SU420-19
Sentencia SU420/19
ACCION DE TUTELA
PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Procedencia
LIBERTAD DE
EXPRESION DE OPINION Y DE INFORMACION FRENTE A LOS DERECHOS A LA HONRA Y AL
BUEN NOMBRE EN REDES SOCIALES
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES CUANDO EL AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Corresponde
al juez constitucional, examinar en cada caso concreto la situación de
indefensión frente a internet y a las redes sociales
La
situación de indefensión en estos casos se evidencia cuando se realizan
publicaciones que afectan la honra o buen nombre de las personas a través de
las distintas redes sociales sobre las cuales el demandante o afectado no tiene
la posibilidad de denunciar al interior de la plataforma por conculcarlas
normas de la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, para la Sala Plena,
corresponderá al juez constitucional en cada caso concreto examinar la
situación de indefensión del accionado, a fin de determinar si la tutela se
torna procedente, atendiendo las circunstancias del caso concreto, las personas
involucradas, los hechos relevantes y las condiciones de desprotección, que
pueden ser económicas, sociales, culturales y personales.
LEGITIMACION POR
PASIVA DE PLATAFORMAS DIGITALES O REDES SOCIALES-Corresponde al
juez constitucional, examinar en cada caso concreto la situación de indefensión
frente a internet y a las redes sociales
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD FRENTE AL BUEN NOMBRE Y HONRA EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Personas
jurídicas
Las personas jurídicas encuentran en estas acciones
judiciales sendas herramientas para reclamar la protección de su derecho al
buen nombre, sin perjuicio de otras existentes para el mismo fin. En esos
términos, la acción de amparo es residual para este tipo de casos, pues al
existir otros medios judiciales idóneos y eficaces deben preferirse estos en
cumplimiento del principio de subsidiariedad.
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD FRENTE AL BUEN NOMBRE Y HONRA EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Personas
naturales
Entre personas
naturales, o cuando sea una persona jurídica alegando la afectación respecto de
una persona natural, solo procederá cuando quien se considere agraviado haya
agotado los siguientes requisitos: i) Solicitud de retiro o enmienda ante
el particular que hizo la publicación. Esto por cuanto la regla general en las
relaciones sociales, y especialmente en las redes sociales, es la simetría por
lo que la autocomposición se constituye en el método primigenio para resolver
el conflicto y la acción de tutela es el mecanismo residual; ii) Reclamación
ante la plataforma donde se encuentra alojada la publicación, siempre y cuando
en las reglas de la comunidad se habilite para ese tipo de ítem una posibilidad
de reclamo; iii) Constatación de la relevancia constitucional del asunto, aun
cuando existen la acción penal y civil para ventilar este tipo de casos, no se
predica su idoneidad y eficacia cuando así lo demuestre el análisis de
contexto en que se desarrolla la
afectación.
PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD FRENTE AL BUEN NOMBRE Y HONRA EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Parámetros
para determinar relevancia constitucional
i)Quién comunica: esto es, el emisor del contenido, es decir,
si se trata de un perfil anónimo o es una fuente identificable, para lo cual
deberán analizarse las cualidades y el rol que ejerce en la sociedad, esto es,
si se trata de un particular, funcionario público, persona jurídica,
periodista, o pertenece a un grupo históricamente discriminado; ii)      Respecto de quién se comunica, es decir, la calidad del
sujeto afectado, para lo cual debe verificarse si se trata de una persona
natural, jurídica o con relevancia pública. Exceptuando los eventos que se
describen en el literal c siguiente sobre periodicidad y reiteración de las
publicaciones que puedan constituirse en hostigamiento o acoso; iii)    Cómo se comunica a partir de la carga difamatoria de las expresiones,
donde se debe valorar: a)     El contenido del mensaje: la calificación de la magnitud del
daño no depende de la valoración subjetiva que de la manifestación realice el
afectado, sino de un análisis objetivo, neutral y contextual, entre otros; b)    El medio o canal a través del cual se hace la afirmación; c)     El impacto respecto de ambas partes (número de seguidores;
número de reproducciones, vistas, likes o similares; periodicidad y
reiteración de las publicaciones).
LIBERTAD DE
EXPRESION STRICTO SENSU Y LIBERTAD DE INFORMACION-Derecho
constitucional de doble vía
LIBERTAD DE
EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Parámetros
internacionales de protección y su aplicación en la jurisprudencia
constitucional colombiana
LIBERTAD DE
EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Jurisprudencia constitucional/LIBERTAD
DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Límites
Conforme a la jurisprudencia, la intención dañina,
desproporcionada o insultante no va a depender de la valoración subjetiva que
de la manifestación realice el afectado, sino de un análisis objetivo y neutral
que de la misma se haga y que arroje como resultado la vulneración del núcleo
esencial de los derechos al buen nombre y a la honra. En consecuencia, lo
publicado en redes sociales está amparado por la libertad de expresión, pero también
está sujeto a los límites por lo que algunas publicaciones no se encuentran
bajo la protección señalada en el artículo 20 de la Carta, ni por los
instrumentos internacionales que la consagran. Así, se activa un límite a la
libertad de expresión cuando lo divulgado no se identifica con un fin
constitucional legítimo, ni siquiera contribuye a un debate en específico, sino
simplemente conlleva una intención dañina o insultante respecto del hecho que
se quiere comunicar.
LIBERTAD DE
EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES EN EL DERECHO COMPARADO
LIBERTAD DE
EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Ponderación
cuando entra en conflicto con otros derechos
El
ejercicio de la libertad de expresión puede comprometer la honra y el buen
nombre de otros individuos. De tal manera, en aras de establecer si una
afirmación, opinión o crítica desconoce los referidos derechos, se debe
analizar si ella constituye una afectación injustificada de su ámbito de
protección. Lo anterior, teniendo en cuenta que no todas las manifestaciones
pueden calificarse como vulneradoras de los derechos fundamentales, en la
medida en que parten de la apreciación subjetiva de quien recibe la agresión.
Para la Corte, no toda afirmación que suponga poco aprecio, estimación,
disminución de la reputación o algún menoscabo en la dignidad ha de entenderse
como suficiente para ser calificada como una violación de los derechos a la
honra y al buen nombre.
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION-Cualquier restricción debe ostentar
carácter de necesidad y proporcionalidad
LIBERTAD DE
EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Límites a partir
de la eventual afectación de derechos de terceros
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIA-Garantías
USUARIOS DE
NUEVAS TECNOLOGIA-Identificables o anónimos
Los
usuarios se pueden clasificar en identificables o anónimos, dado que su
interacción normalmente se da a través de perfiles. Los perfiles identificables
son usados por personas que tienen un amplio reconocimiento social (políticos,
actores, cantantes, deportistas, entre otros), normalmente certificados por las
propias plataformas, y aquellos propios de las personas que no cuentan con
estas especiales características. Por su parte, el anonimato es un elemento
esencial del derecho a la libertad de expresión. Es así como la posibilidad de
difundir contenidos de manera anónima implica que la protección debe hacerse
extensiva a las tecnologías que posibilitan esa acción, como la encriptación.
La garantía de escoger la forma en la que un individuo se expresa incluye el
uso de las herramientas que implementan ese derecho.
INTERMEDIARIOS
DE INTERNET-No son responsables por el contenido que publican
sus usuarios/INTERMEDIARIOS DE INTERNET-Si una autoridad judicial
encuentra que un contenido atenta contra los derechos fundamentales de una
persona, puede ordenar su remoción directamente a los intermediarios
La
Corte Constitucional ha referido que los intermediaros de Internet no son
responsables por el contenido que publican sus usuarios, ya que establecer esta
responsabilidad llevaría a limitar la difusión de ideas y les daría el poder
para regular el flujo de información en la red, en consecuencia, la
responsabilidad es de quien directamente usa las expresiones ofensivas o
calumniadoras. Igualmente se ha determinado que restringir contenidos
catalogados prima facie como violatorios del buen nombre y la honra, conduciría
a sacrificar injustificadamente la libertad de expresar ideas y pensamientos,
pues se estaría avalando la restricción del tráfico de contenidos, sin
considerar la veracidad que pudiera caracterizar los hechos objeto de
divulgación y desatiende el papel que la información cumple el grupo social en
algunos ámbitos A pesar de que estas plataformas no son las llamadas a
responder por el contenido que publican sus usuarios, en caso de que una
autoridad judicial encuentre que un contenido atenta contra los derechos
fundamentales de una persona, puede ordenar su remoción directamente a los
intermediaros de Internet, en orden a generar una garantía efectiva de las
prerrogativas de la persona afectada, porque el infractor no quiere o no puede
cumplir con lo ordenado por un juez.
CARENCIA ACTUAL
DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-No impide a la Corte Constitucional
pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos
fundamentales y futuras violaciones
DERECHO A LA
HONRA Y AL BUEN NOMBRE EN REDES SOCIALES-Se ordena
retirar de cuenta personal de Facebook y YouTube, los mensajes alusivos al
accionante, publicados en esas redes sociales
.
Referencia: Expedientes T-5.771.452, T-6.630.724,
T-6.633.352 y T-6.683.135.
Acción de tutela instaurada por JWFC en contra de Google Colombia
Ltda. y Google LLC[1] (T-5.771.452); SMAC en contra de YRV
y otros (T-6.630.724); OJCA en contra de DEM y otro (T-6.633.352); EHO en contra
de CCCG (T-6.634.695); y RMM en contra de RGRB (T-6.683.135).
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C., doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de
revisión de los fallos de tutela emitidos por:
(i) El Juzgado 21 Civil
Municipal de Bogotá, en única instancia, con ocasión de la acción de tutela
instaurada por JWFC contra Google LLC y otros (expediente T-5.771.452).
(ii) El Juzgado Primero
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bucaramanga, en única instancia,
dentro de la acción de tutela interpuesta por SMAC contra YRV, JMDD y APAN (expediente
T-6.630.724).
(iii) El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de
Medellín, que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín el 19 de octubre de
2017, dentro de la acción de tutela interpuesta por OJCA contra DEJM y JAFJ (expediente
T-6.633.352).
(iv) El Juzgado Dieciséis Civil del
Circuito de Bogotá, que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Primero
Civil Municipal de Bogotá el 1º de febrero de 2018, dentro de la acción de
tutela interpuesta por RMM contra RGRB (expediente T-6.683.135).
I.
ANTECEDENTES
A.    Caso 1[2]
Hechos y pretensiones
1.
El señor JWFC, obrando en calidad de
propietario del establecimiento de comercio MC presentó acción de tutela contra
Google LLC y Google Colombia Ltda., solicitando el amparo de sus derechos a la
intimidad, al buen nombre y a la honra.
2.
Señaló que el 30 de enero de 2014 una
persona con un “perfil incógnito” creó un blog anónimo publicado en www.blogger.com -plataforma web de Google LLC-, el cual se tituló “No
Compren en [MC]! Estafadores! (sic)”[3]. Indicó que en dicha publicación se hicieron
afirmaciones tales como:
“[MC] la cual dirige el estafador [JWFC], se dedican a
estafar a la gente por diversos medios. Piden primero un adelanto o el dinero
completo y después de que se lo entregas desaparece con tu dinero. (…) Por
favor divulgan (sic) este mensaje para evitar que mas (sic) personas sean
estafadas. Si ustedes fueron víctimas del estafador [JWFC] y su empresa [MC],
denuncien en los links publicados y en los comentarios de este blog”[4].
3.
Manifestó que tales aseveraciones son
falsas y que ni él ni la empresa que representa han estafado a ninguna persona,
como tampoco cuentan con investigaciones en curso sobre el particular. Señaló
que en 2 años que lleva publicado el blog no se ha registrado ningún comentario
relacionado con los hechos expuestos por el usuario anónimo.
4.
Refirió que solicitó en tres
oportunidades a Google LLC, propietario de Blogger.com, que elimine el contenido
publicado teniendo en cuenta que lo allí contenido atenta contra sus derechos, peticiones
que han sido resueltas de manera negativa, dado que no se contrarían las
políticas de la mencionada empresa, es decir, no representan un contenido
inapropiado o manifiestamente ilegal[5]. Adujo que el blog difundido lo
afectó moral y económicamente, así como a su familia y su negocio. Resaltó que
no ha podido identificar al autor de la publicación porque la misma es anónima,
lo cual le impidió confrontarlo, exigir una rectificación e incluso solicitar
la reparación de los perjuicios sufridos.
5.
Con fundamento en el anterior recuento
fáctico, solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad,
al buen nombre y a la honra y en consecuencia, se ordene el retiro de la
publicación por parte de Google LLC o su representante en Colombia.
Trámite procesal
6.
El Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá avocó conocimiento de la
acción mediante providencia del 19 de julio de 2016 y dispuso correr traslado a
los accionados. Asimismo ordenó la vinculación del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones -MinTic-.
Respuestas otorgadas
7.
El Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones de Colombia -Mintic-
señaló que según la Ley 1341 de 2009[6] y el Decreto 2618 de 2012[7]
no es responsable de la inspección, vigilancia y control de las publicaciones
hechas en el blog acusado. Adujo que se le debe desvincular del presente asunto
comoquiera que su función legal está limitada a “diseñar, formular, adoptar
y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de contribuir al ‘desarrollo
económico, social y político de la Nación’”. Por último, solicitó que la
petición de amparo sea declarada improcedente, en atención a que no le fue
imputada ninguna acción u omisión que hubiere vulnerado los derechos del
accionante.
8.
Google Colombia Ltda. destacó que es una sociedad
independiente de Google LLC, pues cuentan con domicilio, personería jurídica y
objeto distinto. Aclaró que su objeto social se circunscribe a “la venta,
distribución, comercialización y desarrollo, en forma directa o indirecta, de
productos y servicios de hardware, productos y servicios relacionados con Internet
y publicidad en Internet y por cualquier otro medio”[8].
Manifestó que no
tiene relación, control ni propiedad sobre los productos que comercializa Google
LLC, como la plataforma Blogger.com, debido a que aquella es la única titular
con dominio sobre sus herramientas web. Por tanto, invocó la falta de
legitimación en la causa por pasiva para ser desvinculada del caso bajo examen
y, en subsidio, que se declare en su caso la improcedencia del amparo
deprecado.
9.
Google LLC, solicitó que no se accediera a la
protección de los derechos del actor, ya que no es responsable por el contenido
de las manifestaciones compartidas mediante la herramienta Blogger.com, pues si
bien es la propietaria de dicha plataforma, solo funge como su procesador y, en
esa medida, imparte algunas políticas a los usuarios pero no controla, maneja
ni crea contenidos.
Decisión de instancia
10.
El 1º de agosto de 2016, el Juzgado 21 Civil Municipal
de Bogotá negó las pretensiones del accionante y dispuso la desvinculación de
MinTic, ante la falta de legitimación por pasiva. Lo anterior con fundamento en
que no se halló responsabilidad alguna en cabeza de Google LLC y Google
Colombia Ltda., sobre la posible violación de los derechos a la intimidad, a la
honra y al buen nombre invocados por el actor, quienes además no tienen la
carga de “rectificar, corregir, eliminar o complementar la información
subida por los usuarios”[9], pues carecen de control sobre el
contenido de los blog publicados en el portal Blogger.com.
En esos términos, coligió que las empresas accionadas “no son
los responsables directas por la información ni los contenidos redactados ni
compartidos por los usuarios de la herramienta www.blogger.com, ya que Google Inc. y Google Colombia, solo actúa (sic) como procesador
de la herramienta, donde impone políticas a los usuarios, más no maneja ni
produce los contenidos.”[10] Esta
decisión no fue impugnada.
B.   Caso
2[11]
Hechos y pretensiones
11.
El 11 de septiembre de 2017, la señora SMAC recibió un mensaje vía
“Whatsapp” donde se consignaba lo siguiente:
“Buenas
tarde [SMAC] Como ya no save con quien habla me identifico [YRV]. Y en pasados
días quice hablar con Usted para mirar que solución veraz tiene para las
personas que están siendo afectadas por usted pero viendo que ni se presenta a
las citaciones de la fiscalía me veo en la obligación de alertar a las personas
ingenuas y a las que pertenecesn a los clubes en mi caso como presidenta de uno
y no quiero que se me vaya a enredar a los mios, que tristeza de persona es
usted ni por las buenas y se que menos con la justicia resolverá, pero por lo
menos no voy a permitir que se aproveche de nadie mas. Por esta razón voy a
publicar esto en mi face y me acesore por la fiscalía y abogados para hacerlo” (sic)[12].
12.
En esa misma fecha en el perfil personal de Facebook de la señora YRV
se publicó una imagen de la accionante “tipo collage”, con el rótulo de
estafadora y se agregó:
“Favor
difundir es una estafadora profesional y se mete a los clubes a robar a la
gente, si eres victima denuncie en el proceso grupal de la fiscalía” (sic)[13].
13.
Esta publicación también fue hecha desde la página de Facebook “Santander
Volksguane” correspondiente a un club de autos, del cual la señora YRV es
la presidenta. En esta oportunidad se agregó:
“Esta
mujer se hace tu amigo por medio de clubes o de amigos para engañar a la gente
y estafarlos abusa de su confianza PILAS PILAS quienes ya estén robados
engañados estafados etc DENUNCIELA Y PUBLICA TU DENUNCIA” (sic)[14].
14.
En la misma fecha (11 de septiembre de 2017) la señora JMDD,
replicando la imagen subida por la señora YRV, en su perfil de Facebook
publicó:
“Es
una estafadora!! Les agradezco compartir esta información!! URGENTE PARA QUE
NADIE MAS SEA VÍCTIMA” (sic)[15].
15.
Siguiendo la misma línea, el mismo día la señora APAN compartió la
información difundida por la señora YRV en su perfil de Facebook y añadió:
“DENUNCIA!!!
Si ha sido Victima por parte de este personaje, denuncie bajo el consecutivo de
investigación que está en curso en su contra, bajo el N.
68-001-60-00160-2017-03162, fiscalía 4. No deje pasar tiempo, esta mujer nunca
responderá y seguirá dándole mil justificaciones del porque no se ha efectuado
la entrega de SU DINERO. Los 45 días hábiles no existen”
(sic)[16].
16.
El 12 de septiembre de 2017, las directivas de Caracol y de la
emisora 24 Horas radio, le prohibieron a la señora SMAC el ingreso a las
instalaciones de la estación radial, donde se desempeñaba como locutora de un
programa de radio denominado “Magazine Ahora la Lora” en el dial 1.120
AM, debido a la información que estaba circulando en las redes sociales, lo
cual llevó a la consecuente desvinculación laboral[17].
17.
El 14 de septiembre de 2017, la accionante presentó denuncia
contra la señora YRV por los delitos de injuria y calumnia, al ser la gestora
principal de la afectación a su buen nombre, honra e intimidad[18].
18.
En orden a lo expuesto acudió a la presente acción de tutela a fin
de que se ordene a las accionadas retirar de sus perfiles personales de
Facebook las publicaciones “deshonrosas” de las cuales fue víctima y que
emitan una publicación tendiente a reparar el daño causado.
Trámite procesal
19.
El 20 de septiembre de 2017, el Juzgado Primero Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Bucaramanga, asumió el conocimiento del presente
asunto y corrió traslado a las accionadas. En igual sentido, vinculó a Caracol
Radio –Magazine Ahora La Lora y a Facebook Colombia.
Respuestas otorgadas
20.
Las señoras YRV, JMDD y APAN, en escrito conjunto,
solicitaron se declarara improcedente el amparo, en la medida que lo denunciado
por ellas atiende a un hecho notorio, por lo que los datos personales de la
accionante son de libre acceso por cualquier segmento de la sociedad santandereana.
En consecuencia, afirmaron que el derecho a la intimidad no se ha visto
afectado, dado que se trata de hechos verificables.
De cara a la imagen personal, advirtieron que ella misma acepta
tener procesos en la Fiscalía por lo que sus datos son de público conocimiento[19].
Agregaron que el uso de su imagen atiende a un contenido didáctico para exponer
las conductas de la señora SMAC, siendo ella misma la que ha construido su
imagen ante la sociedad.
21.
Caracol S.A. indicó que la emisora con
el dial 1.120AM de la ciudad de Bucaramanga ya no es de su propiedad, no
obstante, la referida emisora temporalmente graba y transmite desde sus estudios,
bajo su propia cuenta. Aclaró que el Director Administrativo Regional Oriente
tuvo conocimiento de los rumores referentes a la señora SMAC, por lo que
solicitó a los directivos de la emisora 1.120AM verificar tal situación “porque
de ser cierto no se le podría permitir el ingreso a las instalaciones de
Caracol”.
22.
Facebook Colombia solicitó negar el amparo
invocado ya que existen otros mecanismos idóneos para la satisfacción de las
pretensiones de la actora, pues esta red social cuenta con la posibilidad de
denunciar contenido inapropiado, ataques y acoso contra las personas.
Decisión de instancia
23.
El 3 de octubre de 2017, el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Bucaramanga declaró improcedente el amparo, al advertir que
no se probó que a la publicación hubieren tenido acceso más personas; los datos
referidos corresponden a la verdad, en la medida que se indicó la cédula de la
accionante, asimismo, efectivamente se sigue en su contra un proceso penal en
la Fiscalía General de la Nación; no usó las herramientas con que cuenta la red
social para eliminar el contenido; además presentó denuncia contra las
accionadas, siendo este el medio judicial idóneo para definir este tipo de
casos; finalmente la accionante no se ha hecho presente en los distintos
procesos que se adelantan en su contra, a fin de ejercer su derecho de defensa.
Esta decisión no fue impugnada.
C.   Caso
3[20]
Hechos y pretensiones
24.
El señor OJCA desde el año 2013 y hasta la fecha de interposición
de la acción de tutela, ha ejercido el cargo de administrador de la copropiedad
Edificio San Giorgio II de la ciudad de Medellín. Dentro de las funciones
asignadas están la contabilidad, la gerencia, la contratación, el
mantenimiento, la supervisión de la vigilancia, entre otras.
25.
El señor JAFJ en calidad de propietario del apartamento 1703 de la
mencionada unidad residencial y la señora DEJM dada su condición de apoderada
general de su hijo (JAFJ), solicitaron en múltiples oportunidades los estados
de cuentas, libros contables y soportes de gestión como administrador de la
mencionada propiedad horizontal.
26.
Con la información recaudada se remitieron circulares a los
copropietarios en orden a informar, lo que en su criterio serían, manejos irregulares
por parte de la Administración y el Consejo de Administración[21].
Esta situación llevó a que el 6 de septiembre de 2016, la Administración y el
Consejo de Administración aclararan la circular remitida por la parte accionada[22].
27.
Los días 26 de agosto, 8 y 27 de septiembre, y 2 y 3 de octubre de
2017, la señora DEJM publicó en su perfil personal de Facebook una foto del
señor OJCA, en donde indicó:
“MUCHO
CUIDADO CON ESTE SUJETO, su nombre es [OJCA], es un LADRÓN de Unidades
Residenciales en la Ciudad de Medellín, Pilas, busca cómplices en los Concejos
de Administración de las Unidades Residenciales para desfalcar a los
copropietarios!!”; “No lo dejen entrar a administrar su edificio!!! MENTIROSO,
MARRULLERO Y LADRÓN!!” (sic)[23].
Esta publicación fue replicada por el señor JAFJ el 27 de
septiembre de 2017[24].
28.
En el mes de agosto de 2017, el accionante solicitó a la señora DEJM
retractarse de lo publicado en la red social Facebook, so pena de interponer
las acciones judiciales correspondientes, sin que hubiera recibido respuesta
positiva al respecto.
29.
En orden a lo expuesto, el actor presentó acción de tutela a
través de la cual solicitó que se eliminen las publicaciones hechas y se
obligue a los accionados a retractarse por los mismos medios.
Trámite procesal
30.
El 9 de octubre de 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal con
Función de Control de Garantías, asumió el conocimiento de la presente
solicitud de amparo y corrió traslado a los accionados.
Respuesta otorgada
31.
La señora DEJM adujo actuar en nombre propio y en
representación de su hijo, el señor JAFJ. Expresó que la acción de tutela en
este caso resultaba improcedente, toda vez que el actor puede acudir a la
acción penal para proteger el presunto derecho conculcado. Aunado a lo anterior
expuso que no se está frente a un perjuicio irremediable, en la medida que no
cumple con los presupuestos de inminencia, urgencia y gravedad. Respecto de la
publicación, explicó que “solo algunos familiares y amigos más allegados
(que conocen la problemática de primera mano) son los que han hecho comentarios
y referencias y tan solo a 7 personas les ha interesado el comentario”[25].
Afirmó que no se cumple con el presupuesto de urgencia en la
medida que las primeras publicaciones se hicieron en el mes de agosto y solo
hasta el 3 de octubre de 2017 el actor solicitó que se retiraran las
publicaciones. De manera adicional plantea que viene haciendo reclamaciones “a
este ciudadano, como propietaria de un inmueble que administra, para que
entregue documentos y soportes” relacionados con su gestión como
administrador del Edificio San Giorgio II. Con todo, consideró que el
accionante podría acudir a la jurisdicción ordinaria, escenario en el cual “se
vería obligado a mostrar lo que le he pedido y a la fecha no ha querido
mostrar”[26].
Alegó que el hecho tampoco es grave, pues a la fecha sigue en el
cargo de administrador de la copropiedad y otras unidades, pudiendo solucionar
la presente situación en un centro de conciliación.
Decisiones de instancia
32.
Primera instancia. El 19 de octubre de 2017, el
Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías negó el
amparo deprecado, ya que es un asunto que debe ser dirimido ante la
jurisdicción ordinaria. Advirtió que solo de manera excepcional el juez
constitucional puede interferir en la esfera privada de las personas, dada la
condición subsidiaria y residual de la acción de tutela.
33.
Impugnación. El
actor indicó que en este caso el sistema penal resulta poco eficaz para la
protección de sus derechos fundamentales dada la excesiva carga laboral
existente. Agregó que los artículos 15 (buen nombre) y 21 (honra) exigen la
intervención del juez constitucional en orden a superar cualquier vulneración
de estos derechos fundamentales. Expuso que en este caso no pretende establecer
una responsabilidad civil o penal, sino restaurar sus garantías
constitucionales.
34.
Segunda instancia. El 4 de diciembre de 2017,
el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín confirmó el
fallo impugnado en la medida que el accionante no logró demostrar que con la
opinión vertida por la parte accionada se le hubiera truncado su derecho al
trabajo.
D.   Caso
4[27]
Hechos y pretensiones
35.  El
20 de mayo de 2015, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia –Sayco,
dispuso la cesación en calidad de socio del señor RGRB[28],
con lo cual se terminó cualquier tipo de relación entre este y la referida
sociedad.
36.  El
señor RGRM en distintas oportunidades ha publicado en sus cuentas de Facebook y
YouTube mensajes en los que tacha de “ratero”, “mafioso”, “corrupto”,
entro otros calificativos, al señor RMM, quien actualmente es miembro del Consejo
Directivo de Sayco y Notario Primero del Círculo de Santa Marta[29].
Dentro de los principales mensajes se destacan:
“SEÑOR [RMM] ¿A USTED NO LE DA PENA QUE SE SEPA QUE ES UN RATERO?
(DENÚNCIEME) ¿CÓMO ANDA DE LOMOTIL Y DIAZEPÁN?”;
“SAYCO ES UN ANTRO DE CORRUPCIÓN: NI RECAUDA NI DISTRIBUYE COMO LO EXIGE LA LEY
Y LA DECISIÓN ANDINA. ROBA COMO LO ORDENA [RMM]”; “SEÑOR [RMM], ¿HASTA
CUÁNDO VA A SEGUIR CON SUS DELITOS? ¿HASTA CUÁNDO VA A SEGUIR ROBÁNDOLES A UNOS
SOCIOS SUS SAGRADOS DERECHOS DE AUTOR PARA REGALÁRSELOS A SUS AMIGOS? ¡Y NO SON
TRES PESOS! ¡SON MILLONES! ¡MISERABLE!”; “[RMM] ES UNA DESHONRA PARA SU
PROFESIÓN Y PARA EL NOTARIADO. LO RETO A UN DEBATE PARA PROBÁRSELO”; “[RMM]
y el resto de la administración de Sayco, en compañía de la DNDA, conforman la
MAFIA MÁS GRANDE DE COLOMBIA”; “IMPOSIBLE REUNIR A TANTOS CORRUPTOS Y
DELINCUENTES, COMO LOS QUE GIRAN ALREDEDOR DE [RMM] EN SAYCO. (DENÚNCIENME)”;
“LA ADMINISTRACIÓN DE SAYCO ES UN COMPENDIO DE RATEROS, DELINCUENTES, CORRUPTOS
(DENÚNCIENME)”; “Voy a demostrar que [RMM] y otros de la administración
son hampones. Parte de las pruebas me las dio la Contraloría”[30].
37.  De
acuerdo con lo expuesto, advirtió que se están desconociendo sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la dignidad y a la intimidad, pues no solo se
le está atacando en su calidad de miembro de Sayco, sino además por su
condición de Notario Primero de Santa Marta.
38.  Reconoció
que existe otro medio de defensa judicial como lo es acudir a la acción penal
(injuria –art. 220 C.P. y calumnia -221 C.P.) o en materia civil para reclamar
el pago de los perjuicios sufridos; no obstante, advirtió que “estas
alternativas no revisten la rapidez y oportunidad que un caso como el estudiado
demanda”.
39.  En
consecuencia, solicitó a través de la presente acción de tutela que se ordene
al señor RGRB retirar de sus redes sociales y sus canales de YouTube todo el
material (videos, estados, comentarios, fotos, etc.) que contenga información
expresa o tácita que, por ser injuriosa, calumniosa y deshonrosa, vulneren los
derechos fundamentales sobre los cuales invoca la protección.
Trámite procesal
40.  El
19 de enero de 2018, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá asumió el
conocimiento del presente asunto y en consecuencia ordenó correr traslado al
señor RGRB en calidad de accionado y vinculó a la Sociedad de Autores y
Compositores de Colombia –Sayco.
Respuestas otorgadas
41.  El
señor RGRB indicó que nada de lo publicado en las redes sociales
tiene carácter de calumnia, pues las manifestaciones realizadas son basadas en
hechos que constituyen pruebas irrefutables. Agregó que el actor cuenta con
otro medio de defensa judicial como lo es la acción penal.
42.  Sayco informó que el señor RGRB ha desplegado una campaña de
desprestigio no solo contra el actor, sino contra los demás miembros de esa
entidad, a través de comentarios desobligantes, sin contar con el menor
fundamento probatorio.
Decisiones de instancia
43.  Primera instancia. El
1º de febrero de 2018, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá declaró
improcedente el amparo invocado, toda vez que el medio de defensa idóneo es la
acción penal y las manifestaciones hechas por el accionado “no hacen
injerencia a su intimidad personal y familiar, pues de acuerdo al material
probatorio aportado los comentarios, opiniones y demás, son de carácter
punible” por lo que se requiere un amplio debate probatorio. Agregó que no
está acreditada la afectación de las relaciones familiares y sociales del
accionante.
44.  Impugnación. La parte actora explicó que el juez de primera instancia le dio
una connotación de medio de comunicación al accionado, cuando el análisis del
caso se centra alrededor de los límites a la libertad de expresión. Explica que
la conducta vulneradora se ha seguido presentando de forma reiterada y
constante, con lo cual se configura un perjuicio irremediable[31].
Agregó que en este caso no se trata de un medio de comunicación, por lo que no
es procedente exigir la solicitud previa de rectificación a un particular.
45.  Segunda instancia. El 9
de marzo de 2018, el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá confirmó la
sentencia de primera instancia, en la medida que existen otros medios de
defensa judicial, el actor no se encuentra en una situación de indefensión o
subordinación frente a la parte accionada y no se solicitó la rectificación.
II.
TRÁMITE SURTIDO EN SEDE DE REVISIÓN
A.   Caso 1 (T-5.771.452)
46.  El expediente fue
escogido para su revisión eventual por la Sala de Selección número Diez de
2016, mediante auto de 7 de octubre de esa anualidad, notificado el 26
de octubre siguiente y fue resuelto a través de la sentencia T-063A de 2017.
47.  Sentencia
T-063A de 2017. La Sala Sexta de Revisión[32]
señaló que la vulneración de los derechos a la intimidad, buen
nombre y honra del actor exigía una “intervención eficaz y oportuna” a
fin de detener su permanencia en el tiempo. Aunado a lo anterior, adujo que la
tutela era el medio adecuado e idóneo ante la inexistencia de recursos
judiciales para lograr el amparo deprecado. Al abordar el asunto de fondo, resolvió
conceder el amparo de los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre
y a la honra del señor JWFC.
48.  Auto
285 de 2018[33].
La Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió declarar la nulidad
de la sentencia T-063A de 2017 al encontrar probada la causal de omisión en el
análisis de algunos asuntos de relevancia constitucional con injerencia directa
en el amparo otorgado y las órdenes impartidas.
Así, la Sala concluyó que la
sentencia no abordó la prohibición de la censura en el ordenamiento colombiano
conforme al artículo 20 superior, la cual se extiende a toda expresión y
difusión del pensamiento y opiniones de todas las personas. Además, encontró
que no se efectuó un análisis siquiera somero sobre los límites y restricciones
constitucionalmente válidos para la libertad de expresión y de pensamiento. En
consecuencia, dispuso rehacer el trámite de revisión a fin de que se adopte una
decisión de fondo la cual debería ser de conocimiento de la Sala Plena de este
Tribunal y tendría en cuenta las intervenciones ciudadanas allegadas con
ocasión del trámite de nulidad (ver anexo 1 de esta providencia).
49.  Mediante
Auto de 5 de septiembre de 2018, se solicitó al Juzgado 21 Civil Municipal de
Bogotá la remisión del expediente de tutela a fin de proferir la sentencia de
reemplazo acorde con lo dispuesto en el Auto 285 de 2018. Esta disposición fue
acatada por el fallador de instancia el 18 de septiembre siguiente.
50.  El
Despacho sustanciador, por auto de 6 de noviembre de 2018 solicitó a Google LLC
comunicar a este Tribunal los datos personales y de contacto del autor del blog
titulado “No Compren en [MC]! Estafadores! (sic)”, a fin de proceder con
la debida integración del contradictorio.
51.  El
21 de noviembre de 2018, el apoderado judicial de Google LLC informó el nombre
del usuario creador del blog y el correo electrónico registrado[34].
52.  En
Auto de 29 de noviembre de 2018, se ordenó comunicar ese proveído al correo
electrónico antes referido, para que suministrara los datos de identificación
del autor del blog. El 10 de diciembre de 2018, la Secretaría General de esta
Corporación informó que la providencia antecedente se comunicó vía e-mail el 3
de diciembre[35] y vencido el término conferido no se
recibió respuesta alguna[36].
B.   Casos
2 (T-6.630.724), 3 (T-6.633.352) y
4 (T-6.683.135)
53.  El
18 de julio de 2018, la Sala Octava de Revisión decidió vincular a las plataformas Facebook y YouTube[37],
para que se pronunciaran frente a las acciones de tutela objeto de revisión. En
igual sentido se pidió que informaran sobre: (i) las políticas de bloqueo de
información que hacen públicas sus usuarios; (ii) el trámite o procedimiento
para denunciar cuentas que afectan la intimidad, honra y/o buen nombre de
cualquier persona y el trámite posterior; y (iii) el proceso de verificación
previa de la información que publican sus usuarios de cara a la afectación a la
intimidad, buen nombre y honra de cualquier persona (recopiladas en el anexo 2
de esta providencia).
54.  El
10 de octubre de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del
Acuerdo 02 de 2015[38], la
Sala Plena resolvió fallar el asunto de la referencia a través de una sentencia
unificadora, en orden a la importancia del asunto a tratar, toda vez que en los
casos acumulados se enfrentan los derechos a la libertad de expresión respecto
del buen nombre, honra, intimidad e imagen de las personas presuntamente
agredidas en las llamadas redes sociales.
55.  Mediante
Auto 795 de 2018, la Sala Plena convocó a audiencia pública dentro
de las acciones de tutela interpuestas por SMAC
contra YRV y otros (T-6.630.724); OJCA contra DEM y otro (T-6.633.352); y RMM
contra RGRB (T-6.683.135). En auto de 6 de febrero de 2019, se fijó
la agenda y metodología de la referida audiencia pública, la cual se realizaría
el 28 de febrero siguiente.
56.  Por
medio de auto de 12 de febrero de 2019 se dispuso vincular el
expediente T-5.771.452, correspondiente a la acción de tutela instaurada por JWFC
en contra de Google Colombia Ltda. y Google LLC, a la mencionada diligencia
judicial, dada la afinidad temática de ambos asuntos que, sin ser decididos en un
mismo fallo.
57.  El
28 de marzo de 2019 se llevó a cabo la referida audiencia pública a partir de
tres núcleos temáticos, a saber: (i) el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión en el uso de las plataformas digitales –redes sociales,
blogs, etc-; (ii) control y responsabilidad en punto de las publicaciones
hechas por los usuarios y el tratamiento de los datos personales; y (iii) la
autorregulación en el manejo de las plataformas digitales, a partir del uso
estructural del lenguaje y la publicación de imágenes. En este sentido, se
abrió el espacio para la intervención de las partes, las firmas
vinculadas, además de contar con el concepto de académicos y expertos (ver
anexo 3). En el término otorgado se recibieron intervenciones por escrito de
los convocados a la diligencia judicial y de ciudadanos interesados en este
asunto (ver anexo 4).
58.  A
través de auto del 06 de marzo de 2019, se resolvió acumular
el expediente T-5.771.452 al
expediente T-6.630.724 y ac., por presentar unidad de materia, para que fueran
fallados en una sola sentencia de unificación
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
59.  La
Sala Plena es competente para analizar el fallo materia de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política y 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Problema jurídico
60.  De
acuerdo con el contenido fáctico planteado y las decisiones de instancia,
corresponde a esta Corporación establecer ¿en qué circunstancias procede la
acción de tutela entre particulares ante cualquier afirmación publicada en
redes sociales que el afectado considere transgresora de sus derechos a la
honra y al buen nombre?
En
segundo término, la Sala abordará los siguientes interrogantes: i) ¿qué
función de protección de los derechos fundamentales tiene las redes sociales
ante los señalamientos delictivos o las afirmaciones difamatorias proferidas en
contra de una persona?; y ii) ¿cuenta con responsabilidad en el hecho
vulneratorio de los derechos fundamentales a la honra y el buen nombre, la
plataforma de Internet administradora de la herramienta o red social por medio
de la cual se hicieron las publicaciones?
Para
resolver los problemas jurídicos propuestos, la Sala hará referencia a los
siguientes tópicos: (i) presupuestos de procedibilidad de
la acción de tutela en materia de libertad de expresión en redes sociales; (ii)
la libertad de expresión en el Estado democrático; (iii) jurisprudencia
constitucional en materia de ejercicio de la libertad de expresión en Internet;
(iv) pronunciamientos judiciales en el derecho comparado sobre la libertad de
expresión en Internet; (v) derechos en tensión frente a la libertad de
expresión -honra y buen        nombre-; (vi) límites a la libertad de expresión
en Internet a partir de la eventual afectación de derechos de terceros; (vii)
los actores en Internet, su autorregulación y régimen de responsabilidad;
(viii) carencia actual de objeto por hecho superado; (ix) el análisis del caso
concreto -procedencia y estudio de fondo de los casos acumulados-.
Presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela en materia de libertad
de expresión en redes sociales
Legitimación por
activa
61.  El artículo 86 de la Constitución
Política, determina que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales. Ello en concordancia con lo consagrado en el artículo 10°
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece que este amparo puede ser
ejercido, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, por sí misma o a través de representante[39].
Legitimación por pasiva
62.  El
artículo 5º del Decreto Ley 2591 de 1991 señala que la acción de tutela procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que desconozcan o
amenacen con vulnerar los derechos fundamentales de los accionantes. De manera
excepcional, es posible ejercerla en contra de particulares si: (i) están
encargados de la prestación de un servicio público; (ii) su conducta afecta
grave y directamente el interés colectivo; o (iii) el accionante se encuentra
en una situación de indefensión o de subordinación respecto de este.
En relación con esta última hipótesis, el artículo 42.9 ejusdem
especifica que el amparo procede contra acciones u omisiones de
particulares, entre otras circunstancias, cuando el accionante se encuentra en
situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual
se interpuso la acción de tutela.
Al
respecto, la Corte Constitucional ha determinado[40] que la indefensión hace referencia a una
situación relacional que implica la dependencia de una persona respecto de
otra, por causa de una decisión o actuación desarrollada en el ejercicio
irrazonable, irracional o desproporcionada de un derecho del que el particular
es titular. En desarrollo de este concepto también se ha advertido que esta
circunstancia se “configura cuando una persona
se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que,
por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse
ante la agresión de sus derechos”[41].
63.  Así,
los asuntos que se debaten en las acciones de amparo relacionadas con el
ejercicio de la libertad de expresión en Internet, conciernen generalmente a
pugnas entre particulares, por lo cual es preciso acreditar los requisitos de
cara a la procedencia de la acción de amparo. Así, consideró que debe hallarse
probada la situación de indefensión del peticionario, la cual no se activa
automáticamente por tratarse de expresiones realizadas en una red social en
contra del buen nombre u honra de un individuo, pues esto parte del estudio
concreto que el juez realice en cada caso[42], a fin de constatar la legitimación en la causa por pasiva del
particular accionado.
64.
En tal escenario, debe destacarse que las plataformas digitales
actúan con “normas de la comunidad”, a las cuales se somete cada persona que pretende hacer uso de sus
canales, así por ejemplo para Facebook, no son aceptables publicaciones
relacionadas con: (i) violencia y comportamiento delictivo, que incluye
violencia creíble, personas y organizaciones peligrosas, promocionar o publicar
la delincuencia, organizar actos para infligir daños, artículos regulados; (ii)
seguridad que se refiere a suicidio y autolesiones, desnudos y explotación
sexual de menores, explotación sexual de adultos, bullying, acoso,
infracciones de privacidad y derechos de privacidad de las imágenes; (iii)
contenido inaceptable como el lenguaje que incita al odio, violencia y
contenido gráfico, desnudos y actividad sexual de adultos, contenido cruel e
insensible; (iv) integridad y autenticidad referente a spam,
representaciones engañosas, noticias falsas, cuentas conmemorativas; (v)
propiedad intelectual en donde se hace alusión a las solicitudes de usuarios y
medidas adicionales de protección para menores. Por su parte, las políticas de
seguridad de YouTube se encuentran consignadas en las “Reglas de la Comunidad”[43].
En tal sentido, las
plataformas de aplicaciones o redes sociales establecen pautas de
autorregulación, de acuerdo con procesos internos tendientes a determinar si
una cuenta está desconociendo las mismas, por lo que los usuarios cuentan con
la posibilidad de “reportar” contenido que se considere inapropiado para esos
canales. Es este un mecanismo de autocomposición para la resolución de este
tipo de controversias al que se debe acudir, en primer lugar, a fin de lograr
la dirimir las diferencias entre los particulares en el mismo contexto en el
que se produjo, esto es, en la red social[44].
No obstante, las
plataformas digitales no tienen la facultad de censurar información, pues estos
intermediarios no tienen los conocimientos jurídicos o la capacidad técnica para
evaluar adecuadamente qué contenido debe ser retirado y qué puede circular en
términos de veracidad y buen nombre. Por ende, no es dable conferir a los
intermediarios en Internet la capacidad de pronunciarse más allá de la
violación de las normas de la comunidad, ya que ello conllevaría convertirlos
en jueces.
65.  En consecuencia, en los eventos en que se alegue la afectación a la honra y buen
nombre y que no concuerden con los temas regulados por las normas de la
comunidad, es necesario la intervención de una autoridad judicial. De ahí, se
entiende cubierta la legitimación por pasiva de un particular, dado que el
afectado se encuentra en una situación de indefensión al no contar con un medio
directo de reclamo ante la plataforma.
En
suma, la situación de indefensión en estos casos se evidencia cuando se
realizan publicaciones que afectan la honra o buen nombre de las personas a
través de las distintas redes sociales sobre las cuales el demandante o
afectado no tiene la posibilidad de denunciar al interior de la plataforma por
conculcarlas normas de la comunidad. Sin perjuicio de lo anterior, para la Sala
Plena, corresponderá al juez constitucional en cada caso concreto examinar la
situación de indefensión del accionado, a fin de determinar si la tutela se
torna procedente, atendiendo las circunstancias
del caso concreto, las personas involucradas, los hechos relevantes y las condiciones de
desprotección, que pueden ser económicas, sociales, culturales y personales.
Inmediatez
66.  El
artículo 86 de la Constitución Política establece la procedencia de la acción
de tutela para solicitar la protección inmediata de derechos fundamentales,
cuando quiera que estos resulten amenazados o afectados por la actuación u
omisión de una autoridad o un particular. Pese a que el mecanismo por regla
general no cuenta con término de caducidad, esta Corte ha establecido que
procede dentro de un término “razonable y proporcionado” a partir del
hecho que originó la vulneración[45]. Así, cuando el titular de manera negligente ha dejado pasar un
tiempo excesivo o irrazonable desde la actuación irregular que trasgrede sus
derechos, se pierde la razón de ser del amparo[46] y
consecuentemente su procedibilidad[47].
Dado que no existe un plazo perentorio para interponer la acción
de tutela, el término debe ser analizado por el juez en cada caso, atendiendo a
las particulares circunstancias fácticas y jurídicas del asunto, de ahí que si
este lapso es prolongado, deba ponderar si: (i) existe motivo válido para la
inactividad de los accionantes, (ii) la inactividad justificada vulnera el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión, (iii)
existe nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de
los derechos fundamentales, y (iv) el fundamento de la acción surgió después de
acaecida la actuación violatoria de derechos fundamentales de cualquier forma
en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición[48].
Por
la naturaleza de las publicaciones que se realizan en redes sociales, que
tienen una vocación de permanencia en el tiempo, no podrá el juez de tutela
descartar la inmediatez asumiendo el término a partir del cual se divulgó, sino
que deberá tenerse en cuenta a) su permanencia y b) la debida diligencia para
buscar el retiro de la publicación (el tiempo que el agraviado ha usado para
salvaguardar los derechos que considera vulnerados).
Subsidiariedad
67.  En
materia de acciones de tutela por presuntas vulneraciones derivadas de la
libertad de expresión en redes sociales, la Corte considera necesario fijar
unas reglas diferenciadas a partir de la calidad del accionante, es decir,
según sean personas naturales o personas jurídicas.
68.  En
efecto, cuando se trate de una persona jurídica que invoca el derecho al
buen nombre frente a otra persona jurídica, solo procede la acción de amparo
residualmente una vez se hayan agotado los mecanismos de defensa jurídicos
disponibles en el ordenamiento jurídico. Si bien, la Corte ha señalado que a las personas jurídicas se
les excluye la posibilidad de reclamar penalmente las afectaciones a los
derechos a la honra y al buen nombre, también ha reconocido que su
justiciabilidad se puede lograr por otras acciones judiciales.
Así, en primer lugar, se destaca el
proceso civil de responsabilidad extracontractual como medio judicial a través
del cual se puede requerir la reparación de los daños ocasionados mediante
publicaciones difamatorias en contra de personas jurídicas. Esta acción
constituye la herramienta idónea para que se resarzan los perjuicios
(materiales o inmateriales) acaecidos con ocasión de las afirmaciones
vejatorias que se hubieren realizado en desmedro de los derechos fundamentales.
Otro
mecanismo se deriva de la Ley 256 de 1996, normativa que consagra los
procedimientos existentes en contra de los actos de competencia desleal (art.
20). Tales acciones pueden ser: i) declarativas y de condena en las cuales es
dable solicitar la indemnización de perjuicios correspondiente; y ii)
preventivas o de prohibición encaminadas a evitar que se materialice la amenaza
latente.
En
este ámbito, los actos de descredito se registran como una de las causales para
iniciar un trámite judicial por competencia desleal[49]. Conforme al artículo 12 de la referida ley “[e]n concordancia
con lo establecido por el punto 2 del numeral 3 del artículo 10 bis del
Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal la
utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la
omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por
objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el
establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean
exactas, verdaderas y pertinentes”.
De
tal forma, las personas jurídicas encuentran en estas acciones judiciales
sendas herramientas para reclamar la protección de su derecho al buen nombre,
sin perjuicio de otras existentes para el mismo fin. En esos términos, la acción
de amparo es residual para este tipo de casos, pues al existir otros medios
judiciales idóneos y eficaces deben preferirse estos en cumplimiento del
principio de subsidiariedad.
69.  Entre
personas naturales, o cuando sea una persona jurídica alegando la
afectación respecto de una persona natural, solo procederá cuando quien se
considere agraviado haya agotado los siguientes requisitos:
i) Solicitud de retiro o
enmienda ante el particular que hizo la publicación. Esto por cuanto la
regla general en las relaciones sociales, y especialmente en las redes
sociales, es la simetría por lo que la autocomposición se constituye en el
método primigenio para resolver el conflicto y la acción de tutela es el
mecanismo residual.
ii) Reclamación ante la
plataforma donde se encuentra alojada la publicación, siempre y cuando en las
reglas de la comunidad se habilite para ese tipo de ítem una posibilidad de
reclamo (supra f. j. 64).
iii) Constatación de la
relevancia constitucional del asunto, aun cuando existen la acción penal y
civil para ventilar este tipo de casos, no se predica su idoneidad y eficacia
cuando así lo demuestre el análisis de contexto en
que se desarrolla la afectación.
70.  En
tal sentido, en aras de comprobar la relevancia
constitucional del asunto desde una
perspectiva iusfundamental es imperativo constatar el contexto en que se desarrollan
los hechos presuntamente vulneratorios, a partir de los siguientes tópicos[50]:
i) Quién comunica. Se debe establecer la clase del perfil desde que se hace la
publicación, en orden a determinar la manera en que el juez constitucional debe
interpretar la comunicación. En consecuencia, se debe: (i) establecer si se
trata de un perfil anónimo o es una fuente identificable; (ii) en caso de
tratarse de un perfil concreto, analizar las cualidades
y el rol que el presunto agresor ejerce en la sociedad, esto es, un particular,
un funcionario público, una persona jurídica, un periodista, o si pertenece a
un grupo históricamente discriminado, marginado o que se encuentra en una
especial situación de vulnerabilidad.
a.       Particular.
Cuando se trata de un particular que no está incurso en ninguna situación
especial de las previamente descritas, se analiza el derecho a la libertad de
expresión de manera amplia sin consideraciones especiales de ningún tipo, dado
que es el método en que usualmente se presenta el ejercicio de este derecho.
b.       Funcionario
público. La jurisprudencia constitucional[51] e
interamericana[52] han
coincidido en señalar que el derecho a la
libertad de expresión, cuando es ejercido por funcionarios públicos en uso de
sus funciones, tiene limitaciones mayores frente a un particular.  Ello por
cuanto el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de
funcionarios públicos tiene mayor impacto en la sociedad, dado el grado de
confianza y credibilidad que las personas suelen tener en las afirmaciones de
quienes ocupan estos cargos, se justifica que tengan una diligencia mayor a la
que debería tener un particular al momento de expresar sus opiniones.
c.
Persona jurídica. La jurisprudencia
constitucional estableció que el derecho a la libertad de expresión también
puede ser ejercido por personas jurídicas[53],
siendo necesario determinar quién es la persona jurídica que se expresa
(organización privada, partido político, agremiación social, sindicato, medio
de comunicación), a efectos de establecer la protección por otorgar en cada
caso particular.
d.       Periodistas. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “el ejercicio
periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo
realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o
morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios
obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión. Para tales efectos,
la Corte ya se refirió al deber especial de protección de periodistas en
riesgo”[54]. Así mismo, este Tribunal ha indicado que en casos en los que
se encuentren en conflicto los derechos a la libertad de expresión con los
derechos de terceros, el juez debe valorar si quien emite las opiniones lo hace
en ejercicio de su labor periodística, pues frente a estas personas el Estado
tiene unos deberes especiales de protección que pretenden salvaguardar no sólo
sus derechos a la vida o a la integridad personal, sino también a la libertad
de expresión o de información en una sociedad democrática[55].
e.
Grupos históricamente
discriminados, marginados o en una especial situación de vulnerabilidad. En
este punto, la Corte ha señalado que debe tenerse en consideración cuando la libertad de
expresión sea ejercida por una persona que pertenezca a un grupo históricamente discriminado, marginado o en
una especial situación
de vulnerabilidad, pues cualquier restricción que se imponga a sus opiniones
debe demostrar que no constituye un acto discriminatorio[56].
ii) Respecto de quién se comunica. En este parámetro obliga al juez constitucional
a establecer las calidades de las personas (naturales, jurídicas o con
relevancia pública) respecto de quienes se hacen las publicaciones en orden a
determinar si se requiere poner un límite a la libertad de expresión.
En este contexto, es
claro que los particulares (personas naturales y jurídicas) cuentan con un
mayor grado de protección que del que gozan los servidores públicos o
personajes con amplio reconocimiento social. Si bien esto en principio parece
evidente, las personas naturales y jurídicas al entrar en el mundo de las
relaciones comerciales y ofrecer productos y servicios necesariamente bajan el
umbral de protección, pues entran como actores en un escenario donde es posible
reclamar por una deficiente calidad en los productos ofrecidos o en los
servicios que se comprometió a prestar.
Por otra parte, la
jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que la esfera de protección de
estos derechos se reduce en relación con los personajes públicos[57] y, dentro de estos, de manera
especial para los altos funcionarios del Estado, pues en razón del rol que
desempeñan han de estar dispuestos a someterse al escrutinio de su vida pública
y de aquellos aspectos de su vida privada sobre los cuales asiste a la
ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir, por estar referidos (i) a
las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal
como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la
confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo
público; (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus
funciones[58]. En tal sentido, la
Corte Interamericana ha destacado que frente a este tipo de sujetos procede un
umbral diferente de protección, el cual no se enfoca en la calidad del sujeto,
sino en el carácter de interés público que implican sus actividades o
actuaciones[59]. Con todo, también es necesario
asentar que ello no significa que los servidores públicos no tengan derecho
fundamental a la dignidad, sino que su grado de tolerancia a la crítica ha de
ser alto y, solo se verían exceptuados los eventos en los que se corrobore una
periodicidad y reiteración en las publicaciones vejatorias, que puedan
constituirse en acoso u hostigamiento.
iii) Cómo se comunica. En este ítem se debe valorar (a) el contenido
del mensaje, (b) el medio o canal a través del cual se hace la afirmación y (c)
el impacto de la misma.
a.       El contenido del mensaje. En este punto la Corte ha
indicado que la manera como se comunica el mensaje también se encuentra amparada
por la libertad de expresión, por lo que se protegen todas las formas de
expresión, como el lenguaje oral o escrito, el lenguaje de signos o símbolos,
expresiones no verbales como imágenes u objetos artísticos o cualquier conducta
con contenido o implicaciones expresivas e incluso el silencio.
En esa medida, es necesario
evaluar el grado de comunicabilidad del mensaje, esto es, la capacidad
que tiene el mensaje para comunicar de manera sencilla y ágil lo que se desea
expresar “por tanto, es necesario considerar si el mensaje está consignado
en un lenguaje convencional, oral o escrito, y por tanto fácilmente comunicable
a cualquier receptor, o si por el contrario se emplea un lenguaje no convencional,
como signos o conductas con contenido expresivo o implicaciones expresivas, que
no tienen la virtualidad de comunicar de manera sencilla el mensaje a todo tipo
de público”[60].
Ahora bien, vale reiterar
que si bien la libertad de expresión goza de cierto carácter
prevalente, ello no significa que esta garantía carezca de límites, por ende,
quien ejerce tal derecho está sujeto a las consecuencias que conlleven
afectación a terceros, por ejemplo cuando se emplean frases degradantes, insultos o vejaciones. No
obstante, cabe advertir que la intención dañina no depende de la valoración
subjetiva que de la manifestación realice el afectado, sino de un análisis
objetivo y neutral que de la misma se haga y que arroje como resultado la
vulneración del núcleo esencial del derecho al buen nombre, entre otros.
b.       El medio o canal a través del cual se hace la afirmación. La Corte ha explicado que las opiniones e
información pueden expresarse a través de libros, periódicos, revistas, videos,
audios, películas, obras de teatro, pinturas, escultura, fotografías, programas
de televisión, emisiones radiales, páginas de internet, redes sociales, cartas,
manifestaciones públicas, el uso de prendas con mensajes expresivos, entre muchos
otros. No obstante, cada foro en particular plantea sus propias especificidades
y complejidades constitucionalmente relevantes que repercuten en el alcance de
la libertad de expresión en cada caso. Por tanto, es fundamental que el juez
valore el medio a través del cual se exterioriza la opinión, ya que este incide
en el impacto que aquella tenga sobre los derechos como el buen nombre, la
honra o la intimidad[61].
c.
El impacto de la publicación. En este punto, debe determinarse la capacidad de
penetración del mecanismo de divulgación y su impacto inmediato sobre la
audiencia, pues no es lo mismo el uso de canales privados o semi-privados a los
medios masivos de comunicación, dada su capacidad de transmitir el mensaje a
una pluralidad indeterminada de receptores, potencian el riesgo de afectar
derechos de otras personas.
En este contexto corresponde valorar la
potencialidad del medio para difundir el mensaje a una audiencia más amplia a
la que inicialmente iba dirigido.  Por tanto, en el uso de Internet para
realizar publicaciones, se ha de considerar la buscabilidad y la encontrabilidad
del mensaje. La buscabilidad hace referencia a la facilidad con la
que en el uso de los motores de búsqueda –buscadores-, se puede localizar el
sitio web en donde está el mensaje, mientras que la encontrabilidad
alude a la facilidad para hallar el mensaje dentro del sitio web en el
que este reposa[62]. Aunado a ello, se puede valorar el
impacto que ha tenido la publicación a través de las veces que fue reproducido
un video, por ejemplo, o incluso los “me gusta” o “retweets” que
haya tenido.
Ahora bien, en este punto también es necesario determinar si
se trata de afirmaciones publicadas de manera reiterada e insistente por un
sujeto en relación con otro, donde se percibe un uso desproporcionado de la
libertad de expresión dada la repetitividad de las publicaciones vejatorias, de
tal forma que se pueda establecer si corresponde a un caso de persecución o
acoso provocado con tal actuación sistemática.
71.  En
suma, la verificación de la relevancia constitucional del asunto de cara al
análisis de subsidiariedad, se deberá realizar bajo los siguientes parámetros:
i)
Quién comunica: esto es, el emisor del contenido,
es decir, si se trata de un perfil anónimo o es una fuente identificable, para
lo cual deberán analizarse las cualidades y el rol que ejerce en la sociedad,
esto es, si se trata de un particular, funcionario público, persona jurídica,
periodista, o pertenece a un grupo históricamente discriminado.
ii)
Respecto de quién se comunica, es decir, la
calidad del sujeto afectado, para lo cual debe verificarse si se trata de una
persona natural, jurídica o con relevancia pública. Exceptuando los eventos que
se describen en el literal c siguiente sobre periodicidad y reiteración de las
publicaciones que puedan constituirse en hostigamiento o acoso.
iii)    Cómo se comunica a partir de la carga difamatoria
de las expresiones, donde se debe valorar:
a)
El contenido del mensaje: la calificación de la
magnitud del daño no depende de la valoración subjetiva que de la manifestación
realice el afectado, sino de un análisis objetivo, neutral y contextual, entre
otros.
b)    El medio o canal a través del cual se hace la
afirmación.
c)
El impacto respecto de ambas partes (número de
seguidores; número de reproducciones, vistas, likes o similares;
periodicidad y reiteración de las publicaciones).
A partir de este análisis de
contexto es dable determinar la falta de idoneidad y eficacia de la acción
penal y civil, de manera que el amparo constitucional se erige como mecanismo
eficaz para la protección de los derechos fundamentales mencionados conculcados
mediante el ejercicio de la libertad de expresión en redes sociales.
La libertad de expresión en el estado democrático
Contexto
constitucional y jurisprudencial
72.  Históricamente,
en los siglos XVIII y XIX, las garantías características del Estado liberal se
relacionaron con la libertad de pensamiento y con el derecho a manifestar las ideas, con el fin de
proscribir las limitaciones impuestas en los regímenes autocráticos propios de
la época[63]. A partir de dicho antecedente, el
Estado social de derecho trajo consigo un catálogo de derechos y libertades
inherentes al individuo; en tal contexto, la libertad de expresión asumió un
rol preponderante en la sociedad democrática en tanto “es sustento y efecto
de ésta, instrumento para su ejercicio, garantía de su desempeño”[64].
Así, la libre expresión permite escuchar la diversidad de
expresiones, opiniones e inconformidades que enriquecen la democracia, el
pluralismo y la participación, pilares esenciales del Estado constitucional[65].
Sobre este aspecto, la Corte ha considerado que “la libre circulación de
ideas y opiniones favorece la búsqueda del conocimiento y es condición de
existencia de una sociedad pluralista donde puedan coexistir diversas
concepciones sobre lo correcto, lo bueno y lo bello; en segundo lugar, la libre
expresión de pensamientos, opiniones y puntos de vista permite el desarrollo de
la autonomía individual, al hacer posible que todas las personas puedan tener
voz y someterse, ante todo, a su propio criterio al momento de decidir aquello
que comunican a otros. Pero es sin duda, el estrecho vínculo entre libertad de
expresión y democracia, el argumento que con mayor fuerza y frecuencia se
esgrime para justificar la especial protección que se otorga a este derecho en
el constitucionalismo contemporáneo.”[66]
Su ejercicio está intrínsecamente ligado a otros objetos
superiores como el ejercicio de la autonomía y libertad de las personas, el
desarrollo del conocimiento y la cultura, la libertad de prensa[67],
el deber de informar de manera veraz e imparcial[68],
la igualdad política y el principio de responsabilidad de los gobernantes ante
los administrados[69].
73.  Bajo
tales escenarios, los roles de la mentada garantía en una sociedad democrática
han sido decantados por la jurisprudencia constitucional, a partir de la cual
es dable afirmar que el papel de la libre expresión en un Estado como el colombiano
deviene en i) la identificación de la verdad y la construcción de conocimiento, ii) el fortalecimiento del principio de autogobierno al
brindarle a los individuos los datos necesarios para adoptar posturas a
conciencia acerca de las autoridades y las actuaciones que ellos desarrollan; iii)
la capacidad de decisión autónoma de la persona como emisor y receptor de
información; iv) el  control ciudadano frente al ejercicio del poder; y v)
una forma de reproche apacible frente a las actuaciones estatales o
acontecimientos sociales[70].
Específicamente, como medio de control al poder, se materializa
frente a decisiones abusivas, arbitrarias o inconvenientes, pues favorece la
protesta pacífica y alienta a las autoridades a dirigir sus actuaciones a la
consecución del bien común[71]. Como lo ha reconocido este Tribunal
“[u]na sociedad democrática, respetuosa del principio de la libertad de
expresión, permite a los ciudadanos que se expresan poner sobre aviso al resto
de la comunidad acerca de aquellas actuaciones estatales que sean reprochables
e inaceptables. Además, la probabilidad de que un abuso sea conocido, divulgado
y criticado desestimula a quienes ejercen algún poder de incurrir en excesos o
atropellos.”[72]
De tal manera, la efectividad de esta garantía supone, entre otros
logros, la conservación de la democracia y el pluralismo, al tiempo que dota de
mayor eficiencia a los mecanismos de participación y control de la ciudadanía,
además evita el fomento de gobiernos autoritarios
Tal escenario ha sido destacado por esta Corte, al considerar que
en el ámbito el pluralismo se persigue que las diferentes visiones del mundo se
puedan difundir y proteger en un “mercado de las ideas”[73].
Al respecto, en sentencia SU-626 de 2015 se refirió que “[l]a metáfora del
mercado[74], recogida en el artículo 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos al prohibir cualquier
restricción que pueda afectar la libre ‘circulación de ideas y opiniones’,
refleja el hecho de que los juicios respecto de la verdad o falsedad[75],
corrección o incorrección, bondad o maldad, belleza o fealdad de una idea, de
un pensamiento, de una opinión o, en general, de cualquier expresión, son mejor
comprendidos cuando la sociedad y el Estado aseguran una amplia red de
oferentes y medios de expresión y una amplia red de canales de acceso a tales
ideas, pensamientos y opiniones. Dicho objetivo se alcanza proscribiendo las
formas de control al contenido de las expresiones, previendo amplios medios
para su divulgación y fijando reglas que impidan y sancionen las interferencias
en los contenidos amparados por la libertad”[76].
