T-051-10
SENTENCIA T-051/10
SENTENCIA T-051/10
(Febrero 2; Bogotá
D.C.)
PENSION DE
SOBREVIVIENTES A PAREJAS DEL MISMO SEXO-Autoridades administrativas,
judiciales y Administradoras de Fondos de Pensiones no podrán negar
reconocimiento con base en trabas injustificadas
Las trabas administrativas más
destacadas tienen que ver con la tendencia a abrir investigaciones adicionales
–no previstas en la legislación– para recaudar pruebas no exigibles
jurídicamente, entre ellas, por ejemplo, visitas domiciliarias; ratificación de
solicitud bajo juramento por parte de las personas peticionarias; requerimiento
de agotar el juicio sucesorio para determinar herederos así como la liquidación
de la sociedad conyugal; exigencia de declaración de unión material de hecho
ante notario firmada por el causante y el solicitante; juicios de valor que
traen como consecuencia la inaplicación de normas aplicables por motivos
religiosos o morales; solicitud de agotar el proceso ordinario de unión marital
de hecho ante la jurisdicción de familia. Entre los principales obstáculos de
orden jurídico se encuentran, entonces: (i) aplicación de norma inaplicable;
(ii) exigencia de requisitos o trámites improcedentes; (iii) interpretación
contraria a la Constitución; (iv) aplicación de procedimiento diferente y
diferenciador; (v) inaplicación del precedente jurisprudencial y del bloque de
constitucionalidad.
PENSION DE
SOBREVIVIENTES A PAREJAS DEL MISMO SEXO-Sentencia C-336 de 2008 no exige
como condición para acceder al reconocimiento y pago declaración ante notario
A juicio de esta Sala de
Revisión, debe existir completa claridad acerca de que la sentencia C-336 de
2008 no exige como condición para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes de parejas del mismo sexo la declaración de unión
material de hecho ante notario firmada por el causante y el solicitante. Cierto
es que la exigencia establecida por la parte resolutiva de la sentencia C-336
de 2008 es que la condición de pareja permanente sea acreditada en los términos
establecidos por la sentencia C-521 de 2007 para las parejas heterosexuales.
Encuentra la Sala que la remisión hecha por la parte resolutiva de la sentencia
C-336 de 2008 a la sentencia C-521 de 2007 en el sentido de exigir como
condición para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
de parejas del mismo sexo la declaración de unión material de hecho ante
notario firmada por los dos integrantes de la pareja del mismo sexo, fue
pensada para solicitar la afiliación en salud y no puede aplicarse, sin más ni
más, en el caso de la pensión de sobrevivientes. En otras palabras: resulta
evidente que tal previsión fue establecida en relación con la afiliación a la
seguridad social en salud de compañeros y compañeras permanentes.
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES A PAREJAS DEL
MISMO SEXO Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD-Procedencia por desconocimiento
del debido proceso administrativo al no someterse a consideración las
consecuencias prácticas que se derivan con el no pago
En el asunto bajo examen se
presentan circunstancias especiales que deben ser tenidas en cuenta por la Sala
para establecer la procedencia del amparo tutelar. En primer lugar, resulta
preciso distinguir entre la protección de los derechos constitucionales
fundamentales y las consecuencias prácticas que se derivan de esa protección en
los casos bajo análisis, a saber, el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente. Entiende la Sala, que en los asuntos puestos a su consideración
las entidades demandadas y los jueces de tutela le confirieron especial
atención al segundo aspecto y dejaron por entero desatendido el primero y más
importante: la protección de los derechos constitucionales a la garantía del
debido proceso administrativo y el derecho de las parejas del mismo sexo a
acceder al reconocimiento y pago de su pensión de sobrevivientes bajo las
mismas condiciones que lo hacen las parejas heterosexuales.
PENSION DE
SOBREVIVIENTES A PAREJAS DEL MISMO SEXO-Interpretación restrictiva de sentencia
C-336 de 2008 implica imponer una carga desproporcionada a parejas homosexuales
Como se deriva de lo hasta
aquí expuesto, en los tres asuntos bajo examen tanto las entidades demandadas
como los jueces de tutela se sustentan en excusas inadmisibles si se miran bajo
la óptica de los preceptos constitucionales así como bajo los lineamientos
sentados por la Corte Constitucional en sede de constitucionalidad. Arriba se
expuso, que las sentencias de constitucionalidad son vinculantes y de
obligatorio cumplimiento dado el carácter erga omnes que las informa e
impregna. Así mismo, en las consideraciones de la presente sentencia se
aportaron los motivos por los cuales se sostiene en esta sede que interpretar
la exigencia contenida en la parte resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 de
una manera restrictiva implica imponerles a las parejas homosexuales una carga
desproporcionada y arbitraria que riñe con las previsiones contenidas en el
artículo 13 superior y quebranta el derecho a la garantía del debido proceso
administrativo establecida en el artículo 29 de la Constitución Política.
PENSION DE
SOBREVIVIENTES A PAREJAS DEL MISMO SEXO-Solicitud de declaración ante
notario de ambos miembros de la pareja vulnera el debido proceso administrativo
y derecho a pensión de sobrevivientes en igualdad de condiciones a parejas
heterosexuales
En suma, encuentra la Sala que
si se analizan los casos bajo examen a la luz de las consideraciones efectuadas
en la presente sentencia resulta evidente el desconocimiento en los tres casos
del derecho a la garantía del debido proceso administrativo a la par que la
vulneración de su derecho a acceder al pago y reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en iguales condiciones en las que lo hacen las parejas
heterosexuales. Puesto de otra manera: las entidades demandadas y los jueces de
tutela desconocieron los derechos constitucionales fundamentales de los
peticionarios, en especial, su derecho constitucional fundamental a la garantía
del debido proceso administrativo y su derecho a acceder a la pensión de
sobrevivientes en igualdad de condiciones en que se reconoce este derecho a los
compañeros permanentes heterosexuales:
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES A PAREJAS DEL
MISMO SEXO-Procedencia para acceder al reconocimiento y pago en igualdad de
condiciones a parejas heterosexuales
La situación de los
peticionarios en los casos puestos bajo consideración de la Sala, es la misma
de muchas personas homosexuales que tienen derecho a acceder al reconocimiento
y pago de su pensión de sobreviviente en iguales condiciones a las parejas
heterosexuales pero por obstáculos injustificados se ven impedidas a ello.
Justo por ese motivo, procederá la Corte a dictar un grupo de órdenes con
efectos intercomunis, es decir, las órdenes que proferirá la Sala en esta sede
se harán extensivas a todas las personas homosexuales que –encontrándose en las
mismas o en similares situaciones a las que se hallan los peticionarios de las
tutelas de la referencia– pretendan hacer efectivo su derecho a acceder al
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en iguales condiciones en
que lo hacen las parejas heterosexuales.
Referencia: expediente T-2.292.035
Expediente T-2.299.859
Expediente T-2.386.935
Accionantes: A
B
C
Accionados: EDATEL S. A.
Fondo de Pensiones BBVA y otro.         Gobernación de Risaralda.
Fallos
objeto de revisión:
-Sentencia
del Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín
del 15 de abril de 2009, que confirmó la decisión negativa del Juzgado
Veinticuatro Penal Municipal de Medellín de dos de marzo de 2009.
-Sentencia
del Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá de 22 de abril de 2009, que
modificó el fallo impugnado ante el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal de
Bogotá de marzo dos de 2009 que declaró la improcedencia de la acción de tutela
y en su lugar negó el amparo incoado.
-Sentencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sala de Decisión
Civil-Familia de julio 15 de 2009 que confirma la sentencia proferida el día 4
de junio de 2009 por el Juzgado Quinto Civil de Circuito de Pereira
Magistrados
de la Sala Segunda de Revisión: Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Mauricio González Cuervo.
Magistrado
Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES.
Aclaraciones iniciales.
La Sala de Selección Número Ocho
de la Corte Constitucional mediante auto fechado el día 6 de agosto de 2009
resolvió acumular los expedientes de la referencia los cuales fueron repartidos
al Magistrado Mauricio González Cuervo por presentar unidad de materia para que
sean fallados en una sola sentencia. Con ese mismo objetivo, la Sala Quinta de
Revisión mediante auto fechado el día 27 de noviembre de 2009 procedió a acumular
a los dos expedientes mencionados, el expediente T-2.386.935.
Siguiendo la línea
jurisprudencial fijada en decisiones previas de esta Corporación en el mismo
sentido[1],
la Sala ha cambiado los nombres reales de los peticionarios, de sus compañeros
permanentes así como de las personas que presentaron declaración extraprocesal
ante notario. Esta determinación se ajusta a los preceptos constitucionales que
buscan asegurar el derecho a la intimidad de todas estas personas.
1. Demanda y pretensión.
Elementos de la demanda.
- Derechos fundamentales cuya
protección se invoca: cláusula del Estado social y pluralista de derecho;
derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la intimidad y al
buen nombre, derecho a la honra, derecho a la igualdad, derecho a la seguridad
social, derecho al respeto por la dignidad humana así como por el bloque de
constitucionalidad.
- Conducta que causa la
vulneración: negativa por parte de las entidades demandadas a reconocer y
pagar la pensión de sobreviviente de los peticionarios sustentada en dos
argumentos. En primer lugar, que los accionantes no cumplen con los requisitos que
en materia probatoria estableció la sentencia C-336 de 2008 mediante la cual se
garantiza a las parejas del mismo sexo el derecho al acceso a la pensión de
sobrevivientes en igualdad de condiciones que a las parejas heterosexuales. En
segundo lugar, que la muerte de los causantes ocurrió en fecha anterior a la
expedición de dicha sentencia.
- Pretensión: que se
conceda la tutela, se revoquen los fallos de instancia, se ampare el derecho de
las parejas homosexuales a acceder en igualdad de condiciones al reconocimiento
y pago de la pensión de sobreviviente, derecho que existía aún antes de la
expedición de la sentencia C-336 de 2008 aún cuando sus efectos patrimoniales
hayan sido diferidos al momento de emisión de la referida sentencia. En suma,
que como consecuencia de la protección del derecho a la igualdad dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la sentencia se reconozca
y pague la pensión de sobreviviente y que se requiera a las entidades
demandadas para que en el futuro no vuelvan a incurrir en las conductas que
generaron la violación de los derechos cuya protección se invoca.
1.2. Fundamento de la
pretensión.
1.2.1. Expediente T-2.292.035
El ciudadano demandante apoyó su
pretensión en las siguientes afirmaciones y medios de prueba:
- Según el peticionario, A,
convivió con su compañero permanente durante once años, hasta el día 10 de
febrero de 2008, fecha en la cual R murió[2].
- Sostiene que por medio de
declaraciones juramentadas rendidas ante el Notario Segundo del Circuito de
Medellín, la ciudadana E y Y testificaron sobre la convivencia como compañeros
permanentes de R y A[3].
- Manifiesta que el día 12 de
mayo de 2008 solicitó ante EDATEL S. A. –compañía en la que su compañero
permanente fallecido trabajó y de la cual se había pensionado–, el
reconocimiento de su pensión de sobreviviente[4].
- Señala que mediante
comunicación emitida el día 24 de julio de 2008, la compañía EDATEL S. A.
respondió de modo negativo la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
de sobreviviente[5].
- Por todo lo anterior, solicita
que se tutelen sus derechos constitucionales fundamentales y se revoquen los
fallos de instancia.
1.2.2. Expediente T-2.299.859
El ciudadano demandante apoyó su
pretensión en las siguientes afirmaciones y medios de prueba:
- Según el peticionario, B,
inició una relación de pareja de manera singular –permanente y continua – con W
desde el año 2001[6].
- Sostiene que el día 30 de enero
de 2002 el ciudadano W suscribió formulario de vinculación al Fondo de
Pensiones Obligatorias administrado por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS en
calidad de trabajador dependiente[7].
- Manifiesta que el día 29 de
mayo de 2007 el ciudadano W murió, motivo por el cual terminó también la unión
marital de hecho que existía desde mayo de 2001[8].
- Señala que presentó reclamación
de reconocimiento y pago de su pensión de sobreviviente ante la entidad
demandada[9].
- Afirma que mediante
comunicación fechada el día 18 de septiembre de 2009 el Fondo de Pensiones lo
informó respecto de la negación de su solicitud con fundamento en lo
establecido por la Ley 100 de 1993[10].
- Por todo lo anterior, solicita
que se tutelen sus derechos constitucionales fundamentales y se revoquen los
fallos de instancia.
1.2.3. Expediente 2.386.935
El ciudadano demandante apoyó su
pretensión en las siguientes afirmaciones y medios de prueba:
- Según el peticionario, C, es
compañero permanente supérstite de P quien falleció el día 15 de septiembre de
2008 en su condición de pensionado de la entidad demandada, según consta en la
Resolución No. 109 del 23 de julio de 1984, expedida por la Caja de Seguridad
Social del Departamento de Risaralda[11].
- Afirma el accionante que el día
22 de octubre de 2008 solicitó en forma escrita y previo el lleno de los
documentos que le fueron exigidos por parte de la Dirección del Fondo
Territorial de Pensiones de Risaralda, el reconocimiento y pago de la
sustitución pensional a que le asiste derecho por la muerte de su compañero
permanente pensionado[12].
- Sostiene que hasta la fecha no
le ha sido reconocido este derecho y menos aún cancelado por parte del Fondo de
Pensiones del Departamento de Risaralda[13].
- Relata que el día 29 de octubre
de 2008 presentó la solicitud ante la Caja Nacional de Previsión Social
–CAJANAL– entidad esta que según lo afirma el demandante “ya la ha
reconocido, sin que tenga que interponer recurso alguno, como consta en copia
de la Resolución AMB 13855 del 31 de marzo de 2008”. Documento que adjunta
al escrito de tutela[14].
- Narra que reúne los requisitos
para acceder a la sustitución pensional de conformidad con lo exigido por la
Ley 100 de 1993 en sus artículos 47 y 74 y en concordancia con lo afirmado por
la Corte Constitucional en las sentencias C-521 de 2007; C-075 de 2007 y C-811
de 2007[15].
- Señala que el día 13 de enero
de 2009 mediante Resolución 013 le fue negado el derecho al reconocimiento y
pago de la pensión sustitutiva y agrega que el día 19 de enero de 2009
interpuso de manera simultánea los recursos de reposición y apelación en contra
de la Resolución, recursos que fueron decididos de forma negativa –mediante
Resolución 112 del 3 de febrero de 2009 que decide la reposición y mediante Resolución
146 que decide la apelación–[16].
- Indica que la entidad demandada
ha esgrimido como excusa para negarse a reconocer el derecho que le asiste, la
existencia de una ficha de pensionado donde los titulares pueden indicar la
persona beneficiaria de la sustitución pensional[17].
- Enfatiza que tal ficha fue
llenada por el causante en el año 2000 “cuando las parejas del mismo sexo no
se reconocían por la ley colombiana y por lo tanto en su momento el causante
indica no tener a quién suceder la pensión pues entonces sólo tenían derecho
‘LA LEGÍTIMA ESPOSA (la que nunca tuvo) la COMPAÑERA PERMANENTE, (quien y
tampoco existió) o HIJOS MENORES O DISCAPACITADOS quienes tampoco existían”
[18].
- Subraya que en la mencionada
ficha nunca le preguntaron al causante por su compañero permanente y acentúa
que ello se debió a una razón muy clara: que en aquella época no se tutelaban
los derechos de las parejas homosexuales motivo por el cual no se incluía al
compañero permanente como beneficiario de la pensión de sobreviviente lo que no
equivale, en su caso, a que no conviviera con el causante[19].
- Aclara que la ficha de
pensionados es un documento que las administradoras de pensiones obligan a
llenar a los titulares de los derechos al cumplir los 65 años de edad para
facilitar las gestiones de quien ha de reclamar la pensión. Ello, sin embargo,
no significa que éste sea un requisito indispensable para el reconocimiento de
la pensión sustitutiva. Con todo, la entidad demandada lo ha tenido como
elemento primordial y ha omitido darle valor a otros elementos probatorios que
aporta al expediente, los cuales, a juicio del actor, sí merecen ser tenidos en
cuenta pues demuestran con toda claridad que él es el único con derecho a
reclamar, al haber convivido con el causante de manera permanente por más de 34
años[20].
- Aporta Copia del carné de
Previsión Exequial[21];
copia del Título de Uso de un Osario[22]
y copia del certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que
le compró al causante[23].
2. Respuesta de las entidades
accionadas.
2.1. Expediente T-2.292.035
La abogada Adela Gómez Mavignier,
en calidad de apoderada judicial de EDATEL S. A., en escrito de contestación de
la tutela fechado el día 18 de febrero de 2009, informó lo siguiente:
- La petición de reconocimiento y
pago de la pensión de sobreviviente al ciudadano A fue, en efecto, negada y el
motivo de la negación se fundamentó en los dispuesto por las sentencias de la
Corte Constitucional que “plantean al homosexualismo como una opción de vida
legítima, amparada por la Constitución como una manifestación del libre
desarrollo de la personalidad, en consideración a que los lineamientos
jurisprudenciales consagran el principio de no discriminación por razón de la
opción sexual y de respeto de la dignidad humana como criterios de protección
de los derechos de los homosexuales”.
