T-693-16
Sentencia T-693/16
ACCION DE
TUTELA FRENTE AL DERECHO DE RECTIFICACION ANTE MEDIOS DE COMUNICACION-Requisitos
para su procedencia
ACCION DE
TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION COMO MECANISMO PARA GARANTIZAR DERECHOS
FUNDAMENTALES-Criterios que deben
tener en cuenta autoridades judiciales para determinar procedibilidad del
amparo constitucional
La acción de tutela resulta
formalmente procedente pues (i) el actor se halla en condición de indefensión
frente a los particulares demandados y pretende controvertir un contenido
publicado por estos, (ii) cumple la exigencia de subsidiariedad, dado que las
acciones civiles y penales no desplazan el amparo constitucional en orden a la
pretensión de detener la presunta lesión de los derechos fundamentales
invocados y, además, antes de acudir a este medio fueron presentadas
solicitudes de desindexación del texto de opinión. Así mismo, (iii) satisface
el presupuesto de inmediatez, por cuanto la presunta vulneración persistiría en
el presente.
LIBERTAD DE
EXPRESION-Marco general
La
libertad de expresión en sentido general adquiere una importancia cardinal para
la formación de la opinión pública y el pluralismo político, para el control
sobre la administración, la gestión y el poder público, elementos
consustanciales de un sistema democrático. (ii) Así mismo, permite el disenso
social y garantiza el autogobierno y el ejercicio de la democracia
participativa y representativa. (iii) De conformidad con el artículo 20 C.P.,
la libertad de expresión en sentido genérico comportan dos manifestaciones
esenciales, con rasgos específicos y diferenciados: la libertad de expresión en
estricto sentido y la libertad de información; de igual forma, los derechos a
no ser censurado y a la rectificación en condiciones de equidad.
LIBERTAD DE
EXPRESION EN SENTIDO ESTRICTO-Definición
El
derecho a la libertad de expresión en sentido estricto implica la facultad de
divulgar y exteriorizar los propios pensamientos creencias o sentimientos,
opiniones, puntos de vista o concepciones morales, políticas o religiosas,
etc., en ámbitos sociales, académicos o culturales y a través de los más
variados medios de manifestación, sean orales, escritos, impresos, artísticos,
simbólicos, electrónicos o gráficos. Correlativamente, comprende el derecho a
no ser perturbado ni a sufrir injerencias por el contenido de los mensajes
expresados.
LIBERTAD DE
INFORMACION-Alcance/LIBERTAD DE INFORMACION-Características
La
libertad de información es un derecho bilateral o de doble vía. Por un lado,
consiste en la facultad de buscar y publicar información y, por el otro, es la
prerrogativa en cabeza de los destinatarios de conocer esa información. En
otras palabras, existe un derecho de informar, de recabar y divulgar información y, como
correlato, existe un derecho a la información, en virtud del cual a toda persona le
asiste la atribución de informarse de la verdad, de juzgar por sí misma sobre
la realidad con conocimiento suficiente.
VERACIDAD DE
LA INFORMACION-Alcance
Como
estándar general, la exigencia de veracidad implica que el discurso informativo
debe ser lo más descriptivo y objetivo posible, en relación con la realidad
fáctica o de otro tipo que pretenda dar a conocer. Debe hacer referencia a
objetos de conocimiento que puedan ser verificados, constatados, no a
suposiciones o a circunstancias de dudosa ocurrencia. Esto no significa que solo pueda transmitirse información cuya
veracidad haya sido previamente comprobada con total certeza, pues sería
virtualmente imposible y haría en extremo difícil la actividad de comunicación
social.
DERECHO A LA
LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE OPINION-Diferencias
IMPARCIALIDAD
DE LA INFORMACION-Alcance
DERECHO A LA
RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD-Alcance
DERECHO A LA
HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Concepto/DERECHO A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Diferencias
La Corte Constitucional ha sostenido que el buen nombre consiste en la
buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón de sus propios
méritos, de sus acciones y comportamientos en sociedad. El derecho fundamental
a la honra está relacionado con la apreciación que debe dispensar la sociedad
hacia el individuo, en tanto titular del derecho a la dignidad humana. La honra
alude al respeto, la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser
tratada por las autoridades y demás miembros del conglomerado, debido a su
propia condición de tal.
PRINCIPIO DE
VERACIDAD DE LA INFORMACION Y DERECHO AL BUEN NOMBRE-Caso en que columna de
opinión induce al destinatario a dar por ciertas informaciones que no
corresponden a la realidad
La
falta de veracidad que conduce al lector a concluir que presuntamente el
accionante estuvo vinculado a la contratación y a las maniobras para lograr la
apropiación ilícita de los recursos de la ciudad menoscaban su derecho al buen
nombre. Este derecho, como se indicó, consiste en la favorable opinión e imagen
que la sociedad tiene de una persona en relación con los demás, a partir de sus
méritos, de sus conductas y virtudes y, como prerrogativa exigible, implica
para el Estado la obligación de proteger ese buen concepto frente a
informaciones falsas, equívocas o erróneas que la distorsionen.
DERECHO AL
BUEN NOMBRE-Orden a Diario, a través de herramientas técnicas impedir que,
a partir de la digitación del nombre del accionante en motores de búsqueda de
Internet, se pueda acceder a la versión digital de la columna de opinión “El
cartel que robó a Bogotá”
Referencia: Expediente T-5721946
Acción
de tutela instaurada por Carlos Alberto Plata Gómez contra El Espectador y
Carlos Fernando Galán Pachón.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Bogotá D.C., doce (12) de
diciembre de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y
los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en
el Decreto Ley 2591 de 1997, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
trámite de revisión de los fallos dictados el veintinueve (29) de junio
de dos mil dieciséis (2016), en primera instancia, por el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá, y el doce (12) de julio
siguiente, en segunda instancia, por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de la misma ciudad.
I.
ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL
1.
Hechos y demanda de tutela
1.1.
El 25 de mayo de 2013, Carlos Fernando Galán publicó una columna de
opinión en el diario El Espectador titulada “El cartel que robó a Bogotá”.
1.2.
En la parte inicial del texto, afirma: “[t]odo empezó con rumores
sobre quienes, al parecer, manejaban la contratación en varias entidades claves
del Distrito: Julio Gómez, Álvaro Dávila, Emilio Tapia, Manuel Sánchez, Carlos
Alberto Plata” (resalta la Sala). Enseguida, indica que en junio de
2009 un grupo de concejales, incluido el columnista, al ver que algunos de los
mencionados nombres figuraban en contratos, enviaron una carta pública al
alcalde Samuel Moreno para pedirle que respondiera por la presunta
configuración de lo que calificaron como “un cartel de la contratación”.
En los restantes párrafos, el autor hace referencia a específicas
irregularidades halladas en la contratación de entidades distritales, al modo
en que se llevaban a cabo, a la manera en que se fueron paulatinamente
denunciando y cómo el Fiscal General orientó las respectivas investigaciones.
Así mismo, al relatar lo anterior, relaciona con los hechos a “los Nule”,
a “Olano”, “Miguel Nule” “Julio Gómez”, “Emilio Tapia”,
“Samuel y su hermano Iván” y “al concejal Rodríguez”. Por último,
sostiene que se debe apoyar la labor de la Fiscalía y que existe también una
responsabilidad política por lo ocurrido en cabeza de miembros de partidos que
lo permitieron por acción o por omisión.
1.3.
Al digitar “Carlos Alberto Plata Gómez” en el buscador de
Internet Google, aparece como primer resultado la referida columna y el nombre
digitado, junto con los de cuatro personas más (supra 1.2.). Por esta razón, el
3 de septiembre de 2015 Carlos Plata solicitó al columnista intervenir ante El
Espectador con el fin de que desindexara la publicación y al día siguiente hizo
la misma petición directamente al Diario. En ambos casos, el solicitante señaló
que su inclusión faltaba a la veracidad, pues nunca ha tenido relación alguna
con la contratación del Distrito. Sus solicitudes, sin embargo, no obtuvieron
respuesta. Por lo anterior, mediante apoderado, formuló la acción de tutela
contra el Diario y el columnista que ahora se revisa.
1.4.
El representante judicial argumenta que el texto relaciona y da por
cierta, a partir de rumores y sin pruebas, la participación y pertenencia de su
representado al “cartel de la contratación que robó Bogotá”, pese a que
nunca ha sido contratista, subcontratista ni tiene relación con empresas que
hayan tomado parte del “cartel de la contratación”. Además, la columna
no precisaría “el daño causado por el Dr. Plata ni los contratos celebrados
por el Dr. Plata que hubieran ocasionado daño patrimonial a la ciudad”.
Afirma que tampoco hay investigación o proceso judicial en el que se le haya
vinculado por los hechos constitutivos del perjuicio patrimonial ocasionado a
la capital.
Pone de presente que el poderdante solicitó una entrevista ante la
Fiscalía General de la Nación “con el objeto de desvirtuar cualquier
acusación o denuncia en su contra relacionada con su calidad de contratista o
con la supuesta participación en el “cartel de la contratación” y que el
Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia que en su momento lideraba la
investigación del “carrusel de la contratación”, Ricardo González
Esguerra, “no encontró razón, ni indicio, ni argumento para investigar al
Dr. CARLOS ALBERTO PLATA y menos para relacionarlo con contratos que le
hubieran causado detrimento patrimonial al Distrito”.
1.5. El abogado señala que su representado “es un reconocido
abogado en el campo de las patentes, dedicado hace más de 25 años al
desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, en especial, con patentes
internacionales relacionadas con la disminución en la emisión de agentes
contaminantes y con diferentes tecnologías asociadas con biocombustibles”.
1.6.  El apoderado argumenta que la libertad de información
supone no solo la prerrogativa de informar sino, al mismo tiempo, de recibir
información veraz e imparcial, comprobada, que excluya rumores, invenciones,
manipulaciones y tratamientos arbitrarios de los datos. Comportaría, además, el
lenguaje utilizado, la forma de redacción, exposición  y presentación  de la
noticia, el uso de titulares, comentarios, interrogantes o inferencias
periodísticas, dada la capacidad de estos elementos para inducir a confusión o
error al lector.
El demandante subraya que, conforme a la jurisprudencia
constitucional, debe tenerse un especial cuidado cuando la información hace
relación a procesos judiciales en curso o a la presunta comisión de conductas
delictivas, pues podría desconocerse la presunción de inocencia. No estaría
permitido adelantar los resultados de una investigación judicial, en cuanto
conllevaría a un desbalance entre la información emitida y la recibida y se
vulnerarían de tal manera los derechos a la honra y al buen nombre.
1.7 El apoderado reprocha que el columnista no se comunicó con Carlos
Alberto Plata para confirmar su supuesta calidad de contratista y los rumores
que lo vinculaban con los contratos que menoscabaron las finanzas de la ciudad,
en aras de cumplir con el estándar de veracidad que le era exigible. Subraya
que los titulares con frecuencia determinan el criterio que el receptor se
forma al respecto, de modo que cuando son erróneos, inexactos o sesgados
comunican el vicio a la integridad de la información publicada. El parámetro de
veracidad de la información se predicaría del conjunto de la información y, por
lo tanto, implicaría que todos los elementos expresados en el material
informativo que se publican deben ser claros y precisos.
1.8. Considera, así, que la columna periodística objeto de debate
vulnera los derechos a la honra y al buen nombre de su representado, que le ha
causado perjuicios y ha contribuido a formar falsas percepciones de su persona.
Estas, añade, se han visto reflejadas, entre otras, en manifestaciones de
indignación, rechazo y amenazas de las que ha sido objeto la víctima, como la
que denunció ante la Policía Nacional, recibida a través de un correo
electrónico el 27 de agosto de 2013, en el cual se realizaban afirmaciones
infames, injuriosas y amenazantes, con ocasión de la columna de opinión.
1.9. Con base en las anteriores razones, el apoderado del actor
solicita ordenar a El Espectador suprimir la columna de su página web y coloque
códigos de exclusión para que no sea mostrada en los resultados de los
buscadores. Así mismo, solicita ordenar al Diario que en la home page de
su sitio web se indique que “la columna denominada «EL CARTEL QUE ROBÓ A
BOGOTÁ» fue suprimida por orden judicial, por faltar a la verdad, como garantía
de no repetición frente a las víctimas de este mentiroso escrito, durante el
mismo tiempo que estuvo publicada la columna”.
2.
Respuesta de los accionados
2.1.
Santiago Díaz Castro, en representación de El
Espectador, cita algunos apartes de la jurisprudencia de la Corte sobre las
formas de la libertad de expresión y señala que la columna del autor es una
opinión sobre hechos en su momento relevantes para la ciudad, la cual
constituye una apreciación subjetiva que, por ende, no puede ser calificada de
verdadera o falsa, tampoco es susceptible de rectificación y mucho menos tiene
un control editorial por parte el medio de comunicación.
Precisa que los hechos a los que la publicación
hace referencia deben cumplir con las exigencias de veracidad y transparencia,
como límites constitucionales al derecho a la información. Sin embargo, estima
que en el aparte en el cual se menciona al peticionario no se realiza ninguna
imputación injuriosa o calumniosa en su contra y si, de hecho existieron
contratos entre aquél y el Distrito, allí no se asevera que hayan sido en
perjuicio de la ciudad, como sí se sostiene en relación con Julio Gómez, Álvaro
Dávila, Emilio Tapia o Manuel Sánchez. En este sentido, la referida información
no menoscabaría los derechos al buen nombre y a la honra del demandante, dado
que ninguna equivocación le sería imputable.
Desde otro punto de vista, el demandado señala que la
Corte solo en casos muy excepcionales ha ordenado la remoción y la
desindexación de contenidos digitales. Esto procedería, de un lado, cuando está
de por medio el interés de menores y se comprometan ostensiblemente sus
derechos y, del otro, por razones de seguridad y funcionamiento del Internet y
para evitar transferencia de datos no queridos por el usuario, respectivamente,
supuestos que no guardarían ninguna relación con el presente asunto. Por último,
el representante del Diario considera que el accionante disponía de otros
mecanismos de defensa judicial antes de acudir a la acción de tutela, como la
denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia.
Con fundamento en los anteriores argumentos, el
representante legal de El Espectador se opone a la solicitud de amparo
formulada.
2.2.
En su respuesta, el columnista indica que varios
medios de comunicación mencionaron el nombre del accionante en relación con
supuestos intereses en temas de contratación del Distrito, por lo cual, al
referirlo en su columna, solamente retomó dichas menciones, con la aclaración
de que se trataba de “rumores” y el empleo de la expresión “al
parecer” para indicar esa supuesta situación a la que aludía la prensa.
Por otro lado, sostiene que la demanda de amparo es
improcedente por varias razones. En primer lugar, porque no se habría empleado
de forma subsidiaria, pues el actor tenía a su disposición otros mecanismos de
defensa judicial, de naturaleza civil y penal, de los que no hizo uso. En
segundo lugar, debido a que desconocería la exigencia de inmediatez, en tanto
la solicitud de desindexación se habría formulado más de 2 años y 3 meses
después de emitida la publicación. Y, en tercer lugar, en razón de que no se
habría allegado evidencia de la solicitud previa de rectificación a los
demandados, como lo exige la jurisprudencia constitucional.
Por último, el columnista reitera que en su artículo no
hizo señalamientos de carácter penal o disciplinario contra el accionante sino
que solo se limitó a recoger informaciones mencionadas en otros medios y, más
que hacer referencias ciertas a sus conductas, hizo relación a “rumores” al
respecto.
3. Fallos que se revisan e impugnación de la sentencia de primera
instancia
3.1 Fallo de primera instancia
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de
Bogotá negó el amparo solicitado. Indicó que la procedencia de la acción de
tutela a fin de solicitar la rectificación de informaciones inexactas o
erróneas se encuentra condicionada a que el peticionario haya realizado
previamente esa solicitud al accionado, de conformidad con el artículo 42.7.
del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte. En este sentido,
consideró que como en el presente caso solo obraba constancia de que la
solicitud de rectificación había sido dirigida al responsable de la columna,
pero no a El Espectador, la citada exigencia no se encontraba cumplida y, por
ende, tampoco había lugar a conceder el amparo.
3.2. Impugnación de la sentencia de primer grado
En la impugnación del fallo de primera instancia, el apoderado del
actor sustancialmente reiteró algunos argumentos del escrito de tutela,
insistió en haber presentado las solicitudes de desindexación, tanto al
columnista como al Diario, el 3 y 4 septiembre de 2015 respectivamente, y
adjuntó al recurso copia de las peticiones, con los correspondientes sellos de
radicación, impresos en las mencionadas fechas. Del mismo modo, solicitó al
juez de segunda instancia revocar la sentencia recurrida y conceder la tutela.
3.3. Sentencia de segunda instancia
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión
impugnada, aunque por razones diferentes a las aducidas por el juez de primer
grado.
Luego de algunas referencias a la jurisprudencia constitucional sobre
el derecho a la libertad de expresión, el Tribunal afirmó que la columna
controvertida se funda en que algunos de los nombres relacionados en ella, pero
no todos, figuraban en contratos celebrados por el Distrito. Así mismo, subrayó
que el autor de la nota no atribuye al accionante injerencia directa o
intervención alguna en el “carrusel de la contratación”. El artículo, en
todo caso, a su juicio solo expresa la opinión personal del autor, la cual se
halla amparada bajo el manto del derecho a la libertad de expresión stricto
sensu y, por lo tanto, no puede ser objetada de incorrecta.
Por lo anterior, pese a constatar la existencia de las solicitudes
previas de corrección al medio, concluyó que no había lugar a otorgar la
protección constitucional solicitada.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
4. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2 y 241
numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
5. Cuestión previa.
Procedencia formal de la demanda de amparo.
5.1. Antes de indicar el problema
jurídico que debe ser resuelto y la estructura que seguirá la justificación de
la decisión, es necesario determinar si están dadas las condiciones formales
de  procedencia de la acción de tutela, pues los accionados consideran que el
peticionario cuenta con otros mecanismos de defensa judicial y, por lo tanto,
el amparo no fue empleado de manera subsidiaria.
Así mismo, el columnista señala
que no se probó la petición previa de rectificación y que la acción fue
interpuesta con desconocimiento del requisito de inmediatez, dado que la
solicitud que el actor refiere haber presentado habría sido radicada más de 2
años y 3 meses después de la publicación. Del mismo modo, puesto que la acción
de tutela procede por regla general contra autoridades públicas, resulta
relevante determinar si en el presente caso concurren circunstancias
excepcionales que habiliten su utilización para la protección de los derechos
fundamentales presuntamente menoscabados por los particulares demandados.
5.2. El amparo constitucional se
encuentra instituido para detener la vulneración o neutralizar el riesgo de
lesión de derechos fundamentales, por regla general, a causa de acciones u
omisiones de autoridades públicas. Sin embargo, el artículo 42.9 del Decreto
2591 de 1991, en desarrollo del inciso 5º del artículo 86 C.P., establece que
podrá formularse contra particulares respecto de quienes el peticionario se
encuentre en estado de subordinación o indefensión. En tales casos, la
condición de dependencia, vulnerabilidad o  exposición, debida a circunstancias fácticas o jurídicas[1], habilitan a quienes en ellas se
encuentran para demandar la protección de sus derechos a través de la tutela[2].
En
relación con los medios de comunicación, la Corte ha fijado la presunción de
que el individuo se halla en situación de indefensión, a causa del impacto
social que puede ocasionar la difusión masiva de contenidos y su potencial
influencia en las creencias y opiniones de las personas[3]. Lejos de ser un particular más, los medios
son organizaciones que, debido a la naturaleza de su actividad, ejercen de
facto también un amplio poder social que puede llegar a lesionar derechos
individuales con un incontrastable efecto multiplicador[4].
De ahí que se reconozca el papel de la tutela en esta relación asimétrica para
la protección de las prerrogativas fundamentales del individuo[5].