A más de lo anterior, una sociedad que no esté informada no puede predicarse
libre, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante Corte Interamericana)[77].
74.  En tal ámbito, la Constitución Política de 1991 garantizó a todos “la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación”[78]. También consagró la proscripción de
la censura y se previó el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
La jurisprudencia constitucional ha establecido que la libertad de
expresión es uno de los pilares sobre los cuales está fundado el Estado, y
comprende la garantía fundamental y universal de manifestar pensamientos,
opiniones propias y, a su vez, conocer los de otros. Este presupuesto también
se extiende al derecho de informar y ser informado veraz e imparcialmente, con
el objetivo de que la persona juzgue la realidad con suficiente conocimiento[79].
En
esa medida, el derecho a la libertad de expresión cuenta con una doble
connotación, a saber: “en sentido genérico consiste en el ‘el derecho general a comunicar
cualquier tipo de contenido a otras personas, e [incluye] no solo la libertad
de expresión en sentido estricto, sino también las libertades de opinión,
información y prensa [previstas en el artículo 20 de la Constitución]’[80].
Entre tanto, (…) en sentido estricto se define como ‘el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento,
opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por
quien se expresa”[81]. Conlleva el derecho de
su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones o ideas…”[82].
La Corte también ha explicado que “estas dos libertades
también son sujeto de división en dos aspectos distintos, el individual
y el colectivo. El primero, hace referencia al sujeto que se expresa,
entendiendo que, además de contar con la garantía de poder manifestarse sin
interferencias injustificadas, este derecho también implica la garantía de
poder hacerlo a través de cualquier medio que se considere apropiado para
difundir los pensamientos y lograr su recepción por el mayor número de
destinatarios posibles, siendo libres de escoger el tono y la manera de
expresarse (…) El aspecto colectivo, por su parte, se va a referir a los
derechos de quienes reciben el mensaje que se divulga”[83].
Estas dimensiones también han sido reconocidas por la Corte Interamericana
al analizar el alcance del artículo 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos[84].
75.  En desarrollo de lo anterior, en la sentencia T-391 de 2007 ha entendido que la
libertad de expresión comporta once elementos normativos
diferenciables -siete derechos y libertades fundamentales específicos y
autónomos[85], y cuatro prohibiciones[86]
especialmente cualificadas en relación con su ejercicio-. Así, con ocasión de
los diferentes pronunciamientos de esta Corporación se han destacado dos
facetas del mentado derecho, a saber:
i)
La libertad de información definida como “la
comunicación de informaciones, entendidas como datos que describen una
situación con sustento empírico, no constituyendo una mera opinión”[87], considerada como un derecho
fundamental de doble vía en tanto garantiza el derecho a informar, así como el
derecho a recibir información. Por ende, ostenta una mayor carga para quien la
ejerce, pues al tratarse de la expresión de hechos debe basarse en datos
verificables, de forma que la información transmitida sea “veraz e imparcial
y respetuosa de los derechos de terceros particularmente al buen nombre, la honra
y la intimidad”[88].
La
Corte ha determinado[89] que esta modalidad -libertad en
sentido genérico- tiene una vocación más
extrínseca, en tanto supone la manifestación de ideas con asidero fáctico y
objetivo, esto es, expresiones que tienen por propósito dar a conocer hechos,
acontecimientos o sucesos. Esta Corporación la ha definido como “la comunicación de
informaciones, entendidas como datos que describen una situación con sustento
empírico, no constituyendo una mera opinión”.[90]
De
ahí, la protección de la libertad de información se dirige a aquellas
modalidades de comunicación en las cuales el fin primordial es describir o dar
noticia de un acaecimiento, en esa medida, es imperioso que se trate de datos
veraces e imparciales, lo cual implica que “las versiones sobre los hechos o
acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas
perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
contemplado.”[91]
ii)
La libertad de opinión que debe ser “entendida como
libertad de expresión en sentido estricto, la cual implica básicamente la
posibilidad de poder difundir o divulgar, a través de cualquier medio de
comunicación, las propias ideas, opiniones y pensamientos.”[92]
Entonces,
para este Tribunal el pensamiento es un atributo personal derivado de la
naturaleza de la persona de asentir o prohijar un determinado sistema de ideas
entorno de sí misma, del mundo y de los valores.[93]
Mientras que la opinión es un juicio o valoración que se forma una
persona respecto de algo o de alguien[94]. La jurisprudencia
constitucional ha entendido la opinión como: “la valoración o interpretación que una persona realiza sobre
algo, sea ello un hecho fáctico o un pensamiento subjetivo que haya previamente
conocido de un modo cierto. Así, las facetas objetiva y subjetiva de la
realidad son subsumidas por el individuo cuando éste (sic) elabora un juicio
ético, consecuente con su pensamiento, sobre alguna información veraz o algún
pensamiento de contenido ideológico previamente conocidos”.[95] (…) es una idea,
un parecer o forma de ver el mundo.”[96]
En efecto, la opinión es un juicio valorativo acerca de algo
o alguien, y su materialización necesariamente implica el pensamiento o la
elaboración de ideas a partir de una serie de estímulos externos[97].
Esta noción se entiende entonces como una especie o una consecuencia del
pensamiento. De esta manera, ambos conceptos, esto es, pensamiento y opinión,
están íntimamente relacionados al coincidir en que son procesos individuales
caracterizados por la subjetividad, aunque pueden confluir en ellos elementos
objetivos[98]. Se nutren de la capacidad que
tienen los individuos de producir ideas objetivas y subjetivas acerca de todo
aquello que lo rodea o de sí mismo.
Sobre la protección de estas libertades se ha establecido
como premisa la imposibilidad de censurar el pensamiento y la opinión,
lo cual implica que no es factible prohibirlo aun cuando la idea expresada sea
molesta, equivocada, provocadora, revolucionaria o inmoral, siempre y cuando no
impidiera grave y directamente el ejercicio de los derechos ajenos[99].
En
suma, la Corte ha destacado que la protección de la libertad de opinión se
centra sobre la comunicación de pensamientos y opiniones, es decir, “objetos jurídicos que, pese a ser reales y aprehensibles,
son indeterminados”[100].
En este contexto, entonces, la subjetividad es preponderante en tanto el emisor
de la opinión pretende difundir “valoraciones, sentimientos y apreciaciones
personales sobre determinados hechos, situaciones o personas.”[101]
76.  La
distinción entre la libertad de información y la libertad de opinión permite
restringir el alcance de la rectificación, derecho que solo procede frente a
mensajes inexactos o errados, pues ante las opiniones no se aplica este mecanismo sino la réplica.[102]
La disparidad entre la información sobre hechos y su valoración no
sólo ha sido empleada para identificar el ámbito protegido por las libertades
de información y opinión, respectivamente, sino también para circunscribir el
alcance del derecho a la rectificación, que procede respecto de
informaciones inexactas o erróneas, mas no respecto de las opiniones, las
cuales pueden ser controvertidas a través del ejercicio de la réplica. Esta
postura fue reiterada en la sentencia C-417 de 2009 al considerarse que la
opinión “de hallarse injusta o impertinente,
debe combatirse con otras opiniones o pareceres, no con sanciones de ninguna
índole, menos aún penales[103].”[104]
77.  Ahora
bien, tal diferenciación también es útil al momento de determinar la aplicabilidad
de las exigencias de veracidad e imparcialidad a ambas categorías. Esta
Corporación ha afirmado que “la información sobre hechos ha de ser veraz
e imparcial, ‘mientras que la expresión de opiniones sobre dichos
hechos, cubierta por la libertad de expresión stricto sensu, no está sujeta
a estos parámetros. Las opiniones equivocadas y parcializadas gozan de la
misma protección constitucional que las acertadas y ecuánimes’[105].
No tendría sentido exigir una opinión veraz, en la medida en que no transmite
hechos sino apreciaciones sobre los mismos; tampoco debería reclamarse
imparcialidad, ya que la opinión es un producto eminentemente subjetivo.”[106]
De tal forma, se colige que
según lo consagrado en la jurisprudencia constitucional, a las informaciones
les es exigible la carga de veracidad e imparcialidad; mientras que las
opiniones, dada su naturaleza, están exentas de tal requerimiento.[107]
78.  En
efecto, este Tribunal ha resuelto en múltiples ocasiones, peticiones de amparo
que en principio versan sobre opiniones que aparecen traslapadas con
informaciones, por lo cual ha señalado que si bien “no se puede reclamar
veracidad e imparcialidad de los juicios de valor, lo que sí se exige a quienes
expresan sus opiniones, máxime cuando lo hacen a través de medios masivos de
comunicación, es que se aseguren de la veracidad de los hechos sobre los que
aquellas se fundan y rectifiquen en caso de que hayan basado sus opiniones en
informaciones inexactas o erróneas.[108] Igualmente, a quienes se dedican
a la actividad informativa les es exigible que presenten la información de modo
tal que los receptores puedan distinguir entre la descripción de los hechos y
su valoración por parte del comunicador.”[109]
79.  Así,
surge una limitante al momento de diferenciar completamente ambas categorías,
en tanto es difícil identificar el contenido clasificándolo exclusivamente en
una modalidad, puesto que “toda opinión lleva,
de forma más o menos explícita, un contenido informativo, y toda información,
un contenido valorativo de opinión, sin el cual la información ni siquiera se
justifica como actividad social”[110]. Para la Corte, “resulta complejo
fijar tajantemente una distinción entre hechos y juicios de valor”[111].
Por consiguiente, la jurisprudencia ha adoptado algunos criterios
que permiten determinar si se trata de informaciones u opiniones[112],
concluyendo que la calidad del medio de difusión o sus secciones (humorístico,
editorial o informativo), así como el lenguaje, la extensión y la carga emotiva
de los sucesos referidos, son herramientas útiles para llegar a dicha
convicción.[113]
80.  Corolario
de lo expuesto, las decisiones de este Tribunal han resaltado la posición
prevalente que tiene la libertad de expresión en el ordenamiento jurídico,
debido a su rol preponderante en el libre desarrollo de la personalidad y
autonomía de la persona.[114] Aunado a ello, la estrecha relación
con el desarrollo de una sociedad democrática y pluralista (art. 1º superior),
hace imperiosa su protección pues este derecho favorece la coexistencia de
ideas y opiniones.[115] De igual forma, se ha señalado que la
libertad de expresión (entendido en sentido genérico) es una consecuencia
ineludible de la dignidad de la persona humana, pues, afirma su racionalidad y
sirve como vehículo de canalización de su saber, de su pensar, en fin, de su
existencia.[116]
Marco
normativo internacional del derecho a la libertad de expresión
81.  El
reconocimiento de la libertad de expresión como derecho civil y político, en el
sistema universal de Protección de los Derechos Humanos
(SUDH) se advierte en la Declaración Universal de Derechos Humanos[117]
que, en su artículo 19, dispone que “todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones,
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.”
Asimismo, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos[118]
consagra que: “Artículo 19. 1. Nadie podrá ser
molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad
de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el
párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin
embargo, estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para: a)
Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.”
82.  En
el ámbito regional americano, se destacan otros cuerpos
normativos que también abordan la protección de la libertad de expresión, entre
ellos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre[119],
la cual en su artículo IV prescribe que “toda persona tiene derecho a la
libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento
por cualquier medio”.
De
igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos[120]
comprende en el artículo 13 la libertad de pensamientos y expresión, en los
siguientes términos:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud
o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías
o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares
de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5.
Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u
origen nacional.”
83.  Otros
sistemas regionales, no vinculantes para Colombia pero ilustrativos, reconocen
el mentado derecho como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales suscrito por el Consejo de Europa en 1950
(art. 10) y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos -Carta
de Banjul- de 1981 (art. 9).
Ámbito regulatorio de la libertad de expresión en Internet
84.
La evolución constante en las comunicaciones
y la necesidad de estar conectados en orden a mantener un contacto cada vez más
global, han provocado que en la actualidad Internet sea el medio de comunicación que más ha revolucionado la
sociedad, el cual permite la conexión a través de chat, voz o vídeo. Así, la
conexión permanente de las personas facilita que se informen según sus gustos y
necesidades, al tiempo que les permite expresar sus ideas y pensamientos de
forma abierta y disponible a toda la sociedad. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha
reconocido que “[e]n la actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra
en Internet un instrumento único para desplegar, incrementalmente, su enorme
potencial en amplios sectores de la población”[121].
Los
cambios que exige la digitalización de las comunicaciones son producto de la
gran capacidad con que cuentan las redes sociales para comunicar, divulgar,
difundir y compartir información, gracias a potentes herramientas para su
intercambio, análisis y procesamiento, alcance del cual los usuarios no son
conscientes al momento de comenzar a utilizarlas, hacen que la intimidad de la
persona se encuentre cada vez más expuesta y, por ende, exista una mayor
vulnerabilidad respecto de los derechos fundamentales relacionados con la misma[122].
De cara a este panorama,
resulta de vital importancia destacar que las nuevas dinámicas de interacción
social llevaron a una evolución en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión, a partir de los avances
tecnológicos, frente a los cuales la justicia tiene el reto de decidir
situaciones novedosas que difieren diametralmente de formas históricas de
expresión, como eran la imprenta y los medios audiovisuales.
85.  En tal medida, diferentes estamentos
en el ámbito internacional han destacado la transformación en el ejercicio de
derechos a partir de los avances tecnológicos, puntualmente el sistema
interamericano, ha sido reconocido como uno de los más amplios a nivel
internacional.
86.  La Declaración Conjunta Sobre la Libertad de Expresión en
Internet, de la Relatoría Especial de
las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión del 1° de junio de 2011, estableció que:
“a. La
libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los
medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en
Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares
internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas
por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar
dicha finalidad (la prueba ‘tripartita’).
b. Al
evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en
Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la
capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto
de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros
intereses.”
Con fundamento en lo anterior, la
Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Organización de
Estados Americanos es una herramienta útil para el estudio de este tipo de
casos, toda vez que consagra unas pautas básicas que deben guiar la protección
o restricción de la libertad de expresión según corresponda a cada situación.
Estos principios se pueden sintetizar de la siguiente manera:
“Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones,
es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y
requisito para la existencia de una sociedad democrática.
Principio 2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir
información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Principio 3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí
misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya sea que esté contenida
registros públicos o privados y actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.
Principio 4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos.
Principio 5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta
sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de
cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico,
debe estar prohibida por la ley.
Principio 6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier
medio y forma.
Principio 7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o
imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la
libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.
Principio 8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes
de información, apuntes y archivos personales y profesionales.
Principio 9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores
sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola
los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de
expresión.
Principio 10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación
y difusión de información de interés público.
Principio 11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por
parte de la sociedad.
Principio 12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los
medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto
conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que
asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los
ciudadanos.
Principio 13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda
pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y
discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de
frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y
castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de
comunicación en función de  sus líneas informativas, atenta contra la
libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.[123]
En torno al goce del derecho a la
libertad de expresión en Internet, en esta Declaración hay dos elementos que
son de especial relevancia para el caso objeto de pronunciamiento: el primero
se refiere al principio de neutralidad de la red[124]; el segundo, a la responsabilidad
que cabe a los intermediarios de internet, esta última se retomarán en más
adelante en esta decisión.
87.  En
igual sentido, se han adoptado unos mandatos dirigidos a encaminar el ejercicio
de dicho derecho en el ciberespacio por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a saber: (i) acceso en
condiciones de igualdad[125], (ii) pluralismo[126],
(iii) no discriminación[127], y (iv) privacidad[128].
En desarrollo de los principios de acceso en
condiciones de igualdad y de no discriminación, surge la neutralidad de la red
como regla para “evitar situaciones de bloqueo, interferencia o filtración,
toda vez que la ausencia de controles previos y censura es una conditio sine
qua non para el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión en este
entorno.[129] Si bien este estándar debe ser de aplicación general para todo el
tráfico de información en la red, el mismo admite casos especiales”[130].
En efecto, se han identificado tres excepciones a este mandato por parte de
la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, estas son: (i) preservar la integridad y seguridad de la red; (ii) para prevenir la transmisión de
contenidos no deseados por expresa solicitud –libre y no incentivada– del
usuario; y (iii) para gestionar temporal y excepcionalmente la congestión de la
red[131].
88.  A su
turno, el Comité de Derechos Humanos ha indicado la
excepcionalidad de las restricciones a las plataformas electrónicas, en los
siguientes términos:
“toda limitación al funcionamiento de los sitios
web, los blogs u otros sistemas de difusión de información en
Internet, electrónicos o similares, incluidos los sistemas de apoyo a estas
comunicaciones, como los proveedores de servicios de Internet o los motores de
búsqueda, solo serán admisibles en la medida en que sean compatibles con el
párrafo 3. Las restricciones permisibles se deben referir en general a
un contenido concreto; las prohibiciones genéricas del funcionamiento de
ciertos sitios y sistemas no son compatibles con el párrafo 3. Tampoco es
compatible con el párrafo 3 prohibir que un sitio o un sistema de difusión de
la información publique material por el mero hecho de que ese material pueda
contener críticas al gobierno o al sistema político al que este se adhiere”[132]. (Subrayas fuera de texto original)
Además, la Declaración Conjunta sobre
Libertad de Expresión e Internet estableció que “(l)a libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a
todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión
en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares
internacionales”[133]. (Subrayas
fuera de texto original)
89.  Conforme lo anterior, corresponde
aplicar las limitaciones genéricas impuestas a la referida garantía. Sobre el
particular, concretamente, la Corte IDH se ha referido a las
eventualidades[134]
que le imponen restricciones a los derechos a la libertad de expresión
derivadas del artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
las cuales configuran el denominado test tripartito compuesto por los
siguientes supuestos: i) que las limitaciones estén previstas legalmente, ii)
que se dirijan a proteger los derechos de los demás, la seguridad nacional, el
orden público, la salud o la moral pública, y iii) que sean necesarias, estrictamente proporcionadas a la finalidad perseguida, e idóneas
para lograr el objetivo imperioso que pretenden lograr. También ha hecho
referencia que aquellas deben surgir con posterioridad, lo que implica la
imposibilidad de imponer censuras previas.
90.  Ahora bien, de acuerdo con el artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derecho Humanos como el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, existen unos límites infranqueables en el ejercicio
de la libertad de expresión, en virtud de las cuales está prohibida[135]:
i)
la propaganda a favor de la guerra;
ii)
la incitación al terrorismo;
iii)
la apología del odio nacional, racial, religioso
o de otro tipo de odio que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por
cualquier motivo (modo de expresión que cobija las categorías conocidas
comúnmente como discurso del odio, discurso discriminatorio, apología del
delito y apología de la violencia);
iv)
la pornografía infantil; y
v)
la incitación directa y pública a cometer
genocidio.
En este contexto es indispensable que se determine si lo
expresado hace parte de aquellos discursos sobre los cuales está desvirtuada la
presunción de cobertura constitucional.
Jurisprudencia
constitucional en materia de ejercicio de la libertad de expresión en Internet
91.
Este Tribunal ha considerado que “la libertad de expresión se aplica en Internet del mismo modo que
en otros medios de comunicación, concluyéndose que las redes sociales no pueden
garantizar un lugar para la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de
decoro y la descalificación”[136].
En
tal contexto, con la finalidad de enfrentar los vacíos normativos generados por
la permanente evolución de la sociedad[137], para la Corte
Constitucional la libertad de expresión
“offline” es la misma “online”[138],
por tanto la presunción a favor de este derecho tiene plena vigencia en
el entorno digital. Lo anterior significa que esta garantía debe ser respetada
por los Estados y protegida de intromisiones ilegítimas por parte de terceros.
Sobre el particular la Corte ha
definido que están bajo sospecha de “inconstitucionalidad las limitaciones
sobre la libertad de expresión”[139],
por lo que en aplicación del artículo 20 Superior y 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos[140],
no es posible verificar el contenido de lo que cualquier persona en uso de las
plataformas descritas quiera publicar, transmitir o expresar, pues lo contrario
llevaría a supeditar su divulgación a un permiso o autorización previa.
92.  De cara a este especial
escenario de interacción de derechos, la Corte ha considerado que “si
bien redes sociales como Facebook implican un mayor riesgo de vulnerabilidad de
derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a la imagen, no quiere
decir que el uso de dichas plataformas implique una cesión de tales garantías
y, en consecuencia, la libre y arbitraria utilización de los datos, ya sea
videos, fotos y estados, entre otras, ni tampoco la publicación de cualquier
tipo de mensaje, dado que, como se ha venido reiterando, la protección y
límites de la libertad de expresión por medios de alto impacto también aplican
a medios virtuales”[141].
Además,
para este Tribunal “el hecho de que la libertad de expresión goce de cierto
carácter prevalente no significa que esta garantía carezca de límites, por
ende, quien ejerce tal derecho está sujeto a las consecuencias que conlleven
afectación a terceros, indicando que deben abstenerse de utilizar o ‘emplear frases injuriosas,
insultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones’[142]”[143].
En
este sentido, en la divulgación de ciertas opiniones o pensamientos pueden
identificarse expresiones desproporcionadas en relación con los hechos que se
quieren comunicar o cierto grado de insulto que denotan la intención
injustificada de dañar, perseguir u ofender a la persona, lo que deriva en una
vulneración de los derechos al buen nombre, honra e intimidad, entre otros
relacionados.
Por
tanto, conforme a la jurisprudencia, la intención dañina, desproporcionada o
insultante no va a depender de la valoración subjetiva que de la manifestación
realice el afectado, sino de un análisis objetivo y neutral que de la misma se
haga y que arroje como resultado la vulneración del núcleo esencial de los
derechos al buen nombre y a la honra. En consecuencia, lo publicado en redes
sociales está amparado por la libertad de expresión, pero también está sujeto a
los límites por lo que algunas publicaciones no se encuentran bajo la
protección señalada en el artículo 20 de la Carta, ni por los instrumentos
internacionales que la consagran. Así, se activa un límite a la libertad de expresión cuando lo divulgado
no se identifica con un fin constitucional legítimo, ni siquiera contribuye a
un debate en específico, sino simplemente conlleva una intención dañina o
insultante respecto del hecho que se quiere comunicar.
Empero, para la Corte “ventilar
en medios masivos los conflictos personales con un lenguaje ofensivo y soez
puede ocasionar malestar, no se generan de ello consecuencias jurídicas
mientras no esté plenamente acreditada, con el sustento probatorio necesario y
suficiente, una auténtica violación a derechos fundamentales como la honra, el
buen nombre o, en ciertos eventos, la intimidad”[144].
93.  En el mismo sentido,
esta Corporación ha señalado que las redes sociales en el
marco de las nuevas tecnologías de comunicación son una herramienta que “potencializa
el derecho a la libre expresión permitiendo que las personas puedan expresar su
opinión y difundir información desprovistas de barreras físicas o incluso
sociales que en el pasado reducían esta posibilidad a ciertas personas y a
ciertas estructuras; pero, por otra, que la rapidez y espontaneidad con la que
se aplica y difunde la tecnología determina que el alcance del derecho a la
libertad de expresión pueda generar mayores riesgos frente a los derechos de
otras personas”[145].
Explicó que en los casos en donde resultan involucradas las nuevas
tecnologías, las limitaciones a la libertad de expresión son más estrictas
dadas sus características. Bajo este marco señaló unos parámetros a partir de
los cuales es posible establecer cuándo el uso indebido de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, específicamente de las redes sociales, da lugar
a la trasgresión de derechos fundamentales[146].
94.
En un momento posterior[147], este Tribunal consideró que la exceptio veritatis
es un medio que permite exonerarse de responsabilidad frente a la trasgresión
de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, tanto en el proceso
penal por los delitos de injuria o calumnia[148],
como en la acción de tutela, la Corte al desarrollar el criterio de veracidad,
que permite al titular de la libertad de expresión ejercer su derecho de manera
respetuosa y sin interferir en los derechos de los demás, no ha exigido que la
información sea indudablemente verdadera, sino que se haya desplegado un
esfuerzo diligente por verificar[149],
constatar y contrastar razonablemente las fuentes, así como un deber de explorar los diversos puntos de vista desde los
cuales un mismo hecho puede ser observado.
Por
tanto, concluyó que “la libertad de expresión también permite pronunciar opiniones o ideas de
manera autónoma, sin la limitación de los criterios de veracidad e
imparcialidad; situación que no implica que dichas manifestaciones puedan tener
contenido insultante, vejatorio o humillante, o puedan denotar intención de
dañar, sin provocar una afectación del derecho a la honra de la persona y una
consecuente reacción de protección constitucional.”[150]
95.
Aunado a ello, la jurisprudencia ha indicado que las autoridades públicas tienen
un deber de soportar mayores cargas en el ejercicio democrático que comporta la
libertad de expresión. Con base en los pronunciamientos de la Corte IDH, ha
manifestado que se requiere una “mayor laxitud en el debate sobre asuntos de
interés público y en las expresiones respecto de las personas que ejercen
funciones públicas, pues de esa manera se previenen los sistemas de gobierno
autoritarios”[151].
Así las cosas, los funcionarios del
Estado “voluntariamente se sometieron al escrutinio de su vida pública y de
aquellos aspectos de su fuero privado sobre los cuales le asiste a la
ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir, por estar referidos: (i) a
las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal
como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la
confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo
público; (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus
funciones”[152].
96.  Recientemente,
la Corte fijó algunas pautas en
orden a determinar el alcance de la protección a la libertad de expresión
cuando su ejercicio choca con derechos de terceras personas, desde cinco
dimensiones, a saber: (i) quién comunica; (ii) de qué o de quién se comunica;
(iii) a quién se comunica; (iv) cómo se comunica; y (v) por qué medio se
comunica[153].
En esa oportunidad, la Corte adujo que “los
anteriores parámetros constitucionales deben analizarse en conjunto en cada
caso y no de manera inconexa, ya que todos ellos están relacionados directa o
indirectamente, por lo que sólo su valoración agregada permitirá resolver de
forma adecuada la tensión entre derechos. Así mismo, es importante señalar que
dichos parámetros no constituyen una lista taxativa de todos los aspectos que
se deben tener en cuenta al momento de resolver un conflicto entre el derecho a
la libertad de expresión y los derechos de terceras personas, pues las
particularidades de cada caso pueden ser infinitas, por lo que tales
parámetros, lejos de constituirse en unos criterios cerrados y definitivos, sólo
son una guía, extraída de la propia jurisprudencia constitucional, para
orientar la labor del juez al resolver cada caso, quien siempre debe partir de
la especial protección que tiene el derecho a la libertad de expresión en
nuestro ordenamiento y, por tanto, encontrar el remedio judicial más adecuado
para no sacrificar innecesariamente tal derecho y garantizar el máximo margen
posible de expresión libre de cualquier interferencia.”
Así
las cosas, esta Corporación consideró que el fallador de instancia debe
realizar un “un delicado y complejo balance” entre la protección extensa
que se confiere a la libertad de expresión y la garantía de los derechos al
buen nombre, honra o intimidad, “apuntando siempre a buscar la medida menos
lesiva para libertad de expresión”, de manera que se
garantice que ello no funja como un mecanismo de difamación y desinformación “en
tiempos en donde las ‘noticias falsas’ se apoderan de la opinión pública y se
propagan rápidamente a través de los distintos escenarios digitales”.
Pronunciamientos
judiciales en el derecho comparado sobre la libertad de expresión en Internet
97.  En
casos emblemáticos objeto de estudio, varias autoridades judiciales
internacionales se han pronunciado en relación con el ejercicio de la libertad
de expresión en la web, que pueden servir de referente de cara a los asuntos
sometidos a revisión, como se pasan a exponer:
98.  El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en la sentencia el 5 de mayo de 2011 (Consejo editorial del
periódico Pravoye Delo y Shtekel contra Ucrania), al decidir un asunto que
comprometía la falta de veracidad de unas acusaciones de corrupción efectuadas
por un medio de comunicación en la web, se estableció que la regulación interna
del Estado demandado no incluía garantías para los periodistas que usan
información tomada de Internet y declaró la violación del artículo 10 del
Convenio. Así se destacó la importancia de la Internet y su control.
“Internet es una herramienta de información y de comunicación que
se distingue particularmente de la prensa escrita, principalmente en cuanto a
su capacidad para almacenar y difundir información. Esta red electrónica, que
comunica a millones de usuarios por todo el mundo, no está y posiblemente nunca
estará sometida a las mismas reglas ni al mismo control que la prensa escrita,
pues hace posible que la información sea accesible a millones de usuarios
durante un tiempo indefinido. El riesgo de provocar daños en el ejercicio y
goce de los derechos humanos y las libertades, particularmente el derecho al
respeto de la vida privada, que representa el contenido y las comunicaciones en
Internet, es sin duda mayor que el que supone la prensa escrita y requiere de
medidas que se adapten a su naturaleza variable y de constante desarrollo, a
fin de garantizar de mejor manera la protección de los derechos en juego.”[154]
En otra oportunidad, en sentencia del 9 de marzo de 2017 (Pihl
v. Sweden), dicho Tribunal indicó que las plataformas no son responsables
por el contenido generado por terceros. Determinó que al evaluar casos que
contraponen la libertad de expresión y el derecho al buen nombre, es necesario
evaluar distintos factores como: (i) el contexto de los comentarios, (ii) las
medidas tomadas por la compañía para contrarrestar la publicación de
comentarios difamatorios (prevenir y remover); (iii) la responsabilidad de los
emisores originarios del contenido como alternativa a la responsabilidad de los
intermediarios; y, (iv) las consecuencias de los procedimientos internos para
la compañía.
Posteriormente, en decisión del 7 de noviembre de 2017 (Einarsson
v. Iceland), el Tribunal Europeo hizo alusión a: (i) el grado de relevancia
pública del afectado (blogger conocido domésticamente en este caso) antes y
después de la publicación cuestionada, constatando que previo a ello era un
sujeto con mucha visibilidad pública; (ii) se trata de un asunto de interés
público cuando se trata de un personaje público y la comisión de un delito; y,
(iii) el texto que acompañaba la imagen debe ser valorado como información o
como una opinión. En este sentido indicó que el texto aislado puede ser
evaluado como información, pero contextualmente tomado es una opinión (es
decir, junto con la imagen); (iv) la opinión estudiada -texto- debe basarse en
hechos verificables y objetivos; (v) incluso las personas públicas no tienen
que tolerar ser acusados públicamente de actos delictivos violentos sin que
tales actos estén respaldados por hechos.
99.  Asimismo, existen pronunciamientos de altas
cortes nacionales a las que conviene hacer referencia, a efectos de dar un
contexto más amplio en relación con la libertad de expresión en el uso de las
plataformas digitales.
100.      En primer lugar, la Corte Suprema del Reino
Unido en sentencia del 3 de abril de 2019 (Stocker v. Stocker), estableció
las reglas de técnica de resolución de casos de difamación online acorde con
los estándares internacionales. Al respecto indicó:
i)
La autoridad judicial debe alejarse de un
análisis meramente legal y, en su lugar, evaluar el caso como si se tratara de
un lector típico o común.
ii)
Atender las características propias de la red
social, esto es: a) reconocer la naturaleza única de la comunicación en las
redes sociales, que se caracteriza por el consumo rápido y por ello sus
usuarios a veces no analizan, pausan o reflexionan sobre los comentarios que
publican y leen[155]; b) el análisis
del significado de una publicación presuntamente difamatoria en redes sociales,
debe responder a las características de la red social[156];
y c) cuando se evalúa el impacto de una publicación se deben tener en cuenta
las características de la red social donde se hace la publicación[157].
iii)    El juez debe hacer un análisis de contexto para determinar si
hay o no difamación.
101.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación Argentina en fallo adoptado el 28 de octubre de 2014 (Rodríguez,
María Belén contra Google Inc. y otros), explicó que correspondía encuadrar la eventual
responsabilidad de los llamados “motores de búsqueda” (como Google y
Yahoo) en el ámbito de la responsabilidad subjetiva. Coligió que: “no
corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los ‘motores de búsqueda’ de acuerdo
a las normas que establecen una responsabilidad objetiva, desinteresada de la
idea de culpa. Corresponde hacerlo, en cambio, a la luz de la responsabilidad
subjetiva”. Ello por cuanto los “buscadores no tienen una obligación
general de monitorear (supervisar, vigilar) los  contenidos  que se suben a la
red y que son proveídos por los responsables de cada una de las páginas web. Y,
sobre esa base, se concluye en que los ‘buscadores’ son, en principio,
irresponsables por esos contenidos que no han creado”.
102.
La Alta Corte de Nueva Delhi, India en
fallo de 25 de septiembre de 2017 (Chadha v. State) advirtió
sobre la importancia de definir si “compartir” un contenido (retweet/
repost) equivale a una nueva publicación y conlleva así a un nuevo origen de responsabilidad.
Para tal fin indicó que esto debe ser definido según las circunstancias del
caso y que esto se debe discutir únicamente en sede judicial.
Derechos en tensión frente a la
libertad de expresión -honra y buen nombre-
103.      A pesar de la protección reforzada de la libertad de expresión, en
algunos casos de colisión con otros derechos como la honra y el buen nombre, puede
limitarse su ejercicio, en razón a que todo individuo, sin importar su
condición, ha de contar con un núcleo irreductible de protección.
Sobre la honra y el buen nombre
104.      En efecto, el
artículo 15 superior establece que “todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y
hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento
y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas
en la Constitución. (...)”.
Por
su parte, el derecho a la honra se deriva como fin esencial del Estado conforme
al artículo 2º constitucional[158] y fue regulado en el artículo 21 ejusdem
que prescribe: “Se garantiza el derecho a la honra. La ley
señalará la forma de su protección”.
105.      La honra ha sido reconocida por este Tribunal como la
estimación o deferencia con que cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad, en razón a su dignidad humana[159],
de manera que se erige como “derecho
que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor
intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la
colectividad”[160].
De conformidad con su alcance, este derecho resulta vulnerado cuando
se expresan opiniones que producen daño moral tangible a su titular[161], en
razón a que “no todo concepto o expresión mortificante para el amor propio
puede ser considerada como imputación deshonrosa’, puesto que para ser
visualizadas como tales, las afirmaciones que se expresen deben tener la
virtualidad de ‘generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad
no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al
ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica
pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del
margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho”[162].
106.      El derecho al buen nombre ha sido entendido como la
reputación o la imagen que de una persona tienen los demás miembros de la
comunidad y, además, constituye el derecho a que no se presenten expresiones
ofensivas, oprobiosas, denigrantes, falsas o tendenciosas que generen
detrimento de su buen crédito o la pérdida del respeto de su imagen personal.
De otro lado, la  Corte ha explicado que guarda una relación de
interdependencia material con el derecho a la honra, de manera que la
afectación de uno de ellos, generalmente concibe vulneración del otro.
Su desconocimiento se presenta cuando se difunde información falsa
o errónea, o se afecta la reputación o el concepto de una persona como
consecuencia de expresiones ofensivas o injuriosas, lo que conlleva
adicionalmente la transgresión de su dignidad humana[163].
107.      La titularidad de este derecho también ha sido
reconocida a las personas jurídicas. En sede de control abstracto este Tribunal
ha determinado que “los derechos a la honra y al buen nombre también son
predicables de las personas jurídicas, pero con un ámbito mucho más restringido
que el que se predica de los individuos. Esto debido a que dichos entes pueden
ver afectada su reputación o prestigio, el cual si bien no tiene la misma
naturaleza subjetiva del derecho fundamental de los individuos, sí es un bien
jurídico susceptible de ser protegido, esencialmente desde un punto de vista
patrimonial”[164].
En tal sentido, según la jurisprudencia la
referida protección recae sobre el denominado “good will”, esto es,
“el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente”[165].
Al respecto, se ha decantado que “en la medida en que las personas jurídicas
no pueden ser declaradas penalmente responsables, esto también excluye que sean
consideradas como víctimas en el caso de afectación a su honra y al buen
nombre.  Esto, por supuesto, sin perjuicio de la justiciabilidad del daño
a la reputación de las personas jurídicas, la cual puede ser lograda por otros
medios diferentes a la responsabilidad penal”[166].
Si bien la
Corte ha señalado que a las personas jurídicas se les excluye la posibilidad de
reclamar penalmente las afectaciones a los derechos a la honra y al buen nombre[167], ello no es óbice para que su justiciabilidad se
logre por medios judiciales diferentes (supra f.j. 68).
Avances legislativos en relación con la tensión
de derechos en Internet
108.
La preocupación en el uso adecuado de las redes sociales ha
llevado incluso al legislador a plantear un uso adecuado de las mismas, es así
como recientemente se presentó el proyecto de ley 179 de 2018 – Senado,
el cual fue archivado el 3 de abril de 2019.
109.      Posteriormente, el 20 de agosto de 2019
fue radicado el proyecto de ley 176 de 2019 – Cámara, con la finalidad de “establecer
parámetros y procedimientos generales del uso de las redes sociales en internet
que permitan proteger a los usuarios frente a conductas lesivas o
potencialmente peligrosas resultado de la extralimitación o uso inadecuado de
las redes sociales virtuales”. Esta iniciativa propone establecer un
mecanismo de control parcial sobre la red sin llegar a menoscabar la libertad
de expresión, permitiendo brindar inmediatez y simplicidad ante conductas
inapropiadas, sin recurrir a un proceso y un órgano ajeno a la comunidad
virtual.
En su justificación refirió: “¿Hasta dónde la expresión: ‘solo
es un chiste’,   puede amparar  la libertad de expresión en internet? De
acuerdo con la doctora Susan Benesch, fundadora del proyecto Dangerous Speech y
académica, se debe encontrar métodos para disminuir los mensajes incendiarios
en la red. Benesch, pionera en evaluar la peligrosidad de los discursos en las
redes sociales desde la Universidad de Harvard, asegura que limitar estos
mensajes ‘es tarea de todos’ y apela a la responsabilidad social para
‘educarnos entre comunidades y grupos’ ante lo degradante o intimidatorio,
Benesch, que ha colaborado con Twitter y Facebook investigando casos en estas
redes, ha analizado en qué momento estos mensajes se convierten en peligrosos,
en contenidos que tienen una posibilidad razonable de amplificar la violencia
de un grupo hacia otro.”
Además, se soportó en que “el empleo de la libertad de
expresión en internet en colegios, universidades y en cualquier contexto,
incluso en el laboral, con el objetivo de agredir a una persona de manera
sistemática se le conoce como cibermatoneo, en Colombia el 30 % de los usuarios
en internet han sido intimidados de alguna u otra forma a través de las redes
sociales. El 66 % de los padres de familia reconoció que no considera que su
hijo esté seguro mientras navega en la red.”
El
proyecto compuesto por 20 artículos se enfoca principalmente en las siguientes
temáticas: i) objeto, ámbito de aplicación y definiciones; ii) principios
rectores; iii) prohibiciones, obligaciones y deberes; iv) derechos de los
niños, niñas y adolescentes; y v) medios de vigilancia y sanción. Puntualmente,
sobre este último aspecto determina la posibilidad de adelantar un proceso
administrativo sancionador e imponer multas hasta de 100 smlmv a usuarios o
administradores responsables, así como la cancelación o suspensión de la
correspondiente página electrónica o perfil en las plataformas.
De igual forma, incorpora la necesidad de impartir una catedra en
todas las instituciones educativas del país, para estudiantes de primaria y
secundaria, sobre el buen uso de las redes sociales, en áreas del conocimiento
como tecnología, informática, educación ética y en valores humanos.
Límites a la
libertad de expresión en Internet a partir de la eventual afectación de
derechos de terceros -juicio de ponderación-
110.      Ante el escenario que se ha venido desarrollando
conviene reiterar las siguientes subreglas que deben irradiar cualquier
ejercicio de armonización  cuando se encuentra en juego la libertad de
expresión: (i) toda expresión está
amparada prima facie por el derecho a la libertad de expresión; (ii) en
los eventos de colisión del derecho a la libertad de
expresión con otros derechos fundamentales, en principio, aquél prevalece sobre
los demás; (iii) cualquier limitación de una autoridad pública al derecho a la
libertad de expresión se presume inconstitucional, y por tanto debe ser
sometida a un control constitucional estricto; (iv) cualquier acto de censura
previa, por parte de las autoridades es una violación del derecho a la libertad
de expresión, sin que ello admita prueba en contrario[168].
111.      Sin embargo, como se ha expuesto, el ejercicio de
la libertad de expresión puede comprometer la honra y el buen nombre de otros individuos.
De tal manera, en aras de establecer si una afirmación, opinión o crítica
desconoce los referidos derechos, se debe analizar si ella constituye una
afectación injustificada de su ámbito de protección. Lo anterior, teniendo en
cuenta que no todas las manifestaciones pueden calificarse como vulneradoras de
los derechos fundamentales, en la medida en que parten de la apreciación
subjetiva de quien recibe la agresión. Para la Corte, no toda afirmación que
suponga poco aprecio, estimación, disminución de la reputación o algún
menoscabo en la dignidad ha de entenderse como suficiente para ser calificada
como una violación de los derechos a la honra y al buen nombre.
Por tanto, deben ser expresiones capaces de
denigrar a una persona, para lo cual es necesario determinar cuándo se afecta
la honra y el buen nombre. Sobre el particular, a partir de lo consagrado en el
13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte IDH ha
permitido restricciones a la libertad de expresión bajo las siguientes
premisas:
“120.
Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un
derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo
señala el artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la
Convención Americana, en su artículo 13.2, prevé la posibilidad de establecer
restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la
aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este
derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo
estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y
convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder
determinar responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres
requisitos, a saber: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben
estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás,
o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral
pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática.
121.
Respecto de estos requisitos la Corte señaló que:
la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la
libertad de expresión fundadas sobre el artículo 13.2 de la Convención
Americana, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público
imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse
aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. Dado este estándar,
no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un propósito
útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones
deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia,
preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que
el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el
derecho proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción debe ser
proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de
ese legítimo objetivo.” [169]
Conforme a lo anotado, este test tripartito supone que: i) las
limitaciones deben estar previstas legalmente, ii) deben dirigirse a proteger
los derechos de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud o
la moral pública, y iii) deben ser idóneas, necesarias y estrictamente
proporcionadas a la finalidad perseguida, para lograr el objetivo imperioso que
se invoque para justificar la restricción. También ha hecho referencia que aquellas deben surgir con
posterioridad, lo que implica la imposibilidad de imponer censuras previas.
112.      En tal contexto, siguiendo la jurisprudencia constitucional colombiana y la
adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es indispensable
establecer si, con fundamento en el principio de proporcionalidad, las razones
invocadas por en un caso concreto tienen el peso suficiente para justificar una
interferencia en el ámbito de protección de la libertad de expresión.
Dicho de otro modo, la Corte debe emprender un examen de
proporcionalidad que tiene por objeto establecer si la pretendida restricción a
la libertad protegida por el artículo 20 de la Carta, se encuentra justificada
desde una perspectiva constitucional. Esta Corporación ha considerado que este
juicio puede materializarse con diversas intensidades -leve, intermedio y estricto, a saber:
“El escrutinio débil
o suave en el juicio integrado de igualdad está dirigido a verificar que la
actividad legislativa se ejerza dentro del marco de razonabilidad y que, por
ende, no se adopten decisiones arbitrarias o caprichosas. Así, para que una
norma sea declarada constitucional, la medida que trae un trato diferente debe
ser potencialmente adecuada para alcanzar una finalidad que no esté prohibida
constitucionalmente.
Por lo tanto, en este tipo de juicio
el ejercicio de la Corte se dirige a establecer si la finalidad y el medio
utilizado no se encuentran prohibidos por la Constitución y si el medio es
idóneo o adecuado para alcanzar el fin propuesto.
Esta intensidad de escrutinio se usa
como regla general, debido a que existe, en principio, una presunción de
constitucionalidad de las normas expedidas por el Legislador. En la Sentencia
C-673 de 2001, esta Corporación recordó hipótesis en las que ha aplicado el
escrutinio de intensidad leve, como, por ejemplo, en casos relacionados (i) con
materias económicas y tributarias, (ii) con política internacional, (iii)
cuando está de por medio una competencia específica definida por la
Constitución en cabeza de un órgano constitucional, (iv) cuando se examina una
norma preconstitucional derogada que aún produce efectos y (v) cuando no se
aprecia, en principio, una amenaza para el derecho en cuestión.
Por otra parte, el escrutinio intermedio
ordena que el fin sea constitucionalmente importante y que el medio para
lograrlo sea efectivamente conducente. Además, se debe verificar que la medida
no sea evidentemente desproporcionada. Esta intensidad del juicio se aplica ‘1)
cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no
fundamental, o 2) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en
la afectación grave de la libre competencia’. Asimismo, se aplica en los casos
en que existen normas basadas en criterios sospechosos pero con el fin de
favorecer a grupos históricamente discriminados. Se trata de casos en los que
se establecen acciones afirmativas, tales como las medidas que utilizan un
criterio de género o raza para promover el acceso de la mujer a la política o
de las minorías étnicas a la educación superior.
Por último, el escrutinio estricto
o fuerte evalúa (i) si el fin perseguido por la norma es imperioso; (ii) si el
medio escogido, además de ser efectivamente conducente, es necesario, esto es,
si no puede ser reemplazado por otros menos lesivos para los derechos de los
sujetos pasivos de la norma; y, por último, (iii) si los beneficios de adoptar
la medida exceden o no las restricciones impuestas sobre otros valores o
principios constitucionales; es decir, si la medida es proporcional en sentido
estricto.
Esta modalidad de escrutinio se aplica
a hipótesis en las que la misma Constitución señala mandatos específicos de
igualdad, lo que se traduce en una menor libertad de configuración del
Legislador y, por consiguiente, en un juicio de constitucionalidad más
riguroso. De esta forma, la Corte Constitucional ha aplicado el escrutinio
estricto o fuerte cuando la medida (i) contiene una clasificación sospechosa
como las enumeradas no taxativamente en el inciso 1° del artículo 13 de la
Constitución; (ii) afecta a personas en condiciones de debilidad manifiesta o
grupos discriminados o marginados; (iii) en principio, impacta gravemente un
derecho fundamental; o (iv) crea un privilegio.” [170]
113.      En el asunto bajo examen es procedente la aplicación de un juicio
estricto, teniendo en cuenta que las restricciones al ejercicio de la libertad
de expresión impactan el goce efectivo de ese derecho fundamental[171]
que, además, tiene un papel preponderante en el estado democrático.
Entonces,
considerando la significativa importancia de la libertad de expresión en una
sociedad pluralista y democrática, este Tribunal considera que solo será
admisible la restricción de su goce en aquellos casos en los que se pueda
demostrar (i) que la misma persigue un propósito constitucional imperioso, esto
es, urgente o inaplazable, (ii) que la restricción examinada resulta efectivamente
conducente y necesaria y (iii) que su grado de interferencia o afectación pueda
justificarse en el nivel de importancia que tiene la protección de los otros
intereses constitucionales en juego.
114.      Conforme a lo anterior, en todos los casos en los que a un juez de
tutela se le proponga analizar la tensión entre los derechos a la libertad de
expresión y la honra y buen nombre, cuando la pretensión sea retirar una
publicación en una red social, deberá, a efectos de realizar la ponderación,
tener en cuenta los siguientes criterios:
i) La dimensión o faceta de la libertad de expresión y el carácter
nuclear o axial para la vigencia de ese derecho y la materialización de sus
propósitos constitucionales.
ii) El grado de controversia sobre el carácter difamatorio o
calumnioso de la divulgación, pues a medida que se incrementa la incertidumbre
del mismo, se reducen las posibilidades de restringir la libertad de expresión
(menor peso del derecho al buen nombre y la honra).
iii) El nivel de impacto de la divulgación considerando: a) el
emisor del mensaje (servidor público, personaje público, particular y demás
desarrolladas por la jurisprudencia); b) el medio de difusión; c) el contenido
y d) el receptor.
iv)
La periodicidad de las publicaciones del emisor, pues cuanto mayor sea esta,
menor es el peso de la libertad de expresión e incrementa la afectación en el
buen nombre y la honra.
En
este espectro, para la Sala las afirmaciones
publicadas de manera reiterada e insistente por un sujeto en relación con otro,
donde se percibe un uso desproporcionado de la libertad de expresión dada la
repetitividad, sistematicidad y perduración de las publicaciones vejatorias,
constituyen una situación de persecución o acoso que afrentan concretamente el
derecho a vivir sin humillaciones reconocido por la
jurisprudencia como parte integral de la dignidad humana[172].
Los actores en Internet, su autorregulación y régimen de
responsabilidad
115.
Los actores en el uso de las nuevas tecnologías se pueden clasificar en  usuarios e
intermediarios de Internet.
Los usuarios en las
nuevas tecnologías y el anonimato
116.
Los usuarios se pueden
clasificar en identificables o anónimos, dado que su interacción
normalmente se da a través de perfiles. Los perfiles identificables son usados
por personas que tienen un amplio reconocimiento social (políticos, actores,
cantantes, deportistas, entre otros), normalmente certificados por las propias
plataformas, y aquellos propios de las personas que no cuentan con estas
especiales características.
117.      Por su parte, el anonimato es un elemento esencial del derecho a
la libertad de expresión. Es así como la posibilidad de difundir contenidos de
manera anónima implica que la protección debe hacerse extensiva a las
tecnologías que posibilitan esa acción, como la encriptación. La garantía de
escoger la forma en la que un individuo se expresa incluye el uso de las
herramientas que implementan ese derecho.
El
anonimato y los pseudónimos en la red surgen como una necesidad de
contrarrestar el uso invasivo que efectuaban algunas compañías dentro de la
web, o incluso gobiernos, sobre la información de los usuarios[173]. En consecuencia, el anonimato y el uso específico de nombres
falsos se han convertido en una opción para esconder la identidad de los
usuarios, para navegar en la red y hacer uso de los diversos servicios que
ofrece internet.
Cabe
resaltar que la Relatoría Especial de las Naciones Unidas ha indicado que los
Estados tienen la obligación internacional de abstenerse de restringir arbitrariamente
el anonimato, por su rol central para promover la privacidad, la libertad de
expresión, la responsabilidad política, la participación pública y el debate.
En el mismo sentido, se manifestó la Sociedad Interamericana de Prensa en la
Declaración de Salta sobre los Principios de Libertad de Expresión en la Era
Digital.
118.      Ahora bien, la posibilidad de ejercer a libertad de manera anónima
puede llevar a la materialización de conductas contrarias al ordenamiento
constitucional a partir del abuso de este derecho. Por
tanto, a pesar de que el anonimato de una publicación garantiza la libertad de
expresión y la privacidad de la identidad del autor, también lo es que este
derecho no es absoluto y admite restricciones, así cuando dicha manifestación
conculca las garantías de otras personas es menester la intervención del juez
constitucional a fin de lograr que se conjure la vulneración alegada, de
encontrarse probada. De lo contrario, sería admitir que la libertad de
expresión no comporta límites cuando la misma se ejerce por un autor con
identidad desconocida y ello claramente afrenta el orden constitucional vigente[174].
Los intermediarios en el
uso de las nuevas tecnologías
119.      Los intermediarios en Internet son actores, en la mayoría de los
casos privados, que de una u otra forma determinan y posibilitan las
interacciones en línea. Existen distintos tipos de clasificaciones, pero en
términos generales se dividen entre aquellos que suministran la conexión o un
servicio técnico relacionado, y aquellos que alojan contenidos o prestan un
servicio[175].
Entre ellos se encuentran
las plataformas digitales, las cuales tienen un rol dual[176]: i)
pasivo facilitando el proceso de transmisión y difusión de un contenido
más no toman decisiones sobre la difusión, es decir, “dan acceso,
alojamiento transmisión e indexación a contenidos, producto y servicios, que se
originan en terceros”, escenario donde facilitan la libertad de expresión;
y ii) activo en la medida que pueden adoptar un modelo de negocios
basado en datos, lo que implica que “a partir de la recolección y análisis
descriptivo y prescriptivo de los datos de sus usuarios, las compañías como
Facebook y Google formulan ‘modelos de negocios que confían en los datos como
un recurso clave’ para extraer valor económico social”.
120.      Ahora bien, en
materia de protección del derecho a la honra y buen nombre ante afirmaciones
publicadas en sitios web identificables mediante buscadores de Internet, la
Corte Constitucional ha distinguido la condición del responsable de la
vulneración, es decir, el autor material de las aseveraciones en cuestión,
frente a la situación de la plataforma que sirve de medio para su difusión.
Responsabilidad
de intermediarios
121.      De cara a este contexto, la Corte Constitucional ha referido que
los intermediaros de Internet no son responsables por el contenido que publican
sus usuarios, ya que establecer esta responsabilidad llevaría a limitar la
difusión de ideas y les daría el poder para regular el flujo de información en
la red[177], en consecuencia, la responsabilidad es de quien directamente usa
las expresiones ofensivas o calumniadoras.
122.      Igualmente se ha determinado que restringir contenidos catalogados
prima facie como violatorios del buen nombre y la honra, conduciría a
sacrificar injustificadamente la libertad de expresar ideas y pensamientos,
pues se estaría avalando la restricción del tráfico de contenidos, sin
considerar la veracidad que pudiera caracterizar los hechos objeto de
divulgación y desatiende el papel que la información cumple el grupo social en
algunos ámbitos[178].
123.
A pesar de que estas plataformas no son las llamadas a responder
por el contenido que publican sus usuarios, en caso de que una autoridad
judicial encuentre que un contenido atenta contra los derechos fundamentales de
una persona, puede ordenar su remoción directamente a los intermediaros de
Internet, en orden a generar una garantía efectiva de las prerrogativas de la
persona afectada, porque el infractor no quiere o no puede cumplir con lo
ordenado por un juez.
Por
ello, en todos los casos, el deber primigenio del fallador es buscar la
notificación del autor de la publicación; sin embargo, ante la imposibilidad de
hacerlo concurrir al proceso es el administrador de la plataforma web quien,
pese a no ostentar una obligación primaria respecto del
derecho que se encuentra en discusión, debe comparecer al trámite puesto que
eventualmente tendría que ejecutar la parte resolutiva de la tutela. Lo anterior debido a que
la falta de comparecencia del creador de la publicación no puede servir como
excusa para que la violación alegada se prolongue indefinidamente en el tiempo
y, en esos términos, no solo se justifica sino que es necesaria la intervención
del juez constitucional en aras de lograr el restablecimiento del derecho
afectado.
En
efecto, la plataforma cibernética
en la cual se encuentran alojadas las publicaciones mendaces debe concurrir al
trámite judicial en calidad de tercero, pues es el único sujeto que tiene la
posibilidad de materializar una eventual orden emitida mediante la sentencia de
amparo de cara a hacer cesar el hecho vulnerador. Lo anterior no implica que se
condene al administrador del portal web como responsable directo de la
violación alegada, pues este Tribunal reitera que, estas plataformas no tienen
control sobre el contenido de las publicaciones efectuadas por los usuarios y,
por tanto, no se les debe atribuir responsabilidad directa sobre el mensaje
ofensivo difundido en sus herramientas tecnológicas.
No obstante, con la finalidad de
lograr la efectividad del amparo que se pide, esta Corporación considera que la
plataforma es el medio idóneo para el restablecimiento del derecho, ya que a
pesar de no tener la posibilidad de retractarse, si puede retirar las
afirmaciones vejatorias de la herramienta virtual en la que están publicadas,
siempre que medie una decisión judicial para tal efecto. Esa decisión podría
incluso ser una medida provisional o cautelar, en uso del art. 7 del Decreto 2591
de 1991.
124.      Solo bajo este panorama
es viable impartir una orden por parte del juez constitucional en el caso a caso, quedando proscritas todo tipo de disposiciones
tendientes a efectuar un bloqueo y retiro general de contenido que, si bien han
sido opciones validas en la jurisprudencia comparada, ante el ordenamiento
constitucional colombiano constituyen actos evidentes de censura en la web
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 20 superior y las garantías
reconocidas en las directrices emitidas en por la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH[179].
Si
bien las páginas que proveen herramientas para facilitar las publicaciones electrónicas no son los
responsables de la infracción de los derechos a la honra o al buen nombre de
las personas, al tener la única posibilidad de retirar el contenido vejatorio
difundido en sus portales y, por tanto, ser los únicos actores con capacidad de
detener el hecho vulneratorio mediante la eliminación de la publicación que
perturbe los derechos fundamentales de una persona, en su calidad de
administradores de la plataforma, son susceptibles de ser vinculados al proceso
y destinatarios de una orden de amparo que pretenda la cesación del hecho
constitutivo de transgresión invocada.
125.      Aunado a ello, la jurisprudencia también ha afirmado que los motores de
búsqueda no cuentan con responsabilidad alguna en estos casos, empero también ha aclarado que
en asuntos con otras especificidades fácticas sí se pueden conculcar los
derechos fundamentales por la información que indexan, buscadores como Google[180].
126.
Así, la Corte concluye que: (i) la libertad de expresión, como garantía fundamental de
cualquier sociedad democrática, adquiere una especial garantía en el entorno
digital, al brindar un acceso simple y rápido a un amplio número de personas;
(ii) la restricción a este derecho se puede dar cuando se concluye una
flagrante vulneración a los derechos a la honra, buen nombre e intimidad como
resultado de un ejercicio de ponderación de derechos; (iii) los intermediarios
de internet cuentan con un proceso de auto control, el cual no escapa de la
intervención judicial; (iv) las plataformas no pueden censurar de manera previa
el contenido introducido por sus usuarios; (v) la responsabilidad por
afectación de un derecho está en cabeza de quien hace una publicación; y (vi)
si bien el intermediario no es el responsable de la afectación a la honra o
buen nombre, debe proceder a retirar el contenido cuando quiera que un juez
decida que la información debe ser excluida de la esfera pública.
Carencia actual de objeto
por hecho superado
127.      El constituyente de
1991 estatuyó la acción de tutela como el mecanismo idóneo y adecuado para
reclamar el amparo de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por
autoridades públicas o particulares; de tal forma, el ciudadano puede acudir a
la administración de justicia en busca de la protección efectiva de sus
derechos, frente a lo cual corresponde al juez constitucional impartir una
orden dirigida a conjurar la trasgresión o que cese la prolongación de sus
efectos en el tiempo[181].
Sin embargo, en caso de que
el juez de tutela advierta que las situaciones que dieron lugar a la petición
de amparo han desaparecido al momento de decidir, se configura el fenómeno
denominado carencia actual de objeto, el cual puede presentarse por hecho
superado, daño consumado o hecho sobreviniente.
128.      En el primero de
estos eventos – hecho superado – los fundamentos de hecho que originaron la
violación del derecho desaparecen, por lo cual se hace inocuo el
pronunciamiento del juez constitucional. En esa medida, “el objeto jurídico
de la acción de tutela, cesa, desaparece o se supera por causa de la reparación
del derecho vulnerado o amenazado, impidiendo que el juez de tutela entre a
emitir una orden respecto de la situación fáctica que impulsó la interposición
de la acción de tutela”[182].
En efecto, este Tribunal ha considerado que ante tal situación no
se debe declarar la improcedencia de la acción, como quiera que la Corte puede
examinar el asunto a fin de determinar la efectiva ocurrencia de la vulneración
de los derechos, con fundamento en la función de pedagogía constitucional que
lleva inmersa toda sentencia de tutela. De esa forma, se ha considerado que el
estudio de fondo debe adelantarse “sobre todo si considera
que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso
estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta
ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la
demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es,
que se demuestre el hecho superado”[183].
En todo caso, al proceder con dicho análisis, no se deben impartir
órdenes concretas para la solución del mismo atendiendo que serían ineficaces
ya que durante el trámite de la acción constitucional se conjuró materialmente
la amenaza o infracción de las garantías superiores del actor, sin perjuicio de
lo cual puede revocarse la decisión de instancia[184].
129.      En suma, esta Corporación ha reiterado que a pesar a la
constatación de la carencia actual de objeto el juez no se encuentra eximido de
realizar el análisis de fondo del asunto, pues debe verificar
si hubo infracción de los derechos fundamentales y, si en efecto, ocurrió el
fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto, pudiendo revocar la decisión
que así lo declara (cuando se evidencie que la vulneración persiste) o incluso
para prevenir a la autoridad o particular que infringió las garantías
superiores a fin de que en el futuro no se repita.
Casos concretos
Expediente T-5.771.452 (JWFC contra
Google LLC)
130.      En el caso sub examine el señor JWFC propietario del
establecimiento de comercio “MC” dirigió la acción de tutela contra Google Inc.
y Google Colombia Ltda., al estimar conculcados sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y a la honra, como
consecuencia de una publicación anónima en un blog de Internet de la plataforma
www.blogger.com -de propiedad de la compañía Google Inc.-, en la que se afirma
que la empresa y su propietario estafan a sus clientes. Señaló que tales
aseveraciones son falsas y que ni él ni la empresa que representa ha estafado a
ninguna persona, como tampoco cuentan con investigaciones en curso sobre el
particular. Según el actor en reiteradas oportunidades solicitó a los
accionados que se retirara el contenido difundido en su herramienta virtual,
sin obtener una respuesta satisfactoria al respecto porque no representa un
contenido inapropiado ni abiertamente ilegal acorde con las políticas de uso de
Google.
Por ello, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales y que, en consecuencia, se ordenara el retiro del documento en la
web por parte de Google LLC o su representante en Colombia.
131.      El Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá resolvió (i) negar el
amparo constitucional solicitado por el accionante, y (ii) desvincular de la
acción al MinTic. El fallador no encontró probada la responsabilidad de Google
LLC y Google Colombia Ltda. sobre la vulneración invocada por el demandante,
puesto que los accionados no tienen la obligación de rectificar, corregir o
eliminar la información divulgada por los usuarios, pues solo fungen como
procesadores de la herramienta virtual.
132.      En este caso la Sala logró establecer que el blog ubicado en la
dirección electrónica suministrada por la parte accionante, fue removido en los
siguientes términos: “Como
respuesta a un requerimiento legal enviado a Google, hemos eliminado este blog”[185].
Así,
esta Corporación advierte que el hecho que propició los requerimientos del
accionante, es decir, la difusión del blog cuyo contenido se estimaba
agraviante, se encuentra conjurada, toda vez que el presunto mensaje
difamatorio contenido en ese documento en la actualidad no se encuentra
publicado en el vínculo provisto por la plataforma blogger.com; de tal forma,
la situación que originó la presunta vulneración o amenaza de los derechos
invocados ha sido superada.
Por ende, como la eventual
orden a impartir resultaría inocua y la acción de tutela deja de ser el
instrumento idóneo ante la inexistencia de un objeto jurídico sobre el cual
proveer, la Sala declarará la ocurrencia del fenómeno jurídico de la carencia
actual de objeto por configurarse un hecho superado frente a la solicitud de
amparo de los derechos fundamentales del señor Fierro Caicedo y del
establecimiento de comercio “MC” y se revocará la decisión de instancia. Esto
teniendo en cuenta que en este específico caso no hubo una solicitud de
rectificación, además al tratarse de un perfil anónimo la misma resultaría
inoperante.
Expediente T-6.630.724 (SMAC contra
YRV, JMDD y APAN)
133.      Procedencia. En primer lugar, procede la
Sala a determinar la procedencia de la acción de tutela en el presente asunto,
previo a analizar el fondo de la infracción de los derechos invocados por la accionante.
134.      Legitimación por activa. SMAC
al actuar en nombre propio se encuentra legitimada para formular la solicitud
de amparo objeto de revisión e invocar la protección de sus derechos
fundamentales a la honra, intimidad y buen nombre,
susceptibles de ser protegidos vía acción de tutela.
135.      Legitimación por pasiva. La
petición de amparo se promovió en contra de YRV,
JMDD
y APAN, quienes publicaron o hicieron afirmaciones de cara a las
calidades personales y profesionales de la accionante en sus perfiles personales de Facebook.
En
este caso, es claro que las partes accionadas gozaban de un significativo
manejo sobre la publicación realizada, ya que en todos los casos correspondían
a sus perfiles personales, por lo que se presume que solo ellas lo controlaban.
En principio, estas situaciones no son susceptibles de ser
denunciadas dentro de la plataforma, conforme a sus normas internas, por lo
cual se cumple con este requisito.
