T-827-05
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-827/05
DEBIDO PROCESO PENAL Y PRESUNCION DE
INOCENCIA
DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA Y
RELACION CON LA GARANTIA DE LIBERTAD DEL PROCESADO/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CON
BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL
DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCION
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y PRESUNCION DE
INOCENCIA
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION
PREVENTIVA CON BENEFICIO DE LIBERTAD PROVISIONAL-Interpretación del numeral 3 de los artículos 150 de
la ley 270/96 y 79 de la ley 261/00
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE DETENCION
PREVENTIVA CON BENEFICIO DE LIBERTAD PROVISIONAL-No procedía declaratoria de insubsistencia de
empleado de la Fiscalía por encontrarse en esta situación
En el caso bajo examen, es indudable que
nada de esto se cumplió. El Fiscal General de la Nación obró de manera
arbitraria al dictar la resolución de insubsistencia del demandante con
fundamento en disposiciones que claramente le ordenaban actuar de otra forma.
En el caso concreto, considera la Corte Constitucional que con la resolución de
insubsistencia emitida, la Fiscalía ha incurrido en una clara y evidente vía de
hecho: vulneró de manera grave e injusta el derecho al debido proceso del señor
Terán Orozco y, más concretamente, su derecho a la presunción de inocencia
conectada muy estrechamente con la garantía de la libertad y el derecho de
defensa y de contradicción.
Referencia: expediente T-1094239
Acción de tutela instaurada por José
David Terán Orozco y otros contra la Fiscalía General de la Nación.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá D. C., diez (10) de agosto dos mil
cinco (2005).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º, de la Constitución Política y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del
fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil) en el
caso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos y Fundamentos
El señor Álvaro Ángel Guardiola Maestre en
representación de David Terán Orozco y de sus padres Isabel Segunda Orozco de
Terán y Daniel Julián Terán Barros hace constar los siguientes hechos: (folios
4-19)
1.1- El doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal
General de la Nación nombró mediante resolución No. 0-830 de 15 de abril de
2003 al señor José David Terán Orozco en el cargo de Investigador Judicial I de
la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación de Santa Marta. (Folio 3)
1.2.- A partir de su ingreso, el señor
Terán Orozco desempeñó funciones propias del cargo, esto es, funciones de
Policía Judicial de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento
Penal y en el Manual de Funciones de la Fiscalía General de la Nación,
funciones éstas, que el señor Terán Orozco realizó de manera diligente y muy
profesional bajo estricto respeto de los derechos de las personas particulares
y públicas en los términos señalados por la Constitución y por la Ley. (Folios
3 y 4)
1.3.- Debido a situaciones fortuitas,
ajenas a su voluntad, el señor Terán Orozco se vio envuelto en una
investigación de carácter penal. Fue investigado por la Fiscalía Décima
Seccional Delegada ante Jueces Penales de Circuito de Santa Marta. En
desarrollo de tal investigación, se profirió como medida de aseguramiento
detención preventiva pero se le concedió beneficio de excarcelación. (Folio 4)
1.4.- El doctor Juan Camilo Osorio expidió
una resolución mediante la cual decidió declarar insubsistente al señor Terán
Orozco bajo vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la contradicción y a la presunción de inocencia. (Folio 4)
1.5.- La resolución expedida por el doctor
Luis Camilo Osorio se fundamentó en el numeral 3º del artículo 150 de la Ley
270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en el numeral
3º del Decreto Ley 261 de 2000, normas que se transcriben a continuación:
Artículo 150 de la Ley 270 de 1996 o Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia, numeral 3º: “Inhabilidades
para Ejercer Cargos en la Rama Judicial. No podrá ser nombrado para ejercer
cargos en la Rama Judicial: Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que
implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional”
(Negrillas fuera de texto).
Artículo 79 del Decreto Ley 261 de 2000,
numeral 3º: “No podrá ser nombrado ni desempeñar cargo en la Fiscalía
General de la Nación: Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que
implique la privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional.”
(Negrillas fuera de texto).
Como se desprende con claridad de los preceptos citados,
el nominador no está autorizado para desvincular a personas que se encuentren
conminadas con medida de aseguramiento para las que está previsto el beneficio
de libertad provisional. (Folio 5)
1.6.- El señor Orozco Terán fue notificado
de la decisión adoptada el día 8 de septiembre de 2004 y dentro del término
legal interpuso recurso de reposición ante el Fiscal General de la Nación con
el fin de que se revocara el contenido de la resolución que lo declaró
insubsistente en el cargo, pues  consideró que la misma se dictó bajo
infracción de normas constitucionales y legales y con base en falsa motivación
ideológica. (Folio 5)
1.7.- El señor Fiscal General de la Nación
mediante resolución de 25 de octubre de 2004 decidió confirmar el acto
impugnado en todas sus partes y mantener la vulneración de los derechos
fundamentales del señor Terán Orozco quien fue comunicado el día 04 de
noviembre de 2004. En firme las providencias, el señor Terán Orozco fue
desvinculado de la entidad ocasionándole perjuicios incalculables para sí mismo
y para las personas que dependen económicamente de él. (Folio 6)
1.8.- Los señores accionantes Isabel Segunda Orozco de
Terán de 56 años y Julián Terán Barros de 69, respectivamente madre y padre del
también accionante Terán Orozco, son personas de la tercera edad que no están
cobijadas por ninguno de los servicios de la seguridad social integral
pregonados en el artículo 46 de la Constitución y dependen económicamente del
señor Terán Orozco para su subsistencia pues no tienen la más mínima
probabilidad de obtener recursos para llevar una vida medianamente digna.
(Folio 6)
1.9.- El día tres de noviembre de 2004
mediante sentencia debidamente ejecutoriada proferida por el Juzgado Único
Penal del Circuito de Fundación, el señor José David Terán Orozco fue absuelto
de los cargos que le fueron formulados por la Fiscalía Décima de Santa Marta en
la resolución acusatoria. Se ordenó que, en firme la decisión, se dejaran sin
efecto todas las medidas que pesaran en su contra y se archivara el expediente.
La sentencia absolutoria quedó ejecutoriada el día 11 de noviembre de 2004. De
este modo, el señor Terán Orozco quedó exonerado de manera definitiva de toda
responsabilidad penal y las medidas que habían sido proferidas en su contra
fueron levantadas. (Folio 7)
2. Pruebas relevantes que obran en el
expediente
2.1.- Fotocopia auténtica de la Resolución
No. 0-0830 de 15 de abril de 2003, firmada por el Fiscal General de la Nación.
(Folios 22-25)
2.2.- Constancia de servicios prestados en
la Fiscalía General de la Nación de Santa Marta, firmada por la doctora Magalys
Beatriz Royero, analista de la oficina de personal de la Dirección Seccional
Administrativa y Financiera de la entidad en Santa Marta. (Folio 21)
2.3.- Fotocopia auténtica de la resolución
No. 0-3552 de 28 de julio de 2004 firmada por el Fiscal General de la Nación.
(Folios 34-38)
2.4.- Fotocopia auténtica del acta de
notificación hecha al señor José David Terán Orozco del contenido de la
resolución No. 0-3552 de 28 de julio de 2004. (Folio 26)
2.5.- Fotocopia simple del recurso de
reposición interpuesto en contra de la resolución No. 0-33552 de 28 de julio de
2004. (Folios 27-33)
2.6.- Fotocopia auténtica de la resolución
No. 0-5085 de 25 de octubre de 2004 (Folios 34-38).
2.7.- Fotocopia auténtica del acta de
notificación hecha a Álvaro Ángel Guardiola Maestre del contenido de la
resolución No. 0-5085 de 25 de octubre de 2004. (Folio 39)
2.8.- Fotocopia auténtica de acta de
notificación hecha a José David Terán Orozco del contenido de la resolución No.
0-5985 de 25 de octubre de 2004. (Folio 40)
2.9.- Fotocopia auténtica de la providencia
de fecha 02 de marzo de 2004 proferida por la Fiscalía Décima Delegada ante
Jueces Penales de Circuito de Santa Marta, por medio de la cual se impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de José David Terán
Orozco concediéndosele libertad provisional.  (Folios 41-49)
2.10.- Fotocopia auténtica de la sentencia
de fecha 03 de noviembre de 2004, proferida por el Juzgado Penal de Circuito de
Fundación (Magdalena) en el proceso adelantado en contra del señor José David
Terán Orozco por medio de la cual se lo absolvió de los cargos que le fueron
formulados por la fiscalía Décima de Santa Marta y se ordenó en firme la
decisión, dejar in efecto todas las medidas que pesaban en contra de esta
persona y archivarse el expediente. (Folios 50-63)
2.11.- Fotocopia auténtica de la constancia
de ejecutoria de la sentencia absolutoria emanada del despacho del Juzgado
Penal del Circuito de Fundación (Magdalena) en el proceso adelantado contra
José David Terán Orozco. (Folio 63)
2.12.- Declaración Extraprocesal rendida
bajo la gravedad de juramento ante la Notaría Única del Círculo de Aracataca
(Magdalena) por los señores Pablo José Blanco Mercado y Pedro Antonio Moreno
Carretero. (Folio 64).
2.13.- Fotocopia simple de cédula de
ciudadanía de la señora Isable Segunda Orozco de Terán. (Folio 65)
2.14.- Fotocopia simple de la cédula de
ciudadanía del señor Daniel Julián Terán Barros. (Folio 66)
2.15.- Fotocopia auténtica del Registro
Civil de Nacimiento de José David Terán Orozco. (Folio 67)
3. Los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados y lo que se pretende
El señor Álvaro Ángel Guardiola Maestre
quien obra en representación de la señora Isabel Segunda Orozco de Terán y de
los señores Daniel Julián Terán Barros y José David Terán Orozco, solicita que
se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso (artículo 29 de la Constitución
Nacional y en especial la protección del principio de legalidad "pues
se aplicaron normas sustanciales cuya situación fáctica no se ajustaba a su
contenido y en justificación de ello se hizo una interpretación amañada de la
jurisprudencia de las Altas Cortes"); del derecho de defensa y
contradicción; del derecho a la presunción de inocencia. Solicita, así mismo,
que se proteja el derecho al trabajo (artículo 25 de la Constitución Nacional)
y el mínimo vital del señor Terán Orozco y se garantice, en consecuencia, el
derecho al mínimo vital de la señora Isabel Segunda Orozco de Terán y del señor
Daniel Julián Terán Barros.
4. Trámite de la acción
La acción de tutela fue instaurada ante el
Juzgado Primero Civil de Circuito de Santa Marta. Este Juzgado mediante oficio
número 1807 remite la acción de tutela para que sea repartida entre los
Magistrados de la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior de Santa Marta.
El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta, Sala Civil de
Familia, por medio de oficio No. 2409 corre traslado al señor Fiscal General de
la Nación. La señora Magnolia Valencia González, quien actúa a nombre del
Fiscal General de la Nación, responde de la siguiente manera a los hechos
establecidos en el escrito de tutela.
4.1.- Que, la Resolución No. 0-3552 de 28
de julio de 2004 proferida por el señor Fiscal tuvo como fundamento razones de
hecho y de derecho y estuvo sustentada en pronunciamientos de tipo
jurisprudencial sobre la materia.
4.2.- Que, la Fiscalía Décima Seccional de
Santa Marta dentro del proceso para resolver la situación jurídica del señor
Terán Orozco había dictado medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva con beneficio de libertad provisional como cómplice del delito de
peculado por apropiación.
4.3.- Que, a petición de la Secretaría
General, la Oficina Jurídica se pronunció sobre la situación administrativa
laboral del señor José David Terán Orozco y mediante oficio citó el numeral 3º
del artículo 150 de la Ley 270 de 1996 en donde se establece como causal de
inhabilidad para ejercer cargos en la Rama Judicial “encontrarse bajo medida
de aseguramiento que implique privación de la libertad sin derecho a la
libertad provisional”. A renglón seguido se cita el fallo de la Corte
Constitucional C- 037 de 1996 cuando se pronunció sobre la exequibilidad del
artículo 150 de la Ley 270 de 1996[1].
