T-107-19
Sentencia T-107/19
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DERECHO A LA
AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Autonomía
política y autogobierno
DERECHO A LA AUTONOMIA DE COMUNIDAD INDIGENA-Límites
y ámbitos de aplicación
LIMITES A LA AUTONOMIA DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS-Parámetros que ha establecido la Corte
Constitucional
“los límites
a la autonomía reconocida en favor de las comunidades indígenas están dados, en
primer lugar, por un núcleo duro de derechos humanos, junto con el principio de
legalidad como garantía del debido proceso y, en segundo lugar, por los
derechos fundamentales, mínimos de convivencia cuyo núcleo esencial debe
mantenerse a salvo de actuaciones arbitrarias”
REGISTRO CIVIL-Importancia en el ejercicio del derecho a la personalidad
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS-Alcance
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Importancia
del nombre, del registro civil y de la cédula de ciudadanía en su ejercicio
PRUEBA DEL NOMBRE Y ESTADO CIVIL PARA LAS
COMUNIDADES INDIGENAS-Tendrán la carga de realizar
el registro cuando pretendan hacer oponible al estado, y terceros e incluso de
otras comunidades
Por la enorme trascendencia que tiene el registro civil, al punto de
reconocer derechos de carácter fundamental, cuando sus integrantes pretendan
hacer oponible al estado, y terceros e incluso de otras comunidades, el estado
civil y sus componentes, no están exentos del cumplimiento de la carga de
realizar el registro. En este sentido, cuando pretendan demostrar su estado
civil, su nombre o sus relaciones de parentesco por fuera de su comunidad,
deberán siempre acudir a las vías institucionales, es decir, registrarse
haciendo uso de los instrumentos de enfoque diferencial o tradicionales que han
sido puestos a su disposición por parte de la Registraduria Nacional del Estado
Civil
REGISTRO CIVIL DE COMUNIDADES INDIGENAS-Exigencia deberá ser ponderada caso por caso cuando se trate de
miembros de comunidades indígenas
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR
EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración de
jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
El defecto factico se manifiesta por:(i) omisión por parte del juez
en el decreto y practica de pruebas; (ii) no valoración del material probatorio
allegado al proceso judicial; (iii) valoración defectuosa del acervo probatorio
DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACION
PROBATORIA-Configuración
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por
defecto fáctico al omitir valoración probatoria en proceso de reparación
directa
Referencia: Expediente
T-6.450.005
Acción de tutela instaurada por: Sidia
Mercedes Rendón Peralta y Luz Elena Mendoza entre otros a través de apoderada
judicial, y en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de la Guajira, el 14 de diciembre de 2015.
Magistrado
Ponente:
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil
diecinueve (2019).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Antonio José
Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
A.
LA DEMANDA DE TUTELA
1.  El 14 de
septiembre de 2016, la señora Soraya Gutiérrez Arguello, actuando como integrante
de la Corporación Colectivo de Abogados  “José Alvear Restrepo” y como
apoderada judicial de la señora Sidia Mercedes  Rendón Peralta, Carlos José
Redondo Peralta, Silfredo Radillo Redondo, Carlos Manuel Radillo Redondo y Rita
Elvira Radillo Redondo, así como del núcleo familiar compuesto por Karen Lineth
Mendoza Choles, Katia Milena Mendoza Choles, Alexander Guerra Mendoza, Gairys
Rafael Mendoza Choles, Octavio José Mendoza Choles, Bianys Paola Mendoza Choles
y Luz Elena Mendoza Choles, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de La Guajira, al considerar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de
sus poderdantes, presuntamente vulnerados, con sustento en los siguientes:
B.
HECHOS RELEVANTES
1)     La señora Sidia Mercedes Redondo Peralta y el señor Carlos Isbeth
Radillo Mendoza convivieron por varios años, y según se señala en el escrito de
la acción de tutela tuvieron seis hijos[1].
2)     La familia Radillo Redondo se identifica como indígenas no
tradicionales, esto es, como miembros de una “comunidad afrodescendiente que
convive con integrantes del pueblo Wiwa”[2],
que se encuentra asentado en las cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta,
entre otros lugares.
3)     El 30 de agosto de 2002 irrumpió en la comunidad “El limón”
un grupo de patrullas del Ejército Nacional Colombiano, miembros del Batallón
Cartagena de Riohacha, quienes, actuando conjuntamente con un grupo de
paramilitares, dispararon indiscriminadamente contra los individuos que se
encontraban en el lugar, dejando como consecuencia la muerte de doce personas.
4)     Al momento de los hechos, el menor Edgar Radillo Redondo y Jaminzon
Javier Radillo Redondo se encontraban en una finca denominada “El Comején”,
donde este último laboraba como corralero.
5)     Posteriormente, el 01 de septiembre del mismo año, un grupo de
hombres armados ingresaron a la finca “El Comején”, se llevaron a los
hermanos Edgar y Jaiminzon Javier Radillo Redondo, quienes fueron
posteriormente encontrados muertos.
6)     Según los accionantes, estos hechos de violencia habrían generado el
desplazamiento forzado del grupo familiar integrado por Octavio Mendoza, María
de los Santos Choles, Karen Lineth Mendoza Choles, Katia Milena Mendoza Choles,
Gairys Rafael Mendoza Choles, Bianys Paola Mendoza Choles y Luz Elena Mendoza
Choles, además de Sidia Mercedes Redondo Peralta, Carlos José Redondo Peralta,
Silfredo Radillo Redondo, Carlos Manuel Radillo Redondo y Rita Elvira Radillo
Redondo,  quienes habitaban en la finca “El Comején” y sus alrededores.
7)
Con ocasión a lo anterior, ambos núcleos familiares interpusieron
una misma demanda de reparación directa en contra de la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, considerando que estas entidades son responsables
administrativamente por una falla en el servicio que ocasionó la muerte de Edgar
Radillo Redondo y Jaminzon Javier Radillo Redondo, así como del desplazamiento
alegado.
8)      Al resolver la litis, el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Riohacha, mediante sentencia de primera
instancia del 30 de enero de 2013[3], declaró
a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y a la Nación-Ministerio
del Interior y de Justicia, “responsables administrativa y solidariamente
por la falla en el servicio de los perjuicios causados a dos grupos familiares
demandantes, materiales o patrimoniales, como los extra patrimoniales (perjuicios
morales subjetivos y vulneración de los derechos fundamentales, como el derecho
a la vida, a la familia, la integridad personal, libertad de residencia,
trabajo) con ocasión de la incursión paramilitar realizada por los
grupos de Autodefensas de Colombia en la Vereda “El Limón” –Finca “los Cocos”
y/o “el Comején”-Resguardo Indígena Kogui-Malayo-Arhuaco-Corregimiento de
Tomarrazon –Municipio de Riohacha (La Guajira), realizada entre los días 30 de
agosto y el 2 de septiembre de 2002, del que resultaron masacrados los hermanos
EDGAR RADILLO REDONDO y el joven JAMINZON RADILLO REDONDO, e
igualmente el desplazamiento forzado de los respectivos familiares, ya que al
parecer hubo omisión por parte de las entidades demandadas”[4].  En consecuencia, ordenó diferentes pagos indemnizatorios[5].
9)      Adicionalmente, el juez de primera instancia en la parte motiva de
la decisión señaló, dentro del acápite de hechos probados, que le reconocía la
legitimación en la causa por activa, esto es, la vocación para demandar
únicamente a Rita Elvira Radillo Redondo dentro del primer grupo familiar, en
su condición de hermana de Edgar Rafael y Jaminzon Javier Radillo Redondo y
señaló que “No se reconoce la legitimación en la causa por activa a las
demás personas, porque no fue acreditada la misma por falta de poderes y
Registros Civiles de Nacimiento…”[6].
En tanto para el segundo grupo familiar les admitió a
todos la vocación para demandar.
10)  Frente a la decisión de primera instancia en el proceso de
reparación directa se presentaron tres escritos de apelación:
a.  Recurso de apelación del Ministerio de Defensa – Policía
Nacional: presentó escrito de apelación, con el propósito de que se revoque
la sentencia y se nieguen las pretensiones de la demanda. Explicó que el deceso
de Edgar Rafael y Jaminzon Javier Radillo Redondo, así como el desplazamiento
forzado de los grupos familiares, no fue producto de una acción premeditada de
la Policía Nacional en contra de las víctimas ni tampoco fue el producto de una
omisión de la institución, pues, por el contrario la Policía desplegó todas las
acciones posibles para proteger la vida y honra de las personas, de modo que
los hechos que se condenaron fueron perpetrados por terceras personas – grupos
armados ilegales, que nada tienen que ver con la institución. Propuso como
causal de exoneración de responsabilidad, el hecho de un tercero.
b.
Recurso de apelación presentado por el
Procurador Judicial de la Nación, con el Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional: recurrió la sentencia proferida por el juez de instancia con el
objeto de que fuera revocada en su integridad y se negaran las pretensiones de
la demanda. Frente al caso en particular señaló que no existen informes
previos, denuncias o solicitudes de protección que hubieren permitido a las
autoridades militares adelantar constantes operativos por presencia inminente y
riesgo grave por parte de grupos al margen de la ley. Como causales de
exoneración de responsabilidad señaló: (i) el hecho de un tercero, (ii) la
indebida legitimación por pasiva de la Nación - Ministerio de Defensa Ejercito
Nacional y (iii) caducidad de la acción.
c.  Recurso de los demandantes: el apoderado judicial de los accionantes
recurrió la sentencia de primera instancia con la finalidad de que se modificara
y se accediera a la totalidad de las pretensiones de la demanda. Aclaró que
frente al primer grupo familiar se encuentra plenamente acreditada la
legitimación en la causa por activa. Afirmó que la comunidad afectada es
indígena y la falta de registro y/o identificación personal, es una
consecuencia no sólo de la guerra, sino que tiene un contexto cultural, donde
no se le puede imponer a una cultura la cosmovisión de las reglas consignadas
en la ciudadanía. De manera que tanto la señora Sidia Mercedes Redondo como sus
familiares miembros de la comunidad indígena “Wiwa” no tienen cédula de
ciudadanía, ni registros civiles de nacimiento, por cuanto esta práctica no
hace parte de los usos y costumbres de las personas pertenecientes a la
comunidad. Señaló que la legitimidad en la causa por activa se presume, ya que
en los folios obrantes en el proceso y como hechos probados se encuentran los
registros civiles de las jóvenes víctimas, en donde se encuentra registrada
como madre a la señora Sidia Mercedes Redondo. En cuanto a la calidad de
desplazamiento forzado de la señora Sidia Mercedes Redondo y su núcleo familiar
estimó que de acuerdo a los hechos probados y las declaraciones rendidas ante
la Personería Municipal de Riohacha es verificable la condición de desplazados.
11) En segunda instancia, la Sala Primera de decisión del
Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 14 de diciembre
de 2015, modificó la decisión de primer grado al analizar la responsabilidad extracontractual
del Estado por (i) la muerte de Edgar Rafael Radillo Redondo y Jaminzon Javier
Radillo Redondo y, (ii) por el desplazamiento forzado. Ordenó diferentes
condenas a las impuestas en primera instancia[7].
C.    LA ACCIÓN DE TUTELA
La parte actora pretendió, por vía de
tutela, el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
justicia y a la reparación integral y, en esa medida, que se modifique el fallo
emitido el 14 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de La Guajira,
al considerar que la sentencia recurrida está viciada
por un defecto procedimental, (i) al incurrir en un exceso ritual manifiesto,
por exigir el registro civil como única prueba válida del parentesco, para
efectos de la legitimación en la causa y (ii) al haber omitido la valoración de
pruebas determinantes en el asunto, que demostrarían el desplazamiento forzado. Por consiguiente, solicitó que:
a)  Se le
reconozca la indemnización por perjuicios morales y derivados de la muerte de Edgar Rafael y Jaminzon Javier Radillo Redondo a los hermanos: Dimer
José, Silfredo y Carlos Manuel Radillo Redondo, en las proporciones y montos
que la sentencia de segunda instancia le reconoció a Sidia Mercedes Redondo
Peralta, Carlos José Redondo Peralta y Rita Elvira Radillo Redondo.  Lo
anterior, sin exigir la prueba del registro civil como único medio probatorio
válido del parentesco.
b)  Se
reconozcan las indemnizaciones por perjuicios materiales y morales con ocasión
del desplazamiento forzado que enfrentaron Karen Lineth, Katia Milena, Gairys
Rafael, Bianys Paola y Luz Elena Mendoza Choles, así como a Sidia Mercedes
Redondo Peralta, Carlos José Redondo Peralta, Silfreso Radillo Redondo, Carlos
Manuel Radillo Redondo y Rita Elvira Radillo Redondo, en los montos y
proporciones reconocidas a Octavio Mendoza y María de los Santos Choles. Lo
anterior, como resultado de la valoración de pruebas obrantes en el expediente.
D.
RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA
2.  La Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de la Guajira[8]
se opuso a las pretensiones de la demanda. Advirtió la
improcedencia de la acción de tutela, por considerar que: (i) no se cumplió con
la satisfacción del requisito de inmediatez, al haberse superado el término de
seis (6) meses para instaurar la acción; explicó que la sentencia recurrida se
entiende notificada al vencimiento de fijación del edicto, esto es, a partir
del 28 de enero de 2016 y la tutela se presentó ocho (8) meses después; así
mismo recalcó que en el presente caso (ii) tampoco existe el riesgo de un
perjuicio irremediable para aceptar la procedencia de la acción como mecanismo
transitorio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 6º y
el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991.
Respecto a la decisión emitida el 14 de diciembre
de 2015, señaló dos motivos bajo los cuales consideró que no se configuraban los
elementos que soportaban una decisión judicial que pueda ser catalogada como “vía
de hecho”, y específicamente refirió que:
(i)
La Sala de Decisión resolvió negar “la
indemnización por perjuicio moral a los señores Dimier José Radillo Redondo,
Silfredo Radillo Redondo y Carlos Manuel Radillo Redondo, en razón a que en el
expediente no se allegó material probatorio (registro civil, certificado de
autoridad indígena, testigos, etc.) por medio del cual se acreditara el
parentesco de los demandantes con los finados Jaminzon Javier Radillo Redondo y
Edgar Rafael Radillo Redondo”[9].
(ii)    Tampoco se “concedieron a los señores “Sidia Mercedes
Redondo Peralta, Carlos José Redondo Peralta, Edgar Rafael Radillo Redondo,
Jaiminzon Javier Radillo  Redondo, Dimer José Radillo Redondo, Carlos Manuel
Radillo Redondo, Rita Elvira Radillo Redondo, Eufemia Milan Peralta”
pertenecientes al primer grupo familiar, ni a los señores “Karen Lineth Mendoza
choles, Alexandra Guerra Mendoza, Octavio José Mendoza Choles, Gairis Rafael
Mendoza Choles, Katia Milena Mendoza Choles, Alexander Guerra Mendoza, Bianys
Paola Mendoza Choles y Luz Elena Mendoza Choles” pertenecientes al segundo núcleo
familiar, las indemnizaciones por perjuicios materiales y morales con ocasión
del desplazamiento forzado, toda vez que no se demostraron que hubieran
residido en la Finca “Comején” para la fecha de los hechos constitutivos de la responsabilidad”[10].
Por lo tanto, a juicio del Tribunal
accionado, la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba que le permitía
demostrar los presupuestos anteriormente señalados. Adicionalmente argumentó
que el trámite y la valoración probatoria impreso a la acción ordinaria se
efectuó con la observancia de todos los principios procesales constitucionales
y legales que consagra el ordenamiento jurídico colombiano. Finalmente señaló que
la acción de tutela no fue prevista con el fin de suplir los mecanismos
ordinarios diseñados por el legislador para controvertir las decisiones
judiciales y debido a ello no puede constituir una tercera instancia como lo
pretende en sede de tutela la parte accionante.
E.    DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
Primera instancia: sentencia del dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016),
proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Primera
del Consejo de Estado[11].
3.  En
primera instancia el juez de tutela negó el amparo invocado. Dentro de
las consideraciones del fallo analizó los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela y a pesar de señalar que se cumplían la mayoría de estos,
explicó que la acción no fue interpuesta de acuerdo con el principio de
inmediatez, como quiera que los actores promovieron la acción de amparo el 14
de septiembre de 2016, habiendo transcurrido más de ocho (8) meses después de
la notificación  de la sentencia. No obstante, al advertir la relevancia del
caso, consideró necesaria la intervención del juez constitucional “como
quiera que quienes reclaman la protección de sus derechos fundamentales hacen
parte de una comunidad indígena grupos que constitucional y
jurisprudencialmente han sido protegidos por su condición de “sujetos de
especial protección constitucional” en razón a su situación  de vulnerabilidad,
originada de aspectos históricos, sociales y jurídicos”[12].
Al estudiar los requisitos especiales de
procedibilidad de la acción de tutela examinó los dos vicios alegados respecto
de la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2015: (i) defecto fáctico y (ii)
el defecto procedimental por exceso ritual.
Frente al defecto fáctico por “la
supuesta omisión del Tribunal Administrativo de La Guajira en valorar las
declaraciones rendidas por los actores ante la Personería Municipal de Riohacha”[13]
concluyó que, aunque la Personería Municipal de Riohacha, a
través de oficio del 18 de agosto de 2005[14] respondió que esa entidad no recibió denuncias por la muerte de los
jóvenes Edgar Rafael Radillo redondo y Jaminzon Javier Radillo Redondo, su
madre, la señora Sidia Redondo Peralta, hizo una relación detallada del estado
en que se encontraron sus hijos y los hechos ocurridos. Así mismo informó que
existe una declaración de María de los Santos Choles donde incluyó a todo su
grupo familiar. Sin embargo, a juicio del fallador, el referido documento no
constituye una prueba suficiente que acredite que los demás demandantes
residían en la finca “El Comején” de manera que el documento “visible
a folio 274 del expediente de reparación directa, no resulta suficiente para
establecer que fueron desplazados por la violencia”[15].
Respecto del defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto consistente en negar las pretensiones de la demanda
del primer grupo familiar, porque no se allegaron registros civiles de
nacimiento que acreditaran el parentesco con los occisos Radillo Redondo,
señaló que “en el expediente hay suficientes pruebas de los hechos acaecidos
entre el 30 de agosto y el 02 de septiembre de 2002, en la comunidad El Limón” pero
que “éstas no acreditan el parentesco de los señores Eufemia Milian Peralta,
Dimier José, Silfredo y Carlos Manuel Radillo Redondo”[16]. Adicionalmente refirió su desacuerdo con lo expuesto por los accionantes
cuando manifiestan “que no les es exigible adoptar el registro civil de
nacimiento porque hacen parte de una comunidad indígena”[17], como quiera que el Estado ha dispuesto
mecanismos para garantizar la identificación de éstos. Argumentos bajo los
cuales concluyó que la sentencia censurada no incurría en los defectos alegados
por los accionantes.
Impugnación
4.  La
apoderada judicial de los accionantes apeló la sentencia de primera instancia[18] con el argumento de que la condición de indígenas de la comunidad
Wiwa, implica que esta connotación, sumada a su condición de desplazados por la
violencia, los convierte en sujetos de especial protección constitucional, a
quienes debe garantizárseles su derecho a acceder a la justicia. Puntualmente,
solicitó que sea valorado el formato único de declaración, rendido ante la
Personería Municipal de Riohacha, en el que los accionantes señalaron
pertenecer a un mismo núcleo familiar y estar afectados por el desplazamiento.
De igual forma, pretendió la flexibilización de las exigencias probatorias para
demostrar y acreditar el parentesco entre los demandantes, al pertenecer a un
pueblo indígena que no está familiarizado con algunas costumbres occidentales,
entre ellas, la necesidad de registrarse como nacional colombiano y realizar el
registro civil. Finalmente, reitera los argumentos principales que estaban
contenidos en el escrito de tutela.
Segunda Instancia:
sentencia del diez (10) de mayo de dos mil diecisiete 2017, proferida por la
Sala de lo Contencioso Administrativo (Subsección B) de la Sección Segunda del
Consejo de Estado[19]
5.  En
segunda instancia se revocó la decisión del 16 de diciembre de 2016, y en su
lugar consideró que el amparo constitucional era improcedente, concretamente
por no acreditar el requisito de inmediatez. Para ello, resaltó que “la
acción de la referencia fue interpuesta después de haber trascurrido 7 meses y
17 días contados desde la fecha en que se notificó la providencia cuestionada;
en efecto, la providencia del Tribunal Administrativo de la Guajira fue
notificada mediante edicto desfijado el 27 de enero de 2016 y la tutela fue
interpuesta el 14 de septiembre de 2016, circunstancia que claramente
refleja el incumplimiento del requisito de inmediatez para viabilizar
formalmente esta tutela contra providencias judiciales”[20]. Posteriormente, tras anotar que la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela debe analizar las circunstancias particulares de
cada asunto para determinar la razonabilidad y proporcionalidad del período
transcurrido para acudir al mecanismo de amparo, señaló que la demandante “no
allegó prueba, ni refirió justificación razonable que permitiera afirmar que la
tardanza estuvo supeditada a un hecho especial (sic) consideración
que implique una excepción a la regla general fijada…”[21].
F.    ACTUACIONES
ADELANTADAS EN LA CORTE CONSTITUCIONAL Y PRUEBAS RECAUDADAS EN SEDE DE REVISIÓN
6.  Mediante Auto de fecha veinticinco (25) de
enero de dos mil dieciocho (2018), el Magistrado sustanciador, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional,
decretó pruebas en sede de revisión, con el fin de allegar al proceso de tutela
elementos de juicio relevantes para éste, primordialmente para entender de una
forma más completa la cosmovisión y la historia reciente del pueblo Wiwa, la
forma en que dentro de la comunidad reconocen y demuestran sus relaciones de
parentesco, la posible discrepancia de su cultura con la necesidad de llevar un
registro civil, las acciones que el Estado ha ejecutado a favor de esta
comunidad para facilitar su posibilidad de registrarse conforme a los
instrumentos públicos, entre otras. En consecuencia, en dicha providencia se
resolvió oficiar al Viceministerio para la Participación e Igualdad de
Derechos, quien dirige la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías[22]; a la Registraduría Nacional del Estado
Civil[23]; a la delegación de la Registraduría
Nacional del Estado Civil ubicada en el departamento de La Guajira[24]; al Departamento Administrativo Nacional
de Estadística – DANE[25], y al Instituto Colombiano de Antropología
e Historia – ICANH[26], para que remitieran la información
requerida. Con idéntico propósito se invitó al profesor investigador del
departamento de derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia
Filipo Burgos Guzmán[27] y al Departamento de Antropología de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (sede
Bogotá)[28], para que, si lo estimaban necesario,
aportaran conceptos frente al asunto que iba a ser objeto de análisis y
decisión por parte de esta Sala.
