C-047-17
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia C-047/17
TRATADO
SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS-Existencia de vicio insubsanable por no haberse
acreditado la aprobación de la ley en plenaria del Senado con el quórum
reglamentario y la mayoría simple exigida por la Constitución
La Corte concluye que para el
asunto bajo examen no resultan acreditados todos los requisitos propios del
trámite de las leyes que aprueban un tratado internacional, y que el vicio de
procedimiento que se configura es de carácter insubsanable por cuanto en el
momento preciso de llevarse a cabo la votación del informe de ponencia para
segundo debate del proyecto de ley 059 de 2014 ante la Plenaria del Senado de
la República, ni del acta de sesión ni de la certificación respectiva es
posible acreditar las exigencias constitucionales de quórum decisorio y de la
aprobación por la mayoría simple, así como tampoco se logra establecer el
requisito legal que consagra el artículo 123-4 de la Ley 5ª de 1992. Como la
irregularidad que se evidencia tuvo lugar en una etapa estructural del proceso
legislativo y afecta la conformación democrática de la voluntad parlamentaria
del Senado de la República, la Ley 1782 de 2016 “por medio de la cual se
aprueba el ‘Tratado sobre el Comercio de Armas’, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de
2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013”,
resulta inexequible.
VICIO DE
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO-Carácter insubsanable/PRINCIPIO DE
CONSERVACION DEL DERECHO-Posibilidad de subsanar vicios de procedimiento
que permitan al Congreso corregir los yerros en que ha incurrido
VICIO DE
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO-Jurisprudencia constitucional/SANEAMIENTO DE
VICIO DE TRAMITE LEGISLATIVO-Criterio de razonabilidad/VICIO DE
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO-Parámetros para determinar cuándo es subsanable y
cuándo insubsanable/VICIO INSUBSANABLE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Declaratoria
de inexequibilidad de la ley
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LEY APROBATORIA POR VICIO DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO-Jurisprudencia
constitucional
VICIO
INSUBSANABLE EN PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE PROYECTO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO-Jurisprudencia constitucional
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Naturaleza
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No dispone de procedimiento
legislativo especial para su expedición/LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria
TRATADO
SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS-Representación del Estado, suscripción del Acuerdo y aprobación
presidencial
CONVENCION
DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS-Aplicación
TRATADO
SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS-Trámite legislativo de la Ley 1782 de 2016
VOTACION
ORDINARIA-Excepción a la votación nominal y pública
VOTACION NOMINAL
Y PUBLICA-Justificación
VOTACION
ORDINARIA POR UNANIMIDAD-Jurisprudencia constitucional
TRAMITE
LEGISLATIVO DE PROYECTO DE LEY-Votación ordinaria por unanimidad cuando
exista acuerdo para aprobar una iniciativa legislativa
VOTACION
NOMINAL Y PUBLICA-Excepciones a la regla general
PRINCIPIO DE
TRANSPARENCIA-Unanimidad como causal de excepción a la votación nominal y
pública/VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD-Configuración cuando se excepciona
la votación nominal y pública sobre la base de la unanimidad, pero ésta no es
debidamente registrada por la corporación legislativa
VOTACION
ORDINARIA POR UNANIMIDAD-Excepción a la regla de votación nominal y pública
La Sala considera que la
validez de la votación ordinaria por unanimidad como excepción a la regla
general de votación nominal y pública, es predicable siempre que de la misma se
puedan inferir los indicadores señalados, y que del acta de sesión y
certificación respectiva se obtenga información clara y fidedigna dando cuenta
del número de congresistas que participaron en la votación (registro de
votación) y del total de votos que fueron emitidos como expresión de la
voluntad para aprobar el informe de ponencia que propone dar trámite a un
proyecto de ley y la aprobación de la iniciativa en cuanto a su articulado,
título y querer de las células legislativas de que continúe el procedimiento
legislativo o que se convierta en Ley de la República, según sea el caso. Lo
anterior disciplina la práctica legislativa y permite a la Corte evidenciar el
cumplimiento de los requisitos constitucionales para la expedición de leyes.
PROYECTOS DE
LEY-Quórum decisorio y mayorías para su aprobación mediante votación
ordinaria por unanimidad
PROYECTO DE
LEY-Aprobación en primer y segundo debate
PROYECTOS DE
LEY-Cumplimiento de requisitos para su aprobación/PROYECTOS DE LEY-Quórum
deliberatorio y decisorio para su aprobación
PROYECTOS DE
LEY APROBATORIOS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Exige mayoría simple para su
aprobación
CERTIFICACION
DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SOBRE VERIFICACION DE QUORUM DECISORIO Y MAYORIAS
REQUERIDAS PARA APROBACION DE PROYECTOS DE LEY-Jurisprudencia
constitucional
PROYECTO DE
LEY-Aprobación mediante votación ordinaria por unanimidad
La Corte concluye que en los
casos en que un proyecto de ley sea aprobado haciendo uso de la votación
ordinaria por unanimidad como excepción al mandato constitucional de votación
nominal y pública, resulta indispensable que tanto las actas de sesión, como
las certificaciones que emitan los secretarios de las comisiones y plenarias,
señalen con claridad, certeza y precisión el número de congresistas presentes
en el recinto al momento de realizarse la votación ordinaria y el número de
votos emitidos para tener por aprobada la iniciativa legislativa, toda vez que
ante la variación del quórum en el transcurso de una sesión como práctica
parlamentaria, esos datos permiten inferir razonablemente el cumplimiento de
las exigencias de quórum decisorio y de mayorías que la Carta Política impone
para que un proyecto se convierta en ley de la República. Si de las actas y
certificaciones respectivas no fluye evidente esa información, corresponde a la
Sala evaluar el desarrollo del debate con miras a establecer si, a partir de
los registros de las votaciones nominales anterior y posterior a la iniciativa
legislativa objeto de control, es viable acreditar los requisitos que consagran
los artículos 145 y 146 de la Constitución, así como el artículo 123-4 de la
Ley 5ª de 1992.
LEYES
APROBATORIAS DE TRATADOS-Votación nominal y pública/LEYES APROBATORIAS
DE TRATADOS-Excepción de votación ordinaria
INFORME DE
PONENCIA DE PROYECTO DE LEY-Aprobación/INFORME DE PONENCIA DE PROYECTO
DE LEY-Función/INFORME DE PONENCIA DE PROYECTO DE LEY-Importancia/INFORME
DE PONENCIA DE PROYECTO DE LEY-Debate y votación/INFORME DE PONENCIA DE
PROYECTO DE LEY-Efecto jurídico de la aprobación
INFORME DE
PONENCIA DE PROYECTO DE LEY-Debates en plenarias del Congreso de la República/DEBATES
EN PLENARIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-Fases
PROYECTO DE
LEY-Hundimiento por falta de aprobación del informe de ponencia
LEYES
APROBATORIAS DE TRATADOS-Vicio de procedimiento cuando informe de ponencia
es aprobado sin quórum decisorio y mayorías requeridas
Referencia:
expediente LAT-441
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 1782 de 2016 “por medio de la cual se aprueba
el ‘Tratado sobre el Comercio de Armas’, adoptado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas mediante resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y
suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013”.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá, DC., primero (1º) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto
2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del “TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE
ARMAS” adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de
Nueva York el 24 de septiembre de 2013, y la Ley 1782 del 20 de mayo de 2016,
por medio de la cual fue aprobado.
I. ANTECEDENTES
1. Con base
en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 23 de mayo de 2016 (Fl. 1 cuaderno principal),
dentro del término constitucional, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia autenticada de la Ley 1782 de 2016, para efectos de
su revisión constitucional.
2. El
Magistrado Sustanciador mediante auto del 17 de junio de 2016 (Fls. 26 y 27 del
cuaderno principal), avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de
pruebas. Una vez recibidas éstas, mediante auto de 14 de julio de 2016 (Fl. 79
del cuaderno principal), se ordenó continuar el trámite del control de constitucionalidad
y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el
fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor
Procurador General de la Nación para que rinda el concepto correspondiente y
comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente
del Congreso de la República, a los Ministros del Interior, de Justicia y del
Derecho, de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo, al igual
que al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la Nación.
Fueron
además invitados a participar las Facultades de Derecho de las Universidades
Nacional de Colombia, de los Andes, Libre, Militar Nueva Granada, Sergio Arboleda,
ICESI de Cali, Libre, Eafit de Medellín, Javeriana, de Antioquia, del Rosario,
de Ibagué y Externado de Colombia, al igual que el Centro de Estudios de
Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, a la Comisión Colombiana de Juristas,
el Director del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y
Explosivos, el Director General de la Agencia Colombiana para la Reintegración,
y el Alto Comisionado para la Paz.
3. De manera
que, luego de surtidos los trámites constitucionales y legales propios de esta
clase de procesos, esta Corporación se pronuncia respecto de la
constitucionalidad del instrumento internacional bajo examen.
II. TEXTO
DE LA NORMA.
La ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario
Oficial 49.879 de 20 de mayo de 2016, es la siguiente:
“LEY
1782 DE 2016
(mayo
20)
Diario
Oficial No. 49.879 de 20 de mayo de 2016
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por medio
de la cual se aprueba el “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234B de 2 de
abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de
2013.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA:
Visto el
texto del “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234B de 2 de abril de
2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en español del
Tratado, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio y
consta en diez (10) folios).
PROYECTO
DE LEY NÚMERO 59
por medio
de la cual se prueba el “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234B de 2 de
abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de
2013.
El
Congreso de la República
Visto el
texto del “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234B de 2 de abril de
2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en español del
Tratado, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, documento que reposa en los archivos de ese Ministerio y
consta en diez (10) folios).
El
presente proyecto de ley consta de veinte (20) folios.
TRATADO
SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS.
NACIONES
UNIDAS
2013
TRATADO
SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS
Preámbulo
Los
Estados partes en el presente Tratado,
Guiados
por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Recordando
el artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene por objeto promover
el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con
la menor desviación posible de recursos humanos y económicos del mundo hacia
los armamentos,
Subrayando
la necesidad de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales
y de evitar su desvío al mercado ilícito o hacia usos y usuarios finales no
autorizados, en particular para la comisión de actos terroristas,
Reconociendo
los intereses legítimos de orden político, económico, comercial y de seguridad
de los Estados en relación con el comercio internacional de armas
convencionales,
Reafirmando
el derecho soberano de todo Estado de regular y controlar, conforme a su propio
sistema jurídico o constitucional, las armas convencionales que se encuentren
exclusivamente en su territorio,
Reconociendo
que la paz y la seguridad, el desarrollo de los derechos humanos son pilares
del sistema de las Naciones Unidas y sirven de fundamento a la seguridad
colectiva, y que el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos
están interrelacionados y se refuerzan mutuamente,
Recordando
las Directrices de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas sobre
transferencias internacionales de armas, en el contexto de la Resolución 46/36H
de la Asamblea General, de 6 de diciembre de 1991,
Observando
la contribución realizada por el Programa de Acción de las Naciones Unidas para
prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos, así como el Protocolo contra la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, y el Instrumento Internacional para permitir a los
Estados identificar y localizar, de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas
y armas ligeras ilícitas,
Reconociendo
las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de seguridad del tráfico
ilícito y no regulado de armas convencionales,
Teniendo
en cuenta que la gran mayoría de las personas afectadas por los conflictos
armados y la violencia armada son civiles, en particular mujeres y niños,
Reconociendo
también las dificultades a que se enfrentan las víctimas de los conflictos
armados y su necesidad de recibir un adecuado grado de atención, rehabilitación
y reinserción social y económica, o que ninguna disposición del presente
Tratado impide que los Estados mantengan y aprueben medidas adicionales
eficaces para promover el objeto y fin del Tratado,
Conscientes
del comercio legítimo y de la propiedad y el uso legales de ciertas armas
convencionales para actividades recreativas, culturales, históricas y
deportivas, en los casos en que esas formas de comercio, propiedad y uso están
permitidas o protegidas por la ley,
Conscientes
también del papel que pueden desempeñar las organizaciones regionales en la
prestación de asistencia a los Estados partes, previa petición a fin de aplicar
el presente Tratado,
Reconociendo
el papel activo que, de forma voluntaria, puede desempeñar la sociedad civil,
incluidas las organizaciones no gubernamentales y la industria, en la
sensibilización sobre el objeto y fin del presente Tratado, y en apoyo de su
aplicación,
Reconociendo
que la regulación del comercio internacional de armas convencionales y la
prevención de su desvío no debe entorpecer la cooperación internacional y el
comercio legítimo de material, equipo y tecnología para fines pacíficos,
Poniendo
de relieve la conveniencia de lograr la adhesión universal al presente Tratado,
Resueltos
a actuar de conformidad con los siguientes principios:
Principios
- El
derecho inmanente de todos los Estados a la legítima defensa individual o
colectiva reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas;
- La
solución de controversias internacionales por medios pacíficos de manera que no
se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia,
de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, de la Carta de las Naciones
Unidas;
- La
renuncia a recurrir, en las relaciones internacionales, a la amenaza o al uso
de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de
las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de
las Naciones Unidas;
- La no
intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de
cada Estado, de conformidad con el artículo 2, párrafo 7, de la Carta de las
Naciones Unidas;
- La
obligación de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario,
de conformidad, entre otros, con los Convenios de Ginebra de 1949, y de
respetar y hacer respetar los Derechos Humanos, de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros
instrumentos;
- La
responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con sus respectivas
obligaciones internacionales, de regular efectivamente el comercio
internacional de armas convencionales y de evitar su desvío, así como la
responsabilidad primordial de todos los Estados de establecer y aplicar sus
respectivos sistemas nacionales de control;
- El
respeto a los intereses legítimos de los Estados de adquirir armas
convencionales para ejercer su derecho de legítima defensa y para operaciones
de mantenimiento de la paz, así como de fabricar, exportar, importar y
transferir armas convencionales;
- La
aplicación coherente, objetiva y no discriminatoria del presente Tratado;
Han
convenido en lo siguiente:
ARTÍCULO
1. OBJETO Y FIN.
El objeto
del presente Tratado es:
-
Establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular
o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales;
-
Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su
desvío;
Con el
fin de:
-
Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e
internacional;
- Reducir
el sufrimiento humano;
-
Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los
Estados partes en el comercio internacional de armas convencionales, fomentando
así la confianza entre ellos.
ARTÍCULO
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
l. El
presente Tratado se aplicará a todas las armas convencionales comprendidas en
las categorías siguientes:
a) Carros
de combate;
b)
Vehículos blindados de combate;
c)
Sistemas de artillería de gran calibre;
d)
Aeronaves de combate;
e)
Helicópteros de ataque;
f) Buques
de guerra;
g)
Misiles y lanzamisiles; y
h) Armas
pequeñas y armas ligeras.
2. A los
efectos del presente Tratado, las actividades de comercio internacional
abarcarán la exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el
corretaje, denominadas en lo sucesivo “transferencias”.
3. El
presente Tratado no se aplicará al transporte internacional realizado por un
Estado parte, o en su nombre, de armas convencionales destinadas a su propio
uso, siempre que estas permanezcan bajo la propiedad de ese Estado parte.
ARTÍCULO
3. MUNICIONES.
Cada
Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para
regular la exportación de municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las
armas convencionales comprendidas en el artículo 2o, párrafo 1 y aplicará lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 antes de autorizar la exportación de tales
municiones.
ARTÍCULO
4. PIEZAS Y COMPONENTES.
Cada
Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para
regular la exportación de piezas y componentes cuando dicha exportación permita
la fabricación de las armas convencionales comprendidas en el artículo 2,
párrafo 1, y aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7 antes de autorizar la
exportación de tales piezas y componentes.
ARTÍCULO
5. APLICACIÓN GENERAL.
1. Cada
Estado parte aplicará el presente Tratado de manera coherente, objetiva y no
discriminatoria, teniendo presentes los principios mencionados en él.
2. Cada
Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control, incluida
una lista nacional de control, para aplicar lo dispuesto en el presente
Tratado.
3. Se
alienta a cada Estado parte a que aplique lo dispuesto en el presente Tratado a
la mayor variedad posible de armas convencionales. Las definiciones nacionales
de cualquiera de las categorías comprendidas en el artículo 2, párrafo 1,
apartados a) a g), no podrán ser más restrictivas que las descripciones
utilizadas en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas en el
momento en que entre en vigor el presente Tratado. En relación con la categoría
comprendida en el artículo 2, párrafo 1, apartado h), las definiciones
nacionales no podrán ser más restrictivas que las descripciones utilizadas en
los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas en el momento en que entre
en vigor el presente Tratado.
4. Cada
Estado parte, de conformidad con sus leyes nacionales, facilitará su lista
nacional de control a la Secretaría, que la pondrá a disposición de los demás
Estados partes. Se alienta a los Estados partes a que hagan públicas sus listas
de control.
5. Cada
Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para aplicar las
disposiciones del presente Tratado y designará a las autoridades nacionales
competentes a fin de disponer de un sistema nacional de control eficaz y
transparente para regular la transferencia de armas convencionales comprendidas
en el artículo 2, párrafo 1, y de elementos comprendidos en el artículo 3 y el
artículo 4.
6. Cada
Estado parte designará uno o más puntos de contacto nacionales para
intercambiar información sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del
presente Tratado. Cada Estado parte notificará su punto o puntos de contacto
nacionales a la Secretaría que se establece en el artículo 18 y mantendrá actualizada
dicha información.
ARTÍCULO
6. PROHIBICIONES.
l. Un
Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el
artículo 3 o el artículo 4, si la transferencia supone una violación de las
obligaciones que le incumben en virtud de las medidas que haya adoptado el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo al Capítulo
VII de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los embargos de armas.
2. Un
Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el
artículo 3 o el artículo 4, si la transferencia supone una violación de sus
obligaciones internacionales pertinentes en virtud de los acuerdos
internacionales en los que es parte, especialmente los relativos a la
transferencia internacional o el tráfico ilícito de armas convencionales.
3. Un
Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el
artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene
conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer
genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de
Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas
civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos
internacionales en los que sea parte.
ARTÍCULO
7. EXPORTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS EXPORTACIONES.
1. Si la
exportación no está prohibida en virtud del artículo 6, cada Estado parte
exportador, antes de autorizar la exportación bajo su jurisdicción de armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, o de elementos
comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, y de conformidad con su sistema
nacional de control, evaluará, de manera objetiva y no discriminatoria y
teniendo en cuenta los factores pertinentes, incluida la información
proporcionada por el Estado importador de conformidad con el artículo 8,
párrafo 1, si las armas convencionales o los elementos podrían:
a)
Contribuir a la paz y la seguridad o menoscabarlas;
b)
Utilizarse para:
i)
Cometer o facilitar una violación grave del Derecho Internacional Humanitario;
ii)
Cometer o facilitar una violación grave del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos;
iii)
Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las
convenciones o los protocolos internacionales relativos al terrorismo en los
que sea parte el Estado exportador; o
iv)
Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las
convenciones o los protocolos internacionales relativos a la delincuencia
organizada transnacional en los que sea parte el Estado exportador.
2. El
Estado parte exportador también examinará si podrían adoptarse medidas para
mitigar los riesgos mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 1, como
medidas de fomento de la confianza o programas elaborados y acordados
conjuntamente por los Estados exportador e importador.
3. Si,
una vez realizada esta evaluación y examinadas las medidas de mitigación
disponibles, el Estado parte exportador determina que existe un riesgo
manifiesto de que se produzca alguna de las consecuencias negativas
contempladas en el párrafo 1, dicho Estado no autorizará la exportación.
4. Al
realizar la evaluación, el Estado parte exportador tendrá en cuenta el riesgo
de que las armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, o los
elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4 se utilicen para
cometer o facilitar actos graves de violencia por motivos de género o actos
graves de violencia contra las mujeres y los niños.
5. Cada
Estado parte exportador tomará medidas para asegurar que todas las
autorizaciones de exportación de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1, o de elementos comprendidos en el artículo 3 o el
artículo 4, se detallen y expidan antes de que se realice la exportación.
6. Cada
Estado parte exportador pondrá a disposición del Estado parte importador y de
los Estados partes de tránsito o transbordo información adecuada sobre la
autorización en cuestión, previa petición y de conformidad con sus leyes,
prácticas o políticas nacionales.
7. Si,
después de concedida una autorización, un Estado parte exportador tiene
conocimiento de nuevos datos que sean pertinentes, se alienta a dicho Estado a
que reexamine la autorización tras consultar, en su caso, al Estado importador.
ARTÍCULO
8. IMPORTACIÓN.
l. Cada
Estado parte importador tomará medidas para suministrar, de conformidad con sus
leyes nacionales, información apropiada y pertinente al Estado parte exportador
que así lo solicite a fin de ayudarlo a realizar su evaluación nacional de
exportación con arreglo al artículo 7. Tales medidas podrán incluir el
suministro de documentación sobre los usos o usuarios finales.
2. Cada
Estado parte importador tomará medidas que le permitan regular, cuando proceda,
las importaciones bajo su jurisdicción de armas convencionales comprendidas en
el artículo 2, párrafo 1. Tales medidas podrán incluir sistemas de importación.
3. Cada
Estado parte importador podrá solicitar información al Estado parte exportador
en relación con las autorizaciones de exportación pendientes o ya concedidas en
las que el Estado parte importador sea el país de destino final.
ARTÍCULO
9. TRÁNSITO O TRANSBORDO.
Cada
Estado parte tomará medidas apropiadas para regular siempre que proceda y sea
factible, el tránsito o transbordo bajo su jurisdicción de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1 de conformidad con el Derecho
Internacional aplicable.
ARTÍCULO
10. CORRETAJE.
Cada
Estado parte tomará medidas de conformidad con sus leyes nacionales, para
regular las actividades de corretaje que tengan lugar en su jurisdicción en
relación con las armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.
Tales medidas podrán incluir la exigencia de que los intermediarios se
inscriban en un registro u obtengan una autorización escrita antes de comenzar
su actividad.
ARTÍCULO
11. DESVÍO.
l. Cada
Estado parte que participe en una transferencia de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, tomará medidas para evitar su desvío.
2. El
Estado parte exportador tratará de evitar el desvío de las transferencias de
armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, por medio de su
sistema nacional de control establecido con arreglo al artículo 5, párrafo 2,
evaluando el riesgo de que se desvíe la exportación y examinando la posibilidad
de establecer medidas de mitigación, como medidas de fomento de la confianza o
programas elaborados y acordados conjuntamente por los Estados exportador e
importador. Otras medidas de prevención podrían consistir, en su caso, en
examinar a las partes que participación en la exportación, exigir documentación
adicional, certificados o garantías, no autorizar la exportación o imponer
otras medidas adecuadas.
3. Los
Estados partes importadores, exportadores, de tránsito y de transbordo
cooperarán entre sí e intercambiarán información, de conformidad con sus leyes
nacionales, cuando sea adecuado y factible, a fin de mitigar el riesgo de
desvío de las transferencias de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1.
4. Si un
Estado parte detecta el desvío de una transferencia de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, tomará las medidas necesarias, con
arreglo a sus leyes nacionales y de conformidad con el Derecho Internacional,
para hacer frente a ese desvío. Tales medidas podrán consistir en alertar a los
Estados partes potencialmente afectados, examinar los envíos desviados de
dichas armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y adoptar
medidas de seguimiento en materia de investigación y cumplimiento.
5. A fin
de comprender mejor y prevenir el desvío de las transferencias de armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, se alienta a los
Estados partes a que compartan información pertinente sobre medidas eficaces
para hacer frente a los desvíos. Tal información podrá incluir datos sobre
actividades ilícitas, incluida la corrupción, rutas de tráfico internacional,
intermediarios ilegales, fuentes ilícitas de suministro, métodos de ocultación,
puntos comunes de envío o destinos utilizados por grupos organizados que se
dedican al desvío.
6. Se
alienta a los Estados partes a que informen a los demás Estados partes, a
través de la Secretaría, sobre las medidas que hayan adoptado para hacer frente
al desvío de transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo
2, párrafo 1.
ARTÍCULO
12. REGISTRO.
l. Cada
Estado parte llevará registros nacionales, de conformidad con sus leyes y
reglamentos internos, de las autorizaciones de exportación que expida o de las
exportaciones realizadas de armas convencionales comprendidas en el artículo 2,
párrafo l.
2. Se
alienta a cada Estado parte a que lleve registros de las armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, que tengan como destino final su
territorio o sean objeto de una autorización de tránsito o transbordo a través
de él.
3. Se
alienta a cada Estado parte a que incluya en esos registros información sobre
la cantidad, el valor y el modelo o tipo de armas, las transferencias
internacionales de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo
1, que hayan sido autorizadas, las armas convencionales efectivamente
transferidas, y datos precisos sobre los Estados exportadores, importadores, de
tránsito y transbordo y sobre los usuarios finales, según proceda.