136.      Inmediatez. Las
publicaciones se hicieron el 11 de septiembre de 2017 y la acción de tutela fue
interpuesta el 20 de septiembre siguiente. Como
se advierte, el espacio de tiempo trascurridos entre la divulgación de las
afirmaciones difamatorias y la interposición de la acción de tutela, no es
prolongado o desproporcionado, puesto que solo hubo 9 días de diferencia. En esos términos está cumplido este
presupuesto.
137.      Subsidiariedad. Tratándose de una petición
de amparo que involucra a personas naturales en ambos extremos de la litis,
corresponde verificar la relevancia constitucional del asunto para lo cual se
procederá a examinar: (i) el emisor del contenido, quién
comunica, (si se trata de un perfil anónimo o es una fuente identificable);
(ii) la calidad del sujeto afectado, esto es, si se trata de una persona
natural, jurídica o con relevancia pública, de qué o quién se comunica; (iii)
la carga difamatoria de las expresiones, donde se debe valorar (a) el contenido
del mensaje; (b) el medio o canal a través del cual se hace la afirmación; y
(c) el impacto de la misma; y (iv) las garantías fundamentales afectadas.
i)
Quién comunica. En cuanto al emisor del contenido, se
trata de tres personas naturales que se identificaron como víctimas de estafa
por parte de la accionante.
ii)
De quién se comunica. Por su parte, el sujeto
afectado corresponde a otra persona natural, lo que pone este caso en un plano
de relaciones horizontales.
iii)
Cómo se comunica. En cuanto al contenido del
mensaje como ya se explicó se refiere a la publicación de la imagen de la
accionante con el rótulo de estafadora, donde se indica: “Favor difundir es
una estafadora profesional y se mete a los clubes a robar a la gente, si eres
victima denuncie en el proceso grupal de la fiscalía” (sic)[186]; “Esta mujer se hace tu amigo por medio de clubes o de amigos
para engañar a la gente y estafarlos abusa de su confianza PILAS PILAS quienes
ya estén robados engañados estafados etc DENUNCIELA Y PUBLICA TU DENUNCIA” (sic)[187]; “Es una estafadora!! Les agradezco compartir esta
información!! URGENTE PARA QUE NADIE MAS SEA VÍCTIMA” (sic)[188]; “DENUNCIA!!! Si ha sido Victima por parte de este personaje,
denuncie bajo el consecutivo de investigación que está en curso en su contra,
bajo el N. 68-001-60-00160-2017-03162, fiscalía 4. No deje pasar tiempo, esta
mujer nunca responderá y seguirá dándole mil justificaciones del porque no se
ha efectuado la entrega de SU DINERO. Los 45 días hábiles no existen” (sic)[189].
Con
el fin de dar contexto a lo afirmado, se cita lo expuesto por las accionadas en
la diligencia de audiencia pública celebrada el 28 de febrero de 2019.
-
APAN, afirmó ser víctima de la señora SMAC, quien se ganó su confianza y amistad para luego ofrecerle un
negocio que parecía seguro, beneficiándose así de su inestabilidad emocional y
económica. Indicó que a raíz de lo anterior le entregó 3 millones de pesos a la
accionante, y posteriormente le dio 4 millones de pesos más, utilizando avances
de las tarjetas de crédito, dinero que fue consignado en una cuenta de ahorros.
Aclaró que por dichos avances pagó casi 12 millones de pesos a los bancos.
Puso
de presente que si bien no pudo instaurar la denuncia porque habían pasado los
términos para ello, existen otros procesos en contra de la accionante. Por esa
razón, manifestó que no se vulneró el derecho al buen nombre, por cuanto el
objetivo de la publicación era que todas las víctimas denunciaran y que se
hiciera justicia.
-
JMDD, calificó a la accionante como una estafadora y como una persona
con la capacidad de enredar a los demás. Indicó que primero le entregó 18
millones de pesos que fueron consignados en Western Union y luego le dio otro
dinero en efectivo. Sostuvo que realizó avances de las tarjetas de crédito
porque la accionante le dijo que se los devolvía a los ocho días, y afirmó que
a raíz de lo anterior ha pagado 25 millones de pesos a los bancos.  De otra
parte, comentó que ha atentado contra su vida a causa de dicha situación y de
los daños causados por la señora SMAC. Al
respecto, mencionó que en una época soñaba con agredirla, razón por la cual en
enero de 2018 fue remitida a la clínica para recibir tratamiento sicológico por
la depresión y la ansiedad posteriores al hecho.
Aunado
a lo expuesto, las accionadas en el trámite de tutela expusieron que en contra
de la accionante se han presentado distintas denuncias por los hechos
denunciados en la plataforma Facebook[190], donde ella misma no se ha hecho presente.
El
medio o canal a través del cual se hace la afirmación se dio a través de los
perfiles de Facebook de las accionantes, los cuales cuentan con 66 seguidores (YRV) y los demás perfiles no cuentan con un acceso abierto (APAN y JMDD).
A partir de lo expuesto, no
es posible apreciar el impacto significativo y profundo de las publicaciones en
orden determinar la necesidad de ordenar la retractación por parte de las
accionadas, pues tuvo su origen en relaciones interpersonales que han sido
llevadas a la justicia penal y se dieron en el marco de la prevención frente a terceros.
En
este escenario, la Sala Plena advierte que la acción de tutela se torna en
improcedente debido a que revisado el contexto de los hechos vulneratorios
endiglados, no se logra determinar la existencia de una relevancia
constitucional de naturaleza iusfundamental que haga imperioso un
pronunciamiento en esta sede y, por ende, las acciones penales y civiles
disponibles en el ordenamiento jurídico son idóneas y eficaces para atender
este reclamo. En esos términos, se confirmará la decisión de instancia por las
razones señaladas en esta providencia.
Expediente
T-6.633.352 (OJCA contra DEJM y JAFJ).
138.      Procedencia. Previo a un pronunciamiento
de fondo, la Sala corroborará la procedencia de la acción de tutela en el
presente asunto.
139.      Legitimación por activa. OJCA
al actuar en nombre propio se encuentra legitimado para formular la solicitud
de amparo objeto de revisión e invocar la protección de sus derechos fundamentales a la honra, intimidad y
buen nombre, susceptibles de ser protegidos vía acción de tutela.
140.      Legitimación por pasiva. La
petición de amparo se promovió en contra de DEM
y JAFJ, quienes publicaron o hicieron afirmaciones de cara a las calidades profesionales de la accionante en sus
perfiles personales de Facebook.
En
este caso, es claro que las partes accionadas gozaban de un significativo
manejo sobre la publicación realizada, ya que en todos los casos correspondían
a sus perfiles personales, por lo que se presume que solo ellas lo controlaban.
En principio, estas situaciones no son susceptibles de ser
denunciadas dentro de la plataforma, conforme a sus normas internas, por lo
cual se cumple con este requisito.
141.      Inmediatez. El análisis de este
presupuesto se adelantará de cara a la fecha en que se produjo la publicación
que se considera atentatoria de los derechos fundamentales invocados que data
de los días 26 de agosto, 8 y 27 de septiembre, y 2 y 3 de octubre de 2017 y la interposición de la acción de tutela que acaeció el 9 de octubre de 2017. Como se advierte, el
tiempo transcurrido es corto y razonable, por lo que la presente acción
satisface el requisito de inmediatez.
142.      Subsidiariedad. Tratándose de una petición
de amparo que involucra a personas naturales en ambos extremos de la litis,
corresponde verificar la relevancia constitucional del asunto para lo cual se
procederá a examinar: (i) el emisor del contenido, quién
comunica, (si se trata de un perfil anónimo o es una fuente identificable); (ii) la calidad del
sujeto afectado, esto es, si se trata de una persona natural, jurídica o con
relevancia pública, de qué o quién se comunica; (iii) la carga difamatoria de
las expresiones, donde se debe valorar (a) el contenido del mensaje; (b) el
medio o canal a través del cual se hace la afirmación; y (c) el impacto de la
misma; y (iv) las garantías fundamentales afectadas.
i)
Quién comunica. Se
trata de una persona particular, quien advirtió ser residente de uno de los
conjuntos residenciales que administra el señor OJCA.
ii)
De quién se comunica. El actor es una persona
natural desde el año 2013 y hasta la fecha de interposición de la acción
de tutela, ha ejercido el cargo de administrador de una copropiedad. Dentro de
las funciones asignadas están la contabilidad, la gerencia, la contratación, el
mantenimiento, la supervisión de la vigilancia, entre otras.
iii)
Cómo se comunica. La señora DEJM publicó en su
perfil personal de Facebook una foto del señor OJCA, en donde indicó:
“MUCHO
CUIDADO CON ESTE SUJETO, su nombre es [OJCA], es un LADRÓN de Unidades
Residenciales en la Ciudad de Medellín, Pilas, busca cómplices en los Concejos
de Administración de las Unidades Residenciales para desfalcar a los
copropietarios!!”; “No lo dejen entrar a administrar su edificio!!! MENTIROSO,
MARRULLERO Y LADRÓN!!” (sic)[191].
Esta publicación fue
replicada por el señor JAFJ el 27 de septiembre de 2017[192]. La
parte accionada explicó que “solo algunos familiares y amigos más allegados
(que conocen la problemática de primera mano) son los que han hecho comentarios
y referencias y tan solo a 7 personas les ha interesado el comentario”.
Aspecto que no fue rebatido por el actor.
En este contexto conviene
hacer alusión al impacto de las afirmaciones en procura de determinar si es
procedente limitar el ejercicio a la libertad de expresión. Al respecto,
encuentra la Corte que el comentario fue publicado por una sola vez y retirado
de la red, además no tuvo eco en la comunidad en que fue publicado, así es
indispensable destacar que no todo mensaje que se publica en internet tiene
impacto en el debate público y cuenta con la facultad de afectar los derechos
al buen nombre y honra del afectado, pues a pesar de ser un instrumento de
difusión masiva, no siempre este hecho termina por ocurrir.
Bajo estos lineamientos,
para la Sala el impacto del mensaje fue mínimo, por lo que no resulta
procedente el estudio de fondo de la presente acción de tutela debido a que no
se acredita la relevancia constitucional del asunto y, por tanto, el mismo debe
ser debatido ante la jurisdicción civil o penal. En consecuencia, se revocará
la decisión de instancia que negó el amparo deprecado y, en su lugar, se
declarará la improcedencia de la acción por los motivos expuestos en esta
providencia.
Expediente
T-6.683.135 (RMM contra RGRB)
143.      Procedencia. En primer lugar, procede la
Sala a determinar la procedencia de la acción de tutela en el presente asunto,
previo a analizar el fondo de la infracción de los derechos invocados
por la accionante.
144.      Legitimación por activa. En
igual sentido, el señor RMM quien actúa a través de apoderado judicial, cumple
con este presupuesto de acuerdo a lo establecido
en el artículo 10 del Decreto ley 2591 de 1991.
De cara a la situación de
Sayco conviene advertir que si bien no se identificó como accionante dentro de
la solicitud de amparo iniciada por RMM, y a pesar de que se podrían encontrar
afectados ciertos derechos fundamentales de esa entidad, lo cierto es que no
promovió bajo su propio nombre una pretensión de amparo constitucional en el
presente asunto y, por ende, no es procedente el estudio de la protección de
sus derechos en esta sede.
145.      Legitimación por pasiva. La
petición de amparo se promovió en contra de RGRB, quien hizo publicaciones de cara a las calidades personales y
profesionales del accionante en su perfil personal de Facebook y en su canal de
YouTube. De ahí, la parte accionada gozaba de un significativo manejo
sobre las publicaciones realizadas, ya que en todos
los casos correspondían a su perfil personal, por lo que se presume que solo el
señor RGRB lo controlaba. En principio, estas
situaciones no son susceptibles de ser denunciadas dentro de la plataforma,
conforme a sus normas internas, por lo cual se
cumple con este requisito.
146.      Inmediatez. Las
publicaciones vienen efectuando hace más de 7 años como lo señaló el actor en la audiencia pública, y en
concreto en el expediente hay documentos que datan de octubre de 2017 y que se continuaron haciendo durante el
trámite de tutela. En esos términos está cumplido este
presupuesto.
147.      Subsidiariedad. Teniendo en cuenta que la
petición de amparo que involucra a personas naturales en ambos extremos de la
litis, corresponde verificar la relevancia constitucional del asunto para lo
cual se procederá a examinar: (i) el emisor del
contenido, quién comunica, (si se trata de un perfil anónimo o es una fuente
identificable); (ii) la calidad del sujeto afectado, esto es, si se trata de
una persona natural, jurídica o con relevancia pública, de qué o quién se
comunica; (iii) la carga difamatoria de las expresiones, donde se debe valorar
(a) el contenido del mensaje; (b) el medio o canal a través del cual se hace la
afirmación; y (c) el impacto de la misma.
i) Quién
comunica. En cuanto al emisor del contenido, se trata de es un artista vallenato, que cuenta con
reconocimiento público y con mayor énfasis en la región en la que reside.
ii)
De quién se comunica. Por su parte, el sujeto
afectado corresponde a otra persona natural, que
además funge como miembro del consejo directivo de Sayco y Notario Primero del
Círculo de Santa Marta, lo que pone este caso en un
plano de relaciones horizontales.
iii) Cómo se comunica. En cuanto al contenido del
mensaje, se destaca lo expuesto por el accionante en la diligencia de
audiencia pública llevada a cabo el 28 de febrero de 2019, donde adujo que
lleva siete años siendo agredido y que a pesar de denunciar estos hechos no se
resuelve nada sobre el asunto. Explicó que como miembro de la Junta Directiva
de Sayco, consideró que no era procedente pagar la suma de dinero solicitada
por el señor RGRB, quien se desempeña como acordeonero, lo cual generó el odio
de parte del accionado. Resaltó que esta situación ha generado afectaciones en
su trabajo como Notario Público y en su vida familiar. Por último, destacó que
no tiene una sola investigación ni sanciones en su contra, razón por la cual
solicita la retractación.  También en posterior intervención el señor RMM,
refiriéndose a la multiplicidad de ataques en las redes sociales indicó:
“no respeta mi esposa, ni a mi hermano, ni nadie; mis hijas hoy
tienen 16 y 17 años, Honorables Magistrados, cuando ellas tenían 9 y 11 años,
llegaron alguna vez del colegio y me preguntaron: ‘Papi porque un señor canoso
de cabeza blanca y gordo, te dice corrupto y bandido?’, yo les confieso que en
La Guajira la idiosincrasia por abandono del Estado era que uno defendía su
honra por sus propias manos, gracias a Dios eso fue proscrito, pero quiero
decirles que cuando me levanto en las mañanas y veo a este señor por las redes
sociales, en esta actitud infame, me provocaba salir a buscarlo, es muy difícil
resistir siete (7) años Honorables Magistrados, con ese tema encima, y que
decir de mi afectación profesional, yo soy Notario Público, como ustedes saben,
el ingreso del funcionamiento de una Notaria depende del servicio que se
presta, y el principal insumo es la honra y la reputación del Notario como
establece la ley, que tal cuando me levanto temprano y veo a este señor en las
redes diciéndome ‘...Notario corrupto y bandido...’. No es justo Honorable
Magistrados, y después dice ‘delincuente’, desafiante, porque basado en la
presunción de que la Fiscalía se demora y ha tenido razón, porque hace siete
(7) años y no pasa nada, absolutamente nada”.
En principio y sin analizar más elementos del contexto, para la
Corte este asunto reviste relevancia constitucional debido a que las agresiones
han perdurado por un tiempo prolongado de tiempo, más de 7 años, lo cual
requiere un pronunciamiento de fondo de este Tribunal en aras de verificar la
posible vulneración de los derechos invocados por el actor, así como del
derecho a vivir sin humillaciones derivado de la dignidad humana. Aunado a
ello, el impacto de las publicaciones es mayor teniendo en cuenta la
connotación pública de ambas personas (emisor y receptor), el número de
seguidores de cada uno y la cantidad de reproducciones de cada publicación, que
se abordaran a continuación.
148.      En esos términos, procede la Sala con el estudio de fondo del
presente asunto, para lo cual es menester adelantar el juicio de ponderación de
derechos entre la libertad de expresión del señor RGRB y los derechos a la
honra y al buen nombre del señor RMM. Como se expuso en la parte motiva de esta
providencia correspondería revisar las calidades del emisor y el receptor del mensaje, así como el
medio de difusión, el contenido del mismo y la periodicidad en la publicación;
sin embargo, la Sala se concentrará en los dos últimos debido a que en el
anterior considerando se hizo alusión a las condiciones de las partes.
i)
Contenido del mensaje. El señor
RGRB en distintas oportunidades, previo a la interposición de la presente
acción de tutela, ha hecho publicaciones en sus cuentas de Facebook y YouTube
en el siguiente tenor:
“SEÑOR [RMM] ¿A USTED NO LE DA PENA QUE SE SEPA QUE ES UN RATERO?
(DENÚNCIEME) ¿CÓMO ANDA DE LOMOTIL Y DIAZEPÁN?”;
“SAYCO ES UN ANTRO DE CORRUPCIÓN: NI RECAUDA NI DISTRIBUYE COMO LO EXIGE LA LEY
Y LA DECISIÓN ANDINA. ROBA COMO LO ORDENA [RMM]”; “SEÑOR [RMM], ¿HASTA
CUÁNDO VA A SEGUIR CON SUS DELITOS? ¿HASTA CUÁNDO VA A SEGUIR ROBÁNDOLES A UNOS
SOCIOS SUS SAGRADOS DERECHOS DE AUTOR PARA REGALÁRSELOS A SUS AMIGOS? ¡Y NO SON
TRES PESOS! ¡SON MILLONES! ¡MISERABLE!”; “[RMM] ES UNA DESHONRA PARA SU
PROFESIÓN Y PARA EL NOTARIADO. LO RETO A UN DEBATE PARA PROBÁRSELO”;
“[RMM] y el resto de la administración de Sayco, en compañía de la DNDA,
conforman la MAFIA MÁS GRANDE DE COLOMBIA”; “IMPOSIBLE REUNIR A TANTOS
CORRUPTOS Y DELINCUENTES, COMO LOS QUE GIRAN ALREDEDOR DE [RMM] EN SAYCO.
(DENÚNCIENME)”; “LA ADMINISTRACIÓN DE SAYCO ES UN COMPENDIO DE RATEROS,
DELINCUENTES, CORRUPTOS (DENÚNCIENME)”; “Voy a demostrar que [RMM] y
otros de la administración son hampones. Parte de las pruebas me las dio la
Contraloría”[193].
El
11 de abril de 2019, en un video subido a la red social Facebook, indicó
“(…) comienza a ver uno la triste cruel y dura realidad de una
sociedad por dentro que fue hecha para cosas grandes nobles, como son el
recaudo y distribución de los sagrados derechos de autor, la convirtieron en
una mina de hacer dinero ilegalmente, de cogerse el dinero ilegalmente, eso se
llama robo.
(…) el pronunciamiento de la Corte Constitucional de estos días
fue una especie de fallo a mi favor, porque lo que peleaba [RMM] eran calumnia mías y ya se
dijo que no, él lo que tiene es que probar que los papeles muchos de hechos
oficiales que yo tengo son falsos y entonces sí se convierte en calumnia lo que
yo estoy diciendo, tiene que probar que en SAYCO no se distribuye a dedo que en
SAYCO se distribuye como dice la ley, en partes directamente proporcionales a
las sonadas reales, eso no existe en Sayco, si [RMM]
prueba eso, entonces sí soy un calumniador y entonces sí debo
retractarme, pero en este momento no me retracto de nada, absolutamente de
nada”
En
publicación escrita hecha en la misma fecha señaló: “SAYCO es un foco de
corrupción. OJO: Los funcionarios del gobierno no lo serán eternamente”; “La
administración de Sayco es una cloaca de inmundicia, ahí están los mayores
maleantes del país”; “El Consejo Directivo de SAYCO es una cueva de
ladrones... denúncienme ¡la Justicia en Colombia está podrida...”; “la
administración de Sayco es un compendio de rateros, delincuentes, corruptos...
(denúncienme)”; “SAYCO es un antro de corrupción: ni recauda ni
distribuye como lo exige la ley y la decisión andina. Roba como lo ordena [RMM]”; “no puedo entender que
alguien se atreva a escribir defendiendo la corrupción de Sayco”.
En video subido a su perfil
de Facebook (19 de marzo de 2019) afirmó: “yo
no espero que los corruptos de SAYCO me den plata no, aspiro que me paguen la
mía, la que me han robado por 35 años, eso sí es verdad y nadie me lo puede
impedir que yo la cobre, exija que me la paguen, apúntelo señor [RMM], que digo una mafia, usted
está en indefensión pruebe que no es una mafia, que nosotros sí tenemos las
pruebas que sí es una mafia de lo que hay, que hasta el momento esta
institucionalizada en Colombia, la corrupción más grande del país está en SAYCO”
En
un nuevo video aportado (12 de abril de 2019) manifestó: “los
que hemos sido robados atropellados, perseguidos, por un grupo de malandros,
rateros pícaros bandidos, denúncieme señor [RMM]
que es con usted y con los demás que tiene allí del Consejo
Directivo, denúncieme otra vez, y prepárese una camisa pa 'que el cuello haga
así en la Fiscalía”
Posteriormente el 15 de
abril de 2019 el señor RGRB, hizo la siguiente publicación en su perfil de
Facebook:
“EL SABOR DE UNA DECISIÓN. Este es un trago amargo. Llegar a la
conclusión de que la maldad, los demonios, la delincuencia, tienen la
colaboración, el apoyo de unas instituciones podridas, que las convierte en lo
mismo que la manada de DELINCUENTES que apoyan, es muy doloroso. Llegar a la
conclusión de que estamos en manos de unas personas sin moral, sin ética, sin
principios, inescrupulosas, vuelve mierda todas las ilusiones y esperanzas que
puede tener un ser humano. Eso es traición a la patria. Engañaron a millones de
colombianos que depositaron en ellos, con su voto, la esperanza de ver un país
diferente, la esperanza de darles a sus hijos un país justo, con posibilidades
de estudiar y vivir dignamente. Las luchas que vemos en el Congreso son como la
de los carteles, por ver quién queda con el manejo de la corrupción... Arruga
el alma. No hay ninguna diferencia moral entre unos y otros. ¿Cuál hay entre el
pasado gerente de Sayco y el actual? Que el primero está preso por un desfalco
de dos mil trescientos millones de pesos; solo eso. [RMM] debería estar preso
desde hace muchos años, pero bien dijo un día: "tengo la sartén por el
mango" ($$$$$$$$$): Ha tenido con qué comprar todas las conciencias que ha
necesitado para violar la Constitución, las leyes, las normas, los estatutos...
¡Todo! Se ha puesto de ruana todo lo que ha querido. Es el capo de una mafia;
creo que es el único caso en el mundo que alguien así se codea con Ministros;
les organiza fiestas suntuosas, con dinero robado a los socios de una sociedad
sagrada; regala el dinero de los mismos... Bueno, la decisión está tomada y la
voy a cumplir. Hay muchos felices por este motivo, aunque también son
innumerables los que me han escrito, expresándome su apoyo y lamentando mi
decisión. Lamento no complacerlos en su petición de que continúe en la lucha.
Es absurdo seguir en ella, cuando sabes que es inútil, porque, aunque tengo
cientos de pruebas, ellos tienen cientos de miles de millones, cuyos efectos
están ahí palpables: el apoyo del Gobierno y de los entes de control.
MONSTRUOSO. DEMONÍACO. Deseo suerte a los que van a continuar. Les pido por
favor que no me toquen más el tema. No estoy interesado.”
El mismo señor RGRB
después de la audiencia pública celebrada en relación con este asunto ha
remitido distintos documentos en donde se ratifica respecto de las afirmaciones
hechas en contra del señor RMM y Sayco. Igualmente envío  copia del derecho de
petición dirigido a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior,
la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Nacional de Derechos de
Autor, donde indicó:
Con mucho respeto les solicito no me envíen más números de
radicados: no los leeré; porque me parece irrespetuoso, seis años recibiéndolos
y [RMM] y el Consejo Directivo, la
mafia establecida con apoyo del gobierno y de los entes de control, inmunes a
la justicia, violando las leyes, estatutos, normas, desacatando fallos y
órdenes judiciales que son COSA JUZGADA, mejor dicho, pasándose todo por la
faja, y lo que es peor, pregonando que  él (UN DELINCUENTE) tiene toda la
protección que necesita. Caso único en el mundo. Para RECORD GUINNES. Me han
robado desde hace 38 años. y ME SIGUEN ROBANDO: tengo cómo probarlo; ante estas
palabras, por lo menos deberían citarme a mostrar las pruebas - que ya las
tienen -; el recaudo se hace GLOBALMENTE. ¡Tengo el documento de OSA que lo
certifica!
Reitero que esto lo digo con respeto, pero indignado. ¡Quién no lo
estaría si le están robando lo suyo descaradamente, y quienes deben evitarlo y
obligarlos a devolver lo ajeno, no lo hacen.
En otra oportunidad,
remitió correo electrónico en el que informó sobre una publicación en la red
social Facebook hecha desde un perfil identificado con el nombre de FEZJ, donde
se lee: “ES UN CRIMINAL, ASÍ MATÓ A LH, CUANDO LE ROBÓ EL ACORDEÓN. QUE LE
COLOQUE DENUNCIA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO PREMEDITADA”. Al respecto el
señor RGRB manifestó:
“MUY RESPETUOSAMENTE LES ESTOY ENVIANDO ESTA PUBLICACIÓN EN LAS
REDES.
DOCTORES, ¿HASTA DÓNDE VA A PERMITIR A ESTOS DEGENERADOS LO QUE
HACEN? ESTO LO PUBLICÓ UNO DE LOS QUE DEFIENDE AL NOTARIO CORRUPTO,
REFIRIÉNDOSE A MÍ. ¡YA ESTA PERMISIVIDAD TRASPASA TODOS LOS LÍMITES! ESO YA NO
ES LIBERTAD DE EXPRESIÓN...
Por lo que he estado viviendo, estoy casi seguro de que no va a
pasar nada al respecto.
Bueno, había algo que tuve aguantado, porque pensé que con todos
los hechos conocidos, finalmente un Gobierno que basó su campaña en EL QUE LA
HACE LA PAGA, iba a aplicarlo.
Esto no es amenaza. Es una información: En 15 días comienzo una
huelga de hambre en la que estarán invitados muchos medios.”
El 11 de mayo el
señor RGRB remitió copia de una nueva publicación hecha en sus redes sociales.
En concreto se lee:
ESTO NO ES MATONEO, (…): SON VERDADES.
LA ADMINISTRACIÓN DE SAYCO ES UNA CLOACA
…JAMÁS HA EXISTIDO TANTA INMUNDICIA, PORQUERÍA, ESTIÉRCOL, JUNTOS.
Ahora defino a las personas de la
administración: corruptos, bandidos, delincuentes, rateros, sinvergüenzas,
miserables, inhumanos, perversos, demonios, monstruos, agrupados para robarles
a los autores y compositores de Colombia; seleccionados con lupa.
¿Quién es capaz de decir que en Sayco se distribuye el recaudo
como lo ordena la Ley, proporcionalmente a las sonadas REALES de las canciones?
¿Quién es capaz de probar que las categorías de Sayco son legales?
¿Quién es capaz de demostrar que el Dr. Abelardo de la Espriella
no presentó una denuncia porque le falsificaron su firma para cometer un
ilícito?
¿Quién es capaz de demostrar que el Consejo Directivo no desacató
un fallo Judicial que es Cosa Juzgada, usando triquiñuelas del notario [RMM] en juzgados de Santa Marta,
y que todavía están en desacato?
¿Quién es capaz de probar que los anticipos de miles de millones
que han hecho a miembros del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia y
delegados regionales no son ilegales, y no hay cómo pagarlos y que, por ende,
son regalos?
¿Quién es capaz de probar que a Jairo Ruge no le hicieron una parranda
de CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS, a lo que le sumaron un regalo de VEINTE
MILLONES, todo de dinero de los socios?
RETO A QUE LO HAGAN EN UN DEBATE CON DOS DE NOSOTROS, EN LA
PRESIDENCIA, FISCALÍA, PROCURADURÍA, DNDA, CONTRALORÍA, CONGRESO. ¡CON PRUEBAS!
El 16 de mayo el
señor RGRB nuevamente remitió una publicación en
la que indicó:
“JR, AU, RMM, CONSEJOS DIRECTIVOS, DIRECTIVOS DE SAYCO, Y LA
DNDA, CREARON UN MONSTRUO QUE HOY TIENE VIDA…
Darle categoría a Sayco de MAFIA, no es metafórico; es literalmente
cierto. Sayco, como está hoy, es una cueva de asesinos en potencia.
En Sayco se organizó un grupo dispuesto a asesinar para defender
la vida de reyes que llevan, regalada por los organizadores del imperio de
corrupción que ya conocemos.
Esa es una cruda realidad, que crearon los seres más desalmados,
depravados, perversos, degenerados, bandoleros, corruptos, que existen en
Colombia.
Es fácil entender que unas personas incapaces de producir dinero y
que de la noche a la mañana se convierten en dueños de casas, carros, fincas,
negocios, sin hacer ningún esfuerzo, sino simplemente votando y reclutando
votantes, lo que hacen sin ningún esfuerzo, solo ofreciendo dinero que tienen a
su disposición para eso, hacen lo que sea para seguir con ese estilo de vida. A
eso hay que agregarle que fueron escogidos milimétricamente: gente sin
principios, para quienes la palabra DIOS, son cuatro letras inventadas para los
bobos.  De ahí precisamente, que cada día aumenta las amenazas, y los
escritos grotescos, bajos, vulgares, que demuestran la baja calaña de sus
autores, se muestran desvergonzadamente en las redes; son sus argumentos, sus
únicos argumentos.
Esto es producto de la Colombia que vivimos; una Colombia
putrefacta, dirigida por demonios. No decir el Gobierno, ni los entes de
control, una sola sílaba; “contestar” a nuestras denuncias, peticiones y quejas
SIEMPRE con el cuento de los Radicados, son solo una forma de aparecer como “no
enterados”. Otro elefante que nos tenemos que mamar.
Es triste sentirse en un país así… Arruga el alma, oprime,
angustia. Da ganas FÍSICAS de vomitar.
Dr. Duque, su imagen en el País no es buena; no se engañe con las
lisonjas de algunos que no se han percatado de la realidad: corrija el rumbo,
que lograría en gran parte con solo cumplir el eslogan de su campaña, EL QUE LA
HACE LA PAGA. Pase a la historia como el mejor Presidente. Colombia está metida
en un hueco cada vez más profundo, del que no va a salir con confiticos…
DR. DUQUE, ¿LE CUESTA MUCHO TRABAJO CREER QUE LA CORRUPCIÓN DE
SAYCO ES DE LAS MÁS GRANDES DEL PAÍS? ESTAMOS DISPUESTOS A COMPROBÁRSELO.
Reitero mi petición: Reunámonos con ellos y que se aclare esto de
una vez por todas. Cumpla con su deber.
SOMOS CIUDADANOS COLOMBIANOS; NO ANIMALES NI DESECHABLES.”
El 12 de mayo de 2019
realizó una nueva publicación esta vez dirigida a la DNDA en la que indicó:
“SE ME REVOLVIÓ EL [R] ¡NO JODA!
SEÑORES DE LA DNDA: ENVÍENME TAMBIÉN UN RADICADO POR ESTO:
CON RAZÓN DIJO LA CONTRALORÍA QUE ESE ES UN ENTE INOPERANTE.
YO LE AGREGO: ADEMÁS, SON CORRUPTÍSIMOS, COLABORADORES DE LA MAFIA
DE SAYCO, AYUDÁNDOLOS A ROBAR.
¡VAMOS! ¡ENVÍENME UN RADICADO Y DENÚNCIENME, PARA PROBAR LO QUE
DIGO!
AHÍ ESTÁN LAS RESOLUCIONES, QUE NO SIRVEN PARA UNA MIERDA. DESDE
HACE AÑOS HAN DEBIDO APLICAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. ¡IRRESPONSABLES!
¡DESVERGONZADOS!”
El 31 de mayo
siguiente realizó una nueva publicación dirigida al Presidente de la República
en donde señaló:
“DR. DUQUE, EL CASO DE LA JEP NO ES EL ÚNICO EN COLOMBIA. SÉ QUE HAY
QUE ATENDERLO. PERO ¿USTED ASPIRÓ A LA PRESIDENCIA SOLO PARA ESO? ¿SE
ESPECIALIZÓ EN JEP? ¿LO DEMÁS NO TIENE IMPORTANCIA?
EN SAYCO, SE ROBAN, POR LO MENOS, OCHENTA MIL MILLONES ANUALMENTE.
¿Los colombianos robados somos animales? Le exigimos que haga
cumplir la Constitución: El Estado debe proteger a los ciudadanos en su vida,
honra y bienes. Cada día que permanecen esos señores en la administración de
Sayco, es un día en que usted les está colaborando en sus delitos. Esa es una
realidad que no se puede negar. Hasta ahora, lo que han hecho es “chutarse el
balón” unos a otros. Presidencia, Ministerio del Interior, Procuraduría, DNDA.
La idea no es que inicien nuevas investigaciones. Ya esas se hicieron. Hay
hasta “sanciones” de la DNDA. La Contraloría manifestó en un documento que
emitió después de una auditoría, que ese ente de inspección, vigilancia y
control “piensa que esas sanciones curan y acaban los males”. Lo que los acaba
es LA CÁRCEL; en ella deberían estar hace mucho tiempo. Para ello no hay que
hacer referéndum; solo hay que cumplir las leyes. La conclusión a la que llegó
la Contraloría es supremamente GRAVE: Que la DNDA es INOPERANTE.
[RMM] y el Gerente en Japón, con dinero de los socios. ¿Sabrá la
Cisac lo que hacen esos bandoleros en Sayco? ¿Se atreverán estos a presentar
proyectos sobre CÓMO ROBAR A LOS SOCIOS EN UNA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA?
Sería bueno que la Superintendencia de Notariado y Registro dijera
si ese viaje de [RMM] no es sobre manejo de negocios ajenos. Igualmente,
cómo consiguió un permiso por varios días, para tratar asuntos no notariales
sino de Sayco. Ya nos estamos haciendo a la idea de que este señor Notario
consiguió un permiso para violar leyes, normas, estatutos. Tiene licencia y
permiso, a priori, sin reservas de ninguna índole, para hacer TODO LO QUE SE LE
OCURRA. Por lo que cubre esa licencia (todo, sin restricciones) parece de
carácter presidencial.
Nada de lo anterior puede criticárseme como irrespetuoso: Es lo
que se deduce de lo que estamos viendo y viviendo. No tenemos otra opción; las
suspicacias son lógicas, normales.
NO HAY DERECHO A QUE UN DELINCUENTE MANEJE UNA SOCIEDAD SAGRADA
COMO SAYCO Y LES ROBE LO SUYO A CERCA DE TREINTA MIL COLOMBIANOS, LAS FAMILIAS
DE LOS SOCIOS, PARA ÉL Y SUS AMIGOS EN LO ILEGAL, EN LO INDEBIDO, EN LO ILÍCITO.
USTED, SEÑOS PRESIDENTE DEBE ACTUAR. ES SU DEBER PRESIDENCIAL Y
MORAL.”
El 5 de junio de 2019
realizó una nueva publicación en la que señaló:
“QUIERO AGRADECER A QUIENES ME ACONSEJAN, SÉ QUE DE BUENA FE, QUE
DEJE ESTA LUCHA QUE NO CONDUCE A NADA Y QUE SOLO ME TRAE ENEMISTADES…
Esta no es una lucha para sentir la satisfacción de ganar; no es
un capricho, ni extorsión; es un reclamo justo, aunque ahora salten los
defensores de la corrupción a decir las mismas barbaridades, bajezas, calumnias
por supuesto, que no me mortifican, porque Colombia entera está TOTALMENTE
CONVENCIDA DE LA REALIDAD, que no es otra distinta de que la
administración de SAYCO es una cueva de ladrones, una mafia, que hasta hoy se
ha ¡ROBADO! impunemente el sagrado dinero de miles de autores colombianos,
sobornando empleados oficiales y de la justicia, prueba inequívoca de la
podredumbre que enloda a nuestro querido país.
Mi lucha es para que se me pague lo MÍO, lo que me han robado
durante 38 años, que no son tres pesos. Un episodio más de ella será dentro de
muy poco: mi huelga de hambre. Otros pasos que estamos dando es informar a la
prensa internacional, enviando las pruebas de las denuncias, a ver cómo van a
contrarrestarlas… De pronto con cuadritos y figuritas, y enviando sus escritos
llenos de estiércol y lodo, que nos ayudan en nuestra labor; de otra parte,
recurriendo a las instancias internacionales… LA PELEA ES PELEANDO.
Una vez llegados a un acuerdo económico, por el dinero que he
dejado de recibir, me retiraré de esta lucha, por sustracción de materia; no
tendría sentido seguir en ella, no tendría sentido ni mencionarla. La solución
tiene dos posibles caminos: El primero, llegar a una conciliación con mi
abogado, que ya tiene toda la documentación pertinente; es solo reunirse con
él, y llegar a un acuerdo. La verdad es que esta situación no es nada
agradable, en cambio, sí, desgastante y fastidiosa, en la que la más
perjudicada es esa sociedad, por cuanto se seguirán publicando, eternamente si
es necesario, de parte nuestra, todos los hechos, con sus respectivas pruebas,
de lo ya conocido por todos, e insistiendo en que se haga justicia, con las
consecuencias, lógicamente negativas para ellos; y de su parte, la cantidad de
porquerías, bajezas, asquerosidades, propias de gente de baja calaña, que es su
única “arma”, de efecto bumerán, que ni vergüenza les da mostrar, sin lograr la
lesión y desmedro de mi nombre que ellos quieren conseguir absurda e
inútilmente; los culpables ni asoman la cara. El segundo camino, seguir
adelante la demanda que se iniciará si no se llega a un arreglo.
En estos momentos yo estoy conversando con otra sociedad para
asociarme a ella.
Esa es la real situación.”
El mismo día (5 de
junio de 2019), realizó una nueva publicación que tituló “nuevos hechos de
corrupción de Sayco”, donde expuso:
“EN LO QUE A DERECHO SE REFIERE, EN EL CASO DE OTTO MEDINA, TODO
LO DIJO, ¡Y BIEN CLARO!, EL DR. INOCENCIO MELÉNDEZ JULIO, ABOGADO EMINENTÍSIMO,
AUTOR DE MUCHÍSIMOS TEXTOS DE OBLIGADA CONSULTA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES
QUE QUIEREN LLEGAR A SER BUENOS PROFESIONALES DEL RAMO. ES. COMO LLAMAN EN EL
ARGOT BEISBOLÍSTICO, UN BIG LIGGER  DEL DERECHO.
Mi análisis y comentario es de otra índole, que es la que he
asumido desde un principio en esta lucha, por cuanto soy lego en Derecho..
Una vez más, tengo que usar los términos INCONCEBIBLE, INAUDITO,
ABSURDO, CÍNICO, INCREIBLE para referirme a este nuevo hecho que retrata por
enésima vez la corrupción que se maneja en esa cueva de bandidos (la
administración de Sayco). De los términos que escribí en mayúsculas, escojan
los que quieran para describir este nuevo episodio de perversión, que deja la
presunción de que la cosa la están manejando con dinero ¡de los socios! Han
transcurrido tres años desde que se falló en dos instancias (juzgado y
tribunal) a favor de Nino Caicedo, y se ordenó su reintegro a la gerencia de
Sayco, que, como agravante, hizo tránsito a COSA JUZGADA, y que desacataron
olímpicamente los señores del Consejo Directivo, hasta el día de hoy. Han
estado usando la especialidad de [RMM] – las triquiñuelas y tramoyas,
presuntamente untadas de mermelada -, para quitarse esa boa que está vivita y
coleando, que los puede triturar en cualquier momento. Han recurrido, por
ejemplo, a la falsificación de la firma de un famoso abogado, de lo cual existe
la copia de la denuncia que este interpuso en la Fiscalía, y que tenemos en
nuestro poder, para solicitar la nulidad de ese fallo.
¡Cómo no presumir el uso de mermelada, si la DNDA adujo que un
juez de Santa Marta, ciudad donde es notario [RMM], tenía aguantado dicho
cumplimiento (DE UN FALLO QUE ES COSA JUZGADA)…!
La cantidad de exabruptos que vemos hoy en las redes creo que
llevan el sello de DELITOS, por cuanto, con falsedades, tratan de dañar el buen
nombre y la reputación de una persona, por el simple hecho de haberse metido
con el intocable, el “omnímodamente”  omnipotente, capo de la mafia de
Sayco, “Don” [RMM], quien, lo digo por enésima vez, por ley y por normas
del Notariado, NO PUEDE PERTENECER AL CONSEJO DIRECTIVO DE SAYCO.
Exabrupto, falsedad: hablan de la “captura” de Otto Medina
Monterrosa. Este fue a presentarse; no ha sido apresado, como dicen en las
redes de Internet y en la página oficial de Sayco (tengo foto): CAPTURADO EL EX
PRÓFUGO DE LA JUSTICIA: Otto Medina Monterroza.
CONTINUARÁ MAÑANA…”
El 8 de junio de 2019
realizó una nueva publicación que tituló “LO PEOR DE TODO… (HAY VARIOS
“PEORES”)…”, donde expresó:
“Es inconcebible que un grupo de maleantes, sabiendo que todo el
país conoce la verdad, haya llegado a extremos insospechados de desvergüenza, y
a masturbarse mentalmente, pagando a algunos para que los elogien en las redes,
con “lisonjas” que, de ninguna manera, podrán acallar la voz de su conciencia,
ni convertir en plausibles e inocuos los delitos que cometen a diario.
La compra de conciencias se ha convertido en su negocio
predilecto, para obtener la libertad de que todavía disfrutan, que esperamos
sea por poco tiempo, porque, aunque hoy han encontrado otros demonios que se
prestan para acolitarlos en sus acciones depravadas, dignas de Maquiavelo, y
paradigmas de la corrupción que pulula en Colombia, todavía quedan algunos, muy
pocos, que no hacen parte de ella.
Antier recibí una cita de la Fiscalía para llegar a una
conciliación que consiste en que me retracte de lo que he dicho en mis
denuncias. Hablé telefónicamente con el abogado (de ellos) que me hizo llegar
dicha citación, y le informé que no voy a asistir, por dos motivos principales:
1.       Las
amenazas de muerte que he recibido, que, pienso, ahora más que nunca, cuando
están viendo que no podrán evadir los efectos de la justicia, tratarán de hacer
efectivas.
2.       Voy
a informar por escrito a la Fiscalía mi firme propósito de no retractarme de
nada de lo que he dicho. Y que inicien el proceso por injuria y calumnia,
cuando quieran.
Ahí
tengo mis defensores: Las resoluciones plagadas de sanciones de la DNDA, ente
adscrito al Ministerio del Interior, por lo tanto, de carácter oficial. El pago
ilegal, por cuanto lo hacen “a dedo”, violando la ley, que dice que debe
hacerse por las SONADAS REALES, que no se puede establecer, porque se cobra
GLOBALMENTE, como está en un documento de OSA. El documento de más de cuarenta
páginas, de la Contraloría que, basado en una auditoría hecha a este ente de
inspección, vigilancia y control, llegó a la inaudita conclusión de que este es
un ente INOPERANTE, precisamente por no actuar como ha debido hacerlo en los
innumerables actos indebidos, algunos de ellos DELITOS, que, lógicamente, son
denuncias, yo diría que directas, de la corrupción de Sayco. El desacato de
fallos judiciales, como la orden de reintegrar a Nino Caicedo a la Gerencia –
COSA JUZGADA - que tratan de “justificar”, después de tres años, usando
triquiñuelas y tramoyas, armas predilectas del señor [RMM], que
ha “conseguido” hasta ahora, lograr sus fines: no estar preso como debería
estar, usando el dinero robado a los socios. Una
denuncia hecha por el DR. ABELARDO DE LA ESPRIELLA, por la falsificación de su
firma en una notaría, en la que el segundo firmante es [GH], del Consejo
Directivo. Los sesenta y un millones gastados en la famosa fiesta en honor de
otro delincuente, [JR], a quien se le comprobaron ilegalidades, expresas en
Resoluciones de la DNDA – sobrecostos en la remodelación de la antigua sede,
para la que se nombró a un ¡CUÑADO DE DICHO GERENTE! - Existe una multa de
ciento treinta millones impuesta a este mismo personaje, por una
Superintendencia si mal no recuerdo. Las Resoluciones de la DNDA están llenas
de sanciones al Consejo Directivo, en el que está lógicamente incurso el
NOTARIO QUE NO PUEDE PERTENECER AL MISMO – pero en el que está hace veintidós
años -, encargado estatutariamente de la administración, que maneja dineros
ajenos, en lo que, una vez más, incurrió en FALSEDAD el señor [RMM], al afirmar en la
Superintendencia de Notariado y Registro, que él solo maneja sus canciones en
dicho Consejo, de manera irrespetuosa y delictiva, que no entendemos NI
ENTENDEREMOS NUNCA, cómo fue aceptada por la DNDA… etc, etc, etc…
Señores, estoy a entera disposición de la Justicia para que
demuestren mis injurias y calumnias.
No creo que su escrito a cuatro manos sobre el Dr. Inocencio
Meléndez, ni los cuadritos, ni las firmas del grupo de apoyo, ni las ofensas
calumniosas, bajas, sucias y rastreras que escriben en las redes, que hablan
muy bien de la caterva de animales que defienden la corrupción descarada de la
administración, sirvan para algo en los estrados judiciales.
LES LLEGÓ LA HORA. ERA DE ESPERARSE.”
El 25 de julio realizó una
nueva publicación en sus redes sociales en donde manifestó:
“¡ESTE ES UN PAÍS DE MIERDA!
EN EL CASO DE SAYCO… DENUNCIAS, DEMANDAS, TUTELAS, JUZGADOS,
FISCALÍAS, ENRIQUECIMIENTO DE UN GRUPO CON DINERO AJENO, REGALOS, ARTIMAÑAS,
NOTARIO HACIENDO TRIQUIÑUELAS JUDICIALES, BURLÁNDOSE DE LAS LEYES,
FALSIFICACIÓN DE FIRMAS, COMPRAS DE CONCIENCIAS, ENTES DE CONTROL, DE
JUSTICIA, APOYANDO A UNA MAFIA, A UNOS DELINCUENTES, MINISTERIO, PROCURADURÍA,
PREVARICANDO, PRESIDENTE HABLANDO PAJA POR TV, DE SANCIONAR A LOS DELINCUENTES,
IZQUIERDA, DERECHA, CONGRESO, JUSTICIA CORRUPTA.
¡Qué porquería, nojoda! ¿Para esto quería Duque ser Presidente?
¡Qué engaño el de este señor! Cada día me convenzo más de esta realidad en la
que parece que no hay excepciones… Grave, gravísimo, doloroso, que un
Presidente deje ver que está apoyando (desmiéntalo si puede) a una mafia, a una
corrupción, tal vez la más grande del país… Usando una expresión popular, ¡esto
se putió! Aquí no existe dignidad; aquí el dolor y el sufrimiento ajeno valen
mierda… “El vivo vive del bobo…”.
Denúncienme, critíquenme, llámenme como quieran… Digan que somos
un grupo que quiere “adueñarse del negocio”, como se le “chispotió” al capo en
una entrevista… Arrepentimiento es un concepto cursi, para los idiotas que
creemos en Dios. ¿Principios? Jajaja… ¿Eso con qué se come? ¡Estamos en la
olla! Usando una expresión del argot beisbolero, “a esto no le llega nadie…”
Cierro con esta pregunta que no dejo de hacerme: ¿Para qué quieren más plata?
No le encuentro otra respuesta… ¡Son insaciables!”
El 26 de julio de 2019 hizo
una nueva publicación dirigida al Presidente Iván Duque donde indicó:
“PRESIDENTE DUQUE, SOMOS COLOMBIANOS QUE MERECEMOS RESPETO.
CONTESTE A ESTO Y ACTÚE. CUMPLA Y HAGA CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES.
ESTO MERECE MÁS ATENCIÓN QUE LOS PROBLEMAS DE VENEZUELA.
Hemos querido al máximo no recurrir a las instancias ni a los
medios internacionales, pero cada día  vemos que es hora de que el mundo
conozca la verdad de estos hechos, que es, ni más ni menos, un Gobierno al
servicio de delincuentes.
No somos animales ni desechables. Sí lo son los hampones,
delincuentes, rateros, perversos, miserables, que bajo la batuta de un notario
que ni siquiera puede ser miembro del Consejo Directivo, y que está en él
ilegal y delincuencialmente hace más de veinte años, roban lo suyo a miles de
familias colombianas.
Creo que el único delito que les falta es el asesinato. ¿Eso es lo
que espera para actuar?
Usted tiene en su poder múltiples pruebas de lo que digo. ¿Qué
opción nos deja con su actitud silente de apoyo a esas alimañas? ¡Qué es la
vaina! No soy irrespetuoso., señor Presidente. Reclamo nuestros derechos, y
exijo que se haga justicia. Que cumpla su eslogan de campaña: “El que la hace
la paga”.  Mucho votamos por usted, exclusivamente por esa esperanzadora
razón. ¿Fue simplemente una estrategia de su grupo asesor?
Que usted calle, no hace inocentes a esos bandidos. Quien está
perdiendo rating con el caso de Sayco, es usted. Y si no actúa YA contra esa
mafia, cada día pierde más. Colombia conoce la verdad, y su actitud despierta
suspicacias. Nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño. ¿Sabe por qué? Porque
tenemos pruebas de la mayor corrupción del País (usted también las tiene). El
presente lo está salpicando, y el futuro, que no se puede eludir, mostrará esta
realidad ya comprobada hoy. Su silencio es más grave de lo que usted imagina.
Su investidura de Presidente de ninguna manera lo hace inocente a los ojos del
país. Todo lo contrario. [RMM] y el dinero que maneja - cientos de
miles de millones de pesos – no es omnipotente. Es un simple y vulgar
delincuente, con agravantes múltiples, a quien ese dinero AJENO le ha servido
en bandeja de plata las conciencias que ha necesitado comprar, para salir
aparentemente incólume hasta el momento, lo que lo hace sentirse invencible y
dueño de todos los estamentos del país, y pasearse orondo con la mentira
(FALSEDAD) en los labios, con un ejército de lambones, comprados con dinero
robado.  que le hacen subir el ego.
Yo le hago una sugerencia: Saque a esa recua del país, y ocúltelos
en Asia o África, en un lugar recóndito, inexpugnable, donde se hagan un
paraíso; han robado suficiente para eso; allá no pagarán por sus delitos, que
parece ser lo que persigue el Gobierno y la Justicia.
No hay una sola razón para que el notario y sus compinches
permanezcan un segundo más en la administración de Sayco. Por el contrario, las
hay todas para llevarlos tras las rejas.
Respetuosos, pero indignados,
[RGRB] Y OTROS SOCIOS DE SAYCO,
ATROPELLADOS POR UN NOTARIO DELINCUENTE”
De
cara a este panorama, eventualmente sería factible afirmar que las
manifestaciones expuestas podrían corresponder a un escenario de control social,
lo cual visto desprevenidamente no implicaría automáticamente un exceso en el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión, ni la vulneración de los
derechos a la honra y al buen nombre de quien recibe los señalamientos, en
tanto su condición de miembro de Consejo Directivo Sayco, en
virtud del simple acto de afiliación y de los contratos de representación
recíproca, generados por la comunicación pública y/o reproducción de las obras
musicales, literarias, teatrales, audiovisuales, de bellas artes, fotográficas
y de arte aplicado, de titularidad de sus mandantes Nacionales y Extranjeros.
Sin embargo, ello no
significa que quien pretende cuestionar la gestión de la mencionada entidad o
uno los miembros, tenga la libertad absoluta de exponer opiniones e
informaciones respecto de la gestión, que afecten de forma desproporcionada la
honra o el buen nombre de quienes cumplen dicha labor. Por tanto, este tipo de
controles tiene un límite, el cual se materializa, en casos como el expuesto, a
partir del ataque sistemático y permanente de una persona a través de frases
vejatorias.
ii)
Medio de difusión. Todo lo expuesto ha sido reiterado en
distintas publicaciones hechas en la red social Facebook, donde se extraen los
siguientes datos:
-
RGRB ha transmitido en directo 12
de junio
755 reproducciones
23 Me gusta, 16 comentarios y 33 veces compartido
https://www.facebook.com/rafael.r.barrios.3/videos/10156421300545886/?t=1464
-
Transmisión en directo 5 de
julio a las 15:41 ·
260 reproducciones
17 Me gusta, 6 comentarios y 5 veces compartido
https://www.facebook.com/rafael.r.barrios.3/videos/10156477207730886/
-
Transmisión en directo 6 de
julio a las 9:38 ·
144 reproducciones
15 Me gusta y 1 comentario
https://www.facebook.com/rafael.r.barrios.3/videos/10156478947720886/
-
Transmisión en directo 16
de julio a las 7:48 ·
753 reproducciones
9 Me gusta, 2 comentarios y 28 veces compartido
https://www.facebook.com/rafael.r.barrios.3/videos/10156501804335886/
-
Transmisión en directo. 16
de julio a las 18:24 ·
268 reproducciones
8 Me gusta y 5 veces compartido
https://www.facebook.com/rafael.r.barrios.3/videos/10156503040510886/
iii)    Periodicidad.
Al respecto, se debe establecer que las publicaciones por el
simple hecho de haber sido efectuadas diariamente o semanalmente por más de 7
años, revisten una especial trascendencia frente al menor peso de la libertad
de expresión en este caso, incrementándose la afectación de los derechos a la
honra y al buen nombre. Además en el expediente hay constancia de más de 25
publicaciones efectuadas en el último año.
149.      Teniendo en cuenta lo que se dejó dicho en el fundamento jurídico
113 de esta providencia, este Tribunal reitera que
solo será admisible la restricción del goce de la libertad de expresión, en
aquellos casos en los que se pueda demostrar que dicha restricción (i) persigue
un propósito constitucional imperioso, esto es, urgente o inaplazable, (ii) que
la restricción examinada resulta efectivamente conducente y necesaria y (iii)
que su grado de interferencia o afectación pueda justificarse en el nivel de importancia
que tiene la protección de los otros intereses constitucionales en juego.
150.      Bajo tales premisas y revisados los presupuestos de un test
estricto de proporcionalidad, procede la Corte a evaluar
la situación planteada en esta oportunidad.
Primero. El accionante pretende, con el retiro de las
publicaciones la protección de los derechos al buen nombre y a la honra, en
tanto a su juicio tienen un contenido difamatorio y calumnioso y lleva sometido
a tales vejaciones por más de 7 años. Este fin resulta de alto valor
constitucional considerando el estrecho vínculo que existe entre tales
derechos, de naturaleza fundamental, y la protección de la dignidad humana.
Segundo. Sobre
el particular, el retiro de las publicaciones es una medida efectivamente conducente
para alcanzar tal propósito (protección de honra y buen nombre) en tanto impide
-con un muy alto grado de probabilidad- que terceros conozcan los contenidos
que se juzgan difamatorios, imposibilitando que se hagan una idea errada de su
nombre.
Tercero. Teniendo el
contexto actual, el tipo de contenidos que han sido publicados así como su
persistencia, el retiro de las publicaciones parece constituir la
única medida que permitiría alcanzar de manera eficaz dicho objetivo. Sin
perjuicio de la existencia de otros instrumentos jurídicos que podrían ser
relevantes para debatir la pretensión, para la Corte es claro que solo el
retiro de la publicación hace posible alcanzar esa finalidad. En esos términos,
si bien existen otros medios jurídicos para discutir este tipo de asuntos, sus
objetivos no se dirigen principalmente a obtener el retiro de la publicación,
así la acción civil persigue la reparación de perjuicios surtidos, mientras que
el proceso penal pretende la imposición de una pena ante la activación de un
comportamiento legalmente prohibido dado su algo grado de reproche social.
Cuarto.
La Corte encuentra que en este caso puede la importancia de realización del
derecho al buen nombre y a la honra es mayor que el grado de restricción que el
retiro de la publicación produciría en la libertad de expresión. Las
publicaciones (i) se extendieron a lo largo del tiempo, (ii) tuvieron lugar con
significativa frecuencia, (iii) se referían a una asociación privada, (iv)
contenían expresiones injuriosas y calumniosas como se evidenció en las
transcripciones antes hechas, pues todos los mensajes publicados por el señor
RGRB cuentan con una carga difamatoria en relación con la honestidad y
desempeño del accionante, (v) suscitaron reproducciones y comentarios significativos
y, sin un objetivo claro (v) tuvieron un impacto grave en la reputación del
accionante. Estima la Corte destacar que la periodicidad de las publicaciones
del accionado permite afirmar que el peso específico de la libertad de
expresión en este caso particular se ha visto reducido en tanto a las
manifestaciones ya no se vincula un propósito novedoso o de interés actual,
incrementándose la afectación del buen nombre y la honra en atención a los
contenidos evidentemente agraviantes.
La Sala encuentra que el accionado en sus perfiles personales de
Facebook y YouTube ha expresado de manera reiterada y sistemática frases
injuriosas y otras calumniosas, que a su vez materializan
vejaciones, insultos, delitos, en fin, expresiones desproporcionadas y
humillantes, que evidencian una intención dañina y ofensiva, no con un fin
legítimo, sino por el contrario difamatorio.
La
forma como esas expresiones han tenido lugar constituyen sin duda, una forma de
cyberacoso[194],
máxime cuando las publicaciones de las cuales se duele el actor continuaron
presentándose durante el trámite de tutela. El comportamiento del accionante
desconoce el derecho a vivir sin humillaciones además de los derechos a la
honra y al buen nombre de RMM. Publicar
este tipo de mensajes evidencia una intención dañina por la parte accionada y
rompe la protección constitucional propia del derecho a la libertad de
expresión. Es, en últimas, un abuso del derecho a la libertad de expresión. En
tal sentido, ese derecho resultar con menor peso y su protección prevalente
debe flexibilizarse ante la necesidad de conjurar la trasgresión grave y
sistemática de la honra y el buen nombre de RMM.
Publicar
este tipo de mensajes evidencia una intención dañina por la parte accionada y
rompe la protección constitucional propia del derecho a la libertad de
expresión. Es, en últimas, un abuso del derecho a la libertad de expresión. En
tal sentido, ese derecho resultar con menor peso y su protección prevalente
debe flexibilizarse ante la necesidad de conjurar la trasgresión grave y
sistemática de la honra y el buen nombre de RMM.
De
acuerdo con lo expuesto el ejercicio desmedido de la libertad de expresión
termina por desconocer el derecho al buen nombre
pues a partir de las publicaciones hechas a en las distintas redes sociales se
afecta directamente el concepto que se forman el conglomerado social sobre la
parte accionante (RMM), a partir de la reputación creada con este tipo de
mensajes, con ocasión de las expresiones ofensivas o injuriosas que conlleva a
la distorsión del concepto que pueden tener sus familiares, amigos, compañeros
de trabajo, socios, entre otros, es decir, todo el entramado social.
En igual sentido ocurre con el derecho a la honra pues con
las publicaciones referidas, se afectó el valor intrínseco de los individuos no
solo respecto a la sociedad, sino también frente a sí mismos con lo cual se
terminó por desconocer la dignidad humana.
Conforme
a lo evidenciado en el presente asunto, se concederá el amparo invocado y se ordenará al accionado retirar, en caso que no lo hubiere hecho, de
su cuenta personal de Facebook y de YouTube los mensajes publicados en
esas redes sociales alusivos al señor RMM.
Asimismo, se le advertirá al accionado que
a futuro se abstenga de incurrir en conductas similares a las expuestas en el
presente asunto.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero. En el expediente T-5.771.452 REVOCAR
el fallo proferido el 1 de agosto de 2016 por el Juzgado 21 Civil Municipal de
Bogotá, que negó el amparo en la acción de tutela. En su lugar, DECLARAR
la carencia actual de objeto, en los términos expuestos en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo. En
el expediente T-6.630.724, CONFIRMAR la sentencia proferida por el
Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bucaramanga el 3 de
octubre de 2017, que declaró improcedente el amparo, dentro de la acción de
tutela, por las razones expuestas en esta decisión.
Tercero. En
el expediente T-6.633.352, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín el 4 de diciembre de
2017, que confirmó el fallo proferido por el Juzgado Tercero Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Medellín el 19 de octubre de 2017, que
en su momento negó el amparo deprecado, por las razones expuestas en esta
decisión. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo deprecado, en los
términos de esta providencia.
Cuarto. En
el expediente T-6.683.135, REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado
Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá el 9 de marzo de 2018, que confirmó la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bogotá el 1 de
febrero de 2018, que en su momento negó el amparo deprecado. En su lugar, CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales al buen nombre y la honra del
accionante y, con relación al amparo invocado a favor de la Sociedad de Autores
y Compositores -Sayco- DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la presente acción.
Quinto. ORDENAR al
accionado, en el término de los tres (3) días siguientes a la notificación de
esta providencia que, si aún no lo ha hecho, retire de su cuenta personal de
Facebook y YouTube los mensajes publicados en esas redes sociales alusivos al
accionante. ADVERTIRLE que a futuro se abstenga de incurrir en conductas
similares a las expuestas. Todo lo anterior, so pena de activar el contenido
del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto. ORDENAR al
juez de primera instancia verifique el cumplimiento de la orden proferida en el
ordinal anterior, y que si en el término de un (1) mes el accionado (expediente
T-6.683.135), no ha dado cumplimiento a las órdenes aquí emitidas, inicie el
correspondiente trámite de cumplimiento, y si es del caso ordene a las plataformas
Facebook y Google LLC. (Youtube) el retiro de las publicaciones que él señalará
con los correspondientes datos de identificación electrónica, relacionadas con
el presente trámite de tutela.
Séptimo. LÍBRENSE por
Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
Con aclaración de
voto
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de
voto
Con salvamento
parcial de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de
voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de
voto
Con salvamento
parcial de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Ausente en comisión
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
Anexo 1
Intervenciones ciudadanas con
ocasión de la nulidad de la
sentencia T-063 de 2017[195]
1.
Consejo
de la Industria de Tecnología de la Información (ITI)[196].
Como principal portavoz, defensora y líder de pensamiento para la industria de
la tecnología de la información y las comunicaciones a nivel global, advirtió
que su pretensión no era extraer conclusiones sobre la legislación colombiana
con respecto al tratamiento adecuado de las plataformas en línea o de cualquier
otro tipo de empresa, señaló que cambiar abruptamente el estatus reglamentario
de las plataformas en línea al clasificarlas como “servicios de
telecomunicaciones” y asumirlas como servicios públicos, requeriría que
asumieran un conjunto voluminoso de obligaciones gravosas; por lo que la Corte exigir
un cambio fundamental en el tratamiento normativo de las plataformas en línea
en Colombia, lo que exige un debate público más amplio y deliberado.
Especificó que la sentencia de la Corte,
al llevar a cabo un cambio normativo tan dramático y posiblemente
desproporcionado, en un contexto judicial, puede indicar a las empresas
globales que Colombia no comparte los compromisos internaciones con la
estabilidad, la transparencia y la deliberación cuidadosa, lo que podría
disminuir rápida y significativamente el atractivo del país como un lugar para
hacer negocios, crear empleos y dirigir inversiones.
Dejó claro que el Tratado de Libre
Comercio entre Colombia y Estados Unidos, limita potencialmente cuánto puede
alterarse el tratamiento normativo de los proveedores de servicios de
información basados ese país, ya que la reclasificación de las plataformas en
línea de Colombia como “servicios de telecomunicaciones”, puede ser
incompatible con sus obligaciones independientes en virtud del instrumento, por
lo que necesariamente el TLC no permite a Colombia alterar el estatus normativo
de las compañías con sede en Estados Unidos, como lo propone la Corte.
Al margen de inmiscuirse en la decisión,
pidió que se verifique el mandato dado al MinTic para establecer regulaciones
relacionadas con la protección de los usuarios de Internet contra el uso
abusivo, publicaciones difamatorias, deshonestas u ofensivas en tal ámbito,
debiendo entonces preguntarse si de conformidad con la Ley 1341 de 2001, el
Ministerio tiene la autoridad para emitir esa regulación.
