T-002-21
Sentencia T-002/21
Referencia: Expediente
T-7.875.094.
Acción de tutela instaurada por Eudor contra Avianca S.A.,
Acción S.A.S. y el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S.
Procedencia: Juzgado
Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Asunto: Improcedencia
de la acción de tutela por carencia actual de objeto por circunstancia
sobreviniente. Eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Efecto de
irradiación de la Constitución en las relaciones entre particulares. Amplio
margen de los empleadores privados para la elección de los trabajadores de sus
empresas. Ausencia de discriminación por diagnóstico de VIH.
Magistrada Sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de
dos mil veintiuno (2021).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Cristina Pardo Schlesinger y Gloria
Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En
el trámite de revisión del fallo de segunda instancia del 12 de febrero de
2020, adoptado por el Juzgado Veintisiete Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que revocó la providencia
del 30 de diciembre de 2019 proferida por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal
con Función de Conocimiento de Bogotá, que negó la tutela para,
en su lugar, declarar improcedente el amparo.
Conforme a lo consagrado en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Cuatro de la Corte Constitucional escogió el expediente T-7.875.094
para su revisión, mediante Auto del 18 de septiembre de 2020.
Por reparto, le correspondió a la Magistrada sustanciadora.
Aclaración previa
Debido a que en el presente caso se estudia la situación de una
persona diagnosticada con VIH[1], lo cual constituye un dato sensible,
de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 1581 de 2012 y con base en que el actor
solicitó la reserva de su identidad, la Magistrada sustanciadora decidió
proteger su intimidad mediante Auto del 30 de octubre de 2020. Esa providencia
ordenó suprimir el nombre del accionante y la información que permita conocer
su identidad de todas las actuaciones públicas que se surtan en el marco del
proceso de la referencia y de todos los registros públicos del mismo. Por las
mismas razones, la Sala decide proteger la intimidad del demandante en esta
sentencia. Bajo ese entendido, el presente fallo tiene dos versiones: una para
efectos de notificaciones que contiene la identidad del peticionario y otra
para su publicación en el sitio web de la Corte, en la cual es cambiada por Eudor.
I. ANTECEDENTES
A. Hechos
relevantes y pretensiones
1. El 20 de diciembre de 2019, Eudor, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela en
contra de Avianca S.A., Acción S.A.S.[2] y el Laboratorio
Clínico Colmédicos por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, intimidad, trabajo y debido proceso.
2. El actor afirmó que fue diagnosticado con VIH desde el 10 de julio
de 2019 e inició tratamiento antirretroviral el 26 de agosto de 2019. Además,
indicó que actualmente se encuentra con “(…) salud estable, asintomático,
con adherencia al tratamiento y control de la infección en estado indetectable”[3].
3. Sostuvo que, en octubre de 2019, aplicó ante Acción S.A.S. al
cargo de tripulante de cabina para la compañía Avianca S.A. y que, para iniciar
el proceso de selección, fue citado a una reunión el 21 de octubre de 2019[4]. Relató que, en esa ocasión, Acción S.A.S.
les explicó a los aspirantes que:
“(..) el proceso contaba con cuatro
fases y que quien llegara a la fase número cuatro, denominada fase de
contratación, debía tener al día la documentación especial para trabajar como
tripulante de cabina, la cual consiste en el pasaporte vigente, la licencia
médica de vuelo y la certificación de natación de la Cruz Roja Colombiana.
Igualmente, se manifestó en esta reunión que al llegar a la fase número cuatro
sería contratado por Accionplus por un mes para iniciar el curso básico de
tripulante de cabina en Avianca y, una vez culminado ese mes, seríamos
contratados por Avianca directamente”[5].
4. Expresó que, el 23 de octubre de 2019, recibió un correo
electrónico de un funcionario de Avianca[6],
en el que fue convocado a unas pruebas virtuales[7],
que, según el demandante, “(…) representan la fase dos del proceso de
selección”[8]. Precisó que, el 31 de octubre de 2019,
recibió otro correo electrónico de Acción S.A.S., en el cual
le dieron las instrucciones para realizar una prueba de inglés de manera
virtual[9], que, según él, aprobó.
5. El demandante aseguró haber recibido un correo electrónico de Acción
S.A.S., el 12 de noviembre de 2019, en el que lo invitaron a una entrevista
final para el siguiente día[10]. Sostuvo
que, de superar esta etapa, “(…) ingresaría a la última fase del proceso, es
decir, la contratación”[11]. Finalizado el encuentro “(…) anunciaron
quienes habíamos pasado y quienes no, y felizmente me encontraba en la lista de
los que pasaron a contratación”[12].
6. Manifestó que Acción S.A.S. le envió un nuevo correo
electrónico el 15 de noviembre de 2019 para citarlo a exámenes clínicos de
ingreso en Colmédicos[13]. Precisó que
le realizaron una prueba de sangre y que, “(…) al preguntarle a la enfermera
el tipo de prueba que me realizarían, me indicó que era una prueba de azúcar,
colesterol y antígenos. Consentí la realización de esta prueba”[14]. Anotó que, durante el procedimiento,
tuvo una entrevista con un médico. Dicho encuentro se produjo en los siguientes
términos:
“(…) en la que hace referencia a mis
niveles de sangre. Sin ser claro me indica: ‘Yo ya sé lo que tienes. ¿Estás
tomando retrovirales?’ […] Seguido a esto le comunico que estoy en un programa
especial de atención y que tomo antirretrovirales. […] Posteriormente me dice:
‘Y eres positivo para marihuana’. Le contesto que no, que jamás he consumido
marihuana, que no consumo drogas ni alcohol. Él me responde: ‘Ah, vamos a
corregirlo porque son los retrovirales los que causan esta reacción en la orina
y alteran el examen de drogas’. Sin conocer científicamente esta información,
le digo que está bien, siempre y cuando mi diagnóstico no sea informado de
ninguna manera a Accionplus y mucho menos a Avianca […]. El médico […] me dice
que reservará la información de mi diagnóstico sin ningún inconveniente. Antes
de salir del consultorio, él llama a la bacterióloga […] delante mío. Empiezan
a hablar sobre mis resultados, a lo que ella manifiesta que hay residuos de
metanfetaminas y no de marihuana, que era un error. El médico […] corrige lo
que ella dice, indicando que esos residuos se causan por los antirretrovirales.
[…] Quedo atento y el médico sale y me dice: ‘Ya lo corregimos, tranquilo,
nadie se va a dar cuenta de que son retrovirales, para que nadie sepa el
diagnóstico de VIH”[15].
7. El peticionario narró que, dado el error en el examen, llamó
inmediatamente por teléfono a la psicóloga de Acción S.A.S. para
contarle lo que acababa de suceder, ante lo cual “(…) ella me pide que le
comunique al médico que va a enviar un correo para que repita el examen. El
médico […] me responde que esté tranquilo, que él lo corregía y pedía que lo
repitieran. Estos exámenes no se repitieron”[16].
8.
Refirió que, el 28 de noviembre de 2019, Acción S.A.S. le envió un
correo electrónico en el que le informó que “[e]n esta oportunidad no has
sido seleccionado para continuar con el proceso. Sin embargo, tu hoja de vida
permanecerá en nuestra base de datos para futuras oportunidades”[17].
Ante esta situación, indicó que se comunicó telefónicamente
con la sicóloga de Acción S.A.S. y “(…) le pregunté el motivo por el cual me
desvincularon del proceso y su respuesta fue que esa información era
confidencial y no podía decirme. En ese momento le pregunté si había sido por
mis exámenes médicos, ella me dijo que no, solamente que el Comité lo había
decidido, pero que mis exámenes estaban perfectos”[18].
9. El certificado médico de preingreso ocupacional de Colmédicos
indicó que el demandante “(…) no presenta restricciones para desempeñar la
ocupación de tripulante de cabina”[19].
Además, expuso que “[l]os exámenes de laboratorio clínico realizados
presentaron los siguientes resultados: -Determinación cualitativa para
marihuana: negativa; -Determinación cualitativa de cocaína: negativa;
-Determinación cualitativa de anfetaminas: alterada; -Determinación cualitativa
de benzodiacepinas: negativa; -Determinación cualitativa de opiáceos (morfina):
negativa”[20]. Finalmente, no contiene mención al
diagnóstico de VIH del accionante.
10. El tutelante alegó que la IPS Colmédicos le realizó “(…) una
prueba de VIH para determinar mi diagnóstico sin mi consentimiento y
autorización”[21]. Lo anterior porque el médico “(…)
me insinuó información como que ya sabía sobre mi ingesta de antirretrovirales”[22]. Esto le causó sorpresa en el sentido
de que “(…) dentro del examen médico en ningún momento manifesté sobre mi
estado serológico, así como dentro de las pruebas de sangre y orina no es
posible evidenciar científicamente residuos de antirretrovirales que permitan
inferir médicamente mi diagnóstico clínico de VIH”[23].
En este contexto, consideró que la información sobre su supuesto consumo de
sustancias sicoactivas es una manera de “(…) esconder la prueba de VIH
ilegalmente realizada”[24]. En tal sentido, argumentó que
Colmédicos le informó a Acción S.A.S. sobre su diagnóstico de VIH, razón por la cual
“(…) esta empresa decidió desvincularme del proceso de
contratación. Pues no entiendo cómo después de pasar todo el proceso de
selección, de pasar las pruebas, de pagar los valores de actualización de
documentación para el cargo, de generarme una expectativa laboral y estando ad
portas de firmar el contrato de vinculación laboral, me fue informado que no
sería posible, justo después del examen médico en el que se conoció mi
diagnóstico”[25].
11. Desde esta perspectiva, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, intimidad, trabajo y debido proceso. En
consecuencia, pidió al juez de tutela ordenar su vinculación inmediata a
Avianca en el cargo de tripulante de cabina de pasajeros y compulsar copias a
la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y al Ministerio
del Trabajo para que “(…) abran las investigaciones disciplinarias y
administrativas pertinentes sobre las actuaciones de la IPS Colmédicos y
Accionplus, con el fin de aclarar estos hechos y los procedimientos con los que
realizan sus actividades”[26]. Finalmente, requirió reservar su
identidad para proteger su derecho a la intimidad y a la confidencialidad de su
diagnóstico de VIH.
B. Actuaciones en sede de
tutela
El 20 de diciembre de 2019, el Juzgado
23 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá avocó conocimiento
de la acción de tutela. En esa providencia corrió traslado a las entidades
accionadas para que se pronunciaran sobre los hechos y pretensiones del amparo.
Acción S.A.S.
La
empresa solicitó declarar improcedente la tutela. Lo anterior porque consideró
que existen otros medios de defensa judicial y además, el actor no acreditó la
ocurrencia de un perjuicio irremediable. Aseguró
desconocer la historia clínica y la condición médica del accionante.
Explicó
que el proceso de selección al que se presentó el demandante, junto con otras
163 personas, “(…) consistía en cinco fases y no en cuatro, como
erróneamente lo indica el accionante. También se aclara que no significa que
por haber llegado a la cuarta fase se daría por hecho que la contratación sería
efectiva”[27]. Afirmó que el actor avanzó a la fase
tres del proceso de selección. Dicha situación “(…) no implica dar por hecho
que sería efectivamente contratado”[28].
Sostuvo que la referenciación hace parte de la fase tres, al igual que los
exámenes médicos, pero que el demandante no superó esa etapa. Al respecto, refirió
lo siguiente:
“(…) la labor de tripulante
de cabina de pasajeros es una labor que se ejecuta en vuelo, por lo que el
aspirante debe cumplir estrictamente los requisitos mínimos exigidos para
desarrollar esta labor. Si los resultados presentan alteraciones y la compañía
omite estas anomalías, podemos afectar el estado físico de la persona por los
ascensos y descensos del vuelo y la presurización o despresurización de la
aeronave”[29].
En
relación con lo anterior, detalló que Acción S.A.S. realizó los siguientes
exámenes médicos ocupacionales de ingreso, que no incluyen prueba de VIH:
GES 7
Tipo de evaluación
Evaluación
médica ocupacional de ingreso, control periódico o retiro
Audiometría
Optometría
(EN CASO DE ALTERACIÓN IMPEDANCIOMETRÍA)
Espirometría
Electrocardiograma
MAYORES DE 40
Perfil
lipídico (colesterol total, colesterol hdl, colesterol idl, triglicéridos)
Glicemia
Creatinina
Ácido
úrico
Cuadro
hemático
Aunque
en este cuadro no se enlistan pruebas sobre consumo de drogas, Acción S.A.S.
adjuntó a su contestación copia de un correo electrónico enviado por una de sus
sicólogas a varios correos de esta misma empresa y a otros correos de
Colmédicos, en el que se pide agendar cita para exámenes médicos para varias
personas, incluido el actor, y en el que se enlistan, entre los exámenes a
realizar, “(…) prueba tamiz de drogas en orina: panel de COC, THC, AMP, BZD,
OPI”[30].
La
parte demandada reconoció que el actor “(…) se comunicó con la sicóloga y le
informó el percance presentado en la IPS Colmédicos. Sin embargo, es de anotar
que nunca informó que Colmédicos conoció su estado de salud (VIH), ergo, Acción
S.A.S. desconoció tal situación. Tanto así que la sicóloga envió mediante
correo electrónico la información brindada por el aspirante y nótese que en
ninguna parte habla del VIH”[31].
Refirió
que “(…) Colmédicos no comunicó a mi prohijada que el resultado se
encontraba errado, únicamente informó estado ‘no apto’, por lo que no nos
consta que en efecto se haya generado un error al interior de dicha entidad
sobre los resultados arrojados y, en consecuencia, no era procedente realizar
nuevamente la evaluación”[32]. Puntualizó que es intrascendente que
el actor afirme que nunca ha consumido sustancias sicoactivas, si “(…) una
prueba científica […] da por probado lo contrario”[33].
Confirmó
que el demandante no continuó en el proceso de selección, no por padecer VIH,
sino porque “(…) no cumplió con los requerimientos definidos por la compañía
ante la IPS, puesto que, al no estar cumplidas estas exigencias, se generó
estado ‘no apto’. Ahora, al no pasar este examen, claramente se desiste del
proceso de selección con la persona y no se continuó con los muchos de (sic)
los exámenes que faltaban”[34]. Por último, resaltó que
“(…) las decisiones tomadas
por la organización, específicamente dentro de los procesos de selección de
personal, son el conjunto de análisis de diferentes variables y estudios
realizados a los aspirantes a las vacantes publicadas, los cuales son sujetos
de reserva y pertenecen a la autonomía administrativa y financiera de la
compañía”[35].
Laboratorio Clínico
Colmédicos IPS S.A.S.
Esa
empresa señaló que actúa en calidad de proveedora de Acción S.A.S. del servicio
de evaluaciones médicas ocupacionales y pidió su desvinculación del proceso. Agregó
que “(…) dentro de las pruebas realizadas al accionante, no hay ninguna que
esté dirigida a la detección de patologías como VIH, dado que dicha patología
no resulta ser una limitante para el ejercicio laboral de este último y, por
tanto, no tendría relevancia dentro de la evaluación ocupacional”[36]. Sostiene que el médico que atendió al
actor no aludió al diagnóstico de VIH en el certificado ocupacional entregado.
Avianca
S.A.
La
parte demandada solicitó negar por improcedente la tutela. Indicó que carece de
legitimidad por pasiva porque no participó en el proceso de selección al que se
refiere el presente amparo. Asimismo, se opuso a la compulsa de copias a
la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y al
Ministerio del Trabajo por atentar contra el principio de subsidiariedad, ya
que “el accionante puede acudir directamente ante las autoridades”[37].
Argumentó
que “Avianca S.A. […] tercerizó en la empresa Acción Plus su proceso de
selección de vacantes, motivo por el cual el tercero […] realizó de manera
autónoma el proceso y es aquella empresa la que bajo sus criterios determinó el
resultado”[38]. Por lo anterior, afirmó que no conoce
al accionante, su situación médica, tampoco que aplicó al cargo de tripulante
de cabina, la forma en la que Acción S.A.S. tomó la decisión de contratar o no
a personas, ni el motivo por el cual no contrató al tutelante.
Refirió
que celebró un contrato de suministro de personal
temporal con Acción S.A.S. Resaltó algunas cláusulas relevantes para este caso[39]. En primer lugar, Acción S.A.S. se
obliga a “[r]ealizar una selección adecuada del personal que le suministrará
al CONTRATANTE, para garantizarle a este la idoneidad y eficiencia en el
desempeño de las labores que se le encomendarán, de conformidad con los
documentos en los cuales se especifique el perfil técnico y humano del
personal, los cuales son indispensables para la correcta prestación del
servicio objeto del presente contrato”[40].
En segundo lugar, “[e]l personal seleccionado deberá ser avalado por el
CONTRATANTE”[41]. En tercer lugar, Acción S.A.S. debe “[c]ontar
con el Programa de prevención y control de uso problemático de alcohol y
drogas, y asegurar la participación activa de todos en el mismo programa del
CONTRATANTE”[42].
Expuso
que no es cierto que una persona vinculada por Acción S.A.S. sea
automáticamente contratada por Avianca al mes siguiente, puesto que “(…) se
debe desarrollar un curso, que la persona debe aprobar, para que se habilite la
posibilidad de contratación por Avianca S.A.”[43]
(Énfasis original).
Pruebas recaudadas por el
juez de primera instancia
Mediante
auto del 26 de diciembre de 2019, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con
Función de Conocimiento de Bogotá decretó y ordenó oficiosamente la práctica de
pruebas. Durante el término otorgado, el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS
S.A.S. y la empresa Acción S.A.S. aportaron la siguiente información:
Laboratorio Clínico
Colmédicos IPS S.A.S.
Esa
entidad reiteró que el certificado médico de preingreso ocupacional no contenía
restricciones al accionante “(…) ni se refirió a su aptitud para ejercer el
cargo de tripulante de cabina […]. La vinculación o no de un aspirante es un
tema que se delimita por el proceso de selección surtido por la empresa
contratante y no por Colmédicos”[44]. Además, confirmó que el único
documento que remitió a Acción S.A.S. fue el certificado ocupacional, que
también le entregó al demandante. En ese documento consta que el aspirante “(…)
no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de tripulante de cabina”[45].
Indicó
que desconocía que el accionante se encontrara en tratamiento médico con
antirretrovirales. En tal sentido, precisó que el postulante firmó un
consentimiento informado y diligenció una encuesta en la que se le preguntó si
actualmente se encuentra en tratamientos por alguna enfermedad, a la que
contestó negativamente. Adicionalmente, manifestó que “(…) no tiene acceso a
la historia [clínica] que custodia la correspondiente EPS”[46].
Sobre el resultado “alterado” del indicador para anfetaminas, refirió lo siguiente:
“(…) para el profesional
médico que presidió la atención no es posible alterar el resultado de una
prueba y más cuando no se tiene certeza de qué tipo de sustancia está
consumiendo el paciente, es decir, no podría cambiar un resultado por la simple
voluntad del paciente y no podría indicar a la empresa contratante que el
paciente consume retrovirales”[47].
Interrogado
sobre si el uso de antirretrovirales puede llevar a que en los exámenes
ocupacionales se genere un resultado positivo para el consumo de anfetaminas, explicó
que “(…) [e]sto es posible, dependiendo del tipo de retrovirales, el tiempo
que lleve el paciente en el tratamiento y el horario de consumo”[48]. Finalmente, adjuntó copia del
consentimiento informado suscrito por el peticionario que indicó que “(…) se
me ha informado que las pruebas complementarias o ayudas diagnósticas que se me
podrían realizar pueden ser (sin limitarse a estas) una o varias de las
siguientes: […] Examen para evaluar el consumo de sustancias sicoactivas”[49].
Acción S.A.S.
