual.
Ante este panorama de ausencia de
regulación, la Corte advirtió que, en principio, le correspondía al legislador
dentro de su potestad de configuración normativa, definir la forma de
protección que se debe otorgar a las uniones de parejas del mismo sexo que han
decidido formar una comunidad de vida, toda vez que no existe una fórmula única
que sea obligatoria por mandato constitucional para ordenar su defensa. Sin
embargo, dicho principio básico de autonomía legislativa está limitado por la
Constitución y por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, de
manera que, cuando dichas barreras se rompen, como ocurría en el caso bajo
examen, era posible que el juez constitucional adoptará alguna determinación,
con miras a superar el déficit de protección existente.
Particularmente, la Corte
manifestó que la ausencia de regulación desconocía la dignidad humana como
principio fundante del Estado, en tanto dicho derecho tiene como objeto de
protección la posibilidad de una persona de autodeter-minarse, de tomar
decisiones racionales y autónomas, que pueden consistir en llevar una vida en
pareja con una persona del mismo sexo, decisión estrecha-mente relacionada con
el despliegue del derecho al libre desarrollo de la perso-nalidad.
Así las cosas, este Tribunal
recordó que el principio de dignidad humana es un mandato constitucional que
comporta un deber negativo de no intromisión y un deber positivo de protección
y mantenimiento de condiciones de vida digna, el cual no se asegura cuando no
se les permite a las parejas del mismo sexo ser beneficiarias de un régimen que
permita regular su situación patrimonial, pese a que están ejerciendo una
opción de vida protegida por la Constitución y que han elegido vivir amparadas por
el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En palabras de la Corte:
“(…) resulta
claro que la falta de reconocimiento jurídico de la realidad conformada por las
parejas homosexuales es un atentado contra la dignidad de sus integrantes
porque lesiona su autonomía y capacidad de autodeterminación al impedir que su
decisión de conformar un proyecto de vida en común produzca efectos jurídicos
patrimoniales, lo cual significa que, dado un régimen imperativo del derecho
civil, quedan en una situación de desprotección que no están en capacidad de
afrontar. No hay razón que justifique someter a las parejas homosexuales a un
régimen que resulta incompatible con una opción vital a la que han accedido en
ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni resulta de
recibo que la decisión legislativa de establecer un régimen para regular la
situación patrimonial entre compañeros permanentes, sea indiferente ante los
eventos de desprotección a los que puede dar lugar tratándose de parejas
homosexuales.”
Para la Sala Plena, la manera
cómo se limitaban los derechos de las parejas homosexuales al no existir una
regulación para su situación, privándolos de la posibilidad de que se generaran
consecuencias patrimoniales por su decisión de vivir como pareja, implicaba un
obstáculo para la realización de su proyecto de vida, al mismo tiempo que
profundizaba su situación de desprotección, pues no se les ofrecía una
respuesta adecuada para las situaciones de conflicto que podían presentarse
cuando cesara la cohabitación entre sus miembros.  Además, consideró que la
dignidad humana también se vulneraba como consecuencia de la ausencia del
reconocimiento jurídico de una opción vital, ya que ello invisibilizaba a las
personas que han optado por una forma de vida, dejándolas desprotegidas cuando
traten de resolver los conflictos patrimoniales que lleguen a surgir como
consecuencia de dicha decisión.
Por lo expuesto, consideró que la
existencia de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, tal como
estaba vigente para ese momento, esto es, excluyendo a las parejas
homosexuales, resultaba contraria al Texto Superior, pues pese a las
diferencias objetivas que existen entre estos dos tipos de parejas, “no es menos cierto que hoy por hoy puede advertirse que la parejas
homosexuales presentan requerimientos análogos de protección y (…) no existen
razones objetivas que justifiquen un tratamiento diferenciado”.
Con fundamento en lo anterior, y
atendiendo a que el problema jurídico que se planteó a la Corte se
circunscribió exclusivamente al déficit de protección patrimonial, se decidió
declarar la exequibilidad condicionada de la ley acusada, en el
entendido que el régimen de protección contenido en ella se debe aplicar a las
parejas del mismo sexo. En palabras textuales de esta Corporación: “Quiere
esto decir que la pareja homosexual que cumpla con las condiciones previstas en
la ley para las uniones maritales de hecho, esto es, la comunidad de vida
permanente y singular, mantenida por un período de al menos dos años, accede al
régimen de protección allí dispuesto, de manera que queda amparada por la
presunción de sociedad patrimonial y sus integrantes pueden, de manera
individual o conjunta, acudir a los medios previstos en la ley para
establecerla cuando así lo consideren adecuado.”
3.7.4. Con posterioridad a esta sentencia,
el régimen de protección otorgado a las parejas del mismo sexo se extendió por vía
del control abstracto de constitu-cionalidad a otros aspectos distintos al de
la sociedad patrimonial, como ocurrió con la Sentencia C-811 de 2007[43], en la que se brindó
la posibilidad de incluir a sus miembros como beneficiarios del régimen
contributivo en el Sistema Gene-ral de Salud. Sobre el particular, la decisión
se fundamentó en que, de no hacer-lo, se desconocerían sus derechos a la
dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, al tiempo que ello constituiría
un trato discriminatorio, por cuanto se impediría el beneficio de afiliación por
la mera elección de una opción de vida[44].
Posteriormente, en la Sentencia
C-336 de 2008[45],
este Tribunal decidió que las parejas del mismo sexo también son beneficiarias
de la pensión de sobrevivientes, cuando se acredita su unión en los términos de
la Sentencia C-521 de 2007[46]
para las parejas heterosexuales, esto es, cuando se acude ante notario para
expresar la voluntad de conformar una pareja singular y permanente[47]. Esta decisión se fundó
en que la imposibilidad de acceder a la citada prestación configuraba un
déficit de protección que afectaba los derechos fundamentales de las parejas
homosexuales, cuya negativa tan sólo se explicaba a partir de la condición
sexual de las personas.
Más adelante, en la Sentencia
C-798 de 2008[48],
la Sala Plena decidió que el delito de inasistencia alimentaria también se
configuraba respecto de las parejas del mismo sexo, al señalar que la exclusión
del compañero o compañera permanente asentaba un déficit de protección en
materia de garantías para el cumplimiento de la obligación alimentaria[49].
Con el objeto de superar ese
déficit, se profirió igualmente la Sentencia C-029 de 2009[50], en la cual se
concluyó, respecto de distintas medidas de protección que sólo eran predicables
de compañeros permanentes hombre y mujer, que era necesario incluir a las
parejas del mismo sexo, como una forma de excluir tratos diferenciales fundados
exclusivamente en la orientación sexual[51].
A partir de este fallo se otorgó el acceso a estas parejas, entre otros, a los
beneficios derivados del patrimonio de familia inembargable y a la afectación
de bienes inmuebles a vivienda familiar.
Dentro de este recuento, también cabe
mencionar la Sentencia C-283 de 2011[52],
en la que se decidió extender el beneficio de la porción conyugal a las parejas
conformadas por personas del mismo sexo[53].
3.7.5. Después de estos avances
en materia de protección de los derechos de las parejas homosexuales, se
profirió la Sentencia C-577 de 2011[54],
en la que se acumularon dos demandas dirigidas principalmente a que se
reconociera el matrimonio entre parejas del mismo sexo, como consecuencia del
estudio del artículo 113 del Código Civil, en el que se define dicha
institución[55].
La sentencia resulta de vital importancia en este tema, pues en ella por
primera vez y expresamente se decide abordar el tema de la composición de la
familia, reconociendo que en las sentencias que la preceden y que abordaron el
tema de los derechos de las parejas homosexuales, lo hicieron respecto de
derechos patrimoniales o de otros beneficios que en principio eran exclusivos
para las parejas heterosexuales.
