T-327-15
Referencia: expediente D-8402
Sentencia T-327/15
ACCION DE TUTELA FRENTE A MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Procedencia excepcional como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se
cumplieron los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, ni se evidencia desconocimiento del precedente jurisprudencial en
materia de reliquidación de la asignación de retiro para las fuerzas militares
El presente caso no
cumple con los requisitos generales de procedencia de la tutela
específicamente, en cuanto concierne al cumplimiento de la inmediatez, ya que
la acción fue interpuesta entre 8 y 15 meses después de ser ejecutoriada las
sentencias cuya revisión excepcional se revisa; y al cumplimiento de la
subsidiariedad, ya que el actor no agotó todos los medios extraordinarios de
defensa procesal, como el recurso extraordinario de revisión, no solicitó que
la tutela fuera tramitada como mecanismo transitorio mientras se agotaba dicho
recurso, ni demostró la existencia de un perjuicio irremediable. Así mismo, se concluyó que los jueces accionados no incurrieron en
la configuración de una vía de hecho judicial por desconocimiento del
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en materia del reconocimiento
de la Prima de Actualización entre los años 1993 y 1995, y su cómputo como
factor salarial para la reliquidación de la asignación de retiro del personal
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Referencia: Expediente T-4656053
Acción de tutela instaurada por Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares contra Tribunal Administrativo de Bolivar
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá·, D.C., veintiséis (26) de mayo de
dos mil quince (2015)
La Sala de Selección Número Nueve de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo proferido por
el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Cuarta, que
resolvió confirmar
el fallo de instancia “impugnado, en cuanto declaró improcedente la tutela
frente a las sentencias del 26 de julio, 10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre
y 15 de noviembre de 2012, dictadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar”;
e igualmente decidió  “Revocar el amparo del derecho al debido proceso
de CREMIL. En su lugar 2.1 Denegar por improcedente la tutela, respecto de la
sentencia del 13 de diciembre de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo
de Bolívar”, al resolver las impugnaciones
instauradas tanto por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, como por el
señor Hernando Navas Zawadsky.
La presente acción de tutela fue escogida
para revisión por la Sala de Selección Número Dos, mediante Auto del doce (12) de
febrero de dos mil quince (2015) y repartida a la Sala Novena de Revisión de
esta Corporación para su decisión.
I.
ANTECEDENTES
1. De
los hechos de la demanda
La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(en adelante CREMIL), mediante apoderada judicial, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, y a la igualdad. En consecuencia solicitó al
señor juez de tutela “dejar sin efecto las decisiones adoptadas por el
Tribunal Administrativo de Bolívar sobre el reconocimiento y reliquidación de
las asignaciones de retiro con base en la Prima de actualización, en sentencias
de fechas 26 de julio, 10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre, 15 de noviembre y
13 de diciembre de 2012 actuando como entidad demanda la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares y en su lugar le ordene dejar sin efecto los fallos objeto de
tutela por vía de hecho y adopte la decisión que en derecho corresponda, sin
desconocer las normas legales que dieron lugar al reconocimiento temporal de la
Prima de Actualización, es decir, desde el 1 de enero de 1991 hasta el 31 de
diciembre de 1995”.
Lo anterior con fundamento en los
siguientes hechos:
(i)Que el Tribunal Administrativo de
Bolívar ha proferido ocho (8) sentencias mediante las cuales ha revocado los
fallos de primera instancia que denegaron las pretensiones de las demandas y,
en su lugar, ordenó a CREMIL que reajustara las asignaciones de retiro de los
actores en dichos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, con
inclusión de la prima de actualización en la base de liquidación:
1. Sentencia de 26 de julio de 2012,
expediente: 13001233100620080016301, demandante: Tulia Coley de González,
demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que ordenó la reliquidación
de la asignación de retiro de la demandante en calidad de beneficiaria de
conformidad con la afectación de la base pensional que surgen dentro del
reconocimiento que se le hizo de la prima de actualización.
2. Sentencia de 10 de agosto de 2012,
expediente: 13001333100220070003600, demandante: Juan Javier Suescun Melo,
demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que ordenó la reliquidación
de la asignación de retiro del demandante de conformidad con la afectación de
la base pensional que surge dentro del reconocimiento que se le hizo de la
prima de actualización.
3.Sentencia de 16 de agosto de 2012,
expediente: 13001333100920090014600, demandante: Abdon Abelardo Espinosa
Santodomingo, demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que ordenó la
reliquidación de la asignación de retiro del demandante de conformidad con la
afectación de la base pensional que surge dentro del reconocimiento que se le
hizo de la prima de actualización.
4. Sentencia de 16 de agosto de 2012,
expediente: 13001333100320090021100, demandante: Jorge Enrique Ángel Pineda,
demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que ordenó la reliquidación
de la asignación de retiro del demandante de conformidad con la afectación de
la base pensional que surge dentro del reconocimiento que se le hizo de la
prima de actualización.
5. Sentencia de 18 de octubre de 2012,
expediente: 1300133101220090031100, demandante: Juan Manuel Gallo Zapata,
demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que ordenó la reliquidación
de la asignación de retiro del demandante, con el fin de establecer la
verdadera base de su asignación a 31 de diciembre de 1995 con base en la prima
de actualización y a partir del 1º de enero de 1996 reliquidarla en la forma
prevista en la ley.
6. Sentencia de 25 de octubre de 2012,
expediente: 13001333100320080017600, demandante: Reinaldo Suarez Blanco,
demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que ordenó la reliquidación
de la asignación de retiro del demandante, con el fin de establecer la
verdadera base de su asignación a 31 de diciembre de 1995 con base en la prima
de actualización y a partir del 1º de enero de 1996 reliquidarla en la forma
prevista en la ley.
7. Sentencia de 15 de noviembre de 2012,
expediente: 13001333101320070003801, demandante: José Sebastián Bolaños Nonuya,
demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que ordenó la reliquidación
de la asignación de retiro del demandante, con el fin de establecer la
verdadera base de su asignación a 31 de diciembre de 1995 con base en la prima
de actualización y a partir del 1º de enero de 1996 reliquidarla en la forma
prevista en la ley.
8. Sentencia de 13 de diciembre de 2012,
expediente: 13001333101320090033000, demandante: Hernando Navas Zawadzky,
demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que ordenó la reliquidación
de la asignación de retiro del demandante, con el fin de establecer la
verdadera base de su asignación a 31 de diciembre de 1995 con base en la prima
de actualización y a partir del 1º de enero de 1996 reliquidarla en la forma
prevista en la ley.
A juicio de CREMIL el Tribunal
Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad, por las siguientes razones:
(i)La prima de actualización se creó como
un factor adicional al sueldo básico, de carácter temporal, esto es, reconocido
entre el 1º de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1995, cuya finalidad era
nivelar los salarios de los miembros de la fuerza pública hasta consolidar la
escala gradual porcentual única, prevista en la Ley 4 de 1992.
(ii) Mediante Decreto 107 de 1996, se
consolidó la escala gradual porcentual única y, por ende, a partir de ese año “los
aumentos de ley para la liquidación de las asignaciones de retiro incorporaron
en el sueldo básico del personal en actividad todos los incrementos que por
prima de actualización recibieron entre 1992 a 1995”. Que además, según lo
establecido en el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990 y el artículo 13
(parágrafo) del Decreto 4433 de 2004, dicha prestación tampoco se encuentra
prevista como partida computable en la asignación de retiro.
(iii) Siendo así, a partir del año 1996 no
existe norma que establezca la prima de actualización, ni porcentaje alguno de
liquidación de la misma y, por lo tanto, no puede ser decretada por los años
subsiguientes, al momento de efectuar la liquidación de la asignación de
retiro.
(iii) No obstante lo anterior, en las
sentencias cuestionadas, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a CREMIL
modificar la base de liquidación de las asignaciones de retiro de los
demandantes en el proceso ordinario, con inclusión de la prima de
actualización, y reliquidarlas a partir del 1º de enero de 1996.
(iv) Finalmente, considera que el tribunal
demandado desconoció el precedente fijado por el Consejo de Estado, el cual establece,
que a partir del año 1996, la prima de actualización no puede incluirse como factor
computable en las asignaciones de retiro, en razón a que estuvo vigente
únicamente entre los años 1992 y 1995.
2. Respuesta de entidades accionadas y
otras.
2.1. Intervención del Tribunal
Administrativo de Bolívar
El magistrado titular del despacho 001 del
Tribunal Administrativo de Bolívar pidió que se declarara improcedente la
acción de tutela interpuesta por CREMIL. Luego de citar algunos apartes de las
sentencias cuestionadas, concluyó que se ajustaron a las normas y la
jurisprudencia vigentes, en materia de reajuste de la asignación de retiro, con
inclusión de la prima de actualización. Adicionalmente, el magistrado manifestó
que las providencias censuradas no adolecen de ninguno de los vicios señalados
por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, como causales
específicas para la prosperidad de la tutela contra providencias judiciales,
esto es, los defectos sustantivo, fáctico, procedimental absoluto, orgánico y
el desconocimiento del precedente.
Que en todo caso, el tribunal varió la
tesis contenida en las providencias objeto de tutela, en el sentido de que, a
partir de 1996, la reliquidación de la asignación de retiro, con inclusión de
la prima de actualización, es improcedente, por cuanto “dicho(s) valores se
entiende que fueron incorporados a la asignación de retiro en aplicación de
oscilación de la escala gradual porcentual”. Que sin embargo, ese cambio de
criterio jurisprudencial no implica que las decisiones anteriormente adoptadas
carezcan de fundamento legal o sean caprichosas o arbitrarias.
2.2. Intervención de los terceros con
interés
La apoderada judicial de los demandantes en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó que se denegara la tutela pedida.
Para el efecto, manifestó que, en
principio, todos los miembros de la fuerza pública retirados antes de 1991
fueron excluidos de los beneficios de la prima de actualización, pero que,
mediante sentencias proferidas en 1997, el Consejo de Estado estableció que esa
prestación debió computarse anualmente en las asignaciones de retiro, “desde
1992 hasta 1995 modificando la prestación hasta establecer una nueva al
finalizar dicho periodo. En esto consistía la Nivelación Salarial ordenada en
la ley”.
Sostiene que si bien el reconocimiento de
la prima de actualización fue temporal, lo cierto es que produjo efectos de
carácter permanente en las asignaciones de retiro, pues, de acuerdo con los
decretos que la crearon, constituye factor salarial. Que, de hecho, los
demandantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no pidieron
que se les reconociera la prima de actualización, a partir del año 1996, sino
que se reajustara la asignación de retiro, como consecuencia del cómputo de la
mencionada prima durante el periodo 1992-1995.
Afirma que además, no es cierto que todos
los miembros de la fuerza pública en servicio activo o en uso de buen retiro
hubieran quedado nivelados con el Decreto 107 de 1996, “pues ese fue un decreto
que estableció una escala espuria que no incorporó los valores de los
porcentajes de la Prima de Actualización”. Considera que justamente la
prima de actualización fue el mecanismo creado para nivelar los salarios de los
miembros de la fuerza pública, conforme con lo previsto en la ley 4ª de 1992,
pero ese mecanismo no cobijó al personal retirado antes de 1992.
Por último, señala que el Tribunal
Administrativo de Bolívar no vulneró los derechos fundamentales de CREMIL toda
vez que dictó las sentencias cuestionadas con base en las normas y la
jurisprudencia vigentes, en materia de reajuste de asignación de retiro, con
inclusión de la prima de actualización.