4. Los
registros se conservarán por lo menos diez años.
ARTÍCULO
13. PRESENTACIÓN DE INFORMES.
l. En el
plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad
con el artículo 22, cada Estado parte presentará a la Secretaría un informe
inicial sobre las medidas adoptadas para aplicarlo, incluidas las leyes
nacionales, las listas nacionales de control y otros reglamentos y medidas
administrativas. Cada Estado parte informará a la Secretaría, cuando proceda,
de cualquier nueva medida adoptada para aplicar el presente Tratado. La
Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los Estados
partes.
2. Se
alienta a los Estados partes a que proporcionen a los demás Estados partes, a
través de la Secretaría, información sobre las medidas adoptadas que hayan
resultado eficaces para hacer frente al desvío de transferencias de armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.
3. Cada
Estado parte presentará anualmente a la Secretaría, a más tardar el 31 de mayo,
un informe sobre las exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas de
armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, correspondientes
al año civil anterior. La Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a
disposición de los Estados partes. El informe presentado a la Secretaría podrá
contener la misma información que el Estado parte haya presentado en los marcos
pertinentes de las Naciones Unidas, incluido el Registro de Armas
Convencionales de las Naciones Unidas. Los informes podrán excluir datos
comercialmente sensibles o relativos a la seguridad nacional.
ARTÍCULO
14. CUMPLIMIENTO.
Cada
Estado parte tomará las medidas apropiadas para hacer cumplir las leyes y
reglamentos nacionales de aplicación de las disposiciones del presente Tratado.
ARTÍCULO
15. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
l. Los
Estados partes cooperarán entre sí, de manera compatible con sus respectivos
intereses de seguridad y leyes nacionales, a fin de aplicar eficazmente el
presente Tratado.
2. Se
alienta a los Estados partes a que faciliten la cooperación internacional, en
particular intercambiando información sobre cuestiones de interés mutuo
relacionadas con la aplicación y el funcionamiento del presente Tratado, dc
conformidad con sus respectivos intereses de seguridad y leyes nacionales.
3. Se
alienta a los Estados partes a que mantengan consultas sobre cuestiones de
interés mutuo e intercambien información, según proceda, para contribuir a la
aplicación del presente Tratado.
4. Se
alienta a los Estados partes a que cooperen, de conformidad con sus leyes
nacionales, para contribuir a la aplicación en el ámbito nacional de las
disposiciones del presente Tratado, en particular mediante el intercambio de
información sobre actividades y actores ilegales y a fin de prevenir y
erradicar el desvío de armas convencionales comprendidas en el artículo 2o,
párrafo 1o.
5. Los
Estados partes se prestarán, cuando así lo hayan acordado y de conformidad con
sus leyes nacionales, la más amplia asistencia en las investigaciones, procesos
y actuaciones judiciales referentes a violaciones de las medidas nacionales
adoptadas con arreglo al presente Tratado.
6. Se
alienta a los Estados partes a que adopten medidas nacionales y cooperen entre
sí a fin de prevenir que las transferencias de armas convencionales comprendidas
en el artículo 2o, párrafo 1o, sean objeto de prácticas corruptas.
7. Se
alienta a los Estados partes a que intercambien experiencias e información
sobre las lecciones aprendidas en relación con cualquier aspecto del presente
Tratado.
ARTÍCULO
16. ASISTENCIA INTERNACIONAL.
1. A fin
de aplicar el presente Tratado, cada Estado parte podrá recabar asistencia, en
particular asistencia jurídica o legislativa, asistencia para el desarrollo de
la capacidad institucional y asistencia técnica, material o financiera. Tal
asistencia podrá incluir la gestión de las existencias, programas de desarme,
desmovilización y reintegración, legislación modelo y prácticas eficaces de
aplicación. Cada Estado parte que esté en condiciones de hacerlo prestará,
previa petición, tal asistencia.
2. Cada
Estado parte podrá solicitar, ofrecer o recibir asistencia a través de, entre
otros, las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, regionales,
subregionales o nacionales, organizaciones no gubernamentales o a través de
acuerdos bilaterales.
3. Los
Estados partes establecerán un fondo fiduciario de contribuciones voluntarias
para ayudar a aplicar el presente Tratado a los Estados partes que soliciten y
necesiten asistencia internacional. Se alienta a cada Estado parte a que aporte
recursos al fondo fiduciario.
ARTÍCULO
17. CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES.
1. La
Secretaría provisional establecida con arreglo al artículo 18 convocará una
Conferencia de los Estados Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor
del presente Tratado y, posteriormente, cuando la propia Conferencia de los
Estados Partes lo decida.
2. La
Conferencia de los Estados Partes aprobará su Reglamento por consenso en su
primer período de sesiones.
3. La
Conferencia de los Estados Partes aprobará su reglamentación financiera y la de
los órganos subsidiarios que establezca, así como las disposiciones financieras
que regirán el funcionamiento de la Secretaría. En cada período ordinario de
sesiones, la Conferencia de los Estados Partes aprobará un presupuesto para el
ejercicio económico que estará en vigor hasta el siguiente periodo ordinario de
sesiones.
4. La
Conferencia de los Estados Partes:
a)
Examinará la aplicación del presente Tratado, incluidas las novedades en el
ámbito de las armas convencionales;
b)
Examinará y aprobará recomendaciones sobre la aplicación y el funcionamiento
del presente Tratado, en particular la promoción de su universalidad;
c)
Examinará las enmiendas al presente Tratado de conformidad con el artículo 20;
d)
Examinará las cuestiones que surjan en la interpretación del presente Tratado;
e)
Examinará y decidirá las funciones y el presupuesto de la Secretaría;
f)
Examinará el establecimiento de los órganos subsidiarios que resulten
necesarios para mejorar el funcionamiento del presente Tratado; y
g)
Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del presente Tratado.
5. Se
celebrarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de los Estados Partes
cuando esta lo estime necesario o cuando algún Estado parte lo solicite por
escrito, siempre que esta solicitud reciba el apoyo de al menos dos tercios de
los Estados partes.
ARTÍCULO
18. SECRETARÍA.
l. Por el
presente Tratado se establece una Secretaría para ayudar a los Estados partes a
aplicar eficazmente lo dispuesto en él. Hasta que se celebre la primera reunión
de la Conferencia de los Estados Partes, una Secretaría provisional desempeñará
las funciones administrativas previstas en el presente Tratado.
2. La
Secretaría dispondrá de una dotación suficiente de personal. El personal deberá
tener la experiencia necesaria para asegurar que la Secretaría desempeñe
efectivamente las funciones que se describen en el párrafo 3.
3. La
Secretaría será responsable ante los Estados partes. En el marco de una
estructura reducida, la Secretaría desempeñará las siguientes funciones:
a)
Recibir, distribuir y poner a disposición los informes previstos en el presente
Tratado;
b)
Mantener y poner a disposición de los Estados partes la lista de puntos de
contacto nacionales;
e)
Facilitar la correspondencia entre los ofrecimientos y las solicitudes de
asistencia para la aplicación del presente Tratado y promover la cooperación
internacional cuando se solicite;
d)
Facilitar la labor de la Conferencia de los Estados Partes, en particular
adoptando las medidas necesarias y proporcionando los servicios que se
necesiten para las reuniones previstas en el presente Tratado; y
e)
Desempeñar las demás funciones que decida la Conferencia de los Estados Partes.
ARTÍCULO
19. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
l. Los
Estados partes celebrarán consultas y, de común acuerdo, cooperarán entre sí
para tratar de solucionar cualquier controversia que pueda surgir entre ellos
con respecto a la interpretación o aplicación del presente Tratado, mediante
negociaciones, mediación, conciliación, arreglo judicial o por otros medios
pacíficos.
2. Los
Estados partes podrán someter a arbitraje, de común acuerdo, cualquier
controversia que surja entre ellos con respecto a cuestiones relativas a la
interpretación o aplicación del presente Tratado.
ARTÍCULO
20. ENMIENDAS.
1.
Cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas al presente Tratado seis años
después de su entrada en vigor. Posteriormente, las propuestas de enmienda solo
podrán ser examinadas por la Conferencia de los Estados Partes cada tres años.
2. Toda
propuesta para enmendar el presente Tratado se presentará por escrito a la
Secretaría, que procederá a distribuirla a todos los Estados partes no menos de
180 días antes de la siguiente reunión de la Conferencia de los Estados Partes
en que se puedan examinar enmiendas de conformidad con el párrafo 1. La
enmienda se examinará en la siguiente reunión de la Conferencia de los Estados
Partes en que se puedan examinar enmiendas de conformidad con el párrafo 1 si,
no más tarde de 120 días después de que la Secretaría distribuya la propuesta
la mayoría de los Estados partes notifica a la Secretaría su apoyo a que se
examine dicha propuesta.
3. Los
Estados partes harán todo lo posible por alcanzar un consenso sobre cada
enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de consenso y no se ha
logrado ningún acuerdo, la enmienda podrá ser aprobada, en última instancia,
por una mayoría de tres cuartos de los Estados partes presentes y votantes en
la reunión de la Conferencia de los Estados Partes. A los efectos del presente
artículo, se entenderá por Estados partes presentes y votantes los Estados
partes presentes que emitan un voto afirmativo o negativo. El Depositario
comunicará a todos los Estados partes las enmiendas aprobadas.
4. Las
enmiendas aprobadas conforme al párrafo 3o entrarán en vigor, para cada Estado
parte que haya depositado su instrumento de aceptación de dicha enmienda,
noventa días después de la fecha en que la mayoría de los Estados que eran
partes en el Tratado cuando se aprobó la enmienda hayan depositado ante el
Depositario sus instrumentos de aceptación. Posteriormente, la enmienda entrará
en vigor para cualquier otro Estado parte noventa días después de la fecha en
que este deposite su instrumento de aceptación de dicha enmienda.
ARTÍCULO
21. FIRMA, RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN, APROBACIÓN O ADHESIÓN.
l. El
presente Tratado estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de
las Naciones Unidas en Nueva York desde el 3 de junio de 2013 hasta su entrada
en vigor.
2. El
presente Tratado estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de
cada Estado signatario.
3. Tras
su entrada en vigor, el presente Tratado estará abierto a la adhesión de todo
Estado que no lo haya firmado.
4. Los
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán
ante el Depositario.
ARTÍCULO
22. ENTRADA EN VIGOR.
1. El
presente Tratado entrará en vigor noventa días después de la fecha en que se
deposite ante el Depositario el quincuagésimo instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación.
2. Para
todo Estado que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión con posterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado, este
entrará en vigor respecto de dicho Estado noventa días después de la fecha en
que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
ARTÍCULO
23. APLICACIÓN PROVISIONAL.
Cualquier
Estado podrá declarar, en el momento de la firma o el depósito de su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que aplicará
provisionalmente lo dispuesto en los artículos 6o y 7o del presente Tratado
mientras no se produzca su entrada en vigor respecto de ese Estado.
ARTÍCULO
24. DURACIÓN Y RETIRADA.
1. El
presente Tratado tendrá una duración ilimitada.
2.
Cualquier Estado parte podrá retirarse del presente Tratado en ejercicio de su
soberanía nacional. Para ello, deberá notificar dicha retirada al Depositario,
quien lo comunicará a todos los demás Estados partes. La notificación de la
retirada podrá incluir una explicación de los motivos que la justifican. La
retirada surtirá efecto noventa días después de la fecha en que el Depositario
reciba la notificación de la retirada, a menos que en ella se indique una fecha
posterior.
3. La
retirada no eximirá a ningún Estado de las obligaciones que le incumbían en
virtud del presente Tratado mientras era parte en él, incluidas las
obligaciones financieras que le fueran imputables.
ARTÍCULO
25. RESERVAS.
1. En el
momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada
Estado podrá formular reservas, salvo que estas sean incompatibles con el
objeto y fin del presente Tratado.
2. Un
Estado parte podrá retirar su reserva en cualquier momento mediante una
notificación a tal efecto dirigida al Depositario.
ARTÍCULO
26. RELACIÓN CON OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES.
l. La
aplicación del presente Tratado se entenderá sin perjuicio de las obligaciones
contraídas por los Estados partes respecto de acuerdos internacionales vigentes
o futuros en los que sean partes, cuando esas obligaciones sean compatibles con
el presente Tratado.
2. El
presente Tratado no podrá invocarse como argumento para anular acuerdos de
cooperación en materia de defensa concluidos por Estados partes en él.
ARTÍCULO
27. DEPOSITARIO.
El
Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente Tratado.
ARTÍCULO
28. TEXTOS AUTÉNTICOS.
El texto
original del presente Tratado, cuyas versiones en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticas, será depositado ante el
Secretario General de las Naciones Unidas.
Hecho en
Nueva York el dos de abril de dos mil trece.
LA
SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN
DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
CERTIFICA:
Que la
reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa de la copia
certificada por Naciones Unidas del texto del “Tratado sobre el Comercio de
Armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva
York, el 24 de septiembre de 2013, documento que reposa en los archivos del
Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales de este Ministerio.
Dada en
Bogotá, D. C., a 25 de abril de 2014.
La
Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados,
MARÍA
ALEJANDRA ENCINALES JARAMILLO.
(…)
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Bogotá,
D. C., 14 de mayo de 2014
Autorizado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los
efectos constitucionales.
(Fdo.)
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La
Ministra de Relaciones Exteriores,
(FDO.)
MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR.
DECRETA:
ARTÍCULO
1o. Apruébese el “Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante Resolución número 67/234 B de 2 de
abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de
2013.
ARTÍCULO
2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
“Tratado sobre el Comercio de Armas”, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante Resolución número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y
suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013, que por el artículo
1o de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la
fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
ARTÍCULO
3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.”
III.
INTERVENCIONES
1.
Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores
La Directora
de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
en escrito radicado ante esta Corporación el 2 de agosto de 2016, solicitó
declarar la exequibilidad de la Ley 1782 de 2016, por cuanto la misma cumplió
con los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su
suscripción y aprobación legislativa, y porque su contenido atiende los
principios y postulados que gobiernan el Estado colombiano, así como su
política exterior.
En primer
lugar, a título de contexto, expone que Colombia tuvo un rol importante en el
proceso de negociación del Tratado sobre Comercio de Armas porque el tráfico
ilícito de armas pequeñas, ligeras, municiones y explosivos, en conexión con
otros fenómenos tales como el problema mundial de las drogas, el terrorismo, la
delincuencia común y organizada, entre otros delitos, han representado graves
amenazas a la paz, la seguridad y el desarrollo del Estado. En vista de ello,
Colombia históricamente ha liderado iniciativas internacionales para enfrentar esos
problemas partiendo de (i) la penalización del porte ilegal y del
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras; (ii) la cooperación
interinstitucional e internacional, y, (iii) la inclusión de la
prohibición de la transferencia de armas a actores no estatales.
A partir de
esos lineamientos, en los diferentes pronunciamientos se insistió en la
necesidad de apoyar un instrumento jurídico vinculante, balanceado y robusto para:
permitir un verdadero control al comercio de armas, evitar el desvío de
armamento, prohibir la transferencia de armas convencionales a actores armados
no estatales, incluir las armas pequeñas y ligeras, las municiones, piezas y
componentes, como una categoría de las armas convencionales, regular las
transferencias en un sentido amplio, establecer un diálogo positivo entre los
Estados exportadores, importadores y de tránsito, entre otras. Así, luego de
mencionar los diferentes escenarios de participación activa por parte de la
delegación colombiana, indica que se logró la inclusión de aspectos claves para
el país en el Tratado, como lo son: (i) las disposiciones que los
Estados Partes deben observar para regular las posibles transferencias de armas
pequeñas y ligeras, (ii) los artículos sobre municiones, piezas y
componentes en un sentido amplio, (iii) la invitación a los Estados a
adoptar medidas para prevenir el desvío a usuarios o usos finales no
autorizados, incluyendo a los individuos que cometen actos terroristas, y (iv)
la obligación de regular el tránsito y transbordo de armas convencionales.
En segundo
lugar, plantea que la importancia de este Tratado radica en que es el primer
instrumento jurídicamente vinculante que regula el comercio internacional de
armas, que garantizar las transferencias responsables y que impide la
desviación de las mismas hacía el mercado ilícito, además porque contempla
controles a las exportaciones, importaciones, así como al tránsito o transbordo
y la intermediación de los artefactos considerados como armas convencionales. Para
exponer la importancia del Tratado, refiere en forma global al contenido
sustancial del articulado recalcando la necesidad de prevenir y eliminar el
tráfico ilícito de armas convencionales y de evitar su desvío al mercado
ilícito o hacía usos no autorizados.
En tercer
lugar, la Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio explica que según el
artículo 22 del Tratado, el mismo entraría en vigor a los noventa días después
de la fecha en que se deposite el quincuagésimo instrumento de ratificación,
aceptación, condición que se cumplió el 24 de diciembre de 2014. Así, en la
actualidad 130 Estados han firmado el instrumento y 87 han devenido como
Estados Partes. En ese sentido recuerda que el Tratado se abrió a firma el 3 de
junio de 2013 y el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, lo firmó el
24 de septiembre de 2013 en el marco de la 68ª Asamblea General de las Naciones
Unidas.
En cuarto
lugar, aduce que la ratificación del Tratado es pertinente para que el país
continúe y fortalezca sus acciones encaminadas a la prevención, combate y
erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, ya que ello
contribuye a la paz y a la seguridad nacional. Por tal motivo, un marco
jurídico internacional común sobre el comercio de armas adquiere una especial
relevancia para que el país acceda a la cooperación, a la asistencia
internacional y al intercambio de información en estos asuntos. Finalizando
señalando que el trámite de aprobación interna del Acuerdo cumplió con todos
los requisitos, surtiendo los respectivos debates y contando con la sanción
presidencial, así como con la publicación debida en el Diario Oficial.
2.
Intervención del Ministerio de Defensa Nacional
El Jefe de
Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos adscrito
al Ministerio de Defensa Nacional- Comando General de las Fuerzas Militares de
Colombia, pide a la Corte declarar exequibles el Tratado sobre Comercio de
Armas y la Ley 1782 de 2016.
Aduce que el
Tratado sobre Comercio de Armas no desconoce los postulados señalados en el
artículo 223 Superior, por el contrario, va a fortalecer el control de
importaciones y posibles exportaciones de las armas convencionales dentro de
las cuales se encuentran las pequeñas y ligeras, lo que permite la oportunidad
de revisar la legislación interna para ajustarla al contenido del instrumento
internacional, con la intervención de todas las instituciones involucradas en
su aplicación, incluyendo la Fuerza Pública.
Advierte
como un logro que el control internacional de armas permite frente al material
transferido o comercializado tener la trazabilidad del mismo desde el país de
origen hasta el destino final, con lo cual se evita el desvío con fines
ilegales y se facilita el manejo adecuado, la recolección, almacenamiento y
disposición final de las armas convencionales.
3.
Intervención de la Fiscalía General de la Nación
El Director
Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales de la Fiscalía General de la
Nación, en su intervención solicitó declarar exequible la Ley 1782 de 2016 y el
“Tratado sobre el Comercio de Armas” en ella contenido.
Para tal fin
resalta como propósitos principales del Tratado: (i) reducir al máximo
la filtración de armas del mercado legal a usos ilegales, mediante la
implementación de normas que contribuyen a generar una mayor transferencia de armas
convencionales contando con información de importaciones y exportaciones para
garantizar la comercialización legal de este armamento; (ii) incluir las
armas pequeñas y ligeras como convencionales, lo cual es novedoso y constituye
un beneficio para Colombia; y, (iii) cumplir fines humanitarios pues las
normas del Tratado propenden por evitar que se dé un uso ilícito a las armas
convencionales.
Además de
ello, plantea tres argumentos centrales por los cuales considera que la Ley
1782 de 2016 se ajusta a la Constitución. En primer lugar, esgrime que mediante
el Tratado sobre el Comercio de Armas se busca establecer normas que tienen
como propósito principal la protección de la población civil, es decir, que se
inscriben dentro del mandato constitucional que impone al Estado la obligación
de brindar seguridad a los ciudadanos y garantizar el goce efectivo de los
derechos fundamentales como la vida, la libertad y la paz, entre otros. De tal
forma que la pretensión es otorgar seguridad en diferentes contextos: como
valor genérico que permea la Constitución, como derecho colectivo y como
derecho individual.
En segundo
lugar, estima que las normas que conforman el Tratado no son solo disposiciones
de naturaleza económicas, sino que tienen como objetivo evitar violaciones a
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, los cuales hacen
parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, gozan de la misma
jerarquía normativa de las reglas contenidas en el texto constitucional. Lo
anterior permite el control del comercio de armas convencionales con el fin de
que su destinatario final no cometa con ellas actos que atenten contra normas
de Derechos Humanos ni de Derecho Internacional Humanitario.
Y por último,
aduce que las disposiciones contenidas en el Tratado se enmarcan dentro de
instrumentos internacionales que regularon previamente el comercio de armas.
Además, al no establecer ninguna regulación respecto del mercado nacional de
armas convencionales, no vulnera normas del derecho interno sobre la materia,
sino se trata de un instrumento de cooperación internacional para el control
internacional de armas.
4. Intervención
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
El
Vicedecano Académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad Nacional de Colombia remite el concepto que contó con la asesoría
del profesor Antonio José Rengifo Lozano, en el cual solicitan que tanto el
“Tratado sobre el Comercio de Armas” como la Ley 1782 de 2016, sean declarados
exequibles.
Para
sustentar su petición indican que el Tratado tiene por objetivos establecer
normas internacionales comunes para regular o mejorar la regulación del
comercio internacional de armas convencionales, al igual que prevenir y
eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales. Agregan que el Tratado
presenta tres fines relevantes, dos de ellos altruistas. Dentro de los fines altruistas
se encuentran el contribuir mediante el control internacional del comercio de
armas a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional, y reducir
el sufrimiento humano. El tercer fin del Tratado exige una actuación
responsable de los Estados Partes en el comercio internacional de armas
convencionales, para fomentar la confianza y promover la cooperación entre
ellos. Luego de evaluar tales objetivos y finalidades, consideran que se
ajustan a la Carta Política.
Después de
mencionar varias de las obligaciones que el Tratado impone a los Estados
Partes, indican que las mismas no limitan la libertad de los Estados para
garantizar su defensa y seguridad, ni afecta la soberanía en materia de
producción y comercio de armas, por cuanto el Tratado no es un instrumento
jurídico para el control interno de armas sino para hacer efectivas medidas
para el comercio internacional de aquellas.
Explican que
para el caso colombiano la ratificación del Tratado sobre Comercio de Armas
puede contribuir a consolidar los consensos adoptados en el proceso de paz y en
todo caso puede contribuir a prevenir el desvío de armas a grupos al margen de
la ley.
Finalmente
resalta que el Tratado encuentra uno de sus fundamentos en el artículo 26 de la
Carta de Naciones Unidas, que tiene por objeto promover el establecimiento y
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, principios que son
pilares de la organización internacional con la menor desviación posible de
recursos humanos y económicos del mundo hacía los armamentos. Tal principio se
halla correspondido en la Carta Política con la obligación de promover la paz
como un valor fundamental.
5.
Intervención de la Universidad de Ibagué
El Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué considera que la Ley 1782 de
20016 aprobatoria del Tratado sobre Comercio de Armas, se ajusta a la
Constitución Política pues no afecta ningún derecho fundamental de los
individuos, además de haber cumplido con los requerimientos establecidos para
la celebración del Tratado, razones por las cuales solicita sean declarados
exequibles.
Para
fundamentar su petición, plantea que a pesar de no emitir pronunciamiento
específico sobre el trámite legislativo que surtió la Ley 1782 de 20016 en el
Congreso de la República, lo que advierte del contenido material del Tratado es
que contribuye activamente a la reducción de la violencia en Colombia, “pues
uno de los grandes problemas que se ha suscitado en la población colombiana ha
sido los actos violentos en donde siempre media un arma que termina quintando
la vida a un colombiano”. Explica que si bien con la expedición de la Ley
1782 de 2016 no se evita la pérdida de vidas ni la utilización de armas
clandestinas, si contribuye al establecimiento de mayores controles que pueden
llevar a la disminución de su comercialización en el mercado negro y, por ende,
la menor utilización de armas en los delitos cometidos en el país. Estima que
el Tratado y la ley son importantes para garantizar la vida y generar
mecanismos destinados a la seguridad de la sociedad sin comprometer derechos
fundamentales.
6.