Lo anterior quiere decir, como se
reconoció en dicha oportunidad, que la jurisprudencia existente para ese
momento, por razones que no son objeto de estudio en esta oportunidad, no
abordó el tema desde una perspectiva distinta al déficit de protección al que
en ciertos aspectos estaban sometidas las parejas del mismo sexo, lo que en
otras palabras, en la práctica, significaba que antes no había sido imperioso
abordar el tema de la relación existente entre las parejas del mismo sexo y la
familia como institución protegida por la Constitución. Al respecto, en
palabras de la Corte, se dijo que:
“En
cuanto hace a los efectos patrimoniales ya se ha señalado en esta providencia
que la protección que en los eventos concretos analizados por la Corte se le ha
brindado a la pareja homosexual desde la expedición de la Sentencia C-075 de
2007 tiene un marcado sesgo económico, evidenciado en la extensión de
prestaciones, beneficios o cargas antes asignados a las parejas heterosexuales
y, particularmente, a los miembros de las uniones maritales de hecho y que la
propia Corte ha enfatizado que el déficit de protección y la urgencia de
proteger el derecho a la igualdad tenía en esos casos un contenido
eminentemente patrimonial.”
En este orden de ideas, al
abordar el análisis de la familia como institución protegida por la Carta, este
Tribunal señaló que no cabía mantener la lectura que tradicionalmente se había realizado
del artículo 42 del Texto Superior, según la cual la única expresión
constitucionalmente reconocida era la heterosexual y monogámica, bien sea a
través del matrimonio o de la unión marital de hecho. En este punto, se
consideró que dicha exigencia chocaba con las diversas formas de familia que
existen en el país, dentro de las que se incluyen, por ejemplo, los abuelos que
se encargan de sus nietos, los tíos que tienen la entera responsabilidad de sus
sobrinos, o aquella que surge entre el hermano o la hermana mayor que debe
hacerse cargo de sus hermanos menores. En todas estas manifestaciones, ni
siquiera es objeto de consideración la orientación sexual de las personas que
la conforman.
A juicio de la Corte, mantener la
lectura tradicional del artículo 42 conducía a una contradicción con lo
dispuesto en el artículo 5 del mismo Texto Superior, el cual, sin distinciones
de ningún tipo, ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Por
lo demás, la lectura de la Carta debe responder al hecho de que la familia es
una institución sociológica anterior al Estado, quien no la constituye, sino
que tan sólo reconoce su existencia y evolución, lo cual no sucedería si se
pretende encajarla forzosamente en alguna idea preconstituida sobre la misma.
Para la Corte, la defensa del
concepto amplio de familia involucra derechos fundamentales que están
relacionados con la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la
libertad de conciencia y la dignidad humana, al garantizar que cada persona
pueda optar por una comunidad de vida con quienes mantiene vínculos de afecto y
de solidaridad, sin que por ello se contraríen los derechos de los demás ni el
orden jurídico.
Con fundamento en las anteriores
consideraciones, este Tribunal concluyó que la heterosexualidad no es una
característica predicable de todo tipo de familia, siendo necesario encontrar
un común denominador en la institución, el cual, a juicio de la Corte, se halla
en los elementos de amor, respeto y solidaridad en que se funda y por virtud de
los cuales se edifica una “unidad de vida o de destino que liga íntimamente
a sus miembros e integrantes más próximos”[56].
Para esta Corporación, no existen
razones jurídicas que permitan sostener que una pareja del mismo sexo no tiene las
cualidades de afecto, respeto y solida-ridad que inspiran un proyecto de vida
en común. Al respecto, se señaló que:
“Así
las cosas, la protección a las parejas homosexuales no puede quedar
limitada a los aspectos patrimoniales de su unión permanente, porque
hay un componente afectivo y emocional que alienta su convivencia y que se
traduce en solidaridad, manifestaciones de afecto, socorro y ayuda mutua, componente
personal que, además, se encuentra en las uniones heterosexuales o en
cualquiera otra unión que, pese a no estar caracterizada por la
heterosexualidad de quienes la conforman, constituye familia.” (subrayas fuera
del texto original).
Así las cosas, en criterio de
este Tribunal, las uniones de parejas del mismo sexo que tengan los componentes
de permanencia, comunidad y singularidad, supo-nen el acoplamiento de una
identidad como familia. Sobre este punto, se puntualizó que:
“La
convivencia sustentada en la afectividad y en vínculos emocionales conjuntos
genera una comunidad de vida que suele manifestarse en la búsqueda común de los
medios de subsistencia, en la compañía mutua o en el apoyo moral, así como en
la realización de un proyecto compartido que redunde en el bienestar de cada
uno de los integrantes de la familia y en el logro de su felicidad, todo lo
cual es experimentado por los miembros de una unión homosexual y por todo aquel
que forme parte de una familia, cualquiera sea su conformación.
La
presencia en las uniones homosexuales estables del elemento que le confiere
identidad a la familia más allá de su diversidad y de las variaciones que tenga
su realidad, su concepto y su consecuente comprensión jurídica, las configura
como familia y avala la sustitución de la interpretación que ha predominado en
la Corte, debiéndose aclarar que, de conformidad con el artículo 42 superior,
los vínculos que dan lugar a la constitución de la familia son naturales o
jurídicos y que el cambio ahora prohijado ya no avala la comprensión según la
cual el vínculo jurídico es exclusivamente el matrimonio entre heterosexuales,
mientras que el vínculo natural solo se concreta en la unión marital de hecho
de dos personas de distinto sexo, ya que la ‘voluntad responsable de
conformarla’ también puede dar origen a familias surgidas de vínculos jurídicos
o de vínculos naturales.”
En conclusión, a partir de la
Sentencia C-577 de 2011, se admitió que, además de los beneficios, cargas y
prestaciones que existen a favor de las uniones entre parejas heterosexuales, cuya
extensión ya se habría producido en fallos ante-riores frente a las uniones conformadas
por parejas del mismo sexo, hacia adelante, también tendría que brindarse la
misma protección otorgada por vía constitucional a las familias. En este orden de ideas, se señaló que si bien las parejas
homosexuales ya podían conformar uniones de hecho, como medio para formalizar
su comunidad de vida, todavía carecían de la posibilidad de poder solemnizar su
vínculo, a través de una expresión contractual y solemne como la que tenían a
su alcance las parejas heterosexuales, para lo cual le otorgó un plazo al
Congreso de la República con el objeto de que éste legislara para superar el
déficit de protección que se evidenciaba en la inexistencia de una institución
contractual, que cumpliera los requisitos ya mencionados[57]. Por lo demás, se advirtió
que una vez vencido dicho plazo, sin que se expidiera la legislación
correspondiente, “las parejas del mismo sexo podr[ían] acudir ante notario o
juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”.
3.7.6. Con posterioridad, en la Sentencia
T-717 de 2011[58],
la Corte afirmó que lo pretendido con la declaratoria de la unión marital de
hecho, más allá de los efectos patrimoniales, es que se reconozca la relación del
individuo con la familia que integra, lo cual resulta predicable también para
las parejas del mismo sexo.
Luego, se profirió la Sentencia
C-238 de 2012[59],
en la que se estudió la constitucionalidad de la norma que para efectos de
vocación hereditaria y de porción conyugal, sólo incluía a los cónyuges[60], excluyendo a las
uniones de hecho. Para la Corte, apartar a los compañeros permanentes de la
posibilidad de acceder a los citados derechos, particularmente cuando se trata
de parejas del mismo sexo, genera una omisión que resulta inconstitucional, al
excluir la protección que en términos de igualdad deben tener todas las familias,
sin importar el origen de su vínculo. En criterio de este Tribunal, visto el
caso concreto, no existía ningún motivo que resultara constitucionalmente
atendible para justificar un trato diferenciado en estas materias, por lo que resultaba
necesario proferir un fallo modulado, en el sentido de entender que los
beneficios ya mencionados también comprenden al compañero o compañera permanente
del mismo sexo que sobrevive a una unión de hecho.
