T-842-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-842/09
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR
PENSION DE INVALIDEZ-Improcedencia por cuanto no se cumplen las condiciones
señaladas por la jurisprudencia para que el amparo sea procedente
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR
PENSION DE INVALIDEZ-Derecho a la indemnización sustitutiva o deber de
informar sobre si es viable esa posibilidad
ACCION DE TUTELA-Orden al
Seguro Social de reconocer el derecho a la indemnización sustitutiva de la
pensión de invalidez
Referencia: expediente T-2326165
Acción de tutela instaurada por Luis
Gonzaga Santa Giraldo contra el Seguro Social, Seccional Caldas -Pensiones-,
con vinculación oficiosa del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales y la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Caldas.
Magistrada Ponente:
Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil nueve
(2009).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados María
Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo proferido por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 21 de abril de 2009 dentro
de la acción de tutela promovida por el señor Luis Gonzaga Santa Giraldo contra
el Seguro Social -Pensiones-, con citación oficiosa del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Manizales y Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas.
El expediente de la referencia fue escogido para revisión
mediante auto del 6 de agosto de 2009, dictado por la Sala Octava de Selección.
I. ANTECEDENTES
El 29 de enero de 2009, el señor Luis Gonzaga Santa Giraldo
presentó acción de tutela contra el Seguro Social, Seccional Caldas -Pensiones-,
con el fin de buscar el restablecimiento de los derechos fundamentales a la
igualdad, tercera edad, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana, supuestamente
vulnerados con la decisión administrativa que dispuso no acceder al reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez, negativa que fue ratificada por la
jurisdicción ordinaria en sentencias proferidas por el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Manizales y Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala Laboral. La petición de tutela se apoya en los siguientes.
1. Hechos.
Sostiene el actor que mediante dictamen N° 2932 del 24 de
febrero de 2005, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas determinó
una pérdida de capacidad laboral del 54%, señalando como fecha de
estructuración el 20 de enero de 2004. Por lo anterior, solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ante el Seguro Social,
Seccional Caldas -Pensiones-, entidad que mediante Resolución N° 02558 del 27
de mayo de 2005 negó la mencionada prestación bajo la consideración de que si
bien contaba con 692 semanas cotizadas al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, solamente 6 correspondían a los 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez.
Manifiesta que aunque solicitó la reactivación del
expediente administrativo, mediante oficio N° DAP-1229 del 9 de febrero de 2006
fue reiterada la negativa con el argumento de que no habían sido cotizadas 50
semanas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez,
razón por la que acudió a la justicia ordinaria laboral “en orden a que se
me aplicara la figura de la condición más beneficiosa, en aplicación del
principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Política, y por tanto se me resolviera mi caso al tenor de lo dispuesto en el
Acuerdo 049 de 1.990 reglamentado por el Decreto 758 del mismo año, que exige
como requisitos para tener derecho a esa pensión, haber cotizado ciento
cincuenta (150) semanas en los seis (6) anteriores años a la fecha de invalidez
o trescientas (300) en cualquier tiempo”.[1]
Señala que acudió a la justicia ordinaria para reclamar su
derecho y que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales en sentencia
del 3 de agosto de 2006 (sic)[2] no accedió a las
pretensiones de la demanda, por considerar que el marco normativo aplicable era
el previsto en el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, pues si bien cumplía el
requisito de fidelidad no tenía aportadas 50 semanas dentro de los 3 años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
Recalca que al no contar con otro mecanismo de defensa
judicial para lograr la protección de sus derechos fundamentales, la acción de
tutela es la vía idónea para que sean amparados teniendo en cuenta que “soy
un enfermo de cáncer, con una discapacidad o invalidez que actualmente se
acerca al 80% (porque desde la última calificación de invalidez, que fue con el
54%, se ha agravado enormemente mi situación física), con poco menos de 70 años
de edad, en estado de lamentable indigencia porque vivo de la caridad pública”.[3]
Asevera que al ser aplicado el artículo 11 de la Ley 797 de
2003 se está desconociendo el principio de favorabilidad, toda vez que se trata
de una normativa que fijó unos requisitos más gravosos que claramente
dificultan el reconocimiento del derecho-prestación, desconociendo con esto la
jurisprudencia que ha considerado que “con base en el principio de la
condición más beneficiosa, debe aplicarse la normatividad anterior, más aún en
tratándose (sic) de personas que son de especial protección por parte
del Estado por su debilidad manifiesta.”[4] Agregó, que conoce
personas que no son inválidas, que no viven en la mendicidad y que realizaron
menos cotizaciones a quienes “se les RECONOCIÓ PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES y
DE INVALIDEZ con base en el artículo 53 de la Constitución Nacional, en
aplicación de la figura de la condición más beneficiosa (…) con escasas 26
semanas aportadas en el último año”,[5] lo que considera una
absoluta discriminación teniendo en cuenta que él cotizó casi 700 semanas al
Seguro Social. Al respecto, el actor se apoya en jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, referentes al principio de
favorabilidad laboral.
Concluye el peticionario, señalando que es “una persona
ignorante, desconozco las leyes. (…) Mi situación es desesperante. Inválido,
con cáncer, sin recursos económicos para subsistir, viviendo de la caridad
pública. No tengo bienes de fortuna. Por favor, colabóreme señor juez y
entienda que en mi caso se comete una tremenda injusticia. Yo, desde hace
tiempo debía estar pensionado”.[6]
2. Pretensiones.
A partir de la situación fáctica expuesta, el demandante
solicita que el Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social, Seccional
Caldas -Pensiones-, reconozca y pague la pensión de invalidez a la que tiene
derecho desde el 20 de enero de 2004, momento en el que se estructuró, teniendo
como fundamento normativo el Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de
1990, en virtud del principio de favorabilidad laboral establecido en el
artículo 53 de la Carta Fundamental.