2.
Accessnow[197].
Manifestó
que la remoción de contenido anónimo sin orden judicial previa y la obligación
de eliminar contenido “similar” a futuro, desconocen que el discurso anónimo
está amparado por la garantía de libertad de expresión y como tal, goza de las
protecciones legales para su tutela y estrictos requisitos para su limitación,
por lo que para evaluarlos es necesario que intervenga una autoridad judicial
imparcial e independiente en cada caso. Adicionalmente, la limitación debe
referirse a contenidos específicos y no “similares”, de manera que no se vuelva
una prohibición genérica o una restricción del funcionamiento de un medio de
comunicación de manera incompatible con normas de derechos humanos.
A raíz de la influencia que la Corte
tiene en la realidad jurídica colombiana y latinoamericana, consideró que la
providencia encarna un peligro concreto para el goce de los derechos
fundamentales en Internet, lo que se desprende del contenido del numeral 4º de
la parte resolutiva, que ordena a Google Inc y a Google Colombia Ltda.,
registrarse como servicios de telecomunicaciones ante el MinTic.
Enfatizó que las aplicaciones de
Internet como la plataforma Blogger, en este caso, y la empresa Google que la
controla, no son servicios de telecomunicaciones tradicionales, por lo que
obligarlos a someterse a la reglamentación general conlleva para el ejercicio
de la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y puede desincentivar
el crecimiento de la economía en Internet. Entonces, entender a las
aplicaciones de servicios de Internet como servicios de telecomunicaciones es
peligroso para los derechos fundamentales, pues todos estos son técnica y
jurídicamente diferentes.
Reseñó la concepción de servicios de
telecomunicaciones, las aplicaciones y servicios de Internet (también conocidos
como OTT “over the tops services”), así como la competencia y
entendimiento de ciertos servicios como “sustitutos”, para solicitar que se
retire la orden de registrar un servicio de aplicaciones en Internet como
servicio de telecomunicaciones y que se anule la disposición dirigida al MinTic
para emitir una regulación nacional para la protección de los usuarios de
Internet, por no ser ese el espacio indicado para discutir un tema tan amplio y
de consecuencias tan importantes para la libre expresión, de modo que solo el
Congreso debería ser capaz de, a través de un amplio debate público, decidir
sobre la regulación para la protección de los derechos de los usuarios de una
manera equilibrada que no ponga en riesgo la libre expresión en el país.
3.
Sergio
Pablo Michelsen Jaramillo[198].
Expresó que en el fallo se efectuó una aplicación errada del régimen de
telecomunicaciones, en tanto la Corte les da esa calidad a actividades que no
están cubiertas por la definición legal y que cuyos conceptos permiten concluir
con claridad que se refieren a otros espectros de funcionamiento. Destacó que
una entidad que ofrece plataformas, contenidos, aplicaciones o información a
través de Internet, sea que los produzca o no, no es un proveedor de servicios
de telecomunicaciones e Internet, como se sostiene en la sentencia, y que se
definen por la Resolución 202 de 2010 como los ofrecidos por los proveedores de
redes y servicios para satisfacer una necesidad específica de
telecomunicaciones de los usuarios.
Por otra parte, dentro de los servicios
cubiertos por tales definiciones, aparece como un género específico el servicio
de acceso a Internet, que es definido por la Resolución 5050 de 2016 de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones como la disponibilidad de medios
físicos que incluye todas las funcionalidades y recursos de red naciones y/o
internacionales necesarios para permitir a un usuario interconectarse a la red
de Internet y aprovechar sus recursos y servicios.
De allí concluyó que este servicio de
acceso a Internet puede apoyarse en distintos tipos de redes y medios físicos
(móviles o fijos por mencionar dos de las múltiples posibilidades) por lo que
en el mercado dicho servicio es prestado por distintos proveedores, como por
ejemplo Claro, ETB o Movistar, que ofrecen servicios fijos o móviles de acceso
a Internet, a los que un usuario puede acceder a través de un punto de acceso
fijo en su oficina o casa o desde su teléfono u otro elemento.
Por ello, una entidad que ofrece en el
ámbito de Internet una plataforma o aplicación, o pone a disposición de un
usuario contenidos o datos creados y producidos por terceros no es un proveedor
de servicios de telecomunicaciones ni de acceso a Internet, lo que se deriva no
solo de las normas citadas sino de casos que así lo demuestran.
Refirió que los Blogs, como Blogger,
Tumblr, WorldPress, que son uno de tantos ofrecimientos a los que un usuario
puede tener acceso en Internet: “Un blog, en términos prácticos, es un tablero
o pizarra que se pone a disposición de terceros para que estos publiquen el
contenido que deseen en dicho tablero o pizarra. Las entidades que los ofrecen,
normalmente –tal y como ocurre en el caso de Blogger- no controlan los
contenidos con lo que terceros llenan el tablero o pizarra puesta a
disposición. Sencillamente intermedian entre quien llena el tablero con
determinado contenido y quien accede, por sus propios medios, a este. Es del
caso reiterar que el facilitar un blog no conlleva el que se preste un servicio
de telecomunicaciones, pues no se cumple con las actividades de emisión,
transmisión y recepción de información, actividad esta que ejecuta el proveedor
de redes y servicios de telecomunicaciones”[199].
Subrayó que para acceder a ellos es necesario
que el usuario adquiera o tenga a su disposición, el servicio de acceso a
Internet, que suministra un proveedor de redes y servicios de
telecomunicaciones al permitirle al usuario la emisión, transmisión y recepción
de información, por lo que sin tener acceso a Internet, un usuario no puede
recibir o enviar correos electrónicos, publicar blogs, reproducir música o
video en las plataformas destinadas para ello o acceder a una sentencia
específica a través de la página de la Corte.
Destacó que las entidades que
suministran tales plataformas, contenidos, aplicaciones u ofrecimientos no
actúan como proveedores de servicios de telecomunicaciones, en general, ni de
servicios de accesos a Internet en particular, lo que lleva a llamar la
atención de la Corporación sobre la imprecisión cometida al catalogar los
servicios de información, como servicios de telecomunicaciones e Internet, pues
ello no se ajusta al régimen correspondiente y tendría graves repercusiones,
pues ello implicaría que toda persona, natural o jurídica, que tuviera una
página de Internet o un blog tendría que registrarse como un proveedor de redes
y servicios de telecomunicaciones.
Además, no pueden ser considerados
servicios públicos de acuerdo con el ordenamiento constitucional, legal y la
jurisprudencia sobre la materia, ya que ni las redes sociales, ni las
plataformas de domicilios, citas o reproducción de vía streaming cumplen
los requisitos que se exigen para ello, incluso desde los elementos que ha
asegurado la Corte Constitucional o el Consejo de Estado sobre la materia, pues
tales actividades no son esenciales para la vida o el desarrollo de una
comunidad económicamente organizada, no desarrollan un interés público o
comunitario y, en ninguna medida, por el hecho de que la comunidad económica
las requiera de manera permanente, regular o general son servicios públicos.
En esa medida, tampoco resulta acertado
ordenarles que se inscriban en el registro TIC, pues este se encuentra previsto
únicamente para proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de
forma que la determinación adoptada en el ordinal cuarto de la sentencia
desconoce los alcances y objetivos del régimen de telecomunicaciones, al
considerar como proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a una infinidad
de personas que se desempeñan en la sociedad de la información.
Ahora bien, si la Sala busca proteger a
los usuarios de un servicio de telecomunicaciones, como puede ser el de acceso
a Internet, el MinTic no es la autoridad competente para emitir una regulación
de esta especie, pues la reglamentación del sector asigna con toda claridad esa
función a la CRC. Al igual el MinTic tampoco es competente para acompañar a
Google en el proceso de cumplimiento de la orden de la Corte, pues la
eliminación de publicaciones que supuestamente vulneran los derechos a la
intimidad, al buen nombre y a la honra de personas determinadas, no es una
acción que avance los objetivos que la ley asigna al Ministerio. Solicitó
entonces que se replanteen los ordinales cuarto y quinto de la parte resolutiva
del fallo.
4.
Andi[200]. En
su escrito indicó que en opinión de la Asociación, la sentencia T-063A de 2017
confunde los servicios de telecomunicaciones con los servicios de contenidos y
aplicaciones, confusión que i) resulta contraria a la legislación
nacional (Ley 1341 de 2009 y Resolución 202 de 2010 de MinTic) y a los
reglamentos técnicos internaciones (Norma ISO/IEC7498-1), ii) genera
efectos adversos para el desarrollo tecnológico del país, y iii) deriva
del todo ajena a la pretensión del demandante.
Señaló que según el marco legal vigente,
no todo proveedor de servicios de Internet (contenidos y aplicaciones), es un
proveedor de servicios de telecomunicaciones, por lo que no necesariamente
siempre hay que registrarse ante el MinTic, como lo resuelve la sentencia, pero
el hecho de que un proveedor de contenidos y aplicaciones (como es el caso de
las empresas del fallo) se sirva del servicio de telecomunicaciones para
ofrecer y prestar los contenidos y aplicaciones, no conlleva siempre que se
ofrezca o atienda un servicio de telecomunicaciones. Solicitó que la Sala Plena
de la Corte procediera a corregir la sentencia T-063A de 2017.
5.
Fundación
Karisma y Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario[201]. En
el escrito presentado, los intervinientes indicaron que los intermediarios de
Internet acercan o facilitan transacciones entre terceros en Internet. Sin
ellos, no es posible realizar tareas cotidianas como enviar correos, montar una
página web o leer el periódico, de modo que para hacer todo eso, se necesita de
facilitadores en las tres capas de Internet, como la de infraestructura física,
la de estándares y servicios técnicos, y la de estándares de contenidos y
aplicaciones.
Explicó que el fallo de la Sala
desconoce todo el marco sobre la materia, porque Google como propietario de la
plataforma Blogger, también tiene el carácter de intermediario, pero en este
caso no es un motor de búsqueda, pues ofrece la plataforma para alojar
contenido generado por terceros, es decir, en este caso actúa como plataforma
de trabajo colaborativo, es decir, conecta usuarios y comunidades, lo que no lo
hace responsable de lo que hacen los usuarios en la red.
Sobre este punto, señaló que la
jurisprudencia de la Corte había sido consistente y recogido los estándares
internacionales que se están construyendo en esta materia para concluir que el
responsable del contenido es su generador y que el intermediario debe ser
beneficiario de una suerte de inmunidad que es lo que garantiza el ejercicio de
derechos fundamentales por parte de los usuarios de sus servicios, siempre que
se cumpla con unas condiciones, tal como se precisó en las sentencias T-040 de
2013 y T-277 de 2015.
Criticó la forma en la que este Tribunal
abordó el tema del anonimato, pues la presunción que hace de la nocividad y el
daño de la expresión anónima, vulneró los derechos a la libertad de expresión y
a la intimidad, ya que le asigna una concepción negativa que debe ser
silenciada, desconociendo que en muchas circunstancias, la expresión anónima es
la que garantiza la voz de las personas evitando la censura o el
silenciamiento.
Sin embargo, la sentencia tampoco
diferencia entre el anonimato público y la posibilidad de pedir al
intermediario que contacte al generador del contenido para que este incluso
defienda su derecho a la libertad de expresión, o sea, que también conculca el derecho
correlativo del generador del contenido. Finalmente, solicitó que la sentencia
sea anulada, porque desconoce y modifica la jurisprudencia constitucional en la
materia y no cumple con los estándares de derechos humanos aplicables en el
entorno digital, eludiendo el análisis de asuntos de relevancia constitucional,
que a su vez implica una omisión de aspectos de fondo que, de haberse
considerado, hubieran determinado una decisión diferente.
6.
Asociación
Latinoamericana de Internet (ALAI) [202].
Indicó que es una organización internacional que busca ser la voz de las
empresas y plataformas de Internet en América Latina y el Caribe, declarando,
promoviendo y defendiendo sus puntos de vista, a la vez de desarrollar
posiciones del sector en diversos ámbitos de la esfera pública y privada, como
también contribuir a engrandecer el ecosistema de Internet, generando puentes
entre los distintos actores y desarrollando políticas públicas dentro de su
competencia; respecto de la cual Google uno de sus miembros junto a diversas
empresas que ofrecen sus servicios en la región.
Observó con preocupación la decisión de
la Sala Sexta de Revisión, ya que el fallo siembra las bases para la
implantación de precedentes altamente negativos, no solo para el desarrollo de
Internet en Colombia, sino para el resto de la región, siendo consciente de que
este caso se habría resuelto de una forma más rápida, efectiva y justa, de
haber contado con normas claras y equilibradas que traten la responsabilidad de
intermediarios en Internet y que contemplen un entendimiento profundo de los
componentes técnicos que permiten su funcionamiento y el de las plataformas que
ofrecen sus servicios sobre esta herramienta.
Precisó que la providencia confunde los
servicios de telecomunicaciones con los servicios de información. Para realizar
la diferenciación, empezó explicando que los servicios y las aplicaciones
basados en Internet poseen diferentes funcionalidades (intercambio de mensajes
multimedia, de video, de voz y de texto, intercambio y publicación de fotos y
videos, el acceso a contenidos audiovisuales, la realización de comunicaciones
grupales de voz y video, la publicación de todo tipo de contenidos en redes
sociales y la interacción con los mismos), servicios y aplicaciones que se
desarrollan cotidianamente aprovechando las posibilidades de comunicación e
interacción global que ofrece el Internet.
Así, al tratarse de servicios y
aplicaciones basados en Internet, comparten con esta tecnología su conectividad
global, pudiendo ser accedidas desde cualquier lugar del mundo que cuente con
conexión, desde una computadora de escritorio, una notebook, una tablet, un
smartphone, etc, por lo que la decisión de la Corte desconoce una amplia
tradición de sentencias, no solo expedidos en Colombia (sentencias T-040/13 y
T-277/15) sino en diversos países, al trasladar de antemano la responsabilidad
de control del contenido emitido por un privado sin haberse establecido
responsabilidades en un proceso judicial previo respecto a ellos, lo que
también va en contra de las consideraciones jurídicas que han tenido en cuenta
legislaciones latinoamericanas al tratar estas materias. Ello porque los
intermediarios en Internet no pueden ni deben ser constituidos en jueces de los
conflictos de intereses de relevancia jurídica que afecten a particulares, ya
que dichas atribuciones deben estar reservadas a las autoridades judiciales y a
las administrativas que encarga la Constitución.
De igual manera, comentó los efectos
concretos que los alcances de esta interpretación y mandato del fallo de la
Sala Sexta acarrea en el ámbito de la afectación de derechos, en vista de que
una restricción injustificada al derecho a la libertad de expresión, establece
una especie de censura previa, ignorando que el ejercicio de este derecho está
sujeto a responsabilidades ulteriores.
Sobre este derecho y su alcance al
ponderarse con otros derechos de igual naturaleza, citó las sentencias C-417 de
2009, T-505 de 2000 y T-391 de 2007, refiriéndose finalmente a las providencias
T-040 de 2013 y T-277 de 2015 que abordaron tal garantía en relación con el rol
de los buscadores de Internet, determinando que Google, como propietaria del
buscador, no está en capacidad de controlar, eliminar y actualizar, entre
otros, contenido creado por un tercero, lo que la llevó a hacer alusión a
apartados relevantes de la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión del
11 de junio de 2011.
7.       Catalina
Botero Marino y Carlos Eduardo Cortés Castillo[203].
Indicaron el impacto estructural que la sentencia de la Corte puede tener en el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Internet, ya que ella, por
un lado, supone un cambio sustancial de los precedentes que la propia
Corporación había venido construyendo en distintos temas, entre ellos el
relacionado con el rol de los intermediarios de Internet, y por otro,
compromete el derecho al debido proceso de los usuarios finales de Internet.
Refirieron que si la decisión se
consolida como precedente, en contra de los anteriores, cualquier persona
podría solicitar a cualquier intermediario de Internet que restringiera, sin
orden judicial, una información negativa cuyo autor no estuviera identificado
plenamente; así, un político ofendido por las caricaturas de una persona como
Vladdo, podría solicitar a todos los intermediarios (Google, Yahoo, Twiter,
Facebook o blogs como La Silla Vacía o El Tiempo) que censurara las columnas
firmadas con este seudónimo, sin que para ello tuviera que mediar orden
judicial, y el intermediario tendría la obligación de proceder de inmediato a
sacar esa información de la esfera pública.
A su juicio, aunque la sentencia
considera problemático que las afirmaciones negativas objeto de tutela se
hicieran de manera anónima, pasó por alto que la plataforma Blogger.com cuenta
con un registro de datos de los usuarios, a través del cual habría podido
notificar al proveedor de la información sobre el cuestionamiento judicial que
había frente a lo que había publicado. “El hecho de que la publicación del
blog no tuviera a primera vista los datos que identificaran plenamente al autor
no significa que aquel no estuviera dispuesto a defender la veracidad de sus
afirmaciones en sede judicial. En este sentido, la Corte vulneró el debido
proceso de esa persona además de su libertad de expresión.”[204].
Indicaron que la Corte creó una especie
de presunción de culpabilidad frente a publicaciones que son anónimas o donde
el autor no está plenamente identificado, lo cual es perjudicial en tanto el
intermediario se ve enfrentado a determinar la autoría de contenidos de
terceros, yendo en contra de los términos de servicio acordados, aunado a que
se establece un esquema que conduce a un sistema de censura previa contra los
usuarios anónimos.
En torno al desconocimiento del
precedente sobre el rol de los intermediarios, señalaron que este Tribunal le
asignó al intermediario la responsabilidad de monitorear los contenidos para
establecer los casos en que una información debe permanecen en la esfera
pública y aquellos en los que debe ser excluida o censurada, por lo que le está
otorgando a Google la atribución de un Juez de la República, consistente en
resolver un conflicto entre derechos fundamentales y decidir si una expresión
puede o no permanecer en la esfera pública.
Resaltaron que esta Corporación se ha
referido de manera constante a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a
la doctrina de la Comisión Interamericana y a los informes de la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión como doctrina relevante para interpretar
el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual integra
el bloque de constitucionalidad, literatura que resulta desconocida con la
sentencia impugnada, pues ella se dirige a no responsabilizar a los
intermediarios de los contenidos de terceros y a que no tengan las obligación
de darlos de baja antes de recibir una orden judicial.
Ello va en línea con los estándares
internacionales, que frente a la posición de poder que ostentan los
intermediarios, han buscado impedir que se les atribuya la facultad de censurar
información o que se creen sistemas regulatorios que la incentiven, siendo
responsables solo si han contribuido al contenido o si se niegan a obedecer la
orden judicial de darlos de baja.
Citaron las sentencias T-040 de 2013 y
T-277 de 2015, indicando que aquellas desarrollaron adecuadamente las reglas
que incorporan los estándares internacionales y que representan que: a)
para garantizar la libertad de expresión en línea e impedir la censura previa,
es necesario dotar a los intermediarios de Internet de inmunidad por los
contenidos que terceros difunden a través de sus plataformas; b) los
intermediarios no tienen los conocimientos jurídicos, el contexto o la
capacidad técnica para evaluar adecuadamente qué debe ser censurado y qué puede
circular en términos de veracidad y buen nombre; y c) el intermediario
no redacta la información y debe proceder a retirar el contenido cuando un juez
imparcial y autónomo, luego de que de la ponderación de derechos, decida que la
información debe ser excluida de la esfera pública.
Haciendo referencia al caso, señalaron
que el hecho de que la persona que creó el contenido cuestionado utilice un
seudónimo o no suministre su nombre real, no implica que no pueda ser
notificada de un proceso judicial o, eventualmente, identificada, porque al
usar los servicios de Blogger.com, el usuario debe registrarse con unos datos
generales y suministrar un correo electrónico asociado, lo que significa que el
proveedor del servicio, previa orden judicial, puede notificarle a ese usuario
la existencia del proceso judicial para que ejerza, si así lo desea, su defensa
del derecho a la libertad de expresión.
Lo anterior significa que la sentencia
se equivoca al afirmar que la persona ofendida se encuentra indefensa, porque
así como el intermediario debe respetar el derecho del usuario que no está
plenamente identificado, también debe ofrecerle opciones al usuario que
considera que sus derechos han sido vulnerados, y en cualquier caso, la
justicia tiene siempre la potestad de ordenarle a un intermediario la remoción
de un contenido, como lo hizo en este evento y frente a lo cual Google dio
cumplimiento.
Asimismo, que ambos precedentes de la
Corte Constitucional se refieran a Google como motor de búsqueda y no como
plataforma de blogs, no implica que el precedente deje de aplicarse a este
caso; de hecho, en el escrito de tutela el actor comienza mencionando el blog
pero termina refiriéndose al motor de búsqueda, y la sentencia cuestionada no
hace una distinción expresa que justifique adoptar una decisión en contravía
del precedente. De ello se desprende que la sentencia cuestionada es contraria
al precedente existente -y a los estándares internacionales- pues obliga a
eliminar, sin orden judicial, el contenido que pueda resultar ofensivo y donde
su autor no se identifique plenamente de manera pública.
La idea de que el intermediario elimine
contenidos de autores no identificados es, además de violatoria del precedente,
desproporcionada e inaplicable en la práctica, sumándole a ello la obligación
de eliminar contenido ofensivo, cuestionamiento que los llevó a ejemplarizar
con el caso de “Tola y Maruja”, que tienen una cuenta en la red social de
micro-blogs Twitter, donde caricaturizan la realidad nacional y se burlan de
personajes públicos. A este respecto se preguntan si Twitter debe evaluar si es
ofensivo un trino que se burla del presidente o de un ministro.
Lo mismo sucede con los caricaturistas
“Bacteria” y “Matador” que tienen blogs en Blogger.com, y de los que muchos
conocen sus nombres, pero para una plataforma se trata simplemente de dos blogs
donde se publica contenido bajo seudónimos, así si la empresa retira sus
contenidos porque alguien los reporta como ofensivos, puede considerarse que
viola la libertad de expresión de estos caricaturistas. La orden de la
sentencia obligaría al intermediario a implementar un sistema de monitoreo
proactivo, donde no solo identifique expresiones que puedan vulnerar los
derechos de un particular, sino que retire contenidos a partir de una
evaluación privada, subjetiva y poco transparente.
Por otra parte, se refirieron a la
complejidad técnica que implica la orden de la sentencia y la forma como
desconfigura el rol que tienen los intermediarios. Al tratarse de una orden que
se refiere a afirmaciones, la empresa no puede simplemente detectar y dar de
baja lo que supuestamente es violatorio, o usar un equipo inmenso de personas
para monitorear si el autor está plenamente identificado, aparte de que los
equipos no tienen un conocimiento profundo de cada país.
Por ello, frente a una orden como la del
fallo, la única opción para el intermediario sería modificar la estructura del
servicio, la relación con el usuario y la configuración del ecosistema que
ofrece: de un servicio abierto pasaría a arquitectura de control absoluto,
donde únicamente aceptaría a usuarios previamente aprobados, usuarios que
tendrían que aceptar onerosas condiciones para acceder al servicio. Entonces,
la plataforma se convertiría en un club y el efecto democratizador de la red se
habría extinguido.
Manifestaron igualmente que el análisis
que hace la sentencia sobre la vulneración a la honra y al buen nombre del
accionante, en su condición de propietario de un establecimiento comercial,
desconoce el precedente constitucional sobre el ámbito de protección del
derecho a la libertad de expresión, apartándose del deber de ponderación de los
derechos enfrentados y de los estándares de veracidad e imparcialidad.
Recordaron que las personas jurídicas no
tienen como tal un derecho a la honra, de modo que la ponderación de derechos
no puede hacerse alrededor de la vida familiar o social de esta, lo que se
concatena con el hecho de que el fallo afirme que el único espacio disponible
para controvertir las afirmaciones está en el blog mismo y que esta imposibilidad
es insuficiente, sin estudiase si el afectado podía haber difundido información
con la misma relevancia en otro blog de la misma plataforma, en una página de
Internet distinta o en una red social.
8.
Cámara
Colombiana de Comercio Electrónico[205].
Como entidad gremial que agrupa más de cuatrocientas empresas
relacionadas con el comercio electrónico e Internet, señaló que la referencia
que se hace a empresas como Google Inc. y Google Colombia Ltda. puede tener
graves efectos en las distintas empresas de Internet y en el comercio
electrónico, así como en la economía del país, en la innovación, el desarrollo
tecnológico y al público en general representado en los usuarios colombianos
que verán restringidos los servicios de Internet.
Manifestó que la sentencia obliga a los
proveedores de Internet y de comercio electrónico a registrarse en el registro
TIC, basada dicha decisión en una equiparación equivocada de estos con los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, lo que conlleva la
imposición a los proveedores y partícipes de Internet a tener las mismas
obligaciones de los servicios de telecomunicaciones y de los proveedores de
redes, lo que va en contra del objetivo de promover la libertad de expresión.
Expuso que la decisión tomada en el
numeral cuarto de la parte resolutiva, en el sentido de ordenar a Google Inc. y
a Google Colombia Ltda. se inscriban en el registro TIC, por considerarlos
proveedores de servicios de telecomunicaciones e Internet en Colombia, se
adoptó con clara violación del principio de congruencia y el derecho al debido
proceso.
Indicó que, de acuerdo con la Resolución
2020 de 2010 de MinTic, los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones prestan un servicio de emisión, transmisión y recepción
encapsulada de información mediante redes de telecomunicaciones, y de
conformidad con la Resolución 3501 de 2011 de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones, establece que los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones son aquellas personas jurídicas responsables de la operación
de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros.
De conformidad con el Decreto 542 de
2014, en su artículo 2º, incorporado en el Decreto 1078 de 2015, artículo
2.2.6.2.1.12., por provisión de servicios de telecomunicaciones, se entiende la
responsabilidad de suministrar a terceros la emisión, transmisión y recepción
de información de cualquier naturaleza a través de redes de telecomunicaciones,
sean estas propias o de terceros. La Resolución 202 de 2010 de MinTic indica
por su parte que proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones es la
persona jurídica responsable de la operación de redes y/o de la provisión de
servicios de telecomunicaciones a terceros, definiendo a su vez las
telecomunicaciones como toda emisión, transmisión y recepción de signos,
señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier
naturaleza por hilo, radiofrecuencia, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos.
En tal orden, los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones, desarrollan una actividad muy diferente a la
realizada por los proveedores de contenidos y aplicaciones, por lo que el
servicio prestado por los prestadores de Internet (como en el caso de la
tutela) se comprende como parte de un servicio que hace parte de la sociedad de
información, el cual normalmente es transmitido a través de una red de
comunicaciones.
La decisión de la Corte, afecta
gravemente el desarrollo de Internet en Colombia, pues considerar que los
servicios de Internet son servicios de telecomunicaciones, además de no ser
correcto desde el punto de vista técnico y legal, modificaría gravemente la
manera como se desarrolla Internet, por lo que mantener incólume el fallo en
los puntos cuestionados, conduciría a la afectación de los desarrolladores
nacionales de contenidos, pequeños emprendedores y a la innovación nacional,
así como a las empresas de Internet que han invertido en Colombia, enviando un
mal mensaje a los inversores actuales y potenciales, desincentivando las actividades
de Internet y de los emprendedores, que se verían obligados a buscar otros
mercados en la región donde pudiesen desarrollar sus actividades en forma
competitiva.
Adujo que la decisión de imponer
controles al contenido en Internet afecta gravemente a la libertad de expresión
y el libre flujo de la información en Internet, además de que al ser una red
descentralizada, los contenidos producidos el Internet se transmiten de manera
tal que la censura o la revisión previa de contenidos por una autoridad central
(pública o privada), es difícil, lo que en todo caso va en contra de la
pluralidad y libertad que ofrece Internet, cuando las reglas sobre neutralidad
deben aplicar indistintamente para todas las modalidades de acceso a Internet,
sin importar la tecnología o plataforma empleada para transmitir los datos.
Por ende, pretender transformar los
contenidos que se prestan en Internet en servicios de telecomunicaciones,
afecta la misma arquitectura de Internet y sus principios rectores, y en
consecuencia, vulnera el principio de neutralidad que es pilar fundamental del
derecho a la libertad de expresión, tanto en la Constitución colombiana
(artículo 20), como en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Partiendo de las sentencias T-040 de
2013 y T-277 de 2015, señaló que bajo estos preceptos jurisprudenciales, el
creador de contenidos en Internet (el autor del blog) es el responsable del
contenido y de los efectos y consecuencias de este, y no debe trasladarse al
proveedor de Internet el control del contenido, ya que implicaría una capacidad
de censurar la información, violando la Constitución y el ordenamiento
interamericano de derechos humanos. Indicó que el hecho de obligar a los
proveedores de Internet al monitoreo y filtrado de información que publican los
usuarios, es una forma de censura, mucho más cuando se hace como lo pretende la
Corte, esto es, sin autorización o mandato judicial.
9.
Fundación
para la Libertad de Prensa[206].
Advirtió los riesgos que representa la sentencia T-063A de 2017 para el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Internet para todos los
colombianos, coadyuvando entonces la solicitud de nulidad.
Afirmó que la sentencia es pobre en
argumentación y en ella se incorporan cambios que contradicen sólida jurisprudencia
sobre el alcance de la libertad de expresión, sus límites y los mecanismos
democráticos.
Lo primero que destacó es que si bien no
es una novedad que la Corte excluya de protección constitucional
manifestaciones desproporcionadas, difamatorias, calumniosas o injuriantes, sí
lo es que el Tribunal califique como tales a los contenidos publicados en el
este caso, sin exigir ni aplicar los estándares constitucionales, legales y
jurisprudenciales para determinar que un discurso ostenta esa calidad, ya que
no realizó el test de imparcialidad y veracidad para indagar si el contenido en
controversia está o no protegido, sino que no analizó bajo la lupa del derecho
penal si el contenido cumplía o no los requisitos para ser lesivo al derecho a
la honra, sin que le importara a la Corte verificar si cumplía el requisito de
veracidad, bastándole lo dicho por el accionante para presumir el daño.
Esbozó que Google resultó legitimado
para asumir funciones de control de contenidos e Internet, lo cual es
indeseable, pues crea un Internet menos libre y controlado por un privado que
usurpa funciones del fuero legislativo y judicial de conformidad con el diseño
democrático de aproximación de los poderes públicos a los derechos civiles y
políticos. Por tanto, la Corte debería permitir que, por lo menos, Google
notificara a la persona que publica los comentarios -sin ninguna exigencia de
romper el anonimato- y si la persona decide hacerlo, permitirle defenderse; si
por el contrario la persona decide mantenerse anónima, en todo caso debería
requerirse la intervención de un juez, que es el calificado para hacer una
ponderación de los derechos que se enfrentan, de acuerdo a las leyes
colombianas y los estándares de protección de la jurisprudencia nacional e
interamericana.
Así, cuando se le permite a Google, que
en casos como el revisado, la compañía proceda a eliminar el contenido
denunciado sin exigir una orden judicial previa, va en contra de las exigencias
de protección del anonimato establecido en los sistemas de protección de
derechos.
Aparte de lo anterior, la Corte omitió
un asunto relevante para su decisión, que es la evaluación juiciosa de los
argumentos detrás de la imposición de responsabilidad a un intermediario de
Internet, tema que ha sido debatido ya, y que determina que los proveedores o
usuarios de servicios de computación interactivos, no pueden ser considerados
responsables por proveedores de contenidos, lo que va a tono con lo indicado
por la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión, que ha señalado que
responsabilizar a un intermediario en el contexto de una red abierta y plural,
sería tanto como responsabilizar a las compañías de teléfono por las llamadas
amenazantes que se reciban.
10.
Comisión
de Regulación de Comunicaciones[207].
El
Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, luego de que
fuera aprobado por el Comité de Comisionado, explicó el desarrollo
internacional, específicamente en Estados Unidos y en la Unión Europea,
respecto de la razón de ser, finalidad y forma de la limitación de los
intermediarios, partiendo de la regulación dada en Estados Unidos en la Sección
230 de la Communications Decency Act (CDA), cuya idea básica implica que
si un usuario publica un video difamatorio en Youtube, ese usuario es quien
debe ser considerado responsable por el mismo y no Youtube, tal como se
presentó en el caso Zeran vs America Online en la que el accionante presentó
demanda con AOL porque se había demorado en eliminar mensajes difamatorios
publicados por una tercera parte anónima, rechazando publicar mensajes de
retracto frente a tales mensajes difamatorios y fallando en vigilar la continua
publicación de similares mensajes.
En tal caso, se dejó claro que como los
proveedores de servicios de Internet tienen millones de usuarios, imponerles
responsabilidad por los mensajes o contenido de cada uno de sus millones de
usuarios, genera un efecto perjudicial sobre los modelos de sus negocios,
aparte de que la función de monitorear y controlar resulta de imposible
cumplimiento.
Después de ello, el documento explica
cuáles son las reglas de neutralidad en Internet aplicables en Colombia, así
como las obligaciones que en la materia ha adquirido el Estado colombiano a
través de acuerdos comerciales suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea,
indicando que la neutralidad en Internet aboga por considerar que la red es
agnóstica, sustento que se estructura en la necesidad de mantener un Internet
abierto para promover la innovación, la inversión, la competencia, la libertad
de expresión y de acceso a contenidos en la red.
Posteriormente, expuso las razones para
afirmar que ubicar a los intermediarios de Internet bajo el mismo nivel de
responsabilidad editorial que tienen los medios de comunicación tradicionales
no solamente desconoce las reglas de neutralidad en Internet aplicables en
Colombia sino que también genera tensiones con la razón de ser y finalidad de
obligaciones acordadas por el Estado colombiano a través de acuerdos
comerciales suscritos, respecto de la limitación de responsabilidad de tales
intermediarios en Internet por las actividades infractoras que sus usuarios
realizan a través de sus redes y plataformas.
En este sentido indicó que los
intermediarios en Internet, tales como sitios web, plataformas de blog,
servicios de intercambio de video, compañías de alojamiento de sitios web, se
han convertido en parte esencial del Internet del día a día, y de hecho, aquellos
intermediarios son, en su mayoría, la vía a través de la cual los usuarios
acceden al contenido albergado en la red. A partir de lo anterior resulta
connatural entender que cualquiera sea la aproximación que se haga de la
responsabilidad de tales intermediarios frente a las actividades que
desarrollan sus usuarios en la red, debe considerar la protección del interés
público en fomentar la innovación y la libertad de expresión en Internet,
garantizado no solo a través de las normas en materia de neutralidad aplicables
en Colombia, sino también a través del trámite legislativo en sede de Congreso
del cumplimiento de las obligaciones que en materia de limitación adquirió el
Estado colombiano con los Estados Unidos y la Unión Europea en el marco de los acuerdos
comerciales suscritos con tales países.
Concluyó que teniendo en cuenta el alto
volumen de información que está siendo publicado en Internet y los diversos
roles que cumplen diferentes intermediarios, un precedente como el sentado en
la sentencia T-063A de 2017, obligaría a los intermediarios en Internet a
eliminar todo tipo de contenido que potencialmente afecte derechos de terceros
ante la notificación por parte de una persona interesada, generaría una carga
desmedida que se impone a tal intermediario, frente al cual le resultaría casi
que imposible revisar y desmontar cada uno de los contenidos o información
publicada a través de su plataforma, obligándolo a actuar y adoptar decisiones
editoriales inmediatas sobre contenido que fue desarrollado o creado por
terceras partes a través de su plataforma o servicios.
Señaló por último que si la
interpretación de la Corte sobre la responsabilidad de los intermediarios
frente a las actividades infractoras cometidas por sus usuarios triunfara, se
estaría forzando a aquellos a adoptar roles editoriales sobre contenido de
terceros y, así mismo, a ejercer una función de monitoreo y vigilancia de sus
plataformas y servicios con el propósito de evadir cualquier tipo de
responsabilidad civil o penal por actos cometidos por sus usuarios, situación
que no solo reduciría los modelos de negocios que aquellas plataformas desean
prestar en Internet en beneficio de la competencia y la innovación en la red,
sino que también generaría tensiones considerables con la libertad de expresión
en Internet de los usuarios que legítimamente acceden a contenido en la red.
11.
Media
Legal Defence Initiative[208]. La
Fundación para la Libertad de Prensa remitió el amicus curiae de Media Legal
Defence Initiative (en adelante MLDI)[209],
destacando que promueve la defensa de los derechos de periodistas, blogueros y
medios independientes alrededor del mundo. Consideró que este caso conlleva
preguntas importantes sobre el derecho a la libertad de expresión, así como
acerca de las circunstancias bajo las cuales los hosts de blogs pueden ser
considerados responsables del contenido escrito por terceros en sus
plataformas.
Señaló que la determinación adoptada en
el fallo respecto de la responsabilidad de los intermediarios de Internet no
responde a las normas internacionales relativas a la libertad de expresión y al
propio ámbito de responsabilidad. Especificó los intermediarios deberían ser
únicamente responsables por el contenido de terceros cuando puntualmente han
intervenido en dicho contenido o se han rehusado a obedecer una orden para
removerlo, de acuerdo a la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión
y el Internet de 1º de junio de 2011.
Indicó que el Internet suministra a los
individuos los medios para comunicar, diseminar, recibir y buscar información e
ideas instantáneamente, en una escala global y a costo relativamente bajo, lo
que ha contribuido a que se haya convertido en uno de los principales medios
para que los individuos ejerzan su derecho a la libertad de expresión, de modo que
cualquier restricción infringiría  los artículos 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
Adujo que el derecho a la libertad de
expresión en línea, puede ser protegido siempre que los intermediarios estén
ajenos a la responsabilidad derivada por el contenido redactado por otros.
Enfatizó que ello se logra “bien a través de un sistema de inmunidad
absoluta respecto de la responsabilidad, o mediante un régimen que únicamente
considere responsables a los intermediarios una vez se haya rehusado a obedecer
una orden de una corte u otro órgano competente de remover el contenido
impugnado”[210].
Señaló que los intermediarios que alojan
contenido de terceros, como la plataforma Blogger de Google Inc., ostentan un
rol esencial en la facilitación de la comunicación a través de Internet, porque
suministran los servidores donde están almacenadas las páginas web, los blogs y
las aplicaciones, de modo que cuando un usuario de Internet quiere acceder a
este contenido, una copia del contenido se descarga del servicio al aparato
electrónico del usuario de Internet, de manera tal que pueda ser mostrado en un
navegador web, lo que significa que ellos suministran el espacio digital en el
que el derecho a la libertad de expresión es ejercitado y este espacio
usualmente no tiene medicación de una intervención editorial.
A la luz del rol vital asumido por los
intermediarios en la promoción y protección del derecho a la libertad de
expresión en línea, es urgente que estén protegidos contra la interferencia no
garantista (del Estado y otros actores privados) que puedan tener un efecto
perjudicial sobre el derecho.
Luego de referirse al caso en el que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos indicó que la forma en la que los portales
de Internet puedan ser considerados responsables por contenidos de terceras
personas podía tener un efecto paralizante en la libertad de expresión en el
Internet, hizo que los Estados Unidos introdujeran la Sección 230 a la Ley de Decencia
en las Comunicaciones, que otorga a los proveedores del servicio de Internet
inmunidad federal absoluta contra cualquier causa de acción que los pudiera
hacer responsables por la información originada de un tercero usuario de su
servicio.
A partir del hecho de que un
intermediario solo puede ser considerado responsable del contenido generado por
terceros, cuando el intermediario no ha cumplido una orden de una autoridad
competente ordenándole bajar o bloquear el contenido, es una posición que ha sido
adoptada de manera global, entrando en abierta contraposición la providencia de
la Corte, que halló que Google Inc. debió haber removido el blog sin una orden
previa, animando a los intermediarios a vigilar el contenido en sus servicios y
a convertirlos en asesores primarios de lo que puede ser legalmente comunicado
en Internet, incurriendo en un claro riesgo de que los intermediarios
sobrecensuren contenido que de otra manera estaría requerido a hacerse por ley.
Explicó que también existe un riesgo de
que los intermediarios no estén adecuadamente informados de los derechos e
intereses de terceros usuarios que están potencialmente en riesgo, pues un
intermediario puede no tener interés en informar al tercero, quien
originalmente suministró el contenido, de que han recibido notificación para la
remoción del contenido de ese tercero y como resultado, el tercero podría no
haber tenido la oportunidad de ser oído antes de que se llegue a una decisión
por parte del intermediario respecto de su se remueve o no dicho contenido,
teniendo el tercero pocos recursos para controvertir de otra forma la remoción
del contenido por parte del intermediario.
Por otra parte, evaluar si cierta
publicación o comunicación es o no lícita, puede involucrar causas de acción
complejas, incluyendo procesos por difamación, privacidad, protección de datos,
violación a la confianza y derechos de autor, posiciones estas que se muestran
a tono con decisiones internacionales, que concuerdan con el hecho de que como
los intermediarios pueden recibir múltiples notificaciones de contenido que se
alega sea ilegal, no se puede esperar que un intermediario investigue y
conduzca valoraciones legales respecto de todas esas notificaciones, siendo
además improbable que los pequeños intermediarios tuvieran los recursos
financieros para obtener asesoría legal permanente en dichos asuntos.
Subrayó que la orden de la Corte a
Google Inc de remover blogs futuros que tengan las mismas características y que
hagan las mismas alegaciones o similares contra el demandante, requiere que el
intermediario monitoree el contenido alojado en su servidor, lo que se aleja de
las mejores prácticas internacionales de responsabilidad de intermediarios.
Anexo
2
Pruebas
recaudadas dentro de los expedientes T-6.630.724, T-6.633.352 y T-6.683.135
1.  Facebook,
Inc.,
explicó
que las políticas de Facebook en relación con la remoción de contenido se
establecen en las “Normas Comunitarias” y en las “Condiciones del
Servicio”, que prohíben: (i) la utilización de la plataforma para compartir
contenido que incumpla estas y otras condiciones y políticas que rijan el uso
de Facebook; (ii) que sea ilegal, engañoso, discriminatorio o fraudulento; y (iii)
que infrinja o viole los derechos de otra persona.
En cuanto a las “Normas Comunitarias”
destacó
las siguientes categorías: (i) violencia y comportamiento delictivo, que
incluye: a) violencia creíble, b) personas y organizaciones peligrosas, c)
promocionar o publicar la delincuencia, d) organizar actos para infligir daños,
e) artículos regulados; (ii) seguridad, que se refiere a: a) suicidio y
autolesiones, b) desnudos y explotación sexual de menores, c) explotación
sexual de adultos, d) bullying, e) acoso, f) infracciones de privacidad y
derechos de privacidad de las imágenes; (iii) contenido inaceptable como: a) el
lenguaje que incita al odio, b) violencia y contenido gráfico, c) desnudos y
actividad sexual de adultos, d) contenido cruel e insensible; (iv) integridad y
autenticidad, referente a: a) spam, b) representaciones engañosas, c) noticias
falsas, d) cuentas conmemorativas; y (v) propiedad intelectual, en donde se
hace alusión a: a) las solicitudes de usuarios, b) medidas adicionales de
protección para menores[211].
Agregó
que en mayo
de 2018, Facebook publicó un Reporte sobre la Aplicación de las Normas
Comunitarias que incluye “métricas sobre su aplicación en las siguientes
categorías de contenido: violencia gráfica; desnudos y actividad sexual de
adultos; propaganda terrorista; lenguaje que incita al odio; spam; y cuentas
falsas”[212].
Respecto
al trámite al que puede acceder cualquier persona que considere afectada su
honra y/o buen nombre, explicó que el servicio de Facebook utiliza herramientas
de reporte en línea “robustas y amigables” con los usuarios y
no usuarios para reportar perfiles, páginas u otro contenido que pueda violar
las condiciones y políticas de Facebook, disponible en pasos alusivos a
publicaciones, videos o fotos, grupos, publicaciones en grupos, así como un formulario
en línea para reportar contenido que las personas consideren difamatorio.
En cuanto a un eventual bloqueo previo,
destaca que es un proveedor de servicios de alojamiento (bosting provider), donde
los usuarios publican contenido libre e independientemente. Agrega que en pro
de proteger el derecho a la libertad de expresión y otros derechos y libertades
relevantes, los estándares internacionales prohíben el monitoreo proactivo.
Tanto las legislaciones como las autoridades judiciales alrededor del mundo han
establecido de forma consistente que a los proveedores de alojamiento de
internet (in hosting providers) no se les puede exigir que
proactivamente monitoreen sus servicios[213].
Reiteró que una vez el usuario o no
usuario sigue el procedimiento para informar o denunciar cualquier tipo de
publicación, y Facebook Inc. encuentra que el contenido específico infringe sus
condiciones o políticas, la compañía procede a retirar el acceso al contenido
específico y/o cuenta.
No obstante lo anterior, expuso que las
presuntas violaciones al buen nombre y honra, requieren un examen del contexto
general (que a menudo requerirá una investigación fáctica y una determinación
de la veracidad a partir del contexto de cada conflicto) y una ponderación
exhaustiva de los intereses y derechos fundamentales contrapuestos, incluida la
libertad de expresión. Por lo que considera que, a menos que resulte flagrante
y evidente, un proveedor de servicios de almacenamiento no se encuentra en
posición de determinar si una pieza específica de contenido reportado es
verdadero o falso o si causa un daño a la reputación de alguna persona, siendo
esta una función de las autoridades judiciales.
Afirma que cualquier tipo de
requerimiento impuesto a un proveedor de servicios de alojamiento, como
Facebook Inc., de monitorear de manera general y someter a revisión y análisis
legal cada contenido, no solo es extremadamente oneroso (considerando los
billones de contenidos disponibles en el servicio de Facebook), sino que
también genera el riesgo de transferir la responsabilidad de evaluar la
legalidad de las expresiones y cualquier daño relacionado, del poder judicial a
los proveedores de alojamiento de carácter privado.
2.  Facebook
Colombia SAS, indicó que no está legalmente encargada del manejo y/o
administración de esta plataforma, ya que su objeto social es brindar servicios
relacionados con soportes de ventas para publicidad, marketing y  relaciones
públicas[214].
Agregó que los usuarios de Facebook
domiciliados en Colombia entran en un acuerdo con Facebook Inc., empresa de
nacionalidad extranjera, organizada y regulada bajo las leyes de los Estados
Unidos.
3.  Google
LLC,
de entrada aclaró que se referiría exclusivamente a la acción de tutela
identificada con el radicado T-6.683.135 donde se encuentra relacionada la
plataforma YouTube.
Aclaró que las políticas de seguridad de
YouTube frente a la operación y administración de la plataforma son las
llamadas “Reglas de la Comunidad” que se constituyen en pautas de
autorregulación de acuerdo con principios “morales, corporativos y legales”,
determinando comportamientos que no son permitidos y que al ser detectados
acarrean la eliminación del contenidos, fijación de límites de edad, limitación
del privilegios al autor o incluso la eliminación del la cuenta[215].
Explicó
que cuando los usuarios crean un canal, aceptan las normas de la comunidad, con
lo cual se someten a los límites contenidos en estos lineamientos, en
consecuencia, cuando se reporta un contenido que pueda violar las normas de la
comunidad se procede a analizar esa pieza, para eventualmente tomar una acción
sobre la misma. Agregó que existen diversas formas de reportar un contenido
inapropiado, por lo que la plataforma maneja una autorregulación, a partir de
la participación activa de los usuarios con ocasión de las reglas de la
comunidad.
El proceso para reportar cuentas o
contenido lo resumió así: (i) el usuario reporta mediante los canales
dispuestos para tal efecto, que cierto contenido publicado en YouTube infringe
las Reglas de la Comunidad; (ii) el equipo de YouTube evalúa el caso y
toma una determinación con base en los lineamientos descritos en las Reglas
de la Comunidad; (iii) en caso de considerar válido el reclamo, se tomarán
medidas correspondientes que incluyen la eliminación del contenido, el cambio
de su estado a “restringido” o “privado” sin la posibilidad de ser modificado
por el autor, la fijación de restricciones de edad e incluso medidas
correctivas al canal de YouTube.
Aclaró
que en caso de que alguna persona considere que se están afectando sus derechos
a la honra o buen nombre, son los jueces de la república los llamados a dirimir
esa situación y no los intermediarios de internet como lo es YouTube.
Señaló
que esa plataforma no monitorea o verifica de manera previa los contenidos que
suben los usuarios, al actuar como un simple intermediario de internet, pues de
lo contrario se generaría una especie de censura previa, arrogándose facultades
que le son ajenas, desconociendo la Constitución y los lineamientos sentados por
esta Corporación[216].
4.
Google
Colombia expuso
que no es la llamada a responder la solicitud de información relacionada con la
plataforma YouTube, teniendo en cuenta que no tiene ningún vínculo con aquella
ya que la propietaria y administradora de dicha plataforma es exclusivamente
Google LLC.
5.  APAN (T-6.630.724)
indicó que la accionante SMAC presentó una acción de tutela por los mismos
hechos y alegando los mismos derechos fundamentales conculcados, la cual fue
resuelta de manera negativa por el Juzgado 2º Civil Municipal de Bucaramanga.
6.
El
apoderado del señor RMM (T-6.683.135), expuso que de conformidad con lo
indicado por Facebook y Google, estas plataformas solo descalifican
publicaciones o hacen bloqueos de cara a su propio reglamento, por tanto corresponde
a los afectados en su honra o buen nombre acudir a instancias jurisdiccionales.
Anexo 3
Intervenciones en diligencia de
audiencia pública celebrada el 28 de febrero de 2019
Partes
Expediente
T-6.630.724
7.  Accionada
APAN. Afirmó
ser víctima de la señora SMAC, quien se ganó su confianza y amistad para luego
ofrecerle un negocio que parecía seguro, beneficiándose así de su inestabilidad
emocional y económica. Indicó que a raíz de lo anterior le entregó 3 millones
de pesos a la accionante, y posteriormente le dio 4 millones de pesos más,
utilizando avances de las tarjetas de crédito, dinero fue consignado en una
cuenta de ahorros. Aclaró que por dichos avances pagó casi 12 millones de pesos
a los bancos.
Puso de presente
que si bien no pudo instaurar la denuncia porque habían pasado los términos
para ello, existen otros procesos en contra de la accionante. Por esa razón,
manifestó que no se vulneró el derecho al buen nombre, por cuanto el objetivo
de la publicación era que todas las víctimas denunciaran y que se hiciera
justicia.
8.  Accionada
JMDD. Calificó
a la accionante como una estafadora y como una persona con la capacidad de
enredar a los demás. Indicó que primero le entregó 18 millones de pesos que
fueron consignados en Western Union y luego le dio otro dinero en efectivo.
Sostuvo que realizó avances de las tarjetas de crédito porque la accionante le
dijo que se los devolvía a los ocho días, y afirmó que a raíz de lo anterior ha
pagado 25 millones de pesos a los bancos.
De otra parte,
comentó que ha atentado contra su vida a causa de dicha situación y de los
daños causados por la accionante. Al respecto, mencionó que en una época soñaba
con agredirla, razón por la cual en enero de 2018 fue remitida a la clínica
para recibir tratamiento sicológico por la depresión y la ansiedad posteriores
a la estafa.
Expediente
T-6.683.135
9.       Accionante
RMM. En
primer lugar, presentó un video sobre las afirmaciones que hace el accionado en
su contra, tildándolo de “ladrón, pícaro, bandido, corrupto”, entre
otros calificativos. Adujo que lleva siete años siendo agredido y que a pesar
de denunciar estos hechos no se resuelve nada sobre el asunto.
Explicó que como
miembro de la Junta Directiva de Sayco, consideró que no era procedente pagar
la suma de dinero solicitada por el señor RGRB, quien se desempeña como
acordeonero, lo cual generó el odio de parte del accionado. Resaltó que esta
situación  ha generado afectaciones en su trabajo como Notario Público y en su
vida familiar.
Por último,
destacó que no tiene una sola investigación ni sanciones en su contra, razón
por la cual solicita la retractación.
10.  Accionado
RGRB. Fue
enfático en señalar que no se retractaba de nada de lo que había dicho, excepto
en lo relacionado con un subalterno de la esposa del señor RMM, pues al
respecto sí se había equivocado.
Indicó que el
actor es miembro directivo de Sayco desde hace 20 años de manera fraudulenta,
porque para ostentar esa calidad es necesario cumplir un paso previo, eso es,
ser delegado. Explicó que para ello, es preciso lanzarse por la regional en
donde vive, y el accionante lo hizo en un lugar que no es el de su residencia.
Así mismo, se refirió a otras irregularidades que advierte del actuar del señor
RMM no solo como miembro del consejo directivo de Sayco, sino también como
Notario Público.
11.  Ricardo
Antonio Gómez Durán, representante de Sayco. Sostuvo que las
afirmaciones del accionado en contra de Sayco no tienen ningún fundamento.
Particularmente, aclaró que lo relacionado con el domicilio del actor ha sido
investigado en dos oportunidades, en las cuales ha sido absuelto. Además,
mencionó que esa entidad es vigilada por las autoridades competentes y no se ha
encontrado ninguna irregularidad. Por lo tanto, los consideró como ataques
desmedidos y dolosos que afectan la reputación de Sayco y que comprometen su
gestión comercial.
Estimó que las
opiniones de las personas deben ser restringidas cuando afectan los derechos de
las personas y que los insultos no deben estar comprendidos en la protección de
la libertad de expresión. Sobre el particular, le solicitó a la Corte tener en
cuenta los efectos nocivos que los ataques a través de redes sociales le
generan a la ciudadanía. A su juicio, la persona afectada debe ser protegida de
manera inmediata a través de la tutela, independientemente de que existan otras
acciones ordinarias civiles y penales que permitan condenar y efectivamente
lograr el resarcimiento de esos perjuicios.
12.
Lorenzo Villegas Carrasquilla, representante de
Google LLC. Dividió su intervención en cuatro temas principales:
i) los administradores de plataformas digitales no son responsables por
los contenidos creados por un tercero; ii) los jueces deben verificar la
legalidad del contenido; iii) Google no crea el contenido, no lo edita y
no ejerce ningún control sobre el mismo; y iv) los contenidos anónimos
están protegidos.
Al abordar el
primer punto indicó que la Corte Constitucional ha establecido como regla la
necesidad de que los intermediarios de internet no sean responsables por los
contenidos de los usuarios y de terceros, tal como se expuso en el Auto 285 de
2018 y en las sentencias T-040 de 2013 y T-121 de 2018.
En cuanto al
segundo asunto señaló que trasladar a las plataformas de internet las
facultades de los jueces de valorar, analizar y decidir si un contenido es
violatorio de los derechos de una persona, desconocería el debido proceso.
Además, sostuvo que desde un punto de vista práctico para Google LLC no es
factible determinar si todo el contenido subido en sus plataformas es
difamatorio o es veraz; ese juicio de legalidad no es automático y no surge de
la simple vista o lectura de los contenidos bajo análisis.
Sobre el tercer
aspecto, aseveró que Google LLC tiene políticas de contenido y mecanismos
eficaces para darle trámite a los reclamos de los usuarios, y dispone de
herramientas para que estos adviertan la existencia de contenido inapropiado,
de modo que si hubo una violación a dichas políticas se adoptan las acciones
apropiadas para la remoción de la publicación, lo que se hace todos los días
durante las 24 horas.
Finalmente,
recalcó que el discurso anónimo tiene protección constitucional como desarrollo
de la libertad de expresión y las plataformas tecnológicas no son responsables
por los contenidos amparados bajo esta protección. Explicó que Google no hace
ni puede hacer una verificación previa de los datos proporcionados por el
usuario al crear su cuenta, pues ello implicaría tener acceso a todas las bases
de datos de registros del mundo. Además, destacó que sin la garantía del
anonimato se estaría reduciendo la posibilidad de que un importante grupo de
personas pueda participar en el debate público, dar sus opiniones, reportar
crímenes, manifestarse contra la represión o llamar a la movilización social.
Justamente permitir la expresión bajo anonimato ha sido uno de los grandes
aportes y logros sociales de internet,
13.
Luis Alfredo Barragán, representante de Facebook,
Inc.
Empezó
indicando que Facebook es un servicio en línea gratuito utilizado en más de 180
países para estar en contacto y construir comunidad con amigos y familiares,
desarrollar negocios, descubrir lo que está pasando en el mundo, compartir y
expresar; de ahí la importancia de que sea un lugar donde las personas se
sientan empoderadas y libres para comunicarse y compartir su vida.
Refirió que la
seguridad y la confianza son elementos esenciales para crear comunidad y por
ello se toma en serio el rol de mantener el abuso fuera de su plataforma; así,
las normas comunitarias de Facebook describen claramente lo que no está
permitido en la plataforma, como temas de violencia, explotación sexual,
desnudez, discursos de odio y derechos de propiedad intelectual, entre otros,
por lo que se reserva el derecho de remover contenido que infrinja sus términos
y sus políticas.
Expuso que ha
establecido un conjunto de reglas que se basan en dos principios: i) el
autor es responsable de su propio discurso, ya que el intermediario no crea el
contenido sino que solo provee la plataforma donde lo publica; y ii) no
se deben imponer a los intermediarios obligaciones generales de monitorear y
analizar contenido compartido en la plataforma a fin de determinar si es
ilegal.
Aseguró que
Facebook opera sobre la base de un sistema de reporte ofreciendo una amplia
gama de herramientas que permiten a los usuarios y no usuarios reportar
contenido que pueda violar sus políticas, luego de lo cual se analiza el
contenido y, de encontrarlo pertinente, lo remueve. Sin embargo, aclaró que en
el contexto de daño de la reputación la determinación de una supuesta violación
requiere del análisis de los hechos, lo que implica balancear los derechos
fundamentales en conflicto.
Por último,
refirió que cuando se requiera emitir una orden judicial de remoción del
contenido dirigida a un intermediario, la misma debe reunir las siguientes
características para que cumpla su propósito y no se lesione el derecho a la
libertad de expresión de los usuarios: i) identificar de manera precisa
el contenido específico que debe ser removido, lo cual se hace por medio de la
URL o el enlace correspondiente; ii) la orden no debe extenderse más
allá del contenido específico, por ejemplo contenido similar o futuro; y iii)
la orden debe dirigirse a la entidad operativa, en este caso Facebook y no a la
entidad o local de ventas que no controla y opera la plataforma.
Intervenciones
de las autoridades públicas
14.
Procurador General de la Nación. Indicó
que la Procuraduría ha iniciado una lucha frontal en conjunto con la Defensoría
del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, en tanto la utilización de las
plataformas digitales se ha convertido en el principal cómplice para la
consumación de todo tipo de delitos. En particular, destacó la seguridad de la
información personal, ya que no existe consenso sobre quién es el responsable
de la privacidad de dicha información, razón por la cual los usuarios,
gobiernos, compañías y el poder público están trabajando para determinar esos
estándares de protección.
A su juicio, lo
anterior no significa eliminar las plataformas digitales como han hecho otros
países sino buscar educación y ciudadanía digital, para que cada persona
aprenda a distinguir entre la verdad y la falsedad, entre lo que es útil y la
basura digital. Finalmente, invitó a Facebook y a Google LLC a garantizar la
transparencia de la información y el uso ético de las redes sociales.
15.
Fiscal General de la Nación. En
primer lugar, indicó que el tratamiento de esta clase de asuntos no puede ser
la criminalización de los excesos, ya que la respuesta del derecho penal
debería ser siempre la ultima ratio a efectos de no inhibir la expresión
de deliberación vigorosa y abierta que tiene la sociedad en las redes. Destacó
que este no es un asunto de lege ferenda sino de lege data, es
decir, un tema de derecho positivo resuelto en la legislación colombiana, razón
por la cual lamentó que los accionantes hubieran tenido que acudir a la acción
de tutela por la falta de respuesta de la jurisdicción ordinaria.
Acto seguido,
hizo referencia a los delitos en que se puede incurrir ante el exceso en las
redes sociales, a saber: i) injuria; ii) calumnia; iii)
falsedad personal; iv) hostigamiento; v) instigación a delinquir;
vi) pornografía infantil; y vii) trata de personas. Además,
explicó que existe una instrumentalización de las redes sociales por parte de
agentes inescrupulosos que a través de sus empresas digitales o netcenter se dedican
a difundir informaciones falsas con la finalidad de afectar a un oponente
político, religioso o comercial, o apelan a la creación de cuentas falsas para
esconderse en el anonimato. Por ello, refirió que desde la perspectiva de la
Fiscalía General de la Nación, tales netcenter son ilícitos y constituyen
modalidades de conciertos para delinquir investigables de oficio.
Finalizó
indicando que a través de su oficina se expedirá una directiva con destino a
los fiscales delegados que analizan este tipo de comportamientos, para
determinar cómo estos excesos constituyen un desafío del derecho penal.
16.  Defensora
Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del
Pueblo. Indicó que el derecho a la libertad de expresión
comprende la libertad de expresar y difundir tanto informaciones como opiniones
propias a través de cualquier medio y a no ser molestado por ellas. Sobre la
libertad de información, la jurisprudencia constitucional ha señalado que es un
derecho con obligaciones y responsabilidades cuya protección jurídica está
condicionada al cumplimiento de cargas de veracidad, imparcialidad y respeto a
los derechos de terceros, especialmente los de intimidad personal, familiar,
honra y buen nombre. En este orden de ideas, señaló que la discusión sobre la
constitucionalidad de la difusión de noticias falsas se ubica en el ámbito de
protección condicionada de la libertad de información.
Explicó que el
derecho a opinar cuenta con una protección mucho más amplia en el marco de una
democracia pluralista, pues las opiniones o juicios de valor que no estén
soportadas en referentes empíricos susceptibles de verificación carecen del
deber de observar estas orientaciones constitucionalmente explícitas que sí se
le imponen al derecho a informar, de ahí que la prueba de la veracidad sobre
una opinión constituye en sí misma una violación al derecho a la libertad de
expresión. En consecuencia, a su juicio, prevalece la subjetividad del emisor
del mensaje en el ejercicio de su libertad de opinión, sin importar qué tan
molesta, equivocada, provocadora e incluso inmoral pueda ser esa idea.
Para la
Defensora Delegada es determinante que no exista censura previa, sino que las
restricciones deben tener un carácter posterior atendiendo al rol que desempeña
la libertad de expresión en la sociedad deliberativa de acuerdo a los
estándares internacionales y a la jurisprudencia constitucional. Al respecto,
mencionó que el control ciudadano sobre la gestión pública y la responsabilidad
de los funcionarios estatales no se podría llevar a cabo si este derecho no
tuviera la protección reforzada que hoy tiene, lo cual no implica que el honor
de los servidores públicos no sea protegido. Entonces, ese deber de protección
no se basa en la calidad de la persona que emite la información sino en las
actividades que realiza, ya que por ser una persona pública está más expuesta a
sufrir críticas y por ende sus actividades salen de su esfera privada y pasan
al dominio público.
De otra parte,
sostuvo que la regulación de contenidos solamente puede ser ordenada por una
autoridad judicial, pues otorgar a los intermediarios un papel de control sobre
las publicaciones generadas por sus usuarios resultaría un desacierto por las
siguientes razones: i) los intermediarios no están sujetos a rendirle
cuentas al Estado y sus actuaciones obedecen a intereses corporativos, son
actores proclives a valores no democráticos y manipulables por incentivos
económicos; ii) cuando los intermediarios deciden unilateralmente
suprimir contenidos a petición de individuos no se garantiza el debido proceso,
ya que se traslada la competencia jurisdiccional propia del Estado al ámbito
privado; iii) se desconocería que las plataformas digitales son meros
intermediarios y en su lugar se les estaría asignado una función de regulación
de contenidos que implicaría un sistema de censura previa de expresiones
legítimas.
En su parecer,
si bien al Estado le resulta mucho más fácil controlar a los intermediarios que
dirigirse a los responsables directos de esos contenidos, esa facilidad no se
puede convertir en un riesgo para el sistema democrático. Por eso destacó las
facilidades que internet brinda a las personas para que de forma inmediata y
efectiva ejerzan su derecho a la rectificación y a la réplica, tendencia que debe
darse para la resolución de esta clase conflictos; de ahí su preocupación por
iniciativas legislativas como el proyecto de ley 179 del 2018 que pone en manos
de proveedores el trámite de denuncia y reportes presentados por mensajes
estimados como abusivos para tomar acciones correctivas.
