T-430-17
Sentencia T-430/17
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS-Caso en que Consejo de Administración
de edificio no dio respuesta a solicitud interpuesta por accionante
LEGITIMACION
POR ACTIVA EN TUTELA-Formas previstas por
ordenamiento jurídico
APODERAMIENTO
JUDICIAL-Elementos
normativos
Es (i) un
acto jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta
en un escrito, llamado poder que se presume auténtico. (iii) El referido poder
para promover acciones de tutela debe ser especial. En este sentido (iv) El
poder conferido para la promoción o para la defensa de los intereses en un
determinado proceso no se entiende conferido para la promoción de procesos
diferentes, así los hechos que le den fundamento a estos tengan origen en el
proceso inicial. (iv) El destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser
un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional.
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
ACCION DE
TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O
SUBORDINACION-Jurisprudencia
constitucional sobre procedencia excepcional
SUBORDINACION
E INDEFENSION-Diferencias
Esta Corte, a través
de su jurisprudencia, ha realizado importantes esfuerzos por diferenciar las
figuras de la subordinación e indefensión, puesto que ambas se desprenden del
equilibrio que deben guardar las relaciones entre los particulares, con la
finalidad de garantizar el principio de igualdad. Así las cosas, esta Corte en
el año 1993 dictó la sentencia T-290 de ese año, en la que consideró que “la subordinación alude a la
existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo,
con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a
sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en
tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también
implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen
en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en
situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su
derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta
efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”. De lo anterior, se
desprende que la diferencia entre una y otro figura se encuentra en el tipo de
relación que tienen los particulares. Así, si está regulada por un título
jurídico, existe subordinación, empero si la dependencia es debido a una
situación de naturaleza fáctica estamos frente a un caso de indefensión (el
cual, deberá ser advertido con especial cuidado por parte del juez
constitucional al realizar el análisis de cada caso concreto).
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Subordinación frente a decisiones de Asamblea de
Propietarios en Conjunto de propiedad horizontal
ACCION DE TUTELA EN
MATERIA DE DERECHO DE PETICION-Procedencia de manera directa por ser derecho fundamental de
aplicación inmediata
DERECHO DE PETICION-Alcance y contenido
DERECHO DE PETICION
Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA-Relación
NUCLEO ESENCIAL DEL
DERECHO DE PETICION-Elementos
DERECHO
DE PETICION-Respuesta debe ser
de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva
DERECHO
DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS-Reglas jurisprudenciales
DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Jurisprudencia constitucional
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS-Orden a Consejo de Administración de edificio,
proceder a contestar de fondo y de manera clara la petición interpuesta por el
accionante
Referencia: Expediente T-6.062.251
Acción de tutela
instaurada por: Diego Patiño Giraldo contra el Consejo de Administración del
Edificio Parque 125.
Magistrado Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., once (11)
de julio de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y
los Magistrados Antonio José Lizarazo y Alejandro Linares Cantillo, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de las
sentencias adoptadas en primera y segunda instancia por los Juzgados Diecisiete
Penal Municipal con Función de Control de Garantías y Cincuenta y Uno Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá respectivamente, en las que se estudió
la
posible vulneración
del derecho fundamental de petición, por parte del presidente del Consejo de
Administración del Edificio Parque 125.
I.
ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
Diego Patiño Giraldo interpuso acción de
tutela en contra del Consejo de Administración del Edificio Parque 125, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental de petición, ante la omisión del
accionado de contestar de manera oportuna y de fondo la petición interpuesta el
dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) ante esa dependencia de
la propiedad horizontal.
B.
HECHOS RELEVANTES
1. El señor Diego Patiño Giraldo, quien afirma actuar como
apoderado de la señora Martha Luz Rodríguez Sánchez (copropietaria del
apartamento 302 ubicado en el edificio Parque 125)[1],
manifiesta que interpuso petición el día dieciocho (18) de noviembre dos mil
dieciséis (2016) ante el Consejo de Administración del citado edificio[2],
en la que solicitó la copia de algunos documentos[3]
relacionados con la posible comisión de conductas penales al interior de la
copropiedad.
2. Empero, el señor Diego Patiño Giraldo manifiesta que
para el día nueve (09) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), no había
recibido respuesta sobre la petición interpuesta, por lo que considera que
transcurrió el término que la Ley prevé para que se conteste de forma oportuna
y precisa. En ese sentido, refiere que se ha vulnerado el derecho fundamental
de petición[4].
C.
RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS
3. Mediante Auto del diecinueve (19) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Diecisiete Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de la ciudad de Bogotá avocó conocimiento
de la acción de tutela y ordenó la vinculación del Presidente del Consejo de
Administración del Edificio Parque 125 y de su representante legal[5].
Sociedad Administraciones y Servicios
MG S.A.S [6]
3.1.  Debidamente notificado de la
acción de tutela en su contra, la representante legal de la Sociedad
Administraciones y Servicios MG S.A.S., empresa encargada de la administración
del Edificio Parque 125, a través de escrito radicado el día dieciséis (16) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016) solicitó la declaratoria de improcedencia
del amparo constitucional.
3.1.1. Como fundamento de lo
anterior, manifestó que no se acredita el requisito de legitimación en la causa
por activa dentro de la acción de tutela, en tanto que el señor Diego Patiño
Giraldo manifiesta actuar en calidad de apoderado de la señora Martha Luz
Rodríguez Sánchez y, como prueba de ello, exhibe la copia del poder que esta
última le entregó para representarla en la Asamblea General Ordinaria de
Copropietarios del Edificio Parque 125, la cual se celebró el día quince (15)
de marzo de dos mil dieciséis (2016), por lo que no se acreditan las
condiciones que la jurisprudencia constitucional ha establecido para ejercer la
representación judicial en la acción de tutela.
3.1.2. Adicionalmente, puso de
presente que el señor Diego Patiño Giraldo tampoco se encontraba facultado para
interponer petición alguna contra el Consejo de Administración, como quiera que
el poder otorgado por parte de la copropietaria no lo facultaba para ello y
que, en todo caso, contra esa sociedad no se ha interpuesto petición alguna.
3.1.3. Por último, refiere que
algunos de los documentos que requirió el accionante son de carácter reservado,
como es el caso de la noticia criminal, la cual conoce la Fiscalía 94 local de
la Unidad de Estructura de Apoyo de la Fiscalía General de la Nación.
3.2. Pese a encontrarse debidamente
vinculado al proceso de tutela, el Presidente del Consejo de Administración del
Edificio Parque 125 no se pronunció en primera instancia.
D.
DECISIONES JUDICIALES
OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: Juzgado Diecisiete
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá[7]
4. El treinta (30) de diciembre de
dos mil dieciséis (2016), el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá decidió tutelar el derecho fundamental de
petición invocado.
4.1. Como fundamento de lo anterior,
el fallador de primera instancia advirtió que la petición interpuesta por el
señor Diego Patiño Giraldo es la expresión de su derecho como ciudadano y como
miembro del Consejo de Administración del Edificio Parque 125, dignidad para la
que fue elegido con fundamento en el poder otorgado por la copropietaria,
motivo por el cual el Consejo de Administración tenía el deber legal de
contestar dentro del término establecido para ello, lo que no logró probarse
dentro del proceso de tutela.
En esa medida, indicó que debido a
que obra copia de la petición interpuesta con un recibido que no fue objetado
por parte del Consejo accionado, se tiene que el derecho fundamental de
petición fue vulnerado por esta última y, en esa medida, ordenó al presidente
del Consejo de Administración y al representante legal del edificio Parque 125
que respondiera de manera clara, de fondo, con apego a la Constitución y la Ley
la petición interpuesta por el señor Diego Patiño Giraldo.
Segunda instancia: Juzgado Cincuenta
y Uno Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá[8]
5.  El día doce (12) de enero de dos
mil diecisiete (2017), el señor Marino Ríos Restrepo, actuando en calidad de
Presidente del Consejo de Administración del Edificio Parque 125, impugnó la
decisión de primera instancia argumentando que quien pretenda interponer una
petición en nombre de otra debe estar legitimado para ello mediante poder
debidamente otorgado y, en caso de tratarse de un abogado, deberá demostrar su
idoneidad para actuar como tal exhibiendo la tarjeta profesional otorgada por
el Consejo Superior de la Judicatura, lo que no ocurre en el presente caso,
toda vez que el señor Patiño no acredita ninguno de los dos requisitos.
Como consecuencia de lo anterior, el
día quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017) el Juzgado Cincuenta y
Uno Penal del Circuito con Función de Conocimiento revocó la decisión de
primera instancia, para en su lugar, denegar el amparo del derecho fundamental
de petición.
Al respecto, el ad quem manifestó
que si bien el señor Diego Patiño Giraldo estaba facultado para peticionar la
entrega de copias de determinados documentos relacionados con la copropiedad,
lo cierto es que el poder otorgado no lo autorizaba para interponer la acción
de tutela en nombre de la señora Martha Luz Rodríguez Sánchez, en tanto que no
se trata de un profesional del derecho actuando a través de poder especial, ya
que no se demostró la existencia de la representación judicial y tampoco se
avizora una agencia oficiosa de derechos.
II.
CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
6. Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86, inciso 2 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del Auto del treinta (30) de marzo
de dos mil diecisiete (2017), expedido por la Sala Tercera (03) de Selección de
esta corporación, que ordenó la revisión del presente caso[9].
B.
CUESTIONES PREVIAS
–PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
7. De acuerdo
a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, para el ejercicio de la acción de
tutela deben acreditar unos requisitos que permitan establecer su procedencia
para resolver el problema jurídico puesto en conocimiento del juez
constitucional. Así las cosas, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional procederá a realizar un análisis respecto de los requisitos de
procedencia del amparo constitucional.
