T-351-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-351/11
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO FACTICO-Reiteración de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Procedencia /DEFECTO SUSTANTIVO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL/DEFECTO SUSTANTIVO-Afectación
del derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente judicial
La
Corte Constitucional ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre la
posición de la jurisprudencia constitucional como fuente de derecho en el
ordenamiento nacional y sobre la importancia del precedente para el ejercicio
de la función judicial. En esta oportunidad, la Sala se limita a recordar los
principales elementos de esta doctrina en lo que toca a la obligatoriedad del
precedente constitucional para los jueces de la república, y su desconocimiento
como causal de procedibilidad de la acción de tutela. La Corte ha considerado que una decisión judicial
que desconozca los pronunciamientos que emite la Corte en el conocimiento de
demandas de inconstitucionalidad, tanto en las decisiones de inexequibilidad
como en la ratio decidendi de las decisiones de exequibilidad, adolece de un
defecto sustantivo pues desconoce el derecho vigente, o lo interpreta y aplica
de forma incompatible con las cláusulas constitucionales cuyo alcance precisa la
Corte Constitucional. El desconocimiento de la doctrina contenida en las
decisiones de revisión de tutela se traduce en una vulneración al principio de
igualdad en la aplicación de la ley, de la confianza legítima, y de la unidad y
coherencia del ordenamiento. Es importante recordar que entre las
causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra fallos
judiciales se presentan diversos tipos de relaciones. Así, el desconocimiento
del precedente puede derivar en un defecto sustantivo cuando se irrespeta la
cosa juzgada constitucional establecida en sentencias con efectos erga omnes, o
en la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (entre
otros) cuando el juez se aparta de la doctrina constitucional contenida en la
ratio decidendi de los fallos de  revisión de tutela.
JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Formas como puede ser desconocida
A
partir de los elementos presentados como fundamento del carácter vinculante del
precedente constitucional, esta Corte ha considerado que su jurisprudencia
“puede ser desconocida de cuatro formas: (i) aplicando disposiciones legales
que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii)
aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado
contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de
sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los
derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela
ACCION DE TUTELA POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE-Aspectos que se deben tener en cuenta para que se
configure
Debido a que una práctica jurisprudencial saludable no
puede basarse en la petrificación de determinadas decisiones o concepciones, el
principio de autonomía funcional del juez implica que éste puede separarse del
precedente jurisprudencial siempre y cuando “(…) encuentre razones debidamente
fundadas que le permitan separarse de él, cumpliendo con una carga
argumentativa encaminada a mostrar que el precedente es contrario a la
Constitución, en todo o en parte”. En conclusión, para decidir sobre la
procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es preciso: (i)
Determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en
estos precedentes. (ii) Comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar
en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría en un
desconocimiento del principio de igualdad. (iii) Verificar si el juez tuvo
razones fundadas para apartarse del precedente judicial bien por encontrar
diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien por
considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una
interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y
más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de
acuerdo con el principio pro hómine.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE EN LA TASACION DE LOS
PERJUICIOS MORALES/LINEA JURISPRUDENCIAL DEL CONSEJO DE ESTADO EN MATERIA DE
DAÑO MORAL Y TASACION DE PERJUICIOS MORALES
Para
resolver este cargo es imprescindible analizar la posición del Consejo de
Estado en materia de perjuicios morales, para posteriormente evaluar si el
cargo encuentra sustento al verificarse un apartamiento injustificado de los
jueces administrativos del precedente del órgano de cierre. En ese orden de
ideas, es posible identificar con plena claridad, la existencia de una línea
jurisprudencial consolidada en el Consejo de Estado (Sección Tercera) en
materia de daño moral y tasación de perjuicios morales. Esa jurisprudencia fue
sentada en fallo de 6 de septiembre de 2001 y ha sido reiterada en un amplio
número de pronunciamientos posteriores. En esa sentencia es posible, además,
identificar subreglas concretas, a partir de las cuales puede efectuarse el
análisis sobre la configuración del defecto o defectos alegados por el ICFES. En
el fallo citado, la Sección Tercera recoge la forma en que se ha entendido el
daño moral y se han tasado los perjuicios de carácter moral en la
jurisprudencia de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa en
el transcurso del tiempo. A partir de ese desarrollo histórico consideró el
Consejo de Estado que, en materia de daño administrativo resultaba pertinente separarse
de los criterios establecidos en el ámbito penal, y dejar de lado la tasación
del mismo en gramos oro para utilizar, en cambio, el salario mínimo como vía de
cálculo, por razones de índole económica y, principalmente, por la conexión que
se mantiene entre el salario mínimo y el costo de vida
JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN MATERIA DE
DAÑO Y PERJUICIOS MORALES-Establece
parámetros vinculantes para los jueces administrativos
A
juicio de la Sala, la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de daño y
perjuicios morales sí establece parámetros vinculantes para los jueces
administrativos. En efecto, estos deben seguir la libertad probatoria y
utilizar su prudente arbitrio en el marco de la equidad y la reparación
integral para tasar los perjuicios morales. Además, al establecer un tope –al
menos indicativo- de 100 smlmv, el Consejo de Estado hizo referencia al
principio de igualdad, lo que significa que ese tope, unido a análisis de
equidad, debe permitir que cada juez no falle de forma caprichosa sino a partir
de criterios de razonabilidad, a partir del análisis de casos previos, y de sus
similitudes y diferencias con el evento estudiado. El límite, sin embargo, es
indicativo porque si, a partir de los criterios y parámetros indicados, el juez
encuentra razones que justifiquen separarse de ese tope y las hacen explícitas
en la sentencia de manera transparente y suficiente, su decisión no se
apartaría de la jurisprudencia del Consejo de Estado, ni sería ajena a la
obligación constitucional de motivar los pronunciamientos judiciales.
DERECHO A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO-Vulneración por desconocimiento del
precedente judicial en fallo de reparación directa que adolece de motivación en
cuantificación del daño moral que aplicó monto máximo contra el ICFES/PRESUNCION
DE INTENSA AFLICCION-Caso en que resulta abiertamente irrazonable/ARBITRIO
JUDICIS/CUANTIFICACION DEL DAÑO MORAL
En
ese orden de ideas, el cargo elevado por el ICFES encuentra sentido
constitucional, en tanto se dirige a cuestionar que, sin que medie ninguna
consideración en materia de equidad, no resulta razonable que, en el caso
concreto, el monto de la indemnización sea exactamente el mismo que concede el
Consejo de Estado para casos de grave aflicción. Ello comporta una falencia en
la justificación del fallo y, por tanto, una situación que se enmarca en la
causal de ausencia de motivación. A pesar de ello, es preciso aclarar que el
cargo parece originarse en un presupuesto erróneo según el cual si el Consejo
de Estado ordena “pagar” 100 smlmv por la muerte de un ser querido originada en
hechos entonces no se puede ordenar esa suma por la presentación de un examen. Aunque
así planteado el argumento es sugestivo, en realidad resulta profundamente
problemático. Es problemático porque por esa vía se establece la muerte de una
persona  como el parámetro de “cambio” en la tasación del daño moral. Ello
implica instrumentalizar al ser humano, lo que se encuentra plenamente
proscrito de un estado constitucional que respete la dignidad humana. En
segundo término porque constituye una interpretación errónea de la
jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo que la alta Corporación ha sentado es
una presunción (por cierto desvirtuable), de que la muerte de un ser querido
causa profunda aflicción y, en consecuencia, procede el pago del monto más alto
de perjuicios morales como compensación por la intensidad de la aflicción. Lo
que indica esta aclaración es que el monto máximo no está ligado
inescindiblemente a la muerte de un ser querido, pues por las razones
expuestas, no se “paga” a ese ser humano. Ese monto está ligado a la
consideración de que, en el caso concreto, se presenta una grave aflicción,
conclusión a la que puede llegar el juez mediante cualquier tipo de argumento
práctico racional que se enmarque en parámetros de equidad y razonabilidad,
como presupuesto de la vigencia del principio de igualdad de trato a los
ciudadanos por parte de las autoridades judiciales.  Por las razones expuestas,
considera la Sala que, el hecho de que en el caso objeto de estudio se
establezca el monto máximo previsto por el Consejo de Estado (aún a manera
indicativa) como condena por perjuicios morales, sin dar ninguna razón para
ello diferente al ejercicio del arbitrio judicis y, más aún, sin establecer por
qué este caso produce una aflicción emocional de similar intensidad a la que se
produce en aquellos eventos en que la alta Corporación citada ha aplicado la
presunción de intensa aflicción, resulta abiertamente irrazonable.
DEBIDO PROCESO DEL ICFES-Ausencia de motivación en la sentencia en relación
con  la tasación del daño moral
Referencia:
expediente T-2878204
Acción de tutela del Instituto colombiano para el
fomento de la educación superior – ICFES contra el Juzgado Quinto (5º)
Administrativo del Circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca.
Magistrado
Ponente:
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., cinco (5) de mayo de dos mil once (2011)
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, Mauricio González Cuervo y María
Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro
del trámite de revisión de los fallos proferidos sobre el asunto de la
referencia por la Sección Quinta (5ª) del Consejo de Estado, en primera
instancia, el diecisiete (17) de junio de dos mil diez (2010) y la Sección
Primera (1ª) del Consejo de Estado, el dieciséis (16) de septiembre de dos mil
diez (2010), en segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda
Martín Bermúdez Muñoz, actuando como apoderado
judicial del Instituto colombiano para el fomento de la educación superior (en
adelante, el ICFES) interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto (5º)
Administrativo del circuito de Popayán y el Tribunal Administrativo del Cauca
(en adelante, las autoridades judiciales accionadas; el juez administrativo de
primera instancia y el juez administrativo de segunda instancia; o el a quo y
el ad quem administrativos) por considerar que tales autoridades
desconocieron el debido proceso de la entidad al emitir las decisiones de
primera y segunda instancia en proceso administrativo de reparación directa
adelantado contra el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional (en adelante,
el MEN) por parte del señor Álvaro Pérez Ordóñez. A continuación se sintetizan
los fundamentos fácticos y  jurídicos de la demanda:
1. De los hechos que dieron origen al proceso de
reparación directa
1.1.
La Universidad Libre – Sede Popayán decidió ofrecer en 1994 un programa de
“derecho en extensión” mediante resolución 100 de 1994, sin haber tramitado ni
obtenido el número de registro del programa en el Sistema nacional de
información de educación superior - Snies.
1.2.
En 1998 el MEN y el ICFES iniciaron investigación administrativas contra la
Universidad Libre por haber iniciado ese programa de derecho sin el registro
del Snies y a través de la resolución 1493 de 2001, el MEN decidió (i)
suspender el  programa de derecho en extensión de la sede Popayán de la
Universidad Libre, y (ii) imponerle a la Institución de educación superior la
sanción de amonestación pública por ofrecer programas sin el cumplimiento de
los requisitos legales.
La
Universidad Libre interpuso recurso de reposición contra la resolución 1493 de
2001 argumentando que al momento de creación de ese programa se encontraba intervenida
y las directivas habían sido establecidas por el Ministerio de Educación
Nacional y el ICFES. Al resolver el recurso de reposición (resolución 343 de
2002), el Ministerio decidió (i) revocar la sanción de amonestación pública
impuesta a la Universidad tomando en cuenta que, al momento de abrir el
programa de derecho en extensión se hallaba intervenida por el propio
Ministerio y el ICFES; y (ii), ordenar al ICFES adoptar las medidas necesarias
para que los estudiantes afectados por la suspensión del programa de derecho en
extensión presentaran un examen de validación de conocimientos mínimos para
continuar con sus estudios y/o obtener el título de abogados.
1.3.
