T-237-17
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-237/17
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Término razonable debe
valorarse en cada caso concreto
DEFECTO FACTICO POR LA OMISION
EN EL DECRETO Y PRACTICA DE PRUEBAS
El defecto fáctico por la omisión en el decreto y
la práctica de pruebas se presenta cuando el funcionario judicial omite el
decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la
debida conducción de ciertos hechos que resultan indispensables para la
solución del asunto jurídico debatido.
DEFECTO FACTICO POR LA NO
VALORACION DEL ACERVO PROBATORIO
Se
puede incurrir en un defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio,
cuando a pesar de existir elementos probatorios, el juez no los tiene en cuenta
para efectos de fundamentar la decisión.
DEFECTO FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA DEL MATERIAL
PROBATORIO
El defecto fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio se
advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria,
decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a
su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva.
DECISION SIN MOTIVACION COMO
CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
JUEZ-Obligación de motivar las
decisiones
La
jurisprudencia constitucional acerca del deber de motivar las decisiones
judiciales ha precisado que la exposición de las razones que llevaron a tomar
una determinada decisión  se erige como la mejor garantía para distinguir
lo legal de lo arbitrario. Por ello, los jueces deben identificar en sus
decisiones cuáles son las razones de hecho y de derecho que están empleando
para la resolución de un caso, porque en
un Estado social y democrático de derecho están prohibidas las decisiones
basadas en el poder puramente personal y es apenas lógico que los operadores
judiciales estén obligados a exponer de manera clara cuáles son las bases
lógicas y silogísticas de sus fallos como prenda del efectivo imperio de la legalidad en el seno de la sociedad.
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reiteración
de jurisprudencia
Esta Corporación  ha sostenido que en
una providencia judicial puede configurar un defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto” cuando: (i) no tiene
presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de
los derechos de los ciudadanos; (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica
objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto; (iii) por la
aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal; (iv)pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de
derechos fundamentales.
CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PROCESAL Y EL PAPEL DEL JUEZ-Operadores judiciales tienen
el deber de corregir, mediante sus providencias, las fallas que impiden que la
igualdad del proceso sea real y efectiva
El marco
filosófico de la Constitución convoca y empodera a los jueces de la República
como los primeros llamados a ejercer una función directiva del proceso,
tendiente a materializar un orden justo que se soporte en decisiones que
consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho sustancial, y con ello
la realización de la justicia material.
FACULTADES Y PODERES DEL JUEZ-Deber de practicar pruebas de
oficio en los procesos que se surten ante la jurisdicción ordinaria y de lo
contencioso administrativo
REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION-Jurisprudencia
del Consejo de Estado y la Corte Constitucional
EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES-Jurisprudencia del Consejo de Estado
El
Consejo de Estado ha precisado que tratándose de ejecuciones extrajudiciales la
prueba indiciaria constituye un elemento relevante para determinar la
responsabilidad estatal, ya que en el común de los casos, por las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentan estos delitos,
los estándares probatorios en sede judicial administrativa deben
flexibilizarse.
ESTANDARES PROBATORIOS
APLICABLES A GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia del Consejo de
Estado y la Corte Constitucional
Según la jurisprudencia del
Consejo de Estado tratándose de graves violaciones a los derechos humanos por
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que suelen desarrollarse, los
indicios en sede contenciosa administrativa adquieren una especial relevancia a
la hora de determinar la responsabilidad estatal
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-Jurisprudencia del Consejo de
Estado sobre la prueba indiciaria
El Consejo de Estado ha precisado que tratándose de ejecuciones
extrajudiciales la prueba indiciaria constituye un elemento relevante para
determinar la responsabilidad estatal, ya que en el común de los casos, por las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentan estos delitos,
los estándares probatorios en sede judicial administrativa deben
flexibilizarse.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, al exigir certificado de defunción para demostrar el fallecimiento de
una persona, en proceso de reparación directa por ejecución extrajudicial
En casos excepcionales cuando se presentan razones no imputables a la parte
interesada es posible dar por probada la muerte sin necesidad de acudir a la
solemnidad o aplicar el sistema de tarifa legal.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto por ausencia de motivación en proceso de
reparación directa por ejecución extrajudicial
Referencia: expediente T-5.939.667
Acción de
tutela interpuesta por Mercedes Olivares y otros contra el Tribunal Administrativo Itinerante
con sede en Bogotá de Descongestión y el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Villavicencio.
Magistrado
Sustanciador (e):
IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete (2017).
La Sala
Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Aquiles
Arrieta Gómez (e.) Alberto Rojas Ríos, e Iván Escrucería Mayolo (e.), quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere
la siguiente:
SENTENCIA:
Dentro del
proceso de revisión del fallo proferido en el asunto de la referencia por la
Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, la que a su vez confirmó la sentencia de la Sección Cuarta de esa misma
Corporacion, por medio de la cual se negó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
reparación integral de las víctimas invocados por los accionantes.
I.
ANTECEDENTES
La señora
Mercedes Olivares, quien actúa a nombre propio y en representación de sus hijos
menores; Fabio Enrique Medina Olivares; Laura María Medina Olivares; Miguel
Antonio Medina; Nelly Medina Guerra; Myriam Medina Guerra; Elizabeth Medina
Guerra; José Lisimaco Medina Guerra; Enrique Medina Guerra; Dagoberto Medina
Guerra; Julio César Medina Guerra; y Luz Marina Medina Guerra interpusieron,
por intermedio de apoderado judicial, acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de
Descongestión y el, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y reparación integral de las víctimas, sustentado en
los siguientes
1.
Hechos
1.1. El 7 de diciembre de 2007 los accionantes interpusieron acción de
reparación directa contra el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, por la presunta ejecución extrajudicial del señor Fabio Medina Guerra
a manos de miembros del Ejército Nacional el 7 de diciembre de 2005, en la
vereda La Ceiba, municipio de Calamar -Guaviare-.
1.2. En primera instancia, mediante sentencia del 22 de marzo de 2013,
el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Villavicencio negó las
pretensiones de la demanda argumentando que el material probatorio allegado al
proceso no permitía acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
rodearon los hechos alegados en la demanda. Precisó que no fue demostrado el
daño antijurídico, al no haber aportado el registro civil de defunción del
señor Medina Guerra, prueba que constituye el único medio admisible en sede
judicial para certificar el fallecimiento de una persona, de conformidad con lo
previsto en el artículo 105[1]
del Decreto 1260 de 1970[2].
1.3. El 22 de abril de 2013, la parte actora presentó recurso de
apelación contra la anterior decisión. Solicitó que se valoraran las pruebas
practicadas en el proceso penal que fueron trasladadas al de reparación directa
presuntamente demostrativas de la responsabilidad de los miembros del Ejército
Nacional en la ejecución extrajudicial del señor Fabio Medina Guerra. Así
mismo, adujo que el registro civil de defunción no obraba en el expediente
porque el cuerpo estaba desaparecido y, además, fue enterrado como persona no
identificada.
1.4. En fallo del 26 de noviembre de 2015, el Tribunal
Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de Descongestión[3] desató la alzada confirmando el fallo del a quo. Precisó que el
material probatorio obrante en el plenario no evidenciaba las circunstancias de
modo, tiempo y lugar alegadas en la demanda. Así mismo, afirmó que las piezas
trasladadas del proceso penal, tampoco ofrecían certeza de cómo ocurrieron los
hechos y si estos eran imputables al Ejército Nacional.
1.5. Los demandantes aseveran que las autoridades judiciales demandadas
no valoraron correctamente el acervo probatorio aportado al expediente, el cual
permitía concluir razonablemente que el señor Fabio Medina Guerra fue ejecutado
extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional, para posteriormente
presentarlo como dado de baja en un enfrentamiento por ser integrante de las
FARC. Precisan que las pruebas trasladadas demostraban que el fallecido era un
líder social, sin ninguna vinculación o relación con el conflicto armado.
1.6. Reiteran que tal y como lo precisó la Fiscalía General de la Nación el
cuerpo de Fabio Medina fue enterrado en el lote No 222 del sector N.N del
parque cementerio Jardines del Paraíso en San José del Guaviare, y solo hasta
cuando fue cotejada la muestra de ADN del menor Fabio Enrrique Medina Olivares con
dichos restos, se determinó que existía más del 99.9% de probabilidad que fuese
su hijo dando así por reconocido finalmente los restos.  En este sentido
afirmaron que inicialmente fue imposible obtener el certificado de defunción ya
que “el terror que ejercieron a la esposa de la víctima impidió que su
esposa lo reconociera y por ello no existe registro de defunción, lo único con
lo que se cuenta es con su acta de inspección del cadáver No.167 de 2005 que
reposa en el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar de San José del Guaviare,
donde se adelanta la investigación por la muerte del señor Medina”.
1.7. Por lo anterior, exponen que las sentencias acusadas incurrieron
en un: (i) defecto fáctico
tanto en su dimensión positiva como negativa ello al no valorarse adecuadamente
las pruebas obrantes en el expediente[4]
y al abstenerse de decretar las necesarias para llegar a la resolución del
litigio planteado; (ii) ausencia
de motivación de la decisión, al solo haber precisado en dos párrafos las
razones por las cuales no se probaba el daño antijurídico[5]; y (iii) defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al desconocer la realidad procesal demostrada en el proceso penal
adelantado como consecuencia de la muerte del señor Fabio Medina
Guerra. Resaltan además que las
pruebas trasladadas del proceso penal son totalmente admisibles dentro de la
reparación directa, cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos,
como lo ha establecido la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado.
1.8. Así las cosas solicitan: (i) se protegan los derechos
fundamentales de los accionantes, (ii) se revoque la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo Itinerante con sede en
Bogotá de Descongestión y (iii) se ordene al
referido despacho proceder a decidir sobre el fondo del recurso de apelación
instaurado por la parte demandante.
2.
Actuaciones del juez de primera instancia.
Mediante
auto de fecha 15 de julio de 2015 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta decidió: (i) admitir la acción de tutela
y (ii) vincular al Ministerio de Defensa Nacional, al Tribunal
Administrativo del Meta[6]
y a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para que se pronunciaran sobre
los hechos.
3.  Respuesta de las entidades accionadas.
3.1 El doctor
Carlos Enrique Ardila Obando, en calidad de Magistrado del Tribunal
Administrativo del Meta, afirmó que debía negarse la tutela interpuesta ya que con
esta se busca reabrir el debate probatorio y, en esa medida, no puede ser utilizada
como una tercera instancia. Resaltó que la providencia estuvo sustentada en el
acervo probatorio allegado al expediente y valorado bajo los preceptos de la
sana crítica.
En cuanto a
los medios de convicción trasladados del proceso penal, expuso que los elementos
de la responsabilidad penal son diferentes a la administrativa, motivo por el cual
no se hallaron los supuestos necesarios para establecer la responsabilidad del
Estado. Finalmente, adujó que no se vulneró el debido proceso porque en el
proceso contencioso administrativo se garantizó el derecho de defensa y se
agotaron las etapas procesales.
3.2. El Ministerio de Defensa y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio en esta etapa procesal.
4. Pruebas
relevantes aportadas al proceso
4.1. Copia de la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2015 por el
Tribunal Administrativo Itinerante de Descongestión con sede en Bogotá. (folios
29 al 36, cuaderno 1).
4.2. Copia de la solicitud de medida de aseguramiento y calificación adelantada
por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario contra
los procesados Javier Arias Guevara y otros, de fecha 3 de febrero de 2012 (folios
41 al 81, cuaderno 1).
4.3. Copia de la decisión proferida por la Unidad Delegada ante el
Tribunal Superior de Villavicencio por medio de la cual se resolvió el recurso
de apelación presentado por Javier Arias Guevara y otros, de fecha 7 de
noviembre de 2012 (folios 82 al 97, cuaderno 1).
5.
Decisiones judiciales objeto de revisión
5.1.
Primera instancia
La Sección
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
mediante providencia del 3 de octubre de 2016, determinó que la tutela no
cumplía con el requisito de inmediatez y, negó las pretensiones. Sobre el
particular expuso: “la Sala advierte que la solicitud de amparo carece del
requisito de inmediatez que la caracteriza, pues la última providencia que
reprocha la parte actora fue proferida el 26 de noviembre de 2015, notificada
por edicto desfijado el 15 de diciembre de ese mismo año, así, a la fecha de
presentación de esta acción, el 12 de julio de 2016, han transcurrido 6 meses”.
5.2.
Impugnación
Con escrito
radicado el 27 de octubre de 2016, la parte accionante impugnó la sentencia de
primera instancia al considerar que a la luz de la sentencia T-246 de
2015 no es admisible la imposición de un término de caducidad en la acción de
tutela, toda vez que el artículo 86 de la Constitución señala que esta se puede
interponer en cualquier momento, por lo que será el juez quien deberá evaluar
el plazo razonable en cada caso concreto.
Indicaron
que la tutela cumple con lo establecido por el Consejo de Estado sobre el
requisito de inmediatez, por cuanto “la sentencia en el proceso de
reparación directa proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
–Sala Itinerante del 26 de noviembre de 2015, quedó ejecutoriada el 12 de enero
de 2016. La acción de Tutela que ataca dicha providencia, fue interpuesta el 12
de julio de 2016, es decir exactamente 6 meses después”. En ese sentido,
afirman que no existió una demora en la presentación de la acción de amparo,
por lo cual solicitaron la revocatoria del fallo de primera instancia, para que
en su lugar se amparen sus derechos fundamentales.
5.3.
Segunda instancia
La
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, mediante providencia del 17 de noviembre de 2016, confirmó la decisión
del a-quo alegando que la providencia quedó ejecutoriada
el 18 de diciembre a las 5:00 pm, término que se contabilizó desde el día 15 de
diciembre de 2015, momento en el cual se desfijó el edicto. En ese orden
de ideas, precisó que no existe una explicación válida para el ejercicio de la
acción de tutela por fuera del tiempo proporcional y razonable adoptado por
dicha Corporación (6 meses).
6.
Actuaciones de la Corte Constitucional
La Sala
Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, mediante auto del 28
de febrero de 2017:
6.1.
Vinculó al trámite de la tutela a la Fiscalía General de
la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario y a la Procuraduría General de la Nación, para que
informaran el estado en que se encuentran las
correspondientes investigaciones penales y disciplinarias derivadas de las
actuaciones que llevaron a la iniciación del proceso de reparación directa.
6.2. En igual medida solicitó: (i) al Tribunal
Administrativo del Meta que allegara a este despacho copia del expediente del
proceso radicado con el numeral  50001-33-31-004-2008-00007-00. Actor Dagoberto
Medina y otros y (ii) a la Fiscalía General de la Nación, Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que remitiera
a esta Corporacion copia de las actuaciones adelantadas en el marco de las
investigaciones contra los señores Jhon Fredy Vargas Pineda y otros (Radicado
175.955 / 4.108).
Vencido el
término probatorio, la Secretaria General de la Corte Constitucional allegó a
la Sala las siguientes piezas procesales:
1. CD
contentivo del expediente penal contra los señores Jhon Fredy Vargas Pineda y
otros, Radicado 175.955 / 4.108 (consta de 1250 folios).
2. Registro
civil de defunción del señor Fabio Guerra Medina en el cual consta que por
orden judicial se reporta el deceso, fechado 4 de noviembre de 2014. (folio 71
cuaderno 9 del proceso penal).
7. Documentos que soportan la apertura del proceso penal que
actualmente se adelanta por los hechos que dieron origen a la acción de
reparación directa.
Como se precisó tanto en el escrito que dio origen a la presente
acción de tutela como en la sustentación esgrimida en el recurso de apelación
presentado contra la sentencia proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo de Descongestión de Villavicencio, la parte actora considera que en la reparación directa no fueron
valoradas las pruebas obrantes en el proceso penal adelantado contra los
señores Jhon Fredy Vargas Pineda y otros (Radicado 175.955 / 4.108).
Según las pruebas obrantes en el expediente son dos las versiones acerca
de cómo fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la
muerte del señor Fabio Medina Guerra. La primera esgrimida por los miembros del
Ejército Nacional según la cual al momento de adelantar una operación para “capturar”
a un miembro de las FARC estos fueron detectados, produciéndose un intercambio
de disparos en los cuales fue dado de baja el esposo y padre de los aquí
accionantes.
Por otro lado, existe una segunda versión narrada por la señora Mercedes
Olivares y otros testigos los cuales aseveran: (i) que el señor Fabio
Medina Guerra no era guerrillero sino un destacado líder social de la
comunidad, (ii) que fue torturado y aprendido en su domicilio por
miembros del Ejército Nacional, (iii) los cuales luego de permanecer por
varias horas en su casa y registrarla sin la orden de autoridad competente
finalmente lo asesinaron a escasos metros de la misma.
Teniendo en cuenta la importancia de las consideraciones vertidas
en el expediente penal para la resolución del presente caso, a continuación se
referirán los aspectos más relevantes del mismo.
7.1. Versión de los hechos invocados por la familia en el proceso
penal y en el marco de la reparación directa.
Según el relato de los hechos realizado por los familiares del occiso:
(i) Fabio Medina Guerra era un líder comunal, que se desempeñó
como presidente y como miembro del comité de coordinación de la Junta de Acción
Comunal de la vereda La Ceiba, municipio de Calamar -Guaviare-.
(ii) El difunto era conocido por tener una camioneta con la que
transportaba gente y hacía acarreos.