7.1. Legitimación por activa: El
artículo 86 de la Carta
Política[10]
establece que toda persona que considere que sus derechos fundamentales han
sido vulnerados o se encuentren amenazados, podrá interponer acción de directamente
o a través de un representante que actúe en su nombre.
7.1. Si bien el titular de los derechos fundamentales es
a quien, en principio, le corresponde interponer el amparo constitucional, lo
cierto es que es posible que un tercero acuda ante el juez constitucional. En
efecto, el artículo 10[11]
del Decreto 2591 de 1991[12]
establece que la acción de tutela también puede ser interpuesta por el
representante de la persona que ha visto vulneradas sus prerrogativas, por otra
persona que agencie los derechos del titular ante la imposibilidad de este
último de acudir por sí mismo al amparo o por el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.
Sobre el tema, la jurisprudencia constitucional ha
tenido la oportunidad de pronunciarse en diferentes oportunidades[13], concluyendo que la legitimación en
la causa por activa es un presupuesto esencial de la procedencia de la acción
de tutela dentro de un caso concreto, puesto que al juez le corresponde
verificar de manera precisa quién es el titular del derecho fundamental que
está siendo vulnerado y cuál es el medio a través de cual acude al amparo
constitucional. En ese sentido, ha advertido que tratándose de un tercero debe
hacerlo invocando una de las calidades que han sido reseñadas en el párrafo
inmediatamente anterior.
7.1.1. Respecto de la figura del representante, la
jurisprudencia ha diferenciado al representante legal cuando se trata de
menores, incapaces absolutos, personas jurídicas o interdictos, del
representante judicial que es un abogado debidamente inscrito que actúa en
virtud de un poder especial o, en su defecto un poder general, que le ha
concedido el titular de los derechos para interponer la acción de tutela
específicamente. Sobre el tema, en la sentencia T-531 de 2002 se reseñaron los
elementos normativos que integran el acto de otorgar poder a un profesional del
derecho de la siguiente manera:
“Dentro de los elementos del
apoderamiento en materia de tutela la Sala señala que el mismo es (i) un acto
jurídico formal por lo cual debe realizarse por escrito. (ii) se concreta en un
escrito, llamado poder que se presume auténtico[14]. (iii) El referido poder para
promover acciones de tutela debe ser especial.[15]
En este sentido (iv) El poder conferido para la promoción o para la defensa de
los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido[16] para la promoción[17] de procesos diferentes, así los
hechos que le den fundamento a estos tengan origen[18] en el proceso inicial. (iv) El
destinatario del acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del
derecho[19]
habilitado con tarjeta profesional[20]”.
7.1.2. Ahora bien, cuando el titular de
los derechos fundamentales no esté en condición de ejercer su propia defensa,
lo podrá hacer un tercero en calidad de agente oficioso. Al respecto, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que esta figura encuentra
fundamento en los principios de eficacia de los derechos fundamentales,
prevalencia del derecho sustancial y solidaridad[21], en tanto que permite que una
persona ajena al afectado interponga acción de tutela con la finalidad de hacer
cesar la vulneración de un derecho fundamental de quien se encuentra en una
situación que le imposibilita defender sus intereses.
En ese sentido, los requisitos que le
dan validez a la agencia oficiosa han sido reseñados de la siguiente manera: “(i)
la manifestación[22]
del agente oficioso en el sentido de actuar como tal; (ii) la circunstancia
real, que se desprenda del escrito de tutela, ya por figurar expresamente o
porque del contenido se pueda inferir[23],
consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones
físicas[24]
o mentales[25]
para promover su propia defensa”[26].
Recientemente la sentencia SU-055 de 2015, consideró que para que se
configure la agencia oficiosa en materia de tutela, se requiere la concurrencia
de los siguientes elementos: “(i) que el titular de los derechos no esté en
condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se manifieste esa
circunstancia. En cuanto a esta última exigencia, su cumplimiento sólo se puede
verificar en presencia de personas en estado de vulnerabilidad extrema, en
circunstancias de debilidad manifiesta o de especial sujeción constitucional.
La agencia oficiosa en tutela  se ha admitido entonces en casos en los cuales
los titulares de los derechos son menores de edad; personas de la tercera edad;
personas amenazadas ilegítimamente en su vida o integridad personal; individuos
en condiciones relevantes de discapacidad física, psíquica o sensorial;
personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales”.
7.1.3. Adicionalmente, se ha reconocido
la posibilidad de agenciar el derecho de postulación judicial. En efecto, un
tercero podría otorgar poder a un abogado para que interponga la acción de
tutela. Empero, en estos casos debe probarse la necesidad de acudir a la figura
de la agencia oficiosa, es decir que debe acreditarse la imposibilidad que
tiene el titular de un derecho de otorgar poder por sí mismo a un profesional
del derecho. Esta hipótesis podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de un
incapaz absoluto[27].
7.2. Todo lo anterior demuestra que los
presupuestos que acreditan la legitimación en la causa por activa fueron
consignados en el Decreto 2591 de 1991 y han sido desarrollados en extenso por
la jurisprudencia constitucional. En ese sentido, esta Corte ha examinado con
especial cuidado estas figuras cuando se trata de sujetos de especial
protección constitucional o de personas que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta, para quienes acceder directamente a un juez, en muchas
ocasiones, es una tarea imposible debido a sus condiciones específicas[28].
7.3. Ahora bien, al juez constitucional
también le corresponde en ejercicio de los principios de (i) prevalencia del
derecho sustancial[29]
y (ii) tutela judicial efectiva[30]
examinar de manera integral la acción de tutela interpuesta con la finalidad de
hacer un estudio de procedibilidad juicioso, teniendo siempre como meta
intentar resolver acerca de la presunta vulneración del derecho fundamental
alegado. En ese sentido, si bien los presupuestos de procedencia están
establecidos con la finalidad de establecer si, en determinado caso, el amparo
constitucional es el medio adecuado para resolver un problema jurídico, lo
cierto es que, los requisitos formales no pueden convertirse en una traba para
que las personas accedan de manera efectiva a la protección de sus derechos
fundamentales[31].
7.4. Descendiendo al caso bajo estudio
de la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, se observa que la
acción de tutela fue interpuesta por el señor Diego Patiño Giraldo, quien
manifiesta actuar en calidad de apoderado de la propietaria del apartamento 302
del Edificio Parque 125, por la presunta vulneración del derecho fundamental de
petición. El fallador de segunda instancia denegó el amparo, por considerar que
en el presente caso no se acredita el requisito de legitimación en la causa por
activa, como quiera que el poder que se exhibe en el expediente y que acompaña
el escrito de tutela fue únicamente otorgado con la finalidad de que el señor
Patiño Giraldo asistiera a la asamblea de copropietarios de la referida
propiedad horizontal en representación de la señora Martha Luz Rodríguez
Sánchez, aunado al hecho de que no se acredita su calidad de abogado y tampoco
se hace manifestación alguna acerca de la figura de la agencia oficiosa.
Para la Sala es evidente que la
conclusión a la que arribó el ad-quem podría llegar a ser correcta, de
no ser porque de un análisis integral del escrito de tutela, así como de las
pruebas que lo acompañan se observa otra realidad. En efecto, se advierte que
si bien, el señor Patiño Giraldo manifiesta interponer la tutela en
representación de la señora Rodríguez Sánchez, lo cierto es que la petición
objeto material del amparo, fue interpuesta directamente por este último en
calidad de miembro suplente del Consejo de Administración y como representante
de la copropietaria, lo que necesariamente lleva a esta Sala a concluir que el
derecho subjetivo que presuntamente está siendo vulnerado es el del señor Diego
Patiño Giraldo, que fue quien, en ejercicio del derecho consagrado en el
artículo 23 de la Constitución Política de 1991, solicitó la entrega de las
copias de distintos documentos al Consejo de Administración del Edificio Parque
125.
En esa medida, el señor Diego Patiño
Giraldo incurrió en un yerro en la presentación de la acción de tutela, al
afirmar que actúa en representación de la señora Martha Luz Rodríguez. En
efecto, si bien el accionante a través de la petición pretende defender los
intereses de quien representa (la copropietaria), lo cierto es que la petición
es interpuesta por él, que en ejercicio del poder otorgado, fue designado como
miembro suplente del Consejo. Por lo anterior, la Sala advierte que el error cometido
por el señor Patiño Giraldo no puede constituirse en una traba que impida la
procedencia de la tutela, como quiera que del examen juicioso del expediente es
dable concluir los hechos, el derecho vulnerado y el titular de este último.
En suma, encontramos
que el señor Diego Patiño Giraldo interpuso una petición, a través de la cual
solicitó la copia de varios documentos al Consejo de Administración. En ese
sentido, se advierten dos cosas: (i) que el accionante estaba facultado para
interponer la citada solicitud como quiera que el poder otorgado por la
propietaria, además de permitirle intervenir en la Asamblea General con voz y
voto, le permitía ser elegido en cualquier dignidad que a este le
correspondiera, lo que ocurrió pues el señor Patiño Giraldo es miembro suplente
del Consejo y (ii) como consecuencia de lo anterior, la petición interpuesta es
el reflejo de la representación que el accionante ejerce.
