T-603-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-603/12
SERVICIO
MILITAR-Obligación del ciudadano
De manera general, dentro de
las obligaciones de la persona y del ciudadano se encuentran las de respetar y
apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener
la independencia y la integridad nacionales o para defender y difundir los
derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; y de propender al
logro y mantenimiento de la paz.
SERVICIO MILITAR-Deber
relativo
SERVICIO MILITAR-Exenciones
previstas en la ley
DESOBEDIENCIA-Tipos
DESOBEDIENCIA-Legitimidad
DESOBEDIENCIA
CIVIL Y OBJECION DE CONCIENCIA-Diferencia
La objeción de conciencia es
susceptible de ser analizada bajo la estructura de los derechos subjetivos. En
cambio, la desobediencia civil es un hecho frente al cual no podría esperarse
una conducta determinable como una prestación concreta por parte del Estado,
como sí sucede en aquella, donde se espera que el poder constitutivo permita el
ejercicio de la objeción de conciencia con la consecuente permisión de la
abstención frente al deber exigido.
OBJECION DE
CONCIENCIA-Concepto
La resistencia a obedecer un
imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que
impide sujetarse al comportamiento prescrito.
OBJECION DE
CONCIENCIA Y LIBERTAD DE PENSAMIENTO-Nexo
OBJECION DE
CONCIENCIA-Limites
La objeción de conciencia
encuentra límites en los derechos de los demás y en la existencia de deberes
jurídicos vinculados a aspectos como los requerimientos del orden público, la
tranquilidad, la salubridad  o la seguridad colectivas.
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Protección constitucional a
falta de regulación legal/OBJECION DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO-Condiciones para que proceda su protección
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-El objetor de conciencia debe
informar a las autoridades los motivos por los cuales la obligación del
servicio militar riñe con sus convicciones
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Las convicciones que llevan a
objetar conciencia frente al servicio militar obligatorio pueden ser de diversa
índole
ACCION DE
TUTELA CONTRA BATALLON DE INFANTERIA-Instar al batallón para que analice de
manera detallada las posibles afectaciones al estado de salud mental del
demandante independientemente de que haya o no terminado el servicio militar
Referencia:
expediente T-2.761.984
Acción de Tutela
instaurada por Harold Germain Hernández García contra el Batallón de Infantería
No. 22, “Batallón Ayacucho”.
Magistrada
Ponente:
ADRIANA
MARÍA GUILLÉN ARANGO
Colaboró:
Javier Francisco Arenas Ferro
Bogotá, D.C., treinta (30) de
julio de dos mil doce (2012)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y
ADRIANA
MARÍA GUILLÉN ARANGO, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de
los fallos dictados por el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, el
veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010), y por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, el ocho (8) de julio de dos mil diez (2010), en
el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES.
1. Hechos.
El catorce (14) de mayo de dos
mil diez (2010), Harold Germain Hernández García instauró acción de tutela
contra el Batallón de Infantería No. 22 – “Batallón Ayacucho”, por considerar
que esta entidad trasgredía su derecho fundamental a la libertad de conciencia
en relación con su calidad de objetor de conciencia[1].
Ese mismo día fue admitida la acción de tutela por la autoridad judicial de
primera instancia.
Los hechos relatados por el
accionante en la demanda se resumen así:
1. Enfatizó el actor que es “(…)
objetor de conciencia por [sus] principios éticos, morales y religiosos,
producto de una formación que [le] ha dado su familia y la iglesia, basado en
el amor al prójimo, [el] respeto por la vida, [y el deseo de] permanecer en paz
con [su] entorno (…)” (Cuad. 1, folio 1).
2. En junio de dos mil nueve
(2009), “(…) obligado por [su] papa (sic)” (Cuad. 1, folio 1), se
presentó a prestar el servicio militar obligatorio como soldado regular. En ese
momento, no estudiaba y se encontraba desempleado.
3. Durante el procedimiento de
selección correspondiente, según la prueba sicológica, no debía ser declarado
apto. A pesar de esto, fue incorporado a las Fuerzas Militares.
4. Debido a su desesperación,
adoptó “(…) el consejo de [sus] compañeros del batallón y [se escapó] antes
de jurar bandera (…)” (Cuad. 1, folio 1). Esta actuación la llevó a cabo
antes de efectuar algún juramento de pertenencia al ejército, a pesar de haber
sido incorporado hacía dos meses.
5. Mencionó que su conciencia es
incompatible con la pertenencia a tal institución, pues a pesar de que le
ofrecieron trabajar en el campo de sistemas, efectuar cualquier labor para el
ejército es, a su parecer, una manera “(…) de trabajar para la guerra [y por
ello] una forma de matar” (Cuad. 1, folio 2).
6. Expuso que su madre, “(…)
pensionada por invalidez (…)” (Cuad. 1, folio 2) fue a hablar con el
comandante del batallón accionado, quien le indicó que empezaría a tramitar su
desacuartelamiento. Por esta razón, le empezaron a dar licencias, pero -a
comienzos de este año-, le hicieron volver a cumplir funciones en el batallón.
7. Manifestó que tras el suicidio
de un compañero le “(…) llevaron en contra de [su] voluntad (…) a la clínica
San Juan de Dios en Sancancio (…) por tener conductas suicidas (…)” (Cuad.
1, folio 2). Su padre ayudó a que fuera dado de alta, responsabilizándose de
cualquier actuación que atentara contra su vida.
8. Finalmente, expuso que volvió
al batallón, pues le dijeron que lo iban a desacuartelar y que, durante el
trámite de este procedimiento, le darían licencias. Por este motivo, inició
estudio de bachillerato. Sin embargo, “(…) a los dos días siguientes (…) al
ir [al batallón le] dijeron que debía [quedarse] en contra de [su] voluntad y
que no [le veían] ninguna dificultad para seguir prestando el servicio militar
(…)” (Cuad. 1, folio 2).
2. Solicitud de tutela.
Con fundamento en los hechos
relatados, el demandante solicitó al juez constitucional ordenar a la entidad
accionada su desacuartelamiento, dado que “(…) al hacer caso omiso de [su]
situación, están dañando [su] proyecto de vida, el cual es seguir estudiando y
no desamparar a [su] madre y por ningún motivo ser partícipe de actos bélicos
que tengan que ver con la guerra” (Cuad. 1, folio 3).
3. Intervención de la parte
demandada.
3.1 El Segundo Comandante del
Batallón de Infantería No. 22, Mayor José Alexander Mendoza Gómez, intervino
dentro del término conferido por la autoridad judicial de primera instancia y
se opuso a las pretensiones del demandante.
3.2 Indicó que el actor se
presentó voluntariamente al procedimiento de conscripción y fue calificado como
apto por varios médicos y psicólogos, conforme quedó registrado en el acta No.
1121. Enfatizó, además, que el Ministerio Público acompañó este proceso, para
garantizar así que se ajustara al marco legal y constitucional.
3.3 De otro lado, manifestó que
el demandante, en ningún momento, expresó ser objetor de conciencia.
Adicionalmente, expuso que el soldado no había presentado ninguna certificación
sobre el estado de salud de su madre. Empero, este hecho no lo exime de prestar
el servicio militar, pues es el tercero de cinco hijos. Sumado a esto, señaló
que los soldados regulares cumplen su servicio como apoyo en la seguridad de
las instalaciones militares y ayudan a ejercer control del área, mas no son
utilizados en zonas donde el orden público se ve turbado.
3.4 Expuso que no era cierto que
el tutelante hubiera sido llevado contra su voluntad a la Clínica San Juan de
Dios, pues “(…) él mismo fue el que manifestó que tenía ganas de suicidarse.
Ante esta declaración[,] el personal de Sanidad del Dispensario Médico (…)
optaron (sic) por remitirlo a valoración psiquiátrica con el fin de guardar su
integridad personal (…)” (Cuad. 1, folio 16). Para sustentar este punto,
transcribió elementos de la hoja de ingreso al referido centro hospitalario, en
los cuales se observa que el gestor del amparo expresamente señalaba que por
aburrimiento quería acabar con su vida.
3.5 Respecto a los permisos
concedidos, indicó el comandante que el veintitrés (23) de abril, por solicitud
del padre, le otorgaron uno “(…) donde el progenitor se responsabilizaba del
cuidado en razón a que el soldado había presentado las anteriores actitudes
(…)” (Cuad. 1, folio 17). Adicionalmente, adujo que el actor, por su propia
voluntad, decidió suspender el tratamiento médico. Por lo demás, el demandante
se presentó días después de terminado su permiso en compañía de su padre a las
instalaciones del batallón, por lo que el “(…) jefe de Recurso Humano [le
manifestó] que ya se había retardado y que debía presentársele al régimen
interno de la compañía de Soldados (…)” (Cuad. 1, folio 17). En cuanto a
los demás permisos, expuso que se otorgan siguiendo los parámetros del plan de
moral y bienestar de la tropa, con la finalidad de que puedan disfrutar de la
compañía de sus seres queridos.
3.6 Adicionalmente, enfatizó que
el demandante pretende eludir la presunta responsabilidad penal que generó su
actuación, dado que se ausentó por más tiempo del permitido; actuación que
deberá ser remitida al Juez de Instrucción Penal Militar, pues podría ser
comprendida como constitutiva del delito de deserción.
3.7 Finalmente, arguyó que la
objeción de conciencia no opera para “(…) desatender deberes de alcance
absoluto e incondicional. [Pues] el derecho a rechazar por motivos morales lo
dispuesto en leyes y en órdenes sólo es ejercitable con respecto a los llamados
deberes relativos (derecho al agua, aire, alimento, abrigo, albergue, etc”
(Cuad. 1, folio 19). En este sentido, a menos que se configuren las causales
legales de exención, la prestación del servicio militar es un deber ineludible
de la persona, que tiene fundamento en principios constitucionales como la
prevalencia del interés general y la obligación genérica de respeto y
cumplimiento de la Constitución y de las leyes.
4. Pruebas relevantes
aportadas al proceso.
a.     Copias
de Boletas de Salida de Personal, que autorizan la salida del demandante por “permiso”,
entre los siguientes términos: del doce (12) de noviembre de dos mil nueve
(2009), al veintiuno (21) de ese mismo mes y año; del veintiuno (21) de
noviembre de dos mil nueve (2009) al seis (6) de diciembre de ese mismo año; y
del veintitrés (23) de diciembre de dos mil nueve (2009), al seis (6) de enero
de dos mil diez (2010) (Cuad. 1, folios 4 a 6).
b.     Copia
de permiso especial, con fecha ocho (8) de abril de dos mil diez (2010),
otorgado a Harold Hernández García hasta el veintitrés (23) de abril de ese
año, “(…) en razón a que se ha (sic)  presentado actitudes  inadecuadas de
comportamiento en la actividad militar y ha tenido ideación y plan laborado
suicida (…)” (Cuad. 1, folio 34).
c.
Resumen de atención médica en la Clínica San Juan de Dios, firmada por
la médica Juliana Ramírez Gómez, con fecha ocho (8) de abril de dos mil diez
(2010), donde se lee “(…) paciente remitido del batallón con ideación
suicida, anoche se suicidó un compañero y dijo que había hecho un pacto, que
debía hacer lo mismo. Se da cita por consulta externa con psiquiatría.
Diagnóstico: ideación suicida” (Cuad. 1, folio 8).
d.     Hoja
de Ingreso a la Clínica San Juan de Dios de Manizales, con fecha ocho (8) de
agosto de dos mil diez (2010), donde se lee que “(…) vive con el padre, dos
tíos y el abuelo. Los padres están separados desde (sic)14 años. Narra buenas
relaciones con ambos padres y con sus hermanos, así como con el resto de
familia. Niega antecedente de patología Mental” (Cuad. 1, folio 35).
e.
Dictamen de calificación de invalidez definitiva de Alba Lucía García
Hernández, madre del demandante, con fecha cinco (5) de marzo de dos mil nueve
(2009). En el documento, elaborado por el médico Hernando Bernal Arango, se
observa que la referida señora padece “(…) desorden mental mayor de tipo
esquizofrénico [y tiene] pérdida de la capacidad laboral definitiva: 95.5%”
(Cuad. 1, folio 9).
f.
Copia de Acta 1121, elaborada el seis (6) de agosto de dos mil nueve
(2009) por la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Distrito
Militar No. 31, que “(…) trata sobre la entrega y recepción de conscriptos
aptos a la fecha del sexto contingente del 2009 que hace el Distrito Militar
No. 31 al delegado del Batallón de Infantería No. 22 Ayacucho (…) total
personal incorporado 96 (…) [entre ellos en el puesto] 44, Hernández García
Harold (…)”. Como comandante del Distrito Militar figura el “MY. Javier
José Quirós Artunduaga”. De igual modo, se observa que en la diligencia
participaron tres médicos (Cuad, 1, folios 27 a 29).
g.     Informe
de presunto delito de deserción, con fecha primero (1º) de marzo de dos mil
diez (2010), en el que se indica que “(…) el 16 de febrero del año en curso
[el gestor del amparo] se evadió de las instalaciones del Batallón
encontrándose orgánico de la Compañía DINAMARCA, se tomó contacto con los
familiares sin obtener respuesta alguna, a la fecha no se ha efectuado
presentación. Es de resaltar que [el] mencionado es reincidente en retardarse a
permisos otorgados (…)” (Cuad. 1, folio 33).
h.     Copia
de “Declaración de alta voluntaria”, suscrita por Harold Hernández
García, en la cual indica que: “(…) bajo [su] propia responsabilidad decidió
abandonar [la clínica San Juan de Dios] y en consecuencia declar[ó] que ni la
institución ni su personal serán responsables en caso de complicaciones (…)”
(Cuad. 1, folio 37).
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN.
1. Primera instancia.
1.1 Conoció de la causa en
primera instancia el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, el cual mediante
sentencia del veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010) decidió denegar el
amparo solicitado.
1.2 Como fundamento de la
providencia, la autoridad judicial de primera instancia consideró que la
normatividad vigente en Colombia no consagra, como desarrollo de la libertad de
conciencia, el derecho a objetar la prestación del servicio militar. En este
sentido, manifestó que es necesaria su expresa contemplación en el ordenamiento
jurídico para que pueda ser ejercido por las personas. Por ello, “(…) la
incompatibilidad moral con la prestación del servicio militar (…), no implica
una excusa insalvable que (…) impida dar cumplimiento al deber que le asiste
[al demandante] como [a] todo colombiano (…)” (Cuad. 1, folio 43).
1.3 En cuanto al servicio
militar, expuso que se trata de una obligación constitucional de cuya efectiva
realización depende el mantenimiento de la soberanía. Se trata entonces de un
deber en beneficio de la colectividad y a favor del Estado. Por ello, sólo en
los eventos definidos por la legislación se permite exenciones a tal obligación
o, según determinados casos, su diferimiento. En el caso bajo estudio, a juicio
del a quo, el demandante “(…) no reúne ninguno de los requisitos (…)
para aplazar o estar exento de la prestación del servicio militar obligatorio
(…)” (Cuad. 1, folio 45).
2. Apelación.
Inconforme con la decisión de
primera instancia, el demandante instauró el recurso de alzada. Sin embargo, no
brindó nuevos argumentos ni aportó elementos probatorios adicionales para
controvertir la providencia.
3. Segunda Instancia.
3.1 Conoció del recurso de alzada
la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales, que mediante sentencia del ocho (8) de julio de dos mil diez
(2010) resolvió confirmar la decisión del a quo.
3.2 El ad quem enfatizó
que a pesar de que el derecho a la libertad de conciencia tenga el carácter de
fundamental, no es uno de sus componentes la objeción al servicio militar
obligatorio. De hecho, lo anterior se constituye en un límite al mentado
derecho fundamental, que obliga a prestar tal servicio, conforme la prevalencia
del interés colectivo sobre el individual.
3.3 Por lo demás, argumentó que
para ejercer la objeción de conciencia, como una causal de exclusión a la
conscripción, la misma requeriría de expresa institucionalización dentro del
ordenamiento jurídico, cosa que no sucede en Colombia. Por ello, “(…) el
hecho de que [los] principios éticos, morales y religiosos [del demandante],
estén en contra de pertenecer a algún ejército, no es impedimento alguno que
justifique el abstenerse de cumplir con [los] deberes esenciales propios del
compromiso social (…)” (Cuad. 2, folio 8).
3.4 Lo anterior, expuso, se
encuentra ajustado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y conduce a
la conclusión de que “(…) no es causal de exención al deber de prestar
servicio militar la libertad de conciencia (…), pues [el interés particular]
debe ceder ante el deber de prestar un servicio a la Patria (…)” (Cuad. 2,
folio 8).
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de
Selección número Ocho, mediante Auto del veinticinco (25) de agosto de dos mil
diez (2010), dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
1. Competencia.
Esta Corte es competente para conocer de la revisión de
los fallos materia de acción de tutela, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del
caso por la Sala de Selección.
2. Elementos probatorios
obtenidos en sede de revisión.
2.1 Mediante Auto proferido el
doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010), la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional ofició al Comandante del distrito Militar No. 31
-Dirección de Reclutamiento y control de reservas-, para que absolviera dudas
que fueron planteadas en el siguiente cuestionario:
1.
¿Existe una política o estrategia de información adelantada por
las fuerzas militares para darle a conocer a la población las causales de
exención del servicio militar que contempla el ordenamiento jurídico
colombiano, entre ellas las comprendidas en la Ley 48 de 1993?
2.
¿En la actualidad, cuál es la duración precisa del servicio
militar que presta el demandante como soldado regular?
3.
¿El señor Harold Hernández García informó a la Dirección de
Reclutamiento, en algún momento, sobre su condición de objetor de conciencia?
Si fue así ¿Cuándo y cómo lo hizo?
4.
¿Según el ordenamiento jurídico nacional, es una obligación de
todo varón -independientemente de que se encuentre cobijado por las causales de
exención en todo tiempo y sin pago de cuota de compensación- efectuar la
inscripción para definir su situación militar?
5.
¿Pueden surgir circunstancias durante la prestación del servicio
militar que impliquen la aplicación de las causales de exención -incluidas
aquellas que sólo operan en tiempo de paz- una vez se haya efectuado la concentración
e incorporación de que trata el artículo 20 de la Ley 48 de 1993?
Igualmente, en la misma
providencia, se suspendió el término para decidir, hasta tanto la información
suministrada fuera recibida y analizada.
