T-199-09
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-199/09
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO-Reiteración de jurisprudencia/NATURALEZA DE LAS
OBLIGACIONES ALIMENTARIAS-Caso en que se embargó bien inmueble que está a
nombre de la esposa y los hijos del cónyuge que solicita alimentos/ ALIMENTOS
A CONYUGE
Esta Sala no encuentra que las providencias acusadas
incurran en los defectos señalados. En este sentido, la jurisprudencia constitucional
ha ahondado para advertir que las discrepancias respecto de la valoración de
las pruebas no amerita, por sí misma, la revocación por vía de tutela de la
providencia. Lo contrario, implicaría una indebida injerencia en la autonomía
judicial. En este sentido, como es sabido, el ordenamiento jurídico ha
establecido, en el artículo 411 del Código Civil que el cónyuge se encuentra
obligado a suministrar alimentos al otro cónyuge. Así mismo, el deber de
asistencia alimentaria se establece sobre los siguientes requisitos
fundamentales: (i) la norma jurídica conceda el derecho, (ii) la necesidad del
beneficiario y (iii) la capacidad del obligado. La Sala no encuentra
configurada causal alguna que permita deducir que la decisión tomada por el
Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura constituya una vía de hecho.
Referencia: expediente T-2.121.339
Peticionario: Florinda Thorp
de Hidalgo
Accionado: Juzgado Segundo de
Familia de Buenaventura
Magistrada Ponente:
Dra. CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá D.C., veintiséis (26) de marzo de
dos mil nueve (2009)
La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Nilson Pinilla Pinilla y Cristina Pardo
Schlesinger, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En la revisión del fallo de tutela adoptado por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el 31 de octubre de 2008,
mediante el cual se revocó la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, del 22 de septiembre de 2008.
I. ANTECEDENTES
A. Hechos
1.
La accionante señala
que contrajo matrimonio en al año 1954 con el señor Gilberto Hidalgo Pérez,
unión de la cual nacieron cinco hijos, hoy mayores de edad que subsisten por
sus propios medios. El patrimonio de la sociedad conyugal es un Edificio
ubicado en la ciudad de Buenaventura que hoy en día está a nombre de ella y sus
hijos y que actualmente administra.
2.
Agrega que ella es una
persona de la tercera edad, de 73 años y su esposo cuenta con 84; que
actualmente se encuentran separados de cuerpos pero que conviven bajo el mismo
techo.
3.
El 15 de septiembre de
2006, el señor Gilberto Hidalgo Pérez, abogado de profesión, inició en su
contra una demanda de alimentos congruos y necesarios de única instancia.
4.
En su demanda de
alimentos el señor Hidalgo señaló que en vida había transferido la propiedad de
sus bienes a su esposa e hijos, los cuales se ven representados en el Edificio
Hidalgo. Afirmó que la administración y recaudo de todos los cánones de
arrendamiento es hecho por la señora Thorp y que ascienden a la suma de
$6.500.000, razón por la cual se encontraba demostrada su necesidad y la
capacidad económica del alimentante.
5.
El Juzgado Segundo de
Familia de Buenaventura, mediante Auto de febrero de 2006 impone alimentos
provisionales por el valor de $1.000.000, por cuanto el demandante no contaba
con los medios para su supervivencia.
6.
El Juzgado Segundo de
Familia de Buenaventura, mediante Auto del 14 de agosto de 2007 suspendió el
proceso de alimentos hasta tanto no se determinara la capacidad del demandante.
Lo anterior, por cuanto la señora Florinda Thorp había iniciado en contra de su
esposo un proceso de interdicción por demencia que fue denegado por el Tribunal
Superior  de Cali el 7 de septiembre de 2007. Frente a esta decisión también
fue interpuesta una acción de tutela, la cual fue declarada improcedente por la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, el 26 de octubre de 2007.
7.
El 1 de julio de 2008,
el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de Buenaventura profirió sentencia
condenando a la señora Florinda Thorp de Hidalgo al pago de alimentos a favor
de su esposo en cuantía de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), los
cuales se pagarían “de la renta que se percibe por concepto de arrendamiento
de los apartamentos y local comercial del Edificio Hidalgo”.
8.
Para la accionante tal
decisión incurre en una vía de hecho por indebida interpretación probatoria. En
efecto, señala que el Juzgado atacado, sin que se hubiese iniciado demanda de alimentos
contra los hijos, no tuvo en cuenta que ella solo es dueña de una sexta parte
del Edificio, y por tanto, se afectó el derecho propiedad de los hijos. Así
mismo, considera que el Juzgado no valoró debidamente otras pruebas obrantes
dentro del expediente como que ella es una persona de la tercera edad, ama de
casa que sólo administra el Edificio. En su opinión, no se tuvo como prueba el
hecho que ella le suministra a su esposo el almuerzo y la comida en el
Restaurante Titanic de la ciudad de Buenaventura y que él al contar con
residencia americana recibe una ayuda de ese país por ser de la tercera edad;
de la misma manera al ser abogado podría ejercer su profesión. Por último,
agrega que el juez no tuvo en cuenta sus gastos y los del Edificio.
9.
Agrega que su
imposibilidad se refleja en el hecho de que no ha podido cumplir la obligación
impuesta y se ha iniciado un proceso ejecutivo en el cual se decretaron medidas
cautelares en el Edificio.
10.