4.4.- Que, igual inhabilidad está prevista
en el numeral 3º del artículo 79 del decreto 261 de 2000 "Estatuto
Orgánico de la Fiscalía General de la Nación"[2].
4.5.- Que, tal como se desprende de lo
anterior, "si bien el señor Terán Orozco goza de libertad provisional,
esta situación no obsta para que se pueda predicar a la luz de los artículos
150 numeral 3º de la Ley 270 de 1996 y artículo 79 numeral 3º del decreto 261
de 2000, que el funcionario en comento está inhabilitado para ejercer el cargo
de Investigador Judicial I, adscrito a la Dirección Seccional del C. T. I. de
Santa Marta. En otras palabras, el beneficio de la libertad provisional de que
goza no trae como consecuencia el desaparecimiento de la inhabilidad que pesa
en su contra para el ejercicio de cargos en la rama judicial."
4.6.- Que, el señor Terán Orozco incurrió
en una inhabilidad sobreviniente y esto justifica su separación del cargo pues
el cumplimiento de los principios que deben acompañar el ejercicio de la
función administrativa no se predica sólo ex ante sino también ex
post. Esto ha sido recalcado también por la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación de octubre 4 de 2001. De acuerdo con todo
lo anterior, "se concluye que a pesar de encontrarse José David Terán
Orozco gozando del beneficio de libertad provisional, él mismo se encuentra
incurso dentro de la causal 3ª  del artículo 150 de la Ley 270 de 1996,
concordante con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 79 del decreto 261 de
2000, situación que acarrea la declaratoria de insubsistencia, mediante acto
administrativo motivado, previamente se haya determinado la ejecutoria de la
providencia que concedió tal beneficio.
4.7.- Que, con motivo de lo señalado con
antelación, no se ve cómo el señor Terán Orozco pueda alegar la vulneración de
su derecho de defensa.
4.8.- Que, la jurisprudencia sentada por la
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal el 4 de octubre de 2001 sirve
igualmente de apoyo para mostrar cómo la afirmación del señor Terán Orozco de
acuerdo con la cual se le está infringiendo el derecho al debido proceso,
carece de fundamento[3].
4.9.- Que, el señor Terán Orozco tuvo la
oportunidad de interponer recurso de reposición, recurso que fue concedido y
por lo tanto no es factible alegar violación del debido proceso. Las
resoluciones dictadas por el señor Fiscal estuvieron ajustadas a derecho y por
consiguiente tampoco se puede alegar vía de hecho.
4.10.- Que, la tutela no procede en el caso
bajo examen por existir otros mecanismos como la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho la cual se puede hacer efectiva por la vía de la
Justicia Contencioso Administrativa a través de la cual "se puede
solicitar la suspensión provisional del acto". (Se citan una serie de
sentencia proferidas por la Corte Constitucional sobre esta vía, sentencia
SU-544 de mayo 24 de 2001 Sala Plena y sentencia T-533 de 1998).
4.11.- Que, en conclusión, ya sea en la
demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho o en escrito
separado, antes de ser admitida esta última, “EL ACCIONANTE PUEDE
SOLICITAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
INSUBSISTENCIA POR INHABILIDAD SOBREVINIENTE que presuntamente vulnera sus
derechos, demostrando el perjuicio que la ejecución del acto administrativo le
causa o podría causarle, ACCIÓN QUE PUDO INTERPONER DESDE EL DÍA SIGUIENTE A
LA NOTIFICACIÓN DE SU DESVINCULACIÓN, por la razón cual tampoco es
predicable la procedencia de esta acción de tutela, desvirtuando así la
inminencia del perjuicio." (Mayúsculas y negrillas dentro del texto
citado).
4.12.- Que, la vulneración de los
derechos a la salud y al mínimo vital alegada por el actor tampoco tiene
sustento en las normas ni en la jurisprudencia constitucional. Además, si el
actor decide acudir a la vía contencioso administrativa en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de prosperar esta acción, entonces
tampoco se podría decir que se ocasionó un perjuicio irremediable. "En
este evento el presunto perjuicio no es irremediable, porque en últimas el
empleado no sólo recibe todos los sueldos y demás derechos laborales dejados de
percibir, sino que además, es incorporado al servicio, entendiéndose para todos
los efectos legales que no haya sido desvinculado, lo cual da lugar a la
primera causal de improcedencia de la tutela, prevista en el numeral 1, del
artículo 6 del Decreto Extraordinario 2591 de 1991."
5. Fallo de primera instancia
En desarrollo de su argumentación, la Sala
Civil y de Familia del Tribunal Superior de Justicia de Santa Marta se
pronuncia primero sobre el mínimo vital y considera que este abarca una amplio
espectro por cuanto "cobija no solo a quien se dice directamente
afectado por la acción cumplida por la Fiscalía General de la Nación, sino
también a quienes, por depender económicamente del afectado, resultan
indirectamente perjudicados con la acción u omisión que supuestamente violó o
puso en peligro dicho derecho fundamental, con la advertencia de que éste
derecho no es de naturaleza colectiva o familiar, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, por lo cual el único titular viene siendo José David Orozco,
razón por la cual la Sala lo estudiará únicamente respecto de él."
Según el a quo, las Altas Cortes
coinciden en afirmar que el mínimo vital está compuesto por "aquellos
recursos mínimos que una persona y su entorno familiar necesitan para poder
subvenir a sus necesidades básicas, atendiendo su status y posición. Es por
ello que cuando se priva a alguien injustamente del salario que le permite
atender a sus propias necesidades y a las de quienes de él dependen
económicamente, ciertamente que se afecta el mínimo vital a todo el grupo
familiar."
De otro lado, las medidas de aseguramiento
se caracterizan por ser medidas de carácter temporal. Estas medidas "buscan
garantizar la presencia de un sindicado dentro de la correspondiente
investigación y hasta tanto se resuelva de manera definitiva su
situación". Cuando se ordena pena privativa de la libertad con beneficio
de libertad provisional "el reo queda jurídicamente detenido pero su
libertad de locomoción no sufre alteración" (...) "De la
exacta determinación de la naturaleza de la detención preventiva, que es
instrumental y temporal, surge precisamente su nota característica de ser
absolutamente diferente a la sentencia condenatoria, de tal suerte que cuando
aquella se ordena apenas es como si se redijera al imputado que existen cargos
en su contra y que por ello se le vincula transitoriamente como posible
responsable."
Cuando una autoridad judicial, bien sea un
juez o un fiscal asigne carácter definitivo a una medida cuyo género es
netamente temporal, realiza una interpretación "que afecta de manera
evidente al sindicado." Decretarle a una persona medida de aseguramiento
no significa lo mismo que condenarla; "debe recordarse que toda persona es
inocente hasta tanto se le pruebe lo contrario mediante sentencia ejecutoriada,
surtida con apego al debido proceso y con plena observación del derecho de
defensa."
Con respecto a las normas aplicadas por la
Fiscalía en el caso bajo examen, es preciso recordar lo dispuesto en el
artículo 27 del Código Civil de conformidad con lo cual "Cuando el
sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de
consultar su espíritu." Al interpretar el numeral 3º del artículo 150
de la Ley 270 de 1996 y el numeral 3º del artículo 79 del decreto 261 de 2000
la Fiscalía pierde de vista que estos preceptos contemplan dos situaciones absolutamente
distintas: de un lado, la detención preventiva con encarcelamiento y, de otro,
la detención preventiva con beneficio de excarcelación. En el caso bajo examen,
se le dictó al señor Terán Orozco una medida de detención preventiva con
beneficio de excarcelación. La Fiscalía "unió en un solo haz los dos
aspectos para considerar que toda detención preventiva origina la inhabilidad
de que se viene hablando."
No es factible aceptar la interpretación
que la Fiscalía hace de las disposiciones mencionadas, pues con ella se
quebranta el orden jurídico constitucional y en ese orden de cosas se vulnera
la garantía del derecho al debido proceso. La Fiscalía solo toma uno de los
criterios previstos en la norma y desecha los demás "[y] ese factor se
multiplica en el presente caso, en virtud de existir prueba de que el sindicado
Terán Orozco fue posteriormente absuelto de todos los cargos que se le habían
formulado, mediante sentencia que se encuentra en firme."
Es preciso advertir, por lo demás, que en
este caso no solo se vulnera la garantía del derecho al debido proceso del
señor Terán Orozco sino que se vulnera también su derecho a la igualdad, pues "en
el medio judicial de Santa Marta es ampliamente conocido, con notoriedad
pública, que algunos Fiscales de Santa Marta han sido cobijados con detención
preventiva y beneficio de libertad provisional y a ellos no se les declaró
insubsistentes. (...) De igual manera trascendió a la opinión pública el caso
de dos educadores a quienes se les detuvo preventivamente y luego se les
concedió detención domiciliaria, pudiendo de esta forma ejercer su
magisterio."
El a quo  admite que efectivamente
el actor cuenta todavía con la vía de lo contencioso administrativo para hacer
valer sus pretensiones. Se abstiene, por tal motivo, de pronunciarse de manera
definitiva sobre las normas que sirven de sustento a las medidas adoptadas por
la Fiscalía. Como juez constitucional, no obstante, considera esencial mirar si
prima facie es factible afirmar que se ha vulnerado algún derecho fundamental
y en tal caso ordenar la tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. A renglón seguido, considera el Tribunal importante
pronunciarse sobre el perjuicio irremediable y para tales efectos cita la
sentencia T-884 de octubre 17 de 2002[4].
Del análisis de las circunstancias del caso
concreto y teniendo en cuenta los testimonios allegados al proceso, es factible
arribar a la conclusión que José David Terán Orozco "se encuentra
sumido en graves problemas económicos, tal como quedó demostrado con las
constancias aportadas por su apoderado, y sobre todo que sus padres no cuentan
con los recursos para subsistir dado que era el mencionado hijo quien atendía
todas sus necesidades."
En este caso concreto, considera el
Tribunal que el señor Terán Orozco se halla ante un perjuicio irremediable "que
no podría jamás ser suplido por una indemnización, dado que la falta de pago de
salarios implica la privación del único recurso económico con que cuenta el
petente, lo que impide ciertamente atender a sus obligaciones  personales
unidas a las cuales se encuentra sostener a sus padres."
Frente al argumento esgrimido por la
entidad acusada, según el cual, el actor cuenta con otros medios de defensa
judicial y por tal razón la tutela sería improcedente, es posible afirmar que
esta situación admite excepciones y al respecto se ha pronunciado la Corte
Constitucional en varios de sus fallos (Se cita la sentencia de Sala Plena de
febrero 3 de 1997: SU-039 de 1997) en donde se concluye que es factible
instaurar la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable y simultáneamente solicitar la acción de suspensión
provisional del acto administrativo[5].
En el caso bajo examen, el juez
constitucional llega a la conclusión que el medio más apropiado para la
efectividad de los derechos del actor y el más ágil es la acción
constitucional. Esto salta a la vista, si se tiene en cuenta el "supuesto
de congestión que presenta la justicia en la esfera contencioso administrativa
y la procedencia de recursos en contra de la suspensión provisional, lo cual
hace dilatar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.”
El a quo resuelve tutelar los
derechos al mínimo vital y a la estabilidad laboral del actor y para tales
efectos concede el amparo como mecanismo transitorio "decisión que
permanecerá vigente durante el término que la jurisdicción contenciosos
administrativa utilice para decidir de fondo la acción que deberá instaurar el
directamente afectado para lo cual contará con un plazo máximo de cuatro (4)
meses, a partir de la fecha de esta providencia, pues si no lo hace, cesarán
los efectos de esta sentencia." En cuanto a la vulneración del derecho
al debido proceso, no encuentra el a quo que se haya producido ninguna
violación del artículo 29 de la Constitución.