Ante
la pregunta sobre los criterios médicos que condujeron a la determinación de
que el participante no es apto para ejercer el cargo de tripulante de cabina,
Acción S.A.S. manifestó que el certificado médico ocupacional expedido por
Colmédicos indicó lo siguiente: “Determinación cualitativa de anfetaminas:
alterada”[50]. En ese sentido, expuso que:
“(…) era preciso desistir
del proceso de contratación del tutelante, pues para una labor tan importante y
riesgosa, como lo es un tripulante de cabina, no es pertinente dar continuidad
a un candidato que tenga alguna anomalía o alteración en el consumo de
sustancias sicoactivas. Lo anterior por temas de seguridad preoperacional y
porque, claro está, resultaría totalmente incompatible el posible consumo de
sustancias sicoactivas con la seguridad aérea. // Aunado a lo anterior,
queremos poner en consideración […] que entre Acción S.A.S. y Avianca existe
una relación comercial, en donde uno de los compromisos que adquirió mi
representada es suministrar el personal más idóneo y calificado de acuerdo a la
labor solicitada”[51].
A
continuación, indicó lo siguiente:
“En relación con las
anfetaminas, actúan como drogas estimulantes. Incitan que la comunicación entre
el cerebro y el cuerpo se acelere. Como resultado, la persona que está bajo
estos efectos está más alerta y físicamente activo. También provocan que el
cerebro libere dopamina que se relaciona con el estado de ánimo, el pensamiento
y el movimiento. También es conocida como el químico cerebral ligado a sentirse
bien. Por lo tanto, el usar anfetaminas puede causar estos efectos:
-
Alegría (euforia) y disminución de las inhibiciones, parecido a
estar ebrio.
-
Los pensamientos son extremadamente claros.
-
Sensación de estar más en control, seguro de sí mismo.
-
Aumento de energía.
-
Siendo este consumo un alto riesgo para las personas que utilizan
anfetaminas, ya que producen alteraciones mentales, emocionales y del
comportamiento, con afectación de la personalidad”[52].
Asimismo,
Acción S.A.S. aclaró que en la contestación de la demanda anotó que Colmédicos
le había informado que el accionante era “no apto”. Sin embargo, precisó
que “(…) la única información que recibimos fue el certificado de aptitud
médica ocupacional […], en donde se indicó que el estado ocupacional del
accionante era sin restricciones”[53].  Seguidamente, indicó que las fases
del proceso de selección son las siguientes:
“Fase I
-
Postulación al proceso en Jobsite Avianca
-
Prefiltro presencial (se realiza una charla donde se les indica
todos los requisitos, lo que busca Avianca de un tripulante, se actualizan
datos en nuestra base y se brinda información de cada fase)
-
Prefiltro de inglés
-
Pruebas de selección y conocimiento
Fase II
-
Dinámica individual y/o grupal […]
-
Entrevista individual
Fase III
-
Exámenes médicos
-
Validación y referenciación
Fase IV
-
Comité de selección
-
Solicitud de documentos y consolidación de información para firma
de contrato
-
Firma de contrato
Fase V
-
Inicio del curso
-
Evaluación del curso para firmar directo con Avianca”[54]
Interrogada
sobre si el actor fue previamente advertido acerca de que el examen médico era
requisito para su vinculación y que el consumo de anfetaminas conllevaba a la
no aprobación de esta, Acción S.A.S. refirió que
“[e]n la fase I del proceso
(prefiltro presencial) se realiza comunicación informativa de las fases del
proceso. No es posible predecir las causas de no continuidad de un candidato
hasta no tener su proceso completo. El proceso de selección y contratación
comprende desde la etapa de reclutamiento hasta la etapa de validación que es
previa a la contratación, se evalúa como un todo y se da por terminado cuando
se selecciona el mejor candidato o el candidato más idóneo para ocupar el
cargo”[55].
Por
último, insistió en que nunca fue informada de que el demandante estaba en
tratamiento médico con antirretrovirales y que su no vinculación se decidió con
base en el resultado total del proceso y “(…) su comparación con los
resultados de los demás candidatos”[56].
C. Decisiones objeto de
revisión
Sentencia de primera
instancia
El
30 de diciembre de 2019, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá negó la acción de tutela. Ese despacho consideró que el actor
suscribió el consentimiento informado suministrado por el laboratorio clínico.
De esta manera, accedió expresamente a la práctica de exámenes, incluido el que
determina el consumo de sustancias sicoactivas. Además, no encontró evidencia
que le permitiera inferir que al accionante le realizaron prueba de VIH o que
el médico con quien compartió información sobre su padecimiento hubiese comunicado
dicha situación a Acción S.A.S. Añadió que el certificado de preingreso
ocupacional no refiere esta enfermedad y el tutelante no la reportó en la
declaratoria de salud general y de antecedentes personales.
Expresó
que el actor no informó sobre su condición médica, por lo que “(…) la IPS
Colmédicos no tenía la obligación de adoptar medida alguna para determinar que
no consumía sustancias sicoactivas, sino que los resultados médicos
correspondían al consumo de retrovirales”[57].
Es decir, no había razón para realizar un nuevo examen o corregir el
practicado.
Igualmente,
advirtió que era razonable y proporcional que el peticionario no continuara en el
proceso de selección, debido a que, según Acción S.A.S., el consumo de
sustancias sicoactivas entraña un riesgo para la ejecución de la labor para la
cual iba a ser contratado. En este escenario, concluyó que “(…) la no
selección del actor como tripulante de cabina de pasajeros obedeció
exclusivamente a no haber aprobado el examen médico y no por ser portador de
VIH”[58].
Impugnación
El accionante impugnó el
fallo con base en argumentos similares a los invocados en el escrito de tutela.
En primer lugar, alegó que, de buena fe y para evitar estigmatizaciones, no
informó a Colmédicos sobre su diagnóstico de VIH, sobre todo porque esta
enfermedad no le impide trabajar. En segundo lugar, expresó su inconformidad
con el hecho de que el médico que lo valoró le dijo que se había dado cuenta,
gracias a la muestra de orina, que tomaba antirretrovirales. Esta situación, lo
condujo a confesarle que tiene VIH. En tercer lugar, reprochó que no se le
hubiese practicado un nuevo examen sobre consumo de drogas sicoactivas después
de haber aceptado que está en tratamiento con estos medicamentos. La situación
descrita, según el actor, no le permite consumir este tipo de sustancias, pues
así logra la adherencia de los medicamentos.
En cuarto lugar, recordó que,
a pesar del resultado de anfetaminas, el certificado expedido por Colmédicos
establece que no presenta restricciones. En quinto lugar, insistió en que le
realizaron sin su consentimiento un examen de VIH, pues en su criterio, no de
otra forma el médico que lo atendió pudo enterarse que consume
antirretrovirales. En sexto lugar, le causó extrañeza que, después de haber
avanzado en el proceso de selección, le hubiesen informado que no continuaría,
justo después de conocerse su diagnóstico médico, “(…) haciéndolo pasar como
resultado alterado de anfetaminas”[59].
En último lugar, enfatizó
que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que el VIH es un criterio
sospechoso de discriminación. Las personas que padecen esta enfermedad son
sujetos de especial protección constitucional. Además, el debido proceso se
aplica a los procesos de contratación y el derecho a la intimidad supone que
los profesionales de la salud deben mantener en reserva información sobre
personas portadoras de VIH.
Sentencia de segunda
instancia
El
12 de febrero de 2020, el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
declaró improcedente la acción de tutela. Argumentó que las controversias
suscitadas en el marco del proceso de selección en el que participaba el
accionante “(…) son susceptibles de ser solucionadas mediante recursos ante
la misma entidad, métodos alternos de solución de conflictos y/o ante la
jurisdicción ordinaria”[60]. Por este motivo, juzgó que la tutela
no supera el presupuesto de subsidiariedad. Finalmente, precisó que Acción
S.A.S. y Avianca manifestaron que desconocían la enfermedad del actor y que
Colmédicos no informó sobre este aspecto. En tal perspectiva, no evidenció un
acto de discriminación en su desvinculación del proceso de selección.
D. Actuaciones en sede de
revisión
Mediante Auto del 30 de
octubre de 2020, la Magistrada Sustanciadora ofició al accionante, a las demandadas
y a algunas entidades para que absolvieran determinadas preguntas y, así tener
más elementos de juicio para resolver el presente asunto.
Intervención de Eudor
El actor insistió en que no
consume anfetaminas, sustancias psicoactivas, cigarrillo, ni alcohol. Reiteró
que “(…) a partir de la fecha en que fui diagnosticado con VIH he tenido que
cambiar hábitos alimenticios, sociales y de ocio para mantener mi estado de
salud y garantizar el éxito y efectividad del tratamiento antirretroviral”[61].
Intervención de Acción
S.A.S.
Esa entidad adjuntó el informe del proceso de selección del actor. En ese documento
consta que su experiencia laboral se concentra en hoteles, específicamente en
la organización y gestión de banquetes y eventos sociales y corporativos.
Asimismo, resaltó que el demandante trabajó en Avianca entre 1998 y 2004 como
tripulante de cabina y que el motivo de su retiro fue la terminación del
contrato sin justa causa. Sobre sus estudios, consignó que el accionante tiene
dos técnicas completas: como auxiliar de vuelo y en inglés; y una en curso como
administrador de servicios a bordo. Finalmente, refirió que“(…) el
candidato cuenta con experiencia y conocimiento para el cargo, teniendo en
cuenta la referencia como tripulante de cabina. Sin embargo, sus últimas
experiencias no están relacionadas con el cargo”[62].
Acción S.A.S. enumeró
nuevamente las etapas del proceso de selección y además insistió en que “(…)
la finalidad dentro de cada una de las fases del proceso, es ir
realizando filtros entre los candidatos que se presentan a la convocatoria, a
fin de seleccionar el candidato más idóneo para la labor solicitada”[63].
Ante la pregunta acerca de si Avianca le exige que las personas que vincule no
consuman anfetaminas, advirtió que entre ambas empresas
“(…) existe una relación
comercial en donde uno de los compromisos que adquirió mi representada es
suministrar el personal más idóneo y calificado acorde con la labor solicitada.
En ese sentido y, a pesar de no ser un factor determinante para no continuar en
el proceso de selección, sí cobra alta relevancia el hecho de que para una
labor tan importante y riesgosa como lo es un TRIPULANTE DE CABINA, debe ser
seleccionado con alto cuidado y diligencia eligiendo al candidato más idóneo y
sin novedad alguna que pudieren poner en riesgo la seguridad aérea”[64].
Al
ser interrogada sobre si le había informado previamente al actor que el consumo
de anfetaminas, aun en horarios no laborales, constituía una inhabilidad para
el cargo de tripulante de cabina, contestó que, “[e]n la Fase I del proceso
(Prefiltro presencial), se realiza comunicación informativa de las fases del
proceso. Sin embargo, no es posible predecir las causas de no continuidad de un
candidato hasta no tener su proceso completo”[65].
Destacó que
“(…) en
noviembre del 2019 se presentaba el último grupo de candidatos del año, fecha
para el cual finalizó el proceso de selección para el cual el accionante
aplicó. El siguiente grupo ingresaba en junio 2020; no obstante, a raíz de la
pandemia derivada del Covid-19, el cliente congeló todos los pedidos de
selección de las diferentes labores que eran requeridas en su momento. Así las
cosas, es menester indicar al Honorable Despacho que mi representada depende de
la necesidad del servicio del cliente, y a la fecha los requerimientos del
mismo no se encuentran activos”[66].
Indicó
que, de conformidad con el profesiograma y con el RAC 120, la labor de
tripulante de cabina es sensible a la operación aérea. Por tal razón, deben
practicarse exámenes sobre: “(…) determinación alcohol (certificación
medicina legal)”[67] y “determinación sustancias
psicoactivas panel x 5 (cocaína, marihuana, opiáceos, benzodiacepinas,
anfetaminas)”[68].
En
cuanto al fundamento para la realización de exámenes que evidencien el consumo
de anfetaminas, precisó que “(…) son estipulados por la empresa cliente y
son soportados a través del profesiograma que se establece internamente de
acuerdo con las funciones y la labor a desarrollar”[69].
Sobre el efecto del consumo de anfetaminas en horarios diferentes a los
laborales para el ejercicio del cargo de tripulante de cabina de pasajeros,
afirmó que “(…) [g]eneralmente causan dependencia, no obstante, al no ser
expertos en el tema, no podemos diferenciar si una persona es consumidora
dentro o fuera del lugar del trabajo”[70].
Explicó
que, aunque el certificado médico de preingreso ocupacional expedido por
Colmédicos indicó que el demandante no presentó restricciones para desempeñar
el cargo de tripulante de cabina, “(…) no se excluyó al candidato por el examen médico, y nunca se le informó
que esta fuera la razón para no continuar en el proceso […], por tanto, resulta
palmario señalar que el resultado del examen realizado no fue el factor
determinando (sic) para su no continuidad en el proceso de selección”[71] (Énfasis
original). Aclaró que
“(…) el certificado médico
de preingreso ocupacional no es un criterio de inclusión o exclusión para
ACCIÓN S.A.S., de tal forma que de ninguna manera discriminamos a nuestros
candidatos por las condiciones médicas que pudiesen padecer, siendo preciso
manifestar que en ningún momento mi representada conoció durante el desarrollo
del proceso de selección adelantado al accionante, el diagnóstico médico que
indica padecer”[72].
Intervención del Laboratorio
Clínico Colmédicos IPS S.A.S.
Refirió que la práctica de
evaluaciones médicas ocupacionales está respaldada en la Resolución 2346 de
2007 y que su finalidad es “(…) indicar al futuro empleador la necesidad de
proveer espacios, movimientos de personal y/o capacitación al colaborador en
cuanto sea necesario para proporcionar la debida protección”[73].
Por tanto, “(…) la existencia de una patología como el VIH no es una
condición que amerite la emisión de restricciones y/o recomendaciones laborales,
por lo que Colmédicos no realiza pruebas tendientes a la verificación de este
tipo de patologías”[74]. Señaló que el examen de drogas se
caracteriza por los siguientes rasgos:
“Busca
marcadores que indican la presencia de alguna o algunas sustancias dentro de
unos grupos farmacológicos de sustancias químicas catalogadas como
psicoactivas, para el sub examine, nos referimos a los siguientes grupos:
cocaína, marihuana, benzodiacepinas, opiáceos (morfina) y anfetaminas.
Detecta concentraciones por encima de un límite o concentración
mínima de la sustancia y esta concentración mínima está reportada en el
resultado de laboratorio; niveles por debajo de ese límite no son detectables
por este medio.
Es una prueba cualitativa de resultado dicotómico, detectable o no
detectable, que no arroja valores numéricos, por lo que no puede indicar la
concentración exacta de la sustancia detectada.
Un
resultado detectable no nos indica si el paciente consume de manera habitual u
ocasional, ni tampoco indica si presenta una intoxicación aguda, o cantidad de
la sustancia que tiene en su organismo, ni el momento exacto en que la
sustancia ingresó en su organismo, ni la sustancia exacta que consumió o la fuente
de donde la obtuvo”[75].
En este contexto, concluyó
que “(…) el resultado no se reporta en términos de positivo, sino de
detectable o alterado, pues su significado clínico no puede ser tan claro como
en una prueba cuantitativa específica”[76]. Igualmente,
enfatizó que “(…) la causa más probable de un resultado ‘falso positivo’ en
cualquier inmunoensayo es la reactividad cruzada por el consumo de algunas
sustancias”[77]. El laboratorio enumeró varias sustancias
y no incluyó “tenofovir/emticitrabina +
darunavir/rit”, que es el tratamiento de
antirretrovirales que recibe el accionante. En consecuencia,
expuso que
“(…) es de vital importancia que el
paciente informe al profesional médico, al momento en que se le consulta, del
consumo de medicamentos, dado que estos pueden afectar el resultado de la
prueba y esto debe ser antes de que la misma sea ejecutada, a fortiori, cuando
ello es solicitado a través del correspondiente consentimiento informado
entregado al paciente para su lectura y aceptación, justo antes de que la
prueba sea ejecutada. Lo anterior, en sentido de explicar que, para el
profesional en salud, es imposible colegir la alteración del resultado por la
ingesta de medicamentos, sin la oportuna alerta del paciente. No obstante, es
menester mencionar que no encontramos evidencia científica, que acredite la
reacción cruzada entre una prueba en orina detectable para anfetaminas y el
consumo de antirretrovirales”[78].
En relación con la
posibilidad de realizar una segunda prueba de drogas a causa de posibles
errores en la primera, Colmédicos indicó que “(…) es necesario tener en
cuenta que el tiempo de detección de una prueba atiende a la ventana de tiempo
en que la sustancia permanece en el organismo del paciente, es decir, es
limitado y suele ser de horas. Al pasar determinado tiempo, el metabolismo va
eliminando la sustancia por la orina llegando a una concentración donde no es
factible detectar la misma”[79].
Por esta razón, afirmó tener
un protocolo, de acuerdo con el cual “(…) conservamos la muestra de orina en
que se obtuvo el resultado detectable por un lapso máximo de un mes, para
proceder a realizar la prueba confirmatoria cuantitativa en caso que (sic) el
colaborador o la empresa contratante lo soliciten y, para garantizar
transparencia en el resultado, se ejecuta la prueba confirmatoria en la misma
muestra que ha dado previamente un resultado detectable”[80].
Anotó que, en este caso el actor ni la empresa contratante solicitaron una
prueba confirmatoria, por tal razón, la muestra fue desechada.
Intervención
de Avianca S.A.
La empresa indicó que los
candidatos que se presentan al proceso deben contar con licencia de tripulante
de cabina proferida por la Aeronáutica Civil. En tal calidad, tienen la
obligación acreditar conocimientos para el ejercicio del cargo, conocer las condiciones
habilitantes y el contenido el Reglamento Aeronáutico Colombiano[81].
En este escenario, especificó que
“(…) quien ha escogido como profesión u
oficio una actividad licenciada como lo es el de tripulante de cabina, conoce
que, en desarrollo del mismo, tiene la responsabilidad de cuidar la vida y la
integridad de las personas que se encuentren bajo su custodia en los aviones,
en todo momento del vuelo; pues son quienes tienen a su cargo también la
responsabilidad de liderar, conducir y coordinar las acciones de intervención
de emergencia en el avión. No se trata de un cargo que se restrinja a la
‘atención al cliente’, pues en su calidad de tripulantes deben acreditar las
condiciones físicas, psicosociológicas adecuadas para garantizar un vuelo
seguro, cuyo propósito es el cuidado de la vida de todas las personas en el
avión”[82].
Agregó que es obligación de
las empresas del sector aeronáutico realizar exámenes toxicológicos previos a
las personas que desempeñen funciones sensibles para la seguridad operacional,
de acuerdo con el punto 120.30 del RAC 120. Lo anterior guarda relación con su
política de cero tolerancias al alcohol y sustancias sicoactivas.
Esta política está contenida
en su programa único de prevención y control del consumo indebido de sustancias
psicoactivas en el personal aeronáutico, el cual fue adjuntado. Este documento
califica como falta grave por violación a las políticas de la compañía, las
siguientes conductas: “[q]ue un trabajador se presente a trabajar bajo el
efecto del alcohol o cualquier otra sustancia psicoactiva (…) [q]ue el
trabajador utilice una sustancia tal como el alcohol y/o sustancia psicoactiva
o depresora (…) [e]l uso, posesión y/o venta de una droga ilegal en cualquier
momento o lugar, por cuanto estas afectan las funciones básicas del organismo y
constituiría un riesgo para la seguridad de los clientes y trabajadores”[83].
Asimismo, en este documento se dispone que “(…) [a] todo trabajador que
resulte positivo en los exámenes de sustancias psicoactivas o alcohol, se
prohíbe seguir desempeñando sus labores, especialmente si está relacionado
directamente con la operación aérea”[84].
Dentro de los objetivos del
programa, resaltó la realización de “(…) controles periódicos a los
trabajadores, contratistas y terceros vinculados para determinar el uso
problemático de alcohol y sustancias psicoactivas que pudieran afectar la
seguridad de las labores aéreas”[85]. Además, sus criterios prescriben que “(…)
[l]a selección del personal que será sometido a las pruebas toxicológicas
aleatorias se realizará por medio de un proceso científicamente válido, basado
en un método que asegure la aleatoriedad de la selección de los candidatos”[86].
Igualmente, que “(…) todo el personal sensible a la seguridad área deberá
ser sometido a un examen de control de consumo de alcohol y sustancias
psicoactivas al menos una vez cada 24 meses”[87].