7.5. Por todo lo anterior, la Sala
Tercera de Revisión considera que quien tiene la legitimación en la causa por
activa en la acción de tutela que actualmente se encuentra bajo estudio es el
señor Diego Patiño Giraldo, en tanto que fue él quien interpuso la petición que
fundamenta la pretensión del amparo constitucional y, por ese motivo, es el
accionante del proceso que actualmente se encuentra bajo revisión de este
Corte. En este sentido, luego de una correcta interpretación de la demanda de
tutela, se concluye que quien presentó la solicitud de amparo está legitimado.
8. Legitimación por pasiva: El artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[32]
establece que la acción de tutela procede contra toda acción u omisión de una
autoridad pública que haya violado, viole o amenace un derecho fundamental. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de dicho
Decreto, particularmente, las hipótesis se encuentran plasmadas en el artículo
42[33].
8.1. El numeral 9 del citado artículo establece que el
amparo constitucional procede con el fin de garantizar los derechos de aquella
persona que se encuentra en situación de subordinación o indefensión frente a
un particular. La norma consigna lo siguiente:
“9.
Cuando la
solicitud sea para tutelar (la vida o la integridad de) quien se encuentre en
situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual
se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la
tutela.”
El numeral anterior, al igual que
otras expresiones contenidas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, fue
demandado en acción pública de inconstitucionalidad. En esa oportunidad, esta
Corte profirió la sentencia C-134 de 1994 en la que declaró exequible el
numeral 9 salvo la expresión –la vida o la integridad de- y consideró
que “la acción de
tutela contra particulares procede en las situaciones en que el solicitante se
encuentre en estado de indefensión o de subordinación. Al igual que en el caso
del servicio público, esta facultad tiene su fundamento jurídico en el derecho
de igualdad, toda vez que quien se encuentra en alguna de las situaciones
referidas no cuenta con las mismas posibilidades de defensa que otro
particular. Por ello, el Estado debe acudir a su protección -en caso de haberse
violado un derecho constitucional fundamental-, la cual no es otra cosa que una
compensación entre el perjuicio sufrido y el amparo inmediato del derecho. Con
todo, también debe advertirse que las situaciones de indefensión o de
subordinación deben apreciarse en cada caso en concreto”.
En esa medida, esta Corte, a través
de su jurisprudencia[34], ha realizado importantes
esfuerzos por diferenciar las figuras de la subordinación e indefensión, puesto
que ambas se desprenden del equilibrio que deben guardar las relaciones entre
los particulares, con la finalidad de garantizar el principio de igualdad. Así
las cosas, esta Corte en el año 1993 dictó la sentencia T-290 de ese año, en la
que consideró que “la subordinación
alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por
ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes
frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que
pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación
que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no
tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social
determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona
afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de
respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate”.
8.2. De lo anterior, se desprende que la diferencia
entre una y otro figura se encuentra en el tipo de relación que tienen los
particulares. Así, si está regulada por un título jurídico, existe
subordinación, empero si la dependencia es debido a una situación de naturaleza
fáctica estamos frente a un caso de indefensión (el cual, deberá ser advertido
con especial cuidado por parte del juez constitucional al realizar el análisis
de cada caso concreto).
8.3. Ahora, en atención a que se trata de una acción
de tutela interpuesta en contra una copropiedad en el marco del régimen de
propiedad horizontal, se hace necesario establecer su régimen jurídico y
diferenciar entre los órganos que las integran. En ese sentido, los artículos 4
y 32 de la Ley 675 de 2001 indican que los edificios o conjuntos se someten al
régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública debidamente
registrada, momento desde el cual nace la persona jurídica, la cual se
encuentra integrada “por todos los propietarios y su objeto es el de administrar
correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de
interés común y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad
horizontal”[35].
Los principales órganos que conforman
la copropiedad son la Asamblea General, la Administración y el Consejo de
Administración. La primera, está integrada por todos los propietarios, sus
representantes o delegados y se reunirá como mínimo una vez al año con la
finalidad de establecer las directrices generales que rigen dentro del edificio
(artículo 37 de la Ley 675 de 2001), en atención a que se trata del máximo
órgano de decisión[36].
El administrador ostenta la representación legal del edificio o conjunto, es
elegido por la Asamblea General o por el Consejo de Administración y su función
principal es la de ejercer la administración inmediata, motivo por el cual
tiene facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo (artículo
51 de la Ley 675 de 2001)[37].
Por último, se encuentra el Consejo de Administración, en el caso de
edificaciones que cuenten con más de treinta (30) bienes privados, órgano a
quien le corresponde tomar las determinaciones necesarias en orden a que la
persona jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento
de la propiedad horizontal[38].
Respecto de los conflictos presentados en contra de
los Consejos de Administración, esta Corte ha considerado que los
copropietarios o residentes se encuentran obligados a cumplir con las
determinaciones que tome este órgano de dirección y manejo dentro de la
comunidad por mandato de la Ley[39].
Se trata entonces de un dependencia integrada por personas naturales, quienes
ostentan la función de ejecutar las disposiciones de la Asamblea y, en esa
medida, estamos frente a un claro caso de subordinación. Al respecto, esta
Corte en la sentencia T-034 de 2013 manifestó lo siguiente:
“En el asunto bajo examen, se acredita el requisito de
la legitimación por pasiva, en el entendido que tanto la Asamblea de
Propietarios como el Consejo de Administración del Conjunto Residencial Pinar
de la Colina II, son órganos de decisión de dicha propiedad horizontal frente a
la cual la accionante se encuentra en estado de subordinación. No sobra
recordar que el artículo 55 de la Ley 675 de 2001, dispone que el citado
consejo de administración tiene la función de adoptar las decisiones necesarias
para que la persona jurídica, esto es, la propiedad horizontal[40],
cumpla con los fines dispuestos en el reglamento que la rige[41]”. (subrayas por fuera del texto)
8.4. Por ello, si entre el Consejo de Administración y
los copropietarios existe una relación de subordinación como lo ha establecido
la jurisprudencia de esta corporación, lo cierto es que ese vínculo no se rompe
cuando en el intermedio existe un representante, como ocurre en el caso que
actualmente se encuentra bajo revisión de esta Sala. Tampoco podría alegarse
que debido al cargo que ostenta el señor Patiño Giraldo dentro del citado
órgano de decisión, la subordinación se atenúa, puesto que se trata de un
miembro suplente, es decir, de alguien que únicamente accederá al Consejo ante
la falta de uno de sus miembros titulares.
En efecto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional considera que la acción de tutela acredita el requisito de
legitimación en la causa por pasiva, como quiera que tratándose de un amparo
interpuesto contra un particular, es posible advertir que entre ambas partes
existe una relación que implica subordinación.
9. Inmediatez: El principio de inmediatez de la
acción de tutela está instituido para asegurar la efectividad del amparo y,
particularmente, garantizar la protección inmediata de los derechos
fundamentales que se encuentren amenazados o se hayan visto vulnerados por la
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos
previstos en la Constitución y demás normas reglamentarias, así como en la
jurisprudencia de esta Corte. Por lo tanto, el transcurso de un lapso
desproporcionado entre los hechos y la interposición del amparo tornaría a la
acción en improcedente, puesto que desatendería su fin principal.
Sobre el particular, esta Sala advierte que del
expediente de tutela se establece que el día dieciocho (18) de noviembre de dos
mil dieciséis (2016)[42],
el señor Diego Patiño Giraldo elevó la petición ante el Consejo de
Administración del Edificio Parque 125 con la finalidad de obtener la copia de
varios documentos relacionados con la posible comisión de delitos en el manejo
de la copropiedad, la cual afirma no fue contestada al quince (15) de diciembre
de dos mil dieciséis (2016), fecha de interposición de la presente acción de
tutela.
De conformidad con la Ley 1755 de 2015[43], el término general para contestar
las peticiones interpuestas con la finalidad de obtener la copia de documentos
es de 10 días hábiles[44].
Para el caso, ese término feneció el día siete (07) de diciembre de dos mil
dieciséis (2016), es decir que entre ese día y la fecha de la interposición de
la acción de tutela transcurrieron tan sólo 8 días, lapso que esta Sala de
Revisión considera oportuno para acudir al amparo constitucional, motivo por el
cual se acredita el presupuesto de inmediatez.
10. Subsidiariedad: En virtud de
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada
jurisprudencia constitucional adoptada en la materia[45]
y los artículos concordantes del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un carácter
residual y subsidiario, razón por la cual sólo procede excepcionalmente como
mecanismo de protección definitivo: (i) cuando el presunto afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) cuando existiendo, ese medio carezca
de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral
los derechos fundamentales, en las circunstancias del caso concreto; así mismo,
procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental. En el evento
de proceder como mecanismo transitorio, la protección se extenderá hasta tanto
se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[46].
Teniendo en cuenta que el asunto bajo consideración de
la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional versa sobre la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición y en atención a que no existe
en el ordenamiento jurídico otro mecanismo judicial dispuesto para reclamar su
cumplimiento, esta Corte ha aceptado que la acción de tutela es el medio
judicial idóneo y eficaz para resolver acerca de la vulneración de este derecho
fundamental[47].
C.
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN
11. En esta oportunidad corresponde a
la Sala responder el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera el Consejo de
Administración del Edificio Parque 125 el derecho fundamental de petición al
omitir dar una contestación de fondo y dentro del término legalmente
establecido para ello a la solicitud interpuesta por el señor Diego Patiño
Giraldo?
12. Con el fin de resolver el
problema jurídico planteado, la Sala se referirá a: (i) El derecho fundamental
de petición ante organizaciones privadas, acápite que será desarrollado
enunciando: a. los fundamentos constitucionales del derecho de petición y b. la
jurisprudencia constitucional sobre el derecho de petición contra particulares.