(iii) El día 7 de diciembre de 2005 el señor Fabio Medina Guerra y
su familia (esposa y dos menores), se preparaban para celebrar la noche de las
velitas, cuando aproximadamente a las 7:30 p.m., escucharon a los perros que
cuidaban la finca ladrar, por lo que el señor Fabio Medina salió con una
linterna, de la mano de sus dos hijos para saber quién estaba a los alrededores.
En ese momento, integrantes del Ejército Nacional, habiéndose identificado como
integrantes de la unidad "Héroes de Mitú", Batallón 61 Móvil,
irrumpieron en la casa del señor Medina, de forma violenta.
(iv) Precisa que los integrantes del Ejército arrebataron a los
niños de las manos de Fabio Medina, se lo llevaron para el patio de la finca y
encerraron a su esposa e hijos en la casa.
(v) Aseveran que mientras la familia permanecía encerrada, Fabio Medina
fue torturado, a tal punto que en varias oportunidades Mercedes Olivares, su esposa,
intentó intervenir pero no lo logró, esto debido a que un Sargento de apellido
López se quedó dentro de la casa reteniendo a la mujer y los hijos, mientras lo
atormentaban. Expone que los gritos y suplicas de su esposo fueron escuchados
por varios vecinos que se disponían a acudir a la casa para celebrar el día de
las velitas, testigos que rindieron testimonio en el proceso penal.
(vi) Se afirmó en el proceso de reparación directa que el sargento
le expresó a Mercedes que su esposo era guerrillero y que por eso lo iban a
matar.
(vii) Ponen de presente que Fabio Medina Guerra fue ejecutado extrajudicialmente
por miembros de dicha unidad hacia las 9:00 pm del día 7 de diciembre de 2005,
luego de haber sido torturado durante parte de la noche, mientras su esposa e
hijos escucharon los gritos y lamentos. Su cadáver fue puesto a escasos metros
de la casa al lado de una cancha de futbol previo a que se adelantaran acciones
que simulaban un combate.
(viii) Posteriormente asevera la accionante, los miembros del
Ejército Nacional saquearon y hurtaron los víveres que el occiso tenía para la
venta en la tienda que operaba en el mismo lugar de domicilio.
(ix) Según dicha versión, una vez finalizado el operativo el Ejército
conminó a los vecinos a suscribir un acta de buen trato, en la cual quedaba
constancia, no sólo del buen estado en que se había dejado a la señora y los
niños, sino de que "no se habían perdido objetos de la casa". Aseguran
que esta acta se firmó bajo amenaza de llevarse a la señora Mercedes Olivares a
una base militar en caso de no ser firmada.
(x) Los integrantes de esa unidad trasladaron el cadáver del señor
Medina en un helicóptero a las 11: 00 a.m., con dirección a la ciudad de San
José del Guaviare. El cuerpo del señor Medina fue enterrado como N.N. y
registrado como persona dada de baja en combate.
(xi) Informan que el cuerpo de Fabio Medina Guerra no pudo ser
exhumado hasta el año 2012, ya que debido a las intimidaciones en contra de la
señora Mercedes Olivares y el desplazamiento forzado que sufrió con sus hijos,
resultaba imposible la ubicación, exhumación y reconocimiento del cuerpo.
7.2. Versión de los hechos alegados por el Ejército Nacional en
el marco del proceso de reparación directa y penal.
(i) Precisaron que por indicaciones que les diera alias Aníbal, un
reinsertado que duró catorce años en la guerrilla, procedieron a adelantar una
acción dirigida a detener al señor Fabio Medina Guerra.
(ii)  Afirman que el subversivo por los ladridos de los perros que
cuidaban la casa emergió de la misma con una linterna y al ver a la tropa procedió
a correr en dirección a una cancha de futbol mientras abría fuego contra los militares
quienes reaccionaron abriendo fuego en un combate que duró entre 5 y 10 minutos.
(iii) En dicho enfrentamiento falleció Fabio Medina Guerra.
(iv) Aseveran que el occiso en ningún momento fue retenido ni
torturado como falsamente lo afirma su esposa.
(v) Precisan que a Mercedes Olivares nunca se le impidió su
movilidad y si ella no salió de su casa fue porque deliberada y libremente así
lo quiso.
(vi) Exponen que ante la muerte de su esposo: a) la mujer
manifestó que era el segundo marido que le mataban, b) que no iba a reclamar el
cadáver porque no quería problemas, c) comenzó a ingerir licor, d) colocó
música de Darío Gómez, específicamente en repetidas ocasiones la canción "nadie
es eterno" y e) les ofreció comida y gaseosas a los soldados que
participaron en la operación.
(vii) Informan que por su estado de alicoramiento el Ejército lo
único que hizo fue brindarle ayuda.
(viii) Asegura que los moradores de manera independiente celebraban
la muerte de alias Fabio, “que se le había hecho un favor a la región”, pero
no se atrevían a rendir un testimonio.
7.3. Solicitud de medida de aseguramiento y calificación adelantada
por  la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
contra los procesados Javier Arias Guevara y otros, de fecha 3 de febrero de
2012.
Por estos hechos el Juzgado 62 Penal Militar con sede en el Batallón
Joaquín París, de San José del Guaviare inició una investigación penal. Después
de una colisión de competencias, la investigación quedó en conocimiento de la
justicia ordinaria, particularmente, en la Fiscalía 31 Especializada de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la
ciudad de Villavicencio bajo el radicado No. 4108.
La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de la Fiscalía General de la Nación procedió a solicitar medida de
aseguramiento e imputar varios delitos contra los miembros que participaron en
la operación en la cual falleció Fabio Medina Guerra. Para el ente
investigativo existen elementos de prueba que permiten sostener que el esposo y
padre de las accionantes no falleció en el marco de un combate, sino por el
contrario fue ejecutado, encontrándose en estado de indefensión, por miembros
del Ejército Nacional.
A continuación, se referirán las pruebas y testimonios que sirvieron de
sustento a la Fiscalía General de la Nación para librar la medida de
aseguramiento contra los militares y civiles que participaron en dicha
operación.
(i) Aptitud del arma supuestamente utilizada por el
señor Fabio Medina Guerra para enfrentar a la tropa. La resolución de
acusación de fecha 3 de febrero de 2012 contra los militares participantes de
dicha operación establece:
“El perito balístico plasmó en su informe las siguientes conclusiones
luego de analizar la pistola Prietto Beretta calibre 7.65 mm hallada junto al
cadáver de Fabio Medina: Debido a que el arma de fuego no presenta retenedor de
la corredera se puede observar al interior de la caja de los mecanismos el
resorte recuperador con el eje, sin esta pieza (retenedor) al momento de
producirse el disparo por la acción de los gases, lo más probable es que la corredera
salga expulsada fuera del arma hacia adelante. Por las fisuras presentes a ambos
lados de la caja de los mecanismos, lo más probable es que al momento del disparo
el arma de fuego y por la acción de los gases se fragmente en varios pedazos,
poniendo en peligro la integridad física del operario.
(…)
Otra prueba pericial relevante es el estudio que se hizo del arma
supuestamente encontrada al lado del cadáver de la víctima, y con la cual
presuntamente intentó disparar a la tropa. En el Informe de Laboratorio No. 135
del 12 de marzo de 2010 consta los defectos que presentó el arma y la inaptitud
de este para disparar sin poner en peligro la vida del tirador (…) la pistola
que según los aquí procesados le fue encontrada al fallecido, carece de
mecanismos técnicos para ser utilizada en un combate como el que pretenden
hacer creer al Despacho los implicados”.
(ii) El
protocolo de necropsia no coincide con las versiones de los implicados. El
citado documento de fecha 3 de febrero de 2012 expuso:
“De acuerdo con las versiones de los militares implicados en el asunto
se hace referencia a un combate en que el agresor Fabio Medina Guerra sale de
la casa, y corre disparando su arma hacia una cancha de fútbol, desde luego en
un terreno totalmente plano.
Si observamos el protocolo de necropsia, visible al folio 116-1, se
puede verificar en el numeral IX. DESCRIPCIOÑ ESPECIAL DE LESIONES POR
PROYECTILES DE ARMA DE FUEGO; "1.1 ORIFICO DE ENTRADA: De 0.5 POR 0.5 CM,:
situado a 22 cm del vértice y a 14 cm de la línea media anterior, en la base
del cuello, inmediatamente por encima de la clavícula derecha, con anillo de
contusión, sin evidencia macroscópica de residuos de disparo. 1,2 ORIFICIO DE
SALIDA: de 0.5 por 0.5 cm, situado a 53 cm del vértice y a 16 cm de la línea
media posterior, con bordes evertidos, localizados en la cara posterior del flanco
izquierdo.
Esta herida pone en evidencia que efectivamente la herida no pudo
haberla recibido el occiso, cuando según ellos corría disparando, dado que la
misma presenta un origen de arriba hacia abajo, ingresando por la clavícula
derecha, con orificio de salida en la parte posterior del flanco izquierdo, 31
centímetros abajo del orificio de entrada”.
(iii) Los cartuchos que tenía la pistola. La resolución
de acusación en este sentido precisa lo siguiente:
“El Capitán ARIAS informó a sus superiores vía radial, que a alias
FABIO se le incautaron cuatro cartuchos…
La constancia que en manuscrito se deja por quien recibe en el Juzgado
62 de instrucción Penal Militar el oficio No. 192, suscrito por el oficio al B2
de la BRM7, que dice con relación a la pistola: "Traía 4 (cuatro)
cartuchos, -marca Águila- en el proveedor, el cual no se pudo sacar de la
pistola"…
Como se puede verificar en dictamen emitido por balística adscrito al
CTI de la Unidad, del cual se correrá traslado, y que hace referencia a
aspectos, como que el proveedor tuvo que extraerse con un destornillador de
pala, porque sus mecanismos de expulsión no funcionan, que la misma no es apta
para producir disparos, dictamen que contradice totalmente el inicialmente
practicado por miembros del ejército…
Si no se logró extraer el proveedor de la pistola, cómo se enteró el funcionario
que traía cuatro cartuchos en su interior, más aún, cómo hizo para enterarse
que esos cartuchos eran marca Águila. La única forma de saberlo, es enterándose
antes de ser cargada, y si el proveedor no podía ser extraído es porque el
mismo estaba incrustado en el arma desde antes del supuesto combate, y quien lo
cargó necesariamente tenía que haber informado a quien llevó el arma al Juzgado,
de la cantidad y clase de proyectiles que poseía en su interior”.
(iv) Divergencias
en los testimonios respecto al lugar donde se adelantó el enfrentamiento.
La resolución de acusación contra los militares sobre este punto precisa:
“LUIS ALEJANDRO MICAN GOMEZ, en declaración de ENE- 19/2006 señala cómo
el Ejército tuvo suficiente tiempo para llegar al sitio, envolver la casa y
solicitara (sic) que se saliera de la casa…
LOPEZ ESCUDERO en su versión de MAR-21/2006, indica que toda la acción
se ejecutó luego que la casa estuviera asegurada…
ARNOLD EMIDIO PEÑA MORA señala en declaración de ENE-18/2006, que una
vez llegaron al sector donde era la información, los perros los sintieron y
salió un señor con una linterna y al ver a uno de los soldados comenzó a correr
y a disparar…
IBARRA REALPE, señaló que la víctima se encontraba en la carretera,
dice que los miró y sacó la pistola, salió corriendo, que el mismo se
encontraba lejos de la casa. Precisó: "el puntero PEÑA, miró a alguien que
estaba en la carretera, el man de una vez nos miró y de una vez sacó una
pistola, y salió a correr y mi teniente GARCIA dio la orden de comenzar a
disparar, y cuando disparamos el man cayó boca abajo, y en cinco minutos
tomamos la seguridad." No vio a la persona pero escuchó los disparos de
pistola, y afirma que éste se encontraba lejos de la casa y la tropa estaba
como a quinientos metros de ellos, el ataque lo recibieron cuando se estaban
desplazando, por un lugar con visibilidad y plano, y de tanta bala que le
llovió alguno tuvo que impactarlo…
Entonces todas las primeras versiones de los hechos (qué se supondrían
son las más fieles porque se tomaron al poco tiempo de sucedidos los hechos por
lo cual se recuerdan más fácilmente todos los detalles) guardan importantes
divergencias que desde luego abren a duda sobre la ocurrencia de los mismos”.
(v) ¿Los
militares se encontraban en línea de tiro entre ellos? La resolución de
acusación de fecha 3 de febrero de 2012 expuso:
“Aunado a lo establecido en la inspección judicial, para recreación de
escena, donde observando los gráficos de quienes dispararon. Se establece que
las versiones de los militares, están alejadas de la lógica porque de ser así,
como lo señalaron en sus versiones sobre los disparos, las cuales quedaron
plasmadas de una parte en el Informe de investigador de campo, número 436, de
la Misión de Trabajo Número 1174/2011, donde el Investigador Criminalística
VII, MARIO ALBERTO CAMONA VANEGAS, registró los planos topográficos del sitio
de la ocurrencia de los hechos donde falleció en forma violenta a manos de la
tropa del Ejército Nacional el señor FABIO MEDINA GUERRA, el 7 de diciembre de
2.005.
Igualmente se adelantó el registro de la trayectoria de disparo, según
versión presentada por los señores GARCIA PINEDA EDGAR, posición 1(P1) de
tendido, P2 arrodillado y P3 de pie. El Soldado EMIRO PEÑA MORA, P1 de tendido,
P2 de pie, P3 arrodillado. Y el Soldado FELIPE DE JESUS GONZALEZ NERIO, P1
piernas semiflectadas y P2 de tendido, las trayectorias de los disparos
referenciados y señalados por los antes mencionados en la diligencia de inspección
judicial para recreación de escena, quedaron registrados a través de los planos
que obran en la foliatura, entre los mismos militares se disparaban de frente
poniendo en peligro su integridad. Lo cual es contrario a la lógica y al
principio de conservación. Como tampoco es compatible con la trayectoria de disparo
que se adelantaron a las heridas que acabaron con la vida de FABIO MEDINA
GUERRA”.
(vi) ¿Los
militares aceptaron comida y bebida de la esposa de un guerrillero que acababan
de dar de baja en combate? La resolución de acusación de fecha 3 de febrero
de 2012 en este sentido adujo
“Según
el testimonio de la señora Mercedes Olivares, los miembros del Ejército
Nacional ingresaron a su casa, saquearon los víveres que tenían para la venta,
y la mantuvieron retenida. Más tarde, sagazmente conminaron a vecinos y conocidos
de la familia a suscribir un acta de buen trato, en la cual quedaba constancia,
no sólo del buen estado en que se había dejado a la señora y los niños, sino de
que "no se habían perdido objetos de la casa (…)
La señora
Mercedes Olivares relata que (…) siempre había un señor de esos cuidando la puerta,
yo le pedí el favor al que estaba cuidando que me dejara sacar una gaseosa del negocio
y los niños salieron conmigo, entré al negocio y me di cuenta que ellos ya lo habían
saqueado todo, estaba prácticamente desocupado.
Declaración de JHONATAN STEVE CASTRO BELTRAN continúa su relato
señalando que al otro día, él había quedado con otros estudiantes de organizar
el salón de la escuela para la clausura, motivo por el cual se desplazó para la
escuela y cuando iba llegando estaban dos soldados y no lo dejaron pasar,
motivo por el cual se devolvió. Después, es decir, el nueve de diciembre se escuchó
el helicóptero y después de que el helicóptero de fue ahí si dejaron pasar
hasta la casa de FABIO, donde fue con su papá JOSE VICENTE CASTRO y allí estaba
doña mercedes con los hijos llorando; le dijo que los militares se le habían
tomado la cerveza, y las cosas de la tienda que en esos días estaba bastante
surtida, observó botellas de gaseosa y cerveza regadas por las afuera de la
casa y ahí fue cuando se enteraron que habían matado a FABIO, a quien no le
conocía vínculos con la guerrilla, sino que era un líder comunitario que tenía
un carro en el que transportaba los víveres, para surtir la tienda…
CAPITAN
EDGAR BERNARDO GARCIA PINEDA… Se registró la casa y solo
había una mujer y una niña de diez años; no se encontró nada ilícito, la mujer
manifestó que era el segundo marido que le mataban, que no iba a reclamar el
cadáver porque no quería problemas, les dio comida y gaseosa. Todos dispararon
excepto los soldados IBARRA REALPE, MICAN y GONZALEZ NERIO. El desmovilizado,
ANIBAL reconoció el cadáver cuando se lo llevaron a Calamar para tal fin”
Teniendo en
cuenta los referidos antecedentes y las pruebas allegadas al proceso, la Sala
valorara si el Tribunal Administrativo Itinerante con sede en
Bogotá de Descongestión vulneró los derechos de los accionantes al
proferir la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2015.
II. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia.
Esta Sala
es competente para examinar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los
artículos 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
2. Planteamiento
de los problemas jurídicos.
De acuerdo
con los hechos relacionados corresponde a la Sala de Revisión, determinar si en el proceso de
reparación directa que culminó en segunda instancia en el
Tribunal Administrativo Itinerante con sede en Bogotá, mediante el cual se
negaron las pretensiones de la demanda, incurrió en: (i)
un defecto fáctico tanto en
su dimensión positiva como negativa ello al no valorarse adecuadamente las
pruebas obrantes en el expediente y al abstenerse de decretar las
necesarias para llegar a la resolución del litigio planteado; (ii) ausencia de motivación al momento de demostrar la inexistencia del daño
antijurídico, así como en (iii) un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al desconocer la realidad procesal demostrada en el proceso penal
adelantado como consecuencia de la muerte del señor Fabio Medina
Guerra.
Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala se pronunciará en
torno a (i) las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) el deber de motivar adecuadamente las decisiones
judiciales,  (iii) el defecto fáctico, (iv) la
constitucionalización del derecho procesal y el papel del juez en el proceso, (v)
el papel del juez en la materialización de decisiones justas, (vi) el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, (vii) exceso ritual
manifiesto, (viii) los estándares probatorios aplicables a graves
violaciones de derechos humanos y, para finalizar, (ix)
se resolverá el caso concreto.
3. Causales de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de
Jurisprudencia.[7]
3.1. La
jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar que existen unos requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
los cuales constituyen el presupuesto indispensable para que el juez
constitucional pueda examinar si en determinada decisión se presenta un defecto
que vulnera los derechos fundamentales. En la sentencia C-590 de 2005 se
indicó:
“Los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales son los siguientes:
a. Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya
se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[8].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se
hayan agotado todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[9].  De allí
que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas
autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración[10].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando
se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora[11].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[12].  Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no
se trate de sentencias de tutela[13].
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
3.2. Esta Corporación ha
hecho múltiples pronunciamientos sobre el requisito de inmediatez para la
procedencia de la acción de tutela. Inicialmente, la Corte Constitucional se
pronunció declarando la inconstitucionalidad del término de caducidad de la
acción y de las normas que así pretendían establecerlo en el Decreto
Estatutario 2591 de 1991, "por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política". El inciso primero del artículo 86 de la Constitución lo consagra al
determinar que: “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales”.
Dentro de las razones por las cuales la
Corte declaró mediante la Sentencia C-543 de 1992 la inexequibilidad de
los artículos 11 y 12 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, se destacan las
siguientes:
“(…) resulta palpable la oposición
entre el establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo
estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede
intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como lo
hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del
Decreto 2591 de 1991. (…)
Esta norma contraviene la Carta
Política, además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede
el alcance fijado por el Constituyente a la acción de tutela, quebranta la
autonomía funcional de los jueces, obstruye el acceso a la administración de
justicia, rompe la estructura descentralizada y autónoma de las distintas
jurisdicciones, impide la preservación de un orden justo  y afecta el
interés general de la sociedad, además de lesionar en forma grave el principio
de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento
jurídico”.
Atendiendo la naturaleza de
la acción de tutela, que tiene como propósito obtener la protección inmediata
de los derechos fundamentales, se ha discutido acerca de la necesidad de
estudiar un plazo razonable en la interposición del amparo. La
Sentencia SU-961 de 1999 precisó las características del principio de la
inmediatez y su razonabilidad, no sin antes reiterar, como regla general, que la posibilidad de interponer la acción de tutela en
cualquier tiempo significa que esta no tiene un término de caducidad. En este
sentido, adujo:
“La razonabilidad en la interposición de la acción de tutela está
determinada, tanto en su aspecto positivo, como en el negativo, por la
proporcionalidad entre medios y fines. El juez debe ponderar una serie de
factores con el objeto de establecer si la acción de tutela es el medio idóneo
para lograr los fines que se pretenden y así determinar si es viable o no.
Dentro de los aspectos que debe considerarse, está el que el ejercicio
inoportuno de la acción implique una eventual violación de los derechos de
terceros. Para hacerlo, el juez debe constatar: 1) si existe un motivo válido
para la inactividad de los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada
vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión y 3) si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de los derechos de los interesados”.
La consecuencia de la ratio mencionada es
que el juez constitucional, en principio, no puede desatender la tutela con
fundamento en el paso del tiempo sin atender las particularidades del caso. En este sentido, la sentencia T-288 de
2011 precisó:
“Todo fallo está determinado por los hechos, y dentro de estos
puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la acción.
En el contexto anterior,
el momento, en conjunto con otros factores, juega un papel
determinante, toda vez que puede romperse la congruencia entre el medio de
protección y la finalidad que se busca, esto, por ejemplo, en aquellos casos en
los cuales por no haberse ejercido la tutela dentro de un plazo razonable,
podría ya no haber un perjuicio inminente o vulnerarse derechos de
terceros. Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios
y fines, la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la
acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable.  La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela,
que debe ser ponderada en cada caso concreto. Conforme con lo anterior, el juez
es quien debe determinar si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, si bien el término para interponer la acción de tutela
no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el
juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de
manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de
alguna forma afecte derechos fundamentales, o que desnaturalice la acción”.
Además, la Corte ha
considerado en los asuntos referentes a la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales, el análisis de inmediatez debe ser
más estricto con el fin de no alterar los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada, ya que “la firmeza de
las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente”[14] . En otras palabras, la laxitud con la exigencia de la
inmediatez en estos casos significaría “que la firmeza de las
decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia
constitucional en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario de
esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cuál
el alcance de estos, con lo cual se produciría una violación del derecho de
acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y
ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad
jurídica[15]”.
Empero, la acción de tutela de
todas maneras resultaría procedente aunque fuere promovida transcurrido un amplio
espacio de tiempo siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad
de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad vulnere los derechos de terceros afectados con la
decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción
y la vulneración de los derechos de los interesados; y iv) cuando se demuestre
que la vulneración permanece en el tiempo y, pese a que el hecho que la originó
es muy anterior respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos continúa y es
actual[16].
En este orden de ideas, esta Corporación
mediante sentencia T-1178 de 2004 resolvió de fondo un asunto laboral en el
cual entre la terminación de los contratos de trabajo y la fecha de
interposición de la acción transcurrieron más de tres años, lapso que aunque en
principio resultaba irrazonable, fue justificado por la Sala Cuarta de Revisión[17].
Por su parte en la sentencia T-109 de 2009
este Tribunal concedió el amparo invocado contra una sentencia del Consejo de
Estado sobre indexación de la primera mesada pensional, proferida siete meses
antes de la presentación de la acción de tutela. En esa ocasión la Corte
evidenció que los jueces de instancia omitieron que la interposición del amparo
requería un recaudo probatorio dispendioso para demostrar la validez de las
pretensiones.
De la misma forma, en la sentencia T-164
de 2011 esta Corporación declaró procedente la acción de tutela de un ciudadano
que solicitaba el reconocimiento de la indemnización sustitutiva luego de 10 años
de haberle sido negada por parte de Cajanal. Al respecto dijo, “en el
presente asunto, puede determinarse que la vulneración al derecho a la
seguridad social del señor Gerardo Segura persiste en el tiempo, por cuanto, la
negación del reconocimiento de la indemnización sustitutiva, le restringe la
posibilidad al actor de contar con un ingreso para satisfacer sus necesidades,
por lo que no es conducente, como lo anotan los jueces de instancia,
alegar la ausencia de este requisito.”
En la sentencia SU-189 de 2012 se concedió
el amparo del derecho fundamental a la seguridad social a pesar del transcurso
de nueve meses, aproximadamente, desde que se profirió la resolución que negó
la pensión: “el número de meses
transcurridos entre esa fecha y la interposición de la tutela –agosto de 2009-,
constituyen un lapso razonable, no excesivo, que permite a la Sala afirmar que
no hubo violación al principio de inmediatez que es propio de la acción de
tutela. Más aún si se tiene en cuenta la complejidad documental que normalmente
acompaña las discusiones sobre el derecho pensional, el cual, como es sabido,
en sí mismo, resulta imprescriptible, fenómeno jurídico que solo afecta las
mesadas causadas no reclamadas dentro de los tres años siguientes a su
exigibilidad”.
Finalmente, en la Sentencia T-060 de 2016
este Tribunal precisó que en casos en los cuales se esté en presencia de
corrupción, abuso del derecho y fraude a la ley que generen un daño continuado,
la inmediatez debe analizar dichas particularidades. En este sentido, expuso
“Igualmente, se
debe tener en cuenta la grave afectación de los ingresos con los que se
financia la prestación de los servicios de salud, por cuanto los aportes se
destinan a financiar el sistema médico asistencial del afiliado pensionado, razones
que explican el cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso en estudio
(...) la acción es procedente ante
la grave afectación de recursos públicos. Por tal razón, y al evidenciarse que
en el presente caso el asunto versa sobre un daño continuado, como lo es el
pago de una obligación de tracto sucesivo –mesada pensional- y no se evidencia
desidia en la defensa jurídica por parte de la entidad pública accionante es
posible aplicar el mismo criterio empleado por las Salas de Revisión Quinta y
Sexta, y por lo tanto, el requisito de inmediatez será tenido por satisfecho”.
Del anterior recuento jurisprudencial, se
concluye que no existe un término establecido como regla general para
interponer la acción de tutela, ni siquiera cuando se ejerza contra
providencias judiciales. Así, el requisito de la inmediatez deberá ser abordado
desde la autonomía judicial con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud
fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “en
algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la
tutela improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría
considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de
las particularidades del caso”[18].
3.3. Adicionalmente,
la sentencia C-590 de 2005 también estableció que sumado a los presupuestos
generales resulta necesario acreditar la existencia de una causal especial de
procedibilidad, por lo que se requiere que se pruebe el acaecimiento de al
menos uno de los siguientes vicios:
“Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad,
las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado
la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[19] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado[20].
“i. Violación directa de la Constitución.” (Subrayas fuera del
texto original.)”[21]
En esas condiciones los criterios en mención constituyen el catálogo mínimo
que permite la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales. Los dos requisitos actúan como filtro para evitar que las
competencias de los jueces ordinarios, así como la seguridad jurídica y
autonomía, se vean afectados ilegítimamente. A continuación se hará especial
referencia a las causales descritas por los accionantes en su escrito de
tutela.
4. Causales especiales referidas en el
escrito de tutela
4.1 Defecto fáctico
4.1.1. Defecto fáctico
por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Reiteración de
jurisprudencia.
Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto
y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida
conducción de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido[22].
En este sentido, la sentencia T-488 de 1999 consideró que la omisión en
la práctica de la prueba antropoheredobiológica en un proceso de filiación, por
la especial importancia de este medio probatorio, constituía un típico defecto
fáctico con capacidad de afectar los derechos fundamentales de las partes.
Afirmó la Corte:
“se considera necesario reiterar, que la práctica de pruebas
constituye una de las principales actuaciones dentro de la conducción del
proceso, en la medida en que su importancia radica en la participación de la
misma en la conformación del convencimiento del fallador sobre los hechos
materia de decisión.
Debe la Sala reiterar a
propósito de lo antes expresado en las consideraciones generales, que la
autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva, a
apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma
específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una
vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que
desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha
solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para
el trámite del mismo.”
En la sentencia T-526 de 2001 este Tribunal constató
la existencia de un defecto fáctico ante la inactividad de un grupo de
funcionarios que impidió la correcta identificación del autor material de un
hecho punible en perjuicio de un tercero que fue procesado como reo ausente y
posteriormente privado de su libertad.   En esta ocasión, el defecto fáctico se
presentó ante la no recepción de los testimonios de las personas que podían
identificar plenamente al autor material de la conducta punible, la no
apreciación de ciertos hechos, como la diferencia de edad entre el responsable
del hecho) y el erróneamente sindicado, la diferencia del lugar de la
residencia del erróneamente sindicado, con el lugar en que se capturó al
responsable el día de los hechos y, la no apreciación de la prueba documental
que acreditaba la buena conducta del erróneamente sindicado. En esa oportunidad
consideró la Corte:
“...en este caso concreto encuentra que no se desplegó actividad
probatoria alguna tendiente a obtener la plena identidad del procesado a pesar
de que se advertían irregularidades que ofrecían serias dudas en relación con
la identidad de la persona sindicada, lo que constituye una vía de hecho, como
quiera que los jueces solamente pueden resolver con fundamento en las pruebas
que sobre la cuestión fáctica obren en el expediente (...) En el presente caso existe un evidente defecto
fáctico, pues no existe prueba alguna de la que razonablemente se pueda deducir
que el sujeto aprehendido al momento de la comisión del ilícito, es el mismo
que fue capturado y se encuentra privado de la libertad.”
Así mismo, en la sentencia SU-132 de 2002, respecto de la obligación de
practicar pruebas por parte del juez, se precisó:
“La negativa a la práctica o valoración de un medio probatorio por un
juez dentro del proceso que dirige, puede estar sustentada en la
ineficacia de ese medio para cumplir con la finalidad de demostrar los hechos
en que se soporta una determinada pretensión, toda vez que constituye un
derecho para todas las personas presentar pruebas y controvertir las que se
presenten en su contra. La Corte se pronunció en este sentido en la Sentencia
T-393 de 1994 y manifestó que ‘..la negativa a la práctica de pruebas sólo
puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la
verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o
sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las
considere manifiestamente superfluas (arts. 178 C.P.C. y 250 C.P.P); pero a
juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y extralimitación en la
petición de la prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y
ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una prueba que
legalmente sea conducente constituye una violación del derecho de defensa y del
debido proceso’”.
En la providencia T-817 de 2012 se estudió si un juez de la República desconoció
los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de una persona, por no
haber aportado en el trámite de la nulidad y restablecimiento del derecho,
donde fue llamada como litisconsorte necesario, el registro civil de matrimonio
para acceder a la sustitución pensional de su difunto esposo, y aquel no
decretó de oficio la prueba ad substantiam actus que se requería para resolver
las pretensiones de la demanda. La Corte consideró que las autoridades
judiciales accionadas:
“incurrieron en defecto por exceso ritual manifiesto (el cual tiene
relación directa con el defecto fáctico que alega el actor), al dejar de hacer
uso de la facultad que les otorga la norma procesal para decretar la prueba de
oficio solicitando la aportación del respectivo registro civil de matrimonio,
con el fin de establecer si la señora Clara Nancy Herrera en verdad figura como
cónyuge del causante José Antonio Cárdenas Pachón para, a partir de la
información obtenida, proveer el fondo del asunto con mayores elementos de
juicio”.
En suma los jueces incurren en defecto fáctico cuando existan fundadas
razones para considerar que el no decreto de pruebas en un asunto específico aparta
su decisión del sendero de la justicia material y por tanto, del orden
constitucional vigente. En este sentido, la sentencia SU-768 de 2014 sobre el
particular precisó lo siguiente: “El decreto oficioso de pruebas no es una
mera liberalidad del juez, es un verdadero deber legal. De acuerdo a esta Corporación,
el funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente: (i) cuando a partir de
los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas
pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer
espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro
derrotero a seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que
su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material;
(iv) cuidándose, en todo caso, de no promover con ello la negligencia o mala fe
de las parte”.
4.1.2. Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio.
Reiteración de jurisprudencia.
Otras de las hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial, a
pesar de que en el proceso existen elementos probatorios, omite considerarlos,
no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que
de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico
debatido variaría sustancialmente[23].
Sobre el
particular la sentencia T-442 de 1994 precisó que la no valoración de las
pruebas obrantes en el proceso atenta contra la justicia material y desconoce
los derechos de las personas que acuden a la administración de justicia. En
este sentido, precisó:
“Evidentemente,
si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar el material
probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(C.P.C., art.187 y C.P.L., art.61), dicho poder jamás puede ser arbitrario; su
actividad evaluativa probatoria supone necesariamente la adopción de criterios
objetivos, racionales, serios y responsables. No se adecua a éste desiderátum,
la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que
se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o
sin razón valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Se aprecia la arbitrariedad judicial en
el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia
de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los
preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de
esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y
efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y
valores constitucionales.”
En la sentencia T-814 de 1999 la Corte resolvió un asunto en el cual los
jueces de lo contencioso administrativo no advirtieron ni valoraron, para
efectos de tomar la decisión del caso (acción de cumplimiento contra la
Alcaldía de Cali, con ocasión de la construcción del metro ligero), el material
probatorio debidamente allegado al proceso. Esta situación a juicio de la Corte
constituyó una vía de hecho por defecto fáctico:
“Ni en el
fallo del Tribunal ni en el fallo del Consejo de Estado se hace una valoración
de la prueba mencionada, que les permitiera a estas Corporaciones deducir la
obligación para el alcalde de dicha ciudad de promover la consulta popular,
previa a la realización del proyecto del metro ligero de Cali, pues para ellas
el aspecto probatorio en estos procesos no es relevante. En efecto, el Tribunal
dijo que las pruebas arrimadas al proceso de la acción de cumplimiento “no
tienen influencia alguna en esta decisión” y el Consejo de Estado por su parte,
si bien mencionó el aludido testimonio en los antecedentes no hizo ninguna
valoración del mismo.
La
razón por la cual tanto el Tribunal como el Consejo ignoraron las mencionadas
pruebas indudablemente estriba en la interpretación que estas Corporaciones
tienen en cuanto a la procedencia de la acción de cumplimiento, porque en
diferentes apartes de sus sentencias se afirma rotundamente que el deber
incumplido debe emerger directamente de la norma. Es decir, que de ésta debe
desprenderse una especie de título ejecutivo, configurado por una obligación
clara, expresa y actualmente exigible, descartándose por consiguiente toda
posibilidad de interpretación sobre el incumplimiento de la norma por la
autoridad demandada, con arreglo a los métodos tradicionalmente admitidos, y
con sustento a las pruebas que oportuna y regularmente aporten las partes o las
que oficiosamente está en la obligación de decretar y practicar el juez de
conocimiento.