Por último,
solicitó exhortar a la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla para que dentro de
sus planes de formación incluya un programa académico especialmente dirigido a
los operadores judiciales para entender la vigencia de los derechos humanos en
los entornos tecnológicos, además de tener en cuenta el impacto del fallo en
los movimientos sociales.
17.  Superintendente
delegado de la protección de datos de la Superintendencia de Industria y
Comercio. El interviniente se preguntó si todo lo
tecnológicamente posible es deseable,  cómo de la tecnología se pueden hacer
usos buenos o malos y de qué forma esos usos afectan los derechos humanos.
Citó el artículo
15 de la Carta en virtud del cual en la recolección, tratamiento y circulación
de datos se deben respetar la libertad y demás garantías constitucionales.
Luego se refirió a la Ley 1581 de 2012 sobre datos personales, y puso de
presente que la mayoría de quejas ante la Superintendencia están relacionadas
con el uso de los datos sin autorización. Por esa razón, indicó estar de
acuerdo con la medida establecida en la Ley 1266 de 2008 según la cual, cuando
alguien cuestiona la calidad de los datos personales y presenta un reclamo, se
debe realizar una anotación para que el lector sepa que lo que está leyendo
está cuestionado por la calidad.
Mencionó que el
54% de la población mundial tiene acceso internet, es decir, casi 4.160
millones de personas, donde un motor de búsqueda y las redes sociales digitales
son los grandes protagonistas de la sociedad. Por ello, resaltó la necesidad
hacer una “tecnoreflexión” en el entendido que si el tratamiento de datos no se
hace de manera correcta puede generar muchos inconvenientes.
18.  Viceministro
de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Señaló que la
tecnología se ha convertido en un habilitador para el goce pleno de los
derechos a la igualdad y a la vida en condiciones dignas. Al respecto, citó
como ejemplo que un celular puede salvar una vida o que muchas personas han
conseguido ingresos, a su juicio, gracias al acceso a internet.
Afirmó que el
Ministerio de las Tics tiene la misión de cerrar la brecha digital en Colombia,
esto es, conectar al 100% de los colombianos al ecosistema digital sin
discriminación alguna, independientemente de su lugar de residencia o de
nacimiento. En ese contexto, explicó, se tienen que articular las políticas de
las Tics sobre un principio de neutralidad en la red, entendido como el derecho
que tiene cada usuario de que ningún contenido o información le sea ocultada, y
que la red no haga un tratamiento diferencial ni se preste a la desinformación.
Aclaró que el
ejercicio de la libertad de expresión en el entorno digital puede generar
tensiones entre distintos derechos, razón por la cual el análisis se debe
centrar en el contexto del uso de las herramientas, en la ponderación entre
derechos, así como en la generación de buenas prácticas de autorregulación o
autocontrol.
Concluyó
señalando que el Ministerio está trabajando para masificar la tecnología a toda
la población, convirtiéndola en un instrumento democrático que le permita a
Colombia ser un país más innovador, con mayor crecimiento económico y más
equitativo.
19.  Secretaría
General del Ministerio de Educación Nacional. Mencionó que el
derecho a manifestar ideas u opiniones es un componente de la libertad de
expresión, cuyo límite está asociado a otros derechos como la honra, el buen
nombre, la seguridad, la intimidad e incluso la vida. En tal sentido, aseguró
que la garantía del derecho a libertad expresión no es ilimitada pues la
información que se divulga tiene un componente de responsabilidad social que
impacta directamente en la convivencia pacífica.
Refirió que el
ejercicio de una ciudadanía responsable es viable a través del uso del lenguaje
y de la ética en la comunicación. Especificó que las posibilidades que los
soportes digitales le han dado a la interacción entre el lenguaje verbal y el
no verbal llevan a que los textos multimodales cumplan un papel preponderante
en las nuevas maneras de comunicación y esto tiene todo tipo de repercusiones
(negativas y positivas).
Afirmó que el
Ministerio de Educación Nacional espera continuar con el fortalecimiento de la
articulación interinstitucional para la prevención del ciberacoso en el marco
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Comentó que esa cartera tiene un
programa denominado “entornos escolares para la convivencia y la ciudadanía”,
que busca reforzar la democracia, la convivencia pacífica, el desarrollo de
competencias socio-emocionales y ciudadanas, así como el respeto por la
diversidad en todos los espacios en donde interactúan los miembros de la
comunidad educativa, que pretenden contribuir a la seguridad de los niños y
niñas en la toma responsable de decisiones. Además, resaltó que las redes
sociales deben fortalecer sus mecanismos de autorregulación y protección de los
usuarios en la red, mejorando los sistemas de detección de acoso y los recursos
de asistencia cuando ocurren intimidaciones en el entorno digital.
Eje temático 1: el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión en el uso de las plataformas digitales
-redes sociales, blogs, etc-
20.  Relator
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. El Doctor Edison Lanza inició su
intervención señalando que los fundadores de internet persiguieron una idea y
una promesa: todas las personas tendrían un espacio para expresar sus
creencias, recibir y difundir información sin temor a ser molestadas. Señaló
que 25 años después esa idea se hizo realidad, pues casi la mitad de la
población del mundo está conectada a la red, convirtiéndose en un instrumento
para la expansión de la libertad de expresión y de los derechos de asociación,
de reunión, a la protesta, a la educación, entre otros. Según el relator, el
internet también ha tenido un efecto democratizador, en tanto existen grupos de
periodistas o de activistas que con pocos recursos crean páginas para
expresarse, investigar y publicar información.
En este punto
destacó el papel de los intermediarios, porque sin ellos no sería posible
compartir la información a través de los foros comunes. Al respecto, enfatizó
que los intermediarios no son responsables por los contenidos que hospedan,
salvo que exista una orden judicial que los obligue a tomar una medida respecto
a un contenido considerado ilegal.
Expuso que es
necesario tener en cuenta ciertos presupuestos a la hora de adoptar cualquier
decisión en esta clase de asuntos: (i) los estándares internacionales sobre la
regulación de contenido, entre los que se encuentran la prohibición de censura
previa y el régimen de responsabilidades ulteriores, de modo que cualquier
restricción a la libertad de expresión debe estar presidida por el test
tripartito y el examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de cada una
de esas restricciones; (ii) la información que circula en internet relativa a
funcionarios públicos o a cuestiones de Gobierno, es de interés público en
sentido amplio; (iii) los Estados no deben delegar en las plataformas las
decisiones de censura o de retirar, filtrar o cerrar un contenido considerado
ilegal; y (iv) las cuestiones complejas de hecho y de derecho en internet deben
ser resueltas por las instituciones públicas y no creando formas de censura
privada, menos aun cuando muchas de las decisiones de bajar contenido son
automatizadas, y están gobernadas por algoritmos y no por decisiones de
ponderación razonada como lo hacen los poderes públicos.
De otro lado,
llamó la atención sobre el papel que cumplen las altas Cortes en  aplicar
correctamente las categorías jurídicas que se utilizan en internet, en los
conflictos entre la libertad de expresión y en la no utilización del derecho penal
para sancionar expresiones de interés público o sobre funcionarios públicos. En
ese sentido, señaló que Colombia sí tiene un desafío de lege ferenda
debido a que aún se penalizan expresiones de interés público en su Código Penal
de manera no compatible con los estándares internacionales.
Por otra parte,
manifestó que exigir condicionamientos previos de veracidad o de calidad de la
información también es una forma de inhibir la libertad de expresión y el
debate público. Así mismo, indicó que exigir de manera previa la revelación de
la identidad a los usuarios para combatir posibles abusos tampoco está alineado
con los estándares internacionales sobre libertad expresión, ya que el
anonimato ha sido clave para la libertad y la seguridad física de muchos activistas
en distintas partes del mundo. Sobre el particular, mencionó que existen
decenas de activistas sociales y de periodistas detenidos precisamente por ser
identificados por gobiernos autoritarios en redes sociales. Por lo tanto, a su
juicio, la regla general de mantener el anonimato ha sido clave, razón por la
cual pidió a la Corte mantenerla.
Finalmente,
adujo que las decisiones judiciales referentes a sanciones o la baja de
contenidos ilegítimos como la pornografía infantil, el contenido sexual privado
no consentido e incitación a la violencia, deben tramitarse bajo un
procedimiento ordinario con las máximas garantías, y en todos los casos se debe
apuntar a los requisitos de necesidad y proporcionalidad con el fin de no
sentar precedentes que afecten la libertad de expresión en internet.
21.  Catalina
Botero Marino Ex-relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Indicó que internet es probablemente el
instrumento democratizador más importante de los últimos siglos, que permite el
progreso, el desarrollo económico, el acceso a la cultura, al conocimiento, al
control político, entre otros. Bajo ese entendido, consideró necesario tener
cuenta dos criterios para proteger internet: por un lado, la arquitectura de
esa herramienta, y por el otro, las garantías de la libertad de expresión.
En primer lugar, se preguntó cómo
proteger internet en la tensión de derechos, para lo cual expuso tres reglas
básicas: i) los intermediarios no pueden ser responsabilizados sino
exclusivamente cuando incumplen una orden judicial o cuando han intervenido en
el contenido, es decir, no se les puede exigir que hagan un monitoreo previo a
la información y luego condenarlos porque en su plataforma circuló contenido
que era ilegal; ii) las plataformas y los buscadores no son bases de
datos; y iii) es fundamental respetar y garantizar la figura del
anonimato porque internet es una red abierta, global, interactiva y
participativa; las barreras de entrada son desproporcionadas y distorsionan las
finalidades para las cuales fue creado internet; el anonimato es una garantía
esencial en la mayoría de los países autoritarios o en zonas silenciadas, así
como en países en vía de construcción de sociedades democráticas.
Acto seguido, hizo referencia a las
condiciones mínimas que se deben garantizar para que la libertad expresión siga
teniendo sentido en el entorno digital:
(i) Lo que se protege offline se protege
online, lo que se prohíbe offline se prohíbe online. Indicó que se deben
proteger tanto las expresiones socialmente aceptadas como las que son
inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye aquellas ofensivas,
chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente
contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, pues la libertad
constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono. En todo
caso, aclaró que lo que no se puede permitir es el exceso.
(ii) Cualquier restricción a la libertad
de expresión tiene reserva judicial. Lo anterior, de conformidad con los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(iii) Los jueces tienen que diferenciar
entre los discursos protegidos y los que no tienen esa especial protección.
(iv) Cualquier restricción debe ser
sometida a un juicio de proporcionalidad, denominado en el derecho
internacional como juicio de necesidad; además, debe tener una finalidad
legítima. Explicó que para ello es necesario evaluar el contexto en el que se
produjo la expresión, para lo cual existen por lo menos cuatro factores: quién
habla; a quién se dirige el discurso; qué se dice; y dónde se dice.
Finalizó su intervención destacando la
necesidad de aprender a diferenciar las distintas plataformas y el alcance de
cada una de ellas, pues no es lo mismo una cuenta cerrada de Facebook con 10
seguidores que una con millones de seguidores.
22.  Pedro
Vaca Villarreal, Director Ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa
-FLIP-. Señaló que los límites a la libertad de expresión no
dependen del sentir o el parecer de la persona afectada, sino de que se cometa
un daño que no se deba tolerar. Explicó que, por un lado, estaban los discursos
excluidos de la protección a la libertad de expresión, por ejemplo los
discursos de odio, y por el otro, aquellos especialmente protegidos como los
que tienen que ver con funcionarios públicos, con temas democráticamente
relevantes o con el gasto público, en los cuales el Estado tiene una carga
argumental mayor en caso de quererlos restringir.
Indicó que los
límites a la libertad de expresión no son semánticos sino contextuales y
dependen de las relaciones de poder, de quién se expresa y quién es el
agraviado. Señaló que escribir un insulto y guardarlo en el bolsillo o botarlo
a la basura, era equivalente a una publicación en Twitter de alguien que no
tiene seguidores. Entonces, a su juicio, el paradigma “libertad de expresión
y límite a las redes sociales” es un ámbito demasiado amplio que no
comprende las características de los actores ni el impacto de las expresiones.
Consideró
necesario orientar a los operadores judiciales para que caractericen a los
sujetos de la controversia, el entorno donde se da la libertad de expresión,
para que demuestren el daño y no lo presuman, y para comprobar si ese daño es
tolerable con respecto al afectado. Señaló que, de igual forma, el Estado debía
comprender estos desafíos y actuar en consecuencia, razón por la cual, en su
parecer, es preciso exhortar a la Defensoría del Pueblo para que el informe
anual dirigido a la Cámara de Representantes incorpore un capítulo sobre el
impacto de la tecnología en el ejercicio de los derechos humanos, la
alfabetización digital y la actualización del poder judicial.
23.  Carolina
Botero Cabrera, Directora del Grupo Derecho, Internet y Sociedad de la
Fundación Karisma. La interviniente consideró que el asunto
bajo estudio se podría resolver teniendo en cuenta tres aspectos: i) la
protección de datos; ii) el poder de difusión de internet; y iii)
las audiencias pasivas en internet
Sobre el primer
punto, indicó que la Corte debía ser cuidadosa al abordar la protección de
datos como un mecanismo para garantizar el derecho a la intimidad frente al
ejercicio de la libertad de expresión. En su opinión, no es conveniente
resolver esa clase de debates con base en las normas de protección de datos
porque estas no fueron diseñadas para ello; al respecto, sostuvo que su
propósito es regular el uso, acceso, circulación y tratamiento de los datos a
cargo de un tercero, diferente a la protección de la dignidad e intimidad de
una persona.
En cuanto al
segundo aspecto, estimó necesario que la Corte relativice el alcance que los
mensajes logran en internet, para lo cual trajo a colación el siguiente
interrogante: si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace
algún ruido?, en otros términos, ¿si un contenido ofensivo es publicado en
redes sociales y nadie lo lee, no tiene el poder para impactar el debate
público?
Finalmente,
respecto a las audiencias pasivas en redes sociales, explicó que se refiere a
las terceras personas que dan un “like” o comparten ciertos contenidos, como
sucedió con quienes fueron vinculados en dos de los cuatro casos seleccionados.
Al respecto, indicó que el contenido no lo producen esas personas y mientras no
lo hagan y no agreguen nada a ese material, pareciera que no tienen ninguna
responsabilidad; en todo caso, aclaró que era necesario matizar esa postura,
pues ese accionar es lo que hace que una información se haga viral, se amplifique
y genere un impacto. Adujo que las audiencias pasivas no son monolíticas, es
decir, existen muchas razones por las que alguien comparte información.
24.  María
Paz Canales, Directora Ejecutiva de Derechos Digitales. En
relación con el ejercicio de la libertad de expresión en las plataformas
digitales, indicó que actualmente gran parte de la información es intermediada
por las redes, las cuales a su juicio, democratizan el costo de emitir
opiniones. Sin embargo, en su parecer, el problema se presenta ante la gran
diversidad de opiniones, resultando difícil discriminar la relevancia o la
calidad de la información expuesta.
Más adelante,
hizo referencia a los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y concluyó que esas disposiciones, aunque garantizan el
ejercicio de la libertad de expresión, también sostienen que este derecho puede
estar sujeto a limitaciones referentes, por ejemplo, la propaganda en favor de
la guerra, la apología al odio nacional, la hostilidad o la violencia;
limitaciones que, en todo caso, deben estar consagradas en la ley.
Posteriormente,
hizo referencia a la opinión consultiva n.° 585 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, según la cual la libertad de expresión, en su dimensión
individual, no se agota en el reconocimiento teórico de hablar o escribir, sino
en utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo
llegar al mayor número de destinatarios. Bajo ese entendido, indicó que existe
un imperativo de protección de las opiniones en el marco de las redes sociales.
Finalmente,
refirió que las plataformas digitales han sido tradicionalmente responsables
por la información que en ellas se publica; pero aclaró que dicha
responsabilidad es posterior y solo cuando se acredita la vulneración de los
derechos fundamentales o cuando se superan los límites previamente referidos.
Por lo tanto, no puede existir un control previo sobre la posibilidad de emitir
opiniones.
25.  Vladimir
Florez -Vladdo-. Indicó que el artículo 19 de la Declaración
sobre los Derechos Humanos ha sido su ruta de trabajo y aclaró que su límite
como profesional es el Código Penal, el cual le indica cuándo una opinión se
transforma en delito.
De otra parte,
sostuvo que la ofensa es un asunto subjetivo, pues lo que puede ser ofensivo
para unos no necesariamente lo es para otros. Señaló que en las plataformas
digitales se pueden bloquear usuarios, lo que tiene un significado importante
porque implica retirar a alguien del escenario de discusión; bajo ese entendido,
afirmó no creer en la autocensura, a la que más bien debe llamársele censura
previa.
Eje temático 2:
control y responsabilidad en punto de las publicaciones hechas por los usuarios
y el tratamiento de los datos personales
26.  José
David Name Cardozo, Senador de la República. Precisó que el
proyecto de ley 179 de 2018 tiene como objetivo proteger la honra y el buen
nombre de las personas cuando sobre ellas se hace una publicación en redes
sociales o en sitios web. Indicó que con ello no se pretende coartar la libre
expresión, sino permitirle a cualquier ciudadano que se sienta injuriado,
solicitar una rectificación o demandar por injuria o calumnia. Explicó que ese
proyecto de ley también aborda lo concerniente al anonimato y los casos en que
una noticia falsa se vuelve viral.
En conclusión,
indicó que se trata de darle instrumentos administrativos al ciudadano
colombiano para que de una manera expedita obtenga una respuesta por parte de
las redes sociales, especialmente cuando la publicación proviene del anonimato
y se oculta a través de la falacia y la mentira.
27.  Vivian
Newman Pont, Directora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad,
Dejusticia. Señaló que existen dos tipos de roles que cumplen
las plataformas digitales y que se confunden constantemente. El primero, un rol
activo, se refiere a que actúan como una empresa que tiene un modelo de negocio
basado en los datos; mientras que el segundo, un rol pasivo, implica su
actuación como un intermediario que pone en contacto una fuente de información
con una audiencia.
Teniendo en
cuenta lo anterior, consideró necesario verificar quiénes son las partes
involucradas, cuál es la fuente de la amenaza o de la violación del derecho, y
definir cuál es el derecho prevalente en la relación jurídica.
28.  Joan
Barata Mir. Señaló que el anonimato en el marco de la libertad
de expresión está especialmente protegido tanto en estándares internacionales
como interamericanos, razón por la cual ninguna autoridad nacional puede
imponer como regla general la obligación de identificarse. Indicó que las redes
y plataformas sociales tienen en sus términos de uso la posibilidad de
establecer obligaciones de identificación, pero estas se circunscriben a la
libre determinación de las partes. Mencionó que solo en casos específicos y
luego de realizar el test tripartito, es posible verificar el deber de
identificar a un usuario.
De otra parte,
enfatizó que el responsable en las redes sociales es el autor del mensaje o de
la información; aunque aclaró que pueden existir excepciones, por ejemplo,
cuando la plataforma recibe una orden judicial y no la cumple, por lo que solo
en ese caso se le podría atribuir una responsabilidad. Así mismo, destacó que
no se puede otorgar a las plataformas la responsabilidad de definir caso a caso
si el contenido es difamatorio.
Consideró que
esta clase de asuntos no se pueden resolver exclusivamente en la interacción
entre usuarios, o usuarios y plataformas. Indicó que es necesario incorporar el
papel de las autoridades públicas. Entonces, para la solución de los asuntos
objeto de revisión, sugirió: i) clarificar cuáles son los mecanismos que
los ciudadanos pueden ejercer para obtener la protección y si estos son
suficientes; y ii) articular la rápida intervención de la tutela con una
buena comunicación entre la decisión tomada judicialmente con las plataformas,
a fin de que estas puedan actuar de manera rápida y segura; lo fundamental es
tener una decisión sólida adoptada por un órgano competente y capaz, de manera
que la plataforma sepa qué debe hacer y cuáles son sus responsabilidades.
29.  Mauricio
Pava Lugo, experto penalista. En primer lugar, se refirió a la
intervención de un agente de control en las plataformas digitales, a las
órdenes judiciales de filtrado general y a la administración de contenido, sobre
lo cual señaló que el ordenamiento penal, por muy eficaz que sea, jamás va a
alcanzar la meta de evitar las puestas en peligro de bienes jurídicos, pues
todos los días los bienes jurídicos están amenazados.
Adujo que el
riesgo es inherente a la sociedad y el papel del derecho penal no es evitar
esos riesgos sino administrarlos; con las redes sociales es igual, ya que la
sola existencia de las mismas no amenaza los valores de la sociedad. Es cierto
que a causa de las redes sociales hoy en día es más fácil distribuir, por
ejemplo, pornografía infantil, o atentar contra la intimidad; también es cierto
que son espacios de facilitación del crimen, pero no lo son más que cualquier
otro espacio de innovación, donde las tradicionales tácticas de detección del
crimen deben reinventarse.
Explicó que las
redes sociales deben considerarse como riesgos ordinariamente tolerados,
necesarios para la vida en sociedad, y si alguien abusa de esos espacios debe
hacérsele responsable. En su opinión el derecho penal ya tiene las herramientas
para hacerle frente a esta nueva realidad, solo hay que conocerlas, difundirlas
y aplicarlas correctamente.
Luego hizo
referencia sobre algunos tipos de realización del riesgo: i) injuria y calumnia,
agravadas; ii) violación de datos personales; iii) actos sexuales
virtuales; iv) el pánico económico; v) publicación de información
de inexacta; constreñimiento ilegal y extorsión; vi) delitos
electorales, entre otros. Entonces, a su juicio, el reto es de las nuevas
metodologías de detección, de los administradores de justicia de identificar si
estamos ante el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de un fin
diferente.
Por último, hizo
mención a las medidas de protección punitiva y extrapunitiva. Las primeras,
acordes a los delitos mencionados, respecto de las cuales el desafío está en
las técnicas de investigación; y las segundas, referentes a mecanismos como la
acción de tutela, la justicia en equidad de los jueces de paz, la justicia
alternativa, entre otros. Acotó que el derecho penal debe ser la última
herramienta.
Concluyó su
intervención señalando que los delitos a través de las redes sociales pueden
ser sancionados con la ley penal existente, por lo que no es necesario crear un
nuevo delito ni aumentar penas; lo que sí se necesita es creatividad y
compromiso de los investigadores y administradores de justicia; en su parecer,
el reto es impedir que en las redes destruyan en un instante a un ciudadano y
la justicia demore en la protección a la víctima y al castigo a los
responsables.
30.  Daniel
Peña Valenzuela. Profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia.
Indicó
que la decisión de la Corte debe partir de una definición clara sobre el
significado de las plataformas digitales, para lo cual planteó tres opciones:
(i) entender la red social como un medio de comunicación, lo que conllevaría la
obligación de estas redes de cumplir con una serie de regulaciones; (ii)
considerarlas como proveedores de comercio electrónico, que ha sido una
tendencia legislativa relacionada con el derecho del consumidor y de protección
de datos; y (iii) entenderlas como proveedores de servicios de internet, lo que
no corresponde con lo que hoy son las redes sociales. Bajo ese entendido, propuso
considerar las redes como medios de comunicación, siempre y cuando se definan
las obligaciones a las cuáles estarían sujetas.
Sobre la
identidad digital, señaló que comprende la pluralidad de identidades y el
anonimato. Consideró que si la Corte preserva el concepto desde esas dos
perspectivas avanzaría en la protección de los derechos fundamentales en el
siglo XXI.
Finalmente, hizo
referencia a cuatro posibles modelos de responsabilidad: (i) el primero, que no
tiene aplicación práctica, sugiere que ni los usuarios ni las plataformas sean
responsables; (ii) el norteamericano, según el cual solo el usuario es
responsable con ciertos matices que ha hecho la Suprema Corte; (iii) el de
absoluta responsabilidad de la red social, llamado modelo europeo, que tiende a
censurar y, por lo tanto, a ser contrario a los derechos fundamentales y a
incentivar que se tomen medidas contrarias a la libertad de expresión; y (iv)
considerado más democrático, el modelo en virtud del cual la responsabilidad
principal sea asumida por el usuario y la responsabilidad residual sea asumida
por la red social.
A su juicio,
este último debe regir en la sociedad colombiana del siglo XXI, y debe ser
delineado por el juez constitucional.
31.  José
Antonio Galán Rincón. Indicó que el término “plataformas
digitales” es un concepto general que abarca muchos negocios en internet, por
lo que es necesario especificar que en este caso se refiere a aquellas que
habilitan la publicación de contenidos por parte de terceros. La iniciativa de
este negocio es privada y se basa en la publicidad, lo cual es relevante ya que
influye en la forma en que interactúan los usuarios en esas plataformas.
Luego de ello,
explicó que se presentan dos momentos en ese modelo de negocio privado: el
primero, antes del registro, en el que los usuarios tienen la capacidad de
aceptar los términos y condiciones para ser miembros de la red, manifestación
de la voluntad que no debe estar sesgada al acomodo de un país específico; y el
segundo, cuando una persona que siente que sus derechos han sido vulnerados en
un medio específico, esa libertad de pertenecer a las redes sociales
desaparece, por lo cual se ve obligado a acceder a las mismas con el fin de
obtener la protección de sus derechos.
Por último,
indicó que no existe garantía de efectividad de la orden emitida por una
autoridad judicial, pues si bien existe una manifestación de colaboración con
las autoridades nacionales, ello es una mera consideración de la solicitud sin
que la red social se comprometa a cumplirla.
32.  José
Alejandro Bermúdez. De manera preliminar, aclaró que todas
las consideraciones sobre el asunto las presentaría a título personal, basadas
en su experiencia como ex superintendente delegado para la protección de datos
personales y como profesional en la materia.
Señaló que la
intención del constituyente manifestada en los artículos 15 y 20 de la
Constitución, así como la del legislador estatutario contenida en la Ley 1581
de 2012, fue la de distinguir la aplicación de las normas sobre protección de
información personal de aquellas diseñadas para proteger la libertad de
información y la libertad de opinión.
Por tanto,
consideró necesario delimitar el núcleo esencial de estas garantías y así
evitar la indebida aplicación del derecho a la protección de datos dentro de
situaciones enteramente regidas por el derecho a la libertad de expresión. La
aplicación del derecho a la protección de datos como mecanismo para eliminar en
redes sociales y plataformas digitales contenidos protegidos por la libertad de
expresión constituyen, en su criterio, una extralimitación del habeas data y
una inadecuada interpretación del artículo 15 de la Carta.
33.  Andrés
Felipe Umaña Chaux. Partió de la necesidad de identificar el
tipo de usuario, la clase de interacción y el contenido que se sube a las redes
sociales y a las plataformas. Luego se refirió a los medios de control,
respecto de lo cual indicó que se deben implementar mecanismos de inteligencia
artificial para controlar los contenidos; sin embargo, aclaró que los sistemas
automatizados no tienen en este momento la capacidad de los seres humanos para
hacer distinciones que son importantes a la hora de regular dicho contenido.
Señaló que, por esa razón, empresas como Microsoft hacen un llamado a que ese
tipo de control sea ejercido por las autoridades judiciales, a quienes les
corresponde decidir de fondo sobre esa clase de asuntos, y con ello, además, se
contribuye a mejorar sustancialmente los sistemas de información.
De otra parte,
indicó que hoy en día existen muchos casos de afectación a las personas en
redes sociales, debido a la existencia de organizaciones criminales que se
encargan de ofrecer servicios que tienen como objetivo la comisión de delitos.
Por ese motivo, criticó que el debate se centre en el rol de la tecnología y no
en el papel del Estado.
Finalmente,
sostuvo que las redes prestan servicios globales y por lo tanto la solución
debe tener un componente global y no solamente local.
Eje temático 3:
la autorregulación en el uso de las plataformas digitales, a partir del uso
estructural del lenguaje y la publicación de imágenes
34.  Juan
Carlos Upegui Mejía. Inició su presentación señalando que
este es un “mal caso” para definir la jurisprudencia sobre límites a la
libertad de expresión en las redes sociales, pues no está relacionado con el
ciber bullying, la incitación a la violencia o al genocidio, y no involucra
discursos de odio nacional, racial o político. Solicitó a la Corte ser prudente
y asumir una posición minimalista, pues en su sentir, son asuntos que pueden
resolverse en un contexto de interacción social y de autorregulación.
Fundamentó lo anterior en los siguientes argumentos:
(i) El tipo de
discurso sometido a consideración puede ser mejor resistido con la opinión y la
expresión del afectado, que con la decisión de un tercero o la orden de un juez
orientada a silenciar la opinión. A su juicio, si una persona tiene razón
suficiente para pronunciar ese discurso permite realizar dos funciones básicas
de la libertad de expresión: aquella entendida en el sentido más humano (el
desahogo frente a una situación que considera injusta), y la prevención para
que otras personas no sufran lo mismo, lo cual podría revelar no un ánimo
difamatorio sino protector fundado en el valor de la solidaridad humana. Así
mismo, señaló que ese tipo de afirmaciones no deberían estar condicionadas a la
existencia de una condena penal.
(ii) Tres de los
casos implican el típico conflicto entre particulares donde no hay una posición
dominante, no se trata de medios masivos de comunicación, ninguno es una
celebridad ni un personaje público, no se evidencia un claro impacto social,
excepto el del notario donde, en su opinión, con mayor razón debería estar
protegida la libertad de expresión. Para el interviniente, debe presumirse que
el impacto social de las interacciones en las redes sociales entre particulares
que no ostentan una situación o una relación clara de poder es mínimo.
(iii) Propuso
resolver este tipo de asuntos por alguna de las siguientes formas de
autorregulación: la autocomposición del conflicto por parte de los usuarios de
la red y la intervención del propietario administrador de la red social a
partir de tomar medidas en el contexto de sus términos y condiciones. A su
juicio, los propios particulares tienen la mejor herramienta para defenderse,
como el uso de las mismas redes sociales y de las alternativas de la web
interactiva para discutir los hechos y las opiniones.
35.  Alessandra María
Merlo. La interviniente se pronunció sobre el impacto de
textos e imágenes en la construcción de realidades virtuales y señaló que no se
trata simplemente de información sino de un acto en lingüística que se difumina
y se refuerza. Indicó que se hace necesario no un sistema de control y censura,
sino un conocimiento crítico, es decir un distanciamiento que permita ver dónde
está el sujeto hablante en relación con el sistema virtual y dónde estamos
nosotros como sujetos receptores frente a las imágenes que se reciben.
Particularmente,
en cuanto a las imágenes, consideró necesario establecer si realmente existe un
peligro en ellas; bajo ese entendido, se preguntó si debemos conocer y aprender
a leer las imágenes así como hemos aprendido a usar y a escribir palabras, pues
no sabemos separar lo literal de lo simbólico. Por tanto, citó como ejemplo la
foto de un cadáver, y señaló que es diferente si está en la portada de una
revista, en un informe policial, en una clase de análisis iconográfico o al
lado de un texto.
Concluyó
diciendo que el acto comunicativo verbal o visual es responsabilidad del sujeto
que lo realiza, pero el que usa, recibe o lee ese acto, tiene también la
responsabilidad de entender los motivos de lo que recibe, su origen, su fuerza
y su posición.
36.  Gregory
J Lobo. Indicó que el impacto de las palabras o de las
imágenes de terceros en las publicaciones hechas a través de redes sociales no
se puede predecir. Con respecto a cuál sería una alternativa pedagógica para
corregir las agresiones en las redes sociales dijo que, tomando en cuenta los
tres casos analizados, podría ser la tolerancia, aprender a ser mucho más
humildes y enseñar a la compasión. En cuanto a la existencia de un programa
para el uso responsable de las redes sostuvo que ello corresponde a cada persona
en particular.
En su parecer,
lo que se debe contemplar es la aceptación y si se trata de relaciones
equivalentes; y señaló que las palabras pueden ser dañinas pero no por las
mismas palabras sino por la forma y en el contexto en que sean dichas.
37.  Ricardo
Silva Romero. Señaló que internet y en específico las
redes sociales se parecen a una plaza de la democracia que no tiene reglas y
donde todo se reduce a un problema de educación y de solidaridad.
Habló sobre el
peligro de las redes y resaltó que se han usado en los últimos tiempos como una
persecución de la libertad de expresión, particularmente del periodismo.
38.  Héctor
Abad Faciolince. Señaló que las redes sociales son como
una cantina gigantesca en una ciudad de frontera, donde no hay Estado, donde el
gobierno no puede entrar, es anárquica, ingobernable y de vez en cuando se
expulsa a un borracho que no está acorde - como sucede cuando Facebook o Google
expulsan a uno de los usuarios-. Sin embargo, indicó que también es una cantina
que tiene espacios de exclusividad, donde hay personas que pueden aislarse y
solo recibir a unos cuantos. Aseveró que la principal sanción en esas cantinas
es ignorar al otro, lo que significa en cierto sentido el desprecio; por ello,
ignorar en las redes sociales se manifiesta en un silencio total hacia los
borrachos, los impertinentes, los tontos.
Afirmó que las
responsabilidades que se asumen en la red son diferentes dependiendo de la
participación, porque en la red unos tienen un susurro, otros un murmullo,
algunos pocos tienen voz, unos tienen un vozarrón, otros un vozarrón con
megáfono, y unos cuantos tienen hasta emisoras y canales de televisión.
Finalmente, puso
de manifiesto que las cantinas también pasan de moda muy rápidamente, como
tantas cosas en la historia reciente que se creían eternas y en realidad suelen
ser efímeras.
Anexo 4
Intervenciones ciudadanas con
ocasión de la audiencia pública del 28 de febrero de 2019
Partes
1.
Sayco.
César
Augusto Ahumada Avendaño, en calidad de Gerente General de Sayco se refirió
a las intervenciones presentadas en la audiencia pública. Al respecto explicó
que el señor RGRB ha pretendido el pago de una suma de dinero exorbitante por
unas regalías que no ha generado. Señaló además que Sayco cuenta con un sistema
de monitoreo de emisoras que utiliza la huella digital de la obra musical para
hacer una identificación trazable, auditable y confiable
Afirmó que es evidente la práctica “desobligante
y mañosa del señor RGRB”, quien ha librado una serie de injurias y
calumnias con el propósito de conseguir que en SAYCO le den dinero, lo cual fue
objeto de denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, debido a que el
accionado pretende afectar las relaciones político gremiales de los dirigentes
de la sociedad y la gestión comercial realizada por los administradores.
Destacó que después de la audiencia del
28 de febrero de 2019, se han incrementado las agresiones y ataques
sistemáticos vía online, desde su perfil del Facebook, de las cuales destaca:
11 de abril de 2019
“a mi
nadie con ningún dinero me podrá hacer hablar bellezas de [RMM] y sus
defensores, nadie, nadie, yo puedo llegar a un acuerdo económico con Sayco,
porque si lo estoy buscando también, ¿que no tengo derecho?
(…)
yo estoy en SAYCO desde 1981 por si no lo sabía, y al principio se hacían las
cosas bien, por eso no me preocupaba y estaba tranquilo, me enviaban 100, 200,
300 mil pesos yo consideraba que eso era producto de un estudio de unas
sonadas, investigadas averiguadas que se daban así en ese número, y por eso nunca
discutí pero comenzaron a ocurrir otros hechos y a uno se le abren los ojos en
determinado momento, eso es apenas lógico, y comienza a ver uno la triste cruel
y dura realidad de una sociedad por dentro que fue hecha para cosas grandes
nobles, como son el recaudo y distribución de los sagrados derechos de autor,
la convirtieron en una mina de hacer dinero ilegalmente, de cogerse el dinero
ilegalmente, eso se llama robo.
(…)
el pronunciamiento de la Corte Constitucional de estos días fue una especie de
fallo a mi favor, porque lo que peleaba [RMM] eran calumnia mías y ya se dijo
que no, él lo que tiene es que probar que los papeles muchos de hechos
oficiales que yo tengo son falsos y entonces sí se convierte en calumnia lo que
yo estoy diciendo, tiene que probar que en SAYCO no se distribuye a dedo que en
SAYCO se distribuye como dice la ley, en partes directamente proporcionales a
las sonadas reales, eso no existe en Sayco, si [RMM] prueba eso, entonces sí
soy un calumniador y entonces sí debo retractarme, pero en este momento no me
retracto de nada, absolutamente de nada”
Afirmó que contrario a lo señalado por
el Doctor Upeguí alusivo a que las publicaciones realizadas no llegan a 20
vistas, revisado el perfil de Facebook del señor RGRB se encontró un video
publicado que lleva más de 200 reproducciones. Afirma que los mismos los sube
diariamente a través de los mismos medios online — Facebook y YouTube.
Destacó que además de los videos,
existen otros señalamientos escritos publicados en las redes sociales, y que se
allegan en esta oportunidad donde manifiesta: “SAYCO es un foco de
corrupción. OJO: Los funcionarios del gobierno no lo serán eternamente”; “La
administración de Sayco es una cloaca de inmundicia, ahí están los mayores
maleantes del país”; “El Consejo Directivo de SAYCO es una cueva de
ladrones... denúncienme ¡la Justicia en Colombia está podrida...”; “la
administración de Sayco es un compendio de rateros, delincuentes, corruptos...
(denúncienme)”; “SAYCO es un antro de corrupción: ni recauda ni distribuye
como lo exige la ley y la decisión andina. Roba como lo ordena [RMM]”; “no
puedo entender que alguien se atreva a escribir defendiendo la corrupción de
Sayco”.
Añadió que por la naturaleza de esta
entidad, los constantes señalamientos hechos por el señor RGRB afectan
indudablemente las relaciones comerciales con los usuarios de la música,
empresarios y productores de eventos, con el agravante de que nuestra materia
prima es un bien intangible, como lo es el derecho moral y patrimonial de autor
protegido por la Constitución (art. 61).
Destacó que fortalecer la libertad de
expresión en ningún caso debe estar por encima del derecho a la honra, al buen
nombre o a la dignidad de las personas, por lo que la presente acción
constitucional debe prosperar, toda vez que las publicaciones del accionado son
calumniosas e injuriosas, pues se basan en mentiras y opiniones que desbordan
la realidad. Para fundamentar su afirmación cita la sentencia T-550 de 2012.
Afirmó que para garantizar el cuidado de
la esfera privada del otro, existe la obligación de no publicar información o
datos fragmentados. Sin embargo, el accionado entre las tantas cosas que
manifiesta, se basa en gran parte en información realmente fragmentada y llena
de opiniones desproporcionadas e insultos sin fundamento alguno. En este
contexto explica:
i.
Las
sanciones impuestas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor- DNDA- por
procesos iniciados en 2013 y 2014, en contra de SAYCO y otros administradores
de la época, entre los cuales se encuentra RMM, las cuales fueron dejadas sin
efecto a través del ejercicio de la acción de tutela.
ii.
El
accionado afirma que el señor RMM legalmente no puede ser consejero en Sayco
por incompatibilidad entre este cargo y el de Notario Público que ostenta,
restando valor a las decisiones que en este sentido tomado la Superintendencia
de Notariado y Registro al ordenar en dos ocasiones el archivo y terminación
definitiva de las investigaciones que se han llevado a cabo por dichos hechos.
iii.
El
accionado también afirma que los “anticipos” -programa aprobado por la
Asamblea General-, que se les conceden a los socios, son ilegales y que se
instituyeron como “autorregalos para robar”, siendo que los anticipos
son una figura legalmente institucionalizada, permitida por el Código de
Comercio, aplicada por la gran mayoría de las Sociedades de Gestión Colectiva
de derechos de autor y conexos, en el mundo.
Refirió que es de suma importancia
analizar el impacto mediático que este tipo de afirmaciones causa en la
reputación o el patrimonio moral de un ciudadano, sobre todo cuando se hacen de
forma repetitiva, lo que trasciende al círculo social, familiar y laboral del
afectado y que dejan huella en el imaginario social perjudicando la vida en
relación de quien sufre el ataque.
Este tipo de expresiones injuriosas,
calumniosas o moralmente incorrectas deben ser corregidas por el juez de tutela
de manera oportuna evitando un perjuicio mayor en el desarrollo social o
laboral de la víctima que se enfrenta a una agresión infame de la que solo
puede defenderse mediante un proceso judicial formal que puede durar años y que
queda marcada en su imagen porque la expresión injuriosa, calumniosa que se
sostiene y sobre la que se batalla en las redes por un buen tiempo hasta que se
hace justicia, causa un daño moral que se mantiene en el tiempo y tiende a
perdurar en la conciencia social si no se remedia o corrige a tiempo.
Todas estas manifestaciones injuriosas,
calumniosas, revestidas del ánimo de persecución contra los administradores de
la sociedad y sus directivos, y en especial en contra de RMM, encaminadas al
desprestigio, incitan al odio de los asociados, quienes no todos alcanzan a
asistir a una asamblea general de delegados, a recibir el informe de la gestión
realizada por la labor encomendada.
Lo anteriormente dicho se sustenta bajo
la premisa que todos aquellos comentarios de odio, atentatorios de derechos
fundamentales, deben ser protegidos de manera más expedita y no por medios que
impidan una defensa efectiva de los mismos. Aun cuando las redes sociales
tienen mecanismos de denuncias para buscar la supresión de contenidos que
violan derechos fundamentales y arremeten con ataques sistemáticos en contra de
figuras públicas (por ejemplo, SAYCO o RMM), su criterio no está afinado con lo
que social y jurisprudencialmente se ha sostenido sobre la línea delgada entre
la libertad de expresión y aquellas instancias en donde una expresión pasa a
afectar derechos de terceros.
2.
RMM.
Manifiesta que el accionado, le endilga a través de publicaciones en las redes
sociales Facebook y YouTube, acciones delictuosas y falsas, tales como hurto,
robos de miles de millones de pesos, afirma que ha hurtado más de 44 mil
millones de pesos en SAYCO, dice que tiene 22 años de estar delinquiendo en
Sayco, que compra conciencias de socios y gente del Gobierno, afirma que ocupa
el cargo de miembro directivo de Sayco de forma ilegal, dice que la Dirección
Nacional de Derecho de Autor DNDA me ha denunciado penalmente, dice que es el “hombre
con más sanciones impuestas por la DNDA” y que dicha entidad lo “ha
denunciado penalmente”; ataques y agresiones verbales como “Notario
Público sucio y corrupto”, “capo”, “mafioso”, “hampón”,
“bandido”, afirma que maneja “una red de rateros, de hampones y
delincuentes”, que maneja “una mafia en Sayco”, frases publicadas en
sus redes sociales sin control alguno, que afecta su reputación dentro del seno
de una comunidad en la que funjo como Notario Público, como reconocido
cantautor y como miembro del Consejo Directivo de Sayco.
Recalcó que “nunca he sido notificado
de que en mi contra curse investigación alguna en la Fiscalía, no tengo una
sola sanción de autoridad competente judicial, ni administrativa, ni
disciplinaria”. En cuanto las consecuencias de las publicaciones hechas
resalta que: “Los ataques desmedidos y sistemáticos del señor RGRB en mi
contra por medio de las publicaciones abusivas, informaciones falsas y
erróneas, deshonrosas, calumniosas e injuriantes y difamatorias, afectan
gravemente mi honor y valoración en la comunidad, afectan mi reputación, lo
cual, sin lugar a dudas, afecta mi labor como Notario Público, cargo que ocupo
en el Círculo de Santa Marta, también se ve afectada mi reputación como quiera
que soy una figura pública reconocida a nivel nacional como cantautor y por el
cargo que ocupo en SAYCO como miembro del Consejo Directivo”.
Agregó que a nivel nacional el señor
RGRB también tiene un alto grado de reconocimiento público, lo que hace que sus
publicaciones sean vistas en mayor medida respecto de cualquier ciudadano del
común, situación de la que se vale en su campaña de desprestigio, lo que me
pone en un mayor grado de indefensión toda vez que carece de control sobre
dichas publicaciones sistemáticas. Refirió que basta con entrar a su perfil del
Facebook y revisar cualquiera de los videos para darse cuenta que cuentan con
más de 300 reproducciones cada uno, por lo tanto, la afectación sin lugar a
dudas va más allá de su esfera privada.
Afirmó que estas expresiones lanzadas
por el señor RGRB superan en creces el deber de soportar toda vez que, como se
ha dicho en un sin número de ocasiones, no se trata de meras opiniones sobre la
gestión o labor que se realiza como particular y/o como funcionario público,
sino que se trata de verdaderas acusaciones cuyo propósito evidente es
destruir.
Advirtió que no otorgar la protección
invocada puede dar lugar a la protección de incesantes insultos, agresiones,
persecuciones de todo tipo, y dar pie a que se protejan la injuria y la
calumnia de una forma desproporcionada y descabellada, sería un retroceso a lo
que ha señalado la Corte.
Agregó que esto sería aplicable desde un
punto de vista académico, pero en la práctica es una utopía, ya que en la
actualidad se puede hacer daño de dimensiones incalculables a la dignidad,
honra y buen nombre de las personas en segundos. Una información difamante,
puede y es vista por miles o millones de usuarios, no solamente en nuestro
territorio, sino en el orbe, de tal forma que es necesario que el Estado,
máxime uno Social de Derecho, vele porque sus ciudadanos no sean objeto de
ataques sucesivos, reiterados y continuos en el tiempo (por años en mi caso
concreto).
Informó que después de la audiencia
pública del 28 de febrero de 2019, el señor RGRB, continuó con su práctica de
injuria y calumnia a través de videos y mensajes de texto, entre los cuales
transcribe:
“que
entre otras cosas hay algo muy grave, que yo lo dije aquí que no se han
detenido a pensar. Todos aquellos que han estado en cargos oficiales que
reciben dinero siguen recibiendo, por ejemplo si un ministro fue untado, tenga
para que no nos ataque para que los ataque a ellos, que no, atacarnos a
nosotros es no atacarlos a ellos, porque están favoreciéndolos a ellos, y
fregándonos a nosotros en la lucha que tenemos, entonces esos van a seguir
cobrando, cuando les dé la gana hey!! pilas necesito una tajada grande y no les
pueden decir que no!!. Porque ellos negociaron con ellos en alguna ocasión, y
les dieron plata, yo no espero que los corruptos de SAYCO me den plata no,
aspiro que me paguen la mía, la que me han robado por 35 años, eso sí es verdad
y nadie me lo puede impedir que yo la cobre, exija que me la paguen, apúntelo
señor [RMM], que digo una mafia, usted está en indefensión pruebe que no es una
mafia, que nosotros sí tenemos las pruebas que sí es una mafia de lo que hay,
que hasta el momento esta institucionalizada en Colombia, la
corrupción más grande del país está en SAYCO, son más de cien mil millones
de pesos anuales que recaudan, entonces esa es la gran diferencia entre ustedes
y [RGRB]. El de ustedes su corrupción está legalizada hasta el momento está
avalada por la Dirección Nacional, la Dirección Nacional con todas las
sanciones que le ha puesto al Consejo Directivo, es para que ya hubiera
aplicado las medidas cautelares y retirarlos de ahí, mientras investigan si
ellos ya investigaron, por ejemplo ellos ya investigaron que [RMM] vive
en Santa Marta y que les mintió a ellos porque a ellos fue a quien les envió el
documento donde decía que vivía en Barranquilla, eso está investigado y no pasa
nada, no le pierdo suspicacia a eso, no le habla a uno de mermelada de plata
eso, la habla eso, porque así, porque así, no ese apoyo, la Contraloría dijo
esa contraloría que no tiene injerencia de nada en el país, dijo que la
Dirección Nacional era inoperante, inoperante significa que no opera, que no
hace nada, que no hace lo suyo que no cumple con su deber, y nada, a ellos no
les importa, por algo dijo [RMM] una oración, tengo la sartén por el
mango, por el mango significa tengo la tula en mi mano con lo que hacer lo que
me dé la gana, así compran a un poco a unos de los socios que creen de buena
fe, que están actuando bien porque a ellos les llegan sumas considerables que
muchos se merecen son grandes compositores a los que no les pueden dar cien mil
pesos, heee se dejan guiar por el palabrerío de [RMM]. Mi rectitud, yo doy fe,
yo todo es bajo la gravedad de juramento, mentiroso, delincuente eso es un
delito eso se llama falsedad y no crean que yo no más estoy haciendo esto aquí,
esto les va a llegarle van a llegar sus notificaciones sus citaciones, todo le
van a llegar señores. Quería decirles eso, señores corruptos legales de
Colombia el país de las mil maravillas que podría ser el país más reyes del
mundo, está manejando de una manera asquerosa, asquerosa podrida, están enterados
de robos, de hurtos de todo, de tutelas falsas en la que juró el Marrugo que él
no la había presentado antes se la habían negado en dos ocasiones se la habían
fallado en contra en dos instancias, eso sí lo tenemos lo hemos subido y
entonces la señora siempre, ahora dice las tales pruebas no usted sabe que si
las tengo, pero usted no es quién para decirme que se las muestre, ni ninguno
de ellos yo lo hago aquí a veces muestro algunas porque me da la gana, no
porque esté obligado ni para convencerlos, a mí no me interesa convencerlos a
ustedes a mí lo que me interesa es denunciar ante la Opinión pública ante
Colombia lo que pasa en SAYCO sin que el Gobierno mueva un dedo para castigar
como debe castigar a los culpables de esta corrupción mayúscula que le roba a
miles de socios.”
Añadió que esta situación lo ha afectado
a nivel familiar, debido a que el señor RGRB “no respeta mi esposa, ni a mi
hermano, ni nadie; mis hijas hoy tienen 16 y 17 años, Honorables Magistrados,
cuando ellas tenían 9 y 11 años, llegaron alguna vez del colegio y me
preguntaron: ‘Papi porque un señor canoso de cabeza blanca y gordo, te dice
corrupto y bandido?’, yo les confieso que en La Guajira la idiosincrasia por
abandono del Estado era que uno defendía su honra por sus propias manos,
gracias a Dios eso fue proscrito, pero quiero decirles que cuando me levanto en
las mañanas y veo a este señor por las redes sociales, en esta actitud infame,
me provocaba salir a buscarlo, es muy difícil resistir siete (7) años
Honorables Magistrados, con ese tema encima, y que decir de mi afectación
profesional, yo soy Notario Público, como ustedes saben, el ingreso del
funcionamiento de una Notaria depende del servicio que se presta, y el
principal insumo es la honra y la reputación del Notario como establece la ley,
que tal cuando me levanto temprano y veo a este señor en las redes diciéndome
‘...Notario corrupto y bandido...’. No es justo Honorable Magistrados, y
después dice ‘delincuente’, desafiante, porque basado en la presunción de que
la Fiscalía se demora y ha tenido razón, porque hace siete (7) años y no pasa
nada, absolutamente nada”.
En orden a lo expuesto solicita sean
amparados sus derechos fundamentales, en razón además, a la persecución y la
descalificación a la que me encuentro sometido por el señor RGRB, y que con
ello se ordene el retiro de las publicaciones, la rectificación de la
información publicada y su retractación, con el objeto de evitar que los
efectos de la difamación se sigan prolongando en el tiempo y difundiéndose a
través de as redes sociales.
En escrito posterior[217],
el señor RMM remitió un nuevo video con una nueva publicación del señor RGRB
publicado en su perfil del Facebook, el cual ha llegado a sobrepasar las 350
reproducciones. El mismo contaba con el siguiente contenido:
“Buenas
tardes compañeros de Colombia, esto cada día que le llega a uno informaciones
de lo que ocurre en Sayco se queda uno abisma 'o cada día más, yo ahora ratico
tenía ganas de llorar, físicas, al enterarme de lo que ocurre allí, son cosas
monstruosas textualmente. Doctor Duque, este va pa'usted, pa'el Procurador, la
ministra, no vamos más muchachos, ayer creo que fue que vi en un noticiero
donde usted estaba frente a un grupo de gente que estaba afectada de no sé qué,
no recuerdo la noticia exacta, diciéndole aquí está el gobierno para hacer por
ustedes y no sé cuándo y tal y tal, ajá y cuando va a llegar donde nosotros, los
que hemos sido robados atropellados, perseguidos, por un grupo de malandros,
rateros pícaros bandidos, denúncieme señor [RMM] que
es con usted y con los demás que tiene allí del Consejo Directivo, denúncieme
otra vez, y prepárese una camisa pa 'que el cuello haga así en la Fiscalía,
porque nosotros estamos haciéndolo, si usted no lo hace nosotros sí lo estamos
haciendo, y me han hablado muchos amigos que me quieren, y son muchos en
Colombia, que me cuide porque ven que me pueden matar, si yo soy consciente de
eso, si lo hacen bueno, qué se va hacer, no se puede hacer nada, pero estos
señores cada día están peor, ahora a rato hace como una hora, recibí una
llamada, no me dieron el nombre, era una señora, por la forma como se expresaba
deduje que era seria, hablaba pausadamente, me dijo, no le puedo dar mi nombre,
porque no me quiero meter en un lío, yo soy socia de SAYCO, quiero informarle
de lo siguiente, cuénteme, me habló cosas horrorosas de demonios, cosas
increíbles que ocurren en SAYCO, son increíbles textualmente, personas que no
tienen si no dos o tres canciones que les grabó algún interprete a nivel local,
y reciben liquidaciones trimestrales de 8, 9 o 7 millones de pesos, sin sonar,
y son de los organizadores, de los directivos de SAYCO en su regional ¿Doctor
Duque esto qué es?, por favor, ya está bueno, no hay derecho, yo le repito y no
me canso de repetirle, nosotros no somos animales, nosotros somos ciudadanos
colombianos de bien, no de bien como puso anteayer allí los colombianos,
nosotros los colombianos de bien, un Martínez que nadie sabe quién es, un
Facebook prestado, en la administración de SAYCO no hay nadie de bien, porque
el que hace todos esos robos toda esa vaina no es de bien, ya está bueno,
doctor Duque, yo lo voy a decir aquí ahora abiertamente yo vote por usted pero
estoy arrepentido, y como yo hay muchos, yo no tengo pelos en la lengua para
decir la verdad y lo que pienso, lo que siento y lo que ocurre, estoy
arrepentido de haber votado por usted, tampoco hubiera votado por Petro nunca,
no es que me haya vuelto petrista, pero por usted estoy arrepentido por haber
votado, porque no hay derecho a que usted sepa todo lo que se hace en SAYCO,
que es monstruoso, que es una mafia lo que maneja SAYCO, cuando van a
proceder?, mire SAYCO ha sido multada, son más de miles de millones, no estoy
hablando de tres pesos, las multas de la Dirección Nacional, son las más suaves,
por la Dian, por la Superintendencia de Industria y Comercio, mil trescientos
setenta millones, creo que fue esa, es que no estamos hablando de pesitos, y
ustedes no hacen nada?, hombe eso que es por favor, hasta cuándo van a apoyar a
esos bandidos? Porque eso es un apoyo irrestricto el que le dan, el que se
quiere molestar y proceder contra de mí, lo pueden hacer pero allí están las
pruebas doctor Duque, y no tengo pelos en la lengua para decirlo porque la
indignación me lleva a eso, no hay derecho, yo no me doy de mecenas ni de
salvador de SAYCO ni de nada de esa vaina, podría colaborar y quiero contarle
algo, doctor Procurador, usted tiene allá en la Procuraduría ahora al doctor
Jean Carlos Marcenaro, hoy voy a hablar por primera vez de él como pienso, lo
que pienso de él, para mí el doctor Marcenaro estaba actuando bien de buena fe
pero no podía no lo dejaban actuar como él quería y proceder, parece ser que el
Ministerio cuando se enteraba de que iban a hacer algo contra SAYCO intervenía,
no señor, claro si el Ministro Cristo, le hicieron una fiestona en SAYCO en el
Festival, donde se gastaron un poco de millones de pesos, ahí tenemos las fotos
¿un poco de millones de pesos de quién? de los socios, que no tienen ni idea de
que eso se está haciendo, Jairo Ruge llegó a SAYCO de mensajero, porque la
señora de los tintos era tía de él, él no hacía nada, lo recomendó y lo
metieron de mensajero, y vio la situación, un tipo zagas, inteligente, dijo
hombe si esto está de papayita aquí para robar, se lo propuso y estudio,
administración no sé qué cosa, y llegó a la Gerencia, y estuvo 20 años en la
Gerencia, organizando el imperio de inequidad, de perversión, la mafia que hoy
en día hay en SAYCO, vieron que había que organizar las regionales, metiendo a
la gente de ellos que estuviera dispuesta a obedecerlos ciegamente a lo que
ellos le dijeran, le ordenaran. Así lo hicieron porque uno de los primeros
pasos que hay que dar es ese, el dato que hoy me dieron fue de Cartagena, no lo
publico porque yo tengo como lema que aquello de lo que no tenga pruebas
escritas no lo digo, no estoy diciendo nombres propios ni nada pero es
monstruoso lo que me dijeron, monstruoso, [RMM] habla
con una de esas personas, de esta si voy a decirlo, las planillas de Bolívar,
cuando Alberto Morales estaba de Coordinador en Bolívar en Cartagena, se
sentaban tres o cuatro con él en la puerta de su casa y las llenaba, unos tipos
de que si les muestras los nombres la gente dice ¿quiénes son? eso es lo de
menos por que 9.000 compositores hay gente cuyos nombres no se conocen, pero se
podría hablar de ciertas canciones de ellos, y estos ni se conocen, ni tienen
canciones, y se llenaban y por eso aparecían en las planillas 20, 30 y más
veces sonando cuando no sonaban ni una sola vez. Alberto Morales llegaba a las
Emisoras: mira necesito las planillas porque me están acosando de Sayco
fírmamela aquí, se las firmaban en blanco, porque ellos creían que no era nada
del otro mundo, ellos no sabían cuál era la finalidad de esas planillas,
liquidar con las canciones que aparecieran allí y ellos mismos las llenaban,
las planillas, así hacen en Cartagena ahora todavía porque eso quedó
institucionalizado, llenar las planillas así, yo tengo, si hay una discusión
digo los nombres de quienes son pa que se averigüen y se investiguen no, es
monstruoso, señor Duque, como quiere que se lo diga doctor Duque, señor
Presidente de la República, doctora Ministra del interior, doctor Femando
Carrillo, Procurador, como quiere que se los digamos, a ver en qué términos, los
términos son que SAYCO la administración es una mafia podrida de rateros
picaros bandoleros, denúncieme señor [RMM], y prepare una camisa que le
apriete el cuello, hace así cuando está hablando, con el tic ese nervioso que
tiene, ya está bueno doctor Duque, yo tengo una cartica bajo la manga y la voy
a utilizar, no quiero llegar a ese extremo pero la voy a utilizar porque ya no
damos más, hay muchos socios de SAYCO, y me encuentro entre ellos que hemos
sido robados, impresionantemente pa regalarles liquidaciones a ciertos
delegados de 3, 4, 5, 6 7, 8 millones de pesos a personas que no suenan, y ni
que sonaran porque no se sabe, eso está recalca'o aquí, ya está bueno señor
Duque, esto va directo ahora pa'onde usted, se lo voy a mandar ahora a su
correo, y yo sé cuál es la respuesta, pero es que yo quiero que se aburran se
fastidien de mí o me manden a dar un tiro será, porque yo no me voy a cansar de
decirle, yo llegué a una conclusión desde ayer, yo no voto por nadie más,
escribí allí en Colombia, hablando de elecciones, hay dos grandes grupos, los
ingenuos, en esa caí yo, he caído varias veces, que creemos en las promesas de
los candidatos y los que saben la verdad, esos son los grandes grupos, los que
saben que eso es mentira, pero ellos de alguna u otra manera usufructúan de la
corrupción, hay muchas cosas, ayer leí algo de un concejal preocupa -o de lo
que ocurre en SAYCO, el cobro al transporte, a ver voy a dar mi opinión, esto
no es palabra de Dios, está contempla'o por la ley, pero lo que pasa es que la
ley establece cómo se cobra y cómo se recauda, para el recaudo ese tiene que
hacerse con sonadas reales de las canciones, como hacen para saber que
canciones van sonando en un taxi o en un bus, interdepartamental o
departamental, intermunicipal ¿cómo hacen? Tendrían que tener un empleado en
cada bus apuntando las canciones que suenan en los buses, y eso es imposible
¿qué falta en Colombia? Que se legisle sobre el derecho de autor nuevamente,
porque la legislación que hay no existe pa 'un pito, para nada, esa lo
organizaron entre los corruptos, uno de los que más colaboró en eso se llama
Fernando Zapata, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, todo lo que le
proponía la administración de SAYCO, lo aprobaba, le daba el sello de
legalidad, los estatutos de SAYCO están plagados de ilegalidades, comenzando
por las categorías de activos las que hay, y adherentes y la otra, eso es
ilegal, porque eso no se puede establecer, los estatutos dicen se establecen
así, los que produzcan un salario mínimo mensual durante un año, en el año, en
el trascurso de un año, son activos, y ¿cómo se sabe cuánto producen? si no se
sabe, no se puede saber, eso es ilegal, por lo tanto los adherentes también son
ilegales, que no llegan a ese tope de producción, ahí no se sabe cuánto produce
nadie, nadie es nadie, por eso me da risa, no, cuando dicen, los papeles le
aparecieron a los que conciliaron a favor de ustedes, sí efectivamente aquí
tienen, no sean embusteros, ustedes lo que son es bandidos y los otros
vendidos, que fueron allá y enseguida entraron a defender a SAYCO y a atacarme
y a decirme, ya yo lo he dicho aquí varias veces, no malparido es poquito,
hijueputa es poquito, que soy homosexual que estoy enamorado de [RMM],
no sean barbaros, que eso es ridículo, no sean barbaros, a mí eso en el fondo,
en esencia eso no me preocupa, lo que me preocupa es ver que el Gobierno y todo
están viendo eso y no pasa nada, porque la Corte Constitucional dijo
que primero está el derecho de expresión, si pero eso tiene unos límites, eso
no es desaforado, a decir fulano decir un asesinato sin ser verdad, tampoco
llega hasta allá y ese es el ejemplo que más pongo, está bien que con
indignación uno sepa que están robando y uno tenga las pruebas y uno diga que
si son unos rateros pícaros bandidos sinvergüenza, es una cosa distinta a
inventar un hecho totalmente falso, y ponerlo en las redes porque ese si va
contra la honra y el buen nombre de la persona afectada, se van a llevar su
sorpresa porque yo sé que la filosofía de lo que dijo la Corte Constitucional
no es esa, ellos la entendieron así y se soltaron, y con la asesoría que
tienen, la asesoría que tiene, dele que ya la Corte dijo que no pasaban nada,
no, sí pasa, sí pasa, porque de lo que dicen de mí nada es cierto, que yo me
robe un acordeón, que me robe, es que es tan fácil como darse cuenta de que es
imposible que a los 40 años salgan diciendo que yo me robe unas toallas en un
hotel ¿eso qué es? Lo que pasa es que no tiene nada que decir contra [RGRB]
con referente a SAYCO, entonces no les queda más si no eso, calumnia, calumnia
que de la calumnia algo queda, y todos repiten toalla toalla, la mochila el
acordeón, oye estamos hablando de cien mil millones de pesos anuales recauda'os
en SAYCO, si vamos a 22 años que tiene [RMM] allí, hagan la multiplicación
y tengan idea de cuánto se trata, se sabe que antes eran otros, pero tiene que
ponerse a la fecha, antes era menos entre comillas, también habían menos socios
entre los que hay que repartir, la única posibilidad, es la que yo he dicho,
que en estos momentos como están las cosas hay que repartir en partes iguales,
yo iba a contar algo, doctor Fernando Carrillo, del Doctor Marcenaro, yo creí y
creo en el doctor Marcenaro pero tenía las manos amarradas, trató de actuar y
no lo dejaron, parece que llevaba órdenes del Ministerio, eso fue lo que dijo
la Directora actual es que vamos a hacer y el Ministro mandó una orden que no
hagamos, una vez dentro de ese poco de cosas con que yo atacaba a la dirección
y mandaba y pedía, hacia derechos de petición y denunciaba cosas, una vez pedí
una reunión con el doctor Marcenaro y los del departamento jurídico demoraron
mucho en atendemos, por fin bajaron, el doctor Marcenaro por supuesto tomó la
palabra, y me dijo como caballero, porque él era calmado, un caballero, era un
gentleman, un ejecutivo o es, debe ser, me dijo, yo no iba bajar porque usted
me tildó a mí de payaso hace poco, le dije, doctor le explico eso, ¿no es una
payasada sacar una resolución en la que se dictan unas directrices que cumplir
so penas de sanciones fregadas, sanciones duras, y ver que no se las cumplen y
no pasa nada? eso es una payasada, el doctor Marcenaro agregó bajé porque lo
último que usted nos escribió, todo lo que dice es cierto y lo vamos a poner en
práctica, era ciertas posibles soluciones al problema de SAYCO, todavía las
tengo y no son todas, ni es la salvación, no, pero si es corrección, si se
corrigen muchas cosas que están ocurriendo en SAYCO, si se aplican ciertas
normas ciertas reglas si la hay, y estoy dispuesto doctor Duque y los demás a
aportadas, cítenme, ayer escribí, yo voy con otro solo compañero, que vaya [RMM],
Consejo Directivo, los abogados de SAYCO, que vaya usted señor procurador si va
a defenderlo, que vayan los que quieran, nosotros vamos dos nada más, a denunciar
ya mostrar los papeles, que hubo lo reto, hagan esa reunión doctor Duque, ahí
no hay excusas de nada, que vayan y que lo televisen, un debate entre ellos y
nosotros, donde nosotros vamos a enunciar, a seguir denunciado y a mostrar las
pruebas, y ellos van a defenderse, y a decir no eso es mentira por esto, miren
ve, hay es esto y esto otro, lo reto a eso, eso lo estoy haciendo hace años, y
yo sé que es inútil, pero una gótica de agua todo los días en una piedra, hacen
un huequito, entonces el doctor Marcenaro me lo dijo sinceramente, el doctor
Marcenaro llegó a decir por ejemplo en el Ministerio, una vez que pedimos una
reunión, que no fue el Ministro si no que mandó al viceministro, nosotros
queríamos era un Ministro, no se atrevió a ir, dijo yo sé lo que está haciendo
ahí este señor [RMM] ahí en SAYCO ¿qué hago?, así, doctor Femando
Carrillo pregúntele si miento, yo creo en el doctor Marcenaro en su rectitud
pero estaba amarra'o el Ministerio, el Departamento Jurídico, SAYCO, todos lo
tenían con las manos atadas, no podía hacer nada, y es que da miedo cuando se
está lidiando con una mafia, sancionarlos, castigarlos, sin embargo hay
muchas sanciones, doctores, muchas, no son ni dos ni tres, y expresamente en
las resoluciones dice que [RMM]  es de los más sancionados, y ahí
está rico, robando para él y para otros, denúncieme señor [RMM], que
estamos dispuestos a probárselo, el solo hecho de la distribución a
dedo, que es como se hace porque no hay otra, y esa no está contemplada por las
leyes, es un robo, es un robo, la ley en el artículo 163 de la ley 82 del año
82, no recuerdo, ahí la tengo anotada, yo tengo muy mala memoria, habla de una
sola posibilidad de los establecimientos, las planillas, no hay otra, yo
entiendo y sería muy bueno, que paralelamente a esas planillas haya unos
sistemas tecnológicos que también se usen para detectar las sonadas, pero para
confirmar lo de las planillas, las planillas no se puede echar a un lado,
porque la ley lo exige, no, no les importa un pito, tenemos las pruebas de que
no hacen las planillas, tenemos las pruebas dichas por ellos mismo, ciertos
correos me explican como establecen las sonadas, con el aforo de los sitios,
como es posible que un establecimiento al que se le cobra, establecido
unilateralmente por SAYCO, por suma 10 millones de pesos al año, antes de, o
sea al comenzar el año, por lo que van a sonar en el año ¿de quién es esa
plata?, por favor, si la ley dice que debe repartirse proporcionalmente a las
canciones que suenan, si lo pagan por anticipado ¿qué canciones van a sonar? y
¿cuántas veces?, porque es así como hay que hacerlo, y esto no es un invento de
[RGRB], doctores SAYCO tiene problemas con socios, con establecimientos,
con empresarios, con la Dirección Nacional, con muchas personas y entidades,
tiene problemas con todo el mundo, y va seguir así, ya es hora de legislar como
debe ser los derechos de autor, no se puede seguir con la legislación que
existe ahora mismo porque eso no es nada, eso es letra menuda en papel ahí para
llenar el requisito de que si existe, es como si no existiera porque no existe
para un pito, porque como están legislados los derechos de autor ahora mismo,
eso es una puerta abierta al delito al robo, así señor Marrugo, ayer ya voló
uno a escribir enseguida por que la W denunció enseguida, la W ha tenido los
pantalones de hacer como periodista ha dicho si, se está haciendo esto y esto,
y enseguida que era que le habían da’o que el doctor Espinosa, a mí no me metan
en cuentos del doctor Espinosa que yo no tengo nada que ver con eso, yo fui
cuando era Gerente y Conrado fue con nosotros a ponerlo al tanto y  a ver cómo
era que iba a solucionar ese confitico que había ahí, que hicieron lo de
Servinteg si eso, yo no tengo ni idea de que es eso, si Servinteg, no tengo ni
idea, escuché que era que era una empresa que no podía hacer eso porque era una
inmobiliaria, yo no tengo nada que ver con eso, y enseguida me ponen que yo
estaba de acuerdo y que estaba extorsionando al doctor Espinosa para que me
diera una plata, yo no extorsiono a nadie, yo estoy es pidiendo una plata que me
han roba o, y exijo que se sienten conmigo y llegamos a un acuerdo, porque no
hay forma de allegada por papeles estudiando, porque usted dice que es tanto,
porque fueron tantos años, desde el 81, son 38 años, menos 3 que me expulsaron
injustamente, ahí está comprobado, allí está el acta donde me persigue [RMM]
y el otro que yo no tengo las obras, que yo no tengo señorío, él pidió
una cantidad de barrabasadas, que yo no podía, a mí no se me podía otorgar la
cláusula de excepcionalidad, y se puede más que a todos los que se las han
dado, se me puede dar a mí, porque tengo todos los requisitos, tengo más que
todo lo de usted, señor [RMM], la lista esa que pasaban a la Secretaría
General a estos tipos hay que subirlos, así, y tenemos la lista y el mensaje
suyo pa' que lo suban ¿qué más quiere doctor Duque? ¿qué más quiere? Que nos
maten, porque allá pueden llegar, nos pueden matar, que vamos a hacer si es la
voluntad de Dios, bueno, de algo hay que morir, eso es lo que están esperando
ustedes, ya esto ha debido de haberse corregido, ¿cómo? Sacando a esos tipos de
ahí y metiéndolos presos, a los que merecen estar presos, que son casi todos
los de la administración, esto que es por favor, ya está bueno, llámese señor
Procurador al doctor Marcenaro, y dígale si es mentira que iba a aplicar lo que
yo decía porque le pareció que todo era correcto que todo estaba bien y que
servía para la reorganización de SAYCO, no lo hizo creo que porque comenzaron a
presionarlo de arriba, tenga tenga, no a él, al Ministro y el Ministro decía no
hagan eso, si estoy equivoca'o me retractaré pero suspicacias lógicas que
despiertan unos hechos de esta clase, de este tipo de esa magnitud, dicen eso,
y hay una parranda donde está el Ministro Cristo con [RMM], sonriendo el
Ministro y [RMM], un Ministro que siempre era con el ceño fruncido
porque él creía que el ceño fruncido da seriedad, eso no da nada, esas son
poses políticas ahí que establecen para su imagen, no quiero seguir hablando
porque ahora rato me dieron ganas de vomitar y si sigo vomito aquí, que tengan
un resto de día feliz.”