El señor Álvaro Pérez Ordoñez se inscribió en el programa de derecho en
extensión de la Sede Popayán de la Universidad Libre en 1994 y en el año 2001
–cuando se produjo la suspensión del programa- había cursado y aprobado todas
las asignaturas del programa académico y solo le hacía falta presentar un
examen preparatorio y la monografía para acceder al título de abogado.
2. Del proceso de reparación directa
2.1.
El veinticinco (25) de abril de dos mil dos (2002), el señor Álvaro Orlando
Pérez Ordóñez interpuso demanda de reparación directa contra el MEN y el ICFES,
considerando que los hechos previamente reseñados le ocasionaron un serio
perjuicio en sus estudios, así como una intensa aflicción psicológica y
emocional. En consecuencia, solicitó ante la jurisdicción contencioso
administrativa, (i) la declaratoria de responsabilidad del MEN y el ICFES, por
omisión en la función de vigilancia y control sobre el funcionamiento del
programa de derecho y ciencias políticas y sociales en la sede Popayán de la
Universidad Libre; y (ii) la condena al pago de los perjuicios materiales e
inmateriales derivados de las actuaciones y omisiones de las citadas
autoridades administrativas.
2.2.
El Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Popayán, mediante fallo de primera
instancia, proferido el veintinueve (29) de enero de dos mil nueve (2009),
declaró responsables al ICFES y el Ministerio de Educación Nacional por los
perjuicios morales ocasionados al señor Álvaro Pérez Ordóñez, y condenó a
dichas autoridades, de forma solidaria y en proporciones iguales, al pago de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante por valor de setenta y
tres millones doscientos diecisiete mil novecientos treinta y siete pesos
($63.217.937); y al pago de 100 smlmv por concepto de perjuicios morales[1].
2.3.
El ICFES presentó recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del
Cauca, autoridad judicial que decidió confirmar la sentencia de primera
instancia en cuanto a la declaratoria de responsabilidad por daños morales y el
monto de la condena por ese concepto y revocar el fallo de instancia en lo
atinente a la condena por daños materiales.
Del fallo de reparación directa dictado por el Juzgado Quinto (5º)
Administrativo del circuito de Popayán en primera instancia, el veintinueve
(29) de enero de dos mil nueve (2009)
3.
El Juzgado Quinto (5º) Administrativo del circuito de Popayán decidió declarar
la responsabilidad del ICFES y el Ministerio de Educación por el daño moral
sufrido por Álvaro Pérez Ordóñez y condenarlas solidariamente, y en
proporciones iguales, al pago de aproximadamente 63 millones de pesos por daño
material en la modalidad de lucro cesante, y 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales. Estos son los
fundamentos de su decisión:
3.1.
De acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, en abril de 1992 la Sede
Popayán de la Universidad Libre fue intervenida por el ICFES, por mandato del
Ministerio de Educación Nacional. En ese momento, los directivos de la
Institución  educativa fueron suspendidos en el ejercicio de sus funciones y se
nombró como rector de intervención a un funcionario del ICFES. En 1994, el ICFES
y el Ministerio de Educación Nacional nombraron los miembros de la consiliatura
de intervención, con el fin de dirigir académica y administrativamente el
ente universitario. Esa actuación administrativa se extendió hasta enero de
1996.
3.2.
En el año 1994 las autoridades de intervención de la Universidad decidieron
crear el programa de derecho en “extensión” en la sede de Popayán, el cual fue
aprobado en octubre de 1994 por la consiliatura, e inició su funcionamiento en
1995.
3.3.
Álvaro Pérez Ordóñez se matriculó en el programa de derecho en extensión en la
sede de Popayán de la Universidad libre en 1994; aprobó las materias que
integran el plan de estudios en septiembre de 2000; inició el proyecto de
tesis, y presentó exámenes preparatorios “quedándole pendiente sólo uno a la
fecha en que fue sancionada la Universidad”.
En
1998 –finalizada la intervención sobre la Universidad-, el MEN abrió
investigación contra el ente educativo y en 2001, mediante resolución 1493 del
mismo año decidió suspender el programa de derecho en extensión, imponer
sanción de amonestación pública a la Universidad y habilitar, a través del ICFES,
un examen de validación de conocimientos con el fin de solucionar la situación
de los estudiantes afectados por esa decisión. Al decidir el recurso de
reposición interpuesto contra la resolución 1493 de 2001 por parte de la
Universidad Libre, el MEN decidió revocar la sanción considerando que a la
fecha de abrir el programa de derecho en extensión la Universidad se hallaba
intervenida y la decisión fue adoptada por los funcionarios y directivos a
cargo de dicha intervención, quienes debían conocer la normatividad para el
ofrecimiento de programas académicos.
3.4.
Por esas razones, el Consejo Superior de la Judicatura negó a los estudiantes
del programa de “derecho extensión Popayán” la certificación sobre la
práctica jurídica ya realizada, y el señor Álvaro Pérez Ordóñez se vio obligado
a presentar exámenes de idoneidad en febrero de 2003 para obtener el título de
abogado que, finalmente, le fue otorgado el 27 de agosto de 2004.
3.5.
En esos términos, consideró el a quo administrativo que el
Ministerio de Educación y el ICFES incurrieron en omisión por no realizar en
debida forma su labor de inspección y vigilancia respecto de la Universidad Libre
de Colombia en relación con los hechos ocurridos entre 1994 y 1996, cuando la
Universidad estuvo intervenida y bajo la dirección de funcionarios nombrados
por los citados entes estatales, quienes crearon e iniciaron un programa de
extensión sin realizar los trámites de ley y el registro respectivo, lo que dio
origen a que el MEN y el ICFES decidieran habilitar una prueba para convalidar
lo ya cursado y aprobado.
Esa
desviación en el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia por
parte de las demandadas, así como la creación irregular del programa de derecho
cuando se encontraban a cargo de la Universidad resulta inaceptable,
especialmente si se considera que los funcionarios nombrados para la
intervención de la Universidad deberían conocer la normatividad que terminaron
vulnerando.
“La no aplicación de estas normas (Aquellas relativas
a la vigilancia y control de las IES)  por parte de funcionarios que
representaban a las entidades demandadas en la Administración de la Universidad
Libre de Colombia, provocaron la circunstancias (sic) por la(s) que se demanda
hoy, iniciación de un programa de extensión sin registro. Conforme a los
Decretos citados, se tiene que el Ministerio y el ICFES incurrieron en falla en
el servicio, por incumplir sus funciones de inspección y vigilancia, ya que su
deber, ante la falta de requisitos, era el de no autorizar la apertura del
programa y así evitar consecuencias posteriores, como fueron el hecho de que
los estudiantes, y en el caso específico el demandante, tuvieran que asumir una
carga que no tenían el deber jurídico de soportar, como las de tener que presentar
exámenes de idoneidad, situación que le causó perjuicios, por lo que se
accederá a las pretensiones, en la forma como se indica, a cargo del Ministerio
y del Instituto.”
4.
La responsabilidad se atribuyó al MEN y al ICFES, y no a la Universidad Libre,
debido a que las  actuaciones que ocasionaron el daño ocurrieron durante el
tiempo de intervención de la Universidad y fueron realizadas por funcionarios
estatales designados por las autoridades citadas, razón por la cual la
Universidad no conservaba su autonomía.
5.
Condenas proferidas por el Juzgado 5º Administrativo del circuito de Popayán:
El
a quo del trámite administrativo consideró no probado el daño
emergente alegado por el peticionario por concepto de pago de matrículas,
libros, fotocopias y otros gastos similares; encontró acreditado el daño por
lucro cesante, en atención a las oportunidades laborales perdidas por el actor
como consecuencia de la suspensión de sus estudios, y tasó el monto de la
condena en aproximadamente 63 millones de pesos. Finalmente, estimó que la
suspensión de los estudios y la obligación de presentar un examen de validación
de conocimientos causó aflicción emocional y psicológica en el señor Orlando
Pérez Ordóñez, por lo que accedió a la solicitud de perjuicios morales, los
cuales tasó en 100 smlmv.
El
sustento probatorio de la condena por perjuicios morales fue la declaración del
señor Carlos Alberto Ordóñez Girón, de acuerdo con la cual “el demandante
era un pequeño comerciante y asesor de algunas instituciones que daban solución
a personas problemas (sic) de drogadicción (…) era una persona ejemplar,
aspiraba graduarse y cambiar el rumbo de su vida porque tenía la posibilidad de
vincularse como funcionario del municipio de Bolívar o ser asesor de las
instituciones que asistía y por esa razón cayó en estado de depresión y
desesperanza porque fueron seis años de esfuerzo y no pudo conseguir el título
cerrándosele las puertas como profesional, manifiesta que lo vio muy triste
“eso dio para que abandonara lo que estaba haciendo, por un tiempo como que se
desentendió de las cosas importantes que el hacia en la vida””.
El
Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Popayán consideró creíble el
testimonio y apoyó su conclusión en una regla de la experiencia, de acuerdo con
la cual “cualquier persona frente a circunstancias como las vividas por el
demandante, se afecta no solo económicamente, sino familiar, social y
moralmente, al saberse sometido, sin tener la carga de soportarlo, a las
circunstancias ya descritas, que le implicaron inicialmente una situación de
indefinición frente a la obtención del título y luego la prolongación en el tiempo
y la realización de exámenes adicionales, para poder materializar uno de sus
ideales”.
Apelación interpuesta por el ICFES contra el fallo proferido por el
Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito de Popayán
6.
El ICFES interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia del Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito de Popayán.
Solicitó revocar el numeral primero de la decisión, concerniente a la
declaración de responsabilidad, y, en su lugar, modificar la decisión absolviendo
a la entidad. Los fundamentos de la apelación fueron los siguientes:
7.1.
No existió un “hecho dañoso” imputable al ICFES. No se presentó un daño
antijurídico, nexo causal que vincule a la entidad ni falta o falla en el
servicio por omisión en la vigilancia, en primer lugar, porque el ICFES no es
responsable de las actuaciones ilegales de terceros como la Universidad Libre,
cuando estos deciden abrir un programa académico al margen de los requisitos
legales exigidos para el efecto; y, en segundo término, porque los estudiantes
tienen el deber de verificar que el programa al que se inscriben esté
registrado ante el Snies.
7.2.
El examen de validación de conocimientos es una alternativa legítima, prevista
por en el artículo 27 de la ley 30 de 1992 para estudiantes inscritos en
programas académicos irregulares. Mediante su presentación, pueden homologar
sus conocimientos y continuar o finalizar sus estudios en otras universidades
del país.
Por
lo tanto, en el caso de estudio “no existió falla en el servicio por omisión
por parte del … ICFES ya que una vez enterado de las irregularidades de la
Universidad Libre de Colombia [ejerció] sus funciones de inspección y
vigilancia de la educación superior adelantando la investigación
correspondiente sugiriendo la clase de sanción a imponer previo informe
presentado al Ministerio de Educación Nacional”, en atención a sus
funciones legales pues, a partir de la entrada en vigencia de la ley 30 de
1992 el Instituto fue “un colaborador del Ministerio de educación
Nacional, en el ejercicio de al facultad de inspección y vigilancia de la
educación superior” la cual se radicó enteramente en el MEN a partir del a
entrada en vigencia del decreto 2232 de 2003.
7.3.
Argumentó que corresponde a las Instituciones de educación superior adelantar
los trámites para el registro de cada programa académico y que, en el caso
concreto, al momento de ofrecer el programa de derecho en extensión en la sede
Popayán, la Universidad Libre no fue despojada de su autonomía pues, si bien se
nombraron nuevos cuerpos directivos, la Institución siguió rigiéndose por sus
propios estatutos. Agrega, en el mismo sentido, que la intervención se
suspendió temporalmente mediante resolución 01040 de 1994, “fecha por la
cual aparece el la extensión de programa a Popayán”.
7.4.