Intervención de la Universidad del Rosario
La Directora
de la Oficina Jurídica de la Universidad del Rosario informó que en esta
oportunidad, por razones administrativas, no era posible atender el
requerimiento de emitir concepto académico.
7.
Intervención de la Universidad Militar Nueva Granada
El Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada solicita a la
Corte declarar exequible la Ley 1782 de 2016, contentiva del Tratado sobre
Comercio de Armas.
Para tal
efecto, comienza su exposición señalando que Colombia ha sido promotora
fundamental de la regulación y el control de armas en las Naciones Unidas
porque ha estado activa en el tema desde 1988, al punto que en el año 2001 el
Embajador colombiano fue nombrado como vocero de Programa de Acción sobre
Control de Armas, de tal forma que se ha posesionado como líder en el escenario
internacional.
Frente al
contenido material del Tratado, plantea que sus propósitos y principios están
enfocados a la paz y a la seguridad, para lo cual regula el comercio
internacional de arma respetando a cada Estado su autonomía dentro de un
concepto de libertad e interdependencia para evitar desvíos que puedan ser
objeto de terrorismo internacional. Así, principios como la legítima defensa,
la solución de controversias internacionales por medios pacíficos, la renuncia
a la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, entre
otros, son también fundamentales en la Carta de las Naciones Unidas y en los
Convenios de Ginebra.
Indica que
el Tratado sobre el Comercio de Armas tiene como ámbitos de aplicación el
comercio internacional, el armamento convencional y el tráfico ilícito, y que
siguiendo el artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas, ese instrumento
elabora planes para el establecimiento de un sistema de regulación de armamento
en beneficio de la paz y la seguridad internacional. No obstante, considera que
el Tratado presenta algunas debilidades tales como: “la capacidad
institucional para el control del tráfico ilegal de armas, la carencia de una
verdadera cooperación internacional específicamente entre países vecinos, el
manejo de los procesos de desarme, el control de las armas en manos de la vigilancia
privada, el procesamiento y análisis de la información sobre armas, y la
debilidad normativa en la penalización del porte de armas”. De allí estima
que el Tratado debe complementarse con una lucha para erradicar el tráfico de
armas en las fronteras, las zonas urbanas y las zonas rurales, y con un
compromiso institucional para ajustar la normatividad interna a las
obligaciones adquiridas por Colombia, sobre todo en el contexto del
posconflicto donde se debe garantizar la seguridad y la paz.
Manifiesta
que la ratificación del Tratado tendrá importantes implicaciones para Colombia
porque se imponen mayores controles al armamento legal que entra y sale del
país, ayuda a la disminución de la violencia y construye cimientes solidos para
la etapa de posconflicto.
IV.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN:
1. El Procurador
General de la Nación, doctor Alejandro Ordoñez Maldonado, en ejercicio de las
competencias previstas en los artículos 242-2 y 278 de la Constitución
Política, presentó concepto dentro del trámite de la referencia, en el que
solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del Tratado sobre el Comercio de
Armas adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Ley 1782
de 2016 que lo aprueba.
2. En cuanto
al procedimiento pre-legislativo, la Vista Fiscal indicó que (i) la suscripción
del Tratado sobre el Comercio de Armas fue realizada por el Presidente de la
República, de tal forma que en su calidad de Jefe de Estado tiene competencia
para firmar el instrumentos internacional en representación de Colombia; y,
(ii) el Presidente de la República mediante aprobación ejecutiva del 14 de mayo
de 2014, dispuso someter el mencionado Tratado al Congreso de la República para
su discusión y aprobación.
3. En
relación con el proceso legislativo, el Ministerio Público señaló que (i) se
dio cumplimiento al requisito de presentación del proyecto por parte del
Gobierno Nacional al Senado de la República, y al requisito de su publicación
antes de dársele trámite inicial en la Comisión Segunda del Senado de la
República, (ii) se respectó el lapso mínimo entre debates dispuesto en el
artículo 160 de la Constitución; (iii) en todas las sesiones se respetó el
quórum exigido y la aprobación del proyecto se hizo según la mayoría requerida,
previo anuncio en sesión anterior; (iv) la aprobación del proyecto de ley se
dio dentro del término de dos legislaturas según lo previsto en el artículo 162
de la Constitución; (v) el Congreso de la República actuó dentro de sus
competencias respecto de la aprobación de leyes que incorporan tratados
internacionales al ordenamiento jurídico, puesto que no modificó el contenido
del Tratado; y, (vi) luego de la aprobación por parte del órgano legislativo,
el 20 de mayo de 2016 el Presidente de la República sancionó la ley bajo examen
y la remitió a la Corte Constitucional el 23 del mismo mes y año. Así las
cosas, encontró satisfechos todos los requisitos constitucionales.
4. Frente al
análisis material del instrumento internacional, el Procurador General de la
Nación manifestó que el Tratado tiene como propósito establecer normas
internacionales comunes que permitan controlar las exportaciones,
importaciones, tránsito, transbordo e intermediación de artefactos
convencionales, prevenir y erradicar su tráfico y desvío, reducir el
sufrimiento humano y promover entre los Estados Parte la cooperación. Así, la
ratificación del Tratado cobra gran importancia porque permite dar mayor
transparencia a la cadena del comercio de armas en todas sus etapas, permitiendo
identificar y controlar que las armas pequeñas y ligeras, las municiones y
explosivos no se desvíen al comercio ilegal y a actores armados no estatales
que cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población
civil del país. “Por esta razón, para esta jefatura las disposiciones
incluidas en el Convenio bajo análisis coinciden en su totalidad con los
principios constitucionales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de
celebrar tratados internacionales”.
Agregó que
el preámbulo y los artículos 1º y 2º del Tratado bajo estudio se armonizan con
la obligación constitucional del Estado colombiano de proteger la vida, la
integridad, los bienes de los ciudadanos y los bienes de uso público. Indica
que en el ordenamiento interno se encuentra tipificado el delito de
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones en el artículo 365
del Código Penal, “descripción que en manera alguna riñe con las categorías
de armas convencionales, municiones, piezas y componentes incluidos en el
artículo (sic) 2º, 3º y 4º del tratado que por demás resulta complementando la
norma interna”.
Señaló que
artículos como el 15 sobre cooperación entre los Estados y el 16 sobre acuerdos
bilaterales para asistencia jurídica, técnica material o financiera,
constituyen un cabal desarrollo de los principios fundamentales de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional exigidos como parámetros para impulsar la
internacionalización de las relaciones políticas del Estado colombiano, conforme
se reconoce en los artículos 226 y 227 de la Constitución Política.
Resaltó como
importante que siendo el propósito del Tratado regular el comercio
internacional de armas y el reporte e intercambio de información y experiencias
que permitan contrarrestar su tráfico ilícito, y teniendo en cuenta el impacto
humanitario que la falta de control de las transferencias de armas ha causado,
el fin coincide con el artículo 22 Superior de acuerdo con el cual la paz es un
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, en concordancia con el artículo
223 Superior, en el sentido de que el Gobierno tiene el monopolio sobre las
armas.
También
señaló que los artículos 7º, 8º, 10 y 12 del Tratado, en los que se dispone que
los Estados Parte en su actividad de exportación, importación, corretaje y
registro de autorizaciones actuaran de conformidad con sus leyes y reglamentos
internos, “no pueden ser considerados sino como normas que desarrollan de la
mejor manera posible el principio fundamental constitucional que orienta las
relaciones internacionales del Estado colombiano, según el cual las relaciones
exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto
de la autodeterminación de los pueblos”.
Concluyó que
el Tratado bajo estudio es respetuoso de lo dispuesto en la Carta Política, en
la medida que (i) se basa en la reciprocidad y la equidad entre los Estado
parte; (ii) incluye disposiciones que despliegan un fin constitucional como lo
es proteger la vida, integridad y bienes de los ciudadanos; (ii) armoniza
plenamente con el artículo 22 constitucional que propende por la paz como
derecho y como deber de obligatorio cumplimiento, y, (iv) respeta la soberanía
del Estado colombiano.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de
tratados.
De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su ley
aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación es
completo, automático, y versa tanto sobre el contenido material del Tratado
bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su
trámite legislativo y las normas constitucionales.
En relación
con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar dos aspectos: de una
parte, la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso
de negociación, celebración y suscripción del tratado, y de otra, la
observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación
de la ley objeto de análisis.
Al respecto,
esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para la expedición
de una ley aprobatoria de un tratado internacional. Por este motivo, este tipo
de instrumentos debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una
ley ordinaria. Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite
ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el
inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional
correspondiente del Senado de la República (Art. 154 C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una
de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo
debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra,
transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; (vi)
la votación nominal y pública en cada una de las células legislativas,
salvo cuando se trata de votación unánime, y (vii) la sanción
presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (Art.  241-10 C.P).
Por último,
frente a los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las
disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley
aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se
ajustan o no a la Carta Política.
De acuerdo
con este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio del
Tratado.
2. La
revisión del aspecto formal.
2.1.
Representación del Estado, suscripción del Acuerdo y aprobación presidencial
El
Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del 23 de junio de
2016[1],
firmada por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, informó a esta Corporación que
el “Tratado sobre el Comercio de Armas” fue suscrito por el señor
Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos Calderón, el 24 de
septiembre de 2013, por tanto, no fue necesaria la expedición de Plenos
Poderes.
Adicionalmente,
dicha agencia estatal remitió copia del acto por medio del cual el Presidente
de la República impartió la respectiva aprobación ejecutiva el 14 de mayo de
2014, y sometió a consideración del Congreso de la República el mencionado
Tratado[2].
En este
orden de ideas, la Sala encuentra que en aplicación del literal a) numeral 2º
del artículo 7º de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”
de 1969, la manifestación del consentimiento del Estado colombiano para
adquirir obligaciones internacionales por medio de un Tratado puede ser
expresada por el Jefe de Estado como representante legítimo en ejercicio de sus
funciones, sin necesidad de presentar plenos poderes. Justamente, el artículo
189 de la Constitución Política establece que el Presidente de la República
como Jefe de Estado le corresponde celebrar con otros Estados y entidades de
derecho internacional, los tratados y convenios necesarios en el marco de la
dirección de las relaciones internacionales. Así las cosas, el Tratado en
comento fue suscrito de conformidad con las disposiciones constitucionales que
regulan la celebración de tratados internacionales por parte del Estado
colombiano.
Finalmente,
en lo que concierne a la aprobación presidencial del Tratado, se tiene que el
Presidente de la República cumplió con este requisito y ordenó la remisión del
texto correspondiente al Congreso, con el fin que fuera discutido y aprobado,
cumpliéndose con ello lo previsto en los artículos 189-2 y 224 de la
Constitución Política.
2.2.
Examen del trámite de la Ley 1782 de 2016 ante el Congreso de la República.
Con
fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las
Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, esta Corporación estableció que el proyecto de ley radicado bajo los números 059 de
2014 Senado y 241 de 2015 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1782 de 2016 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre el
Comercio de Armas’, adoptado por la Asamblea general de las naciones Unidas
mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva
York, el 24 de septiembre de 2013” surtió el siguiente trámite:
2.2.1.
Trámite en el Senado de la República.
2.2.1.1. Publicación
del proyecto y reparto. El proyecto de ley correspondiente a la aprobación
del “Tratado sobre el Comercio de Armas”, suscrito en Nueva York el 24
de septiembre de 2013, fue presentado al Senado de la República el 11 de agosto
de 2014 por la Ministra de Relaciones Exteriores, Dra. Ángela Holguín
Cuéllar, y el Ministro de Defensa Nacional, Dr. Juan Carlos Pinzón Bueno. El
texto del proyecto de ley y la respectiva exposición de motivos fueron
publicados en la Gaceta del Congreso N° 405 del 11 de agosto de 2014[3].
Ese mismo
día el Secretario General del Senado de la República, remitió el proyecto de
ley 059 de 2014 al Presidente de esa célula legislativa para que procediera a
su reparto, advirtiéndole que por la materia la competencia correspondía a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente. Por tal razón, el mismo 11 de
agosto de 2014, el entonces Presidente del Senado de la República repartió el mencionado
proyecto de ley a la Comisión Segunda Constitucional Permanente.
Entonces,
tanto el inicio del trámite legislativo en el Senado de la República como la
presentación del proyecto de ley por parte del Gobierno Nacional, satisfacen
los requisitos constitucionales para iniciar el trámite de una ley aprobatoria
de tratado.
Primer
debate
2.2.1.2. Informe
de ponencia. El informe de ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el senador Jimmy Chamorro
Cruz, siendo publicado en la gaceta del Congreso No. 616 del 10 de octubre de
2014[4].
2.2.1.3. Anuncio.
El proyecto de ley 059 de 2014 fue anunciado por el Secretario de la Comisión
Segunda del Senado de la República el 14 de octubre de 2014, según consta en el
Acta No. 09 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 840 del 10
de diciembre de 2014, en los siguientes términos:
“El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Informa, queda constancia que así será. Señor Secretario, hay
algún proyecto para anunciar.
El Secretario, doctor Diego Alejandro González
González:
Informa al Presidente: sí señor Presidente, me
permito leer: por instrucciones del señor Presidente, dar lectura del
anuncio del proyecto de ley para la próxima sesión de Comisión:
- Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado,
por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre el comercio de armas, adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución número 67,
234B, del 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de New York, el 24 de
septiembre de 2013. Autores: Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa
Nacional.
El Presidente, Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Informa, queda constancia que se dio lectura del
anuncio del proyecto de ley, quiere decir con esto, que surte un trámite legal,
para que se pueda debatir y eventualmente votar en la siguiente sesión (…).
(…) Se convoca para el próximo martes a las
10:00 de la mañana, muchas gracias a todos” (negrillas
fuera del texto original).
Si bien en la parte final de la sesión llevada a cabo el 14 de octubre
de 2014, se citó a los senadores integrantes de la Comisión Segunda
Constitucional Permanente para el “próximo martes a las 10.00 de la mañana”,
lo cierto es que revisando el consecutivo de actas, la “próxima sesión de
Comisión” -como se indicó en el anuncio- tuvo lugar en el salón de sesiones
de la Comisión Segunda del Senado exactamente el martes siguiente 21 de octubre
de 2014, fecha en la cual se aprobó el proyecto de ley, por lo cual la Sala
evidencia que el anuncio para discusión y votación del proyecto de ley 059 de
20014, se cumplió efectivamente en la sesión previa a aquella en la cual fue
decidido.
Sobre el punto, importa precisar que si bien el artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución
Política, exige que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán
discutidos y votados en una sesión posterior, y que se convoque para su
aprobación en una fecha futura, también es cierto que esa fecha puede ser
prefijada y determinada, o por lo menos, determinable. Justamente la
Corte ha avalado como anuncios con fechas determinables, aquellos que utilizan
expresiones como “próxima sesión” o “siguiente sesión”[5], entre otras,
sin que exista un vicio de forma que afecte aquella regla constitucional.
Es más, como el objeto del anuncio previo es el conocimiento de los
proyectos de ley que serán objeto de decisión, con el fin de no sorprender a
los congresistas y de que éstos preparen la discusión, lo relevante es que del
contexto existan elementos que permitan determinar con claridad cuando se
realizará la votación. Para el caso, como en el anuncio se indicó que la
discusión y aprobación del proyecto de ley se efectuaría en la “próxima
sesión de Comisión”, reafirmando luego que tendría lugar “el próximo
martes”, no cabe duda que al haberse llevado a la cabo la aprobación del
proyecto de ley en la primera ocasión siguiente en que volvió a sesionar la
Comisión, se cumplió plenamente con la exigencia constitucional del artículo 8º
del Acto Legislativo 01 de 2003, sin que se estructure vicio alguno.
2.2.1.4. Aprobación. De acuerdo con la certificación suscrita el
6 de julio de 2016 por el Secretario de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República[6],
el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 21 de octubre de 2014,
según consta en el Acta N° 10 de 2014, publicada en la Gaceta del Congreso No.
160 del 27 de marzo de 2015, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado
por 11 de los 13 senadores que conforman esa Comisión[7], quienes votaron de forma
ordinaria por unanimidad, con base en el artículo 1º de la Ley 1431 de
2011. En dicha Gaceta, sobre el tema se refiere lo siguiente:
“(…) La
señora Presidenta Nidia Marcela Osorio Salgado:
Señor Secretario sírvase leer el informe con el
cual termina la ponencia.
El señor Secretario Diego Alejandro González
González:
Señora Presidenta, honorables Senadores, la
proposición final dice así: Por lo anteriormente expuesto y por cumplir el
proyecto de ley con los requisitos constitucionales, me permito proponer, dar
primer debate al Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado, por medio de la cual
se aprueba el ¿Tratado sobre el Comercio de Armas¿, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234B de 2 de abril de
2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013, sin
modificación alguna al texto presentado por el Gobierno nacional, cordialmente,
Jimmy Chamorro Cruz, Senador de la República, esta leída la proposición con que
termina el informe de ponencia señora Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela
Osorio Salgado:
Le concedo la palabra al Senador Jimmy.
El Senador Ponente, Jimmy Chamorro Cruz:
Había anunciado que se había realizado la
Asamblea el 13 de septiembre, me equivoqué, es el 24 de septiembre tal como
dice la ponencia, es simplemente para dejar constancia de ello, y no dejar una
imprecisión.
La señora Presidente, Senadora Nidia Marcela
Osorio Salgado:
Informa: Está a consideración el informe con el
que termina la ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿lo aprueba
la honorable Comisión?
El Secretario de la Comisión, doctor Diego
Alejandro González, González:
Sí lo aprueba, señora Presidenta.
El señor Secretario Diego Alejandro González
González:
Señor Secretario por favor sírvase leer el
articulado del proyecto, senador Jimmy Chamorro tiene la palabra.
Interviene el Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Gracias Presidente, solicito que se omita la
lectura del articulado, ha sido repartido oportunamente y solicito que se vote
el articulado y quiero que quede constancia de esto, tanto de la propuesta de
la ley como del texto del Tratado y que sea sometido a consideración de la
Comisión para aprobación.
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela
Osorio:
En consideración la proposición de omitir la
lectura del articulado, como bien lo dice el ponente, se pone a consideración
de la honorable Comisión, ¿lo aprueba?
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro
González González:
Sí lo aprueba, señora Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela
Osorio:
En consideración el articulado del proyecto, ¿lo
aprueba la Comisión?
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro
González González:
Sí lo aprueba, señora Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela
Osorio Salgado:
Señor Secretario sírvase leer el título del
proyecto.
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro
González González:
Por medio de la cual se aprueba el ¿Tratado sobre
el Comercio de Armas¿, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante Resolución 67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de
Nueva York, el 24 de septiembre de 2013, esta leído el título del proyecto
señora Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela
Osorio Salgado:
En consideración el título del proyecto, ¿lo
aprueba la Comisión?
El señor Secretario Diego Alejandro González
González:
Sí lo aprueba, señora Presidente.
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela
Osorio Salgado:
Quiere la Comisión ¿que este proyecto tenga
segundo debate?
El Secretario, doctor Diego Alejandro González
González:
Así lo quiere, señora Presidenta.
La señora Presidenta, Senadora Nidia Marcela
Osorio:
Se nombra como ponente para segundo debate al
mismo Senador Jimmy Chamorro, tiene la palabra.
Interviene el Senador Jimmy Chamorro Cruz:
Muchas gracias Presidenta y quiero expresar mi
gratitud también a la Comisión, este es un tema que fue aprobado por unanimidad
de la Comisión, muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por darle
aprobación a este Tratado. (…)”. (Negrillas del
texto original).
De lo anterior, la Corte observa que se cumplieron las condiciones
previstas en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el numeral 16
artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, para otorgar validez a la votación
ordinaria. Lo anterior por cuanto existió la voluntad unánime de los
integrantes asistentes de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del
Senado de impartir aprobación al proyecto de ley 059 de 2014, habida cuenta
que: (i) la aprobación del informe de ponencia se dio sin que ningún
senador planteara objeciones o proposiciones en otro sentido; (ii) por
solicitud del senador ponente, se aprobó la omisión de lectura del articulado y
del contenido del mismo, sin manifestaciones de oposición, lo cual también
aconteció con el título del proyecto de ley que fue leído y aprobado sin
objeciones; y, (iii) no se formularon solicitudes de votar el proyecto
de ley en forma nominal y pública, ni se presentaron otra clase de
manifestaciones de disenso a la iniciativa que permitan desvirtuar la
aprobación por unanimidad. Por el contrario, los senadores expresaron su
voluntad de que el proyecto de ley pasara a segundo debate en la Plenaria del
Senado de la República.
Toda vez que el proyecto de ley 059 de 2014 Senado fue considerado
como tercer punto del orden del día referente a la discusión y aprobación de
proyectos, y a las intervenciones que realizaron activamente varios senadores
aprovechando la discusión de diversas proposiciones de citación a altos
funcionarios estatales que se realizaron previamente, fue posible verificar la
existencia del quórum decisorio al momento de votar la iniciativa
legislativa, conforme lo exige el artículo 145 de la Carta Política, ya que se
contó con la presencia de 11 senadores de los 13 que integran la Comisión. De
contera que, el proyecto se aprobó por las mayorías requeridas por el artículo
146 Superior.
Finalmente, de acuerdo con la certificación remitida por el
Secretario de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, se
constató el cumplimiento de la regla de votación prevista en el artículo 123
numeral 4 de la Ley 5ª de 1992, por cuanto informó que “al momento de la
votación no se registraron votos en contra”[8], es decir, el
número de votos emitidos coincidió con el número de congresistas presentes en
la Comisión al momento de realizar la votación.
Segundo
debate
2.2.1.5. Informe
de ponencia. La ponencia para segundo debate fue presentada por el senador
Jimmy Chamorro Cruz, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 753 del 25 de
noviembre de 2014[9].
2.2.1.6. Anuncio
y aprobación del informe de ponencia para segundo debate. El primer anuncio
del proyecto de ley No. 059 de 2014 se realizó en la Plenaria del Senado de la
República el 6 de mayo de 2015, según obra en la Gaceta del Congreso No. 585 de
2015 así:
“II
Anuncio
de proyectos
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en
la próxima sesión.
Señor
Presidente, anuncio de proyectos de acto legislativo y de leyes para ser
discutidos y votados en la sesión Plenaria del honorable Senado de la República
siguiente a la del día miércoles 6 de mayo de 2015.
(…)
* Proyecto
de ley número 59 de 2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el
`Tratado sobre el Comercio de Armas’, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito
en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
(…)
Están hechos
los anuncios correspondientes a la sesión Plenaria, siguiente a la del día de
hoy, señor Presidente.
(…)
Siendo las
2:45 p. m., la Presidencia levanta la sesión y cita para el martes 12 de mayo
de 2015 a las 3:00 p. m.”
Frente a
este anuncio, el uso de la expresión “próxima sesión” acompañada de la citación
para sesionar el martes 12 de mayo de 2015, permiten a la Corte advertir que el
anuncio cumplió su finalidad al tener una fecha determinable a partir de la
convocatoria específica que se hizo al final de esa sesión.
2.2.1.7. Aprobación
del informe de ponencia y posteriores anuncios: El día 12 de mayo de 2015
se llevó a cabo la sesión Plenaria del Senado de la República que quedó
registrada en el Acta No. 57 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso 586 del 10 de agosto de 2015[10].
En esa oportunidad, la sesión inició con un registro de asistencia de 95
senadores presentes. En el numeral IV del orden del día correspondiente a la
lectura de ponencias y consideración de proyecto de ley en segundo debate, como
primer punto se encontraba el debate y votación del proyecto de ley 059 de 2014
Senado; junto a este proyecto de ley, también estaban enlistados para debate y
votación 20 proyectos de ley más.
Luego de
dejar varias constancias por parte de algunos senadores, de ser estudiadas y
votadas varias proposiciones de citación a los señores Ministros del Gobierno
Nacional y a Altos Funcionarios del Estado, y de ser aprobado el aplazamiento
del debate de control político por la venta de Isagén (proposición No. 132)[11],
la Plenaria del Senado de la República abordó el punto IV del orden del día, y
dentro de ello del proyecto de ley 241 de 2015. Frente a éste, el senador
ponente Jimmy Chamorro Cruz explicó a la Plenaria los fundamentos y el
contenido del Tratado sobre el Comercio de Armas, para posteriormente darse
lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del
proyecto de ley 059 de 2014, siendo sometida a consideración de la Plenaria del
Senado de la República. Una vez se cerró la discusión, la misma fue aprobada
mediante votación ordinaria, de la siguiente manera:
“La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina
la ponencia.
Por
Secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe
de ponencia del Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado, 179 de 2014 Cámara.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria la proposición positiva con
que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado
y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación”.