Considera la
Sala, en consecuencia, que se estructura la vía de hecho por defecto fáctico,
porque ni el Tribunal ni el Consejo al decidir sobre las pretensiones  de la
acción de cumplimiento, valoraron la prueba antes referenciada, y omitieron
decretar y practicar las pruebas conducentes y tendientes a establecer la
existencia o no del incumplimiento de la autoridad demandada.”
En
consecuencia se puede incurrir en un defecto fáctico por no valoración del
acervo probatorio, cuando a pesar de existir elementos probatorios, el juez no
los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión.
4.1.3. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio.
Reiteración de jurisprudencia.
Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de
la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos
debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o
cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con
base en ellas fundamenta la decisión respectiva[24].
Esta hipótesis deriva en una incongruencia entre lo probado y lo
resuelto, como aconteció en la sentencia T-450 de 2001, en el que un juez de
familia en un proceso de aumento de la cuota alimentaria, en contravía de la
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla al
demandado sin mayores elementos de juicio. Afirmó la Corte:
“Así,
todo reconocimiento superior a las sumas probadas dentro del proceso, e incluso
a los derechos alegados, debe estar plenamente sustentada, so pena de convertir
a la decisión judicial en un acto arbitrario que tiene un grave vicio fáctico y
lesiona los derechos de la parte vencida en el juicio –en este caso el señor
Apóstol Espitia Beltrán-.
En
el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el
juez competente, y si bien tras su determinación existe una clara intención
encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando a su vez la
indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no
son razones suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego
el respeto al debido proceso que se predica de toda actuación judicial. Por
eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió conocer de la
tutela, cuando afirma que: “a pesar de que se adopte la tesis que el juez en
algunas materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de
lo pedido, lo que si no puede hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya
que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio, contradiciendo
el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera
ostensiblemente el debido proceso”.  Por estas razones el fallo de instancia
será confirmado.”
Esta modalidad de defecto fáctico también opera cuando no se aplica la
regla de exclusión de la prueba ilícita y con base en esta el juez de la causa
decide el asunto jurídico debatido. La sentencia SU-159 de 2002 examinó el
hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de
comunicaciones) comunicara su vicio a las demás pruebas del proceso:
“Sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis constitucional en
este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte
encuentra que la grabación de la conversación telefónica fue excluida del
acervo probatorio tanto por la Fiscalía General como por la Corte Suprema de
Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la resolución de
acusación y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación,
sino que provienen de fuentes separadas, independientes y autónomas. El que la
noticia criminis haya consistido en la información periodística sobre la
existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella.
En este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una
actividad investigativa que la condujo a pruebas independientes de la
grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y después de la
adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las comunicaciones
provenientes de las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo
la adjudicación por parte de integrantes del comité correspondiente, el
análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de criterios de
adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas completamente
ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada y grabada (...)
La Corte también rechaza la insinuación de que una prueba ilícita
contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución garantiza que
la prueba obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo.
Pero no se puede confundir la doctrina de los frutos del árbol envenenado con
la teoría de la manzana contaminada en el cesto de frutas. La primera exige
excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la
Constitución. La segunda llegaría hasta exigir que además de excluir las
pruebas viciadas, se anulen las providencias que se fundaron en un acervo
probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de las pruebas
ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para sustentar
las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni valorar las
manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad
suficiente de pruebas sanas."
En concordancia con lo anterior, como lo ha advertido la Corte, solo es
factible fundar una acción de tutela en un defecto fáctico cuando se observa
que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia es manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de
la prueba “debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues
el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la
actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia”[25].
4.2 Deber de motivar las decisiones
judiciales
En la Sentencia T-806 del 2000 la Corte afirmó que la motivación
es uno de los elementos por medio de los cuales los jueces otorgan legitimidad
a sus decisiones y erradican la arbitrariedad de la práctica judicial. En este
sentido, expuso: “la principal obligación de los jueces consiste en motivar sus
decisiones aduciendo las razones de hecho y de derecho que le permiten arribar
a la decisión que ponga fin a la controversia planteada, motivación que no sólo
permite a las partes conocer los fundamentos que tuvo el juzgador para llegar a
una conclusión determinada, sino el mecanismo a través del cual se busca
erradicar la arbitrariedad del Estado”.
De la misma manera, la Corte en sentencia T-706 de 2010 sostuvo
que la comprobación de la ausencia de motivación de las decisiones judiciales
está estrechamente ligada a la complejidad del asunto, las materias alegadas y
los hechos del caso. De esa forma, mientras que en algunos casos unas breves
consideraciones bastarán para dirimir el caso, en otros es indispensable que el
juez argumente de manera exhaustiva la decisión que va a adoptar. En todo caso,
siempre habrá de emitirse pronunciamiento sobre los asuntos entorno de los
cuales gira la controversia y, si es del caso, aducir la razón jurídica por la
cual el fallador se abstendrá de tratar alguno de los puntos sometidos a su
consideración. En dicha oportunidad, precisó:
“Ahora bien, la motivación suficiente de una decisión judicial es
un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las
divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir
una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho.
Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla
básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que
la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en
últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión
judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce
que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos
específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia
en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad”.
Por su parte, en la sentencia T-233 de 2007 este Tribunal
estableció que en principio la autonomía judicial impide que el juez de tutela
interceda frente a controversias de interpretación o la forma como se
estructuraron los argumentos que sirvieron de razón de una decisión. Sin
embargo, en casos excepcionales la ausencia de motivación puede llegar a
estructurarse cuando los razonamientos realizados por el juez resultan
defectuosos, abiertamente insuficientes o inexistentes. En estos casos
excepcionales la competencia del juez de tutela puede activarse con el
propósito de garantizar que la providencia no afiance un mero acto de voluntad
del operador judicial:
“Respecto a lo que la jurisprudencia de la Corte denomina falta de
motivación de la decisión judicial, esta Corporación ha dicho que la acción de
tutela procede cuando la providencia respectiva carece del fundamento jurídico
y fáctico que permita identificar las razones por las cuales la decisión ha
sido adoptada. En relación con la obligación de sustentación y motivación de las
decisiones judiciales, la Corte ha dicho que, conforme lo establece el artículo
55 de la Ley 270 de 1996, la sustentación de los argumentos que llevan al juez
a proferir sus decisiones resulta crucial en el ejercicio de la función
jurisdiccional (…)
La Corte también ha dicho que la necesidad de motivación de los
fallos garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina
el conflicto jurídico previsto, lo cual, en ultimas, contribuye al respeto del
debido proceso, pues fomenta que nadie sea “juzgado sino conforme las
leyes preexistentes al acto que se le imputa” (Art. 29 C.P.). En esos
términos, la motivación de los actos jurisdiccionales constituye pilar
fundamental en el esquema de proscripción de la arbitrariedad judicial y garantiza,
como ninguna otra herramienta, la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y
el posterior control de la providencia”.
En la sentencia SU-424 de 2012 la Corte reiteró que en un Estado
democrático de derecho la obligación de sustentar y motivar las decisiones
judiciales resulta vital en el ejercicio de la función jurisdiccional como
garantía ciudadana. En este sentido, la motivación de los actos
jurisdiccionales puede ser vista como un componente que refuerza el contenido
mínimo del debido proceso, dado que  constituye una barrera a la
arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al
ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la
providencia.
En esa misma
línea de pensamiento, la sentencia T-261 de 2013 resaltó la importancia
que tiene la argumentación y motivación de los fallos judiciales dentro de los
fines del Estado de derecho. En dicha oportunidad se señaló que las decisiones
que no cuenten con la debida motivación constituyen un vicio que permite que la
acción de tutela proceda excepcionalmente en contra de sentencias, porque son
precisamente el análisis y contrastación de los elementos de hecho y de derecho
los que otorgan legitimidad al actuar de los jueces:
“La
estipulación de la falta de motivación como causal de procedencia de la tutela
contra sentencias propende por la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a
obtener respuestas razonadas de la administración de justicia, cuestión que,
adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción. Así,
al examinar un cargo por ausencia de motivación de una decisión judicial, el
juez de tutela deberá tener presente que el deber de presentar las razones
fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio basilar de la
función judicial que, de transgredirse, supone una clara vulneración del debido
proceso.”
Posteriormente, la Corte en sentencia T-267 de
2013, al referirse a la necesidad de argumentar las decisiones de
manera suficiente, exigió que la decisión tenía que ser razonable por cuanto debía sustentar de manera suficiente la
conclusión a la que había llegado y que la misma estuviera en concordancia con
la norma que se le había aplicado al caso específico. De lo contrario, se
efectuaría un ejercicio hermenéutico erróneo en donde se incluyen solo las simples inclinaciones o
prejuicios de quien debe resolver el asunto. Al respecto la
precitada providencia indicó: “que la decisión del juez debe ser “razonable” entendiéndose
como tal, el hecho de que el funcionario jurídico cuando profiere una
providencia debe ofrecer un mínimo de argumentación suficiente de manera que su
conclusión sea acorde con la norma aplicada al caso concreto, ya que de lo
contrario, es decir, de no observarse el mínimo argumentativo requerido se está ante un
ejercicio hermenéutico indebido, que sólo pretende incluir en la decisión las
simples inclinaciones o prejuicios de quien debe resolver
el asunto. Obviamente, debido a su vínculo con la autonomía de los
jueces, la Corte ha advertido que la valoración que se puede efectuar en sede
de tutela en relación con la argumentación que presentan los jueces tiene un
carácter restringido. (…) Lo que se
concluye es que en materia de decisiones judiciales el ámbito de
cuestionamiento en sede de tutela se restringe a aquellos eventos en los que se
evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o
inexistente al punto que se torna arbitraria”.
La sentencia SU-635 de 2015 enfatizó la importancia de
motivar las decisiones judiciales, ya que de esta manera se garantiza que las
mismas sean justas. En esa medida, expuso que: “el defecto surge de la
importancia que tiene una argumentación suficiente y motivada por parte de los
jueces dentro de las sentencias que profieren, convirtiéndose en una causal
autónoma de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Lo
anterior, por cuanto se cumple con la obligación de que los fallos judiciales
deben ser públicos, y las decisiones serán objetivas y justas”.
De lo hasta
aquí expuesto puede concluirse que la jurisprudencia constitucional acerca del
deber de motivar las decisiones judiciales ha precisado que la exposición de
las razones que llevaron a tomar una determinada decisión se erige como la
mejor garantía para distinguir lo legal de lo arbitrario. Por ello, los jueces
deben identificar en sus decisiones cuáles son las razones de hecho y de
derecho que están empleando para la resolución de un caso, porque en un Estado social y democrático de derecho están prohibidas las
decisiones basadas en el poder puramente personal y es apenas lógico que los
operadores judiciales estén obligados a exponer de manera clara cuáles son las
bases lógicas y silogísticas de sus fallos como prenda del efectivo imperio de
la legalidad en el seno de la sociedad.
4.3. Defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto”. Reiteración
de jurisprudencia.
El artículo
228 de la Constitución Política consagra la prevalencia del derecho sustancial como
uno de los principios de la administración de justicia. Según esta norma:
“La
Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
La Corte
Constitucional ha señalado que, las formas no deben convertirse en un obstáculo
para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su
realización. Es decir, que las normas procesales son  un medio para lograr la
efectividad de los derechos y no fines en sí mismas. Así lo sostuvo en la sentencia
C-029 de 1995, precisamente cuando declaró exequible el artículo 4º del Código
de Procedimiento Civil, antes citado:
“Cuando el
artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la
Administración de Justicia prevalecerá el derecho sustancial, está reconociendo
que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de
los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por
consiguiente, la solución de los conflictos de intereses.  Es evidente que en
relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el
derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.”
Ahora bien,
con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en el
principio de la prevalencia del derecho sustancial, esta Corporación  ha
sostenido que en una providencia judicial puede configurar un defecto
procedimental por “exceso ritual manifiesto” cuando: (i) no tiene presente que el derecho
procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los
ciudadanos; (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva
pese a los hechos probados en el caso concreto; (iii) por la aplicación
en exceso rigurosa del derecho procesal; (iv) pese a que dicha actuación
devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales.[26]
La Corte en
la sentencia T-1306 de 2001[27]
precisó que puede llegar a configurarse un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto cuando en un fallo hay “una renuncia consciente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de
la justicia material (…) Los jueces deben ser conscientes de la
trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio
garantizador de los derechos materiales dentro del marco de un debido proceso.
En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas
manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido
se solucionen los conflictos de índole material”.
En igual
medida, esta Corporación en la sentencia T-974 de 2003 amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en
armonía con los principios de celeridad procesal y de prevalencia del derecho
sustancial, al concluir que el juez (i) al ignorar manifiesta y ostensiblemente
una prueba, cuya valoración tenía la capacidad inequívoca de modificar el
sentido del fallo y, (ii) al hacer una interpretación incorrecta y
desproporcionada de las normas aplicables al caso y otorgarle a la oponibilidad
mercantil un efecto sancionatorio no previsto en el ordenamiento procesal,
había incurrido en una vía de hecho “en la interpretación judicial” en
desmedro de los derechos sustantivos en litigio. En aquel entonces
indicó:
“aun cuando
los jueces gozan de libertad para valorar el material probatorio con sujeción a
la sana crítica, no pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material,
bajo la suposición de un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia
del derecho sustancial (art. 228 C.P). Por ello, es su deber dar por probado un
hecho o circunstancia cuando de dicho material emerge clara y objetivamente su
existencia.
Adicionalmente,
el sistema de libre apreciación resulta proporcional cuando su ejercicio no
supone el sacrificio de otros principios o derechos constitucionales más
importantes. Por ejemplo, la sujeción a la libre apreciación no puede conducir
a un interpretación formalmente restrictiva de la prevalencia de los derechos
sustantivos en litigio. Así, en Sentencia C-029 de 1995, la Corte sostuvo que:
‘(...) Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones
de la Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está
reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la
realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y,
por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que
en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos,
el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio”.
Asimismo, la Corte ha reconocido el defecto por
exceso ritual manifiesto en eventos en los cuales el juzgador no acata el mandato
de dar prevalencia al derecho sustancial o del derecho al acceso a la
administración de justicia por (i) aplicar en forma inflexible disposiciones
procesales que se oponen a la vigencia de los derechos constitucionales en un
caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de manera
irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas
imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre
comprobada; (iii) incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de
las pruebas.[28]
Ahora bien, respecto de los requisitos específicos de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se
alega la estructuración de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, la Corte ha determinado como constitutivos:
“´(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por
ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de
tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la
irregularidad haya sido alegada al (sic) interior del proceso ordinario, salvo
que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior, se presente una
vulneración a los derechos fundamentales”[29]
En síntesis, el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
se presenta cuando el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho
sustancial, lo que lleva a vulnerar el derecho de acceso a la administración de
justicia. En el evento en que se controvierta su ocurrencia, deberá verificarse
el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia contra providencias
judiciales y los específicos reseñados[30].
5. La constitucionalización del derecho procesal y el papel del
juez
5.1. En el devenir de las sociedades, particularmente
con la aparición de los Estados modernos, la rama judicial del poder público
denota especial trascendencia ante el inevitable surgimiento de conflictos,
producto del choque de intereses particulares, del ejercicio de la autoridad
estatal o de la simple aplicación de las normas a un caso concreto. El aparato
de justicia implica, entonces, todo un andamiaje para el reconocimiento y
satisfacción de un derecho, para la solución de disputas en torno a estos y
finalmente para el mantenimiento de la armonía social[31].
Sin embargo, la consecución de una sociedad pacífica
que pueda canalizar sus diferencias a través de los medios estatales no ha
obedecido a un único modelo de administración de justicia. Históricamente, al
menos desde la perspectiva de occidente, han existido dos sistemas distintos –y
por momentos opuestos- en torno a la dirección del proceso judicial: el
dispositivo y el publicista o inquisitivo. Sobre el particular la
sentencia SU-768 de 2014 precisó:
“En líneas generales podría decirse que los ordenamientos establecidos
en los códigos luego de la Revolución francesa y hasta bien entrado el siglo XX
estaban caracterizados por una comprensión privatista e individualista de los
fines del proceso. A esta comprensión los autores la empezaron a llamar
“principio dispositivo”, para acentuar la capacidad de los litigantes de asumir
la iniciación, el impulso y la terminación del proceso civil, con el que se
buscaba únicamente la protección de derechos de naturaleza individual.
Es entonces la iniciativa de las partes la que desde esta visión
prevalece y determina el rumbo del proceso judicial. Son ellas las que disponen
del derecho. Este sistema se caracteriza por los siguientes principios: (i) el
juez no puede iniciar de oficio (nemo jure sine actore); (ii) el juez no
puede tener en cuenta hechos ni medios de prueba que no han sido aportados por
las partes (quod non est in actis non est in mundo); (iii) el juez debe tener
por ciertos los hechos en que las partes estén de acuerdo (ubi partis sunt
conocerdes nihil ab judicem); (iv) la sentencia debe ser de acuerdo con lo
alegado y probado (secundum allegata et probata); (v) el juez no puede condenar
a más ni a otra cosa que la pedida en la demanda (en eat ultra petita partium)”
No obstante, la teoría del liberalismo decimonónico
que soportaba el principio dispositivo fue severamente criticada. Desde finales
del siglo XIX surgió en Europa la “publicización” del proceso, un
fenómeno que buscaba “corregir el excesivo individualismo y la falta
de igualdad material entre las partes que acuden a la justicia estatal a
resolver sus conflictos”[32].