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE
REVISIÓN
1. Fallo de primera
instancia
La Sección Segunda, Subsección
B, del Consejo de Estado, mediante providencia del 13 de mayo de 2014, adujo,
en primer lugar, que la solicitud de amparo presentada por CREMIL, respecto de
las sentencias de 26 de julio, 10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre y 15 de
noviembre de 2012, eran improcedentes porque no cumplían con el requisito de
inmediatez. Sostuvo, que en efecto, las demandas de tutela se presentaron el 9
de diciembre de 2013, esto es, más de 1 año después de que fueron notificados
por edicto los fallos cuestionados.
No obstante lo anterior,
observó que la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2012 cuyo actor es
Hernando Navas Zawadzky, se notificó por edicto el 7 de marzo de 2013, de
manera que el Consejo efectúo un estudio de los argumentos de la entidad
demandante, únicamente respecto de esta sentencia.
A este respecto, el Consejo en
el análisis de fondo, concluyó que el a quo - Tribunal Administrativo de
Bolívar-, desconoció el precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado. En este sentido, afirmó que en la jurisdicción contenciosa
administrativa, el Consejo de Estado es el órgano de cierre cuando conoce de
los asuntos en segunda o única instancia de acuerdo con las reglas establecidas
en el Código Contencioso Administrativo. Así, cuando el asunto es de
conocimiento del Consejo de Estado y éste se ha pronunciado como órgano de
cierre en la jurisdicción, el juez debe aplicar la subregla fijada
jurisprudencialmente, restringiendo la autonomía judicial. De esta manera,
afirmó que el operador jurídico solo podrá apartarse del precedente si
demuestra que los supuestos de hecho son radicalmente diferentes a los que
regula la regla jurisprudencial.
En el caso sub lite encontró
que la entidad actora adujo que las sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, no tuvieron en cuenta las reglas y subreglas
establecidas por el Consejo de Estado respecto del reconocimiento de la
reliquidación de la asignación de retiro a partir de 1996 con la inclusión de
lo reconocido en los años anteriores por prima de actualización. A este
respecto, indicó que el Consejo de Estado, mediante sentencia de 21 de agosto
de 2008, radicado interno No. 1589-2007, precisó sobre el reajuste pensional a
partir de 1996 lo siguiente: “a partir de la fijación de la escala salarial
porcentual por el Decreto 107 de 1996, los valores reconocidos como prima de
actualización fueron incorporados a la asignación señalada para ese año, y en virtud
del principio de oscilación, aplicados a las asignaciones de retiro o pensiones
de los retirados, por ello, no es necesario revisar los reajustes de ley a
partir del año 1996”.
Teniendo en cuenta que el
Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia del 13 de diciembre de 2012,
cuyo demandante es el actor Hernando Navas Zawadzky, no fundamentó su decisión
en los lineamientos trazados por el Consejo de Estado como órgano de cierre de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, consideró que el fallo proferido
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado no fue
expedido conforme a las pautas emitidas por el Consejo de Estado.
Advirtió que el Tribunal
Administrativo de Bolívar debió aplicar las reglas establecidas para este tipo
de casos, los cuales deben seguir una línea respetando los derechos de quienes
devengan la asignación de retiro. Evidenció que el Tribunal desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado en la materia, como órgano de cierre,
respecto a la liquidación de la asignación de retiro a partir del año 1996, la
cual se fijó en el Decreto 107 de 1996 mediante la escala gradual porcentual,
de manera que dicha sentencia fue expedida con violación del precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado.
En consecuencia, el a quo amparó
el derecho al debido proceso de CREMIL, dejó sin efectos la sentencia del 13 de
diciembre de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor
Hernando Navas Zawdazky, y le ordenó a esa autoridad judicial proferir un nuevo
fallo en el que se tuviera en cuenta los lineamientos jurisprudenciales del
Consejo de Estado.
2. Objeto de la impugnación
2.1 CREMIL
En escrito del 26 de septiembre
de 2014, la abogada de CREMIL centró su inconformidad con los fallos de primera
instancia en el hecho de que el a quo no debió declarar improcedente la acción
de tutela, respecto de las sentencias del 26 de julio, del 10 y 16 de agosto,
del 18 de octubre y del 15 de noviembre de 2012, por cuanto el estudio de la
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso
prevalece sobre la verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez.
Consideró que si bien esas
providencias quedaron ejecutoriadas en el año 2012 y la demanda de tutela se
presentó el 9 de diciembre de 2013, lo cierto es que, al igual el fallo del 13
de diciembre de 2012, cuyo actor es el señor Hernando Navas Zawadzky, dichas
providencias judiciales desconocieron el precedente fijado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en materia de reajuste de la asignación de
retiro, con inclusión de la prima de actualización, y, por ende, también
debieron dejarse sin efectos jurídicos.
2.2 Hernando Navas Zawadzky
A través de apoderada judicial,
el señor Hernando Navas Zawadzky pidió que se revoque el fallo de primera
instancia y, en su lugar, se declare improcedente la tutela interpuesta por
CREMIL, en lo relacionado con la sentencia del 13 de 2012, dictada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar. En general, reiteró los argumentos
expuestos en la intervención y, adicionalmente, recalcó que el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho no solicitó el reconocimiento de la
prima de actualización después del año 1995, sino el reajuste de la asignación
de retiro, por cuenta de la modificación de la base prestacional resultante de
la inclusión de la prima de actualización en la liquidación de la prestación.
3. Decisión de segunda instancia
La Sección Cuarta del Consejo de
Estado, resolvió confirmar el fallo “impugnado, en cuanto declaró
improcedente la tutela frente a las sentencias del 26 de julio, 10 y 16 de
agosto, 18 y 25 de octubre y 15 de noviembre de 2012, dictadas por el Tribunal
Administrativo de Bolívar”. Igualmente decidió  “Revocar el amparo del
derecho al debido proceso de CREMIL. En su lugar 2.1 Denegar por improcedente
la tutela, respecto de la sentencia del 13 de diciembre de 2012, dictada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar”. En su lugar: “Denegar por
improcedente la tutela, respecto de la sentencia del 13 de diciembre de 2012,
dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar”.
Como fundamento de su decisión expuso
los siguientes argumentos:
(i)Analizó la finalidad de
la acción de tutela, así como los requisitos procesales o de procedibilidad
genéricos de la acción de tutela. Igualmente se refirió a los defectos o vicios
que pueden dar lugar a la procedencia de una acción de tutela contra
providencias judiciales.
(ii) Advirtió que al demandante
le corresponde identificar y sustentar la causal específica de procedibilidad y
exponer las razones que sustentan la violación a los derechos fundamentales. Lo
anterior, puesto que no son suficientes las simples inconformidades con
decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que el interesado debe
demostrar que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las causales
específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
(iii) Por tanto, frente al
caso en concreto consideró necesario verificar si la acción de tutela cumplía con
el requisito de inmediatez.
En relación con la
inmediatez, reiteró que la Corte constitucional ha señalado en diferentes
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del actor y la
presentación de la demanda, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no solo tiene que ver con la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a
la seguridad jurídica y a los derechos de los terceros que pudieran resultar
afectados.
Mencionó que en fallo
reciente esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, es un término razonable para ejercer
la acción de tutela contra providencias judiciales oportunamente, en
consideración a “la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos
en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios
contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de
que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad”
(sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014). Afirmó que de hecho, antes
de la sentencia de la Sala Plena, esa sección ya venía aplicando el criterio de
que seis meses es el término razonable para ejercer la acción de tutela contra
providencias judiciales.
Para el Consejo, lo
anterior implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de tutela. Considera que la inmediatez es más bien un requisito que busca que
la acción se presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento
en que se tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos
fundamentales. Justamente porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la
acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial.
Por lo tanto, la Sala del
Consejo de Estado concluyó que el interesado en obtener el amparo de los
derechos fundamentales debe instaurar la acción de tutela cuando tiene
conocimiento de la consolidación del hecho, acto u omisión que constituye la
violación o amenaza, pues ese momento marca el punto de partida para analizar
si la acción ha sido interpuesta oportunamente. Una demora injustificada en
ejercer la acción desvirtúa el fin de la acción de tutela, tornándola
improcedente.
De conformidad con lo
anterior, el Consejo concluyó que la solicitud de amparo formulada por CREMIL
carecía del requisito de inmediatez, por cuanto fue presentada el 6 de
diciembre de 2013, mientras que las providencias atacadas fueron proferidas y
notificadas en las siguientes fechas:
Número de proceso
Fecha de la Sentencia
Fecha de notificación
por edicto
Tiempo transcurrido
entre la interposición de la demanda de tutela y la notificación de la
sentencia
13001-23-31-006-2008-00163-01
Demandante: Tulia Coley
de González
26 de julio de 2012
16 de agosto de 2012
(fl.28 vto)
Más de 15 meses
13001-33-31-003-2007-00036-02
Demandante: Juan Javier
Suescún Melo
10 de agosto de 2012
24 de agosto de 2012
(fl. 43 vto)
Mäs de 15 meses
13001-33-31-009-2009-00146-01
Demandante: Abdón
Abelardo Espinosa Santodomingo
16 de agosto de 2012
18 de septiembre de 2012
(según información del sistema de consulta de procesos)
Más de 14 meses
13001-33-31-003-2009-00211-01
Demandante: Jorge
Enrique Angel Pineda
16 de agosto de 2012
30 de agosto de 2012
(fl.79)
Más de 15 meses
13001-33-31-012-2009-00311-01
Demandante: Juan Manuel
Gallo Zapata
18 de octubre de 2012
6 de diciembre de 2012
(fl.93)
Un (1) año
13001-33-31-003-2008-00176-01
Demandante: Reynaldo Suárez
Blanco
25 de octubre de 2012
21 de noviembre de 2012
(fl.109)
Más de un (1) año
13001-33-31-013-2007-00038-01
Demandante: José
Sebastián Bolaños Nonuya
15 de noviembre de 2012
29 de noviembre de 2012
(fl.119)
Más de un (1) año
13001-33-31-013-2009-00330-01
Demandante: Hernando
Navas Zawadzky
13 de diciembre de 2012
7 de marzo de 2013
(fl.139)
Más de 8 meses
El Consejo de Estado
consideró que si bien el a quo concedió el amparo solicitado por CREMIL, frente
a la sentencia del 13 de diciembre de 2012, dictada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, lo cierto es que esa entidad dejó transcurrir entre
8 y 15 meses para ejercer la acción de tutela contra las providencias arriba
señaladas, circunstancia que, a juicio de la Sala desconoce el requisito de
inmediatez.
Ahora, no advirtió al Ad
quem, ni CREMIL lo alegó, que existan circunstancias de tiempo, modo y lugar
que le hubiesen impedido ejercer la acción de tutela en tiempo. Todo lo
contrario, el juez de segunda instancia afirmó que no cabía duda que desde que
se notificaron las sentencias del Tribunal Administrativo de Bolívar la parte
actora pudo advertir la vulneración que ahora alega y, por lo tanto, debió
presentar la tutela tan pronto tuvo conocimiento de esas decisiones.
En el sub lite, pues, no
hay una razón válida que justifique la tardanza de CREMIL en solicitar la
tutela de los derechos presuntamente vulnerados, sino que, por el contrario, se
observa que la inactividad obedeció a su propio desinterés.
