T-401-92
Sentencia No
Sentencia No. T-401/92
DERECHO A LA LIBERTAD/IGUALDAD ANTE LA
LEY/INIMPUTABLES/MEDIDAS DE SEGURIDAD/PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA
La prolongación indefinida de las medidas
de seguridad  vulneró el derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 de
la Constitución Política. Si bien los jueces al negarse a ordenar la cesación
de las medidas de seguridad, lo hacían en desarrollo de precisas competencias a
ellos atribuidas por el Código Penal, no advirtieron, en las diferentes
situaciones, cómo los efectos de la ley contrariaban las mencionadas
disposiciones constitucionales, justo a partir del momento en que perdía
sustento la razonabilidad de las medidas de seguridad y su reiterada negativa a
levantarlas producía una prolongación indefinida e injusta de las mismas.
La dignidad humana fue aquí desconocida,
olvidándose que toda persona, en razón de su condición humana, exige igual
consideración y respeto y debe reconocérsele capacidad de autodeterminación y
posibilidad de goce de los bienes inapreciables de la existencia. Tratándose de
enfermos incurables, la autodeterminación y la posibilidad de gozar de la
existencia no les puede ser negada y ellas son las que resulten más adecuadas y
ajustadas a su disminuida condición física y mental.
EXCEPCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD
La constitucionalidad de la ley no es óbice
para considerar que su aplicación en una situación particular puede resultar,
atendidas las especiales circunstancias presentes, inconstitucional, y deba
prescindirse de darle aplicación. Ello ocurre cuando los efectos de la ley
referidos a una situación singular, producen consecuencias contrarias a la
propia Constitución, en un momento inicial o posteriormente.
ESTADO SOCIAL DE
DERECHO/INIMPUTABLES-Atención integral
El Estado debe proteger y atender de manera
especial a las personas con debilidad manifiesta  por su condición económica,
física y mental. Los convictos inimputables sujetos a una injusta y prolongada
privación de su libertad, cesado el motivo de la correspondiente medida de
seguridad, deben ser objeto de la protección integral por parte del Estado si
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. La situación descrita
transforma la obligación genérica del Estado frente a las personas débiles o
marginadas, en obligación específica y hace nacer el correlativo derecho a
exigir las prestaciones correspondientes por parte de las personas en quienes
concurran las circunstancias de debilidad manifiesta. El Estado social de
derecho (CP art. 1) impone la solución señalada ante los casos de manifiesta
injusticia material y vulneración de la dignidad humana, cuando ha sido el
mismo Estado el primero en eludir sus compromisos.
ACCION DE TUTELA/DERECHOS
FUNDAMENTALES-Vulneración
La acción de tutela era en las
circunstancias anotadas el medio idóneo para impetrar la protección de los
derechos fundamentales cercenados y para restablecer el respeto a la dignidad
humana, tanto en lo que concierne a su eficacia como a su efectividad, máxime
si se tiene en cuenta que los medios judiciales ordinarios constantemente
utilizados por los accionantes se revelaron en la práctica como insuficientes
para proteger sus derechos.
SENTENCIA DE JUNIO 3 DE 1992
Ref:
Expedientes T-103; T-377; T-426
Actores: LUIS FRANCISCO BARAJAS, LUIS                                                       JESUS
CORTES   GONZALEZ   Y                                                      BERNARDO
GOMEZ SANDOVAL.
Magistrado
Ponente:
Dr. EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los doctores Eduardo Cifuentes Muñoz, José
Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero     ha pronunciado
EN NOMBRE  DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION
la siguiente
SENTENCIA
En los procesos de acción de tutela de LUIS
FRANCISCO BARAJAS contra el JUZGADO PRIMERO (1o.) SUPERIOR DE BUCARAMANGA, LUIS
JESUS CORTES GONZALEZ contra el JUZGADO ONCE (11) SUPERIOR DE Santafé de
Bogotá, y BERNARDO GOMEZ SANDOVAL contra el JUZGADO SEGUNDO (2o.) SUPERIOR  DE
BUCARAMANGA.
