T-085-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-085/09
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER LA REPARACION DE PERJUCIOS SUFRIDOS
POR LOS DESPLAZADOS-Procedencia
VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sujetos
de especial protección constitucional
DAÑO PUBLICO O SOCIAL Y DAÑO INDIVIDUAL O PARTICULAR-Diferencias
VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Derecho
a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido/ VICTIMAS
DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-La reparación comprende la restitución, la
indemnización, la rehabilitación y las medidas de no repetición
Así, las
victimas del desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental a obtener una
reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, comoquiera que no
estaban obligadas a soportarlo. La reparación debe ser suficiente, efectiva,
rápida y proporcional al daño sufrido y comprende la restitución de la persona
afectada al estado en que se encontraba antes de la violación; la indemnización
de los perjuicios ocasionados, de los daños físicos y morales, la
rehabilitación de la víctima y la adopción de medidas de no repetición
VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Le
corresponde al Estado proporcionar los recursos ágiles y eficaces para obtener
la reparación e investigar las violaciones de forma rápida, completa e
imparcial
La víctima
tiene derecho a un recurso ágil y sencillo para obtener la satisfacción de su
derecho a la reparación y el Estado tiene la obligación de proporcionar a la víctima esos recursos eficaces e
investigar las violaciones de forma rápida, completa e imparcial y, en su caso,
adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho
interno e internacional. De este modo, someter a los accionantes,
víctimas del desplazamiento forzado, a procesos penales en los cuales es
necesaria la aceptación de cargos por parte del victimario para la satisfacción
del derecho a la reparación; o esperar la labor investigativa de determinación
del responsable de esa conducta delictuosa para exigir la reparación del daño
ocasionado; o someterlos a un proceso administrativo donde la llamada
reparación no corresponde a los postulados normativos expuestos, sino que es la
manifestación de la asistencia social que el Estado está obligado a brindar a
todas las personas, en especial a las más vulnerables, es revictimizar a quien
ha sido objeto de una masiva y constante vulneración de los derechos humanos,
es desconocer los derechos fundamentales que de la condición de víctima se
derivan y que le impone al Estado el deber de salvaguardar. En otros términos,
no es tarea de las víctimas promover ni impulsar la investigación de los
crímenes que las han afectado; esta carga corresponde a las autoridades
judiciales, en cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar que
tiene el Estado.
DERECHO A LA INDEMNIZACION DE LAS VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO-Vulneración
por las trabas y cargas impuestas a los accionantes
Referencia expedientes: T-2.050.591, T-2.056.396, T-2.056.402
(Acumulados).
Acciones de tutela instauradas, respectivamente por Luis Francisco
Orozco García, María de los Ángeles Brochero Bolaño, Alfonso Rafael Orozco
Bolaño y María de los Ángeles Navarro Orozco; Yoleidy Yance Villa, y Roberto
Antonio Yance Martínez y Yohemis Mercedes Villa Cantillo en su nombre y en
representación de su hijo menor Roberto Carlos Yance Villa; y Osvaldo Martínez Arias
y Martha Helena Meneses Roldán en su nombre y en representación de sus hijos
Luis Javier, Alexander, Osvaldo Enrique, Leonardo y Leydis Milena Martínez
Meneses en contra de la Presidencia de la República- Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil nueve (2009)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ (E), JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del trámite de revisión de los fallos dictados por los
despachos judiciales de instancia de la siguiente forma:
Número del expediente
Primera instancia
Segunda instancia
T-2.050.591
Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena.
Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Marta.
T-2.056.396
Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación.
T- 2.056.402
Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación.
I. ANTECEDENTES
Luis Francisco
Orozco García, María de los Ángeles Brochero Bolaño, Alfonso Rafael Orozco
Bolaño, María de los Ángeles Navarro Orozco (T-2.050.591), Yoleidy Yance
Villa, Roberto Antonio Yance Martínez, Yohemis Mercedes Villa Cantillo estos
últimos en su nombre y en representación de su hijo menor Roberto Carlos Yance
Villa (T-2.056.396), Osvaldo Martínez Arias y Martha Helena Meneses
Roldán en su nombre y en representación de sus hijos Luis Javier, Alexander,
Osvaldo Enrique, Leonardo y Leydis Milena Martínez Meneses (T-2.056.402) todos
por medio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra la
Presidencia de la República-Acción Social, por la presunta vulneración del “derecho
fundamental a la justa indemnización, esto es, pronta, adecuada y efectiva, de
todos los daños causados… por el desplazamiento forzado del Corregimiento de
Bellavista, sufrido a partir del 12 de octubre de 2001”.
En forma concordante, en las tres demandas, manifestaron los
accionantes que la presencia paramilitar en el corregimiento de Bellavista,
municipio de Algarrobo, departamento del Magdalena, comenzó en 1998 y que “…para
comienzos del 2001, por sus implacables y consentidos crímenes, convertidos en
hechos notorios, que ultrajaban la dignidad humana de toda una comunidad y,
habiendo desvirtuado la cotidianidad de la propia guerrilla, los paramilitares
terminaron adueñándose de todo el corregimiento, estableciendo su base en pleno
pueblo, ante la actitud omisiva y complaciente de todas las autoridades. Desde
allí lanzaban sus frenteros ataques a la población civil… era un grupo de 66
miembros,… tenían el pueblo plenamente controlado”.
Adujeron que el “12 de octubre de 2001 a las seis de la mañana,
la guerrilla rodeo el pueblo y comenzó a disparar para una base que tenían los
paramilitares en el mismo sitio donde había funcionado el puesto de policía. Se
encendió un confuso combate. Los guerrilleros lanzaron un cilindro o bomba a la
base de los paramilitares. La explosión se escuchó en varios kilómetros a la
redonda sembrando pánico y zozobra entre todos los habitantes… al cabo de media
hora todo había concluido…no hubo afectados pero enseguida los paramilitares
volvieron a reunir el pueblo para decirles que definitivamente todos los
bellavisteros eran guerrilleros, que habían colaborado con el atentado y que
tenían que desocupar el pueblo… salieron todos forzada e involuntariamente en
busca de opciones de protección en otros lugares dentro y fuera del territorio
nacional. …Salieron más de 350 familias, dejando la casa, la tierra, los
enseres, los cultivos, los animales y las actividades que desempeñaban para el
sustento de su familia…la gente huyó inmediatamente dejándolo todo…”.
Dijeron los demandantes en tutela que “los paramilitares
permanecieron por meses en Bellavista en plena operación de saqueo de todo el
pueblo y el corregimiento en general,…seguían haciendo sus retenes ilegales
expropiando los animales, saqueando las fincas y saqueando a todo el que venía
de la Sierra con sus productos, Bellavista se convirtió en un pueblo fantasma…”.
Expusieron que nadie denunció el hecho en aquella época y que sólo “con
la desmovilización de los paramilitares en el año 2005 fue cuando algunos de
los afectados con el asesinato, desplazamiento y expropiaciones denunciaron el
delito como primer requisito de la reparación…” ante las Fiscalías
Veintiséis y Veintisiete Seccionales de Fundación.
Adicionalmente, en cada una de las demandas se señaló lo siguiente:
1. (T-2.050.591) Luis Francisco Orozco
García y María de los Ángeles Brochero señalaron que se unieron libremente en
1950, y que entre sus hijos está Alfonso Rafael Orozco Bolaño y entre sus
nietos María de los Ángeles Brochero Bolaño.
Manifestaron que en el corregimiento de Bellavista tienen un predio
denominado La Esperanza, adjudicado por el extinto INCORA a María de los
Ángeles Brochero Bolaño mediante Resolución No.00675 del 23 de mayo de 1989 y
que Rafael Alfonso Orozco Bolaño había adquirido en 1998 un predio de nombre Campo
Alegre, el cual fue hipotecado a favor del Banco Agrario en abril del 2001
como garantía de un crédito adquirido por éste con el fin de “organizarse”.
Señalaron los accionantes que en Bellavista llevaban una vida sencilla y
desarrollaban su trabajo en su lugar tradicional.
Estos predios, según adujeron los accionantes, hace más de cinco
años fueron abandonados y el segundo de éstos está a punto de ser rematado por
el Banco Agrario, toda vez que Rafael Alfonso Orozco no pudo pagar el préstamo
adquirido.
Arguyeron que se desplazaron el mismo 12 de octubre de 2001 “con
tanta prisa que no les dio tiempo para recoger o asegurar sus enceres (sic)
y medios de subsistencia; dejando todas sus pertenencias abandonadas para
regresar por ellas después, pero que va, el pánico que infundieron los
paramilitares, a ciencia y paciencia de todas las autoridades, y que se apoderó
de toda la región, se los (sic) impidió…”.
Señalaron que María de los Ángeles Brochero Bolaño rindió declaración
de desplazamiento forzado ante Acción Social el 26 de octubre de 2001, narró lo
sucedido e indicó quienes conformaban su grupo familiar según consta en el
Certificado de Registro Único de Población Desplazada que le expidió la Unidad Territorial
de Acción Social del Cesar.
Finalmente, dijeron que después de unos meses se fueron a vivir a
Fundación y que no denunciaron lo ocurrido por miedo, por motivos de
supervivencia y dado su gran grado de vulnerabilidad.
2. (T-2.056.396) Roberto Antonio Yance
Martínez y Yohemis Mercedes Villa Cantillo se unieron libremente en 1985 y
tuvieron a Roberto Carlos y Yoleidy Yance Villa, “vivían felices y al día en
Bellavista en su casa propia cuyos documentos privados de adquisición se perdió
(sic) en el saqueo y el despelote de la rapiña que armaron los
paramilitares en las casas abandonadas. Don Roberto tenía una de las 47
plataformas de secado de café en asocio con el comerciante Ever Chinchilla.
Cuando no había cosecha del grano se dedicaba a la compraventa de maíz”.
Indicaron los accionantes que “se desplazaron el 12 de octubre de
2001 para la Loma del Bálsamo, allí estuvieron en casa alquilada por siete
meses después viendo que la violencia no paraba y definitivamente el pueblo
estaba erradicado se [fueron] para Fundación, y aquí viven todavía, sin fortuna
y pasando todos los trabajos y necesidades de este mundo”.
Roberto Antonio Yance Martínez rindió declaración ante la Personería
Municipal de Fundación donde narró el desplazamiento sucedido, declaración que
según adujo, fue remitida a la Defensoría del Pueblo y a Acción Social
correspondiéndole el registro No. 47288319585049. Señalaron que recibieron tres
mercados por concepto de la ayuda solidaria.
Finalmente, dijeron que Yohemis Mercedes y su pequeño hijo… “aún
sufren los estragos de haber tenido que salir huyendo de Bellavista” y que
no denunciaron lo ocurrido por miedo, por motivos de supervivencia y dado su
gran grado de vulnerabilidad.
3. (T-2.056.402) Los gestores del amparo
indicaron que vivían felices en Bellavista y que no les faltaba nada. Adujeron
que Osvaldo Martínez era agricultor, beneficiario de un programa de la UMATA y que
en El Dorado “tenía sembrados de frutales yuca y maíz…”
Dijeron que “se desplazaron el 15 de octubre de 2001 para la Loma
del Bálsamo, allí llegaron, y viven todavía, sin casa, sin trabajo y sin
fortuna, a pasar todos los trabajos y necesidades de este mundo con los menores
Leonardo de once años, Alexander de nueve, Luis Javier de seis, Leydis Milena
de cuatro y Osvaldo Enrique de tres añitos”.
Manifestaron que
“han pasado todos estos años arañando y viviendo de la nada para subsistir a
diario con sus pequeños hijos…”, que aparecen inscritos “en el listado
de personas de Bellavista registradas en el Sisben entre 1999 y 2004”  y
que no han recibido nada por concepto de ayuda solidaria.