3. Pruebas que reposan en el expediente.
- Resolución  N° 02558 del 27 de mayo de 2005 dictada
por el Seguro Social, Seccional Caldas, que decidió (folios 14 y 15 del
cuaderno principal):
“NEGAR
la pensión por Invalidez solicitada por el señor LUIS GONZAGA SANTA GIRALDO
4.316.690, por los motivos expuestos en la presente  Resolución y en su defecto
CONCEDER indemnización por invalidez en cuantía única de $4.029.992. // La
liquidación se basó en 692 semanas cotizadas con un I.B.L. de $405.019”.
- Formulario de dictamen para calificación de la pérdida de
la capacidad laboral y determinación de la invalidez que da cuenta de la
existencia de una incapacidad permanente parcial (folio 16 ibídem).
- Reporte de semanas cotizadas en pensiones por el actor en
el Seguro Social (folios 26 a 33 del cuaderno de revisión).
- Sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Manizales el 3 de agosto de 2007 que dispuso (folios 17 a 26
ibíd.):
“PRIMERO:
DECLARAR PROBADA la excepción que el ente demandado formuló y denominó “INEXISTENCIA
DE LA OBLIGACIÓN” por las razones expuestas en las consideraciones de este
proveído.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ABSOLVER al INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES de todas y cada una de las pretensiones de la demanda
instaurada por el señor LUIS GONZAGA SANTA GIRALDO en su contra.
TERCERO:
CONDENAR EN COSTAS al
demandante en un 100%, a favor del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.”
- Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales,
Sala Laboral, el 22 de octubre de 2007 que decidió (folios 5 a 14 del cuaderno
N° 2):
“CONFIRMA
la sentencia impugnada proferida por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Manizales el día 3 de agosto de 2007, en el proceso ordinario
laboral que contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES adelantó el señor LUIS
GONZAGA SANTA GIRALDO.
COSTAS
en esta instancia a cargo de
la parte recurrente por no haber salido airoso su recurso de alzada.”
4. Trámite procesal
Posteriormente, presentó acción de tutela que fue admitida
mediante proveído del 2 de febrero de 2009 por el Juzgado Tercero de Familia de
Manizales, despacho judicial que dispuso correr traslado del escrito tutelar
por 2 días al demandado, teniendo como pruebas las allegadas con la demanda.
Surtido dicho trámite, dictó sentencia de primera instancia en la que denegó
por improcedente el amparo constitucional solicitado.
Impugnada la sentencia el 17 de febrero de 2009, el Tribunal
Superior de Manizales, Sala Laboral, mediante auto del 19 de marzo del mismo
año declaró la nulidad de toda la actuación surtida a partir inclusive del auto
admisorio de la demanda, por considerar que la acción constitucional debió
dirigirse contra los despachos judiciales que conocieron de la demanda
ordinaria laboral “[o] por lo menos, vinculárseles para efectos de
garantizar su derecho de defensa y contradicción y poder (eventualmente),
otorgar la protección constitucional retirando del mundo jurídico (por pretensa
vía de hecho), sus sentencias”. En consecuencia, dispuso remitirla para su
conocimiento a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
En proveído del 3 de abril de 2009, la citada Sala dispuso
avocar el conocimiento de la acción ordenando correr traslado al Seguro Social -Pensiones-,
así como también la vinculación oficiosa de la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Manizales y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma
ciudad “sin que las partes se pronunciaran al respecto”.[7]
5. Decisión judicial objeto de revisión.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
en sentencia del 21 de abril de 2009 decidió negar la tutela solicitada por no
advertir el quebrantamiento de los derechos de rango constitucional alegados
por el demandante, apoyándose en los siguientes fundamentos.
Consideró que la acción de tutela contra providencias
judiciales es excepcional y está sujeta a la existencia de una trasgresión
evidente de derechos de rango superior, con el objeto de garantizar los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada como orientadores del Estado
Social de Derecho, sin que sea entendida la acción de tutela como un medio para
abolir la independencia del juez prevista en el artículo 228 de la Carta
Fundamental.
Para terminar, indicó que las decisiones judiciales objeto
de reproche constitucional están sustentadas en un criterio razonable, sin que
se evidencie capricho o arbitrariedad, no siendo posible que el juez
constitucional imponga una visión específica o una interpretación dogmática de
la norma “pues ello escapa de su potestad y desnaturaliza el carácter
residual y excepcional de la acción de tutela”.[8]
6. Actuación surtida en sede de revisión.
El Despacho mediante auto del 16 de septiembre de 2009,
solicitó a la misma Junta de Calificación de Invalidez de Caldas, al Seguro
Social y al demandante algunas pruebas relevantes para adoptar la decisión de
fondo correspondiente.
6.1. Respuesta de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de  Caldas.
El Secretario de la Junta en escrito allegado a esta
Corporación el 28 de septiembre de 2009, indicó que profirió el dictamen N°
2932 del 24 de febrero de 2005 “el cual le fue notificado tanto al
accionante como al ISS, encontrando que contra este no se interpuso recurso
alguno, siendo enviado al ISS, el día 2 de marzo de 2005, a fin de que en dicha
entidad se surtiera el trámite que le compete por ley a dicha entidad”.[9]
Igualmente, en misiva presentada el día siguiente indicó que
los criterios empleados para determinar la fecha en que se estructuró el 54% de
la invalidez, están previstos en el Decreto 917 de 1999 (Art. 3°), por lo que
se basó en la historia clínica del señor Santa Giraldo precisando que la
estructuración de la minusvalía fue el 20 de enero de 2004. Para terminar,
reiteró que contra el mencionado dictamen no fue interpuesto recurso alguno.
6.2. Respuesta del Seguro Social, Seccional Caldas
-Pensiones-.