De forma
inmediata, a renglón seguido, ser abrió el segundo debate del proyecto de ley
059 de 2014, concediendo el uso de la palabra a la senadora Paola Andrea Holguín
Moreno quien pidió reflexionar sobre los compromisos que genera el Tratado sobre
el Comercio de Armas respecto del derecho a la verdad que tienen las víctimas y
el acuerdo de paz que en ese momento se estaba negociando en La Habana-Cuba. Después
de ello, por sugerencia del Secretario de la Plenaria del Senado de la
República ante la posible existencia de votos negativos, se consideró y votó
de forma nominal y pública la omisión de lectura del articulado y el
articulado en bloque, obteniendo como resultados los siguientes: 46 votos por
el SI y 2 votos por el NO. Como para ese momento el total de votos emitidos fue
de 48, se suspendió la votación de la omisión de la lectura del articulado y del
articulado en bloque del proyecto de Ley 59 de 2014 Senado, ante la
desintegración del quórum decisorio. Para mejor ilustración, se
transcriben las siguientes líneas que corresponden a la Gaceta del Congreso 586
del 10 de agosto de 2015:
“Se abre
segundo debate
La
Presidencia concede el uso de la palabra a la honorable Senadora Paola Andrea
Holguín Moreno.
Palabras
de la honorable Senadora Paola Andrea Holguín Moreno.
Con la venia
de la Presidencia hace uso de la palabra la honorable Senadora Paola Andrea
Holguín Moreno:
Nosotros
simplemente queremos hacer una observación frente a este tema y es que si bien
este acuerdo es muy importante y es un acuerdo internacional para controlar el
tráfico, distribución y demás de armas, esto debe hacernos un llamado a la
reflexión, porque Colombia hoy está adelantando un proceso en La Habana donde
se ha hablado de dejación y no entrega de armas, y eso está ligado al tema que
hoy estamos votando, una de las dificultades cuando hay dejación y no entrega es
que se impide el derecho a la verdad de las víctimas porque muchos delitos
pueden ser verificados a través de unos procesos que se hace con el armamento
entregado.
Entonces
simplemente queremos dejar en este punto la reflexión sobre los compromisos que
se generan sobre este tratado y el acuerdo que actualmente se está negociando
en Cuba. Gracias Presidente.
El
Secretario informa:
Señor
Presidente, de acuerdo con el reglamento corresponde aprobar o no la omisión de
la lectura, el proyecto tiene apenas 2 artículos y la vigencia y cabe dentro
del reglamento para que se omita la lectura.
La
Presidencia manifiesta:
Entonces
votamos la omisión de la lectura y la vigencia señor Secretario. En
consideración la omisión de la lectura y la vigencia del proyecto de ley en
cuestión. ¿Lo aprueba la Plenaria?
El
Secretario informa:
Presidente,
la norma sobre votaciones exige y la jurisprudencia también, que si hay un solo
voto distinto al de la Plenaria hay que hacerlo nominal.
La
Presidencia manifiesta:
Abra el
registro señor secretario para votar.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria la omisión de la lectura del
articulado del proyecto y cierra su discusión.
La
Presidencia somete a consideración de la Plenaria el articulado del proyecto y
cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la Plenaria el articulado propuesto?
La
Presidencia abre la votación de la omisión de la lectura del articulado y el
articulado en bloque del Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado e indica a la
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.
La
Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro
electrónico e informar el resultado de la votación.
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el
Sí:       46
Por el
No:      02
Total: 48
Votos
Votación
nominal a la omisión y bloque del articulado del Proyecto de ley número 059 de
2014 Senado por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre el Comercio de
Armas”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución
67/234 b de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de
septiembre de 2013.
Honorables
Senadores
Por el Sí
Amín
Hernández Jaime Alejandro
Andrade
Casamá Luis Évelis
Araújo Rumié
Fernando Nicolás
Ashton
Giraldo Álvaro Antonio
Barón Neira
León Rigoberto
Cabrales
Castillo Daniel Alberto
Cabrera Báez
Ángel Custodio
Casado de
López Arleth Patricia
Castañeda
Serrano Orlando
Cepeda
Sarabia Efraín José
Chamorro
Cruz William Jimmy
Cristo
Bustos Andrés
Delgado Ruiz
Édinson
Duque
Márquez Iván
Durán
Barrera Jaime Enrique
Enríquez
Rosero Manuel
García
Romero Teresita
Gaviria
Vélez José Obdulio
Gerléin
Echeverría Roberto Víctor
Guerra de la
Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la
Espriella María del Rosario
Guerra Sotto
Julio Miguel
Henríquez
Pinedo Honorio Miguel
Holguín
Moreno Paola Andrea
López
Hernández Claudia Nayibe
Macías Tovar
Ernesto
Martínez
Aristizábal Maritza
Mejía Mejía
Carlos Felipe
Morales
Hoyos Viviane Aleyda
Motoa
Solarte Carlos Fernando
Navarro
Wolff Antonio José
Osorio Salgado
Nidia Marcela
Pestana
Rojas Yamina del Carmen
Ramos Maya
Alfredo
Restrepo
Escobar Juan Carlos
Rodríguez
Rengifo Roosvelt
Rodríguez
Sarmiento Milton Árlex
Santos Marín
Guillermo Antonio
Serpa Uribe
Horacio
Sierra
Grajales Luis Emilio
Soto
Jaramillo Carlos Enrique
Tamayo
Tamayo Fernando Eustacio
Tovar Rey
Nohora Stella
Uribe Vélez
Álvaro
Valencia
Laserna Paloma Susana
Vega de
Plazas Ruby Thania
Honorables
Senadores
Por el No
López Maya
Alexánder
Martínez
Rosales Rosmery
12.05.2015
En
consecuencia se suspende la votación de la omisión de la lectura del articulado
y el articulado en bloque del proyecto de Ley 59 de 2014 Senado”.
Ante dicha
situación, luego de indicar el Secretario de la Plenaria del Senado de la
República qué documentos sustanciados por la Presidencia fueron radicados para
publicación, se levantó la sesión siendo las 6:31 p.m.
Ahora bien, al
inicio de esta sesión Plenaria del 12 de mayo de 2015, dentro de los proyectos
de ley que fueron anunciados para ser discutidos y aprobados en la “próxima
sesión”, fue reportado el proyecto de ley 059 de 2014 Senado así:
“II
Anuncio
de proyectos
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo
número 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y
aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor
Presidente, anuncios de proyectos de acto legislativo y ley para ser
considerados y votados en la Sesión Plenaria del honorable Senado de la
República siguiente a la del día martes 15 de mayo de 2015, en acatamiento de
reciente Sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de los anuncios, si
en la Plenaria de hoy se aprueba o imprueba algún proyecto, se entenderá de
plano que ha sido excluido de los anuncios para la siguiente sesión Plenaria, a
la de hoy:
(…)
* Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado, por medio de la
cual se aprueba el ¿Tratado sobre el Comercio de Armas¿, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B de 2
de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de
2013”.
No obstante surtirse el anterior anuncio, en la Sesión Plenaria del
Senado de la República del 13 de mayo de 2015, según reporta el Acta No. 58 de
la misma fecha y publicada en la Gaceta del Congreso No. 559 de 2015, el
proyecto de ley 059 de 2014 Senado no fue considerado. A pesar de ello,
nuevamente fue anunciado para la próxima sesión Plenaria en que se discutieran
proyectos de ley.
La próxima sesión de la Plenaria del Senado de la República se llevó a
cabo el martes 19 de mayo de 2015, pero de acuerdo con la información
consignada en el Acta No. 59 de esa fecha y publicada en la Gaceta del Congreso
No. 560 del 3 de agosto de 2015[12], el proyecto de ley 059 de 2014 tampoco fue considerado, solo
anunciado de la siguiente forma:
“La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente punto
del Orden del Día.
II
Anuncio de proyectos
Por instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto
Legislativo 01 de 2003, por Secretaría se anuncian los proyectos que se
discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Sí señor Presidente, anuncios de proyectos de Ley o de acto legislativo
para ser discutidos, considerados y votados en la sesión plenaria del Senado de
la República siguiente a la del día martes 19 de mayo de 2015, con la
advertencia de que aquellos proyectos anunciados hoy y que sean aprobados o
archivados por la Corporación Senatorial, se consideran excluidos
automáticamente del anuncio que voy a realizar, de acuerdo con el cumplimiento
de las Sentencia C-930 de 2014 de la Corte Constitucional:
(…)
* Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado, por medio de la cual se
aprueba el `Tratado sobre el Comercio de Armas¿, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de
2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
(…)
Siendo las 8:52 p. m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para
el próximo 20 de mayo de 2015”.[13]
Visto lo anterior, la Corte observa que este anuncio a pesar de
contener la expresión “próxima sesión”, también es determinable en la
medida que al final de la sesión correspondiente se indicó a los senadores que
se convocaba a la Plenaria del Senado de la República para el 20 de mayo de
2015, fecha en la que efectivamente culminó la aprobación en esa célula
legislativa del proyecto de ley 059 de 2014 Senado. Así las cosas, se acreditó
mediante la certificación respectiva y la Gaceta del Congreso No. 560 de 2015,
el cumplimiento de la exigencia constitucional del artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003, que modificó el artículo 160 Superior.
2.2.1.8. Continuación
de la aprobación: Dando cumplimiento al anuncio realizado con fecha
determinable, el proyecto de ley continuó su discusión y aprobación de la
siguiente manera, según consta en el Acta de Plenaria No. 60 del 20 de mayo de
2015, publicada en la Gaceta del Congreso No. 587 del 10 de agosto de 2015[14]:
a)  El
Secretario del Senado de la República informó a la Plenaria que la proposición
con que finaliza el informe de ponencia fue aprobada en la sesión del 12 de
mayo de 2015, por lo cual debía seguirse con el resto del trámite del proyecto
de ley.
b)  Escuchada
por la Plenaria la exposición que hizo el senador ponente Jimmy Chamorro Cruz,
se dio apertura al segundo debate. Allí se sometió a discusión y posterior votación
nominal y pública la omisión de lectura del articulado y el articulado en
bloque del proyecto de ley 059 de 2014 Senado, obteniendo como registro de
votación 52 votos por el SI y ningún voto por el NO. Para cimentar lo anterior,
se ilustra con las siguientes líneas que corresponde a la Gaceta del Congreso
No. 587 de 2015:
“Se
abre segundo debate
La Presidencia
somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado
y, cierra su discusión.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria votar la omisión del
articulado en bloque del proyecto y, cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la
plenaria el artículo propuesto?
La
Presidencia abre la votación de la omisión de la lectura del articulado y el
articulado en bloque del Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado e indica a la
Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.
La Presidencia
cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro electrónico e
informar el resultado de la votación.
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ:
52
TOTAL:    52
Votos
Votación
nominal a la omisión de la lectura del articulado en bloque del Proyecto de ley
número 59 de 2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el `Tratado sobre el
comercio de armas’, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de
Nueva York, el 24 de septiembre de 2013.
Honorables
Senadores por el sí:
Aguilar
Hurtado Nerthink Mauricio
Amín Escaf
Miguel
Amín
Hernández Jaime Alejandro
Araújo Rumié
Fernando Nicolás
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Barón Neira
León Rigoberto
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Casado de
López Arleth Patricia
Castañeda
Serrano Orlando
Cepeda
Castro Iván
Cepeda
Sarabia Efraín José
Chamorro
Cruz William Jimmy
Correa
Borrero Susana
Cristo
Bustos Andrés
Delgado
Martínez Javier Mauricio
Duque
Márquez Iván
Elías Vidal
Bernardo Miguel
Enríquez
Rosero Manuel
Galán Pachón
Carlos Fernando
Galán Pachón
Juan Manuel
García
Burgos Nora María
García
Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria
Correa Sofía Alejandra
Gaviria
Vélez José Obdulio
Guerra de la
Espriella María del Rosario
Henríquez
Pinedo Honorio Miguel
Holguín
Moreno Paola Andrea
Hoyos
Giraldo Germán Darío
López
Hernández Claudia Nayibe
López Maya
Alexánder
Macías Tovar
Ernesto
Martínez
Rosales Rosmery
Mejía Mejía
Carlos Felipe
Mora
Jaramillo Manuel Guillermo
Name Cardozo
José David
Niño
Avendaño Segundo Senén
Ospina Gómez
Jorge Iván
Paredes
Aguirre Myriam Alicia
Ramos Maya
Alfredo
Rangel
Suárez Alfredo
Restrepo
Escobar Juan Carlos
Robledo
Castillo Jorge Enrique
Rodríguez
Rengifo Roosvelt
Santos Marín
Guillermo Antonio
Serpa Uribe
Horacio
Soto
Jaramillo Carlos Enrique
Tamayo
Tamayo Fernando Eustacio
Tovar Rey
Nohora Stella
Uribe Vélez
Álvaro
Vega de
Plazas Ruby Thania
Villalba
Mosquera Rodrigo
20. V. 2015
En
consecuencia ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado y el
articulado en bloque del Proyecto de ley número 59 de 2014 Senado”.
c) Luego de
ello, la Presidencia de la Plenaria sometió a consideración y aprobación el título
del proyecto de ley 059 de 2014 Senado y la voluntad de esa célula legislativa
de que continuara el trámite en la Cámara de Representantes. La votación de
esas dos cosas se surtió de forma nominal y pública, reportando el
registro de votación 52 votos por el SI y ningún voto por el NO. Así se
consignó dicha información en la Gaceta del Congreso No. 587 de 2015, y de ello
da cuenta la certificación que fue remitida el 29 de junio de 2016 por el
Secretario General del Senado de la República[15]:
“La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 59 de 2014
Senado, por medio de la cual se aprueba el `Tratado sobre el comercio de armas’,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución
67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de
septiembre de 2013.
Leído este,
la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión
pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título y el tránsito del
proyecto?
Cumplidos
los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia
pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado
surta su trámite a la otra Cámara?
La
Presidencia abre la votación del título y el tránsito a la otra Cámara del
proyecto para que sea ley de la República, el Proyecto de ley número 59 de 2014
Senado e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en
forma nominal.
La
Presidencia cierra la votación, e indica a la Secretaría cerrar el registro
electrónico e informar el resultado de la votación.
Por
Secretaría se informa el siguiente resultado:
Por el SÍ:
52
TOTAL:    52
Votos
Votación
nominal al título y tránsito a la otra cámara del Proyecto de ley número 59 de
2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el `Tratado sobre el comercio de
armas’, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva
York, el 24 de septiembre de 2013.
Honorables
Senadores por el sí:
Amín Escaf
Miguel
Amín
Hernández Jaime Alejandro
Andrade
Casamá Luis Évelis
Araújo Rumié
Fernando Nicolás
Avirama
Avirama Marco Aníbal
Barón Neira
León Rigoberto
Blel Scaff Nadya Georgette
Cabrales Castillo Daniel Alberto
Casado de
López Arleth Patricia
Castañeda
Serrano Orlando
Cepeda
Castro Iván
Cepeda
Sarabia Efraín José
Chamorro
Cruz William Jimmy
Cristo
Bustos Andrés
Delgado Martínez
Javier Mauricio
Duque
Márquez Iván
Elías Vidal
Bernardo Miguel
Enríquez
Rosero Manuel
Galán Pachón
Carlos Fernando
Galán Pachón
Juan Manuel
García
Burgos Nora María
García
Zuccardi Andrés Felipe
Gaviria
Correa Sofía Alejandra
Gaviria
Vélez José Obdulio
Guerra de la
Espriella Antonio del Cristo
Guerra de la
Espriella María del Rosario
Henríquez
Pinedo Honorio Miguel
Holguín
Moreno Paola Andrea
Hoyos
Giraldo Germán Darío
López Maya
Alexánder
Macías Tovar
Ernesto
Martínez
Rosales Rosmery
Mejía Mejía
Carlos Felipe
Mora
Jaramillo Manuel Guillermo
Name Cardozo
José David
Niño
Avendaño Segundo Senén
Ospina Gómez
Jorge Iván
Paredes
Aguirre Myriam Alicia
Prieto
Riveros Jorge Eliéser
Ramos Maya
Alfredo
Rangel
Suárez Alfredo
Restrepo
Escobar Juan Carlos
Robledo
Castillo Jorge Enrique
Rodríguez
Rengifo Roosvelt
Santos Marín
Guillermo Antonio
Serpa Uribe
Horacio
Soto
Jaramillo Carlos Enrique
Tamayo
Tamayo Fernando Eustacio
Tovar Rey
Nohora Stella
Uribe Vélez
Álvaro
Vega de
Plazas Ruby Thania
Villalba
Mosquera Rodrigo
20. V. 2015
En
consecuencia ha sido aprobado el título y el tránsito a la otra Cámara del
proyecto para que sea ley de la República, el Proyecto de ley número 59 de 2014
Senado”
2.2.1.9 Revisando la anterior información, la Sala
observa que en la sesión Plenaria del Senado de la República del 12 de mayo de
2015, la forma como se registró en el acta la votación ordinaria con que se
aprobó la proposición positiva con que terminaba el informe de ponencia del
proyecto de ley 059 de 2014 Senado, impide establecer si con ella se dio
cumplimiento real y efectivo a la fase general del debate de un proyecto de
ley. Concretamente, como se explicará más adelante, ante las constantes
variaciones de asistencia con tendencia a la baja por parte de los senadores en
la sesión de ese día, es imposible establecer la existencia del quórum
decisorio, la aprobación por la mayoría requerida y la coincidencia
entre el número de votos emitidos y el número de parlamentarios presentes en el
recinto al momento de la votación de dicho informe de ponencia, particularmente
porque en la fase específica de votación de ese mismo proyecto de ley, al
realizarla de forma nominal y pública se constató la desintegración del
quórum decisorio, lo que motivó el suspender la votación de la omisión de
lectura del articulado y del articulado en bloque del proyecto de ley 059 de
2014 Senado. Es más, sin contar con la acreditación efectiva de la aprobación
del informe de ponencia, no era posible adelantar en sesión posterior la
discusión y aprobación del articulado y del título del proyecto de ley, ni de
la manifestación de que la iniciativa continuara su trámite ante la Cámara de
Representantes.
Ahora bien, con el ánimo de acreditar el
cumplimiento de los requisitos constitucionales, el Magistrado Sustanciador
mediante auto del 17 de octubre de 2016[16],
solicitó a los Secretarios Generales de las Comisiones y las Plenarias, enviar
certificación precisando el quórum deliberatorio y decisorio, así como las
mayorías y votaciones con las cuales se discutió y aprobó el proyecto de ley
059 de 2014 Senado – 241 de 2015 Cámara. En ese sentido, se recalcó el deber de
brindar constancia expresa sobre la modalidad de votación utilizada en cada
etapa del trámite legislativo, con el fin de acreditar los requisitos
constitucionales y legales exigidos.
En un primer momento el Secretario General del Senado
de la República se limitó a remitir las copias de los documentos
correspondientes al trámite legislativo sin que estuvieran publicados en las
Gacetas del Congreso. Dentro de esos documentos anexó un informe denominado “Sustanciación
Segunda Ponencia y Texto Definitivo”, en el cual se indica lo siguiente:
“En sesión Plenaria del H. Senado de la República
los días 12 y 20 de mayo del año dos mil quince (2015), fue considerado y
aprobado, la ponencia para segundo debate, el texto aprobado en comisión
segunda, el articulado y el título del Proyecto de Ley No. 59 de 2014 Senado ‘por
medio del cual se aprueba el ‘Tratado sobre Comercio de Armas’, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 67/234B de 2 de
abril de 2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de
2013’.
El resultado de las votaciones presentadas para
la aprobación de este Proyecto de Ley son las registradas en las Actas No. 57
de fecha 12 de mayo de 2015 y No. 60 de fecha 20 de mayo de 2015, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2009, que establece: “El
voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine
la ley (…)”, desarrollados por la Ley 1431 de 2011.
La presente sustanciación se hace con base en el
registro hecho por la Secretaría General de esta Corporación, en esta misma
sesión Plenaria y con el quórum requerido”[17].
Después, el 29 de junio de 2016 remitió en medio
magnético las Gacetas del Congreso respectivas, y junto a ello la certificación
pedida señalando lo siguiente:
“Que el Proyecto de Ley número 59 de 2014
Senado, 241 de 2015 Cámara, ‘por medio del cual se aprueba el ‘Tratado
sobre Comercio de Armas’, adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante resolución 67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la
ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013’, fue anunciado el día 19 de
mayo de 2015, acta de plenaria No. 59 (…); aprobado plenaria del Senado: fue
votado en forma nominal, el día 20 de mayo de 2015, acta de plenaria número 60
(…)
(…)
Sesión plenaria del Senado de fecha 20 de
junio de 2015:
·
Aprobación: 20 de mayo de 2015, acta de
plenaria número 60, Gaceta del Congreso No. 587 de 2015, páginas 19 a 21 – Votación
Nominal al título y tránsito a la otra cámara del Proyecto de Ley número 59
de 2014 Senado, 241 de 2015 Cámara, así:
Por el SI: 52 votos
TOTAL: 52 votos” (Negrillas y resaltados del texto original)[18].
De lo anterior, la Corte advierte que la discusión
del proyecto de ley 059 de 2014, en el segundo debate se cumplió en dos
sesiones: la fase general que corresponde a la consideración y aprobación del
informe de ponencia, el día 12 de mayo de 2015 mediante votación ordinaria; y,
la fase específica del debate el día 20 de mayo de 2015 siendo aprobada a
través de votación nominal y pública.
El análisis de este punto del trámite legislativo y
de los requisitos cuyo cumplimiento no se advierte con claridad, será objeto de
pronunciamiento más adelante. [Infra, f.j. 3.4.2.]
2.2.1.10. El
texto definitivo del proyecto de ley 059 de 2014 Senado, aprobado en segundo
debate en plenaria del Senado de la República los días 12 y 20 de mayo de 2014,
fue publicado en la Gaceta del Congreso 326 del 25 de mayo de 2015.
2.2.2.
Trámite en la Cámara de Representantes.
Tercer
debate
2.2.2.1. Informe
de ponencia. Radicado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes con el número 241 de 2015 Cámara, se le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designados como ponentes los
Representantes a la Cámara Luis Fernando Urrego Carvajal (ponente coordinador),
Pedro Jesús Orjuela Gómez, Jaime Armando Yepes Martínez y Álvaro Gustavo Rosado
Aragón. El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso 760 del
1º de octubre de 2015[19].
2.2.2.2. Anuncio.
De acuerdo con la certificación allegada a esta Corporación el 11 de julio de
2016 por el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes[20],
el proyecto de ley 241 de 2015 fue anunciado en sesión ordinaria de la
Comisión, según reporta el Acta No. 011 del 6 de octubre de 2015, publicada en
la Gaceta del Congreso No. 887 del 5 de noviembre de 2015. De acuerdo
con el texto de la referida acta, el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e) de la
Comisión Segunda, honorable Representante María Eugenia Triana Vargas:
Continúe con el Orden del Día, señor Secretario.
Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Cuarto punto. Anuncios de proyectos de ley para discusión y
aprobación en primer debate para la próxima sesión de Comisión, donde se
sometan a discusión y votación proyectos de ley para dar cumplimiento al
artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003.
Proyecto de ley número 241 de 2015 Cámara, 59 de 2014 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre el comercio
de armas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante Resolución 67 de 234 B del 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad
de Nueva York el 24 de septiembre de 2013.
Ponentes: honorables Representantes Luis Fernando Urrego
Carvajal, Pedro Jesús Orjuela Gómez, Jaime Armando Yepes Martínez y Álvaro
Gustavo Rosado Aragón.
Publicación Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número
760 del 2015.
Ha sido anunciado el proyecto de ley para ser sometido en sesión
de Comisión y discusión y votación, de conformidad con el artículo 8° del Acto
Legislativo número 01 de 2003.
(…)
Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e) de la
Comisión Segunda, honorable Representante María Eugenia Triana Vargas:
Agotado el Orden del Día, se levanta la sesión y se cita por
Secretaría para la próxima sesión.
Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí, Presidenta, siendo las 11:55 a. m. se levanta la sesión y se
citará por Secretaría” (negrillas corresponden al
texto original).[21]
Observa la
Corte que el anuncio para discusión y votación del proyecto de ley 241 de 2015 Cámara,
efectivamente se realizó en la sesión previa a aquella en la cual fue decidido,
por cuanto en el mismo se indicó como fecha determinable “la próxima sesión
de Comisión donde se sometan a discusión y aprobación proyectos de ley” y
la aprobación se efectuó el miércoles 28 de octubre de 2015 que fue la
siguiente sesión según demuestra el consecutivo de actas, dando cumplimiento al
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la
Constitución Política.