Posteriormente el 15 de abril de 2019 el
señor RGRB, hizo la siguiente publicación en su perfil de Facebook:
“EL
SABOR DE UNA DECISIÓN. Este es un trago amargo. Llegar a la conclusión de que
la maldad, los demonios, la delincuencia, tienen la colaboración, el apoyo de
unas instituciones podridas, que las convierte en lo mismo que la manada de
DELINCUENTES que apoyan, es muy doloroso. Llegar a la conclusión de que estamos
en manos de unas personas sin moral, sin ética, sin principios, inescrupulosas,
vuelve mierda todas las ilusiones y esperanzas que puede tener un ser humano.
Eso es traición a la patria. Engañaron a millones de colombianos que
depositaron en ellos, con su voto, la esperanza de ver un país diferente, la
esperanza de darles a sus hijos un país justo, con posibilidades de estudiar y
vivir dignamente. Las luchas que vemos en el Congreso son como la de los
carteles, por ver quién queda con el manejo de la corrupción... Arruga el alma.
No hay ninguna diferencia moral entre unos y otros. ¿Cuál hay entre el pasado
gerente de Sayco y el actual? Que el primero está preso por un desfalco de dos
mil trescientos millones de pesos; solo eso. [RMM] debería estar preso
desde hace muchos años, pero bien dijo un día: "tengo la sartén por el
mango" ($$$$$$$$$): Ha tenido con qué comprar todas las conciencias que ha
necesitado para violar la Constitución, las leyes, las normas, los estatutos...
¡Todo! Se ha puesto de ruana todo lo que ha querido. Es el capo de una mafia;
creo que es el único caso en el mundo que alguien así se codea con Ministros;
les organiza fiestas suntuosas, con dinero robado a los socios de una sociedad
sagrada; regala el dinero de los mismos... Bueno, la decisión está tomada y la
voy a cumplir. Hay muchos felices por este motivo, aunque también son
innumerables los que me han escrito, expresándome su apoyo y lamentando mi
decisión. Lamento no complacerlos en su petición de que continúe en la lucha.
Es absurdo seguir en ella, cuando sabes que es inútil, porque, aunque tengo
cientos de pruebas, ellos tienen cientos de miles de millones, cuyos efectos
están ahí palpables: el apoyo del Gobierno y de los entes de control.
MONSTRUOSO. DEMONÍACO. Deseo suerte a los que van a continuar. Les pido por favor
que no me toquen más el tema. No estoy interesado.”
3.
RGRB. Vía
correo electrónico remitió copias de publicaciones que ha hecho en sus redes
sociales, las que se transcriben a continuación.
“ESCRITO
QUE ACABO DE SUBIR A LAS REDES.
SEÑOR
[RMM], ¿USTED ES
HONESTO Y EN SAYCO TODO SE HACE BIEN? ¡HAGAMOS EL DEBATE!
Ego,
prepotencia, creerse una eminencia, igualmente creerse inmune a la justicia,
pensar que nadie se resiste al dinero, creerles a sus aduladores, todo eso
acompañado de miles de millones, lo llevan a una terquedad absurda, que raya en
lo enfermizo…
Señor
notario, nuestras pruebas no son volátiles, ni son dos o tres; las Resoluciones
de la DNDA, en las que usted ha sido sancionado en múltiples ocasiones,
existen, son reales; su inhabilidad para estar en el Consejo Directivo, no es
un sueño, ni está sujeta a ser discutida en estrados judiciales, aunque usted
lo haga ver así en sus “defensas” repletas de falsedades que han inducido
inexplicablemente a un “fallador” en un “litigio” que no lo es, a “darle la
razón”, y que, de paso, le complica la vida al mismo.
El
documento de más de cuarenta páginas emitido por la Contraloría General de la
Nación, a raíz de una auditoría hecha por esta a la DNDA, plagado de
incumplimientos y actuaciones indebidas y omisiones de esta como ente de
inspección, vigilancia y control de Sayco, en la misma proporción está
denunciando indirectamente – yo diría que de manera directa - las anomalías,
ilegalidades, mal uso del dinero recaudado por Sayco, violaciones de leyes,
normas, estatutos, de forma repetitiva, (de hecho queda establecida la
prohibición de incurrir en ellas nuevamente); sobrepasar en miles de millones
el 20% de gastos de administración, etc, etc., son realidades irrefutables…
Creo
que su insistencia en denuncias y tutelas contra mí, por supuestas calumnias,
son contraproducentes para usted, por cuanto hacen poner nuevamente en el
tapete todos esos actos que demuestran la veracidad de mis denuncias en las
redes. Su actitud raya en masoquismo.
Tengan
algo claro (dos cosas): 1. Ustedes no tienen con qué ensuciar mi nombre; no hay
con qué. 2. Y no tienen forma de limpiar el suyo; son muchos hechos, documentos
inocultables…
En
su defensa ante la Superintendencia de Notariado y Registro, “argumenta” con
falsedad que usted en Sayco no maneja negocios ajenos. Solo un ejemplo: ¿El
Acta de una reunión del Consejo Directivo en la que se hacen anticipos y
préstamos de miles de millones no se refiere a manejo de dinero o negocios
ajenos? Agravante: Esos “préstamos” (léase regalos) son ilegales aunque la DNDA
les haya dado carácter de legales. Paso a explicar ese hecho que ya he
analizado muchísimas veces:
Está
suficientemente probado que en Sayco no hay forma de conocer las sonadas de
ninguna canción, mucho menos, el número de veces de dichas sonadas. La DNDA lo
manifiesta en varias Resoluciones: “En Sayco los sistemas de recaudo y
distribución no son confiables”. Existe un correo, respuesta del departamento
jurídico a un derecho de petición que hice a Sayco; hay respuestas distintas en
diferentes oportunidades. En una, que también le envían al Dr. Giancarlo
Marcenaro, Director en ese momento de la DNDA, me dicen cómo se distribuye en
Sayco. Es un absurdo de todos los absurdos, ilegal y confluye en ROBO.
1. En
Colombia hay más de 200.000 establecimientos que usan música para lucrarse.
2. Sayco
visita alrededor de 2.400 (1.2%), un mínimo de tres horas diarias, cada tres
meses; eso reduce el porcentaje a menos del 1%.
3. Basados
en eso, promedian y establecen las sonadas de cada uno. No se considera, por
ejemplo, que la música que suena en una población o región, puede tener un 0%
de coincidencia con la de otra, v.gr, yo creo que el porcentaje de música de Nariño que
se escucha en la Guajira, es CERO.
4. La
ley no da a escoger varias opciones para distribuir; da UNA SOLA: Las sonadas
REALES, no promediadas, mucho menos basándose en datos falsos.
5. Las
calidades de Activos y Adherentes, como están, son ilegales. Todo confluye en
lo mismo: Si estas se establecen por el producido de cada uno, según las
SONADAS REALES, y estas no se pueden determinar en este momento, NO SE PUEDE
ESTABLECER LA CALIDAD DE NADIE. ¡Demuestren que no es así!
6. Los
préstamos y anticipos, dándoles el beneficio de la legalidad estatutaria y
reglamentaria, también se hacen basándose en lo producido anualmente (otra vez
las benditas SONADAS REALES INEXISTENTES). Luego son falsas las sumas de dinero
que se establecen para anticipar.
7. OSA
afirma o reconoce (tenemos el documento) la ilegalidad del recaudo, al hacerlo
GLOBALMENTE, sin usar las planillas que ORDENA LA LEY.
8. Etc,
etc, etc…
Marrugo
y señor Gerente, ¿cómo es la cosa? ¿Que RGRB está loco? ¿De verdad
les parece? Ese “loco” los tiene “TODOS A UNA CONTRA RGRB”. Los que se
están enloqueciendo son otros.
Señor
[RMM], todavía le ve
un resultado a su favor en una denuncia contra [RGRB], QUIEN NUNCA HA
TOCADO UN CENTAVO DE SAYCO?
Tienen
que hacer un alto en el camino, un examen de conciencia que termine en
arrepentimiento verdadero con contrición de corazón y la intención de no
repetir la falta; esa es la teoría; yo sé que eso, en personas que tienen la
corrupción arraigada en su ser, nunca se dará: esto solo lo cambiará la
justicia, que tarda, pero llega. Parece que se les olvidó ese aforismo.”
Posteriormente, presentó un nuevo
escrito a través del cual pretendió evidenciar lo que llamó “la corrupción de
SAYCO”. En concreto manifestó:
“Cordial
saludo.
Quiero
aclarar primero que no soy abogado y por lo tanto desconozco la parte formal de
estas informaciones. Por ello les digo muy respetuosamente que, por lo extenso
de todo lo que hay para informar sobre el caso de la corrupción de Sayco, les
enviaré varios correos en los que trataré de enviar el máximo de información
posible, con las respectivas pruebas.
I.
Sayco
tiene dos funciones: recaudar y distribuir los derechos de autor.
II.
El artículo 159 de la Ley 23 de 1982, establece que se considerarán ejecuciones
públicas las que se realicen en “teatros, cines, salas de concierto o baile,
bares, clubes de cualquier naturaleza, estadios, circos, restaurantes, hoteles,
establecimientos comerciales, bancarios e industriales y en fin donde quiera
que se interpreten o ejecuten obras musicales, o se transmitan por radio y
televisión, sea con la participación de artistas, sea por procesos mecánicos,
electrónicos, sonoros o audiovisuales”.
Por
su parte el artículo 163 de la misma ley establece: “La persona que tenga a su
cargo la dirección de las entidades o establecimientos enumerados en el
artículo 159 de la presente Ley, en donde se realicen actos de ejecución
pública de obras musicales, está obligada a:
1.
Exhibir, en lugar público, el programa diario de las mismas obras; 2. Anotar en
planillas diarias, en riguroso orden, el título de cada obra musical ejecutada,
el nombre del autor o compositor de las mismas, el de los artistas o
intérpretes que en ella intervienen, o el director del grupo u orquesta, en su
caso, y del nombre o marca del grabador cuando la ejecución pública se haga a
partir de una fijación fonomecánica, y 3. Remitir una copia auténtica de dichas
planillas a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores
de fonogramas que en ellas aparezcan, o a sus representantes
legales o convencionales si lo solicitan.
Las
planillas a que se refiere el presente artículo serán fechadas y firmadas y
puestas a disposición de los interesados, o de las autoridades
administrativas o judiciales competentes cuando las solicitan para su examen”.
III.
En SAYCO, NUNCA, en toda su existencia, se ha cumplido lo anterior. Además de
esto, en una ocasión en que solicité por Derecho de Petición, me fueran
enviadas las planillas de los últimos cinco años para verificar si se me habían
liquidado correcta y legalmente mis derechos de autor, se me contestó por parte
del departamento jurídico: “Esta facultad (pienso que se refiere a lo que
ordena la Ley) fue reglamentada por el Consejo Directivo mediante
resolución N° 048 de 1999, la cual dispone que “el socio que requiera
observar documentos, debe enviar carta de solicitud al Comité de Vigilancia
describiendo los documentos que  necesita observar, explicando las
razones que le motivan para su inspección. Por su parte, el numeral
2.4 del mismo reglamento establece que “por ningún motivo se entregarán
fotocopias de documentos, por ser éstos privativos de la sociedad”.
Con
ello, el Consejo Directivo de Sayco de 1999 lo único que pretendía era ponerles
trabas, a las peticiones que hiciéramos los socios, derecho que nos otorga la
Ley. Aquí es bueno hacer la observación de que la Ley es taxativa y no
condiciona la solicitud de las planillas a ninguna circunstancia. Cabe anotar
que los socios ingenuos, desconocedores de la Ley, que creían que las cosas en
Sayco se hacían correcta y legalmente, también aceptaban la explicación de la
“reglamentación” ¡hecha por el Consejo Directivo a una ley de la República!! En
lo anterior se ve la violación premeditada de la Ley, que es clara y
concluyente. (Les haré llegar correo que me envió el departamento
jurídico de Sayco)
Es
lógico que, al no tener los establecimientos de que se habla, la posibilidad de
enviar directamente dicha información a cada socio, el mecanismo que tienen es
enviarla a Sayco, que es la representante de los autores y compositores, la
que, para su buen funcionamiento, y para poder cumplir lo establecido por la
Ley 23 de 1982, en el artículo 163 debe tener la base de datos de todos los
socios, para hacerles llegar cualquier información solicitada por los
mismos.  Esa base de datos no existe completa; es más, es mínima. También
es lógico y se deduce de lo ordenado por la misma LEY, que, para cumplir sus
funciones ateniéndose a dicha Ley, Sayco debe solicitar a los establecimientos,
las planillas exigidas. Sobre esto último puedo hablar con conocimiento de
causa, dado que fui dueño de cuatro tabernas en Bogotá, en las que nunca se nos
exigió dicho requisito, sino que pagábamos a OSA –Organización Sayco-Acinpro –
de la forma en que manifiesto en el próximo numeral.
Conclusión
de lo anterior es que no se puede establecer de ninguna manera lo que produce
cada socio, por ende, la distribución del recaudo se hace “a dedo”, lo que
implica que hay robo en la distribución, al quitarles a unos para darles a
otros, en cantidades arbitrarias.
Les
envío en otro correo,
respuesta dada por el Gerente de Sayco, Poldino Posteraro, quien hoy está preso
por un desfalco de DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, en la construcción de
un acueducto en El Carmen de Bolívar, a unas preguntas hechas por el Dr.
Giancarlo Marcenaro, Director de la DNDA, en que la respuesta a la
primera pregunta de esta a Sayco, deja evidenciada en forma clara la violación
del artículo 163 de la Ley 23 de 1982, el cual transcribí en el numeral II de
este, sobre cómo se debe hacer el recaudo, que debe basarse en tener el 100% de
las sonadas en todos los establecimientos que usan la música. Además del
reconocimiento expreso (documento adjunto) de OSA, de NO PLANILLAR en ninguno
de los establecimientos, se agrega lo que dice la respuesta a la que hago
referencia, sobre el sistema de detectar las sonadas de las obras musicales:
“Un proveedor externo ejecuta TRIMESTRALMENTE un total de 4.485 visitas a 2.780
establecimientos abiertos al público en 71 diferentes municipios”; 2.780
establecimientos son, aproximadamente, el 4% de los establecimientos del país…
¿Y los demás? Basados en ese porcentaje NO SE PUEDEN ESTABLECER las sonadas
REALES que exige la ley. A manera de análisis, basados en un 4% de los
establecimientos del país, no se puede deducir, ni por aproximación, lo real:
hay regiones del país donde la música, las canciones que suenan son totalmente
diferentes de las de otras regiones, hasta el punto de que, como ejemplo, en un
municipio de Nariño, es perfectamente posible y normal que la coincidencia de
canciones sonadas en otras regiones del país (por ejemplo, en la Guajira) sea
de un 0%. Conclusión: Es totalmente inaplicable el sistema usado actualmente.
Es
bueno recordar que basados en las sonadas, se hace la distribución, lo que nos
lleva a la conclusión de que es ilegal y lesiva para muchos socios, por la
falsedad absoluta de los datos.
IV.
Ahora bien, la OSA – ORGANIZACIÓN SAYCO - ACINPRO – es la encargada de hacer
los recaudos en los establecimientos públicos. Esta, deducido el porcentaje que
cobra por hacer dicho recaudo y sus gastos de administración, entrega SIN
NINGÚN SOPORTE, el 60% a Sayco y el 40% a Acinpro. Tengo un documento, que
adjunto, en que OSA dice un exabrupto de los más grandes que he visto en mi
vida (adjunto documento-prueba): “cuando habla de recaudo se refiere única y
exclusivamente a los derechos de sus afiliados. Razón por la cual i) esta
organización en ningún momento recauda a nombre de personas distintas a tales
afiliados y ii) Su recaudo no lo hace en forma discriminada
sino global…” Como se observa claramente, los literales i y ii son
contradictorios
Absurdo
de todos los absurdos. Lo escrito en negrillas y lo subrayado constituyen una
contradicción absoluta: Cuando cobra en forma global, cobra por todo lo que
suena, afiliados o no afiliados. Y continúa OSA: “Esta organización tampoco
maneja ´el Fondo de obras desconocidas´…” Me pregunto: ¿Si OSA cobra en forma
global (esto es, TODO LO QUE ALLÍ SUENA), cómo dice que no cobra lo de los no
afiliados, ni lo de las obras desconocidas?
Un
elemento más que prueba la imposibilidad de determinar lo que corresponde a
cada socio es el siguiente: El sistema que emplea OSA para cobrar los derechos
de autor es: establece a los establecimientos, unilateralmente, por anticipado,
una tarifa ANUAL, basada en el aforo del local, y el punto de la ciudad donde
ellos se encuentran (no se tienen en cuenta las sonadas). Además, un hecho más
que confirma lo anterior, es que OSA cobra por año anticipado; imposible, por
consiguiente, determinar qué canciones y cuántas veces van a sonar, como lo
establece la ley (“Anotar en planillas diarias, en riguroso orden, el título de
cada obra musical ejecutada, el nombre del autor o compositor de las mismas”).
Imposible, entonces, determinar de qué autores y en qué proporción  es ese
dinero. Partiendo de un supuesto totalmnte imposible de que hagan plnillas de
lo que los establecimientos van a sonar, durante un año, existe la posibilidad
de que en el transcurso de este aparezcan nuevos éxitos que lógicamente hay que
hacerlos sonar, con la consecuente alteración de las planillas preconfiguradas.
V.
Comoquiera que he sido socio de Sayco durante 36 años, no contando los tres
últimos en que aparezco como expulsado - desde 1981 -, dado lo anterior,
NUNCA  se  me cancelaron correctamente mis derechos de autor.
VI.
Por la Decisión Andina 351 de 1993, las sociedades de gestión colectiva deben
tener categorías de socios. Amparados en ello, en Sayco se establecieron dos
categorías ilegales: ACTIVOS Y ADHERENTES, entre otras, con fines non sanctos:
Los
estatutos de Sayco establecen dichas categorías de esta manera: Son Activos los
socios que “producen” un salario mínimo mensual o más, al año. Son Adherentes los
que no alcanzan a producir un salario mínimo mensual al año. Demostrado como
está, que es imposible determinar lo que produce en derechos cada autor, es
imposible asignarle a cada socio una categoría.
Ahora
bien, los socios “Activos” son los únicos que pueden aspirar a ser delegados en
las asambleas regionales, para después venir a la asamblea general en Bogotá –
de solo delegados- , en la que se escoge el Consejo Directivo, para el que hay
que ser delegado y, por consiguiente, ACTIVO.  Los socios Adherentes solo
tienen derecho a votar; no a ser elegidos; y hay otra categoría, AFILIADOS, que
no pueden votar ni, por supuesto, aspirar al Consejo Directivo.  Lo
anterior para mostrar lo siguiente: Comoquiera que dichas categorías son
manejadas “a dedo”, los señores de la administración de Sayco, cuando ven que
un socio reviste peligro para ellos, en el sentido de que es un socio con
méritos, con trayectoria, que tiene credibilidad, y quiere y puede aspirar con
muchas probabilidades de lograr su objetivo, lo bajan a Adherente o a Afiliado.
Estos cambios de calidad los hacen con mucha tranquilidad, porque se sienten
protegidos por la “reglamentación que hicieron a la ley” y en el numeral 2.4
del mismo reglamento que establece, también contra la LEY, que “por ningún
motivo se entregarán fotocopias de documentos, por ser éstos privativos de la
sociedad”.
Hay
otros hechos, en cuanto a mi caso se refiere, que ponen de manifiesto la
persecusión y robos de que he sido víctima. Algunas de mis canciones sonaron
mucho en otros países pero NUNCA HE RECIBIDO UN CENTAVO POR DICHAS
SONADAS. El siguiente es el link de una canción de mi autoría, grabada en
México por el grupo “Los vallenatos de la cumbia”. Se supone, y es un hecho,
que cuando una agrupación musical graba un tema de otro país, es porque este es
exitoso.
https://youtu.be/A_rFptUBATc
Dicha
canción, en mi interpretación, fue incluida en 14 discos variados del sello
Codiscos, y 3 de Discos FUENTES, en el primero de los cuales grabé, prueba
inequívoca de que fue un superéxito, puesto que las disqueras solo incluyen
canciones exitosas en los variados  Esta canción todavía suena en
emisoras, es tema obligado en muchas rockolas del país; en tabernas…
La
canción “Secreto de amor”, también de mi autoría, grabada para el sello F.M.,
por el Maestro Alfredo Gutiérrez, fue superéxito en Bogotá, Costa Rica y otros
países. De ellos a través de Sayco, por los convenios de reciprocidad que tiene
con este país, NUNCA HE RECIBIDO UN CENTAVO POR MIS DERECHOS. Este es su link:
https://youtu.be/WrPaHxde4ck
Varias
de mis obras han sido grabadas por diferentes agrupaciones de prestigio
nacional e internacional, caso de
Los
Melódicos de Renato Capriles de Venezuela y Juan Piña (“Compadre José Mercé”).
Alfredo
Gutiérrez, Alcides Díaz, Adolfo Pacheco, entre otros.
En
mi propia voz grabé varias.
En
treinta y seis años de ser socio de Sayco, no he recibido ni remotamente lo que
corresponde a las sonadas de mis canciones en Colombia y otros países.
En
Sayco tuvieron engañados a todos los socios, haciéndoles creer que había un
sistema de última tecnología, perfecto, automático, al que llegaba la
información de las sonadas, vía satelital, desde cualquier parte del mundo. El
supuesto sistema se llama BROADCASTING DATA SYSTEM, “dato” que enviaban a los
socios en las liquidaciones.
Tenemos
en nuestro poder la respuesta a un Derecho de Petición que hicimos a la Dra. Aracely
Morales, exgerente de Sayco, solicitándole nos informara desde cuándo estaba
implementado dicho sistema de detectar sonadas, supuestamente base para hacer
la distribución. La respuesta que nos dio fue que dicho sistema NUNCA SE HABÍA
IMPLEMENTADO EN SAYCO. Y [RMM] estuvo en esas
administraciones y estaba al tanto de todo… (Enviaré  documento
probatorio)
Quiero
aquí hacer una explicación que considero pertinente e importante: el dinero que
pagaba TELMEX se debía distribuir entre los autores de las canciones que
allí sonaban y proporcionalmente al número de sonadas. Igual ocurre con
cualquier otro canal de TV.
Yo
fui director y presentador, durante nueve años,  del programa
Vallenateando con Rafa, que se pasaba tres o cuatro veces semanales, en repetición,
e interpretaba con mucha frecuencia CANCIÓN PARA TI,  de mi autoría.
Por
una deuda que tenía TELMEX con Sayco, de $5.000.000.000.oo, llegaron a un
acuerdo de pago de cinco abonos de $1.000.000.000.oo cada uno. Hecho el
primero, observé que a mí no me habían liquidado lo correspondiente a mis
sonadas.
Hablé
en Sayco sobre ese abono de TELMEX, porque nunca se me dio ni un centavo por
ese concepto; reclamé por ese hecho; inicialmente se me dio la respuesta más
estúpida, absurda, hasta irrespetuosa, que he recibido en mi vida: que tenía
que esperar a que TELMEX terminara de pagar lo que debía, para poder pagarme lo
mío. O sea que, si demoraba 10 años para pagar su deuda, yo tenía que esperar
todo ese tiempo para recibir lo mío. ¿Será que de ese dinero – los mil millones
del abono -  no se tocó ni un peso, ni para administración, ni para nada?
¿No entró  a la contabilidad, sino que lo tuvieron “apartadito” en una
guaca para esperar la cancelación de toda la deuda? La respuesta es lógica: No.
Allí comencé a ver la triste realidad de Sayco… Cuando reclamé eso, cambiaron
de explicación y me dijeron que estudiarían mi caso para arreglar mi problema.
NUNCA SE HIZO.
Otra
prueba de la persecución de que he sido objeto en Sayco es la siguiente: En una
ocasión, teniendo la calidad de socio Adherente (a la que fui bajado
injustamente, además de que NO PUEDE EXISTIR), me acogí a la cláusula de
excepcionalidad de los estatutos que reza textualmente, en el artículo VII,
literal b: Excepcionalmente el Consejo Directivo, por unanimidad de sus
miembros en ejercicio, con el control previo del Comité
de Vigilancia, podrá conferir la calidad de Socio Activo, a quienes no reúnan
los requisitos señalados en los numerales 1 y 2 del presente artículo, cuyos
antecedentes profesionales acrediten una relevante trayectoria en la música
nacional*.
Hechos
que prueban suficientemente mi relevancia en la música nacional:
a).
Después de treinta y seis años de haber comenzado a grabar con Otto Serge, hoy
todavía suenan como éxitos, canciones como SEÑORA, ESPOSA MÍA, EL MOCHUELO,
BENDITA DUDA, LEJANÍA, entre otras, y en mi propia voz, CANCIÓN PARA TI, de mi
autoría, canciones que se escuchan diariamente en muchas emisoras de Bogotá y
otras poblaciones del interior del país.
b)
Presenté un programa musical, VALLENATEANDO CON RAFA, de gran acogida nacional
durante nueve años, por Telmex y Claro TV.
c)
He actuado en varias novelas musicales, en dos de las cuales, OYE BONITA
Y RAFAEL OROZCO, EL ÍDOLO, hice personajes importantes, muy admirados
y elogiados por los televidentes.
d)
Fui ganador del concurso VUELVE LA SERENATA, organizado por Acinpro y RCN.
e)
El Círculo de Periodistas del Cesar me otorgó la Sirena de Oro por la labor
realizada en pro del Vallenato, en el programa Vallenateando con Rafa.
Cabe
anotar que tenemos una lista, que adjuntamos, de socios NN en la música a los
que se les aplicó favorablemente, con el único fin de aumentar su caudal de
votos en las elecciones de las asambleas delegatarias. Estos socios NO TIENEN
UN SOLO HECHO DE RELEVANCIA EN LA MÚSICA NACIONAL.
*Obsérvese
que habla de “en la música nacional” – no en la composición -.
Hago la aclaración, porque ellos “se basan” en el supuesto hecho, falso
totalmente, de que no tengo la relevancia nacional suficiente en esta última,
para concederme la cláusula de excepcionalidad.
El
señor [RMM]
aduce
como “causal” para que se me niegue mi petición, que no tengo SEÑORÍO, causal
que es absurda, casi irrisoria, que, lógicamente, no aparece en los estatutos.
La
DNDA encontró en unas investigaciones, que se me violaron mis derechos, como
aparece en la Resolución 149.
ENVÍOS
EN OTROS CORREOS. POR MIS POCOS CONOCIMIENTOS DE ESTA TECNOLOGÍA, ME VEO
OBLIGADO A HACERLO DE ESTA MANERA.:
1.
Varios correos enviados y recibidos, sobre derechos de petición que he hecho a
Sayco.
2.
Respuesta del Gerente actual, Poldino Posteraro, al Director de la DNDA, Dr.
Giancarlo Marcenaro Jiménez.
3.
Documento en el que la Organización Sayco-Acinpro (OSA) manifiesta no cobrar
por planillas, sino globalmente.
4.
Acta del Consejo Directivo, en la que se ve claramente que soy objeto de
persecución.
5.
Acta de la Asamblea en que fui expulsado de la Sociedad, sin darme derecho al
debido proceso: Se propone mi expulsión y se me expulsó.
6.
Respuesta de la Dra. Aracelli Morales, cuando era Gerente, en la que manifiesta
que el sistema BROADCASTING DATA SYSTEM, con el que tuvieron engañados a los
socios durante muchos años, nunca existió en Sayco.
7.
Mi expulsión de Sayco se debió a mis supuestos “ataques” a la Sociedad.
Totalmente falso. Por el contrario, con mis denuncias trato de defender a Sayco
del mal manejo de unos señores sobre los que pesan denuncias penales, algunas
de hechas por el Gobierno – DNDA -. Este mal manejo está demostrado en varias
Resoluciones de la DNDA, en las que se sancionó a varios miembros del Consejo
Directivo, por múltiples actos contra los estatutos, que, inexplicablemente, no
fueron siquiera indicios para aplicarles las medidas cautelares que establece
la Ley 1493 para casos como esos.”
Luego, remitió copia del derecho
de petición dirigido a la Presidencia de la República, al Ministerio del
Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Dirección Nacional de
Derechos de Autor, donde indicó:
“Con
mucho respeto les solicito no me envíen más números de radicados: no los leeré;
porque me parece irrespetuoso, seis años recibiéndolos y [RMM]
y
el Consejo Directivo, la mafia establecida con apoyo del gobierno y de los
entes de control, inmunes a la justicia, violando las leyes, estatutos, normas,
desacatando fallos y órdenes judiciales que son COSA JUZGADA, mejor dicho,
pasándose todo por la faja, y lo que es peor, pregonando que  él (UN
DELINCUENTE) tiene toda la protección que necesita. Caso único en el mundo.
Para RECORD GUINNES. Me han robado desde hace 38 años. y ME SIGUEN ROBANDO:
tengo cómo probarlo; ante estas palabras, por lo menos deberían citarme a
mostrar las pruebas - que ya las tienen -; el recaudo se hace GLOBALMENTE.
¡Tengo el documento de OSA que lo certifica!
Reitero
que esto lo digo con respeto, pero indignado. ¡Quién no lo estaría si le están
robando lo suyo descaradamente, y quienes deben evitarlo y obligarlos a
devolver lo ajeno, no lo hacen.”
En otra oportunidad, remitió
correo electrónico en el que informó sobre una publicación en la red social
Facebook hecha desde un perfil identificado con el nombre de Felipe Enrique
Zamora Jelk, donde se lee: “ES UN CRIMINAL, ASÍ MATÓ A LUCHO HERRERA, CUANDO
LE ROBÓ EL ACORDEÓN. QUE LE COLOQUE DENUNCIA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO
PREMEDITADA”. Al respecto el señor RGRB manifestó:
“MUY
RESPETUOSAMENTE LES ESTOY ENVIANDO ESTA PUBLICACIÓN EN LAS REDES.
DOCTORES,
¿HASTA DÓNDE VA A PERMITIR A ESTOS DEGENERADOS LO QUE HACEN? ESTO LO PUBLICÓ
UNO DE LOS QUE DEFIENDE AL NOTARIO CORRUPTO, REFIRIÉNDOSE A MÍ. ¡YA ESTA
PERMISIVIDAD TRASPASA TODOS LOS LÍMITES! ESO YA NO ES LIBERTAD DE
EXPRESIÓN...
Por
lo que he estado viviendo, estoy casi seguro de que no va a pasar nada al
respecto.
Bueno,
había algo que tuve aguantado, porque pensé que con todos los hechos conocidos,
finalmente un Gobierno que basó su campaña en EL QUE LA HACE LA PAGA, iba a
aplicarlo.
Esto
no es amenaza. Es una información: En 15 días comienzo una huelga de hambre en
la que estarán invitados muchos medios.”
El 11 de mayo el señor RGRB
remitió copia de una nueva publicación hecha en sus redes sociales. En concreto
se lee:
“ESTO
NO ES MATONEO, SEÑOR JESÚS VIDES: SON VERDADES.
LA
ADMINISTRACIÓN DE SAYCO ES UNA CLOACA …JAMÁS HA EXISTIDO TANTA INMUNDICIA,
PORQUERÍA, ESTIÉRCOL, JUNTOS.
Ahora
defino a las personas de la administración: corruptos, bandidos, delincuentes,
rateros, sinvergüenzas, miserables, inhumanos, perversos, demonios, monstruos,
agrupados para robarles a los autores y compositores de Colombia; seleccionados
con lupa.
¿Quién
es capaz de decir que en Sayco se distribuye el recaudo como lo ordena la Ley,
proporcionalmente a las sonadas REALES de las canciones?
¿Quién
es capaz de probar que las categorías de Sayco son legales?
¿Quién
es capaz de demostrar que el Dr. Abelardo de la Espriella no presentó una
denuncia porque le falsificaron su firma para cometer un ilícito?
¿Quién
es capaz de demostrar que el Consejo Directivo no desacató un fallo Judicial
que es Cosa Juzgada, usando triquiñuelas del notario [RMM]
en
juzgados de Santa Marta, y que todavía están en desacato?
¿Quién
es capaz de probar que los anticipos de miles de millones que han hecho a
miembros del Consejo Directivo, del Comité de,Vigilancia y delegados regionales
no son ilegales, y no hay cómo pagarlos y que, por ende, son regalos?
¿Quién
es capaz de probar que a Jairo Ruge no le hicieron una parranda de CUARENTA Y
UN MILLONES DE PESOS, a lo que le sumaron un regalo de VEINTE MILLONES, todo de
dinero de los socios?
RETO
A QUE LO HAGAN EN UN DEBATE CON DOS DE NOSOTROS, EN LA PRESIDENCIA, FISCALÍA,
PROCURADURÍA, DNDA, CONTRALORÍA, CONGRESO. ¡CON PRUEBAS!”
El 16 de mayo el señor RGRB
nuevamente remitió una publicación en la que indicó:
“JAIRO
RUGE, ALBERTO URREGO, [RMM], CONSEJOS DIRECTIVOS, DIRECTIVOS
DE SAYCO, Y LA DNDA, CREARON UN MONSTRUO QUE HOY TIENE VIDA…
Darle
categoría a Sayco de MAFIA, no es metafórico; es literalmente cierto. Sayco,
como está hoy, es una cueva de asesinos en potencia.
En
Sayco se organizó un grupo dispuesto a asesinar para defender la vida de reyes
que llevan, regalada por los organizadores del imperio de corrupción que ya
conocemos.
Esa
es una cruda realidad, que crearon los seres más desalmados, depravados,
perversos, degenerados, bandoleros, corruptos, que existen en Colombia.
Es
fácil entender que unas personas incapaces de producir dinero y que de la noche
a la mañana se convierten en dueños de casas, carros, fincas, negocios, sin
hacer ningún esfuerzo, sino simplemente votando y reclutando votantes, lo que
hacen sin ningún esfuerzo, solo ofreciendo dinero que tienen a su disposición
para eso, hacen lo que sea para seguir con ese estilo de vida. A eso hay que
agregarle que fueron escogidos milimétricamente: gente sin principios, para
quienes la palabra DIOS, son cuatro letras inventadas para los bobos.  De
ahí precisamente, que cada día aumenta las amenazas, y los escritos grotescos,
bajos, vulgares, que demuestran la baja calaña de sus autores, se muestran
desvergonzadamente en las redes; son sus argumentos, sus únicos argumentos.
Esto
es producto de la Colombia que vivimos; una Colombia putrefacta, dirigida por
demonios. No decir el Gobierno, ni los entes de control, una sola sílaba;
“contestar” a nuestras denuncias, peticiones y quejas SIEMPRE con el cuento de
los Radicados, son solo una forma de aparecer como “no enterados”. Otro
elefante que nos tenemos que mamar.
Es
triste sentirse en un país así… Arruga el alma, oprime, angustia. Da ganas
FÍSICAS de vomitar.
Dr.
Duque, su imagen en el País no es buena; no se engañe con las lisonjas de
algunos que no se han percatado de la realidad: corrija el rumbo, que lograría
en gran parte con solo cumplir el eslogan de su campaña, EL QUE LA HACE LA
PAGA. Pase a la historia como el mejor Presidente. Colombia está metida en un
hueco cada vez más profundo, del que no va a salir con confiticos…
DR.
DUQU E, ¿LE CUESTA MUCHO TRABAJO CREER QUE LA CORRUPCIÓN DE SAYCO ES DE LAS MÁS
GRANDES DEL PAÍS? ESTAMOS DISPUESTOS A COMPROBÁRSELO.
Reitero
mi petición: Reunámonos con ellos y que se aclare esto de una vez por todas.
Cumpla con su deber.
SOMOS
CIUDADANOS COLOMBIANOS; NO ANIMALES NI DESECHABLES.”
El 12 de mayo de 2019 realizó una
nueva publicación esta vez dirigida a la DNDA en la que indicó:
“SE
ME REVOLVIÓ EL [RGRB] ¡NOJODA!
SEÑORES
DE LA DNDA: ENVÍENME TAMBIÉN UN RADICADO POR ESTO:
CON
RAZÓN DIJO LA CONTRALORIA QUE ESE ES UN ENTE INOPERANTE.
YO LE
AGREGO: ADEMÁS, SON CORRUPTÍSIMOS, COLABORADORES DE LA MAFIA DE SAYCO,
AYUDÁNDOLOS A ROBAR.
¡VAMOS!
¡ENVÍENME UN RADICADO Y DENÚNCIENME , PARA PROBAR LO QUE DIGO!
AHÍ
ESTÁN LAS RESOLUCIONES, QUE NO SIRVEN PARA UNA MIERDA. DESDE HACE AÑOS HAN
DEBIDO APLICAR LAS MEDIDAS CAUTELARES. ¡IRRESPONSABLES! ¡DESVERGONZADOS!”
El 31 de mayo siguiente realizó
una nueva publicación dirigida al presidente Iván Duque en donde señaló:
DR.
DUQUE, EL CASO DE LA JEP NO ES EL ÚNICO EN COLOMBIA. SÉ QUE HAY QUE ATENDERLO. PERO
¿USTED ASPIRÓ A LA PRESIDENCIA SOLO PARA ESO? ¿SE ESPECIALIZÓ EN JEP? ¿LO DEMÁS
NO TIENE IMPORTANCIA?
EN
SAYCO, SE ROBAN, POR LO MENOS, OCHENTA MIL MILLONES ANUALMENTE.
¿Los
colombianos robados somos animales? Le exigimos que haga cumplir la Constitución:
El Estado debe proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. Cada día
que permanecen esos señores en la administración de Sayco, es un día en que
usted les está colaborando en sus delitos. Esa es una realidad que no se puede
negar. Hasta ahora, lo que han hecho es “chutarse el balón” unos a otros.
Presidencia, Ministerio del Interior, Procuraduría, DNDA. La idea no es que
inicien nuevas investigaciones. Ya esas se hicieron. Hay hasta “sanciones” de
la DNDA. La Contraloría manifestó en un documento que emitió después de una
auditoría, que ese ente de inspección, vigilancia y control “piensa que esas
sanciones curan y acaban los males”. Lo que los acaba es LA CÁRCEL; en ella
deberían estar hace mucho tiempo. Para ello no hay que hacer referéndum; solo
hay que cumplir las leyes. La conclusión a la que llegó la Contraloría es
supremamente GRAVE: Que la DNDA es INOPERANTE.
[RMM]
y el Gerente en Japón, con dinero de los socios. ¿Sabrá la Cisac lo que
hacen esos bandoleros en Sayco? ¿Se atreverán estos a presentar proyectos sobre
CÓMO ROBAR A LOS SOCIOS EN UNA SOCIEDAD DE GESTIÓN COLECTIVA?
Sería
bueno que la Superintendencia de Notariado y Registro dijera si ese viaje
de [RMM] no es sobre manejo de negocios ajenos. Igualmente, cómo
consiguió un permiso por varios días, para tratar asuntos no notariales sino de
Sayco. Ya nos estamos haciendo a la idea de que este señor Notario consiguió un
permiso para violar leyes, normas, estatutos. Tiene licencia y permiso, a
priori, sin reservas de ninguna índole, para hacer TODO LO QUE SE LE OCURRA.
Por lo que cubre esa licencia (todo, sin restricciones) parece de carácter
presidencial.
Nada
de lo anterior puede criticárseme como irrespetuoso: Es lo que se deduce de lo
que estamos viendo y viviendo. No tenemos otra opción; las suspicacias son
lógicas, normales.
NO
HAY DERECHO A QUE UN DELINCUENTE MANEJE UNA SOCIEDAD SAGRADA COMO SAYCO Y LES
ROBE LO SUYO A CERCA DE TREINTA MIL COLOMBIANOS, LAS FAMILIAS DE LOS SOCIOS,
PARA ÉL Y SUS AMIGOS EN LO ILEGAL, EN LO INDEBIDO, EN LO ILÍCITO.
USTED,
SEÑOS PRESIDENTE DEBE ACTUAR. ES SU DEBER PRESIDENCIAL Y MORAL.
El 5 de junio de 2019 realizó una
nueva publicación en la que señaló:
QUIERO
AGRADECER A QUIENES ME ACONSEJAN, SÉ QUE DE BUENA FE, QUE DEJE ESTA LUCHA QUE
NO CONDUCE A NADA Y QUE SOLO ME TRAE ENEMISTADES…
Esta
no es una lucha para sentir la satisfacción de ganar; no es un capricho, ni
extorsión; es un reclamo justo, aunque ahora salten los defensores de la
corrupción a decir las mismas barbaridades, bajezas, calumnias por supuesto,
que no me mortifican, porque Colombia entera está TOTALMENTE CONVENCIDA DE LA
REALIDAD, que no es otra distinta de que la administración de SAYCO es una
cueva de ladrones, una mafia, que hasta hoy se ha ¡ROBADO! impunemente el
sagrado dinero de miles de autores colombianos, sobornando empleados oficiales
y de la justicia, prueba inequívoca de la podredumbre que enloda a nuestro
querido país.
Mi
lucha es para que se me pague lo MÍO, lo que me han robado durante 38 años, que
no son tres pesos. Un episodio más de ella será dentro de muy poco: mi huelga
de hambre. Otros pasos que estamos dando es informar a la prensa internacional,
enviando las pruebas de las denuncias, a ver cómo van a contrarrestarlas… De
pronto con cuadritos y figuritas, y enviando sus escritos llenos de estiércol y
lodo, que nos ayudan en nuestra labor; de otra parte, recurriendo a las
instancias internacionales… LA PELEA ES PELEANDO.
Una
vez llegados a un acuerdo económico, por el dinero que he dejado de recibir, me
retiraré de esta lucha, por sustracción de materia; no tendría sentido seguir
en ella, no tendría sentido ni mencionarla. La solución tiene dos posibles
caminos: El primero, llegar a una conciliación con mi abogado, que ya tiene
toda la documentación pertinente; es solo reunirse con él, y llegar a un
acuerdo. La verdad es que esta situación no es nada agradable, en cambio, sí,
desgastante y fastidiosa, en la que la más perjudicada es esa sociedad, por
cuanto se seguirán publicando, eternamente si es necesario, de parte nuestra,
todos los hechos, con sus respectivas pruebas, de lo ya conocido por todos, e
insistiendo en que se haga justicia, con las consecuencias, lógicamente
negativas para ellos; y de su parte, la cantidad de porquerías, bajezas,
asquerosidades, propias de gente de baja calaña, que es su única “arma”, de
efecto bumerán, que ni vergüenza les da mostrar, sin lograr la lesión y
desmedro de mi nombre que ellos quieren conseguir absurda e inútilmente; los
culpables ni asoman la cara. El segundo camino, seguir adelante la demanda que
se iniciará si no se llega a un arreglo.
En
estos momentos yo estoy conversando con otra sociedad para asociarme a ella.
Esa
es la real situación.
El mismo día (5 de junio de
2019), realizó una nueva publicación que tituló “nuevos hechos de corrupción de
Sayco”, donde expuso:
EN LO
QUE A DERECHO SE REFIERE, EN EL CASO DE OTTO MEDINA, TODO LO DIJO, ¡Y BIEN
CLARO!, EL DR. INOCENCIO MELÉNDEZ JULIO, ABOGADO EMINENTÍSIMO, AUTOR DE
MUCHÍSIMOS TEXTOS DE OBLIGADA CONSULTA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES QUE QUIEREN
LLEGAR A SER BUENOS PROFESIONALES DEL RAMO. ES. COMO LLAMAN EN EL ARGOT
BEISBOLÍSTICO, UN BIG LIGGER  DEL DERECHO.
Mi
análisis y comentario es de otra índole, que es la que he asumido desde un
principio en esta lucha, por cuanto soy lego en Derecho..
Una
vez más, tengo que usar los términos INCONCEBIBLE, INAUDITO, ABSURDO, CÍNICO,
INCREIBLE para referirme a este nuevo hecho que retrata por enésima vez la
corrupción que se maneja en esa cueva de bandidos (la administración de Sayco).
De los términos que escribí en mayúsculas, escojan los que quieran para
describir este nuevo episodio de perversión, que deja la presunción de que la
cosa la están manejando con dinero ¡de los socios! Han transcurrido tres años
desde que se falló en dos instancias (juzgado y tribunal) a favor de Nino
Caicedo, y se ordenó su reintegro a la gerencia de Sayco, que, como agravante,
hizo tránsito a COSA JUZGADA, y que desacataron olímpicamente los señores del
Consejo Directivo, hasta el día de hoy. Han estado usando la especialidad
de [RMM] – las triquiñuelas y tramoyas, presuntamente untadas de mermelada
-, para quitarse esa boa que está vivita y coleando, que los puede triturar en
cualquier momento. Han recurrido, por ejemplo, a la falsificación de la firma
de un famoso abogado, de lo cual existe la copia de la denuncia que este
interpuso en la Fiscalía, y que tenemos en nuestro poder, para solicitar la
nulidad de ese fallo.
¡Cómo
no presumir el uso de mermelada, si la DNDA adujo que un juez de Santa Marta,
ciudad donde es notario [RMM], tenía aguantado dicho cumplimiento (DE UN
FALLO QUE ES COSA JUZGADA)…!
La
cantidad de exabruptos que vemos hoy en las redes creo que llevan el sello de
DELITOS, por cuanto, con falsedades, tratan de dañar el buen nombre y la
reputación de una persona, por el simple hecho de haberse metido con el
intocable, el “omnímodamente”  omnipotente, capo de la mafia de Sayco,
“Don” [RMM], quien, lo digo por enésima vez, por ley y por normas del
Notariado, NO PUEDE PERTENECER AL CONSEJO DIRECTIVO DE SAYCO.
Exabrupto,
falsedad: hablan de la “captura” de Otto Medina Monterrosa. Este fue a
presentarse; no ha sido apresado, como dicen en las redes de Internet y en la
página oficial de Sayco (tengo foto): CAPTURADO EL EX PRÓFUGO DE LA JUSTICIA:
Otto Medina Monterroza.
CONTINUARÁ
MAÑANA…
El 8 de junio de 2019 realizó una nueva
publicación que tituló “LO PEOR DE TODO… (HAY VARIOS “PEORES”)…”, donde
expresó:
Es
inconcebible que un grupo de maleantes, sabiendo que todo el país conoce la
verdad, haya llegado a extremos insospechados de desvergüenza, y a masturbarse
mentalmente, pagando a algunos para que los elogien en las redes, con
“lisonjas” que, de ninguna manera, podrán acallar la voz de su conciencia, ni
convertir en plausibles e inocuos los delitos que cometen a diario.
La
compra de conciencias se ha convertido en su negocio predilecto, para obtener
la libertad de que todavía disfrutan, que esperamos sea por poco tiempo,
porque, aunque hoy han encontrado otros demonios que se prestan para
acolitarlos en sus acciones depravadas, dignas de Maquiavelo, y paradigmas de
la corrupción que pulula en Colombia, todavía quedan algunos, muy pocos, que no
hacen parte de ella.
Antier
recibí una cita de la Fiscalía para llegar a una conciliación que consiste en
que me retracte de lo que he dicho en mis denuncias. Hablé telefónicamente con
el abogado (de ellos) que me hizo llegar dicha citación, y le informé que no
voy a asistir, por dos motivos principales:
1.       Las
amenazas de muerte que he recibido, que, pienso, ahora más que nunca, cuando
están viendo que no podrán evadir los efectos de la justicia, tratarán de hacer
efectivas.
2.       Voy
a informar por escrito a la Fiscalía mi firme propósito de no retractarme de
nada de lo que he dicho. Y que inicien el proceso por injuria y calumnia,
cuando quieran.
Ahí tengo mis
defensores: Las resoluciones plagadas de sanciones de la DNDA, ente adscrito al
Ministerio del Interior, por lo tanto, de carácter oficial. El pago ilegal, por
cuanto lo hacen “a dedo”, violando la ley, que dice que debe hacerse por las
SONADAS REALES, que no se puede establecer, porque se cobra GLOBALMENTE, como
está en un documento de OSA. El documento de más de cuarenta páginas, de la
Contraloría que, basado en una auditoría hecha a este ente de inspección,
vigilancia y control, llegó a la inaudita conclusión de que este es un ente
INOPERANTE, precisamente por no actuar como ha debido hacerlo en los
innumerables actos indebidos, algunos de ellos DELITOS, que, lógicamente, son
denuncias, yo diría que directas, de la corrupción de Sayco. El desacato de
fallos judiciales, como la orden de reintegrar a Nino Caicedo a la Gerencia –
COSA JUZGADA - que tratan de “justificar”, después de tres años, usando
triquiñuelas y tramoyas, armas predilectas del señor [RMM], que ha
“conseguido” hasta ahora, lograr sus fines: no estar preso como debería estar,
usando el dinero robado a los socios. Una denuncia hecha por el DR. ABELARDO DE
LA ESPRIELLA, por la falsificación de su firma en una notaría, en la que el
segundo firmante es Gyentino Hiparco, del Consejo Directivo. Los sesenta y un
millones gastados en la famosa fiesta en honor de otro delincuente, Jairo Ruge,
a quien se le comprobaron ilegalidades, expresas en Resoluciones de la DNDA –
sobrecostos en la remodelación de la antigua sede, para la que se nombró a un
¡CUÑADO DE DICHO GERENTE! - Existe una multa de ciento treinta millones
impuesta a este mismo personaje, por una Superintendencia si mal no recuerdo.
Las Resoluciones de la DNDA están llenas de sanciones al Consejo Directivo, en
el que está lógicamente incurso el NOTARIO QUE NO PUEDE PERTENECER AL MISMO –
pero en el que está hace veintidós años -, encargado estatutariamente de la
administración, que maneja dineros ajenos, en lo que, una vez más, incurrió en
FALSEDAD el señor [RMM], al afirmar en la Superintendencia de
Notariado y Registro, que él solo maneja sus canciones en dicho Consejo, de
manera irrespetuosa y delictiva, que no entendemos NI ENTENDEREMOS NUNCA, cómo
fue aceptada por la DNDA… etc, etc, etc…
Señores,
estoy a entera disposición de la Justicia para que demuestren mis injurias y
calumnias.
No
creo que su escrito a cuatro manos sobre el Dr. Inocencio Meléndez, ni los
cuadritos, ni las firmas del grupo de apoyo, ni las ofensas calumniosas, bajas,
sucias y rastreras que escriben en las redes, que hablan muy bien de la caterva
de animales que defienden la corrupción descarada de la administración, sirvan
para algo en los estrados judiciales.
LES
LLEGÓ LA HORA. ERA DE ESPERARSE.
El 25 de julio realizó una nueva
publicación en sus redes sociales en donde manifestó:
¡ESTE
ES UN PAÍS DE MIERDA!
EN EL
CASO DE SAYCO… DENUNCIAS, DEMANDAS, TUTELAS, JUZGADOS, FISCALÍAS,
ENRIQUECIMIENTO DE UN GRUPO CON DINERO AJENO, REGALOS, ARTIMAÑAS, NOTARIO
HACIENDO TRIQUIÑUELAS JUDICIALES, BURLÁNDOSE DE LAS LEYES, FALSIFICACIÓN DE
FIRMAS, COMPRAS DE CONCIENCIAS, ENTES DE CONTROL, DE JUSTICIA, APOYANDO A UNA
MAFIA, A UNOS DELINCUENTES, MINISTERIO, PROCURADURÍA, PREVARICANDO, PRESIDENTE
HABLANDO PAJA POR TV, DE SANCIONAR A LOS DELINCUENTES, IZQUIERDA, DERECHA,
CONGRESO, JUSTICIA CORRUPTA.
¡Qué
porquería, nojoda! ¿Para esto quería Duque ser Presidente? ¡Qué engaño el de
este señor! Cada día me convenzo más de esta realidad en la que parece que no
hay excepciones… Grave, gravísimo, doloroso, que un Presidente deje ver que
está apoyando (desmiéntalo si puede) a una mafia, a una corrupción, tal vez la
más grande del país… Usando una expresión popular, ¡esto se putió! Aquí no
existe dignidad; aquí el dolor y el sufrimiento ajeno valen mierda… “El vivo
vive del bobo…”.
Denúncienme,
critíquenme, llámenme como quieran… Digan que somos un grupo que quiere
“adueñarse del negocio”, como se le “chispotió” al capo en una entrevista…
Arrepentimiento es un concepto cursi, para los idiotas que creemos en Dios.
¿Principios? Jajaja… ¿Eso con qué se come? ¡Estamos en la olla! Usando una
expresión del argot beisbolero, “a esto no le llega nadie…” Cierro con esta
pregunta que no dejo de hacerme: ¿Para qué quieren más plata? No le encuentro
otra respuesta… ¡Son insaciables!
El 26
de julio de 2019 hizo una nueva publicación dirigida al presidente Iván Duque
donde indicó:
PRESIDENTE
DUQUE, SOMOS COLOMBIANOS QUE MERECEMOS RESPETO. CONTESTE A ESTO Y ACTÚE. CUMPLA
Y HAGA CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES. ESTO MERECE MÁS ATENCIÓN QUE LOS
PROBLEMAS DE VENEZUELA.
Hemos
querido al máximo no recurrir a las instancias ni a los medios internacionales,
pero cada día  vemos que es hora de que el mundo conozca la verdad de
estos hechos, que es, ni más ni menos, un Gobierno al servicio de
delincuentes.
No
somos animales ni desechables. Sí lo son los hampones, delincuentes, rateros,
perversos, miserables, que bajo la batuta de un notario que ni siquiera puede
ser miembro del Consejo Directivo, y que está en él ilegal y delincuencialmente
hace más de veinte años, roban lo suyo a miles de familias colombianas.
Creo
que el único delito que les falta es el asesinato. ¿Eso es lo que espera para
actuar?
Usted
tiene en su poder múltiples pruebas de lo que digo. ¿Qué opción nos deja con su
actitud silente de apoyo a esas alimañas? ¡Qué es la vaina! No soy
irrespetuoso., señor Presidente. Reclamo nuestros derechos, y exijo que se haga
justicia. Que cumpla su eslogan de campaña: “El que la hace la paga”.
Mucho votamos por usted, exclusivamente por esa esperanzadora razón. ¿Fue
simplemente una estrategia de su grupo asesor?
Que
usted calle, no hace inocentes a esos bandidos. Quien está perdiendo rating con
el caso de Sayco, es usted. Y si no actúa YA contra esa mafia, cada día pierde
más. Colombia conoce la verdad, y su actitud despierta suspicacias. Nosotros no
vamos a cejar en nuestro empeño. ¿Sabe por qué? Porque tenemos pruebas de la mayor
corrupción del País (usted también las tiene). El presente lo está salpicando,
y el futuro, que no se puede eludir, mostrará esta realidad ya comprobada hoy.
Su silencio es más grave de lo que usted imagina. Su investidura de Presidente
de ninguna manera lo hace inocente a los ojos del país. Todo lo contrario.
[RMM] y el dinero que maneja - cientos de miles de millones de pesos –
no es omnipotente. Es un simple y vulgar delincuente, con agravantes múltiples,
a quien ese dinero AJENO le ha servido en bandeja de plata las conciencias que
ha necesitado comprar, para salir aparentemente incólume hasta el momento, lo
que lo hace sentirse invencible y dueño de todos los estamentos del país, y
pasearse orondo con la mentira (FALSEDAD) en los labios, con un ejército de
lambones, comprados con dinero robado.  que le hacen subir el ego.
Yo le
hago una sugerencia: Saque a esa recua del país, y ocúltelos en Asia o África,
en un lugar recóndito, inexpugnable, donde se hagan un paraíso; han robado
suficiente para eso; allá no pagarán por sus delitos, que parece ser lo que
persigue el Gobierno y la Justicia.
No
hay una sola razón para que el notario y sus compinches permanezcan un segundo
más en la administración de Sayco. Por el contrario, las hay todas para llevarlos
tras las rejas.
Respetuosos,
pero indignados,
RGRB
Y OTROS SOCIOS DE SAYCO, ATROPELLADOS POR UN NOTARIO DELINCUENTE
Todo lo expuesto ha sido reiterado en
distintas publicaciones hechas en la red social Facebook, donde se extraen los
siguientes datos
RGRB ha
transmitido en directo 12 de junio
755 reproducciones
23 Me gusta,16 comentarios y 33 veces
compartido
https://www.facebook.com/rafael.r.barrios.3/videos/10156421300545886/?t=1464
RGRB ha
transmitido en directo 5 de julio a las 15:41 ·
260 reproducciones
17 Me gusta, 6 comentarios y 5 veces
compartido
https://www.facebook.com/rafael.r.barrios.3/videos/10156477207730886/
RGRB ha
transmitido en directo 6 de julio a las 9:38 ·
144 reproducciones
15 Me gusta y 1 comentario
https://www.facebook.com/rafael.r.barrios.3/videos/10156478947720886/
RGRB ha
transmitido en directo 16 de julio a las 7:48 ·
753 reproducciones
9 Me gusta, 2 comentarios y 28 veces
compartido
https://www.facebook.com/rafael.r.barrios.3/videos/10156501804335886/
RGRB ha
transmitido en directo. 16 de julio a las 18:24 ·
268 reproducciones
8 Me gusta y 5 veces compartido
https://www.facebook.com/rafael.r.barrios.3/videos/10156503040510886/
4.