Además de lo anterior, el artículo
42.7. del Decreto 2591 de 1991 establece específicamente que la utilización de
la citada vía judicial es también procedente contra los particulares en todos
aquellos eventos en los cuales se pretenda la rectificación de informaciones
inexactas o erróneas, siempre que la misma se haya solicitado previamente al
responsable sin resultado alguno o no haya sido publicada en condiciones que
aseguren su eficacia[6].
Esta norma, como ha puesto de manifiesto la Corte, supone que bajo tales
condiciones la acción de tutela puede ser utilizada contra particulares que
gestionen o administren medios masivos de comunicación[7].
El amparo puede ser dirigido contra el medio si quien
se considera afectado con la información no conoce al autor, pues el Director
del informativo ha asumido su representación y tiene a su cargo las
responsabilidades inherentes a la difusión de los contenidos. A su vez, cuando
la persona responsable de la nota periodística es conocida, el perjudicado
puede acudir al juez para demandar el amparo en relación con ella o con el medio,
así como frente a los dos al mismo tiempo, según lo ha señalado la
jurisprudencia de esta Corporación[8].
5.3. Ahora, el buen nombre y la
honra, como derechos fundamentales que generalmente se estiman conculcados a
través de manifestaciones ilegítimas de la libertad de expresión, son
protegidos a través de instrumentos específicos de carácter civil y penal, como
lo ponen de presente los demandados. Sin embargo, es claro que en el
ordenamiento una conducta puede tener diversas connotaciones jurídicas dentro
de los diferentes ámbitos de regulación, de acuerdo a sus características,
efectos y a la intención con la cual se realiza. Esto sucede también con los
actos que usualmente se consideran lesivos de los citados derechos
constitucionales, los cuales pueden, o no, configurarse eventualmente como
conductas punibles o casos de responsabilidad civil.
Por lo anterior, dado que no siempre podrá predicarse
la ocurrencia de un delito o la configuración en general de un supuesto de
responsabilidad pero, en cambio, el comportamiento en cuestión puede constituir
una ilegítima invasión a prerrogativas constitucionales, la existencia paralela
de acciones de carácter civil o penal no desplaza la acción de tutela como
mecanismo de protección de los derechos a la honra y al buen nombre[9]. En este sentido, el
amparo resulta una vía de defensa eficaz e independiente de las demás acciones,
susceptible de ser empleada para contrarrestar eventuales afectaciones a los
derechos constitucionales, a través de las rectificaciones o aclaraciones a que
haya lugar.
La Corte ha señalado, además, que la vía de la tutela
adquiere en tales eventos un efecto más garantista en términos
constitucionales, pues antes que la restricción del ejercicio de uno de los
derechos en conflicto, propende por su armonización en los casos concretos[10]. De esta manera, el
único mecanismo que debe ser agotado antes de acudir al amparo constitucional,
como se indicó atrás, es la solicitud previa de rectificación al responsable de
la información. Una vez este haya resultado infructuoso, bien sea porque el
medio se negó a la petición o realizó la rectificación de forma insatisfactoria,
la tutela resulta formalmente procedente[11].
5.4 Quien se considere afectado, por otra parte,
deberá solicitar el juez la protección de sus derechos en un término razonable
desde el momento en que se produzca el presunto agravio, conforme a los criterios
establecidos en la jurisprudencia de la Corte, a fin de evitar que el mecanismo
sea utilizado para remediar la negligencia, desidia o indiferencia de los
supuestos perjudicados o que se convierta en un factor de inseguridad jurídica[12]. En la Sentencia T-681
de 2007[13],
que resolvió el amparo interpuesto frente a una columna periodística
considerada por el accionante lesiva de sus derechos, la Corporación indicó que
la razonabilidad del plazo debe ser ponderada en cada caso concreto y precisó
algunos criterios relevantes de apreciación.
Afirmó que debe tomarse en cuenta (i) la justificación
de la inactividad del actor (ii) la posibilidad de que esa inacción
injustificada vulnerara derechos fundamentales de terceros afectados con la
eventual del juez de tutela; (iii) la existencia de un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de terceros
interesados (iv) la permanencia en el tiempo de la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante, esto es, que su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos sea actual y, (v) los casos
en que la carga de la interposición de la demanda de tutela resulta
desproporcionada, dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el peticionario[14].
De esta forma, si bien como regla general debe
acudirse en un plazo razonable al mecanismo de defensa judicial, una vez
verificada la presunta lesión del derecho, es necesario evaluar las
particularidades del caso y criterios como los indicados para determinar si el
transcurso de un término mayor está justificado o el escenario concreto de la alegada
vulneración debe llevar a una valoración distinta de la situación del actor.
En relación con los medios de comunicación, los
elementos específicos del caso cobran especial importancia, pues se trata de
agentes que disponen de múltiples canales de difusión, tienen la capacidad para
mantener publicadas informaciones en el tiempo, para repetir sus ediciones,
almacenar gran cantidad de material informativo y en diversos formatos, etc.,
todo lo cual puede resultar determinante en el análisis de la prontitud con la
cual se acudió a interponer la acción de tutela.
5.5. En el presente caso, la Sala observa que se
encuentra satisfechos los requisitos formales de procedencia de la acción
promovida. En primer lugar, si bien la tutela no se dirige contra autoridades
públicas, El Espectador es un diario noticioso de cobertura nacional, que
divulga sus contenidos en una versión impresa y a través de su página de
Internet y, por su parte, el columnista accionado publicó el texto objeto de
debate en la sección de Opinión del Diario, de manera que sus manifestaciones
adquieren el mismo nivel de difusión y hacen uso de su amplia capacidad de
transmisión.
De esta manera, los accionados actúan como un medio de
comunicación frente al cual se presume la situación de indefensión del
demandante, dada su capacidad de impacto social y las posibilidades de
determinación en el conjunto de personas comprendidas por su radio de
influencia, lo que hace procedente el amparo. De la misma manera, pese a que el
peticionario no solicita específicamente la rectificación o aclaración de la
nota publicada, la hipotética prosperidad de su acción daría lugar a emitir una
orden de esta naturaleza, de modo que la acción es también procedente en razón
de que se pretenden controvertir informaciones consideradas inexactas o
erróneas, al tenor del artículo 42.7 del Decreto 2591 de 1991.
En segundo lugar, se encuentra
satisfecha también la exigencia de subsidiariedad pues, por un lado, como se
subrayó, la tutela es una vía eficaz e independiente de las acciones de
carácter civil y penal, particularmente para solicitar rectificaciones o
aclaraciones de informaciones cuya difusión no comporte la comisión de un
delito u otros supuestos de responsabilidad, de manera que no es desplazada por
ellas. Por otro lado, en el expediente reposan copias de las solicitudes
de desindexación de la columna, dirigidas por el accionante, tanto al
columnista como al Diario, el 3 y 4 septiembre de 2015 respectivamente, con los
respectivos sellos de radicación, que pueden estimarse equivalentes a la
solicitud de rectificación del artículo 42.7 del Decreto 2591 de 1991.
Y en tercer lugar, la Sala considera que la acción satisface el
requisito de inmediatez, pues no obstante el artículo de prensa fue publicado
el 25 de mayo de 2013, la vulneración alegada persistiría en la actualidad. Una
de las reglas que al respecto se indicaron justamente prescribe que debe
analizarse si la violación o amenaza de lesión permanece en el tiempo. En este
asunto, al digitarse hoy el nombre de peticionario en el buscador de Internet
“Google”, uno de los resultados que se muestran es la columna de opinión
controvertida, lo cual implica que el supuesto menoscabo estaría ocasionándose
desde su publicación inicial y continuaría en el presente. En este sentido,
como el presunto daño sería vigente, la demanda resulta oportuna.
5.6. En suma, la acción de tutela resulta formalmente procedente pues
(i) el actor se halla en condición de indefensión frente a los particulares
demandados y pretende controvertir un contenido publicado por estos, (ii)
cumple la exigencia de subsidiariedad, dado que las acciones civiles y penales
no desplazan el amparo constitucional en orden a la pretensión de detener la
presunta lesión de los derechos fundamentales invocados y, además, antes de
acudir a este medio fueron presentadas solicitudes de desindexación del texto
de opinión. Así mismo, (iii) satisface el presupuesto de inmediatez, por cuanto
la presunta vulneración persistiría en el presente.
5. Problema jurídico y
estructura de la decisión
5.1. El 25 de mayo de 2013, el columnista accionado publicó una
artículo de opinión en el diario El Espectador titulado “El cartel que
robó a Bogotá”, en la cual relata algunas irregularidades halladas en
la contratación de entidades del Distrito, la forma en que se llevaban a cabo y
la manera en que paulatinamente se fueron descubriendo, denunciando e
investigando. El autor comienza poniendo de presente que “todo
empezó” con “rumores” sobre quienes “al parecer” manejaban la
contratación en varias entidades claves del Distrito y proporciona una lista de
cinco personas, entre ellas, el accionante.
Luego indica que se constató que “algunas” de
esas cinco personas figuraban en contratos, lo que llevó a un grupo de
concejales, el columnista incluido, a enviar una carta al Alcalde para pedirle
que se responsabilizara por lo que calificaron como “un cartel de la
contratación”.  En los restantes párrafos, el autor relata con algunos
detalles las específicas maniobras que se realizaron en los procesos de
contratación y vincula con estas a algunas de las cinco personas mencionadas.
Para el accionante, la columna relaciona y da por cierta, a partir de
rumores y sin pruebas, su participación en el “cartel de la contratación”
del Distrito, pese a que nunca ha sido contratista, subcontratista ni tiene
relación alguna con empresas que hayan tomado parte de la contratación en
Bogotá, así como tampoco ha sido investigado por los perjuicios patrimoniales
ocasionados a la ciudad. Por su parte, el columnista afirma que
en el texto no hace sindicaciones de carácter penal o disciplinario sino que se
limita a recoger las menciones que otros medios habían hecho sobre sus
supuestos intereses de aquél en la contratación distrital, de ahí que haya
utilizado las expresiones “rumores” y “al parecer” para referirse a esas
versiones.
En el mismo sentido, El Espectador afirma que la
mención del accionante no se hace para dirigirle imputaciones injuriosas y
expresa que si, en realidad, el actor fuera contratista del Distrito, en todo
caso la columna no lo señala de que haya ocasionado menoscabos patrimoniales a
la ciudad. De esta manera, mientras que el presunto afectado estima que la mera
referencia a su nombre en la columna lo involucra con las irregularidades de la
contratación en Bogotá, el columnista subraya que solo “citó” lo que otros
medios decían en ese momento, de ahí que haya utilizado las expresiones
“rumores” y “al parecer”, y el Diario considera, en el mismo sentido, que a
través de su mención el autor de la nota no lo señaló de ningún acto ilícito.
Es claro que el columnista no imputó al accionante ninguna conducta
punible. Sin embargo, resulta innegable que sí lo relacionó, aunque de forma
presunta, con la contratación en Bogotá, que en el marco de la columna, estaba
asociada a la apropiación ilícita de recursos de la ciudad, desde el título
mismo que se le asignó (“el cartel que robó a Bogotá”). Esa presunta
participación del peticionario en los hechos, además, no es desvirtuada de
ninguna manera en el desarrollo del  texto.
En  lo anteriores términos, debe establecerse si, pese a que un
columnista no atribuya explícitamente a una persona la comisión de un delito,
su señalamiento, sin ulteriores clarificaciones, como presuntamente vinculado a
actividades que, en el contexto del artículo de opinión, se realizaron
ilícitamente, falta a la veracidad y, como consecuencia, lesiona su derecho al
buen nombre.
5.2.  A fin de ilustrar los aspectos centrales del debate y adoptar la
decisión de fondo, se procederá de la siguiente manera. La Sala reiterará la
jurisprudencia constitucional sobre la libertad de expresión en
sentido general (i), la libertad de expresión en sentido estricto (ii) y la
libertad de información (iii), así como en relación con los derechos al buen
nombre y a la honra (iv). Por último, se resolverá el caso concreto, a partir
de la contextualización jurisprudencial expuesta.
6. Fundamentos de la decisión
i.  El derecho a la libertad
de expresión en sentido general. Reiteración de jurisprudencia.
1. De conformidad con el artículo
20 C.P. de la Constitución Política, “[s]e garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación. // Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza
el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.
2. La libertad de expresión es
una de las prerrogativas inherentes al Estado constitucional y democrático de
derecho, pues cumple funciones esenciales para su funcionamiento y la vigencia
de los derechos fundamentales. Asegura, antes que nada, la opinión pública
libre y el pluralismo político, valor central y condición del sistema
democrático[15].
Supone una garantía para la conformación, gestión y control del poder público,
proporciona las condiciones para una verdadera democracia participativa[16]
y, de modo relevante, permite la deliberación y discusión abierta sobre los
asuntos que interesan a todos los ciudadanos[17],
como las políticas públicas, el gobierno y la transparencia de la
administración pública[18].
Así mismo, en cuanto viabiliza la
crítica, mantiene abiertos los canales para el cambio político, permite el
disenso social y previene los riesgos del autoritarismo y la represión oficial[19];
contribuye a la consolidación de un electorado adecuadamente informado, dado
que  materializa el derecho de los ciudadanos a comprender los asuntos
políticos y les permite participar efectivamente en el funcionamiento de la
democracia; asegura la libertad de los electores al votar por un representante
político y garantiza por esa vía también el principio del autogobierno
representativo y la responsabilidad de los gobernantes ante el electorado[20].
3. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el artículo 20 de
la Carta supone varias facetas de la libertad de expresión. Entre las más
importantes debe subrayarse el derecho de toda persona a expresar y difundir su
pensamiento, opiniones, informaciones e ideas a través de cualquier medio y a
no ser molestado por ellas; a buscar e investigar información; a difundir y a
recibir información veraz e imparcial; a fundar medios de comunicación
(libertad de prensa), a no ser censurado por sus manifestaciones y a la
rectificación en condiciones de equidad[21].
4. En suma, (i) la libertad de expresión en sentido general adquiere
una importancia cardinal para la formación de la opinión pública y el
pluralismo político, para el control sobre la administración, la gestión y el
poder público, elementos consustanciales de un sistema democrático. (ii) Así
mismo, permite el disenso social y garantiza el autogobierno y el ejercicio de
la democracia participativa y representativa. (iii) De conformidad con el
artículo 20 C.P., la libertad de expresión en sentido genérico comportan dos
manifestaciones esenciales, con rasgos específicos y diferenciados: la libertad
de expresión en estricto sentido y la libertad de información; de igual forma,
los derechos a no ser censurado y a la rectificación en condiciones de equidad.
ii. La libertad de expresión en sentido estricto. Reiteración de
jurisprudencia.
5. El derecho a la libertad de expresión en sentido estricto implica
la facultad de divulgar y exteriorizar los propios pensamientos creencias o
sentimientos, opiniones, puntos de vista o concepciones morales, políticas o
religiosas, etc.,  en ámbitos sociales, académicos o culturales y a través de
los más variados medios de manifestación, sean orales, escritos, impresos,
artísticos, simbólicos, electrónicos o gráficos. Correlativamente, comprende el
derecho a no ser perturbado ni a sufrir injerencias por el contenido de los
mensajes expresados[22].
6. Por naturaleza, la libertad de expresión en sentido estricto supone
exposiciones esencialmente subjetivas, no necesariamente imparciales ni
desprovistas de orientaciones particulares[23].
Así mismo, protege toda clase de discursos, no solo los rigurosos o elaborados,
y el uso del vocabulario socialmente admitido, así como del inusual,
alternativo o diverso, las expresiones chocantes, impactantes, indecentes,
escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas
mayoritarias, por cuanto abarca tanto el contenido de los mensajes como la
forma de su transmisión, siempre que no vulneren de forma efectiva derechos de
terceros[24].
No obstante lo anterior, por
consenso prácticamente universal recogido en instrumentos internacionales, la
presunción de cobertura de toda forma de expresión es desvirtuada cuando se
hace propaganda a favor de la guerra, en los supuestos de discursos de odio
nacional, racial, religioso o de otra clase que incite a la discriminación,
hostilidad o a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas; las
manifestaciones constitutivas de pornografía infantil y la instigación directa
y pública a cometer genocidio[25].
En estos casos, se ha convenido que son formas constitucionalmente inadmisibles
de ejercer la libertad de expresión, de manera que prevalecen los derechos de
los terceros afectados.
7. En cuanto derecho ligado a la
formación de la opinión pública y al funcionamiento del sistema democrático, la
libertad de expresión protege de manera especial los discursos políticos, los
relacionados con asuntos de interés público y aquellos que constituyen un
ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales adicionales, que se
vinculan necesariamente a la libertad de expresión para poder materializarse[26].
La libertad de expresión, en todo caso, conlleva deberes y responsabilidades
para los particulares y obligaciones constitucionales para las autoridades
oficiales de respeto, garantía y protección, promoción y provisión de
condiciones jurídicas y materiales para su eficaz ejercicio[27].
8. Así, la libertad de expresión
en sentido estricto (i) no presupone objetividad ni imparcialidad sino, al
contrario, asunciones de contenido subjetivo. (ii) Ampara la facultad de
manifestar toda clase de pensamientos, sentimientos y opiniones, en diversos
ámbitos y a través de una multiplicidad de medios, (iii) así como todos los
discursos al margen de su nivel de elaboración y el tono en que se pronuncien,
incluso si no es mayoritariamente compartido. (iv) Pese a esto, no extiende su
nivel de protección a las manifestaciones a favor de la guerra o de odio por
cualquier motivo que inciten instigar  a la discriminación; tampoco las
manifestaciones de pornografía infantil ni las que inciten públicamente a
cometer genocidio.
(v) Dada su íntima relación con
el sistema democrático, se amparan de forma especial los discursos políticos,
relativos a cuestiones de interés público y que presupongan el ejercicio de
otros derechos. (vi) En todo caso, la libertad de expresión en sentido escrito
deberes y responsabilidades de respeto y protección para los particulares y el
Estado.
iii. La libertad de información. Reiteración de jurisprudencia.
9. A diferencia del carácter intrínsecamente subjetivo y personal de
la libertad de expresión stricto sensu, los contenidos que constituyen
el ejercicio de la libertad de información tienen una carga constitucional de
objetividad. Esta modalidad de la libertad de expresión se realiza a través de
discursos, ya no abiertamente valorativos, expresivos o especulativos, sino
mediante exposiciones tendencialmente descriptivas de hechos,
situaciones y conductas de autoridades, instituciones e individuos[28].
Tal circunstancia hace que el sujeto no sea enteramente “libre” sino que tenga
un marco de referencia, determinado por el objeto pretende dar a conocer, el
cual delimita el legítimo ejercicio de su derecho.
10. La razón de ser de lo
anterior consiste en que la libertad de información es un derecho bilateral o
de doble vía. Por un lado, consiste en la facultad de buscar y publicar
información y, por el otro, es la prerrogativa en cabeza de los destinatarios
de conocer esa información. En otras palabras, existe un derecho de informar,
de recabar y divulgar información y, como correlato, existe un derecho a la
información, en virtud del cual a toda persona le asiste la atribución de
informarse de la verdad, de juzgar por sí misma sobre la realidad con
conocimiento suficiente[29].
Por este motivo, de quien halla y divulga información depende en gran medida la
realización del derecho de aquel que la recibe y, como consecuencia, en el
primero recaen límites y deberes[30].
11. Los receptores de la
información tienen derecho a recibir contenidos que básicamente correspondan a
la verdad. Como contrapartida, quienes encuentran y publican informaciones no
les está permitido transmitir datos tergiversados, incompatibles con la
realidad o decididamente falsos[31].
