T-153-98
Sentencia T-153/98
Sentencia
T-153/98
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Condiciones de
hacinamiento/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Perspectiva histórica del
hacinamiento en Colombia/LEY DE ALTERNATIVIDAD EN LA LEGISLACION PENAL Y
PENITENCIARIA-Descongestión carcelaria/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Algunas
causales explicativas de la congestión/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Infraestructura
y administración/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Consecuencias del
hacinamiento
Las condiciones
de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios diseñados
para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la
imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura
carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera
puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la
prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios
sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones
decorosas, etc. De manera general se puede concluir que el hacinamiento
desvirtúa de manera absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo,
la Corte quiere concentrar su atención en una consecuencia que considera de
mucha gravedad, cual es la de que la sobrepoblación carcelaria impide la
separación de los internos por categorías. En efecto, la ley ordena que los
sindicados estén separados de los condenados; que los reincidentes de los
primarios, los miembros de la Fuerza Pública, los funcionarios públicos y los
indígenas de los demás reclusos, etc.
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Miembros de la
fuerza pública/DERECHOS DEL INTERNO/ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Función
resocializadora
La labor de resocialización no consiste en
imponer determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para
que, haciendo uso de su autodeterminación, establezca cada interno el camino de
su reinserción al conglomerado social. Precisamente desde la perspectiva de la
dignidad de los reclusos y de la obligación del Estado de brindarles los medios
necesarios para su resocialización se deben interpretar distintos artículos del
Código Penitenciario que regulan las condiciones de albergue de los internos, y
sus derechos al trabajo,  a la educación y enseñanza, al servicio de sanidad, a
la comunicación con el exterior y la recepción de visitas, a la atención
social, etc.
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Sindicados y
condenados
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Actitud
reactiva del Estado frente al hacinamiento
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Asunción
vocería de minorías olvidadas
La racionalidad
constitucional es diferente de la de las mayorías. Los derechos fundamentales
son precisamente una limitación al principio de las mayorías, con el ánimo de
garantizar los derechos de las minorías y de los individuos. El juez
constitucional está obligado a asumir la vocería de las minorías olvidadas, es
decir de aquellos grupos que difícilmente tienen acceso a los organismos
políticos.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL INEFICAZ-Hacinamiento
carcelario
La remisión al recurso de nulidad no toma
en cuenta las condiciones extremas de violación del derecho a la dignidad de
los reclusos, y las inminentes amenazas contra su vida e integridad personal.
El recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa  no es eficaz en
este caso. Las obras de remodelación terminarían mucho antes de que finalizara
el proceso, y están en capacidad de generar un mayor ambiente de violencia en
la cárcel, poniendo en grave riesgo la vida e integridad personal de los
reclusos. Por otra parte, se argumenta que, dado que muchas de las situaciones
descritas constituyen una clara violación de la ley, se ha debido recurrir a la
acción de cumplimiento. Al respecto debe recordarse que esta Corporación ha
señalado que en los casos extremos de omisión de sus obligaciones por parte de
las autoridades - situación que se expresa también cuando se presenta un craso,
grave, reiterado y prolongado incumplimiento de la ley -, los afectados pueden también
recurrir a la tutela, siempre y cuando la actitud negligente de la
administración vulnere o amenace en forma inminente sus derechos fundamentales.
En efecto, la inacción de las autoridades ha significado la violación
sistemática de los derechos de los reclusos, durante décadas, y a pesar de las
muchas solicitudes y críticas elevadas con respecto al sistema penitenciario no
se percibe ninguna política oficial para modificar de raíz la gravísima
situación carcelaria del país.
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL-Alcance
Esta Corporación ha hecho uso de la figura
del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones
de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general -
en tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de
naturaleza estructural - es decir que, por lo regular, no se originan de manera
exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la
acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha
considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y
que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria
la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las
instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus
facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional.
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Hacinamiento
Las cárceles colombianas se caracterizan
por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y
asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la
carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos.
Esta situación se ajusta plenamente a la definición del estado de cosas
inconstitucional. Y de allí se deduce una flagrante violación de un abanico de
derechos fundamentales de los internos en los centros penitenciarios
colombianos, tales como la dignidad, la vida e integridad personal, los
derechos a la familia, a la salud, al trabajo y a la presunción de inocencia,
etc. Durante muchos años, la sociedad y el Estado se han cruzado de brazos
frente a esta situación, observando con indiferencia la tragedia diaria de las
cárceles, a pesar de que ella representaba día a día la transgresión de la
Constitución y de las leyes. Las circunstancias en las que transcurre la vida
en las cárceles exigen una pronta solución. En realidad, el problema carcelario
representa no sólo un delicado asunto de orden público, como se percibe
actualmente, sino una situación de extrema gravedad social que no puede dejarse
desatendida. Pero el remedio de los males que azotan al sistema penitenciario
no está únicamente en las manos del INPEC o del Ministerio de Justicia. Por
eso, la Corte  tiene que pasar a requerir a  distintas ramas y órganos del
Poder Público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a la solución
de este problema.
DERECHOS DEL
INTERNO-Alojamiento en
condiciones dignas
ESTABLECIMIENTO
CARCELARIO-Plan de
construcciones y refacciones
PRINCIPIO DE
PRESUNCION DE INOCENCIA-Aplicación
de la detención preventiva como medida extrema/PROCESO PENAL-Medidas
idóneas para la resocialiación del condenado
La Corte considera importante llamar la
atención acerca de que el principio de la presunción de inocencia exige que la
detención preventiva se aplique únicamente como medida extrema, tal como lo
determina el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Reglas
Mínimas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad, conocidas también como
las reglas de Tokio. Igualmente, estima fundamental recordar que en cada
proceso penal es importante reflexionar acerca de si la persona condenada
requiere para su resocialización el tratamiento penitenciario, o si sus mismas
características permiten proceder con otro tipo de sanciones. Al respecto, cabe
mencionar que las mismas reglas de Tokio recomiendan  que antes de tomar la
decisión de imponer la pena de prisión en establecimientos carcelarios es
importante poner en consideración, "las necesidades de rehabilitación del
delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima."
JUEZ DE EJECUCION
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Fundamentación de negativa a otorgar libertad provisional/JUEZ DE
EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD-Presencia en centros
penitenciarios
En principio, la
Corte no tiene nada que objetar contra la decisión de los jueces de negar la
libertad provisional. Pero esa decisión debe ser fundamentada en el
conocimiento del recluso y de su comportamiento en el centro penitenciario. Por
eso, la no presencia de los jueces de penas y medidas de seguridad en las
penitenciarías es inexcusable. Si bien parece claro que el número de jueces de
penas es reducido en relación con el número de reclusos que deben atender, este
hecho no justifica la ausencia de los jueces en los centros penitenciarios.
Referencia:
Expedientes acumulados T-137.001 y 143.950
Actores: Manuel José
Duque Arcila, Jhon Jairo Hernández y Otros.
Tema:
Estado de cosas
inconstitucional en los centros de reclusión del País
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo
Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
la siguiente
SENTENCIA
En los procesos de tutela números T-137001
y T-143950, promovidos por Manuel José Duque Arcila y Jhon Jairo Hernández y
otros, respectivamente, contra el Ministerio de Justicia y del Derecho, y el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.
ANTECEDENTES
Proceso T-137001
1. El ciudadano
Manuel José Duque Arcila interpuso acción de tutela, como mecanismo
transitorio, contra el Ministerio de Justicia y el INPEC, por cuanto estima que
estas entidades le vulneran sus derechos humanos al no tomar medidas para solucionar
la situación de hacinamiento en la que se encuentran los reclusos del centro
carcelario donde se encuentra privado de su libertad.
2. Los hechos que
dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela son los
siguientes:
El actor, quien se
encuentra recluido en la Cárcel Nacional de Bellavista de Medellín, interpone
la acción de tutela “con el objeto de que descongestionen a Bellavista”. Afirma
que recurre a esta acción judicial “como un mecanismo transitorio para evitar
el perjuicio irremediable de tener que seguir soportando esta tortura a la cual
he sido sometido desde hace año y medio”. Agrega que busca también “evitar que
a cualquier momento alguno (s) de los oprimidos se vean obligados a recurrir al
supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Sobre el
hacinamiento que experimenta el mencionado centro relata:
“En un pasillo hay
40 camarotes con capacidad para 40 internos, los internos a su costa
construyeron 40 zarzos, ampliando la dormida para 80 personas. Al hacer los
zarzos el clima aumentó su temperatura de 25 a 35 o 40 grados en muchas
ocasiones, haciéndose insoportable la dormida, pues, por el calor, sólo se
puede conciliar el sueño después de la media noche y cuando baja un poco la
temperatura, pero lo injusto es que no habemos 80 internos por pasillo, sino
que habemos 170 o 180 personas  por pasillo y mientras unos (los de las celdas)
nos encontramos durmiendo en baños de sauna, otros sufren la inclemencias del
frío, tirados en el pasillo de las celdas y no tienen espacio ni siquiera para
poder estirarse y dormir cómodamente
“En los últimos días
se ha estado haciendo superinsoportable la dormida, nos suben a las 4 de la
tarde a los dormitorios y desde que subimos hasta que nos bajan al otro día nos
toca quedarnos casi que inmóviles, pues no hay espacio ni para dormir en los
baños, el gobierno nos tiene arrumados en un corral y ahora quiere empacarnos
en el corral.
“El ambiente es
pesado y hay insuficiencia de todo y según la constitución, vivimos en un
Estado social de derecho y son fines esenciales del Estado facilitar la
participación de todos en las decisiones que nos afectan y debe de
garantizarnos la convivencia pacífica  y la vigencia de un orden justo y si la
constitución es norma de normas, y prima la constitución por encima de todo,
está no está primando en el momento actual”.
El actor expone que
interpone la acción de tutela contra el Ministerio de Justicia y el INPEC
porque estas dos entidades “pertenecen a una asociación política y la finalidad
de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales del
hombre, esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y el derecho
a la opresión...” (sic).
El actor concluye
con la siguiente afirmación acerca de las precarias condiciones de vida que
ofrece el establecimiento carcelario y los peligros que ellas representan:
“Si uno cae a una
cárcel debería de tener un mínimo espacio para dormir y tener servicio de agua,
en estos momentos después de una hora de habernos encerrado el calor es
insoportable la temperatura debe pasar de 30 grados, no hay donde recibir aire,
el aire que se respira es caliente lo mismo que el aire que circula, al cual le
podíamos dar interpretación como derecho a la propiedad, lo que quiero con la
presente acción de tutela es que el gobierno haga la forma de buscar soluciones
pues no se justifica que haya que haber violencia, muerte o destrucción para
poder que el Estado entre a arreglar soluciones como las que estamos viviendo,
yo por mi parte me mantengo atemorizado oyendo rumores de que no esperamos si
no que cualquiera arranque para mostrarle a este gobierno que en Bellavista
somos capaces de destruir este pabellón en menos de medio día”.
3.- El 2 de mayo de
1997, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
admitió la tutela y solicitó al director del INPEC, al director de la cárcel de
Bellavista y al Ministerio de Justicia se manifestaran sobre los hechos materia
de la acción.
3.1 El director del
la cárcel del Distrito Judicial de Medellín expresa que son ciertas las
afirmaciones del actor respecto de las condiciones de hacinamiento de la cárcel
de Bellavista. Al respecto señala:
“el pabellón octavo
alberga una población muy superior a la pensada para su destinación, este
inevitable exceso se manifiesta en detrimento de las que reconozco como
condiciones de bienestar que no pueden negarse caprichosamente al individuo.
Admito como cierto que las celdas han duplicado su capacidad mediante la
construcción de zarzos y con ello convengo en la acusada consecuente elevación
de la temperatura y en la también señalada ocupación de los pasillos. Pero
llamo la atención del despacho para que repare en el hecho de que las
construcciones han sido iniciativa de lo internos en razón a la insuficiencia
de espacio creada por el hacinamiento, circunstancia ésta última frente a la
cual la administración se halla tan desprotegida como los internos, pues no
puedo en mi condición de funcionario público sustraerme al mandato de la
autoridad judicial que ordena a este centro la reclusión de un hombre, el
despacho sabe que el acto muy posiblemente sería calificado de “prevaricato por
omisión”.
El director sostiene
también que la responsabilidad por el hacinamiento en el interior de la cárcel
de Bellavista no es del INPEC sino que es consecuencia de que la política
criminal del país sea en realidad una política penitenciaria. A manera de
ilustración, señala que las Leyes 40 de 1993, 228 de 1995, 292 de 1996 y 360 de
1997 buscan todas apelar a la reclusión, al incremento de penas y a la
restricción de los beneficios de excarcelación como remedio para hacer frente a
los desajustes sociales. Anota que si la política es “incrementar hasta límites
no pensados la población carcelaria”, no le asiste responsabilidad alguna a la
dirección del establecimiento, ni a la Dirección General “porque es
indispensable reconocer que ellas no han sido provistas de medios para ampliar
su capacidad hasta la demanda exigida por los nuevos estatutos”.
Finalmente, el
director de la cárcel expone lo siguiente sobre la situación de crisis del
establecimiento carcelario:
“la cárcel del
distrito Judicial de Medellín fue creada con una capacidad inicial de 1500
internos. Con las adecuaciones y creación de algunos pabellones ha alcanzado
una capacidad de 1700 hombres. A la fecha de elaboración de este oficio la
población asciende a 4969. Obviamente hay sobrecupo, pero como la Dirección no
puede negarse a recibir nuevos internos, se está a la espera de las decisiones
de la Dirección General, que como será de su conocimiento afronta en otros
distritos problemas no menos serios, por lo pronto se está ejecutando un plan
de 100 traslados que si bien no representa una significativa reducción, sí nos
permite una vez cumplido, acordar con las Dirección General y Regional, otros
planes y alternativas”.
3.2. En su escrito,
el apoderado del Ministerio de Justicia sostiene que la acción de tutela debió
dirigirse “exclusivamente contra el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario”, por cuanto a pesar de que el INPEC se encuentra adscrito al
Ministerio de Justicia y del Derecho, este último  no actúa como su superior
jerárquico. Cita al respecto el artículo 2 del Decreto 2160 de 1992 que dispone
que “el INPEC es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia
que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y
patrimonio propio”.
Señala el apoderado
que si bien el Ministerio ejerce tutela sobre el INPEC, éste realiza sus
funciones con independencia. Por esta razón, “el Ministerio de Justicia y del
Derecho no es la autoridad a quien podría exigírsele una orden proveniente de
algún funcionario judicial en  el sentido de hacer o abstenerse de hacer una
determinada conducta que eventualmente estaría vulnerando algún derecho
fundamental, por no tratarse de un asunto de su competencia”.
Finalmente, el
representante judicial del Ministerio añade que en el artículo 3 del mencionado
Decreto 2160 de 1992 se contempla que entre los objetivos del INPEC está el
“ejecutar y desarrollar la política carcelaria y penitenciaria dentro de los
lineamientos que establezca el Gobierno Nacional”. De allí concluye que la
dirección de la política carcelaria y penitenciaria del país es de competencia
exclusiva del INPEC y que, por lo tanto, éste es quien debe responder por ella.
3.3. El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, a través de la coordinadora de tutelas de
dicha entidad, señala que, como bien se manifestaba en el informe presentado
por el director de la cárcel del Distrito Judicial de Medellín, “es evidente el
problema de hacinamiento que se presenta no sólo en ese centro de reclusión
sino en la mayoría de los centros de reclusión del orden nacional”. Entre las
causas de este problema señala las siguientes:
“[E]l incremento de
la delincuencia, la demora en la tramitación de los procesos, que elevan el
número de internos sindicados, la cantidad de sentencias que aún se halla sin
ejecutoriar, por diversas razones, la más frecuente la resolución de lo
recursos extraordinarios de casación, la falta de presupuesto para implementar
nuevas formas de infraestructura que permitan mayor capacidad  a los
establecimientos de reclusión y que les permitan albergar el mayor número de
internos en condiciones dignas y justas, o que permitan la construcción de
nuevas instalaciones propuestas para tal fin.
“Todas estas
circunstancias, que como se evidencia tienen diversas fuentes pero que
repercuten para cualquier efecto, en quien la padece que en este caso, no es
nadie diferente a los internos, han sido las causas generadoras de una
situación conocida ampliamente ante la opinión nacional y que se hiciera
evidente en los últimos meses, hechos por los cuales fueron varias las
cárceles, que en señal de protesta y descontento se amotinaron, al menos para
lograr con ello la atención de los diversos organismos del Estado”.
Advierte que el
INPEC está buscando mejorar las condiciones de vida de los internos a través de
la implementación de políticas penitenciarias  encaminadas a la resocialización
y la reinserción del recluso en la sociedad. Frente al caso particular de la
cárcel del Distrito Judicial de Medellín, expresa que “se gestiona en la
actualidad la reubicación de más de 100 internos a otros establecimientos de
reclusión, solución que si bien es cierto no es definitiva al menos aliviará el
volumen de población que necesariamente disminuirá los índices de
hacinamiento”.
Finalmente, señala
que dificultades presupuestales y de planeación, cuya solución no depende del
INPEC, impiden ofrecer respuestas inmediatas al problema carcelario. Finaliza
con la siguiente afirmación: “[N]o es desconocido que las soluciones competen a
diversas autoridades del orden nacional y departamental, pues sólo con el
concurso decidido de ellas podremos lograr los cambios a que anheladamente se
refieren los internos”.
4. El 13 de mayo de
1997, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
denegó la tutela interpuesta.
En su sentencia, la
Sala expresa que dado que el Ministerio de Justicia ejerce tutela sobre el
INPEC, “no está exonerado de resistir los reclamos de este procedimiento
constitucional que se intenta”.
El Tribunal se
refiere a la sentencia T-501 de 1994 de la Corte Constitucional, en la cual se
sostuvo que la tutela no era el mecanismo adecuado para lograr la realización
de obras materiales por parte del Estado, ni para obtener para las
instituciones carcelarias “una infraestructura adecuada que permita, tanto a
los internos como a quienes a cualquier título permanezcan allí, convivir en
circunstancias acordes con la dignidad humana”.
Añade el juez de
tutela que el preso está en un especial estado de sujeción frente al Estado y
que los jueces deberían también velar por la legalidad de las condiciones de
reclusión. Afirma que “es una meta heurística” que el juez de ejecución de
penas y el fiscal, o el juez de conocimiento, “puedan impartir órdenes al
INPEC, hasta con injerencia en el presupuesto, para que sean respetados los
derechos de los encarcelados y puedan solucionarse problemas tales como éste,
por lo demás endémico, del hacinamiento y de los riesgos de muy diverso tipo
que entraña la cárcel”.
De otro lado, señala
el Tribunal que el incumplimiento del Estado en su deber de suministrar
alimento, vestido, alojamiento digno y asistencia sanitaria al recluso, lo hace
responsable y sujeto de una obligación indemnizatoria por el mal funcionamiento
del servicio público. Sostiene que el interno es un sujeto de derechos - aunque
algunos como la libertad y la comunicación se encuentren suspendidos o
debilitados. El Estado debe garantizar al recluso la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, a la integridad física y moral y a la dignidad humana.
Sin embargo, aclara que la salvaguarda de estos derechos humanos exige la
inversión de importantes recursos y la construcción de obras costosas,
requisitos éstos que no puede cumplir el Estado colombiano en razón de su
pobreza, todo lo cual convierte en mero enunciado teórico la defensa de los
derechos fundamentales de los internos.
5. El actor impugna
el fallo del Tribunal. En su escrito, manifiesta que la Constitución dispone
que Colombia es un Estado social de derecho, declaración que implica que “de
alguna manera procura proteger a los sectores sociales menos favorecidos”.
Señala que los internos “estamos clamando que nuestra estadía en el penal
funcione de una manera más accesible, humana y eficaz”.
Añade que mediante
la tutela no solicitó la construcción de obras materiales sino que “haya un
orden jurídico donde se nos aseguren los derechos y garantías fundamentales”.
Señala al respecto que: “en Bellavista hace falta oxígeno, el aire es pesado y
caliente al respirarlo y sentimos la necesidad de un espacio adecuado para que
el aire entre y circule, así podríamos respirar mejor, no solamente con obras
materiales se solucionan problemas como el que nos aqueja, solo basta con
acciones humanitarias”. Considera que al titular del Ministerio de Justicia le
corresponde presentar al Congreso un proyecto de ley para lograr este
propósito, acción que no implica erogaciones para el tesoro público. Asevera
que “no hay voluntad ni calor humano de los poderes públicos para cumplir con
los deberes constitucionales”.
6. El 16 de junio de 1997, la Sala de
Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia confirmó la
providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
La Sala hace un recuento de la normatividad
nacional e internacional que regula lo referente al tratamiento de los reclusos
y a sus derechos y garantías. Menciona que el artículo 155 del Código
Penitenciario de 1964 (contenido en el Decreto 1817) disponía: “Los detenidos y
condenados deben gozar de completa asistencia, médica, higiénica, odontológica,
farmacéutica y hospitalaria”. Igualmente, refiere que el Código de
Procedimiento Penal impone a los jueces de ejecución de penas y medidas de
seguridad y, a falta de éstos, al juez que dictó la sentencia de primera
instancia, velar por que se cumpla lo preceptuado por el artículo 408 del mismo
código, en el sentido de que los sindicados y los condenados tienen derecho a
recibir en el lugar de reclusión un tratamiento acorde con el respeto a los
derechos humanos.
A continuación, señala que en el primer
Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento
del delincuente, celebrado en 1955, se adoptaron una serie de reglas básicas en
relación con el trato a los detenidos, las cuales fueron luego aprobadas por el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante la resolución 663
del 31 de julio de 1957.
Igualmente, destaca la Corte Suprema de
Justicia que el Pacto Internacional de los Derechos  Civiles y Políticos,
aprobado por la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos - Pacto de San José - señalan en sus artículos 10 y 5, respectivamente,
que las personas privadas de la libertad deben ser tratadas de acuerdo con la
dignidad que les confiere su condición de seres humanos.
Reconoce la Sala de Casación que las
cárceles del país se encuentran en muy mal estado y difícilmente cumplen con
los mandatos anteriormente mencionados. La cárcel de Bellavista en Medellín es
reflejo de dicha situación, tal como lo acepta su director. Sin embargo,
concluye que la tutela no es el mecanismo apropiado para mejorar la situación
del establecimiento carcelario, pues por medio de esta acción no se puede
ordenar que se lleven a cabo las construcciones necesarias para ofrecer a los
reclusos condiciones mínimas de vida. Las mencionadas obras demandan
erogaciones del tesoro público y éstas solamente pueden ser ordenadas en la
forma y bajo las condiciones señaladas en la Constitución (en sus artículos
345ss.) y en la ley orgánica del presupuesto (decreto 111 de 1996). Señala que
el juez de tutela no puede convertirse en un ordenador o ejecutor del
presupuesto, pues ello significaría la invasión de competencias atribuidas a
las autoridades administrativas respectivas y un cogobierno de la rama
judicial. Para sustentar este aserto se apoya en las sentencias T-185/93 y
T-195/95 de la Corte Constitucional.
Finalmente, la Sala sostiene que a través
de la acción de tutela tampoco se puede exigir que se legisle en algún sentido,
tal como aspira el demandante. Agrega que, además, las normas que solicita el
actor ya existen “pero se tornan en letra muerta en la medida en que no se
hagan las apropiaciones presupuestales necesarias a tal fin”. Asimismo, anota
que la tutela tampoco puede ser utilizada para exigir que se apliquen las
normas legales vigentes, pues esa pretensión es del resorte de la acción de
cumplimiento.
Proceso T-143950
7. El día 4 de
agosto de 1997, diferentes internos de la Cárcel Nacional Modelo, integrantes
del Comité Permanente de los Derechos Humanos de este centro, instauraron una
acción de tutela contra el INPEC, por cuanto consideran que éste vulneraba los
derechos humanos y los derechos fundamentales a la salubridad, igualdad,
privacidad e intimidad de los presos de los pabellones 3, 4 y 5, al intentar
“remodelar los sectores occidental de los tres pabellones mencionados, haciendo
caso omiso de las exigencias de tipo técnico, humanitario y legal, que se exige
en éstos casos; y pretende en las nuevas celdas acomodar a un mínimo de cuatro
(4) internos dentro de un espacio de 6.60 metros cuadrados, que impide a éstos
el libre y normal movimiento, es decir, impidiéndoles vivir de una manera
humana”. Agregan que la acusada remodelación se va a efectuar también en los
pabellones 1 y 2 y que ella incrementará el hacinamiento y desmejorará las ya
de por sí precarias condiciones de vida de la población carcelaria “en una
clara conducta atentatoria contra la dignidad humana”.
8. Los hechos que
dieron lugar a la solicitud de tutela fueron los siguientes:
8.1 Los actores
relatan que, en febrero de 1997, el INPEC inició obras de remodelación de las
celdas del sector occidental de los pabellones 3, 4 y 5 de la Cárcel Nacional
Modelo. Para ello, procedió a reacomodar a todos los internos de estos
pabellones sobre el costado oriental de los mismos,  de manera que “cerca de
2500 internos quedaron aún más hacinados en el espacio que antes albergaba a la
mitad de estos”. Aseveran también que, como consecuencia de las obras, las
áreas de esparcimiento o “patios” fueron reducidas hasta en un 60%, como
ocurrió con el pabellón 3. Sostienen que la administración carcelaria no
consultó los planes de remodelación con la población carcelaria  y que,
incluso, hizo caso omiso de la oposición manifestada por diversos sectores de
la misma.
Expresan que el régimen
carcelario y penitenciario establece que cada interno debe disponer de su
propia celda y que esta debe tener una superficie de 9.90 metros cuadrados
(3.30 x  3.0). Sin embargo, en las celdas remodeladas, que son de 6.60 metros
cuadrados, “se ubicará a un mínimo de cuatro (4) personas, para un área
promedio por interno de 1.65 metros cuadrados, que convierte el sitio de
alojamiento permanente en un calabozo, agravándose aún más las condiciones de
cautiverio, con efectos directos sobre la salud física y mental de los internos
de este centro carcelario, y sobre sus familias, de quienes éstos dependen”.
Manifiestan que con
“el nuevo esquema de redistribución interna de la población”, se impedirá la
visita conyugal ya que “el hecho de que cuatro (4) personas, como mínimo,
ocupen una celda, tornará aberrante y vergonzoso el libre derecho a la
intimidad, puesto que el interno y su pareja para mantener relaciones íntimas
tienen que someterse a una fila o en espera de que la celda sea desocupada”.