Señalaron que Osvaldo Enrique Martínez Arias rindió declaración del
desplazamiento sucedido ante la Personería Municipal de Algarrobo, declaración
que según adujo, fue remitida a la Defensoría del Pueblo y a Acción Social
correspondiéndole el registro No. 4728835585049.
Finalmente, señalaron que no denunciaron lo ocurrido por miedo, por
motivos de supervivencia y dado su gran grado de vulnerabilidad.
Afirman los
accionantes que la acción de tutela es el único medio para que los perjuicios
ocasionados por el desplazamiento forzado sean resarcidos de manera inmediata y
adecuada, y que Acción Social es el ente encargado para suplir esa pretensión,
comoquiera que es la entidad ordenadora del gasto del Fondo Para la Reparación
de las Víctimas de conformidad con la Ley 975 de 2005 y que por tanto es la
encargada de indemnizar una vez sean liquidados los perjuicios.
Adujeron que
solicitaron[1], en virtud del artículo
15 de la Ley 418 de 1997, a Acción Social de la Unidad Territorial del
Magdalena “adelantar la actuación administrativa para que se h[iciera]
efectivo el derecho al restablecimiento, indemnización, satisfacción y
rehabilitación”; ante lo cual, dicha entidad contestó[2],
según señalaron los accionantes, que debían participar en el proceso
determinado por la Ley de Justicia y Paz, comoquiera que según esta ley,
la obligación de reparar a la víctima recae primordialmente en el victimario considerado
individualmente o en el grupo del que este último hace parte, y que esos
derechos son complementarios a los que tienen como personas en situación de
desplazamiento forzado frente al Sistema Nacional de Atención Integral a la
Población Desplazada.
Arguyeron los
accionantes que la Ley 975 de 2005 dispone un proceso para que se indemnicen
los perjuicios cuando los afectados están interesados en identificar al autor;
que no están obligados a participar en éste, según el artículo 45 de esa
normatividad y el artículo 11 del Decreto 4760 de 2005;  que estos trámites
legales son muy dispendiosos, complejos y arduos y que tienen derecho a un
recurso judicial ágil, sencillo y eficaz y a una indemnización-reparación
pronta y justa, ya que someterlos a una larga espera, según señalaron,
prolongaría de manera indeterminada su eterna condición de víctimas del
conflicto armado.
Adujeron así que
tenían derecho a una reparación suficiente, efectiva, rápida y proporcional a
la gravedad de las violaciones y a la entidad del daño sufrido, y que el
programa de reparación individual por vía administrativa y la Ley de Justicia y
Paz son instrumentos de dilación y burlan el derecho a la reparación.
Señalaron que “…con
independencia de los resultados de la investigación, toda persona afectada en
su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos sucedidos dentro del
marco del conflicto armado interno, puede exigir medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho
internacional, sin perjuicio de que el estado pueda dirigirse contra los
responsables de la vulneración …”.
Finalmente indicaron
que es deber de Acción Social tramitar la actuación administrativa solicitada
para reparar de manera inmediata sus perjuicios, ya que la Ley 975 de 2005 le
otorga esa competencia “en su condición de ordenadora del gasto del FONDO PARA
LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS, de conformidad con el artículo 54 [y] por
el artículo 2 del decreto 1290 de 2008…Además el artículo 56.3 [Ley 975 de
2005] le da la función a Acción Social de adelantar otras acciones de reparación
cuando haya lugar a ello”, de este modo, señalaron que “Acción Social
tiene facultades también para reparar, más concretamente para indemnizar las
víctimas del conflicto”.
Solicitud
Por lo expuesto
solicitaron “se ordene a Acción Social, como giradora del gasto del Fondo
Nacional de Reparación y de acuerdo con las facultades conferidas en el numeral
56.3 de la Ley 975 de 2005, que restablezca en forma rápida y adecuada, esto
es de manera proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad del
daño causado,… para ello debe ordenarse el solicitado trámite del incidente
de reparación, evitando con esto que… no tengan (sic) que atravesar el
dispendioso proceso de justicia y paz, ni mucho menos el del programa de
reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos
armados al margen de la ley a los cuales, reiteramos no est[amos] obligados
a vincular[nos]”(Resaltado original).
2.
Intervención de la entidad accionada
T-
2.050.591
Acción Social
dijo que en virtud de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999 y
modificada y prorrogada por la Ley 782 de 2002 y 1106 de 2006, “asume el
conocimiento de la atención de las víctimas de la violencia, única y
exclusivamente respecto a la asistencia humanitaria, para lo cual debe
tener en cuenta el concepto y las formas de atención señaladas en la citada Ley,
siguiendo los lineamientos de la Constitución Política de Colombia, la Ley, el
Plan Nacional de Desarrollo y especialmente la coordinación interinstitucional
y la participación de la comunidad” (Resaltado en el original).
Señaló que
según el artículo 16 de la Ley 418 de 1997 “la asistencia humanitaria,
consistente en la ayuda para sufragar los requerimientos necesarios a fin de
satisfacer los derechos constitucionales, será prestada por la Red de
Solidaridad hoy Acción Social y las demás entidades públicas dentro del
marco de su competencia a todas aquellas personas víctimas que hayan
sufrido un daño especial, siempre y cuando la solicitud se eleve dentro
del año siguiente a la ocurrencia del hecho” (Resaltado en el
original).
Determinó que
los accionantes solicitan las ayudas que se entregan a través de la
Subdirección de Atención a Víctimas de la Violencia y que “no figuran en la
base de datos ni en los archivos físicos de esta Subdirección solicitud alguna
de reparación administrativa por parte de ninguno de los accionantes” y que
“la Subdirección de Atención a Victimas de la Violencia otorga una ayuda
correspondiente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes al año de la
ocurrencia del hecho, para aquellas personas de la población civil que hayan
sufrido perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en
sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates…, pero en el caso de
la referencia la misma no procede debido a que la pérdida de los bienes de los
accionantes se debe al desplazamiento de quienes tal como lo establece en la
demanda ‘Dejaron su casa y sus tierras abandonadas para siempre , teniendo que
huir de donde residían de manera permanente y ejercían allí la explotación de
sus tierras’, situación que se reitera, se atiende a través de la Ley 387 de
1997”(Resaltado en el Original).
Indicó que “hay
que hacer precisión en el contenido y alcance de la asistencia humanitaria de
emergencia que conforme a la Ley brinda Acción Social a los desplazados
inscritos en el Registro Único de Población Desplazada por la Violencia. Este
tipo de ayuda temporal e inmediata… no tiene el carácter de
reparación que solicitan los accionantes en su escrito de tutela”(Resaltado
en el original).
Finalmente,
señaló que los accionantes cuentan con otros mecanismos dentro del proceso para
controvertir las decisiones de la Entidad y acceder a la ayuda humanitaria que
eventualmente les pueda corresponder y que “no ha violado derecho fundamental
alguno a los accionantes, teniendo en cuenta que no adelant[aron] trámite
alguno encaminado a obtener la asistencia humanitaria por parte de esta entidad”,
por lo que solicitó denegar las peticiones de los accionantes.
T-
2.056.396
Acción Social
señaló que “no figura en la base de datos ni en los archivos físicos de ésta
subdirección solicitud alguna para la reclamación de la reparación
administrativa por parte de los accionantes”, que “no es el Fondo para la
Reparación de la Víctimas, al que le corresponde entrar (a indemnizar como lo
señala el apoderado del accionante) para el caso objeto de la acción de amparo,
toda vez que éste fondo otorga ayuda solidaria cuando se presentan
circunstancias expuestas anteriormente y no el desplazamiento forzado”, que
“el incidente de liquidación señalado en la demanda de tutela es un
procedimiento totalmente diferente que adelantan las víctimas cuando han
sufrido perjuicios en su vida o bienes por miembros de grupos de subversión
acogidos a la ley de justicia y paz, si los señores Roberto Antonio Yance
Martínez, Yohemis Villa Cantillo e hijos, fueron víctimas de actuaciones
realizadas por parte de alguno de los postulados a la ley de justicia y paz,
deben acercarse a la fiscalía donde se adelanta la correspondiente
investigación… y de esta manera se busque se reparado (sic) de manera
suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y
a la entidad del daño causado”.
Determinó que
la figura expuesta en el artículo 46 de la Ley 975 de 2005 es diferente a la
reparación administrativa establecida en la Ley 418 de 1997 que se da en
desarrollo del principio de solidaridad social dado el daño especial sufrido
por las víctimas, entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los
requerimientos esenciales tendiente a mitigar o a impedir la agravación o la
extensión de los efectos de los mismos  y que no se da con el fin de restituir
o indemnizar.
Finalmente,
señaló similares argumentos a los aducidos en la respuesta a la petición
formulada por los accionantes y solicitó denegar la acción de tutela incoada.
T-2.056.402
Acción Social
solicitó negar el amparo pedido por los accionantes, con similares argumentos a
los expresados en la contestación de las demandas de tutela T-2.050.591 y
T-2.056.402.
3. Pruebas
relevantes aportadas al proceso
a. Copia de la solicitud presentada ante Acción Social el 26 de
noviembre de 2007 por Luis Francisco Orozco García y María de los Ángeles
Brochero Bolaño (T-2.050.591 fl. 112 cdno. 1ª instancia); copia de la
solicitud presentada ante Acción Social el 20 de diciembre de 2007 por Roberto
Antonio Yance Martínez y Yohemis Mercedes Villa Cantillo, a nombre propio y
como representantes de su hijo menor Roberto Carlos Yance Villa (T-2.056.396
fl. 49-50 cdno. 1ª instancia) y copia de la solicitud presentada ante Acción
Social el 6 de diciembre de 2007 por Osvaldo Martínez Arias y Martha Helena
Meneses Roldán en su nombre y en representación de sus hijos Luis Javier,
Alexander, Leydis Milena, Osvaldo Enrique y Leonardo Martínez Meneses (T-2.056.402
fl. 49 cdno. 1ª instancia), a fin de que se iniciara “la correspondiente
actuación administrativa para efectos de que se haga efectivo nuestro derecho
al restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación de
conformidad con el Derecho Internacional Humanitario en relación con los
artículos 2 inciso primero, 9º y 93 de la C.N.” .
b. Copia de la respuesta emitida por Acción Social acerca de las
solicitudes presentadas en la que consta: “Entonces, en relación con los
hechos que motivan sus peticiones: el desplazamiento forzado a ‘causa del
conflicto armado’, en primer lugar debe tenerse certeza sobre los perpetradores
de este hecho, y si éste (os) han decidido desmovilizarse y ha(n) sido
postulado(s) por el Gobierno Nacional para el proceso penal especial de
Justicia y Paz, ustedes, en la medida que acrediten por lo menos sumariamente
el daño puede intervenir en el proceso… Es decir, si acreditan su condición de
víctimas con base en cualquiera de los medios referidos (Decreto 315 de 2007,
artículo 4), tienen derecho a participar en todas las diligencias relacionadas
con los hechos que le generaron el daño… las víctimas que intervengan en el
proceso dentro  de los lineamientos precitados tienen derecho  a la justicia,
verdad y reparación,… en cuanto a la obligación de reparar ésta recae (1) En
primera medida sobre el victimario, a título personal, (2) En el grupo armado
al margen de la ley que se desmovilizó, a título de solidaridad entre los
miembros del grupo causante del daño, (3) Por último, en el Estado, de manera residual
y subsidiaria…En este orden de ideas, sus derechos dentro del proceso de
Justicia y Paz son complementarios a los derechos que, como personas en
situación de desplazamiento forzado, tienen  frente al Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIP) y a la eventualidad de
implementación de un Plan Nacional de Reparación Administrativa”(Resaltado
en el Original) (T- 2.050.591: Respuesta del 26 de diciembre de 2007 fl.
114-125 cdno. 1ª instancia, del 15 de enero de 2008 fl. 126-137 cdno. 1ª instancia),
(T-2.056.396 Respuesta de 4 de febrero de 2008 fl. 51-70 cdno. 1ª
instancia), (T-2.056.402 Respuesta de 15 de enero de 2008  fl. 50-61
cdno. 1ª instancia).