La jurisprudencia constitucional, ha considerado que el emisor de la
información tiene la obligación de comunicar contenidos ciertos, objetivos y
oportunos[32]
y, más frecuentemente, ha señalado que su facultad encuentra límites en las
obligaciones de (i) veracidad e (ii) imparcialidad de la información
comunicada, (iii) de separar la información de la opinión y (iv) de garantizar
el derecho a la rectificación[33].
12. Las
anteriores obligaciones adquieren mayor trascendencia cuando la libertad de
informar se lleva a cabo a través de un medio masivo de comunicación. En este
caso, la libertad de expresión comprende la libertad de prensa de la persona
jurídica, los periodistas que trabajan para el medio y quienes sin ser
comunicadores, informan, denuncian o divulgan hechos de interés público a
través del medio[34].
Pero al propio tiempo, la información publicada que falte a la verdad o el
emisor que de algún modo la manipule puede ocasionar impactos profundos sobre
una considerable cantidad de personas, debido a su capacidad de difusión e
influencia, de modo que el rigor de la labor profesional se torna aún más
decisivo.
La
veracidad de la información
13. Como
estándar general, la exigencia de veracidad implica que el discurso informativo
debe ser lo más descriptivo y objetivo posible, en relación con la realidad
fáctica o de otro tipo que pretenda dar a conocer. Debe hacer referencia a
objetos de conocimiento que puedan ser verificados, constatados[35],
no a suposiciones o a circunstancias de dudosa ocurrencia[36]. Esto no significa que solo pueda transmitirse información cuya
veracidad haya sido previamente comprobada con total certeza, pues sería
virtualmente imposible y haría en extremo difícil la actividad de comunicación
social[37].
14. Por el contrario, la carga que debe asumir quien ejerza el
derecho a la libertad de informar consiste en llevar a cabo un esfuerzo (i)
razonable y (ii) previo de constatación de los contenidos que pretende
presentar como hechos, lo cual significa que únicamente puede comunicar como
tales los contrastados con a partir de datos objetivos[38]. Se exige,
así, una labor previsiva y cautelosa de confirmación de las situaciones, los
hechos o circunstancias que el comunicador tenga conocimiento y pretenda
revelar. Si bien no es necesaria una investigación prolongada, profunda y en
extremo detallada, debe tomar todas las precauciones que estén a su alcance para
asegurarse en la mayor medida posible de la certeza de lo que dará a conocer[39].
En otras
palabras, no se requiere pruebas absolutamente sólidas o incontrovertibles
sobre los hechos objeto de la publicación, pero sí que el comunicador haya
llevado a cabo una labor de revisión de los recursos a su disposición y no haya
actuado con la intención manifiesta de tergiversar la realidad hallada, de
modificarla, manipularla o alterarla[40].
Según la Corte, se falta a la veracidad cuando los datos son contrarios a la
realidad, por (i) negligencia o (ii) mala intención; (iii) en aquellos casos en
que la información en realidad corresponde a un juicio de valor y se presenta
como un hecho cierto, (iv) y en los supuestos en que la información, pese a ser
literalmente cierta, es presentada de tal forma que induce a conclusiones
falsas o erróneas[41].
Pese a lo
anterior, es evidente que no en todas las situaciones será igualmente fácil de
determinar si se ha procedido con arreglo al principio de veracidad. Esto
sucede, por ejemplo, cuando se trata de hechos de
difícil verificación y se transmitieron como ciertos y definitivos o en los
supuestos en que la información proviene de una fuente confiable que, a la
postre, proporcionó una información equivocada. En estos casos, la
jurisprudencia de la Corte ha reiterado que se entiende transgredida la exigencia
en mención si la divulgación de los contenidos ha estado medida por negligencia
e imprudencia[42].
15. En el
análisis de la veracidad de la información es también importante las formas en
que se hace uso del lenguaje. Mediante el empleo de expresiones y vocablos se
imprime objetividad y precisión o, también, puede tergiversarse sutilmente la
información. Con todo, la Corte ha reconocido cierta flexibilidad en el uso del
lenguaje del comunicador para no restringir excesivamente su libertad y ha
considerado que no siempre puede exigirse vocabulario técnico o científico.
Atendida la necesidad de una eficaz comunicación con la generalidad de los
receptores, la jurisprudencia ha permitido el uso de lenguaje ordinario,
coloquial y no necesariamente riguroso, siempre que no se produzca una
modificación sustantiva del sentido de la información[43].
16. Ahora, uno
de los espacios comunicativos de las sociedades contemporáneas en el que la
obligación de veracidad resulta especialmente problemática y, a la vez,
sumamente trascendental es aquél de las columnas periodísticas, a las que
revistas y Diarios noticiosos destinan generalmente una sección. En ellas se
expresan contenidos informativos y, al tiempo, se construyen opiniones o
juicios y, por las características de la publicación y el específico medio que
las transmite, se ejerce la libertad de expresión en sentido estricto, más que
el derecho a informar.
Aunque son
utilizados con libertad, estos espacios desempeñan una labor relevante para la
construcción de opinión y para la crítica y el control políticos. La idea que
los inspira está cifrada en la generación de debate público desde diversas
perspectivas de aproximación, sobre los problemas que interesan a sectores más
o menos amplios de la población. Los columnistas, por esta razón, no están
interesados prioritariamente en informar o en describir un estado de cosas,
sino en valorar, denunciar y asumir posiciones. Pese a esto, también con alguna
frecuencia, la formulación de sus apreciaciones es reforzada o construida a
partir de datos objetivos que, dado el espacio que comparten con las opiniones,
tienden a mezclarse entre sí con facilidad.
Por lo anterior,
la exigencia de veracidad implica que, aunque las opiniones propiamente dichas
no pueden ser falsas o veraces, las informaciones en que aquellas se fundan o
que las correlacionen en espacios periodísticos como las columnas de opinión,
se someten como cualquier publicación informativa a su correspondencia con la
situación, conducta o circunstancia de la que afirman dar cuenta. No puede el
columnista o el medio excusarse en el criterio formal de la sección en la cual
se divulga o el género de publicación para no cumplir con el requisito de
veracidad, pues, de hacerse referencia a contenidos que materialmente tiene el
carácter de informaciones, tendrá el deber de acatar ese deber en razón de la
responsabilidad social que en él recae (art. 20 C.P.)[44].
En el mismo
sentido, los periodistas están obligados a distinguir entre columnas de
información y artículos de opinión, so pena de inducir a error a los receptores
de la información y afectar el prestigio, la imagen, el buen nombre y la honra
de las personas que son objeto de tales opiniones[45].
En suma, si bien los puntos de vista estrictamente subjetivos del comunicador
no son objetables, el columnista o quien ha expresado sus opiniones, cuando
éstas involucran el análisis de hechos, deben razonablemente cerciorarse de la
veracidad de los asertos en los cuales basan su opinión o juicio de valor[46].
18. Desde otro
punto de vista, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que en los
supuestos en los cuales, en ejercicio de la libertad de información, se señala
la presunta comisión de un delito o de una conducta que en el sistema jurídico
tiene implicaciones sancionatorias, el comunicador debe ser especialmente cuidadoso
en sus aseveraciones y en la utilización del vocabulario. Esto, debido a la
trascendencia de la información y la gravedad del potencial daño a la persona
señalada, a fin de no inducir a los destinatarios a considerar establecida su
responsabilidad, cuando solo existen denuncias, informes o se encuentran en
curso investigaciones[47].
La Corte ha
sostenido que los medios en estos casos deben solamente realizar la exposición
objetiva y escueta de lo sucedido, sin llevar a cabo ulteriores especulaciones
o hipótesis infundadas y de inclinar, sin evidencias, las opiniones  de quienes
reciben la información[48].
No se les impone la obligación de abstenerse de publicar datos de esta clase
hasta tanto no sea resuelta de manera definitiva la situación jurídica del
implicado, pues quedaría en buena medida vedada su labor de control político en
esos casos. Solo se exige que en aras de resguardar derechos fundamentales como
la presunción de inocencia, el debido proceso y el buen nombre de los
mencionados, las  informaciones sean especialmente rigurosas en sus términos y
contenidos.
19. A propósito
de lo anterior, desde el punto de vista de la organización gráfica y redacción
de una noticia o de una información contenida en una columna de opinión, la
Corte ha recalcado que el atributo de la veracidad se predica, no solo de
apartes aislados, sino del contenido apreciado en su integridad, conforme
al principio de unidad informativa. En este sentido, por ejemplo, se ha
precisado que el comunicador desconoce la veracidad si, pese a que el contenido
informativo es cierto, el título sugiere una realidad distinta o induce a
interpretar algo diferente y lo mismo ocurre si el título es ajustado a la
realidad pero el contenido informativo no corresponde a ella[49].
Lo anterior obedece a que los
titulares determinan con frecuencia y de modo irreversible el criterio que se
forma el receptor de las informaciones transmitidas y, en consecuencia, cuando
son erróneos, inexactos o sesgados, comunican el vicio a la integridad de la
información publicada[50].
Del mismo modo, en virtud del citado principio de unidad informativa, resulta
trascendental la forma en que aparecen dispuestas las ideas y los énfasis en el
texto, pues estos elementos pueden llevan al lector a concluir razonablemente
la existencia de un hecho específico, pese a que el autor de la publicación
argumente no aseverarlo explícitamente en el texto[51].
La Corte ha considerado que el
modo en que el medio de comunicación presenta sus informaciones incide directa,
definitiva e inevitablemente en el impacto del mensaje que transmite y, por
tanto, de esa forma -de la cual es responsable el medio- depende en buena parte
la confiabilidad de lo informado[52].
La veracidad de la información, así, puede eventualmente ser desconocida a
partir de la conjunción de elementos como los anteriores, dado que si el
comunicador deja de lado el cuidado y diligencia que le es exigible y, en
especial, la importancia de la claridad en la redacción del texto, podrá dar
lugar a entendimientos erróneos de su contenido.
La imparcialidad de la
información
20. Quien ejerce su derecho a buscar y publicar
información debe ser imparcial. Esto le exige tomar distancia y evaluar el
mérito de sus fuentes, de los elementos con base en los cuales se ha hecho una
idea del objeto observado; no aceptar de manera acrítica y directa todo lo que
sugieren y sopesarlas con otros elementos de juicio[53]. En el sujeto recae el
deber de examinar con detenimiento los objetos que le brindan conocimiento
sobre aquello que se pretende informar. En lo posible, la información debe ser
contrastada con otras versiones diferentes, ya sea de expertos, de terceros o
de la persona involucrada[54]
y exige que el comunicador cuestione sus propios prejuicios para evitar que
afecten la percepción de los hechos[55].
La Corte ha
recalcado que el sentido del requisito de la imparcialidad consiste en que los
destinatarios de la información no reciban unos contenidos prefigurados y
moldeados conforme a un solo punto de vista, sino que se les garantice un
acceso integral, objetivo y ponderado al conjunto de la información[56]. Esto implica para el
comunicador una carga consistente, de un lado, en abstenerse de presentar un
exclusivo lado del problema, una sola de las partes o solo una versión de la
noticia y de formular argumentos tendientes a acreditarla como la verdadera.
Y de otro lado, lo obliga a realizar un razonable esfuerzo de búsqueda de
fuentes y datos para contrastar los datos y así presentar un producto
informativo lo más equilibrado posible.
21. A diferencia
de la veracidad, la imparcialidad se halla en medio de los hechos y las
opiniones[57].
La imparcialidad no es un atributo intercambiable con la rigurosa y estricta
objetividad. Se parte de reconocer que siempre están presentes ingredientes
irreductibles de subjetividad, desde la selección del tema a informar, la
interpretación de los hechos, el lenguaje y la forma de su presentación y
elementos de innegable relevancia como la elección del título de la información[58]. El Constituyente, sin
embargo, más que una exigencia de valoración, exige la garantía al receptor de
la información de la ecuanimidad de los contenidos presentados y, de esta
manera, la posibilidad de formarse una opinión de forma libre[59].
La distinción
entre informaciones y opiniones
22. Según se
había enunciado, como corolario de las exigencias de veracidad e imparcialidad
en el ejercicio de la libertad de informar, esta Corte ha insistido en la
importancia de distinguir los contenidos informativos y las apreciaciones
individuales. Los dos tipos de discursos deben ser pronunciados con una
claridad tal que se realice el papel de orientar y generar conocimiento sobre
temas de interés público y de evitar la desinformación derivada de una
parcializada y acomodada presentación de los hechos.
Quien ejerza su
derecho a buscar y divulgar información, en cumplimiento de su responsabilidad
social, debe ser lo suficientemente preciso y sincero para que el receptor
identifique cuáles aseveraciones constituyen hechos verificables y cuáles son
producto de su valoración subjetiva. De lo contrario, necesariamente se frustrará
el derecho de los destinatarios a recibir información veraz e imparcial[60].
23. La Corte ha
considerado que en todos aquellos eventos en que intencionalmente o de forma
involuntaria el comunicador no diferencia entre  hechos y opiniones en
la presentación de la información subestima al  público receptor, no brinda la
posibilidad a los lectores u oyentes de escoger y  enjuiciar  libremente los
contenidos y su actitud asume un carácter autoritario,  incompatible con la función
social  que  cumplen  los medios de comunicación  para la  autónoma y
responsable formación de la opinión pública[61].
24. Es relevante notar, con todo,
que no en todas las manifestaciones de la libertad de expresión en sentido
genérico resulta fácil establecer una línea divisoria entre las opiniones y los
contenidos informativos, según lo ha reconocido esta Corporación, y por ello
corresponde al juez determinar, a partir de las particularidades de cada caso y
una apreciación objetiva del reportaje o relato, de la finalidad perseguida, de
las características del medio, así como de la forma en que es utilizado y
presentado a un auditorio, de qué clase de contenido se trata[62].
Dada la gran cantidad de
registros, de formatos y de secciones utilizadas por los diversos medios de
comunicación, con frecuencia se mezclan valoraciones e informaciones, lo cual
resulta especialmente inconveniente en aquellos eventos en los que el receptor
de la información está predispuesto a que el medio
presentará exclusivamente datos sobre hechos que han ocurrido, en particular a
partir de la naturaleza del espacio periodístico en cuestión (en noticieros,
por ejemplo). Aquí los riesgos de confusión y engaño son mayores[63].
La Corte ha
considerado, a partir de conceptos técnicos, la pertinencia de algunos
criterios para distinguir contenidos informativos de manifestaciones de
opiniones individuales. Así, las secciones donde se expresen opiniones (la
columna de opinión, la editorial, el suelto o glosa, la columna de análisis) se
diferencian de las secciones que sólo contienen información, a través de una
presentación gráfica diferente. Los textos de opinión generalmente tienen corta
extensión, su tono es fuertemente subjetivo y “prima la personalidad de cada
autor, su estilo propio, su entendimiento y dominio del lenguaje” el cual
“suele incluir adjetivos ricos en significado y connotación y juicios de valor”[64].
El derecho a
la rectificación en condiciones de equidad
25. Según el
artículo 20 C.P., como correlato de la responsabilidad social de los medios de
comunicación, los afectados ilegítimamente con una información tienen derecho a
la rectificación en condiciones de equidad. La Corte ha interpretado que,
conforme a esta prerrogativa, la respectiva corrección debe ser llevada a cabo
bajo específicos estándares de oportunidad, despliegue, equivalencia y equidad.
Las reglas consolidadas al respecto, en abundante jurisprudencia de la Corte,
pueden ser sintetizadas de la siguiente manera[65].
26. En primer
lugar, no se exige una correspondencia matemática en cuanto a duración,
extensión o espacio entre la publicación inicial y su aclaración o
rectificación. Lo relevante es que esta posea la capacidad sustancial para
reestablecer los derechos del afectado, que se reconozca la equivocación, se
precise en qué consistió el error y los términos precisos en los cuales queda
rectificado, con una publicación que se ajuste al principio de unidad
informativa (título, imágenes, etc.)[66].
En segundo lugar, la rectificación debe realizarse en un término razonable a
partir de la solicitud correspondiente, previa verificación de los hechos y
consultadas las especificidades del caso, en particular, el modo y periodicidad
de difusión del medio de comunicación[67].
En tercer lugar,
si la información consiste en aseveraciones sobre hechos específicos, el
perjudicado debe presentar las pruebas pertinentes para sustentar su solicitud
de rectificación [68],
pero si se trata de afirmaciones vagas, negativas o indefinidas, no soportadas
en hechos concretos, dada su imposibilidad de demostración, el medio debe
sustentar su negativa a rectificar y demostrar la veracidad e imparcialidad de
la información trasmitida[69].
En cuarto lugar, solo  cuando lo divulgado es una afirmación procede la
rectificación, no en los supuestos en que se trata de criterios u opiniones.
Lo anterior
obedece, por una parte, a que solo las constataciones de hechos, no las
valoraciones ni las apreciaciones, pueden ser, desde el punto de vista lógico,
verdaderas o falsas. Estas pueden ser evaluadas sustantivamente, pero no
tenidas como correspondiente o discordantes con la realidad. Se trata de una
razón ligada al uso del lenguaje que se hace en cada caso: en un supuesto, de
tipo descriptivo, en el otro, evaluativo. De otra parte, la regla se deriva de
que la libertad de expresión en sentido estricto es un derecho consustancial al
libre desarrollo de la personalidad y la construcción de la propia autonomía
individual, además de desempeñar un papel central en un sistema democrático,
por lo que, salvo excepcionalísimos casos, no puede ser limitado[70].
Y, en quinto
lugar, la Corte ha dicho que la réplica, entendida como la respuesta de quien
es mencionado en una publicación, en orden a controvertir el contenido de esa
divulgación, no es constitucionalmente equiparable al derecho de rectificación
en condiciones de equidad. No obstante posibilita especialmente el principio
del equilibrio informativo, la Carta Política privilegia la preservación de la
verdad, a través del mecanismo extrajudicial de la rectificación, mediante el
cual se protege el derecho de la generalidad a conocer información veraz e
imparcial y, de igual forma, se amparan los derechos del presunto afectado a
la  honra y al buen nombre[71].
Recapitulación
27. Sintetizando
lo expuesto en esta sección, (i) el derecho a la libertad de información se
expresa a través de un discurso tendencialmente descriptivo de situaciones,
conductas y hechos relativos a personas, instituciones y autoridades. (ii) Se
trata de un derecho de doble vía, pues, por un lado, consiste en la facultad de
buscar y divulgar información (derecho de informar) y, por el otro, para los
destinatarios, de recibir información (derecho a la información). (iii) A estos
les asiste el derecho a la información veraz e imparcial y, correlativamente,
quien publica contenidos informativos tiene la obligación de (iii.i.)
veracidad e (iii.ii) imparcialidad, (iii.iii) de separar la información de la
opinión y (iii.iv) de garantizar el derecho a la rectificación.
(iv) La
veracidad implica que la información sea lo más objetiva y descriptiva
posible y pueda ser verificada. (v) Sin embargo, esto no significa que solo
aquellos datos comprobados con certeza puedan ser publicados, sino que debe
llevarse a cabo un esfuerzo (v.i) razonable y (v.ii) previo de constatación.
(vi) Se falta a la veracidad cuando los datos son contrarios a la realidad por
(vi.i) negligencia o (vi.ii) mala intención (vi.iii), en los supuestos en que
una opinión es presentada como información, así como cuando (vii) pese a ser
cierta, la información induce a conclusiones erróneas.
(viii) En la
determinación de la veracidad de la información es crucial la precisión y
objetividad del lenguaje. (ix) Sin embargo, la Corte ha reconocido cierta
flexibilidad, especialmente en relación con el vocabulario técnico o
científico, en aras de no restringir excesivamente el ejercicio del derecho y
garantizar la comunicación del emisor con la generalidad de receptores, siempre
que se mantenga el sentido básico del mensaje. (x) Las columnas periodísticas,
esencialmente de opinión, pueden ser reforzadas a partir de informaciones, las
cuales se someten a los mismos requisitos de veracidad e imparcialidad de las
publicaciones noticiosas.