2.2.2.3. Aprobación.
Siguiendo lo informado en la misma certificación a la que se hizo referencia en
el numeral anterior, el proyecto de ley 241 de 2015 Cámara fue aprobado en
sesión ordinaria del 28 de octubre de 2015, según reporta el Acta No. 012 de
esa misma fecha, consignada en la Gaceta del Congreso No. 926 del 12 de
noviembre de 2015[22].
Es decir, la siguiente sesión a la que fue anunciado el proyecto de ley.
Del
contenido del Acta y de la citada certificación, se observa que leída la
proposición con que termina el informe de ponencia y luego de ser escuchadas
las explicaciones de los ponentes, la intervención del Viceministro de Asuntos Multilaterales,
el Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara indicó a la
Presidente (e) que la votación debía hacerse mediante el sistema nominal y
público para mayor claridad en el control automático de constitucionalidad.
Así, la Presidenta (e) dio apertura a la votación nominal y pública, siendo
aprobada aquella proposición con 14 votos por el SI y ningún voto por el NO, de
la siguiente forma:
“Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e) de la
Comisión Segunda, la honorable Representante María Eugenia Triana Vargas:
Gracias señor Viceministro, cerrada la discusión sometemos a
votación el informe con que termina la ponencia, señor Secretario sírvase
realizar la votación nominal.
Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí señora Presidenta, llamado para votar el informe de ponencia el
cual ya fue leído Presidenta, votando SÍ se aprueba el informe de ponencia,
votando NO se niega.
VOTACIÓN
SÍ
NO
Barreto Castillo Miguel Ángel
X
Cabello Flórez Tatiana
X
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
X
Durán Carrillo Antenor
X
Hoyos Salazar Federico Eduardo
X
Merlano Rebolledo Aída
Con exc
Mesa Betancur José Ignacio
--
Mizger Pacheco José Carlos
X
Muñoz Zapata Jorge
X
Orjuela Gómez Pedro Jesús
X
Orozco Vicuña Moisés
Con exc
Pérez Oyuela José Luis
Con exc
Rosado Aragón Álvaro Gustavo
X
Suárez Melo Leopoldo
X
Torres Monsalvo Efraín Antonio
--
Triana Vargas María Eugenia
X
Uribe Muñoz Alirio
X
Urrego Carvajal Luis Fernando
X
Yepes Martínez Jaime Armando
X
Total
14
Señores Representantes les pido el favor no se retiren porque
falta votar el articulado y toca votarlo nominalmente, Presidenta no llamé a
lista a la doctora Merlano Rebolledo Aída, que se encuentra con excusa también
Presidenta.
Presidenta han votado 14 honorables Representantes, los 14 votaron
por el Sí, por lo tanto ha sido aprobado el informe de ponencia Presidenta”.
Seguidamente,
la Presidente (e) de la Comisión sometió a consideración de los asistentes el
articulado individual del proyecto de ley 241 de 2015 Cámara, el cual fue
aprobado por votación nominal y pública, con 14 votos por el SI y ningún
voto por el NO. Así fue reportado en el Acta correspondiente:
“Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e) de la
Comisión Segunda, la honorable Representante María Eugenia Triana Vargas:
Aprobado el informe de ponencia, señor Secretario continúe con el
articulado.
Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí Presidenta son tres artículos deben votarse individualmente
Presidenta, pero primero me permito dar lectura al artículo 1° Presidenta.
Artículo 1° del Proyecto de ley número 214 de 2015 Cámara, 59 de
2014 Senado.
Artículo 1°. Apruébese el Tratado Sobre el Comercio de Armas,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante
Resolución número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la
Ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013, ha sido leído
el artículo primero Presidenta.
Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e) de la
Comisión Segunda, la honorable Representante María Eugenia Triana Vargas:
Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, y queda cerrada,
¿aprueban el artículo 1°, señor Secretario?
Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Presidenta llamamos a lista para votación, votando SÍ se aprueba,
votando NO se niega el artículo 1°.
VOTACIÓN
SÍ
NO
Barreto Castillo Miguel Ángel
X
Cabello Flórez Tatiana
X
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
X
Durán Carrillo Antenor
X
Hoyos Salazar Federico Eduardo
X
Merlano Rebolledo Aída
Con exc
Mesa Betancur José Ignacio
--
Mizger Pacheco José Carlos
X
Muñoz Zapata Jorge
X
Orjuela Gómez Pedro Jesús
X
Orozco Vicuña Moisés
Con exc
Pérez Oyuela José Luis
Con exc
Rosado Aragón Álvaro Gustavo
X
Suárez Melo Leopoldo
X
Torres Monsalvo Efraín Antonio
--
Triana Vargas María Eugenia
X
Uribe Muñoz Alirio
X
Urrego Carvajal Luis Fernando
X
Yepes Martínez Jaime Armando
X
TOTAL
14
Señora Presidenta han votado 14 honorables Representantes, los 14
votaron Sí, por el artículo 1° en consecuencia ha sido aprobado el artículo 1º
Presidenta.
Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e) de la
Comisión Segunda, la honorable Representante María Eugenia Triana Vargas:
Continuamos señor Secretario con el siguiente artículo.
Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Presidenta el artículo 2°, dice así, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la Ley Séptima (7ª) de 1944 el Tratado
Sobre el Comercio de Armas, adoptado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante Resolución número 67/234 B de 2 de abril de 2013 y
suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013, que por el
artículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la República de
Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo Internacional
respecto de la misma, Presidenta ha sido leído el artículo 2°.
Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e) de la
Comisión Segunda, la honorable Representante María Eugenia Triana Vargas:
Sometamos a votación el artículo 2°.
Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí Presidenta, me permito llamar a lista, votando SÍ aprueba,
votando NO se niega.
VOTACIÓN
SÍ
NO
Barreto Castillo Miguel Ángel
X
Cabello Flórez Tatiana
X
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
X
Durán Carrillo Antenor
X
Hoyos Salazar Federico Eduardo
X
Merlano Rebolledo Aída
Con exc
Mesa Betancur José Ignacio
--
Mizger Pacheco José Carlos
X
Muñoz Zapata Jorge
X
Orjuela Gómez Pedro Jesús
X
Orozco Vicuña Moisés
Con exc
Pérez Oyuela José Luis
Con exc
Rosado Aragón Álvaro Gustavo
X
Suárez Melo Leopoldo
X
Torres Monsalvo Efraín Antonio
--
Triana Vargas María Eugenia
X
Uribe Muñoz Alirio
X
Urrego Carvajal Luis Fernando
X
Yepes Martínez Jaime Armando
X
Total
14
Presidenta han votado 14 honorables Representantes, 14 por el Sí,
por lo tanto ha sido aprobado el artículo 2° de dicho proyecto Presidenta.
Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e) de la
Comisión Segunda, la honorable Representante María Eugenia Triana Vargas:
Aprobado el artículo 2°, continuamos señor Secretario con la
votación.
Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Sí Presidenta, el artículo 3°, la presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación. Presidenta me permito llamar a lista para votar el
artículo 3°, votando Sí se aprueba, votando No se niega.
VOTACIÓN
SÍ
NO
Barreto Castillo Miguel Ángel
X
Cabello Flórez Tatiana
X
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
X
Durán Carrillo Antenor
X
Hoyos Salazar Federico Eduardo
X
Merlano Rebolledo Aída
Con exc
Mesa Betancur José Ignacio
--
Mizger Pacheco José Carlos
X
Muñoz Zapata Jorge
X
Orjuela Gómez Pedro Jesús
X
Orozco Vicuña Moisés
Con exc
Pérez Oyuela José Luis
Con exc
Ros ado Aragón Álvaro Gustavo
X
Suárez Melo Leopoldo
X
Torres Monsalvo Efraín Antonio
--
Triana Vargas María Eugenia
X
Uribe Muñoz Alirio
X
Urrego Carvajal Luis Fernando
X
Yepes Martínez Jaime Armando
X
Total
14
Presidenta han votado 14 honorables Representantes, los 14 por el
Sí, por lo tanto ha sido aprobado el artículo 3° de dicho Proyecto de ley
Presidenta”
Después, se
sometió a consideración de la Comisión el título del proyecto y se le preguntó
si deseaba que el proyecto de ley pasara a segundo debate en la Plenaria de la
Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República, a lo cual se
obtuvo aprobación por votación nominal y pública con resultados de 14
votos por el SI y ningún voto por el NO, de la siguiente manera:
“Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e) de la
Comisión Segunda, la honorable Representante María Eugenia Triana Vargas:
Aprueba la Comisión el título del proyecto y la pregunta
si quiere la Comisión que este proyecto de ley pase a segundo debate
y se convierta en ley de la República.
Hace uso de la palabra el Secretario General de la Comisión
Segunda, doctor Benjamín Niño Flórez:
Presidenta me permito llamar a lista para votación del título y la
pregunta del Proyecto 241 de 2015 Cámara, votando Sí se aprueba el título y la
pregunta, votando No se niega.
VOTACIÓN
SÍ
NO
Barreto Castillo Miguel Ángel
X
Cabello Flórez Tatiana
X
Deluque Zuleta Alfredo Rafael
X
Durán Carrillo Antenor
X
Hoyos Salazar Federico Eduardo
X
Merlano Rebolledo Aída
Con exc
Mesa Betancur José Ignacio
--
Mizger Pacheco José Carlos
X
Muñoz Zapata Jorge
X
Orjuela Gómez Pedro Jesús
X
Orozco Vicuña Moisés
Con exc
Pérez Oyuela José Luis
Con exc
Rosado Aragón Álvaro Gustavo
X
Suárez Melo Leopoldo
X
Torres Monsalvo Efraín Antonio
--
Triana Vargas María Eugenia
X
Uribe Muñoz Alirio
X
Urrego Carvajal Luis Fernando
X
Yepes Martínez Jaime Armando
X
Total
14
Señora Presidenta votaron 14 honorables Representantes, 14 por el
Sí, por lo tanto ha sido aprobado el título y la pregunta del proyecto de 241
de 2015 Cámara, 059 de 2014 Senado, Presidenta.
Hace uso de la palabra la señora Presidenta (e) de la
Comisión Segunda, la honorable Representante María Eugenia Triana Vargas:
Ha sido aprobado el Proyecto de ley 241 de 2015 Cámara, 059 de
2014 Senado, (…)”
Del anterior recuento, la Corte evidencia que al haberse cumplido
la aprobación del proyecto de ley 241 de 2015 Cámara, siguiendo la regla
general de votación nominal y pública que establece el artículo 133 de
la Constitución Política, modificado por el artículo 5º del Acto Legislativo 01
de 2009, se logra establecer con claridad la existencia del quórum decisorio
que exige el artículo 145 Superior, por cuanto de los 19 integrantes que
conforman la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara,
estuvieron presentes en el registro de votación 14 representantes, es decir,
más de la mayoría de los integrantes de la misma.
Igualmente, dadas las bondades que representa esta clase de
votación nominal y pública, fue posible determinar el cumplimiento de la regla
fijada en el artículo 146 de la Carta Política, en la medida en que las
decisiones sometidas a consideración fueron tomadas por la mayoría de los votos
de los asistentes, sumado a que se pudo establecer la coincidencia entre el
número de votos emitidos con el número de congresistas presentes en la Comisión
al momento de realizar la votación (art. 123-4 Ley 5ª de 1992). Por ende,
fueron satisfechos todos los requisitos constitucionales y legales.
Cuarto
debate
2.2.2.4. Informe
de ponencia. Para este último debate ante la Plenaria de la Cámara de
Representantes, la ponencia fue presentada por los representantes Luis Fernando
Urrego Carvajal (ponente coordinador), Pedro Jesús Orjuela Gómez, Jaime Armando
Yepes Martínez, Álvaro Gustavo Rosado Aragón y Federico Eduardo Hoyos Salazar,
y fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 1012 del 2 de diciembre de 2015[23].
2.2.2.5. Anuncio.
El anuncio del proyecto de ley 241 de 2015 Cámara, se realizó en la sesión
Plenaria del 16 de marzo de 2016, según consta en el Acta No. 120 de esa fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 280 del 17 de mayo de 2016, en los
siguientes términos:
“Jefe Sección Relatoría Raúl Enrique Ávila
Hernández:
Sí señor Presidente, el siguiente punto del Orden
del Día, anuncio de proyectos, se anuncian los siguientes proyectos de ley para
el día martes 29 de marzo de 2016, o para la siguiente sesión donde se debatan
y discutan proyectos de ley o Proyectos de Acto Legislativo.
(…)
Proyecto de ley número 241 de 2015 Cámara, 059
de 2014 Senado.
(…)
Presidente Rafael Alfredo Deluque Zuleta:
Se levanta la sesión y se convoca para el martes 29 a
las 2 de la tarde, martes 29 de marzo.
Jefe Sección Relatoría Raúl Enrique Ávila Hernández:
Se levanta la sesión siendo las 4 y 24 minutos de la
tarde”[24].
2.2.2.6. Aprobación.
Según certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes[25]
y dando cumplimiento al anuncio, el proyecto de ley 241 de 2015 Cámara fue
considerado y aprobado por la Plenaria de esa célula legislativa así:
a) En sesión
ordinaria realizada el 29 de marzo de 2016, que consta en el Acta 121 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 177 del 22 de abril de
2016[26],
fue leída la proposición con que termina el informe de ponencia pidiendo a la
Plenaria de la Cámara de Representantes que diera segundo debate al proyecto de
ley 241 de 2015. Al abrir la discusión, varios representantes solicitaron a los
ponentes y al Ministro de Defensa explicaciones frente el contenido del Tratado
sobre el Comercio de Armas, pero como ninguno de ellos estaba presente en el
recinto, se votó el aplazamiento de ese proyecto de ley, lo cual fue aprobado
mediante votación ordinaria por unanimidad. Para efectos de esclarecer el
número de votos presentes, previamente se había votado el orden del día a
través de votación nominal y pública, contando con 84 votos por el SI.
Al final de
esa sesión fue anunciado el proyecto de ley 241 de 2015 Cámara, de la siguiente
forma:
“Dirección de la Presidencia Alfredo Rafael
Deluque Zuleta:
Señor Secretario por favor anuncie proyectos para la sesión del
día de mañana.
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión de mañana
miércoles.
Subsecretaria General Yolanda Duque Naranjo:
Anuncio de proyectos para la sesión Plenaria del día 30 de marzo o
para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o
actos legislativos.
Proyecto de ley número 241 de 2015 Cámara, 59 de 2014 Senado.
(…)
Han sido anunciados señor Presidente los proyectos para la sesión
plenaria del día 30 de marzo o para la siguiente sesión plenaria en la cual se
debatan proyectos de ley o actos legislativos.
Dirección de la Presidencia Pierre Eugenio García
Jacquier:
Gracias, entonces anunciarle a la Corporación que se
cita para mañana a las 3 de la tarde, se levanta la sesión.
Subsecretaria General Yolanda Duque Naranjo:
Se levanta la plenaria siendo las 2 y 43 p. m.”.
b) El día 30 de marzo de 2016, según reporta el Acta de Plenaria
No. 122 de la misma fecha y publicada en la Gaceta del Congreso No. 167 del 20
de abril de 2016[27],
fue aprobado a través de votación nominal y pública el informe con que
termina la ponencia, el cual según da cuenta la certificación reportó una
votación de 85 votos por el SI y ningún voto por el NO. Si bien al inicio de la
sesión se registró la asistencia de 148 representantes, lo cierto es que al
momento de abrir y realizar el registro de votación de este proyecto de ley, se
encontraban presentes en el recinto 85 representantes, los cuales emitieron su
voto.
c) Toda vez
que ese día solo se discutió y aprobó el informe de ponencia, el proyecto de
ley 241 de 2015 Cámara fue anunciado para continuar su estudio en sesión del
martes 5 de abril de 2016, a las 2 pm. De ello da cuenta tanto la certificación
remitida por el Secretario General de la Cámara de Representantes, como la
parte final del Acta 122 del 30 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 167 del 20 de abril de la misma anualidad.
d) Según el
Acta de Plenaria No. 123 del 5 de abril de 2016, publicada en la Gaceta del
Congreso 353 del 1º de junio de 2016[28],
y la certificación referida en el ordinal anterior, el articulado en bloque del
proyecto de ley 241 de 2015 Cámara, fue aprobado mediante votación pública y
nominal por 86 votos por el SI y 3 votos por el NO. Así quedó registrado en
el Acta de Plenaria No. 123 de 2016:
“Dirección de la Presidencia, Pedrito Tomás Pereira
Caballero:
Señor Secretario, en consideración el articulado
leído, tres artículos sin proposiciones, se abre su discusión, anunció que va a
cerrarse, abra el registro señor Secretario para votar el articulado.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Se abre el registro para votar el articulado
sobre el Proyecto de ley número 241 de 2015 Cámara, 59 de 2014 Senado, donde se
aprueba el tratado sobre el comercio de armas, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, mediante Resolución 67/234B del 2 abril del 2013.
Pueden votar honorables Representantes.
Señores Representantes estamos en votación.
Se está votando el articulado sobre el Tratado de
Comercio de Armas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
según Resolución 67/234 del 2 de abril del 2013.
Estamos en votación del articulado sobre el
tratado del Comercio de Armas.
Dirección de la Presidencia, Pedrito Tomás Pereira
Caballero:
Señor Secretario, por favor ordene cerrar el
registro e informe el resultado de la votación.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Se cierra el registro, la votación es de la
siguiente manera.
Por el SÍ 86 votos electrónicos, ninguno manual,
para un total por el SÍ de 86 votos.
Por el NO 3 votos electrónicos, ninguno manual
para un total por el NO de 3.
Señor Presidente, ha sido aprobado el articulado
sobre el Proyecto de ley número 241 del 2015 Cámara, 59 del 2014 Senado”.
Seguidamente se consideró el título del proyecto de
ley 241 de 2015 Cámara y se le preguntó a la Plenaria de la Cámara de
Representantes si querían que tal proyecto fuese ley de la República, siendo
aprobadas las dos cosas por votación nominal y pública cuyo registro de
votos arrojó: 89 votos por el SI y 1 voto por el NO, de los 159 representantes
a la Cámara que se hicieron presentes de acuerdo con el registro inicial de
asistencia[29].
Así quedo consignado en el texto del Acta No. 123 de 2016:
“Dirección de la Presidencia, Pedrito Tomás Pereira
Caballero:
Título y pregunta señor Secretario.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Señor Presidente el título dice así.
“Por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre
el Comercio de Armas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante Resolución 67/234B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de
Nueva York, el 24 de septiembre de 2013”; y la pregunta para la Plenaria, si
quiere la plenaria que este proyecto sea ley de la República.
Dirección de la Presidencia, Pedrito Tomás
Pereira Caballero:
En consideración el título y la pregunta, se abre
su discusión, anuncio que va a cerrarse, abra el registro señor Secretario para
la votación del título y la pregunta del proyecto de ley que se ha leído.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano:
Se abre el registro para votar el título y la
pregunta sobre est e proyecto.
Señores honorables Representante pueden votar.
Señores Representantes estamos en votación, del
título y la pregunta sobre el Tratado de Comercio de Armas, se le informa a los
honorables Representantes que el próximo sábado va a ser citado el Congreso en
Pleno, para oír a las víctimas del conflicto armado, dentro del desarrollo
legal; se debe oír en esa fecha a las víctimas del conflicto armado, de 9 a 12
del día, próximo sábado 9 de abril.
Estamos votando el título y la pregunta sobre el
Proyecto de Comercio de Armas, Tratado del Comercio de Armas.
Faltan 2 personas por votar, los que no lo hayan
hecho por favor, se va a cerrar, se va a cerrar señores honorables
Representantes.
Dirección de la Presidencia, Pedrito Tomás
Pereira Caballero:
Señor Secretario, por favor informe el resultado
de la votación y ordene cerrar el registro; cierre registro y ordene, informar
el resultado de la votación.
Secretario General, Jorge H umberto Mantilla
Serrano:
Se cierra el registro, señores de cabina cerrar
el registro la votación final es la siguiente.
Por el SÍ 89 votos electrónicos, ninguno manual,
para un total por el SÍ de 89 votos.
Por el NO 1 voto electrónico, ninguno manual para
un total de 1 voto.
Señor Presidente, ha sido aprobado el Título y la
Pregunta, sobre el Proyecto número 241 de 2015 Cámara, 59 de 5014 Senado, Por
medio de la cual se aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas”.
En este orden de ideas, al haberse surtido la
aprobación del proyecto de ley 241 de 2015 mediante la votación nominal y
pública que señala el artículo 133 de la Constitución Política, modificado
por el artículo 5º del Acto Legislativo 01 de 2009, se logró establecer la
existencia del quórum decisorio que exige el artículo 145 de la
Constitución Política, así como la aprobación por la mayoría de los votos de
los asistentes de acuerdo con el artículo 146 Superior. En el mismo sentido, se
acreditó la regla de coincidencia de votos emitidos con el número de
parlamentarios presentes en el recinto (art. 123-4 de la ley 5ª de 1992) a
través del cuadro de asistencia a votación y votos emitidos que obra en la
Gaceta del Congreso No. 353 de 2016.
2.2.2.7. En la Gaceta del Congreso No. 151 de 2016[30], fue
consignado el texto definitivo del proyecto de ley 241 de 2015 que fue aprobado
por la Plenaria de la Cámara de Representantes.
2.2.3. De acuerdo a la certificación emitida el 6 de
julio de 2016 por el Secretario General de la Cámara de Representantes, “(…)
en el trámite del proyecto de Ley mencionado no surgieron discrepancias en las
Cámaras respecto del mismo, por lo tanto no dio lugar a etapa de conciliación y
no aplica el cumplimiento de la exigencia de publicidad dispuesta en el inciso
final del artículo 161 de la Constitución Política”[31].
De lo anterior se concluye que ante la ausencia de discrepancias en el texto
aprobado en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, no fue
necesario agotar la etapa legislativa de conciliación del proyecto de ley 059
de 2014 Senado – 241 de 2015 Cámara.
3. Existencia de un vicio de procedimiento
legislativo insubsanable en la votación de la proposición positiva con que
finaliza el informe de ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado
de la República.
Evaluado el trámite legislativo que surtió en el
Congreso de la República el proyecto de ley 059 de 2014 Senado – 241 de 2015
Cámara, la Corte advierte la configuración de un vicio de procedimiento que se
presentó en una de las fases del trámite legislativo, esto es, en la aprobación
de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia en la
Plenaria del Senado de la República (segundo debate). La manera como se
registró en el acta esta forma de votación impide determinar si con ella se dio
cumplimiento real y efectivo a varios requisitos que determinan su aprobación
válida. Puntualmente, la Sala observa que el vicio radica en la imposibilidad
de establecer (i) la existencia de quórum decisorio de acuerdo
con el artículo 145 de la Carta Política; (ii) la aprobación por la
mayoría simple requerida por el artículo 146 ibídem; y, (iii) la
coincidencia entre el número de votos emitidos y el número de parlamentarios
presentes en el recinto al momento de la votación del informe de ponencia que
avalaba dar segundo debate al proyecto de ley, en procura de dar cumplimiento
al artículo 123-4 de la Ley 5ª de 1992.
Para fundamentar lo anterior, la Sala adoptará la
siguiente metodología:          (i) se referirá a la votación ordinaria
como excepción al mandato constitucional de votación pública y nominal,
haciendo un especial énfasis en los indicadores que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para evidenciar de forma razonable la existencia
de unanimidad; seguidamente (ii) se pronunciará sobre la
necesidad de verificar el cumplimiento del quórum decisorio y de las
mayorías en los supuestos de votación ordinaria; luego abordará (iii)
la aprobación de los informes de ponencia como parte del trámite legislativo
que debe surtir un proyecto de ley y su desconocimiento cuando no se logra
acreditar la existencia de quórum decisorio y del cumplimiento de la regla de
mayorías,  y para finalizar la premisa (iv) analizará la imposibilidad
que existe, en el caso concreto, de verificar con exactitud el número de
senadores que aprobó la proposición positiva con que terminaba el informe de
ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República,
situación que por haberse presentado en las fases iniciales del trámite
legislativo, deriva en la configuración de un vicio de carácter insubsanable.
3.1. La votación ordinaria como excepción al
mandato constitucional general de votación pública y nominal. Indicadores que
permiten evidenciar de forma razonable la existencia de unanimidad para aplicar
excepcionalmente la votación ordinaria.