El principal aporte de esta nueva doctrina consistió en advertir que si
bien era cierto que en los procesos jurídicos se discutían y definían derechos
individuales, también lo era que la sociedad, en su conjunto, tenía un interés
legítimo en lograr soluciones igualitarias, acordes con la realidad y justas[33].
Ahora bien, debido a que en muchas ocasiones los sujetos procesales que
acuden a un trámite jurisdiccional no cuentan con igual capacidad financiera,
logística y operativa que su contraparte, el derecho exige que los jueces
corrijan dichos desequilibrios y ejerzan sus poderes de instrucción al interior
del proceso con el fin de materializar soluciones justas en el ámbito del
proceso. En otras palabras, los operadores judiciales tienen el deber de
corregir mediante sus providencias las fallas que impiden que la igualdad en el
proceso sea real y efectiva, máxime cuando uno de los sujetos procesales hace
parte de grupos tradicionalmente discriminados y marginados. En este sentido, la
SU-225 de 1998 precisó:
“La miseria
extrema, coloca a muchas personas por fuera del circuito económico. La escasa
cobertura de los servicios del Estado, además, puede determinar, en este caso,
que estos sujetos terminen por perder todo nexo significativo y valioso con la
sociedad. Aquí se plantea a la sociedad y al Estado, el desafío constante de
corregir la discriminación y la marginación, pues aunque en sí mismas puedan
ser una derivación patológica de la organización existente, la Constitución las
toma en cuenta sólo con el objeto de configurar una competencia enderezada a
combatirlas (…)  cabe concluir que la abstención culpable del Estado, en otras
palabras, su pasividad ante la marginación y la discriminación que sufren
algunos miembros de la sociedad, no se compagina con el orden justo efectivo
que procura legitimidad al Estado social de derecho y, menos todavía, con el
cumplimiento de la cláusula que proscribe la marginación y la discriminación, la
función del juez será no la de remplazar a los órganos del poder público
incursos en la abstención, sino la ordenar el cumplimiento de los deberes del
Estado”.
En la obra “El derecho civil y los pobres”[34]
(1890) del jurista austriaco Anton Menger, es posible observar el germen de un
nuevo modelo. Al comenzar a denunciar cómo la supuesta igualdad de las partes
ante la ley y la fría objetividad del juez determinan el infortunio de quienes
tropiezan con los tecnicismos y las desventajas materiales reproducidas dentro
del sistema judicial:
“La nueva
legislación procesal civil ha seguido sin reservas el camino opuesto al de la
legislación económica y social de estos últimos tiempos. Un siglo hace se creía
que, dejando en libertad las fuerzas económicas, se obtendría una producción
mayor en cantidad de los diferentes objetos, y en su virtud se alcanzaría el
bienestar económico de todos (doctrina de Manchester). Tratando a todos los
ciudadanos de un modo perfectamente igual, sin atender a sus cualidades
personales y a su posición económica; permitiendo que entre ellos se
estableciese una competencia sin freno, se ha logrado, sin duda, elevar la
producción hasta el infinito; pero al propio tiempo se ha conseguido que los
pobres y los débiles tomasen una parte escasísima en ese aumento de producción
[…] Nuestra reciente legislación procesal civil se halla aún bajo el imperio de
aquella vieja filosofía, no pudiendo desconocerse que la ciencia del derecho es,
de todas las disciplinas, la que permanece más inmóvil y adelante con más
retraso, pareciéndose en esto a ciertas ciudades de provincia en las cuales las
modas en desuso en la capital se aceptan como otras tantas novedades…
Está, sin duda,
en la naturaleza de las cosas, que el Juez no pueda obligar a nadie a defender
sus derechos privados, supuesto que estos, según el concepto fundamental del
moderno Derecho civil, constituyen un asunto privado de los interesados. Pero
cuando el interesado ha presentado al Juez una demanda manifestando así la
voluntad de defender su derecho, parece que este debía aplicar todos los medios
legales para hacer triunfar el derecho lesionado. Sin embargo, no se obra así.
El Tribunal, según la legislación procesal civil vigente en todos los Estados
civilizados, aun después de iniciado el litigio, debe ser impulsado
particularmente a realizar todos los actos importantes, como el mecanismo de un
reloj, que es preciso también impulsarlo para que se mueva, aunque sea por
breves momentos.
Esas condiciones
jurídicas son cómodas y beneficiosas para las clases ricas, porque cultas como
son y bien acondicionadas, si hace falta, pueden tomar oportunamente la
iniciativa. En cambio los pobres, que para defender su derecho tropiezan con un
mecanismo tan complicado como es el procedimiento, sin consejo y malamente
representadas, deben recoger de la pasividad judicial gravísimos perjuicios”[35].
La preocupación por la pasividad del juez y el interés por alcanzar
decisiones justas, no solo medidas por el rasero del procedimiento formal sino
consultando la realidad de las partes, conllevó a una paulatina reformulación
del papel del funcionario judicial, quien dejó de ser un espectador pasivo para
convertirse en un verdadero protagonista en la realización de los fines
públicos del proceso, es decir, un funcionario dispuesto a investigar la
verdad, prescindiendo incluso de la actividad de las partes y, por tanto,
facultado para iniciar oficiosamente un proceso, decretar pruebas de oficio,
impulsar o dirigir el proceso y utilizar cualquier medio tendiente a buscar la
verdad, en la aproximación de un orden justo (preámbulo, constitución)[36].
En esta línea de pensamiento la sentencia C-131 de 2002 precisó cómo los
fines públicos del proceso han llevado a la constitucionalización de este campo,
al exponer:
“Uno de
los espacios en los que mayor incidencia ha tenido el constitucionalismo es el
derecho procesal.  En la tradición del positivismo formalista el derecho
procesal estaba desprovisto de una vinculación sustancial con lo que era
materia de litigio; se agotaba en una ritualidad cuya configuración se
realizaba fundamentalmente en la instancia legislativa; era ajeno a propósitos
que lo conectaran con los fines estatales y la protección de las garantías que
lo integraban sólo se brindaba en esas actuaciones y bajo los estrechos
parámetros de protección establecidos por el legislador.  Así, no llamaba a
interés el hecho de que, en materia de derechos, la sustancia que se tenía
entre manos se desvaneciera ante las ritualidades y formalidades de unos
procedimientos que las más de las veces se explicaban por sí mismos y que
perdían puntos de contacto con lo que era objeto de controversia.
Pero esa
dimensión del derecho procesal ha sido superada pues el constitucionalismo ha
rescatado las garantías centenariamente elaboradas como contenidos del derecho
procesal para vincularlas inescindiblemente a la realización de las normas
sustanciales.  Las ha dotado de una teleología que no se explica a partir del
solo rito o procedimiento sino en relación directa con las normas jurídicas que
consagran los efectos jurídicos que las partes pretenden.  Las ha
redimensionado para darles ahora el carácter de facultades irrenunciables,
históricamente consolidadas y positivizadas; esto es, para advertir en ellas
derechos fundamentales. Con ello, ha dotado al proceso de una nueva
racionalidad pues ya no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de
realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera sino de
realizarlas reconociendo esas garantías irrenunciables pues su respeto
ineludible también constituye una finalidad del proceso.”
En consecuencia,
la pasividad del juez ante la debilidad económica, técnica y logística de los
sujetos procesales que acuden a la administración de justicia, no se compadece
con los deberes que le impuso a la rama judicial la consagración constitucional
de un orden justo y la efectividad de los principios y derechos fundamentales
(artículo 2º superior). En estos casos existe la obligación de tomar la
iniciativa de encontrar la certeza de lo ocurrido con el objeto de que la
decisión judicial no se convierta en otra afrenta de los derechos de los
sujetos procesales.
5.2. El juez
del Estado social de derecho no es un instrumento mecánico al servicio de un
ciego racionalismo sino un conciliador del derecho positivo con los dictados de
la equidad propios de una situación concreta que debe, evitar las consecuencias
injustas de la aplicación del derecho vigente[37]. Los poderes públicos en general –incluidos los jueces-
tienen la tarea de adoptar las medidas necesarias para construir un orden
político, económico y social justo[38].
En este contexto, el legislador y demás entes con competencias de regulación
deben introducir las reglas que favorezcan dicha finalidad, para lo cual es
indispensable que consulten la realidad fáctica sobre la que surtirán efectos,
tengan en cuenta la situación en la que se hallan sus destinatarios y evalúen
los impactos de la normativa en términos de distribución[39].
Para
garantizar que las decisiones judiciales en determinados casos no terminen
siendo injustas, la jurisprudencia constitucional ha propugnado en ciertas
hipótesis por alejarse de los modelos de administración de justicia plenamente
dispositivos en los cuales la actividad de las partes es considerada como el
eje definitorio de las actuaciones procesales, para avanzar hacia la aplicación
de modelos mixtos de administración de justicia en los cuales las facultades
inquisitivas del juez adquieran un papel preponderante.
La Corte en la sentencia T-599 de 2009 expuso que: “La
mayor eficacia en cuanto a la justa composición de un litigio se obtiene a
partir de un delicado equilibrio entre la iniciativa de las partes –principio
dispositivo- y el poder oficioso del juez –principio inquisitivo-, facultades
de naturaleza distinta que operadas de forma coordinada deben concurrir en un
mismo y único propósito: la solución justa y eficiente del proceso”.
Tal reconfiguración de la teleología del proceso, obtener
la solución más justa y eficiente de los litigios que son puestos en
conocimiento de la rama judicial, empoderó al funcionario judicial
a tal punto que actualmente dicho pensamiento ha permeado
instituciones clásicas del derecho administrativo, laboral y penal. En este sentido
vale la pena destacar como el artículo 171 del C.P.A.C.A[40] establece
que el juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales, “y le dará
el trámite que corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal
inadecuada”, ello con el objeto de materializar los principios de economía,
eficacia del derecho y celeridad que rigen el proceso contencioso
administrativo.
En igual
medida el parágrafo del artículo 229 de la Ley 1437[41] autoriza expresamente al
juez de la causa, dentro de los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos, para que decrete en forma
oficiosa medidas cautelares, facultad que jamás contempló el anterior Estatuto.
5.3. Así mismo, la jurisprudencia ha avalado que los
jueces acudan a facultades oficiosas dentro del proceso para garantizar la
legalidad de las actuaciones estatales y particulares, así como la
materialización de determinaciones justas. En esta medida, vale la pena
resaltar cómo el máximo órgano de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ha
reconocido la capacidad de los jueces para decretar de manera extra y ultra
petita la nulidad de contratos estatales cuando estos atentan contra el
orden público. Ha manifestado:
“Las
nulidades absolutas son sanciones que prevé la ley para aquellos negocios
jurídicos que contravienen, entre otros, el orden público y las normas
imperativas. Significa lo anterior que las nulidades absolutas protegen
intereses generales y es por esta razón que no pueden sanearse por ratificación
de las partes y que las facultades del juez se incrementan pues las puede
decretar oficiosamente. En consecuencia, si en el trámite de la segunda
instancia, que se surte en virtud del recurso de un apelante único, se advierte
una causal de nulidad absoluta, es poder-deber del juez el decreto oficioso de
ella porque se lo impone el control de legalidad que el ordenamiento le manda
en aras de la protección del interés general que envuelve la defensa del orden
público y las normas imperativas.
Por lo
tanto, jamás podrá decirse que, en un caso como el que se acaba de mencionar,
el decreto oficioso de la nulidad absoluta lleve consigo la violación del
principio de la reformatio in pejus porque la protección del orden jurídico es
un interés general que debe prevalecer sobre el interés particular que contiene
el principio de no reformar la sentencia en perjuicio del apelante único[42].
En igual línea sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
precisado que el juez contencioso administrativo puede declarar de oficio la
nulidad de los actos administrativos que incurran en falta de competencia.
Sobre el particular expuso:
“La jurisprudencia de la
Sección Tercera ha enseñado que la competencia constituye el primero y más
importante requisito de validez de la actividad administrativa, asumiendo que
la incompetencia configura la regla general mientras que la competencia
constituye la excepción, como quiera que la misma se restringe a los casos en
que sea expresamente atribuida por el ordenamiento jurídico a las distintas
autoridades, lo cual se explica si se tiene en cuenta que la incompetencia está entronizada en beneficio de los intereses
generales de los administrados contra los posibles abusos o excesos de poder de
parte de los gobernantes; por esta razón, el vicio de incompetencia no puede
sanearse.
Igualmente ha puntualizado
sobre el vicio de incompetencia lo siguiente “(…)
dada la gravedad que representa la ausencia de este requisito en la expedición
de los actos administrativos, la Sala, al igual que la doctrina, ha considerado
que “...por tratarse del cargo de incompetencia (...) que constituye el vicio
más grave de todas las formas de ilegalidad en que puede incurrir el acto
administrativo y por el carácter de orden público que revisten las reglas sobre
competencia (Art. 121 y 122 Constitución Política), es posible su examen en
forma oficiosa por el juzgador[43]”.
Respecto de la competencia del Consejo de Estado para
analizar la legalidad de las actuaciones que se cuestionan en el marco de los
procesos de extinción de dominio privado mediante la acción de revisión,
la jurisprudencia ha precisado que los poderes oficiosos del juez contencioso
administrativo se refuerzan:
“Comoquiera que la competencia para
pronunciarse sobre las resoluciones demandadas atañe la revisión de todo el
procedimiento administrativo frente a las normas en las cuales el INCORA ha
debido fundar las decisiones contenidas en los actos acusados y dado que dicha
facultad de revisión no está limitada a los cargos de ilegalidad formulados por
la parte actora, éstos se irán resolviendo en la medida en que se vayan
analizando las disposiciones que regularon la materia, el trámite del proceso
en cuestión y la consecuente expedición de los actos demandados[44]”.
Por su parte, en el ámbito laboral la Corte
Constitucional ha precisado que conforme a la realidad social observada en la
última década en los contratos de prestación de servicios los jueces tienen el
deber de actuar de forma inquisitiva al momento de identificar si se está en
presencia de un contrato realidad. La sentencia C-593 de 2014 expuso: “cuando
se discuta la legalidad del vínculo laboral de un asociado, el juez debe actuar
de manera inquisitiva para establecer si el mecanismo utilizado funciona
conforme a la ley o, por el contrario, hay una simulación en perjuicio del
principio del contrato realidad, para desconocer las obligaciones laborales
propias de un contrato de trabajo”.
Las facultades oficiosas del juez han sido reconocidas
en el ámbito penal de cara a evitar la dilación de las actuaciones. Al respecto,
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ha precisado que ante las
estrategias de algunos acusados de presentarse a las audiencias sin sus
respectivos apoderados, es deber del juez más allá de suspenderlas o
reprogramarlas, adelantar las acciones necesarias para poder continuar con el
proceso:
“Lo realmente importante de destacar, sin embargo, es que las
designaciones de los abogados de oficio se ajustaron a la normatividad legal,
toda vez que esta forma de asistencia  está también autorizada por la
constitución nacional y la ley cuando no se cuenta con defensor de confianza, y
en el presente caso, aunque los procesados manifestaron tener defensores, no
los presentaron, siendo manifiesta su pretensión de entorpecer la realización
de las audiencias, razón por la cual la decisión de la juez de garantías de
designarles abogados del sistema de defensoría pública para que los asistieran
en ellas, ante el apremio de los términos, consulta la filosofía de instituto”[45].
En este sentido vale la pena destacar que la materialización de
decisiones justas y el papel trascendental que tiene el juez en ese objetivo ha
llegado al punto de replantear instituciones rogadas como la casación, para dar
cabida a figuras oficiosas mediante las cuales el juez corrige sin petición de
parte la legalidad de las sentencias proferidas, como
ocurre con la casación oficiosa dentro del proceso penal:
“El recurso extraordinario de casación, según el art. 180 de la Ley 906 de 2004, pretende la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías
fundamentales de los intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a
éstos y la unificación de la jurisprudencia. Acorde con el art. 183 ídem, la
admisión de dicho mecanismo extraordinario de impugnación supone, además de la
oportuna interposición del recurso, la debida presentación de la demanda, en la
que el censor está obligado a consignar de manera precisa y concisa las
causales invocadas y sus fundamentos. Por ello, según el art. 184, inc. 2°
ídem, no será admitido el libelo cuando el demandante carezca de interés,
prescinda de señalar la causal o no desarrolle adecuadamente los cargos de
sustentación. Tampoco, si se advierte la irrelevancia del fallo para cumplir
los propósitos del recurso.
Por
consiguiente, en ausencia de alguno de dichos elementos, la Corte, en línea de principio, se abstendrá de seleccionar la demanda. Sin
embargo, a tono con el art. 184, inc. 3° ídem, en consonancia con la máxima
constitucional de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 de la Constitución), atendiendo a criterios como los fines de la casación, fundamentación de los
mismos, posición del impugnante dentro del proceso e índole de la controversia
planteada, la Corte deberá superar los defectos del libelo para decidir de
fondo. Esto, en atención a la mayor amplitud que en el esquema procesal de la Ley 906 de 2004 se le dio al recurso extraordinario de casación, como medio protector de
garantías fundamentales, a través del control de constitucionalidad y legalidad
de las sentencias proferidas en segunda instancia”[46].
Ahora bien, para este tribunal no se está abogando por
la superación plena del principio dispositivo; de hecho, cada rama del derecho
ajusta de forma particular la tensión entre el principio inquisitivo y el
dispositivo. En reiterada jurisprudencia esta Corporación se ha referido
a la amplia potestad de configuración que le asiste al legislador para definir
los procesos judiciales y sus características[47].