En consecuencia,
solicita se deje sin efecto la Sentencia del 1 de julio de 2008 proferida por
el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura.
B. Contestación del despacho accionado y
del sujeto vinculado
Por Auto del 9 de septiembre de 2008, se
dispuso notificar al Despacho accionado y se vinculó a la acción de tutela al
señor Gilberto Hidalgo Pérez. Ni el accionando ni el vinculado se pronunciaron
dentro del término concedido para ello.
II. DECISIONES JUDICIALES
A. Primera Instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Guadalajara de Buga, Sala de Decisión Civil, el 22 de septiembre de 2008
concedió el amparo impetrado.
El Tribunal, siguiendo la jurisprudencia de
esta Corporación en relación con las causales de procedencia y procedibilidad
de la acción de tutela, consideró que en el caso en estudio se cumplían los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
Así mismo, en relación con el defecto en
que incurre la providencia del Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura,
consideró que se presentaba un defecto fáctico por cuanto el juez había errado
en la comprensión de las pruebas. Así, aunque considera que la decisión del
juez “tiene claros contornos de equidad”, hacer “ver en cabeza de la señora
THORP DE HIDALGO una capacidad económica que no fue acreditada en el
expediente”. Lo anterior, por cuanto ella no goza de la titularidad total del
Edificio, y por tanto, no puede considerarse que al señor Hidalgo le
correspondan $1.500.000 de la totalidad de los arriendos.
Por lo anterior, el Tribunal deja sin
efectos la sentencia proferida el 1 de julio de 2008 dentro del proceso verbal
sumario de fijación de cuota alimentaria entre cónyuges.
B. Impugnación
El señor Gilberto Hidalgo Pérez impugna la decisión
proferida por el Tribunal Superior de Buga aduciendo: (i) que a la demanda de
fijación de cuota alimentaria se le dio el trámite de ley, (ii) la acción de
tutela contra providencias judiciales sólo procede para revisar el trámite y no
el fondo del asunto, por cuanto se abriría una doble instancia que el proceso
no tiene y (iii) a pesar de que la propiedad del Edificio recae en sus hijos y
esposa, es él el poseedor hasta el punto que allí están sus oficinas desde
1970. En este sentido, la señora Thorp no administra el bien para sus hijos
sino para el mantenimiento de ambos.
Por último, agrega que no participó en el trámite de
la acción de tutela por cuanto en razón al paro judicial se presentó un
problema con la notificación.
C. Segunda
Instancia
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
mediante providencia del 31 de octubre de 2008, revocó el fallo proferido por la
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.
En efecto, señaló que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando el comportamiento del Juzgador
desborda la objetividad, incurriendo, entonces, en un proceder arbitrario o
caprichoso que es necesario corregir a través del amparo.
En el caso en estudio, considera la Corte Suprema,
Sala Civil “no puede indicarse que la autoridad aquí acusada omitió valorar
alguna de las probanzas arrimadas al plenario, y mucho menos que les hubiera
dado un significado que no tenían”. Lo anterior, por cuanto conciente  de que
el Edificio era de propiedad de los hijos y esposa del demandante, hizo una
valoración global de los elementos allegados en el juicio.
En este sentido, concluye que el simple desacuerdo en
la valoración probatoria no puede de por sí, generar una vía de hecho.
III.  PRUEBAS
En el trámite de la acción de amparo fueron
aportadas las siguientes pruebas, entre otras:
1.
Copia del proceso de
alimentos iniciado por Gilberto Hidalgo Pérez contra la señora Florinda Thorp
de Hidalgo con sus correspondientes anexos.
2.
Copia de la Sentencia
del 7 de septiembre de 2007 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, Sala de Familia, mediante la cual se niega la interdicción del señor
Gilberto Hidalgo Pérez.
3.
Copia de la Sentencia
de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 29 de octubre de
2007, mediante la cual se niega la tutela interpuesta contra la providencia
descrita en el numeral anterior.
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
A. Competencia
Esta Corte es competente, de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de
1991, para revisar el presente fallo de tutela.
B. Fundamentos jurídicos
Problema jurídico
En la presente ocasión,
corresponde determinar a la Sala si podría hablarse de causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando en
un proceso de alimentos el juez de familia hace una interpretación de las
pruebas aportadas al proceso y de las circunstancias del alimentante para la
determinación de la cuantía de la cuota. Para tal efecto se estudiarán las
causales de procedibilidad y procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, desarrolladas reiteradamente en la jurisprudencia de
esta Corporación, con el fin de determinar si en el caso concreto se presentan.
(i)
Procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
La naturaleza subsidiaria de la
acción de amparo y el hecho de que ésta no debe reemplazar los mecanismos
ordinarios, ha llevado a  esta Corporación a estudiar en forma específica el
punto referido a la posibilidad de ejercer acción de tutela contra providencias
judiciales. En este sentido, a partir de la sentencia C-592 de 1993[1], la jurisprudencia
constitucional ha admitido reiteradamente la procedencia excepcional de este
mecanismo cuando el pronunciamiento del funcionario judicial incurra en una vía
de hecho.
Recientemente, en sentencia C-590 de 2005[2],
la Corte Constitucional consideró que como regla general la acción de
tutela no procede contra decisiones judiciales. Lo anterior, en virtud del
hecho que las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de
reconocimiento y realización de los derechos fundamentales proferidas por
funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley;
por el valor de cosa juzgada, por la garantía del principio de seguridad
jurídica y, en tercer lugar, por el principio de la autonomía e independencia
que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público inherente
a un régimen democrático.