Finalmente, planteó: “Es claro por demás que el… ICFES ejerció funciones de
inspección y vigilancia. También es clara como ya se dijo la culpa de los
accionantes en sus desdichas al cohonestar la acción de la Universidad con su
pasividad. Importante también es señalar que a las personas que desean ingresar
a una Universidad… se les brinda la oportunidad … de verificar si la
institución y el programa al cual pretende ingresar están debidamente
autorizados y registrados… [por lo que no pueden] alegar su propia culpa
para que se exonere del cumplimiento de la ley”.
Sentencia de segunda instancia proferida en el proceso administrativo
de reparación directa iniciado por Álvaro Orlando Pérez Ordóñez contra el Ministerio
de Educación y el ICFES
8.
El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia de segunda instancia, de
nueve (9) de febrero de dos mil diez (2010), decidió confirmar el fallo
administrativo de primera instancia, en cuanto a la declaración de
responsabilidad del ICFES y el MEN por perjuicios morales ocasionados a Álvaro
Pérez Ordóñez, y revocó la condena por daño material, considerando que no se
encontraba acreditado. Estos fueron los fundamentos de la decisión:
8.1.
El MEN inició investigación administrativa contra la Universidad Libre mediante
resolución 1999 de 1998; a través de la resolución 1493 de 2001, decidió
imponer sanción de amonestación pública a la Universidad, por ofrecer y
desarrollar el programa de derecho jornada nocturna desde agosto de 1994, sin
contar con el registro en el Snies. Al resolver el recurso de reposición
interpuesto contra esa decisión por la Institución de educación superior
mencionada, el MEN decidió, mediante resolución 343 de 2002, revocar la
sanción, atendiendo al hecho de que la decisión de ofrecer el programa de
derecho en extensión en la sede Popayán de la  Universidad Libre fue adoptada
durante la intervención administrativa realizada por el Ministerio y el ICFES,
de manera que la responsabilidad no pudo recaer en el crentro educativo, pues
carecía de autonomía en ese momento.
En
ese orden de ideas, confirmó la declaratoria de responsabilidad del ICFES y el
MEN por el daño moral sufrido por el señor Álvaro Pérez Ordóñez, pues fue
precisamente en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia que “de
manera irregular, se procedió a dar apertura al programa de derecho en la
ciudad de Popayán”. Consideró “inadmisible” al ad quem que
los funcionarios encargados del control y vigilancia de las IES sean los
causantes directos de la infracción de las normas cuyo control les está
encomendado.
Consideró,
así mismo, que las demandadas incumplieron obligaciones de vigilancia y control
y que “en desviación de esta potestad, propiciaron el incumplimiento de las
normas que rigen la educación superior y en especial el deber de inscripción en
el Sistema Nacional de Información del programa de derecho ofrecido por la
Universidad Libre jornada nocturna Sede Popayán, debido a que dicha decisión
fue adoptada por el Rector Interventor designado por el ICFES y el Ministerio
de Educación Nacional, precisamente durante el período de intervención
decretado por estas mismas entidades sobre la mentada Universidad”, situación
que desvirtúa las explicaciones del ICFES sobre una supuesta actuación
diligente en materia de investigación y sanción de conductas irregulares de la
Universidad Libre.
8.2.
En segundo término, el Tribunal Administrativo del Cauca rechazó la solicitud
de incremento de perjuicios morales a favor del afectado y el reconocimiento de
la indemnización para su esposa e hijos y revocó la condena por perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, considerando que la supuesta
oportunidad perdida por el señor Álvaro Pérez en el sentido de iniciar su vida
laboral como abogado, no era seria y real sino meramente hipotética.
8.3.
En lo atinente a los perjuicios morales, el ad quem confirmó la decisión
de primera instancia, considerando que “el actor cursó seis de años (sic)
que comprenden la totalidad de estudios de derecho y que presentó las pruebas
de idoneidad ante la Universidad Pontificia Bolivariana de acuerdo a la
Resolución 895 de 16 de mayo de 2002”, y que las declaraciones practicadas
en el proceso evidencian que el trámite de validación de estudios y la
imposibilidad de terminar su carrera generó aflicción en el afectado, “quien
había invertido esfuerzos intelectuales y económicos en obtener su título de
abogado y que sufrió desilusión al ver frustrado el proyecto de vida que había
intentado construir”.
Agregó
que “(e) l daño moral se traduce en la angustia que genera la presentación
de nuevos exámenes y en la incertidumbre sobre la posibilidad de obtener o no
el título universitario. También el daño se traduce en la exigencia de
requisitos adicionales no requeridos por el resto de estudiantes cuyo programa
cuenta con todos los requisitos establecidos en la ley”.
8.4.
Al momento de tasar los perjuicios morales, precisó el ad quem del
proceso administrativo, que estos tienem una función satisfactoria y no reparatoria,
“de suerte que los medios de prueba que se alleguen al proceso, sirven para
demostrar la existencia de la afectación, pero en ninguna forma constituyen una
medida del dolor que de forma exacta pueda adoptarse, por ello la jurisprudencia
ha establecido que con fundamento en dichas pruebas, corresponde al juez tasar
de forma discrecional el valor de esta reparación. || Ha dicho el Consejo de
Estado, respecto de los perjuicios morales que el petium dolores, se
determina conforme al prudente arbitrio de los jueces, y que si bien esa
Corporación ha señalado pautas a los Tribunales para facilitar la compleja
tarea de determinar el perjuicio moral, aquéllas no son obligatorias.
Igualmente se ha determinado que es  razonable que el juez ejerza su prudente
arbitrio al estimar el monto de la compensación  por el perjuicio moral y que
para el efecto, ha de tenerse en consideración los lineamientos expresados en
el artículo 16 de la ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los
procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las
personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y
equidad”. || (…) entonces (…) el arbitrio judicial (es) el único sistema para
realizar la tasación de los perjuicios morales y (…) el método al que debe
acudirse para definir las cuantías indemnizatorias reconocidas al actor”.
Motivos de inconformidad con las decisiones judiciales
9. A juicio de la parte
accionante, las autoridades judiciales demandadas desconocieron el derecho
fundamental al debido proceso del ICFES, al condenar al Instituto por acciones
que no corresponden a sus funciones legales. Consideró que las decisiones
judiciales que pretende controvertir en sede de tutela adolecen de defectos de
carácter fáctico y sustantivo, y desconocen el precedente del Consejo de Estado
en materia de determinación y tasación de perjuicios morales. A continuación se
presentan los argumentos centrales de la demanda de tutela:
9.1.
En relación con la procedencia formal (o procedibilidad de la acción), expresó
la parte acciónante que:
“(i)
El asunto … tiene relevancia constitucional.; (ii) El ICFES ha agotado los
recursos judiciales ordinarios existentes, antes de acudir al juez de tutela pues
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia” el cual fue decidido por el Tribunal Administrativo
del Cauca, decisión contra la que no existen recursos judiciales adicionales; “(iii)
la … solicitud cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que se interpone
en un plazo razonable desde que fue proferida la sentencia de segunda
instancia” si se toma en cuenta que por la misma causa se adelantan 44
acciones de reparación directa; y (iv) el ICFES alegó las razones que pretende
hacer valer ante el juez de tutela, sin que sus argumentos fueran acogidos por
los jueces administrativos de primera y segunda instancia.
9.2.
Argumentos de fondo:
9.2.1.
Las autoridades judiciales accionadas incurrieron en error ostensible al
condenar al ICFES por hechos y actuaciones que no le son imputables, en tanto
el Instituto no tiene funciones de inspección y vigilancia ya que, de acuerdo
con la Constitución y la Ley, tales atribuciones se encuentran en cabeza del
Presidente de la República, quien las ha delegado en el  MEN. El ICFES, en
consecuencia solo ejerce actividades de apoyo al MEN, cuando el Ministerio
expresamente lo solicita.
9.2.2.
Tampoco puede atribuirse al ICFES la ejecución de conductas que se encuentran
en el ámbito de la autonomía universitaria, tales como la creación de programas
académicos en Instituciones de educación superior, o el registro de los mismos
en el Snies. En ese sentido, si el estudiante sufrió algún perjuicio por la
suspensión de sus estudios, ello se debe a su propia culpa, por no verificar si
el programa al que se inscribió se encontrara registrado en el Snies; o a las
actuaciones de la Universidad Libre – Sede Popayán, institución que abrió el
programa de derecho sin realizar el registro citado.
9.2.3.
La investigación iniciada contra la Universidad Libre estuvo a cargo del MEN y,
en su desarrollo, el ICFES se limitó a cumplir lo ordenado por el Ministerio en
el sentido de habilitar la presentación de un examen de validación con el fin
de garantizar los derechos de los estudiantes ante la irregularidad en que
incurrió la Universidad. Los funcionarios que asumieron la dirección de la sede
Popayán al momento de la intervención administrativa fueron nombrados por el
Ministerio de Educación y la mencionada actuación administrativa fue levantada
temporalmente cuando se abrió el programa académico de extensión en derecho.
Por
lo tanto, los fallos controvertidos en sede de tutela adolecen de defecto
sustantivo por interpretación errónea de las normas sobre las funciones del
ICFES, y de defecto fáctico por valoración contraevidente de sus
actuaciones en el caso concreto.
9.2.4.
La condena al pago de perjuicios morales carece de justificación y soporte
probatorio pues tuvo como única base la declaración de un compañero de estudios
del demandante que actualmente adelanta un proceso por los mismos hechos y
contra las mismas partes, y quien se limitó a referir “los hipotéticos perjuicios
sufridos por el señor Álvaro Orlando Pérez”, de donde no se puede inferir
un perjuicio moral grave susceptible de ser indemnizado.
También
incurrieron en yerro probatorio las autoridades judiciales accionadas al
estimar que la carga que representó para el demandante la presentación
de un examen de validación de materias es asimilable a un daño ocasionado
por las presuntas actuaciones u omisiones del MEN y el ICFES, las cuales se
dirigieron exclusivamente a brindar alternativas a los estudiantes afectados
por la suspensión del programa irregularmente ofrecido por la Universidad
Libre.
9.2.5.
El monto de la condena por perjuicios morales (100 smlmv) resulta irrazonable
pues se estableció en la cuantía más alta que concede el Consejo de Estado por
daño moral, en casos tales como la muerte de un familiar cercano por acciones u
omisiones de agentes del Estado. En ese sentido, las accionadas confundieron el
concepto de arbitrio judicis con la absoluta discrecionalidad del juez
para tasar el daño moral, razón por la cual incurrieron en defecto fáctico,
ausencia de motivación, y desconocimiento del precedente del Consejo de
Estado en la materia.
Lo
que ocurrió en el caso de estudio fue que el demandante debió presentar un
examen de convalidación de estudios por haber cursado la carrera de derecho en
una Universidad que no contaba con registro. Además, las autoridades accionadas
no tomaron en cuenta que el actor no había finalizado su monografía al momento
de interponer la demanda así que no podía optar por el título de abogado ni
que, en agosto de 2004 recibió su grado, una vez cumplidos los requisitos
académicos pertinentes. Por ello la valoración probatoria salió “de los
cauces racionales” y se alejó notoriamente de la realidad, pues “resulta
inverosímil que un juez considere que a una persona se le frustró su proyecto
de vida y que sufrió una grave aflicción por haber tenido que presentar un
examen de convalidación (…)”.
En
el mismo sentido, añade que no es razonable estimar que presentar un examen de
idoneidad es un hecho constitutivo de daño moral pues “lo que evidentemente
puede estimarse como una molestia o… una carga adicional… no tiene el carácter
de daño moral indemnizable”, el cual se caracteriza por originarse en
acontecimientos graves y no en cualquier molestia, angustia o desencanto, según
lo ha establecido el Consejo de Estado.
10.
