C-670-06
Sentencia C-
Sentencia C-670/06
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda
Pese a que en algunos párrafos la
demandante intenta presentar sus argumentos de una manera más concreta, lo
cierto es que la demanda en su conjunto adolece de falta de claridad y ello
impide tener certeza acerca del cabal sentido de todas las apreciaciones en
ella consignadas. Así, cuando se advierte que la distinción entre perjudicado y
víctima no consulta siquiera lo establecido por la misma ley, resulta difícil
abordar los temas basados en esa distinción hecha en términos que la ley no
autoriza y pronunciarse sobre ellos bajo el amparo de alguna consideración
supuestamente más concreta o específica. Obrar de tal modo implicaría que la
Corte, en parte construyera el cargo y en parte escogiera los artículos o los
temas sobre los cuales va a versar su pronunciamiento, con base en suposiciones
desde todo punto de vista inadmisibles. La falta de claridad y de certeza de
los términos en que está construida la demanda queda en evidencia cuando uno de
los intervinientes estima viable el estudio del tema de la responsabilidad
patrimonial de los victimarios y de terceros, pese a no existir “un total
desarrollo de la demostración de la inexequibilidad”, mientras que otro,
partiendo del mismo supuesto, le pide a la Corte pronunciarse sobre todos los
artículos demandados parcialmente. La Corte considera que respecto de la
solicitud de inconstitucionalidad parcial formulada en relación con los
artículos 10, 11, 13, 18, 23 y 47 debe inhibirse de emitir pronunciamiento de
fondo por ineptitud sustancial de la demanda que contiene razones respetables,
mas no adecuadas para activar las facultades de control de constitucionalidad
confiadas a esta Corporación.
Referencia: expediente D-6201
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en
contra de la Ley 975 de 2005 “por la  cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, en su integridad y,
subsidiariamente, en contra de algunos apartes de los artículos 10, 11, 13, 18,
23 y 47 de la misma ley, así como de algunas expresiones de los artículos 15,
101, 102, 103, 137 y 274 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal”.
Demandante: Angela Patricia Guerrero Acevedo
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de
dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y el
trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, la ciudadana Angela
Patricia Guerrero Acevedo, quien actúa en
su nombre y como representante legal de la Liga de Mujeres Desplazadas (LMD),
presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 975 de 2005 “por
la  cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”, en su integridad y, subsidiariamente, en contra de algunos
apartes de los artículos 10, 11, 13, 18, 23 y 47 de la misma Ley, así como de
algunas expresiones de los artículos 15, 101, 102, 103, 137 y 274 de la Ley 906
de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
El Magistrado
Sustanciador, mediante Auto del tres (3) de marzo de dos mil seis (2006),
admitió la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente, corrió
traslado al Procurador General de la Nación para los efectos de su competencia.
En la misma providencia, ordenó comunicarla al Presidente del Congreso de la
República, al Ministro del Interior y de Justicia, al Fiscal General de la
Nación, al Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al
presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, al Director de la Corporación
Excelencia en la Justicia, al Presidente de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia y a los Decanos de las Facultades de Derecho de las
Universidades del Rosario, Libre y Nacional de Colombia, para que intervinieran
si lo consideraban conveniente.
Una vez cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la
Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.      TEXTO DE LAS NORMAS DEMANDADAS
A continuación
se transcribe la Ley 975 de 2005, demandada en su integridad y, en los
artículos 10, 11, 13, 18, 23 y 47 se subrayan los apartes que fueron demandados
subsidiariamente. Así mismo, se transcriben los artículos 15, 101, 102, 103,
137 y 274 de la Ley 906 de 2004, destacando las expresiones también demandadas
subsidiariamente.
“LEY 975 DE 2005
(julio 25)
por la cual se
dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Principios y definiciones
Artículo 1°. Objeto de la
presente ley. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de
paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de
grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a
la verdad, la justicia y la reparación.
Se entiende por grupo
armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas,
o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u
otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de
2002.
Artículo 2°. Ambito de la
ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo
concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales
de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley,
como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión
de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y
contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.
La interpretación y
aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de
conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales
ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones
internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de
otras normas internacionales que regulan esta misma materia.
La reinserción a la vida
civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o
cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo
dispuesto en dicha ley.
Artículo 3°.
Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la
ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por
una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la
consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación
a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se
otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.
Artículo 4°. Derecho a la
verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de
reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en
todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los
procesados.
Artículo 5°. Definición de
víctima.
Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que
individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física,
psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser
consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal,
realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.
También se tendrá por
víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se
le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.
La condición de víctima se
adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene
al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar
existente entre el autor y la víctima.
Igualmente se considerarán
como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones
transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad tísica,
psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos
fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros
de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Asimismo, se tendrán como
víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer
grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido
la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera
de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o
miembros de los grupos organizados al margen de la ley.
Artículo 6°. Derecho a la
justicia.
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de
realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y
sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de
grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas
el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las
medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.
Las autoridades públicas
que intervengan en los procesos que se tramiten con fundamento en la presente
ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo.
Artículo 7°. Derecho a la
verdad.
La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y
efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados
organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de
secuestro y desaparición forzada.
Las investigaciones y
procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la
investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus
familiares lo pertinente.
Los procesos judiciales
que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en
el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de
la verdad.
Artículo 8°. Derecho a la
reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las
acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.
Restitución es la
realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la
situación anterior a la comisión del delito.
La indemnización consiste
en compensar los perjuicios causados por el delito.
La rehabilitación consiste
en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que
sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.
La satisfacción o
compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer
la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
Las garantías de no
repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de
los grupos armados al margen de la ley.
Se entiende por reparación
simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad
en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no
repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el
perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
La reparación colectiva
debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por
la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades
afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.
Las autoridades judiciales
competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que
sean del caso, en los términos de esta ley.
Artículo 9°.
Desmovilización. Se entiende por desmovilización el acto individual o
colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen
de la ley, realizado ante autoridad competente.
La desmovilización del
grupo armado organizado al margen de la ley se realizará de acuerdo con lo
establecido en la Ley 782 de 2002.
CAPITULO II
Aspectos preliminares
Artículo 10. Requisitos de
elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los
beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado
organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados
o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y
con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios
de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se
encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General
de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:
10.1 Que el grupo armado
organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento
de acuerdo con el Gobierno Nacional.
10.2 Que se entreguen los
bienes producto de la actividad ilegal.
10.3 Que el grupo ponga a
disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de
menores de edad reclutados.
10.4 Que el grupo cese
toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades
públicas y cualquiera otra actividad ilícita.
10.5 Que el grupo no se
haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento
ilícito.
10.6 Que se liberen las
personas secuestradas, que se hallen en su poder.
Parágrafo. Los miembros del grupo
armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la
libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los
establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales
correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.
Artículo 11. Requisitos de
elegibilidad para desmovilización individual. Los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado
individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán
acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
11.1 Que entregue
información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.
11.2 Que haya suscrito un
acta de compromiso con el Gobierno Nacional.
11.3 Que se haya
desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno
Nacional para tal efecto.
11.4 Que cese toda
actividad ilícita.
11.5 Que entregue los
bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima
cuando se disponga de ellos.
11.6 Que su actividad no
haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento
ilícito.
Solamente podrán acceder a
los beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos nombres e identidades
presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación.
CAPITULO III
Principios procesales
Artículo 12. Oralidad. La actuación procesal
será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos idóneos que
garanticen su reproducción fidedigna.
La conservación de los
registros corresponderá al Secretario de la Unidad Nacional de Fiscalía para la
Justicia y la Paz creada por la presente ley, y al de la Sala del Tribunal
Superior de Distrito judicial que conozca del juzgamiento, según corresponda.
Artículo 13. Celeridad. Los asuntos que se
debatan en audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se
entenderán notificadas en estrados.
Las audiencias
preliminares se realizarán ante el Magistrado de Control de Garantías que
designe el Tribunal respectivo.
En audiencia preliminar se
tramitarán los siguientes asuntos:
1. La práctica de una
prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema necesidad se requiera
para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.
2. La adopción de medidas
para la protección de víctimas y testigos.
3. La solicitud y la
decisión de imponer medida de aseguramiento.
4. La solicitud y la
decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes de procedencia ilícita.
5. La formulación de la
imputación.
6. La formulación de
cargos.
7. Las que resuelvan asuntos
similares a los anteriores.
Las decisiones que
resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias deberán fundamentarse fáctica,
probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o de
desestimación de las pretensiones de las partes.
El reparto de los asuntos
a que se refiere la presente ley, deberá hacerse el mismo día en que se reciba
la actuación en el correspondiente despacho.
Artículo 14. Defensa. La defensa estará a cargo
del defensor de confianza que libremente designe el imputado o acusado o, en su
defecto, del asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública.
Artículo 15.
Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que
establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para
que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de
investigación y se garantice la defensa de los procesados.
La Unidad Nacional de
Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por
conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado
de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales,
familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los
antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o
colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como
lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de derechos fundamentales.
Con la colaboración de los
desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas
secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre
los resultados obtenidos.
La Fiscalía General de la Nación velará por
la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda
presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que
pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La
protección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial
que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de
la Judicatura.
CAPITULO IV
Investigación y juzgamiento
Artículo 16. Competencia. Recibido por la Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres de los
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a
contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal
delegado que corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia para:
16.1 Conocer de las
investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la
pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.
16.2 Conocer de las
investigaciones que cursen en contra de sus miembros.
16.3 Conocer de las
investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el
momento o con posterioridad a la desmovilización.
El Tribunal Superior de
Distrito Judicial que determine el CSJ, mediante acuerdo que expida antes de
que se inicie cualquier trámite, será competente para conocer del juzgamiento
de las conductas punibles a que se refiere la presente ley.
No podrá haber conflicto o
colisión de competencia entre los Tribunales Superiores de Distrito judicial
que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra
autoridad judicial.
Artículo 17. Versión libre
y confesión. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la
ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía
General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y
beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado
asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos
los hechos de que tenga conocimiento.
En presencia de su
defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan
participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a
estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se
acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que se
entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su
ingreso al grupo.
La versión rendida por el
desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de
desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad
Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la
Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa
metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la
información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los
cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.
El desmovilizado se dejará
inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza la función de control de
garantías, en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el
Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley, quien
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará
audiencia de formulación de imputación, previa solicitud del fiscal que conozca
del caso.
Artículo 18. Formulación
de imputación. Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia
tísica, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse.
razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios
delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al
magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una
audiencia preliminar para formulación de imputación.
En esta audiencia, el
fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al
magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de
reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente
solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de
procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación
a las víctimas.
A partir de esta audiencia
y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la Unidad Nacional de Fiscalía
para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de policía judicial,
adelantará las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos
por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del
ámbito de su competencia. Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal
del caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías
la programación de una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez
(10) días siguientes a la solicitud, si a ello hubiere lugar.
Con la formulación de la
imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal.
Artículo 19. Aceptación de
cargos.
En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá aceptar los
presentados por la Fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las
investigaciones en curso al momento de la desmovilización.
Para su validez tendrá que
hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En
este evento el Magistrado que ejerza la función de control de garantías enviará
inmediatamente lo actuado a la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior de
Distrito judicial a la que corresponda su conocimiento.
Recibida la actuación, la
Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los diez (10) días
siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria,
espontánea y asistida por su defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro
de los diez (10) días siguientes citará a audiencia de sentencia e
individualización de pena.
Parágrafo 1°. Si en esta audiencia el
imputado no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en la versión
libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la
actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de
la comisión de las conductas investigadas.
Parágrafo 2°. Cuando exista solicitud
de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 23 de la presente ley.
Artículo 20. Acumulación
de procesos y penas. Para los efectos procesales de la presente ley, se
acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado
organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por
conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del
desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.
Cuando el desmovilizado
haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con
ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de
penas pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista
en la presente ley.
Artículo 21. Ruptura de la
unidad procesal. Si el imputado o acusado acepta parcialmente los cargos se
romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos. En este caso la
investigación y el juzgamiento de los cargos no aceptados se tramitarán por las
autoridades competentes y las leyes procedimentales vigentes al momento de su
comisión. Respecto de los cargos aceptados se otorgarán los beneficios de que
trata la presente ley.
Artículo 22.
Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización. Si para el momento en que
el desmovilizado se acoja a la presente ley, la Fiscalía adelanta
investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado,
asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos
consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en la
formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el
caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función
de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley.
Artículo 23. Incidente de
reparación integral. En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal
Superior de Distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la
aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del
caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá
inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la
conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días
siguientes.
Dicha audiencia se
iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o
abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación
que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus
pretensiones.
La Sala examinará la
pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está
acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión
formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta
ley.
Admitida la pretensión, la
Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a
continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su
contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso
contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el
fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el
incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia
condenatoria.