Sin embargo, para la Corte, lo
anterior no se opone a que en ciertos y excepcionales casos, cuando se
presentan los requisitos de procedencia y procedibilidad de la tutela, que la
misma Corporación ha establecido, sea posible la interposición y estudio de
fondo de la acción de amparo contra una decisión judicial.
Dentro de estos requisitos la Corte Constitucional ha
distinguido unos de procedencia de carácter general, que habilitan la
interposición de la tutela, y otros de procedibilidad de carácter específico,
que tocan con el análisis del fondo mismo del amparo.
Los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra
a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes. (...)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración (...)
e. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible. (...)
f. Que no se trate de sentencias de
tutela.”
En cuanto a los requisitos
específicos, la sentencia C-590 de 2005, haciendo una síntesis de la
jurisprudencia constitucional sobre los defectos que hacen incurrir en una vía
de hecho judicial, considera que para que proceda una acción de tutela contra
una sentencia judicial es necesario acreditar plenamente la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad. Estos son:
“a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se
origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son
los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando
el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado”
Se concluye,
entonces, que sólo en las situaciones en que se presenten estos errores,
resulta procedente hablar de  procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y, en consecuencia, es posible, a través de la acción
de tutela, la protección de los derechos fundamentales.
(ii)
Tutela contra decisiones judiciales por
vía de hecho por defecto  fáctico. Reiteración de jurisprudencia.
El defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como aquél en que la decisión judicial es tomada “sin contar
con las pruebas que permitan demostrar los hechos determinantes del supuesto
legal”.[3] En este
sentido, ha dicho que para que exista una vía de hecho por defecto fáctico es
necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de
ninguna manera razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que
se impugna. Es decir, que el apoyo probatorio en que se basó el juez para
aplicar una determinada norma resulte absolutamente inadecuado para ello.[4]
En efecto, ha dicho la Corte que si bien el juez
ordinario goza de una amplia facultad de interpretación probatoria fundada en
los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)”[5],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. Así, para analizar si
el juez puedo incurrir en este defecto debe estudiarse si adoptó criterios
objetivos, racionales y rigurosos. En relación con este punto ha dicho la
Corporación que es necesaria: “la adopción de criterios objetivos[6],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[7], es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[8],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.”[9]
Por otro lado, la Corte ha identificado dos
dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: “1) Una dimensión
negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa[10]
u omite su valoración[11]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente.[12]
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[13].
2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.[14]
De lo anterior se concluye entonces que el defecto
fáctico sólo se predica cuando la valoración probatoria es arbitraria y
abusiva, esto es, cuando el funcionario judicial i) simplemente deja de valorar
una prueba determinante para la resolución del caso; ii) cuando excluye sin
razones justificadas una prueba de la misma relevancia, o cuando iii) la
valoración del elemento probatorio decididamente se sale de los cauces
racionales[15]. A este respecto la
Corte Constitucional ha dicho:
“Importa precisar ahora si de manera
excepcional puede configurarse una actuación arbitraria e irregular, carente de
todo viso de legalidad, y constitutiva de una vía de hecho cuando el juzgador
ante pruebas claras y contundentes, que manifiestamente muestran una realidad
objetiva, profiere una providencia contrariando la realidad probatoria del
proceso.
“Evidentemente, si bien el juzgador goza de
un gran poder discrecional para valorar el material probatorio en el cual debe
fundar su decisión y formar libremente su convencimiento, inspirándose en los
principios científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L), dicho
poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria supone
necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de
evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una
situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos
constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta
manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y
efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y
valores constitucionales.
“No obstante lo anterior advierte la Sala,
que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una
manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el
juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela
no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia, porque ello sería contrario al principio de que la
tutela es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría
la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones”[16]. (Subrayas
fuera del original)
De otra parte, la Corte Constitucional ha
hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la valoración de las
evidencias no amerita, por sí misma, la revocación por vía de tutela de la
providencia, pues ello sería tanto como admitir la superioridad del criterio de
valoración del juez de tutela respecto del juez ordinario, en directo menoscabo
del principio de autonomía judicial. De allí que la jurisprudencia alerte sobre
la procedencia de la tutela, únicamente en caso de que la valoración probatoria
sea ostensiblemente incorrecta, es decir, cuando encubra una arbitrariedad
palpable. Sobre el caso la Corporación ha sostenido:
“Respecto de la vía de hecho por defecto
fáctico, la Corte[17] ha
sido clara en orientar y limitar su procedibilidad a la manifiesta actuación
arbitraria o abusiva del funcionario judicial, descartando cualquier tipo de
reconocimiento frente a la eventual discrepancia interpretativa que pueda
surgir al interior del debate jurídico y probatorio. No es factible alegar la ocurrencia de una
vía de hecho, cuando la providencia judicial encuentra fundamento en un
determinado criterio jurídico o en una razonable interpretación de las normas
que son aplicables al caso, ya que tal situación afectaría de manera grave los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial que, en forma
precisa, habilitan al juez para aplicar la ley y para fijarle en concreto su
verdadero sentido y alcance.