- La Corte Constitucional
mediante su jurisprudencia y, más específicamente, en sentencia C-075 de 2007
configura el marco conceptual a partir del cual se establece el alcance actual
de los derechos de las parejas del mismo sexo. La mencionada sentencia “otorgó
efectos patrimoniales a las uniones de parejas del mismo sexo, al declarar
exequible de manera condicionada algunos apartes de los artículos 1º y 2º del
régimen de protección contenido en la Ley 54 de 1990, tal como fue modificado
por la Ley 979 de 2005, que definían el concepto de unión marital de hecho como
una unión de un hombre y una mujer que, sin estar casados, hacen una comunidad
de vida permanente y singular”.
- La sentencia C-521 de 2007
declaró la inexequibilidad del tiempo mínimo de convivencia de dos años exigido
como factor habilitante para el ingreso al sistema de seguridad social en
salud. A partir de ese momento “puede otorgarse el beneficio al compañero o
compañera permanente, pero para ello se requiere  declaración rendida
ante juez o notario en la que conste que la pareja efectivamente convive y que
dicha convivencia tiene vocación de permanencia. Es decir que la condición de
compañero permanente para efectos de cobertura familiar debe ser probada mediante
declaración juramentada”. (Énfasis dentro del texto original)[24]. No
obstante, la Corte insistió en la necesidad de probar la calidad de compañeros
permanentes para evitar fraudes al sistema de Seguridad Social, esto es, para
impedir que, sin convivir, las personas dieran la apariencia de convivencia y,
de este modo, se beneficiaran de derechos de los que no son titulares.
- Luego de comentar en extenso la
referida sentencia C-521 de 2007 así como la sentencia C-075 de 2007 y la C-336
de 2008, concluyó la apoderada judicial de la entidad demandada que del
compendio de las decisiones adoptadas por la Corte en dichas providencias,
resultaba factible afirmar que el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes
que se les reconoce a las parejas heterosexuales cobija también a las parejas
homosexuales, siempre y cuando, tal condición sea acreditada en los términos
señalados en la sentencia C-521 de 2007 para las parejas heterosexuales. Este
asunto quedó todavía más claro al proferir la Corte Constitucional la sentencia
C-336 de 2008.
- Estimó que en el caso concreto
el actor omitió presentar la prueba para acreditar la convivencia, motivo por
el cual no puede reconocerse la pensión de sobreviviente y el pago de la misma.
En otras palabras, el demandante no acudió junto con su compañero permanente
ante notario para hacer constar la voluntad de conformar una familia en los
términos señalados por la sentencia C-521 de 2007 y por la sentencia C-336 de
2008.
-Informó, además, que a la par de
la solicitud elevada por el actor, fue presentada ante EDATEL S. A. la de la
hermana del fallecido “quien manifiesta que tiene 72 años y se encuentra en
proceso de calificación de invalidez ante la Junta Regional de Calificación de
Antioquia y considera que tiene derecho por cuanto su hermano era quien proveía
para su subsistencia y la dejó desamparada al fallecer”.
-Finalmente, señaló que lo
anterior no significa que la entidad que ella representa se niegue a reconocer
el derecho a la pensión de sobreviviente del actor en forma arbitraria sino que
“mal haría en reconocerle el derecho cuando no existe prueba pertinente para
acreditar la convivencia”. En especial, por cuanto no existe la declaración
juramentada ante notario –“declaración esta que ya era exigida para efectos
de afiliación a la seguridad social en materia de salud, antes del
fallecimiento del señor R. Además existe otra reclamación por concepto de
pensión de sobreviviente efectuada por una hermana del causante, controversia
que debe ser decidida y probada a través de un proceso ordinario laboral –.
Dadas las circunstancias
explicadas en precedencia, la apoderada judicial de EDATEL S. A. exigió que se
declarara la improcedencia del amparo por vía tutelar en el presente caso.
2.2. Expediente T-2.299.859
En respuesta a la solicitud de
tutela, la Directora de Beneficios y Bonos Pensionales de BBVA Horizonte
Pensiones y Cesantías expuso lo que se sintetiza a continuación.
- El día 30 de enero de 2002 el
señor W (q.e.p.d) seleccionó el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
mediante la suscripción de un formulario de solicitud de vinculación al Fondo
de Pensiones Obligatorias administrado por la entidad demandada en calidad de
trabajador dependiente.
- El señor W falleció el día 29
de mayo de 2007, en virtud de lo cual, se presentaron a reclamar pensión de
sobreviviente S y T, en calidad de padres del afiliado fallecido.
- Junto con la solicitud, los
padres sobrevivientes allegaron acta de declaración con fines extraprocesales
número 17575 de 21 de julio de 2007 por medio de la cual manifestaron:
“Cuarto: Que nuestro hijo al
momento de su fallecimiento era de estado civil soltero, no tenía unión marital
de hecho y no tenemos conocimiento de hijos extramatrimoniales, ni hijos
adoptivos o por reconocer que haya dejado el causante, ni tampoco tenemos
conocimiento de la existencia de otras personas con igual o mejor derecho que
el que a nos asiste (sic) en calidad anterior mente indicada, para efectuar
cualquier reclamación con beneficio del causante”.
-En el mismo sentido declararon
para fines extraprocesales el ciudadano L y la ciudadana M quienes sostuvieron:
“Por tal conocimiento sabemos
y nos consta que el causante al momento del fallecimiento era de estado civil
soltero, y convivía bajo el mismo techo, lecho y mesa, con sus padres (…) (…)
que el causante convivió (sic) con sus padres hasta el momento de su fallecimiento
(29 de mayo de2007). Nos consta que el causante, al momento de su fallecimiento
era de estado civil soltero y no tenía unión libre. Que nos consta que el
fallecido tampoco procreó hijos legítimos, ni tuvo hijos adoptivos, o
reconocidos, por tal razón son únicos herederos beneficiarios sus padres. Que
no existen otras personas con igual o mejor derecho para efectuar cualquier
reclamación con beneficio del fallecido”.
- La Directora de Beneficios y
Bonos pensionales de la entidad demandada, relató que verificado el
cumplimiento de los requisitos de cotización y fidelidad de conformidad con la
normatividad vigente, procedió a constatar que los señores S y T tuvieran
condición de beneficiarios de la pensión de sobreviviente originada con ocasión
de la muerte de su hijo, el estudio adelantado demostró “la NO condición de
beneficiarios de pensión del señor W” e informó a los padres del causante
que había rechazado la solicitud de pensión de sobrevivientes por cuanto ellos
no dependían económicamente del afiliado fallecido.
- Manifestó, de todos modos, que
en virtud de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley 100 de 1993 que regula
lo referente a la Devolución y Saldos, había informado a los padres del
causante “sobre la procedencia y requisitos para efectuar la entrega de los
dineros que reposan en la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado
fallecido”.
- Adujo que el 17 de junio de
2008 se había presentado el actor de la tutela de la referencia a reclamar la
pensión de sobreviviente en calidad de compañero permanente del afiliado para
lo cual aportó Acta de Declaración Juramentada con Fines Extraprocesales
mediante la que los ciudadanos D y H informaron:
“conocemos de vista, trato y
comunicación desde hace veinte años a B (…) y por ese conocimiento nos consta
que inició relación de pareja de manera singular, permanente y continua con W
(…) Dicha convivencia se inició en mayo de 2001 (…) y se terminó el día 29 de
Mayo de 2007, fecha en la que falleció W”.
- Respecto de la solicitud hecha
por el peticionario de la presente tutela indicó la Directora de Beneficios y
Bonos Pensionales que la muerte del ciudadano W había tenido lugar el día 29 de
mayo de 2007, esto es, en fecha anterior al momento en que la Corte
Constitucional mediante sentencia C-336 de 2008 se pronunció sobre “el
derecho pensional que les puede asistir a las personas del mismo sexo por el
fallecimiento de su compañero o compañera permanente previa comprobación de tal
condición”. Advirtió que con anterioridad a dicho pronunciamiento no
existía “la posibilidad de reconocer prestaciones económicas que otorga el
Sistema General de Pensiones a los compañeros p compañeras permanentes del
mismo sexo” motivo por el cual la exigencia del peticionario fue rechazada
toda vez que la mencionada sentencia no tiene efectos retroactivos sino efectos
para el futuro (Corte Constitucional. Sentencia T-147 de 2006).
- Encontró que el principio de
favorabilidad invocado por el accionante –contemplado en el artículo 53 de la
Constitución Plítica– operaba bajo la existencia de dos o más normas vigentes
aplicables a la situación fáctica que se pretende definir, tal como lo ha
manifestado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Así, dado
que la única norma aplicable vigente es la Ley 100 de 1993, modificada por la
Ley 797 de 2003, no existe duda en relación con la legislación aplicable para
el caso concreto y no puede alegarse, por consiguiente, la aplicación del
principio de favorabilidad.
- Finalmente, hizo un repaso de
la jurisprudencia sentada en sede de tutela por medio de la cual la Corte
Constitucional ha determinado que la acción de tutela es improcedente para
obtener el reconocimiento y pago de la pensión y en general el pago de
prestaciones de orden económico asunto sobre el cual le corresponde decidir a
la justicia ordinaria. (Corte Constitucional. Sentencias T-038 de 1997, T-305
de 1998, T-206 de 1998, T-414 de 1998, T-630 de 2006).
Por los motivos expuestos, la
Directora de Beneficios y Bonos Pensionales de BBVA Horizonte Pensiones y
Cesantías solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.
2.3. Expediente T-2.386.935
La ciudadana Claudia Cristina
Mejía Berreneche en calidad de apoderada del Gobernador de Risaralda responde
de la manera que se sintetiza a continuación la tutela de la referencia.
- Luego de referirse a los hechos
de la tutela y de admitir la veracidad de lo alegado por el demandante,
trascribe una lista con los requisitos exigidos por el Fondo Territorial de
Pensiones del Departamento de Risaralda, para reclamar la Sustitución
Pensional.
Oficio solicitando la Sustitución
Pensional, dirigida a la Profesional Especializada del Fondo Territorial de
Pensiones del Departamento de Risaralda, indicando dirección y teléfono del
solicitante, al cual se le deben anexar los documentos que se relacionan a
continuación: Dos (2) declaraciones extraproceso en original. // Registro civil
de defunción del causante en original o copia auténtica. // Registro civil de
matrimonio, en original o copia auténtica. // Colilla de pago de la última
mesada recibida por el causante. // Fotocopia del carné de salud del causante y
del beneficiario. // Registro civil de nacimiento del causante y del
solicitante en original. // Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
solicitante. // Cuando se trate de hijos inválidos, debe anexar el dictamen de
la Junta Regional de Calificación de Invalidez en original. // Si es mayor
estudiante, debe anexar certificado expedido por el respectivo plantel
educativo reconocido por el Ministerio de Educación, donde acredite como mínimo
20 horas semanales en original. // Tanto para el mayor inválido como el mayor
estudiante, deben probar la dependencia económica. // Cuando el beneficiario es
menor de edad o demente, la solicitud debe presentarla el representante legal o
curador. // Si la solicitud la presentan los padres o hermanos inválidos, deben
allegar la partida o registro civil de matrimonio de los padres, partida o
registro civil de nacimiento del causante.”
- Manifiesta que en efecto el
peticionario debidamente identificado presentó solicitud de reconocimiento y
pago de pensión de sobreviviente e invocó la calidad de compañero permanente
del fallecido con quien señaló que convivió durante 34 años.
- Afirma que la entidad por medio
del Fondo de Pensiones del Departamento estudió el caso de manera inmediata,
estudio que llevó a negar el reconocimiento mediante Resolución número 013 de
enero 13 de 2009. El motivo de la negación –sostiene–, radica en que aún cuando
el peticionario prueba mediante declaraciones extrajuicio que convivió durante
34 años con el causante, revisado el expediente se constató que en la ficha de
pensionado diligenciada el día 7 de julio de 2000 por el causante, él “había
manifestado que vivía en el municipio de Desquebradas, que era soltero y que no
tenía a quién dejarle la pensión.
- Sostiene que con fundamento en
esa prueba la entidad demandada resolvió negarle la pensión mediante Resolución
que fue repuesta y apelada por el peticionario siendo negados los dos recursos.
Señala como motivo que tuvo el ad quem para confirmar la sentencia de
segunda instancia, la falta de cumplimiento de lo establecido por el artículo
47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 e
insiste en que la segunda instancia resolvió “acogerse a lo planteado en la
primera instancia con relación al documento denominado ficha PENSIONADOS y que
obra en el expediente del pensionado fallecido P, en el cual había manifestado
que no tenía a quién dejarle la pensión, dejando además en blanco el campo
correspondiente”.
Solicita desligar al Departamento
de Risaralda de cualquier responsabilidad en relación con los hechos invocados
por el peticionario.
3. Decisión de tutela objeto
de revisión.
3.1. Expediente T-2.292.035:
Sentencia del Juzgado Veinte Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Medellín del 15 de abril de 2009.
3.1.1. Primera Instancia.
Sentencia proferida por el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal de Medellín de
dos de marzo de 2009.
Mediante providencia dictada el 2
de marzo de 2009, el juzgado de primera instancia negó, por improcedente, la
tutela invocada. Apoyó su decisión en los motivos que se sintetizan a renglón
seguido.
- Estimó el a quo que en
el presente caso se hacía necesario acudir a lo dispuesto en el Decreto 2591 de
1991, artículo 6º, que regula las causales de procedencia de la acción de
tutela. A propósito de lo allí establecido, recordó que la Corte Constitucional
ha dicho en reiteradas ocasiones que la acción de tutela únicamente procede
cuando el accionante no cuente con otro medio de defensa judicial salvo que se
acuda a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable[25].
- Encontró que en el caso bajo
examen existía una vía judicial alternativa que el demandante no había agotado
aún y cuyo trámite no le genera ningún perjuicio irremediable, por cuanto, tal
como lo manifiesta él mismo, sólo tiene 39 años de edad y no cuenta con ningún
tipo de limitación para trabajar, o al menos no existe prueba alguna de ello en
el expediente. Lo anterior –sostiene el a quo– se confirma con el hecho
de que “cuando la solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes
se hizo a EDATEL el 12 de mayo de 2008, fue resuelta negativamente por dicha
entidad el 24 de julio de 2008 y sólo 7 meses después interpone acción de
tutela, circunstancia ésta que verifica la no causación de un perjuicio
irremediable”. Añadió, por último, que se había presentado otra solicitud
de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente del causante por parte
de su hermana por lo que la controversia tendría que ser resuelta por la
justicia ordinaria.
3.1.2. Impugnación.
El demandante impugnó –mediante
apoderado– la sentencia de primera instancia. Aportó los motivos que se resumen
a renglón seguido.
- Afirmó no estar de acuerdo con
la decisión emitida por el a quo, pues, en su opinión, la acción de
tutela sí constituye el instrumento idóneo y primario de protección frente a la
discriminación de que fue víctima por parte de EDATEL S. A. ESP y que trajo
consigo, precisamente, el que no le fuese reconocida ni pagada la pensión de
sobreviviente. Por tal motivo, sostuvo que corresponde al juez de tutela “en
forma expedita materializar [su] derecho a la igualdad”. Para el
demandante, la situación histórica y social de discriminación y, por ende, de
desconocimiento del derecho a la igualdad de que han sido víctimas las parejas
del mismo sexo, justifica acudir a la tutela como mecanismo de protección
principal.
- Admitió el demandante que, en
efecto, es el juez laboral la autoridad competente para conocer acerca de
procesos relacionados con la seguridad social. Consideró, empero, que “no
puede diferirse en el tiempo, la materialización del derecho a la igualdad”.
Trajo a colación que la Corte Constitucional en jurisprudencia reciente hizo
énfasis acerca de que el trato distinto era discriminatorio respecto de las
parejas homosexuales pues así ellas no estuvieran excluidas de manera expresa
de las normas que reconocen el derecho a recibir los beneficios que se
desprenden del reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, de hecho,
sí lo estaban y ello desconocía los valores que informan el Estado social de
derecho así como la necesidad de respetar la dignidad humana tanto como el
derecho al libre desarrollo de la personalidad. Desde esta perspectiva, el
derecho a no ser discriminado por motivos de las preferencias sexuales debe ser
protegido por el juez de tutela y la acción de tutela se constituye en
herramienta idónea para solicitar dicho amparo. No cosa distinta se desprende
de la jurisprudencia constitucional que ha insistido en que “la controversia
sobre el reconocimiento de los derechos pensionales adquiere dimensión de un
problema constitucional cuando su no reconocimiento viola o amenaza violar
derechos fundamentales diversos entre ellos el derecho de igualdad ante la
ley”.
- Destacó el accionante la
importancia de distinguir entre el derecho fundamental y las acciones concretas
que lo materializan. Consideró que en el presente caso lo que se invoca es la
necesidad de proteger el derecho a la igualdad, esto es, de asegurar que “cualquier
persona independientemente de su (en este caso) orientación sexual, pueda
acceder a un derecho, en este caso a la pensión de sobrevivientes”. Insistió
el demandante en que debía diferenciarse entre la protección del derecho y el
efecto que se consigue con tal protección, a saber, el reconocimiento y pago de
la pensión de sobrevivientes. Concluyó que en este caso el a quo
consideró que se trataba únicamente del segundo punto y dejó por entero
desatendido el primero y más importante: la protección del derecho a la
igualdad.