ANTECEDENTES
1. Los fallos de tutela radicados bajo los
números T-103, T-377 y T-426 fueron seleccionados para revisión por la Corte
Constitucional y serán examinados mediante este único acto en razón de la
homogeneidad de los hechos y de las pretensiones de los accionantes, todos
ellos inimputables condenados  por los delitos de homicidio.
2. Los señores LUIS FRANCISCO BARAJAS, LUIS
JESUS CORTES GONZALEZ y BERNARDO GOMEZ SANDOVAL han permanecido por el término
de veintiséis (26) años y cuatro (4) meses, veintidós (22) años y treinta (30)
años, respectivamente, privados de su libertad con medidas de seguridad de
internación siquiátrica en manicomio criminal.
3. En el mes de noviembre de 1991 los
suscritos señores BARAJAS, CORTES y GOMEZ interpusieron, por separado, acciones
de tutela contra los juzgados que inicialmente los condenaran a medidas de
seguridad de mínimo dos (2) años y de máximo indeterminado. Citan como violados
sus derechos a la libertad (CP art. 28), a la igualdad (CP art. 13), a la
dignidad de la persona (CP art. 1), a la prescriptibilidad de las medidas de
seguridad (CP arts. 28 y 29) y a la seguridad jurídica.
4. De la acción de tutela ejercida por el
señor LUIS FRANCISCO BARAJAS contra el JUZGADO PRIMERO (1o.) SUPERIOR DE
BUCARAMANGA, conoció la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BUCARAMANGA, la cual concedió la tutela pedida y ordenó al Juzgado Primero
Superior disponer la CESACION de la medida de seguridad que cobijaba al señor BARAJAS.
La Sala Penal del Tribunal Superior basó su
decisión en las valoraciones psiquiátricas practicadas al señor BARAJAS en
1990, según las cuales "se trata de un paciente anciano con el deterioro
normal de su avanzada edad y que no presenta sintomatología  en la actualidad,
no recibiendo por lo tanto ningún tipo de medicación ni presentando problemas
de manejo".
A juicio de la Sala, "el condenado,
por virtud del tratamiento a que fue sometido, que prácticamente culminó en el
año de mil novecientos sesenta y ocho, en el que le fue suspendida toda
medicación, ha adquirido suficiente adaptabilidad al medio social en que ha de
desenvolverse", por lo que resulta evidente la cesación de la medida de
seguridad, en contra del anterior concepto del Juzgado Primero Superior de
Bucaramanga para el cual "la duración de la medida de seguridad impuesta
al enfermo mental permanente depende de su curación (fl. 44) por lo que no
amerita ningún pronunciamiento".
La Sala Penal del Tribunal Superior de
Bucaramanga afirmó que condicionar la suspensión o cesación de la medida de
seguridad a la recuperación de la salud mental del convicto incurable
"equivale a hacerla perpetua e irredimible", con lo que se
configuraría el desconocimiento del derecho a la libertad, a la igualdad ante
la ley, a la prescriptibilidad de las medidas de seguridad, a la seguridad
jurídica y a la dignidad humana.
5. El señor LUIS JESUS CORTES GONZALEZ
presentó directamente en el JUZGADO QUINTO (5o.) PENAL DEL CIRCUITO de Santafé
de Bogotá acción de tutela con fundamento en la violación  ya mencionada.
En providencia del cinco (5) de diciembre
de 1991, el Juez Quinto (5o.) Penal del Circuito decidió que la solicitud del
señor CORTES GONZALEZ "no puede ser materia de acción de tutela", por
disponer el afectado de otro medio de defensa judicial y ser el Juzgado Once
(11) Superior de Santafé de Bogotá, como autoridad judicial de quien depende la
causa, la llamada a determinar si existe la supuesta violación de los derechos
fundamentales del solicitante.