3.7.7. Más adelante, en la
Sentencia SU-214 de 2016[61],
la Sala Plena recogió todos los pronunciamientos realizados sobre los derechos
que, como pareja, tienen aquellas uniones integradas por personas del mismo
sexo. En concreto, en este pronunciamiento se estudiaron varios casos
acumulados en los que parejas del mismo sexo reclamaban que ya había vencido el
plazo concedido en la Sentencia C-577 de 2011, sin que el Congreso hubiese
legislado sobre el derecho que les asiste a las parejas del mismo sexo para
poder solemnizar su vínculo contractual, como alternativa a la unión marital de
hecho.
La decisión final que adoptó la
Corte, al fijar el alcance del condicionamiento realizado en el año 2011[62], es la de entender que
al vencerse el plazo otorgado, no cabía una interpretación distinta a la de
entender que parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio.
3.7.8. Ahora bien, la Corte
Suprema de Justicia también ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la
materia. En efecto, al decidir sobre un caso de pensión de sobrevivientes de
parejas del mismo sexo, la Sala de Casación Laboral acogió un concepto amplio
de familia, al entender que ella se constituye cuando se conforma una unión de
personas a partir de una manifestación libre y con vocación de estabilidad y
permanencia, criterio del cual derivó que entre los beneficios del grupo
familiar del afiliado o pensionado que fallece, se deben incluir a las parejas
del mismo sexo, quienes gozan de libertad probatoria para demostrar la
condición de compañero o compañera permanente y el término de convivencia para
acceder a este derecho, en las mismas condiciones que se establecen para las parejas
heterosexuales[63].
Por su parte, al
analizar los efectos en el tiempo de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979
de 2005, la Sala de Casación Civil concluyó que el reconocimiento realizado
para las parejas del mismo sexo en la Sentencia               C-075 de 2007 aplica
retrospectivamente. En uno de los partes de este fallo, se afirmó que una de
las razones que hacía procedente la aplicación de estos efectos era que “las uniones maritales habidas entre personas
del mismo sexo estaban desprovistas de regulación”,
por lo que las prescripciones contenidas en la mencionada sentencia eran de
aplicación inmediata a situaciones que estaban en curso, para la fecha de su
expedición[64].
3.8. Del alcance
de la Sentencia C-075 de 2007
3.8.1. Después de exponer
brevemente el desarrollo que ha tenido el derecho de las parejas homosexuales a
constituir familia y el reconocimiento que se le ha dado a las uniones de hecho
como una de las modalidades para conformarla, la Sala debe pronunciarse sobre
la interpretación que cabe de la Sentencia C-075 de 2007, que condicionó la
exequibilidad de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, en el
entendido que el régimen de protección patrimonial en ellas contenido se aplica
también a las parejas del mismo sexo.
Este ejercicio se realiza por
cuanto algunos sectores le han dado un entendimiento a la citada sentencia, por
virtud del cual se considera que el déficit que encontró la Corte fue
exclusivamente patrimonial y a éste se circunscribió el condicionamiento de
exequibilidad, por lo que no es posible afirmar que entre las parejas del mismo
sexo pueden existir uniones maritales de hecho, sino únicamente sociedades
patrimoniales.
3.8.2. Como se explicó anteriormente,
en la parte motiva de la citada Sentencia, la Corte consideró que no era
necesario pronunciarse sobre si era predicable o no la declaratoria de una
unión marital de hecho, pues el problema jurídico que se propuso y frente al
cual se consideró apta la demanda fue el referente al reconocimiento de los derechos
patrimoniales que se podrían generar por la convivencia entre personas del
mismo sexo[65],
con el fin de resolver si existía o no un déficit de protección, en la medida
en que el ordenamiento jurídico no ofrecía una solución para conformar un
patrimonio conjunto derivado de la unión, ni tampoco para solventar los
conflictos que se presentaran como consecuencia de su finalización[66].
Desde esta perspectiva, si bien el
examen que adelantó este Tribunal se circunscribió al problema de
constitucionalidad previamente reseñado, de ello no puede inferirse que el
fallo se limitó a otorgar exclusivamente una protección patrimonial, sin
consideración al ámbito personal que subyace en la formalización de
dichas parejas y sin tener en cuenta que la declaratoria misma de la unión es
una condición legal que, a partir de un examen sistemático de la materia
objeto de pronunciamiento, es indispensable para que nazca el amparo al cual se
refirió la Corte.
3.8.3. Frente al primer punto, en
la parte considerativa de la Sentencia C-075 de 2007, este Tribunal advirtió
que el ordenamiento jurídico reconoce los derechos individuales que tienen las
personas homosexuales, y que ellas, al desarrollarse como parejas, son objeto
de protección en sus varias dimensiones de vida, más allá de que sea el
legislador quien decida, en cada caso concreto, la manera como se activa ese
deber[67].
En todo caso, en palabras la Corte, dicho  ámbito de configuración legislativa
se encuentra limitado por la Constitución y por el respeto de los derechos
fundamentales, por lo que no hay lugar a afirmar que, con fundamento en la
citada sentencia, los únicos efectos que se predican por igual, respecto de la
normativa contenida en la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, sean
los patrimoniales, pues de acuerdo con lo expuesto, las uniones de parejas del
mismo sexo desbordan ese ámbito, en tanto se trata de familias que cuentan con
características afines a las que tienen las parejas heterosexuales unidas de
hecho, ya que respecto de las dos se pueden predicar el afecto, el respeto, la
solidaridad y “la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros
e integrantes más próximos”[68]. En este
escenario, para la Corte, pretender excluir a la pareja homosexual de uno de
los instrumentos jurídicos que le permiten formalizar su comunidad de vida, tal
como se advirtió en la Sentencia C-577 de 2011[69],
resulta lesivo de la dignidad de la persona humana, es contrario al derecho al
libre desarrollo de la personalidad y comporta una forma de discriminación
proscrita por la Carta.
3.8.4. No podría llegarse a una
conclusión distinta, porque además la unión marital de hecho es una condición legal
necesaria de la sociedad patrimonial, como pasará a explicarse. Nótese cómo, el
artículo 2 de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, prescribe
que se presume la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, y hay lugar
a declararla judicialmente, en los siguientes casos: “a) Cuando exista unión
marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y
una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio[70]” o “b) Cuando exista
una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e
impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos
compañeros perma-nentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades
conyugales anteriores hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inició
la unión marital de hecho.”[71]
Como se deriva de los apartes
normativos previamente transcritos, los dos supuestos que permiten la
declaratoria de una sociedad patrimonial, parten de la existencia previa de una
unión marital de hecho entre los compañeros permanentes, de manera que
si se admite la existencia de dicha sociedad entre parejas del mismo sexo, con
el objeto de superar al déficit de protección al que han estado expuestas, es
imperioso entender que ello supone el cumplimiento de la condición de la
cual pende su vigencia, consistente en que se haya declarado dicha unión, ya
sea (i) por escritura pública ante notario por mutuo consentimiento de los
compañeros permanentes, (ii) por acta de conciliación, o (iii) por sentencia
judicial (Ley 979 de 2005, art. 2), lo cual guarda plena armonía con los
pronunciamientos que han sido expuestos a lo largo de esta providencia,
conforme a los cuales, sin perjuicio del ámbito de potestad de configuración normativa
del legislador, las parejas homosexuales deben contar con instrumentos
jurídicos que, en términos de reconocimiento, permitan lograr una protección
constitucional y legal afín a la que tienen las parejas heterosexuales, dentro
de un concepto amplio de familia.