Desde esta perspectiva, el programa estipuló que las pruebas de drogas psicoactivas se
deberán practicar en los siguientes momentos: (i) en la etapa de selección de
aspirantes a trabajar en Avianca; (ii) cuando haya duda razonable o sospecha
sobre consumo (marcha tambaleante, comportamiento extraño, lenguaje o habla
incordiados, etc.); (iii) después de la ocurrencia de un accidente o incidente
aéreo; y, (iv) de manera aleatoria.
Adicionalmente, en relación
con las pruebas de sustancias psicoactivas, prevé que “(…) [s]i se recibe un
resultado negativo, se considera que la muestra está libre de drogas. En caso
de ser positivo en la prueba tamiz, se requiere confirmación mediante una contraprueba:
segundo examen toxicológico mediante una prueba de drogas en la misma orina y
con la misma metodología analítica realizada en el primer examen”[88]
(Énfasis original).
Intervención del
Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Antioquia
La institución precisó que
las pruebas de detección de drogas a través de la orina son de alta
sensibilidad y poca especificidad. Por ende, “(…) [a]ctualmente se conocen
medicamentos y alimentos cuyo consumo pueden inducir falsos positivos en estas
pruebas”[89]. Presentó un cuadro con un listado de
medicamentos que pueden ocasionar falsos positivos en las pruebas rápidas para
anfetaminas y un listado de productos que no generan reacciones cruzadas. Con
base en esta información, concluyó que
“(…) [n]inguno de los cuatro
medicamentos (tenofovir, emtricitabina, darunavir, ritonavir) aparecen en
alguno de los dos listados (falsos positivos y los que no producen reacciones
cruzadas). Igualmente, una búsqueda en la literatura indizada no arrojó
resultados de reportes de casos que permitan evidenciar que dichos fármacos se
asocian con falsos positivos para anfetaminas”[90].
Apuntó que, debido a la
falta de evidencia en favor de la inducción de falsos positivos por parte de
estos medicamentos, la probabilidad de que ello ocurra es baja. Sin embargo, “(…)
es imposible descartar por completo la posibilidad, pues los fabricantes de
estas UDS [pruebas de detección de drogas en orina, por sus siglas en inglés]
no han estudiado todos los medicamentos disponibles y posiblemente esto nunca
ocurra, pues es una simple prueba preliminar, NO confirmatoria”[91].
El interviniente sostuvo que un segundo examen puede eliminar la alteración en
los resultados. De esta manera, expresó que:
“(…) para disminuir la probabilidad de
incurrir en conclusiones erróneas, todos los resultados positivos observados en
un inmunoensayo deberían ser confirmados haciendo uso de una prueba más precisa
como la espectrometría de gases acoplada a un detector de masas (GC-MS) con
procedimiento especial para isómeros ópticos […] o en su defecto cromatografía
líquida acoplada a espectrometría de masas con analizadores de triple
cuadrupolo y de tiempo de vuelo […]. Ambas técnicas están disponibles en
laboratorios especializados”[92].
Intervención del
Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia
La
Universidad advirtió que no cuenta con información específica de la prueba
utilizada. Por tal razón infirió que se trata de una prueba cualitativa, rápida
y de detección en la orina, basada en el principio del inmunoensayo. Bajo ese
entendido, revisó los folletos de las características técnicas de pruebas
rápidas para análisis de sustancias psicoactivas en orina de cinco marcas
diferentes. La conclusión de aquella evaluación, en búsqueda de sustancias que
interfieren o no en el análisis, es que:
“(…) las moléculas
‘tenofovir/emticitrabina + darunavir/rit’ no son reportadas como interferentes
para el resultado de anfetaminas. También realizamos la búsqueda en bases de
datos de artículos científicos que describieran hallazgos de interferencias de
estos medicamentos con la prueba de anfetaminas y no se encontró ningún reporte
de este tipo. Esto quiere decir que no hay estudios publicados o ensayos de los
fabricantes de estos medicamentos, ni de los fabricantes de las pruebas,
evaluando la posible interferencia originada por estos medicamentos, por lo
cual no se puede afirmar ni descartar categóricamente que una persona que se
encuentre en tratamiento con estos medicamentos arroje un resultado falso
positivo en pruebas de drogas para anfetaminas”[93].
No obstante, citó un estudio
científico con la siguiente información
“(…) para un tipo de prueba rápida de
drogas de abuso, la sensibilidad para la detección de anfetaminas y
metanfetaminas era de 9%, mientras que la sensibilidad para detectar marihuana
y cocaína era del 100%. Esta información puede indicar que sí es posible que
las pruebas rápidas de anfetaminas se vean afectadas por el consumo de
medicamentos en mayor medida que para marihuana y cocaína. Sin embargo, no es
posible conocer la probabilidad de ocurrencia de un falso positivo generado por
las moléculas tenofovir/emticitrabina + darunavir/rit, ya que no hay estudios
disponibles específicos”[94].
Por último, el interviniente
informó que si los resultados de los exámenes de drogas sicoactivas generan
dudas, “(…) se requiere ejecutar una prueba confirmatoria de características
cuantitativas a la misma muestra o, en su defecto, tomar una nueva muestra a la
mayor brevedad, con el fin de evitar cambios significativos en la misma”[95].
Expuso que los mismos fabricantes de las pruebas rápidas recomiendan un segundo
examen cuantitativo,
“(…) que por lo general es la
cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS). Esta es una
prueba de alta tecnología y alto costo, que se considera una prueba
confirmatoria, ya que determina resultados como si se tratara de identificar la
huella digital de cada droga, por lo que da muy poca probabilidad de
interferencia con sustancias o medicamentos. Sin embargo, debemos resaltar que
actualmente en el país no se ofrece este servicio como prueba particular o para
uso en el contexto ocupacional, como sí se realiza en otros países”[96].
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. En
virtud de los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, esta Sala de Revisión es competente para decidir sobre el
expediente de la referencia.
Asunto objeto de
revisión
2. El
actor pretende la protección de sus derechos a la igualdad, intimidad, trabajo
y debido proceso, supuestamente vulnerados por las demandadas. Adujo que fue
excluido de un proceso de selección laboral para el cargo de tripulante de
cabina por su diagnóstico de VIH. Manifestó que le practicaron un examen de
consumo de drogas psicoactivas y el resultado fue “alterado” debido a
los retrovirales que utiliza para su tratamiento. Para el demandante, además, se
trató de una prueba de VIH realizada sin su consentimiento. Advirtió que el
médico que atendió el procedimiento supuestamente le hizo confesar su condición
de portador de la enfermedad. Esta información, según el aspirante, fue
suministrada a Acción S.A.S. Por tal razón, no continuó en el proceso de
escogencia. Durante el trámite de tutela, incluida la revisión, el actor ha
sostenido que no consume sustancias psicoactivas.
Por su parte,
las entidades demandadas expresaron que: i) el actor no informó su condición
médica al momento de realizar los exámenes pertinentes; ii) la prueba no
presentó ninguna anomalía que afectara su efectividad; iii) el consumo de
drogas psicoactivas está restringido para ejercer el cargo de tripulante de
cabina al que aspiraba el demandante. Lo anterior, en atención a la especial
labor que realizan relacionada con la seguridad del vuelo; iv) el peticionario
no tenía experiencia reciente relacionada con el puesto de trabajo; y, v) el
examen médico no fue el único criterio para que el solicitante no continuara en
el proceso de selección.
Particularmente,
Acción SAS indicó que el proceso de selección al que se presentó el tutelante
finalizó y actualmente no hay requerimientos de personal por parte de Avianca
debido a la contingencia generada por la pandemia del COVID-19. Por su parte,
el laboratorio clínico manifestó que la muestra con la que fue realizada la
prueba del actor fue destruida, en atención a los protocolos médicos
aplicables.
Cuestión
previa. Carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente
3. De
manera preliminar, la Sala considera que en este caso operó el fenómeno de la
carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente. Lo anterior, porque el
proceso de selección al que se presentó el actor finalizó, actualmente no hay
requerimientos de personal por parte de Avianca con ocasión de la crisis
económica generada por la pandemia del COVID-19 y, finalmente, la muestra
tomada para el examen fue destruida. No obstante, la Corte hará un
pronunciamiento en términos de pedagogía constitucional sobre la procedencia de
la acción de tutela contra particulares y el fondo del asunto.
La
carencia actual de objeto y sus categorías[97]
4. Este
Tribunal ha sostenido que, en ocasiones, la alteración de las circunstancias
que motivaron la solicitud de amparo hace que la acción de tutela pierda su
razón de ser como mecanismo inmediato de protección[98].
En este escenario, el juez no puede proferir una orden tendiente a salvaguardar
los derechos fundamentales invocados cuando, durante el trámite judicial,
desaparece el hecho que originó la presentación de la demanda[99].
Para referirse a estos casos, la doctrina constitucional ha empleado el
concepto de carencia actual de objeto.
5. La Sentencia SU-522 de 2019[100] recordó que, inicialmente, la
jurisprudencia sólo contempló dos categorías de la carencia actual de objeto:
el hecho superado y el daño consumado. Precisó que
la primera se configura cuando la entidad accionada satisface voluntariamente y
por completo lo pedido, mientras la segunda ocurre cuando se perfecciona “la
afectación que con la tutela se pretendía evitar”. Asimismo, la Corte
resaltó que el hecho sobreviniente es una tercera categoría
empleada por la Sala Plena y por distintas Salas de Revisión. Comprende
aquellos eventos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de hecho
superado y daño consumado. A manera de ilustración, explicó que se ha declarado
su configuración cuando: (i)
el actor asume una carga que no le correspondía para superar la situación
vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandada–
logra que la pretensión se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible
proferir orden alguna por razones no atribuibles a la entidad demandada; o (iv)
el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis.
6. Por otro lado, este Tribunal ha
señalado que, pese a la declaratoria de la carencia actual de objeto, el juez
puede emitir un pronunciamiento de fondo o tomar medidas adicionales, dadas las
particularidades del caso. Este tipo de decisiones son perentorias cuando se
presenta un daño consumado, mientras que son optativas cuando acontece un hecho
superado o una situación sobreviniente. Además, se adoptan por motivos que
superan el caso concreto, por ejemplo, para: (i) avanzar en la comprensión de
un derecho fundamental; (ii) llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de los hechos que motivaron la tutela y tomar medidas que
prevengan una violación futura; (iii) advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes; (iv) corregir las decisiones
de instancia; o, incluso, (v) adelantar un ejercicio de pedagogía
constitucional[101].
7. En suma, la carencia actual de objeto genera la
extinción del objeto jurídico de la tutela e implica que cualquier orden
proferida por el juez caería en el vacío. Esta figura puede generarse por: i)
el hecho superado; ii) el daño consumado; y, iii) la situación sobreviniente.
En el daño consumado, surge para el juez de tutela el deber de pronunciarse de
fondo y, si es del caso, adoptar medidas correctivas. En el caso del hecho
superado y la situación sobreviniente, el juez podrá examinar el asunto con la
finalidad de verificar la conformidad constitucional de la situación que dio
origen al amparo, avanzar en la compresión de un derecho fundamental y realizar
la función de pedagogía constitucional, entre otros. En estos eventos, también
puede proferir remedios adicionales.
La
configuración de la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente
8. Para la Sala, en el presente asunto se
configuró la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente. En
efecto, durante el trámite del amparo y en sede de revisión, la Corte constató
que: i) el proceso de selección de personal, al cual se presentó el actor,
finalizó; ii) actualmente no hay requerimiento de trabajadores por parte de
Avianca por la crisis económica generada por el COVID-19; y, iii) la muestra
utilizada para realizar los exámenes al peticionario fue destruida.
9. En tal perspectiva, la Sala considera
que desaparecieron lo hechos que dieron origen a la acción de tutela por
circunstancias que, si bien no satisfacen las pretensiones del actor, hacen
inoperante la intervención del juez de tutela. Particularmente, la cesación de
la relación contractual entre las demandadas con ocasión de la pandemia
originada por el COVID-19, configura una circunstancia que no es atribuible a
las sociedades accionadas. En efecto, la Sentencia C-145 de 2020[102] indicó que se trata de una crisis
global de salud pública que “(…) opera
en un marco de enorme incertidumbre y que además tiene gran impacto sobre las
sociedades y la economía, de la cual Colombia no está exenta (…) Las
circunstancias que motivaron la declaración del estado de emergencia tienen su
origen en hechos diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, es
decir, son sobrevinientes a las situaciones que normalmente
suceden en el discurrir de la actividad de la sociedad en sus diferentes
manifestaciones.”
Ante esta situación, una orden de protección no surtiría ningún
efecto porque el proceso de escogencia terminó, Avianca no requiere más
trabajadores por cuenta de la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 y la
muestra que sirvió para realizar el examen fue destruida. Bajo ese entendido,
operó el fenómeno de la carencia actual de objeto por circunstancias
sobrevinientes.
10. En consecuencia, la Sala confirmará la
sentencia de segunda instancia, pero por haber operado el fenómeno de la
carencia actual de objeto por circunstancias sobrevinientes. No obstante, la
Corte estima necesario emitir un pronunciamiento de fondo en el presente
asunto, con el fin de adelantar un ejercicio de pedagogía constitucional y
avanzar en la comprensión de la eficacia horizontal de los derechos
fundamentales. Para tal efecto, le corresponde establecer si se cumplen los
requisitos de procedencia del amparo constitucional. En tal caso, continuará
con el análisis de fondo.
Procedibilidad de la
acción de tutela[103]
11. A
partir de la consagración constitucional de la acción de tutela en el artículo
86 superior, pueden identificarse los elementos asociados con su procedibilidad
que debe verificar el juez constitucional. Estos requisitos son: (i) la
legitimación tanto por activa como por pasiva; (ii) la inmediatez; y (iii) la
subsidiariedad.
Legitimación en la
causa por activa
12.
Este presupuesto se refiere a quién puede promover ante los jueces una
solicitud de amparo con el objeto de que sus derechos fundamentales sean
protegidos. La norma en mención dispone que “(…) [t]oda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces […], por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales”. Es decir, que cualquier persona que considere que sus
derechos fundamentales son vulnerados o amenazados puede acudir a la tutela por
sí misma o por intermedio de alguien que actúe en su nombre, bien sea porque le
fue otorgado poder para ello, actúa como agente oficioso o es su representante
legal.
13. La
tutela fue interpuesta por Eudor en nombre propio y es quien alega que
sus derechos fundamentales a la igualdad, a la intimidad, al
trabajo y al debido proceso fueron lesionados por las sociedades demandadas. En
consecuencia, su legitimidad por activa está acreditada, al ser el titular de
las garantías superiores cuya protección pretende en sede constitucional.
Legitimación en la
causa por pasiva
14. Este
presupuesto se refiere a quién puede ser demandado en tutela. El artículo 86
superior señala que la vulneración o amenaza de derechos fundamentales que da
lugar a interponer este mecanismo judicial puede provenir de “(…) la acción
o la omisión de cualquier autoridad”. Asimismo, los particulares también lo
pueden ser en los casos en que estén “(…) encargados de la prestación de un
servicio público” o cuando su “conducta afecte grave y directamente el
interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión”.
Estos dos últimos casos
–subordinación e indefensión– han sido entendidos y definidos por la Corte de
la siguiente manera: la subordinación alude a una relación jurídica de
dependencia, como sucede entre trabajadores y patronos y entre estudiantes y
profesores. Por su parte, la indefensión refiere también a una relación
de dependencia, pero que no deriva del ordenamiento jurídico, sino de
situaciones fácticas. En tal sentido, “(…) la persona afectada en su derecho
carece de defensa, entendida esta como posibilidad de respuesta efectiva ante
la violación o amenaza de que se trate”[104].
15. La Sentencia
T-247 de 2010[105]
analizó la tutela presentada por una señora que no fue contratada por
Ecopetrol en el cargo de vigilante por su condición de mujer. En aquella
ocasión, la Corte indicó que si bien la demandada era una sociedad de economía
mixta, sus relaciones laborales estaban regidas por el derecho privado. En tal
sentido, indicó:
“La reiterada jurisprudencia constitucional no ha dejado lugar
a duda respecto de la procedencia de acción de tutela contra sujetos
particulares en materia laboral, entendiendo que en estos casos se presenta
subordinación del trabajador –o quien aspira a serlo- respecto del empleador.
Esta posibilidad se presenta como argumento suficiente para declarar la
procedencia de la presente acción de tutela.”
Por su parte, la Sentencia
T-694 de 2013[106] también analizó un amparo promovido por un aspirante
que no fue contratado por Ecopetrol porque no superó el estudio de riesgo. Esa
decisión reiteró el precedente contenido en la Decisión T-247 de 2010
y precisó:
“En gracia de discusión, y dado que en el presente caso no
existe una relación laboral en estricto sentido, sino que se trata de una
relación fáctica previa al acceso al trabajo, la Sala considera que el actor se
encuentra también en una situación de indefensión, pues no tiene otros
medios de defensa para alegar la vulneración de sus derechos por la empresa que
le niega acceder a un cargo durante el proceso de selección.” (Énfasis agregado)
16. En el caso concreto, la Sala aplica la precisión jurisprudencial
contenida en la Sentencia T-694 de 2013[107]
y considera que la legitimación por pasiva de las tres sociedades privadas se
sustenta en el estado de indefensión del actor. En efecto, entre las partes no
medió una relación jurídica laboral o de cualquier otra clase que configure una
forma de subordinación. Los hechos que sustentan la tutela se generaron en un
escenario de escogencia de trabajadores que no está regido por una relación
jurídica laboral y en el que se practicaron unos exámenes clínicos. En tal
perspectiva, Avianca S.A., Acción S.A.S. y el Laboratorio Clínico Colmédicos
IPS S.A.S. intervinieron de forma directa e indirecta en el proceso de
selección, en el cual, de acuerdo con el accionante, se transgredieron sus
derechos fundamentales. En ese escenario, el actor carece de defensa y de la
posibilidad de respuesta efectiva ante la presunta discriminación por padecer
VIH.
17. Acción
S.A.S. tiene legitimidad por pasiva, por cuanto adelantó el proceso de
selección de personal que, posteriormente, trabajaría en Avianca. Este
procedimiento se acusa de desconocer los derechos del accionante.
18. Por
su parte, si bien Avianca S.A. no participó directamente en el proceso de
selección, suscribió con Acción S.A.S. el contrato de suministro de personal
temporal No. 151-DC-2016.  A través de este acto jurídico acordaron“(…) una selección adecuada del personal que le suministrará al
CONTRATANTE, para garantizarle a este la idoneidad y eficiencia en el desempeño
de las labores que se le encomendarán, de conformidad con los documentos en los
cuales se especifique el perfil técnico y humano del personal, los cuales son
indispensables para la correcta prestación del servicio objeto del presente
contrato”[108]. Acción S.A.S. también se obligó a “[c]ontar con el Programa
de prevención y control de uso problemático de alcohol y drogas, y asegurar la
participación activa de todos en el mismo programa del CONTRATANTE”[109]. La cláusula séptima del referido
contrato contiene una prescripción de indemnidad para el CONTRATANTE. En tal
sentido, el CONTRATISTA (Acción S.A.S) asume su responsabilidad si existiere
alguna reclamación, pleito, y acción legal, entre otros[110].
De acuerdo
con lo anterior, el proceso de selección que el actor acusa de haber sido
discriminatorio en su contra por ser portador de VIH fue realizado en ejecución
del contrato a través del cual Avianca S.A. le solicitó a Acción S.A.S. el
suministro de trabajadores con determinadas características. De esta forma, si
bien existe una intermediación que a su vez consagra una cláusula de indemnidad,
en el presente asunto Avianca S.A. no invocó dicha prescripción contractual y
en todo caso, dicha relación se sustenta en el principio de solidaridad, porque
esa empresa se beneficiaría de la labor que contrató. De igual forma, estableció
los perfiles, las condiciones y los requisitos que deben cumplir los
trabajadores contratados. Por ende, esta empresa está legitimada por pasiva.