En ese orden de ideas, concluye el ICFES que “(l)as decisiones judiciales
impugnadas mediante la presente acción… violan los derechos al debido proceso y
a la igualdad, en la medida que constituyen decisiones judiciales totalmente
apartadas del ordenamiento jurídico, de las pruebas decretadas y practicadas en
el proceso y del derecho a la igualdad. Con estas decisiones se impone una
condena al ICFES por seiscientos dieciocho millones de pesos ($618.000.000) la
cual causa un grave perjuicio al patrimonio … de la entidad”.
Intervención
de la apoderada del señor Álvaro Pérez Ordóñez en el trámite de tutela.
En
la medida en que la decisión del juez constitucional podría afectar los
intereses del señor Álvaro Pérez Ordóñez, beneficiado con la condena dineraria
establecida por las autoridades judiciales accionadas, el juez constitucional
de primera instancia decidió vincular al ciudadano mencionado al trámite de
tutela.
Su
apoderada judicial solicitó denegar el amparo, considerando (i) que la tutela
contra providencias judiciales es improcedente; (ii) que el ICFES pretende
utilizar la acción como una instancia adicional para corregir su actuación
negligente en el proceso administrativo; y (iii) que las sentencias atacadas no
adolecen de ningún defecto y fueron adoptadas de acuerdo con los procedimientos
legales y respetando el debido proceso de las partes.
De las decisiones judiciales objeto de revisión
Mediante
sentencia de 17 de junio de dos mil diez (2010), la Sección Quinta del Consejo
de Estado, actuando como juez constitucional de primera instancia, decidió
denegar el amparo, considerando que la tutela no procede contra sentencias
judiciales: “(…) en el presente caso, la Sala debe ratificar su posición de
improcedencia de la tutela cuando se dirige a variar el sentido del fondo de la
controversia dirimida en las providencias judiciales que se pretende se
tutelen, dejándolas sin efecto”.
Impugnación
y fallo de segunda instancia
El
señor Martín Bermúdez Muñoz, actuando como apoderado judicial del ICFES,
impugnó el fallo de primera instancia, considerando que (i) la decisión es
contraria la reciente jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se admite
la procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando “por la
magnitud del error contenido en la providencia judicial, esta pierde este
carácter”; (ii) en el caso objeto de estudio se presenta un error
protuberante y grosero por el completo desconocimiento del ordenamiento
jurídico, dado que, sin configurarse un presupuesto de responsabilidad estatal
se condenó al ICFES a pagar una condena superior a 618 millones de pesos; (iii)
el fallo impugnado no efectuó un estudio de fondo sobre las razones por las
cuales el ICFES interpuso la tutela.
Sentencia de segunda instancia
La
Sección Primera (1ª) del Consejo de Estado, actuando como juez de tutela de
segunda instancia, decidió confirmar la decisión del a quo del trámite
constitucional, considerando que (i) la tutela contra providencias judiciales
solo procede excepcionalmente cuando una providencia vulnera el derecho
constitucional de acceso a la Administración de Justicia, siempre que la parte
afectada no cuente con otro mecanismo para obtener la protección al derecho o
los derechos conculcados. (ii) como las decisiones controvertidas son
sentencias judiciales dictadas en procesos en los que las partes tuvieron la
posibilidad de hacer sus valer sus derechos, el amparo es improcedente.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia
Esta Corte es competente para conocer del fallo
materia de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto de treinta y uno (31) de enero de dos
mil once (2011), expedido por la Sala
de Selección Número uno (1) de esta Corporación, que seleccionó este asunto
para revisión.
Problema
jurídico planteado
Corresponde
a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional determinar si el
Juzgado Quinto (5º) Administrativo del Circuito de Popayán y el Tribunal
Administrativo del Cauca incurrieron en (i) defecto sustantivo al declarar
responsable al ICFES por los perjuicios ocasionados a Álvaro Pérez Ordóñez a
raíz de la suspensión del programa de derecho que cursaba en la sede Popayán de
la Universidad Libre de Colombia, tomando en cuenta las funciones del Instituto
y la autonomía universitaria; (ii) defecto fáctico al considerar comprobado el
daño con base en prueba testimonial; y (iii) desconocimiento del precedente del
Consejo de Estado en materia de tasación de perjuicios morales.
Para
abordar el estudio del problema descrito, la Sala (i) reiterará la
jurisprudencia de esta Corporación en relación con los requisitos generales y
especiales de procedencia de la tutela contra sentencia; (ii) efectuará una
breve caracterización de las causales genéricas de procedencia conocidas como defecto
sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente. En ese marco,
(iii) analizará los cargos propuestos por el demandante.
Procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Reiteración de
Jurisprudencia
1.
La Corte  Constitucional, como intérprete autorizado de la Constitución
Política y guardiana de la integridad del texto superior ha desarrollado una
doctrina bien definida sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Esta  línea se basa en la búsqueda de un
equilibrio adecuado entre dos elementos fundamentales del orden constitucional:
la primacía de los derechos fundamentales y el respeto por los principios de
autonomía e independencia judicial.
2.
Para lograr este adecuado equilibrio, la Corte ha partido de los principios
generales de procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez, haciéndolos
particularmente exigentes en el caso de que se pretenda controvertir una
providencia judicial; por otra parte, ha ido determinando los eventos en los
cuales es posible que una providencia judicial vulnere los derechos
fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener un nivel
adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos operadores
judiciales. Por último, ha recalcado constantemente que la acción sólo procede
cuando se encuentre acreditada la amenaza a un derecho fundamental.
3. A continuación, se reiterará
brevemente la jurisprudencia de la Corporación, sistematizada por la Sala Plena
en el fallo de constitucionalidad C-590 de 2005[2]:
3.1
La tutela contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de
vista literal e histórico[3], como desde una
interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[4]
e, incluso, a partir de la ratio decidendi[5] de la sentencia
C-543 de  1992[6], siempre que se presenten
los eventos ampliamente desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
3.2
Así, al estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se
cumplen los siguientes requisitos formales[7], que no son más que los
requisitos generales de procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad
de las providencias judiciales: (i) que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional[8]; (ii) que el actor haya
agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir
al juez de tutela[9]; (iii) que la petición
cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de
razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad
procesal, que ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta
vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de
forma razonable, los hechos que generan la violación y que ésta haya sido
alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi)
que el fallo impugnado no sea de tutela[10].
3.3
Que se presente alguna de las causales genéricas de procedibilidad, ampliamente
elaboradas por la jurisprudencia constitucional: defecto orgánico[11]
sustantivo[12], procedimental[13]
o fáctico[14]; error inducido[15];
decisión sin motivación[16];  desconocimiento
del precedente constitucional[17]; y violación directa
a la constitución[18].
3.4.
Sobre la determinación de los defectos, es claro para la Corte que no existe un
límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de una
norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional,
pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o,
que la falta de apreciación de una prueba, puede producir una aplicación
indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para
la solución de un caso específico[19].
No
sobra señalar que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la
sentencia C-543 de 1992 se mantiene incólume: la preservación de la supremacía
de los derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los
principios de seguridad jurídica e independencia judicial[20].
Por ello, el ámbito material de procedencia de la acción es la vulneración
grave a un derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe
a los asuntos de evidente relevancia constitucional.
3.5.
De acuerdo con las consideraciones precedentes, lo esencial para determinar la
procedencia de la acción de tutela en contra de una sentencia judicial, es la
concurrencia de tres situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad, (ii) la existencia de alguna o algunas de las
causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el
amparo material y, (iii) el requisito sine que non, consistente en la
necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental.[21]
4.
El defecto sustantivo como causal de procedencia de la tutela contra
sentencias. La interpretación errónea como supuesto de defecto sustantivo.[22]
Esta
Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y
aplicación de las normas jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez.
Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe
tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de
un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
constitucionales. En tal sentido, expresó la Corte en la sentencia T-462 de
2003:
“… una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no
tenida en cuenta por el fallador[23], (ii) cuando a pesar
del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente[24] (interpretación contra legem)
o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes[25]
(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga
omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva
.”
En
los recientes fallos T-018 de 2008 y T-757 de 2009, la Corte ha estructurado
los siguientes supuestos de defecto sustantivo:
“3.2.1 Ha señalado la  jurisprudencia de esta
Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una
sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco
de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto[26], bien sea, por
ejemplo  (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el
ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el
funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii)
porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[27],
(iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[28]
o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador.”[29]
5.
En cuanto a la interpretación errónea[30] (aspecto relevante para
el problema jurídico a abordar), ha señalado la Corte que se trata de la causal
más restringida de procedencia de la tutela por defecto sustantivo. De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, la interpretación de la ley es un campo
en el que se manifiestan con especial intensidad los principios de
independencia y autonomía judicial. En efecto, al aplicar los textos legales,
el juez se enfrenta a diversas  posibilidades hermenéuticas, y no corresponde
al juez constitucional señalar cuál es la “correcta”, o la más
conveniente para la resolución de un caso específico. El funcionario judicial,
al administrar justicia, debe estar a salvo de injerencias indebidas que
afecten su imparcialidad y la sujeción debida al orden jurídico (artículo 230 C.P.).
Sin
embargo, es claro para la Corporación que la independencia y autonomía del juez
no son absolutas[31], pues el carácter
normativo de la Constitución (Artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia
a los derechos fundamentales (Artículo 2º  C.P.), y la primacía de los derechos
humanos  (Artículo 5º C.P.), comportan la vinculación de todos los poderes y
autoridades públicas a las normas constitucionales[32].
Finalmente, para hacer efectivo el principio de igualdad de trato en la
aplicación de la ley, los jueces se encuentran ligados a la interpretación dada
a las normas jurídicas por los órganos de cierre de cada jurisdicción, a menos
de que argumenten de manera suficiente y razonable, una posición diferente.
Por lo tanto, la
acción de tutela es procedente para controvertir la interpretación de las
normas efectuada por el juez natural del conflicto sí (y solo sí) la opción
hermenéutica escogida resulta insostenible desde el punto de vista
constitucional por (i) entrar en conflicto con normas constitucionales; (ii)
ser irrazonable, pues la arbitrariedad es incompatible con el respeto por el debido
proceso; o (iii) devenir desproporcionada, al lesionar excesivamente los
intereses de una de las partes, siempre que esa afectación ostente relevancia
constitucional.
Breve
caracterización del defecto fáctico[33]
El defecto fáctico como causal genérica de procedencia
de la tutela contra sentencia judicial:
6. De acuerdo con la jurisprudencia de
la Corporación[34], este defecto se produce
cuando el juez toma una decisión sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina[35], como consecuencia de
una omisión en el decreto[36] o valoración de las
pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una
prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios
probatorios.
7. El defecto fáctico puede darse tanto
en una dimensión positiva[37], que comprende los
supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación
de una decisión en una prueba no apta para ello, así como en una dimensión
negativa[38], es decir, por la omisión
en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas
de carácter esencial[39].
La procedencia de la tutela para
remediar un defecto fáctico obedece a que, a pesar de las amplias facultades
que posee el juez natural para el análisis del material probatorio, el
funcionario debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es
decir, con base en criterios objetivos y racionales.[40]
8. Sin embargo, la Corporación ha sido
enfática en señalar que  la intervención del juez de tutela en este ámbito es
extremadamente reducida, pues el respeto por los principios de autonomía
judicial, juez natural, e inmediación, impide que el juez constitucional
realice un examen exhaustivo del material probatorio[41],
de manera que las diferencias de criterio en la apreciación de una prueba no
constituyen errores fácticos; la procedencia de la tutela  está condicionada a
que el error sea ostensible y tenga incidencia directa en la decisión que se
pretenda controvertir.[42]
Breve
caracterización de la causal genérica de procedencia de la acción de tutela
contra fallos judiciales por desconocimiento del precedente constitucional
9.
