T-815-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-815/08
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia/REDOSIFICACION DE LA PENA
LEY 975/05-Inexequibilidad del Artículo
70 por vicios de procedimiento
Referencia:
expedientes acumulados T-1745448 y T-1745456.
Acciones de tutela instauradas por José David Velásquez Bolaño y
Jorge Armando Velásquez León, contra los Tribunales Superiores de Valledupar,
Bucaramanga y otros.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., veintiuno
(21) de agosto de dos mil ocho (2008).
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las
contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión de los fallos dictados en el trámite de las acciones de
tutela interpuestas por José David Velásquez Bolaño y Jorge Armando Velásquez
León, contra los Tribunales Superiores de Valledupar, Bucaramanga y otros.
I.       ANTECEDENTES.
1.  Expediente
T-1745448
A través de
escrito presentado en el mes de agosto de 2007, el señor José David Velásquez
Bolaño solicita el amparo de sus derechos a la igualdad y al debido proceso,
específicamente en lo relativo a la favorabilidad penal, presuntamente vulnerados
por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el
Tribunal Superior de  Valledupar.  Como sustento de la solicitud, se invocan
los siguientes:
1.1.  Hechos:
Indica que por incurrir en el delito de homicidio agravado, fue condenado
a cumplir treinta y dos (32) años de prisión por el Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Barranquilla.
Aclara que en la actualidad el cumplimiento de su pena se encuentra
a cargo del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar.
Señala que el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 dispone una
reducción de la décima parte de de la pena que le fue impuesta.
Explica que en virtud de tal ley se dirigió, a través de derecho de
petición, ante el juzgado de ejecución de penas, y solicitó la redosificación
de su condena teniendo en cuenta que reúne todos los requisitos establecidos en
el Decreto Reglamentario 4760 de 2005, artículo 27, pues disfruta de “una
conducta en el grado de ejemplar, aporte (sic) compromiso de no
repetición de actos delictivos, acción de reparación a las víctimas por medio
de un edicto y mi cooperación con la justicia que esta (sic) probada
dentro de mi proceso (...)”.
Narra que el 27 de febrero de 2007 el juzgado de ejecución de penas
le negó la rebaja “aduciendo que revisado el proceso desde la etapa de instrucción
se apreciaba (sic) que no hubo cooperación con la justicia”, debido
a que no había confesado su participación en los hechos.
Considera que el argumento de dicha autoridad judicial es errado,
pues no tiene en cuenta la definición de cooperación prevista en el artículo 27
del Decreto Reglamentario 4760.  Por esta razón -agrega- presentó recurso de
apelación ante el Tribunal Superior de Valledupar, quien también denegó la
redosificación.
Argumenta que la decisión del Tribunal es descortés e irrespetuosa debido
a que no corrige el error en el que incurrió el juez de primera instancia, a
que no le ordena la entrega de una copia de la misma y a que el oficio con el
que ella se le notifica, va firmado por la secretaria de esa Corporación.
Califica que las decisiones de las autoridades judiciales
mencionadas son mezquinas pues no atienden los presupuestos para acceder a la
rebaja y desconocen el alcance de los derechos fundamentales invocados.
Insiste en que durante las etapas de investigación y juzgamiento
colaboró con la justicia ya que atendió las diligencias programadas por los
fiscales y jueces, evitó dilatar la investigación, se encuentra purgando una
pena alta, no se opuso a su captura y confesó uno de los cargos que se le
imputaron, brindando información sobre las condiciones de ejecución del delito
y sus partícipes.
Solicita la protección de los derechos invocados y que, en esa
medida, se imparta una orden para el juez de ejecución de penas y medidas de
seguridad para que, en aplicación del principio de favorabilidad penal, se
reduzca la pena por la que fue condenado.
1.2.
Respuestas de las autoridades demandadas.
1.2.1.  La
secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar allegó copia de
la providencia que negó la rebaja de pena solicitada por el señor José David
Velásquez Bolaño.
1.2.2.  Por su
parte, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar informó que resolvió la solicitud del señor Velásquez mediante
providencia del 27 de febrero de 2007.  Agregó que siempre ha resuelto de
manera oportuna las solicitudes elevadas por los “sentenciados”, garantizando
sus derechos fundamentales, “sin dejar de lado los parámetros legales y
jurisprudenciales que se enmarcan (sic) el desarrollo de la labor de
administración de justicia”.  Más adelante concretó que la rebaja de pena
solicitada por el señor Velásquez Bolaño fue negada ya que no cumplía con las
condiciones establecidas en la Ley 975 de 2005 y el Decreto 4760 de 2005.  Sobre
este particular, el juez aclaró que del examen de cada una de las piezas que
componen el expediente se evidenció que el peticionario no había cooperado con
la justicia pero que, no obstante, si con posterioridad éste cumplía con dicho
requisito, podría acceder a un nuevo estudio de su solicitud de rebaja de la
pena.
2.  Expediente
T-1745456
A través de
escrito presentado en el mes de septiembre de 2007, el señor Jorge Armando
Velásquez León solicita el amparo de sus derechos a la igualdad, la libertad y
al debido proceso, específicamente en lo relativo a la favorabilidad penal,
presuntamente vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga
y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma
ciudad.  Como sustento de su solicitud, invoca los siguientes:
2.1.  Hechos:
Indica que solicitó la rebaja de pena del 10% prevista en el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Señala que, sin embargo, el juzgado de ejecución de penas y medidas
de seguridad negó la redosificación, desconociendo con ello varios
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.
Precisa que dicho juez, en primera instancia, y la Sala Penal del
Tribunal, en segunda, consideraron que la rebaja consignada en el artículo 70
de la ley 975 de 2005 es inconstitucional, por lo que procedieron a
inaplicarla.
Considera que frente a su caso se debe conceder la rebaja de pena
consignada en la norma en cuestión pues existen precedentes jurisprudenciales
que sustentan su petición.  Aclara que dichos precedentes pueden ser aplicados
aunque la norma que contiene la rebaja punitiva haya sido declarada
inexequible.
Solicita la protección de los derechos invocados y que, como
consecuencia, se conceda la rebaja de la pena consignada en el artículo 70 de
la ley 975 de 2005.
2.2.
Respuestas de las autoridades demandadas
2.2.1.  El juez
segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de
Bucaramanga se opuso a la pretensión consignada en la acción de tutela.  Para
el efecto indicó que el señor Velásquez León presentó en dos ocasiones, la
primera el 22 de marzo de 2007 y la segunda el 13 de agosto de 2007,
solicitudes tendientes a que se le redosificara su pena en atención al
beneficio previsto en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.  Así también,
advirtió que dichas solicitudes fueron resueltas oportunamente, aunque en
contra de las expectativas del actor.  Consideró que, dadas esas condiciones,
la petición incluida en el amparo es improcedente porque el inconformismo del
condenado respecto de las decisiones tomadas por esa autoridad, sólo deben
pueden ser censuradas dentro del correspondiente proceso penal.
2.2.2.  Por su
parte, uno de los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bucaramanga explicó que esa Corporación conoció de la solicitud efectuada por
el señor Velásquez en razón de la apelación presentada contra la decisión del
juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad.  Advirtió que en
dicha providencia se relacionan los fundamentos jurídicos que sustentan la
negativa para aplicar el beneficio y – concluyó- “la decisión no fue
contraria a derecho”.  Señaló que las condiciones para engendrar una vía de
hecho como consecuencia de la interpretación judicial son exigentes, pues en
virtud de la autonomía de los jueces, éstos determinan el alcance de las normas
dentro de parámetros de razonabilidad.  Bajo tales condiciones, solicitó que la
solicitud de amparo constitucional fuera declarada improcedente.
II.  DECISIONES
OBJETO DE REVISIÓN
1.  Expediente
T-1745448
Avocó
conocimiento de la demanda la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien
denegó la protección de los derechos invocados.  En primer lugar destacó que la
acción de tutela no puede utilizarse como un instrumento subsidiario para
atacar las decisiones judiciales adoptadas por las vías ordinarias.  Sólo
excepcionalmente –agregó- el amparo procede contra las providencias judiciales cuando
quiera que se identifique una actuación arbitraria o caprichosa, “emitida
desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al
ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho
(...)”.  Además aclaró que esa Corporación ya se pronunció a cerca de las
condiciones para aplicar el beneficio contenido en el artículo 70 de la ley 975
de 2005, fijando que el mismo “estaba dirigido a todas las personas que para
el 25 de julio de 2005, fecha de promulgación de la misma, se encontraban
cumpliendo penas impuestas mediante sentencia ejecutoriada, por delitos comunes
distintos a los allí mismo exceptuados, siempre que a su favor concurrieran
todas las exigencias que contempla la citada norma (...)”.  Sin
embargo, explicó esa Sala de Casación, el actor no puede acceder al mencionado
beneficio debido a que no cumple con la totalidad de las exigencias para
acceder a la rebaja, a saber, no colaboró con la administración de justicia.  Enseguida
precisó que la ley no permite el otorgamiento de rebajas fragmentarias,
dependiendo del número de requisitos que cada persona cumpla, sino que exige la
observancia íntegra de las exigencias conforme a lo previsto en el artículo 27
de la Ley 75 de 2007.
2.
Expediente T-1745456
También en este
caso la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia denegó la
protección de los derechos invocados.  Para el efecto reiteró el carácter
excepcional de la acción de tutela contra providencias y judiciales y
especificó, frente al caso concreto, que a pesar de las diferentes posturas que
se han aplicado a la ley 975, no es posible cuestionar por vía de tutela la
verificación de las diferentes condiciones impuestas para acceder a los
beneficios previstos en el artículo 70.
III.
PRUEBAS
En el trámite de
las acciones de tutela en comento obran las siguientes pruebas:
1.  Expediente
T-1745448
§   Recurso de apelación contra la providencia dictada por el juzgado
primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar, presentado
por el señor José David Velásquez Bolaño (folios 21 a 27).
§   Fotocopia de la providencia dictada por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Valledupar, el 04 de mayo de 2007 (folios 39 a
43).
§   Fotocopia de la providencia dictada por el juzgado primero de
ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar, el 27 de febrero de
2007 (folios 59 a 63).
2.
Expediente T-1745456
§   Providencia dictada por el juzgado segundo de ejecución de penas y
medidas de seguridad de Bucaramanga, el 22 de marzo de 2007, en la que decide
el recurso de reposición interpuesto por Jorge Armando Velásquez (folios 6 a
8).
§   Providencia dictada por el juzgado segundo de ejecución de penas y
medidas de seguridad de Bucaramanga, el 13 de agosto de 2007, en que la se
resuelve la solicitud de libertad condicional propuesta por Jorge Armando
Velásquez León (folios 10 a 11).
§   Solicitud elevada por el señor Velásquez al juzgado segundo de
ejecución de penas y medidas de seguridad (folios 12 a 14).
§   Recurso de reposición presentado por el señor Velásquez contra la
decisión del juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad
(folio 15)
§   Fotocopia de la providencia dictada por el juzgado segundo de
ejecución de penas y medidas de seguridad de Bucaramanga, el 05 de febrero de
2007 (folios 73 y 74).
§   Fotocopia de la providencia dictada por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bucaramanga, el 05 de junio de 2007 (folios 44 siguientes).
IV.  TRAMITE
PROCESAL
Las acciones de
tutela interpuestas por los señores Velásquez Bolaño y Velásquez León fueron
seleccionadas para revisión en la Sala número once del 02 de noviembre de
2007.  En ésta, además, se decidió la acumulación de los expedientes, por
presentar unidad de materia, y su reparto al Magistrado Mauricio González
Cuervo.  Más adelante, el Magistrado González Cuervo declaró su impedimento
para conocer de estos asuntos, debido a que rindió concepto verbal, en su
condición de Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, sobre la
aplicabilidad del artículo 70 de la Ley 975 de 2005.  Esta declaración fue
estudiada en Auto del 14 de diciembre de 2007, en el que se aceptó el
impedimento y se ordenó la remisión de los expedientes a la Sala que sigue en
el orden correspondiente.  Bajo estas condiciones, el 16 de enero de 2008 los
expedientes fueron remitidos a la Sala Novena, con el fin de efectuar su
respectiva Revisión.
V.  CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.      Competencia
Es competente
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar los fallos
mencionados, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso
tercero, y 241 numeral noveno de la Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Presentación del caso y
planteamiento del problema jurídico.
Los actores, quienes fueron
condenados en el desarrollo de los procesos penales respectivos, solicitaron a
los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad la aplicación de la
rebaja contenida en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.  Según ellos, cumplen
con las condiciones previstas en dicha disposición y también con los requisitos
previstos en su Decreto Reglamentario.  Sin embargo, las autoridades que
conocieron de dicha solicitud en primera y segunda instancia, denegaron la
aplicación del beneficio debido a que en ninguno de los casos se evidencia que
los actores hayan cooperado con la administración de justicia, conforme a los
requerimientos de las normas antedichas.
Dichas negativas generaron que los
actores acudieran a la acción de tutela de sus derechos a la igualdad y el
debido proceso, particularmente la favorabilidad penal, la cual también fue
denegada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.  Esa Corporación
consideró que a través del amparo no pueden censurarse las diferentes
providencias dictadas en el curso ordinario de un proceso y además aclaró que
para la asignación del descuento punitivo es necesario reunir la totalidad de
los requisitos previstos en el decreto reglamentario.
