T-024-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-024/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE
INDEFENSION-Frente a entidades particulares del sistema
financiero y asegurador
Conforme
a la línea jurisprudencial consolidada por la Corte Constitucional, la acción
de tutela contra aseguradoras es procedente formalmente desde el tópico de la
legitimación en la causa por pasiva, en razón a que su actividad desborda el
mero interés particular de cualquier relación contractual y en la medida en que
su posición dominante puede generar una situación de indefensión, situación que
fácticamente debe valorarse en cada caso.
ACCION
DE TUTELA CONTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA-Procedencia para
el pago de póliza cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional y los medios ordinarios no son idóneos
DERECHO
AL MINIMO VITAL-Vulneración por compañía de seguros al
no pagar póliza de seguro por considerar que enfermedad que ocasionó pérdida de
capacidad laboral se trataba de preexistencia no informada al momento de la
suscripción
PRINCIPIO
DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Se predica tanto
de tomador como de asegurador
De acuerdo con
las normas que rigen el contrato de seguros, las obligaciones de las partes
deben entenderse de manera armónica con los elementos y características
esenciales del contrato. En ese marco, el artículo 1058 del Código de Comercio
establece la obligación de declarar de forma abierta y sincera los hechos o circunstancias
que determinan el estado del riesgo, obligación que se deriva del carácter
bilateral, oneroso y aleatorio del contrato. Pero no se trata de una deber que
se lee aislado de la responsabilidad que asume la aseguradora, pues en la
medida en que la compañía asume el riesgo, debe conocer las condiciones en que
lo hace, como requisito previo para ampararlo y para determinar la
contraprestación que exigirá al tomador a manera de prima. Del lado del
tomador, éste tiene el deber de declarar la información relevante para la
determinación del estado de riesgo (en este caso, el estado de salud); pero si
las preguntas tipo del cuestionario de asegurabilidad son muy generales, y no
se exigieron exámenes médicos o la historia clínica de los tomadores, esta circunstancia
no puede traducirse en la imposibilidad absoluta de hacer efectiva la póliza,
como consecuencia de una interpretación carente de razonabilidad frente a las
cláusulas del contrato.
ACTIVIDAD
ASEGURADORA-Aseguradoras deben dejar constancia de preexistencias
o exclusión de alguna cobertura, al inicio del contrato, para evitar
ambigüedades en el texto que ellas mismas han elaborado
CONTRATO
DE SEGUROS-Preexistencias
no planteadas cuando entidad aseguradora no efectúa examen médico al momento de
suscripción
COMPAÑIA
ASEGURADORA-Deberes de claridad, información, confirmación y
lealtad por parte de la aseguradora y del tomador en el momento de la
suscripción de pólizas
COMPAÑIA
ASEGURADORA-Obligación de pagar la póliza a pesar de haber
acaecido algún tipo de preexistencia
DERECHO
A LA VIDA DIGNA Y AL MINIMO VITAL-Orden a Aseguradora pague saldo
insoluto de las obligaciones crediticias adquiridas por el actor
Referencia:
expedientes acumulados          T-5158888, T-5109049, T-5189828,
T-5201723 y T-5201786
Acciones
de tutela presentadas por (i) Martha Lucía González López contra Seguros
Bolívar S.A; (ii) Harold Humberto Useche Chaparro actuando como agente oficioso
de Lida Obdulia Chaparro de Useche, contra la Aseguradora Solidaria de
Colombia, el Banco Pichincha y Delima Marsh S.A.; (iii) John Alexander Triana
Rodríguez contra Seguros Bolívar S.A.; (iv) Deyci María Álvarez Hernández contra
Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida; y, (v) Héctor Mario Rubio Acevedo contra
Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C.,
dos (2) de febrero de dos mil  dieciséis (2016)
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María
Victoria Calle Correa, Alejandro Linares Cantillo y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de las sentencias proferidas: (i) en única instancia, por el Juzgado
Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá, el veintinueve (29) de julio de dos
mil quince (2015), en el proceso de tutela de Martha Lucía González López
contra Seguros Bolívar S.A; (ii) en primera instancia, por el Juzgado Veintidós
Civil Municipal de Cali, el siete (07) de mayo de dos mil quince (2015), y en
segunda instancia, por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de
Cali, el diez (10) de junio de dos mil quince (2015), en el proceso de tutela
de Harold Humberto Useche Chaparro actuando como agente oficioso de Lida
Obdulia Chaparro de Useche, contra la Aseguradora Solidaria de Colombia, el
Banco Pichincha y Delima Marsh S.A.; (iii) en primera instancia, por el Juzgado
Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, el
veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015), y en segunda instancia, por
el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué,
el seis (6) de agosto de dos mil quince (2015), en el proceso de tutela de John
Alexander Triana Rodríguez contra Seguros Bolívar S.A.; (iv) en primera
instancia, por el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá, el veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015), y
en segunda instancia, por el Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá, el ocho (8) de septiembre de dos mil quince
(2015), en el proceso de tutela de Deyci María Álvarez Hernández contra Banco
BBVA y BBVA Seguros de Vida; y, (v) en primera instancia, por el Juzgado
Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, el cinco (5) de agosto de dos mil
quince (2015), y en segunda instancia, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito
de Bogotá, el cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015), en el proceso
de tutela de Héctor Mario Rubio Acevedo contra Banco BBVA y BBVA Seguros de
Vida.
El expediente T-5158888
fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Diez, mediante
auto del quince (15) de octubre de dos mil quince (2015). Los expedientes
T-5109049, T-5189828, T-5201723 y            T-5201786 fueron seleccionados
para revisión y acumulados entre sí y al expediente T-5158888, por la Sala de
Selección Número Diez, en auto del veintiocho (28) de octubre de dos mil quince
(2015).
I. ANTECEDENTES
Los casos
acumulados en esta oportunidad se refieren a las reclamaciones que algunas
personas formularon a diferentes aseguradoras solicitando el pago de una póliza
de seguros, vida grupo deudores, suscrita bajo alguna de estas modalidades: (i)
grupo deudores, póliza que tiene por finalidad respaldar créditos
adquiridos con entidades financieras, cuyo amparo se haría efectivo en caso de
muerte o incapacidad del titular; o (ii) grupo educadores, con cobertura en
caso de muerte accidental, desmembración o incapacidad total y permanente del
tomador. En todos los asuntos, las aseguradoras objetaron la reclamación.
Los actores acuden
a la acción de tutela porque consideran que sus derechos fundamentales a la vida
digna y al mínimo vital se encuentran vulnerados. En consecuencia, los interesados
solicitaron al juez constitucional que ordene a las compañías aseguradoras demandadas
reconocer y pagar el seguro reclamado, con fundamento en el contrato de seguro
y la certificación acreditada de pérdida de capacidad laboral.
Enseguida la
Sala de Revisión pasa a narrar los hechos de los casos concretos, la respuesta de
las entidades accionadas, y las decisiones de instancia que se revisan.
1. Acción de
tutela presentada por Martha Lucía González López contra Seguros Bolívar S.A. (expediente
T-5158888)
1.1. Hechos
La accionante,
quien tiene 61 años de edad, se ha desempeñado como docente al servicio del
Estado por más de 30 años, en distintos municipios del país como Villamaría en
Caldas, y Chía, Cajicá y Cota en Cundinamarca, a cargo de la asignatura de
lengua extranjera. Cuando se encontraba laborando en el Colegio San Gabriel de Cajicá,
Seguros Bolívar S.A. le ofreció  una póliza de seguros de vida grupo
educadores de Colombia, con cobertura en caso de muerte accidental,
desmembración o incapacidad total y permanente del primero[1]. La
tutelante tomó la póliza el 16 de octubre de 2002, por un valor asegurado de cuarenta
millones de pesos (40.000.000), cancelando una prima mensual de treinta mil
pesos (30.000)[2]
hasta el año 2007, en que incrementó la prima, correspondiendo a una suma
mensual de cuarenta y cinco mil pesos (45.000), pues suscribió un seguro adicional
por enfermedades graves por valor de veinte millones de pesos (20.000.000)[3].
En el año 2010
fue diagnosticada con ruptura completa del tendón supraespinoso y epicondilitis
derecha. El 22 de julio de 2011 se le practicó una cirugía: sutura
artroscópica hombro derecho y acromioplastia anterolateral;
posteriormente, el 24 de febrero del mismo año se le realizó una nueva cirugía
por presentar capsulitis adhesiva, situación que limitó totalmente la movilidad
de su brazo derecho.
Debido a que
estuvo incapacitada entre el 13 de julio de 2010 y el 18 de marzo de 2011,
superó el periodo de 180 días, razón por la cual la EPS Unión Termporal Medicol
Salud, entidad que presta su servicio médico al magisterio, procedió a remitir
su caso para la calificación de pérdida de capacidad laboral. La Junta de
Calificación de Primera Oportunidad  de esa institución determinó que sufría de
una invalidez del 96% de origen profesional y con fecha de estructuración el 28
de enero de 2011. Con base en el dictamen señalado, a la accionante le fue
reconocida la pensión de invalidez a través de la Resolución No. 00589 de junio
de 2011, expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca[4].
Con fundamento en
el dictamen de pérdida de capacidad laboral, el 13 de julio de 2012 la
peticionaria solicitó a Seguros Bolívar S.A. el reconocimiento del seguro
vida grupo educadores. El 31 de julio del mismo año la aseguradora objetó
el pago aduciendo: “con base en la historia clínica que reposa en la
reclamación, se ha podido determinar que la enfermedad por la que reclama, la
incapacita de forma parcial y no total para desempeñar cualquier labor remunerativa,
como expresamente lo exige el anexo, por lo que no procede el pago solicitado”.
La señora
González reiteró la petición a la aseguradora el 16 de abril de 2015, solicitándole
que reconsiderara el pago de la póliza, con fundamento en el precedente
aplicable, contenido en la sentencia T-830 de 2014[5]. En comunicación
del 12 de mayo de 2015 la entidad mantuvo su decisión inicial y afirmó: “para
que haya lugar a la cobertura solicitada, se deben reunir todos los supuestos
del anexo, es decir, incapacidad de 150 días y que la causa por la que reclama
produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales que de por vida le
impidan desempeñar cualquier trabajo remunerativo y en el caso particular no se
cumple con dichos criterios. Y precisó además: “una calificación de
pérdida de capacidad laboral, no incide en la definición de la reclamación,
como se indicó anteriormente, esta calificación tiene efectos en el campo de la
seguridad social, con el objeto de garantizar el amparo de las contingencias
derivadas de la invalidez, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinen en la ley laboral. En consecuencia de lo
anterior, el asegurado no ha demostrado que reúne las condiciones del contrato
para acceder al pago indemnizatorio.”.
La tutelante
narró que dos (2) años antes disolvió la sociedad conyugal con el padre de sus dos
hijos. Como acordaron la repartición de los bienes decidieron vender el apartamento
en el que ella y los jóvenes viven, por lo que se encuentran buscado un lugar
para arrendar. También afirmó que sus hijos dependen de ella, pues el menor
está terminando bachillerato y la mayor finalizó universidad, pero no ha
conseguido trabajo. Agregó que su exesposo no los apoya económicamente desde la
separación. Incluso relata que el hijo menor actualmente recibe tratamiento psicológico,
porque se deprimió a raíz del divorcio y su enfermedad, porque fueron meses de
cirugías, hospitalizaciones y padecimientos. En resumen, la accionante informó
que las tres personas sobreviven con la pensión que le reconoció la Gobernación
de Cundinamarca[6].
En virtud de
todo lo anterior, la señora González solicita al juez de tutela que ordene a
Seguros Bolívar S.A. pagar el seguro por incapacidad permanente, conforme la
cobertura de la póliza que tomó y ha cancelado por espacio de aproximadamente
10 años.
1.2. Respuesta
de Seguros Bolívar S.A.
A través de su
apoderado general la aseguradora solicitó declarar que no se han vulnerado los
derechos constitucionales de la señora Martha Lucía González. Como fundamento
de la petición la compañía reiteró lo dicho en las comunicaciones remitidas a
la accionante en respuesta a sus derechos de petición, es decir, que aquella no
sufre una incapacidad total y permanente que le impida realizar alguna
actividad lucrativa, por lo cual no es procedente reconocer el pago del
aseguramiento.
1.3. Decisión
que se revisa
En fallo del veintinueve
(29) de julio de dos mil quince (2015), el Juzgado Treinta y Tres Civil
Municipal de Bogotá declaró la improcedencia de la acción de tutela, al
considerar que: “no se encuentra acreditado que la accionante carezca de
recursos económicos suficientes o que dependa del pago de la póliza para
subsistir, siendo éste un requisito indispensable para determinar la
procedencia de la presente acción, toda vez que no resulta suficiente que la tutelante
se encuentre en estado de discapacidad.”
2. Acción de
tutela presentada por Harold Humberto Useche Chaparro actuando como agente
oficioso de Lida Obdulia Chaparro de Useche, contra la Aseguradora Solidaria de
Colombia, el Banco Pichincha y Delima Marsh S.A. (expediente T-5109049)
2.1. Hechos
El 26 de febrero
de 2014 la señora Lida Obdulia Chaparro de Useche, quien tiene 72 años de edad,
adquirió un crédito con el Banco Pichincha por valor de veintiocho millones
quinientos mil pesos (28.500.000), a un plazo de 96 meses, por el cual se pactó
el pago de una cuota mensual de quinientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta
y tres pesos (574.143), para ser descontados por libranza de su asignación pensional
reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca. El crédito se amparó con una
póliza vida grupo deudores de la Aseguradora Solidaria de Colombia[7].
El 13 de junio
del mismo año la señora Chaparro sufrió un accidente cerebro vascular hemorrágico.
Por esa razón fue hospitalizada en la Fundación Valle del Lili de Cali y
durante su instancia se le practicó una gastrostomía y adaptación de una sonda
yeyunal para su alimentación. Cuando finalizó la hospitalización, la atención
en casa se estableció sobre la base del siguiente diagnóstico: “paciente que
presentó ECV hemorrágico, estuvo en UCI en estado crítico, intubada con
tendencia a la mejoría sin embargo con compromiso neurológico que incluye
hemiplejia izquierda, trastorno de la deglución y alteraciones
neuropsiquiatrías secundarias, valorada por fisiatría en proceso de
rehabilitación y manejo además por psiquiatría”[8].
Posteriormente, el
16 de agosto de 2014 la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca
determinó que la agenciada sufría un 96.2% de pérdida de capacidad laboral, de
origen común y fecha de estructuración el 13 de junio de 2014, día del accidente
cerebro vascular[9].