T-2.050.591
a. Folio de matricula inmobiliaria de 8 de noviembre de 2001 No. 2 225-006303
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fundación, Magdalena, en
el que consta que el predio La Esperanza es de propiedad de María de los
Ángeles Brochero Bolaño y que éste le fue adjudicado por el Incora mediante Resolución
No. 00675 del 23 de mayo de 1989, ubicado en el municipio de Fundación (fl. 138
cdno. 1ª instancia).
b. Folio de matricula inmobiliaria de 7 de marzo de 2003 No.
225-0007091de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fundación,
Magdalena, en el que consta la propiedad de Alfonso Rafael Orozco Bolaño sobre
el predio Campo Alegre, ubicado en la vereda Bellavista, del municipio
de Fundación (fl. 139 cdno. 1ª instancia).
c. Certificación de Registro Único de Población Desplazada de “María
de los Ángeles Brochero Bolaño, María Navarro Bolaño, Luis Orozco García,
Alfonso Orozco Bolaños…” (fl. 142 cdno. 1ª instancia).
d. Declaración Jurada de Alfonso Rafael Orozco Bolaño del 27 de mayo de
2008 en el Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, en la que adujo que
antes del desplazamiento “vivía bien, trabajaba, dependía de [sí] mismo,
vivía en paz” y que después del desplazamiento “ha sido pésima, porque
estuvimos por allá por Valledupar Cesar, para ver que conseguíamos por allá
pero nada, después nos vinimos para Fundación Magdalena, donde sobrevivimos un
tiempo y yo me devolví para Valledupar a trabajar de taxista”  (fl. 158-159
cdno. 1ª instancia).
e. Declaración Jurada de María de los Ángeles Brochero Bolaño del 27 de
mayo de 2008 en el Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, en la
que adujo que antes del desplazamiento “vivía[n] bien, bien, teníamos una
casa grande, tenía el sustento diario, teníamos todo para vivir” y después
del desplazamiento “hemos pasado mal”  (fl. 160-161 cdno. 1ª instancia).
f. Declaración Jurada de Luis Francisco Orozco García del 27 de mayo de
2008 en el Juzgado Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, en la que adujo
que antes del desplazamiento “yo tenía una vida bien, trabajaba y no
dependía de nadie, la mujer vendía los animales y vivíamos de eso” y
después del desplazamiento “maluca, bastante mala y bastante necesidad”  (fl.
162-163 cdno. 1ª instancia).
T-2.056.396
a. Registro Civil de Nacimiento de Roberto Carlos Yance Milla en donde
consta la fecha de su nacimiento el día 14 de agosto de 1999 y como sus padres
Yohemis Mercedes Villa Cantillo y Roberto Antonio Yance Martínez (fl. 71 cdno.
1ª instancia).
b. Declaración Jurada de Yohemis Mercedes Villa Cantillo del 16 de
junio de 2008 en el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación, Magdalena,
en la que adujo “yo me inscribí como desplazada en Algarrobo el 14 de
octubre de 2000”, señaló que no tiene servicios médicos, que no ha recibido
capacitación en una determinada área por parte de Acción Social, que vivía en
una casa arrendada antes del desplazamiento, que trabaja en casa de familia y
que con lo que gana no le alcanza “para todo” y que “[su] marido está
enfermo no oye por un oído”  (fl. 77 cdno. 1ª instancia).
c. Declaración Jurada de Roberto Yance Martínez del 16 de junio de 2008
en el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación, Magdalena, en la que
adujo que no ha recibido ninguna ayuda por parte de Acción Social y ante el
cuestionamiento acerca de dónde se deriva el sustento diario de su familia
arguyó que “ahorita mismo trabajo como 3 meses en la época del café y ahí
quedo sin hacer nada en adelante a la mujer le ha tocado trabajar de domestica
para sostener la familia”. Finalmente señaló que “necesito que se me
ayudara (sic), la verdad es que son casi 7 años de sufrimiento” (fl.
78-79 cdno. 1ª instancia).
T-2.056.402
a. Registro Civil de Nacimiento de Luis Javier Martínez Meneses en la
que consta como fecha de su nacimiento el  día 2 de julio de 1995 (fl. 62 cdno.
1ª instancia), de Alexander Martínez Meneses en la que consta como fecha de su
nacimiento el 3 de junio de 1992 (fl. 63 cdno. 1ª instancia), Osvaldo Enrique Martínez
Meneses en la que consta como fecha de su nacimiento el 7 de junio de 1998 (fl.
64 cdno. 1ª instancia)
b. Declaración Jurada de Osvaldo Martínez Arias del 17 de junio de 2008
en el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación, Magdalena, en la que
adujo que se inscribió como desplazado ante Acción Social en la “loma del
Bálsamo, en el 2002 en octubre”, dijo que no tiene servicio médico, que no
ha recibido capacitación por parte de Acción Social, que ésta les “dieron
compra por tres meses”, que antes de ser desplazado vivía en casa propia
(fl. 74 cdno. 1ª instancia).
II.
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
T-2.050.591
El Juzgado
Civil del Circuito de Fundación, Magdalena, el 6 de junio de 2008, decidió
conceder el “amparo constitucional a la reparación por los daños causados
por el desplazamiento del grupo familiar ocasionado por los grupos alzados en
armas, en hechos ocurridos en el corregimiento de Bellavista” y ordenó a la
entidad accionada que incluyera a los accionantes “en los programas de asistencia
a la población afectada por el conflicto armado y los indemnizara por los
perjuicios causados, de conformidad con el monto que fijará la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, como lo dispone el artículo 25 del Decreto 2591
de 1991”.
Consideró
como fundamento de su determinación que “la población desarraigada  puede
reclamar una indemnización por los perjuicios causados por el desplazamiento
forzado de los distintos grupos armados y adelantar las acciones dirigidas a
establecer la responsabilidad civil o administrativa por lo acontecido. Lo
anterior sin perjuicio de su derecho a acudir ante el juez de amparo, puesto
que el sistema de protección internacional de los derechos humanos
fundamentales prevé que la población civil, necesitada de ayuda humanitaria, a
causa de emergencias naturales o conflictos armados, tiene derecho a contar con
recursos apropiados a sus circunstancias de apremio y desprotección, para
acceder a los obligatorios programas estatales de asistencia y reparación….… [T]oda
víctima, tanto por la vía penal, como por la civil, administrativa o
disciplinaria, deberá contar con la posibilidad de acceder a una pronta y justa
reparación…”.
Impugnada por
la entidad accionada la decisión del juez de primera instancia con base en
similares argumentos a los aducidos en repuestas de esta solicitud de amparo y
arguyendo además que, comoquiera que para la atención al Desplazado la Ley 387
de 1997 creó el Sistema Nacional para la Atención Integral de la Población
Desplazada por la Violencia, los accionantes deben acercarse a las entidades
que conforman ese sistema, en razón a que Acción Social no puede entrar a
asumir competencias que no le corresponden, “es por ello que Acción Social
no tiene calidad de ente ejecutor de los programas que se adopten con destino a
la población desplazada, sino que debe coordinar con las entidades ejecutoras
la atención de esta población”.
Asimismo,
señaló que “la atención a víctimas de la violencia es diferente a la
atención que se brinda a la población desplazada y de igual manera se establece
de manera separada la normatividad e información que las rige; ya que se
prestan ayudas diferentes y su atención corresponde a dos dependencias
diferentes”.
Finalmente,
determinó que la reparación administrativa establecida en la Ley 418 de 1997
entendida por tal la ayuda indispensable para sufragar los requerimientos
esenciales, no se da con el fin de indemnizar y que “en consideración a que
el Gobierno Colombiano expidió el Decreto NO. 1290 de 22 de abril de 2008 ‘Por
el cual se crea el Programa de reparación individual por vía administrativa
para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”, una
vez se expida el formulario de solicitud oficial… podrán los accionantes
iniciar el trámite respectivo y así acceder al programa de reparación
administrativa”.
La Sala Civil
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 6 de
agosto de 2008, consideró que por vía tutelar no es posible obtener la
indemnización económica a las víctimas del conflicto armado, porque ello es
consecuencia de un juicio de atribución de responsabilidad, “por ello es
errada la decisión del A quo, cuando concede el pago de la indemnización de
acuerdo al monto que señala la jurisdicción contenciosa, dando por sentado que
existe una responsabilidad, es decir, adelantándose a la actuación que debe
surtirse y señalando el sentido de la decisión que haya de adoptarse”.
Determinó que
la violación que puede endilgársele a la entidad accionada se relaciona con el
objetivo para el cual fue creada, esto es, “respecto de la población
desplazada o menos favorecida, de desarrollar planes de atención humanitaria, y
de manera alguna reconocimientos de indemnizaciones integrales” y adujo que
“la accionada no ha facilitado la atención que deben brindar a la población
desplazada, puesto que aún no ha cumplido con las obligaciones que les asiste
como entidad encargada de atención y suministro de ayudas a los desplazados
para que su situación mejore”, en razón de lo cual modificó el fallo
impugnado en el sentido de negar el derecho a la reparación y conceder el
amparo de los derechos que les asiste como víctimas del desplazamiento
forzado y ordenó proporcionarles información acerca de cuando van a ser entregada
las ayudas humanitarias.
T-2.056.396
El Juzgado
Único Promiscuo de Familia de Fundación el 23 de junio de 2008 resolvió “negar
por improcedente” la acción de tutela de la referencia, tras considerar que
“el artículo 45 de la mencionada ley  [Ley 975 de 2005], establece
las acciones pertinentes ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial y la
posibilidad de acudir a la Jurisdicción de Justicia y Paz, adicional a lo
anterior el artículo 16 de la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 782 de
2002 que establece entre otras acciones propias de la Red de Solidaridad,
consagra la asistencia humanitaria siempre y cuando se eleve el derecho o
solicitud dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos, en conclusión
los demandantes pueden acudir a la Jurisdicción Contenciosa y la Jurisdicción
de Justicia y Paz para resarcir sus derechos, así mismo no puede desconocerse la
vigencia señalada para efectos de la asistencia social”.
T-2.056.402
El Juzgado
Único Promiscuo de Familia de Fundación, Magdalena, el 23 de junio de 2008
resolvió “negar por improcedente” la solicitud de amparo presentada por
los accionantes. Consideró que “el artículo 45 de la mencionada ley  [Ley
975 de 2005], establece las acciones pertinentes ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial y la posibilidad de acudir a la Jurisdicción de Justicia
y Paz, adicional a lo anterior el artículo 16 de la Ley 418 de 1997, modificada
por la Ley 782 de 2002 que establece entre otras acciones propias de la Red de
Solidaridad, consagra la asistencia humanitaria siempre y cuando se eleve el
derecho o solicitud dentro del año siguiente a la ocurrencia de los hechos, en
conclusión los demandantes pueden acudir a la Jurisdicción Contenciosa y la Jurisdicción
de Justicia y Paz para resarcir sus derechos, así mismo no puede desconocerse la
vigencia señalada para efectos de la asistencia social”.
III.
REVISIÓN POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Remitido el
expediente a esta Corporación, la Sala de Selección Número Diez mediante auto
de veintidós (22) de octubre de dos mil ocho (2008), dispuso su revisión por la
Corte Constitucional.
1.
Competencia
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes,
así como por la escogencia del caso por la Sala de Selección.
2. Trámite surtido ante la Corte Constitucional
– Suspensión del término para resolver la revisión
2.1
Mediante auto de 12 de diciembre de 2008 esta Sala de Revisión solicitó a la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
información acerca de ¿Qué acciones ha desarrollado para satisfacer a los
gestores de este amparo constitucional el derecho fundamental a recibir
atención humanitaria de emergencia, a la consolidación
y estabilización socioeconómica y a la  justicia, verdad y reparación?; “[l]as actuaciones realizadas
para la restitución de los bienes, el retorno o reubicación y la indemnización
de los daños causados a los demandantes de este amparo constitucional” y ¿Qué actuaciones se han realizado respecto de los gestores del
amparo en el programa de reparación individual por vía administrativa para las
víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley de que trata el
Decreto 1290 de 2008?.