19. Por su parte, el Laboratorio Clínico
Colmédicos IPS S.A.S. era el encargado de la práctica de las evaluaciones médicas
ocupacionales, de conformidad con la autorización que para ello otorga a las
IPS la Resolución 2346 de 2007, “[p]or la cual se regula la práctica de
evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales”. De esta manera, fue la entidad que realizó las
evaluaciones médicas ocupacionales al participante y que originaron la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales.
20. En consecuencia, el actor podría
encontrarse en estado de indefensión respecto de las accionadas. Su relación de
dependencia no está mediada por ningún vínculo jurídico formal del cual se
deriven obligaciones. Se trata de una situación fáctica producto de un proceso
de selección de personal en el ámbito privado del cual no se derivan relaciones
jurídicas laborales. De esta forma, las tres compañías están legitimadas por
pasiva, ya que incidieron en el presunto acto discriminatorio: una que contrató
a un tercero para desarrollar un proceso de selección de personal bajo sus condiciones
y necesidad y, además, fue la beneficiaria de dicha gestión, otra que adelantó
directamente la escogencia de las personas que serían contratadas por Avianca y,
finalmente, aquella que realizó los exámenes médicos que presuntamente
justificaron la exclusión del actor del mencionado proceso.
Inmediatez
21. La Corte Constitucional ha indicado que, a pesar de que la tutela
está desprovista de un término de caducidad, tiene un carácter urgente del cual
se desprende de su naturaleza preferente y sumaria, materializado con el
término reducido en el que debe ser resuelta por parte de los jueces. Con base
en lo expuesto, este Tribunal ha establecido que los accionantes acudan a la
tutela de manera oportuna. En este sentido, el amparo no es procedente cuando
ha transcurrido un tiempo irrazonable entre la acción u omisión que vulnera o
amenaza sus derechos fundamentales y la interposición del amparo[111].
22. En
el caso concreto, el 28 de noviembre de 2019 el actor se
enteró que no había sido seleccionado para continuar en el proceso de
contratación en el que participó. En esa fecha recibió un correo electrónico de
Acción S.A.S. que le informó que“(…) [e]n esta oportunidad no
has sido seleccionado para continuar con el proceso. Sin embargo, tu hoja de
vida permanecerá en nuestra base de datos para futuras oportunidades”[112].
El 20 de diciembre de 2019, el accionante presentó la
tutela, esto es menos de un mes desde que se enteró la decisión de la empresa
que adelantaba el proceso de selección de personal que cuestiona en esta
oportunidad. Desde esta perspectiva, el peticionario formuló el amparo en un
tiempo corto desde la ocurrencia del hecho que, en su sentir, transgredió sus
derechos fundamentales. Por ende, la Sala encuentra cumplido el presupuesto de
inmediatez.
Subsidiariedad
23. El principio de subsidiariedad implica que la
acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. En otras palabras, las personas deben hacer uso de
todos los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios que el sistema normativo
ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos. De
esta forma, se impide el uso indebido del mecanismo constitucional como vía
preferente o instancia adicional de protección.
No obstante, el
presupuesto de subsidiariedad debe analizarse en cada caso concreto. Por ende,
en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, esta
Corporación ha determinado que existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad[113]: (i) cuando el medio de defensa
dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo ni eficaz,
caso en el que el amparo procede como mecanismo definitivo; y (ii) cuando, pese
a existir un mecanismo judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, evento en el que la tutela es procedente como mecanismo
transitorio.
Adicionalmente,
cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial protección
constitucional, como niños, mujeres en estado de gestación o de lactancia,
personas cabeza de familia, en situación de discapacidad, portadores de VIH, de
la tercera edad o población desplazada, entre otras, el examen de procedencia
de la tutela se hace menos estricto. En otras palabras, el juez debe utilizar
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos[114].
24. En este asunto, el actor indicó que fue
diagnosticado con VIH y pretende el amparo de los derechos fundamentales
invocados. Para tal efecto, solicita al juez ordenar su
vinculación a Avianca S.A. en el cargo de tripulante de cabina de pasajeros.
Debido a que no existe ningún mecanismo judicial ordinario para controvertir la
presunta discriminación por padecer VIH que se consideró generada por el retiro
del aspirante de un proceso de selección de tripulante de cabina entre
particulares. En tal sentido, el demandante solo cuenta con la acción de tutela
para lograr la protección de sus derechos fundamentales. Luego, en relación con
esta pretensión, la acción constitucional supera el requisito de subsidiariedad[115].
Formulación
del problema jurídico
25. El peticionario solicitó al juez constitucional la protección de
sus derechos a la igualdad, intimidad, trabajo y debido proceso. Advirtió que
fue excluido del proceso de selección de personal para tripulante de cabina por
ser portador de VIH. Si bien el examen toxicológico arrojó resultado “alterado”
para anfetaminas, el accionante ha enfatizado y reiterado que no consume
drogas. Indicó que ese procedimiento fue afectado por el tratamiento de
retrovirales en el que se encuentra. Por su parte, las entidades accionadas han
referido que: i)
el actor no informó su condición médica al momento de realizar los exámenes
pertinentes; ii) la prueba no presentó ninguna anomalía que afectara su
efectividad; iii) el consumo de drogas psicoactivas está restringido para
ejercer el cargo de tripulante de cabina al que aspiraba el demandante. Lo
anterior, en atención a la especial labor que realizan, relacionada con la
seguridad del vuelo; iv) el peticionario no tenía experiencia reciente
relacionada con el puesto de trabajo; y, v) el examen médico no fue el único
criterio para que el postulante no avanzara a la siguiente fase.
26. Previo
a formular el problema jurídico planteado, la Sala precisa que el análisis de
las vulneraciones alegadas a los derechos fundamentales invocados está limitado
a verificar si existió o no la discriminación al actor por padecer VIH. En tal
sentido, no estudiará lo relacionado con el resultado del examen toxicológico porque
el accionante presentó el amparo únicamente por el supuesto trato desigual por
ser portador de la mencionada enfermedad y no por el consumo de sustancias
alucinógenas. De hecho, durante el trámite de la tutela y en el marco del
ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el accionante fue
enfático en negar que fuera consumidor de drogas psicoactivas, de ahí que la
Sala debe dar plena credibilidad a lo afirmado y centrar su estudio en el
aspecto que, según el accionante, pudo generar la violación de los derechos
fundamentales que busca proteger: el consumo de retrovirales para combatir el
VIH que padece.
De
igual manera, es necesario advertir que a este caso no le son aplicables las
reglas y subreglas creadas por la jurisprudencia para evaluar el ingreso al
trabajo público y, en especial, el derecho de acceso a la función pública,
puesto que los hechos que dieron origen a la tutela se refieren a una controversia
entre particulares, en especial, en el escenario de la escogencia de
trabajadores regida por el derecho privado.
27. Por
todo lo anterior, en el presente asunto, le corresponde a la Corte resolver el
siguiente problema jurídico: ¿las empresas particulares demandadas
discriminaron al actor por su condición de portador de VIH al excluirlo de un
proceso de selección de tripulantes de cabina con base en exámenes médicos que
no incluían prueba de dicha enfermedad y por falta de experiencia cercana en el
cargo? Con el propósito de resolver este interrogante, la Sala abordará los
siguientes temas: i) la eficacia horizontal de los derechos fundamentales; ii)
los derechos a la dignidad y a la intimidad. De igual forma, el principio de igualdad
de personas portadoras de VIH. También, las libertades económica y de empresa;
y, iii) el servicio público de transporte aéreo de pasajeros como actividad
peligrosa y regulada intensamente por el Legislador. El perfil de los
tripulantes de cabina y la práctica de pruebas médicas (incluidas las
toxicológicas) como requisito para trabajar en ese sector económico.
Finalmente, iv) la Sala resolverá el caso concreto.
Eficacia
horizontal de los derechos fundamentales
28. Desde
sus primeros pronunciamientos[116], la
Corte ha sostenido que el respeto de los derechos fundamentales no solo resulta
exigible del Estado sino también se predica de las relaciones entre
particulares. Lo anterior, porque reconoce la posibilidad de que personas
naturales o jurídicas de carácter privado vulneren o amenacen tales garantías[117]. En
efecto, a partir del emblemático Fallo Lüth del
Tribunal Constitucional Federal Alemán[118], la
teoría del efecto horizontal de los derechos fundamentales fue acogida en
España y, posteriormente, en Colombia[119], con
la adopción de la Constitución de 1991.
En este marco, este Tribunal ha
concluido que, tanto en el derecho comparado como en el interno, “(…) la
concepción de los derechos como garantías de defensa frente al Estado genera
obstáculos para su eficacia en las relaciones entre particulares”[120]. Por
lo anterior, la respuesta del constitucionalismo ha sido “(…) el
desarrollo de herramientas teóricas o dogmáticas para superar esos obstáculos y
asegurar, al menos bajo ciertas condiciones, la eficacia horizontal de las
cláusulas iusfundamentales”[121].
29. En
este contexto, esta Corporación ha construido un concepto autónomo de eficacia
horizontal de los derechos fundamentales[122], según
el cual estos inciden en el tráfico jurídico privado gracias al efecto
de irradiación propio de las normas superiores[123].
Aquel se extiende a todo el ordenamiento jurídico como expresión del principio
de supremacía constitucional[124] y se
fundamenta en la pretensión de universalidad de los derechos fundamentales[125].
30. En
ese entendido, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales tiene una
dimensión sustancial y otra procesal, las cuales no deben confundirse entre sí[126]. En
efecto, el ámbito sustancial está referido al deber de los particulares de
garantizar la efectividad inmediata de los derechos fundamentales en el mayor
grado posible[127]. Lo
anterior exige un ejercicio de ponderación que armonice los valores y
principios constitucionales[128] y
las especiales dinámicas que rigen las relaciones privadas, en particular,
porque están guiadas por el principio de la autonomía de la voluntad privada. Además,
el Legislador no puede excluir la garantía de los derechos fundamentales en esas
relaciones jurídicas, por cuanto “(…) los derechos
fundamentales son la base, el sustento de toda legislación, y no su efecto”[129].
De otra parte, en cuanto al ámbito
procesal, una de las manifestaciones más relevantes de la eficacia horizontal
de los derechos fundamentales son las reglas de procedencia de la acción de
tutela contra particulares, en concreto aquellas que definen la legitimación
por pasiva[130]. Sin
embargo, es claro que este efecto de irradiación iusfundamental no
se agota en esta cuestión procesal[131],
sino que refleja “(…) la decisión inequívoca de vincular
directamente a los particulares en la materialización de los derechos
fundamentales y de orientar al legislador en la definición de los elementos
mínimos para su exigibilidad judicial”[132].
31. De
igual modo, la Corte ha señalado que la eficacia horizontal de los derechos
fundamentales se sustenta, entre otros, en el principio de igualdad. En efecto,
su objetivo es materializar la exigibilidad de estos derechos aun en aquellos
casos en los que se presentan marcados desequilibrios entre los particulares
involucrados[133]. A
partir de este enfoque, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional (i) ha
salvaguardado el derecho a la estabilidad laboral reforzada en el marco de las
relaciones laborales entre particulares[134];
(ii) ha concedido la protección de los derechos a la honra, intimidad y buen
nombre de las personas en las redes sociales[135] y;
(iii) ha precisado que derechos fundamentales, como la vivienda digna, el
mínimo vital, la salud y el debido proceso, rigen en el marco de las relaciones
contractuales entre particulares[136].
32. Con
todo, existen diferencias sustanciales en el alcance de la intervención del
juez constitucional cuando se trata de relaciones entre particulares, en
contraste con las situaciones en que los derechos fundamentales resultan
vulnerados por la actuación estatal[137].
Esta distinción se sustenta en que los individuos y las personas jurídicas
privadas son titulares de un ámbito de libertad que “(…) el
Estado no puede ni debe entrar a desconocer (…) en nombre de una definición
coyuntural de interés público. (…) De otra forma la esfera de lo público
acabaría confundiéndose con la esfera de lo privado, situación propia de
estructuras sociales y políticas corporativistas o totalitarias”[138].
En consecuencia, la Corte ha sostenido
incluso que “(…) la exigencia directa de los derechos a
particulares solo es viable cuando existe un rompimiento de las condiciones de
igualdad formal entre las partes por razones jurídicas (subordinación) o
fácticas (indefensión)”[139]. Sobre
este particular, ha afirmado que:
“(…) es
obvio que la fuerza del principio de igualdad es mucho mayor cuando regula las
relaciones entre las autoridades y las personas, que cuando se trata de
vínculos privados entre particulares. La razón es tan sencilla como poderosa:
la Constitución no sólo protege el pluralismo (CP art. 7º) sino que, además,
las personas son autónomas, tienen derecho al libre desarrollo de la
personalidad y gozan de la libertad de asociación (CP arts 16 y 38), por lo
cual los individuos pueden expresar ciertas preferencias que le están vedadas a
las autoridades. Por ejemplo, una persona puede escoger sus amistades exclusivamente
entre aquellas personas que profesan ciertas opiniones políticas o convicciones
religiosas, mientras que está prohibido a las autoridades realizar ese tipo de
diferenciaciones (CP art. 13)”[140].
33. Aunado a ello,
la jurisprudencia constitucional ha admitido que el reconocimiento de la
eficacia directa de los derechos fundamentales contra particulares puede
generar riesgos, al debilitar el principio de legalidad, el principio de la
autonomía de la voluntad privada, la libertad contractual y la seguridad
jurídica[141]. Por
consiguiente, “(…) la aplicación de la protección de la efectividad
directa de los derechos fundamentales frente a particulares, no puede ser
ilimitada”[142].
34. Con
base en lo anterior, esta Corte ha establecido que el criterio predominante
para evaluar si resulta admisible y necesario el examen constitucional de las
actuaciones de los particulares, es la existencia de una clara relación
asimétrica de poder entre los sujetos implicados[143]. En
estos eventos, “(…) no es posible estrictamente hablar de
horizontalidad en las relaciones entre particulares”[144].
También, ha destacado que, en abstracto, no es factible “(…)
formular reglas que permitan distinguir cuándo y hasta dónde los derechos
fundamentales deben ser respetados y hechos respetar en las relaciones
particulares”[145].
Bajo ese entendido, le corresponde al juez constitucional evaluar, en cada caso
concreto, si su intervención se justifica para garantizar los derechos
fundamentales o si, por el contrario, se trata de ámbitos de acción propios de
la libertad individual.
35. La
Corte ha aplicado este criterio en varias oportunidades. En efecto, ha
analizado las discusiones entre los particulares a partir de criterios como el
de relevancia
constitucional o la razonabilidad y proporcionalidad de
sus actuaciones, como se expone en los siguientes ejemplos:
La Sentencia T-368 de 1998[146],
analizó la posible vulneración de los derechos fundamentales de dos periodistas
deportivos a los que el Club Atlético Huila les negó la entrada al estadio de
fútbol en el que juega el equipo. En esa ocasión, la Corte encontró que sus
derechos fundamentales habían sido vulnerados por cuanto (i) la sanción no
tenía sustento en la conducta de los actores; y (ii) se trataba de una
limitación desproporcionada al ejercicio de la libertad de prensa.
La Sentencia T-720 de 2014[147] negó
la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción
de inocencia y a la igualdad del actor, quien había sido expulsado por la Gran
Logia de Colombia. En esa oportunidad, aunque la Corte consideró procedente la
acción de tutela[148],
determinó que el estándar de valoración de la posible vulneración del debido
proceso es menos intenso porque se cuestiona una decisión tomada por los
órganos internos de una asociación privada, en ejercicio de su autonomía[149]. En
consecuencia, concluyó que no correspondía imponer una visión determinada de la
Constitución en el análisis de los estatutos de la logia y que no había una
vulneración de derechos fundamentales en el caso concreto. Específicamente, los
márgenes de razonabilidad y proporcionalidad fueron respetados.
La Decisión SU-420 de 2019[150] unificó
las reglas jurisprudenciales de procedencia para el ejercicio de la acción de
tutela cuando se trata de conflictos entre particulares derivados de
publicaciones difundidas a través de redes sociales, que pueden involucrar
derechos fundamentales como la libertad de expresión, la honra y el buen
nombre. En este tipo de casos, la Sala Plena estableció algunos parámetros para
determinar si la acción de tutela es el mecanismo para resolver este tipo de
controversias, con fundamento en el criterio de relevancia constitucional.
36. En
suma, esta Corporación ha establecido, en torno al concepto de eficacia
horizontal de los derechos fundamentales, las siguientes reglas
jurisprudenciales:
(i) Los derechos fundamentales son
obligatorios y plenamente aplicables entre los particulares y en las relaciones
jurídicas privadas.
(ii) Los principios, valores y normas
constitucionales tienen un efecto de irradiación, que
se extiende a todo el ordenamiento jurídico e incide en las relaciones y
decisiones de los particulares.
(iii) El Legislador no puede establecer
que la protección de los derechos fundamentales no procede en las relaciones
privadas. Por consiguiente, corresponde al juez constitucional, en cada caso
concreto, establecer si los particulares desconocieron alguna de estas
garantías, pues los casos en que se vulneran tampoco pueden establecerse en
abstracto.
(iv) Presenta una dimensión sustancial y
otra procesal. La primera, exige garantizar la efectividad inmediata de los
derechos fundamentales en el mayor grado posible mientras que la segunda se
expresa en las reglas para la procedencia de la tutela contra personas
naturales y jurídicas de naturaleza privada.
(v) Se sustenta en el principio de
igualdad cuando se presentan marcados desequilibrios entre los particulares
involucrados.
(vi) La exigibilidad de los derechos a
los particulares no opera igual a la que se produce frente a las autoridades.
En este sentido, debido a que las personas de naturaleza privada son titulares
de sus derechos fundamentales a la libertad y a la autonomía de su voluntad, el
Estado no puede imponer visiones respecto de su ejercicio, salvo cuando está en
juego la protección de los derechos fundamentales.
(vii) Esta Corporación ha empleado
criterios como los de relevancia constitucional, razonabilidad y
proporcionalidad para evaluar cuáles decisiones de los particulares
efectivamente vulneran los derechos fundamentales o, en su defecto, cuáles se
realizan en el ámbito de su autonomía, en tanto que no la puede vaciar de
contenido.
(viii) En
el caso de los particulares, el ejercicio de ciertos derechos puede implicar un
menoscabo en las libertades de su contraparte, quien también es titular de
derechos fundamentales. De allí que la ponderación a cargo de los jueces
constitucionales debe ser sensible a esta dificultad y armonizar los intereses
y principios enfrentados.
Derechos
a la dignidad e intimidad[151]
37. El
artículo 1° de la Carta consagra que la dignidad humana justifica
la existencia del Estado. En razón a su naturaleza de valor superior y
principio fundante, exige el reconocimiento a todas las personas del derecho a
recibir un trato acorde a su naturaleza humana. De esta manera,
la Corte ha señalado en reiteradas oportunidades[152] que
el derecho a la dignidad humana debe entenderse bajo 2 dimensiones: a partir de
su objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha establecido 3 lineamientos claros y
diferenciables: i) referida a la autonomía o la posibilidad de diseñar un plan
vital y de determinarse según sus características; ii) entendida como ciertas
condiciones materiales concretas de existencia; y, iii) comprendida en el
sentido de intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la integridad
física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos puedan
vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degradante o humillante.
De otro lado, al
tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal ha
identificado 3 expresiones del derecho a la dignidad: i) es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y, iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo.
En la Sentencia
SU-062 de 1999[153],
la Corte recordó que el régimen constitucional colombiano está fundado en el
respeto por la dignidad humana, es decir, en la facultad que tiene toda persona
de exigir de los demás un trato acorde con su condición. De esta manera, la
dignidad se erige como un derecho fundamental de eficacia directa, cuyo
reconocimiento general compromete el sustento político del Estado.
38. En
resumen, el derecho a la dignidad humana implica garantizar las condiciones
necesarias para una existencia materialmente apropiada y acorde con el proyecto
de vida que cada ciudadano le imprime a su devenir. Igualmente, este principio
constitucional privilegia la autonomía personal como requisito elemental de una
sociedad democrática y pluralista, en el sentido de que constituye la expresión
de la capacidad de autodeterminación, de la potestad de exigir el
reconocimiento de ciertas condiciones materiales de existencia o la
manifestación de la intangibilidad de la integridad física y moral[154].