- En segundo lugar, la tutela
resulta procedente como mecanismo subsidiario de defensa ante la existencia de
una necesidad manifiesta, asunto éste, que el a quo pasó por alto y
desconoció que la acción incoada lo era para solicitar la protección del derecho
constitucional fundamental a la igualdad. Ahora bien, el a quo también
se abstuvo de atender a la especial situación de vulnerabilidad en que se
encuentran las parejas del mismo sexo por motivo de los prejuicios existentes
en la sociedad y dejó de lado que los mecanismo ordinarios no siempre resultan
idóneos para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
parejas del mismo sexo que constituyen grupos sociales marginados
históricamente y puestos en especial condición de vulnerabilidad.
- Indicó que, en su caso
particular, la protección por vía tutelar no sólo era urgente en virtud de los
motivos antes expresados, sino por cuanto en el año de 1998 fue diagnosticado
portador del VIH. Aportó prueba de lo anterior y solicitó mantener en reserva
esta información como protección de su derecho constitucional fundamental a la
intimidad.
- Destacó la doble situación de
victimización de las parejas del mismo sexo. Por una parte, ante la falta de
protección de sus derecho a la igualdad. Por otra, y como consecuencia de lo
anterior, ante la negación de la pensión de sobrevivientes. Mencionó que sólo
hasta luego de expedida la sentencia C-336 de 2008 –por medio de la cual se
reconocen los derechos de las parejas del mismo sexo a la pensión de sobrevivientes–
es que se inician tales procesos y en el asunto suyo procedió de manera
inmediata a solicitar el reconocimiento y pago de la pensión ante la entidad
demandada por lo que “no existen razones fundadas para no conceder la
tutela”. Como se desprende del análisis efectuado, en el caso bajo
consideración no existe una controversia que deba decidir la justicia laboral
puesto que luego de la expedición de la mencionada sentencia C-336 de 2008, lo
que se presenta es un cambio en el orden de prelación para la sustitución
pensional. El a quo al sostener la improcedencia de la acción de tutela
evidencia el trato discriminatorio al que el demandante está siendo sometido y
desconoció que el actor pertenece a un grupo vulnerable e histórica y
socialmente marginado.
- Por último, subrayó la
necesidad de que las autoridades judiciales respeten la aplicación del
principio de buena fe en sus actuaciones. Dentro de los elementos que
configuran tal principio ha dicho la Corte Constitucional (Sentencia T-617 de
1995) que se encuentra el que la administración no ejerza sus facultades
defraudando la confianza que en ella depositan los administrados y no exija a
las administrados más de lo que sea estrictamente indispensable para la
realización de los fines públicos. En tal sentido, al juez de conocimiento “no
le corresponde en ningún caso cuestionar las motivaciones que llevaron a
solicitar la pensión de sobrevivientes, puesto que si como accionante [ha]
manifestado [su] necesidad, mal haría el juez en desconocer dicha necesidad
presumiendo que no existe”.
- Añadió, finalmente, que en
vista de su pertenencia a un grupo histórica y socialmente marginado y
discriminado, debe primar la necesidad de proteger el derecho a la igualdad y,
por ende, resulta necesario invertir la carga de la prueba, esto es, quien
considera que tiene iguales o superiores derechos que el accionante debe probar
que esto es así. Entretanto la titularidad del derecho recae en el compañero o
compañera permanente homosexual. En suma, destacó que a las parejas del mismo
sexo no se les puede exigir probar más de lo que deberían en atención a la
aplicación del principio de buena fe.
3.1.3. Segunda instancia.
Mediante providencia fechada el
día quince de abril de 2009, el ad quem resolvió confirmar el fallo del a
quo. Expuso los argumentos que abajo se sintetizan en apoyo de su
solicitud.
- Para empezar, en los
antecedentes de su sentencia el ad quem adicionó un aspecto probatorio,
a saber, que el actor había presentado:
“copia de sendas
comunicaciones. Una suscrita por él y entregada el 13 de mayo de 2008 a EDATEL,
por medio de la cual reclamó para sí la pensión de sobrevivientes, aduciendo
declaración extrajuicio para demostrar convivencia con R, extinto ex empleado
de esa empresa, cuyo fallecimiento en febrero 10 de 2008 acreditó mediante
copia del registro civil de defunción. La otra es la respuesta dada por EDATEL
el 24 de julio de 2008, significándole que la sentencia C-336 de 2008 tiene
efectos a futuro y que el fallecimiento del exempleado antecedió dicha
providencia, por lo que no era posible conceder tal derecho porque la
normatividad vigente para entonces no regulaba la convivencia entre personas
del mismo sexo (fs. 33 y 34). También aportó el libelista copia del acta
notarial que consigna sendas declaraciones extrajuicio por parte de E y Y,
quienes dieron fe bajo juramento que el extinto R convivió por espacio de once
años con A y lo asistía económicamente (fs. 35 fte vto.) Así mismo aportó copia
del acta de defunción del R ocurrida el 10 de febrero. Finalmente el
actor aportó, tras su impugnación, copia de historia clínica, en la que aparece
el diagnóstico de VIH en 1998, y la frecuente demanda de atención en salud
desde mayo de 2008 (fs. 81 a 102).
De otro lado, encontró el ad
quem que la presentación del facsímile de un acta que contiene dos
declaraciones no podía conducir al juez constitucional a conferir la protección
solicitada por vía de tutela únicamente porque el peticionario se encuentra
–como lo adujo el ciudadano A– en una situación de debilidad manifiesta. Las
declaraciones en notaría las cuales “visiblemente tributan su interés,
sosteniendo que les consta de su relación por luengo tiempo como compañero
permanente de otro varón; (sic) así hubiese buscado tras la impugnación
complementar la prueba con su historial clínico que en el que se muestra él muy
compungido por la pérdida afectiva”, no son suficientes para dar por
probada la condición de compañero permanente de conformidad con lo dispuesto en
la sentencia C-336 de 2008 ni con lo señalado en la sentencia C-521 de 2007 a
la que ella remite para tales efectos.
- Reiteró su acuerdo con los
argumentos expuestos por el a quo en relación con que la tutela
constituye un mecanismo subsidiario y excepcional al que es factible acudir únicamente
cuando se han agotado los instrumentos ordinarios de defensa y dijo que en este
caso la cuestión revestía especial entidad por cuanto había una controversia
pendiente de decisión pues debía declararse si “le asiste mejor derecho a la
hermana de quien él alega haber sido por años compañero permanente” quien,
de acuerdo con lo afirmado por la entidad demandada, tiene 72 años, ha alegado
dependencia económica y adelanta trámite ante la Junta Departamental de
Invalidez.
- Por último, insistió que el argumento
expuesto por el accionante en relación con que se había abstenido de acreditar
la unión marital de hecho por desconocer las pautas jurisprudenciales sentadas
por la Corte Constitucional, carecía de peso toda vez que “quien dice haber
sido su compañero permanente y proveedor económico falleció en febrero 10 de
2008, la exigencia de que los mismos convivientes declaren conjuntamente sobre
tal permanencia reitera la posición del alto Tribunal en Sentencia C-521 de
2007, que obviamente antecede al óbito en cuestión”.  Finalmente, insiste
en que el actor omitió aportar prueba de la dependencia económica respecto del
causante.
- Concluyó que había derechos
inciertos y discutibles que no podían ser objeto del amparo solicitado dado que
para tales efectos debía el peticionario acudir a los mecanismo ordinarios pues
no había aportado prueba de peligro inminente que justificara el amparo como
mecanismo transitorio. Por los motivos aducidos, resolvió confirmar el fallo
del a quo.
3.2 Expediente T-2.299.859: Sentencia
del Juzgado Dieciséis Penal del Circuito
3.2.1. Primera instancia: Juzgado
Treinta y Dos Penal Municipal de Bogotá D.C.
Mediante fallo de dos de marzo de
2009, el despacho resolvió declarar la improcedencia del amparo incoado. Aportó
los siguientes motivos en apoyo de su decisión.
- Admitió la jueza a quo
que en el centro del debate se encontraba “el pago o no de la pensión de
sobreviviente con relación a personas del mismo sexo” y mencionó que frente
a este aspecto era relevante lo establecido por la Corte Constitucional en
sentencia C-336 de 2008. Sobre este extremo, enfatizó que la Corte
Constitucional había hecho una precisión, a saber, que la condición de
compañero o compañera permanente debía ser probada “mediante declaración ante
notario, expresando la voluntad de conformar una familia de manera
permanente, actuación a la que deben acudir quienes conforman la pareja y que
supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo expuesto”. Subrayó,
de otra parte, que idéntica prueba debía allegar quien solicita se le reconozca
y pague pensión de sobreviviente cuando se cumplan las condiciones previstas en
la ley y en especial de conformidad con el artículo 47 y 74 de la Ley 100 de
1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que son las mismas a
las que se refiere la sentencia C-521 de 2007.
Al referirse al caso concreto,
examinó si se cumplía con las exigencias previstas por el Decreto 2591 de 1991
–numeral 4º– para que proceda la acción de tutela y llegó a la conclusión con
arreglo a la cual en el asunto bajo análisis éste requisito no se cumplía por
cuanto el actor no probó –ni consta prueba de ello en el expediente – que se
encontrara en situación especial de indefensión. De este modo, el ciudadano
demandante debe acudir a los medios ordinarios de defensa que constituyen la
vía idónea para solicitar el amparo invocado.
Por los motivos antes señalados,
resolvió declarar que la acción de tutela impetrada por B mediante apoderado
judicial era improcedente.
3.2.2. Impugnación.
El peticionario expuso en el
escrito de impugnación los mismos argumentos que adujo en el suyo el ciudadano
A –Expediente T-2.292.035–. Dado que en el numeral 3.1.2. de esta providencia
se reseñó en extenso dicho escrito, se remite para la lectura de las
consideraciones generales a tal numeral. En lo que se refiere a los motivos
específicos del impugnante, en el escrito consta, además, lo que se sintetiza a
continuación:
- Para empezar, el apoderado
judicial del accionante acentuó que la solicitud interpuesta tenía como
propósito mantener la estabilidad económica que había alcanzado el peticionario
en los años de convivencia con el causante por motivo de lo cual resultaba
indispensable que se protegiera en debida forma su derecho constitucional fundamental
a acceder a la pensión de sobreviviente en igualdad de condiciones a las que se
deben ajustar las parejas heterosexuales. Insistió que en el caso del ciudadano
B, se trataba de un interés legítimo para hacer efectivo ese derecho con
prontitud. Imponer cargas adicionales en materia probatoria desvirtúa la
aplicación del principio de buena fe –artículo 83 superior–, al tenor del cual
las “actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. Esta disposición, agregó el
escrito de impugnación, ha sido desarrollada de manera amplia por la
jurisprudencia constitucional.
- Expresó, por lo anterior, que
no resulta comprensible la actitud del a quo cuando cuestiona las
motivaciones que tiene el actor para solicitar la pensión de sobreviviente,
pues si el peticionario afirmó y manifestó la necesidad de acceder a este
derecho, “mal haría el juez en desconocer dicha necesidad presumiendo que no
existe. La presunción en el presente caso por parte de la Sra. Jueza ha sido
que no existe necesidad, Por el contrario atendiendo a que el accionante
pertenece a un grupo vulnerable, histórica y socialmente discriminado, es
evidente que la primera presunción debería hacerse entorno a la necesidad de
protección y, de esta forma, invertir la carga de la prueba hacia quien
considere que el accionante tiene iguales o superiores a las que tenía antes
del fallecimiento su compañero permanente”.
- Concluyó el escrito de
impugnación que la jueza a quo le estaba exigiendo al peticionario una
mayor carga probatoria de la que –de conformidad con la normatividad vigente–,
le correspondía, en desconocimiento del principio de buena fe que debe informar
todas las actuaciones de orden administrativo. Lo anterior –añadió–, implica, a
su vez, un desconocimiento del derecho del actor a acceder en igualdad de
condiciones a la pensión de sobreviviente para mantener “una estabilidad
económica igual o superior a la que tenía al momento en que convivía con su
compañero permanente ahora fallecido”.
3.2.3. Segunda instancia. Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá.
Este despacho decidió el 22 de
abril de 2009 la impugnación de la sentencia de primera instancia y negó el
amparo solicitado. Aportó los motivos que abajo se exponen, en sustento de su
decisión.
- Analizó, en primer lugar, la
procedencia de la acción de tutela contra particulares de conformidad con el
numeral 4º del Decreto 2591 de 1991 y llegó a la conclusión de que en el asunto
bajo examen, en efecto, el actor contaba con “otro mecanismo de defensa
judicial, esto es, el proceso ordinario laboral para obtener el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes”. No obstante, hizo énfasis en que el
peticionario había alegado “la existencia de una necesidad manifiesta, que
le [impedía] esperar el extenso desarrollo del citado trámite”. Insistió el
ad quem en que el accionante por medio de su apoderado judicial había
manifestado la necesidad de obtener el reconocimiento y pago de la pensión para
mantener la estabilidad económica que había alcanzado con su pareja y acentuó
que en el expediente obraba la declaración extraprocesal emitida por los
señores D y H, quienes manifestaron que “al momento de su fallecimiento B,
dependía económicamente de él, ya que desde hace tres años B se encuentra sin
trabajo y no recibe pensión por parte del Estado ni de ningún otro fondo
privado”.
- Consideró desde la perspectiva
antes señalada que en el asunto bajo examen se había configurado la existencia
de un perjuicio irremediable pues “el mismo es verificable, inminente, es
urgente y exige medidas inmediatas que prevengan la prolongación del daño, lo
que hace procedente la acción de tutela incoada”.
- Manifestó, sin embargo, –luego
de hacer un análisis de la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional
relativa al reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales
(Sentencias C-075 de 2007; C-336 de 2008)– que en el asunto de la referencia no
se había cumplido con las exigencias trazadas por la jurisprudencia
constitucional, pues entre la documentación allegada al expediente no se había
aportado “la declaración juramentada de las dos personas que
conformaban la relación, requisito indispensable para acreditar la condición de
compañero permanente, de acuerdo con lo expresado en la sentencia C-336 de
2008”.
- Por lo anterior, no consideró
que en el presente caso la entidad demandada hubiese desconocido los derechos
constitucionales fundamentales cuya protección invocó el accionante, pues tal
entidad “en ningún momento manifestó que la negativa a acceder a la petición
del señor B, se deba a su condición sexual y ello tampoco se deduce de su
actuación pues se limitó a verificar el cumplimiento de unos requisitos”.
Añadió, finalmente, que si las personas con orientación diversa demandaban un
trato igualitario, debían “ceñirse a las reglas y requisitos dispuestos para
el resto de las personas, sin que se entienda que dichas exigencias se originen
en su condición y al hecho de que han sido un grupo históricamente marginado”.
Con fundamento en las
consideraciones antes desarrolladas, resolvió modificar el fallo impugnado –en
el sentido de declarar la procedencia del amparo tutelar– pero decidió negar la
protección invocada por las razones aducidas en la parte motiva de la
providencia.
3.3. Expediente T-2.386.935: Sentencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sala de Decisión
Civil-Familia de julio 15 de 2009.
3.3.1. Primera Instancia.
Sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil de Circuito de Pereira.
Mediante providencia fechada el
día cuatro de junio de 2009 el a quo resolvió declarar improcedente el amparo.
Aportó los siguientes motivos en sustento de su decisión.
- La jurisprudencia
constitucional ha reiterado que, en principio, la tutela resulta improcedente
para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Salvo que se acredite la
presencia de circunstancias especiales a partir de las cuales sea factible
establecer que se requiere proteger los derechos fundamentales pues no existen
otros medios de defensa judicial tan idóneos como la tutela o porque de no
protegerse el derecho se producirá un perjuicio irremediable.
- Menciona las exigencias que de
conformidad con la jurisprudencia constitucional deben cumplirse para la
procedencia excepcional de la tutela y aduce que el demandante no ha agotado
los mecanismos ordinarios de protección y tampoco se encuentra ante un
perjuicio irremediable que le impida agotarlos.
3.3.2. Impugnación.
Inconforme con el fallo emitido
por el a quo, el peticionario presenta escrito de impugnación y sostiene
lo siguiente.
- Relata que a la muerte del
causante acudió a la entidad demandada con el lleno de los requisitos exigidos
por la legislación para el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente, pero su derecho le fue negado mediante resolución contra la cual
el interpuso recurso de reposición y de apelación que fueron negados. Insistió
que se había presentado ante CAJANAL para solicitar el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional de la pensión gracia y este derecho le fue reconocido
de manera inmediata, motivo por el cual no entiende porqué si cumple con todos
los requisitos establecidos por los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, la
entidad demanda sustentándose en el argumento de conformidad con el cual el
causante al llenar en el año 2000 una ficha de pensionado se había abstenido de
poner como beneficiario al peticionario.
- Manifiesta que la Corte
Constitucional ordenó que las parejas del mismo sexo fueran incluidas en el
ámbito de protección de la ley que regula la cobertura familiar en el sistema
de pensiones y de salud y sostuvo que abstenerse de efectuar dicha inclusión
constituía una vulneración de los principios de no discriminación, dignidad
humana como expresión de la autonomía personal protegidos por la legislación
nacional e internacional. La negación de la pensión en su caso constituye un
desconocimiento del precedente constitucional así como del artículo 26 del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La dignidad como
atributo de la persona y calidad esencial de la existencia no es algo
contingente y se predica de todas las personas sin excepción. El juez a quo
con su sentencia desconoció esta situación y se abstuvo de proteger sus
derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a
la vida digna así como el derecho a la no discriminación. En este caso debe
prevalecer la observancia del texto constitucional que irradia a todos los
poderes públicos y en tal sentido vincula a las autoridades administrativas y
judiciales. De esta manera el asunto en cuestión debe resolverse a su favor.