2.2 Dentro del término conferido
por esta Corporación para absolver el informe, la Jefatura de Reclutamiento de la
Zona Octava, a través del Comandante del Distrito Militar No. 31, se pronunció
para absolver el cuestionario remitido. Así, en primer lugar, indicó que en la
jornada de concentración para definir el ingreso a las filas del Ejército, los
jóvenes son “(…) informados de las causales de inhabilidad o exención
consagradas en los artículos 27 y 28 de la ley 48 de 1993 (…)” (Cuad. 3,
folio 20). Este procedimiento se lleva a cabo en presencia de un funcionario
adscrito a la Personería Municipal, con el fin de resguardar los derechos
fundamentales, en especial el debido proceso, de los futuros conscriptos.
2.3 En segundo lugar, expuso que
la referida Ley -en el artículo 19-, faculta al Ejército para adelantar un
sorteo, que no tendrá que efectuarse si no se cuenta con el número suficiente
de conscriptos. Sin embargo, en caso de llevarse a cabo, pueden elevarse
reclamos hasta quince (15) días antes de la incorporación. A continuación, hizo
referencia a las causales de exención en todo tiempo a la prestación del
servicio militar, así como aquellas contempladas para tiempos de paz, reguladas
ambas en los artículos 27 y 28 de la mentada ley. Igualmente, mencionó que las
personas que se encuentren bajo las primeras -entre las que se hallan limitados
físicos y sensoriales, así como indígenas- no están obligadas a pagar cuota de
compensación militar. En cambio, en las segundas, las personas estarán
obligadas a inscribirse y a pagar la mencionada cuota.
Sin embargo, no ligó tales
referencias normativas al caso objeto de estudio ni trajo a colación argumento
alguno que relacionara lo antedicho a la duración del servicio militar para las
personas que entraran como soldados regulares.
2.4 En tercer lugar, mencionó que
el demandante no informó su condición de objetor de conciencia. Con todo, a
continuación enfatizó que todo colombiano está obligado a definir su situación
militar y a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, tal y
como fue establecido en el artículo 3º de la Ley 48 de 1993. Por lo mismo, “(…)
queda claro que en Colombia todos los varones mayores de edad están obligados a
prestar el servicio militar obligatorio. [De] lo contrario, la autoridad podrá
compeler al ciudadano a fin de que cumpla con el mencionado deber” (Cuad.
3, folio 22).
2.5 A pesar de lo anterior, expuso que el demandante no sustentó “(…) la existencia de creencias o
convicciones que permitan comprender y demostrar que por razones ya sean de
tipo éticas, religiosas, morales o filosóficas no comparte de manera profunda y
sincera la prestación del servicio militar, el uso de las armas y la violencia
institucional (…)” (Cuad. 3, folio 22). Por ello, a su parecer y en
referencia al asunto bajo estudio, “(…) no basta que el interesado diga que
es objetor de conciencia para quedar eximido del serbio (sic) militar
obligatorio (…)” (Cuad. 3, folio 23). De ahí que para este caso no pueda
considerarse procedente la mentada objeción como eximente a la prestación del
servicio militar obligatorio.
2.6 En cuarto lugar, volvió a
referir que todo colombiano debe resolver su situación militar y que la propia
Carta Política establece obligaciones genéricas y específicas con relación a la
fuerza pública. Entre ellas, se halla el apoyo a las autoridades democráticas
legítimamente constituidas. Asunto que resulta “(…) coincidente con los
fines que son propios de las instituciones conformantes de la fuerza pública;
de suerte que no están desprovistos los asociados del cumplimiento de
obligaciones expresas que les son impuestas por el orden superior” (Cuad.
1, folio 23). Por lo mismo, sin excepción, todos los colombianos deben definir
su situación militar, salvo los estudiantes de bachillerato, que lo harán
cuando obtengan su título de bachiller, tal y como lo contempla el artículo 10
de la Ley 48 de 1993.
3. Problema jurídico y esquema
de resolución.
De los hechos narrados y probados
en este proceso, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el Ejército
Nacional, a través de la Jefatura de Reclutamiento de la Zona Octava y del
Batallón de Infantería No. 22 “Ayacucho” de Manizales, vulneró los derechos
fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad de culto del
demandante, en razón a su alegada condición de objetor de conciencia.
Para solventar tal interrogante, la
Sala ahondará en el estudio de los siguientes temas: (i) Breve referencia al
servicio militar obligatorio en Colombia como deber de los ciudadanos, su
consagración en la Constitución, en la Ley y en la jurisprudencia, (ii) el
derecho a objetar conciencia al servicio militar obligatorio en la doctrina y
en la jurisprudencia, su relación con la desobediencia civil y sus posibles
justificaciones y limitaciones, (iii) elementos jurisprudenciales para que su
amparo prospere por vía de acción de tutela, en especial el contenido del
debate ético moral que entra en contradicción con el deber constitucional y
legal de prestar el servicio militar obligatorio. (iv) Finalmente, se abordará
el caso concreto.
3.1. Breve referencia al
servicio militar en Colombia como deber de los ciudadanos, su consagración en la
Constitución, en la Ley y en la jurisprudencia.
3.1.1 El constituyente de 1991,
al definir el modelo del Estado colombiano -con el fin de fortalecer, entre
otros elementos, la unidad de la Nación, la libertad y la paz-, estableció que
se trataba de un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y
pluralista. A continuación, en el artículo 1º, como parte de sus principios
fundamentales, consagró que este modelo de Estado se funda sobre pilares como “(…)
el respeto a la dignidad humana, (…) el trabajo y la solidaridad de las
personas que (…) integran [la República] y en la prevalencia del interés
general”.
Lo anterior conlleva a que toda
actuación de los poderes constituidos, entre ellos los pertenecientes a la rama
ejecutiva del Estado -como lo son las instituciones que hacen parte de la
fuerza pública-, deban adecuar el despliegue de sus funciones a tales elementos
estructurales del mismo. Por ello y en procura de los beneficios que acarrea un
comportamiento solidario destinado a alcanzar los fines por los cuales fue
promulgada la Constitución, resulta legítima la exigibilidad del cumplimiento
de ciertos comportamientos a la ciudadanía y demás personas que habitan el
territorio, que se relacionen con la prevalencia del interés general, sin
olvidar que tales deberes deben ser compatibles con el respeto a los derechos
fundamentales.
Así las cosas, los mencionados
principios del Estado Social de Derecho, también suponen que los colombianos,
al igual que las personas de otras nacionalidades que habitan el territorio,
deban comportarse conforme con tales mandatos. En consecuencia, el Estado
-actuando dentro de las órbitas que le fueron establecidas como competencias
por el Constituyente-, puede exigir determinadas actuaciones a los miembros de
la sociedad. Se trata así de la descripción de una situación en la cual las
personas no sólo disfrutan de derechos, sino que deben también -en procura de
materializar los primeros- satisfacer ciertas obligaciones.
En este sentido, en la sentencia
C-511 de 1994[2], esta Corporación indicó
-a pesar de que los cargos elevados en aquella oportunidad fueron considerados
en su mayor parte infundados-, que “(…) de manera general, dentro de las
obligaciones de la persona y del ciudadano se encuentran las de ¨respetar y
apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para mantener
la independencia y la integridad nacionales¨ o para ¨defender y difundir los
derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica¨; .... y de
¨propender al logro y mantenimiento de la paz (art. 95 C.N)¨ (…)”.
3.1.2 Ahora bien, resulta
paladino que entre los fines esenciales del Estado se encuentra el servicio a
la comunidad, la promoción de la prosperidad general y la garantía efectiva de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, tal y como
fue establecido en el artículo 2º de la Carta. A esto se le suma, el
mantenimiento de la integridad territorial, la defensa de la independencia
nacional, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo para todos y todas. A más de ello, tal y como fue dispuesto en el segundo
inciso del citado artículo 2º, el constituyente estableció que todas las
autoridades de la República “(…) están instituidas, [entre otras cosas,]
para proteger a todas las personas residentes en Colombia (…) y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Con lo anterior se acentúa aún más la posibilidad de exigir ciertos
comportamientos a todas y todos, siempre y cuando los mismos no socaven los
derechos fundamentales de las personas, que no es lo mismo a que no entren en tensión
con los últimos, pues resulta diferente una vulneración a los derechos que
una carga legítimamente soportable en procura del bien común[3].
Bajo esta misma línea, un aspecto
que consolida los anteriores argumentos se halla en el segundo inciso del
artículo 4º de la Carta Política, que contempló como deber de “(…) los
nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes,
y respetar y obedecer a las autoridades”. Así mismo, dentro de la óptica de
los deberes del Estado y de los particulares, el numeral 3º del artículo 95
superior contempló como una responsabilidad correlativa al ejercicio de los
derechos “(…) el respeto y apoyo a las autoridades legítimamente
constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales”[4].
Por ende, se puede concluir que
dentro del modelo del Estado Social de Derecho colombiano la exigibilidad a las
personas de deberes resulta legítima, aspecto este que ha sido aceptado por la
jurisprudencia de esta Corporación[5]. Con todo, es menester
indicar que aquellos pueden ser diferenciados entre deberes genéricos, como
sería –por ejemplo- el respeto y obediencia a las autoridades legítimamente
constituidas[6] o propender al logro y
mantenimiento de la paz, de otros específicos, como lo serían –para mencionar
algunos de manera ilustrativa-, la defensa y difusión de los derechos humanos[7]
o el estudio de la Constitución y la instrucción cívica en todas las
instituciones de educación[8].
3.1.3 En este orden de ideas, uno
de los deberes específicos de los colombianos frente a la comunidad se
materializa a través de su ingreso a la fuerza pública, que supone el “(…)
tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la
independencia nacional y las instituciones (…)”[9], con el fin de contribuir
a la materialización de los fines por los cuales tales instituciones existen y
que radican en la protección de “(…) todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades
(…)”[10]. De hecho, en la
sentencia C-511 de 1994 -previamente mencionada- se expuso que el respeto y
apoyo a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, que la defensa
y difusión de los derechos humanos como pilar de la convivencia pacífica y que
la búsqueda y el mantenimiento de la paz resultan deberes genéricos que
coinciden“(…) con los fines que son propios de las instituciones
conformantes de la fuerza  pública; de suerte que no están desprovistos los
asociados del cumplimiento de obligaciones expresas que les son impuestas por
el orden superior”.
Lo anterior permite insistir que
la fuerza pública no existe como un fin en sí mismo, sino como un medio para
materializar tales principios fundamentales del Estado Social de Derecho y que
resultan esenciales para la realización de un orden político, económico y
social justo. Por ello, salvo aquellas condiciones “(…) que en todo tiempo
eximen del servicio militar (…)”, la prestación de este último constituiría
una forma de materializar los deberes definidos en la Constitución con el
objetivo de contribuir a la consolidación de las condiciones que procuren tales
elementos.
3.1.4 Cabe reiterar, en
consonancia con lo anterior, que los deberes -que incluyen la prestación del
servicio militar obligatorio-, frente a los derechos, serían una base que
permitiría su ejercicio, pero no pueden llegar a tal punto de ser considerados –a
pesar de estar también contemplados dentro de los principios del Estado Social
de Derecho y desarrollados en otras normas de la Constitución-, como entes
revestidos de tal preeminencia que se permitan  socavar los derechos
fundamentales, borrando así pilares del constitucionalismo moderno, como la
libertad, la igualdad y la solidaridad. Lo anterior, adicionalmente, porque la
Constitución -conforme a su preámbulo-, fue promulgada para garantizar derechos
y no para materializar deberes por sobre aquellos.
Esta Corporación, al analizar las
tensiones entre derechos y deberes, ha reconocido que ambos hacen parte de la
relación necesaria entre libertad y orden. En efecto, en la sentencia C-511 de
1994, se apuntó que “(…) [el] ejercicio social de la persona humana, se ve
alimentado con el  cumplimiento de deberes y con el goce de derechos. Unos y
otros no pueden entenderse como antagónicos sino más bien del orden
concurrente. Cuando un deber se ve limitado por un derecho, como en el caso de
las exenciones en tiempo de paz, contenidas en el artículo 28 de la ley  (no
demandado), no puede afirmarse que los derechos estén impidiendo el
cumplimiento de los deberes ciudadanos y de la persona humana, sino que
justamente limitaciones legales, propias de la racionalidad legítima y
provenientes de derechos, pueden llegar  a restringir o disminuir el  alcance
de los deberes ciudadanos. // De la misma manera cuando se ve limitado el
ejercicio de los derechos al cumplimiento de determinados deberes sociales, no
puede decirse que se esté dando primacía a éstos sobre aquellos, sino que se
están apropiando los elementos tan necesarios a la libertad contenidos en el
¨orden¨,  sin el cual, aquella no existe y la civilidad se perturba de manera
aguda. De suerte que la conciliación entre deberes y derechos hace parte de los
correlativos apoyos de la libertad y el orden”. Como se verá más adelante,
esta necesaria armonización es relevante al momento de tratar el tema de la
objeción de conciencia.
3.1.5 Como ya se dijo, con
respecto a la fuerza pública, comprendido como un deber de la ciudadanía, “(…)
la Constitución Política (…) [establece] la obligación a los colombianos de
tomar las armas cuando la necesidad pública lo exija, para defender la
independencia nacional y las instituciones públicas”[11].
A más de lo anterior, en estrecha
relación con tal deber, que -en términos generales-, debe cumplir todo
colombiano en relación con el servicio militar, el inciso primero (1º) del
artículo décimo (10º) de la Ley 48 de 1993 contempla la obligación de “Todo
varón (…) [de] definir su situación militar a partir de la fecha en que cumpla
su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes
[la] definirán cuando obtengan su título de bachiller”[12].
En este sentido, en la sentencia C-058 de 1994[13], con respecto a cómo ha
de ser entendida la satisfacción de este deber, se adujo que no puede ser
comprendido como una sanción, dado que “´no es un mal’ sino un servicio a la
patria en virtud de los deberes constitucionales de las personas”[14].
Por ende, la prestación del
servicio militar obligaría, en principio, a todo colombiano mayor de edad hasta
que cumpla los cincuenta años de edad[15]. La duración del mismo,
tal y como fue establecido por el artículo 11 de la mencionada normatividad,
será de doce (12) a veinticuatro (24) meses, existiendo modalidades temporales
para su prestación. Así, el artículo 13 definió las siguientes cuatro
posibilidades: “como soldado regular, de 18 a 24 meses”, “como soldado bachiller, durante 12 meses”, “como auxiliar de policía
bachiller, durante 12 meses”, y “como soldado campesino, de 12 hasta 18
meses”[16].
3.1.6 Al tratarse de un deber,
una consecuencia de ello, según la sentencia C-511 de 1994, es la posibilidad
de ser sancionado si se infringe la normatividad que impone la obligación de
prestar el servicio a favor de la colectividad. Con todo, a pesar de ello, no
se trata de una obligación absoluta, pues ya la Constitución establece la
posibilidad de que el legislador defina qué condiciones eximen en todo tiempo
de la prestación del servicio[17]. Así las cosas, para el
caso del servicio militar obligatorio, una manera de armonizar la tensión entre
deberes y derechos surge, precisamente, de su calidad de deber relativo.
En este orden de ideas, con el
fin de reglamentar el servicio de reclutamiento y movilización, el legislador
promulgó la Ley 48 de 1993, que en su artículo 3º se refirió en los siguientes
términos -escasamente diferentes a aquellos determinados en la Constitución-,
al servicio militar obligatorio: “Todos los colombianos están obligados a
tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, para defender la
independencia nacional y las instituciones públicas, con las prerrogativas y las
exenciones que establece la presente ley” (subrayas fuera del
original).
Con todo y a pesar de que será
desarrollado más adelante a profundidad, cabe precisar que las mencionadas
exenciones, contempladas en la ley previamente aludida, no son las únicas que
se reconocen en el ordenamiento jurídico colombiano, pues -conforme con el
artículo 18 de la Constitución y con la jurisprudencia de esta Corporación, en
especial con la sentencia C-728 de 2009[18]-, en Colombia es
legítimo objetar conciencia a la prestación del servicio militar cuando tal
actividad sea contraria a las convicciones y creencias de la persona; por lo
que este derecho también se consolida como una exención frente al mencionado
deber relativo.
Por otro lado, no por el hecho de
ser apto para la prestación del servicio militar se ingresará necesariamente a
las filas de la fuerza pública, esto -aunado a las exenciones legales y
constitucionales- reafirma que la prestación del servicio militar no sea una
obligación absoluta. En desarrollo de lo anterior, el artículo 19 contempla la
posibilidad de efectuar un sorteo cuando sea más que suficiente el número de
conscriptos frente al potencial humano requerido[19].
3.1.7 Ahora bien, retomando la
línea argumentativa en relación con las exenciones expresamente reconocidas por
el legislador en la Ley 48 de 1993, su existencia -como ya fue señalado-
conlleva a la conclusión de que el servicio militar sea una obligación relativa
y no absoluta. Entre ellas, se hace necesaria la distinción entre dos hipótesis
disímiles.
Por una parte, se diferenció en la
normatividad previamente mencionada aquellas situaciones que eximen en todo
tiempo de la prestación del servicio militar. Así, en el artículo 27 de la ley
en comento se expuso que “(…) Están exentos de prestar el servicio militar
en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar: a. Los limitados
físicos y sensoriales permanentes [y] b. Los indígenas que residan en sus
territorios y conserven su integridad cultural, social y económica”[20].
Por la otra, se establecieron
aquellas condiciones que sólo eximen en tiempo de paz. Al respecto, el artículo
28 de la Ley 48 de 1993 consagró que se encuentran bajo este supuesto, por
ejemplo, los clérigos y religiosos que se dediquen permanentemente al culto, el
hijo único de hombre o mujer, los huérfanos de padre o madre que atiendan con
su trabajo a la subsistencia de sus hermanos, y las personas que convivan en
unión permanente[21].
3.1.8 Ahora bien, como ya se
señaló, a pesar de no haber sido aún regulada en el ordenamiento nacional por
el legislador, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio se
constituye como una causal de exención que acentúa aún más su calidad de deber
relativo y que puede ser ejercida por los colombianos que acrediten la
incompatibilidad de la plurimencionada obligación con sus convicciones.
3.1.9 En síntesis, el modelo
constitucional colombiano admite la exigencia de ciertos comportamientos a
todas las personas, que incluso hacen parte de los principios del Estado Social
de Derecho, como lo sería –por ejemplo- la colaboración con las autoridades
democráticas legítimamente constituidas. Sin embargo, la exigibilidad de tales
deberes no puede llegar a tal punto de socavar los derechos fundamentales de la
persona y su dignidad humana, pues existen como medios para materializar tales
elementos y no como fines en sí mismos considerados.