6. Impugnación
En el escrito de impugnación y obrando en
representación del Fiscal General de la Nación, la señora Magnolia Valencia
González expone los siguientes argumentos:
El señor Fiscal General de la Nación
expidió los actos por medio de los cuales se declaró insubsistente al señor
Terán Orozco bajo el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y
constitucionales. Tales actos estaban además debidamente motivados y por
consiguiente se encuentran amparados por la presunción de legalidad. La
Fiscalía tampoco incurrió en vía de hecho. La Corte Constitucional ha sido
clara en afirmar que la tutela no puede "convertirse en un instrumento
adicional o supletorio al cual se pueda acudir  cuando se dejaron de ejercer
los medios de defensa dentro de la oportunidad legal, o cuando se ejercieron de
forma extemporánea, o para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin
el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva
jurisdicción."
Con respecto el derecho al mínimo vital que
considera el Tribunal se le ha vulnerado al actor, carece de fundamento esta
supuesta vulneración pues el actor es joven "y goza de toda su
capacidad física productiva, sin que exista prueba que demuestre lo contrario,
lo que le permite acudir a actividades independientes o subordinadas para
satisfacer el mínimo vital indispensable par su subsistencia."
En relación con el cargo que afirma
la vulneración del derecho a la igualdad, tampoco se allegan al expediente
pruebas al respecto de que existan Fiscales a quienes se les haya dictado
medida de aseguramiento con beneficio de excarcelación y no se les haya
declarado insubsistentes. Esta apreciación es de índole subjetiva y no conduce
a exigir un juicio de igualdad.
Frente a la presunta vulneración del
derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, según la entidad demandada es
preciso recordar que ante la aparición de una incapacidad sobreviniente no hay
más remedio que declarar la insubsistencia sin que esto signifique vulnerar
derechos fundamentales y menos aún los atinentes a la dignidad de la persona.
El derecho al trabajo no es derecho de aplicación  inmediata y esto lo enfatizó
el Consejo de Estado en providencia proferida el 24 de enero de 1992. El actor
cuenta, además, con otros mecanismos de protección en la vía contenciosos
administrativa y por tal razón tampoco se puede admitir que esté sufriendo un
perjuicio irremediable. No se satisfacen, además, los requisitos exigidos por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional para que se verifique un perjuicio
irremediable.
7.
Fallo de segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, recuerda que la acción de tutela es un mecanismo residual al
que solo debe acudirse cuando no se dispone de otro medio eficaz de defensa
judicial. De lo anterior deduce este Tribunal la improcedencia del amparo
constitucional solicitado en el caso concreto. De otra manera, opina la Corte
Suprema, el juez constitucional estaría usurpando la competencia del juzgador
natural. El acto cuenta, por lo demás, con los recursos que ofrece la vía
contencioso administrativa. De otro lado, la tutela no es el instrumento
constitucional para hacer efectivas pretensiones de orden económico. Solo de
manera excepcional, cuando se afecta el mínimo vital del accionante, se puede
acudir a la tutela. En el presente caso no está demostrado "de manera
fehaciente la afectación de aludido mínimo vital de los presuntos agraviados,
como quiera, cual lo adujo la entidad accionada, José David Orozco dispone de
plena capacidad para emprender otra actividad productiva, independiente o
subordinada, que le permita atender los requerimientos esenciales propios y los
de quienes de él dependen." La Corte Suprema Sala de Casación Civil
decide revocar la sentencia impugnada y denegar el amparo constitucional a José
David Terán Orozco.
II. Consideraciones y Fundamentos de la
Corte Constitucional
1. Competencia
1.1. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos
33, 34 y 35 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar la
sentencia de la referencia.
3. El asunto objeto de la discusión
3.1.- El señor Álvaro Ángel Guardiola
Maestre, obrando en calidad de agente oficioso de la señora Isabel Segunda
Orozco de Terán y de los señores Daniel Julián Terán Orozco y David Terán
Orozco solicita la protección del derecho al debido proceso (artículo 29 de la
Constitución Nacional, en especial, del principio de legalidad; del derecho de
defensa y contradicción; del derecho a la presunción de inocencia) del señor
Terán Orozco. Solicita, de igual modo, que se garanticen el derecho al trabajo
(artículo 25 de la Constitución Nacional) y el mínimo vital del señor Terán
Orozco y se proteja, en consecuencia, el mínimo vital de los señores Isabel
Segunda Orozco de Terán y Daniel Julián Terán. El escrito de tutela se centra
en que la decisión por medio de la cual el señor Fiscal General de la Nación
declaró insubsistente al señor Terán Orozco carece de fundamento. El señor
Fiscal dictó la resolución de insubsistencia con base en una disposición cuyos
supuestos normativos no se compadecen con los supuestos de hecho del caso concreto
y, al hacerlo, vulneró la garantía del debido proceso y afectó de manera grave
los intereses económicos del señor Terán Orozco; perjudicó, de paso, los
intereses de sus padres quienes se encuentran en absoluta situación de
dependencia económica del hijo. La entidad demandada a través de su
representante Magnolia Valencia González, considera que la resolución por medio
de la cual se decidió la insubsistencia del señor Terán Orozco a quien se había
dictado medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con
beneficio de libertad provisional como cómplice del delito de peculado por
apropiación,  se encuentra bien fundamentada tanto desde el punto de vista
jurídico como fáctico. Dado que el señor Terán Orozco incurrió en una
inhabilidad sobreviniente, está más que justificada su separación del cargo. No
se ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues el señor Terán recurrió a
tiempo la resolución proferida y este recurso fue decidido también a tiempo. El
señor Terán Orozco dispone, además, de las garantías que le ofrecen la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho y la suspensión provisional del acto
administrativo proferido, motivo por el cual, la tutela es improcedente.
Tampoco se mostró que el mínimo vital hubiese sido afectado pues de prosperar
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acción ésta a la que puede
acudir el señor Terán Orozco, no se podría decir que se ocasionó un perjuicio
irremediable que haya incidido de manera negativa en su mínimo vital. El a
quo consideró que la resolución dictada por el señor Fiscal, en efecto, se
sustentó en un precepto cuyos supuestos normativos no se corresponden con los
supuestos de hecho del caso concreto y pese a admitir que no podía decidir de
fondo el asunto por tratarse de una pretensión que habría de resolverse a
través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, resolvió conceder la
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable con la
condición de que el afectado instaurara directamente la acción de nulidad y
restablecimiento en un plazo de cuatro meses contado a partir de la fecha de la
providencia. Frente al cargo de vulneración al debido proceso, no encuentra el
a quo que se haya producido ninguna violación del artículo 29 de la
Constitución Nacional. Impugnada la sentencia, fue revocada por el ad quem
quien pone énfasis en el carácter subsidiario de la acción de tutela y en que
el señor Terán Orozco dispone de otros medios judiciales alternativos, razón
por la cual, no procede la acción de tutela en el caso concreto. Según el ad
quem, el señor Terán Orozco es joven y cuenta, además, con plena capacidad
para emprender una actividad productiva, de tal manera que tampoco es factible
sostener una vulneración del mínimo vital.
4. Problema Jurídico a resolver
4.1.- Corresponde a la Corte Constitucional
solucionar el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera la resolución de
insubsistencia dictada por el Fiscal General de la Nación con fundamento en un
precepto cuyos supuestos normativos (lo dispuesto por el numeral 3 del artículo
150 de la Ley Estatutaria de Justicia y por el numeral 3 del artículo 79 del
Estatuto Orgánico de la Fiscalía[6])
no coinciden con los supuestos fácticos del caso concreto (pues al señor Terán
Orozco se le dictó medida de aseguramiento con beneficio de libertad
provisional) el derecho al debido proceso y, específicamente, el derecho a la
presunción de inocencia, la garantía de libertad y el derecho de defensa y
contradicción?
4.2.- Para responder este interrogante, la
Corte (1) hará primero una referencia de carácter general sobre el derecho
fundamental al debido proceso y (2) pasará luego a examinar el nexo entre la
presunción de inocencia, la garantía de libertad y el derecho de defensa y
contradicción. (3) Finalmente, abordará  el asunto concerniente a la
interpretación del artículo 150 numeral tercero de la Ley 270 de 1996 o Ley
Estatutaria de Justicia que se expresa en idéntico sentido al artículo 79
numeral tercero de la Ley 261 de 2000 o Estatuto Orgánico de la Fiscalía
General de la Nación realizada por parte de la Fiscalía y la manera como se
proyecta tal interpretación sobre el caso concreto.
5. El derecho fundamental al debido proceso
El derecho al debido proceso goza de una
muy amplia garantía en el ordenamiento jurídico colombiano. A nivel interno, el
artículo 29 de la Constitución Nacional contiene los elementos que caracterizan
tal protección[7].
La garantía efectiva del derecho al debido proceso se ve reforzada, además, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución, de acuerdo con lo
cual, "Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia." (Énfasis fuera de texto).
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre la garantía del derecho al debido proceso es reiterada y
se orienta a conceder una muy extensa protección del derecho al debido proceso.
Una síntesis de los elementos
que la Corte ha considerado más sobresalientes en relación con la garantía del
derecho al debido proceso como instrumento dirigido a satisfacer las exigencias
imprescindibles para la efectiva garantía del derecho material, arroja el
siguiente resultado.
El derecho al debido proceso comprende la
posibilidad de acceder de manera libre y en condiciones de igualdad a la
justicia a fin de obtener por parte de los jueces decisiones motivadas y
comprende, de igual modo, la posibilidad de impugnar tales decisiones, cuando
se está en desacuerdo con ellas ante un juez de superior jerarquía, así como el
derecho a que se de debido cumplimiento a lo determinado en los fallos.
El derecho al debido proceso comporta, de
otro lado, la posibilidad de acceder al juez natural, esto es, de acudir ante
el funcionario que está facultado para "ejercer la jurisdicción en
determinado proceso de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de
las personas y la división del trabajo establecida por el legislador entre los
miembros de la judicatura[8]."
Este juez debe ser independiente, lo que implica la garantía constitucional de
no intromisión del poder ejecutivo o del poder legislativo - e incluso de otros
poderes fácticos - en el desarrollo de labor judicial autónoma, ajena a
amenazas y a presiones.
El derecho al debido proceso entraña de
suyo la posibilidad de realizar una efectiva defensa judicial con aplicación de
todos los instrumentos legítimos para hacerse oír en juicio y obtener una
decisión favorable. Asuntos tan neurálgicos como los relacionados con "el
derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa;
los derechos a la asistencia de un abogado, a la igualdad ante la ley procesal,
el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso[9]",
forman parte del derecho al debido proceso. A lo anterior se suma la exigencia
según la cual los procesos deben ser públicos y han de desenvolverse dentro de
un lapso razonable sin dilaciones injustificadas o inexplicables[10].
El derecho al debido proceso exige la
presencia de un juez que se esfuerce por ser imparcial y decida "con
fundamento en los hechos, de acuerdo con los imperativos del orden jurídico,
sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas[11]."
El debido proceso abarca también el derecho
a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una de las columnas
sobre las cuales se configura el Estado de Derecho y es, de igual modo, uno de
los pilares fundamentales de las democracias modernas. Su significado práctico
consiste en que quien ha sido imputado de haber cometido un delito se presume
inocente hasta tanto no se haya demostrado lo contrario mediante sentencia
debidamente ejecutoriada. La Corte Constitucional se ha pronunciado de manera
reiterada sobre la presunción de inocencia. En sentencia C-416 de 2002 dijo:
"Cuando el artículo 29
inciso 4º de la Constitución Política, dispone que “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, se establece un postulado que no admite excepción alguna e impone
como obligación la práctica de un debido proceso, de acuerdo con los
procedimientos que la Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance." (Énfasis dentro del texto).