3.3.3. Segunda instancia. Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Pereira, Risaralda.
Mediante providencia emitida el
día 15 de julio de 2009, el juez ad quem resolvió confirmar la sentencia
proferida por el a quo. Aportó los siguientes motivos en sustento de su
providencia.
Concuerda con el a quo en que la
acción de tutela es un mecanismo subsidiario de protección y considera que en
el presente caso esa características cobra especial relevancia dado que existe
controversia entre las partes acerca del derecho que le asiste al peticionario
para el reconocimiento y pago de su pensión de sobreviviente. Resolver lo
concerniente a este derecho es algo que le corresponde a la jurisdicción
ordinaria y que no puede ser decidido por vía de acción tutelar.
4. Documentos aportados en
sede de revisión.
4.1 Mediante documento allegado a
la Secretaría General de la Corte Constitucional el día 4 de noviembre las
ciudadanas Marcela Sánchez Buitrago –Directora Ejecutiva de Colombia Diversa –,
Ana María Méndez Jaramillo, Camila Soto Mourraille, Andrea Camacho Rincón y los
ciudadanos César Augusto Rodríguez Garavito y Mauricio Albarracín Caballero
aportaron en calidad de amicus curiae elementos de reflexión para
analizar los casos bajo examen[26].
4.2. En escrito presentando el
día 6 de noviembre de 2009, el ciuadano Germán Humberto Rincón Perfetti y la
ciudadana Giomar Angélica Aguilar González intervinieron en calidad de Amicus
Curiae en las tutelas de la referencia. En su escrito de intervención
hicieron un recuento de las fallas estructurales que presenta el trámite de
pensión de sobreviviente a parejas del mismo sexo. Más adelante tendrá ocasión
la Sala de referirse con mayor detalle a tales fallas[27].
En escritos allegados a la Sala
Quinta de Revisión , Marcela Sánchez Buitrago en su calidad de Directora
Ejecutiva de Colombia Diversa expone los motivos por los cuales los expedientes
de la referencia deben tramitarse de manera conjunta y señala las razones con
sustento en la cuales considera que en estos casos la acción de tutela procede
por desconocimiento del derecho a la igualdad de las parejas del mismo sexo
pues aún cuando la jurisprudencia les reconoce a estas parejas el derecho a
acceder en igualdad de condiciones, en realidad se les exige una mayor carga
probatoria que a las parejas heterosexuales así como se les pide cumplir
exigencias y adelantar trámites adicionales –no previstos en la legislación–
para acceder al derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Sala es competente para la
revisión de los presentes casos, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de
la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento
del Auto de Sala de Selección número ocho de seis de agosto de 2009 que ordenó
acumular entre sí los expedientes T-2.292.035 y T-2.338.046 para ser fallados
en una sola sentencia, así como del auto de la Sala Quinta de Revisión que con
el mismo fin aprobó la acumulación del expediente número T-2.386.935.
2. Aspectos relacionados con
la protección de derechos fundamentales en sede de revisión.
Teniendo en cuenta los
antecedentes referidos, para resolver los asuntos puestos a consideración de la
Sala resulta necesario establecer si las autoridades administrativas y
judiciales así como las Administradoras de los Fondos de Pensiones desconocen
el derecho de compañeros y compañeras permanentes homosexuales a acceder al
reconocimiento y pago de su pensión de sobreviviente en igualdad de condiciones
a las que se sujetan los compañeros permanentes heterosexuales así como su
derecho constitucional fundamental a la garantía del debido proceso
administrativo:
Cuando se abstienen de garantizar
el goce efectivo de dichos derechos bajo el argumento según el cual la única
forma que tienen los integrantes de parejas permanentes del mismo sexo para
acceder a la pensión de sobrevivientes es demostrando la existencia de una
declaración ante notario de ambos miembros de la pareja, contentiva de su
voluntad de conformar una pareja singular y permanente;
Cuando se abstienen de garantizar
el goce efectivo de dichos derechos con el pretexto de que la sentencia C-336
de 2008 fue proferida luego de haber sido elevada la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por parte del compañero o
compañera homosexual;
Cuando se abstienen de garantizar
el goce efectivo de dichos derechos con la excusa de que el compañero o
compañera homosexual no ha llenado un requisito, no ha adelantado un trámite o
no ha aportado una prueba cuyo cumplimiento sin embargo no es exigido por la
legislación vigente.
3. Pasos para abordar y
resolver los problemas jurídicos.
Para abordar y resolver los
problemas jurídicos antes planteados, la Sala se referirá, primero, a la
evolución jurisprudencial sobre la garantía de protección del derecho a la
igualdad de las parejas homosexuales. Acto seguido a la luz de lo determinado
en la sentencia C-336 de 2008 examinará algunos de los principales obstáculos
que se derivan en la práctica para el goce efectivo del derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de parejas del mismo sexo.
Con fundamento en lo anterior, decidirá los casos concretos.
4. Obstáculos que se derivan en
la práctica para el goce efectivo del derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente de compañeros y compañeras permanentes homosexuales
que implican desconocer su derecho constitucional fundamental a la garantía del
debido proceso administrativo y quebrantan su derecho constitucional a la
igualdad.
4.1. En la sentencia C-336 de
2008[28],
la Corte Constitucional reiteró la importancia de garantizar el goce efectivo
de los derechos a las parejas homosexuales y estableció que las normas
demandadas que reconocían el derecho de las parejas heterosexuales a acceder al
reconocimiento y pago de su pensión de sobreviviente resultaban
discriminatorias al privar de esa misma protección a las parejas homosexuales.
Precisó la Corporación que si bien las parejas homosexuales no están excluidas
en forma expresa de los beneficios de la pensión de sobrevivientes, sí resultan
de facto exceptuadas y por consiguiente para finalizar con ese trato
discriminatorio es menester reconocer a los compañeros y compañeras permanentes
de las parejas conformadas por personas del mismo sexo el derecho a acceder al
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, pues “no existe un
fundamento razonable y objetivo suficiente para explicar el trato desigual”.
4.2. Con todo, tanto las
intervenciones efectuadas en sede de revisión como los casos puestos a
consideración de la Sala en la presente ocasión, hacen patente los numerosos
inconvenientes que impiden a las parejas homosexuales el pleno disfrute en la
práctica de sus derechos. A partir del recuento fáctico expuesto en los
antecedentes de la presente sentencia y de las pruebas allegadas al expediente
en sede de Revisión, cabe destacar la tendencia de las autoridades
administrativas y judiciales así como de los Fondos de Pensiones privados a
imponer trámites, exigencias o pruebas inexistentes en la legislación con lo
cual entorpecen, cuando no niegan de tajo, el acceso de las compañeras y
compañeros permanentes de parejas homosexuales al efectivo disfrute de su
derecho a acceder a la pensión de sobreviviente y quebrantan, de paso, el
derecho de las personas homosexuales a la garantía del debido proceso
administrativo.
4.3. El derecho constitucional
fundamental a la garantía del debido proceso en actuaciones administrativas
está contemplado en el artículo 29 superior y ha sido protegido por la Corte
Constitucional en múltiples ocasiones, por lo que al respecto existe ya una
línea jurisprudencial bastante consolidada[29].
Ha dicho la Corporación que esta garantía comprende un grupo de cautelas de
orden sustantivo y de procedimiento sin presencia de las cuales no resultaría
factible asegurar la vigencia del Estado social de derecho ni es posible
proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas[30].
4.4. El debido proceso
administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que tiene por fin
limitar en forma previa los poderes estatales así “que ninguna de las
actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que
se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”[31].
Desde la perspectiva antes señalada, este derecho no es más que una derivación
del principio de legalidad con arreglo al cual “toda competencia ejercida
por las autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como
también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes de
adoptar una determinada decisión” (artículos 4º y 122 C. P.)[32]. De este
modo, las autoridades sólo podrán actuar en el marco establecido por el sistema
normativo y, en tal sentido, todas las personas que se vean eventualmente
afectadas conocerán de antemano los medios con que cuentan para controvertir
las decisiones adoptadas y estarán informadas respecto del momento en que deben
presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad.
Los procesos administrativos
deben, pues, cumplir con requerimientos de agilidad, rapidez y flexibilidad[33],
para efectos de asegurar una eficaz y oportuna realización de la función
pública cumpliendo estrictamente con el respeto por los derechos de la ciudadanía.
De esta manera ha entendido la Corte que el procedimiento administrativo
comprende:
“un conjunto de actos
independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final
que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que
desencadena la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin,
el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos
procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido
proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el
cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las
garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido
por los principios constitucionales que gobiernan la función publica y que
enuncia el canon 209 superior. Estos principios son los de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”[34].
(Énfasis añadido).
4.5. Ahora bien, a partir de las
pruebas que reposan en los expedientes y de las allegadas en sede de revisión
resulta factible constatar que en materia de garantía efectiva de los derechos
de las parejas del mismo sexo las autoridades administrativas y judiciales así
como las Administradoras de los Fondos de Pensiones suelen elevar un conjunto
de obstáculos injustificados a la luz del ordenamiento constitucional. Esta
práctica desconoce específicamente la previsión contemplada en el artículo 84
superior al tenor del cual “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados
de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir
permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”. De otro
lado, es posible confirmar igualmente que, por lo general, las autoridades
administrativas, judiciales tanto como las Administradoras de los Fondos de
Pensiones suelen abstenerse de aplicar el principio constitucional de buena fe,
según el cual –como lo ordena el artículo 83 superior– “las actuaciones de
los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas”. No obstante la claridad de esta disposición
constitucional, en la práctica las entidades encargadas de hacer efectivo el
goce de los derechos constitucionales fundamentales de las parejas homosexuales
suelen suponer, sin que medie sustento fáctico alguno, que las parejas del
mismo sexo buscan defraudar al sistema pensional.
4.6. En suma: a partir de las
pruebas allegadas al expediente puede decirse en general que las trabas
administrativas más destacadas tienen que ver con la tendencia a abrir
investigaciones adicionales –no previstas en la legislación– para recaudar
pruebas no exigibles jurídicamente, entre ellas, por ejemplo, visitas
domiciliarias; ratificación de solicitud bajo juramento por parte de las
personas peticionarias; requerimiento de agotar el juicio sucesorio para
determinar herederos así como la liquidación de la sociedad conyugal; exigencia
de declaración de unión material de hecho ante notario firmada por el causante
y el solicitante; juicios de valor que traen como consecuencia la inaplicación
de normas aplicables por motivos religiosos o morales; solicitud de agotar el
proceso ordinario de unión marital de hecho ante la jurisdicción de familia. Entre
los principales obstáculos de orden jurídico se encuentran, entonces: (i)
aplicación de norma inaplicable; (ii) exigencia de requisitos o trámites
improcedentes; (iii) interpretación contraria a la Constitución; (iv)
aplicación de procedimiento diferente y diferenciador; (v) inaplicación del
precedente jurisprudencial y del bloque de constitucionalidad.
4.7. Para efectos de arrojar la
mayor claridad posible sobre el carácter por entero injustificado de estas
trabas que, dicho con diametral claridad, terminan por desconocer en general y
de manera grave los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y a
la garantía del debido proceso administrativo de las parejas del mismo sexo,
estima la Sala indispensable destacar los siguientes aspectos: de un lado, la
sentencia C-336 de 2008 constituye precedente constitucional con carácter erga
omnes, esto es, de obligatorio e inexcusable cumplimiento. Las autoridades,
de orden administrativo y judicial a la vez que los particulares comprometidos
con la prestación del servicio público de seguridad social en pensiones no
pueden dejar de observar el precedente jurisprudencial y el mismo es aplicable
incluso cuando la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente
tuvo lugar antes de haberse proferido la sentencia C-336 de 2008. De lo
contrario, incurren en prevaricato por acción.
Sobre este extremo encuentra la
Sala preciso acentuar el carácter vinculante que tienen las sentencias de
constitucionalidad respecto de particulares y autoridades públicas. Para
comprender mejor las consecuencias que se derivan a partir de la obligatoriedad
de los fallos emitidos por la Corte Constitucional es necesario empezar por
advertir que las sentencias constan de dos partes principales: la parte motiva
y la parte resolutiva. No existe discusión alguna sobre el carácter vinculante
de la parte resolutiva de las sentencias. En relación con la pregunta sobre si
la parte motiva es también de obligatorio cumplimiento y, en dado caso, bajo
qué alcance, se pronunció la sentencia T – 292 de 2006:
“(…) la respuesta a la  pregunta
inicial respecto a si la parte motiva de las sentencias de constitucionalidad
tiene fuerza vinculante, es afirmativa conforme a los enunciado por esta Corporación
y el legislador estatutario. Por consiguiente las autoridades y los
particulares están obligados a acatar los postulados vinculantes de la parte
motiva de las sentencias de constitucionalidad, en aquellos aspectos
determinantes de la decisión que sustenten la parte resolutiva de tales
providencias, así como frente a los fundamentos ‘que la misma Corte indique’[35].”[36]
Son dos los motivos principales
que justifican tal conclusión: i) el respeto a la cosa juzgada constitucional
reconocida en el artículo 243 de la Carta, que se proyecta a algunos de los
elementos de la argumentación, conforme a las consideraciones previamente
indicadas[37];
y ii) la posición y misión institucional de esta Corporación que conducen a que
la interpretación que hace la Corte Constitucional, tenga fuerza de autoridad y
carácter vinculante general, en virtud del artículo 241 de la Carta.
4.8. Hasta aquí queda pues claro
que la sentencia C-336 de 2008 tiene efectos erga omnes y vincula a
todas las autoridades públicas sin excepción tanto como los particulares que se
encuentran comprometidos con la prestación del servicio público de seguridad
social en pensiones y debe ser observada en general por toda la ciudadanía sin
excepción. Lo expuesto hasta este lugar adquiere aún mayor significación cuando
se tiene en cuenta lo establecido recientemente por la Corte Constitucional en
la sentencia C-335 de 2008[38].
Respecto de los efectos de
providencias emitidas con motivo del control de constitucionalidad de las leyes
y normas con fuerza de ley, manifestó la Corporación en aquella ocasión que de
conformidad con lo expuesto por el artículo 243 Superior[39] “todas las
autoridades públicas en Colombia [incluidas las autoridades judiciales],
[debían] acatar lo decidido por la Corte en sus fallos de control de
constitucionalidad”. Ahora bien, no puede perderse de vista que cómo lo
recordó la Corte Constitucional en la referida sentencia C-335 de 2008, “las
disposiciones son simples enunciados normativos, cuyo significado sólo es
atribuido una vez son interpretados”. Lo anterior significa que a partir de
un mismo enunciado normativo pueden extraerse distintas normas, es decir,
“mandatos, prohibiciones o permisiones”.
En efecto, puede suceder que una
disposición ofrezca un sentido unívoco, claramente aplicable para la resolución
del caso concreto. Se presentaría prácticamente una identidad entre la
disposición y norma derivada de ésta, quedando reducida al mínimo la actividad
creadora del derecho por parte del juez. Otra situación se presenta cuando dado
el elevado grado de indeterminación que ofrece una disposición constitucional o
legal, “su significado no es unívoco ni su aplicabilidad al caso concreto es
aceptable por consenso o unanimidad”. Tal es el caso de la referencia que
se hace en la parte resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 a lo dispuesto por
la sentencia C-521 de 2007 para acreditar la permanencia de una relación
trabada entre personas del mismo sexo.
Esta remisión ha dado lugar a
diferentes interpretaciones. Algunas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional (sentencias T-1241 de 2008 y T-016 de 2010) al igual que varias
Administradoras de los Fondos de Pensiones [40]
han considerado que a la exigencia fijada en la sentencia C-521 de 2007 a la
cual remite la parte resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 debe dársele una
interpretación restrictiva y con sustento en dicha interpretación han negado el
derecho de las personas del mismo sexo a acceder al reconocimiento y pago de su
pensión de sobreviviente pues al haber muerto uno de los compañeros
permanentes, es imposible cumplir con la exigencia de conformidad con la cual
ambos compañeros o compañeras permanentes deben acudir ante notario para
acreditar la permanencia y singularidad de su relación.
Encuentra la Sala que frente a
esta interpretación restrictiva que impone a las parejas homosexuales una carga
imposible de cumplir, pues muerto uno de los compañeros o una de las compañeras
no es factible que la pareja acuda simultáneamente a la notaría a acreditar la
permanencia y singularidad de la unión, existe otra posibilidad de
interpretación más compatible con las circunstancias que dan lugar al
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y más acorde con lo
dispuesto por la Constitución y por los Convenios Internacionales de Derechos
Humanos así como con las Recomendaciones  112 y 113 que frente a Colombia
emitiera el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas[41].
En concordancia con lo anterior,
la Dirección del Instituto Colombiano de Seguros Sociales establece que “para
dar aplicación a la sentencia C-336 de 2008, que remite a la acreditación de la
condición de pareja permanente del mismo sexo conforme a los términos señalados
en la sentencia C-521 de 2007, deberá tenerse especial consideración de la
declaración que se haga ante la autoridad notarial por parte de los integrantes
de la pareja, manifestación ésta que gozará de la presunción de la (sic) buena
fe y el juramento sobre la verdad de lo expuesto y frente a lo cual no podrá
exigirse por parte del operador administrativo, que se haya suscrito en forma
simultánea por los dos miembros de la pareja, por hallarse en imposibilidad
jurídica de hacerlo ante el acaecimiento de la muerte respecto de uno de ellos”[42].