Estos considerandos permitirán (ii) resolver el caso concreto.
D.
DERECHO FUNDAMENTAL DE
PETICIÓN ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS – REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Fundamentos del Derecho de Petición
13. De conformidad con el artículo 23 de
la Constitución Política de 1991, toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener una pronta resolución. Asimismo, esa norma estableció
que el legislador podría reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales.
13.1. El derecho fundamental de petición
ha sido objeto de un extenso desarrollo en la jurisprudencia de esta Corte.
Así, desde el comienzo se advirtió la estrecha relación que tiene con el
derecho de acceso a la información (artículo 74 CP)[48], en tanto que a través del ejercicio
del primero, las personas pueden conocer el proceder de la administración o de
los particulares cuando así lo establece la Ley. Por lo mismo es que la
jurisprudencia ha indicado que “el derecho de petición es el género y el
derecho a acceder a la información pública es una manifestación específica del
mismo”[49]. De igual
manera, el derecho de petición se ha convertido en una prerrogativa por medio
de la cual se hacen efectivos otros derechos de rango constitucional, por lo
que ha sido considerado por la jurisprudencia como un derecho de tipo
instrumental[50],
en tanto que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la
ciudadanía, pues es el principal medio que tiene para exigir a las autoridades
el cumplimiento de sus deberes.
13.2.
Esta Corte también se ha ocupado de definir el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición, es decir los elementos que no pueden ser afectados de
forma alguna sin que implique la negación de su ejercicio. En efecto, ha indicado
que este se compone de 3 elementos: (i) la posibilidad de formular la petición,
(ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal  y la
consecuente notificación de la respuesta al peticionario[51].
13.2.1. Con el primer elemento, se protege la posibilidad
cierta y efectiva que tienen las personas de presentar solicitudes respetuosas
ante las autoridades y los particulares, sin que estos se puedan negar a
recibirlas y a tramitarlas[52].
En esa medida, están obligados a acoger las peticiones interpuestas. Al
respecto, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “los obligados a cumplir con este
derecho tienen el deber de recibir toda clase de petición, puesto que esa
posibilidad hace parte del núcleo esencial del derecho”.
13.2.2.
Asimismo, las autoridades y los particulares están obligados a resolver de
fondo las peticiones interpuestas, es decir que deben brindar una respuesta que
aborde de manera clara y detallada cada una de las inquietudes y/o solicitudes
puestas en su conocimiento, lo anterior no implica nada diferente a resolver
materialmente la petición. La jurisprudencia[53]
ha indicado que una respuesta de fondo deber ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de
argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda
directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir
en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv)
consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la
respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un
procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una
petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta
del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición
resulta o no procedente”
13.2.3. El tercer elemento
hace referencia a dos situaciones: la oportuna resolución de la petición y la
notificación de la respuesta al interesado. La primera de estas, implica que las autoridades
y los particulares deben resolver las peticiones dentro del término legal
establecido para ello. En esa medida, la respuesta puede ser proferida con
anterioridad a la expiración de este término, como quiera que el derecho
únicamente se ve afectado cuando transcurrido ese lapso no se ha sido resuelta
la solicitud[54].
Respecto del término, la Ley 1755 de 2015 fijó como regla para la resolución de
peticiones que solicitan la copia de documentos un lapso de 10 días que se han
entendido como hábiles, pero existen lapsos particulares, incluso es posible
resolver la solicitud después del vencimiento del tiempo en los casos que lo
permite la ley[55].
La
notificación del peticionario implica la obligación de las autoridades y de los
particulares de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo de
su solicitud. En efecto, si el peticionario no tiene acceso a la respuesta,
puede considerarse que nunca se hizo efectivo el derecho, pues existe la
obligación de informar de manera cierta al interesado sobre la decisión, para
que éste pueda ejercer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé en
algunos casos o, en su defecto, demandarla ante la jurisdicción competente. En
ese sentido, esta Corte en la sentencia C-951 de 2014 indicó que: “el
ciudadano debe conocer la decisión proferida por las autoridades para ver
protegido efectivamente su derecho de petición[56], porque ese conocimiento,
dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente. La
notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de
las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de
notificaciones de la Ley 1437 de 2011”[57].
13.3.
En suma, el ejercicio efectivo del derecho de petición permite que las personas
puedan reclamar el cumplimiento de otras prerrogativas de carácter
constitucional, motivo por el cual se trata de un mecanismo de participación a
través del cual las personas pueden solicitar el cumplimiento de ciertas
obligaciones o el acceso a determinada información a las autoridades y a los
particulares (en los casos que lo establezca la ley). En ese orden de ideas, el
núcleo esencial de este derecho está compuesto por la posibilidad de presentar
las solicitudes, la respuesta clara y de fondo y, por último, la oportuna resolución
de la petición y su respectiva notificación.
Reglas
jurisprudenciales relativas a la petición ante organizaciones privadas
14. Pese a la
existencia de un mandato constitucional contenido en el ya citado artículo 23
de la Constitución, relativo a la regulación del derecho de petición ante
organizaciones privadas, el legislador tan sólo cumplió con dicho deber en el
año 2015 con la expedición de la Ley 1755[58], a través de la cual reglamentó
la materia. Sin embargo, con anterioridad a ese momento fue la Corte
Constitucional, principal garante de los derechos fundamentales, quien a través
de la jurisprudencia comenzó a establecer las reglas para el ejercicio del
derecho de petición ante los particulares.
14.1. En efecto, desde
el año 1996 la jurisprudencia comenzó a fijar las condiciones en las cuales una
persona podía interponer una petición ante una organización privada. En esa
oportunidad, en la sentencia T-105 de 1996[59] señaló que las reglas para el
ejercicio del derecho de petición ante autoridades, también serían aplicables
para las solicitudes ante los particulares, cuando éstos “(i) presten un
servicio público o desarrollen actividades similares que comprometan el interés
general y debido a ello (ii) ostentan una condición de superioridad frente a
los demás coasociados, que puede generar una amenaza o vulneración de uno o
varios derechos fundamentales”[60].
14.2. De manera posterior, la Sala
Quinta de Revisión de la Corte Constitucional profirió la sentencia T-374 de
1998, a través de la cual resolvió la acción de tutela interpuesta por un ex
trabajador contra su antiguo empleador, la Federación Nacional de Cafeteros,
por la omisión de esta última de resolver una solicitud sobre el reconocimiento
de su pensión de jubilación. Sobre el tema, la sentencia consideró que la
acción de tutela procede para la protección del derecho fundamental de petición
interpuesto contra un particular, cuando a través de éste se pretenda hacer
efectivo un derecho fundamental, sin importar si ese particular presta o no un
servicio público.
14.3. En ese mismo
sentido, la Sala Plena de esta corporación profirió la sentencia SU-166 de 1999[61], providencia
mediante la cual se sistematizaron por primera vez las reglas de procedencia de
la petición ante organizaciones privadas. Al respecto, se establecieron dos
supuestos: (i) cuando la organización privada tenga a su cargo la prestación de
un servicio público, o cuando en atención a la actividad que desempeña,
adquiera el status de autoridad y (ii) De conformidad por lo reglamentado por
el legislador, cuando el derecho de petición sea el instrumento para hacer
efectivos otros derechos fundamentales.
14.4. En el año 2002,
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional profirió la sentencia T-
163 de ese año, a través de la cual creó una nueva regla respecto de la
petición contra organizaciones privadas. En esa oportunidad, la Sala tuvo la
oportunidad de estudiar la tutela interpuesta por el ex trabajador de
Industrias Kent y Sorrento que había solicitado a través de petición la
expedición de un certificado laboral y que, debido a la falta de contestación,
decidió acudir al amparo constitucional. Al estudiar de fondo el caso, se
encontró que, en efecto, la empresa accionada había vulnerado el derecho
fundamental de petición, puesto que “el
accionante no sólo se encuentra en estado de subordinación, dada su calidad de
ex - empleado, que depende de su antiguo patrono para obtener una respuesta que
sólo este puede dar y que resuelve la petición como tal, sino que además, es
evidente su estado de indefensión, dada la ausencia de medios jurídicos
eficaces para repeler la conducta del particular demandado”.
En
efecto, lo que hizo esta Corte en esa oportunidad fue considerar que cuando el
peticionario se encuentra en estado de subordinación o indefensión respecto de
la organización privada, tiene la posibilidad de interponer peticiones en
ejercicio del derecho consignado en el artículo 23 de la Constitución[62].
14.5. En ese orden de ideas, la sentencia T- 268 de
2013[63]
además de reiterar las reglas que hasta ese momento habían sido desarrolladas
por la jurisprudencia respecto de las peticiones ante organizaciones privadas
creó una nueva hipótesis relativa a la petición ante particulares en los casos
que reglamente el legislador[64].
15. De lo anterior, es posible concluir que hasta el
2014 la jurisprudencia constitucional había desarrollado 4 casos en los cuales
los particulares estaban obligados a recibir y contestar las peticiones: (i)
cuando la petición se presentaba ante un particular que prestaba un servicio
público o que realiza funciones públicas, en tanto se asimilan a autoridades
públicas; (ii) cuando a través del ejercicio de la petición se pretendía la
protección de otro derecho fundamental, caso en el cual la respuesta se torna
imperativa; (iii) en casos en los que se presente subordinación e indefensión
y, (iv) por fuera de estos supuestos, en cualquier caso, siempre que así lo
haya reglamentado el legislador.