7.  Mediante
Auto del treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), proferido por
la Sala Cuarta de Revisión, se dispuso suspender el presente proceso por un
período de “tres (3) meses contados a partir del momento en que se alleguen
las pruebas”, siguiendo los lineamientos del Artículo 64 del Reglamento de
esta corporación (Acuerdo No. 2 de 2015). Lo anterior, teniendo en cuenta que
el día veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018), el Magistrado
sustanciador profirió un auto de decreto de pruebas de relativa complejidad, al
ser “información muy minuciosa y detallada que no es de rápida recepción”.
De igual forma, el auto de suspensión advirtió que una vez se recibiera la
información solicitada en el Auto de pruebas al que se hizo referencia, se
procedería a decretar otro similar con el propósito de allegar al proceso,
información concreta de los accionantes que, mediante apoderada, interpusieron
el amparo que en esta oportunidad es objeto de análisis.
8.  La Secretaría General de la
Corte Constitucional, informó y remitió, el día primero (01) de marzo de dos
mil dieciocho (2018), al Magistrado sustanciador las pruebas solicitadas
mediante oficios OPTB-175/18 al OPTB-181/18 del seis (06) de febrero de 2018
(Auto de fecha 25 de enero de 2018), así:
Oficio
OFI18-3729-DAI-2200, del 08 de febrero de 2018, firmado por Horacio Guerrero
García, Director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del
Interior (en respuesta al Oficio OPTB-175/18)
9.  La Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior informó que: i) el pueblo
Wiwa se encuentra distribuido en varias comunidades a lo largo de los
departamentos de la Guajira, el Cesar y Magdalena. A su vez, indicó que han
sido reconocidos a través de varios actos administrativos, entre los cuales
destaca la Resolución del extinto INCORA Nº 0109 del 8 de octubre de 1990 que
permitió la configuración del resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco. ii) Que el pueblo
Wiwa se encuentra asentado en los departamentos ya señalados, “específicamente
en las zonas de la sierra nevada de Santa Marta, una pequeña población Wiwa
vive en el municipio de Valledupar y Becerril y familias que se encuentran en
el municipio de Riohacha (…)”. Agrega que existen dos resguardos
donde se encuentra asentada esta población: el Kogui-Malayo-Arhuaco (Resolución
0109 de 1908) y Wiwa de Campoalegre (Resolución 21 de 1995). iii) Expone cómo
en la zona que tradicionalmente han estado los Wiwas ha existido presencia de
grupos subversivos desde la segunda mitad de la década de los años ochenta; cómo
en el año 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia empezaron a hacer presencia
en la Sierra del Perijá, y en el año 2000 accedieron a la Sierra Nevada del
Magdalena. Así mismo, aclara que en el territorio también había presencia del
grupo terrorista FARC, desde 1985, y que la convergencia de estos tres actores
del conflicto conllevó a un estado de inseguridad y zozobra, que ha generado el
desplazamiento de los territorios ancestralmente ocupados por la comunidad.
iv) Frente a la forma de
probar el parentesco en la comunidad Wiwa, la Dirección oficiada manifestó que
no tenía la información necesaria para responder a los interrogantes. Sin
embargo, señaló que “la filiación del individuo (Wiwa) estaría
determinada por su sexo (hombre o mujer), y la existencia de clanes
matrilineales y patrilineales”. v) Respecto al certificado de pertenencia
de una persona a la comunidad Wiwa, señaló que existe un “autocenso”
realizado por las propias comunidades indígenas, que está regulado en el
Artículo 35 de la Ley 89 de 1890. vi) Finalmente, sostuvo que la Dirección “no
tiene conocimiento del nivel de apropiación que tienen los miembros del pueblo
Wiwa de los sistemas de identificación nacional tales como registro civil,
tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y actas de defunción, que no forman
parte de sus formas tradicionales de adscripción social” y que no existe un
registro de este grupo poblacional, distinto a los censos que las mismas
comunidades realizan y la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del
Ministerio del Interior certifica.
Oficio del 08 de
febrero de 2018, firmado por Jeanethe Rodríguez Pérez, jefe de la Oficina
Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, (en respuesta al oficio
OPTB-176/18)
10.  i) Indicó que existe un marco
teórico genérico, consistente en una investigación llamada “Derechos de
personalidad jurídica y participación política de los pueblos indígenas en
Colombia. Diagnóstico, fuentes jurídicas y criterios de adecuación
institucional para la Registraduría Nacional del Estado Civil”, y en la
actualidad se desarrolla un trabajo de campo específico, donde se han podido
caracterizar los procesos de identificación de los miembros de los resguardos
Kogui-Malayo-Arhuaco en particular, a través del cual se busca comprender y
garantizar la prerrogativa y el reconocimiento constitucional a la personalidad
jurídica de los pueblos indígenas, por un lado, y los derechos al libre
desarrollo de la personalidad y la libre autodeterminación de los pueblos, por
el otro. Agregó que la investigación y el posterior trabajo de campo inició en
el año 2016 y que en su implementación se han llevado a cabo tres reuniones con
líderes de distintas comunidades, entre las cuales siempre ha estado presente
un delegado del gobernador del cabildo Wiwa (las reuniones con las comunidades
se llevaron a cabo el 09/09/2017, 05/10/2017 y 06/02/2018).
ii) Señala que la
Registraduría ha emitido directrices en materia de enfoque diferencial para los
pueblos indígenas en atención a las distintas órdenes que al respecto ha
impartido la Corte Constitucional. En este sentido, fue expedida la circular Nº
276 del 21 de octubre de 2014, la cual dispuso que “a falta de alguno de los
documentos reconocidos para la inscripción en el registro civil de nacimiento,
se debe utilizar cómo antecedente este documento el cual hace las veces de
“Autorización indígena”, con el fin de realizar la creación del registro civil:
este documento debe ser expedido por la autoridad tradicional indígena o quien
haga sus veces (…)”. De esta manera, el tratamiento diferencial
básicamente se ve expresado en la facultad que se da a los pueblos indígenas
para que, a través del formato, se respeten aspectos como: arraigo, lengua,
respeto por la línea y las castas y el reconocimiento de la autoridad local (la
cual actúa como declarante en el certificado antecedente). De manera que, con
este tipo de certificaciones “por primera vez, se reconoce que las
autoridades indígenas pueden expedir certificados propios de nacimiento vivo de
sus integrantes, a la vez que estos serán tomados como documento antecedente
válido en el Sistema de Información de Registro Civil”. Indica, que
mediante la Resolución Nº 807 del 23 de enero de 2018, se rediseñó el documento
de nacido vivo y de defunción, considerando el trato diferencial, las
tradiciones y cultura de los grupos étnicos en Colombia. Finalmente, hace
alusión a la Resolución Nº 973 de 2016, que exoneró del cobro para la
expedición de rectificaciones, así como de copias y certificaciones del
registro civil de individuos que pertenezcan a comunidades indígenas.
iii) Así mismo, enfatiza que
el uso del formato “antecedente para el registro civil de personas
pertenecientes a pueblos indígenas”, es considerado como el documento
idóneo para realizar un registro civil de nacimiento. Este documento, que debe
ser firmado por el cabildo gobernador de la respectiva comunidad, habrá de ser
registrado en la Registraduría Municipal más cercana o de lo contrario podrá
presentarse ante el registrador ad-hoc de la Unidad Nacional de Atención
a Población Vulnerable –UAPV-, para proceder a llevar a cabo el respectivo
registro civil de nacimiento.
iv) Resalta que con respecto a
los Wiwas se ha garantizado “el registro del nombre propio o nombre de pila
que busca individualizar a cada miembro de la misma familia, y los apellidos
que establecen el vínculo con sus padres o núcleo familiar, así mismo se
garantiza el acceso a la oferta institucional de la Entidad a través de una
política diferenciada, en la cual es posible consignar la pertenencia étnica en
los documentos de identidad, independientemente del documento antecedente que
sea utilizado”. Agrega al respecto que “también en la actualidad es
posible el reconocimiento a la pertenencia a un territorio y a un ordenamiento
social y visible por una marca etnolingüística (incorporación del lugar de
origen y adaptación fonética de la lengua indígena)”.
v) Señala varias de las
dificultades que la entidad ha encontrado a la hora de registrar a los miembros
de la comunidad indígena Wiwa, entre los cuales se encuentran: casos de doble
registro; insuficiente divulgación acerca de los trámites de registro por no
adaptarse a los idiomas y particularidades culturales; los sistemas de
información de la entidad no permiten establecer la pertenencia a los pueblos
indígenas; para algunos de los miembros de las comunidades este tipo de
trámites no resultan necesarios (por motivos culturales); falta de
reconocimiento subjetivo por parte de miembros de la comunidad indígena (lo que
dificulta que la autoridad registral pueda dejar consignada dicha información
en el documento de identificación); falta de reconocimiento objetivo por parte
de la comunidad (por razones de expulsión, desplazamiento o conflictos); las
madres indígenas solas se intimidan para realizar el trámite de registro, entre
otras.
Oficio Nº
RNEC-DDG-118 del 08 de febrero de 2018, firmado por Gustavo Adolfo Tobo
Rodríguez, Delegado Departamental del Registrador Nacional del Estado Civil,
sede Guajira, (en respuesta al oficio OPTB-177/18)
11.  La delegatura departamental informó
que, en La Guajira, el pueblo
Wiwa tiene asentamiento principalmente en los municipios de Riohacha y Dibulla.
Entonces, frente a los esfuerzos administrativos por registrar a estos
individuos narra cómo: en el año 2013 se realizó una campaña en el municipio de
Dibulla, donde se registraron 72 niños. En el 2016 se organizó una brigada en
la misma localidad donde fueron registrados otros 62 niños Wiwa.
Adicionalmente, señala que en los últimos años se han atendido unos 600
miembros de esa comunidad. Adicionalmente, la UNAPV “realiza por lo menos
una campaña anual a todas las comunidades indígenas del municipio de Dibulla,
esa campaña cubre todas las etnias presentes”. Señala que esta unidad ha
identificado o registrado “no menos de 3.500 indígenas de todas las etnias”,
de los cuales, solo en 2017, fueron atendidos 168 miembros de la comunidad
Wiwa. Finalmente, señala las dificultades que la entidad ha evidenciado para el
registro de estos individuos, particularmente en el municipio de Dibulla, esto
por la geografía del lugar, pues “la Sierra Nevada de Santa Marta es un
terreno que en su 80% es de difícil acceso, sumado a los distintos actores del
conflicto armado en la región y que son potenciales riesgos para los funcionarios”.
Oficio firmado por
Claudia Jineth Álvarez Benítez, jefe de la Oficina Asesora jurídica del DANE,
(en respuesta al oficio OPTB-178/18)
12.  El Departamento Nacional de
Estadística recogió información demográfica en el año 2005 y reportó que en el
Departamento de La Guajira habitaban 5264 Wiwas, en el Departamento del
Magdalena 483 y, en el Departamento del Cesar, 4893 que se auto reconocían como
miembros de ese pueblo indígena.  A su vez, informó que, con miras a la
realización del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, se ha
adelantado un proceso de consulta y concentración, tanto en la organización
Wiwa Yugunaiun Bukuanarrua Tayrona (OWYBT) del Departamento del Cesar, como con
la Delegación Wiwa de los departamentos del Magdalena y la Guajira. Finalmente,
con respecto a la información solicitada por miembros de dicha comunidad
afectados por el desplazamiento forzado, comunicaron que no poseen ninguna
información al respecto.
Concepto elaborado
por Filipo Ernesto Burgos Guzmán, docente e investigador del Departamento de
Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, (en respuesta
al oficio OPTB-179/18)
13. El profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia
hace referencia al enfoque diferencial dentro de los procesos judiciales y las
actuaciones administrativas que existe en favor de las comunidades indígenas,
según lo dispuesto en el artículo 246 de la Constitución, haciendo énfasis en
que “dentro de la vida comunal y familiar de los indígenas, se encuentra que
hechos como el nacimiento (…) son regulados socialmente de acuerdo al
fuero interno del grupo”. Aclaró, sin embargo, que de manera simultánea son
regulados dentro del ordenamiento jurídico nacional los aspectos relativos al
estado civil de las personas, razón por la cual, independientemente de
pertenecer a estos grupos, sus miembros deben ser registrados. En este orden de
ideas, manifiesta que existe un vacío normativo entre el registro civil y los
actos sujetos a registro por parte de los indígenas, que en teoría debería ser
resuelto por una ley de coordinación, según los postulados de la Constitución
Política. Lo anterior, teniendo en  cuenta que “en nuestro ordenamiento
existen normas que señalan la necesidad de aplicar el enfoque diferencial en
los procedimientos administrativos y judiciales donde se encuentren
involucrados indígenas”.
A continuación, hace
referencia puntual al enfoque diferencial en el registro civil para indígenas.
Señaló que “si bien las comunidades se rigen por sus propias normas en los
nacimientos, matrimonios y sucesiones, esos actos realizados bajo la ley
ancestral deben ser registrados ante el funcionario de registro y en especial
cuando se trate de hacer valer estas situaciones de la persona y la familia
ante el Estado. De manera que, como la filiación, el parentesco y las
situaciones del estado civil tienen esta solemnidad probatoria en el
ordenamiento vigente, los indígenas tienen el deber, como cualquier ciudadano
colombiano, de cumplir con esta exigencia. Situación que implica que la Administración
cuente con la institucionalidad necesaria para facilitar a los miembros de las
comunidades indígenas el procedimiento de registro”. Así las cosas,
recuerda que desde el año 2014 la Registraduría Nacional ha admitido que se
pueda abrir el registro civil de nacimiento con un documento antecedente
firmado por una autoridad indígena, lo que considera “un avance en el
reconocimiento de la realidad cotidiana de las comunidades locales”.
Finalmente, concluye que “el
registro civil es una institución de la cual dependen derechos como el de la
identidad y nacionalidad, que obliga tanto al Estado como a los indígenas. Por
tanto, solo si de manera excepcional se demuestran verdaderas barreras de
acceso al registro se podrá pensar en suplirlo y dar viabilidad a otros
instrumentos de acreditación que en todo caso garanticen la fe pública,
elemento imprescindible del sistema de registro”.
Oficio Nº 0497-0582
del 13 de febrero de 2018, firmado por Marta Saade Granados, Subdirectora
Científica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, (en
respuesta al oficio OPTB-180/18)
14.  El ICANH realiza una generosa explicación de la historia y
cosmovisión Wiwa, donde indica que en la actualidad “son uno de los cuatro
pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta y representan el 0.8% de
la población indígena en Colombia. Se encuentran localizados en el departamento
de La Guajira (San José del Cesar, Dibulla y Riohacha), en donde habita el
49.18% de la población Wiwa (6.701 personas). Le sigue Cesar (Becerril y
Valledupar), con el 45.72% (6.230 personas) y Magdalena (Santa Marta) con el
4.51% (615 personas)”. Señala que para ser miembro de la comunidad Wiwa
existen cuatro vías: i) haciendo ejercicio de su autodeterminación y auto reconocimiento,
comprendido en términos de conciencia de compartir ciertas creencias,
instituciones y comportamientos colectivos con determinado grupo humano; ii)
hacer parte de alguno de sus linajes que son reconocidos por toda la comunidad
y por las autoridades espirituales locales; iii) en la actualidad, los
cabildos-gobernadores expiden una certificación de pertenencia de los miembros
de su comunidad; y iv) desde el año 2016, en el registro civil de nacimiento se
agrega la pertenencia étnica de los miembros de los pueblos indígenas, gracias
a las adecuaciones que ha hecho la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Enfatiza en que “es el cabildo-gobernador quien se encarga de fungir como
intermediario con los mamos [autoridades espirituales] en caso de que
sea necesario probar los vínculos de parentesco”.
Frente a los registros de
nacimiento en la comunidad Wiwa, el ICHAN expone que cuando los bebés nacen, se
llevan a cabo una serie de rituales tradicionales que inician desde el momento
del parto (atendido por una partera en compañía del progenitor) y continúan con
una serie de “trabajos a los padres en la casa y en presencia del niño”,
iniciados por la autoridad espiritual, los cuales equivalen al bautizo y
constituye “el ritual propio que genera la inscripción social”. Esta
práctica cultural les da validez a los acontecimientos de la vida dentro del
pueblo Wiwa.
N o obstante lo anterior, “en su relación con (…) las
instituciones públicas, los pueblos indígenas se ven obligados a adoptar otras
prácticas que legitimen estos acontecimientos para que puedan ser reconocidos
por el Estado”. Sin embargo, plantea que existen barreras lingüísticas,
geográficas, tecnológicas y económicas que le impiden a los Wiwas llevar a
cabo, en todos los casos, la labor de registro.
Establece que la falta de
acceso al registro civil implica que en muchos casos miembros de la comunidad
Wiwa hayan presentado “problemas respecto a acciones de reparación ya que no
pueden certificar el parentesco con la víctima debido a que en muchas ocasiones
los bebés son registrados por los abuelos o tíos porque los padres tienen
problemas con sus documentos”, los cuales obedecen a “la múltiple
expedición de registros civiles y cédulas, y que conlleva a la cancelación de
los mismos ya que no es claro para ellos que este documento es único para toda
la vida”. Pese a lo anterior, “en los casos en que mueren por causas
violentas, generalmente por efectos del conflicto armado en sus territorios,
deben declarar la defunción, y esto también les ha permitido acceder a
reparaciones del Estado”.
Oficio Nº
DA-BDCH-014 del 23 de febrero de 2018, firmado por Consuelo de Vengochea,
Directora de la Facultad de Ciencias Humanas (Departamento de Antropología) de
la Universidad Nacional de Colombia, (en respuesta al oficio OPTB-181/18)
15.  El concepto elaborado por la
Universidad Nacional expone que para identificar un miembro de la comunidad
Wiwa se requiere que esta lo haya recibido como tal con el ritual del bautizo,
el cual parte de la voluntad y ejercicio de la autonomía, y tiene como efecto
considerar al individuo como un miembro del grupo con efectos sociales y
jurídicos. Entonces, la identidad Wiwa se adquiere “al nacer y al ser
bautizado (…) de otra parte, los Wiwa adquieren en el proceso de
socialización diversos conocimientos teóricos y prácticos que les permiten
reforzar su identidad”. Agrega que existe la posibilidad de que algunos
miembros de la comunidad no posean registro civil ni tampoco cédula de
ciudadanía, a pesar de identificarse como colombianos, y propone tres formas de
probar la identidad cultural y familiar Wiwa: i) un certificado de pertenencia
étnico y/o familiar expedido por el cabildo; ii) el testimonio de una autoridad
tradicional (mamos), en el sentido de “afirmar de manera positiva la
pertenencia de una persona a la misma comunidad dando su testimonio”; y
iii) “uno de los padres de la persona que dice ser Wiwa afirma de manera
positiva la relación consanguínea y ese testimonio puede ser verificado con las
autoridades tradicionales”[29].
Por
último, sostiene que existe una razón sociocultural para que los miembros de
esta comunidad indígena no acostumbren llevar un registro civil, consistente en
que “su vida social siempre está relacionada con los mamos, personas que
después de haber recibido una educación especial y por varios años, conocen en
profundidad el pensamiento y cultura ancestrales (…)” de la
comunidad, y son quienes “acompañan y ofician todos los rituales del ciclo
de la vida social”.
16.  Posteriormente, mediante Auto
de fecha quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), el Magistrado
sustanciador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento
de la Corte Constitucional, y atendiendo lo dispuesto en el Auto de Suspensión
del treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), decretó nuevas
pruebas en sede de revisión, con el fin de completar el material probatorio
necesario para un pronunciamiento de fondo en el asunto. En consecuencia, en
dicha resolución ofició a la apoderada de los accionantes para que demostrara
mediante el mecanismo más idóneo que los tres actores de la familia Radillo
Redondo que en esta oportunidad ocupan la atención de la Sala, son miembros de
la comunidad Wiwa; e igualmente que los dos occisos de quienes alegan ser
hermanos también pertenecían en vida a este pueblo[30]. Además, que demostrara que Katia, Karen, Gairys, Octavio, Bianys
y Luz Elena Mendoza Choles, son hijos de Octavio Mendoza y de María de los
Santos Choles, y que igualmente estos seis (6) individuos convivían con sus
presuntos padres al momento que tuvieron que dejar su hogar[31]. Por último, le solicitó a la apoderada de los accionantes que
aclarara la relación entre las familias Radillo Redondo y Mendoza Choles, así
como la situación actual de algunos de sus poderdantes[32].
17.  La Secretaría General de la
Corte Constitucional, informó y remitió, el día dieciséis (16) de abril de dos
mil dieciocho (2018), al Magistrado sustanciador, el escrito recibido en
respuesta a las pruebas solicitadas mediante oficio OPTB-708/18 (Auto de fecha
quince (15) de marzo de 2018), así:
Escrito presentado
por Soraya Gutiérrez Arguello, apoderada judicial de los accionantes en la
acción de tutela que revisa la Sala, (en respuesta al oficio OPTB-708/18)
18.  La apoderada de los
accionantes informó lo siguiente:
i)  Que la señora Eufemia Peralta
Milian y el señor Osvaldo Choles Redondo convivieron por muchos años en una
unión marital de hecho, de la cual nacieron ocho (8) hijos, entre ellos: Sidia
Mercedes Redondo Peralta y María de los Santos Choles Peralta. Aduce que puede “demostrar
[que] la señora SIDIA y la señora MARIA DE LOS SANTOS son hermanas legítimas
de los mismos padres, con la diferencia que la señora SIDIA fue registrada con
el segundo apellido de su padre y la señora MARIA con el primer apellido”.
A lo anterior agrega que, “es claro que las familias RADILLO REDONDO y
MENDOZA CHOLES tienen una relación entre sí debido al segundo grado de
consanguinidad existente entre la señora SIDIA MERCEDES REDONDO PERALTA y MARIA
DE LOS SANTOS CHOLES PERALTA pues son hermanas, lo cual deriva a su vez en una
relación de tercer grado de consanguinidad entre ellas y sus sobrinos(as)”.
No obstante lo anterior, no se allegó ninguna prueba que permita demostrar esta
relación de consanguinidad, que sea distinta a las dos transcripciones hechas.
ii)  Que la familia de la señora
María de los Santos Choles Peralta vivía en la finca “El Comején”,
ubicada en la vereda “El Limón” dentro del resguardo
Kogui-Malayo-Arhuaco, en el municipio de Riohacha (Guajira). Por su parte, la
familia de Sidia Mercedes Redondo Peralta vivía en la vía de la comunidad “El
Limón” en el sitio conocido como Moreneros, en una “finca muy cercana a
la de su hermana María, quien ayudaba económicamente a Sidia, porque
recientemente había fallecido su esposo”. En el mismo orden de ideas,
ejemplifica que “tal es la cercanía entre ambas familias que Carlos Manuel y
Jaminzon Radillo Redondo vivían con su tía María quien les proporcionaba comida
y techo puesto que ellos trabajaban como corraleros en la finca “El Comején””.
iii)  Narra nuevamente los hechos
de violencia que acontecieron el 01 de septiembre de 2002, y señala que como
consecuencia de estos se generó el desplazamiento forzado de todo el núcleo
familiar de: A) María de los Santos Choles Peralta que habitaba la finca “El
Comején”, y B) Sidia Mercedes Redondo Peralta, quienes habitaban la finca “Moreneros”,
ubicada también en la comunidad “El Limón”. De esta manera, afirma que “las
familias Radillo Redondo y Mendoza Choles vivieron juntas tras el
desplazamiento en la ciudad de Riohacha, tratando de encontrar los medios que
les permitieran subsistir”.
iv)  Que la familia de Sidia
Mercedes Redondo Peralta regresó nuevamente a la comunidad “El Limón”, pero
ella se encuentra actualmente recibiendo un tratamiento médico (no acreditado)
en la ciudad de Riohacha. Así: Silfredo, Carlos Manuel y Rita Elvira Radillo
Redondo se encuentran trabajando en distintas labores en dicha comunidad.