La familia de la
actora presentó reclamación al Banco Pichincha para hacer efectiva la póliza
que cubría el valor del crédito adquirido. El 19 de diciembre de 2014, el banco
anexó a su respuesta una comunicación de la Aseguradora Solidaria de Colombia
suscrita el 25 de noviembre del mismo año, en la cual la entidad objetó el pago
del seguro con fundamento en el siguiente argumento: “(…) del análisis de
los documentos presentados como soporte de la reclamación, además de la
verificación realizada de los antecedentes de salud de la asegurada por nuestro
departamento médico, se establece que para el 26 de febrero de 2014, la Sra. Lida
Obdulia Chaparro de Useche presentaba antecedentes de hipertensión arterial y
dislipidemia mixta desde el año 2009, siendo estas patologías las que generan
el evento generador de la solicitud indemnizatoria. Y agregó: “es claro
que al momento de firmar la declaración de asegurabilidad, la Sra. Lida Obdulia
Chaparro de Useche, se encontraba diagnosticada con las patologías enunciadas
anteriormente, las cuales no fueron manifestadas por ella. Al respecto de esta
situación el artículo 1058 del código de comercio señala la obligación del
asegurado en razón a declarar sinceramente el estado de riesgo (…)”.
El hijo de la
señora Chaparro, actuando en calidad de agente oficioso, presentó acción de
tutela con el fin de solicitar al juez constitucional que ordene a las entidades
accionadas reconocer el seguro que cubría la deuda, porque mensualmente se le
viene descontando de la mesada pensional de su progenitora la cuota para cubrir
el crédito (que se fijó en el año 2014 en la suma de $574.143,oo), más la prima
para la cobertura de la póliza que ampara la obligación. Precisa que ese dinero
se requiere para los gastos en salud y alimentación de la agenciada, que
actualmente necesita asistencia permanente de personal auxiliar con
conocimientos especializados, dado que no puede valerse por sí misma. Agrega
que aunque la EPS reconoce la atención médica domiciliaria, existen otros
servicios que han debido ser asumidos por la señora Chaparro de Useche y la
familia, tales como transporte para terapias que se realizan fuera del hogar,
suplementos alimenticios, entre otros. Indica que es imposible asumir todos los
requerimientos de su madre con la pensión de la que es beneficiaria, por lo que
su familia se ha visto en la obligación de asumir la colaboración.
Sobre este
último aspecto sostiene que, aparte de él, la señora Lida Obdulia tiene otra
hija y una hermana, pero que la situación se ha vuelto crítica porque los
gastos han afectado la situación económica de todos: (i) él, agente oficioso en
este asunto, asumió un leasing habitacional que se encuentra en mora,
existiendo el riesgo de perder la casa donde, incluso, actualmente vive su
madre, y que tiene obligaciones con un menor de 6 años que reside fuera del
país y con otro bebé que está por nacer; (ii) su hermana tiene un menor de 4
años, por lo que sus recursos se destinan a la satisfacción de las necesidades
de su familia; y, (iii) finalmente, la hermana de la agenciada tiene 74 años y
se encuentra en tratamiento psiquiátrico.
2.2. Respuesta
de las entidades accionadas
(i) A través de
su apoderada y gerente general, el Banco Pichincha contestó la acción de tutela
y solicitó que se declare que esa entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la agenciada, comoquiera que fue la Aseguradora Solidaria de
Colombia la entidad que decidió objetar la reclamación; (ii) A su turno, la representante
legal de la Aseguradora Solidaria de Colombia solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela porque la agenciada dispone de la vía
judicial ordinaria para pedir la protección de sus derechos fundamentales. De
fondo, la entidad reiteró las consideraciones expuestas a la accionante en el
escrito a través del cual objetó la reclamación del seguro, suscrito el 25 de
noviembre de 2015; (iii) Finalmente, la representante legal de Delima Marsh
S.A., pidió al juez de tutela que declare que esa sociedad no ha vulnerado los
derechos de la agenciada. La entidad afirmó que es una compañía intermediaria
de seguros, que actúo como puente entre el Banco Pichincha y la Aseguradora
Solidaria de Colombia, para facilitar la contratación del seguro, la renovación
del mismo y la agilización en la atención de los reclamos.
2.3. Decisiones
que se revisan
En sentencia de
primera instancia del siete (07) de mayo de dos mil quince (2015), el Juzgado
Veintidós Civil Municipal de Cali tuteló los derechos fundamentales al debido
proceso, a la vida digna y al mínimo vital de la señora Lida Obdulia Chaparro
de Useche, y ordenó a la Aseguradora Solidaria de Colombia, que otorgue a la
accionante el amparo por incapacidad total y permanente, conforme a la
cobertura del seguro de vida grupo deudores, y asumir el saldo insoluto del
crédito. El fundamento principal de la decisión del despacho fue: “la ahora
accionante llenó un formulario para tomar la póliza como deudora y garantizarle
a la entidad bancaria Banco Pichincha, por determinación de ésta, que en caso
de muerte o por sobrevenir incapacidad total y permanente, Aseguradora
Solidaria se hacía cargo del saldo insoluto de la deuda, que luego la
aseguradora se niega a asumir, sin exámenes médicos que hubiera dispuesto
realizar, como es de su responsabilidad o pedido a la asegurable que los
allegara, le permiten colegir, con base seria y no por mera suposición a
discreción o conveniencia, que “infarto cerebro vascular” preexistía al ingreso
de la señora (…) a la póliza de vida grupo deudores y si ella obró con
reticencia”.
En escrito del
doce (12) de mayo de dos mil quince (2015) la Aseguradora Solidaria de
Colombiana impugnó la decisión. Reiteró que la agenciada dispone de la vía
ordinaria para solicitar el pago del seguro que reclama a través de la vía de
tutela, además, que era deber de aquella, al momento de tomar el seguro,
declarar de forma exacta el estado del riesgo, concretamente, a través de la
manifestación de su estado de salud físico y mental para ese momento.
El Juzgado
Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali, en fallo del diez (10) de junio
de dos mil quince (2015), revocó la decisión de instancia y declaró la
improcedencia de la acción de tutela. El juzgado explicó: “no resulta
caprichosa la objeción presentada por la aseguradora, porque al parecer la
aseguradora faltó a la verdad al momento de suscribir la solicitud de
aseguramiento, ya que no mencionó que sufría de hipertensión arterial, que se
cree fue la determinante para el accidente cerebro vascular que padeció el
13/06/2014. Lo anterior, sin perjuicio de acudirse a la acción ordinaria para
establecer con certeza su hay lugar o no al pago de la indemnización por
invalidez permanente”.
3. Acción de
tutela presentada por John Alexander Triana Rodríguez contra Seguros Bolívar
S.A. (expediente T-5189828)
3.1. Hechos
El señor John
Alexander Triana Rodríguez tomó un seguro de vida grupo davida integral con
Seguros Bolívar, vigente desde el 26 de mayo de 2014 hasta el 26 de mayo de
2015, el cual contaba con las coberturas de vida, indemnización por muerte
accidental y beneficios por desmembración e incapacidad total y permanente, por
un valor asegurado de ochenta millones de pesos (80.000.000). El 29 de octubre
de 2014 el actor fue calificado con un 82.95% de pérdida de capacidad laboral
por presentar agudeza visual, hipoacusia neurosensorial, cefalea migrañosa,
colon irritable y diabetes mellitus, entre otras enfermedades, con fecha de
estructuración el día de emisión del dictamen, según acta Nº 286 de la misma
fecha, expedida por la Junta Médico Laboral de la Policía Nacional, entidad
para la que trabajó por más de 7 años.
El 10 de
noviembre de 2014 el accionante solicitó a Seguros Bolívar S.A. reconocer el
seguro suscrito en mayo de ese mismo año. El 6 de enero de 2015, la compañía objetó
la reclamación argumentando que no se acreditó una “incapacidad total y
permanente” en los términos establecidos en la condición primera del anexo, es
decir, un porcentaje de invalidez que le impida desempeñarse laboralmente en
una actividad lucrativa[10].
Está decisión fue confirmada por la misma entidad en oficio del 4 de febrero de
2015 al responder una nueva solicitud del actor en la cual pidió reconsiderar la
objeción.
El señor Triana solicita
al juez de tutela que ordene a Seguros Bolívar pagar el seguro de vida davida
integral, para suplir las contingencias económicas que actualmente se generan
en la invalidez que padece, y que le impiden disfrutar de su vida en dignidad.
3.2. Respuesta
de Seguros Bolívar S.A.
A través del
apoderado general, la compañía demandada pidió que se declare que no ha
vulnerado los derechos fundamentales del interesado. Afirmó que se abstuvo de
reconocer el pago de la póliza comoquiera que las lesiones que padece el
accionante no le impiden desempeñar cualquier trabajo remunerado. También, sostuvo
que el concepto de invalidez vigente en el Sistema de Seguridad Social no se
extiende a la interpretación de las cláusulas contractuales de seguros, y que
en esta última materia, la incapacidad debe ser total.
3.3. Decisiones
que se revisan
En fallo de
primera instancia del veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015), el
Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué,
negó la protección invocada por el señor John Alexander Triana Rodríguez,
porque encontró que no se vulneró su derecho fundamental al mínimo vital y
consideró que corresponde al actor acudir a la vía ordinaria. Adujo sobre el
particular que: “es importante hacer notar que en el caso en comento, ni de
las pruebas que obran en el expediente, ni de lo que puede inferirse de la plateado
por el accionante, se derivan elementos de juicio suficientes para dar por
probado que estamos ante la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital
como se plantea y que pueda justificarla concesión de la acción de tutela (…).”
El demandante
impugnó la decisión señalando que a diferencia de lo sostenido por el juez de
primera instancia, no tiene medios económicos porque es una persona con una
pérdida de capacidad laboral del 82.95% y en esas circunstancias ningún
empleador va a contratarlo. Ha intentado en el mercado laboral emplearse, pero
es prácticamente imposible en esas circunstancias. Sostuvo también que en sus
condiciones, sumadas a la falta de recursos económicos, le impiden agotar todas
las etapas de un trámite ordinario sin poner en riesgo su derecho fundamental
al mínimo vital. Precisó que:
“… si
mi poderdante tiene personas a cargo o no, no sería relevante. Valga decir que
no las tiene, pero debe tenerse en cuenta que ni personas ni bienes productivos
tiene y que el perjuicio se le está causando solo a él que es quien interesa en
este momento. ¿Quién va a contratar a una persona con un índice de disminución
de capacidad laboral del 82.95%? Esta situación no se contempló en la
sentencia, no se analizó en la sentencia y simplemente se dio por sentado que
mi poderdante tiene otros ingresos y, por ende, la acción de tutela no es
procedente”[11].
A través de
fallo de segunda instancia del seis (6) de agosto de dos mil quince (2015), el
Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué,
confirmó íntegramente la decisión recurrida.
4. Acción de
tutela presentada por Deyci María Álvarez Hernández contra Banco BBVA y BBVA
Seguros de Vida (expediente T-5201723)
4.1. Hechos
El 3 de julio de
2013 la señora Deyci María Álvarez Hernández suscribió una póliza de seguro de
vida grupo deudores, para respaldar un crédito adquirido con el Banco BBVA por
valor de cien millones de pesos (100.000.000), con una prima anual del quinientos
cincuenta y cuatro mil pesos (554.000). La póliza operaría por muerte o por
incapacidad total y permanente del titular[12].
El 5 de
septiembre de 2013 la actora sufrió un multi-infarto cerebral. Después de este
episodio, el 7 de octubre de 2013 envió un derecho de petición a BBVA Seguros
de Vida solicitando el reconocimiento de la póliza que respaldaba el crédito
adquirido con Banco BBVA[13].
En comunicación del 25 de octubre de 2015 la entidad le informó a la tutelante:
“teniendo en cuenta que al diligenciar la solicitud de seguro de vida grupo
deudores, el día 3 de julio de 2013, se omitió declarar dichas patologías
–síndrome del túnel carpiano, artritis, y trastornos mentales-, obligado a
hacerlo en virtud del citado artículo, por tanto, BBVA Seguros de Vida Colombia
S.A., dentro del término legal se permite objetar integra y formalmente la
presente reclamación(…).”
La accionante
solicitó, a través de Suramericana, la calificación de su pérdida de capacidad
laboral. El 15 de julio de 2015 la entidad determinó que la accionante sufre
una invalidez del 65.94%, de origen común y con fecha de estructuración el 5 de
septiembre de 2013.
La peticionaria solicita
al juez de tutela que ordene a BBVA Seguros de Vida reconocer y pagar el monto
de la póliza, con base en el dictamen mencionado. Afirmó que por razón de su
enfermedad no se puede desempeñar laboralmente, y que en este momento tiene a
cargo a dos hijos menores de edad (9 y 17 años), que demandan gastos
permanentes de alimentación, educación, salud, vivienda y transporte, que deben
ser sufragados por ella totalmente a través de la pensión de invalidez que
recibe por valor igual al salario mínimo[14].
Agregó que no cuenta con ingresos fijos adicionales, dado que su esposo no
puede asistirlos porque quedó invalido y tiene una pérdida de capacidad laboral
del 66.55% desde abril del año 1996.
La accionante
allega, para acreditar su precaria situación económica y entre otras pruebas, (i)
declaración juramentada por parte del señor Carlos Alberto Álvarez Linares en
la que afirma que ha venido ayudando económicamente a su hija, además de que ha
asumido varios gastos del hijo mayor de la peticionaria[15]; (ii)
constancias del Colegio Americano de Bogotá en el que sus hijos menores están
estudiando, en las que se evidencia que han sido beneficiarios de subsidios e
incluso de exoneración de matrícula por las condiciones económicas de la
familia[16];
y, certificaciones bancarias tanto de la peticionaria como de su esposo que dan
cuenta de que algunos productos, tarjetas de crédito, se encuentra en el cupo
máximo y en mora[17].
4.2. Respuesta
de BBVA Seguros de Vida
A través del
representante legal, la entidad solicitó al juez de tutela declarar la
improcedencia de la acción de tutela, porque la accionante tiene a su
disposición la vía ordinaria para que se resuelva la controversia sobre el pago
del seguro a que se ha hecho referencia.
4.3. Decisiones
que se revisan
En fallo de
primera instancia del veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015), el
Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con Función de Control de Garantías,
declaró la improcedencia de la acción de tutela, pues a su juicio la actora no
demostró que acudía a la acción impetrada para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, y en esa medida, debía agotar la vía ordinaria.
La accionante
impugnó la decisión. En su escrito afirmó “¿cómo es posible que el a-quo
indique que no hay perjuicio irremediable? ¿Es que bastaron las pruebas
adjuntas donde familiares y amigos está ayudando con la manutención del hogar y
con el sostenimiento y pago de las matrículas y pensiones de los hijos? (…)
¿considera el juez que no hay perjuicio porque la pensión que devenga la
accionante es sobre el salario mínimo? Con respeto le manifiesto al fallador de
segunda instancia… que un salario mínimo le ayuda a una familia compuesta por
padres discapacitados o inválidos al sostenimiento de un hogar, en donde dos
son inválidos (…)”.
En segunda
instancia el Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá, en sentencia del ocho (08) de septiembre de dos mil
quince (2015), confirmó íntegramente el fallo recurrido.
5. Acción de
tutela presentada por Héctor Mario Rubio Acevedo contra Banco BBVA y BBVA
Seguros de Vida (expediente T-5201786)
5.1. Hechos
El 30 de
septiembre de 2013 el señor Héctor Mario Rubio Acevedo tomó la póliza No.