Lo que resulta cierto, en todo caso, aunque nuestro ordenamiento permita
un sistema mixto[48],
es que los jueces de la República “son los primeros llamados a ejercer una
función directiva en la conducción de los procesos a su cargo, para lo cual el legislador
les ha otorgado la potestad de asegurar, por todos los medios legítimos a su
alcance, que las diferentes actuaciones se lleven a cabo”[49]. En el marco del Estado
social y democrático de derecho constituido para la realización de un orden
justo, se reclama un mayor dinamismo del juez y una especial sensibilidad con
la realidad viviente que le rodea.
El juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de ser el “frío
funcionario que aplica irreflexivamente la ley”[50], convirtiéndose en el
funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para
así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como un
servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales[51]. El Juez que reclama la
ciudadanía a través de la Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la
verdad. Estos dos mandatos, a su vez, constituyen el ideal de la justicia
material[52].
El derecho sustancial es aquel que se refiere a los derechos subjetivos
de las personas, en oposición al derecho formal que establece los medios para
buscar la efectividad del primero[53].
Bajo los principios de la nueva Constitución se considera que la justicia se
logra precisamente mediante la aplicación de la ley sustancial. Ahora bien, “no
se puede perder de vista que una sentencia justa solo se alcanza si el juez
parte de una base de conocimiento que pueda considerarse, en cierta medida,
verdadera, lo que le impone la obligación de hallar el equilibrio perfecto
entre la búsqueda del valor de la verdad y la efectividad del derecho material”[54]. De esta
manera, aunque no sea posible ontológicamente establecer un acuerdo sobre qué
es la verdad y si ésta es siquiera alcanzable, jurídicamente “la
aproximación a la verdad es un fin, un principio y un derecho constitucional
que se impone a las autoridades y a los particulares”[55].
Así las cosas, el marco filosófico de la Constitución convoca y empodera
a los jueces de la República como los primeros llamados a ejercer una función
directiva del proceso, tendiente a materializar un orden justo que se soporte
en decisiones que consulten la realidad y permitan la vigencia del derecho
sustancial, y con ello la realización de la justicia material.
6. La
necesidad de contar con el registro civil de defunción. Jurisprudencia del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
6.1. Las graves
circunstancias que rodean las violaciones de derechos humanos y del DIH entrañan
múltiples dificultades probatorias. Por ello es cierto que hay dificultades de
prueba de ciertos daños ya sea porque las víctimas no sabían que debían custodiar
la prueba, no estuvieron en condiciones de hacerlo o se les imposibilitaba
cumplirlo, de ahí que resulta relevante que los jueces tengan en cuenta el tipo
de población que participa en el proceso y la clase de violación de derechos
que padeció[56].
En la sentencia proferida con
ocasión del caso “Operación Génesis”, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos hizo una valoración flexible de pruebas relacionadas con la
identidad y el estado civil de las víctimas. El fundamento 424 determinó lo
siguiente:
“la
Corte nota que el hecho de no aparecer en el registro no puede llevar a la
conclusión de la inexistencia de una persona. En particular, el Estado no
indicó si todas las personas que nacen en Colombia cuentan con registro civil
de nacimiento y/o con cédula de ciudadanía. Adicionalmente, el Tribunal nota
que varios nombres de presuntas víctimas aparecen escritos de manera distinta
en los documentos que fueron presentados ante esta Corte, también es posible
que el registro pueda contener nombres escritos de forma diferente y por tanto
arrojar resultados erróneos en cuanto a la “existencia” o no de determinadas
presuntas víctimas.”[57]
El asunto referido, muestra la preocupación
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de otorgar un trato distinto a
las víctimas que se enfrentan a dificultades en la demostración de la extensión
del daño. Por eso, en aplicación del principio de equidad, dicho tribunal ha
flexibilizado la carga de la prueba de la existencia del daño, ya que
analizadas las características del hecho dañino se considera injusto aplicar
las reglas generales a todos los casos concretos. Sin duda, la naturaleza de
las infracciones en materia de violación de los derechos humanos, que es
generalmente más visible e identificable, exige un trato distinto en favor de
las víctimas.
Aligerar
algunos pesos probatorios o aplicar el dinamismo de las cargas probatorias es
una herramienta útil para reparar integralmente a las víctimas de los daños
materiales causados en forma antijurídica por el Estado colombiano. Por
ejemplo, a pesar de que es razonable exigir al demandante anexar el registro
civil de nacimiento expedido por la autoridad competente para probar edad o
parentesco, en algunas ocasiones, el juez debería flexibilizar esa carga
probatoria y aceptar otros medios de prueba para demostrar el hecho, tales como
una copia simple o un simple indicio derivado de testimonios[58].
6.2. El
Consejo de Estado ha precisado que en determinados casos la flexibilización
probatoria puede llevar incluso a determinar la existencia de un daño como lo
es la muerte sin acudir a la solemnidad consagrada en la Ley. En este sentido,
en sentencia del 22 de marzo de 2013[59]
se analizó si el Ejército Nacional debía responder patrimonialmente por el
deceso de la señora Inés Domicó ocurrido en un enfrentamiento
entre las FARC y la Fuerza Pública, a pesar de que en el marco del medio de
control presentado no se pudo adjuntar la solemnidad legal exigida, es decir,
el registro civil de defunción[60]. Sobre el particular la referida providencia
precisó:
“no existe dentro del proceso acta de levantamiento del
cadáver ni un informe oficial que certifique la muerte de la señora Domicó ni
que dé cuenta de las circunstancias en las cuales ésta tuvo lugar. Tampoco obra
dentro del plenario el correspondiente registro civil de defunción, documento
que según lo dispuesto en el artículo 105 del Decreto 1260 de 1970, constituye
el único medio admisible en sede judicial para probar el fallecimiento de una
persona. En estas condiciones,  se pregunta la Sala si puede tenerse probado
que la señora Martha Cecilia Domicó efectivamente murió en la fecha y
condiciones señaladas en la demanda, esto es, el 27 de marzo de 1995 durante un
enfrentamiento armado entre el Ejército Nacional y la guerrilla de las FARC”.
En esta providencia el Consejo de Estado precisó que en
casos ordinarios es perfectamente plausible que la muerte de una persona solo
pueda ser probada a través del acta de defunción, por cuanto el Decreto 1260 de
1970, por el cual se expide el Estatuto del Registro Civil de las Personas,
precisa que todos los hechos o actos relacionados con el estado civil de las
personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la
Ley 92 de 1938[61],
deben constar en el correspondiente registro civil.
Precisó que si bien, en principio, esta exigencia parecería
entrar en conflicto con el postulado de la sana crítica o persuasión racional,
consagrado en el artículo 187 del entonces Código de Procedimiento Civil, que
faculta al juzgador para establecer por sí mismo el valor de las pruebas “con
base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia”[62],
lo cierto es que no existe tal contradicción, puesto que la propia norma
establece que esa facultad debe ejercerse “sin perjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.
Además, expuso que la solemnidad exigida por el artículo 106 del Decreto 1260
de 1970 se justifica en la medida en que a través del registro civil se
establece cuál es la posición jurídica que ocupa el individuo dentro de la
familia y la sociedad, y si se encuentra en capacidad de ejercer derechos y
contraer obligaciones.
Sin embargo la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó
que en algunos casos resulta imposible establecer el deceso en el registro
civil de defunción y en esas condiciones es plausible acudir a otros medios
probatorios para probar la muerte. En este sentido afirmó: “Ahora bien, es
razonable preguntarse qué ocurre en aquellos eventos en  los que la parte
interesada en obtener, en sede judicial, el reconocimiento de hechos
relacionados con el estado civil no puede aportar al proceso el registro
respectivo por motivos que no le son imputables. ¿Será que en estos casos el
juez irremediablemente se verá abocado a despachar desfavorablemente sus
pretensiones, incluso si obran dentro del proceso elementos de prueba
distintos, capaces de llevarlo al convencimiento pleno del estado civil?”
Ante este cuestionamiento, la respuesta proferida por el
Consejo de Estado refirió que en casos excepcionales, en los cuales no se tiene
copia del registro civil de defunción por razones no imputables a la parte
interesada en que se pruebe el fallecimiento, es válido probar el deceso de una
persona sin la solemnidad requerida:
“La Sección Segunda de esta Corporación ha señalado que
el estado civil y, concretamente la muerte de una persona, puede probarse
mediante certificación expedida por cualquier autoridad pública –distinta a aquella
legalmente encargada de la inscripción en el registro civil– que tenga
conocimiento del hecho, en aquellos casos en los cuales no se tiene copias del
registro civil respectivo por razones no imputables a la parte interesada en
que se pruebe el fallecimiento[63].
Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado
ha admitido como prueba suficiente del fallecimiento de una persona determinada
alguno de los siguientes documentos: (i) acta del levantamiento del cadáver[64];
(ii) constancia de defunción suscrita por el médico tratante[65] e; (iii)
informe oficial elaborado por una autoridad pública[66].
Finalmente, la Sala Plena del Consejo de Estado, recogiendo el criterio
expuesto por la Sección Primera de la Corporación[67], ha
señalado –aunque no de forma unánime– que cuando es necesario establecer el
parentesco para extraer de allí consecuencias jurídicas distintas a las propias
del estado civil, la ausencia –por motivos de fuerza mayor– del correspondiente
folio o partida del registro civil puede suplirse con otros medios probatorios
debido a que el ámbito de las relaciones familiares es distinto al supuesto correspondiente
al estado civil (…)
En estas condiciones, es evidente que la ausencia de la
prueba solemne del daño alegado por los demandantes, esto es, de la muerte de
Martha Cecilia Domicó, no es imputable a la parte actora.  Se reitera que, por
tratarse de un documento público, el registro civil de defunción sólo puede ser
expedido por la autoridad competente, y requiere, según ya se señaló, de
autorización judicial en los casos en los que aquélla no obedece a causas
naturales. Por lo tanto, ante la decisión  del Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación de abstenerse de practicar
la correspondiente diligencia de levantamiento de cadáver, no podía exigirse a
los demandantes la presentación de tal documento como prueba ineludible de la
existencia del daño pues es fácil suponer que la autorización judicial del
registro de defunción de una persona que se presume ha muerto en condiciones
violentas requiere del acta de levantamiento respectiva”.
Del
recuento anterior pueden extraerse varias conclusiones sobre la jurisprudencia administrativa
y constitucional vigente en las materias referidas en este caso: (i) el
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto es el resultado de la
aplicación rigorista de las normas procesales que, a la vez, afecta gravemente
los derechos fundamentales; (ii) su configuración hace procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) esta figura no
afecta la amplia libertad para valorar el acervo probatorio que tienen los
jueces, pero sí exige que esta potestad sea ejercida en consideración a la
justicia material y a la prevalencia del derecho sustancial; y (iv) se
trata de un defecto que guarda relación con el defecto fáctico ya que los
yerros en la valoración de las pruebas o las omisiones en su decreto inciden en
las resultas del proceso y en la vigencia de los derechos fundamentales[68].
Una de las
formas en que este defecto se configura se da cuando el juez omite usar sus
facultades para decretar pruebas oficiosamente y cuando impone trabas
probatorias rigoristas a costa de los derechos fundamentales de las partes.
Sobre la primera hipótesis un ejemplo podría ser la omisión en el decreto de
pruebas para verificar si la reproducción simple de un documento público,
aportada al proceso, es réplica fiel de una copia auténtica. En cuanto a la
segunda hipótesis podría observarse en la interpretación rigorista para probar
un hecho que admite libertad probatoria, por ejemplo la unión marital de hecho.
Por otra parte, existe un defecto sustantivo cuando los jueces no aplican el
principio de equidad exigido en los casos de reparación directa de conformidad
con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 pues, no sólo en concordancia con la
jurisprudencia nacional, sino como parte de la obligación de incorporar la
jurisprudencia de la Corte IDH en el sentido de flexibilizar de los estándares
probatorios y ejercer las potestades judiciales en la materia a fin de alcanzar
la justicia material[69].
7.
Estándares probatorios aplicables a graves violaciones de derechos humanos.
Jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
7.1. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
señalado en reiteradas oportunidades que las sentencias penales no tienen
efectos de cosa juzgada en los juicios de responsabilidad del Estado, entendiendo
que:
(i) las
partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del
ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad,
con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y
cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la
víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que
le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable;
(ii) los
principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes,
lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias,
así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del
sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de
responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en
tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los
efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la
responsabilidad estatal es el demandante, y
(iii) el
fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente,
sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se
absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en
los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a
indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad
y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio
lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio[70]”.
Sin
embargo, el máximo órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha
precisado en reiteradas oportunidades que si bien las pruebas del proceso penal
al igual que la sentencia no llevan a deducir automáticamente la
responsabilidad estatal, en determinados casos sí resulta plausible
reconocerles merito probatorio como prueba documental:
“Si bien la
sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de
cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor
probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia
penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya
la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la
cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son
el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se
insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca
efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación, sino porque esa
sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede
brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad [71]”.
En igual
medida, el máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ha
precisado que tratándose de graves violaciones a los derechos humanos las
pruebas recopiladas en el proceso penal pueden ser analizadas y valoradas como elementos
suficientes y necesarios para justificar una condena esa instancia[72], siempre y
cuando, empleando la sana crítica se puedan estructurar los elementos de
responsabilidad estatal consagrados en el artículo 90 superior.
La sana crítica
ha sido definida por la jurisprudencia como “la capacidad del juez para
darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los
hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”79 y en
mérito de la cual, “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el
mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en
el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e
indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en
ausencia de determinada prueba”80.
Así las
cosas, cuando se presenta una incompatibilidad probatoria que dé lugar a varios
supuestos fácticos el juez deberá privilegiar racionalmente aquellas que
acrediten un grado superior de probabilidad lógica o de probabilidad
prevaleciente, resultado que se obtiene aplicando las reglas de la experiencia
que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o generalizaciones del
sentido común[73].
7.2. Según
la jurisprudencia del Consejo de Estado tratándose de graves violaciones a los
derechos humanos por las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que
suelen desarrollarse, los indicios en sede contenciosa administrativa adquieren
una especial relevancia a la hora de determinar la responsabilidad estatal[74].
La doctrina
especializada respecto a la prueba indiciaria ha manifestado que en este
intervienen tres elementos que llevan a un razonamiento lógico que permite
determinar por inferencia otro hecho de uno previamente conocido. Sobre el
particular se ha expuesto lo siguiente: “En la prueba por indicios
necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho,
el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquél
y éste. El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por
cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio, esto es, que todos los
medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser
resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho,
en donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia
del indicio[75]”
Los
indicios son medios de prueba que permiten el conocimiento indirecto de la
realidad y suponen la presencia de un hecho indicador del cual es derivable la
existencia de otro hecho indicado mediante un proceso de inferencia lógica[76] en otras
palabras: “Los indicios son hechos que permiten extraer una conclusión de un
hecho directamente importante; así, p. ej., el hecho de que el sospechoso del
asesinato inmediatamente antes del homicidio de X lo amenazó de muerte o
después del hecho quitó manchas de sangre de su pantalón, o que el sospechoso
de haber estafado al seguro se procuró bencina antes del hecho y elevó la suma
del seguro”.
Sobre la prueba indiciaria el Consejo de Estado en su
reiterada jurisprudencia ha sostenido lo siguiente: “Los indicios son medios
de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la
prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como
por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez
tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros
hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios
técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que
construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos
hechos debidamente acreditados en el proceso[77]”.
De igual
modo, se debe destacar que para dicho Tribunal el indicio se integra con los
siguientes elementos:
“(i) Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos
conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa,
etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente
probado en el proceso, (ii) Una regla de experiencia, de la técnica o de la
lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento,
(iii) una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio
lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho
indicador y el hecho desconocido que se pretende probar, (iv) El hecho que
aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental”.
Una vez
construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su
gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios prueba que
obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha
señalado algunos derroteros que pueden resultar de ayuda para el juez. Por
ejemplo, ha clasificado los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo
como necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o
inexistencia de un hecho que se pretende demostrar, o revelan en forma cierta
la existencia de una constante relación de causalidad entre el hecho que se
conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, sólo aquellos que
se presentan en relación con ciertas leyes físicas; y como contingentes, los
que revelan de modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto. Estos
últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el
hecho indicador y el que se pretende probar existe o no una relación lógica
inmediata[78].
Según ha precisado el
máximo órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los indicios son
prueba válida para imputar responsabilidad a una entidad, en especial cuando se
trata de graves violaciones a los derechos humanos:
“En casos como el
presente, en los que varias personas mueren como consecuencia de múltiples
impactos de arma de fuego, en hechos en los que en principio no resulta posible
identificar a los autores materiales de un delito, la prueba indiciaria resulta
idónea y única para determinar la responsabilidad, pues aquélla compagina elementos
debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros, para
efectos de endilgar responsabilidad a los inculpados. (…) Se trata de un
medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para
así tener como probado el inferido. En este escenario, la existencia de una
serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos
por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a
la imputación de la responsabilidad[79].
Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a
partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas
de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de
un hecho desconocido.