Carlos José Radillo Redondo, de 15 años, actualmente se encuentra estudiando en
un colegio ubicado en “El Limón”.
v)  Anexó un certificado expedido
por José Luis Chimuquero, Gobernador del Cabildo Indígena Wiwa[33], en el cual dicha autoridad deja constancia que: “la familia
Radillo Redondo y la familia Mendoza Choles, se reconocen como indígenas no
tradicionales, que es, comunidad afro descendiente que hacen parte de la
comunidad Wiwa, ellos conviven con los integrantes del pueblo Wiwa, en la
comunidad “”El Limón””, que los hechos violentos ocurridos entre el 30 de
agosto y el 01 de septiembre de 2002 “generaron el desplazamiento forzado de
toda la comunidad “El Limón”, entre ellos las familias de los menores
asesinados que fueron la madre de los menores, la señora: Sidia Mercedes
Redondo Peralta identificada con la C.C. 56.080.001; y sus hermanos Carlos José
Redondo Peralta, hijo de Sidia, menor de edad; Silfredo Radillo Redondo C.C.
84.084.080, Carlos Manuel Radillo Redondo C.C. 84.083.446, Rita Elvira Radillo
Redondo C.C. 40.932.508; John Carlos Radillo Redondo C.C.84.088.037 y Luz Mary
Radillo Redondo C.C. 40.942.281”. Igualmente, indica que “sufrió la
misma suerte la tía de los menores asesinados, y toda su familia quienes fueron
también desplazados forzosamente, ya que los dos menores trabajaban en la finca
con ella”[34], y habitaban la finca “El
Comején” y sus cercanías. Finalmente, el gobernador del cabildo concluye
que “las dos familias hacen parte de la comunidad del limón y nos consta que
fueron desplazados forzosamente de esta comunidad”.
Pruebas relativas a
los registros civiles:
19.  Mediante Auto de fecha treinta (30) de enero de dos mil
diecinueve (2019), el Magistrado sustanciador ordenó la
inclusión en el expediente, para que obraran como prueba, de los documentos
impresos que constan en cuatro folios, y, que fueron hallados de la página de
internet de la Registraduría Nacional del Estado Civil[35]
donde constan los siguientes datos:
a.
Silfredo Radillo Redondo está registrado
en la Notaria Segunda del Municipio de Riohacha – La Guajira. El registro se
realizó el trece (13) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), con
el serial No. 0022070337.
b.
Jaminzon Javier Radillo Redondo estaba
registrado en la Notaria Segunda del Municipio de Riohacha – La Guajira. El
registro se realizó el veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y
cinco (1995), con el serial No. 0022069814.
c.
Edgar Rafael Radillo Redondo estaba
registrado en la Notaria Primera del Municipio de Riohacha – La Guajira. El
registro se realizó el diecinueve (19) de enero de mil novecientos noventa y
cinco (1995), con el serial No. 0022111151.
d.
Carlos Manuel Radillo Redondo
certificado de no encontrar información de registro civil de nacimiento.”.
Igualmente,
en cumplimiento del artículo 64 del Acuerdo 02 de dos mil quince
(2015), se puso a disposición de las partes y de los terceros con interés,
las pruebas incorporadas, en concordancia con lo previsto en el artículo 110
del Código General del Proceso. De acuerdo con la certificación de la
Secretaría General de la Corte Constitucional, la parte accionante revisó las
pruebas en cuestión, pero guardó silencio al respecto[36].
II. CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
1. Esta Corte es competente para conocer de esta acción
de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y en el
numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, en los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del catorce (14) de noviembre
de dos mil diecisiete (2017), proferido por la Sala de Selección de Tutelas
Número Once de la Corte, que decidió someter a revisión la decisión adoptada
por los jueces de instancia.
B.
CUESTIÓN PREVIA: PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
DE TUTELA INTERPUESTA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
2. En virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la reiterada
jurisprudencia constitucional dictada en la materia[37], y los artículos concordantes del Decreto 2591
de 1991, la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario,
razón por la cual, sólo procede excepcionalmente como mecanismo de protección definitivo:
(i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
o (ii) cuando existiendo, ese medio carece de idoneidad o eficacia para
proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, en
las circunstancias del caso concreto; así mismo, procederá como mecanismo transitorio
cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable a
un derecho fundamental. En este último evento, la protección se extenderá hasta
que se produzca una decisión definitiva por parte del juez ordinario[38]. Por lo anterior, generalmente el juez
constitucional tendrá la tarea de verificar que toda acción de tutela acredite
cuatro requisitos: legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva,
inmediatez y subsidiariedad, para que el amparo sea considerado procedente, y
solo con posterioridad a este examen podrá estudiar de fondo el tema que está
conociendo.
Legitimación
por activa: En el caso bajo estudio, la abogada
Soraya Gutiérrez Arguello actúa como apoderada judicial de Sidia Mercedes Rendón Peralta[39], quien a su vez, en
su calidad de madre de menores de edad, representa los intereses de Carlos José
Redondo Peralta, Silfredo Radillo Redondo[40], Carlos Manuel Radillo Redondo[41] y Rita Elvira Radillo Redondo[42]. También actúa como apoderada del núcleo familiar compuesto por
Karen Lineth Mendoza Choles[43], Katia
Milena Mendoza Choles[44] quien,
a su vez, en su calidad de madre de menores de edad, representa los intereses
de Alexander Guerra Mendoza, Gairys Rafael Mendoza Choles[45], Octavio José Mendoza Choles[46], Bianys Paola Mendoza Choles[47] y Luz Elena Mendoza Choles[48]. De
modo que la apoderada judicial se encuentra legitimada para interponer la acción de
tutela de referencia, respecto de dichas personas, en consideración del
respectivo mandato de representación judicial.
Por
otra parte, observa la Sala que dentro de las pretensiones de la acción de
tutela, la apoderada judicial solicitó el reconocimiento
de la indemnización por perjuicios morales y otros derivados de la muerte de Edgar Rafael y Jaminzon Javier Radillo Redondo de “los hermanos: DIMER
JOSÉ RADILLO REDONDO, SILFREDO RADILLO REDONDO Y CARLOS MANUEL RADILLO
REDONDO en las proporciones y montos que la sentencia de segunda instancia reconoció
a SIDIA MERCEDES REDONDO PERALTA, CARLOS JOSÉ REDONDO PERALTA Y RITA ELVIRA
RADILLO REDONDO”[49](subrayado
y negrilla fuera de texto). Al efectuar una interpretación sistemática de la
demanda, se colige que el señor Dimer José Radillo Redondo actuaría igualmente
como demandante dentro del proceso.
Al
respecto, cabe señalar que, conforme la jurisprudencia
constitucional y de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la
solicitud de amparo de derechos fundamentales exige que quien la presente se
encuentre “legitimado en la causa”, lo cual puede resultar de una de
tres hipótesis: actuar en nombre propio, para la defensa de sus propios
derechos fundamentales[50]; actuar
como agente oficioso de la persona a quien se le estarían vulnerando o
amenazando sus derechos y que estaría en una situación de imposibilidad o
incapacidad para actuar por sí mismo; o, actuar como representante judicial, en
desarrollo de un poder debidamente otorgado. La ausencia de legitimación en la
causa por activa, por no encuadrar en alguna de las anteriores hipótesis,
impide que el juez de tutela profiera una decisión de fondo al respecto[51].
Establecido
lo anterior, dentro del expediente no se logra
verificar que el señor Dimer José Radillo Redondo le hubiere conferido poder a
la abogada Soraya Gutiérrez Arguello para presentar acción de tutela, de manera, que la profesional del
derecho carece de mandato para actuar dentro del proceso respecto del referido
señor, por lo que habrá de declararse improcedente el amparo constitucional,
respecto del citado demandante, por ausencia de legitimación en la causa por
activa.
3.Legitimación por pasiva: El Tribunal Administrativo de La Guajira, es una entidad de
naturaleza pública, perteneciente a la Rama Judicial del Poder Público, que
ejerce función jurisdiccional. Por lo tanto, es susceptible de demanda de
tutela (C.P. 86°, Decreto 2591 de 1991 art. 1° y art. 13°).  Lo anterior, ya
que el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela procede en
contra de acciones u omisiones de toda autoridad pública, por lo que se
encuentra cumplido este supuesto de procedibilidad.
4. Ahora bien, el asunto que ocupa la atención de la
Sala consiste en un amparo constitucional interpuesto contra una providencia
judicial, que resulta ser la decisión que los accionantes, actuando a través de
apoderada judicial, consideran dio origen a la trasgresión iusfundamental
alegada en común, esto es, la negativa en ordenar una serie de indemnizaciones
por daños morales y en algunos casos materiales, presuntamente ocasionados por
la muerte de dos individuos, en una serie de hechos violentos ocurridos en el
año 2002 (en lo que respecta a los miembros de la familia Radillo Redondo), y
un desplazamiento forzado que ocurrió como consecuencia de estos acontecimientos
(en lo que tiene que ver con el núcleo familiar Mendoza Choles).
La anterior particularidad implica que el
análisis de procedencia del presente amparo no puede agotarse con el estudio de
los cuatro requisitos generales antes enunciados, ya que al pretender enfrentar
una decisión proferida por un cuerpo colegiado de jueces, en ejercicio de su
función de administrar justicia, la acción de tutela se torna en un instrumento
realmente excepcional, que no debe ser confundido con una nueva instancia
procesal para la discusión de asuntos de índole probatorio o de interpretación
del derecho que dieron origen a un litigio. Esto implica un análisis de
procedencia mucho más minucioso, conforme a los parámetros señalados por la
jurisprudencia de esta Corte, que incluirán los enunciados requisitos de
inmediatez y subsidiariedad.
Requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales
5. La sentencia C-590 de 2005 estableció unas causales
genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, las cuales deben ser acreditadas en todos los casos para que el
asunto pueda ser examinado de fondo por el juez constitucional. De esta forma,
la providencia referida planteó seis (6) requisitos de carácter general que habilitan
la interposición de este tipo de acciones, en casos muy excepcionales de
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, delimitó
ocho (8) situaciones o causas especiales de procedibilidad, como formas
de violación de un derecho fundamental por la expedición de una providencia
judicial. Se trata de las hipótesis de prosperidad de la acción de tutela
contra la providencia judicial[52].
De manera que para que la tutela pueda ser estudiada deberán superarse los
requisitos de procedibilidad[53] y, en cuanto al fondo, para que el amparo solicitado prospere,
deberá acreditarse, por lo menos, una de las causales especiales o vicios que
afectan la validez de la providencia judicial.
Para un mayor entendimiento de lo que
implican estos requisitos generales, debe precisarse, aunque sea sumariamente,
el contenido de cada uno de ellos, y así proseguir inmediatamente a estudiar la
procedencia de la acción de tutela que en esta oportunidad revisa la Sala.
6.1 Que se hayan agotado todos los
mecanismos de defensa, ordinarios y extraordinarios, es decir que se encuentre
acreditado el requisito de subsidiariedad según lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política, que establece cómo la acción de tutela
constituye un mecanismo de protección para los derechos fundamentales de
carácter residual y subsidiario, es decir, que únicamente será procedente
cuando no exista otro medio de defensa judicial que resulte eficiente e idóneo,
o cuando se pretenda evitar un perjuicio irremediable[54].
La Sala observa que este primer
requisito se encuentra debidamente acreditado, toda vez que, los ahora
accionantes en sede de tutela reclamaron, en primer lugar, las indemnizaciones
que en esta oportunidad solicitan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
a través de una acción de reparación directa por falla en el servicio. Este
mecanismo de defensa ordinario idóneo para amparar este tipo de pretensiones,
fue resuelto en dos instancias: i) por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Riohacha, mediante sentencia del 30 de enero de
2013; ii) por el Tribunal Administrativo de La Guajira, a través de la decisión
del 14 de diciembre de 2015, respectivamente. En este orden de ideas, la
sentencia de primera instancia fue debidamente apelada con los argumentos que
ahora son expuestos en sede de tutela y la acción de tutela objeto de revisión
va dirigida precisamente en contra de esta decisión de segunda instancia que
resolvió de manera definitiva, y a juicio de los actores, con violación al
debido proceso, el mecanismo que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para
casos afines, por lo que la subsidiariedad está acreditada.
6.2 Que la acción sea presentada en un
término razonable y oportuno, es decir, que se respete el principio de
inmediatez. Si bien es cierto que la acción de tutela no está sometida
a un término de caducidad, sí tiene que ser interpuesta en un plazo razonable y
proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración, en el caso de las
providencias judiciales, desde que quedó en firme. Por lo anterior, el juez de
tutela no podrá conocer de un asunto, y menos aún conceder la protección de los
derechos fundamentales señalados como afectados, cuando la solicitud se haga de
manera tardía, pues deberán ser observadas las circunstancias en cada caso
concreto para determinar si la acción fue o no interpuesta en un término
prudencial. Al respecto, esta Corte ha considerado que “un plazo de seis (6)
meses podría resultar suficiente para declarar la tutela improcedente y en
otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para
ejercer la acción de tutela”[55].
En últimas, este requisito le impone la carga al demandante de interponer la
acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la
conducta que causa la vulneración de derechos fundamentales[56], dependiendo
de las circunstancias particulares que rodean el caso[57].
En este orden de ideas, se evidencia que
la sentencia impugnada está calendada el 14 de diciembre de 2015, siendo notificada
mediante edicto del 27 de enero de 2016, mientras que el amparo constitucional
que en esta oportunidad revisa la Sala fue interpuesto el día 14 de septiembre
de 2016, esto es, un poco más de siete (7) meses después de su notificación.
La Sala de lo Contencioso Administrativo
(Subsección B) de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que analizó en
segunda instancia la acción de tutela objeto de revisión concluyó que el citado
período era excesivo, razón por la cual resolvió que el amparo era improcedente.
Sin embargo, la Sala encuentra que esta solución no es de recibo por dos
razones de trascendencia, a saber:
i) Los
accionantes son sujetos de especial protección, por referir que son víctimas
del conflicto armado interno en Colombia al alegar que han sido forzados a
desplazarse. Esta particularidad si bien, no implica que la acción de tutela
necesariamente deba ser considerada automáticamente procedente, más aun teniendo
en cuenta que en el asunto actuaban mediante apoderado, sí obliga al juez constitucional
a efectuar un análisis en el asunto más detallado o a flexibilizar estos
requisitos, teniendo en cuenta que condiciones como las referidas ponen a estos
individuos en una situación de vulnerabilidad e incluso indefensión, razón por
la cual no puede exigírseles una carga de diligencia idéntica a la que se
esperaría de una persona que no tenga estas connotaciones.
ii) El amparo
objeto de revisión, además de ser un tema complejo por involucrar pretensiones
de múltiples accionantes que integran dos núcleos familiares, no fue
interpuesto en un tiempo desproporcionado, puesto que, si bien la
jurisprudencia de esta corporación ha señalado que un término de seis (6) meses
es suficiente para interponer las acciones de tutela contra providencias judiciales,
este no constituye un plazo unívoco ni completamente estricto, sino que deberá
analizarse caso por caso, atendiendo las condiciones más particulares si se
presentó en un término prudente o no. En este orden de ideas, considerando la
condición de sujetos de especial protección de los accionantes, la cantidad de
pretensiones que convergen en el amparo constitucional que se revisa, y la
mayor dificultad argumentativa que implica la interposición de una acción de
tutela contra providencia judicial (que en esta oportunidad se solventó
acudiendo a una apoderada única), la Sala concluye que el término de casi ocho
(8) meses que trascurrió entre la notificación del fallo accionado y la
interposición del amparo, no fue desproporcionada.
Así, el requisito de inmediatez se
encuentra suficientemente acreditado.
6.3 Si se está alegando en la tutela
que la providencia sobrelleva una irregularidad procesal, debe explicar
o argumentar por qué tiene un impacto en el sentido de la decisión por tener un
efecto decisivo o determinante en la providencia.
De ahí que, la acción de tutela solamente será procedente cuando haya una
vulneración sustancial al debido proceso, es decir, cuando haya un yerro
procesal trascendente, en atención al principio de instrumentalidad de las
formas procesales[58].
6.3.1 En este sentido, los accionantes que
integran la familia Radillo Redondo, alegan que la sentencia que están
controvirtiendo vía acción de tutela está viciada por un exceso ritual
manifiesto. Lo anterior, teniendo en cuenta que la decisión que tomó el
Tribunal Administrativo de La Guajira consideró que no existía legitimación en
la causa respecto de algunos de los miembros de este núcleo familiar que no allegaran
al proceso copias de su registro civil, que pudiera probar la filiación con los
difuntos Edgar y Jaminzon Radillo Redondo, exigencia probatoria que consideran
que desconocía la condición de minoría indígena de los individuos,
concretamente del pueblo Wiwa pues, según su cosmovisión, la filiación y el
parentesco se demuestra por mecanismos distintos al registro civil.
Adicionalmente, sostienen que existe un exceso ritual manifiesto al solicitarles
a estos individuos copia de sus documentos de identidad, teniendo en cuenta que
son víctimas del desplazamiento forzado. En este orden de ideas, exponen que la
irregularidad procesal alegada, en caso de encontrarse probada, sería
determinante en el sentido y la decisión adoptada en la providencia, toda vez
que podría convertir a los accionantes en titulares de un derecho indemnizatorio
que en la Jurisdicción de lo Contencioso les fue negado, precisamente en razón
de la exigencia probatoria que, según el amparo constitucional, constituiría un
exceso ritual manifiesto. Por lo anterior, la Sala encuentra que este requisito
de procedencia se encuentra cumplido para este núcleo familiar.
6.3.2 Respecto a las pretensiones de los
integrantes de la familia Mendoza Choles y a partir de una adecuada
interpretación de la demanda de tutela, se concluye que se alega que la
sentencia controvertida incurrió en un defecto fáctico, teniendo en
cuenta que el Tribunal Administrativo de la Guajira les negó la indemnización,
al concluir que no se logró acreditar que residían en la finca “El Comején”
al momento de los hechos, no obstante que, a juicio de los accionantes, en el expediente
obraba la solicitud de inscripción efectuada por María de los Santos Choles
ante la Personería Municipal, donde denunció los hechos de desplazamiento e
incluyó a todo su grupo familiar, de manera que este grupo familiar se
encuentra inscrito en el Registro Único de Población Deslazada. De modo que, a
juicio de los accionantes, la providencia incurrió en un defecto fáctico al
señalar que “no existe prueba si quiera sumaria en el expediente encaminada
a acreditar que los señores: (…) Karen Lineth Mendoza Choles, Alexandra
Guerra Mendoza, Octavio José Mendoza Choles, Gairis Rafael Mendoza Choles,
Katia Milena Mendoza Choles, Alexander Guerra Mendoza, Bianys Paola Mendoza
Choles y Luz Elena Mendoza Choles. Pertenecientes al segundo núcleo familiar,
hubieran residido en la finca “Comején” para la fecha de los hechos
constitutivos de la presente acción (…)”[59]. Por lo anterior, la Sala encuentra
que este requisito de procedencia se encuentra cumplido para este núcleo
familiar, ya que, de demostrarse el vicio alegado, tendría la potencialidad de
cambiar el sentido de la decisión, es decir, se trataría de un defecto
relevante en cuanto a la parte resolutiva de la sentencia.
6.4 La parte accionante debe identificar
los hechos que generarían el daño, los derechos fundamentales que le fueron
vulnerados, e igualmente debe demostrar que los alegó en sede de instancia, como por ejemplo, en la impugnación del primer fallo. A pesar de
que la tutela es una acción informal, se trata de unas cargas explicativas
mínimas, que pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos
fundamentales con suficiente claridad. En este aspecto, resulta de vital
importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial
contra la providencia judicial, es decir, los vicios que se habrían configurado,
para que sea considerado procedente el mecanismo extraordinario de la tutela
contra providencia judicial[60].
La Sala encuentra que este cuarto
requisito de procedencia se encuentra acreditado de manera completa, para ambos
núcleos familiares, por cuanto:
El escrito de tutela es suficientemente
claro en señalar que el hecho que presuntamente vulnera los derechos
fundamentales de los integrantes de la familia Radillo Redondo es la
promulgación de una decisión judicial que supuestamente incurre en un exceso
ritual manifiesto por exigirles a estos accionantes, la presentación del registro
civil, a pesar de que alegan ser miembros de la comunidad indígena Wiwa que,
según exponen, no acostumbra demostrar relaciones de parentesco con este
sistema formal público, y cuando además los interesados fueron desplazados con
ocasión de la violencia.
En lo que tiene que ver con el núcleo
familiar de los Mendoza Choles, se infiere que el hecho que generó el daño consistió
en atribuirle “poco valor probatorio a elementos allegados al expediente
tales como las declaraciones ante notario y las solicitudes hechas ante la
Personería Municipal de Riohacha, que por el contrario sí fueron valoradas por
el tribunal de primera instancia”[61]. Lo
anterior, a pesar de que “María de los Santos Choles formuló solicitud de
inscripción de TODO SU GRUPO FAMILIAR al Registro Único de
Población Desplazada ante la Personería como bien obra en el expediente”[62].
1.
El escrito señala que les fueron vulnerados
sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso.
2.
Adicionalmente, se observa que la anterior
inconformidad fue alegada en su momento, dado que, contra la sentencia de
primer grado, emitida el 30 de enero de 2013 se presentó escrito de apelación
donde se expusieron los argumentos que fundamentan la presente acción de tutela.
La parte actora informó que: “la no presentación de los documentos exigidos
por el a quo obedece a la inexistencia de los mismos, es decir, tanto la
señora Sidia Mercedes Redondo, como sus familiares miembros de la comunidad
Wiwa, no tienen cédulas de ciudadanía, ni registros civiles de nacimiento, por
cuanto esta práctica no hace parte de los usos y costumbres de las personas
pertenecientes a comunidades indígenas (…)”[63]. También recalcó la situación de desplazamiento forzado que consideran
se encuentra probada, entre otras, por las declaraciones rendidas ante la
Personería Municipal de Riohacha. Por lo tanto, se evidencia que se cumplieron
las cargas argumentativas mínimas exigidas y los vicios fueron debidamente
puestos de presente en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. En lo que tiene que ver con el núcleo familiar de los Mendoza
Choles, también se cumplieron debidamente las cargas argumentativas, ya que se
identificaron los derechos vulnerados y se alegó lo relativo al defecto fáctico
en cuestión. En lo que tiene que ver con la carga de alegar previamente el
vicio, encuentra la Sala que esto no les resultaba exigible, teniendo en cuenta
que la sentencia de primera instancia fue favorable en todas sus pretensiones,
y la inconformidad que presentan en sede constitucional versa sobre la parte
resolutiva del fallo de segunda instancia.