0110043 con BBVA Seguros de Vida, por un valor de cincuenta y un millones de
pesos (51.000.000), cuya prima mensual tenía un costo de treinta y ocho mil
doscientos cincuenta pesos (38.250)[18],
para asegurar la cancelación del crédito de libre inversión adquirido con el
Banco BBVA en caso de muerte o incapacidad permanente. El 24 de abril de 2014,
la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional
declaró que el señor Rubio presentaba una disminución de la capacidad laboral
del cincuenta 50.30%, con fecha de estructuración el día de expedición del
dictamen, y originada en las enfermedades trastorno adaptativo, síntomas
depresivos, leishmaniasis cutánea, entre otros.
Con fundamento
en el dictamen de pérdida de capacidad laboral, el accionante solicitó a BBVA
Seguros de Vida el pago de la póliza. El 27 de enero de 2015 la entidad accionada
objetó la solicitud. Aseguró que al momento de suscribir el contrato el
accionante omitió declarar: “antecedentes patológicos de trastorno adaptativo
con síntomas depresivos además de hipoacusia neurosensorial leve, desde el año
2012”, por lo cual, a su juicio, el accionante incurrió en reticencia[19].
El peticionario
explicó que con la asignación por invalidez reconocida por la Armada Nacional
sostiene un hogar compuesto por dos hijos menores de edad y su esposa; que
actualmente la familia no cuenta con ingresos adicionales para subsistir y que
el dinero de la póliza les ayudaría a estabilizarse por un tiempo razonable. En
consecuencia, pide al juez de tutela que ordene a BBVA Seguros pagar el seguro
a que se ha hecho referencia, de que trata la póliza suscrita con la compañía
desde el año 2013.
Para efectos de
acreditar su situación allega los registros civiles de sus tres hijos: un menor
de 12 años[20],
otro de 17 años[21]
y de Geraldine Rubio Suárez de 20 años de edad[22].
Adjunta, además, el certificado expedido por la Universidad del Tolima según el
cual Geraldine Rubio Suárez cursó la carrera de Medicina veterinaria y zootecnia
del primer semestre de 2013 al segundo semestre de 2014, retirándose para el
año 2015, por circunstancias que, según afirma el petente, tienen que ver con
la precaria situación económica por la que atraviesa la familia. Precisa que
todo el núcleo familiar depende de sus ingresos.
5.2. Respuesta
de BBVA Seguros de Vida
El representante
legal de la aseguradora solicitó al juez de tutela rechazar por improcedente la
acción constitucional. Afirmó que “la acción de tutela no se instituyo para
atender discrepancias y conflictos que deben dirimirse por otras vías
procesales, en este caso por la vía ordinaria. De hecho, no ventilar esta
situación ante el juez natural, sería violatorio del debido proceso de la aseguradora”.
Agregó que no ha desplegado ningún acto que vulnere los derechos
fundamentales del actor.
5.3. Decisiones
que se revisan
En fallo del
cinco (05) de agosto de dos mil quince (2015), el Juzgado Treinta y Nueve Civil
Municipal de Bogotá negó la acción de tutela promovida por el accionante contra
BBVA Seguros de Vida. En concreto, el juzgado sostuvo: “(…) obsérvese que en
el presente caso, lo que pretende la accionante es que el Juez Constitucional
proceda a resolver controversias de orden claramente legal que parten de su
inconformidad respecto a la decisión de la parte accionada sobre la negativa de
cancelar el crédito de libre inversión con la póliza que se adquirió, lo que
resulta ajeno en sede de tutela, puesto que el conflicto suscitado corresponde
a un litigio cuyo conocimiento y decisión compete a la jurisdicción ordinaria
(…)”.
El actor impugnó
la decisión reiterando el contenido de su escrito de tutela.
Mediante fallo
del cuatro (04) de septiembre de dos mil quince (2015), el Juzgado Sexto Civil
del Circuito de Bogotá decidió confirmar en todas sus partes el fallo de
primera instancia. Sostuvo que la improcedencia de la acción de tutela era
clara, toda vez que planteaba “situaciones fácticas frente a las cuales el
ordenamiento jurídico tiene establecidos los mecanismos pertinentes”. Agregó
que al no advertir “la existencia de un hecho relevante que pueda
comprometer los derechos fundamentales invocados”, el pronunciamiento del
juez de conocimiento se encontraba ajustado a derecho.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Primera de
Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de
tutela proferidos dentro del trámite de referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación
de los casos y problema jurídico
2.1. Los
peticionarios de los procesos acumulados iniciaron acciones de tutela, en
nombre propio o a través de su agente oficioso, para que se les protejan sus derechos
fundamentales a la vida digna y al mínimo vital, y se ordene
a las aseguradoras accionadas reconocerles y pagarles el valor de los seguros
que suscribieron y cuyas primas pagaron oportunamente durante el tiempo
correspondiente. Estos tomaron pólizas de vida grupo deudores o pólizas de vida
grupo educadores con diferentes compañías: Seguros Bolívar S.A., Seguros de
vida BBVA, y Aseguradora Solidaria de Colombia. El cubrimiento de dichas
pólizas operaba en caso de incapacidad permanente, parcial o muerte del titular:
(i) para cubrir el saldo insoluto de un crédito adquirido con una entidad
financiera o (ii) reconocer una indemnización a los beneficiarios por muerte o
incapacidad permanente del titular.
2.2. En los
procesos T-5109049, T-5201723 y T-5201786 las compañías de  Seguros
Bolívar S.A., BBVA Seguros y Solidaria de Colombia, objetaron las reclamaciones
elevadas por los titulares porque a su juicio la invalidez que les fue
declarada se originó en una enfermedad que los tomadores de los seguros sufrían
previamente a la suscripción del seguro y que omitieron declarar al momento de suscribir
el mismo, es decir que se presentó reticencia. En los expedientes T-5158888 y T-5189828,
Seguros Bolívar afirmó que el pago del seguro a modo de indemnización procede
solo en el evento en el que los interesados no puedan desarrollar una actividad
económica de la cual generar ingresos, lo cual, en criterio de la aseguradora,
no se cumple en los casos concretos, pues si bien los accionantes son
inválidos, aún conservan un porcentaje de capacidad laboral residual.
2.3. Con
fundamento en los hechos expuestos, la Sala de Revisión deberá resolver los
siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿Vulnera una
compañía aseguradora los derechos constitucionales a la vida
digna y al mínimo vital, por negarse a reconocer y pagar a los peticionarios un
seguro para cubrir el saldo insoluto de un crédito adquirido con una entidad
financiera, que se haría efectivo en caso de incapacidad permanente parcial o
muerte del titular, aduciendo que los tomadores no declararon la realidad sobre
su estado de salud al momento de tomar el seguro, y que la invalidez permanente
que sufren actualmente se derivó de una condición de salud anterior, a pesar de
que: (1) las aseguradoras no realizaron examen médicos a los interesados o
pidieron sus historias clínicas para constatar el estado de salud de quienes
tomaron el seguro, y (2) la enfermedad a la que se hace referencia como causante
de la invalidez no quedó explícitamente excluida del contrato de seguro?; y,
(ii) ¿Desconoce una
compañía aseguradora los derechos a la vida digna y al mínimo
vital, por negarse a reconocer y pagar una póliza de seguros a los tomadores,
aduciendo que los accionantes solo padecen una incapacidad parcial, no total,
pese a que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es superior al 50%,
incluso en algunos de los casos que se analizan en esta acción mayor del 90%?
2.4. Para dar
respuesta a estos interrogantes, la Sala de Revisión se referirá a la
procedencia de la acción de tutela en los procesos acumulados. Luego, reiterará
lo sostenido por la jurisprudencia de esta Corporación sobre las figuras de preexistencia
y  reticencia en el ámbito de los seguros, y el concepto de incapacidad
en el contexto de la interpretación de sus cláusulas contractuales. Y
finalmente, dará las órdenes pertinentes para resolver el asunto de fondo.
3. Procedencia
de la acción de tutela en los casos concretos
Legitimación
en la causa por pasiva
3.1.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
la protección de derechos fundamentales a través de la acción de tutela puede
invocarse no solo contra la acción u omisión de autoridades públicas, sino de
particulares. En este último caso, según el inciso 5 ídem, es procedente en
aquellos eventos en los que, atendiendo a lo previsto en la Ley, los particulares
están encargados de la prestación de un servicio público (i), su conducta
afecta grave y directamente el interés colectivo (ii), o frente a ellos el
afectado se encuentra en estado de subordinación o indefensión (iii)[23].
La
regulación a que hace referencia el citado inciso se encuentra prevista en el
artículo 42 del Decreto 2591 de 2001, “por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada el artículo 86 de la Constitución Política”, que en su
numeral 9 hace referencia a los casos en los que el amparo se invoca frente a
quienes se ostenta una relación de subordinación o indefensión[24]. Igualmente,
conforme a los numerales 1 y 2 la garantía constitucional de tutela es viable
frente a los particulares que prestan servicios públicos[25].
Ahora bien,
tanto la subordinación como la indefensión implican la ruptura del derecho a la
igualdad, aunque su fuente es diferente. En el primer caso, la dependencia
jurídica tiene fuente en el ordenamiento jurídico, mientras que en el segundo
la fuente es una situación de orden fáctico. Al respecto, en la providencia
T-222 de 2005[26],
se afirmó:
“La subordinación ha sido definida por la doctrina constitucional como la condición
de una persona que la hace sujetarse a otra o la hace dependiente de ella y, en
esa medida, hace alusión principalmente a una situación derivada de una
relación jurídica en virtud de un contrato de trabajo o de las relaciones entre
estudiantes y directivas del plantel educativo o la de los padres e hijos
derivada de la patria potestad.
El estado
de indefensión no tiene origen en la obligatoriedad derivada
de un vínculo jurídico sino en la situación fáctica de falta total o
insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir o repeler
la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales. La
indefensión no es una circunstancia que pueda ser analizada en abstracto,
requiere de un vínculo entre quien la alega y quien infringe que permita
asegurar el nexo causal y la respectiva vulneración del derecho fundamental.”[27]
En
este caso la acción de tutela se invoca, en síntesis, contra aseguradoras, esto
es, establecimientos privados que hacen parte del sistema financiero de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 literal d) del  Decreto 663 de
1993[28].
En relación con esta condición, la Corte Constitucional ha manifestado que la
actividad financiera, por lo menos, implica un interés público y que, además,
debido a la posición dominante de sus operadores, coloca  los usuarios que acuden
al sistema en una situación muchas veces de indefensión.
En
la sentencia T-152 de 2006[29]
la Corporación analizó un caso en el que una aseguradora se negó a cubrir un
procedimiento médico de su tomador y beneficiario porque, presuntamente, se
configuraba un fenómeno de reticencia al momento de suscribir una póliza de
seguro familiar de salud. En esa oportunidad se afirmó que la acción era
procedente porque el peticionario se encontraba en indefensión, dado que no
contaba con recursos económicos suficientes para oponerse a la aseguradora y se
evidenciaba la afectación de los derechos a la vida y a la salud[30].
En
providencia T-222 de 2014, esta tesis fue reiterada advirtiendo que en casos
como los que aquí se cuestionan la procedencia formal de la acción frente a las
aseguradoras se fundaba en dos argumentos relevantes: el primero, el de la
prestación de un servicio público, o por lo menos de una actividad en el que
era evidente el interés público, y el segundo, por el estado de indefensión[31]. Esta
tesis fue reiterada en la sentencia T-830 de 2014, en la que se afirmó:
“…
esta Corporación ha consolidado una línea jurisprudencial uniforme, sobre la
posibilidad de ejercer acción de tutela en contra de entidades financieras y
aseguradoras. Y ello se explica por varias razones. Principalmente, porque esta
clase de entidades ejercen un papel determinante en la economía nacional, de
tal forma que las sitúa en una posición privilegiada respecto de los ciudadanos
o habitantes de nuestro país. Estos privilegios pueden traer consigo, directa o
indirectamente, voluntaria o involuntariamente, la subordinación
y/o indefensión de los particulares frente a ellas. De allí que, incluso, las
haya considerado prestadoras de un servicio público.
…
De
acuerdo con lo anterior, la acción de tutela es procedente frente a
particulares que presten un servicio público.// Eso se explica, nuevamente,
porque en esas relaciones la entidad privada ostenta una posición privilegiada
sobre los ciudadanos, la cual los coloca en estado de indefensión o
subordinación”.
La
situación de indefensión como criterio relevante al momento de valorar la
procedencia de la acción de tutela contra establecimientos aseguradores, fue reiterada
recientemente en la sentencia T-770 de 2015[32],
en los siguientes términos:
“3.1.3.9. En síntesis,
la actividad aseguradora en una labor de carácter financiero que debe resolver
sus litigios en el marco de la jurisdicción ordinaria. No obstante, contra este
tipo de compañías podrá ejercerse de manera excepcional la acción de tutela
cuando el juez constitucional logre demostrar que: (i) los mecanismos ordinarios no son idóneos o eficaces
para proteger el derecho; (ii) el accionante está ante la amenaza de un perjuicio
grave e irremediable, cuya valoración deberá ser flexible en el caso de sujetos
con especial protección constitucional; y (iii) cuando de la relación contractual se observe que el
actor se encuentra en estado de indefensión”.
Conforme
a la línea jurisprudencial consolidada por la Corte Constitucional, la acción
de tutela contra aseguradoras es procedente formalmente desde el tópico de la
legitimación en la causa por pasiva, en razón a que su actividad desborda el
mero interés particular de cualquier relación contractual y en la medida en que
su posición dominante puede generar una situación de indefensión, situación que
fácticamente debe valorarse en cada caso.
Requisitos
de subsidiariedad e inmediatez
3.2. El carácter subsidiario y residual de la acción de
tutela, definido en el artículo 86 de la Constitución y en el artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, establece que la
acción de tutela procede cuando: (i) la parte interesada no
dispone de otro medio judicial de defensa, o (ii) existe otro medio de defensa
judicial, pero es ineficaz para proteger derechos fundamentales y se quiere
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Por
su parte, el análisis de si existe un perjuicio irremediable, por un lado, y la
evaluación de la eficacia de los otros medios judiciales disponibles, por el
otro, son dos elementos constitutivos del principio de subsidiariedad que
permiten preservar la naturaleza de la acción de tutela en cuanto: (1) evitan
el desplazamiento de los mecanismos ordinarios, al ser estos los espacios
naturales para invocar la protección de diversos derechos; y (2) garantizan que
la tutela opere cuando se requiere suplir las deficiencias que presenta el
orden jurídico para la protección efectiva de tales derechos a la luz de un
caso concreto.
Asimismo,
la procedencia
de la acción constitucional está supeditada al cumplimiento del principio de inmediatez.
Éste exige que la acción sea presentada por el interesado de manera oportuna en
relación con el acto que generó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales. La inmediatez encuentra razón de ser en la tensión existente
entre el derecho constitucional a presentar una acción de tutela en todo
momento y el deber de respetar la configuración de la acción como un medio
de protección inmediata de las garantías fundamentales. Es
decir que, pese a no contar con un término para efectuar la presentación, por
mandato expreso del artículo 86 superior, debe existir necesariamente una correspondencia
entre la naturaleza expedita de la tutela y su interposición justa y oportuna.