3.1.1. De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución
Política, modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 01 de 2009, por
regla general el voto de los congresistas debe ser nominal y público, excepto
en los casos que determine la ley. Esta regla general, como lo ha explicado la
Corte, “se justifica en el propósito del Constituyente derivado de 2009 de
fortalecer el sistema de partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y
transparencia al trabajo legislativo”[32],
así como en permitir un mayor control por parte de los electores sobre las
decisiones tomadas por sus elegidos[33],
lo que profundiza las bases democráticas del procedimiento de creación
legislativa en el ordenamiento colombiano.
3.1.2. Ahora
bien, con la expedición de la Ley 1431 de 2011, el Legislador procedió a
regular las excepciones a la antedicha regla general. Es así que el artículo 1°
de esa Ley, que modifica el artículo 129 del Reglamento del Congreso (Ley 5ª de
1992), en su numeral 16 contempla taxativamente que en el trámite de un
proyecto de ley no se requiere votación nominal y pública cuando exista unanimidad
por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o
parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea
solicitada por alguno de sus miembros. Quiere ello decir que, en el trámite
legislativo de un proyecto de ley, si al momento de llevarse a cabo la votación
del mismo en determinada célula legislativa, existe acuerdo entre todos los
parlamentarios presentes para dar o no trámite a la iniciativa, al igual que
aprobar o hundir el proyecto sometido a su consideración, es viable optar por
el método de votación ordinaria por unanimidad[34] ya que imprime celeridad
en los procedimientos.
En este punto, cabe precisar que la jurisprudencia constitucional ha
sido muy cuidadosa en afirmar que, so pretexto de la celeridad en los
procedimientos, lo que el legislador ha contemplado como una excepción en
materia de votaciones de iniciativas legislativas, no puede convertirse en una
regla general que termine desnaturalizando la votación nominal y
pública que el constituyente diseñó como principal. Lo anterior porque se
desconocería el principio de supremacía de la Constitución y la interpretación
de los regímenes exceptivos previstos en la Carta Política[35].
Dado que las reglas de excepción son de uso restrictivo y siempre deben
apuntar a la realización de los fines de transparencia y publicidad en el
proceso democrático, es que la jurisprudencia constitucional ha entendido que
en el caso de las excepciones a la regla general de votación nominal y
pública, las mismas no pueden ser interpretadas como una vía para eludir el
cumplimiento de los requisitos que la Constitución impone para aprobar
válidamente un proyecto de ley.
Por lo menos así lo ha identificado en las siguientes providencias: (i)
Auto 032 de 2012[36],
en el cual la Corte declaró que la aprobación del informe de objeciones
gubernamentales a un proyecto de ley, aun cuando sea unánime, como no se
encuentra taxativamente relacionada dentro de las excepciones que habilitan la
votación ordinaria, deben entonces cumplirse acudiendo a la regla general de
votación nominal y pública; y, (ii) Auto 118 de 2013[37], en el cual esta
Corporación evidenció la ocurrencia de un vicio de procedimiento en el trámite
de un proyecto de ley estatutaria que fue aprobado en la plenaria del Senado
por votación ordinaria, sin que existiera ningún elemento que permitiera
inferir razonablemente el cumplimiento de la regla de mayorías absolutas para
ese tipo de iniciativas conforme al artículo 153 Superior, ni la existencia de
claridad ni de certeza sobre la voluntad unánime de impartirle aprobación.
Justamente en este último auto en mención (Auto 118 de 2013), la
mayoría de la Corte señaló que “la unanimidad como causal de excepción al
mandato constitucional de votación nominal y pública sólo puede ser de recibo
cuando, en virtud del principio de transparencia, haya claridad en torno a ella
en la aprobación de un proyecto, en lo posible procurando que se pueda
identificar qué congresistas se ausentaron, quienes se abstuvieron, quienes
votaron, y cuál fue el sentido de los que así lo hicieron”. Así mismo, como
parte de la ratio decidendi, precisó que cuando se excepciona la
votación nominal y pública sobre la base de la unanimidad, pero ésta no es
debidamente registrada por la corporación legislativa, se configura un vicio de
inconstitucionalidad. Lo anterior se presenta cuando (i) se constata que
hubo decisión aprobatoria pero no es posible determinar si esta fue o no
unánime a través de los medios idóneos, o (ii) cuando no se conoce el
resultado concreto de la votación. Cualquiera de esas dos situaciones lleva al
desconocimiento de un requisito esencial de validez en el trámite legislativo.
De allí que, como acertadamente lo explicó la Corte en el Auto 118 de
2013, siempre que se acuda a la unanimidad como forma de votación
ordinaria para aprobar una iniciativa legislativa, es imperativo que se pueda
acreditar, de manera clara y suficiente, que tal votación fue unánime y no
simplemente aprobatoria, ello con el fin de constatar si el proyecto de ley ha
contado o no con el quórum decisorio requerido y con las mayorías
constitucionales exigidas para ser ley de la República.
3.1.3. Es más, sobre el punto esta Corporación en el Auto 175 de 2015[38], al
percatarse de la existencia de un vicio de procedimiento subsanable en la
aprobación mediante votación ordinaria por unanimidad en cuarto debate y
en el trámite de conciliación de un proyecto de ley aprobatorio de un Acuerdo
de alcance parcial de naturaleza comercial suscrito entre la República de
Colombia y Venezuela, formuló la siguiente pregunta que adquiere absoluta
relevancia para el presente caso: “¿Cuándo entender que existe unanimidad a
efectos de dar aplicación a la excepción que autoriza la votación ordinaria?”.
Con el fin de dar respuesta al interrogante, en primer lugar precisó
que (i) la Corte Constitucional como órgano encargado de hacer el
control de constitucionalidad, no puede dar por sentada la existencia de la unanimidad
sin una “evidencia razonable” que así lo indique; y que, (ii) el
asumir una “suerte de presunción de unanimidad” para ejercer tal
control, conlleva en la práctica a dejar sin efectos el mandato constitucional
de votación nominal, el cual opera como regla general.
En segundo lugar, recogió y sistematizó unos indicadores que
permiten inferir la existencia de unanimidad[39].
Estos se evidencian (i) “cuando al declarar el resultado de la
votación se deja constancia expresa e inequívoca de la aprobación unánime, ya
sea en el acta de sesión o en alguno de los demás medios probatorios que
registra lo ocurrido durante la votación[40]”;
y, (ii) “cuando en el curso de los debates se dan manifestaciones
indicativas de unanimidad, lo que ocurre, por ejemplo, cuando los informes de
ponencia hayan sido favorables, se aprueba omitir la lectura del articulado[41],
ninguno de los integrantes de la plenaria o comisión solicita la votación
nominal y pública[42]
y, en general, cuando no se registran posiciones contrarias a la aprobación del
proyecto”. Y también señaló que tales
indicadores se desvirtúan cuando se presentan manifestaciones expresas de
oposición al proyecto, cuando alguno o varios de los congresistas solicitan que
la votación se realice acudiendo a la regla general de votación nominal y
pública, o cuando alguno o varios de los parlamentarios dejan constancia de
voto negativo frente al debate estructural de la iniciativa legislativa.
Sin embargo, enfatizó en que aún en los supuestos en los que existe una
evidencia razonable de unanimidad, siempre, en todos los casos, resulta
indispensable que de las actas de sesión y certificaciones se pueda establecer
de manera inequívoca el número de votos con el que fue aprobado un proyecto de
ley, por cuanto esa información es trascendental para acreditar el cumplimiento
a los requisitos constitucionales de quórum decisorio y mayorías,
es decir, en esos medios de prueba se debe precisar el número de parlamentarios
que estaban presentes al momento de abrir el registro de votación y el
resultado de la votación con el cual fue aprobado el proyecto de ley[43]. Además, la
anterior información permite validar el acatamiento de la regla que establece
el artículo 123, numeral 4º de la Ley 5ª de 1992, en el sentido de constatar
que el número de votos emitidos sea igual al número de congresistas habilitados
que estaban presentes en la respectiva Comisión o Plenaria al momento preciso
de efectuar la votación de la iniciativa legislativa.
3.1.4. En este orden de ideas, a título de conclusión, la Sala
considera que la validez de la votación ordinaria por unanimidad como
excepción a la regla general de votación nominal y pública, es predicable
siempre que de la misma se puedan inferir los indicadores señalados, y que del
acta de sesión y certificación respectiva se obtenga información clara y
fidedigna dando cuenta del número de congresistas que participaron en la
votación (registro de votación) y del total de votos que fueron emitidos como
expresión de la voluntad para aprobar el informe de ponencia que propone dar
trámite a un proyecto de ley y la aprobación de la iniciativa en cuanto a su
articulado, título y querer de las células legislativas de que continúe el
procedimiento legislativo o que se convierta en Ley de la República, según sea
el caso. Lo anterior disciplina la práctica legislativa y permite a la Corte
evidenciar el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la
expedición de leyes.
3.2. La existencia verificable del quórum decisorio y del
cumplimiento de la regla de mayorías en los supuestos de aprobación de
proyectos de ley mediante votación ordinaria por unanimidad.
3.2.1. El artículo 157 de la Constitución Política prescribe que
ningún proyecto será ley sin haber sido aprobado en primer debate por la
correspondiente comisión permanente de cada Cámara, y en segundo debate por el
Pleno de cada célula legislativa. Dicha aprobación es considerada un acto solemne
por medio de la cual un funcionario, corporación u organismos adopta una
decisión, en el sentido de respaldar, aceptar, refrendar o asentir válidamente
frente al texto de una iniciativa legislativa o de una proposición, cuyo
estudio corresponde adelantar.
Para que esa aprobación sea válida, la Carta Política diseñó
algunos requisitos de estricto cumplimiento durante el procedimiento de
formación de las leyes ante el Congreso de la República. Puntualmente, el
artículo 145 Superior señala que el Congreso en pleno, las Cámaras o comisiones
no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de la cuarta parte de sus
miembros; es lo que se conoce como quórum deliberatorio.
La existencia del quórum deliberatorio mínimo no permite per se
que los parlamentarios asistentes adopten decisión alguna, por lo tanto, el
mismo artículo en comento establece que las decisiones sólo podrán tomarse con
la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la
Constitución determine un quórum diferente; es decir, se establece como regla
general un quórum decisorio que corresponde a la mitad más uno de los
integrantes habilitados de cada corporación o comisión, quienes deben estar
presentes durante todo el proceso de votación para manifestar su voluntad y
resolver válidamente sobre cualquier asunto sometido a su estudio. Significa lo
anterior que, únicamente se pueden entrar a adoptar decisiones cuando se ha
establecido y certificado con claridad el quórum decisorio,
independientemente de la modalidad de votación que se emplee.
Al estar configurado el quórum decisorio, partiendo de él,
es posible que contabilizada la votación que se realiza en relación con un
proyecto de ley, éste obtenga la debida aprobación por haber cumplido la regla
de mayorías de acuerdo con el artículo 146 Superior, esto es, que la decisión
sea tomada por la mayoría de los votos de los asistentes (mayoría simple),
salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial (mayoría
calificada) como sucede, por ejemplo, con la aprobación de leyes
estatutarias. Sin embargo, la Corte ha dejado claro que en los casos de
proyectos de leyes aprobatorios de tratados internacionales, la mayoría que se
exige para que se surta su aprobación, corresponde a la mayoría simple[44].
3.2.2. Ahora bien, en múltiples ocasiones la jurisprudencia
constitucional ha llamado la atención sobre la necesidad de que las actas y
certificaciones que emiten los secretarios de comisión o plenarias del Congreso
de la República, consignen la información necesaria y precisa que permita
verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales de quórum
decisorio y de mayorías requeridas.
Ejemplo de ello es la sentencia C-008 de 1995[45], en la cual
la Corte declaró inexequible un proyecto de ley estatutaria referente al
ejercicio de la actividad de recolección, manejo, conservación y divulgación de
información comercial, por cuanto en el segundo debate ante la Plenaria de la
Cámara de Representantes no fue posible establecer el quórum decisorio
ni la mayoría calificada con los cuales se aprobó por unanimidad la
iniciativa legislativa. La información requerida no fue posible extraerla de
las Gaceta correspondientes, ni de la certificación emitida por el Secretario
de dicha Plenaria, situación que configuró un vicio de procedimiento
insubsanable. Adicionalmente, motivó un pronunciamiento especial de esta
Corporación señalando que frente a los temas de quórum y de mayorías,
la responsabilidad de los funcionarios que manejan esa información no se limita
a precisar el número de la Gaceta del Congreso en la cual reposa el acta de
sesión, sino que surge la carga probatoria de demostrar mediante
certificaciones exactas “[el] número de asistentes a las
respectivas sesiones, el quórum decisorio con el cual se votó, el número de
votos depositados a favor y en contra del proyecto y el número de miembros de
la comisión o cámara, además de los datos específicos que en cada proceso
solicite el Magistrado Sustanciador”.
Así mismo,
manteniendo esa línea, en el Auto 170 de 2003[46]
se devolvió al Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria porque
de la información contenida en actas y certificaciones, no fue posible
establecer si la aprobación por unanimidad del proyecto en la Plenaria de la
Cámara de Representantes obtuvo la mayoría calificada que exige la
Constitución, ya que solo se informó que había sido aprobada “por la mayoría
de los presentes ciento cincuenta (154) Honorables Representantes a la Cámara”
sin realizar una discriminación de los votos y sin brindar detalles del
resultado de la votación, por lo cual se evidenció un vicio de procedimiento
legislativo.
Más
adelante, en la sentencia C-307 de 2004[47],
la Corte puntualmente exhortó sobre la labor que cumplen los Secretarios de las
comisiones y plenarias, a quienes les corresponde informar de manera fidedigna
el resultado de las votaciones y expedir las certificaciones que demuestren que
la aprobación cumplió con los requisitos constitucionales, especialmente los
atinentes al quórum decisorio y a la regla de mayorías.
3.2.3. Años
después, en los Autos 118 de 2013[48]
y 175 de 2015[49],
esta Corporación constató la existencia de vicios de trámite subsanables,
cuando de la información contenida en las actas y en las certificaciones no se
puede determinar con certeza el número de votos con el que aprobó un proyecto,
y consecuentemente, que el mismo haya sido válidamente aprobado por la mayoría
requerida cuando se ha optado por la votación ordinaria por unanimidad.
En el primer
auto en mención, la Corte señaló que para acreditar el cumplimiento del quórum
decisorio y de la regla de mayorías en un proyecto de ley
estatutaria cuya aprobación se había efectuado por votación ordinaria, no
resultaba suficiente indicar el número de congresistas presentes al momento de
efectuarse el registro de asistencia al comienzo de la sesión porque entonces
sólo se verifica una votación positiva, sino que resulta indispensable señalar
con claridad y certeza la forma cómo se surtió la aprobación por unanimidad del
proyecto, así como la determinación de las mayorías, ya que en el transcurso de
la sesión la práctica legislativa demuestra que el quórum tiende a variar. De
manera que, al evidenciar la configuración de un vicio de naturaleza
subsanable, dispuso la devolución de la iniciativa legislativa al Senado de la
República, en donde se surtió el cuarto debate que era necesario repetir.
Profundizando
aún más esta línea, en el segundo auto en comento (Auto 175 de 2015), la Corte
consideró estructurado un vicio de procedimiento subsanable porque en el cuarto
debate de una ley aprobatoria de tratado internacional y en el trámite de aprobación
de los informes de conciliación en ambas plenarias, no fue posible inferir de
manera razonable a partir de las actas, las constancias secretariales y demás
medios de prueba, el número de congresistas presentes en el recinto al momento
de efectuarse la votación ordinaria del proyecto objeto de control, para
efectos de establecer el cumplimiento de las exigencias de quórum decisorio
y mayorías[50].
En esa
oportunidad, este Tribunal evidenció que el número de asistentes certificados
en el acta no permanece constante durante el curso de la sesión, lo que se
traduce en un quórum variable como práctica legislativa, por ende, señaló como
indispensable contar con información fidedigna expedida por los secretarios de
las corporaciones respectivas o registrada en el acta de sesión, en la cual se
indique con precisión el número de congresistas y de votos con el que se aprobó
el proyecto de ley[51].
De allí, sostuvo que si tales certificaciones no son aportadas o no cuentan con
la información suficiente que permita constatar el cumplimiento de las
exigencias constitucionales, corresponde a la Corte valorar, según el
transcurrir del debate, si al momento de la votación se acreditaron los
requisitos de quórum decisorio y de mayorías. Puntualmente
señaló:
“En los
supuestos en que un proyecto es votado de manera ordinaria, para entender
cumplidas las condiciones constitucionales de validez en su aprobación, es
preciso que, apreciados los medios de prueba permitan inferir la existencia de
voluntad unánime de aprobarlo por parte de los integrantes de la respectiva
comisión o plenaria o, en su caso, que se presenta alguna de las demás
excepciones que habilitan esta modalidad de votación (art. 129 R.C). Pero
además es necesario que exista constancia expresa o, en su defecto, pueda
inferirse de manera razonable a partir de las actas, las constancias
secretariales y demás medios de prueba, el número de congresistas presentes en
el recinto al momento de efectuarse la votación, para efectos de establecer el
cumplimiento de las exigencias de quórum y mayorías.  En relación con esto
último, ante la evidencia de que el número de asistentes certificado en el acta
no permanece constante durante el curso de la sesión, es necesario contar con
certificaciones precisas, expedidas por los secretarios de las corporaciones
respectivas, del número de congresistas y de votos con el que se aprobó el
proyecto de ley objeto de examen. Cuando, como ocurre en el presente caso,
tales certificaciones no son aportadas o no contienen la información precisa,
la Corte deberá examinar, a partir de la manera en que transcurrió el debate,
si al momento de la votación se dio cumplimiento a lo exigido en los artículos
145 y 146 superiores. Si, como ha señalado este Tribunal, la votación no puede
“presumirse ni suprimirse”, tampoco hay lugar a presumir la existencia de
quórum y mayorías, ni a suprimir la constatación de su cumplimiento”.[52]
Además, en
esa ocasión la Corte al analizar el trámite que se llevó a cabo para aprobar el
informe de conciliación en la Plenaria de la Cámara de Representantes[53] del proyecto
de ley que terminó siendo la Ley 1722 de 2014[54],
al requerir el envío de la certificación del quórum, la constancia que
obtuvo reportaba el registro inicial de asistencia de 131 representantes, e
informaba que la consideración y aprobación del informe se hizo “a través de
votación ordinaria (…) siendo ochenta y ocho (88) votos el último resultado de
votación nominal registrada, realizada con anterioridad a la votación de
interés”. De esa certificación arribó a dos conclusiones: (i)
confirmó que el número de parlamentarios que asisten a una sesión no se mantiene
invariable en el curso de la misma, por lo cual el quórum decisorio no
se puede acreditar con el número de asistentes a la correspondiente sesión; y, (ii)
constató que por la manera en que se realizó la votación ordinaria por
unanimidad, ni la propia Secretaría de la Cámara de Representantes logró
establecer con precisión y emitir certificación, frente a cuál fue el quórum
decisorio y el número de votos con el que se aprobó el informe de
conciliación.
Es más, esa
imposibilidad de acreditar el número de representantes presentes al momento
preciso de votar el proyecto de ley aprobatorio de un tratado internacional,
motivó el que la certificación informara como quórum decisorio el número
de votos emitidos en la última votación nominal registrada, situación que una
vez estudiada por la Corte, permitió constatar que entre la votación nominal
anterior más próxima a la votación del proyecto de ley que se controlaba, y la
votación nominal más próxima siguiente al mismo, varió sensiblemente el quórum
al punto que en ésta última, una vez se abrió el registro de votación, se
verificó la disolución del quórum decisorio[55].
Por esa razón, ante la falta de certificación precisa sobre el número de votos
con que se aprobó en esa oportunidad la conciliación en la Cámara de
Representantes, y la inexistencia de datos en el acta de sesión que permitiera
llegar a una conclusión fundada sobre la existencia del quórum decisorio
y el cumplimiento de la regla de mayorías, esta Corporación tuvo por no
acreditadas las exigencias establecidas en los artículos 145 y 146 de la Carta
Política, al igual que el requisito establecido en el artículo 123-4 de la Ley
5ª de 1992, resultando con ello la configuración de un vicio de procedimiento
legislativo.
3.2.4. En el mismo sentido, esta Corporación en la sentencia C-337 de 2015[56] encontró configurado
un vicio insubsanable en la aprobación en segundo debate del proyecto de ley
que finalizó con la expedición de la Ley 1734 de 2014, por medio de la cual se
avalaba el Acuerdo suscrito entre Colombia y la OTAN sobre cooperación y
seguridad de información. En esa oportunidad, la Corte declaró la
inexequibilidad de la referida ley ante la existencia de un vicio insubsanable
derivado de la imposibilidad de verificar con exactitud el número de senadores
que aprobó la iniciativa legislativa en la Plenaria del Senado de la República.
En aquella ocasión, la Sala a pesar de considerar la existencia de
manifestaciones indicativas que permitían inferir la unanimidad en la
aprobación del proyecto de ley mediante el mecanismo excepcional de votación ordinaria,
señaló que ni de las actas de sesión Plenaria ni de la certificación remitida
por el Secretario General del Senado de la República, se podía acreditar con
claridad, certeza y precisión el cumplimiento del quórum decisorio y de
la mayoría requerida para aprobar el proyecto de ley en segundo debate.
Debido a ello, realizó el análisis del desarrollo del debate con el fin
de auscultar si los requisitos constitucionales consagrados en los artículos
145 y 146 de la Constitución fueron satisfechos, a lo cual concluyó que “el
número de parlamentarios que asisten a una sesión no se mantienen invariable en
el curso de la misma, con lo cual la verificación del quórum se torna difícil
de acreditar”[57],
situación que llevó a comparar el registro de asistencia inicial, con los
registros de votación nominal y pública previo más cercano al proyecto de ley
que se controlaba por la Corte, y posterior inmediato al mismo. En el caso
puntual que allí se examinaba, esa comparación permitió establecer que durante
la sesión se presentó una variación sensible del quórum con tendencia a la
baja[58],
al punto que en la votación nominal y pública posterior éste se había
desintegrado, lo que sumado a la ausencia de información fidedigna en el Acta
de Plenaria y en la certificación remitida por el Secretario General del Senado
de la República, impedían determinar la existencia del quórum decisorio y
de la aprobación por la mayoría requerida, así como de la coincidencia
entre el número de votos emitidos y el número de parlamentarios presentes en el
recinto al momento de la votación de ese proyecto de ley en segundo debate.
Ante esa constatación, se estimaron vulnerados los artículos 145 y 146 de la
Constitución, al igual que el artículo 123-4 de la Ley 5ª de 1992.
3.2.5. En
este orden de ideas, de lo anterior la Corte concluye que en los casos en que
un proyecto de ley sea aprobado haciendo uso de la votación ordinaria por
unanimidad como excepción al mandato constitucional de votación nominal
y pública, resulta indispensable que tanto las actas de sesión, como las
certificaciones que emitan los secretarios de las comisiones y plenarias,
señalen con claridad, certeza y precisión el número de congresistas presentes
en el recinto al momento de realizarse la votación ordinaria y el número de
votos emitidos para tener por aprobada la iniciativa legislativa, toda vez que
ante la variación del quórum en el transcurso de una sesión como
práctica parlamentaria, esos datos permiten inferir razonablemente el
cumplimiento de las exigencias de quórum decisorio y de mayorías
que la Carta Política impone para que un proyecto se convierta en ley de la
República. Si de las actas y certificaciones respectivas no fluye evidente esa
información, corresponde a la Sala evaluar el desarrollo del debate con miras a
establecer si, a partir de los registros de las votaciones nominales anterior y
posterior a la iniciativa legislativa objeto de control, es viable acreditar
los requisitos que consagran los artículos 145 y 146 de la Constitución, así
como el artículo 123-4 de la Ley 5ª de 1992.
Y es que lo
anterior adquiere especial relevancia porque la regla general para emitir
votaciones en Leyes Aprobatorias de Tratados, es la votación nominal y pública.
Si bien se permite como excepción la votación ordinaria para impartir su
aprobación, es indispensable que de ella se logre establecer quiénes estaban
presentes al momento de realizar la votación y cuál fue el sentido del voto que
emitieron, ello con el fin de definir dos temas importantes: de un lado, el
cumplimiento del quórum decisiorio y de la regla de mayorías como
se ha explicado, y del otro lado, permite a los electores efectuar un control
político a la forma como están votando los representantes que eligieron.
Entonces, si esa información no se logra obtener de la votación ordinaria,
difícilmente se tendrán por acreditadas las exigencias constitucionales para la
aprobación de instrumentos internacionales y su vinculación al derecho interno.