La Jefe del Departamento de Atención al Pensionado en
escrito recibido en la oficina de correspondencia de este Tribunal, manifestó
que el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Caldas no fue impugnado. Adicionalmente, allegó (i) formulario para la
calificación de la pérdida de la capacidad laboral y determinación de la
invalidez; (ii) notificación personal de la calificación realizada por la
citada Junta; (iii) copia de la historia laboral; (iv) relación de novedades
del sistema de autoliquidación de aportes mensual-pensión y (v) certificado de
la oficina de nómina sobre los dineros girados.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia
Esta Corporación
es competente para revisar la decisión dictada por la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia en el expediente de tutela de la referencia, de
conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación
del caso y planeamiento del problema jurídico
El 29 de enero de 2009, el señor Luis Gonzaga Santa Giraldo incoó
solicitud de amparo constitucional contra el Seguro Social, Seccional Caldas
-Pensiones-, con el fin de que sean restablecidos los derechos fundamentales a
la igualdad, tercera edad, seguridad social, mínimo vital y dignidad humana,
supuestamente conculcados con la decisión que negó el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez, en tanto no cumplió el requisito previsto en la Ley
860 de 2003 (Art. 1°) “toda vez que a pesar de tener la fidelidad al sistema
no cumple con las 50 semanas en los 3 años anteriores a la declaratoria de la
invalidez”.[10]
Inicialmente, el actor acudió a
la jurisdicción ordinaria para que en virtud del principio de favorabilidad
previsto en el artículo 53 de la Constitución, fuera reconocida la citada
prestación teniendo en cuenta que cumplía las condiciones establecidas en el
Decreto 758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de 1990 “por el cual se expide el Reglamento General del Seguro
Social Obligatorio de invalidez, vejez y muerte”, no obstante haberse estructurado la invalidez en vigencia
de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 860 de 2003. En primera
instancia, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales en sentencia
del 3 de agosto de 2007 no accedió a la pretensión por considerar que el marco
normativo aplicable al caso, era el señalado en la Ley 797 de 2003 (Art. 11),
esto es, el cumplimiento del requisito de fidelidad y la cotización de 50
semanas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones dentro de los tres
años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Por su parte, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, en decisión
del 22 de octubre de 2007, confirmó con similares argumentos la sentencia
apelada.
Estima el demandante que el
artículo 11 de la Ley 797 de 2003 no es la preceptiva llamada a regir en el
presente asunto, en tanto fue desconocido el principio constitucional que
permite aplicar la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, razón por la
cual “debió aplicarse el artículo 6 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el
decreto 758 del mismo año”[11], según el cual para
tener derecho a la pensión de invalidez es necesario “haber cotizado para el
seguro de invalidez, vejez y muerte ciento cincuenta (150) semanas dentro de
los seis (6) años anteriores a la fecha de estado de invalidez, o
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de
invalidez”.[12]
En el trámite de instancia y con ocasión de la declaratoria
de nulidad de todo lo actuado,[13] la solicitud tutelar fue
redireccionada teniendo en cuenta que los hechos están encaminados a cuestionar
las sentencias dictadas en el proceso ordinario laboral iniciado contra la
citada entidad administrativa.[14] En consecuencia, fueron vinculados
oficiosamente al trámite de tutela el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales
y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral. Durante
el término de traslado no fue allegado escrito alguno.
Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, en sentencia del 21 de abril de 2009, luego de indicar que la
acción de tutela procede excepcionalmente contra providencias judiciales
siempre que en “las actuaciones u omisiones de los jueces, se transgredan,
en forma evidente derechos de rango superior”[15],
negó la tutela solicitada bajo la consideración de que las decisiones
judiciales objeto de reproche no son caprichosas o arbitrarias, en tanto están
apoyadas en criterios razonables.
Con base en la situación fáctica expuesta, le corresponde
establecer a la Sala de Revisión si las decisiones dictadas por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral y el Juzgado Primero
Laboral del Circuito de la misma ciudad, incurrieron en una vía de hecho al
dejar de aplicar en virtud del principio de favorabilidad el Decreto 758 de
1990 aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990 dictado por el Seguro Social, para
efectos de que fuera reconocida la pensión de invalidez del señor Luis Gonzaga
Santa Giraldo, no obstante haberse estructurado la invalidez en vigencia de la Ley
100 de 1993 modificada por la Ley 860 de 2003.
Para resolver el interrogante formulado, la Sala reiterará
la jurisprudencia constitucional relativa a (i) la improcedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales como regla general y (ii) el principio
constitucional de favorabilidad en materia laboral y (iii) analizará y decidirá
el caso concreto.
3. Improcedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales como regla general. Reiteración de jurisprudencia.
La jurisprudencia de la Corte ha advertido de manera
reiterada que la acción de tutela prima facie no procede contra las
decisiones proferidas por cualquier autoridad judicial, en tanto (i) se trata
de decisiones que constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales proferidos por funcionarios
profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; (ii) el valor
de cosa juzgada de las decisiones que resuelven las controversias planteadas
ante los jueces y la garantía del principio de seguridad jurídica y (iii) la
autonomía e independencia que caracteriza el poder judicial, como principio
estructurante de los estados democráticos.[16]
Sin embargo, a partir de la sentencia C-543 de 1992[17]
este Tribunal consideró plausible de manera excepcional su procedencia cuando
el pronunciamiento del funcionario judicial equivale a una vía de hecho,
producto de la arbitrariedad o el capricho y que no obedezca a una correcta
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.[18]
Sobre el particular, la Corte en esa oportunidad sostuvo:
“Ahora
bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no
cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la
función  de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela
se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o  que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización
de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por
medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni
tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual
sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo
transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal
y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario
competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de
1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la
seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los
fines que persigue la justicia”.