(Subrayas añadidas).
Así, por los motivos que tendrá
ocasión la Corte de exponer más adelante, y bajo aplicación del principio de
interpretación pro homine se apartará de lo decidido por las Salas de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional en las sentencia T-1241 de 2008
y en la sentencia T-016 de 2010 y acogerá la interpretación efectuada por la
Dirección General del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, no sin antes
aportar las razones de la decisión.
A juicio de esta Sala Segunda de
Revisión, debe existir completa claridad acerca de que la sentencia C-336 de
2008 no exige como condición para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes de parejas del mismo sexo la declaración de unión
material de hecho ante notario firmada por el causante y el solicitante. En la
parte resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 estableció la Corte:
“Declarar EXEQUIBLES las
expresiones “la compañera o compañero permanente”; “la compañera o compañero
permanente”; “la compañera permanente”; “compañero o compañera permanente”;
“una compañera o compañero permanente”; “la compañera o compañero permanente”;
“compañero o compañera permanente”, contenidas en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y las
expresiones “el cónyuge o la compañera o compañero permanente”; “la
compañera o compañero permanente”; “un compañero o compañera permanente”; “una
compañera o compañero permanente”; “la compañera o compañero permanente”;
“compañero o compañera permanente” y “compañero o compañera permanente”,
contenidas en el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
13 de la Ley 797 de 2003, en el entendido que también son beneficiarias de la
pensión de sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo cuya condición
sea acreditada en los términos señalados en la sentencia C-521 de 2007 para las
parejas heterosexuales”.
Cierto es que la exigencia establecida
por la parte resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 es que la condición de
pareja permanente sea acreditada en los términos establecidos por la sentencia
C-521 de 2007 para las parejas heterosexuales[43].
Encuentra la Sala que la remisión hecha por la parte resolutiva de la sentencia
C-336 de 2008 a la sentencia C-521 de 2007 en el sentido de exigir como
condición para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
de parejas del mismo sexo la declaración de unión material de hecho ante
notario firmada por los dos integrantes de la pareja del mismo sexo, fue
pensada para solicitar la afiliación en salud y no puede aplicarse, sin más ni
más, en el caso de la pensión de sobrevivientes. En otras palabras: resulta
evidente que tal previsión fue establecida en relación con la afiliación a la
seguridad social en salud de compañeros y compañeras permanentes.
En el caso de la pensión de
sobreviviente, es claro para la Sala –y en eso comparte la interpretación
efectuada por el Instituto Colombiano de Seguros Sociales –, que las
circunstancias y supuestos de hecho son distintos y exigen que el sentido y
alcance de lo establecido en la sentencia C-521 de 2007 se ajuste a los
supuestos de hecho que rodean el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente, instituto cuya aplicación tiene lugar precisamente cuando
acontece la muerte de uno de los compañeros permanentes. De lo contrario, se
impone una carga probatoria imposible de cumplir por cuanto suele ocurrir –y
esto sucede tanto respecto de parejas homosexuales como de parejas
heterosexuales– que uno de los compañeros permanentes muere sin que haya podido
la pareja acudir ante notario para acreditar la unión.
4.9. En este lugar vale la pena
recordar que mediante Auto 163 de julio 9 de 2008 la Corte Constitucional
rechazó la posibilidad de aclarar la sentencia C-336 de 2008. No obstante lo
anterior, al momento de aportar los motivos del rechazo, la Corte expresó entre
otras lo siguiente:
“…contrario a lo expuesto por los
solicitantes, la Sala considera que las expresiones sobre las cuales recae la
petición de aclaración no generan equivoco, duda, ambigüedad o perplejidad en
su intelección, pues su texto envía a las previsiones de la Sentencia C-521 de
2007 y en ésta no se encuentra expresamente establecido que los integrantes de
la pareja están obligados a concurrir simultáneamente ante el notario;
en la Sentencia C-521 de 2007, se dijo: (subrayas añadidas)
La condición de compañero (a)
permanente debe ser probada mediante declaración ante notario, expresando la
voluntad de conformar una familia de manera permanente, actuación a la que
deben acudir quienes conforman la pareja y que supone la buena fe y el
juramento sobre la verdad de lo expuesto; por lo tanto, el fraude o la ausencia
de veracidad en las afirmaciones hechas durante esta diligencia acarrearán las
consecuencias previstas en la legislación penal y en el resto del ordenamiento
jurídico”.
4.10. En este orden, la
interpretación de conformidad con la cual la sentencia C-336 de 2008 exige como
requisito sine qua non para que las personas del mismo sexo accedan al
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes el que los integrantes de
la pareja hayan acudido simultáneamente ante Notario para probar la condición
de compañero o compañera permanente, carece de sustento jurídico alguno y
apoyarse en tal interpretación desencadena un trato discriminatorio
injustificado que conlleva al desconocimiento de pruebas pertinentes y
conducentes, como lo es, a todas luces, la declaración extraprocesal de
terceras personas ante notario.
La interpretación restrictiva de
la que suelen partir las autoridades judiciales tanto como las Administradoras
de los Fondos de Pensiones, desconoce por entero el mandato de igual trato
consignado en el artículo 13 superior que busca asegurar que la ley no regulará
de forma diferente “la situación de personas que deberían ser tratadas
igual” [44]
ni que regulará “de forma igual la situación de personas que deben ser
tratadas diferente”[45].
El mandato de trato igualitario plasmado en el artículo 13 superior,
persigue que todas las personas reciban, en efecto, igual protección, algo que
ni la igualdad ante la ley ni la igualdad de trato pueden garantizar por sí
mismas. Ello se obtiene únicamente en la medida en que se efectúen distinciones
protectivas, esto es, en que se proteja a las personas de forma diferente. Este
desarrollo de la igualdad propende porque todas las personas gocen
efectivamente de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Tiene una
connotación sustantiva pues “parte de la situación en que se encuentran los
grupos a comparar para determinar si el tipo de protección que reciben y el
grado en que se les otorga es desigual, cuando debería ser igual” [46]; es,
también, positiva, pues si se presenta una situación de desigualdad que no
pueda apoyarse en razones objetivas y justificadas relacionadas con el goce
efectivo de derechos constitucionales fundamentales, corresponde al Estado
adoptar “acciones para garantizar la igual protección”[47].
4.11. Para el asunto bajo examen
estas previsiones contenidas en el artículo 13 superior cumplen un papel de
especial importancia. De un lado, exigen tener claridad sobre la posible
existencia de grupos discriminados –en el caso que ocupa la atención de la
Sala, las personas homosexuales quienes ante una interpretación restrictiva de
lo consignado en la sentencia C-336 de 2008 se verán imposibilitadas de acceder
al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente pues, como antes se
dijo, la exigencia que en materia de afiliación a salud es razonable y
justificada, en materia de reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente se
torna desproporcionada e injustificada e implica admitir un trato discriminado
pues al compañero o a la compañera permanente heterosexual no se le exige dicha
prueba[48].
4.12. En vista de lo anterior,
debe la Sala precisar que la interpretación restrictiva de lo establecido en la
parte resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 no se apoya en razones objetivas
ni justificadas desde el punto de vista constitucional y, por el contrario, al
haberse convertido en una práctica reiterada tanto por parte de autoridades
administrativas y judiciales como por parte de las Administradoras de los
Fondos de Pensiones, incide de modo negativo en el goce efectivo del derecho de
las parejas del mismo sexo a acceder, bajo las mismas condiciones en que lo
hacen las parejas heterosexuales, al reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente. En vista de lo anterior, encuentra la Sala imprescindible
adoptar en la parte resolutiva de la presente sentencia medidas para evitar que
esta circunstancia se repita.
A la luz de las consideraciones
efectuadas en precedencia, la Sala procederá a solucionar los casos concretos.
5. La subsidiariedad en cuanto
requisito para la procedencia de la acción de tutela. Reiteración de
jurisprudencia.
5.1. La Corte Constitucional de
manera reiterada ha manifestado que la tutela tiene un carácter subsidiario y
residual, en atención a que está concebida como un mecanismo judicial previsto
ante la inexistencia de mecanismos procesales para el amparo integral del
objeto de protección[49].
5.2. Con todo, cuando abstenerse
de conceder el amparo solicitado trae como consecuencia un perjuicio
irremediable, entonces, es factible acudir a la acción de tutela. En tal
eventualidad, el amparo puede conferirse de dos maneras. De una parte, “en
su modalidad transitoria, para dar lugar a órdenes de inmediato cumplimiento
que permitan contrarrestar dicho efecto, hasta tanto la autoridad
correspondiente decida de fondo”. De otra, como un mecanismo judicial
supletorio de los mecanismos ordinarios, si se comprueba: (i) que los
mecanismos ordinarios de defensa no son idóneos o eficaces para asegurar la
protección invocada, o (ii) que no conceder el amparo por vía tutelar
significaría afectar de manera profunda las condiciones existenciales de quien
solicita el amparo; o terminaría por conculcar su derecho al mínimo vital e
impediría a quien solicita la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales gozar de una vida en condiciones mínimas de calidad y de
dignidad.
5.3. Otras consideraciones
pertinentes en estos casos serán, por ejemplo, la condición de sujeto de
especial protección, y el deber de amparo que, de acuerdo con el art. 46 de la
Constitución, surge para el Estado, la sociedad y la familia respecto de los
sujetos en esta condición, el cual resulta incompatible con el tiempo de
respuesta de los medios ordinarios dentro del sistema jurídico, el que resulta
excesivo si se tiene en cuenta que se resuelven casos de personas que no
cuentan con otra fuente de ingresos económicos”[50].
6. La subsidiariedad en los
casos concretos
6.1. Tratándose del
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente ha dicho la Corporación
que la tutela es inicialmente improcedente[51],
pues no puede reemplazar a las acciones laborales configuradas por el
Legislador para resolver asuntos litigiosos y tales controversias deben ser
resueltas ante la jurisdicción ordinaria laboral[52]. En breve, la tutela no
procede cuando existen otros medios de defensa judicial que garanticen de modo
efectivo la protección de los derechos constitucionales fundamentales.
No obstante, en el asunto bajo
examen se presentan circunstancias especiales que deben ser tenidas en cuenta
por la Sala Segunda de Revisión para establecer la procedencia del amparo
tutelar. En primer lugar, resulta preciso distinguir entre la protección de los
derechos constitucionales fundamentales y las consecuencias prácticas que se
derivan de esa protección en los casos bajo análisis, a saber, el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. Entiende la Sala, que en
los asuntos puestos a su consideración las entidades demandadas y los jueces de
tutela le confirieron especial atención al segundo aspecto y dejaron por entero
desatendido el primero y más importante: la protección de los derechos
constitucionales a la garantía del debido proceso administrativo y el derecho
de las parejas del mismo sexo a acceder al reconocimiento y pago de su pensión
de sobrevivientes bajo las mismas condiciones que lo hacen las parejas
heterosexuales.
6.2. Con sustento en las
consideraciones realizadas en precedencia, estima la Sala que la cuestión principal
radica aquí en establecer si las entidades demandadas y los jueces de instancia
quebrantaron los derechos constitucionales fundamentales de los peticionarios,
en especial, su derecho constitucional fundamental a la garantía del debido
proceso administrativo y su derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes en
igualdad de condiciones en que se reconoce este derecho a los compañeros
permanentes heterosexuales: (i) al abstenerse de aplicar la sentencia C-336 de
2008 alegando que la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente fue anterior al fallo emitido por la Corte Constitucional
–Expediente T-2.299.859–; (ii) al supeditar el reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente a una carga probatoria imposible de observar –Expedientes
T-2.292.035 y T-2.299.859– o al exigir el cumplimiento de exigencias no
previstas en la legislación –Expediente T-2.386.935–.
6.3. Como se vio en los
antecedentes, los hechos en los tres expedientes acumulados son similares. Los
peticionarios son personas homosexuales que solicitaron su pensión de
sobreviviente por la muerte de su compañero permanente y ese derecho les fue
negado. En las tres eventualidades se aporta declaración extrajudicial ante
notario que acredita respectivamente una convivencia de once (11), siete (7) y
treinta y cuatro (34) años con el compañero permanente difunto. No obstante,
dado el hecho irreversible de la muerte, en los tres asuntos se presenta
Declaración Notarial Extraprocesal de terceros.
6.3.1. En el primer caso –Expediente
T-2.292.035–, la entidad demandada admite que la Corte Constitucional mediante
sus desarrollos jurisprudenciales ha reconocido el derecho de las parejas
homosexuales a acceder en igualdad de condiciones que las parejas
heterosexuales al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. No
obstante, alega la entidad demandada que el peticionario no acudió junto con su
compañero permanente ante notario para hacer constar la voluntad de conformar
una unión permanente y singular en los términos señalados por la sentencia
C-521 de 2007 y por la sentencia C-336 de 2008.
La Sala Segunda de Revisión
verificó que si bien es cierto el peticionario no aportó al proceso de tutela
declaración ante notario realizada en conjunto con su compañero permanente, presentó
copia del Acta Notarial que contiene sendas declaraciones extrajuicio por parte
de E y Y quienes aseguraron, bajo la gravedad de juramento, que les constaba
que el peticionario había convivido por espacio de once años con su compañero
permanente[53].
Adicionalmente, comprobó la Sala
que al peticionario le fue diagnosticado VIH en 1998[54] y verificó, con sustento
en documentación allegada al expediente[55],
que en vista de su precaria situación de salud, el actor demanda atención
médica frecuente, principalmente, desde mayo de 2008. La entidad demandada
informa, adicionalmente, que se presentó la hermana de 72 años del causante
quien afirma haber dependido económicamente de él. Por último, insiste en que
el demandante puede acudir a la jurisdicción ordinaria para reclamar su
derecho.
No obstante lo anterior, el a
quo niega por improcedente la acción. Considera que existen mecanismos
ordinarios de protección. Impugnado el fallo del a quo, el ad quem reconoce
que el actor aporta dentro del trámite de la impugnación prueba de que padece
SIDA. Empero, confirma la improcedencia de la acción.
6.3.2. En el segundo caso
–Expediente T-2.299.859–, la entidad demandada señala que luego de la muerte
del causante el peticionario y también los padres del fallecido se presentaron
para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión sustitutiva. Indica, de
igual modo, que estudiado el expediente del tutelante constató la NO
condición de beneficiarios de los padres. Reconoce que el peticionario aportó
como prueba de la convivencia una declaración extraprocesal juramentada.
Acentúa, sin embargo, que la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
de sobreviviente fue presentada por el peticionario el día 29 de mayo de 2007,
esto es, en fecha anterior al momento en que la Corte Constitucional mediante
sentencia C-336 de 2008 se pronunció sobre “el derecho pensional que les
puede asistir a las personas del mismo sexo por el fallecimiento de su
compañero o compañera permanente previa comprobación de tal condición”. Expone
que, por ese motivo negó la solicitud, pues al momento de ser elevada la
petición todavía no existía obligación de reconocer prestaciones económicas a
las parejas homosexuales. Insiste que los fallos de la Corte tienen efectos
hacia el futuro. Enfatiza, que tampoco resulta posible aplicar el principio de
favorabilidad consignado en el artículo 53 superior por cuanto la única ley que
regula el asunto es la Ley 100 de 1993. Por último, insiste en el carácter
subsidiario de la tutela y en la improcedibilidad de la misma para solicitar el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.
La Sala Segunda de Revisión
verificó que el peticionario presentó Declaración Juramentada con Fines
Extraprocesales. Por medio de esta Declaración, la ciudadana D y el ciudadano H
aseguraron que conocían de vista, trato y comunicación al actor y que en virtud
de ese conocimiento les constaba que había iniciado relación de pareja de modo
singular, permanente y continuo con el causante[56]. Allí también se
consigna que dicha convivencia se había iniciado en mayo de 2001 y se había
extendido hasta el 29 de mayo de 2007 fecha de la muerte del causante.
Sin embargo, la jueza a quo
declara improcedente la acción. En las consideraciones de su fallo subraya que
la Corte Constitucional en la sentencia C-336 de 2008 ha hecho una precisión, a
saber, que la condición de compañero o compañera permanente debía ser probada “mediante
declaración ante notario, expresando la voluntad de conformar una
familia de manera permanente, actuación a la que deben acudir quienes conforman
la pareja y que supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo
expuesto”. Estima que el actor no acredita condición de indefensión.
En el escrito de impugnación, el
peticionario afirma que el no reconocimiento de su derecho trae como
consecuencia la pérdida del equilibrio económico que había alcanzado con el
causante y subraya el carácter discriminatorio que adquiere el no reconocer el
derecho a acceder a la pensión de sobreviviente, en especial, respecto de una
población como la homosexual que históricamente ha sido víctima de
marginalización y estigmatización. Insiste en la importancia de aplicar la
presunción de buena fe y resalta que si –como sucedió en su caso– el
peticionario afirmó y manifestó la necesidad de acceder a este derecho, “mal
haría el juez en desconocer dicha necesidad presumiendo que no existe”.
Destaca que el juez de tutela le está exigiendo una mayor carga probatoria de
la que acorde a la legislación vigente le corresponde en detrimento de su
derecho a la igualdad.