Consideran que también se vulnera la intimidad de la pareja, si la visita
conyugal se desarrolla en los llamados “lugares especiales” - que no existen en
la Cárcel Modelo -, “pues nuestras esposas o compañeras, se verían igualmente
expuestas a la afrenta y burla al tener que dirigirse  a tan desobligantes
lugares”.
Los actores
cuestionan las especificaciones de tipo arquitectónico y técnico relacionadas
con la remodelación de las celdas, “pues las mismas: a) no cuentan con el
espacio adecuado, según normas nacionales e internacionales existentes; b)
están fuera de normas de diseño, pues no cuentan con la aireación u oxigenación
suficiente para que los internos puedan gozar de salubridad; c) dentro del
reducido espacio en mención se localiza además un baño, que no cuenta con
ventilación adecuada y está fuera de normas, lo que resulta antihigiénico y
gravemente atentatorio contra la salud de los internos”.
Con respecto a la
ventilación de la celda y el baño expresan que ella “sólo se da por un orificio
en la puerta de acceso de 29 cm de ancho por 49 cm de alto, siendo esta la
única estructura que permitiría la ventilación y oxigenación en cada celda”.
Esta carencia es agravada por la crítica situación en la que se encuentra la
red sanitaria del centro, “la que presenta serias deficiencias por el diseño y
estado de las mismas, dado que ésta fue diseñada y construida hace 40 años para
una capacidad de 1800 personas, cifra que a la fecha supera las 4.500, dándose
por consiguiente una sobrecarga de sólidos que mantiene a este penal en
condiciones de emergencia sanitaria permanente”. Igualmente, contribuye a
agravar la situación el hecho de que el suministro de agua sufra limitaciones
diarias en el 80% del centro carcelario.  Así, concluyen que “es de preverse
entonces serios y aún más graves problemas de salubridad de los que hasta ahora
ha padecido la población de internos de este penal”. Finalizan este punto,
recordando que precisamente a causa de las condiciones de salubridad
preexistentes, el Procurador General de la Nación se había pronunciado “a favor
del cierre de este centro carcelario”.
Para terminar,
exponen que el INPEC, al llevar a cabo las obras de remodelación “de una
construcción en avanzado estado de obsolescencia y deficiencia para el
cumplimiento de sus fines”, desestimó la construcción de nuevas edificaciones
en terrenos aledaños o en áreas internas actualmente subutilizadas, con las
cuales sí se habría podido contribuir al deshacinamiento del centro.
8.2. Los actores
anexan a su demanda de tutela un escrito presentado al director del INPEC por
el mismo Comité, el día 10 de julio de 1997, en el que planteaban su oposición
“a la continuación de las obras en los sectores restantes de los pabellones
3,4,5 (costado occidental), como en la totalidad de los pabellones 1 y 2”. Su
oposición la fundamentan en razones de tipo técnico, económico y legal.
Las razones técnicas
están referidas al problema sanitario del centro y a la decisión de remodelar
la cárcel en vez de optar por nuevas construcciones. Sobre el problema
sanitario aseveran que el hacinamiento que presenta el centro carcelario ha
creado una sobrecarga sobre la red sanitaria que “ha hecho ineficiente la
evacuación de excretas y aguas negras, convirtiéndose este problema en el más
grave que afecta la salubridad dentro del penal”. Agregan que de acuerdo a una
evaluación técnica realizada en el presente año, “ninguna de las cañerías
existentes opera normalmente, lo que pudo comprobarse por el estado de las
cajas de inspección las que se mantienen totalmente llenas”. Este problema, que
se agrava con las lluvias, “expone a la cárcel a la declaratoria de una
emergencia sanitaria, la que sin duda sería decretada de manera inmediata por
la Secretaría de Salud, en el momento de que se solicitare una inspección”. Aseveran
que “la readecuación de la red sanitaria ha debido, técnicamente, preceder a
las obras de readecuación locativa”, y que todas estas observaciones fueron
previamente hechas al director de la cárcel durante una reunión que sostuvo con
el comité de negociación de la cárcel.
Observan,
igualmente, que hay espacio para que se levante una nueva construcción, razón
por la cual no entienden que “se opte por reconstruir una edificación
obsoleta”. Consideran que además esta determinación no resuelve el problema de
hacinamiento y atenta contra los derechos humanos de los internos,
“[p]ues en las
celdas sin remodelar, de 3,3 metros cuadrados conviven tres personas en
promedio, mientras que en las readecuadas, cuyas dimensiones son 3 X 2,20 (es
decir 6,6 metros cuadrados) se ubicará a seis personas (1,10 metros cuadrados
por persona); nos preguntamos, qué solución para deshacinar puede representar
el unir dos celdas (que es lo que se ha hecho en la sección remodelada) que
están albergando cada una a tres internos, para ubicar en la “nueva” a seis?”.
Las obras también
son criticadas desde el punto de vista económico, pues afirman que, a pesar de
los altos cuantiosos costos que ellas demandan, no resuelven el problema de
hacinamiento de los reclusos. Igualmente, expresan que con la remodelación se
vulnera los derechos de los reclusos a la privacidad, la intimidad y la
salubridad.
El escrito finaliza
con la siguiente afirmación de los miembros del Comité: “[n]os reiteramos en
nuestra posición de objetar por onerosa e ineficaz la continuación de las obras
de remodelación, como medida para ‘resolver’ el hacinamiento carcelario y
por el contrario sugerimos, muy respetuosamente, se dé comienzo a una nueva
obra que observe los parámetros técnicos y de respeto a la dignidad humana que
hagan más llevadero el cautiverio mientras el Estado nos resuelve nuestra
situación jurídica. En cuanto a las celdas ya remodeladas éstas no deberían ser
ocupadas por más de dos (2) personas”.
8.3. En escrito
aclaratorio de la demanda de tutela, redactado a petición del Juzgado Cincuenta
Penal Municipal de Bogotá, los actores señalan como derechos vulnerados la
salud, la privacidad y la igualdad y la intimidad. Sostienen que el derecho a
la salud se vulnera:
“[e]n razón a
mantener en condiciones de hacinamiento a más de 4.500 internos en unas
instalaciones que fueron diseñadas hace 40 años para una capacidad de 1800
personas; y pretender perpetuar y aumentar dichas condiciones de hacinamiento
al proceder a adecuar las celdas individuales de 3.30 metros cuadrados
existentes en los pabellones 3, 4 y 5, convirtiéndolas en celdas para albergar
mínimo a 4 personas en un área de tan sólo 6.60 metros cuadrados, las que junto
con el baño que poseen, no cumplen con las normas mínimas en cuanto a área,
diseño, aireación e iluminación, señaladas por las Naciones Unidas (ver “Reglas
mínimas para el tratamiento de reclusos” ONU); además de proceder a desaparecer
áreas que estaban dedicadas al esparcimiento, recreación y libre movimiento,
como ocurrió con el patio del Pabellón 3° que utilizaban los 300 internos
recluidos en dicho pabellón. Debe señalarse además, que lo expresado
públicamente, en declaraciones recientes a los medios de comunicación, por el
señor Director del INPEC, no es verdad, pues señaló que ‘se entregaban 3000
nuevos cupos’ en la Cárcel Nacional Modelo, cuando como se ha mencionado se
trata de una simple remodelación (a un muy alto costo para el Estado), que no
resuelve el problema de hacinamiento, sino que por el contrario lo legitima y agudiza
aún más”.
Enfatizan que las
obras de remodelación se adelantaron sin tener en cuenta que no estaba resuelto
el problema de la red sanitaria que “no permite la evacuación eficiente y
normal de aguas negras y desechos sólidos, por lo que se mantienen represadas
de manera permanente generando olores putrefactos nocivos a la salud de la
población carcelaria, además de ser responsable de las inundaciones frecuentes
de patios y celdas”. Recuerdan que esta situación fue la que motivó que el
Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y la Comisión
Parlamentaria que visitó la cárcel, sugirieran su clausura. Adicionalmente,
expresan que en las obras de remodelación se desatendió el problema “de la
deficiencia permanente en el suministro de agua potable en los diferentes
pabellones”.
Los actores proponen
las siguientes fórmulas para restituir la vigencia del  derecho a la salud de
los internos:
“1) Impidiendo que
se continúen manteniendo las actuales condiciones de hacinamiento en la Cárcel
Nacional Modelo, y que las mismas se perpetúen y acentúen aún más no
permitiendo que las celdas remodeladas en los sectores oriental de los
Pabellones 3,4 y 5 sean ocupadas hasta tanto: a) se proceda a su rediseño como
celdas individuales con el área mínima que al menos poseían de 2.20 mt x 1.48
mt; b) se proceda al rediseño del baño o clausurarlo, manteniendo y mejorando
los baños colectivos o rotondas existentes; c) se resuelva el problema de la
ineficiencia y obstrucción permanente de la red sanitaria a éste centro
carcelario, mediante obras de ampliación y rediseño de la misma, de tal manera
que se ponga fin al gravísimo problema sanitario que viene afectando hace años
a éste penal, exponiendo a la población de internos a epidemias recurrentes; d)
se resuelva igualmente el crítico problema de suministro de agua potable en
calidad y cantidad.
2) Restituyendo de
manera inmediata la totalidad del área del patio que poseía hasta febrero de
1997 el Pabellón 3 el cual era el único espacio para el esparcimiento,
recreación y libre movimiento de los 300 internos recluidos en dicho pabellón.
3) Ordenando la
suspensión de las obras que bajo las mismas características antes anotadas, se
iniciarían próximamente en los sectores occidental de los Pabellones 3, 4 y 5,
y en la totalidad de los Pabellones 1 y 2, hasta tanto no se reevalúe dicho
proyecto y se ajuste a parámetros técnicos y legales según normas
penitenciarias nacionales e internacionales, pero y principalmente hasta que se
resuelva el problema de la red sanitaria y el suministro permanente y
suficiente de agua potable en éste centro carcelario”.
De otra parte,
consideran los actores que el INPEC vulnera los derechos a la privacidad y a la
igualdad de los internos de la Modelo, por cuanto permite que 4500 internos
convivan en un área diseñada para 1800 presos. Sostienen que estos derechos se
vulneran en forma continua, pues a diario ingresan más internos a la cárcel
“sin que se aumente el área construida disponible para alojamientos” y, además,
se pretende ubicar a un mínimo de 4 personas por celda en el sector remodelado.
Manifiestan que lo anterior no le ocurre a “las personas privadas de la
libertad que hoy permanecen en los llamados Pabellones de Alta Seguridad, en
los que como es sabido, el Estado ha invertido más del 80% del presupuesto de
inversión del sistema carcelario y penitenciario”. Exigen que se les dé el
mismo trato humano y digno que reciben estos internos, “quienes ocupan celdas
espaciosas e individuales”, para darle así efectividad al derecho
constitucional a la igualdad.
Por último, señalan
que el INPEC vulnera el derecho a la intimidad de los internos porque los
mantiene en condiciones de hacinamiento. Esta situación afecta especialmente a
los internos de los pabellones 4 y 5. En ellos se comparte entre seis una celda
de 3,25 mts cuadrados, y desde febrero de este año algunos “duermen tirados en
los pasillos en número de 80 a 100 por pasillo, tal como lo verificaron la
Defensoría, la Procuraduría, la Cruz Roja Internacional y la Comisión
Parlamentaria delegada para tales fines”. Este hecho constituye una vulneración
al derecho “ a la intimidad en cuanto a su relación de pareja”, la cual, cuando
se da, “ocurre bajo condiciones degradantes y abiertamente violatorias contra
la dignidad humana”. Consideran que para que se restituya éste derecho a los
internos, debe disponerse “que cada interno tenga su celda individual, tal como
hace muchos años ocurría en este centro carcelario, o como ocurrió hasta el mes
de febrero de 1997 en el Pabellón 3, y como lo establece el Código Carcelario y
Penitenciario y la ONU en sus Reglas Mínimas”.
9. El 12 de agosto
de 1997, el Juzgado Cincuenta Penal Municipal de Bogotá admitió la tutela y
solicitó al INPEC que se manifestara acerca de ella y que adjuntara copia de
los documentos en los que se fundamentó el proyecto de remodelación y
adecuación de las celdas de los pabellones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Cárcel Nacional
Modelo.
9.1. En comunicación
del día 15 de agosto, la coordinadora de tutelas del INPEC expresa que, de
acuerdo con la información que le fuera suministrada por la Subdirección de
Construcciones del INPEC, “el área que se menciona como total para las
adecuaciones de las nuevas celdas no es de 6.60 metros como afirman los
accionantes sino de 8.73, espacio en el que está comprendido el baño. Dicha
área fue destinada exclusivamente para albergar a 4 internos”. Sostiene que el
proyecto de remodelación “buscó recuperar y mejorar las condiciones locativas
de las celdas y por ende las condiciones de vida de los internos, si bien no
con arreglo a lo estipulado por normas internacionales, sí mejorando
ostensiblemente la situación apremiante que venían padeciendo”. Agrega que
“dadas las condiciones de infraestructura del centro carcelario, resulta
imposible darle [a las celdas] el área mínima establecida por los códigos
internacionales, esto por el alto índice de hacinamiento que presenta en la
actualidad el centro, ya que no hay que olvidar que ella fue construida para
1.800 internos, existiendo en la actualidad una población fluctuante y
constante de 4.500 internos, suma que rebasa descomunalmente los diseños que
permiten seguir taxativamente las reglas internacionales”.
Manifiesta que por
razones de seguridad, en la primera etapa del proyecto “no se consideró
oportuno colocar ducto de ventilación a los baños”, pero que posteriormente se
han planteado alternativas para mejorar el servicio, sin poner en peligro la
seguridad del establecimiento. En relación con los problemas de alcantarillado
y de suministro de agua potable que fueron denunciados por los actores, señala
que también en la primera etapa se instalaron unos equipos de presión con
capacidad para llevar el agua a los aparatos localizados en cada una de las
celdas y a los tanques de almacenamiento que se encuentran en las cubiertas,
“garantizando así el suministro de agua de los internos y en caso de emergencia
suministrar agua por gravedad”. Asimismo, expresa que para la evacuación de
aguas negras “se construyó un pozo eyector con seis bombas de presión las
cuales están en capacidad de expulsar todos estos residuos orgánicos a la red
de alcantarillado de la ciudad”. Agrega que se pretende que en las demás etapas
del proyecto de remodelación se apliquen soluciones similares para el problema
hidrosanitario y puntualiza que “los equipos y redes son nuevos y de la mejor
calidad”.
Finalmente, sostiene
que debido a las condiciones de hacinamiento existentes y a la infraestructura
de la Modelo, “es imposible dotar a los 4500 internos de celdas individuales
como fuera planteado por los accionantes, de manera que lo que se ha pretendido
es mejorar las condiciones actuales de vida, en la medida de las posibilidades
del área con que se cuenta”.
9.2. La coordinadora
de tutelas del INPEC acompañó a su carta copia de un escrito y de diversos
documentos enviados por los arquitectos encargados del proyecto de remodelación
de la Cárcel Nacional Modelo al Subdirector de Construcciones del INPEC,  el
día 14 de julio de 1997.
Manifiestan los
arquitectos que, en 1994, el proyecto fue concebido como parte de una solución
al problema de hacinamiento carcelario existente en el país, y especialmente en
Bogotá, todo dentro de un plan de desarrollo de la infraestructura carcelaria y
penitenciaria, basado en la construcción del “Complejo Metropolitano de Santafé
de Bogotá”. Este plan de desarrollo buscaba aportar alojamiento para 1500
internos en sistema carcelario, 1500 en penitenciario y 250 cupos en máxima
seguridad. Señalan que debido a que la población carcelaria de Bogotá se
mantiene en un promedio de 6500 internos, con índices de crecimiento cada vez
mayores, las oficinas de planeación del Ministerio de Justicia y del INPEC
“definieron la implementación de un plan de expansión y desarrollo de la Cárcel
Modelo como apoyo y soporte al sistema, ya que el proyecto antes mencionado no
era la única solución al problema de hacinamiento que se venía presentando”.
Asimismo, expresan que en 1995 el proyecto se desarrolló de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Ley 65 de 1993, según los cuales la pena tiene
una función resocializadora, fin que debe ser apoyado por el espacio
carcelario.
Respecto al trámite
del proyecto, expresan que primero se efectuó un diagnóstico de la
infraestructura existente, el cual recogió “las nuevas directrices referentes a
la concepción del espacio penitenciario de conformidad con el marco legal, la
situación existente y las alternativas de desarrollo en términos de política
carcelaria, en términos de orden técnico y de seguridad”. El proyecto fue
sometido a consideración de la oficina de planeación del Ministerio de
Justicia, que lo presentó ante el Departamento Nacional de Planeación, entidad
que le dio viabilidad y le asignó una partida de diez mil millones de pesos,
aproximadamente.
Sostienen que el
proyecto arquitectónico se definió como un proyecto integral de desarrollo de
la cárcel, que tendría los siguientes objetivos:
“-Ampliación de
cupos de 1785 a 3825.
-Reemplazo y
ampliación de las redes hidrosanitarias y eléctricas.
-Remodelación total
de patios.
-Racionalización del
sistema de circulaciones.
-Creación de las
áreas para cubículos de abogados.
-Racionalización de
los controles de guardia.
-Racionalización de
la creación de área para ingreso de visitas.
-Readecuación de las
áreas para trabajo, educación, salud y alimentación.
-Mejoramiento de las
condiciones de seguridad”.
En atención a “las
condiciones deplorables de los pabellones de alojamiento y las condiciones
infrahumanas de los internos (sic)”, se decidió que este campo fuera el primero
en ser intervenido. Expresan que, sin embargo, el proyecto se ha visto
condicionado por factores externos al mismo, no previstos en el momento de su
planeación. Entre esos factores externos se encuentran “las múltiples críticas
y reacciones violentas por parte de los internos de un mejoramiento de la
política criminal y penitenciaria del país, con las manifestaciones de
conocimiento público, solicitando reformas a la Ley 65 de 1993, reformas a la
misma ley penal y en busca de beneficios penales o quedar en libertad”.
Igualmente, el proyecto “ha venido representando para los ‘líderes’ de los
internos, la posibilidad de pérdida del poder en términos económicos (venta y
alquiler de celdas o espacios para dormir) y de liderazgo”, razón por la cual se
ha contado con su oposición.
Finalmente, los
arquitectos plantean la importancia de que se “definan las nuevas directrices y
el futuro del proyecto con el fin de dar salida a las circunstancias que
actualmente lo afectan”. Al respecto señalan que:
“[e]l proyecto se
definió bajo unas directrices y unas condiciones ajustadas a una realidad no
sólo de carácter social , sino a las condiciones económicas y a los escasos
recursos asignados para un proyecto y un problema cuya magnitud está soportada
en una problemática ajena a factores de orden técnico, los cuales en los
momentos en que se han presentado han sido subsanados y no deben ser esgrimidos
para amparar problemas ajenos al mismo, que sólo buscan desestabilizar al
Instituto.
Como podrá darse
cuenta, el proyecto es producto de unas políticas institucionales  y unas
directrices que fueron traducidas en un proyecto arquitectónico serio y
profundo, el cual no puede ser descalificado por circunstancias subjetivas
ajenas al momento de su concepción”.
9.3. El INPEC aportó
al proceso una copia del “Plan coordinador para la reestructuración general de
la Cárcel del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá La Modelo, 1996-2000”,
elaborado por la Oficina de Planeación del INPEC. En el documento se presenta
un diagnóstico del problema, varios de cuyos apartes son de interés para este
proceso. Por eso, a continuación se procederá a citar algunos de sus pasajes:
“En 1960, la Cárcel
entró en funcionamiento en unas instalaciones que se consideraban  modernas,
confortables y suficientes para la época. En la actualidad está destinada para
la reclusión de sindicados, aunque por el déficit de penitenciarias, también se
utiliza para albergar condenados. Su capacidad fue para 1758 internos y los
edificios o pabellones fueron construyéndose a medida que las necesidades lo
ameritaban.
“(...)
“Hábitat.
Consideramos el hábitat como el medio en que normalmente vive una persona, la
prisión para el interno se constituye en el espacio recortado en que formaliza
sus rutinas en el cual tendrá que vivir durante un período de su vida. Esta
conceptualización permite plantear que en la Cárcel “La Modelo” ese entorno se
encuentra en condiciones que perjudican la personalidad del interno, por el
deterioro de la infraestructura, el escaso mantenimiento de redes y la
apariencia vetusta y deplorable de muros, patios, pasillos, etc.
“Hacinamiento. Este
índice corresponde a la ocupación de un espacio por un número de individuos que
excede la capacidad funcional del mismo. En La Modelo, la ocupación está dada
por 3.322 internos a 31 de marzo de 1996 y su capacidad es tan sólo para 1758,
situación que arroja un hacinamiento del 47% llevando a que en una sola celda
de 2.20 x 1.50 m. pernocten entre 3 y 4 hombre de los cuales sólo uno de ellos
puede hacer uso del único camastro que está construido, mientras los demás
deben dormir en colchones o mantas colocadas sobre el piso. Así mismo, los
patios, considerados áreas libres para disfrute de sol, realizar actividades
recreativas y deportivas no pueden utilizarse como tales, ya que el número de
internos que debe permanecer en esas áreas es numeroso, entre 550 y 750
personas, asunto que impide desarrollar cualquier programa.
“Pero el problema
del hacinamiento no es solamente un problema de carácter físico, sino también
un problema de dignidad humana, ya que esta gente se ve avocada a vivir en
condiciones que superan los límites de  la tolerancia, lo que se revierte en la
agresividad del interno y hacia el centro carcelario.
“El problema de
hacinamiento no es solamente a nivel de celdas, éste es un problema
generalizado en toda la cárcel y en todas sus dependencias, es por esto que la
solución de los problemas no se pueden dar a un sólo nivel, sino por el
contrario tiene que ser una solución integral y general a toda la cárcel.
“Redes
Hidrosanitarias y Eléctricas. Debido a lo antiguo de los edificios y a la falta
de un adecuado mantenimiento, las redes hidráulica, sanitaria y eléctrica
presentan deterioro general que se revela en permanentes taponamientos de
cañerías, olores fétidos por retención de residuos, incorporación de aguas
lluvias sobre red hidrosanitaria; la red de acueducto está construida en
tubería galvanizada, presentando oxidación, obstrucción y rotura  en la mayor
parte de su trayecto, circunstancia que también genera fugas continuas de
líquido, al igual que el completo deterioro de los aparatos sanitarios,
ocasionando que el suministro de agua sea muy deficiente para algunos de los
pabellones y patios y exagerado el gasto en el resto del penal. Los arreglos
que se han hecho han sido mínimos.
“La red eléctrica en
la mayoría de zonas está sobrecargada superando la capacidad de los conductores
e interruptores, por esta razón, las puntas de conexión de muchos cables están
quemadas, igual que los interruptores. Las conexiones que se han venido
realizando para alimentar interruptores de celdas, de caspetes, grecas,
enfriadores, neveras y estufas, ha llevado la red a sobrecargarse
exageradamente, que actualmente genera un alto riesgo de incendio por ser tan
rudimentarias las instalaciones alteradas por lo internos. Las celdas no tienen
servicio o instalación eléctrica prevista; el incremento del consumo en áreas
de reclusión y la incapacidad de los ductos principales para alojar mayor
número de conductores hizo que se tendieran instalaciones eléctricas sobre las
paredes o sobre las azoteas, utilizando tubos de PVC como ductos, los cuales
está completamente deteriorados. Es muy alta la deficiencia en la iluminación,
especialmente en la zona de servicios comunales.
“Pabellones y
Patios. Debido al mal uso ocasionado por el exceso de población reclusa y al
escaso mantenimiento, los pabellones y patios presentan tal deterioro que se
nota en paredes húmedas, muros manchados, unidades sanitarias que ya cumplieron
su vida útil, dando una apariencia de vetustez que deprime el ánimo y produce
permanente oscuridad y olor a humedad. Se ha comprobado que esta circunstancia
aumenta el nivel de agresividad entre los internos, los deprime, bajándoles su
autoestima. Los baños, duchas y orinales son insuficientes para el número de
internos, el promedio en los patios 1, 4, 7 y 9 es de 2 retretes para 80
internos; igualmente en duchas, lavamanos, lavaderos y orinales.
“Sanidad. Las
instalaciones para la prestación de los servicios fueron reducidas en un 40% de
su capacidad, destinándose para recluir internos que por el delito cometido no
pueden vivir en los patios corrientes por temor a que atenten contra su vida,
la administración de la cárcel conformó el pabellón de máxima seguridad, donde
se albergan protegidos los sindicados.
“Hacinamiento. El
problema del hacinamiento de la cárcel Nacional Modelo es bastante complejo de
resolver ya que la estructura física de la cárcel tiene unos topes que no
permiten ampliaciones en las edificaciones, por consiguiente lo que se pretende
es dignificar las condiciones de vida de los internos y ampliar los cupos de
1350 internos a 3360 internos máximo, en celdas para cuatro internos con
servicios sanitarios.
“Es muy importante
anotar que si no se procura mantener como población máxima de internos la de
3360, todas estas modificaciones no servirán y tendrán un deterioro acelerado.
“Para la viabilidad
de un proyecto de esta naturaleza, es necesario que se apliquen pautas y
condiciones, en lo referente al mantenimiento de la infraestructura física, la
cual será rehabilitada en su totalidad, ya que si no está en un buen
funcionamiento todo el esquema implantado presentará con el tiempo deficiencias
y deterioro. Sin dejar de lado una reglamentación para el buen uso por parte de
los internos y la guardia que garanticen la operación adecuada de todo ello.”
9.4. El 20 de
agosto, la coordinadora de tutelas del INPEC envió al juzgado una carta en la
que le manifiesta que “las obras de remodelación de la Cárcel Nacional Modelo
fueron objeto de la licitación de obra pública N° 025 de 1996 y se adjudicaron
al consorcio nacional de construcciones civiles mediante la Resolución N° 5687
del 15 de noviembre de 1996, celebrándose luego el contrato de obra N° 1279 de
1996”.
10. El 21 de agosto,
el Juzgado Cincuenta Penal Municipal de Bogotá denegó  la tutela impetrada, por
improcedente, bajo la consideración de que existían  otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.
Señala el juzgado
que puesto que las obras fueron adjudicadas mediante una licitación pública y
que el mismo INPEC ha reconocido que ellas no se ajustan a las normas sobre
espacio de las celdas establecidas en los códigos internacionales, el acto
administrativo podría ser demandado ante la jurisdicción contencioso
administrativa, con el objeto de obtener la nulidad del contrato. Asimismo,
dado que, al parecer, el acto administrativo por medio del cual se adjudicó el
contrato vulnera los mínimos internacionales sobre condiciones de las celdas,
los actores podrían recurrir a la acción de cumplimiento para solicitar que
efectivamente se pusieran en vigencia dichos mandatos.