3.8.5. Ahora bien, no sobra
recordar que la declaratoria de la unión marital de hecho, entre parejas del
mismo o distinto sexo, debe cumplir con dos requisitos sustanciales, a saber:
(a) la voluntad responsable de conformar la unión, expresada o surgida de los
hechos; y (b) la comunidad de vida permanente y singular.
3.8.5.1. Frente al primer
requisito, como ya se señaló, la voluntad responsable de conformar la unión puede
ser expresada ante un notario, mediante escritura pública; o ante un centro de
conciliación, mediante acta (artículo 4 de la Ley 54 de 1990). Cuando la
voluntad no se manifiesta a través de los anteriores medios, se  requerirá
declaración judicial, la cual prosperará cuando “sus integrantes en forma
clara y unánime actúan en dirección de conformar una familia, por
ejemplo, disponiendo de sus vidas para compartir asuntos fundamentales de su
ser, coincidiendo en metas, presentes y futuras, y brindándose respeto, socorro
y ayuda mutua”[72],
de manera que “si el trato dispensado recíprocamente por sus componentes se
aleja de esos principios básicos del comportamiento familiar, esto es,
en cuanto lo contradice, verbi gratia, una relación marital de independientes o
de simples amantes, esto significa que el elemento volitivo en la dirección
indicada no se ha podido estructurar”[73].
3.8.5.2. En cuanto al segundo
requisito, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia ha señalado que la comunidad de vida se manifiesta a través de dos
elementos. Un componente objetivo que se traduce en expresiones como la
convivencia, la ayuda mutua, las relaciones sexuales y la permanencia; y un
componente subjetivo que se expresa en el ánimo mutuo de unidad y estabilidad[74]. Por otra parte, para
explicar las características de esta comunidad de vida, cabe aludir a un reciente
pronunciamiento expedido en sede de casación[75],
en el que la citada autoridad se ocupó in extenso de sus requisitos
referentes a la permanencia y singularidad.
En particular, al momento de
pronunciarse sobre la permanencia, señaló que:
“El
requisito de permanencia denota la estabilidad, continuidad o perseverancia en
la comunidad de vida, al margen de elementos accidentales involucrados en su
devenir, como acaece con el trato sexual, la cohabitación o su notoriedad, los
cuales pueden existir o dejar de existir, según las circunstancias surgidas de
la misma relación fáctica o establecidas por los interesados
Así, por
ejemplo, la procreación o el trato carnal es factible que sea el resultado de
disposición o de concesión de los miembros de la pareja, o impuestas por
distintas razones, por ejemplo, impotencia o avanzada edad, etc., sin que por
ello la comunidad de vida desaparezca, porque de ese modo dos personas de la
tercera edad no podrían optar por la unión marital; tampoco, necesariamente,
implica residir constantemente bajo el mismo techo, dado que ello puede estar
justificado por motivos de salud; o por causas económicas o laborales, entre
otras, cual ocurre también en la vida matrimonial (artículo 178 del Código
Civil); y la socialización o no de la relación simplemente facilita o dificulta
la prueba de su existencia.
La
presencia de esas circunstancias no puede significar el aniquilamiento de los
elementos internos de carácter psíquico en la pareja que fundan el
entrecruzamiento de voluntades, inteligencia y afectos para hacerla permanente
y duradera, pero que mucha veces externamente no aparecen ostensibles por
circunstancias propias de los compañeros permanentes, por ejemplo, la cercanía
en el parentesco, la diferencia de edades, las discriminaciones de género, la
fuerza mayor, el caso fortuito o la satisfacción de las necesidades para la
propia comunidad familiar, como cuando uno o ambos deben perentoriamente
aceptar un empleo o un trabajo lejos del domicilio común, eso sí, conservando
la singularidad.”
Por su
parte, frente a la singularidad en la comunidad de vida sostuvo que:
“Precisamente,
la singularidad comporta una exclusiva o única unión marital de hecho, en
respuesta al principio de monogamia aplicable a la familia natural, como una de
las células básicas de la sociedad, igual y al lado de la jurídica, pero esto
no quiere decir que estén prohibidas las relaciones simultáneas de la misma
índole de uno o de ambos compañeros con terceras personas, sólo que cuando
existen los efectos previstos en la ley quedan neutralizados, pues no habría
lugar a ningún reconocimiento.
Lo
anterior, desde luego, no puede confundirse con el incumplimiento del deber de
fidelidad mutuo inmanente a esa clase de relaciones, exigido en general en el
artículo 42 de la Constitución Política, según el cual las “relaciones de
familia se basan en la igualdad de derechos y de deberes de la pareja y en el
respeto recíproco de todos sus integrantes”.
Como
tiene explicado esta Corporación, “(…) establecida una unión marital de
hecho, la singularidad que le es propia no se destruye por el hecho de que un
compañero le sea infiel al otro, pues lo cierto es que aquella (…) solo se
disuelve con la separación física y definitiva de los compañeros permanentes
(…)” (…)”[76].
Así las cosas, se tiene que, con
independencia de si se trata de una unión de hecho entre parejas del mismo o
distinto sexo, se deberá cumplir con los dos requisitos previamente
mencionados, los cuales a su vez resultan armónicos con los pronunciamientos de
esta Corporación, en tanto el reconocimiento de las uniones entre parejas del
mismo sexo, como familias, tuvieron su génesis en la necesidad de proteger un
proyecto de vida conjunto, en el que más allá de las relaciones sexuales o
patrimoniales, existen vínculos afectivos y emocionales que generan una
comunidad de vida. Lo anterior, permite diferenciar esta figura de la
existencia de distintas parejas que pueden tener lazos afectivos, relaciones
sexuales e incluso convivencia, pero que carecen del ánimo de formar una
familia, hipótesis en las que no es posible acceder al régimen de protección
que brinda las uniones maritales de hecho.
Con fundamento en lo expuesto, se
procederá con el examen y análisis del asunto sometido a decisión.
3.9. Caso
concreto
3.9.1. La presente acción de tutela se
circunscribe al análisis respecto de la decisión adoptada por el Juzgado Octavo
de Familia de Bogotá, consistente en no reponer el auto admisorio de la
demanda, a través del cual se excluyó el examen de la pretensión dirigida a que
se declare, con anterioridad al reconoci-miento de la sociedad patrimonial, la
existencia de una unión marital de hecho entre el accionante y el señor Manuel,
con el argumento de que las parejas del mismo sexo tan sólo son beneficiarias
de los efectos patrimoniales de las Leyes 54 de 1990 y 979 de 2005, a partir
de su entendimiento sobre lo dispuesto en la Sentencia C-075 de 2007.
3.9.2. Como se señaló en el estudio de
los requisitos específicos de procedencia, en el caso sub-judice, la
Sala deberá determinar, por un lado, si existió un defecto procedimental
absoluto, en tanto el juzgado accionado decidió, en la fase de admisión de
la demanda, adoptar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a su
consideración; y, por el otro, si existió un defecto sustantivo, en
tanto la providencia acusada concluyó que las uniones de hecho únicamente
podían configurarse entre parejas de distinto sexo.