La Corte Constitucional ha puesto
énfasis en que la presunción de derecho asume en el ordenamiento jurídico
colombiano el rango de derecho fundamental. En este sentido, quien se haya
vinculado a una investigación no está obligado a
ofrecer pruebas a fin de demostrar su inocencia. Son las autoridades judiciales
competentes quienes deberán probar la culpabilidad del acusado. También en el
ámbito internacional se destaca la importancia de la presunción de inocencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su
artículo 11 confirma el carácter fundamental de la presunción de inocencia[12]. Igual sucede con lo previsto en el artículo 8 (2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[13].
6. La presunción de inocencia y
su relación con la garantía de libertad del procesado y con el derecho de
defensa y de contradicción
El derecho a la presunción de inocencia
presenta al menos tres aspectos que se podrían sintetizar así: un aspecto que
hace referencia al modo como se establece la responsabilidad penal y, más
concretamente, a la forma como opera la carga de la prueba[14]. No es el acusado
quien debe probar su inocencia, pues él se presume inocente hasta tanto el
Estado no pruebe lo contrario, a saber, que es culpable.
Otro aspecto tiene que ver con la
imputación de la responsabilidad penal o de participación en hechos delictivos
a un individuo que no ha sido juzgado. Es factible que a una persona o a varias
se les achaque el haber participado en la comisión de un delito. Ese solo
hecho, sin embargo, no significa que con la acusación la persona o personas
puedan ser tenidas por culpables. Solo podrán serlo en el momento en que su
responsabilidad haya sido debidamente comprobada por medio de un juicio justo.
El tercer aspecto y quizá el más delicado y
contradictorio hace relación al tratamiento de personas que están siendo
investigadas por un delito y como consecuencia de ello se les ha dictado medida
de aseguramiento bien con beneficio de libertad provisional o bien sin
beneficio de libertad provisional. Aquí es preciso señalar que en cualquiera de
estos dos eventos no se está imponiendo una sanción, pues no existe aún
convicción sobre la responsabilidad penal del sujeto indagado.
En relación con el tema de las medidas de
aseguramiento no se puede dejar de lado el peso que le cabe al derecho a la
presunción de inocencia. No se pueden perder de vista, sin embargo, las
dificultades teóricas y prácticas que las medidas de aseguramiento implican
cuando se proyectan sobre el derecho a la presunción de inocencia, sobre la
garantía de libertad y sobre el derecho de defensa y contradicción. Bien sabido
es que a la presunción de inocencia le subyace una valoración muy profunda que
se conecta justamente con la necesidad de proteger la libertad del sindicado
así como con su derecho de defensa y contradicción[15]. A partir de esta
profunda justificación con fundamento en la cual se construye uno de los
pilares más importantes del Estado de Derecho, se da por cierto que el acusado
es inocente sin que este hecho esté aún probado, sin que nos conste[16].
En un sentido amplio, el derecho de defensa
y contradicción exige que no exista culpa sin juicio. En un sentido estricto,
tal derecho implica que solo hay juicio cuando la acusación ha sido sometida a
prueba y a refutación. La presunción de inocencia del imputado se postula, por
tanto, hasta cuando se pruebe su responsabilidad y esto se haga por medio de
sentencia definitiva de condena.
Ahora bien, una parte de la doctrina
considera la presunción de inocencia como un "principio fundamental de
civilidad", como "el fruto de una opción garantista a favor de
la tutela de la inmunidad de los inocentes, incluso al precio de la impunidad
de algún culpable[17]."
Desde esta perspectiva, la importancia que se deriva de la presunción de
inocencia para el cuerpo social es incalculable pues sobre sus cimientos es
factible configurar un equilibrio entre la libertad, la verdad y la seguridad
de los ciudadanos.
Si bien es cierto que la seguridad de los
ciudadanos se ve amenazada por las actuaciones delictivas que puedan realizar
algunos de sus miembros, no menos cierto es que la seguridad de los ciudadanos
también se amenaza de modo serio cuando se legitiman sanciones y procedimientos
arbitrarios. En este orden de ideas, la presunción de inocencia no solo es "una
garantía de libertad y de verdad, sino también una garantía de seguridad
o si se quiere de defensa social: de esa "seguridad" específica
ofrecida por el estado de derecho y que se expresa en la confianza de los
ciudadanos en la justicia; y de la específica "defensa" que se ofrece
a éstos frente al arbitrio punitivo[18]."
(Énfasis y comillas dentro del texto).
Hay, no obstante, quienes han querido dar
cuenta de las aporías que envuelven a la presunción de inocencia y consideran o
han considerado a lo largo de la historia que la presunción de inocencia es,
más bien, una fórmula " 'vacía', 'absurda' e 'ilógica '[19]."
Otros, han llegado al punto de dejar la presunción de inocencia de lado para
sentar el principio de prisión obligatoria y generalizada o para inclinarse a
favor de "modelos de justicia sumarial y sustancial más allá de las
pruebas de culpabilidad[20]."
Hay, incluso, quienes han considerado la presunción de inocencia como "un
extraño absurdo extraído del empirismo francés" y la han juzgado como "burdamente
paradójica e irracional[21]."
Sobre la posibilidad de hacer compatible la
presunción de inocencia con las medidas de aseguramiento que se decreten con
motivo de haberse dictado resolución de acusación existen también varias
posiciones. Hay quienes se niegan o se han negado por entero a admitir la
posibilidad de una prisión preventiva. En Roma se adoptó esta primera posición
que luego fue puesta en tela de juicio durante la Edad Media cuando la
disponibilidad del cuerpo del acusado se consideró esencial "para
obtener la confesión per tormenta[22]."
Los teóricos de la ilustración le confirieron a la presunción de inocencia un
lugar central y reafirmaron el principio nulla poena, nulla culpa sine
iudicio, pero ninguno de ellos llegó a pedir la suspensión de las medidas
de aseguramiento. Tales medidas recibieron distintas justificaciones y se
fueron consolidando en los diferentes ordenamientos. La presunción de inocencia
entró en abierta crisis con la llegada del fascismo. Con el advenimiento de los
regímenes fascistas se consolidó el uso y el abuso de la prisión preventiva “sin
púdicos juegos de palabras, como 'medida de seguridad procesal', 'necesaria
para la defensa social' e indispensable siempre que el delito haya causado una
'grave alarma pública'[23]."
En aquella época la prisión preventiva se caracterizó por ser una verdadera
medida de prevención frente a los peligrosos y los sospechosos o lo que era aún
peor: se destacó por ser una "ejecución provisional y anticipada de la
pena[24]."
Con el  fascismo se llegó al extremo de hacer obligatoria la captura. Esto
conllevó a invertir el sentido de la presunción de inocencia que se convirtió
en una presunción legal de absoluta peligrosidad y desembocó, luego, en una
presunción de culpabilidad del imputado.
La afirmación contundente y provocadora de
Manzini según la cual la presunción de inocencia es algo así como un sueño
alelado de la razón, no logró amedrentar a algunos doctrinantes convencidos de
que el uso y el abuso de la detención preventiva  no solo reduce la presunción
de inocencia a la condición de "puro oropel inútil[25]" sino
que arrasa, de paso, con las demás garantías penales y procesales. Frente a
ciertas tímidas reacciones tendientes a lamentar "la dolorosa contradicción",
hubo quienes se cuestionaron "si de verdad algún fin puede justificar
el medio" o si más bien "se ha ido en busca de los fines que
de cualquier manera lo justifiquen, como si el medio fuera un fenómeno natural,
que no precisa justificarse, sino tan solo ser explicado y a lo sumo delimitado[26]."
Esta línea de argumentación, aduce, por
ejemplo, que las medidas de aseguramiento pueden llegar a ser percibidas y
sentidas como el resultado de la fuerza y del arbitrio y pueden, incluso,
llegar a socavar de manera profunda la confianza en la justicia y en el
derecho. En este orden de ideas, no es posible hacer compatible lo incompatible
y no se puede admitir  la prisión preventiva como mal necesario. La prisión
preventiva pone al imputado en una condición de inferioridad respecto de la
acusación. Ante esta situación, es preciso reaccionar y es conveniente hacerlo
a partir del derecho constitucional "poniendo en relación la prisión
preventiva no solo con la presunción de no culpabilidad sino también con el
conjunto de las demás garantías penales y procesales establecidas por la
Constitución y violadas directa o indirectamente por aquella[27]."
Ante esta postura, se siguen
esgrimiendo varios argumentos por medio de los cuales se intenta ofrecer una
justificación a la detención preventiva dentro de los que se destacan
principalmente dos. De un lado, se ha dicho que la detención preventiva se
justifica para evitar que el imputado altere las pruebas y, de otro, se ha afirmado
que la detención preventiva se justifica para contrarrestar el peligro de fuga
del imputado. Ambas argumentaciones coinciden en otorgarle a la detención
preventiva un carácter eminentemente procesal y cautelar.
Ahora bien, es factible aducir razones en
contra de uno y de otro argumento. Frente al primero, se ha dicho que
constituye un derecho del procesado defenderse y allegar las pruebas que hagan
posible esa defensa con el máximo de garantías. Existen, en efecto, delitos
particularmente graves y no se descarta la posibilidad de que algunos
delincuentes intenten alterar las pruebas u obtener falsas defensas antes del
interrogatorio. No resulta sin embargo demasiado claro que sea la medida de
detención preventiva la única capaz de contrarrestar ese riesgo y que pueda
hacerlo de una manera proporcionada. Algunos han sugerido, por ejemplo,
utilizar una detención por el tiempo estrictamente necesario para interrogar al
imputado. De este modo, se produciría una limitación de la libertad personal
mucho más breve que la prisión preventiva y "no produciría o al menos
reduciría, los efectos infamantes y difamatorios de la acción penal que
constituyen hoy uno de los aspectos (...) más humillantes y aflictivos de todo
el sistema punitivo[28]."
La presunción de inocencia que se conecta tanto con la garantía de libertad del
imputado como con el derecho de defensa y contradicción, solo tiene sentido
cuando se deja en libertad al sindicado para poder realizar una efectiva
defensa, para allegar a su favor las pruebas que considere conducentes y
pertinentes y para  controvertir las que se ofrecen en su contra.
El temor de que el imputado escape y la
necesidad de capturarlo y detenerlo para que no lo haga, es justificado en
casos extremos. No se puede perder de vista, sin embargo, y más tratándose de
un ámbito como el del derecho penal, que los casos extremos son tan solo unos
cuantos, esto es, que tales casos constituyen la excepción y no la regla. A
propósito de la discusión sobre la justificación de la detención preventiva
Ferrajoli recuerda las palabras de Voltaire quien en relación con el argumento
de la fuga afirmó lo siguiente:
" 'Es el rigor extremo de vuestro
procedimiento criminal quien lo obliga a esta desobediencia. Si un hombre está
acusado de un crimen, empezáis por encerrarlo en un calabozo horrible; no
permitís el que tenga comunicación con nadie; lo cargáis de hierros como si ya
lo hubieseis juzgado culpable. (...) ¿Cuál es el hombre a quien este
procedimiento no asuste? ¿Dónde hallar un hombre tan justo que pueda estar
seguro de no abatirse? ' (...) '¡Oh Jueces!', concluía Voltaire, 'queréis que
el inocente acusado no se escape, pues facilitadle los medios de defenderse[29].'
"
Con respecto a las dificultades que
originan la proyección de las medidas de aseguramiento sobre la presunción de
inocencia no hay, pues, una única respuesta y las posiciones son oscilantes[30]. Existe sí un acuerdo
que se expresa en la jurisprudencia internacional[31] y en la jurisprudencia
interamericana en el sentido de enfatizar el vínculo entre la presunción de
inocencia y el carácter excepcional de la prisión preventiva así como las
reglas mínimas a las cuales se tiene que ajustar el tratamiento preferencial
que merecen los presos sin condena en razón, precisamente, de la presunción de
inocencia[32].