La Corte Constitucional ha desarrollado una sólida línea jurisprudencial sobre
la posición de la jurisprudencia constitucional como fuente de derecho en el
ordenamiento nacional y sobre la importancia del precedente para el ejercicio
de la función judicial. En esta oportunidad, la Sala se limita a recordar los
principales elementos de esta doctrina en lo que toca a la obligatoriedad del
precedente constitucional para los jueces de la república, y su desconocimiento
como causal de procedibilidad de la acción de tutela.[43]
9.1.
En primer lugar, conviene recordar que desde la sentencia SU-047 de 1999, la
Corte expresó que una sentencia se compone de tres tipos de consideraciones:
(i) la decisión del caso o decisum, (ii) las razones directamente
vinculadas de forma directa y necesaria con la decisión o ratio decidendi y
(iii) los argumentos accesorios utilizados para dar forma al fallo judicial,
conocidos como obiter dicta[44], y aclaró que
sólo la decisión y la ratio decidendi tienen valor normativo[45].
9.2
En segundo lugar, esta Corporación ha definido el precedente judicial como “aquel
antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver
que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia” y ha señalado que una
sentencia antecedente es relevante para la solución cuando presenta alguno de
los siguientes aspectos (o todos ellos):
“i. En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla
relacionada  con el caso a resolver posteriormente.
ii. La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema
jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante (a la que se estudia en el caso posterior)
iii. Los hechos del caso o las normas juzgadas en la
sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho
semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable
que “cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes
no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no
considerar vinculante el precedente”[46]”.
9.3.
En relación con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, el sentido,
alcance y fundamento normativo de su obligatoriedad para los demás jueces varía
según se trate de fallos de constitucionalidad o de sentencias de revisión de
tutela. En los párrafos que siguen se expondrán los aspectos comunes para ambos
tipos de sentencia (infra 4.3.1.) y aquellos propios de cada clase de
fallos (infra 4.3.2 y 4.3.3), a partir de los cuales la Corte ha
establecido que los jueces se encuentran vinculados a la jurisprudencia
constitucional.
9.3.1.
Como aspectos comunes se resaltan la necesidad de acatar la jurisprudencia
constitucional para garantizar el carácter normativo de la Constitución y la
relevancia de la interpretación autorizada que hace la Corte del Texto Superior
como guardiana de la integridad y supremacía de la Carta, de acuerdo con la
posición y misión institucional que le confiere el artículo 241 Superior. El
papel de homogeneizar la interpretación de la Constitución es especialmente
relevante en materia de derechos fundamentales que, como se sabe, son
consagrados en cláusulas especialmente abiertas e indeterminadas.
9.3.2.
En lo que toca a los fallos de constitucionalidad, el carácter obligatorio de
la jurisprudencia constitucional se desprende de sus efectos erga omnes y
de la cosa juzgada constitucional. Además, por mandato expreso del artículo
243 Superior, los contenidos normativos que la Corte declara contrarios a la
Constitución no pueden ser reproducidos por ninguna autoridad. En cuanto a la
parte motiva de estas sentencias, en la medida en que la ratio decidendi contiene
la solución constitucional a los problemas jurídicos estudiados debe ser
atendida por las demás autoridades judiciales para que la aplicación de la ley
sea conforme con la Constitución, norma de normas[47].
La
Corte ha considerado que una decisión judicial que desconozca los
pronunciamientos que emite la Corte en el conocimiento de demandas de
inconstitucionalidad, tanto en las decisiones de inexequibilidad como en la ratio
decidendi de las decisiones de exequibilidad, adolece de un defecto
sustantivo pues desconoce el derecho vigente, o lo interpreta y aplica de forma
incompatible con las cláusulas constitucionales cuyo alcance precisa la Corte
Constitucional. [48]
“En el evento en que un juez desconozca abiertamente
un precedente constitucional, la sentencia judicial ciertamente incurrirá en un
defecto que la separa de la coherencia orgánica con la Constitución. En ese
caso, la decisión judicial puede verse avocada a una acción de tutela contra providencias
judiciales por defecto sustantivo, llamada genéricamente vía de hecho, en el
evento en que se aparte “de las pautas de obligatorio cumplimiento fijadas por
esta Corporación como su intérprete autorizado.”[49]
9.3.3.
En relación con las sentencias de revisión de tutela, el respeto por la ratio
decidendi de estos fallos es necesario para lograr una concreción del
principio de igualdad en la aplicación de las leyes, constituye una exigencia
del principio de confianza legítima que prohíbe al Estado sorprender a los
ciudadanos con actuaciones imprevisibles, y un presupuesto para garantizar el
carácter normativo de la Constitución y la efectividad de los derechos
fundamentales así como la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico[50].
La
doctrina contenida en la parte motiva de las sentencias de revisión de tutela
que constituyen la ratio decidendi de tales fallos prevalece sobre la
interpretación llevada a cabo por otras autoridades judiciales, en virtud de su
competencia institucional como guardiana de la Corte[51].
Como lo ha expresado esta Corporación:
“En síntesis, la Corte ha considerado que la
obligatoriedad de la ratio decidendi de los fallos de tutela se desprende del
principio de igualdad y del acceso a la administración de justicia pues (de no ser así) la aplicación de la ley y la
Constitución dependería del capricho de cada juez - y se habla de capricho
precisamente para referirse a los casos en los que los jueces no justifican por
qué se apartan de la jurisprudencia de unificación -, de manera tal que casos
idénticos o similares podrían ser fallados en forma absolutamente diferente por
distintos jueces e incluso por el mismo juez” y al acceso a la administración
de justicia porque “…las decisiones de la Corte y su interpretación de la
Constitución serían ignoradas por los jueces, en contra del derecho de los
asociados a que exista una cierta seguridad jurídica acerca de la
interpretación de las normas.”[52]
Como
resulta evidente de la exposición realizada, el desconocimiento de la doctrina
contenida en las decisiones de revisión de tutela se traduce en una vulneración
al principio de igualdad en la aplicación de la ley, de la confianza legítima,
y de la unidad y coherencia del ordenamiento[53].
9.4.
A partir de los elementos presentados como fundamento del carácter vinculante
del precedente constitucional, esta Corte ha considerado que su jurisprudencia
“puede ser desconocida de cuatro formas: (i) aplicando disposiciones legales
que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii)
aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado
contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de
sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los
derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela”[54].
Sin embargo, debido a que una práctica jurisprudencial
saludable no puede basarse en la petrificación de determinadas decisiones o
concepciones, el principio de autonomía funcional del juez implica que éste
puede separarse del precedente jurisprudencial siempre y cuando “(…) encuentre
razones debidamente fundadas que le permitan separarse de él, cumpliendo con
una carga argumentativa encaminada a mostrar que el precedente es contrario a la
Constitución, en todo o en parte”.[55] En conclusión, para
decidir sobre la procedencia de la acción de tutela por la causal estudiada es
preciso:
(i)
Determinar la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes
aplicables al caso concreto y distinguir las reglas decisionales contenidas en
estos precedentes. (ii) Comprobar que el fallo judicial impugnado debió tomar
en cuenta necesariamente tales precedentes pues de no hacerlo incurriría
en un desconocimiento del principio de igualdad. (iii) Verificar si el juez
tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial bien por encontrar
diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien por
considerar que la decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una
interpretación más armónica en relación con los principios constitucionales, y
más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de
acuerdo con el principio pro hómine.
9.5.
Por último, es importante recordar que entre las causales genéricas de
procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales se presentan
diversos tipos de relaciones. Así, el desconocimiento del precedente puede
derivar en un defecto sustantivo cuando se irrespeta la cosa juzgada
constitucional establecida en sentencias con efectos erga omnes, o en la
vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (entre otros)
cuando el juez se aparta de la doctrina constitucional contenida en la ratio
decidendi de los fallos de  revisión de tutela.
Del
caso concreto
10.
Análisis de procedibilidad de la acción
A
continuación procede la sala a verificar el cumplimiento de los requisitos
formales de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales en el
presente caso, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento 3.1 de esta decisión.
10.1.
Relevancia Constitucional: el asunto planteado a esta Sala de Revisión posee
relevancia constitucional en la medida en que se alega la lesión al derecho
fundamental al debido proceso del ICFES y la imposición de una condena que, por
su cuantía, podría afectar el ejercicio de sus funciones de fomento a la
educación superior, las cuales son trascendentes para nuestro orden
constitucional, por disposición expresa del artículo 67 superior.
10.2.
El agotamiento de los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios. Los hechos por los cuales fue interpuesta la acción de
tutela que actualmente estudia la Sala Novena tienen origen en un proceso de
reparación directa sobre el cual recayeron decisiones de primera y segunda
instancia, actualmente ejecutoriadas y frente a las cuales no existen recursos
ante la jurisdicción contencioso administrativa.
Es
importante indicar que, contrario a lo señalado por la apoderada del señor
Álvaro Pérez Ordóñez en el trámite de la acción, el ICFES sí interpuso recurso
de apelación contra la decisión de primera instancia del Juzgado Quinto (5º)
Administrativo de Popayán. La aclaración es imprescindible pues, si la
afirmación de la profesional del derecho tuviera sustento, la tutela sería
declarada improcedente.
10.3.
El principio de inmediatez. Como lo
ha explicado esta Corporación, del principio de inmediatez, como claramente lo
ha expresado esta Corporación, no se desprende un plazo objetivo para la
interposición de la acción de tutela. Sencillamente, surgen los parámetros para
determinar si el lapso transcurrido entre la decisión judicial que se
controvierte y la interposición de la acción permite concluir que (i) se
pretende una protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) en caso de otorgar el amparo no se produce una
lesión desproporcionada a derechos de terceros, (iii) ni se afecta
irrazonablemente la seguridad jurídica; y (iv) la conducta del accionante no es
negligente.
La
Sala estima que, si bien en este caso la decisión del juez constitucional
podría afectar los intereses de un tercero que actualmente cuenta con una
decisión judicial ejecutoriada en su favor, el término de interposición de la
acción de tutela contra las providencias controvertidas que en este caso es de
4 meses[56], es razonable dada la
complejidad del asunto y el hecho de que, según los antecedentes del caso, la
parte accionante se encuentra actualmente inmersa en un amplio número de procesos
judiciales iniciados por los mismos hechos que dieron origen a la acción de
reparación directa promovida por el señor Álvaro Pérez Ordóñez contra el ICFES
y el MEN.
De
acuerdo con tales consideraciones, la acción estudiada se ajusta al principio
de inmediatez.
10.4.
Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales
El
requisito no es aplicable al caso concreto pues las irregularidades que se alegan
son de carácter sustantivo, fáctico y de desconocimiento de derecho
jurisprudencial relevante.
10.5.
Que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la
violación y que esta haya sido alegada en el proceso judicial, en caso de haber
sido posible.
Los
hechos que, a juicio de la parte accionante dan lugar a la violación de sus
derechos fundamentales son: (i) la imputación de responsabilidad al ICFES por
hechos, acciones u omisiones que no le son atribuibles a la luz de sus funciones
legales; (ii) la insuficiencia del material probatorio sobre el cual se estimó
configurado el perjuicio moral; y (iii) la estimación irrazonable de los
mencionatos perjuicios morales. Tales aspectos fueron alegados por el ICFES en
la contestación de la demanda y en el recurso de apelación a la sentencia
proferida en primera instancia por el Juzgado Quinto (5º) Administrativo del
Cauca, de manera que el requisito está satisfecho.
10.6.
Que el fallo controvertido no sea una sentencia de tutela. Al respecto, basta señalar que la sentencia judicial
que se considera vulneratoria de los derechos fundamentales de la parte
demandante se produjo en un proceso administrativo de reparación directa y no
en un trámite de tutela, por lo que se cumple la exigencia.
Acreditados
todos los requisitos formales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala aborda el estudio de fondo, o de la
procedencia material del amparo.