“Así entonces, para sustentar el fundamento
de las distintas decisiones, los jueces dentro de la órbita de sus
competencias, son autónomos e independientes y en sus providencias “sólo están
sometidos al imperio de la ley (art. 230 C.P.)” [18],
gozan de la potestad de valorar las pruebas allegadas al proceso de acuerdo a
las reglas de la sana crítica y según los parámetros de la lógica y la
experiencia”[19]. (Subrayas
fuera del original)
Por ello en la citada sentencia T-066 de 2005
estableció:
“La doctrina constitucional sobre la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales por haberse
incurrido en vía de hecho en la valoración probatoria es sumamente clara, exige
que se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en
la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido
manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la
prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea
capaz de determinar el sentido de un fallo.  Sólo bajo esos supuestos es
posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan
estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de
situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.”
Y en otro fallo, esta misma Sala de Revisión dijo:
“Teniendo en cuenta lo anterior, esta
Corporación ha insistido en que el juez de tutela en lo que se refiere al
defecto fáctico, carece de competencia para suplantar al juzgador de instancia
en su tarea de valorar autónomamente los medios de prueba practicados en forma
legal y oportuna en el proceso, pues su labor como juez constitucional se
limita a determinar si la autoridad ordinaria al realizar tal actividad
incurrió en una ostensible y evidente irregularidad. Por ello, este Tribunal ha
sostenido de manera reiterada que “cuando los jueces de tutela o la Corte
conocen de una acción de tutela por vía de hecho deben verificar si al resolver
el caso que es materia de análisis el juzgador de instancia en forma abrupta e
injustificada se abstuvo de arrimar al proceso el material probatorio necesario
para aplicar el supuesto normativo en el que fundamenta su decisión ó, aunque
teniéndolo, le restó valor o le dio un alcance no previsto en la ley, sin que
al ejercer esta función puedan entrar a suplantar al juzgador en su función de
ponderar en forma autónoma los medios de prueba conforme a las reglas de la
sana crítica”[20].
Pasa entonces la Sala a analizar  si la
decisión del juez accionado a través de la cual ordenó el suministro de
alimentos a favor del señor Gilberto Hidalgo Pérez y a cargo de la señora
Florinda Thorp de Hidalgo constituye una vía de hecho. Para el efecto, se
analizará la naturaleza de las obligaciones alimentarias y las normas que las
regulan.
(iii)
Naturaleza de
las obligaciones alimentarias
La obligación alimentaria se encuentra
regulada en los artículos 411 y siguientes del Código Civil. Así el artículo
411 del Código Civil señala que se deben alimentos: al cónyuge (obligación extendida por la
Sentencia 1033 de 2002 a los compañeros permanentes), a los descendientes, a los ascendientes, a cargo del cónyuge
culpable respecto al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa, a
los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los
hermanos y al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o
revocada.
Así mismo, el artículo 416 señala que
cuando son varios los obligados a suministrar alimentos, sólo se podrán pedir a
uno de ellos y en el estricto orden establecido en la disposición. En este
sentido, el primer orden será el que ha hecho una donación cuantiosa y en segundo
el cónyuge. La norma señala:
“ARTICULO 416. ORDEN DE
PRELACION DE DERECHOS. El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los
expresados en el artículo
411, solo podrá hacer uso de uno de ellos, observando
el siguiente orden de preferencia.
En primer lugar, el que tenga
según el inciso 10.
En segundo, el que tenga según
los incisos 1o. y 4o.
En tercero, el que tenga según
los incisos 2o. y 5o.
En cuarto, el que tenga según
los incisos 3o. y 6o.
En quinto, el que tenga según
los incisos 7o. y 8o.
El del inciso 9o. no tendrá
lugar sino a falta de todos los otros.
Entre varios ascendientes o
descendientes debe recurrirse a los de próximo grado.
Sólo en el caso de
insuficiencia del título preferente podrá recurrirse a otro.”
Por otra parte, el Código Civil
define lo que debe entenderse por alimentos tanto congruos como necesarios en
el artículo 413, señalando que “los congruos son los que habilitan al
alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición
social y necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida.”
Así mismo, desde sus inicios la Corte
Constitucional ha abarcado el tema de las obligaciones alimentarias. En efecto,
ha sostenido que el derecho de alimentos “es aquél que le asiste a una persona para reclamar de
quien está obligado legalmente a darlos, lo necesario para su subsistencia,
cuando no está en capacidad de procurársela por sus propios medios. Así, la
obligación alimentaria está en cabeza de la persona que por ley, debe
sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y
desarrollo del acreedor de los alimentos.” [21]
Así mismo, ha dicho que el
concepto de alimentos que se deriva del parentesco, no sólo comprende “el
sustento diario, sino también el vestido, la habitación, la educación y la
recreación en el caso de los menores de edad.”[22]
En la Sentencia C-237 de 1997, mediante la
cual se declaró exequible el delito de inasistencia alimentaria, la Corte
desarrolló la naturaleza jurídica de las obligaciones alimentarias. En primer
término señaló que esta obligación se fundamenta en el deber de solidaridad de
los miembros del núcleo familiar: “Su especificidad radica en su fundamento
y su finalidad, pues, dicha obligación aparece en el marco del deber de
solidaridad[23] que une a
los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia
de quienes son sus beneficiarios.”