(xi) Cuando la
información versa sobre la posible comisión de una conducta punible, el
comunicador debe ser especialmente cuidadoso en sus aseveraciones y en la
utilización del vocabulario. (xii) En estos casos, solo se debe realizar la
exposición escueta de lo ocurrido, sin ulteriores especulaciones ni comentarios
orientados a inclinar, sin pruebas, las opiniones de los receptores de la
información. (xiii) En la veracidad de la información, resulta vital la
organización gráfica, la redacción y los énfasis que se imprimen al texto, así
como el título de la publicación. (xiv) Todos estos elementos deben procurar
transmitir en conjunto un contenido que corresponda a la realidad.
(xv) La
imparcialidad de quien ejerce el derecho a informar le impone tomar
distancia respecto de sus fuentes y contrastarlas con otras versiones de
expertos, terceros o de la persona a quien afectará la información, así como
cuestionar sus propios prejuicios. (xvi) La imparcialidad no es equivalente a
estricta objetividad, de la cual no se puede prescindir totalmente, sino a la
búsqueda de un equilibrio informativo, que garantice un acceso integral y
ponderado de la información a los destinatarios y la posibilidad de formarse
libremente una opinión.
(xvii) La distinción
entre informaciones y opiniones comporta que el comunicador debe ser lo
suficientemente preciso y sincero y elaborar su exposición de tal forma que el
receptor pueda identificar cuáles aseveraciones corresponden
a hechos verificables y cuáles son producto de su valoración. (xviii). La
mezcla entre enunciados de hecho y enunciados valorativos, no diferencia
entre  hechos  y opiniones, subestima a los receptores, no brinda la
posibilidad de escoger  y  enjuiciar  autónomamente los contenidos divulgados y
es contraria a la función social  de los medios de comunicación en la libre
formación de la opinión pública.
(xix) En razón de la gran
cantidad de registros, formatos y secciones utilizadas por los medios de
comunicación, no siempre resulta fácil hallar la línea divisoria entre las
opiniones y las informaciones. (xx). En este sentido, resultan relevantes, como
criterios de distinción, las características del medio, la finalidad perseguida
en el programa, la presentación gráfica de la publicación, su extensión, el uso
de un tono frio y descriptivo o, al contrario, subjetivo y
valorativo, en que prima la personalidad del autor, su estilo, entendimiento y
lenguaje particulares.
(xxi)
Correlativamente a la responsabilidad social de los
medios de comunicación, los afectados ilegítimamente con una información tienen
derecho a la rectificación en condiciones de equidad, oportunidad, despliegue y
equivalencia. (xxii) Esto implica (xxii.i) no una equivalencia matemática en
cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y su
rectificación, sino que esta sea idónea para reestablecer los derechos del
afectado y (xxii.iii) que debe realizarse en un término razonable a partir de
la solicitud correspondiente, consultadas las especificidades del caso.
(xxiii.iii) De
la misma manera, si las aseveraciones hacen referencia a hechos específicos, el solicitante debe presentar las pruebas pertinentes para sustentar
la solicitud de rectificación, pero si se trata de afirmaciones vagas,
negativas o indefinidas no soportadas en hechos concretos, el medio debe
sustentar su negativa a rectificar y demostrar la veracidad e imparcialidad de
la información trasmitida. (xxiii.iv) Solo cuando lo publicado es una
información resulta pertinente la rectificación, no en los supuestos de
ejercicio de la libertad de expresión en sentido estricto (opiniones, creencias,
sentimientos, etc.) y (xxiii.v), si bien la réplica posibilita equilibrio
informativo, no es  constitucionalmente equiparable a la rectificación en
condiciones de equidad.
iv. Los
derechos a la honra y al buen nombre. Reiteración de jurisprudencia.
28. La honra y
el buen nombre son las dos prerrogativas constitucionales que más
frecuentemente resultan infringidas cuando se ejerce la libertad de información
con desconocimiento de las exigencias de veracidad e imparcialidad. De acuerdo
con el artículo 15 C.P., todas las personas tienen derecho al nombre y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. La
Corte Constitucional ha sostenido que el buen nombre consiste en la buena
opinión o fama adquirida por un individuo en razón de sus propios méritos, de sus
acciones y comportamientos en sociedad[72].
29.
Se trata, sin embargo, de un derecho no susceptible de ser proporcionado por el
Estado ni puede ser por sí solo el objeto de una obligación de los particulares
para con un determinado individuo. Consiste en el buen concepto que los demás
tienen de él, pero a partir de sus propios logros, aciertos y conductas
externas que la comunidad valora positivamente y conducen a acreditarlo en
diversos ámbitos. La buena reputación o buena fama, por ello, no es impuesta
sino construida, ganada o alcanza por el titular del derecho. De ahí que si
es el propio individuo quien, con sus actos, ha generado una imagen pública no
favorable, no es posible, para obtenerla, reclamar judicialmente la garantía
del derecho al buen nombre[73].
30.
En el sentido anterior, el Estado no está en capacidad de proveer buen nombre a
nadie, sino que está obligado a proteger el construido por cada persona, a
resguardarlo de injerencias arbitrarias e ilegítimas. Protege las virtudes y
conductas que el sujeto ha realizado a través del tiempo y con base en las
cuales la sociedad se ha formado una imagen de su integridad, de su
personalidad y de lo que ha sido. En especial, se ampara frente a los
detrimentos que pueda sufrir como consecuencia de expresiones ofensivas e
injuriosas y de informaciones falsas, erróneas o que, de cualquier manera,
distorsionen el concepto público que se tiene de aquél[74].
31. En contraste, el derecho
fundamental a la honra (art. 21 C.P.) está relacionado con la apreciación que
debe dispensar la sociedad hacia el individuo, en tanto titular del derecho a
la dignidad humana. La honra alude al respeto, la estimación o deferencia con
la que cada persona debe ser tratada por las autoridades y demás miembros del
conglomerado, debido a su propia condición de tal[75].
Protege el valor del individuo en su calidad, independientemente de sus actos
públicos[76].
A su vez, el sujeto ve agraviado este derecho cuando se emite una información
que no corresponde a la realidad y lesiona su dignidad, pero también en
aquellos casos en que se emiten opiniones con ánimo injurioso[77].
Debe tenerse en cuenta que las manifestaciones
insultantes, ofensivas y lesivas de la honra deben impactar la persona privada
o, en otros términos, es necesario que el afectado perciba el daño en tanto ser
humano y en relación con esta condición. Debe lesionarlo en su dignidad, al
margen de cualquier otra consecuencia adicional. Por lo tanto, está excluida la
posibilidad de vulneraciones a la honra en aquellos supuestos en los cuales las
críticas, incluso las fuertemente expresivas, no exceden el ámbito de
cuestionamientos asociados al oficio, función o responsabilidad profesional,
laboral, institucional o social de la persona[78].
32. De este modo, (i) el buen
nombre radica en la imagen y concepto favorables que la sociedad tiene de una
persona, a partir de sus conductas, aciertos, logros y méritos en diversos
ámbitos. (ii) Esto significa que el Estado no proporciona el bueno nombre sino
que está en la obligación de proteger de ataques arbitrarios el que cada
persona ha labrado y (ii) que si el individuo es quien afecta su propia imagen
con sus comportamientos, no es posible reclamar su reivindicación mediante la
demanda de garantía judicial del derecho al buen nombre. (iii). Esta
prerrogativa, por último, se afecta principalmente a causa de expresiones injuriosas y de informaciones falsas que
distorsionen el concepto público del individuo.
(iv) Por su parte, el derecho a la honra hace
referencia a la consideración y respeto que cada persona merece del resto de la
sociedad, por la sola condición de ser humano y la dignidad de que es titular.
(v) Una persona es atacada en su honra cuando se emiten expresiones con ánimo
injurioso y se divulga una información que riñe con la veracidad e
imparcialidad. (vi) Es necesario, con todo, que las opiniones o la información
errónea menoscabe el individuo en su como persona, lo cual no ocurre si se
trata de críticas, incluso si son incisivas, dirigidas a cuestionar el
desempeño profesional, laboral, institucional o social del individuo.
En suma, los derechos a la honra y el buen nombre,
aunque cercanos, poseen diferentes ámbitos de realización, pero deben ser
igualmente amparados ante ataques ostensibles e ilegítimos. En relación con el
derecho a la libertad de  información, dichas inmunidades que protegen el
patrimonio moral son agraviadas particularmente cuando los contenidos
publicados han sido elaborados con desconocimiento de las exigencias constitucionales
de veracidad e imparcialidad (art. 20 C.P.) e inciden negativamente en la
imagen pública y la dignidad de la persona.
v. El caso concreto
33. El 25 de mayo de 2013, Carlos Fernando Galán publicó una columna
de opinión en el diario El Espectador titulada “El cartel que robó a
Bogotá”, en la cual relata algunas irregularidades halladas en la
contratación de entidades del Distrito, la forma en que se llevaban a cabo y la
manera en que paulatinamente se fueron descubriendo, denunciando e investigando.
Entre las personas que, al parecer, manejaban la contratación en el Distrito,
señala, entre otras, al accionante. Este, sin embargo, sostiene que no ha
tenido relación contractual alguna con la ciudad y, por consiguiente, su
mención en el artículo opinión es contraria a la realidad.
34. Como primera cuestión, la Sala debe poner de manifiesto la
importancia de la protección de la libertad de expresión en temas como los
abordados por la columna que se cuestiona, sobre supuestas apropiaciones ilícitas
de dineros públicos. La libertad de información, como se indicó, es inherente
al Estado constitucional y democrático de derecho, pues cumple un papel
protagónico en la construcción de la opinión pública libre y del pluralismo
político. Desempeña una función de garantía para la conformación, gestión y
control del poder público, pero además permite la deliberación y discusión
abierta e incluyente sobre los asuntos que interesan a todos los ciudadanos,
como las políticas públicas, el gobierno y la transparencia de la
administración.
Por lo anterior,
la Corte Constitucional ha sostenido que los discursos políticos, relativos a
servidores públicos o sobre asuntos de interés público, tiene una protección
constitucional especial[79],
con el fin de garantizar la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan
sus derechos civiles y políticos y, particularmente, de que puedan controlar
eficazmente las actuaciones públicas que los afectan[80]. Esto, incluso, ha llevado a considerar que en caso de conflicto
entre el derecho a la información y los derechos a la honra y el buen
nombre, predomina prima facie el primero, debido a la relevante función
de control público que se asigna a los medios de comunicación.
Pese a lo anterior, esta
Corporación también ha clarificado que el refuerzo que adquiere el derecho a la
información en las citadas materias y la reducción del nivel de prioridad de
derechos como el buen nombre y la honra no significan que sea posible emitir
información falsa o errónea relacionada con una persona que de algún modo ha
sido involucrada con hechos de interés público y por esta sola circunstancia.
Esto, ha dicho la Corte, sería “un contrasentido
constitucional que no atiende al postulado de respeto por la dignidad humana
consagrado en nuestra Carta como elemento esencial del Estado Social de
Derecho”[81].
El hecho de que las personas se
hallen en las citadas condiciones no supone a priori la pérdida de toda
eficacia de los derechos inherentes a su patrimonio moral y a su dignidad. Ello
solo comporta una mayor rigurosidad en los análisis tendientes a demostrar que
no existe un balance entre la forma en que ha sido ejercida la libertad de
expresión y los derechos restringidos del afectado o que se presenta un ánimo
injurioso o persecutorio[82].
En relación con el derecho a la información, debe tenerse en cuenta que la
Constitución protege su ejercicio siempre que se realice de forma veraz e imparcial,
lo cual se predica también cuando los discursos versan sobre temas de interés
público, incluso con mayor razón, dada la trascendencia de los contenidos
mismos.
35. Indicado lo anterior, en razón de que la columna contiene
efectivamente varios apartes informativos que, como se indicó en los
fundamentos de esta sentencia, se sujetan a los requisitos de veracidad e
imparcialidad y debido a que el actor considera infringida la primera de las
exigencias, la Sala estima útil realizar la transcripción integral de su texto,
con el objeto de determinar si en realidad se desconoció ese presupuesto o si,
por el contrario, fue razonablemente cumplido por el autor de la publicación.
La columna afirma:
El
cartel que robó a Bogotá
La corrupción
en Bogotá no empezó con Samuel Moreno, obvio; pero nunca antes como en su
gobierno se habían alineado los astros de tal forma que se pudiera consumar uno
de los peores desfalcos en la historia de Colombia.
Todo empezó con
rumores sobre quienes, al parecer, manejaban la contratación en varias
entidades claves del Distrito: Julio Gómez, Álvaro Dávila, Emilio Tapia, Manuel
Sánchez, Carlos Alberto Plata. Un grupo de concejales, al ver que
algunos de estos nombres figuraban en contratos, le enviamos una carta pública
al alcalde Samuel Moreno, en junio de 2009, pidiéndole que respondiera por la
configuración —presunta en ese entonces— de lo que calificamos en la misiva
como un “cartel de la contratación”.
Poco a poco
fuimos descubriendo que el adjetivo “presunta” estaba de más. En marzo de 2010
denuncié cómo el IDU había reducido los requisitos para que los contratistas de
la fase 3 de Transmilenio accedieran a los anticipos. Entre esos contratistas,
claro, estaban los Nule. Fue precisamente por esa vía, y gracias a ese cambio,
que los miembros del cartel se hicieron a algunas de las mordidas.
Poco después,
el 3 de junio de 2010, denuncié que firmas vinculadas a Julio Gómez y a sus
familiares, en llave con la empresa Geos de Tapia, se habían apoderado de
manera irregular de contratos por cerca de $300.000 millones en 2009. Al
revisar las licitaciones encontré que, aunque los adjudicatarios variaban de un
proceso a otro, casi siempre participaban las mismas firmas y, vaya sorpresa,
todas las que ganaban eran de Gómez, Tapia o los Nule. Eso pasó en el IDU, en
hospitales, fondos de desarrollo local, etc.
Luego se
conoció la grabación de Olano con Miguel Nule y ahí sí, por fin, varios
incrédulos se convencieron de las dimensiones del caso. Y finalmente Petro, a
finales de 2010, compiló estas denuncias y las complementó, con lo cual les dio
eco por tratarse de alguien que, desde el mismo Polo, señalaba a Samuel y a su
hermano Iván de ser los cerebros políticos del saqueo.
Para lograr esa
operación criminal que, como dijo el juez que envió a la cárcel al concejal
Rodríguez, no sólo llevó a la pérdida de recursos sino que puso en peligro la
vida de muchos bogotanos, se requirió una tenaza tan nauseabunda como efectiva:
el manejo de la cabeza del Ejecutivo y la complicidad de los órganos de control
político, fiscal y disciplinario. Todo esto lo estructuraron abogados y
contratistas expertos en torcer procesos licitatorios. Sus artífices pensaron
que esa tenaza les garantizaría impunidad y lo mismo pensábamos, hace poco,
muchos desencantados con las investigaciones.
Pero no. El
fiscal Montealegre y su equipo le dieron un viraje clave al caso, replantearon
los beneficios que se les habían ofrecido a algunos de los partícipes del
cartel e implementaron una estrategia para llevarlos a todos poco a poco ante
la justicia. Sin duda faltan muchos: más concejales, congresistas y
funcionarios. Por eso hay que apoyar a la Fiscalía en esta cruzada para que los
responsables rindan cuentas ante la justicia, paguen con cárcel y devuelvan
todo lo que robaron.
Pero, ahora que
tanto se habla de que no debe haber impunidad, no podemos permitir que la haya
tampoco desde el punto de vista político. Es decir, aquellos que por acción u
omisión permitieron que ocurriera este nuevo “bogotazo” deben responder. En
esencia, me refiero a los partidos de la coalición de Samuel en el Concejo; los
que, como Juan Lozano, aliado de Hipólito Moreno, se beneficiaron de los votos
de esos corruptos; los que en el Polo miraron para otro lado o fueron los
escuderos de Samuel, como Clara López; e incluso quienes desde otro escenario
mantuvieron su respaldo intacto al alcalde hasta el final, como Ernesto Samper.
Todos contribuyeron al desastre que ha vivido Bogotá estos últimos años, y
todos son responsables (resalta la Sala).
36. Para el
accionante, la columna relaciona y da por cierta, a partir de rumores y sin
pruebas, su participación en el “cartel de la contratación” del
Distrito, pese a que nunca ha sido contratista, subcontratista ni tiene
relación alguna con empresas que hayan tomado parte de la contratación en
Bogotá, así como tampoco ha sido vinculado a investigaciones por los perjuicios
patrimoniales ocasionados a la ciudad. Por su parte, el columnista
afirma que no hizo sindicaciones de carácter penal o disciplinario contra el
actor sino que se limitó a recoger las menciones que otros medios habían hecho
sobre sus supuestos intereses en los contratos del Distrito, de ahí que haya
utilizado las expresiones “rumores” y “al parecer” para referirse a tales
versiones.
En
el mismo sentido, El Espectador afirma que en el escrito no se hacen
imputaciones injuriosas contra el peticionario e indica que si, en realidad, el
actor fuera contratista de la ciudad, en todo caso la columna no señala que
haya sido con menoscabo de las finanzas distritales. De esta manera, mientras
que el presunto afectado estima que su mera inclusión en la columna lo vincula
con las irregularidades de la contratación en la ciudad, el columnista
considera que solo referenció lo que otros medios decían en ese momento y el
Diario, en el mismo sentido, considera que a través de su mención el autor de
la nota no lo señaló de haber cometido ningún acto ilícito.
37. El accionante
sostiene que nunca ha sido contratista de la ciudad y tampoco ha tenido ninguna
relación con personas o empresas que hayan celebrado contratos con la
administración distrital. De la misma manera, asegura que no ha sido vinculado
a investigaciones por los perjuicios patrimoniales ocasionados a la ciudad con
el denominado “cartel de la contratación” y que, incluso, en una ocasión,
solicitó a la Fiscalía ser entrevistado para mostrar que no tenía vínculo
alguno con esos hechos, pero el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de
Justicia, Ricardo González Esguerra, no encontró indicio ni argumento para
investigarlo por los contratos que ocasionaron detrimentos económicos al
Distrito.
Las
manifestaciones anteriores tienen, en su mayoría, el carácter de negaciones
indefinidas que, en cuanto tales, trasladaron la carga de la prueba del hecho
contario a los accionados, según se indicó en los fundamentos de este fallo.
Estos, sin embargo, no acreditaron una realidad distinta y ni siquiera han intentado
controvertir ninguna de las aseveraciones del actor. Los demandados solo se han
concentrado en indicar que en la columna no se señala al demandante de haber
cometido ningún delito.
Por lo anterior,
es claro que el aspecto fundamental a ser determinado no es cuál de las dos
partes probó la realidad de los hechos, cuál de las dos versiones corresponde a
la realidad, pues los accionados ni siquiera se han mostrado interesados en
contradecir las afirmaciones del peticionario. El elemento decisivo a identificar
es si la columna, por la forma en que fue escrita y presentada y las
expresiones de que hace uso, faltó en alguna medida a la veracidad, en el
sentido de que, de forma tácita o explícita, dé a entender que el demandante
estuvo relacionado con los procesos irregulares de contratación en la ciudad y,
de esta manera, conculque su derecho al buen nombre.
38. Desde el
punto de vista de los demandados, la información contenida en la columna no
carece de veracidad. El autor de la nota se detiene específicamente en la frase
en que menciona al accionante y considera que, por las expresiones de
probabilidad o duda utilizadas para hacer referencia a la información
proveniente de otros medios (“según rumores”, “al parecer”), esa
mención no constituye un señalamiento cierto y concreto en su contra, de haber
cometido un acto ilícito. El medio de comunicación, por su parte, estima que el
columnista tampoco dirige en el texto una imputación hacia el peticionario,
como sí lo hace frente a otras personas.