11. La Sala de
Decisión ordenó la práctica de sendas inspecciones judiciales a las Cárceles
Modelo y Bellavista, de Bogotá y Medellín, respectivamente.
A continuación se
incorporan las actas de las visitas mencionadas.
11.1. Acta de la diligencia de inspección
judicial a la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, realizada el día 14 de
noviembre de 1997.
11.1.1. La diligencia se inició a las 10
a.m., en la oficina de la Delegada para Asuntos Penitenciarios de la Defensoría
del Pueblo, con la asistencia de las siguientes personas: Dra. Patricia Ramos,
delegada para asuntos penitenciarios de la Defensoría; abogado Luis Alfredo
Castillo Granados, asesor de la delegada; arquitecto Fernando Türck; Magistrado
auxiliar Juan Fernando Jaramillo y la auxiliar judicial, Dra. Paula Gaviria.
En la cárcel se unió al grupo el ingeniero
sanitario Javier Mendoza, enviado por el Ministerio de Salud. El ingeniero y el
arquitecto tuvieron como tarea la elaboración de un peritazgo acerca de la
infraestructura locativa de la cárcel y del proyecto de remodelación.
11.1.2. Inicialmente, se hizo un rápido
recorrido por algunas zonas del centro carcelario en compañía del subdirector
de la cárcel, Humberto Salazar. Este manifestó su desacuerdo con la
remodelación, en razón de los problemas que acarrea para la visita conyugal.
Expresó que el número de internos aumentaba de manera indeclinable, pues
diariamente ingresaban 80, y apenas abandonaban el centro entre 40 y 45
personas. Añadió que dos años atrás, cuando se posesionó como subdirector de la
cárcel, ésta contaba con 3000 internos, mientras que el día de la visita su
número ascendía a 5000.
11.1.3. A las 12 a.m. se efectúo una
reunión, en la capilla de la cárcel, con miembros del Comité de Derechos
Humanos y de las mesas de pacificación. Los internos expresaron su rechazo a
las obras de remodelación que se adelantan en el centro carcelario. Consideran
problemático el hecho de que las celdas sean para cuatro personas, pues ello
implica que se mezclen personas de muy diferentes costumbres y posiciones, cosa
que puede generar conflictos. Expresan que en celdas de 2M x 3M permanecen
cuatro o cinco personas. Señalan que la remodelación únicamente consiste en
unir las celdas individuales de antes, de manera que las celdas nuevas ocupen
el espacio de dos de las anteriores. Señalan que para poder acceder a una celda
debe pagarse $500.000 mensuales. El arriendo semanal ascendería a $40.000.
Quien no tiene dinero para pagar, debe contentarse con un espacio en la
escalera o en el baño.
Los internos expresan: “si las obras son
para mayor hacinamiento, que nos dejen como estamos”. Sostienen que la
privación de la libertad no acaba con sus derechos, y que el verdadero respeto
a sus derechos fundamentales es que cada uno tenga su celda.
Resaltan que el INPEC, en el momento de
tomar la decisión acerca de las obras de remodelación,  no consultó sus
intereses como internos, cuya casa es la cárcel. También destacan la falta de
atención por parte del Inpec a las sugerencias que algunos reclusos hicieron
respecto de las remodelaciones. Agregan que algunos internos que son
arquitectos de profesión presentaron propuestas para las obras de refacción, a
un presupuesto mucho menor que el utilizado realmente en el proyecto.
Consideran  que con el dinero de las remodelaciones - 13 millones de dólares -
se podría, incluso, construir cárceles. Sostienen que se reunieron con los
constructores para que les explicaran sobre las obras de remodelación, y que la
respuesta que recibieron fue que en un censo que se realizó en el 91 los presos
querían celdas para cuatro. Expresan que un censo de 1991 no puede ser
fundamento para que se lleven a cabo las construcciones en 1997.
Sobre la situación de la cárcel en general
manifestaron que desde hacía treinta y dos días no se presentaban muertes
violentas, un hecho sin precedentes, que se explicaba por la labor desempeñada
por el Comité de Derechos Humanos y las mesas de trabajo. Aclaran que las mesas
de trabajo tienen como función ayudar a resolver los problemas jurídicos a
nivel macro, como la política penitenciaria, mientras que la tarea del Comité
de Derechos Humanos es defender los intereses de los internos y denunciar
violaciones a sus derechos.
Sostienen que el servicio de  agua se
restringe al horario de 5:30 a 8:30 a.m. y de 5:00 a 7:00 p.m. Igualmente, hay
serios problemas con el alcantarillado. Esta situación genera también problemas
de higiene los días de visita.
Como causas para el hacinamiento señalaron
las siguientes: 1) Los jueces de ejecución de penas tienden a negar la libertad
condicional por “el aspecto subjetivo”, a pesar de que “esos jueces no vienen a
la Cárcel, no conocen al preso, no conocen su perfil”. 2) Aproximadamente el
30% de los penados se encuentra en la cárcel por causa de la Ley 30 de 1986.
Además, los procesos ante la justicia regional no avanzan y son arbitrarios. 3)
La Ley 228 de 1995, que dispuso que algunas contravenciones asumían la
categoría de delitos. 4) No se conceden los beneficios administrativos, tales
como los permisos de 72 horas. Los permisos  no operan por negligencia de los
asesores jurídicos. Además, afirman que no hay defensores públicos suficientes
o que, si los hay, no realizan un seguimiento de los procesos. Sostienen que
tampoco se cumple con la norma del Código de Procedimiento Penal que establece
que la cartilla y el cómputo de días de trabajo deben ser actualizados
permanentemente.
11.1.4. A la
1:30 p.m. se inició un recorrido por las instalaciones del centro carcelario,
en compañía de algunos miembros del Comité de derechos humanos. En primer
lugar, se visitó el patio del pabellón 5, el pabellón más hacinado actualmente,
según los miembros del comité. En este patio se percibe un fuerte hacinamiento.
El espacio para desplazarse es muy reducido. Muchos internos se encuentran
recostados contra las paredes del patio, cubriéndolas por completo; otros se
encontraban durmiendo en costales sobre el piso; otros estaban parados; y
algunos realizaban una mínima actividad recreativa.
En el centro del patio se observa la
existencia de un pozo de aguas negras a punto de rebosarse. Según algunos
internos, cuando llueve, su contenido se esparce por toda el área de
“recreación”. Salta a la vista que en el área del patio apenas cabe la tercera
parte de las personas que se encontraban allí (800, según se informa). El
espacio para cualquier tipo de actividad deportiva o recreativa es casi nulo.
El patio no es apto para que los internos pasen en él la mayor parte del día.
A renglón seguido se procedió a visitar la
parte B del patio 4 que, aun cuando se encuentra todavía en trabajos de
remodelación, ya está siendo habitado. En el recorrido hacia el área de las
celdas se percibe la falta de ventilación. Los pasillos y las escaleras son
angostos. Los escalones se encuentran en mal estado,  carcomidos. En los techos
se observan filtraciones de agua. Las paredes a la entrada de las escaleras
están deterioradas. Se constató que en las paredes ya remodeladas hay partes en
las que debajo de la pared nueva se puede observar la vieja y se ve que la
nueva tiene un grosor aproximado de 1 centímetro. Las celdas constan de cuatro
camas de cemento (camastros). Manifiestan que en cada celda se ubican  cuatro
personas en las camas y tres en el piso. Hay un total de 12 celdas por piso.
El recorrido continuó por el patio de la
tercera edad. Se observó la existencia de un tanque de agua potable, cubierto
únicamente por unas rejillas. No hay hacinamiento, pero los internos duermen en
catres, en un espacio abierto. Sólo algunos duermen en celdas. En la puerta del
baño se encontró el siguiente letrero: “Prohibido usar baños como dormitorio”.
El monitor del patio afirma que lo puso por orden de las directivas. Aunque el
pabellón de la tercera edad es para personas mayores de 65 años, se pudo
constatar que allí se encontraban personas de menor edad, por problemas en sus
patios.
En la sección de enfermería y sanidad se
encuentran, junto con los internos enfermos y algunos de psiquiatría, varios
presos de máxima seguridad. Según informan los guardias, el 80% del área de
sanidad se convirtió en máxima seguridad. Sostienen que en esa sección hay un
total de 121 internos y 3 guardias.
En la parte de enfermería se perciben malos
olores y las paredes están en mal estado. En sanidad no se observa
hacinamiento. Hay aproximadamente 10 internos, repartidos en dos cuartos, con
catres para dormir.
En el anexo psiquiátrico habría 120
personas. Según los internos, los enfermos mentales que se encuentran todavía
en sanidad están allí por problemas con la expedición del certificado médico.
Se constató que hay una parte de máxima
seguridad en la enfermería. Hay 17 personas que se quejaban de estar aisladas.
También se visitó un cuarto que, aunque tiene capacidad para ocho personas,
albergaba diecinueve. Ellas deben permanecer aisladas, a causa del delito que cometieron:
acceso carnal violento. Este es el delito más reprochado por la población
carcelaria.
En la visita al Patio 3 se constató que
éste era el mejor patio de la cárcel. Allí se encuentran internos con algún
poder social o económico. Cuenta con espacio para 384 internos y hay 382. Las
celdas ya están remodeladas. En cada una de ellas pernoctan 4 personas.
En el cuarto piso del pabellón 2 se
verificó que los internos habitaban en túneles húmedos y oscuros. Allí se
presenció la existencia de un espacio de 1.12 metros de ancho por 6 metros de
largo y 2 metros de alto, lugar en el cual duermen seis personas. Los internos
adaptaron a la entrada un inodoro, utilizado por todos los recluidos en piso
cuarto, puesto que los demás baños son usados como celdas. El túnel no tiene
ningún tipo de ventilación ni luz y, además, despide un olor penetrante y
desagradable a causa del inodoro que se encuentra en su entrada. La falta de
luz y de aire impidieron continuar el recorrido hasta el fondo del túnel, en
donde duermen más internos. Al salir y recuperar el aire se entiende la razón
de ser del apelativo que le dan los internos al túnel: baño de los fritos. En
la rotonda del pabellón se observa que los antiguos baños han sido adecuados
por los reclusos como dormitorios, con ayuda de cartones y periódicos. Estos
internos utilizan bolsas para depositar sus desperdicios sanitarios.
También se visitaron los talleres de
carpintería, ornamentación, artesanías y calzado. En ellos se constató un alto
grado de hacinamiento, marcado por el poco espacio que tenía cada recluso para
realizar sus labores.
11.1.5. A las 4:30 p.m. se inició una
entrevista con el director de la cárcel, el teniente de la Guardia
Penitenciaria, Pedro José Martínez. Sus declaraciones fueron grabadas. Ello
posibilita la transcripción de distintos apartes de su exposición.
Sostiene el director que para lograr el
bienestar de los internos se deben mejorar las instalaciones locativas.
Considera que el ideal es individualizar al recluso para que habite en celda
unicelular. Dice que la colectivización lleva a acciones suicidas y deterioro
psicológico, lo cual constituye un peligro para los guardianes. Señala que la
cárcel requiere más espacio, más salud, más vigilancia. Manifiesta que el área
de sanidad no es suficiente y que, además, se dificulta el transporte de
internos a los hospitales por la carencia de guardianes.
Al preguntársele su opinión acerca del
proyecto de remodelación, contestó que las obras legalizan el hacinamiento y
crean otros problemas a causa de la falta de agua y del imperio de la ley del
más fuerte en la ocupación de las celdas. Al respecto expresó:
“No es un proyecto
que solucione el hacinamiento ni la problemática del personal, por los motivos
que ya le expuse. Le vuelvo a recordar lo del patio cuarto donde la psicología
del interno es respetar la ley del más fuerte: se adueñan de sus celdas
múltiples de cuatro camastros y obligan a los otros a pagarles por el derecho
de acceder a un servicio. Ya sean arrendamientos de 200 mil pesos mensuales, u
800 mil en propiedad por un camastro. El personal de guardia actualmente no es
suficiente para controlar esos desmanes, porque tenemos 4 hombres cuidando
1200. No todos los 4 permanecen al mismo tiempo, porque ellos están trasladando
internos a sanidad, a jurídica, y muchas veces no alcanza el personal de
guardia y los trasladamos a las garitas. La representación de guardia en un
patio es simbólica. Entonces a los internos no les podemos garantizar, en estos
momentos, las condiciones de seguridad de su vida, de su honra y de sus bienes.
Es la función policial que nos toca cumplir. Entonces se deben mejorar en ese
sentido. Así como está la situación, le sale más costoso al Estado después
resarcir daños y perjuicios de vidas por pérdida de vidas humanas que
acondicionar los establecimientos de cárceles, de tal manera que se le pueda
cumplir la función. Entonces, quiere decir que si el interno vive más solo le
evitamos más conflicto y más problemas, no como está pasando en el patio 4 con
esa experiencia, que el interno más vivo se adueña de la celda y cobra por el
arrendamiento o por la venta...
“(....) Eso que
están haciendo aquí, para mí, no es solución al hacinamiento, lo están es
legalizando. Y sigue el mismo conflicto. Los problemas son los mismos. Hay otro
problema, como pasó en Popayán, que a una celda se le construyó otro camastro y
los internos terminaron destruyendo el otro camastro, para evitar compartir la
celda. Tarde o temprano, esté seguro que esas celdas terminan con dos
camastros. Entonces, nada se hace, se pierde el esfuerzo, el objetivo para el
cual se acondiciona. Esté seguro: dentro de un año esas celdas tendrán
solamente dos camastros. El otro lo tumban. Otro problema es que hay internos
de cierto perfil, que saben cuidar las cosas. Si usted va a alta seguridad,
ellos cuidan los baños, ellos tienen ese sentido; pero hay internos que tienen
es el sentido de destruir. Por ejemplo, el patio 4. Si usted va ahora, las
baterías sanitarias están muy bonitas y funcionan, pero venga dentro de 6 meses
o un año. Ningún baño va a servir: todos tapados, taponados con caletas, porque
ellos meten navajas, porque ellos destruyen. Su situación temperamental les da
es para dañar todo. Entonces se pierde el esfuerzo del gobierno. Hay que volver
a hacer el baño para que vuelva y lo dañen. Entonces no quiere decir que no
tengan derecho a baño, pero las construcciones deben buscar el perfil para
saber a qué tipo de interno se construye”.
El director pone el ejemplo del patio
cuarto, ya remodelado, en donde se presentan los mayores problemas por la
colectivización, y señala que:
“Allí, se presenta
el mal de la convivencia y de la corrupción múltiple, porque ya no tienen una
celda que vender sino cuatro puestos que vender, fuera de lo que significa
compartir la vida en esa celda: elementos humanos que consumen droga,
noctámbulos que no duermen y entonces someten al compañero a aguantar al
noctámbulo. La visita conyugal es otro problema en las celdas múltiples: llega
el domingo y las mujeres entran tarde, porque son 9 mil, entonces todas no
entran a las 8:00 de la mañana. Los internos tienen el derecho a dos personas
que los visiten. Si partimos del presupuesto de que a los cuatro les llega la
visita, entonces todos quieren tener un momento de intimidad, pero el más vivo
se adueña de la celda y a los otros los deja por fuera, o el interno que más
grita, los asusta y les cobra como si fuera un motel”.
Preguntado acerca de si considera que el
proyecto de remodelación tiene sentido respondió:
“La subdirección de
construcciones no se ha avalado de oficiales del Inpec, nunca nos ha preguntado
cómo solucionamos X problema, y nosotros si sabemos, yo fui guardián (...).
Sabemos qué le sirve al interno y qué no le sirve; qué es lo bueno y lo malo
del interno. Yo no estoy de acuerdo con que se hagan ese tipo de cosas. Con
esos gastos deberían hacer un pabellón aparte. Además, en medio de este
hacinamiento, ¿cómo se les ocurre hacer esa remodelación? creándole otro
problema más a los internos, 5018 internos en este momento. En este momento hay
dos pabellones desocupados y los tengo apiñados. No es el momento, se debe
buscar el momento en que se pueda hacer ese tipo de cosas. Y esa remodelación
tampoco es buena. Y si se consulta el interés del interno, el interno no gusta
de ello”.
Expresa que antes de la remodelación las
celdas eran unicelulares y “entonces no cabían, tenían que estar en el pasillo,
botados en los pasillos en los baños, incluso hoy si usted va a un pasillo hay
espuma sobre espuma, ellos son como caracoles los que están por fuera, entonces
por la noche ya cuando es hora de acostarse tienden en todo lugar incluso entre
los baños. Entre los huecos porque no hay espacio”. Sostiene que “lo que
podemos criticar es que la remodelación no va a resolver hacinamiento y los
internos prefieren quedarse como estaban”.
Al ser preguntado acerca de si los reclusos
ya condenados son trasladados, responde: “Aquí es duro trasladar internos,
todos ponen tutela, dan un argumento válido para la justicia, porque todos
tienen un negocio aquí. Unos venden droga, otros venden armas, otros
extorsionan, otros alquilan celdas. Aquí se ve mucha plata. Ellos tienen plata
para llevarle a las familias. Otros tienen celulares, viven de celulares. Nadie
quiere salir a pesar del hacinamiento.”
Considera que el hacinamiento puede
incrementar la violencia:
“el problema genera
espíritu de violencia, el interno se adueña de la celda múltiple y la arrienda,
hay extorsión y eso genera violencia, como también la genera convivir con un
drogadicto, noctámbulo u homosexual. El interno anormal y desadaptado afecta la
convivencia y surgen conflictos que derivan en actos violentos. Se llegó el
momento de cárceles unicelulares para una persona por celda, porque la convivencia
se afectó. No se sabe que índice de violencia hay a raíz de las remodelaciones
porque solo las habitaron desde hace un mes. Se han disminuido los índices de
violencia porque los internos están haciendo diplomados en derecho
internacional, la Defensoría y Procuraduría han colaborado con cursos,
interaccionado con internos con liderazgo que pueden ser dinamizadores. La
administración y el personal de guardia estamos tratando de comprometernos para
que no se cometan hechos de sangre. Tenemos un lapso de treinta y tres días sin
un muerto, eso es un fenómeno porque antes todos los días había un muerto y 18
o 20 muchachos heridos”.
Precisa que una cárcel debe ser manejable y
debe tener máximo 2000 internos. Debe tener espacios para manejar núcleos pequeños,
patios de 100 personas, que se adecuan al manejo de la seguridad de cada
interno. Sostiene que el gobierno “va a tener que pagar cuantías respondiendo,
porque hay abogados demandando por todos esos difuntos, y le va costar al
erario publico cantidad de dinero, le sale más cómodo contratar unidades de
guardia para que cuiden y hacer cárceles”. Considera que en cuestión de
seguridad “entre más tenga uno al interno un poco dividido, menos ellos tienen
concierto para organizarse. Es más fácil controlar a un interno en una celda
que esté haciendo algo irregular. El interno se siente débil porque está solo,
pero cordón de cuatro dobleces no puede entrar uno a requisarla sino con un
poco de personal porque ellos van a arremeter todos cuatro contra uno”.
Afirma que la disposición del código
penitenciario sobre separación de los reclusos por categorías no se cumple
porque no hay espacio. Señala que esta separación debería venir de un estudio
de un grupo interdisciplinario, donde se atendiera a las condiciones personales
del individuo, no a los delitos cometidos.
Sobre el servicio de agua y alcantarillado
dentro de la Cárcel Modelo señala:
“Toda cárcel tiene
esas carencias. Ninguna satisface todas las necesidades en los servicios
públicos de agua y algunos problemas de luz. En la Modelo, el servicio de agua
es inadecuado, es insuficiente. El alcantarillado es regular. La gente tiene
que soportar malos olores. Ellos adquieren una inmunidad. En los túneles hay
unos olores horribles y ahí viven internos. Entonces los servicios públicos son
insuficientes y más aún para el número de internos. La pulgada de agua no está
programada para esa cantidad. El suministro de agua estaba hecho para 1700
personas. Lo que se tenía de entrada es un tubo de 3 pulgadas. Se necesita es
un tubo de 9 pulgadas. También hay problemas de mantenimiento: hay un
dragoneante con 3 o 4 internos recorriendo, de pronto no muy competentes en ese
aspecto. No hay personal técnico que dé mantenimiento a las construcciones”.
Sostiene que otro problema con el agua es
el de las visitas. En las visitas mensuales, las llamadas “cuarentas”, ingresan
hasta 20 mil personas.
Como posibles soluciones para resolver el
problema de hacinamiento enumera:
a)  La construcción de cárceles
b)  El aumento de la planta de guardia. Sostiene que
solamente hay 6 mil en todo el país. La falta de guardia ocasiona que se violen
los derechos humanos a los internos, porque se dejan de hacer remisiones a los
médicos y a las diligencias judiciales. Además, no hay suficiente personal que
investigue las faltas de la guardia. Hay más de 5 mil sumarios sin resolver
porque solo hay 5 abogados encargados.
c)   Concesión de los subrogados penales. Hay
internos que podrían beneficiarse de los subrogados penales, pero los jueces de
ejecución de penas les niegan esta posibilidad, afirmando que requieren aún de
tratamiento penitenciario, a pesar de que las directivas de la cárcel
certifican que “la persona es correcta, de buenas relaciones públicas y que ha
ayudado a crear un clima de paz en la cárcel.” Los jueces no disponen de tiempo
para entrevistar a los internos. Sostiene que los guardias podrían colaborar en
esta labor. Señala que aunque la filosofía que inspiró la creación de los
jueces de ejecución de penas fue buena, éstos no tienen las herramientas
necesarias para cumplir sus funciones. Manifiesta que la cárcel carece del
personal necesario para estar con el recluso. Al respecto precisa que los
trabajadores sociales son vinculados por medio de contratos a término fijo,
razón por la cual no pueden hacer  el debido seguimiento del preso. Solamente
hay un trabajador social de planta, y debe cubrir los cinco mil internos. El
director aclara que en los tres meses que lleva en funciones, “no me han
presentado un juez de ejecución de penas”.
Acerca de las quejas de los reclusos sobre
las demoras administrativas para acreditar el tiempo de trabajo responde que
hay insuficiente planta de personal para resolver la demanda de los cinco mil
internos. En la parte administrativa hay aproximadamente 90 funcionarios.
Manifiesta que “esto es un monstruo donde es imposible resolver las demandas a
todos”.
11.1.6. A las 8 :30 p.m. se inició la
visita nocturna del establecimiento.  Estuvieron presentes el subdirector, la
defensora delegada para asuntos carcelarios y penitenciarios, su asesor
jurídico y algunos miembros del comité de derechos humanos. Luego de finalizado
el conteo de los internos, se visitó el Pabellón de Aislados, en donde se
encuentran recluidas las personas sancionadas por causa de la comisión de una
falta, o las que piden ser internadas allí, por motivos de seguridad personal.
En este pabellón se experimenta una impresionante sensación de hacinamiento. En
una celda de 2M x 2.5M, con dos camastros, se encuentra un promedio de cinco a
seis personas. Las celdas dan a un pasillo, el cual, a su vez, desemboca en un
sector de la cárcel por el que pasa una cañería que despide olores fétidos. No
hay luz en el pasillo. Las celdas no tienen suficiente ventilación.
Se observó que el hacinamiento en el
pabellón 5 es de una gran magnitud. Según aclara el subdirector, la extrema
congestión que se observa, se explica en parte porque en este patio se
encuentran internos del patio 4, que se está remodelando. En las escaleras de acceso
al primer piso - y a los pisos superiores - se constata la presencia de
internos que duermen recostados sobre los peldaños. El estado de las escaleras
es deplorable. Los pasos se encuentran totalmente resquebrajados, lo cual los
hace muy peligrosos.
En el primer piso, se verificó que en el
piso de la rotonda - el área común que precede los pasillos donde se encuentran
las celdas - estaban durmiendo muchos internos. En este pabellón no hay
alcantarillado. Por eso, no se dispone de inodoros, sino de letrinas. El
espacio designado para las letrinas estaba totalmente copado de internos
durmiendo.
En el recorrido al tercer piso del
pabellón, las escaleras se volvieron aún más empinadas y oscuras. Las paredes
estaban en pésimo estado. Se percibía un olor fétido, muy penetrante. Sobre el
piso de la rotonda - un espacio de 22 metros cuadrados aproximadamente - había
alrededor de 90 personas durmiendo. No había luz. No se podía ver absolutamente
nada. Sólo se sentía la presencia de muchas personas por su respiración.
Faltaba el aire, no había ningún tipo de ventilación y el olor era nauseabundo.
Para inspeccionar las letrinas, fue
necesario caminar solicitando permiso a los presos que se encontraban durmiendo
en el suelo, y pisando una que otra cabeza. En este espacio también hay presos.
Tiene aproximadamente 10 metros cuadrados y en él se encontraban, según voces
de los mismos internos, alrededor de 60 personas. El olor es nauseabundo. El
monitor del patio manifiesta que allí es donde se incuban las enfermedades.
Otro recluso agrega que en ese lugar empezó la epidemia de varicela, que
azotaba en ese momento a la cárcel.
Los internos duermen con una pequeña manta,
sobre el mismo piso o sobre colchonetas muy delgadas. Duermen casi que “uno
encima del otro”, aguantando malos olores, faltándoles el aire y completamente
hacinados.
A renglón seguido se visitó el llamado
“Cai”. Este es un pabellón de máxima seguridad para los miembros de la fuerza
pública, lo cual implica que los internos que allí se encuentran no pueden
salir de su pasillo en todo el día, dados los riesgos que ello generaría para
sus vidas. Allí se relata que los internos deben pagar un  “impuesto” por la
protección que les brinda un “cacique”. Se observa que hay hacinamiento: en
cada celda para dos personas duermen cuatro o cinco. Además, hay varias
personas durmiendo en los pasillos.
Al ingresar al patio 1 se observó que había
personas durmiendo debajo de las escaleras: en un espacio de 90 cm de alto por
1 metro de ancho y 2 de largo  duermen cuatro personas. Afuera duermen otras
dos. En el cuarto piso se constató que cerca de 60 personas dormían en la
rotonda, que tiene un área aproximada de 15 metros cuadrados. Aquí, al igual
que en el patio 2, hay túneles y celdas construidas por los mismos presos.
Se concluye la inspección a las 10:30 p.m.
11.2. Acta de la diligencia de inspección
judicial a la Cárcel de Bellavista del Distrito Judicial de Medellín, realizada
el día 21 de noviembre de 1997.
11.2.1.La diligencia se inició a las 9:45
de la mañana en la oficina del director de la Cárcel, con la asistencia de las
siguientes personas: el director de la cárcel, señor Carlos Alberto Bolaños
Ortíz; la Dra. Patricia Ramos, Delegada para Asuntos Penitenciarios de la
Defensoría del Pueblo; el doctor Sergio Mazo, delegado de la Defensoría de
Medellín, el Magistrado auxiliar Dr. Juan Fernando Jaramillo y la auxiliar
judicial Dra. Paula Gaviria.