16. El treinta (30) de junio de dos
mil quince (2015), el legislador expidió la Ley 1755 de 2015[65],
por medio de la cual reguló el ejercicio del derecho de petición, norma en la
que se reglamentó la petición ante organizaciones privadas desarrollando el
mandato establecido en el artículo 23 de la Constitución. La norma consigna lo
siguiente:
“CAPÍTULO
III
Derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas
Artículo 32. Derecho de petición ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda
persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos
fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales
como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones
religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.
Salvo norma legal
especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a
los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título.
Las organizaciones
privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los
casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.
Las peticiones ante
las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter
financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros
países se regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Hábeas Data.
PARÁGRAFO
1o. Este
derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas
el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la
persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente
al peticionario.
PARÁGRAFO
2o. Los
personeros municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán
asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle
el ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o
desee ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.
PARÁGRAFO
3o. Ninguna
entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y
peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte
de las autoridades competentes.
Artículo 33. Derecho de petición de los usuarios
ante instituciones privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes
especiales, a las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del
Sistema de Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema
financiero y bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y
servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el derecho privado, se les
aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo pertinente, las
disposiciones sobre derecho de petición previstas en los dos capítulos
anteriores”.
16.1. Del análisis de
la norma se pueden extraer dos grandes conclusiones: La primera, es que el
legislador consignó las reglas que la jurisprudencia constitucional creó
respecto de la procedencia de las peticiones ante particulares. En esa medida,
es posible interponer una petición ante organizaciones privadas con o sin
personería jurídica (i) cuando prestan servicios públicos o cuando, debido a su
actividad, ejercen funciones públicas y son asimilables a las autoridades
(artículo 33) y (ii) cuando a través del ejercicio del derecho de petición se
busca garantizar otros derechos fundamentales (artículo 32). Empero, también es
posible interponer una petición ante una persona natural, cuando existe una
relación de subordinación e indefensión o cuando esa persona natural está
ejerciendo una posición dominante frente al peticionario (parágrafo 1 del
artículo 32). La segunda conclusión es que el legislador reglamentó el
procedimiento para la resolución de estas peticiones al determinar que opera
igual que ante las entidades públicas.
16.2. En tratándose de Ley
Estatutaria, esta Corte ejerció un control previo y automático a través de la
sentencia C-951 de 2014, providencia en la que se pronunció sobre la
constitucionalidad de la norma. En efecto, en esa oportunidad la Sala Plena de
esta corporación analizó el procedimiento, pero también el contenido de la
misma de cara a la Constitución. Sobre los artículos 32 y 33, esta Corte
consideró que se ajustaban a la Carta, en tanto que desarrollaban el mandato
contenido en el artículo 23.
16.2.1. Respecto del artículo 32 hizo
especial énfasis en la aplicación de las reglas del derecho de petición ante
autoridades a los particulares. Sobre el particular consideró que la remisión
genérica que hace la norma introduce desequilibrios en las relaciones entre
particulares que, por regla general se rigen por los principios de libertad y
autonomía de la voluntad privada, motivo por el cual introdujo un
condicionamiento a la disposición al establecer que sólo se harán extensibles
las reglas que sean compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen
los particulares.
16.2.2. Acerca del artículo 33
consideró que “el señalamiento
de la reglas atinentes al derecho de petición ante entidades prestadoras de
servicios, está estrechamente relacionado con la finalidad social del Estado,
pues estas cumplen funciones que se enmarcan dentro del artículo 365 de la
Constitución Política, el cual dispone que: Los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los
servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley,
podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de
soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría
de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide
reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley,
queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.
16.3. De la lectura de la Ley 1755 de
2015 y del recuento jurisprudencial que la Sala Tercera de Revisión ha
realizado, es posible concluir que sólo existe una hipótesis que la ley
modificó y es la relativa a la procedencia de la petición ante particulares
cuando existe subordinación, indefensión o posición dominante. Lo anterior,
como quiera que en el parágrafo 1 del artículo 32 de la citada norma, se
estableció de manera expresa que esta hipótesis también es viable cuando se interpone
la petición ante una persona natural.
Sobre el tema, la sentencia C-951 de
2014 consideró que el mencionado parágrafo se ajustaba a la Constitución. Al
respecto, manifestó que “Para la Corte
es claro que en las diversas situaciones de orden fáctico en las [que] una persona se encuentre en situación de
desprotección, frente a otra persona natural, respecto de la cual ésta tiene un
deber constitucional, debe proceder el derecho de petición en procura de
garantizar los derechos fundamentales. Esto hace parte de la eficacia
horizontal de los derechos fundamentales ante particulares, como expresión del
derecho a la igualdad”.
17. Respecto de éste último punto se
pronunció esta Sala de Revisión en la reciente sentencia T-726 de 2016, en la
que hizo dos consideraciones sobre este supuesto. En primer lugar, se refirió a
lo acertado que resultó que el legislador estableciera la procedencia de la
petición ante particulares cuando existe subordinación, indefensión o posición
dominante entre personas naturales y, en segundo lugar, manifestó que “aunque
la norma en comento determinó que las peticiones que se presenten por el estado
de subordinación e indefensión del solicitante deben dirigirse a otra persona
natural y amplió el campo de aplicación de dicha disposición a las personas
naturales que ejerzan posición dominante, lo anterior no quiere decir que si
una persona tiene una relación de subordinación o indefensión con una persona
jurídica, o en caso de que esa persona jurídica ejerza posición dominante, el
afectado no pueda acudir al derecho de petición, comoquiera que esos eventos
quedan comprendidos en el primer supuesto analizado”.
18.
En suma, con la entrada en vigencia de la Ley 1755 de 2015 el derecho de
petición puede ser interpuesto ante particulares que (i) presten servicios
públicos o cuando, en razón de sus ocupaciones, realicen funciones públicas y
sean asimilables a las autoridades; (ii) organizaciones privadas con o sin
personería jurídica cuando a través de la petición se garanticen otros derechos
fundamentales y (iii) cuando exista subordinación, indefensión o posición
dominante, caso en el cual podrán ser interpuestas ante personas naturales o
jurídicas.
E.
VULNERACIÓN DEL
DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN DEL SEÑOR DIEGO PATIÑO GIRALDO
19. En el caso bajo consideración, la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional considera que el Consejo de Administración
del Edificio Parque 125 vulneró el derecho fundamental de petición del señor
Diego Patiño Giraldo, por las razones que pasan a exponerse a continuación:
19.1. Lo primero que se advierte es que el señor Diego
Patiño Giraldo interpuso una petición solicitando copia de diferentes
documentos ante el señor Marino Ríos Restrepo, en calidad de presidente del
Consejo de Administración del Edificio Parque 125, el día dieciocho (18) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016)[66],
solicitud que hasta la fecha de interposición de la tutela no fue contestada.
19.2. Para verificar la vulneración del derecho
fundamental de petición, la Sala Tercera de Revisión deberá examinar: (i) por
qué motivo el señor Diego Patiño Giraldo, quien no es copropietario del
Edificio Parque 125, interpuso derecho de petición ante la copropiedad y (ii)
si en este caso se cumplen los supuestos establecidos en la Ley 1755 de 2015 y
la jurisprudencia constitucional respecto de la procedencia de la petición ante
particulares.
19.2.1. Acerca de la primera duda, la Sala encuentra
que la petición interpuesta, en efecto, fue suscrita por el señor Diego Patiño
Giraldo actuando en calidad de representante de una copropietaria y como
miembro suplente del Consejo de Administración del citado Edificio. Al
respecto, es posible establecer que el poder que le otorgó la señora Martha Luz
Rodríguez al accionante tenía como finalidad la representación de ésta en la
Asamblea de Copropietarios, para ese fin (i) tenía derecho de voz y voto y (ii)
podía ser elegido en cualquier dignidad que a ella le correspondiera[67]. Como consecuencia de ello, el señor
Patiño Giraldo resultó electo como miembro de Consejo de Administración, cargo
que ocupa en representación de la señora Rodríguez[68], lo que a juicio de la Sala prueba
el interés que el accionante tenía al interponer la citada petición.
19.2.2. Ahora, respecto de los supuestos establecidos
en la Ley 1755 de 2015 y en la jurisprudencia constitucional sobre de la
procedencia de la petición ante particulares, lo primero que se advierte es que
el Consejo de Administración del Edifico Parque 125 (i) no presta servicios
públicos, no cumple funciones públicas y, por lo tanto, no puede ser asimilable
a una autoridad pública; (ii) tampoco se trata de una petición a través de la
cual se esté reclamando la garantía de los derechos fundamentales. Luego, le corresponde
a la Sala verificar si entre el señor Patiño Giraldo y el Consejo de
Administración existe una relación que implique subordinación, indefensión o
posición dominante.
Frente a esto último, lo primero que se debe examinar
es la naturaleza jurídica de los Consejos de Administración, en tanto que si
bien no estamos frente a una persona natural o una persona jurídica propiamente
dicha, lo cierto es que se trata del uno de los más importante órganos de
decisión dentro de la copropiedad y está integrado por personas naturales a
quienes les corresponden ejecutar las determinaciones de la Asamblea. Los
artículos 53, 54 y 55 de la Ley 675 de 2001[69],
establecen la composición, el quórum y las funciones del Consejo de
Administración[70].
Así, es importante poner de presente que pese a que el
Consejo de Administración no es una persona jurídica, la propiedad horizontal
de la cual forma parte sí se constituye como tal, de conformidad con el
artículo 4 y siguientes de la Ley 675 de 2001. Al respecto, la citada norma
establece lo siguiente:
“Artículo
4o. Constitución. Un
edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal mediante
escritura pública registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos. Realizada esta inscripción, surge la persona jurídica a que se
refiere esta ley”.
