T-753-98
Sentencia T-753/98
Sentencia
T-753/98
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
Como se viene
sosteniendo en varias sentencias, en lo que hace a la liquidación y pago de las
obligaciones laborales, la tutela se torna inviable, toda vez que este tipo de
controversias han de resolverse delante del estrado judicial competente. No
obstante, esta afirmación no es absoluta, ya que la misma doctrina
constitucional ha dispuesto que esta improcedencia general en materia laboral
admite excepciones. Como supuestos extraordinarios admitidos ya por la
jurisprudencia, que según ella deben ser analizados de acuerdo con las
circunstancias concretas del caso, se ha admitido su procedencia excepcional,
ya porque se busque evitar un perjuicio irremediable, bien porque no se cuente
con otros medios de defensa judicial, o porque estos resulten ineficaces para
la protección de los derechos fundamentales afectados, teniendo en cuenta el
apremio que demande su protección.
DERECHO AL MINIMO
VITAL DEL TRABAJADOR-Pago
oportuno de salarios
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL-Provisión de
empleo remunerado
EJECUCION DEL PRESUPUESTO-Procedencia excepcional de tutela
"Si bien la
ejecución de partidas presupuestales es en principio, ajena a los alcances de
la acción de tutela, resulta procedente siempre que la causa de la vulneración
de los derechos constitucionales sea la omisión de la autoridad pública que,
conocedora de sus compromisos, evade el adelantamiento oportuno y eficaz de las
medidas enderezadas a satisfacerlos en forma puntual".
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
Expediente T-187900
Peticionario: Blanca
Nubia Rodríguez de la Cruz.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA.
Sentencia aprobada
en Bogotá, en sesión del tres (3) de diciembre de   mil novecientos noventa y
ocho (1998).
I. ANTECEDENTES.
La demandante Blanca
Nubia Rodríguez de la Cruz, docente del Municipio de Taminango, instauró tutela
contra el Alcalde de esa localidad, por considerar violados sus derechos a la
vida, dignidad, trabajo y salud.
A.  La demanda
La demandante
solicita  a través de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de
1992, el amparo de sus derechos fundamentales, con fundamento en los
siguientes:
B. Hechos.
1.  Que es docente
municipal, vinculada al Municipio de Taminango , en el cual ha venido laborando
normalmente desde el 28 de agosto de 1990 hasta la fecha.
2.  Que
transcurridos ocho meses del año en curso,  solamente le han sido cancelados
tres meses de salario, adeudándole lo correspondiente a cinco meses.
3.   Luego de una
huelga de hambre, que ejerció el gremio de docentes, se logró que la
Administración Municipal suscribiera un convenio con el Fondo de Compensación
Educativo, mediante el cual este último giraría en favor del ente territorial
la suma de $400.000.000.oo, para atender las necesidades del sector, pero “por
falta de gestión y negligencia de la administración, no han sido girados”.
4. Que hasta tanto
se hiciera efectivo el giro del dinero mencionado, el Concejo Municipal de
Taminango autorizó al ejecutivo municipal para tramitar un crédito bancario, el
mismo que por “negligencia” del ente territorial no se realizó.
5.  Manifiesta
igualmente, que su subsistencia y la de su familia, depende de lo que recibe
como salario, por lo que, la situación que padece es calamitosa, ya que los
préstamos de los amigos ya no son suficientes, los graneros ya no le otorgan
créditos, por lo que solicita que se ordene al Alcalde la cancelación de los
salarios adeudados en lo que va corrido de este año.
C. Replica
Con base en los
supuestos fácticos narrados, el Alcalde del Municipio, actuando a través de
apoderado, manifestó que no ha sido su negligencia la causa del no pago de los
salarios de los docentes, sino que recibió un Municipio con un déficit fiscal
de 600 millones de pesos, que el recorte de las transferencias nacionales fue
muy alto, se nombraron 40 docentes más sin que existiera disponibilidad
presupuestal y, adicionalmente, el servicio de la deuda “obligaciones
crediticias que debe atender el municipio en esta vigencia fiscal”, asciende a
530 millones de pesos.
Que la suma de 400
millones prometidos por el Fondo Educativo de Compensación del Ministerio de
Educación, no ha sido transferida al Municipio, lo que motivó que el Alcalde se
dirigiera por escrito al Ministerio de Educación.
D. Fallo de primera Instancia
El Tribunal
Contencioso Administrativo de Nariño negó la tutela presentada,
argumentando que el
juez de tutela no puede forzar “al encargado del gasto público que viole la
ley, porque con ello se estaría violentando el orden jurídico y abrogándose
facultades administrativas presupuestales”. Añade que debe primar el principio
de razonabilidad, y las circunstancias particulares por las cuales atraviesa el
país y, muy especialmente los entes territoriales, como quiera que a éstos
últimos se les atribuyen funciones sin previsión presupuestal.