El director de la cárcel señaló que la
población carcelaria en ese momento ascendía a 5125 internos, de los cuales
1880 eran condenados. Anota que en enero de 1996 la población carcelaria era de
4500 internos. Expresa que los lunes ingresan entre 40 y 80 internos nuevos.
Los demás días de la semana ingresan entre 15 y 20 personas.
Sostiene que se incumplió el mandato de la
Ley 228 de 1995, respecto a que se debían construir cárceles especiales para
quienes fueran detenidos por dicha ley, y que la consecuencia de ello es el
“sobrehacinamiento” de las cárceles. Cita casos de algunos internos  detenidos
por haber robado unas naranjas o un cortauñas.
Expone que algunos reclusos no se quieren
ir de Bellavista por no separarse de su familia y por su arraigado
regionalismo. En 1997, sólo se habían trasladado 300 internos, pero dentro de
la región.
Respecto a los subrogados penales, señaló
que si estos se hicieran efectivos lograrían su libertad 500 o 600 personas,
aproximadamente. Expresa que en Medellín existen tres jueces de ejecución de
penas, pero ninguno había visitado la cárcel desde que él había asumido como
director. Para el efecto expone el libro que se había abierto para registrar
las visitas de los jueces de penas. Se observa que el libro se abrió el 11 de
julio de 1997 y que en él no consta ningún registro de visitas.
Menciona que en cada patio hay
coordinadores que dirigen distintos comités, tales como los de disciplina,
salud, servicios públicos, deportes y jurídico. Según el director, las charlas
sobre convivencia han llevado a que en la cárcel no se haya presentado ninguna
muerte violenta en los últimos 11 meses. Incluso relata que desde la cárcel de
Bellavista se lanzó un plan de paz para Medellín.
Señala que aproximadamente 2400 internos
tienen oportunidad de trabajar o de estudiar, pero que los espacios para
trabajo no alcanzan para la cantidad de personas que solicitan un cupo.
Como soluciones contra el hacinamiento
propone cambiar la estructura de Bellavista, construir más centros de
reclusión, sacar a los condenados y llevarlos a penitenciarías. Dice que hay 86
cárceles en la región y que 60 están hacinadas y el resto tiene el cupo
completo. Finalmente expresa que para los 5125 internos hay un total de 320
guardias.
Reconoce que hay demora en la expedición de
los certificados de libertad porque sólo hay una abogada de planta. Manifiesta
que el consejo de disciplina expide unos 450 certificados al mes y que la ley
obliga a que cada tres meses se reúna el consejo. Expresa que la cárcel sólo
cuenta con una psicóloga y una trabajadora social.
11.2.2. Seguidamente, la comisión se reunió
en la capilla con el actor de la tutela, Manuel Duque Arcila, un representante
del Comité de Derechos Humanos y el Director de la Cárcel. El actor señala que
en la sustentación del recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia
manifestó que “no solamente con obras materiales se solucionarían los problemas
también sería bueno que interviniera el Congreso, ya que crea y modifica las
leyes y hay gente aquí en la cárcel por robarse un gajo de plátanos. Y no se
justifica que una persona esté acá por eso”. Dice también que hay gente
recluida por haber robado diez mil pesos y que “los jueces están llenando las
cárceles”.
Se le pregunta al interno si en el tiempo
que lleva en la cárcel, tres años, ha visto que se incremente la población
carcelaria. Responde: “Claro, cuando yo iba al patio octavo había 430 y punta y
ahora hay 1270 en el patio”. Sobre las condiciones de alojamiento señala que también
se han empeorado.
El actor propone “que los jueces de penas y
medidas se lleven otro concepto de la gente que ha estado por primera vez en la
cárcel, que les den la oportunidad, de que según la ley 23, que dice que cuando
cumplan una cuarta parte de la condena según el artículo 49 tienen derecho a la
libertad. Pero ni cumpliendo las dos terceras partes le dan libertad
condicional”. Sostiene que los jueces de penas y medidas de seguridad no van a
la cárcel a hablar con los internos. Por eso se pregunta “¿en base a qué están
negando las libertades condicionales?”.
Sobre las visitas conyugales señalan que
éstas se ven afectadas por el hacinamiento. El director dice : “con tal
grado de hacinamiento, como hay más de 5.000 internos y entran 5.000 o 6.000
señoras, ¿quién controla eso? Si hay 1.300 en un patio, más abuelita, y esposa,
se vuelve hasta difícil caminar en los patios”. El día de visita de hombres
llegan entre 2.000 y 2.400 personas, y el día de mujeres entre 5.000 y 5.600.
En los días de visita para los niños entran más de 10.000 personas.
Sobre el servicio de agua el director
señala que hay suministro regular, salvo en los últimos pisos de los
pabellones, donde no alcanza a llegar en la mañana. Manifiesta que la
prestación del servicio no es del 100%. Anota que el servicio mejoró en un 80%
porque las empresas públicas le hicieron a la Cárcel una conexión con otro
acueducto.
Se interroga al actor sobre su queja acerca
de que no puede dormir por el calor.  Al respecto el interno señala lo
siguiente:
“El aire cuando
entra al pasillo, como el pasillo está lleno de gente, el aire que entra
fresco, entra a los camarotes con calorcito. Pero si entra a una celda, usted
siente el calor como si abrieran un horno. Ahí mismo, con ganas de quitarse de
ahí, porque es insoportable el bochorno. Es que el agua en los momentos más
interesantes es después de la encerrada, porque después de que uno entra, las
celdas son llenas y uno para caminar por el pasillo tiene que hacerlo sin
zapatos y pidiendo permiso, porque a ver, yo de aquí al baño puedo ir en 15
segundos y si salgo de la celda y me quito los zapatos para ver donde pongo un
pie, donde pongo el otro, me puedo demorar dos minutos, para ir al baño, ¿no
cierto? No circula el aire debido a la congestión, al hacinamiento. Allá llega
el agua, pero el agua se va, a la hora el agua se va, y todo el mundo quisiera
agua ¡ay que dicha que volviera el agua! Pero el agua no vuelve, pero todos la
desean, por eso usted sale del baño y a los quince minutos ya está sofocado otra
vez”.
11.2.3. A continuación se realizó un
recorrido por las instalaciones de la cárcel, en compañía del Director de la
cárcel. En primer lugar, se visitó el patio 11, donde se encuentran
recluidos los ex miembros de la fuerza pública. En este patio hay un total de
106 personas. En cada celda duermen ocho personas. Se observó que el área donde
se albergan es limpia, corre el aire y hay un patio para el sol y el deporte.
Al ingresar en cada celda se pudo constatar que había buena ventilación y
espacio para la movilización de los internos.
En el patio 5 hay un total de 1200
internos. Hay 10 pasillos, cada uno con 120 personas aproximadamente. Se
constató que en las celdas, que originalmente fueron diseñadas para cuatro
personas, se ubicaban 20, 25 y hasta 27 personas. Sobre la cantidad de aire que
se respira, se pudo constatar que aunque el clima afuera era fresco, adentro de
los cuartos se sentía bastante calor y no corría el aire, evidenciándose una
total falta de ventilación en el interior de las celdas.
En el patio 2 se encontraban 1256 internos
y 14 pasillos. En ese patio se comprobó que había unos pasillos mucho más
hacinados que otros. En algunos había celdas en las que dormían seis personas.
Por ejemplo, en la celda del que decían que era el cacique del patio, dormían
seis, había nevera, los espacios donde se ubicaban los camastros estaban
divididos por ladrillos y el piso estaba embaldosinado. En contraste, en el
cuarto piso se observó  un pasillo muy hacinado, en el que había celdas con 25
personas.
En los patios 8 y 9 se encontraban 1260 y
185 internos, respectivamente. En el patio 8 tiene su celda el actor de la
tutela, quien la comparte con otras 22 personas. Según manifestaron los
internos, hay personas que duermen en el baño y hay celdas en las que se ubican
30 personas. En las celdas se percibía un calor sofocante y nada de
ventilación.
11.2.4. A las 8 :30 p.m. se inició un
nuevo recorrido por la cárcel. En primer lugar se visitó el patio 8, en el cual
se constató que algunas celdas eran habitadas por 20, 25, 30 y hasta 35
personas, a pesar de que habían sido construidas para cuatro o seis personas.
Dentro de las celdas, los internos han construido espacios independientes, que
cuentan con el área justa para una cama o colchoneta. Se pudo observar que
había cuartos en los que dormían en una misma cama cuatro personas. Además
dormían personas sobre el piso de las celdas. También se observó que los
internos construyen en la parte superior de la celda espacios mínimos para la
colchoneta, donde solo cabe la persona acostada.
En los corredores de cada pasillo había un
promedio de 40 a 50 personas durmiendo en el piso. La anchura de los corredores
es de aproximadamente 1 metro. A lo largo del corredor se acomodan los
internos, en grupos de a tres. Para llegar al baño, ubicado al final del
pasillo, varios internos tuvieron que levantarse, ya que era imposible caminar
sin pisarlos.
En el patio 2 se constató que algunas
personas dormían en los baños, en la parte superior de éstos, cerca al techo,
donde adaptaron espacios mínimos suficientes para acostarse. Estos espacios no
tienen ningún tipo de protección. Los internos  duermen a dos metros de altura
del piso. Se observó que dormían seis o siete en el baño, y que en el zarzo
donde se guardan los “cambuches” dormían cuatro o cinco. En este patio también
había personas durmiendo en los corredores.
También el patio 4 presenta un fuerte
hacinamiento. Aproximadamente 50 personas dormían en los corredores del pasillo
visitado. Aunque el monitor del pasillo solicitó a los internos que dormían que
se levantaran, con el fin de poder continuar la inspección hasta los baños, fue
imposible llegar hasta el final. Los reclusos dicen que al tercero y cuarto
piso no sube el agua, y que mantienen envases de gaseosa para lavarse o para
tomar.. Hay personas encargadas de subir el agua para los sanitarios.
Los internos se quejan de que los jueces de
penas siempre niegan las solicitudes de  libertad condicional y afirman que
ello tiene como consecuencia el hacinamiento. Todos ponen como ejemplo su caso
personal. Algunos relatan que a pesar de que ya han salido con permiso de 72
horas y han regresado a la cárcel, se les ha negado la libertad. Otro interno
destaca la desigualdad que se presenta con los subrogados penales. Al respecto
dice que “si a uno le dan 25 meses de cárcel y tiene la buena fortuna de dar
con un buen juez de penas y medidas puede que le den la tercera y se esté yendo
a los 17 o 18 meses más o menos. Pero si a usted le dan 23 o incluso los 24
meses, tiene que pagarlos físicos, si usted comete un hurto y un porte ilegal,
aquí se queda y los paga físicos. Pero si usted de pronto va y adicional a ese
porte comete unas lesiones personales puede que le den los 25 o 26 meses y
puede salir a los 17 a los 18”. Resaltan que los jueces de penas los castigan
por lo que ya los habían sancionado. Para un interno la desigualdad es tal, que
él cree que la juez de penas coge los expedientes y los tira al aire :
“los que caen encima de la mesita, mira a ver si les da o no, los que caen en
el suelo pailas”.
Algunos manifiestan que no entienden cuál
es el tratamiento penitenciario del que hablan los jueces: “aquí lo único que
hacen es detenernos y dejarnos metidos por tres años en esta misma situación,
sin posibilidades de trabajar porque no hay espacio”. Otros afirman: “¿usted
cree que esta gente se va a resocializar así? ¡Olvídese! Vea, por ejemplo, uno
puede llegar aquí sano, pero uno aquí conoce la delincuencia. Aquí la gente le
dice a uno: lo que usted hizo no lo debió haber hecho así, sino de esta otra
forma. Si uno perfecciona el delito se vuelve un mejor delincuente, hasta
consigue cartón, se puede graduar”. Otro interno anota: “¡Cómo va a haber
resocialización si la cárcel es para 1500 internos y solo en este patio hay
1300 internos! Entonces, ¿cuáles son las capacidades de rehabilitación, dónde
están los centros educativos, los centros de trabajo? No hay nada, no hay nada
que hacer”.
Otro recluso expresa que aunque la
situación parece controlada, “nosotros somos seres humanos. ¿Usted cree que
vamos a vivir toda la vida así, que nos vamos a aguantar, que porque digan que
el próximo año va a haber una reforma de códigos que va a descongestionar? Pero
cuando menos piensan, esto es una mechita, una bomba con una mecha muy
larguita. Esto explota, tiene que explotar. O se ven cosas buenas o cuando
menos piensan se ven cosas muy malas”.
Al salir, el director informa que en ese
día la población carcelaria había aumentado de 5125 a 5133, y que el lunes se
incrementaría aproximadamente en 10 o más reclusos.
Se termina la diligencia a las 10:45 p.m.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
El problema
jurídico
2. Se trata de establecer si las
condiciones en que se encuentran albergados los  reclusos de las Cárceles
Nacionales Modelo, de Bogotá, y Bellavista, de Medellín, constituyen una
vulneración de los derechos fundamentales de los internos y, en caso de ser
así, si la acción de tutela es procedente para demandar el remedio a las
condiciones señaladas.
El hacinamiento en la Cárcel Nacional
Modelo, de Bogotá, y en la Cárcel Distrital de Bellavista, de Medellín
3. Las dos acciones de tutela que son
objeto del presente proceso tienen como denominador común la acusación contra
las condiciones de hacinamiento[1] en que se
encuentran los internos de las Cárceles Bellavista y Modelo, ubicadas en
Medellín y Santa Fe de Bogotá, respectivamente. Con el objeto de establecer la
situación real de estos dos centros carcelarios la Sala de decisión ordenó la
práctica de sendas inspecciones judiciales. Asimismo, con miras a obtener una
información global sobre la situación carcelaria en el país, en punto al
hacinamiento, dispuso que se enviaran cuestionarios a las siguientes entidades:
Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación,
Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Policía
Nacional[2]. Todas las
entidades dieron respuesta a los interrogantes formulados. Asimismo, el día 20
de abril de 1998 se recibió un memorial presentado por distintos miembros de la
Comisión Colombiana de Juristas, en calidad de amicus curiae.
En vista del gran volumen de información
obtenido no se hará un resumen de los escritos remitidos a esta Corporación. En
su lugar, se hará referencia a cada escrito en el momento en el que se haga uso
de sus datos.
4. Las inspecciones
oculares a las cárceles Modelo y Bellavista, en Bogotá y Medellín, se
realizaron los días 14 y 21 de noviembre de 1997, respectivamente. En los
informes sobre estas visitas, que hacen parte de los antecedentes de esta
sentencia, se han consignado las impresiones e informaciones recibidas, razón
por la cual no es necesario volver a tratar sobre ellas en forma extensa.
5. Las inspecciones judiciales se iniciaron
en horas de la mañana y se prolongaron hasta altas horas de la noche. Ello
permitió obtener una imagen real de la situación de hacinamiento. En el caso de
Bogotá, la comisión judicial pudo observar cómo algunas zonas comunes
colindantes con los pasillos donde se encuentran las celdas - que originalmente
estaban destinadas para realizar actividades durante el día y reciben el nombre
de rotondas- estaban atestadas de personas acostadas directamente sobre el
piso, cubiertas con una simple frazada, y expuestas al frío propio de la noche
en la ciudad. Incluso en las zonas de los baños se encontraba un gran número de
personas durmiendo sobre el suelo. La congestión de esas zonas era tal que la
persona que deseara movilizarse por allí tenía que poner mucha atención en los
pasos que daba para no golpear a los reclusos que dormían.
El hacinamiento se evidenciaba también en
los pasillos. En los corredores aledaños a las celdas yacían también muchos
reclusos, y en las celdas mismas se observaba que dormían, dependiendo del
patio, entre 3 y 6 internos, a pesar de que habían sido diseñadas para albergar
a una sola persona.
Cabe aclarar que en algunos pabellones el
grado de hacinamiento era superior al corriente, por cuanto los reclusos de
algunos patios que estaban siendo refaccionados habían sido trasladados a los
patios colindantes. Sin embargo, este hecho no desvirtúa las apreciaciones
formuladas acerca del estado de congestión del establecimiento carcelario. En
efecto, también en los pabellones que mantenían su población normal se pudo
observar gran cantidad de personas durmiendo en las llamadas rotondas. Incluso
en el pabellón 1 se pudo ver cómo varios internos habían labrado un hueco en la
base del cuerpo de la escalera para poder dormir dentro de él. Asimismo, en el
último piso de este pabellón los internos habían clausurado los baños, para
hacer dormitorios en ellos. El baño lo habían trasladado, entonces, hacia el
túnel por donde corrían las tuberías y los cables. Pero, además, cerca de una
docena de internos, acuciados por la necesidad, había trasladado a ese túnel -
húmedo y oscuro -  sus efectos de dormir.
6. También en la Cárcel de Bellavista se
observó una situación extrema de hacinamiento, aun cuando se manifiesta de otra
manera. Contrariamente a lo observado en la Modelo, en este centro las zonas
comunes están despobladas durante la noche. Sin embargo, en distintos pasillos
los corredores anejos a las celdas se encuentran absolutamente copados de
personas durmiendo. A lo largo de los corredores se observan filas
interminables de internos acostados, a tan poca distancia el uno del otro que
se hace muy difícil caminar hasta el final del corredor.
Además, las celdas - que  fueron diseñadas
para cuatro personas y son por lo tanto más amplias que las de la Modelo -
están saturadas de cubículos de madera y cartón, construidos por los mismos
reclusos. Se llegaron a contar hasta 30 “camastros” en una celda. Al observar
esa situación no se puede menos que compartir las apreciaciones del actor
recluido en esa cárcel, acerca de la dificultad para respirar y del sofocante
calor que se experimenta en las celdas. Y lo peor es que - a pesar de las
medidas tomadas, como los traslados de reclusos - la situación de hacinamiento
carcelario sigue empeorándose mes por mes, como se deduce del siguiente cuadro,
transcrito de una certificación expedida por el director de la cárcel, el día
21 de noviembre de 1997:
CÁRCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BELLAVISTA,  DE MEDELLIN
“INCREMENTO DE INTERNOS DESDE 1995 A LA FECHA
“1995
ENERO               31               3.029
FEBRERO          28               3.104
MARZO    31               3.123
ABRIL                 30               3.169
MAYO                31               3.184
JUNIO                 30               3.201
JULIO                  31               3.328
AGOSTO   31               3.364
SEPTIEMBRE    30               3.390
OCTUBRE 31               3.462
NOVIEMBRE     30               3.484
DICIEMBRE       31               3.692
“1996
ENERO               31               4.084
FEBRERO          29               4.204
MARZO    31               4.112
ABRIL                 30               4.218
MAYO                31               4.328
JUNIO                 30               4.395
JULIO                  31               4.571
AGOSTO   31               4.531
SEPTIEMBRE    30               4.608
OCTUBRE 31               4.626
NOVIEMBRE     30               4.578
DICIEMBRE       31               4.668
“1997
ENERO               31               4.713
FEBRERO          28               4.870
MARZO    31               4.935
ABRIL                 30               4.952
MAYO                31               4.980
JUNIO                 30               5.029
JULIO                  31               5.009
AGOSTO   31               4.990
SEPTIEMBRE    30               5.085
OCTUBRE 31              5.114
NOVIEMBRE     21               5.125”
7. Las inspecciones le permitieron a la
comisión judicial llegar a la conclusión de que las condiciones de reclusión en
las dos cárceles citadas son absolutamente infrahumanas, indignas de una
persona humana, cualquiera sea su condición personal. Las condiciones de
albergue de los internos son motivo de vergüenza para un Estado que proclama su
respeto por los derechos de las personas y su compromiso con los marginados.
8. Las conclusiones extraídas por la
comisión judicial no representan una gran novedad. En efecto, las visitas no
hicieron más que confirmar las afirmaciones que, desde hace algún tiempo,
habían sido expuestas por distintos organismos estatales acerca de las
condiciones infrahumanas que reinaban en estos y en otros centros de reclusión.[3]
Además, para ningún colombiano que mire la televisión, oiga la radio o lea la
prensa constituye un secreto que las cárceles colombianas atraviesan por
situaciones infernales de hacinamiento. Incluso los directores de las cárceles
aludidas, los directores del INPEC, el Ministerio de Justicia y el gobierno en
general reconocen que las condiciones de albergue en esos penales no responden
a los requerimientos mínimos para poder funcionar como tales.
Por lo tanto, resulta verdaderamente
inoficioso pretender describir nuevamente las circunstancias en las que viven
los reclusos. Los adjetivos y expresiones utilizados para exponer las
circunstancias de vida en esos centros de reclusión se han convertido ya en
lugares comunes, en frases de cajón. Por eso, para esta sentencia bastará con
confirmar las aseveraciones formuladas en los distintos informes y remitir a
ellos a los interesados. La reconstrucción de esta realidad dolorosa le
corresponderá quizás a la literatura, despiadada acusadora de las sociedades
ante la historia.
9. De lo hasta ahora expuesto se puede
deducir con claridad meridiana que las cárceles Modelo y Bellavista presentan
impresionantes condiciones de hacinamiento. Pero si el problema se redujera a
estos dos reclusorios podría pensarse en solucionarlo con base en algunas
órdenes de traslado de internos. Lastimosamente, estas dos cárceles son
simplemente exponentes destacados de una situación generalizada, como se verá a
continuación.
La situación
general de hacinamiento carcelario en el país
10. De acuerdo con
el informe estadístico suministrado por la Oficina de Planeación del INPEC,
para el día 31 de octubre de 1997 la población carcelaria del país ascendía a
42.454 personas, de las cuales 39.805 eran hombres y 2.649 mujeres,
19.515 eran sindicadas, 12.294 habían sido condenadas en primera instancia y
10.645 lo habían sido en segunda instancia. Puesto que el total de cupos
existentes en las cárceles ascendía a 29.217, el sobrecupo poblacional era de
13.237 personas, con lo cual el hacinamiento se remontaba  en términos
porcentuales al 45.3%.
Con todo, cabe hacer la aclaración de que
tanto el INPEC como el Ministerio de Justicia expresan que existen dificultades
para determinar la real capacidad de albergue de las cárceles, razón por la
cual la cifra de cupos presentada debe ser entendida como una aproximación. De
acuerdo con las dos entidades mencionadas, los siguientes factores explicarían
el desconocimiento del verdadero número de  plazas en las cárceles:
“. La mayoría de las
cárceles presentan celdas colectivas y no siempre se toma como norma
estandarizada los 3.5 m2 por individuo y sus respectivos 3 m3 de aire en clima
frío o 4 en clima cálido.
“. A la mayoría de
las cárceles construidas se les proyectó una capacidad y luego se les asignó
otra, dadas las adecuaciones o ampliaciones.
“. A la mayoría de
las cárceles adaptadas no se les calculó técnicamente una capacidad instalada y
una de funcionamiento.
“. Las mejoras y
ampliaciones cambiaron todo registro y opción de racionalización cuantitativa
de los cupos, aun en aquellos sitios donde la construcción es reciente”.
A estos factores habrá de añadirse un
hecho, mencionado en distintos informes y estudios, cual es el de que el
deficiente mantenimiento de las construcciones tiene por efecto que muchas
celdas no puedan ser empleadas. Sobre este tema señala el escrito enviado por
la Defensoría del Pueblo: “La mayoría de los establecimientos carcelarios
fueron construidos hace muchos años y de ahí el deterioro que presentan sus
instalaciones, las redes hidráulicas y los sistemas eléctricos. En esas
condiciones, los centros de reclusión pierden su capacidad de albergue y se
inutiliza un número apreciable de celdas y áreas para talleres, aulas, sección
de sanidad, etc”.
También sobre este tema se expresa la
Contraloría en su informe sobre aspectos penitenciarios, de junio de 1997, en
el cual resalta que “con datos de mayo de 1997, suministrados por 20 centros
carcelarios que representan el 12% de la totalidad de la infraestructura
carcelaria (169 a nivel nacional), se reportan 532 celdas sin ocupar”.
11. La congestión
carcelaria se evidencia en todos los tipos de establecimientos, si bien en
distintas proporciones. En el informe del INPEC se expresa al respecto: “de las
9 penitenciarías Nacionales 5 presentan hacinamiento; de las 10 reclusiones de
mujeres 6 presentan hacinamiento; de las 23 cárceles del distrito 19 presentan
hacinamiento y de las 125 cárceles del circuito 67 presentan hacinamiento”.[4]
Por razones
administrativas, los 170 establecimientos carcelarios existentes se encuentran
agrupados en 6 regionales, a saber: La noroeste, la central, la norte, la
occidental, la oriental y la del Viejo Caldas. Pues bien, el fenómeno de la
sobrepoblación carcelaria se manifiesta también en todas ellas, aun cuando no
siempre con la misma gravedad. En la respuesta del Ministerio de Justicia se
presenta el siguiente cuadro acerca de esa situación, elaborado con base en
datos aportados por la Oficina de Planeación del INPEC, a 30 de septiembre de
1997:
Porcentaje de hacinamiento penitenciario
por regional
Regional
Capacidad
Población
% Hacinamiento
1.Noroeste
3725
7514
102%
2.Central
7294
11794
61%
3.Norte
2793
3823
36%
4.Occidental
7168
8914
24%
5.Oriental
3135
3835
22%
6.Viejo Caldas
5101
6239
22%
Total Nacional
29217
42118
44%
12. En el informe de
la Defensoría se precisa que, a octubre 31 de 1997, los establecimientos
carcelarios con el mayor índice de hacinamiento eran: “La cárcel del distrito
Judicial de Medellín ‘Bellavista’, con capacidad para 1500 personas y albergó a
5146 internos; Cárcel del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, ‘la Modelo’,
con una capacidad para 1920 personas y acogió a 4926 internos; penitenciaría
central de Colombia ‘la Picota’ en la capital del país, con un cupo para 700
personas, habitaron 1410 reclusos; cárcel del Distrito Judicial de Cali
‘Villahermosa’ con solo 900 cupos y estaban recluidos 2846 personas, y en la
Cárcel del Distrito Judicial de Valledupar que con una capacidad para 150
cupos, permanecía una población de 525 reclusos”.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia
presenta un cuadro que permite concluir que otros penales menos conocidos por
la opinión pública - como los de Mocoa, Fusagasugá, Villavicencio, Yopal,
Leticia y Zipaquirá - se encuentran en peores o en tan malas condiciones como
los mencionados por la Defensoría. El cuadro permite formarse una idea general
sobre el hacinamiento en las regionales y en los centros de reclusión:
[5]
ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS Y
PENITENCIARIOS CON MAYOR PORCENTAJE DE HACINAMIENTO REGIONAL
REGIONAL
ESTABLECIMIENTO
CAPACIDAD
POBLACION
% HACINAM
CENTRAL
C.C. Fusagasugá
40
163
307%
C.D.  Villavicencio
237
827
248%
C.C. Leticia
45
127
182%
C.C. Zipaquirá
50
137
174%
C.C. Granada
80
132
165%
C.C. Ubaté
35
97
148%
C.D. Modelo
1920
4662
143%
C.C. Caqueza
25
58
132%
C.C. Facatativá
72
152
111%
P.N. Picota
700
1418
102%
C.C. Moniquirá
50
98
96%
C.C. Melgar
40
77
92%
C.C. Girardot
148
80
85%
C.C. Chocontá
37
65
75%
C.C. La Mesa
37
63
70%
C.C. Acacias
50
80
60%
R.M. Bogotá
430
687
59%
OCCIDENTAL
C.C. Mocoa
40
166
315%
C.D. Cali
900
2838
215%
C.C. Caloto
20
51
155%
C.C. Ipiales
55
117
112%
C.C. Florencia
150
311
112%
NORTE
C.D. Valledupar
150
500
233%
C.D. Barranquilla
250
466
86%
C.D. Cartagena
400
674
68%
C.D. Santamarta
250
382
52%
VIEJO CALDAS
C.D. Ibagué
350
826
136%
C.C. Anserma
50
105
110%
C.C. Armero-Guayabal
20
38
90%
C.C. Riosucio
30
53
76%
C.D. Manizales
400
638
59%
P.N. Calarcá
350
522
49%
NOROESTE
C.D. Medellín
1500
5065
237%
C.C. Santa Barbara
35
81
131%
C.C. Santa Rosa de Osos
40
72
80%
C.C. La Ceja
87
130
49%
ORIENTAL
C.C. Yopal
28
83
196%
C.D. Bucaramanga
600
1163
92%
C.C. Barrancabermeja
120
195
62%
P.N. Cúcuta
750
1125
50%
De otro lado, es
importante tener en cuenta la apreciación del INPEC acerca de que el problema
de hacinamiento es más agudo en el caso de los establecimientos que tienen una
población superior a 50 internos y están ubicados en zonas cálidas, a causa de
las deficientes condiciones de ventilación y de la insuficiente infraestructura
de servicios públicos.