Entre las obligaciones exigibles
existen deberes genéricos y específicos, siendo la prestación del servicio
militar uno de estos últimos. En cuanto a la calidad de la obligación, se trata
de un deber relativo, pues el ordenamiento jurídico expresamente contempla
exenciones –ya sea solo en tiempo de paz o en todo momento -, así como la
posibilidad de que sea efectuado un sorteo para que personas que no se
encuentren dentro de las mencionadas excepciones no presten el servicio
militar. Esta característica resulta relevante para resolver, tratándose de la
prestación del servicio militar, las posibles tensiones que surjan entre el
cumplimiento del deber y los derechos fundamentales de las personas, como lo
son aquellas que se presenten por el ejercicio de la objeción de conciencia.
3.2 El derecho a objetar
conciencia al servicio militar obligatorio en la doctrina y en la
jurisprudencia (relación con la desobediencia civil y sus posibles
justificaciones y limitaciones).
Justificación de este
apartado.
3.2.1 El artículo 33 del Decreto
2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Constitución Política”, estableció uno de los móviles
que justifica que la Corte Constitucional -como guardiana de la integridad y de
la supremacía de la Carta Política- examine las sentencias proferidas por
autoridades jurisdiccionales en sede de la mencionada acción tuitiva de
derechos fundamentales. En efecto, la mentada norma consagró que tal facultad
podría ejercerse para “(…) aclarar el alcance de un derecho (…)”, como
lo es la objeción de conciencia.
Pues bien, el catorce (14) de
octubre de dos mil nueve (2009), la Sala Plena de esta Corporación profirió la
sentencia C-728 de 2009, en la cual se declaró la exequibilidad del artículo 27
de la Ley 48 de 1993 por el cargo analizado[22]. Con todo, en el numeral
segundo (2º) de la parte resolutiva de tal decisión, se exhortó al Congreso de la
República para que, a la luz de las consideraciones de esa sentencia, regulara
lo concerniente a la objeción de conciencia frente al servicio militar
obligatorio.
A la fecha, el poder legislativo
no ha expedido la ley que regule tal materia. Sin embargo, los ciudadanos,
ejerciendo el derecho de acción[23], han acudido al juez
constitucional para que, en el ámbito de sus competencias, decida sobre
conflictos relacionados con la posibilidad de objetar el deber de prestar el
servicio militar[24]. Por ello, a juicio de
esta Sala, la Corte Constitucional debe empezar a llenar los vacíos que la
omisión legislativa absoluta conlleva frente a esta materia, siendo esta
providencia una posibilidad para ello, que en nada perjudica la potestad del
legislador para regular el mentado derecho fundamental siguiendo el referido
exhorto, así como los parámetros fijados en la sentencia C-728 de 2009.
En este sentido, a más de
cuestiones que emanan de las justificaciones que dieron los jueces de instancia
para denegar el amparo deprecado por Harold Hernández, de los hechos probados y
relatados por las partes en el proceso, es claro que se hace necesario ahondar
en elementos constitutivos de la objeción de conciencia y su relación con la
desobediencia frente al derecho -contemplada aquí como desobediencia genérica-
y la desobediencia civil -comprendida como un tipo específico de desobediencia
frente al derecho-, pues las tensiones existentes entre estos tópicos permiten
dilucidar asuntos que inciden en el ejercicio de este derecho fundamental y
que, por lo mismo, son necesarios para aclarar su alcance dentro de las órbitas
de competencias de la Corte Constitucional.
Introducción: complejidad del
asunto, obediencia y desobediencia en el derecho.
3.2.2 Sobre la desobediencia a un
deber jurídico en relación con la objeción de conciencia, se ha pronunciado
esta Corporación en múltiples providencias[25]. Igualmente, como se
verá a continuación, con respecto a esta temática existen pródigos estudios
doctrinarios que con elocuencia ahondan en pluralidad de asuntos que se
relacionan con el incumplimiento de deberes jurídicos y que desbordan el ámbito
de tal objeción[26], pues este derecho, al
igual que la desobediencia civil, pueden ser contemplados como formas
específicas de desobediencia frente al derecho que no la abarcan en su
totalidad.
Esto resulta relevante al momento
de demostrar que sobre la desobediencia, al igual que en relación a la
naturaleza de la objeción de conciencia –que someramente podría comprenderse
como la abstención frente al cumplimiento de un deber por diversos motivos que
emanan de las convicciones de la persona-, así como respecto a su carácter
estrechamente ligado al ejercicio de derechos individuales como la libertad de
culto o la libertad de pensamiento, se ha producido tanto conocimiento, que
resultaría imposible intentar sistematizarlo en su totalidad en una
providencia.
No obstante, a pesar de lo
anterior, sí resulta imperioso esbozar ciertos elementos que, a juicio de esta
Sala, resultan fundamentales para comprender la tensión que existe entre los
deberes jurídicos y la desobediencia que frente a ellos puede predicarse y que
-por lo demás- no sólo opera cuando se presente un caso concerniente a la
objeción de conciencia, sin que esto implique que toda forma de
desobediencia sea legítima y aceptable a la luz del derecho.
3.2.3 Pues bien, como punto de
partida, es menester recordar que a la idea de un orden jurídico sigue la de
obediencia, siendo esta última consustancial al primero, pues resultaría
contradictoria la existencia de un ordenamiento social coercitivo que prescribe
comportamientos determinados, si fuera posible que los destinatarios de las
normas pudieran decidir -en todo caso y de manera general-, cuando cumplirlas o
no hacerlo sin consecuencia alguna. Por lo demás, en razón a la soberanía, que
según la propia Constitución reside exclusivamente en el pueblo[27]
-quien la ejerce de manera directa o a través de sus representantes-, y al
modelo democrático, la obediencia al derecho se halla legitimada por la
participación de los ciudadanos en las decisiones políticas.
Por ello, en cuanto a las razones
que justifican el cumplimiento de los deberes jurídicos, puede afirmarse que
dentro de un modelo democrático participativo, los destinatarios de las normas
jurídicas son también los productores de ellas -ya sea de manera directa o
indirecta- que, por lo mismo, se ven obligados a respetar y acatar los mandatos
que de manera soberana se han fijado.
Lo anterior en razón a la fórmula
por la cual optó el constituyente en el preámbulo de la Carta de 1991, en el
que se expresó que, actuando en ejercicio de su poder soberano, decretaba,
sancionaba y promulgaba la Constitución, que -por lo demás- conforme con el
artículo 6º, hace responsables a los particulares por infringir sus postulados[28].
Así, como ya se indicó, al lado de los deberes genéricos mencionados -que se
explican por el hecho de la doble condición de ciudadano, en el sentido de que
el pueblo es el soberano, pero a la vez el obligado por las normas jurídicas
que directa o indirectamente se ha dado-, se encuentran deberes específicos,
como son la prestación del servicio militar obligatorio, fijados por el propio
pueblo de Colombia, representado en su Asamblea Nacional Constituyente. El
cumplimiento de ambos deberes, prima facie, se consolida como un
componente social, que de estar ausente conllevaría a que fuera un absurdo el
solo planteamiento de la existencia de un ordenamiento jurídico patrio.
3.2.4 Con todo, la tensión entre
obligaciones jurídicas y desobediencia se funda, entre otras razones, en el
hecho de que tal consagración expresa de un deber específico no supone una
obediencia ciega, autómata y carente de crítica, sin que esto implique que toda
forma de abstención frente al acatamiento de las normas jurídicas sea válida o
legítima a la luz del derecho. Por ello, resulta importante enfatizar que la
legitimidad de la desobediencia se funda en el hecho de que el modelo
constitucional adoptado parte del respeto al pluralismo de las convicciones e
ideas, así como del miramiento a la dignidad humana, que entre otras, ha sido
entendida como la posibilidad con que cuenta el individuo de labrar su presente
y futuro conforme a sus propios intereses y convencimientos[29].
En este sentido, cabe recordar
que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en “(…) el respeto de
la dignidad humana (…)”[30],
donde prima la Constitución, que debe aplicarse en caso de incompatibilidad con
una ley u otra norma jurídica[31],
y que reconoce, “(…) sin discriminación alguna, la primacía de los derechos
inalienables de la persona (…)”[32].
Fórmulas ambas adoptadas también por el constituyente que sin duda inciden en
la relación derecho/deber/desobediencia en razón a que de su respeto depende la
legitimidad del Estado y de los deberes que son exigibles a los particulares.
Así las cosas, los deberes de las
personas, importantes sin duda, no pueden revestirse de tal preeminencia que
vilipendien la dignidad humana y la primacía de los derechos de las personas;
de lo contrario, su existencia perdería cualquier justificación. En razón a
esto, a partir de ambos elementos (dignidad humana y derechos fundamentales) el
sistema constitucional colombiano espera y propugna por una conciencia crítica
de cada persona. Por lo mismo, la obediencia a los deberes se puede ver
limitada si estos entran en colisión con sus derechos fundamentales.
Entonces, es preciso aclarar que
para el sistema jurídico colombiano, cuyos pilares fueron estipulados en la
Constitución Política, si bien resulta un componente esencial el acatamiento de
los deberes jurídicos, también lo es la conciencia crítica frente a los mismos
y la posibilidad de la que personas decidan y labren su futuro de acuerdo a sus
intereses y convicciones. Por ello, no existe una obediencia absoluta, pero
tampoco la posibilidad de desobedecer de manera genérica todo el ordenamiento
jurídico, ya que tal idea supondría una contradicción insalvable con un sistema
que prescribe y proscribe determinados comportamientos para asegurar la
convivencia social. De lo anterior se desprende la posibilidad de que existan
determinadas formas de desobediencia legítimas frente al derecho, así como
otras ilegítimas y excluidas en cuanto a la justificación jurídica de su
ejercicio se refiere.
Tipos de desobediencia y su
legitimidad
3.2.5 Si lo anterior es así
frente a los deberes legales e incluso constitucionales específicos, con más
razón la obediencia al Estado es relativa a la legitimidad de sus acciones, que
depende del respeto a los derechos de las personas en el transcurso de sus
actuaciones. Por ello, hay que recordar que el Estado no existe como un fin en
sí mismo considerado, sino como una organización política que debe velar por la
materialización y guarda de tales derechos, que se han consolidado como
victorias de unos valores liberales, sociales y ambientales. De lo contrario,
esto es, cuando el Estado ejerza su poder por fuera de tales sendas y linderos,
y tratándose de casos extremos donde regímenes opresivos imperen, se considera
legítima la desobediencia, así como la resistencia a tal condición donde el
actuar del Estado conlleva las más inicuas transgresiones a los valores del
constitucionalismo moderno, caso en el cual podría tratarse de la denominada
desobediencia civil, una especie de desobediencia específica que se considera
justificada.
Esto fue reconocido por la
comunidad internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
aprobada en 1948 tras la segunda guerra mundial, donde se dijo que resulta “(…)
esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a
fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión”.
3.2.6 Sin entrar en este momento
a diferenciar entre una desobediencia general y otras específicas,
cabe recordar que en la doctrina el tema de la desobediencia ha sido arduamente
desarrollado y con él -de contera- el de su legitimidad[33].
Así, para mencionarlo sólo de manera ilustrativa algunos ejemplos, para Ollarves
Irazábal, la desobediencia se funda en el disenso contra cierta actividad por
motivos de justicia, como lo serían aquellos actos que vulneran la paz[34].
Por ello, se encontraría justificada contra la injusticia e inmoralidad, pero
siempre en busca de la preservación de tal paz, consolidándose por ende como
una desobediencia cualificada que propugna por resguardar un bien que a juicio
de este autor no sería difuso[35].
Concatenado a lo anterior, y en
razón a que la desobediencia estaría justificada para alcanzar la paz, para
este doctrinante sólo serían legítimas acciones no violentas. Entonces,
integrando -desde la postura de este autor- la mencionada Declaración de los
Derechos Humanos en relación al recurso de la rebelión, este último tendría que
desarrollarse de manera incruenta[36].
Por su parte, Ortiz Rivas[37]
ha señalado que la desobediencia civil se sustenta en fines como la lucha
contra la injusticia, contra normatividades ilegales o contra la violación de
los derechos humanos. Con todo, a continuación, la cualifica alegando que para
ser diferenciada de la objeción de conciencia -que también comprende como un
límite a la obediencia-, ha de ser pública, abierta, no violenta, sustentada en
normas morales que se consideran superiores o ideas religiosas y conciente de
las sanciones que acarreará el incumplimiento de los deberes. Por lo mismo, la
desobediencia civil sería una forma de abstención frente a obligaciones
jurídicas, mas no la única, dado que se trata de una participación política
atípica que entra en tensión con la ley, es pública (punto central que para
este autor la diferencia de la objeción de conciencia) y conciente de las
consecuencias -incluso penales- que puede acarrear. Así, a partir de lo
anterior, la legitimidad del recurso a la rebelión también estaría supeditada a
su manifestación pacífica.
En este orden de ideas, este
autor señala que la desobediencia civil se justifica en tres niveles diferentes
pero estrechamente ligados. En primer lugar, se sustenta sobre la esfera
jurídica al tratarse de una defensa de normas que se consideran superiores,
como lo serían -por ejemplo- los derechos humanos o la Constitución.
Igualmente, las personas estarían legitimadas para su ejercicio cuando los
recursos existentes dentro del ordenamiento jurídico no resultaren eficientes
para defender las normas superiores que con sus actuaciones pretenderían
resguardar. En segundo lugar, el autor relata la existencia de una
justificación moral, como fundamento de las razones de esa índole que las
personas pueden tener frente a lo que consideran inmoral del derecho (aunque
cabe indicar que Ortiz Rivas no diferencia claramente entre multiplicidad de
moralidades y una moralidad que surja y se sustente en los derechos humanos).
Finalmente, en tercer lugar, para este autor existe una justificación política
y es que en un Estado Social de Derecho no puede existir una obediencia
incondicional sino reflexiva, lo que conllevaría que toda obediencia sea
cualificada[38]. Así, en aras de la
participación democrática, estaría legitimada la desobediencia, a través de la
protesta directa, contra actos que se creen ilegales, para incidir en el medio
gubernamental y en la opinión pública, incentivando transformaciones sociales.
En todo caso, a la luz del
preámbulo de la referida Declaración de los Derechos Humanos de 1948, la
desobediencia estaría legitimada, en la lucha contra aquellas situaciones en
las que se han desconocido y menospreciado “(…) los derechos humanos [asunto
que] ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad (…)”, por lo que el incumplimiento de deberes, siguiendo tales
parámetros, también estaría justificado en la resistencia frente a actuaciones
que se consideran injustas, lo que permitiría tender un puente analítico entre
los mencionados doctrinantes y este instrumento internacional.
Así las cosas, es claro que a la
luz de la mencionada declaración, así como de los estudios doctrinantes
citados, la desobediencia al derecho puede encontrar legitimidad y ser
promovida para proteger intereses superiores, como lo son los derechos humanos.
Igualmente, es claro que el constitucionalismo moderno no espera una obediencia
de acémila de las personas, sino crítica frente a los deberes impuestos que no
pueden ser vistos más que como una herramienta para materializar la primacía de
los derechos fundamentales. Sin embargo, lo anterior, a pesar de ser
ilustrativo en cuanto a la temática de la tensión existente entre
derechos/deberes, no permitiría, en principio, diferenciar claramente entre una
desobediencia generalizada y distintas formas de desobediencia específicas,
como lo sería la objeción de conciencia y la desobediencia civil.
Con todo, ha de enfatizarse que
no toda forma de desobediencia resulta justificada y debe ser respetada por el
Estado. Piénsese por ejemplo en el incumplimiento de deberes como aquellos
consagrados en el artículo 95 de la Carta Política, atinentes al respeto a los
derechos ajenos, a la proscripción del abuso de los propios, o a la protección
de los recursos naturales y culturales del país, así como a la conservación del
ambienta sano. Por ende, sólo ciertos tipos de desobediencia son legítimos, en
procura de la defensa de bienes superiores, tal y como fue reconocido en la
mentada declaración y en el hecho de que el modelo de Estado colombiano parta
del respeto de la conciencia crítica de los ciudadanos.
Multiplicidad de tipos de
desobediencia en el ordenamiento jurídico colombiano y elementos de
diferenciación entre objeción de conciencia y desobediencia civil.
3.2.7 Cabe precisar que si no se
asume la desobediencia de manera generalizada contra todo un sistema jurídico,
un ordenamiento jurídico fundado en la supremacía de la Constitución puede
admitir formas sectoriales de desobediencia, sin que se trate de
contradicciones al sistema normativo. Por ello, la objeción de conciencia
sería solo una manera de desobedecer un mandato constitucional y legal, más no
la única. Asunto que también se predica de la desobediencia civil.
Un ejemplo de lo anterior,
contemplado en el artículo 4º de la Carta, es la excepción de
inconstitucionalidad. El ejercicio de la misma supone suspender sectorialmente
la aplicación del derecho positivo cuando, en un caso particular, atente contra
el ordenamiento superior. Otro ejemplo, se observa en la posibilidad con que
cuentan los ciudadanos de elevar la acción pública de inconstitucionalidad o de
promover acciones de nulidad por el desconocimiento de la Carta.
También en la esfera política,
precisamente en desarrollo del pluralismo en esta materia, podría afirmarse
que, desde una perspectiva amplia, se encuentran elementos como la posibilidad
de manifestar de manera pacífica y pública cualquier convicción política[39] o fundar
partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna[40], que sin
duda podrían convocar la desobediencia frente a ciertos aspectos del derecho -lo
que, cabe señalar, también facultaría al Estado para sancionarlos en
determinados casos[41]-.
Es más, la desobediencia se haya
incluso enunciada en la Constitución. En efecto, el inciso 1º del artículo 91
consagra que si se presenta una “(…) infracción manifiesta de un precepto
constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de
responsabilidad al agente que lo ejecuta”.
Por lo mismo, puede afirmarse que
la posibilidad de desobediencia supone un elemento dentro del sistema
constitucional colombiano y que existe pluralidad de manifestaciones de ello.
En consecuencia, partiendo de la base de que existe la desobediencia y que ella
es –en ciertos casos- legítima, la objeción de conciencia sería una forma
particular de desobediencia, a la vez que se consolidaría como el ejercicio de
un derecho fundamental, dado que el artículo 18 de la Carta colombiana
expresamente expone que nadie será “(…) obligado a actuar contra su
conciencia”.