(iv) De conformidad con lo
anterior, consideró que existía razón suficiente para desestimar los argumentos
expuestos en las impugnaciones. En consecuencia, dispuso declarar improcedente
todos los fallos impugnados de primera instancia.
III. PRUEBAS ALLEGADAS AL
PROCESO
- Copias simples de las sentencias
proferidas por el Tribunal Administrativo de Bolívar de fechas 26 de julio,  10
de agosto, 16 de agosto, 16 de agosto, 25 de octubre, 15 de noviembre, todas
del 2012.
- Copia simple de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar del 13 de diciembre de
2012, accionante Hernando Navas Zawadzky.
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del
proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y
241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
La Sala encuentra que el
problema jurídico que debe solucionar en la presente oportunidad es si existe
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho a la
igualdad de los accionantes por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar,
que mediante sentencias del 26 de julio, 10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre, 15 de
noviembre y 13 de diciembre de 2012, decidió denegar por improcedentes estas
acciones, con lo cual presuntamente desconoció  el precedente jurisprudencial
establecido y consolidado por
el Consejo de Estado respecto del reconocimiento de la reliquidación de la
asignación de retiro a partir de 1996, con la inclusión de lo reconocido en los
años anteriores por prima de actualización, de manera que habría incurrido en
una vía judicial de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial de
un órgano de cierre.
Para solucionar este problema jurídico, la Sala
deberá preliminarmente determinar si la presente tutela es procedente, de
manera que reiterará su jurisprudencia en relación tanto con los requisitos
generales, como con los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
Si la
Sala encuentra que la presente tutela es procedente, procederá a realizar el
análisis de fondo respecto de la configuración de vía judicial de hecho
judicial alegada.
3. Requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela
3.1 Sobre la procedibilidad de la acción
de tutela
La acción de tutela consagrada en el
artículo 86 C.P. constituye un  mecanismo de defensa judicial que permite la
protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona,
cuando la acción u omisión de cualquier autoridad pública o incluso de los
particulares[1],
vulnera o amenaza tales derechos constitucionales.[2]
Este mecanismo privilegiado de protección,
debe cumplir, sin embargo, con los requisitos de (i) relevancia
constitucional, en cuanto sea una cuestión que plantea una discusión de
orden constitucional al evidenciarse una afectación de un derecho
fundamental; (ii) inmediatez, ya que la acción de tutela se concibe
como un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, de
acuerdo con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iii) subsidiariedad,
en razón a que este mecanismo sólo procede cuando se han agotado todas los
medios de defensa por las vías judiciales ordinarias antes de acudir al juez de
tutela.
(i)Respecto de la relevancia constitucional, esta
Corporación ha sostenido que “la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Para la Corte, el juez constitucional no puede
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones”.[3]
(ii) En relación con el
requisito de inmediatez, reitera la Sala que este principio exige que el
ejercicio de la acción de tutela debe ser oportuno, es decir, dentro de un
término y plazo razonable, pues la tutela, por su propia naturaleza
constitucional, busca la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales y por ello la petición ha de ser presentada
dentro de un marco temporal razonable respecto de la ocurrencia de la amenaza o
violación de los derechos fundamentales.
Así, si bien la regulación de
la acción de tutela no prescribe un término para la presentación de este
mecanismo de protección, la jurisprudencia de la
Corte ha señalado que la acción de tutela, por su propia naturaleza y
teleología encaminada a la protección inmediata de los derechos
fundamentales, debe ser ejercida por los ciudadanos que consideren vulnerados
sus derechos fundamentales en un plazo razonable y oportuno, esto es, mientras
sus derechos estén siendo vulnerados o exista la amenaza o riesgo de un
perjuicio irremediable. Es importante resaltar que en acciones de tutela contra
providencias judiciales, como en este caso, se debe realizar un análisis más
riguroso respecto del requisito de inmediatez, ya que se pretende cuestionar
una sentencia que pone fin a un conflicto judicial que prima facie
cuenta con una presunción de constitucionalidad y legalidad, la cual debe ser
desvirtuada.
En este sentido, es necesario
que en todos los casos se demuestre que la tutela se presentó de manera
inmediata, esto es, dentro de un término oportuno y razonable, requisitos que
deben ser considerados por el juez constitucional para cada evento, ya que el
mecanismo de la tutela debe ser utilizado para prevenir un daño inminente o
para que cese un perjuicio que se esté causando al momento de ejercer esta
acción. Lo anterior implica para el accionante el deber de no dejar pasar un
tiempo excesivo, irrazonable o injustificado desde que, a su juicio, se
vulneraron sus derechos constitucionales.
(iii)En cuanto a que el mecanismo de tutela
es un requisito residual y subsidiario[4], esta Corte ha establecido que solo
procede cuando (i) el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial en el ordenamiento, - caso en el cual la tutela entra a salvaguardar
de manera inmediata los derechos fundamentales invocados -, o (ii) cuando
existiendo otro medio de defensa judicial, éste (iii) o no resulta
idóneo para el amparo de los derechos vulnerados o amenazados,[5] o (iv) la
tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.[6]
En aquellos casos en que se constata la existencia de otro medio de
defensa judicial, establecer  la idoneidad del mecanismo de protección
alternativo supone, en los términos del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991,
que el otro medio de defensa judicial debe ser evaluado en concreto, es
decir, teniendo en cuenta su eficacia en las circunstancias específicas que se
invoquen en la tutela.[7]
Por tal razón, el juez de la causa, debe establecer si ese mecanismo  permite
brindar una solución “clara, definitiva y precisa”[8] a los
acontecimientos que se ponen en consideración en el debate constitucional, y su
habilidad para proteger los derechos invocados. En consecuencia, “el otro
medio de defensa judicial existente, debe, en términos cualitativos, ofrecer la
misma protección que el juez constitucional podría otorgar a través del
mecanismo excepcional de la tutela”.[9]
Para apreciar el medio de defensa alternativo, la jurisprudencia ha
estimado conducente tomar en consideración entre otros aspectos“(a)el objeto
del proceso judicial que se considera que desplaza a la acción de tutela”
y, “(b) el resultado previsible de acudir al otro medio de defensa judicial
respecto de la protección eficaz y oportuna de los derechos
fundamentales.[10]”
Tales elementos, junto con el análisis de las circunstancias concretas del
caso, permiten comprobar si el mecanismo judicial de protección alterno es
conducente o no  para la defensa de los derechos que se estiman lesionados. De
ser ineficaz, la tutela será procedente. Si el mecanismo es idóneo para la
protección de los derechos, se deberá acudir entonces al medio ordinario de
protección, salvo que se solicite o se desprenda de la situación concreta, que
la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio
irremediable. [11]
3.2 Requisitos especiales de procedibilidad de la tutela
como mecanismo transitorio
La tutela se puede presentar como un mecanismo principal, esto es en
los casos en los que no haya otro medio judicial para reclamar los derechos que
el tutelante considera se le han vulnerado; o como un mecanismo transitorio, en
los casos en los que haya medio de defensa judicial ordinario idóneo pero el
cual no sea el indicado por presentarse el riesgo o la amenaza de un perjuicio
irremediable, el cual debe ser evitado o subsanado según sea el caso. En
relación con este perjuicio, ha señalado la jurisprudencia constitucional que
éste debe ser inminente, grave, urgente e impostergable, esto es, que el riesgo
o amenaza de daño o perjuicio debe caracterizarse por tratarse de “… una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) [porque] … el daño o menoscabo
material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren
para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad”[12].
Cuando se alega perjuicio irremediable, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que en general quien
afirma una vulneración de sus derechos fundamentales con estas características
debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, pues la
informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea
de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones.
En este
orden de ideas, de conformidad con el art. 86 Superior un juez de tutela se
encuentra frente a un perjuicio irremediable, cuando se presenta  “la
posibilidad cierta y próxima de un daño irreversible frente al cual la decisión
judicial ordinaria que resuelva el litigio pudiera resultar tardía”,[13] de
manera que es procedente y debe prosperar la acción de tutela “con efectos
temporales mientras se tramita el juicio, con el fin de evitar que aquél se
perfeccione”.[14]
En este sentido, este Tribunal ha recabado sobre la excepcionalidad
de la tutela como mecanismo transitorio, su aplicación e interpretación
estricta, y la temporalidad de las órdenes emitidas en ella, ya que el juez de
tutela no puede asumir la competencia del juez ordinario correspondiente para
decidir de manera definitiva un asunto de su jurisdicción, sino que procede
como mecanismo transitorio al ser un medio expedito, oportuno y efectivo con el
cual se puede evitar la ocurrencia de un daño o perjuicio irremediable que
ocurriría en el interregno de la toma de la decisión definitiva. A este
respecto ha sostenido que "[l]a posibilidad de conceder este tipo
específico de protección judicial es excepcional, según se desprende del
artículo 86 de la Constitución, y por tanto el alcance de las normas
pertinentes es de interpretación estricta. No se busca que el juez de
tutela asuma la competencia del ordinario o especializado entrando a resolver
de fondo el asunto litigioso planteado, sino de ofrecer al titular del
derecho un medio expedito y eficaz para evitar un daño respecto del cual la
decisión judicial definitiva llegaría demasiado tarde y apenas haría posible un
resarcimiento "a posteriori", es decir, sobre la base de un hecho
cumplido".[15]
(Énfasis de la Sala)
Igualmente, ha afirmado la jurisprudencia constitucional que el Juez
de tutela debe expresar en la sentencia que su orden es de carácter temporal, puesto
que “…permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial
competente utilice para decidir de fondo la acción instaurada por el afectado”.
También ha estimado como término razonable para que el actor tutelar interponga
los recursos judiciales previstos por las vías ordinarias un tiempo de entre
tres a cuatro meses a partir de la notificación del fallo de tutela, así como
que la tutela quedará sin efectos si el actor no inicia las acciones judiciales
correspondientes.
3.3 Procedencia de la acción de tutela contra
sentencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
En cumplimiento de su deber de suprema guardiana de
los principios, valores, derechos y preceptos de la
Constitución Política, de conformidad con el mandato contenido en el artículo
241 Superior, y en su calidad de máxima intérprete de la
Carta y unificadora de la jurisprudencia constitucional, esta Corporación ha
sentado una sólida línea jurisprudencial en relación con la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y los requisitos para la misma.
En este sentido, la
Corte ha buscado una correcta ponderación y un debido equilibrio entre la
vigencia del principio constitucional relativo al respeto y garantía de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, de un lado, y por el respeto de la
autonomía e independencia de los jueces, y la seguridad jurídica, de otro
lado.
En cuanto al primer principio, relativo al respeto y
garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, para esta Corporación
es claro que dentro del marco normativo del Estado Social y Constitucional de
Derecho está plenamente justificada la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, cuando se presente vulneración de los derechos
fundamentales por estas decisiones, en razón a que todas las ramas del poder
público –legislativa, ejecutiva y judicial- tienen el deber de respetar los
derechos fundamentales, y por cuanto las autoridades judiciales pueden llegar a
vulnerar estos derechos, escenario en el cual debe proceder la garantía
constitucional de la tutela.