Agrega, “Los términos de la obligación
aparecen regulados en la ley, que contiene normas sobre los titulares del
derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de la
obligación, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del Código Civil); el
concepto de la obligación[24], las
vías judiciales para reclamarlos, el procedimiento que debe agotarse para el
efecto, (arts. 133 a 159 del Código del Menor), y el trámite judicial para
reclamar alimentos para mayores de edad (arts. 435 a 440 Código de
Procedimiento Civil).”
En un posterior pronunciamiento, la Corte
Constitucional recalcó la relevancia constitucional de los alimentos al señalar
“el reconocimiento y concreción de las obligaciones alimentarias y su
realización material, se vincula con la necesaria protección que el Estado debe
dispensar a la familia como institución básica o núcleo fundamental de la
sociedad, y con la efectividad y vigencia de derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, en la medida en que el cumplimiento de aquéllas sea
necesario para asegurar en ciertos casos la vigencia de los derechos
fundamentales de las personas al mínimo vital o los derechos de la misma
estirpe en favor de los niños, o de las personas de la tercera edad, o de
quienes se encuentren en condiciones de marginación o de debilidad manifiesta
(art. 2º, 5, 11, 13, 42, 44 y 46 C.P.)”[25]
Así mismo ha señalado que para
poder reclamar alimentos, es necesario que se cumplan estas condiciones:
-
que una
norma jurídica otorgue el derecho a exigir los alimentos;
-
que el
peticionario carezca de bienes y, por tanto, requiera los alimentos que
solicita;
-
que la
persona a quien se le piden los alimentos tenga los medios económicos para
proporcionarlos.
“A nivel procesal, es menester
demostrar el parentesco o la calidad de acreedor del derecho de alimentos según
las normas aplicables; dirigir la demanda contra la persona obligada a dar
alimentos y, por último, probar que se carece de bienes de tal forma que no
puede asegurarse su subsistencia.”[26]
Entre las características que
la jurisprudencia constitucional ha reconocido a la obligación alimentaria se
tienen las siguientes[27]:
a. La obligación alimentaria no es una que difiera de las
demás de naturaleza civil, por cuanto presupone la existencia de una norma
jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de
generar consecuencias en derecho.
b. Su especificidad radica en su fundamento
y su finalidad, pues, la obligación alimentaria aparece en el marco del deber
de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y
tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios.
c. El deber de asistencia alimentaria se
establece sobre dos requisitos fundamentales: i) la necesidad del
beneficiario y ii) la capacidad del obligado, quien debe ayudar a la
subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia
existencia.
d. La obligación de dar alimentos y los
derechos que de ella surgen tiene unos medios de protección efectiva, por
cuanto el ordenamiento jurídico contiene normas relacionadas con los titulares
del derecho, las clases de alimentos, las reglas para tasarlos, la duración de
la obligación, los alimentos provisionales (arts. 411 a 427 del Código Civil);
el concepto de la obligación, las vías judiciales para reclamarlos, el
procedimiento que debe agotarse para el efecto, (arts. 133 a 159 del Código del
Menor), y el trámite judicial para reclamar alimentos para mayores de edad
(arts. 435 a 440 Código de Procedimiento Civil), todo lo cual permite al
beneficiario de la prestación alimentaria hacer efectiva su garantía, cuando el
obligado elude su responsabilidad.
En estos términos puede concluirse
que la determinación del derecho de alimentos como un deber de solidaridad de
los miembros de una familia, tiene un escenario propio en donde el juez
ordinario, con fundamento en las pruebas allegadas al proceso debe determinar
si la obligación existe y la cuantía de la misma. En este sentido, una vía de
hecho sólo procedería en los casos en que tal determinación sea abiertamente
arbitraria.
C. Caso concreto
La Sala Sexta
de Revisión de tutelas procederá a realizar un análisis del proceso de
alimentos iniciado por el señor Gilberto Hidalgo Pérez contra la señora
Florinda Thorp de Hidalgo con el fin de determinar si se presentan las causales
generales y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
La señora
Florinda Thorp señala que su esposo inició en su contra un proceso de única
instancia de fijación de cuota alimentaria que fue tramitado por el Juzgado
Segundo de Familia de Buenaventura y que la condenó por un valor de $1.500.000.
Agrega que el
juez tomó la decisión bajo la premisa de que la señora Florinda Thorp es
propietaria de un edificio en la ciudad de Buenaventura. Sin embargo, considera
que tal conclusión resulta arbitraria por cuanto el juez no tuvo en cuenta la
real capacidad económica de la accionante. En efecto, ella es dueña tan sólo de
la sexta parte de un Edificio y la restante propiedad recae en su hijos. Además
dice que el  juez “no toma los alimentos en la casa; y desde mediados del
año 2006 la familia Hidalgo Thorp (hijos esposa), le proveen estos en el
Restaurante Titanic de la ciudad de Buenaventura.”. Así mismo, considera
que su afirmación se encuentra sustentada en el hecho de que no ha podido
cumplir con la condena, razón por la cual ahora existe en su contra un proceso
ejecutivo y se han embargado sus bienes.
En el caso en concreto se observa que se cumplen los
requisitos generales de procedencia establecidos por la jurisprudencia
constitucional. En efecto, la la acción de tutela bajo estudio plantea un
asunto de innegable trascendencia constitucional, como quiera que sugiere la
violación del derecho al debido proceso en el trámite de un proceso, por
supuesto desconocimiento del material probatorio allegado dentro del proceso.