El juez dispone muy a
menudo de conocimientos generales vinculados con el hecho a probar y útiles, de
alguna manera, a los defectos de su determinación; es más, sin estos conocimientos
la valoración de la prueba sería normalmente imposible. Se trata de las
nociones derivadas de la experiencia común que encuentran su formulación
sintética en las denominadas máximas de la experiencia y que desarrollan un
papel relevante en la valoración de las pruebas[80] (…) Al
analizar un caso concreto, el operador jurídico puede verse enfrentado a la
necesidad de hacer inducciones a partir de hechos probados. Al respecto,
Michele Taruffo da cuenta “(..) que no toda inferencia que vaya de un “hecho
conocido” al “hecho ignorado” ofrece la prueba de éste último, dado que pueden
existir inferenias dudosas, vagas o contradictorias o, en todo caso, tan “débiles”
como para no ser suficientes a este efecto; en cambio, es concebible que la
prueba se obtenga cuando las inferencias formuladas por el juez sean
suficientemente “seguras” y “fuertes” para reducir el margen de error y de
inaceptabilidad del razonamiento presuntivo (..)[81]. Las
máximas de la experiencia permiten concluir que casos similares pueden
compartir elementos comunes, como el que ahora se estudia.
El Código de
Procedimiento Civil establece que los indicios deberán ser apreciados en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en
consideración su gravedad, concordancia, convergencia y su relación con los
demás medios de prueba que obren en la actuación procesal (…). Así
mismo, para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar
debidamente probado en el proceso y el juez podrá deducir indicios de la
conducta procesal de las partes (artículos 248 a 250)[82]”.
La
Corte en la sentencia T-926 de 2014 precisó que en casos en los cuales se
analizan graves violaciones a los derechos humanos que vinculan manifestaciones
de poder irregular, desequilibrios de fuerzas o estructuras de delincuencia
institucional y organizada, es común suponer que en muchas situaciones haya una
ruptura deliberada e injusta de la correlación entre la prueba del daño y la
prueba del perjuicio. Esta situación conlleva a que la valoración  probatoria
que realiza el juez sea particularmente más flexible y en muchos casos deban
acudir a los indicios como pruebas determinantes de la responsabilidad estatal:
“En las
masacres por ejemplo, los propios testigos son asesinados; en los casos de
desplazamientos forzados, nunca hay tiempo para conservar y recoger la prueba
ni siquiera de la propia existencia de las víctimas: los registros civiles son
abandonados o destruidos, las fuentes de información oficial son eliminadas; en
la desapariciones forzadas, la indefinición en el tiempo excede todos los
límites del rigor de la demostración; en esas situaciones se afianza la certeza
de que el daño se ha construido, pero es probable que se desconozca la
condición particular del perjuicio, la identificación de la víctima o las
características particulares de la extensión del detrimento o del menoscabo en
su entorno familiar”.
En esta
medida, en sentencia T-535 de 2015 esta Corporación al analizar la decisión en
la cual se revocó un fallo de primera instancia que condenó a la Nación por la
ejecución extrajudicial de unos jóvenes, mal llamados falsos positivos, resaltó
la importancia de flexibilizar los estándares probatorios aplicables. En este
sentido, adujo:
“Al
adentrarse en el estudio de las sentencias, deviene lógico que existiendo
testimonios que dan cuenta de que los jóvenes Lozada García y Bravo Montiel
departieron hasta altas horas de la noche en un bazar y pocas horas después
aparecieron muertos, vestidos de uniformes camuflados, para lo cual, obran
testimonios en el sentido de que fueron transportados en un vehículo cuya
propiedad no se ha podido determinar, siendo posteriormente custodiados los
cadáveres por miembros del Ejército Nacional. La sumatoria de estos indicios
conlleva a concluir, indefectiblemente, a través de las reglas de la
experiencia que, conforme lo determinó el juez contencioso de primera
instancia, se deba atribuir responsabilidad al Estado por falla en el servicio.
La
construcción de la prueba indiciaria debe cumplir con el principio de legalidad,
esto es, que en la argumentación el juez debe mostrar el hecho indicado, el
hecho indiciario, la conclusión y las reglas de la experiencia que permiten la
inferencia entre las premisas y la aserción[83],
valorando el grado de convicción que ofrece cada medio de prueba, de
conformidad con los parámetros de la sana crítica.
Esto no se
observa en el análisis probatorio efectuado por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Tolima, autoridad judicial que no apreció en su integridad
las pruebas e hizo una valoración parcial de algunas, profiriendo una
providencia judicial defectuosa, de la cual la Sala de Revisión extraña que no
hubiese indagado con mayor rigor sobre otros medios de convicción, como por
ejemplo, los planos de dirección de proyectiles que habrían permitido
corroborar la probabilidad de un enfrentamiento”.
La
jurisprudencia nacional en aplicación del principio de equidad en casos de
violaciones de derechos humanos dejen claro el carácter imperativo de la
flexibilización de los estándares probatorios y el deber de los jueces de
ejercer las potestades que les han sido conferidas en aras de garantizar la
justicia material con pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las
partes involucradas. Estos criterios también han sido parte de
los debates en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos,
donde la Corte Interamericana ha considerado en varios casos que la carga de la
prueba del daño se flexibiliza en favor de las presuntas víctimas, en tanto que
se utilizan las inferencias judiciales razonables, la aplicación de las reglas
de la experiencia y la inversión de la carga probatoria[84].
7.3. Tratándose
de casos de ejecuciones extrajudiciales adelantadas por miembros de las fuerzas
armadas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
precisado cómo la existencia de ciertos elementos, conductas o actuaciones
pueden ser indicios de la responsabilidad del Estado. Entre
los elementos que pueden llevar a declarar una condena contra la Nación por vía
indiciaria encontramos:
(i) La existencia de casos en los cuales se adelantó un enfrentamiento
con armas que no eran idóneas para el combate. En este
sentido en sentencia del 28 de agosto de 2014 el Consejo de Estado condenó a la
Nación por la ejecución extrajudicial de dos campesinos a manos del Ejército Nacional,
en dicha providencia se precisó:
“Los
señores Heliodoro Zapata Montoya, Alberto Antonio Valle y Luis Carlos Torres no
murieron en combate, sino que fueron aprehendidos y ejecutados sumariamente. Lo
anterior, lo dedujo el corrector disciplinario del siguiente análisis:  No
hay idoneidad de las armas con las que los presuntos guerrilleros hicieron
frente a las unidades destacadas del Ejército Nacional, todo lo contrario, las
armas fueron puestas dolosamente en los cuerpos inertes de los campesinos para
simular una operación militar:  Analizando la diligencia de Inspección judicial
que hace el Juzgado 36 de Instrucción Penal Militar al material de guerra
incautado a los presuntos guerrilleros, encontramos que el señor CP. APARICIO
ORTEGA JHON, actuando como perito, deja la siguiente anotación: “un fusil,
AK-47, calibre 7.62 x 39, n.° 1983 nk 2573 de fabricación rusa. Novedades Empuñadura
y guardamano de madera, le falta el culetín, se encuentra corroído y en mal
estado de conservación y buen estado de funcionamiento[85].
(ii) Operaciones adelantadas en conjunto por
"informantes desmovilizados", que señalan a las víctimas como
guerrilleros. En este sentido en sentencia del 12 de
febrero de 2015, señalo:
“El
fenómeno de los llamados "falsos positivos" —ejecuciones ilegales de
civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para que parezcan bajas legítimas
de guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate las pruebas documentales
indican….. que comenzaron a ocurrir con una frecuencia alarmante en toda
Colombia a partir de 2004.. La dinámica fáctica de estos casos está bien
documentada, por lo que solo será́́ necesario aquí́ delinear las
pautas generales comunes a todos los departamentos del país. En algunos casos,
un "reclutador" pagado (un civil, un miembro desmovilizado de un
grupo armado o un ex militar) atrae a las víctimas civiles a un lugar apartado
engañándolas con un señuelo, por lo general la promesa de un trabajo. Una vez
allí,́ las víctimas son asesinadas por miembros de las fuerzas militares,
a menudo pocos días u horas después de haber sido vistos por los familiares por
última vez. En otros casos, las fuerzas de seguridad sacan a las víctimas de
sus hogares o las recogen en el curso de una patrulla o de un control de
carretera. Las victimas también pueden ser escogidas por
"informantes", que las señalan como guerrilleros o delincuentes a los
militares, a menudo a cambio de una recompensa monetaria. Una vez que estas
víctimas son asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la
escena, con distintos grados de habilidad, para que parezca un homicidio
legítimo ocurrido en combate. El montaje puede entrañar, entre otras cosas,
poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las
víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas
con los guerrilleros; o calzarlas con botas de combate. Las víctimas son
presentadas por los militares y anunciadas a la prensa como guerrilleros o
delincuentes abatidos en combate. A menudo se entierra a las víctimas sin
haberlas identificado (bajo nombre desconocido), y en algunos casos en fosas
comunes[86].”
(iii)
Contradicciones e impresiones en los testimonios de los militares respecto a la
forma en la que se adelantaron los enfrentamientos. En sentencia de fecha
30 de abril de 2014, el Consejo de Estado declaró responsable a la Nación por
la ejecución extrajudicial de los señores Martín Gildardo Argote y Henry
Sapuyes Argote, como se expresó[87]:
“De otra parte, la
versión de los militares adscritos al Batallón “Magdalena”, según la cual la
muerte de los señores Martín Gildardo Argote y Henry Sapuyes Argote ocurrió
debido a un enfrentamiento armado, es un relato de los hechos que no resulta
creíble y, además, está falseado por las contradicciones que exhiben las
pruebas con las que se intenta soportar esa versión. Dichas incoherencias son
las siguientes. Los testimonios rendidos por los militares ante la jurisdicción
penal militar, no coinciden entre sí frente a las circunstancias en las que se
encontraba cada uno y sobre la forma en como sucedieron los hechos. Lo
anterior, debido a que en los testimonios[88]
ofrecidos por el grupo de soldados conformado por el centinela Jhon Fredy
Guevara, José Leonardo Molina y Rigoberto Ninco Zuñiga, que fueron los que
dieron de baja al señor Martín Gildardo Argote, se afirma que los dos últimos
mencionados se encontraban juntos realizando la labor de recoger agua cuando
fueron atacados por los presuntos guerrilleros, situación que no concuerda con
la distancia de 50 metros en la que dice el soldado Molina haber estado cuando
escuchó los disparos. En cambio el soldado Ninco menciono que se encontraba a
tan solo 10 metros del occiso, lo que conlleva a pensar que no estaban juntos”.
(iv) Los relatos de los hechos realizados por los miembros de la Fuerza
Pública no concuerdan con el protocolo de necropsia. En sentencia de
6 de diciembre de 2013 la cual declaró responsable a la Nación por la ejecución
extrajudicial del señor Nelson William Millán Alvarado, se analizó
cómo tratándose de ejecuciones extrajudiciales es común que la necropsia no
coincida con el relato de los hechos. Sobre el particular se expuso:[89]
“La
necropsia determinó que la trayectoria en todas ellas fue postero-anterior, es
decir de espalda. Al respecto se destacan los siguientes apartes: 1.1.-
Orificio de entrada: De 0.8 x 0.8 cms sin ahumamiento, ni tatuaje en 4 espacio
intercostal izquierdo con línea axilar anterior a 17 cms de la línea media y 47
cms del vértice.1.2.- Orificio de salida: De bordes irregulares de 3 x 2 cms en
7º espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular a 7 cms de la línea
media y 55 cms del vértice.1.3.- Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo,
músculos intercostales, pulmón izquierdo, corazón, pulmón derecho, arcos
costales anteriores derechos, piel y sale.1.4.- Trayectoria: izquierda-derecha
supero-inferior postero-anterior ligeramente.2.1.- Orificio de entrada:
De proyectil de arma de fuego de 0.8 x 0.8 cms en 8º espacio intercostal
izquierdo con línea axilar posterior a 17 cms de la línea media y 45 cms del
vértice. No hay tatuaje ni ahumamiento.2.2.- Orificio de salida: De 4 x 2.5 cms
de bordes evertidos en mesogástrio derecho a 5 cms de la línea media y 62 cms
del vértice.2.3.- Lesiones: Piel, tejido celular subcutáneo, músculos
intercostales izquierdos, pulmón derecho, diafragma, hígado, piel y sale.2.4.-
Trayectoria: supero-inferior izquierda-derecha postero-anterior (…)
El Teniente John William Ávila Pineda rindió tres versiones sobre lo
ocurrido, cada una con elementos distintos. En el informe de los hechos, por
ejemplo, da cuenta de la presencia de un camión que transportaba cemento; luego
de una motocicleta con dos personas que al parecer venían de una fiesta;
minutos después de un vehículo Mazda, cuyos ocupantes manifestaron que se
dirigían a la población del Bordo (Cauca), con el objetivo de adquirir equipos
de electricidad y quince minutos más tarde, del vehículo de placas VQG-693, en
el que se transportaban los señores Nelson William Millán Alvarado y Manzur
Gómez Rodríguez, respecto de quienes señaló que no atendieron las voces de
alto, “procediéndose por parte de los ocupantes una reacción violenta”.
En consecuencia, haciendo un análisis integral de las pruebas, la Sala
no encuentra acreditado el enfrentamiento armado alegado por la
demandada y, por tanto, que los uniformados que integraban el retén militar
hubieran causado la muerte del señor Millán Alvarado en legítima defensa. (…)
Aunado a lo anterior, la necropsia arroja que los tres impactos fueron
recibidos por la espalda. De esta forma, la Fuerza Pública incumplió con el
mandato constitucional, pues en lugar de proteger la vida del señor Millán
Alvarado terminó con ella, cuando, si sospechaba de su conducta, tendría que
haber logrado su captura sin afectar su integridad”.
En conclusión,
el Consejo de Estado ha precisado que tratándose de ejecuciones extrajudiciales
la prueba indiciaria constituye un elemento relevante para determinar la
responsabilidad estatal, ya que en el común de los casos, por las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentan estos delitos, los
estándares probatorios en sede judicial administrativa deben flexibilizarse.
8. Caso concreto.
Conforme con los antecedentes descritos, en el presente asunto
corresponde a la Sala determinar: (i) si existe inmediatez en la
presente tutela, (ii) si se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción contra sentencias, (iii) si la sentencia del 26 de noviembre de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo Itinerante con
sede en Bogotá de Descongestión, incurrió en un exceso ritual manifiesto al
exigir el certificado de defunción del señor Fabio Medina
Guerra, (iv) si la decisión que se cuestiona incurrió en insuficiencia
y/o ausencia de motivación de la decisión judicial y por último (v) si
el Tribunal Administrativo Itinerante valoró las pruebas obrantes en el
expediente.
9.
Análisis de las causales genéricas de procedibilidad.
9.1.
Inmediatez en el asunto sub examine
En el
asunto sometido a consideración, encuentra la Sala que la decisión atacada se
profirió el 26 de noviembre de 2015, fecha en la cual el Tribunal Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de
Descongestión profirió fallo de segunda instancia dentro del proceso de
reparación directa, decisión que fue notificada por edicto y desfijado
el 15 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, la acción de tutela fue interpuesta
el 12 de julio de 2016, es decir transcurrido 6 meses y 27 días desde la
ejecutoria de la decisión desfavorable.
En el
análisis llevado a cabo en el proceso de tutela, los jueces de instancia
indicaron que la acción fue interpuesta por fuera del término razonable, ya que
pasaron más de 6 meses desde el momento en el cual fue notificada por edicto dicha
decisión y la presentación del amparo, razón por la cual no se satisfacía el
requisito de inmediatez.
Así las
cosas, según los parámetros fijados por el Consejo de Estado, existe un plazo
de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerció
oportunamente.
Al
respecto, se reitera que no es admisible constitucionalmente la imposición de
un término de caducidad en la acción de tutela, toda vez que la literalidad del
artículo 86 Superior propugna por permitir la protección de los derechos
constitucionales fundamentales “en todo momento y lugar”. En
consecuencia, llama la atención que el máximo Tribunal de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa pretenda desconocer la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, que ha señalado la presentación en un tiempo razonable que
atienda las particularidades del caso.
Al revisar
el asunto sub examine esta Corporación estima que según las
circunstancias propias del asunto no se desprende una tardanza excesiva en la
interposición del amparo. En efecto, la complejidad de la materia controvertida,
en la cual se discuten cuestiones como graves violaciones a los derechos
humanos, reparación del daño antijurídico, alcance de los indicios para
atribuir responsabilidad al Estado y deber del juez de alcanzar la justicia
material, ameritan que el juez constitucional no se soporte en criterios
formales y habilite el examen de fondo, con el fin de hacer prevalecer la vigencia
de un orden justo, la primacía de los derechos de la persona y la
imprescriptibilidad de los derechos fundamentales.
Adicionalmente,
en este asunto se discuten derechos fundamentales de una presunta víctima del
Estado, subrogados con su fallecimiento en un grupo familiar que se expone
vulnerable. Por lo tanto, de conformidad con la jurisprudencia constitucional,
se entiende que la tutela fue interpuesta en un margen razonable de tiempo, que
dada la relevancia constitucional del asunto en discusión, aumenta la
flexibilidad de este presupuesto.
Además ha de resaltarse que solo la investigación penal del radicado No.
4108 consta de 9 cuadernos cada uno con aproximadamente 300 folios, razón por
la cual se estima más que razonable el término de 6 meses y 27 días para la
presentación de la tutela.