3.3.1 En este sentido, para la Sala son manifiestas las razones
iusfilosóficas y constitucionales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales:
(i) Las razones de orden constitucional obedecen en
primer lugar, a que la
Constitución Política es norma de normas, tiene la mayor jerarquía normativa
al encontrarse en la cúspide de la pirámide del ordenamiento  jurídico, y por
tanto constituye el máximo precepto normativo con la máxima vigencia y máxima
eficacia jurídica. En segundo lugar, y en consonancia con la premisa anterior,
en razón a que existe un claro mandato de orden constitucional relativo a que
todos los poderes públicos –ejecutivo, legislativo y judicial-, y por ende
todas las autoridades públicas, deben respetar los derechos fundamentales. Lo
anterior significa, que los derechos fundamentales vinculan por igual a todas
las autoridades públicas, a todas las ramas del poder público y a todas las
entidades y organismos del Estado. En tercer lugar, debido a que por expreso
mandato constitucional, la acción de tutela procede sin excepción contra
todas las autoridades públicas de todas las ramas del poder público. Y
finalmente, con fundamento en que el supremo intérprete de la
Constitución es el Tribunal Constitucional.
(ii) Las razones de orden iusfilosófico atienden a las
siguientes consideraciones: (a) los derechos fundamentales constituyen pilares
normativos sine qua non de un Estado Constitucional y Democrático de
Derecho y operan como límites frente al mismo Estado y sus poderes públicos
constituidos; (b) si bien en un Estado constitucional de Derecho se debe buscar
un ponderado equilibrio entre la vigencia de los principios relativos al
respeto de los derechos fundamentales y la justicia, de una parte, y el respeto
de la autonomía e independencia judicial y la seguridad jurídica, de otra; en
caso (c) de una afectación eminente, prominente y grave de los derechos
fundamentales por parte de los operadores jurídicos o administradores de justicia,
en el juicio de ponderación por parte del juez constitucional debe prevalecer
la garantía de los derechos fundamentales y el logro de la justicia, por cuanto
la independencia y autonomía judicial y la seguridad jurídica encuentran su
límite normativo en el respeto de estos derechos.
3.3.2 Ahora bien, en la búsqueda del equilibrio
ponderado entre los principios y valores aludidos y con el fin de garantizar la
vigencia del principio de autonomía e independencia judicial y de la seguridad
jurídica, es necesario garantizar que sólo proceda la tutela excepcionalmente
en aquellos casos cuando en verdad exista una vulneración evidente, prominente
y grave de los derechos fundamentales. La jurisprudencia de esta Corporación ha
exigido entonces, para la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, no solamente el cumplimiento estricto de los requisitos generales
de procedibilidad para toda acción tutelar, sino adicionalmente, la exigencia
de la configuración de la llamada “vía de hecho judicial”, requisito que
hace alusión a la existencia de un defecto dentro del proceso judicial que
genera la vulneración de un derecho fundamental.
“De acuerdo con el estado actual de la
jurisprudencia, la acción de tutela contra sentencias judiciales es un
instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la
decisión del juez incurre en graves falencias, de relevancia constitucional,
las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. En este
sentido, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como
un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del fallo
cuestionado[16], lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron origen
a la controversia, más aún cuando las partes cuentan con los recursos
judiciales, tanto ordinarios como extraordinarios, para combatir las decisiones
que estiman arbitrarias o que son incompatibles con la Carta Política. Empero, pueden
subsistir casos en que agotados dichos recursos, persiste la arbitrariedad
judicial; en esos especiales casos es que se habilita el amparo constitucional.”
Así, esta Corte se ha pronunciado en Sala Plena
–Sentencia C-590 de 2005- sobre los requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, afirmando que dicha procedencia se
explica “tanto desde un punto de vista literal e histórico[17],
como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[18]
e, incluso, a partir de la ratio decidendi[19] de la sentencia C-543 de  1992[20],
siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia
constitucional”[21]
y, con criterio restrictivo, esto es, solo si se evidencia una vía de hecho que
se constate de manera evidente.
En este sentido, ha establecido este Tribunal que la
tutela contra providencias judiciales procede cuando se cumplen no solo los
requisitos formales o generales ya mencionados por esta Sala, sino también
algunos requisitos especiales de procedibilidad relativos específicamente a la
tutela contra providencias judiciales. Los requisitos básicos especiales de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales han sido determinados y
desarrollados por la jurisprudencia constitucional,[22] en la que se
ha señalado la configuración de una vía de hecho judicial cuando se
observaba alguno(s) de estos cuatro defectos: sustantivo, orgánico,
procedimental  o fáctico. Pasa la Sala a referirse muy brevemente a estos
defectos.
(i) El defecto sustantivo hace relación a
cuando el juez decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
cuando en los fallos se presenta una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión[23].
(ii) El defecto orgánico hace referencia, por su parte, a la carencia
absoluta de competencia del funcionario que dicta la sentencia. (iii) De otra
parte, el defecto procedimental absoluto se presenta cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido[24].
En cuanto al defecto procedimental esta Corte ha exigido que “(iv) en caso
de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la
decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el
actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y
que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible; y (iv) que el fallo impugnado no sea de tutela[25]”.[26] (iv)
Finalmente, el defecto fáctico se refiere a la producción, validez o
apreciación del material probatorio. En este último caso y en atención a la
independencia judicial, esta Corporación ha establecido que el campo de
intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente
restringido. Esta línea jurisprudencial ha sido ratificada y desarrollada en
numerosa jurisprudencia de esta Corte[27].
(ii) Igualmente, esta Sala ha determinado que la
tutela procede igualmente contra providencias judiciales cuando existe lugar a error
inducido[28]; decisión sin motivación;
desconocimiento del precedente constitucional[29]; y violación directa a la
Constitución[30].
(a) El error inducido es también conocido como vía
de hecho por consecuencia, y hace referencia al evento en el cual, a pesar
de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario
judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien
sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público[31].
(b) En cuanto a la falta de motivación de las
decisiones judiciales constituye una causal de procedencia de la tutela
contra providencias judiciales en tanto la motivación es un deber de los
funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento
democrático[32].
(c) De otra parte, ha determinado este Tribunal que el
desconocimiento del precedente jurisprudencial de un órgano de cierre constituye
una causal de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en
cuanto, o bien se desconoce una sentencia de constitucionalidad con efectos erga
omnes de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades públicas, o
bien se desconoce el precedente jurisprudencial en materia de derechos
fundamentales y el juez ordinario aplica una ley limitando o restringiendo
sustancialmente dicho alcance.
Finalmente, considera esta Corporación conveniente
insistir en que el ideal normativo a lograr, es la existencia de un debido
equilibrio entre la preservación de la supremacía de los derechos
fundamentales, de una parte, y la autonomía e independencia judicial y la
seguridad jurídica, de otra parte, razón por la cual el ámbito de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales está clara y
estrictamente delimitado por el Tribunal Constitucional, de manera que se
restringe a aquellos casos excepcionales en que se cumplan de manera estricta
los requisitos de procedibilidad tanto generales como especiales, en donde se
evidencie una manifiesta, protuberante y grave violación de los derechos
fundamentales por parte de los jueces mediante sus providencias judiciales.
3.3.3 En síntesis, encuentra la Sala que la acción de tutela contra
providencias judiciales es procedente en aquellos casos en los que se logre
determinar con claridad (i) el cumplimiento de los requisitos formales o
generales de procedibilidad de la acción; (ii) alguno(s) de los requisitos
especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; y (iii) se verifique la necesidad de intervención del juez de
tutela, para evitar la consumación de un perjuicio relativo a un derecho
fundamental[33].
Pasa la Corte a determinar si la presente acción
cumple con los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
IV. ANALISIS CONSTITUCIONAL DEL CASO
EN CONCRETO: IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA
1. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(en adelante CREMIL), mediante apoderada judicial, presentó acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, por vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, y a la igualdad. En consecuencia, solicitó al
señor juez de tutela dejar sin efecto las decisiones adoptadas por el Tribunal
Administrativo de Bolívar sobre el reconocimiento y reliquidación de las
asignaciones de retiro con base en la Prima de Actualización, ordenando a
CREMIL que reajustara las asignaciones de retiro de los actores como
consecuencia de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho con
inclusión de la prima de actualización en la base de liquidación, mediante las sentencias
de fechas 26 de julio, 10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre, 15 de noviembre y
13 de diciembre de 2012, actuando como entidad demanda la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares. En su lugar, solicitó al juez de tutela dejar sin efecto los
fallos objetados por configuración de vía de hecho judicial por desconocimiento
del precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado en la materia, y
adoptar la decisión que en derecho corresponda, sin desconocer las normas
legales que dieron lugar al reconocimiento temporal de la Prima de
Actualización, es decir, desde el 1 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre
de 1995.
2. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela interpuesta por CREMIL, ya que
considera que sus sentencias se ajustaron a las normas y la jurisprudencia
vigentes, en materia de reajuste de la base de liquidación para la asignación de
retiro, con inclusión de la Prima de Actualización reconocida hasta el 31 de
diciembre de 1995. Por esta razón, considera que las providencias censuradas no
adolecen de ninguno de los vicios para la configuración de vía de hecho
judicial por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
3. La apoderada judicial de los demandantes en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho se opuso a las pretensiones de la
demanda y solicitó que se denegara la tutela pedida, teniendo en cuenta que los
demandantes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no pidieron
que se les reconociera la prima de actualización, a partir del año 1996, sino
que se reajustara la base de liquidación para la asignación de retiro, como
consecuencia del cómputo de la mencionada Prima durante el periodo comprendido
entre 1992-1995, de conformidad con las normas vigentes y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, en materia de reajuste de asignación de retiro, con
inclusión de la prima de actualización.
4. La Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado, mediante providencia del 13 de mayo de 2014, afirmó en
primer lugar, que la solicitud de amparo presentada por CREMIL, respecto de las
sentencias de 26 de julio, 10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre y 15 de
noviembre de 2012, eran improcedentes porque no cumplían con el requisito de
inmediatez. Que en efecto, la demanda de tutela se presentó el 9 de diciembre
de 2013, esto es, más de 1 año después de que fueron notificados por edicto los
fallos cuestionados.
No obstante lo anterior,
observó que la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2012 cuyo actor es
Hernando Navas Zawadzky, se notificó por edicto el 7 de marzo de 2013, de
manera que el Consejo efectúo un estudio de los argumentos de la entidad
demandante, únicamente respecto de esta sentencia, respecto de la cual consideró
que el fallo proferido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho cuestionado no fue expedido conforme a las reglas emitidas por el
Consejo de Estado.
5. La precitada sentencia fue objeto de
impugnación por CREMIL, mediante escrito del 26 de septiembre de 2014. La
accionante centró su inconformidad con el fallo de primera instancia en el
hecho de que el Consejo de Estado no debió declarar improcedente la acción de
tutela, respecto de las sentencias del 26 de julio, del 10 y 16 de agosto, del
18 de octubre y del 15 de noviembre de 2012, por cuanto el estudio de la
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso
prevalece sobre la verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez.
Igualmente, argumentó que si
bien esas providencias quedaron ejecutoriadas en el año 2012 y la demanda de
tutela se presentó el 9 de diciembre de 2013, lo cierto es que, al igual el
fallo del 13 de diciembre de 2012 (actor: Hernando Navas Zawadzky),
desconocieron el precedente fijado por la Sección Segunda del Consejo, en materia
de reajuste de la asignación de retiro, con inclusión de la prima de
actualización, y, por ende, también debieron dejarse sin efectos jurídicos.