Es a partir de este momento, que la jurisprudencia
constitucional empieza a decantar los parámetros para que la acción tutelar
tenga vocación de prosperidad respecto de providencias judiciales, cuando se
encuentren en entredicho derechos fundamentales, construcción que ha venido
efectuándose de manera paulatina. Fue así como la Corte consideró que la acción
de amparo constitucional procedía contra decisiones de las autoridades
jurisdiccionales, únicamente cuando el juez constitucional constataba la
existencia de un defecto sustantivo, procedimental, fáctico u orgánico,[19]
orientación que fue variando a medida que surgían otros asuntos, en los que la
Corte encontró que no siempre las vías de hecho, eran producto del capricho y
la arbitrariedad de la autoridad judicial, pero que sin embargo, se trataba de
decisiones inadmisibles desde la perspectiva constitucional, razón por la cual
el desarrollo dogmático sobre el tema, continuó ampliándose.[20]
En ese orden de ideas, la Corte más adelante consideró
necesario efectuar un ajuste terminológico a la expresión “vía de hecho”,
acogiendo como más apropiada la de causales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, denominación que comprende un catálogo
más amplio de posibilidades, que en últimas están encaminadas a lograr la
garantía efectiva y material de los derechos fundamentales, que pueden ser
objeto de trasgresión en la actividad judicial.[21]
Este esfuerzo argumentativo, fue recogido finalmente en la
sentencia C-590 de 2005,[22] decisión en la que se
establecieron unos presupuestos de procedencia de la acción de tutela
generales, que están encaminados a la determinación de la viabilidad del amparo
constitucional desde el punto de vista formal, y otros específicos, referidos
al estudio del asunto desde una perspectiva material.
Los requisitos de procedibilidad generales, que deben ser
verificados íntegramente por el juez de tutela, son: (i) que la cuestión
planteada al juez constitucional sea de relevancia constitucional;[23]
(ii) que se hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial, previstos
en el ordenamiento jurídico, a menos que se trate de un perjuicio irremediable;[24]
(iii) que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta
oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de inmediatez;[25]
(iv) que en el evento de tratarse de una irregularidad procesal, se indique que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisión que se impugna
y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora;[26]
(v) que la vulneración reclamada en sede de acción de tutela, haya sido alegada
en el proceso judicial respectivo, siempre y cuando hubiera sido posible;[27]
(vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Por su parte, las causales especiales de procedibilidad de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, respecto de las cuales,
solamente es necesaria a la configuración de una de ellas, la Corte determinó
que son: (i) el defecto material o sustantivo, que se configura cuando la
decisión judicial objeto de reproche, se apoya en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (iii) el defecto procedimental, que se origina cuando el
funcionario judicial dicta la decisión, apartado completamente del
procedimiento dispuesto en el ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico,
surge cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una
determinada norma es absolutamente inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de fundamentos fácticos y
jurídicos, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del precedente,
que se presenta, verbi gratia, cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa de la
Constitución.[28]
4. Los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales se encuentran
cumplidos en esta oportunidad.
Como punto de partida, debe indicarse que el asunto objeto
de revisión es de relevancia constitucional, en tanto se trata de una aparente
violación del derecho fundamental al debido proceso derivada de la falta de
aplicación del principio de favorabilidad laboral, toda vez que las autoridades
judiciales demandadas (Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales y
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral), al parecer
omitieron aplicar el Decreto 758 de 1990 aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990 en
la determinación de la procedencia del reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez solicitada por el señor Luis Gonzaga Santa Giraldo.
Adicionalmente, porque derivado del porcentaje de pérdida de
capacidad laboral (54%), el demandante ostenta la condición de sujeto de
especial protección constitucional lo que hace que se encuentre en
circunstancia de debilidad manifiesta. Por lo tanto, es necesario constatar que
otras garantías de naturaleza individual como la vida, dignidad humana, mínimo
vital, seguridad social no se encuentren seriamente comprometidas con las
decisiones judiciales objeto de reproche.
Ahora bien, conforme lo dispone el artículo 86 del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social “sólo serán susceptibles de recurso de
casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte veces (120) el
salario mínimo legal mensual vigente”, cuantía que intuitivamente para la Sala
lejos está de alcanzar el demandante teniendo en cuenta que el ingreso base de
liquidación durante su vida laboral estuvo circunscrito al salario mínimo, como
puede constatarse en el estado de cuenta de las empresas a través de las cuales
efectuó las correspondientes cotizaciones.[29] Más aún, cuando la fecha
de estructuración de la invalidez fue el 20 de enero de 2004 que sería el
momento a partir del cual debe efectuarse el correspondiente cálculo actuarial.
En ese orden de ideas, el requisito de subsidiariedad
previsto en el Ordenamiento Superior se encuentra satisfecho en el asunto
objeto de revisión.
De otra parte y aún cuando las sentencias judiciales reprochadas
fueron adoptadas el 3 de agosto y 22 de octubre de 2007, en primera y segunda
instancia, respectivamente, la Corte encuentra que existen importantes argumentos
para considerar cumplido el requisito de inmediatez, no obstante haberse
incoado la solicitud de tutela el 29 de enero de 2009.