Parágrafo 1°. Exclusivamente para
efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o
su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público,
podrán solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su
condición de ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Parágrafo 2°. No podrá negarse la
concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su
derecho en el incidente de reparación integral.
Artículo 24. Contenido de la
sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la
sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias.
Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley,
los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las
obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del
dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.
La Sala correspondiente se
ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para
acceder a la pena alternativa.
Artículo 25. Hechos
conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. Si a los miembros de
grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782
de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la
presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su
desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las
autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas
conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento
que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por
escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea., debidamente
informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la
omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser
beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de
las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.
Teniendo en cuenta la
gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una
ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y una
ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.
Artículo 26. Recursos. Salvo la sentencia, la
reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera
oral e inmediata en la respectiva audiencia.
La apelación procede
contra los autos que resuelvan asuntos de fondo, adoptados durante el
desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en la misma
audiencia en que se profiera la decisión, y se concede en el efecto suspensivo
ante la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia.
El Magistrado ponente
citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que se
celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la actuación en
la Secretaría de la Sala de Casación Penal. Sustentado el recurso por el
apelante y oídos las demás partes e intervinientes, la Sala podrá decretar un
receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que corresponda.
Si el recurrente no
concurriere o no sustentare el recurso, se declarará desierto.
Parágrafo 1°. El trámite de los
recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los
demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia,
excepto lo relacionado con acciones de tutela.
Parágrafo 2°. De la acción
extraordinaria de revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de
justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal
vigente.
Parágrafo 3°. Contra la decisión de
segunda instancia no procede recurso de casación.
Artículo 27. Archivo de
las diligencias. Si en relación con los hechos admitidos o no admitidos por
el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación, según el caso,
antes de la audiencia de imputación, el fiscal delegado llegare a constatar que
no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización
como delito o que indiquen la posible existencia, dispondrá de inmediato el
archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios
se reanudará la averiguación conforme con el procedimiento establecido en la
presente ley, mientras no se haya extinguido la acción penal.
Artículo 28. Intervención
del Ministerio Público. En los términos del artículo 277 de la Constitución
Política, el Ministerio Público intervendrá cuando sea necesario, en defensa
del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales.
CAPITULO V
Pena alternativa
Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del
Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por
los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que el condenado
haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una
pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo
de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la
gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los
mismos.
Para tener derecho a la
pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir
con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el
tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades
orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual
perteneció.
Cumplida la pena
alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la
libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa
impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir
en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a
presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que
corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.
Cumplidas estas
obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la
pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá
cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados
previstos en el Código Penal que correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se
aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias
a la pena alternativa.
CAPITULO VI
Régimen de la privación de la
libertad
Artículo 30.
Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacional determinará el
establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva.
Los establecimientos de
reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los
establecimientos administrados por el Inpec.
La pena podrá cumplirse en
el exterior.
Artículo 31. Tiempo de
permanencia en las zonas de concentración. El tiempo que los miembros de grupos
armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación
colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una zona de concentración
decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se
computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda
exceder de dieciocho (18) meses.
El funcionario que el
Gobierno Nacional designe, en colaboración con las autoridades locales cuando
sea el caso, será el responsable de certificar el tiempo que hayan permanecido
en zona de concentración los miembros de los grupos armados de que trata la
presente ley.
CAPITULO VII
Instituciones para la ejecución de la
presente ley
Artículo 32. Competencias
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en materia de justicia y paz. Además de las
competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes
para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la
presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas
a los condenados.
Corresponde a la
Secretaria del respectivo Tribunal organizar, sistematizar y conservar los
archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas
objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de
garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la
memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los registros
de casos ejecutoriados, y contar con una Oficina de Comunicaciones para
divulgar la verdad de lo acontecido.
Artículo 33. Unidad
Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz. Créase la Unidad Nacional
de Fiscalía para la Justicia y la Paz, delegada ante los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial, con competencia nacional e integrada en la forma que se
señala en la presente ley.
Esta unidad será la
responsable de adelantar las diligencias que por razón de su competencia, le
corresponden a la Fiscalía General de la Nación, en los procedimientos
establecidos en la presente ley.
La Unidad Nacional de
Fiscalía para la Justicia y la Paz tendrá el apoyo permanente de una unidad
especial de policía judicial, conformada por miembros de las autoridades que
corresponda, con dedicación exclusiva, permanente y con competencia en todo el
territorio nacional.
Adicionar a la planta de
cargos de la Fiscalía General de la Nación, para el año 2005 establecida en el
artículo transitorio 1° de la Ley 938 de 2004, los siguientes cargos:
150 Investigador
Criminalístico VII
15 Secretario IV
15 Asistente Judicial IV
20 Conductor III
40 Escolta III
15 Asistente de
Investigación Criminalística IV
20 Asistente de Fiscal II.
Parágrafo. La Fiscalía General de la
Nación destacará de su planta de personal, para conformar la Unidad Nacional de
Fiscalía para la Justicia y la Paz, los siguientes cargos: 20 Fiscal Delegado
ante Tribunal
Artículo 34. Defensoría
pública.
El Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio del
derecho de defensa, mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y en los
términos señalados en la ley.
La Defensoría del Pueblo
asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la
presente ley.
Artículo 35. Procuraduría
Judicial para la Justicia y la Paz. El Procurador General de la Nación
creará, para los efectos de la presente ley, una Procuraduría Judicial para la
Justicia y la Paz, con competencia nacional, para el cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales.
Artículo 36. Participación
de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas. Para el cumplimiento de
lo previsto en la presente ley, la Procuraduría General de la Nación, impulsará
mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la
asistencia a las víctimas.
CAPITULO VIII
Derechos de las víctimas frente a la
administración de justicia
Artículo 37. Derechos de
las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la
administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán
derecho:
38.1 Recibir todo el
procedimiento un trato humano digno.
38.2 A la protección de su
intimidad y garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos a favor,
cuando quiera que resulten amenazadas.
38.3 A una pronta e
integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del
delito.
38.4 A ser oídas y que se
les facilite el aporte de pruebas.
38.5 A recibir desde el
primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el Código
de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus
intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias
del delito del cual han sido víctimas.
38.6 A ser informadas
sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los
recursos cuando ello hubiere lugar.
38.7 A ser asistidas
durante el juicio por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de
que trata la presente ley.
38.8 A recibir asistencia
integral para su recuperación.
38.9 A ser asistidas
gratuitamente por un traductor o intérprete, en el evento de no conocer el
idioma, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.
Artículo 38. Protección a
víctimas y testigos. Los funcionarios a los que se refiere esta ley adoptarán las
medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad,
el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las
víctimas y los testigos, así como, la de las demás partes del proceso.
Para ello se tendrán en
cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud,
así como la índole del delito, en particular cuando este entrañe violencia
sexual, irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas.
Se dará capacitación
especial a los funcionarios que trabajan con este tipo de víctimas.
Estas medidas no podrán
redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e
imparcial, ni serán incompatibles con estos.
Artículo 39. Excepción a
la publicidad en el juicio. Como excepción al principio del carácter público de
las audiencias de juzgamiento, el Tribunal Superior del Distrito judicial, a
fin de proteger a las víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá ordenar que
una parte del juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la práctica de
testimonio a través del sistema de audiovideo para permitir su contradicción y
confrontación por las partes.
En particular, se
aplicarán estas medidas respecto de víctimas de agresión sexual o de niños,
niñas y adolescentes que sean víctimas o testigo.
Artículo 40. Otras medidas
de protección durante el proceso. Cuando la publicidad de elementos
materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida
entrañe peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el
Fiscal deberá abstenerse de presentarlos en cualquier diligencia anterior al juicio.
En su reemplazo hará un resumen de dichos elementos de conocimiento. En ningún
caso, esas medidas podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o
de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.
Artículo 41. Atención a
necesidades especiales. Tanto los órganos judiciales como las entidades de
apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en
cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños, personas
mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso.
CAPITULO IX
Derecho a la reparación de las
víctimas
Artículo 42. Deber general
de reparar. Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados
con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las
víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediante
sentencia judicial.
Igualmente, cuando no se
haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el
nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las
disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la
Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación.
Artículo 43. Reparación. El Tribunal Superior de
Distrito Judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a las víctimas
y fijará las medidas pertinentes.
Artículo 44. Actos de
reparación. La reparación de las víctimas de la que trata la presente
ley comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y
satisfacción.
Para tener derecho a gozar
del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al Fondo
para la Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese, destinados para
tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan
impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o
suscribir un acuerdo con el Tribunal Superior de Distrito Judicial que asegure
el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.
Son actos de reparación
integral los siguientes:
45.1 La entrega al Estado
de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas.
45.2 La declaración
pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más
vinculadas con ella.
45.3 El reconocimiento
público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de
arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de
no repetir tales conductas punibles.
45.4 La colaboración
eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la
localización de los cadáveres de las víctimas.
45.5 La búsqueda de los
desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para
identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y
comunitarias.
Artículo 45. Solicitud de
reparación. Las víctimas de los grupos armados al margen de la ley
pueden obtener reparación acudiendo al Tribunal Superior de Distrito judicial,
en relación con los hechos que sean de su conocimiento.
Nadie podrá recibir dos
veces reparación por el mismo concepto.
Artículo 46. Restitución. La restitución implica la
realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la
situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento
de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus
propiedades, de ser posible.
Artículo 47.
Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir la atención médica y
psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad
de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las
Víctimas.
Los servicios sociales
brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes
vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.
Artículo 48. Medidas de
satisfacción y garantías de no repetición. Las medidas de satisfacción y las
garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades
directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán
incluir:
49.1 La verificación de
los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida
en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras
personas, ni cree un peligro para su seguridad.
49.2 La búsqueda de los
desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y
volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea
se encuentra principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la
Justicia y la Paz.
49.3 La decisión judicial
que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus
parientes en primer grado de consanguinidad.
49.4 La disculpa, que
incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de
responsabilidades.
49.5 La aplicación de
sanciones a los responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de
los órganos judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente
ley.
49.6 La sala competente
del Tribunal Superior de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones,
homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen de la
ley. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones
podrá recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos
niveles, la adopción de este tipo de medidas.
49.7 La prevención de
violaciones de derechos humanos.
49.8 La asistencia a
cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables de las
violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la sala
competente Tribunal Superior de Distrito Judicial.
Artículo 49. Programas de
reparación colectiva. El Gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión
Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programa
institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente
orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado Social de Derecho
particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y
promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a
reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.
Artículo 50. Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación. Créase la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación integrada por el Vicepresidente de la República o
su delegado, quien la presidirá; el Procurador General de la Nación o su
delegado; el Ministro del Interior y de justicia o su delegado; el Ministro de
Hacienda y Crédito Público o su delegado; Defensor del Pueblo, dos
Representantes de Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red de
Solidaridad Social, quien desempeñará la Secretaría Técnica.
El Presidente de la
República designará como integrantes de esta Comisión a cinco personalidades,
dos de las cuales, al menos, deben ser mujeres.
Esta Comisión tendrá una
vigencia de 8 años.
Artículo 51. Funciones de
la comisión nacional de reparación y reconciliación. La Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación cumplirá las siguientes funciones:
52.1 Garantizar a las
víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la
realización de sus derechos.
52.2 Presentar un informe
público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados
ilegales.
52.3 Hacer seguimiento y
verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades
locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las
instituciones en esos territorios. Para estos efectos la Comisión Nacional
Reparación y Reconciliación podrá invitar a participar a organismos o
personalidades extranjeras.
52.4 Hacer seguimiento y
evaluación periódica de la reparación de que trata la presente ley y señalar
recomendaciones para su adecuada ejecución.
52.5 Presentar, dentro del
término de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, ante
el Gobierno Nacional y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara, de
Representantes, un informe acerca del proceso de reparación a las víctimas de
los grupos armados al margen de la ley.
52.6 Recomendar los
criterios para las reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al
Fondo de Reparación a las Víctimas.
52.7 Coordinar la
actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes.
52.8 Adelantar acciones
nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos
hechos de violencia que perturben la paz nacional.
52.9 Darse su reglamento.
Artículo 52. Comisiones
Regionales para la Restitución de Bienes. Las comisiones regionales serán las
responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre
propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la
presente ley.
Artículo 53. Composición. Las Comisiones Regionales
estarán integradas por un (1) representante de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la Procuraduría
para justicia y la paz; un (1) delegado de la Personería municipal o Distrital;
un (1) Delegado del Defensor del Pueblo; y un delegado del Ministerio del
Interior y de justicia.
El Gobierno Nacional
tendrá la facultad de designar un representante de las comunidades religiosas y
determinará, de acuerdo con las necesidades del proceso, el funcionamiento y
distribución territorial de las comisiones.