El caso Suárez Rosero examinado por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos es tan solo una pequeña muestra de
los problemas que presenta la detención preventiva como medida de aseguramiento
y del modo como esta se proyecta sobre la presunción de inocencia. El señor
Rosero fue detenido sin mediar orden de autoridad competente y sin haber sido
sorprendido en flagrancia. Estuvo en detención preventiva durante tres años en
condiciones inhumanas y degradantes, lapso durante el cual no se encontraba
separado de los presos condenados. Respecto al impacto que tuvo  en el caso
Suárez la detención preventiva sobre la presunción de inocencia se expresó así
el alto Tribunal internacional:
“La Corte considera que con la
prolongada detención preventiva del señor Suárez Rosero, se violó el principio
de presunción de inocencia, por cuanto permaneció detenido del 23 de junio de
1992 al 28 de abril de 1996 y la orden de libertad dictada en su favor el 10 de
julio de 1995 no pudo ser ejecutada sino hasta casi un año después.  Por todo
lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2 de la
Convención Americana[33].”
Las consideraciones de la Corte
Interamericana con ocasión de la sentencia emitida en
el caso Suárez Rosero son de la mayor importancia:
“[E]l principio de presunción de
inocencia subyace al propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea
de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. De lo
dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal
de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente
necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las
investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión
preventiva es una medida cautelar, no punitiva.  Este concepto está expresado
en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y,
entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no
debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo
una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de
la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad
criminal no ha sido establecida.  Sería lo mismo que anticipar una pena a la
sentencia, lo cual está en contra de principios generales del derecho
universalmente reconocidos[34].”
En el caso Raquel de Mejía, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos reflexionó de modo extenso sobre la
presunción de inocencia[35].
La señora Raquel Martín de Mejía fue violada y torturada al parecer por fuerzas
gubernamentales quienes la acusaban a ella y a su marido de favorecer a grupos
de izquierda como Sendero Luminoso y le achacaban el cargo de terrorismo. Su
marido fue secuestrado y muerto. Ella fue sentenciada de terrorismo en un
proceso en desarrollo del cual se vulneró su derecho al debido proceso y se
infringió, en concreto, su derecho a la presunción de inocencia.
Frente al caso de Raquel Martín de Mejía,
dijo la Comisión que el principio de inocencia configura una presunción en
favor del "acusado de un delito, según la cual éste es considerado
inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante una
sentencia firme[36]."
En este evento, es al Estado a quien corresponde determinar la responsabilidad
penal del sindicado; es el Estado quien  "debe probar su culpabilidad
más allá de toda duda razonable[37]."
Según la Comisión Interamericana, la presunción de inocencia guarda relación
con "el ánimo y la actitud del juez que debe conocer de la acusación
penal[38]."
El juez debe examinar el caso sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia puede
partir de que el acusado es culpable. La tarea del juez consiste en "construir
la responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los
elementos de prueba con los que cuenta[39]."
La Comisión cita la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como la jurisprudencia de la
Corte Europea de Derechos Humanos y se refiere en los siguientes términos a la
exigencia de imparcialidad del juez:
“La imparcialidad supone que el Tribunal o
juez no tiene opiniones sobre el caso sub judice y, en particular, no
presume la culpabilidad del acusado. Para la Corte Europea, la imparcialidad
del juzgador se compone de elementos subjetivos y objetivos[40]. La
imparcialidad subjetiva del juez en el caso concreto se presume mientras no se
pruebe lo contrario. A diferencia, la imparcialidad objetiva exige que el
tribunal o juez ofrezca las suficientes garantías que eliminen cualquier
duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso.” (Énfasis dentro del texto).
En efecto, es factible que el juez tenga una
precomprensión – todo juez la tiene -; es posible que tenga una primera
impresión o una corazonada con respecto al caso sobre el cual ha de dictar
sentencia. No obstante, todo juez debe estar dispuesto a reconocer tal
precomprensión y debe estar listo a hacer el mayor esfuerzo por obrar de la
manera más imparcial posible. Ser imparcial, por consiguiente, no significa no
tener precomprensión - algo que ningún humano puede dejar de tener –. Implica,
más bien, moderar esa precomprensión ajustándola al derecho a la presunción de
inocencia, a la garantía de libertad y al derecho de defensa y contradicción,
acomodándola a estos derechos de los que goza toda persona que ha sido acusada
de haber cometido un delito cuando aún no obra contra ella una sentencia debidamente
ejecutoriada que determine su culpabilidad.
La conclusión a la que llega la Comisión
Interamericana en el caso Martín de Mejía es que el juez ordenó la detención de
la imputada, formuló acusación e inició un proceso penal con fundamento en una
mera denuncia. El juez no analizó si realmente existían los suficientes
elementos de prueba para justificar la acusación y, al obrar de ese modo,
invirtió el orden de la presunción pues desplazó la carga de la prueba en
cabeza del acusado. La Corte encontró que esa inversión del onus probandi
vulneraba el artículo 8 de la Convención Interamericana y, más concretamente,
la presunción de inocencia y el derecho a ser oído por una instancia imparcial
y el derecho a un juicio justo[41].
Admitiendo de antemano la insuficiencia que
denotan las soluciones intermedias en un asunto tan delicado como este, existe
cierta coincidencia tanto en la jurisprudencia como en la doctrina en exigir
que también respecto de las medidas de aseguramiento se cumpla el principio de
legalidad. "Si nadie puede ser sancionado por motivos previamente
establecidos en la ley, tampoco puede ser temporalmente privado de la libertad
cuando dichos motivos no existen[42]." En el caso colombiano, el artículo 250 de la
Constitución Nacional  (reformado por el Acto Legislativo número 3 de 2002) le
concede a la Fiscalía General de la Nación la facultad de  "solicitar al
juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y
la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas."  El nuevo
Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) distingue dos tipos de medidas[43]: de un lado, medidas
privativas de la libertad y, de otro, medidas no privativas de la libertad.
Los motivos con
fundamento en los cuales puede dictarse una medida de aseguramiento que implique
pena privativa de la libertad deben hallarse establecidos en la ley[44].
Tanto la Constitución en el artículo 250 mencionado como el Código de
Procedimiento Penal señalan los casos en los que procede la adopción de medidas
de aseguramiento. Doctrina y jurisprudencia coinciden no obstante en admitir
que las leyes al ser formuladas de manera general y abstracta siempre habrán de
estar necesitadas de una interpretación que fije su sentido y alcances de
acuerdo con las situaciones fácticas que presenta cada caso en concreto. Al
juez, por consiguiente, le cabe un papel muy dinámico, el cual, sin embargo,
por ningún motivo puede ser arbitrario, más tratándose, como aquí se trata, de
un asunto tan delicado como el de la garantía de la libertad personal[45].
Por esta razón, es imprescindible que el juez interprete siempre de la manera
más favorable a la libertad del imputado en conformidad con el principio in
dubio pro libertate y en consonancia con el derecho a la presunción de
inocencia.
El artículo  308 del
nuevo Código de Procedimiento Penal establece una serie de requisitos que el
Juez de Control de Garantías debe cumplir cuando a solicitud del Fiscal General
de la Nación decide decretar medida de aseguramiento. El juez de Control de
Garantías debe examinar si de los elementos materiales probatorios y  evidencia
física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se
puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga. Únicamente puede dictar medida de
aseguramiento cuando se cumple con los siguientes requisitos (1) "Que
la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el
imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia[46].
(2) Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la
sociedad o de la víctima[47]. (3) Que
resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o no cumplirá la
sentencia[48]."
Si el juez decide
decretar una medida de aseguramiento que signifique una interferencia en la
libertad del imputado ha de proceder con la mayor cautela teniendo en cuenta
que la medida sea proporcional, esto es, que sea idónea para la
obtención de un fin constitucionalmente legitimado; que sea necesaria,
es decir, que dentro de todas las alternativas posibles sea la más benigna y
restrinja de menor forma el derecho del sindicado a la garantía de su libertad.
Cuando la medida supera la aplicación de los dos criterios mencionados de idoneidad
y necesidad entonces cabe aplicar un tercer criterio que examina la proporcionalidad
de la medida en sentido estricto y se orienta a verificar si al adoptar la
medida se logra mantener un equilibrio entre los beneficios que su
implementación trae consigo y los perjuicios que causa.
En todo caso, es preciso subrayar que las
medidas de aseguramiento, tanto las privativas como las no privativas de la
libertad suponen el cumplimiento de una serie de exigencias sin las cuales
tales medidas no podrían ser dictadas. Según el artículo 306 del nuevo Código
de Procedimiento Penal, en el evento en que el Fiscal solicite al juez de
control de garantías imponer medida de aseguramiento “debe indicar la
persona o el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la
medida y su urgencia”. (Subrayas fuera de texto).
Tanto el tipo de medida de aseguramiento
que haya de adoptarse como su urgencia serán evaluados en audiencia ante el
juez de garantías, esto es, darán lugar a un debate contradictorio frente al
cual el juez está obligado a examinar las motivaciones de la Fiscalía y está
obligado también a considerar el impacto que tales medidas puedan llegar a
tener frente a las exigencias constitucionales de respeto al derecho a la
presunción de inocencia, a la libertad del acusado y al derecho de defensa. El
juez ha de calibrar, de igual modo, los fines y riesgos innecesarios que pueda
traer consigo la detención.
La posibilidad que tiene el acusado de
defenderse no se puede soslayar ni directa ni indirectamente. El imputado debe
poder contar con la posibilidad de allegar pruebas  que desvirtúen la solicitud
del Fiscal en el sentido de que el juez de garantías decida sobre las medidas
pues, de otro modo, no se estaría garantizando al imputado un juicio justo,
contradictorio. Por lo demás, se le estaría negando la aplicación del principio
de igualdad de armas[49].
Estas garantías, como lo señalamos,  han sido destacadas por la jurisprudencia
internacional así como por la jurisprudencia interamericana. De acuerdo con lo
establecido en las decisiones de los altos tribunales internacionales al
sindicado se le deben ofrecer los medios de defensa, pertinentes y conducentes,
a fin de que pueda obtener la libertad inmediata.
Lo anterior concuerda también con lo
dispuesto en el artículo 295 del nuevo Código de Procedimiento Penal según el
cual "las disposiciones [del Código de Procedimiento Penal] que
autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del
imputado tienen carácter excepcional; sólo podrán ser interpretadas
restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y
razonable frente a contenidos constitucionales." En relación con esto
cabe recordar la estrecha dependencia que existe entre el Derecho Procesal
Penal y el Derecho Constitucional. Claus Roxin se refiere al Derecho Procesal
Penal como el “sismógrafo de la Constitución del Estado[50].”
No es ajeno a la Corte Constitucional
colombiana el extenso y variable número de aristas que tocan con el problema de
las medidas de aseguramiento y su proyección sobre la presunción de inocencia.
En varias ocasiones se ha pronunciado la Corte Constitucional al respecto y en
su jurisprudencia se refleja la voluntad por destacar el vínculo entre la
presunción de inocencia y las medidas de aseguramiento. La Corte Constitucional  ha dicho, por ejemplo, que la resolución de
acusación no impone una sanción al imputado, ni define el proceso penal. La
definición del proceso penal apenas tiene lugar cuando se dicta sentencia y,
más concretamente, cuando la sentencia ha hecho tránsito a cosa juzgada, no antes. De ahí el carácter
provisional que le subyace a la resolución de acusación "y la vigencia que durante el lapso
que ella esté vigente tiene la presunción de inocencia"[51]. En vista   de que la resolución de acusación no es una sanción ni tiene carácter
definitivo, el sindicado goza de todos los derechos fundamentales y puede
hacerlos efectivos. La resolución de acusación no comporta, por tanto, "restricción alguna de las garantías
constitucionales, entre ellas la  presunción de inocencia que permanece incólume mientras no se
declare su responsabilidad mediante sentencia judicial en firme[52]."