39. Según se
indicó en las consideraciones de esta sentencia, la veracidad de la
información “no solo tiene que ver con el hecho de que sea falsa o errónea,
sino también con el hecho de que no sea equívoca, es decir, que no se sustente
en rumores, invenciones o malas intenciones o que induzca a error o confusión
al receptor”[83].
Esto implica que la exigencia de la veracidad no se desconoce únicamente cuando
se hacen afirmaciones y señalamientos explícitamente contrarios a la realidad,
sino también en todos aquellos eventos en que se sostienen hipótesis basadas en
rumores o comentarios no verificados que conducen al destinatario a
conclusiones equívocas o falsas.
Como también se explicó, no se
está obligado a verificar a fondo los hechos antes de divulgarlos. Sin embargo,
quien informa debe llevar a cabo un esfuerzo razonable y
previo de comprobación y una exposición medianamente cuidadosa y adecuada de la
información, pues se falta a la veracidad cuando los datos son contrarios a la
realidad por negligencia o mala intención, pero también en los supuestos en que
se induce a creencias no ciertas o a conclusiones erróneas, máxime cuando la
publicación está relacionada de alguna manera con la comisión de delitos, como
ocurre en este caso.
40. La Sala
también debe recabar en que la veracidad se predica no solo de apartes aislados
de una información, sino del contenido apreciado en su integridad, conforme
al principio de unidad informativa. De esta manera, resultan de vital
importancia elementos como el modo en que aparecen dispuestas y articuladas las
ideas y los énfasis en el texto, así como los títulos y subtítulos que se le
asignan a las noticias o a las columnas periodísticas, pues estos elementos
pueden llevar al lector a entender que un hecho se afirma como ocurrido, pese a
que el autor de la publicación no lo asevere expresamente[84].
La manera en que el medio de
comunicación presenta sus informaciones, se recordó, incide de forma directa,
definitiva e inevitable en el impacto del mensaje que transmite y, por tanto,
de esa forma -de la cual es responsable el medio- depende en buena parte la
confiabilidad de lo informado. La veracidad, en efecto, puede verse en serios
riesgos a partir de la conjugación de los anteriores elementos, pues la
construcción de la nota periodística no cuidadosa, que ignore el papel y la
importancia de la claridad de los señalamientos que hace, de la selección de
los títulos y las expresiones, puede dar lugar a entendimientos erróneos que,
en cuanto tales, riñan con la realidad.
Lo anterior no quiere decir de
ninguna manera que el columnista o el redactor de la noticia no dispongan de
toda la libertad para imprimir su estilo y organizar como mejor le parezca su
publicación cuando redacte contenidos informativos. Significa solo que, al
hacerlo, debe ser consciente de su obligación de conservar la veracidad y no
tergiversar ni dar a entender datos incompatibles con la realidad que pretende
describir, pues estos son límites constitucionales que no le son dables
transgredir (art. 20 C.P.).
41. En el presente asunto, el
columnista titula su escrito “El cartel que robó a Bogotá”,
comienza el texto poniendo de presente que “todo empezó”
con “rumores” sobre quienes “al parecer” manejaban la
contratación en varias entidades claves del Distrito y proporciona una lista de
cinco personas, entre ellas, el accionante. Luego indica que se constató que “algunas”
de esas cinco personas figuraban en contratos, lo que llevó a un grupo de
concejales, a solicitarle al Alcalde que se responsabilizara por el presunto “cartel
de la contratación”.  En los restantes párrafos, el autor relata con
algunos detalles las específicas maniobras en los procesos de
contratación y relaciona con estas a algunas de las cinco personas mencionadas
y a otras fuera de esas cinco.
Si contrario a lo que sugiere el columnista, el texto se lee, no de
forma aislada, sino en conjunto, se observa que el título anticipa que el tema
del texto son las afectaciones al patrimonio económico de la ciudad y, de
manera más directa, los delitos contra los recursos económicos del Distrito,
ocasionados por una organización (“El cartel”). Así mismo, el
comunicador afirma que “al parecer”, “según rumores”, había un
grupo de cinco personas que “manejaban” la contratación en la ciudad y que
luego, efectivamente, se observó que “algunos” de ellos figuraban en
contratos, lo que dio lugar a la solicitud al Alcalde para que se
responsabilizara.
El columnista se refiere a un rumor o a una suposición sobre el manejo
por parte de esas cinco personas de los contratos del Distrito. Sin embargo,
inmediatamente después asegura que parte de esas personas efectivamente
figuraban como contratistas. Con todo, no aclara cuáles de esas cinco personas,
según sus indagaciones, habían tenido efectivamente esa calidad y quiénes no
tuvieron ninguna relación contractual con la administración. Como a partir de
su afirmación genérica (algunos) cabe la posibilidad de hubiera sido
cualquiera de ellas y no se descarta explícitamente ninguna, esto conduce
lógicamente a dudar de todas las cinco como vinculadas a la contratación de la
ciudad.
Luego de lo anterior, el columnista describe específicas
irregularidades halladas en la contratación e involucra algunas personas de las
cinco enunciadas al principio del texto como presuntos contratistas (Julio
Gómez”, “Emilio Tapia”),  pero no a todas (no menciona a Álvaro
Dávila, a Manuel Sánchez ni al accionante). Al pronunciarse en este términos,
el escrito no permite resolver la mencionada incertidumbre, es decir, no avanza
hacia la clarificación acerca de cuáles de las cinco personas figuran en los
contratos y cuáles no, pues el hecho de que no mencione a algunos en el relato
posterior no puede interpretarse en el sentido de que no tomaron parte en la
contratación.
Al parecer por razones de espacio, el columnista solo describe algunos
de los hechos quizá más representativos del fenómeno, a los cuales estarían
vinculados las dos personas nombradas. Así mismo, hace referencia a individuos
y empresas también diferentes de las citadas cinco. La narración posterior, en
suma, lleva a cabo una explicación general de los sucesos, pero no tiene el
propósito ni clarifica quiénes fueron las personas que, según se pudo
constatar, figuraban en los contratos del Distrito y participaron de los actos
ilícitos señalados. Como resultado, la columna deja latente la idea de que
presuntamente el actor tuvo una relación contractual con la ciudad y, por lo
tanto, participó en las apropiaciones ilícitas de los recursos distritales.
El autor de la publicación no afirma expresamente que
el peticionario haya sido parte del “cartel”. Sin embargo, sí asevera
que “al parecer”, “según rumores” manejaba la contratación del
Distrito, es decir, da a entender que presuntamente tenía relaciones
contractuales con la administración. Esta presunta vinculación no es descartada
en el desarrollo del texto y, al contrario, parece reforzarse por la
circunstancia de que tampoco dos de las otras cuatro restantes personas citadas
al principio, junto al peticionario, como presuntos contratistas son
referenciadas en el resto del relato, pese a que fue de conocimiento público su
vinculación a los procesos judiciales en que se investigaron y juzgaron tales
hechos.
Así, la Sala observa que las citadas afirmaciones del
accionado, construidas con base en rumores y suposiciones, inducen
decisivamente a considerar que el peticionario era en efecto contratista de la
ciudad. El problema de esta  equívoca conclusión es que, en el contexto
general de la columna, los contratistas de que se ocupa el autor son los que
hacían parte del “cartel de la contratación”, es decir, los que llevaron
a cabo actos ilícitos en desarrollo de contratos y, por eso, la relación con
estos actos jurídicos está ligada en el texto a los hechos ilícitos que
denuncia. De ahí que el columnista indique que al verse que algunas personas
figuraban en contratos, se le pidió al Alcalde que respondiera por la presunta
configuración de un “cartel de la contratación”.
En otros términos, si bien celebrar contratos con el Distrito, como lo
indica el representante de El Espectador, no es un delito ni una conducta
ilícita, en el preciso contexto de la columna, que relata el modo en que,
mediante contratos administrativos, se realizaron  apropiaciones ilícitas de
recursos distritales, la imputación de haber estado contractualmente vinculado
a la administración de la ciudad, salvo de mediar clarificación, está necesariamente
asociada a la comisión de los hechos denunciados.
En consecuencia, el columnista, si bien no señala al peticionario de
cometer alguna conducta punible, al introducir hipótesis basadas en rumores o
suposiciones sobre su presunta vinculación a la contratación distrital, debido
al desarrollo que asume el texto, induce a considerar erróneamente que en
efecto aquél tenía la calidad de contratista y, en el marco de la columna, que
pertenecía al “cartel” al que el texto se refiere. Esta conclusión,
parece todavía más clara a partir del título del artículo de opinión y la
influencia que este ejerce sobre el conjunto de la información.
42. Según se explicó en las consideraciones, los títulos determinan el
criterio que se hace el receptor de la información transmitida, de modo que
cuando son equívocos, inexactos o sesgados, transmiten el vicio a la integridad
del contenido divulgado. Esto adquiere mayor vigencia en la actualidad, pues
debido a la gran cantidad de información accesible a través de Internet, los
destinatarios se valen con frecuencia de los títulos y subtítulos de las
noticias y artículos de prensa para tener un rápida y sucinta idea del
contenido, sin leerlo en su totalidad, y asocian los hechos que se mencionan
con las personas relacionadas por la publicación.
En la Sentencia T-040 de 2013, la Corte
consideró que en razón a la forma en que había sido presentada
una noticia, que relacionaba sin ninguna explicación clara y suficiente el
nombre del accionante con el contexto del tráfico de narcóticos en los Llanos,
en gran parte debido al título de la información (“Los hombres de la
mafia de los Llanos”), se desconoció la exigencia de veracidad
de la información y se vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y a
la honra del peticionario. Sostuvo que el titular inducía a los lectores
a creer que el actor hacía parte de un cartel de la mafia en los Llanos, sin
hacer alusión a la investigación penal que llevaba la Fiscalía en ese entonces
contra el accionante, con el objeto de precisar sus afirmaciones.
En el presente asunto,
no solo el contenido de la columna lleva al lector a la conclusión de
que el peticionario presuntamente era contratista de la ciudad y participó de
las apropiaciones ilícitas, sino que también el título que se le asignó tiene
un impacto innegable en la idea que los lectores pueden hacerse de los hechos
relatados y sus responsables.
Cuando se digita
el nombre completo del actor en buscadores de Internet como Google, el primer
resultado que se puede visualizar, sin necesidad de abrir el respectivo
hipervínculo, es la columna de opinión controvertida, con el título “el
cartel que robó a Bogotá” y debajo de este se ubica el nombre del actor,
junto con otras personas que, prácticamente como hecho notorio, han sido penalmente
procesadas y condenadas por esos actos ilícitos. Esto afianza en el lector la
errónea conclusión de que, en efecto, aquél era contratista de la ciudad y
participó en las maniobras ilegales para aprovecharse de sus recursos,
especialmente cuando el receptor de la información, como se indicó, puede
fácilmente vincular la referida imputación con los nombres mencionados.
El título de la columna elegido
por el autor consiste en una imputación sustancialmente grave y, por lo tanto,
era necesario un tratamiento cuidadoso de la información que se incluiría en el
desarrollo del texto. La relación que la búsqueda en Internet hace entre el
nombre del peticionario y el artículo “el cartel que robó a Bogotá”
tiene una incidencia trascendental en la imagen pública de aquél y por ello se
requería un nivel relevante de diligencia en la presentación de la información,
a fin de que el lector no fuera inducido a concluir que el accionante estaba
efectivamente involucrado en tales hechos. Sin embargo, de tal manera no se
procedió y, como consecuencia, se sugiere esa errónea vinculación.
En conclusión, debido al título
de la columna periodística, a la forma, basada en rumores, en que es
referenciado el nombre del peticionario y al contexto general del texto sobre
los contratistas que se apropiaron de recursos públicos, se induce a tener por
cierta la participación de aquél en los actos delictivos de los que ocupa la
publicación, con lo cual se desconoce el requisito de veracidad, dado que el
accionante ha sostenido que ni siquiera ha tenido relación contractual alguna
con el Distrito y esta versión no ha sido controvertida por los demandados.
43. La falta de veracidad que
conduce al lector a concluir que presuntamente el accionante estuvo vinculado a
la contratación y a las maniobras para lograr la apropiación ilícita de los
recursos de la ciudad menoscaban su derecho al buen nombre. Este derecho, como
se indicó, consiste en la favorable opinión e imagen que la sociedad tiene de
una persona en relación con los demás, a partir de sus méritos, de sus
conductas y virtudes y, como prerrogativa exigible, implica para el Estado la
obligación de proteger ese buen concepto frente a informaciones falsas,
equívocas o erróneas que la distorsionen.
44. En el marco de todo lo indicado en precedencia, el derecho al buen
nombre, a la buena estima y consideración que la sociedad y cada una de los
miembros de ella tienen de una persona no se lesiona solamente con imputaciones
directas que ataquen ese concepto público que la generalidad tiene de ella. La
buena imagen también sufre deterioro cuando la persona es puesta en tela de
juicio de manera injustificada, inconsulta y arbitraria y, en especial, en
aquellos eventos en que, por la forma de divulgación de los contextos
informativos, se induce al destinatario a dar por ciertas informaciones que no
corresponde a la realidad, como ocurre en el presente asunto.
45. Los daños que se siguen de los equívocos señalamientos contra el
peticionario se hacen patentes en la actualidad, fundamentalmente, en la
circulación de esa información por el espacio cibernético. Según se puso de presente,
al digitar el nombre completo del demandante en buscadores como Google, el
lector puede visualizar en la lista de resultados de la búsqueda un hipervínculo
con el título incriminatorio del artículo de opinión y debajo de este los
nombres de varias personas, entre ellos, el del actor. De este modo, el
buscador conduce fácilmente al lector a asociar la conducta delictiva a la cual
se refiere el título de la columna, con su autoría por parte, entre otros
individuos, del demandante.
En razón de lo anterior, no obstante el paso del tiempo luego de la
publicación inicial de la columna en mayo de 2013, el derecho del actor al buen
nombre  continúa sufriendo perjuicios y se ve menoscabado, dada la
disponibilidad permanente de la nota periodística y su filtración en buscadores
de Internet, con la sola digitación del nombre de aquél. Es, de hecho, esta
permanente exposición a ser injustificadamente vinculado con la columna, con
las imputaciones de su título y contenido, a partir de la búsqueda de su nombre
en Internet, aquello que constituye fuente de vulneración al patrimonio moral
del actor. De ahí que mientras el afectado se halle vulnerable a la mencionada vinculación,
a partir de la mera digitación de su nombre en buscadores informáticos, seguirá
latente el detrimento a su buen nombre.
Sobre la base de las anteriores consideraciones, la Sala accederá a
decretar el amparo demandado.
46. En relación con la orden que habrá de emitirse para disponer la
protección correspondiente, deben analizarse varios elementos. El peticionario
señala que, con ocasión de la columna periodística, además del grave perjuicio ocasionado
a su buen nombre, ha sido víctima de manifestaciones injustificadas de rechazo y
que, incluso meses después de haberse publicado el texto, recibió un mensaje de
correo electrónico con afirmaciones injuriosas, “infames” y amenazantes.
Por ello, solicita ordenar a El Espectador suprimir la columna de su página web
y colocar códigos de exclusión para que no sea mostrada en los resultados de
los buscadores de Internet.
Por su parte, El Espectador sostiene que la Corte solo
en casos muy excepcionales ha ordenado la remoción y la desindexación de
contenidos digitales. Indica que una medida de esta naturaleza solo procede (i)
cuando está de por medio el interés de menores y se comprometan ostensiblemente
sus derechos, (ii) por razones de seguridad y funcionamiento del Internet y (ii)
para evitar transferencia de datos no queridos por el usuario, respectivamente,
supuestos que, señala, no guardan ninguna relación con el presente asunto.
47. La orden de eliminar contenidos publicados en
un medio de comunicación es una de las medidas más drásticas que pueden
adoptarse para proteger los derechos al buen nombre y a la honra de quien se ha
visto afectado con ellos. Con la decisión de suprimir una información previamente
divulgada, se anulan por completo los campos de ejercicio del derecho a la libertad
de expresión, por lo menos para ese específico caso, pues la determinación implica
que, en procura de amparar a quien ha sido objeto de señalamientos no veraces,
se hace desaparecer un texto, un comentario o artículo, en tanto manifestación
de la citada libertad. De la misma manera, no solo se limita el derecho del
autor a informar, sino también el derecho de los destinatarios y del público en
general a conocer la información que ha sido excluida de difusión.
Conforme a los fundamentos de esta Sentencia, una decisión de las
anteriores características presupondría, en consecuencia, que el contenido
divulgado faltó en su integridad al requisito de la veracidad, que superó en su
totalidad los márgenes del legítimo ejercicio de la libertad de expresión o que
existe una relación inescindible entre las informaciones parciales que se
reputan contrarias a la verdad y la parte restante de la publicación. Por
consiguiente, una orden de esta índole solo procedería en supuestos
absolutamente excepcionales y justificados, por violación a la regla de la
veracidad. Pero, en especial, la Corte ha considera que procede únicamente
cuando, a fin de reestablecer los derechos conculcados, no exista otro medio
disponible y menos gravoso para la libertad de expresión.
En la
Sentencia C-277 de 2015, a partir de la doctrina del Sistema Interamericano de Protección
de Derechos Humanos, la Corte consideró que una intervención en la libertad de
expresión que implique la eliminación de un contenido informativo previamente
divulgado exige (i) que la medida se encuentre contemplada en la ley; (ii) que
la misma pretenda garantizar unos determinados objetivos, considerados
admisibles; y (iii) que aquella sea necesaria para lograr dicho fin.
48. En el
presente caso, pese a que el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad no es, en rigor, una limitación ex ante a la libertad de
expresión legalmente regulada, se encuentra contemplada en el artículo 20 de la
Constitución Política y se activa en todos aquellos supuestos en los cuales,
como el analizado ahora, el derecho a informar ha sido ejercicio con violación
de los deberes de veracidad y ello ha generado agravios a terceros. Por otro
lado, en relación con los propósitos que pretendería la eliminación de la
columna controvertida, las órdenes derivadas de la decisión de amparo estarían
dirigidas a hacer cesar y proteger el buen nombre del accionante, derecho
fundamental previsto en el artículo 15 de la Carta Política, de manera que la
decisión perseguiría unos fines constitucionales admisibles.
Sin embargo,
la Sala encuentra que la decisión de retirar la columna periodística de la cual
se derivan perjuicios para el accionante no resulta una medida necesaria. Debe recordarse
que el artículo “El cartel que robó a Bogotá” faltó a la veracidad, no
en su totalidad ni en sus aseveraciones aisladamente consideradas. Faltó a la
veracidad debido a que la conjugación de factores como el título asignado,
referido a hechos delictivos, la manera en que se hace mención al peticionario
y el texto en su conjunto, inducen a concluir al lector que el demandante
presuntamente tomó parte directa en la apropiación ilícita de recursos
distritales, conforme al principio de unidad informativa.
En este sentido, no puede aseverarse que, más allá de las inferencias
contra el accionante que resultan de la columna, las diversas afirmaciones de
carácter informativo contenidas en ella, sobre la vinculación de otras personas
a los hechos de denunciados y los detalles de corrupción relacionados con la
contratación del Distrito, también sean contrarias a la realidad y, por ende, el
autor haya ignorado su deber de veracidad en relación con ellas. No puede
considerarse, en otros términos, que el texto de opinión divulgado incumple, en
la totalidad de sus aspectos afirmativos, la exigencia de la veracidad. En consecuencia,
es evidente que una orden en el sentido de eliminar el texto cuestionado resultaría
excesivamente gravosa para la libertad de expresión, tanto del medio de
comunicación, como del columnista.