Por último, el
escrito de tutela señala que la providencia accionada incurre en un “defecto
procedimental” al desconocer la calidad de personas en situación de
desplazamiento forzado del círculo familiar de María de los Santos Choles, así
como de Sidia Redondo y una violación directa de la Constitución al exigirles
registros civiles a los familiares Radillo Rendondo, sin tener en cuenta
incomunicación y el aislamiento de la comunidad.
6.5 Se requiere además que la
decisión judicial accionada no sea un fallo de tutela, en otras
palabras, que no se trate de un escenario de tutela contra tutela, ni de una
decisión resultante del control abstracto de constitucionalidad ejercido por la
Corte Constitucional[64].
Lo anterior, de acuerdo con la sentencia SU-1219 de 2001, en la que se
estableció la improcedencia por regla general, de este tipo de acciones[65].
En este sentido, la decisión accionada fue proferida, en segunda instancia, por
un Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en desarrollo
de un proceso de reparación directa que adelantaron los ahora accionantes en
contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, es decir, se trata
de una decisión adoptada dentro de un mecanismo jurisdiccional ordinario y no
de una sentencia de tutela o de control abstracto de constitucionalidad, razón
por la cual, se encuentra acreditado este presupuesto.
6.6 Que el asunto revista de relevancia
constitucional. Esto se explica en razón del carácter subsidiario de la
acción de tutela, logrando así determinar objetivamente qué asuntos competen al
juez constitucional, y cuáles son del conocimiento de los jueces ordinarios, ya
que el primero solamente conocerá asuntos de dimensión constitucional; de lo
contrario podría estar arrebatando competencias que no le corresponden. Así
mismo, resulta fundamental que los argumentos contra la providencia tutelada se
construyan en términos constitucionales[66].
Este requisito sólo es posible establecerlo luego de verificar el cumplimiento
de los anteriores, teniendo en cuenta que únicamente después del examen de los
hechos y los argumentos expuestos es que resulta lógicamente posible establecer
si el asunto es una discusión jurídica constitucional o infraconstitucional.
6.6.1 Puesto lo anterior de presente,
concluye la Sala que la acción de tutela objeto de revisión reviste de
importancia constitucional, y acredita este último presupuesto de procedencia,
toda vez que la discrepancia se presenta frente a una providencia judicial, por
una supuesta vulneración del debido proceso y el acceso a la administración de
justicia, por un presunto exceso ritual manifiesto y un defecto fáctico. Es
decir, se alega la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y el acceso a la administración de justicia que son el objeto de
protección de la acción de tutela. Adicionalmente, la argumentación del escrito
contentivo del amparo va encaminada a resaltar que la trasgresión iusfundamental
señalada se configuró puesto que la autoridad jurisdiccional que profirió la
providencia judicial desconoció la condición alegada de indígenas y de
desplazados de los distintos accionantes, exigiéndoles cargas probatorias
injustificadas o realizando una indebida valoración de pruebas obrantes en el
expediente, lo que, a primera vista, llevaría a pensar que dejó de considerar
que se trata de individuos que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado
como de especial protección constitucional.  Finalmente, se alega que el hecho
que supuestamente vulneró los derechos no fue otro que una decisión judicial,
que debe estar ajustada no sólo a la ley sino a los presupuestos constitucionales
según el mandato insertado en el artículo 4º de la Constitución Política, razón
por la cual, llevar a cabo un control en el caso concreto, de dicho respeto al
ordenamiento superior, además de tener relevancia constitucional,  constituye
uno de los principales objetivos de la función de revisión eventual de
sentencias de tutela que ejerce esta Corte.
6. En definitiva,
salvo en lo relativo al señor
Dimier José Radillo Redondo, donde se concluyó la ausencia de legitimación en
la causa por activa y contrario a lo manifestado por el juez
constitucional de segunda instancia, la acción de tutela interpuesta por los miembros
de la familia Radillo Redondo y Mendoza Choles, en contra de la sentencia del
14 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, es procedente. Esto, teniendo en cuenta que quedó suficientemente
demostrado cómo superó cada uno de los requisitos que la jurisprudencia
constitucional ha establecido para que este tipo de amparos puedan ser
analizados de fondo.
C.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO Y MÉTODO DE LA DECISIÓN
7. Le corresponde a la Sala Cuarta
de Revisión determinar si el Tribunal Administrativo de La Guajira, al proferir
la sentencia del 14 de diciembre de 2015, vulneró los derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso, al haber incurrido en:
i.
un defecto procedimental, por exceso ritual
manifiesto, por considerar que no se encontraba acreditado el parentesco de los
señores Silfredo y Carlos Manuel Radillo Redondo, con dos jóvenes[67] que fallecieron por hechos de violencia en la finca “El Comején”,
al no haber aportado al proceso copia de las cédulas de ciudadanía
correspondiente o de los registros civiles que demostraran dicho vínculo
familiar.
ii.       un defecto fáctico, al ocurrir una indebida valoración probatoria,
puesto que determinó que no existía prueba siquiera sumaria encaminada a
acreditar que Gairys Rafael, Octavio José, Katia Milena, Bianys Paola, Luz
Elena Mendoza Choles, y los menores Karen Lineth, Alexander Guerra Mendoza hubieran
residido en la finca “El Comején”, para la fecha de los hechos que
constituyen la causa jurídica  de la acción de reparación directa.
Con la finalidad de resolver estos problemas
jurídicos, la Sala: (i) analizará el derecho a la autodeterminación de los
pueblos indígenas en un Estado Social de Derecho como Colombia, abordando las
garantías y los límites de esta prerrogativa; (ii) estudiará la importancia y
las funciones del registro civil en el ordenamiento jurídico colombiano, dentro
de la diversidad como elemento esencial de la riqueza étnica y cultural del país,
y precisará cómo ha de operar este instrumento frente a individuos que
pertenezcan a un pueblo indígena; (iii) estudiará el defecto procedimental como
vicio en que pueden incurrir las providencias judiciales, cuando el operador
jurídico incurre en un exceso ritual manifiesto; posteriormente realizará el (iv)
análisis del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto alegado respecto
de la familia Radillo Redondo. Por otra parte, examinará el alcance del (v) defecto fáctico por indebida valoración probatoria; y procederá a (vi)
analizar, respecto de los miembros de la familia Mendoza Choles, si la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira incurrió en un
defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas obrantes en el
expediente.
D.
MULTICULTURALISMO Y AUTODETERMINACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN
EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991
8. La Constitución de 1991 configuró el Estado colombiano,
como Social de Derecho; reconoció que dentro del territorio nacional existen
diversos grupos sociales, que son cultural y tradicionalmente diferentes a la
mayoría de la población, si se quiere “occidentalizada”; diferencia que es
considerada como un bien susceptible de protección constitucional. Así, el
reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural, responde al
mandato constitucional de construir una democracia cada vez más inclusiva y
participativa, e impone la obligación estatal de proteger las riquezas
culturales de la Nación, materiales e inmateriales.
Así,
en el ordenamiento interno, la Constitución Política señala en su artículo 1º
que Colombia es un Estado “pluralista”, connotación que implica entender que en
nuestro país coexisten diversos sistemas de gobierno y regulación social, a
través de diferentes autoridades propias y de resolución de conflictos, como la
Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Indígena, fundamentados en aspectos
culturales, ideológicos, políticos, históricos o por la variada conformación de
la estructura social que ocupan los diferentes individuos y poblaciones dentro
de una misma sociedad. En el mismo sentido, el artículo 7º superior establece
que el “Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana”, razón por la cual, se convierte en un postulado
fundamental para el respeto, la tolerancia y el desarrollo de todas las
culturas presentes en el territorio nacional, entre ellas, las distintas
comunidades indígenas.
De ahí que, el ordenamiento superior resguarde
la convergencia de múltiples culturas dentro del territorio nacional, unas con
mayor arraigo y una estructura más organizada que otras, pero todas protegidas
por igual. Adicionalmente, el artículo 68 superior consagra que “los
integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y
desarrolle su identidad cultural”. Esto debe leerse al tenor del artículo
246 superior donde se señala que “las autoridades de los pueblos indígenas
podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean
contrarios a la Constitución y leyes de la República”. De lo anterior se
deriva que las comunidades indígenas no sólo tienen autonomía administrativa,
presupuestal y financiera dentro de sus territorios, sino también autonomía
política y jurídica, claro está, siempre que esta última no contradiga las
normas constitucionales. Esto significa que la autonomía reconocida a los
pueblos y comunidades indígenas no constituye un sometimiento jurídico del
Estado a las mismas, sino significa el reconocimiento de una coexistencia de
una doble normatividad, una estandarizada y otras especiales y específicas, que
se adecúen a la cosmovisión y particulares cualidades de cada grupo especial,
con la particularidad de que esta última normatividad siempre estará sometida
al principio de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 4º de la Constitución
Política. En estos términos, a pesar de las múltiples garantías en favor de la
diversidad cultural y étnica, la Constitución Política obra como el factor
aglutinador en nuestro sistema jurídico con una función bifronte: al tiempo que
reconoce y garantiza la diversidad, logra la convivencia pacífica en torno de
los principios, valores y derechos constitucionales.
En este sentido, las comunidades indígenas
tienen derecho a una verdadera auto gestión, que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha denominado autonomía[68],
según la cual estos pueblos cuentan con el derecho de decidir sus prioridades
en lo concerniente al proceso de desarrollo económico, social y cultural, que
se extiende a otros ámbitos de especial atención e importancia como la
educación o la prestación de servicios de salud al interior de estos grupos
sociales. Por ende, la autonomía de estos grupos étnicos consiste en la
facultad que tienen para “diseñar su proyecto integral de vida, en el que deciden
su destino, considerando su pasado cultural y su realidad actual para prever un
futuro sostenible de conformidad con sus usos y costumbres. También, se
considera como la facultad que tienen de organizar y dirigir su vida interna de
acuerdo con sus propios valores, instituciones y mecanismos dentro del marco
del Estado del cual forman parte”[69].
9. Lo anterior, está corroborado en diferentes normas
del derecho interno e internacional, de las cuales vale la pena destacar el
Convenio 169 de la OIT de 1989, y la Declaración de las Naciones Unidas para
los derechos de los Pueblos Indígenas adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007 durante la sesión 61
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en
su artículo 3º señala que: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición
política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”,
razón por la cual en ejercicio de esa autodeterminación, según el artículo 4º
de la misma convención “tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en
las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a
disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas”, lo que
implica una verdadera potestad de regular su vida en común, protegiendo
distintos componentes propios de cada comunidad, especialmente su cultura, sus
costumbres, tradiciones y rituales, para la conservación de su integridad como
pueblo[70]. De esta forma, el referido tratado establece un amplio marco
jurídico colectivo de protección en el que se incluye el derecho de estos
grupos a conservar sus propias instituciones. Así, el objeto principal de la
autodeterminación de los pueblos indígenas, para el manejo de sus asuntos
internos, no es otro que reconocer la diversidad cultural que existe en el
territorio de nacional y velar por su especial protección y conservación, pues
además de ser un verdadero patrimonio inmaterial, compuesto por tradiciones
culturales, religiosas o normas específicas, involucra la efectividad de los
derechos de estas minorías, que se materializa a través de los derechos de
estas poblaciones a conservar y desarrollar sus propias instituciones
políticas, jurídicas (dentro de ciertos límites), culturales, sociales y económicas.
10. Entonces, cada pueblo tiene la facultad de definir,
dentro de los límites constitucionales (partiendo del reconocimiento estatal)
sus propias normas, ya sean escritas u orales. De igual forma, estas
comunidades tienen derecho a determinarse a sí mismas de manera libre, lo cual
conlleva una garantía para que, ni el Estado ni la sociedad, les impongan
costumbres, valores ni visiones del mundo, de manera que en estos pueblos no
debe existir una intervención indebida, que haga desaparecer su cultura. Ahora
bien, a pesar de que el Constituyente procuró diseñar e implementar garantías y
mecanismos para que los pueblos indígenas conserven su identidad cultural, ello
no implica que los derechos reconocidos ostenten un carácter absoluto, puesto
que “(…) encuentran límites constitucionales en principios fundantes del
Estado constitucional de Derecho, tales como la dignidad humana, el pluralismo
y la protección de las minorías, que son presupuestos normativos no solo del
Estado Social de Derecho sino de la posibilidad misma del pluralismo y de la
tolerancia”. Esto implica que las anteriores garantías no han de ser
entendidas como un aval para la independencia absoluta de las comunidades
indígenas respecto del Estado colombiano, toda vez que el derecho a la libre
determinación de estos pueblos no tiene como objeto quebrantar o menoscabar la
integralidad territorial o la unidad política estatal. Por el contrario, se
trata de un equilibrio, y no de una libertad absoluta, puesto que pretende garantizar
una serie de importantes prerrogativas que permitan conservar la identidad
cultural de los diferentes pueblos indígenas reconocidos en el territorio
nacional, los cuales no podrán, en ninguna circunstancia, contradecir los
presupuestos ni los límites constitucionales y en ciertos casos legales.
Entonces, la autonomía indígena, se encuentra siempre limitada desde el punto
de vista de los derechos fundamentales, de manera que “los límites están
determinados por (i) “el núcleo duro de los derechos humanos”, junto con el principio
de legalidad como garantía del debido proceso y (ii) por los derechos
fundamentales como mínimos de convivencia, cuyo núcleo esencial debe mantenerse
a salvo de actuaciones arbitrarias”[71].
De manera que la obligación en cabeza del
Estado de reconocer las prácticas, costumbres e instituciones de las
comunidades indígenas, para poder garantizar verdaderamente una autonomía en
relación con sus asuntos internos, y para “determinar
lo previsible deberá consultarse, entonces, la especificidad de la organización
social y política de la comunidad de que se trate, así como lo caracteres de su
ordenamiento jurídico. Deben evitarse, no obstante, dos conclusiones erradas en
torno a esta formulación. Por una parte, el reducir el principio de legalidad a
una exigencia de previsibilidad no implica abrir el paso a la arbitrariedad
absoluta, ya que las autoridades están obligadas necesariamente a actuar
conforme lo han hecho en el pasado, con fundamento en las tradiciones que
sirven de sustento a la cohesión social. Por otra parte, no puede extenderse
este requerimiento hasta volver completamente estáticas las normas
tradicionales, en tanto que toda cultura es esencialmente dinámica, así el peso
de la tradición sea muy fuerte.
Estas restricciones a la autonomía de las
comunidades indígenas en lo que hace a la determinación de sus instituciones
jurídicas y sus formas de juzgamiento estarían justificadas, según lo expuesto
anteriormente, porque: a) se trata de medidas necesarias para proteger
intereses de superior jerarquía, que en este caso serían el derecho a la vida,
la prohibición de la esclavitud y la tortura y la legalidad de los
procedimientos, los delitos y las penas; y b) se trata de las menores
restricciones imaginables a la luz del texto constitucional.” [72].
11. Esta posibilidad de disponer y darse sus propias
reglas no es absoluta, pues resulta indispensable integrar cada uno de estos
sistemas normativos indígenas al ordenamiento jurídico nacional, de suerte que
estas regulaciones especiales tendrán plena validez siempre y cuando no
contradigan la Constitución, ni algunas leyes especiales de la República. De
esta forma, se garantiza una armonía entre ambos sistemas, por lo que las
normas particulares que desarrollen y respeten su cultura propia, no podrán
contrariar los presupuestos constitucionales, ni la protección de los derechos
fundamentales[73].
12. En síntesis, existe un derecho que emana de la
Constitución Política (artículo 246) para que las comunidades indígenas se
desarrollen de manera autónoma, conforme a sus respectivas cosmovisiones y
tradiciones culturales e incluso jurídicas, buscando su conservación como
pueblo, bajo la premisa de que Colombia es un Estado Social de Derecho que
reconoce que en su interior convergen, bajo el amparo de la institucionalidad,
distintas y múltiples culturas a las cuales se les respetará en la mayor medida
posible su autonomía, siempre que no se oponga a la Constitución.
Ahora bien, este límite es trascendental e imperativo, no tiene carácter
absoluto, puesto que “la autonomía [indígena] no puede ser
restringida por cualquier disposición constitucional o legal, pues ello
reduciría a un plano puramente retórico el principio de diversidad étnica y
cultural”[74].
Por el contrario, los límites que se impongan a este derecho a auto determinarse
como comunidad, únicamente pueden ser aquellos que  versen sobre lo
verdaderamente intolerable desde el punto de vista de las garantías
fundamentales de las cuales goza todo ser humano, a partir de un consenso
intercultural lo más amplio posible, ya que “los límites a la autonomía
reconocida en favor de las comunidades indígenas están dados, en primer lugar,
por un núcleo duro de derechos humanos, junto con el principio de legalidad
como garantía del debido proceso y, en segundo lugar, por los derechos
fundamentales, mínimos de convivencia cuyo núcleo esencial debe mantenerse a
salvo de actuaciones arbitrarias” (negrillas y subrayado fuera del
texto)[75].
E.
LA PRUEBA DEL NOMBRE Y EL ESTADO CIVIL
FRENTE A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
La prueba del nombre y del estado civil
en el ordenamiento jurídico nacional y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional
13. El artículo 14 de la Constitución Política consagra
que “toda persona tendrá derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica”, razón por la cual tanto el Estado como los particulares deben
guardar respeto con relación a las notas distintivas del carácter de cada
individuo, lo cual busca materializar la dignidad humana como derecho
fundamental y mandato de optimización de la Constitución Política de 1991. Este
mandato imperativo también ha sido establecido en
distintas normas del derecho internacional vinculantes
en Colombia, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo
6º), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 16º)[76] y la Convención Americana de los Derechos Humanos (Artículo 3º)[77]. Además, cuando se trate de menores de edad, adquiere el carácter
de fundamental, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44º de la Constitución.
De ahí que el Registro Civil, sirva como
instrumento que cumple una doble función pues “permite al Estado y a la
sociedad identificar a las personas con diversos fines legítimos, y por otro,
constituye la identificación de las personas hacia la sociedad”[78].
La personalidad jurídica es de enorme importancia pues trasciende de la aptitud
de ser titular de derechos y obligaciones, pues incluye “(…) la
posibilidad de que todo humano posea, por el simpe hecho de existir e
independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la
esencia de su personalidad jurídica e individualidad, como sujeto humano”[79],
entre los cuales se encuentran el nombre y el estado civil[80]. Así las
cosas, el registro civil es de tal trascendencia que la jurisprudencia de esta
Corte ha señalado que “en el ordenamiento jurídico colombiano, toda
persona debe contar con su registro civil, en la medida en que es la base del
sistema de identificación y es la prueba única del estado civil de las
personas. Como se ha visto, la obtención del documento no debe ofrecer
mayores problemas para quienes no cuenten con el mismo desde el momento de su
nacimiento, y constituye una carga para todas las personas adelantar las
diligencias necesarias para ese efecto”[81].
En este orden de ideas, con la expedición
del Decreto 1260 de 1970, “Por el cual se expide el Estatuto del Registro
del Estado Civil de las personas”, se estableció que “el estado civil de
una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su
capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es
indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la
ley”[82],
además agrega que este se “deriva de los hechos, actos y providencias que lo
determinan y de la calificación legal de ello”[83]. La Corte Constitucional
ha señalado, al respecto, que el estado civil hace alusión a “la expresión
de una determinada situación o calidad como la nacionalidad, el sexo, la edad,
estado mental, si son hijos (…) casados o solteros, etc.”[84].
Por su parte, el nombre, como atributo de la personalidad que radica en cabeza
de cada individuo, conforme al artículo 3º del citado estatuto, es un derecho
que tiene toda persona a “su individualidad, y por consiguiente, al nombre
que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y en
su caso, el seudónimo”. De suerte que el nombre, con todos sus componentes,
es objeto de reconocimiento cuando se formaliza el registro civil de
nacimiento, esto teniendo en cuenta que el artículo 52[85] del referido
decreto, indica que la identificación de la persona se produce formalmente a
partir del momento en que se produce dicho registro. En lo que respecta a su
prueba, se trata de un registro público, razón por la cual, al tenor del
artículo 101 de la misma normativa, sus libros y tarjetas, así como las copias
y certificaciones que con base en ello se expidan, serán instrumentos públicos.
14. El nombre, según la jurisprudencia constitucional,
“tiene por finalidad fijar la identidad de una persona en las relaciones
sociales y ante el Estado, de suerte que la hace distinguible en el entorno (…)”[86],
razón por la cual, desde un punto de vista netamente jurídico constituye “una
derivación integral del derecho a la expresión de la individualidad (…) por
cuanto es un signo distintivo del individuo ante los demás, con el cual se
identifica y lo reconocen como distinto”[87].
En el mismo orden de ideas, ha reiterado que el nombre, compuesto por el nombre
de pila y los apellidos, “cumple una función jurídica importante para la
persona y la sociedad, al ser un elemento esencial del estado civil que además
de permitir un ejercicio efectivo de los derechos a la personalidad jurídica y
al libre desarrollo de la personalidad, es determinante para la
individualización y la identificación como miembro de una familia”[88].
15. De otro lado, el estado civil, además de ser una
institución de orden público inherente al ser humano, es la calidad permanente
de un individuo dentro de una sociedad, y su familia, debido a la cual goza de
ciertos derechos o se encuentra sometido a ciertas obligaciones, teniendo
incluso efectos con respecto a otras personas. Al respecto, la Corte
Constitucional ha señalado que su función es “demostrar la capacidad de la
persona para que esta pueda ser titular de derechos y obligaciones”[89],
además de conferir estabilidad y seguridad jurídica. Tiene como fuentes: los
hechos, como el nacimiento; los actos, como el matrimonio; y las providencias,
como la interdicción judicial; así mismo  está compuesto por cinco elementos, a
saber: la individualidad, la edad, el sexo, el lugar de nacimiento y la
filiación, este último, permite identificar la relación de parentesco entre
padres e hijos.
En este sentido, se ha reconocido, prima
facie, que los elementos del estado civil, solo pueden demostrarse mediante
el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de 1970 o el respectivo
documento de identidad. Pues a diferencia de lo que anteriormente ocurría con
la Ley 92 de 1938, que distinguía entre pruebas principales y pruebas
supletorias (tales como partidas
eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones) del estado civil y el
nombre, estas últimas perdieron valor probatorio, por no estar directamente
relacionadas con el registro, que así adquiere un carácter necesario y la
prueba se convierte en formal, sin libertad probatoria. Lo anterior, no
constituye un requisito meramente legal, sino que es la única manera de
verdaderamente garantizar no solo el derecho a la personalidad jurídica, sino
además los derechos a la identidad, a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad, a la expresión y a la familia, siendo el instrumento jurídico que
por excelencia sirve para probar los lazos de consanguinidad y de parentesco,
toda vez que el registro, incluido el nombre, le permite al ser humano
distinguirse de los demás, gozar de identidad e identificarse en sus relaciones
sociales y jurídicas, entre terceros y ante el Estado, así como también a ser
reconocido como sujeto de derechos y obligaciones.