El fenómeno del
hacinamiento carcelario desde una perspectiva histórica
13. Las condiciones
de hacinamiento en los centros de reclusión del país no constituyen, sin
embargo, una gran novedad. En efecto, en otros momentos de este mismo siglo
también se han presentado críticas situaciones de sobrepoblación carcelaria.
Importa ahora hacer referencia a ellas, con el objeto tanto de contextualizar
el estado actual de hacinamiento, como de observar las medidas que se adoptaron
para combatir esa situación. Para ello, esta Corporación se apoyará en un
estudio realizado por la Oficina de Planeación del INPEC, en 1997, denominado
“Análisis de la población general de recluidos y el fenómeno del
hacinamiento”.
De acuerdo con el
mencionado estudio, se pueden distinguir cuatro etapas dentro del fenómeno de
la ocupación carcelaria en Colombia, a saber: la época del asentamiento, entre
1938 y 1956; la época del desborde, entre 1957 y 1975; la época del reposo,
entre 1976 y 1994; y la época de la alarma, desde 1995 hasta la fecha.
14. La época de asentamiento, entre 1938 y
1956, tendría como antecedentes la expedición del código penitenciario de 1934
- que crea la División de Prisiones dentro del Ministerio de Gobierno -, y  la
construcción de algunas cárceles como las de Cúcuta y Palmira y el inicio de
otros reclusorios distritales como el de Sincelejo. La etapa se inicia, en
1938, con una población carcelaria de 8.686 internos. Hasta 1945, este número
aumentó anualmente en una cifra promedio de mil internos. En 1946, se presenta
una baja importante en el total de los reclusos (2.765 internos menos), a causa
de un proceso de desjudicialización, pero este descenso fue rápidamente
compensado por los incrementos de los próximos años,  hasta llegar en el año de
1957 a la cifra de 37.770 internos.
El INPEC ofrece la siguiente serie de datos
de población carcelaria en esos años:
Año
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
Nº
8.686
9.391
10.807
11.861
12.331
13.634
14.136
15.018
12.253
13.742
Año
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
Nº
17.297
19.326
19.384
19.442
21.011
23.532
26.022
30.878
34.463
35.770
El estudio señala
que el gran aumento en el número de reclusos hizo necesario impulsar varios
frentes de construcción carcelaria, como los penales de La Picota, Popayán y El
Barne, la Cárcel Modelo de Bogotá y la Distrital de Barranquilla. Igualmente,
precisa que en esa etapa se inició la construcción de las cárceles de
Bucaramanga, San Gil, Pamplona, Picaleña, Manizales, Tumaco, Montería,
Cartagena, Santa Marta, Pasto, Duitama, Pereira y Cali. Asimismo, se fortaleció
la Colonia Penal de Araracuara, que pasó de albergar 60 internos, en 1938, a
700, en 1951.
Esta etapa
comprendería la época más cruda de la Violencia. Sus efectos sobre la situación
carcelaria son definidos por el estudio de la siguiente manera: “Este
asentamiento deja un ambiente crítico en las prisiones, mediado por la
marginalidad penalizada, un desarrollo regional desigual, una población cesante
excluida de la producción y criminalizada por la ley de vagos y maleantes,
fuertes movilizaciones sociales de descontento ante la pauperización, una aguda
violencia en el campo generando procesos acelerados de migración, cantidad de
obras carcelarias inconclusas, mínimas cárceles pequeñas y viejas pidiendo a
gritos su reemplazo y un hacinamiento de miedo en todos los centros
carcelarios; desde esta época, el medio carcelario empezó a soportar el peso de
la problemática carcelaria a sabiendas que desde 1946 se inicia el período
denominado de la Violencia y como caso representativo, los hechos del año 1948
llevan a la cárcel a 2000 nuevos recluidos”.
15. La época del
desborde, entre 1957 y 1975, se inicia con un nuevo proceso de
desjudicialización, en 1957, que reduce en 12.771 internos la población
carcelaria. En esta etapa se da comienzo a una serie de obras carcelarias (en
lo que el estudio denomina el boom de la construcción) y se expide el nuevo
estatuto carcelario, mediante el Decreto 1817 de 1964.
Sin embargo, el
esfuerzo de descongestión carcelaria sería nuevamente contrarrestado con
aumentos vertiginosos del número de internos hasta el año de 1971. Así, a
finales de 1971, se registrará un total de 58.125 internos, “mostrando ante el
panorama nacional, la peor de las crisis de hacinamiento vivida”. De acuerdo
con el informe, esta cima en las estadísticas de hacinamiento se reduciría de
nuevo con medidas despenalizadoras, con la ley de rebaja de penas dictada a
raíz de la visita del Papa Paulo VI, la 40 de 1968, y con un mejoramiento de
las condiciones sociales. Ello explicaría que para el año de 1973 la población
penitenciaria se hubiera reducido a 36.500 internos.
La serie estadística sobre el número de
internos para este período es la siguiente:
Año
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
Nº de Internos
35.770
22.999
24.428
24.800
27.014
31.184
33.000
32.088
Año
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
Nº de Internos
31.816
33.280
38.446
42.259
46.451
51.059
58.125
S.D.
36.500
16. Entre 1976 y
1994 tendría lugar la llamada época del reposo. No existen datos acerca del
número de reclusos en los años 1972, 1974, 1975 y 1976. Pero en 1977 se realiza
el primer Censo Nacional Penitenciario, cuyo resultado arrojó un número total
de 34184 internos. Esta cifra disminuiría aún más, de manera tal que entre 1980
y 1994 la población carcelaria se mantuvo, con pocas excepciones, por debajo de
los 30.000 reclusos. El estudio resalta que entre 1981 y 1985 el promedio de
internos fue de 27.700, y que en 1986 disminuyó hasta 24.893, a causa del
Decreto 1853 de 1985, que ordenó la excarcelación de sindicados por delitos
menores. Sin embargo, el número de internos volvería a ascender a raíz de las
modificaciones en la legislación y de la aplicación del Estatuto para la
Defensa de la Democracia y de las normas excepcionales posteriores.
A pesar de lo
anterior, se presentaba hacinamiento carcelario. En el Plan de desarrollo y
rehabilitación del sistema penitenciario nacional, publicado por el Ministerio
de Justicia, en 1989, se señalaba que 37 establecimientos (es decir, el 22% de
los centros encuestados) sufrían problemas de hacinamiento crítico. Este se
concentraba particularmente en las cárceles distritales y ello ocurría a pesar
de que en el mismo plan se manifestaba que existía “un total de 80
establecimientos con subutilización del espacio y recursos, que equivale al 49%
del total de la muestra. Esta subutilización es en buena parte la causante de
la actual crisis penitenciaria...” El plan destacaba que la subutilización del
espacio estaba acompañada, además, de una distribución inadecuada de éste: “Los
establecimientos ocupan el 32% del área total de terrenos carcelarios, con un
área construida que representa el 50% del lote. Lo normal sería ocupar el 40% y
construir, en el caso de edificaciones en dos pisos, el 70% del lote. Las áreas
para celdas y patios representan respectivamente el 25% y el 20% del total
construido. Estas proporciones no son las más apropiadas, pues el área para
celdas debe oscilar entre el 30% y el 35%. El problema que presenta tal
distribución es que dispone de 38.2% del área para actividades de
rehabilitación, aunque en la realidad son pocos los centros que cuentan con
tales dependencias”[6].
La situación de
hacinamiento señalada se veía agravada por la paralización de distintas obras
iniciadas desde tiempo atrás. En 1979 se registraban 21 obras suspendidas. Por
eso el gobierno inició un plan de instalación y reposición de la
infraestructura carcelaria, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de
Justicia, con el objeto de enfrentar parcialmente la crisis de la población de
reclusos.
La serie de datos
estadísticos sobre esta época es la siguiente:
Año
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Nº
34.184
35.043
34.017
32.549
28.680
26.942
27.445
27.618
27.767
Año
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
Nº
24.983
27.280
27.358
31.077
31.876
29.356
26.961
28.550
28.308
El estudio destaca
que en esta época se pondría fin al llamado “triángulo de la infamia”,
compuesto por la Colonia Penal de Araracuara, la Cárcel de La Ladera, en
Medellín, y el presidio de la isla Gorgona. Igualmente, destaca que, en 1993,
se crea el INPEC, con lo cual la institución carcelaria adquiere el status de
instituto descentralizado, y se inicia un proceso de adecuación y construcción
de la infraestructura carcelaria, marcada por la erección de los pabellones de
alta seguridad y por la inversión en no menos de 50 cárceles. Además, indica
que a pesar de las características de esta etapa “el hacinamiento se volvió un
personaje común en las cárceles preventivas”.
17. La época de la
alarma tiene su comienzo en 1995 y se prolonga hasta el día de hoy. Ese año se
inicia con una cifra similar al promedio de la época anterior (29.537), pero el
número de reclusos aumenta progresivamente hasta llegar a 31.960, todo ello a pesar
de que la aplicación del Decreto 1370 de 1995, sobre desjudicialización,
contrarrestaba la tendencia al incremento de la población carcelaria.
Según el Inpec, “el
año 1996 rompe la barrera del reposo y en forma similar a lo ocurrido entre los
años de 1966 a 1971, incrementa la población en más de 6.000 personas (38.063).
En diciembre, cerca de la barrera de los 40.000 internos, deja el ambiente
carcelario en alerta para lo que ocurrirá durante los años que restan del
presente siglo.” La población carcelaria a noviembre 30 de 1996 asciende a
39.574 internos, con un cupo en cifras cerradas de 28.300, lo cual constituye
un sobrecupo de 11.700 internos.
El estudio concluye
con la siguiente manifestación: “En 1997 hay otro síntoma preocupante. En enero
y febrero sigue creciendo la población (39.742 y 40.590, respectivamente). De
continuar esta curva podría repetirse el fenómeno del desborde y llegar a
poblaciones que por proyecciones superaría los 60.000 internos. Entonces el
presente hacinamiento, que nos aterró en el pasado, nos desafía en el futuro
(sic)”.
La Ley 415 de
1997
18. El 19 de
diciembre de 1997 se expidió la Ley 415 de 1997, “por la cual se consagran
normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan
otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos
carcelarios del país.”[7]
La medida
fundamental en favor de la descongestión carcelaria fue la contemplada en el
art. 1, el cual estableció que, con la salvedad de distintos delitos que
precisa, los jueces tendrían que conceder la libertad condicional a todos los
condenados a penas privativas de la libertad superiores a tres años, cuando
hubieran cumplido las 3/5 partes de la condena y hubieran mantenido buena
conducta. De esta forma se dio respuesta a la crítica expuesta por muchos
reclusos y funcionarios de prisiones que señalaban que los jueces de ejecución
de penas y medidas de seguridad negaban de manera sistemática las solicitudes
de libertad condicional presentadas por los reclusos, amparándose en el argumento
de que el interno requería mayor tratamiento penitenciario.
La crítica se
fundamentaba en el hecho de que los jueces recurrían a ese argumento a pesar de
que no habían tenido ningún contacto con el recluso y de que la autoridades de
la prisión se expresaban a favor de la libertad condicional.  Al respecto
interesa mencionar que el director de la Cárcel de Bellavista en Medellín
expidió una certificación - el día 21 de noviembre de 1997 - en la que señala
que “de conformidad con lo ordenado por el Decreto 1542 de 1997 (...) el 11 de
julio de 1997 se abrió en esta dependencia el libro para radicar las visitas de
los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín y allí se
pudo constatar que estos funcionarios no han efectuado visita alguna a este
establecimiento”.[8]
Es importante
señalar que el Ministerio de Justicia destaca que el número de jueces de penas
y medidas de seguridad es absolutamente reducido en relación con el número de
condenados por atender. Como prueba de esta aseveración, el Ministerio aporta
el siguiente cuadro acerca del número promedio de condenados a cargo de cada
juez, elaborado con base en estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura,
de 30 de abril de 1997:
Establecimiento
N° condenados
N° Jueces
Promedio
P.N Picota
1138
8
142
P.N Picaleña
1040
3
347
P.N San Isidro
876
2
438
P.N El Barne
789
2
394
P.N Cúcuta
676
1
676
P.N Acacías
594
1
594
P.N Palmira
576
2
288
P.N Calarcá
499
1
499
P.N El Bosque
427
0
0
P.N Itagüí
219
3
73
El Ministerio anota
que, en 1996, los jueces de ejecución de penas soportaron una carga anual de
39.839 procesos, de manera tal que, en promedio, cada despacho atendió 184
procesos mensuales.
19. Los artículos 3
y 4 de la Ley 415 de 1997 tuvieron por fin el reglamentar los permisos de
salida para los condenados a los que se les negare la libertad condicional. A
su vez, el artículo 2 estaba dirigido a facilitar la realización de trabajos
comunitarios por parte de los condenados a penas privativas de la libertad
inferiores a 4 años, con la autorización de que el tiempo dedicado a esas
labores fuera descontado de la pena. Sin embargo, este artículo debía ser
reglamentado por el gobierno nacional dentro de los tres (3) meses siguientes a
la expedición de la ley, y, de acuerdo con datos periodísticos, el término
expiró sin que el gobierno hiciera uso de esa facultad.
20. Según el informe
del INPEC, la Ley 415 de 1997 no ha producido los efectos esperados. Al
respecto manifiesta esta entidad: “la Oficina de planeación del INPEC da a
conocer que no se ha producido a la fecha los resultados que se habían
planteado, entre otras razones porque los internos posibles usuarios a lograr
el tiempo exigido tienen a la vez la alternativa de disfrutar la libertad
preparatoria y posteriormente la franquicia que según concepto de los mismos
les resulta más favorable que los mismos permisos a que alude la mencionada
ley. Otras razones que debilitan la aplicación de la ley, la constituye la
tipología delictiva de la población reclusa, según el censo de 1996, que
demuestra que los delitos más representativos son los homicidios, hurto,
infracción a la Ley 30 de 1986, delitos que por las circunstancias de
agravación estarían excluidos de tales permisos [se entiende que se refiere a la
libertad condicional y no a los permisos].” Cabe además señalar que la Ministra
de Justicia ha precisado que, hasta mediados de abril, por obra de esta ley
solamente habían obtenido la libertad condicional 367 personas. [9]
Algunas causas
explicativas de la situación de congestión carcelaria.
21. En su respuesta
al cuestionario que le fuera remitido por esta Corporación, el INPEC sintetizó
de la siguiente manera los fenómenos que han contribuido a la sobrepoblación de
los penales del país: “Crecimiento demográfico y criminógeno; crisis
socioeconómica, política, de cultura y de valores de la sociedad; lento proceso
de reposición de centros carcelarios con alto grado de envejecimiento o diseños
antifuncionales; proceso paulatino de recuperación de cupos en cárceles
existentes y ampliación de los mismos; concentración del hacinamiento en
cárceles preventivas sin opción de traslados a cárceles de menor categoría por
tamaño, por falta de garantías de seguridad; congestión judicial; auge vertical
de la detención preventiva, principalmente de la justicia regional, y en fin la
expedición de legislaciones represoras del delito como la Ley 228 de 1995, Ley
40 de 1993 y ley anticorrupción, entre otras”. Algunos de estos factores
merecen ser destacados, tal como se hace a continuación.
22. En los últimos
años han sido expedidas distintas normas dirigidas a sancionar con mayor
rigidez una serie de conductas delictivas. Ello ha implicado el ingreso de un
número siempre mayor de internos a las cárceles, y una más larga permanencia en
ellas. Esta nueva situación no ha sido acompañada de un aumento proporcional en
los cupos carcelarios, razón por la cual el hacinamiento que ya se observaba en
la llamada época del reposo hubo de incrementarse en la forma que es conocida
por todos.
Al igual que en el
informe del INPEC, en el escrito de la Procuraduría se resaltan los efectos que
han tenido en el fenómeno de la congestión carcelaria las leyes que contemplan
aumentos de penas, la tipificación de conductas contravencionales como delitos
y la eliminación de la posibilidad de obtener la libertad provisional y
condicional para determinadas conductas, tal como ocurre con las Leyes 40 de
1993,  190 de 1995, 228 de 1995 y 30 de 1986.
La Defensoría del
Pueblo sostiene en su informe que la Ley 228 de 1995 influyó de manera decisiva
en el acelerado hacinamiento que se presentó en 1996. Al respecto señala: “De
acuerdo a estadísticas del INPEC, remitidas a esta Delegada, la población carcelaria
que ingresó por la comisión de algunos de los delitos contemplados en la Ley
228 de 1995 fue 3.833 internos, en el período comprendido entre enero y agosto
de 1996. En términos globales, en 1996 la población reclusa aumentó en 9.372
reclusos, mientras que en 1994 y 1995 el incremento había sido de 1.000
internos anuales”. La misma entidad recuerda que el artículo 40 de la ley 228
había autorizado al Gobierno para efectuar los traslados presupuestales y las
operaciones financieras necesarias para ampliar las cárceles existentes y
establecer las nuevas que se requirieran para dar cumplimiento a lo dispuesto
por la ley, “velando porque ellas ofrezcan a los internos condiciones dignas,
que permitan lograr los fines de la pena”. Con todo, resalta que el gobierno
no  había adoptado ninguna medida al respecto.
También los internos
de las cárceles visitadas y sus directivos destacaron los efectos que en el
nivel del hacinamiento ha producido la aplicación de la Ley 228 de 1995. Sin
embargo, la Oficina de Planeación del Inpec no le concede tanta importancia a
las consecuencias de la ley en ese campo, puesto que señala que para el 31 de
diciembre de 1997 se encontraban privadas de la libertad por obra de la misma
144 sindicados y 178 condenados.
23. Acerca de los
efectos de la Ley 228 es importante también tener en cuenta lo señalado por el
ex Ministro de Justicia Carlos Medellín, en el marco de una citación al Senado
de la República, el 9 de abril de 1997, acerca de que muchas entidades
territoriales habían abandonado sus obligaciones para con las propias cárceles,
con el argumento de que los contraventores debían estar a cargo del INPEC
puesto que las contravenciones especiales eran competencia de los jueces
municipales. Decía así el Ministro:
“[s]obre las contravenciones
sucedió (...) un problema con las entidades territoriales y municipales, y es
que las alcaldías interpretaron la Ley 228 como que el cambio de competencia
hacia los jueces municipales implicaba que la responsabilidad de la cárcel y
del tratamiento penitenciario y carcelario era del INPEC porque  los jueces
eran municipales. La ley no dice que pasen a las cárceles nacionales porque hay
infinidad de cárceles municipales que cumplen esa función en relación con las
contravenciones. ¿Qué sucedió? Que nos cerraron la mayoría de las cárceles
municipales porque ya no iban a recibir más contraventores, nosotros dijimos la
ley nunca dijo eso, hemos tenido que afortunadamente, repito, pues, entrar en
conversaciones con las alcaldías para lograr convertir y poder que el municipio
y el departamento también se involucre con la redención, con la resocialización
y con la administración de las cárceles.” [10]
Sobre las cárceles
municipales interesa también destacar que en el informe del INPEC se comenta
que ellas poco podían contribuir a solucionar los problemas de hacinamiento,
dadas sus carencias físicas y presupuestales.
24. Entre las causas
del hacinamiento se señala también el incremento del número de personas
detenidas preventivamente, hecho que se explica parcialmente por la prohibición
expresa de la ley de conceder la libertad provisional para un amplio espectro
de delitos,  y el bajo uso de los subrogados penales. La Defensoría resalta al
respecto que en el país “se presenta un abuso en la adopción de la medida de
detención preventiva, y una mínima o nula aplicación de los subrogados penales:
la condena de ejecución condicional y la libertad condicional”. Para la
Defensoría, la poca aplicación de los subrogados penales obedece en parte, “a
la formación profesional de sus aplicadores, a la concepción que ellos tengan
sobre la función de la privación de la libertad, a los conceptos obsoletos que
todavía manejan sobre la peligrosidad penal y la reincidencia y a los criterios
que adoptan sobre la determinación de la personalidad del recluso para fallar
sobre la concreción de un determinado subrogado”.
Sobre este punto
basta únicamente recordar que de las 42.454 personas que se encontraban
confinadas en los penales colombianos el 31 de octubre de 1997, 19.515 eran
sindicadas, es decir el 46% de la población reclusa. Esta alta cifra de
personas sindicadas recluidas parece responder a una tendencia judicial y
penitenciaria en el país, ahora algo menguada, pues en el ya mencionado Plan de
desarrollo y rehabilitación del sistema penitenciario nacional, publicado en
1989, se resalta  que la población carcelaria sindicada ascendía al 58% del
número total de internos. En la misma obra se señala, con base en datos de la
Dirección General de Prisiones,  que en 1986  el 61.9% de los internos eran
sindicados, mientras que el 5.77% habían sido condenados en primera instancia y
el 32.24% en la segunda instancia. Igualmente, se destaca que los datos del
censo penitenciario nacional de 1977 arrojaron que del total de los reclusos un
61.97% eran sindicados, mientras que el restante 38.11% ya habían sido
condenados en primera o en segunda instancia.[11]
25. Mención aparte
merece el tema de la justicia regional. En efecto, en todos los delitos de su
competencia únicamente procede como medida de aseguramiento la detención
preventiva (C.P.P., art. 388), la cual no puede ser suspendida (art.1 del
decreto ley 99 de 1991) ni  convertida en detención parcial en el lugar de
trabajo o domicilio (C.P.P., art. 409). Estas y otras normas referidas a los
detenidos y condenados por cuenta de la justicia regional hacen que el
porcentaje de los reclusos sindicados y condenados a cargo de esta justicia sea
muy elevado. El siguiente cuadro, tomado de una investigación realizada por la
Universidad Nacional, evidencia esta situación, con datos de los años 1991 a
1994[12] :
Cuadro Nº 27
POBLACION CARCELARIA EN JUSTICIA REGIONAL
DISCRIMINACION DE LA POBLACION CARCELARIA
SEGÚN MODALIDAD DELICTIVA
Y SITUACION JURIDICA
1991 - 1994
Delitos
1991
1992
1993
1994
SIMPLES
Sindicados
Condenados
Total
Sindicados
Condenados
Total
Sindicados
Condenados
Total
Sindicados
Condenados
Total
Rebelión
103
12
115
83
13
96
652
48
700
713
93
806
Concierto para
delinquir
137
41
178
36
52
88
134
33
167
186
49
235
Terrorismo
955
301
1256
8
10
18
386
94
480
Porte Ilegal armas
579
39
618
278
45
323
305
73
378
513
169
682
Tráfico armas uso
prv. FFAA
444
198
642
499
59
558
164
15
179
221
61
282
Decreto 180/88
1413
326
1739
557
121
678
Viol. Ley 30/86
2285
2181
4466
3770
2840
6610
4594
1458
6052
3526
1487
5013
Secuestro
413
94
507
466
104
570
270
65
335
497
134
631
Sec. Extorsivo
216
79
295
163
116
279
164
82
246
Extorsión
513
92
605
505
139
644
298
182
480
387
182
569
COMPUESTOS
Terrorismo
11
11
Secuestro
34
34
4
4
Porte ilegal armas
17
17
19
19
73
9
82
Total  Justicia
regional
6103
3062
9165
6626
3570
10196
7179
2121
9300
6666
2366
9032
%
66.59%
33.40%
100%
64.98%
35.01%
100%
77.22%
22.76%
100%
73.85%
26.20%
100%
Total población
carcelaria
14212
15144
29356
14242
12719
26961
16330
12220
28550
17303
13479
30782
%
48.41%
51.93%
100%
52.82%
47.18%
100%
57.20%
48.80%
100%
56.21%
43.79%
100%
Fuente :
INPEC
26. Para terminar
este aparte, importa, además, precisar que la Procuraduría manifiesta que el
hacinamiento provocado por el uso frecuente de las medidas de aseguramiento se
ve agravado por el incumplimiento de los términos por parte de las autoridades
judiciales, situación que impide definir la situación jurídica de los sindicados
con la celeridad debida y los obliga a permanecer en el centro carcelario
durante  períodos prolongados.
La
infraestructura carcelaria
27. Dentro del tema
de las causas del hacinamiento carcelario merece especial atención el
relacionado con la infraestructura carcelaria. Como ya se ha evidenciado, ésta
no responde, en su generalidad, a las necesidades de la población carcelaria, y
su estado de deterioro general determina que muchas celdas y áreas destinadas a
distintas actividades no puedan ser utilizadas.