En atención a lo
expuesto a esta Sala le corresponde establecer si este asunto cumple con los
criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.  Para el efecto, en consecuencia, la Sala reiterará la
jurisprudencia relativa a los requisitos y defectos que tienen la aptitud de
justificar el ejercicio del amparo frente a una decisión de carácter judicial.
Así también, efectuará un repaso sobre los parámetros y fundamentos que en la
actualidad rigen la aplicación del beneficio contenido en el artículo 70 de la
Ley 975 de 2005 teniendo en cuenta, sobre todo, que dicha disposición fue
declarada inexequible por vicios de forma mediante la sentencia C-370 de 2006.
3.  Asunto
previo: los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.  Reiteración de jurisprudencia.
De acuerdo a los
mandatos contenidos en el artículo 86 de la Constitución y en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 25[1] de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, incorporados a la Constitución por vía del
artículo 93 de la Carta, la Corte Constitucional -y
también así esta Sala de Revisión[2]- han dispuesto
reiteradamente una doctrina específica sobre las condiciones de procedibilidad
de la acción de tutela contra las providencias expedidas por las autoridades
judiciales.
En un comienzo,
esta atribución tuvo fundamento en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de
1991.  Sin embargo, dichas disposiciones fueron declaradas inexequibles en la
sentencia C-543 de 1992[3], en la cual se consideró
que valores como la seguridad jurídica y la cosa juzgada son relevantes en
nuestro sistema normativo y justifican, como regla general, la intangibilidad
de las decisiones judiciales.
La Corte
Constitucional, sin embargo, en atención a la vigencia de otros valores
consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, no estableció
o atribuyó de manera alguna un carácter absoluto a la intangibilidad de las
providencias de los jueces.  Por el contrario, en esa misma providencia
advirtió que ciertos actos judiciales no gozan de esas cualidades y que, por
tanto, frente a actuaciones de hecho la acción de tutela sí procede para
proteger los derechos fundamentales; la Corte afirmó en ese entonces:
“Ahora bien,
de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe
duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función
de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado.  En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o  que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, (...).
En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la
seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los
fines que persigue la justicia”.
Así las cosas, a
partir de la sentencia T-079 de 1993[4],
con base en una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde
concedió una acción de tutela contra una sentencia judicial y respetando la ratio
decidendi de la sentencia C-543 de 1993, paulatinamente se fueron
definiendo el grupo de requisitos y condiciones necesarias para que sea posible
atender a través del amparo constitucional la posible vulneración de derechos
ocasionada por una providencia judicial.  Bajo este derrotero la jurisprudencia
ha detallado el conjunto de defectos que tienen el poder de justificar la
procedencia de la acción para que se protejan los derechos fundamentales de
quienes acuden al Estado para que resuelva un conflicto a través de la
administración de justicia.
En efecto, la
Corte ha agrupado y sistematizado el enunciado dogmático “vía de hecho”,
previsto en cada una de las sentencias en donde se declaró que la tutela
era procedente frente a una actuación judicial anómala, y ha ideado los criterios
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Éstos constituyen pautas que soportan una plataforma teórica general de la
acción de tutela contra actuaciones jurisdiccionales y, por tanto, totalizan el
trasfondo de las causas que pueden generar la violación
de la Constitución, por la vulneración de los derechos fundamentales en la
cotidianidad de las prácticas judiciales.
La nueva
enunciación de tal doctrina ha llevado, en últimas, a redefinir el concepto de vía
de hecho, declarado como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario[5],
producto de la carencia de una fundamentación legal y con la suficiente
envergadura para concernir al juez constitucional.  En su lugar, con la
formulación de los criterios, se han sistematizado y racionalizado las
causales o defectos con base en un mismo origen: la penetración de la
Constitución y los derechos fundamentales en la rutina judicial.  Al respecto,
en la sentencia T-949 de 2003[6], la Sala Séptima de
Revisión explicó lo siguiente:
“Esta Corte en
sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta redefinición ha
operado a partir del poder de irradiación del principio de eficacia de los
derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación sistemática de
diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2, 13, 86, 228 y 230
C.P.).
“En esta tarea
se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de hecho” por la de
“causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha sido inducido por la
urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de tutela con tal de
que permita "armonizar la necesidad de proteger los intereses
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y
la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la
actividad jurisdiccional del Estado (Sentencia T-462 de 2003)”.
Además, en la
sentencia T-1285 de 2005[7], esta Sala de Revisión
expuso cada uno de los criterios de procedibilidad de la siguiente
manera:
“La sistematización de los criterios o
causales a partir de los cuales es posible justificar el advenimiento de una
tutela contra una decisión judicial, ha generado que la Corte advierta dentro
de ellos la obligación del operador de respetar los precedentes y de guardar
respeto y armonía entre su discrecionalidad interpretativa y los derechos
fundamentales previstos en la Constitución[8].  En este
punto es necesario prevenir que la Corporación ha definido e identificado dentro
del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar suficientemente cada
una de sus decisiones y también de ponderar con claridad los derechos
fundamentales que se encuentren en disputa.  El principio de eficacia de los
derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución obligan al juez
a acatar, emplear e interpretar explícitamente las normas legales aplicables a
un caso concreto, pero también a justificar y ponderar las pugnas que se llegaren
a presentar frente a la Carta Política[9] y los derechos
fundamentales[10].
“Pues bien, conforme a los anteriores
presupuestos y como recapitulación de las diferentes decisiones adoptadas, la
Corte ha identificado y congregado a los criterios en seis apartados que ha
definido de la siguiente manera[11]:
i)
Defecto
sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede
probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por
aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de
sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del
procedimiento establecido[12].
ii)
Defecto
fáctico:  Cuando en el curso de un proceso se omite la practica o decreto de
pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría
drásticamente el sentido del fallo proferido[13].
iii)
Error inducido o
por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es atribuible al
funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la
actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura
de la administración de justicia[14].
iv)
Decisión sin
motivación:   Cuando la autoridad judicial profiere su decisión sin sustento
argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el
caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene
fundamentos jurídicos o fácticos[15].
v)
Desconocimiento
del precedente:  En aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se
aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera
atendido a la jurisprudencia[16].
vi)
Vulneración
directa de la Constitución:  Cuando una decisión judicial desconoce el
contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza
interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de
inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y
cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto[17]”.
Adicionalmente, en la sentencia C-590 de 2005[18]
el pleno de la Corte adoptó este esquema teórico y recopiló el desarrollo
jurisprudencial sobre el tema, ante lo cual concluyó que dicho conjunto de
defectos hacen parte de los requerimientos específicos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Pues bien,
conforme a los anteriores lineamientos, en los cuales se definen los requisitos
y los eventos a partir de los cuales se puede evidenciar una decisión ilegítima
de la administración de justicia con graves repercusiones para los derechos
fundamentales y, por tanto, con trascendencia constitucional, se hace posible
el estudio, a través de la acción de tutela, de las diferentes providencias que
componen un proceso judicial.  Nótese que tales argumentos, reiterados
-inclusive- en sede de control abstracto de constitucionalidad, han dejado
atrás adjetivos extremos como la arbitrariedad y el capricho, para dar paso a
parámetros de equilibrio que permitan preservar el respeto por las decisiones
de los jueces y a la vez garanticen la aplicación de la Constitución Política
en sus diferentes actuaciones.
Para concluir,
es necesario reiterar que cada una de las condiciones antedichas conforman la
textura excepcional del amparo en estos eventos y tienen como principal
referente la inmutabilidad y el respeto que como regla general tienen las
providencias judiciales en el curso de los procedimientos ordinarios.  En estos
términos la obligación de realizar un análisis intenso sobre la procedibilidad
del amparo cuando se instaura contra una decisión judicial, constituye un pilar
razonable que permite armonizar en la base del razonamiento constitucional los
intereses superiores inherentes a la función jurisdiccional y a la protección
de los derechos fundamentales.
Ahora bien, los
actores dentro de la presente acción requieren la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso con motivo de las providencias
que negaron la redosificación de la pena conforme al descuento consagrado en el
artículo 70 de la ley 975 de 2005.  Así pues, teniendo en cuenta las
condiciones específicas que sustentan la procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales y los cargos señalados por los actores, esta
Sala procederá, previo a afrontar el caso concreto, a relacionar las pautas
constitucionales que rigen la aplicación del beneficio consignado en la norma
bajo cita, sobre todo atendiendo que la misma fue declarada inexequible a
través de la sentencia C-370 de 2006.
4.  Ley 975
de 2005.  Bases, fundamentos y límites de la justicia transicional.  La
inexequibilidad del artículo 70 de dicha ley, lo fue solo por vicios de
procedimiento.
4.1.  En varias
providencias, la Corte Constitucional ha tenido la oportunidad de definir los
alcances de la ley 975 de 2005, “[p]or la cual se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y
se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
Específicamente, en la sentencia C-370 de 2006[19] la Corte
planteó, como primera medida, que la aplicación de una estrategia legislativa
de “justicia de transición” conlleva la tensión entre los derechos de
las víctimas y la aspiración de alcanzar la paz.  Bajo este enfoque, enseguida,
abordó la naturaleza de la ley, para lo cual acudió a su título y a su artículo
primero[20], y más adelante
argumentó:
“El valor de la paz tiene distintas manifestaciones
en la Constitución de 1991, como se anotó anteriormente. Entre ellas, cabe
destacar que la paz es un derecho, a la vez que un deber (artículo 22, C.P.).
Para lograr realizar el valor constitucional de la paz, el Congreso plasmó en la
Ley diversas fórmulas que, en términos generales, implican una reforma al
procedimiento penal con incidencias en el ámbito de la justicia –entendida como
valor objetivo y también como uno de los derechos de las víctimas de
violaciones de derechos humanos-. Así, se establecen ciertos beneficios de tipo
penal y un procedimiento especial ante ciertas autoridades específicas para
quienes opten, individual o colectivamente, por desmovilizarse de los grupos
armados al margen de la ley y reingresar a la vida civil. Ello refleja una
decisión de carácter político adoptada por el Legislador y plasmada en la Ley
que se examina: en aras de lograr la paz se estableció un régimen específico y
distinto de procedimiento penal, como forma de materializar la justicia. Y es
precisamente por la existencia de este conflicto entre valores constitucionalmente
protegidos –la paz y la justicia- que se ha promovido la demanda de la
referencia. Además, los peticionarios argumentan que las fórmulas diseñadas por
el Legislador son lesivas de los demás derechos de las víctimas, a saber, los
derechos a la verdad, la reparación y la no repetición de las conductas
violatorias de los derechos humanos constitutivas de delito”[21].
A continuación, la
Corte advirtió que para satisfacer los valores en pugna era necesario ponderarlos,
ya que, de acuerdo a la naturaleza de la norma, no era posible materializar
plenamente y de manera simultánea los derechos que se encontraban en juego.  Bajo
esta perspectiva abordó el juicio de ponderación con los siguientes
fundamentos:
“El logro de una paz estable y duradera
que sustraiga al país del conflicto por medio de la desmovilización de los
grupos armados al margen de la ley puede pasar por ciertas restricciones al
valor objetivo de la justicia y al derecho correlativo de las víctimas a la
justicia, puesto que de lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de
quienes han tomado parte en el conflicto, la paz sería un ideal
inalcanzable; así lo ha demostrado la experiencia histórica de distintos países
que han superado conflictos armados internos. Se trata de una decisión política
y práctica del Legislador, que se orienta hacia el logro de un valor
constitucional. En ese sentido, la Ley 975 de 2005 es un desarrollo de la
Constitución de 1991. Pero la paz no lo justifica todo. Al valor de la paz
no se le puede conferir un alcance absoluto, ya que también es necesario
garantizar la materialización del contenido esencial del valor de la justicia y
del derecho de las víctimas a la justicia, así como los demás derechos de las
víctimas, a pesar de las limitaciones legítimas que a ellos se impongan para
poner fin al conflicto armado. El Legislador ya optó por fórmulas concretas de
armonización entre tales valores y derechos, que como se dijo, restringen el
ámbito de efectividad del valor y el derecho a la justicia en aras de lograr la
paz, por medio de la concesión de beneficios penales y procedimentales a los
desmovilizados” (negrilla fuera de texto original).
(...)
“5.9. Sin embargo, ha de subrayarse que
a pesar de su importancia dentro del orden constitucional, la paz no puede
transformarse en una especie de razón de Estado que prevalezca automáticamente,
y en el grado que sea necesario, frente a cualquier otro valor  o derecho
constitucional. En tal hipótesis, la paz –que no deja de ser un concepto de
alta indeterminación- podría invocarse para justificar cualquier tipo de
medida, inclusive algunas nugatorias de los derechos constitucionales, lo cual
no es admisible a la luz del bloque de constitucionalidad.
“5.10. Es pertinente subrayar que la
justicia también tiene una gran importancia constitucional, y cuenta con
diversas proyecciones a lo largo de la Carta Política. Primero, la justicia es
el fundamento de una de las ramas del poder público –la Administración de
Justicia-, así como de varias disposiciones constitucionales que buscan
materializar la justicia en cada caso concreto y evitar que haya impunidad.