Analógicamente, la jurisprudencia de esta Corte
ha sostenido (sentencia T-106 de 1996) que el derecho fundamental al
reconocimiento de la personalidad jurídica se materializa con la expedición del
registro civil, ya que con él se otorgan dos atributos de la personalidad que
acompañarán e individualizarán a cada sujeto a lo largo de toda su vida “(…)
tanto en lo que le sea benéfico como en lo que le resulte desfavorable,
según su comportamiento y actividad públicos y privados”[90]. En este
sentido, la Corte Constitucional ha incluso enfatizado que la falta de
otorgamiento del registro civil a una persona implica una verdadera
invisibilización jurídica del individuo[91],
teniendo en cuenta que le imposibilita garantizar su estado civil (artículo 42
superior). Así, el registro civil inicia con la inscripción del nacimiento de
un individuo, lo cual permite, desde temprana edad, el ejercicio de sus
derechos civiles y tendrá la trascendental función de probar el estado
civil de esa persona hasta su muerte, por ser el medio de prueba que
por excelencia cumple este propósito y, como fue anunciado, permite que cada
sujeto adquiera otro atributo de la personalidad: el nombre. Al respecto, ha
señalado esta corporación que:
“En el
registro civil, el cual es único y definitivo (artículo 11), constan todos los
hechos y actos relativos al estado civil y a la capacidad de las personas
(artículo 10). En la inscripción del nacimiento debe constar esencialmente el
nombre del inscrito, el sexo, el municipio y la fecha de nacimiento, la oficina
donde se inscribió y los números del folio y del general de la oficina central
(sección genérica); asimismo la hora y lugar de nacimiento, el nombre de la
madre, el nombre del padre, en lo posible la identidad de uno y otro, su
profesión, nacionalidad, estado civil, entre otros datos (sección específica)
(artículo 52). El nacimiento para efectos de ser registrado se acredita
mediante certificado del médico o de la enfermera que haya asistido a la madre
en el parto y, en su defecto, con la declaración juramentada de dos testigos
hábiles que se entenderá prestada por el sólo hecho de la firma (artículo 49)”[92].
16. En este orden de ideas, el otorgamiento de un
registro civil le permite a cada persona obtener su documento de identidad, que
para todo trámite y efectos de identificación al interior del territorio
nacional será la Tarjeta de Identidad o la Cédula de Ciudadanía, dependiendo de
si el sujeto ya es mayor de edad o no. Este último documento, “tiene el
alcance de prueba de la identificación personal, por cuanto con ella las
personas pueden acreditar que son titulares en los actos jurídicos o
situaciones donde se exija la prueba de tal calidad”[93]; además,
permite a sus titulares ejercer sus derechos políticos, especialmente a ejercer
su derecho al voto así como hacer uso de sus derechos civiles[94]. De ahí que,
la jurisprudencia constitucional le haya reconocido a este documento
importantes atributos en el orden social, toda vez que la cédula es considerada
“idónea para identificar cabalmente a las personas, acreditar la ciudadanía
y viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. No cabe duda que
la cédula de ciudadanía constituye un documento al que se le atribuyen alcances
y virtualidades de diferente orden que trascienden, según la Constitución y la
ley, la vida personal de los individuos para incidir de modo especial en el
propio acontecer de la organización y funcionamiento de la sociedad”[95].
Sin embargo, a
pesar de que el registro civil es el instrumento público que por excelencia
sirve para demostrar el estado civil y la filiación de las personas, existen
casos en los cuales este puede resultar insuficiente e incluso inexistente (por
nunca haberse llevado a cabo). En este tipo de circunstancias, cobra enorme
trascendencia la prueba de ADN, que además de permitir conocer el vínculo
consanguíneo de un individuo, realiza, según el caso, sus derechos
fundamentales a la identidad y a la personería jurídica. Este examen clínico
consiste en un estudio que ofrece certeza, permite establecer la relación
genética de un individuo, con una probabilidad cercana al 100%, de ahí que
supere cualquier otro medio probatorio. Permite además determinar relaciones
familiares distintas a aquella de los progenitores, identificar cadáveres y
ofrece diversos usos para investigaciones criminales, entre otras[96].
De igual forma, existen algunos mecanismos
alternativos y excepcionales para registrar un nacimiento y crear así un nuevo
registro civil. Esto ocurre en el caso de los miembros de todas las diferentes
comunidades indígenas que habitan el territorio nacional, toda vez que la
Registraduría Nacional del Estado Civil, atendiendo el enfoque diferencial y
respetando las tradiciones de los grupos étnicos, expidió la Circular Nº 276
del 21 de octubre de 2014 (“Inscripción inicial y modificación en el
registro civil de nacimiento de integrantes de comunidades y/o pueblos
indígenas”), a través de la cual dispuso que a falta de alguno de los
documentos legalmente reconocidos para la inscripción del registro civil de
nacimiento, se debe utilizar como antecedente un documento proveniente
de una autoridad tradicional indígena o quien haga sus veces, que servirá
entonces como “Autorización indígena”, con el fin de realizar la
creación del registro civil e incluso para su posterior modificación. Esta
medida fue adoptada por la entidad en cumplimiento de la sentencia T-025 de
2004 y de los Autos 004 de 2009 y 173 de 2012, de la Corte Constitucional. Así,
el documento expedido por la autoridad tradicional deberá contener como mínimo
los nombres, apellidos, el sexo, la fecha y lugar de nacimiento; y en la medida
de lo posible relacionar el nombre de los padres y el RH.
La prueba del nombre y del estado
civil para las comunidades indígenas
17. Puesto lo anterior de presente, no cabe duda de la
importancia que tiene el registro civil en el ordenamiento jurídico nacional,
prueba por excelencia para acreditar algunos de los atributos de la
personalidad que le son inherentes a cada ser humano. Por esta razón, todo
individuo que nazca en el territorio nacional debería ser registrado conforme a
las normas vigentes, no sólo para garantizar sus derechos a la personería
jurídica e identidad, sino para efectos de seguridad jurídica, desde el punto
de vista estatal. De manera que esta exigencia es completamente razonable para
las diferentes comunidades indígenas, al no contrariar ni su cosmovisión, ni su
autodeterminación. En este orden de ideas, sus miembros no quedarán exonerados de
la carga ciudadana de realizar el correspondiente registro, el cual debe ser
exigido, por las diferentes autoridades estatales, cuando estos sujetos
pretendan hacer oponible su estado civil, parentesco u otros elementos que se
encuentran en el registro civil.
De ahí que, el
Estado ha puesto a disposición de las comunidades indígenas importantes
instrumentos para que puedan registrarse conforme a las normas imperativas,
atendiendo un enfoque diferencial y respetuoso de sus respectivas culturas y
tradiciones. En este sentido, no solo se adelantan jornadas de registro en
comunidades o localidades de difícil acceso, o en las que existe desinformación
frente a la existencia y necesidad de este instrumento público, sino que se han
flexibilizado los requisitos que se solicitan para llevar a cabo una
inscripción que permita crear un registro civil, tal y como ocurre con la ya
mencionada Circular Nº 276 de 2014, que le permite a cualquier miembro de una
comunidad indígena solicitar su registro, o el de un familiar, con la
presentación de un documento proveniente de su respectiva autoridad
tradicional.
Sin embargo, estos
esfuerzos si bien pretenden acercar a los individuos de estos pueblos a un
instrumento jurídico de orden público, benéfico para ellos y de suma
importancia para las autoridades, no tienen cómo obligar, a través de
mecanismos coercitivos, a estos sujetos para que efectivamente se registren.
Por ende, en algunos pueblos, puede existir una preocupación intrínseca por
registrarse conforme a los medios estatales que se han establecido para todas
las personas, pero resulta posible que en otros no exista esa conciencia, o que
por sus prácticas y formas de conducir las relaciones en su interior, no consideren
que esto sea necesario (teniendo en cuenta que las colectividades indígenas
varían significativamente en su cultura, cosmovisión, tradiciones,
instituciones -jurídicas y sociales-, historia y necesidades, dependiendo de
cuál de ellas se esté analizando). Sin embargo, a pesar de que exista un
mandato constitucional que incentiva el libre desarrollo de las comunidades
indígenas, y consagra un derecho a su autodeterminación, siempre y cuando esta
no contradiga las leyes ni los mandatos de la Constitución, en materia de
prueba del estado civil de las personas, una cosmovisión particular no podrá
ser oponible ante las autoridades estatales, especialmente jurisdiccionales, ni
frente los terceros ajenos a esa forma particular de ver el mundo, sino que
tendrá efectos únicamente al interior de sus territorios o en lo que incumbe al
manejo de las relaciones entre los miembros de la respectiva comunidad y sus
autoridades tradicionales, pues su derecho a auto determinarse no los releva de
ciertos deberes que tienen como colombianos, como por ejemplo: registrarse,
teniendo en cuenta que Colombia es un Estado unitario, en el que requiere el
cumplimiento de normas mínimas de convivencia.
Por ende, teniendo
en cuenta que la inscripción en un registro civil de nacimiento no es una
actuación coercible, en el sentido que exista un instrumento que obligue a todo
individuo en Colombia a registrarse, sino que respecto de los pueblos indígenas
se trata de una carga que materializa un deber de hacerlo como colombiano, el
hecho de que, de conformidad con su cultura autóctona, una determinada
comunidad indígena no quiera conducir a sus miembros a la realización de los
trámites propios del registro civil, no contraviene los parámetros
constitucionales, y constituye una práctica que se encuentra dentro de los
límites de la libre determinación de estos pueblos. A pesar de ello, por la enorme trascendencia que tiene el registro civil, al punto de reconocer derechos de carácter fundamental, cuando
sus integrantes pretendan hacer oponible al Estado, y terceros e incluso de
otras comunidades, el estado civil y sus componentes, no están exentos del
cumplimiento de la carga de realizar el registro. En este sentido, cuando
pretendan demostrar su estado civil, su nombre o sus relaciones de parentesco
por fuera de su comunidad, deberán siempre acudir a las vías institucionales, es
decir, registrarse haciendo uso de los instrumentos de enfoque diferencial o tradicionales
que han sido puestos a su disposición por parte de la Registraduría Nacional
del Estado Civil. Esta es la manera de compaginar los intereses
generales en juego con la expedición del registro civil, con la autonomía de
las comunidades indígenas.
18.Ahora bien, ninguna regla de esta índole puede ser
categórica o incondicional, pues nadie está obligado a lo imposible, razón por
la cual la exigencia de un registro civil para acudir a los instrumentos
estatales, particularmente de resolución de litigios y controversias, debe ser
ponderada caso por caso cuando se trate de miembros de comunidades indígenas,
de forma tal que los operadores jurídicos estarán en la tarea de analizar si efectivamente
el Estado puso a disposición de los individuos o accionantes pertenecientes a
una comunidad indígena reconocida, la infraestructura y las medidas necesarias
para permitir su registro; es decir, que dicha inscripción en el registro,
atendiendo las circunstancias particulares, haya resultado materialmente
posible, sin significar esfuerzos desproporcionados que, por consiguiente, no
resultan exigibles. Esto teniendo en cuenta que las
cargas para el acceso a la justicia, particularmente las probatorias, para ser
constitucionales, deben ser realizables y no un imposible[97].
Lo anterior, toda
vez que, puede ocurrir que se trate de una población sumamente apartada
geográficamente, donde los esfuerzos estatales para registrar a sus miembros
sean muy recientes o en el peor de los casos todavía insuficientes. Entonces, debe establecerse que los medios para que los miembros de
la respectiva comunidad hayan podido registrarse hubieran estado efectivamente
a su disposición, lo cual variará dependiendo de las condiciones de tiempo,
modo y lugar que singularicen cada caso concreto, con mayor razón si los hechos
analizados ocurrieron antes de que fuera promulgada la Circular 276 de 2014.
19. En efecto, en tratándose de
miembros de comunidades indígenas, la no presentación de un registro civil o
una cédula de ciudadanía no puede ser argumento suficiente para que un operador
jurídico concluya que no existe parentesco o que los apellidos, como elemento
integral del nombre, de los accionantes no coinciden y por ende no pertenecen a
una misma familia o a una determinada comunidad. En este sentido, se deberá
constatar que el Estado puso a su disposición mecanismos oportunos para que
pudieran haberse registrado y, por consiguiente, la ausencia de registro
constituye la no ejecución de una carga que era efectivamente realizable. En
caso de concluir que el Estado no puso a disposición de dicha comunidad los
mecanismos que permitieran adecuadamente cumplir con esta carga, el juez deberá
permitir la presentación de mecanismos alternativos para probar de manera
certera elementos tan importantes como el parentesco, verbigracia la prueba de
ADN, que podrán ser decretados incluso de oficio, para garantizar no solo el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, sino el
pluralismo que protege el multiculturalismo, y los derechos de las comunidades
indígenas, la personería jurídica de sus integrantes e incluso otra serie de
prerrogativas iusfundamentales que variarán dependiendo de las
pretensiones que los hayan llevado a acudir a los jueces, como por ejemplo: el
derecho fundamental al mínimo vital o pretender una reparación integral de
perjuicios[98].
Lo anterior, siempre y cuando se evidencie que los demandantes explicaron y
probaron durante el proceso, al menos sumariamente, la razón por la cual se
encuentran en la imposibilidad de aportar la prueba formal del registro civil.
F.
EL EXCESO RITUAL MANIFIESTO, CIRCUNSTANCIA QUE CONFIGURA EL DEFECTO
PROCEDIMENTAL COMO VICIO IMPUTABLE A UNA PROVIDENCIA JUDICIAL
El defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto
20. Una vez se determina que una acción de tutela
interpuesta contra una providencia judicial es procedente por haber encontrado
acreditados los requisitos anteriormente analizados, esta puede ser estudiada
de fondo. Es decir, debe ahora verificarse que la alegada vulneración iusfundamental
se adecúa o no a alguna de las “causales especiales de procedibilidad del
amparo”[99],
que determinan la existencia de un vicio que debe ser corregido por el juez de
tutela. El objeto de revisión en el presente caso se va a centrar en una de
estas causales, consistente en el defecto procedimental. Este vicio se
configura cuando el operador jurídico vulnera derechos fundamentales al negar
la aplicación preferente del derecho sustancial, bien sea por no aplicar la
norma procesal acorde con el procedimiento de que se trate, o cuando excede en
el rigor en el cumplimiento de las formalidades procesales, lo que hace irrisoria
la tutela del derecho.
Este último evento es lo que se conoce como
exceso ritual manifiesto, el cual “se presenta cuando el funcionario judicial,
por un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas, renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos,
derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del
principio de la prevalencia del derecho sustancial”[100]. Es decir,
cuando el juez utiliza los procedimientos o las cargas procesales como un
obstáculo que impide la eficacia del derecho sustancial y, por ende, sacrifica
el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, por preferir
darle aplicación literal a los formalismos procesales, absteniéndose de
proferir una decisión verdaderamente justa; o en otras palabras “el juez
asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los
derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda”[101].
Sin embargo, no puede concluirse que
cualquier formalismo, apego a la literalidad de las normas procesales o
irregularidad de carácter procedimental puede dar lugar a la configuración de
este vicio. Se requiere que efectivamente se trate “de una omisión en la
aplicación de las formas propias de cada juicio particularmente grave, que
lleva al juez a utilizar irreflexivamente normas procesales que lo hacen
apartarse del derecho sustancial”[102].
Por esta razón, el juez de tutela está en la tarea de analizar, caso por caso,
las posibles consecuencias de un excesivo apego a las normas procesales, en el
sentido de no solo determinar si esta sujeción dio lugar a vulnerar derechos de
carácter fundamental, sino además pretender llegar a un equilibro entre las
formas propias del juicio y la obligación de preservar el derecho sustancial.
Lo anterior, emana de la misma Constitución
Política que en su artículo 228 señala que en las actuaciones que se
desarrollen en ejercicio de la función de administración de justicia “prevalecerá
el derecho sustancial”, motivo por el cual las normas de carácter procesal
no deben convertirse en un obstáculo para la garantía de este último, por el contrario,
deben servir para su efectividad y realización[103]. Al
respecto, la Corte Constitucional concluyó en la sentencia C-131 de 2002 que, no
obstante, su gran importancia, las normas procesales más que fines en sí
mismas, deben servir como medio para lograr la efectividad de los derechos
subjetivos, con mayor razón los fundamentales[104], de manera
que al obviar el anterior mandamiento terminan apartándose de su deber de
impartir justicia.
21. Entonces, el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto se presenta cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos
como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, al no darle
verdadera prevalencia a este último, razón por la cual sus actuaciones devienen
en una denegación de justicia. La jurisprudencia de esta corporación ha
señalado que se configura en diferentes eventos: “(i) dejar de inaplicar
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de
requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias
puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas”[105] (negrillas
y subrayado fuera del texto original). En cualquiera de estos casos, el juez
constitucional deberá optar por adelantar la evaluación que resulte necesaria
sobre la realidad documental existente en el expediente, que pueda poner de
manifiesto elementos definitorios de la verdad jurídica requerida, alegada o
que surja de los hechos, siempre en procura de no darle una aplicación mecánica
a la ley procesal y garantizar el derecho sustancial.
En
línea con lo anterior, en materia de responsabilidad estatal, particularmente
en procedimientos de reparación directa, la Corte Constitucional ha advertido
que en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha existido en algunos
casos un apego extremo a las formas, especialmente en el valor que se le da a
los documentos aportados en copias o declaraciones (sobre todo las extra juicio),
en las cuales ha identificado estos apegos desmedidos a ley procesal como
defectos por exceso ritual manifiesto. Lo anterior, siempre con la consigna de
que el juez debe fungir como garante de los derechos sustanciales de las personas,
más que limitarse a una sujeción desproporcionada a las normas de procedimiento
y debe procurar completar el material probatorio obrante en los expedientes,
antes de negar las pretensiones por atadura irrazonable o desproporcionada a
los formalismos[106].
22. En lo que tiene que ver con la sentencia T-247 de
2016, vale la pena hacer especial énfasis dado que, en ese caso concreto, esta
corporación analizó el caso de unos accionantes que pertenecían a la comunidad
Wiwa que cuestionaban una decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
la Guajira, tal y como ocurre en esta oportunidad. En dicha providencia la
Corte Constitucional resolvió que las decisiones judiciales proferidas por un
Juzgado Administrativo de Descongestión y el Tribunal Administrativo de la
Guajira, dentro de un proceso de reparación directa promovido contra la
Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por un desplazamiento que los
entonces demandantes tuvieron que efectuar por ser destinatarios de llamadas
amenazantes por parte de agentes estatales, incurrieron en un exceso ritual
manifiesto. Las sentencias adoptadas en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, excluyeron a la compañera permanente del demandante del
reconocimiento y pago de perjuicios, porque los operadores jurídicos
consideraron que las declaraciones extrajudiciales aportadas con la demanda,
que pretendían demostrar la unión marital de hecho con la víctima, carecían de
valor probatorio, al haberse practicado a instancias de los demandados y en
forma extraprocesal, sin que hubieran sido ratificadas dentro del proceso. Debido
a lo anterior, este tribunal concluyó que, además de presentarse un defecto
procedimental por no haber valorado estas declaraciones conforme a las reglas
de la sana crítica, era tarea de los jueces decretar, incluso de forma oficiosa,
las pruebas que podrían conducir a la demostración de la unión marital de
hecho, en caso de considerar que las existentes, es decir, las declaraciones
extrajudiciales, no eran suficientes para demostrar tal condición.
La sentencia del 14 de diciembre
de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, no incurrió en un defecto procedimental, por exceso ritual
manifiesto
23. Hechas las anteriores consideraciones, evidencia la
Sala que el Tribunal Administrativo de la Guajira no vulneró los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de
los señores Silfredo y Carlos Manuel Radillo Redondo, al concluir que no
acreditaron el parentesco que los relacionaba con dos jóvenes que fallecieron
por hechos atribuibles al Estado, por no aportar al proceso de reparación
directa cédula de ciudadanía, ni registro civil de nacimiento. La anterior
conclusión se fundamenta en que:
(i) No existe certeza respecto de la
pertenencia de los accionantes Radillo Redondo a la comunidad indígena Wiwa. Si
bien es cierto que obra en el expediente una certificación firmada por el
Gobernador del Cabildo Indígena Wiwa, en la que se sostiene que los accionantes
“se reconoce (sic) como indígenas no tradicionales”[107]
y “hacen parte de la comunidad Wiwa”, en el mismo
certificado se  precisa que “ellos convivían con los integrantes del pueblo
Wiwa, en la comunidad del Limón”.  Dicha certificación no precisa qué significa
la expresión indígenas no tradicionales. A partir de una interpretación lógica
y sistemática de la certificación, concluye la Sala que no se encuentra probado
que los accionantes pertenezcan al pueblo Wiwa, sino que conviven con ellos.
Por su parte, el autoreconocimiento como indígenas “no tradicionales”, evidencia
que los accionantes no comparten los elementos culturales, usos y costumbres
tradicionales de dicha comunidad, aunque conviven con sus integrantes, sin ser,
en estricto sentido, indígenas Wiwa. Al respecto, es necesario precisar que el
autoreconocimiento no es un criterio suficiente para derivar, automáticamente, las
garantías constitucionales que se predican de las comunidades indígenas, ya que
no existe evidencia de que comparten las convicciones, creencias y cosmovisión
de la comunidad Wiwa, que permita en el caso concreto concluir que tienen una
identidad diversa. Por el contrario, la calificación como indígenas no
tradicionales, apuntaría a demostrar que no existe tal identidad cultural.
Así, resulta intrascendente, para resolver el
presente asunto, el hecho de que se haya demostrado que las acciones de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, encaminadas a lograr el registro de
individuos de la comunidad Wiwa, que residían en la zona de los hechos violentos
ocurridos en el año 2002, fueran posteriores a la ocurrencia de los hechos  e
incluso a la presentación de la demanda en sede de lo contencioso
administrativo (2004)[108], ya que los accionantes
no se encontraban en la dificultad propia de algunos miembros de comunidades
indígenas, en las que, si bien pesa sobre ellos la carga de realizar el
registro civil para hacerlo jurídicamente oponible, esto sólo es exigible
cuando el Estado ha puesto efectivamente a su disposición este servicio público,
de acuerdo con sus particularidades geográficas y culturales.