Esto es, precisamente, lo que la
diferencia de la desobediencia civil, ya que mientras esta última es un hecho,
aquella es un derecho, dado que de ella sí puede predicarse la estructura de un
derecho subjetivo, como lo es: un sujeto beneficiario, uno o varios sujetos
obligados, y una prestación concreta, relativa a la permisión de abstención
frente a un deber específico y determinado, como lo es la prestación del
servicio militar obligatorio.
3.2.8 En este orden de ideas,
resulta imperioso resaltar que existe un debate inconcluso en torno a si la
objeción de conciencia es una forma de desobediencia civil o se trata de una
manifestación de la libertad diferente a la resistencia frente a ciertas normas[42],
que para doctrinantes como Ortiz Rivas, quién retoma a Peces Barba, se diferenciarían
en que esta última debe hallarse regulada, por lo que se trataría del ejercicio
de una prerrogativa legal. En cambio, la desobediencia civil sería
eminentemente ilegal[43].
Igualmente, según el precitado
autor, la desobediencia buscaría modificar un orden que se considera injusto,
mientras que la objeción de conciencia propugnaría por evitar el cumplimiento
de un deber específico sin cambiar en absoluto el status quo[44].
Adicionalmente, otros autores, diferenciarían la desobediencia en el hecho de
ser colectiva, de la objeción de conciencia que sería individual[45],
a lo cual puede sumársele que la desobediencia –si es considerada de manera
general- sería un género, mientras que la objeción de conciencia, al ser
particular, sería una especie del mismo.
Así las cosas, independientemente
de que sea cuestionable que un objetor de conciencia no busque con su actuación
transformar un orden que considera injusto y –por lo mismo- actúe de manera
política[46], lo cierto es que
conforme con esta lectura, así exista legitimidad en el actuar de la persona,
quien obra contra una orden desde la óptica de la desobediencia civil,
impulsado por motivos éticos o morales, se expone a ser sancionado y asume tal
resultado como una consecuencia plausible frente a su acometer si llega a
considerarse que su desobediencia no resulta justificada[47].
En cambio, tratándose de una desobediencia puntual, como lo es la objeción de
conciencia, al estar reconocida por el ordenamiento jurídico, se estaría
ejerciendo una libertad reconocida e impulsada por el modelo de Estado.
En cambio, para otros autores,
como Castañar Pérez, de la desobediencia como un género, hace parte la objeción
de conciencia como especie. Esto, porque en ambos casos se cuestiona la
legitimidad del poder, que los entes Estatales ostentan, pero que no tienen por
esencia, lo que puede traducirse en la dicotomía entre el poder constituyente y
el poder constituido. Así, en ambos casos, habría un deber exigido que,
precisamente se desobedece por entrar en colisión con una idea moral superior[48].
Es más, incluso después de relatar posturas disímiles como la de Tolstoy, Gandhi,
Rawls o incluso Habermas, este autor indica que la desobediencia civil, y con
ella la objeción de conciencia, puede incluso llegar a rechazar la prestación
de un servicio alternativo, para lo que funda su posición en concepciones
anarquistas que abogarían por la no colaboración con la violencia del Estado[49].
Recapitulando entonces, existe
una controversia en torno a la relación entre la objeción de conciencia,
entendida como una forma de desobediencia particular, y la desobediencia civil.
Independientemente de una conclusión al respecto, pues de lo que se trata en
esta providencia es de resaltar la complejidad de la relación existente entre
obediencia/ deber/ derecho/ desobediencia, es factible indicar que existen
múltiples tipos de desobediencia reconocidos en el ordenamiento jurídico e
incluso por fuera de él, siendo la objeción de conciencia sólo una de esas
posibles manifestaciones. Sin embargo, en relación con ella, puede decirse que
se trata de una desobediencia -a más de particular y concreta- estrechamente
ligada a un derecho fundamental consagrado en la Constitución en los siguientes
términos: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por
razón de sus convicciones o creencias[,] ni compelido a revelarlas[,] ni
obligado a actuar contra su conciencia”.
Es más, independientemente de la
postura que se adopte, lo cierto es que la objeción de conciencia -como ya se
dijo- es susceptible de ser analizada bajo la estructura de los derechos
subjetivos. En cambio, la desobediencia civil es un hecho frente al cual no
podría esperarse una conducta determinable como una prestación concreta por
parte del Estado, como si sucede en aquella, donde se espera que el poder
constituido permita el ejercicio de la objeción de conciencia con la
consecuente permisión de la abstención frente al deber exigido. Por ello, a
juicio de esta Sala, lo anterior se consolidaría en el rasgo que permitiría
distinguir entre una y la otra.
3.2.9 Como se verá a continuación,
y sin que sea necesario establecer una distinción tajante más allá de la
mencionada anteriormente entre desobediencia civil y objeción de conciencia, es
posible encontrar otros elementos que permitan diferenciar ambos tipos de
desobediencia específica, ya que -se reitera- no toda forma de abstención
frente a los deberes jurídicos es legítima y aceptable.
En este sentido, cabe indicar –a
pesar de que no sea necesario que la Corte fije una postura determinada en esta
providencia que permita vislumbrar todas las características de la
desobediencia civil, pues basta con señalar su reconocimiento a la luz de la
declaración de 1948 - que existe un debate inconcluso en torno a si esa
desobediencia contra un ordenamiento ultrajante de los derechos humanos puede o
no ser catalogada como derecho positivo, precisamente por estar y ejercerse por
fuera de los parámetros de esa institucionalidad[50]. Lo anterior debe ser
mencionado, ya que sin duda, en contraposición a ello, la objeción de
conciencia sería el ejercicio de un derecho constitucional que se desprende del
artículo 18 de la Carta Política, al fijar que “Se garantiza la libertad de
conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias[,]
ni compelido a revelarlas[,] ni obligado a actuar contra su conciencia”.
Igualmente, como fue indicado
anteriormente, existen controversias atinentes a si la objeción de conciencia
es una  manifestación de posibles formas de desobediencia civil o se trata de
un asunto esencialmente diferente e incluso apolítico, en parte por su
carácter estrechamente ligado a un derecho reconocido dentro de un
ordenamiento, relativo a la libertad de conciencia y –en algunas
circunstancias- a la libertad de culto. De hecho, este tópico ha sido referido
en la jurisprudencia de esta Corporación. Así, por ejemplo, en la sentencia
T-388 de 2009, se indicó que para diferenciar una de otra, frente a la objeción
“(…) no tiene lugar una apelación a la ruptura de una norma con el
sentimiento de justicia de la comunidad sino que se resiste su aplicación
porque riñe con las propias convicciones morales. Quien ejerce la objeción de
conciencia ¨no invoca la ilegalidad ni busca el cambio de las políticas o de
programas impulsados por un gobierno[51]¨.
Es una persona que ¨se apega al Derecho, pero su observancia le provoca
problemas con sus convicciones morales más íntimas, con su conciencia crítica[52]¨.”
3.2.10 Ahora bien, en esta
providencia, lo anterior se menciona exclusivamente para demostrar lo amplio
del debate que esta cuestión suscita, pues lo cierto es que, independientemente
de la relación posible entre desobediencia civil y objeción de conciencia, esta
última es una manifestación concreta de un incumplimiento a un deber, donde se
puede distinguir con claridad un sujeto beneficiario, uno o unos obligados y
una prestación, asunto que no sucede en la desobediencia civil. Sin embargo, lo
sinuoso de este debate permite enfatizar desde ahora -a pesar de que será
desarrollado más adelante a profundidad- la multiplicidad de justificaciones
que pueden sustentar el ejercicio del derecho y que, por lo mismo, se
relacionan con el pluralismo político en el Estado Social de Derecho, pues –sin
duda- la objeción de conciencia podría justificarse desde la misma óptica de la
desobediencia civil, es decir, la adopción de unas conductas específicas frente
a unas condiciones que se consideran inicuas[53].
La objeción de conciencia
frente al servicio militar.
3.2.11 En relación con el caso
objeto de estudio, y el entendimiento de lo que puede comprenderse por objeción
de conciencia con respecto al servicio militar, lo primero es indicar que
en ella se cuestiona un deber constitucional frente a un derecho de la misma
índole. En cuanto al sustento normativo del derecho, basta decir –como ha sido
reiterado en esta providencia- que el artículo 18 de la Carta estableció que “Se
garantiza la libertad de conciencia. [Por ello] Nadie será molestado por razón
de sus convicciones o creencias[,] ni compelido a revelarlas[,] ni obligado a
actuar contra su conciencia”. A esto se le suma, en ciertos casos la
libertad de culto cuando ella impone a la persona actuar conforme a ciertos
mandatos religiosos, reconocida también en el artículo 19 de la Carta en los
siguientes términos: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene
derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o
colectiva. // Todas las confesiones religiosas e iglesias son iguales ante la
ley”. Se trata así de la configuración, por parte del constituyente, de la
posibilidad de desobedecer un mandato si contraría de manera seria las íntimas
convicciones de la persona.
En este orden, el mencionado
artículo 18 consagra una triple dimensión de la libertad de conciencia que debe
ser resguardada: por una parte, la prohibición de molestar a una persona por
razón de sus convicciones o creencias; por la otra, la proscripción de obligar
a que sean reveladas tales convicciones y, finalmente, la prohibición de
obligar a alguien a actuar en contra de su conciencia. Así pues, estos
elementos deberían ser protegidos siempre que se suscite un conflicto en torno
a la objeción de conciencia, entre ellos, aquellos en los cuales se cuestione
el deber de prestar el servicio militar obligatorio[54].
En cuanto a este último elemento,
la garantía a no ser obligado a actuar en contra de la conciencia, resulta
relevante para el caso objeto de estudio[55], pues implica el derecho
de toda persona de actuar en sociedad conforme a sus convicciones, tornándose
así, precisamente, en el sustento de la objeción en comento. Así, frente a la
plurimencionada obligación de prestar el servicio militar, existiría una
posible contradicción a partir de esta libertad que implica la posibilidad de
actuar siguiendo los postulados de la propia conciencia.
En este orden de ideas, el propósito
inicial para salvaguardar el derecho, siempre y cuando existan razones serias
de desobediencia, supondría la preservación de las propias convicciones sean
ellas de orden ideológico, político, religioso o moral[56]. Pero, sin duda, en
razón a la conciencia crítica del individuo y a la posibilidad de que actúe en
concordancia con sus posturas ideológicas, también se relaciona con el
pluralismo en una sociedad democrática. Por ello, es claro que a la luz del
sistema jurídico colombiano, existe una multiplicidad de justificaciones que
podrían sustentar el ejercicio del derecho.
En este sentido, en la sentencia
T-388 de 2009 se adujo que la democracia pluralista se evidenciaba “(…) al
menos (…) [en] tres dimensiones: ser el reflejo de una sociedad que (i) admite
y promueve de manera expresa el hecho de la diversidad (artículo 7º Superior)[57];
(ii) aprecia de modo positivo las distintas aspiraciones y valoraciones[58]
existentes hasta el punto de proteger de modo especial la libertad religiosa[59],
de conciencia y pensamiento[60] así como la libertad
de expresión[61] y (iii) establece
los cauces jurídicos, políticos y sociales que servirán para dirimir los
posibles conflictos que se presenten en virtud de la diferencias vigentes en un
momento determinado”.
Lo anterior, conlleva a que el
Estado, en respeto al ejercicio del derecho a la libertad de conciencia, se
abstenga de inculcar o proscribir una determinada convicción política.
Igualmente, a esto se le suma que el poder constituido no pueda iniciar
persecución o sanciones en razón a las convicciones de las personas y que de
hecho –al ser consideradas parte del pluralismo- deba promoverlas, salvo que
sus manifestaciones resulten ilegales, caso en el cual no perseguiría las ideas
en sí mismas consideradas, sino la manera como ellas son exteriorizadas, por
ejemplo, si se muestran de manera violenta. Tratándose de la objeción de
conciencia frente al servicio militar, es claro que al tratarse del ejercicio
de un derecho fundamental, el Estado no podría ni perseguir a tales objetores,
ni ser permisivo sólo con determinadas justificaciones, ni sancionar las
manifestaciones que de sus convicciones tengan las personas, siempre y cuando
no transgredan los derechos de los demás.
3.2.12. En cuanto a la manera
como ha sido entendida la objeción de conciencia en la jurisprudencia
constitucional, esta Corporación, en la sentencia C-728 de 2009[62],
expuso que “(…) En general, (…) la objeción de conciencia se presenta cuando
el cumplimiento de la normatividad vigente exige por parte de las personas
obligadas a acatarla un comportamiento que su conciencia prohíbe. En otras
palabras, (…) la objeción de conciencia supone la presencia de una discrepancia
entre la norma jurídica y alguna norma moral. Siguiendo a Venditti, la
Corporación[63]
ha definido la objeción de conciencia, como ¨la resistencia a obedecer un
imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que
impide sujetarse al comportamiento prescrito¨[64]”.
En este orden de ideas, se apuntó
en la misma providencia que “(…) La jurisprudencia constitucional ha
destacado la existencia de un claro nexo entre la objeción de conciencia y la
libertad de pensamiento, la libertad religiosa y  la libertad de conciencia,
(…) ¨ hasta el punto de poder afirmar que la objeción de conciencia resulta
ser uno de los corolarios obligados de estas libertades¨[65]. [Desde]
esa perspectiva, ¨(…) existe un escenario de realización humana dentro
del cual las interferencias estatales o son inadmisibles o exigen una mayor
carga de justificación. Así, quien objeta por razones de conciencia goza prima
facie de una presunción de corrección moral. El Estado, debe, entretanto,
aportar los argumentos que justificarían una intervención en este campo en
principio inmune a cualquier interferencia¨[66]”
Entonces, independientemente de
si se le observa como manifestación de convicciones individuales o
materialización del pluralismo político, la objeción de conciencia se presenta
cuando la observancia de una norma jurídica vigente, exige de parte de los
obligados a obedecerla un comportamiento que su conciencia censura. En todo
caso, la discusión en torno a la aplicación de la objeción de conciencia, surge
como un problema de afectación de derechos fundamentales, pero también en
relación al pluralismo ideológico y político que hace parte consustancial del
Estado democrático. Aspectos ambos que han sido reconocidos por la
jurisprudencia de esta Corporación[67].
Limitaciones a la objeción de
conciencia.
3.2.13 Ahora bien, es claro que
existe la posibilidad de desobedecer un deber constitucional como lo es la
prestación del servicio militar obligatorio por razones de conciencia, sin
embargo, esto no puede ser tenido por un absoluto frente a la exigibilidad de
esta obligación. Por lo mismo, es un derecho limitable, pues de lo contrario no
podría haber presupuestos vinculables para las personas sometidas al Derecho.
En este sentido, en la
providencia previamente aludida se señaló que “(…) En la base de esos
deberes está la idea misma de sometimiento al Derecho y la obligatoriedad de la
que son revestidos obedece a la consideración de que si cada persona pudiese,
según los dictados de su conciencia, decidir cuáles normas acata y cuáles no,
se desvertebraría el orden y se haría imposible la existencia de la comunidad
organizada”. Por ende, la pregunta a resolver supone saber cuándo es
posible que una persona se sustraiga del cumplimiento de un deber por motivos
de los dictámenes de su conciencia -como lo sería el servicio militar
obligatorio-, dado que “(...) la objeción de conciencia encuentra límites en
los derechos de los demás y en la existencia de deberes jurídicos vinculados a
aspectos como los requerimientos del orden público, la tranquilidad, la
salubridad  o la seguridad colectivas”.
Precisamente, frente a este
aspecto, citando a Escobar Roca[68], en un asunto en el que
se cuestionaba la libertad de conciencia de un funcionario judicial frente a
prácticas de interrupción voluntaria del embarazo[69], la Corte justificó el
estudio del conflicto de conciencia desde el límite propio del derecho del
objetor. Así, expuso que “[e]l problema surge cuando la exteriorización de
las propias convicciones morales con el propósito de evadir el cumplimiento de
un deber jurídico interfiere el ejercicio de los derechos de otras personas.
Dicho en otros términos: cuando con el ejercicio de la objeción de conciencia
se obstaculiza el ejercicio de los derechos de terceras personas, entonces el
asunto se convierte en un problema de límites al ejercicio de derechos fundamentales,
esto es, ‘en un problema de colisión entre el derecho individual y los valores
y principios, derechos o bienes protegidos por el deber jurídico[70]´”.
A pesar de lo anterior, la tensión
entre derechos de terceros y la objeción de conciencia no puede ser la única
razón que limita el derecho, pues en el caso de la prestación del servicio
militar obligatorio no se vería de manera clara tal relación con dichos
derechos. En este punto, vale la pena reiterar que, como ejercicio de un
derecho fundamental, la objeción de conciencia podría ser limitada por razones
vinculadas al orden público, a la tranquilidad, a la salubridad y a la
seguridad. Se trata entonces de una tensión entre un deber y un derecho, siendo
relevante determinar cómo armonizarla con los mandatos constitucionales. Para
liberarla, esta Corporación ha sido clara en indicar que se requieren
ejercicios de ponderación de la libertad de conciencia con los deberes
jurídicos que tienen las personas, para concluir que, eventualmente, a la luz
de las circunstancias de cada caso, éstos pueden prevalecer sobre aquella[71].
Este ejercicio de ponderación, en
todo caso relacionado con el hecho de que las limitaciones al ejercicio de un
derecho fundamental no pueden ser acérrimas ni arbitrarias, tendría que tener
en cuenta, de un lado, la índole o el origen de la censura individual frente al
deber objetado, la responsabilidad con que es asumido y la consecuente
afectación al sujeto en caso de no acatar los mandatos de sus convicciones. Lo
anterior, por otro lado, tendría que compararse con la transcendencia del deber
jurídico que se pretende inobservar y las circunstancias en las que tal
obligación se desarrollaría.
3.2.14 Para este caso, resulta
imperioso el hecho de que la obligación de prestar el servicio militar no sea
absoluta. Como ya se ha dicho, el mismo legislador aceptó expresamente ciertas
exenciones al cumplimiento del mismo, que -por lo demás- fueron habilitadas por
el Constituyente en el último inciso del artículo 216 al establecer que “La
ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar
y las prerrogativas por la prestación del mismo”. Igualmente su
incumplimiento no vulnera de manera directa bienes fundamentales de las
personas, como sería -por ejemplo- el incumplimiento del deber contemplado en
el numeral 8º del artículo 95 de la Constitución, relativo a la protección de
los recursos naturales del país y a la conservación del ambiente sano[72].