3.9.3. Como ya se mencionó, el defecto procedimental
absoluto se presenta cuando el juez actúa al margen de las formas propias
de cada juicio, ya sea porque omite ceñirse al trámite dispuesto en la ley para
la definición de una controversia o porque desconoce sus etapas esenciales con
violación de los derechos de defensa y contradicción. En el asunto sometido a examen,
tal como lo resolvió en su condición de juez de tutela la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá, resulta evidente que cuando el Juzgado Octavo de
Familia de Bogotá decidió en el auto que resuelve la reposición sobre la
admisión de la demanda, excluir la cuestión de fondo relacionada con la
declaratoria de la unión marital de hecho, infringió el derecho al debido
proceso de la parte actora, ya que en la etapa inicial o primigenia de la
actuación judicial, decidió sobre una pretensión que debe ser fallada en la
sentencia, a partir de la exposición de los argumentos jurídicos exteriorizados
por las partes y de las pruebas allegadas al proceso.
En efecto, como se desprende del contenido del proceso
ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil[77],
no cabe que al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda,
por vía de la resolución del recurso de reposición contra el auto admisorio que
omitió pronunciarse sobre una de las solicitudes formuladas, el juez de la
causa adopte una decisión que tiene como efecto resolver de fondo y con
carácter definitivo una de las pretensiones enunciadas por la parte demandante,
consistente en obtener la declaratoria de una unión material de hecho respecto
de una pareja del mismo sexo, con el fin de poder acceder al reconocimiento de
la sociedad patrimonial.
Precisamente, según lo dispuesto en la ley, la exclusión de
un asunto en la etapa primigenia del proceso supone que la parte demandante
incumplió con meros requisitos de forma[78], sin que pueda el
juez pronunciarse sobre la certeza de los hechos invocados, sobre si las
pretensiones están o no fundadas, o sobre si ellas deben o no prosperar. Tomar
una determinación en tal sentido como resultado del control de admisibilidad,
supone no sólo desconocer las etapas básicas que de manera habitual debe tener
un juicio (v.gr., la práctica y decreto de pruebas, los alegatos de conclusión
y la sentencia), en contravía del derecho fundamental al debido proceso (CP
art. 29), sino también infringir el derecho que le asiste a toda persona de
acceder a la administración de justicia, con miras a lograr una decisión definitiva
que ponga fin a su controversia (CP art. 229).
Respecto del primer punto, por cuanto el derecho al debido
proceso en el ámbito judicial implica el sometimiento del juez a la regulación
jurídica que de manera previa limita la forma como se adelantan los
procedimientos y establece las garantías de protección a los derechos de los
individuos, de modo que ninguna de las actuaciones dependa de su propio
arbitrio[79].
Esta previa definición de los procedimientos que constituyen
el debido proceso, como manifestación del principio constitucional de
legalidad, se denomina “formas propias de cada juicio”, y se constituye,
por lo tanto, en la garantía de referencia con que cuentan las personas para
determinar en qué momento la conducta de los jueces se convierte en ilegítima,
por desconocer de alguna forma las etapas procesales reconocidas en el ordenamiento
jurídico, para con-ferirle valor judicial a los actos que profieren dichas
autoridades.
Así las
cosas, en garantía del debido proceso, se entiende que circunstancias como la
pretermisión de una instancia, el uso indebido de una figura procesal por fuera
del término legalmente previsto para su desarrollo, o la definición de aspectos
de fondo descartando la prosperidad de las pretensiones en la instancia de
admisión, implican la consolidación de un defecto procedimental, frente al cual
es viable la acción de tutela, siempre que se cumplan con las reglas de
procedencia establecidas en el artículo 86 de la Constitución Política.  En
efecto, no cabe duda de que las autoridades judiciales
tienen la obligación de obrar con arreglo a los procedimientos previamente
establecidos en la ley, pues de ello depende la garantía de los derechos de
quienes pueden resultar afectados por sus decisiones, ya sea en cuanto al
reconocimiento de un derecho, la imposición de una condena, o en últimas,
frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica[80].
En el asunto bajo examen, como ya se señaló, contrario a la
garantía procesal de que las pretensiones deben ser resueltas en la sentencia[81],
se descartó de plano y al decidir un recurso de reposición contra el auto
admisorio de la demanda, la prosperidad de la pretensión relacionada con la
declaratoria de la unión marital de hecho entre personas del mismo sexo, ello
supuso no sólo alterar las formas del juicio, sino finiquitar de manera
anticipada y sin posibilidad de oposición, la definición de un aspecto
transcendental referente a la existencia o no de una comunidad de vida, con
implicaciones en los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la
personalidad.
Bajo este contexto, no cabe duda de que se vulneró el derecho
al debido proceso, ya que se le impidió al tutelante acceder a cada una de las etapas propias del procedimiento
previsto para la solución de su controversia y que se constituyen en las
garantías de defensa y de seguridad jurídica, con miras a la definición de una
situación jurídica objeto de discusión. Por lo demás, como ya se explicó en
esta providencia, la forma como se adoptó la determinación cuestionada, llevó a
la imposibilidad de interponer el recurso de apelación[82],
quedando el amparo constitucional como la única vía de defensa judicial, tal
como lo reconoció la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en su
condición de juez de tutela de instancia.
En
cuanto al segundo punto, es claro que con la decisión adoptada también se
vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia, toda vez que,
siguiendo lo señalado en la Sentencia C-426 de 2002[83],
se procedió de manera contraria a dos de sus elementos esenciales, por una
parte, al derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya
con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteada; y
por la otra, al derecho a que la
actividad judicial se someta a las formas propias de cada juicio, con el fin de
asegurar la efectiva resolución de los conflictos.
Por consiguiente, en este caso, la Sala coincide con el juez
de única instancia en cuanto a la configuración de un defecto procedimental
absoluto, que afectó el derecho al debido proceso del accionante y que hace
procedente la acción de tutela contra el auto del 11 de diciembre de 2012.
3.9.4. Adicional
a lo expuesto, en cuanto al defecto sustantivo, este Tribunal ha
señalado que una de las hipótesis en las que se configura, es cuando a pesar
del amplio margen de interpretación con que cuenta el juez natural, su decisión
se funda en una aplicación irrazonable del ordenamiento jurídico, que no se
adecua a una lectura acorde con la Carta y con el deber de valorar de forma
sistemática el conjunto de disposiciones aplicables al tema.
En el caso concreto, la Sala
observa que la posición del juzgado accionado consistió en no admitir una
demanda de declaratoria de unión marital de hecho entre una pareja del mismo
sexo, con
el argumento de que ella tan sólo es beneficiaria de los efectos patrimoniales
de las Leyes 54 de 1990 y 979 de 2005, a partir de su entendimiento
sobre lo dispuesto en la Sentencia C-075 de 2007.
Para determinar si esta
interpretación que realizó el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá incurrió en
un defecto fáctico, es necesario efectuar las siguientes precisiones, las
cuales se desprenden de la parte considerativa de esta sentencia:
- Para comenzar, la Sentencia
C-075 de 2007, en su parte resolutiva, cuando condicionó la exequibilidad de la
Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido
que “el régimen de protección en ella
contenido se aplica también a las parejas homosexuales”, lo hizo refiriéndose exclusivamente a los efectos
patrimoniales que se encuentran en dicha ley, en concreto a la sociedad
patrimonial, como en efecto lo entendió el juzgado accionado. Sin embargo, como
ya se explicó, la lectura de la parte resolutiva de esa sentencia no puede
hacerse de forma aislada con las consideraciones que en ella se encuentran,
pues la Sala Plena circunscribió el problema objeto de análisis al déficit de
protección patrimonial, sin pronunciarse sobre si era predicable o no la
declaratoria de la unión material de hecho. En consecuencia, es claro que no
puede inferirse que el fallo se limitó a otorgar un amparo único, como lo
dedujo la autoridad demandada, ya que la definición sobre el ámbito personal
que subyace en la formación de las parejas del mismo sexo, no fue un asunto
tratado ni tampoco resuelto en la citada providencia.