(ii) El hecho de que no fuera imposible o excesivamente
gravoso, para los señores Silfredo y Carlos Manuel Radillo
Redondo, realizar el trámite del registro civil para hacerlo oponible en
sus relaciones jurídicas, incluso con el Estado, como es el caso de presentar
demandas de responsabilidad patrimonial de éste, se refuerza por el hecho
demostrado de que varios de los miembros de la familia Radillo Redondo, en
principio hermanos de los accionantes, se encontraban efectivamente inscritos
en el registro civil. Contaban con el registro civil, para la fecha de la
presentación de la demanda, los menores de edad Edgar y
Jaminzon Javier Radillo Redondo[109],
víctimas de los hechos ocurridos que dieron lugar a la condena en
responsabilidad del Estado, prueba que obraba en el expediente contencioso
administrativo y permitió probar la legitimación en la causa de la madre de los
fallecidos, para efectos de pedir la reparación correspondiente[110].
También estaban registrados y aportaron la prueba al proceso, los hermanos de
los fallecidos, Carlos José Redondo Peralta y Rita Elvira
Radillo Redondo[111],
prueba que condujo al juez administrativo a reconocerles legitimación en la
causa. Incluso existe prueba de que el señor Silfredo
Radillo Redondo, quien obra como accionante en el presente caso, contaba con el
registro civil para la fecha de la presentación de la demanda[112] y, en esa medida, es evidente que aportarlo al proceso no
constituía una carga desproporcionada, por lo que su no aporte constituye un
descuido procesal. Finalmente, aunque no existe prueba en el expediente de que
el segundo accionante, esto es, el señor Carlos Manuel Radillo Redondo, contara
con dicho documento para poderlo anexar a la demanda de reparación directa[113], concluye la Sala que independientemente de pertenecer o no a la
comunidad indígena Wiwa, lo cierto es que en su familia cercana existía la
práctica del registro civil y, aunque en algunos casos la inscripción se
realizó varios años después del nacimiento, (varios de ellos fueron registrados
en el año de 1995), la familia Radillo Redondo conocía los trámites necesarios
para realizar el registro civil, era consciente de la necesidad e importancia de
contar con dicho documento y, en gracia de discusión, si existían dificultades
para acceder a este servicio, lograron superarlas. Debe resaltarse también, que
la acción de reparación directa exige actuar mediante apoderado, profesional
del derecho del que se predica el conocimiento de las cargas probatorias que son
exigidas para la prosperidad de las pretensiones y, por lo tanto, hubiera
podido aportar los correspondientes registros civiles o, en gracia de discusión,
explicar por qué no se estaban anexando los mismos, algo que se alegó en el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, donde se había
constatado la ausencia de los registros civiles o, si es que se trataba de
miembros de comunidades indígenas, frente a los cuales acceder al registro
civil fuera una exigencia desproporcionada, hubiera intentado probar el vínculo
familiar con otros medios de prueba aportados al proceso de reparación directa[114] y cuyo valor probatorio hubiera podido ser evaluado por el juez[115].
24. En esta medida, concluye la Sala Cuarta
de Revisión de la Corte Constitucional que el Tribunal Administrativo de la
Guajira, al negar la reparación de perjuicios a los señores Silfredo y Carlos
Manuel Radillo Redondo, por no aportar los correspondientes registros civiles
que demostraran el vínculo con los fallecidos, no incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto y, por esta vía, no vulneró los
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la tutela judicial efectiva, ya que, en el presente caso, la parte
demandante incumplió la carga de la prueba, sin que existiera justificación
para ello. La decisión de negar las pretensiones por no haber aportado el
correspondiente registro civil de nacimiento, no constituyó “un apego
extremo y una aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la
verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una
inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del
derecho sustancial”[116],
sino una decisión razonable, en términos procesales, teniendo en cuenta que la
carga de la prueba que pesaba sobre ellos, era realizable y no implicaba un
esfuerzo desproporcionado[117] para
estas personas que actuaban, todas, mediante la misma abogada. Considerando que
posiblemente existió consciencia de la abogada de que, al menos unos de los
accionantes, sí disponía del registro civil de nacimiento, para la fecha de la
presentación de la demanda de reparación directa, pese a lo cual se alegó que
dicho documento era imposible aportarlo porque se trataba de una comunidad
indígena ajena a la práctica del registro civil, la Sala remitirá copias del
expediente a la jurisdicción disciplinaria, para que tome la decisión que
considere pertinente.
25.Así las cosas, (i) se denegará el amparo solicitado en lo que respecta a los
señores Silfredo y Carlos Manuel Radillo Redondo. Se revocará la sentencia de segunda instancia, proferida el 10 de
mayo del 2017, por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que
declaró improcedente el amparo solicitado. En su lugar, respecto de
estos señores, se confirmará la sentencia de primera instancia, proferida el 16 de diciembre de 2016,
por la Sección Primera del Consejo de Estado, pero por las razones expuestas
en  la presente sentencia. (ii) En lo que  concierne al señor Dimier José
Radillo Redondo, se confirmará la sentencia de segunda instancia, proferida
el 10 de mayo del 2017, por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado respecto de este señor, pero por falta de
legitimación en la causa por activa.
A continuación, procede la Sala a examinar la situación de los
accionantes de la familia Mendoza Choles.
G.
EL DEFECTO FÁCTICO POR INDEBIDA O AUSENCIA DE VALORACIÓN PROBATORIA
El defecto fáctico
26. En el ordenamiento jurídico
colombiano, por regla general, existe libertad probatoria, lo que debe
entenderse como la autorización para demostrar los hechos con cualquier medio
de prueba y sin que exista tarifa legal. En particular, aunque no existen
presunciones de daño, primer elemento de la responsabilidad y conditio sine
qua non de la misma, la demostración de  los perjuicios no se encuentra
sometida a una particular solemnidad probatoria. Al respecto, el juez goza de
la facultad de valorar autónomamente las pruebas, a partir de las reglas de la
experiencia, la sana crítica y el examen en conjunto del material probatorio.
Por lo anterior, la posibilidad de darle mayor o menor importancia a una
determinada prueba se encuentra dentro del margen de discrecionalidad que se le
reconoce al operador judicial al momento de formar su convencimiento dentro de
una decisión judicial, siempre y cuando el razonamiento aplicado no resulte
absurdo, contraevidente o desproporcionado.
En este sentido, la
autonomía de los jueces para interpretar las pruebas tiene como límite las
mismas reglas de la experiencia, del análisis conjunto y de la sana crítica. En últimas, “se trata de garantizar que, en cada caso, la
interpretación de las disposiciones jurídicas se lleve a cabo acudiendo a un
criterio finalista, que tome en cuenta las metas y objetivos establecidos en la
Carta, de acuerdo con los criterios “pro-libertatis” y “pro-homine”, derivados
de la filosofía humanista que inspira el constitucionalismo colombiano” [118].
Por lo tanto, el
defecto fáctico presupone una ausencia de valoración o una valoración
arbitraria, abusiva e injusta de un operador judicial al momento de sustentar
una decisión que afecta el derecho fundamental del debido proceso.
La Corte Constitucional ha sostenido que el
defecto fáctico “[s]e estructura, entonces,
siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a
deficiencias probatorias del proceso. (…) el
fundamento de la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias
en el proceso, radica en que, no obstante las amplias
facultades discrecionales con que cuenta el juez del proceso para el análisis
del material probatorio, éste debe actuar de acuerdo con los principios de la
sana crítica, es decir, con base en criterios objetivos y racionales.” De tal suerte que “resulta evidente que
el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma
es absolutamente inadecuado (...)”, o cuando “se hace manifiestamente
irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia”[119].
Es así como el error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser ostensiblemente flagrante y manifiesto que de
manera directa incida notoriamente en la decisión[120].
Por otra parte, jurisprudencialmente se ha
señalado que el defecto fáctico presenta dos modalidades:
“la primera
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional
y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes
para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. La
segunda se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales
y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la
Constitución”[121](negrillas
fuera de texto).
De tal manera que el vicio puede
manifestarse por:
“(i) Omisión
por parte del juez en el decreto y práctica de pruebas. La Corte ha considerado
que se configura, cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica
de pruebas, generando en consecuencia la indebida conducción al proceso “de
ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico
debatido.
(ii) No
valoración del material probatorio allegado al proceso judicial. Esta hipótesis
tiene lugar, cuando la autoridad judicial a pesar de que en el respectivo
proceso existen elementos probatorios, “omite considerarlos, no los advierte o
simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión
respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente.
(iii)
Valoración defectuosa del acervo probatorio. Esta situación tiene lugar, cuando
el operador jurídico decide separarse por completo de los hechos debidamente
probados, y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico puesto a su
consideración, o cuando aprecia una prueba allegada al proceso que se encuentra
viciada.”[122].
La sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira incurrió en un defecto fáctico, por
omitir una valoración probatoria
27. El Tribunal Administrativo de la Guajira profirió
sentencia de segunda instancia el 14 de diciembre de noviembre de 2015, dentro
del proceso de reparación directa propuesta por Sidia Mercedes Redondo y otros
contra la Nación Ministerio de Defensa Ejercito Nacional – Policía Nacional y
Ministerio del Interior y de Justicia.
En dicha providencia, el Tribunal señaló
respecto del grupo familiar compuesto por la familia Mendoza Choles “que el
daño antijurídico como primer elemento para estructurar la responsabilidad del
Estado se encuentra suficientemente acreditado respecto de a los señores
Octavio Mendoza y María de los Santos Choles Peralta”[123]
entre otras razones porque:
“En el
expediente se encuentra demostrado el daño en relación con los demandantes
Octavio Mendoza y María de los Santos Choles Peralta, esto es su desplazamiento
de la finca “El Comején” ubicada en la jurisdicción de la vereda del “Limón
(…) a partir del día 01 de septiembre de dos mil dos (2002) y frente a la
cual se encontraban en condición de poseedores”[124].
Refirió que la
posesión fue acreditada con la “denuncia formulada ante la Policía Nacional
el día diecisiete de septiembre de dos mil dos (2002) por el señor Octavio
Mendoza Mendoza y las declaraciones ante notario de fecha diecinueve (19) de
agosto de dos mil cuatro (2004) rendidas por los señores Rafael Dionisio
Castillo Aguilar y el señor Octavio Mendoza”[125].
Trascribió la
declaración de Rafael Dionisio Castillo Aguilar, quien afirmó: “QUE EL SEÑOR
OCTAVIO MENDOZA CONVIVE EN UNIÓN LIBRE DESDE HACE VEINTINUEVE AÑOS CON LA
SEÑORA MARÍA DE LOS SANTOS CHOLES PERALTA DE CUYA UNIÓN EXISTEN SUS HIJOS LLAMADOS
GAIRYS RAFAEL, OCTAVIO JOSÉ, KATIA MILENA, BIANYS PAOLA, LUZ ELENA MENDOZA
CHOLES Y LOS NIÑOS KAREN LINETH, ALEXANDER GUERRA MENDOZA QUE SON SU NIETOS,
PERSONAS QUE DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE ÉL”[126].
Al igual que la
declaración de Octavio Mendoza Mendoza ante notario, donde  relató: “QUE
CONVIVO EN UNIÓN LIBRE DESDE HACE VEINTINUEVE AÑOS CON LA SEÑORA MARÍA DE LOS
SANTOS CHOLES PERALTA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO (…) DE
CUYA UNIÓN EXISTEN NUESTROS HIJOS LLAMADOS GAIRYS RAFAEL, OCTAVIO JOSÉ, KATIA
MILENA, BIANYS PAOLA, LUZ ELENA MENDOZA CHOLES Y LOS NIÑOS KAREN LINETH,
ALEXANDER GUERRA MENDOZA QUE SON MIS NIETOS PERSONAS QUE DEPENDEN
ECONÓMICAMENTE DE MÍ”[127].
Frente a los hijos de Octavio Mendoza
Mendoza y María de los Santos Choles, esto es, Gairys Rafael, Octavio José,
Katia Milena, Karen Lineth Bianys Paola, Luz Elena Mendoza Choles, y el menor
Alexander Guerra Mendoza, el Tribunal consideró que no existía elemento alguno
que demostrará que el daño antijurídico para estructurar la responsabilidad del
Estado y ordenar así la respectiva reparación.
De manera puntual concluyó que “(…) No
obstante lo anterior, debe precisar la Sala que en virtud de que no existe
prueba siquiera sumaria en el expediente encaminada a acreditar que los
señores Karen Lineth Mendoza Choles, Alexandra Guerra Mendoza, Octavio José
Mendoza Choles, Gairis Mendoza Choles, Katia Mendoza Choles, Alexander Guerra
Mendoza, Bianys Paola Mendoza Choles y Luz Elena Mendoza Choles hubiesen
residido en la finca “el Comején” para la fecha de los hechos constitutivos de
la presente acción; el Tribunal tendrá por no acreditado el daño respecto a los
citados accionantes” (subrayado fuera de texto).
Respecto de las consideraciones y
conclusiones a las que llegó el Tribunal accionado, la apoderada judicial de la
parte actora manifestó que no se tuvieron en cuenta las dinámicas propias del
conflicto armado en la región, y se pasó por alto el hecho de que todos los
accionantes se vieron en la necesidad de dejar sus tierras por el temor causado
a raíz de la masacre que presenciaron en la vereda “El Limón”; señaló
que la sentencia no es clara, porque en primera instancia el material
probatorio que obra en el expediente, fue suficiente para acreditar el
desplazamiento forzado del resto de integrantes del grupo familiar Mendoza
Choles, puesto que “Para tomar la decisión que declara la responsabilidad
por el desplazamiento forzado y ordenar el pago de las mencionadas
indemnizaciones, el a quo valoró como prueba la declaración rendida por los demandantes
ante la Personería Municipal de Riohacha vista a folio 274 del expediente
contencioso, en donde se realiza la solicitud de inscripción de los afectados
en el Registro Único de Población Desplazada formulada a través de derecho de
petición, así como todo el material probatorio allegado en el momento procesal
oportuno”[128].
En este sentido, a diferencia de la
sentencia de segunda instancia aquí controvertida, la sentencia de primera
instancia proferida el 30 de enero de 2013 por el Juzgado 1º Administrativo
de Descongestión del Circuito de Riohacha[129], relacionó dentro de las consideraciones en el acápite de
identificación del grupo:
·
“…que la señora SIDIA REDONDO PERALTA madre
de EDGAR RAFAEL RADILLO REDONDO y JAMINSON JAVIER RADILLO REDONDO puso el denuncio
en la Personería Municipal de Riohacha, sobre la masacre perpetuada a sus hijos
ocurridos en la Finca los Cocos y/o Comején en la vereda el Limón,
Corregimiento de Tomarrazon, Municipio de Riohacha y de acuerdo al texto de
dicho oficio, la señora REDONDO PERALTA denunciante, al igual que la señora
MARÍA DE LOS SANTOS CHOLES PERALTA, incluyeron a todo su grupo familiar”[130].
·
De manera que el grupo de la segunda
denunciante ante la Personería Municipal de Riohacha estaba conformado por “su
compañero permanente OCTAVIO MENDOZA MENDOZA; GAIRIS RAFAEL MENDOZA CHOLES
hijo; KATIA MILENA MENDOZA CHOLES, hija y quien es madre además del menor
ALEXANDER GUERRA MENDOZA; KAREN LINETH MENDOZA CHOLES, hija, menor de edad para
la época de los hechos; OCTAVIO JOSÉ MENDOZA CHOLES, hijo; BIANYS PAOLA MENDOZA
CHOLES, hija; y LUZ ELENA MENDOZA CHOLES”[131].
-
Que la declaración “… la realiza
ante Personería Municipal de Riohacha vista a folio 274 del expediente contiene
la solicitud de inscripción de los afectados en el Registro Único de Población
Desplazada la cual se formuló en ejercicio del derecho constitucional
fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política…”[132].
-
Finalmente explicó que, tratándose de
desplazamientos masivos, esto es, el desplazamiento conjunto de diez o más
hogares o cincuenta o más personas, existe una norma especial según la cual las
autoridades de la zona expulsora y de la zona receptora actuaron en forma
conjunta con el Ministerio Público, lo cual exime a los interesados de
presentar declaraciones en forma individual para solicitar su inscripción en el
Registro Único de Población Desplazada.
De lo anterior se concluye que, para el
fallador de primera instancia, no hubo duda de que Gairys Rafael, Octavio José,
Katia Milena, Bianys Paola, Luz Elena Mendoza Choles, y los menores Karen
Lineth, Alexander Guerra Mendoza residían en la finca “El Comején” para
la fecha de los hechos constitutivos de la acción de reparación directa y
fueron víctimas de desplazamiento, puesto que dicho requerimiento se encontraba
cumplido con la declaración efectuada por la señora María de los Santos Choles ante
la Personería Municipal.
A diferencia de lo anterior, el fallo de segunda instancia, proferido por el Tribunal, concluyó
que no existía prueba al menos sumaria que demostrara que Gairys Rafael,
Octavio José, Katia Milena, Bianys Paola, Luz Elena Mendoza Choles, y los
menores Karen Lineth Alexander Guerra Mendoza Mendoza[133], fueron víctimas del desplazamiento, y por ende, decidió que no eran
acreedores a la indemnización pretendida de responsabilidad del Estado.
En la sentencia de segunda instancia, se
relacionó como única prueba para llegar a la anterior conclusión, la
declaración de Rafael Dionisio Castillo Aguilar y de Manuel Octavio Mendoza
Mendoza que apunta a señalar que María de los Santos Choles y Octavio Manuel
Mendoza Mendoza eran poseedores de la finca “El Comején” y que de dicha
unión tuvieron 6 hijos. Efectivamente, al examinar de manera aislada las
declaraciones antes referidas, es posible concluir que estás no tienen la
entidad probatoria para demostrar que realmente los hijos del grupo familiar
Mendoza Choles residían en la finca “El Comején” para el 01 de
septiembre de 2002.
Sin embargo, obran en el expediente otros
medios de prueba, dentro de los que se destaca la declaración efectuada por
María de los Santos Choles ante la Personería Municipal, donde narra los hechos
del desplazamiento y donde incluye a todo su núcleo familiar compuesto por
hijos y nietos. Así mismo, obra el oficio de fecha 18 de agosto de 2005
suscrito por la Personera del Municipio de Riohacha[134], referente a la inscripción de los demandantes y sus familias, como
desplazados por la violencia donde certificó “…que solamente reposa en sus
archivos una declaración tomadas a las señoras SIDIA REDONDO PERALTA Y MARÍA
CHOLES PERALTA en donde incluyen a todo su grupo familiar integrado por las
personas que usted relaciona en el oficio de la referencia”[135]. De manera que, a pesar de que estas declaraciones son congruentes
con lo debatido, el fallador no las consideró de manera alguna al momento de
proferir un fallo, a pesar de que a prima facie se dirigen justamente a
demostrar que todo el grupo familiar Mendoza Choles se desplazó por la
violencia de la finca “El Comején”. Dicha omisión relevante condujo al
Tribunal a concluir que no existe prueba al menos sumaria del desplazamiento de
las personas referidas.
Adicionalmente, el fallo no tuvo en cuenta
que dentro del expediente obran los registros civiles de nacimiento de los
hijos de la familia Mendoza Choles[136], a
partir de los cuales es posible verificar la edad de cada uno de los
integrantes para la época de los hechos. Estas pruebas ameritaban ser tenidas
en cuenta en el análisis conjunto y, a partir de las reglas de interpretación
probatorio, examinar si, de acuerdo con la lógica, la sana crítica y la
experiencia, es factible concluir que, de ordinario los hijos menores viven con
sus padres y que, lo contrario, es lo que amerita una prueba, más allá de la
lógica.
28. De modo que la ausencia de valoración de las pruebas
anteriormente descritas constituye un defecto fáctico porque, aunque no
cualquier omisión en la consideración de una prueba puede ser reprochable como
un vicio que permita dejar sin efectos la decisión, en el presente asunto se
trata de pruebas relevantes que debieron ser tenidas en cuenta y ser objeto de valoración
concreta y razonada, en el sentido que resulte, de acuerdo con su valor
probatorio, las reglas de la experiencia, la sana crítica y, a partir de un
análisis conjunto de los otros medios de prueba. El carácter imprescindible de
la valoración de dichas pruebas se refuerza por el hecho de que, con base en
ellas, fue justamente que el juez de primera instancia condenó la
responsabilidad del Estado, respecto de los sujetos en cuestión. Por lo tanto,
para revocar la sentencia del juez de primera instancia, era ineludible que el Tribunal
hiciera una valoración concreta y argumentada de las pruebas que fueron
fundamentales para el juez de primera instancia, por lo que no realizarlo,
constituye una vulneración al debido proceso que le asiste a las partes, puesto
que pasó por alto el estudio del valor probatorio de dichos medios de prueba.
29. En consecuencia, al haberse configurado un defecto fáctico por no
valoración de pruebas relevantes, se dejará sin efectos la sentencia, en lo que
concierne a Gairys Rafael, Octavio José, Katia Milena, Karen Lineth Bianys
Paola, Luz Elena Mendoza Choles, y al menor Alexander Guerra Mendoza Mendoza  y
se ordenará que se profiera una nueva sentencia en un término no mayor a seis
(6) meses para que, tomando en consideración dichas pruebas y realizando su
valoración de acuerdo con la sana crítica, las reglas de la experiencia, y el conjunto
de los medios de prueba, además de los argumentos expuestos en primera
instancia, profiera una nueva sentencia, adecuadamente motivada, que considere
el material probatorio obrante en el expediente. Advierte la Sala Cuarta de
Revisión, que la presente sentencia no implica prejuzgamiento alguno respecto
del sentido que deberá tener la sentencia que deberá proferirse, ya que le
corresponderá al Tribunal Administrativo de la Guajira valorar los medios de
prueba que obran en el expediente y que no fueron considerados, lo que
constituyó el defecto fáctico que se evidenció.
Así
las cosas, en lo que respecta a Gairys Rafael, Octavio José, Katia Milena,
Karen Lineth Bianys Paola, Luz Elena Mendoza Choles, y al menor Alexander
Guerra Mendoza, se revocarán las sentencias de segunda instancia, proferida el
10 de mayo del 2017, por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado y de primera instancia,
proferida el 16 de diciembre de 2016, por la Sección Primera del Consejo
de Estado, que denegó el amparo solicitado. En su lugar,
respecto de estas personas, se ordenará proferir una nueva sentencia, en los
términos establecidos en el párrafo anterior.