Artículo 54. Fondo para la
Reparación de las Víctimas. Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas,
como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será
el Director de la Red de Solidaridad Social. Los recursos del Fondo se
ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado.
El Fondo estará integrado
por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las
personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente
ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero
o en especie, nacionales o extranjeras.
Los recursos administrados
por este Fondo estarán bajo la vigilancia de la Contraloría General de la
República.
Parágrafo. Los bienes a que hacen
referencia los artículos 10 y 11, se entregarán directamente al Fondo para la
Reparación de las Víctimas creado por esta ley. Igual procedimiento se
observará respecto de los bienes vinculados a investigaciones penales y
acciones de extinción del derecho de dominio en curso al momento de la
desmovilización, siempre que la conducta se haya realizado con ocasión de su
pertenencia al grupo organizado al margen de la ley y con anterioridad a la
vigencia de la presente ley.
El Gobierno reglamentará
el funcionamiento de este Fondo y, en particular, lo concerniente a la
reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe.
Artículo 55. Funciones de
la Red de Solidaridad Social. La Red de Solidaridad Social, a
través del Fondo de que trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo
con el presupuesto asignado para el Fondo, las siguientes funciones:
56.1 Liquidar y pagar las
indemnizaciones judiciales de que trata la presente ley dentro de los límites
autorizados en el presupuesto nacional.
56.2 Administrar el Fondo
para la reparación de víctimas.
56.3 Adelantar otras
acciones de reparación cuando a ello haya lugar.
56.4 Las demás que señale
el reglamento.
CAPITULO X
Conservación de archivos
Artículo 56. Deber de
memoria.
El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la
acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante
procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la
memoria histórica que corresponde al Estado.
Artículo 57. Medidas de
preservación de los archivos. El derecho a la verdad implica que
sean preservados los archivos. Para ello los órganos judiciales que los tengan
a su cargo, así como la Procuraduría General de la Nación, deberán adoptar las
medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de los
archivos, que pretendan imponer la impunidad. Lo anterior sin perjuicio de la
aplicación de las normas penales pertinentes.
Artículo 58. Medidas para
facilitar el acceso a los archivos. El acceso a los archivos debe ser
facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer
sus derechos.
Cuando el acceso se
solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de
autorización sólo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y
adecuado mantenimiento del material, y no con fines de censura.
En todo caso se deberán
adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la intimidad de las
víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de
los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más daños
innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni crear un peligro
para su seguridad.
CAPITULO XI
Acuerdos Humanitarios
Artículo 59. Es obligación del
Gobierno garantizar el derecho a la paz conforme a los artículos 2°, 22, 93 y
189 de la Constitución Política, habida consideración de la situación de orden
público que vive el país y la amenaza contra la población civil y las
instituciones legítimamente constituidas.
Artículo 60. Para el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 60 de la presente ley, el Presidente de la
República podrá autorizar a sus representantes o voceros, para adelantar
contactos que permitan llegar a acuerdos humanitarios con los grupos armados
organizados al margen de la ley.
Artículo 61. El Presidente de la
República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente, para los
efectos y en los términos de la presente ley, la suspensión condicional de la
pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a
acuerdos humanitarios.
El Gobierno Nacional podrá
exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas decisiones
contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz.
CAPITULO XII
Vigencia y disposiciones
complementarias
Artículo 62.
Complementariedad. Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la
Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal.
Artículo 63. Ley futura
más favorable. Si con posterioridad a la promulgación de la presenta ley,
se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley
beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan
sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que
se establezcan en esas leyes posteriores.
Artículo 64. Entrega de
menores.
La entrega de menores por parte de miembros de Grupos armados al margen de la
ley no serán causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la
presente ley y la Ley 782 de 2002.
Artículo 65. El Gobierno Nacional, el
Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación apropiarán
los recursos suficientes indispensables para la debida y oportuna aplicación de
la ley de extinción de dominio.
Artículo 66. De acuerdo con el
Programa de Reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional procurará la
vinculación de los desmovilizados a proyectos productivos o a programas de
capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos.
Simultáneamente y de
acuerdo con el mismo programa, procurará su apoyo para ingresar a programas de
asistencia psicológica adecuados que faciliten su reincisión social y adopción
a la normal vida cotidiana.
Artículo 67. Los Magistrados de los
Tribunales Superiores de Distrito judicial, que se creen en virtud de la
presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de justicia,
de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura.
Los requisitos exigidos
para ser Magistrado de estos Tribunales, serán los mismos exigidos para
desempeñarse como Magistrado de los actuales Tribunales Superiores de Distrito
Judicial.
La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo
administrativo y social para estos Tribunales. La nominación de los empleados,
estará a cargo de los Magistrados de los Tribunales creados por la presente
ley.
Artículo 68. Los recursos de que trata
la presente ley y cuyo trámite corresponde a la Corte Suprema de justicia,
tendrán prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Corporación y
deberán ser resueltos dentro del término de treinta días.
Artículo 69. Las personas que se hayan
desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido
certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias de resolución
inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, según el
caso, por los delitos de concierto para delinquir en los términos del inciso
primero del artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e
insignias; instigación a delinquir en los términos del inciso primero del
artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas y
municiones.
Las personas condenadas
por los mismos delitos y que reúnan las condiciones establecidas en el presente
artículo, también podrán acceder a los beneficios jurídicos que para ellas
consagra la Ley 782 de 2002.
Artículo 70. Rebaja de
penas.
Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas
por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena
impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra
la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.
Para la concesión y
tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no
repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones
de reparación a las víctimas.
Artículo 71. Sedición. Adiciónase al artículo
468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor: "También incurrirá en
el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o
de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden
constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el
delito de rebelión.
Mantendrá plena vigencia
el numeral 10 del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas Contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en
Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional
mediante Ley 67 de 1993".
Artículo 72. Vigencia y
derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le
resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad
a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.
El Presidente del
honorable Senado de la República,
Luis Humberto Gómez Gallo.
El Secretario General del
honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
La Presidenta de la
honorable Cámara de Representantes,
Zulema Jattin Corrales.
El Secretario General de la
honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO
NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a
25 de julio de 2005.
ALVARO URIBE VELEZ
El Ministro del Interior y
de Justicia,
Sabas Pretelt de la Vega.
El Ministro de Hacienda y
Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Defensa
Nacional,
Camilo Ospina Bernal.”
“LEY 906 DE 2004
(agosto 31)
por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
Artículo 15. Contradicción. Las partes tendrán
derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su
formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en
el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma
anticipada.
Para garantizar plenamente este
derecho, en el caso de formular acusación la Fiscalía General de la
Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los
elementos probatorios e informes de que tenga noticia, incluidos los que sean
favorables al procesado.
Artículo 101. Suspensión y
cancelación de registros obtenidos fraudulentamente. En cualquier momento y
antes de presentase la acusación, a petición de la Fiscalía, el juez de
control de garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los
bienes sujetos a registro cuando existan motivos fundados para inferir que el
título de propiedad fue obtenido fraudulentamente.
En la sentencia condenatoria se
ordenará la cancelación de los títulos y registros respectivos cuando exista
convencimiento más allá de toda duda razonable sobre las circunstancias que
originaron la anterior medida.
Lo dispuesto en este artículo
también se aplicará respecto de los títulos valores sujetos a esta formalidad y
obtenidos fraudulentamente.
Si estuviere acreditado que con
base en las calidades jurídicas derivadas de los títulos cancelados se están
adelantando procesos ante otras autoridades, se pondrá en conocimiento la
decisión de cancelación para que se tomen las medidas correspondientes.
Artículo 102. Procedencia y
ejercicio del incidente de reparación integral. Emitido el sentido
del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado y, previa
solicitud expresa de la víctima, o del Fiscal o del Ministerio Público a
instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de
reparación integral de los daños causados con la conducta criminal, y convocará
a audiencia pública dentro de los ocho (8) días siguientes.
Cuando la pretensión sea exclusivamente
económica, sólo podrá ser formulada por la víctima directa, sus herederos,
sucesores o causahabientes.
Artículo 103. Trámite del
incidente de reparación integral. Iniciada la audiencia el
incidentante formulará oralmente su pretensión en contra del declarado
penalmente responsable, con expresión concreta de la forma de reparación
integral a la que aspira e indicación de las pruebas que hará valer.
El juez examinará la pretensión y
deberá rechazarla si quien la promueve no es víctima o está acreditado el
pago efectivo de los perjuicios y éste fuere la única pretensión formulada. La
decisión negativa al reconocimiento de la condición de víctima será objeto de
recurso de impugnación en los términos de este Código.
Admitida la pretensión el juez la
pondrá en conocimiento del declarado penalmente responsable y acto seguido
ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al
incidente y lo allí acordado se incorporará a la sentencia. En caso contrario
el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de los ocho (8) días
siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse el
declarado penalmente responsable deberá ofrecer sus propios medios de prueba.
Artículo 137. Intervención de las
víctimas en la actuación penal. Las víctimas del injusto, en
garantía a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el
derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con
las siguientes reglas:
1. Las víctimas podrán solicitar
al fiscal en cualquier momento de la actuación medidas de protección frente a
probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus
familiares.
2. El interrogatorio de las
víctimas debe realizarse con respeto de su situación personal, derechos y
dignidad.
3. Para el ejercicio de sus
derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado;
sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán
que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio
jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada.
4. En caso de existir
pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, solicitará que
éstas designen hasta dos abogados que las represente. De no llegarse a un
acuerdo, el Fiscal determinará lo más conveniente y efectivo.
5. Si la víctima no contare con
medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, previa
solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la
Nación le designará uno de oficio.
6. El juez podrá, en forma
excepcional, y con el fin de proteger a las víctimas, decretar que durante su
intervención el juicio se celebre a puerta cerrada.
7. Las víctimas podrán formular
ante el juez de conocimiento el incidente de reparación integral, una vez
establecida la responsabilidad penal del imputado.
Artículo 274. Solicitud de prueba
anticipada.
El imputado o su defensor, podrán solicitar al juez de control de
garantías, la práctica anticipada de cualquier medio de prueba, en casos de
extrema necesidad y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del medio
probatorio. Se efectuará una audiencia, previa citación al fiscal
correspondiente para garantizar el contradictorio.
Se aplicarán las mismas reglas
previstas para la práctica de la prueba anticipada y cadena de custodia”.
III.
LA DEMANDA
Comienza la actora por señalar como “normas
constitucionales que se consideran infringidas”, los artículos 1º, 2º, 13, 15,
21, 95-7, 229, 250-1 y 250-4 de la Constitución y, en relación con los
artículos 93, 43 y 44 de la Carta, la demandante indica que se han violado
algunos tratados que conforman el bloque de constitucionalidad. Así, de la
“Convención de Belem do Para”, en la demanda se citan los artículos 7,
literales b), c), e), f), g) y h); de igual manera, el libelo hace mención de
“la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer”, de la “Declaración sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su Resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993”, artículo 4, literales c), d)
y h), y también del “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
En el mismo acápite, la actora aduce la
vulneración del artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos; de los artículos 1-1, 2, 8, 25 y 27.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; de los artículos 1, 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; del artículo 32 del Protocolo Adicional I de 1977 a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de la “Declaración sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso
de poder, adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de
noviembre de 1985”.
En el apartado referente al concepto de la
violación, la demandante puntualiza que, pese a la amplitud de las competencias
del legislador, las víctimas y perjudicados de delitos tienen derechos de rango
constitucional a una intervención efectiva en todas las fases del proceso
penal, que ese derecho a la intervención está “inescindiblemente asociado” a la
participación en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, y que
el Estado “no puede disponer de los derechos patrimoniales que corresponden a
las víctimas y perjudicados”, tampoco atribuirse su representación o establecer
una representación forzada u obligatoria, ni “excluir o limitar bienes de los
victimarios que conforman su obligación de responder por las obligaciones
derivadas del delito”.
Añade la actora que en la demanda “se
formulan cargos de inconstitucionalidad contra disposiciones legales que
limitan, restringen o afectan los derechos a participar en la búsqueda de la
verdad y a conseguir la adecuada reparación de víctimas o perjudicados por
delitos relacionados con violaciones de derechos humanos o del derecho
internacional humanitario” y que, siendo “casi todas las signatarias, mujeres
víctimas de las aludidas violaciones, resulta inevitable hacer “algunas
referencias concretas a los crímenes” de los que han sido víctimas, a las
condiciones de desplazamiento forzado y a las intenciones que les conducen a
utilizar los recursos judiciales y, entre ellos, la acción pública de
inconstitucionalidad.
Manifiesta la demandante que, en principio,
las mujeres por ella representadas no son contrarias al proceso de
reconciliación ni a la justicia restaurativa y que incluso, mediante la
demanda, desean “darle una oportunidad a este proceso a través de la ley 975 de
2005”, ya que, si la Corte no decreta su inexequibilidad total, “hará las
declaraciones de inconstitucionalidad y de constitucionalidad condicionada” que
hagan viable un proceso acorde con la Constitución, los tratados
internacionales y el Derecho Internacional Humanitario.