Frente a la detención preventiva en tanto
medida de aseguramiento dictada como consecuencia de haberse proferido resolución de acusación, ha afirmado
la Corte que, en efecto, es factible  ordenar la detención de un individuo
contra el cual existen serios indicios de responsabilidad penal a fin de
ponerlo a disposición de la Administración de Justicia mientras se adelanta un proceso en su contra[53]. Esta situación se distingue, no obstante,
de aquella que se presenta cuando una vez cumplidos todos los trámites propios
del proceso y bajo estricta observancia del debido proceso, el juez llega a la
convicción de que existe responsabilidad penal y debe aplicar la sanción prevista en la ley[54].
Con arreglo a lo anterior, la Corte ha
admitido en algunas oportunidades que la presunción de inocencia no riñe con la posibilidad de aplicar medidas de orden
preventivo para asegurar la comparecencia ante los jueces de las personas
frente a las cuales se tiene motivos serios y debidamente fundados para
considerar que han cometido un ilícito. Cuando se dicta como medida de aseguramiento detención preventiva sin
beneficio de excarcelación, la persona sigue gozando de la presunción de
inocencia hasta tanto no se pruebe su responsabilidad[55].
Ahora bien, en esta oportunidad, dadas las características de los
interrogantes que plantea el caso concreto bajo examen y sin  soslayar, desde
luego, que aquí nos encontramos con uno de los asuntos más delicados y
espinosos del proceso penal, considera la Corte Constitucional - como lo han
hecho numerosos doctrinantes - que una de las principales finalidades del
proceso penal no consiste tanto en amparar a la mayoría sino, más bien, en
amparar a la minoría, esto es, a quienes colocados en situación de sospechosos,
solo pueden ser considerados culpables cuando se ha probado su responsabilidad.
De otra manera, sería difícil, si no imposible, lograr ese frágil equilibrio
entre libertad, verdad y seguridad que configura uno de los cimientos nucleares
de la jurisdicción y le otorgan la necesaria legitimidad. Como lo recuerda con
tino Ferrajoli: "Cada vez que un imputado tiene una razón para temer a
un juez, quiere decir que éste se halla fuera de la lógica del estado de
derecho: el miedo, y también la sola desconfianza y la falta de seguridad del
inocente, indican la quiebra de la función misma de la jurisdicción
penal y la ruptura de los valores políticos que la legitiman[56]."
La presunción de inocencia es  una
presunción iuris tantum que se distingue de la presunción iuris
et de iure pues esta última no admite prueba en contrario. La presunción iuris
tantum  exime a quien la alega de la actividad probatoria. Basta con caer
en el supuesto del hecho indicador establecido por la norma para que opere la
presunción. Del hecho indicador, esto es, de la resolución de acusación, no se
deduce la culpabilidad del sindicado sino su inocencia. A diferencia de lo que
ocurre con la presunción iuris et de iure, la presunción iuris tantum
admite que el hecho indicador pueda ser desvirtuado. Es ahí en donde aparece
una actividad probatoria, esto es, la acción del Estado orientada a probar la
culpabilidad del acusado y, desde esta perspectiva, a desvirtuar la presunción de inocencia cuando el juez
por medio de sentencia que pone fin a un proceso desarrollado con fundamento en todas las garantías
de defensa y contradicción concluye la culpabilidad del imputado.
"Si esto no fuera así, y la resolución
de acusación se entendiera como un acto definitivo, imposible de modificar -
aún cuando en el curso del juicio se demostrara que ella se ha configurado sobre una base precaria
y deleznable -," entonces,
ha dicho la Corte Constitucional, "la resolución de acusación carecería del más elemental sentido
de justicia [57]."
Insistimos en que es preciso admitir de antemano las aporías que se
conectan con la presunción de inocencia, ante todo, cuando se piensa en la
manera como sobre ella se proyectan las medidas de aseguramiento. Quizá sea
imposible disolver esas dificultades y tal vez sea preciso aprender a convivir con ellas, intentando
abordar la tensión que producen de la manera que mejor armonice con la garantía
de la libertad y el principio de jurisdiccionalidad, eso sí, tal como lo
recomendó Ferri[58], "dejando a la zaga el manoseo de trajinados
expedientes verbales con fórmulas silogísticas[59]." Enrico Ferri, como lo hicieron y lo han hecho a su
turno eminentes penalistas, puso sobre el tapete las dificultades que origina
la presunción de inocencia. La tachó incluso - como ya lo habíamos mencionado
más arriba - de fórmula 'vacía', 'absurda' e 'ilógica'. La preocupación de Ferri se centró en
rescatar el examen imprescindible de las circunstancias sociológicas y
psicológicas del acusado, pretendió recalcar siempre la importancia de "los hechos humanos[60]." El gran penalista italiano logró, de esta forma, imprimirle un nuevo y
especial dinamismo al derecho penal cuyos frutos todavía hoy se recogen. Pese a
las reservas que exteriorizó frente a la presunción de inocencia, suya es
también la siguiente frase, en la cual, seguro sin pretenderlo, realza el significado, el alcance y el
valor que le subyace a la presunción de inocencia y la razón por la cual tal
presunción se justifica en un Estado como el colombiano que es, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1o de la Constitución Nacional, un Estado Social, Democrático, y
Pluralista de Derecho. (Subrayas dentro del texto).
"Una sociedad debe (...) ser defendida
del morbo de la criminalidad, pero el inocente debe estar a buen recaudo de la
desventura no merecida de un error judicial, y en el culpable, aún sometiéndolo a la
sanción preestablecida para el delito cometido, no puede desconocerse el
respeto debido a la personalidad humana[61]."
7.- El caso concreto
En el caso concreto, el actor considera que
la resolución por medio de la cual el señor Fiscal General de la Nación lo
declaró insubsistente vulnera su derecho al debido proceso (artículo 29 de la
Constitución Nacional) e infringe, más concretamente, el principio de
jurisdiccionalidad, la garantía de libertad y la presunción de inocencia. Tanto
la disposición contenida en el artículo 150 numeral 3º de la Ley 270 de 1996 o
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia[62], como la consignada en
el artículo 79 numeral 3º de la Ley 261 del 2000 o Estatuto Orgánico de la
Fiscalía[63],
coinciden en afirmar que “estará inhabilitado para ejercer cargos en la Rama
Judicial quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la
privación de la libertad sin derecho a la libertad provisional.” (Subrayas
fuera de texto).
Ambas disposiciones son lo suficientemente
claras. Bien cabe aplicar aquí – tal como lo señala el a quo – el
principio de interpretación contenido en el artículo 27 del Código Civil, según
el cual, cuando la letra de la ley es clara, no se puede desconocer su tenor
literal con el  pretexto de desentrañar su espíritu. Un vistazo a los hechos, a
las circunstancias del caso concreto, muestra que las normas con fundamento en
las cuales la Fiscalía resuelve motivar la resolución de insubsistencia del
señor Terán Orozco, no se ajustan al supuesto de hecho previsto por ellas, por
cuanto al señor Terán Orozco se le dictó medida de aseguramiento con
beneficio de excarcelación. (Subrayas dentro del texto.) De lo anterior se
desprende, que con la resolución emitida el Fiscal infringió el derecho a la
presunción de inocencia del señor Terán Orozco y vulneró, de paso, su garantía
de libertad y su derecho de defensa y contradicción.
En párrafos anteriores se indicó que existe
una estrecha relación entre la presunción de inocencia, la garantía de libertad
del sindicado y el derecho de defensa y contradicción: dado que la jurisdicción
es la vía inexcusable para comprobar que una persona ha cometido un delito,
únicamente hasta tanto la prueba se produzca y se haga valer en un proceso que
cumpla con todas las exigencias propias de la garantía del debido proceso, puede
la persona considerarse culpable y ser sometida a pena, antes no[64]. (Subrayas dentro del
texto).
La resolución proferida por la Fiscalía no
se ajusta a lo dispuesto en las normas con fundamento en las cuales el Fiscal
motivó su resolución. Como bien lo señala el a quo, y ya lo habíamos
mencionado con anterioridad, la Fiscalía pierde de vista que estos preceptos
contemplan dos situaciones absolutamente distintas: de un lado, la detención
preventiva con beneficio de libertad provisional - figura esta que le fue
aplicada al señor Terán Orozco - y, de otro, la detención preventiva sin
beneficio de libertad provisional. La Fiscalía "unió en un solo haz los
dos aspectos para considerar que toda detención preventiva origina la
inhabilidad de que se viene hablando."
Por lo demás, en ningún momento la Corte
Constitucional se ha pronunciado, como lo sugiere la entidad demandada, sobre
el contenido del artículo 150 numeral 3º de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, ni sobre el artículo 79 numeral 3º  del
Estatuto Orgánico de la Fiscalía. (Subrayas dentro del texto). En sentencia
C-037 de 1996 por medio de la cual la Corte Constitucional examinó la
constitucionalidad de la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, esta Corporación, al abordar el análisis de fondo del artículo 150[65], no hizo referencia
expresa y directa al numeral 3º del artículo 150, como lo insinúa el escrito
que presenta la entidad demandada. Tampoco la sentencia C-1335 de 2000 citada
en el escrito allegado por la Fiscalía bajo la referencia T-488491, Magistrado
Ponente Jaime Córdoba Triviño, interpreta tales disposiciones[66]. Razón le cabe a quien
actúa a nombre de los demandantes, cuando afirma que en la sentencia C-1335 de
2000 la Corte no pretendió decir que las personas que tengan medida de
aseguramiento vigente y que gocen del beneficio de libertad provisional estén
inhabilitadas para ocupar cargos en la Rama Judicial o en la Fiscalía.
No podría haber tenido en mente la Corte
Constitucional esa posibilidad, tanto más por cuanto no es de su resorte
realizar una interpretación contra legem. Como intérprete suprema de la
Constitución, la Corte Constitucional puede fijar los alcances de aquellas
disposiciones imprecisas, vagas, y abstractas, pero no puede realizar
interpretaciones en contra del tenor literal de la ley, menos en un ámbito como
el del derecho penal, en donde se aplica siempre y de preferencia la
interpretación que más favorezca al imputado. En este caso, salta a la vista
que la ley es suficientemente clara y no admite, por tanto, interpretaciones
restrictivas.
En sentencia T 982 de 2004 la Corte
Constitucional examinó un asunto en el que se demandaba la tutela del derecho
al debido proceso y la protección al derecho de igualdad[67]. En aquella
oportunidad la Corte reflexionó de manera detenida al respecto de las
limitaciones a las que han de ajustarse los funcionarios al adoptar medidas
tales como la insubsistencia y la suspensión tomadas como resultado de haberse
dictado frente a un funcionario medida de aseguramiento que, en el caso bajo
examen en aquel momento, era sin beneficio de libertad provisional. La Corte
reiteró allí su jurisprudencia al respecto de la aplicación del debido proceso
también en relación con las actuaciones administrativas. Destacó, ante todo,
que las medidas de aseguramiento deben ser adoptadas bajo el respeto al
principio de proporcionalidad. En aquella ocasión la Corte afirmó lo siguiente
con respecto a las consecuencias que puede traer consigo el apresurarse a
ordenar el retiro de funcionarios sin observar el principio de
proporcionalidad:
“podrá eventualmente sacrificar
derechos fundamentales como el trabajo, el acceso y permanencia en el ejercicio
de funciones y cargos públicos, el mínimo vital y la vida digna, que gozan de
un mayor valor constitucional, desconociendo por contera el principio de
proporcionalidad como parámetro que determina la eficacia jurídica en el
ejercicio de las facultades discrecionales.”
Tal y como fue expuesto en los párrafos
anteriores, lo que está en juego cada vez que se dictan medidas de
aseguramiento es la manera como tales medidas se proyectan sobre uno de los
bienes jurídicos más valiosos de todos los que sustentan y legitiman el Estado
de Derecho: la presunción de inocencia. No existe ni puede existir
discrecionalidad al respecto. La autoridad pública, cualquiera que ella sea,
judicial o administrativa, debe respetar el derecho a la presunción de
inocencia. (Subrayas dentro del texto). Cuando en un caso se dicta medida
de aseguramiento, no se está poniendo en duda la inocencia del sindicado, por
cuanto esta se presume. Más bien, lo que se debe procurar es que se cumpla con
las garantías de un juicio justo con fundamento en el cual se le otorgue al
imputado la posibilidad de defenderse. La restricción de la libertad solo se
justifica cuando la acusación se hace por los delitos más graves y únicamente a
partir de cumplirse los requisitos exigidos para el efecto y sobre la base de
decisiones debidamente motivadas y justificadas.