Impugnada la anterior providencia por el
interesado, tanto el Juzgado Quinto (5o.) Penal del Circuito como el Juzgado
Once (11) Superior de Santafé de Bogotá se negaron a darle trámite. El primero
por considerar que su providencia era un auto de simple trámite en el cual no
se resolvía sobre la acción de tutela sino que la petición del señor CORTES
GONZALEZ  "debe interpretarse en sano criterio como una nueva solicitud
para la suspensión de la medida de seguridad". En criterio del segundo, el
Juzgado Quinto (5o.) Penal del Circuito si era competente para resolver la
impugnación porque en la decisión del cinco (5) de diciembre de 1991 "está
resolviendo adversamente pretensiones del interno CORTES GONZALEZ".
Luego de repetidos envíos y devoluciones de
las diligencias de un juzgado a otro, éstas fueron finalmente remitidas al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. El Tribunal, como
juzgador de segunda instancia, confirmó la providencia del cinco (5) de
diciembre de 1991, al estimar "que las expresiones utilizadas por el
Juzgado Quinto (5o) Penal del Circuito en su auto del cinco (5) de diciembre no
dejan duda alguna de que consideró improcedente la acción de tutela en la
situación jurídica que atraviesa Cortés González y que por lo tanto resolvió
negativamente ese petitum de tutela aunque la misma funcionaria se haya negado
luego a reconocerlo".
El argumento central de la decisión el
Tribunal Superior se basa en la improcedencia de la acción de tutela por
existir otros recursos o medios judiciales, siendo evidente que "el
procesado LUIS JESUS CORTES GONZALEZ dispone aún, dentro del proceso que ha
motivado su privación de libertad, de la posibilidad de seguir solicitando la
suspensión de la medida de seguridad que lo afecta y, en el evento de negativa
por parte del Juzgado Once (11) Superior, de interponer los recursos legalmente
previstos contra una determinación en ese sentido".
6. Por su parte, de  la acción de tutela
interpuesta por el señor BERNARDO GOMEZ SANDOVAL contra sentencia del JUZGADO
SEGUNDO SUPERIOR DE BUCARAMANGA del cinco (5) de febrero de 1963, conoció la
Sala Penal del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de Bucaramanga. Mediante
sentencia del veintidós (22) de enero de 1992, dicha Sala resolvió DENEGAR la
solicitud de tutela formulada con el argumento de la existencia de una
"amarga paradoja - atribuíble  a la imprevisión estatal - la de que siendo
innecesaria la reclusión por haber desaparecido jurídicamente el motivo que la
generara, no se la pueda ordenar judicialmente, por no darse la condición  de
hecho, suspensiva,  impuesta por los facultativos y que los falladores no
podrían obviar sino aduciendo argumentos invalidativos".
En efecto, según el Tribunal, "al
repasar el informativo procesal del peticionario se observa que desde el año 72
ha estado suplicando se suspenda el internamiento y que desde el 79 los peritos
conceptúan que el tratamiento de su dolencia podría hacerse ambulatoriamente,
pero condicionando esta alternativa a que un pariente o alguna institución de
beneficiencia quiera recibirlo, ya que por sí solo no está en condiciones de
poderse valer. En el 82 se advierte que aunque es remota la posibilidad de que
pueda causar daño, las convulsiones que padece han deteriorado notoriamente su
mente, por lo que amerita de cuidados y atención médica permanente (C 4, 26).
Otros informes con pronósticos semejantes se condujeron con ocasión de la
reiteración del pedimento y solo en el 88 se discrepa de los anteriores. En el
89 sin embargo se torna a la tendencia precedente, repitiendo que se le puede
dar de alta a condición de que su familia o alguna entidad se responsabilice de
su cuidado, "porque no puede valerse por sí mismo" ".
FUNDAMENTOS JURIDICOS
1. La dignidad humana, cuya vulneración
ponen de presente los reclusos que en esta ocasión han ejercido la acción de
tutela, es en verdad principio fundante del Estado (CP art.1). Más que
derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración
y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la
Constitución.
La dignidad, como principio fundante del
Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado ni relativizado
bajo ninguna circunstancia, lo que a menudo sí acaece con los derechos que
deben necesariamente coexistir con otros y admiten variadas restricciones.