(subrayas por fuera del texto)
En ese
sentido, los miembros de la copropiedad tienen la obligación de cumplir con las
determinaciones del Consejo de Administración, como quiera que es el órgano elegido
por la Asamblea General para cumplir los fines previstos en el reglamento. Por
ese motivo, es razonable deducir que entre el Consejo de Administración y los miembros
de la copropiedad existe una relación de subordinación, luego los primeros
están en la obligación de recibir y tramitar las peticiones que los segundos
interpongan con la finalidad de acceder a la información de la copropiedad que,
en todo caso, es de interés común.
Ahora, si el
señor Diego Patiño, en ejercicio del poder otorgado por la copropietaria (que
tiene una relación de subordinación frente al Consejo), fue elegido miembro del
citado Consejo y se encuentra representando los intereses de aquella, parece
lógico considerar que debían recibir y resolver de fondo (de conformidad con la
Ley) la petición interpuesta por el señor Diego Giraldo Patiño, en tanto que
con esta precisamente se está ejerciendo dicha representación.
19.3. Resuelto
lo anterior, la Sala entre a verificar si en el caso concreto se vulneró el
derecho fundamental de petición. Al respecto, en un acápite teórico anterior la
Sala reiteró que la garantía del derecho fundamental de petición implica (i) la
posibilidad de interponer la solicitud; (ii) la resolución clara y de fondo y
(iii) la pronta resolución y la notificación de la misma.
19.3.1. Del
expediente se advierte que, en efecto, existe copia de la petición formulada
ante el Consejo de Administración con el respectivo recibido de fecha dieciocho
(18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), situación que no fue contradicha
en la respuesta que la empresa administradora del edificio allego al fallador
de primera instancia, en tanto que se limitó a informar que ante esa
dependencia (la administración) no se había interpuesto petición alguna, pero
nada se dijo acerca de la solicitud interpuesta ante el señor Marino Ríos
Restrepo en calidad de presidente del Consejo de Administración, luego no se
acreditó que la copropiedad hubiese resuelto de fondo y de manera clara la
solicitud interpuesta por el señor Diego Patiño Giraldo[71].
19.4. Por lo
anterior, la Sala considera que el Consejo de Administración del Edificio
Parque 125 vulneró el derecho fundamental de petición del señor Diego Patiño
Giraldo y, en ese sentido, le ordenará que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas posteriores a la notificación de la presente providencia resuelva de
manera clara y de fondo la petición interpuesta.
19.5. Ahora
bien, en atención a que la empresa administradora del edificio, en su
contestación, puso de presente que existen documentos solicitados por el
accionante que podrían estar sujetos a reserva, la Sala pone de presente que de
conformidad con el inciso tercero del artículo 32 de la Ley 1755 de 2015[72], las
organizaciones privadas únicamente podrán invocar ese argumento en los casos
expresamente establecidos en la Constitución y en la Ley. Lo anterior, significa
que al momento de contestar la petición interpuesta, deberán proferir una
respuesta motivada en la que se indiquen los documentos que se encuentran
sometidos a reserva y la norma jurídica que así lo indica.
Al respecto
la citada sentencia C-951 de 2014 manifestó lo siguiente:
Con relación al inciso tercero que de manera
especial regula la reserva de peticiones ante particulares, la Corte no
encuentra reproche alguno, ya que su redacción reproduce el tenor literal del
artículo 74 de la Constitución. No obstante, la Corte resalta que esta norma
debe analizarse en conjunto con el inciso segundo del artículo bajo estudio que
dispone “Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas
peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el
Capítulo I de este título.”, con lo cual se
entiende que el artículo 24 relativo a las reservas que se encuentran en el
Capítulo II, se encuentra excluido del derecho de petición ante particulares. Frente
a esta cuestión, también cabe señalar que los particulares están habilitados
para invocar las reservas contempladas en otras leyes que de manera especial
regulan la materia, como en efecto, lo son la Ley Estatutaria de Habeas Data
1266 de 2008, la Ley de Protección de Datos 1581 de 2012, entre otras normas.
(subrayas por fuera del texto)
19.5.1. En
desarrollo de lo anterior, la Sala Tercera advertirá al Consejo de
Administración del Edificio Parque 125 que, en caso de existir reserva legal
sobre alguno de los documentos solicitados por el accionante en su petición,
deberá informar, de forma clara y motivada, este hecho al señor Diego Patiño
Giraldo citando la norma constitucional o legal que establece la reserva de ese
documento en específico, ya que se trata de una figura expresamente prevista en
la Constitución o en la ley, que además debe poder ser objeto de control
judicial. Por lo demás, deberá emplear las reglas contenidas en el Capítulo I
de la Ley 1755 de 2015, en lo que le sean aplicables.
F.
SÍNTESIS DE LA
DECISIÓN
20. En el caso bajo estudio de la Sala, el
señor Diego Patiño Giraldo solicitó el amparo de su derecho fundamental de
petición, presuntamente vulnerados por el Consejo de Administración del
Edificio Parque 125, ante la omisión de contestar la petición interpuesta en la
que solicitaba la copia de diferentes documentos.
21. Debido a lo anterior, a la Sala le
correspondió resolver acerca de si el Consejo de Administración del Edificio Parque 125
vulneró el derecho fundamental de petición consignado en el artículo 23 de la
Constitución al no contestar la solicitud interpuesta en ejercicio de este
derecho por parte del señor Diego Patiño Giraldo, en representación de la
señora Martha Luz Rodríguez Sánchez.
Como resultado de la de las sub-reglas
jurisprudenciales analizadas en la parte motiva de esta providencia, observa la Sala lo siguiente:
21.1. Se vulnera el derecho fundamental
de petición cuando un Consejo de Administración de una copropiedad no contesta de
fondo la petición interpuesta por un miembro de la comunidad o su
representante, en tanto que existe una relación de subordinación entre ambos.
21.2. Debido a lo anterior, en esta
providencia se analizaron las reglas jurisprudenciales relativas a la
legitimación en la causa por activa y por pasiva en la acción de tutela, el
núcleo esencial del derecho fundamental de petición y las reglas que la ley y
la jurisprudencia constitucional han creado respecto de la procedencia de la
petición ante particulares.
22. Sobre la base de lo
anterior, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional concluye que el
Consejo de Administración del Edificio Parque 125 vulneró el derecho
fundamental de petición del señor Diego Patiño Giraldo y, como consecuencia,
revocará la decisión del Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Bogotá que denegó el amparo y confirmará la sentencia de
primera instancia proferida por el Juzgado Diecisiete Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá que tuteló el derecho fundamental de
petición.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia del trámite de tutela
por el Juzgado Cincuenta y Uno Penal del Circuito con Función de Conocimiento
de Bogotá el día treinta
(30) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), a través de la cual se denegó el
amparo constitucional y, como consecuencia, CONFIRMAR la decisión del Juzgado Diecisiete Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá que tuteló el derecho fundamental
de petición.
Segundo.- ORDENAR al Consejo de Administración del Edificio Parque 125 que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas; contado a partir de la notificación de esta
sentencia, proceda a contestar de fondo y de manera clara la petición
interpuesta por el señor Diego Patiño Giraldo.
Tercero.- ADVERTIR al Consejo de Administración del Edificio
Parque 125 que, en caso de existir reserva legal sobre alguno de los documentos
solicitados por el accionante en su petición, deberá informar, de forma clara,
este hecho al señor Diego Patiño Giraldo citando la norma constitucional o
legal que establece la reserva de ese documento en específico. Por lo demás,
deberá emplear las reglas contenidas en el Capítulo I de la Ley 1755 de 2015 en
lo que le sean aplicables.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese.
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
ROCÍO
LOAÍZA MILIAN
Secretaria General (E)
[1]
Como prueba de lo anterior, se adjunta copia del poder otorgado por la señora
Martha Luz Rodríguez Sánchez al señor Diego Patiño Giraldo para asistir a la
Asamblea General de Copropietarios llevada a cabo el día quince (15) de marzo
de dos mil dieciséis (2016) en su nombre y representación con derecho a voz y
voto y para ser elegido como miembro del Consejo de Administración o cualquier
otra dignidad a la que tenga derecho como copropietaria. El citado poder obra
en el folio 7 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[2]
Copia de la petición interpuesta por el señor Diego Patiño Giraldo con firma de
recibido de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
visible en el folio 5 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[3]
Concretamente, el señor Diego Patiño Giraldo solicitó la copia de (i) la
denuncia penal presentada ante las autoridades contra la empresa administradora
de la copropiedad; (ii) copia de la comunicación escrita enviada por el
representante legal a Davivienda informando sobre los hechos ocurridos y
solicitando las medidas cautelares del caso; (iii) copia de la carta remitida a
Davivienda solicitando la devolución de los dineros sustraídos de la cuenta
bancaria de la copropiedad; (iv) copia de la póliza de garantía suscrita
previamente por el Consejo de Administración y servicios MG S.A.S.; (v) copia
del acuerdo de pago suscrito entre el Consejo de Administración y la empresa
Administraciones y Servicios MG S.A.S.; (vi) copia de la póliza otorgada por el
empresa administradora, en la cual se garantice el pago del acuerdo suscrito;
(vii) copia del documento del acuerdo de finalización del contrato de
administración suscrito entre el Consejo de Administración y la empresa
Administraciones y Servicios MG S.A.S.; (viii) copia de los documentos en los
cuales conste el contrato de administración suscrito entre el Consejo de
Administración  y la nueva persona natural o jurídica que vaya a prestar el
servicio de administración a la copropiedad y (ix) copia de las actas de
reuniones del Consejo de Administración correspondientes a los meses
septiembre, octubre  y noviembre de 2016, en especial las que no le han sido
informadas al señor Diego Patiño.