Los problemas de
infraestructura hacen más difíciles las condiciones de hacinamiento. Sobre el
tema señala la Procuraduría: “El estado físico de las cárceles es preocupante,
pues la mayoría de las construcciones son antiguas, vetustas y obsoletas, el
tamaño de las celdas es reducido, carentes de luz, aireación y servicios
sanitarios, lo cual agrava aún más las actuales condiciones de hacinamiento. Es
común encontrar problemas en el suministro de agua, en la evacuación de aguas
residuales, cañerías obstruidas y deficiente presentación de los servicios
públicos, entre otros”.
En relación con los
servicios públicos en las cárceles objeto de esta tutela, cabe decir que las
carencias del acueducto son resaltadas por los reclusos y los directivos de la
Modelo y Bellavista. También el alcantarillado presenta serios problemas en la
Cárcel Modelo.  Además, el desordenado manejo de las instalaciones eléctricas
en las dos cárceles crea  serios riesgos de incendios, de consecuencias
imprevisibles.  [13]
28. Muchos de los
establecimientos carcelarios que existen en el país no fueron erigidos con
fines de reclusión, circunstancia que explica muchas de sus falencias. Además,
la mayoría de ellos fueron construidos hace muchos años, hecho que, aunado a la
falta de mantenimiento, explica las malas condiciones en que se encuentran
muchos penales. La antigüedad de los centros de reclusión fue puesta de relieve
en el ya mencionado Plan de desarrollo y rehabilitación del sistema
penitenciario nacional, de 1989, en el cual se señala[14]:
“Las construcciones
datan en promedio de 1721, con 267 años de edad, y presentan un alto índice
promedio de envejecimiento relativo de 1.11. Si no se tienen en cuenta las
edificaciones más antiguas (1500-1700), el año promedio es 1840, con un índice
de 1.08.
[15]
Esta anomalía se agrava, por cuanto existen 91 establecimientos [de los 166 que
se habían encuestado, siendo que en ese momento se contaba con un total de 186]
que no cumplen con los requerimientos mínimos de dotaciones (cantidad, calidad
y estado) y no cuentan con dependencias de rehabilitación, entre los cuales hay
19 en situación crítica”.
El mismo Plan de
desarrollo llega a las siguientes conclusiones acerca de la infraestructura
carcelaria:
“El análisis de las
variables muestra las siguientes conclusiones:
- El 54.8% de los
establecimientos encuestados está en malas condiciones de infraestructura
física y dotación de equipos, muebles y enseres (11.4% en situación crítica)
- (...) Sólo el 15%
cuenta con dependencias adecuadas para rehabilitación
- El 17.5% necesita
urgentes reparaciones locativas
- El 41.0% presenta
un envejecimiento de más de 50 años de construcción”
Asimismo, en el documento CONPES 2797 de
julio de 1995, sobre política penitenciaria y carcelaria, época en la que el
INPEC contaba con 170 reclusorios, se resalta:
“El INPEC cuenta
con un importante número de establecimientos que difícilmente cumplen los fines
que las instituciones penitenciarias persiguen, a pesar de las inversiones
efectuadas en los últimos años. El 50% de las construcciones carcelarias y
penitenciarias presenta alto índice de envejecimiento y deterioro; el 54% de
los establecimientos funcionan en edificaciones de más de 40 años y 37
establecimientos tienen más de 80 años de existencia.
“Finalmente, la
falta de espacios comunes, la imposibilidad de creación de talleres, áreas
educativas en lugares impropios y nada motivadores, dormitorios colectivos,
etc., son común denominador de la infraestructura carcelaria, dificultando la
prestación de los servicios que, como oferta de la resocialización y la
reinserción, son garantizados por la legislación y la razón de ser del sistema
penitenciario”.
La vetustez de los
establecimientos carcelarios en el país fue también puesta de relieve por la
comisión de la Cámara de Representantes encargada de presentar un diagnóstico
de la situación carcelaria en el país, en 1997. En su informe, la comisión
resalta que en sus visitas encontró un marcado deterioro en las estructuras
locativas, a tal punto que algunas de las secciones se encontraban destruidas,
y señala que la mayoría de las instalaciones tenían una antigüedad que oscilaba
entre los 21 y los 60 años.  En el informe se inserta el siguiente cuadro sobre
este punto[16]:
TIEMPO DE CONSTRUCCION DE LOS INMUEBLES
CARCELARIOS
Años de construcción
Número
Porcentaje
1-20
25
14.3
21 - 60
94
53.7
61 - 100
28
16.0
101 y más
26
14.9
Sin información
2
1.1
TOTAL
175
100
Fuente:
DNP - UJS - DIJUS, con base en estadísticas del Inpec
29. En el aludido documento CONPES se
expresa que la inversión en estructura física carcelaria tuvo una tendencia
ascendente en el período 1988-1993, pero disminuyó para los años 1994 y 1995.
Señala que de la inversión total en prisiones en los últimos 5 años, el 23.7%
ha estado dirigida a los penales de alta seguridad. En este sector se crearon
434 cupos, con un costo per capita de 45.096.000 pesos (de 1994). Del
aludido documento se han transcrito los siguientes cuadros:
Cuadro No. 9
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA FISICA EN
CARCELES
PARTICIPACION SECTOR JUSTICIA
1990 - 1995
(Millones de $ de 1994)
AÑO
INVERSION EN CARCELES
VARIACION %
INVERSION EN SECTOR JUSTICIA
PARTICIPACION DE INVERSION EN INV. SECTOR
1988
4,757
33.976
14,0
1989
5,904
24.1
35.513
16.6
1990
7,293
23.5
36.620
19.9
1991
13,210
81.1
39.312
33.6
1992
10,678
(19.2)
37.058
28.8
1993
18,684
75.0
32.543
57.4
1994
15,690
(16.0)
46.896
33.5
1995
15,236
(2.9)
84.990
17.9
Fuente: INPEC
Cuadro Nº 10
PARTICIPACION DE LA INVERSION
EN INFRAESTRUCTURA DE ALTA SEGURIDAD
EN LA INVERSION DE CARCELES
1990 - 1995
(Millones de $ de 1994)
AÑO
INVERSION CARCELES
INVERSION ALTA SEGURIDAD
PARTICIPACION ALTA SEGURIDAD
1990
7,007
1.994
28.5
1991
12,234
1.795
14.7
1992
9,945
1.787
18.0
1993
18,684
9.754
52.2
1994
14,818
3.611
24.4
1995
13,027
625
4.8
Fuente: INPEC
Sobre
el punto de los porcentajes en la inversión en alta seguridad y en cárceles
comunes importa resaltar que el ex Ministro de Justicia Carlos Medellín
presentó cifras muy distintas a las ofrecidas por Planeación, en su
intervención ante el Senado en abril de 1997. Decía él en aquella ocasión:
“Recordemos que hay cuatro pabellones de alta seguridad y hay 167
establecimientos carcelarios. En el año 90 la inversión total de alta seguridad
fue del 47% y en cárceles del 53% del presupuesto destinado para la
construcción de nuevos cupos; en el 91 se destinó el 98% para inversión en alta
seguridad y el 2% en adecuación de las cárceles (...); en el 92 se invirtió en
alta seguridad el 31% y en el resto de cárceles el 69, y la proporción se fue
invirtiendo (...) En el 93 la construcción de cárceles normales fue del 48% y
en alta seguridad 52%; en el 94, 62% cárceles normales, 38 alta seguridad; en
el 95, 85% cárceles normales, 15% alta seguridad; y en el 96, 86% cárceles
normales, 14% alta seguridad”.[17]
Pero, más allá de las diferencias que se
observan en los informes sobre porcentajes de inversión, lo que cabe destacar
es que, a pesar de los esfuerzos de inversión en infraestructura carcelaria,
las deficiencias en este campo continúan.[18] Por eso, el
documento CONPES  propone incluir este aspecto dentro de los puntos que deben conformar
la política penitenciaria a seguir, así:
“9. Desarrollar la
política penitenciaria y carcelaria de construcción, reposición, adecuación,
recuperación y mejoramiento de la infraestructura de los centros carcelarios,
de acuerdo con los parámetros internacionales que garanticen la seguridad, el
hábitat y el tratamiento de los reclusos, en concordancia con las prioridades
enunciadas en el diagnóstico. Este desarrollo se llevará a cabo en tres etapas.
En la primera etapa se adelantará la construcción de 2 centros penitenciarios
(Complejos Metropolitanos de Santafé de Bogotá y Antioquia) y la construcción
de establecimientos especiales para dar cumplimiento al artículo 29 de la Ley
65 de 1993, que ordena la organización de centros especiales para funcionarios
públicos particularmente; y la terminación de 6 centros carcelarios
(Barranquilla, San Andrés, Girardot, Santa Rosa de Viterbo, Caicedonia y
Florencia). La segunda etapa contempla la construcción de 3 centros carcelarios
para reponer los existentes en Ibagué, Cali y Valledupar, dado el grado de
envejecimiento y deterioro; y la construcción de un establecimiento carcelario
de máxima seguridad. La tercera etapa contempla la construcción de 4 centros
carcelarios en Arauca, Pereira, Barrancabermeja y Yopal, para reemplazar los
existentes que, como los anteriores, se encuentran deteriorados, sin la
seguridad requerida y sin posibilidades de adecuarlos”.
La construcción del Complejo Metropolitano
de Santafé de Bogotá debía generar 3.000 cupos e iniciarse inmediatamente.
Igual sucedía con la penitenciaría de Antioquia, que tendría capacidad para
1.500 cupos. La reclusión especial se erigiría en Chiquinquirá.
De otra parte, para finales del gobierno
del presidente Samper se preveía la construcción de las cárceles de Ibagué
(1.000 cupos), de Cali (2.500 cupos) y de Valledupar (400 cupos), así como de
una cárcel de máxima seguridad para 300 internos. Igualmente, se contaba con la
terminación de la penitenciaría de El Bosque en Barranquilla y de las cárceles
de Caicedonia, de San Andrés, de Santa Rosa de Viterbo y de Florencia y con la
adecuación, remodelación y mantenimiento de muchas otras.
30. Los proyectos de ampliación del número
de cupos en la de penitenciaria del país no se han cumplido. El siguiente cuadro
aportado por la Procuraduría General de la Nación ofrece una idea acerca de los
escasos logros obtenidos en este sentido:
AÑO
POBLACION
CARCELARIA
CAPACIDAD
1992
27.261
28.303
1993
28.260
28.084
1994
29.343
26.709
1995
31.960
27.822
1996
38.062
28.302
1997
41.460
29.217
El Ministerio de
Justicia expresa que actualmente, se están construyendo 4 nuevos centros de
reclusión, en Girardot, Santa Rosa de Viterbo, Apartadó y Valledupar. Los dos
primeros tendrían que haber entrado en funcionamiento a finales de 1997 o
comienzos de 1998. Asimismo, informa que en el momento se realizan trabajos de
ampliación en las cárceles Modelo de Bogotá y Vistahermosa de Cali, y en las
ubicadas en Montería y Buga. Las obras deberían crear 3.139 cupos.
Por su parte, el
INPEC expresa que actualmente se construyen dos nuevos reclusorios, a saber la
Penitenciaría Nueva de Apartadó y la de Santa Rosa de Viterbo. Igualmente,
señala que en 1997 debieron ampliarse los penales la Modelo, Picaleña, Santa
Rosa de Viterbo, Acacías, Villavicencio, Calarcá, Montería y Buga, y que en
1998 debían ensancharse las cárceles de Turbo, Acacías, Barranquilla, Cali,
Girardot, Manizales, Tunja, Cartagena, Valledupar e Ipiales y las
penitenciarías de Cúcuta, Apartadó y Tunja.
Como se observa, las
dos entidades no coinciden completamente en los datos que aportaron. Pero más
allá de esto, lo cierto es que no se han cumplido las metas propuestas en el
documento CONPES y que es muy posible que tampoco se cumplan las que se
proponen por parte del Ministerio y el INPEC.
31. Lamentablemente,
debe señalarse que al problema de la deficiente infraestructura carcelaria al
que ya se hizo mención se le añade el de las permanentes deficiencias en
relación con la administración de los penales y de las obras en construcción.
Los casos que fundamentan esta aseveración abundan: para 1979 existían 21 obras
paralizadas; en 1975 se pone en funcionamiento la Cárcel de Bellavista, en
Medellín, y se abandona completamente la Cárcel de la Ladera, que es prontamente
desmantelada, a pesar de que esta cárcel, como bien lo señala el estudio
histórico de la Oficina de Planeación del INPEC, podría haberse remodelado para
convertirla en la tan necesitada penitenciaría de Antioquia;  de la cárcel de
La Catedral, en Envigado, no queda nada; la antigua Cárcel Modelo de Cúcuta es
objeto del mayor descuido; el penal del Bosque, en Barranquilla, necesitó 40
años para llegar a su terminación, en 1993, y sin embargo sufre aún de serias
deficiencias; también las obras de la cárcel de Florencia se extendieron
durante décadas, etc.
32. Un informe de la
Contraloría General de la República sobre aspectos penitenciarios, escrito en
1997, expresa que las deficiencias administrativas persisten. Según el informe,
los objetivos del Inpec en materia de construcción, mantenimiento y reparación
de los centros carcelarios no se han cumplido “debido a la forma poco eficiente
como se han asignado y utilizado los recursos presupuestales y a la falta de
oportunidad y calidad en las obras realizadas, la no aplicación de criterios de
economía en la contratación de las obras y la falta de controles adecuados en
la ejecución de las mismas”. Señala el informe que, en los últimos tres años,
la inversión del Inpec en este campo ($54.000 millones) sirvió para que se
incrementara la capacidad de reclusión en 80 internos, es decir, de 28.252 en
enero de 1993 a 28.332 en abril de 1997. Además, sostiene que “gran parte de
esta inversión se destinó a construir Pabellones de Máxima Seguridad que no
aportan solución al hacinamiento [y que] el aumento de cupos de reclusión con
los proyectos de construcción se vio afectado por la pérdida de éstos por los
cierres de celdas por falta de mantenimiento, lo que demuestra la ineficacia
del instituto para manejar un presupuesto de inversión que le permita aumentar
su capacidad de operación”.
La Contraloría
ofrece también distintos ejemplos de inversiones sin sentido. Así, relata que,
con el objeto de albergar a las personas detenidas por cuenta del proceso
8.000, se decidió recuperar y adecuar 52 casas fiscales que habían sido
ocupadas desde hacía años por guardianes y particulares. Los gastos de
expropiación e indemnización a los tenedores ascendieron a $347 millones. Luego
se decidió demoler 23 casas y adecuar 27. Los costos de remodelación de estas
últimas, sumados a la construcción de un edificio de servicios y un muro de
cerramiento fueron de 750 millones de pesos. Las obras habrían finalizado el 7
de septiembre de 1996, pero hasta el 1° de junio de 1997 ninguno de los
detenidos por el proceso 8.000 había sido trasladado a esas casas. De esta
manera, 13 de las 27 casas refaccionadas se encuentran abandonadas, 12 albergan
personas que no tienen ninguna relación con el proceso 8.000 y las otras dos
sirven de gimnasio y lugar de la guardia.
Igualmente, se
señala que se invirtieron 145 millones de pesos en la remodelación del anexo
psiquiátrico de la Modelo, a pesar de que los internos inimputables pasarán en
pocos meses a ser responsabilidad del Ministerio de Salud, que los habrá de
retirar de los penales para trasladarlos a centros especializados.[19]
La Contraloría cuestiona la justificación de tales adecuaciones, puesto que en
un futuro próximo los anexos van a ser utilizados por usuarios con otras
características y necesidades a las de los inimputables.
En el informe se menciona también que, en
1993, el INPEC dispuso la construcción de una nueva cárcel en Fusagasugá, con
el fin de recluir en ella  funcionarios públicos, indígenas y ancianos. Para el
efecto se adquirieron los terrenos seleccionados y se firmaron contratos de
obra y de interventoría, como resultado de los cuales se erigió el muro de
encerramiento. Sin embargo, la población de Fusagasugá se opuso a la construcción
y, en consecuencia, la autoridades municipales no expidieron la licencia de
construcción, razón por la cual el proyecto se suspendió desde el año de 1995,
año en el que también se dispuso la liquidación de los contratos.  La
Contraloría concluye: “Del análisis de los contratos y según registros
presupuestales, se estableció que el Instituto invirtió en la compra, estudios
y construcción $635.1 millones, representados en terrenos por $53.6 millones y
en el muro de encerramiento por $581.5 millones”. Actualmente, el predio se
encuentra abandonado, las construcciones deterioradas y el antiguo vigilante
del terreno ha devenido poseedor.
El informe se
refiere también a distintas irregularidades en materia de contratación
administrativa que se han presentado en varios proyectos, tales como los de las
cárceles de Girardot, Barranquilla, Santa Rosa de Viterbo y Buenaventura.
33. Sobre este punto
llama también la atención lo señalado en el Informe de la Comisión Oficial de
la Cámara de Representantes que visitó distintos centros penitenciarios del
país, durante el primer semestre del año 1997.[20] En efecto, en
el aparte relacionado con las construcciones y remodelaciones encontradas (p.
9) se manifiesta:
“- En la Cárcel del
Distrito Judicial Villa Hermosa (Cali) se constató que la construcción del
pabellón de alta seguridad, dotado de algunos equipos electrónicos de
seguridad, planta eléctrica y paneles de control, con una capacidad instalada de
36 cupos, y la estructura de un nuevo pabellón, con una inversión del orden de
$89.490.975.11, se encuentran abandonados, mostrando desidia y despilfarro
institucional, para  su pronta terminación y adecuación se estima una nueva
inversión de mil millones de pesos ($1.000.000.000).
“- En la
Penitenciaría Nacional El Bosque (Barranquilla) encontramos que la estructura
del alojamiento de la guardia y obras en nuevo pabellón se encuentran
abandonadas, siendo su inversión inicial de $1’706.094.350.46, en la actualidad
se declaró la caducidad del contrato 454 de 1995 mediante resolución número
5318 de octubre de 1996, para su conclusión la aseguradora está en proceso de
iniciar los trámites necesarios para asumir la terminación de la obra.
“- En la remodelación
de la Penitenciaría Nacional de Cúcuta, en las celdas se encontró que la última
litera construida, se encuentra a una altura aproximada de 2.10 metros del
suelo (casi pegada al techo), cabe anotar que mejoraron substancialmente las
condiciones de vida con la adecuación de baños al interior de éstas al igual
que las remodelaciones efectuadas en la Modelo de Bogotá.”
34. Como se observa,
la Comisión del Congreso hace referencia al refaccionamiento de la Cárcel
Modelo de Bogotá. El INPEC manifiesta que, entre otras cosas, con el programa
de remodelación y ampliación del penal se incrementará el número de cupos de
1.920 a 3.840.  Sin embargo, el mismo INPEC reconoce que no se pueden crear
cupos en pabellones nuevos “ya que el centro carcelario no cuenta con área
libre para la construcción de los mismos”. Esto significa que los nuevos cupos
deben crearse a partir de un rediseñamiento de las celdas actuales, tal como lo
han denunciado los internos y la Defensoría del Pueblo. En el pasado, cada
celda tenía un “camastro”, aun cuando alojaba a más internos, que dormían sobre
el suelo. De acuerdo con lo que observó la comisión judicial en su inspección,
las obras que se adelantan están dirigidas a unir las celdas vecinas - de
manera tal que una celda actual equivale a dos celdas anteriores - e incluir
dentro de cada nueva celda 4 “camastros”. De esta forma  se logra doblar el
cupo de albergue de la cárcel, pues en el área donde se acomodaban antes dos
“camastros” se incluyen ahora 4. Sin embargo, el área - y el volumen de aire
por cada preso - sigue siendo la misma. En realidad, a la celda sólo se le ha
aumentado el espacio correspondiente al baño, pero con el agravante de que en
su construcción, por lo menos en las primeras etapas, no se tuvo en cuenta la
necesidad de dotarlo de una ventilación adecuada.
Los internos
manifiestan que las nuevas celdas tendrán un área total de 6.60 m2, lo que
significa que para cada uno de sus cuatro ocupantes habría 1.65 m2. En su
informe, el INPEC replica que el área total de cada celda, incluyendo la del
baño, será de 8.73 m2. Ello implicaría que cada interno tendría 2.18 m2 a su
disposición. Pero las diferencias acerca del área real de cada celda no tienen
importancia en este caso, pues lo cierto es que, de cualquier modo, el espacio
de las celdas no se ajusta a las prescripciones. En efecto, si bien existen
diferencias acerca de cuál es el espacio mínimo de alojamiento de un interno,
el mismo INPEC precisa que debe ser de 4.4 m2, sin contar con los servicios
sanitarios, cuya área debe ser de 1.04 m2.[21]
De acuerdo con lo
anterior, la pregunta que surge es si, desde la perspectiva de la acción contra
el hacinamiento carcelario, tiene sentido el alto gasto realizado en la
remodelación de las celdas. En efecto, el hacinamiento continuará dándose en la
misma forma, pues el número de metros cuadrados por interno seguirá inalterado.
Por eso sí se puede concluir con los demandantes que las obras no están
generando más espacio para los reclusos, sino apenas organizando el
hacinamiento.
Consecuencias del
hacinamiento carcelario
35. Todos los
intervinientes resaltan que las condiciones de hacinamiento impiden el
cumplimiento de los objetivos del sistema penitenciario. Estos han sido fijados
de manera general en el artículo 10 de la Ley 65 de 1993, el cual reza:
Artículo 10. Finalidad
del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la
finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal,
mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo,
el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación,
bajo un espíritu humano y solidario.”
Evidentemente, las
condiciones de hacinamiento impiden brindarle a todos los reclusos los medios
diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, trabajo, etc.). Dada la
imprevisión y el desgreño que han reinado en materia de infraestructura
carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los reclusos ni siquiera
puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una vida digna en la
prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, con servicios
sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en condiciones
decorosas, etc.
Las condiciones
actuales en las prisiones colombianas implican que los bienes mínimos para
garantizar una vida digna en la prisión (una celda, un “camastro”, oportunidad
de trabajar y de estudiar) sean absolutamente escasos. En el medio carcelario
ello significa que la distribución y asignación de esos bienes se realice a
través de los mecanismos de la corrupción y la violencia. Esta situación es precisada
por el INPEC, el cual, luego de resaltar que la congestión carcelaria atenta
contra el principio de que el tratamiento penitenciario debe ser
individualizado, señala: “La congestión dificulta la seguridad y el manejo de
espacios libres; el hacinamiento refuerza los factores de riesgo para la
desocialización (sic); tratar en la congestión tiene altos costos
sociales, institucionales y económicos y bajo impacto y cobertura ; por
último, la congestión genera corrupción y privilegios en la asignación de
beneficios o recursos individuales”.
36. Como se observa,
de manera general se puede concluir que el hacinamiento desvirtúa de manera
absoluta los fines del tratamiento penitenciario. Con todo, la Corte quiere
concentrar su atención en una consecuencia que considera de mucha gravedad,
cual es la de que la sobrepoblación carcelaria impide la separación de los
internos por categorías, tal como lo ordenan distintos artículos de la Ley 65
de 1993. En efecto, la ley ordena que los sindicados estén separados de los
condenados; que los reincidentes de los primarios, los miembros de la Fuerza
Pública, los funcionarios públicos y los indígenas de los demás reclusos, etc.
37. El artículo 21
de la Ley 65 de 1993 establece que las cárceles deben albergar únicamente
personas sindicadas. A su vez, el artículo 22 señala que las penitenciarías
están destinadas únicamente para ejecutar las penas impuestas en la sentencia
de condena. Estas dos normas son vulneradas de manera general: todos reconocen
que en las penitenciarías se encuentran sindicados y en las cárceles
condenados, y atribuyen ese hecho a la sobrepoblación carcelaria. La violación
de estas normas legales es tan protuberante que no es necesario extenderse
sobre este punto. Para el efecto bastará, entonces, con remitir a la
información contenida en los siguiente cuadros, elaborados con base en las
cifras aportadas por el INPEC acerca de la población carcelaria a 31 de octubre
de 1997:
Sindicados recluidos en penitenciarías
Penitenciaría
N° condenados
1a.  instancia
N° condenados
2a. instancia
N° sindicados
P.N Picota
1180
0
230
P.N Picaleña
122
959
37
P.N San Isidro
380
398
192
P.N El Barne
560
219
60
P.N Cúcuta
613
105
425
P.N Acacías
594
P.N Palmira
34
578
134
P.N Calarcá
220
284
9
P.N El Bosque
262
256
5
P.N Itagüí
75
150
69
Personas condenadas que se encuentran
recluidas en cárceles
ESTABLECIMIENTO carcelario
sindicados
condenados 1° instancia
condenados 2° instancia
C.C. Fusagasugá
64
39
71
C.D.  Villavicencio
476
207
144
C.C. Zipaquirá
82
30
12
C.C. Granada
57
49
7
C.C. Ubaté
22
44
25
C.D. Modelo
4290
629
7
C.C. Caqueza
32
24
16
C.C. Facatativá
78
37
25
C.C. Moniquirá
32
7
59
C.C. Melgar
38
3
30
C.C. Girardot
109
0
51
C.C. Chocontá
24
3
46
C.C. La Mesa
13
24
28
C.C. Acacias
29
16
33
R.M. Bogotá
439
203
50
C.C. Mocoa
116
34
14
C.D. Cali
128
90
34
C.D. Buga
140
262
102
C.C. Caloto
15
4
20
C.C. Ipiales
60
20
47
C.D Pasto
155
124
106
C.C. Florencia
198
31
110
C.D. Valledupar
316
12
197
C.D. Montería
144
46
110
C.D. Barranquilla
397
29
34
C.D. Cartagena
412
148
131
C.D. Santamarta
187
126
88
C.D. Ibagué
537
67
239
C.D. Neiva
320
79
134
C.C. Anserma
15
10
67
C .D. Pereira
247
76
259
C.C. Armero-Guayabal
13
13
9
C.C. Riosucio
18
5
37
C.D. Manizales
412
160
120
C.D. Medellín
3093
1428
625
C.C. Santa Barbara
29
9
40
C.C. Santa Rosa de Osos
29
33
17
C.C. La Ceja
33
17
78
C.C. Yopal
65
11
0
C.D. Bucaramanga
593
80
482
C.C. Barrancabermeja
81
0
116
38. De otro lado, el
Código de Procedimiento Penal (art. 402), el Código Penal Militar (art. 631) y
el Código Penitenciario y Carcelario (art. 27) disponen que los miembros  de la
Fuerza Pública cumplirán su detención preventiva “en centros de reclusión especialmente
establecidos para ellos y a falta de éstos en las instalaciones de la unidad a
la que pertenezcan.” Sin embargo, de las pruebas decretadas se deduce que
existe un número importante de miembros de la Fuerza Pública recluidos en
centros penitenciarios ordinarios. El INPEC suministró los siguientes datos
acerca de su distribución regional:
Regional Central                   112
Regional Occidental              123
Regional Norte                        43
Regional Oriente                     17
Regional Noroeste                 120
Regional Viejo Caldas             87
Total                                       502
Puesto que la mayor
parte de los miembros de la Fuerza Pública que se encuentran recluidos en
cárceles ordinarias pertenecen a la Policía Nacional, la Corte le envió un
cuestionario a esta institución, con el objeto de indagar las causas de esta
situación. Esta respondió que cuenta únicamente con tres centros de reclusión
para sus miembros y ex miembros, con un cupo total de 366 internos, y que los
tres centros ya se encuentran en condiciones de hacinamiento. Así, señala que
el Centro de Reclusión de Facatativá, que presenta problemas de servicios
públicos, tiene capacidad para 256 internos, pero actualmente alberga 300; que
el Centro Carcelario Belén de Medellín, que es una construcción antigua, que no
ofrece las garantías de seguridad necesarias, tiene 70 cupos y cuenta en el
momento con 71 internos ; y que  el Centro Piloto de Cali, que no tiene la
infraestructura de un centro de reclusión y no cuenta con la seguridad
necesaria, tiene capacidad para 40 internos y alberga 60.