H.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
30. En la presente oportunidad la Sala Cuarta de
Revisión de tutelas analizó el amparo interpuesto por dos núcleos familiares
(Radillo Redondo y Mendoza Choles) que consideran vulnerados sus derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, con ocasión de
una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en
desarrollo de un proceso de reparación directa. En dicha decisión, la autoridad
judicial determinó que la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional es
responsable, por falla del servicio, de la muerte de Jaminzon y Edgar Radillo
Redondo, y del desplazamiento forzado de Octavio Mendoza Mendoza y María de los
Santos Choles. Por lo anterior, ordenó indemnizar a Sidia Mercedes Redondo,
Rita Elvira Radillo Redondo, Carlos José Redondo Peralta y a los dos individuos
víctimas del desplazamiento forzado. Sin embargo, consideró que: (i) Silfredo y
Carlos Manuel Radillo Redondo no tienen derecho a ser indemnizados, por no
haber acreditado su relación de parentesco con sus supuestos hermanos difuntos,
al no haber aportado al proceso sus respectivos registros civiles.  Por otra
parte, concluyó la sentencia controvertida que (ii) Gairys
Rafael, Octavio José, Katia Milena, Bianys Paola, Luz Elena Mendoza Choles, y
los menores Karen Lineth, Alexander Guerra Mendoza no lograron acreditar el
daño antijurídico por desplazamiento forzado, por no obrar en el expediente
prueba si quiera sumaria que demostrara la residencia en la finca “El Comején”
para la época de los  hechos. En este sentido, los
accionantes expusieron en su solicitud de amparo que la sentencia de segunda
instancia, adoptada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se
encuentra viciada por un defecto procedimental, por incurrir en un exceso
ritual manifiesto, y por una falta de valoración probatoria, razón por la cual
solicitaron al juez de tutela que la dejara sin efectos y ordenara las
indemnizaciones de los individuos antes mencionados.
Puesto lo anterior de presente, la Sala
concluyó que el amparo interpuesto es procedente, por acreditar todos los
presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales que ha establecido la jurisprudencia constitucional al respecto. Sin
embargo, respecto
de Dimier José Radillo Redondo encontró la Sala que no
existe
legitimación en la causa por activa, en ausencia de poder para tramitar la
presente acción de tutela.
Una vez establecido el problema jurídico
(supra numeral 8º) la Sala consideró, respecto de la familia
Radillo Redondo, que la inscripción en el registro civil es un deber
predicable de todos los colombianos, incluidos los miembros de las comunidades
indígenas, razón por la cual deben cumplir con esta carga si pretenden hacer
valer los elementos allí consignados en las relaciones con el Estado o con
otros sujetos. Igualmente, concluyó que cuando los miembros de dichas
comunidades pretendan hacer oponible su estado civil, parentesco y otros
elementos que se encuentran en el registro civil, no quedan exonerados de la
carga de realizar el registro, siempre y cuando el Estado haya puesto a su disposición
la infraestructura y políticas necesarias para que efectivamente puedan
realizar estos trámites. En caso contrario, la Sala consideró que sería posible
admitir pruebas alternas al registro civil.
Dando aplicación a la anterior regla, evidenció
la Sala que: (i) no existe certeza respecto de la pertenencia de los
accionantes a la comunidad indígena Wiwa; (ii) la práctica del registro civil
no era extraña a la familia Radillo Redondo, en la que varios de sus miembros
habían acudido a realizar dicho trámite varios años antes, e incluso obra
prueba en el expediente de que uno de los accionantes sí se encontraba
registrado, para la fecha de presentación de la demanda de reparación directa;
(iii) por consiguiente, el Tribunal Administrativo de la Guajira no incurrió en
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al negar las
pretensiones de reparación de perjuicios, por no presentación de los
correspondientes registros civiles ya que, para estas personas, dicha carga
probatoria era razonable y, al actuar mediante apoderado judicial, éste debió
cumplir diligentemente con esta exigencia.
Por otra parte, en lo que respecta al grupo
familiar Mendoza Choles, se concluyó que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira incurrió en un defecto
fáctico, por omitir la valoración de pruebas que obraban en el expediente y
que sirvieron al juez de primera instancia para conceder la reparación que él
negó, alegando la inexistencia de prueba si quiera sumaria de que residían en
la finca “El Comején”. Así las cosas, concluyó la Sala que el defecto
fáctico en cuestión afectó el derecho fundamental al debido proceso de Gairys Rafael, Octavio José, Katia Milena, Bianys Paola, Luz Elena
Mendoza Choles, y de los menores Karen Lineth, Alexander Guerra Mendoza. Por
consiguiente, la Sala resolvió tutelar sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y,
consecuentemente, ordenó proferir una nueva decisión, en el término máximo de
seis meses, donde se realice una adecuada valoración de los medios de prueba
que se encuentran en el expediente y que sí fueron tenidos en cuenta por el
juez de primera instancia. Advirtió la Sala que la presente providencia no
determina el sentido de la sentencia que deberá proferirse y corresponderá al
Tribunal Administrativo de la Guajira, valorar adecuadamente las pruebas cuya
consideración fue omitida en la sentencia del 14 de diciembre de 2015, que se dejará parcialmente sin efectos.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. – CONFIRMAR parcialmente la
sentencia de segunda instancia emitida el 10 de mayo de 2017, por la Subsección
B, de la Sección Segunda, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado, en lo que
concierne al señor Dimier José Radillo Redondo, pero por falta de legitimación
en la causa por activa.
Segundo.
- REVOCAR la sentencia de
segunda instancia, proferida el 10 de mayo del 2017, por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo
solicitado, en lo que respecta a los señores Silfredo
y Carlos Manuel Radillo Redondo. En su lugar, CONFIRMAR
la sentencia de primera instancia, proferida el 16 de diciembre de 2016,
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado por
estas personas, pero por las razones expuestas en  la presente sentencia.
Tercero.-
REVOCAR parcialmente
las sentencias (i) de segunda instancia, proferida el 10 de mayo del 2017, por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que declaró improcedente
el amparo solicitado por los señores Gairys Rafael, Octavio José, Katia
Milena, Karen Lineth Bianys Paola, Luz Elena Mendoza Choles, y el menor
Alexander Guerra Mendoza Mendoza y (ii) de primera instancia, proferida el 16 de diciembre de 2016,
por la Sección Primera del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado por
ellos.
En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de las personas antes
mencionadas.
Cuarto.- DEJAR PARCIALMENTE SIN
EFECTOS la sentencia del 14 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, en desarrollo del proceso de reparación directa
con radicado 44-001-33-31-001-2004-00563-01, frente a la negativa de reconocer
a Gairys Rafael, Octavio José, Katia Milena, Karen Lineth,
Bianys Paola, Luz Elena Mendoza Choles, y al menor Alexander Guerra Mendoza, la indemnización de perjuicios solicitada. Por consiguiente, ORDENAR
que dicha autoridad judicial, en el término determinado
en el numeral 28 de
la parte motiva de esta providencia, profiera una nueva
sentencia, donde valore los medios de prueba obrantes en el expediente y que
fueron considerados por el juez de primera instancia en el proceso de
reparación directa.
Quinto. – REMITIR copias del expediente al Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que, en ejercicio de sus
competencias, determine si el comportamiento de la abogada Soraya
Gutiérrez Arguello, en relación con los hechos del presente asunto, constituye
alguna falta disciplinaria.
Sexto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
Con salvamento de voto
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Silfredo Radillo Redondo,
Rita Elvira Radillo Redondo, Carlos Manuel Radillo Redondo, Dimier José Radillo
Redondo, Carlos José Redondo Peralta (la diferencia de los apellidos de este
individuo no corresponde a un error mecanográfico, sino a una reproducción
literal de los nombres indicados en el Folio 1, del Cuaderno No. 2 que contiene
el amparo constitucional) y Jaminzon Javier Radillo Redondo.
[2] Folio 1. Cuaderno No. 2.
[3] Folios
97 a 122. Cuaderno No. 2.
[4] Folio 121.
Cuaderno No. 2.
[5] El Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Riohacha en sentencia del 30 de enero de 2013
declaró a la Nación – Ministerio de Defensa Ejercito Nacional, Policía
Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia responsables Administrativa y
solidariamente, por la falla en el servicio de los perjuicios ocasionados a los
dos grupos familiares demandantes y condenó reconocerles y pagarles los
siguientes emolumentos:
i.
Por concepto de daños
y perjuicios morales a:
a.
Rita Elvira Radillo
Redondo 300 smmlv, por su calidad de hermana de Edgar y Jaminzon Radillo
Redondo (100 smmlv por la muerte de Edgar y Jaminzon Radillo Redondo y otros
100 smmlv por el desplazamiento forzado).
b.
María de los Santos
Choles Peralta en su condición de víctima directa por su desplazamiento
forzado, 70 smmlv
c.
Octavio Mendoza Mendoza
en calidad de compañero permanente de María de los Santos Choles Peralta por su
desplazamiento forzado, 70 smmlv.
d.
Gairis Rafael Mendoza
Choles, en condición de víctima del desplazamiento forzado, 70 smmlv.
e.
Katia Milena Mendoza y
quien es madre de Alexandra Guerra, en condición de víctima directa del
desplazamiento, 100 smmlv.
f.
Karen Lineth Mendoza
Choles, en condición de víctima del desplazamiento forzado:  70 smmlv.
g.
Octavio José Mendoza
Choles, en condición de víctima del desplazamiento forzado: 70 smmlv.
h.
Bianys Paola Mendoza
Choles, en condición de víctima del desplazamiento forzado: 70 smmlv.
i.
Luz Elena Mendoza Choles, en condición de víctima del desplazamiento
forzado: 70 smmlv.
ii.
Por concepto de
violación de los derechos humanos a:
a.
Rita Elvira Radillo Redondo el equivalente
a 100 smmlv, y
b.
A cada uno de los
integrantes de la familia Mendoza Choles, esto es, a María de los Santos Choles
Peralta, Octavio Mendoza Mendoza, Gairis Rafael Mendoza Choles, Katia Milena
Mendoza, Karen Lineth Mendoza Choles, Octavio José Mendoza Choles, Bianys Paola
Mendoza Choles  y Luz Elena Mendoza Choles, la suma de 50 smmlv.
iii.
Finalmente, por el
daño generado a la alteración grave de las condiciones de existencia a:
a.
Rita Elvira Radillo
Redondo el equivalente a 100 smlmv.
b.
A cada uno de los
integrantes del segundo grupo familiar de María de los Santos Choles Peralta,
Octavio Mendoza Mendoza, Gairis Rafael Mendoza Choles, Katia Milena Mendoza,
Karen Lineth Mendoza Choles, Octavio José Mendoza Choles, Bianys Paola Mendoza
Choles  y Luz Elena Mendoza Choles, el valor de 50 smmlv.
[6] Folio 104.
Cuaderno No. 2.
[7] La sentencia del 14 de diciembre de 2015
ordenó pagar los siguientes conceptos:
i.
Perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante a:
a.
La señora Sidia
Mercedes Redondo la suma equivalente a $37.396.098 pesos (Madre de Edgar y Jaminzon Radillo Redondo);
ii.
Por daño moral
a:
a.
Sidia Mercedes Redondo:
100 smlmv por cada hijo
b.
Rita Elvira Radillo
Redondo:  50 smlmv por cada hermano
c.
Carlos José Redondo
Peralta:  50 smlmv por cada hermano
d.
María de los Santos
Choles Peralta: 50 smlmv, y
e.
Octavio Mendoza
Mendoza: 50 smlmv
iii.
Adicionalmente, dispuso
unas medidas no pecuniarias, de no repetición y garantía para que ambos núcleos
familiares pudieran regresar al lugar que tuvieron que abandonar con ocasión
del conflicto.
[8] Folios
157 a 160. Cuaderno No. 2.
[9] Folio 159.
Cuaderno No. 2.
[10] Folio
160. Cuaderno No. 2.
[11] Folios
172 a 189. Cuaderno No. 2.
[12] Folio
176 párrafo 7. Cuaderno No. 2.
[13] Folio
185. Cuaderno No. 2
[14] Folio
187. Cuaderno No. 2.
[15] Folio
187. Cuaderno No. 2.
[16] Folio
188. Cuaderno No. 2
[17] Folio
189. Cuaderno No. 2.
[18] Folios
199 a 206. Cuaderno No. 2.
[19] Folios
229 a 238. Cuaderno No. 2.
[20] Folio
236. Cuaderno No. 2
[21] Ibídem.
[22] “(…) allegue
e informe al despacho: (i) ¿Desde cuándo ha sido reconocida la comunidad Wiwa
como un pueblo indígena en Colombia?; (ii) ¿Dónde se encuentra asentada la comunidad
Wiwa?; (iii) ¿Cómo ha sido afectada la comunidad Wiwa por los fenómenos de la
violencia en las regiones que tradicionalmente ha ocupado? Y a su vez: ¿Existen
informes o estadísticas frente a eventuales desplazamientos forzados y las
medidas gubernamentales que se han adoptado para estos sujetos?; (iv) ¿Cuáles
son las prácticas que ancestralmente caracterizan los procesos de
identificación de las personas pertenecientes al pueblo indígena Wiwa?; (v)
Cómo se demuestra actualmente: i) la pertenencia de un individuo a la comunidad
Wiwa; ii) la filiación y los vínculos familiares entre los miembros de la
comunidad. Es decir, ¿Mediante qué instrumentos, mecanismos y/o procedimientos
se demuestra la calidad de padre, madre, hijo(a) o hermano(a) en los respectivos
núcleos familiares de sujetos Wiwa? ¿Existen prácticas propias de adopción y,
en ese caso, cómo se demuestra la relación familiar dentro de la comunidad
Wiwa?; (vi) ¿Quién certifica la pertenencia al pueblo Wiwa de cada individuo,
bajo qué criterios y con qué procedimientos? ;(vii) ¿Hay algún motivo por el
cual no sea costumbre Wiwa registrarse ante las autoridades nacionales a través
de instrumentos tales como el Registro Civil? Teniendo en cuenta lo anterior,
¿Se han identificado dificultades institucionales o prácticas que impidan
llevar a cabo este tipo de registros en dichas comunidades?; (viii) ¿Existe
algún registro que identifique a los individuos que actualmente pertenecen, o
han pertenecido, a este grupo poblacional?”
[23] “(…) informe
al despacho: (i) Si existe algún marco teórico, o ha se realizó un trabajo de
campo, para reconocer las prácticas que ancestralmente caracterizan los
procesos de identificación de las personas pertenecientes a la comunidad
indígena Wiwa. (ii) ¿Qué prácticas ha adoptado la Registraduría para proteger
la identidad cultural de este pueblo y sus prácticas ancestrales de
identificación, particularmente en lo que tiene que ver con la institución
familiar y los componentes étnicos relativos a la filiación y su demostración?
(iii)¿Es permitido, o ha sido previsto, para la comunidad Wiwa el uso de algún
documento firmado por una autoridad indígena, considerado como idóneo para
realizar la creación de un registro civil de nacimiento? En este orden de
ideas, ¿Cómo se lleva a cabo la inscripción de las personas pertenecientes a
comunidades y pueblos indígenas Wiwa? (iv)¿Es posible registrar niños o adultos
pertenecientes al pueblo Wiwa con una certificación expedida por la autoridad
tradicional indígena o quién haga sus veces? (v) ¿Se ha llevado a cabo alguna
política que pretenda garantizar un tratamiento diferenciado a favor de los
individuos Wiwa en lo que tiene que ver con su inscripción y registros como
colombianos y posteriormente como ciudadanos? (vi) ¿Ha encontrado dificultades
la Registraduría para realizar el registro civil de los miembros de la
comunidad Wiwa? Y ¿Actualmente todos los miembros de dicha comunidad se
encuentran en el registro civil?”.
[24] “(…) informe
al despacho: i) Sobre los esfuerzos que la entidad ha desplegado por registrar
a los miembros de la comunidad indígena Wiwa, a manera de campañas especiales
de documentación, para que estos individuos pudieran llevar a cabo los trámites
de inscripción al registro civil de nacimiento, expedición de tarjetas de
identidad o cédulas de ciudadanía. ii) En particular, se solicita allegar al
despacho información detallada sobre el trabajo desempeñado por la Unidad de
Atención a Población Vulnerable en el departamento de La Guajira que, según
indica en la página Web de la Registraduría a 08 de agosto de 2013, se había
atendido un total de 23.429 indígenas Wayuu, Kogui y Wiwa. Así, se solicita que
se envíe no solo información actualizada de tareas desarrolladas en este
sentido con posterioridad a la fecha señalada, sino que sea remitida haciendo
distinción entre las tres comunidades indígenas señaladas. iii) Sobre las
dificultades que se han presentado en La Guajira para el registro de los
miembros de las comunidades indígenas, en particular en lo que tiene que ver
con los Wiwa. Es decir, los obstáculos culturales que se han convertido en
barreras para que estos sujetos registren los hechos relevantes para el
registro civil que debe tener todo nacional. Así mismo, se solicita exponer si
han evidenciado conductas, costumbres o hábitos de los indígenas Wiwa, que
puedan considerarse propios de su cultura, que pretendan llevar un registro de
los miembros de su propia comunidad; en caso tal, se solicita especificar
cuáles son estas prácticas”.
[25] “(…) informe
al despacho si tiene información sobre algún censo que se haya hecho a la
comunidad indígena Wiwa. En caso tal, que especifique cuándo fue realizado. Así
mismo, que, en caso de tener información sobre miembros de dicha comunidad
afectados por el fenómeno del desplazamiento forzado en razón del conflicto
armado, se sirva de remitirla a la Corte Constitucional, aclarando cuando
afirmaron ser víctimas de este flagelo y en qué municipio se llenaron la
información que custodia el DANE”.
[26] “ (…) informe al despacho: i) Acerca de la historia y la
cosmovisión de la comunidad indígena Wiwa, haciendo especial énfasis en cuando
se ubicaron en las cercanías de la Sierra Nevada de Santa Marta y dónde se
encuentran los mayores resguardos de estos individuos en la actualidad; ii)
¿Cómo se identifica si una persona es o no miembro de la comunidad Wiwa, es una
situación de autodeterminación, o por el contrario requiere que alguien de la
comunidad, verbigracia una autoridad, certifique lo anterior? iii) ¿Cuáles
instrumentos válidos existen en la comunidad Wiwa para probar parentescos entre
sus miembros?; iv) ¿Existe alguna razón sociocultural para que los miembros de
esta comunidad indígena no acostumbren registrar los nacimientos, matrimonios
y/o defunciones en un registro civil como ocurre ordinariamente en Colombia?”.
[27] “INVITAR
(…)  para que conceptúe al despacho frente a
la posibilidad existente para que indígenas de la comunidad Wiwa tengan formas
de probar su filiación y sus lazos consanguíneos sin tener la necesidad de
acudir a un instrumento público, como sería el registro civil, para demostrar
que pertenecen a un determinado núcleo familiar. Adicionalmente, solicitarle
que, de estimarlo importante, conceptúe frente a: i) Cómo se identifica si una
persona es o no miembro de la comunidad Wiwa, es una situación de
autodeterminación, o por el contrario requiere que alguien de la comunidad,
verbigracia una autoridad, certifique lo anterior; ii) ¿Resulta
desproporcionado solicitarle a miembros de dicha comunidad que alleguen
registros civiles para probar su filiación cuando interpongan demandas con
fines reparatorios? ¿Por qué?; iii) ¿Cuál sería un instrumento válido para
probar parentescos entre miembros de la comunidad Wiwa?; iv) ¿Existe alguna
razón sociocultural para que los miembros de esta comunidad indígena no
acostumbren registrar los nacimientos, matrimonios y/o defunciones en un
registro civil como ocurre ordinariamente en Colombia?”
[28] “INVITAR
(…) para que conceptúe al despacho frente a la
posibilidad existente para que indígenas de la comunidad Wiwa tengan formas de
probar su filiación y sus lazos consanguíneos sin tener la necesidad de acudir
a un instrumento público, como sería el registro civil, para demostrar que
pertenecen a un determinado núcleo familiar. Adicionalmente, solicitarle que,
de estimarlo importante, conceptúe frente a: i) Cómo se identifica si una
persona es o no miembro de la comunidad Wiwa, es una situación de
autodeterminación, o por el contrario requiere que alguien de la comunidad,
verbigracia una autoridad, certifique lo anterior; ii) ¿resulta
desproporcionado solicitarle a miembros de dicha comunidad que alleguen
registros civiles para probar su filiación cuando interpongan demandas con
fines reparatorios? En caso tal: ¿por qué?; iii) ¿Cuál sería un instrumento válido
para probar parentescos entre miembros de la comunidad Wiwa?; iv) ¿Existe
alguna razón sociocultural para que los miembros de esta comunidad indígena no
acostumbren registrar los nacimientos, matrimonios y/o defunciones en un
registro civil como ocurre ordinariamente en Colombia?”
[29] Es
importante señalar que la referida Universidad aclara que: “En los dos casos
anteriores (2 y 3) se requiere practicar una pesquisa cuya elaboración se logra
a través de una entrevista etnográfica y es practicada por un antropólogo, o en
su defecto, por un científico social conocedor de esta metodología. La
entrevista etnográfica es un documento de investigación que se realiza en vivo,
cara a cara en el territorio en el cual habitan los demandantes, se graba
generalmente en un archivo de audio y se transcribe. La entrevista y su
grabación debe ser consentida previamente por las personas que participaron en
ella. Su realización puede durar varios días ya que el entrevistador tendrá
como objeto entender las condiciones sociales y el contexto histórico en que la
comunidad aceptó al nuevo miembro en su seno, cuándo, quien y de qué manera se
realizó el bautizo o ingreso como miembro a la comunidad Wiwa”.
[30] “ OFICIAR
(…) para que (…) demuestre a través de alguno de los mecanismos
descritos en el numeral 5º de las consideraciones de esta providencia que: (i)
Dimier José Radillo Redondo, Silfredo Radillo Redondo y Carlos Manuel Radillo
Redondo eran hermanos de los difuntos Jaminzon y Edgar Radillo Redondo; (ii)
Dimier José Radillo Redondo, Silfredo Radillo Redondo y Carlos Manuel Radillo
Redondo pertenecen a la comunidad Wiwa; (iii) Jaminzon y Edgar Radillo Redondo
pertenecían en vida a dicha comunidad indígena. Cabe aclarar, que si considera
existe otro mecanismo válido para demostrar el parentesco entre estos
individuos, que sea diferente a los propuestos por el ICANH, podrá igualmente
aportarlo, pero caso tal deberá aclararle al despacho la razón por la cual este
mecanismo alternativo resulta idóneo y válido para este tipo de pruebas de
filiación”.
[31] “ OFICIAR
(...) para que (…) demuestre que i) Karen Lineth Mendoza Choles, ii)
Katia Milena Mendoza Choles, iii) Gairys Rafael Mendoza Choles, iii) Octavio
José Mendoza Choles, (iv) Bianys Paola Mendoza Choles y (v) Luz Elena Mendoza Choles,
son hijos de Octavio Mendoza Mendoza y María de los Santos Choles, y que
igualmente estos cinco (5) individuos vivían con sus presuntos padres cuando
estos tuvieron que abandonar su hogar con ocasión de la violencia en agosto de
2002”.
[32] “OFICIAR
(…) para que (…) le aclare al despacho la relación entre las familias
Radillo Redondo y Mendoza Choles. Es decir, que explique con suficiencia si
habitaban el mismo predio, comunidad, finca, entre otros y en caso de que hayan
sido desplazados en virtud del mismo hecho, describa con detalle la situación
al momento de los hechos. Adicionalmente, se solicita que exponga la situación
actual de: i) Sidia Mercedes Redondo Peralta, ii) Carlos José Redondo Peralta,
iii) Silfredo Radillo Redondo, iv) Carlos Manuel Radillo Redondo y v) Rita
Elvira Radillo Redondo; indicando además la edad de cada uno de estos sujetos,
su ocupación y explique por qué solicita para estos cinco individuos
indemnización por los perjuicios materiales y morales con ocasión del
desplazamiento forzado “en los montos y proporciones reconocidos a OCTAVIO
MENDOZA MENDOZA y MARIA DE LOS SANTOS CHOLES”, según lo dispuesto en el numeral
3.2 del escrito de tutela”.