49. Para la Sala, una determinación que consulte las razones de la
actualidad del daño parece, en cambio, la opción más razonable para proteger
eficaz y de manera proporcional los derechos del accionante. Como se indicó páginas
atrás, los menoscabos sustanciales que el texto de opinión produce al buen
nombre del accionante, ocurren principalmente a partir de la relación que motores
de búsqueda de Internet hacen entre el peticionario y el artículo “El cartel
que robó a Bogotá”, cuando se digita su nombre en aquellos. El primer resultado que arroja el buscador Google, se refirió, es la columna
de opinión controvertida, con el citado título y el nombre del actor, junto a otras
personas que el texto también relaciona con los hechos ilícitos denunciados.
Estos resultados, a partir de la referida búsqueda, están disponibles desde el 23
de mayo de 2013, día en que se publicó el artículo, y se mantienen en el
presente.
Precisamente por lo anterior, no obstante haber
trascurridos más de dos años luego de la publicación original del texto, a
finales de 2015 el actor acudió ante el juez constitucional para la protección
de sus derechos y la procedencia del medio extraordinario se encontraba habilitada.
El impacto determinante que el artículo escrito por el columnista ocasiona a
los derechos fundamentales del accionante deriva de la permanente
disponibilidad y accesibilidad en Internet del contenido controvertido.
Específicamente, el perjuicio se sigue de la posibilidad de que, con el solo
ingreso del nombre del demandante en un motor de búsqueda, el lector puede ser
conducido a relacionar a Carlos Alberto Plata con los hechos ilícitos que
anuncia la columna “El cartel que robó a Bogotá”.
50. A partir de lo anterior, la Sala considera que la medida más
idónea para amparar el derecho al buen nombre del peticionario es aquella que
elimine la opción de que el sistema informático y, concretamente, motores de
búsqueda hagan la referida asociación equívoca, entre la columna periodística y
el nombre del demandante. Esta alternativa permite que la nota permanezca
publicada en la página web del Diario demandado, pero limita su difusión a través
de Internet, de manera que al digitarse el nombre del perjudicado en un buscador,
no se obtienen, dentro de los resultados, el texto escrito por el accionado, de
tal manera que el demandante tampoco puede ser relacionado con su título y
contenido. Así, no se anula ni se restringe desproporcionadamente el derecho a
la libertad de expresión del Diario y del columnista, pues el texto continua en
la página web del Diario, pero al mismo tiempo se protegen eficazmente los
derechos del accionante, pues su nombre en un buscador ya no conducirá a una
información que lo vincula injustificadamente con la comisión de actos ilícitos.
En la
Sentencia T-277 de 2015, en la cual se conoció un caso similar de afectación al
buen nombre, la Corte constató que por medio de herramientas técnicas es posible
mantener la publicación de un contenido informativo en una página web y, al
mismo tiempo, evitar que el dato negativo vulneratorio de los derechos de una
persona resulte accesible indiscriminadamente, a partir de la mera digitación
de su nombre en un buscador de Internet. Con base en las pruebas y la
información allegada al proceso de tutela, la Corte estableció que recursos
técnicos como “robots.txt” y “metatags”  u otras similares es
posible lograr un balance entre el derecho del medio de comunicación a publicar
la información cuestionada y el del perjudicado a su buen nombre[85].
De este modo,
los editores de las páginas pueden utilizar diferentes opciones para que sus
publicaciones no sean filtradas, ni obtenidas mediante motores de búsqueda. Por
esta razón, en el proceso que dio lugar a la Sentencia citada, así como en
otros similares, el conocido buscador Google ha señalado que con el fin de
evitar lo anterior, los propietarios de páginas web pueden desactivar las “etiquetas
o metatags”, utilizar los “protocolos de exclusión”, como “robots.txt”
o códigos como “noindex” o “no archive”[86].
Así, se neutraliza la posibilidad del libre acceso informaciones
específicas de una página web, a partir del nombre del perjudicado y, a la vez,
el editor del sitio web y el autor del contenido no se ven obligados a retirar
su texto.
51. En este orden de ideas, en el presente caso, aras de garantizar una
protección eficaz del derecho al buen nombre del peticionario y de salvaguardar
dentro de los límites anteriores el derecho a la libertad de expresión de los
demandados, la Sala ordenará al Diario El Espectador que, en el término de
cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo, a
través de herramientas técnicas como la desactivación de “etiquetas o
metatags”, o el empleo de “protocolos de exclusión”, como
“robots.txt” o códigos como “noindex” o “no archive”, así como
cualquier otro recurso informático, impida que, a partir de la digitación del
nombre del accionante en motores de búsqueda de Internet, se pueda acceder a la
columna “El cartel que robó a Bogotá”, escrita por Carlos Fernando Galán
Pachón y publicada el 25 de mayo de 2013. Esto, sin perjuicio de que el
artículo de opinión permanezca en la página web del Diario.
III. DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-   REVOCAR las
sentencias dictadas el veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016),
en primera instancia, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias de Bogotá, y el doce (12) de julio siguiente, en segunda instancia,
por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma
ciudad, mediante las cuales se declaró improcedente y se negó el amparo,
respectivamente.
Segundo.- CONCEDER el amparo solicitado y, en consecuencia,  ORDENAR
a el Diario El Espectador que, en el término de cinco (5) días hábiles
contados a partir de la notificación de este fallo, a través de herramientas
técnicas como la desactivación de “etiquetas o metatags”, el empleo de “protocolos
de exclusión”, como “robots.txt” o códigos como “noindex” o “no
archive”, así como cualquier otro recurso informático, impida que, a partir
de la digitación del nombre del accionante, “Carlos Alberto Plata Gómez”,
en motores de búsqueda de Internet, se pueda acceder a la versión digital de la
columna de opinión “El cartel que robó a Bogotá”, escrita por Carlos
Fernando Galán Pachón y publicada el 25 de mayo de 2013. Esto, sin perjuicio de
que el texto permanezca en la página web del Diario.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
María Victoria Calle Correa
Magistrada
Con
salvamento de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado (P)
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO
DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
A LA SENTENCIA
T-693/16
DERECHO A LA
LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE OPINION-Diferencias (Salvamento de
voto)
El problema que surge de la parte general es que me parece que esa
verificación del paso de la opinión a la información, cuando el acto
cuestionado es precisamente una columna de opinión no es tan sencillo.
Concretamente, exige una verificación muy profunda de las expresiones, acaso de
los actos de habla que tienen lugar en la columna y, supone, por lo tanto, una
actuación invasiva del juez de tutela.
DERECHO DE
OPINION-Debería haber una carga
argumentativa a favor de la libertad de opinión (Salvamento de voto)
Referencia.: Expediente T-5721946
Acción de tutela instaurada por Carlos Alberto Plata Gómez contra
El espectador y Carlos Fernando Galán Pachón
Magistrado Ponente:
Luis Ernesto
Vargas Silva
Con el debido respeto por las decisiones de la
Corte Constitucional, salvo mi voto, frente a la sentencia T-693 de 2016.
El 25 de mayo de 2013, Carlos
Fernando Galán publicó una columna de opinión del diario El Espectador
titulada: “El cartel que robó a Bogotá”, relacionada con las
irregularidades en las contrataciones en la administración de Samuel Moreno
Rojas.
En el inicio de la publicación,
el señor Galán señala que el conocimiento de los hechos de corrupción al
interior del distrito empezó “con rumores sobre quienes, al parecer, manejaban
la contratación en varias entidades claves del Distrito (…)”. En su
columna mencionaba nombres propios, entre ellos el del accionante. En los
párrafos restantes, el columnista hace referencia a varias irregularidades
halladas en la contratación, al modus operandi de algunos implicados y a
las investigaciones de la Fiscalía que se adelantan contra cada uno de los
personajes. En el resto de la publicación no se alude al accionante.
Por tal motivo, el actor solicitó
al Espectador y al autor de la columna la eliminación de su nombre de la nota,
pues según anota,  nunca ha sido contratista del distrito, ni tiene relación
con el grupo criminal que se apropió de las entidades. Incluso afirma que la
propia Fiscalía General “no encontró razón, ni indicio, ni argumento para
investigarlo”. Agrega que una solicitud presentó no fue respondida por el
periódico, ni por el columnista.
En la acción de tutela, solicitó
la protección de los derechos a la honra y al buen nombre, puesto que la
columna de opinión le ha causado serios perjuicios y ha contribuido a formar
falsas percepciones de su comportamiento.
El fallo revoca las sentencias
dictadas por los jueces de instancia que declararon improcedente la tutela. En
su lugar concede la protección y ordena a Carlos Fernando Galán Pachón que
dentro del término de 10 días, ajuste el texto de su columna de opinión, “de
manera que no se induzca a creer erróneamente a los lectores que Carlos Alberto
Plata Gómez fue contratista del Distrito y, por consiguiente, tomó parte en los
hechos ilícitos a los que se refiere su publicación, conforme a los términos
indicados en la sentencia. El accionado deberá prestar diligencia y cuidado de
que la columna no conserve ambigüedades que permitan interpretarla en el
sentido indicado.”
En cuanto a la procedencia formal
de la tutela, se establece que la acción cumple el requisito de la solicitud de
rectificación previa, corrección a que hace alusión el artículo 42.7 del
Decreto 2591 de 1991. Sobre la inmediatez, sostiene que la presentación de la
tutela fue oportuna, pues si bien la columna fue publicada en el mes de mayo de
2013 y la tutela se instauró años después (el proyecto no precisa esa fecha),
la vulneración persiste en la actualidad, como se constata al buscar el nombre
del accionante en google.
Se parte de la base en la
sentencia que la columna de opinión si bien no imputó al accionante ninguna
conducta punible, sí lo relacionó aunque de forma presunta, con la contratación
en el distrito, que en el contexto de la publicación estaba asociada a la
apropiación ilícita de recursos de la ciudad, desde el título mismo que se le
asignó (“el cartel que robó a Bogotá”). Conforme a esa interpretación,
se dice que el asunto a resolver se centra en determinar si, a pesar de que un
columnista no atribuya explícitamente a una persona la comisión de un delito,
su señalamiento, sin ulteriores clarificaciones, como presuntamente vinculado a
actividades que, en el contexto del artículo de opinión, se realizaron ilícitamente,
falta a la veracidad y como consecuencia, lesiona el derecho al buen nombre del
actor.
Para resolver el problema
planteado se hace refiere a la jurisprudencia constitucional sobre la libertad
de expresión en su sentido general y estricto; a la libertad de información y
su relación con los derechos al buen nombre y a la honra.
Respecto a la libertad de
información, se establecen algunas diferencias de este derecho con la libertad
de opinión, sosteniendo el fallo que mientras la libertad de opinión protege la
transmisión de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de
quien se expresa, en los que impera la subjetividad de quien escribe, la
libertad de información ampara la comunicación de versiones sobre hechos,
eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en
general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está
ocurriendo, y en desarrollo de los principios de veracidad e imparcialidad.
La sentencia reconoce las
dificultades que genera distinguir entre informaciones y opiniones, por lo que
propone utilizar los siguientes criterios de diferenciación: (ii) la finalidad
perseguida en el programa, (iii) la presentación gráfica de la publicación,
(iv) su extensión, (v) el uso de un tono frío y descriptivo o, al contrario,
subjetivo y valorativo, en el que prima la personalidad del autor, su estilo,
entendimiento y lenguaje particulares.
Se indica que la columna de
opinión no afirma expresamente que el tutelante haya sido parte del cartel,
pero sí utiliza los términos de “al parecer”, “según rumores”
para dar a entender que tenía relaciones contractuales con la administración
distrital. Se precisa también que la presunta vinculación no es descartada en
el desarrollo del texto y, al contrario, parece reforzarse por la circunstancia
de que tampoco dos de las otras cuatro personas citadas junto al peticionario,
como presuntos contratistas, son referenciadas en el resto del relato, pese a
que fue de conocimiento público su vinculación a los procesos judiciales en que
se investigaron y juzgaron tales hechos.
Así, se concluye en la
providencia que las afirmaciones contenidas en la columna, fundadas en rumores
y suposiciones, inducen decisivamente a considerar que el peticionario era en
efecto contratista de la ciudad y que su actividad estaba asociada a la comisión
de los hechos denunciados.
Como fundamento central de la
decisión se propone la distinción entre información y opinión, que va de la
mano con la obligación de respetar o no el deber de veracidad (este aplica sólo
en el primer ámbito) y se indica, acto seguido, que en ocasiones no es clara la
frontera entre uno y otro, al tiempo que se proponen algunos criterios para
evaluar cuándo ello ocurre.
Estas distinciones cobran
relevancia en el estudio del caso concreto pues, en efecto, se plantea que el
columnista pasó de la opinión a la información y que, en el marco informativo
desconoció su deber de veracidad.
El problema que surge de la parte
general es que me parece que esa verificación del paso de la opinión a la
información, cuando el acto cuestionado es precisamente una columna de opinión
no es tan sencillo. Concretamente, exige una verificación muy profunda de las
expresiones, acaso de los actos de habla que tienen lugar en la columna y,
supone, por lo tanto, una actuación invasiva del juez de tutela.
La segunda es que, aun en caso de
aceptar la distinción dogmática, no me parece que el examen del caso concreto
demuestre que se dio ese paso del nivel de opinión al informativo. Aunque
obviamente el columnista consigna opiniones fuertes e insinúa la realización de
actos muy delicados, también es claro que su artículo se hallaba en la sección
de opinión y que él habla en diversas ocasiones de sus percepciones, y no de su
interés por brindar un documento periodístico netamente informativo.
El problema final es que, una vez
más, si se acepta la posibilidad de que las columnas de opinión se conviertan
en información, entonces creo que sólo es posible dar lugar a una evaluación de
veracidad cuando no quepa duda de que el documento pasó de un ámbito a otro. Es
decir, creo que hay o debería haber una carga argumentativa a favor de la
libertad de opinión.
Me aparto por esta razón de la
decisión consignada en la sentencia, a propósito de conceder el amparo al
accionante.
Fecha ut supra
María Victoria Calle
Correa
Magistrada
[1] Sentencia T-1040 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Unánime.
[2] Ver Sentencia T-680 de 2015, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[3] Cfr. Sentencias T-914 de 2014, M. P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez.
A.V. Luis Ernesto Vargas Silva. T-904 de 2014, M. P., Luis Guillermo Guerrero
Pérez. Unánime. T-904 de 2013, M. P. María
Victoria Calle Correa. A.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-218 de 2009, M.
P., Mauricio González Cuervo. Unánime. T-634 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
Unánime. T-605 de 1998, M.P.
Antonio Barrera Carbonell. Unánime; T-611 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo. Unánime. En la Sentencia T-040 de 2013, (nota 81), la Corte afirmó: No
parece necesario demostrar el estado de indefensión en que se encuentra la
persona frente a los medios de comunicación. Es suficiente recordar que ellos
-analizada la situación desde el punto de vista de su potencialidad-, aparte de
la mayor o menor cobertura que puedan exhibir, ora en el ámbito nacional, ya en
el local, tienen el formidable poder del impacto noticioso; cuentan con la
capacidad de la presentación unilateral de cualquier acontecimiento; gozan de
la ventaja que representa la posibilidad de repetición y ampliación de las
informaciones sin límite alguno; manejan potentes instrumentos que pueden
orientar y condicionar las reacciones psicológicas del público, resaltar u
opacar datos e informaciones y, por si fuera poco, aún en el momento de cumplir
con su obligación de rectificar cuando hay lugar a ello, disponen del
excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar la rectificación y
contra-argumentar en el mismo acto, bien mediante las "notas de la
Redacción" en el caso de la prensa escrita, ya por conducto de los
comentarios o glosas del periodista en los medios audiovisuales, sin ocasión de
nueva intervención por parte del ofendido // Este conjunto de elementos
confiere a los medios incalculables posibilidades de apabullar al individuo,
dejándolo inerme frente a los ataques de que pueda ser objeto”. Este
planteamiento, indicó la Corporación, ha sido reiterado en las Sentencias T-
611 de 1992, cit., T-094 de 1995, José Gregorio Hernandez Galindo. Unánime.
T-066 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime. T-368 de 1998, M.P. Fabio
Morón Díaz. Unánime. SU 1721 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Unánime. T-213
de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Unánime. T-1198 de 2004, Rodrigo
Escobar Gil. Unánime. T-755 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería. Unánime. T-588
de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. Unánime.T-626 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Unánime. T-681 de 2007,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Unánime. T-219 de 2009, M.P. Mauricio
González Cuervo. Unánime.
[4] Cfr. Sentencias
T-219 de 2009, M.P. Mauricio González
Cuervo. Unánime. y T-611 de 1992, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo. Unánime. Esta consecuencia parece
ser inevitable y, de hecho, un elemento consustancial a la actividad
comunicativa misma en el marco de la libertad de expresión y, específicamente,
de la libertad de prensa. Correlativamente, esa relación desigual justifica que
el individuo pueda reclamar la protección de sus derechos a través de la acción
de tutela frente al particular que administra el medio de comunicación o al
autor de una publicación divulgada mediante los canales del medio. En la
Sentencia T-611 de 1992, cit., la Corte sostuvo: “por la función que
desempeñan los medios de comunicación y la naturaleza del oficio de informar en
las sociedades abiertas, la actuación de los medios es forzosamente pública y
unilateral: la restricción del carácter potencialmente masivo de los mismos
sería su negación; y la imposición de la aquiescencia previa del sujeto de
información, como condición para la publicación de una noticia, entrañaría
censura y vulneración del derecho constitucional de informar y ser informado.
Estos rasgos inherentes a la libertad de prensa potencian la situación de
desventaja del individuo frente a ellos, con riesgos para la efectiva defensa
de sus derechos”.
[5] La asimetría que pone en situación de
desventaja al individuo frente a los medios de comunicación fue subrayada en la
Sentencia T-219 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo. Unánime): “El
conflicto es inherente a la vida social, estando cualquier persona en
posibilidad, actual o potencial, de ser sujeto activo o pasivo de la
vulneración de los derechos. Con todo, en las relaciones sociales, determinados
individuos u organizaciones públicas o privadas ostentan posiciones de
supremacía o predominio, desde las cuales agencian fines colectivos y ejercen
controles recíprocos, con posibilidad de afectación de los derechos ajenos en
grados que están escapan al alcance del ciudadano común. Este tipo de poder
implica una desigualdad en la relación que se establece entre los que lo
detentan y los demás: «El poder siempre implica relaciones asimétricas (…), es
preciso enfatizarlo, siempre implica desigualdad» (COSER, Lewis A. The notion of power:
theoretical developments. In: COSER, L. A. y ROSENBERG, B. Sociological theory.
A book of readings. Nueva
York y Londres: Macmillan, 1976)”.
[6] La Corte ha considerado que este
requisito pretende conceder al medio la oportunidad para que rectifique o aclare
la información divulgada antes de formularle un conflicto judicial, pues el
principio de buena fe implica contemplar la posibilidad de que no haya habido
intención o voluntad de agravio. A este respecto, ver las Sentencias T-914 de
2014, M.P. (e) Martha Victoria Sáchica Méndez. AV. Luis Ernesto Vargas Silva.
T-904 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa. A.V. Luis Guillermo Guerrero
Pérez. T-074 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Unánime, y T-512 de
1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Unánime.
[7] Sentencia T-219 de 2009, M.P. Mauricio
González Cuervo. Unánime.
[8] Sentencia T-074 de 1995, José Gregorio Hernández Galindo. Unánime, reiterada en la Sentencia T-219 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. Unánime.
[9] En la Sentencia T-219 de 2009, cit., la
Corte señaló que luego de analizar la efectividad de los diversos instrumentos
previstos en el ordenamiento jurídico para perseguir la responsabilidad penal y
civil del agresor y defender los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre, era “pertinente el amparo constitucional como medio de protección,
en la medida en que algunas conductas, en desarrollo de la libertad de
información o de opinión, pueden significar la afectación de estos derechos sin
que se presente animus injuriandi propio del ordenamiento penal”. Cfr. Sentencias  T-219 de 2009, cit.,
T-260 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. T-546 de 2010, M.P. Mauricio
González Cuervo. Unánime. T-040 de 2013, T-256 de
2013 y T-143 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo. A.V. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[10] Ver Corte Constitucional. Sentencias
C-255 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Unánime, T-622 de 1995, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime, entre otras sentencias.