La jurisprudencia constitucional en aras de preservar el principio
de seguridad jurídica que permanentemente colisiona con el de justicia
material, ha considerado que la acción de tutela debe ser intentada dentro de
un término razonable, parámetro que al plantear la estructura de principio,
esto es, de mandato de optimización, habilita al juez para analizar las
circunstancias que envuelven cada caso concreto, de tal manera que pueda
determinar si el lapso dejado transcurrir por el afectado se encuentra dentro
de los límites de la razonabilidad. Este Tribunal ha establecido tres factores
que se deben tener en cuenta para determinar la razonabilidad del lapso
comprendido entre el momento en que se vulneran los derechos fundamentales y la
interposición de la tutela, a saber: (i) la existencia de un motivo válido para
la inactividad del afectado; (ii) que como consecuencia de la inactividad
injustificada se plantee una vulneración del núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión y (iii) que exista un nexo causal entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales
del interesado.[30]
Sin embargo, el intérprete constitucional ha considerado que
este parámetro no debe ser entendido como una fórmula sacramental, pues el sólo
transcurso del tiempo entre la situación generadora de la vulneración iusfundamental
y la presentación de la acción de amparo constitucional, no es suficiente
para considerar incumplido el citado requisito de procedencia, por lo que es
necesario tener como punto de partida que uno de los fines de todas las
autoridades del Estado, incluidos obviamente los jueces, es la garantía de la
efectividad de los derechos consagrados en la Constitución, por lo que ha
establecido como condiciones de posibilidad que no requieren el cumplimiento
del requisito de inmediatez (i) demostrar que la vulneración es permanente en
el tiempo y que a pesar de que el hecho que la originó por primera vez es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual y (ii) la
especial situación de la persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, es decir, que se encuentre en estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre
otros, lo cual claramente plantea un escenario en el que la carga que debe
resistir la persona es desproporcionada.[31]
Así las cosas, en el asunto sub examine la limitación
de la capacidad laboral del demandante del 54% determinada por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Caldas el 24 de febrero de 2005
(dictamen N° 2932)[32] y la proximidad a la
edad en la que sería considerado persona de la tercera edad,[33]
aunque desde ya ostenta la condición de sujeto de especial protección
constitucional dada su condición de debilidad manifiesta, son por lo pronto
razones poderosas para considerar cumplido el requisito de inmediatez a pesar
de que haya transcurrido cerca de 15 meses desde que fue dictada la sentencia
de segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala Laboral, en el proceso ordinario laboral. Es decir, anteponer
argumentos de naturaleza formal podría llegar a lesionar en este caso derechos
de naturaleza fundamental y por consecuencia no sería posible la realización de
la justicia material, lo cual desnaturalizaría la finalidad o el deber ser del
Estado Social de Derecho, cual es la protección efectiva y real de los
derechos.
A lo anterior, debe sumarse la manifestación efectuada por
el actor en el escrito de tutela que está cobijada por la presunción de buena
fe (Art. 83 de la Constitución) y de veracidad (Decreto 2591 de 1991, Art. 20),
en tanto no fue controvertida por los demandados, en el sentido de que “yo
soy una persona ignorante, desconozco las leyes. He estado supeditado a lo que
digan los abogados y los jueces. He hecho lo que humanamente he podido en orden
a que se me reconozca mi pensión. No se si los abogados trabajaron bien o mal,
lo cierto es que no estoy pensionado y no es por mi voluntad o negligencia. Yo
de esto no sé. Un conocido me colaboró con esta tutela. // Mi situación es
desesperante. Inválido, con cáncer, sin recursos económicos para subsistir,
viviendo de la caridad pública. No tengo bienes de fortuna. Por favor,
colabóreme señor juez y entienda que en mi caso se comete una tremenda
injusticia. Yo, desde hace tiempo debía estar pensionado”.[34]
5. Las sentencias dictadas por el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Manizales y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala Laboral no violaron ningún derecho fundamental del peticionario,
pero sí se lo violó el Instituto de Seguros Sociales por no haberle informado
oportunamente sobre el derecho que tiene al reconocimiento de la indemnización
sustitutiva
El reparo constitucional planteado por el demandante radica
en que los jueces ordinarios en sus sentencias dejaron de aplicar el Decreto
758 de 1990 que aprobó el Acuerdo 049 de 1990 “[P]or
el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
invalidez, vejez y muerte”, marco normativo en el que el accionante
realiza la mayor parte de las cotizaciones[35] y con base en el cual se
encontrarían cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, a
pesar de que la estructuración de la disminución funcional tuvo lugar en
vigencia de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 860 de 2003.
En efecto, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Manizales en sentencia del 3 de agosto de 2007, consideró que si bien el señor
Santa Giraldo reunía las condiciones establecidas en la primera normativa, no
resultaba aplicable el principio constitucional de favorabilidad por cuanto “al
momento en que se generó en su favor el derecho a reclamar la pensión de
invalidez, es decir, el 20 de enero de 2004, estaba rigiendo ya la Ley 100 de
1993 y la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003
[disposición vigente para ese momento],[36] que entró a regular,
entre otras cosas, el derecho a obtener la pensión de invalidez por él
reclamada, y que por lo tanto, le era la norma aplicable”.[37]
Por su parte, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala Laboral, confirmó el fallo apelado argumentando igualmente que
la fecha de estructuración de la invalidez no permite aplicar otro régimen
pensional diferente del establecido en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley
860 de 2003,[38] por lo que concluyó “que
el actor no cumplió con el requisito del numeral primero de la norma en
comento, pues al tenor de la referida probanza ‘encontramos que tiene
cotizadas al ISS 692 semanas de las cuales 6 corresponden a los 3 años
anteriores a la declaratoria de invalidez’, lo cual es suficiente para
impedir que el demandante tenga derecho a la prestación deprecada”.[39]
En el curso del proceso ordinario laboral quedó probado que
(i) el 24 de febrero de 2005 mediante dictamen N° 2932 la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Caldas, determinó una pérdida de capacidad laboral
al señor Luis Gonzaga Santa Giraldo del 54,00% derivada de una
enfermedad de origen común, fijando como fecha de estructuración el 20 de
enero de 2004; (ii) el señor Santa Giraldo cotizó al Seguro Social por
intervalos 692 semanas desde 1967 hasta 2003,[40]
siendo negada la pensión de invalidez solicitada tanto por la citada entidad,
como por las autoridades judiciales en el proceso laboral, por considerar
incumplida una de las condiciones exigidas en la Ley 860 de 2003 (Art. 1°) que
modificó la Ley 100 de 1993 (Art. 39), cual es, haber cotizado 50 semanas
dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez, período en el que solamente fueron cotizadas 6
semanas.[41]
Quiere decir lo anterior, que el
actor efectuó aportes para obtener el derecho a la pensión tanto en vigencia
del Decreto 758 de 1990 (Art. 6°) que aprobó el Acuerdo 049 de 1990, como de la
Ley 100 de 1993 (Art. 39) modificada por la Ley 860 de 2003 (Art. 1°).