Este postulado constituye un mandato imperativo de las autoridades y de los
particulares, para que adopten las medidas necesarias de protección
indispensables para salvaguardar los bienes jurídicos más preciados para el
Estado[155].
39. Por su parte, el artículo 15 de la
Carta, consagra el derecho a la intimidad personal, el cual ha
sido entendido por la Corte como aquella esfera o espacio de la vida privada en
el que no están permitidas las interferencias arbitrarias e injustificadas de
las demás personas, lo que le permite a su titular actuar libremente en ese
espacio de fuero personal, en ejercicio de su libertad individual y familiar,
sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico[156].
La igualdad en
el ordenamiento constitucional y la prohibición de discriminación[157]
40. La Corte ha
determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues es reconocido
como un principio, un derecho fundamental y una garantía[158].
De esta manera, puede entenderse a partir de 3 dimensiones: i) formal, lo que
implica que la legalidad debe ser aplicada en las mismas condiciones a todos
los sujetos a quienes se dirige; ii) material, en el sentido garantizar la
paridad de oportunidades entre los individuos[159]; y,
iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los
particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios
sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico,
identidad de género, religión y opinión política, entre otras.
41. En
consecuencia, están prohibidas las distinciones que impliquen un trato distinto
no justificado, con la capacidad de generar efectos adversos para los
destinatarios de las normas o conductas que las generan. Aquellos no están
obligados a soportar esos déficits de protección[160].
42. Sobre
las personas que portadoras de VIH, la Corte ha establecido que son
destinatarias de una protección constitucional reforzada en especial en los
ámbitos de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación y a la seguridad
social. Lo anterior se fundamenta en la situación de debilidad manifiesta de
quienes han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Por tal razón, el artículo
13 superior “(…) condena el favorecimiento de la discriminación y estigmatización social
que conlleva portar el referido virus.”[161] La Sentencia
C-248 de 2019[162] reiteró
que este grupo está sometido, en su cotidianidad, a un universo amplio de
situaciones de segregación o diferenciación.
43. En suma, el derecho a la igualdad en
términos generales proscribe cualquier forma de discriminación injustificada. Particularmente,
si se trata de actuaciones guiadas por criterios sospechosos como el sexo,
raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre
otras. Las personas portadoras de VIH tienen una especial protección
constitucional y la Corte ha reiterado las situaciones de exclusión viven en su
cotidianidad y la obligación de superar y evitar esos escenarios de
segregación.
Las libertades
económica y de empresa[163]
44. La libertad
económica está consagrada en el artículo 333 de la Carta y ha sido entendida
por este Tribunal como la facultad de toda persona para realizar actividades de
carácter económico, con la finalidad de crear, mantener o incrementar su
patrimonio[164].
La Corte ha establecido que el modelo de Estado adoptado por el Texto Superior
no tiene un contenido neutro en relación con el ámbito económico. En tal sentido,
la relación entre el poder estatal y el mercado está mediada por: i) la
protección de la libertad y la libre iniciativa privada, las cuales no tienen
carácter absoluto porque su ejercicio debe armonizarse con la función social de
la empresa, el interés general, la libre competencia, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación (artículo 333); y, ii) la adscripción de
competencias a las autoridades del Estado, basadas en su condición de director
general de la economía, con la finalidad de garantizar el goce efectivo de las
mencionadas libertades, el cumplimiento de los límites que le son propios, el
uso adecuado de los recursos naturales y del suelo, la producción, utilización
y consumo de los bienes y servicios públicos y privados y, la racionalización
de la economía. Lo anterior, con el fin de conseguir el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente
sano, así como la promoción de la productividad, la competitividad y el
desarrollo económico[165].
Bajo esta perspectiva, el Estado colombiano es incompatible con un
modelo de liberalismo económico clásico, que proscribe la intervención estatal,
así como con formas de economía autoritaria centradas en el Estado como único
agente relevante del mercado. Por el contrario, la Constitución adoptó un
modelo de economía social de mercado que reconoce a la empresa y a la
iniciativa privada, como el motor de la economía, pero que limita razonable y
proporcionadamente la libertad de empresa, con el único propósito de cumplir
los fines constitucionales que protegen el interés general[166].
45. Los ámbitos de
expresión de la mencionada libertad económica han sido identificados por la
Corte de la siguiente manera[167]:
a.
Libertad contractual: entendida como la capacidad que tienen
los agentes económicos para que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad
privada, realicen los acuerdos necesarios para participar en el mercado en
condiciones de igualdad.
b.
Valores de
razonabilidad y eficiencia:
en la gestión económica para la producción de bienes y servicios, de tal manera
que se permita el aprovechamiento de la capacidad creadora de los individuos y
de la iniciativa privada[168].
c.
La canalización de
recursos privados:
mediante el incentivo económico, con la finalidad de promover intereses
colectivos y la prestación de servicios públicos. De esta manera, se logra la
compatibilidad entre los intereses privados y la satisfacción de necesidades
colectivas[169].
46. El marco de referencia descrito permite
comprender el contenido y alcance de los derechos y libertades de los agentes
económicos que participan en el mercado. En tal sentido, la libertad de empresa
ha sido entendida desde un criterio amplio[170] como“(...)
[U]na facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter
económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o
incrementar su patrimonio”[171].
Es decir, se trata de la posibilidad que tiene toda persona de desarrollar una
determinada actividad económica y establecer la organización institucional para
alcanzar dichos fines[172].
En tal entendido, los empresarios pueden tomar decisiones “(…) más o menos
drásticas para regular las relaciones dentro de su empresa, de conformidad con
los intereses legítimos que persiguen o pretenden promover”[173]
47. Este Tribunal en Sentencia
C-263 de 2011[174],
identificó los siguientes contenidos de la libertad de empresa y que, además,
conforman sus elementos esenciales: i) el derecho a un tratamiento igual y no discriminatorio entre
empresarios o competidores que se hallan en la misma posición[175];
ii) el derecho a concurrir al mercado o retirarse; y, iii) la
libertad de organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los
asuntos internos de la empresa como la organización empresarial y los métodos
de gestión[176];
entre otros.
El margen de apreciación del empresario para la escogencia de
trabajadores
48.Dentro del ámbito
de la libertad de organización y el manejo de los asuntos internos de la
empresa se encuentra la selección de sus trabajadores. La Sentencia T-694 de
2013[177]
constituye un referente cercano y permite comprender el contenido de dicha
prerrogativa. En esa oportunidad, la Corte estudió el caso de un aspirante a un
cargo que no fue contratado por Ecopetrol debido a que no superó el estudio de
riesgo. En aquella oportunidad, la Corte indicó que si bien se trataba de una
sociedad de economía mixta, las relaciones laborales se rigen por el derecho
privado. Bajo ese entendido, sobre el margen de apreciación de la empresa
privada para escoger a sus trabajadores, precisó lo siguiente:
“En efecto, es necesario advertir
que las empresas privadas dentro de su autonomía y libertad económica tienen la
posibilidad de reglamentar sus procesos internos de selección de personal, y en
el ejercicio de ellos, valorar y cotejar la información que le allegan los postulantes
sobre su desempeño profesional, con el objeto de analizar la idoneidad del
postulante al cargo respectivo. Igualmente, dentro del margen de apreciación de
las empresas que se rigen bajo la autonomía de la voluntad privada, pueden, con
la información allegada, no sólo verificar si se cumplen los requisitos
profesionales para el cargo, sino además, tener preferencias sobre los
postulantes que consideren más convenientes para conformar su personal, bien
sea por antecedentes judiciales, referencias personales, entre otros.”
La
mencionada providencia insistió en que “(…) el amplio margen de apreciación
que tienen las empresas privadas o aquellas de naturaleza mixta en sus
relaciones laborales del ámbito privado para seleccionar al personal que
trabajará para ellas, todo esto sin fijar categorías sospechosas de
discriminación.”[178]
49. Según lo expuesto,
las empresas privadas cuentan con un amplio margen de apreciación para la
escogencia de sus trabajadores. Aquella actuación puede basarse en criterios de
idoneidad y conveniencia para el cumplimiento de los fines empresariales. No
obstante, el ejercicio de dicha libertad no es ilimitado. Aquel debe respetar
los postulados superiores y en especial, atender a criterios objetivos y
razonables. En todo caso, los particulares están en la obligación de evitar distinciones
basadas en categorías sospechosas.
50. En tal
perspectiva, en materia de escogencia de trabajadores en el ámbito privado,
entendida como una situación fáctica previa a la contratación laboral, la Corte
ha insistido en que deben observarse los principios de igualdad y no
discriminación. La Sentencia T-247 de 2010[179]
analizó el amparo promovido por una señora que no fue contrata por Ecopetrol
debido a su condición de mujer. En esa oportunidad, la Corte expresó:
“La
accionante fue excluida sin que mediara un criterio objetivo que demostrara que
ella, en cuanto mujer, no estaba en capacidad para realizar la labor de
vigilancia en el puesto de la Batería Santa Clara; esto es, precisamente, el
carácter discriminatorio de la acción llevada a cabo por parte de SOS Ltda. y
ECOPETROL S.A., quienes sin que mediara un criterio de necesidad, adecuación o
esencialidad y, por consiguiente, con un carácter prejuicioso carente
de cualquier fundamentación objetiva y razonable utilizaron el género como
parámetro de exclusión de ingreso al mencionado puesto de vigilancia” (Énfasis
agregado).
Por su parte, la Sentencia T-694 de
2013[180]
manifestó que, en un Estado Democrático, la protección de los derechos
fundamentales está presente en los principales aspectos de la vida social, lo
que incluye las relaciones entre particulares. Aquellas, no pueden entenderse
ajenas al efecto de irradiación de las garantías superiores. Además, el mandato
de la igualdad real y efectiva resulta incompatible con una posición excluyente
de la eficacia de los derechos fundamentales entre privados. En esa
providencia, la Corte consideró que no era aplicable el precedente contenido en
la Sentencia T-247 de 2010 porque en aquella ocasión, la actuación de la
empresa se sustentó en un criterio sospechoso basado en el género que carece de
razonabilidad y objetividad. En tal sentido, sobre el caso concreto, precisó lo
siguiente
“(…) En el caso
concreto, la razón de no vinculación se concreta en la valoración que la
empresa decidió otorgarle al estudio de seguridad realizado, la cual se
sustenta en que por haber un proceso judicial en contra del postulante no
resulta ser el candidato preferente, y en consecuencia, no es seleccionado.
Como ya lo ha dicho esta Sala, esta decisión resulta razonable y objetiva, pues
se encuentra dentro de los parámetros de autonomía y libertad de empresa con
los que cuenta ECOPETROL en los procesos de selección interna que se rigen por
el derecho privado, así, la empresa al contrarrestar la información allegada al
proceso y realizar el estudio de seguridad, encontró el proceso penal vigente
contra él, y consideró conveniente terminar el proceso de vinculación. Ante
esto, la Sala considera, que la valoración de los documentos allegados al
proceso de selección y vinculación laboral es parte de la autonomía misma de la
empresa como entidad privada que conoce sus intereses y objetivos, y por ende,
las características del personal que requiere. Estos criterios deben atender a
las características profesionales del accionante con relación a las cualidades
y exigencias que requiere el cargo que se está ofreciendo, además de las
condiciones que la empresa considere necesarias observar para conformar su
personal. De manera que, esta decisión no incumbe al juez de tutela y
hace parte del ámbito de libertad y discrecionalidad de la empresa, siempre y
cuando se observen las garantías del debido proceso.”
(Énfasis original)
51. En suma, uno de
los componentes de la libertad de empresa es la libertad de organización y el
derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la empresa,
como serían su organización y los métodos de gestión. Dicha libertad no es absoluta
y está irradiada por la Constitución. En tal sentido, el empresario tiene un
amplio margen de apreciación para escoger a sus trabajadores. Lo anterior, con
base en la idoneidad y la conveniencia para el ejercicio de su actividad
económica. No obstante, debe garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales de quienes aspiran a ser contratados. La Corte ha protegido el
derecho a la igualdad cuando ha encontrado probada la distinción irrazonable,
desproporcionada y basada en criterios sospechosos. Es decir, cuando la exclusión
del proceso de escogencia se produce por un trato diferente que carece de
razones objetivas.
La intensa regulación aeronáutica
y su relevancia constitucional
52. El artículo 68 de la Ley 336 de 1996[181] establece que el transporte aéreo es
un servicio público regido por las normas del Código de Comercio, por el Manual
de Reglamentos Aeronáuticos proferidos por la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil y por los Tratados, Convenios, Acuerdos, Prácticas
Internacionales debidamente adoptados o aplicados por Colombia.
53. Este Tribunal ha considerado que se trata de un servicio
vinculado con la satisfacción de los derechos fundamentales. Sobre
el particular, indicó:
“Las sociedades contemporáneas, signadas por
procesos de urbanización y especialización de los factores productivos, obligan
a que los individuos deban permanente movilizarse largas distancias, en aras de
ejercer sus derechos y competencias, acceder a distintas posiciones jurídicas,
cumplir con sus obligaciones contractuales, dirigirse a la infraestructura para
la prestación de otros servicios públicos, etc.  La libertad de locomoción, así
entendida, no se concentra exclusivamente en la garantía de transitar
libremente por el territorio nacional, sino también con la existencia de
mecanismos que permitan hacerlo en condiciones razonables y adecuadas.  Esos
instrumentos no son otros que los medios de transporte de pasajeros.”[182]
54. De
igual forma, la Corte ha manifestado que la intervención del Legislador en la
prestación del servicio del transporte aéreo es más intensa. Esta comprensión
se sustenta en dos razones: i) el carácter de actividad riesgosa que tiene el
transporte público; y, ii) la necesidad de ejercer el control del mercado de
prestación del transporte, con la finalidad de garantizar los derechos de los
usuarios, en especial, el acceso al servicio en condiciones de igualdad[183].
En efecto, el
uso de vehículos automotores ha sido considerado como una actividad riesgosa.
En tal perspectiva, requiere la definición de reglas particulares que prevengan
y limiten los riesgos. Dicha situación se acentúa cuando se trata de transporte
público aéreo de pasajeros. En este escenario, las condiciones de seguridad
deben garantizar la integridad física de los usuarios y demás personas
involucradas en esa actividad[184].
Para esta Corporación, las medidas que están dirigidas a lograr la seguridad en
el transporte son compatibles con la Carta y hacen parte del margen de configuración
del Congreso[185].
55. Para
tal efecto, el Legislador ha designado autoridades administrativas que ejercen
la vigilancia, inspección y control del transporte. Lo anterior busca
satisfacer condiciones de seguridad y requiere regulación intensa en aspectos
técnicos y operativos[186].
Para el caso del transporte aéreo, la normativa está contenida en los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia-RAC[187]. Los RAC
son actos administrativos que consagran las obligaciones específicas de cada
uno de los sujetos involucrados en la prestación y uso del mencionado servicio
público. En ese sentido, el numeral 1.1.1. del RAC 1, señala:
“(…) [l]as normas contenidas en los
Reglamentos Aeronáuticos son aplicables de manera general a toda actividad de
aeronáutica civil y a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera
que las desarrolle; y de manera especial a las desarrolladas dentro del
territorio nacional; o a bordo de aeronaves civiles de matrícula Colombiana o
extranjeras que sean operadas por explotador Colombiano, bajo los términos del artículo
83 bis del Convenio de Chicago/44, cuando se encuentren en espacios no
sometidos a la soberanía o jurisdicción de ningún otro Estado, o en el espacio
aéreo o territorio de cualquier Estado siempre y cuando ello no resulte
incompatible con las leyes o reglamentos de dicho Estado, ni con los Convenios
Internacionales vigentes en materia de aviación civil.”
Por su parte, el
numeral 1.1.3 ejusdem dispone que “Las
normas contenidas en los presentes reglamentos son de obligatorio cumplimiento
por parte de las personas naturales y jurídicas a las cuales son aplicables,
conforme a lo previsto en el numeral 1.1.1.” De otro lado,
el numeral 1.1.4. indica que “Toda persona que conforme al numeral 1.1.1.
citado, ejecute actividades aeronáuticas, deberá procurar el conocimiento de
las normas que le atañen de estos Reglamentos, cuando se hallen debidamente
publicados en el Diario Oficial y demás medios de divulgación disponibles; sin
que su ignorancia sirva de excusa para su incumplimiento, una vez surtida dicha
publicación.”
56. La
intensa regulación de este sector económico también se extiende a la definición
de los perfiles, condiciones y requisitos que deben cumplir las personas que
contribuyen directamente en la prestación del servicio. Un ejemplo es el RAC 63
que regula las licencias para miembros de tripulación diferentes de pilotos. El
capítulo D se refiere a la licencia de tripulante de cabina. Particularmente, a
partir del numeral 63400 y siguientes, la normativa establece los requisitos
que deben cumplir los postulantes. Aquellos se agrupan de la siguiente manera:
i) generales, que incluyen certificado médico en los términos del RAC 67; ii)
de conocimiento: referidos al derecho aéreo, aerodinámica, supervivencia y
medicina aeroespacial, entre otras; iii) manual de instrucción y
procedimientos; iv) experiencia; iv) pericia; y, vi) experiencia reciente: en
este caso, si no registran actividad en vuelo entre 6 y 12 meses, deberán hacer
reentrenamiento.
Sobre el consumo
de sustancias psicoactivas en el personal aeronáutico, el numeral 2.1.5.21.2
del RAC 2 establece que “El titular de una licencia prevista en
esta Parte se abstendrá de todo abuso de sustancias psicoactivas y de cualquier
otro uso indebido de las mismas.”. Por su parte, los considerandos
del RAC 120 prescriben que: “Las empresas de aviación, centros de
instrucción aeronáutica y en general todo el personal aeronáutico con
atribuciones inherentes a la seguridad aérea, deben dar cumplimiento a un
programa de prevención y control de sustancias psicoactivas.”
El numeral 12005
de esa normativa, indica que sus disposiciones deben aplicarse al personal de
las empresas del sector aeronáutico que incluye aquellos que realizan funciones
sensibles para la seguridad operacional, ya sea de forma directa o por medio de
empresas subcontratadas. En esa misma línea, el numeral 120320 establece el
examen toxicológico previo en los siguientes términos:
“(…)
(a) Examen toxicológico previo: la empresa del sector aeronáutico será
responsable de realizar exámenes toxicológicos previos, de conformidad con los
siguientes requisitos: (1) Ninguna empresa admitirá a una persona para
desempeñar funciones sensibles para la seguridad operacional, a menos que esa
persona haya sido sometida a un examen toxicológico previo con resultado
negativo; (2) El examen toxicológico previo debe realizarse antes de que el
nuevo empleado, alumno, pasante o practicante desempeñe sus funciones por
primera vez;”
Asimismo,
el punto 120025 del RAC 120 señala que los tripulantes de cabina tienen
prohibido utilizar sustancias psicoactivas o estar bajo sus efectos durante el
ejercicio de sus funciones. Para su control, prevé exámenes de drogas
aleatorios a quienes trabajan en aerolíneas. Igualmente, el punto 120300
dispone que: “Un empleado o alumno de cualquier empresa del sector
aeronáutico solo podrá ser sometido a exámenes toxicológicos durante el
cumplimiento de su jornada de trabajo o mientras permanezca a órdenes de la
empresa del sector aeronáutico”.
57. En
suma, la intensa regulación del servicio de transporte aéreo se sustenta en dos
objetivos: i) prevenir y garantizar la seguridad, eficiencia y calidad del
servicio prestado mediante la fijación de las condiciones técnicas; y ii)
asegurar el acceso objetivo y equitativo de las personas al servicio público.
Esta actividad se materializa a través de normas y reglamentos administrativos
que fijan reglas y parámetros objetivos para la ejecución del servicio de
transporte aéreo[188].