En segundo lugar, esta tutela es procedente porque el
demandante no cuenta con recurso adicional dentro del presente proceso para
discutir la irregularidad procesal denunciada. En relación con este punto, la
Sala considera que aunque que la señora Florinda Thorp puede solicitar la revisión
de la cuota alimentaria, esta pretensión debe ventilarse en un nuevo proceso judicial,
en donde además deberá demostrarse el cambio de circunstancias del alimentado o
del alimentante. Así, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el aumento,
disminución o exoneración de la obligación alimentaria se constituye como un
trámite judicial independiente al que previamente los fijó:
“Anótase, por otra
parte, que la demanda para obtener el aumento, disminución o la exoneración de
alimentos, da lugar a un nuevo proceso, independiente de aquél que previamente
los fijó; pues ni el Código de Procedimiento Civil (artículo 435), ni el
llamado Código del Menor, ni disposición alguna, estatuyeron que solicitudes de
ese tenor se constituyesen en apéndice del proceso inicial o hubiesen de tramitarse
a continuación del mismo.”[28]
Por otro lado, el hecho de que
la señora Thorp interpusiera acción de tutela en aras de proteger su debido
proceso supuestamente vulnerado por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura al valorar arbitrariamente las pruebas allegadas
al proceso, permite a la Sala concluir que tal circunstancia no podría
debatirse nuevamente en un proceso de revisión de la cuota alimentaria, y por
tanto, este medio judicial no es el idóneo[29]
para proteger la garantía constitucional supuesta conculcada en el caso
concreto. En otras palabras, la accionante no cuenta con otro recurso judicial
para salvaguardar su derecho fundamental al debido proceso.
Adicionalmente, la Sala encuentra que el requisito de
la inmediatez se cumple en el caso bajo estudio, pues el demandante no dejó
pasar tiempo excesivo entre la decisión definitiva del Juzgado Segundo de
Familia de Buenaventura y la interposición de la acción de tutela. En este
sentido, la sentencia de este Despacho se produjo el 1 de julio de 2008, al
tiempo que la demanda de tutela fue incoada en el mes de septiembre del mismo
año ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Así entonces, a
juicio de la Sala, el demandante fue diligente al presentar oportunamente la
acción tutelar.
De otro lado, en el caso concreto, la parte demandante
señaló con precisión la irregularidad violatoria del debido proceso y que se
concreta en un supuesto error por indebida valoración probatoria.
Verificado que la tutela de la referencia cumple con
los requisitos generales de procedencia, procede la Sala a establecer la
existencia de las causales específicas indicadas por el actor.
En primer término, cabe aclararse que aunque la
accionante alega la existencia de vías de hecho por errores propios de la
casación como por ejemplo “vía de hecho por incurrir en error de derecho o
en error de hecho”, sus alegaciones se traducen en un supuesto defecto
fáctico.
En efecto, los ataques de la Sentencia pueden
sintetizarse de la siguiente manera: (i) la determinación de la cuota
alimentaria se fundamentó en lo que se percibe por los arriendos del Edificio
Hidalgo. Sin embargo, sin que estuviesen vinculados los hijos del matrimonio,
no se tuvo en cuenta que ellos son titulares de la quinta parte del edificio y
que la accionante es una persona también de la tercera edad, (ii) la demanda de
alimentos fue interpuesta contra la cónyuge y no contra los hijos, (iii) no
consideró las pruebas que demostraban la incapacidad económica del alimentante
y la falta de necesidad del alimentado, tales como el suministro de alimentos
en el Restaurante Titanic al señor Hidalgo, que éste al ser residente de los
Estados Unidos, recibe una ayuda del Gobierno de ese país, que al ser abogado
puede percibir honorarios por su profesión. Así mismo, en relación con la
incapacidad económica del alimentante no valoró los gastos del Edificio y de la
propia accionante.
Sin embargo, esta Sala no encuentra que las
providencias acusadas incurran en los defectos que acaban de exponerse. En este
sentido, la jurisprudencia constitucional ha ahondado para advertir que las
discrepancias respecto de la valoración de las pruebas no amerita, por sí
misma, la revocación por vía de tutela de la providencia. Lo contrario,
implicaría una indebida injerencia en la autonomía judicial.
En este sentido, como es sabido, el ordenamiento
jurídico ha establecido, en el artículo 411 del Código Civil que el cónyuge se
encuentra obligado a suministrar alimentos al otro cónyuge. Así mismo, el deber
de asistencia alimentaria se establece sobre los siguientes requisitos
fundamentales: (i) la norma jurídica conceda el derecho, (ii) la necesidad del
beneficiario y (iii) la capacidad del obligado.
Consta en el expediente que el señor Gilberto Hidalgo
Pérez (que en el momento de la interposición de la demanda-2006- contaba con 82
años) inició proceso de alimentos contra su cónyuge, alegando que en vida había
transferido la propiedad de sus bienes a su esposa e hijos, los cuales se ven
representados en el Edificio Hidalgo, el cual construyó en el año 1988 con sus
recursos, pero frente al cual se reservó su posesión. Agrega que la
administración y recaudo de todos los cánones de arrendamiento es hecho por la
señora Thorp y que ascienden a la suma de $6.500.000.