En relación con el requisito de inmediatez, la
Sala de Revisión considera que las 5 acciones de tutela son procedentes,
comoquiera que fueron presentadas en un término razonable desde la última
actuación que originó la presunta afectación de los derechos fundamentales de
los tutelantes.
(i) Expediente T-5158888. La señora Martha Lucía
González solicitó el 13 de julio de 2012 a Seguros Bolívar S.A. el pago de la póliza
vida grupo educadores, suscrita con la entidad, la que canceló por espacio de
aproximadamente doce (12) años. La aseguradora objetó la reclamación. No
obstante la tutelante reiteró su petición el 16 de abril de 2015, sobre la base
de aplicar un precedente contenido en una sentencia T-830 de 2014[33]. La peticionaria radicó en la oficina de
reparto la acción de tutela que es objeto de revisión el 14 de julio de 2015.
Es decir que, transcurrieron menos de 3 meses entre la presentación de la
acción constitucional y la última reclamación efectuada a la aseguradora, por
lo que se satisface el requisito de inmediatez.
La señora Martha Lucía González López fue
valorada el 28 de enero de 2011 por medicina del trabajo Medicol, concluyéndose
que tenía un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral equivalente al 96%,
por síndrome de manguito rotador derecho. En razón a lo anterior, mediante la
Resolución No. 001185 de 17 de febrero de 2011, el Secretario de Educación de
Cundinamarca dispuso su retiro del servicio y, posteriormente, mediante la
Resolución No. 00589 de junio del mismo año se le reconoció pensión de
invalidez.
Atendiendo a la anterior situación, el 13 de
julio de 2012 solicitó a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. el reconocimiento
y pago del seguro de vida grupo educadores, adquirido desde el año 2002; reclamación
que fue objetada, el 31 de julio de 2012, con el argumento de que la incapacidad
sufrida no era total y permanente, como lo estipulaba el contrato suscrito libremente
entre las partes.
Posteriormente la interesada reiteró su
reclamación, el 16 de abril de 2015, obteniendo respuesta negativa por parte de
la aseguradora el 12 de mayo del mismo año, en la que se esgrimieron los
mismos argumentos expuestos con ocasión de la petición del año 2012. Con
posterioridad a esta respuesta, la interesada incoó esta acción de tutela el 14
de julio de 2015.
Adicionalmente, luego de la primera valoración, conforme al régimen
prestacional aplicable a los maestros, la señora Martha Lucía González López ha
venido siendo valorada anualmente, así:
·
30 de enero de 2012, concepto: “paciente con cuadro
clínico dado por síndrome manguito rotador derecho”. Concepto de medicina
laboral: “1. Pérdida de la capacidad laboral del 96%. // 2. Fecha de
estructuración de la invalidez 28 de enero de 2011. // 3. Continuar
tratamientos médicos.” (fl. 42).
·
22 de enero de 2013,
concepto: “paciente con cuadro clínico dado por antecedente de síndrome del
manguito rotador derecho, con antecedente de 2 posoperatorios (2010 y 2011),
asociado presenta epicondilitis derecha en tratamiento.”. Concepto de
medicina laboral: “- Continuar con pérdida de la capacidad laboral del 96%.
// Se tiene en cuenta concepto de ortopedista … // Continuar controles,
tratamientos médicos por ortopedia y fisioterapia. // Fecha de estructuración
de la invalidez 28 de enero del 2011.” (fl. 43).
·
16 de agosto de 2013, concepto: “paciente con cuadro
clínico dado por antecedentes del síndrome del manguito rotador derecho, con
antecedente de 2 posoperatorios (2010-2011), asociando presenta epicondilitis
derecha en tratamiento.”. Concepto de medicina laboral: “Se certifica
que la paciente padece condiciones médicas que le generan una discapacidad
permanente progresiva, la cual afecta su movilidad.” (fl. 44).
·
27 de enero de 2014, concepto: “paciente con cuadro
clínico dado por antecedente de síndrome del manguito rotador derecho, con
antecedente de 2 posoperatorios (2010-2011), asociado presenta epicondilitis
derecha en tratamiento.”. El concepto de medicina laboral es idéntico al
dado en el dictamen de 22 de enero de 2013 (fl. 45).
·
28 de enero de 2015, en el que se rinde un concepto similar
al que se había venido dando (fl. 47).
Finalmente, y para efecto de analizar la
satisfacción del requisito de inmediatez, debe afirmarse que la accionante se
encuentra en una situación de vulnerabilidad considerable, por lo que la acción
de tutela, por este requisito, es procedente, máxime cuando la Aseguradora no
se ha opuesto a la oportunidad de su reclamación en vía administrativa y
tampoco en el curso del trámite de tutela.
(ii) Expediente T-5109049. La señora Lida Obdulia
Chaparro de Useche, su familia presentó reclamación para el  pago del seguro
por la invalidez del 96.2% que le fue declarada a la agenciada el 16 de agosto
de 2014, y el 19 de diciembre del mismo año recibieron respuesta negativa de la
Aseguradora Solidaria de Colombia. La acción de tutela fue radicada en la
oficina de reparto el 15 de abril de 2015, es decir que la interesada se demoró
menos de 4 meses para acudir a la administración de justicia;
(iii) Expediente T-5189828. El señor Jhon
Alexander Triana presentó la acción de tutela que se revisa el 13 de mayo de
2015. Previamente, en febrero de ese mismo año, solicitó directamente a Seguros
Bolívar S.A. y por segunda vez, el pago de la póliza por el estado de invalidez
del 82.95% que le fue declarado el 29 de octubre de 2014. La entidad objetó la
reclamación el 4 de febrero de 2015. Así, entre la presentación de la acción y
la última actuación ante la demandada, trascurrieron un poco más de 2 meses;
(iv) Expediente T-5201723. La señora Deyci María
Álvarez fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 65.94%, el 15
de julio de 2014, con fecha de estructuración el 5 de septiembre de 2013. El 7
de octubre de 2014 ella radicó petición para el pago del seguro ante BBVA
Seguros de Vida; la aseguradora objetó el pago el 25 del mismo mes y año. La
acción de tutela la presentó la tutelante el 12 de junio de 2015. Así las cosas,
transcurrieron aproximadamente 8 meses entre el presunto hecho vulnerador de
sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital, y el acceso a la
administración de justicia; tiempo que el contexto descrito por la accionante
en su tutela (ser madre de dos menores de edad y tener a su cargo a su esposo
que también padece de una discapacidad del 66.55%), es adecuado para superar el
análisis de inmediatez.
(v) Expediente T-5201786. El señor Héctor Mario
Rubio Acevedo presentó la acción de tutela que revisa la Sala en esta
oportunidad, el 28 de julio de 2015. La respuesta negativa de BBVA Seguros de
Vida a la reclamación del pago del aseguramiento por su estado de invalidez del
50.30%,  le fue notificada al actor el 27 de enero del mismo año. En esta
oportunidad transcurrieron 6 meses desde el momento de la presunta afectación
de sus garantías constitucionales y la comunicación de la entidad. La Sala
considera que este término es admisible para declarar la procedencia de la
acción, comoquiera que el señor Héctor Mario Rubio sufre de una depresión
incapacitante, que no le facilita realizar reclamaciones ni presentar acciones
judiciales.
En cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad,
en el caso objeto de análisis cuatro (4) de las cinco (5) las acciones de
tutela acumuladas son procedentes, concretamente las de los señores Martha
Lucía González López (T-5158555), Lida Obdulia Chaparro de Useche (T-5109049),
Deyci María Álvarez Hernández (T-5201723) y Héctor Mario Rubio Acevedo
(T-5201786), porque existiendo la vía ordinaria para que los accionantes
soliciten la protección de los derechos que consideran menoscabados por las
aseguradoras demandadas, aquella no es eficaz comoquiera que:
(i) Los peticionarios son personas para quienes el
acceso a la administración de justicia debe flexibilizarse, porque su estado de
invalidez se erige como un obstáculo para atender adecuadamente las exigencias
procedimentales que demanda una actuación en la vía ordinaria. En este
escenario, no solo la vulnerabilidad física restringe el acceso a la justicia, sino
que además, se trata de personas con recursos económicos escasos, para destinar
sus ingresos a la satisfacción de las necesidades básicas suyas y de su
familia, y no tienen recursos para invertir en procedimientos judiciales que a
diferencia de la acción de tutela, son onerosos y demandan mayor tiempo para
obtener una respuesta de fondo al conflicto suscitado;
(ii) Puede pensarse, como lo afirmaron algunos
jueces de instancia, que la pretensión de reconocimiento y pago del seguro es
de índole económico. Sin embargo, dicha pretensión no puede ser leída de forma
aislada de la situación fáctica de los casos concretos: los accionantes se
encuentran limitados en sus capacidades físicas y mentales, razón por la cual
no son actualmente productivos y dependen de un ingreso mínimo fijo o de la
asistencia de sus familias y terceros cercanos; así, cualquier pretensión
encaminada a reducir la destinación de sus recursos escasos a la satisfacción
de sus necesidades básicas diarias, lleva inmersa la protección del derecho
fundamental al mínimo vital; y,
(iii) Los hechos que se exponen en esta acción de
tutela han sido estudiados en un sinnúmero de decisiones previas por esta
Corporación. La Corte ha sostenido que en casos como los que nos ocupan estamos
frente a una de los presupuestos de procedencia de la tutela, contenido en el artículo
86 de la Constitución. Ello porque es evidente que el no pago de la póliza de
seguros, agrava la situación de debilidad manifiesta de los actores, desde el
punto de vista de su situación económica y la tutela procede como el mecanismo
idóneo para resolver la controversia[34]. Pero además, se
hace necesaria la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio
irremediable comoquiera que los accionantes necesitan, para la satisfacción de
sus derechos fundamentales, especialmente al mínimo vital, una respuesta pronta
sobre el reconocimiento y pago del seguro, de manera que puedan afrontar mejor
su situación de debilidad manifiesta.
(iv) De manera concreta, frente a cada uno de los
casos expuestos se destacan las siguientes precisiones:
(iv.1) La señora Martha Lucía González López
tiene 61 años de edad, una pérdida de la capacidad laboral del 96% y dos hijos
a su cargo, quienes, aunque mayores de edad, no han terminado sus estudios y
uno de ellos presenta problemas psicológicos desde el divorcio de sus padres.
Argumenta que la pensión de invalidez que percibe, en un saldo neto de
$2`200.000, no es suficiente para la satisfacción de las necesidades básicas
suyas y de sus hijos.
(iv.2) Lida Obdulia Chaparro de Useche tiene 72
años de edad y una pérdida de la capacidad laboral del 96.2%. Además de que sus
recursos son escasos para sufragar sus necesidades básicas, ha continuado
cubriendo la obligación crediticia contraída con el Banco Pichincha y la prima
por el seguro grupo vida deudores que la cubre. Su hijo, que funge como su
agente oficioso, especifica la conformación de su familia, las obligaciones de
cada uno y los problemas que la situación médica de su progenitora ha
desencadenado en ese núcleo, por lo que solicita que se reconozca el seguro con
el objeto de que la señora Chaparro de Useche no continúe pagando la deuda y la
prima del seguro, y esos recursos que descuentan de su mesada pensional le
permitan, por el contrario, sumar para su atención.
(iv.3) La señora Deicy María Álvarez Hernández,
de 41 años de edad, allegó material probatorio que da cuenta sobre: la pérdida
de su capacidad laboral en un 65.94%, la situación de incapacidad de su cónyuge,
sus obligaciones familiares respecto de 2 menores de edad, la ayuda que éstos
han recibido en sus colegios por la mala situación económica familiar, el
reconocimiento de su pensión de invalidez en cuantía equivalente al mínimo
vital, la existencia de varias deudas en entidades bancarias, y la asunción de
un crédito frente al cual reclama la materialización de la póliza.
(iv.4) Finalmente, el señor Héctor Mario Rubio
Acevedo, de 44 años de edad, y con pérdida de la capacidad laboral del 50.30%,
da cuenta de su situación económica precaria, argumentando que ha debido
sufragar un crédito así como la prima de la póliza que lo cubre sin contar con
un trabajo. Afirma que está a cargo de dos hijos menores de edad y de otra
mayor, quien ha debido  retirarse de la Universidad por la carencia de recursos
para garantizar su derecho a la educación.
En los anteriores términos, la Sala considera que
las cuatro acciones de tutela que se acumulan son procedentes, y por lo tanto
se analizará de fondo las solicitudes elevadas por los peticionarios o sus
agentes oficiosos.
(v) No ocurre lo mismo con el caso del señor Daniel
Alexander Ospitia Carrillo, quien no acreditó una condición que le impida
ejercer la acción ordinaria declarativa para discutir su derecho a acceder al
seguro de vida e incapacidad total y permanente que suscribió en mayo de 2014.
Al respecto, la Sala reitera que en tratándose de
peticionarios que reclaman la protección de derechos fundamentales en
condiciones de discapacidad, como ocurre en estos casos, el análisis de
subsidiariedad debe flexibilizarse; además, es igualmente cierto que las
afirmaciones realizadas en el trámite, de no ser desvirtuadas, deben tenerse
por ciertas. Sin embargo, también debe tenerse presente que cuando se pretende
la ejecución de un seguro de vida y/o pérdida de la capacidad laboral se va a
estar en situaciones que, de entrada, exigen un escrutinio diferencial sin que
por ello se llegue a desconocer la existencia de otras vías judiciales,
previstas por el legislador, para la satisfacción de los derechos protegidos
por el sistema jurídico.
En múltiples ocasiones esta Corte ha afirmado
que, en principio, asuntos de naturaleza contractual deben ventilarse ante el
juez ordinario competente, so pena de convertir a la acción de tutela, por
esencia excepcional, en un mecanismo ordinario.  Por tanto, una adecuada
ponderación exige comprobar en cada caso la existencia de circunstancias
especiales que lleven al convencimiento del juez que someter al peticionario a
un proceso judicial ordinario sería una carga que no está en condiciones de
soportar.
En este caso, en concreto, se tiene que: (i) de
conformidad con el dictamen médico, la disminución de la capacidad laboral del
accionante se calificó como “permanente parcial - apto”; (ii) el
afectado nació el 7 de abril de 1986, lo que permite concluir que a la fecha
cuenta con 29 años de edad; (iii) según su propio dicho, no tiene personas a
cargo; (iv) pese a que manifiesta no tener trabajo y la imposibilidad de
conseguir uno en las condiciones médicas descritas, tampoco efectuó esfuerzo
alguno para demostrar, por ejemplo, la situación de sus padres, a quienes
incluyó en el año 2014 como beneficiarios del seguro tomado, ni de su núcleo
familiar, que permita concluir que, en efecto, una reclamación ordinaria en su
caso sería una carga que no está en condiciones de asumir; (v) aunado a lo
anterior, tampoco se trata en este caso de un seguro grupo vida deudores que
evidencie que debe cubrir una deuda que tampoco está en capacidad de hacerlo;
y, (vi) finalmente, el interesado precisa que la dirección de sanidad de la
Policía Nacional, entidad para la que laboró durante 7 años, cubre el servicio
de salud.