Un ejemplo de dichas normativas son los Reglamentos Aeronáuticos de
Colombia-RAC que contienen una regulación intensa sobre las condiciones
técnicas y los perfiles de las personas que participan directamente en la
prestación del servicio. Aquellas disposiciones contienen parámetros técnicos
que tienen finalidades de prevención y de seguridad. Para la Sala, estas
normativas no buscan, prima facie, la imposición
de modelos específicos de vida o la exclusión injustificada o basada en
criterios sospechosos, de personas que participan en este sector económico.
Respuesta al problema
jurídico en el caso concreto
58. En este asunto, la Sala considera que
las sociedades demandadas no desconocieron los derechos fundamentales invocados
por el actor, pues no está acreditado que, durante el proceso de selección de
personal adelantado por Avianca, Acción S.A.S y el Laboratorio Clínico
Colmédicos y su posterior exclusión, el actor haya sido discriminado por su
diagnóstico de VIH debido a su exclusión de dicho proceso. A continuación, la Corte
expondrá las siguientes razones que sustentan el juicio de ponderación
adelantado en el caso:
59. La escogencia de personal para
tripulante de cabina por parte de las entidades accionadas fue adelantada en
ejercicio de la libertad de empresa en particular, el
derecho a manejar y gestionar los asuntos internos de la empresa como
organización empresarial. Con fundamento en lo expuesto, las empresas
realizaron las siguientes actividades:
59.1.
Suplir la necesidad de personal tripulante de cabina con fundamento en las
necesidades y requerimientos de Avianca.
59.2.
Fijar los requisitos y las condiciones de los perfiles laborales que debían
cumplir los aspirantes a ser contratados. En este punto, la Sala resalta que la
actuación de las entidades demandadas, en especial, de Avianca y Acción S.A.S
no fue arbitraria ni caprichosa. Aquella se sustentó en el ejercicio de la
libertad de empresa en términos de su idoneidad y conveniencia. Además, se
fundamentó los requerimientos contenidos en los RAC y la intensa regulación de
los perfiles de los trabajadores del sector aeronáutico, incluidos los
tripulantes de cabina. En tal sentido, se trató de una gestión objetiva y
razonable.
59.3.
Consagrar las reglas y las etapas del proceso. Lo anterior, con la finalidad de
cumplir con los objetivos de la empresa y la regulación de los RAC para la
contratación del personal que cumpla funciones de tripulante de cabina.
59.4.
Establecer pruebas médicas, incluidas las toxicológicas. Para la Sala, estos
exámenes no son la expresión del ejercicio desproporcionado y arbitrario de la
libertad para gestionar los asuntos internos de una empresa de aviación. Por el
contrario, materializan la intensa regulación sobre los perfiles de los
trabajadores de ese sector económico. Como se expuso previamente, la actividad
aeronáutica es riesgosa y los reglamentos aeronáuticos cumplen fines
relacionados con la prevención, la seguridad y el acceso equitativo al servicio
público de transporte aéreo de pasajeros. Para la Sala es evidente que estas
actuaciones están regladas y no buscan imponer modelos de vida. Por el
contrario, atienden intereses superiores relacionados con la adecuada y segura prestación
del servicio público.
59.5.
Señalar los filtros, las evaluaciones y los requisitos que deben cumplir los
aspirantes para avanzar en el proceso. En este marco, tiene la posibilidad de
decidir sobre la continuidad o no de los aspirantes que se presentaron al
cargo, siempre que esa actuación se enmarque en el ejercicio de libertad de
empresa y no afecte postulados superiores, tal y como ocurrió en el presente
asunto. En tal sentido, la Sala reitera lo expresado por la Corte en la Sentencia
T-694 de 2013[189], en los siguientes términos:
“Con base en ello, los empresarios pueden tomar las
decisiones que consideren más aptas para el desempeño de su negocio, y en ese
sentido, regular las relaciones dentro de la empresa conforme al objeto que se
pretende. No obstante lo anterior, existen unos límites a la autonomía y
libertad económica, y son precisamente los principios y criterios
constitucionales. Dentro de este marco, las relaciones laborales no pueden
mantenerse exclusivamente en el ámbito privado, pues el ordenamiento
constitucional exige respetar la dignidad humana de los trabajadores y exige el
cumplimiento de unos derechos irrenunciables los cuales no pueden ser
desconocidos por vía contractual o convencional.”
60. En este caso, la Sala constata que la
exclusión del actor del proceso de selección de personal no obedeció a una
conducta discriminatoria desplegada por las empresas demandadas con base en su diagnóstico
de VIH. Lo anterior, con fundamento en los siguientes aspectos:
60.1.
Las empresas accionadas no conocían la condición médica del actor durante el
proceso de selección. La Sala advierte que no hay
prueba de que las entidades demandadas conocieran que el actor padecía esta
enfermedad o que el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. le hubiese
realizado sin su consentimiento un examen de VIH. Si bien el peticionario
afirmó haberle expresado su condición al médico que adelantó el procedimiento,
después de supuestamente recibir insinuaciones por parte de aquel, no está
acreditado que Acción S.A.S. o a Avianca S.A. hubiesen tenido acceso a dicha
información. El único reporte que Acción S.A.S. recibió de Colmédicos IPS, de
acuerdo con las pruebas, es el certificado médico de preingreso ocupacional, en
el cual no hay referencia a que el actor sea portador de VIH.
Aunque
el accionante también sostuvo que llamó telefónicamente a una sicóloga de
Acción S.A.S. para contarle sobre el presunto error en sus exámenes
toxicológicos, hecho que fue confirmado por esta compañía en su contestación a
la tutela[190], no hay pruebas que respalden que,
producto de esta conversación, Acción S.A.S. tuviera conocimiento del
diagnóstico de VIH del accionante.
De
manera que, como la única prueba que existe sobre lo que Acción S.A.S. conoció
de la valoración médica del demandante es el certificado de preingreso
ocupacional, en el que no se alude al diagnóstico de VIH, la Sala concluye que
esta compañía no conocía la enfermedad del accionante.
60.2.
Las demandadas no le realizaron al actor pruebas médicas para establecer si
padece o no de VIH. La IPS accionada, durante el trámite de tutela, refirió
que al actor no le practicó pruebas clínicas para determinar si tenía o no dicha
patología. Advirtió que esos exámenes no los realiza debido a que el VIH no
inhabilita el ejercicio del cargo al que aspiraba el actor.
60.3.
El peticionario tenía conocimiento de la realización de exámenes de
laboratorio, incluido el toxicológico. Estos procedimientos están consagrados
en el RAC y por la formación profesional del actor, la práctica de esta clase
de pruebas no es ajena a su conocimiento. Además, Colmédicos
le informó previamente al peticionario sobre los exámenes médicos ocupacionales
que le practicarían, ante lo cual aquel expresó su consentimiento. En efecto,
el consentimiento informado suscrito por el peticionario expresa que “(…) se
me ha informado que las pruebas complementarias o ayudas diagnósticas que se me
podrían realizar pueden ser (sin limitarse a estas) una o varias de las
siguientes: […] Examen para evaluar el consumo de sustancias sicoactivas”[191].
60.4.
Al momento de realizar el examen médico, el accionante no expresó que
consumía medicamentos para el tratamiento de VIH. En efecto, la Sala
constató que en el consentimiento informado que obra en el expediente no hay
mención alguna del actor sobre los retrovirales que eran administrados para
tratar su patología. De esta suerte, era imposible para los médicos y demás
profesionales encargados de valorar la prueba científica establecer si el
resultado de “alterado”
para anfetaminas fue consecuencia de una reacción cruzada ocasionada por la
medicina con la que el peticionario trata su enfermedad. Además, tampoco fue
demostrado que dicho resultado fuera prueba directa o al menos un indicio científico
para que las empresas demandadas conocieran que el accionante era portador de VIH.
60.5.
La decisión de Acción S.A.S de que el actor no continuara el proceso de
selección no fue discriminatoria. Se trató de una actuación, en su
condición de intermediaria, basada en criterios objetivos y sustentada en la
libertad para gestionar los asuntos internos de la empresa. En efecto, aquella determinación
tuvo como fundamento los exámenes médicos del actor y la falta de experiencia
cercana al ejercicio de las funciones de tripulante de cabina. Estas razones
obedecieron a criterios de idoneidad y conveniencia empresarial. Estos aspectos
están protegidos por la Carta y en este caso, no configuran un escenario de
discriminación basado en criterios sospechosos. Además, materializó la intensa
regulación contenida en los reglamentos aeronáuticos sobre el perfil de las
personas que ejercen esta labor sensible para la seguridad aérea. Por tal razón,
no hay prueba que permita inferir que la actuación empresarial se originó en el
diagnóstico de VIH del peticionario.
Bajo
ese entendido, la Sala considera que la Sentencia T-247 de 2010 citada
previamente, no constituye un precedente aplicable. Aquella decisión comprobó
que la decisión de la empresa de excluir a la actora se sustentó en un criterio
sospechoso basado en el género. En este caso, la decisión de que el actor no
continuara el proceso de selección se concretó en el estudio empresarial de los
exámenes médicos y la falta de experiencia cercana con el cargo de tripulante
de cabina. La Sala insiste que esta actuación resulta razonable y objetiva,
pues se enmarca en los parámetros de autonomía y libertad de empresa de las
demandadas, que orientan los procesos de selección interna de trabajadores
regidos por el derecho privado. De igual forma, reitera que la actuación se
enmarca en las disposiciones contenidas en los RAC.
61. En suma, para la Sala, las empresas
accionadas no desconocieron los derechos fundamentales invocados por el actor.
En efecto, en el caso del Laboratorio Clínico
Colmédicos IPS S.A.S., sus actuaciones se limitaron a valorar técnicamente al
accionante, de conformidad con las necesidades y requerimientos de Acción
S.A.S. y de acuerdo con lo previsto en la Resolución 2346 de 2007[192]
y a expedir un certificado médico ocupacional. Ese documento
indicó que el demandante “(…) no presenta
restricciones para desempeñar la ocupación de tripulante de cabina”[193].
A lo
anterior se agrega que Colmédicos le informó previamente al actor sobre cuáles
exámenes médicos ocupacionales le serían practicados, ante lo cual este expresó
su consentimiento. Aquellos no incluían pruebas sobre VIH. Además, aquel no
indicó, al momento de realizar el examen que consumía retrovirales para tratar
el VIH.
De
igual forma, Avianca S.A. tampoco violó los derechos fundamentales invocados
por el accionante. Esa entidad contrató el suministro de personal con Acción
S.A.S., quien desarrolló todo el proceso de selección. Si bien estableció las
condiciones y los requerimientos del personal, aquella actuación se enmarca en
la libertad que le asiste para gestionar los asuntos internos de la empresa.
Además, materializa la intensa regulación contenida en los RAC.
Finalmente,
Acción S.A.S, en su condición de intermediaria, adelantó el proceso de
selección de personal en el marco de la libertad de empresa y los reglamentos
aeronáuticos. La decisión de no continuar el trámite con el actor fue razonable
y objetiva, puesto que no hay prueba de que obedeció a criterios sospechosos de
discriminación. En otras palabras, no se demostró que dicha decisión fuese
sustentada en el diagnóstico de VIH del aspirante.
Decisión
que adoptará la Sala en el presente asunto
62. De acuerdo con lo expuesto, la Sala
confirmará la sentencia de segunda instancia del 12 de febrero de 2020
proferida por el Juzgado Veintisiete Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá que declaró improcedente la acción de tutela. No
obstante, contrario a lo afirmado por ese funcionario judicial, que consideró
el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, la decisión se sustenta en
la operancia de la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente,
tal y como se explicó en precedencia.
Conclusiones
63. La Sala decidió sobre una acción de tutela formulada por Eudor contra Avianca S.A, Acción
S.A.S y el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S. El actor alegó la supuesta
vulneración de derechos a la igualdad, intimidad, trabajo y debido proceso.
Aseguró que fue excluido del proceso de selección de personal para tripulante
de cabina por su diagnóstico de VIH.
64. En el presente asunto, la Corte
verificó la configuración de la carencia actual de objeto por circunstancia
sobreviniente porque i) el proceso de selección
de personal, al cual se presentó el actor, finalizó; ii) actualmente no hay
requerimiento de trabajadores por parte de Avianca con ocasión de la crisis
económica generada por la pandemia del COVID-19; y, iii) la muestra utilizada
para realizar los exámenes al peticionario fue destruida.
65. No obstante, la Sala encontró necesario
pronunciarse en este asunto para efectos de pedagogía constitucional y avanzar
en la comprensión de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. En
tal sentido, verificó la procedencia de la acción de tutela y formuló el
problema jurídico en el sentido de establecer si ¿las empresas
demandadas discriminaron al actor por su condición de portador de VIH al
excluirlo de un proceso de selección de tripulantes de cabina con base en
exámenes médicos que no incluían prueba de dicha enfermedad y por falta de
experiencia cercana en el cargo?
Para dar respuesta a este
interrogante, la Sala abordó los siguientes temas: i) la eficacia horizontal de
los derechos fundamentales; ii) los derechos a la dignidad, a la intimidad y a
la igualdad de personas portadoras de VIH y, además, la libertades económica y
de empresa; y, iii) el servicio de transporte aéreo de pasajeros como actividad
peligrosa y regulada intensamente. El perfil de los tripulantes de cabina y la
práctica de pruebas médicas, incluidos exámenes toxicológicos.
66. En
desarrollo de estos aspectos, indicó que los procesos de selección de
trabajadores entre particulares se rigen por el principio de la autonomía de la
voluntad y la libertad de empresa. En todo caso, el efecto de irradiación de la
Constitución y la eficacia horizontal de los derechos imponen la necesidad de que
esas relaciones observen los postulados de la Carta. Lo anterior no implica que
la interacción de las garantías fundamentales sigue la misma dinámica de
exigencia que se tiene frente al Estado. En este sentido, el juez
constitucional debe valorar estos conflictos y aplicar criterios de ponderación
que atiendan las especiales condiciones que rigen las relaciones entre
particulares.
De igual manera, constató
que el servicio aéreo está intensamente regulado. Lo anterior al menos por dos
razones: i) es una actividad riesgosa, por lo que las normas expedidas en ese
campo garantizan la seguridad y la prevención en la prestación del servicio y
la integridad de quienes intervienen en su ejecución y de los usuarios; y, ii)
debe permitir el acceso en igualdad de condiciones. Bajo ese entendido, la
regulación se extiende a los requisitos y condiciones que deben cumplir las
personas que participan directamente en dicho escenario. Tal es el caso de los
tripulantes de cabina. Aquellos tienen la obligación de acreditar rigurosos
perfiles y superar pruebas médicas que incluyen exámenes de toxicología para
ejercer su labor.
67. La
Sala consideró que las empresas accionadas no desconocieron los derechos
fundamentales invocados por el actor por las siguientes razones: i) la
actuación de las demandadas en el proceso de selección se enmarcó en el
ejercicio de la libertad de empresa. Además, materializó las regulaciones
contenidas en los RAC. Estas disposiciones establecen condiciones y requisitos,
incluidos certificados médicos, que deben acreditar las personas que quieren
acceder al mercado laboral de esa actividad económica; ii) no se demostró que tuvieron
conocimiento del diagnóstico de VIH del actor. Lo anterior porque no
practicaron pruebas para establecer si era portador o no de la enfermedad y
además, porque el aspirante no indicó los medicamentos que consumía para el
tratamiento de la patología al momento de realizar los correspondientes
exámenes médicos; y, iii) la decisión de no continuar el proceso de selección
de actor se sustentó en argumentos objetivos y razonables. En efecto, Acción S.A.S
indicó que no continuaron el proceso con el peticionario con base en los
resultados de los exámenes médicos y la falta de experiencia cercana en el
ejercicio de las funciones de tripulante de cabina. Estas razones están
amparadas constitucionalmente por el derecho a gestionar los asuntos internos
de la empresa y la materialización de la reglamentación aeronáutica del país.
En ese sentido, la actuación no configuró un tratamiento discriminatorio basado
en criterios sospechosos. Fue una decisión empresarial fundada en razones de
idoneidad y conveniencia.
68. De acuerdo con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de
segunda instancia que declaró improcedente el amparo. No obstante, se apartó de
las razones de ese funcionario que consideró que no cumplía con el presupuesto
de subsidiariedad, para en su lugar, establecer que se configuró la carencia
actual de objeto por circunstancia sobreviniente.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR
la sentencia del 12 de febrero de 2020 proferida por el Juzgado
Veintisiete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que
declaró improcedente la acción de tutela presentada por Eudor Lo
anterior, por la configuración de la carencia actual de objeto por
circunstancia sobreviniente.
SEGUNDO. Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
SALVAMENTO DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
A LA SENTENCIA
T-002/21
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por esta Corporación,
comedidamente me permito expresar las razones que me llevaron a salvar el voto
en el asunto de la referencia.
1.
La
Corte conoció la acción de tutela formulada por Eudor contra Avianca
S.A., Acción S.A.S. y el Laboratorio Clínico Colmédicos IPS S.A.S., con
el propósito de que se protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, la
intimidad, el trabajo y el debido proceso, y en
consecuencia se ordenara su vinculación inmediata a Avianca en el cargo de
tripulante de cabina de pasajeros.
2.
El
actor alegó que fue excluido del proceso de selección de personal para
tripulante de cabina de pasajeros por ser portador de VIH. Manifestó que en el
proceso de selección le practicaron un examen de consumo de drogas psicoactivas
y el resultado fue “alterado” debido a los retrovirales que utiliza para
su tratamiento. Advirtió que el médico que atendió el procedimiento
supuestamente le hizo confesar su condición de portador de la enfermedad. Esta
información, según el actor, fue suministrada a Acción S.A.S. (intermediaria en
el proceso de selección), entidad que a su vez habría indicado a Avianca su
diagnóstico, siendo este el verdadero motivo para la exclusión.
3.
En
primera instancia, el Juzgado Veintitrés Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Bogotá negó la protección, tras señalar que no resultaba
posible constatar si al accionante le realizaron prueba de VIH o si el médico
con quien compartió información sobre su padecimiento había comunicado dicha
situación a Acción S.A.S. En segunda instancia, el Juzgado Veintisiete Penal
del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó el fallo y, en su
lugar, declaró improcedente la acción tras señalar que las controversias
suscitadas en el marco del proceso de selección debían ser solucionadas ante la
jurisdicción ordinaria.
4.
Al
abordar el asunto, la Sala de Revisión sostuvo que se configuraba la carencia
actual de objeto por circunstancia sobreviniente dado que: i) el proceso
de selección de personal al cual se presentó el actor finalizó; ii)
actualmente no hay requerimiento de trabajadores por parte de Avianca con
ocasión de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19; y, iii)
la muestra utilizada para realizar los exámenes al peticionario fue destruida.
En consecuencia, confirmó la sentencia de segunda instancia por razones
distintas como la mencionada.
5.
En
todo caso, por pedagogía constitucional, la Corte estudió el fondo del asunto[194]
determinando que las empresas accionadas no desconocieron los derechos
fundamentales invocados por el actor, por las siguientes razones: i) su
actuación en el proceso de selección se enmarcó en el ejercicio de la libertad
de empresa. Además, se materializaron las regulaciones contenidas en los
Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, los cuales establecen las condiciones que
deben acreditar las personas que quieren acceder al mercado laboral de esa
actividad económica, entre estas, la prohibición para el personal de cabina de
consumir sustancias psicoactivas; ii) no se demostró que las entidades
tuvieran conocimiento del diagnóstico de VIH del actor, pues no practicaron
pruebas para establecer si era portador o no de la enfermedad, asimismo, el
aspirante no indicó los medicamentos que consumía para el tratamiento de la
patología al momento de realizar los exámenes médicos[195],
lo que imposibilitaba conocer si en realidad la prueba toxicológica alterada se
debía al consumo de los retrovirales; y, iii) la decisión de no
continuar el proceso de selección se sustentó en argumentos objetivos y
razonables.
6.
Sobre
este último aspecto, la ponencia enfatizó que estaba demostrado que Acción
S.A.S. no continuó el proceso de selección con el peticionario con base en los
resultados de los exámenes médicos y la falta de experiencia cercana en el
ejercicio de las funciones de tripulante de cabina. Estas razones están
amparadas constitucionalmente por el derecho a gestionar los asuntos internos
de la empresa y la materialización de la reglamentación aeronáutica del país.