La detención
preventiva de los miembros y ex miembros de la Policía Nacional en los centros
ordinarios de reclusión es justificada a partir de la situación de hacinamiento
que tendrían las cárceles policiales. Precisamente en atención a esa
circunstancia, el INPEC expidió la  circular 182 de 1995, en la cual se
señaló:
“Como quiera que por
disposición de los artículos 402 y 403 del Código de Procedimiento Penal se
dispone un sitio de reclusión especial para los miembros de la Fuerza Pública,
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, Ministerio Público, Personal
de Prisiones y Cuerpo de Policía Judicial, y en atención a que no existe ese
centro de reclusión especial en todas las ciudades del país que pueda llegar a
albergar a todas las personas detenidas que hallan pertenecido a alguna de
estas entidades se hace necesario que a partir de la fecha y previendo el
ingreso de alguna de estas personas a los establecimientos carcelarios del
país, los señores Directores de establecimientos carcelarios tanto de Distrito
como de Circuito deberán adecuar según sus posibilidades un pabellón o sitio
especial destinado única y exclusivamente para albergar en ellos a las personas
a que se refieren los artículos mencionados, evitando con ello que entren en
contacto con el resto de la población reclusa”.
39. En la inspección
judicial realizada en la Cárcel Modelo, la comisión judicial pudo observar uno
de los dos sitios especiales en los que se encuentran los miembros de la Fuerza
Pública, los llamados CAI, ubicados en un pasillo del pabellón dos. En el
mencionado pasillo se encuentran tanto condenados como  sindicados y en él
también se presenta la situación de hacinamiento. Lo más grave de todo es, sin
embargo, que los internos del denominado CAI se encuentran separados de los
demás reclusos únicamente por una reja. Este hecho significa para ellos un
riesgo permanente para la vida e integridad personal, pues en el cumplimiento
de sus anteriores actividades como miembros de la Fuerza Pública se enfrentaron
frecuentemente con reclusos de los otros pasillos y pabellones. Por esta razón,
los internos del CAI permanecen durante todo el día en el pasillo, sin salir al
patio a tomar el sol.
Las condiciones de
reclusión  de estos internos han sido denunciadas por la Procuraduría y la
Defensoría, instituciones que consideran que los llamados CAI no constituyen
instalaciones especiales, como lo prevén las leyes,  y que los miembros de la
Fuerza Pública allí internados son objeto de vulneración de sus derechos
fundamentales.
En un informe
rendido luego de una visita realizada a la Cárcel Distrital Modelo, en
noviembre de 1997, la  Procuraduría General de la Nación destacó lo siguiente
sobre este punto:
“Respecto a los CAI,
debemos precisar que no son pabellones especiales como lo contempla la ley 65
de 1993 en su artículo 27, en la medida que se encuentran en el mismo
pabellón 1, y sólo una reja los separa de los demás internos del pabellón,
aunado al hecho de que estos internos por la misma seguridad que requieren no
salen del pasillo por lo tanto muchos de ellos no gozan ni siquiera de una hora
de sol, pues es casi imposible sacarlos al patio, en donde se encuentra el
resto de los reclusos, ni pueden realizar ningún otro tipo de actividad”.
Igualmente, la
Defensoría del Pueblo se manifestó sobre esta materia en su escrito de
contestación al cuestionario enviado por esta Corporación. Para el objeto de
esta sentencia es de interés transcribir algunos apartes de su intervención:
“(...)[sobre los
lugares donde se encuentran recluidos los miembros de la fuerza
pública] hemos constatado que no se trata de instalaciones especiales,
sino de dos pasillos corrientes denominados popularmente CAI, en alusión a los
miembros de la Fuerza Pública.
“Estos pasillos se
encuentran también en ostensible condición de hacinamiento, situación que se
agrava por la falta de seguridad ya que estos colindan - a través de una reja -
con el patio del pabellón primero (antes noveno), lugar donde  permanece
durante el día la población reclusa asignada a ese pabellón, lo que genera que
los miembros de la fuerza pública sean reconocidos por aquellos que una vez
fueron objeto de su persecución y captura. Circunstancia que trae como consecuencia
que estas personas recluidas en el ‘CAI’ sean objeto de constantes amenazas y
agresiones verbales y físicas.
“Esta situación ha
llevado a los internos en comento a vivir en circunstancias únicas, ya que no
pueden desplazarse como cualquier interno atendiendo el llamado de sus
abogados, no pueden acudir a secciones de talleres, educativas, sanidad, culto,
y ni siquiera pueden disfrutar de las dos horas reglamentarias de sol, sin
correr el riesgo de que se atente contra su vida e integridad personal, viéndose
de esta manera sometidos a un género de vida que, por el carácter marginal,
doloroso, perturbador e infrahumano, representa para quienes lo padecen una
verdadera punición adicional, impuesta de facto, sin proceso, sin
juez y sin fallo.
“La situación que
deben soportar los miembros de la Fuerza Pública recluidos en la Cárcel Modelo
de Bogotá se observa en todos los establecimientos carcelarios del territorio
nacional en donde han sido ubicados esta clase de internos”.
Los derechos de
los internos
40. En su jurisprudencia, la Corte
Constitucional  ha expresado de manera reiterada que, si bien algunos derechos
fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos desde el momento
en que éstos son sometidos a la detención preventiva o son condenados mediante
sentencia, muchos otros derechos se conservan intactos y deben ser respetados
íntegramente por las autoridades públicas que se encuentran a cargo de los
presos. Así, por ejemplo, evidentemente los derechos a la libertad física y a
la libre locomoción se encuentran suspendidos y, como consecuencia de la pena
de prisión, también los derechos políticos. Asimismo, derechos como los de la
intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la
personalidad y libertad de expresión se encuentran restringidos, en razón misma
de las condiciones que impone la privación de la libertad. Con todo, otro grupo
de derechos, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la
igualdad, la libertad religiosa, el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica, a la salud y al debido proceso, y el derecho de
petición, mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que es sometido su
titular.[22] Lo mismo cabe
aseverar acerca del derecho a la presunción de inocencia, el cual, aun cuando
no imposibilita la expedición de medidas de aseguramiento, sí obliga a los
jueces a justificar en cada caso la orden de detención precautelativa, y a la
administración a mantener separados a los sindicados y a los condenados.
41. Como consecuencia de lo anterior, la
Corte también ha manifestado de manera recurrente que los reclusos se
encuentran vinculados con el Estado por una especial relación de sujeción. Ello
significa que este último puede exigirle a los internos el sometimiento a un
conjunto de condiciones que comportan precisamente la suspensión y restricción
de distintos derechos fundamentales, condiciones sobre las cuales debe añadirse
que deben ajustarse a las prescripciones del examen de proporcionalidad.[23]
Ahora bien, esta misma Corporación también
ha manifestado que el Estado tiene deberes especiales para con los reclusos,
con miras a que éstos puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que
no les han sido suspendidos, y parcialmente aquéllos que les han sido
restringidos. Y estos deberes no implican  simplemente que el Estado no debe
interferir en la esfera de desarrollo de estos derechos - como ocurriría en el
caso de la libertad religiosa -, sino también - y de manera especial - que el
Estado debe ponerse en acción para garantizarle a los internos  el pleno goce
de otros derechos, tales como la dignidad, la salud, la alimentación, el
trabajo, etc. Esta conclusión se deriva de la misma relación especial de
sujeción de los penados frente al Estado, y del hecho  de que las condiciones
que se imponen a los reclusos les impide que puedan satisfacer  por cuenta
propia una serie de necesidades mínimas, cuya atención garantiza la posibilidad
de llevar una vida digna.[24]
42. La Jurisprudencia de la Corte
Constitucional  acerca de los derechos de los reclusos y de los deberes
especiales del Estado para con ellos en muchos aspectos no hace sino ratificar
distintas prescripciones incluidas en los Códigos de Procedimiento Penal - el
decreto 2700 de 1991, con sus reformas - y  Penitenciario y Carcelario, la ley
65 de 1993. En efecto, diferentes disposiciones de estos códigos están
dirigidas a garantizar los derechos fundamentales de los internos. Así, los
artículos 3 y 408 del Código de Procedimiento Penal y 5 del Código
Penitenciario y Carcelario preceptúan:
“Art. 3 [C P P].
Reconocimiento de la dignidad humana. Toda persona a quien se atribuya la comisión de un
hecho punible, tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano.
“Se respetarán las
normas internacionalmente reconocidas sobre derechos humanos, y en ningún caso
podrá haber violación de las mismas.”
“Art. 408.
[C.P.P.]. Derechos de la persona privada de la libertad. Todo sindicado
privado de su libertad tendrá derecho a recibir en el lugar de la reclusión un
tratamiento acorde con el respeto a los derechos humanos, como los de no ser
víctima de tratos crueles, degradantes o inhumanos ; a ser visitado por un
médico oficial y en su defecto por uno particular, cuando lo necesite ; a
tener una adecuada alimentación, a que se le faciliten todos los medios y
oportunidades de ocuparse en el trabajo y el estudio ; a tener un
intérprete de su lengua si lo necesitare al momento de recibir notificación
personal de toda providencia, todo lo cual se compendia en el respeto por su
dignidad humana.”
“Artículo 5 [C.
Pen. y Car.]. Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de
reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales, y a los derechos humanos, universalmente reconocidos. Se
prohibe toda forma de violencia síquica, física o moral.”
43. De la misma manera, con el objeto de
garantizar el derecho fundamental de los sindicados a la presunción de
inocencia, los artículos 21 del Código Penitenciario y 400 del Código de
Procedimiento Penal determinan que los sindicados deberán estar separados de
los condenados. Las mencionadas normas establecen, respectivamente, que las
cárceles son “establecimientos de detención preventiva, previstos
exclusivamente para retención y vigilancia de sindicados” y que “ninguna
persona podrá ser recluida en establecimiento para cumplimiento de pena, mientras
no exista sentencia condenatoria ejecutoriada”. Asimismo, los artículos 506 del
Código de Procedimiento Penal y 22 del Código Penitenciario precisan que las
penitenciarías están destinadas para alojar exclusivamente a las personas
condenadas a penas de privación de la libertad.
También la búsqueda de la garantía de los
derechos a la vida y a la integridad personal, así como la consideración
especial para determinados grupos que han infringido la ley, han conducido a
que tanto en el Código Penitenciario   como en el de Procedimiento Penal se
establezcan categorías adicionales de separación de los reclusos, tales como el
género, la edad, la reincidencia, la calidad de miembro de la fuerza pública o
de servidor público, etc.
44. Igualmente, los artículos 9 y 10 del
Código Penitenciario establecen con claridad que el fin fundamental de la pena
es la resocialización  de las personas condenadas y que este objetivo se
alcanzará “mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina,
el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la
recreación bajo un espíritu humano y solidario”.
En concordancia con ellos, el artículo 142
precisa que “[e]l objeto del tratamiento penitenciario es preparar al
condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad.” Y a
continuación, el artículo 143 establece que “[e]l tratamiento penitenciario
debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares
de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la
instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las
relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad
del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea posible.”
Luego, en el artículo 144, se diferencian las distintas fases del tratamiento
y, en el 145, se contempla que la realización del sistema progresivo estará a
cargo de grupos interdisciplinarios integrados por “abogados, psiquiatras,
psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapistas,
antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del cuerpo
de custodia y vigilancia.”
Actualmente, se acepta que las penas no
tienen un fin único. Por eso, el Código Penal determina en su artículo 12 que
“la pena tiene función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora.”
Sin embargo, como bien lo señala el Código Penitenciario la función primordial
de ella sí debe ser la resocialización. Ello por cuanto esta función es la que
materializa en mejor forma, en este campo, la definición del Estado colombiano
como social de derecho y el principio de la dignidad de la persona humana, una
de las piedras angulares de la Constitución Política. Del derecho a la dignidad
y del concepto de Estado social de derecho, se deduce el derecho de los
reclusos a contar con centros carcelarios que les garanticen la posibilidad de
reinsertarse en la sociedad.
Por eso, el análisis del sistema
penitenciario debe siempre girar en torno de la pregunta sobre si éste cumple
con la función resocializadora, a la cual se debe fundamentalmente. Sobre este
punto es importante señalar que la labor de resocialización no consiste en imponer
determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para que,
haciendo uso de su autodeterminación, establezca cada interno el camino de su
reinserción al conglomerado social. Como bien lo señaló esta Corporación en su
sentencia C-261 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, “la idea de
resocialización se opone, ante todo, a penas y condiciones de cumplimiento que
sean en esencia, por su duración o sus consecuencias, desocializadoras. El
Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la
desocialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización (...) La
función de reeducación y reinserción social del condenado debe entenderse como
obligación institucional de ofrecerle todos los medios razonables para el desarrollo
de su personalidad, y como prohibición de entorpecer ese desarrollo.”
Pues bien, precisamente desde la
perspectiva de la dignidad de los reclusos y de la obligación del Estado de
brindarles los medios necesarios para su resocialización se deben interpretar
distintos artículos del Código Penitenciario que regulan las condiciones de
albergue de los internos (art. 64), y sus derechos al trabajo (arts. 79ss.),  a
la educación y enseñanza (arts. 94ss.), al servicio de sanidad (arts. 104ss.),
a la comunicación con el exterior y la recepción de visitas (arts. 110ss.), a
la atención social (arts. 151ss.), etc.
45. De otro lado, la doctrina de la Corte
acerca de los derechos de los internos responde a las obligaciones
internacionales que ha asumido Colombia a través de la suscripción de tratados
internacionales de derechos humanos, tratados que, como ya se sabe, hacen parte
del bloque de constitucionalidad y, en consecuencia, sirven también de
parámetro para examinar la constitucionalidad de las leyes y los actos
administrativos. En efecto, tanto la Convención Americana sobre Derechos
Humanos - también conocida como el Pacto de San José, y que fue aprobada por el
Congreso mediante la Ley 16 de 1972 - como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, establecen que los
reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el
valor que les confiere su calidad de personas, y que el objeto de la pena es la
resocialización.
Así, el inciso 2 del artículo 5 de la
Convención Americana establece que “[n]adie debe ser sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano”, y el inciso 6 determina que “[l]as penas privativas de la libertad
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados”.
A su vez, el numeral 1 del artículo 10 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prescribe que “[t]oda
persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano”, mientras que el numeral 3 consagra que
“[e]l régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad
esencial será la reforma y la readaptación social de los penados...”.
46. Los tratados señalados también imponen
el respeto al principio de la presunción de inocencia - consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política. Este principio, como ya se precisó,
tiene dos consecuencias: la primera es que la privación de libertad para los
sindicados es una medida extrema, a la que no se debe recurrir sino en los
casos que realmente lo ameriten. De acuerdo con las reglas de Tokio - las
reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la
libertad, adoptadas mediante la resolución 45/110 de la Asamblea General, el 14
de diciembre de 1990 - ello significa que “sólo se recurrirá a la prisión
preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación
del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima”.
La segunda consecuencia es que en los casos
en los que se determine la detención preventiva no se debe mezclar a los
sindicados con los condenados.
Sobre el carácter especial de la detención
preventiva señala el Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos,  en
su artículo 9: “(...) La prisión preventiva de las personas que hayan de ser
juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada
a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en acto del juicio, o en
cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la
ejecución del fallo”.
De otra parte, con respecto a la separación
de los detenidos y los condenados, el literal a) del numeral 2 del artículo 10
expresa que “[l]os procesados estarán separados de los condenados, salvo en
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto,
adecuado a su condición de personas no condenadas”. La obligación de la
administración penitenciaria de mantener apartados los sindicados de los
condenados se establece en forma similar en el numeral 4 del artículo 5 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
47. Las Naciones Unidas han acordado, además,
una serie de principios que deben guiar la relación del Estado con los penados,
a través de los cuales se reafirma, entre otras cosas, que deben ser tratados
de acuerdo con la dignidad que le corresponde a toda persona, que la pena tiene
como función la preparación para el reingreso a la sociedad y que en todos los
casos se debe separar a los reclusos por categorías, tales como el género, la
calidad de sindicado o condenado, la edad, etc.  Es así como el Primer Congreso
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, realizado en 1955, acordó las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos, atinentes a los parámetros mínimos que deben cumplir las
administraciones penitenciarias en los más distintos campos, tales como la
diferenciación entre los reclusos, las condiciones de los locales destinados a
ellos, la alimentación, los servicios médicos, etc. Igualmente, mediante la
resolución 43/173 de 1988, la Asamblea General dictó el Conjunto de Principios
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión; y con la resolución 34/169 de 1979 se expidió el Código de
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.[25]
Para la situación bajo análisis no es
ocioso transcribir algunas de las pautas contenidas en las reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos:
“9.1.) Las celdas o
cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por
un sólo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de
población carcelaria, resultara indispensable que la administración
penitenciaria central hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se
alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual.
“2.) Cuando se
recurra a dormitorios, éstos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente
seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones.
“(...)
“10. Los locales
destinados a los reclusos, y especialmente aquéllos que se destinan al
alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias
de higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo concerniente al
volumen de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y ventilación.
“(...)
“19. Cada recluso
dispondrá, en conformidad con los usos locales o nacionales, de una cama
individual y de ropa de cama individual suficiente, mantenida convenientemente
y mudada con regularidad a fin de asegurar su limpieza.”
La existencia notoria de un estado de cosas
inconstitucional en el sistema penitenciario
48. Con todo, las prescripciones de los
Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y Carcelario, de los
tratados y acuerdos internacionales citados y la misma jurisprudencia de la
Corte acerca de los derechos de los reclusos constituyen letra muerta. Las
condiciones de vida en los penales colombianos vulneran evidentemente la
dignidad de los penados y amenazan otros de sus derechos, tales como la vida y
la integridad personal, su derecho  a la familia, etc. Nadie se atrevería a
decir que los establecimientos de reclusión cumplen con la labor de
resocialización que se les ha encomendado. Por lo contrario, la situación
descrita anteriormente tiende más bien a confirmar el lugar común acerca de que
las cárceles son escuelas del crimen, generadoras de ocio, violencia y
corrupción.
En este proceso se ha hecho hincapié en el
asunto del hacinamiento carcelario, el objeto de las tutelas incoadas. Y,
obviamente, la sobrepoblación en los centros de reclusión del país constituye
una vulneración grave de la obligación del Estado de brindar condiciones dignas
de vida a los internos. Sobre este punto no puede haber gran discusión cuando
se constata que los presos duermen sobre el mismo suelo, que los lugares
destinados a actividades comunes y los propios baños se convierten en
dormitorios, etc. Además, es claro que el hacinamiento genera corrupción,
extorsión y violencia, con lo cual se comprometen también los derechos a la
vida e integridad personal de los internos. En un lugar donde la demanda por
una habitación es mucho más alta que la oferta y donde la guardia no está en
capacidad de imponer el respeto a las normas establecidas, sólo cabe esperar
que se imponga la ley del más fuerte, con todas sus consecuencias.
Para todos es conocido que la vulneración
de los derechos de los reclusos va más allá del hacinamiento y se extiende a
distintas áreas - en buena parte debido también a las condiciones de
sobrepoblación -, tales como el trabajo, la educación, la alimentación, la salud,
la familia, la recreación, etc. En efecto, los puestos de trabajo y de
educación son escasos en relación con la demanda sobre ellos, lo cual
significa, nuevamente, que en estas áreas se impone la ley del más fuerte y
campea la corrupción y la extorsión. Igualmente, es evidente para todos que los
procedimientos para las visitas - con las esperas interminables, la falta de
espacio para las visitas conyugales y familiares, etc. - no facilitan la unidad
e integración familiar. Asimismo, se conoce de muchos casos de personas
enfermas que requieren tratamiento hospitalario, pero no pueden ser trasladados
a los centros médicos por carencia de personal de guardia. Hechos similares
ocurren con las diligencias judiciales, etc.
49. Denuncias sobre las condiciones de vida
en las cárceles ha habido muchas. Tanto los organismos nacionales como los
internacionales han llamado la atención sobre este problema. Al respecto se
pueden observar los informes de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría,
de los organismos de derechos humanos, del Observatorio Internacional de
Prisiones con sede en Ginebra, etc. Además, los medios de comunicación se
encargan periódicamente de recordarle a los colombianos la situación de las
cárceles.
Asimismo, como se vio en el aparte acerca
del hacinamiento desde una perspectiva histórica, el fenómeno de la congestión
carcelaria ha sido recurrente, e incluso han existido períodos en los que la
sobrepoblación ha alcanzado grados mucho más extremos que el actual. A pesar de
ello no se percibe de parte del Estado el diseño de políticas destinadas a
evitar situaciones como la actual. Del análisis histórico surge la conclusión
de que la actitud del Estado ante estas situaciones es siempre reactiva, es
decir que solamente ha actuado en este campo cuando se encuentra en presencia
de circunstancias explosivas, como la actual. En esas circunstancias ha
recurrido tanto a la despenalización o  la rebaja de penas, como a la
construcción apurada de centros de reclusión.
50. De todo lo dicho hasta ahora cabe
extraer la siguiente conclusión: el problema de las cárceles y de las
condiciones de vida dentro de ellas no ocupa un lugar destacado dentro de la
agenda política. A pesar de que desde hace décadas se conoce que la
infraestructura carcelaria es inadecuada, que los derechos de los reclusos se
vulneran, que los penales no cumplen con su función primordial de
resocialización y que los centros carcelarios del país rebosan de sindicados no
se observa una actitud diligente de los organismos políticos del Estado con
miras a poner remedio a esta situación.
La actitud de los gestores de las políticas
públicas frente al problema de las cárceles obedece a la lógica del principio
de las mayorías, que gobierna los regímenes democráticos. Los reclusos son
personas marginadas por la sociedad. El mismo hecho de que sean confinados en
establecimientos especiales, difícilmente accesibles, hace gráfica la condición
de extrañamiento de los presos. En estas condiciones, los penados no
constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír su voz. Por eso, sus
demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de necesidades que agobian
las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana.
51. La racionalidad constitucional es
diferente de la de las mayorías. Los derechos fundamentales son precisamente
una limitación al principio de las mayorías, con el ánimo de garantizar los
derechos de las minorías y de los individuos. El juez constitucional está
obligado a asumir la vocería de las minorías olvidadas, es decir de aquellos grupos
que difícilmente tienen acceso a los organismos políticos. Por esta razón, la
Corte Constitucional  está llamada a actuar en ocasiones como la presente,
llamando la atención sobre el estado de cosas inconstitucional que se presenta
en el sistema penitenciario colombiano y que exige la toma de medidas por parte
de las distintas ramas y órganos del poder, con miras a poner solución al
estado de cosas que se advierte reina en las cárceles colombianas.
52. Los juzgados de instancia denegaron las
acciones de tutela, manifestando que, para lograr la efectividad de las normas
legales cuya violación se aducía, los demandantes podían acudir a la acción de
cumplimiento. Asimismo, con respecto al amparo solicitado por los internos de
la Cárcel Modelo, se expresó que ellos podían acudir al recurso de nulidad ante
la jurisdicción contencioso administrativa, con el fin de obtener la
invalidación del contrato de remodelación del centro.
La remisión al recurso de nulidad no toma
en cuenta las condiciones extremas de violación del derecho a la dignidad de
los reclusos, y las inminentes amenazas contra su vida e integridad personal.
El recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa  no es eficaz en
este caso. Las obras de remodelación terminarían mucho antes de que finalizara
el proceso, y están en capacidad de generar un mayor ambiente de violencia en
la cárcel, poniendo en grave riesgo la vida e integridad personal de los
reclusos.
Por otra parte, los jueces argumentan que,
dado que muchas de las situaciones descritas constituyen una clara violación de
la ley, los demandantes habrían debido recurrir a la acción de cumplimiento, y
no a la acción de tutela. Al respecto debe recordarse que esta Corporación ya
ha señalado que en los casos extremos de omisión de sus obligaciones por parte
de las autoridades - situación que se expresa también cuando se presenta un
craso, grave, reiterado y prolongado incumplimiento de la ley -, los afectados
pueden también recurrir a la tutela, siempre y cuando la actitud negligente de
la administración vulnere o amenace en forma inminente sus derechos
fundamentales.[26] Este es el caso
de las situaciones bajo análisis. En efecto, la inacción de las autoridades ha
significado la violación sistemática de los derechos de los reclusos, durante
décadas, y a pesar de las muchas solicitudes y críticas elevadas con respecto
al sistema penitenciario no se percibe ninguna política oficial para modificar
de raíz la gravísima situación carcelaria del país.
53. En las sentencias SU-559 de 1997 y
T-068 de 1998 esta Corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas
inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de
los derechos fundamentales  que tengan un carácter general - en tanto que
afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural
- es decir que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la
autoridad demandada y, por lo tanto, su solución exige la acción mancomunada de
distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que
miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a
la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de
justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales
competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades para eliminar ese
estado de cosas inconstitucional.
Las cárceles colombianas se caracterizan
por el hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios públicos y
asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la corrupción, y la
carencia de oportunidades y medios para la resocialización de los reclusos.
Razón le asiste a la Defensoría del Pueblo cuando concluye que las cárceles se
han convertido en meros depósitos de personas. Esta situación se ajusta
plenamente a la definición del estado de cosas inconstitucional. Y de allí se
deduce una flagrante violación de un abanico de derechos fundamentales de los
internos en los centros penitenciarios colombianos, tales como la dignidad, la
vida e integridad personal, los derechos a la familia, a la salud, al trabajo y
a la presunción de inocencia, etc.