El juez ad quem resuelve
modificar el fallo impugnado en el sentido de considerar que la tutela sí
resulta procedente. Estima, sin embargo, que en el presente asunto el actor se
abstuvo de cumplir con los requisitos exigidos por la sentencia C-336 de 2008 “la
declaración juramentada de las dos personas que conformaban la relación,
requisito indispensable para acreditar la condición de compañero permanente, de
acuerdo con lo expresado en la sentencia C-336 de 2008”.
6.3.3. En el tercer caso
–Expediente T-2.386.935–, la entidad demandada admite que el peticionario
presentó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. A
renglón seguido, expone cuáles son los requisitos que se exigen para tales
efectos y de inmediato aporta como argumento para rechazar la solicitud del
demandante el que en el año 2000 –al llenar una ficha para facilitar los
trámites administrativos del pago de la pensión–, el causante no incluyó como
beneficiario al demandante. Sobre este punto, es de anotar que el
diligenciamiento de la ficha no está previsto por la legislación vigente como
requisito para solicitar la pensión de sobreviviente. Es más, cuando se revisan
los requisitos allegados por le misma entidad demandada, entre ellos no se
incluye haber diligenciado ficha alguna.
La Sala Segunda de Revisión
constató que el peticionario presentó Declaración Notarial Extraprocesal
mediante la cual el ciudadano Ñ declaró bajo la gravedad de juramento conocer
desde siempre al causante pues era su hermano y manifestó que le constaba la
convivencia en unión marital de hecho compartiendo techo y mesa en forma
ininterrumpida con el peticionario durante 34 años y hasta el día de su
fallecimiento. Indicó asimismo que su hermano había fallecido sin dejar hijos
legítimos, que había dejado un hijo extramatrimonial mayor de edad de
aproximadamente 56 años y no había dejado hijos adoptivos ni por reconocer.
A pesar de lo anterior, tanto el a
quo como el ad quem niegan la tutela por improcedente. Consideran
que hallándose bajo controversia el derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente del demandante y al no haber acreditado éste las
condiciones para el amparo transitorio, puede acudir a la vía ordinaria. En el
escrito de impugnación recuerda el demandante que la Corte Constitucional ordenó
que las parejas del mismo sexo fueran incluidas en el ámbito de protección de
la ley que regula la cobertura familiar en el sistema de pensiones y de salud e
insistió en que abstenerse de efectuar dicha inclusión constituía una
vulneración de los principios de no discriminación y de dignidad humana en
cuanto expresiones de la autonomía personal protegidos por la legislación
nacional e internacional.
6.4. Como se deriva de lo hasta
aquí expuesto, en los tres asuntos bajo examen tanto las entidades demandadas
como los jueces de tutela se sustentan en excusas inadmisibles si se miran bajo
la óptica de los preceptos constitucionales así como bajo los lineamientos
sentados por la Corte Constitucional en sede de constitucionalidad. Arriba se
expuso, que las sentencias de constitucionalidad son vinculantes y de
obligatorio cumplimiento dado el carácter erga omnes que las informa e
impregna. Así mismo, en las consideraciones de la presente sentencia se
aportaron los motivos por los cuales se sostiene en esta sede que interpretar
la exigencia contenida en la parte resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 de
una manera restrictiva implica imponerles a las parejas homosexuales una carga
desproporcionada y arbitraria que riñe con las previsiones contenidas en el
artículo 13 superior y quebranta el derecho a la garantía del debido proceso
administrativo establecida en el artículo 29 de la Constitución Política.
6.5. En las consideraciones de la
presente sentencia se enfatizó igualmente la prohibición de fijar requisitos,
exigir que se adelanten trámites o se aporten pruebas no previstas en la
legislación vigente como sucedió en el tercer caso, cuando a pesar de que la
entidad demandada en el escrito de respuesta a la tutela incluye una lista en
la que se encuentran los requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente,
a renglón seguido resuelve la entidad negarse a reconocer el derecho invocado
bajo el pretexto de que el causante en el año 2000, al diligenciar una ficha
para agilizar el procedimiento de reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente, no había incluido como beneficiario a su compañero permanente.
Ahora bien, el diligenciamiento de la ficha tal como aparece en la respuesta al
escrito de tutela que presenta la entidad demandada, no forma parte de los
requisitos que exige la legislación e implica desconocer por entero lo
establecido en el artículo 84 superior que reza: “cuando un derecho o una
actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas
no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales
para su ejercicio”.
6.6. De otra parte, no puede
perder de vista la Sala que en todos los tres casos fue factible constatar la
falta de aplicación del principio de buena fe. En las tres eventualidades no se
da crédito a las afirmaciones hechas por los peticionarios cuando afirman haber
mantenido una relación permanente y singular con sus compañeros permanentes
–afirmación que desde luego acreditan como se indicó aportando declaración
notarial extraprocesal–, o cuando refieren su situación de dependencia
económica y exteriorizan la necesidad de que se les confiera el amparo tutelar.
Sorprende que ni las entidades demandadas ni los jueces de tutela tengan
conciencia de la situación de exclusión y de discriminación en que
históricamente se han hallado las personas homosexuales hasta el punto de
imponerles exigencias que, dada esa situación, significa dejarlas por entero
desprotegidas o reducir considerablemente la protección de sus derechos.
6.7. En suma, encuentra la Sala
que si se analizan los casos bajo examen a la luz de las consideraciones
efectuadas en la presente sentencia resulta evidente el desconocimiento en los
tres casos del derecho a la garantía del debido proceso administrativo a la par
que la vulneración de su derecho a acceder al pago y reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes en iguales condiciones en las que lo hacen las
parejas heterosexuales.
Puesto de otra manera: las
entidades demandadas y los jueces de tutela desconocieron los derechos
constitucionales fundamentales de los peticionarios, en especial, su derecho
constitucional fundamental a la garantía del debido proceso administrativo y su
derecho a acceder a la pensión de sobrevivientes en igualdad de condiciones en
que se reconoce este derecho a los compañeros permanentes heterosexuales:
al abstenerse de garantizar el
goce efectivo de dichos derechos bajo el argumento según el cual la única forma
que tienen los integrantes de parejas permanentes del mismo sexo para acceder a
la pensión de sobrevivientes es demostrando la existencia de una declaración
ante notario de ambos miembros de la pareja, contentiva de su voluntad de
conformar una pareja singular y permanente –Expedientes T-2.292.035 y
T-2.299.859–;
al abstenerse de garantizar el
goce efectivo de dichos derechos con el pretexto de que la sentencia C-336 de
2008 fue proferida luego de haber sido elevada la solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión de sobreviviente por parte del compañero o compañera
homosexual –Expediente T-2.299.859–;
al abstenerse de garantizar el
goce efectivo de dichos derechos con la excusa de que el compañero o compañera
homosexual no ha llenado un requisito, no ha adelantado un trámite o no ha
aportado una prueba cuyo cumplimiento sin embargo no es exigido por la
legislación vigente –Expediente T-2.386.935–.
6.8. Por los motivos antes
expresados, la Sala concederá el amparo invocado y ordenará a las entidades
demandadas que, de no haberlo hecho ya, dentro de las cuarenta y ocho horas
(48) contadas a partir de la notificación de la presente providencia reconozcan
y paguen la pensión de sobreviviente de los peticionarios.
A la luz de lo plasmado en el
artículo 13 de la Constitución Política, no resulta suficiente saber que el
derecho se protegió de modo diferente en dos situaciones en las que se ha
debido proteger de la misma forma o si al ampararse el derecho se establecen
distinciones razonables. Se exige establecer que la protección conferida sea
igual para quienes necesitan la misma protección. Entonces, de conformidad con
lo establecido en el artículo 13 de la Constitución, las diferenciaciones por
razón del género, y de cualquier otro referente como la raza, la condición, la
opinión política o filosófica, la orientación o identidad sexual están
terminantemente proscritas –prohibición de discriminación directa– a menos que
se utilicen estas pautas para promover la igualdad de personas usualmente
marginadas o discriminadas, esto es, acciones afirmativas.
6.9. Son suficientes las
anteriores consideraciones para justificar que las autoridades estatales
adopten medidas afirmativas encaminadas a lograr el goce o disfrute efectivo de
los derechos de la población discriminada o puesta en condiciones de
indefensión como lo es la población homosexual, la cual, históricamente ha sido
víctima de prejuicios, marginalización y discriminación. De otra parte, existe
un precedente constitucional consolidado según el cual en circunstancias donde
el desconocimiento de los derechos constitucionales fundamentales es
persistente y las autoridades competentes se muestran reacias a garantizar el
goce efectivo de los derechos, puede la Corte modular los efectos de sus
sentencias y emitir órdenes protectoras de los derechos constitucionales
fundamentales con efectos interpares o intercomunis[57] e
incluso decretar el estado de cosas inconstitucional[58].
6.10. La situación de los
peticionarios en los casos puestos bajo consideración de la Sala, es la misma
de muchas personas homosexuales que tienen derecho a acceder al reconocimiento
y pago de su pensión de sobreviviente en iguales condiciones a las parejas
heterosexuales pero por obstáculos injustificados se ven impedidas a ello.
Justo por ese motivo, procederá la Corte a dictar un grupo de órdenes con
efectos intercomunis, es decir, las órdenes que proferirá la Sala en
esta sede se harán extensivas a todas las personas homosexuales que
–encontrándose en las mismas o en similares situaciones a las que se hallan los
peticionarios de las tutelas de la referencia– pretendan hacer efectivo su
derecho a acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en
iguales condiciones en que lo hacen las parejas heterosexuales.
6.11. En consecuencia, dado que
la Administración de Justicia tiene como propósito la promoción y protección de
los derechos de la ciudadanía, esta providencia será parte del proceso
necesario para remover las cargas excesivas e injustificadas que les han sido
impuestas a las compañeras y compañeros permanentes homosexuales para acceder
al reconocimiento y pago de su pensión de sobreviviente por parte de los Fondos
de Pensiones como de las autoridades administrativas y judiciales.
6.12. Para la Sala las órdenes
que emitirá en la presente providencia deben entenderse también como
concretización de las Recomendaciones 112 y 113 emitidas por la Consejo de
Derechos Humanos de la ONU frente al Estado colombiano. De este modo,
contribuye a avanzar en la garantía efectiva de los derechos de las personas LTGB
(Recomendación 112) y participa de manera activa en el esfuerzo por derribar
los prejuicios sociales frente a las personas lesbianas gays, bisexuales y
transgeneristas (personas LGTB) así como en la defensa del “principio de
igualdad y no discriminación, independientemente de la orientación sexual o
identidad de género”, tal como lo ordena la Recomendación 113.
6.13. Bajo las premisas
desarrolladas hasta este lugar, la Sala Segunda de Revisión dictará las
siguientes órdenes. Primero, en los tres casos, resolverá conferir el amparo
invocado y exigirá a las entidades demandadas que, de no haberlo hecho ya,
dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de la
presente providencia, procedan a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes
de los peticionarios. En segundo lugar, esta decisión tendrá efectos inter
comunis,  por lo que se hará extensiva a todas las personas del mismo sexo
que pretendan acceder al reconocimiento y pago de su pensión de sobreviviente
bajo el supuesto antes indicado.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Nacional.
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las
sentencias proferidas por: (i) el Juzgado Veinte Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Medellín del 15 de abril de 2009 que confirmó la
decisión negativa del Juzgado Veinticuatro Penal Municipal de Medellín de dos
de marzo de 2009. Accionante: A. Expediente: T-2.292.035; (ii) el Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito de Bogotá de 22 de abril de 2009, que modificó el
fallo impugnado ante el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal de Bogotá de
marzo dos de 2009 que declaró la improcedencia de la acción de tutela y en su
lugar negó el amparo incoado. Accionante: B. Expediente: T-2.299.859; (iii) del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Sala de Decisión
Civil-Familia de julio 15 de 2009 que confirma la sentencia proferida el día 4
de junio de 2009 por el Juzgado Quinto Civil de Circuito de Pereira.
Accionante: C. Expediente: T-2.386.935.
Segundo.- CONCEDER el
amparo invocado por los peticionarios: A. Expediente: T-2.292.035; B.
Expediente: T-2.299.859; C. Expediente: T-2.386.935, de conformidad con las
consideraciones realizadas en la presente sentencia y ORDENAR a las entidades
demandadas en los procesos de la referencia que, de no haberlo hecho ya, dentro
de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta
providencia procedan a reconocer y a pagar la pensión de sobrevivientes de los
peticionarios bajo los mismos requisitos que se les exigen a compañeros y
compañeras permanentes heterosexuales. Esta decisión tendrá efectos inter
comunis,  por lo que se hará extensiva a todas las personas del mismo sexo
que pretendan acceder al reconocimiento y pago de su pensión de sobreviviente
bajo el supuesto antes indicado. Ofíciese.
Tercero.- VINCULAR a la
Defensoría del Pueblo, para que dentro del marco de sus competencias
constitucionales y legales vigile el cumplimiento de esta sentencia.
Cuarto.- Por Secretaría
General, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Así mismo, ORDENAR a la
Secretaría de esta Corporación así como a los jueces de instancia que
conocieron de este proceso para que adopten las medidas adecuadas con el fin de
que guarden estricta reserva y confidencialidad en relación con el mismo y en
especial con la identidad e intimidad de los peticionarios, de sus compañeros
permanentes fallecidos como de las personas que rindieron declaración
extraprocesal ante notario.
Notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado Ponente
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO.
Magistrado
Salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO A LA
SENTENCIA T-051
del 2 de febrero de 2010
PENSION DE
SOBREVIVIENTES A PAREJAS DEL MISMO SEXO-Caso en que existe contradicción
entre los lineamientos fijados por la Corte Constitucional y la posición
asumida en el presente fallo para acceder a la pensión de sobrevivientes
(Salvamento de voto)
Para el suscrito, se evidencia
una clara contradicción entre la jurisprudencia que hasta la fecha había sido
fijada por la Corporación en las Sentencias C-521 de 2007, C-336 de 2008,
T-1241 de 2008 y T-911 de 2009, y la posición asumida en el fallo del que me
aparto. En efecto, mientras en la jurisprudencia sentada en tales fallos se
sostiene que para acceder a la pensión de sobreviviente, las parejas del mismo
sexo deben acreditar tal condición, mediante declaración ante notario donde los
dos miembros de la pareja expresen la voluntad de conformar una familia de
manera permanente, en la sentencia bajo análisis se sostiene que se trata de
una prueba imposible que no puede exigirse para acceder a tal derecho. De igual
manera, mientras en algunos de los citados fallos se considera que el derecho a
la pensión de sobreviviente para parejas del mismo sexo es jurídicamente
exigible a partir de la fecha en que fue proferida la Sentencia C-336 de 2008,
en la decisión de la referencia se considera que el derecho pensional puede
reclamarse incluso respecto de situaciones consolidadas con anterioridad a
dicho fallo. También en el tema de la procedibilidad del amparo constitucional
se presenta contradicción, pues aun cuando la jurisprudencia, atendiendo al
carácter subsidiario de la tutela,  impone un análisis fáctico de la situación
particular para determinar si hay lugar al reconocimiento de la prestación vía
tutela, en la sentencia que no comparto se hace total abstracción de tal
análisis.
Expedientes T-2.292.035, T-2.299.859 y
T-2.386.935 (acumulados).
Acción de
tutela instaurada por A, B, C contra EDATEL S.A.; Fondo de Pensiones BBVA y
otro; y Gobernación de Risaralda.
Magistrado
Ponente:
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO.
Con el acostumbrado
respeto por las decisiones de la Corte, me permito presentar las razones que me
llevaron a salvar el voto en el asunto de la referencia.
Mi
discrepancia con la decisión mayoritaria en este caso, radica en el alcance que
se le pretende reconocer al derecho a la pensión de sobreviviente entre parejas
de un mismo sexo, el cual, a mi juicio, contradice abiertamente la línea
jurisprudencia sobre la materia, sentada previamente por la Corte
Constitucional en las Sentencias T-1241 de 2008 y T-911 de 2009, a su vez
proferidas en acatamiento a lo decidido por la misma Corporación en las
sentencias de constitucionalidad C-521 de 2007 y C-336 de 2008.
1.
Inicio por recordar que esta Corporación, en la Sentencia C-336 de 2008, al
declarar la exequibilidad condicionada de algunas expresiones de los artículos
47 y 74 de la Ley 100 de 1993, tal como los mismos fueron modificados por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, le reconoció a las parejas del mismo sexo el
derecho a ser beneficiarias de la pensión de sobrevivientes. Adujo la
Corporación en dicha oportunidad que, a la luz de la Constitución Política, “no
aparece justificación alguna que autorice un trato discriminatorio en virtud
del cual las personas que conforman parejas homosexuales no puedan acceder a la
pensión de sobrevivientes en las mismas condiciones que lo hacen quienes
integran parejas heterosexuales”.
En
concordancia con la idea de procurar el mismo trato ante la ley, en el citado
fallo, la Corte precisó que, para hacerse acreedora a dicha prestación, las
parejas del mismo sexo deben demostrar la convivencia permanente y afectiva,
tal como ocurre en el caso de las parejas heterosexuales, a través de la
declaración de unión marital de hecho ante notario, firmada por los dos
integrantes de la pareja. Para tales efectos, la Corte se remitió a lo decidido
en la Sentencia C-521 de 2007, en la que, al pronunciarse sobre la afiliación
al Sistema de Seguridad Social en Salud de los compañeros y compañeras
permanentes, ya la Corporación había dejado sentada la posición según la cual, “[l]a
condición de compañero (a) permanente debe ser probada mediante declaración
ante notario, expresando la voluntad de conformar una familia de manera
permanente, actuación a la que deben acudir quienes conforman la pareja y que
supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de lo expuesto; por lo tanto,
el fraude o la ausencia de veracidad en las afirmaciones hechas durante esta
diligencia acarrearán las consecuencias previstas en la legislación penal y en
el resto del ordenamiento jurídico”.