Segundo, es uno de los valores fundantes del orden constitucional, para cuya
materialización se promulgó la Constitución –según se desprende del Preámbulo
de la Carta-. Tercero, constituye uno de los fines esenciales del Estado –ya
que el artículo 2 Superior consagra entre tales fines el de asegurar “la
vigencia de un orden justo”-; por lo tanto, la justicia en tanto fundamento de
un orden justo ha de tenerse como uno de los principios fundamentales del
sistema constitucional colombiano. Cuarto, la justicia es un derecho de toda
persona –que se manifiesta, entre otras, en las normas propias del debido
proceso, en el derecho de acceso a la administración de justicia y en el
derecho de las víctimas de hechos delictivos a la justicia-.
“Adicionalmente, cabe destacar que la
justicia no se opone necesariamente a la paz. La administración de justicia
contribuye a la paz al resolver por las vías institucionales controversias y
conflictos. En ese sentido, la justicia es presupuesto permanente de la paz”.
Posteriormente, la
Corte acometió el análisis de los instrumentos con los que cuenta el legislador
para plantear estrategias de paz.  Sobre este punto aceptó la modificación de
los parámetros de juzgamiento penal como una estrategia legítima para el logro
de tal finalidad.  Específicamente, respecto de este particular, vale la pena
tener en cuenta el siguiente párrafo: “5.13. La competencia del Legislador
para diseñar los instrumentos de orden penal encaminados a lograr la paz es
amplia, pero no ilimitada. Su amplitud reside en que en materia penal existen
múltiples alternativas de regulación compatibles con la Constitución, y el
Legislador puede adoptar el diseño normativo que mejor se adecue a los fines
que pretende alcanzar en cada contexto. Cuando la regulación penal está
dirigida a alcanzar la paz, la amplitud del margen de configuración del
Legislador es aun mayor”.
4.2.  Ahora
bien, dentro de la mencionada ley y a propósito de la definición de nuevas
pautas o estrategias de tipo penal, en el capítulo XII denominado “vigencia
y disposiciones complementarias”, se dispuso la extensión general de los
beneficios punitivos a algunas condenas que se encontraban ejecutoriadas.  En
efecto, en el artículo 70 de la ley 975 el legislador estableció una “rebaja
de penas” con el siguiente tenor:
“ARTÍCULO 70. Las personas que al momento
de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia
ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una
décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
“Para la concesión y tasación del
beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en
cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de
actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a
las víctimas”.
4.3. A través de
la sentencia C-370 de 2006 -citada-, la Corte Constitucional declaró la
inexequibilidad del artículo 70, solo por vicios de procedimiento en su
formación. En efecto, esta Corporación comprobó que en la discusión de dicho
artículo[22] se desconocieron las
pautas básicas del debate legislativo, particularmente el artículo 159
Superior, pues ante la decisión de negar la aprobación de la mencionada disposición
en el primer debate de la comisión correspondiente, se dio curso a una apelación
ante las plenarias de las cámaras respectivas, sin tener en cuenta que dicho
recurso se encuentra previsto únicamente para la totalidad de los proyectos de
ley.  Sobre el asunto la Corte concluyó lo siguiente:
“En suma, con el trámite impartido a los
artículos 70 y 71 de la Ley 975/05 se desconoció el principio de
consecutividad, ya que como resultado de la indebida tramitación de la
apelación presentada en el Senado ante la decisión de negarlos adoptada por las
Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes, finalmente fueron remitidos a
Comisiones Constitucionales que no eran competentes; y una vez aprobados por
éstas últimas sin tener competencia para hacerlo, fueron introducidos de manera
irregular en el segundo debate ante la plenaria del Senado, como si hubiesen
sido aprobados por las Comisiones Constitucionales facultadas para ello.”
Como
consecuencia de lo anterior, en el numeral trigésimo sexto de la parte
resolutiva de la sentencia se consignó lo siguiente: “Declarar INEXEQUIBLE
el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por vicios de procedimiento en su
formación”.
En efecto, la
Corte no ha considerado ni resuelto sobre una contradicción material del
artículo 70 citado con la Constitución, ni fijo un sentido compatible con ésta
mediante una sentencia interpretativa, sino que se limitó a advertir la
existencia de un vicio de procedimiento en su trámite.
Además, en
cuanto a los efectos temporales del fallo, expresamente quedó consignado en la
parte resolutiva:
“6.3. Efecto general
inmediato de la presente sentencia
Finalmente, la Corte no concederá efectos
retroactivos a estas decisiones, como lo solicitaron los demandantes, según lo
resumido en el apartado 3.1.5. de los antecedentes de esta sentencia. Por lo
tanto, se aplican las reglas generales sobre efecto inmediato de las decisiones
de la Corte Constitucional, de conformidad con su jurisprudencia.”
Es claro
entonces, que en virtud del artículo 243 de la Carta[23]
los efectos de la sentencia C-370 de 2006 únicamente pueden extenderse hacia el
futuro, es decir, al día siguiente de la fecha de su ejecutoria -22 de julio de
2006-[24].
Así pues,
atendiendo que durante un lapso de tiempo determinado la norma estuvo vigente,
algunas personas han reclamado la aplicación de la disminución punitiva en el
porcentaje que allí se establece.  De hecho, ya que esta redosificación tiene vínculos
con el principio de favorabilidad penal, la igualdad e, inclusive, con el
derecho a la libertad personal, la Corte ha tenido la posibilidad de estudiarlo
en sede de tutela, en donde se han dispuesto las diferentes condiciones bajo
las cuales se puede aplicar el artículo 70 de la ley 975 de 2005 con
posterioridad a su declaratoria de inexequibilidad.
5.  Desarrollo Jurisprudencial en relación con el beneficio contenido en el artículo 70 de la Ley 975 después de su
declaratoria de inexequibilidad.
Frente a la
norma en estudio, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han
proferido diversos pronunciamientos, a los que nos referimos de manera separada
y en estricto orden cronológico con la finalidad de ilustrar la evolución
jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 70 en las altas cortes.
A.  Corte
Suprema de Justicia.
1. En
providencia de 18 de octubre de 2005, M.P. Marina Pulido de Barón, la Sala de
casación penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que el beneficio
consagrado en el articulo 70 de la ley 975 de 2005 es aplicable a la totalidad
de los condenados, excepto los mencionados en la misma disposición. Para
fundamentar dicha conclusión, tuvo en cuenta las reformas que se realizaron al
proyecto de la ley y el carácter general que tiene el principio de
favorabilidad en la Constitución. Afirmó la Corte:
“La ubicación de la norma - dentro del
capitulo de “disposiciones complementarias”- y el tema regulado, permite
concluir que, por oposición a los argumentos del A quo, su aplicación está dada
para todos los casos, exceptuados precisamente  los relacionados en la propia
disposición y los cometidos por integrantes de grupos al margen de la ley
“durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos”.
(...)
Que la disposición en cita tuviera el
alcance de favorecer a penados diversos de los grupos de guerrilla y
autodefensa se explica fácilmente desde criterios de tratamiento igualitario,
de equidad, porque no parece coincidir  con el mandato del articulo 13 de la
Constitución Política de Colombia que personas vinculadas las más de las veces
con conductas punibles de extrema gravedad, resultaran favorecidas con una
“pena alternativa” de 5 a 8 años, en tanto que una gran mayoría, castigadas por
comportamientos mas leves, cumpliría un tiempo mucho mayor.
(...)Un seguimiento a los antecedentes
legislativos del articulo de que se trata, permite concluir que su inclusión y
final aprobación estuvo signada con el objetivo de que los condenados que no
eran destinatarios del mecanismo de “justicia y paz”, esto es, la delincuencia
común, la ajena al conflicto armado, resultara beneficiada con un descuento
punitivo.
(...)
Los argumentos  transcritos
no dejan duda alguna la inclusión inicial de la norma y la posterior postura de que fuera
reconsiderada su exclusión, con fundamento en la cláusula general de
competencia legislativa del Congreso, obedeció a la intención expresa de
que todos los condenados fueran beneficiados con un descuento punitivo,
en aras de la protección de la dignidad de los reclusos, de contribuir a
la descongestión carcelaria, y de lograr la reincorporación del
penado a la sociedad y a su familia. La
disposición, entonces, fue redactada con carácter general,
esto es, con destino a la totalidad de penado, con las
excepciones dispuestas en la misma.
(...)
Así, el texto conciliado y que
finalmente fue promulgado como el artículo 70 de la Ley 975 del 2005, fue el
que se introdujo con el fin expreso de que cobijara a todos los condenados.
Nótese que la inconformidad expuesta radicó exclusivamente en que la
disposición debió ser aún más general, esto es, que ni siquiera había lugar a excluir
de la redención a los penados por delitos sexuales, de lesa humanidad y narcotráfico.
(. ..) el artículo 29
de la Constitución Política de Colombia ordena que "la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable". Así,  el mandato superior es genera,
sin limitaciones, que, obviamente,. no puede establecer el
intérprete" (Negrillas y subrayado fuera de
texto).
2.  Posteriormente, en providencia de 10 de agosto de 2006, M.P.
Alfredo Gómez Quintero, cuando ya se había producido la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 70, la Sala de Casación Penal consideró procedente
la aplicación de la disposición cuestionada, debido a que los efectos de la
sentencia de constitucionalidad operaban hacia el futuro, es decir, que podían
solicitar el beneficio de la rebaja del 10% de la pena las personas que para el
momento en que entró en vigencia el artículo 70 cumplieran los requisitos allí
establecidos. Afirmó la Corte:
"El mencionado
artículo mediante sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006 de la Corte
Constitucional fue declarado inexequible por vicios de procedimiento en su
formación, lo cual no impedirá su aplicación para aquellos condenados que
teniendo derecho a la rebaja de pena, siempre que cumplan las exigencias
requeridas por la ley, aún no lo hayan solicitado, como quiera que los efectos
del fallo de inexequibilidad fueron determinados hacia el futuro.
(...)
Las expresiones
"cumplan pena", "pena impuesta", "sentencias
ejecutoriadas" y "condenado"
utilizadas en la redacción de la norma y conforme al lenguaje jurídico propio,
no dejan duda alguna que la rebaja de la pena prevista en el artículo 70 procede
únicamente para las personas que al 25 de julio de 2005 -fecha de la vigencia
de la ley- se hallaban descontando pena en virtud de una sentencia que había
hecho transito a cosa juzgada material.
En efecto, un fallo causa
ejecutoria una vez se hayan
decidido todos los recursos legales y extraordinarios interpuestos y que
procedan contra él, de modo que antes de aquella no se tiene la condición de
condenado como tampoco la privación de la libertad se reputa como pena, ya que
la detención preventiva puede computarse como parte cumplida de la pena solo
"en caso de condena -numeral 3° del artículo 37 de la ley 599 de 2000-.
Cualquier otra
interpretación que se haga
para extender la rebaja de pena mencionada es contraria al texto legal que no
ofrece oscuridad alguna en relación a sus eventuales beneficiados, como es la
pretensión del impugnante, siendo oportuno recordar que acorde a lo previsto en
el artículo 187 de la ley 600 de 2000, las providencias quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas si no se ha interpuesto recurso alguno
contra ella y que las que deciden la apelación el día en que sean suscritas por
el funcionario judicial correspondiente.
Luego si la disposición se refiere a "sentencias
ejecutoriadas" su campo de aplicación no puede cobijar a los procesados
por delitos cometidos antes de la vigencia de la ley 975 de 2005 y respecto de
los cuales no existía un fallo en firme que los declarara penalmente
responsables de ellos.
(...)
El reconocimiento de esa
garantía es actualmente
posible -precisa la Sala- para aquellas personas condenadas antes de la
vigencia de la ley 975 que no hayan reclamado dicha rebaja de pena, la cual se justifica
en los efectos hacia el futuro de la sentencia de inexequibilidad del
artículo" (Negrillas y subrayado fuera del texto).
3. En providencia de 25 de enero de 2008, M.P. María del Rosario
González, la Sala de Casación Penal, retomando la postura formulada por el
mismo Tribunal en decisión de 10 de agosto de 2006, dijo:
“En ese orden de cosas,
deviene indiscutible que en el caso sometido a consideración no resulta procedente la aplicación de
dicho descuento punitivo en virtud del principio de favorabilidad, al no
haberse ni siquiera en este momento consolidado el presupuesto de su concesión,
esto es, la ejecutoria de la sentencia condenatoria, mucho menos para el 25 de
julio de 2005, cuando entró a regir la Ley 975 de 2005 contentiva de la gracia
punitiva”.
B. Corte Constitucional
En sentencia T-355 de 2007, con ponencia  del Magistrado Humberto
Sierra Porto, la Corte manifestó:
1. No compartir la posición asumida  por la Corte Suprema de
Justicia porque, en su concepto, una norma declarada inexequible no podía
seguir  produciendo efectos jurídicos, por lo que el beneficio del artículo 70
solo podía ser aplicado a personas que  lo hubieran solicitado dentro
del periodo de la vigencia de la norma.
2. La concesión del beneficio requiere que se cumplan la totalidad
de los requisitos enunciados en la norma.
"La Sala de Revisión no comparte la posición asumida por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por cuanto ello conduciría a admitir
que una disposición legal declarada inexequible por vicios de procedimiento en
su formación, pudiese seguir desplegando efectos jurídicos, postura que sería contraría a lo consagrado en el artículo 243 constitucional.