Por lo tanto,
considera el Tribunal, que en este caso concreto “existe justificación objetiva
y razonable” para que la Alcaldía Municipal de Taminango no le haya cancelado
en forma oportuna los sueldos a la accionante y a los demás docentes que se
encuentran en la misma situación “por cuanto hay agotamiento e inexistencia de
dineros disponibles para tales gastos en el presupuesto”.
Agrega, que sin
desconocer los derechos de la docente, lo máximo que puede hacer el juez
constitucional, es ordenar al funcionario administrativo contra quien está
dirigida la acción constitucional que se estudia, que adelante todas las
gestiones que correspondan a fin de que se hagan las apropiaciones
presupuestales correspondientes, con el objeto de ponerse al día en el pago de
las asignaciones.
E. Impugnación
La peticionaria
impugnó el fallo de primera instancia, argumentando que se desconoció por parte
del Tribunal que la tutela también es un medio de defensa judicial, que procede
cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Añade que en el proceso se encuentra probado que sus derechos
fundamentales han sido vulnerados con el actuar del jefe de la Administración
Municipal, pues su salario constituye su única fuente de ingreso, además de que
ostenta la calidad de jefe de hogar.
F. Fallo de segunda instancia.
En síntesis, el
Consejo de Estado manifiesta que la acción de tutela no está instituida para
hacer efectivo el pago de acreencias laborales, ya que ello se puede lograr
mediante las acciones y procedimientos establecidos, o por los mecanismos de
defensa legalmente establecidos, que para el caso concreto se traducen en la
acción ejecutiva laboral, a la cual pueden acudir tanto los servidores públicos
como los trabajadores particulares, sin que les sea dado sustituir dicha acción
por la tutela.
Agrega que la Sala
no advierte la irremediabilidad del perjuicio que se alude por parte de la
accionante, razón por la cual considera improcedente la tutela interpuesta, y
en consecuencia, confirma el fallo proferido por el Tribunal Contencioso
Administrativo de Nariño.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Mínimo vital :  Se reitera la viabilidad
extraordinaria de la acción de tutela en asuntos laborales.
Como se viene
sosteniendo en varias sentencias de reiteración, en lo que hace a la
liquidación y pago de las obligaciones laborales, la tutela se torna inviable,
toda vez que este tipo de controversias han de resolverse delante del estrado
judicial competente. No obstante, esta afirmación no es absoluta, ya que la
misma doctrina constitucional ha dispuesto que esta improcedencia general en
materia laboral admite excepciones.
En efecto, como
supuestos extraordinarios admitidos ya por la jurisprudencia, que según ella
deben ser analizados de acuerdo con las circunstancias concretas del caso, se
ha admitido su procedencia excepcional, ya porque se busque evitar un perjuicio
irremediable, bien porque no se cuente con otros medios de defensa judicial, o
porque estos resulten ineficaces para la protección de los derechos
fundamentales afectados, teniendo en cuenta el apremio que demande su
protección.[1]
En el caso que se
revisa, encuentra la Sala que, bajo la perspectiva arriba descrita, resulta
procedente conceder el amparo solicitado, ya que se encuentra probado uno de
los extremos citados, vale decir, la afectación del mínimo vital ante el
apremio de la situación económica de la peticionaria, quien carece de un
ingreso diferente al de su salario, y que se ha visto afectado por su no pago
durante 5 meses.
Es esta, otra de las
tantas oportunidades en las cuales esta Corte se pronuncia sobre un asunto en
el que está involucrado un municipio, por incuria de los funcionarios que lo
dirigen.  Si a esto, sumamos las preocupantes cifras que arrojó el estudio
estadístico integral de 1997, elaborado para esta Corporación en la Unidad de
Tutela, donde aparecen las alcaldías y gobernaciones como las entidades más
demandadas (un total de 6.662 o lo que es lo mismo un 19.78% del total de
amparos en todo el país), ello aunado a una jurisprudencia reiterativa en el
asunto, en el año en curso[2],
nos encontramos ante una cascada de acciones de tutela producto de una
recurrente omisión por parte de las autoridades competentes, respecto de la
apropiación oportuna de las sumas destinadas al pago de las obligaciones
salariales frente a sus empleados.