11. Análisis de fondo
Previo
el análisis de los cargos propuestos por la parte accionante, considera la Sala
importante recalcar que la doctrina constitucional sobre tutela contra
previdencias judiciales establece un equilibrio entre los principios de cosa
juzgada, autonomía jurisdiccional y seguridad jurídica, de una parte; y
supremacía constitucional y eficacia de los derechos fundamentales, de
otra.
Ese
equilibrio se logra mediante la excepcionalidad de la tutela contra decisiones
judiciales, los requisitos formales de procedibilidad, las causales genéricas
de procedencia de la acción, y la exigencia de que los asuntos que se pretenden
discutir sean de relevancia constitucional y planteen una amenaza a intereses iusfundamentales.
Por ello, en el examen constitucional de una sentencia judicial, se reduce la
informalidad que caracteriza la acción de tutela y se exige una carga
argumentativa mínima a partir de las causales genéricas de procedencia de la
acción.
Si
bien en ocasiones la Corte armoniza esa exigencia argumentativa con la
necesidad de proteger sujetos vulnerables, o ciudadanos en condición de
indefensión frente a las autoridades públicas, y procede entonces a ajustar
argumentos plausibles en las causales genéricas, en este caso es precisamente
una autoridad pública la que acude ante el juez de tutela debidamente
representada por apoderado judicial, razón por la cual la Sala aplicará con
rigor las subreglas jurisprudenciales que excluyen de la revisión constitucional
de providencias las controversias sobre opciones interpretativas razonables, y
recomiendan al juez de tutela ser prudente y respetuoso de las apreciaciones
fácticas del juez natural.[57]
En
caso de encontrarse fundado un cargo, la Sala -siguiendo en este punto
jurisprudencia constante-[58] se limitará a señalar el
error constitucional y remitirá el caso nuevamente a los jueces naturales del
proceso para que lo subsanen. Ahora bien, esta prevención no debe interpretarse
como una formalización técnica de la acción de tutela, pues las causales
genéricas previamente reiteradas distan mucho de ser un conjunto de parámetros
formales de decisión, similares a las causales de casación, al punto que, como
se ha explicado, tales causales no se consideran lógicamente excluyentes (como
sí ocurre en el recurso de casación) sino que se encuentran permanentemente
imbricadas. La carga argumentativa a la que se hace referencia consiste en
mostrar con suficiente claridad que lo que se discute es un problema de
derechos fundamentales a la luz de la jurisprudencia constitucional, y no un
aspecto propio de los procesos litigiosos.
11.1 Defecto sustantivo por error en la interpretación de las funciones
legales y constitucionales del ICFES
En
el presente caso, el ICFES plantea que las sentencias controvertidas en sede de
tutela incurrieron en defecto sustantivo al imputarle responsabilidad por
conductas que son ajenas a sus funciones legales y constitucionales y que, por
lo tanto, no realiza. Concretamente, explicó el ICFES que no tiene a su cargo
funciones de vigilancia de la educación superior y que solo presta soporte al
MEN en el desarrollo de actuaciones de esa índole cuando el Ministerio
expresamente le delega funciones o le imparte órdenes en ese sentido. Afirma, por
último, que no tiene a su cargo ni la creación de programas académicos en
instituciones de educación superior, ni su registro en el Snies, acciones que
desarrollan directamente las universidades en ejercicio de su autonomía.
Para
la Sala, el cargo carece de sustento, por dos razones. En primer término, por
una razón formal, pues uno de los argumentos centrales del ICFES en su recurso
de apelación en el trámite contencioso administrativo consistió, precisamente,
en que había cumplido cabalmente sus funciones de inspección y vigilancia de la
educación superior, así que no es aceptable que en sede de tutela alegue que no
tiene ese tipo de funciones.
Pero,
además de ello, desde el punto de vista material, el pretendido defecto no se
configura, pues las sentencias controvertidas, al imputar responsabilidad al ICFES,
no partieron de un análisis de las funciones legales del ICFES, sino de las
acciones y omisiones que, en términos fácticos, adelantaron las entidades
demandadas. En ese análisis, independientemente del supuesto error sustantivo,
la base de la decisión de atribuirle responsabilidad a las autoridades
estatales y no a la Universidad Libre, radica en que la Universidad se hallaba
intervenida por esas autoridades al momento de abrirse el programa de derecho
en extensión, por el ICFES y el MEN, y sus directivas habían sido nombradas y/o
eran funcionarios de las citadas autoridades administrativas.
Por
esa razón -estimaron los jueces de lo contencioso administrativo- no podría
atribuirse a la Universidad Libre la responsabilidad por hechos que sucedieron
cuando se hallaba privada de su autonomía por intervención estatal.
Sobre
esa interpretación de los hechos y de las actuaciones del ICFES solo cabe decir
que no puede considerarse irrazonable, pues parte de analizar quiénes tenían a
su cargo la dirección de la Universidad cuando se abrió un programa sin
registro en el Snies como presupuesto para la imputación de responsabilidad.
Cabe
agregar que, de acuerdo con el ICFES, la intervención se hallaba suspendida o
levantada al momento de abrirse el mencionado programa de derecho en extensión
en la Sede Popayán de la Universidad Libre. Sin embargo, las autoridades
judiciales accionadas estimaron que ello no era así, con base en la resolución
353 de 2000, por la cual se revocó la sanción de amonestación impuesta a la
Universidad por la apertura del programa de derecho sin el registro del Snies,
considerando, precisamente, que al abrirse ese programa la institución
educativa se hallaba intervenida. Nuevamente, y considerando que la resolución
es un acto administrativo cuya presunción de legalidad nunca se discutió por el
ICFES, concluye la Sala que el entendimiento del caso por parte de las
accionadas es razonable.
El
cargo, entonces, no prospera.
11.2. Defecto fáctico y sustantivo en la decisión de hallar configurado
un daño al señor Álvaro  Ordóñez Pérez
A
juicio de la entidad accionante, el ICFES incurrió en un defecto fáctico por
considerar que las autoridades accionadas erraron al equiparar la carga de
presentar un examen de validación de conocimientos con un daño susceptible
de indemnización.
El
adecuado entendimiento del cargo, a juicio de la Sala, involucra algo más que
la valoración probatoria, en tanto se dirige a cuestionar la forma en que las
autoridades judiciales demandadas entienden el concepto de daño, aspecto
normativo definido principalmente a nivel jurisprudencial; y, en segundo
término, a considerar inadecuada la subsunción del caso concreto en los
ese concepto normativo de daño.
Al
respecto, estima pertinente la Sala recordar que esta Corporación, siguiendo de
cerca la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha definido el daño de la
siguiente manera: “Respecto a la noción
de daño antijurídico, ya esta Corporación, siguiendo la jurisprudencia del
Consejo de Estado, ha indicado que éste puede definirse como aquella lesión
patrimonial o extrapatrimonial, causada  en forma lícita o ilícita, que el
perjudicado no está en el deber jurídico de soportar.[59]”
En
tal sentido, observa la Sala que en las sentencias de primera y segunda
instancias proferidas en el trámite contencioso administrativo se establecieron
dos conductas como causantes del daño. De un lado, (i) la creación del programa
de derecho sin el registro en el Snies y el hecho de que esta –como se ha
explicado- tuvo lugar cuando la universidad se encontraba bajo el manejo del ICFES
y el MEN. Y (ii) la suspensión del programa, situación que implicó para el
señor Álvaro Pérez Ordóñez, la correlativa suspensión de sus estudios y la
obligación de presentar un examen de validación de conocimientos que no se
hallaba previsto por la ley cuando inició sus estudios, carga que otros
estudiantes no deben enfrentar.
A
juicio de la Sala, no existe en la argumentación judicial recién reseñada una
posición irrazonable en materia de interpretación del concepto de daño, ni en
el ejercicio de subsunción del caso concreto en los presupuestos del daño.
En
efecto, en primer término las accionadas imputaron al ICFES una omisión en
funciones de inspección y vigilancia y/o el inadecuado ejercicio de esas
funciones porque, en un trámite adelantado para la vigilancia y control de la
Universidad Libre, las autoridades desviaron sus competencias y resultaron
creando el programa de derecho en extensión que da origen a la controversia, lo
que evidentemente no corresponde a las funciones del Instituto. Y, de otra
parte, la presentación del examen de validación de conocimientos constituyó una
carga para el señor Pérez Ordóñez que –siguiendo también la posición de
las accionadas-, el demandante no estaba en la obligación de soportar.
Esa
interpretación no es irrazonable pues, de acuerdo con el concepto de daño
antijurídico, previamente transcrito, este se origina precisamente
en cargas y en una evaluación de si el afectado por esa carga tiene o
no el deber jurídico de soportarla a partir del principio de igualdad. Precisamente
los jueces de lo contencioso administrativo tutelados iniciaron el análisis de
si la carga reunía los elementos del daño antijurídico y, con base en
los argumentos recién señalados, consideró que la respuesta era afirmativa (en
tal sentido, subsumió el caso de estudio en distintos títulos de imputación del
daño – falla o desviación en el servicio, e imposición de una carga que el
demandante no estaba en el deber jurídico de soportar).
Lo
que propone el ICFES, en sede de tutela, es otra propuesta hermenéutica, en el
sentido de que carga de presentar un examen no era tan “pesada” para ser
considerada como un daño indemnizable. Se trata sencillamente de otra
posición sobre la interpretación del concepto de daño y la posibilidad de
subsumir el caso de estudio en los títulos de imputación utilizados por las
demandadas. Como es obvio, entre dos interpretaciones posibles de los hechos y
los contenidos normativos de un caso contencioso, no corresponde a la Sala
privilegiar la opción del accionante sino respetar la del juez natural.
Por
las razones expuestas, el cargo no prospera.
11.2 Cargo relativo al defecto fáctico por valoración contraevidente de
las pruebas
Argumenta
el ICFES que las autoridades accionadas incurrieron en defecto fáctico por
valoración irrazonable del material probatorio y por adoptar la decisión a la
entidad responsable por daño moral y condenarla al pago de perjuicios
inmateriales sin prueba suficiente para ello. Ese defecto –siguiendo lo
expresado en la demanda de tutela- se habría originado en el hecho de que los
jueces del proceso administrativo estimaron que se había frustrado el proyecto
de vida del señor Álvaro Pérez Ordóñez con base en un único testimonio de un
compañero de estudios que, actualmente, adelanta un proceso judicial contra las
mismas autoridades y por los mismos hechos.
Al
respecto, es posible constatar que, en efecto, el a quo del trámite
administrativo se valió de la declaración de un compañero de estudios del
demandante en el proceso administrativo para fundamentar su decisión. Ese
testigo declaró que el peticionario sufrió una profunda aflicción por la
suspensión de los estudios, y el Juzgado Quinto (5º) valoró aceptó su dicho
considerando que (i) resultaba creíble, y (ii) que es un hecho conocido
que una persona puede sufrir una seria aflicción cuando ve suspendidos sus
estudios.
Para
resolver el cargo, es preciso indicar que dada la vigencia del principio de
libertad probatoria en el sistema jurídico colombiano y la consecuente ausencia
de tarifa legal para que el juez considere que ha alcanzado la convicción sobre
determinados hechos, no puede considerarse un defecto fáctico por insuficiencia
probatoria el hecho de que las autoridades accionadas se hayan basado en un
solo testimonio. Además, no encuentra la Sala que la valoración de ese
testimonio sea contraevidente, pues las conclusiones de las autoridades
jurisdiccionales accionadas sigue de cerca el tenor literal de la declaración.
Así,
como se indicó en los antecedentes, el juez explicó que, de acuerdo con el
testigo: “[el accionante] cayó
en estado de depresión y desesperanza porque fueron seis años de esfuerzo y no
pudo conseguir el título cerrándosele las puertas como profesional, manifiesta
que lo vio muy triste “eso dio para que abandonara lo que estaba haciendo, por
un tiempo como que se desentendió de las cosas importantes que el hacia en la
vida””.