[11] Cfr. Sentencias T-512 de 1992, cit., T-323 de 1993,
M.P. Jorge Arango Mejía. Unánime. T-259 de 1994, José Gregorio Hernández
Galindo. Unánime. T- 472 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime. T-260
de 2010, cit., y T-914 de 2014, cit.
[12] Cfr. Sentencias T-900 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. T-541 de
2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. SV Álvaro Araujo Rentería. AV. Nilson
Pinilla Pinilla. T-950 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Unánime, y T-425 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[13] Reiterada
en la Sentencia T-260 de 2010, cit.
[14] Sentencia T-185 de 2007, M.P. Jaime
Araujo Rentería. Ver, entre otras, las Sentencias SU-961 de 1999, T-905 de
2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Unánime. T-1000 de 2006, M.P. Jaime
Araújo Rentería. Unánime. T-1050 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería. Unánime,
y T-260 de 2010, cit.
[15] Sentencia T-403 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Unánime, reiterada en la Sentencia T-040 de 2013. En la misma
decisión, la Corte indicó: “Sin una comunicación pública libre quedarían
vaciados de contenido real otros derechos que la Constitución consagra,
reducidos a formas hueras las institucionales representativas y participativas
y absolutamente falseado el principio de la legitimidad  democrática”. Ver,
del mismo modo, Sentencia T-688 de 2015, M.P. (e) Myriam Ávila Roldán. AV. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[16] Cfr.
Sentencias T-213 de 2004,
cit., C-010 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, SPV. Álvaro Tafur
Galvis, Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández Galindo. AV. Carlos
Gaviria Diaz. C-431 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SPV. Jaime Araújo
Rentería, Rodrigo Escobar Gil, Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas
Hernández.
[17]  Sentencia T-1198 de 2004, cit.,
reiterada en las Sentencias T-325 de 2011 y T-040 de 2013, cit.
[18] En la Sentencia C-650 de 2003, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa. Unánime., la Corte puso de manifiesto la
importancia de la libertad de expresión y los medios de comunicación para el
control social de la gestión estatal: “[e]ste papel lo desempeñan los medios
haciendo visibles, describiendo, evaluando y criticando los diferentes procesos
y gestiones sociales y estatales. La defensa del erario público y del medio
ambiente, o la lucha contra la corrupción y la impunidad, son sólo algunos de
los campos en los que la labor de los medios de comunicación es indispensable
en una sociedad democrática”.
[19] En
la Sentencia C-650 de 2003, cit., la Corte indicó: “La libertad de expresión
permite que las personas protesten de forma pacífica frente a las actuaciones
arbitrarias, inconvenientes o abusivas del Estado. Tal actitud contribuya a
disuadir a los gobernantes de conductas contrarias al bien común. Una sociedad
democrática, respetuosa del principio de la libertad de expresión, permite a
los ciudadanos que se expresan poner sobre aviso al resto de la comunidad
acerca de aquellas actuaciones estatales que sean reprochables e inaceptables.
Además, la probabilidad de que un abuso sea conocido, divulgado y criticado
desestimula a quienes ejercen algún poder de incurrir en excesos o atropellos”.
[20] Sentencia
T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil. Ver, así mismo, la Sentencia T-219 de 2009, cit., y
T-135 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime.
[21] En
la Sentencia T-391 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Unánime) la
Corte estableció que del artículo 20 C.P., sistemáticamente interpretado a la
luz de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que forman parte
del bloque de constitucionalidad, se derivan los siguiente once elementos
normativos: “(a) La libertad de expresar y difundir el propio pensamiento,
opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de
cualquier medio de expresión –sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico,
electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser
molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de
expresión stricto senso, y tiene una doble dimensión – la de quien se expresa,
y la de los receptores del mensaje que se está expresando.  (b) La libertad de
buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole,
que junto con la libertad de informar y la de recibir información, configura la
llamada libertad de información. (c) La libertad de informar, que cobija tanto
información sobre hechos como información sobre ideas y opiniones de todo tipo,
a través de cualquier medio de expresión; junto con la libertad de buscar
información y la libertad de recibirla, configura la llamada libertad de
información. (d) La libertad y el derecho a recibir información veraz e
imparcial sobre hechos, así como sobre ideas y opiniones de toda índole, por
cualquier medio de expresión. Junto con los anteriores elementos, configura la
libertad de información. (e) La libertad de fundar medios masivos de
comunicación. (f) La libertad de prensa, o libertad de funcionamiento dichos
medios masivos de comunicación, con la consiguiente responsabilidad social. (g)
El derecho a la rectificación en condiciones de equidad. (h) La prohibición de
la censura, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos,  (i) La prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del
odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y la Convención internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial, (j) La prohibición de
la pornografía infantil, y (k) La prohibición de la instigación pública y directa
al genocidio”. Fallo reiterado en las Sentencias T-040 de 2013, cit., T-135
de 2014, cit., y T-219 de
2009, cit., entre otras.
[22] Sentencias T-588 de 2015, M.P. María
Victoria Calle Correa. Unánime. T-731 de 2015, M.P. (e) Myriam Ávila Roldán.
AV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. T-135
de 2014, cit., T-914 de 2014, cit., T-040 de 2013, cit., y T-1198 de 2004, cit.
[23] La libertad de expresión en sentido
escrito puede, por ello, considerarse el vehículo para transmitir un producto
netamente personal, una construcción que obedece a la autonomía del sujeto, a
su propia capacidad de razonar, de adoptar perspectivas individuales y
opiniones frente al medio que lo rodea, de autorreconocerse y exteriorizar
signos de su individualidad. En la
Sentencia C-488 de 1993, se afirmó: “Lo que el sujeto puede expresar no
necesariamente tiene que estar sometido a la imparcialidad ni contener una
verdad, porque perfectamente puede el ser humano expresar todo lo que su
ingenio e imaginación produzcan, mientras dicha expresión no lesione derechos
ajenos, ni vaya contra el orden público o el bien común. El derecho a la
libertad de expresión se funda en la autonomía de la persona humana, tanto de
su voluntad  como de su entendimiento. Además, es una expresión de la
comunicabilidad natural entre los seres humanos. El hombre necesita expresar
sus pensamientos y sentimientos”.
[24] Sentencia
T-391 de 2007, cit. En este fallo la Corte analizó si el vocabulario, a veces
de contenido sexual, utilizado recurrentemente en un programa radial que se
transmitía en las mañanas y cuya audiencia, al parecer, estaba compuesta por
jóvenes y adolescentes, se encontraba cubierto por el derecho en mención o
comportaba un exceso. La Corte consideró que las expresiones de contenido sexualmente
explícito, soez o chocante, cuando se difunden públicamente a través de los
medios de comunicación, gozan de protección constitucional por las libertades
de expresión, información y prensa, aunque precisó que admiten un mayor margen
de regulación para efectos de armonizar su ejercicio con el de los derechos
ajenos que pueden verse afectados, con arreglo a elementos como el impacto del
medio de comunicación y las características de la audiencia a la cual se
dirige. Con todo, indicó que las limitaciones a su ejercicio deben superar tres
estrictas cargas constitucionales –definitoria, argumentativa y probatoria-,
respecto del cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones de la
regulación a adoptar: (1) estar previstas de manera precisa y taxativa por la
ley o (2) perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas definidas de
manera concreta y específica en atención a las circunstancias del caso, (3) ser
necesarias para el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no
previas a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo
cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la
expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de
este derecho fundamental, es decir, ser proporcionada. En el caso concreto, la
Corte encontró que la restricción impuesta a la libertad de expresión del medio
de comunicación que había dado lugar a la acción de tutela no había superado el
mencionado test y, como consecuencia, concedió el amparo. Con todo, ordenó a la
cadena radial poner marcha un proceso de autorregulación, en ejercicio de su
autonomía, que hiciera manifiesta su responsabilidad social al ejercer su
libertad de expresión en tanto medio de comunicación de alto impacto y
cobertura, en particular en relación con los menores de edad que podían formar
parte de su audiencia en las horas en que se transmitía el programa
cuestionado.
[25] Sentencia
T-391 de 2007, cit.
[26] De acuerdo con la Sentencia T-391 de
2007, cit. son modalidades de la libertad de expresión que permiten ejercer
otros derechos constitucionales específicos: (a) la correspondencia y demás
formas de comunicación privada, (b) los discursos estéticos, morales, emotivos
o personales, manifestados a través de expresiones verbales, artísticas, o de
conductas simbólicas o expresivas, sin perjuicio de la protección
constitucional explícita de la libre expresión artística; (c) la exposición de
convicciones y la objeción de conciencia; (d) el discurso religioso; (e) el
discurso académico, investigativo y científico; (f) las expresiones realizadas
en el curso de manifestaciones públicas pacíficas; (g) el discurso cívico o de
participación ciudadana, y (h) el discurso de identidad, que expresa y refuerza
la propia adscripción cultural y social.
[27] Ibíd.
[28] Ver, a este respecto, Sentencias T-731 de 2015, cit.,
T-688 de 2015, cit., T-135 de 2014, cit., y T-040 de 2014, M.P. Mauricio
González Cuervo. Unánime, y SU-056 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Unánime.
La libertad de información, por la misma razón, supone un uso
preponderantemente informativo del lenguaje y exposiciones construidas
mediante enunciados descriptivos. Por otro lado, la Corte ha considerado que la
posibilidad de la informarse y comunicarse entre sí es una facultad inherente a
la condición humana. En la Sentencia C-488 de 1993, cit., la  Sala Plena
indicó: “Es un derecho que expresa la tendencia natural del hombre hacia el
conocimiento. El ser humano está abierto a la aprehensión conceptual del
entorno para reflexionar y hacer juicios y raciocinios sobre la realidad. Es en
virtud de esta tendencia que a toda persona se le debe la información de la
verdad, como exigencia de su ser personal”.
[29] Sentencia
C-488 de 1993, cit. En la Sentencia SU-1723 de 2000, (M.P. Alejandro Martínez
Caballero. Unánime), la Corte indicó: “Recuérdese, sin embargo, que el
derecho a la información es de doble vía, característica trascendental cuando
se trata de definir su exacto alcance: no cobija únicamente a quien informa
(sujeto activo), sino que cubre también a los receptores del mensaje
informativo (sujetos pasivos), quienes pueden y deben reclamar de aquel, con
fundamento en la misma garantía constitucional, una cierta calidad en la información”.
En el mismo sentido, ver las Sentencias T-914 de 2014, cit., T-256 de 2013,
cit., T-040 de 2013, cit., T-219 de 2009, cit., T-391 de 2007, cit., T-588 de
2006, cit., T-1198 de 2004, cit., T-921 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Unánime. T-235A de 2002, Eduardo Montealegre Lynett, Unánime. T-036 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil, Unánime. T-634 de 2001, cit., T-552 de 1992, M.P.
Fabio Morón Díaz, SU-56 de 1995, cit., T-605 de 1998, cit., y SU-1723 de 2000,
cit.
[30] Ver las Sentencias T-731 de 2015, cit.,
T-040 de 2013, cit., T-074 de 1995, cit., T-104 de 1996, M.P. Carlos Gaviria
Díaz. SV. Hernando Herrera Vergara. SU-056 de 1995, cit., T-391 de 2007, cit.,
y T-496 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Unánime. “Se observa en este
artículo 20 superior que la libertad de información se constituye en un derecho
fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica
obligaciones y responsabilidades. Es pues un derecho-deber, esto es, un derecho
no absoluto sino que tiene una carga que condiciona su realización”(Sentencia
C-033 de 1993, M.P. Alejandro Martinez Caballero. SV. Ciro Angarita Barón, AV.
José Gregorio Hernández Galindo).
[31] Los límites para quien ejerce, desde el
punto de vista activo, el derecho de informar, en el marco de la relación
bilateral que supone esta prerrogativa, fueron puestos de manifiesto en la
Sentencia T-512 de 1992, cit., reiterada en la Sentencia T-074 de 1995, cit.: “no
siendo un derecho en un solo y exclusivo sentido, la confluencia de las dos
vertientes, la procedente de quien emite informaciones y la alusiva a quien las
recibe, cuyo derecho es tan valioso como el de aquél, se constituyen en el
verdadero concepto del derecho a la información. En el mismo aparece, desde su
misma enunciación, una de sus limitantes: el derecho a informar llega hasta el
punto en el cual principie a invadirse la esfera del derecho de la persona y la
comunidad, no ya únicamente a recibir las informaciones sino a que ellas sean
veraces e imparciales. De donde surge como lógica e ineluctable consecuencia
que las informaciones falsas, parciales o manipuladas no corresponden al
ejercicio de un derecho sino a la violación de un derecho, y como tal deben ser
tratadas desde los puntos de vista social y jurídico”.
[32] En la Sentencia C-033 de 1993, cit., la Corte indicó: “-La
información es cierta cuando ella dice la verdad, esto es, cuando ella tiene
sustento en la realidad //. -La información es objetiva cuando su forma de
transmisión o presentación no sea sesgada, tendenciosa o arbitraria. Como lo ha
establecido la Corte Constitucional, es necesario que la información «se halle
despojada de toda manipulación o tratamiento arbitrario; libre de inclinación
tendenciosa y deliberada; ajena a la pretensión de obtener de las informaciones
efectos normalmente no derivados de los hechos u opiniones que las configuran,
considerados en sí mismos, sino del enfoque usado por el medio para
distorsionarlas» (Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.
Sentencia N° T-512 de septiembre 9 de 1992). // - Y la información es oportuna
cuando entre los hechos y su publicación existe inmediación, esto es, que no
medie un lapso superior al necesario para producir técnicamente la información,
o bien que entre el hecho y su publicación no transcurra un período tal de
tiempo que la noticia carezca de incidencia e interés, pasando de ser
"noticia" a ser historia. // De conformidad con las tres
características anteriores, «el de la información es un derecho de doble vía
-sostiene la Corte Constitucional-, en cuanto no está contemplado, ni en
nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola
posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al
receptor de las informaciones y, más aún, las normas constitucionales tienden a
calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a
recibir las informaciones que le son enviadas» (ídem)”.
[33] Ver sentencias T-650 de 2003, M.P.
Alberto Rojas Ríos, SV. Luis Ernesto Vargas Silva. SU-1723 de 2000, cit., T-391
de 2007, cit., T-074 de 1995, cit., T-260 de 2010, cit., T-040 de 2013, cit.,
T-135 de 2014, cit., T-914 de 2014, cit., T-688 de 2015, cit., y T-731 de 2015,
cit., entre muchas otras.
[34] Sentencia
T-391 de 2007, cit.
[35] Ver Sentencias  T-080 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime. T-074 de 1995, cit., T-040 de 2013, cit.,  y T-135 de 2014, cit.
[36] Sentencias T-040 de 2013, cit., T-080 de
1993, cit., y T-074 de 1995, cit.
[37] Sentencias T-298 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime, y T-295 de 2014,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Unánime.
[38] Sentencia T-040 de 2013, cit., y T-914 de
2014, cit.
[39] En la Sentencia T-369 de 1993, (M.P. Antonio Barrera
Carbonell. Unánime) la Corte consideró desconocido el principio en mención por
un periodista que en un programa radial de noticias transmitido en las mañanas
afirmó que el Ministro accionante había reconocido ante la Comisión Quinta del
Senado la evasión de más de 132 millones de pesos en impuestos, pese a que,
como se probó con las evidencias presentadas dentro del proceso de tutela, se
trataba de una información errónea.
[40] Sentencia
T-260 de 2010, cit., reiterada en las Sentencias T-914 de 2014, cit., T-135 de
2014, cit. En la Sentencia SU-1723 de 2000, cit., se indicó: “[d]e cualquier
manera, la garantía esencial del derecho a la información no puede cobijar a
quienes actúan con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado y con
negligencia e irresponsabilidad al transmitir como ciertos, hechos o
situaciones carentes de constatación durante el proceso comunicativo.  Ello
vulnera el derecho de los sujetos pasivos a recibir una información acertada.
Naturalmente, esta verificación no se cumple con la pura y simple remisión a
fuentes indeterminadas, sino que es necesaria una tarea acuciosa por parte del
informador para asegurar la verosimilitud de la misma”. Es relevante
observar, sin embargo, que la Corte es consciente que el deber de verificación
previa que pesa sobre quien ejerce su derecho a informar puede tener
excepciones tratándose de algunos ámbitos pertenecientes a la esfera más íntima
del individuo: “(…) En estos términos, una injerencia podrá alcanzar
aspectos de la vida en ámbitos usualmente reservados como la casa o el ambiente
familiar: allí hay una intensa protección constitucional pero eventualmente
podrá haber una inspección legítima.  Sin embargo, jamás será admisible una
intromisión en la órbita de la esfera privada más íntima, esto es, pensamientos
o sentimientos más personales y autónomos del individuo que solo expresa a
través de medios muy confidenciales como cartas o diarios estrictamente
privados, porque ello constituye el ámbito irreductible de este derecho, no
susceptible de ser afectado”. Desde otro punto de vista, en cuanto al deber
de verificación del comunicador, la Corte ha sostenido que en todo caso se
presume su buena fe y, por lo
tanto, si una persona alega vulneración de sus derechos por la difusión de una
información falsa, está en el deber de probarlo. Al mismo tiempo, la buena fe
del periodista tampoco descarta la posibilidad del error, incluso si ha
cumplido con la obligación de verificación de la información, dada la misma
naturaleza dinámica de su labor. Por lo cual, el juez de tutela debe constatar
en cada caso si el medio de comunicación ha incurrido en un error evidente o si
existen elementos que permitan desvirtuar la presunción de buena fe del
comunicador. Sentencia T-260 de 2010, cit. Ver, así mismo, la Sentencia SU-056
de 1995, cit.
[41] Cfr. Sentencias  T-259 de 1994, cit.,
SU-1720 de 2000, M.P. Alejandro Martinez Caballero. Unánime. T-298 de 2009,
cit., T-439 de 2009 y T-040 de 2013, cit., T-731 de 2015, cit., T-914 de 2014,
cit., T-135 de 2014, cit., y T-688 de 2015, cit., La Corte ha considerado, con
todo, que en algunos supuestos el medio de comunicación puede limitarse a
reproducir denuncias que le merecen alto grado de credibilidad y que en sí
mismas son noticiosas, sin que del hecho de la denuncia se deduzca una
imputación directa originada por el propio medio o de la cual éste sea
responsable. Esto es lo que sucedería con la transmisión en directo de
denuncias públicas o el reportaje de investigación sobre un hecho delictivo
grave que se hubiere producido en lugares apartados a los cuales el periodista
no pueda acceder. Ver, a este respecto, la Sentencia T-298 de 2009, cit.
[42] Sentencias T-626 de 2007, cit. Ver, así mismo, las
sentencias T-298 de 2009, cit., T-512 de 1992, cit., T-050 de 1993, M.P. Simón
Rodríguez Rodríguez. Unánime. T- 563 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Unánime. T- 080 de 1993, cit., T-369 de 1993, cit., T-602 de 1995, M.P. Carlos
Gaviria Díaz. Unánime. T- 472 de 1996, cit., C-010 de 2000, cit., T-634 de
2001, cit., T-1319 de 2001, M.P. (e) Rodrigo Uprimny Yepes. Unánime. T-787 de
2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. T-1198 de 2004, cit., T- 080 de 1993, cit.