De allí, que la
previsión para el pago oportuno de nómina en el presupuesto municipal, se ha
convertido en un asunto reiteradamente estudiado por esta Corporación, y esta
vez, no se apartará de la doctrina constitucional, de acuerdo con al cual :
“Corresponde
entonces a las entidades públicas, efectuar con la debida antelación, todas las
gestiones presupuestales y de distribución de partidas que sean indispensables
para garantizar a sus trabajadores el pago puntual de la nómina. Cuando la
administración provee un cargo está abocada a verificar la existencia del rubro
presupuestal que le permita sufragar la respectiva asignación, y de ahí que su
negligencia no excuse la afectación de los derechos pertenecientes a los
asalariados -docentes, sobre quienes no pesa el deber jurídico de soportarla.
“Por tanto, esta
Sala de Revisión amparará la protección de los docentes afectados en el caso
presente para garantizar el pago oportuno de sus salarios, pese a la existencia
de otros medios de defensa, no tan eficaces como la tutela, para neutralizar los
perjuicios irrogados a los trabajadores y la consiguiente violación de sus
derechos fundamentales. Así ha procedido la Corte Constitucional en casos
similares en donde ha tutelado los derechos invocados en los siguientes fallos
: T-167 de 1994, T-063 de 1995, T-146 de 1996, T-565 de 1996, T-641 de 1996, y
T-006 de 1997.
“Finalmente se
recuerda, que si bien la ejecución de partidas presupuestales es en principio,
ajena a los alcances de la acción de tutela, resulta procedente siempre que la
causa de la vulneración de los derechos constitucionales sea la omisión de la
autoridad pública que, conocedora de sus compromisos, evade el adelantamiento
oportuno y eficaz de las medidas enderezadas a satisfacerlos en forma puntual.”
(Cfr. Sentencia de reiteración T-234 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz).
De cuanto antecede,
se concluye que la ineficiencia de la administración municipal, evidenciada en
la dilatada demora en el cumplimiento de sus compromisos legales y
constitucionales para con sus funcionarios, afecta no sólo los derechos
fundamentales de ellos, sino también los de sus familias.
Ahora bien, no
ignora esta Corte que la solución a los problemas que padecen las gran mayoría
de los municipios del país, exige un esfuerzo concertado de las autoridades
locales y nacionales en aras de lograr los recursos suficientes que permitan
atender las necesidades de los trabajadores al servicio de las entidades
territoriales. Por ello, además de las órdenes que aquí se darán, se instará al
alcalde para que continúe con las gestiones necesarias que permitan el giro de
las partidas prometidas por el Ministerio de Educación.
En este orden de
ideas, de conformidad con lo expuesto, se reitera la sentencia T-696 del 19 de
1998, en donde la Corte resolvió sobre el mismo asunto que ahora ocupa la
atención de la Corte.
III.  DECISION
En mérito de lo
expuesto, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero: REVOCASE
la sentencia de instancia proferida por el Consejo de Estado el 15 de
octubre de 1998, en el proceso de tutela instaurado por Blanca Nubia Rodríguez
de la Cruz. En su lugar, CONCÉDESE el amparo invocado. En consecuencia, ORDENASE
al Alcalde del Municipio de Taminango, Nariño, si ya no lo hubiere hecho,
proceda, dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del presente
fallo, al pago de las sumas reclamadas por la demandante.
Si por la
imprevisión administrativa, no hubiere partida presupuestal disponible, los
ocho (8) días se conceden para que se inicien los trámites correspondientes,
con miras a efectuar las adiciones presupuestales que permitan el pago.
Igualmente, deberá realizar todas las gestiones que logren finalmente el apoyo
financiero prometido por el Ministerio de Educación y una vez efectivizado éste
proceda de manera prioritaria a satisfacer las acreencias laborales debidas a
la peticionaria.
Segundo:
PREVÉNGASE al Municipio de Taminango-Nariño, para que evite volver a incurrir
en las omisiones ilegitimas que originaron el presente proceso, so pena de las
sanciones que le correspondan por ley.
Tercero: LÍBRENSE
por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]Sobre el pago oportuno de la remuneración consultar Sentencias
T-167 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-015 de 1995 M.P. Hernando
Herrera Vergara, T-063 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-146 de
1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-437 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, T-565 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-641 de 1996 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz,  T-006 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-081 de 1997
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-234 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz,
T-273 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-527 de 1997 M.P. Hernando Herrera
Vergara, T-528 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-012 de 1998 M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[2] Cfr. T-165 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz, T-170 de 1998 M.P.
Fabio Morón Díaz, T-211 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz, T-212 de 1998 M.P. Fabio
Morón Díaz, T-220 de 1998 M.P. Fabio Morón Díaz, T-289 y T-222 de 1998 M.P.
Fabio Morón Díaz, T-484 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y T-271 de 1997 M.P.
Antonio Barrera Carbonell.