En efecto, el fenómeno de la inexequibilidad conduce a que la norma
jurídica no pueda seguir produciendo efecto alguno en el mundo jurídico. De tal
suerte que, en el caso concreto, el condenado que no
hubiese solicitado el beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de
2005, durante el tiempo en que la norma estuvo vigente, esto es, desde el 25 de
julio de 2005 (fecha de entrada en vigor de la ley) hasta el 18 de mayo de 2006
(fecha en la cual fue declarado inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de
2005), no puede en la actualidad solicitar la aplicación de una disposición que
fue expulsada del ordenamiento jurídico colombiano.  Razonar
de manera distinta conduciría a sostener que, a pesar de lo decidido en
sentencia C-370 de 2006, el artículo 70 de la Ley de Justicia y Paz sigue
vigente.
(...)
Ahora bien, la Sala de
Revisión considera que el artículo 70 de la Lev 975 debe ser
interpretado de conformidad con la Constitución, en especial, a la
luz del derecho fundamental a la libertad personal, al igual que
aquellos de las víctimas a la verdad, la justicia v la reparación.
-Destinatarios de la
rebaja de pena
(factor personal). Para acceder al beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 se
requiere que la persona se encuentre condenada, mediante sentencia
ejecutoriada, a 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigor de
la Ley de Justicia y Paz...
-Delitos excluidos. (factor material). Además de encontrarse
excluidos los delitos cometidos por los autores y partícipes de que trata el
artículo 2 de la Ley 975 de 2005, también se
excluyen los punibles de narcotráfico, delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales y lesa humanidad...
-Solicitud de aplicación
de la rebaja de pena
(requisito de procedibilidad). La Sala de Revisión entiende que el
condenado debe haber solicitado al respectivo juez competente para vigilar el
cumplimiento de la pena, la rebaja del 10 % de que trata el artículo 70 de la Lev 975 de 2005. En efecto, una lectura integral de la norma en
comento, indica que el beneficio no opera de manera automática, por cuanto
la concesión del mismo dependerá de la constatación empírica, por parte del
juez de ejecución de penas, de ciertos hechos (buena conducta del condenado),
de compromisos asumidos por el destinatario de la rebaja (no repetición de
actos delictivos), de sus acciones presentes o futuras (reparación a
las víctimas) o de hechos verificables en el proceso por el cual fue
condenado o incluso en otros procesos (colaboración con la justicia).
(...)
- El buen comportamiento
del condenado. Este
requisito apunta a examinar
la adecuada conducta asumida por el condenado durante la ejecución de la pena,
bien sea intramural o domiciliaria...
-El compromiso de no repetición
de actos delictivos.
Se trata de una
condición consistente en una manifestación de voluntad del condenado, en el
sentido de que se abstendrá de cometer, bien sea durante el cumplimiento del
resto de la pena o al momento de cumplirla, de comportamientos considerados
como delitos.
- Cooperación con la
justicia. Este requisito consiste en el apoyo o colaboración
efectivas que el condenado haya brindado a los fiscales o jueces durante
las etapas de investigación o juzgamiento. En tal sentido, una interpretación
de la norma legal, conforme con el derecho fundamental a la libertad
individual, es decir, extensiva, conduce a sostener que tal colaboración puede
haber sido realizada en el mismo proceso que se le adelantó al solicitante del
beneficio, o en otro. De igual manera, resultan inaceptables interpretaciones
en el sentido de negar el beneficio debido a que la persona no se sometió a institutos
procesales tales como la sentencia anticipada o no se autoincriminó. Por el
contrario, se debe entender que la persona colaboró con la justicia si, entre
otros actos, estuvo prestó a atender los requerimientos de aquélla, no evadió
la acción de las autoridades, ayudó a desmantelar una organización criminal,
aportó información oportuna para la investigación, etcétera. Así mismo, se debe
interpretar que tal colaboración puede ser brindada, de igual manera, al
momento de elevar la solicitud de rebaja de pena. Lo anterior por cuanto, en
los términos del artículo 2° Superior, tal ayuda puede resultar fundamental
para que los órganos de investigación pueden resolver otros procesos penales en
curso, cumpliéndose de esta forma con los fines estatales.
-Acciones de reparación a
las víctimas. Se
trata, sin lugar a dudas, del requisito legal más compleja configuración, del
grupo de aquellos señalados en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005. En efecto,
el concepto mismo de reparación a las víctimas, en los términos de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ende, del bloque de
constitucionalidad, resulta ser más amplio que aquel de indemnización.
(...)
En este orden de ideas, el
condenado que invocase a su favor el beneficio de rebaja de pena en un 10%
debería reparar plenamente a las victimas de su delito, esto es, no
sólo cumplir con la condena pecuniaria impuesta por el juez de conocimiento,
sino con los demás componentes de la noción de reparación (Negrillas y subrayado fuera de texto).
De conformidad con la jurisprudencia antes citada, se puede concluir
que las posiciones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional, con respecto a la aplicación del beneficio consagrado en el
artículo 70 de la ley de justicia y paz, con posterioridad a la declaratoria de
inexequibilidad de la norma (18 de mayo de 2006), difieren sustancialmente. El concepto de cada corporación se puede sintetizar
así:
·
Corte Suprema de Justicia: es posible la aplicación del beneficio a los condenados que reúnan
los requisitos contemplados en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, aunque lo
soliciten con posterioridad al 18 de mayo de 2006, porque la sentencia de
inconstitucionalidad produce efectos hacía el futuro y, además, el principio de
favorabilidad está consagrado en la Constitución sin limitación alguna.
·
Corte Constitucional: no se puede aplicar el beneficio a personas que lo soliciten con
posterioridad al 18 de mayo de 2006 (fecha de declaratoria de inexequibilidad),
porque no es posible revivir normas que fueron expulsadas del ordenamiento
jurídico.
6. La favorabilidad en materia penal.
El artículo 29 de la Carta Política lo define en los siguientes
términos:
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley
permisiva o favorable.
aun cuando sea posterior. se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume
inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a
la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado
dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho,
la prueba obtenida con violación del debido proceso (Resaltado y subrayado fuera de texto).
La regulación legal vigente sobre la materia está contenida en
diversos cuerpos normativos que a continuación se citan literalmente:
·
Ley 153 de 1887:
"Artículo 44. En materia penal la ley favorable o permisiva
prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aun cuando aquella sea
posterior al tiempo en que se cometió el delito.
Esta
regla favorece a los
reos condenados que estén sufriendo su condena.
Artículo
45. La precedente disposición tiene las
siguientes aplicaciones:
La nueva ley que quita
explícita o implícitamente
el carácter de delito a un hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y rehabilitación.
Si la ley nueva minora de un
modo fijo la pena que antes era también fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena.
Si la ley nueva reduce el
máximum de la pena y aumenta
el mínimum, se aplicará de las dos leyes la que invoque el interesado.
Si la ley nueva disminuye la
pena corporal y aumenta
la pecuniaria, prevalecerá sobre la ley antigua.
Los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna”
·
Ley 599 de 2000 (Código Penal)
“ARTICULO 6o. LEGALIDAD. Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal
competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en
materia de tipos penales en blanco.
La ley permisiva o favorable. aun cuando sea posterior se aplicará.
sin excepción. de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también
rige para los condenados.
(Negrilla fuera de texto).
La analogía sólo se aplicará en materias permisivas
·
Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal)
“ARTICULO 6o. LEGALIDAD.
Nadie podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente
al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas propias de
cada juicio.
La ley procesal de
efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la
actuación, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. (Negrillas fuera de texto).0
La ley procesal tiene efecto
general e inmediato
·
Ley 906 de 2004:
ARTICULO 6o. LEGALIDAD.
Nadie podrá ser investigado ni juzgado sino conforme a la ley procesal vigente
al momento de los hechos, con observancia de las formas propias de cada juicio.
La ley procesal de
efectos sustanciales permisiva o favorable. aun cuando sea posterior a la
actuación. se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. (negrillas fuera de texto).
Las disposiciones de este
código se aplicarán única y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento
de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia
La Corte Constitucional en sentencia T - 001 de 2004, con ponencia del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra,
sostuvo:
"De acuerdo con estas
normas, que como ya se ha
visto integran todas el bloque de constitucionalidad, en materia penal el
principio de favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso
Que no puede desconocerse en ninguna circunstancia. El carácter imperativo del
inciso segundo del artículo 29 de la Carta no deja duda al respecto.
(...)
"Sobre este punto debe la
Corte señalar finalmente que tratándose de la aplicación del principio de
favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas
sustantivas v normas procesales. pues el texto constitucional no establece
diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales,
cuyo tránsito en el tiempo es precisamente objeto de los artículos 40 y 43 de la Ley 153 de 1887, demandados
en este proceso.
(...)
"El canon de la
retroactividad de la ley penal favorable o permisiva, y por lo tanto, el de la no
retroactividad de la ley desfavorable al sindicado está erigido por nuestra
Carta en un principio supralegal. en una garantía constitucional, como
uno de los derechos supremos reconocidos a la persona humana
frente al poder del Estado. es decir, como uno de aquellos derechos que
integran la personalidad inviolable de todo ciudadano. Que no puede ser
desconocido por ninguna norma legislativa, cualquiera sea la
naturaleza de ésta.
(Negrillas y subrayado fuera de texto).
En sentencia T - 1087 de 2005,
M.P. Álvaro Tafur Galvis, afirmó la Corte con respecto al principio de
favorabilidad:
“Pero lo anterior no es todo
en materia de sujeción de los jueces a los efectos de las decisiones judiciales
de alcance general, puesto que el artículo 29 constitucional, al igual que los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, imponen
claramente la sujeción de la potestad punitiva del Estado a los principios de
legalidad y de aplicación inmediata de la ley permisiva o favorable; de donde
se colige que los efectos de una sentencia de constitucionalidad con
implicaciones sancionatorias beneficiosas se aplica de inmediato y que, de
comportar el fallo mayor rigorismo en la penalización de las conductas, sus
dictados operarán para el futuro, así esta Corte no se haya referido
expresamente a los efectos de su decisión.”
En sentencia T - 713 de 2007,
M.P. Rodrigo Escobar Gil, afirmó la Corte con respecto al principio de
favorabilidad:
“... EI principio de
favorabilidad se aplica tanto a los procesados como a los condenados. Al
respecto se expresó en la Sentencia T-091 de 2006, que el inciso 3° del
artículo 29 de la Constitución "prevé un concepto amplio e incluyente de
favorabilidad, sin restricciones relativas a condenados, y sin ubicarlo en el
estrecho margen de la norma sustantiva favorable, aspectos superados en el
ámbito normativo y jurisprudencial, a partir de la amplia concepción
constitucional (Negrillas y subrayado fuera de texto).
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia de 3 de septiembre de 2001, rad. 14717, M.P. Jorge Aníbal Gómez G.,
sostuvo:
“Con el fin de determinar
cuál es la ley más favorable, resulta indispensable partir de la definición de
favorabilidad en materia sustantiva que trae el artículo 6° del Nuevo Código
Penal, en los siguientes términos:
"Legalidad. Nadie podrá
ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica
para el reenvío en materia de tipos penales en blanco.
"La ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior se aplicará, sin excepción, de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los
condenados.
"La analogía sólo se
aplicará en materias permisivas" (resaltado en el original).
Por lo menos dos cambios se
advierten en la nueva legislación, en relación con la desaparecida, porque la
favorabilidad quedó incluida dentro del principio de legalidad, dado que
aquélla apenas constituye una excepción a uno de los matices de la legalidad
(ley previa), pues de todos modos, aunque la ley sea posterior, por ser
favorable (y sólo por ello) estaría eximida del requisito de la preexistencia,
pero igualmente deberá ser escrita, estricta y cierta. De la misma manera, la
analogía favorable excusa la exigencia de ley estricta, pero ésta deberá reunir
las demás características. El segundo cambio atañe al énfasis legal, como norma
rectora, de que la favorabilidad se aplicará "sin excepción"
(Negrilla y subraya fuera de texto).
Se recordará que el Código
Penal de 1980 consagraba el principio de legalidad en el artículo 1°, la
favorabilidad en el artículo 6° y la exclusión de analogía en el artículo 7°.
(...) la favorabilidad es un
problema que ocupa al funcionario judicial en el momento de aplicar la ley,
desde luego siempre de cara a una vigencia sucesiva de normas. Es decir, como
no es un problema de producción legislativa (legislador) sino de aplicación de
la ley (funcionario judicial), debe atenderse al máximo al caso concreto o a la
práctica y un poco menos al acervo teórico, con más veras si el propósito
legislativo ha sido el de que no se ponga cortapisa a la aplicación de la ley
benigna o favorable así definida ("sin excepción", dice el precepto)".
También, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
en sentencia de 30 de marzo de 2006, rad. 22813, M.P. Álvaro Orlando Pérez
Pinzón, al referirse a la aplicación del principio de favorabilidad tratándose
de delitos permanentes, dijo:
"Si durante la
ejecución del hecho, es
decir, si durante todo el tiempo de realización de la conducta, han transitado
varias disposiciones que regulan el asunto de diversas maneras, se debe
aplicar la más favorable (Negrilla
original).