Por el
contrario, al advertir que las personas homosexuales también son objeto de
protección en el ámbito referente a su desarrollo como pareja, condujo a que, con
posterioridad, la propia Corte decidiera en sentencias de constitucionalidad ampliar
los beneficios, prestaciones, cargas y obligaciones que se predicaban de la
unión de parejas de distinto sexo a las parejas del mismo sexo. Entre ellas se
destaca la Sentencia C-577 de 2011[84],
en donde este Tribunal explicó que, aunque anteriormente no se hacía mención
expresa acerca de la naturaleza de estas parejas, debía entenderse que el
artículo 42 Superior las incluía como una forma de constituir familia, dado un
entendimiento amplio que debía hacerse de esta institución de cara a los
cambios sociológicos que demandan una constante evolución de dicho concepto.
Por lo demás, en este fallo se resaltó que, a partir de los precedentes
jurisprudenciales de esta Corporación, era claro que las parejas del mismo sexo
ya podían conformar uniones maritales de hecho, como medio para
formalizar su comunidad de vida, quedando todavía pendiente para ese momento la
definición de si tenían la posibilidad acceder a la otra forma de solemnizar su
vínculo, tal como ocurría con las parejas heterosexuales[85], todo
lo cual, como ya se explicó, a partir de la interpretación del condicionamiento
realizado[86],
condujo a que en la Sentencia SU-214 de 2016[87], se concluyera que las parejas
homosexuales igualmente pueden contraer matrimonio.
Por
consiguiente, no cabe duda de que se incurrió en un defecto sustantivo, pues la
interpretación realizada por el juez de familia demandado se circunscribió a
una compresión literal del fallo adoptado en el año 2007, sin consideración a
la limitación que esta Corporación le dio al objeto de la controversia allí
resuelta y a que su postura se traducía en una aplicación irrazonable del
ordenamiento jurídico contraria al principio de interpretación conforme,
siguiendo el amplio desarrollo jurisprudencia que sobre la materia ya había
proferido este Tribunal, en especial en la Sentencia C-577 de 2011, previamente
reseñada.
- Adicional
a lo expuesto, y siguiendo las consideraciones generales de esta providencia,
una lectura armónica y sistemática de la Ley 54 de 1990, tal como fue
modificada por la Ley 979 de 2005, junto con lo dispuesto en la Sentencia C-075
de 2007, conduce a entender que una condición legal necesaria para que se pueda
declarar una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes del mismo sexo, es
que, previamente, se haya estipulado la existencia de una unión material de
hecho, tal como se explicó en el acápite 3.8.4 de esta providencia, ya sea por
escritura pública, por acta de conciliación o por sentencia judicial, como se
reclama en el asunto bajo examen. Precisamente, en el artículo 2 de la ley en
cita, se establece que: “Se presume sociedad patrimonial entre compañe-ros
permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en los siguientes casos: “a)
Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos
años (…) o “b) Cuando exista una unión marital
de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal
para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros
permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales
anteriores hayan sido disueltas antes de la fecha en que se inició la unión
marital de hecho.”[88]
Por las anteriores razones, la
Sala constata que al proferir el auto del 12 de diciembre de 2011, el Juzgado
Octavo de Familia de Bogotá incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto la
interpretación que le dio a la Ley 54 de 1990 y al condicionamiento realizado
en la Sentencia C-075 de 2007, condujo a una interpretación irrazonable del
ordenamiento jurídico, que no se adecua a una lectura acorde con la
Constitución y con el deber de valorar de forma sistemática el conjunto de
disposiciones aplicables al tema.
3.9.5. A pesar de las
consideraciones expuestas, en este caso no hay lugar a proferir ninguna orden de
protección, comoquiera que con ocasión de la sentencia de tutela dictada por la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, según se pudo constatar en
sede de revisión, el Juzgado accionado decidió adicionar el 10 de abril de 2013
el auto admisorio de la demanda, en el sentido de acoger para fallo la
solicitud de declaración de unión marital de hecho presentada por el accionante
contra el señor Manuel, la cual, según se tuvo noticia, fue resuelta favorablemente
mediante sentencia dictada el 25 de febrero de 2014, siendo posteriormente
revocada en segunda instancia, al no encontrar acreditada la intención de
formar una familia. Al día de hoy, el asunto está pendiente de resolución del recurso
extraordinario de casación, que fue admitido mediante auto del 12 de septiembre
de 2016. En conclusión, siguiendo lo dispuesto por la Corte en otras
oportunidades, la situación que se presenta se ajusta a una hipótesis de carencia actual
de objeto,
por cuanto el hecho vulnerador que motivó la acción de tutela se vio modificado
por una circunstancia sobreviniente, por virtud del cual el actor pierde
interés en la pretensión que inicialmente plasmó en la acción de tutela[89].
3.9.6. Con fundamento en lo
anterior, se procederá a declarar la carencia actual de objeto, sin que quepa
revocar la orden de amparo proferida por la Sala de Familia del Tribunal
Superior de Bogotá, por cuanto, como se explicó en esta providencia, le asistió
razón al decretar la ocurrencia de una vulneración al debido proceso en el auto
cuestionado del 12 de diciembre de 2011 proferido por el Juzgado Octavo de
Familia de esta ciudad.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- DECLARAR la
carencia actual de objeto, por la ocurrencia de un hecho sobreviniente.
SEGUNDO.- Por las razones
expuestas en esta providencia, CONFIRMAR la sentencia del 4 de abril de
2013, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá.
TERCERO.- LEVANTAR
la
suspensión de términos decretada para decidir el expediente de la referencia.
CUARTO.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ponente
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración
de voto
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
ROCÍO LOAIZA
MILIÁN
Secretaria
General (E)
[1] Ley 1581 de 2012, art.
5.
[2] Folio 3 del cuaderno
principal.
[3] M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[4] Folio 18 del cuaderno
principal.
[5] M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[6] El Juez vinculó al señor
Manuel (parte demandada en el proceso ordinario), a la señora Carolina (testigo
en el proceso ordinario), a la señora Adriana (apoderada de la parte demandada
en el proceso ordinario), al señor Alberto (apoderado de la parte demandada en
el proceso ordinario) y a la señora Gina (hermana del accionante).
[7] Folios 3 al 14 del
cuaderno principal.
[8] Folio 15 del cuaderno
principal.
[9] Folio 16 del cuaderno
principal.
[10] Folio 17 al 19 del
cuaderno principal.
[11] Folio 21 del cuaderno
principal. La norma en cita disponía que: “Artículo 351.- Procedencia.
Son apelables las sentencias de primera instancia, excepto las que se dicten en
equidad y las que las partes convengan en recurrir en casación per saltum, si
fuere procedente este recurso. // Los siguientes autos proferidos en la primera
instancia podrán ser apelables: 1. El que rechaza la demanda, su reforma
o adición, o su contesta-ción. // 2. El que niegue la intervención de
sucesores procesales o de terceros. // 3. El que niegue el decreto o la
práctica de pruebas. // 4. El que niegue total o parcialmente el
mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el
proceso ejecutivo. // 5. El que niegue el trámite de un incidente
autori-zado por la ley o lo resuelva, el que declare la nulidad total o parcial
del proceso y el que niegue un amparo de pobreza. // 6. El que por
cualquier causa le ponga fin al proceso. // 7. El que resuelva sobre una
medida cautelar. // 8. Los demás expresamente señalados en este código.”
[12] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[13] M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[14] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[15] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[16] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[17] M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[18] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[19] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[20] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[21] Al respecto, el artículo
336 del CGP dispone que: “Son causales del recurso extraordinario de
casación: 1.- La violación directa de una norma jurídica sustancial.”