La naturaleza de principio que
ostenta la dignidad humana, impide que su desconocimiento pueda ser alegado de
manera principal y única como causa de la acción de tutela. Sin embargo, ella
se resiente cada vez que una acción u omisión de una autoridad pública viola o
pone en peligro un derecho fundamental. Además del quebrantamiento de un
derecho fundamental, el accionante de la tutela puede invocar - como ocurre en
el presente caso - el agravio infligido a su dignidad humana, y así el Juez
podrá apreciar en su fallo tanto la conculcación del derecho como la
profanación a la dignidad.
2. En los libelos de tutela se denuncia la
situación de desigualdad ante la ley a la que el Código Penal (arts. 94-96) sujeta
a los inimputables. Para éstos, las denominadas medidas de seguridad
contemplan un mínimo, pero el máximo queda indeterminado. Tratándose de los imputables,
expresión quizá inexacta y que aquí se utiliza sólo para contraponerla a la
de inimputables, la ley al disponer la sanción señala un mínimo y un
máximo de la pena.
El artículo 13 de la CP establece:
"Todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán  la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará
los abusos o maltratos que  contra ellas se cometa".
De la norma transcrita puede inferirse que
una hipótesis de desigualdad sería la de deducir consecuencias jurídicas
diferentes de situaciones de hecho semejantes, apelando para el efecto a
elementos de diferenciación irracionales o arbitrarios.
3. La naturaleza jurídica de las medidas de
seguridad, no es tema pacífico en la ciencia penal. Algunos sostienen su
carácter de pena que debe tener por lo tanto una duración definida, si
no se desea desvirtuar el principio de legalidad. Otros reconocen en ella una
función no sancionatoria sino de protección del enfermo y de la sociedad,
pudiendo levantarse o suspenderse cuando aquél no represente peligro para ésta.
En materia constitucional,
independientemente de su naturaleza, la medida de seguridad que afecta a los inimputables
limita sus derechos fundamentales en cuanto supone privación de su libertad,
la cual se encuentra justificada en la ley en cuanto hace a la comisión de
un delito pero debe de todas manera apreciarse desde el punto de vista de la equidad
de trato frente al régimen punitivo ordinario, lo que conduce a analizar si
la misma viola el principio de igualdad ante la ley.
4. La nota diferencial de la medida de
seguridad, frente a la pena ordinaria, consiste en el "máximo
indeterminado", que apareja la primera. Podría desconocerse la equidad
de trato y por ende el principio de igualdad si, en la limitación de los
derechos fundamentales de los inimputables, como consecuencia de la
aplicación de la ley penal, no obra un elemento diferenciador relevante que
racionalmente justifique la disparidad de la pena ordinaria y de la medida de
seguridad en lo que concierne a su duración.
La intención subjetiva presente en el
momento de cometer el delito es
el elemento que distingue las situaciones en que se ven comprometidos los
imputables y que está ausente cuando la acción es realizada por los
inimputables, incapaces de comprender la ilicitud de su conducta y determinarse
de acuerdo con dicha comprensión. La conducta y el agente conforman para la Ley
Penal un conjunto unitario que, con base en el indicado elemento, es claramente
distinguible según se trate del imputable o del inimputable, de modo que las
consecuencias jurídicas - pena y medida de seguridad - son diferentes y ello es
así pues se originan en presupuestos diversos. La distinción que opera la Ley
Penal, a juicio de la Corte, no es arbitraria, máxime si el legislador al
otorgarle mayor peso a la intencionalidad del acto ha buscado conferirle más
severidad a la pena. De otra parte, la medida de seguridad - mirada no a partir
de su presupuesto sino de su consecuencia - tiene entidad y singularidad
propias, explicables por su finalidad rehabilitadora del enfermo.