Google
Colombia Ldta. Recalcó que no es responsable por los hechos
planteados en los casos bajo examen, toda vez que no es propietaria ni
operadora de las plataformas Youtube y Blogger[218].
Estas son manejas directamente por su propietario, esto es, Google LLC
(sociedad extranjera domiciliada en los Estados Unidos) el cual
tiene una personalidad jurídica distinta a la Google Colombia. Por lo anterior,
expresa que cualquier reclamación por contenido en línea en dichos medios debe
ser presentada al generador del contenido o al webmaster, en este caso, Google
LLC.
5.  Google LLC. Hizo
hincapié en los siguientes puntos: Primero, Google LLC, como administrador de
Youtube y Blogger, no crea contenido ni lo publica a los otros usuarios; no
incide en el proceso creativo ni editorialmente en las publicaciones de sus
usuarios, quienes son los generadores de contenido de las plataformas que
administra, mucho menos realiza un control previo a su publicación. En
consecuencia, la responsabilidad sobre las publicaciones está fuera de su
órbita.
Segundo, la Corte debe aplicar la
exención de responsabilidad a los buscadores así como a los intermediarios,
porque no son autores ni editores de los contenidos, por lo que no tienen
control sobre ellos, dado que su servicio se limita a proveer una herramienta
para su producción, publicación y difusión de material.
Tercero, el control sobre los contenidos
debe permanecer a cargo de autoridades judiciales, a quienes corresponde
evaluar las denuncias de difamación y conforme a ello ordenar su remoción[219].
Alertó que los intermediarios no están en la condición de evaluar la
legitimidad de apreciaciones sobre una persona determinada y la eventual
afectación sobre su honra y buen nombre, únicamente pueden controlar el
cumplimiento de las normas de la comunidad o políticas internas y casos de
legalidad manifiesta (casos de pornografía infantil)[220].
Disponer lo contrario, otorgaría a un particular la potestad de definir el
alcance del derecho a la libertad de expresión, forzar a los intermediarios a
censura de manera previa, lo que constituye “un desequilibrio innecesario e
injustificado contra el derecho a difundir informaciones y opiniones”[221]
y, en consecuencia, atentar contra el debido proceso de los usuarios de
Internet.
Cuarto, aclaró que los servicios que se
prestan a través de internet se rigen por las normas internas que se modula
según las normas donde se presta el servicio. Adicionalmente, allegó la
Declaración de Salta[222].
Quinto, la libertad de expresión es uno
de los valores subyacentes de las normas de la Comunidad de Youtube[223]
y de los términos de su de Blogger[224]
que materializan la función democratizadora del Internet. En ese sentido,
detalló que los usuarios son responsables del contenido alojado en sus cuentas
por lo que en dichos documentos se detalla el rango de contenidos aceptados y
aquellos excluidos. Realizó una exposición técnica de estas plataformas así
como de su funcionamiento, recalcando que son de uso masivo por lo que es
imposible en la práctica, si lo fuere así requerido, hacer un filtro previo.
Adicionalmente, informó que los usuarios de dichas plataformas tienen a su
disposición herramientas “simples accesibles online” para reportar
contenido inadecuado y presentar reclamaciones legales[225]
y, además, que se ser confirmado se adoptan las medidas correspondientes
estipuladas en los términos de uso[226].
Sexto, formuló algunas advertencias
técnicas para que se tengan en cuenta si se ordena la remoción del contenido online.
Séptimo, señaló que las plataformas dan
el mismo tratamiento a las publicaciones independientemente si individualiza al
usuario o se trata de un emisor anónimo. Al respecto, afirmó que “el
anonimato y la protección del discurso anónimo es una garantía especial para el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión” que permite elevar
denunciar, reportar crímenes y represión o llamar a la movilización social, en
especial cuando ello implica un riesgo para el emisor. Explicó que en casos online,
aun si se garantiza el anonimato es posible rastrear cierta información que
permita identificar el autor de un blog o un video, con la cuenta de correo de
registro y la dirección de IP, entre otros datos básicos, que pueden facilitar
a las autoridades competentes estructurar las órdenes que correspondan al
creador del contenido.
Octavo, coadyuvó lo expuesto por las
doctoras Catalina Botero y Carolina Botero quienes argumentaron que los casos
bajo examen no tienen conexión a un asunto de tratamiento de datos personales[227].
Autoridades Públicas
6.  Ministerio de
Educación Nacional (MEN) Mediante escrito allegado el 15 de
febrero de 2019, en respuesta al auto del 14 de febrero de 2019, el Jefe de la
Oficina Jurídica del MEN expresó que la entidad carece plenamente de
competencia para absolver la mayoría de las preguntas formuladas por la Corte
en los ejes 1 y 2. No obstante, planteó algunas consideraciones
jurisprudenciales, que a su parecer son relevantes para la resolución de los
asuntos bajo estudio.
En un comienzo, puntualizó las siguientes
reglas sobre la libertad de expresión: (i) está sujeta a los mismos límites
online y offline; (ii) es un derecho limitado, pues está prohibido que alguien
refiera a otra persona de manera insultante, desproporcional, injuriosa,
difamatorio, calumniosa o atente injustificadamente contra su reputación con la
intención de ofenderla o demeritarla; (iii) su ejercicio y eventual limitación
debe ser acorde a las Observaciones generales 10 y 34 del Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas; (iv) se distingue de la libertad de información
y de opinión, que se rigen por distintas reglas; (v) goza de una protección
reforzada y una presunción a su favor.
Luego, discurrió que la jurisprudencia
constitucional es aún incipiente en materia de internet, redes sociales,
plataformas, aplicaciones y herramientas digitales. Distinguió 3 tipos de casos
que involucran una tensión con los derechos a la intimidad, al buen nombre y a
la honra: (i) conflictos originados en el marco de redes sociales; (ii)
tensiones provocadas por publicaciones de contenidos noticiosos contra medios
de comunicación y buscadores[228];
y, (iii) otra serie de casos en lo que se solicita el retiro de la información
de internet por vulneración al derecho al habeas data.
Destacó dos precedentes que a su juicio
son relevantes para el estudio actual y se enmarcan en la primera hipótesis.
Por un lado, la sentencia T-050 de 2016 por ser un caso similar a los
estudiados, esto es, la publicación de un privado en una red social con el uso
de la imagen personal del agraviado. Por el otro, la sentencia T-260 de 2012,
que abordó la tensión entre los derechos fundamentales citados en consideración
del alcance de difusión de las redes sociales como un elemento determinante en
el análisis, así como de la asunción de un riesgo por parte del usuario por su
exposición a las redes sociales, mediante la suscripción y la permanencia en
determinada plataforma.
Posteriormente, mediante oficio del 5 de
marzo de 2019, el MEN presentó el documento contentivo de la intervención en la
audiencia pública del 28 de febrero de la misma anualidad, suscrito por la
Secretaría General de dicha entidad, en el que se refirió al eje temático
número 3. Argumentó que la jurisprudencia “ha tratado a la libertad de
expresión como un derecho fundamental, de primer orden, con amplias garantías
en su ejercicio, ya sea a través de opiniones o imágenes, publicaciones en
medios, en redes sociales, [pero] lo cierto es que su ejercicio tiene un límite
y no es otro que la trasgresión de otros derechos, en tanto su contenido tiene
un amplio nivel de responsabilidad social tanto en quien emite la información
como de quien la recibe”. En este sentido, comentó que la libertad de
expresión no es ilimitada, sino que tiene un componente de responsabilidad social
por impactar directamente la convivencia pacífica. Ello, a raíz del impacto que
puede llegar a tener la publicación en consideración del estatus del emisor,
por la veracidad de dicha información e inclusive por el prejuicio que puede
formar en la opinión pública.
Respecto del poder de las palabras y el
uso de las imágenes en la construcción de la realidad digital, respondió que el
lenguaje tiene un doble valor: uno subjetivo, que permite tomar posesión de la
realidad que circunda al individuo y organizar procesos cognitivos; y, por otro
lado, un valor social, que implica la exteriorización verbal y no verbal
mediante la cual se tejen relaciones sociales y propician una dinámica
constructiva de la comunidad. Concretamente relacionó estas dimensiones del lenguaje
a las redes sociales puesto que “cobran mucho valor en el contacto entre las
personas, permiten poner en contacto a la gente y compartir sus ideas”.
En lo que se refiere a la existencia de
programas institucionales destinados a incentivar el uso responsable de las
plataformas digitales y redes sociales, de cara a las medidas adoptadas en el
marco del proceso educativo, informó que el MEN: (i) está implementando el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y Prevención y Mitigación de
la Violencia Escolar, de la Ley 1620 de 2013, a través de programas destinados
a la protección de menores y adolescentes de riesgos en la red[229];
(ii) ha establecido protocolos para que la comunidad educativa atienda
adecuadamente las situaciones de riesgo derivados del internet; (iii) orienta a
los establecimientos educativos para el diseño concertado de manuales de
convivencia que acojan están medidas; y (iv) ha impulsado campañas de sensibilización,
diseño de herramientas digitales para la prevención y atención de casos, así
como la información a docentes, familiar y estudiantes para evitar el maltrato,
las calumnias y las injurias en los medios digitales.
En lo que se refiere a la disponibilidad
institucional de una alternativa pedagógica para corregir las agresiones en
redes sociales, alegó que el MEN desarrolló el programa Entornos Escolares para
la Convivencia y la ciudadanía para el fortalecimiento de “las competencias
para la democracia, la convivencia pacífica, el desarrollo de competencias
socio emocionales y ciudadanas y el respeto por la diversidad”. Así mismo,
invocó a los padres y al grupo de docentes para que fomenten e implementen una
cultura de uso con criterio y formas sanas de utilidad de las redes.
7.  Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). El
Viceministro de Conectividad y Digitalización, mediante escrito presentado el
28 de febrero de 2019, dividió su intervención en 3 ejes: (i) consideraciones
técnicas sobre los servicios de telecomunicaciones y su relación con los medios
digitales; (ii) precisiones sobre el expediente T-5.771.452 en el cual fue
directamente convocado; y (iii) respuestas a las preguntas formuladas por la
Corte.
En un primer momento, presentó
consideraciones sobre la importancia de la conectividad para materializar
derechos fundamentales. En ese sentido, asentó que las herramientas digitales
de comunicación hacen parte de la vida cotidiana de los ciudadanos en todos sus
aspectos -económico, social, político, cultural- que permiten materializar
diversos derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión. Destacó
que los medios digitales también son un facilitador de desarrollo social y
económico. Con base en esto, sostuvo que “cualquier regulación general de
contenido o de información sobre las redes sociales digitales, y en general
sobre las plataformas tecnológicas, debe ser abordada con la mayor cautela,
pues podría implicar limitaciones excesivas a derechos fundamentales”.
Para efectos de clarificar la regulación
y el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes
sociales, defendió la necesidad de mantener la separación entre proveedor de
redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) y provisión/proveedor de
contenidos y aplicaciones, que por sus distintas características impone un
nivel de injerencia del Estado distinto[230]. El
registro de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones[231]
no debe ser extendido a proveedores de contenidos y aplicaciones, aun cuando
estos han parte de la noción amplia de telecomunicaciones. Respecto de los
usuarios, remitió a la Resolución 5050 de 2016 de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones (CRC) en la cual se fijó que “el usuario podrá libremente
utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio
a través de internet, salvo en los casos en que por disposición legal u orden
judicial estén prohibidos o su uso se encuentre restringido. Adicionalmente, el
usuario podrá libremente utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos
o aparatos e la red, siempre que sean legales y que los mismos no dañen
perjudiquen la seguridad de la red o la calidad del servicio”[232].
Segundo, reiteró que pidió la nulidad de
la Sentencia T-063A de 2017 en razón a que allí se exhortó al Ministerio a
expedir una regulación para la protección de los usuarios de internet que está
fuera de su competencia, ya que al tratarse de un asunto sobre derechos
fundamentales debe tramitarse por ley estatutaria. Además, fundamentó que la
orden allí impartida consistente en incluir a Google Inc. y a Google Colombia
Ldta. en el registro de TIC desconoce el alcance y la naturaleza de dicho
registro. Especificó que dichas compañías desarrollan un objeto y actividades
que bien pueden enmarcarse dentro de la noción amplia y genérica y abstracta
del sector TIC -porque consisten en la producción, generación o consolidación e
contenidos y aplicaciones a través de redes de telecomunicaciones -, pero que
desde un punto de vista técnico no se adecuan a ninguno de los eventos que
exige la Ley 1341 de 2009 para que se inscriban en el referido registro.
También insistió, en la falta de
competencia de dicha cartera en “la inspección, control o vigilancia sobre
las plataformas digitales, sus contenidos, las empresas que las administra o
los usuarios de las mismas”. Al respecto, indicó que todo control sobre los
contenidos del internet debe ser efectuado por una autoridad judicial, máxime
al tratarse de una eventual restricción a un derecho particularmente sensible
como la libertad de expresión, pues si se centraliza en órganos del estado
puede ser considerado como un ejercicio previo de censura.
Tercero, a fin de responder los
cuestionamientos formulados por la Corte en el eje 1, declaró que, caso a caso,
una autoridad judicial debe evaluar: los límites a los derechos a efectuar
reclamos en los contextos de las redes sociales según las particularidades de
los hechos; la tensión suscitada por la difusión de “noticias falsas”;
la validez de la denuncia de delitos en medios digitales conforme a las reglas
probatorias en la materia; las consecuencias de emitir una opinión o un
discurso considerado ofensivo, chocante o perturbador aun siendo parte de la
libertad de expresión y modular la figura del anonimato cuando es mal utilizada
con el único propósito de vulnerar derechos de terceros como la honra o el buen
nombre. Adicionalmente, apuntó que solo las partes intervinientes en el hecho
están legitimadas para intervenir en el saneamiento de la situación.
En relación al eje número 2, alegó que
el Min TIC no ejerce control sobre las plataformas digitales ni sobre sus
contenidos porque estos no constituyen servicios públicos, en su lugar,
corresponde a las partes mediante la definición de un código de conducta
autorregular las buenas prácticas de uso y a los jueces ejercer un control
sobre ello. No se debe responsabilizar a los intermediarios por contenidos allí
publicados por terceros, lo cual no obsta para que sean destinatarios de órdenes
judiciales en casos relacionados con las plataformas que administren. Estas
deben estar sujetas a un juicio de proporcionalidad[233]
y tener vocación práctica de ejecución, teniendo en cuenta cómo operan dichos
medios digitales. En relación a las solicitudes de rectificación, anotó que
corresponde al interesado acudir el emisor del contenido o en su defecto a
quien es responsable de la plataforma en casos de publicaciones anónimas, y de
manera subsidiaria acudir a la acción de tutela o a las acciones penales que
correspondan. En todo caso, refirió que la rectificación no implica per se
la obligación de retirar el contenido y que el usuario debe someterse a las
reglas de administración de la plataforma que acepta al ingresar a la misma.
A propósito del eje temático 3, sobre la
autorregulación en el uso de medios digitales, expuso que “cada lugar de la
red tiene su propósito y finalidad, es responsabilidad del usuario tener
siempre un sentido crítico ante los contenidos que consume”. Por otro lado,
informó que el MinTic ha desarrollado dos programas destinados a incentivar el
uso responsable de los medios digitales para morigerar el riesgo de maltratos,
calumnia e injurias por esta vía, los cuales son “En TIC confío” (2011) y
“Bajemos el Tono” (2018). Seguidamente, comentó que “más que corregir”,
el Min TIC “brinda información y herramientas para el uso adecuado de las
redes sociales sensibilizando a la población para abordar la violencia en línea
y sus manifestaciones desde la pedagogía y cultura ciudadana”.
8.  Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC). El Superintendente Delegado para
la Protección de Datos Personales aseveró que los casos bajo estudio no solo
deben ser estudiados desde la oposición de los derechos de la libertad de
expresión y a la intimidad y buen nombre, sino también desde la protección de
datos personales.
Recordó que en sentencia C-1147 de 2001
la Corte se pronunció sobre el alcance del ordenamiento constitucional frente a
la regulación de materias ligadas al ejercicio de actividades a través de
internet, donde se estableció que todos los principios de la administración son
oponibles a los usuarios de las redes sociales digitales (RSD) y de los motores
de búsqueda (MB) que tratan datos personales, en ciertos casos, responden de
manera solidaria por el indebido tratamiento de datos.
A su juicio, las plataformas tienen la
obligación de ser proactivas para proteger los derechos de las personas, es
decir de adoptar medidas para garantizar la veracidad de la información
publicada, lo que ineludiblemente implica un cierto nivel de injerencia
justificado por una finalidad constitucional, por lo que no consiste en
censura. En esa hipótesis, estableció que debe prevalecer la transparencia de
los RSD y MB que deberán informar sobre cualquier reclamación que haya sobre
contenido publicado y cumplir con los deberes definidos en la Ley 1581 de 2012,
por ser responsable de tratamiento de datos.
En ese sentido, fijó que dicha
responsabilidad debe ejercerse de manera permanente en atención a las
particularidades de las publicaciones en internet, pues el medio digital
proporciona una exposición permanente, ilimitada y global, con potencial
multiplicador de manera rápida, que impone mayor carga al administrador del
contenido.
Explicó que en la actualidad las redes
sociales se rigen por principalmente por autorregulación y su “notas legales”
o “sus términos de referencia”, lo cual plantea al menos tres
inquietudes: ¿es suficiente lo que hacen las empresas para garantizar los
derechos de las personas en internet?, ¿las empresas extranjeras que realizan
negocios en internet, respetan las normas locales sobre derechos humanos que
emiten los Estados?, y ¿las empresas extranjeras que efectúan negocio en
internet deben someterse a las leyes locales, o las autoridades nacionales
deben someterse al “internet de las empresas”[234]?
Por último, esgrimió que el derecho a
insultar es un abuso del derecho a la libertad de expresión, y las
manifestaciones que se enmarquen en la categoría de palabras injuriosas,
insultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones, que resulten
desproporcionadas frente a los hechos que soportan la opinión, no son
protegidas como una manifestación legítima de este derecho, puesto tienen la
única intención de ofender. Recalcó que la Corporación ha fijado que “las
redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación, el denuesto,
la grosería, la falta de decoro y la descalificación. Ciertamente, ningún
fundamento se deriva del artículo 20 de la Constitución, ni de la normativa
internacional ni de precepto alguno, que al margen de la veracidad, valide la
divulgación de agravios, improperios, vejámenes ni infundidos por cualquier
clase de medio de comunicación”[235].
9.  La Defensoría
del Pueblo. La Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales
y Legales de la Defensoría del Pueblo fundó su intervención en la especial
protección de la libertad de expresión en asuntos de interés público y reiteró
las pautas planteadas en la Declaración Conjunta sobre Internet de los
Relatores de Libertad de Expresión por ser una herramienta efectiva para asegurar
el funcionamiento de la democracia en entornos digitales.
Subrayó que las manifestaciones sobre
cuestiones de interés público están especialmente amparadas y sus limitaciones
deben ser muy reducidas, ello ocurre con las opiniones sobre funcionarios
públicos quienes asumen exponerse a un escrutinio público y un mayor riesgo a
sufrir críticas[236].
Luego, distinguió la libertad informativa de la libertad de opinión y sus
diferencias en cuanto a la rectificación frente la eventual tensión con la
honra o el buen nombre, desarrolló que la primera debe estar soportada en la
realidad cumpliendo con una carga de veracidad, imparcialidad y respeto de los
derechos fundamentales, mientras que en la segunda predominan las valoraciones,
sentimiento y apreciaciones personales del emisor.
Al referirse al fuero judicial, afirmó
que el derecho penal no es el medio adecuado para tratar los casos de libertad
de expresión conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH y la RELE.
Seguidamente, abogó por la exención de responsabilidad de los intermediarios
porque sería atribuirle a un privado la regulación del contenido, cuando debe
promocionar las condiciones de una amplia circulación de ideas e información en
línea. En añadidura, apuntó que se trata de un asunto de reserva constitucional,
de ahí que solo una autoridad judicial puede decidir, que en sede de tutela,
solo procede en aquellos casos de indefensión con un alto impacto social que
trasciende la esfera privada de quienes se ven involucrados.
Destacó la importancia de examinar
particularidades jurídicas, políticas y técnicas de cada asunto, puesto que “una
misma publicación dependiendo de la plataforma digital, representa un sentido
diferente y tiene posibilidades particulares de replicarse”. En ese
sentido, explicó que “corresponde al juez constitucional identificar el tipo
de expresión, las características del canal por medio del cual ha sido
publicada, los límites correspondientes a la misma, y determinar las
responsabilidad ulteriores a las que haya lugar respecto a la presunta
afectación de derecho de terceros”. Con base en los parámetros descritos,
se refirió en concreto a 3 de los 4 casos bajo estudio, sobre los cuales
argumentó:
- Expediente T-6.630.724: Mostró
la complejidad del asunto basado en la publicación (“collage” y texto) y la
réplica del mensaje con un comentario adicional, sobre un particular, en las
cuentas personales de Facebook que es un proveedor de servicios de alojamiento.
Señaló que dicha plataforma cuenta con unos términos y condiciones para su uso
así como un protocolo para reportar inconformidades con el contenido que se
debe valorar. En este caso advierte que los hechos denunciados no trascienden
al ámbito público por lo que están fuera del ámbito constitucional y “corresponde
negar el amparo a los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la
accionante”.
- Expediente T-6.633.352: La
entidad afirmó que no le asiste razón al accionante. Reveló que de los hechos
del caso se desprende que el mensaje (texto y foto) fue circulado en las
cuentas personales de los accionados, estas no tienen el potencial de
influencia de modo especial a la opinión pública, “no tuvo suficiente
difusión como para objetivamente determinar que, más allá de la impresión
privada del afectado, se haya vulnerado el buen nombre del señor Obed de Jesús”.
La expresión condenada, además, radicó en el juicio de valor sobre la relación
civil de los copropietarios y el administrador (motivado en la denuncia de un hecho
delictivo) cuyo soporte corresponde a los emisores. En todo caso, dicha
manifestación materializó la dimensión individual de la libertad en cuestión
teniendo en cuenta que el mensaje no pretende cumplir una función informativa.
- Expediente T-6.683.135:
Sobre este asunto razonó que no procede la protección invocada por el
accionante. En esa dirección, apuntó que el emisor del contenido cuestionado
(manifestaciones en video) es un particular no reconocido socialmente como
generador de información y que la persona destinataria de sus mensajes ostenta
una calidad especial por ser un particular que ejerce funciones pública (como
notario Primero de Santa Marta) y socio consejero de SAYCO, por lo que la
información y opiniones sobre él pueden ser de interés público. Subrayó que por
esta condición (figura con exposición pública) se encuentra en la obligación de
soportar una mayor exposición al escrutinio público e intromisión en su esfera
privada. Dado que el contenido del mensaje versó sobre su actividad y comportamiento
con vocación pública en SAYCO, se trata de opiniones vinculadas a un particular
en “ejercicio de funciones públicas” y están especialmente protegidas.
Por último, pidió a la Corte ordenar a
la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla incluir dentro de sus planes de
formación un programa académico especialmente dirigido a la vigencia de los
derechos humanos en entornos tecnológicos.
10.
Procuraduría
General de la Nación. Expuso que el artículo 20 de la
Constitución consagra la libertad de expresión y la libertad de información,
las que se constituyen en garantías fundamentales relevantes para cualquier
sociedad democrática y se limitan por los principios de veracidad e integridad,
reconociendo un margen de protección amplísimo a la libertad de expresión en
sentido estricto, de tal manera que está prohibida la censura previa.
En este sentido consideró que al evaluar
los límites de la libertad de expresión es necesario distinguir entre los
discursos incómodos, incorrectos o exasperantes, protegidos en las sociedades
democráticas, de aquellos que incitan a la transgresión de la dignidad humana o
la comisión de delitos, los cuales dejan de estar amparados por el derecho.
En este sentido destacó que la esencia
de la Constitución es la libertad, en una democracia participativa,
pluricultural y diversa, que incluye la libertad de pensamiento y la libertad
de expresión como piedra angular de la democracia.
Señaló que debe evaluarse cómo los
ciudadanos se sienten amenazados y desprotegidos frente a las tecnologías de la
información, donde toma relevancia los estándares aplicados por el Sistema
Interamericano, específicamente en el test tripartito. Hizo énfasis en la
importancia de evitar la censura previa, lo que lleva a buscar
responsabilidades ulteriores de quienes hayan transgredido los derechos de
terceros utilizando estos espacios o herramientas, competencia que está en
cabeza del juez constitucional, civil o penal, cuando se establezca que el
discurso expuesto tiene hechos equivocados o falsos; cuando haya apología del
odio o del racismo; o se promueva la explotación de niños, niñas y
adolescentes.
Indicó que se deben definir criterios de
ponderación para determinar la forma de reparación menos gravosa para la
libertad de expresión. Consideró preciso señalar que no se trata de eliminar
las redes y las plataformas digitales como ocurre en Irán, Venezuela, Rusia o
China, sino alcanzar la educación y ciudadanía digital, en el uso ético de las
redes sociales, que fomente comunidades libres de insulto, odio y transgresión
de derechos de terceros.
Organizaciones civiles y expertos
11.
Dejusticia.
Mediante
escrito presentado el 4 de marzo de 2019, Dejusticia advirtió que los casos
bajo examen no plantean una discusión sobre el habeas data, sino que en
su lugar proponen un debate sobre la libertad de expresión, dado que las
plataformas digitales en los asuntos de la referencia fungen como
intermediarios de Internet[237].
Esclareció el rol dual de las
plataformas digital. Por un lado, las plataformas participativas, portales y
motores de búsqueda, entre otros, ejercen un rol pasivo facilitando el
proceso de transmisión y difusión de un contenido más no toman decisiones sobre
la difusión, es decir, “dan acceso, alojamiento transmisión e indexación a
contenidos, producto y servicios, que se originan en terceros”, como lo
refiere la OCDE. Es en este escenario que las plataformas se convierten en
escenarios de libertad de expresión. Por otro lado, cumplen con un rol
activo en la medida que pueden adoptar un modelo de negocios basado en
datos, lo que implica que “a partir de la recolección y análisis descriptivo
y prescriptivo de los datos de sus usuarios, las compañías como Facebook y
Google formulan ‘modelos de negocios que confían en los datos como un recurso
clave’ para extraer valor económico social”.
No obstante, advirtió que estos patrones
de conducta no son excluyentes, al contrario la “integración vertical” de
estos “hace que en muchos casos no se pueda distinguir hasta qué punto, la
difusión y circulación de ciertos contenidos se da de manera libre y espontánea
a partir de las interacciones de los usuarios y sin intervención de la
plataforma, o como consecuencia de las actividades de ‘targeting’ que hacen
parte del modelo de negocios basado en datos”.
Adicionalmente, manifestó que cada
función de las plataformas digitales conlleva riesgos propios, que se
potencializan por la eventual simultaneidad. Presentó que la dimensión activa
puede ocasionar publicaciones anónimas, publicaciones que agravian la intimidad
de una persona con una finalidad vengativa (“porn revenge”), e
incitaciones a la violencia y al odio contra minorías étnicas e inclusive acoso
(“ciberbullying”). En contrapartida, identificó algunos riesgos
derivados del rol pasivo, tales como: la recolección y el uso de datos
personales para finalidades no autorizadas, que a la postre son utilizadas para
influenciar las decisiones políticas y comportamientos, o para obtener acceso a
las cuentas de redes sociales, o incluso segmentar a la población a fin de excluir
un grupo determinado del acceso a determinado contenido.
Con base en lo expuesto[238],
frente a la pregunta sobre la responsabilidad de las plataformas, adujo que
esta depende de la relación que surja entre las plataformas y sus usuarios, es
decir, si se está frente a un rol activo o pasivo de la plataforma. Al
respecto, propone la siguiente metodología “analizar las partes
involucradas, en la relación jurídica. Una vez hecho esto, debe pasar a
determinarse cuál es la fuente de dónde proviene la amenaza o violación de un
derecho, para finalmente dilucidar cuál es el derecho predominante en la
relación jurídica y con qué reglas constitucionales se debe resolver el caso
concreto”. Así mismo, aplicó esta metodología a los casos donde la
plataforma cumple un rol pasivo, en los cuales las amenazas o violaciones se
originan entre dos particulares y la plataforma es únicamente un vehículo de
comunicación. En consecuencia, la responsabilidad debe recaer en la fuente de
los contenidos y debe ser determinada ulteriormente y acorde al test tripartito
de la validez de la restricción de la libertad de expresión.
Por último, señaló que aún en el rol
pasivo las plataformas juegan un rol en la difusión del contenido, por cuanto
produce un carácter “perenne” y procura un efecto multiplicador del mismo. En
este sentido, se habilita al juez para que evalué la responsabilidad
subsidiaria de la plataforma sobre el contenido cuestionado cuando la fuente es
anónima y para ello requiera a la plataforma.
12.
Fundación
para la Libertad De Prensa (FLIP). Como cuestión
previa, calificó los asuntos bajo estudio como casos tipo que plantean
tensiones entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales como el
de buen nombre, la intimidad o la imagen. En ese sentido, señaló que la regulación
y jurisprudencia nacional e interamericana actual, constituyen herramientas
suficientes para su resolución, enfatizando que la libertad de expresión es una
garantía fundamental independiente del medio de difusión, es decir,
indistintamente si se trata de una manifestación online u offline[239].
Explicó que la libertad de expresión es
de textura abierta, por lo que se presume su prelación ante otros
derechos de la misma índole en reconocimiento de su rol medular en las
sociedades democráticas. Es en razón a ello, que su limitación es restrictiva y
debe adecuarse al test tripartita[240]
derivado del artículo 20 de la Constitución, 13.2. de la Convención Americana y
del art. 19 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDESC).
No obstante, para garantizar una
adecuada comprensión de los casos bajo estudios, refirió que es necesario
desglosar de las diversas aristas que permitirán definir y aclarar reglas
jurisprudenciales ya existentes sobre la materia, entre las cuales se destacan:
quién es el emisor del contenido (anónimo vs. fuente
identificable), quién es el presunto afectado (privado o persona con relevancia
pública[241]),
quien es el destinatario del mensaje, cuál es la relación entre ellos, cuál es
el contenido, de qué forma fue transmitido (formato), cuál es el canal de
difusión y cuáles son sus características, pues no todos los medios digitales
son equiparables.
Respecto a la responsabilidad de los
intermediarios relacionó dos precedentes norteamericanos[242]
donde se reafirmó que los proveedores o usuarios de servicios de computación
interactivo no son considerados responsables por el contenido para preservar el
libre mercado de esos medios, fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías,
remover desincentivos para el desarrollo y el uso de mecanismo de bloqueo y
filtrado y asegurar la aplicación de legislación contra contenidos criminales.
Adicionalmente, realizó un estudio
comparado de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)[243],
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)[244]
y del marco jurídico interamericano, a fin de ilustrar los distintos enfoques
que se ha dado sobre la intervención y responsabilidad de los intermediarios de
internet. Tras la explicación de las evoluciones jurisprudenciales, planteó que
la postura de la Corte Constitucional ha articulado los desarrollos
internacionales y, más concretamente, ha adoptado la visión interamericana y
norteamericana que tienden a ser más liberal que aquella del TEDH y TJUE.
Empero, señaló que en sentencia T-063A de 2017 (anulada por Auto 285 de 2018)
se evidenció un retroceso e inclusive una contradicción con reglas decantadas en sentencias T-040 de 2013, T-277 de 2015
y T-121 de 2018, en las cuales: (i) se sostuvo que los buscadores, en su
calidad de intermediarios, no tienen responsabilidad sobre el contenido; (ii)
ha prevalecido la relevancia del el flujo de información en la red por su rol
democratizador; y (iii) ha sido proclive a la eliminación de cualquier tipo de
control previo o de censura, salvo respecto de los discursos no protegidos. De
esta manera, sugiere que es necesario mantener el fuero judicial respecto de
los casos de libertad de expresión.
De cara a la regulación de la libertad
de expresión en redes sociales, particularmente del proyecto de ley 179 de
2018, arguyó que no cumplen con los parámetros referidos, puesto que habilitan
la creación de mecanismos administrativos al interior de los intermediarios que
deriva fácilmente en la legitimación de mecanismos de censura privada, que han
sido criticados por la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE). La atribución de dicho
poder a un privado resulta no solo inconveniente sino también se erige como una
vulneración de derechos fundamentales, puesto que sustrae las garantías mínimas
al emisor del contenido acusado por separarlo de su juez natural, el derecho a
la defensa, la presunción de inocencia y el derecho a un proceso público, todo
lo cual ya ha sido advertido por el Tribunal
Constitucional en sentencias C-162 de 2000 y T-391 de 2007 y T-650 de 2003.
Alertó que los parámetros propios de habeas
data no son aplicables a los casos bajo examen[245].
De hacerlo se corre el riesgo de generar un efecto inhibitorio a la actividad
periodística pues podría derivar en la restricción de referencias o
indicaciones individuales en temas de interés general[246].
En cuanto al anonimato de la fuente,
sostuvo que la imposición de responsabilidad a las plataformas por
publicaciones anónimas puede conllevar a crear un efecto disuasorio o
inhibitorio de la libertad de expresión, pues ab initio se realizaría un
filtro y eliminación indiscriminada sobre cualquier publicación de esta
naturaleza, por parte de un privado, anulando esta figura generalmente
utilizada como mecanismo de protección para participar en el debate público.
Sobre este punto, destacó el interés democrático del anonimato reconocido por
la RELE y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas, quienes han defendido
por lo que los Estados tienen la obligación internacional de abstenerse de
tomar medidas que restrinjan arbitrariamente el anonimato, por su rol central
para promover la privacidad, la libertad de expresión, la responsabilidad
política la participación pública y el debate.
13.  Catalina Botero
Marino. Comenzó
por destacar el enorme potencial democratizador de internet, como punto de
partida ante cualquier ejercicio de ponderación. En tal sentido explica que al
abordar cualquier análisis sobre la libertad de expresión en el entorno
digital, los riesgos que presupone el ejercicio de este derecho deben
ponderarse y situarse en ese contexto de las posibilidades de difusión de
informaciones y opiniones a través de internet, dado que ofrece espacios y
herramientas para la construcción del debate público.
Hizo énfasis en la importancia de la
neutralidad de la red, que se refiere a la libertad de acceso y elección de los
usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación
o servicio legal por medio de Internet, ejercicio que no debe estar
condicionada, direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o
interferencia. Se trata de una condición necesaria para ejercer la libertad de
expresión en el mundo digital, de acuerdo a lo consignado en el artículo 13 de
la Convención Americana y, a la vez, de un componente transversal de los
principios orientadores antes mencionados.'
En cuanto a la responsabilidad de
intermediarios, destacó que ningún proveedor de un servicio en línea puede ser
tratado como el editor o autor de una información proveída por un tercero.
Agregó que esto constituye una garantía a favor del ejercicio de la libertad de
expresión en línea y en contra de la censura, sin que ello implique que las
empresas no tengan deberes de moderar contenidos problemáticos en su
plataforma, como son las amenazas, el acoso o la divulgación no autorizada de
contenidos íntimos.
Expuso que las redes sociales pueden
tener dos facetas: (i) como espacio para la publicación de informaciones u
opiniones, incluso actuando como un intermediario en la difusión de contenidos;
y (ii) otra comercial a través del acopio de datos de los usuarios y de
difusión de publicidad y anuncios. En tal media señaló que no se pueden
confundir dichas facetas y no es posible tomar la actividad de intermediación
de contenidos como una de procesamiento de datos, pues derogaría en la práctica
el ejercicio de este derecho y le entregaría a cualquier persona una
herramienta activa de eliminación de contenidos. Un estándar semejante
obligaría por igual a intermediarios y usuarios a obtener la voluntad
manifiesta de todos los sujetos sobre los cuales puede haber algún tipo de
contenido, información o enlace. Este criterio no solo derogaría de facto el
derecho a la libertad de expresión, sino que haría imposible el funcionamiento
de internet.
En relación con el anonimato indicó
que es parte consustancial del derecho a la libertad de expresión. La
posibilidad de difundir contenidos de manera anónima implica que la protección
debe hacerse extensiva a las tecnologías que posibilitan esa acción, como la
encriptación. La garantía de escoger la forma en la que un individuo se expresa
incluye el uso de las herramientas que implementan ese derecho. Manifestó que
instaurar “arquitecturas de control”, crea obligaciones no solo para que
las plataformas tengan que identificar a sus usuarios, sino que también ofrece
poderosos incentivos para la identificación de personas en espacios físicos, la
prohibición de dispositivos y el bloqueo de porciones de la red, lo cual
termina por generar la búsqueda de espacios clandestinos para expresarse.
Adicionalmente afirmó que la libertad de
expresión “offline” es la misma “online”, por tanto la presunción
a favor de este derecho tienen plena vigencia en el entorno digital.
Destaca que en observancia a las garantías judiciales que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8
y 25), las restricciones a la libertad de expresión tienen reserva judicial.
Añadió que existen dos tipos de discursos
especialmente protegidos por la jurisprudencia constitucional: (i) el discurso
político y sobre asuntos de interés público, que comprende, entre otros, todo
el relacionado con temas electorales, el ejercicio de las funciones públicas y
de interés público y las críticas al Estado y sus funcionarios; y (ii) el
discurso sobre funcionarios o personajes públicos, que se refiere a las
expresiones sobre personas que, en razón de sus cargos, actividades y desempeño
en la sociedad, son sujetos de notoriedad pública y deben aceptar el riesgo a
recibir críticas, opiniones o revelaciones.
En cuanto al juicio de proporcionalidad
hizo alusión al denominado test tripartito[247], a partir
del cual las restricciones a la libertad de expresión deben sujetarse a un juicio
estricto de proporcionalidad, esto es, al estándar más exigente de rigor en el
análisis constitucional.
Agregó que este derecho incluye
expresiones ofensivas, chocantes, dado que la función de este derecho es
justamente la de proteger las opiniones que la mayoría no está dispuesta a
escuchar; las opiniones que pueden resultar perturbadoras u ofensivas para una
persona o una parte de la población, pues nadie necesita un escudo reforzado
para adular o para emitir opiniones inofensivas. En este sentido considera que
los “tuits” chocantes, los “posts” de Facebook ofensivos y otras expresiones
similares, tienen protección constitucional prima facie.
Advirtió que los reclamos “online” deben
ser evaluados desde su contexto, dado que es diferente el tipo de ponderación
que se hace cuando se trata de dos particulares donde media una relación de
subordinación o de desequilibrio de poder, como ocurre en el mundo de las
relaciones comerciales, donde el ejercicio de la libertad de expresión no solo
cumple el fin legítimo de difusión de opiniones sino también de desahogo.
De cara a la formulación de las
restricciones a la libertad de expresión, expuso que se debe permitir a las
personas regular su conducta, prever de formas razonables las consecuencias de
sus actuaciones y, además, ser las menos restrictivas para ese derecho. En este
sentido destaca cuatro factores que se deben tener en cuenta en este análisis:
(i) quién habla; (ii) sobre quién se habla; (iii) qué se dice; y (iv) dónde se
dice.
14.  Fundación
Karisma. Resaltó
que los casos objeto de examen no le permiten a la Corte hablar de otros temas
que fueron discutidos durante la audiencia del 28 de febrero vinculados con los
algoritmos y la inteligencia artificial, la discriminación y la manipulación a
través de Internet mediante datos, el potencial y los riesgos del big data o la
necesidad de cerrar la brecha digital para contribuir a la equidad social.
En relación con las preguntas formuladas
por la Corte, señaló que es necesario diferenciar la libertad de expresión de
la protección de datos. Para ello explicó que la protección de datos es la
respuesta del orden jurídico para regular la forma cómo se usa esa información
en la economía. No está pensada como mecanismo de balance contra excesos de la
expresión humana. Afirmó que la libertad de expresión e intimidad pueden entrar
en tensión en muchos casos, debate que se debe resolver a partir de un análisis
basado en los estándares desarrollados para la protección de esos derechos y no
con las normas de protección de datos, porque no fueron diseñadas para eso. Su
propósito es el de regular el uso, acceso, circulación y tratamiento de los
datos a cargo de un tercero.
En cuanto al alcance y la amplificación
de mensajes en internet, plantea que se debe relativizar, el que en la práctica
muchas veces se sobrevalora. Indica que cuando un juez analiza un asunto debe
verificar en el caso concreto el poder para impactar el debate público, en
últimas, depende de que haya audiencias dispuestas a escuchar, a enterarse y a
participar. Al fin y al cabo, un contenido publicado en internet tiene el
potencial de tener una difusión masiva, pero no es un hecho que esto siempre
ocurra.
Respecto a las audiencias pasivas en
redes sociales, esto es, las personas que dan un simple “Like” o comparten
contenidos creados por otras, refirió que en la medida que no acompañen ese
material con nueva información, pareciera que, en principio, no deberían de ser
responsables. Ahora bien, dado que su accionar es lo que hace que una
información se haga viral, se amplifique y, finalmente, genera impacto, la
sanción social debería servir para castigar sucesos que pueden minar el debate
democrático o afectar a otras personas. Consideró necesario entender que las
audiencias pasivas no son monolíticas, por lo que no es lo mismo la persona
anónima que se identifica con un contenido que pueda ser considerado ofensivo o
no protegido por la libertad de expresión y le da “like” o lo “retuitea”, que
cuando esto lo hace una figura pública con gran influencia en el debate
público. El impacto en uno y otro caso es distinto.
Estimó que a medida que aumenta la
penetración de internet y normalizamos su integración en nuestras vidas la
sociedad aprende a comportarse, especialmente si se acompaña de estrategias
educativas. Aunque se debe reconocer que siempre habrá quienes no se
comportarán.
Agregó que no solo en Colombia se
discute la necesidad de la regulación de unas redes sociales, lo que implica
que es indispensable pensar en cómo evitar abusos y proteger derechos en redes
sociales, a partir de las tensiones de derechos en internet.
15.  Juan Carlos
Upegui Mejía. Comenzó por señalar que en estos casos se debe
fortalecer la libertad de expresión en las redes sociales, para mandar un
mensaje claro sobre los límites al momento de resolver conflictos como los que
ahora ocupan la atención de la Corte. Al respecto afirmó que es necesario
resolver en el contexto mismo de la interacción social en la internet (redes
sociales, etc.) a partir de la autorregulación.
Aseguró que el hecho de que se utilicen
los adjetivos “ladrón”, “ratero”, “estafador”, “estafadora profesional”,
“mentiroso” en el contexto de relaciones comerciales al interior de las redes
sociales, no debe acarrear una limitación por parte de los jueces de tutela.
Esto lo explicó a partir de cinco puntos, a saber: (i) este tipo de discursos
pueden ser mejor resistidos con la opinión y la expresión del afectado, que con
la orden de un juez; (ii) permite realizar dos funciones básicas de la libertad
de expresión: el desahogo frente a una situación considerada injusta y  la
prevención para que otras personas no sufran lo mismo; (iii) este tipo de
afirmaciones no deberían estar condicionadas a la existencia de una condena
penal en firme; (iv) la literalidad de las palabras debe entenderse en el
sentido y en el contexto de la interacción social y de la construcción social
de estos mensajes, no en el sentido legal o judicial que pueda tener dicho
término, pues de lo contrario solo se permitiría la expresión de aquellos que
manejen con pericia las formalidades de la ley, o de los que dispongan de
sentencias judiciales condenatorias; y (v) se trata de una relación horizontal
entre particulares.
Destacó que este es un típico conflicto
entre particulares con poca o ninguna incidencia para el debate de asuntos
públicos, sin embargo, la Corte ha adoptado una posición maximalista de la
procedibilidad, asumiendo que las “redes sociales” o las “plataformas
digitales” equivalen a medios de comunicación de “alto impacto social”, con lo
cual prácticamente cualquier publicación en un medio digital, engendra la
posibilidad de crear una relación de “indefensión”.
Reiteró que el ejercicio de la libertad
de expresión en las redes sociales y en las plataformas digitales no debe estar
sujeto a regulación, así el Estado debe ser juez ocasional en aquellos casos en
donde sea clara la asimetría de poder entre las partes y el discurso como tal
tenga la potencia de comprometer de forma seria los derechos fundamentales de
las personas.
Propuso que estos casos sean resueltos a
partir de alguna forma de autorregulación. En este sentido haciendo alusión al
derecho comparado identificó tres alternativas posibles: (i) la autocomposición
del conflicto por parte de los usuarios de la red; (ii) la intervención del
propietario o administrador de la red social a partir de tomar medidas en el
contexto de sus términos y condiciones y políticas de usuarios; y (iii) la
intervención de una autoridad independiente de autorregulación, del tipo ombudsman[248].
Planteó que las tres son buenas alternativas y en una perspectiva macro de
estos problemas deberían ser consideradas por la Corte. Para este tipo
específico de casos, sin embargo, se debería incentivar la autocomposición y la
autorregulación de los individuos, teniendo en cuenta que como parte del riesgo
social, la posibilidad de que se registren malas opiniones entre conciudadanos.
Con todo, se debe procurar por la automoderación del lenguaje y al uso con
medida de las redes sociales.
Remató advirtiendo que el derecho del
habeas data no es necesario para proteger los valores de la libertad y la
dignidad humana de las personas, dado que este ha sido perfilado en sus
contornos constitucionales para enfrentar un fenómeno muy específico: el del
poder informático derivado de la capacidad de acopio y tratamiento de
información personal en una base de datos estructurada para tal fin.
16.  Catalina del
Pilar Sánchez Daniels quien se identifica como estudiante de maestría de la
universidad Eafit. Desarrolló su intervención a partir de tres
temas: (i) la errada imposición de las cargas de veracidad e imparcialidad
sobre los ciudadanos al usar las plataformas digitales, (ii) la imposibilidad
de vulnerar la presunción de inocencia por medio de acusaciones delictivas en
las redes y (iii) la necesidad de proteger el insulto y la ofensa como
desarrollo de la libertad de expresión.
En cuanto a las cargas de veracidad e
imparcialidad para los usuarios de las plataformas sociales, destacó que salvo
por lo casos en que las personas usan sus redes para ejercer el periodismo, el
uso de las redes sociales no se puede asimilar a la labor informativa que
desarrollan los medios de comunicación tradicionales y los periodistas por tres
motivos: (i) estas acciones no tienen la misma finalidad; (ii) los procesos de
creación y emisión de contenidos no son los mismos; y (iii) socialmente no
tienen el mismo valor el ejercicio informativo del periodismo y la expresión
ciudadana mediante redes sociales.
Afirmó que desde el comienzo del uso de
las redes sociales, se ha evidenciado que las personas publican datos,
informaciones y opiniones por diversos motivos (experiencias de vida,
información que les parece interesante u opiniones con las que se identifican;
para desahogarse; para participar en el debate público o tratar de incentivar o
promover el control ciudadano, etc). Agregó que la información que proporcionan
los periodistas responde al deber de veracidad e imparcialidad, sin embargo por
el hecho de que ciertas publicaciones en redes sociales se consideren hechos
noticiosos, ello no las convierte en noticias sujetas a dicha carga, pues
generaría un desincentivo para la libre expresión e intercambio de opiniones en
redes y, lo que es más grave, en la participación en el debate público, lo cual
contraría desde todo punto de vista los valores fundamentales de la democracia.
En relación con la presunción de
inocencia y las acusaciones delictivas, manifestó que no es válido
afirmar que las acusaciones de carácter delictivo realizadas en las redes
sociales vulneran la presunción de inocencia de los ciudadanos denunciados
cuando no existe un fallo condenatorio en firme porque: (i) la presunción de
inocencia es una garantía llamada a proteger al ciudadano frente al Estado y no
de sus conciudadanos, no es un derecho fundamental autónomo, sino que
corresponde al catálogo de reglas integradoras del debido proceso; y (ii) no es
razonable ni posible obligar a los ciudadanos a sujetar la expresión de su
opinión personal con respecto a otro individuo a los resultados de un proceso
judicial o administrativo.
En cuanto a la
protección de los insultos o las ofensas prima facie, explica que esta
forma de expresión está protegida por el bloque de constitucionalidad (art. 13
de la Convención Americana sobre Derecho Humanos y art 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos), que permite establecer límites
a la libertad de expresión cuando los mismos sean necesarios para proteger los
derechos o la reputación de los demás y la seguridad nacional, el orden
público, la salud o moral públicas. Sin embargo, no
todo insulto tiene el potencial o el efecto de dañar desproporcionalmente la
honra de los demás o lastimar otro, generar un riesgo a la seguridad, al orden
nacional o a la salud o moralidad públicas.
En
ese orden de ideas, consideró que la protección prima facie de los
insultos u ofensas debería entrar al catálogo de garantías reforzadas de la
libertad de expresión y solo se debería censurar cuando (i) esté dirigido a un
menor de edad, (ii) se emite dentro de un discurso de odio o incitación a la
discriminación o violencia; (iii) sea desproporcionada y genere realmente un
daño a la honra, etc. Por tanto, la censura del insulto u
ofensa debe proceder tras un cuidadoso análisis del contexto; lo cual implica
que debe estar sujeta a una fuerte carga probatoria y argumentativa.  La
justicia no debería arrogarse la labor de censurar las informaciones y
expresiones consideradas insultantes u ofensivas por ser consideradas
políticamente incorrectas.
ACLARACión DE VOTO DEL
MAGISTRADO
CARLOS BERNAL PULIDO
A LA SENTENCIA SU.420/19
ACCION DE TUTELA
PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Se
debió declarar la improcedencia por no haberse acreditado la solicitud previa
de rectificación (Aclaración de voto)
ACCION DE TUTELA
PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA EN REDES
SOCIALES-No
se encuentra acreditada la legitimación por pasiva por cuanto accionantes no se
encuentran en situación de indefensión respecto de los accionados (Aclaración
de voto)
En
ninguno de los tres casos referidos se satisface el requisito de legitimación
en la causa por pasiva. Esto, por cuanto no se constata, siquiera de manera
sumaria, situación de indefensión de ninguno de los tres accionantes respecto
de los accionados. Por el contrario, en tales casos, es claro que ambos
particulares (accionante y accionado) se encuentran en relaciones simétricas,
en las que, por definición, no se configura situación de indefensión alguna que
torne procedente las solicitudes de amparo. En lugar de examinar tales
criterios y, por contera, declarar improcedentes las tres solicitudes de tutela
por falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala Plena decidió
declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional. Este
criterio, además de indiscernible, resulta, a todas luces, cuestionable para
determinar la procedencia de solicitudes de tutela en casos en los que la
naturaleza iusfundamental de los derechos en colisión (libertad de
expresión v buen nombre y honra) es indiscutible
Referencia:
Expedientes T-5.771.452, T-6.630.724, T-6.633.352 y T-6.683.135 (acumulados).
Sentencia: SU
420 de 2019
Magistrado
ponente:
José Fernando Reyes Cuartas
1.
Con
mi acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena, suscribo esta
aclaración de voto en relación con la sentencia de la referencia. Si bien
comparto la decisión adoptada, disiento de sus fundamentos, en particular, de
los relacionados con el análisis de los requisitos de (i) subsidiariedad
y (ii) legitimación en la causa por pasiva, en los casos
correspondientes a los expedientes T-5.771.452, T-6.630.724 y T-6.633.352. En
lugar del fundamento acogido por la mayoria de la Sala Plena, tales solicitudes
de amparo han debido ser declaradas improcedentes, en mi opinión, habida cuenta
de que no satisfacen los requisitos de subsidiariedad y legitimación en la
causa por pasiva.
2.
Las
solicitudes de tutela referidas no satisfacen el requisito de subsidiariedad,
por cuanto, de manera previa, los accionantes no solicitaron el retiro, la
corrección o la enmienda de los mensajes cuestionados. Al
respecto, la Corte desconoció que, en múltiples y recientes providencias, las
Salas de Revisión de Tutela han considerado que cuando se pretenda el amparo de
derechos fundamentales vulnerados con ocasión de una publicación, la solicitud
de retiro, corrección o enmienda de la misma, es requisito de procedibilidad
para presentar la solicitud de tutela[249].
Este requisito de procedibilidad resulta exigible, al margen de la naturaleza
del emisor del mensaje (periodista, usuario de redes sociales, blogger, etc.) o
del canal de divulgación del mismo (medios convencionales, redes sociales,
páginas web, etc.). El fundamento de esta regla es la imperiosa promoción de la
autocomposición para resolver este tipo de controversias, con lo cual solo es
posible acudir al juez cuando este mecanismo de autoregulación resulte
inoperante o insuficiente para resistir el discurso considerado lesivo
de los derechos fundamentales.
3.
Pues
bien, en los tres casos referidos, los accionantes acudieron directamente a la
acción de tutela, sin haber solicitado a los emisores de los mensajes
cuestionados el retiro, la corrección o la enmienda de los mismos. Este, en mi
criterio, ha debido ser el fundamento de la declaratoria de improcedencia de
las solicitudes de tutela en mención. Por lo demás, la declaratoria de
improcedencia por hecho superado en el caso correspondiente al expediente T-5.771.452
carece de fundamento, habida cuenta de que la información cuestionada por el
accionante fue retirada en cumplimiento de la decisión del juez de tutela de
instancia, por lo que en ningún caso se habría constatado litigio superado
entre las partes.
4.
Las
solicitudes de tutela referidas no satisfacen el requisito de legitimación en
la causa por pasiva, por cuanto los accionantes no se encuentran en situación
de indefensión respecto de los accionados. Los artículos 86
(inc. 5) de la Constitución Política y 42 (inc. 4) del Decreto 2591 de 1991
prevén que la acción de tutela procede contra particulares respecto de los
cuales el solicitante se encuentre en una situación de indefensión. A la luz de
esta regla, en el contexto de internet y de las redes sociales, le corresponde
al juez constitucional examinar, como requisito de procedibilidad de las
solicitudes de tutela, si el accionante se encuentra en una situación de
indefensión frente al accionado. En otros términos, el juez de tutela debe
verificar si accionante y accionado se encuentran en una relación asimetrica en
la que el primero está en situación de indefensión frente al segundo, en
relación con el mensaje considerado lesivo de los derechos fundamentales. Para
constatar esta situación de indefensión, el juez constitucional debe
considerar, entre otras, las capacidades de difunsión de información del emisor
del mensaje y del presuntamente afectado con el mismo, para lo cual deberá
tener en cuenta, según el contexto, la naturaleza y las condiciones de uno y
otro (esto es, si son funcionarios públicos o ejercen actividades comerciales o
empresariales, etc.), su número de seguidores en las redes sociales, el número
de visitas o reproducciones de los contenidos, la periodicidad, la difusión y
la relevancia social de las publicaciones, entre otros.
5.
Con
base en lo anterior, considero que en ninguno de los tres casos referidos se
satisface el requisito de legitimación en la causa por pasiva. Esto, por cuanto
no se constata, siquiera de manera sumaria, situación de indefensión de ninguno
de los tres accionantes respecto de los accionados. Por el contrario, en tales
casos, es claro que ambos particulares (accionante y accionado) se encuentran
en relaciones simétricas, en las que, por definición, no se configura situación
de indefensión alguna que torne procedente las solicitudes de amparo. En lugar
de examinar tales criterios y, por contera, declarar improcedentes las tres
solicitudes de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sala
Plena decidió declararlas improcedentes por falta de relevancia constitucional.
Este criterio, además de indiscernible, resulta, a todas luces, cuestionable
para determinar la procedencia de solicitudes de tutela en casos en los que la
naturaleza iusfundamental de los derechos en colisión (libertad de
expresión v buen nombre y honra) es indiscutible.
6.
Por
las anteriores razones, además de aclarar mi voto en relación con la sentencia
de la referencia, considero que la mayoría de la Sala Plena perdió la oportunidad
de fijar pro futuro las anotadas reglas de procedibilidad en relación
con solicitudes de tutela análogas o similares a las sub examine.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
ACLARACIÓN
Y SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
DE
LA MAGISTRADA DIANA FAJARDO RIVERA
A LA
SENTENCIA SU.420/19
LIBERTAD
DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Parámetros
constitucionales para ponderar los conflictos entre la libertad de expresión y
otros derechos son necesarios en el análisis de fondo (Aclaración de voto)
Sin perjuicio de que
los parámetros constitucionales se utilicen para evaluar la procedibilidad de
la acción de tutela en aquellos casos en los que la libertad de expresión entra
en conflicto con derechos como el buen nombre o la honra, debe señalarse que
estos resultan particularmente importantes al momento de ponderar la tensión de
derechos, es decir, en el análisis de fondo del caso.
LIBERTAD
DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Límites no son
absolutos y deben considerarse caso a caso (Aclaración de voto)
Los límites a la
libertad de expresión siempre deben analizarse en cada caso concreto a partir
de las particularidades del mismo. En situaciones en las que entran en
conflicto el derecho a la libertad de expresión con otros derechos como el buen
nombre o la honra, se debe hacer uso de la ponderación para solucionar tal
colisión de derechos, teniendo presente en todo caso la presunción de primacía
de la libertad de expresión. El juez debe hallar un delicado y complejo balance
entre la amplia protección que se debe brindar a la libertad de expresión y el
respeto de los derechos de terceras personas, apuntando siempre a buscar la
medida menos lesiva para libertad de expresión. No puede considerarse a
priori que la libertad de expresión debe limitarse cuando lo que se afirma
no contribuye a un debate, no se identifica con un fin constitucional legítimo,
es insultante o se expresa de manera reiterada y sistemática.
INDEFENSION-Concepto
(Salvamento parcial de voto)
Un estado de
indefensión se presenta cuando existe una ituación desigual entre dos partes en
la que una es más fuerte que la otra y esta última -la parte débil- no tiene
medios físicos o jurídicos para defenderse, o los que existen son insuficientes
para resistir la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, lo cual la
pone en una situación de desamparo.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE
INDEFENSION-La Sala no analizó con rigurosidad las calidades personales
del accionante y los cargos que ocupa (Salvamento parcial de voto)
M.P.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Controles
delicados para un derecho frágil
Con el acostumbrado respeto por las providencias
de la Corte, procedo a aclarar y salvar parcialmente mi voto respecto de la Sentencia
SU-420 de 2019. La providencia resolvió declarar la carencia actual de objeto
en el expediente T-5.771.452, declarar la improcedencia de la acción de tutela
en los expedientes T-6.630.724 y T-6.633.352, y conceder el amparo en el caso
del expediente T-6.683.135. A continuación expondré las razones que me llevan a
aclarar algunos aspectos puntuales de dicha Sentencia y a salvar el voto en la
decisión del expediente T-6.683.135, en la que se concedió la protección de los
derechos al buen nombre y a la honra del accionante.
1. Aclaración de voto
1.1. Los parámetros constitucionales
para ponderar los conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos
son necesarios en el análisis de fondo de los casos
1.1.1. La Sentencia SU-420 de 2019
señala que al analizar la procedibilidad de la acción de tutela en materia de
libertad de expresión en redes sociales se debe determinar la relevancia
constitucional del asunto, para lo cual es preciso tener en cuenta los parámetros
constitucionales, recogidos en la Sentencia T-155 de 2019, que sirven para
establecer el grado de protección que debe recibir la libertad de expresión
cuando entra en conflicto con derechos de terceras personas. Esto es: (i) quién
comunica; (ii) de qué o de quién se comunica; (iii) a quién se comunica; (iv)
cómo se comunica; y (v) por qué medio se comunica. Si bien algunos de estos
parámetros pueden ser útiles al momento de analizar la procedibilidad de la
acción de tutela en este tipo de casos, como en el estudio de la legitimación
por activa o pasiva o en la subsidiariedad, también, y primordialmente, deben
ser considerados en el análisis de fondo del caso, ya que resultan necesarios
para determinar el equilibrio entre los
derechos en conflicto y cuál es la manera adecuada de garantizarlos, de tal
forma que no se impongan condiciones irrazonables para el ejercicio de la
libertad de expresión.
1.1.2. La propia Sentencia SU-420 de 2019 hace uso de los
mencionados parámetros al momento de estudiar el fondo del único caso que
superó el análisis de procedencia, esto es, el expediente T-6.683.135. En
efecto, allí se estudia el contenido y la periodicidad de los mensajes
publicados por el accionado en distintas redes sociales. Después de transcribir
varios de estos mensajes, la Sentencia concluye que “el accionado en sus
perfiles de Facebook y Youtube ha expresado de manera reiterada y sistemática
frases injuriosas y otras calumniosas, que a su vez materializan vejaciones,
insultos, delitos, en fin, expresiones desproporcionadas y humillantes, que
evidencian una intención dañina y ofensiva, no con un fin legítimo, sino por el
contrario difamatorio (…). Es, en últimas, un abuso del derecho a la libertad
de expresión”. Es claro entonces que para concluir que en este caso la
protección del derecho a la libertad de expresión del accionado no tenía
respaldo constitucional y debía garantizarse los derechos al buen nombre y a la
honra del accionante, se tuvo que considerar, qué se comunicaba, cómo se
comunicaba y por qué medio se comunicaba. Aunque no acompaño esta decisión, tal
como explicaré más adelante, encuentro necesario aclarar que sólo del análisis
de estos aspectos era posible determinar el grado de protección que debía
recibir la libertad de expresión y encontrar el remedio constitucional
adecuado.
1.1.3. Por tanto, sin perjuicio de que
los parámetros constitucionales se utilicen para evaluar la procedibilidad de
la acción de tutela en aquellos casos en los que la libertad de expresión entra
en conflicto con derechos como el buen nombre o la honra, debe señalarse que
estos resultan particularmente importantes al momento de ponderar la tensión de
derechos, es decir, en el análisis de fondo del caso.
1.2. Los límites a la libertad de
expresión no son absolutos y deben considerarse caso a caso
1.2.1. En el recuento que se hace en la
Sentencia SU-420 de 2019 de la jurisprudencia en materia de libertad de
expresión en internet, se concluye que “se activa un límite a la libertad de
expresión cuando lo divulgado no se identifica con un fin constitucional
legítimo, ni siquiera contribuye a un debate específico, sino simplemente
conlleva una intención dañina o insultante respecto del hecho que se quiere
comunicar”. Así mismo, en el acápite relativo a los límites a la libertad
de expresión en internet, se describen algunos criterios que deberá tener en
cuenta el juez de tutela al momento de analizar la tensión que surja entre los
derechos a la libertad de expresión y los derechos al buen nombre y a la honra
y se considera la periodicidad de las publicaciones del emisor como uno de los
aspectos a tener en cuenta en el análisis. Al respecto se dice: “las
afirmaciones publicadas de manera reiterada e insistente por un sujeto en
relación con otro, donde se percibe un uso desproporcionado de la libertad de
expresión dada la repetitividad, sistematicidad y perduración de las
publicaciones vejatorias, constituyen una situación de persecución o acoso que
afrentan concretamente el derecho a vivir sin humillaciones reconocido por la
jurisprudencia como parte integral de la dignidad humana”.
1.2.2. Estas conclusiones no deben
entenderse como una regla general que pueda aplicarse en cualquier escenario,
pues los límites a la libertad de expresión siempre deben analizarse en cada
caso concreto a partir de las particularidades del mismo. En situaciones en las
que entran en conflicto el derecho a la libertad de expresión con otros
derechos como el buen nombre o la honra, se debe hacer uso de la ponderación
para solucionar tal colisión de derechos, teniendo presente en todo caso la
presunción de primacía de la libertad de expresión. El juez debe hallar un
delicado y complejo balance entre la amplia protección que se debe brindar a la
libertad de expresión y el respeto de los derechos de terceras personas,
apuntando siempre a buscar la medida menos lesiva para libertad de expresión.
1.2.3. No puede considerarse a priori
que la libertad de expresión debe limitarse cuando lo que se afirma no
contribuye a un debate, no se identifica con un fin constitucional legítimo, es
insultante o se expresa de manera reiterada y sistemática. Sin duda estos
aspectos resultan relevantes para el juez constitucional al momento de verificar
si un acto lingüístico, interpretado en contexto, afecta los derechos
fundamentales de una persona, pero no pueden considerarse como límites
absolutos a la libertad de expresión. La Corte Constitucional ha protegido este
derecho en casos en los que una persona emite opiniones insultantes que no
contribuyen a ningún debate ni materializan un fin constitucional[250] o han sido
publicadas de manera reiterada,[251] pues de la
valoración en conjunto de todas las particularidades que demarcan el contexto
en el que se realizó el acto de comunicación, se concluyó que no se presentaba
una afectación a los derechos de terceras personas de tal entidad que fuera
necesario limitar la libertad de expresión.