Asimismo se
dispuso suspender el término para la resolución del trámite de revisión de los
fallos proferidos dentro de los expedientes de la
referencia, hasta cuando sea recibida y evaluada por esta Corporación la
información indicada anteriormente.
2.2 El
apoderado judicial de los demandantes aportó copia de los oficios “313 del
25 de abril de 2008 de la FISCALÍA QUINTA ESPECIALIZADA DE SANTA MARTA”, “469
de 25 junio 25 de 2008 también del FISCAL QUINTO ESPECIALIZADO DE SANTA MARTA
dirigido al SECRETARIO DEL JUZGADO ÚNICO CIVIL DEL CIRCUITO DE FUNDACIÓN con
destino al mismo funcionario” y “0339 DE 17 DE JULIO DE 200 (sic) DEL
ASITENTE FISCALIA PRIMERA SECCIONAL DE FUNDACIÓN”  y adujo que “las
comunicaciones relacionadas dan cuenta del estado de las investigaciones que
cursan sobre el EXTERMINIO Y LA ERRADICACIÓN DE BELLAVISTA, apreciándose que
impera la más absoluta impunidad” (fl. 26 cdno. Corte).
2.3 La Subdirectora
de Atención a Víctimas de la Violencia de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional arguyó que “teniendo en cuenta
el alcance y las limitaciones de las funciones de esta Subdirección en
particular y de ACCIÓN SOCIAL en general, dentro del sistema procesal penal
especial de Justicia y Paz, esta oficina no podía más sino informar a los
peticionarios sobre la forma de hacer efectivos sus derechos en los procesos de
esclarecimiento judicial, pues la misma Ley 975 de 2005, en el inciso final del
artículo 8 y en el artículo 55, numeral 56.1° ibídem, establecen que el Fondo
para la Reparación de las Víctimas  está diseñado para cubrir el costo de las
providencias judiciales sobre reparación, pero quien reconoce el carácter de
víctima dentro del proceso y decide sobre las reparaciones no es ACCIÓN SOCIAL
sino las autoridades judiciales” (fl. 49 cdno. Corte).
Señaló que “en cuanto a la restitución
directa de bienes, le informamos, que según los artículos 8, 42, 44 y 46 de la
Ley 975 de 2005, es posible que el Fiscal competente de la UNFJyP haga
restitución de bienes directamente a las víctimas, es decir, sin entregarlos a
ACCIÓN SOCIAL-FRV, igualmente a través de la intervención en los procesos de
esclarecimiento judicial, bien directamente, a través de abogado (de confianza
o designado por la Defensoría del Pueblo) o mediante asociaciones u
organizaciones de víctimas”.
Adujo que en lo que atañe con las
actuaciones respecto de los gestores del amparo en el programa de reparación
individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados
organizados al margen de la ley de que trata el Decreto 1290 de 2008, que “a
la fecha en que se presentaron los derechos de petición por parte de los
ciudadanos accionantes en los procesos de la referencia el Programa de
Reparación Individual por Vía administrativa no  había sido creado aún”;
que “la única persona, de las citadas, que ha presentado solicitud de
reparación individual por vía administrativa, es ROBERTO ANTONIO YANCE
MARTÍNEZ, el 11 de septiembre de 2008…, según reporte del sistema de
información del programa de reparación individual por vía administrativa”;
que “la población en situación de desplazamiento forzado que está inscrita
en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) no debe diligenciar
el formulario para acceder al programa de reparación individual por vía
administrativa , porque su información reposa en la base de datos de ACCIÓN
SOCIAL y de allí será extraída…” (Resaltado en el original).
Igualmente indicó que “la
indemnización solidaria (una de las medidas de reparación posibles, según cada
caso, según el artículo 4 del Decreto 1290) para la población en situación de desplazamiento
forzado sólo tiene una forma de ser otorgada, de manera especial,
teniendo en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de los
destinatarios, esto, según lo prevé el mismo Decreto, en su artículo 5,
parágrafo 5… una de las medidas de reparación posible, se entrega en las siguientes
circunstancias: (i) Por núcleo familiar, (ii) se reconocerá y pagará a través
de FONVIVIENDA, (iii) El reconocimiento y pago de la reparación a este grupo de
población se hará a través de la bolsa preferencial,…(v) Para vivienda nueva o
usada … (viii) Esta medida de reparación se reconocerá a quienes no hayan sido
incluidos en anteriores programas por la misma causa…”.
Finalmente adujo que “mal podría esta
Subdirección haber vulnerado derecho fundamental alguno de los ciudadanos
citados, cuando es evidente que sólo uno de ellos ha acudido al conducto
regular para acceder al programa de reparación administrativa…” y que entre
sus funciones en cuanto al programa de reparación individual por vía
administrativa está la de “recibir y tramitar las solicitudes de reparación,
presentar al CRA el estudio técnico sobre la acreditación de víctima y ejecutar
las medidas de reparación (D.1290/2008, art.19)… En general, son de
competencia de Acción Social, el pago de la indemnización solidaria y de las
medidas de reparación que no sean de competencia de otras entidades
(D.1290/2008, art. 30 y 18)” (Resalta la Sala).
2.4 La
Subdirectora de Atención a las Víctimas del Desplazamiento Forzado señaló que “con
ocasión del desplazamiento de LUIS FRANCISCO OROZCO GARCIA, ROBERTO ANTONIO
YANCE MARTÍNEZ Y OSVALDO ARIAS MARTÍNEZ (sic), junto con sus respectivos
núcleos familiares, me permito informarle que los mismos están siendo objeto de
la Atención Humanitaria de Emergencia”; “en lo relacionado con los
programas de generación de ingresos en estos casos en particular, le informamos
que los accionantes se han preinscrito, para ellos serán contactados para dar
inicio a la  ruta dentro de la estrategia diseñada para atender a las familias
desplazadas en la fase de estabilización económica” y que “al revisar en
las distintas bases de datos en materia de ayudas por conceptos de
reubicaciones, retornos, no existen solicitudes o trámites sobre este tipo de
atención. Es pertinente aclarar que dicha atención se concede a las personas
que voluntariamente lo hayan solicitado y previo estudio de seguridad de la
zona a la cual desea retornar o reubicarse”.
3. Consideraciones y fundamentos
3.1. Problema jurídico y esquema de
resolución
Pasa esta Sala a analizar si se vulnera
el derecho fundamental a la reparación de los desplazados por la violencia frente
a la negativa de Acción Social de acceder a la petición de justa
indemnización y someterlos al proceso penal previsto en la Ley 975 de 2005
o al proceso de reparación por vía administrativa dispuesto en el Decreto reglamentario
1290 de 2008.
Previamente a resolver el problema
jurídico puesto a consideración, esta Sala reiterará i) la condición
especial de protección constitucional que ostentan las víctimas del
desplazamiento forzado y la satisfacción de derechos fundamentales que de esa
condición se deriva,  y en especial determinará ii) el alcance del
derecho a la reparación a las víctimas del desplazamiento forzado.
Sin embargo, antes de pasar a señalar los
enunciados que se derivan del problema jurídico expuesto, esta Sala examinará
los requisitos de procedibilidad de este tipo de acción de tutela.
Procedencia
de la acción de tutela para obtener la reparación de los perjuicios sufridos
por las víctimas del desplazamiento forzado
La Constitución
Política en su artículo 2° consagra como fines esenciales del Estado “…servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución…”. Concatenado
a ello “las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares”.
La efectividad
de los derechos es una finalidad esencial del Estado, es lo que, entre otros
aspectos, constituye su naturaleza, lo que implica que ausente esta
característica se desnaturalizaría esta institución, de allí el carácter
fundamental de su cumplimiento para la existencia del Estado mismo.
La acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, entre otras
acciones, busca la efectividad de los derechos fundamentales otorgando a toda
persona un medio “para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública…esta acción sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”.
Lo expuesto
conduce a que si la persona no dispone de otros medios de defensa judicial o,
si existiendo, es inminente la configuración de un perjuicio irremediable,
entonces se justifica el accionar de la tutela para el amparo de los derechos
presuntamente vulnerados o amenazados, en el primer caso al no existir o no ser
idóneos los medios ordinarios de defensa judicial y en el segundo en razón de
que hay un perjuicio irremediable con las características que ha señalado esta
Corporación.
La existencia de
otro medio de defensa judicial debe apreciarse en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante[3],
es decir, “cuando, primero, se vulnere o amenace un derecho constitucional
fundamental, a juicio del juez de tutela en el caso concreto, y segundo, no se
disponga de otro medio judicial de defensa verdaderamente idóneo para la
protección efectiva de tales derechos”[4].
Adicionalmente y
conforme a una interpretación sistemática de la Constitución Política, se ha de
tener en cuenta en el análisis de la procedencia de la acción de tutela las
condiciones particulares[5] en que se encuentre el
presuntamente afectado en los derechos fundamentales; ello en razón de que
constitucionalmente existen sujetos de especial protección que son acreedores
de la acción positiva del Estado debido a sus condiciones de vulnerabilidad
manifiesta, a fin de conseguir la satisfacción plena de sus derechos.
De este modo, la
Constitución Política de Colombia le atribuyó al Estado la obligación de
garantizar una protección especial a determinados sujetos[6],
entre éstos expresamente se encuentran los niños, los adolescentes, los
ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, y las mujeres cabeza
de familia, entre otros. Igualmente, dentro del ordenamiento colombiano existen
grupos de personas que debido a las situaciones de particular debilidad y
vulnerabilidad son sujetos de protección especial como es el caso de los
desplazados forzados a causa de la violencia.
Al respecto,
esta Corporación ha dicho que “la acción de tutela procede como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de
desplazamiento forzado. En efecto, las personas que se encuentran en situación
de desplazamiento gozan de un estatus constitucional especial…[que] obliga a
las autoridades a reconocer que se trata de una población especialmente
protegida que se encuentra en una situación dramática por haber soportado
cargas excepcionales…en consecuencia, la Corte ha encontrado que resulta desproporcionado
exigir el agotamiento previo de los recursos ordinarios como requisito para la
procedencia de la acción[7]”[8]
(Resalta la Sala).
En lo que atañe
a la formulación de la acción de tutela a fin de obtener la satisfacción del
derecho a la reparación de los daños sufridos por las víctimas del
desplazamiento forzado, esta Sala considera que los medios procesales existentes
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción
ordinaria no resultan ser idóneos, pues quienes solicitan el amparo son sujetos
de especial protección constitucional, con fundamento en sus condiciones de
debilidad manifiesta (art.13 C. Pol.), y víctimas de violaciones a derechos
fundamentales, por lo que  requieren un instrumento judicial ágil y eficaz que
les brinde la posibilidad de acceder a una pronta y justa reparación,
características que al ser propias de la acción de tutela, configuran su
procedencia.
Bajo este
entendido se reiteran los argumentos que en precedente ocasión expuso esta
Corporación[9]:
“Siendo así es claro que la actora podría
reclamar, dentro de la causa criminal que tendría que haber cursado en la
jurisdicción penal, la indemnización por los perjuicios causados o
adelantar acciones dirigidas a establecer la responsabilidad civil o
administrativa por lo acontecido y obtener así la subsiguiente condena de los
responsables, a reparar el daño causado.