Por su
parte, la Ley 100 de 1993 (Art. 38) dispone que se considera inválida la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral. En
relación con los requisitos para acceder a la citada prestación establecía el
artículo 39 ibídem:
“Tendrán derecho a la pensión de
invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior
sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre
cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas,
al momento de producirse el estado de invalidez.
b. Que habiendo dejado de cotizar al
sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas
del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de
invalidez.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de
las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo
dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.”
La
citada norma fue modificada por la Ley 860 de 2003 que en su artículo 1°
dispuso:
“El artículo 39 de la Ley 100 quedará así:
Artículo
39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la
pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1.
Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea
al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento
en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación
del estado de invalidez. <El
aparte tachado fue declarado inexequible mediante sentencia C-428 de 2009>
2.
Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho
causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea
al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento
en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación
del estado de invalidez. <El
aparte tachado fue declarado inexequible mediante sentencia C-428 de 2009>
PARÁGRAFO
1°. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han
cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al
hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
PARÁGRAFO
2°. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya
cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años.”[42]
Como se ve, en este caso la fecha de estructuración de la
invalidez del tutelante es posterior a la expedición de la Ley 860 de 2003, y
esta última establece que una persona cuando se invalida tiene derecho a
reclamar la pensión de invalidez si ha cotizado al menos cincuenta (50) semanas
en los tres años inmediatamente anteriores a la estructuración. Así las cosas,
el accionante no tiene derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez, en
esta oportunidad, pues la fecha de estructuración fue el veinte (20) de enero
de dos mil cuatro (2004), y en los tres años inmediatamente anteriores a esa
fecha no reunió ese número de semanas cotizadas.
En cambio, es necesario señalar que el ISS sí violó los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social del
tutelante en condición de invalidez, por no haberle informado en tiempo que
tenía derecho al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión
de invalidez.
Este derecho de los peticionarios en situación de
vulnerabilidad alta, se fundamenta en que si una persona no cumple con los
requisitos dispuestos por la Ley para acceder al reconocimiento de la pensión
de invalidez, tiene derecho, en las condiciones de la propia Ley, a que se le
conceda la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez o al
menos a que se le informe sobre que esa posibilidad resulta viable. Este
derecho es predicable tanto de quienes se han invalidado pero no reúnen las
condiciones para pensionarse por invalidez, como de quienes cumplen la edad
pero no satisfacen todos los requerimientos legales ajustados a la Constitución
para pensionarse por vejez y lo correspondiente para quienes aspiran a recibir
la pensión de sobrevivientes. En ese sentido ha dicho la Corte que la
indemnización sustitutiva es “el derecho que le asiste a las personas que no
logran acreditar los requisitos para obtener el reconocimiento de una pensión
de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, para reclamar - en sustitución de
dicha pensión - una indemnización equivalente a las sumas cotizadas debidamente
actualizadas”.[43] El monto de la
indemnización sustitutiva se calcula teniendo en cuenta la fórmula del artículo
37 de la Ley 100 de 1993.[44]
Si este es un derecho de toda persona, que sirve para
protegerla en las contingencias derivadas de la invalidez, la vejez y la
muerte, toda entidad encargada de decidir sobre el reconocimiento del derecho a
la pensión, tiene por lo menos el deber de informarle al peticionario que no
reúna las condiciones para adquirir la pensión correspondiente, que tiene la
libertad de reclamar la indemnización sustitutiva. Esta información debe ser
veraz y fundada, y no puede ser suministrada con el ánimo de inducir en error
al asegurado, como lo ha señalado la Corte en su jurisprudencia.[45]
En consecuencia, cuando una entidad de esa naturaleza se abstiene de informarle
verazmente al peticionario sobre su libertad de solicitar la indemnización
sustitutiva, le viola el derecho a la seguridad social y, eventualmente, al
mínimo vital de quienes lo reclaman.
En ese sentido, la Corte Constitucional advierte que el
Instituto de Seguros Sociales violó los derechos fundamentales al mínimo vital
y a la seguridad social del tutelante, al no haberle informado oportunamente
que tenía la alternativa de reclamar la indemnización sustitutiva en vista de
que no cumplía con los requisitos exigidos por la Ley para adquirir el derecho
a la pensión de invalidez.
Ahora bien, establecido que el ISS violó los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del accionante por no
haberle informado sobre su derecho a optar por la indemnización sustitutiva,
debe la Sala determinar qué órdenes habrá de impartir para evitar un fallo
inocuo.
Esta determinación debe tomar como punto de partida que la
Corte Constitucional en la jurisprudencia fijada por algunas Salas de Revisión,
ha considerado que si una persona solicita exclusivamente el derecho a la
pensión de invalidez, pero no solicita la indemnización sustitutiva en caso de
no cumplir con los requisitos exigidos para adquirir el derecho a la primera,
debe informársele que tiene también derecho a exigir la indemnización
sustitutiva. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-121 de 2009,[46]
la Corte abordó un problema parcialmente similar al actual. Efectivamente, en
esa oportunidad, estudió si una persona que no había cotizado veintiséis
semanas en el año anterior a la estructuración de la invalidez tenía derecho a
que ésta última se le concediera mediante tutela. La Corporación concluyó que
no, pero dijo que el tutelante tenía derecho a pedir el reconocimiento y pago
de la indemnización sustitutiva y, en ese sentido, expresó que el peticionario
tenía derecho a pedirla libremente:
“4.6.
Por todo lo anterior, y sin necesidad de disertaciones adicionales, la Sala
confirmará los fallos objeto de revisión, lo cual no es óbice para que el
demandante, si a bien lo considera, inicie ante la jurisdicción contencioso
administrativa el respectivo proceso contra el acto administrativo que genera
su inconformidad, o, solicite la respectiva indemnización sustitutiva, de los
aportes que se hubieren efectuado, la cual está contemplada en el artículo 45
de la ley 100 de 1993, y se consagra como una medida para cuando las personas
no llenen los requisitos para acceder a la pensión de invalidez”.
