T-028-96
Sentencia No
Sentencia No.
T-028/96
ACCION DE TUTELA-Procedencia
Es claro que la
acción de tutela se constituye en un instrumento jurídico de carácter subsidiario,
que pretende brindar a las personas la posibilidad de acudir a la justicia de
manera informal, buscando proteger en forma inmediata y directa, a través de un
procedimiento preferente y sumario, sus derechos constitucionales
fundamentales, en todos aquellos eventos en los que el afectado no disponga de
otros medios de defensa judicial, o de los recursos que de ellos se derivan.
Así, entonces, esta acción no busca remplazar los procesos ordinarios o
especiales, ni es una instancia adicional a las ya existentes, pues su
propósito específico es el de otorgar a la persona una protección efectiva y
actual pero supletoria de sus derechos constitucionales fundamentales.
INJURIA-Protección/CALUMNIA-Protección
En el caso
específico de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, su
protección en el ordenamiento jurídico se manifiesta no sólo a través de la
acción de tutela, sino también de la consagración de la injuria y la calumnia
como delitos tipificados en el Código Penal, dentro de los delitos contra la
integridad moral.
DERECHO AL BUEN
NOMBRE-Núcleo esencial/DERECHO
A LA HONRA-Núcleo esencial
No todo concepto
o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada como
imputación deshonrosa, ya que resultaría exagerado proteger o sancionar
comportamientos que si bien afectan la vanidad personal, no tocan el núcleo
esencial de los derechos a la honra y el buen nombre del sujeto. La imputación
que se haga debe ser suficiente para generar un daño en el patrimonio moral del
sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le
pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de
una polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella,
sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del
derecho. La labor del Juez en cada caso concreto, tomando en consideración los
elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa, es
la de determinar si ocurrió una verdadera amenaza o vulneración de los
derechos.
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO-Imputaciones
producto de discusiones
Las expresiones
supuestamente utilizadas por los maestros en contra del actor son producto de
acaloradas discusiones, en las que ambas partes pretendían imponer sus puntos
de vista, y donde evidentemente algunos términos utilizados, en gracia de
discusión, pueden causar incomodidad o malestar personal pero nunca ser
considerados como violatorios de derechos fundamentales. Pensar lo contrario,
llevaría a extremar la protección de los derechos alegados y a darle
trascendencia jurídica a situaciones que son más el producto de reglas de
comportamiento o de conductas propias del medio donde se desenvuelven las
partes, como es el núcleo estudiantil.
Ref: Expediente
No. T-80.602
Peticionario:
Héctor Alonso Alvarez Vélez
Procedencia:
Juzgado Promiscuo Municipal de Hispania, Antioquia.
Temas:
Carácter subsidiario de la acción de tutela y límites de los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra.
Magistrado Ponente:
Dr. VLADIMIRO
NARANJO MESA
Santafé de Bogotá,
D.C., veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995)
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro
Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera
Carbonell, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
tutela radicado bajo el número T- 80.602, adelantado por Héctor Alonso Alvarez
Vélez, en contra de Nelly Echeverry rectora del IDEM de Hispania y Diego Pérez,
Benjamín Castañeda y Miriam Restrepo, profesores del mismo establecimiento
educativo.
I. ANTECEDENTES
Con base en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió para efectos de
su revisión, la acción de tutela de la referencia.
De conformidad con
el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar
la sentencia correspondiente.
1. Solicitud
El señor Héctor
Alonso Alvarez Vélez, interpuso ante el Juzgado Promiscuo Municipal de
Hispania, acción de tutela, con el fin de amparar sus derechos al buen nombre y
a la honra, consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución Política.
2. Hechos
Afirma el actor que
por petición de las directivas del colegio IDEM de Hispania, la asamblea de
padres de familia aprobó el cambio de uniforme para todos los alumnos de la
institución. Sin embargo, él como presidente del Consejo Estudiantil (meses
después de tomada la decisión), consideró apropiado adelantar una encuesta
entre alumnos y padres de familia, ya que consideraba "que se estaba
depronto atentando contra los intereses económicos de las familias".