De tal forma, dicha actuación no configuraba un tratamiento discriminatorio,
sino una decisión empresarial fundada en razones de idoneidad y conveniencia.
7.
Al
respecto, debo señalar que me aparto de la decisión adoptada en la sentencia
T-002 de 2021 porque, en mi criterio, en esta
oportunidad no se cumplen los lineamientos de la Corte para la configuración de
la carencia actual de objeto por situación sobreviniente.
8.
De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional la carencia actual de objeto tiene
lugar cuando la eventual orden de protección que concedería el juez caería en
el vacío, ya sea porque (i) la vulneración se superó por la actuación de
la parte accionada antes de proferir el fallo, (ii) el daño se consumó y
ya no es posible satisfacer la pretensión de tutela, o (iii) sobrevino
una circunstancia sobreviniente que ocasionó un cambio drástico en el sustrato
fáctico de la solicitud de amparo y la consecuente sustracción de materia sobre
la cual decidir.
9.
En
particular, frente a la circunstancia o situación sobreviniente, la Corte ha
considerado que “surge con el acaecimiento de alguna situación en la cual la
vulneración predicada ya no tiene lugar debido a que el/la tutelante pierde el
interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o por que el actor
asumió una carga que no le correspondía”[196].
Esta figura ha sido aplicada, por ejemplo, en aquellos casos en los que ya no
es posible acceder a lo solicitado, porque (i) la vulneración cesó en
cumplimiento de una orden judicial[197],
(ii) la situación del accionante se transformó, de tal forma que ya no requiere
lo que había solicitado inicialmente[198], (iii)
se reconoció a favor del demandante un derecho que hizo que perdiera el interés
en el reconocimiento de lo que solicitaba en la tutela, (iv) el actor
mismo es quien asume la carga que no le correspondía para superar la situación
vulneradora, o (v) un tercero –distinto al accionante y a la entidad
demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo
fundamental, entre otros[199].
10.
En
todos estos casos, el Tribunal Constitucional ha concluido que las situaciones
de los accionantes no encajaban en el supuesto de hecho superado, ni daño
consumado, toda vez que aquellos ya habían perdido cualquier interés en el
trámite constitucional, pero por hechos que no podían atribuirse al obrar de
las entidades demandadas. En ese orden, si al
momento de proferir el fallo el juez observa una variación en los hechos que
implique la configuración de alguno de los escenarios anteriores,
corresponde a este declarar la carencia actual de objeto, ya que cualquier
orden que pudiera impartirse sobre lo solicitado sería “inocua” o “caería
en el vacío”.
11.
Es importante destacar que, al estudiar la viabilidad de aplicar
esta figura, para la Corte ha sido determinante la pérdida de interés en las
pretensiones de la acción. Por ejemplo, la
sentencia T-457 de 2017 estudió el caso de un joven que fue
incorporado en la Policía Nacional para prestar su servicio militar obligatorio
como auxiliar de policía regular, a pesar de que se le había
indicado que sería auxiliar de policía bachiller. En el trámite de
revisión, el actor manifestó su interés de continuar vinculado en la modalidad
de policía regular, por lo que la Corte encontró que perdió interés
en sus pretensiones y, por lo tanto, declaró “la configuración
de una carencia actual de objeto por acaecimiento de una situación
sobreviniente”.
12.
En la sentencia T-472 de 2017, el actor que se
desempeñaba como auxiliar administrativo en el Establecimiento Penitenciario de
Mediana Seguridad y Carcelario de La Unión (Nariño), pretendía un traslado a
otra región por presunto acoso laboral. Durante el trámite de tutela renunció a
su cargo, de modo que la Corte evidenció que dicha situación sobreviniente
tornaba inoperante cualquier orden al respecto, como consecuencia del
desinterés del demandante.
13.
Bajo la misma línea, la sentencia T-460 de 2019 resolvió la acción
de tutela formulada contra el Ejército Nacional por la desvinculación de un
soldado a quién no se le había respetado su derecho a la reubicación laboral.
La Corte concluyó que debía declarar la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente en relación con la pretensión de reintegro, en consideración a
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado la
reincorporación del accionante a la entidad, lo que evidenciaba la pérdida
de interés en las pretensiones del recurso de amparo[200].
14.
De forma similar, en la
sentencia SU-522 de 2019, la Sala Plena estudió la solicitud de amparo
formulada por un excongresista frente a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, tras considerar que la decisión que decretó el cierre de la etapa de
instrucción dentro del proceso penal que se seguía en su contra por el delito
de concierto para delinquir agravado había trasgredido su derecho fundamental
al debido proceso, al desconocer que a partir de la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2018 se modificó el juzgamiento de los aforados
constitucionales. Al respecto, la Corte sostuvo que se había configurado la
carencia actual de objeto por situación sobreviniente, comoquiera que el
accionante decidió voluntariamente someterse a la Jurisdicción Especial para la
Paz, por lo cual la Corte Suprema de Justicia, entidad contra la cual se
dirigía la tutela, había perdido su competencia sobre el asunto. Asimismo,
destacó que la tutela ya no tenía razón de ser toda vez que el hecho nuevo se
había originado por el propio accionante, quien eligió voluntariamente
someterse a la JEP, evidenciando con ello su pérdida de interés en el
proceso que se seguía.
15.
Finalmente, en la
sentencia T-017
de 2020 se resolvió la acción formulada por un miembro
del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común por la presunta
vulneración de los derechos a la participación, a la paz y a la reincorporación
política, tras la negativa de la Fiscalía General de la Nación de autorizar su
traslado al Capitolio Nacional para efectos de tomar posesión como
Representante a la Cámara para el periodo constitucional 2018 – 2022. Lo
anterior, toda vez que se encontraba recluido en virtud de la orden de captura
expedida en el proceso de extradición. No obstante,
en el curso del trámite de Revisión la Corte tuvo conocimiento de que el
accionante había tomado posesión de su curul en la Cámara de Representantes
con fundamento en las órdenes que emitieron el Consejo de Estado[201]
y la Corte Suprema de Justicia[202].
Al respecto, se consideró que dicha circunstancia configuraba la carencia
actual de objeto por situación sobreviniente, dado que (i) el hecho mencionado
constituyó una variación sustancial en los acontecimientos que dieron origen a
la tutela; (ii) una vez fue posesionado como Representante a la Cámara
en el Capitolio Nacional, el actor perdió interés en la satisfacción de sus
pretensiones; y (iii) su posesión en el Congreso fue producto de la
actuación de autoridades diferentes a la accionada.
16.
Ahora
bien, la jurisprudencia transcrita además permite observar que la
situación sobreviniente ocurre cuando se verifican de forma acumulativa los
siguientes factores:
i. El cambio del sustrato fáctico de la acción, es
decir, ocurre una variación significativa de los hechos por circunstancias
externas al caso concreto inicialmente planteado.
ii. Que dicha alteración significativa implique
la pérdida de interés del accionante en que se acceda a sus pretensiones, o que
estas no se puedan llevar a cabo.
iii. Que la conducta que modifica los hechos provenga del
actor o de un tercero, esto es, que no sea atribuible a la parte accionada.
iv. Que la decisión judicial a adoptar pierda su sentido
protector o resulte inane.
17.
Pues
bien, en esta oportunidad, disiento de la sentencia de la referencia dado que
no tuvo en cuenta las directrices jurisprudenciales en materia de carencia de
objeto por situación sobreviniente. En efecto, a pesar de que el proceso de selección al que aplicó
el accionante finalizó en noviembre del año 2019 (tras la selección de
aspirantes que finalmente fueron contratados) y actualmente Avianca “congeló”
cualquier nuevo proceso de selección de tripulantes de cabina, lo cierto es que
las órdenes de protección que eventualmente pudiese llegar a proferir esta Sala
de Revisión no caerían en el vacío, ya que:
i.
No existe una variación significativa de los hechos fundamentales
que originaron la acción de tutela, esto es, la presunta trasgresión
del derecho a la igualdad del aspirante luego de haber sido desvinculado del
proceso de selección debido a su patología. En otras palabras, los supuestos
fácticos que dieron origen a la acción de tutela permanecen y la finalización
del proceso de selección no implica la alteración sustancial de la solicitud de
tutela, sino el simple paso del tiempo o si se quiere la continuación de
la actuación trasgresora o del proceso de vulneración alegado por el
accionante, situación que no torna inoperante el eventual fallo protector.
ii.
Es evidente que el actor no ha desistido ni ha perdido interés en
sus pretensiones en la medida que estas no han sido satisfechas. Adicionalmente, en el
caso hipotético de que se considerara que sí existió una vulneración iusfundamental,
la petición de tutela aún podría materializarse a través de, por ejemplo, (a)
una orden de contratación directa por parte de Avianca, empresa que, a pesar de
las dificultades económicas enfrentadas con ocasión de la pandemia no se ha
extinguido, tampoco el cargo al que aspira el accionante; (b) una
orden de inclusión en un próximo proceso de selección o en el que actualmente
se encuentra “congelado”; incluso (c) una orden simbólica de
reparación, de encontrar que definitivamente las anteriores órdenes no podrían
ser jurídica ni materialmente cumplidas (situación que no se presenta en el
presente caso). En otras palabras, las pretensiones todavía podrían
materializarse o cumplirse.
iii.
La alteración de los hechos no proviene de un tercero, si no que
sería atribuible a la actuación de las entidades accionadas Avianca S.A. y
Acción S.A.S., en tanto, la primera ya contrató los aspirantes seleccionados por
Acción S.A.S. en la convocatoria en la que participó el actor y congeló nuevas
convocatorias; y la segunda suspendió la selección de aspirantes. En otras
palabras, la presunta variación de los hechos señalada en la ponencia se deriva
directamente de las actuaciones de las entidades accionadas, situación que de
aceptarse que es irremediable y que impide proferir una orden de protección
en todo caso no daría lugar a una situación sobreviniente, sino a un daño
consumado. En esa medida, la presunta variación fáctica no constituye un acto
de un tercero y no es posible configurar a través de ella un hecho
sobreviniente.
iv.
La decisión por adoptar no perdía su sentido protector ni
resultaba inane, en tanto, según lo indicado (supra, ii), la Corte conservaba la
potestad de poder concretar una eventual protección (de ser el caso), ya fuera a través de una orden directa de vinculación o una
de inclusión en el proceso de selección “congelado”. En otras palabras,
subsistía la vocación protectora inherente a la acción de tutela.
18.
Conforme
a lo expuesto, la decisión adoptada por la mayoría contradice la jurisprudencia
constitucional al considerar una carencia actual de objeto por situación
sobreviniente, pese a que como se ha evidenciado no se superaban los criterios
enunciados por el propio Tribunal. Incluso, el caso no se asemeja a ninguna de
las hipótesis fácticas en las que la Corte ha dado aplicación a esta figura (supra,
9). Por ejemplo, (a) la vulneración no cesó en cumplimiento de una
orden judicial, (b) la situación del accionante no se transformó y
continuaba requiriendo lo pedido inicialmente, (c) no se reconoció a
favor del demandante un derecho que hiciera que perdiera el interés en la litis
constitucional, y (d) tampoco un tercero logró que la pretensión de la
tutela se satisficiera en lo fundamental.
19.
La
ponencia de la cual me aparto ni siquiera fundamentó de forma suficiente por
qué en este caso tendría lugar la situación sobreviniente, ya que únicamente se
limitó a sostener que la terminación del proceso de selección al cual aplicó el
accionante (como es lógico) terminó y que Avianca había congelado la selección
de nuevos cargos, pero no cimentó su posición en la jurisprudencia
constitucional, ni explicó las razones que permitirían apartarse de tales
determinaciones constitucionales previas.
20.
No
sobra indicar que la situación tampoco podía considerarse subsanada por la
actuación voluntaria de las accionadas, de modo que no existe un hecho
superado; tampoco la amenaza de los derechos fundamentales se había concretado,
dado que existía la posibilidad de vincular directamente al peticionario a
Avianca o de ordenar su inclusión en el proceso de selección congelado. De
manera que en este asunto no se configuraba la carencia de objeto bajo ninguna
modalidad.
21.
Por
otra parte, se debe tener en cuenta que la tesis que sostiene la decisión
finalmente adoptada, esto es, que al haber finalizado la convocatoria y no
requerirse actualmente tripulantes de cabina -por razón de la crisis
generada por la pandemia de la Covid-19- se torna imposible, inocuo o
innecesario proferir una orden de protección, genera un equivocado precedente[203]
o un efecto práctico contrario a derecho; en efecto, podría llevar a considerar
que siempre que a través de la acción de tutela se pretenda la inclusión,
nombramiento o el acceso a un empleo, y este ya haya sido ocupado o el
empleador no tenga la intención de crear otros cargos, el operador judicial
debe declarar la carencia de objeto por situación sobreviniente,
circunstancia que desvirtúa la naturaleza protectora de la acción; asimismo,
termina por limitar la actuación del juez constitucional, porque implica que
este no cuenta con ninguna herramienta para salvaguardar los derechos
afectados.
22.
Es
importante resaltar que el simple paso del tiempo o los hechos que sobrevengan
en la convocatoria o proceso de selección con posterioridad a la solicitud de
amparo, no convierten el caso automáticamente en una carencia de objeto por
circunstancia sobreviniente. A manera de ilustración, la Corte ha conocido de
acciones de tutela formuladas por presuntas trasgresiones en concursos de
méritos en los que, después de promoverse la acción, ha seguido el cronograma
llegando a suplir los cargos, y ello no ha sido un impedimento para otorgar la
protección constitucional ordenando, por ejemplo, dejar sin efectos la lista de
elegibles[204],
es decir, retrotraer toda la actuación trasgresora.
23.
Finalmente,
observo con preocupación que la forma en que fue resuelto el asunto genera un
vaciamiento de la acción tutela, pues reduce su potencialidad de protección de
derechos fundamentales, al sostener -sin fundamento suficiente-, que en
casos como el que se debate no es posible proferir ninguna eventual orden de
protección ni restablecer efectivamente los derechos fundamentales afectados, a
pesar de que resulta evidente que la Corte sí contaba con herramientas a su
alcance para, de ser el caso, contrarrestar o detener los posibles efectos
adversos de la actuación de Acción S.A.S. y Avianca S.A.
24.
Conforme
a lo expuesto, la sentencia T-002 de 2021 desconoce los lineamientos
jurisprudenciales sobre la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente, y su enfoque, además, genera un efecto práctico adverso y
produce el vaciamiento de la potencialidad protectora de la acción de tutela.
25.
Por
otra parte, considero, como lo señaló la ponencia, que en este caso no existió
la vulneración alegada por el accionante, dado que su exclusión del proceso de
selección de tripulantes de cabina de pasajeros no obedeció a un motivo
discriminatorio, sino al resultado de los exámenes de anfetaminas[205]
y a la ausencia de experiencia reciente en el cargo. Lo anterior, teniendo en
cuenta que (i) los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos 2 y 63, que
determinan los perfiles de los trabajadores de este sector, establecen
claramente que por motivos de seguridad del vuelo y de sus pasajeros: “Ninguna
empresa admitirá a una persona para desempeñar funciones sensibles para la
seguridad operacional, a menos que esa persona haya sido sometida a un examen
toxicológico previo con resultado negativo”; (ii) no hay prueba de que las
entidades demandadas conocieran que el actor padecía VIH, ni de que Colmédicos
IPS S.A.S. le hubiese realizado sin su consentimiento un examen para determinar
la existencia de la enfermedad[206].
Si bien el peticionario afirmó haber expresado su condición al médico que
adelantó el procedimiento, la historia clínica no registra dicha información,
mucho menos está acreditado que Acción S.A.S. o a Avianca S.A. hubiesen tenido
acceso a la misma, por lo que no es posible considerar que se vulneró el deber
de reserva respecto de su diagnóstico, ni que este representara un impedimento
para desarrollar el cargo[207].
En ese orden, la actuación surtida en el proceso de selección no se observaba
irrazonable ni desproporcionada.
26.
Adicionalmente,
el presunto error en el examen de psicoactivos realizado por la IPS Colmédicos -de
presentarse-, en todo caso se derivaría de la información inexacta que el
accionante aportó a la entidad. En efecto, antes de realizar las pruebas de
laboratorio se le solicitó que indicara si consumía medicamentos para el
tratamiento de alguna enfermedad[208],
esto con la finalidad de prever posibles falsos positivos en la prueba; sin
embargo, el demandante se abstuvo de hacer referencia al uso de los
antirretrovirales. De tal forma, no era posible considerar que la no selección
para desempeñar el cargo proviniera de una falla de la IPS que efectuó el
examen.
27.
De
tal forma, en lugar de declarar la improcedencia del amparo por la
configuración de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, la
Sala de Revisión debió negar la protección constitucional ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales invocados[209].
28.
En
los anteriores términos, presento salvamento de voto a la sentencia adoptada en
esta oportunidad.
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Magistrado
[1] Este aspecto constituye un dato sensible de acuerdo con el artículo
5º de la Ley 1581 de 2012.
[2] Si bien en el certificado de existencia y representación legal, que
consta en el expediente, la razón social de esta compañía es Acción S.A.S., los
correos electrónicos que recibió el accionante tienen membrete con el nombre
Grupo Accionplus. Así que las referencias que hace el demandante a Accionplus
deben entenderse hechas a Acción S.A.S., que es el nombre legal de la empresa.
[3] Cuaderno 1, folio 1. En los folios 14 y 15 del cuaderno 1 obra
copia de la historia clínica, en la que consta el diagnóstico de VIH desde el
10 de julio de 2019, y certificado médico del 12 de diciembre de 2019, en el
cual se menciona que el paciente tiene “carga viral indetectable y adecuado
conteo de cd4, lo que indica buen control inmunovirológico” y “en
tratamiento actualmente con tenofovir/emticitrabina + darunavir/rit”.
[4] En folio 16 del cuaderno 1 obra copia del correo electrónico que
recibió el accionante, en el cual una sicóloga de Acción S.A.S. lo cita a una
charla informativa sobre el proceso de selección el 21 de octubre de 2019.
[5] Cuaderno 1, folio 1.
[6] En su contestación de la demanda, Avianca S.A. explica que, “por
la masividad de la convocatoria y la capacidad, Avianca apoya remitiendo
misivas pero el caso es liderado en su totalidad por Acción Plus S.A.S.”.
Cuaderno 1, folio 59.
[7] En folios 19 a 20 del cuaderno 1 obra copia de este correo
electrónico.
[8] Cuaderno 1, folio 1.
[9] En folios 22 a 23 del cuaderno 1 obra copia de este correo
electrónico.
[10] En folios 24 a 25 del cuaderno 1 obra copia de este correo
electrónico, en el cual efectivamente se invitó al tutelante a “entrevista
final del proceso de selección para tripulantes de cabina de pasajeros”.
[11] Cuaderno 1, folio 2.
[12] Cuaderno 1, folio 2.
[13] En folios 28 a 30 del cuaderno 1 obra copia de este correo
electrónico.
[14] Cuaderno 1, folio 2.
[15] Cuaderno 1, folio 2.
[16] Cuaderno 1, folio 3.
[17] Cuaderno 1, folio 35.
[18] Cuaderno 1, folio 3.
[19] Cuaderno 1, folio 37.
[20] Cuaderno 1, folio 37.
[21] Cuaderno 1, folio 3.
[22] Cuaderno 1, folio 3.
[23] Cuaderno 1, folio 3.
[24] Cuaderno 1, folio 3.
[25] Cuaderno 1, folio 4.
[26] Cuaderno 1, folio 4.
[27] Cuaderno 1, folio 44.
[28] Cuaderno 1, folio 44.
[29] Cuaderno 1, folio 44.
[30] Cuaderno 1, folio 51.
[31] Cuaderno 1, folio 44. En folio 52 del cuaderno 1 obra copia de
correo enviado por la sicóloga de Acción S.A.S. En este correo se lee que el
peticionario “me comunicó para informarme que el médico le indicó que en sus
resultados aparece con registro de marihuana. Me comenta que habló con el
médico y afirma que él nunca ha consumido marihuana y tampoco cigarrillo. //
¿Qué posibilidad hay de que le vuelvan a realizar el examen?”.