[22] Decreto 2591 de 1991,
art. 14. En desarrollo de la anterior disposición, la jurisprudencia de la
Corte ha admitido que el juez de tutela, de manera oficiosa, tiene competencia
para esclarecer las actuaciones u omisiones que amenazan o vulneran los
derechos fundamentales, así como para determinar –realmente– qué norma
constitucional fue infringida y cuál es la pretensión que se pretende realizar
a través del amparo constitucional. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-594 de
1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, se dijo que: “Cabe recordar que,
de conformidad con los principios de la efectividad de los derechos
fundamentales y de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela,
corresponde al juez de conocimiento desplegar la actividad pertinente para
esclarecer los hechos que dieron origen a la demanda. En tal sentido, no es
admisible que la autoridad judicial, a quien el Constituyente ha confiado con
carácter prioritario y prevalente la realización concreta de los derechos
fundamentales y la adopción de medidas urgentes orientadas a su inmediata
protección, se excuse de cumplir tan delicadas funciones exigiendo a la persona
solicitante requisitos que la Carta no contempla o fórmulas sacramentales.”
[23] M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[24] Ibídem.
[25] Al respecto, en la
Sentencia T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó que: “(…)
la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión
judicial, basado en la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone
a que la acción de tutela ejerza una labor de corrección del fallo o que sirva
como nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la
juridicidad de la sentencia judicial resulte afectada, debido a que desconoció
el contenido y alcances de los derechos fundamentales”.
[26] M.P. Jaime Córdoba
Triviño. En esta oportunidad, la Corte estudió la constitucionalidad de la
norma que proscribía cualquier acción contra la sentencia que resolviera el
recurso extraordinario de casación en materia penal.
[27] En la reciente Sentencia
SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo, se unificó la jurisprudencia
sobre este requisito, en el siguiente sentido: “Si la acción de tutela se dirige
contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. // 4.6.2.1.
Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. //
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.”
[28] C.P. art. 13.
[29] La norma en cita dispone
que: “Artículo 351. Los siguientes autos proferidos en la primera instancia
podrán ser apelables: 1. El que rechaza la demanda, su reforma o
adición, o su contestación. 2. El que niegue la intervención de
sucesores procesales o de terceros. 3. El que niegue el decreto o la
práctica de pruebas. 4. El que niegue total o parcialmente el
mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el
proceso ejecutivo. 5. El que niegue el trámite de un incidente
autorizado por la ley o lo resuelva, el que declare la nulidad total o parcial
del proceso y el que niegue un amparo de pobreza. 6. El que por
cualquier causa le ponga fin al proceso. 7. El que resuelva sobre una
medida cautelar. 8. Los demás expresamente señalados en este Código.”
[30] CPC, arts. 366 y 379.
[31] El auto fue dictado el
11 de diciembre de 2012 y la acción de tutela se interpuso el 11 de marzo de
2013.
[32] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[33] Sentencia T-327 de 2011.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[34] M.P. Humberto Sierra
Porto.
[35] Sentencia T-462 de 2003,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[36] Sentencias T-765 de
1998, T-001 de 1999, SU-159 de 2002, T-244 de 2007, T-092 de 2008 y T-310 de
2009.
[37] Sentencia T-638 de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] “Artículo 5°.
El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos
inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.”
[39] “Artículo 42. La
familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de
contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y
la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la
dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones
familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el
respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en
la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada
conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados
o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos
y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene
derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá
sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del
matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los
cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que
establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio
con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de
nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la
respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará
lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y
deberes.”
[40] Sentencia C-271 de 2003,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[41] Sentencia C-098 de 1996,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[42] M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[43] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[44] La norma que se analizó
en esa oportunidad fue el
artículo 163 de la Ley 100 de 1993.
[45] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[46] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[47] Los artículos cuya
constitucionalidad se estudió fueron el 47 y el 74 de la Ley 100 de 1993, en la
forma en cómo se modificaron por la Ley 797 de 2003.
[48] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[49] Parágrafo 1 del
artículo 1 de la Ley 1181 de 2007.
[50] M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[51] Las
normas cuya constitucionalidad se decidió fueron las siguientes numeral
1º del artículo 411, numeral 1º del artículo 457 del Código Civil,
artículo 5º de la Ley 43 de 1993, artículos 2º y 3º del Decreto 2762 de
1991, artículos 8-b, 282, 303 y 385 de la Ley 906 de 2004, 222, 431 y 495 de la
Ley 522 de 1999 y 71 de la Ley 734 de 2002, artículo
34, numeral 1º del artículo 104,  el numeral 4º del artículo 170, los
numerales 1º y 4º del artículo 179, el numeral 3º del artículo 188-B y el
numeral 1º del artículo 245, artículo 229, artículo 236 de la Ley 599 de
2000,  literal a) del artículo 2º de la
Ley 294 de 1996,  artículo 454A del
Código Penal, artículos 5, 7 y 15 de la Ley 975 de 2005, 11 de la Ley 589 de
2000, 14 y 15 de la Ley 971 de 2005 y 2º de la Ley 387 de 1997, artículos 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005, artículo 10 de la Ley 589 de 2000, artículo 2º y 26 de
la Ley 986 de 2005, artículo 3º de la Ley 923 de 2004, artículo 24 del Decreto
1795 de 2000, artículo  27 de la Ley 21 de 1982, artículo 7º de la Ley 3 de 1991,  artículos 61, 62, 159, 161 y 172 de la Ley 1152 de
2007, artículo 244 de la Ley 100 de 1993,
artículos 14 y 52 de la Ley 190 de 1995,
artículo 1º de la Ley 1148 de 2007, artículo 8º de la Ley 80 de 1993, artículos
40 y 84 de la Ley 734 de 2002, artículo 286 y numeral 2º del artículo 283 de la
Ley 5ª de 1992.
[52] M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[53] Artículos 16-5,
1045, 1054, 1226, 1230, 1231, 1232, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1243, 1248,
1249, 1251 y 1278 del Código Civil.
[54] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[55] La norma en cita dispone
que: “Artículo 113. Definición. El matrimonio es un contrato solemne
por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de
procrear y de auxiliarse mutuamente.”
[56] Sentencia C-271 de 2003, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[57] En la parte motiva de la
sentencia en mención, se expuso que: “La unión marital de hecho con que
cuentan las parejas del mismo sexo es alternativa disponible pero insuficiente
cuando se trata de la constitución de la familia conformada por la pareja
homosexual, porque su previsión como único mecanismo para dar lugar a esa
clase de familia implica un déficit de protección que ha sido puesto de
manifiesto por los actores, con argumentos que la Corte comparte, y también por
el desconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por
ende, de la autonomía y la autodeterminación personal. // En efecto, las
parejas heterosexuales que deseen conformar una familia tienen a su alcance dos
maneras de lograrlo, a saber: el matrimonio y la unión marital de hecho, siendo
de su libre decisión optar por alguna de ellas, según que voluntariamente
quieran someterse a las regulaciones propias del matrimonio o escapar de ellas,
mientras que, si se insiste en que la unión de hecho es la única alternativa
para los homosexuales, las parejas del mismo sexo solo contarían con esa opción,
luego el ejercicio de su autonomía y autodeterminación personal les estaría
notoriamente vedado, pues no tendrían posibilidad de escoger la manera de hacer
surgir su unión familiar y se verían precisadas a asumir su convivencia estable
como unión de hecho, con todo lo que ello implican (…)
Es claro, entonces, que
actualmente la pareja heterosexual cuenta con dos formas de dar lugar a una
familia, lo que les permite a sus miembros decidir autónomamente y ejercer su
derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto que la pareja
homosexual carece de un instrumento que, cuando se trata de constituir una
familia, les permita a sus integrantes tener la misma posibilidad de optar que
asiste a las parejas heterosexuales.(…) Que la expresión de la voluntad
responsable para conformar una familia debe ser plena en el caso de los
homosexuales es conclusión que surge de las exigencias de los derechos al libre
desarrollo de la personalidad, a la autonomía y la autodeterminación, a la
igualdad, así como de la regulación de la institución familiar contenida en el
artículo 42 superior, luego la Corte, con fundamento en la interpretación de
los textos constitucionales, puede afirmar, categóricamente, que en el
ordenamiento colombiano debe tener cabida una figura distinta de la unión de
hecho como mecanismo para dar un origen solemne y formal a la familia
conformada por la pareja homosexual. // No sobra advertir que la existencia de
una figura contractual que permita formalizar el compromiso torna posible hacer
público el vínculo que une a la pareja integrada por contrayentes del mismo
sexo, lo que ante la sociedad o el grupo de conocidos o allegados le otorga
legitimidad y corresponde a la dignidad de las personas de orientación
homosexual, que no se ven precisadas a ocultar su relación ni el afecto que los
lleva a conformar una familia.” Énfasis por fuera del texto original.