Así las cosas, si se aplicará el
razonamiento anterior en el presente caso, la Corte Constitucional simplemente
debería negar la tutela e informarle ella misma al peticionario que tiene
derecho a exigir, con vocación de prosperidad, el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva reconocida en el artículo 45 de la Ley 100 de 1993.
Este modo de proceder tendría el significativo mérito de evitar que se le
impongan a los peticionarios en sede de tutela obligaciones, en lugar de
concederles facilidades para que ejerzan las legítimas opciones con que
cuentan.
Sin embargo, aplicar esta
solución en todos los casos, sin importar diferencias aparentemente sutiles,
puede conducir a injusticias extremas desde un punto de vista estrictamente
jurídico constitucional. Por ejemplo, en el caso que actualmente decide la
Corporación, esa forma de resolver el problema que se suscita probablemente
sería inocua, porque es razonable pensar que la situación de precariedad,
abandono y desabastecimiento de las condiciones mínimas indispensables para
llevar una vida digna, por la cual atraviesa el tutelante, conducirá si no se
actúa oportunamente a que esta controversia de tipo normativo tenga un
desenlace irremediable. Así, si la Corte simplemente se limita a ordenar que se
le informe que tiene derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la
pensión de invalidez, entonces correrá un tiempo para que decida si lo hace o
no; si decide hacerlo, correrá más tiempo aún para hacerlo efectivamente;
cuando lo haga, correrá otro tiempo más para que el ISS resuelva la petición y;
posiblemente, otro tiempo adicional para que se la paguen. Entre tanto, ¿cómo
habrá de obtener los recursos para vivir dignamente si está en un estado de
indigencia y abandono?, ¿es posible que un juez de tutela advierta esta
consecuencia probable y se limite a informarle al accionante sobre sus derechos
constitucionales?, ¿existe alguna garantía real de que, mientras se surte
nuevamente el trámite para reconocer el derecho a la indemnización sustitutiva el
peticionario no sufrirá un perjuicio irremediable?
La Corte no puede ser
indiferente a estos interrogantes. Pero tampoco puede, bajo el pretexto de
proteger al tutelante, obligar al ISS a que le reconozca y pague a Luis Gonzaga
Santa Giraldo la indemnización sustitutiva y a este a que reciba sin su
consentimiento el pago de la misma, pues como se dijo es una opción suya la de
reclamarla. Entonces es necesario buscar una solución equilibrada entre el
extremo de simplemente informarles sobre su derecho a reclamar y la de
obligarlas a recibir la prestación por indemnización sustitutiva. Esta solución
intermedia, considera la Sala, puede lograrse si se le ordena al Instituto de
Seguros Sociales que reconozca el derecho a la indemnización sustitutiva de la
pensión de invalidez al peticionario Luis Gonzaga Santa Giraldo, teniendo en
cuenta la formula consignada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. Una vez
le reconozca ese derecho, a que le informe al tutelante sobre su posibilidad de
repudiar la indemnización. Si en un término prudencial el accionante no la
repudia o si la acepta expresamente, entonces, de inmediato, deberá pagársela
para que pueda proceder a la satisfacción de sus necesidades básicas.
En consecuencia, la Corte
Constitucional le ordenará al Instituto de Seguros Sociales que en el término
de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente providencia,
le reconozca el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de
invalidez al peticionario Luis Gonzaga Santa Giraldo. Una vez le reconozca ese
derecho, le informará por el medio más adecuado posible, y a más tardar al día
siguiente al reconocimiento del la indemnización sustitutiva sobre su libertad
de repudiarla. Si en el término de los dos días siguientes a la información de
ese derecho, el tutelante no lo repudia o si lo acepta expresamente, entonces
de inmediato deberá pagársele la indemnización sustitutiva para que pueda
proceder a la satisfacción de sus necesidades básicas.
Finalmente, para garantizar que el tutelante exija un
cumplimiento estricto de los tiempos fijados en las órdenes de esta providencia,
la Corte Constitucional enviará copia de la presente sentencia al Defensor del
Pueblo de Caldas, en orden a que, en ejercicio de las funciones a que se
refiere el artículo 282 de la Carta, la oriente e instruya en el ejercicio y
defensa de sus derechos, atendiendo a las consideraciones establecidas en ésta
providencia (art. 281, No. 1, C.P.).
6. Conclusión
En este orden de consideraciones, la Sala concluye que
cuando una entidad del sistema de seguridad social, encargada de decidir si una
persona tiene derecho al reconocimiento de una pensión, advierte que la persona
no reúne las condiciones establecidas en la Ley para adquirirlo entonces tiene
el deber constitucional de informarle verazmente que tiene la opción de
solicitar la indemnización sustitutiva, pues de lo contrario le viola el
derecho a la seguridad social y, eventualmente, al mínimo vital.[47]
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia dictada por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 21 de abril de 2009, dentro
del proceso instado por la acción de tutela de Luis Gonzaga Santa Giraldo
contra el Seguro Social, Seccional Caldas -Pensiones-, con vinculación oficiosa
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Juzgado Primero
Laboral del Circuito de Manizales y la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Caldas. Por las razones expuestas en esta sentencia. En su lugar, AMPARAR
los derechos fundamentales a la seguridad social y el mínimo vital.
Segundo.- ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales que en el
término de los tres (3) días siguientes a la notificación de la presente
providencia, le reconozca el derecho a la indemnización sustitutiva de la
pensión de invalidez al peticionario Luis Gonzaga Santa Giraldo. Una vez le
reconozca ese derecho, le informará por el medio más adecuado posible, y a más
tardar al día siguiente al reconocimiento de la indemnización sustitutiva,
sobre su libertad de repudiarla. Si en el término de los dos días siguientes a
la información de esa libertad, el peticionario no la repudia o si la acepta
expresamente, entonces de inmediato deberá pagársela para que pueda
proceder a la satisfacción de sus necesidades básicas.