Los motivos de las
afirmaciones son los siguientes:
6.1. El artículo 29 de
la Constitución Política dispone que
La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
El ordenamiento jurídico
recoge ese precepto en los artículos 44 de la Ley 153 de 1887, 6° del Código Penal (Ley 599
del 2000) y 6° del Código de Procedimiento Penal (Ley 599 600 del 2000), normas
que son obligatorias, prevalentes y que deben ser empleadas como criterios
orientadores y de interpretación para las restantes.
El artículo 9° de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, adoptado mediante Ley 16 de 1972),
bajo el título de "Principio de legalidad y de retroactividad",
establece similar derecho en los siguientes términos:
Nadie puede ser condenado
por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas
según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del
delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará
de ello.
Idéntica es la redacción del artículo 15.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968).
Estas disposiciones del
derecho internacional reúnen los requisitos del artículo 93 de la Carta Política y, por tanto,
"prevalecen en el orden interno", porque forman parte del denominado
"bloque de constitucionalidad".
Como se lee con facilidad, las normas citadas se
refieren al principio de favorabilidad de manera considerablemente generosa,
vasta, por cuanto, como se percibe sin esfuerzo, de una parte, no limitan en
ningún caso a la aplicación de una u otra disposición. Simplemente es seleccionada
aquella que, de cualquier forma, incrementa, para bien, la situación del reo; y,
de la otra, porque no excluyen de su contenido ningún evento de
benignidad, o sea, no aluden a excepciones a la benignidad (Resaltado en el original).
Obviamente, por ello, en
desarrollo sobre todo del mandato constitucional, el inciso 2° del artículo 6Ddel Código Penal del
2000, una de las normas que constituyen la esencia y orientación del sistema
penal (artículo 13 del Código Penal), afirma que:
La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior se aplicará,
sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello
también rige para los condenados (resaltado original).
Bastaría afirmar, entonces,
con los principios generales del derecho, con los grandes postulados
sempiternos, que si la ley no se refiere expresamente a excepciones, tampoco puede hacerlo el
intérprete (Ubi lex non distinguit, nec nos distinguire debemus); y que cuando
la ley lo quiere, lo dice. Si no lo quiere, calla (Ubi lex voluit dixit, ubi
noluit tacuit).
Constitucionalmente,
entonces, no hay duda alguna en cuanto no existen restricciones para escoger y aplicar la disposición más benigna, de
aquellas que se han sucedido durante el tiempo de comisión constante y continua
de la conducta punible. Es, se reitera, apreciación elemental: si la ley no
distingue, el intérprete tampoco puede hacerlo.
(...)
Se infiere de lo anterior,
entonces, que el legislador penal sencillamente se acoge a los mandatos
constitucionales y legales que, como ya se vio, construyen una favorabilidad
más profunda, más prolija y lata, carente de excepciones.
En efecto, a partir de las normas constitucionales y
legales vigentes que regulan la materia, en las decisiones citadas han
considerado tanto la Corte Constitucional como por la Sala penal de la Corte
Suprema de Justicia, que el principio de favorabilidad en materia penal es una
garantía constitucional que debe aplicarse en todos los casos y sin excepción o
restricción alguna, en relación con normas sustanciales y/o procesales, con independencia de que se trate de personas
procesadas o condenadas.
No obstante lo anterior, y si bien las normas que
consagran el principio de favorabilidad no contienen excepciones, ello no
indica que el derecho a la aplicación de la favorabilidad no pueda ser limitado
por el legislador para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación, o cuando se trata de la implantación de un nuevo
sistema penal respecto de ciertas instituciones jurídicas que le son propias
solo a cada uno de ellos.
Mediante sentencia C-047 de 2006[25], la Corte
declaró exequible la expresión absolutoria contenida en el artículo 176 de
la Ley 906 de 2004, que dispone que el recurso de apelación
procede, salvo los casos previstos en este código, contra los autos adoptados
durante el desarrollo de las audiencias, y contra la sentencia condenatoria o absolutoria.
Como fundamento de la exequibilidad la Corte consideró que “Si
bien la impugnación de la sentencia condenatoria es un derecho consagrado
expresamente a favor del sindicado en la Constitución y en diversos
instrumentos internacionales, no es menos cierto que la posibilidad de
apelar la sentencia absolutoria es expresión de derechos de similar entidad de
las víctimas y materialización del deber de las autoridades de asegurar la
vigencia de un orden justo. No solo no es violatorio del non bis in idem,
establecer la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, sino que, por el
contrario, excluir esa posibilidad podría resultar problemático desde la
perspectiva de la garantía constitucional de la doble instancia, el derecho de
acceso a la administración de justicia, los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación y el imperativo que la Carta impone a las
autoridades de lograr la vigencia de un orden justo (CP art. 2°). De este modo,
así como, por expreso mandato constitucional, que está previsto también en
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia,
nuestro ordenamiento garantiza la posibilidad del sindicado de impugnar la
sentencia condenatoria, también se ha previsto, en desarrollo de la garantía de
la doble instancia, la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, lo cual
constituye una garantía para las víctimas y protege el interés de la sociedad
en una sentencia que, con pleno respeto de los derechos del sindicado, conduzca
a la verdad, la reparación y la justicia.” (negrillas fuera de texto)
En sentencia
C-998 de 2004[26], al conocer de una
demanda contra el artículo 205 de la ley 600 de 2000, la Corte encontró que no
contraría la Constitución la procedencia del recurso extraordinario de casación
contra las sentencias absolutorias, por cuanto, “Si, se accediera a la
petición hecha por el actor en el sentido de descartar la procedencia de la
casación  en las circunstancias que él invoca y por tanto no se permitiera al
Ministerio Público, a la Fiscalía, a la víctima, o a los perjudicados con el
hecho punible  solicitar la casación de la sentencia absolutoria  con el fin de
que se  corrija un eventual desconocimiento de la Constitución y la Ley, se
estaría no solo desconociendo el derecho a la igualdad de dichos intervinientes
en el proceso penal sino  su derecho al acceso a la administración de justicia
en perjuicio  de los derechos del estado, de la sociedad, de la victima o de
los eventuales perjudicados con el hecho punible  y con grave detrimento de los
derechos a la verdad a la justicia y a la reparación.”
En relación con
el recuso de revisión, en la sentencia C-979 de 2005[27],
que conoció de la demanda contra la expresión absolutorio del numeral
cuarto del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, si bien la Corte declaró
inexequible la citada expresión, no lo hizo para excluir la procedencia del
recurso de revisión contra el fallo absolutorio en procesos por violaciones de
derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario que
se establezcan mediante decisión de una instancia internacional, sino para
incluir en la norma la posibilidad de revisión del fallo condenatorio, por
cuanto, “Las mismas cautelas que en su momento tuvo la
Corte para autorizar la posibilidad de que por la vía de la revisión penal
extraordinaria, se reabrieran procesos por violaciones de derechos humanos, que
había culminado con una decisión favorable al sentenciado, con ruptura del
principio del non bis in idem, operan en el caso de la reapertura de procesos
culminados con sentencia condenatoria. Esas cautelas, orientadas a la
preservación  del non bis in idem, para los delitos en general, se encuentran
explícitas en la regla que contiene la expresión demandada, en cuanto que la
reapertura se produce a través de un mecanismo procesal extraordinario, opera
para la criminalidad con mayor potencialidad ofensiva y desestabilizadora como
son los crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, y está condicionada al pronunciamiento de una instancia
internacional acerca del incumplimiento del Estado de sus obligaciones de
investigación y sanción de estos crímenes. Encuentra así la Corte que el
alcance que la expresión demandada le imprime a la causal de revisión de la
cual forma parte, entraña en primer término, una violación de la Constitución
en virtud del desconocimiento de claros referentes internacionales aplicables a
la materia por concurrir a integrar el bloque de constitucionalidad (Art. 93
CP); en segundo término, una actuación contraria al deber constitucional de
protección de los derechos de las víctimas de estos delitos que desconocen la
dignidad humana y afectan condiciones básicas de convivencia social, necesarias
para la vigencia de un orden (artículo 2 CP); en tercer lugar, un
desconocimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano de
colaborar con la vigencia de los derechos humanos y sancionar las conductas que
afectan estos valores supremos del orden internacional, que nuestro país ha
reconocido como elementos esenciales de las relaciones internacionales (CP Art.
9°); y en cuarto lugar una violación al debido proceso de la persona condenada
en una actuación que desatiende los deberes constitucionales e internacionales
de investigar seria e imparcialmente estos crímenes, aspecto que ha sido
constado por una instancia internacional.
Finalmente, en
la sentencia T-1057 de 2007[28], la Corte negó la
procedencia de la favorabilidad a un caso al que durante su vigencia le
aplicaron el artículo 62 de la Ley 600 de 2000 que consagra el término de un
año durante el cual se prohíbe al sindicado enajenar bienes sujetos registro,
alegándose tener derecho al de seis meses consagrado en el artículo 97 de la
Ley 906 de 2004.
En dicho caso la
corte consideró, que el principio de favorabilidad debe aplicarse en armonía
con el modelo procesal correspondiente. Dijo la Corte:
“… Es importante resaltar, que
tratándose de las modificaciones
considerables, que son fundamentales especiales y propias del nuevo sistema
procesal penal con tendencia acusatoria, ciertas figuras jurídicas de
éste nuevo sistema procesal no se pueden aplicar por favorabilidad a los
procesos iniciados en el sistema anterior, pues se insiste, son inherentes a la
estructura misma del nuevo modelo[29], pues
sólo son propias respecto del mismo y no encajarían aplicadas a otro sistema,
pues de hacerlo desnaturalizarían la figura respectiva.
Es así como esta Corporación ha señalado,
que “el principio
de favorabilidad rige también situaciones de coexistencia de regímenes legales
distintos, siempre que concurran los presupuestos materiales del principio de
favorabilidad, lo que implica que no puede ser aplicado frente a
instituciones estructurales y características del nuevo sistema”.[30]
En el mismo sentido, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia ha considerado que “en punto del principio de favorabilidad la Ley 906 de
2004 podría ser aplicada con efectos retroactivos respecto de situaciones
anteriores a su vigencia cobijadas por una legislación que aún se encuentra en
vigor (Ley 600 de 2000), siempre que ello no comporte afectación de lo
vertebral del sistema acusatorio, esto es, de aquellos rasgos que le son
esenciales e inherentes y sin los cuales se desnaturalizarían tanto sus
postulados y finalidades como su sistemática”. (Auto de mayo 4 de 2005.
Rad: 23567 – M.P. Marina Pulido de Barón)[31].
En efecto, rasgo esencial del nuevo sistema
procesal penal con tendencia acusatoria[32] es la
reducción de el término para acusar, con incidencia en la libertad del
imputado, o en la prohibición para el imputado o sindicado de enajenar bienes
sujetos a registro.”
Y, concluyó la Corte en dicha sentencia:
“No todas las disposiciones de la ley 906
de 2004 pueden ser aplicables por favorabilidad a los procesos iniciados bajo
la ley 600 de 2000, pues para que ello sea posible, la figura jurídica a
emplear no debe ser de aquellas que son inherentes al nuevo sistema, en cuanto
armonizan con la reducción de los términos para presentar la acusación y por
ende concluir el juicio; es decir, que su aplicación no desnaturalice la
finalidad que tuvo la reducción de término para aplicar ciertas figuras del
nuevo modelo procesal penal. Situación que no acontece en esta ocasión, pues la
Fiscalía accionada erradamente decidió aplicar por favorabilidad el artículo 97
de la ley 906 de 2004, al observar que este reducía la prohibición de enajenar
los bienes sujetos a registro, de un año a seis meses, como antes lo establecía
el artículo 62 de la ley 600 de 2000, sin ninguna otra consideración. No
obstante, el término de prohibición de 6 meses que trae el nuevo sistema, es
sólo coherente dentro del nuevo sistema procesal penal con tendencia
acusatoria, pues éste es más célere y, en principio, nunca debería durar más de
6 meses. Término de prohibición de enajenar bienes de seis (6) meses, que no
guarda ninguna armonía con el anterior sistema en el que ésta época corresponde
a la mitad del término que se tiene para investigar y calificar el sumario, y
que aplicado así de manera objetiva no tiene sentido pues en dicho momento
apenas cursa la investigación, y no coincide con un momento procesal en el cual
se pueda señalar de fondo la responsabilidad del sindicado o emitir un
pronunciamiento sobre su inocencia, dejando de tal manera a las víctimas sin el
medio establecido por la ley para garantizar la indemnización de sus perjuicios
y con ello garantizar su derecho a la reparación.”
En conclusión, el derecho a la favorabilidad en materia
penal no es absoluto y puede verse limitado por derechos de similar entidad y
en virtud del deber constitucional de protección de los derechos de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, la dignidad humana, a la
igualdad, el debido proceso, y el acceso a la administración de justicia.
Tampoco es procedente su aplicación frente a ciertas instituciones
estructurales y características del nuevo sistema penal con tendencia
acusatoria que en cuanto al señalamiento de términos puedan resultar más
favorables.
7. Aplicación del principio de favorabilidad en normas declaradas inconstitucionales
La aplicación del principio de favorabilidad implica que
la declaratoria de inexequibilidad de una norma que haga la Corte Constitucional
no impide que la misma pueda seguir produciendo efectos, siempre y cuando se
cumpla a plenitud el supuesto de hecho normativo que da lugar a la aplicación
de la consecuencia jurídica más favorable durante su vigencia, en especial cuando
la inexequibilidad la norma estuvo determinada por vicios de forma.