En el escrito de impugnación, a través de su
apoderado, el peticionario afirma que no es posible acreditar su condición sino
que más bien corresponde a la contraparte desvirtuar su afirmación sobre la
situación de vulnerabilidad, no obstante, se insiste, a través de diversos
medios probatorios es dable dar cuenta de las condiciones socio-económicas de
una personas, esfuerzo que, se insiste, no se desplego en esta oportunidad.
De otro lado, tampoco es claro según las
afirmaciones que se hacen dentro del trámite por la parte actora y las pruebas
allegadas, si el interesado, como en principio debería ocurrir, es beneficiario
o no de la pensión de invalidez por parte de la Policía Nacional, atendiendo al
porcentaje que se le concedió de pérdida de la capacidad laboral. Este hecho,
no es precisado por el interesado y tampoco puede deducirse con certeza, pues
por ejemplo en el dictamen de medicina laboral se afirma que el PT Triana
Rodríguez se retiró del servicio el 5 de octubre de 2011.
En los términos aquí expuestos, se concluye que
la solicitud de amparo del señor Jhon Alexander Triana Rodríguez no es
procedente y, por lo tanto, es procedente confirmar los fallos de instancias
por los motivos aquí expuestos.
4. La Aseguradora Solidaria de Colombia y BBV
Seguros de Vida, desconocieron los derechos fundamentales a la vida digna y al
mínimo vital de Lida Obdulia Chaparro de Useche, Deyci
María Álvarez Hernández y Héctor Mario Rubio Acevedo, por negarles el
reconocimiento y pago de las pólizas de vida grupo deudores que tomaron, para
cubrir el saldo insoluto de un crédito, que se haría efectivo en caso de
incapacidad permanente.
4.1. Desde el
punto de vista legal, el contrato de seguro se rige por las normas de derecho
comercial y civil que lo regulan, y constituye una concreción del principio de
la autonomía de la voluntad, de manera que prima en el negocio jurídico la
intención de las partes. Además, la Corporación ha reconocido el carácter
comercial de sus actividades. En el marco del derecho comercial, el contrato de
seguros es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, y
de acuerdo con el artículo 1047 del Código de Comercio, sus cláusulas
comprenden las condiciones generales de la póliza de seguro, así como las
condiciones particulares que acuerdan los contratantes, en las cuales se hacen
expresas las especificidades de sus coberturas[35].
Así,
es posible diferenciar entre dos clases de condiciones de los contratos de
seguros. De un lado, las condiciones generales, es decir, las cláusulas
aplicables a todos los contratos de un mismo ramo, las cuales obedecen al
formato tipo que debe depositarse en la Superintendencia Financiera de conformidad
con lo establecido en el numeral 1 del artículo 184 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero. De otro lado, las condiciones particulares, que definen el
alcance de los amparos frente a cada tomador. Por consiguiente, para definir la
cobertura no basta remitirse a las condiciones generales de la póliza, sino que
es necesario acudir además a las condiciones particulares contenidas en los
anexos de las pólizas.
4.2. Ahora bien,
desde una perspectiva constitucional la Corte ha destacado diversos aspectos
relevantes de este vínculo: de una parte, el contrato se caracteriza por la
exigencia de la buena fe calificada de los contratantes, aspecto que se
proyecta en la interpretación de sus cláusulas. De otra, pero en íntima
relación con lo expresado, cuando el contrato se suscribe en el marco más amplio
de las actividades financieras y crediticias, o cuando se asocia al goce
efectivo de derechos fundamentales como la salud o el mínimo vital, es deber de
quien lo elabora eliminar cualquier ambigüedad, mediante la expresión precisa y
taxativa de las exclusiones de la cobertura del seguro.
Para analizar el
cumplimiento de esa condición no basta con referirse a las condiciones
generales del contrato, sino que deben tomarse en cuenta aquellas particularidades
de cada caso, las cuales se encuentran en la solicitud de aseguramiento
efectuada, y por medio de la cual se definen los términos de la relación.
4.3. Igualmente,
de acuerdo con las normas que rigen el contrato de seguros, las obligaciones de
las partes deben entenderse de manera armónica con los elementos y
características esenciales del contrato. En ese marco, el artículo 1058 del Código
de Comercio establece la obligación de declarar de forma abierta y sincera los
hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, obligación que se
deriva del carácter bilateral, oneroso y aleatorio del contrato. Pero no se
trata de una deber que se lee aislado de la responsabilidad que asume la
aseguradora, pues en la medida en que la compañía asume el riesgo, debe conocer
las condiciones en que lo hace, como requisito previo para ampararlo y para
determinar la contraprestación que exigirá al tomador a manera de prima.
4.4. Del lado
del tomador, éste tiene el deber de declarar la información relevante para la
determinación del estado de riesgo (en este caso, el estado de salud); pero si
las preguntas tipo del cuestionario de asegurabilidad son muy generales, y no
se exigieron exámenes médicos o la historia clínica de los tomadores, esta
circunstancia no puede traducirse en la imposibilidad absoluta de hacer
efectiva la póliza, como consecuencia de una interpretación carente de razonabilidad
frente a las cláusulas del contrato.
El tema ha sido
abordado por la jurisprudencia en diversas ocasiones; en los casos que se citan
enseguida, las compañías de seguros objetaron un seguro porque, presuntamente,
el tomador no declaró su estado de salud; no obstante, las entidades no
realizaron la valoración del estado de salud al momento de amparar el resigo y
no definieron taxativamente las exclusiones:
En la sentencia
T-832 de 2010[36]
la Corte estudió la acción interpuesta por una persona de cincuenta y cuatro
(54) años de edad, que en mayo de dos mil nueve (2009) fue calificada con una
pérdida de capacidad laboral del (77.5%). Con fundamento en ese dictamen, la
actora solicitó que se hiciera efectiva la póliza de seguro de vida grupo
deudores que amparaba un crédito adquirido en diciembre de dos mil cinco (2005)
con el banco tomador de dicha póliza. La compañía aseguradora objetó la
reclamación, porque consideró que el evento generador de la pérdida de
capacidad laboral total y permanente de la accionante no se llevó a cabo dentro
de la vigencia de la póliza, ya que la enfermedad que causó la invalidez fue
diagnosticada doce (12) años antes de que se le hubiera desembolsado el
crédito.
La Corporación
consideró que la acción de tutela era un mecanismo judicial procedente para
resolver la controversia que el caso planteaba, porque la actora se encontraba
en situación de debilidad manifiesta y en estado de indefensión frente a las
entidades accionadas. Respecto del asunto de fondo, la Corte constató que al
momento de la suscripción del crédito la compañía aseguradora no le practicó
examen médico alguno a la asegurada, razón por la cual no se dejó constancia
previa de las exclusiones y preexistencias del contrato. Con fundamento en este
hecho, consideró que el argumento de la entidad accionada acerca de que la
enfermedad que ocasionó la incapacidad total y permanente de la actora fue
anterior a su ingreso como asegurada a la póliza de vida grupo deudores,
vulneraba su derecho al debido proceso. Asimismo, consideró que la compañía
aseguradora violó el derecho a la vida digna de la actora, porque la no
cancelación del saldo insoluto de la obligación acentuaba su situación de
debilidad manifiesta.
Posteriormente,
en la sentencia T-751 de 2012[37]
la Corte estudió dos acciones de tutela acumuladas, interpuestas por personas a
quienes se les negó la cancelación de unas pólizas de seguro de vida grupo
deudores que amparaban sendas obligaciones crediticias. En el primero de los
procesos, la acción de tutela fue interpuesta por una docente que adquirió un
crédito hipotecario en el año dos mil cuatro (2004), y que en marzo de dos mil
diez (2010) fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del (91.15%)
por padecer esquizofrenia y alteraciones emotivas. La compañía aseguradora se
negó a hacer efectiva la póliza, porque en la historia clínica de la actora
existía un diagnóstico de cáncer en febrero de dos mil (2000) que no fue
reportado por ella en su declaración de asegurabilidad, omisión que la compañía
calificó como una reticencia de la asegurada. En el segundo proceso, la acción
fue presentada por una persona que adquirió un crédito con una entidad bancaria
en junio de dos mil ocho (2008), cuyo pago fue garantizado por una póliza de
vida grupo deudores. En marzo de dos mil diez (2010), el asegurado fue
calificado por una junta regional de calificación de invalidez con una pérdida
de capacidad laboral del (85.50%). Sin embargo, cuando este solicitó que se
hiciera efectiva la póliza de vida grupo deudores, la compañía aseguradora
objetó el siniestro argumentando que en la declaración de asegurabilidad el
actor había manifestado que no padecía enfermedad alguna, pero para ese momento
ya se le había diagnosticado diabetes mellitus, pie diabético, hipertensión
arterial y enfermedad coronaria.
La Corte
Constitucional centró su análisis en establecer si los actores habían faltado
efectivamente a la verdad en sus declaraciones de asegurabilidad, o si las objeciones
de las aseguradoras carecían de soporte fáctico, y por lo tanto, vulneraban los
derechos al debido proceso y al mínimo vital de las accionantes. En ambos
casos, la Corporación concluyó que no estaba demostrada la reticencia de las
accionantes, razón por la cual, y ante la necesidad de proteger los derechos
fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, ordenó a las
compañías aseguradoras que hicieran efectivas las pólizas y cancelaran los
saldos insolutos de las obligaciones amparadas.
Asimismo, en la sentencia T-342 de
2013[38]
se tutelaron los derechos a la vida, al mínimo vital, a la familia, a
la alimentación, a la salud y a la dignidad humana de un docente calificado con un 97% de pérdida de capacidad laboral, que
previamente había adquirido créditos respaldados con una póliza de seguro
de “vida deudores”. Al solicitar que se cancelara la póliza debido
a la ocurrencia del siniestro, su reclamación fue objetada por la compañía
aseguradora porque el asegurado habría incurrido en reticencia. A juicio de la Sala Sexta de Revisión la aseguradora: “(…) omitió realizar los respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de
unos recientes, para determinar el estado de salud del demandante. Además, lo
consignado en las denominadas condiciones del contrato de seguro tampoco
justifica tal proceder, pues como se explicó, ello evidentemente coloca al
actor en indefensión frente a la aseguradora.  No es admisible
entonces que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, Equidad Seguros alegue
que la enfermedad que lo ocasionó es anterior al ingreso del señor Jorge Octavio Ortiz Álvarez a la póliza de seguro
de vida deudores”. Por ello, ordenó a
la aseguradora efectuar los trámites necesarios
para pagar los saldos insolutos de las
obligaciones crediticias adquiridas por el actor.
Finalmente,
en la sentencia T-222 de 2014[39]
se estudiaron varios casos en los cuales unos ciudadanos adquirieron créditos
con entidades financieras, respaldados por contratos de seguros celebrados con
diferentes compañías. Los accionantes fueron declarados inválidos, pese a lo
cual, al solicitar que se cancelaran las pólizas de seguros, las compañías se
negaron a proceder en dicha forma, por considerar que habían incurrido en
reticencia. La Sala Novena de Revisión concluyó que si bien la no declaración
de una condición de salud (preexistencia) puede dar lugar a la configuración de
reticencia, para que esta se configure la aseguradora debe probar la mala fe
del tomador. En tal sentido indicó: “la reticencia significa la inexactitud
en la información entregada por el tomador del seguro a la hora de celebrar el
contrato. Esta figura es castigada con la nulidad relativa. En otros términos,
sanciona la mala fe en el comportamiento del declarante. Ello implica que, (i)
no necesariamente los casos de preexistencias son sinónimo de reticencia. El
primer evento es objetivo mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo,
(ii) es deber de la aseguradora probar la mala fe en los casos de
preexistencias, pues solo ella es la única que sabe si ese hecho la haría
desistir de la celebración del contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso
(iii), no será sancionada si el asegurador conocía o podía conocer los hechos
que dan lugar a la supuesta reticencia”[40].
La
jurisprudencia citada permite concluir a la Sala que la Corporación se ha pronunciado
en casos que suponen amparar a las personas en situaciones humanas que son
límite. Las sentencias han sido dictadas a propósito de
acciones de tutela interpuestas por personas naturales contra aseguradoras, en
el marco de la ejecución de un contrato de seguros de dos especies
diferenciables: (i) de vida con cobertura de invalidez o incapacidad
permanente, (ii) de vida grupo deudores, para el cubrimiento de créditos
pendientes en casos de invalidez o muerte del deudor.
En
estos casos, la Corte se ha visto ante situaciones diferentes entre sí, aunque
con el común denominador de objeciones a la reclamación por parte de las aseguradoras,
en un contexto en el cual se alegaba la vulneración de derechos fundamentales
de la persona natural asegurada. La decisión de abstenerse de pagar la póliza
se ha fundado en tres clases de argumentos: (i) en preexistencias, (ii) en
reticencia, o (iii) en que los asegurados, si bien son inválidos, aún conservan
un porcentaje de su capacidad laboral residual para procurarse un ingreso.
Aunado
a lo anterior, hay que resaltar que las personas que padecen de una disminución
de sus condiciones físicas, mentales o sensoriales, gozan de especial
protección a la luz de los artículos 13 y 47 de la norma superior[41]. La incapacidad para
ser económicamente productivo afecta directamente las condiciones materiales de
vida de la persona, y es precisamente para escenarios como éste que se toma una
póliza con coberturas para el pago de deudas contraídas previamente, con el fin
de alivianar la carga que supone para el afectado pagar obligaciones
dinerarias, pudiendo destinar sus recursos escasos a mejorar su condición de
vida.
Sobre
el particular, en la sentencia T-136 de 2013[42]
la Sala Quinta de Revisión conoció el caso de una persona que tomó un seguro
para el pago de un crédito insoluto en caso de muerte o incapacidad total y
permanente y cuya reclamación se fundamentó en haber perdido el 56.60% de su
capacidad laboral. La aseguradora objetó el siniestro, argumentando que la
cobertura ofrecida no operaba en personas mayores a 69 años y el actor tenía
74.
En la
parte considerativa de la sentencia, la Sala sostuvo que los principios y postulados constitucionales que irradian la
esfera de los negocios contractuales, y por virtud de ello la protección de las
personas en condición de debilidad manifiesta que convoca a todos los
particulares. En el caso del contrato de seguros se espera que las partes
contratante actúen conforme las condiciones particulares que los obligan, sin
que uno y otro lado modifique la interpretación original del contrato y sus
anexos, y en caso tal de que exista una duda frente al contenido estipulado,
ésta de resuelva a favor de quien está en condiciones de vulnerabilidad, de
manera que el aseguramiento sea efectivo cuando el riesgo se materialice sin
mayores obstáculos.
Además y aunque
parezca obvio decirlo por la clase de contrato suscrito, se ha tratado de casos
en que el asegurado es una persona natural que toma un seguro. En esa línea
jurisprudencial no se han considerado problemas de derechos cuyo titular sea
una persona jurídica.