5. La constitucionalidad de la ley no es
óbice para considerar que su aplicación en una situación particular puede
resultar, atendidas las especiales circunstancias presentes, inconstitucional,
y deba prescindirse de darle aplicación. Ello ocurre cuando los efectos de la
ley referidos a una situación singular, producen consecuencias contrarias a la
propia Constitución, en un momento inicial o posteriormente.
6. En los tres casos examinados, los
reclusos han permanecido privados de su libertad por el término de veintiséis
(26) años y cuatro (4) meses LUIS FRANCISCO BARAJAS, veintidós (22) años LUIS
JESUS CORTES GONZALEZ, y treinta (30) años BERNARDO GOMEZ SANDOVAL. En el
primer caso, el doctor ALVARO SANIN, médico psiquiatra del hospital Julio
Manrique de Sibaté dónde se encontraba recluido el señor LUIS FRANCISCO
BARAJAS, conceptuó en valoración psiquiátrica realizada el 9 de agosto de 1990
que "se trata de un paciente anciano con el deterioro normal de su
avanzada edad y que no presenta sintomatología en la actualidad, no recibiendo
por tanto ningún tipo de medicación ni presentando problemas de manejo",
habiendo sido suspendida la medicación desde 1968. En el segundo caso, desde
enero de 1982 el médico EDUARDO DE LA ROCHE, director del anexo psiquiátrico de
la Penitenciaria Central de Colombia había conceptuado que el comportamiento
del señor LUIS JESUS CORTES GONZALEZ "es tranquilo sin rasgos de
peligrosidad, pero totalmente ajeno a lo que acontece a su alrededor"
(...) "su permanencia en el anexo no es necesaria, consideramos de mayor
beneficio su traslado a una institución psiquiátrica de beneficencia, o si las
condiciones lo permiten un control médico ambulatorio, bajo la responsabilidad
de sus familiares". Y, en el tercer caso, desde 1982 se advirtió por parte
de los especialistas DANILO MURCIA ARANA y ALVARO RODRIGUEZ GAMA, médicos
forenses del Instituto de Medicina Legal, que "examinado el señor BERNARDO
GOMEZ SANDOVAL, dictaminamos que por su estado normal y físico, en la
actualidad y en el momento, la peligrosidad de que vuelva a causar daño en sociedad,
es de remota posibilidad".
No obstante lo anterior, los diferente
jueces, pese a las  solicitudes de levantamiento de las medidas de seguridad,
fundadas en los dictámenes médicos atrás referidos, se abstuvieron de darles
curso favorable. Indistintamente se alegó por los jueces ora la sólo parcial
recuperación del enfermo ya la ausencia de apoyo familiar que hacía temer por
su integridad personal luego de adquirir la libertad.
Los motivos alegados de suyo carecen de
justificación para mantener privados de libertad a las indicadas personas
sujetas a las medidas de seguridad. Tratándose de convictos incurables, exigir
su completa rehabilitación carece de razonabilidad, debiéndose en justicia
supeditar la libertad a la comprobación de la no peligrosidad aunada a la
adquisición de un adecuado grado de adaptabilidad social. La ausencia de apoyo
familiar, por sí misma, no es criterio suficiente para mantener indefinidamente
privado de la libertad al convicto, enfermo incurable, que reune las dos
condiciones anteriores, y de ser cierta esa circunstancia el campo de
soluciones en un Estado social no puede limitarse de manera tan inhumana. Menos
atendible es todavía el planteamiento del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Santafé de Bogotá - Sala Especial - que no ve vulneración de
derecho alguno y fundamenta la denegación de la tutela en la posibilidad que el
ordenamiento le brinda al recluso, enfermo incurable, para solicitar
periódicamente ante el juez que decretó la medida su levantamiento concurriendo
la causal para ello, que es precisamente lo que aquél durante los últimos diez
años infructuosamente trató de hacer.
7. En los tres casos examinados, los
motivos invocados por los jueces para mantener las medidas de seguridad
respectivas, carecen manifiestamente de razonabilidad. En estas condiciones los
efectos de la ley, frente a dichas situaciones, deben cesar por contrariar
expresas disposiciones constitucionales y erigirse en afrenta a la dignidad
humana en una sociedad democrática y justa.