Se expresa en la demanda que el “orden
justo”, establecido en el artículo 2 superior, debe permitir “que los muy
generosos beneficios” otorgados “a los victimarios” comporten,
correlativamente, un reconocimiento efectivo de los derechos a la reparación de
víctimas y perjudicados”, pues frente a la “relativa renuncia al ejercicio del ius
puniendi del Estado”, las víctimas sólo advierten efectivas limitaciones y
negación del acceso a la justicia.
A juicio de la actora, la ley 975 de 2005
falla en su propósito de reconciliación y de creación de “las bases de una
justicia restaurativa”, porque sus disposiciones están “elaboradas a la medida
de las necesidades y requerimiento de los victimarios”, a quienes se ha rodeado
de precisas “seguridades y garantías”, mientras que los derechos de las
víctimas “a la búsqueda de la verdad y reparación” se expresan amplia y
reiterativamente, pero en la forma declarativa o enunciativa propia de los
principios rectores, “sin mayor precisión ni desarrollo en el procedimiento”.
En sentir de la demandante, las
declaraciones no son suficientes cuando el procedimiento no prevé “recursos y
oportunidades reales, equitativas y relevantes de intervención”, para que las
víctimas puedan hacer valer sus derechos constitucionales a la dignidad,
participación, convivencia pacífica y vigencia de un orden justo, igualdad,
buen nombre y honra, propiedad y acceso a la administración de justicia, en
armonía con los instrumentos internacionales que contemplan el “derecho a un
recurso efectivo”.
Según la actora, la demanda encuentra apoyo
en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que “reconoce y define los
derechos de las víctimas y perjudicados en el proceso penal, así como “la
situación especialmente relevante de las víctimas y perjudicados por delitos en
que se violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.
Aunque admite que “la relevancia del fallo ameritaría cualquier cambio
significativo en la jurisprudencia”, estima que la Corte tiene “bien fundados
precedentes” en cada uno de los aspectos planteados y que “el fallo daría
ocasión para unificar la doctrina constitucional en la materia”.
Agrega la demandante que “el acto
legislativo número 3 de 2003 no derogó principios constitucionales” y que,
mediante sentencia C-228 de 2002, la Corte Constitucional “reconceptualizó la
institución jurídica de la parte civil y sus implicaciones dentro del proceso
penal y unificó los precedentes en esta materia”, destacando que es tendencia
del derecho internacional la de “no reducir los derechos de las víctimas o
perjudicados a la búsqueda de una reparación pecuniaria”.
Se asevera en la demanda que el Acto
Legislativo mencionado le otorga “una nueva base al ejercicio del ius
puniendi”, pero que no afectó la integridad de la Constitución, motivo por
el cual “los principios y derechos de víctimas y perjudicados que la Corte
Constitucional reconoce y destaca en la trascendental Sentencia C-228 de 2002
siguen vigentes como garantías establecidas en la Carta Política ampliada por
los tratados internacionales de derechos humanos y derecho humanitario
aprobados por Colombia y que conforman el bloque de constitucionalidad”. Así
las cosas, los principios de dignidad, igualdad, participación, convivencia
pacífica y vigencia de un orden justo, el derecho a acceder a la administración
de justicia y el derecho a la propiedad son “elementos estructurantes” del
orden constitucional colombiano y ni siquiera “pueden ser modificados por el Congreso
en ejercicio del poder reformador de la Constitución”.
A continuación, en el libelo demandatorio
se afirma que “la Ley 975 de 2005 desconoce el concepto de perjudicado y, en
esa medida, los perjudicados “no tienen ninguna oportunidad de intervenir en el
proceso penal que ella establece”. En criterio de la libelista el Estado “ha
omitido de manera sistemática, masiva y generalizada su obligación de iniciar
de oficio las investigaciones correspondientes al delito de desplazamiento
forzado” e igualmente la Fiscalía “ha fallado sistemáticamente en investigar y
promover el juzgamiento del desplazamiento forzado y de los crímenes
relacionados” y, sin embargo, “a esa misma Fiscalía” la ley 975 de 2005 “le
reserva el monopolio en la acción e investigación penal, con exclusión de la
sociedad civil y de los demás perjudicados, quienes deberían no sólo participar
en el aporte de pruebas en todas las fases del proceso, sino en definir la
metodología misma de la investigación, controvertir las pruebas que se aporten
y ejercer recursos contra las decisiones que impulsan, detienen o precluyen la
acción”.
Enfatiza la actora que la ley cuestionada
tampoco les reconoce a los perjudicados el “limitado derecho” de parte
interesada en una reparación patrimonial, “que les permitiría conseguir una
indemnización” y que su artículo 23 “no sólo omite a los perjudicados entre los
legitimados para promover el incidente de reparación integral, sino que
explícitamente prevé que la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente
rechazará la pretensión si quien la promueve no es víctima” y, en idéntico
sentido, los artículos 102 y 103 de la Ley 906 de 2004 “reservan a la víctima,
el Fiscal o el Ministerio Público el ejercicio del incidente de reparación
integral y prevén que la pretensión correspondiente deberá ser rechazada si
quien la promueve es la víctima”.
Sostiene la demandante que, en las
condiciones anotadas, es necesario que la legislación se expida conforme a la
Constitución colombiana, pues no cualquier sistema de carácter acusatorio se
ajusta a la Carta Política y “el procedimiento penal colombiano no se sujeta
simplemente al Acto Legislativo número 3 de 2003 sino a la Constitución
Política de Colombia que incluye ese acto reformador”. De esta manera, en
sentir de la actora, “las disposiciones acusadas, en cuanto desconocen el
derecho de los perjudicados a intervenir en el proceso penal para la búsqueda
de la verdad y para ejercer el derecho a la reparación integral” y, en cuanto
desconocen “el derecho de los perjudicados a buscar en el proceso penal la
simple reparación económica de los daños causados por delitos, violan los
artículos 1, 2, 12, 13, 15, 21, 58 y 229 de la Constitución Política, que
consagran los principios de dignidad, participación, convivencia pacífica y
vigencia de un orden justo, igualdad y los derechos al buen nombre y honra,
propiedad y a acceder a la administración de justicia”, e “indirectamente”
violan también los artículos 95-7, porque obstaculizan el ejercicio del deber
de colaborar para el buen funcionamiento de la justicia, así como los artículos
250-1 y 250-4 “que establecen los deberes por parte del Fiscal General de hacer
efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios
y de velar por la protección de las víctimas”.
Opina la demandante que “el legislador está
constitucionalmente obligado a diseñar los procedimientos penales de forma que
articulen, concilien y hagan el balance requerido de los principios de
oportunidad, del sistema acusatorio y del juicio oral a que se refiere el Acto
Legislativo No. 3 de 2003, con los principios, garantías y procedimientos que a
las víctimas y perjudicados de delitos reconoce el nuevo paradigma del derecho
internacional” y que, de no hacerlo así “viola, como en el caso de las
disposiciones acusadas, las normas constitucionales que consagran los
principios ya mencionados” y, en relación con el artículo 93 de la
Constitución, las disposiciones del derecho internacional invocadas en la
demanda.
La demanda prosigue con “algunas
referencias concretas a los crímenes de que hemos sido víctimas las demandantes
y miles de mujeres, niñas y niños”, a la desprotección del Estado, a las
condiciones del desplazamiento forzado y de la impunidad. En seguida se
transcriben apartes de un informe de la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre la violencia contra la mujer, en el cual se señalan “las
consecuencias que el conflicto interno tiene para la mujer, el carácter amplio
y sistemático de la violencia por razón de género y las diversas formas de
violencia que sufre la mujer”.
Con posterioridad, en un acápite titulado
“Desprotección de las víctimas, impunidad y empoderamiento de los victimarios”,
se menciona que el Estado ha ignorado a las víctimas “antes, durante y después
de los crímenes”, tal como lo acreditan algunos testimonios transcritos en el
libelo que, además, se aducen para demostrar que los grupos armados ilegales
“han consolidado un poder local y regional estable que les permite imponer
permanentemente sus códigos de conducta”.
Sostiene la demandante que la Ley 975 de
2005 no le pone fin a ese cuadro de “desprotección y denegación de justicia”,
puesto que “profundiza el desequilibrio entre victimarios y víctimas”, pues los
derechos de estas últimas carecen de “desarrollo en el procedimiento”. En
opinión de la libelista, la Fiscalía no está obligada a “suministrar todos los
elementos probatorios e informes en el caso de no formular acusación” y, debido
a ello, “las víctimas no conocerían la base probatoria de la decisión de la
Fiscalía y, en tal caso, mal podría decirse que tienen derecho a impulsar el
proceso, a controvertir las pruebas o a ejercer idóneamente los recursos contra
la decisión adoptada”.
A juicio de la actora, el artículo 137-4 de
la Ley 975 de 2005 permite a los victimarios un beneficio adicional que
consiste en que las víctimas “no podrán tener cada una su propio abogado y
representación judicial”, pues “a instancias del fiscal y por disposición de la
ley, tendrán que limitarse al número de dos abogados” y, si las víctimas no
llegan a un acuerdo, a la Fiscalía, involucrada en la “masiva desprotección y
denegación de justicia a las víctimas, le corresponderá decidir por ellas lo
más conveniente y efectivo”.
Adicionalmente, en la demanda se considera
que siendo deber de los Estados “replicar el procedimiento del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional”, es “irónico que la Ley 975 de 2005 ignore los
principios, los medios y la sustancia (de medios y de fines) propia de los
procedimientos establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional para la participación de las víctimas” y, en particular,
tratándose de la representación de un número plural de víctimas y de la
búsqueda de la eficacia del proceso.
Alude la actora al artículo 274 del la Ley
906 de 2004 y cuestiona que la solicitud de pruebas anticipadas, esto es, de
las practicadas en la fase de la investigación “y que en realidad pueden ser
las decisivas en la búsqueda de la verdad se reserva al imputado o a su
defensor, con exclusión de las víctimas y perjudicados”. En la demanda se aduce
que las disposiciones acusadas “también violan el derecho a la convivencia
pacífica inescindiblemente relacionado con los derechos de acceso a la
justicia, con el derecho a la igualdad y con el principio constitucional que
garantiza la vigencia de un orden justo”. En opinión de la demandante, se
configura así “la violación directa de los artículos 1, 2, 13, 15, 21 y 229 de
la Constitución” y, “en cuanto se requiere conocer la verdad procesal para
lograr la restitución de bienes de las víctimas y la identificación de los
bienes de bienes de los victimarios” a fin “de hacer efectivo el derecho
patrimonial a una indemnización, las disposiciones acusadas también violan el
artículo 58 de la Constitución que consagran el derecho a la propiedad”.
Según lo consignado en la demanda a las
anotadas violaciones se suma el quebrantamiento de los artículos 93, 43 y 44 de
la Carta; porque las disposiciones puestas en tela de juicio “desconocen
tratados internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario de que es
parte Colombia, incluyendo los que protegen derechos de la mujer y la
protección de la niñez”.
Asevera la demandante que el artículo 101
de la Ley 906 de 2005, así como los “artículos 10, 11, 13, 18, 47, 54 y 55 de
la Ley 975 en las partes que se subrayan” violan de manera directa el artículo
58 de la Constitución, debido a que “coinciden en restringir o limitar el
derecho patrimonial de las víctimas a obtener una indemnización”. De otro lado,
la ley 975 de 2005 no incluye ninguna disposición “que específicamente
reconozca a las víctimas sus particulares necesidades, como el establecimiento
de acciones de grupo (...) o los problemas probatorios o relativos a títulos de
propiedad de campesinos pobres cuyo proyecto de vida fue interrumpido
abruptamente y sin piedad por sus victimarios”.
Estima la actora que, en lugar de lo
anterior, las normas acusadas desactivan o limitan “instrumentos normativos y
de investigación que permitirían a las víctimas la recuperación de sus bienes y
la identificación de los bienes de sus victimarios, para fines de reparación”.
Además, “limitan los bienes o recursos de los victimarios y del Estado, que las
víctimas podrían llamar a responder por los efectos patrimoniales de los
delitos”. En esta perspectiva, el artículo 101 de la ley 906 de 2005 priva a
las víctimas de la oportunidad “de solicitar en la fase de la investigación la
suspensión del poder dispositivo de bienes sujetos a registro obtenidos
fraudulentamente y reserva esa facultad a la Fiscalía” y, a su turno, la Ley
975 de 2005 en un “exceso de celo por garantizar beneficios y dar seguridades a
los victimarios”, reiteradamente enfatiza el “origen ilícito” de los bienes
“que estos deben entregar como requisito de elegibilidad para la
desmovilización” y “la imposición de medidas cautelares en audiencias
preliminares”.