Cabe recordar, que la declaratoria de inexequibilidad de
una norma que haga la Corte Constitucional no impide que la misma pueda seguir
produciendo efectos, siempre y cuando se cumpla a plenitud el supuesto de hecho
normativo que da lugar a la aplicación de la consecuencia jurídica más
favorable durante su vigencia, en especial cuando la inexequibilidad de la
norma estuvo determinada por vicios de forma y no materiales como ocurre con el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T - 824 A de 2002, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil,
afirmó:
"Dentro de este
contexto, al margen de las diferencias que surgen entre los efectos de la
derogatoria y la declaratoria de inexequibilidad de una ley, es lo
cierto que, en virtud del principio de favorabilidad en materia penal, v
en procura de garantizar plenamente el derecho fundamental al debido proceso,
de manera excepcional es posible reconocer efectos
ultractivos a las disposiciones que han sido eliminadas del ordenamiento
jurídico - sustantivas o procedimentales-, tanto por vía de la
derogatoria como por vía de la declaratoria de inconstitucionalidad,
para efectos de regir los recursos, los trámites y las
actuaciones que se iniciaron previamente a la exclusión de la ley
del sistema legal, durante el término en que se encontraba vigente y
mientras estuvo amparada por la presunción de constitucionalidad. Ello
es así, si se tiene en cuenta que el principio de favorabilidad comporta una
garantía esencial del derecho al debido proceso (C.P. arto 29) y, como tal, el
mismo no puede ser desconocido en ningún escenario legal o judicial donde su
aplicación sea necesaria para garantizar el debido proceso y asegurar la
vigencia de un orden justo.
(...)
"La Corte
Constitucional ha afirmado que en materia penal el principio constitucional
según el cual "nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes
al acto que se le imputa ..." (C.N. art 29) es aplicable, en principio, a las
disposiciones de carácter sustancial. Por lo tanto, la aplicación inmediata de las
normas procesales en materia penal, inicialmente, no resulta contrario a la Constitución[33].
Sin embargo en materia penal este criterio[34]
no resulta aplicable cuando las normas procesales derogadas o excluidas del
ordenamiento jurídico en virtud de su declaratoria de inexequibilidad resulten
más favorable al procesado. En tales casos. el juez debe aplicar las
disposiciones procesales más favorables al procesado. en virtud del principio
de favorabilidad en materia penal[35].
(...)
En conclusión, en materia
procesal penal el principio de seguridad jurídica y la confianza legítima en la
actividad del Estado imponen el deber del juez de finalizar los trámites y
etapas procesales derogados o excluidos del ordenamiento jurídico, cuando quiera
que estos ya hayan sido iniciados antes de la derogación o eliminación, siempre
y cuando estén encaminados a aumentar las garantías respecto de la legalidad
del proceso. Tales garantías no se limitan a aquellos recursos de los cuales
puedan disponer las partes dentro del proceso, sino que se extienden también a
las etapas que operan por mandato de la ley, y a aquellas que puede efectuar de
oficio el juez de conocimiento.
Por lo tanto, en el presente
caso la Sala estima que al inhibirse de dar trámite al grado jurisdiccional de
consulta, el tribunal accionado vulneró el principio del debido proceso según
el cual "[e]n materia penal, la ley permisiva o favorable... se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable", pues al no
resolver el grado jurisdiccional de consulta, a pesar de que su trámite ya se
había iniciado, restringió su acceso a esta etapa como instrumento que, al
preservar la legalidad del proceso, constituye una garantía del derecho
fundamental al debido proceso.
Si en gracia de discusión se
aceptara la tesis de que el principio de favorabilidad no resulta aplicable al
presente asunto, por no haberse considerado el grado jurisdiccional de consulta
como una garantía procesal de defensa, en todo caso la actuación omisiva de la
entidad demandada violó el derecho al debido proceso. Ello es así, en cuanto la
declaratoria de inexequibilidad de las normas que regulaban la consulta en la
Ley 600 de 2000, conforme se explicó en el punto 2.2 de las consideraciones de
esta sentencia, conlleva -como consecuencia necesaria el restablecimiento
automático de las preceptivas que bajo el antiguo Código de Procedimiento Penal
(Decreto 2700 de 1991) se ocupaban de regular dicho instituto jurídico, y que
en su artículo 206 preveía expresamente la procedencia de la consulta contra
las sentencias ordinarias dictadas por los jueces penales del circuito especializado
que no hubieran sido objeto de impugnación, características que se cumplen sin
discusión en el caso de la sentencia de condena proferida contra el actor de la
presente tutela[36]. De
manera que, frente a las normas del Código de Procedimiento Penal derogado,
revividas por efecto de la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones
derogatorias, también en el presente caso el tribunal acusado se encontraba
obligado a resolver el grado jurisdiccional de consulta. Máxime si la
expulsión de las normas regulatorias de la consulta por vía del control de
inconstitucionalidad, no obedeció a la contrariedad existente entre su
contenido material y la Constitución Política, sino al trámite legislativo
irregular que, en relación con tales normas, sufrió en el Congreso de la
República el proyecto que culminó con la expedición de la citada Ley
600 de 2000.
En la misma medida,
encuentra la Sala que el tribunal desconoció potencialmente el derecho a la
igualdad ante la ley, ya
que como consecuencia de su omisión en resolver el grado jurisdiccional de
consulta, discriminó al actor respecto de otros imputados que por condenas
similares se han visto favorecidos con la decisión de la autoridad judicial
competente, las cuales, acogiéndose a la aplicación del principio de
favorabilidad, han tramitado y resuelto en forma oficiosa y oportuna la
respectiva consulta” (Negrillas
y subrayado fuera de texto).
La sentencia citada nos permite afirmar que en el caso
de normas declaradas inconstitucionales puede aplicarse el principio de
favorabilidad, si las disposiciones expulsadas del ordenamiento jurídico
resultan favorables al procesado o condenado y se cumple con los supuestos de
hechos consagrados por la norma legal que consagra el beneficio. Lo anterior se
predica del presente caso, si se toma en cuenta que el fundamento de la
declaratoria de inexequibilidad se encontró en la estructuración de vicios en
el procedimiento de formación, y no como consecuencia de contrariedad de su
contenido material a las disposiciones de rango superior.
8. Contenido del artículo 70 de la Ley 975 de 2005.
Su aplicación en virtud de la favorabilidad no comporta
una limitación a los derechos de las víctimas.
En el artículo
70 de la ley 975 de 2005, el legislador estableció una “rebaja de penas”
del siguiente tenor:
“ARTÍCULO 70. Las personas que al
momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia
ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una
décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
“Para la concesión y tasación del
beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en
cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de
actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a
las víctimas”.
En efecto, en
virtud de su potestad de configuración, el legislador dispuso un beneficio de
rebaja de pena, bajo ciertas condiciones que pueden ser agrupadas en dos
conjuntos diferentes, las primeras, de carácter general y las demás
específicas, de la siguiente manera:
(a)  Los requisitos
generales para acceder a la rebaja de hasta el 10% de la pena, prevista en
el artículo 70 de la ley 975 de 2005 son:
(i) los destinatarios del beneficio son aquellas
personas que se encontraran condenadas, con sentencia ejecutoriada, entre el
25 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor de la ley) hasta el 22 de
julio de 2006 (fecha a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró inexequible
el art. 70 por vicios de procedimiento), exceptuando a aquellos grupos
desmovilizados a quienes se les aplican las demás disposiciones y rebajas
contenidas en la ley 975 de 2005;
(ii) el beneficio no cobija un grupo de delitos expresamente
enlistados en la ley 975, a saber, los punibles de narcotráfico, delitos contra
la libertad, integridad y formación sexuales y los delitos de lesa humanidad
definidos a través de instrumentos internacionales.
(iii)  la redosificación no opera de manera automática y, en
su lugar, debe ser solicitada por el interesado al juez al juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad.
(b)  Por su
parte, los requisitos específicos, que deben ser verificados por el juez
de ejecución de penas y medidas de seguridad en cada caso, para efectos de su
tasación, son los siguientes:
(i)
Buen comportamiento del condenado;
(ii)
El compromiso de no repetición de actos delictivos;
(iii)
Cooperación con la justicia;
(iv)
Ejercicio de acciones de reparación a las víctimas.
Adicionalmente,
sobre estos últimos requisitos, recordemos que la Corte ha aclarado que no es
necesario acumularlos en su totalidad para acceder a la rebaja sino que, de
acuerdo a las pruebas allegadas por la parte o decretadas de oficio, el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad competente debe tasar
el grado de cumplimiento de cada una de dichas condiciones, “pudiéndose
entonces mover en una escala que va desde negarlo, hasta concederlo parcial o
totalmente”.  El argumento presentado para justificar esta forma de
aplicar el beneficio penal, ha sido el siguiente:
“La Sala de Revisión considera que esta
segunda interpretación es la conforme con la Constitución por cuanto se apoya
en el principio de efecto útil de la norma jurídica y es respetuosa del derecho
al debido proceso penal. En efecto, el segundo inciso del artículo 70 de la Ley
975 de 2005 prescribe que “Para la concesión y la tasación del
beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en
cuenta…”. De tal suerte que si el juez no pudiese verificar el grado de
cumplimiento de cada uno de los requisitos, el vocablo “tasación” no tendría
efecto jurídico alguno. A decir verdad, “tasar” significa medir, cuantificar y
no simplemente reconocer o negar una petición.”[37].
Cabe recordar, que la aplicación
de la rebaja de pena del 10% contemplada en el artículo 70 de la Ley 975 de
2005, con posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de la misma, encuentra
fundamento en los principios de favorabilidad, libertad personal e igualdad, no
comporta una limitación a los derechos de las víctimas, por las siguientes razones:
(i) El conocimiento de la verdad sobre lo ocurrido es y
debe ser siempre el fundamento de la sentencia condenatoria, lo cual se hace
evidente al tomar en consideración que en materia penal la declaración de
responsabilidad penal debe estar sustentada sobre un mínimo de prueba exigido
legalmente.
De esta manera, como quiera que, de acuerdo con el tenor
literal del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, los destinatarios del beneficio
de rebaja de pena pueden ser, única y exclusivamente, aquellas personas que
tienen la calidad de condenados en virtud de sentencias ejecutoriadas, es claro
que para el momento de aplicar la rebaja de pena ya se encuentra garantizado el
derecho a conocer la verdad del cual gozan las víctimas.
(ii) El derecho a que se haga justicia en el caso
concreto tiene que ver, en esencia, con la necesidad de que no haya impunidad[38].
La gravedad de la pena que en abstracto merezca una
conducta reprochable (merecimiento de pena) es un aspecto cuya definición le
corresponde de manera privativa al legislador, siempre que respete los límites
trazados por los preceptos de la Carta Fundamental, tales como la
proporcionalidad y la razonabilidad.
En esta medida, no es factible afirmar la vulneración
del derecho de las víctimas a que se haga justicia en el caso concreto, siempre
y cuando el juez profiera una sentencia que se enmarque dentro de los límites
previstos por el legislador, aspecto en el cual deben tomarse en consideración
la totalidad de previsiones legales relacionadas con la imposición, tasación y ejecución
de las sanciones penales, en las cuales el juez puede fundamentar su decisión,
tales como los principios de las sanciones penales (necesidad,
proporcionalidad, razonabilidad), los fines y funciones de las sanciones
penales (artículos 4° y 5° del código penal), la posibilidad de imposición de
penas sustitutivas (prisión domiciliaria, sistemas de vigilancia electrónica,
etc.).
Así, el derecho a que se haga justicia, tal como sucede
con el derecho a la verdad, se encuentra plenamente garantizado para el momento
en el cual opera la rebaja de pena prevista en el artículo 70 de la ley de
justicia y paz.
(iii) El derecho a obtener la reparación tampoco se
afecta porque, reiterando lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia T -
355 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto, la aplicación de la rebaja de pena no
comporta, desde ningún punto de vista, una aminoración o pérdida del derecho a
ser resarcida.
En relación con las acciones para la reparación a las
víctimas, como condición consagrada en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005
para tener derecho al beneficio de la rebaja de pena, como lo ha considerado
esta corporación[39], comprende cuatro formas complementarias entre sí, a fin de lograr la reparación adecuada, que han sido establecidas a la luz del derecho internacional, a
saber: (i) la restitución, (ii) la indemnización, (iii)
la rehabilitación, y (iv) la satisfacción y garantía de no repetición, y que
deberán ser valoradas en su conjunto por el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad a quien corresponda la aplicación del beneficio de rebaja
de pena en comento.
En la sentencia C-979 de 2005[40],
la Corte explicó su contenido de la siguiente manera:
La restitución, se realiza a través
de acciones orientadas a devolver, en la medida de lo posible, a la víctima a
la situación que se encontraba antes de ser afectada por el ilícito, tiene un
alcance que trasciende lo meramente pecuniario en cuanto atañe al
restablecimiento de todos sus derechos que le permitan continuar con una vida
normal en su entorno social, familiar, de ciudadanía, laboral y económico.
La indemnización, se identifica con las
medidas orientadas a lograr el resarcimiento de los daños generados por el ilícito
y que sean cuantificables económicamente (daños físico y mental; la pérdida de
oportunidades de desarrollo; los daños materiales y la pérdida de ingresos
incluido el lucro cesante; el daño a la reputación o a la dignidad, las
disminuciones patrimoniales).