8. Según el artículo 28 de la Constitución,
en ningún caso podrá haber penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
Medidas de seguridad que se prolonguen indefinidamente, no obstante que su
finalidad se encuentre cumplida, adquieren de hecho la característica de imprescriptibilidad
que repudia el ordenamiento constitucional.
9. El artículo 34 de la Constitución
prohibe la pena de prisión perpetúa. Supeditar la cesación de una medida de
seguridad impuesta a un inimputable incurable a su completa rehabilitación, sabiendo
de antemano que ella es imposible, equivale a que ésta haga tránsito a pena
perpetua, máxime si se acredita que el convicto no reviste peligrosidad y está
en grado de adaptarse adecuadamente a la sociedad. El principio pro
libertate obliga al juez a escoger la alternativa menos gravosa para el
recluso.
10. La prolongación indefinida de las
medidas de seguridad - en los presentes casos - vulneró el derecho a la
libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política. Si bien los
jueces al negarse a ordenar la cesación de las medidas de seguridad, lo hacían
en desarrollo de precisas competencias a ellos atribuidas por el Código Penal,
no advirtieron, en las diferentes situaciones, cómo los efectos de la ley
contrariaban las mencionadas disposiciones constitucionales, justo a partir del
momento en que perdía sustento la razonabilidad de las medidas de seguridad y
su reiterada negativa a levantarlas producía una prolongación indefinida e
injusta de las mismas.
11. Las violaciones a los derechos
fundamentales que en los tres casos amparaban a los reclusos, inimputables
incurables, abandonados sin justificación jurídica y durante varios lustros de
su existencia en un anexo penitenciario cuya precariedad es públicamente
conocida, evidencian la transformación de una pena o medida de seguridad, en un
comienzo lícitamente impuesta, en pena o medida degradante y cruel y, por
tanto, inconstitucional (CP art. 12). La dignidad humana fue aquí desconocida,
olvidándose que toda persona, en razón de su condición humana, exige igual
consideración y respeto y debe reconocérsele capacidad de autodeterminación y
posibilidad de goce de los bienes inapreciables de la existencia. Tratándose de
enfermos incurables, la autodeterminación y la posibilidad de gozar de la
existencia no les puede ser negada y ellas son las que resulten más adecuadas y
ajustadas a su disminuida condición física y mental. Los inimputables, enfermos
incurables, pertenecen al grupo de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos y el trato que la sociedad y el Estado debe dispensarles no es el de
"igual consideración y respeto" sino el de "especial
consideración, respeto y atención" (CP art. 47), precisamente por su misma
condición y en obedecimiento a los principios de respeto a la dignidad humana y
de solidaridad, sobre los cuales se edifica el Estado social de derecho (CP
art. 1).
12. De acuerdo con lo señalado por el
artículo 13 de la Constitución Política y reiterado por el artículo 47 del
mismo estatuto, el Estado debe proteger y atender de manera especial a las
personas con debilidad manifiesta  por su condición económica, física y mental.
Los convictos inimputables sujetos a una injusta y prolongada privación de su
libertad, cesado el motivo de la correspondiente medida de seguridad, deben ser
objeto de la protección integral por parte del Estado si se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta, tal y como ocurre en los tres casos
examinados en esta providencia. La situación descrita transforma la obligación
genérica del Estado frente a las personas débiles o marginadas, en obligación
específica y hace nacer el correlativo derecho a exigir las prestaciones
correspondientes por parte de las personas en quienes concurran las
circunstancias de debilidad manifiesta. El Estado social de derecho (CP art. 1)
impone la solución señalada ante los casos de manifiesta injusticia material y
vulneración de la dignidad humana, cuando ha sido el mismo Estado el primero en
eludir sus compromisos.
13. El Gobierno, a través de los Ministros
de Justicia y Salud, deberá presentar dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación de esta providencia los programas de atención y
protección integral de las personas que serán beneficiadas con la cesación de las
medidas de seguridad y que, en consecuencia, se reintegrarán a la sociedad en
circunstancias de debilidad manifiesta.