La mencionada
encuesta, de acuerdo con lo afirmado por el peticionario, le ha generado
enfrentamientos con  la rectora del plantel educativo y algunos maestros,
quienes han hecho comentarios y críticas que él considera violatorias de sus
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Sobre el particular
sostiene:
"... el
profesor Benjamín me califica como una persona desleal, la Rectora, les dice
que no se dejen manipular de mí, cosa que deja mucho que desear de una persona
y afirma que yo soy una persona en cierta modo nociva para la institución. En
clase, en el grado once en presencia de todos mis compañeros de grupos, ella me
reduce a mí y a Franky Gaviria, al decirnos que le importábamos nada, afirmando
que lo que nosotros realizamos fue un panfleto anónimo, cosas que en este país
acostumbran sacar los guerrilleros y subversivos."
Señala igualmente,
que en una nueva asamblea de padres de familia los accionados lo colocaron a él
y a sus compañeros en boca de toda la comunidad, afirmando que no tenían
responsabilidad y que lo que pretendían era formar el desorden en el
establecimiento educativo. En esta reunión, nuevamente se aprobó el cambio de
uniforme pero además, "se perfilaron problemas personales, políticos,
administrativos que nada tenían que ver con el tema."
Finalmente en
ampliación de la solicitud de tutela, el actor manifiesta que ha recibido de
parte del "señor DIEGO PÉREZ, mensajes amenazantes, algunos de los cuales
con doble sentido pretende intimidarme, dado el proceso que tengo en contra
suya" (...).
II. ACTUACIÓN
PROCESAL
El Juzgado Promiscuo
Municipal de Hispania, mediante providencia de fecha veintinueve (29) de agosto
de 1995, resolvió negar la presente acción de tutela, por considerar que el
actor cuenta con otro recurso o medio de defensa judicial para hacer respetar
sus derechos, cual es, "entablar querella ante los funcionarios judiciales
competentes para que se inicie acción penal e investigue y sancione si es del
caso, la conducta de Nelly Echeverry, Diego Pérez, Benjamín Castañeda y Miriam
Restrepo. Así lo establece el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 33
entre otros, cuando afirma que para iniciar acción penal será necesario
querella o petición de parte en los delitos de injuria (art. 313 c.p.),
calumnia (art. 314 c.p.), injuria y calumnia indirectas (arts. 315 y 316 c.p.),
injuria por vías de hecho (art. 319 c.p.), injurias recíprocas (art. 320
c.p.)."
La decisión no fue
impugnada por las partes.
III.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9o. de la Constitución
Política y 31 a 36 del decreto 2591 de 1991, la Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, es competente para revisar el fallo de tutela de la
referencia.
2. El carácter
subsidiario de la acción de tutela y su improcedencia frente a la existencia de
otros medios de defensa judicial.
De acuerdo con el
artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela ha sido estatuida para solucionar en forma efectiva y eficiente,
aquellas situaciones de hecho ocurridas por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los casos señalados en la ley, y
que impliquen necesariamente la amenaza o vulneración de un derecho
fundamental. Pero, una vez más, debe reiterarse que esta acción sólo procede en
aquellos casos en los que el sistema jurídico no haya previsto ningún otro
medio de defensa que pueda invocarse frente a las autoridades judiciales para
proteger el derecho, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual sus efectos son temporales,
quedando supeditado a lo que resuelva de fondo la autoridad competente.
Sobre el particular,
conviene recordar lo dicho por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia No. C-543 de octubre 1o. de 1992:
" (...)
tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de
instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante
los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para
su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo
86, inciso 3°, de la Constitución)." (...) (negrillas fuera de texto)
En relación con el
tema, esta Sala de Revisión de tutelas ha expresado lo siguiente:
"Es
razonable que la acción de tutela tenga un carácter subsidiario, porque no
puede convertirse en una instancia jurídica paralela de la jurisdicción
ordinaria. Así lo previó el constituyente, y no hay principio justificativo
para convertirlo en una negación de la jurisdicción ordinaria, puesto que la
unidad jurídica es una exigencia lógica; en otras palabras, no admite
yuxtaposición, sino coexistencia armónica.