Lo anterior sin perjuicio de su derecho
a acudir ante el juez de amparo, puesto que el sistema de protección
internacional de los derechos humanos fundamentales prevé que la población
civil, necesitada de ayuda humanitaria, a causa de emergencias naturales o
conflictos armados, tiene derecho a contar con recursos apropiados a sus
circunstancias de apremio y desprotección[10], para
acceder a los obligatorios programas estatales de asistencia y reparación,
como prolongación natural i) del derecho a la vida[11],
ii) de la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes[12]
y iii) del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental y de un nivel de vida adecuado[13]
–artículos 1°, 2°, 5° 9°, 11, 12 y 93 C.P.-.
Dispone el artículo 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a demandar
de los jueces o tribunales, haciendo uso de mecanismos sencillos y eficaces,
amparo contra actos que violen sus derechos fundamentales y del Conjunto de
Principios formulados por la Comisión de Derechos Humanos para la protección y
promoción de los mismos[14]
se desprende que toda víctima, tanto por la vía penal como por la civil,
administrativa o disciplinaria, deberá contar con la posibilidad de acceder
a una pronta y justa reparación, como también a participar activamente en la
elaboración, aplicación y evaluación de los programas estatales que la
pretenden” (Resalta
la Sala).
De este modo,
las personas víctimas del desplazamiento forzado pueden acudir a la acción de
tutela para el amparo de los derechos fundamentales con carácter definitivo y,
por tanto, sin necesidad de invocar y demostrar un perjuicio irremediable a
dichos derechos, ya que la naturaleza de esta acción se dirige a la protección
inmediata de los mismos (artículo 86 Constitución Política) ante una
vulneración o amenaza.
3.2 Las
víctimas del desplazamiento forzado como sujetos de especial protección
constitucional
Según lo
dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados”.
El desplazado,
según la Ley 387 de 1997 (artículo 1°), es “toda persona que se ha visto
forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad
de residencia o actividades económicas habituales, porque su
vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera
de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos
Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o
alteren drásticamente el orden público”.
El
desplazamiento genera un desarraigo de quien es sujeto pasivo del mismo, debido
a que es apartado de todo aquello que forma su identidad, como lo es su trabajo,
su familia, sus costumbres, su cultura, y trasladado a un lugar extraño
para intentar rehacer lo que fue deshecho por causas ajenas a su voluntad y por
la falta de atención del Estado como garante de sus derechos y de su statu quo.
La situación del
desplazado no implica solamente el “ir de un lugar a otro”; encierra una vulneración
masiva de los derechos fundamentales, ya que “se encuentran en una
especial condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la
primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide
acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus
derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un
proyecto de vida[15]; la
segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona a su comunidad
de origen[16]; y, la
tercera, como aquélla situación en la que se encuentra un individuo que hace
parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de beneficiarios
directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social[17]”[18].
Precisamente por
el hecho del desplazamiento se derivan situaciones de particular debilidad y
vulnerabilidad manifiestas que hace a las víctimas sujetos de especial
protección constitucional, tanto es así que esta Corporación calificó su situación
como un estado de “cosas inconstitucional”[19],
debido a la violación flagrante, masiva y continua de los derechos
fundamentales.
Esas
circunstancias en las que se encuentran las personas víctimas del
desplazamiento forzado los sitúan en una situación de desigualdad que le impone
al Estado el deber de superar esa condición adoptando medidas afirmativas a su favor
con el objetivo de que la igualdad sea real y efectiva.
En este sentido,
advierte la Sala que la satisfacción de los derechos a todas las personas es
una de las finalidades propias del Estado Social de Derecho[20].
De este modo, si por el simple hecho de ser personas se tiene derecho a que
sean garantizadas unas condiciones mínimas de existencia, que se convierten por
su esencia en derechos reclamables al Estado como garante de los mismos, ello
es predicable en mayor medida de quien está en una situación de desigualdad[21].
Así, bajo el
postulado constitucional que impone la satisfacción de los derechos de todas
las personas y a fin de superar el estado de debilidad y vulnerabilidad en que
se encuentran las personas víctimas del desplazamiento forzado, el Plan
Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia[22]
pretende otorgar una atención humanitaria de emergencia[23]
inmediatamente ocurrido el hecho del desplazamiento y prorrogable hasta cuando
sea lograda la consolidación y estabilización socio económica[24]
como etapa final, pues una vez surtida ésta, cesa[25]
la condición de sujeto de especial protección constitucional, al superarse el
estado de debilidad y vulnerabilidad manifiesta.
La consolidación
y estabilización socioeconómica constituye un elemento primordial dentro del
programa de atención a la población desplazada, toda vez que con ésta se
pretende el establecimiento de condiciones de sostenibilidad económica y social
en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o
urbanas e implica la ejecución de programas relacionados con “proyectos
productivos… fomento a la microempresa…atención social en salud, educación y
vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad…
planes de empleo urbano…”, entre otros.
Así, el
desplazamiento forzado implica atención integral a sus víctimas para la
satisfacción de condiciones mínimas de existencia, de manera prioritaria debido
a su peculiar condición. Sin embargo, del hecho del desplazamiento forzado no
sólo se derivan estos derechos, a fin de superar el estado de cosas
inconstitucional en que se encuentran por la masiva vulneración de los derechos
fundamentales, sino que también se deriva el derecho a la reparación de los
daños causados por el mismo.
3.3
Alcance del derecho fundamental a la reparación de las víctimas del
desplazamiento forzado
En términos
generales, cuando alguien ha realizado un hecho que ha inferido injuria o daño
a otra persona le genera la obligación de realizar en provecho de ésta
una prestación resarcitoria, comoquiera que ésta no está obligada a soportar la
conducta antijurídica de la que fue objeto. En este sentido el artículo 2341
del Código Civil establece que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha
inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal
que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”.
Cuando las
conductas trascienden el campo de las relaciones personales y tienen una
repercusión social, el derecho sanciona ese comportamiento con la  finalidad de
proteger no sólo el interés o bien individual sino también el social, lo que constituye
el objeto jurídico del delito y genera la acción penal pública que por regla
general corresponde emprender de oficio al Estado.
De este modo, el
daño producto del delito tiene dos connotaciones “a) el daño público o
social que se produce al lesionar el bien o interés jurídico protegido por el
Estado y que explica su intervención poniendo en marcha el aparato punitivo,
imponiendo las sanciones a quien ha infringido el orden jurídico, pues el delito
es siempre un hecho que  perjudica a la comunidad y b) el daño
particular que se produce con la lesión del bien jurídico, conocido como daño
civil, da lugar a la acción civil  para el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados con el ilícito, estableciéndose por el ordenamiento jurídico la
obligación para el sujeto activo de reparar los daños tanto morales como
materiales”[26].
El daño
individual producto del acaecimiento de una conducta sancionable por el
ordenamiento penal, genera la obligación de reparar a la víctima el perjuicio
ocasionado al bien jurídico que se pretendía tutelar, es así como expresamente
el artículo 94 del Código Penal lo dispone al consagrar que “la conducta
punible origina obligación de reparar los daños materiales y morales causados
con ocasión de aquélla”.
Postulado que
resulta acorde con la disposición Constitucional que le impone a la Fiscalía
General de la Nación, como ente encargado de adelantar el ejercicio de la
acción penal, “solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales
necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el
restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados con el delito” (numeral 6° del artículo 250) (Resalta la Sala).
Bajo esta misma
premisa, está consagrada la responsabilidad patrimonial del Estado frente al
acaecimiento de un daño antijurídico, al respecto el artículo 90 de la
Constitución Nacional establece que “el Estado responderá patrimonialmente
por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u
omisión de las autoridades públicas”.
En el campo
internacional en materia de la protección de los derechos humanos fundamentales
y su vínculo con la reparación frente a la vulneración de éstos, la Resolución
60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16
de diciembre de 2007 consagró una serie de Principios y Directrices Básicos
Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas
Internacionales de Derechos Humanos  y de Violaciones Graves del Derecho
Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, y
entre éstos dispuso:
“…VII. Derecho de las víctimas a
disponer de recursos
11. Entre los recursos
contra las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran
los siguientes derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho
internacional:
a) Acceso igual y efectivo a la justicia;
b) Reparación adecuada, efectiva y rápida
del daño sufrido;
c) Acceso a información pertinente sobre las
violaciones y los mecanismos
de reparación….” (Resalta la Sala).
Del mismo modo el numeral 1° del artículo 63 de la
Convención Americana sobre derechos humanos establece que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos:
“1.
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en
esta Convención,… dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente,
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización
a la parte lesionada….”.
Así, las victimas del desplazamiento forzado tienen el
derecho fundamental a obtener una reparación adecuada, efectiva y rápida del
daño sufrido, comoquiera que no estaban obligadas a soportarlo y que
desencadenó una vulneración masiva de sus derechos fundamentales, como son el
derecho a la libertad de circulación, de residencia, elección de profesión u
oficio, entre otros, que implicaron su desarraigo y el sometimiento a unas
circunstancias ajenas a su existencia y a la ausencia de condiciones mínimas de
existencia[27], de allí la procedencia
de la reparación del daño sufrido.
De este modo las personas que han sido objeto de
violaciones de derechos humanos tienen el derecho a la reparación integral del
daño causado[28]. Esta reparación debe
ser plena y efectiva y comprender acciones (restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición[29])
que distan de la asistencia social que el Estado tiene la obligación de brindar
de forma prioritaria por el hecho de ser los desplazados personas en estado de
desigualdad y vulnerabilidad.
Es así como en términos de esta Corporación[30]“no
puede confundirse la prestación de los servicios sociales que el Estado debe
brindar de manera permanente a todos los ciudadanos, sin atender a su condición
y la atención humanitaria que se presta de forma temporal a las víctimas en
situaciones calamitosas, con la reparación debida a las víctimas de tales
delitos, que comprende tanto el deber de procurar que sean los victimarios
quienes en primera instancia reparen a las víctimas, como de manera subsidiaria
sea el Estado quien deba asumir esa reparación en caso de renuencia de los victimarios
o insuficiencia de la reparación brindada por estos”.
Y partiendo de la noción de reparación expuesta en el
artículo 8° de la Ley 975 de 2005[31] expresó esta Corporación
que “es evidente que los servicios sociales que se prestan a las víctimas,
no corresponden a ninguna de estas acciones que buscan reparar las
consecuencias nocivas del delito, por lo que no se puede entrar a establecer
que hacen parte de la reparación y rehabilitación debidas a los afectados por
la comisión de los delitos cometidos por los destinatarios de esta ley, ni
recortar o excluir ninguno de sus componente, pues se desconocería su derecho a
la reparación integral a la que aluden los numerales 6 y 7 del artículo 250 de la
Constitución”.
De esta forma, las medidas asistenciales adoptadas por
el Estado a favor de las personas desplazadas por la violencia, tienen
precisamente el objetivo de mejorar las condiciones mínimas de existencia y no
responden a ninguna obligación de reparación.
La reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida y
proporcional al daño sufrido y comprende la restitución de la persona afectada
al estado en que se encontraba antes de la violación; la indemnización de los
perjuicios ocasionados, de los daños físicos y morales, la rehabilitación de la
víctima y la adopción de medidas de no repetición[32].
La restitución, como su nombre lo indica, es “restablecer o poner algo en el estado que antes tenía”, es decir, para el caso de las personas víctimas de la
vulneración de los derechos fundamentales, se trata de regresarlas a la
situación en que se encontraban antes de la transgresión de sus derechos,“la
restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad,
el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la
ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo
y la devolución de sus bienes”[33].
El derecho a la restitución,
dentro de la noción de reparación, de las personas víctimas del desplazamiento
forzado comprende, entre otros, “el derecho fundamental a que el Estado
conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y
libre disposición de la misma…”[34], comoquiera que al constituir el abandono del
lugar de residencia la característica esencial del desplazamiento forzado, la
primera medida que se ha de adoptar es la salvaguarda de la misma,
independientemente de los servicios sociales que el Estado está obligado a
prestar, como lo es la atención humanitaria y la estabilización socioeconómica.