Sobre este
particular, se dijo en la Sentencia C-336 de 2008, lo siguiente:
“8.1. En el ordenamiento jurídico, la pensión de
sobrevivientes se reconoce en el régimen solidario de prima media con prestación
definida y en el de ahorro individual con solidaridad, siempre y cuando se
cumplan las condiciones previstas en la ley, particularmente en los artículos
47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003.
Al resultar extensivos los efectos de estas normas a
las parejas integradas con personas del mismo sexo, a los compañeros o
compañeras del mismo sexo les corresponde acreditar su condición de pareja,
para lo cual deberán acudir ante un notario para expresar la voluntad de
conformar una pareja singular y permanente, que permita predicar la existencia
de una relación afectiva y económica responsable, de la cual posteriormente
pueden derivar prestaciones de una entidad tan noble y altruista como la
correspondiente a la pensión de sobrevivientes.
8.2. Como lo expresó la Corte en la Sentencia C-521 de
2007, para todos los efectos se entenderá que lo dicho ante el notario es
cierto y es expresado bajo juramento; de esta manera, los integrantes de la
pareja asumen las consecuencias judiciales y administrativas derivadas del
fraude, la falsedad o la ausencia de veracidad en sus declaraciones”.
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
En los términos citados, conforme
a lo decidido por la Corte en la Sentencia C-336 de 2008, las parejas del mismo
sexo tienen derecho a la pensión de sobreviviente, ante la eventualidad de la
muerte de uno de sus miembros, siempre y cuando tal condición sea acreditada previamente
mediante declaración ante notario, en la que se evidencie la existencia de una
comunidad de vida permanente y singular, actuación a la que deben concurrir
quienes integran la pareja.
A partir de lo anterior, por vía
de acción de tutela y en sede de Revisión eventual, esta Corporación ha tenido
oportunidad de conocer y decidir sobre situaciones particulares y concretas
relacionadas con el no reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para
parejas del mismo sexo, precisando aspectos relacionados con las condiciones
bajo las cuales puede accederse al reconocimiento de la citada prestación, y
con los requisitos de procedibilidad que han de tenerse en cuenta para que
pueda ordenarse tal reconocimiento a través de la acción de tutela.
Así, en las Sentencias T-1241 de
2008 y T-911 de 2009, la Corte se pronunció sobre el tema, reafirmando el
derecho que tienen las parejas del mismo sexo a la pensión de sobreviviente, y reiterando
a su vez que para acreditar el vínculo debe existir, al menos, una declaración
juramentada ante notario, pues la sola manifestación informal de uno de los
miembros de la presunta pareja no tiene el poder de demostrar la voluntad de
conformar un lazo de manera permanente. Con respecto a dicha prueba, en uno de
los citados fallos, concretamente en la Sentencia T-911 de 2009, la Corte aclaró
que: “este requisito no implica para los compañeros homosexuales una
exigencia irrazonable o desproporcionada, sino por el contrario, una carga
racional y justificada, de las que normalmente demanda el ordenamiento jurídico
para el legitimo ejercicio de los derechos”.
También se dijo en los
mencionados fallos, que el derecho a reclamar la pensión de sobreviviente en
favor de las parejas del mismo sexo, en cuanto éste se deriva directamente de
la decisión adoptada por la Corte en la Sentencia C-336 del 16 de abril de
2008, sólo es jurídicamente exigible a partir de la fecha en que fue adoptada
la decisión y no antes, dado que la Corte no le fijó a la sentencia un efecto
especial, en particular, no le reconoció efectos retroactivos. En este sentido,
se aclaró que no hay lugar al reconocimiento de la prestación frente a
situaciones consolidadas antes del pronunciamiento de la Corte, esto es, cuando
el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja y la solicitud se producen
antes de proferido el citado fallo. El punto fue suficientemente explicado en
la Sentencia T-911 de 2009, en los siguientes términos:
“Presentado el estado de la jurisprudencia
constitucional en relación con los derechos reconocidos a los integrantes de
parejas homosexuales, es necesario resaltar que la pretensión del actor se
deriva directamente de la decisión de exequibilidad condicionada contenida en
la sentencia C-336 de abril 16 de 2008, que abrió las puertas al otorgamiento
de la pensión de sobrevivientes a las personas integrantes de parejas del mismo
sexo.
Teniendo en cuenta que este pronunciamiento se produjo
cuando estaba ya en curso la actuación administrativa mediante la cual el actor
solicitó al Instituto de Seguros Sociales dicho reconocimiento, la referida
sentencia fue mencionada en la resolución 1983 de junio 17 de 2008 que resolvió
sobre el recurso de reposición interpuesto contra la decisión inicial, y
posteriormente, tanto la apoderada del demandante como los terceros
intervinientes han formulado diversas interpretaciones sobre los efectos en el
tiempo de esa decisión y del requisito allí establecido sobre comprobación de
la convivencia como pareja del mismo sexo.
Sin embargo, para esta Sala es claro que esa decisión
de constitucionalidad sólo tiene efectos hacia futuro, a partir de la fecha de
su pronunciamiento, precisión que se deriva de lo establecido en el artículo 45
de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, conforme
al cual “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos
sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución
Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo
contrario”, como también de lo planteado a este respecto por esta misma
corporación en las sentencias C-113 de 1993 (M. P. Jorge Arango Mejía) y C-037
de 2006 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa).
A propósito de la posibilidad de que la Corte
Constitucional decida darle a una de sus sentencias un efecto diferente, bien
sea retroactivo o ultra-activo, según las pautas que en cada caso se
establezcan, es evidente que en el caso que se comenta la Corte no hizo uso de
esta facultad, pues ni en la parte motiva ni en la resolutiva existe ninguna
referencia a este respecto. Tampoco se encuentra indicación alguna en este
sentido en el texto del auto A-163 de 2008, por el cual la Sala Plena resolvió
sobre una solicitud de aclaración de esta sentencia, presentada por varios
ciudadanos. El silencio de estas providencias respecto a este tema es
claramente elocuente, en vista de la existencia de la facultad a que se ha
hecho referencia y del hecho de que esta corporación la ha ejercido en un buen
número de oportunidades[59]. Así las cosas, es forzoso concluir que en este caso
se sigue la regla general de efectos únicamente hacia el futuro.
Por lo anterior, encuentra la Sala que no es posible
reclamar los efectos derivados de la sentencia C-336 de 2008 respecto de
situaciones consolidadas antes de su pronunciamiento. Por ello, aunque
naturalmente es válido pretender su aplicación para el caso de uniones
maritales homosexuales iniciadas desde antes de esa fecha, es claro que en
todos los casos será necesaria la declaración notarial a la que allí se hizo
referencia, y que dicha diligencia, así como el fallecimiento de la persona que
generaría el derecho a la pensión en cabeza del compañero del mismo sexo,
deberán haberse producido con posterioridad a la expedición de dicha
providencia, la cual tuvo lugar el 16 de abril de 2008”.
En cuanto al tema relacionado con
el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por vía de la acción de
tutela, en las mencionas sentencias se mantuvo el criterio de subsidiariedad
del mecanismo de amparo frente al reconocimiento de derechos de prestación, en
el sentido de sostener que el mismo debe primero reclamarse ante las
autoridades judiciales -ordinarias o especiales- estatuidas para el efecto, y
sólo excepcionalmente a través de la tutela, cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o
como mecanismo definitivo, cuando las circunstancias particulares del caso así
lo justifiquen. A este respecto, en la Sentencia T-911 de 2009, se mencionó que
“el solo hecho de tratarse de una persona homosexual no confiere una
prelación especial en circunstancias como esta, aunque sin duda, tal como la
Corte tuvo oportunidad de precisarlo en la Sentencia C-336 de 2008, tampoco
debe implicar un obstáculo para la obtención de la referida pensión, siempre
que se cumplan los requisitos de ley”.
2.
Pues bien, a pesar de la claridad de los lineamientos fijados en la
jurisprudencia citada, los mismos no fueron acogidos por la mayoría de mis colegas
en la sentencia de la que me aparto, ya que, para efectos de dar solución a los
casos concretos, en ella se fijaron criterios diferentes a los expuestos en
tres aspectos fundamentales: (i) Se afirmó que el precedente
jurisprudencial que le reconoce a las parejas del mismo sexo el derecho a la
pensión de sobreviviente, “…es aplicable incluso cuando la solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente tuvo lugar antes de
haberse proferido la sentencia C.336 de 2008”; (ii) Se dijo
igualmente, que la sentencia C-336 de 2008, “…no exige como condición
para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de
parejas del mismo sexo la declaración de unión marital de hecho ante notario
firmada por el causante y el solicitante”, pues se trata de una exigencia
que “fue pensada para solicitar la afiliación en salud y no puede aplicarse,
sin más ni más, en el caso de la pensión de sobrevivientes”; Y, finalmente,
(iii) en cuanto toca con la procedibilidad de la tutela, aun cuando se
admite que el amparo constitucional tiene un carácter subsidiario frente al
reconocimiento de los derechos pensionales, no se llevó a cabo un análisis
fáctico a partir del cual se pudiera concluir que el asunto debía ser decidido
a través de la acción de tutela y no por los medios ordinarios de defensa. En
ninguno de los tres casos particulares que fueron estudiados en el fallo, se
lleva a cabo un análisis mínimo sobre las condiciones personales, sociales,
físicas y económicas de cada uno de los presuntos afectados, a efectos de
justificar la procedencia de la tutela en cada caso y la sustitución del
mecanismo ordinario de defensa.
Así las cosas, para el suscrito,
se evidencia una clara contradicción entre la jurisprudencia que hasta la fecha
había sido fijada por la Corporación en las Sentencias C-521 de 2007, C-336 de
2008, T-1241 de 2008 y T-911 de 2009, y la posición asumida en el fallo del que
me aparto. En efecto, mientras en la jurisprudencia sentada en tales fallos se
sostiene que para acceder a la pensión de sobreviviente, las parejas del mismo
sexo deben acreditar tal condición, mediante declaración ante notario donde los
dos miembros de la pareja expresen la voluntad de conformar una familia de
manera permanente, en la sentencia bajo análisis se sostiene que se trata de
una prueba imposible que no puede exigirse para acceder a tal derecho. De igual
manera, mientras en algunos de los citados fallos se considera que el derecho a
la pensión de sobreviviente para parejas del mismo sexo es jurídicamente
exigible a partir de la fecha en que fue proferida la Sentencia C-336 de 2008,
en la decisión de la referencia se considera que el derecho pensional puede
reclamarse incluso respecto de situaciones consolidadas con anterioridad a
dicho fallo. También en el tema de la procedibilidad del amparo constitucional
se presenta contradicción, pues aun cuando la jurisprudencia, atendiendo al
carácter subsidiario de la tutela,  impone un análisis fáctico de la situación
particular para determinar si hay lugar al reconocimiento de la prestación vía
tutela, en la sentencia que no comparto se hace total abstracción de tal
análisis.
Oportunamente, propuse a mis
colegas de Sala que el asunto fuera llevado al conocimiento de la Sala Plena,
para que allí se adoptara una decisión de unificación, que precisara de manera
definitiva el alcance del derecho a la pensión de sobreviviente en parejas del
mismo sexo y su reconocimiento en sede de tutela. Sin embargo, mi sugerencia no
fue acogida, con los resultados conocidos, que son los que me llevan a salvar
el voto en el presente caso.
Considero que la existencia de
posiciones divergentes en torno al precedente horizontal sentado por la Corte
sobre el tema del reconocimiento de la pensión de sobreviviente en parejas del
mismo sexo, afecta gravemente la seguridad jurídica, pues deja abierta la
posibilidad para que los jueces constitucionales, e incluso de otras
jurisdicciones, según su propio criterio, acojan una u otra de tales posturas
para dar solución a los casos concretos que lleguen a su conocimiento. Por las
mismas razones, la contradicción en el precedente horizontal sobre el tema,
puede afectar los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva de
quienes demandan justicia en esos casos, ya que a pesar de encontrarse bajo una
misma situación fáctica y jurídica, pueden ser portadores de decisiones
diferentes y opuestas.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Auto 075/11
(29 de abril de 2011)
ACCION DE
TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES A PAREJAS DEL MISMO
SEXO-Corrección parte considerativa de sentencia T-051/10
Referencia:         Expediente
T-2.292.035
Expediente T-2.299.859
Expediente
T-2.386.935
Accionantes:
A
B
C
Accionados:
EDATEL S. A. /  Fondo de Pensiones BBVA y otro / Gobernación de Risaralda.
Magistrado:
Mauricio González Cuervo
La Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
CONSIDERANDO
1.
Que en la providencia T-051 de 2010 folios 28 y 29 párrafo 4.8 se
mencionó la sentencia T-016 habiéndose debido mencionar la sentencia T-911 de
2009.
2.
Que por tal razón en la Sentencia T-051 de 2010 debe entenderse en
lugar de la sentencia T-016 de 2010 la sentencia T-911 de 2009.
RESUELVE:
La parte
considerativa de la sentencia T-051 de 2010, quedará así:
Esta remisión
ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Algunas Salas de Revisión de la
Corte Constitucional (sentencias T-1241 de 2008 y T-911 de 2009) al
igual que varias Administradoras de los Fondos de Pensiones[60] han considerado que a la
exigencia fijada en la sentencia C-521 de 2007 a la cual remite la parte
resolutiva de la sentencia C-336 de 2008 debe dársele una interpretación
restrictiva y con sustento en dicha interpretación han negado el derecho de las
personas del mismo sexo a acceder al reconocimiento y pago de su pensión de
sobreviviente pues al haber muerto uno de los compañeros permanentes, es
imposible cumplir con la exigencia de conformidad con la cual ambos compañeros
o compañeras permanentes deben acudir ante notario para acreditar la
permanencia y singularidad de su relación.
(…)
Así, por los
motivos que tendrá ocasión la Corte de exponer más adelante, y bajo aplicación
del principio de interpretación pro homine se apartará de lo decidido
por las Salas de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional en las
sentencia T-1241 de 2008 y en la sentencia T-911 de 2009 y acogerá la
interpretación efectuada por la Dirección General del Instituto Colombiano de
Seguros Sociales, no sin antes aportar las razones de la decisión.
Comuníquese y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado Ponente
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
ACLARACION DE VOTO
DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
AL AUTO 075/11
PENSION DE
SOBREVIVIENTES EN PAREJAS DEL MISMO SEXO-Acreditación de unión marital de
hecho ante notario
SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Afiliación de compañeros y compañeras permanentes
PENSION DE
SOBREVIVIENTES EN PAREJAS DEL MISMO SEXO Y AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD DE COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS PERMANENTES-Contradicción entre
jurisprudencia fijada por la Corte Constitucional y posición asumida en
sentencia T-051/10
Referencia:   Expediente
T-2.292.035
Expediente
T-2.299.859
Expediente
T-2.386.935
Accionantes:
A
B
C
Accionados:
EDATEL S. A.
Fondo de Pensiones BBVA y otro. Gobernación de
Risaralda.
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Mi aclaración de voto en el caso
examinado se contrae a lo siguiente: aunque estoy de acuerdo con la decisión
que se adopta en el Auto 075 de 2011, en el sentido de corregir en los folios
28 y 29 párrafo 4.8 de la Sentencia T-051 de 2010, el numero de la providencia
T-016 de 2010 por el correspondiente a la sentencia T-911 de 2009, quiero
reiterar que disiento respecto de la decisión tomada por la mayoría de los
miembros de la Sala Segunda de Revisión en el asunto de la referencia, por
cuanto en dicha providencia se contradice la línea jurisprudencial sobre el
derecho a la pensión de sobrevivientes entre parejas del mismo sexo, sentada
previamente por la Corte Constitucional en las Sentencias T-1241 de 2008 y
T-911 de 2009 en acatamiento de lo decidido por la misma Corporación en las
sentencias de constitucionalidad C-521 de 2007 y C-336 de 2008.
Inicio por recordar que esta
Corporación, en la Sentencia C-336 de 2008, al declarar la exequibilidad de
algunas expresiones de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, reconoció a
las parejas del mismo sexo el derecho a la pensión de sobrevivientes, ante la
eventualidad de la muerte de uno de sus miembros, y condicionó el
reconocimiento de dicha prestación a que la unión marital de hecho fuera
acreditada previamente por quienes integraban la pareja mediante una
declaración ante notario, en la que se evidenciara la existencia de una
comunidad de vida permanente y singular. Lo anterior, con el fin de procurar el
mismo trato ante la ley, tal como ocurre con las parejas heterosexuales.
Para tales
efectos, la Corte se remitió a lo decidido en la Sentencia C-521 de 2007, en la
que, al pronunciarse sobre la afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Salud de los compañeros y compañeras permanentes, la Corporación había dejado
sentada la posición según la cual, “[l]a condición de compañero (a)
permanente debe ser probada mediante declaración ante notario, expresando la
voluntad de conformar una familia de manera permanente, actuación a la que
deben acudir quienes conforman la pareja y que supone la buena fe y el
juramento sobre la verdad de lo expuesto; por lo tanto, el fraude o la ausencia
de veracidad en las afirmaciones hechas durante esta diligencia acarrearán las
consecuencias previstas en la legislación penal y en el resto del ordenamiento
jurídico”.