Para finalizar su escrito de demanda, la
actora puntualiza que al limitar “la obligación de los victimarios a la
declaración de sus bienes de origen ilícito y la procedencia de las medidas
cautelares sólo sobre estos”, se desconocen “las bases mismas del derecho
indemnizatorio derivado del delito”, pues de este modo “se incluyen dentro del
patrimonio del victimario bienes que no le pertenecen”, mientras que a las
víctimas se les deja “sin oportunidades concretas de identificar, solicitar
medidas cautelares y conseguir que se destinen a la debida indemnización los
bienes que sí le pertenecen al victimario”.
IV.
INTERVENCIONES
1.      Intervención del Ministerio de
Justicia y del Derecho.
El ciudadano Sabas Pretelt de la Vega,
actuado en nombre propio y en su calidad de Ministro del Interior y de
Justicia, intervino oportunamente para solicitar a la Corte la declaración de
exequibilidad de la Ley 975 de 2005.
Comienza el Ministerio su intervención con algunas
consideraciones generales relativas a la Ley acusada y luego se extiende en
observaciones relativas a los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y, en cuanto a los
vicios de fondo, la intervención toca numerosos aspectos, razón por la cual
sólo se resumen aquellos que guardan relación directa con los temas tratados en
la demanda y con los artículos parcialmente acusados.
Así, en relación con la reparación de las
víctimas, sostiene el Ministerio que “la Ley 975 de 2005 contempla mecanismos
jurídicos y procesales tendentes a que las víctimas puedan hacer efectivo su
derecho a la reparación integral del daño sufrido por las conductas punibles
cometidas por los grupos armados organizados al margen de la ley, cumpliendo
así con los deberes estatales establecidos por los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos”.
Según el Ministro, el propio objeto de la
ley atacada reconoce que la reincorporación individual o colectiva a la vida
civil de los miembros de grupos armados ilegales se debe realizar “garantizando
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” y, fuera
de ello, los mecanismos judiciales buscan asegurarles a las víctimas el acceso
a la reparación del daño, ejemplo de lo cual es el artículo 18 que pone en
manos del fiscal la facultad de solicitar “la adopción de las medidas
cautelares sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados
para efectos de las reparaciones a las víctimas” y también el artículo 47 que
incluye dentro de la rehabilitación “la atención médica y sicológica para las
víctimas o sus parientes en primer grado de consaguinidad de conformidad con el
Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas” e incorpora en la
reparación y rehabilitación los servicios sociales brindados por el gobierno a
las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes.
Adicionalmente, el señor Ministro considera
que al establecer la obligación de reparación a cargo del infractor, la Ley 975
de 2005 se adecua a la Carta Política y a los parámetros del derecho
internacional, porque la responsabilidad penal es de carácter personal e
individual. Además, pone de manifiesto que “la ley consagra medidas
complementarias que amplían las posibilidades reales de alcanzar la reparación
integral a las victimas, como la contribución del Estado en el Fondo para la
Reparación de Víctimas, y la realización de medidas de satisfacción de carácter
colectivo, que se fundamentan en el principio de solidaridad y no en la
responsabilidad del Estado por las conductas punibles cometidas por los
miembros de los grupos organizados al margen de la ley.
En criterio del señor Ministro, de acuerdo
con el principio de solidaridad el artículo 54 crea un Fondo para la Reparación
de las Víctimas “integrado por todos los bienes y recursos que a cualquier
título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a
los cuales se aplique la ley, por los bienes vinculados a investigaciones
penales y acciones de extinción del derecho de dominio en curso al momento de
la desmovilización, por recursos provenientes del presupuesto nacional y por
donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras”. Con cargo a ese
Fondo, según lo prevé el artículo 55, se pagarán las indemnizaciones “a que
resulten condenados los miembros de tales grupos que resulten penalmente
responsables”, y las reparaciones en los casos en que “no se haya logrado
individualizar al sujeto activo, pero se compruebe el daño y el nexo causal con
las actividades del Grupo Armado Ilegal” beneficiado por las disposiciones de
la ley.
Agrega el Ministro interviniente que “las
limitaciones relacionadas con el presupuesto del Fondo para la Reparación de
Víctimas y el Presupuesto Nacional son razonables y se ajustan a la Carta
Política”, pues el Estado no puede asumir, ilimitada y directamente, el costo
económico de la reparación y los deberes internacionales únicamente le imponen
establecer en la legislación interna recursos jurídicos eficaces para que las
víctimas accedan a una reparación pronta y adecuada del daño.
Estima el
Ministerio que el incidente de reparación integral, previsto en el artículo 23
de la Ley 975 de 2005, es una oportunidad para acceder a las pretensiones
reparatorias y para materializar los derechos a la justicia y la verdad, por
cuanto el legislador consagra una medida propia del sistema penal acusatorio,
equivalente a la constitución de parte civil del procedimiento inquisitivo y,
de otro lado, la promoción del incidente deja a salvo la facultad de acudir a
la vía civil ordinaria y el ente investigador puede iniciar de oficio las
diligencias orientadas a la determinación del perjuicio patrimonial derivado
del delito y a que la autoridad judicial ordene la reparación.
Según el
interviniente, “la obligación de entregar bienes ilícitos por parte de los
miembros de los grupos organizados al margen de la ley es una condición para
acceder a los beneficios jurídicos previstos por la Ley 975 de 2005 y no una
restricción frente a la reparación de las víctimas a la que resulten
condenados”. La mención de “los bienes de procedencia ilícita que hayan sido
entregados”, contenida en artículos como el 18, se refiere a la entrega de los
bienes como requisito de elegibilidad para acceder a los beneficios
contemplados en la ley, pero esa devolución es diferente de la obligación de
reparar integralmente a las víctimas, que pesa sobre los delincuentes.
De otra parte, asevera el Ministerio que
los artículos 9, 10 y 11 de le Ley 975 de 2005, referentes a la
desmovilización, “están acordes con los cánones de justicia transicional”, pues
la Constitución permite combinar vías y articular distintos mecanismos para
llegar a la paz y a la reconciliación nacional. Indica el Ministro que los
artículos 10 y 11, al tratar de la desmovilización colectiva e individual,
“consagran una serie de exigentes condiciones como aspectos preliminares para
que procedan estos mecanismos, entre los cuales el Legislador fue claro en
establecer, para el primer caso, que el grupo no se haya organizado para el
tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito y, en el segundo caso,
que su actividad no haya tenido como finalidad la comisión de dichas conductas
punibles”.
En cuanto al artículo 10, que alude a los
requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva, apunta el
interviniente que durante el trámite legislativo resultó adicionado con dos
numerales que exigen al desmovilizado no haber cometido actividades de
narcotráfico antes de su ingreso al grupo armado, liberar a las personas
secuestradas e informar sobre la suerte de las personas desaparecidas, fuera de
lo cual, en su numeral 4º establece el cese de toda interferencia al libre
ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y de cualquiera otra
actividad ilícita, como requisito de elegibilidad.
Además, argumenta el señor Ministro que la
ley cuestionada por la demandante “no viola el derecho de las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos de acceder a un recurso judicial
efectivo”, puesto que, en concordancia con las tendencias universales, los
derechos de las víctimas no se limitan al solo aspecto indemnizatorio y se les
reconocen los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Señala el
interviniente que varias disposiciones de la Ley 975 de 2005 garantizan esos
derechos, así como el acceso a la justicia, que tiene especial expresión en el
artículo 23 que regula el incidente de reparación integral. Ese incidente se
puede abrir a solicitud de la víctima, del fiscal o del Ministerio Público, “a
instancia de ella” y “una vez la Sala del Tribunal Superior de Distrito
Judicial declare la legalidad de aceptación de cargos en la audiencia
respectiva”. Por lo demás, en el trámite del incidente podrá intervenir la
víctima, su representante legal o abogado de oficio.
Añade el señor Ministro que también la Ley
906 de 2004 le otorga un gran protagonismo a las víctimas, particularmente en
artículos como el 137 o el 11, cosa que condujo a “recoger varias figuras en la
Ley de Justicia y Paz”, tales como el mencionado incidente de reparación
integral y los derechos de las víctimas establecidos en el artículo 37. También
puntualiza que “las normas no limitan las facultades de las víctimas en los
procesos”, lo cual se hace efectivo mediante mecanismos tales como la remisión
a los instrumentos internacionales y a la regulación que contienen los
artículos 132 a 137 del Código de Procedimiento Penal, sobre la actuación de
las víctimas como partes intervinientes en el proceso.
En otro acápite de su intervención, el
Ministerio se refiere al concepto de víctima utilizado en la Ley 975 de 2005 y
puntualiza que, siendo conforme con los instrumentos internacionales, incluye a
quien ha sufrido el daño y a sus parientes inmediatos, según surge del artículo
5º que “consagra un concepto amplio de víctima, el cual comprende no solo a las
víctimas directas de delitos graves, sino también a las víctimas
indirectas de quienes fueron muertos o desaparecidos por la acción de los
grupos organizados al margen de la ley” y, entonces, la determinación del
legislador responde a su margen de configuración y no implica discriminación
alguna, ni violación del derecho a la igualdad o del derecho a la familia.
Por último, el señor Ministro indica que
tampoco “cabe declarar la inexequibilidad de algunas disposiciones de la ley
906 de 2004”, en la medida en que esa solicitud “se basa en apreciaciones
subjetivas y erróneas de la parte actora, conforme a las cuales los artículos
señalados son aplicables en las causas de justicia y paz de manera
complementaria a lo dispuesto en la Ley 975 de 2005 que “es una norma especial
de aplicación restrictiva que contiene en su texto las disposiciones requeridas
para garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y el derecho de las
víctimas, de suerte tal que cuando ella se invoca no son aplicables las normas
contenidas en la Ley 906 de 2004, cuya constitucionalidad se demanda”. Así, “los
cargos presentados contra la Ley 906 de 2004 se sustentan no en un análisis
autónomo del Código de Procedimiento Penal, sino en una vinculación equivocada
de esta norma con la Ley 975 de 2005, lo que deja sin argumentos las
solicitudes formuladas respecto a aquella”.
2.      Intervención de la Fiscalía General
de la Nación.
El ciudadano
Mario Germán Iguarán Arana, en su condición de Fiscal General de la Nación,
interviene para solicitar la declaración de exequibilidad de la normatividad
atacada. En primer término, el señor Fiscal hace “referencia al contexto de la
ley 975 de 2005 y pone de presente su objetivo de facilitar los procesos de paz
y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de
grupos armados al margen de la ley.
Una vez esbozado
el contexto, pasa el interviniente a dar contestación a los cargos planteados
en la demanda. Al responder el cargo consistente en la falta de un recurso
efectivo, el señor Fiscal alude a los derechos al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, y considera que el artículo 15 de la ley
consagra los mecanismos efectivos para el esclarecimiento de la verdad, por
medio de la actuación de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que “comporta un
recurso efectivo para que las víctimas no sólo aspiren a una compensación
económica sino también a la verdad y la justicia, conforme con el artículo 25
de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2º del Pacto
Internacional de derechos Civiles y Políticos”.
En su
intervención el señor Fiscal se refiere al artículo 8º de la ley demandada que
regula el derecho a la reparación y también al artículo 37 que, en su sentir,
no fue tenido en cuenta por la demandante, siendo “que prevé la garantía
estatal de acceso de las víctimas a la administración de justicia” reflejada en
un conjunto de derechos, entre los que se cuentan el derecho a recibir un trato
digno durante todo el procedimiento, la protección de su intimidad y seguridad,
la pronta e integral reparación de los daños, la facilitación del aporte de
pruebas, el conocimiento de la verdad de los hechos que conforman las
circunstancias del delito del cual han sido víctimas, el conocimiento de
información para la protección de sus intereses, la interposición de recursos,
la asistencia de un abogado de confianza durante el juicio, etc.
En lo atinente
al artículo 137-4 de la Ley 906 de 2004, el Fiscal estima que se demanda por
vía de integración normativa con la Ley 975 de 2005 y “en este contexto la
representación de las víctimas no sólo está confiada al apoderado de confianza
o a la Defensoría del Pueblo, según el caso, sino que existe una Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación”, una de cuyas funciones consiste en
“garantizar a las víctimas su participación en los procesos de esclarecimiento
judicial y la realización de sus derechos”. De este modo, la limitación del
número de apoderados “siempre contará con la ponderación del fiscal, el
tribunal y la Comisión de Reparación, de acuerdo con las opiniones y
necesidades de las víctimas que pueden agruparse”.
En opinión del
señor Fiscal General, la falta de racionalización del número de apoderados
tornaría imposible el adelantamiento del proceso de justicia y paz, habida
cuenta de la considerable cantidad de víctimas. Apunta el interviniente que,
desde el punto de vista constitucional, es intolerable que la víctima y la
sociedad civil, más allá de sus derechos de participación en el proceso, puedan
compartir la acción penal y la metodología de investigación con la Fiscalía
General de la Nación, como lo sugiere la demandante”, dado que “no es misión de
las víctimas ni de la comunidad ejercer la acción penal ni delinear las
investigaciones, sino colaborar y participar para el buen funcionamiento de la
administración de justicia” de las distintas maneras como jurídicamente está
prevista la colaboración y la participación.