El derecho a la indemnización
ha de ser concedido según los lineamientos internacionales, “de forma
apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias
de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean
consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario,
tales como los siguientes: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de
oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c)
Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d)
Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos,
medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales”.
La indemnización constituye una parte del derecho a la reparación que
tiene la finalidad de compensar  monetariamente los perjuicios económicamente
causados y evaluados, “según la Corte
Interamericana, esta indemnización se refiere esencialmente a los perjuicios
sufridos y éstos comprenden tanto los daños materiales como los morales.[35]
En relación con la reparación de los perjuicios materiales, la Corte ha reconocido
que incluye tanto el daño emergente como el lucro cesante.[36]Para
la Corte Interamericana, la “justa indemnización” de que habla el artículo 63.1
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también debe tener en
cuenta el daño moral sufrido por las víctimas que según la jurisprudencia de la
Corte ‘resulta principalmente de los efectos psíquicos que han sufrido los
familiares’.[37] También
ha determinado la Corte Interamericana que la reparación del perjuicio moral
debe ajustarse a los principios de equidad[38]”[39].
A grandes
rasgos la rehabilitación[40] es la recuperación
física o mental de las personas afectadas con la configuración del delito o de
la violación ostensible a los derechos humanos, la satisfacción[41],
hace alusión a las medidas para desagraviar a las víctimas, es el
reconocimiento público del crimen cometido y el reproche de tal actuación, pues
como lo ha establecido esta Corporación “la víctima tiene derecho a que los
actos criminales sean reconocidos y a que su dignidad sea restaurada a partir
del reproche público de dichos actos”[42], son
estas medidas las destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad
de las víctimas y las garantías de no repetición[43]
son las medidas para que cesen las violaciones flagrantes de los derechos
humanos y del derecho internacional humanitario, las cuales se manifiestan en
un proceso judicial imparcial, en el acceso a los medios de defensa judicial,
en el conocimiento de éstos, entre otros.
De este modo, toda víctima del desplazamiento forzado tiene el
derecho fundamental a la reparación, que encierra como quedó expuesto el
derecho a la restitución, a la indemnización, a la rehabilitación,
a la satisfacción y a las garantías de no repetición, a fin se resarcir el daño
causado por el acaecimiento de la conducta ostensiblemente violatoria de los
derechos humanos y como una manera de reivindicar su dignidad.
Destaca esta Sala que la persona sobre la cual recae la violación de
los derechos humanos, en este caso la transgresión de los derechos
fundamentales en virtud del acaecimiento del desplazamiento forzado, posee la
calidad de víctima con independencia de si el autor de la violación ha
sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado.
En este sentido diversas disposiciones internacionales[44]
lo han previsto y al respecto esta Corporación ha dicho que “a la luz de los
mencionados principios fundamentales de derecho internacional, incorporados en
nuestro ordenamiento interno en virtud del bloque de constitucionalidad, es
absolutamente válida la existencia de víctimas sin victimario identificado,
aprehendido, enjuiciado o condenado”[45], en
otros términos que “para que una persona sea considerada como víctima de un
delito o abuso de poder, no es necesaria la identificación, aprehensión,
enjuiciamiento y mucho menos la condena del sujeto responsable del ilícito”[46]
(Resaltado en el original).
La víctima tiene
derecho a un recurso ágil y sencillo para obtener la satisfacción de su derecho
a la reparación y el Estado tiene la obligación de
proporcionar a la víctima esos recursos eficaces e investigar las violaciones
de forma rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los
presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional[47],
pues corresponde al “Estado la obligación de satisfacer el derecho a
la justicia y a la verdad de las víctimas mediante el diseño y garantía de
recursos judiciales efectivos para que las personas afectadas puedan ser oídas,
impulsar las investigaciones y hacer valer sus intereses en el juicio. Tales
obligaciones incluyen el deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y
proporcionales a los responsables de los crímenes investigados”[48].
De este modo, corresponde al Estado “investigar
y si hay pruebas suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente
responsables de las violaciones, y si se las declara culpables, la obligación
de castigarlas” y el deber “de procurar establecer programas nacionales
de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los
daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones”[49].
El Estado tiene la obligación y los medios para
la implementación de estas acciones, luego las omisiones que de éstas realice
son una carga que la víctima no está obligada a soportar, ya que en tal caso
sería patente la vulneración de los derechos de ésta al someterla a un trámite dispendioso,
o a la espera del establecimiento de uno, generando su revictimización, pues en
el caso de las personas objeto del desplazamiento forzado, éstas no sólo tienen que soportar la carga del desplazamiento, producto de la
omisión del Estado de ofrecer una seguridad a sus libertades y propiciar la
garantía de sus derechos, sino que también deben sufrir el retardo en la
garantía de sus derechos como víctimas, lo cual ostensiblemente agrava su
situación.
Entre el Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de
los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad expedido por la
Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
proclamados en 1998 elaborada de conformidad con la
actualización ordenada por la Resolución 2004/72[50], y los cuales parten de la noción de impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal
por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil,
administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a
su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos
culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño
causado a sus víctimas” se establecen como
principios los siguientes:
“PRINCIPIO 1.
OBLIGACIONES GENERALES DE LOS ESTADOS
DE ADOPTAR MEDIDAS
EFICACES PARA
LUCHAR CONTRA LA
IMPUNIDAD
La impunidad constituye una
infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las
violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente
en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de
responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas
apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación
de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la
verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de
dichas violaciones.
(…)
IV. DERECHO A OBTENER
REPARACIÓN/GARANTÍAS DE QUE
NO SE REPITAN LAS
VIOLACIONES
A. El derecho a la
reparación
PRINCIPIO 31. DERECHOS Y
DEBERES DIMANANTES
DE LA OBLIGACIÓN DE
REPARAR
Toda violación de un
derecho humano da lugar a un derecho de la víctima o sus derechohabientes a
obtener reparación, el cual implica el deber del Estado de reparar y el derecho
de dirigirse contra el autor.
(…)” (Resalta
la Sala).
Asimismo, la
Resolución 60/147 precedentemente citada declara en el Principio IX De la
reparación de los daños sufridos que:
“…Cuando se determine que
una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a
una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o
indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima…”.
De los
principios internacionales de protección de derechos humanos, se desprende que
la exigencia del derecho a la reparación de las víctimas de las violaciones
flagrantes de derechos humanos, no está subordinada al proceso de investigación
que debe el Estado adelantar contra el victimario, comoquiera que éstas deben
ser satisfechas en primer lugar por el Estado, porque éste es el principal
garante de los derechos fundamentales, porque la condición de víctima y los
derechos que de ésta se derivan no dependen de la identificación, aprehensión,
enjuiciamiento o condena del victimario y porque el Estado tiene la facultad de
repetir contra el autor del delito, y ello es así porque precisamente es el
Estado el que tiene el deber y la facultad de perseguir a quien violó
flagrantemente los derechos fundamentales, él únicamente posee la potestad de
castigar a quien infringió la norma, es decir, de hacer respetar sus leyes, las
cuales deben tener como finalidad la protección de los derechos fundamentales
no sólo para que éstos no sean transgredidos, sino también para que cuando sean
vulnerados se repare como consecuencia del daño infringido.
De este modo, si
no es perseguido y no es castigado el victimario, esta carga no debe ser
soportada por la víctima, pues no la puede cumplir, es solo el Estado el que la
debe asumir, y si en eso falla, ha de asumir la obligación de reparación y
conservar la facultad de repetir contra el victimario.
Finalmente,
resalta esta Sala que en sentencia de tutela T-188-07 esta Corporación
determinó que “en lo que tiene que ver con la reparación de los daños, la
directriz distingue el derecho de las víctimas y sus derechohabientes a ser
indemnizados por los perjuicios causados, del derecho de los Estados a repetir
contra los autores, de manera que, con independencia de los resultados de la
investigación, toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y
libertades, por hechos sucedidos dentro del marco del conflicto armado interno,
puede exigir ‘medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y
satisfacción según lo establece el derecho internacional’, sin perjuicio del
derecho del Estado de dirigirse contra los responsables de la vulneración –artículo
2° C.P. Principio 34”.
Así, concluye
esta Sala que el daño acaecido por la violación flagrante de los derechos
humanos, genera a favor de la víctima el derecho fundamental a la reparación de
los perjuicios directamente ocasionados con la trasgresión, a través de la restitución,
la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción  y la
garantía de no repetición consagradas en el Derecho Internacional. La
exigencia y la satisfacción de este derecho fundamental se dan
independientemente de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena
del victimario, debido a que aquel deriva precisamente de la condición de víctima,
cuyos derechos corresponde al Estado salvaguardar, sin perjuicio de que pueda
repetir contra el autor.
4. Caso concreto
Determinada la procedencia de la acción
de tutela para el estudio del derecho a la reparación como quedó
precedentemente expuesto, pasa esta Sala a desatar el problema jurídico
planteado, con base en las consideraciones generales mencionadas y concluye que
a los accionantes les fue vulnerado el derecho fundamental a la reparación en
su manifestación de justa indemnización por la entidad accionada.
4.1 Así, se
ha de ver, en primer lugar, que los accionantes al ser víctimas del
desplazamiento forzado a causa de la violencia tienen el derecho fundamental a
ser reparados con ocasión del daño derivado de la transgresión masiva de los
derechos fundamentales, toda vez que el perjuicio causado no es una carga que
debían soportar, sino que, por el contrario, es el resultado de la ausencia en
la garantía de los derechos fundamentales por parte del Estado.
La justa indemnización es uno de
los componentes del derecho a la reparación; no se trata entonces del
otorgamiento de cualquier prestación económica, sino de una derivada de la
vulneración flagrante de los derechos fundamentales, pues se ha transgredido la
base en la que se estructuran el Estado y la sociedad, de allí que la justa
indemnización adquiera el estatus de la reparación y de esta forma sea de rango
fundamental, por lo que ante una vulneración o amenaza se ha de proceder a su
amparo.
De las pruebas obrantes en el expediente
y de la información suministrada por la entidad accionada, se deriva que los
accionantes en este proceso son víctimas del desplazamiento forzado por la
violencia y por tanto acreedores del derecho a la reparación.
4.2 A fin
de satisfacer el derecho a la reparación, las víctimas tienen a su vez el derecho
a un recurso ágil y sencillo que el Estado tiene la obligación de suministrar,
ya que posee los instrumentos para ello, los cuales se derivan del monopolio
del poder normativo y coercitivo que debe estar encaminado precisamente a la
garantía de los derechos fundamentales; por consiguiente, cuando éstos resultan
vulnerados, esa potestad se ha de desplegar para su salvaguarda.
De este modo, se advierte que la presente
solicitud de amparo se origina con ocasión de la negativa de la entidad accionada
de acceder a la petición de los accionantes de “hacer efectivo [el] derecho
al restablecimiento, indemnización, satisfacción y rehabilitación” derivado
del desplazamiento forzado del corregimiento de Bellavista, municipio de
Algarrobbo, al considerar que “…la obligación de reparar… recae (1) en primera
medida sobre el victimario a título personal, (2) en el grupo armado al margen
de la ley que se desmovilizó, a título de solidaridad entre los miembros del
grupo causante del daño, (3) por último en el Estado de manera residual y
subsidiaria….” dentro del marco de la ley de Justicia y Paz.  En este
orden de ideas, sus derechos dentro del proceso de Justicia y Paz son
complementarios a los derechos que, como personas en situación de
desplazamiento forzado, tienen frente al Sistema Nacional de Atención Integral
a la Población Desplazada…”.
Así, resalta esta Sala que la respuesta
de la entidad accionada es otorgada en el marco de la Ley 975 de 2005, Ley
de Justicia y Paz, normatividad cuyo objetivo es la reincorporación de los
grupos armados organizados al margen de la ley, que impone para la iniciación del
incidente de reparación la declaración de legalidad de la aceptación de cargos
por parte del victimario (artículo 23).