"La razón de
ser de la acción de tutela es la protección inmediata de un derecho fundamental
amenazado o conculcado por la autoridad y, en algunos eventos, por los
particulares, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, o que
existiendo éste, se interponga como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable." (Sentencia No. T-077 de 1995, Magistrado Ponente,
doctor Vladimiro Naranjo Mesa).
Es claro que la
acción de tutela se constituye en un instrumento jurídico de carácter
subsidiario, que pretende brindar a las personas la posibilidad de acudir a la
justicia de manera informal, buscando proteger en forma inmediata y directa, a
través de un procedimiento preferente y sumario, sus derechos constitucionales
fundamentales, en todos aquellos eventos en los que el afectado no disponga de
otros medios de defensa judicial, o de los recursos que de ellos se derivan.
Así, entonces, esta acción no busca remplazar los procesos ordinarios o
especiales, ni es una instancia adicional a las ya existentes, pues como se
dijo, su propósito específico es el de otorgar a la persona una protección
efectiva y actual pero supletoria de sus derechos constitucionales
fundamentales.
3. El caso
concreto
De los hechos
descritos en la demanda de tutela, se puede deducir que la supuesta violación
de los derechos a la honra y al buen nombre del actor se circunscribe a las
expresiones utilizadas en su contra por la rectora del IDEM de Hispania, señora
Nelly Echeverry y por los profesores Diego Pérez, Benjamín Castañeda y Miriam
Restrepo, quienes, según el actor, lo calificaron de "manipulador,
desleal, mentiroso y subversivo", poniéndose en entredicho, según afirma
él, no sólo su posición frente a la comunidad sino también su integridad
personal.
Retomando el
criterio analizado en el punto anterior con relación al carácter subsidiario de
la acción de tutela, resulta importante anotar que en el caso específico de los
derechos fundamentales al buen nombre y a la honra (artículos 15 y 21 de la
Constitución Política respectivamente), su protección en el ordenamiento
jurídico se manifiesta no sólo a través de la acción de tutela, sino también de
la consagración de la injuria y la calumnia como delitos tipificados en los
artículos 313 a 322 del Código Penal, dentro del título "de los delitos
contra la integridad moral". De acuerdo con la normatividad citada incurre
en el delito de injuria el que hace a otro imputaciones deshonrosas, que
menoscaben su reputación o su buen nombre en la comunidad, a través de hechos
que pueden ser ciertos o falsos, pero a su vez no punibles, como sería el caso
que aquí se debate. Por el contrario, incurre en calumnia el que imputa
falsamente a otro un delito o una contravención.
Así, entonces, se
observa que el actor cuenta con otros medios de defensa judicial para reclamar
el respeto de sus derechos presuntamente violados, por lo que se hace
improcedente la presente acción de tutela. Sin embargo, independientemente de
lo anterior, esta Sala considera que las expresiones presuntamente utilizadas
por los demandados, dentro del contexto del caso bajo examen, no afectan el
núcleo esencial de los derechos al buen nombre y a la honra del actor.
Ciertamente, el buen
nombre y la honra son derechos fundamentales que hacen parte de la esfera
personal del individuo y se manifiestan en la consideración de respeto que
corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad.
Estos derechos guardan entre sí una íntima relación, pues parten del supuesto
de la valoración de la persona a partir de la órbita externa e incluyen el
desarrollo del sujeto frente a un determinado ambiente social, producto de la
confianza y la credibilidad que se ha sabido ganar con su comportamiento
personal y social.
Es claro que la
Constitución y la ley garantizan la honra y el buen nombre de todas las
personas sin excepción alguna, y procuran su protección en todos aquellos casos
en que estos derechos sean desconocidos, sancionando a quien lesiona la
dignidad o la buena reputación del ofendido. Pero no todo concepto o expresión
mortificante para el amor propio puede ser considerada como imputación
deshonrosa, ya que resultaría exagerado proteger o sancionar comportamientos
que si bien afectan la vanidad personal, no tocan el núcleo esencial de los
derechos a la honra y el buen nombre del sujeto.