El señor Fiscal
reconoce, como segundo problema planteado en la demanda, la intervención del
perjudicado dentro del proceso que regula la Ley 975 de 2005 y trae a colación
el artículo 5º de la Ley que define a la víctima como aquella persona que
individual o colectivamente ha sufrido daños directos, así como la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha distinguido entre víctima y
perjudicado. Para el interviniente la ley cuestionada “acude a un concepto
amplio de víctima, pues no se queda simplemente en aquella persona sobre la
cual se materializa la conducta típica, sino que lo identifica con el
perjudicado, es decir con aquellos que han sufrido un daño directo”, así que,
“en la no comprensión del concepto de víctima que trae la Ley 975 de 2005,
radica el vacío de sustentación de la demanda”.
En cuanto atañe
a la responsabilidad patrimonial limitada a los bienes de origen ilícito, el
señor Fiscal considera que la demandante parte de una interpretación equivocada
de la normatividad, pues en ella se trata de los bienes de origen ilícito
entregados por el postulado con miras a la reparación de las víctimas y, de
conformidad con el artículo 8º, “tales bienes no son los destinados al
resarcimiento del daño causado con el delito, sino a la reparación del ofendido
mediante la restitución que procura regresar las cosas a la situación anterior
al delito”.
Así pues, los
bienes de procedencia ilícita entregados por el procesado no están destinados a
la indemnización de la víctima, sino a su reparación y, en esa medida, el
ataque de la actora está privado de fundamento, porque, en definitiva, no se
trata de favorecer el patrimonio particular del procesado para impedir que sea
empleado para el resarcimiento del daño causado por el delito, “porque de todas
maneras pervive el deber general de reparación a las víctimas, previsto en el
artículo 42 de la Ley 975 de 2005”.
Finalmente, el
señor Fiscal General recuerda que la facultad de la Fiscalía General de la
Nación de solicitar, en cualquier momento y antes de presentar la acusación, la
suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro obtenido
ilícitamente, tiene fundamento, porque “el Fiscal es el director de la
investigación, garante de los derechos de las víctimas y quien tiene como deber
más que facultad el de propender por sus derechos a que no solamente se les
indemnice por los daños causados (...) sino que igualmente se les restituye,
rehabilite, satisfaga y a la garantía de la no repetición del acto punible por
parte del victimario”. En estas condiciones, el ente acusador sirve de
instrumento “para que el juez de garantías ordene la suspensión o cancelación
de los bienes sujetos a registro, lo cual, únicamente podrá ser ordenado por la
judicatura”.
3.      Intervención de la Facultad de
Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
El ciudadano
Alejandro Venegas Franco, en su calidad de Decano de la Facultad de
Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, intervino en el
trámite e informó que en su Facultad existe una línea de investigación sobre
democracia y justicia que, precisamente, ha desarrollado un proyecto denominado
“Justicia Transicional y seguimiento a las políticas públicas frente al
conflicto armado de Colombia”.
Algunos de los ejes temáticos aluden a las
negociaciones con los grupos armados al margen de la ley, “teniendo como
referente el derecho internacional humanitario, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional Colombiana”.
Indica que el análisis se sirve de herramientas normativas, ético-políticas y
jurídicas y, finalmente, informa a la Corte acerca de algunos documentos
producidos como fruto de la investigación.
4.      Intervención de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia.
Los ciudadanos
Heraclio Fernández Sandoval y Augusto J. Ibáñez Guzmán intervinieron en
representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y, tras resumir los
fundamentos de la demanda “según sus acápites”, concluyeron que en el escrito
de la actora “no existe una demostración de la contradicción de la cláusula
normativa objeto de la acción y la norma constitucional”, motivo por el cual la
interesante disertación “quedó en un resaltable discurso sobre el tema”.
No obstante lo
anterior, tratándose del planteamiento sobre la responsabilidad patrimonial de
los victimarios y de terceros, “aunque no existe un total desarrollo de la
inexequibilidad”, los intervinientes manifiestan compartir el concepto del
señor Procurador General de la Nación, cuando señala que “la entrega de los
bienes de procedencia ilícita no excluye la afectación de los bienes propios
del condenado con medidas cautelares”, dado el tratamiento diferencial e
injustificado entre las víctimas sometidas al procedimiento ordinario y las
sometidas al procedimiento especial de la Ley 975 de 2005.
5.      Intervención
del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.
Previamente autorizado por el ciudadano
Jairo Parra Quijano, Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
intervino el ciudadano Augusto Ibáñez Guzmán y lo hizo en términos similares a
los contenidos en el escrito que presentó, junto con el ciudadano Heraclio
Fernández Sandoval, en representación de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia.
6.      Intervenciones extemporáneas.
Con posterioridad al vencimiento del
término de fijación en lista se recibió en la Secretaría de la Corporación un
escrito de la Comisión Andina de Juristas que corresponde a la demanda de
inconstitucionalidad presentada por la Comisión y por otras personas jurídicas
y naturales. Además se recibió un escrito presentado por la Corporación
Excelencia de la Justicia y otro suscrito por el ciudadano Orlando Acuña
Gallego, en su calidad de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Libre de Colombia.
V.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO
El quince (15)
de marzo de dos mil seis (2006), el Señor Procurador General de la Nación y el
señor Viceprocurador General de la Nación, en escrito dirigido a lo Magistrados
de la Corte Constitucional, manifestaron estar impedidos para rendir concepto
en el proceso de la referencia, debido a haber intervenido en la expedición de
la Ley 906 de 2004 y solicitaron les fueran aceptados los respectivos
impedimentos.
Mediante auto
de marzo veintinueve (29) de dos mil seis (2006), la Sala Plena de la Corte
Constitucional aceptó “los impedimentos manifestados tanto por el Procurador
como por el Viceprocurador General de la Nación, en lo referente a los
artículos acusados de la Ley 906 de 2004”. En lo relativo a las acusaciones
formuladas en contra de la ley 975 de 2005 y, en subsidio, frente a algunos
apartes de los artículos 10, 11, 13, 18, 23 y 47, “tomando en cuenta el
carácter excepcional y expreso de los impedimentos y acogiendo igualmente la
jurisprudencia de la Corte” en el sentido de “verificar la correspondencia
exacta “entre la situación concreta invocada” y la norma legal “que en
abstracto señala las causales para su procedencia”, la Corporación consideró
que “la competencia para rendir el concepto en relación con las citadas
disposiciones, permanece en cabeza del señor Procurador General de la Nación”.
1.      Concepto del Señor Procurador General de la Nación respecto
de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la Ley 975 de
2005, en su integridad, así como subsidiaria y parcialmente en contra de
algunos de sus artículos.
El señor
Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional “INHIBIRSE
de emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley 975 de 2005,
frente al cargo propuesto contra la totalidad de su articulado, por inepta
demanda”. Solicita, además, “Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la palabra
‘directos’ del inciso 1º e inciso 2º del artículo 5, la expresión ‘o sus
parientes en primer grado de consanguinidad’ del artículo 47, la expresión “y
la de sus parientes en primer grado de consanguinidad del artículo 48, las
expresiones ‘de procedencia ilícita que hayan sido entregados’ del artículo 18
de la ley 975”.
Adicionalmente, pide “declarar EXEQUIBLE el
artículo 23 de la ley 975 de 2005, frente al cargo examinado en esta
oportunidad” y “Declarar la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA de los artículos
47, 54 y 55 de la Ley 975 de 2005, a que se entienda que el Estado debe velar
por el cubrimiento integral de los gastos que demande la reparación de las
víctimas. En consecuencia, la falta de recursos suficientes del victimario o
del Fondo de Reparación para reparar a la víctima, no exonera al Estado del
cumplimiento del deber de reparar”.
Señala el Procurador que se demanda la
inconstitucionalidad de la Ley 975 de 2005, en su integridad, porque se omitió
incluir a los perjudicados como sujetos del proceso penal y, en consecuencia,
tampoco se les reconoció ninguna potestad para intervenir en el proceso
diseñado en ella”. Según el concepto fiscal, la demandante hace consistir la
acusación en una omisión legislativa y no todos los artículos de la Ley acusada
se refieren a los derechos de las víctimas en el proceso penal. Apunta el
Procurador que la demanda “hace un señalamiento global y abstracto, sin
precisar cuáles son las disposiciones que concretamente niegan el acceso a los
perjudicados al proceso penal que se adelante contra los miembros de los grupos
armados organizados al margen de la ley que se acojan a ella”.
Se detiene luego el señor Procurador en
consideraciones sobre el alcance y los derechos de las víctimas en el marco de
la ley 975 de 2005 y destaca que “el concepto de perjudicados es una construcción
jurisprudencial, que con el de víctima directa debe entenderse incluido en la
definición de víctima al que pueda referirse una ley como la que es objeto de
estudio”. Indica que la Constitución “no concreta una definición de quién es
víctima” y advierte que la definición de las víctimas, para efectos de la ley
cuestionada, no se ajusta a los estándares internacionales conforme a los
cuales, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación deben reconocerse
a todo aquel que haya padecido un daño derivado del comportamiento, es decir,
tanto a la víctima directa, como a los perjudicados, que pueden ser uno o
varios”.
Alude el señor Procurador a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional que vinculó el concepto de víctima o
perjudicado “a la existencia de un daño real, concreto y específico, no
necesariamente económico, derivado de la infracción penal, daño que no puede
estar determinado por la relación de parentesco con la víctima directa, y que
como tal justifica su intervención dentro de la actuación penal” y concluye que
el legislador debe garantizar la intervención en la actuación penal de las
víctimas directas y de sus sucesores, así como de los perjudicados y, con mayor
razón, si lo son de violaciones a derechos humanos y de graves infracciones al
derecho internacional humanitario, “ya sea que se trate de personas naturales o
trascienda a comunidades o agrupaciones”.
Indica el señor Procurador que la Ley 975
de 2005 sólo incorpora en el concepto de víctima “a las víctimas directas y los
parientes más cercanos” y precisa que esa interpretación desconoce que la
condición de titular de los derechos surge del daño y no de la mera relación de
parentesco. Así, ni el artículo 5, ni los artículos 47 y 48 involucran a todas
las personas que pueden padecer “un daño real y concreto derivado de la
conducta” y, por lo tanto, permiten que “a cierto sector de la población
afectada se le desconozcan sus derechos como a la verdad, la justicia y la
reparación integral”.
Respecto al
último de los derechos mencionados, estima el Procurador que la afectación es
manifiesta, “como quiera que el artículo 23 de la ley en comento niega a
quienes no se encuentran en la categoría de víctimas, el derecho a promover el
incidente de reparación integral, quienes, sea del caso señalar, pueden
perseguir una finalidad no sólo económica”. El Ministerio Público “considera
viable integrar la unidad normativa de tal forma que el análisis del cargo
propuesto contra el artículo 23 incorpore el examen de constitucionalidad del
concepto de víctima que traen los artículos 5, 47 y 48 de la Ley 975 de 2005 y,
en consecuencia, solicita declarar la inexequibilidad de algunas expresiones
contenidas en ellos y, respecto del artículo 23, considera que sólo bajo un
entendimiento amplio del concepto de víctima puede ser exequible, “en cuanto
permitirá que todo aquel que haya padecido un perjuicio por el comportamiento
delictivo pueda acudir dentro del proceso penal, y mediante el incidente, a
reclamar la reparación integral del daño”
Refiriéndose a los artículos 10, 11, 13,
18, 47, 54 y 55 de la Ley 975 de 2005, el Procurador entiende que la censura se
dirige a cuestionar la limitación de la responsabilidad patrimonial y el compromiso
del victimario en la reparación integral de los daños, pues los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley, sólo deben entregar los bienes
de procedencia ilícita y éstos son los únicos que pueden resultar afectados con
las medidas cautelares. El Jefe del Ministerio Público aclara que “la Ley 975
de 2005 no consagra todas las acciones encaminadas a satisfacer los mínimos que
exige este derecho” y por ello, “no satisface en su integridad el derecho de
reparación, pues su objetivo está encaminado a lograr la desmovilización y
reinserción de grupos al margen de la ley, avanzando algunos aspectos del
derecho a la reparación”. Así las cosas, no se puede entender que con la ley
acusada el Estado cumple en su integridad con este derecho, por cuanto el
Estado tiene el deber de reparar y de repetir contra el autor.
Así pues, en criterio del señor Procurador,
el Fondo para la reparación de las víctimas, al cual se refieren los artículos
47, 54 y 55 de la ley cuestionada no es el único instrumento para asegurar la
reparación integral y al Estado le corresponde asumirla, aunque los recursos
provenientes de los desmovilizados no sean suficientes para atender a las
víctimas. Además, el Procurador considera inconstitucional que la ley en comento
“sólo haya previsto la obligación de entrega de los bienes ‘producto de la
actividad ilegal’ como requisito de elegibilidad para la desmovilización
colectiva e individual y para el acceso a los beneficios jurídicos de la pena
alternativa y la obtención de la libertad a prueba, tal como los señalan los
artículos 10, 11, y 18 inciso 2º de la Ley 975 de 2005, dejando de lado todos
aquellos bienes que no son de tal procedencia y que como tal integran la prenda
general de garantía de todos los acreedores, facultad que las Leyes 906 de 2004
y 600 de 2000 sí reconocen a los afectados por cualquier hecho punible”.