[4]
Como pruebas adicionales, el señor Diego Patiño Giraldo adjunta como pruebas
copia del acta de la reunión del Consejo de Administración del edificio Parque
125 correspondiente al quince (15) de abril de dos mil dieciséis (2016) y copia
de la escritura pública número 1973 del dieciocho (18) de septiembre de dos mil
tres (2003), elevada ante la Notaria Treinta y nueve (39) de Bogotá, a través
de la cual se reformó el reglamento de la copropiedad horizontal del edificio
Parque 125.
[5]
Auto visible en el folio 17 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[6]
La contestación de la acción de tutela se encuentra visible en los folios 20-24
del cuaderno principal de la acción de tutela.
[7] Fallo de tutela visible en folios
41-49 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[8] Fallo de tutela visible en folios 4-9
del cuaderno de impugnación de la acción de tutela.
[9] Auto notificado el 18 de abril de
2017.
[10]
Constitución Política, Artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública”.
[11]
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida,
en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de
sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
[12] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Constitución Política.
[13]
Ver sentencias T-082/97, T-1220/03, T-531/02, T-017/03, T-242/03, T-301/03,
T-503/03, T-629/06, T-878/07, T-312/09, T-442/12, SU-377/14 entre otras.
[14]
Esta presunción fue establecida por el legislador delegado en el decreto 2591
de 1991.  Sobre la misma se pronunció tangencialmente la Corte en sentencia
T-001 de 1997 en la cual la Corte resuelve el caso de abogados que presentaron
acción de tutela como agentes oficiosos sin demostrar la indefensión de los
agenciados, la Corte niega la tutela por que no se configura  la agencia oficiosa
y no se reúnen los requisitos  para el apoderamiento judicial, afirmó la Corte:
“Los poderes se presumen auténticos, según lo dispone el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, pero, obviamente, tal autenticidad no puede predicarse de
poderes no presentados, ya que el juez no está autorizado para presumir que
alguien apodera los intereses de otro, sin que en el respectivo expediente ello
aparezca acreditado”.
[15]
En la sentencia T-001 de 1997 la Corte afirmó que por las características de la
acción “todo poder en materia de tutela es especial, vale decir se otorga
una vez para el fin específico y determinado de representar los intereses del
accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta
autoridad o persona y en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su
pretensión.”
[16]
En este sentido la Corte ha acogido las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil en la materia, así en la sentencia T-530 de 1998 acoge y
aplica la disposición del artículo 65 inciso 1º: “En los poderes especiales,
los asuntos se determinarán claramente, de modo que no puedan confundirse con
otros.”
[17]
En este sentido en la en la sentencia T-695/98 la Corte  no concedió la tutela
impetrada debido a que el abogado quien presentó la tutela pretendió hacer
extensivo el poder recibido para el proceso penal al proceso de tutela. En esta
oportunidad la Corte reiteró la doctrina sentada en la sentencia T-550/93
oportunidad en la cual la Corte afirmó:  “De otro lado, debe desecharse la
hipótesis de que el poder conferido para adelantar un proceso judicial sirve al
propósito de intentar la acción de tutela a que pudiere dar lugar ese proceso,
por cuanto se trata de actuaciones distintas y, si bien es cierto que la tutela
tiene un carácter informal, también lo es que tal informalidad no lleva a
presumir la existencia de un poder que no se presentó y que es necesario
allegar siempre que se ejerza la acción de tutela a nombre de otro y a título
profesional”.  En un sentido similar ver sentencia T-002/01, en la cual la
Corte afirmó que la condición de apoderado en un proceso penal no habilita para
instaurar acción de tutela, así los hechos en que se esta se fundamenta tengan
origen en el proceso penal.
[18]
En la sentencia T-530/98, la Corte al revisar la decisión de una tutela
promovida por el abogado de la parte civil en un proceso penal quien actuaba
sin poder especial para el proceso de tutela, consideró que el a-quo no
debió darle trámite al respectivo proceso debido a que el abogado no allegó el
poder respectivo ni manifestó su calidad de agente oficioso.  En este sentido
aseveró que “Aunque podría pensarse que su calidad de representante de la
parte civil en el proceso penal lo habilitaba para dicho menester, debe
desecharse esta idea, en atención a que en el proceso penal el sujeto procesal
es la parte civil y no su apoderado; es cierto que éste la representa conforme
al poder específico que se le ha conferido; pero éste aun cuando suficiente
para la actuación en el proceso penal no lo habilita para ejercitar la acción
de tutela”.
[19]
En la sentencia T-207/97 la Corte se extendió en consideraciones acerca de la
informalidad, propia de la acción de tutela y de sus implicaciones frente al
ejercicio de la misma.  Con respecto al apoderamiento judicial como excepción
al principio de informalidad de la acción señaló: “Caso distinto es el de
quien ejerce la acción de tutela a nombre de otro a título profesional, en
virtud de mandato judicial, pues es evidente que en tal caso actúa dentro del
marco legal y las reglas propias del ejercicio de la profesión de abogado,
razón por la cual debe acreditar que lo es según las normas aplicables (Decreto
196 de 1971).  Ello no solamente por razón de la responsabilidad que implica
tal ejercicio, que se concreta en el campo disciplinario, sino por la necesaria
defensa de los intereses del cliente, a quien conviene establecer con
certidumbre que quien lo apodera puede actuar, de acuerdo con la ley, ante las
distintas instancias judiciales y que responderá por su gestión.”
[20]
Sobre la obligatoriedad de que la representación  judicial en tutela sea
asumida por abogados en ejercicio no existe regulación expresa ni en la
Constitución ni en los decretos reglamentarios de la acción de tutela, ante
este vacío la Corte en sentencia T-550/93  mediante  interpretación sistemática
del ordenamiento jurídico,  a partir de las  disposiciones generales sobre
representación judicial y en especial a partir de la disposición del artículo
38 del decreto 2591 de 1991 (que  señala las faltas  para los abogados que
promuevan irregularmente acciones de tutela) concluyó que esta disposición no
tendría sentido  sino se entendiera que la representación judicial  sólo
pudiese ser adelantada por abogados titulados y en ejercicio.
[21] Al respecto, en la sentencia
T-531/02 se dijo que: “Para la Sala la validez de esta norma de permisión se
ve reforzada con tres principios constitucionales: el principio de eficacia de
los derechos fundamentales[21], que como mandato vinculante tanto
para las autoridades públicas como para los particulares, impone la ampliación
de los mecanismos institucionales para la realización efectiva de los
contenidos propios de los derechos fundamentales. El principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre las formas el cual en estrecha relación con el
anterior está dirigido a evitar que por circunstancias artificiales propias del
diseño de los procedimientos se impida la protección efectiva de los derechos.
Y el principio de solidaridad que impone a los miembros de la sociedad
colombiana velar por la defensa no sólo de los derechos fundamentales propios,
sino también por la defensa de los derechos ajenos cuando sus titulares se
encuentran en imposibilidad de promover su defensa”.
[22]
Sobre el requisito de manifestar que se actúa bajo tal condición y que el
agenciado se encuentra en imposibilidad de promover su defensa, la Corte ha realizado interpretaciones dirigidas a restarle rigidez según las circunstancias del
caso.
[23] Ver sentencia T- 452/01.
[24] Ver sentencia T-342/94.
[25] Ver sentencia T-414/99.
[26] Ver sentencias T-109/11 y T-388/12.
[27]
Al respecto ver sentencia T-542/01 y SU-377/14.
[28]
En la sentencia T-926/11, la Corte consideró que “corresponde al juez
constitucional analizar en cada caso las condiciones para el cumplimiento
flexible de los requisitos que permiten acreditar la agencia oficiosa, a saber,
la imposibilidad del agenciado para acudir directamente a la defensa de sus
derechos fundamentales y la comunicación de actuar, en el trámite
constitucional, como agente oficioso”. Asimismo, en la sentencia T-031A/11
manifestó que “el juez de tutela tiene el deber de identificar las razones y
los motivos que conducen al actor a impetrar la acción en nombre de otro”.
[29]
Respecto del principio de prevalencia del derecho sustancial, esta Corte ha
indicado que “En este contexto, los principios de prevalencia del derecho
sustancial sobre el derecho procesal y el de instrumentalidad de las formas
implican que las normas procesales deben interpretarse teleológicamente al
servicio del fin sustantivo, sin que ello implique que sean irrelevantes o que
deban ser ignoradas, pues como ya fue analizado, ellas constituyen garantía del
derecho al debido proceso de las partes, de modo que norma y contenido son
inseparables para efectos de hacer efectivo este derecho.
Lo anterior lleva a concluir
que de estos principios se desprende la regla según la cual si en el transcurso
de un proceso judicial se ha omitido una formalidad, siempre que el fin
sustantivo del procedimiento se haya cumplido y no se haya vulnerado el derecho
de defensa de las partes que resulten afectadas con la decisión, debe
entenderse que la irregularidad ha sido convalidada.” Ver sentencias
T-204/97, T-872/02, T-114/10, entre otras.
[30]
En la sentencia C-426/02, esta Corte dijo que la tutela judicial efectiva “se
traduce en la posibilidad, reconocida a todas las personas residentes en
Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y
tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y
por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses
legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos
y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en las leyes”. La anterior posición fue reiterada en la reciente
sentencia C-086/16.