En el caso de los
derechos al buen nombre y a la honra, la imputación que se haga debe ser
suficiente para generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad
no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al
ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica
pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del
margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho. Por
esta razón, la labor del Juez en cada caso concreto, tomando en consideración
los elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa,
es la de determinar si ocurrió una verdadera amenaza o vulneración de los
derechos en comento.
La honorable Corte
Suprema de Justicia en auto del 27 de agosto de 1986 en relación con el tema,
señaló al respecto:
"(...) la
injuria debe ser suficiente para inferir daño y debe estar acompañada del
animus injuriandi por parte del sujeto activo. La gravedad de la injuria no
depende por tanto de la susceptibilidad del ofendido ni de la interpretación
que éste haga de la supuesta imputación deshonrrosa sino de su verdadero
contenido y alcance en forma tal que se traduzca en expresiones, términos o
frases que constituyan o puedan constituir una ofrenta al patrimonio moral de
la victima (...)".
(Negrillas fuera de texto).
En el caso que aquí
se debate, encuentra la Sala que las expresiones supuestamente utilizadas por
los maestros en contra del actor son producto de acaloradas discusiones, en las
que ambas partes pretendían imponer sus puntos de vista, y donde evidentemente
algunos términos utilizados, en gracia de discusión, pueden causar incomodidad
o malestar personal pero nunca ser considerados como violatorios de derechos
fundamentales. Pensar lo contrario, llevaría a extremar la protección de los
derechos alegados y a darle trascendencia jurídica a situaciones que son más el
producto de reglas de comportamiento o de conductas propias del medio donde se
desenvuelven las partes, como es el núcleo estudiantil.
El propio actor
reconoce que se trató de acaloradas discusiones, al afirmar en su declaración
entre otras cosas lo siguiente:
"(...)
esta reunión también terminó muy acalorada y se perfilaron problemas
personales, políticos, administrativos que nada tenían que ver con el
tema." (folio
10) (negrillas fuera de texto).
"(...) eso
fue una reunión acalorada porque ella entró al salón ofuscada, refiriéndose
inmediatamente a mí y a mi compañero como responsables de la crisis que se
estaba viviendo allá en el colegio." (folio 9) (negrillas fuera de texto).
Ahora bien, bajo el
supuesto de que los hechos hayan ocurrido en la forma descrita por el actor (no
existe ningún elemento de juicio diferente a sus declaraciones), estaríamos
frente a una actitud censurable de los demandados pero que no es debatible en
el campo de la acción de tutela, ya que de acuerdo con el Estatuto Docente
(Decreto 2277 de 1979), está dentro de los deberes de los maestros (art. 44) el
"Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados (...)" y
el incumplimiento de esta norma, constituye causal de mala conducta (art. 46),
que podría dar lugar a un proceso disciplinario. Esto corrobora aún más, la
improcedencia de esta tutela frente a la existencia de otros medios de defensa.
En este orden de
ideas, la presente acción no puede prosperar no sólo porque existen en el
ordenamiento jurídico otros medios de defensa judicial, sino además, porque no
considera la Sala que los hechos ocurridos hayan violado el núcleo esencial de
los derechos alegados y menos que hayan causado un perjuicio irremediable,
entendiéndose como irremediable aquel perjuicio que tiene las características
de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad (Sentencia No. T-435 de 1994),
características que no se cumplen en el caso particular.
En virtud de lo
anterior, la Sala habrá de confirmar el fallo de fecha 29 de agosto de 1995,
proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Hispania, Antioquia, pero por
las razones expuestas en esta providencia.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO:
CONFIRMAR el fallo de
fecha 29 de agosto de 1995, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de
Hispania, mediante el cual se denegó por improcedente, la acción de tutela
interpuesta por Héctor Alonso Alvarez Vélez contra la rectora del IDEM de
Hispania Nelly Echeverry Echeverry y los profesores Diego Perez, Benjamín Castañeda
y Miriam Restrepo, por las razones expuestas en esta providencia..
SEGUNDO: ORDENAR que por la Secretaría General de esta
Corporación, se comunique esta providencia al Juzgado Promiscuo Municipal de
Hispania, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del
decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General