6. El actor Hernando Navas Zawadzky, a través
de apoderada judicial, también impugnó la decisión del Consejo de Estado, pidiendo
que se revoque este fallo, y en su lugar, se declare improcedente la tutela
interpuesta por CREMIL, en lo relacionado con la sentencia del 13 de 2012,
dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar. En este sentido, reiteró los
argumentos expuestos en la intervención y, adicionalmente, recalcó que el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no solicitó el reconocimiento
de la prima de actualización después del año 1995, sino el reajuste de la
asignación de retiro, por cuenta de la modificación de la base prestacional
resultante de la inclusión de la prima de actualización en la liquidación de la
prestación.
7. En decisión de segunda instancia la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, resolvió confirmar el fallo impugnado, en
cuanto declaró improcedente la tutela frente a las sentencias del 26 de julio,
10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre y 15 de noviembre de 2012, dictadas por
el Tribunal Administrativo de Bolívar. Igualmente decidió revocar el amparo del
derecho al debido proceso de CREMIL, y en su lugar denegar por improcedente la
tutela, respecto de la sentencia del 13 de diciembre de 2012, dictada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.
La anterior decisión se fundamentó en
la falta de inmediatez de las tutelas presentadas, ya que la solicitud de
amparo formuladas por CREMIL fueron presentadas el 6 de diciembre de 2013,
mientras que las providencias atacadas fueron proferidas y notificadas entre 8
y 15 meses atrás.
8. Improcedencia de la presente acción
de tutela
De conformidad con el acervo
probatorio existente dentro del presente expediente de tutela, la
Sala concluye que la acción tutelar en el presente caso resulta improcedente,
en razón a que (i) no cumple ni con los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente, con el requisito de inmediatez; (ii) igualmente, tampoco llena
los requisitos especiales para que proceda la tutela contra providencias
judiciales, pues la Corte no evidencia la configuración de una vía de hecho
judicial por desconocimiento del precedente jurisprudencial en materia de
reliquidación de la asignación de retiro para las fuerzas militares, como lo
pasa a exponer la Sala:
8.1 En primer lugar, sea el caso precisar que la presente
acción instaurada por CREMIL a
través de apoderado judicial, se circunscribe a un caso de tutela contra
providencias judiciales por presunta configuración de vía de hecho judicial por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, en contra de unas sentencias
del Tribunal Administrativo de Bolívar, calendadas el 26 de julio, 10 y 16 de
agosto, 18 y 25 de octubre y 15 de noviembre de 2012, en donde se resolvieron
en segunda instancia unos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del actor. Mediante las sentencias demandadas el Tribunal Administrativo
de Bolivar ordenó (i) la reliquidación de la asignación de retiro de algunos de
los demandantes de conformidad con la afectación de la base pensional que surge
dentro del reconocimiento que se le hizo de la prima de actualización; y la
(ii) la reliquidación de la asignación de retiro de los demás demandantes, con
el fin de establecer la verdadera base de su asignación a 31 de diciembre de 1995
con base en la prima de actualización y a partir del 1º de enero de 1996
reliquidarla en la forma prevista en la ley.
En consecuencia, es claro para la
Sala que el presente asunto se trata entonces de analizar si en los procesos
de nulidad y restablecimiento del derecho  incoados por los actores y fallados
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que culminaron con
las Sentencias del 26 de julio, 10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre y 15 de
noviembre de 2012, mediante las cuales el Tribunal ordenó la reliquidación de
la asignación de retiro de miembros retirados de las fuerzas militares,
incluyendo en la base de liquidación la prima de actualización de carácter
transitorio reconocida entre los años  1992 y 1995, se incurrió o no en una vía
judicial de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial sentado
por el Consejo de Estado en la materia.
8.2 La Sala concluye que la presente acción de tutela es
improcedente por falta de cumplimiento tanto de los requisitos generales, como
de los especiales de procedencia de la tutela contra sentencias judiciales, tal
y como se pasa a explicar.
8.2.1 Incumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad.
8.2.1.1 Improcedencia por falta de
inmediatez
En relación con el requisito de
inmediatez, reitera la Sala que este principio exige que el ejercicio de la acción de tutela debe
ser oportuno, es decir, dentro de un término y plazo razonable, pues la tutela,
por su propia naturaleza constitucional, busca la protección inmediata
de los derechos constitucionales fundamentales y por ello la petición ha de ser
presentada dentro de un marco temporal razonable respecto de la ocurrencia de
la amenaza o violación de los derechos fundamentales.
Así, si bien la regulación de
la acción de tutela no prescribe un término para la presentación de este
mecanismo de protección, la jurisprudencia de la
Corte ha señalado que la acción de tutela, por su propia naturaleza y
teleología encaminada a la protección inmediata de los derechos
fundamentales, debe ser ejercida por los ciudadanos que consideren vulnerados
sus derechos fundamentales en un plazo razonable y oportuno, esto es, mientras
sus derechos estén siendo vulnerados o exista la amenaza o riesgo de un
perjuicio irremediable. Es importante resaltar que en acciones de tutela contra
providencias judiciales, como en este caso, se debe realizar un análisis más
riguroso respecto del cumplimiento del requisito de inmediatez, ya que se
pretende cuestionar una sentencia que pone fin a un conflicto judicial que prima
facie cuenta con una presunción de constitucionalidad y legalidad, y de
cosa juzgada, la cual debe ser desvirtuada.
En este sentido, es necesario
que en todos los casos se demuestre que la tutela se presentó de manera
inmediata, esto es, dentro de un término oportuno y razonable, requisitos que
deben ser considerados por el juez constitucional para cada evento, ya que el
mecanismo de la tutela debe ser utilizado para prevenir un daño inminente o
para que cese un perjuicio que se esté causando al momento de ejercer esta
acción. Lo anterior implica para el accionante el deber de no dejar pasar un
tiempo excesivo, irrazonable o injustificado desde que, a su juicio, se
vulneraron sus derechos constitucionales.
De esta manera, la
Corte encuentra en el presente caso se encuentran justificados los argumentos
esgrimidos por los jueces de tutela, especialmente por el juez de segunda
instancia, en cuanto al plazo poco o nada razonable que se evidencia en estos asuntos
frente a la presentación de la acción de tutela por parte de CREMIL, ya que de
conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia claramente
que el accionante dejó transcurrir entre ocho (8) y quince (15) meses desde la
notificación de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, de manera que no se evidencia la inmediatez de la tutela.
Adicionalmente, considera la Sala que dentro del escrito del demandante no se
encuentra justificada la demora para la presentación de la acción
constitucional.
Por consiguiente, en el caso que ahora se
debate, este Tribunal considera que el actor no presentó la tutela en un tiempo
razonable, proporcionado o prudencial, y que lo actuado por el Consejo de
Estado como juez de tutela se adecúa a las normas y jurisprudencia
constitucional respecto del requisito de inmediatez, tanto por el tiempo
transcurrido desde la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad con las providencias judiciales contra las
cuales se interpone la tutela, y la falta de justificación para la demora en la
acción de tutela por parte del actor.
8.2.1.2 Improcedencia por falta de subsidiariedad.
Respecto del requisito de subsidiariedad reitera la
Sala, como ya se expuso, que
uno de los presupuestos de procedibilidad  de la acción de tutela, exige que no
existan otros medios de defensa judicial para la protección de los derechos
fundamentales cuya lesión se alega, o que existiendo éstos, no sean idóneos o
eficaces, o que sea evidente la existencia o amenaza de un perjuicio
irremediable para el actor, si la acción de tutela se presenta de manera
transitoria.
La Sala insiste en que la acción de tutela
fue creada para la protección de los derechos fundamentales vulnerados como un
mecanismo subsidiario o excepcional, ya que en un Estado de Derecho existen
mecanismos judiciales ordinarios para hacer cumplir la
Constitución y la ley. No obstante lo anterior, cuando estos mecanismos
resultan ser ineficaces, inexistentes, inadecuados, faltos de idoneidad, o se
configura un perjuicio irremediable, la acción tutelar se vuelve procedente
adquiriendo un carácter residual, y termina siendo el medio idóneo para
defender los derechos violentados.
En este sentido, es claro para este
Tribunal que la tutela debe presentarse de manera residual y subsidiaria, salvo
casos excepcionales, cuando el afectado haya recurrido y agotado primero todos
los mecanismos ordinarios de defensa judicial que tenga a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales, ya que la acción tutelar no debe, ni
puede desplazar, ni reemplazar, los recursos de defensa que están consagrados
en la regulación común o jurisdicción ordinaria.
En el presente caso, la
Sala encuentra que tampoco se cumple con este requisito de subsidiariedad, ya
que el demandante no ha hecho uso de todos los mecanismos procesales que tiene
a su disposición, tal como el recurso extraordinario de revisión, y ni siquiera
solicitó que se le concediera el amparo tutelar impetrado como un mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, mientras se interpone y
decide el recurso extraordinario de revisión.
Así, el accionante contaba con el
recurso extraordinario especial de revision en materia contenciosa
administrativa regulado en el artículo 188 del derogado Decreto 01 de 1986,
modificado por el artículo 57 la Ley 446 de 1998[34] (derogado por
el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011), el cual conforme lo estableció esta
Corporación en la sentencia C-520 de 2009[35],
busca corregir las ilicitudes o yerros cometidos en la adopción de sentencias
en la jurisdicción contencioso administrativa, y como consecuencia, garantizar el
derecho al afectado mediante una nueva decisión conforme a derecho. Lo
anterior, como una excepción al principio de cosa juzgada.[36]
Dicho recurso extraordinario
procede, entre otras, contra las sentencias de segunda instancia dictadas por
los Tribunales Administrativos, como acontece en el presente caso, y dentro de
las causales taxativas que habilitan su interposición, el numeral cuarto
establece el no reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria,
o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de
las causales legales para su pérdida. Por esta razón, y al ser esta misma
causal el origen de la tutela presentada en el caso que nos ocupa, considera la
Sala que la accionante ha debido interponer y agotar dicho recurso
extraordinario, sin que hasta el momento de la interposición de la tutela se
hubiera hecho uso de dicho recurso por parte de CREMIL, entidad que en esas
condiciones tampoco solicitó la tutela como mecanismo transitorio, mientras por
la vía ordinaria se decidía dicho recurso extraordinario de revisión.
De esta manera, este Tribunal constata
que el accionante contaba con un mecanismo judicial idóneo y adecuado como lo
es el recurso extraordinario de revisión para la protección de los derechos que
considera le han sido vulnerados, y no alegó la configuración de ningún perjuicio
irremediable para que procediera la tutela como mecanismo transitorio, mientras
se decidía dicho recurso. Así las cosas, no se colige que exista falta de idoneidad
o ineficacia del recurso extraordinario de revisión para que proceda la tutela
como mecanismo subsidiario, ni que se configure un perjuicio irremediable, como
se mencionará en el siguiente apartado.
En punto a este tema, es necesario
insistir en que la tutela no es un mecanismo alternativo que reemplace los
procesos judiciales, ya que esta acción es subsidiaria y que el juez de tutela
no debe perder de vista este punto, por cuanto podría llegar a cambiar la
naturaleza dada por el Constituyente a la acción de tutela, desfigurando la
naturaleza dada a esta acción, y deslegitimando con ello la función del juez
constitucional.
La configuración de un perjuicio
irremediable debe tener ciertas características como la inmediatez, la
gravedad, la urgencia, y la impostergabilidad, es decir, que la amenaza a su
derecho va a suceder inminentemente; que el daño del haber jurídico del
tutelante material o moral sea de una gran dimensión; que las medidas
requeridas sean urgentes; y la necesidad de buscar este amparo como mecanismo
expedito y necesario para proteger los derechos fundamentales que según el
demandante han sido vulnerados.
Reitera la
Corte que en el presente caso el demandante no interpuso el recurso
extraordinario de revisión, ni solicitó que se le concediera el amparo
solicitado como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
mientras se interponía y decidía el recurso extraordinario de revisión, y
adicionalmente, este Tribunal observa que CREMIL no alega, ni demuestra de qué
forma se configuraría un perjuicio irremediable. En cualquier caso, la Sala
evidencia que no se cumple con los requisitos para la configuración de un
perjuicio irremediable, ya que no se constata que en este asunto exista un
peligro, daño o perjuicio inminente, grave, urgente que haga la tutela
necesaria e impostergable de manera transitoria para la protección de los
derechos fundamentales que el actor considera le han sido vulnerados.
8.2.2 Improcedencia de los requisitos
de la tutela contra providencias judiciales por no configuración de vía de
hecho judicial
Como quedó expuesto en la parte
considerativa y motiva de esta providencia judicial, la jurisprudencia de esta
Corporación ha señalado la existencia de vía de hecho judicial cuando se
observa alguno de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, procedimental o
fáctico.
El defecto sustantivo, ocurre cuando
el juez decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o cuando
entre los fundamentos y la decisión que allí se tome estén en contradicción. El
defecto orgánico, se configura cuando el funcionario no es competente para
dictar la sentencia. El defecto procedimental se presenta cuando hay por parte
del juez un alejamiento total del procedimiento legalmente establecido. Y el
defecto fáctico hace referencia a la producción, validez o apreciación del
material probatorio, es decir cuando existe una valoración errónea de las
pruebas por parte del juez. En otros casos, procede la tutela contra
providencias judiciales cuando se configura la vía de hecho judicial por error
inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente
constitucional y violación directa de la
Constitución.
En el caso que nos ocupa contra la decisión de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, este
Tribunal no encuentra que se configure la vía de hecho judicial por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, tal y como lo alega el
demandante.
Para demostrar este aserto la Sala
entrará a continuación a (i) reiterar su jurisprudencia en relación con la
evolución normativa y jurisprudencial respecto del reconocimiento de la prima
de actualización y su inclusión para la reliquidación de la asignación de
retiro de las fuerzas militares; (ii) analizar las sentencias dictadas por el
Tribunal Administrativo de Bolívar; para (iii) extraer las conclusiones del
caso.
8.2.2.1 En la Sentencia T-737 de 2012[37] esta Corte expuso en detalle el
contexto normativo y jurisprudencial respecto del contexto normativo y
jurisprudencial sobre la Prima de Actualización de las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional, examen que se cita in extenso, por su importancia para
la resolución del presente caso:
“4.1. Con base en las facultades derivadas del Estado
de Emergencia Social, el Presidente de la República expidió el  Decreto número
335 de 1992, con el fin de  nivelar la asignación básica de los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conforme al Plan Quinquenal
1992–1996, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social.
Para evitar un aumento de elevada cuantía, la vigencia de esta prima sería
hasta cuando fuera establecida la escala salarial porcentual única para estos
servidores.
Concretamente, en el artículo 15 del citado Decreto se creó la prima de
actualización para todos los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que
se encontraran en servicio activo, y en su correspondiente parágrafo dispuso:
“La prima de actualización a que se refiere el presente artículo tendrá
vigencia hasta cuando se establezca una escala salarial porcentual única para
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El personal que la devengue en
servicio activo tendrá derecho a que se le compute para reconocimiento
de asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales” (Negrillas
fuera del texto original).
Para esa época, después de la expedición de ese Decreto, el Legislativo
dispuso a través de las normas generales de la Ley 4ª de 1992, en especial del
artículo 13 de la misma, que el Gobierno Nacional establecería una escala
gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado
de la Fuerza Pública. Dicha nivelación debía producirse en las vigencias
fiscales de 1993 a 1996. Debido a ello, en años subsiguientes el Gobierno
Nacional expidió similares preceptos al contenido en el Decreto 335 de 1992,
a saber:
El parágrafo del artículo 28 del Decreto número 25 de 1993, estableció: “La prima de
actualización a que se refiere el presente artículo tendrá vigencia hasta
cuando se consolide la escala gradual porcentual para nivelar la remuneración
del personal activo y retirado, de acuerdo con lo establecido en el artículo
décimo tercero de la ley 4ª de 1992.  El personal que la devengue en
servicio activo tendrá derecho a que se le compute para reconocimiento
de asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales” (Negrilla
fuera de texto).
A su vez, el parágrafo del artículo 28 del Decreto número 65 de 1994,
señaló: “La prima de actualización a que se refiere el presente artículo tendrá
vigencia hasta cuando se consolide la escala gradual porcentual para nivelar la
remuneración del personal activo y retirado, de acuerdo con lo establecido en
el artículo décimo tercero de la ley 4ª de 1992.  El personal que la
devengue en servicio activo tendrá derecho a que se le compute para reconocimiento
de asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales” (Resaltado
fuera de texto).
Y por su parte, el parágrafo del artículo 29 del Decreto número 133 de
1995, es del siguiente tenor: “La prima de actualización a que se refiere el
presente artículo tendrá vigencia hasta cuando se consolide la escala gradual
porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado, de
acuerdo con lo establecido en el artículo décimo tercero de la ley 4ª de 1992.
El personal que la devengue en servicio activo tendrá derecho a que se
le compute para reconocimiento de asignación de retiro, pensión y demás
prestaciones sociales” (Negrilla fuera de texto).
A medida que cada uno de esos Decretos era expedido, el Decreto
inmediatamente anterior quedaba derogado y aquel era limitado para la vigencia
fiscal del año de su promulgación, ya que la prima de actualización siempre fue
concebida con “carácter temporal” hasta cuando se consolidara la escala
salarial porcentual para nivelar la remuneración del personal de la Fuerza
Pública. Esa condición precisamente se materializó con la expedición del
Decreto 107 de 1996, el cual estableció la escala gradual porcentual para el
personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de
la Fuerza Pública.
4.2. Ahora bien, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo, mediante sentencia del 14 de agosto de 1997, con ponencia del
Consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente número 9923, declaró la nulidad
de las expresiones “que la devengue en servicio activo”  y  “reconocimiento de”
contenidas en los parágrafos de los artículos 28 de los Decretos números 25 de
1993 y 65 de 1994, decisión que se sustenta en los siguientes argumentos:
“En el artículo 13 de esta ley marco, el legislador
preceptúa, como se vio, que el gobierno nacional establecería una escala
gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado
de dicha Fuerza, de conformidad con los principios establecidos en el artículo
2º de la misma.
Los decretos acusados –25 de 1993 y 65 de 1994–, se
expidieron en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de
1992, que por tener el carácter de ley marco, contiene los principios, pautas,
directrices, políticas y criterios que deben dirigir la acción del ejecutivo en
este específico campo de su gestión –regulación de salarios y prestaciones
sociales–, y los linderos que deben enmarcar la misma, sin que le sea permitido
al gobierno nacional, al desarrollar la materia que constituye el objeto de la
ley, desbordar tales linderos, que son precisamente los que configuran el marco
dentro del cual deben dictarse los reglamentos cuya expedición le confió el
legislativo.
Así las cosas, se tiene que si el legislativo en la ley
4ª de 1992, previó el establecimiento de una escala gradual porcentual con el
fin de nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza
Pública, no le es dable al Gobierno Nacional, al fijar el régimen salarial y
prestacional de dicho personal, consagrar mecanismos, fórmulas o sistemas de
liquidación de las asignaciones de retiro, que conlleven a resultados
diferenciales en el quantum de esta prestación para un grupo determinado de los
miembros de la Fuerza Pública, como acontece si a quienes la devengan, el valor
de la prima de actualización se les computa al liquidárseles su asignación de
retiro, y no se hace lo mismo respecto del personal ya retirado.
De ahí que al excluir al personal retirado de la Fuerza
Pública del cómputo del valor de la prima de actualización para la asignación
de retiro, no solo se desconoce el criterio de nivelación entre las
remuneraciones del personal activo y retirado de dicha Fuerza, sino que se
permite que, a partir de la vigencia de dichos decretos y mientras subsista la
prima de actualización, se presenten diferencias entre lo que perciban, como
asignación de retiro, oficiales y suboficiales del mismo grado, ya que el valor
de la asignación de aquellos que devenguen la prima de actualización y que
luego se retiren durante la vigencia de ésta, será superior a la que perciben
quienes se encuentran retirados del servicio activo desde antes de la
consagración de tal prima.
Por oponerse al contenido y alcance del artículo 13 de
la Ley 4ª de 1992, cuyos criterios y directrices el gobierno nacional debía
observar al fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la
Fuerza Pública, pues antes que propiciar la nivelación cuantitativa entre los
salarios y las asignaciones de retiro de ese personal, contribuyen a una
evidente desnivelación entre éstos, las normas acusadas resultan contrarias
también a los principios consagrados en el preámbulo y en los preceptos de la
Constitución, invocados como infringidos en el libelo, por lo cual se impone
decretar la anulación deprecada”.
Posteriormente, esos mismos argumentos fueron
recogidos por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Segunda, en sentencia de fecha 6 de noviembre de 1997, expediente
11423, Consejera Ponente Clara Forero de Castro, en la cual se declaró la
nulidad de idénticas frases consignadas en el parágrafo del artículo 29 del
Decreto 133 de 1995.
Entonces, la Sala observa que a partir de esas
sentencias se reconoció al personal retirado de las Fuerzas Militares y de la
Policía Nacional, el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de la prima de
actualización. Sin embargo, la Sala Plena del Consejo de Estado mediante
sentencia S-746 del 3 de diciembre de 2002, con ponencia del Consejero Camilo
Arciniegas Andrade, determinó que el reconocimiento de la prestación debía
hacerse a partir del 1° de enero de 1993, por cuanto el parágrafo del artículo
13 de la Ley 4ª de 1992 estableció que la nivelación debía producirse para las
vigencias fiscales de 1993 a 1995. Quiere ello decir que el reconocimiento de
la prima de actualización como factor salarial computable para la asignación de
retiro, se haría efectivo a partir del 1° de enero de 1993 y hasta el 31 de
diciembre de 1995.
4.3. Aclarado lo anterior, importa señalar que el
debate siguiente centró su análisis sobre el reconocimiento, inclusión y pago
de la prima de actualización como factor salarial computable para la asignación
de retiro, para las vigencias fiscales de 1996 y los años posteriores. Ese
punto ha sido abordado en múltiples oportunidades por el Consejo de Estado. Por
ejemplo, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda B, en
sentencia del 21 de agosto de 2008, proferida dentro del radicado No.
13001-23-31-000-2003-00725-01 (1589-07), Consejera Ponente Bertha Lucía Ramírez
de Páez, indicó concretamente frente al tema de los reajustes a las
asignaciones de retiro a partir de 1996, lo siguiente:
“De otra parte, a partir de la fijación
de la escala salarial porcentual por el Decreto 107 de 1996, los valores
reconocidos como prima de actualización fueron incorporados a la asignación
señalada para ese año y, en virtud del principio de oscilación, aplicados a las
asignaciones de retiro o pensiones de los retirados, por ello, no es necesario
revisar los reajustes de la ley a partir del año 1996 dado que, se insiste, los
valores reconocidos como prima ya fueron incorporados a la asignación recibida.
En cuanto a la reliquidación de la
asignación de retiro, en sentencia proferida por esta Sala, el 11 de octubre de
2001 en el proceso No. 25000-23-25-99-3548-01(1351) se señaló que la prima de
actualización se creó de manera temporal, para los años 1992, 1993, 1994 y 1995
y que en tal virtud, su reconocimiento no puede extenderse para los años
subsiguientes a 1996.
Se reitera, por el principio de
oscilación que gobierna las asignaciones de retiro y de pensiones de los
Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares,
dichas prestaciones sociales se liquidan tomando en cuenta las variaciones que
en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado
y de conformidad con los factores que forman la base liquidación de las
prestaciones sociales, en ese orden, si la referida prima de actualización
sólo tuvo como fin nivelar la remuneración del personal activo y retirado
dentro del período de 1993 a 1995, mal puede decretarse por los años
subsiguientes para formar parte de la base prestacional, pues se estaría
variando la forma que previó la ley para fijar el monto de las asignaciones de
retiro de los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional y de las Fuerzas
Militares, las cuales, se repite, son liquidadas teniendo en cuenta las
variaciones que sufran las asignaciones en actividad.”[38]
“
En síntesis,
este Tribunal ha determinado respecto del contexto normativo de la Prima de
Actualización, que en el ordenamiento jurídico se la ha reconocido para las
Fuerzas Militares y de Policía a través de los siguientes Decretos: (i) Decreto
335 de 2992 (art.15), (ii) Decreto número
25 de 1993 (parágrafo del artículo 28), (iii) Decreto número 65 de 1994
(parágrafo del artículo 28), y (iv) Decreto número 133 de 1995 (parágrafo del
artículo 29).
Estos Decretos  se caracterizaron por (i) tener como
finalidad la nivelación de la asignación básica de los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional; (ii) reconocer esta Prima originalmente solo
para el personal de servicio activo; (iii) tener en cuenta esta Prima para la
asignación de retiro, pensión y demás prestaciones sociales; (iv) reconocer
esta Prima hasta tanto el gobierno estableciera y consolidara una escala
gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado
de la Fuerza Pública; y (v) reconocerse solo entre las vigencias fiscales de
1992 a 1996, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 4ª de 1992 (art.13), y
(v) tener por tanto un carácter estrictamente temporal o transitorio.
De otra parte,
esta Corte ha resaltado que la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a
la Prima de Actualización para las Fuerzas Militares y de Policía Nacional: (i)
Reconoció esta Prima no solo para el personal del servicio activo, sino para el
personal retirado, al declarar la nulidad de las expresiones  “que la devengue en servicio activo”  y  “reconocimiento de” comprendidas en los
parágrafos de los artículos 28 de los Decretos números 25 de 1993 y 65 de 1994[39], y del artículo 29
del Decreto 133 de 1995[40], por oponerse a la
Constitución y contradecir el artículo 13 de la ley 4 de 1992[41]. (ii) Estableció el
reconocimiento y pago de esta Prima a partir del 1º de enero de 1993, hasta el
31 de diciembre de 1995, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de
la Ley 4ª de 1992[42]. (iii) De
conformidad con lo anterior, reconoció que la Prima de Actualización
–reconocida entre 1993 y 1995- constituye factor salarial computable para la
asignación de retiro. (iv) En consecuencia, concluyó  por consecuencia que la
Prima de Actualización no se podía reconocer e incluir como factor salarial
computable para la asignación de retiro para las vigencias fiscales a partir de
1996 y los años subsiguientes, puesto que esta Prima ya se encontraba o debía
estar ya incorporada a la asignación recibida a partir de ese año[43].
8.2.2.2 Las sentencias del Tribunal
de Bolivar
(i)En los casos decididos por el Tribunal de Bolívar
les fue reconocida y ordenada a los actores por CREMIL mediante sendas Resoluciones
tanto la prima de actualización entre los años 1992 y 1995, así como el pago de
la asignación de retiro de los actores.
Los actores radicaron ante la entidad demandada, el
reconocimiento del derecho al cómputo de la Prima de Actualización para la reliquidación
y el correspondiente reajuste de la asignación de retiro. La entidad demanda
dio respuesta a estas peticiones mediante oficios en los que negó lo solicitado
por los peticionarios.
En estas sentencias el Tribunal de Bolívar resolvió el
problema jurídico referido a establecer si la prima de actualización
anteriormente reconocida a las partes actoras por CREMIL afectaba la base
pensional de la asignación de retiro devengada por los accionantes.
A este respecto, encontró la Sala que el Tribunal no
decidió sobre el reconocimiento de la prima de actualización a partir del año
1996, ni mucho menos sobre si la prima de actualización después del año 1996
afectaba la base de liquidación de la asignación de retiro, sino que se contrajo
a decidir sobre si el reconocimiento de la prima de actualización para los años
1992 a 1995 afectaba la base pensional de la asignación de retiro devengada por
los demandantes.
Frente a este cuestionamiento, consideró en todos los
casos que efectivamente el hecho de reconocer la prima de actualización por los
años en que estuvo vigente -1992 a 1995- afecta indudablemente la base
pensional de la asignación de retiro devengada por los demandantes, pues está
claro que se creó con el objeto de nivelar los sueldos de los miembros de las
Fuerzas Militares hasta que se profiriera la escala gradual porcentual. De
manera que concluyó, que desconocerlo sería contrariar el espíritu de esa
reglamentación y permitir que los beneficiarios de la  asignación de retiro
siguieran devengando una pensión que perdió valor adquisitivo por no ser
debidamente reajustado.
Al respecto se basó en lo decidido por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 6 de septiembre de 2001,
C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, que reconoció la prima de actualización no solo
para quienes la devenguen en servicio activo como lo determina expresamente el
parágrafo del artículo 15 cuestionado, sino también para el personal retirado, y
reconoció igualmente que las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en
las asignaciones de actividad se deben reflejar en las asignaciones y pensiones
ya reconocidas.
Por tanto, para el Tribunal fue claro que al reconocer
a los demandantes la precitada prima se modificaba indefectiblemente la base
pensional de la asignación de retiro de los actores, sin que pudiera ser
considera tal ejecución como la inclusión de la prima de actualización como un
factor salarial permanente, pues está claro que tuvo carácter temporal.
En este sentido, dejó en claro “que no se va a
reconocer la prima de actualización después de los años 1996. Sino que se
ordenó reajustar la base pensional de la asignación de retiro de los actores
conforme al reconocimiento que se realizó de la prima de actualización por los
años 1992 a 1995”.  (Resalta la Sala)
Con base en las anteriores consideraciones, revocó las
sentencias de primera instancia que denegaron las pretensiones de los actores, y
en su lugar accedió a las pretensiones enervadas, declarando la nulidad de las
resoluciones emanadas de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por medio
de las cuales se negó el reconocimiento y pago del derecho al cómputo de la
Prima de Actualización, reliquidación y el correspondiente reajuste de la
asignación de retiro de los demandantes, y aplicó las prescripciones de las
diferencias que se generaron por el reconocimiento del reajuste, correspondientes
en cada caso en particular.
En concordancia, decidió a título de restablecimiento
del derecho, condenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares a reliquidar
la asignación de retiro de los actores, de conformidad con la afectación de la
base pensional que surge del reconocimiento que se hizo de la prima de
actualización. Como consecuencia, también ordenó pagar a los demandantes la
diferencia que resulte entre la reliquidación antes ordenada y las sumas
canceladas por concepto del incremento o reajusta anual de la asignación de
retiro, a partir de las fechas correspondientes en cada caso y hacia futuro,
porque el hecho de que se acceda  a la reliquidación de la base pensional con
fundamento en la prima de actualización, hace que tal monto se vaya
incrementando de manera cíclica y a futuro en forma ininterrumpida, pues las
diferencias reconocidas a la base pensional si deben ser utilizadas para la
liquidación de las mesadas posteriores, concluyendo que si la base pensional se
ha ido modificando con ocasión de la aplicación de la prima de actualización,
esos incrementos inciden en los pagos futuros.
(ii) En algunas decisiones del Tribunal (exp.13001333100320090021101,
accionantes Jorge Enrique Ángel Pineda, exp.13001333101220090031101,Juan Manuel
Gallo Zapata, exp: 13001333100320080017601, Reynaldo Suarez Blanco; exp:
13001333101320070003801, José Sebastián Bolaños Nonuya; exp: 13001333101320090033001,
Hernando Navas Zawadsky) no le fue reconocida la prima de actualización, por
prescripción, al haber transcurrido 4 años desde la ejecutoria de la sentencia
del Consejo de Estado que permitió que devengaran la prima de actualización el
personal retirado.
En estos casos en los que no se reconoció por
prescripción la prima de actualización, igualmente el Tribunal reconoció la
existencia del derecho al reajuste de la asignación de retiro, toda vez que argumentó
que una cosa es el reconocimiento y pago de la prima de actualización en sí, y
otro el respectivo reajuste que con base en dicha prima se le hace a la
asignación de retiro. Así, sostuvo que dicha prima tuvo un carácter temporal y estuvo
solo vigente en los años 1992-1995. No obstante lo anterior, consideró que no
sucedía lo mismo con el derecho al reajuste de la asignación de retiro, toda
vez que dicha prima afectaba indudablemente la base pensional de la asignación
de retiro devengado por los demandantes, pues está claro que se creó con el objeto
de nivelar los sueldos de los miembros de las Fuerzas Militares hasta que se
profiriera la escala gradual porcentual y, desconocerlo sería contrariar el
espíritu de esa reglamentación y permitir que el beneficiario de la asignación
de retiro siguiera devengando una pensión que perdió valor adquisitivo por no
ser debidamente reajustada.
En estos casos, fue igualmente claro para el Tribunal
que al reconocer la precitada prima se modifica indefectiblemente la base
pensional de la asignación de retiro del actor, sin que pueda ser considerada
tal ejecución como la inclusión de la prima de actualización como un factor
salarial permanente, pues está claro que tuvo un carácter temporal.
Así las cosas, el Tribunal afirmó que los actores
tuvieron derecho al reconocimiento de la prima de actualización aunque este
derecho les prescribió, y ello, independientemente de esa circunstancia, incide
en el valor base de la asignación de retiro, y por ende, el valor difiere del
pagado a los actores a partir de 1996, al que incluía su base luego de incluir
la prima de actualización hasta el 31 de diciembre de 1995. Es decir, el
Tribunal concluyó que CREMIL  no deberá pagar a los actores la prima de
actualización por haber operado la prescripción del derecho a ella, no obstante
si deberá realizar la reliquidación o el reajuste de la asignación de retiro
que ellos reciben, con el fin de establecer la verdadera base de su asignación
al 31 de diciembre de 1995 con base en la prima de actualización, y a partir
del 1º de enero de 1996 reliquidar la asignación de retiro en la forma como ha
previsto la ley.
En dichos asuntos a título de restablecimiento del
derecho ordenó a la caja de retiro de las fuerzas militares, efectuar la
reliquidación de la asignación de retiro de los demandantes, con el fin de
establecer la verdadera base de su asignación al 31 de diciembre de 1995 con
base en la prima de actualización, y a partir del 1º de enero de 1996
reliquidar la asignación de retiro en la forma como se ha previsto en la ley.
Igualmente, ordenó a CREMIL pagar a favor de los demandantes las diferencias
que resultaren entre la reliquidación que se ordena y las sumas ya canceladas
por concepto de incremento o reajuste anual de la asignación de retiro.
Adicionalmente, el Tribunal reconoció por tanto probada
la excepción de prescripción sobre el pago efectivo de la prima de
actualización reclamada por el demandante.
(iii) De conformidad con los argumentos expuestos, concluye
esta Corte que el Tribunal Administrativo de Bolívar decidió las sentencias
acusadas de conformidad con la Constitución, la normatividad vigente y la
jurisprudencia del Consejo de Estado, al decidir los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de CREMIL en el sentido de declarar la
nulidad de las resoluciones emanadas de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, que negaron el reconocimiento y pago del derecho al cómputo de la
Prima de Actualización, reliquidación y el correspondiente reajuste de la
asignación de retiro de los demandantes. En su lugar, el Tribunal ordenó la
reliquidación de la asignación de retiro de los actores, de conformidad con la
afectación de la base pensional que surge del reconocimiento que se hizo de la
prima de actualización entre los años 1993-1995.  Lo anterior, sin perjuicio de
aplicar las prescripciones correspondientes en cada caso.
En este sentido, el Ad quem precisó que en sus
decisiones no estaba reconociendo la prima de actualización después de los años
1996,  ni mucho menos se reconoció esta Prima después del año 1996 como factor
salarial para la base de liquidación o el cómputo de la reliquidación de la
asignación de retiro, sino que lo que concluyó el Tribunal fue que esta Prima,
al haber sido reconocida entre los años 1993-1995, ya se encontraba incluida o
debía ser computada necesariamente para reajustar la base pensional de la
asignación de retiro de los actores conforme al reconocimiento que se había realizado
de la misma, lo cual se ajusta a los ordenado en los Decretos 335 de 1992, 25
de 1993, 65 de 1994, y 133 de 1995, a la ley 4ª de 1992.
Igualmente, estas decisiones del juez de segunda
instancia no desconocen, sino que por el contrario se encuentran en consonancia
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, que como se expuso en acápite
anterior, (i) reconoció esta Prima no solo para el personal del servicio
activo, sino para el personal retirado; (ii)
estableció el reconocimiento y pago de esta Prima a partir del 1º de enero de
1993, hasta el 31 de diciembre de 1995, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 13 de la Ley 4ª de 1992;  (iii) reconoció que la Prima de
Actualización –entre los años 1993 y 1995- constituye factor salarial computable
para la asignación de retiro; y (iv) concluyó  por consecuencia que la Prima de
Actualización no se podía reconocer e incluir como factor salarial computable
para la asignación de retiro para las vigencias fiscales a partir de 1996 y los
años subsiguientes, puesto que esta Prima ya se encontraba o debía estar ya
incorporada a la asignación recibida a partir de ese año[44].
9. Conclusión
En síntesis de todo lo expuesto hasta aquí, el
presente caso no cumple con los requisitos generales de procedencia de la
tutela específicamente, en cuanto concierne al cumplimiento de la inmediatez,
ya que la acción fue interpuesta entre 8 y 15 meses después de ser ejecutoriada
las sentencias cuya revisión excepcional se revisa; y al cumplimiento de la
subsidiariedad, ya que el actor no agotó todos los medios extraordinarios de
defensa procesal, como el recurso extraordinario de revisión, no solicitó que
la tutela fuera tramitada como mecanismo transitorio mientras se agotaba dicho
recurso, ni demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
Así mismo, se concluyó que los jueces accionados no incurrieron
en la configuración de una vía de hecho judicial por desconocimiento del
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en materia del reconocimiento
de la Prima de Actualización entre los años 1993 y 1995, y su cómputo como
factor salarial para la reliquidación de la asignación de retiro del personal
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Por consiguiente, es evidente para
esta Sala que no se configuró por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar la
vía de hecho judicial alegada por el demandante, en razón a que dicha
Corporación se ciñó a las normas y preceptos establecidos por la
Ley y la Constitución, así como a la jurisprudencia del Consejo de Estado, al fallar
las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho impetradas.
Por todo lo anterior, esta Corporación
encuentra ajustada a la Constitución y las leyes, y a la jurisprudencia del
Consejo de Estado, las Sentencias del 26 de julio, 10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre y 15 de noviembre de
2012, del Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro de los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho que se siguieron en contra de CREMIL, mediante
las cuales el Tribunal ordenó la reliquidación de la asignación de retiro de
miembros retirados de las fuerzas militares, incluyendo en la base de
liquidación la prima de actualización de carácter transitorio reconocida entre
los años  1993 y 1995, en cuanto no se incurrió en una vía judicial de hecho
por desconocimiento del precedente jurisprudencial sentado por el Consejo de
Estado en la materia.
De conformidad con lo anteriormente
expuesto, la Sala evidencia que la presente tutela es improcedente, y así lo
declarará en la parte resolutiva de esta providencia judicial, por falta de
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad del amparo tutelar
relativos (i) a la inmediatez, la subsidiariedad y la no ocurrencia de un
perjuicio irremediable; (ii) ni tampoco se cumplen las reglas sobre procedencia
de la tutela contra providencias judiciales por desconocimiento del precedente
jurisprudencial de órganos de cierre.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Novena de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR en su totalidad la
Sentencia del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante la cual se resolvió confirmar el fallo “impugnado,
en cuanto declaró improcedente la tutela frente a las sentencias del 26 de
julio, 10 y 16 de agosto, 18 y 25 de octubre y 15 de noviembre de 2012,
dictadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar”;  e igualmente decidió
“Revocar el amparo del derecho al debido proceso de CREMIL. En su lugar 2.1
Denegar por improcedente la tutela, respecto de la sentencia del 13 de
diciembre de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar”, por
las razones expuestas en la presente providencia judicial.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta
de la Corte  Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con impedimento aceptado
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
Secretaria General
[1] En los términos que señala el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
[2] Ver Sentencia SU-1070 de 2003.
[3] Sentencia T-173 de 1993, reiterada en sentencias C-590 de 2005 y
T-737 de 2012.
[4] Ver entre otras las sentencias T-827 de 2003; T-648 de 2005; T-1089
de 2005; T-691 de 2005 y T-015  de 2006.
[5] Lo que permite que la tutela entre a proteger de manera directa los
derechos presuntamente vulnerados.
[6] Sobre la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes las
sentencias C-1225 de 2004; SU-1070 de 2003SU–544 de 2001T–1670 de 2000 y la
T-225 de 1993 en la cual se sentaron la primeras directrices sobre la materia,
que han sido desarrolladas por la jurisprudencia posterior. También puede
consultarse la sentencia T-698 de 2004 y la  sentencia T-827 de 2003.
[7] El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que “La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
[8] Corte Constitucional. Sentencia T-803 de 2002.
[9] Sentencia T-384 de 1998 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, citada por la
sentencia T-206 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[10] Sentencia T-822 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[11] Ver Sentencia T-007-08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[12] Sentencia T-702
de 2008.
[13] Sentencia
T-515 de 1998.
[14] Ibidem.
[15] Sentencia T-203 de 1993.
[16] Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva) indicó: “(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de
validez de la decisión judicial, basado en la supremacía de las normas
constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una labor de
corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que
dieron lugar al mismo. En cambio, la tutela se circunscribe a detectar aquellos
casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia judicial resulte
afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales”.
[17] “En la citada norma superior (artículo 86
C.P.) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los
distintos ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o
algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los
derechos fundamentales.  Precisamente por ello en la norma superior indicada se
habla de  “cualquier”  autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela
procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder
inherente a la función jurisdiccional y específicamente contra las decisiones
judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación
del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se
tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de
aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia
C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[18] “La procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales está legitimada no sólo por la
Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y por la
Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibid.
[19] Sobre los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta,
consultar la sentencia SU-047 de 1999  (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[20] “Al proferir la
Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra
decisiones judiciales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005
[21] Sentencia C-590 de 2005, sintetizada en la sentencia T-1112 de
2008.
[22] Ver por ejemplo la sentencia T-231 de 1994, entre otras.
[23] Ver Sentencia C-590 de 2005; igualmente, los fallos T-008 de 1998  y
T-079 de 1993.
[24] El defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al
respecto, ver sentencias T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-196 de 2006 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis), T-996 de 2003, T-937 de 2001.
[25] Esta regla se desprende de la función unificadora de la
Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe
entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la
Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[26] Sentencia T-1112 de 2008.
[27] Ver por ejemplo las sentencias T-169/05, T-289/05, T-390/05,
391/05, T-494/05, T-1203/05, T-1211/05, T-579/06, T-590/06, T-797/06, T-909/06,
T-949/06, T-1026/06, T-1078/06, T-1084/06 entre muchas otras.
[28] Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001, T-1180 de 2001 y
SU-846 de 2000.
[29] “(se presenta cuando) la
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance”.
Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999.
[30] Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa
abiertamente contrario a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de
2000 y T-1031 de 2001, o cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por
alguna de las partes en el proceso. Ver, sentencia T-522 de 2001.
[31] Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001, T-1180 de 2001 y
SU-846 de 2000.
[32] Ver T-114 de 2002.
[33] Sentencia C-590 de 2005. En el mismo sentido, sentencia T-701 de
2004. y sentencia T-1112 de 2008.
[34] El recurso extraordinario de revisión procede cuando se presenta
una de las siguientes causales:
Artículo 188. “Causales de revisión. 1. Haberse
dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 2.
Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente
no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria. 3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una
persona, otra con mejor derecho para reclamar. 4. No reunir la persona en cuyo
favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia,
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. 5. Haberse dictado
sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento
de la sentencia. 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 7. Haberse dictado la
sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso
la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
[35] Ma.P. María Victoria Calle Correa.
[36] Ver Sentencia
T-737 de 2012.
[37] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] En el mismo sentido se puede consultar la
sentencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Segunda A, Rad. No. 25000-23-25-000-2005-03093-01 (175-07), dictada el
29 de noviembre de 2007, por el C.P.: Jaime Moreno García. En esa oportunidad
el problema jurídico debatido versó en el derecho al reajuste de la asignación
de retiro con la inclusión del porcentaje correspondiente a la prima de
actualización desde el 1° de enero de 1996, fecha a partir de la cual dicha
prima se suspendió de forma permanente. Tal problema se resolvió indicando que
no opera en esos casos el reajuste de la asignación de retiro.
[39] Consultar, Sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 14 de agosto de 1997, con
ponencia del Consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente número 9923.
[40]Ver Sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda, en sentencia de fecha 6 de noviembre de 1997,
expediente 11423, Consejera Ponente Clara Forero de Castro.
[41] Consultar, Sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 14 de agosto de 1997, con
ponencia del Consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente número 9923.
[42] Consultar la Sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado mediante sentencia S-746 del 3 de
diciembre de 2002, con ponencia del Consejero Camilo Arciniegas Andrade.
[43] Ver Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda B, en
sentencia del 21 de agosto de 2008, proferida dentro del radicado No.
13001-23-31-000-2003-00725-01 (1589-07), Consejera Ponente Bertha Lucía Ramírez
de Páez.
[44] Ver Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda B, en
sentencia del 21 de agosto de 2008, proferida dentro del radicado No.
13001-23-31-000-2003-00725-01 (1589-07), Consejera Ponente Bertha Lucía Ramírez
de Páez.