En este orden de ideas, la satisfacción
del derecho de las víctimas está sometida no sólo a la identificación del victimario,
sino también a la aceptación de los cargos por parte de éste, esto es, al
reconocimiento de su autoría en el hecho delictuoso, por lo que imponerles el
trámite de este proceso, es tanto como que los derechos derivados de la
condición de víctima quedaran suspendidos hasta cuando se cumpla dicho acto
procesal, lo que no sólo desconoce tal condición, ignorando que para su
reconocimiento no es necesario siquiera identificar al victimario, sino que
también se le está atribuyendo indirectamente la carga de perseguirlo para
la satisfacción de sus derechos fundamentales, pues si el Estado no lo hace y
el único medio para conseguir la reparación es por medio del proceso penal,
entonces la víctima tendría que ejercer la persecución lo que a todas luces
contraviene los postulados imperantes de un Estado Social de Derecho, donde es éste
el que tiene el deber de hacer respetar las leyes y de este modo las garantías
fundamentales, mediante la persecución del infractor y perpetrador del daño,
pues sólo el Estado posee el poder coercitivo para ello.
Ahora bien, en el marco del derecho penal
en general, igual razonamiento se ha de realizar, pues corresponde al Estado la
investigación de las conductas punibles que vulneren derechos fundamentales y
de manera especial del delito de desplazamiento forzado, precisamente debido a su
impacto social, este deber es reiterado por la Ley 387 de 1997 al establecer en
el artículo 15 que “el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación
emprenderán de oficio las investigaciones sobre los hechos punibles que
condujeron al desplazamiento”. De igual forma, en el proceso penal en
general la víctima no debe asumir la carga del incumplimiento del deber  Estatal
de sancionar al infractor, lo que no obsta para excluir la colaboración que ésta
debe brindar para el desenvolvimiento del proceso penal.
En lo que atañe al sometimiento de los
accionantes al procedimiento establecido en el Decreto reglamentario 1290 de
2008 “por el cual se crea el programa de reparación individual por vía
administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de
la ley” a fin de ser satisfecho el derecho a la reparación, esta Sala
destaca que el mencionado texto dispone que “la indemnización solidaria
prevista en el presente artículo para quienes hayan sido víctimas del
desplazamiento forzado, se entregará por núcleo familiar y se reconocerá y
pagará a través de FONVIVIENDA …” (artículo 5°), ante lo cual esta Sala
considera que dicha disposición es notoriamente contraria al derecho a la
reparación, pues le da este calificativo a una conducta propia de la asistencia
social que el Estado está en la obligación de proveer a todas las personas en
especial a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y, en el caso
especial de las víctimas del desplazamiento forzado, a que cese su condición
mediante la estabilización socio económica; en otras palabras, es un derecho
que se tiene por ser persona, no por ser victima del desplazamiento forzado;
luego, al contravenir los postulados del derecho a la reparación, dicho
decreto, resulta inaplicable al mismo bajo el manto de la Constitución Política
que nos rige.
De este modo, someter a los accionantes,
víctimas del desplazamiento forzado, a procesos penales en los cuales es
necesaria la aceptación de cargos por parte del victimario para la satisfacción
del derecho a la reparación; o esperar la labor investigativa de determinación
del responsable de esa conducta delictuosa para exigir la reparación del daño
ocasionado, teniendo en cuenta que los hechos acaecieron en el año 2001 y que
hasta ahora según información de los accionantes y de las pruebas allegadas al
proceso provenientes de la Fiscalía Primera Seccional de Fundación los “responsables
[están] en averiguación” (fl.36-32 cdno. Corte); o someterlos a un proceso
administrativo donde la llamada reparación no corresponde a los postulados
normativos expuestos, sino que es la manifestación de la asistencia social que el
Estado está obligado a brindar a todas las personas, en especial a las más
vulnerables, es revictimizar a quien ha sido objeto de una masiva y
constante vulneración de los derechos humanos, es desconocer los derechos
fundamentales que de la condición de víctima se derivan y que le impone al
Estado el deber de salvaguardar.
En otros términos, no es tarea de las
víctimas promover ni impulsar la investigación de los crímenes que las han
afectado; esta carga corresponde a las autoridades judiciales, en cumplimiento
del deber de investigar, juzgar y sancionar que tiene el Estado.
4.3 En
este sentido, los medios referidos por la entidad accionada para el amparo del
derecho a la indemnización de los accionantes, resultan ser ineficaces por las
trabas y cargas que le imponen a la víctima, ignorando su condición de tal y el
derecho a un recurso ágil, eficaz y sencillo para proteger sus derechos, por lo
que el Estado al ser el principal garante de los derechos fundamentales y al
recaer en él la obligación investigativa que permita aprehender al autor de la
vulneración, tiene el deber de satisfacer el derecho a la reparación de los
accionantes, en este caso, a la justa indemnización, sin que ello implique la
asunción de responsabilidad directa de los hechos, de allí que posea la facultad
de repetir contra el autor del ilícito, pues hay requisitos que la víctima no
puede cumplir y que el Estado debe asumir.
4.4 Es
así, como constata esta Sala la vulneración del derecho fundamental a la
reparación de los accionantes en su manifestación de justa indemnización,
por lo que concederá el amparo solicitado y ordenará de acuerdo con la característica
esencial de esta acción constitucional, la inmediata protección del derecho
fundamental a la justa indemnización que poseen los accionantes como
víctimas del desplazamiento forzado por la violencia.
En otros términos, “la exigencia de
requisitos que las víctimas no pueden cumplir y que solo el Estado en cuyo
territorio ocurren las vulneraciones debe asumir, para condicionar el acceso a
los programas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción,
vulnera el derecho fundamental de las víctimas a la reparación y hace
imperativa la intervención del juez constitucional para su restablecimiento”[51].
Así mismo, “el derecho internacional
humanitario impone a los Estados Partes el deber de investigar la vulneración
de los derechos fundamentales acaecidos en su territorio, al igual que la
obligación de reparar los daños ocasionados a la población civil, dentro del
marco del conflicto armado, por vulneraciones del derecho a la vida, a la
dignidad, a la libertad y a las garantías judiciales, sin restricciones
fundadas en la modalidad y forma utilizado por los infractores, a la vez que
reclama para las víctimas y sus derechohabientes recursos sencillos que les
permitan acceder a la reparación de los daños causados, con prontitud y
eficacia”[52].
De este modo, al resultar (i) comprobada
la violación manifiesta del derecho fundamental de los accionantes, (ii) al no
disponer los afectados de otro medio de defensa judicial ordinario y (iii) al
ser imperativo asegurar el goce efectivo del derecho fundamental vulnerado,
esta Sala ordenará en abstracto la indemnización del daño causado, que habrá de
liquidarse mediante incidente como lo dispone el artículo 25 del Decreto 2591
de 1991[53] ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, específicamente, ante el Juez de Circuito
Administrativo de Santa Marta.
4.5 Finalmente, advierte esta Sala que en el evento en que los beneficiarios
de la condena o el Juez de Circuito Administrativo de Santa Marta
correspondiente, consideren que no hay garantías para satisfacer el derecho a
la reparación de los accionantes, es decir, indemnizar el daño causado por el
desplazamiento forzado, ya sea porque existan circunstancias que puedan afectar
la imparcialidad o la independencia de la administración de justicia, las
garantías procesales o su seguridad o integridad personal, si así lo desean,
podrán solicitar en forma motivada cambio de radicación del incidente ante el funcionario judicial que esté conociendo del mismo o ante su
superior funcional.
En todo caso, el
Tribunal Administrativo del Magdalena, como superior funcional del Juez de
Circuito Administrativo de Santa Marta, es el competente para decidir la
mencionada solicitud y deberá señalar el lugar donde deba continuar el
incidente en el Departamento del Magdalena. Si dicho Tribunal estima
justificado que el cambio de radicación se haga a otro departamento, la
solicitud pasará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
para adoptar la decisión. En tal caso esa Sala podrá, si encuentra procedente
el cambio de radicación, señalar otro departamento, o escoger el sitio en donde
debe continuar el incidente en el mismo departamento del Magdalena.
4.6 Por lo expuesto, esta Sala revocará:
4.6.1 El fallo emitido el 6 de agosto de 2008 por la Sala Civil Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en cuanto “negó
por improcedente” el “amparo a la reparación por los daños causados por
el desplazamiento” y en su lugar confirmará la providencia emitida el 6 de
junio de 2008 por el Juzgado Civil del Circuito de Fundación por medio de la
cual se concedió el amparo constitucional a la reparación y se ordenó a la
entidad accionada indemnizar a los accionantes (T-2.050.591) “por
los perjuicios causados, de conformidad con el monto que fijará la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, como lo dispone el artículo 25 del Decreto
2591 de 1991”.
4.6.2 La
sentencia proferida el 23 de junio de 2008 por el Juzgado Único Promiscuo de
Familia de Fundación mediante la cual se “negó por improcedente” el
amparo del derecho a la justa indemnización de los accionantes (T-2.056.396)
y en su lugar se concederá el amparo deprecado y se ordenará a la entidad
accionada la indemnización de los perjuicios causados por el hecho del
desplazamiento forzado por la violencia de que fueron víctimas los accionantes.
4.6.3 La sentencia proferida el 23 de junio de 2008 por el Juzgado Único
Promiscuo de Familia de Fundación mediante la cual se “negó por improcedente”
el amparo del derecho a la justa indemnización de los accionantes (T-2.056.402)
y en su lugar se concederá el amparo deprecado y se ordenará a la entidad
accionada la indemnización de los perjuicios causados por el hecho del
desplazamiento forzado por la violencia de que fueron víctimas los accionantes.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero: LEVANTAR el término para resolver el
trámite de revisión suspendido por esta Sala mediante autos de 12 de diciembre
de 2008 y 22 de enero de 2009.
Segundo: REVOCAR
el fallo emitido el 6 de agosto de 2008 por la Sala
Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta en
cuanto “negó por improcedente” el “amparo a la reparación por los
daños causados por el desplazamiento” y en su lugar CONFIRMAR la
providencia emitida el 6 de junio de 2008 por el Juzgado Civil del Circuito de
Fundación por medio de la cual concedió el amparo constitucional a la
reparación a Luis Francisco Orozco García, María de los
Ángeles Brochero Bolaño, Alfonso Rafael Orozco Bolaño y María de los Ángeles
Navarro Orozco (T-2.050.591) en la acción por ellos instaurada contra la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción
Social.
Tercero:
REVOCAR la sentencia proferida el 23 de junio de
2008 por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación mediante la cual “negó
por improcedente” el amparo del derecho a la justa indemnización de Yoleidy Yance Villa, Roberto Antonio Yance Martínez Yohemis Mercedes
Villa Cantillo y Roberto Carlos Yance Villa (T-2.056.396) y en su lugar CONCEDER el amparo deprecado en la acción por
ellos instaurada contra la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social.
Cuarto:
REVOCAR la sentencia proferida el 23 de junio de
2008 por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Fundación mediante la cual “negó
por improcedente” el amparo del derecho a la justa indemnización de Osvaldo Martínez Arias, Martha Helena Meneses Roldán y Luis Javier,
Alexander, Osvaldo Enrique, Leonardo y Leydis Milena Martínez Meneses                         (T-2.056.402) y en su lugar CONCEDER
el amparo deprecado en la acción por ellos instaurada contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, Acción Social.
Quinto: CONDENAR en abstracto a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción
Social, a pagar los perjuicios causados a los accionantes enunciados en los
numerales anteriores por el desplazamiento forzado del corregimiento de
Bellavista, municipio de Algarrobo, departamento de Magdalena, de conformidad
con el monto que fijará la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como
lo dispone el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.