[31] En ese sentido, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que “la labor del juez, entonces, consiste en
garantizar la primacía del derecho sustancial, con apego a lo solicitado por la
parte, pero sin desconocer la aplicación del principio “iura novit curia”,
antagónico al exceso procedimental que sacrifica el derecho sustancial. No
significa lo anterior que el principio mencionado propicie la vulneración de la
congruencia de las decisiones o, en otras palabras, que el juez falle con una
sentencia cuyo contenido sea ajeno a lo pretendido en la demanda, porque
resuelve un asunto distinto extraño a las pretensiones de la demanda”.
[32]
De conformidad con el Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2o. de esta ley”. CP, artículo
86; Decreto 2591 de 1991, artículo 1.
[33]
“Articulo 42.-Procedencia. La
acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos:
1. Cuando contra quien se
hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público
de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15,
16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución.
2. Cuando contra quien se
hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación del servicio público
de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y
a la autonomía.
3. Cuando aquél contra
quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestación de
servicios públicos.
4. Cuando la solicitud fuere
dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivo la
acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o
indefensión con tal organización.
5. Cuando contra quien se
hubiere hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada
sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas
corpus, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe
o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el
mismo régimen que a las autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea
para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de
subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso
la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela”.
[34] Ver sentencias T-735/10, T-387/11,
T-657/12, T-731/13, T-782/14 y T-014/15, entre otras.
[35]
Ver artículo 32 de la Ley 675 de 2001.
[36] Los artículos 37 y 38 de la Ley 675
de 2001 establecer la naturaleza jurídica, composición y funciones básicas que
tiene la Asamblea de Copropietarios.
[37]
Las funciones básicas del administrador se encuentran descritas en el artículo
51 de la Ley 675 de 2001.
[38] Los artículos 53, 54 y 55 de la Ley
675 de 2001 hacen referencia a la integración, quorum y funciones del Consejo
de Administración.
[39]
El artículo 37 de la Ley 675 de 2001 dispone que: “(…) Las decisiones
adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias, son de
obligatorio cumplimiento para todos los propietarios, inclusive para los
ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo
pertinente para los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto”.
[40]
Ley 675 de 2001, art. 4.
[41]
Expresamente, la norma en cita establece que: “Al consejo de administración
le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona
jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de
propiedad horizontal.”
[42]
En el folio 5 del cuaderno principal de la acción de tutela obra copia de la
petición con fecha y firma de recibido, lo que no fue contradicho por la parte
accionada.
[43]
Ley Estatutaria del Derecho de Petición.
[44]
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones: Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las
peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva
solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá
negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las
copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones
mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades ' en relación con
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción. Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible
resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar
esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en
la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble
del inicialmente previsto”.
[45]
Ver, entre otras, sentencias T-119/15, T-250/15, T-446/15, T-548/15 y T-317/15.
[46]
Acerca del perjuicio
irremediable, esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos requisitos para
que torne procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un
hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes;
(iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente
(iv) que /las actuaciones de protección han de ser impostergables”.
[47]
En la sentencia T-149/13 esta Corporación manifestó que: “cuando se trata de
proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene
previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción
de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho
fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que
le permita efectivizar el mismo”. Lo anterior, fue reiterado en la reciente
sentencia T-555/15.
[48]
“Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la Ley. El secreto profesional es
inviolable”.
[49]
Ver sentencias C-274/13 y C-951/14.
[50]
En las sentencias C-748/11 y T-167/13, esta Corte manifestó que: “el derecho
de petición se considera también un derecho instrumental, puesto que es un
vehículo que permite y facilita el ejercicio de muchos otros derechos, tanto
fundamentales como sin esa connotación. Igualmente ha resaltado la Corte que
esta garantía resulta esencial y determinante como mecanismo de participación
ciudadana, dentro de una democracia que se autodefine como participativa”. En
igual sentido, la sentencia C-951/14 insistió en que “esta Corporación se ha
pronunciado en incontables ocasiones sobre el derecho de petición. En esas
oportunidades ha resaltado la importancia de esa garantía para las personas,
toda vez que se convierte en un derecho instrumental que facilita la protección
de otros derechos, como por ejemplo, la participación política, el
acceso a la información y la libertad de expresión” (negrillas en el
texto)
[51]
Los elementos han sido reseñados en las sentencias T-814/05, T-147/06,
T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-951/14, entre otras.
[52]
Ver sentencias T-737/05, T-236/05, T-718/05, T-627/05, T-439/05,
T-275/06, T-124/07, T-867/13, T-268/13 y T-083/17, entre otras.
[53] Sentencias
T-610/08 y T-814/12.
[54] Ver sentencias T-814/05, T-101/14 y
C-951/14.
[55] “Artículo 14. Términos para resolver las distintas
modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días
siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de
las siguientes peticiones:
1.
Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya
no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2.
Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta
(30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible
resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar
esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en
la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble
del inicialmente previsto”.
[56] Ver las
sentencias T-259/04 y T-814/05, entre otras.
[57] Esta regla se encuentra enunciada en las sentencias
T-249/01, T-1006/01, T-565/01 y T-466/04, entre otras.
[58]
Ley Estatutaria del Derecho de Petición.
[59]
La sentencia T-105/96 resolvió el caso de una señora que interpuso acción de
tutela contra la Compañía de Seguros del Estado S.A., a fin de que le fuera
amparado su derecho de petición dado que la mencionada entidad no había emitido
ningún tipo de respuesta, frente a la no atención de su hija, menor de edad, en
la Clínica Cervantes. La Corte confirmó los fallos de instancia que habían
declarado improcedente la acción de tutela.
[60]
Reglas señaladas en las sentencias T-105/96, las cuales fueron reseñadas entre
otras por la reciente sentencia T-726/16.
[61]
En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió el caso de
un señor que formuló una petición ante la comisionista de bolsa ASVALORES, con
la finalidad de que esta última ejerciera la correspondiente intermediación
financiera sobre la negociación de unas acciones
[62]
Adicionalmente, esta Corte manifestó que: “Así, la
preceptiva superior citada, artículo 23 C.P. establece en principio el derecho
a formular peticiones a las autoridades. Pero la norma agrega: “El legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas”. Este aspecto no
ha sido reglamentado por el Legislador. No obstante, la Corte ha establecido su
procedencia excepcional, distinguiendo tres situaciones en la jurisprudencia:
a.
Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de
autoridad.
b. Cuando
el derecho de petición constituye un medio para obtener la efectividad de otro
derecho fundamental. Caso en el que puede protegerse de manera inmediata.
Adicional a las dos situaciones ya anotadas en
las cuales es procedente ejercer el derecho de petición ante particulares,
surge un tercer escenario en el cual también resulta viable la acción de tutela
y corresponde a la señalada por el numeral 4 del artículo 42 del decreto 2591 de 1991 que indica
que la acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de los
particulares en los siguientes casos:
4.
Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra
quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación
que motivó la acción siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización”.
[63]
En esa oportunidad la Corte Constitucional resolvió el caso de una señora que
elevó petición ante Bancolombia S.A. sin obtener respuesta, respecto del  “Plan
Vida Ideal No 8833278”  que amparaba “una invalidez, total y
permanente que ocasione incapacidad para desempeñar su ocupación u otra
compatible, por tener una pérdida de capacidad laboral mayor o igual al 50%”, y
frente a la compañía de seguros Suramericana S.A., al recibir una respuesta
negativa, en cuanto al reconocimiento del pago del valor asegurado por la
póliza “Vida Grupo Deudores No 112481”, referida a la obligación crediticia
adquirida por la accionante con el mencionado banco, esta Corporación negó el
amparo solicitado por hecho superado.
[64]
Las reglas antes mencionadas fueron reiteradas con posterioridad por las
sentencias T-419/13, T-867/13 y T-919/14.
[65]
Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
[66]
Copia de la petición visible en el folio 5 del cuaderno principal de la acción
de tutela. La copia tiene recibido de fecha 18 de noviembre de 2016.
[67] La copia del poder obra en el folio
7 de cuaderno principal de la acción de tutela.
[68] De conformidad con la copia del acta del 15
de abril de 2016, en la que se indica que el señor Diego Patiño fue elegido
como miembro suplente del Consejo de Administración. Dicha acta obra en folios
8, 9 y 10 del cuaderno principal de la acción de tutela.
[69] Por medio de la cual se expide el régimen de
propiedad horizontal.
[70]
“Artículo 53. Obligatoriedad.
los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, integrados por más de
treinta (30) bienes privados excluyendo parqueaderos o depósitos, tendrán un
consejo de administración, integrado por un número impar de tres (3) o
más propietarios de las unidades privadas respectivas, o sus
delegados. En aquellos que tengan un número igual o inferior a treinta (30)
bienes privados, excluyendo parqueaderos y depósitos, será potestativo consagrar
tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal.
Para edificios o conjuntos de uso residencial,
integrados por más de treinta (30) bienes privados excluyendo parqueaderos o
depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de
propiedad horizontal.
Artículo 54. Quórum y mayorías. El consejo de
administración deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la
mayoría de sus miembros, salvo que el reglamento de propiedad horizontal
estipule un quórum superior, con independencia de los coeficientes de
copropiedad.
Artículo 55. Funciones. Al consejo de
administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a
que la persona jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento
de propiedad horizontal”.
[71]
Copia de la contestación visible en folios 20-24 del cuaderno principal de la
acción de tutela.
[72]
Artículo 32. Derecho de
petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para
garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin
personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones,
asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones
financieras o clubes.//(…) //Las organizaciones privadas solo podrán
invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente
establecidos en la Constitución Política y la ley (…)”