Afirma que por tal situación no cuenta con recurso
alguno para su supervivencia, así mismo aunque admite que la accionante le
suministra parcialmente alimentos por un contrato que realizó con un
restaurante “Titanic”  y que viven bajo un mismo techo, considera que se
encuentra desprovisto de medicamentos, salud, ropa, pago de obligaciones como tarjetas
de crédito, recreación, etc.
La demanda fue conocida por el Juzgado Segundo de
Familia de Buenaventura quien suspendió el proceso de alimentos en espera de la
decisión de solicitud de interdicción por demencia interpuesta por la señora
Florinda Thorp de Hidalgo contra el señor Gilberto Hidalgo Pérez y que fue
negada por el Tribunal del Distrito Judicial de Cali, el 7 de septiembre de
2007. Cabe señalar que contra esta decisión también fue interpuesta acción de
tutela, la cual fue negada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil en
octubre del año 2007.
Posteriormente, el Juzgado Segundo de Familia de
Buenaventura profiere sentencia condenando a la señora Florinda Thorp al pago
de alimentos a favor de su esposo por una cuantía de $1.500.000 mensuales. En
la providencia, el juez concluyó que se encontraba probado el cumplimiento de los
tres requisitos para que proceda el pago de alimentos y partió del hecho de que
la Corte Constitucional ha definido que estos se basan en el principio de
solidaridad que tienen los miembros de la familia.
En estos términos, el juez hace un análisis de las
pruebas allegadas al proceso y de las circunstancias específicas que rodean la
situación del actor, sin que pueda decirse que la determinación de la cuota
alimentaria es arbitraria y desprovista de razonamiento probatorio alguno.
Así, la Sentencia atacada luego de hacer referencia a
las pruebas aportadas por las partes, concluye que tanto demandante como
demandado, así como los testigos oídos en el proceso, admitieron que el señor
Gilberto Hidalgo Pérez construyó con sus propios recursos el Edificio Hidalgo
de la ciudad de Buenaventura y que en vida transfirió el dominio y la
administración de la totalidad de sus bienes a sus hijos y esposa, bajo la
condición de que éste seguiría disfrutando de su posesión. Por otra parte, al
hacer un análisis de la suma que se percibía por concepto de arriendos, el
Despacho concluyó que esta ascendía a $4.960.000, y por tanto, también estaba
demostrada la capacidad del alimentante.
Por otro lado, el Juez sostuvo que contrario a lo sostenido
por la accionante, la obligación de dar alimentos no se limita al suministro de
una comida, sino de garantizar al alimentado  todo aquello necesario para una
existencia digna, es decir, salud, recreación, vestuario, entre otros. Es por
ello que dijo que si bien la accionante suministra algunos alimentos en el
restaurante “Titanic”, con ello no se agota la obligación alimentaria, teniendo
en cuanta además, la avanzada edad del señor Hidalgo.
Por todo lo anterior, no puede considerarse que la
decisión del juez está desprovista de análisis, más aún cuando, contrario a los
señalado por la tutelante, en virtud del artículo 416 del Código Civil, el
señor Hidalgo sólo puede dirigir su demanda de alimentos contra uno de los
obligados y en el estricto orden de la norma, esto primero a su cónyuge.
Por último, la Sala Sexta de Revisión acoge lo
señalado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil al decidir de
fondo el presente asunto cuando señala “(…) De tal forma que no puede
indicarse que la autoridad aquí acusada omitió valorar alguna de las probanzas
arrimadas al plenario, y mucho menos que les hubiera dado un significado que no
tenían, pues, consciente de que la propiedad del edificio no estaba en su totalidad
en cabeza de la demanda, acorde con los instrumentos presentes, estimó que las
versiones rendidas permitían concluir que “el demandante lo construyó y lo que
ésta edificación produzca debe ir al mantenimiento del edificio, al
sostenimiento de la señora Florinda y el señor Gilberto, y ya de lo que allí
sobre se hará la distribución que a bien tenga la administradora”
Por todo lo anterior, la
Sala no encuentra configurada causal alguna que permita deducir que la decisión
tomada por el Juzgado Segundo de Familia de Buenaventura constituya una vía de
hecho.
En mérito de lo expuesto,
la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, el 31 de octubre de 2008.
SEGUNDO: Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el juzgado
de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el
cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada (E)
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
Con aclaración de voto
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA V. SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
NILSON PINILLA PINILLA A LA SENTENCIA T-199
DE 2009
Referencia: expediente T-2.121.339
Acción de tutela de Florinda Thorp de
Hidalgo contra el Juzgado 2º de Familia de Buenaventura
Magistrada ponente:
Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Habiendo votado positivamente y firmado el
proyecto presentado en este caso por la señora Magistrada ponente, estimo
necesario consignar por escrito una muy sucinta aclaración sobre el sentido de
mi voto en el presente asunto.
Si bien participo de la resolución
adoptada, por cuanto comparto la percepción de que “las discrepancias
respecto de la valoración de las pruebas no amerita, por sí misma, la
revocación por vía de tutela de la providencia” (página 18), debo aclarar
mi voto pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la noción de
“vía de hecho” y en relación con algunas de las argumentaciones que se
exponen para arribar a la decisión adoptada.
Particularmente, tal como lo he explicado
con más amplitud frente a otras decisiones[30], no comparto
el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce por parte
de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones judiciales,
y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone de presente
en la cita que se efectúa (páginas 6 a 8) de la sentencia C-590 de junio 8 de 2005,
M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas consideraciones discrepo parcialmente
desde cuando fue expedida.