Los asuntos
abordados por la Corporación involucran personas que consideran vulnerados o
amenazados sus derechos fundamentales, como por ejemplo la salud o el mínimo
vital o la vivienda, por cuanto por sus condiciones personales las ubican en
circunstancias de debilidad manifiesta. Por ende, no basta con que se invoque
un derecho fundamental en una acción de tutela, con el fin de que se cancele la
cobertura de una póliza en uno de los contratos mencionados. Debe además
mostrarse que la persona no cuenta con otros medios económicos para satisfacer
tales derechos.
Así, solo cuando
se han presentado los supuestos antes descritos, la Corte ha procedido a
definir los límites constitucionales en materia de preexistencias, de
reticencia o de concurrencia del riesgo asegurado.
4.5. En el
contexto descrito la Corporación también se ha referido a cuatro deberes que
tienen las aseguradoras en relación con los tomadores y asegurados, para la
adecuada prestación del servicio se aseguramiento, y con miras a garantizar,
especialmente, que se mantengan las condiciones inicialmente pactadas, y que en
caso de duda, la interpretación de las cláusulas contractuales sea la más
beneficiosa al interesado. Estos deberes se resumen en: (i) claridad, (ii)
información, (iii) confirmación y (iv) lealtad, que debe
existir por parte de la aseguradora y del tomador en el momento de la
suscripción de la póliza.
Los deberes
antes enunciados fueron establecidos en la sentencia T-316 de 2015[43]. En esa oportunidad la
Sala Primera de Revisión conoció el caso de una acción de tutela que presentó
una mujer contra la asegurada con la cual había suscrito un contrato de
aseguramiento, que la amparaba frente a los riesgos de
muerte e invalidez total y permanente o incapacidad asimilada. De forma
posterior la accionante fue diagnosticada con un 71.14% de
pérdida de capacidad laboral, por lo cual solicitó el pago del seguro, pero la
seguradora negó el reconcomiendo aduciendo que la tutelante contaba con una
serie de preexistencias como hipertensión arterial, trastornos de ansiedad,
depresión y dislipidemia, entre otras.
A propósito de
la respuesta dada a la accionante, especialmente, haber alegado prexistencia
sobre la base de que aquella sufría diversas enfermedades que no fueron
excluidas expresamente del contrato, la Sala de Revisión explicó cada uno de
los deberes enunciados: (i) claridad: hace referencia a que
las cláusulas contractuales. La póliza debe estar escrita en un leguaje
accesible para la parte interesada y contener conceptos precisos, para que no
se presenten confusiones en la aplicación de sus cláusulas, (ii) información:
la aseguradora debe suministrarle al tomador en forma completa las condiciones,
coberturas y  exclusiones del seguro. Este deber incluye la asesoría en todas
las etapas del trámite, inclusive en la reclamación cuando se materializa el
riesgo asegurado; (iii) confirmación: consiste en la necesidad de
corroborar la información suministrada por el tomador del seguro, por medio de
la realización de exámenes médicos o la exigencia de aportar su historia
clínica o exámenes recientes sobre pruebas clínicas que considere necesarias; y
(iv) lealtad: se traduce en que en el marco de la relación contractual
cada parte cumpla sus deberes conforme fueron pactados originalmente,
sujetándose al principio de buena fe en las actuaciones que desplieguen, con
miras a no afectar los derechos fundamentales de la contraparte[44].
4.6. Un último
asunto a tratar como parte de los argumentos jurisprudenciales que fundamentan
la decisión a adoptar por la Sala, y en estrecha relación con el deber de
confirmación antes enunciado, es el hecho de que las aseguradoras no pueden
objetar válidamente el pago de un siniestro alegando la figura de la
preexistencia, cuando no existe  mala fe del tomador al momento de suscribir la
póliza y sus anexos. En ese sentido se pronunció la Sala Segunda de Revisión en
la sentencia T-684 de 2015[45]
al decidir sobre la acción de tutela presentada por una familia contra una compañía
aseguradora porque aquella negó el pago de la deuda insoluta pese a que la
tomadora falleció, aduciendo que al momento de suscribir el aseguramiento la
interesada había sido reticente en la declaración sobre algunas enfermedades
que padecía.
Con respecto a
la figura de la buena fe en los contratos de seguro, la Sala afirmó que para
sustentar la objeción al pago las aseguradoras no pueden alegar que el tomador
incurrió en reticencia si conocían o podían acceder a conocer los hechos que
dieron lugar a la reticencia alegada, como en aquellos eventos en los que se
abstuvieron de comprobar el estado de salud del asegurado al momento de tomar
el seguro. Específicamente sostuvo: “destaca la Corte que en virtud del
principio de buena fe calificada, que caracteriza al contrato de seguro, y en
cumplimiento de la carga de lealtad, las objeciones presentadas a las
solicitudes de pago de las indemnizaciones derivadas de una póliza de seguro,
deben tener fundamento fáctico y probatorio, pues de lo contrario, se
presentaría un abuso de la posición dominante, que vulneraría los derechos
fundamentales de los asegurados, entre ellos, el mínimo vital.”
4.7.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala estima que carece de
fundamento constitucional la objeción a una reclamación de reconocimiento de
una póliza de seguro de vida grupo deudores o a una solicitud para hacer
efectiva un amparo indemnizatorio, cuando el interesado padece una incapacidad
permanente o se ha producido su muerte, bajo el argumento de que hubo
reticencia en declarar una situación de salud consolidada con anterioridad a la
vigencia del contrato, con fundamento en cláusulas genéricas y ambiguas que
excluyen la cobertura de cualquier tipo de preexistencia, y cuando la empresa aseguradora
ha incumplido los deberes correlativos con respecto al tomador, especialmente
el de confirmación.
4.8. Casos
concretos
En relación con
los casos concretos, la Sala Primera de Revisión considera que la señora Lida
Obdulia Chaparro de Useche (expediente T-5109049), la señora Deyci María
Álvarez Hernández (expediente T-5201723) y el señor Héctor Mario Rubio Acevedo (expediente
T-5201786), tienen derecho a que las aseguradoras demandadas (Aseguradora
Solidaria de Colombia en el primer caso, y BBVA Seguros de Vida en el segundo y
tercero) les paguen el seguro de vida grupo educadores, o deudores que
suscribieron para amparar las distintas deudas adquiridas con entidades
financieras.
Las aseguradoras
afirmaron que los accionantes ocultaron o no declararon toda la información relacionada
con su estado de salud al momento de tomar las pólizas, y que todas las
enfermedades o dolencias no declaradas se constituyen en prexistencia del
contrato de seguros. Sin embargo, como se explicó ampliamente en párrafos
precedentes, esta Corporación ha sostenido que en las prexistencias o
enfermedades no amparadas por una póliza seguro de vida grupo deudores, deben
quedar expresamente excluidas al momento de tomar el seguro, y que no puede
objetarse el siniestro de manera genérica, con base en que la enfermedad que le
ocasionó la pérdida de capacidad laboral al tomador obedecía a una
preexistencia, pese a que no se les pidió al momento de tomar el seguro, ningún
examen médico de chequeo o su historia clínica, situación que no se presentó en
los tres casos que se estudian.
Es deber de las aseguradoras
establecer el estado del riesgo asegurado, a través del cumplimiento del deber
de confirmación, y es así como en los seguros de vida, hacer preguntas
generales que no logran determinar la verdadera situación de la persona
tomadora, no basta para objetar la reclamación. Igualmente, no en pocas
oportunidades y sin ningún soporte médico las entidades derivan de una
enfermedad anterior el padecimiento que originó la invalidez, como sucede en el
caso de la señora Lida Obdulia Chaparro, a quien la Aseguradora Solidaria de
Colombia le objetó su reclamación con base en que el accidente vascular
hemorrágico que generó su incapacidad en un porcentaje igual al 96.2%, es
resultado de la hipertensión que sufría en años anteriores a la toma del
seguro, y en tal sentido, determinó que la causa de su invalidez es una
prexistencia que se entiende excluida del contrato.
Al momento de
tomar el seguro a la accionante se le preguntó solamente: ¿“ha sufrido alguna
enfermedad?”[46]
y ella respondió “no”. Por lo demás, no reposan en la contestación a la acción
por parte de la compañía, pruebas de los exámenes médicos realizados a la actora,
o una valoración previa, y en la póliza que el agente oficioso adjuntó al
proceso no se leen exclusiones al aseguramiento[47].
Pero,
adicionalmente, revisada la historia médica de la señora Lida Obdulia Chaparro
de Useche, antes de la suscripción de la póliza asistió a cita médica el 25 de
enero de 2014[48],
refiriendo “dolor en la columna”, como antecedente se precisa: “paciente
con antecedente de HTA + hipotiroidismo quien refiere lumbalgia asociada a
dolor en glúteo derecho desde hace 1 año exacervado (sic) con la
actividad física”. Adicionalmente, y en los aspectos relevantes, se
concluyó en el examen físico que el sistema neurológico, nervioso central y
periférico, cardiovascular estaba normal. Esta situación evidencia que su
afirmación sobre las condiciones normales de salud por parte de la accionante
no eran infundadas y que para esa fecha, tal como venía sucediendo, la
situación relacionada con la hipertensión arterial estaba controlada, prueba
que, contrario a lo que afirma de manera general la aseguradora, prueba la
buena fe de la señora Chaparro de Useche al momento de suscribir la póliza en
estudio.
También es
oportuno advertir que, en los términos del acta de la junta que analizó su
pérdida de la capacidad laboral y en la que se consideró la hipertensión
arterial (primaria), solo por los efectos del accidente cerebrovascular se
concedió una deficiencia del 50%, por lo tanto, no es claro, se insiste, la
incidencia de la hipertensión en la determinación de la invalidez.
De igual forma
ocurre en el caso de la señora Deyci María Álvarez en su proceso de tutela contra
BBVA Seguros de Vida. Ésta tomó el seguro para respaldar un crédito con Banco
BBVA, sin que se le efectuara una valoración de su estado de salud. No se le
exigió ningún examen médico o anexar su historia clínica. Solo cuando la
accionante sufrió el multinfarto cerebral y fue calificada con pérdida de
capacidad laboral del 65.94%, y sobre la base del dictamen se solicita el desembolso
del seguro, la compañía requiere copia de la historia clínica y colige sin
bases que sus enfermedades causaron el multinfarto que originó la invalidez.
Similar asunto
se presenta en el caso del señor Héctor Mario Rubio Acevedo. BBVA Seguros de
Vida le negó el pago de la deuda insoluta por el crédito adquirido con Banco
BBVA, a pesar de que padece de una pérdida de capacidad del 50.30%. La objeción
a la reclamación se fundamenta en que el accionante omitió mencionar, al
momento de tomar la póliza, que había sufrido de trastorno adaptativo e hipoacusia
neurosensorial leve.
La señora Deyci
María Álvarez Hernández como el señor  Héctor Mario Rubio Acevedo tomaron
pólizas vida grupo deudores, para cubrir los saldos insolutos de crédito que
tomaron con el Banco BBVA. En el formato correspondiente se establece como condición
para efectuar el aseguramiento que: “para efectos de este beneficio,
incluyendo los regímenes especiales, se entiende por incapacidad total y
permanente, la sufrida por el asegurado como resultado de una lesión o
enfermedad, que le impida total y permanentemente realizar cualquier actividad
u ocupación. Dicha incapacidad se considerará siempre y cuando haya persistido
por un periodo continuo no inferior a ciento veinte (120) días comunes y cuando
la pérdida de la capacidad laboral calificada en primera instancia por el
médico determinado por la aseguradora y en las demás instancias por las juntas
regional y nacional de calificación de invalidez, sea superior al 50% y no haya
sido provocada a sí mismo por el asegurado”[49].
En cuanto a la
declaración de asegurabilidad, los peticionarios contestaron “no” cuando se les
preguntó a través de varios interrogantes generales si habían sufrido una
enfermedad en particular. Igualmente, de las cláusulas que componen el contrato
no se deduce que pueda la entidad realizar una valoración posterior de la
historia clínica del interesado. Se entiende que la información sobre la salud de
los tomadores estará disponible siempre para el uso de la entidad porque
aquella se guarda el derecho a acceder a esa información[50], sin
embargo, conforme el precedente fijado, esa reserva no se constituye en un
mecanismo para que la aseguradora reinterprete o modifique las condiciones del
aseguramiento inicialmente pactado, en perjuicio del interesado. El deber de
medir el riesgo asegurable es previo y no es aceptable ninguna modificación
posterior, menos, excluir enfermedades o padecimientos, cuya comprobación, para
determinar que tuvo  conexidad con la que ocasionó la invalidez, es discutible,
pues ni siquiera se aportan pruebas al respecto.
Así las cosas, la
objeción presentada por el BBVA Seguros de Vida no tiene fundamento en el
contrato y en una interpretación constitucional del mismo. Como se anotó, la
entidad sostuvo que la señora Deyci María Álvarez omitió declarar que sufría síndrome
de túnel carpiano, artritis y trastornos mentales, patologías que en nada
determinaron el multi-infarto cerebral que sufrió y sin embargo fueron el
fundamento para objetar el siniestro. Similar asunto ocurre con Héctor Mario
Rubio Acevedo: afirmó la entidad que al momento de tomar el seguro el
accionante omitió declarar antecedentes patológicos de trastorno adaptativo con
síntomas depresivos, además de hipoacusia neurosensorial leve. Pero como se
dejó establecido en cuanto a su declaración de asegurabilidad, las
circunstancias de salud aludidas no estaban excluidas de la protección.
Finalmente, en
el caso de la señora Lidia Obdulia Chaparro firmó la siguiente declaración: “para
efectos de la elaboración del certificado declaro que: mi estado de salud es
bueno, no padezco, ni he padecido enfermedades congénitas o afecciones tales
como: cardiovasculares, sida, hipertensión arterial, cáncer ni diabetes y en la
actualidad no sufro de enfermedades agudas o crónicas, afecciones o adicciones
que incidan sobre mi estado de salud. No he sido sometido a tratamientos o
intervenciones quirúrgicas en razón de enfermedades, mencionadas anteriormente
o de dolencias directamente relacionadas con ellas en forma causal o
consecuencial. Tanto mis actividades como mi profesión, ocupación u oficio son
lícitos y los ejerzo dentro de los marcos legales.” No se especifica más sobre
su estado de salud al momento de tomar la póliza. De manera que la entidad solo
indago por la salud de la agenciada, cuando su familia reclamó el
reconocimiento y pago del valor insoluto del crédito adquirido con Banco
Pichincha.
En estos últimos
dos casos, esto es de los señores Deyci María Álvarez Hernández como el señor
Héctor Mario Rubio Acevedo, las aseguradoras, tras la revisión de las historias
médicas con ocasión de la reclamación de la póliza, concluyeron que algunos
antecedentes no declarados habían incidido en la determinación posterior de la
incapacidad, sin desvirtuar la buena fe con la que se efectuaron las
declaraciones, en un escenario que, tal como se expuso previamente, las
declaraciones de asegurabilidad no eran claras y específicas.