La rehabilitación, corresponde al conjunto
de acciones que se orientan a proporcionar a la víctima la atención y
asistencia que requiera desde el punto de vista médico, psicológico, social y
jurídico.
La satisfacción y las garantías de no
repetición, atañen a aquellas acciones dirigidas, de una parte a deshacer el
agravio inferido a la víctima, y de otra, a impedir que vuelvan a realizarse
conductas con las cuales se afectaron sus derechos, las cuales deben ser
adecuadas  a la naturaleza y magnitud de la ofensa.
9.  Casos
concretos.
Los actores fueron
condenados, en procesos penales diferentes, a penas que van desde los 32 hasta
los 12 años de prisión.  Ambos consideran que reúnen los requisitos necesarios para
acceder a la rebaja de pena consignada en el artículo 70 de la ley 975 de 2005
y por eso requirieron el beneficio a cada uno de los jueces de ejecución de
penas y medidas de seguridad competentes.  Sin embargo, dichas autoridades
judiciales y también así los Tribunales que conocieron del asunto en segunda
instancia, negaron la aplicación de la redosificación, debido a que (i) la
norma fue declarada inconstitucional[41] y (ii) ninguno de los
dos condenados reúne la totalidad de los requisitos necesarios para acceder a
la rebaja de la pena.
Ahora, como
consecuencia de dichas negativas, los actores presentan acción de tutela de sus
derechos al debido proceso y la igualdad, y requieren que por esta vía se
reconozca el acceso al beneficio punitivo.
En esta ocasión considera la Corte que debe replantear la postura
plasmada en sentencia T - 355 de 2007, con ponencia del Magistrado Humberto
Sierra Porto, para -en su lugar- afirmar la posibilidad de dar aplicación al
beneficio contemplado en el artículo 70 de la ley 975 de 2005, bajo las
condiciones por ella impuestas, frente a personas que lo soliciten con
posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad de la norma, conclusión que
se sustenta en las múltiples razones de orden constitucional, legal y
jurisprudencial que fueron explicadas.
En efecto, en virtud del principio de favorabilidad puede aplicarse
el beneficio de rebaja de pena a personas condenadas aunque lo soliciten con
posterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 70 de la Ley
975 de 2005. Cabe recordar, que si bien se puede presuponer que para la
aplicación del mismo la persona que crea tener derecho al beneficio lo solicite
al juez respectivo, no consagra dicha norma entre los requisitos para su
procedencia, que dicha solicitud se presente dentro del término de vigencia de
la norma, pues ella lo concede a las personas que al momento de entrar en
vigencia la ley cumplan penas por sentencia ejecutoriada, salvo ciertos casos
expresamente indicados.
Exigir la presentación de la solicitud del beneficio, de manera
formal, durante la época de vigencia de la norma, cuando ésta ha sido declarada
inexequible, es tanto como exigir dicho requisito para los casos de
derogatoria, vaciando de contenido el principio de favorabilidad, en virtud del
cual, se permite en materia penal la aplicación retroactiva o ultractiva de las
normas siempre en beneficio del procesado o condenado.
Lo anterior nos permite afirmar que, en los casos objeto
de estudio, por virtud del principio de favorabilidad, es factible aplicar la
rebaja de pena prevista en el artículo 70 de la ley 975 de 2005, aún con posterioridad
a la declaratoria de inexequibilidad, frente a aquellas personas que estuvieren
condenadas al momento de entrada en vigencia de la norma, siempre y cuando
cumplan los restantes requisitos que componen el supuesto de hecho que da lugar
al reconocimiento del beneficio, habida cuenta que se trata de una típica ley
intermedia que tiene carácter favorable.
Bajo los
parámetros antedichos esta Sala considera que, en los casos bajo estudio, los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad deben tener en cuenta el
principio de favorabilidad frente a aquellas personas
que estuvieren condenadas al momento de entrada en vigencia de la norma, aunque
hubieren presentado su solicitud con posterioridad a la declaratoria de
inexequibilidad del art. 70 de la Ley 975 de 2005,  siempre y cuando se cumplan
los restantes requisitos que componen el supuesto de hecho que da lugar al reconocimiento
del beneficio. Esto implica -reiteramos- que se cumplan por cada uno de los
actores y a plenitud, el supuesto de hecho normativo que da lugar a la
aplicación de la consecuencia jurídica más favorable durante la vigencia de la
norma, en especial cuando su inexequibilidad estuvo determinada por vicios de forma.
En efecto, en el caso del señor Velásquez Bolaño, la sala comprueba
que fue condenado a la pena principal de prisión de 32 años por los delitos de
Homicidio Agravado y Hurto Calificado, mediante sentencia confirmatoria de
segunda instancia expedida el 09 de junio de 2005, por lo tanto, el actor, en
virtud del principio de favorabilidad y en contraste con la decisión de
instancia, sí tiene derecho a la rebaja de la pena consignada en el artículo 70
de la ley 975 de 2005, por lo que se habrá de revocar la providencia que se
revisa y, en su lugar, se concederá la protección de los derechos fundamentales
invocados, en especial, el debido proceso penal, la igualdad y la libertad
personal.
Ha de entenderse, por tanto, que las providencias judiciales que
negaron la aplicación de la rebaja de la condena prevista en el artículo 70 de la
Ley 975, incurrieron, conforme a los llamados criterios de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en un defecto de tipo
sustantivo por desconocimiento del principio de favorabilidad penal.  Sobre el
particular es importante recordar que de acuerdo a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, para acceder a la rebaja no es necesario cumplir con la
totalidad de los requisitos específicos sino que dichas variables
constituyen una escala a partir de la cual el juez de ejecución de penas tasa
la disminución punitiva.
Frente al caso
del señor Jorge Armando Velásquez León, la Sala comprueba que fue condenado, en
segunda instancia, el 02 de diciembre de 2003 por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, a la pena principal de prisión por 172 meses y 22 días de
prisión por los delitos de Tentativa de Homicidio, Hurto Calificado y Agravado
y Porte Ilegal de Armas de Fuego.  Por tanto, la Sala comprueba que este
ciudadano también cumple con el requisito generales establecido en la
norma para acceder a la rebaja de su pena.  En efecto, para la época en que la
disposición estuvo vigente esta persona ya había sido condenada y su sentencia
se encontraba ejecutoriada por punibles diferentes a los excluidos en la Ley
975.  Finalmente, hay que tener en cuenta que éste elevó solicitud formal para
que le fuera aplicado el descuento punitivo la cual fue denegada por el Juzgado
de Ejecución de Penas competente y por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, en razón a que el artículo en el que se
consignó la rebaja de pena fue declarado inexequible.
Pues bien, en
contraste con la decisión que negó la protección de los derechos invocados por
el señor Velásquez León, esta Sala considera que las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en un defecto sustantivo en sus decisiones, pues con la
negativa de aplicar la rebaja contenida en el artículo 70 de la Ley 975 de
2005, desconocieron el principio de favorabilidad penal.  En efecto, como se
anotó, la Corte ha aclarado que dicha disposición surtió efectos durante un
lapso de tiempo determinado ya que la inexequibilidad no tuvo efectos
retroactivos, lo cual implica que, dado su carácter favorable, se deba aplicar
la rebaja punitiva a aquellas personas que estuvieren
condenadas mediante sentencia en firme al momento de entrada en vigencia de la
norma, siempre y cuando cumplan los restantes requisitos que componen el
supuesto de hecho que da lugar al reconocimiento del beneficio.  Total, la
declaratoria de inexequibilidad no excluyó de manera absoluta la aplicación de
la rebaja sino que la limitó a los eventos que se hubieren consolidado dentro
del término de vigencia de la norma, es decir, desde
el 25 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor
de la ley) hasta el 22 de julio de 2006 (fecha de ejecutoria de la
decisión mediante la cual fue declarado inexequible).
Procedente la aplicación del beneficio en los casos
analizados, le corresponde a los jueces de ejecución de penas y medidas de
seguridad valorar los requisitos específicos que consagra el artículo 70 de la
Ley 975 de 2005, y en especial, en relación con el ejercicio de acciones de
reparación a las víctimas, le corresponde a dichos jueces tener en cuenta que ella
comprende cuatro formas complementarias entre sí, a fin
de lograr la reparación adecuada, a saber: (i) la restitución, (ii) la indemnización, (iii) la rehabilitación, y
(iv) la satisfacción y garantía de no repetición, y que deberá valorar en su
conjunto.
En consecuencia,
se revocarán las decisiones de instancia y, en su lugar se concederá la
protección de los derechos invocados.  Por tanto, se ordenará a los Jueces de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad respectivos que procedan a aplicar y
tasar la rebaja de pena consignada en el artículo 70 de la ley 975 de 2005 pero
deberán valorar los requisitos especiales consagrados en el artículo citado
para efectos de la tasación de la rebaja de pena, todo de conformidad con lo
dispuesto en esta sentencia.
VI.  DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.  Levantar los términos suspendidos mediante Auto del veintiuno (21)
de abril de dos mil ocho (2008).
Segundo.  REVOCAR, por las razones contenidas en esta providencia, el fallo proferido
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de agosto
de 2007, que denegó la acción de tutela presentada por José David Velásquez
Bolaño.  En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales
al debido proceso, la igualdad y la libertad personal.
Tercero.  DEJAR SIN EFECTOS los autos del 27 de febrero de 2007,
proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Valledupar, y del 04 de mayo de 2007, proferido por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, por medio de los cuales
fue negada la aplicación favorable de la rebaja de la pena prevista en el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005, solicitada por el señor José David Velásquez
Bolaño.
Cuarto.  ORDENAR, como se expresó en esta providencia, al Juez
Primero de Ejecución de Penas del Circuito de Valledupar, o aquel que en la
actualidad sea competente para conocer de la condena impuesta al señor José
David Velásquez Bolaño, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de este fallo proceda a aplicar y tasar la rebaja
de pena consignada en el artículo 70 de la ley 975 de 2005, conforme a lo definido
en esta sentencia.
Quinto.  REVOCAR, por las razones contenidas en
esta providencia, el fallo proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, el 25 de septiembre de 2007, que denegó la acción de
tutela presentada por Jorge Armando Velásquez León. En
su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al debido
proceso, la igualdad y la libertad personal.
Sexto.  DEJAR SIN EFECTOS los autos del 05 de
febrero de 2007, proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bucaramanga, y del 05 de junio de 2007, proferido por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, por
medio de los cuales fue negada la aplicación favorable de la rebaja de la pena
prevista en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, solicitada por el señor Jorge
Armando Velásquez León.
Séptimo.  ORDENAR, como se expresó en esta providencia, al Juez Segundo de Ejecución
de Penas del Circuito de Bucaramanga, o aquel que en la actualidad sea
competente para conocer de la condena impuesta al señor Jorge Armando Velásquez
León, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este fallo proceda a aplicar y tasar la rebaja de pena
consignada en el artículo 70 de la ley 975 de 2005, conforme a lo definido en
esta sentencia.
Octavo.  Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
Con
salvamento de voto
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA T-815 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME
ARAUJO RENTERIA
Referencia: Expedientes acumulados T-1745448 y T-1745456
Acciones de tutela instauradas por José David Velásquez Bolaño y
Jorge Armando Velásquez León, contra los Tribunales Superiores de Valledupar,
Bucaramanga y otros.
Magistrada Ponente:
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Con el debido
respeto por las decisiones mayoritarias de esta Sala de Revisión, me permito
presentar Salvamento de Voto frente a la presente decisión, ya que considero
que en este caso la acción tuitiva no debió prosperar ordenando al juez de
ejecución de penas proceder a aplicar y tasar la rebaja de pena consignada en
el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por las razones que me permito exponer a
continuación:
1. En primer
termino, discrepo de la decisión adoptada en esta sentencia, por cuanto el
artículo 70 de la Ley 975 de 2005 fue declarado inexequible por esta Corte
mediante la sentencia C-370 del 2006. A este respecto no comparte este
magistrado, de un lado, el argumento esbozado en el acápite 4.3 y 5 de la parte
considerativa y motiva de esta providencia, tendiente a restarle importancia a
la declaratoria de inexequibilidad hecha por esta Corte, en razón a que se hizo
con fundamento en razones de forma relativas a vicios de procedimiento en el
trámite legislativo de dicho precepto normativo. De otra parte, no comparte
este magistrado, la tesis expuesta y aplicada en este caso, esbozada en los
acápites anteriormente mencionados, en relación con los efectos de la
mencionada sentencia y la existencia de un lapso de tiempo en el cual dicho
precepto declarado inconstitucional, estuvo vigente y por tanto debe aplicarse
en seguimiento del principio de favorabilidad penal.
En este sentido,
me permito manifestar que disiento categóricamente de la posibilidad de aplicar
el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 con posterioridad a su declaratoria de
inexequibilidad por parte de esta Corte, por cuanto esto equivale a tanto como
a validar la tesis según la cual una norma puede ser revivida o seguir
produciendo efectos jurídicos de manera válida, y ello desde un punto de vista
jurídico-normativo, aún después de haber sido expulsada del ordenamiento
jurídico, lo cual considero un exabrupto jurídico.  A este respecto, reitero la
jurisprudencia de esta Corte plasmada, entre otras, en la sentencia T-355 de
2007.