Asevera el señor Procurador que ese es un
privilegio injustificado otorgado a los desmovilizados, quienes pueden
conservar su patrimonio intacto y comerciar, vender o donar todos los bienes
“que reputen de procedencia lícita, a pesar de que exista un proceso penal en
curso, una acusación en su contra e incluso se les condene al pago de la
indemnización de perjuicios e incumplan ese deber”. El Jefe del Ministerio
Público estima que al Fondo de Reparación deberán entrar “todos los bienes y
recursos tanto de procedencia lícita como ilícita, quedando los últimos sujetos
a extinción de dominio”, como lo ha señalado la Corte Constitucional en las
sentencia C-374 de 1997 y C-740 de 2003. Con base en estas consideraciones el
señor Procurador solicita a la Corte declarar inexequible las expresiones “de
procedencia ilícita” del artículo 13 numeral 4 y “de procedencia ilícita que
hayan sido entregados del artículo 18 de la Ley 975, con el fin de garantizar
el derecho a la reparación de las víctimas permitiéndoles denunciar y solicitar
medidas cautelares sobre los bienes del desmovilizado, sean o no adquiridos en
forma lícita”.
Por último el señor Procurador solicita a
la Corte condicionar la exequibilidad de los artículos 47, 54 y 55 “a que se
entienda que el Presupuesto del Fondo para la reparación de las víctimas deberá
estar integrado por todos los bienes de los miembros de grupos al margen de la
ley” y que el Estado “estará en la obligación de depurarlos jurídica y
fiscalmente antes de entregarlos a las víctimas”.
2.      Concepto del Ministerio Público en
relación con la demanda de inconstitucionalidad presentada, subsidiaria y
parcialmente, en contra de algunos artículos de la Ley 906 de 2004.
Ante los
impedimentos manifestados por el Procurador y por el Viceprocurador General de
la Nación, la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales fue designada
para rendir el concepto de rigor y en él solicita a la Corte “INHIBIRSE para
emitir un pronunciamiento sobre la demanda presentada contra el artículo 137,
numeral 4º, en relación con las expresiones ‘El imputado o su defensor del artículo
274’ y ‘y antes de presentarse la acusación’ del artículo 101 de la Ley 906 de
2004 por ineptitud sustantiva de la demanda”. Adicionalmente pide que, en
subsidio, se declare “EXEQUIBLE el artículo 137, numeral 4º, de la Ley 906 de
2004, salvo la expresión ‘De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo
más conveniente y efectivo’ que se solicita declarar INEXEQUIBLE” y por último,
también solicita “declarar exequibles los artículos 15, inciso segundo, 102,
inciso primero y 103 inciso segundo (parciales de la Ley 906 de 2004”.
El concepto se inicia con una referencia a
las nociones de víctima y perjudicado, de acuerdo con la cual se sostiene que
la definición de víctima para los efectos de la Ley 906 de 2004 “se aviene y
podría afirmarse que busca ajustarse a la jurisprudencia constitucional”, pues
“como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia 228 de 2002, el
concepto de víctima o perjudicado está ligado o atado esencialmente a la
existencia de un daño real, concreto y específico, no exclusivamente económico
derivado del ilícito”.  En esas condiciones la vista fiscal estima que las
acusaciones dirigidas en contra de los apartes de los artículos 102 y 103 de la
Ley 906 de 2004 no están llamadas a prosperar, ya que, en virtud del artículo
132, todos los que han sufrido un daño derivado de la conducta típica tienen la
condición de víctimas.
A continuación el concepto alude a la
precariedad del cargo formulado en contra del artículo 137. Para la demandante,
la representación de una pluralidad de víctimas asumida sólo por dos abogados,
designados por el fiscal en el evento de existir desacuerdo entre aquellas, es
una prerrogativa adicional a favor de los victimarios que conduce a la
denegación de justicia. A juicio de la Procuraduría Auxiliar, el planteamiento
no cumple con los presupuestos básicos que debe contener el concepto de la
violación, porque no se indican las disposiciones constitucionales vulneradas
ni las razones de la violación, incumpliéndose, entonces, el requisito de la
especificidad.
Pese a solicitar la inhibición de la Corte,
la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales procede a evaluar la
exequibilidad del referido artículo 137-4 y al respecto encuentra que la
disposición impugnada tiene aplicación en la etapa de la investigación, mas no
en el juicio, puesto que “en la audiencia de formulación de acusación el juez
reconoce la representación legal de las víctimas en el evento en que se
constituya y podrá determinar igual número de representantes al de defensores
para que intervengan en el transcurso del juicio oral”. Además, si la víctima
carece de medios, tiene la posibilidad de solicitar a la Fiscalía que designe
un abogado de oficio y, a más de ello, a las víctimas les asiste el derecho a
ser informadas por la Policía Judicial y a Fiscalía sobre las condiciones para
acceder gratuitamente a asesoría o asistencia jurídica.
El concepto hace
énfasis en que los mecanismos reseñados, lejos de constituir obstáculos para el
acceso a la justicia, garantizan ese derecho, aunque admite que el precepto no
es claro en cuanto al alcance de las decisiones que puede adoptar el Fiscal
cuando las víctimas no se ponen de acuerdo, lo cual podría conducir a una
designación contraria a la voluntad de las víctimas o, sencillamente, a no
designarles representante judicial y por ello el Ministerio Público considera
necesario decretar la inexequibilidad de la expresión “de no llegarse a un
acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo”.
En relación con
el artículo 101, la vista fiscal señala que, en cuanto hace a la expresión “y
antes de presentarse la acusación”, la actora no formuló cargo, cosa que no
ocurre con la expresión “a petición de la fiscalía”, cuya inexequibilidad
solicita a fin de que, respecto de esta medida cautelar, se apliquen “las
reglas generales previstas en el artículo 92 para la adopción de medidas
cautelares, a solicitud de la víctima, es decir, del sujeto pasivo del punible
o los perjudicados”.
Finalmente,
según la Procuraduría Auxiliar, en referencia al artículo 274 la demanda carece
de certeza, pues no recae sobre el contenido normativo de la disposición
demandada. En efecto, la actora dirige la acusación en contra de la expresión
“el imputado o su defensor”, con el propósito de lograr que la facultad de
solicitar pruebas anticipadas se extienda a las víctimas de las infracciones
penales y el artículo no se ocupa de autorizar esa solicitud sólo a algunas
personas, sino de regular las facultades de la defensa en la investigación. Por
lo tanto, aún suprimiendo la expresión atacada, el artículo 274 no admitiría
interpretación distinta “a que el imputado y el defensor pueden solicitar
pruebas anticipadas, y el texto tampoco adquiriría el alcance pretendido por la
demandante, toda vez que el artículo 284 ejusdem, en el numeral 2º
determina con claridad quiénes pueden solicitar la prueba anticipada, entre los
cuales ciertamente no se halla la víctima”.
VI.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral
4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente
para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la
referencia.
2.      Una cuestión previa
La Corte deber examinar, en
primer término, si al formular el concepto de la violación, la demandante ha
estructurado cargos de inconstitucionalidad que le permitan a la Corporación
entrar a estudiar la materia de la Ley cuestionada en su integridad y de las
disposiciones específicamente acusadas y decidir en el fondo sobre su
constitucionalidad. Como a continuación se verá, algunos de los intervinientes
en el proceso le han solicitado a la Corte que se declare inhibida y, dada esa
circunstancia, es menester entrar a considerar esas solicitudes de inhibición.
3.      Las solicitudes de
inhibición
En el concepto rendido por el señor
Procurador General de la Nación y en el de la Procuradora Auxiliar para Asuntos
Constitucionales, así como en las intervenciones del señor Ministro del
Interior y de Justicia y de los ciudadanos que representaron a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia se le solicita a la Corte Constitucional que se
declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto de distintos
aspectos planteados en el libelo demandatorio.
Cabe precisar que en la demanda se pidió
la inconstitucionalidad de la Ley 975 de 2005 en su integridad y,
subsidiariamente, de algunos segmentos de sus artículos 10, 11, 13, 18, 23 y
47, así como de apartes de los artículos 15, 101, 102, 103, 137 y 274 de la Ley
906 de 2004 y como quiera que, en términos generales, las solicitudes de
inhibición se refieren a cada una de esas peticiones de inconstitucionalidad,
la Corte debe entrar a considerar, en el orden señalado, las razones aducidas
en la demanda y la respectiva solicitud de inhibición.
3. 1.  La demanda en contra de la Ley
975 de 2005, en su integridad.
En cuanto hace a la pretendida
inconstitucionalidad de la Ley 975 de 2005 en su integridad, el señor
Procurador General de la Nación estima que la Corte Constitucional debe
declararse inhibida por una “ausencia de precisión en la formulación”, que se
advierte en el señalamiento global y abstracto hecho en contra de todo el
articulado y en la consiguiente falta de especificidad. Ciertamente, al repasar
el libelo demandatorio, la Corte se encuentra frente a un conjunto de
afirmaciones generales que ni siquiera suscitan una mínima duda razonable
acerca de la posible existencia de algún motivo capaz de comprometer en forma
total la constitucionalidad de la ley cuestionada.
El ejercicio del control constitucional
cumplido por esta Corte enseña que es factible atacar la totalidad de una ley y
obtener su completa separación del ordenamiento jurídico cuando, por ejemplo,
se configura un vicio formal de una entidad tal que no deja alternativa
diferente a declarar la inconstitucionalidad de todo un cuerpo normativo y a
decretar su consecuente inexequibilidad, con independencia de los contenidos
incorporados en él. La inconstitucionalidad y la inexequibilidad íntegra
también tienen lugar siempre que la regulación de una materia se realice en una
ley sin cumplir con el más exigente procedimiento que la Constitución prevé
respecto de ciertos temas.
Los ejemplos podrían multiplicarse, pero
los mencionados son suficientes para demostrar que el cuestionamiento dirigido
en contra de todo el articulado de una ley no riñe con el carácter específico y
concreto que se reclama de la acusación. Sin embargo, en la demanda que ahora
ocupa la atención de la Corte no se formulan cargos orientados a señalar una
contrariedad con la Constitución que pudiera acarrear la completa eliminación
de la Ley 975 de 2005. No cabe, entonces, fundar una consecuencia tan radical
en suposiciones o en afirmaciones vagas, generales o carentes de la aptitud
indispensable para establecer una relación lógica entre la Constitución y la
ley acusada de contrariarla.
Sostener, como se hace en la demanda, que
“la Ley 975 de 2005 en su integridad desconoce el concepto de perjudicado”, que
“un desequilibrio entre víctimas o victimarios” atraviesa, sin excepción
posible, todo su contenido o que no incluye “como sería adecuado para buscar un
balance entre derechos de las víctimas y beneficios de sus victimarios, ninguna
disposición que específicamente reconozca sus particulares necesidades, como el
establecimiento de acciones de grupo”, resulta inadecuado si lo que se busca es
estructurar un cargo de inconstitucionalidad dotado de la fuerza de convicción
necesaria para dar al traste con toda la ley o, al menos, para generar una duda
plausible sobre un eventual quebrantamiento de la Constitución.
Acertadamente afirma el señor Procurador,
en el concepto rendido ante esta Corte, que “todos los artículos que integran
la Ley 975 no se refieren a los derechos de las víctimas en el proceso penal”
y, en esa medida, es claro que tampoco está llamado a prosperar el ataque
general e indiscriminado que se intenta en contra del contenido completo de una
ley. En efecto, la Corporación no puede relevar al demandante del cumplimiento
de la carga mínima de argumentación que le corresponde, pues de hacerlo
ejercería una suerte de control oficioso proscrito en el sistema colombiano y
tendría que entrar a construir los cargos y a responderlos ella misma, en un
ejercicio que evidentemente excede de las funciones de control que la Corte ha
de cumplir “en los estrictos y precisos términos” señalados en el artículo 241
de la Carta.
En las condiciones anotadas, es evidente
que la Corporación debe abstenerse de proferir pronunciamiento de fondo sobre
la totalidad de la Ley 975 de 2005 y que, debido a la ineptitud sustancial de
la demanda, se impone la inhibición respecto del ataque enderezado a
controvertir la constitucionalidad de todo el articulado de la mencionada ley.
3.2.   La demanda en contra de algunos segmentos de los artículos
10, 11, 13, 18, 23 y 47 de la Ley 975 de 2005.