La liquidación
de los perjuicios se hará por el juez de circuito administrativo de Santa Marta
-Reparto-, por el trámite incidental, el que deberá iniciarse dentro de los
diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación respectiva, y deberá ser
decidido en el término de los seis (6) meses siguientes, para lo cual, la
Secretaría General de esta corporación remitirá inmediatamente copias de toda
la actuación surtida en este proceso a la Oficina Judicial respectiva. El juez
de circuito administrativo al que corresponda fallar el incidente remitirá
copia de la decisión de fondo a este Despacho.
La Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción
Social, deberá proceder al pago total de la obligación en un plazo de dos (2)
meses contado a partir de la ejecutoria del auto de liquidación de la condena.
Sexto: DAR por secretaría cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ
Magistrada (E)
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
(T-2.050.591) El 26 de Noviembre y 6 de Diciembre de 2007 bajo la
radicación número No.20073010541911 fue presentada la mencionada solicitud ante
Acción Social.
(T-2.056.396) El 20
de diciembre de 2007 ante la Unidad Territorial del Magdalena bajo la
radicación No. 20083010023551 fue presentada por los accionantes de la tutela
de la referencia la señalada petición ante Acción Social.
(T-2.056.402) El 6
de diciembre de 2007 los accionantes presentaron ante la Unidad Territorial del
Magdalena la solicitud mencionada la cual fue radicada con el número 20083010007611
[2] (T-2.050.591)
El 26 de diciembre de 2007 y 15 de enero de 2008
fue emitida la respuesta por Acción Social.
(T-2.056.396 y T-2.056.402) El 15 de enero de 2008 Acción Social da respuesta a los accionantes
en relación  con la solicitud presentada el 20 de diciembre de 2007.
[3] Numeral 1° del artículo
6° del Decreto 2591 de 1991.
[4] C-018-93.
Esta misma idea se encuentra en diversas sentencias de tutela entre las cuales
se mencionan las T- 442-07.
[5] T-656-06, T-768-05,
T-651-04
[6] Ver
artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de la Constitución Política.
[7] Una síntesis de las
decisiones de la Corte en esta materia puede encontrarse en la sentencia SU-150
de 2000 y en el anexo 4 de la sentencia T-025 de 2004. Más recientemente la
Corte se ha pronunciado sobre el tema  en las sentencias T-740 de 2004, T-175
de 2005, T-1094 de 2004, T-563 de 2003, T-1076 de 2005, T-882 de 2005, T-1144
de 2005, T-086 de 2006 y T-468 de 2006.
[8] T-821-07.
[9] T-188-07.
[10]
Artículo 2° Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[11]
Artículos 3° y 6°, Declaración Universal de Derechos Humanos y Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
[12] Artículo 5° Declaración
Universal de Derechos Humanos.
[13]
Artículos 11 y 12 Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y
Culturales.
[14]
Anexo al Informe E/CN.4/2005/102, presentado por la experta independiente Diane
Orentlicher, encargada de actualizar el Conjunto de Principios para la
Protección y Promoción de los Derechos Humanos, mediante la Lucha contra la
Impunidad, de 1997.
[15]
De conformidad con Pérez Murcia, la vulnerabilidad puede ser entendida como “(...)
una situación  que, sin ser elegida por los individuos, limita el acceso de
éstos a las garantías mínimas necesarias para realizar  plenamente sus derechos
sociales, políticos y culturales.” En otras palabras, este autor señala que
una persona se encuentra en condiciones de vulnerabilidad “(...) cuando
existen barreras sociales, políticas, económicas y culturales que impiden que,
por sus propios medios, esté en capacidad de agenciar (realizar) las condiciones
para su propio desarrollo y el de las personas que dependen económicamente de
ella.” Por su parte, Moser indica que “(...) la vulnerabilidad, más que
una expresión de la debilidad manifiesta de los individuos – como la
interpretan algunas corrientes conservadoras -, es una situación que, siendo
exógena al individuo, le genera perjuicios y le deteriora los activos
económicos y sociales para autosostener un proyecto de vida.” Ver PÉREZ
MURCIA, Luis Eduardo. Población desplazada: entre la vulnerabilidad, la
pobreza y la exclusión. Red de Solidaridad Social y Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados. Bogotá, marzo de 2004.P.p. 19 a 22.
[16]
Ver CASTEL, Robert. La lógica de la exclusión. Citado por PÉREZ MURCIA,
Luis Eduardo. P. 31.
[17]
Ver BULA ESCOBAR, Jorge I. Vulnerabilidad, equidad y democracia. Citado
por PÉREZ MURCIA, Luis Eduardo. P. 31.
[18]
T-585 -06.
[19] T-025-04.
[20] Como precedentemente se anotó, entre los fines
esenciales del Estado se encuentra el de “…servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución…”.
[21] Artículo
13 de la Constitución Política.
[22]
Decreto 250 de 2005, en esta disposición se establece entre los principios
rectores que orientan este plan el Enfoque Restitutivo y lo definen como
“la reposición equitativa de las pérdidas o daños materiales acaecidos por
el desplazamiento, con el fin de que las personas y los hogares puedan volver a
disfrutar de la situación en que se encontraban antes del mismo. Las medidas de
restitución contribuyen al proceso de reconstrucción y estabilización de los
hogares afectados por el desplazamiento” (Resalta la Sala).
[23]
Artículo 15 de la Ley 387 de 1997 “Por la cual se adoptan
medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y estabilización socio económica de los desplazados internos por
la violencia en la República de Colombia”. La atención humanitaria de
emergencia tiene como finalidad “socorrer, asistir y proteger a la población
desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica,
transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas”.
[24] Artículo
17 ibídem.
[25] Artículo
18  ibídem.
[26] C-1149-01.
[27]
Tal es así el impacto de este hecho que no sólo está condenado en el
ordenamiento nacional -El artículo 180 del Código Penal dispone que “el que
de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos
contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros
cambie el lugar de su residencia incurrirá en prisión de…”- sino también en
el ámbito internacional, El artículo 17 del Protocolo
Adicional de los Convenios de Ginebra de 1949, adoptado mediante Ley 171 de
1994,  establece: “Prohibición de los desplazamiento forzados. 1. No se
podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas
con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas
civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que
efectuarse, se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil
sea acogida en condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene,
seguridad y alimentación. 2. No se podrá forzar a las personas civiles a
abandonar su propio territorio por razones relacionadas con el conflicto”.
[28] T-821-07.
[29] La
comprensión del derecho a la reparación manifestada en las nociones de restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción y las garantías de no repetición, se encuentran expresadas en el
Principio IX de reparación de los daños sufridos expuestos en la Resolución
60/147 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16
de diciembre de 2007 que contiene los Principios y Directrices Básicos Sobre
el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas
Internacionales de Derechos Humanos  y de Violaciones Graves del Derecho
Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
[30] C-1199-08. La Corte Constitucional en la sentencia de
constitucionalidad mencionada analizó el segundo inciso del artículo 47 de la
Ley 975 de 2005 que reza: Los servicios sociales brindados por el gobierno a
las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la
reparación y de la rehabilitación y por las consideraciones expuestas resolvió
declararlo inexequible.
[31]
El artículo  8° de la Ley 975 de 2005 consagra que el derecho a la reparación
comprende la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición en los siguientes términos:
“ARTÍCULO
8o. DERECHO A LA REPARACIÓN. El derecho de las víctimas
a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición
de las conductas.
Restitución
es la realización
de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior
a la comisión del delito.
La indemnización
consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.
La rehabilitación
consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas
que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.
La satisfacción
o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a
restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
Las garantías
de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el
desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.
Se entiende
por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de
la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria
histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública
de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
La
reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sico-social de las
poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera
especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de
violencia sistemática…”
(Resalta la Sala).
[32] T-821-07.
[33] Resolución 60/147
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16 de
diciembre de 2007.
[34] T-821-07.
[35] Ver entre otros, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso El
Amparo, Reparaciones, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28,
párr. 16; Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones, Sentencia de 19 de septiembre
de 1996, Serie C No. 29, párr. 38; Caso Caballero Delgado y Santana,
Reparaciones, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No. 31, párr. 17.
[36] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Aloeboetoe y otros,
Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 15.
Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9,
párrs. 27 –28. Caso Godinez Cruz, Sentencia de 21 e julio de 1989, Serie C, No.
8, párrs. 36-37. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana para el cálculo de la indemnización del lucro cesante se debe
tener en cuenta la expectativa probable de vida, si el destinatario de la
indemnización es la misma víctima, y si ésta fue afectada con incapacidad total
y absoluta.
[37] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez,
Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9, párrs. 50-51. Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones,
Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 74-77.
[38] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Aloeboetoe y otros,
Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, Serie C No. 15, párr. 86.
Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 17 de agosto de 1990, Serie C No. 9,
párrs. 27 –28. Caso Godinez Cruz, Sentencia de 21 e julio de 1989, Serie C, No.
8, párr. 86. Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia de 29 de enero de
1997, Serie C No. 31, párrs. 48-51.
[39]
C-916-02
[40] Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas adoptada el 16 de diciembre de 2007.: “21. La rehabilitación
ha de incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y
sociales”.
[41] Ibídem: “22. La satisfacción ha de incluir, cuando
sea pertinente y procedente, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a)
Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones; b) La
verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en
la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y
los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas
que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas
violaciones; c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades
de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la
ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo
explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y
comunidad; d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la
dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente
vinculadas a ella; e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los
hechos y la aceptación de responsabilidades; f) La aplicación de sanciones
judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; g)
Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; h) La inclusión de una exposición
precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario,
así como en el material didáctico a todos los niveles”.
[42]
T-821-07
[43] “23. Las garantías de no repetición han de
incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que
también contribuirán a la prevención: a) El ejercicio de un control efectivo
por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía
de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas
internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la
imparcialidad; c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d)
La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia
sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores
de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de
todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas
armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de los códigos de
conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por
los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad,
los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios
médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal
de empresas comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir,
vigilar y resolver los conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las
leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho
humanitario o las permitan”.
[44] Principio V referente a las Víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario de la Resolución 60/147 aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16 de diciembre de
2007, y en la Resolución 4034 del 29 de noviembre de 1985 por la cual se
establecieron los “Principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso del poder”.
[45] T-572-08.
[46] T-1001-08.
[47] Resolución 60/147
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 16 de
diciembre de 2007 artículo 3 literal b.
[48] T-821-07.
[49] Ibídem.
[50]
La Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General designar un experto
independiente que actualizara el Conjunto de Principios para la protección y
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad i)
conforme la evolución del derecho y las prácticas internacionales en la
materia, ii) que partiera del estudio Independiente sobre el tema, elaborado en
cumplimiento de la Resolución 2003/72 –Luis Jonet 1997- y iii) que recogiera
las opiniones recibidas de los Estados y de las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales. El escrito fue confiado a la
profesora Diane Orentlicher y presentado como Add.1 conjuntamente con el
informe E/CN.4/2005/102.
[51] T-188-07.
[52] Ibídem.
[53] ARTICULO 25. INDEMNIZACIONES Y
COSTAS. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación
del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos
anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la
potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado
si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el
pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás
perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante
el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses
siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá
inmediatamente copia de toda la actuación.
La condena será contra la entidad de que dependa el
demandado y solidariamente contra éste, si se considera que ha mediado dolo o
culpa grave de su parte, todo ellos sin perjuicio de las demás
responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido (Resaltado fuera del texto).
Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez,
éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare
fundadamente que incurrió en temeridad.
Norma que examinado su
constitucionalidad por esta Corporación se concluyó que: “Ningún motivo de
inconstitucionalidad encuentra la Corte en el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991, también acusado en este proceso, puesto que ese precepto se limita a
indicar la natural consecuencia atribuida por el Derecho, en aplicación de
criterios de justicia, a la comprobación del daño que se deriva de acción u
omisión antijurídica, la cual no puede ser distinta del resarcimiento a cargo
de quien lo ocasionó, tal como lo dispone el artículo 90 de la Constitución”(C-543-92)