[32] Cuaderno 1, folio 45.
[33] Cuaderno 1, folio 45.
[34] Cuaderno 1, folio 45.
[35] Cuaderno 1, folio 46.
[36] Cuaderno 1, folio 55.
[37] Cuaderno 1, folio 60.
[38] Cuaderno 1, folio 58.
[39] Este contrato no tiene fecha.
[40] Cuaderno 1, folio 77.
[41] Cuaderno 1, folio 77.
[42] Cuaderno 1, folio 78.
[43] Cuaderno 1, folio 59.
[44] Cuaderno 1, folio 102.
[45] Cuaderno 1, folio 102.
[46] Cuaderno 1, folio 103.
[47] Cuaderno 1, folio 103.
[48] Cuaderno 1, folio 103.
[49] Cuaderno 1, folio 110.
[50] Cuaderno 1, folio 113.
[51] Cuaderno 1, folio 115.
[52] Cuaderno 1, folio 113.
[53] Cuaderno 1, folio 115.
[54] Cuaderno 1, folios 115-116.
[55] Cuaderno 1, folio 116.
[56] Cuaderno 1, folio 116.
[57] Cuaderno 1, folio 131.
[58] Cuaderno 1, folio 131.
[59] Cuaderno 1, folio 140.
[60] Cuaderno 2, folio 7.
[61] Cuaderno 3, folio 1.
[62] Cuaderno 3, folio 7.
[63] Cuaderno 3, folio 2.
[64] Cuaderno 3, folio 2.
[65] Cuaderno 3, folio 3.
[66] Cuaderno 3, folio 3.
[67] Cuaderno 3, folio 3.
[68] Cuaderno 3, folio 3.
[69] Cuaderno 3, folio 4.
[70] Cuaderno 3, folio 4.
[71] Cuaderno 3, folio 4.
[72] Cuaderno 3, folio 4.
[73] Cuaderno 3, folio 2.
[74] Cuaderno 3, folio 2.
[75] Cuaderno 3, folio 3.
[76] Cuaderno 3, folio 3.
[77] Cuaderno 3, folio 4.
[78] Cuaderno 3, folio 4.
[79] Cuaderno 3, folio 4.
[80] Cuaderno 3, folio 5.
[81] Cuaderno 3, folio 2.
[82] Cuaderno 3, folio 2.
[83] Cuaderno 3, folio 11.
[84] Cuaderno 3, folio 12.
[85] Cuaderno 3, folio 4.
[86] Cuaderno 3, folio 14.
[87] Cuaderno 3, folio 15.
[88] Cuaderno 3, folio 18.
[89] Cuaderno 3, folio 1.
[90] Cuaderno 3, folios 2-3.
[91] Cuaderno 3, folio 3.
[92] Cuaderno 3, folios 3-4.
[93] Cuaderno 3, folio 2.
[94] Cuaderno 3, folios 2-3.
[95] Cuaderno 3, folio 3.
[96] Cuaderno 3, folio 3.
[97] En el presente acápite, se reiteran las consideraciones contenidas
en las Sentencias T-253 de 2020 y T-496 de 2020, con ponencia de la Magistrada
Sustanciadora.
[98] Sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.
[99] Sentencia T-182 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
[100] M.P. Diana Fajardo Rivera.
[101] Sentencias T-419 de 2018 y SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo
Rivera.
[102] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[103] Algunas de estas consideraciones son tomadas, incluso literalmente,
de la Sentencia SU-111 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[104] Sentencia T-290 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[105] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[106] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[107] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[108] Cuaderno 1, folio 77.
[109] Cuaderno 1, folio 78.
[110] Cuaderno 1, folio 80.
[111] La Corte recordó, en Sentencia SU-439 de 2017 M.P. Alberto
Rojas Ríos, que “(…) este Tribunal ha puntualizado que de conformidad con el
presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término
prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de
los hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales,
pues es claro que la solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser
como mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo,
lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección
constitucional”. En esta providencia, la Corte declaró improcedente la
tutela, puesto que habían transcurrido once meses y un día desde que se
profirió la resolución que era atacada vía este mecanismo constitucional, “término
que resulta altamente irrazonable”.
[112] Cuaderno 1, folio 35.
[113] Sentencia T-662 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[114] Sentencias T-163 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-328 de
2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-456 de 2004 M.P. Jaime Araujo
Rentería, T-789 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-136 de 2001 M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes, entre otras.
[114] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[115] En la Sentencia T-694 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
la Corte llegó a esta misma conclusión, al analizar la subsidiariedad de una
tutela promovida por una persona contra ECOPETROL por haber sido excluida de un
proceso de selección a causa, según el demandante, de ser familiar de un
exmilitante de las milicias campesinas del Casanare. En aquella ocasión, la
Corte consideró que si bien se trataba de una empresa de economía mixta, sus
relaciones laborales estaban regidas por el derecho privado.
[116] Véanse, entre otras, las Sentencias T-009 de 1992, M.P. Alejandro
Martínez Caballero, T-547 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-134 de
1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[117] Es pertinente recordar que los derechos fundamentales nacieron como
una defensa de las personas frente al poder del Estado, de manera tal que este
tuviera límites. En este sentido, originalmente los derechos eran
exclusivamente oponibles al Estado. Sin embargo, la teoría jurídica evolucionó
para ampliar la órbita de acción de los derechos fundamentales hacia las
relaciones entre privados, bajo el entendido que aquellos no solamente pueden
ser amenazados por el Estado, sino también por particulares (Anzures Gurría, J.
J. La eficacia horizontal de los derechos fundamentales. En: Revista
Mexicana de Derecho Constitucional. N.º 22, enero-junio de 2010, pp. 3-51).
[118] Esta Corporación ha resumido los hechos que originaron el Fallo
Lüth de 1958 en los siguientes términos: “Eric Lüth, director de una
organización de prensa privada, inició un boicot comercial para impedir la
difusión de una película producida por el señor Veit Harlan, argumentando la
cercanía de este último al régimen nacionalsocialista y su participación en la
producción de películas antisemitas. Veit Harlan presentó una acción civil en
la que solicitó como medida cautelar que se ordenara a Lüth suspender el
boicot, pretensión que fue acogida por un Tribunal civil, en segunda instancia.
Eric Lüth elevó un recurso de amparo contra esa decisión ante el Tribunal
Constitucional alemán. Como argumento central de la demanda señaló que su
actuación no era ilícita sino que se trataba de una manifestación legítima de
la libertad de expresión” (Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria
Calle Correa). El Tribunal Constitucional alemán consideró que los
derechos fundamentales deben valer en todos los ámbitos del derecho debido a
que tienen una dimensión objetiva, es decir, ellos constituyen un sistema de
valores que irradia todas las relaciones sociales. Por tanto, estimó que el
llamado al boicot en contra de un particular goza de la protección del derecho
a la libertad de expresión.
[119] Al respecto, ha indicado que “[l]a Constitución de 1991 se
inspiró igualmente en el aporte jurisprudencial alemán, que se centró en el
hecho de que los derechos constitucionales despliegan un efecto en el tráfico
jurídico entre particulares” Sentencia T-148 de 1993, M.P. Alejandro
Martínez Caballero. Véase, igualmente, la Sentencia T-819 de 2008, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[120] Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[121] Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[122] De manera consolidada, la jurisprudencia
constitucional ha tomado como referentes el Fallo Lüth y la doctrina del
Tribunal Constitucional Federal Alemán para la construcción del concepto de
eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Ver, entre otras, las
Sentencias T-009 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-547 de 1992,
M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-378 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[123] Sentencias T-883 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y
T-160 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[124] Al respecto, la Corte ha destacado que el principio de supremacía
constitucional cumple una función integradora del orden jurídico
(Sentencia C-054 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), la cual coincide con
la visión desarrollada por la jurisprudencia inicialmente de acuerdo con la
cual las relaciones jurídicas privadas deben ajustarse al orden objetivo de
valores establecido por la Carta. En este sentido, las normas constitucionales
otorgan coherencia interna a todo el ordenamiento, incluso a las relaciones
jurídicas entre los particulares.
[125] Sentencias T-160 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y
C-378 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[126] Sentencia T-819 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[127] Sentencia T-335 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[128] Sentencia T-819 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[129] “La Corte considera que, de acuerdo con el inciso quinto del
artículo 86 superior, al legislador le corresponde señalar los casos, esto es,
las situaciones o las circunstancias en los que procede la tutela contra
particulares. Por ende, no era atribución de la ley, so pretexto de dar
cumplimiento a un mandato constitucional, determinar los derechos fundamentales
que pueden ser invocados por el solicitante cuando el sujeto pasivo de la
tutela es un particular (…)” (Sentencia C-134 de 1994, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa).
[130] Sentencia T-351 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[131] Al respecto, ha dicho la Corte: “No obstante, cabe distinguir
entre las dos dimensiones de la cuestión bajo estudio porque sería errado
concluir que la dimensión procesal configura totalmente la dimensión material
(…). Por el contrario, debido precisamente al lugar que ocupan los derechos
fundamentales en el ordenamiento constitucional colombiano y a su efecto de
irradiación se puede sostener que el influjo de éstos cobija todas las
relaciones jurídicas particulares, las cuales se deben ajustar al “orden
objetivo de valores” establecido por la Carta política de 1991. Cosa distinta
es que la acción de tutela, como mecanismo idóneo de protección de los derechos
fundamentales en las relaciones entre particulares sólo proceda prima facie en
los supuestos contemplados por el artículo 86 constitucional” (Sentencia
T-632 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). Véase también la Sentencia
T-160 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[132] Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria
Calle Correa.
[133] “En el plano de las relaciones privadas, la protección de los
derechos fundamentales tienen una eficacia horizontal como una manifestación
del principio de la igualdad, pues, precisamente ante las relaciones dispares
que se sostienen en el ámbito social, sin la obligatoriedad de los derechos
fundamentales entre particulares, la parte débil quedaría sometida sin más, a
la voluntad de quien ejerce autoridad o tiene ventaja sobre ella, y desde el
punto de vista material, equivale a decir que quienes se encuentran en estado
de indefensión o subordinación tienen la posibilidad de asumir una verdadera
defensa de sus intereses” (Sentencia T-689 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub). Véanse también las Sentencias T-375 de 1997, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, C-378 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y T-883 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[134] Ver, por ejemplo, Sentencias T-449 de 2008, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-057 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-500 de 2019,
M.P. Alberto Rojas Ríos; y T-052 de 2020 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo,
entre otras.
[135] Ver, por ejemplo, las Sentencias T-260 de 2012, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-050 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-121 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido; T-243 de 2018, M.P. Diana Fajardo
Rivera; y SU-420 de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, entre otras.
[136] Ver, por ejemplo, las Sentencias T-959 de 2010, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-751 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa; T-136 de
2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-227 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, entre otras.
[137] Ver, entre otras, las Sentencias C-112 de 2000, M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-1042 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[138] Sentencia T-1042 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[139] Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria
Calle Correa.
[140] Sentencia C-112 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[141] En este sentido, la Corte ha sostenido que “(…) acarrearía riesgos a la seguridad jurídica: la indeterminación
de las cláusulas iusfundamentales podría generar intensas divergencias en
cuanto a su interpretación por parte de sujetos razonables, generaría cargas
excesivas para algunos sujetos si se repara en la exigibilidad de protección a
la integridad personal a un particular o de los contenidos prestacionales de
los derechos, y podría limitar el ejercicio de la autonomía de la voluntad que
es, en sí misma, expresión de la dignidad humana y del libre desarrollo de la
personalidad”.
[142] Sentencia T-611 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[143] Sentencia T-1042 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[144] Sentencia T-1042 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[145] Sentencia T-1042 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[146] M.P. Fabio Morón Díaz.
[147] M.P. María Victoria Calle Correa.
[148] La Sala consideró que existía indefensión, “dada la superioridad
social de la organización masónica frente a sus miembros” (Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa).
[149] La Corte sostuvo que, en esa oportunidad, no se evidenció que la “solución
de esa controversia sea una condición necesaria para asegurar el goce efectivo
de un derecho fundamental, lo que explica que la Sala no se involucre en ella,
sin que esta decisión cierre las puertas al actor para acudir a la
administración de justicia si desea controvertir la decisión desde el plano de
la legalidad, o si en su concepto, existe un daño que debe ser reparado en
términos de responsabilidad extra civil (sic)” (Sentencia T-720 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa).
[150] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[151] Capítulo desarrollado con base en la Sentencia T-335 de 2019
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[152] Sentencia T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[153] Sentencia SU-062 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[154] Sentencia T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[155] Sentencia T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[156] Sentencia T-335 de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[157] Capítulo desarrollado con base en la Sentencia T-335 de 2019
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[158] Ibidem.
[159] Ibidem.
[160] Ibidem.
[161] Sentencia C-248 de 2019 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[162] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[163] Estas consideraciones fueron tomadas de la Sentencia C-265
de 2019 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[164] Sentencia de la Corte
Constitucional C – 269 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, reiterado en la
sentencia C-365 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[165] Sentencia C-228 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[166] Ibidem.
[167] Sentencia C-228 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[168] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-616/01.
[169] Ibidem.
[170] Sentencia C-616/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil, reiterada en sentencia
C-228 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[171] Sentencia T-425/92 M.P. Ciro Angarita Barón, reiterada en las
sentencias C-616 de 2001 y C-228 de 2010.
[172] Sentencia C – 524 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[173] Sentencia T – 579 de
1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[174] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[175] Sentencia T-291 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[176] Sentencia C-524 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. La Corte expresó
en esta oportunidad: “[El] Estado al regular la actividad económica cuenta
con facultades para establecer límites o restricciones en aras de proteger la
salubridad, la seguridad, el medio ambiente, el patrimonio cultural de la
Nación, o por razones de interés general o bien común. En consecuencia, puede
exigir licencias de funcionamiento de las empresas, permisos urbanísticos y
ambientales, licencias sanitarias, de seguridad, de idoneidad técnica, etc., pero
en principio y a título de ejemplo, no podría en desarrollo de su potestad de
intervención interferir en el ámbito privado de las empresas, es decir, en su
manejo interno, en las técnicas que se deben utilizar en la producción de los
bienes y servicios, en los métodos de gestión, pues ello atentaría contra
la libertad de empresa y de iniciativa privada (…)” (Énfasis agregado).
[177] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[178] Sentencia T-694 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[179] Sentencia T-247 de 2010 M.P. Humberto Sierra Porto.
[180] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[181] Estatuto General del Transporte
[182] Sentencia T-987 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[183] Ibidem.
[184] Ibidem.
[185] Ibidem.
[186] Ibidem.
[187] Al respecto el
artículo 1782 del Código de Comercio dispone lo siguiente: ““por "autoridad
aeronáutica" se entiende el Departamento Administrativo de Aeronáutica
Civil o la entidad que en el futuro asuma las funciones que actualmente
desempeña dicha Jefatura. || Corresponde a esta autoridad dictar los
reglamentos aeronáuticos.”
[188] Sentencia T-987 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[189] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[190] Cuaderno 1, folio 44.
[191] Cuaderno 1, folio 110.
[192] “Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales”.
[193] Cuaderno 1, folio 37.
[194] De forma preliminar se estableció que la acción superaba la
procedibilidad, en particular frente al requisito de subsidiariedad la ponencia argumentó que no existe ningún mecanismo judicial
ordinario para controvertir la presunta discriminación por padecer VIH que se
consideró generada por el retiro del aspirante del proceso de selección. En tal
sentido, el demandante solo contaba con la acción de tutela.
[195] Sobre este punto se explicó que el accionante, pese a la
solicitud del médico, se abstuvo de informar que consumía medicamentos para el
tratamiento del VIH. En efecto, la Sala comprobó que en el consentimiento
informado que obra en el expediente no hay mención alguna del actor sobre los
retrovirales que eran administrados para tratar su patología. De suerte que era
imposible para los médicos y demás profesionales encargados de valorar la
prueba científica, establecer si el resultado de “alterado” para
anfetaminas fue consecuencia de una reacción cruzada ocasionada por la medicina
con la que el peticionario trata su enfermedad.
[196] Sentencia T-155 de 2017. Los orígenes de
esta figura se remontan a las sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200
de 2013.
[197] Sentencia T-060 de 2019.
[198] Sentencia T-379 de 2018.
[199] Cfr. sentencias SU-522 de 2019 y T-017 de 2020. Dichos casos no son taxativos; en la referida sentencia, la Corte
indicó que la situación sobreviniente no es categoría totalmente delimitada y
que fue diseñada para cubrir escenarios que no encajan
en las categorías originales de hecho superado y daño consumado.
[200] Al resolver este asunto la Corte destacó que conforme la
jurisprudencia este fenómeno se presenta cuando “(i) la vulneración
cesó en cumplimiento de una orden judicial, (ii) la situación del accionante
mutó, de tal forma que ya no requiere lo que había solicitado inicialmente, y
(iii) se reconoció a favor del demandante un derecho, que hizo que perdiera el
interés en el reconocimiento de lo que solicitaba en la tutela”.
[201] Determinó que el accionante debía conservar su investidura.
[202] Profirió una orden de libertad.
[203] La Corte ha descrito la tarea que le ha encomendado la Constitución
en el art. 241.9 (revisión de tutelas) como el análisis que conduce a un
pronunciamiento cuyo “interés principal (…) no sea resolver el caso
específico sino sentar una doctrina cuyo destinatario es el país entero, de
forma que la sujeción a ésta por parte de las autoridades y los particulares
vaya forjando una cultura de respeto de los derechos fundamentales”.
Sentencias C-018 de 1993 y SU-055 de 2015.
[204] Cfr. Sentencia T-049 de 2019.
[205] De acuerdo con los conceptos
especializados de las universidades Nacional y de Antioquia, las moléculas de los antirretrovirales que consume el actor no son
reportadas como interferentes para el resultado de anfetaminas, es decir, no existen
ensayos, estudios o hallazgos médicos que refieran interferencias de estos
medicamentos con la prueba de anfetaminas.
[206] No se demostró que se hubiese quebrantado
la prohibición de realizar exámenes para determinar la presencia de este
diagnóstico. El art. 21 del Decreto 1543 de 1997
dispone: “Prohibición para Realizar Pruebas. La exigencia de pruebas de
laboratorio para determinar la infección por el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) queda prohibida como requisito obligatorio para: (…) b. Acceso a
cualquier actividad laboral o permanencia en la misma. (…)”.
[207] Quedó acreditado que no se desconoció el deber de reserva de la
enfermedad, ni de la historia clínica. Ello de conformidad con los
artículos 32 y 35 del Decreto 1543 de 2017 que indican: “Art. 32. Deber de la
Confidencialidad. Las personas integrantes del equipo de salud que conozcan o
brinden atención en salud a una persona infectada por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), asintomática o sintomática, están en la
obligación de guardar sigilo de la consulta, diagnóstico, evolución de la
enfermedad y de toda la información que pertenezca a su intimidad. (…) Art. 35.
Situación Laboral. Los servidores públicos y trabajadores privados no están
obligados a informar a sus empleadores su condición de infectados por el Virus
de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En todo caso se garantizarán los derechos de
los trabajadores de acuerdo con las disposiciones legales de carácter laboral
correspondientes.” Asimismo, con el parágrafo del art. 4 de la
Resolución 2346 de 2007 que dispone que “el médico debe respetar la reserva
de la historia clínica ocupacional y sólo remitirá al empleador el certificado
médico, indicando las restricciones existentes”. Igualmente, se demostró
que dentro del proceso de selección no constituía una restricción tener VIH y/o
SIDA.
[208] Es importante destacar que el Decreto 1543
de 1997 señala: “Art. 36. Deber de Informar.
Para poder garantizar el tratamiento adecuado y evitar la propagación de la
epidemia, la persona infectada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH),
o que haya desarrollado el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y
conozca tal situación está obligada a informar dicho evento, a su pareja sexual
y al médico tratante o al equipo de salud ante el cual solicite algún servicio
asistencial”.
[209] Y en ese sentido, confirmar la sentencia
de primera instancia.