Justamente ello desvirtúa que se pueda predicar la existencia de una presunción
en la correcta configuración del quórum, por cuanto la práctica parlamentaria
enseña que su verificación no se presenta cada vez que se haya a adelantar una
votación, sino al principio de la sesión respectiva o cuando alguno de los
congresistas presentes así lo solicita. Por consiguiente, la Corte estima que
de la votación ordinaria se debe advertir quiénes estuvieron presentes al
momento de realizarla y cuál fue el sentido del voto emitido, información que
debe ser consignada en las actas respectivas publicadas en la Gaceta del
Congreso y debe constar en la certificación que remiten los Secretarios a esta
Corporación.
3.3. La aprobación de los informes de ponencia como parte del
trámite legislativo que debe surtir en Plenarias un proyecto de ley y su
desconocimiento cuando no se logra acreditar la existencia de quórum decisorio
y del cumplimiento de la regla de mayorías.
3.3.1. De acuerdo con el artículo 160 de la Constitución Política,
todo proyecto de ley o de acto legislativo deberá contener un informe de
ponencia tanto en las comisiones como en las Plenarias, pero en éstas últimas
dicho informe debe consignar la totalidad de las propuestas que fueron
consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo. Justamente,
la función que cumple el informe de ponencia es permitir que los miembros del
pleno de cada célula legislativa conozcan el tema global del proyecto de ley,
de tal forma que se realicen un examen serio, razonado y detallado del asunto
que se somete al trámite legislativo. Es entonces el informe de ponencia un
elemento importante en la formación de la voluntad de las Cámaras porque
garantiza un debate abierto y democrático del proyecto de ley, fundado en el
conocimiento que habilite la toma de decisiones con racionalidad mínima.
Sobre este punto, la sentencia C-816 de 2004 indicó que “el
informe de ponencia es un elemento de suma importancia en la formación de la
voluntad democrática de las cámaras.  En efecto, es a través del informe de
ponencia que los miembros del pleno de cada célula legislativa conocen el tema
global del proyecto y pueden expresar, a través de la aprobación del informe,
su acuerdo o desacuerdo con el mismo. En esa medida, la obligatoria
presentación de un informe de ponencia desarrolla el principio de publicidad,
que es esencial a la formación de la voluntad democrática de las cámaras. Y es
que los debates en el Congreso deben estar precedidos de una presentación
pública de las razones que justifican la adopción de una ley o acto
legislativo.  Por ello en numerosas oportunidades, esta Corte ha resaltado la
importancia de la publicación de la exposición de motivos y de los informes de
ponencia, como requisito de racionalidad y publicidad de la deliberación y
decisión de las cámaras”[59].
De allí que no resulte suficiente la presentación del informe de
ponencia, sino que, al menos en las Plenarias, dicho informe debe ser
eventualmente debatido y en todo caso votado, antes de que la cámara pueda
entrar en el examen específico del articulado. Como bien lo indicó la sentencia
C-313 de 2014[60],
la expresión “deberá dársele el curso correspondiente” que fija el
inciso 4º del artículo 160 Superior, refiere a que el informe de ponencia debe
ser publicado previamente por cuanto constituye una herramienta para explicar
objetivamente el contenido del proyecto de ley y para darle publicidad al
mismo, pero además implica el eventual debate y la aprobación por las mayorías
parlamentarias requeridas.
Al respecto, la sentencia C-360 de 2016[61] señaló que
según el Reglamento del Congreso y la Carta Política, “durante el trámite en
comisiones, si el informe termina con propuesta para debatir el proyecto, se
procederá en consecuencia sin necesidad de votación del informe. Por el
contrario, si la ponencia propone archivar o negar el proyecto, se debatirá
esta propuesta y se pondrá en votación al cierre del debate. // Por el contrario,
cuando se trata de las plenarias, previo a la discusión específica del
articulado, debe realizarse la votación del informe de ponencia. En
efecto, el artículo 176 de la Ley 5 de 1992 dispone que el ponente debe
presentar el informe a la plenaria, explicando ‘en forma suscinta la
significación y alcance del proyecto. Luego, podrán tomar la palabra los
congresistas y los ministros del despacho’. Seguidamente, la norma prevé los
efectos de la aprobación del informe señalando que ‘si la proposición con que termina
el informe fuere aprobada, el proyecto se discutirá globalmente, a menos que un
ministro o un miembro de la respectiva cámara pidiera su discusión
separadamente a alguno o algunos artículos.’ // Así, de conformidad con lo
expuesto, cuando el debate debe realizarse en las plenarias la aprobación
del informe de ponencia se constituye como un requisito previo a la discusión y
votación del articulado” (negrillas fuera del texto original).
Lo anterior permite señalar que según el artículo 176 del Reglamento
del Congreso, en el caso puntual de las Plenarias, el efecto jurídico de la
aprobación del informe de ponencia no es otro que permitir que el trámite
legislativo prosiga con su siguiente etapa, esto es, la discusión del
articulado previa a su votación. Contrario sensu, la falta de aprobación del
informe ocasiona, indefectiblemente, que no pueda continuarse con dicho trámite.
3.3.2. Advertida tal situación, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que los debates en las Plenarias del Congreso de la República
cuentan con dos momentos distintos y plenamente separados: una fase general y
una fase específica. En la primera de ellas (general), “las plenarias
abordan el debate general del contenido y de las orientaciones básicas del
proyecto de ley o acto legislativo, y deben entonces manifestar su conformidad
o rechazo con dicha orientación general; por consiguiente, únicamente si la
plenaria manifiesta su acuerdo con la orientación general del proyecto, pueden
entrar en la segunda fase”[62],
y en la segunda fase denominada específica, contando con la aprobación del
informe de ponencia, se abre la discusión y votación concreta del articulado
del proyecto de ley.
Y esa distinción resulta relevante en la medida en que “la
votación favorable del informe de ponencia por la plenaria es una aprobación prima
facie del proyecto como un todo, que constituye un requisito previo para la
discusión y votación del articulado. Este paso, que cierra la fase de “debate
general” del proyecto y permite entrar en el “debate específico” del
articulado, tiene una finalidad constitucionalmente clara: no sólo racionaliza
la formación de la voluntad democrática de las cámaras sino que, además,
introduce un principio de economía en la actividad legislativa, pues evita el
desperdicio de esfuerzos en la discusión y votación de un articulado, que no
tiene la posibilidad de ser aprobado, ya que el proyecto en general no cuenta
con las mayorías constitucionalmente requeridas”.
3.3.3. Ahora bien, cabe preguntarse entonces ¿qué acontece si el
informe de ponencia es aprobado sin contar con el quórum decisorio requerido y,
por ende, sin el cumplimiento de las mayorías necesarias?
Para dar respuesta a ello, en primer lugar debemos señalar que la
falta de aprobación debida del informe de ponencia no implica que el proyecto
haya sido expresamente negado porque esa decisión no fue manifestada en la
Plenaria; tampoco implica per se un archivo del mismo en la medida en
que las causas de archivo se encuentran taxativas en el Reglamento del Congreso[63]. No
obstante, del artículo 176 de la Ley 5ª de 1992 se desprende como efecto
jurídico la imposibilidad de poder continuar con el trámite del proyecto de
ley, pues sin agotarse debidamente la fase general del debate del informe de
ponencia, no es posible asumir la aprobación de la iniciativa en la fase
específica del articulado. Básicamente se presenta el fenómeno que la costumbre
parlamentaria ha denominado “hundimiento”[64],
es decir, ante la falta de las mayorías necesarias y de la aprobación
cumpliendo los requisitos constitucionales, el trámite no puede continuar.
En segundo lugar, como en el caso puntual de las leyes
aprobatorias de tratados éstas deben seguir el trámite de una ley ordinaria, en
ese sentido la votación del informe de ponencia en las Plenarias debe contar
con la integración debida del quórum decisorio (artículo 145 Superior) y con la
acreditación de que la decisión fue tomada por la mayoría de votos de los
asistentes (mayoría simple) que establece como regla general el artículo
146 ibídem. Para ello, la información que reportan las Actas de Plenaria
y la certificación del Secretario de cada cámara, resultan fundamentales para
demostrar tales requisitos constitucionales mediante la consignación de
información clara y precisa.
3.3.4. De lo anterior se desprende, a título de respuesta a la
pregunta planteada, que en el caso de las leyes aprobatorias de tratados que
surten el trámite ordinario de las demás leyes, si en las Plenarias el informe
de ponencia es aprobado sin la conformación del quórum decisorio necesario y
sin que se logre acreditar la regla de mayorías requerida, se constituye un
vicio de procedimiento en el trámite legislativo ante la imposibilidad de avanzar
en el estudio específico del articulado del proyecto de ley sin agotar en
debida forma constitucional la fase general de debate del mismo.
3.4. La imposibilidad de verificar con exactitud el número de
senadores que aprobó la proposición positiva con que termina el informe de
ponencia para segundo debate, deriva en la configuración de un vicio
insubsanable en el caso bajo estudio.
3.4.1. Del estudio detallado del trámite legislativo que surtió el
proyecto de ley 059 de 2014 ante la Plenaria del Senado de la República, la
Corte evidenció el cumplimiento de los requisitos de publicación de la
iniciativa antes de su discusión y aprobación, y de anuncio previo llevado a
cabo los días 6 y 19 de mayo de 2015, sesiones en las que se informó que la
iniciativa sería objeto de discusión y aprobación en las sesiones plenarias del
12 y 20 de mayo de 2015 [Supra, numerales 2.2.1.5. a 2.2.1.8.].
3.4.2. Ahora bien, la discusión de ese proyecto de ley se cumplió
en dos momentos: El primero que correspondió a la fase general del debate donde
se sometió a consideración y aprobación la proposición positiva con que
terminaba el informe de ponencia presentado por el senador ponente Jimmy
Chamorro Cruz, cuya sesión se adelantó el 12 de mayo de 2015; y el segundo en
el cual se adelantó la fase específica del debate donde se consideró y aprobó
por la Plenaria del Senado la omisión de lectura del articulado, el articulado
en bloque, el título del proyecto de ley 059 de 2014 Senado, y la voluntad de
esa célula legislativa de que continuara el trámite en la Cámara de
Representantes. Esta última fase tuvo lugar en la sesión llevada a cabo el 20
de mayo de 2015.
En el presente caso, la atención de la Corte se centrará en la
forma cómo se impartió aprobación al informe de ponencia en la Plenaria del
Senado de la República el día 12 de mayo de 2015, por cuanto no se advierten
cumplidos los requisitos que exige la Constitución Política.
Respecto a la sesión del 20 de mayo de 2015 no existen reparos
porque la fase específica del debate del proyecto de ley 059 de 2014 fue
aprobada mediante votación nominal y pública contando con el voto positivo
de 52 senadores. De lo anterior se desprende el cumplimiento del quórum
decisorio, de la mayoría simple requerida para impartir la debida aprobación a
la iniciativa y, de la coincidencia de los votos emitidos con el número de
senadores presentes en el recinto al momento de adelantarse la votación.
3.4.2.1. Concentrándonos en la sesión Plenaria del 12 de mayo de
2015, la Corte advierte que de la información que reposa en el acta de sesión
Plenaria No. 57 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 586
de 2015, y de la certificación que remitió el Secretario General del Senado de
la República, no se logra inferir de forma razonable la existencia de
unanimidad en la aprobación de la proposición positiva con que terminaba el
informe de ponencia para segundo debate. Solo se logra establecer la aprobación
por consenso toda vez que no se encuentran satisfechos los indicados que
permiten inferir la unanimidad. Ello imposibilita determinar la existencia del quórum
decisorio (art. 145 de la C.P.), la aprobación por la mayoría requerida
(art. 146 ibídem) y la coincidencia entre el número de votos emitidos y el
número de parlamentarios presentes en el recinto al momento de la votación del
informe de ponencia correspondiente al proyecto de ley 059 de 2014 Senado (art.
123-4 de la ley 5ª de 1992), como a continuación se expondrá.
En primer lugar, el Acta de Plenaria No. 57 de 2015 da cuenta de
que la proposición positiva con que termina el informe de ponencia para segundo
debate del proyecto de ley 059 de 2014, fue sometida a consideración de la
Plenaria del Senado de la República y cerrada su discusión, “esta le imparte
su aprobación”. La información así consignada no declara que el resultado
de la votación expresa e inequívocamente haya sido la de aprobar el informe de
ponencia por unanimidad, pues refiere sólo a su aprobación sin constatar
cuántos senadores estaban presentes al momento de registrarse la votación y
cuántos de ellos emitieron su voto favorable.  Sumado a ello, seguidamente la
senadora Paola Andrea Holguín Moreno pidió a la Plenaria reflexionar sobre el
contenido del Tratado sobre Comercio de Armas respecto del derecho a la verdad
que tienen las víctimas y el acuerdo de paz que en ese momento se estaba
negociando en la Habana – Cuba. Lo anterior puso de presente la posible
existencia de votos negativos en el debate, lo que motivó que el Secretario de
la Plenaria del Senado de la República sugiriera adelantar la votación de forma
nominal y pública. Estas dos situaciones en cometo, debilitan el que la Corte
pueda inferir la existencia de unanimidad en la aprobación de la fase inicial o
general del segundo debate del proyecto de ley 059 de 2014 Senado.
Lo propio acontece si se analiza la certificación que fue remitida
por el Secretario General del Senado de la República, quien informó que la
aprobación del proyecto de ley 059 de 2014 se llevó a cabo el día 20 de mayo de
2015 mediante votación nominal y pública contando con 52 votos favorables, pero
nada dijo respecto a la aprobación del informe de ponencia para segundo debate
y menos refirió a la totalidad de votos emitidos sobre el punto en la sesión
Plenaria del 12 de mayo de 2015.  Ni siquiera el documento denominado “Sustanciación
Segunda Ponencia y Texto Definitivo” que envió a la Corte brinda
información concreta respecto a la forma cómo se aprobó la proposición positiva
con que finaliza el informe de ponencia para segundo debate. Entonces, como se
pone de presente, de tal magnitud es la dificultad para establecer la manera en
que se registró en el acta de sesión esa votación ordinaria, que ni la
Secretaría del Senado pudo constatar o explicar cómo se surtió la misma.
Así las cosas, la Corte considera que no se encuentra acreditado el
cumplimiento de los indicadores para determinar la unanimidad en esa votación,
habida cuenta que la expresión “esta le imparte su aprobación” solo
permite advertir la existencia de un consenso aprobatorio sin que de ello se
pueda fijar un criterio de votación ordinaria por unanimidad con el
cumplimiento de los requisitos constitucionales.
3.4.2.2. En segundo lugar, ante la falta de claridad y precisión
en la información, corresponde a la Corte analizar el transcurrir del debate
que se adelantó el 12 de mayo de 2015 en la Plenaria del Senado de la
República, con el fin de auscultar si los requisitos constitucionales
consagrados en los artículos 145 y 146 Superiores, fueron satisfechos al momento
de aprobar la proposición positiva con que terminaba el informe de ponencia del
proyecto de ley 59 de 2014 Senado.
De acuerdo con la Gaceta del Congreso 586 del 10 de agosto de
2015, que contiene el texto del Acta No. 57 de la sesión ordinaria que se llevó
a cabo el 12 de mayo de 2015 en la Plenaria del Senado de la República, la Sala
constata lo siguiente: (i) al inicio de la sesión siendo las 4:10 pm, el
registro de asistencia reportó la presencia en el recinto de 95 senadores
y la ausencia justificada de 7 parlamentarios; (ii) una vez culminó el
registro de asistencia, la Secretaría informó la existencia de quórum
deliberatorio; (iii) seguidamente se procedió a dar lectura al orden
del día y se realizó el anuncio de los proyectos de ley para discusión y
aprobación en la siguiente sesión plenaria; (iv) hechos los anteriores
anuncios, la Secretaría informó que se encontraba constituido el quórum
decisorio y procedió a someter a consideración de la Plenaria el orden del día
para esa sesión, siendo el mismo aprobado.
En este punto de la sesión, (v) intervino el senador Óscar
Mauricio Lizcano Arango dejando una constancia y anunciando un debate de
control político a varios funcionarios del Gobierno Nacional por la crisis
cafetera que evidencia en el país; luego de ello 6 senadores intervinieron ante
la Plenaria dejando constancias sobre temas varios. Seguidamente (vi)
intervinieron el senador Alfredo Maya Ramos quien realizó una exposición
manifestando su inconformidad respecto a la forma como fue conciliado el Plan
Nacional de Desarrollo; los senadores Juan Carlos Restrepo Escobar, Efraín José
Cepeda y Germán Darío Hoyos aclarando algunos puntos frente a la conciliación
del mencionado Plan; y el senador Alfredo Rangel Suárez quien expuso sus
preocupaciones y posición frente a la suspensión de las fumigaciones con
glifosato por parte del Gobierno Nacional. Después de ello (vii) 3
senadores intervienen dejando diversas constancias y el senador Carlos Felipe
Mejía retomó en una larga intervención, la propuesta que el Partido Centro
Democrático realizó a la Plenaria de efectuar un debate de control político
sobre la coyuntura de crisis de la caficultura. Más adelante, varios senadores
centraron sus intervenciones en manifestar el desacuerdo por la propuesta del
Gobierno Nacional de vender Isagen.
En este momento de la sesión, (viii) un senador llamó la
atención para que el orden del día fuese retomado, por lo cual la Mesa
Directiva dio trámite al punto III, procediendo a votar y aprobar 4
proposiciones sobre citaciones a altos funcionarios del Estado. Luego, (ix)
se sometió a consideración de la Plenaria la proposición 132 presentada por el
senador Roy Barreras en la cual solicitaba a la plenaria aplazar la citación a
debate a varios Ministros por la venta de Isagen. Frente a dicha proposición
intervinieron 10 senadores, algunos apoyándola y otros solicitando la
desaprobación; seguidamente, la proposición fue sometida a consideración de la
Plenaria y la votación se cumplió de forma nominal y pública con el siguiente
resultado: 32 votos por el SI y 29 votos por el No, para un total de 61
votos emitidos por los presentes.
A continuación, se presentó la proposición 155 correspondiente a
la reprogramación del debate a varios Ministros por la venta de Isagen, y
después de ello se abordó el punto IV del orden del día denominado “lectura de
ponencias y consideración de proyectos en segundo debate. El primer proyecto de
ley del cual se ocupó la Plenaria fue el 059 de 2014 Senado, que corresponde al
que actualmente es materia de control procedimental. Para tal fin, el senador
ponencia Jimmy Chamorro Cruz realizó una detallada exposición del contenido e
incidencia del Tratado sobre Comercio de Armas, luego se dio lectura a la
proposición positiva con que finaliza el informe de ponencia para segundo
debate, se sometió a consideración y cerrada la discusión, se le impartió
aprobación. Seguidamente, intervino de forma breve la senadora Paola Andrea
Holguín y luego de ello se sometió a consideración de la Plenaria la omisión de
lectura del articulado y el articulado en bloque del proyecto de ley 059 de
2014 Senado, realizando la votación de forma nominal y pública con un registro
de 46 votos por el SI y 2 votos por el NO, para un total de 48 votos
emitidos por los presentes. Debido a ese resultado con el cual se evidenció
la desintegración del quórum decisorio, se suspendió la votación de la fase
específica del debate y luego se levantó la sesión siendo las 6:31 pm.
Pues bien, una vez analizado el transcurrir del debate, la Sala
confirma que el número de parlamentarios que asisten a una sesión no se
mantiene invariable en el curso de la misma, con la cual la verificación del
quórum se torna difícil de acreditar. Precisamente, en el presente caso el
registro inicial de asistencia da cuenta de la presencia en el recinto de 95
senadores, pero el registro de votación previo más cercano al proyecto de ley
bajo control registra una votación efectiva de 61 votos, y el posterior que
además corresponde a la fase específica del debate del proyecto de ley 059 de
2014 registró 48 votos, lo que representa una variación sensible.
Así mismo, evidencia que en el caso bajo estudio la forma como se
llevó a cabo la votación del informe de ponencia para segundo debate y como fue
registrada en el acta de sesión correspondiente, impiden establecer con
precisión el quórum decisorio y el número de votos con que se aprobó la
proposición positiva de dicho informe. Es más, el desarrollo de la sesión
Plenaria da cuenta de la variación del quórum decisorio con tendencia a
la baja, agravado por la votación nominal y pública que seguidamente se realizó
de la omisión de lectura y el articulado en bloque del proyecto de ley 059 de
2014, la cual dejó en evidencia la desintegración del quórum decisorio al
solo registrarse 48 votos. Esa situación lleva a la Sala a poner en duda que al
momento de impartirse aprobación al informe de ponencia para segundo debate, el
quórum decisorio estuviera conformado dado su cercanía con la votación nominal
y pública que acreditó la desintegración de dicho quórum. Con ese horizonte, se
advierte el incumplimiento de las exigencias que consagran los artículos 145 y
146 de la Constitución Política, pues tampoco fue posible determinar si se
acreditó la regla de mayoría simple para aprobar el informe de ponencia.
Por consiguiente, ante la inexistencia de datos en el acta de
sesión Plenaria del 12 mayo de 2015 y la imprecisión en la certificación que
fue remitida por el Secretario del Senado de la República, la Corte no cuenta
con elementos que le permitan establecer la existencia del quórum decisorio
(art. 145 de la C.P.), la aprobación por la mayoría requerida (art. 146 ibídem)
y la coincidencia entre el número de votos emitidos y el número de
parlamentarios presentes en el recinto al momento de impartir aprobación a la
proposición positiva con que finaliza el informe de ponencia en segundo debate
(art. 123-4 de la Ley 5ª de 1992).
Es más, según se explicó, si en las Plenarias el informe de
ponencia es aprobado sin la conformación del quórum decisorio necesario y sin
que se logre acreditar la regla de mayorías requerida, se constituye un vicio
de procedimiento en el trámite legislativo ante la imposibilidad de avanzar en
el estudio específico del articulado del proyecto de ley sin agotar en debida
forma constitucional la fase general de debate del mismo.
Además de ello, el vicio evidenciado respecto a la imposibilidad
de verificar la unanimidad en el voto en razón de la imprecisión del acta y de
las certificaciones, lleva a la Corte a afirmar que se predica un
incumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley
1431 de 2011, el cual consagra que “la verificación de la votación ordinaria
debe surtirse por el mismo procedimiento que la votación nominal y publica, es
decir deberá arrojar el resultado de la votación y el sentido del voto de cada
congresista”. Como se adujo, en el presente caso es imposible verificar esa
regla, generando un desconocimiento de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del
Congreso).
3.4.3. Decisión a adoptar. Carácter insubsanable del vicio: Con
el fin de lograr una concreción del principio de conservación del derecho y una
manifestación del principio democrático, de forma reiterada la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la posibilidad de subsanar vicios de procedimiento
que le permitan al Congreso corregir los yerros constitucionales en los cuales
haya incurrido. No obstante lo anterior, ha identificado que esa idea de
corregir el procedimiento legislativo resulta viable cuando ya se ha formado
válidamente la voluntad política de una de las cámaras, porque de lo contrario
nos ubicaríamos en la existencia de un vicio insubsanable.
Así, desde la sentencia C-737 de 2001[65], la Corte
estableció como criterio básico para proceder al saneamiento de un vicio de
trámite legislativo, el que no implique de suyo rehacer una etapa estructural
del procedimiento, ya que ello difiere del concepto de subsanar o corregir
la irregularidad y supone la repetición integral del trámite. Desde esa óptica,
indicó que no es la gravedad del vicio la que determina su carácter de
subsanable o insubsanable, sino la posibilidad real de corregirlo realizando un
análisis sobre la razonabilidad de la corrección.
En procura de desarrollar ese criterio de razonabilidad, esta
Corporación en sentencia C-576 de 2006[66]
fijó y sistematizó unos parámetros de evaluación judicial, para determinar en
qué eventos resulta subsanable un vicio de procedimiento legislativo y cuándo exige
la declaratoria de inexequibilidad porque el vicio tiene la connotación de ser
insubsanable. Son los siguientes: “(i) el cumplimiento de las etapas
básicas y estructurales del proceso legislativo, establecidas en el artículo
157 de la Carta; (ii) el contexto dentro del cual se presentó el vicio; (iii)
la garantía de los derechos de las minorías a lo largo del debate parlamentario
y del principio democrático en la votación del proyecto de ley; (iv) el tipo de
ley de que se trata y su evolución a lo largo del debate parlamentario.”
Justamente, frente al último parámetro en mención, esa misma
sentencia señaló que cuando se refiere al trámite de leyes que aprueban
tratados o convenios internacionales, se debe recordar que éstas surten el
mismo procedimiento de las leyes ordinarias pero el trámite del proyecto de ley
debe iniciar en el Senado de la República, por lo cual, “la
condición esencial de subsanabilidad es que el Senado se haya pronunciado de
tal forma que la Cámara donde por mandato constitucional ha de iniciarse el
trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de un tratado ha expresado de
manera completa su voluntad. Así, una de las etapas estructurales del trámite,
v.gr., la aprobación por el Senado, habrá concluido a plenitud sin vicio alguno”.