Adicionalmente, otro aspecto que
ahondaría más en que la prestación del servicio militar sea una obligación
constitucional relativa, se observa en el hecho de que es posible sustituirla
por otra prestación que sea determinada según las necesidades de la solidaridad
nacional y materializada en servicios alternativos.
Por lo anterior, para el análisis
en un caso de ponderación relacionado con el ejercicio de la objeción de
conciencia, ha de tenerse en cuenta que la trascendencia de la obligación
atinente a la prestación del servicio militar es relativa y no absoluta. Siendo
este aspecto, sin duda, un elemento crucial para comprender las circunstancias
en que a la luz de la Constitución puede ser cumplida la plurimencionada
obligación.
3.2.15 En cambio, y sin que esto
implique suponer que se trata de un derecho absoluto, la libertad de conciencia
no fue expresamente limitada en el artículo 18 de la Carta –ni tampoco lo fue
la libertad de culto-, aunque su ejercicio también deba respetar los parámetros
constitucionales de una democracia pluralista, como sería, por ejemplo, el
hecho de no ser difundida de manera violenta, ya sea hacia las personas o hacia
los bienes, o que deba ejercerse respetando los derechos de terceros.
Como quiera que la objeción de
conciencia se encuentra estrechamente relacionada con los mencionados derechos
fundamentales (libertad de conciencia y de culto), es claro que tales
parámetros también son aplicables a ella. Por ende, se trata así de un derecho
que se contrapone a una obligación que admite tanto a nivel constitucional como
legal limitaciones y que puede ser remplazada por otro servicio alternativo.
Por lo mismo, se puede señalar sin hesitación alguna que si la objeción es
sincera y se encuentra fundada en razones que demuestran que la persona debe
eludir sus obligaciones militares, la posibilidad de materializar frente a la
sociedad la conciencia prima sobre el deber del servicio militar.
Conclusión de este apartado.
3.2.16. En suma, la complejidad
del asunto que la Corte aborda en esta providencia -en especial las relaciones
de la desobediencia generalizada y dos tipos de desobediencia específica, como
son la objeción de conciencia y la desobediencia civil-, hace imposible
pretender abarcar su totalidad. Sin embargo, resulta relevante indicar que en
el modelo constitucional colombiano la existencia de deberes no conlleva la
preeminencia de ellos frente a los derechos fundamentales, pues la primacía de
estos últimos es -por antonomasia- un rasgo central en el Estado Social de
Derecho.
Entonces, en razón a que no se
espera una obediencia ciega e irreflexiva de las personas, la desobediencia de
los deberes constitucionales y legales puede encontrar legitimidad,
cuando estos últimos entren en tensión con los derechos fundamentales, con la
dignidad humana y con el pluralismo que hace parte esencial del Estado
colombiano. En este sentido, una manifestación de tal desobediencia es la
objeción de conciencia que, como ejercicio de un derecho fundamental, se
encuentra reconocida dentro del ordenamiento jurídico patrio y debe ser
entendida como la abstención frente a un deber constitucional o legal con
fundamento en convicciones que para la persona resultan indubitables,
esenciales y estrechamente ligadas a su modelo de vida. Igualmente, si bien la
desobediencia civil puede encontrar legitimidad frente a regímenes que
vilipendien los derechos fundamentales, se diferencia de la objeción de
conciencia al no poder ser comprendida bajo la estructura de los derechos
subjetivos, tratándose así de un hecho y no un derecho.
Con todo, el reconocimiento de
estas dos formas específicas de desobediencia no conlleva a que toda abstención
frente a los deberes jurídicos sea legítima o aceptable, pues de reconocer tal
postulado radical se contrariaría la existencia misma de un ordenamiento
jurídico, que prescribe y proscribe comportamientos en procura de la
convivencia social.
Ahora bien, en razón a que
también resulta inmanente a un ordenamiento jurídico la obediencia, el derecho
fundamental en comento, es decir la objeción de conciencia, puede ser limitado.
Esto, en procura de la garantía de los derechos a los demás, pero también con
fundamento en aspectos atinentes al orden público, la tranquilidad, la
salubridad o la seguridad. En este sentido, tratándose del servicio militar
obligatorio, es imperativo resaltar que se trata de una obligación
constitucional relativa, pues expresamente admite exenciones. Este aspecto
resulta crucial para efectuar una ponderación al momento de analizar el
ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia, relacionado con
la libertad de conciencia y –en ciertos casos- con la libertad de culto, ya que
–de un lado- se tiene la trascendencia del deber y las circunstancias en que ha
de desarrollarse, y -del otro- el origen de las convicciones, la
responsabilidad con que son asumidas y la gravedad de la afectación a la
persona de obligarla a actuar en contra de su conciencia. Aspectos estos que
son abordados a continuación.
3.3 Elementos
jurisprudenciales para que el amparo de la objeción de conciencia prospere, en
especial el contenido del debate ético moral que entra en contradicción con el
deber constitucional y legal de prestar el servicio militar obligatorio.
3.3.1 El artículo 86 de la
Constitución establece que “Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar (…) la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Tratándose de la
objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, es claro que tal
actuación vulneratoria supondría que las autoridades estatales pertenecientes a
la fuerza pública impusieran de manera injustificada el cumplimiento del deber
constitucional por encima de las convicciones serias y fundadas de una persona
en contra del mismo.
Pero esto supone que –tratándose
de la objeción de conciencia para la prestación del servicio militar
obligatorio- el afectado tiene el deber de informar a las autoridades su
condición de manera expresa, pues de lo contrario, tal actuación vulneratoria
no podría consolidarse. Si bien lo anterior podría entrar en colisión con el
postulado constitucional atinente a que nadie será compelido a revelar su
conciencia, lo cierto es que se trata de un mandato mínimo si lo que se quiere
es ejercer un derecho frente a una obligación constitucional que, a pesar de
ser relativa, también se encuentra revestida de importancia para el colectivo.
Por ende, la exigencia de comunicación, se torna en una carga soportable para
ejercer la objeción de conciencia frente al servicio militar.
Así pues, en principio, podría
suponerse que tal deber de informar debería ser materializado antes de ingresar
a las filas de la fuerza pública, dado que tratándose de la obligación de
definir la situación militar, el artículo 14 de la Ley 48 de 1993 contempla que
“Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su
situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de
edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o
aplazamiento (…)”. Por ello, si la objeción de conciencia se consolida como
una causal constitucional de exención al aludido servicio, también debería –por
analogía- seguir las reglas que el legislador estipuló en la mentada
normatividad, hasta tanto no sean proferidas las disposiciones que regulen la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Sin embargo, en
reciente jurisprudencia, esta Corporación asumió la posibilidad de que una
persona informe a las autoridades su condición de objetor de conciencia estando
en las filas de la fuerza pública.
En efecto, en la sentencia T-018
de 2012[73], el objetor de
conciencia al servicio militar informó por escrito su condición tras haber sido
reclutado por el ejército. Al resultar esta posibilidad más garantista para las
personas que se opongan a la aludida obligación con sustento en sus
convicciones y en razón a que se trata del ejercicio efectivo de un derecho
fundamental –como lo es la libertad de conciencia y la libertad de culto- es
claro que debe ser aplicada, siempre y cuando el término entre el reclutamiento
y la información sea prudencial. Asunto este último que deberá ser analizado en
cada caso en concreto. Con todo, cabe precisar que sobre la objeción
sobrevenida existen en la actualidad escritos académicos que desarrollan la
posibilidad de que el individuo, que anteriormente aceptaba tomar las armas,
cuestione –tras vivir la experiencia castrense- la permanencia y vinculación a
instituciones como el ejército[74]. Y esto puede ser
legítimo, en el entendido de que la conciencia de la persona varía según sus
experiencias, siguiendo también las posibilidades de su propio raciocinio
transformado por el camino que haya decidido recorrer en su vida.
3.3.2 Ahora bien, a más de lo
anterior, siguiendo lo señalado en relación con la ponderación que para estos
casos se hace necesaria y que se circunscribe -de un lado- a la trascendencia
del deber impuesto y a las circunstancias en que es exigido, y -del otro- al
origen de la convicción, a la responsabilidad con que es asumida y a la
afectación que conllevaría para la persona el cumplimiento de la obligación, es
necesario mencionar qué se espera de esos aspectos.
En primer lugar, como ya fue referido
en esta providencia, el servicio militar no es una obligación absoluta, sino
que expresamente admite exenciones, ya sea en cualquier momento o en tiempo de
paz. Por lo mismo, este es un elemento a tener en cuenta, pues incide en la
trascendencia del deber exigido.
En segundo lugar, el origen de
las convicciones no implica que ciertas ideas sean más o menos válidas o
relevantes para el Estado o para la sociedad. Suponer lo contrario, esto es, la
legitimidad de ciertas convicciones por encima de otras, conllevaría a negar la
pluralidad ideológica que es consustancial al Estado Social de Derecho
colombiano. Por ello, tal origen sólo ha de tenerse en cuenta para determinar
la responsabilidad de quien alega ser objetor frente a esas ideas. Así, por ejemplo,
si una persona aduce que en razón a sus creencias religiosas no puede prestar
el servicio militar, pero no muestra actuaciones en su vida diaria conforme a
tales convicciones, difícilmente podría aceptarse que se trata más que de un
oportunista que pretende alivianar las cargas sociales que le son exigibles. Lo
mismo se predica de la afectación que puede sufrir la persona. Si las ideas que
sustentan su objeción no son esenciales en su vida, al carecer de actuaciones
serias que se acomoden a su conciencia, la prestación del servicio militar
sería una carga sin duda soportable. Con todo, estos aspectos han de ser
determinados en cada caso concreto.
3.3.3 Así, para liberar la
posible tensión entre las convicciones de la persona y el deber de prestar el servicio
militar -asunto que se relaciona con elemento de  la afectación a la persona
por la exigencia del deber frente a las convicciones-, la Corte indicó que
aquellas han de “(…) ser profundas, fijas y sinceras, para que sean de una
entidad tal que realmente se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de
religión”[75]. A más de ello,
con respecto a la responsabilidad con que son asumidas, deben obedecer a un
comportamiento exteriorizado, que trascienda a la acción. De lo contrario, si
tales convicciones permanecen en la esfera íntima de la persona, bien pueden
seguir ahí cuando le sea exigido el cumplimiento del deber constitucional
atinente al servicio militar obligatorio.
Lo anterior, significa, en
términos de la referida sentencia C-728 de 2009, lo siguiente: “(…) Que sean
profundas implica que no son una convicción o una creencia personal
superficial, sino que afecta de manera integral su vida y su forma de ser, así
como la totalidad de sus decisiones y apreciaciones. Tiene que tratarse de
convicciones o creencias que formen parte de su forma de vida y que condicionen
su actuar de manera integral. // Que sean fijas, implica que no son móviles,
que no se trata de convicciones o creencias que pueden ser modificadas fácil o
rápidamente. Creencias o convicciones que tan sólo hace poco tiempo se alega
tener. // Finalmente, que sean sinceras implica que son honestas, que no son
falsas, acomodaticias o estratégicas. En tal caso, por ejemplo, el comportamiento
violento de un joven en riñas escolares puede ser una forma legítima de
desvirtuar la supuesta sinceridad, si ésta realmente no existe”.
3.3.4 Así las cosas, el objetor
de conciencia debe informar a las autoridades los motivos por los cuales la obligación
del servicio militar riñe con sus convicciones y  por qué éstas son profundas,
fijas, sinceras y colisionan con la obligación constitucional de prestar el
mismo. Una vez informado lo anterior, las autoridades de reclutamiento tendrán
la carga de desvirtuar tales elementos mediante un acto motivado,
controvertible en todo caso ante el juez constitucional, quien –en caso de ser
llamado a intervenir- deberá resolver el caso particular a través de una
ponderación que determine la responsabilidad con que es asumida la convicción
que presuntamente impide la prestación del servicio militar, así como la
afectación que podría derivarse para la persona de ser impuesto el cumplimiento
de tal deber.
3.3.5 Volviendo al origen de las
convicciones, como ya se dijo, no puede partirse de la falsa idea de que
existen ciertas posturas ideológicas que resultan más válidas o legítimas que
otras, sin que lo anterior implique que todas son igualmente defendibles o
sobrevivan un debate racional de la misma manera. Esto conlleva entonces a una
diversidad plausible de móviles que sustenten las razones por las cuales la
prestación del servicio militar puede reñir con la conciencia del individuo[76].
Por ello, tampoco sería válido suponer que sólo las cosmovisiones religiosas
pueden ser el sustento de la objeción de conciencia, ya que si la máxima del
pluralismo democrático es la conjunción de voluntades disímiles de los
ciudadanos, las convicciones sociales no pueden ser delimitadas a tales concepciones.
En este sentido, en razón a la
relación entre objeción de conciencia, dignidad humana, derechos fundamentales
y pluralismo político, es claro que las convicciones que llevan a la persona a
objetar conciencia frente al servicio militar obligatorio pueden ser de diversa
índole. Así, en la sentencia C-728 de 2009 se indicó que “(…) pueden ser de
carácter religioso, ético, moral o filosófico. [Esto, dado que] Las normas
constitucionales e internacionales, como fue expuesto, no se circunscriben a
las creencias religiosas, contemplan convicciones humanas de otro orden, que
estructuran la autonomía y la personalidad de toda persona”.
3.3.6 Este punto relativo a la
pluralidad de orígenes de las concepciones que llevan a la persona a oponerse a
la prestación del servicio militar, puede ser ampliado a partir de un análisis
de lo que ha dicho parte de la doctrina en relación con la desobediencia vista
desde la óptica de la no violencia. A primera vista, podría afirmarse –de
manera equivocada- que esta última se relaciona inseparablemente con el
pacifismo, por lo que una persona que alegara ser no violenta debería también
actuar de manera pacífica en su vida diaria. Sin embargo, Castañar Pérez expone
que pueden ser descritas al menos dos extremos de la no violencia: una que
partiría de una visión ética frente a la violencia, que él denomina holística,
y otra que propugnaría por la efectividad trasformativa de la desobediencia no
violenta, que denomina pragmática, pero que no necesariamente parte de una
perspectiva pacifista[77].
Sobre este plano, habrían niveles
o grados de ejercicio de la no violencia, independientemente del plano
holístico o pragmático: uno personal, uno interpersonal y otro sociopolítico.
En el grado personal, la ética de la no violencia abarcaría todas las facetas
de la vida. En el interpersonal, la no violencia estaría dada también en las
relaciones diarias con otras personas, como manifestación del compromiso ético,
pero dejando que la violencia  ejercida por instituciones que la ostenten de
manera legítima se manifieste. Finalmente, el nivel sociopolítico, donde a
partir del ejercicio de la no violencia se buscaría la transformación social.
En este último plano cabrían ambos extremos de la no violencia indistintamente,
ya sea el holístico o el pragmático, siendo sólo el primero de ellos pacifista.
En este sentido, vale la pena
resaltar que para el mencionado autor la no violencia, que podría a juicio de
esta Sala sustentar la objeción de conciencia de una persona, no implica
inacción, pero tampoco pacifismo. Esto, en razón a que la visión pragmática de
la no violencia podría sustentarse en que quien la ejerce no tendría que
condenar cualquier forma de resistencia violenta, como la legítima defensa[78].
Por supuesto, lo anterior no supone que el Estado deba abstenerse de sancionar
cualquier manifestación violenta, dado que una cosa es la convicción del
individuo y otra muy distinta la tolerancia frente a su manifestación que, en
caso de afectar derechos de terceros de manera desproporcionada, puede ser
reprimida.
3.3.7 Lo anterior, es decir, la
pluralidad de convicciones que pueden impulsar actuaciones no violentas, sirve
de ejemplo para mostrar las múltiples convicciones que permitirían objetar -por
móviles de conciencia- el servicio militar.
Así pues, si son varios los
motivos por los cuales puede objetarse el cumplimiento de un deber por causa de
la conciencia, en razón al pluralismo inmanente al Estado Social de Derecho
colombiano, en principio, cualquiera de ellos podría ser sustento legítimo del
ejercicio del derecho en comento. En este orden de ideas, lo único que se exige
es que tales motivos sean serios, sinceros, profundos y fijos, y que se vean
gravemente afectados por el deber constitucional de prestar el servicio militar
obligatorio. Asunto diferente supone tener en cuenta el origen de las
convicciones alegadas como sustento de la objeción, dado que con ello no se
cuestiona la validez de las ideas, sino que se trata de un punto de partida
analítico para determinar si la persona invoca realmente su conciencia o se
sirve de las potencialidades de un derecho fundamental para, de manera
oportunista, librarse del cumplimiento de una obligación constitucional. En
este sentido, como fue señalado anteriormente, vale la pena recordar que no
toda forma de desobediencia se encuentra justificada a la luz del derecho.
Un ejemplo de lo anterior serían
las convicciones religiosas, que deben ser exteriorizadas para determinar la
responsabilidad con que una persona sigue tales postulados. Así, si es claro
que la persona por móviles religiosos se opone a la prestación del servicio
militar, resultaría contrario a la Constitución -independientemente del
carácter laico del Estado Social de derecho colombiano- imponerle la prestación
del servicio militar. Es más, “(…) sería incongruente que el ordenamiento,
de una parte garantizara la libertad religiosa, y de otra se negara a proteger
las manifestaciones más valiosas de la experiencia espiritual, como la relativa
a la aspiración de coherencia a la que apunta el creyente entre lo que profesa
y lo que practica. Este elemento que puede pertenecer al núcleo esencial de la
libertad religiosa, define igualmente una facultad que es central a la libertad
de conciencia, que refuerza aún más la defensa constitucional de los modos de
vida que sean la expresión cabal de las convicciones personales más firmes””[79].
En este mismo sentido se ha
pronunciado recientemente esta Corporación. En efecto, en la T-018 de 2012[80]
se analizaron los tópicos en relación a la cosmovisión cristiana del actor.
Así, se determinó que si sus convicciones y/o creencias, “(…) i) definen y
condicionan su conducta mediante manifestaciones externas y comprobables de su
comportamiento; ii) son profundas; iii) son fijas; y iv) son sinceras”, hay
lugar a que la persona sea exenta de la prestación del servicio militar.
A continuación la Sala que conoció ese asunto consideró que en razón a la
cultura de la no violencia y a las convicciones cristianas del demandante, era
claro que tales elementos se cumplían a cabalidad y que, adicionalmente, se
evidenciaban en los disímiles elementos probatorios existentes en el proceso.
En consecuencia, se decidió amparar los derechos a la libertad de conciencia,
de cultos y de religión y ordenar la desincorporación del actor y la expedición
de la respectiva libreta militar. Lo anterior, a pesar de que el gestor del
amparo informó su condición de objetor de conciencia de manera sobreviniente,
pues ya había sido incorporado a las filas cuando lo comunicó a las autoridades
castrenses.
Otro punto central en la
providencia previamente mencionada, radicó en que expresamente se indicó que,
en razón a que existe la posibilidad de objetar conciencia frente a la
prestación del servicio militar obligatorio –condición que no depende de
reglamentación alguna- las personas, al informar tal condición, tienen derecho
a que su información atinente a ser objetores de conciencia sea tramitada de
forma imparcial y neutral. Igualmente, tienen el derecho de que sean respetadas
las reglas del debido proceso.
3.3.8 Por lo demás, cabe indicar
que esta Corporación, conciente de la omisión legislativa absoluta que reviste
la materia de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio,
exhortó al Congreso de la República para que llenara tal vacío. Sin embargo, la
ausencia de regulación legal no es óbice para que las personas puedan ejercer
el derecho, aspecto que también fue señalado en la sentencia C-728 de 2009,
donde se dijo “(…) que en el concepto de objeción de conciencia confluyen
dos aspectos distintos, puesto que, por un lado, está el derecho constitucional
que tiene una persona a no ser obligada a actuar en contra de su conciencia o
de sus creencias y, por otro, el procedimiento que debe establecer el
legislador en orden a puntualizar las condiciones requeridas para que se
reconozca a una persona su condición de objetor de conciencia al servicio
militar. El primero es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento, cuyo
goce efectivo, como se ha dicho, puede ser garantizado por el juez de tutela.
El segundo es un desarrollo legal que en Colombia no existe. No obstante, el
cumplimiento del primer derecho no puede depender de la existencia del
procedimiento legal para que se reconozca a alguien su condición de objetor”.
A más de lo anterior, el decreto
2591 de 1991, contempló en el artículo 41 que “(…) no se podrá alegar la
falta de desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político para
impedir su tutela”, por lo que resulta inadmisible controvertir el
ejercicio del mencionado derecho ante la presencia de la referida omisión
legislativa absoluta. En este sentido, cabe indicar que conforme con los
postulados constitucionales, la libertad presupone la posibilidad de desplegar
cualquier comportamiento, salvo aquellos expresamente prohibidos por la Ley o la
Constitución, sin que esto sea óbice para reiterar la importancia del respeto a
los derechos de los demás y la relevancia del cumplimiento de los deberes
contemplados en el ordenamiento jurídico para la convivencia.
3.3.9 Entonces, el juez
constitucional, de manifestarse una conducta atentatoria contra la libertad de
conciencia, concretamente contra la posibilidad de objetar un deber relativo
como lo es la prestación del servicio militar, tiene el deber de proteger el
derecho invocado, independientemente del origen de las convicciones que
sustentan tal objeción -ya sean morales, religiosas, filosóficas, políticas o
de otra índole-, y de que no exista un marco establecido por el poder
legislativo que regule el ejercicio de este derecho fundamental. Para ello,
efectuando una ponderación, ha de determinar si realmente la persona asume las
convicciones que alega tener y la afectación que acarrearía imponerle el
cumplimiento de la aludida obligación. En consecuencia, ha de determinar si las
razones invocadas son profundas, fijas, serias y sinceras. Una forma de
llevarlo a cabo, es cotejando los principios que aduce la persona como
constitutivos de la objeción presentada –a partir de la índole y del origen de su
convicción- y compararlo con los comportamientos externos que en desarrollo de
ella ha tenido.
4. Caso concreto
4.1 Harold Germain Hernández
García instauró acción de tutela contra el Batallón de Infantería No. 22
-“Batallón Ayacucho”-, por considerar que sus derechos fundamentales a la
libertad de conciencia y a la libertad de culto le estaban siendo conculcados
al obligarlo a prestar el servicio militar obligatorio.
Adujo que sus convicciones,
sustentadas en principios éticos, morales y religiosos, adquiridos a partir de
su formación familiar y de su relación con la iglesia (aunque no especificó a
qué culto se refería), le hacían objetar conciencia ante tal deber. En este
sentido, alegó que cualquier vinculación con la fuerza pública suponía
colaborar con la guerra y, por lo mismo, con la muerte de otras personas. Sin
embargo, relató que su padre lo obligó a presentarse para cumplir el servicio
militar, momento en el cual no estudiaba y se encontraba desempleado. Igualmente,
alegó que su madre era pensionada, por lo cual -afirmó- intentó que lo
desacuartelaran.
Relató también que
sicológicamente no era apto para prestar el servicio militar. Sin embargo, tras
mencionar que un compañero suyo se suicidó, alegó que fue llevado en contra de
su voluntad a una clínica, ante lo cual, su padre, ayudó para que fuera dado de
alta. Adicionalmente, arguyó que en razón a su desesperación por el
cumplimiento de la obligación constitucional aludida, antes de jurar bandera,
se escapó del batallón. Igualmente, mencionó que volvió al mismo ante la
promesa de que sería desacuartelado. Sin embargo, le indicaron que tenía que
continuar con la prestación del servicio militar, a pesar de que había iniciado
estudios de bachillerato.
4.2 Por su parte, el comandante
del batallón de infantería demandado, tras oponerse a las pretensiones del
actor, apuntó que el señor Hernández se presentó voluntariamente al
procedimiento de conscripción y que fue encontrado apto por varios médicos y
psicólogos.  Adujo además, que el actor en ningún momento expresó su alegada
condición de objetor de conciencia, ni presentó certificaciones sobre el estado
de salud de su madre. A pesar de ello, tal condición no lo eximiría del
servicio militar, pues tiene cuatro hermanos.
En relación con el estado de
salud del actor, apuntó que no era cierto que él hubiese sido llevado a la
fuerza a las instalaciones de sanidad del ejército, pues había manifestado con
anterioridad su intención de acabar con su vida. A más de ello, por voluntar
propia, el actor decidió suspender el tratamiento médico. Adujo,
adicionalmente, que le fueron concedidos permisos al señor Hernández, frente a
los cuales su padre asumió la responsabilidad en razón al estado de salud
mental de su descendiente. Sin embargo, una vez terminados, el actor no se
presentó de manera puntual al batallón. Al ser tardía su presencia, le fue
informado que su situación tendría que ser analizada bajo los parámetros del
régimen disciplinario interno y que podía  tener consecuencias penales -por el
punible de deserción-, dado que se ausentó por más tiempo del permitido.
Finalmente, argumentó que la
objeción de conciencia solo operaba “(…) con respecto a los llamados deberes
relativos (derecho al agua, aire, alimento, abrigo, albergue, etc)” (Cuad.
1, folio 19), por lo que no podría ser ejercida frente al servicio militar
obligatorio. Así las cosas, a su parecer, sólo ante la configuración de
causales legales de exención, podría abstenerse del cumplimiento de la aludida
obligación.
Ahora bien, con posterioridad al
Auto de doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010) –referido en los
antecedentes de esta providencia- la Jefatura de Reclutamiento de la Zona
Octava intervino en este proceso. De lo mencionado por tal autoridad pública,
vale la pena señalar que expuso expresamente que el actor nunca informó su
calidad de objetor de conciencia. Por lo mismo, el señor Hernández no sustentó
las alegaciones relativas a las contradicciones que suponen la prestación del
servicio militar, ni indicó por qué sus convicciones -al ser profundas y
sinceras- riñen con tal deber.
4.3 Así las cosas, la Sala debe
indicar que existen en el presente caso dos aspectos a analizar. Por una parte,
la alegada objeción de conciencia presentada por el actor y, por la otra, las
demás circunstancias que aduce el demandante como causales de exención al
servicio militar obligatorio, como lo son el estado de salud de su madre, su
alegada condición de bachiller y su estado sicológico.
Sin embargo, de la petición
expresa elevada ante el juez constitucional por parte del actor, se desprende
que el motivo central que lo llevó a instaurar la acción de tutela radicó en
que a su parecer se le está afectando su derecho fundamental a la libertad de
conciencia en relación, también, con la libertad de culto. En efecto, el gestor
del amparo adujo que si no era desacuartelado, se le afectaba su proyecto de
vida, que –amén de seguir estudiando y no desamparar a su madre- suponía no ser
“(…) partícipe de actos bélicos que tengan que ver con la guerra” (Cuad.
1, folio 3). En este sentido, como quiera que el proyecto de vida alegado se
relaciona con la participación en la fuerza pública en cumplimiento de un deber
constitucional, debe la Sala determinar si en este caso se le afectan o no los
mencionados derechos fundamentales. A esto se suma, como ya se dijo, que la
presente providencia tiene por objetivo aclarar el alcance del derecho
fundamental a la objeción de conciencia, ante la ausencia de regulación aún no
superada frente al tema, a pesar del exhorto dispuesto en la sentencia C-728 de
2009.
4.4. Pues bien, para determinar
lo anterior, es menester efectuar el juicio de ponderación referido en las
consideraciones generales de esta providencia –a más de esclarecer si el actor
informó o no sobre su pretendida condición-, para establecer si Harold
Hernández debe ser exento de la prestación del servicio militar obligatorio en
razón a su calidad de objetor de conciencia. Así, de un lado, debe tenerse en
cuenta la trascendencia del deber exigido y las circunstancias en que deberá
ser cumplido; mientras que, del otro lado, habrá que estudiarse la naturaleza u
origen de las concepciones que fueron indicadas como sustento de la referida
objeción, la responsabilidad con que son asumidas –observando si han sido o no
exteriorizadas- y la afectación al demandante en caso de que le sea impuesto el
cumplimiento del mentado deber -analizando si los alegatos del actor obedecen a
ideas profundas, fijas, serias y sinceras-.
4.4.1 Como fue indicado con
anterioridad, la prestación del servicio militar no es una obligación absoluta,
como erradamente lo señaló el comandante del Batallón de Infantería demandado,
quién adujo de manera categórica que no se trataba de aquellos deberes
relativos. Esto, en razón a que –tal y como fue expuesto en las consideraciones
generales de esta providencia-, existen exenciones legales y constitucionales frente
a la aludida obligación, siendo una de ellas el ejercicio legítimo de la
objeción de conciencia. Por lo mismo, es claro que este tipo de desobediencia
específica, es decir, la objeción de conciencia, puede ser ejercida en Colombia
frente al servicio militar obligatorio y que se trata de un derecho fundamental
que, a pesar de no haber sido regulado aún por el legislador, tiene cabida en
el ordenamiento jurídico patrio.
Lo anterior incide en el juicio a
efectuar frente a las alegaciones del demandante, pues la trascendencia del
mencionado deber ha de entenderse también desde la perspectiva que lo
circunscribe a un deber relativo. Ahora bien, como quiera que el demandante
adujo que el solo hecho de participar de cualquier forma en el servicio militar
afectaría su vida, las circunstancias en que debería desarrollarse la
prestación de tal deber –ingreso a filas, porte de armas, obediencia a órdenes,
etc.- deberían ser analizada en su conjunto. Esto, dado que no se trata de una
persona que mencione, exclusivamente, que objeta el uso de las armas, mas no el
porte de un uniforme. Por ello, para este caso, las circunstancias en que se
presta el servicio militar deben tenerse en cuenta como especialmente gravosas
para la persona.
4.4.2 Sin embargo, de los medios
probatorios obrantes en el expediente, a juicio de esta Sala, el actor no debe
ser tenido por un objetor de conciencia y, por lo mismo, la desobediencia que
pretende justificar no resulta aceptable. Como se verá a continuación, de la
ponderación frente a este caso, es claro que el señor Hernández no cumple los
requisitos jurisprudenciales necesarios para que sea exento de la prestación
del servicio militar por razones de conciencia y de su libertad de culto. A más
de ello, cabe indicar que  no se evidencia que el demandante haya informado de
alguna manera a la autoridad pública demandada su presunta condición de objetor
de conciencia.
4.4.3 En este sentido, en cuanto
al origen de las convicciones, el demandante adujo que se sustentaban en ideas
fundadas en principios éticos, morales y religiosos (Cuad. 1, folio 1). Es
claro que se trata así de afirmaciones genéricas, difícilmente comprobables.
Esta omisión conlleva a que resulte imposible determinar la responsabilidad con
que el actor asume las supuestas convicciones que riñen con el deber
constitucional de prestar el servicio militar, así como la gravedad con que tal
obligación lo afecta. Sin embargo, a pesar de que esto bastaría para indicar
que –al menos con los medios probatorios obrantes en el proceso- difícilmente
podría tenerse al señor Hernández por objetor de conciencia, es claro que del
expediente se observan más elementos que permiten a esta Sala, sin hesitación
alguna, afirmar que no se trata de una persona para quien la prestación del
servicio militar conlleve una afrenta a sus convicciones y a su libertad
religiosa.
4.4.4 Así, en relación con la
responsabilidad exteriorizada del actor en cumplimiento de sus convicciones, no
fue aportado elemento alguno del que pudiera desprenderse la existencia de una
posición frente a determinadas convicciones o que sustentaran una visión que
tuviera por inicuo el cumplimiento del deber constitucional y que legitimara o
la referida objeción.
En cambio, y a pesar de que no
tenga una relación necesaria con tal responsabilidad exteriorizada, lo cierto
es que de los medios probatorios parecería desprenderse que el actor busca
rehuir, con la presente acción de tutela, las consecuencias de las conductas
que ha asumido frente a su reclutamiento. Esto se evidencia tras analizar los
diferentes permisos que le fueron otorgados (Cuad. 1, folios 4 a 6), tras los cuales, al no presentarse a tiempo en el batallón, se elaboró un informe de presunto
delito de deserción, en el que se indicó que el actor “(…) es reincidente en
retardarse a permisos otorgados (…)” (Cuad. 1, folio 33). Si bien lo
anterior es predicable, precisamente, de su irresponsabilidad frente a la
presentación tras el otorgamiento de permisos, y no tendría una relación
directa con unas  convicciones –no demostradas- que riñen con la obligación
constitucional, lo cierto es que siembra dudas en torno a los verdaderos
motivos por los cuales el señor Hernández acudió a la acción de tutela.
Así pues, para la Sala es claro
que el actor ha incumplido deberes constitucionales frente a la prestación del
servicio militar obligatorio –ante los cuales, por lo demás, no se ve una
relación directa con el ejercicio de la objeción de conciencia-, empero, no por
ello, se trata de una inobediencia legitimada por sus convicciones personales.
Tal y como fue señalado en las consideraciones generales de esta providencia,
la desobediencia frente al derecho puede ser considerada justificada,
por ejemplo, bajo supuestos en los cuales la persona encuentre que el deber
exigido es contrario a la paz, a la justicia, a otras normas jurídicas
superiores, a postulados morales o a posiciones políticas. Sin embargo, el
señor Hernández sólo invoca de manera general que se resiste a colaborar con la
guerra, sin que este alegato encuentre sustento que permita considerar seria su
oposición al deber constitucional en comento y por ello sus demás formas de
desobediencia, como lo son aquellas que conllevan las posibles consecuencias
del delito de deserción. Por ello, a juicio de esta Sala, la desobediencia del
demandante, amén de no poder ser comprendida bajo los supuestos de la objeción
de conciencia y, por lo mismo, como el ejercicio de un derecho fundamental, no
se encuentra legitimada ni debe ser respetada por el Estado. Por lo demás,
tampoco es claro que pueda ser entendida como una manifestación de la
desobediencia civil, ya que no son visibles los móviles que lo llevaron a
desatender los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico en razón a la
generalidad de sus afirmaciones, como lo sería –por ejemplo- una clara
demostración de que considera inicuo el cumplimiento del deber constitucional
relativo a la prestación del servicio militar obligatorio.
4.4.5 A más de lo anterior, en
relación con la afectación a la persona por la imposición del deber
constitucional, en los hechos alegados por el propio demandante, éste incurrió
en contradicciones, pues apuntó que sus convicciones surgieron –en parte- por
su formación familiar. Con todo, a continuación, adujo que fue “(…) obligado
por [su] papa (sic)” (Cuad. 1, folio 1), a presentarse antes las
autoridades responsables del reclutamiento. Por ello, no es claro que las
supuestas convicciones del señor Hernández sean profundas. Igualmente, ante tal
contradicción y la omisión de señalar el origen de su objeción, no es posible
que esta Sala determine lo fijo o sincero de ellas, de tal forma que sea
plausible ordenar a la autoridad demandada que, en respeto de la objeción de
conciencia, desacuartele al gestor del amparo.
4.4.6 Por lo demás, parecería más
bien que el demandante busca evitar el cumplimiento de su obligación
constitucional a través de disímiles argumentos, como son el inicio de estudios
de bachillerato –que no demuestra haber empezado-, las alegaciones en torno a
la invalidez de su madre -con quien no convive (Cuad. 1, folio 35)-, y su
estado de salud mental. En este sentido, se reitera, no toda forma de
desobediencia se justifica ni puede ser aceptada por el Estado, pues lo
contrario supondría desconocer la existencia misma de un sistema –como lo es el
derecho- que prescribe y proscribe determinados comportamientos.
Sobre este último elemento –el
estado de salud del gestor del amparo-, es importante indicar que, de acuerdo a
los elementos probatorios obrantes en el expediente, en especial el Acta 1121,
el demandante fue encontrado apto para formar parte del sexto contingente en un
procedimiento donde participaron tres médicos (Cuad, 1, folios 27 a 29). Información que fue corroborada con la hoja de ingreso a la Clínica San Juan de Dios de
Manizales, donde se apuntó, tras los idearios suicidas asumidos una vez ingresó
al ejército, que negaba “(…) antecedente de patología Mental”
(Cuad. 1, folio 35).
4.4.7 Así las cosas, para esta
Sala es claro que la acción de tutela en relación con el amparo a los derechos
fundamentales a la libertad de conciencia y libertad religiosa debe ser
denegada. Ahora bien, lo anterior, por las razones expuestas en esta
providencia y no por aquellas esbozadas en las sentencias de los jueces de
instancia, que erraron al considerar que en Colombia, al no existir una
regulación legal de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio,
debe concluirse que tal opción no es desarrollo de la libertad de conciencia.
Ahora bien, es importante enfatizar que el actuar del gestor del amparo tampoco
es susceptible de ser comprendido como una manifestación de la desobediencia
civil o de otro tipo de desobediencia que sí encuentre legitimación dentro del
ordenamiento jurídico colombiano conforme a las consideraciones generales de
esta providencia.
4.4.8 Finalmente, para esta Sala
resulta relevante mencionar que el objetivo central de esta providencia
-conforme con el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991- es aclarar el alcance
del derecho fundamental a objetar conciencia frente al servicio militar
obligatorio. Sin embargo, también es claro que de los medios probatorios
obrantes en el expediente, es posible que el actor padezca afectaciones en su
salud mental. Lo anterior, en razón a que le fue otorgado un permiso especial
por un plan laborado suicida (Cuad. 1, folio 34) y por el resumen de atención
médica que recibió en la Clínica San Juan de Dios, donde se enfatizó la
ideación suicida que el actor tuvo en ese momento (Cuad. 1, folio 8). Por lo
anterior, la Sala instará a la autoridad demandada para que, al momento de que
el actor termine su servicio militar obligatorio, o –de haberlo finiquitado ya-
analice con cuidado el estado de salud mental que presente y le brinde la
asistencia a que haya lugar.
IV DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la
suspensión del término para decidir ordenada en el presente trámite de
revisión.
Segundo.- CONFIRMAR, por
las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el ocho (8) de julio de
dos mil diez (2010), que confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo
de Familia de Manizales, el veintiocho (28) de mayo de dos mil diez (2010), que
a su vez denegó la acción de tutela instaurada por Harold Germain
Hernández García contra el Batallón de Infantería No. 22 “Ayacucho” de
Manizales y la Jefatura de Reclutamiento de la Zona Octava.
Tercero.- INSTAR al
Batallón de Infantería No. 22 “Ayacucho” de Manizales y a la Jefatura de
Reclutamiento de la Zona Octava, para que analice de manera detallada las
posibles afectaciones al estado de salud mental del demandante
independientemente de que haya o no terminado el servicio militar al momento de
serle notificada la presente sentencia.
Cuarto.- LÍBRESE por
Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
ADRIANA MARÍA GUILLÉN
ARANGO
Magistrada
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de
voto
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO
DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
T-603/12
OBJECION DE
CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO (Aclaración de voto)
Sobran las reflexiones
teóricas en los aspectos comentados y las motivaciones de la decisión debieron
centrarse en la objeción de conciencia relacionada con la prestación del servicio
militar.
Expediente: T-2761984
Magistrada
Ponente:
ADRIANA MARÍA
GUILLÉN ARANGO
Mi aclaración de voto en este
asunto se contrae a lo siguiente:
Se trata de un caso en el que una
persona reclutada para el servicio militar obligatorio alega objeción de
conciencia. Se resuelve estableciendo que no se dan los supuestos para la
objeción de conciencia, pero que, dados los antecedentes del actor, valdría la
pena un dictamen médico sobre su condición mental.
Estoy de acuerdo con la solución
del caso, mas no así con todos los fundamentos esbozados para sustentarla.
La ponencia realiza un ejercicio
de reflexión académica, en mi opinión bastante disperso, en el que se abordan
temas como la desobediencia civil y la resistencia que, creo, son ajenos a lo
que se debate en este caso.
Por el contrario, la razón de ser
de la decisión va mucho más allá de un recuento preciso de los puntuales
precedentes jurisprudenciales sobre la objeción de conciencia al servicio
militar, que son los que de manera directa estarían llamados a gobernar el
caso.
Creo que sobran las reflexiones
teóricas en los aspectos comentados y que las motivaciones de la decisión
debieron centrarse en la objeción de conciencia relacionada con la prestación
del servicio militar con lo cual bastaba para concluir con la decisión que en
últimas sí compartimos.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] A pesar de que al momento de instaurar la acción de tutela, el
demandante sólo invocó la libertad de conciencia, lo cierto es que uno de los
argumentos en que sustentó su alegada condición de objetor de conciencia se
basó en sus convicciones religiosas. Por lo mismo, a juicio de esta Sala, en
concordancia con el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, en el que se
estableció que –en razón a la informalidad que reviste a la acción de tutela-
no es indispensable citar la norma constitucional infringida, el presente
asunto debe ser analizado a partir de la libertad de conciencia, pero también
de la libertad de culto.
[2] En esta providencia se analizó la
constitucionalidad de varios artículos contemplados en la Ley 48 de 1993, que regulaban – básicamente – temas relacionados con la función del servicio
de reclutamiento y movilización, atinente a la definición de la situación
militar de los colombianos; la obligación de las personas de definir tal
situación; la duración del servicio militar obligatorio y las modalidades
temporales diferenciales para su prestación; la definición de infractores y las
sanciones correspondientes; la definición de reservistas vinculada a la
obligación de definir la situación militar; y la facultad del Gobierno Nacional
de convocar en tiempo de paz a las reservas. Al respecto, de manera amplia, en
la referida providencia se indicó que “Los
cargos que se formulan a la normatividad acusada, tienden a definir los
alcances constitucionales en relación con la prestación obligatoria del
servicio militar, en relación con la igualdad de los colombianos en la
prestación del mismo, y las limitaciones que pueden ocurrir en esa ocasión, a
manera de sanción por su no prestación”.
[3] Piénsese por ejemplo en las contribuciones al financiamiento de
los gastos e inversiones del Estado, siempre que tales cargas se hallen dentro
de los conceptos de justicia y equidad.
[4] Resulta importante mencionar que la Constitución contempla deberes que no sólo se encuentran definidos en el mencionado artículo
95. Así, por ejemplo, el artículo 41 consagra como obligatorio el estudio de la Constitución y el fomento de prácticas democráticas en toda institución de educación. Es más,
los deberes contemplados en la Carta llegan incluso a ámbitos como el de la
familia, dado que el inciso 5º del artículo 42 establece que las relaciones de
la familia se basan, entre otros, en los “(…) deberes de la pareja (…)”.
Igualmente, mediante el acto legislativo 2 de 2009, se contempló –en el
artículo 49- el deber de toda persona “(…) de procurar el cuidado integral
de su salud y de su comunidad”. Por lo mismo, puede asegurarse que de una
lectura sistemática de la Carta se observan múltiples deberes en diversos
ámbitos que, se reitera, a pesar de ser exigibles no pueden llegar hasta el
punto de socavar los derechos fundamentales de las personas, dado que la Constitución fue promulgada para garantizar derechos y no para imponer deberes por encima de
ellos.
[5] Al respecto, puede consultarse, entre otras, las sentencias C-406
de 1994, SU-747 de 1998, T-520 de 2003 y C-876 de 2002.
[6] Artículos 4º y 95, numeral 3º, C.P.
[7] Artículo 95, numeral 4º.
[8] Art. 31. C.P.
[9] Inciso 2º, artículo 216 C.P.
[10] Inciso 2º, artículo 2º, C.P.
[11] Sentencia C-511 de 1994.
[12] El texto completo del mencionado artículo es
el siguiente: “OBLIGACIÓN DE DEFINIR LA SITUACIÓN MILITAR. Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a
partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los
estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de
bachiller. // La obligación militar de los colombianos termina el día en que
cumplan los cincuenta (50) años de edad. // PARÁGRAFO. La mujer colombiana
prestará el servicio militar voluntario, y será obligatorio cuando las
circunstancias del país lo exijan y el Gobierno Nacional lo determine, en
tareas de apoyo logístico, administrativo, social, cultural o de defensa de la
ecología y el medio ambiente, y en general, de las actividades que contribuyan
a la modernización y al desarrollo del país y tendrán derecho a los estímulos y
prerrogativas que establece esta Ley no importando la modalidad en que se
preste el servicio”.
[13] En esta providencia, la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad de la exención en todo tiempo a
ciertos indígenas de la prestación del servicio militar obligatorio, que son
aquellos que habiten en su territorio y mantengan su identidad. Esta
Corporación consideró que con tal diferenciación no se consolidaba violación
alguna al derecho de igualdad, sino que –precisamente- la
distinción establecida por el legislador se materializa como su desarrollo,
pues sólo se protege a aquellos indígenas que viven en su comunidad y mantienen
su identidad.
[14] Con todo, hay que precisar que para declarar exequible la disposición
acusada, la Corte analizó el fuero territorial de la comunidad indígena,
considerando que “el concepto de residencia en el territorio establecido
como requisito para que opere la exención del artículo 27 debe ser interpretado
de manera amplia y no restrictiva”. Haciendo una aplicación del artículo 13
del Convenio 169 de la OIT, en la referida C-058 de 1994, la Corte indicó que el concepto de territorio cubre la totalidad del hábitat de las regiones que
los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera. Aunque cabe señalar
que el salvamento de voto a la decisión cuestionó precisamente la utilización
de un elemento aleatorio, como lo es el territorio, para hacer la
diferenciación de quién se podía ver beneficiado con la exención al servicio
militar. Lo anterior, dado que para el magistrado disidente no pude
considerarse que el factor territorial sea una condición necesaria para la
pertenencia de la persona a un grupo étnico. Esto, porque a su parecer tal
criterio de pertenencia es independiente del hecho de residir en un determinado
lugar. En este sentido, cuestionó la carencia de análisis sobre aspectos que
obligan a indígenas a salir de sus territorios, como –por ejemplo- la búsqueda
de alternativas laborales, la violencia, o el acceso a servicios de salud y
educación. Por ello, los argumentos de la mayoría de la Sala Plena, a su juicio equivocados, le dan mayor peso al factor territorial que al cultural,
el cual es objeto de la protección constitucional, obviando así
particularidades de la historia nacional y de las condiciones sociales en que
viven las referidas comunidades. Sin embargo, es necesario enfatizar que en
relación con la exequibilidad del literal “b” del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, esta Corporación –en la sentencia C-058 de 1994– indicó que obedecía a la
obligación de defender a las minorías, protegiendo la diversidad étnica y
cultural de la nación, dado que “(…) el servicio militar obligatorio, al
sustraer durante un año a un indígena de su comunidad para que cumpla con sus
deberes militares, puede constituir una amenaza  a la preservación de la
existencia y la identidad de estos grupos humanos que la Constitución ordena proteger de manera privilegiada, por cuanto la ausencia física de quien
presta el servicio puede desestabilizar la vida comunitaria”.
[15] En este sentido, el artículo 10 de la Ley 48 de 1993 establece que “La obligación militar de los colombianos termina el día en
que cumplan los cincuenta (50) años de edad”.
[16] Esta diferenciación en cuanto a las modalidades de la prestación
del servicio militar fue encontrada ajustada a la Carta en la sentencia C-511 de 1994, donde se argumentó que “(…)“Distintos elementos integran las categorías creadas por la norma,
según patrones geográficos que permiten la subclasificación entre ciudadanos
urbanos y  rurales, en consideración a la situación sociocultural, económica e
histórica propia de cada enclave, y según patrones intelectuales, que
distinguen en la población colombiana entre quienes hayan finalizado o no su
educación media o de bachillerato.  Ambos criterios permiten la definición de
desigualdades materiales, de un carácter amplio, entre los ciudadanos
colombianos.  No significan tales distinciones un desconocimiento del principio
y derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Es simplemente el trato diferencial propio de las distintas
situaciones objeto de regulación por la ley (…) Ha sostenido con relación al
derecho a la igualdad esta Corporación, de manera reiterada, que no puede
entenderse, desconociendo la realidad, como la obligación pública y particular
de dar un tratamientopio de las disopio de
homogéneo  a los distintos estratos sociales”.
[17] En efecto, el inciso 3º del artículo 216 de la CP establece que “La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del
servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo”.
[18] En esta providencia, la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad
del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, que fue demandado bajo el argumento de
que en él se presentaba una omisión legislativa relativa que vulneraba los
derechos fundamentales a la libertad de conciencia, a la libertad de culto y a
la igualdad de los objetores de conciencia. Esta Corporación, tras determinar
que no había cosa juzgada constitucional en relación con el derecho en comento,
consideró que la omisión en la Ley cuestionada no era relativa, sino absoluta,
pues en las exenciones reguladas en la Ley 48 se definieron situaciones que
tienen características objetivas comunes de grupos para los cuales se
estableció tal posibilidad frente al deber genérico de prestar el servicio
militar obligatorio y que no revisten similares condiciones a los objetores de
conciencia, dado que esta última depende de razones subjetivas. Ahora bien,
resulta imperativo indicar que en esta providencia también se dijo – de manera
enfática – que la objeción de conciencia puede ejercerse así no exista en este
momento una ley que la regule, pues se trata de una aplicación directa de la Constitución, que incluso puede hacerse valer, de ser necesario, por vía de la acción de
tutela.
[19] El texto del mencionado
artículo es el siguiente: “ARTÍCULO 19. SORTEO. La elección para ingresar al
servicio militar se hará por el procedimiento de sorteo entre los conscriptos
aptos, el cual podrá cumplirse en cualquier etapa del proceso de acuerdo con el
potencial humano disponible y las necesidades de reemplazos en las Fuerzas
Militares. // Por cada principal se sorteará un suplente. Los sorteos serán
públicos. // No habrá lugar a sorteo cuando no sea suficiente el número de
conscriptos. // El personal voluntario tendrá prelación para el servicio, sobre
los que resulten seleccionados en el sorteo. // Los reclamos que se presenten
después del sorteo y hasta quince (15) días antes de la incorporación, será
resueltos mediante la presentación de pruebas sumarias por parte del
interesado; quien no comprobare su inhabilidad o causal de exención será
aplazado por un (1) año, al término del cual se efectuará su clasificación o
incorporación”.
[20] Ver pie de página 14.
[21] El texto del artículo 28 de la Ley 48 de 1993 es el siguiente: “EXENCIÓN EN TIEMPO DE PAZ. Están exentos del
servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar
cuota de compensación militar: // a. Los clérigos y religiosos de acuerdo a los
convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras
religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto. // b. Los que
hubieren sido condenados a penas que tengan como accesorias la pérdida de los
derechos políticos mientras no obtengan su rehabilitación. // c. El hijo único,
hombre o mujer, // d. El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a
la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento. // e. El hijo
de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando éstos
carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho hijo
vele por ellos.  // f. El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una
inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como
consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio,
a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo. // g. Los casados
que hagan vida conyugal. [en el entendido de que también cobija a quienes
convivan en unión permanente conforme con la sentencia C-755 de 2008]. // h.
Los inhábiles relativos y permanentes. //i. Los hijos de oficiales,
suboficiales, agentes y civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y
por causas inherentes al mismo, a menos, que siendo aptos, voluntariamente
quieran prestarlo”.
[22] Sobre el problema jurídico tratado, así como elementos analizados
en la referida providencia, ver pie de página 18.
[23] Cabe recordar que el artículo 41 del Decreto 2591 de 1991
establece que “No se podrá alegar la falta de desarrollo legal de un derecho
fundamental civil o político para impedir su tutela”.
[24] Un ejemplo reciente, amén del presente asunto, es la sentencia
T-218 de 2012, que será analizada más adelante en las siguientes
consideraciones.
[25]Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-018
de 2012, C-728 de 2009, T-388 de 2009, C-578 de 1995,  C-511 de 1994, T-547 de
1993, y T-409 de 1992.
[26] Entre otros, pueden consultarse los
siguientes trabajos doctrinarios: Cattelain, J.P. La objeción de conciencia,
Vilassar de Mar: Oikos-Tau, 1973; Madrid-Malo, Garizábal, M. Estudio sobre
el derecho a la objeción de conciencia, Bogotá: Defensoría del Pueblo,
1994; Pesutic, P. S, ¿Fuerzas armadas? No, Gracias, Santiago de Chile:
Tercera Prensa-Hirrugarren Prentsa, 1992; y Rollnert Liern, G. La libertad
ideológica en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (1980-2011),
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
[27] Artículo 3º C.P.
[28] En efecto, el aludido artículo establece que “Los particulares
sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o
extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
[29] Para una aproximación a diferentes
concepciones de la “dignidad humana” que han sido desarrolladas por la
jurisprudencia de esta Corporación, puede consultarse la sentencia T-881 de
2002. En relación con la conciencia y con la posibilidad de que cada persona
labre su presente y futuro, en la aludida providencia se manifestó que una de
las acepciones de la dignidad humana ha sido entendida como la autonomía o como
la posibilidad de diseñar un plan vital y de que la persona se determine a sí
misma según sus características. En otras palabras, se trata de que la persona
viva como quiera, conforme a su visión del mundo. Sin duda, esto no supone que
sea legítimo abusar de sus derechos, afectar a terceros, o que no le sean
exigibles el cumplimiento de ciertos comportamientos. Por ello, lo anterior se
menciona exclusivamente de manera ilustrativa en relación con la vinculación
entre la conciencia de la persona y la dignidad humana.
[30] Artículo 1º, CP.
[31] Artículo 4º, CP.
[32] Artículo 5º, CP.
[33] Sin duda, el asunto en comento se relaciona de manera inmediata
con nombres de pensadores como Gandhi, León Tolstoi, Martin Luther King, Jean
Marie Muller, Johan Gultung, Gene Sharp, Bertrand Russel, o Henry Thoreau, para
mencionar solo algunos. O con obras como Antígona de Sófocles, tragedia
que relata la tensión entre normas estatales que se consideran injustas y
normas superiores, que se suma a la conciencia ética frente a la ley positiva.
Esto, muestra la complejidad y diversidad de elementos que pueden estudiarse al
momento de tratar el asunto de la desobediencia al derecho y de la objeción de
conciencia, que también conllevan la necesidad de restringir los temas a tratar
en la presente sentencia, dado que se hace imposible abarcar la totalidad de
sus elementos en una providencia.
[34] Ollarves Irazabal, J, “El derecho a la desobediencia civil en la Declaración de Luarca” en Faleh Pérez, C. y Villán Durán, C. (Dirs.), Estudios sobre el
Derecho Humano a la Paz, Madrid: Libros de la Catarata, 2010, pp. 167-193.
[35] Frente a esta postura, de la lectura de algunos autores se puede
inferir que el bien jurídico “paz” también resulta difuso. En efecto, Castañar
Pérez – retomando a Johan Gultung – indica que es posible diferenciar, al
menos, dos tipos de concepciones de lo que puede entenderse por “paz”. Una
primera positiva, que conllevaría cambios estructurales en la sociedad frente a
situaciones que se consideran violentas, por ejemplo las relaciones
patriarcales, la pobreza o la exclusión. La segunda, supondría una posición más
restringida, denominada paz negativa, que sólo conllevaría la ausencia de
guerra, lo que repercutiría en la aceptación de una violencia estructural que
podría manifestarse de manera incruenta pero tangible. Al respecto: Castañar
Pérez, J. Breve Historia de la Acción no Violenta, España: Ediciones
Pentapé, 2010, p. 25.