Comoquiera que
está demostrado que (i) en ninguno de los casos antes señalados las
aseguradoras excluyeron las enfermedades que ocasionaron los dictámenes de
invalidez con pérdidas superiores al 50%, así: Deyci María Álvarez Hernández,
con 65.94% de pérdida de capacidad laboral; Héctor Mario Rubio Acevedo, con
50.30%; y Lida Obdulia Chaparro de Useche, con 96.2%; (ii) que no se evidencia
mala fe en las declaraciones de asegurabilidad, las que tampoco que tampoco
eran claras y específicas; y, (iii) que todas superan el estándar del régimen
de seguridad social en pensiones, esto es, que la incapacidad supere el 50%, la
Sala de Revisión revocará las decisiones de instancia de los procesos
T-5109049, T-5201723 y T-5201786, y protegerá los derechos fundamentales de los
accionantes a la vida digna y al mínimo vital, y ordenará a la Aseguradora
Solidaria de Colombia y a BBVA Seguros de Vida que proceda a hacer efectiva la
póliza de vida grupo deudores a través de la cual se amparó el crédito
adquirido por la señora Lida Obdulia con el Banco Pichincha, y por los señores
Deyci María Álvarez Hernández y Héctor Mario Rubio Acevedo con el Banco BBVA.
Para tales efectos la entidad deberá cancelar el valor insoluto de la deuda que
tienen los accionantes con dichas entidades financieras, desde el momento en
que ocurrió el siniestro (pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje
superior al 50%). Para la señora Lida Obdulia Chaparro de Useche desde el 13 de
junio de 2014; para la señora Deyci María Álvarez Hernández desde el 5 de
septiembre de 2013, y para el señor Héctor Mario Rubio Acevedo desde el 24 de
abril de 2014. Y comoquiera que es posible que los accionantes continuaron pagando
las cuotas del crédito incluso de forma posterior a la declaratoria de su
estado de invalidez, una vez las aseguradoras cubran el valor insoluto
directamente con la entidad financiera, deberán desembolsar a favor de los
peticionarios el monto de las cuotas que hayan asumido hasta este momento.
5. Seguros
Bolívar S.A., vulneró los derechos a la vida digna y al mínimo vital de la
señora Martha Lucía González López por negarle el reconocimiento y pago
del seguro tomado a modo de indemnización que se haría efectivo en caso de
incapacidad permanente
La Sala
considera que la señora Martha Lucía González López tiene derecho a que Seguros
Bolívar S.A. le reconozca y pague el seguro tomado con la entidad, que se haría
efectivo, entre otros amparos, por incapacidad permanente del titular. La
aseguradora negó el reconocimiento del amparo con base en que la incapacidad
que sufre la peticionaria no es total. En su respuesta a esta acción la
compañía sostuvo que no lo es, porque a pesar de que la accionante tienen un
porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 96%, considera que el restante,
del que aún “goza” (es decir el 4%), no le impide continuar realizando una
actividad lucrativa de la cual pueda derivar un sustento económico, en palabras
de la aseguradora.
Al respecto de
ese argumento frente a personas que han perdido su capacidad laboral en forma
permanente, no podría afirmarse con un criterio mínimo de razonabilidad y
racionalidad que éstas pueden desempeñar sus funciones de manera normal.
En la condición
primera de aseguramiento de la póliza tomada por la señora Martha Lucía
González López, se lee: “para todos los efectos de este anexo se entiende
por incapacidad total y permanente sufrida por el asegurado, que haya sido
ocasionada y se manifieste estando protegido por el presente anexo, que
produzca lesiones orgánicas o funcionales incurables que de por vida impidan a
la persona desempeñar cualquier trabajo remunerativo, siempre que dicha
incapacidad haya existido por un periodo continuo no menor de ciento cincuenta
(150) días y haya sido provocada por el asegurado (…)”.
En esos términos,
la incapacidad total y permanente sufrida por la asegurada tiene como fecha de
estructuración el 28 de enero de 2011, en un porcentaje del 96% de origen
profesional, y la póliza suscrita se tomó el 16 de octubre de 2002, y fue
renovándola por espacio de 10 años, hasta que por razón de su enfermedad, solicitó
el reconocimiento del seguro pues cumplía con la condición de haber sido
calificada, con invalidez de carácter permanente: (i) la invalidez se produjo como
consecuencia de su enfermedad lesiones orgánicas y funcionales incurables; (ii)
las lesiones son de carácter permanente sin diagnóstico actual de recuperación;
y (iii) se determinó por la Junta de Calificación de Primera Oportunidad de la
Unión Termporal Medicol Salud que su pérdida de capacidad laboral es del 96%,
es decir, que no puede desempeñar otro trabajo remunerativo para procurarse una
mejor calidad de vida.
Así las cosas, se
cumple entonces las condiciones para que el siniestro que reclama sea
reconocido porque la objeción que presenta la compañía aseguradora, Seguros
Bolívar, no es razonable y se torna arbitraria cuando se afirma al contrario de
las pruebas aportadas que la enfermedad que padece la incapacita de manera definitiva.
Pero, además,
analizado el contrato de seguro suscrito por la accionante no se encuentra la determinación
de un régimen objetivo en virtud del cual se pueda determinar a partir de qué
porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral se entiende configurado el
siniestro, indeterminación que no puede dejarse a la libre valoración de la
aseguradora, y que, por tanto, ha permitido a la Sala en ocasiones anteriores
afirmar que deben seguirse los criterios generales legislativamente
establecidos para considerar a una personas en condiciones de invalidez. Al
respecto, en la sentencia T-490 de 2009[51],
se afirmó:
“Además, la forma de calificar y determinar la condición de
invalidez del accionante se hizo de conformidad con los lineamientos esbozados
por el Régimen de Seguridad Social en Salud, cuyo marco jurídico si bien no
corresponde con el régimen contractual bajo el cual se rige la actividad
aseguradora, no es menos cierto que la ocurrencia de un siniestro en el que se
ve comprometida la integridad física del tomador de la póliza, impone una
valoración que específicamente no estaba regulada en el texto del contrato de
seguro de vida grupo que adquirió el accionante, lo cual habilita
recurrir -como guía- al concepto de invalidez general que establece como
mínimo el 50% de la pérdida de la capacidad laboral para declarar invalida a la
persona asegurada. La anterior aplicación opera para este caso concreto por
cuanto el clausulado contractual omitió, se repite, especificar el
procedimiento para determinar la incapacidad total y permanente del asegurado”.
En el mismo sentido,
en la providencia T-007 de 2015, la Corporación precisó, en un caso en el que
el asegurado presentaba una pérdida de la capacidad laboral del 95.45% y la
aseguradora se negaba a reconocer el siniestro porque no era total, que:
“Si bien la calificación de la invalidez en el régimen
general de seguridad social en pensiones exige unos requisitos específicos,
entre ellos que la persona sea calificada con más del 50% de pérdida de la
capacidad laboral para que sea declarada inválida permanente y pueda acceder a
la pensión por ese concepto, no puede perderse de vista que en materia de
seguros de vida, en especial en cuanto atañe a las cláusulas generales de
amparo por incapacidad total y permanente, al no establecerse un parámetro
claro de calificación en caso de invalidez del asegurado, como mínimo deberá
garantizarse el estándar que se exige en aquel régimen, es decir, que el
asegurado sea calificado por lo menos con el 50% de pérdida de la capacidad
laboral para que se estructure el riesgo asegurado. No obstante, cada caso
deberá analizarse en concreto por el juez constitucional cotejando el texto del
clausulado contractual con los principios y valores que enseña la Constitución
Política como norma superior, además de estudiar las especiales condiciones que
demuestre el asegurado y la garantía plena a sus derechos fundamentales”.
Por lo tanto, la
Sala estima que la accionante del caso estudiado en este apartado también tienen
derecho a acceder al seguro que a modo de indemnización les sería pagado en
caso de incapacidad permanente, y en consecuencia, revocará las decisiones de
instancia, para, en su lugar, ordenar  a la entidad el reconocimiento y pago de
la póliza adquirida, por sufrir, la señora Martha Lucia González López de una
pérdida de capacidad laboral del 96%.
6.
Conclusión
Cuando se tome
una póliza seguro de vida grupo deudores, como sucedió en el caso de las
señoras Lida Obdulia Chaparro de Useche y Deyci María Álvarez Hernández, y el
señor Héctor Mario Rubio Acevedo, el siniestro ocurre, no puede prosperar la
objeción de la compañía aseguradora que se base en que en la declaración de
aseguramiento no se mencionaron todas las enfermedades que padece quien toma el
seguro, siempre que la compañía realice una pregunta general en el formato: “¿ha
sufrido de alguna enfermedad?” y no esté expresamente excluida el
padecimiento que origina la invalidez, en las cláusulas del contrato de seguro.
De igual forma opera en caso del seguro de vida grupo educadores de Colombia
y seguro de vida grupo integral que se suscriban con las
distintas aseguradoras, tal como ocurrió en el caso de la señora Martha Lucia
González López.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Treinta y Tres Civil
Municipal de Bogotá, el veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), que
declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por Martha Lucía
González López contra Seguros Bolívar S.A, y en su lugar, amparar los derechos
fundamentales de la tutelante a la vida digna y al mínimo vital. En virtud de
esta decisión, ORDENAR a Seguros Bolívar S.A. que en el término de diez (10)
días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca
y pague a la accionante la  indemnización pactada en la póliza Nº 3177 del
seguro de vida grupo educadores de Colombia.
Segundo.- REVOCAR
el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Décimo Civil del
Circuito de Oralidad de Cali, el diez (10) de junio de dos mil quince (2015),
que revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintidós
Civil Municipal de Cali, el siete (07) de mayo de dos mil quince (2015), en el
que se ampararon los derechos fundamentales de la señora Lida Obdulia Chaparro
de Useche en el proceso de tutela iniciado por  Harold Humberto Useche Chaparro
actuando como su agente oficioso, contra la Aseguradora Solidaria de Colombia,
el Banco Pichincha y Delima Marsh S.A. En virtud de esta decisión, ORDENAR a
la Aseguradora Solidaria de Colombia que en el término de diez (10) días
hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca y
pague a la señora Chaparro la póliza Nº 994000000001 del seguro de vida
grupo deudores. Para tales efectos la entidad deberá cancelar el valor
insoluto de la deuda que la accionante tiene con el Banco Pichincha, y lo hará
desde el 13 de junio de 2014 (fecha de estructuración de su invalidez). Y
comoquiera que es posible que la accionante continuara pagando las cuotas del
crédito incluso de forma posterior a la declaratoria de su estado de invalidez,
una vez la aseguradora cubra el valor insoluto directamente con la entidad
financiera, deberá desembolsar a su favor el monto de las cuotas que haya
asumido hasta este momento.
Tercero.-
CONFIRMAR el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Primero
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué, el seis (6) de
agosto de dos mil quince (2015), que a su vez confirmó la decisión de primera
instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Ibagué, el veintinueve (29) de mayo de dos mil quince
(2015), en la cual se negó la protección invocada por el señor John Alexander
Triana Rodríguez en su proceso de tutela contra Seguros Bolívar S.A., de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Cuarto.- REVOCAR
el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el ocho (8) de
septiembre de dos mil quince (2015), que a su vez confirmó el fallo de primera
instancia proferido por el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá, el veintiséis (26) de junio de dos mil quince
(2015), en el cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela de Deyci
María Álvarez Hernández contra Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida, y en su
lugar, amparar los derechos fundamentales de la tutelante a la vida digna y al
mínimo vital. En virtud de esta decisión, ORDENAR a BBVA Seguros de Vida
que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta sentencia, reconozca y pague a la señora Hernández la
póliza suscrita el 3 de julio de 2013 en la modalidad seguro de vida grupo
deudores. Para tales efectos la entidad deberá cancelar el valor insoluto
de la deuda que la accionante tiene con Banco BBVA, y lo hará desde el 5 de
septiembre de 2013 (fecha de estructuración de su invalidez). Y comoquiera que
es posible que la accionante continuara pagando las cuotas del crédito incluso
de forma posterior a la declaratoria de su estado de invalidez, una vez la
aseguradora cubra el valor insoluto directamente con la entidad financiera,
deberá desembolsar a su favor el monto de las cuotas que haya asumido hasta
este momento.
Quinto.- REVOCAR
el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Bogotá, el cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015), que a
su vez confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Treinta
y Nueve Civil Municipal de Bogotá, el cinco (5) de agosto de dos mil quince
(2015), que negó la protección invocada por Héctor Mario Rubio Acevedo en su
proceso de tutela contra Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida, y en su lugar
amparar los derechos fundamentales de los tutelantes a la vida digna y al
mínimo vital. En virtud de esta decisión, ORDENAR a BBVA Seguros de Vida
que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta sentencia, reconozca y pague al señor Rubio la póliza
suscrita el 30 de septiembre de 2013 en la modalidad seguro de vida grupo
deudores. Para tales efectos la entidad deberá cancelar el valor insoluto
de la deuda que el accionante tiene con el Banco BBVA, y lo hará desde el 24 de
abril de 2014 (fecha de estructuración de su invalidez). Y comoquiera que es
posible que el actor continuara pagando las cuotas del crédito incluso de forma
posterior a la declaratoria de su estado de invalidez, una vez la aseguradora
cubra el valor insoluto directamente con la entidad financiera, deberá
desembolsar a su favor el monto de las cuotas que haya asumido hasta este
momento.
Sexto.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con
salvamento parcial de voto
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] En
la condición primera del aseguramiento se establece: “para todos los efectos
de este anexo se entiende por incapacidad total y permanente la sufrida por el
asegurado, que haya sido ocasionada y se manifieste estando protegido por el
presente anexo, que produzca lesiones orgánicas o funcionales incurables que de
por vida impidan a la persona desempeñar cualquier trabajo remunerativo,
siempre que dicha incapacidad haya existido por un periodo continuo no menor de
ciento cincuenta (150) días y haya sido provocada por el asegurado”.
[2] Póliza
de seguro de vida grupo (folios 11 a 12). Para la toma del seguro a la
accionante se le hizo firmar una declaración de asegurabilidad, con el
siguiente contenido definido: “(…) declaro que: 1. Tanto mi estado de salud
como el de mi conyugue asegurado es normal, no padecemos no hemos padecido
enfermedades tales como: enfermedades congénitas, afecciones cardiovasculares,
VIH-Sida, hipertensión arterial, cáncer, diabetes, hepatitis B, cirrosis,
insuficiencia renal, enfermedades neurológicas, psiquiátricas o pulmonares. 2.
En los últimos dos (2) años no hemos sido sometidos ni se nos han programado
tratamientos o intervenciones quirúrgicas en razón a enfermedades tales como
las enunciadas anteriormente o de dolencias directamente relacionadas con
ellas, en forma causal o consecuencial. 3. En la actualidad no sufrimos
síntomas, enfermedades crónicas o adicciones que incidan sobre nuestro estado
de salud. 4. No tenemos limitación física algunas (…)” (folio 12).