Tercero.- La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia deberá NOTIFICAR esta
sentencia dentro del término de los cinco (5) días siguientes a la comunicación
que se le libre, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- ENVIAR, por conducto de la Secretaría
General de la Corte Constitucional, copia de la presente Sentencia al Defensor
del Pueblo de Caldas para lo de su competencia.
Quinto.- LIBRESE por Secretaría la comunicación de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí
establecidos.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Folio 1 del cuaderno
principal.
[2] La sentencia fue
proferida el 3 de agosto de 2007.
[3] Folio 3 ibídem.
[4] Ibídem.
[5] Folio 4 ibíd.
[6] Folio 12 ibíd.
[7] Folio 11 del cuaderno N°
3.
[8] Folio 18 ibídem.
[9] Folio 36 ibídem.
[10] Folio 14 del cuaderno N°
1.
[11] Folio 3 ibídem.
[12] Ibídem.
[13] Providencia dictada el
19 de marzo de 2009 por el Tribunal Superior de Manizales, Sala Laboral (folios
15 a 20 del cuaderno N° 2).
[14] Indicó el citado
despacho judicial: “Por lo tanto: A. La presente acción constitucional debió
también dirigirse contra los despachos judiciales mencionados. O por lo menos,
vinculárseles para efectos de garantizar su derecho de defensa y contradicción
y poder (eventualmente), otorgar la protección constitucional retirando del
mundo jurídico (por pretensa vía de hecho), sus sentencias. Como esto no se
hizo, se configuró la nulidad consecuente. B. La Acción constitucional debió
ser dirigida a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación
Laboral, que es su superior jerárquico de la autoridad judicial de mayor
jerarquía de aquellas involucradas en el asunto de la referencia; lo anterior, por
mandato del artículo 1 del Dcto 1382 de 2001.”
[15] Folio 16 del cuaderno N°
3.
[16] C-590 de 2005, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[17] M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En esta
oportunidad, el Tribunal Constitucional declaró inexequibles los artículos 11,
12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Como lo indicó recientemente la Corte en
sentencia T-018 de 2008, “[e]sta decisión se fundamentó en la necesidad de
establecer un equilibrio adecuado entre el respeto a los principios
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, y la prevalencia
de los derechos fundamentales, pilares del Estado Constitucional y Social de
Derecho.”
[18] T-079 de 1993, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[19] La sentencia T-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, sostuvo: “Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto
del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido
al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto
sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su
titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el
apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la
actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta
sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley, como
reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y
la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial.”
[20] Al respecto, pueden
consultarse las sentencias SU-014 de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica de
Moncaleano y T-1180 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte en estas
oportunidades, encontró que las decisiones adoptadas eran judicialmente
razonables, pero que por problemas estructurales en el aparato judicial, se
vulneró el debido proceso de los peticionarios, razón por la cual encontró que
estaba frente a vías de hecho.
[21] La sistematización de estos parámetros, se realizó
inicialmente en sede de control concreto, específicamente mediante las
sentencias T-441 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-462 de 2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett), T-771 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y
T-949 2003, (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). Al respecto, la sentencia T-774
de 2001, (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), señaló: “[L]a Sala considera
pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la
presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional.
La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en
los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no “(…)
sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su
voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se
aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.”
[22] En esa oportunidad, el
Tribunal Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión “ni
acción”, contenida en el artículo 185 de la Ley 906 de 2004 (Código de
Procedimiento Penal), bajo la consideración de que “una norma legal que
dispone que contra la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de
casación en materia penal no procede recurso ni acción, salvo la de revisión;
vulnera el principio de supremacía de la Constitución consagrado en el artículo
4º y la acción de tutela consagrada en el artículo 86.”
[23] “El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el
juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes” (C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Triviño).
[24] “De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última” (C-590 de 2005).
[25] “[E]s decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún
años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos” (C-590 de 2005).
[26] “[S]i la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio” (C-590 de 2005).
[27] “Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción
de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos” (C-590 de
2005).
[28] Cfr. T-077, 097 de 2009
(M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-202 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio), T-266 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-419 de 2009
(M.P. María Victoria Calle Correa).
[29] Folios 42 a 46 del
cuaderno de revisión.
[30] SU-961 de 1999 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa).
[31] T-158 de 2006 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), T-792 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-546 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). Parámetro reiterado
en la sentencia T-383 de 2009.
[32] Folio 16 del cuaderno
principal.
[33] El actor tiene
actualmente 69 años de edad, en tanto nació el 31 de agosto de 1940.
[34] Folio 12 del cuaderno
principal.
[35] 485,25 semanas de las
692 cotizadas.
[36] Esta Corporación declaró
la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 797 de 2003 mediante sentencia
C-1056 del 11 de noviembre de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[37] Folio 22 del cuaderno
principal.
[38] Solamente en este punto
se apartó de la decisión del a quo al considerar que el artículo 11 de la
Ley 797 de 2003, había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-1056 de 2003.
[39] Folio 11 del cuaderno N°
2.
[40] Folios 42 a 46 del
cuaderno de revisión.
[41] Folio 14 del cuaderno N°
1.
[42] El parágrafo 2° del
artículo 1° de la Ley 860 de 2003, fue declarado exequible mediante sentencia
C-727 de 2009.
[43] Sentencia C-624 de 2003 de la Corte Constitucional
(MP: Rodrigo Escobar Gil).
[44] Corte Constitucional,
sentencia T-009 de de 2009 (MP: Nilson Pinilla Pinilla).
[45] T-268 de 2009 (MP: Nilson Pinilla Pinillla). Caso de
una persona que teniendo derecho a la pensión de vejez fue inducida a error
para solicitar la sustitución pensional. La Corte tuteló el derecho a la
seguridad social del tutelante, tras encontrar que la información que le
suministra la aseguradora al peticionario respecto de su libertad de escoger la
indemnización sustitutiva debe ser veraz para no inducirlo a error.
[46] (MP: Clara Inés Vargas
Hernández).
[47] Cfr., Sentencia T-787 de
2009, de esta misma Sala.