[36] Con todo, es importante enfatizar que otras posturas en torno a
la desobediencia civil aceptan que ciertos actos no violentos pueden conllevar
consecuencias gravosas para el colectivo, como por ejemplo una huelga dentro
del sector de los conductores de ambulancias. Este acto, al ser incruento,
pasaría por no ser violento en estricto sentido. Sin embargo, puede conducir a
situaciones que perturben incluso el derecho a la vida de terceros y por tanto,
desde una perspectiva más amplia, también podría ser tenido como violento. Así
las cosas, las consecuencias de la desobediencia podrían incluso ser mucho más
gravosas que actos considerados  como estrictamente violentos. La magnitud de
tales afectaciones serían tenidas por legítimas al considerar que el objetivo
de lucha radicaría en acabar con las condiciones sociales inmanentes
generadoras de esa violencia. Al respecto: Jericó, Ojer, L. El conflicto de
conciencia ante el derecho penal, Madrid: La Ley, 2007, p. 103.
[37] Ortiz Rivas, H. A. La obediencia al Derecho, desobediencia
Civil y Objeción de conciencia, Bogotá: Ediciones Librería La Constitución, 1995.
[38] Ibid, 1995, pp. 42 y ss.
[39] Artículo 37, CP.
[40] Numeral 3, artículo 40, CP.
[41] Como sucedería, por ejemplo, si los miembros de tales
organizaciones incurren en las actuaciones tipificadas en el artículo 467 y ss.
del Código Penal.
[42] Para una introducción desde la doctrina a las diferencias entre
desobediencia civil y objeción de conciencia, puede consultarse a López Zamora,
P, “Análisis comparativo entre la desobediencia civil y la objeción de
conciencia”, en Anuario de DDHH, Madrid: Universidad Complutense,
Volúmen 3, 2002, pp. 317 y ss.
[43] En el caso colombiano, a pesar de no existir en este momento una
ley que regule el ejercicio de la objeción de conciencia frente al servicio
militar, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en establecer que
no es necesaria tal regulación para el ejercicio del derecho. Asunto que se
expuso a cabalidad en la sentencia C-728 de 2009: “(…) En este
contexto es preciso señalar que en el concepto de objeción de conciencia
confluyen dos aspectos distintos, puesto que, por un lado, está el derecho
constitucional que tiene una persona a no ser obligada a actuar en contra de su
conciencia o de sus creencias y, por otro, el procedimiento que debe establecer
el legislador en orden a puntualizar las condiciones requeridas para que se
reconozca a una persona su condición de objetor de conciencia al servicio
militar. El primero es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento, cuyo
goce efectivo, como se ha dicho, puede ser garantizado por el juez de tutela.
El segundo es un desarrollo legal que en Colombia no existe. No obstante, el
cumplimiento del primer derecho no puede depender de la existencia del
procedimiento legal para que se reconozca a alguien su condición de objetor”
(Subrayas fuera del original).
[44] Ortiz Rivas, H, op. Cit, p. 62 y ss.
[45] Al respecto, Castañar Pérez, señala que parte de las diferencias
en torno a este debate surgen de las relaciones entre las teorías del poder y
la desobediencia. Castañar Pérez, op. Cit. p. 82 y ss.
[46] Piénsese, por ejemplo, en las
organizaciones de objetores de conciencia que podrían –teóricamente hablando-
conformarse para modificar o incidir en las regulaciones existentes sobre un
deber. En este sentido, cabe indicar que tal premisa de diferenciación también
puede ponerse en tela de juicio si se parte de la base de que existen múltiples
causales que, en razón al pluralismo que demanda el Estado Social de Derecho
colombiano, podrían justificar de manera seria la objeción de conciencia.
[47] Sin embargo, cabe indicar que lo anterior también podría ser
predicado de una situación en la cual se considera que la objeción de
conciencia resulta infundada. Un ejemplo de esto, que
no fue concretamente decidido en la ratio decidendi de una providencia,
fue la posibilidad de objetar conciencia cuando se trate de reservistas de la
fuerza pública. En efecto, en la sentencia C-740 de 2001 se analizó, entre
otros, la constitucionalidad del artículo 117 de la Ley 522 de 1999 (Código Penal Militar) que era acusado de desconocer la prohibición relativa
a que la justicia militar juzgue a civiles, dado que imponía una sanción de
arresto de tres (3) meses a un (1) año para quien no acudiera tras el
llamamiento. La Corte, para concluir que el mencionado artículo 117 no
socavaba la prohibición constitucional relativa a que la justicia penal
militar, en ningún caso, podrá tener competencia para juzgar a civiles, retomó
la idea de que el servicio militar es una obligación constitucional. A más de
ello, frente al cargo elevado, como parte de la razón de la decisión, la Corte indicó que “(…) cuando una persona tiene la calidad de
reservista de primera clase y es llamado al servicio, en los términos antes
descritos, readquiere la calidad de militar en servicio activo, desde el mismo
momento en que se formaliza dicho llamamiento”. Por lo
mismo, no se trataría de una violación a la prohibición constitucional relativa
a que los civiles sean juzgados por justicia penal militar, pues una vez
convocados volverían a formar parte de la fuerza pública. En cuanto a la
objeción de conciencia, indicó que tal deber no resultaba contradictorio con
este último derecho, para lo cual retomó planteamientos de la sentencia C-511
de 1994. Sin embargo, las consideraciones en torno a la objeción de
conciencia no hicieron parte de la ratio decidendi en la sentencia, dado
que se expuso expresamente que debía precisarse “(…) que si bien esta materia hace relación a una serie de elementos
complejos que, como el de la objeción de conciencia, merecerían eventualmente
ser objeto de estudio por esta Corporación, un debate en este sentido solo
podría realizarse en el marco de un proceso en el que con base en un cargo
específico planteado en la respectiva demanda se de aplicación a la plenitud de
las formas propias del juicio de constitucionalidad”. Por ende, a la luz de esa sentencia, si la desobediencia al deber
de llamamiento no fuera considerada legítima, la persona –así estuviera
amparada por razones morales o de otra índole- tendría que someterse a las
posibles sanciones.
[48]Castañar Pérez, J., Breve historia de la acción no violenta,
op. Cit., p. 36.
[49] Ibid., p. 50.
[50] Este punto ha sido abordado por la doctrina, así, para mencionar solo
un ejemplo, Kelsen, señalaría- desde el análisis de la relación entre validez y
efectividad del orden jurídico, que “(…) la importancia de la norma
fundamental se manifiesta particularmente en los casos en que un orden jurídico
sustituye a otro no por la vía legal sino por la revolución (…). En un Estado
hasta entonces monárquico, un grupo de individuos busca remplazar por la
violencia el gobierno legítimo y fundar un régimen republicano. Si ello se
logra, esto significa que el orden antiguo deja de ser eficaz y pasa a serlo el
nuevo, pues la conducta de los individuos a los cuales estos dos órdenes se
dirigen no se conforma ya, de manera general, al antiguo, sino al nuevo. Éste
es, entonces, considerado como un orden jurídico y los actos que están
conformes con él son actos jurídicos, pero esto supone una nueva norma
fundamental que delega el poder de crear el derecho ya no en el monarca, sino
en el gobierno revolucionario. // Si, por el contrario, la tentativa de la
revolución fracasa, el nuevo orden no se convierte en efectivo, pues los
individuos a los cuales se dirige no lo obedecen, ya no estamos, pues, en
presencia de una nueva Constitución, sino de un crimen de alta traición. No hay
creación, sino violación de normas, y esto sobre la base del orden antiguo,
cuya validez supone una norma fundamental que delega en el monarca el poder de
crear el derecho”. Kelsen, H. Teoría Pura del Derecho. Introducción a la
ciencia del Derecho, Bogotá: editorial Unión LTDA, Primera edición, p. 108,
2000.
[51] Casas, L. “La objeción de conciencia en salud
sexual y reproductiva. Una ilustración a partir del caso chileno.” En: Más
allá del Derecho. Justicia y Género en América Latina, Luisa Cabal y
Cristina Motta, (compiladoras), Bogotá, Siglo del Hombre Editores, p. 275.
[52] Ibíd.
[53] En este sentido, vale la pena reiterar, que tal desobediencia
podría tener justificación en la lucha contra lo que se considere injusto, en
la búsqueda de la paz, en razones morales, en móviles jurídicos o incluso
políticos.
[54] Cabe indicar, en este sentido, que el ejercicio de la objeción de
conciencia ha sido reconocido por esta Corporación en diversos ámbitos, entre
ellos –por ejemplo- la educación, la salud, el juramento dentro de los procesos
judiciales y el trabajo. Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las
sentencias T-026 de 2005, C-616 de 1997, T-471 de 2005 y T-332 de 2004
[55] Lo anterior no significa que las otras dos esferas no resulten
vinculadas de alguna manera con el ejercicio del derecho. Piénsese, por
ejemplo, en el deber de informar a las autoridades sobre la condición de
objetor de conciencia, que podría considerarse como una tensión legítima frente
al derecho con que cuentan las personas de no revelar sus convicciones.
[56]Gascón Abellán, M. Obediencia al Derecho y Objeción de
Conciencia, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990, p.
202.
[57] Así lo dispone el artículo 7º de la Constitución Nacional: “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.”
[58] La aspiración de una norma constitucional
como la de 1991 es obtener, en la medida de lo jurídico, fáctico y
económicamente posible, la más plena realización de los valores y principios
consagrados en el Preámbulo: "El pueblo de Colombia//en ejercicio de su
poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer
la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el
trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz
(...)".
[59] “ARTICULO 19. Se garantiza la libertad de
cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a
difundirla en forma individual o colectiva. / Todas las confesiones religiosas
e iglesias son igualmente libres ante la ley.”
[60] “ARTICULO 18. Se garantiza la libertad de
conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.”
[61] “ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. / Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza
el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.”
[62] En esta providencia, como ya se indicó
con anterioridad, la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad del
artículo 27 de la Ley 48 de 1993, que fue demandado bajo el argumento de que en
él se presentaba una omisión legislativa relativa que vulneraba los derechos
fundamentales a la libertad de conciencia, a la libertad de culto y a la
igualdad de los objetores de conciencia. Esta Corporación, tras determinar que
no había cosa juzgada constitucional en relación con el derecho en comento,
consideró que la omisión en la Ley cuestionada no era relativa, sino absoluta,
pues en las exenciones reguladas en la Ley 48 se definieron situaciones que
tienen características objetivas comunes de grupos para los cuales se
estableció tal posibilidad frente al deber genérico de prestar el servicio
militar obligatorio y que no revisten similares condiciones a los objetores de
conciencia, dado que esta última depende de razones subjetivas. Ahora bien,
resulta imperativo indicar que en esta providencia también se dijo – de manera
enfática – que la objeción de conciencia puede ejercerse así no exista en este
momento una ley que la regule, pues se trata de una aplicación directa de la Constitución, que incluso puede hacerse valer, de ser necesario, por vía de la acción de
tutela.
[63]  Sentencia T-409 de 1992
[64]  Citada por SUAREZ PERTIERRO, Gustavo: La objeción de
conciencia al servicio militar en España,  en "Anuario de Derechos
Humanos", Instituto de Derechos Humanos,  Madrid, 1990.  Pág. 251.
[65]   Sentencia T-388 de 2009
[66]   Ibidem.
[67] Al respecto, a pesar de que será desarrollado más adelante, puede
consultarse la sentencia C-728 de 2009.
[68] Escobar, Roca, G., La objeción de
conciencia en la Constitución española: Madrid:
Editorial Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
[69]  Se trata del asunto abordado mediante
sentencia T-388 de 2009. En esta oportunidad, la Corte estudió el caso de quien, obrando en nombre de su compañera permanente, solicitó le
fuera realizado el procedimiento de interrupción del embarazo por grave
malformación del feto, de conformidad con lo establecido en la sentencia C-355
de 2006. Sin embargo, una vez concedida la autorización por la entidad
demandada para efectuar la interrupción del embarazo, el médico ginecólogo
solicitó orden de autoridad judicial para proceder a realizar tal intervención
quirúrgica. Un punto central en el asunto, supuso que el juez de primera
instancia en sede de tutela alegara ser un objetor de conciencia y se
sustrajera del conocimiento del caso. En estas condiciones, la Corte analizó la viabilidad de la objeción de conciencia cuando se trata de amparar a los
jueces en desarrollo de sus funciones, tomando clara postura en contra de ésta,
al concluir que los funcionarios judiciales no pueden alegar motivos morales
para abstenerse de tramitar y decidir un asunto puesto a su consideración. Y
aún más, señaló que en casos relacionados con la solicitud de interrupción
voluntaria del embarazo, las autoridades judiciales están obligadas no sólo a
fallar, sino a hacerlo en armonía con los lineamientos jurisprudenciales
sentados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006. Igualmente, se expuso que no es legítimo
que las empresas prestadoras de salud exijan un permiso judicial para proceder
a la interrupción del embarazo, cuando la mujer se halle en las causales
establecidas en la providencia previamente mencionada.
[70]   ESCOBAR ROCA, G., La objeción, Op. cit., p. 281.
[71]  Así, por ejemplo, en la Sentencia T-1059 de 2001, la Corte, en un caso en el que se debatía la situación de una
trabajadora a quien le habían descontado tres días de salario por su
participación en un paro cívico nacional, expresó que si bien la actora podía
obrar acorde a su propia conciencia, eso no la eximía de atender sus
responsabilidades laborales, y que el ejercicio de su libertad de conciencia no
puede interponerse en el cumplimiento de los deberes que asumió desde el
momento mismo en que aceptó su vinculación laboral. Manifestó la Corte que  “[n]o podría válidamente señalarse que la participación en el paro como forma
de expresar y actuar acorde con sus propias convicciones y creencias,
justificaba a la actora para no asistir al trabajo, por cuanto el ejercicio de
esta libertad no es absoluto ni incondicional; pues, sólo puede ejercerse
legítimamente cuando  no afecta a otras personas, o no se causa un daño. En el
presente caso, se ha visto afectado el servicio público de la educación,
causando daño a quienes debían recibirla”.
[72] El texto completo del referido numeral es el siguiente: “Proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano”.
[73] Debido a que esta sentencia será
desarrollada en detalle más adelante, se remite al lector a los subsiguientes
puntos de esta providencia, donde se exponen los hechos que dieron origen al
caso solucionado mediante la sentencia T-018 de 2012.
[74] Para una introducción a tales estudios
puede consultarse a: Trejo Osorio, L. A., La objeción de conciencia en
México, el Derecho a disentir, México: Editorial Porrúa, 2010, pp. 40 a 43. Este autor señala que, entre otras móviles, una persona puede presentar su objeción de
conciencia de forma tardía por ignorancia en relación con el ejercicio de su
derecho. Sin embargo, esto también puede suceder por las experiencias que ha
vivido o a las cuales ha sobrevivido. Un ejemplo de ello son los combatientes
en conflictos bélicos. Así, relata un caso en el cual un sargento fue condenado
por un tribunal militar de los Estados Unidos de Norteamérica por el delito de
deserción en razón a que una vez volvió de la guerra de Iraq por unas semanas
de permiso, se abstuvo de reincorporarse a las filas al considerar que tal
conflicto era reprochable desde su conciencia por las torturas a los
prisioneros de guerra, por los asesinatos a civiles –incluidos niños- y por
otras atrocidades propias de la conflagración. Por este caso, a pesar de la
condena penal, Amnistía Itnernacional declaró al sargento Camilo Mejía preso de
conciencia.
[75] Sentencia C-728 de 2009.
[76] Recuérdese entonces que si la objeción de conciencia está
relacionada con la desobediencia y esta puede encontrar sustento en la búsqueda
de la paz, en la justicia, en razones morales, jurídicas o políticas, entonces
aquella también podría encontrarse justificada a partir de tales elementos.
[77] Castañar Pérez, J., Breve historia de la acción no violenta,
op. Cit.
[78] Sobre el particular, Castañar Pérez
relata que autores como Henry Thoreau no estaban en contra de cualquier
actuación bélica, pues de hecho defendía la intervención militar contra los
Estados Norteamericanos que mantenían la esclavitud, mas rechazaba la violencia
–a su juicio imperialista- de los Estados Unidos al invadir México.
[79]   Cfr. T-026 de 2005.  En esa sentencia la Corte, al estudiar el caso de una persona que alegaba que su derecho a la libertad religiosa
había sido violado por el SENA, debido a la cancelación de su matrícula por la
falta de asistencia al módulo dictado los viernes y sábados, en atención a que
esos días, según sus creencias, deben ser consagrados a Dios, consideró que esa
persona era miembro activo y fiel de la iglesia adventista del séptimo día, de
conformidad con la cual, el sábado debe guardarse para la adoración del Señor y
que esta práctica no constituye tan sólo una eventualidad, sino un deber
irrenunciable y definitorio de los miembros del mencionado culto, razón por la
cual debía concederse el amparo solicitado.
[80] En este caso, el actor, a través de un
escrito, objetó la prestación del servicio militar con fundamento en la
pertenencia a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que prohíbe a sus
miembros “tomar las armas”. Se trató así de una oposición al cumplimiento del
mentado deber con base en convicciones religiosas. Un  aspecto central,
resultaba la promoción por parte del actor de la objeción de conciencia para
alcanzar condiciones que a su parecer eran contrarias a la paz social, como
–por ejemplo- el desarme, la cultura patriarcal y la desmilitarización de la
vida cotidiana. Por su parte, el batallón donde fue incorporado, aducía que no
podía tener al actor como objetor de conciencia, en razón a que no había
realizado un procedimiento relativo a acudir ante una organización específica
que lo acompañara en el trámite como objetor de conciencia. Igualmente, el
comandante responsable del reclutamiento en la zona, solicitó que no fuera
amparado el derecho en razón a que no existía una ley que hubiese regulado la
materia. La autoridad judicial de instancia consideró que en el caso no se
configuraban los requisitos para que la objeción de conciencia fuera amparable
a través de la acción de tutela. Como problema jurídico, esta Corporación
analizó si se le habían vulnerado los derechos fundamentales al actor, al
incorporarlo al ejército a pesar de su manifestación expresa de ser un objetor
de conciencia. Para resolver el asunto, tras reiterar la sentencia C-728 de
2009, se enfatizó que uno de los elementos mencionados en tal decisión radicó
en señalar que su ejercicio no requiere un desarrollo legislativo específico.
Por ello, hay lugar a ser exento del servicio militar si existen convicciones
sinceras, fijas y profundas que riñan con el cumplimiento de tal deber, que
deben haberse manifestado de manera externa y ser comprobables.