Quiere ello decir que en los eventos en que el vicio se presente antes de que
el Senado de la República haya formado adecuadamente su voluntad política, el
yerro tendrá el carácter de insubsanable y tendrá por consecuencia la
declaratoria de inexequibilidad de la ley.
En el mismo
sentido, la Corte en sentencia C-399 de 2011[67]
al efectuar el control de constitucionalidad de la una ley que aprobaba el “Protocolo
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la
pena de muerte”[68],
constató la existencia de un vicio de procedimiento legislativo en la cadena de
anuncios porque el proyecto fue anunciado y votado en la misma sesión, cuando
se estaba adelantando el segundo debate ante la Plenaria del Senado de la
República; lo anterior motivó la declaratoria de inexequibilidad de la ley
aprobatoria del tratado reiterando que si el yerro se presentó “hasta la
votación en la Plenaria del Senado se considera como un vicio en el trámite
legislativo insubsanable (…). Así las cosas, en estos supuestos corresponde a
la Corte declarar la inexequibilidad de la ley aprobatoria y, por su parte, al
Congreso de la República reiniciar, desde el primer momento, el trámite de la
totalidad del proceso de aprobación legislativa”.
Siguiendo
esa misma línea argumentativa, en la sentencia C-134 de 2014[69] esta Corporación
verificó que durante el segundo debate de un proyecto de ley aprobatorio de
tratado en el Senado de la República, se incurrió en un vicio de procedimiento
legislativo insubsanable porque la votación ordinaria de la iniciativa no fue
unánime y se omitió realizar la votación nominal que funge como regla
constitucional. En esa oportunidad precisó que “existe una regla consolidada
en relación con el carácter insubsanable de los vicios de trámite de las leyes
aprobatorias de tratado, cuando estos se presentan antes de haberse cumplido el
segundo debate, pues solo en ese momento puede considerarse que se ha formado
la voluntad de una de las cámaras legislativas”. Por ende, declaró
inexequible la ley aprobatoria de tratado.
De igual
forma, en la sentencia C-337 de 2015[70]
la Corte declaró la existencia de un vicio de procedimiento legislativo en el
segundo debate de una ley aprobatoria de tratado, porque no logró acreditarse
el cumplimiento de su aprobación con el quórum decisorio y las mayorías
requeridas. Como tal vicio se presentó en la fase inicial del trámite, antes de
que se conformara la voluntad del Senado de la República, se indicó que su
naturaleza era insubsanable.
En ese
orden de ideas, aplicando el precedente constitucional expuesto al caso
concreto, la Sala considera que el vicio de procedimiento legislativo
relacionado con la imposibilidad de verificar el cumplimiento del quórum
decisorio y de la regla de mayorías en el momento preciso de
llevarse a cabo la votación en segundo debate ante la Plenaria del Senado de la
República de la proposición con que finaliza el informe de ponencia, tiene el carácter
de insubsanable porque se dio en una etapa estructural del trámite
legislativo cuando aún no se había formado la voluntad democrática y política
de la cámara a la cual le corresponde por mandato constitucional expresar su
inicial beneplácito por tratarse de una ley aprobatoria de tratado.
Siendo ello
así, la Corte declarará la inexequibilidad de la Ley 1782 del 20 de mayo de
2016, para que el Congreso de la República, si lo considera pertinente,
reinicie la totalidad del procedimiento de aprobación legislativa tendiente a
incorporar al ordenamiento jurídico interno el ‘Tratado sobre el Comercio de
Armas” adoptado por las Naciones Unidas mediante resolución 67/234 B de 2
de abril de 2013 y suscrito en Nueva York el 24 de septiembre de 2013, dando
cumplimiento a los requisitos constitucionales y legales pertinentes.
3.4.4. Por
último, si bien en el presente caso la declaratoria del vicio de procedimiento
insubsanable apareja la inexequibilidad del Tratado sobre el Comercio de Armas
sin que de ello se deriven otras sanciones específicas y responsabilidades
individuales de los funcionarios por no ser competencia de esta Corporación, la
Corte estima necesario hacer un llamado a los Secretarios de las Comisiones y
de las Plenarias del Congreso, en especial al Secretario General del Senado de
la República, para que asuman con diligencia la orientación del procedimiento
legislativo y el reporte de los resultados obtenidos, con el fin de garantizar
el cumplimiento de los requisitos constitucionales al momento de efectuar las
votaciones respectivas y dotar de legitimidad la vinculación del instrumentos
internacional al derecho interno. De allí que resulte relevante insistir en el
reporte preciso de la información consignada en las Actas que son publicadas en
la Gaceta del Congreso y en las certificaciones que son remitidas a este
Tribunal Constitucional.
4.
Conclusiones.
De
conformidad con lo analizado, la Corte concluye que para el asunto bajo examen
no resultan acreditados todos los requisitos propios del trámite de las leyes
que aprueban un tratado internacional, y que el vicio de procedimiento que se
configura es de carácter insubsanable por cuanto en el momento preciso de
llevarse a cabo la votación del informe de ponencia para segundo debate del
proyecto de ley 059 de 2014 ante la Plenaria del Senado de la República, ni del
acta de sesión ni de la certificación respectiva es posible acreditar las
exigencias constitucionales de quórum decisorio y de la aprobación por
la mayoría simple, así como tampoco se logra establecer el requisito
legal que consagra el artículo 123-4 de la Ley 5ª de 1992. Como la
irregularidad que se evidencia tuvo lugar en una etapa estructural del proceso
legislativo y afecta la conformación democrática de la voluntad parlamentaria
del Senado de la República, la Ley 1782 de 2016 “por medio de la cual se
aprueba el ‘Tratado sobre el Comercio de Armas’, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de
2013 y suscrito en la ciudad de Nueva York, el 24 de septiembre de 2013”, resulta
inexequible como a continuación se reflejará en la parte resolutiva de esta
sentencia.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar INEXEQUIBLE
la Ley 1782 de 2016, “por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre
el Comercio de Armas’, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante Resolución 67/234 B de 2 de abril de 2013 y suscrito en la ciudad de
Nueva York, el 24 de septiembre de 2013”.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
archívese el expediente y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
AQUILES ARRIETA GÓMEZ
Magistrado (E)
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cfr.
Folio 33 del cuaderno principal.
[2] Cfr. Folio 34 del cuaderno principal.
[3] Cfr.
Folios 1 a 12 del cuaderno 2. En la GC 405 del 11 de agosto de 2014, se pueden
consultar las páginas 11 a 23.
[4] Cfr.
Folios 13 a 18 del cuaderno 2. En la GC 616 del 10 de octubre de 2014, la
ponencia para primer debate se encuentra consignada en las páginas 1 a 11.
[5] Al
respecto se pueden consultar la sentencias C-621 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva) C-982 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa), C-639 de 2009 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva) y C-533 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[6] Cfr. folio 1 del cuaderno 2.
[7] En
la Gaceta del Congreso No. 160 del 27 de marzo de 2015 (pág. 1), se observa que
al inicio de la sesión respondieron al llamado a lista 6 senadores integrantes
de la Comisión, con lo cual el señor Secretaría informó que existía quórum
deliberatorio. Luego de leer el orden del día, en el transcurso de la sesión,
se hicieron presentes 5 senadores más, para un total de 11 senadores con los
cuales se integró debidamente el quórum decisorio, el cual fue reportado por el
Secretario de la Comisión. Una vez aprobado el orden del día con modificaciones
(pág. 5), de forma inmediata se asumió el estudio de varias proposiciones de
citación a altos funcionarios estatales contando con varias intervenciones de
los congresistas de la Comisión (por lo menos 8 de ellos intervinieron
activamente durante los puntos II y III del orden), pudiéndose verificar de
esta forma su permanencia en el recinto al momento de votar el proyecto de ley
contentivo del Tratado bajo estudio que correspondió al tercer punto del orden
del día.
[8] Cfr.
Anverso folio 1 cuaderno 2.
[9] Cfr.
folios 27 a 32 del cuaderno 2.
[10] Remitida en medio magnético que obra a folio 37 del cuaderno 1.
[11] La
proposición No. 132 que presentó el senador Roy Barreras solicitando aplazar el
debate a varios Ministros por la venta de Isagen, fue aprobada mediante
votación nominal y pública que contó con 32 votos por el SI y 29 votos por el
NO, para un total de 61 votos emitidos por los presentes.
[12] Remitida en medio magnético que obra a folio 37 del cuaderno 1.
[13] Gaceta
del Congreso No. 560 de 2015, páginas 11 y 12, y la parte final de la página
95.
[14] Remitida en medio magnético que obra a folio 37 del cuaderno 1.
[15] Cfr. folio 36 del cuaderno principal.
[16] Cfr. Folios 26 y 27 del cuaderno 1.
[17] Cfr. Folio 142 del cuaderno 2.
[18] Cfr. Folio 36 del cuaderno 1.
[19] Remitida
en medio magnético que obra a folio 44 del cuaderno 1. Allí se puede
consultar la Gaceta del Congreso No. 760 de 2015, en cuyas páginas 13 a 23 se
encuentre el texto de informe de ponencia para primer debate en Cámara de
Representantes, es decir, tercer debate del trámite legislativo ordinario.
[20] Cfr.
Folios 47 y 48 del cuaderno 1.
[21] Cfr.
Folios 55 a 78 del cuaderno 1. En la Gaceta del Congreso No. 887 del 5 de
noviembre de 2015, se puede consultar la página 42.
[22] Cfr. Folios 49 a 54 del cuaderno 1. En la Gaceta del Congreso
No. 926 de 2015, ver las páginas 2 a 11.
[23] Cfr. Folios 255 a 267 del cuaderno 3. En esa
gaceta se pueden consultar las páginas 16 a 26 que contienen la totalidad del
informe de ponencia.
[24] Remitida
en medio magnético que obra a folio 44 del cuaderno 1. Allí se puede consultar
la Gaceta del Congreso No. 280 de 2016, en cuya página 26 se observa el anuncio
respectivo.
[25] Cfr.
Folio 40 y 41 del cuaderno 1.
[26] Remitida
en medio magnético que obra a folio 44 del cuaderno 1. En el CD obra la Gaceta
del Congreso 177 de 2016, en cuyas páginas 20 a 22 el aplazamiento del proyecto
de ley 241 de 2015 Cámara.
[27] Remitida
en medio magnético que obra a folio 44 del cuaderno 1. En el CD se observa la
Gaceta del Congreso No. 167 de 2016.
[28] Remitida
en medio magnético que obra a folio 44 del cuaderno 1. Allí consta la Gaceta
del Congreso No. 353 de 2016, en cuyas páginas 20 a 24 se observan los
registros de votación correspondientes.
[29] Así
lo refiere expresamente la certificación que remitió el Secretario General de
la Cámara de Representantes. Cfr folios 40 y 41 del cuaderno 1.
[30] Remitida en medio magnético que obra a folio 44 del cuaderno 1.
[31] Cfr. Folio 41 del cuaderno 1.
[32]
Auto 032 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva). En esa oportunidad la Corte
encontró un vicio de procedimiento subsanable en el trámite legislativo
aplicado a la aprobación del informe de objeciones gubernamentales por razones
de inconstitucionalidad presentadas contra el proyecto de ley No. 90/09 Senado
– 259/09 Cámara “por el cual se rinde homenaje a la memoria, vida y obra del
intelectual, librepensador y escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo y se
decretan disposiciones y efectos en su honor”. Concretamente, este Tribunal
señaló que la Plenaria de la Cámara de Representantes al aprobar el informe de
objeciones gubernamentales por unanimidad, desconoció la regla general de
raigambre constitucional, que establece la obligación para los congresistas de
votar nominal y públicamente. Precisó que si bien a través del artículo 1°
numeral 16 de la Ley 1431 de 2011, se estableció taxativamente una excepción a
dicha regla general, permitiendo la votación por unanimidad durante el trámite
de un proyecto de ley, la excepción no es aplicable al trámite de las
objeciones gubernamentales por cuanto la norma no lo contempla. Quiero ello
decir que aquellas actuaciones del Congreso que no se hallen descritas en el
listado taxativo, se entienden subsumidas por la regla general. // En ese mismo
sentido se ha pronunciado esta Corporación en los Autos 031/12 (MP María
Victoria Calle Correa), 086/12 (MP Juan Carlos Henao Pérez) y 089/12 (MP Nilson
Pinilla Pinilla).
[33] En
el Auto 175 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa, con AV Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio, y SV de Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Luis Guillermo Guerrero Pérez), en el cual se evidenció la configuración
de un vicio de procedimiento subsanable en el trámite legislativo de una ley
aprobatoria de tratado, la Corte indicó que la incorporación del voto público y
nominal expresa los resultados de una ponderación que adelantó el mismo
Congreso al modificar el artículo 133 Superior, “a través de la cual acordó
dar prevalencia al imperativo constitucional de fortalecer la transparencia de
las decisiones y las herramientas de control ciudadano sobre la gestión de sus
representantes en los cuerpos colegiados,  ratificando la regla de votación
nominal, sobre el propósito, sin duda plausible pero puramente instrumental, de
agilizar las sesiones parlamentarias, que esgrimían los partidarios de eliminar
dicha exigencia” (ver f.j. 3.1.1. pág 35).
[34]
Este método ha sido avalado por la Corte en las sentencias C-355 de 2014 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con SV de María Victoria Calle Correa y AV del
ponente y de Luis Ernesto Vargas Silva, f.j. 2.4.4.1.2.), C-169 de 2012 (MP
María Victoria Calle Correa, f.j. 3.3.3.4) y C-295 de 2012 (MP Juan Carlos
Henao Pérez, fundamento jurídico
6.4 literal c).
[35] Sobre
el tema se puede consultar el Auto 032 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva,
SV Humberto Antonio Sierra Porto. Ver f.j. 3.3.3).
[36] (MP Luis Ernesto Vargas Silva, SV Humberto Antonio Sierra
Porto).
[37] (MP
Jorge Iván Palacio Palacio. AV de María Victoria Calle Correa y Nilson Pinilla
Pinilla. SV de Mauricio González Cuervo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[38] (MP
María Victoria Calle Correa, con AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván
Palacio Palacio, y SV de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[39] Estos
indicadores fueron reiterados en la sentencia C-337 de 2015 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva. AV Alberto Rojas Ríos y Mauricio González Cuervo. SV de los
Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En
esa oportunidad, la Corte declaró inexequible la Ley que aprobó el Acuerdo
suscrito entre Colombia y la OTAN sobre cooperación y seguridad de información,
al evidenciar la existencia de un vicio insubsanable en el procedimiento
legislativo, puntualmente en el segundo debate ante la Plenaria del Senado de
la República.
[40] Así ocurrió en la sentencia C-295 de 2012 (MP Juan
Carlos Henao Pérez), donde se verificó que en el acta de una de las sesiones en
las que el proyecto se aprobó por votación ordinaria quedó registrada de manera
expresa la unanimidad. Asimismo, en la aprobación del proyecto de ley estatutaria de
acceso a la información pública nacional, cuyo trámite fue revisado por la
Corte en la sentencia C-274 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa, SV. Luis
Ernesto Vargas Silva, SPV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio
Palacio, Luis Ernesto Vargas, SPV. Nilson Pinilla Pinilla, SPV. Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV. María Victoria Calle
Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio).  La
Corte concluyó que se cabía inferir la existencia de unanimidad, pues en el
video de la sesión correspondiente “el
Secretario del Senado señaló expresamente que dicha aprobación se hacía por
unanimidad, y manifestó oralmente la totalidad de votos emitidos.”
[41] Sentencia C-750 de 2013 (MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez, SV.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SPV. Jorge Iván Palacio Palacio, AV. Alberto
Rojas Ríos, SPV. y AV. María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas
Silva). En esa ocasión la Corte consideró que se había acreditado la exigencia
de unanimidad necesaria para que procediera la votación ordinaria, entre otros
factores, debido a que en todos los debates del proyecto se aprobó la omisión
de lectura del articulado.
[42] Sentencia C-221 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). En ese caso,
la aprobación del proyecto en uno de los debates se surtió mediante votación
ordinaria. La Corte valoró entonces la certificación secretarial en conjunto
con otros elementos, y dentro de ellos el hecho de que no hubiese existido
solicitud de votación nominal: “el artículo 1º de
la Ley 1431 de 2011, que modificó el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 en lo
relativo a la votación nominal y pública, dispuso en su numeral 16 que una de
las excepciones a esta clase de votación se presenta, justamente, cuando existe
unanimidad en la votación, como en efecto ocurrió. De esta manera, como
ninguno de los Senadores solicitó votación nominal ni verificación de quórum,
ni se registraron votos negativos o impedimentos, este requisito se encuentra
debidamente satisfecho”.
[43] Esa
conclusión resulta similar a la que planteó en su momento la Corte en el Auto
118 de 2013 y que ya fue reseñada en la parte final del f.j. 3.1.2.
[44] Sobre
el punto se puede consultar la sentencia C-089 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio, f.j. 3.7.3). Allí se reiteran los precedentes establecidos en las
sentencias C-008 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y C-322 de 2006
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra), en el sentido que afirmar que las mayorías
calificadas son de aplicación restringida. Por ende, precisó que al no existir
norma expresa que imponga esa exigencia cuando se trata de leyes aprobatorias
de tratados, lo que procede es aplicar la regla general de mayoría simple. A
esa misma conclusión arribó la sentencia C-750 de 2008 (MP Clara Inés Vargas
Hernández).
[45] (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[46] (MP Álvaro Tafur Galvis).
[47] (MMPP Rodrigo Escobar Gil, Manuel José Cepeda Espinosa y
Alfredo Beltrán Sierra).
[48] (MP
Jorge Iván Palacio Palacio. AV de María Victoria Calle Correa y Nilson Pinilla
Pinilla. SV de Mauricio González Cuervo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[49] (MP
María Victoria Calle Correa, con AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y de Jorge
Iván Palacio Palacio, y SV de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
[50] Auto 175 de 2015, f.j. 3.3.3. (pág. 45 y ss).
[51] En
ese caso específico, la Corte encontró satisfechos los requisitos constitucionales
para aprobar el proyecto de ley en los tres primeros debates, no sucediendo lo
mismo con el cuarto debate y con la aprobación del informe de conciliación en
Senado y Cámara.
[52] Auto 175 de 2015, f.j. 3.2.5. (págs. 43 y 44).
[53] Ver f.j. 3.3.3.3. (pág. 49 y ss).
[54] “Por
medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de alcance parcial de naturaleza
comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de
Venezuela”, suscrito en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 28 de
Noviembre de 2011, y sus seis anexos con sus respectivos apéndices, suscritos
en Cartagena, República de Colombia, el 15 de abril de 2012, así: Anexo I
“Tratamiento arancelario preferencial”. Anexo II “Régimen de origen”. Anexo III
“Reglamentos técnicos, evaluación de la conformidad y metrología”. Anexo IV
“Medidas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias”. Anexo V “Medidas de
defensa comercial y medida especial agrícola”. Anexo VI “Mecanismo de solución
de controversias””
[55] Allí
verificó que (i) el registro de asistencia inicial fue de 131
representantes; (ii) la votación nominal y pública anterior más próxima
al proyecto de ley objeto de análisis en esa oportunidad, arrojó un resultado
de 88 votos, y (iii) la votación nominal y pública siguiente -luego
de votarse ordinariamente dos informes de conciliación y cinco proyectos de
ley- dio cuenta de un registro de votación fallida por la desintegración
del quórum decisorio, ya que el resultado obtenido permitió establecer que sólo
votaron 51 representantes.
[56] (MP
Luis Ernesto Vargas Silva. AV Alberto Rojas Ríos y Mauricio González Cuervo. SV
de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[57] Sentencia C-337 de 2015, f.j. 3.3.2., página 56.
[58]
Así lo señaló: “Justamente, en el presente caso, el registro inicial de
asistencia da cuenta de la presencia en el recinto de 96 senadores, pero el
registro de votación previo más cercano al proyecto de ley bajo control da
cuenta de la votación efectiva de 58 senadores, y el posterior registró 26
votos, lo que representa una variación sensible”. Sentencia C-337 de 2015 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva. AV Alberto Rojas Ríos y Mauricio González Cuervo. SV
de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).
[59] Sentencia
C-816 de 2004 (MMPP Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes). Ver f.j.
63. En esa oportunidad la Corte declaró la inexequibilidad del Acto Legislativo
02 de 2013, al encontrar configurado un vicio de procedimiento en la forma como
se aprobó el informe de ponencia durante el sexto de debate – segunda vuelta.
Puntualmente, se constató que el informe de ponencia no contó con la aprobación
de la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara de Representantes, pues
requiriéndose 84 votos por tratarse de una reforma a la Constitución, solo se
obtuvieron 83 votos afirmativos, es decir no alcanzó la mayoría
constitucionalmente requerida. Ante la situación, la Mesa Directiva optó por
levantar la sesión parta evitar el hundimiento del Acto Legislativo y luego
retomó en otra sesión la votación obteniendo la mayoría absoluta requerida.
[60] (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV de los magistrados María Victoria Calle
Correa, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva. SPV y AV de los
magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, y SV del
magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[61] (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En esa ocasión la Corte analizó la naturaleza y
finalidad del informe de ponencia con miras a determinar si la radicación
tardía del dicho informe constituía un vicio de trámite legislativo. La
conclusión a la que arribó la Corte es que la presentación del informe de
ponencia por fuera del término fijado por la Mesa Directiva, no quebranta el
artículo 160 de la Constitución en la medida que con la publicación, discusión
y aprobación del mismo se garantizó el principio democrático.
[62] Sentencia
C-816 de 2004 (MMPP Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimny Yepes). Ver f.j. 65
y ss. Allí se indica que el Reglamento del Congreso, en desarrollo de la
Constitución ha distinguido dos fases dentro del debate en cada plenaria: (i)
la discusión y votación general del proyecto como un todo y (ii) la
discusión y votación específicas del articulado individual.
[63] Los
casos expresos de archivo previstos por Ley 5ª de 1992 son: (i) cuando una
cámaras insiste frente a las objeciones del gobierno pero la otra las encuentra
fundadas (art. 200); (ii) cuando la Corte Constitucional, frente a una
objeciones presidenciales, declara inexequible el proyecto (art. 199); (iii)
cuando un proyecto es apelado, y la Plenaria niega la apelación (art. 166);
(iv)  Cuando el pleno aprueba una enmienda total al proyecto, y da traslado a
la comisión para que ésta lo acoja en primer debate, pero la comisión lo
rechaza; (v) cuando la ponencia propone archivar el proyecto y esa proposición
es aprobada (art. 157); y finalmente (vi) cuando un proyecto es votado
negativamente en una de las plenarias (art. 184).
[64] Al
respecto, la sentencia C-816 de 2014 señaló que “(…) ante la necesidad de
otorgar fuerza normativa a las previsiones del citado artículo 176, la
costumbre parlamentaria ha otorgado un efecto práctico a la falta de aprobación
del informe de ponencia: el hundimiento del mismo. Este efecto práctico de
hundimiento encuentra sustento normativo suficiente, habida cuenta que, como se
tuvo oportunidad de señalar, el voto favorable del informe de ponencia es un
presupuesto necesario para que la plenaria pueda entrar a discutir el
articulado. Por consiguiente, si ese presupuesto no se cumple, es razonable que
la plenaria se abstenga de continuar el trámite del proyecto y entienda que
éste se hundió”.
[65] (M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Con SPV de
Alfredo Beltrán Sierra, Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis. SV de
Jaime Araujo Rentería y Marco Gerardo Monroy Cabra).
[66]
(MP Manuel José Cepeda Espinosa. Con SPV de Jaime Araujo Rentería). En esa
oportunidad, la Corte encontró configurado un vicio de procedimiento
legislativo relacionado con el anuncio previo del proyecto de ley en segundo
debate de una ley aprobatoria de tratado, y como se cumplió en una etapa
estructural antes de que se formara la voluntad democrática en el Senado de la
República, indicó que el vicio era insubsanable, lo que derivó en la
inexequibilidad de la ley objeto de control.
[67] (MP
Humberto Antonio Sierra Porto).
[68]
Adoptado en Asunción (Paraguay), el 8 de junio de 1990 durante el vigésimo
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos OEA.
[69] (MP
María Victoria Calle Correa, AV Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[70] (MP
Luis Ernesto Vargas Silva. AV Alberto Rojas Ríos y Mauricio González Cuervo. SV
de los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub).