T-901-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-901/13
PRINCIPIO DE
INMUNIDAD DE JURISDICCION DE LOS ESTADOS-Concepto
El principio de inmunidad jurisdiccional
hace referencia a la improcedencia de llevar a un Estado, o sus agentes, ante
los tribunales de otro Estado, por hechos ocurridos en territorio del segundo,
y originados en el ejercicio de funciones diplomáticas o consulares. El
principio comporta entonces una restricción a la soberanía territorial de un
Estado en beneficio de la soberanía nacional de otro.
INMUNIDAD DE
JURISDICCION-Origen/INMUNIDAD
DE JURISDICCION-Evolución del concepto
La inmunidad jurisdiccional tuvo origen
en el derecho internacional público, en el Siglo XIX, cuando se concibió como
mecanismo imprescindible para asegurar las relaciones internacionales
pacíficas. A partir de los principios de autonomía, independencia, soberanía e
igualdad entre estados, reflejados en el aforismo latino par in parem non habet
imperium, en esa etapa se consideraba que el principio involucraba una
prohibición absoluta de juzgamiento de los actos realizados por el Estado
acreditante o sus agentes en territorio del Estado del foro, sin importar su
naturaleza. Con el paso del tiempo, la comunidad internacional comenzó a variar
su perspectiva sobre el alcance del principio. Así, la Convención de Viena
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 (en adelante, Viena RD) y la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (en adelante, Viena RC) definieron
ámbitos específicos de aplicación del principio, en lugar de una regla absoluta
de inmunidad; en la misma dirección, la jurisprudencia de distintos países
comenzó a delinear los contornos de la inmunidad relativa, valiéndose de la
distinción entre actos políticos, o dirigidos al cumplimiento de los fines
estatales (de jure imperium), y actos en que el Estado o sus agentes actúan
como particulares (actos de jure gestionis). Con el paso del tiempo, la
comunidad internacional comenzó a variar su perspectiva sobre el alcance del
principio. Así, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961
(en adelante, Viena RD) y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de
1963 (en adelante, Viena RC) definieron ámbitos específicos de aplicación del
principio, en lugar de una regla absoluta de inmunidad; en la misma dirección,
la jurisprudencia de distintos países comenzó a delinear los contornos de la
inmunidad relativa, valiéndose de la distinción entre actos políticos, o
dirigidos al cumplimiento de los fines estatales (de jure imperium), y actos en
que el Estado o sus agentes actúan como particulares (actos de jure gestionis).
Desde ese punto de vista, la inmunidad solo cobra sentido ante actos de iure
imperium, pues solo estos concretan la independencia, autonomía e igualdad que
el principio persigue preservar. Por el contrario, cuando un Estado o sus
agentes se involucran en asuntos comerciales o laborales, actuando de forma
similar a un particular, no resulta plausible sostener que la inmunidad
favorece su soberanía, y sí se percibe, en cambio, una restricción a los
derechos de los ciudadanos del Estado del foro y, especialmente, a la
posibilidad de exigirlos judicialmente. Por ese motivo, la perspectiva absoluta
del principio genera tensiones insoportables con los principios de acceso a la
administración de justicia y a la existencia de un recurso efectivo para la
protección de los derechos humanos, consagrados en los artículos 228 de la
Constitución Política y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
respectivamente.
PRINCIPIO DE
INMUNIDAD DE JURISDICCION DE LOS ESTADOS-Alcance según jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional
INMUNIDAD
RELATIVA DE LOS ESTADOS Y DE LOS AGENTES DIPLOMATICOS EN MATERIA LABORAL
CONVENCION DE
VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMATICAS-Inmunidad restrictiva de los Estados
extranjeros en materia laboral
Para la Corte Constitucional es claro
que el artículo 31 de la Convención de Viena RD de 1961 no incorpora los
asuntos laborales en su ámbito de protección, y por lo tanto, en el espectro de
la inmunidad jurisdiccional. Al respecto, observa la Sala que no solo la
indagación histórica sobre el alcance de la expresión “civil” al momento de
aprobación de la Convención es relevante. Concurren también diversos argumentos
derivados del uso conjunto de los distintos criterios de interpretación, que
apoyan la interpretación literal del artículo 31. La Convención reconoce la
importancia de la inmunidad de jurisdicción en las relaciones ínter estatales,
pero adhiere sin ambigüedad a su concepción restringida. Concretamente, plantea
seis escenarios que no se hallan amparados por los beneficios de la inmunidad,
de los cuales cabe destacar aquellos que han sido objeto de mayores discusiones
jurisprudenciales y doctrinales: (i) los relativos a los actos comerciales,
(ii) los que generen daño a la integridad, vida y propiedad de los nacionales
del Estado receptor, y (iii) las relaciones surgidas de un contrato de trabajo.
FUENTES DEL
DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
En el derecho internacional público, la
jerarquía de las fuentes es un asunto que no se encuentra plenamente definido,
como puede ocurrir en los órdenes jurídicos nacionales. Así, no puede afirmarse
de manera absoluta que un tratado vigente posea mayor fuerza vinculante que una
costumbre plenamente definida y eventualmente consolidada con posterioridad al
tratado, al menos de forma parcial. Los argumento que acudan a las fuentes del derecho
internacional deben buscar una interpretación que satisfaga tanto criterios de
voluntariedad o consentimiento de los Estados, como criterios de justicia y
corrección creados a partir de una lectura sistemática de las normas
vinculantes, bien sea que se encuentren en un tratado, hagan parte de la
costumbre,  o se desprendan de los principios generales del derecho, la
doctrina y los pronunciamientos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales
pertinentes.
PRINCIPIO DE
INMUNIDAD DE JURISDICCION Y PRINCIPIO PRO HOMINE-Convención de
Viena como fuente de derecho internacional público
Observa la Sala que la actualización del
derecho internacional que se percibe desde las convenciones de Viena de los
años 1961 y 1963 hasta la Convención de Naciones Unidas de 2004, la precisión
que aporta la CIJEB al ocuparse específicamente de los Estados y sus bienes, en
lugar de referirse exclusivamente a los agentes diplomáticos y consulares; así
como las normas específicas en las que se define el alcance de la inmunidad y
las zonas en que no opera, son elementos que otorgan seguridad jurídica a las
relaciones entre nacionales y órganos de derecho internacional y permiten que
el Estado conozca plenamente el alcance de sus obligaciones y de los derechos
que plausiblemente le serán reconocidos por los estados extranjeros, en materia
de inmunidad de jurisdicción. En ese orden de ideas, debe resaltarse que existe
una fuente de derecho internacional que recoge y define con claridad la
práctica los contornos del principio de inmunidad jurisdiccional, directamente
aplicable en el orden interno, y cuyo contenido debe guiar la interpretación de
las demás normas pertinentes y vinculantes para Colombia, contenidas en la
Constitución Política y las convenciones de Viena RD de 1961 y Viena RC de
1963. Los eventuales conflictos entre esas fuentes deben ser solucionados con
observancia del principio pro hómine, dando el mayor alcance posible a las
soluciones que privilegien el goce de los derechos humanos.
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD O
DISMINUCION FISICA
PERSONA EN CIRCUNSTANCIAS
DE DEBILIDAD MANIFIESTA-Protección especial en materia laboral
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE QUIENES SE ENCUENTRAN EN
CIRCUNSTANCIAS DE DEBILIDAD MANIFIESTA O INDEFENSION-Línea
jurisprudencial
ESTABILIDAD
LABORAL DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Subreglas
jurisprudenciales relacionadas con el alcance de la protección constitucional
En lo atinente al ámbito material de
protección, la Corporación ha señalado de manera reiterada y uniforme que la
estabilidad no depende de la denominación del vínculo por el cual la persona
logra ejercer una actividad de generación de ingresos. La eficacia directa de la
Constitución Política en lo que hace al principio de no discriminación y el
deber de solidaridad y la existencia de deberes en cabeza de toda la sociedad
para la integración de la población con discapacidad, proscriben una lectura
que limite la protección al escenario específico del contrato de trabajo, o a
una modalidad determinada de este último.
PRINCIPIO DE
INMUNIDAD RESTRINGIDA EN EL AMBITO LABORAL-Cambio de jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia
DERECHO DE
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Reiteración Auto
004/04 y Auto 100/08 para que tutelas contra Salas de la Corte Suprema de
Justicia sean revisadas por la Corte Constitucional
LEGITIMACION POR
PASIVA DE MISION DIPLOMATICA-Inmunidad restringida de los Estados
Extranjeros en materia laboral respecto de los trabajadores que presten sus
servicios, siempre que aquellos sean nacionales colombianos, o residan de forma
permanente en el país
PRECEDENTE
HORIZONTAL Y VERTICAL-Diferencias
Esta Corporación ha acogido en algunos
de sus pronunciamientos la distinción doctrinaria entre precedente horizontal y
precedente vertical, indicando en qué medida resultan estos vinculantes para el
juez posterior. El precedente horizontal se encontraría en pronunciamientos
previos sobre casos análogos, proferidos por un tribunal de la misma jerarquía
del órgano que invoca el precedente. El precedente vertical, en cambio, se
hallaría en los pronunciamientos que produce el superior jerárquico del juez
que lo invoca y, en último término, en el órgano de cierre de cada jurisdicción.
SEPARACION DEL
PRECEDENTE-Carga
argumentativa de transparencia y suficiencia del juez para apartarse del
precedente
JURISDICCION
CONSTITUCIONAL-Sentido
orgánico y sentido funcional
De acuerdo con el criterio orgánico, la
jurisdicción constitucional está compuesta de manera exclusiva por la Corte
Constitucional, dada la ausencia de juzgados y tribunales especializados en la
materia. Sin embargo, en virtud del sistema mixto de control de
constitucionalidad colombiano y, especialmente, del control difuso que efectúan
todos los jueces al decidir acciones de tutela, la jurisdicción constitucional
desde un punto de vista funcional, asociado al conocimiento de este tipo de
acciones, incorpora a todos los órganos jurisdiccionales. Desde el punto de
vista funcional, los tribunales de cierre las jurisdicciones ordinaria y
contencioso administrativa operan como jueces de instancia al momento de asumir
el conocimiento de la acción de tutela, razón por la cual sus decisiones son
remitidas a esta Corporación para su eventual revisión, con el fin de cumplir
la necesidad de unificar la interpretación de las normas constitucionales y,
especialmente, de los derechos fundamentales.
ACCION DE TUTELA
CONTRA ORGANISMOS INTERNACIONALES COMO EMBAJADAS Y MISIONES DIPLOMATICAS-Procedencia
ACCION DE TUTELA
CONTRA ORGANISMOS INTERNACIONALES COMO EMBAJADAS Y MISIONES DIPLOMATICAS-Deben ser
admitidas en Colombia
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE TRABAJADORA EN MISION DIPLOMATICA-Vulneración por
Embajada al despedir a la accionante, quien se encuentra en situación de
discapacidad
DESPIDO DE
TRABAJADORES DISCAPACITADOS SIN AUTORIZACION DE LA OFICINA DEL TRABAJO-Presunción del
despido o terminación del contrato de trabajo se produce como consecuencia de
la discapacidad
En el orden jurídico colombiano existe
una presunción constitucional que ampara a los trabajadores con discapacidad o
las personas en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud. Esa
presunción indica que si se produce el despido de una persona en esa situación
y no existe permiso del Ministerio del Trabajo, el juez debe concluir que el
motivo fue precisamente su condición de salud y, por lo tanto, que recibió un
trato desigual de carácter negativo por sus condiciones físicas, psicológicas o
mentales. Esa presunción se construyó jurisprudencialmente a partir de dos
fundamentos. Primero, el propósito de satisfacer fines constitucionalmente
relevantes, como la protección de la población con discapacidad o en
condiciones de debilidad por motivos de salud, su integración al mundo laboral,
y el principio de solidaridad social. Y, segundo, desde un punto de vista
fáctico, en atención a reglas de la experiencia que enseñan sobre la manera en
que una condición de salud se torna notoria en el ámbito de las relaciones
laborales, y demuestran que imponer al trabajador la obligación de probar que
informó de manera formal sobre su condición al empleador, puede llevar a la
parte débil de la relación laboral a una situación de imposibilidad de prueba.
(Ha ejemplificado la Corte, al respecto, que bastaría con que el empleador se
niegue a recibir una notificación  para que la discusión se reduzca a la
versión de las partes en conflicto). Dados los fines constitucionales y las
reglas de la experiencia que amparan esa presunción, es claro que para
desvirtuarla deben aducirse pruebas y argumentos de especial solidez.
ACCION DE TUTELA
CONTRA LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARABE DE EGIPTO-Orden de
reintegrar a la accionante, quien fue despedida en situación de discapacidad
Referencia: expediente T-3601820
Acción de tutela presentada por
Luz Marina Chavarro contra la Embajada de la República Árabe de Egipto.
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., tres (3) de diciembre de dos mil trece (2013)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez y
Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión del auto emitido
el dos (2) de mayo de dos mil doce (2012) en el trámite de la referencia por la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.[1]
I. ANTECEDENTES
La
peticionaria interpuso acción de tutela contra la Embajada de la República
Árabe de Egipto, con el propósito de obtener protección constitucional a su
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, argumentando que fue
despedida por el ente diplomático, a pesar de hallarse en condición de
debilidad manifiesta por motivos de salud.
A
continuación se presenta una síntesis de los hechos narrados en la demanda, la
respuesta de la entidad accionada y los fallos objeto de revisión.
1. Fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda.[2]
1.1.
La peticionaria estuvo vinculada a la Embajada de la República Árabe de Egipto,
mediante contrato de trabajo a término indefinido y desempeñando funciones en
el área de “servicios generales”, desde el primero (1º) de julio de dos
mil siete (2007) hasta el veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011). Como
contraprestación por sus servicios recibía un salario mínimo legal mensual
vigente.
1.2. Padece de artritis
reumatoide, asociada a gonartrosis, afección que le produce dolores
en las articulaciones, especialmente, en rodillas, hombros, tobillos y
vértebras cervicales. Agrega que su estado de salud fue comunicado a su
empleador. Sostiene que su salud se deteriora progresivamente y en diversas
oportunidades se ha visto obligada a acudir a servicio de urgencias por dolor
severo en la rodilla derecha, como lo demuestran los dictámenes de veintinueve
(29) de septiembre de dos mil ocho (2008), nueve (9) de julio de dos mil diez
(2010) y diecinueve (19) de mayo de dos mil once (2011), incorporados a su
historia clínica[3].
1.3. El siete
(7) de septiembre de dos mil once (2011) el médico reumatólogo Rubén Darío
Mantilla suscribió un concepto sobre su estado de salud, en el cual expresó que
su “padecimiento data desde hace 3 años”, y que debe asistir a controles
periódicos con especialista. El citado profesional dictó recomendaciones a la
paciente, en el sentido de no levantar objetos pesados, ni permanecer de
pie por tiempo prolongado.
1.4. El
veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011) la peticionaria fue
desvinculada de su empleo por la Embajada de la República Árabe de Egipto,
invocando, como causal de despido, bajo rendimiento laboral. Afirma que, a
pesar de haber trabajado bajo los síntomas de su enfermedad, esa causal no se
configuró, pues siempre cumplió responsable y adecuadamente sus deberes.
Además, siempre demostró respeto y fidelidad por el Embajador, su familia y sus
compañeros de trabajo.
1.5. La Embajada
de la República Árabe de Egipto no efectuó ninguna acción tendiente a
reubicarla en su puesto de trabajo, ni le ofreció medidas de rehabilitación o
fisioterapia para el tratamiento de su condición médica.
2. Argumentos
jurídicos de la demanda.
2.1. La Corte
Constitucional ha establecido que una trabajadora (o trabajador) en condición
de debilidad manifiesta dado su estado de salud no puede ser despedida (o
despedido), sin autorización previa del Ministerio del Trabajo (sentencias
T-039 de 2009, T-1083 de 2007 y T-853 de 2006). De igual manera, el artículo 26
de la Ley 361 de 1997 establece como sanción para el empleador que despida a un
trabajador con limitación física, el pago de una multa equivalente a 180 días
de salario.[4]
En la sentencia
C-531 de 2000, la Corporación declaró la exequibilidad condicionada del segundo
inciso del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que el
despido, o la terminación del contrato de una persona por razón de su
limitación sin que exista autorización de la Oficina del Trabajo, carece de
todo efecto jurídico.
2.2. En el caso
concreto, la peticionaria se hallaba enferma al momento de su despido, así que la
Embajada accionada no estaba facultada para terminar su contrato sin solicitar
permiso a la autoridad laboral.
3. Pretensiones.
Con fundamento
en los antecedentes fácticos y los argumentos jurídicos expuestos, la
peticionaria solicita que se ordene a la Embajada de la República Árabe de
Egipto (i) reintegrarla a un cargo de igual o superior categoría al que
desempeñaba al momento del despido, en el cual pueda ejercer a cabalidad sus
funciones, tomando en cuenta su limitación física; (ii) asumir el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el
reintegro efectivo al cargo, y (iii) efectuar el pago de la sanción prevista en
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
4. Intervención
de la parte accionada.
4.1. La acción
de tutela interpuesta por Luz Marina Chavarro correspondió, por reparto, a la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que
decidió “rechazar in límine” la demanda.
Ante el rechazo
de la acción, la peticionaria radicó solicitud de revisión ante la Corte
Constitucional invocando el auto 100 de 2008 de esta Corporación, y la Sala de
Selección número nueve escogió su expediente, el cual fue repartido a la Sala
Primera. Esta Sala vinculó a la Embajada accionada al trámite, mediante auto de
veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013), con el propósito de integrar
adecuadamente el contradictorio y asegurar el ejercicio de su derecho de
defensa.
4.2. En escrito radicado en la
Secretaría de la Corte Constitucional el veintinueve (29) de enero de dos mil
trece (2013), el señor Embajador de la República Árabe de Egipto contestó la
acción de tutela. Solicitó negar el amparo, con base en los siguientes
argumentos:
(i)    La Embajada no
conocía del estado de salud de la peticionaria, el tratamiento que debía seguir
ni los cuidados que requería al momento de decidir su desvinculación laboral.
(ii)     El despido de la
peticionaria no obedeció a su condición de salud, sino a causales objetivas de
terminación del vínculo, contenidas en los numerales 5º y 6º del artículo 62
del Código Sustantivo del Trabajo, relacionadas con bajo rendimiento laboral,
incumplimiento de las obligaciones contractuales y desobediencia a las
instrucciones del empleador.
(iii)       En esas
condiciones, la Embajada no requería permiso del Ministerio del Trabajo para
cesar el vínculo laboral, pues la Corte Constitucional señaló, en sentencia
T-519 de 2003, que los trabajadores deben informar a su empleador las
circunstancias personales que supongan “una ineptitud” en la prestación
del servicio, con base en el principio de buena fe contractual. Además, de
conformidad con la doctrina, “el trabajador no debe ocultar defectos de
aptitud e incluso [debe] rechazar aquellos trabajos para los que sea
manifiestamente inepto”. (En la intervención no se específica la fuente
doctrinaria).
(iv)       La misión
diplomática tiene la obligación de respetar las normas de su república, de las
cuales se desprenden las tareas encomendadas a cada empleado, incluidas
aquellas que la peticionaria rehusó cumplir.
(v)     La Embajada está
amparada por inmunidad jurisdiccional civil, razón por la cual no puede ser
sujeto pasivo de acciones judiciales en el territorio colombiano.
(vi)   La demandante
olvida que la acción de tutela ofrece una protección urgente a situaciones de
vulneración de los derechos, cuando no existen acciones ordinarias que cumplan
el mismo cometido, de conformidad con lo dispuesto por el principio de
subsidiariedad. Un conflicto como el que plantea debe resolverse ante la
jurisdicción ordinaria laboral y, como la accionante no acudió a esa vía de
defensa, el amparo resulta improcedente.
(vii)La tutela fue
interpuesta un año y medio después del despido, lo que desvirtúa la urgencia
manifiesta y evidencia el incumplimiento del requisito de inmediatez.
5. Decisión
judicial objeto de revisión
5.1. La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, mediante auto de dos (2) de mayo de dos mil doce
(2012) rechazó la acción de tutela interpuesta por la peticionaria,
considerando que los órganos diplomáticos, como la Embajada de la República
Árabe de Egipto, gozan de inmunidad jurisdiccional en materia laboral. Explicó
la alta Corporación que recientemente cambió su jurisprudencia sobre inmunidad
jurisdiccional restringida, en posición cuyos lineamientos fueron plasmados en
auto de veintiuno (21) de marzo de dos mil doce (2012), los cuales se resumen a
continuación:
5.2. El veintiuno (21) de marzo de dos
mil doce (2012), y bajo el radicado 37637, la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, modificó su jurisprudencia sobre el principio de
inmunidad jurisdiccional de los órganos de derecho internacional en Colombia y
recogió la tesis planteada en la providencia de trece (13) de diciembre de dos
mil siete (2007), en trámite de radicación 32096.
5.3. La Sala de Casación Laboral recordó
que históricamente se han presentado dos criterios jurisprudenciales sobre la
admisibilidad de las  demandadas presentadas por nacionales colombianos contra
órganos extranjeros e internacionales, y “personas concebidas en el Derecho
Internacional”.
5.3.1. El primero, expuesto en
providencia de ocho (8) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996),
negaba la admisibilidad de las demandas. Consideraba que si bien ordinal 5º del
artículo 235 de la Constitución Política confiere competencia a la Corte
Suprema de Justicia para conocer de los litigios que involucren agentes
diplomáticos acreditados en el país, esa Corporación tiene vedado el
conocimiento de controversias de origen laboral contra órganos diplomáticos, en
virtud del artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
de 1961, salvo si se presenta renuncia expresa del beneficio, posibilidad
prevista por el artículo 32 del mismo Instrumento.
De acuerdo con esta posición, al preverse
la inmunidad civil en el artículo 31 de la Convención citada, se incorporó
también la inmunidad en materia laboral.
5.3.2. El segundo criterio, contenido en
el auto admisorio de una demanda presentada contra la Embajada del Líbano, y
proferido el trece (13) de diciembre de dos mil siete (2007), sostiene que esas
demandas sí son admisibles, pues la costumbre internacional ha disminuido el
rigor de la inmunidad jurisdiccional, haciéndola relativa o restringida. Desde
esa orientación, (i) el Estado acreditante debe responder ante los nacionales
del Estado receptor por los actos que hubiere realizado como particular, o a
través de sus representantes (agentes diplomáticos y consulares); y (ii) la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia es el juez natural de
esas controversias, en proceso de única instancia.
De esa forma, se asegura la eficacia de
los artículos 228 de la Constitución Política, relativo al acceso a la
administración de justicia, y 235, numeral 5º de la Carta Política, que
establece entre las funciones de la Corte Suprema de Justicia “conocer de
todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el
Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional”.
La segunda posición se basa además en un
acercamiento hermenéutico distinto del artículo 31 de la Convención de Viena,
disposición que hace explícitos los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.
Sostiene que la expresión civil no incluye el derecho laboral, porque
este último constituye una rama autónoma, ya reconocida al momento de
suscribirse la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
5.4. En auto de 21 de marzo de dos mil
doce 2012, radicado bajo el número 37637, la Sala de Casación Laboral afirmó
que resultaba necesario efectuar una nueva rectificación jurisprudencial, en
los siguientes términos:
La Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas de 1961 consagra en su artículo 31 la inmunidad jurisdiccional de
los agentes diplomáticos en materias penal, civil y administrativa, con
el propósito de propiciar el respeto por la independencia, autonomía y soberanía
de cada Estado en el marco de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, el
artículo 41 (inciso 1º) de la Convención prescribe que la inmunidad no exime al
órgano de derecho internacional de cumplir las normas del país receptor.
De acuerdo con el auto de 8 de agosto de
1996, ese tratado excluyó de la jurisdicción del país receptor los actos o
hechos del agente diplomático ejecutados por razón de sus funciones, definidas
en el artículo 2º de la Convención de Viena de 1961, pero no aquellas que se
derivan de una actividad profesional o comercial. En ese sentido, aunque los
agentes diplomáticos están sometidos al ordenamiento jurídico del país
receptor, los actos que ejecuten en nombre del Estado acreditante están
amparados frente a la jurisdicción del Estado del foro por una ficción de “extraterritorialidad”.
5.5. Una misión diplomática cumple sus
funciones contratando tanto ciudadanos del Estado acreditante, como del Estado
del foro. En consecuencia, las relaciones laborales fruto de ese vínculo se
encuentran amparadas por la inmunidad jurisdiccional, mientras que “las
relaciones jurídicas laborales que no puedan calificarse como propias de los
miembros del personal de la misión diplomática en los antedichos términos; o
que se desarrollen en cumplimiento de objetos ajenos a la finalidad diplomática
para la cual el Estado extranjero ha establecido la respectiva misión –actos
iure gestionis o iure negotii-; o que sencillamente tengan por objeto atender
necesidades de orden particular de los miembros de la misión, como aquellos a
los que alude la invocada norma cuando califica el servicio de éstos como
‘criados particulares’ son las que deben tenerse como susceptibles de la tutela
judicial del país receptor, pues limitan y restringen el privilegio de
inmunidad jurisdiccional consagrado en el Estado”.[5]
Retomando la orientación establecida en
el año 1996, la expresión “inmunidad de jurisdicción civil” contenida en
el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales de
1961 comprende las controversias derivadas de las relaciones de trabajo, como
lo demuestra el hecho de que el artículo 33 de la propia Convención exime del
cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad social del Estado receptor a
los agentes diplomáticos, cuando no sean nacionales del Estado del foro, no
tengan su residencia permanente en él y estén protegidos por las disposiciones
de seguridad social del estado acreditante o de un tercer estado.[6]
En tal sentido, la denominación de
jurisdicciones “penal, civil y administrativa” planteada en la
Convención de 1961 obedece a una clasificación genérica de los asuntos
susceptibles de control judicial en la época en que se redactó el Instrumento.
Esas jurisdicciones comprenden todas las materias que cada uno de los estados
suscriptores incorpora en su ordenamiento y corresponden a los asuntos “objeto
de represión punitiva, los conflictos de intereses entre particulares y las
controversias donde figurara como parte la autoridad estatal”.
5.6. El numeral 5º del artículo 235 de la
Constitución Política no establece que la Sala de Casación Laboral tenga
competencia para resolver controversias de carácter laboral entre ciudadanos
colombianos y misiones diplomáticas, u órganos de derecho internacional. Lo que
dispone es que la Corte Suprema de Justicia conocerá de los negocios
contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno en los
casos previstos por el Derecho Internacional, esto es, aquellos que se
desprendan de la interpretación correcta del artículo 31 de la Convención de
Viena de 1961; y esas controversias deben ser resueltas por la Sala de Casación
Civil, de conformidad con el artículo 25, numeral 5º, del Código de
Procedimiento Civil.
5.6. La nueva tesis supera la
contradicción que supone el que la Sala de Casación Laboral conozca demandas
contra órganos de derecho internacional pero, por otra parte, no exista un
medio para garantizar la ejecución de los fallos. Ello no implica, sin embargo,
que las personas no gocen de un mecanismo de defensa judicial, sino que en el
orden jurídico actual ese medio es la acción de reparación directa, escenario
en el que pueden obtener resarcimiento por los daños ocasionados en virtud de
los beneficios que el Estado colombiano concede a otros estados.
5.7. Las consideraciones expuestas son
plenamente aplicables al caso concreto porque “la acción de tutela se
encuentra incluida dentro del poder jurisdiccional frente al cual existe
inmunidad” y no hace parte de las excepciones contempladas en la Convención
de Viena sobre relaciones diplomáticas, ni existe una renuncia expresa de la
República Árabe de Egipto a ese beneficio.
6.
Con base en las razones expuestas, la Sala de Casación Laboral, actuando como
juez constitucional de primera instancia, decidió rechazar la acción y devolver
“las diligencias al interesado”.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta
Sala es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite
de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso
3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y problema jurídico
2.1.
La accionante estuvo vinculada a la Embajada de la República Árabe de Egipto
mediante contrato de trabajo a término indefinido, desde el primero (1º) de
julio de dos mil siete (2007) hasta el veintinueve (29) de noviembre de dos mil
once (2011), día en que fue despedida por la Misión Diplomática, aduciendo la
terminación unilateral del vínculo con justa causa, consistente en bajo
rendimiento laboral y desobediencia a las instrucciones laborales impartidas
por el empleador.
2.2.
La peticionaria niega la existencia de justa causa para su despido, señalando
que a pesar de su enfermedad cumplió adecuadamente sus funciones y guardó
siempre una actitud respetuosa hacia el señor Embajador y su familia. En
consecuencia, atribuye la finalización del contrato a una actitud
discriminatoria, derivada de su condición de debilidad por razones de salud.
Por ese motivo, presentó acción de tutela, requiriendo la protección
constitucional de su derecho a la estabilidad laboral reforzada. Aclara que la
Embajada conocía su situación y a pesar de ello no solicitó autorización al
Ministerio del Trabajo para la desvinculación.
2.3.
El señor Embajador de la República Árabe de Egipto, en escrito de contestación
a la demanda, señaló que (i) no conocía el estado de salud de la peticionaria,
por lo que no se hallaba obligado a aplicar en su caso las garantías propias de
la estabilidad laboral reforzada; (ii) el despido se efectuó con justa causa,
de acuerdo con las causales contenidas en los numerales 5º y 6º del Código
Sustantivo del Trabajo; (iii) la misión diplomática goza de inmunidad
jurisdiccional en materia laboral; y (iv) la acción de tutela objeto de estudio
no cumple con los requisitos (iv.1) de inmediatez, pues fue interpuesta un año
y medio después del despido, y (iv.2) subsidiariedad, en tanto se plantea un
conflicto propio de la jurisdicción ordinaria laboral.
2.4.
El conocimiento de la acción correspondió, por reparto, a la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Este órgano judicial decidió, mediante
auto de dos (2) de mayo de dos mil doce (2012), rechazar la demanda, razón por
la cual la peticionaria radicó solicitud de revisión ante la Corte
Constitucional, con base en lo dispuesto por el Auto 100 de 2008.
El
Juez constitucional de primera instancia fundamentó su decisión en la
existencia de un reciente cambio de jurisprudencia sobre el principio de
inmunidad jurisdiccional de los Estados, el cual fue ampliamente explicado en
los numerales 5º y 6º de los antecedentes de esta providencia. Aunque la Sala
de Casación Laboral no abandonó la concepción relativa del principio, sí
modificó su alcance, acrecentando su ámbito de aplicación y restringiendo
consecuentemente la procedencia de acciones contra entes de derecho
internacional de manera que los conflictos entre un nacional y un agente
diplomático pueden ser objeto de control judicial si son actos de gestión,
mientras que las controversias entre nacionales y misiones diplomáticas
estarían plenamente amparadas por la inmunidad de jurisdicción.
2.5.
En ese contexto, corresponde a la Sala Primera de Revisión abordar dos
problemas jurídicos. El primero, de naturaleza procedimental, consiste en
determinar si la Embajada de la República Árabe de Egipto se encuentra
legitimada por pasiva en el escenario de la acción de tutela. Esa discusión va
ligada al alcance del principio de inmunidad jurisdiccional de los Estados,
sobre el cual existe jurisprudencia constitucional uniforme y consolidada, que
será reiterada de manera detallada, dada la existencia de una decisión de
rechazo, por parte del juez constitucional de primera instancia.
El
segundo problema, de carácter sustantivo, se cifra en establecer si la misión
diplomática accionada desconoció el derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada de la señora Luz Marina Chavarro, al desvincularla del empleo
que ocupaba en la Embajada de la República Árabe de Egipto, hallándose en
condición de debilidad manifiesta por motivos de salud, y sin autorización del
Ministerio del Trabajo; o si, por el contrario, la conducta del empleador fue
legítima, en tanto constituye un despido unilateral con justa causa, originado
en el bajo rendimiento laboral de la peticionaria.
Para
resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala deberá (i) reiterar su jurisprudencia
sobre la inmunidad jurisdiccional de los Estados; (ii) recordar las subreglas
que definen el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en
condición de debilidad manifiesta por su estado de salud; y, en ese marco,
(iii) abordar el análisis del caso concreto.
El principio de inmunidad jurisdiccional de los
Estados. Reiteración de jurisprudencia.
1. El principio de inmunidad
jurisdiccional hace referencia a la improcedencia de llevar a un Estado, o sus
agentes, ante los tribunales de otro Estado, por hechos ocurridos en territorio
del segundo, y originados en el ejercicio de funciones diplomáticas o
consulares. El principio comporta entonces una restricción a la soberanía territorial
de un Estado en beneficio de la soberanía nacional de otro.[7]
2. La inmunidad jurisdiccional tuvo
origen en el derecho internacional público, en el Siglo XIX, cuando se concibió
como mecanismo imprescindible para asegurar las relaciones internacionales
pacíficas. A partir de los principios de autonomía, independencia, soberanía e
igualdad entre estados, reflejados en el aforismo latino par in parem non
habet imperium, en esa etapa se consideraba que el principio involucraba
una prohibición absoluta[8] de juzgamiento de los actos
realizados por el Estado acreditante o sus agentes en territorio del Estado del
foro, sin importar su naturaleza.
3. Con el paso del tiempo, la comunidad
internacional comenzó a variar su perspectiva sobre el alcance del principio.
Así, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 (en adelante,
Viena RD)[9]
y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (en adelante,
Viena RC) definieron ámbitos específicos de aplicación del principio, en lugar
de una regla absoluta de inmunidad; en la misma dirección, la jurisprudencia de
distintos países comenzó a delinear los contornos de la inmunidad relativa,
valiéndose de la distinción entre actos políticos, o dirigidos al cumplimiento
de los fines estatales (de jure imperium), y actos en que el Estado o
sus agentes actúan como particulares (actos de jure gestionis).[10]
4. Desde ese punto de vista, la
inmunidad solo cobra sentido ante actos de iure imperium, pues solo estos
concretan la independencia, autonomía e igualdad que el principio persigue
preservar. Por el contrario, cuando un Estado o sus agentes se involucran en
asuntos comerciales o laborales, actuando de forma similar a un particular, no
resulta plausible sostener que la inmunidad favorece su soberanía, y sí se
percibe, en cambio, una restricción a los derechos de los ciudadanos del Estado
del foro y, especialmente, a la posibilidad de exigirlos judicialmente. Por ese
motivo, la perspectiva absoluta del principio genera tensiones insoportables
con los principios de acceso a la administración de justicia y a la existencia
de un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos, consagrados
en los artículos 228 de la Constitución Política y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.
5. En la paulatina transformación que
sufrió la comprensión de la inmunidad jurisdiccional, la expedición de leyes
especiales que regularan integralmente la materia se dio en países como Estados
Unidos y Gran Bretaña durante la década de los 70, en las cuales se plasmó el
propósito de sentar parámetros claros a la inmunidad.[11] Estas leyes presentaron
un avance en relación con la tradicional distinción entre actos de imperio y
actos de gestión como criterio para definir el alcance de la inmunidad, al
establecer la improcedencia de la inmunidad en determinados eventos de daño a
la integridad, la vida, la propiedad de las personas (esto último, solo en caso
de graves afectaciones). La diferencia con la concepción tradicional radica en
que tales daños no estarían cobijados por la inmunidad, independientemente de
si se califican como políticos o de gestión.[12]
6.
En el ámbito interno, la jurisprudencia de las altas cortes ha abordado también
el alcance del principio de inmunidad jurisdiccional desde una perspectiva restringida.
Para el caso objeto de revisión resulta relevante hacer referencia
especialmente al auto de 13 de diciembre de 2007 de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia (Caso Adelaida García de Borrisow contra la
Embajada del Líbano), en el que se efectuó una síntesis de las discusiones que
han surgido en la jurisprudencia del alto Tribunal sobre la procedencia de
acciones laborales contra órganos o agentes diplomáticos y consulares; así como
las sentencias C-137 de 1996 y T-932 de 2010, en las que se ha perfilado el
alcance constitucional del principio.
La
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y el caso hito, Adelaida García
de Borrisow contra la Embajada del Líbano (Auto admisorio de 13 de diciembre de
2007
7.
En Adelaida García de Borrisow contra la Embajada del Líbano, la Sala de
Casación Laboral reseñó las dos tesis que ha sostenido históricamente en su
jurisprudencia sobre el principio de inmunidad jurisdiccional, basadas en
interpretaciones opuestas del artículo 31 de Viena RD 1963, y presentadas
respectivamente en auto de 8 de agosto de 1991 y en diversas decisiones que
fueron posteriormente acogidas, precisamente, en la sentencia de García de
Borrisow. La primera tesis, incorpora los asuntos laborales en la inmunidad
civil explícitamente consagrada por la Convención de Viena RD, mediante una
interpretación amplia de su artículo 31, según la cual los Estados pretendieron
agrupar en la tridivisión civil, administrativo y penal todos los
asuntos susceptibles de generar controversias judiciales.
La
segunda, excluye los conflictos laborales de la inmunidad, considerando que si
los suscriptores de la Convención no utilizaron la expresión “laboral”, esa era
su intención, pues podían haberla incluido explícitamente, al tratarse de un
área jurídica autónoma (este punto se abordará con mayor detalle en
consideraciones ulteriores).[13]
8.
Con el propósito de fortalecer su argumentación a favor de la segunda
interpretación, en Adelaida García de Borrisow v. Embajada del Líbano, la alta
Corporación reparó en el lugar central que ocupa el derecho al trabajo en el
orden constitucional vigente, en tanto “atributo inalienable de la
personalidad” y “factor preponderante en el desarrollo del individuo y
de la sociedad”, en el “marco del Estado Social de Derecho”, e hizo
alusión a las múltiples referencias normativas que desarrollan el contenido del
derecho al trabajo en el orden constitucional, entre ellas, los artículos 25 y
53 de la Carta Política, y las distintas normas contenidas en los tratados de
derechos humanos, destinadas a su protección y garantía, e incorporadas al
orden interno por las remisiones del artículo 93 Superior.
También
explicó la Sala de Casación Laboral que el trabajo, en tanto derecho humano,
comporta para todas las naciones obligaciones de protección, garantía y
respeto, y recordó que el Ministerio de Relaciones Exteriores elaboró en marzo
de 2004 una Nota Verbal dirigida a embajadas, consulados y otros organismos de
derecho internacional, recalcando su obligación de cumplir las normas laborales
internas.
9. Añadió que la Convención de Viena RD
de 1963 estipuló que las normas de derecho consuetudinario rigen las cuestiones
no reguladas expresamente en el Instrumento, en armonía con el artículo 38
(numeral 1º, literal b) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y
explicó que un amplio conjunto de países venían adhiriendo la visión
restringida del principio,[14]
hasta materializarse un consenso al ser aprobada la Convención de las Naciones
Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes en el año
2004, en la que explícitamente se excluyó la jurisdicción laboral del ámbito de
inmunidad de los Estados.[15]
Concluyó la Sala de Casación Laboral que la competencia para dirimir semejantes
controversias le había sido atribuida por el artículo 235, numeral 5º de la
Constitución Política.[16]
10. El caso García de Borrisow v. Misión Diplomática de la
Embajada de Líbano en Colombia fue finalmente decidido el 2 de septiembre de
2008, declarando la existencia de un contrato de trabajo entre las partes
entre el 1° de abril de 1981 y el 24 de noviembre de 2004, el cual fue
terminado unilateralmente y sin justa causa por el demandado; y condenando al
Estado de Líbano al pago de una suma determinada de dinero.[17]
La
jurisprudencia constitucional y la sentencia T-932 de 2010, caso de Blanca Cote
Gómez contra la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.
11. A su turno, la
Corte Constitucional colombiana ha desarrollado una línea constante y uniforme dirigida
a la defensa de la orientación relativa del principio, y ha conceptuado que las
demandas laborales, incluidas aquellas que involucran controversias sobre
derechos pensionales, así como las acciones de tutela dirigidas contra misiones
o agentes diplomáticas y consulares no están amparadas por la inmunidad[18] y, por lo
tanto, deben admitirse. La reiteración de jurisprudencia que se presenta en los
párrafos sucesivos se basa, principalmente, en las sentencias C-137 de 1996[19] y T-932 de
2010,[20]
en las que se presentó una exposición integral y sistemática del tema.
12. Como lo expresó la Sala de Casación
Laboral en el caso García de Borrisow contra Embajada del Líbano, esa alta
corporación ha expuesto dos posiciones distintas sobre la interpretación del
artículo 31 de la Convención de Viena RD, al momento de estudiar el alcance del
principio de inmunidad jurisdiccional de los Estados.
De una parte (auto de 8 de agosto de
1996 – Radicado 9151), ha sostenido que al utilizar los adjetivos “civil,
administrativo y penal”, el objetivo perseguido era cobijar todos los
posibles litigios que los Estados conocían en esa época, y que serían,
respectivamente, las controversias entre particulares, aquellas que envuelven
al Estado, y los asuntos objeto de represión punitiva. Desde otra perspectiva,
presentada en el auto de 13 de diciembre de 2007, Radicado 32096, ha desvirtuado esos argumentos, considerando que ya en esa época (1961) el derecho laboral era
autónomo, y que en otros apartes de la Convención de Viena – RD (artículo 33)
se hace una referencia explícita a la seguridad social, lo que evidencia la
existencia de ramas distintas a la civil, la penal y la administrativa.[21]
13. Para la Corte Constitucional es
claro que el artículo 31 de la Convención de Viena RD de 1961 no incorpora los
asuntos laborales en su ámbito de protección, y por lo tanto, en el espectro de
la inmunidad jurisdiccional. Al respecto, observa la Sala que no solo la
indagación histórica sobre el alcance de la expresión “civil” al momento
de aprobación de la Convención es relevante. Concurren también diversos
argumentos derivados del uso conjunto de los distintos criterios de
interpretación, que apoyan la interpretación literal del artículo citado.
13.1. Primero, desde una aproximación
gramatical, la expresión “civil” no incorpora de manera evidente en su
contenido semántico lo “laboral”, aspecto relevante en tanto la regla general
sobre interpretación de los tratados prevé que sus términos deben entenderse en
su sentido corriente.[22] Cabe precisar que si bien en
otras oportunidades la jurisprudencia constitucional ha afirmado que acoge una
lectura “restrictiva” de la cláusula citada, la conclusión presentada es
simplemente la que corresponde a su acercamiento gramatical inmediato.
13.2. Desde el punto de vista del
contexto histórico en que se suscribió la Convención de Viena RD de 1961, las
distintas salas de Revisión han acogido la interpretación asumida por la Sala
de Casación Civil en el caso Adelaida García de Borrisow v. Embajada del
Líbano. Al hacerlo, han señalado que antes de la suscripción de la Convención
de Viena – RD (1961) y Viena – CD (1963) el derecho laboral tenía plena
autonomía, como lo demuestra la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo en 1919, también en el seno de las Naciones Unidas, y los distintos
convenios y recomendaciones que emitió desde ese momento hasta la aprobación de
Viena RD.[23]
13.3. Además, la propia Convención de
Viena RD hace referencia explícita a la seguridad social, al prever reglas
autónomas sobre las obligaciones de los agentes diplomáticos en ese
escenario (Viena RD, artículo 33). En consecuencia, acudiendo al contexto
de la expresión,[24] resulta plausible suponer que
si los redactores de Viena RD podían considerar la seguridad social como rama
autónoma, posición semejante debían sostener en relación con el Derecho
Laboral, argumento que se torna más sólido al tomar en cuenta que (i) se trata
de áreas íntimamente relacionadas y (ii), entre ellas, el derecho laboral puede
considerarse como un campo de mayor amplitud.
En adición a lo expuesto, plantear una
interpretación expansiva de la expresión “civil” para incluir en ella el
derecho laboral, riñe con el objeto y fin del Tratado, que consiste en definir
los principios generales de las relaciones diplomáticas o consulares (Viena RD
y RC, respectivamente), pero propiciando al máximo el cumplimiento de las
normas internas de cada Estado (artículo 41 de Viena RD). Lo que más conviene
al objeto de asegurar el cumplimiento de las normas laborales es, sin duda, mantener
una lectura taxativa y literal de su artículo 31.
13.4. Finalmente, desde un punto de
vista sistemático tampoco resulta acertado ampliar el sentido de la expresión “civil”,
por la grave restricción que supondría para los derechos al trabajo y la seguridad
social, consagrados en distintos instrumentos de derechos humanos, entre los
cuales deben resaltarse el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.[25]
Extender la inmunidad del ámbito civil
al laboral implica también desconocer el derecho humano a la existencia de un
recurso judicial efectivo (artículo 25, CADH), y las obligaciones generales de
los Estados de protección, garantía y respeto por los derechos humanos. Por el
contrario, la interpretación que mantiene la separación entre los ámbitos civil
y laboral asegura la eficacia de esos derechos, y otros principios
constitucionales como el artículo 2º (eficacia de los derechos), 4º (supremacía
de la Constitución), 5º (prevalencia de los derechos humanos en el ámbito
interno) y 228 (derecho fundamental al acceso a la administración de justicia).
14. Todo lo expuesto en relación con la
exclusión del derecho laboral del ámbito de inmunidad debe aplicarse con mayor
razón a la acción de tutela, en tanto acción de carácter constitucional,
derecho fundamental, y recurso  para la eficacia de todos los derechos
fundamentales. Por ese motivo, tanto antes como después de proferirse la
sentencia T-932 de 2010, en sentencias T-833 de 2005 y T-667 de 2011, la
Corporación ha declarado explícitamente que la acción de tutela no puede
considerarse incluida en el ámbito de la inmunidad jurisdiccional.
15. En adición a la reflexión sobre el
sentido del artículo 31 de Viena RD, la jurisprudencia constitucional ha
constatado la existencia de una práctica concordante de los Estados que
evidencia el reconocimiento del alcance relativo del principio; y ha
considerado que existe un consenso internacional sobre su contenido,
materializado en la Convención de las Naciones Unidas sobre inmunidades de los
Estados y sus bienes (CIJEB), de 2004.[26]
16. Como lo expresara la Sala de
Casación Laboral en Adelaida García de Borrisow v Embajada del Líbano, la
aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades
Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes (CIJEB), en el año 2004,
constituyó un punto de inflexión en el conocimiento que los Estados poseen
sobre el principio de inmunidad de jurisdicción, el cual debe ser adecuadamente
asumido también en el orden nacional.
17. La Convención reconoce la
importancia de la inmunidad de jurisdicción en las relaciones ínter estatales,
pero adhiere sin ambigüedad a su concepción restringida.[27]
Concretamente, plantea seis escenarios que no se hallan amparados por los
beneficios de la inmunidad, de los cuales cabe destacar aquellos que han sido
objeto de mayores discusiones jurisprudenciales y doctrinales: (i) los
relativos a los actos comerciales, (ii) los que generen daño a la integridad,
vida y propiedad de los nacionales del Estado receptor, y (iii) las relaciones
surgidas de un contrato de trabajo.[28]
18. Para este Tribunal, la práctica
internacional y el efecto declarativo que representa la aprobación de la
Convención conjugan los dos elementos constitutivos de la costumbre
internacional (práctica y opinión concordante de los expertos, u opinio
iuris). En idéntica dirección, distintos órganos del Estado colombiano han
asumido esa práctica, como lo reflejan las misivas remitidas por el Ministerio
de Relaciones Exteriores a las misiones diplomáticas en Colombia, con el
propósito de asegurar el cumplimiento de las normas internas en relación con
los derechos laborales de los ciudadanos colombianos que ejercen funciones en la
Misión.
19. Resulta oportuno señalar además que,
de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia (norma que define de forma general las fuentes del derecho
internacional público), la costumbre es fuente de derecho internacional, tal
como lo son los tratados,[29]
así que su aplicación directa es presupuesto necesario del cumplimiento de las
obligaciones internacionales del Estado en este ámbito.
En el derecho internacional público, la
jerarquía de las fuentes es un asunto que no se encuentra plenamente definido,
como puede ocurrir en los órdenes jurídicos nacionales. Así, no puede afirmarse
de manera absoluta que un tratado vigente posea mayor fuerza vinculante que una
costumbre plenamente definida y eventualmente consolidada con posterioridad al
tratado, al menos de forma parcial. Los argumento que acudan a las fuentes del
derecho internacional deben buscar una interpretación que satisfaga tanto
criterios de voluntariedad o consentimiento de los Estados, como criterios de
justicia y corrección creados a partir de una lectura sistemática de las normas
vinculantes, bien sea que se encuentren en un tratado, hagan parte de la
costumbre,  o se desprendan de los principios generales del derecho, la
doctrina y los pronunciamientos jurisdiccionales y cuasijurisdiccionales
pertinentes.
20. En el escenario objeto de estudio,
observa la Sala que la actualización del derecho internacional que se percibe
desde las convenciones de Viena de los años 1961 y 1963 hasta la Convención de
Naciones Unidas de 2004, la precisión que aporta la CIJEB al ocuparse
específicamente de los Estados y sus bienes, en lugar de referirse
exclusivamente a los agentes diplomáticos y consulares; así como las normas
específicas en las que se define el alcance de la inmunidad y las zonas en que
no opera, son elementos que otorgan seguridad jurídica a las relaciones entre
nacionales y órganos de derecho internacional y permiten que el Estado conozca
plenamente el alcance de sus obligaciones y de los derechos que plausiblemente
le serán reconocidos por los estados extranjeros, en materia de inmunidad de
jurisdicción.
En ese orden de ideas, debe resaltarse
que existe una fuente de derecho internacional que recoge y define con claridad
la práctica los contornos del principio de inmunidad jurisdiccional,
directamente aplicable en el orden interno, y cuyo contenido debe guiar la
interpretación de las demás normas pertinentes y vinculantes para Colombia,
contenidas en la Constitución Política y las convenciones de Viena RD de 1961 y
Viena RC de 1963. Los eventuales conflictos entre esas fuentes deben ser
solucionados con observancia del principio pro hómine, dando el mayor
alcance posible a las soluciones que privilegien el goce de los derechos
humanos.
21. Acorde con esas consideraciones, desde
el año 1996, al analizar la constitucionalidad de la Ley 208 de 1995, por medio de la cual se aprobó el “Estatuto del
Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología” la Corte
Constitucional planteó que los beneficios otorgados a órganos de derecho
internacional deben armonizarse con los derechos fundamentales y los
instrumentos o garantías necesarios para su goce efectivo. Por ello, sentenció
que la inmunidad jurisdiccional solo puede aceptarse en un estado
constitucional de derecho, si se entiende de manera restringida. Así lo indicó la
Sala Plena de este Tribunal:
33.
(…) Las prerrogativas e inmunidades otorgadas no son, ni pueden ser, totales o
absolutas. Ningún Estado constitucional estaría en capacidad jurídica de
otorgar plena inmunidad a todo agente de un gobierno extranjero o representante
de un organismo de derecho internacional, respecto de cualquier actividad que
cumpla en su territorio, pues ello implicaría sacrificar las atribuciones que
le competen como estado libre y soberano para asegurar la defensa de los
derechos de las personas sometidas a su jurisdicción. De la misma manera, a la
luz del artículo 13 de la Carta, tampoco sería posible afirmar que toda prerrogativa
es legítima. Para que la concesión de estos derechos y beneficios especiales
resulte constitucional, se requiere que concurra la defensa de los principios
de independencia, soberanía e igualdad - reciprocidad - entre los Estados (…)
En
suma, al analizar las prerrogativas e inmunidades de que trata el artículo 13
bajo estudio, la Corte debe verificar que tras cada una de ellas se propenda a
la defensa de los principios de independencia, igualdad y soberanía de los
Estados parte del convenio que se analiza y, por lo tanto, del respeto del cual
son tributarios los agentes y bienes del Centro, a fin de que no se
obstaculice, sin justificación constitucional, el ejercicio de sus funciones
propias, pero sin que ello implique una renuncia no justificada del deber del
Estado de garantizar los derechos y deberes de los habitantes del territorio
(…) (Sentencia C-137 de 1996. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).[30]
22.
Posteriormente, en la sentencia T-932 de 2010, la Corte se refirió ampliamente
a los fundamentos y alcance de la inmunidad jurisdiccional, dejando sentadas
las bases que desde entonces caracterizan la posición de este Tribunal en la
materia. Esta providencia ha sido reiterada en distintas oportunidades, pues
contiene la doctrina actualizada de la Corte, por lo que resulta oportuno
efectuar un relato amplio de sus fundamentos centrales:
En
esta sentencia, la Sala Novena de Revisión conoció el caso de una mujer
colombiana que laboró para la Misión Diplomática de la Embajada de la República
Bolivariana de Venezuela durante 22 años, tiempo en el que la Embajada no
efectuó ningún aporte al sistema de pensiones. Por ese motivo, el organismo
diplomático decidió reconocerle una pensión de jubilación, por cuantía de 512
dólares mensuales. Sin embargo, en el año 2004, la peticionaria comenzó a
recibir el pago de su mesada de manera extemporánea hasta que, de un momento a
otro y sin justificación alguna, se suspendió definitivamente el pago.
La
Corte aclaró que no podía entrar a definir la legalidad del reconocimiento
pensional efectuado inicialmente por la Embajada, pues este se basó en normas
de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, precisó que al no haber
efectuado los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, la Embajada
accionada sí desconoció su derecho a la seguridad social en pensiones, así que
ordenó el pago de una pensión de vejez en cuantía equivalente al salario mínimo
mensual vigente, hasta que el asunto fuera resuelto de manera definitiva por la
jurisdicción laboral. Como fundamentos centrales sobre la procedencia de las
acciones contra Embajadas, tanto en sede de tutela como en procesos laborales, la
Sala citada presentó los siguientes razonamientos:
“4.1. La
inmunidad de jurisdicción es el derecho reconocido a cada Estado, en razón al
atributo esencial de soberanía, a no ser sometido a la potestad jurisdiccional
de otro Estado[31].
Se basa en los principios de igualdad, en el respeto a la autodeterminación de
los pueblos y en la independencia que se sintetiza en el aforismo de origen
feudal “par in parem non habet imperium” (entre pares no hay actos de
imperio).
(…)
[E]l artículo
XXXI de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (…) establece que
los agentes diplomáticos gozan de inmunidad absoluta en materia penal y también
en materias civil y administrativa pero con algunas excepciones taxativas. Sin
embargo, (…) la mencionada Convención no contempla expresamente la inmunidad
diplomática en relación con la jurisdicción laboral, es decir, en el ámbito de
los contratos de trabajo y las relaciones laborales que en general los Estados
acreditantes celebren o tengan con connacionales o residentes permanentes en el
Estado receptor, a título de actos jure gestionis y en ratione
materia.  || Esta interpretación restrictiva no se torna irracional si se
contextualiza bajo el abrigo del numeral 3° del artículo XXXIII de la mismo
Convención, el cual consagra que el agente diplomático debe cumplir con las
disposiciones que el Estado receptor imponga en materia de seguridad social a
los empleadores, respecto de los “criados particulares” que le presten
sus servicios, siempre que sean nacionales del Estado receptor o tengan en él
su residencia permanente (…)
Ahora bien, la
Convención de Viena de 1961 (…) estipuló en sus considerandos que las normas
del derecho internacional consuetudinario han de continuar rigiendo las
cuestiones que no hayan sido expresamente reguladas en las disposiciones de
dicha Convención. De tal forma que, aplicando el literal b) del artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, dentro de las fuentes
interpretativas del derecho se encuentra la costumbre internacional, que
se entienden como una práctica seguida por los sujetos internacionales y
generalmente aceptada por ellos como derecho. La noción de costumbre
internacional es plenamente válida y aplicable si cumple con dos requisitos
esenciales: (i) El elemento material, que está dado por la repetición o
práctica constante de un determinado comportamiento, lo cual constituye un
precedente; y, (ii) El elemento subjetivo o espiritual, que es la
convicción en los sujetos de Derecho Internacional de que se trata de una
práctica jurídicamente obligatoria. Este elemento también se conoce con la
expresión latina “opinio iuris sive necessitatis” y tiene varias formas
de manifestarse como por ejemplo, a través de notas diplomáticas,
comunicaciones oficiales, instrucciones dadas por un Estado a sus agentes,
declaraciones de los representantes de Estado, entre otras (…).[32]
La costumbre
internacional (…) puede llegar a declararse o expresarse formalmente mediante
un Tratado o Convención de ámbito multilateral con el efecto general de
precisarla y sistematizarla por escrito, el cual además tiene la misión de ser
prueba suficiente de la existencia del elemento subjetivo o espiritual
imprescindible que dirige la costumbre internacional, según lo explicábamos en
párrafos precedentes. Es lo que la doctrina ha denominado el efecto
declarativo[33]
de la costumbre internacional. Pues bien, aunque aún no se encuentra vigente
para nuestro país, el 2 de diciembre de 2004 la Asamblea General de las
Naciones Unidas adoptó, por consenso, el texto de la Convención de Naciones
Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, la cual
permaneció abierta a la firma de los Estados Miembros de Naciones Unidas desde
el 17 de enero de 2005 hasta el 17 de enero de 2007[34] (…).[35]
Consideraciones
finales sobre la inmunidad jurisdiccional de los estados. Su carácter relativo
y la procedencia de las acciones laborales y de tutela dirigidas tanto contra
agentes, como contra misiones diplomáticas.
23. Una vez
expuestos los fundamentos centrales de la jurisprudencia constitucional y sobre
la inmunidad de jurisdicción relativa, la Sala considera pertinente efectuar
algunas precisiones adicionales, previo el estudio del caso concreto.
23.1. Primero, la interpretación de la
inmunidad jurisdiccional como un principio absoluto es insostenible en un
Estado Constitucional de Derecho como el colombiano.
Una de las características más
importantes –acaso la de mayor relevancia- de un ordenamiento de esa naturaleza
es la de incorporar, como normas superiores, un amplio conjunto de principios,
con plena fuerza normativa y, por lo tanto, aplicables por todos los jueces.
Los principios, según caracterización teórica ampliamente aceptada por la
jurisprudencia de esta Corporación, exigen la realización de un objetivo (bien
o valor) al nivel más alto posible, dentro de las posibilidades fácticas y
jurídicas.[36]
La pluralidad de principios propia de la
Constitución refleja la participación de distintos grupos sociales en la
concepción de las normas fundamentales. En tal escenario, los principios
plantean exigencias normativas complejas y, aunque en abstracto todos pueden
considerarse armónicos en tanto materializan la democracia participativa y
pluralista, en casos concretos un principio puede imponer para su satisfacción
la realización de una conducta incompatible con las exigencias derivadas de
otro principio. En esos supuestos corresponde al juez efectuar un ejercicio de
ponderación que defina la precedencia entre los principios en tensión dentro de
las circunstancias del caso concreto o, en otros términos, considerados todos
los aspectos relevantes del caso.
Calificar un principio como absoluto
implica excluirlo de la ponderación y presuponer a priori que todo
conflicto o tensión que genere con otros principios de la Constitución Política
será resuelta a su favor. Es discutible la existencia de algún principio que
posea semejantes características. Eventualmente, la dignidad humana, entendida
como fundamento y fin de todos los derechos fundamentales y cuya preservación
sería interés de todo el orden jurídico podría considerarse absoluta. Pero no
existe, en cambio, ninguna razón para suponer que la inmunidad jurisdiccional
pueda atrincherarse de esa forma ante cualquier conflicto y en cualquier
escenario judicial.
En otros términos, resultaría un
sinsentido suponer que, siendo todos los principios constitucionales relativos,
en tanto son susceptibles de restricciones legítimas y deben ponderarse con
otros de igual jerarquía en los casos concretos, la inmunidad jurisdiccional de
los Estados sí ostenta ese carácter absoluto. Retomando lo expresado al inicio
de la exposición, la ponderación constitucional necesaria para la aplicación de
este principio debe incorporar, de una parte, los principios de independencia,
soberanía, autonomía e igualdad entre los estados, y, de otra, el derecho
al acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial efectivo,
junto con aquellos derechos que se pretendan hacer valer ante la jurisdicción
en cada caso.
23.2. Con ello, se refuerza la imperiosa
necesidad de acoger el principio de inmunidad jurisdiccional desde una
perspectiva relativa. Sin embargo, no se avanza en cuanto su alcance. Definir
claramente este aspecto es condición inexcusable para ­garantizar seguridad
jurídica a los ciudadanos colombianos y los órganos de derecho internacional
que ejercen funciones en Colombia; y para cumplir adecuadamente los compromisos
del Estado en el ámbito internacional.
Si bien hasta el momento el alcance de
la inmunidad, tanto para los agentes diplomáticos como para los Estados se ha
definido con base en el artículo 31 de Viena RD, resulta conveniente acudir a la
Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los
Estados y sus Bienes de 2004, CIJEB, para establecer su naturaleza y límites.
En la CIJEB (2004) se establece que los
Estados no gozan de  inmunidad en relación con demandas laborales presentadas
por nacionales del Estado del foro. De esta manera se supera la tradicional
división entre actos de imperio y actos de gestión como única vía para
esclarecer qué supuestos están amparados por la inmunidad de jurisdicción.
Independientemente de la importancia de distinguir entre uno y otro tipo de
acto para evaluar si determinadas conductas deben considerarse cobijadas por
las normas de inmunidad por satisfacer los principios de independencia,
autonomía y soberanía estatal, existe actualmente una norma específica de
derecho consuetudinario que ordena la admisión de las demandas laborales contra
misiones diplomáticas.
24. Finalmente, aceptar la naturaleza
absoluta de la inmunidad (o prever para ella un alcance demasiado amplio), en
una comunidad de Estados que de forma prácticamente uniforme ha acogido su
versión relativa y la procedencia de las acciones laborales, afecta principios
constitucionales, y de derecho internacional reconocidos por Colombia. Esa
posición atenta contra la equidad y la reciprocidad en las relaciones
internacionales, pues los beneficios que Colombia otorgaría a otros estados
desde la visión ilimitada de la inmunidad  no serán recibidos por el país en
Estados extranjeros.[37]
La estabilidad reforzada de las personas
con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta en las distintas
opciones productivas o de generación de ingresos.[38] Reiteración
de jurisprudencia.
25. La Constitución Política de 1991
concede particular relevancia al trabajo. Lo incorpora entre los principios
fundamentales de la organización social (artículo 2º CP); le atribuye el
estatus normativo de derecho fundamental (artículo 25 CP); y lo rodea de un
conjunto de garantías mínimas que deben observarse en todas las relaciones
laborales (artículo 53 CP).
26. Además de esas referencias
normativas explícitas, su protagonismo en el orden superior se evidencia en
aspectos como la forma social del Estado; la relativa dependencia de los
sistemas de seguridad social a la existencia de un mercado laboral con
adecuadas condiciones de acceso para toda la población, el reconocimiento del
derecho fundamental innominado a la estabilidad laboral reforzada, y la
incorporación del principio y deber de solidaridad al Texto Superior.
27. Entre los principios mínimos
fundamentales del derecho al trabajo, establecidos en el artículo 53 Superior,
se encuentra la estabilidad laboral. La concreción de este principio enfrenta
distintos obstáculos, de carácter fáctico y jurídico. Los primeros, se reflejan
en la escasez de puestos de trabajo, variable sensible a las cambiantes coyunturas
económicas; los segundos, se asocian a la necesidad de armonización que en
ocasiones se presenta con (i) el derecho a la libertad contractual y de empresa
de los empleadores, y (ii) la obligación estatal de asegurar el acceso a los
cargos públicos en condiciones de igualdad y mérito, y de adecuar las plantas
de personal de tal manera que el diseño del aparato estatal y la destinación de
los recursos públicos obedezca a criterios de eficiencia.
28. En ese complejo marco de tensiones
constitucionales, la Corte Constitucional ha explicado que la estabilidad
laboral no se traduce en la permanencia indefinida o absoluta en los puestos de
trabajo, sino que se concreta por diversos mecanismos y en distintos niveles de
intensidad. La protección de la estabilidad laboral comprende fórmulas tan
variadas como la obligación de la administración de motivar los actos
administrativos de insubsistencia, la existencia del régimen de carrera, la
previsión de causales de terminación justa de los contratos de trabajo y el
pago de indemnizaciones 39
como consecuencia del despido, aspectos
que, además, se incorporan al debido proceso de los trabajadores.
29. El nivel más alto de protección a la
estabilidad se presenta cuando el principio se aplica en escenarios que
involucran los intereses de personas en condición de debilidad manifiesta o
pertenecientes a grupos sociales vulnerables. En tales hipótesis, la
estabilidad va directamente ligada al principio de igualdad material y a diversos
mandatos constitucionales de protección especial a diversos grupos sociales.
Por esa razón, adquiere un carácter reforzado y se torna en derecho fundamental
para los sujetos protegidos.
30. En el estado actual de desarrollo
legislativo y jurisprudencial, son titulares del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada las mujeres gestantes, las personas con
discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por razones de salud y los
aforados sindicales. En los siguientes considerandos la exposición se enfoca en
el caso de las personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta
por razones de salud, ámbito en que la Corte ha construido una sólida línea
jurisprudencial.[39]
31. El derecho a la estabilidad laboral
reforzada de las personas con discapacidad o en condición de debilidad
manifiesta por razones de salud surge de la interpretación conjunta de diversas
cláusulas constitucionales, como pasa a explicarse.
31.1. El artículo 13 de la Constitución
Política establece el principio y derecho a la igualdad en el orden jurídico
colombiano, mediante una formulación compleja, que representa diversas facetas
o dimensiones, destinadas a garantizar una igualdad de derechos, consideración
y respeto para todos los ciudadanos. De una parte, en su inciso primero
establece el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de
discriminación, componentes esenciales de la dimensión formal de la igualdad.
Acto seguido, en los incisos segundo y tercero, ordena la adopción de un
tratamiento diferencial, de carácter favorable, frente a personas en condición
de debilidad manifiesta o vulnerabilidad, por medio de acciones positivas, destinadas
a superar las desventajas de hecho que se presentan en la sociedad para
alcanzar así una igualdad de derechos. Estas medidas se asocian a la dimensión
material de la igualdad.
31.2. La Constitución Política contiene
además cláusulas concretas de protección destinadas específicamente a la
protección de las personas con discapacidad. En ese sentido, de acuerdo con los
artículos 47 y 54 de la Constitución Política, el Estado debe adoptar las
medidas adecuadas para la protección de sus derechos; para propiciar su
participación en la sociedad, y para eliminar los patrones históricos y las
barreras sociales que impiden su integración social en igualdad de condiciones
al resto de la población.
Esas normas deben ser interpretadas y
aplicadas en armonía con el principio de solidaridad social, cuya fuente
normativa se encuentra en los artículos 1º y 95 de la Constitución Política; y
de tal manera que se satisfagan las obligaciones adquiridas por el Estado
colombiano en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
escenario en el que la reciente aprobación de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CNUDPD) consagra claros
derroteros para los Estados en el sentido de respetar al máximo la autonomía de
las personas con discapacidad y para que la sociedad sea cada vez más
inclusiva, superando las barreras culturales que afectan a este grupo
poblacional.
En relación con el citado principio de
solidaridad social, la jurisprudencia constitucional ha explicado que, por regla
general, debe ser objeto de desarrollo legislativo para que se traduzca en
deberes concretos en cabeza de las autoridades públicas. Sin embargo, también
ha señalado que puede traducirse en obligaciones específicas impuestas
directamente por la Constitución frente a grupos vulnerables, cuando así se
desprende de su lectura conjunta con el principio de igualdad material.[40]
La solidaridad constituye, así mismo, un
pilar del sistema de seguridad social, donde se define como la ayuda mutua
entre las personas, bajo el esquema de la movilización de esfuerzos (recursos o
cargas) desde los más fuertes hacia los más débiles[41]. Por su importancia, el
principio se convierte en una guía para la adopción de políticas públicas y un
elemento imprescindible para la adecuada interpretación de las normas de
seguridad social, por parte de los operadores administrativos y judiciales.
32. En desarrollo de los principios
constitucionales citados, el legislador decidió adoptar medidas para la
integración social de la población con discapacidad, mediante la Ley 361 de
1997. En materia laboral, su estrategia se adelantó por dos caminos
complementarios: de una parte, adoptó medidas positivas, tendientes a propiciar
la contratación de personas con discapacidad, creando una serie de incentivos
crediticios, tributarios y de prelación en procesos de licitación, adjudicación
y contratación con el Estado.[42]
De otra, estableció una prohibición al despido discriminatorio de personas con
discapacidad en su artículo 26, creando así una restricción constitucionalmente
legítima a la libertad contractual del empleador, quien sólo está facultado
para terminar el vínculo después de obtener una autorización a la Oficina del
Trabajo, después de que ésta determine si existe una causa justa para la
terminación del vínculo.[43]
33. En el inciso segundo de la misma
disposición (artículo 26 de la Ley 361 de 1997), el Legislador estableció que,
en caso de presentarse un despido de una persona con discapacidad sin el citado
permiso, el empleador debía cancelar una indemnización equivalente a 180 días
de salario.
La disposición fue demandada mediante la
acción pública de inconstitucionalidad; el ciudadano que actuó como demandante
argumentó que el pago de la indemnización resta toda eficacia a la prohibición
de despido establecida en el primer inciso del artículo 26, Ley 361 de 1997. La
Corte Constitucional se pronunció sobre ese cargo mediante sentencia C-531 de
2000[44],
fallo en el cual consideró que, en efecto, desde una aproximación literal, el
texto normativo demandado podría llevar a concluir que el empleador se hallaba
facultado para dar por terminado el despido, cancelando la suma de dinero
correspondiente a 180 días de salario, a pesar de que el primer inciso de la
misma disposición planteaba la prohibición de un despido de esa característica,
en desarrollo de diversas cláusulas constitucionales.
Esa lectura resultaría incompatible con
la naturaleza del derecho a la estabilidad laboral reforzada de las
personas con discapacidad, pues en lugar de la permanencia en el puesto de
trabajo reduciría la garantía al pago de una suma de dinero determinada. Por
ese motivo, la Sala Plena declaró su exequibilidad condicionada, considerando
que ese pago constituye una sanción que se impone al empleador que incurra en
un despido discriminatorio; pero aclaró, además, que con independencia de esa
sanción, un despido de esa naturaleza carece de efectos, siendo procedente por
lo tanto el reintegro del afectado, sin solución de continuidad en materia de
salarios y prestaciones sociales:
“En esos
términos, tal y como se encuentra redactada la norma, la Corte estima que la
posibilidad de despedir a un discapacitado, sin autorización de la oficina de
Trabajo, debiendo el patrono asumir el pago de una indemnización por la suma de
‘ciento ochenta días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que modifiquen, adicionen, complementen o aclaren’, no
configura una salvaguarda de sus derechos y un desarrollo del principio de
protección especial de la cual son destinatarios, por razón de su debilidad
manifiesta dada su condición física, sensorial o mental especial, en la medida
en que la protección de esta forma establecida es insuficiente respecto del
principio de estabilidad laboral reforzada que se impone para la garantía de su
derecho al trabajo e igualdad y respeto a su dignidad humana. […] la verdadera
naturaleza de la indemnización que allí se plantea enerva el argumento de la
inconstitucionalidad de la disposición legal, por cuanto dicha indemnización
presenta un carácter sancionatorio y suplementario pero (…) no otorga eficacia
jurídica al despido o a la terminación del contrato de la persona con
limitación, sin previa autorización de la oficina de Trabajo, de manera que,
se procederá a declarar la exequibilidad del inciso 2o. del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, bajo el entendido de que el despido del trabajador de su
empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la
autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es
eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de
que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la
ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización
sancionatoria”.[45]
34. Posteriormente, en la sentencia
T-519 de 2003[46],
la Corporación sistematizó las subreglas sobre protección de la
estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad, a partir de la
siguiente premisa: el despido de una persona con discapacidad sin justa causa
constituye una acción discriminatoria y, por lo tanto, incompatible con la
Constitución Política y violatoria de los derechos fundamentales del afectado.
La existencia de una justa causa no
puede ser evaluada por el propio empleador, sino que debe ser sometida a la
autoridad del trabajo legalmente facultada para ello, condición que viene a
integrar el derecho al debido proceso del trabajador. Por ese motivo, siempre
que se demuestre la relación entre la condición de discapacidad y el despido,
la tutela puede ser el medio idóneo de protección de los derechos del afectado.
Concretamente, la Corte planteó las siguientes reglas de evaluación de los
casos de despido de persona con discapacidad:
“2.9. En
concusión se puede afirmar que (i) en principio no existe un derecho
fundamental a la estabilidad laboral; sin embargo, (ii) frente a ciertas
personas se presenta una estabilidad laboral reforzada en virtud de su especial
condición física o laboral. No obstante, (iii) si se ha presentado una
desvinculación laboral de una persona que reúna las calidades de especial
protección la tutela no prosperará por la simple presencia de esta
característica, sino que (iv) será necesario probar la conexidad entre la
condición de debilidad manifiesta y la desvinculación laboral, constitutiva de
un acto discriminatorio y un abuso del derecho. Por último, (v) la tutela sí
puede ser mecanismo para el reintegro laboral de las personas que por su estado
de salud ameriten la protección laboral reforzada, no olvidando que de
presentarse una justa causa podrán desvincularse, con el respeto del debido
proceso correspondiente”.[47]
35. La cuarta subregla fue objeto
de discusiones ulteriores, las cuales giraron en torno a dos problema
evidentes, al considerar la situación real de las personas con discapacidad en
el ámbito laboral: la dificultad que supone para el trabajador demostrar un
hecho psicológico del empleador y la consecuente desprotección de muchos
empleados afectados por conductas discriminatorias, titulares del derecho a un
trato especial en virtud de los principios de solidaridad, igualdad y atención
a las personas con discapacidad.
Por ese motivo, en la sentencia T-1083
de 2007,[48]
la Corporación modificó explícitamente una de las subreglas sentadas en la
T-519 de 2003. Sostuvo que siempre que se presente la desvinculación de una
persona en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud, o con
discapacidad, sin permiso de la Oficina del Trabajo debe presumirse el carácter
discriminatorio del despido; presunción que debe ser desvirtuada por el
empleador. Así lo expresó la Sala Séptima:
“[…] es necesario
que respecto de los despidos de trabajadores discapacitados efectuados sin
autorización de la Oficina del Trabajo se aplique en particular una de las
reglas establecidas positivamente en el caso de la trabajadora en embarazo,
cual es, la presunción de que el despido o la terminación del contrato de
trabajo se produce como consecuencia de su discapacidad. || La necesidad de
esta presunción salta a la vista, por cuanto, exigir la prueba de la relación
causal existente entre la condición física, sensorial o sicológica del trabajador
y la decisión del empleador constituye una carga desproporcionada para una
persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad evidente. Es más,
exigir tal prueba al sujeto de especial protección equivale a hacer nugatorio
el amparo de los derechos que pretende garantizar la estabilidad laboral
reforzada, pues se trata de demostrar un aspecto ligado al fuero interno del
empleador. La complejidad de dicha prueba aumenta, si tiene en cuenta que, las
más de las veces, los motivos que se exponen en las comunicaciones de despido
son aparentemente ajustados a derecho. || De esta forma, resulta más apropiado
desde el punto de vista constitucional, imponer al empleador la carga de probar
que el despido tiene como fundamento razones distintas a la discriminación
basada en la discapacidad”.
36. En relación con el ámbito personal
de aplicación de las normas y subreglas jurisprudenciales de protección
a las personas con discapacidad, la Corte ha sentenciado que estas medidas
cobijan tanto a quienes acreditan una discapacidad médicamente calificada por
los órganos competentes, como a las personas que se hallan en condición de
debilidad manifiesta por una determinada condición de salud, con independencia
de si el despido se produce durante el transcurso de una incapacidad por
enfermedad general, o si ocurre después, en circunstancias de las que se puede
inferir que la persona no ha recobrado plenamente su estado de salud.
En ese sentido, la exclusión de las
personas en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud del ámbito
protector de la estabilidad laboral reforzada se basa en una percepción de ese
derecho que pasa por alto sus fundamentos constitucionales y, principalmente,
su relación con los principios de igualdad y solidaridad, pues resulta
discriminatorio tratar de igual manera a una persona sana que a una enferma al
momento de terminar un vínculo laboral y porque las personas con discapacidad,
así como aquellas que se encuentren en condición de vulnerabilidad por razones
de salud, enfrentan una situación de debilidad que genera deberes derivados del
principio de solidaridad, tanto para las autoridades como para los
particulares.
En consecuencia, desde el punto de vista
del derecho a la igualdad, las personas en condición de debilidad manifiesta
merecen un trato especial, de carácter favorable, por parte del resto de la
sociedad.
37. En sentencias T-1040 de 2001 y T-198
de 2006, la Corte sentó su posición sobre el ámbito personal de protección de
esta garantía constitucional. Expresó, en esa oportunidad, al abordar el
análisis del caso concreto, así:
“La demandante en
el presente caso no ha sido valorada como discapacitada.[49] Sin embargo, sí estaba
disminuida físicamente en el momento en que fue despedida, en la medida en que
su afectación de la salud y la recuperación posterior a las intervenciones a
las que fue sometida le impedían el desarrollo de las labores impuestas por su
empleador. Es necesario determinar entonces si la situación de disminución
física en que se encontraba la demandante debido a su afectación de salud y a
su recuperación la hacen sujeto de una protección especial que implique el
derecho al reintegro. […]
En
el presente caso la empresa desatendió las órdenes médicas que contraindicaban
la realización de determinadas labores físicas y, por el contrario, se empeñó
en asignarle funciones contraindicadas, mientras el estado de salud de la
demandante desmejoraba radicalmente. La Corte observa que a la demandante le
fueron encargadas diversas labores que no se encontraba en capacidad de
realizar.  En primera medida, por su estado de salud, y en segunda medida,
porque no fue adecuadamente capacitada para realizarlas.  De hecho, fue
despedida del último cargo que ocupó cuando llevaba sólo pocos días de
labores.  Por otra parte, pese a la orden médica de realizarle una valoración
médica laboral a la demandante, y a que ella entregó dicha orden en la empresa,
ésta nunca se puso en contacto con la Aseguradora de Riesgos Profesionales, ni
con alguna entidad para autorizarla”.[50]
De ahí que la Corte haya considerado
que, a menos que se configure una causa justa valorada por las autoridades
laborales, con la consecuente autorización de despido, el empleador también
está en la obligación de reubicarla en un puesto de trabajo acorde con su
condición de salud y sus posibilidades actuales de realización profesional. La
Corporación abordó nuevamente y de manera más amplia el problema sobre el
ámbito personal de protección del derecho, en la decisión T-198 de 2006,[51] en la cual
precisó:
“[…]
la elaboración de una noción de discapacidad ha sido un proceso muy lento y
difícil. En cada momento de la historia, con base en los conocimientos
científicos con los que se ha contado, los legisladores han regulado diversos
aspectos de esta problemática. De allí que la terminología empleada en la
materia haya cambiado con el paso del tiempo. De hecho, hoy por hoy, se trata
de un concepto en permanente construcción y revisión. || Sin embargo, más allá de los esfuerzos que han adelantado
en los últimos años los expertos de diversas disciplinas de la salud, los
Estados y las Organizaciones Internacionales, los Estados se han comprometido a
no establecer discriminaciones de trato frente a este grupo de personas. Este
mandato que vincula a todas a las autoridades públicas y a los particulares,
fomenta la inserción de estas personas en los ámbitos laboral, familiar y
social. […] Es por ello, que en materia laboral, la protección especial de
quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta
se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su
situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus
labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una
calificación previa que acredite su condición de inválido”.
38. Cabe indicar que con posterioridad a
la publicación de esas decisiones (sentencias hito en la materia), la comunidad
internacional adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad en la cual se asumió un concepto de discapacidad
orientado a la eliminación de las barreras sociales que dificultan el goce de
los derechos fundamentales a las personas con discapacidad; maximizar su autonomía,
y garantizar su participación en las medidas que los afecten.
En el ámbito interno, la Corporación ha
señalado, con posterioridad a la aprobación y ratificación de la Convención,
que es importante mantener las ventajas de ambos enfoques con el propósito de
que la protección de ese grupo poblacional sea lo más amplia posible. Dentro de
esa perspectiva resulta completamente razonable la inclusión de todas las
personas en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud en el rango
de protección de la estabilidad laboral reforzada.
39. Finalmente, en lo atinente al ámbito
material de protección, la Corporación ha señalado de manera reiterada y
uniforme que la estabilidad no depende de la denominación del vínculo por el
cual la persona logra ejercer una actividad de generación de ingresos. La
eficacia directa de la Constitución Política en lo que hace al principio de no
discriminación y el deber de solidaridad y la existencia de deberes en cabeza
de toda la sociedad para la integración de la población con discapacidad,
proscriben una lectura que limite la protección al escenario específico del
contrato de trabajo, o a una modalidad determinada de este último.[52]
A partir de las reglas y principios
legales, constitucionales y jurisprudenciales recién expuestos, la Sala
abordará el estudio del caso concreto.
Análisis del caso concreto.
Con el propósito de resolver el caso
objeto de estudio, la Sala adoptará el siguiente orden expositivo. Primero,
hará referencia a la aplicación del Auto 100 de 2008 al presente trámite;
segundo, analizará lo concerniente a la legitimación por pasiva de la Embajada
de la República Árabe de Egipto; tercero, evaluará si se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la tutela (inmediatez y subsidiariedad); y, cuarto,
se pronunciará sobre la eventual violación al derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de la peticionaria.
1. Selección del presente
trámite, en aplicación del auto 100 de 2008.
En el año 2008, la Sala Plena de esta
Corporación asumió el estudio de una acción de tutela rechazada por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En ese entonces, algunas
salas de la alta Corporación citada, así como determinadas secciones del
Consejo de Estado, consideraban que la tutela no podía interponerse contra
órganos de cierre del sistema jurídico colombiano, razón por la cual rechazaban
“in límine” la acción.
Esas decisiones producían graves
consecuencia en la efectividad de los derechos fundamentales e impedían la unificación
en la interpretación de las normas constitucionales realizada por este
Tribunal, pues las demandas correspondientes no eran remitidas a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Un ciudadano enfrentó entonces el
rechazo de su acción, tras presentarla ante diversos órganos de cierre, y a
pesar de solicitar a la Procuraduría intervenir ante estas para asegurar que su
caso fuera objeto de decisión constitucional. Ante esa situación, solicitó a la
Corte Constitucional incluir directamente su demanda en el trámite interno de
selección de expedientes para revisión. La Sala Plena, mediante auto 100 de
2008 sentenció que, dada la intensa restricción que el rechazo de las acciones
de tutela genera en los derechos fundamentales a la administración de justicia
(artículo 228, CP); al ejercicio de la acción de tutela (artículo 86, CP); y a
la existencia de un recurso judicial efectivo para la protección de los
derechos humanos (artículo 25, CADH), los ciudadanos que enfrentaran el rechazo
de las acciones podían radicar su solicitud ante cualquier otro órgano de
cierre del sistema, o radicar la petición directamente en la Corte
Constitucional.[53]
La ciudadana Luz Marina Chavarro
interpuso una acción de tutela contra la Embajada de la República Árabe de
Egipto. Por reparto, la primera instancia correspondió a la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, órgano que decidió “rechazar in
límine” su demanda, basándose en un reciente cambio jurisprudencial
sobre el principio de inmunidad jurisdiccional de los Estados, y el alcance de
las competencias que la Constitución le confiere a la Corte Suprema de Justicia
en su artículo 235 (numeral 5º).
Por ese motivo, la accionante radicó su
escrito de tutela ante la secretaría de la Corte Constitucional, estimando que
la decisión de la Sala de Casación Laboral desconoce su derecho fundamental al
acceso a al administración de justicia. En concepto de esta Sala, dado que la
situación de la peticionaria en relación con el goce efectivo de sus derechos
constitucionales es idéntica a la de aquellas personas que sufrieron el rechazo
de las acciones por parte de órganos de cierre, y que dieron lugar al auto 100
de 2008, resulta también procedente aplicar por analogía las consideraciones
vertidas en esa oportunidad.
En tal sentido, si bien es cierto que la
acción de tutela iniciada por Luz Marina Chavarro no ataca decisiones de un
órgano de cierre del sistema jurídico, sino de una misión diplomática, lo
cierto es que su caso no ha sido objeto de pronunciamiento constitucional,
debido a un auto de “rechazo in límine”, incompatible con la vigencia
plena de los derechos al acceso a la administración de justicia, la existencia
de un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos, y
al ejercicio de la acción de tutela, consagrados en los artículos 86, 228 de la
CP y 25 de la CADH.
2. Legitimación por pasiva.
Aclaración previa.
Con el propósito de dar claridad a la
exposición, la Sala estima pertinente destacar la existencia de cuatro
decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral a las que
se hará referencia para explicar su línea jurisprudencial en materia de
inmunidad de jurisdicción: (i) el auto de 8 de agosto de 1996 (Radicado 9151),
asociada a la inadmisibilidad de acciones laborales contra órganos de derecho
internacional; (ii) el auto de 13 de diciembre de 2007 (admisión de la acción
laboral de Adelaida García de Borrisow contra la Embajada del Líbano, radicado
32096), en la que la alta Corporación rectificó jurisprudencia y consideró
viables las demandas laborales contra agentes diplomáticos o consulares, y
misiones diplomáticas o consulares; (iii) el auto de 21 de marzo de 2012
(Ricardo Toledo García contra Embajada de los Estados Unidos de América;
radicado No. 37.637), en el cual nuevamente la Sala de Casación Laboral
modificó su jurisprudencia y sentó que las demandas contra embajadas o misiones
diplomáticas son improcedentes, salvo aquellas que se dirigen contra el agente
diplomático por actos de iure gestionis; y (iv) el auto de 2 de mayo de
2012 (Luz Marina Chavarro contra Embajada de Egipto), por el cual la citada
Sala de Casación decidió rechazar una acción de tutela contra la Embajada de la
República de Egipto.
En el análisis del caso concreto se hará
referencia, principalmente, a las decisiones de 13 de diciembre de 2007, 21 de marzo
de 2012 y 2 de mayo de 2012. La primera de ellas, en tanto es armónica con la
jurisprudencia constitucional e, incluso, contribuyó a definir la posición de
este Tribunal en la materia. La segunda, en tanto supone un cambio de
jurisprudencia interno de la Sala de Casación Laboral, que fue tomado como
sustento para adoptar la decisión objeto de revisión; y la tercera, por ser
precisamente el asunto que será objeto de pronunciamiento en este trámite.
La Embajada de la República Árabe
de Egipto sí está legitimada por pasiva en este trámite, de acuerdo con la
jurisprudencia consolidada y uniforme de la Corte Constitucional.
2.1. La Embajada de la República Árabe
de Egipto es un órgano de derecho  internacional, legitimado por pasiva en el
ámbito de la acción de tutela. Así lo ha considerado esta Corporación en
jurisprudencia uniforme y reiterada, sin que exista a la fecha motivo alguno
para modificar su posición.
2.2. En oposición a las tesis defendidas
por la Corte Constitucional y previamente expuestas por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Adelaida García de
Borrisow v. Embajada del Líbano, ese órgano judicial decidió rechazar la acción
y devolver “las diligencias” a la accionante, en lugar de remitir el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Como fundamento de esa decisión, afirmó
que por medio de auto de 21 de marzo de 2012, y ante una nueva composición de la
Sala, rectificó una vez más su jurisprudencia sobre el principio de inmunidad
jurisdiccional de los órganos de derecho internacional. En efecto, el auto
objeto de revisión (de 2 de mayo de 2012) constituye una amplia reiteración de
la providencia por la cual se produjo esa variación jurisprudencial (auto de 21
de marzo de 2012).
2.3. El cambio de jurisprudencia de la
Sala de Casación Laboral (21 de marzo de 2012), se basó en un retorno a buena
parte de los argumentos que utilizaba en el año 1996 para declarar la
improcedencia o inadmisibilidad de las acciones laborales dirigidas contra
misiones diplomáticas, abandonados al admitir el caso Adelaida García de
Borrisow v. Embajada de Líbano, por auto de 13 de diciembre de 2007. El núcleo
de esa argumentación -como se ha explicado con amplitud- se encuentra en la
interpretación amplia del artículo 31 de la Convención de Viena de 1961 (RD) y,
especialmente, en la inclusión de los asuntos laborales dentro de la inmunidad
civil.
Debe aclararse, empero, que el auto de
21 de marzo de 2012 no abandonó de manera definitiva la doctrina sobre el
carácter relativo de la inmunidad jurisdiccional, sino que aumentó el ámbito
normativo de la inmunidad con base en dos argumentos, además de aquellos
relativos a la interpretación del artículo 31 de Viena RD.
Primero, señaló que el artículo 235,
numeral 5º, de la Constitución Política no prevé competencia alguna en cabeza
de la Sala de Casación Laboral sino que atribuye a la Sala de Casación Civil el
conocimiento de los asuntos que involucren agentes diplomáticos, en
concordancia con las normas del Código de Procedimiento Civil pertinentes.
Segundo, sostuvo que la nueva tesis
supera la contradicción que se da al asumir y fallar conflictos de ciudadanos
colombianos contra entes diplomáticos, sin que exista un mecanismo de ejecución
para hacer cumplir las decisiones. Y, tercero, explicó que ello no priva al
eventual afectado de un recurso judicial para la protección de sus derechos,
pues el medio jurídico adecuado para solucionar estos conflictos es la reparación
directa, escenario en el cual el ciudadano puede requerir del Estado el
pago del daño que le hayan producido los privilegios que este otorga en sus
relaciones diplomáticas.
Según se explicó en los antecedentes de
esta providencia, la nota característica de la nueva posición de la Corte
Suprema de Justicia consiste en cobijar bajo la inmunidad, de manera general,
aquellas acciones que se dirigen contra misiones diplomáticas, permitiendo
sin embargo la procedencia de acciones contra agentes diplomáticos, si
involucran actos de gestión.
2.4. Visto el cambio de jurisprudencia
de la Sala de Casación Laboral, y la decisión que el mismo órgano adoptó en
este trámite actuando como juez constitucional de primera instancia, la
revisión del caso requiere adelantar algunas consideraciones basadas en la
doctrina de respeto por el precedente judicial construida por la jurisprudencia constitucional, y en la distinción entre jurisdicción
constitucional en sentido orgánico y sentido funcional.
2.4.1. De acuerdo con la jurisprudencia
consolidada de esta Corporación, el respeto por el precedente judicial es un
mandato derivado del principio de igualdad de trato (artículo 13, CP), cuya
eficacia favorece la realización de otras normas superiores, como la seguridad
jurídica, la confianza legítima, y la unidad en la interpretación de las normas
jurídicas.
El último de los aspectos mencionados
(unidad en la interpretación) adquiere mayor relevancia en relación con las
cláusulas constitucionales, pues dada la vaguedad que caracteriza su
formulación (especialmente cuando se trata de derechos fundamentales), su
contenido semántico es particularmente amplio, así que la dispersión
interpretativa de tales cláusulas puede derivar en posiciones diametralmente
opuestas sobre el sentido y alcance de los más importantes mandatos del orden
jurídico, con grave afectación en el ejercicio igualitario de los derechos, y
en la racionalidad de la adjudicación constitucional.
Esta Corporación ha acogido en algunos
de sus pronunciamientos la distinción doctrinaria entre precedente horizontal y
precedente vertical, indicando en qué medida resultan estos vinculantes para el
juez posterior. El precedente horizontal se encontraría en pronunciamientos
previos sobre casos análogos, proferidos por un tribunal de la misma jerarquía
del órgano que invoca el precedente. El precedente vertical, en cambio, se
hallaría en los pronunciamientos que produce el superior jerárquico del juez
que lo invoca y, en último término, en el órgano de cierre de cada
jurisdicción.
De otra parte, como el respeto por el
precedente concreta el principio de igualdad de trato, la Corporación ha
explicado que seguir las decisiones previas exime al juez de particulares
cargas argumentativas, en tanto que apartarse del mismo le exige explicar las
razones de esa decisión, pues resultaría irrazonable dar un trato distinto a
supuestos fácticos iguales, si no existieran serios motivos con relevancia
normativa que aconsejaran esa decisión.
Así las cosas, las cargas que debe
asumir un juez para apartarse de un precedente son de dos tipos: la carga de
transparencia, hace referencia a la identificación clara y la exposición
honesta del contenido de los precedentes; ocultar su existencia o tergiversar
su sentido nunca podría ser una forma razonable de interpretación del derecho
jurisprudencial. La carga de suficiencia, alude a la existencia de
motivos serios para apartarse del precedente, derivados de la modificación del
ordenamiento positivo, el sistema axiológico de valores que subyace al orden
jurídico, o las circunstancias sociales en que se produjo la decisión previa.
O, desde otra perspectiva, a la posibilidad de evidenciar diferencias
relevantes entre el caso actual y el previamente estudiado, de tal naturaleza,
que desvirtuar la apariencia inicial de identidad entre ambos casos y, por lo
tanto, el carácter de precedente del fallo anterior.
2.4.2. Para abordar el análisis del auto
objeto de revisión a la luz de las subreglas sobre el respeto al precedente
resulta necesario recordar también la diferencia entre los conceptos de jurisdicción
constitucional en sentido orgánico y jurisdicción constitucional en sentido
funcional, decantados por esta Corporación, principalmente, al estudiar la
constitucionalidad de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, su
reforma, y en la solución de diversos conflictos de competencia (Ver,
principalmente, las sentencia C-037 de 1996 y C-713 de 2008[54]).
De acuerdo con el criterio orgánico, la
jurisdicción constitucional está compuesta de manera exclusiva por la Corte
Constitucional, dada la ausencia de juzgados y tribunales especializados en la
materia. Sin embargo, en virtud del sistema mixto de control de constitucionalidad
colombiano y, especialmente, del control difuso que efectúan todos los jueces
al decidir acciones de tutela, la jurisdicción constitucional desde un punto de
vista funcional, asociado al conocimiento de este tipo de acciones, incorpora a
todos los órganos jurisdiccionales.
Desde el punto de vista funcional, los
tribunales de cierre las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa
operan como jueces de instancia al momento de asumir el conocimiento de la
acción de tutela, razón por la cual sus decisiones son remitidas a esta
Corporación para su eventual revisión, con el fin de cumplir la necesidad de
unificar la interpretación de las normas constitucionales y, especialmente, de
los derechos fundamentales.
2.5. El auto de 21 de marzo de 2012 es
una decisión por la cual la Sala de Casación Laboral se apartó explícitamente
de su jurisprudencia constante sentada desde el año 2007, para retomar tesis
del año 1996, abandonadas porque –en palabras de la propia Sala de Casación-
ubicaban a Colombia a espaldas de los avances del derecho internacional[55] y
comportaban el desconocimiento de los derechos de los colombianos vinculados
laboralmente a misiones diplomáticas o consulares.[56] En tal sentido, ese auto
constituye un cambio de precedente horizontal.
2.6. El auto de 2 de mayo de 2012
(objeto de revisión en este trámite) no abordó una discusión sobre la
admisibilidad de demandas laborales contra los citados órganos de derecho
internacional, sino sobre la admisibilidad de una acción de tutela. Y en esa
decisión rechazó la demanda y ordenó la devolución de las actuaciones a la
accionante. Al hacerlo, se apartó del precedente vertical de esta Corporación,
establecido en jurisprudencia uniforme y consolidada sobre la procedencia de la
tutela contra órganos de derecho internacional, tomando como fundamento el
cambio de precedente horizontal, en materia de demandas laborales contra estos
entes.
2.7. En ese contexto, aunque no
corresponde a la Sala revisar el auto de 21 de marzo de 2012 (modificación de
precedente horizontal), sí deberá hacer referencia a algunos de sus argumentos
centrales, en tanto fueron asumidos como fuente de autoridad por la Sala de
Casación Laboral para apartarse de la jurisprudencia de esta Corte en relación
con la viabilidad de las acciones de tutela dirigidas contra entes y agentes
diplomáticos o consulares (eventual desconocimiento del precedente vertical).
2.7.1. El primer conjunto de argumentos
presentados por la Sala de Casación Civil se dirige a retomar la concepción del
año 1996 sobre la interpretación del artículo 31 de la Convención de Viena RD,
de 1961. En síntesis, un retorno a la idea según la cual la inmunidad civil
comprende la laboral, pues en la época en que se suscribió el Instrumento no se
concebía el derecho laboral como rama autónoma, y porque la intención de los
Estados era incorporar en las ramas civil, administrativa y penal todos los
asuntos susceptibles de controversia judicial. A ello añade que el artículo 33
de Viena RD de 1961 incluye la seguridad social en el ámbito de inmunidad.
Estos razonamientos, sin embargo, fueron
rectificados en el año 2007 (Adelaida García de Borrisow v Embajada del Líbano;
auto admisorio de la demanda), con reflexiones prácticamente incontrovertibles.
Así, afirmó la misma Sala de Casación citada que (i) el derecho laboral ya
gozaba de autonomía a la aprobación de Viena RD en 1961, pues ya la OIT había
sido constituida y profería convenios y recomendaciones precisando el alcance
de las obligaciones de los estados en materia laboral; (ii) la referencia a la
seguridad social en el artículo 33 confirma que los estados conocían ramas
autónomas, diversas de la tripartición del artículo 31, ibídem; (iii) la
interpretación literal del artículo 31 de Viena RD asegura la vigencia de los
artículos 228 de la Constitución Política, 25 de la CADH, sobre la posibilidad
de acceder a un recurso efectivo para el amparo de los derechos humanos; y de
todas las normas que protegen en el ámbito internacional los derechos laborales
y de la seguridad social.
No observa la Sala que el regreso a las
tesis de 1996 supere los argumentos por los que la propia Sala de Casación
Laboral rectificó su jurisprudencia en el el caso Adelaida García de
Borrisow, de 2007.
2.7.2. El siguiente argumento que
sustenta el cambio jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral, así como la
decisión de apartarse del precedente constitucional, consiste en señalar que
resulta contradictorio predicar la admisibilidad de demandas laborales y asumir
a la vez, la inmunidad absoluta en materia de ejecución.
Sin embargo, a propósito de ese razonamiento,
cabe anotar que aunque la inmunidad de ejecución es amplia, no se considera
absoluta dentro de la tendencia actual del derecho internacional. Así, la CIJEB
distingue entre medidas coercitivas previas a la adopción de un fallo[57] y medidas
coercitivas posteriores, orientadas al cumplimiento de una sentencia judicial.
Entre las segundas (posteriores al
fallo) prevé distintos supuestos en los que, partiendo de la voluntad o
consentimiento de los Estados podría darse el embargo o secuestro de bienes.
Pero, además de esas hipótesis surgidas en la voluntad expresa de los Estados,
el literal c) de la disposición, establece una excepción explícita a la
inmunidad de ejecución, en los siguientes términos:
“Cuando se ha
determinado que los bienes se utilizan específicamente o se destinan a su
utilización por el Estado para fines distintos de los fines oficiales no
comerciales y que se encuentran en el territorio del Estado del foro, si bien
únicamente podrán tomarse medidas coercitivas posteriores al fallo contra
bienes que tengan un nexo con la entidad contra la cual se haya incoado el
proceso”.[58]
Lo expuesto significa que en el estado
actual del derecho internacional no es absolutamente improcedente perseguir el
cumplimiento de una sentencia dictada contra un órgano diplomático por medio de
un proceso ejecutivo.
Primero, porque es plausible que los
estados continúen desarrollando, mediante diversos instrumentos normativos y
acuerdos bilaterales, la adopción de medidas como embargos y secuestros, bajo
determinados límites. Segundo, porque ya en la CIJEB de 2004 se plantea, como
criterio para determinar la procedencia de tales medidas, la distinción entre
bienes utilizados por el órgano para fines políticos y bienes destinados a
gestiones comerciales, en relación con los cuales sería procedente el embargo o
secuestro de bienes.
Por ello, sostener que la sentencia
laboral sin la garantía ejecutiva es totalmente inútil implica pasar por alto
que si ya existe un consenso entre las naciones sobre la procedencia de
demandas laborales contra órganos diplomáticos, plasmado en la CIJEB de 2004,
los Estados deben tener interés evidente en desarrollar mecanismos para la ejecución
de las sentencias. Dejando de lado el cumplimiento voluntario de las sentencias
internas, la constitución de fondos o reservas especiales, o la celebración de
acuerdos dirigidos a satisfacer esa necesidad, entre otras hipótesis que pueden
presentarse o desarrollarse en el marco del derecho internacional público para
cumplir una obligación de esta naturaleza.
En un escenario signado por los
principios de buena fe y pacta sunt servanda, y previendo que representa
un interés de todos los Estados proteger los derechos de sus habitantes,
resultaría razonable suponer que si los Estados agrupados en las Naciones
Unidas han desarrollado un consenso sobre la ausencia de inmunidad en diversos
ámbitos, avanzarán también en la creación de mecanismos como los descritos para
garantizar plenamente el cumplimiento de los fallos. No debe olvidarse que
tanto las convenciones de Viena de 1961 y 1963, como la CIJEB de 2004, plantean
la obligación de cumplir las normas internas del Estado receptor.
En ese sentido, la supuesta necesidad de
eliminar una garantía para la protección de un derecho (la acción laboral) por
la –también supuesta- inexistencia de otra garantía (el proceso ejecutivo
laboral) resulta paradójica en materia de protección de derechos
constitucionales. Los derechos de una Constitución normativa como la colombiana
son normas que exigen plena eficacia y no planes de acción o medidas
“programáticas” para los órganos del poder público. Por esa razón, si el orden
jurídico no prevé mecanismos adecuados para su protección, garantía y respeto,
es tarea del Legislador, los órganos administrativos y los jueces contribuir al
diseño de esas garantías, bien sea mediante la adopción de medidas
legislativas, políticas públicas o decisiones judiciales que doten de máxima
eficacia los derechos de todas las personas.
2.7.3. Al modificar su jurisprudencia, la
Sala de Casación Laboral manifestó también que la reparación directa constituye
un mecanismo propicio para la defensa de los derechos laborales de las personas
que se vean afectadas como consecuencia de los beneficios que el Estado otorga
a las misiones de países extranjeros en territorio nacional.
La Sala no discutirá la viabilidad de
acudir a la reparación directa como medio para perseguir el resarcimiento de
daños causados por las relaciones diplomáticas del Estado, supuesto en que el
Consejo de Estado ha considerado aplicable el título de imputación de daño
especial por rompimiento del equilibrio en las cargas que deben soportar los
ciudadanos. Sin embargo, suponer que en ese escenario se pueden resolver
adecuadamente todas las controversias laborales implica desconocer la complejidad
del derecho al trabajo, y las distintas facetas en las que se manifiesta la
necesidad de protección judicial.
Más aún, afirmar como regla general que
la reparación directa es el mecanismo judicial para resolver controversias
laborales, resulta por lo menos problemático desde un punto de vista
constitucional. La reparación directa solo es un escenario apropiado para
perseguir una indemnización por un daño, pero no para iniciar otro tipo de
reclamaciones relacionadas con el derecho al trabajo, como el respeto de los
principios mínimos del artículo 53 Superior, la protección a la estabilidad
laboral reforzada, el pago oportuno de salarios, o el reconocimiento y pago de
derechos pensionales, por mencionar algunos ejemplos.[59]
2.7.4. La Sala de Casación Laboral se
refirió también a la interpretación del artículo 235 (numeral 5º) de la Carta
Política, discutiendo su alcance literal y, en consecuencia, su competencia
para conocer conflictos laborales contra misiones diplomáticas.
Así, su solidez se asocia a (i) la
importancia de la interpretación literal de las normas como vía inicial para
hallar su sentido, e incluso, la voluntad del órgano que las profiere y (ii) el
interés por ceñirse estrictamente al principio de legalidad en la determinación
de las funciones los órganos involucrados en el ejercicio del poder público.
Sin embargo, es claro que esa interpretación gramatical no satisface una
lectura sistemática del bloque de constitucionalidad, que armonice los
distintos mandatos superiores en juego. Normas entre las que cabe destacar – como
lo hiciera la Sala de Casación Laboral en el caso Adelaida García de Borrisow
contra Embajada del   Líbano-[60]
el acceso a la administración de justicia y el derecho a un recurso judicial
efectivo para la protección de los derechos humanos, así como las normas
internas y de derecho internacional que declaran, reconocen y protegen los
derechos humanos al trabajo y la seguridad social.
En materia de tutela, una interpretación
sistemática apropiada del artículo 235 debe permitir que los artículos 2º, 4º,
5º y 86 de la Constitución irradien plena eficacia y -es imprescindible
recordarlo- en un Estado constitucional de derecho, la parte orgánica de la
Carta en la que se encuentra el artículo 235 Superior, debe leerse de manera
que satisfaga de la mejor manera posible los mandatos contenidos en su aparte
dogmático.
Todo lo expuesto, impide aceptar como
lectura de la Constitución, una que restrinja definitivamente el acceso a la
justicia de las personas colombianas para dirimir controversias laborales
surgidas en sus relaciones con misiones diplomáticas y consulares; y, con mayor
razón, a rechazar una posibilidad hermenéutica que priva a las personas de un
recurso judicial efectivo para la defensa de sus derechos, como la acción de
tutela.
De nuevo, la Sala acoge los argumentos
desarrollados por la Sala de Casación Laboral en Adelaida García de Borrisow
contra Embajada del Líbano. Una interpretación de la norma constitucional
citada, que permita la máxima eficacia de los demás principios superiores,
ordena entender que cuando el constituyente se refirió a “agentes diplomáticos”
en el numeral 5º del artículo 235 Superior, lo hizo con independencia de si
estos agentes actúan a título personal o como representantes de las misiones
diplomáticas que desarrollan funciones en Colombia.
2.7.5. Finalmente, el cambio de
jurisprudencia producido por el auto de 21 de marzo de 2012 (Ricardo Toledo
García contra Embajada de los Estados Unidos de América), reiterado en la
decisión de 2 de mayo del mismo año (Luz Marina Chavarro contra Embajada de
Irán, en trámite de revisión), se motivó, entre otras razones, en “la nueva
composición de la Sala” de Casación Laboral.
Al apartarse del precedente de esta
Corporación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no asumió la carga
de suficiencia necesaria, que quizás a través de razones poderosas, que
persiguieran por ejemplo la mayor eficacia de los principios constitucionales
comprometidos en este escenario, justificarían el separarse como juez de tutela
de instancia del precedente defendido por las diferentes Salas de la Corte
Constitucional. Razones vigorosas serían necesarias para asumir el costo que
implica para la seguridad jurídica y la igualdad el abandonar el rumbo
previamente trazado.
2.8. Así  las cosas, la respuesta al
primer problema jurídico debe ser el que las acciones de tutela dirigidas
contra misiones diplomáticas y otros órganos de derecho internacional deben ser
admitidas en Colombia.
De la eventual violación a la
estabilidad laboral reforzada de Luz Marina Chavarro por parte de la Embajada
de la República Árabe de Egipto.
3. Requisitos generales de procedibiliad.
3.1. Subsidiariedad.
La Corporación ha señalado que la acción
de tutela es el mecanismo judicial adecuado y eficaz para proteger la
estabilidad laboral de personas con discapacidad o en condiciones de debilidad
manifiesta por motivos de salud, principalmente por tratarse de un problema que
envuelve la vigencia del principio de igualdad, el mandato de no
discriminación, y la urgencia de asegurar el derecho fundamental al mínimo
vital de quienes, en virtud de condiciones de vulnerabilidad derivadas de
diversas afecciones de salud, se ven enfrentados a cargas desproporcionadas al
momento de perseguir una nueva opción productiva.[61]
El alcance de la protección, sin
embargo, puede concretarse de distintas maneras, en atención a las
circunstancias de cada caso. Por ejemplo, la naturaleza e intensidad de las
afecciones del peticionario, la edad avanzada del accionante o el hecho de
hallarse inmerso en una difícil situación económica, son factores que pueden
minar por completo la eficacia del mecanismo judicial ordinario, y llevar a la
adopción de órdenes de protección definitivas. Por el contrario, la existencia
de complejas discusiones a nivel probatorio o normativo, el pago de
indemnizaciones que la permitan al afectado preservar su mínimo vital por un
periodo determinado, o la existencia de alternativas de ingresos y rentas
pueden aconsejar la adopción de una decisión transitoria, con el fin de
preservar la competencia del juez natural para solucionar de manera definitiva
el conflicto. Tales aspectos deberán ser analizados por el juez constitucional
en cada caso.
En esta oportunidad, es posible presumir
que la peticionaria es una persona en condición de vulnerabilidad por razones
económicas, debido a que devengaba un salario mínimo mensual al momento de su
despido, y afirma que no ha conseguido trabajo desde entonces. Además de ello,
se encuentra en condición de debilidad manifiesta por su condición de salud,
situación que le dificulta acceder a un nuevo puesto de trabajo y, de
conformidad con su historia clínica[62]
tiene cincuenta y un años de edad, hecho que también representa una dificultad
para acceder a un nuevo puesto de trabajo.[63]
Ahora bien, en esta oportunidad, la Sala
observa que el recurso judicial por el cual se podría discutir un conflicto
laboral entre un ciudadano colombiano y una misión diplomática no mantiene la
eficacia que lo caracterizaba en los demás casos que ha estudiado la Corte
Constitucional. En ese sentido, tanto el cambio de jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral, como la decisión de rechazo de la acción de tutela de Luz
Marina Chavarro,  llevan a concluir que (i) actualmente no existe un mecanismo
jurídico para dirimir un conflicto jurídico, puesto que la Sala de Casación
Laboral rechazaría de plano una acción laboral; o (ii) el recurso existe, pero
en este momento no se percibe como un medio de defensa eficaz, debido a la
posición jurisprudencial actualmente asumida por la citada Sala de Casación.
Por ello, más allá de la situación de
vulnerabilidad de la peticionaria, en esta oportunidad la acción de tutela es
el mecanismo procedente para la solución del caso concreto debido a la
insuficiencia del medio ordinario para asumirlo y asegurar la eficacia de los
derechos fundamentales, en caso de comprobarse su violación. En consecuencia,
de hallarse comprobada la violación de sus derechos, la Sala adoptará medidas
definitivas de protección.
3.2. Inmediatez.
La Corte Constitucional ha explicado que
la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un tiempo razonable, una vez
identificado el hecho o la omisión que presuntamente causan una trasgresión a
los derechos fundamentales. De una parte, ha afirmado que este
requisito obedece  a una de las características inherentes a la acción de
tutela, pues su propósito es la protección inmediata de los derechos
fundamentales; en segundo término, el requisito se asocia a la exigencia de un
nivel mínimo de diligencia en la protección de los derechos fundamentales; y,
finalmente, responde a la necesidad de proteger la seguridad jurídica dotando
de estabilidad a las relaciones de los asociados.
Por ello, el principio de inmediatez no
equivale a la existencia de un término de caducidad, posibilidad explícitamente
declarada inconstitucional por la Corte en la sentencia C-543 de 1992 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo). Su evaluación consiste en hallar, a partir de
parámetros de razonabilidad, un equilibrio entre la imperiosa obligación de
proteger los derechos fundamentales, y asegurar también un mínimo de seguridad
jurídica, aún en relación con intereses de relevancia constitucional.
En este trámite, el señor Embajador de la
República Árabe de Egipto solicitó declarar la improcedencia de la acción,
indicando que no se cumple el requisito de inmediatez porque la tutela habría
sido interpuesta un año y medio después del despido de la señora Luz Marina
Chavarro, lo que según las pruebas no resulta cierto.
De acuerdo con la información que reposa
en el expediente, la peticionaria fue despedida de la Embajada el día 29 de
noviembre de 2011, y presentó la acción de tutela ante la Corte Suprema de
Justicia el 11 de abril de 2012 (aproximadamente 4 meses después, según afirma,
mientras conseguía una orientación). El 2 de mayo del mismo año, la Sala de
Casación Laboral profirió el auto por el cual rechazó su solicitud de amparo,
de manera que entre uno y otro hecho transcurrieron menos de cinco meses.
Tomando en cuenta las distintas condiciones de vulnerabilidad que afectan a la
peticionaria, así como la complejidad que reviste la inmunidad de jurisdicción
en la jurisprudencia nacional, la Sala estima que esa tardanza no se opone a
las exigencias de la inmediatez, a la luz del principio de razonabilidad.
Con todo, después de la decisión de
rechazo, la acción fue radicada en Secretaría de la Corte el día 10 de agosto
de 2012 (aproximadamente 9 meses después de la recepción de la carta de despido
y 4 meses del rechazo de la demanda por la Sala de Casación Laboral). Sin
embargo, esta circunstancia no puede atribuirse a falta de diligencia de la
señora Luz Marina Chavarro, sino a la decisión previamente mencionada. Por lo
tanto, no se afecta la conclusión sobre el cumplimiento del requisito de
inmediatez.
4. Sobre la violación al derecho a la
estabilidad laboral reforzada de Luz Marina Chavarro.
4.1. Como se explicó en los fundamentos
normativos de esta providencia, las personas con discapacidad o en condición de
debilidad manifiesta por motivos de salud son titulares del derecho fundamental
a la estabilidad laboral reforzada, el cual se concreta en la permanencia en su
puesto de trabajo,  mientras no se cuente con autorización del Ministerio o la
Oficina del Trabajo para su desvinculación, previa evaluación sobre la
existencia de una causa justa para terminar la relación.
En tal sentido, desde la sentencia C-531
de 2000,[64]
y en número muy amplio de sentencias de revisión de tutela, la Corte
Constitucional ha sentenciado que el despido de una persona en condición de
debilidad manifiesta por motivos de salud, sin tal autorización es ineficaz: en
ausencia de ese requisito, se presume que el motivo de terminación del vínculo
fue, precisamente, la condición de salud del empleado.
Esta presunción constituye una herramienta
para preservar la fuerza normativa del principio de no discriminación, como uno
de los pilares del Estado de Derecho, en tanto que la protección especial que la
Constitución otorga a las personas en condición de debilidad manifiesta en su
trabajo es una concreción de los principios de igualdad material y de Estado
Social de Derecho.
En los considerandos 26 a 39 de esta providencia se explicaron ampliamente las subreglas y criterios normativos que debe
emplear el juez constitucional para determinar si se configura una violación a
la estabilidad laboral reforzada de una persona en condición de debilidad
manifiesta por motivos de salud. En este caso, cada una de esas condiciones se
cumple, como pasa a explicarse:
3.2.1 La peticionaria es una persona en
condición de debilidad por motivos de salud. Para demostrar ese hecho, aportó
dictámenes y recomendaciones médicas que son parte de su historia clínica.[65] Su afección,
artritis reumatoidea, se caracteriza por intensos dolores en las
articulaciones, situación que sin lugar a dudas afecta su derecho al nivel más
alto posible de salud, y además dificulta el acceso y permanencia en un puesto
de trabajo. La condición de la peticionaria, según los dictámenes médicos, es “crónica
y discapacitante, de manera que es titular del derecho a la estabilidad laboral
reforzada.
3.2.2. La peticionaria fue vinculada a la
Embajada de la República Árabe de Egipto mediante contrato de trabajo a término
indefinido desde el 1º de julio de 2007. Este hecho se encuentra comprobado por
(i) la narración de la demanda y (ii) certificado laboral anexo al escrito de
tutela.[66]
Además, la Embajada accionada no presenta controversia alguna sobre este
aspecto.
3.2.3. De igual manera, está comprobado
que la Embajada de la República Árabe de Egipto dirigió una carta a la
peticionaria el día 29 de noviembre de 2011 con el propósito de dar por
terminado su contrato de trabajo.[67]
En esa carta se invocaron las causales 5ª y 6ª del artículo 62 del Código
Sustantivo del Trabajo como fundamento para finalizar su contrato
unilateralmente.[68]
Sobre este hecho tampoco existe controversia alguna entre las partes. Por el
contrario, ambas narraciones coinciden sobre el asunto, de igual manera, en el
expediente obra copia de la carta mencionada.
3.2.4. La peticionaria indica que la
Embajada le entregó la carta de despido sin haber solicitado autorización al
Ministerio del Trabajo para finalizar la relación laboral, violando así su
derecho a la estabilidad laboral reforzada.
La Embajada de la República Árabe de
Egipto afirmó que no solicitó ningún permiso al Ministerio del Trabajo porque
no tenía que hacerlo. En ese orden de ideas, también este hecho se encuentra
plenamente acreditado. Sin embargo, la convicción del Representante de la misión
diplomática en el sentido de no requerir el permiso del Ministerio del Trabajo
lleva a la Sala al núcleo de la controversia.
3.2.5. De acuerdo con la intervención
presentada ante la Sala Primera de Revisión, el señor Embajador de la República
Árabe de Egipto estima que el organismo diplomático no tenía que solicitar
permiso al Ministerio del Trabajo para despedir a la peticionaria porque ella
nunca informó de manera formal a la Embajada sobre su estado de salud y los
cuidados que requería. Además, consideró el Jefe de la Misión que la señora Luz
Marina Chavarro –como todo trabajador- tenía el deber de comunicar a su
empleador que padecía una condición que no la hacía apta para cumplir con las
funciones encomendadas.
La accionante afirma que comunicó a su
empleador su condición de salud y que incluso le entregó los dictámenes médicos
a propósito de su padecimiento.
En el orden jurídico colombiano existe
una presunción constitucional que ampara a los trabajadores con discapacidad o
las personas en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud. Esa
presunción indica que si se produce el despido de una persona en esa situación
y no existe permiso del Ministerio del Trabajo, el juez debe concluir que el
motivo fue precisamente su condición de salud y, por lo tanto, que recibió un
trato desigual de carácter negativo por sus condiciones físicas, psicológicas o
mentales.
Esa presunción se construyó
jurisprudencialmente a partir de dos fundamentos. Primero, el propósito de
satisfacer fines constitucionalmente relevantes, como la protección de la
población con discapacidad o en condiciones de debilidad por motivos de salud,
su integración al mundo laboral, y el principio de solidaridad social. Y,
segundo, desde un punto de vista fáctico, en atención a reglas de la
experiencia que enseñan sobre la manera en que una condición de salud se torna
notoria en el ámbito de las relaciones laborales, y demuestran que imponer al
trabajador la obligación de probar que informó de manera formal sobre su
condición al empleador, puede llevar a la parte débil de la relación laboral a
una situación de imposibilidad de prueba.[69]
(Ha ejemplificado la Corte, al respecto, que bastaría con que el empleador se
niegue a recibir una notificación  para que la discusión se reduzca a la
versión de las partes en conflicto).
Dados los fines constitucionales y las
reglas de la experiencia que amparan esa presunción, es claro que para desvirtuarla
deben aducirse pruebas y argumentos de especial solidez. En este caso, no
encuentra la Sala ese tipo de pruebas y argumentos.
En la misma dirección, debe resaltar la
Sala que en este caso no solo es aplicable la citada presunción, sino que
existe un conjunto de indicios que permite concluir el carácter discriminatorio
del despido de la peticionaria. En ese sentido, y según se explicó en los
fundamentos de esta providencia, un despido discriminatorio se produce tanto
cuando se evidencia que una condición física, fisiológica o psicológica motiva
al empleador a terminar el vínculo laboral, como en aquellos eventos en los que
se omite otorgar un trato especial de carácter favorable a una persona en
condición de discapacidad, o en estado de debilidad manifiesta por razones de
salud.
Pues bien, las pruebas contenidas en el
expediente demuestran que la peticionaria presentaba diversas condiciones que
afectaban su salud desde hace aproximadamente tres años [Supra, antecedentes,
1.2], y que estas iniciaron o se hicieron sintomáticas después de haber
iniciado su relación con la Embajada accionada [Supra, antecedentes,
1.3]; que ha sido incapacitada en diversas oportunidades y que ha debido acudir
al servicio de urgencias repetidamente [Supra, antecedentes, 1.2],
elementos que indican el conocimiento de su condición por parte del empleador.
Pero, además de ello, las principales
afecciones que enfrenta la peticionaria, artritis reumatoidea y gonartrosis,
suponen inflamación de las articulaciones y pérdida de movilidad de la rodilla,
de manera que son condiciones que se tornan notorias.
Pero, contrario a las condiciones
exigidas por la jurisprudencia constitucional, en el sentido de brindar una
especial protección a las personas con discapacidad o en condición de debilidad
manifiesta por motivos de salud, en virtud de los principios de igualdad y
solidaridad, el Jefe de la Misión argumenta que Luz Marina Chavarro tenía el
deber de informar a su empleador sobre toda condición que afectara su aptitud
para ejercer sus funciones.
En las consideraciones recién expuestas encuentra
la Sala motivos para fortalecer la presunción de conocimiento de su estado de
salud por parte del empleador. Especialmente, en tanto el organismo diplomático
considera erradamente que la jurisprudencia constitucional exige a los trabajadores
informar sobre su ineptitud para desarrollar determinadas funciones, o
cumplir ciertas tareas, cuando adolecen de alguna enfermedad.
En este punto es preciso aclarar que la
concepción sobre las afecciones de salud o las discapacidades que presenta la
parte demandada difiere de la que han defendido el Legislador colombiano y esta
Corporación, al menos, desde la Ley 397 de 1996 y la sentencia C-531 de 2000.[70] Siguiendo la
orientación más actualizada sobre los derechos de las personas con disminución
física por su estado de salud, o con discapacidad, no considera la Corte que
una condición física, psicológica o fisiológica pueda asumirse como una
ineptitud. Por el contrario, estima que el puesto de trabajo o las funciones
que desempeña la persona deben ser adecuadas a su estado de salud, incluso si
ello supone algunas cargas para el empleador derivadas del principio de
solidaridad. Por esa razón, el último de los argumentos presentados por la
Embajada tampoco resulta admisible desde el punto de vista constitucional.
Por todo lo expuesto, concluye la Sala
Primera de Revisión que la  Embajada de la República Árabe de Egipto desconoció
el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de Luz Marina
Chavarro.
III. DECISIÓN
En
merito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
LEVANTAR la
suspensión del término decretada para decidir el presente asunto.
Segundo.-
REVOCAR el auto proferido en primera instancia por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 2 de mayo de 2012 y, en su lugar, CONCEDER
la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad
reforzada de la señora Luz Marina Chavarro.
Tercero.- Declarar la ineficacia de la
terminación del vínculo laboral sostenido entre la Embajada de la República
Árabe de Egipto y Luz Marina Chavarro, presuntamente ocurrida el 29 de
noviembre de 2011, en virtud de la prohibición constitucional de terminar una
opción laboral con una persona con discapacidad sin permiso previo de la
autoridad del trabajo.
Cuarto.- ORDENAR al
Representante Legal de la Embajada de la República Árabe de Egipto, o a quien
haga sus veces que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, (i) vincule a la señora Luz
Marina Chavarro a un cargo de igual o similares condiciones al que venía
desempeñando al momento de la terminación del contrato laboral, y (ii) le
pague los salarios dejados de percibir como consecuencia de la terminación
inconstitucional del vínculo.
Quinto.- Por Secretaría
General, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente en
excusa
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PEREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] El proceso de
la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número nueve (9) el trece (13) de agosto de dos mil doce (2012).
[2] En este acápite, la
exposición se basa en la narración de la demanda. El análisis probatorio se
adelantará al resolver el caso concreto.
[3] La peticionaria aporta
dictámenes médicos y extractos de su historia clínica. Folios 20 a 33 del cuaderno principal. En lo sucesivo, siempre que se haga referencia a un folio sin
especificar su ubicación, se entenderá que se encuentra en el cuaderno
principal.
[4] El artículo 26
de la Ley 361 de 1997 establece: “ARTÍCULO 26. NO DISCRIMINACIÓN A
PERSONA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. En ningún
caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada
como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo,
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”.
[5] Al
respecto, señaló la Sala de Casación: “En tal sentido es que procede (…)
predicar la aludida inmunidad jurisdiccional relativa o restrictiva de las
misiones y agentes diplomáticos extranjeros en suelo patrio, como también de
las oficinas consulares y organismos internacionales, quienes frente a un
Estado receptor como el Colombiano se encuentran en idéntica situación a la estudiada;
y distinta a la  orientación jurisprudencial que aquí se revisa,
particularmente la plasmada en la providencia de 13 de diciembre de 2007 (…) en
donde se abrió paso el criterio de tener por objeto de definición por cuenta de
esta Corporación judicial toda controversia de orden laboral surgida entre un
Estado acreditante y sus servidores, salvo los correspondientes vínculos
jurídicos establecidos para la ejecución de actos de naturaleza estrictamente
diplomática como son los de los miembros del personal diplomático contenidos en
el artículo I de la Convención de Viena.
[6] “Por
fuerza de la presente rectificación jurisprudencial resulta conveniente
asentar, en lo que respecta al argumento de la taxatividad de las temáticas
jurídicas enlistadas como materia de inmunidad jurisdiccional prevista por la Convención de Viena, esgrimida en diversas ocasiones por la jurisprudencia extranjera para
ampliar los alcances de la llamada inmunidad jurisdiccional restrictiva, por no
haberse consignado en su texto, entre otras, la locución ‘laboral’ u otra
similar, sino apenas las referidas a las jurisdicciones penal, civil y
administrativa (artículo XXXI), lo que de antaño se sostuviera por esta Sala de
Casación y que se rectificara en el auto de 6 de agosto de 1996, así: (…) ‘la
expresión ‘jurisdicción civil’ empleada por el artículo XXXI de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no podía ser entendida en el sentido de
restringirla al ámbito exclusivo del derecho civil, sino para diferenciar la
rama de la justicia que dirime los conflicto de intereses que se presenten
dentro del ámbito de las leyes que regulan las conductas recíprocas de los
habitantes del país en el aspecto patrimonial y del estado civil de las
personas, de aquella otras ramas de la justicia que tienen a su cargo reprimir
los delitos o juzgar sobre la validez de los actos o hechos de la
administración pública’”.
[7] Para efectos de
simplificar la exposición, al Estado que envía sus agentes se le denominará, en
ocasiones, Estado emisor o acreditante; y al Estado en cuyo territorio se
realiza la misión, Estado receptor, o Estado del foro.
[8] El
principio de inmunidad de jurisdicción se expresó con claridad en fecha
temprana (1812) en un asunto de carácter interno (The Schooner Exchange vs.
McFaddon y otros), resuelto por el juez Marshall, presidente del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, en el que se discutía la propiedad de nacionales
estadounidenses sobre uno de sus buque requisado en su momento por Napoleón
para incorporarlo a su marina de  guerra. Una vez que la goleta  Exchange
arribó al puerto de Filadelfia, sus antiguos propietarios lo reclamaron
judicialmente, lo que motivó que el juez afirmara el principio en los
siguientes términos:  “esta perfecta igualdad… de los soberanos, y este interés
común que les induce a mantener relaciones mutuas y a prestarse servicios
recíprocos, ha dado lugar a una categoría de situaciones en las que se entiende
que cada soberano renuncia al ejercicio de una parte de esa jurisdicción
territorial plena y exclusiva de la que se ha dicho que es un atributo de todas
las naciones” (11 US 116 (1812). Citado por Cesareo Gutiérrez Espada. La
adhesión española (2011) a la convención de las naciones unidas sobre las
inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes (2005). En
Cuadernos de Derecho Transnacional (Octubre 2011), Vol. 3, No 2, pp. 145-169.
Disponible en Internet.
[9] Poco tiempo después fue
aprobada la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Viena – RC). En su
artículo 43 se plantea el alcance de la inmunidad frente a funcionarios
consultares, en los siguientes términos: “1. Los funcionarios consulares y los
empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades
judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el
ejercicio de las funciones consulares. || 2. Las disposiciones del párrafo 1 de
este artículo no se aplicarán en el caso de un procedimiento civil: a) que
resulte de un contrato que el funcionario consultar, o el empleado consultar,
no haya concertado, explícita o implícitamente, como agente del Estado que
envía, o b) que sea entablado por un tercero como consecuencia de daños
causados por un accidente de vehículo, buque o avión, ocurrido en el Estado
receptor”.
[10] La Corte Constitucional explica ampliamente este
desarrollo histórico y doctrinal en la sentencia T-932 de 2010 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), que será expuesta en detalle en párrafos sucesivos. A su
vez, la Corte Constitucional adoptó como referente la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en el caso de Juan Manauta contra la Embajada de la Federación Rusa, de 2 de diciembre de 1999.
[11] Especialmente, pueden
observarse la Convención Europea sobre Inmunidad de los Estados, de 1972; la State Inmunities Act, de Gran Bretaña, de 1978, y la Foreign Sovereign Immunities Act, de 1976, Estados Unidos de América.
[12] La Corte Constitucional ha hecho referencia a ese desarrollo histórico del principio de en el
derecho internacional, por ejemplo, en la sentencia T-932 de 2010, en la cual
afirmó: Históricamente se diferencian dos etapas en el tratamiento acordado a
los Estados extranjeros para ser llevados a juicio ante los tribunales
nacionales, a saber: (i) Desde antes de la Primera Guerra Mundial se reconoce la exención incondicional del Estado extranjero al
sometimiento jurisdiccional del Estado receptor o tesis de la inmunidad
absoluta de los Estados, la cual consiste en que no es posible llevar ante
los estrados judiciales nacionales a un Estado extranjero a no ser que éste
manifieste su consentimiento para ello; en otras palabras, renuncie al
beneficio de la inmunidad de jurisdicción. Esta tesis indica que los Estados al
ser todos iguales no pueden juzgarse los unos a los otros y, propende por
mantener las buenas relaciones entre éstos. No obstante, (…) esta tesis se
encuentra en franco retroceso ante la evolución que el tema ha tenido en el
marco del Derecho Público Internacional. (ii) Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a perfilarse otra posición, que es la de los Estados que
apoyan la tesis de la inmunidad relativa o restringida. Así,
entienden que para hablar de inmunidad de jurisdicción de un Estado se deben
tener en cuenta dos criterios: De una parte, cuando el Estado actúa como Estado
(actos jure imperii) goza de inmunidad absoluta, y de la otra, cuando un
Estado actúa como particular (actos jure gestionis) se configura una
inmunidad relativa o restringida que permite sujetar los actos de gestión a la
jurisdicción local de los países receptores.
[13]
Corte Suprema de Justicia. Adelaida García de Borrisow contra Embajada del
Líbano. Auto admisorio de 13 de diciembre de 2007. “(…) en torno a la discusión
de si la jurisdicción laboral era la competente para conocer de asuntos en los
que interviniera un agente diplomático extranjero, han gravitado dos tesis
diametralmente opuestas: la primera, referida a la interpretación del artículo
31 de la Convención de Viena de 1961, aprobada por el Estado Colombiano a
través de  la Ley 6ª de 1972, que predica la existencia de la inmunidad de
jurisdicción en materia laboral,  al equiparar la jurisdicción del trabajo a la
civil,  y que la citada Convención se encargó de regular; la segunda, según la
cual el derecho laboral goza de plena autonomía como disciplina jurídica, por
lo que, al no aparecer mencionada dentro de las consagradas en la Convención de Viena, en una interpretación restrictiva de la norma, se podía, válidamente,
someter a la jurisdicción del trabajo, el conocimiento de los asuntos laborales
que comprometieran a agentes diplomáticos extranjeros.  Resulta (…) de
imperiosa necesidad reestudiar el tema, pues en estos últimos veinte años,
múltiples argumentos han surgido, para revaluar las vigentes consideraciones
con relación a la inmunidad de jurisdicción de los Estados en materia laboral
(…)”.
[14]
Explicó la Corte Suprema de Justicia: “Así por ejemplo en materia laboral,
distintos países, con fundamento en la costumbre internacional, han admitido su
sujeción a las normas laborales internas. Entre ellos se encuentran: Estados
Unidos, Polonia, Chile, República Islámica de Irán, Grecia, Rusia, Rumania,
Francia, Tailandia, Indonesia, Brasil, Perú, Panamá, Guatemala, Suráfrica,
Kenia, Honduras, Nueva Zelanda, Nicaragua, India, Italia, Austria, Hungría,
Bulgaria y Argentina. De ello dan cuenta las comunicaciones pertinentes que
éstos han enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia”. Auto
de 13 de diciembre de 2007, Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de
Justicia.
[15] “(…) la tesis de la
inmunidad absoluta de jurisdicción de los Estados se ha debilitado, dando paso
a otra – inmunidad relativa -, que no puede ignorarse, pues sería tanto
como estar de espaldas ante un episodio de la humanidad que reclama su propio
tratamiento. Si en el ámbito de las relaciones comerciales, esta última
práctica  adquirió relevancia, en un tema tan sensible como el derivado de las
controversias laborales, se  ha venido convirtiendo en la única forma de
efectivizar aquellos derechos  hasta ahora ilusorios; tanta es su trascendencia
que la redacción de la Convención de las Naciones Unidas, sobre las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, de diciembre 2 de 2004,  se
ocupó del tema, al delimitar los conceptos respecto de las inmunidades, y su
aplicación en el tema de los contratos laborales ejecutados en el país del
Estado foro. || Bien es sabido que los Tratados materializan los postulados que
los Estados han creado a través de la costumbre internacional (…) por lo que,
pese a no estar ratificado el aludido Convenio en nuestro ordenamiento, en el
momento actual se constituye en el instrumento idóneo para pregonar que, en la
praxis de las naciones, la inmunidad de jurisdicción de los Estados ha sido
revaluada, lo que impone la adopción de las medidas pertinentes”. Ibídem.
[16]
“En lo que tiene que ver con la competencia para el conocimiento de la acción,
la remisión a esta Corte que hace la Constitución Política en su artículo 235, resuelve cualquier duda: “Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: (…) 5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los
agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional.” Es incuestionable que
cuando el ordenamiento superior, impone el conocimiento a esta Corporación,
como textualmente lo prevé la disposición en comento, debe entenderse que
dentro de los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados en
nuestro país, ya comparezcan por si o por representación del Estado, están
incluidos los contratos bilaterales de orden laboral que celebran con
habitantes nacionales, para la ejecución de sus fines en el Estado receptor
(…)”. Ibídem.
[17] El
Jefe de la Misión Diplomática de Líbano en Colombia interpuso acción de tutela
contra esta decisión, alegando la existencia de defectos orgánicos y
procedimentales en ella, derivados de un supuesto irrespeto a la inmunidad
jurisdiccional y el principio de doble instancia. La Sala Quinta de Revisión, en sentencia T-633 de 2009 (M.P. Mauricio González
Cuervo) [caso de la Embajada del Líbano contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia], negó el amparo al estimar que la Corte Suprema de Justicia sí es competente para conocer de los negocios contenciosos de los
agentes diplomáticos en los cuales actúan a título personal y en los que lo
hacen por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión. Al momento
de analizar el presunto defecto orgánico, consideró la Sala Quinta de Revisión: “4.2. Como lo advierte el accionante, la inmunidad de los Estados
y la inmunidad diplomática son dos instituciones jurídicas diferentes. En el
mismo sentido Kwasi Banka explica: ‘El régimen de inmunidad de los Estados
opera bajo la noción de inmunidad ratione materia, mientras el régimen de
los privilegios diplomáticos se predica bajo la noción de la inmunidad ratione
personae, pero todos estos privilegios existen para permitir que los
representantes del Estado acreditante puedan desempeñar sus funciones en el
Estado receptor sin interferencias que los afecten’. || En cuanto a la
competencia de la Corte Suprema para conocer de los negocios contenciosos
de los agentes diplomáticos,  es también cierto, como lo sostiene el
accionante, que la atribución de la Corte Suprema consagrada en el numeral 5 del artículo 235 C.P., se refiere a los casos previstos por el Derecho
Internacional. Mas no es adecuada la interpretación que el accionante hace
del numeral 5 del artículo 235 C.P., pues precisamente, los casos a que se
refiere el derecho internacional son aquellos en que se ha reconocido
carácter restringido a la inmunidad de jurisdicción de los
Estados y a las inmunidades diplomáticas y consulares de las que
gozan estos agentes de los Estados. Y de ello se desprende, igualmente, como lo
entendió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, que el fuero de juzgamiento cobija al agente diplomático en ambos casos: tanto
en su condición de representante del Estado extranjero como en su
condición de persona natural que debe concurrir a una causa civil, penal o
administrativa en el Estado receptor”.
[18] Sobre la legitimación
por pasiva de los entes diplomáticos y otros órganos de derechos internacional,
pueden consultarse las sentencias T-833 de 2005 y T-667 de 2011 (MP. Luis
Ernesto Vargas Silva), especialmente.
[19] MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz. Unánime.
[20] MP. Luis Ernesto Vargas
Silva. En
la exposición también se tomarán en cuenta las decisiones de reiteración T-633
de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-833 de 2005 (MP. Alfredo Beltrán
Sierra) y T-344 de 2013 (MP. María Victoria Calle Correa) y T-667 de 2011 (MP.
Luis Ernesto Vargas Silva), sobre derecho de petición ante órganos
diplomáticos; (esta no es que sea tan reiteración. Simplemente es sobre el
derecho de petición), T-620 de 2010 (MP. Juan Carlos Henao Pérez), T-180 de
2012 (MP. María Victoria Calle Correa), T-020 de 2012 (MP. Nilson Pinilla
Pinilla).
[21] El artículo 32,
Viena RD, desarrolla las reglas sobre la renuncia al beneficio, previendo que
esta debe ser expresa y que, si una persona está cobijada por inmunidad
jurisdiccional conforme el artículo 37 del Tratado, no puede invocar la inmunidad respecto de cualquier reconvención directamente
ligada a la demanda principal; y la renuncia frente a la inmunidad en materias
penal, civil y administrativa no implica directamente la renuncia al privilegio
en el ámbito de la ejecución.
[22] La Sección Tercera de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone, en su sección Tercera, un
conjunto de reglas de interpretación, en los siguientes términos: “31. Regla
general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe
conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado
en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. || 2. Para los
efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del
texto, incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al
tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la
celebración del tratado; b) todo instrumento formulado por una o más partes con
motivo de la celebración del tratado o de la aplicación de sus disposiciones.
|| 3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo
ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la
aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la
aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la
interpretación del tratado; c) toda forma pertinente de derecho internacional
aplicable en las relaciones entre las partes. || 4. Se dará a un término un
sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. || 32.
Medios de interpretación complementarios. Se podrá acudir a medios de
interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del
tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido
resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido
cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31: a) deje
ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a n resultado manifiestamente
absurdo o irrazonable.
[23] El texto
original de la Constitución de la OIT fue aprobado en 1919. A la fecha de la entrada en vigencia de Viena – RD (1963) el organismo había publicado más de
100 convenios.
[24] Ver, supra, pie de
página 21.
[25] Así, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, y con entrada en vigencia el 3 de enero de 1976, de conformidad con el
artículo 27, establece diversas disposiciones asociadas al reconocimiento del
derecho, en su parte III, entre las que se destacan:
“Artículo 6. 1. Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para
garantizar este derecho.|| 2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno
de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de
este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la
preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un
desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y
productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas
fundamentales de la persona humana.|| Artículo 7. || Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como
mínimo a todos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo
de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe
asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia
dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente
Pacto; b) La seguridad y la higiene en el trabajo; c) Igual oportunidad para
todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les
corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y
capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación
razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así
como la remuneración de los días festivos.
Artículo 8.1. Los Estados
Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda
persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción
únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y
proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras
restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que
sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional
o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;
|| b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones
nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a
afiliarse a las mismas; || c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin
obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean
necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del
orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; || d)
El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.
2. El presente artículo no
impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los
miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la administración del
Estado.
3. Nada de lo dispuesto en este artículo
autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la
protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que
menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en
forma que menoscabe dichas garantías”.
Artículo 9. Los Estados
Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad
social, incluso al seguro social.
[26] Sentencia T-932 de 2010
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[27] De
acuerdo con la decisión hito de la Corte Suprema de Argentina Manauta y otros contra la Embajada de la Federación Rusa, ampliamente citado por esta
Corte como autoridad doctrinaria en la materia, Egipto fue uno de los países
que más contribuyó a propiciar la concepción restringida del principio.
[28] Otras excepciones son
las relativas al derecho marítimo, asuntos relacionados con el ejercicio de la
propiedad, posesión y uso de bienes situados en el territorio del Estado del
foro controversias sobre derechos de propiedad intelectual o industrial;
participación de un Estado extranjero en una sociedad constituida o establecida
en el Estado del foro, la acción in rem en procesos sobre explotación de
buques de propiedad del Estado, y el arbitraje comercial (artículos 13 a 17, Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus
Bienes, de 2004).
[29] Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 38. 1. La Corte, cuya función es decidir conforme
al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá
aplicar:
a. las convenciones internacionales, sean generales o
particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados
litigantes;
b. la costumbre internacional como prueba de una
práctica generalmente aceptada como derecho;
c. los principios generales de derecho reconocidos por
las naciones civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los
publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar
para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto
en el Artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de
la Corte para decidir un litigio ex
aequo et bono, si las partes así lo convinieren.
[30]
Sentencia por la que se definió la constitucionalidad de la Ley 208 (agosto 11 de 1995), por la cual se aprobó el “Estatuto del centro internacional  de
ingeniería genética y biotecnología”. En la sentencia C-788 de 2011, la Sala Plena analizó la constitucionalidad de la  Ley 1441 de 2011, por la cual se aprobó el “Acuerdo de Cooperación y Régimen de
Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve (2009).
Reiterando las consideraciones de la sentencia C-137 de 1996, al analizar los
privilegios previstos en el convenio, expresó la Corporación: 3.1.3.2. En este sentido, la Corte ha sostenido que el principio de inmunidad de
jurisdicción debe ser entendido en concordancia con tres elementos: (i) el
artículo 9 de la Constitución Política según el cual, las relaciones exteriores
del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios de derecho
internacional aceptados por Colombia; (ii) la soberanía, independencia e igualdad de los Estados; y (iii) en el caso
de los organismos y agencias internacionales, la necesidad de que los mismos
gocen de independencia para el cumplimiento de su mandato. Así, en criterio de
la jurisprudencia, los privilegios e inmunidades de los Estados y las agencias
internacionales huéspedes en Colombia, “queda[n] supeditad[os] a que, efectivamente, propendan por la
defensa de la independencia, igualdad y soberanía del organismo de derecho
internacional de que se trate. || 3.1.3.3. Ahora bien, de conformidad con
el último elemento anotado, esta Corporación ha sostenido que a la luz de la Constitución, en el territorio colombiano ningún Estado u organismo internacional gozan de
inmunidad absoluta. Esto es así, porque las atribuciones que le competen al
Estado colombiano en términos de soberanía e independencia, implican que tiene
capacidad jurídica para “asegurar la defensa de los derechos de las
personas sometidas a su jurisdicción”. De esta manera, el principio de
inmunidad de jurisdicción debe ser concebido como un instrumento para
garantizar la autonomía de los agentes internacionales en el ejercicio de sus
funciones, “pero sin que ello implique
una renuncia no justificada del deber del Estado de garantizar los derechos y deberes
de los habitantes del territorio”.
[31] Esta Corporación en
sentencia T-883 de 2005 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) definió la inmunidad de
jurisdicción como “un
principio de derecho internacional que ha sido definido por la doctrina, como
la exclusión de la posibilidad de que un sujeto específico pueda quedar
sometido a la jurisdicción interna de determinado Estado, siempre que se
configuren ciertas condiciones. Se trata de un principio de carácter procesal
que opera como excepción, y que reviste dos manifestaciones fundamentales; (i)
la inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere a la incompetencia de los
jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho internacional,
que pueden ser otros Estados u organizaciones internacionales; y (ii) la
inmunidad de ejecución, la cual impide que se haga efectiva determinada
decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra el sujeto de derecho internacional
se hubiere llevado a cabo”.
[32]
Tratándose de este último elemento, concretamente en nuestro país, el
Ministerio de Relaciones Exteriores en mayo de 2004, elaboró una nota verbal
dirigida a todas las embajadas, consulados y organismos internacionales
acreditados en Colombia, en la cual les informó sobre la obligación de cumplir
las normas laborales internas frente a los connacionales y residentes
permanentes del territorio nacional. Así mismo, en el Manual del Protocolo que
el mismo Ministerio diseño en el año 2005, en el numeral 1.16, al hacer
referencia al personal contratado localmente, explicó que las Misiones
acreditadas en el país y sus funcionarios pueden emplear nacionales colombianos
o extranjeros residentes, con sujeción a las normas locales sobre el trabajo y
la seguridad social.
[33] Al respecto, se puede
consultar el libro Derecho Internacional Público de Enrique Gaviria Liévano.
Editorial Temis. Bogotá, así como el libro sobre Apuntes de Derecho Público
Internacional de José Hoyos Muñoz. Señal Editora. Bolivia, entre otros.
[34] Artículo 28 de esa
Convención.
[35] En
la sentencia T-180 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), la Sala Primera estudió un caso en el que se alegaba la violación al derecho a la estabilidad
laboral reforzada de una mujer que fue despedida en estado de embarazo,
mientras desempeñaba funciones laborales en la residencia del Embajador de la República Islámica de Irán. En esa oportunidad, la Sala citada estimó que el señor Embajador,
en calidad de agente diplomático, desconoció directamente el artículo 33 de la Convención de Viena RD, de 1961, al despedir a una “criada particular” (empleada de la
residencia del Embajador) en estado de embarazo; y al pactar un contrato
laboral sin observancia de las normas internas sobre seguridad social,
previstas en la Ley 100 de 1993. Así lo expresó la Corte: “7.3.
(…) el representante de la Embajada accionada sostiene que el contrato laboral
de carácter verbal que existió entre la señora Luz Andrea Sana y el señor ex
Embajador Ahmad Pabarja terminó porque el diplomático cesó sus labores en
Colombia. Sin embargo, la Sala considera que si bien el señor ex Embajador
finalizó sus labores diplomáticas en nuestro país el 21 de junio de 2010, los
hechos que dieron lugar a la presentación de la tutela objeto de revisión
tuvieron lugar con ocasión de las funciones desempeñadas éste, como jefe de la
misión de la Embajada de la República Islámica de Irán en Colombia, así que el alto funcionario se encontraba sujeto a las normas internas que protegen la
estabilidad laboral de la mujer trabajadora gestante (…) Además, (…) cuando
quiera que se desconozca tal derecho [a la estabilidad laboral reforzada], el
juez constitucional puede garantizar su goce efectivo, después de verificar
que, como sucedió  en el caso concreto, el despido se efectuó en razón de
embarazo (…) Además, la Sala observa que el contrato verbal suscrito entre el
señor ex Embajador Ahmad Pabarja y la señora Luz Andrea Sana no cumplió los
disposiciones sobre seguridad social establecidas, entre otras normas, por el
artículo 6 de la Ley 100 de 1993 pues la peticionaria no fue afiliada a la
seguridad social, situación que deberá ser protegida en sede de revisión, de
acuerdo a las consideraciones expuestas en esta sentencia. || 7.4. Finalmente,
es necesario precisar, a propósito de las vinculaciones laborales que realizan
las embajadas, que por remisión al artículo XXXIII de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, resulta claro que es deber de los
agentes diplomáticos, en ejercicio de funciones, respetar las normas de
seguridad social que el Estado receptor le impone a los empleadores, cuando se
trata de un contrato laboral suscrito con un nacional de dicho Estado. En el
caso concreto, el señor ex Embajador Ahmad Pabarja omitió su obligación de
acatar las normas internas que ordenan a los empleadores vincular a la seguridad
social a los trabajadores que les prestan sus servicios, y que establecen la
protección reforzada de la mujer gestante, y tal omisión se hizo en ejercicio
de su función diplomática como Embajador y como jefe de la Misión Diplomática de República Islámica de Irán en Colombia, lo que justifica plenamente la
vinculación de la Embajada al trámite, en armonía con la teoría de la inmunidad
restringida en materia laboral”.
[36] En este punto, la Corte Constitucional ha acogido, a grandes rasgos, las ideas plasmadas por Robert Alexy en su
libro Teoría de los derechos fundamentales. (Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 2006).
[37] En
concordancia con lo expuesto, en la sentencia C-788 de 2011 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva), la Sala Plena recordó que “el principio debe ser entendido en
concordancia con tres elementos: (i) el artículo 9 de la Constitución Política según el cual, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en
el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por
Colombia; (ii) la soberanía, independencia e igualdad de los Estados; y (iii)
en el caso de organismos y agentes nacionales, la necesidad de que los mismos
gocen de independencia para el cumplimiento de su mandato. Precisamente entre
esos principios se encuentran la reciprocidad y la equidad en las relaciones
internacionales.
[38] Esta Corporación ha
desarrollado una amplia línea jurisprudencial sobre la estabilidad laboral
reforzada de las personas con discapacidad. Las principales subreglas fueron
sentadas en los precedentes T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-519 de
2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1071 de 2007  (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla). En esta oportunidad se seguirá de cerca la exposición que esta misma
Sala efectuó en el reciente fallo T-988 de 2012.
[39]
Para efectos de esta reiteración, la Sala basará la exposición en las
decisiones C-531 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-519 de 2003 (Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-198 de 2006
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-1038 de 2007 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto).
[40] La Corte ha explicado que el principio de solidaridad consiste en “un deber, impuesto a toda persona [y a las autoridades estatales] por el sólo hecho de su pertenencia
al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y
actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo”. [C-464 de 2004. M.P. Jaime Araújo Rentería].
También ha manifestado la Corte que la solidaridad posee una estructura
compleja que abarca, al menos, las siguientes dimensiones: “(i) [es]
una pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en
determinadas ocasiones; (ii) un criterio de interpretación en el análisis de las
acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos
fundamentales; [y] (iii) un límite a los derechos propios” [C-803 de
2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla]. Sobre la creación de derechos derivados del
deber de solidaridad, ver la sentencia T-520 de 2003 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), que trata acerca del deber de solidaridad de las entidades
financieras frente a los deudores hipotecarios víctimas de desaparición forzada
o secuestro.
[41]
Ver, Ley 100 de 1993. Artículo 2º, “Principios. (…) c. SOLIDARIDAD.
Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los
sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más
fuerte hacia el más débil.  Es deber del Estado garantizar la solidaridad en el
régimen de Seguridad Social mediante su participación, control y dirección del
mismo. Los recursos provenientes del erario público en el Sistema de Seguridad
se aplicarán siempre a los grupos de población más vulnerables”.
[42] Ley 361 de 1997 (Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones). Artículo 22. El Gobierno dentro de la política
nacional de empleo adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la creación y
fomento de las fuentes de trabajo para las personas con limitación, para lo
cual utilizará todos los mecanismos adecuados a través de los Ministerios de
Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Educación Nacional y otras entidades
gubernamentales, organizaciones de personas con limitación que se dediquen a la
educación, a la educación especial, a la capacitación, a la habilitación y a la
rehabilitación. || Igualmente el Gobierno establecerá programas de empleo
protegido para aquellos casos en que la disminución padecida no permita la
inserción al sistema competitivo.
Artículo
23. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, realizará acciones de promoción
de sus cursos entre la población con limitación y permitirá el acceso en
igualdad de condiciones de dicha población previa valoración de sus
potencialidades a los diferentes programas de formación. Así mismo a través de
los servicios de información para el empleo establecerá unas líneas de
orientación laboral que permita relacionar las capacidades del beneficiario y
su adecuación con la demanda laboral.
Artículo
24. Los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas con
limitación tendrán las siguientes garantías: || a) A que sean preferidos en
igualdad de condiciones en los procesos de licitación, adjudicación y
celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos tienen en sus
nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de
discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por la
oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con
anterioridad a un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de
la contratación; || b) Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de
organismos estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de
planes y programas que impliquen la participación activa y permanente de
personas con limitación; || c) El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la
importación de maquinaria y equipo especialmente adoptados o destinados al
manejo de personas con limitación. El Gobierno clasificará y definirá el tipo
de equipos que se consideran cubiertos por el beneficiario.
Artículo
30. Las entidades estatales de todo orden, preferirán en igualdad de
condiciones, los productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos por
entidades sin ánimo de lucro constituidas por las personas con limitación. ||
Las entidades estatales que cuenten con conmutadores telefónicos, preferirán en
igualdad de condiciones para su operación a personas con limitaciones
diferentes a las auditivas debidamente capacitadas para el efecto.|| Artículo
31. Los empleadores que ocupen trabajadores con
limitación no inferior al 25% comprobada y que estén obligados a presentar
declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el
200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o
período gravable a los trabajadores con limitación, mientras esta subsista.
[43] Ley 361 de 1997 (Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones). Artículo 26. No discriminación a persona en situación de
discapacidad. <Artículo modificado por el artículo 137
del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> En ningún caso la
limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación
laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como
incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo,
ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón
de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo.
Sin perjuicio de
lo establecido en el inciso anterior, no se requerirá de autorización por parte
del Ministerio del Trabajo cuando el trabajador limitado incurra en alguna de
las causales establecidas en la ley como justas causas para dar por terminado
el contrato. Siempre se garantizará el derecho al debido proceso.
No obstante,
quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación,
sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero del presente
artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180)
días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a
que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás
normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
[44] M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[45] C-531 de 2000 (M.P.
Álvaro Tafur Galvis).
[46] MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[47] Sentencia T-519 de 2003
(M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[48] MP. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[49] El
artículo 5º de la Ley 361 de 1997 dispone: “Artículo 5º. Las personas con
limitación deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al
Sistema de Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado.
Para tal efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la
existencia de la respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual
solicitarán en el formulario de afiliación la información respectiva y la
verificarán a través de diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no
sea evidente. || Dicho carné especificará el carácter de
persona con limitación y el grado de limitación moderada, severa o profunda de
la persona. Servirá para identificarse como titular de los derechos
establecidos en la presente Ley.”
“El Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud realizará las modificaciones necesarias
al formulario de afiliación y al carné de los afiliados al Sistema General de
Seguridad Social en Salud con el objeto de incorporar las modificaciones aquí
señaladas.”
“Lo dispuesto en
este artículo se entiende sin perjuicio de las políticas que con relación a las
personas con limitación establezca el "Comité Consultivo Nacional de las
Personas con Limitación" a que se refiere el artículo siguiente.”
Con todo, el artículo 1º del Convenio 159 de la OIT “sobre readaptación profesional y empleo de personas inválidas”, ratificado por Colombia mediante Ley
82 de 1988, que hace parte del bloque de constitucionalidad y constituye un
parámetro de interpretación de los alcances de los derechos fundamentales, de
conformidad con lo establecido por el artículo 93 de la Carta, en su artículo 1º, define persona inválida (o discapacitada) como “toda persona
cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en
el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de
carácter físico o mental debidamente reconocida”.
[50][29] En dicha Sentencia, la Corte estableció: “13. Con respecto al ejercicio de la facultad de remover libremente a los
empleados no inscritos en la carrera administrativa cuando median
circunstancias de debilidad manifiesta por invalidez parcial o total, es
indispensable para las autoridades públicas ceñir sus actuaciones al principio
de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución. Aunque la administración pueda aducir la legalidad de su decisión, si con ella
se vulnera la efectiva protección de las personas disminuidas física, sensorial
o psíquicamente, aquélla sólo será constitucional si es compatible con el
principio de la buena fe en cuanto a la oportunidad y proporcionalidad de la
medida. Una resolución inoportuna o inadecuada que no tenga en cuenta la
condición de manifiesta debilidad en que se encuentra la persona al momento de
ser proferida, está, en consecuencia, viciada de nulidad.” Ibíd.
[51] M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[52] En
un escenario social caracterizado por la creciente escasez de puestos de
trabajo formales, una limitación como esa afectaría a parte significativa de la
población con discapacidad y crearía un estímulo para la suscripción de
contratos en condiciones precarias por parte de los empleadores. Concretamente,
en las recientes sentencias T-292 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva),
T-111 de 2012, T-777 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-490 de
2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y, la Corporación ha reafirmado la subregla según la cual no cabe hacer distinciones en
virtud de la denominación del vínculo, en materia de estabilidad laboral
reforzada de personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta
por motivos de salud.
[53] “Podría
entenderse que la providencia allegada por el interesado, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia –denominada “auto”-, no constituye un
fallo que suscite la competencia de la Corte Constitucional en materia de revisión de sentencia de tutela. Sin embargo, de la lectura
atenta de esta providencia se desprende que se trata de una de las “decisiones
judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales” a la que se refiere el numeral 9) del artículo 241 de la Constitución Política, pues desde el punto de vista material, equivale a un fallo mediante el
cual se declaró absolutamente improcedente la acción de tutela. En esa medida
la providencia referida debe ser sometida al trámite fijado para el proceso de
selección de los fallos de tutela en la Corte Constitucional, con la finalidad que la Sala de selección correspondiente pueda ejercer
sus competencias y adoptar una decisión sobre su selección para revisión.
Debido a
la efectiva conculcación de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y de tutela judicial efectiva de los accionantes que
puede tener lugar en casos similares al estudiado en la presente decisión, en
el cual a pesar que el peticionario hizo uso de la regla fijada en el Auto 04
de 2004 y ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia a admitir la acción instaurada acudió ante otras autoridades judiciales las cuales tampoco
abocaron el conocimiento de la petición presentada, en adelante, cuando se
presente una situación semejante en la cual la Corte Suprema de Justicia no admita a trámite una acción de tutela contra una de sus providencias,
el tutelante tendrá la opción de (i)  acudir a la regla fijada en el
Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es decir, presentar la acción de tutela ante
cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación
judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia; o (ii)  solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente
improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas
correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado
adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que
la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la
acción de tutela” (Auto 100 de 2008).
[54] MP. Clara Inés Vargas
Hernández. SV. Jaime Araújo Rentería. SPV. Humberto Antonio Sierra Porto y
Nilson Pinilla Pinilla).
[55] Textualmente
expresó la Sala de Casación Laboral “Lo anterior pone
de manifiesto, que la tesis de la inmunidad absoluta de jurisdicción de los
Estados se ha debilitado, dando paso a otra – inmunidad relativa -, que
no puede ignorarse, pues sería tanto como estar de espaldas ante un episodio de
la humanidad que reclama su propio tratamiento”. Auto de trece (13) de
diciembre de dos mil siete (2007). Radicación No. 32096.
[56] Dijo la Corporación citada, al respecto: “Esta nueva orientación, conlleva la necesidad de responder
a los ciudadanos del Estado, cuando, como en este caso, a pesar de ser
habitantes nacionales, y haber prestado servicios a Misiones Diplomáticas de
otros países, esta Corte ha venido negando la posibilidad de verificar mediante
un proceso, si les asiste un derecho salarial o prestacional, basada en el
respeto a la soberanía inviolable de los Estados. Realmente, en la actualidad
no existe fundamento alguno de orden constitucional o legal para persistir en
dicha tesis, porque de esta forma, eventualmente, se  desconocerían los
enunciados beneficios, y las normas del derecho laboral”. Auto de trece (13) de
diciembre de dos mil siete (2007). Radicación No. 32096.
[57] CIJEB. Artículo 18.
Inmunidad del Estado respecto de medidas coercitivas anteriores al fallo. No
podrán adoptarse contra bienes de un Estado, en relación con un proceso ante un
tribunal de otro Estado, medidas coercitivas anteriores al fallo como el
embargo y la ejecución, sino en los casos y dentro de los siguientes límites:
a) cuando el Estado haya consentido expresamente en la adopción de tales medidas,
en los términos indicados: i) por acuerdo internacional; ii) por un acuerdo de
arbitraje en un contrato escrito; o iii) por una declaración ante el tribunal o
por una comunicación escrita después de haber surgido una controversia entre
las partes; o b) cuando el Estado haya asignado o destinado bienes a la
satisfacción de la demanda objeto de ese proceso.
[58]
Este es el texto completo de la disposición: Artículo 19. No podrán adoptarse
contra bienes de un Estado, en relación con un proceso ante un tribunal de otro
Estado, medidas coercitivas posteriores al fallo como el embargo y la
ejecución, sino en los casos y dentro de los límites siguientes:
a) cuando el
Estado haya consentido expresamente en la adopción de tales medidas, en los
términos indicados:
i) por acuerdo
internacional;
ii) por un
acuerdo de arbitraje o en un contrato escrito; o
iii) por una
declaración ante el tribunal o por una comunicación escrita después de haber
surgido una controversia entre las partes; o
b) cuando el
Estado haya asignado o destinado bienes a la satisfacción de la
demanda objeto
de ese proceso; o
c) cuando se ha determinado que
los bienes se utilizan específicamente o se destinan a su utilización por el
Estado para fines distintos de los fines oficiales no comerciales y que se
encuentran en el territorio del Estado del foro, si bien únicamente podrán
tomarse medidas coercitivas posteriores al fallo contra bienes que tengan un
nexo con la entidad contra la cual se haya incoado el proceso.
[59] Es
ilustrativo señalar que en sentencia reciente (9 de octubre de 2013), la Sección Tercera (Subsección A) del Consejo de Estado se pronunció sobre el caso de una
persona que estuvo vinculada laboralmente con la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, y desempeñaba funciones en la
residencia del señor Embajador. Según el demandante, prestó servicios laborales
entre el 1º de agosto de 1945 y el 17 de noviembre de 1989; la Embajada le reconoció las prestaciones sociales al momento de su retiro, pero no le concedió
una pensión de jubilación aunque –según el actor- cumplía con los requisitos de
edad y tiempo de servicios. Según la demanda, la Embajada lo afilió al ISS durante distintos períodos, pero de manera interrumpida, a pesar de
que trabajó sin solución de continuidad.
Sostuvo que
realizó reclamaciones ante la Embajada en distintas oportunidades, pero
mediante comunicación de 6 de febrero de 2001, el ente diplomático le respondió
de forma definitiva que no existían obligaciones financieras o legales
pendientes en relación hacia él. El accionante acudió a la reparación directa,
alegando que en virtud de la Convención de Viena RD, de 1961, no podía reclamar
directamente los daños al organismo internacional, de manera que el Estado
colombiano resultaba responsable por el daño sufrido. En consecuencia, el
Consejo de Estado no abordó el conflicto desde el punto de vista del derecho al
trabajo, sino desde la perspectiva del daño que sufre quien no puede acceder a
la justicia para resolver sus problemas laborales. (Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera, Subsección A.  Magistrado
Ponente Hernán Andrade Rincón.  Sentencia de nueve (9) de octubre de dos mil
trece (2013).
[60] Auto de
trece (13) de diciembre de dos mil siete (2007). Radicado 32096
(M.P. Camilo Tarquino Gallego).
[61] Al respecto, ver la
sentencia hito  T-198 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), así como la
reciente decisión T-292 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[62] Padece de artritis reumatoide,
asociada a gonartrosis (Folio 20 al 33).
[63] Al respecto, ver folio 21.
[64] MP. Álvaro Tafur Galvis.
[65] Folio 24.
[66] Folio 23.
[67] Folio 22.
[68] Normas que sólo se
citaron en la Carta de despido, pero que ni siquiera se transcriben por la Embajada en el texto de la misma para que la accionante tuviera oportunidad de conocer su
contenido.
[69] Sobre la inversión de la
carga de la prueba para evitar que el empleado quede en imposibilidad de
demostrar la conducta discriminatoria, ver la sentencia T-1083 de 2007 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto), citada en los fundamentos normativos de esta
providencia. (Supra, considerando 35).
[70] MP. Álvaro Tafur Galvis.