[33]
Folios 114 y 115 del expediente.
[34] Al respecto, enumera a
los familiares así: “María de los Santos Choles Peralta C.C. (…), Octavio
Mendoza Mendoza C.C. (…); Luz Elena Mendoza Choles C.C. (…); Karen Lineth
Mendoza Choles C.C. (…); Katia Milena Mendoza Choles C.C. (…); Alexander Guerra
Mendoza (hijo de Katia Milena, menor de edad); Gairys Rafael Mendoza Choles
C.C. (…); Octavio José Mendoza Choles C.C. (…); Bianys Paola Mendoza Choles
C.C. (…);  John Carlos Radillo Redondo C.C. (…); Luz Mary Radillo Redondo C.C.
(…)”.
[35] https://consultasrc.registraduria.gov.co:28080/ProyectoSCCRC/
[36]
La certificación secretarial del 11 de febrero de 2019 precisó que “Vencido
el término, me permito informar al despacho del Magistrado ALEJANDRO LINARES
CANTILLO, que el auto del (30) de enero de 2019, por medio del cual se pone a
disposición de las partes o de los terceros con interés las pruebas
incorporadas, y en concordancia con lo previsto en el artículo 110 del Código
General del Proceso, se realizó la Publicación en Lista el (4) de febrero de
2019. Se precisa, que durante el trámite se acercaron (sic) a la
Secretaría el señor Germán David Narváez Cabrera, dependiente de la parte
accionante”: folio 125 del expediente de revisión. Lo anterior, de acuerdo
con autorización de la apoderada de los accionantes, Soraya Gutiérrez Arguello,
visible en el folio 132 del expediente de revisión.  Durante el término, no se
recibió documento alguno de la parte que se pronunciara respecto de estas
pruebas.
[37] Ver,
entre otras, las sentencias T-119/15, T-250/15, T-446/15, T-548/15, y T-317/15.
[38] Acerca del perjuicio irremediable,
esta Corte ha señalado que, debe reunir ciertos requisitos para que torne
procedente la acción de tutela, a saber: “(i) que se trate de un hecho
cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que
la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que
las actuaciones de protección han de ser impostergables”: Sentencia T-896/07.
[39]  Aporta el poder conferido a folio 25. Cuaderno No.1.
[40] Aporta el poder conferido a folio 17. Cuaderno No. 1.
[41] Aporta el poder conferido a folio 24. Cuaderno No.1.
[42] Aporta el poder conferido a folio 19. Cuaderno No. 1.
[43] Aporta el poder conferido a folio 26. Cuaderno No.1.
[44] Aporta el poder conferido a folio 20. Cuaderno No. 1.
[45] Aporta el poder conferido a folio 14. Cuaderno No. 1.
[46] Aporta el poder conferido a folio 22. Cuaderno No.1.
[47] Aporta el poder conferido a folio 15. Cuaderno No. 1.
[48] Aporta el poder conferido a folio 13. Cuaderno No.1.
[49] Folio 3. Cuaderno No. 1
[50] Sentencia Corte constitucional  T-697/06.
[51] La legitimación en la causa por activa “(…) es un
presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a
que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o
desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes
carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de
mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de
fondo. ǁ (…) la “legitimación por activa” es… requisito de
procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se
interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de
otra persona (…) Adicionalmente, la legitimación en la causa como
requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre
la vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la
autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna
improcedente”: Corte Constitucional, sentencia T-799/09.
[52] Para
que la acción de tutela contra la providencia judicial pueda dejar sin efectos
la misma, deberá probarse alternativamente que la misma: i) incurre en un
defecto orgánico, referente a la competencia del juez natural para haber
adoptado dicha decisión, ii) en un defecto material o sustantivo, iii)
desconoce el precedente constitucional , iv) viola directamente la
Constitución, v) incurre en un defecto procedimental, vi) en un defecto
fáctico, vii) es el resultado de un error inducido o, viii) que se trate de una
decisión sin motivación (causales especiales de procedibilidad del
amparo).
[53] Las
causales se pueden sintetizar en que: i) se cumpla con el carácter subsidiario
de la acción de tutela, con la certeza de que han sido agotados todos los
medios de defensa judicial; ii) que se cumpla con el requisito de inmediatez;
iii) que exista legitimación en la causa al ser parte del proceso en el que se
adoptaron las decisiones judiciales controvertidas mediante el amparo
constitucional, aunque este criterio pueda ser modulado y no se requiere
necesariamente que el actor haya conformado directamente la relación jurídico
procesal de la providencia atacada. De ahí que, hasta este punto del análisis
de procedencia, no se observa nada diferente a los fundamentos generales que
deben ser analizados para encontrar que una acción de tutela genéricamente
pueda ser conocida de fondo y de este modo, ser objeto de un pronunciamiento judicial.
Entonces, las causales generales realmente particulares de la acción de tutela
contra sentencias consisten en establecer: iv) que no se trate una sentencia de
tutela, ni de una decisión proferida en el control abstracto de
constitucionalidad ejercido por esta Corte ;v) que el accionante cumpla con
unas cargas argumentativas y explicativas mínimas identificando los derechos
fundamentales afectados, precisando los hechos que generan la vulneración y,
tal y como fue enunciado anteriormente, cuando se trate de un defecto
procedimental, el actor argumente por qué, a su juicio, el vicio es sustancial,
es decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o afectación de los
derechos fundamentales invocados. Finalmente, vi) se deberá concluir que el
asunto revista de relevancia constitucional. A esta decisión solo podrá
llegarse después de haber evaluado juiciosamente los cinco requisitos
anteriores, ya que es a raíz del correcto entendimiento del problema jurídico
que las respectivas acciones de tutela consagran que se puede identificar la
importancia predicada.
[54] En
virtud de su naturaleza subsidiaria, la jurisprudencia ha descartado “la
utilización de la tutela como vía preferente para el restablecimiento de los
derechos”: sentencia T-603/15 y ha reconocido que tal calidad “obliga a
los asociados a incoar los recursos ordinarios con los que cuenten para
conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos y que impide el uso
indebido de la acción como vía preferente o instancia adicional de protección”.
En cualquier caso, deberá verificarse si los mecanismos judiciales ordinarios
resultan eficaces para la protección del derecho, pues en caso de que así no
sea, la acción de tutela será procedente de manera definitiva. Al respecto, la sentencia T-222/14 dispuso: “[e]ste requisito
de subsidiariedad implica, en otros términos, que el amparo constitucional
procede siempre y cuando, en principio, no exista en el ordenamiento jurídico
otro mecanismo judicial para defender el derecho que se discute. La idea es que
la tutela no se convierta en un sustituto ni en una vía paralela a otras
instancias. Precisamente, todos los procesos judiciales deberían, como en
efecto tiene que suceder, ser los principales guardianes y defensores de los
derechos fundamentales de las personas. Los primeros llamados a protegerlos son
los jueces ordinarios (Artículo 4 CN). A partir de allí, esta Corporación ha
fijado unas reglas que deben tenerse en cuenta”. En este sentido la sentencia T-222/14
expuso cómo dicho análisis no finaliza al corroborar la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, sino que además, implica verificar si dicho
medio de defensa resulta eficaz e idóneo, puesto que en caso de no serlo, la
acción de tutela será el mecanismo indicado para proteger los derechos fundamentales
y en consecuencia, evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Así las
cosas, la eficacia consiste en que el mecanismo esté “diseñado de forma tal
que brinde oportunamente una protección al derecho”: sentencia T-113/13. A su vez, se entiende que una acción judicial
es impropia, cuando “no permite resolver el conflicto en su dimensión
constitucional o no ofrece una solución integral frente al derecho comprometido”:
sentencia T-47/14. Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de
tutela procede como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, el cual se puede dar “cuando
se presenta una situación de amenaza de vulneración de un derecho fundamental
susceptible de concretarse y que pueda generar un daño irreversible”: sentencia T-326/13. Para la configuración de este tipo de perjuicio es necesario que
concurran los siguientes elementos: “(i) inminente, es decir, por estar
próximo a ocurrir; (ii) grave, por dañar o menoscabar material o moralmente el
haber jurídico de la persona en un grado relevante; (iii) que requiera medidas
urgentes para conjurarlo; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a
fin de garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su
integridad”: Sentencia T-326/13.
[55] Ver
entre otras las sentencias T-328/10, T-526/05 y T-692/06.
[56] Sentencia
SU-961/99.
[57] “De la
jurisprudencia de esta Corporación se puede derivar que solamente es aceptable
un extenso espacio de tiempo transcurrido entre el hecho que genera la
vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias
específicas: (i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada
del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga
de acudir a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción,
abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”: Sentencia
T-158/06.
[58] Ver
entre otras las sentencias T-008/98, y SU-159/00.
[59] Folio 72. Cuaderno No.
2.
[60]
Sentencia T-658/98.
[61] Folio 9. Cuaderno No. 2.
[62] Folio 11, Cuaderno No.
2.
[63] Folio 35. Cuaderno No.
2.
[64]
Sentencia T-282/96.
[65] Ver
entre otras las sentencias T-133/15, T-373/14, y T-272/14.
[66] Ver sentencia T-103/14.
[67] Edgar
Radillo Redondo y Jaminzon Radillo Redondo.
[68] Al
respecto pueden observarse las sentencias T-428/93, T-379/03, T-1005/08,
T-049/13, entre otras.
[69] Boletín Nº2 de febrero
2014, emitido por la Delegatura de Asuntos Indígenas y Minorías de la Defensoría
del Pueblo.
[70] Al
respecto, la Corte ha señalado que la autodeterminación está compuesta por tres
ámbitos, a saber: “(a) el reconocimiento a las comunidades indígenas del
derecho a participar en las decisiones que las afectan. En este ámbito cobra
especial importancia la consulta previa, como procedimiento especial para
asegurar que las aspiraciones culturales, espirituales y políticas de los
pueblos indígenas sean consideradas en el ejercicio de las demás atribuciones y
competencias de la administración, (b) el reconocimiento del derecho a la
participación política en la esfera de la representación nacional en el
Congreso y (c) el reconocimiento a la autonomía política y jurídica de orden
interno de los pueblos indígenas, es decir, a las formas de autogobierno y de
autodeterminación de las reglas jurídicas de la comunidad indígena. Supone
ello, el derecho a decidir las formas de gobierno, el derecho a ejercer
funciones jurisdiccionales en su territorio y el pleno ejercicio del derecho a
la propiedad colectiva, sobre sus resguardos y territorios”. Sentencia
T-871/13.
[71] Sentencia T-601/11.
[72] Sentencia T-349/96.
[73] Al
respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que: “(…) existen dos
límites claros a la autonomía indígena. Por un lado, un núcleo duro, absoluto,
según el cual, si un cabildo toma una decisión en contravía de determinados
derechos fundamentales o del principio de legalidad, su determinación desborda
el marco constitucional. Por otro lado, existe un segundo límite que previene a
las autoridades de los pueblos tradicionales para que no tomen medidas
arbitrarias y que vulneren los derechos fundamentales “en tanto mínimos de
convivencia social”. En el caso del segundo límite, la tensión entre la
autonomía indígena y los derechos de los individuos de la comunidad se resuelve
mediante la herramienta de la ponderación de principios”: Sentencia T-201/16.
[74] Sentencia
T-397/16.
[75] Sentencia
T-617/10.
[76]
Ratificado por la Ley 74 de 1968.
[77]
Ratificado por la Ley 16 de 1972.
[78]
Ibídem.
[79]
Sentencia C-109/95.
[80]
Teniendo en cuenta que se según lo expuesto en la sentencia T-729/01, la
necesidad de que toda persona pueda ser titular de derechos y obligaciones “comprende,
además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de
existir e independientemente de su condición, determinados atributos que
constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto
de derecho”. Dichos atributos son la capacidad de goce, el patrimonio, el
nombre, la nacionalidad, el domicilio y el estado civil”.
[81]
Sentencia T-501/10.
[82] Artículo 1º
[83]
Artículo 2º
[84]
Sentencia T-308/12.
[85] “Artículo
52. La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una
genérica y otra específica. En aquella se consignarán solamente el nombre del
inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la oficina donde
se inscribió y los números del folio y general de la oficina central. En la
sección específica se consignarán, además la hora y el lugar del nacimiento, el
nombre de la madre, el nombre del padre; en lo posible, la identidad de una y
otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado civil y el código de
sus registros de nacimiento y matrimonio; el nombre del profesional que
certificó el nacimiento y el número de su licencia. Además, se imprimirán las
huellas plantares del inscrito menor de siete años, y la de los dedos pulgares
de la mano del inscrito mayor de dicha edad. La expresión de los datos de la
sección genérica constituye requisito esencial de la inscripción”.
[86]
Sentencia T-594/93.
[87] Ibídem.
[88]
Sentencia T-623/14.
[89]
Sentencia T – 450A/13.
[90]
Sentencia T-106/96.
[91] Al respecto, ver la
sentencia T-329A/12.
[92]
Sentencia T-231/13.
[93]
Sentencia T-023/16.
[94] Al respecto, ver la
sentencia T-522/14.
[95]
Sentencia C-511/99.
[96] En la
legislación nacional, el primer antecedente normativo que disponía el uso de
este tipo de prácticas fue la Ley 75 de 1968, donde la consagró para que fuera
llevada a cabo en todos los juicios que pretendieran determinar la maternidad o
paternidad de una persona, volviéndose una práctica forzosa en todos los
procesos de investigación de esta índole. Posteriormente, la Ley 721 de 2001,
estableció, entre otras medidas que: i) “En todos los procesos para
establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de
los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al
99.9%.” (Artículo 1º), ii) que podrán incluso ser exhumados
cadáveres para poder llevar a cabo la prueba de parentesco (Parágrafo
del Artículo 2º) y iii) “Sólo en aquellos casos en que es absolutamente
imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las
pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el
fallo correspondiente” (Artículo 3º).
[97] Sobre
la inconstitucionalidad de cargas procesales irrealizables, ver la sentencia
C-283/17.
[98] La sentencia T-083/17 señala que: “La
reparación integral es una obligación del Estado, cuya finalidad es devolver a
la víctima al estado en el que se encontraba con anterioridad al hecho que
originó tal condición. Por lo tanto, el hecho victimizante con el cual se
vulneraron los derechos humanos genera en favor de la persona que lo padeció el
derecho fundamental a la reparación integral, lo que se hace efectivo a través
de la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la
garantía de no repetición consagradas en el Derecho Internacional, que se
desprenden de la condición de víctimas y que deben ser salvaguardados por el
Estado independientemente de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o
condena de los victimarios”.
[99] Al
respecto ver la referencia a pie de página Nº 32.
[100] Sentencia T-234/17.
[101]
Sentencia T-213/12.
[102]
Sentencia T-234/17.
[103] Al respecto, la
sentencia C-029/95 señaló que: “Cuando el artículo 228 de la Constitución
establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia
"prevalecerá el derecho sustancial", está reconociendo que el fin de
la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos
consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la
solución de los conflictos de intereses.  Es evidente que en relación con la
realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho
procesal, y específicamente el proceso, es un medio”.
[104] Dice
la señalada providencia que: “Uno de los espacios en los que mayor
incidencia ha tenido el constitucionalismo es el derecho procesal. En la
tradición del positivismo formalista el derecho procesal estaba desprovisto de
una vinculación sustancial con lo que era materia de litigio; se agotaba en una
ritualidad cuya configuración se realizaba fundamentalmente en la instancia
legislativa; era ajeno a propósitos que lo conectaran con los fines estatales y
la protección de las garantías que lo integraban sólo se brindaba en esas
actuaciones y bajo los estrechos parámetros de protección establecidos por el
legislador.  Así, no llamaba a interés el hecho de que, en materia de derechos,
la sustancia que se tenía entre manos se desvaneciera ante las ritualidades y
formalidades de unos procedimientos que las más de las veces se explicaban por
sí mismos y que perdían puntos de contacto con lo que era objeto de
controversia. Pero esa dimensión del derecho procesal ha sido superada pues el
constitucionalismo ha rescatado las garantías centenariamente elaboradas como
contenidos del derecho procesal para vincularlas inescindiblemente a la
realización de las normas sustanciales. Las ha dotado de una teleología que no
se explica a partir del solo rito o procedimiento sino en relación directa con
las normas jurídicas que consagran los efectos jurídicos que las partes
pretenden.  Las ha redimensionado para darles ahora el carácter de facultades
irrenunciables, históricamente consolidadas y positivizadas; esto es, para advertir
en ellas derechos fundamentales. Con ello, ha dotado al proceso de una nueva
racionalidad pues ya no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de
realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera sino de
realizarlas reconociendo esas garantías irrenunciables pues su respeto
ineludible también constituye una finalidad del proceso (…)”.
[105] Sentencia T-264/09. Al
respecto también pueden tenerse en cuenta las providencias: T-1306/01,
T-973/04, T-1323/02, T-289/05 Y T-950/03.
[106] Al respecto,
pueden analizarse las sentencias T-386/10, T-591/11, T-817/12, SU-915/13, SU-768/14 y T-247/16.
[107] Certificación firmada por el señor José Luis Chimuquero. Folios
114 y 115 del expediente.
[108] Las actuaciones de la Registraduría al respecto han sido las
siguientes: (i) la expedición de la Resolución Nº 276 del 21 de octubre de
2014, que garantiza el enfoque diferenciado para facilitar la expedición del
registro civil de nacimiento, permitiendo que se realice el tramite con un
certificado de la autoridad tradicional de la respectiva comunidad indígena,
(ii) una investigación y posterior trabajo de campo para caracterizar los
procesos de identificación de los miembros de los resguardos
Kogui-Malayo-Arhuaco, que inició en el año 2016; (iii) tres reuniones con
miembros de la comunidad Wiwa y delegados de sus autoridades tradicionales que
se celebraron entre los años 2017 e inicios de 2018. Así mismo, (iv) vale la
pena agregar que la delegatura de la Registraduría Nacional del Estado Civil en
el Departamento de la Guajira señaló que se han realizado campañas de registro
dirigidas a indígenas de la comunidad Wiwa en los años 2013, 2016 y 2017.
[109] Jaminzon Javier Radillo Redondo estaba registrado en la Notaria
Segunda del Municipio de Riohacha – La Guajira. El registro se realizó el
veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), con el
serial No. 0022069814. Folio 129 del expediente de revisión. Edgar Rafael
Radillo Redondo estaba registrado en la Notaria Primera del Municipio de Riohacha
– La Guajira. El registro se realizó el diecinueve (19) de enero de mil
novecientos noventa y cinco (1995), con el serial No. 0022111151. Folio 130 del
expediente de revisión. Prueba no contradicha por la parte accionante.
[110]
Sidia Mercedes Redondo Peralta. Folio 81 y siguientes del expediente.
[111] Folio 84 del expediente.
[112] Para la época en que los demandantes presentaron la acción
de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
esto es, el 30 de agosto de 2004, Silfredo Radillo Redondo estaba registrado en
la Notaría Segunda del Municipio de Riohacha – La Guajira, inscripción
efectuada el 13 de marzo de 1995, con el serial No. 0022070337, de acuerdo con
la certificación visible en el folio 128 del expediente de revisión. Prueba no
contradicha por la parte accionante.
[113]
En certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, del 29 de enero
de 2019, se lee que “una vez consultado el Sistema de Información de
Registro Civil, no se encontró información sobre el Registro civil de
nacimiento de RADILLO REDONDO CARLOS MANUEL con fecha de nacimiento 03 de
noviembre de 1971. ǁ Es de anotar que antes de la vigencia del Decreto Ley
1260 de 1970, el registro civil se elaboraba en el formato de tomo y folio, sin
reportar información ni remitir las copias a ningún archivo centralizado, razón
por la cual dicha información y copias reposan solamente en la oficina origen
del registro civil.”: folio 131 del expediente de revisión. Prueba no
contradicha por la parte accionante.
[114] A diferencia del presente asunto, en la sentencia T-247/16, la
Corte Constitucional examinó la validez de la decisión del Tribunal
Administrativo de la Guajira de negar valor probatorio a pruebas que miembros
comprobados de la Comunidad Wiwa, habían aportado al proceso contencioso
administrativo.
[115] Al responder la acción de tutela, el Tribunal puso de presente que
resolvió negar  “la indemnización por perjuicio moral a los señores Dimier
José Radillo Redondo, Silfredo Radillo Redondo y Carlos Manuel Radillo Redondo,
en razón a que en el expediente no se allegó material probatorio (registro
civil, certificado de autoridad indígena, testigos, etc.) por medio del
cual se acreditara el parentesco de los demandantes con los finados Jaminzon
Javier Radillo Redondo y Edgar Rafael Radillo Redondo” (negrillas no
originales): Folio 159. Cuaderno No. 2.
[116]
Sentencia T-234/17.
[117]
Una de las formas del exceso ritual manifiesto consiste en “exigir el
cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque en
determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para
las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada”: Corte
Constitucional, sentencia T-264/09.
[118]
Sentencia C-1026/01.
[119] Sentencia SU-448/16.
[120] Sentencia T-567/98.
[121] Sentencias T-393/17 y T-102/06.
[122] Ibídem.
[123] Folio
72. Cuaderno No. 2.
[124] Folio
71. Cuaderno No. 2
[125]
Ibídem.
[126] Folio
72. Cuaderno No. 2.
[127]
Ibidem.
[128] Folio
5. Cuaderno No. 2.
[129] Folios
97 a 122. Cuaderno No. 2.
[130] Folio
118. Cuaderno No. 2.
[131]
Ibídem.
[132]
Ibídem.
[133] Menor
de edad para para la época en que ocurrieron los hechos de violencia, esto es,
01 de septiembre de 2002.
[134]
Pruebas relacionadas en los folios 42 a 46. Cuaderno No. 2.
[135] Folio
106. Cuaderno No. 2.
[136] En la sentencia de segunda instancia se
relacionan otros medios de prueba que acreditan parentesco con la señora María
de los Santos Choles de la siguiente manera:
a)
Registro civil de
nacimiento de Octavio José Mendoza Choles,
b)
Registro civil de nacimiento de Alexander Guerra
Mendoza menor de edad y nieto de María de los  Santos Choles.
c)
Registro civil de
nacimiento de Karen Lineth Mendoza Choles, (según lo expuesto en el expediente
de reparación directa esta persona era menor de edad para la época en que
ocurrieron los hechos).
d)
Registro civil de
nacimiento Gayris Rafael Mendoza Choles,
e)
Registro civil de
nacimiento Katia Milena Mendoza Choles,
f)
Registro civil de
nacimiento de Luz Elena Mendoza Choles
g)
Registro civil de
nacimiento de Bianys Paola Mendoza Choles.