En efecto, tanto el derecho a la dignidad
como el de no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ven
quebrantados por el hacinamiento y las malas condiciones de la estructura
física  y de servicios públicos que se encuentra en los centros de
reclusión ; los derechos a la vida y la integridad física son vulnerados o
amenazados de manera inminente por el mismo hacinamiento, por la mixtura de
todas las categorías de reclusos y por la carencia de los efectivos de guardia
requeridos ; el derecho a la familia es quebrantado por la sobrepoblación
carcelaria y las deficiencias administrativas, condiciones éstas que implican
que los visitantes de los reclusos han de soportar prolongadas esperas, bajo
las inclemencias del clima, para poder ingresar al centro, y que dificultan en
grado extremo las visitas conyugales y familiares ; el derecho a la salud
se conculca dadas las carencias infraestructurales de las áreas sanitarias, la
congestión carcelaria, la deficiencia de los servicios de agua y alcantarillado
y la escasez de guardia para cumplir con las remisiones a los centros
hospitalarios ;  los derechos al trabajo y a la educación son violados,
como quiera que un altísimo porcentaje de los reclusos no obtiene oportunidades
de trabajo o de educación y que el acceso a éstos derechos está condicionado
por la extorsión y la corrupción ; el derecho a la presunción de inocencia
se quebranta en la medida en que se mezcla a los sindicados con los condenados
y en que no se establecen condiciones especiales, más benévolas, para la
reclusión de los primeros, etc.
54. Durante muchos años, la sociedad y el
Estado se han cruzado de brazos frente a esta situación, observando con
indiferencia la tragedia diaria de las cárceles, a pesar de que ella
representaba día a día la transgresión de la Constitución y de las leyes. Las
circunstancias en las que transcurre la vida en las cárceles exigen una pronta
solución. En realidad, el problema carcelario representa no sólo un delicado
asunto de orden público, como se percibe actualmente, sino una situación de
extrema gravedad social que no puede dejarse desatendida. Pero el remedio de
los males que azotan al sistema penitenciario no está únicamente en las manos
del INPEC o del Ministerio de Justicia, los demandados en los procesos bajo
estudio. Por eso, la Corte  tiene que pasar a requerir a  distintas ramas y
órganos del Poder Público para que tomen las medidas adecuadas en dirección a
la solución de este problema.
55. Las cárceles colombianas se han
convertido en un problema de orden público y en centros donde se violan
sistemáticamente los derechos fundamentales de los internos. Por esta razón, la
Corte debe poner en conocimiento del Presidente de la República la existencia
del mencionado estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria. Ello
con el objeto de que, haciendo uso de sus facultades como suprema autoridad
administrativa del país y participante fundamental del proceso legislativo,
realice todas las actividades necesarias para poner pronto fin a esta delicada
situación, vinculada con la conservación del orden público y con la violación
crónica y sistemática de los más elementales derechos humanos.
Asimismo, la Corte comunicará de la
existencia de este estado de cosas inconstitucional a los presidentes  del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes; a los presidentes de
la Sala Penal de la Corte Suprema  Justicia y de las Salas Administrativa y
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ; al
Fiscal General de la Nación; a los gobernadores y los alcaldes ;  a los
presidentes de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y
Municipales ; y a los personeros municipales. Esto con el objeto de que
hagan uso de las facultades que les conceden la Constitución y las leyes para
corregir el señalado estado de cosas que atenta contra la Carta Política.
56. Los reclusos deben ser alojados en
condiciones dignas. Como se sabe, la capacidad actual de los centros carcelarios
no lo permite. Por lo tanto, es imperiosa la construcción de nuevos
establecimientos. Al mismo tiempo, los penales existentes deben ser
refaccionados, para que puedan cumplir con los requisitos mínimos para ofrecer
una vida digna a los reclusos.
En este sentido, se ordenará que, en un
término de tres meses, se elabore un plan de construcciones y refacciones, con
el cual se pueda hacer frente a la situación de hacinamiento y se adecúen los
penales actuales a los requerimientos mínimos para el alojamiento de los
internos. El plan deberá ser elaborado por el INPEC, el Ministerio de Justicia
y el Departamento Nacional de Planeación. La Defensoría del Pueblo y la
Procuraduría General de Nación supervigilarán que los proyectos para las nuevas
construcciones y para las adecuaciones de las ya existentes se ajusten a los
parámetros mínimos para la edificación de penales. El plan deberá ejecutarse en
un término máximo de 4 años a partir de la notificación de esta sentencia.
En armonía con lo anterior, y teniendo en
cuenta que la remodelación que se adelanta en las celdas de la Cárcel Distrital
Modelo de Bogotá no contribuye a ofrecerle a los reclusos condiciones de
alojamiento dignas - pues, como lo reconoce el mismo INPEC, en ellas los
internos no dispondrán del espacio mínimo necesario - se dispondrá la
suspensión inmediata de la remodelación de las celdas de la cárcel.
57. En el Estado social de derecho le
está permitido al Estado suspenderle a algunos ciudadanos, en condiciones muy
especiales, su derecho a la libertad. Pero esto implica, como contrapartida,
que el Estado debe garantizarle a los reclusos las condiciones para una vida
digna.
Como ya se ha expresado, los internos se
encuentran en una relación de especial sujeción frente al Estado. Eso significa
que los penados deben aceptar la suspensión y restricción de algunos de sus
derechos fundamentales. Pero al mismo tiempo supone que el Estado adquiere
deberes especiales para con los internos, con miras a garantizarles el
desarrollo de una vida digna y posibilidades para su resocialización.  A pesar
de ello, salvo la época de la construcción de las cárceles de alta seguridad,
la asignación de dineros para las prisiones ha sido escasa.
Desde el punto de vista constitucional, es
imperioso destinar el presupuesto necesario para convertir a las prisiones en
centros donde los derechos fundamentales tengan vigencia. La inversión en las
prisiones no puede ser objeto de transacciones. Tampoco caben objeciones en
contra de ella. El Estado tiene la obligación constitucional de ofrecerle a los
reclusos condiciones dignas de vida. El gasto en prisiones - relacionado con el
deber correlativo al debido proceso y al derecho a la tutela judicial efectiva
- tiene un carácter más perentorio incluso que el gasto público social, el
cual, como lo dispone el artículo 350 de la Carta, tiene prioridad sobre
cualquier otra asignación.
La Corte es consciente de que el gasto
público en el mejoramiento de la situación carcelaria en el país acarrea
necesariamente reducciones en la inversión en otros campos. Sin embargo, la
Corte considera que el sacrificio que ello impone sobre los demás ciudadanos no
es desproporcionado, en razón de su carácter temporal, de la deuda de la Nación
para con los reclusos - dada la inveterada violación de sus derechos
fundamentales -, y de las obligaciones especiales del Estado con los reclusos.
Además, este sacrificio es exigible en el marco del deber ciudadano de
solidaridad social (C.P. art. 95.2.).
Ahora bien, habida cuenta del desgreño
administrativo que ha reinado en el campo de las construcciones en el INPEC,
situación que puede desvirtuar los esfuerzos de inversión que se realizarán en
este campo, el Gobierno y los organismos de  control deberán ejercer una
estricta  supervisión sobre el manejo de los recursos públicos dentro del plan
de construcción y readecuación de las prisiones existentes.
58. Con todo, el problema de la
infraestructura carcelaria no es solamente de las entidades nacionales. El
artículo 17 del Código Penitenciario y Carcelario establece que también a los
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santa
Fe de Bogotá les corresponde “la creación, fusión o supresión, dirección,
organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para
las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que
impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.” El mismo
artículo señala que en los presupuestos municipales y departamentales se
incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, y que los
gobernadores y alcaldes, respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar,
según el caso,  los presupuestos departamentales y municipales que no incluyan
las mencionadas partidas.
Empero, según se expresó atrás, las
cárceles de las entidades territoriales se encuentran abandonadas y, en muchos
casos, fueron clausuradas. Esta situación ha impedido el traslado de reclusos
en detención preventiva o condenados por contravenciones a estas cárceles. De
esta manera, la Nación ha tenido que asumir todo el peso de la crisis
carcelaria.
La actitud asumida por los departamentos y
municipios contribuye a la vulneración de los derechos fundamentales de los
internos, pues conduce al desarraigo de los presos locales o regionales y al
hacinamiento de los establecimientos del orden nacional. Por esta razón, la
Corte ordenará a los gobernadores y los alcaldes, y a los miembros de las
Asambleas Departamentales y de los Concejos Distritales y Municipales que den
cumplimiento estricto a lo establecido por el artículo 17 del mencionado Código
Penitenciario y Carcelario.
59. Los Códigos de Procedimiento Penal y
Penitenciario y Carcelario contienen distintas normas destinadas a asegurar la
separación de los reclusos por categorías. Ello con el fin de garantizar los
derechos a la vida e integridad personal de los reclusos, la presunción de
inocencia y la preservación de la identidad cultural - en el caso de los
indígenas. Igualmente, la clasificación de los reclusos contribuye a diseñar
programas diferenciados para la resocialización de los condenados.
La disposición que ordena la separación de
los internos por razones de sexo y de edad es acatada. Sin embargo, las que
determinan que los miembros de la Fuerza Pública serán recluidos, para efectos
de la detención preventiva, en establecimientos especiales es vulnerada en
forma manifiesta. Igual ocurre con la separación de los sindicados y los
condenados. Como ya se ha señalado, este incumplimiento de la ley entraña una
grave amenaza para los derechos a la vida y la integridad personal de los
miembros de la Fuerza Pública detenidos. Por eso, la Corte ordenará que estos
internos sean trasladados, en un plazo no mayor de tres meses a la notificación
de esta sentencia, a establecimientos especiales, tal como lo dispone la ley,
independientemente del delito que hayan cometido.
Igualmente, dado que la reclusión
indiscriminada de los sindicados y los condenados constituye una clara
violación del derecho de los primeros a que se presuma su inocencia, y
atendiendo al hecho de que la confusión de los mismos impide desarrollar las
políticas de resocialización de los condenados, se dispondrá que en un término
no mayor de cuatro años a partir de la notificación de esta sentencia deberá
haberse agotado en su totalidad un proceso de separación de los sindicados y
los condenados.
60. La Corte es consciente de que el
problema de las prisiones no se soluciona únicamente con dinero y
construcciones. Todo parece indicar que en el país sigue primando una
concepción carcelaria del derecho penal. Mientras esta concepción continúe
imperando nunca habrá suficiente espacio en la prisiones.
Por eso, la Corte considera importante
llamar la atención acerca de que el principio de la presunción de inocencia
exige que la detención preventiva se aplique únicamente como medida extrema,
tal como lo determina el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
las Reglas Mínimas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad, conocidas
también como las reglas de Tokio. Igualmente, estima fundamental recordar que
en cada proceso penal es importante reflexionar acerca de si la persona
condenada requiere para su resocialización el tratamiento penitenciario, o si
sus mismas características permiten proceder con otro tipo de sanciones. Al
respecto, cabe mencionar que las mismas reglas de Tokio recomiendan  que antes
de tomar la decisión de imponer la pena de prisión en establecimientos
carcelarios es importante poner en consideración, “las necesidades de
rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de
la víctima.”
La Corte también es conocedora de que
muchas normas del Código de Procedimiento Penal no se adecuan al concepto de la
detención preventiva y de la pena de prisión como medidas extremas. Ello
constituye, obviamente, una camisa de fuerza para las decisiones de los
funcionarios judiciales que, sin embargo, es superable en la medida en que se
adopte una política legislativa adecuada que contenga un repertorio de
alternativas a esas medidas extremas.
61. El artículo 2 de la Carta establece que
las autoridades públicas están instituidas para proteger la vida, honra,
bienes y demás derechos de los ciudadanos. De aquí se deriva la obligación constitucional
del Estado de velar por la seguridad de los ciudadanos. Esta obligación es
ineludible. Recuérdese que, desde el punto de vista de la filosofía política,
ella es una de las razones fundamentales para la creación de las sociedades
políticas. Sin embargo, la visión expuesta acerca de la detención preventiva y
de la prisión no entraña la denegación del derecho de los ciudadanos a que el
Estado vele por su seguridad. De lo que se trata es de evitar los excesos, de
que la aplicación de estas dos instituciones penales se reduzca a los casos en
los que sea necesaria.
62. El Código de Procedimiento Penal  y el
Código Penitenciario y Carcelario contemplan la figura de los jueces de penas y
de medidas de seguridad, entre cuyas  funciones se encuentra ocuparse de todo
lo relacionado con la libertad de los condenados - que deba otorgarse después
de la sentencia -, y verificar las condiciones en que se debe cumplir la pena o
la medida de seguridad (C.P.P., art. 75; C. P. y Car.. art. 51).  Los internos
de las Cárceles Modelo y Bellavista expusieron que los jueces de penas negaban
sistemáticamente las solicitudes de libertad condicional, con el argumento de
que los peticionarios requerían aún del  tratamiento penitenciario. Ello a
pesar de que los funcionarios de la administración penitenciaria abogaban por
la concesión del subrogado penal y de que, como lo confirmaron los directores
de las dos cárceles,  los jueces de penas a cargo de sus reclusos no  habían
acudido a esos establecimientos en los últimos meses.
En principio, la Corte no tiene nada que
objetar contra la decisión de los jueces de negar la libertad provisional. Pero
esa decisión debe ser fundamentada en el conocimiento del recluso y de su
comportamiento en el centro penitenciario. Por eso, la no presencia de los
jueces de penas y medidas de seguridad en las penitenciarías es inexcusable. Si
bien parece claro que el número de jueces de penas es reducido en relación con
el número de reclusos que deben atender, este hecho no justifica la ausencia de
los jueces en los centros penitenciarios. Por eso, se le solicitará a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que
investigue la razón de esta situación.
63. La Corte es consciente de las carencias
de personal especializado para las tareas de resocialización en los centros de
reclusión. Igualmente, sabe de la necesidad de incrementar el personal de la
Guardia Penitenciaria, con el objeto de recobrar el orden y hacer cumplir la
ley en los establecimientos carcelarios, condición fundamental para garantizar
los derechos de los reclusos y la labor de resocialización a la que están
destinados los centros penitenciarios. Por eso, ordenará al Ministerio de
Justicia y del Derecho, al  INPEC y al Ministerio de Hacienda que tomen las
medidas presupuestales necesarias para superar esa situación.
64. Para finalizar, la Corte considera
importante recalcar que tanto la guardia penitenciaria como los reclusos pueden
hacer un importante aporte para el objetivo de mejorar las condiciones de vida
en las cárceles, de manera que los derechos fundamentales tengan en ellas plena
vigencia y que las penitenciarías cumplan con su labor de resocialización. El
ejemplo de las mesas de trabajo y de los Comités de Derechos Humanos es
ilustrativo en este sentido. Por lo tanto, la Corte hará un llamado a las
autoridades penitenciarias y a los organismos estatales de control para
continuar implementando los procesos de participación en los centros de
reclusión.
65. Ante la gravedad de las omisiones imputables
a distintas autoridades públicas, la Corte debe declarar que el estado de cosas
que se presenta en las prisiones colombianas, descrito en esta sentencia, es
inconstitucional y exige de las autoridades públicas el uso inmediato de sus
facultades constitucionales, con el fin de remediar esta situación. Para ello
procederá a impartir las respectivas órdenes.
D E C I S I O N
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E:
Primero.- ORDENAR que se notifique
acerca de la existencia del estado de cosas inconstitucional en las prisiones
al  Presidente de la República; a los presidentes del Senado de la República y
de la Cámara de Representantes; a los presidentes de la Sala Penal de la Corte Suprema
Justicia y de las Salas Administrativa y Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura; al Fiscal General de la Nación; a los
gobernadores y los alcaldes; a los presidentes de las Asambleas Departamentales
y de los Concejos Distritales y Municipales; y a los personeros municipales.
Segundo.- REVOCAR las sentencias
proferidas por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de
Justicia, el día 16 de junio de 1997, y el Juzgado Cincuenta Penal Municipal de
Bogotá, el día 21 de agosto de 1997, por medio de las cuales se denegaron las
solicitudes de tutela interpuestas por Manuel José Duque Arcila y Jhon Jairo
Hernández y otros, respectivamente. En su lugar se concederá el amparo
solicitado.
Tercero.- ORDENAR al INPEC, al
Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación
elaborar, en un término de tres meses a partir de la notificación de esta
sentencia, un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a garantizar
a los reclusos condiciones de vida dignas en los penales. La Defensoría del
Pueblo y la Procuraduría General de Nación ejercerán supervigilancia sobre este
punto. Además, con el objeto de poder financiar  enteramente los gastos que
demande la ejecución del plan de construcción y refacción carcelaria, el
Gobierno deberá realizar de inmediato las diligencias necesarias para que en el
presupuesto de la actual vigencia fiscal y de las sucesivas se incluyan las
partidas requeridas. Igualmente, el Gobierno deberá adelantar los trámites
requeridos a fin de que el mencionado plan de construcción y refacción
carcelaria y los gastos que demande su ejecución sean incorporados dentro del
Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones.
Cuarto.- ORDENAR al Ministerio de
Justicia y del Derecho, al INPEC y al Departamento Nacional de Planeación, en
cabeza de quien obre en cualquier tiempo como titular del Despacho o de la
Dirección, la realización total del plan de construcción y refacción carcelaria
en un término máximo de cuatro años, de conformidad con lo establecido en el
Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones.
Quinto.- ORDENAR al INPEC y al
Ministerio de Justicia y del Derecho la suspensión inmediata de la ejecución
del contrato de remodelación de las celdas de la Cárcel Distrital Modelo de Santafé
de Bogotá.
Sexto.- ORDENAR al INPEC que, en un
término máximo de tres meses,  recluya en establecimientos especiales a
los miembros de la Fuerza Pública que se encuentran privados de la libertad,
con el objeto de garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal.
Séptimo.- ORDENAR al INPEC que, en
un término máximo de cuatro años, separe completamente los internos sindicados
de los condenados.
Octavo.- ORDENAR a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que
investigue la razón de la no asistencia de los jueces de penas y medidas de
seguridad de Bogotá y Medellín a las cárceles Modelo y Bellavista.
Noveno.- ORDENAR al INPEC, al
Ministerio de Justicia y del Derecho y al Ministerio de Hacienda que tomen las
medidas necesarias para solucionar las carencias de personal especializado en
las prisiones y de la Guardia Penitenciaria.
Décimo.- ORDENAR a los gobernadores
y alcaldes, y a los presidentes de las Asambleas Departamentales y de
los Concejos Distritales y Municipales que tomen las medidas necesarias para
cumplir con su obligación de crear y mantener centros de reclusión propios.
Undécimo.- ORDENAR al Presidente de
la República, como suprema autoridad administrativa, y al Ministro de Justicia
y del Derecho que, mientras se ejecutan las obras carcelarias ordenadas en esta
sentencia, tomen las medidas necesarias para garantizar el orden público y el
respeto de los derechos fundamentales de los internos en los establecimientos
de reclusión del país.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia
aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá,
D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Abril de mil novecientos noventa y
ocho (1998).
[1]De acuerdo con la definición ofrecida por
el Ministerio de Justicia, por hacinamiento o congestión carcelaria se entiende
la  ocupación de un espacio por un numero de individuos que excede la capacidad
funcional del mismo.
[2] Todos los cuestionarios fueron
respondidos debidamente por las distintas entidades. El   Ministerio de Justicia
y del Derecho lo hizo mediante  Oficio del 12 de diciembre de 1997; el INPEC, a
través de  Oficios del 15 de diciembre de 1997 y 11 de febrero de 1998;  la
Defensoría del Pueblo, mediante informe del 3 de diciembre de 1997; la
Procuraduría General de la Nación, por informe del día 16 de enero de 1998; el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó el 12 de diciembre de 1997;
el  Departamento de Planeación Nacional, en respuesta a preguntas que le había
remitido el Ministerio de Hacienda, el  25 de noviembre de 1997; el  Ministerio
de Salud, el  9 de febrero de 1998; y la Policía Nacional, el 10 de febrero de
1998.
[3] Ver, por ejemplo, el documento elaborado
por la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la
Nación, de noviembre 24 de 1997, titulado “Situación penitenciaria y carcelaria
del centro carcelario del Distrito Judicial Santa Fe de Bogotá ‘La Modelo”; el
“Informe evaluativo general de las visitas interinstitucionales a la Cárcel del
Distrito Judicial de Bellavista”, elaborado por la Dirección General de
Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, seccional
Antioquia, en 1996;  el “Informe General Cárcel Bellavista”, elaborado por
la Defensoría del Pueblo, regional Medellín, en 1996;  el escrito
elaborado por la Personería de Medellín, en 1995, titulado “Informe sobre la
cárcel del distrito judicial de Medellín, BELLAVISTA”;  el informe sobre
centros carcelarios en Colombia denominado “Proyecto piloto para la creación de
las condiciones mínimas de rehabilitación de los reclusos en Colombia”,
elaborado por la Procuraduría General de la Nación, en 1994;  los informes
anuales de la Defensoría del Pueblo ; el informe presentado por la
Comisión de la Cámara de Representantes encargada de realizar un diagnóstico de
la situación carcelaria en el país, publicado en la Gaceta del Congreso N° 279,
de julio 22 de 1997; el documento CONPES N° 2797 de julio de 1995, etc.
[4] Debe mencionarse que el hacinamiento se
ha trasladado también a las estaciones de policía,  algunas de las cuales
albergan un número de reclusos superior en más de tres veces a la capacidad de
las estaciones. Sobre el caso de Bogotá, ver El Tiempo, 20 de abril de 1998, p.
1F.
[5] Con todo, es importante señalar que las
apreciaciones y los porcentajes varían de acuerdo con la entidad que presenta
los datos. Así, según el Informe sobre aspectos penitenciarios, elaborado por
la Contraloría General de la República, en 1997, el porcentaje de hacinamiento
más elevado lo presentarían las siguientes cárceles: Villahermosa de Cali: 234%;
Bellavista de Medellín: 228%; y Modelo de Bogotá: 220%.
En este punto es importante hacer una
aclaración general, cual es la de que en varias ocasiones se encontrarán
discordancias entre las estadísticas y apreciaciones aportadas por los
diferentes estudios o entidades consultados. Con todo, a pesar de esta
deficiencia en los datos, ellos permiten un buen acercamiento a la realidad de
las prisiones en Colombia.
[6] Página 220.
[7] Es interesante observar que los cuatro
artículos de que consta la ley establecen disposiciones aplicables únicamente a
los reclusos que ya han sido objeto de condena, dejando sin atender la
situación de los sindicados.
[8] Obsérvese también que el director de la
Cárcel Modelo afirmaba, en la entrevista que sostuvo con la comisión judicial,
que en los tres meses que llevaba a cargo de la dirección de ese
establecimiento no había conocido a ningún juez de penas y medidas de
seguridad.
[9] El Tiempo, 19 de abril de 1998, p. 8A.
[10] Gaceta del Congreso N° 105, del 24 de
abril de 1997, p. 19.
[11] Ver las páginas 220 y 81-82.
[12] Nemogá, Ricardo (dir.): Justicia sin
rostro. Estudio sobre la justicia regional. Unidad de Investigaciones
jurídico-sociales “Gerardo Molina”- UNIJUS, Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, Bogotá, 1996, p. 100.
[13] Ver al respecto el informe de la comisión
del Congreso, pp. 8-9.
[14] Página 220.
[15]  En el informe mismo se señala, en la
página 254,  que “en la medida en que el índice sea superior a 1.025, las
edificaciones tienen un envejecimiento y deterioro relativos equivalentes a más
de 50 años de construcción, cifra considerada crítica”.
[16] El informe se encuentra en la Gaceta del
Congreso N° 279, del 22 de julio de 1997. El cuadro está ubicado en la página
8.
[17] Gaceta del Congreso N° 105, de abril 24
de 1997, p. 16.
[18] El  Ministerio de Justicia expresa que
“una parte importante de la inversión se destina a mejorar aquellos centros
carcelarios que presentan alto deterioro a causa de la antigüedad de los
inmuebles y dar mantenimiento a las cárceles que han sufrido destrucción como
resultado de los amotinamientos y disturbios presentados en el país durante los
últimos dos años”. Esta situación podría explicar parcialmente la poca
productividad - en materia de deshacinamiento - de las inversiones realizadas
hasta ahora en materia de infraestructura carcelaria.
[19] En efecto, el artículo 24 del Código
Penitenciario prescribe que el tratamiento psiquiátrico de los inimputables
debería ser asumido por los establecimientos especializados del Sistema
Nacional de Salud, en un término de 5 años, que vence en 1998. De acuerdo con
el informe presentado por el Ministerio de Salud, en cuatro penales del país se
cuenta actualmente con anexos psiquiátricos, con  cupo para 170 personas. El
informe destaca también que, en cumplimiento de lo ordenado por el Código,  en
los últimos años se han firmado varios convenios con entidades de salud,  para
que estas asuman el cuidado y tratamiento de los inimputables. A raíz de estos
convenios ya han sido retirados de las cárceles decenas de inimputales, y se
espera poder culminar el proceso durante al año de 1998.
[20]Gaceta del Congreso del martes 22 de julio
de 1997, año VI, N ° 279.
[21] El Ministerio de Justicia expone también
que, de acuerdo con estudios realizados en España, Portugal y Norteamérica, “un
interno debe tener un espacio mínimo de alojamiento de 3.5 metros en celda
individual o 4.5 metros en celda doble, con alturas de 3 metros para climas
cálidos y de 2,50 para climas fríos ; a partir de estos mínimos se empieza
a contemplar áreas comunes para circulación, comedor, seguridad, etc.
[22] Sobre el tema de los derechos de los
reclusos ver, entre otras,  las sentencias  T-424 de 1992, M.P. Fabio Morón
Díaz; T-522 de 1992, MP Alejandro Martínez Caballero; T-596 de 1992, M.P. Ciro
Angarita Barón; T-219 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell;  T-273 de 1993,
M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T- 437 de 1993,
M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de
1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[23]  Sobre el punto del estado de  sujeción
especial de los reclusos frente al Estado ver, entre otras,  las sentencias
T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; C-318 de 1995, M.P. Alejandro Martínez
Caballero;  T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-706 de 1996,  MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz; y  T-714 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[24]  Acerca de los deberes especiales del
Estado para con los reclusos ver, entre otras, las sentencias T-522 de 1992,
M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-374 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz;
T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara;  T-420 de 1994, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; y T-741 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[25] Los tres documentos fueron recopilados en
una publicación de la Defensoría del Pueblo, en el año 1995.
[26] Ver al respecto las sentencias SU 474 de 1997, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa , y T-622 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.