[3]
Renovación del aseguramiento, efectuado el 1 de octubre de 2007 (folio 14).
[4]
Folios 16 y 17 del cuaderno de revisión de tutela.
[5]
MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[6] El
valor de la pensión es de $3´123.000, de los cuales recibe neto solamente
$2´216.00, que debe utilizar para “impuestos, facturas, mercados,
administración del conjunto, transporte para mis hijos y para mí, ropa, útiles
y casi todas las veces salud porque las EPS generalmente no tienen los
medicamentos que nos formulan o son de mala calidad porque hasta los
medicamentos hoy por hoy tienen estrato.” (folio 15 expediente principal).
[7]
Cabe resaltar que al escrito de tutela se encuentra anexa una fotocopia de la
declaración de asegurabilidad suscrita por la accionante en la cual se le
pregunta al deudor si “¿ha sufrido alguna enfermedad?”, a lo cual la
agenciada contestó “no” (folio 96).
[8]
Historia clínica de la agenciada (folios 14 a 61).
[9]
Dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la Junta Regional de
Calificación de la Invalidez del Valle del Cauca (folios 5 a 12).
[10]
Folio 22.
[11] Folios
132 y 133, escrito de impugnación al fallo de primera instancia.
[12] Folio
19 del cuaderno de revisión de tutela.
[13]
Folio 55.
[14] Afirmación
que se confirma con la información suministrada por la Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías Protección S.A., obrante a folios 199 a 201.
[15] Folio
61. Declaración juramentada de 10 de abril de 2015, ante la Notaría Setenta y
Tres (73) del Círculo de Bogotá.
[16] Folios
62 a 65.
[17] Folios
71 a 84.
[18] Póliza
de seguro visible en el folio 103 del cuaderno de la primera instancia del
expediente T-5201786.
[19] Folio
27 y 28.
[20] Copia
del registro civil de Gabriel Rubio Suárez, con fecha de nacimiento 4 de
noviembre de 2003 (folio 24).
[21] Copia
del registro civil de Carlos Mario Rubio Suárez, nacido el 15 de febrero de
1998 (folio 25).
[22] Según
registro civil obrante a folio 26, nació el 7 de diciembre de 1995.
[23] Frente a la
procedencia de la acción contra particulares, la Corte en sus primeras
decisiones precisó: “"Las relaciones entre los particulares discurren, por regla general,
en un plano de igualdad y de coordinación. La actividad privada que afecte
grave y directamente el interés colectivo, adquiere una connotación patológica
que le resta toda legitimación, máxime en un Estado social de derecho fundado
en el principio de solidaridad y de prevalencia del interés general. De otro
lado, la equidistancia entre los particulares se suspende o se quebranta cuando
a algunos de ellos se los encarga de la prestación de un servicio público, o el
poder social que, por otras causas, alcanzan a detentar puede virtualmente
colocar a los demás en estado de subordinación o indefensión. En estos eventos, tiene lógica que la
ley establezca la procedencia de la acción de tutela contra los particulares
que prevalecidos de su relativa superioridad u olvidando la finalidad social de
sus funciones, vulneren los derechos fundamentales de los restantes miembros de
la comunidad (CP art. 86). La idea que inspira la tutela, que no es otra que el
control al abuso del poder, se predica de los particulares que lo ejercen de
manera arbitraria" (T-251 de
1993 MP Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en la C-134 de 1994 MP Vladimiro
Naranjo Mesa - unánime).
[24] Este apartado
inicialmente precisaba que esa procedencia estaba vinculada a la protección de
los derechos a la vida o integridad, sin embargo, la Corte Constitucional en la
sentencia C-134 de 1994 declaró la inexequibilidad de tal delimitación,
afirmando que la competencia del legislador prevista en el inciso 5º del
artículo 86 de la Carta no permitía la restricción de la procedencia de la
acción a unos derechos fundamentales cuando se compromete la actuación u
omisión de particulares. (MP Vladimiro Naranjo Mesa - unánime).
[25] “Con todo, esta
Corporación considera que, respecto de los numerales 1o. y 2o. del artículo 42
del decreto 2591, la acción de tutela debe proceder contra cualquier particular
que preste un servicio público. Lo anterior porque, como se ha establecido, el
servicio público de interés general prestado por un particular hace que éste
asuma una posición de primacía material, con relevancia jurídica, que hace que
ese particular, al trascender el plano de la justicia conmutativa que enmarca
una relación de igualdad entre todos los seres de un mismo género, pueda, por
medio de sus actos, cometer "abusos de poder" que atenten contra
algún derecho fundamental de una o varias personas. Por ello ese
"particular" debe ser sujeto de las acciones pertinentes, dentro de
las cuales se encuentra la acción de tutela, que determinan la responsabilidad
de quienes, se repite, han vulnerado o amenazado un derecho constitucional
fundamental de cualquier persona.”. Ibídem.
[26] MP Clara Inés
Vargas Hernández (unánime).
[27] Reiterada en la
sentencia T-098 de 2015 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub (unánime).
[28] “Por
medio del cual se actualiza el estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se
modifica su titulación y numeración.”.-
[29] MP
Rodrigo Escobar Gil (unánime).
[30] En el
mismo sentido, esto es, la situación de indefensión de asegurados frente a
aseguradoras existe copiosa jurisprudencia. Al respecto ver, entre otras, las
sentencias T-057 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-1165 de 2001 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra), T-1085 de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-608
de 2004 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), T-018 de 2005 (M. P. Alfredo
Beltrán Sierra), T-863 de 2005 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), T-306 de 2007 (M.P.
Jaime Araujo Rentería), T-832 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-662 de
2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[31] Esta
tesis fue recientemente reiterada en providencia T-316 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa, SP Luis Guillermo Guerrero Pérez), así: “3.1. En reiterada
jurisprudencia, esta Corte ha sostenido que la acción de
tutela es procedente frente a particulares que ejercen actividades bancarias.
Esto tiene fundamento en que: (i) estos se ocupan del manejo de recursos
captados del público y, por lo tanto, su actividad puede ser considerada como
un servicio público; (ii) las entidades bancarias detentan una posición
dominante frente al usuario, por lo que es necesario equilibrar las posiciones
en que se encuentran ubicadas cada una de las partes negociales.”.
[32] M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV y SP Luis Ernesto Vargas Silva y AV Alberto
Rojas Ríos.
[33] MP.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[34]
Ver en este sentido la sentencia T-832 de 2010
(MP. Nilson Pinilla Pinilla).
[35]
Resulta ilustrativo citar la sentencia de dos (2) de mayo de dos mil (2000) de
la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en donde se explican las
diferencias entre las anotadas condiciones de los contratos de seguros: “las
condiciones generales de contratación, denominadas comúnmente condiciones o
cláusulas generales del negocio o del contrato, son la columna vertebral de la
relación asegurativa y junto con las condiciones o cláusulas particulares del
contrato de seguros conforman el contenido de éste negocio jurídico, o sea el
conjunto de disposiciones que integran y regulan la relación. Esas cláusulas
generales, como su propio nombre lo indica, están llamadas a aplicarse a todos
los contratos de un mismo tipo otorgados por el mismo asegurador o aún por los
aseguradores del  mismo mercado y están destinadas a delimitar de una parte la
extensión del riesgo asumido por el asegurador de tal modo que guarde la debida
equivalencia con la tarifa aplicable al respectivo seguro y, de otra, a regular
las relaciones entre las partes vinculadas al contrato, definir la oportunidad
y modo de ejercicio de los derechos y observancia de las obligaciones o cargas
que de él dimanan.” Y agregó “de otro lado, las condiciones particulares
del contrato de seguro se elaboran de manera individual y específica para cada
contrato y de manera conjunta entre el asegurador y el tomador y reflejan
asimismo, pero en forma específica para el negocio acordado, la voluntad de los
contratantes”. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil y Agraria, sentencia del dos (02) de mayo de dos mil (2000). Expediente
No. 6291 (MP. Jorge Santos Ballesteros). Esta posición ha sido reiterada por la
Sala de Casación Penal, en sentencia del treinta (30) de enero de dos mil trece
(2013), expediente 35594 (MP. Luis Guillermo Salazar Otero), y por la Sala de
Casación Civil en sentencia del tres (03) de marzo de dos mil quince (2015),
expediente 0253 (MP Jesús Vall de Rutén Ruiz).
[36]
Corte Constitucional, sentencia T-832 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[37]
Corte Constitucional, sentencia T-751 de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa).
[38]
Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[39]
Corte Constitucional, sentencia T-222 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[40] En
el mismo sentido se puede consultar las sentencia T-402 de 2015 y T-316 de 2015
(M.P. María Victoria Calle Correa), que también desarrollan y reiteran la línea
de protección fijada por esta Corporación en relación con el asunto. En la
última de las sentencias citadas, la Sala Primera de Revisión concluyó, sobre
el particular que “(…) se tiene que: (i) la falta de declaración de
cualquier pre-existencia médica no constituye en sí misma reticencia, puesto
que para que pueda hablarse de esta última es necesario probar la mala fe del
tomador; (ii) debido a la necesidad de preservar el interés público,
representado en el equilibrio de las partes contractuales, las aseguradoras
tienen un conjunto de cargas o deberes que deben cumplir para impedir que con
su actuar lesionen derechos fundamentales de sus usuarios, entre ellas, (iii)
deben proveer información tan completa como sea posible a los tomadores de
seguros en relación con los alcances, exclusiones y cualquier otra
circunstancia relativa al contrato de seguro; asimismo, (iv) han de abstenerse
de utilizar cláusulas genéricas y ambiguas en sus contratos de seguros para
objetar la cancelación de la póliza, bajo el argumento de que el
tomador/asegurado incurrió en reticencia; (v) las aseguradoras no pueden alegar
en su defensa que el tomador/asegurado incurrió en reticencia si conocían o
podían conocer los hechos que dieron lugar a dicha reticencia, como en aquellos
eventos en los que se abstuvieron de comprobar el estado de salud del asegurado
al momento de tomar el seguro, por medio de la práctica de exámenes médicos o
la exigencia de unos recientes.”
[41] Las
personas que sufren una situación incapacitante tienen derecho a ser protegidas
especialmente. Dicha protección se materializa de tres formas: (i) tienen
derecho a ser asistidos en el ámbito familiar, social y laboral, o a través de
las prestaciones que el Estado disponga para atenderlas, de manera que puedan
superar las barreras que les impone la disminución de sus capacidades. Además,
están llamados (los particulares, la sociedad y el Estado) a adoptar los ajuste
razonables en relación con esta población, cuando hayan cargas
desproporcionadas que dadas las condiciones de discapacidad, obstaculicen o
hagan nula la satisfacción de sus derechos; (ii) en esos mismos ámbitos,
cualquier acción que se ejerza, que amenace o vulnere sus derechos
constitucionales es discriminatoria, pues se presume que se originó en la
condición de discapacidad; y (iii) se debe entender que las limitaciones
físicas, mentales o sensoriales no son barreras para disfrutar de sus derechos
o participar activamente de la sociedad en la medida en que la discapacidad no
debe ser una condición limitante para desarrollar un plan de vida autónomo
[42]
Corte Constitucional T-136 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[43] Corte
Constitucional, sentencia T-316 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa). En
similar sentido se pueden revisar las sentencias T-196 de 2007 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-751 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-136
de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-268 de 2013 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T-222 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-865 de
2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[44] En
concreto, la Sala Primera de Revisión afirmó sobre los deberes enunciados: “[l]a
carga de claridad se refiere a la transparencia y accesibilidad del lenguaje
utilizado para definir las cláusulas del contrato de seguro, el formulario de
asegurabilidad y cualquier otro documento referido a la póliza. En los
contratos de seguro la claridad en la definición de las condiciones de
celebración y ejecución del acto jurídico reviste especial importancia, debido
a que la ambigüedad de los acuerdos pactados tiene la potencialidad de afectar
el equilibrio contractual que rige las relaciones entre las partes. La carga de
claridad es, en este sentido, una salvaguarda que pretende evitar la
vulneración de derechos fundamentales de los particulares y garantizar el
correcto desarrollo del objeto negocial. De igual forma, a las compañías de
seguros les resulta exigible una carga de información, referida a dotar al
tomador de la póliza de todos los datos necesarios para que al momento de
celebrar el negocio jurídico relativo al contrato de seguro, el mismo lo haga
desde una base de consentimiento informado.  La carga de información implica
que esta sea veraz y completa, de tal suerte que se evite inducir a error al
usuario del servicio. Ello implica, a su vez, un deber de prestar asistencia al
asegurado en relación con los trámites y procedimientos necesarios para
adquirir la póliza y solicitar su ejecución. Debido a las dificultades que puede
representar la complejidad de la documentación referida al contrato de seguro
para el tomador, es deber de la aseguradora explicarle a este último cualquier
situación que el mismo no comprenda e incluso aquellas cuestiones que, por su
propia naturaleza, pueden resultar confusas para el particular. Adicionalmente,
las aseguradoras tienen una carga de comprobación, que consiste en verificar lo
señalado por el tomador o asegurado al momento de adquirir la póliza de
seguros. Esta carga tiene una especial relevancia en cuanto a las declaraciones
de asegurabilidad referidas al estado de salud. Debido a la necesidad de velar
por la efectividad del principio de autonomía privada de la voluntad, las
compañías de seguro han de cerciorarse que la condición de salud declarada por
el cliente sí corresponde a la realidad. Esta carga se fundamenta en que las
personas, al adquirir una póliza de seguro, pueden no estar al tanto de su
estado actual de salud, por lo que se hace necesario corroborar lo declarado
por el cliente. De igual forma, la carga de comprobación también se encuentra
justificada en que es la aseguradora la que conoce qué tipos de condiciones
médicas son relevantes a la hora de decidir celebrar un contrato de seguro, por
lo que es aquella quien debe indagar por dichas condiciones. El deber de
comprobación puede materializarse de múltiples formas, incluyendo la práctica
de exámenes médicos o la exigencia de presentar unos recientes para certificar
sus condiciones vitales. Por último, existe una carga de lealtad que puede
entenderse como un mandato general para la aseguradora de evitar cualquier
conducta que pueda inducir a error al tomador o que le genere detrimento de
forma ilegítima. Esta carga puede entenderse como una prohibición para las
aseguradoras de abusar de la autonomía privada de la voluntad para afectar los
intereses de su contraparte, en desconocimiento de los mandatos
constitucionales.”
[45] Corte
Constitucional, sentencia T-684 de 2015 (M.P. Myriam Ávila Roldán). Ver en
similar sentido las sentencias T-832 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla),
T-751 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-222 de 2014 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[46] Folio
96.
[47] Folio
96.
[48] Folios
93 y 94.
[49] Folios
16 y siguientes del cuaderno de revisión.
[50] Folio
106.
[51] MP
Luis Ernesto Vargas Silva (unánime). Oportunidad en la que la Sala ordenó la
materialización de la póliza de seguro de vida grupo por concepto de
incapacidad total, a una persona que acreditaba una pérdida de la capacidad
laboral del 59,31%.