[43] Ver
las Sentencias T-934 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. Unánime. T-1600 de
2000, M.P. Fabio Morón Díaz. Unánime. T-1225 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Unánime. T-1198 de 2004, cit., T-003 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo. Unánime,
y T-1225 de 2003, cit. De la misma manera, la Corte ha establecido que la
obligación de divulgar de forma objetiva la información no significa que los medios
estén obligados a presentar las noticias como relatos puros sobre los hechos
acaecidos, pues la libertad de opinión de los periodistas y la defensa del
pluralismo autorizan que los medios valoren de determinada manera lo sucedido.
El deber constitucional que les impone en desarrollo del principio de
veracidad, ha destacado la Corte, “consiste en que tales valoraciones no
deformen la divulgación de las informaciones sobre los sucesos, ni induzcan a
error al receptor de la noticia”. Sentencia C-010 de 2000, cit., reiterada
en la Sentencia T-040 de 2013, cit.
[44] En
la Sentencia T-602 de 1995, cit., la Corte conoció un caso que exhibía un
problema similar al de las columnas periodísticas, al mezclar hechos y
opiniones. Un comentarista deportivo afirmó en un noticiero que existían denuncias de irregularidades contra el
Presidente de la Liga de Ajedrez de Bogotá, con base en una carta, sin firmas,
que había llegado a sus manos y a partir de lo que le habían dicho
personalmente algunos ajedrecistas a quienes, según dijo, había consultado.
Luego de indicar lo anterior, manifestó: "Investigamos y consultamos, y
hemos llegado a una conclusión: Juan Minaya (el presidente de la Liga) debe
irse con sus trebejos a otro lado, y darle paso a los mismos practicantes que
no le creen, y lo peor, no lo quieren".   El noticiero demandado
sostenía que lo dicho por su comentarista deportivo, por tratarse de una
opinión, a diferencia de las informaciones, no estaba sujeto a rectificación.
Por el contrario, la Corte consideró que el periodista inició relatando unas
actuaciones improbadas, afirmó luego haberlas investigado y, a renglón seguido,
emitió una opinión desfavorable sobre la permanencia en el cargo de la persona
implicada en los hechos denunciados, con lo cual insinuó la confirmación de
éstos, pues dio a entender que su opinión era consecuencia directa de los
hechos que investigó, pese a que en realidad no había llevado a cabo labor de
comprobación alguna. De modo que, indicó la Corte, “quien escucha la
noticia, razonable y lógicamente puede concluir que Juan Minaya sí incurrió en
las conductas que se le endilgan”.
Como consecuencia, amparó los derechos a la honra y buen nombre del Presidente
de la Liga y ordenó al medio rectificar la información, en el sentido de que la
denuncia publicada no había sido comprobada por el medio y tampoco se tenían
pruebas al respecto.
[45] Ver Sentencias T-213 de 2004, cit.,
SU-1721 de 2000, cit., T-048 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz. Unánime. T-602 de
1995, cit., y T-1319 de 2001, cit.
[46] Sentencia SU-1721 de 2000, cit.
[47] Sentencia T-256 de 2013, cit., reiterada en la
Sentencia T-914 de 2014, cit. En la Sentencia T-066 de 1998, cit., se indicó: “Hacer
que el receptor de la información considere verdadero algo que aún no ha sido
establecido, merced al uso sesgado de titulares, comentarios, interrogantes, o
inferencias periodísticas puede conducir a defraudar a la comunidad, en cuanto
se le trasmite información errónea o falsa. Ha indicado además, que la tarea
fiscalizadora que cumplen  los medios en un sistema democrático, no puede
desarrollarse adecuadamente si ellos se conforman con las informaciones que le
suministren los interesados en un litigio. Su misión exige que indaguen siempre
más allá”.
[48] Sentencia T-066 de 1998, cit., reiterada en la Sentencia T-040 de 2013, cit. En la Sentencia T-626 de 2007, cit., la
Corte conoció el caso de un noticiero que cuestionó la legalidad de un contrato celebrado por el accionante en
su condición de agente especial de las Empresas Públicas de Cali, calificó su
actuación de inmoral y afirmó la estructuración de  algunos delitos sin existir
pronunciamiento judicial que así lo declarara. La información había sido
encabezada por el anunció “nuevos datos” sobre la “escabrosa historia de la
estafa a las empresas públicas de Cali”. La Corte consideró que el noticiero
estaba en su derecho y aún en su deber de informar sobre los hechos objeto de
investigación, pero debió limitarse a hacer la exposición objetiva de los
mismos y no emitir una calificación jurídica que no se había producido. La
Corporación subrayó que los hechos fueron calificados de “escabrosa historia
de estafa” y que incluso se hizo referencia a una investigación “por
peculado” relacionada con hechos distintos a los que eran objeto del
informe periodístico, lo cual había conducido a la transmisión de una
información errónea y falsa. Así mismo, afirmó que se había vulnerado el
principio de veracidad al proporcionar una información incompleta, pues el noticiero omitió
informar que existía una sentencia de la jurisdicción contencioso
administrativa sobre la legalidad del contrato cuestionado, pese a que le había
sido puesta de presente oportunamente por el demandante y se trataba de un elemento
relevante en el debate sobre la legalidad del proceso de adjudicación.Ver, así mismo, las Sentencias T-040 de 2013, cit., T-391 de 2007, cit., T-588 de
2006, cit., T-921 de 2002, cit., T-235A de 2002, cit., T-036 de 2002, cit.,
T-634 de 2001, cit., SU-1723 de 2000, cit., T-626 de 2007, cit., y T-259 de
1994, cit.
[49] Sentencia T-259 de 1994, cit., reiterada
en la Sentencia T-1225 de 2003, cit.
[50] Sentencias
T-259 de 1994, cit.
[51] En
la Sentencia T-040 de 2013, cit., la Corte analizó el caso de una persona a
quien se le había investigado por contravenciones relacionadas con el uso y
construcción irregulares de pistas de aterrizaje, luego del hallazgo de una aeronave abandonada, al parecer con
elementos para la elaboración de estupefacientes, en una pista que el
investigado, junto con otra persona, tenían en calidad de arrendatarios.
Mientras se adelantaba la investigación, un Diario publicó la noticia titulada “Los hombres de la mafia de
los Llanos” en la que se le vinculaba al actor con  “el cartel de los Llanos”.
Con posterioridad fue dictada cesación de procedimiento a favor de aquél y, sin
embargo, el Diario mantuvo publicado el artículo, pese a haberle agregado una
nota actualización relacionada con la finalización del proceso para el actor.
La Corte consideró que, pese a lo anterior, debido a la forma en que permanecía presentada la noticia y a que,
sin ninguna explicación clara y suficiente, se relacionaba el nombre del actor
con el contexto del tráfico de narcóticos en los Llanos, desconocía el
principio de veracidad de la libertad de la información y vulneraba sus
derechos fundamentales al buen nombre y a la honra. Sostuvo que la noticia no aclaraba específicamente las
circunstancias y razones por las cuales se relacionaba allí al peticionario y
consideró que con el titular se inducía a los lectores a creer que hacía parte
a una cartel de la mafia en los Llanos, sin hacer alusión a la investigación
penal que llevaba la Fiscalía en ese entonces contra el accionante, con el
objeto de sustentar las afirmaciones. La Corte estimó entonces procedente la
rectificación y ordenó al medio precisar en la nota las razones por las cuales fue nombrado el actor y, si es
del caso, relacionara el proceso en el que se declaró cesado el procedimiento
por prescripción, con el contexto descrito en el artículo, y señalara las
circunstancias-base de sus afirmaciones.
[52] Sentencia
T-259 de 1994, cit.
[53] Sentencia T-688 de 2015, cit.
[54] Esto
hace posible el denominado “equilibrio informativo” en un contexto en el que
los medios  de comunicación gozan de un enorme poder de difusión e influencia
y, al tiempo, desempeñan un papel fundamental en la construcción de opinión
pública. En la Sentencia T-213 de 2004, cit., se indicó: “[t]ratándose de
medios masivos de comunicación, el poder social que ostentan tales medios
obliga a establecer mecanismos que aseguren el equilibrio informativo. Este
equilibrio se logra de varias maneras y, en casos extremos, obliga a considerar
la posibilidad de que el afectado por la opinión pueda presentar su propia
versión. Sólo así se logra que la posición del medio no totalice la visión de
la realidad y, en su lugar, se convierta en vehículo de la formación de
opiniones sociales. En este sentido, la responsabilidad social de los medios de
comunicación adquiere una connotación positiva, en tanto que canales de
expresión de ideas y visiones de mundo”. Ver, en el mismo sentido, las
sentencias T-1319 de 2001,
cit., T-213 de 2004, cit., T-391 de 2007, cit., y T-135 de 2014, cit.
[55] Sentencias T-260 de 2010, cit., T-066 de
1998, cit., T-219 de 2009, cit., T-080 de 1993, cit., y T-219 de 2009, cit.
[56] Sentencias
T-626 de 2007, cit., T-260 de 2010, cit., T-135 de 2014, cit.
[57] Sentencia
T-080 de 1993, cit., reiterada en la Sentencia T-298 de 2009, cit.
[58] Ibíd. Ver, así mismo las Sentencias
SU-1723 de 2000, cit., T-135 de 2014, cit., T-914 de 2014, cit., T-260 de 2010,
cit., C-010 de 2000, cit.
[59] En la Sentencia T-626 de 2007, cit., sobre el caso del noticiero que
cuestionó la legalidad de un
contrato celebrado por el accionante en su condición de agente especial de las
Empresas Públicas de Cali (ver supra nota 48), la Corte también
consideró que el medio había desconocido la exigencia de imparcialidad y se
había apartado del deber de fiscalización sobre los hechos de interés público
que le es inherente a su misión informativa, pues no llevó a cabo una
constatación previa de la información de carácter delictual divulgada. Sostuvo
que el medio había conocido la información publicitada a través de quien había
formulado la denuncia y se plegó a esta versión, pese a que correspondía solo a
una de las partes interesadas, y no la contrastó con la parte acusada ni con
terceros que tuvieran un conocimiento directo sobre los hechos. De igual forma,
en la Sentencia T-066 de 1998, cit, la
Corte examinó la presunta vulneración del derecho al buen nombre de un Alcalde
mencionado en un artículo de una revista titulado “Los alcaldes de la
guerrilla”. El medio señalaba a 138 alcaldes del país, entre ellos al
peticionario, de tener vínculos directos con la subversión, basado en un
documento de inteligencia militar. La Corte constató que el medio no tenía
pruebas ulteriores de sus afirmaciones y consideró que su obligación de
imparcialidad exigía que hubiera intentado establecer la veracidad de esas
denuncias y haberse esforzado por contrastarlas con la versión de las personas
objeto de las sindicaciones. Como consecuencia, concedió el derecho a la
rectificación y ordenó a la revista aclarar que no poseía pruebas sobre lo
afirmado, reconocer la equivocación en el manejo de la noticia y publicar la
rectificación en una sección tan destacada como el artículo objeto de
debate.
[60] Sentencia
T-1198 de 2004, cit.
[61] Sentencia
C-080 de 1993, cit., reiterada
en las Sentencia SU-1723 de 2000, cit., y T-219 de 2009, cit. En el primer
fallo, la Corte también afirmó: “La peculiar presentación de la información
- mezcla de hechos y opiniones - entraña inexactitud si al público en general
no le es posible distinguir entre lo realmente sucedido y las valoraciones o
reacciones emocionales que los hechos acaecidos suscitan en el intérprete y
comunicador de la información. Los actos de deformar, magnificar, minimizar,
descontextualizar o tergiversar un hecho pueden desembocar en la inexactitud de
la información al hacer que la apariencia sea tomada como realidad y la opinión
como verdad, ocasionando con ello un daño a los derechos fundamentales de un
tercero.// La inexactitud de la información solamente tiene trascendencia
jurídica y da lugar a una rectificación si la presentación simultánea de hechos
y opiniones en una noticia tiene consecuencias desproporcionadamente lesivas
para la persona pública objeto de la información”. Ver, también, las Sentencias T-1198 de 2004, cit., y
SU-1721 de 2000, cit.
[62] Sentencia SU-1723 de 2000, cit., reiterada
en la Sentencia T-135 de 2014, cit.
[63] Sentencia C-010 de 2000, cit., reiterada
en la Sentencias T-135 de 2014, cit.
[64] Sentencia
T-1198 de 2004, cit., reiterada en la Sentencias T-914 de 2014, cit., y T-135 de 2014, cit.
[65] Las
subreglas fueron recogidas en la Sentencia T-626 de 2007. Sin embargo, también
pueden observarse las Sentencias T-260 de 2010, cit., T-074 de 1995, cit., T-512
de 1992, cit., T-626 de 2007, cit., T-274 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.
Unánime. T-332 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Unánime. T-603 de
1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez. Unánime. T-135 de 2014, cit., T-274 de
1993, cit., T-479 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Unánime. T-369
de 1993, cit., T-595 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime. T-381 de
1994, M.P. Hernando Herrera Vergara. Unánime. T-472 de 1996, cit., T-1198 de
2004, cit., T-787 de 2004, cit., T-050 de 1993, cit., SU-056 de 1995, cit., T-437
de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Unánime. T-626 de 2007, cit., T-066
de 1998, cit., T-074 de 1995, cit., y T-259 de 1994, cit., entre muchas
otras.
[66] Sentencia T-066 de 1998, cit. En la
Sentencia T-135 de 2014, cit., la Corte consideró que, desde el punto de vista
constitucional, no podía admitirse como rectificación en condiciones de equidad
la lectura que un medio de comunicación hizo de una carta del afectado luego de
haber informado con anterioridad una noticia que lo vinculaba manipulaciones a
estudiantes de una institución educativa oficial, con fines electorales. La
Corte recordó que es el comunicador quien debe reparar los perjuicios y no el
mismo sujeto afectado quien deba defenderse de la agresión con un escrito de
réplica.
[67] Sentencia T-074 de 1995, cit.
[68] Sentencias T-050 de 1993, cit., SU- 056
de 1995, cit., y T-437 de 2004, cit.
[69] Ibíd.
[70] En la Sentencia T-260 de 2010, cit., se
afirmó: “Esta pauta elemental de la jurisprudencia, se limita a recoger la
experiencia más que centenaria de las sociedades libres, en las que circula el
adagio propio del oficio de la comunicación social: el comentario es libre, la
información es sagrada. Siendo el derecho de información del comunicador
correlativo con el derecho a recibir información “veraz e imparcial”, como
manda la Carta, la rectificación tiene un fin constitucionalmente válido
consistente en la reparación del daño infligido a un derecho ciudadano por obra
de una información mendaz o sesgada. Tratándose de opiniones, en cambio, se
está ante el derecho a la libre expresión del pensamiento, un derecho esencial
que se remite al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y a la
construcción autónoma del proyecto de vida, esto es, a la noción misma de
dignidad humana”.
[71] Para
la exposición de las cinco subreglas, ver por todas, las Sentencias T-260 de
2010, cit., y T-040 de 2013, cit.
[72] Cfr. Sentencias T-412 de 1992, M.P.
Alejandro Martínez Caballero. Unánime. T-411 de 1995, M.P. Alejandro Martínez
Caballero. Unánime. T-731 de 2015, cit., T-688 de 2015, cit., C-489 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil. AV. Manuel José Cepeda Espinosa, y T-921 de 2002,
cit., T-1319 de 2001, cit., C-442 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
SV. María Victoria Calle Correa y Juan Carlos Henao Pérez. SU-082 de 1995, M.P.
Jorge Arango Mejía. Unánime.
[73] Cfr. Sentencias SU-056 de 1995, cit., T-260 de 2010,
cit., y T-688 de 2015, cit. En la Sentencia T-229 de 1994, M.P. Alejandro
Martínez Caballero. Unánime, reiterada en la Sentencia T-411 de 1995, cit., la
Corte sostuvo: "el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma
naturaleza exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la
conducta  irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento
social del mismo. En otros  términos, el buen nombre se adquiere gracias al
adecuado comportamiento del individuo, debidamente  apreciado en sus
manifestaciones externas  por la colectividad".
[74] Sentencias C-489 de 2002, cit., y T-731
de 2015, cit.
[75] Cfr.
Sentencias T-411 de 1995, cit., C-442 de 2011, cit., y T-688 de 2015, cit.
[76] Sentencias
T-411 de 1995, cit., y
T-914/2014, cit.
[77] Sentencia
C-442 de 2011, cit.
[78] En
la Sentencia T-213 de 2004, cit., reiterada en la Sentencia C-442 de 2011,
cit., y T-914 de 2014, cit., esta Corporación sostuvo: “Por su parte,
tratándose de la honra, se demanda que la opinión guarde una estrecha relación
con los hechos en los que se apoya. Así, no sólo se trata de opiniones
insultantes las que merecen reproche constitucional, sino también opiniones
que, a la luz de los hechos, resultan excesivamente exageradas, siempre y
cuando tengan como propósito directo cuestionar a la persona en sí misma”.
En la Sentencia T-1319 de 2001, cit., la Corte consideró que las críticas al
director técnico de un equipo deportivo, mediante las cuales se le atribuía
ineptitud e incompetencia, no vulneraban su derecho a la honra, por cuanto se
le realizaban exclusivamente por razón de su trabajo y estaban dirigidas a
cuestionar su desempeño profesional, no su persona, ni lo menospreciaban en su
condición de ser humano.
[79] Sentencia
T-135 de 2014, cit.
[80] Sentencia
T-219 de 2009, cit.
[81] Sentencia SU- 1721 de 2000, cit.
[82] Ibíd.
[83] Sentencia T-040 de 2013, cit. Ver, así
mismo, las Sentencias T-439 de 2009, cit., y T-298 de 2009, cit.
[84] En los fundamentos se puso de presente
que, por ejemplo, se puede faltar a la veracidad si, pese a que el contenido
informativo es cierto, el título sugiere una realidad distinta o induce a
interpretar algo diferente y lo mismo ocurre si el título es ajustado a la
realidad pero el contenido informativo no corresponde a ella. En la Sentencia
T-259 de 1994, cit., la Corte concluyó que un Diario de circulación nacional
había vulnerado los derechos a la honra y al buen nombre de una persona
fallecida, así como los de sus allegados, al publicar fotos del cuerpo en un
determinado estado y titular la noticia de tal manera que permitía asociar la
causa de la muerte a la fotografía, pese a que ninguna prueba se tenía de ello.
La Corporación ordenó al medio de comunicación abstenerse de publicar en el
futuro fotografías o especular sobre las causas de la muerte de las personas,
mientras no fueran establecidas por la autoridad judicial competente.
[85] En
esta Sentencia, la Corte conoció el caso de un Diario de circulación nacional
que, en su versión digital, había publicado una noticia sobre la captura de la
accionante, por su presunta vinculación con una “banda de trata de blancas”.
Con posterioridad a la publicación inicial de la información, en favor de la
demandante había sido decretada la extinción de la acción penal. Sin embargo,
el contenido seguía publicado y ni siquiera había sido actualizado, lo cual le
había generado a la demandante afectaciones de sus derechos a la honra, al buen
nombre e, incluso, al trabajo. La Corte concedió el amparo a la accionante y,
entre otras determinaciones, decidió ordenar al Diario demandado que,  “por medio de la herramienta técnica
“robots.txt”, “metatags” u otra similar, neutralice la posibilidad de libre
acceso a la noticia “Empresa de Trata de Blancas” a partir de la mera digitación
del nombre de la accionante en los buscadores de internet”. Sentencia T-277 de 2015, M. P. María
Victoria Calle Correa. AV. Mauricio González Cuervo.
[86] Pauner, Chulvi, Cristina, “Los medios de
comunicación digitales y los agregadores de noticias: ¿la tasa Google restringe
la libertad de información?”, en Fayós Gardó, Antonio (editor), La propiedad
intelectual en la era digital, Dikynson, Madrid, 2016, p. 239.