Como
puede verse a partir del último aparte de la trascripción recién realizada el
testigo en efecto habló de una seria afectación y nada diferente concluyó el
juez administrativo (principalmente el de primera instancia).
Es
cierto que el Juez 5º Administrativo del Circuito de Popayán se limitó a
calificar como creíble el dicho del testigo, y que sería deseable una
mejor motivación sobre las razones de credibilidad del mismo (T-1015 de 2010).
Sin embargo, también es cierto que el juzgado apoyó su decisión en una regla de
la experiencia según la cual las personas que inician estudios universitarios
tienen un plan de vida basado en ellos y que la suspensión de los mismos puede
generar aflicción.
Una
regla de la experiencia como esa no puede pretender validez absoluta pues, por
la propia naturaleza de ese tipo de reglas (generalizaciones de hechos
observados en el pasado) su fuerza es solo probable. Pero sin duda, es una
regla plausible y, por lo tanto, enmarca el análisis del testimonio en
parámetros propios de la sana crítica. Por ello, en este caso, la lacónica
afirmación de que el testimonio resultó creíble no comporta la gravedad
propuesta por el ICFES en materia de valoración probatoria.
Finalmente,
en relación con el argumento según el cual los jueces administrativos naturales
del proceso incurrieron en error al analizar si la carga es o no un daño
antijurídico, la Sala remite al análisis del anterior cargo en el que se
determinó razonable la subsunción del caso concreto en el concepto de daño
antijurídico y en los supuestos que la doctrina y la jurisprudencia del derecho
administrativo han establecido como posibles “títulos de imputación”.
Por
las razones expuestas, el cargo no prospera.
11.3.     Cargo relativo
a un eventual defecto sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente en
la tasación de los perjuicios morales
Este
defecto, a juicio del ICFES, se configura debido a que las autoridades
accionadas tasaron el perjuicio moral en el valor máximo concedido por el
Concejo de Estado en materia de perjuicios morales, esto es, 100 smlmv. A
juicio de la entidad demandante (i) es irrazonable que se imponga la misma
condena en el caso objeto de estudio que en aquellos eventos en los que se
discute la muerte de un familiar cercano por acciones u omisiones imputables a
agentes del Estado; y (ii), en el asunto objeto de estudio las accionadas
confundieron el arbitrio judicis con la plena discrecionalidad
judicial, desconociendo el precedente del Consejo de Estado e
incurriendo en violación al principio de igualdad.
Para
resolver este cargo es imprescindible analizar la posición del Consejo de
Estado en materia de perjuicios morales, para posteriormente evaluar si el
cargo encuentra sustento al verificarse un apartamiento injustificado de los
jueces administrativos del precedente del órgano de cierre.
En
ese orden de ideas, es posible identificar con plena claridad, la existencia de
una línea jurisprudencial consolidada en el Consejo de Estado (Sección Tercera)
en materia de daño moral y tasación de perjuicios morales. Esa jurisprudencia
fue sentada en fallo de 6 de septiembre de 2001[60]
y ha sido reiterada en un amplio número de pronunciamientos posteriores. En esa
sentencia es posible, además, identificar subreglas concretas, a partir
de las cuales puede efectuarse el análisis sobre la configuración del defecto o
defectos alegados por el ICFES.
En
el fallo citado, la Sección Tercera recoge la forma en que se ha entendido el
daño moral y se han tasado los perjuicios de carácter moral en la
jurisprudencia de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa en
el transcurso del tiempo. A partir de ese desarrollo histórico consideró el
Consejo de Estado que, en materia de daño administrativo resultaba pertinente
separarse de los criterios establecidos en el ámbito penal, y dejar de lado la
tasación del mismo en gramos oro para utilizar, en cambio, el salario mínimo
como vía de cálculo, por razones de índole económica y, principalmente, por la
conexión que se mantiene entre el salario mínimo y el costo de vida.
Por
su importancia, transcribe la Sala, in extenso, las consideraciones sentadas en
el fallo de 6 de septiembre de 2001 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
sobre el daño moral y la tasación de los perjuicios correspondientes:
“La
reparación, en efecto, conforme a nuestro sistema legal, sólo debe atender a la
entidad del daño mismo; debe repararse todo el daño causado, y sólo el daño
causado, independientemente de la culpabilidad de su autor, o de la existencia
de circunstancias de agravación o atenuación punitiva, y éste es un principio
común a todos los casos, al margen de que la reparación se efectúe en un
proceso penal, civil, laboral, contencioso administrativo o de otra índole.
Este postulado básico (…) fue consagrado de manera expresa por el artículo 16
de la Ley 446 de 1998, en los siguientes términos: “Art. 16.- Valoración de los
Daños.  Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de
Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas,
atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los
criterios técnicos actuariales”. No puede perderse de vista el principio de
equidad, también previsto en la norma transcrita para ser tenido en cuenta en
la labor de valoración del daño. Su importancia resulta mayor cuando se
trata de la indemnización de un perjuicio que, por la naturaleza de éste, no
puede ser restitutoria ni reparadora, sino simplemente compensatoria.  En
efecto, la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio,
pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su
ocurrencia.  Se impone al juez, entonces, el ejercicio de una cierta
discrecionalidad, que, sin embargo, debe encontrarse suficientemente razonada y
fundada en las probanzas que, en el proceso, obren sobre la existencia del
perjuicio y su intensidad. No se trata, en efecto, de una facultad
arbitraria; por ello, en su desarrollo, debe buscarse también la garantía del
principio de igualdad, lo que hace necesaria la comparación de la situación
debatida con otras ya decididas, con fundamento en el análisis de los
diferentes aspectos que determinan aquélla y éstas, dentro de los cuales deberá
tomarse en cuenta, por supuesto, el valor real de la indemnización. Ahora bien,
el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 es de obligatoria observancia para todas
las jurisdicciones. En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, ha
quedado clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que,
conforme a lo expresado, hace no sólo innecesario, sino improcedente, el
recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal vigente, a fin de decidir
aspectos relativos a la valoración del daño moral. Considera esta Sala que debe
abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para
efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a
las normas que, al respecto, traía el Código Penal. (…) Se afirma, entonces, la
independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con
sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la
indemnización del perjuicio moral. (…)Considerando que el salario mínimo mensual
en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de
precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los
casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma
equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (…) cantidad que
servirá de directriz a los jueces y tribunales de la misma jurisdicción.
De
la jurisprudencia del Consejo de Estado se desprenden, al menos, las siguientes
conclusiones: el daño moral puede probarse por cualquier medio probatorio. Sin
embargo, la prueba solo atañe a la existencia del mismo, pero no permite
determinar de manera precisa el monto en que deben reconocerse los perjuicios
morales que, por su naturaleza (no puede intercambiarse la aflicción por un valor
material) no tienen un carácter indemnizatorio sino compensatorio (en alguna
manera intentan recomponer un equilibrio afectado). Para la tasación del daño,
el juez se debe guiar por su prudente arbitrio, pero está obligado a observar,
por expreso mandato legal los principios de equidad y reparación integral. El
Consejo de Estado ha decidido establecer las condenas por perjuicios morales en
términos de salarios mínimos, considerando que es un parámetro útil en tanto el
salario mínimo se fija de acuerdo con el IPC, y de esa forma mantiene un poder
adquisitivo constante (o al menos se acerca a ese ideal). Para la alta
Corporación es útil establecer el máximo de 100 smlmv como tope, con el fin de
que exista un parámetro que evite el desconocimiento al principio de igualdad.
Sin embargo, esa suma no vincula de forma absoluta a los jueces quienes,
como ya se explicó, deben tomar en cuenta consideraciones de equidad al tasar
ese tipo de condenas.
En
ese marco, el último cargo que aborda la Sala plantea asuntos de especial
trascendencia para el derecho constitucional en tanto (i) deja abierta la duda
de la vinculación de los jueces administrativos a la jurisprudencia del Consejo
de Estado; (ii) formula el problema de si, en la materia, debe aceptarse una
discrecionalidad plena del juez, lo que, en principio, podría afectar el
derecho al debido proceso y el derecho a la motivación de los fallos
judiciales; y (iii) plantea la inquietud de qué debe entenderse por equidad y/o
si existen parámetros racionales para que la tasación del daño sea objeto  de
una justificación susceptible de ser ilustrada intersubjetivamente, y por lo
tanto, de control legal y constitucional.
A
juicio de la Sala, la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de daño y
perjuicios morales sí establece parámetros vinculantes para los jueces
administrativos. En efecto, estos deben seguir la libertad probatoria y
utilizar su prudente arbitrio en el marco de la equidad y la reparación
integral para tasar los perjuicios morales. Además, al establecer un tope –al
menos indicativo- de 100 smlmv, el Consejo de Estado hizo referencia al
principio de igualdad, lo que significa que ese tope, unido a análisis de
equidad, debe permitir que cada juez no falle de forma caprichosa sino a partir
de criterios de razonabilidad, a partir del análisis de casos previos, y
de sus similitudes y diferencias con el evento estudiado. El límite, sin
embargo, es indicativo porque si, a partir de los criterios y parámetros
indicados, el juez encuentra razones que justifiquen separarse de ese tope y
las hacen explícitas en la sentencia de manera transparente y suficiente, su
decisión no se apartaría de la jurisprudencia del Consejo de Estado, ni sería
ajena a la obligación constitucional de motivar los pronunciamientos
judiciales.
En
ese orden de ideas, el cargo elevado por el ICFES encuentra sentido
constitucional, en tanto se dirige a cuestionar que, sin que medie ninguna
consideración en materia de equidad, no resulta razonable que, en el caso
concreto, el monto de la indemnización sea exactamente el mismo que concede el
Consejo de Estado para casos de grave aflicción. Ello comporta una falencia en
la justificación del fallo y, por tanto, una situación que se enmarca en la
causal de ausencia de motivación.
A
pesar de ello, es preciso aclarar que el cargo parece originarse en un
presupuesto erróneo según el cual si el Consejo de Estado ordena “pagar” 100
smlmv por la muerte de un ser querido originada en hechos entonces no se
puede ordenar esa suma por la presentación de un examen.
Aunque
así planteado el argumento es sugestivo, en realidad resulta profundamente
problemático. Es problemático porque por esa vía se establece la muerte de una
persona  como el parámetro de “cambio” en la tasación del daño moral. Ello
implica instrumentalizar al ser humano, lo que se encuentra plenamente
proscrito de un estado constitucional que respete la dignidad humana. En
segundo término porque constituye una interpretación errónea de la
jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo que la alta Corporación ha sentado es
una presunción (por cierto desvirtuable), de que la muerte de un ser querido
causa profunda aflicción y, en consecuencia, procede el pago del monto más alto
de perjuicios morales como compensación por la intensidad de la
aflicción.
Lo
que indica esta aclaración es que el monto máximo no está ligado
inescindiblemente a la muerte de un ser querido, pues por las razones
expuestas, no se “paga” a ese ser humano. Ese monto está ligado a la
consideración de que, en el caso concreto, se presenta una grave aflicción, conclusión
a la que puede llegar el juez mediante cualquier tipo de argumento práctico
racional que se enmarque en parámetros de equidad y razonabilidad, como
presupuesto de la vigencia del principio de igualdad de trato a los ciudadanos
por parte de las autoridades judiciales.
Por
las razones expuestas, considera la Sala que, el hecho de que en el caso objeto
de estudio se establezca el monto máximo previsto por el Consejo de Estado (aún
a manera indicativa) como condena por perjuicios morales, sin dar ninguna razón
para ello diferente al ejercicio del arbitrio judicis y, más aún, sin
establecer por qué este caso produce una aflicción emocional de similar
intensidad a la que se produce en aquellos eventos en que la alta Corporación
citada ha aplicado la presunción de intensa aflicción, resulta abiertamente
irrazonable.