14. La acción de tutela era en las
circunstancias anotadas el medio idóneo para impetrar la protección de los
derechos fundamentales cercenados y para restablecer el respeto a la dignidad
humana, tanto en lo que concierne a su eficacia como a su efectividad, máxime
si se tiene en cuenta que los medios judiciales ordinarios constantemente
utilizados por los accionantes se revelaron en la práctica como insuficientes
para proteger sus derechos.
15. De acuerdo con lo expuesto se procederá
a confirmar la sentencia de tutela proferida por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA del doce (12) de diciembre de
1991 y a revocar la sentencia dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE SANTAFE DE BOGOTA -SALA ESPECIAL- del treinta (30) de enero de
1992, así como la sentencia de la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE BUCARAMANGA del veintidós (22) de enero de 1992. Como consecuencia
de la revocatoria se deberá producir en cada caso la cesación de la
correspondiente medida de seguridad, a fin de restablecer a los accionantes en
el ejercicio de su derecho a la libertad. En razón de la condición de debilidad
manifiesta de las personas mencionadas en esta providencia, y solamente por
esta circunstancia, ellas deberán permanecer en el anexo penitenciario hasta el
momento en que el Estado -a través  de los Ministros indicados y del concurso e
intervención de los organismos y personas que ellos consideran del caso
vincular- asuma la protección integral, lo cual deberá producirse dentro de los
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la notificación de la sentencia.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión  de la Corte Constitucional,
R E S U E L V E
PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión de la SALA PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA del doce (12) de diciembre de
1991.
SEGUNDO.- REVOCAR la  sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL de Santafé de Bogotá - SALA ESPECIAL - del treinta (30) de enero de
1992.
TERCERO.-
REVOCAR la
sentencia de la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BUCARAMANGA del veintidós (22) de enero de 1992.
CUARTO.- RECONOCER el derecho a cargo del Estado a la atención
integral, para la debida protección suya y de la sociedad, en favor de los
señores LUIS FRANCISCO BARAJAS, LUIS JESUS CORTES GONZALEZ y BERNARDO GOMEZ
SANDOVAL, de conformidad con los programas que para el efecto deberán
presentarse y los cuales se diseñarán teniendo en cuenta las condiciones
económicas, físicas, síquicas, familiares y de todo orden de las personas
nombradas.
QUINTO.- ORDENAR que la protección integral que se reconoce
se canalice a través de los Ministerios de Justicia y Salud. En consecuencia,
los titulares de los dos indicados ministerios deberán presentar dentro de los
treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia tanto al
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de Santafé de Bogotá y a la SALA PENAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA, así como a la CORTE
CONSTITUCIONAL - SALA SEGUNDA DE REVISION - sendos programas de atención
integral que se ajusten a lo señalado en el punto quince (15) de los
fundamentos jurídicos. En todo caso, dentro de los cuarenta y cinco (45) días
siguientes a la notificación de esta sentencia, el Estado, a través de dichos
Ministerios, deberá haber asumido la protección integral de los señores LUIS
FRANCISCO BARAJAS, LUIS JESUS CORTES GONZALEZ y BERNARDO GOMEZ SANDOVAL, para
los efectos claramente indicados en el epígrafe cuarto de la parte resolutiva
de esta providencia y en los fundamentos jurídicos doce (12), trece (13) y
quince (15).
SEXTO.- NOTIFICAR a los MINISTROS DE JUSTICIA y SALUD el
contenido de esta providencia a fin de que en el término indicado en la misma
se proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en ella.
SEPTIMO.- ORDENAR que las decisiones que deben adoptarse en
desarrollo de lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, se
conformen a lo dispuesto en esta providencia y en particular a lo señalado en
el numeral quince (15) de los fundamentos jurídicos.
Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado Ponente
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
(Sentencia
aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá,
D.C., a los tres (3) días del mes de junio de mil novecientos noventa y dos
(1992)).