[58] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[59] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[60]  Los artículos
analizados fueron el
1040, 1046, 1047 y 1233 del Código Civil.
[61] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[62] Frente a esta decisión
se presentaron salvamento de voto de los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Luis Guillermo Guerrero Pérez. Así
como aclaraciones de los magistrados María Victoria Calle Correa, Alejandro
Linares Cantillo, Jorge Iván Palacio Palacio, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Luis Ernesto Vargas Silva.
[63] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia SL5524-2016, Rad. 59750, M.P.
Jorge Mauricio Burgos Ruíz.
[64] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC17162-2015, Rad.
73001-31-10-002-2010-00026-01, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
[65] En el acápite referente
al examen sobre la aptitud del cargo, se explicó lo siguiente: “(…) aunque
se solicita separadamente la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones
hombre y mujer contenidas en los artículos 1º y 2º de la Ley 54 de 1990, no
cabe un pronunciamiento aislado sobre el artículo 1º y encuentra la Corte que
solamente hay demanda en forma en relación con la proposición jurídica
conformada por el artículo 1º y el literal a) del artículo 2º de la Ley 54 de
1990, en la medida en que los cargos presentados se orientan a mostrar que, en
criterio de los demandantes, el hecho de que, por virtud de lo dispuesto en el
artículo 1º y en el literal a) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, la
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes sólo se predica de las
uniones maritales formadas entre un hombre y una mujer, y no se aplica a las
parejas homosexuales, comporta un trato discriminatorio para estas últimas, que
afecta su dignidad como personas y resulta lesivo de su derecho de asociación.”
[66] Puntualmente, en el
problema jurídico se expuso que: “Teniendo en cuenta la acusación formulada
en la demanda y el criterio expuesto por los distintos intervinientes, en esta
oportunidad le corresponde a la Corte determinar si la ley, al establecer el
régimen patrimonial entre compañeros permanentes y limitarlo a las
uniones conformadas por un hombre y una mujer, viola los derechos
fundamentales a la igual protección, al respeto de la dignidad humana, al
mínimo vital y a la libre asociación de los integrantes de las parejas
conformadas por personas del mismo sexo.” Énfasis por fuera del texto
original.
[67] En uno de los apartes
del fallo se menciona que: “En principio, cabe señalar que la manera como se
pueda brindar protección patrimonial a quienes han decidido conformar una
pareja como proyecto de vida permanente y singular, entra en el ámbito de
configuración legislativa, porque no hay una fórmula única que resulte obligada
conforme a la Constitución para ese efecto y la protección requerida puede
obtenerse por distintos caminos.”
[68] Sentencia C-271 de 2003, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[69] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[70] La expresión
“durante un lapso no inferior a dos años” fue declarada exequible en la
Sentencia C-257 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[71] La expresión “por un
lapso no inferior a dos años” fue declarada exequible en la Sentencia C-257
de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Por otra parte, en su versión
original, (i) la norma también incluía la necesidad de que la sociedad conyugal
fuera liquidada, requisito que se declaró inexequible en la Sentencia C-700 de
2013, M.P. Alberto Rojas Ríos; así como que el término de la disolución y
liquidación fuese no inferior a un año, el cual se declaró inexequible en la
Sentencia C-193 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[72] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC15173-2016, Rad.
05001-31-10-008-2011-00069-01, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
[73] Ibídem.
[74] Corte Suprema de Justicia, Sala
Civil, Sentencia 239 del 12 de diciembre de 2001
[75] Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Sentencia SC15173-2016, Rad. 05001-31-10-008-2011-00069-01,
M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
[76] CSJ. Civil. Sentencia de 5 de
septiembre de 2005, expediente 00150.
[77] Sobre la aplicación del Código de
Procedimiento Civil en el proceso que originó la presente acción de tutela, la
Corte Suprema de Justicia, en el auto que admitió el recurso de casación
interpuesto por la parte accionante en contra de la providencia proferida por
el Tribunal Superior de Bogotá, mencionó que: “ Es pertinente indicar que no
obstante haber entrado en vigencia de manera íntegra el Código General del
Proceso a partir del 1º de enero del año en curso, al sub lite no resulta
aplicable ya que consagró, en los artículos 624 y 625 numeral 5º, que los
recursos, entre otras actuaciones, deberían surtirse bajo «las leyes vigentes
cuando se interpusieron». Y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue
iniciado bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este
ordenamiento el que siga aplicándose.”
[78] CPC, arts. 85 y subsiguientes.
[79] Véanse,
entre otras, las Sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996 y T-061 de 2002.
[80]
Sentencia C-803 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[81] CPC, art. 304.
[82] CPC, art. 351.
[83] M.P. Rodrigo Escobar
Gil.
[84] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[85] Según se citó con
anterioridad, en la parte motiva del fallo en cuestión, se dijo que: “La
unión marital de hecho con que cuentan las parejas del mismo sexo es
alternativa disponible pero insuficiente cuando se trata de la constitución de
la familia conformada por la pareja homosexual, porque su previsión como
único mecanismo para dar lugar a esa clase de familia implica un déficit de
protección que ha sido puesto de manifiesto por los actores, con argumentos que
la Corte comparte, y también por el desconocimiento del derecho al libre
desarrollo de la personalidad y, por ende, de la autonomía y la autodeterminación
personal. // En efecto, las parejas heterosexuales que deseen conformar una
familia tienen a su alcance dos maneras de lograrlo, a saber: el matrimonio y
la unión marital de hecho, siendo de su libre decisión optar por alguna de
ellas, según que voluntariamente quieran someterse a las regulaciones propias
del matrimonio o escapar de ellas, mientras que, si se insiste en que la
unión de hecho es la única alternativa para los homosexuales, las parejas
del mismo sexo solo contarían con esa opción, luego el ejercicio de su
autonomía y autodeterminación personal les estaría notoriamente vedado, pues no
tendrían posibilidad de escoger la manera de hacer surgir su unión familiar y se
verían precisadas a asumir su convivencia estable como unión de hecho, con
todo lo que ello implican (…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[86] Como anteriormente se
manifestó, en la parte resolutiva de la Sentencia C-577 de 2011, se dispuso
que: “Si el 20 de junio de 2013 el Congreso de la República no ha expedido
la legislación correspondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir
ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo
contractual”.
[87] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[88] Énfasis por fuera del
texto original.
[89] Al respecto, en la
Sentencia T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada, la Corte declaró la
carencia de objeto en virtud de esta causal, en un caso en el cual una docente
inicialmente pidió un traslado por problemas de salud, pretensión frente a la
cual perdió interés, cuando obtuvo una calificación de pérdida de capacidad
laboral que la hacía beneficiaria de una pensión de invalidez.