Por
consiguiente, para el suscrito magistrado es claro que para que proceda la
concesión de los beneficios otrora concedidos por el artículo 70 de la Ley 975
de 2005, éstos deben haber sido solicitados antes de la declaratoria de
inexequibilidad de dicho precepto, y que de ninguna manera procede la
aplicación de dichos beneficios o su otorgamiento con posterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, en
cuanto no es posible desde un punto de vista lógico-jurídico revivir normas
después de que han sido sacadas del ordenamiento jurídico.
2. En segundo
lugar, y este constituye un argumento no menos importante que el anterior, a
juicio de este magistrado, aunque la Corte sólo se pronunció sobre la
inexequibilidad del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 por razones de forma, este
magistrado considera que dicho precepto no sólo era inconstitucional por
razones de fondo, sino que más allá, no constituía propiamente derecho por
contener una disposición injusta en extremo.
Para sustentar
el anterior aserto, me permito remitirme a lo expuesto por el filósofo del
derecho alemán Gustav Radbruch, quien formulara la tesis de que la injusticia
extrema no constituye derecho[42]. Este argumento puede
referirse tanto a normas individuales de un sistema jurídico como al sistema
jurídico en su totalidad.
La aplicación
más conocida de esta fórmula, y la que procede en este caso, se refiere a
normas individuales y es el resultado de realizar una ponderación entre los
valores de la justicia y la seguridad jurídica, en cuyo caso, cuando exista una
contradicción entre el derecho positivo y la justicia que se vuelva
intolerable, el “derecho incorrecto” tiene que ceder ante la justicia.
3.
Adicionalmente, para el suscrito magistrado es claro que en el presente caso el
actor tampoco cumple con los requerimientos, ni objetiva ni subjetivamente, y
que en todo caso, el juez tiene discrecionalidad para decidir sobre estos
asuntos, de tal manera que considero que en estos casos particulares no existe
la vía de hecho judicial alegada por el actor.
Con fundamento en las anteriores razones,
salvo mi voto a la presente decisión de revisión de la acción tutelar.
Fecha ut
supra,
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] “Artículo 25. Protección Judicial
“1. Toda
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
“2. Los
Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar
que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a
desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a
garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso.”
[2]
Dentro de las más recientes, vid. sentencias T-171, T-222, T-225, T-284, T-633,
T-637, T-676, T-840, T-842, T-937 y T-966 de 2006, y T-049, T-052, T-115, T-117
y T-226 de 2007.
[3]  M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
[4]  M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5]  Vid. Corte Constitucional, sentencia T-008 de 1998.
[6]  M.P.: Eduardo Montealgre Lynett
[7]  M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
[8]
Sentencia T-1031 de 2001, argumento jurídico número 6 (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[9]
Al respecto, en la sentencia T-461 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett,
Sala Séptima de Revisión, en un caso en el que se estudió la tutela contra la
pérdida de investidura del señor José Jattin Safar, la Corte estimó los
siguiente: “(...) resulta claro que la tutela contra providencias judiciales
no procede por incurrir el funcionario en vía de hecho (en el sentido
administrativo del concepto), sino por violación de la Constitución. En
sentencia T-441 de 2003 la Corte recogió y sistematizó estos argumentos fijando
parámetros para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, que
respondieran a claros criterios constitucionales. Así, se indicó que la tutela
procede contra decisiones judiciales cuando se presenta violación directa o
indirecta de la Constitución. Es decir, frente a providencias judiciales
inconstitucionales.(...)” (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[10]
Sobre el papel actual que juega el juez en un Estado Social de Derecho véanse
las sentencias C-037 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;  C-366 de 2000 y
SU-846 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[11]
Véanse entre otras, sentencias T-441 de 2003, M.P.: Eduardo Montealegre Lynett;
T-200 y T-684 de 2004 y T-658 y T-939 de 2005 M.P.: Clara Inés Vargas Hernández
(cita original de la jurisprudencia trascrita)..
[12]
Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99,
T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02,
T-901/02, entre otras (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[13]
Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99,
T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-054/03 (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[14]
Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02,
T-852/02,  T-705/02 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[15]
Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260/99,
T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02,
T-868/02, T-901/02 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[16]
En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es
razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley,
que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse
de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero
siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de
lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A
través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente
puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este
tema, también la sentencia T – 949 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[17]  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003 (cita original
de la jurisprudencia trascrita).
[18]
M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
[19]
Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur
Galvis Y Clara Inés Vargas Hernández.
[20]
Éste dice textualmente: [l]a presente ley tiene por objeto facilitar los
procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de
miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de
las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
[21]  Sentencia
C-370 de 2006, argumento jurídico 5.3.
[22]  En el
proyecto de ley la rebaja de penas corresponde al artículo número 61.
[23]
Este artículo dispone lo siguiente “Los fallos que la
Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional.
“Ninguna autoridad podrá
reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por
razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que
sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la
Constitución”.
[24]
La sentencia C-370 de 2006 se notificó por edicto que se fijó el 13 de julio y
se desfijó el 17 de julio de 2006. Los tres días de ejecutoria fueron 18, 19 y
21 de julio de 2006 (el 20 de julio fue festivo-inhábil-)
[25] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[26] M.P. Alvaro Tafur Galvis
[27] M.P. Jaime Córdoba
Triviño
[28] M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
[29]
En sentencia C-591 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, esta
Corporación señaló algunas de las “Características esenciales y propias
del nuevo sistema procesal penal colombiano”. Al respecto se dijo:
“Las
menciones generales sobre el nuevo sistema procesal penal, citadas
anteriormente, permiten advertir que se trata de un nuevo modelo que presenta
características fundamentales especiales y propias, que no permiten adscribirlo
o asimilarlo, prima facie, a otros sistemas acusatorios como el americano o el
continental europeo.
En
Colombia, la adopción mediante reforma constitucional,  de este nuevo sistema
procesal penal, perseguía en líneas generales las siguientes finalidades: (i)
fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en el
sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la prueba; (ii)
establecimiento de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado; (iii)
instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar,
acusar y juzgar, con el propósito de que el sistema procesal penal se ajustase a
los estándares internacionales en materia de imparcialidad de los jueces, en
especial, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica; (iv)
descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema
procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, y de esta forma,
garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; (v)
modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción
de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad;
(vii) crear la figura del juez de control de garantías; e (viii) implementar
gradualmente el nuevo sistema acusatorio.
En
efecto, se diseñó desde la Constitución un sistema procesal penal con tendencia
acusatoria, desarrollado por la Ley 906 de 2004, con acento en la garantía de
los derechos fundamentales del inculpado, para la definición de la verdad y la
realización efectiva de la justicia, teniendo presentes los derechos de las
víctimas. Se estructuró un nuevo modelo de tal manera, que toda afectación de
los derechos fundamentales del investigado por la actividad de la Fiscalía,
queda decidida en sede jurisdiccional, pues un funcionario judicial debe
autorizarla o convalidarla en el marco de las garantías constitucionales,
guardándose el equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos
del implicado mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima
afectación de derechos fundamentales.
Además,
cabe recordar, que el nuevo diseño no corresponde a un típico proceso
adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad
de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en
juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un
acusado, quien busca demostrar su inocencia; ya que, por una parte, el juez no
es un mero árbitro del proceso; y por otra, intervienen activamente en el curso
del mismo el Ministerio Público y la víctima. Cabe recordar, que en desarrollo
de la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión que
corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de
conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la
aplicación de una justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del
respeto de los derechos fundamentales del indiciado o sindicado, así como de
aquellos de la víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la
verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación
integral, de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales
que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Con todo, en el curso del
proceso penal, la garantía judicial de los derechos fundamentales, se
adelantará sin perjuicio de las competencias constitucionales de los jueces de
acción de tutela y de habeas corpus”.
[30]
Sentencia T-091 de 2006.
[31]
Reiterado en el auto de marzo 30 de 2006 –Rad: 24963 – M.P. Jorge Luís
Quintero Milanés.
[32] Sentencia C-592 de 2005: “Los rasgos estructurales del procedimiento penal
han sido objeto de una modificación considerable a través del Acto Legislativo
No. 3 de 2002, en la medida en que:
-
En cuanto a las etapas del procedimiento, se mantuvo la distinción entre
la fase de investigación –encaminada a determinar si hay méritos para acusar- y
la fase de juzgamiento, pero se otorgó una clara preponderancia, bajo el nuevo
sistema, a ésta última; ya se vio cómo el Constituyente derivado de 2002
caracterizó el juicio penal como una etapa regida por la oralidad, la
publicidad, la inmediación de las pruebas, la contradicción, la concentración y
el respeto por todas las garantías fundamentales. La etapa del juicio se
constituye, así, en el centro de gravedad del proceso penal bajo el sistema
instituido por el Acto Legislativo, a diferencia del sistema de 1991, que
conservó la importancia de la etapa de investigación. En efecto, bajo el
sistema preexistente, es durante la investigación que lleva a cabo la Fiscalía
que se practican y valoran las pruebas que obran dentro del proceso, por parte
de un funcionario que ejerce funciones judiciales e investigativas al mismo
tiempo. En virtud del Acto Legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía
constituye más una preparación para el juicio, que es público y oral, durante
el cual (i) se practicarán y valorarán, en forma pública y con participación
directa del imputado, las pruebas que se hayan podido recaudar, en aplicación
de los principios de inmediación judicial  y contradicción de la prueba, (ii)
se aplicará el principio de concentración, en virtud del cual las pruebas serán
evaluadas en su integridad y de manera global durante una etapa procesal de
corta duración que otorgue al juez, y al jurado según el caso, una visión de
conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la totalidad de las pruebas
existentes, y (iii) se adoptarán, con igual publicidad, las decisiones
definitivas a las que haya lugar respecto de la responsabilidad penal del
acusado”.
[33]
Al respecto, la Corte ha sostenido que "la norma general que fija la leyes
el efecto general inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo
referente a los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y
diligencias que ya estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la
ley antigua. Esta norma general, en principio, no resulta contraria a la
Constitución pues no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o
situaciones jurídicas consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el
artículo 58 superior." (resaltado fuera de texto) Sentencia C-619 de 2001
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[34]
El artículo 6° de la Ley 600 de 2000, dentro del capítulo denominado
"normas rectoras" dice: "Artículo 6°. Legalidad. Nadie
podrá ser investigado, ni juzgado sino conforme a la ley procesal
vigente al tiempo de la actuación procesal, con observancia de las formas
propias de cada juicio.
"La ley procesal de
efectos sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación,
se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
"La ley procesal
tiene efecto general e inmediato." (resaltado fuera de texto)
[35]
Sobre este punto, la Corte ha dicho: "Conforme con lo anterior, si bien
las normas procesales y de jurisdicción y competencia tienen efecto general
inmediato, el principio de favorabilidad en materia penal se puede aplicar no
sólo en materia sustancial sino también en materia procedimental cuando las
normas instrumentales posteriores tienen relevancia para determinar la
aplicación de una sanción más benigna." Sentencia C-922 de 2001 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[36]
El antiguo Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), establece en
su artículo 206, tal y como fue modificado por el artículo 35 de la Ley 504 de
1999, lo siguiente: "En los delitos de competencia de los fiscales y
jueces penales del circuito especializado, son consultables cuando no se
interponga recurso alguno, la providencia mediante la cual se
ordena la cesación de procedimiento, la preclusión de la investigación, la
providencia que ordena la devolución a particulares de bienes del imputado
o sindicado presuntamente provenientes de la ejecución del hecho punible
o que sea objeto material del mismo v las sentencias que no sean
anticipadas." En el presente caso, tal y como consta en el expediente
(a folio 18 aparece copia de la sentencia dictada en el proceso penal), el
actor fue condenado por el delito de secuestro extorsivo, de competencia del
juez especializado, sin haberse acogido a la figura de la sentencia anticipada
y sin haber interpuesto recurso de apelación contra la decisión de condena.
[37]  Sentencias T-355 y
T-356 de 2007, Sala Séptima de Revisión, M.P.: Humberto Sierra Porto.
[38]  Sentencia C-228 de 2002.
M.P., Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett
[39] Ver sentencia C-979 de 2005.
M.P. Jaime Córdoba Triviño
[40] M.P. Jaime Córdoba
Triviño
[41]
En este sentido debe tenerse en cuenta el siguiente apartado
de la providencia proferida por la juez segunda de ejecución de penas y medidas
de seguridad de Bucaramanga, el 05 de febrero de 2007, en razón a la petición
de rebaja promovida por Jorge Armando Velásquez León: “Elementos de juicio
que a la luz del art. 45 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, llevan a que se concluya que al haber aplicado la Corte
Constitucional la regla general respecto de la declaratoria de inexequibilidad,
conlleva que sólo a partir de esta decisión salga del ordenamiento jurídico y
por ende su aplicabilidad, pero en el entendido que las situaciones jurídicas
que se encuentren consolidadas a la fecha de promulgación del fallo, no pueden
verse afectadas por esta decisión”.
[42] Ver
Gustav, Radbruch, “Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht”, en
Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 7a Ed, Koehler, Stuttgart, pp. 347-357. Traducción
al español, “Introducción a la Filosofía del Derecho” traducción de Ernesto
Garzón Valdés, México, FCE.