Ahora bien, en subsidio de la anterior
pretensión, la demandante solicitó la declaración de inconstitucionalidad
parcial de los artículos 10, 11, 13, 18, 23 y 47 de la Ley 975 de 2005. En
relación con esta solicitud los ciudadanos que intervinieron en representación
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y del Instituto Colombiano de
Derecho Procesal indican en su escrito que las afirmaciones vertidas en la
demanda no alcanzan a sustentar cargos que conduzcan a pensar en la posible
inconstitucionalidad de los artículos referidos en los apartes que son objeto
de tacha.
Una apreciación de la demanda deja ver
que, aún cuando la actora formula una petición principal y otra subsidiaria, no
aporta argumentos separados para fundarlas y, de tal modo, las apreciaciones
generales que esgrime como base de la solicitud de inconstitucionalidad total
de la ley, también le sirven de fundamento a los ataques que parcialmente
dirige en contra de algunos de sus artículos.
Así, en el escrito de demanda se alude en
primer término a los derechos de “las víctimas y perjudicados” a tener una
intervención efectiva en el proceso penal, a participar en la búsqueda de la
verdad, la justicia y la reparación y a que esta última sea integral. A todo lo
anterior la libelista agrega que “se formulan cargos de inconstitucionalidad
contra disposiciones legales que limitan, restringen o afectan los derechos a
participar en la búsqueda de la verdad y a conseguir la adecuada reparación de
víctimas o perjudicados por el delitos relacionados con violaciones de derechos
humanos o el derecho internacional humanitario”.
A continuación, la demandante anuncia
referencias “concretas a los crímenes de los que ha sido víctimas las mujeres
signatarias, así como a las condiciones de su desplazamiento forzado y, acto
seguido, se refiere a los “los muy generosos beneficios otorgados a “los
victimarios”, a la relativa renuncia, respecto de ellos, del ejercicio del ius
puniendi del Estado; al carácter meramente “declarativo” de los derechos de
las víctimas y a la carencia de un recurso efectivo para hacerlos valer dentro
del procedimiento establecido en la Ley 975 de 2005.
Con posterioridad, distintos acápites de
la demanda se dedican a demostrar que el Acto Legislativo número 3 de 2003 no
derogó los principios constitucionales, que a los “perjudicados” no se les
reconoce ninguna oportunidad de intervenir en el proceso penal, sino sólo a la
víctimas; que el desequilibrio entre víctimas y victimarios afecta
especialmente a las mujeres, a las niñas y niños; que existe una desprotección
de las víctimas e impunidad contrastante con el “empoderamiento” de los
victimarios; que ese desequilibrio afecta el derecho a la verdad, pues las
garantías otorgadas a los perpetradores de crímenes son específicas y precisas,
mientras que los derechos de las víctimas se contemplan apenas declarativamente
y que es menester asegurar la responsabilidad patrimonial de los victimarios y
de terceros.
Frente a estos planteamientos conviene
recordar que, de manera reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha
considerado que sólo cuando se cumplen los requisitos de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia, el cargo planteado resulta apto para
dar lugar al adelantamiento del juicio sobre la constitucionalidad de las
disposiciones acusadas. La claridad alude a la exposición de razones
comprensibles y de fácil entendimiento; la certeza a la necesidad de que el
cuestionamiento recaiga directamente sobre el contenido de la disposición
demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor;
la especificidad se refiere a la demostración diáfana de la manera como las
disposiciones acusadas vulneran la Constitución; la pertinencia concierne al
empleo de argumentos de índole estrictamente constitucional y no de orden
legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia y, por virtud de la
suficiencia, se pide que el cargo contenga los elementos de juicio
argumentativos y probatorios indispensables para adelantar el juicio de
inconstitucionalidad, en forma tal que genere una sospecha o duda mínima sobre
la constitucionalidad del precepto atacado.
De acuerdo con los requisitos enunciados,
las alegaciones generales atinentes a la falta de condiciones para la garantía
de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación por no contar las
víctimas con los medios necesarios para su protección efectiva incumplen el
requisito de certeza, pues no expresa la actora cómo puede derivarse de los
segmentos acusados una consecuencia semejante y además, tampoco satisfacen el
requisito de especificidad, por cuanto no se indica de qué modo los apartes
acusados vulneran la Constitución.
Otro tanto cabe predicar de las
afirmaciones referentes a las garantías concedidas a los victimarios y al
carácter puramente declarativo de los derechos correspondientes a las víctimas,
ya que del contenido de los artículos cuya inconstitucionalidad parcial se pide
no se desprende el comentado desequilibrio ni se deriva el alegado carácter
puramente declarativo. Por último, las afirmaciones acerca de la vigencia de
los principios constitucionales, no obstante la vigencia del Acto Legislativo
número 3 de 2002 son vagas y abstractas y, por lo tanto, incumplen los
requisitos de certeza, especificidad y precisión, pues corresponden, en
términos generales, a apreciaciones subjetivas de la actora.
Esa subjetividad también se advierte en
los ataques fundados en la distinción entre víctimas y perjudicados que la
actora plantea, sin detenerse en el examen del concepto de víctima acogido en
la ley 975 de 2005, así como en la aducida afectación de los derechos de las
mujeres y de los niños basada en el recuento de ciertos episodios o en las
críticas a la Fiscalía General de la Nación respecto de su actividad
investigativa del desplazamiento forzado y de otros delitos, y finalmente, en
el errado entendimiento que lleva la actora a afirmar que, de conformidad con
la Ley 975, sólo mediante los bienes ilícitamente adquiridos se debe proceder a
la reparación.
A efectos de la debida estructuración de
los cargos, la demandante no alcanza a demostrar qué nexo existe entre sus
apreciaciones y los temas regulados en los artículos parcialmente acusados que
se refieren a los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva
e individual (artículos 10 y 11), a la celeridad (artículo 13), a la
formulación de imputación (artículo 18), al incidente de reparación integral
(artículo 23) y a la rehabilitación (artículo 47). En esta forma, la aplicación
de idénticos raseros a artículos referentes a diversas materias podría conducir
a entender las expresiones acusadas por fuera del específico contexto del cual
hacen parte y, de otro lado, tampoco la actora se preocupó por aportar razones
que hicieran pensar a esta Corte en la posibilidad de integrar unidad
normativa.
La Corte considera que, en síntesis, la
actora no demostró la específica manera como cada una de las expresiones
acusadas podría vulnerar la Constitución y, si bien es cierto que la demanda
fue admitida, no lo es menos que esa admisión se basó en los requisitos de
índole formal exigidos por el Decreto 2067 de 1991. En efecto, en la demanda
aparecen trascritas las disposiciones parcialmente acusadas, se enuncia un
amplio catálogo de disposiciones constitucionales supuestamente infringidas y de
instrumentos internacionales que se dicen violados y se dedica una apartado a
la exposición del concepto de la violación. No obstante lo anterior, al abordar
los planteamientos vertidos por la actora en su libelo, la Corte no puede
establecer cuáles de los segmentos demandados vulneran y de qué modo, el
principio de dignidad del artículo 1º de la Carta, el artículo 13 sobre la
igualdad, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o los artículos
invocados de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
A esa conclusión también llegaron algunos
intervinientes y, no obstante ello, solicitan a la Corte un eventual
pronunciamiento sobre la posible responsabilidad patrimonial de los victimarios
y de terceros “aunque no existe un total desarrollo de la demostración de
inexequibilidad”, como lo piden los representantes de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia e incluso el Procurador, quien plasmó en su concepto argumentos
ventilados en otros procesos adelantados ante esta Corte y, con base en ellos,
solicitó declaraciones de exequibilidad, de inexequibilidad y de
constitucionalidad condicionada.
La Corte ha sostenido que, en aras de
proteger el derecho ciudadano a ejercer la acción pública de
inconstitucionalidad, en algunas oportunidades cabe interpretar la demanda,
pero para ello han de existir bases que le permitan a la Corporación establecer
el alcance de los planteamientos hechos por el demandante, pues en ningún caso
procede eximir del cumplimiento de los requisitos relativos a la adecuada
formulación del cargo que constituyen exigencias mínimas e impostergables para
evitar, por ejemplo, que, so pretexto de una demanda, la Corte termine
realizando un control oficioso vedado por la Carta.
En la presente causa, pese a que en
algunos párrafos la demandante intenta presentar sus argumentos de una manera
más concreta, lo cierto es que la demanda en su conjunto adolece de falta de
claridad y ello impide tener certeza acerca del cabal sentido de todas las
apreciaciones en ella consignadas. Así, cuando se advierte que la distinción
entre perjudicado y víctima no consulta siquiera lo establecido por la misma
ley, resulta difícil abordar los temas basados en esa distinción hecha en
términos que la ley no autoriza y pronunciarse sobre ellos bajo el amparo de
alguna consideración supuestamente más concreta o específica.
Obrar de tal modo implicaría que la
Corte, en parte construyera el cargo y en parte escogiera los artículos o los
temas sobre los cuales va a versar su pronunciamiento, con base en suposiciones
desde todo punto de vista inadmisibles. La falta de claridad y de certeza de
los términos en que está construida la demanda queda en evidencia cuando uno de
los intervinientes estima viable el estudio del tema de la responsabilidad
patrimonial de los victimarios y de terceros, pese a no existir “un total desarrollo
de la demostración de la inexequibilidad”, mientras que otro, partiendo del
mismo supuesto, le pide a la Corte pronunciarse sobre todos los artículos
demandados parcialmente.
La Corte considera que respecto de la
solicitud de inconstitucionalidad parcial formulada en relación con los
artículos 10, 11, 13, 18, 23 y 47 debe inhibirse de emitir pronunciamiento de
fondo por ineptitud sustancial de la demanda que contiene razones respetables,
mas no adecuadas para activar las facultades de control de constitucionalidad
confiadas a esta Corporación.
3.3.   La demanda en contra de algunos apartes de los artículos 15,
101, 102, 103, 137 y 274 de la Ley 906 de 2004.
En tercer lugar, en la demanda se pide la
declaración de inconstitucionalidad de algunos apartes de los artículos 15,
101, 102, 103, 137 y 274 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expidió el
Código de Procedimiento Penal. La Procuraduría Auxiliar para Asuntos
Constitucionales le solicitó a la Corte declarar ajustados a la Carta algunos
artículos, inhibirse para emitir pronunciamiento respecto del artículo 137-4 y
en subsidio declararlo exequible, salvo la expresión “De no llegarse a un
acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo”. Por su parte, el
señor Ministro del Interior y de Justicia aduce que la inconstitucionalidad
deprecada “se basa en apreciaciones subjetivas y erróneas”, relacionadas con la
aplicación complementaria en las causas de justicia y paz de los referidos
artículos y que la demanda no contiene un análisis autónomo sobre el Código de
Procedimiento Penal.
El señor Fiscal General de la Nación
estima que debe asumirse que las normas de la Ley 906 de 2004 se demandan “por
vía de integración normativa con la Ley 975 de 2005”. Sobre este particular, la
Corte considera que en la demanda no se propone ninguna integración normativa
de la Ley 975 de 2004 con los artículos parcialmente demandados y
pertenecientes al Código de Procedimiento Penal y que, de otro lado, resulta
bastante extraña la integración de proposición normativa de toda la Ley 975 de
2005 con algunas normas de la Ley 906 de 2004, motivos por los cuales no
resulta procedente asumir esa integración con fundamento en la sola mención que
de las normas del Código de Procedimiento Penal se efectúa en el libelo
demandatorio.
Las razones generales que le permiten a
la actora pedir la inconstitucionalidad de la Ley 975 de 2005 y la
inconstitucionalidad parcial de algunos de sus artículos, también le sirven a
la actora para solicitar la inconstitucionalidad de los señalados apartes del
Código de Procedimiento Penal, luego se echa de menos la formulación de cargos
específicos en apoyo de la inexequibilidad pedida y, en esas condiciones, si ya
la argumentación referente a la Ley 975 de 2005 adolece de la anotada falta de
claridad y de certeza, más incierta es la tarea consistente en desentrañar los
motivos que podrían conducir a dudar de la constitucionalidad de los artículos
del Código de Procedimiento Penal demandados parcialmente.
Así las cosas, bastan las precedentes
consideraciones para descartar el pronunciamiento de fondo y para decidirse a
favor de la inhibición.
VII.   DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la
acusación formulada en contra de la Ley 975 de 2005, en su integridad, “por
la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.
Segundo. INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con
las acusaciones formuladas parcialmente en contra de los artículos 10, 11, 13,
18, 23 y 47 de la Ley 975 de 2005, “por la
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.
Tercero. INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con
las acusaciones formuladas parcialmente en contra de los artículos 15, 101,
102, 103, 137 y 274 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”, debido a la ineptitud sustantiva de la demanda.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR QUE:
En oficio del
13 de agosto de 2007 el Magistrado doctor HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
manifestó que debido a un error, al momento de firmar la sentencia C-670/06,
colocó la nota de salvamento de voto.
Contrario a
dicha afirmación, el Magistrado Sierra Porto manifestó estar plenamente
de acuerdo tanto con la parte motiva como con la resolutiva de esta
providencia.
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General