A partir de lo anterior, por vía
de acción de tutela y en sede de Revisión eventual, esta Corporación ha tenido
la oportunidad de conocer y decidir sobre situaciones particulares y concretas
relacionadas con el no reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para
parejas del mismo sexo, precisando aspectos relacionados con las condiciones
bajo las cuales puede accederse al reconocimiento de la citada prestación y
junto con los requisitos de procedibilidad que han de tenerse en cuenta para
que pueda ordenarse tal reconocimiento mediante la acción de tutela.
Así, en las Sentencias T-1241 de
2008 y T-911 de 2009, la Corte Constitucional: (i) reafirmó el derecho que
tienen las parejas del mismo sexo a la pensión de sobrevivientes, (ii) reiteró
que para acreditar el vínculo debe existir, al menos, una declaración
juramentada ante notario, (iii) consideró que la prestación solo es
jurídicamente exigible a partir de la fecha en que fue reconocida por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-336 de 16 de abril de 2008 y no antes y,
por ultimo, (iv) insistió en la procedencia excepcional de la acción de tutela
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Pues bien, a pesar de la claridad
de los lineamientos fijados en la jurisprudencia citada, los mismos no fueron
acogidos por la mayoría de mis colegas en la sentencia de la que me aparto, ya
que, para efectos de dar solución a los casos concretos, en ella se fijaron
criterios diferentes a los expuestos en tres aspectos fundamentales: (i)
se afirmó que el precedente jurisprudencial que le reconoce a las parejas del
mismo sexo el derecho a la pensión de sobreviviente, “…es aplicable incluso
cuando la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente
tuvo lugar antes de haberse proferido la sentencia C.336 de 2008”; (ii)
se dijo, igualmente, que la sentencia C-336 de 2008, “…no exige como
condición para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes
de parejas del mismo sexo la declaración de unión marital de hecho ante notario
firmada por el causante y el solicitante”, pues se trata de una exigencia
que “fue pensada para solicitar la afiliación en salud y no puede aplicarse,
sin más ni más, en el caso de la pensión de sobrevivientes”y, finalmente, (iii)
en cuanto toca con la procedibilidad de la tutela, aun cuando se admite que el
amparo constitucional tiene un carácter subsidiario frente al reconocimiento de
los derechos pensionales, no se llevó a cabo un análisis fáctico a partir del
cual se pudiera concluir que el asunto debía ser decidido mediante la acción de
tutela y no por los medios ordinarios de defensa. En ninguno de los tres casos
particulares que fueron estudiados en el fallo se llevó a cabo un análisis
mínimo sobre las condiciones personales, sociales, físicas y económicas de cada
uno de los presuntos afectados, a efectos de justificar la procedencia de la
tutela en cada uno de ellos y la sustitución del mecanismo ordinario de
defensa.
Así las cosas, para el suscrito,
se evidencia una clara contradicción entre la jurisprudencia que hasta la fecha
había sido fijada por la Corporación en las Sentencias C-521 de 2007, C-336 de
2008, T-1241 de 2008 y T-911 de 2009, y la posición asumida en el fallo del que
me aparto.
En síntesis mi aclaración de voto
obedece a la necesidad de aclarar cual fue mi posición inicial frente a la
sentencia que actualmente es objeto de aclaración.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1] La decisión de excluir de cualquier publicación los
nombres originales de personas implicadas en procesos de tutela, así como los
de sus familiares, ha sido adoptada como medida de protección en múltiples
tutelas,  entre otras, en las siguientes sentencias: T-523 de 1992; T-442 de
1994; T-420 de 1996; T-1390 de 2000; T-1025 de 2002; T-510 de 2003; T-292 de
2004; Sentencia T- 900 de 2006.
[2] Folio 1, cuaderno 1.
[3] Folio 1, cuaderno 1.
[4] Folio 2, cuaderno 1. Copia de la solicitud reposa en
el expediente, cuaderno 1 a folio 35.
[5] Folio 1, cuaderno 1. Copia de la comunicación reposa
en el expediente, cuaderno 1 a folio 34.
[6] Expediente, cuaderno principal a folio 2.
[7] Expediente, cuaderno principal a folio 2.
[8] Expediente, cuaderno principal a folio 2.
[9] Expediente, cuaderno principal a folio 2.
[10] Expediente, cuaderno principal a folio 2.
[11] Expediente, cuaderno principal a folio 3.
[12]
Expediente, cuaderno principal a folio 3. Prueba de la solicitud reposa en el
expediente a folios 8-26.
[13]
Expediente, cuaderno principal a folio 3.
[14]
Expediente, cuaderno principal a folio 3.
[15]
Expediente, cuaderno principal a folio 3.
[16] Expediente, cuaderno
principal a folio 4. Copia de la Resolución AMB 13855 de marzo de 2009 emitida
por la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL –EICE– por la cual se reconoce
y ordena el pago de una sustitución pensional de una pensión gracia consta en
el expediente a folio 28.
[17]
Expediente, cuaderno principal a folio 4. Copia de la ficha de pensionado
reposa en el expediente a folio 33.
[18]
Expediente, cuaderno principal a folio 4.
[19] Expediente, cuaderno
principal a folio 4.
[20] Expediente, cuaderno
principal a folio 4. Copia de declaraciones juramentadas donde se rinde
testimonio acerca de la convivencia que mantuvo el peticionario con el causante
por el lapso de 34 años así como constancia de su dependencia económica para
con el finado, reposa en el expediente a folio 31.
[21] Expediente, cuaderno
principal a folio 34.
[22] Expediente, cuaderno
principal a folio 35.
[23] Expediente, cuaderno
principal a folios 38-40.
[24]
Expediente, cuaderno principal a folio 43.
[25] Citó la sentencia C-1112 de 2005 en la que también se
señalan los elementos que caracterizan el perjuicio irremediable, a saber, la inminencia
que exige la adopción de medidas inmediatas; la urgencia que tiene el
sujeto de la acción de salir del perjuicio inminente; la gravedad de los
hechos que hacen evidente la impostergabilidad de la tutela.
[26]
Expediente de revisión a folios 102-155.
[27]
Expediente de revisión a folios 249-250.
[28] En esta sentencia la Corte Constitucional se
pronunció respecto de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los
artículos 1º (parcial) de la ley 54 de 1990 “por la cual se definen las
uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”;
47 (parcial), 74 (parcial) y 163 (parcial) de la ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”. Los demandantes estimaron que las normas acusadas desconocían los
artículos: 1º, 13, 16, 48, 49 y 93 de la
Constitución Política y específicamente quebrantaban el deber “de extender a las parejas homosexuales la protección
que en materia de seguridad social se reconoce a las parejas heterosexuales”. En el escrito de demanda se hizo
especial mención a la decisión adoptada por el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas X contra Colombia el día 14 de mayo de 2007. En dicha
providencia, el Comité se pronunció respecto de la situación de un ciudadano
colombiano a quien las autoridades negaron el derecho a acceder al
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente pese a haber acreditado
convivencia singular con el causante –su compañero permanente– y pese a haber
demostrado que dependía económicamente del mismo. El Comité encontró que el
Estado colombiano había quebrantado el artículo 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos “al negar al actor el derecho a la sustitución
pensional de su compañero permanente sin aportar argumento o prueba en virtud
del cual se demostrara que la distinción entre compañeros del mismo sexo y
compañeros heterosexuales no casados era razonable y objetiva”. Para resolver los problemas jurídicos planteados la
Corte dividió en dos partes sus consideraciones. En un primera parte, se
pronunció sobre la situación de las personas homosexuales en el ordenamiento
jurídico colombiano nacional e internacional y, en una segunda parte, abordó
aspectos relacionados con el sentido, alcance y objetivo de la pensión de
sobrevivientes.
[29] Corte Constitucional. Sentencias T-048 de 2008; T-828 de 2008; T-917
de 2008; T-653 de 2006; T-1308 de 2005; T-849 de 1999
[30]
Corte Constitucional. Sentencia T-828 de 2008.
[31] Corte Constitucional.
Sentencia T-917 de 2008. En aquella ocasión le correspondió a la sala de
Revisión determinar si en el caso sub judice la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Tunja, al abstenerse de levantar las medidas
cautelares que recaían sobre bienes y derechos sucesorales del peticionario “pese
a existir proceso contencioso administrativo atacando el mandamiento de pago y
la decisión negativa a las excepciones” había desconocido los derechos
constitucionales fundamentales del actor y se procedía conferir la tutela como
mecanismo transitorio para resolver un perjuicio irremediable. La Corte efectuó
un conjunto de consideraciones muy importantes respecto de la importancia de
respetar el debido proceso en las actuaciones administrativas y resolvió
conceder el amparo invocado.
[32]
Ibíd. Consultar asimismo Corte Constitucional. Sentencia T-982 de 2004.
[33]
Ibíd.
[34]
Ibíd.
[35] Corte Constitucional.
Sentencia C-131 de 1993.
[36] Corte Constitucional.
Sentencia T – 292 de 2006, consideración 16.
[37] Nótese además, que tanto
la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia como el inciso 1 del
artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, reconocen también esta fuerza vinculante.
En el caso del inciso 1º, se expresa claramente que son vinculantes las
sentencias de constitucionalidad,  tanto para las autoridades como para los
particulares.
[38] En aquella oportunidad
le correspondió la Sala Plena de la Corporación pronunciarse sobre la demanda
acumulada de inconstitucionalidad contra el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 “Por
la cual se expide el Código Penal.” “Artículo 413. Prevaricato por
acción. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto
manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8)
años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones
públicas de cinco (5) a ocho (8) años.” Algunos de los actores alegaron que
la disposición acusada desconocía el Preámbulo y los artículos 2, 4, 93, 95 y
122 constitucionales al igual que el artículo 2º de la Convención Americana de
Derechos Humanos. Otros sostuvieron que el artículo en cuestión desconocía el
Preámbulo constitucional, los artículos 2, 4, 121, 122, 123, 228 y 230
Superiores, los artículos 1º y 153 de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, así como los artículos 10 y 13 de la Ley 599 de 2000. La Corte
precisó en aquella ocasión lo siguiente: “la pena asignada al delito de
prevaricato por acción se incrementó en virtud de la Ley 890 de 2004, cuyo
artículo pertinente reza “Artículo 14. Las penas previstas en los tipos penales
contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera
parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación de
esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de la pena
privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2° de la presente ley. Los artículos 230A, 442, 444, 444A, 453,
454A, 454B y 454C del Código Penal tendrán la pena indicada en esta ley.” La
Corte consideró que las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas
coincidían en formular el mismo cargo, esto es, que el artículo 413 del Código
Penal que contiene “el tipo penal de prevaricato por acción es inconstitucional
por omitir los supuestos de infracción o desconocimiento de la Constitución, la
jurisprudencia de las Altas Cortes y de la Corte Constitucional, así como el
bloque de constitucionalidad.” Según los demandantes, a partir de lo prescrito
en el artículo acusado no resultaba factible “sancionar a los jueces,
servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, por
desconocer manifiestamente la Constitución, la jurisprudencia sentada por las Altas
Cortes y de la Corte Constitucional, al igual que el bloque de
constitucionalidad.”
[39] “ARTICULO 243. Los fallos que la Corte dicte en
ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional. / Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del
acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en
la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la
norma ordinaria y la Constitución.”
[40] Cfr., la
interpretación efectuada por las Administradoras de los Fondos de Pensiones
PROTECCIÓN y PORVENIR. Expediente de Revisión a folios 24-25 y 152-155.
[41] Cfr., los
requisitos exigidos por el Instituto de Seguros Sociales. Expediente de
Revisión a folio 192.
[42] Ibíd.
[43] En la sentencia
C-521 de 2007, le correspondió establecer a la Corte “si la expresión ‘cuya
unión sea superior a 2 años’, perteneciente al artículo 163 de la Ley 100
de 1993, desconoce la dignidad humana y los derechos a la vida, igualdad, libre
desarrollo de la personalidad, seguridad social, salud, lo mismo que a la
protección integral de la familia, al impedir el acceso como beneficiarios del
Plan Obligatorio de Salud a los compañeros (as) permanentes del afiliado,
cuando aquellos no hayan cumplido con la condición temporal prevista en la
norma. La referida providencia declaró la inexequibilidad del contenido
normativo del artículo 163 de la Ley 100 de 1993, según el cual la cobertura
familiar del plan obligatorio de salud, se brinda entre otros al (la) compañero(a)
permanente del afiliado, cuando dicha unión supere los dos (2) años de
duración. El sentido de la inexequibilidad en mención consistió en excluir del
ordenamiento jurídico el requisito de que los compañeros permanentes deban
acreditar mínimo dos (2) años de convivencia, para acceder a la calidad de
beneficiarios en salud.
[44]
Ibíd.
[45]
Ibíd.
[46]
Ibíd.
[47]
Ibíd.
[48] En la sentencia T-1009 de 2007 se pronunció la Corte
de la siguiente manera en relación con la prueba de convivencia de compañeros
permanentes heterosexuales: “La conclusión de esta Corporación acerca de que
para obtener el derecho a la pensión de sobrevivientes lo que se requiere
fundamentalmente es demostrar la convivencia afectiva con el pensionado en los
años anteriores a su muerte se deriva, entonces, de dos premisas: por un lado,
de la norma constitucional que define que la familia se puede crear por
vínculos naturales o jurídicos y que sus dos modalidades de creación merecen
idéntica protección, y, por el otro, del objetivo que persigue la pensión de
sobrevivientes, cual es el garantizarle al cónyuge o compañero supérstite  los
recursos necesarios para mantener un nivel de vida similar al que tenía antes
de  la muerte del conviviente que gozaba de una pensión. Así, de lo que se
trata en el momento de decidir acerca de una solicitud de sustitución pensional
es de observar la situación real de vida en común de dos personas, dejando de
lado los distintos requisitos formales que podrían exigirse. Cfr.
Sentencia T-190 de 2003.
[49] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencias T-432 de 2002, T- 408 de 2002, SU-646 de 1999, T-
632 de 2004.
[50]
Corte Constitucional. Sentencia T-404 de 2009.
[51] Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-404 de 2009; T-177 de 2008. En esta última recordó
la Corporación: “Teniendo en cuenta
tal disposición y en tratándose de la solicitud del reconocimiento y pago de un
derecho pensional, esta Corporación ha sido consistente en sostener que la
acción de tutela resulta, por regla general, improcedente para resolver
cuestiones de esta estirpe, toda vez que por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, no puede reemplazar las acciones ordinarias laborales concebidas
por el Legislador para resolver asuntos de carácter litigioso. De tal suerte
que la existencia y disposición de otros medios de defensa judiciales como
escenarios pertinentes para ventilar tanto las diversas controversias de índole
económica como para desplegar ampliamente las diferentes garantías de orden
procesal encaminadas a demostrar el supuesto de hecho de las normas cuyo efecto
jurídico persiguen, permiten suponer que, en principio, la acción de amparo
constitucional se torna en un mecanismo impropio para decidir sobre tales pretensiones”.
[52] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T -177 de 2008 y T-404
de 2009. Ahora bien, como lo ha
explicado la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, puede acudirse
directamente al amparo tutelar cuando se presentan las siguientes
eventualidades: (i) se han agotado los mecanismos de defensa ordinarios; (ii)
no existen mecanismos de defensa ordinarios; (iii) se comprueba que los
mecanismos de defensa ordinarios son ineficaces; o (iv) se establece que el no
conferir el amparo por vía tutelar produce en quien lo solicita un perjuicio
irremediable.
[53]
Expediente, cuaderno 1 folio 108.
[54]
Expediente, cuaderno 1 folio 81.
[55]
Expediente, cuaderno 1 folios 82-100.
[56]
Expediente, cuaderno 1, folio 77.
[57] En este sentido se han pronunciado distintas Salas de
Revisión de Tutela de la Corte Constitucional. Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia T-1258 de 2008 (derechos de personas de talla baja);
T-294 de 2009 (derechos de los recicladores de la ciudad de Cali); T-473 de
2009 (derecho a la educación de los niños con discapacidad en Barrancabermeja);
T-294 de 2009 (derecho a la educación de niños con talentos especiales en
Cundinamarca; T-113 de 2009 (servicio militar obligatorio e indígenas; T-1223
de 2008 (pago de licencias de maternidad); T-1037 de 2008 (acciones ilegales de
inteligencia contra periodistas y defensores de derechos humanos), entre las
más destacadas.
[58] Sobre el particular consultar Corte Constitucional
Auto 071 de 2001. Corte Constitucional. Sentencias SU-519 de 1997; SU-623 de
2001; SU-484 de 2008; T-1258 de 2008; SU 559 de 1997; SU 090 de 2000; T-025 de
2004, entre muchas otras.
[59]
Entre ellas en todos los casos citados, en varias de las intervenciones
ciudadanas reseñadas, como antecedente que justificaría reconocer en estos
casos y por vía de tutela, efecto retroactivo a lo decidido mediante sentencia
C-336 de 2008, esto es, los casos resueltos mediante las sentencias C-309 de
1996, C-482 de 1998, C-464 y C-1126 de 2004.
[60] Cfr., la
interpretación efectuada por las Administradoras de los Fondos de Pensiones
PROTECCIÓN y PORVENIR. Expediente de Revisión a folios 24-25 y 152-155.