Mi
desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la
fundamentación, radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que
dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles
situaciones que podrían justificar la impugnación común contra una decisión
judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción de
tutela constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en el
proceso de que se trata.
Con
ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se
confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el
juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además,
no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia
C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y
decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la
sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese
pronunciamiento[31], de suyo
sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución regulada
en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004), se
ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en la
C-543 de 1992.
En
efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de
cosa juzgada constitucional (art. 242 Const.), que no pude ser quebrantada, que
la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y
contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, de por sí está permitida la
tutela contra la decisión judicial, cual si fuera un recurso ordinario más, con
lo cual se ha desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la
práctica, se ha abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho
fundamental.
Por lo
anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye
algunas consideraciones a las que se podría otorgar alcances de tal índole, que
no comparto, aclaro el voto en el caso de la referencia.
Con mi
acostumbrado respeto,
Fecha
ut supra
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1] En esta oportunidad la Corte dejó sentado que la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales se da cuando el funcionario ha
proferido una decisión tal que, por arbitraria e ilegítima, no puede ser
considerada una providencia judicial propiamente dicha.
[2] En esta oportunidad la Corte estudió la constitucionalidad del
artículo 184 de la Ley 906 de 2004 que establecía la improcedencia de recursos
frente a las sentencias de casación.
[3] Sentencia T-231 de 1994.
[4] Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una
sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden consultarse,
entre otras, las sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998
[5] Sentencia T-442 de 1994
[6] Sentencia SU-1300 de 200. La Corte
encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez
Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna,
ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el
incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades
delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un
conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que
las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos
por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las
fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las
empresas constructoras de la familia”.
[7] Sentencia T-442 de 1994
[8] Sentencia T-538 de 1994. En esa oportunidad se le concedió la
tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la
conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de
unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la
interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
[9] Sentencia
SU-157-2002
[10] Sentencia T-442 de 1994. Se dijo en esa oportunidad: “Se aprecia
más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando
precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la
actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de
derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que
materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación
de los principios, derechos y valores constitucionales”.
[11] Sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un
juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su
decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía
de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de
tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del
equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en
los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta
indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en
cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales
para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora,
fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[12] Sentencia T-576 de 1993. En aquella oportunidad se concedió la
tutela, pues todos estos antecedentes, y, en especial, el hecho de que el
Inspector tomó la decisión en contra de la parte lanzada sin sustento
probatorio, conducirán a la Sala a la conclusión de ver aquí una vía de hecho,
y a la decisión de tutelar el derecho al debido proceso de Norma Sánchez,
aclarando que si bien, en principio, la Corte no puede sustituir al funcionario
de policía en la apreciación de las pruebas, cuando hay una trasgresión
ostensible y grave de los más elementales principios jurídicos probatorios, la
Corporación no puede permanecer impasible frente a la violación del derecho al
debido proceso, derecho constitucional fundamental según el artículo 29 de la
Carta.
[13] Por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[14] La
ya citada sentencia T-538 de 1994.
[15] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-231 de 1994, T-329
de 1996, SU-477de 1997, T-267 de 2000, entre otras.
[16] Sentencia T-442 de 1994
[17] Ver entre otras la Sentencia T-1001- 2001
[18] Ver entre otras la sentencia T-073 de 1997.
[19] Sentencia T-066 de 2005
[20]  Sentencia T-336 de 2004. y Sentencia
T-212 de 2006
[21] Corte
Constitucional. Sentencia C-919 de 2001
[22] C-919 de 2001
[23]En sentencia C-174 de 1996, se dejó claro que: "El deber de
alimentos así como la porción conyugal son instituciones fundadas en el
principio de solidaridad que impregna el conjunto de las relaciones
familiares".
[24]De conformidad con el artículo 133 del Código del Menor, "Se
entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento,
habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y
educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación de
proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto".
[25] Corte Constitucional. Sentencia C-184 de 1999
[26] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-919 de 2001 y C-1033 de 2002
[27] Corte Constitucional.
Sentencia C-237 de 1997
[28] Ver en otras decisiones: Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Civil y Agraria Magistrado Ponente.: NICOLAS BECHARA SIMANCAS, Fecha:
Diciembre 16 de 1997, No. de Rad.: 6944-97 y Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, M.P. Rafael Romero Sierra. Fecha: 6 de octubre de 1995. Exp. 5711
[29] En Sentencia T-362 de 2002, la Corte
dijo que la idoneidad del medio ordinario de protección ha de analizarse a
partir de su “aptitud –en términos normativos- del medio para considerar la
situación violatoria del derecho fundamental.  Todo juez y en todo proceso
judicial existe la obligación de considerar la posible afectación de derechos
fundamentales.  Empero, el legislador ha establecido restricciones normativas a
dicho análisis, de manera que existen procesos –como la acción de cumplimiento-
que se tornan improcedentes ante la violación de un derecho fundamental,
algunos –como la nulidad simple o la acción pública de inconstitucionalidad-
que no permiten, por su diseño normativo, considerar la violación de derechos
fundamentales de personas concretas o, por último, procesos  -como el habeas
corpus- concebidos exclusivamente para la protección de determinados derechos
fundamentales.
[30]   Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029 y T-1263 de 2008 y recientemente en T-093 y T-095 de 2009.
[31] C-590 de 2005.