Toda actividad que traiga consigo la
imposición de una sanción sea ella de índole judicial o administrativa, sea
pública o privada y, en general, "toda infracción merecedora de
reproche" - ha dicho la Corte Constitucional de manera constante - "tiene
una misma naturaleza, como idénticas consecuencias (...) de manera que "los
principios que rigen todo procedimiento deben necesariamente hacerse extensivos
a todas las disciplinas sancionatorias en las que no ha existido un desarrollo
doctrinal adecuado sobre la materia[68]."
En el caso bajo examen, es indudable que
nada de esto se cumplió. El Fiscal General de la Nación obró de manera
arbitraria al dictar la resolución de insubsistencia del señor Terán Orozco con
fundamento en disposiciones que claramente le ordenaban actuar de otra forma.
En el caso concreto, considera la Corte Constitucional que con la resolución de
insubsistencia emitida, la Fiscalía ha incurrido en una clara y evidente vía de
hecho: vulneró de manera grave e injusta el derecho al debido proceso del señor
Terán Orozco y, más concretamente, su derecho a la presunción de inocencia
conectada muy estrechamente con la garantía de la libertad y el derecho de
defensa y de contradicción.
Conviene recordar aquí el precepto
contenido en el artículo 7o del Nuevo Código de Procedimiento Penal, el cual,
no hace otra cosa que confirmar y profundizar lo expresado por el inciso 4º del
artículo 29 de la Constitución Nacional:
"Toda persona se presume inocente y debe ser
tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre
su responsabilidad penal.
En consecuencia, corresponderá al órgano de
persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La
duda que se presente se resolverá a favor del procesado.
En ningún caso podrá invertirse la carga probatoria.
Para proferir sentencia condenatoria deberá existir
convencimiento de responsabilidad penal del acusado más allá de toda
duda."
Bueno es traer también a la memoria lo
establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal según el cual
en la actuación procesal habrá de ser tenido en cuenta tanto el respeto por los
derechos fundamentales como por las personas que intervienen en el trámite
procesal. En este orden de ideas, habrá de buscarse la eficacia del ejercicio
de la justicia. Los funcionarios judiciales - y en consonancia con la
jurisprudencia reiterada de esta Corte - los funcionarios administrativos y las
personas que actúen en desarrollo de una actividad orientada a sancionar -
harán prevalecer el derecho sustancial.
Si bien es cierto que el demandante cuenta
aún con la vía que le ofrece la Jurisdicción de la Contencioso Administrativo,
no menos cierto es que la resolución de insubsistencia le ha ocasionado al
señor Terán Orozco un perjuicio irremediable. El ad quem revoca la
decisión del a quo y aduce, entre otros argumentos, que el señor Terán
Orozco es joven y no está incapacitado para encontrar empleo. Ya en otras
oportunidades ha dicho la Corte Constitucional, que existen circunstancias muy
graves – como la que le tocó vivir al demandante hasta que su inocencia fue
finalmente demostrada por medio de sentencia debidamente ejecutoriada – que
dificultan de gran manera o no hacen factible la posibilidad de optar por otra
alternativa laboral, sino que, de paso, esta circunstancia ha afectado de
manera grave e injusta su situación económica, perjudicando su derecho al
trabajo y al mínimo vital que repercute de modo serio en el mínimo vital de sus
padres quienes dependen totalmente de los ingresos laborales del hijo.
Por las razones expuestas en esta
sentencia, la Corte Constitucional decide amparar el derecho fundamental al
debido proceso del señor José David Terán Orozco y, en especial, su derecho a
la presunción de inocencia, vulnerados por medio de la resolución de
insubsistencia proferida por el señor Fiscal General de la Nación. Decide
amparar, así mismo, su derecho al trabajo al mínimo vital igualmente
vulnerados. En merito de lo expuesto, la Corte Constitucional
RESUELVE,
PRIMERO.-
REVOCAR el fallo proferido
por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil el día quince (15) de
marzo de dos mil cinco (2005) que negó la tutela instaurada por el ciudadano
Álvaro Ángel Guardiola Maestre - quien actuó como agente oficioso de la señora
Isabel Segunda Orozco de Terán y los señores José David Terán Orozco y Daniel
Julián Terán Barros - contra la Fiscalía General de la Nación.
SEGUNDO.- CONCEDER la protección del derecho fundamental al
debido proceso y a la presunción de inocencia así como el amparo al derecho al
trabajo y al mínimo vital del señor José David Terán Orozco. En consecuencia,
se ordena a la Fiscalía General de la Nación, que en el término de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia,
disponga lo necesario, si aún no lo ha hecho, para que se reintegre en el cargo
de Investigador Judicial I, de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de
Investigación de Santa Marta o en un cargo semejante al señor José David Terán
Orozco.
TERCERO.- LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Notifíquese, comuníquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] “Las situaciones que contempla la presente
disposición para no poder ser nombrado en cargos en la rama judicial, suponen
que la persona o no se encuentra física o mentalmente apta para asumir las
funciones asignadas, o ha demostrado su incapacidad o irresponsabilidad para
manejar los asuntos que se le confían a los servidores públicos. Cualquiera
que sea el evento de que se trate, resulta evidente que no solo la
administración de justicia sino también la sociedad en general, se verían
perjudicadas en caso de permitir que una persona bajo esas condiciones haga
parte de la rama judicial. Así se torna en un asunto de interés común el
establecer unas limitaciones para el desempeño de determinados caros, en
especial cuando se trata de resolver jurídicamente los diversos conflictos que
se pongan de presente.” (Negrillas fuera de texto).
[2] Se cita a continuación la sentencia de la  Corte
Constitucional de 7 de diciembre de 2001, Expediente T-488491: "Ninguna
de las causales de libertad provisional tiene el efecto de revocar o suspender
la medida de aseguramiento de detención preventiva pues el único efecto de la
libertad provisional es el de enervar la privación de la libertad que
sobreviene a la imposición de la medida. Por ello, están jurídicamente
detenidos tanto el procesado afectado con la medida que no se halla en libertad
provisional como el procesado afectado con ella y que se encuentra en libertad
provisional" (Negrillas fuera de texto).
[3]
"Ninguna duda puede generar la necesidad
de la inmediatez de la medida, por la naturaleza esencialmente provisional de
la medida de aseguramiento por la existencia de otra causal de inhabilidad
sobreviniente que pareciere definir la decisión administrativa a la declaratoria
de responsabilidad penal definitiva del funcionario o empleado procesado. A ese
tema se refiere la causal 6 del artículo 150 de la ley Estatutaria de la
Administración de Justicia cuando señala: que debe declararse la inhabilidad
sobreviniente de quien desempeñándose al servicio de la Rama Judicial
"haya sido declarado responsable de la comisión de cualquier hecho
punible, excepto por delitos políticos o culposos.
"No
hay entre las causales 3 y 6 del artículo 150 ninguna contradicción de la que
pueda deducirse que solo puede aplicarse una de las dos y que la otra es simple
y llanamente un error legislativo. No, la diferencia se explica evidentemente
en que hay conductas más graves que otras, por lo que aún siendo todas de
carácter delictuosos, para algunos se dispuso medida de aseguramiento y para
otras no.
"Esa
distinción de la conducta por la gravedad es la que hace necesario que a unos
se les declare la inhabilidad sobreviniente a partir de la medida de
aseguramiento que implique privación de la libertad sin derecho a la libertad
provisional y frente a otros deba esperarse hasta que 'hayan sido declarados
responsables de la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos
políticos o culposos'.”
[4]
"El mínimo vital es concebido en la
jurisprudencia constitucional como un concepto indeterminado cuya concreción
depende de las circunstancias particulares de cada caso. De cualquier forma, la
vulneración de dicho mínimo vital puede establecerse atendiendo las
consecuencias que para la persona tiene la privación de sus ingresos laborales
en la situación concreta en que se encuentra. Los elementos mínimos incluidos
en el concepto de mínimo vital también han sido determinados por la Corte: El
pago oportuno y completo de un salario garantiza el goce que se ha denominado
el mínimo vital, considerado éste como aquellos recursos absolutamente
imprescindibles para solucionar y satisfacer no solamente las necesidades
primarias de alimentación y vestuario, sino aquellas relacionadas con la salud,
educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, factores insustituibles
para la preservación de calidad de vida."
[5]
"La acción de tutela que como se dijo
antes prevalece sobre la acción contencioso administrativa, no puede quedar
anulada o limitada por la circunstancia de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo se haya pronunciado adversamente sobre la petición
de suspensión provisional, porque la una y la otra operan en planos normativos,
fácticos, axiológicos y teleológicos diferentes.
Estima
la Corte, que con fundamento en el principio de la efectividad de los derechos
que consagra la Constitución, le corresponde al juez de tutela decidir sobre la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, en forma oportuna,
aún antes de la conclusión del proceso contencioso administrativo que se
hubiere instaurado, mediante la adopción de medidas provisorias que aseguren su
goce y vigencia, en circunstancias que comprometan su violación o amenaza y en
extrema urgencia, para evitar perjuicios irreparables."
[6]
El artículo 150 de la Ley 270 de 1996 en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 79 del Estatuto Orgánico de la Fiscalía, ambos  en su numeral tercero,
establecen que "no podrá ser nombrado para ejercer cargos (...): Quien se
encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la
libertad sin derecho a la libertad provisional." (Subrayas fuera de
texto).
[7] "Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal,
la ley permisiva o favorable se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.
Toda persona se
presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula de pleno
derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso."
[8]
Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1993.
[9] Ibídem.
[10] Ibídem.
[11]
Ibídem.
[12] "Toda persona acusada de un delito tiene derecho
a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa." (Subrayas fuera de texto).
[13] "(...) Toda persona inculpada del delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad..."
[14]
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá,
2004, p. 397.
[15]
Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal, Trotta,
Madrid, 2000, p. 549.
[16]
Jairo Parra Quijano, Tratado de la prueba judicial. Indicios y Presunciones,
Librería del Profesional, Bogotá, 2001, p. 187.
[17] Luigi Ferrajoli, ob. cit. p. 549.
[18]
Ibídem p. 549.
[19]
Ferrajoli se refiere, por ejemplo, a Raffaele Garofalo y a Enrico Ferri. Pero
quien de manera categórica le dio el golpe de gracia a la presunción de
inocencia fue Vincenzo Manzini. Ferrajoli, ob. Cit. p. 550.
[20]
Ibídem,  p. 550.
[21]
Ibídem, p. 550.
[22]
Ibídem, p. 551.
[23]
Ibídem, p. 553.
[24]
Ibídem,  p. 553.
[25]
Ferrajoli, ob. Cit. p. 555.
[26] Ibidem,  p. 555.
[27] Ibidem, p. 556.
[28] Ferrajoli, ob. Cit. p. 557.
[29]
Citado por Ferrajoli, ob. Cit. p. 558.
[30]
Claus Roxin en su libro Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto,
Buenos Aires, 2000, p. 78, llama la atención al respecto de que el contenido
material de la presunción de derecho "prescindiendo de la 'disposición
central' del in dubio pro reo" ha sido muy discutido, hasta el
punto de existir incluso interpretaciones contrarias al mismo como las de Sax
(1959) y Kraus (1971). Roxin destaca, sin embargo, siguiendo a Stuckenberg
(1998) que la presunción de inocencia debe ser incluida como manifestación
específica del Estado de Derecho "en el mandato de un procedimiento
llevado a cabo con lealtad. De ella se infiere, ante todo, que la pena no puede
ser anticipada, esto es, impuesta antes de que se haya condenado a esa
consecuencia jurídica (...) Por lo demás, las autoridades no pueden calificar
de culpable a alguien que todavía no ha sido condenado por sentencia
firme."