1.2.4. Debe recordarse que la libertad
de expresión protege no sólo el contenido del discurso sino el tono del mismo.
Por tanto, no sólo las expresiones que gozan de una cierta aprobación por la
sociedad están amparadas por este derecho, sino particularmente los mensajes que
resultan molestos y ofensivos. Así lo ha reconocido la Corte al señalar que “la
libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas
como aquellas consideradas inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye
las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas,
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias,
ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión
como su tono”.[252] Tampoco puede
considerarse, de manera aislada y sin tener en cuenta el contexto en el que se
profiere la expresión, que las afirmaciones publicadas de manera reiterada
constituyen una situación de persecución o acoso. Esto dependerá, entre otros
factores, de quién es la persona que comunica y sobre quién se comunica y si
entre estos se presenta una relación asimétrica de poder.[253]
2.
Salvamento de voto
Me
referiré a continuación a las razones por las cuales salvo el voto en relación
con el expediente T-6.683.135 (caso 4), que están relacionadas con (i) la
inexistencia de un estado de subordinación o indefensión del accionante frente
al accionado, y (ii) la necesidad de proteger los discursos de control social
al poder.
2.1.
Al analizar los presupuestos formales de procedencia de la acción de tutela en
el caso 4, la mayoría de la Sala adelantó el análisis de la legitimación en la
causa de manera poco rigurosa. Concretamente, en el párrafo 145, sostuvo que
las publicaciones que el accionante consideraba lesivas de sus derechos fundamentales
fueron hechas desde los perfiles personales de RGRB en Facebook y YouTube y,
por lo tanto, este último tenía un manejo significativo de las mismas, sin que
se tratara de una situación que pudiese ser reportada dentro de las mencionadas
plataformas. Siguiendo este razonamiento, dedujo la Sala que el accionante se
encontraba en estado de indefensión. Disiento de dicha conclusión. Un estado de
indefensión se presenta cuando existe una situación desigual entre dos partes
en la que una es más fuerte que la otra y esta última -la parte débil- no tiene
medios físicos o jurídicos para defenderse, o los que existen son insuficientes
para resistir la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, lo cual la
pone en una situación de desamparo[254]. Según esta Corte,
“la indefensión es un concepto de naturaleza fáctica, que se configura
cuando una persona se encuentra en estado de debilidad manifiesta frente a
otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias de hecho que rodean el
caso, no le es posible protegerse en un plano de igualdad, bien porque carece
de medios jurídicos de defensa o porque, a pesar de existir dichos medios,
ellos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza
de sus derechos fundamentales.”[255]
2.2. Aunque es claro que el accionado tenía un manejo
significativo sobre sus publicaciones, esto mismo se predica de cualquier
persona que exprese su opinión mediante cualquier medio, al ser la emisora del
mensaje. En este caso era necesario analizar varios elementos de juicio
relevantes para el estudio de la procedencia. Así, debió tenerse en cuenta si
los perfiles del accionado eran abiertos y permitían réplicas; de ser así, RMM
tenía un espacio igual al del emisor para defenderse y dar a conocer su lado de
la historia, más allá de la imposibilidad de denunciar el contenido en los
términos de las normas de la comunidad virtual. No sólo tenían que resaltarse
el número de reproducciones de cada video o las veces que fue compartido,
tendría que haberse observado la posibilidad de que el accionante reaccionara a
los mismos, o si ha emitido o no respuestas. La situación sería distinta si se
tratara de una aplicación, por ejemplo, como WhatsApp, que impide
conocer abiertamente los destinatarios de un mensaje y responder de manera
directa al mismo, si no se es un directo destinatario. En línea con lo
anterior, la Sala no analizó con rigurosidad las calidades personales del
accionante y los cargos que ocupa. Recuérdese que RMM hace parte del Consejo
Directivo de Sayco y se desempeña como Notario Primero del Círculo de Santa
Marta; por su parte, el accionado es un compositor y cantante vallenato a quién
le fue retirada la calidad de socio de la mencionada Asociación. Si bien es
cierto que los mensajes emitidos por RGRB mediante Facebook y YouTube  han sido
continuos y reiterados, ésta sola circunstancia no era suficiente para concluir
que existía un estado de indefensión del accionante. Por el contrario, aunque bastante
molestos, los mensajes y denuncias de RGRB no parecen haber tenido un impacto
significativo en la posición de poder que tiene RMM, pues sigue desempeñando,
luego de 7 años de continuos cuestionamientos por parte del accionado, los
altos cargos antes mencionados. De esta manera, considero que no existe en este
caso una situación de indefensión y, en esta medida, no era la acción de tutela
el mecanismo apropiado para resolver esta controversia.
2.3.
Pese a considerar que el caso es improcedente, tal como lo acabo de explicar,
encuentro necesario hacer un breve pronunciamiento sobre la forma en que fue
resuelto. La mayoría de la Sala, apartándose de la reiterada jurisprudencia de
esta Corte sobre la materia, olvidó tener en cuenta un aspecto fundamental para
la ponderación de derechos en esta oportunidad: el discurso del accionado goza
de una especial protección porque lo que estaba comunicando era un asunto de
interés público. En efecto, los discursos de interés público o que involucren
críticas al Estado o sus funcionarios gozan de una protección reforzada. Esto
se justifica principalmente en dos razones: “(i) a través de ellos no sólo
se manifiesta el estrecho vínculo entre democracia y libertad de expresión,
sino que se realizan todas las demás finalidades por las cuáles se confiere a
ésta una posición preferente en los estados constitucionales; (ii) este tipo de
discursos suelen ser los más amenazados, incluso en las democracias más
vigorosas, por cuanto quienes detentan mayor poder social, político o económico
pueden llegar a ser afectados por tales formas de expresión y, en consecuencia,
verse tentados a movilizar su poder para censurar dichas manifestaciones y
reprimir a sus autores”.[256]
En la Sentencia T-155 de 2019,[257] la Corte recordó
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos  ha resaltado la
importancia que tiene el discurso sobre asuntos de interés público. Para este
Tribunal, “el control democrático, por parte de la sociedad a través de
la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y
promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón
por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate
político o del debate sobre cuestiones de interés público”.[258]
2.4.
La Sala no valoró que RMM es un personaje público, que toma decisiones
relevantes en el marco de una asociación de autores, como miembro del Consejo
Directivo de Sayco y, además, es Notario. Recuérdese que “el servicio notarial es no sólo un servicio público
sino que también es desarrollo de una función pública”[259].
Al aceptar esta proyección pública el accionante debe
soportar un mayor nivel de intromisión en su vida. Ello es admisible en el
contexto de una sociedad libre y democrática que no solo permite, sino que debe
incentivar, el control social de la función pública. RGRB ha hecho múltiples
declaraciones en relación con la forma en que se asignan los recursos y se
toman las decisiones al interior de una Asociación de autores y de compositores
y ello es un asunto de relevancia pública; también ha hecho cuestionamientos
frente al desempeño de la función notarial del actor y la forma en que él llegó
a ocupar esa situación de poder. Por lo tanto, lo que correspondía en este
caso, de aceptarse su procedencia formal, era negar el amparo para así proteger
un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
2.5.
En suma, estimo necesario resaltar que son pocos y excepcionales los discursos
que no están protegidos por el derecho fundamental a la libertad de expresión,
y por lo tanto, no le corresponde al juez constitucional analizar la corrección
del lenguaje. La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha consolidado una
amplia y clara línea jurisprudencial de defensa de la libertad de expresión
consolidada desde la Sentencia T-391 de 2007 -que ha sido reiterada y ampliada
en múltiples providencias, tales como las que usé para fundamentar este voto
particular-; la cual permite concluir que los excesos en el ejercicio de este
derecho en una sociedad libre, abierta y democrática se controlan con más
expresión, deliberación y límites de tiempo, modo y lugar, pero nunca con
censura. Este tipo de debates deben generar reflexiones en torno a la
responsabilidad social de las personas públicas y la importancia del control de
las funciones que éstas desempeñan, sin importar el tipo de expresiones que se
empleen para ello. En
estos términos dejo plasmadas las razones por las cuales aclaro y salvo
parcialmente el voto en la presente decisión.
Fecha ut
supra.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Este accionado indicó que el 29
de septiembre de 2017, la sociedad Google, empresa incorporada en el Estado de
Delaware en los Estados Unidos, cambió su razón social de Google Inc. a Google
LLC, adjuntando la certificación expedida por la Secretaría de tal Estado, con
su correspondiente traducción oficial. Véase a folio 35, cuaderno 1 de nulidad.
[2] Expediente T-5.771.452 (JWFC en contra de
Google Colombia Ltda. y Google LLC).
[3] Anexa pantallazo de publicación
efectuada el 30 de enero de 2014 en la dirección “muebles
caqueta.blogspot.com.co” (fls. 7 a 9, cuaderno de instancia).
[4] Sentencia T-063A de 2017.
[5] Como sustento de esta afirmación
anexa cinco pantallazos correspondientes a correos electrónicos remitidos al
accionante por parte de Google el 23 y 27 de abril, el 11 y 21 de septiembre de
2015, así como uno sin fecha determinada (fls. 2 a 6, cuaderno de instancia).
[6] “Por la cual se definen
principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la
Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”.
[7] “Por el cual se modifica la
estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
y se dictan otras disposiciones”.
[8] Folio 61, cuaderno de instancia.
[9] Folio 85, cuaderno de instancia.
[10] Folio 86, cuaderno de instancia.
[11] Expediente T-6.630.724 (SMAC contra YRV, JMDD
y APAN).
[12] Folio 12, cuaderno principal.
[13] Folio 13, cuaderno principal.
[14] Folio 14, cuaderno principal.
[15] Folio 15, cuaderno principal.
[16] Folio 16, cuaderno principal.
[17] Folios 17 y 18, cuaderno
principal.
[18] Folios 19 a 24, cuaderno
principal. Se aclara que consultado el proceso identificado con la noticia
680016000160201704076, al que hace referencia la accionante, en la página de la
Fiscalía General de la Nación (https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/),
el mismo se encuentra INACTIVO. Consulta hecha el 15 de noviembre de 2018.
[19] Sobre el particular relaciona
los siguientes procesos identificados con noticia criminal número:
680016000160201700833 (activo); 680016000160201703971(inactivo),
680016000160201704069 (inactivo), 680016000160201703162 (inactivo),
680016000160201703299 (inactivo), 680016000160201703612 (activo). Folios 46 a
50 cuaderno principal. El estado actual de los mismos fue verificado en la
página www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/ (fecha de la consulta
15-11-2018).
[20] Expediente T-6.633.352
(OJCA
contra DEJM y JAFJ).
[21] Folios 32 a 34 cuaderno
principal.
[22] Folios 35 a 38 cuaderno
principal.
[23] Folios 2 a 9 cuaderno principal.
[24] Folios 7 y 8 cuaderno principal.
[25] Folio 15 cuaderno principal.
[26] Folio 16 cuaderno principal.
[27] Expediente T-6.683.135 (RMM
contra RGRB).
[28] Reconocido artista vallenato.
[29] El accionante es reconocido por
su amplia trayectoria en el folclor vallenato.
[30] Estos mensajes se vienen
presentando desde el mes de octubre de 2017 a la fecha de interposición de la
acción de tutela. Folios 2 a 25 cuaderno principal.
[31] En relación con este punto,
anexa publicaciones hechas por el accionado el 17 y 21 de enero, 11 y 20 de
febrero de 2018, donde reitera las afirmaciones relacionadas previamente.
Folios 66 a 68 cuaderno principal, y 35 y 36 de segunda instancia.
[32] Conformada para la fecha de la
sentencia por los magistrados Aquiles Arrieta Gómez (e), Alberto Rojas Ríos y
Jorge Iván Palacio Palacio, quien la presidía.
[33] Este auto fue notificado
mediante estado 634 del 23 de agosto de 2018, como consta en informe
secretarial allegado al despacho del suscrito magistrado el 31 de agosto
siguiente.
[34] Folios 74 a 76, cuaderno
principal.
[35] Folios 84 y 85, cuaderno
principal.
[36] Folio 83, cuaderno principal.
[37] Google LLC, es la empresa matriz
de YouTube.
[38] “Por medio del cual se
unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”.
[39] Ver sentencia T-176 de 2011,
reiterada en la sentencia T-591 de 2017, entre otras.
[40] Sentencia T-176A de 2014.
[41] Sentencia T-405 de 2007.
[42] En la sentencia T-454
de 2018 se consagró que “la situación de indefensión debe ser evaluada por el juez
atendiendo las circunstancias del caso concreto, las personas involucradas, los hechos relevantes y las
condiciones de desprotección, que pueden ser económicas, sociales, culturales y
personales, en orden a establecer la procedencia de la acción de tutela.
Situación que se hace palpable cuando se realizan publicaciones a través de
medios de comunicación ya sea en internet o redes sociales sobre las cuales el
demandante o afectado no tiene control”. Y en este
sentido concluyó “la jurisprudencia de esta Corte ha dispuesto que las
publicaciones en las redes sociales –Facebook, twitter, Instagram, etc.- pueden
generar un estado de indefensión entre particulares, debido al amplio margen de
control que tiene quien la realiza, situación que debe ser analizada en cada
caso concreto, para poder establecer si se configura un estado de indefensión”.
[43] Refiere que
estas Reglas de la Comunidad se encuentran disponibles en el enlace https://www.youtube.com/intl/es-419/yt/about/policies/#community-guidelines
[44] En
sentencia T-179
de 2019 se indicó que Facebook,
es una plataforma que cuenta con varias herramientas cuyo objetivo es repeler
los comportamientos online de actos de hostigamiento, incitación a la
violencia, circulación de contenido ilegal, o actos de difamación, por lo que
cualquier publicación que se oponga a las Normas Comunitarias es
susceptible de ser reportada desde la plataforma. Así, los reportes en Facebook
pueden ser realizados por usuarios, no usuarios (si se tiene la URL de la
publicación), o usuarios en favor de terceros, permitiendo que el agraviado
escoja la opción de denuncia que más se acomode a su situación. Para ello, el
contenido publicado se puede reportar, entre otros, como: (i) suplantación de
identidad, (ii) bullying o hostigamiento, (iii) uso de fotos sin
consentimiento, (iv) vulneración de derechos por algo publicado en Facebook. Se
trata de instrumentos que, en principio, permitirían que las personas que se
consideren afectadas enfrenten las posibles violaciones de sus derechos. En
orden a lo expuesto concluyó que “la existencia de mecanismos para repeler
las publicaciones que se considera difamatorias impiden señalar que alguien se
encuentra en un estado de indefensión con respecto de otro particular”.  A
pesar de lo anterior se advirtió que “no pretende que los mecanismos de
reporte en Facebook se conviertan en una instancia, busca evidenciar que hablar
de indefensión absoluta, por una publicación en redes sociales, no es adecuado,
pues con independencia de que los mecanismos se activen, su existencia pone en
tela de juicio la situación de indefensión”.
[45] Sentencia T-219 de 2012.
[46] Sentencia T-743 de 2008.
[47] La Sala Plena
de la Corte Constitucional ha inferido tres reglas para el análisis de la
inmediatez: “En primer término, la inmediatez
es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los
intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad
opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución. En segundo lugar,
la satisfacción del requisito debe analizarse bajo el concepto de plazo
razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto. Finalmente, esa razonabilidad se relaciona con la
finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata
de un derecho constitucional fundamental.” Sentencia SU-189 de 2012, reiterada en la Sentencia T-246-15.
[48] Sentencia
SU-961 de 1999 y T-243 de 2008; reiteradas, entre otras T-246 de 2015.
[49] Procedimiento encargado a los
jueces civiles del circuito en primera instancia conforme al artículo 20 de la
Ley 1564 de 2012.
[50] Parámetros reiterados de la
sentencia T-155 de 2019.
[51]En la sentencia T-949 de 2011,
específicamente se dijo: “[s]i bien es cierto que los
servidores públicos mantienen su libertad de información y de opinión, en su
calidad de ciudadanos, también lo es que se les restringe, por su mayor
compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad altamente
reglada, que impone mayor prudencia y respeto”.
[52] Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y
otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela.
Sentencia de 5 de agosto de 2008. Párr 131.
En concreto se indicó: “no sólo es legítimo sino que en
ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre
cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a
ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no
necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones,
y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares,
en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar
que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos.”
[53] Ver las sentencias T-312 de
2015, T-904 de 2013 y T-391 de 2007, entre otras.
[54] Corte I.D.H., caso Vélez
Restrepo y Familiares vs. Colombia. Sentencia del 3 de septiembre de 2012.
Párr. 209.
[55] Sentencia T-155 de 2019.
[56] Ver sentencia T-155 de 2019.
[57] Sentencia T-244 de 2018.
[58] En el caso Fontevecchia y
D’Amico vs. Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sistematizó de este modo los criterios para evaluar la relevancia pública de
información atinente a la vida privada de altos funcionarios del Estado; los
mismos que fueron empleados en la sentencia proferida en este asunto por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (29 de noviembre de 2011), para considerar
que la información sobre aspectos de la vida privada del Presidente Menem era
de relevancia pública por cuanto se refería, entre otros, al incumplimiento del
deber legal de reconocer a un hijo.
[59] Sentencia T-244 de 2018.
[60] Sentencia T-155 de 2019.
[61] Sentencia T-155 de 2019.
[62] Esta Corporación expuso en la sentencia T-155 de 2019 que “a mayor
grado de buscabilidad y encontrabilidad del mensaje, mayor impacto se genera en
los derechos de terceras personas. Así, si al digitar el mensaje o sus palabras
claves en un buscador, este aparece relacionado dentro de las primeras páginas
que arroja la búsqueda, su nivel de buscabilidad será alto, pero si una vez que
se accede al sitio web en el que se aloja el mensaje, resulta difícil hallarlo
porque la página no tiene buscadores locales, menús, ayudas o la estructura de
la información es desordenada, su nivel de encontrabilidad será bajo”
[63] Cfr. En sentencia C-592
de 2012 se indicó “Entre las garantías que identificaron al Estado liberal
durante los siglos XVIII y XIX estuvieron presentes tanto la libertad de
pensamiento, como su correlativa libertad y derecho de expresar las ideas. Se
trataba de retirar la mordaza impuesta por el Antiguo Régimen a sus súbditos,
para permitirles en el futuro, como ocurre en nuestro tiempo, manifestar las
opiniones a través de medios de comunicación fundados a partir del derecho a la
libertad de empresa. Desde aquella época el ejercicio de estos derechos
combina: libertad de expresión, libertad de empresa, propiedad privada y,
naturalmente, deber de informar de manera veraz e imparcial.”
[64] Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, García Ramírez
Sergio y Gonza Alejandra. “La libertad de expresión en la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos”, México, 2007. Consultado en http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion3.pdf.
[65] En sentencia
C-650 de 2013, la Corte considero que “solo una sociedad compuesta de
personas libres de expresar quienes son y quienes quieren ser, puede reclamarse
como abierta, pluralista y participativa. Por eso, aún las expresiones
inútiles, anodinas, impulsivas, carentes de importancia social o inclusive
contrarias a las prácticas sociales y a las verdades recibidas, gozan de
protección constitucional.”. Cfr. Sentencias T-609 de 1992, T-066 de 1998 y
C-087 de 1998, entre otras.
[66] Sentencia T-904 de 2013.
[67] Crf. Sentencia C-592 de
2012.
[68] Corte Interamericana de Derechos
Humanos y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La libertad de expresión
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México,
2007.
[69] Cfr. Sentencia C-650 de
2003.
[70] Ibídem.
[71] Cfr. Sentencia C-010 de
2000.
[72] Sentencia C-650 de 2003.
[73] Expresión extraída de la
sentencia SU-626 de 2015, en la cual se indicó que su origen es atribuible al
juez Oliver W. Holmes al emitir su voto particular en el fallo del caso Jacob
Abrams v. United States emitido por la Corte Suprema de los Estados Unidos.
[74] Algunas sentencias de la Corte
Constitucional emplean esta misma expresión al ocuparse de asuntos relativos a
la libertad de expresión. Entre otras, las sentencias T-403 de 1992 y T-437 de
2004.
[75] La Corte se ha ocupado de
destacar la relación existente entre la búsqueda de la “verdad” y la libertad
de opinar. En la sentencia T-213 de 2004 indicó: “En una sociedad plural y multicultural, no es posible demandar una
reserva sobre la verdad. No existe centro a partir del cual emana la verdad, a
la cual los miembros de la sociedad accedan. Por el contrario, la “verdad” se
traduce en un concepto relativo, producto de la construcción de imaginarios y
de sistemas de valores en la sociedad. Cada grupo social, cada persona y cada
sistema de la sociedad ofrecen versiones propias sobre la realidad, que
califica de verdaderas. No existe un monopolio sobre la verdad.”  En una dirección semejante se encuentra la sentencia
T-679 de 2005.
[76] Corte Interamericana de Derechos
Humanos, caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, sentencia del 2 de julio de
2004.
[77] “El concepto de orden público
reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores
posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más
amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La
libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la
democracia. La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia
misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la
opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien
informada no es plenamente libre.” Corte Interamericana de Derechos Humanos
y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La libertad de expresión en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, 2007.
[78] Artículo 20.
[79] Sentencia T-1037 de 2010 y T-117
de 2018.
[80] Sentencia T-277 de 2015.
[81] Sentencia C-442 de 2011.
[82] Sentencia T-022 de 2017.
[83] Ibídem.
[84] Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs.
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 146, y Caso Herrera Ulloa Vs. Costa
Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 108.
[85] “(a) La libertad de expresar y difundir el propio
pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a
través de cualquier medio de expresión –sea oral, escrito, impreso, artístico,
simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a
no ser molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad
de expresión stricto senso, y tiene una doble dimensión – la de quien
se expresa, y la de los receptores del mensaje que se está expresando. (b) La
libertad de buscar o investigar información sobre hechos,
ideas y opiniones de toda índole, que junto con la libertad de informar y la de
recibir información, configura la llamada libertad de información. (c)
La libertad de informar, que cobija tanto información sobre hechos
como información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier
medio de expresión; junto con la libertad de buscar información y la libertad
de recibirla, configura la llamada libertad de información. (d) La
libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial
sobre hechos, así como sobre ideas y opiniones de toda índole, por cualquier
medio de expresión. Junto con los anteriores elementos, configura la libertad
de información. (e) La libertad de fundar medios masivos de
comunicación. (f) La libertad de prensa, o libertad de
funcionamiento dichos medios masivos de comunicación, con la consiguiente
responsabilidad social. (g) El derecho a la rectificación en
condiciones de equidad.” Sentencia T-391 de 2007.
[86] “(h) La prohibición de la censura, cualificada y
precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (i) La prohibición
de la propaganda de la guerra y la apología del odio, la violencia y el delito,
cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial, (j) La prohibición de la pornografía infantil,
y (k) La prohibición de la instigación pública y directa al genocidio.”
Sentencia T-391
de 2007.
[87] Sentencia T-022 de 2017.
[88] Sentencia T-022 de 2017 y T-695
de 2017.
[89] Sentencia T-244 de 2018.
[90] Sentencia T-022 de 2017.
[91] Sentencia T-015 de 2015.
[92] Sentencia T-117 de 2018.
[93] Sentencia T-244 de 2018,
reiterando la sentencia C-616 de 1997.
[94] RAE
[95] Sentencia T-1202 de 2000.
[96] Sentencia C-417 de 2009.
[97] La
sentencia C-091 de 2017 reiteró los elementos o características normativas más
trascendentes de la libertad stricto sensu -opinión- conforme a la
decisión hito en la materia, es decir, la T-391 de 2007, a saber:
“(1)
su titularidad es universal sin discriminación, compleja, y puede involucrar
intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de
la expresión; (2) sin perjuicio de la presunción de cobertura de toda
forma de expresión por la libertad constitucional, existen ciertos tipos
específicos de expresión respecto de los cuales la presunción es derrotada, por
consenso prácticamente universal plasmado en tratados internacionales que
obligan al Estado colombiano; (3) existen diferentes grados de protección
constitucional en los variados ámbitos de la expresión humana amparados por la
libertad de expresión stricto senso, por lo cual hay tipos de discurso que
reciben una protección más reforzada que otros […]; (4) la expresión protegida
por esta libertad puede ser tanto la del lenguaje convencional, como la manifestada
a través de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional; (5)
la expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se
expresa, teniendo en cuenta que cada medio en particular plantea sus propios
problemas y especificidades jurídicamente relevantes, ya que la libertad
constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su
manera de difusión; (6) la libertad constitucional protege tanto las
expresiones socialmente aceptadas como las que son inusuales, alternativas o
diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes,
indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias
y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el
contenido de la expresión como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo
caso, deberes y responsabilidades para quien se expresa; y (8) impone claras
obligaciones constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a
los particulares”.
[98] Sentencia T-1202 de 2000.
[99] Sentencia T-244 de 2018, a su
vez reitera sentencias T-602 de 1995 y T-593 de 2017.
[100] Sentencia T-244 de 2018.
Reiterado en sentencias C-488 de 1993, T-066 de 1998, T-327 de 2010, T-904 de
2013 y T-015 de 2015.
[101] Sentencias T-904 de 2003, T-015
de 2015 y T-244 de 2018.
[102] Sentencias SU-056 de 1995,
SU-1721 de 2000, T-391 de 2007, T-015 de 2015, T-546 de 2016.
[103] Un
antecedente importante del derecho comparado (…) Gertz v. Robert Welch de 1974
proferida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se manifestó que
“no existen falsas ideas [pues] no obstante lo perniciosa que una opinión pueda
parecer, dependemos para su corrección no de la conciencia de jueces y jurados,
sino de la competencia de otras ideas”. Citado por Muñoz Machado,
Santiago. Libertad
de prensa y procesos de difamación. Barcelona, Ariel, p. 113.
[104] Reiterado en sentencia T-244 de
208.
[105] Sentencia T-391 de 2007,
reiterada en T-040 de 2013.
[106] Sentencia T-312 de 2015.
Subrayas fuera de texto original.
[107] En
sentencia T-213 de 2004, se indicó “No existe centro a partir del cual emana
la verdad, a la cual los miembros de la sociedad accedan. Por el contrario, la
‘verdad’ se traduce en un concepto relativo, producto de la construcción de
imaginarios y de sistemas de valores en la sociedad. Cada grupo social, cada
persona y cada sistema de la sociedad ofrecen versiones propias sobre la
realidad, que califica de verdaderas. No existe un monopolio sobre la verdad.
Admitir lo contrario, implica un régimen absolutamente totalitario, en la
medida en que cada persona se ve constreñida a diseñar su proyecto de vida a
partir de determinada concepción acerca de lo que se considera verdadero. Se
controla, así, no el diseño del proyecto de vida en sus aspectos particulares,
sino que se impide seleccionar la concepción de lo verdadero que cada persona
considera razonable”
[108] Al respecto ver sentencias T-602
de 1995, SU-1721 de 2000, T-1198 de 2004 y T-218 de 2009, en las cuales se
reitera el deber de los comentaristas deportivos y de los columnistas de prensa
de rectificar sólo cuando sus opiniones estén sustentadas en informaciones
inexactas o contrarias a la verdad.
[109] Sentencia T-015 de 2015.
[110] Sentencia T-015 de 2015 citando
a Balaguer Callejón, María Luisa. El derecho fundamental al honor, Madrid,
Tecnos, 1992, citado en la sentencia SU-1723 de 2000 en la que se negó la
tutela interpuesta por el cantante Diomedes Díaz a raíz de la transmisión de
una serie de televisión basada en el libro “El Cacique y la Reina”, donde se
mencionan los hechos que rodearon la muerte de una joven y la investigación
penal en la que se vio involucrado el demandante.
[111] Sentencia SU-1723 de 2000.
[112] Al respecto en la sentencia
T-1198 de 2004 se refirió que “la Corte ha sugerido unos criterios que el
juez debe explorar en cada proceso para resolver si está en presencia de
informaciones u opiniones: [i] las secciones donde se expresen opiniones (la
columna de opinión, la editorial, el suelto o glosa, la columna de análisis)
deben diferenciarse claramente de las secciones que sólo contienen información,
a través de una presentación gráfica diferente. Destacaron también su [ii]
corta extensión y su [iii] tono fuertemente subjetivo, en el que “prima la
personalidad de cada autor, su estilo propio, su entendimiento y dominio del
lenguaje” el cual “suele incluir adjetivos ricos en significado y connotación y
juicios de valor.” Por eso, atendiendo la [iv] alta carga emotiva y subjetiva
que caracteriza este género, ha sido clasificado dentro del ámbito del derecho
a la libertad de expresión”
[113] Sentencia SU-1723 de 2000.
[114] Sentencia C-010 de 2000.
[115] Sentencias C-650 de 2003, T-015
de 2015 y T-050 de 2016.
[116] G. Pico Della Mirandola, en Discurso
sobre la dignidad del hombre, Buenos Aires, Edit. Y Librería Goncourt,
1978, p. 48. Citado en sentencia T-244 de 2018.
[117] Adoptada y proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En virtud
de los artículos 93 y 94 superiores hace parte del bloque de
constitucionalidad.
[118] Adoptado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Ratificado mediante la Ley
74 de 1968. En virtud de los artículos 93 y 94 superiores hace parte del bloque
de constitucionalidad.
[119] Aprobada en la Novena Conferencia
Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948. En virtud de los artículos 93 y 94 superiores hace
parte del bloque de constitucionalidad.
[120] Suscrita en San José de Costa
Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana
sobre Derechos Humanos). Ratificada mediante la Ley 16 de 1972. En virtud de
los artículos 93 y 94 superiores hace parte del bloque de constitucionalidad.
[121] Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Relatoría especial para la libertad de expresión. Libertad
de expresión en internet. 2013. En línea. Disponible en:  http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf
[122] Sentencia T-260 de 2012.
[123] Ver Relatora especial para la
libertad de expresión de la OEA, http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2
[124] Por neutralidad de la red se ha
entendido “Lo
que persigue tal principio es que la libertad de acceso y elección de los
usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación
o servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, direccionada o
restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferencia. Se trata de una
condición necesaria para ejercer la libertad de expresión en Internet en los
términos del artículo 13 de la Convención Americana y, a la vez, de un
componente transversal de los principios orientadores antes mencionados”
(Libertad de expresión en internet'. Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana 8 de Derechos Humanos, 31 diciembre
2013, párr. 25).
[125] Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
“Libertad de Expresión en Internet”, párr. 15: “El principio de acceso universal
se refiere a la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso universal,
ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad adecuada, a la
infraestructura de Internet y a los servicios de las TIC, en todo el territorio
del Estado, tal como ha sido reconocido por los jefes de Estado en las Cumbres
de las Américas. Le corresponde al Estado decidir cuáles son los medios más adecuados,
bajo las circunstancias, para asegurar la implementación de este principio. (…)
El acceso universal supone también, de manera prioritaria, asegurar el acceso
equitativo en términos de género así como el acceso incluyente de personas en
situación de discapacidad y/o pertenecientes a comunidades marginadas.”
[126] Ibídem, párr. 18: “Maximizar el número y la
diversidad de voces que puedan participar de la deliberación pública es al
mismo tiempo condición y finalidad esencial del proceso democrático. En este
sentido, las garantías robustas para el ejercicio de la libertad de expresión a
través de Internet son, en la actualidad, una condición de posibilidad para esa
apertura de la esfera pública”
[127] Ibídem, párr. 20 y 21: “De conformidad con los artículos
1.1 y 24 de la Convención Americana, los Estados están obligados a “adoptar
medidas positivas (legislativas, administrativas o de cualquier otra
naturaleza) para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes que
comprometan el goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión
de ciertos grupos, en condiciones de igualdad y no discriminación”. (…) Un
desarrollo de este principio es el principio de neutralidad de la red, que será
estudiado más adelante en este informe (infra, párr. 25 y ss.).”
[128] Ibídem, párr. 23: “las autoridades deben, de una
parte, abstenerse de hacer intromisiones arbitrarias en la órbita del
individuo, su información personal y sus comunicaciones y, de otra parte, deben
garantizar que otros actores se abstengan de realizar tales conductas abusivas.
Por ejemplo, se debe promover la existencia de espacios en línea libres de
observación o documentación de la actividad e identidad de los ciudadanos. Esto
incluye, por ejemplo, la preservación de plataformas anónimas para el
intercambio de contenidos y el uso de servicios de autenticación
proporcionales.”
[129] Ibídem, párr. 25: “Lo que persigue tal principio es
que la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar,
recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio de
Internet no esté condicionada, direccionada o restringida, por medio de
bloqueo, filtración, o interferencia. Se trata de una condición necesaria para
ejercer la libertad de expresión en Internet en los términos del artículo 13 de
la Convención Americana y, a la vez, de un componente transversal de los
principios orientadores antes mencionados.”
[130] Sentencia T-277 de 2015.
[131] Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Libertad
de Expresión en Internet”, párr. 30:
“No
debe haber discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la
transmisión del tráfico de Internet, a menos que sea estrictamente necesario y
proporcional para preservar la integridad y seguridad de la red; para prevenir
la transmisión de contenidos no deseados por expresa solicitud –libre y no
incentivada– del usuario; y para gestionar temporal y excepcionalmente la
congestión de la red. En este último caso, las medidas empleadas no deben
discriminar entre tipos de aplicaciones o servicios. Asimismo, en algunas
normas ya se ha establecido que las medidas de gestión de tráfico deben ser
necesarias para un uso eficiente y seguro de Internet y no pueden discriminar
arbitrariamente a un determinado proveedor de contenidos o servicios, o a un
grupo de éstos, frente a otros proveedores. Además, la propuesta de la Comisión
Europea para la regulación del mercado único europeo para comunicaciones
electrónicas reconoce que ‘la gestión razonable de tráfico incluye la
prevención o impedimento de crímenes graves, incluidas las acciones voluntarias
de proveedores para prevenir el acceso y la distribución de la pornografía
infantil’.”
[132] Observación
general Número 34, “Artículo 19 - Libertad de opinión y libertad de expresión”.
Párr. 43.
[133] Declaración Conjunta sobre
Libertad de Expresión e Internet. Emitida por el Relator Especial de Naciones
Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la
Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa, la Relatora Especial de la Organización de Estados
Americanos para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre la
Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos; párr. 1 A). Consultada en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=8490 el 30 de enero de 2019.
[134] Cfr.
Sentencia del 2 de julio de 2004. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. En este
fallo se estableció: “120.
Es importante destacar que el derecho a la libertad de expresión no es un
derecho absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala el
artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5. Asimismo, la Convención
Americana, en su artículo 13.2, prevé la posibilidad de establecer
restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la
aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este
derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo
estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y
convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Para poder
determinar responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres
requisitos, a saber: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben
estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o
la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral
pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática.”
[135] Al respecto se pueden consultar
las sentencias T-155 de 2019, T-110 de 2015, C-592 de 2012, T-219 de 2009 y
T-391 de 2007, entre otras.
[136] Sentencia
T-550 de 2012.
[137] “Así, se reconoció por la Corte
Constitucional al afirmar que a pesar de ‘la envergadura del impacto que
representan las tecnologías de la información en las sociedades contemporáneas,
los casos tratados hasta ahora por la Corte Constitucional son pocos’,
resultando probable ‘que en los años venideros sea este un tema que imponga
nuevos retos a las personas y, consecuentemente, a los jueces de la República
cuando su intervención sea requerida’, dando lugar a que la jurisprudencia
avance para ‘delinear los límites de estas nuevas dimensiones de los derechos,
en plena evolución y transformación’”. Sentencia T-713 de 2010, citada
en sentencia T-550 de 2012.
[138] Cfr. Sentencia T-179 de 2019.
[139] Ver sentencia C-417 de 2009.
[140] Los elementos
normativos de la libertad de expresión se pueden sintetizar de la siguiente
manera: (a) la libertad de expresar y difundir el propio pensamiento,
opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de
cualquier medio de expresión -sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico,
electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser
molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de
expresión stricto sensu, y tiene una doble dimensión - la de quien se expresa,
y la de los receptores del mensaje que se está expresando; (b) la libertad de
buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole,
que junto con la libertad de informar y la de recibir información, configura la
llamada libertad de información; (e) la libertad de informar, que cobija tanto
información sobre hechos como información sobre ideas y opiniones de todo tipo,
a través de
cualquier medio de expresión; junto con la libertad de buscar información y la
libertad de recibirla, configura la llamada libertad de información; (d) la
libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre hechos, así
como sobre ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de expresión.
Junto con los anteriores elementos, configura la libertad de información; (e)
la libertad de fundar medios masivos de comunicación; (f) la libertad de
prensa, o libertad de funcionamiento dichos medios masivos de comunicación,
con la consiguiente responsabilidad social; (g) el derecho a la rectificación
en condiciones de equidad; (h) la prohibición de la censura, cualificada y
precisada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos; (i) la
prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del odio, la violencia
y el delito, cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial; u) la prohibición de la pornografía infantil; y (k)
la prohibición de la instigación pública y directa al genocidio.
[141] Sentencia T-050 de 2016.
[142] CIDH,
caso Kimel vs. Argentina, Mayo 2 de 2008, párr. 13.
[143] Sentencia T-050 de 2016.
[144] Sentencia T-102 de 2019.
[145] Sentencia T-145 de 2016.
[146] (i) Las
redes sociales pueden convertirse en centros de amenaza, en particular para los
derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, al honor y a la honra. (ii)
Cuando se presentan amenazas o violaciones a derechos fundamentales en una red
social, el problema de índole jurídico debe resolverse a la luz de las
disposiciones constitucionales y no a partir de la regulación establecida por
la red social específica de que se trate. (iii) Las tecnologías de la
información y las comunicaciones (redes sociales y otras) potencializan el daño
causado a las víctimas de acoso y maltrato. (iv) El derecho a la intimidad se
trasgrede cuando se divulgan datos personales de alguien que no corresponden a
la realidad. (v) El derecho a la imagen emana del derecho al libre desarrollo
de la personalidad y del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
Se trasgrede cuándo la imagen personal es usada sin autorización de quien es
expuesto o si se altera de manera falsa o injusta la caracterización que aquél
ha logrado en la sociedad.(vi) Los derechos al buen nombre y a la honra se
lesionan cuando se utilizan expresiones ofensivas, falsas, erróneas o
injuriosas en contra de alguien. (vii) El derecho a la libertad de expresión,
materializado a través de cualquier medio, tiene límites. Así, no ampara la
posibilidad de exteriorizar los pensamientos que se tienen sobre alguien de
manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa o injusta. (viii) El derecho a
la libertad de expresión en principio tiene prevalencia sobre los derechos al
buen nombre y a la honra, salvo que se demuestre que en su ejercicio hubo una
intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales,
incompletos o inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales de
otros, en tanto los derechos de los demás en todo caso constituyen uno de sus
límites. (ix) En el ejercicio de la libertad de opinión no puede denigrarse al
semejante ni publicar información falseada de éste, so pena de que quien lo
haga esté en el deber de rectificar sus juicios de valor. (x) Ante casos de
maltrato en redes sociales el juez constitucional debe propender porque se
tomen medidas para que este cese y, además, para que se restauren los derechos
de los afectados[146], siempre
que así lo acepten éstos últimos, condición que se exige en aras de evitar una
nueva exposición al público de situaciones que hacen parte de su esfera
privada.”
[147] Sentencia T-695 de 2017.
[148] Los delitos de injuria y
calumnia que protegen el bien jurídico penalmente tutelado de la integridad
moral, constituyen el medio de protección más intenso de los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre del individuo.
[149] Sentencias T-260 de 2010, T-040
de 2013 y T-312 de 2015, entre otras.
[150] Sentencia T-695 de 2017.
[151] Sentencia T-244 de 2018.
[152] Ibídem.
[153] Sentencia T-155 de 2019.
[154] Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (Sección Quinta), asunto Consejo editorial de Pravoye Delo y Shekel
contra Ucrania. Sentencia del 5 Mayo de 2011, párr. 63.
[155] Comparó Twitter y Facebook y
determinó que “Twitter es un medio en rápido movimiento. La gente tenderá a
desplazarse por los mensajes de manera relativamente rápida. Facebook es
similar. La gente se desplaza rápidamente. No se detienen y reflexionan. No reflexionan
sobre qué significado podría tener la declaración” (párrafo 44). Traducción libre.
[156] Explicó que “El juez
encargado de decidir cómo una publicación en Facebook o en Twitter es
interpretado por un usuario de redes sociales, debe mantener en mente de qué
manera esta fue elaborada y leída” (párrafo 41). Traducción libre.
[157] Al respecto, argumentó que “el
imperativo consiste en determinar cómo un lector común (ordinariamente
razonable) interpretaría el mensaje. Ese análisis debería reflejar que se trata
de un espacio casual; que es en la naturaleza de la conversación/comunicación
más que en la expresión cuidadosamente elegida, en la que el lector
preeminentemente lee y transmite” (párrafo 43). Traducción libre.
[158] Artículo 2 C. Pol.: “Con
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” (Negrilla fuera de texto
original).
[159] Sentencia T-015 de 2015.
[160] Sentencia T-411 de 1995.
[161] Sentencia T-022 de 2017. Cfr.
sentencias T-714 de 2010 y C-392 de 2002.
[162] Sentencia C-392 de 2002.
[163] Ibídem.
[164] Sentencia C-452 de 2016.
[165] Ibídem.
[166] Ibídem.
[167] En
sentencia C-452 de 2016, se precisó que “las personas jurídicas no son en
nuestro régimen sujetos activos de tipos penales, conclusión de la cual a su
vez se desprende que no pueden ser sujetos pasivos del tipo penal de calumnia,
por comportar éste la imputación de una conducta típica que no puede ser
ejecutada por un sujeto jurídico de esta naturaleza, mientras que sí pueden por
principio ser sujeto pasivo de otros tipos penales como aquellos cuyo bien
jurídico protegido es el del patrimonio económico”.
[168] Corte Constitucional, sentencia
T-391 de 2007.
[169] Cfr.
Sentencia del 2 de julio de 2004. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, citada en
sentencia T-244 de 2018.
[170] Sentencia C-345 de 2019.
[171] Cfr. Sentencia C-114 de 2017.
[172] En sentencia T-291 de 2016
indicó que “la Corporación ha identificado tres lineamientos claros y
diferenciables: (i) la dignidad humana entendida como autonomía o como
posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus
características; (ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones
materiales concretas de existencia; y (iii) la dignidad humana entendida como
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral o, en otras palabras, que los ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a
cualquier forma de humillación o tortura”. Cfr. sentencias T-881 de 2002, T-436 de 2012, T-143 de 2015 y SU-696
de 2015, entre otras.
[173] Alejandro MARTÍNEZ GALLARDO,
Anonimato digital vs identidades reales (el plan para acabar con la alteridad
en la red) [en lineal Disponible en
<http://pijamasurf.com/20i3/00/quien-esdouglas-
rushkoff-y-por-que-tal-vez-te-convenga-saberlo/>, consultada el 20 de junio
de 2019.
[174] Sentencia C-1147 de 2001.
[175] En este punto se hace referencia
a la intervención presentada por la doctora Catalina Botero Marino, con ocasión
de la audiencia pública llevada a cabo el 28 de febrero de 2019.
[176] Intervención de Dejusticia.
[177] Cfr. Sentencia T-277 de 2015.
[178] Sentencia T-121
de 2018. En esta oportunidad además se consignó: “Estas libertades refuerzan
los valores democráticos y la participación de los ciudadanos, como quiera que,
a partir del intercambio de ideas y opiniones, se hace posible incidir, bien en
los asuntos de interés público que despiertan su atención o en aquellos que les
puede afectar, o bien en los asuntos no públicos que se consideran relevantes y
sobre los que la sociedad está habilitada para ejercer control, por lo menos en
ámbitos que, en principio, no controla el propio Estado en cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales”.
[179] Aunado
a ello, la Declaración Conjunta Sobre Libertad de Expresión y “Noticias
Falsas” (“Fake News”), Desinformación y Propaganda efectuada el 3 de marzo de
2017 en Viena, Austria, por el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU)
para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la Libertad
de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), el Relator Especial de la OEA para la Libertad de
Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la
Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
(CADHP), indicó: “El
bloqueo de sitios web enteros, direcciones IP, puertos o protocolos de red
dispuesto por el Estado es una medida extrema que solo podrá estar justificada
cuando se estipule por ley y resulte necesaria para proteger un derecho humano
u otro interés público legítimo, lo que incluye que sea proporcionada, no haya
medidas alternativas menos invasivas que podrían preservar ese interés y que
respete garantías mínimas de debido proceso”.
[180] Sentencias T-277 de 2015, T-243
de 2018, entre otras.
[181] Sentencias
T-052 de 2011, T-725 de 2012,  entre otras.
[182] Sentencias T-663 de 2010, T-052 de 2011, T-047 de 2016.
[183] Sentencias T-170 de 2009, T-467
de 2013, T-376 de 2015.
[184] Sentencias T-085 de 2011, T-536
de 2013, T-523 de 2016.
[185] Folios 89 y 90, cuaderno
principal.
[186] Folio 13 cuaderno principal.
[187] Folio 14 cuaderno principal.
[188] Folio 15 cuaderno principal.
[189] Folio 16 cuaderno principal.
[190] Sobre el particular relaciona
los siguientes procesos identificados con noticia criminal número:
680016000160201700833 (activo); 680016000160201703971(inactivo),
680016000160201704069 (inactivo), 680016000160201703162 (inactivo),
680016000160201703299 (inactivo), 680016000160201703612 (activo). Folios 46 a
50 cuaderno principal. El estado actual de los mismos fue verificado en la
página www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/ (fecha de la consulta
02-04-2019).
[191] Folios 2 a 9 cuaderno principal.
[192] Folios 7 y 8 cuaderno principal.
[193] Estos mensajes se vienen
presentando desde el mes de octubre de 2017 a la fecha de interposición de la
acción de tutela. Folios 2 a 25 cuaderno principal.
[194] Al respecto en la sentencia
T-281a de 2016 de consignó: “En suma, el Bullying es una agresión
que se caracteriza por ser intencional, envolver un desequilibrio de poder
entre un agresor y una víctima, ser repetitiva y producir efectos en el
transcurso del tiempo, lo cual se puede dar a través de insultos, exclusión
social, propagación de rumores, a través de la confrontación personal o con
palabras escritas, como las empleadas a través de internet, también conocido
como Cyber Bullying. Al respecto, la UNICEF identificó las potencialidades
que ofrece internet para conectar a las personas y grupos y, de esa forma,
desarrollar su libertad de expresión y opinión. Pese a ello, también encontró
que se ha constituido en una herramienta para ofender y maltratar a las
personas cuyo uso tiende a crecer”.
[195] Al momento de estudiar las
solicitudes de nulidad presentadas contra la sentencia T-063A de 2017, se
recibieron las siguientes intervenciones ciudadanas, las cuales fueron
trasladadas al presente asunto de conformidad con lo decidido en el Auto 285 de
2018.
[196] Folios 140 a 142, cuaderno 1 de
nulidad.
[197] Folios 144 a 151, cuaderno 1 de
nulidad.
[198] Folios 193 a 214, cuaderno 1 de
nulidad.
[199] Folio 197, cuaderno 1 de
nulidad.
[200] Folios 216 a 217, cuaderno 1 de
nulidad.
[201] Folios 277 a 289, cuaderno 1 de
nulidad.
[202] Folios 142 a 154, cuaderno 1 de
nulidad.
[203] Folios 165 a 191, cuaderno 1 de
nulidad.
[204] Folio 167, cuaderno 1 de
nulidad.
[205] Folios 223 a 232, cuaderno 1 de
nulidad.
[206] Folios 252 a 271, cuaderno 1 de
nulidad.
[207] Folios 2 a 8, cuaderno 2 de
nulidad.
[208] Folios 38 a 45, cuaderno 2 de
nulidad.
[209] Folio 37, cuaderno 2 de nulidad.
Posteriormente,
directamente esa organización no gubernamental internacional radicó la versión
en español, folio 49
y ss., cuaderno 2 de nulidad.
[210] Folio 55, cuaderno 2 de nulidad.
[211] Folio 11 (reverso) cuaderno de
pruebas en sede de revisión.
[212] Folio 12 cuaderno de pruebas en
sede de revisión.
[213] Al respecto trae a
consideración: (i) Unión Europea: Artículo 15(1) de la Directiva 2000/31/ EC
(“Directiva de Comercio Electrónico”), mediante la cual se prohibió a los
Estados miembros de la Unión Europea imponer una obligación de monitoreo
general; (ii) Estados Unidos: US Ley de Copyright Digital Millennium, 17 U.S.C.
Artículo 512(m) reconoce que los proveedores de servicios no tienen obligación
de monitorear su servicio o de buscar de manera afirmativa hechos relacionados
con actividades ilegales, también cita Zeran v. America Online, Inc., 129
F.3d 327 (4° Cir. 1997) reconoce que no es realista esperar que los proveedores
de plata formas de internet tomen medidas orientadas a “monitorear” contenido;
(iii) Argentina: Corte Suprema de Justicia de la Nación, 29/10/2014, Rodríguez,
María Belen c. Google, Inc. / daños y perjuicios, R.522.XLIX, (Arg.), rechazó
las obligaciones de monitoreo proactivo; (iv) Brasil: Corte Suprema de Brasil,
(apelación especial 1.568.935/Rio de Janeiro, Magistrado RICARDO VILLA BOAS,
04/05/2016), en el que se estableció que a un proveedor de internet no se le
puede exigir que monitoree el contenido producido por los usuarios de la red
con el fin de prevenir o censurar de manera previa la revelación de
demostraciones ofensivas futuras en contra de un individuo en panicular; (v)
India: Shreya Singbal Vs. Union of India, (2015) 5 SCC 1, en el que se
indicó por la Corte Suprema que los intermediarios de internet no tienen el
deber de monitorear proactivamente sus plataformas en busca de contenido
ilegal; y (vi) Colombia: Corte Constitucional, Sentencia T-121 /2018, donde se
resalta que una censura previa de contenido es contraria a la libertad de
información y de expresión.
[214] Al respecto cita “las
Condiciones de Servicio” vigentes desde el 14 de julio de 2018, disponibles en
la página https://www.facebook.com/legal/terms.
[215] Refiere que
estas Reglas de la Comunidad se encuentran disponibles en el enlace https://www.youtube.com/intl/es-419/yt/about/policies/#community-guidelines
[216] Al respecto hace alusión a
sentencia T-121 de 2009, donde se consignó: “una medida tendiente a imponer
una obligación en ese sentido, primero, atentaría contra las libertades
fundamentales de expresión, de opinión y de información; segundo, daría lugar a
una censura previa; y tercero, implicaría la imposición de deberes de imposible
cumplimiento”.
[217] 25 de abril de 2019.
[218] Allegó el certificado de
existencia y representación legal emitido el 21 de febrero de 2019 por la
Cámara de Comercio de Bogotá a fin de demostrar que los hechos planteados en
las tutelas T-5.771.452 y T-6.682.135 son tienen un nexo causal con el objeto social
de Google Colombia Ldta, cuya actividad principal registrada corresponde al
código 7310 de publicidad.
[219] Folio 43, intervención.
[220] Folio 30, intervención.
[221] Folio 53, intervención.
[222] Anexo 5 del escrito: La Sociedad
Interamericana de Prensa consolidó la Declaración de Salta sobre los Principios
de Libertad de Expresión en la Era Digital. Se destaca que propugna, entre
otros, por: la garantía en el entorno digital y tradicional de la libertad de
expresión; “la legislación y las políticas sobre internet deben estar
dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible
para todos y apegado a los derechos humanos”; “el bloqueo y filtrado por
control estatal en el espacio digital constituye censura previa”; se debe
respetar la figura del anonimato; “la supresión o desindexación de
información sobre hechos de interés público atenta contra el derecho al
ciudadano de informarse y preservar la memoria colectiva”; “los
gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a los actores del
ecosistema digital por los contenidos de interés público generados o
compartidos por terceros en sus plataformas”; “los intermediarios (…)
deben disponer de mecanismos de denuncia accesibles a quienes puedan verse
afectados en el ejercicio de sus derechos”.
[223] Anexo 3 del escrito.
[224] Anexo 4 del escrito: comprende
las condiciones de uso del servicio de Google y la Política de Contenido de
Blogger.
[225] Punto 1.7. de la intervención.
[226] Punto 1.8 de la intervención.
[227] Punto 4 de la intervención.
[228] Mencionó las sentencias T-040 de
2013 y T-277 de 2015.
[229] Avanza la consolidación de un
Sistema Unificado de Información para la identificación, registro y seguimiento
de casos de acoso, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que afectan a menores en el establecimiento educativos. Conforme
a estudios realizados, los principales riesgos son la ciber dependencia, el sexting,
el grooming, el uso de material de abuso sexual infantil y el ciber
acoso. Este esfuerzo, será desarrollado en el cuatrienio 2018-2022 mediante el
marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
[230] Para hacer la distinción se
refiere al glosario y conceptos desarrollados en la Resolución 202 de 2010 de
Ministerio TIC, Resolución 3501 de 2011 de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
[231] Art 15 de la Ley 1341 de 2009.
[232] Art. 2.1.9.3. de la Resolución
5050 de 2016 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
[233] Propone que el funcionario
judicial: “(i) asegure que sus órdenes no se conviertan en un mecanismo para
ejercer control total sobre el contenido ni someter a censura previa toda
publicación; (ii) haya sido identificado diversas alternativas tendientes a
lograr ese restablecimiento y haya concluido que la orden a la plataforma
digital resulte ser la menos gravosa; (iii) reconozca que, salvo prueba en
contrario, la plataforma no es autora del contenido que es objeto de
cuestionamiento y que por lo tanto, las medidas que ordene deben limitarse a
los aspectos operativos que sean indispensables para hacer efectivo el
restablecimiento del derecho”.
[234] Expresión utilizada para
referirse “a las normas que los empresarios han creado para realizar
negocios o presar servicios en internet. Se trata de las pauta que los
empresarios consideras sensatas bajo su modelo de negocios”
[235] Al respecto, citó la sentencia
T-550 de 2012.
[236] Aplicó esta regla a los casos y
de manera reiterada afirmó que “cuando los comentarios o juicios de valor en
contra del agraviado tiene como soporte la tacha de sus actos que han
ocasionado el deterioro a su reputación social entonces tiene la obligación de
soportarlo”.
[237] En el escrito hace la distinción
de roles en los que actúan las plataformas digitales: ya sea como
intermediarios de internet (pasivo) ya sea como empresas con modelos basados en
datos (activo). Respecto del segundo, allegó copia del libro “Rendición de
cuentas de google y otros negocios en Colombia: la protección de datos
personales en la era digital” publicado por Dejusticia, en la que se explora
con mayor profundidad el rol “activo” de las plataformas como empresas con
modelos de negocios basados en datos.
[238] Anunció que se refiere a dos
preguntas de las esbozadas dentro del eje temático número 2, pero solo responde
la pregunta sobre la responsabilidad de las plataformas y abandona aquella
sobre la posibilidad de emitir órdenes judiciales a las plataformas independientemente
de la responsabilidad que se le asigne frente a una publicación.
[239] Al
respecto, citó las sentencias C-1147 de 2001, T-550 de 2012 y T-243 de 2018.
[240] En relación con este test,
refirió que la Corte Constitucional, en sentencia T 391 de 2007, fijó que para
avalar una limitación de la libertad de expresión, corresponde al quejoso
satisfacer 3 cargas: la carga definitoria (superar el test tripartita), la
carga argumentativa (vencer las presunciones a favor de la libertad de
expresión) y la carga probatoria.
[241] Al respecto, citó algunos casos
decididos por la Corte interamericana de Derechos Humanos, tales como Kimel
Vs Argentina, Palamara Iribarne Vs Chile, Olmedo Bustos y otros
Vs Chile, Ivscher Bronstein Vs Perú.
[242] Tribunal del Distrito Sur de Nueva
York, Cubby Inc v CimpuServe Inc, 776, F. Supp, 135 (S.D.N.Y 19919 y
Corte Suprema de Nueva York, Stratton Oakmont INc v Prodigy Services Co.
1995 WL 323710 (N.Y. Sup. Ct. 1995).
[243] Delfi AS v. Estonia (2015)
ECtHR 64669/09; Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v.
Hungary (2016) ECtHR 22947/13;
[244] Google
Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and
Mario Costeja González. (2014)
ECLI:EU:C:2014:317.
[245] Sobre la inadecuación citó las
sentencias T-40 de 2013 y C-748 de 2011, donde se refiere a que se trata de
ámbitos de protección diferentes y por ello aplican reglas de protección
distintas. A manera de explicación, discernió dos situaciones jurídicas: “la
disputa entre particulares por el contenido de los mensajes y el procesamiento
que Facebook luego haga de los datos que allí están contenido. La primera
situación se resuelve con las reglas de libertad de información y opinión (…),
la segunda se resuelve con las reglas del habeas data”.
[246] Sobre este punto, trae a
colación una decisión de la corte suprema de los Estados Unidos que determina
que en las comunicaciones entre privados está circunscrita al ámbito de la
libertad de expresión, pese a que en las mismas plataformas otras dinámicas estén
relacionadas al manejo de datos, como es el caso de la ecolección de datos con
fines publicitarios. Citó a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos,
Dun & Bradstreet INc v Greenmoss Builders, 472 U.S 749 (1985).
[247] La libertad de expresión debe
tener las siguientes características: (i) estar establecidos en leyes
redactadas de manera clara y precisa; (ii) estar orientados al logro de
objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana de Derechos
Humanos, y (iii) ser necesarios en una sociedad democrática para alcanzar los
fines que se proponen, proporcionales e idóneos.
[248] El término Ombudsman tiene su
origen en Suecia, donde se utilizó en un principio para designar al funcionario
público encargado de examinar las quejas de los ciudadanos contra las
organizaciones del sector público. Los Ombudsmen que sirven al público en
general y llevan a cabo investigaciones oficiales son los que actualmente se
conocen como Ombudsmen clásicos, mientras que los Ombudsmen de las
organizaciones prestan servicios informales de solución de conflictos
relacionados con cuestiones laborales que afectan a los empleados de una
organización o institución – universidades y colegios, por ejemplo. En las
Naciones Unidas, la función del Ombudsman equivale a la que desempeña el
Ombudsman de una organización. Como parte de su función de carácter neutral e
independiente, el Ombudsman ayuda a los funcionarios de las Naciones Unidas a
abordar las inquietudes que puedan tener en relación con el trabajo, y a
resolver los conflictos por medios oficiosos. Concepto tomado de https://www.un.org/es/ombudsman/faqs.shtml
[249] Sentencias T-263 de 2010, T-593
de 2017, T117 de 2019 y T-121 de 2018.
[250]
En la Sentencia T-102 de 2019. MP. Alberto Rojas. SPV. Carlos Bernal Pulido, la
Corte no encontró ninguna vulneración a los derechos al buen nombre y a la
honra de una persona a quien, en medio de un conflicto particular, se le
calificaba en redes sociales de “bruta”, “demente”, “no tienes neuronas”, entre
otras expresiones. En esta oportunidad la Corte explicó que la conducta
identificada como hecho vulnerador, esto es, el menaje publicado, “no posee
la entidad suficiente para ser catalogada como un impacto tangible a la honra y
al buen nombre susceptible de elevarse a nivel de violación iusfundamental,
dado que, como la Corte lo ha señalado, ha de tratarse de reales
descalificaciones inadmisibles en una democracia constitucional, de tal manera
que la imputación que se haga debe ser suficientemente intensa para generar un
daño en el patrimonio moral del sujeto; imputación cuya gravedad no depende en
ningún caso de la impresión personal ni de la interpretación que éste tenga de
ella, sino del margen razonable de objetividad que permita al juez avizorar la
lesión del núcleo esencial del derecho”. En el mismo sentido, en la
Sentencia T-361 de 2019. MP. Alberto Rojas Ríos. AV. Carlos Bernal Pulido, se
analizó el caso de una mujer que publicó en su cuenta de Facebook una serie de
comentarios en contra del accionante, a quien se refería como “pobre iluso”,
“un nada que ver”, “con una lengua viperina”, entre otros comentarios. La Corte
protegió el derecho a la libertad de expresión de la demandada y precisó: “Son
expresiones de su juicio íntimo con respecto a la apreciación que tiene del
accionante. Para la Corte, es indudable que la percepción que tiene Luz Estela
Royo Bárcenas sobre Luis Alfredo Salamanca es negativa, la cual, también se
protege mediante la libertad de opinión”.
[251]
En la Sentencia T-179 de 2019. MP. Alejandro Linares Cantillo. SV. Antonio José
Lizarazo Ocampo, la Corte determinó que no se desvirtuó la presunción de
prevalencia de la libertad de expresión en un caso en el que una persona había
publicado, en por lo menos siete ocasiones, afirmaciones ofensivas en contra de
un líder religioso. En esta oportunidad se consideró que el discurso era de
interés general y el líder religioso era una persona de relevancia pública.
Concluyó la Corte: “la Sala no encuentra satisfecha la carga argumentativa o
probatoria, más allá de las impresiones del accionante, que permitan considerar
que el ejercicio de la libertad de expresión excedió sus límites”
[252]
Sentencia C-442 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. SV. María Victoria
Calle Correa y Juan Carlos Henao Pérez. En esta Sentencia la Corte declaró
exequibles los artículos 220 y 221 de la Ley 599 de 2000
“Por la cual se expide el Código Penal”, modificados por el artículo 1 de la
Ley 890 de 2004, que consagran los delitos de injuria y calumnia, luego de
considerar, entre otros, que los derechos al buen nombre y a la honra pueden
ser legítimamente protegidos mediante tipos penales.
[253]
En la Sentencia T-281A de 2016. MP. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó: “el Bullying es
una agresión que se caracteriza por ser intencional, envolver un desequilibrio
de poder entre un agresor y una víctima, ser repetitiva y producir efectos en
el transcurso del tiempo, lo cual se puede dar a través de insultos, exclusión
social, propagación de rumores, a través de la confrontación personal o con
palabras escritas, como las empleadas a través de internet, también conocido
como Cyber Bullying”.
[254]
Sentencia T-407 A de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. La Corte Constitucional
ha identificado enunciativamente algunas situaciones que pueden dar lugar a
este supuesto. En la sentencia T-012 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio, hizo
referencia a las siguientes circunstancias: “(i) cuando la persona está en
ausencia de medios de defensa judiciales eficaces e idóneos que le permitan
conjurar la vulneración de un derecho fundamental por parte de un particular;
(ii) quienes se encuentran en situación de marginación social y económica; (iii)
personas de la tercera edad; (iv) discapacitados; (v) menores de edad; (vi) la
imposibilidad de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma
irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o
pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular; (vii) la
existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la
ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos
fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e hijos,
entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. y, (viii) el uso de
medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su
utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro”.
[255]
Sentencia T-062 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En este caso se
resolvió la tutela interpuesta por una persona en condición de discapacidad
física contra la administración del conjunto en el que vivía. El accionante
pedía que le fuera asignado  un parqueadero de forma permanente, y que se le
ordenara al conjunto residencial “dar excusas públicas por las afirmaciones y apreciaciones deshonrosas, groseras y
displicentes” sobre su situación de discapacidad, que fueron expuestas
ante los demás copropietarios, al haber publicado, en un espacio común, una
respuesta al derecho de petición que formuló. La Corte sostuvo que existía una
situación de indefensión del accionante frente a la administración del conjunto
y, determinó que las unidades residenciales deben adoptar medidas positivas
frente a las personas en condición de discapacidad, que contribuyan a la
superación de las barreras físicas con las que suelen encontrarse.
[256]
Corte Constitucional. Sentencia T-904 de 2013. MP. María Victoria Calle Correa.
AV. Luis Guillermo Guerrero. En esta sentencia la Corte protegió los derechos a
la intimidad y a la propia imagen de los hijos, menores de edad, de la
Contralora General de la República, cuyas imágenes habían sido difundidas en un
reportaje emitido en un noticiero de televisión. En Sentencia T-155 de 2019.
M.P. Diana Fajardo Rivera.
[257]
M.P. Diana Fajardo Rivera.
[258]
Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia
de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127.
[259]
Sentencia C-741 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.