En
consecuencia, la Sala concederá el amparo al debido proceso del ICFES,
únicamente, en tanto las sentencias controvertidas adolecen de una ausencia de
motivación en materia de tasación de perjuicios morales, lo que impide el
control legal y constitucional del fallo; amenaza el principio de igualdad de trato
por parte de las autoridades judiciales para todos los ciudadanos, y puede
llevar a un grave detrimento del erario.
III. DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Revocar las sentencias de tutela
proferidas sobre el asunto de la referencia por la Sección Quinta (5ª) del
Consejo de Estado, en primera instancia, el diecisiete (17) de junio de dos mil
diez (2010), y la Sección Primera (1ª) del Consejo de Estado, el dieciséis (16)
de septiembre de dos mil diez (2010), en segunda instancia, en tanto denegaron
el amparo al derecho fundamental al debido proceso del Instituto colombiano de
fomento para la educación superior y, en su lugar, conceder el amparo al
debido proceso de la entidad accionante, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia y, explícitamente, en consideración a la ausencia
de motivación en materia de tasación del daño moral.
Segundo.-
Dejar sin efecto la sentencia de
segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el
proceso administrativo de reparación directa iniciado por Álvaro Ordóñez Pérez
contra el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, el nueve (9) de febrero
de dos mil diez (2010), en lo concerniente a la tasación de los perjuicios
morales; y ordenar a la citada autoridad judicial que, en su lugar,
dicte sentencia de reemplazo observando los parámetros y criterios sentados
en la parte motiva de esta providencia sobre la obligación de motivar la
decisión sobre la cuantía de la condena por perjuicios morales con base en los
principios de equidad, razonabilidad y reparación integral (la Sala
remite, expresamente, al considerando 11.3 del acápite relativo a “El caso
concreto”).
Tercero.-
Por Secretaría General líbrar las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Quinto.- Dése cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado Ponente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
[1] En efecto,
aunque en el numeral primero de la decisión solo se hace referencia a perjuicios
morales, en el numeral tercero se incorpora la condena por “perjuicios
materiales, modalidad lucro cesante”.
[2] Se trata de una
exposición sintetizada de la sentencia C-590 de 2005.
[3] “En la citada norma superior (artículo 86 C.P.) es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los distintos ámbitos de la
función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la
procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de  “cualquier”
autoridad pública.  Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra
los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función
jurisdiccional y específicamente contra las decisiones judiciales, pues los
jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a
supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen
constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de
la ley y afectar derechos fundamentales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
[4] “La procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales está legitimada no sólo por la Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibid.
[5] Sobre los
conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, consultar la
sentencia SU-047 de 1999.
[6] “Al proferir la Sentencia C-593-92, la decisión de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones
judiciales”. Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
[7] Siempre,
siguiendo la exposición de la Sentencia C-590 de 2005.
[8] Ver sentencia
T-173 de 1993, C-590 de 2005.
[9] Sobre el
agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el
principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008.
[10]
Esta regla se desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que
si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[11]
Hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del funcionario
que dicta la sentencia.
[12]
Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o en los
fallos que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión. (Ver, Sentencia C-590 de 2005); igualmente, los fallos T-008 de
1998 y T-079 de 1993.
[13] El
defecto procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se
aparta por completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver
sentencias T-008 de 1998, SU-159 de 2002, T-196 de 2006, T-996 de 2003, T-937
de 2001.
[14]
Referido a la producción, validez o apreciación del material probatorio. En
razón a la independencia judicial, el campo de intervención del juez de tutela
por defecto fáctico es supremamente restringido.
[15]
También conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia al evento
en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte
del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos
fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas
estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001, T-1180 de 2001 y SU-846 de 2000.
[16] En
tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales, así como su
fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver T-114 de 2002.
[17]
“(se presenta cuando) la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de
1999.
[18]
Cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente contrario
a la constitución, sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000 y T-1031 de 2001,
o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver,
sentencia T-522 de 2001.
[19] Ver Sentencia
T-701 de 2004.
[20] Es
decir, que las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia
material, representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[21]
Sentencia C-590 de 2005. En el mismo sentido, sentencia T-701 de 2004.
[22] El defecto
sustantivo, como causal genérica de procedencia de la acción de tutela ha sido
ampliamente estudiado por la Corte. Para una exposición completa del tema, ver
los fallos T-159 de 2002, C-590 de 2005, T-462 de 2003, T-018 de 2008, T-757 de
2009. En esta oportunidad se sigue de cerca la exposición efectuada por esta
Sala en sentencia T-079 de 2010.
[23]
Cfr. Sentencia T-573 de 1997.
[24]
Cfr. Sentencia T-567 de 1998.
[25]
Cfr. Sentencia T-001 de 1999.
[26]
Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, pueden
consultarse, entre varias, las sentencias T-008 de 1998 y C-984 de 1999.
[27]
Cfr. sentencia SU-1722 de 2000. Tal es el caso por ejemplo de todas las
decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio in
pejus”.
[28]
Cfr., la sentencia C-984 de 1999.
[29]
Sentencia SU-159 de 2002.
[30] En
este aparte, la Sala seguirá el esquema expositivo del fallo T-1031 de 2001. En
el caso, un miembro de grupos armados al margen de la ley que se hallaba fuera
del país, ofreció colaboración a la FGN a cambio de los beneficios previstos
por la Ley para este tipo de asuntos. La Fiscalía consideró que no podrían otorgarse tales beneficios sino una vez se entregara a la justicia. La interpretación fue considerada
irrazonable, pues no existía norma que prohibiera otorgar los beneficios en las
condiciones descritas. La Sala de Revisión recalcó que los jueces son
independientes, pero que su independencia no es absoluta. La falta de una razón
jurídica para negar una interpretación penal  más favorable, fue considerada
suficiente para otorgar el amparo.
[31]
Sentencias T-1031 de 2001 y T-1001 de 2001.
[32] Cfr. Además,
ha sostenido este Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone concebir la estructura del Estado (parte
orgánica), en función de la eficacia de los derechos constitucionales, los principios
y los fines del estado (parte dogmática). T-1001
de 2001.
[33] En
esta oportunidad sigue la Sala la exposición presentada en el fallo T-1016 de
2010, recientemente proferida por la Sala Novena de revisión.
[34] Ver, entre
otras, las sentencias T-231 de 1994, T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-008 de
1998, SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639  de 2006, T-737 de
2007   y T-458 de 2007.
[35] Así, por
ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la
aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del
supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
[36] Cabe resaltar
que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una
prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental,
que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
[37] Cfr. Sentencias
SU-159 de 2002, T-538 de 1994   y T-061 de 2007.
[38]
Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-230 de 1996 y SU – 159 de 2002
, T-244 de 1997.
[39]
Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
[40] Así, en la sentencia T-442 de 1994, la Corte señaló: “(…) si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el
material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(…), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa probatoria
supone necesariamente la adopción de criterios objetivos, racionales, serios y
responsables. No se adecua a este desideratum, la negación o valoración
arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta cuando el
juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón valedera
alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente”
[41] Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-.055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis
del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y
trascendencia. Ver también la sentencia T-008 de 1998.
[42]
Ibídem.
[43] Al
respecto, ver la sentencia T-292 de 2006 en la cual se sistematiza la
jurisprudencia constitucional sobre el papel del precedente en el orden
jurídico colombiano. La línea comprende los fallos C-104 de 1993, C-113 de 1993,
C-131 de 1993, T-123 de 1995, C-038 de 1995, C-836 de 2001, C-036 de 1997,
C-447 de 1997, SU-047 de 1999  y SU-1219 de 2001.
[44]
Sentencias SU-047 de 1999 y T-292 de 2006.
[45] Ver sentencias
SU-047 de 1999, y las sentencias C-131 de 1993 y C-037 de 1996. En
los primeros pronunciamientos, la Corte se refirió a la ratio decidendi como
cosa juzgada implícita.
[46] Sentencia T- 1317 de 2001.
[47] Al
respecto, resulta particularmente ilustrativo el concepto de cosa juzgada
material en el que se evidencia la necesidad de acudir a las razones
consignadas en los fallos de la Corte para determinar si una nueva disposición
reproduce un contenido normativo retirado del ordenamiento jurídico por la Corte,y en cuanto a la importancia de la interpretación constitucional en las sentencias de
exequibilidad puede pensarse en la relevancia absoluta que poseen las
consideraciones constitucionales en las sentencias condicionadas en las que la Corporación determina la interpretación conforme con la constitución de las disposiciones
legales.
[48] En
efecto, la
sentencia
C-131 de 1993 que estudió la constitucionalidad del artículo 23 del Decreto Ley
2067 de 1991[48], concluyó en
materia de cosa juzgada constitucional, que los fallos de control abstracto
tienen fuerza obligatoria, en la medida en que: i) tienen efectos erga omnes y
no simplemente inter partes, conforme al artículo 243 de la Carta; ii) tales efectos resultan obligatorios, en principio, hacia el futuro, aunque no
necesariamente, porque depende de la Corte, como se dijo, fijar autónomamente
tales efectos; iii) que frente a las sentencias que hacen tránsito a cosa
juzgada no se puede juzgar la misma norma nuevamente por los mismos motivos, a
fin de respetar la seguridad jurídica; iv) que las sentencias de la Corte sobre temas de fondo o materiales, en especial las de inexequibilidad, no pueden ser
objeto nuevamente de controversia por las mismas razones, y v) que todos los
operadores jurídicos están obligados a respetar el efecto de la cosa juzgada
material de las sentencias de la Corte Constitucional.
[49]
Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-468 de 2003.
[50]
Sentencia T-292 de 2006: “Por las razones anteriores, puede concluirse que en
materia de tutela, - cuyos efectos ínter partes eventualmente pueden
llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional
-, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las
autoridades. La razón principal de esta afirmación se deriva del reconocimiento
de la función que cumple la Corte Constitucional  en los casos concretos, que no es otra que la de “homogeneizar la interpretación constitucional de los
derechos fundamentales” a través del mecanismo constitucional de revisión
de las sentencias de tutela (artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales resulta especialmente
relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente
porque al ser  las normas de la Carta de textura abierta, acoger la
interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia inevitable. De
no aceptarse este principio, la consecuencia final sería la de restarle fuerza
normativa a la Constitución, en la medida en que cada juez podría interpretar
libremente la Carta, desarticulando el sistema jurídico en desmedro de la
seguridad jurídica y comprometiendo finalmente la norma superior, la confianza
legítima  en la estabilidad de las reglas jurisprudenciales y el derecho a la
igualdad de las personas”.
[51] Cfr, la citada T-292 de 2006 y, en el mismo sentido,
la sentencia C-386 de 1996.
[52] Sentencias T-566 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes, C-104 de 1993, reiteradas también en la T-292 de 2006.
[53] Sentencia C-036 de 1997, T-292 de 2006 y SU -1184 de
2001.
[54]
Sentencias T-086 de 2007 y T-292 de 2006), T-158 de 2006, SU-1184 de 2001,
T-462 de 2003, T-1625 de 2000, SU-640 de 1998 y SU 168 de 1999, entre otras.
[55]
Sentencia T-292 de 2006.
[56] La tutela fue interpuesta el 6 de mayo
de 2010 y la sentencia de segunda instancia es de 18 de mayo de 2010. Dado que la Sala estima razonable el término, no hace falta verificar cuál fue la fecha de notificación
del fallo.
[57] Ello,
sin perjuicio de las subreglas sentadas en aquellos eventos en que la
calificación de los hechos es irrazonable o carece por completo de
justificación, aspectos sobre los que cabe consultar el fallo T-1015 de 2010,
de esta Sala de revisión.
[58] Ver,
por todas, la sentencia C-590 de 2005, en la que se encuentra la doctrina
constitucional vigente en materia de tutela contra providencias judiciales.
[59]
Ver, por todas, la sentencia C-100 de 2001.
[60]
Radicación: 66001-23-31-000-1996-3160-01(Expedientes 13232-15646).