[31]
En la sentencia Minelli v. Switzerland, fallo del 25 de marzo de 1983 (Series A
no. 62, p. 18 párrafo 37), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció
de la siguiente manera sobre la presunción de inocencia: "A juicio del
Tribunal, se vulnera la presunción de inocencia cuando una decisión judicial
que le concierne al acusado refleja una opinión según la cual él es culpable
sin que le haya sido previamente probada su culpabilidad de acuerdo con la ley
y,  ante todo, sin haberle ofrecido la oportunidad de ejercer sus derechos de
defensa."  Traducción libre de : "In the
Court´s judgment, the presumption of innocence will be violated if, without the
accused's having previously been proved guilty according to law and notably,
without his having had the opportunity of exercising his rights of defence, a
judicial decision concerning him reflects an opinion tha he is guilty."
[32]
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa,
jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, Bogotá,
2004, p. 398.
[33]
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12
de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párrafo 78.
[34]
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12
de noviembre de 1997. Serie C no. 35, párrafo 77.
[35]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 10.970. Informe No. 5/96.
Raquel Martín de Mejía (Perú). Consultar en. www.cidh.org
[36]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso 10.970. Informe No. 5/96.
[37]
Ibídem.
[38]
Ibídem.
[39]
Ibídem.
[40]
Corte Europea de Derechos Humanos. Caso Piersack. Sentencia del 1º de Octubre
de 1982. Serie A. No 51, párrafo 10.
[41]
En el caso de Raquel de Mejía, la Comisión concluyó que la aplicación del
artículo 13 del Decreto Ley 25.475 “al omitir garantizar el libre y pleno
ejercicio del derecho a gozar de un proceso justo consagrado en el artículo 8
de la Convención, resulta per se incompatible con la obligación
consagrada en el artículo 1.1 de la misma.” (...) “La aplicación de esta ley en
el trámite de su proceso, en el concepto de la Comisión, constituye una
violación de su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial y a ser
presumida inocente. En efecto, según surge de las pruebas aportadas, una vez
presentada la denuncia por la presunta comisión del delito de terrorismo, el
juez de instrucción abrió el proceso y dictó orden de captura. Vencido el plazo
de instrucción, se remitió el expediente al Fiscal Provincial de Leima, quien
no obstante determinar que en el caso de Raquel de Mejía ‘... los indicios que
dieron mérito a la formulación de la denuncia no han logrado ser sustentadas
hasta el momento ...’, remitió el proceso a la corte Superior. Ésta procedió
a nombrar Fiscal Supremo quien, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo
13 del Decreto 25.475, acusó a Raquel Mejía por el delito de terrorismo y
solicitó la pena de 20 años de prisión, sin considerar siquiera que no existía
evidencia alguna de responsabilidad penal de ésta.” Consultar más detalles de
este caso en: Informe de la Comisión de Derechos Humanos No 5/96 Raquel Martín
de Mejía (Perú) en: www.cidh.org.
[42]
Corte Constitucional. Sentencia C-123 de 2004.
[43]
En el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal se establece lo siguiente:
"Medidas de aseguramiento
A. Privativas de la Libertad
1.Detención preventiva en
establecimiento de reclusión
2.Detención preventiva en la
residencia señalada por el imputado, siempre que esta ubicación no obstaculice
el juzgamiento:
B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un
mecanismo de vigilancia electrónica.
2. La obligación de someterse a la
vigilancia de una persona o institución determinada.
3.
La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez
o ante la autoridad que él designe.
4.
La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con
especificación de la misma y su relación con el hecho.
5.
La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito
territorial que fije el juez.
6.
La prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares.
7.
La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas,
siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
8.
La presentación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra
persona, mediante deposito de dinero, valores, constitución de prenda o
hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.
9.
La prohibición de salir del lugar de habitación, entre las 6:00 p m y las 6.00
a m.
El juez podrá imponer una o varias de estas medidas
de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las
precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. si se tratare de una
persona de notoria insolvencia no podrá el juez imponer caución
prendaria."
[44]
El artículo 296 del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004),
determina cuándo se justifica la restricción de la libertad así: "La
libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea
necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la
comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las
víctimas o para el cumplimiento de la pena."
[45]
El nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) en su Título IV
contiene lo referente al Régimen de Libertad. En el artículo 295 del capítulo I
- donde se establecen las disposiciones comunes - prescribe la "Afirmación
de la libertad" en los siguientes términos: "Las disposiciones de
este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la
libertad del imputado tienen carácter excepcional; solo podrán ser
interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada,
proporcional, razonable frente a los contenidos constitucionales."
[46]
El artículo 309 del Código de Procedimiento Penal se refiere a
la "Obstrucción de la Justicia" en los siguientes términos: "Se
entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para
evitar la obstrucción de la justicia, cuando existan motivos graves o fundados
que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir,
impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá
a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se
comporten de manera desleal o reticente; o cuando impida o dificulte la
realización de las diligencias a la labor de los funcionarios y demás
intervinientes en la actuación."
[47]
El artículo 311 del Código de Procedimiento Penal se refiere al "Peligro
para la víctima" de la siguiente manera: "Se entenderá que la
seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado,
cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra
ella, sus familias y su bienes."
[48]
El artículo 312 del Código de Procedimiento Penal se pronuncia
sobre la "No comparecencia" así: "Para decidir acerca de la
eventual no comparecencia del imputado, además de la modalidad y gravedad del
hecho y de la pena imponible se tendrá en cuenta:
1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado
por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las
facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer
oculto.
2. La gravedad del daño causado y la actitud que el
imputado asuma frente a éste.
3. El comportamiento
del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda
inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación,
a la persecución penal y al cumplimiento de la pen."
[49]
Oscar Julián Guerrero Peralta, Fundamentos Teórico Constitucionales del
Nuevo Proceso Penal, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez; Ediciones Nueva
Jurídica, Bogotá, 2005, p.326.
[50]
Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires,
2000, p. 10.
[51]
Sentencia C-416 de 2002.
[52]
Sentencia C-416 de 2002.
[53]
En el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal se
establece lo concerniente a la "Procedencia de la detención
preventiva" de esta manera: "Satisfechos los requisitos señalados en
el artículo 308 [mencionados más arriba] procederá la detención preventiva en
establecimiento carcelario en los siguientes casos:
1.
En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el
mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.
3. En los delitos a que
se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal cuando la defraudación
sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales
mensuales vigentes."
[54]
Sentencia C - 106 de 1994.
[55]
Sentencia C - 689 de 1996.
[56]
Ferrajoli, ob. Cit. p. 550.
[57]
Sentencia C-491 de 1996.
[58]
Bien sabido es, que Enrique Ferri - y en general la llamada Escuela Positiva -
contribuyó a enriquecer de modo profundo los estudios criminológicos. Atacó el
excesivo formalismo y procuró adaptar las formas jurídicas a la realidad. Se
preocupó por el estudio del hombre delincuente y abogó por que se ofrecieran
establecimientos penales especiales para los reos enfermos. Esta Escuela, no
obstante sus valiosos aportes, ha recibido críticas muy serias ante todo en lo
que tienen que ver con su postura determinista de los asuntos humanos. No hay
manera de probar el determinismo como tampoco hay manera de probar la
existencia de la libertad. Partir del supuesto de la libertad, sin embargo,
aporta una mirada más humana de los asuntos humanos, pues evita que se incurra
en esquemas artificiales o en conceptos tan arriesgados como el de
peligrosidad.. Es esta la razón por la cual la senda del peligrosismo fue
abandonada a favor de un camino quizá no siempre libre de obstáculos y
problemas pero más favorable a la idea humanista de la libertad: el camino de
la responsabilidad por la culpa. (subrayas dentro del texto)
[59]
Enrico Ferri, Las defensas penales, Librería Siglo XX, Bogotá, 1944, p.
11.
[60] Ibídem.
[61] Ferri, ob. Cit. p. 54.
[62]
“INHABILIDADES PARA EJERCER CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL. No podrá ser nombrado
para ejercer cargos en la Rama judicial: Quien se encuentre bajo medida de
aseguramiento que implique la privación de la libertad sin derecho a la
libertad provisional.”
[63]
“No podrá ser nombrado ni desempeñar cargo en la fiscalía General de la Nación:
Quien se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la
libertad sin derecho a la libertad provisional.”
[64]
Ferrajoli, ob. Cit. p. 549.
[65]
“Las situaciones que contempla la presente disposición para no poder ser
nombrado en cargos en la rama judicial, suponen que la persona o no se
encuentra física o mentalmente apta para asumir las funciones asignadas, o ha
demostrado su incapacidad o su irresponsabilidad para manejar los asuntos que
se confían a los servidores públicos. Cualquiera que sea el evento de que se
trate, resulta evidente que no sólo la administración de justicia sino también
la sociedad en general, se verían perjudicadas en caso de permitir que una
persona bajo esas condiciones haga parte de la rama judicial. Así, se torna en
un asunto de interés común el establecer unas limitaciones para el desempeño de
determinados cargos, en especial cuando se trata de resolver jurídicamente los
diversos conflictos que se pongan de presente.
Dentro de los criterios expuestos, las causales de
inhabilidad que establece la disposición bajo examen aparecen razonables, en
virtud de la naturaleza de las labores que se asignan a quienes deseen hacer
parte de esta rama del poder público. En este orden de ideas, conviene puntualizar
que, para la Corte, la causal prevista en el numeral 5o debe interpretarse en
forma restrictiva, pues de lo contrario se permitiría que cualquier destitución
motivada en razones distintas a las previstas Constitucional o legalmente como
justificativas para la pérdida del empleo, como las de haber incurrido en
conductas delictivas o en graves faltas disciplinarias, conlleve a una
inhabilidad que no responde al propósito esencial de la norma, cual es el que
los servidores públicos que hagan parte de la administración de justicia se
caractericen por su capacidad, su idoneidad y, principalmente, por su
transparencia y rectitud para asumir las delicadas funciones que se les
asignen. Por tal motivo, estima la Corte que el referido numeral es exequible,
bajo la condición de que la destitución sea fundamentada en lo previsto en el
artículo 122 de la Constitución Política, o que no haya transcurrido el
respectivo término legal de inhabilitación.
De igual forma, conviene
señalar que la declaración de responsabilidad a que se refiere el numeral 6o
deberá ser mediante sentencia judicial, tal como lo prevé el artículo 179-2
superior para el caso de los congresistas. Por último, entiende la Corte que la
situación prevista en el numeral 7o, requiere de una evaluación particular
dentro de cada caso en concreto, de forma tal que se determine fehacientemente
que el consumo de bebidas, drogas o sustancias no autorizadas afecte de manera
grave y trascendente el desempeño de las labores.”
[66] “Ninguna de las causales de libertad provisional
tiene el efecto de revocar o suspender la medida de aseguramiento pues el único
efecto de la libertad provisional es el de enervar la privación de la libertad
que sobreviene a la imposición de la medida. Por ello están jurídicamente
detenidos tanto el procesado afectado con medida que no se halla en libertad
provisional como el procesado afectado con ella y que se encuentra en libertad
provisional.”
[67]
La demandante consideró que la resolución por
medio de la cual la Fiscalía General de la Nación la había declarado
insubsistente del cargo de
Fiscal Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la Dirección Seccional
de Fiscalías de Bogotá, había sido expedida  “con fundamento en un concepto
jurídico “amañado” efectuado a partir de la trascripción
descontextualizada de precedentes judiciales, desconociendo -en su opinión- lo
previsto en el artículo 147 de la Ley 270 de 1996.” (Subrayas dentro del
texto).
[68]
Corte Constitucional. Sentencia T-011 de 1992.