La Sala
precisa que la procedencia oportuna de la acción de tutela constituye una
garantía propia de la autonomía e independencia judicial, que debe de acuerdo a
las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean el asunto sometido a
consideración. Así, el juez constitucional estudiará en cada caso concreto si
la interposición de la acción en un determinado momento fue razonable y
proporcional, sin que le sea dable declarar de plano la improcedencia del
amparo con fundamento en que se cumplieran seis meses de tardanza.
Este punto resulta
de la mayor importancia si se tiene en cuenta que la única razón por la cual no
se analizó el fondo de la tutela presentada por la señora
Mercedes Olivares y otros, radicó en la carencia de inmediatez en la
presentación de la acción de tutela, sin que se entrara a analizar la
razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto, teniendo en cuenta la
complejidad y particularidades que reviste.
Por lo
anterior, despacho desfavorablemente la falta de inmediatez hallada por la
Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado.
Así mismo, advertirá a todas las autoridades que deben observar los precedentes
de la Corte Constitucional, como órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional, cuando interpreten el requisito de la inmediatez en la
acción de tutela, como la sentencia T-246 de 2015 lo afirmó:
“Resulta
pertinente recordar que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816 de
2011, declaró exequibles el inciso primero y el inciso séptimo del artículo
102 de la Ley 1437 de 2011 sobre extensión de la jurisprudencia del
Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades, “entendiéndose que
las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación
jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas
constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los
precedentes  de la Corte Constitucional que interpreten las normas
constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia”
(Negrilla fuera de texto).
En
consecuencia, concluye la Sala Octava de Revisión, que el garante e intérprete
autorizado de la Constitución, es decir, quien fija el contenido determinado
del Texto Superior es la Corte Constitucional, a través de sus sentencias de
constitucionalidad o de tutela. En el caso concreto, el estudio  de la
inmediatez en la acción de tutela, guarda relación con la interpretación de la
Constitución y los derechos fundamentales, por ende, se reitera que la
jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene preeminencia en relación con la
jurisprudencia de los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones, incluida
la jurisdicción contencioso administrativa, dada la supremacía de la
Constitución. En consecuencia, las autoridades judiciales que opten por
decisiones contrarias a lo dispuesto por el intérprete autorizado de la
normatividad constitucional y en materia de protección de los derechos
fundamentales, incurren en una causal específica de procedencia de tutela
contra providencia judicial por desconocimiento del precedente.
En esa
medida, valga recordar que el Consejo de Estado cuando actúa como juez constitucional
lo hace en calidad de juez de instancia, no como órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional. Así, en esta oportunidad, al fallar como juez de
segunda instancia con base en un precedente de esa jurisdicción, unificó la
interpretación de la Constitución Política, vulnerando el acceso a la
administración de justicia y la cosa juzgada constitucional, toda vez que al
establecer un término de caducidad reprodujo el contenido de un acto jurídico
declarado inexequible por esta Corporación mediante Sentencia C-543 de 1992”.
Superada la
inmediatez, la Sala procede a estudiar si se estructuró alguna de las causales
generales de procedibilidad del recurso de amparo contra las decisiones
atacadas.
9.2.
El asunto debatido reviste relevancia constitucional
El problema jurídico puesto a
consideración por los accionantes reviste de relevancia constitucional, ya que
se refiere a la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral de las
presuntas víctimas en principio
vulnerados por  el Tribunal Administrativo
Itinerante con sede en Bogotá de Descongestión y el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio, al negar el derecho a la reparación integral de
los familiares del señor Fabio Medina Guerra.
9.3. Los accionantes agotaron todos
los medios de defensa judicial a su alcance.
En el asunto sub examine al
estar en presencia de un proceso judicial de segunda
instancia, y al no existir recursos ordinarios contra la decisión que pone fin
al proceso, los accionantes no disponen de otros medios de defensa judicial.
En igual medida se evidencia que
tampoco es procedente el recurso extraordinario de revisión contemplado en el artículo
248 de la Ley 1437 de 2011, ello debido a que las causales que habilitan su
procedencia se caracterizan por ser taxativas y además tener naturaleza
restrictiva[90],
y en esa medida no se compaginan con las causales generales de procedencia de
la acción de tutela descritas por los accionantes. Así las cosas es claro, que
aspectos como la valoración de las pruebas o la existencia de una decisión
carente de motivación no pueden ser cuestionadas a través de este recurso
extraordinario.
9.4. La tutela identifica la presunta vulneración
En el escrito presentado por los accionantes se
identifican de manera clara tanto los hechos que generaron la vulneración, como
los derechos aparentemente trasgredidos con las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de
Descongestión y el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito
de Villavicencio. En esta medida estructuran cargos según los cuales las
providencias cuestionadas incurrieron en: (i) defecto factico, (ii) defecto
procedimental y (iii) ausencia de motivación.
9.5. La tutela no se dirige contra
una sentencia de tutela
La presente acción de tutela se dirige
contra una decisión adoptada en el marco de una acción de reparación directa y
en esa medida el requisito se satisface.
Cumplidos los criterios generales de procedibilidad la Sala pasará a
examinar si se configuran los defectos alegados por el accionante en el escrito
de tutela.
10.
Análisis de las causales específicas de procedibilidad.
De acuerdo
con los parámetros internacionales, constitucionales, legales y
jurisprudenciales plasmados en las consideraciones generales de esta
providencia, este Tribunal procede a analizar las decisiones proferidas en el
marco del proceso de reparación directa, con especial atención en los medios
valorativos y probatorios que sustentan la medida de no reconocer la
responsabilidad de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional por la muerte del señor
Fabio Medina Guerra.
Para ello, se centrará en primera medida en la motivación del fallo que
aquí se cuestiona. Posteriormente, se analizará si la sentencia proferida el 26
de noviembre de 2015 analizó adecuadamente el material probatorio que se le
trasladó a través del proceso penal adelantado por la Fiscalía 31 Especializada
de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
de la ciudad de Villavicencio, bajo el radicado No. 4108.
10.1. ¿El Tribunal Administrativo incurrió en exceso ritual
manifiesto y defecto fáctico al no tener por probado el
daño (muerte del señor Fabio Medina Guerra) por no estar soportado en el expediente el respectivo registro civil de defunción
10.1.1. El proceso de reparación directa que culminó con la
decisión judicial que aquí se censura fue iniciado por los accionantes por la presunta ejecución extrajudicial del señor Fabio
Medina Guerra a manos de miembros del Ejército Nacional el 7 de diciembre de
2005, en la vereda La Ceiba, municipio de Calamar – Guaviare.
Durante el
transcurso del proceso contencioso administrativo el apoderado informó al juez
administrativo que al momento de la presentación de la demanda no era posible
contar con el respectivo registro civil de defunción, toda
vez que“el terror que ejercieron a la esposa de la víctima
impidió que su esposa lo reconociera y por ello no existe registro de
defunción, lo único con lo que se cuenta es con su acta de inspección del
cadáver No.167 de 2005 que reposa en el Juzgado 62 de Instrucción Penal Militar
de San José del Guaviare, donde se adelanta la investigación por la muerte del
señor Medina”.
Esta situación fue examinada por la sentencia del 22 de marzo de 2013,
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito
de Villavicencio, (juez de primera instancia), quien realizó un análisis del
acervo probatorio obrante en el expediente, señalando que de acuerdo con el
Decreto 1260 de 1970 todos los hechos relacionados con el estado civil de las
personas, ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, deben
constar en el correspondiente registro civil y para probar el fallecimiento de
una persona este hecho debe registrarse.
La providencia encontró que dicho asunto resultaba imperioso exigir la
prueba solemne del estado civil del mismo, motivo por el cual era indispensable
determinar si los argumentos esgrimidos por los demandantes resultan
suficientes para justificar la ausencia de este documento, por lo que expresó:
“manifestaron los demandantes que la imposibilidad de registrar el deceso de
su familiar en el registro civil obedeció a que su cuerpo fue sepultado por los
miembros del Ejército Nacional como NN, y que debido a las amenazas de las que
ha sido sujeto la señora Mercedes Olivares, se ha visto impedida a iniciar el
trámite correspondiente. Sin embargo, para el despacho no se encuentra
acreditada ninguna de estas circunstancias, pues es de advertir que lo único
que fue arrimado al expediente con la finalidad de probar la existencia del
daño antijurídico es la copia simple de una inspección de cadáver vista a folio
128 a 132, no obstante la misma “no hace referencia de que se trate del
cuerpo del familiar de los demandantes”, razón por la que ese despacho no
lo tiene como prueba”.
En el escrito de
apelación presentado por el apoderado de la parte actora se expuso que el juez
de instancia había errado al considerar que la muerte del señor Fabio Medina Guerra solo podía ser demostrada mediante la presentación del registro civil de defunción, ya que existían otras pruebas en el
plenario que indicaban claramente que el señor Medina fue enterrado en
el lote No 222 del sector N.N del parque cementerio Jardines del Paraíso en San
José del Guaviare.
La
sentencia del 26 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de
Descongestión, refirió sobre este aspecto un escueto razonamiento aduciendo lo
siguiente: “Asimismo, Oficio No.1999 SIJIN DEGUV, allegando
Tarjeta Necrodactilar tomada al sujeto N según acta de inspección cadáver y
visible a folios 126 a 132, c.1, no hace mención a que se trate del señor Fabio
Medina”.
Por su parte la acción de tutela presentada informa que el Tribunal Administrativo desconoció los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral
de las víctimas, por cuanto no analizó que el registro
civil de defunción que comprobaría la muerte del señor Fabio Medina no fue
allegado por simple negligencia, sino debido a que: “El cuerpo del señor
Medina fue enterrado como N.N. y registrado como persona dada de baja en combate.
El cuerpo de Fabio Medina Guerra fue encontrado hasta años más tarde, ya que
debido a las intimidaciones en contra de la señora Mercedes Olivares y el desplazamiento
forzado que sufrió con sus hijos, resultaba imposible la ubicación y el
reconocimiento del cuerpo”.
Ahora bien, es importante destacar que conforme se precisó en la
solicitud de medida de aseguramiento y calificación adelantada por la Unidad
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía
General de la Nación contra los procesados Javier Arias Guevara y otros, de
fecha 3 de febrero de 2012, el cuerpo de Fabio Medina fue enterrado en el lote
No 222 del sector N.N del parque cementerio Jardines del Paraíso en San José
del Guaviare, y solo hasta cuando se realizó la exhumación “fue cotejada la
muestra de ADN del menor Fabio Enrrique Medina Olivares con dichos restos
arrojaron que existía más del 99.9% de probabilidad que fuese su hijo dando así
por reconocido finalmente los restos”[91].
10.1.2. Ante la
situación descrita, la Sala evidencia la ocurrencia de una falencia por parte
del juez y Tribunal contencioso administrativo al obviar las alternativas que
le ofrecía el ordenamiento jurídico y que han sido delineadas por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sección Tercera del Consejo de
Estado, para subsanar la falta de solemnidad (registro
civil de defunción) en la demostración del fallecimiento de una persona en
asuntos de reparación directa. Tal omisión constituye un defecto que encaja dentro de la
categoría de la causal procedimental por exceso ritual manifiesto, que como
consecuencia derivó en la omisión e indebida valoración de las demás pruebas
aportadas por la parte demandante, con lo cual, se incurrió concomitantemente
en un defecto fáctico como a continuación se procede a explicar.
En primer lugar,
la Sala quisiera precisar que comparte el criterio del Tribunal
Administrativo Itinerante en cuanto a la imposibilidad por “regla general” de probar la
muerte o fallecimiento de una persona sin la solemnidad que el Decreto 1260 de 1970 establece. Este requisito, aportar el registro civil
de defunción,
tiene una importancia cardinal en nuestro ordenamiento jurídico en tanto
garantiza el respeto de los derechos al debido proceso y legalidad de las
actuaciones de la administración. Empero, como lo ha precisado la
jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, en casos
excepcionales cuando se presentan razones no imputables a
la parte interesada es posible dar por probada la muerte sin necesidad de
acudir a la solemnidad o aplicar el sistema de tarifa legal.
En este orden de ideas, es
evidente para la Corte que la ausencia de la prueba solemne del daño alegado
por los demandantes, esto es, de la muerte del señor Fabio Medina, no es imputable a la parte actora.  Por tratarse de un documento
público, el registro civil de defunción sólo puede ser expedido por la autoridad
competente y requiere de autorización judicial en los casos en los que no
obedece a causas naturales. Por lo tanto, ante la inhumación del señor Fabio
Medina como N.N en el parque cementerio Jardines del Paraíso en San José del
Guaviare no podía exigirse a los demandantes la presentación de
tal documento como prueba ineludible de la existencia del daño antijuridico, más
aun si se tiene en cuenta que durante todo el proceso los aquí accionantes
precisaron que las amenazas contra su vida y el desplazamiento al que tuvieron
que someterse les impidió adelantar los trámites necesarios para lograr  la
expedición del acta de defunción.
En criterio de la Corte, debido a las particulares circunstancias
que rodean el presente caso, sería desproporcionado negar la existencia del
daño, muerte del señor Fabio Medina, debido a la inexistencia del registro civil
de defunción para la fecha de presentación de la demanda. En este orden de
ideas, teniendo en cuenta la flexibilización de los estándares probatorios
cuando se alega la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, este
Tribunal considera que la falta del referido documento no es obstáculo para que
el juzgador cumpla con las obligaciones y deberes que le impone el ordenamiento
jurídico, en particular la utilización de las facultades y medios que este le confiere
para lograr la justicia material y la eficacia de los derechos fundamentales.
La Corte no comparte los
argumentos del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del
Circuito de Villavicencio y del Tribunal Administrativo Itinerante
con sede en Bogotá de Descongestión, ya que al afirmarse que “la
inspección de cadáver vista a folio 128 a 132, no permite evidenciar que se
trate del cuerpo del familiar de los demandantes”, se incurrió a todas
luces en una consideración que renuncia a la búsqueda de la verdad jurídica
objetiva.
En el asunto sub examine no puede
desconocerse que existe certeza de que el cuerpo de Fabio Medina Guerra evidentemente
estaba sepultado en el lote No 222 del sector N.N del parque cementerio
Jardines del Paraíso, en San José del Guaviare; esto porque la muestra de ADN
tomada al cadáver que se encontraba sepultado y al menor Fabio Enrrique Medina
Olivares arrojaron que existía más del 99.9% de probabilidad que fuere su hijo,
y, en esa medida, las afirmaciones realizadas por los jueces contenciosos
administrativos de instancia claramente se
erigen como un
obstáculo innecesario para que se logren los fines de la justicia material,
esto es, resolver las controversias jurídicas de fondo conforme a los elementos
probatorios existentes. En esta perspectiva, la exigencia de una formalidad no
puede elevarse a rango tal que su incumplimiento implique la negación de la
justicia misma y por tanto, de la certidumbre en el derecho.
Negar la existencia del daño (muerte del señor Fabio Medina) debido a la inexistencia del
registro civil de defunción resulta inadmisible y
contradictorio, en tanto los jueces contencioso administrativos desconocen
abiertamente su deber constitucional derivado de su función judicial de
utilizar los mecanismos judiciales que le provee el ordenamiento jurídico para
lograr la justicia material propia del Estado constitucional de derecho. Así
las cosas, resulta una inconsistencia pragmática, que los juzgadores
evidencien la carencia de un elemento necesario para impartir justicia y que no
utilicen las facultades oficiosas que le provee el ordenamiento jurídico para
subsanarla o hallar la verdad de los hechos. Adicionalmente, vale la pena precisar que cuando el juez adopta
dicha postura, desconoce abiertamente su rol de director del proceso contencioso
administrativo.
10.1.3. Como se expuso en las consideraciones generales de este
fallo, cuando se trata develar la existencia de graves violaciones a los
derechos humanos, no opera con toda su formalidad el esquema de justicia rogada
aplicable a otros ámbitos jurisdiccionales en tanto deben cumplirse fines
esenciales del Estado y de la justicia en particular, y porque tales ámbitos de
regulación están revestidos de principios constitucionales de especial
observancia. En este contexto, en virtud de las facultades otorgadas por la ley
y la obligación constitucional de los jueces de garantizar los derechos de
quienes acuden ante la justicia, es claro que el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio
y el Tribunal Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de Descongestión debieron decretar
oficiosamente las pruebas o dispuesto las órdenes complementarias pertinentes
que hubieren considerado necesarias para resolver la controversia suscitada.
Al respecto, la Sala de Revisión es consciente de la relevancia de
la independencia y autonomía en la función judicial, en especial en asuntos
relativos a la valoración probatoria. No obstante, ello no es excusa para adoptar
decisiones carentes de valoración o prescribiendo de la prevalencia del derecho
sustancial ante la evidencia de hechos que necesariamente versan sobre la
garantía de derechos sustanciales como el que en su momento reclamaban los aquí
accionantes.
La Sala considera importante recordar que en los eventos en los
cuales el ciudadano cuenta con menores recursos y facultades para discutir una
decisión judicial, crece de forma inversamente proporcional la obligación de la
autoridad judicial de utilizar todos los medios a su alcance para salvaguardar
los derechos de aquel (equidad), con miras a otorgar una administración de
justicia eficiente y de calidad. Lo anterior, tiene asidero en las obligaciones
constitucionales y legales de los jueces como protectores de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, y en la función de administración de justicia
que les corresponde, la cual, en materia de graves violaciones a los derechos
humanos, les impone los deberes de búsqueda de la verdad real, realización de
la justicia material y eficacia de los derechos sustantivos.
Este deber
del juez, de haberse adecuadamente ejecutado le habría permitido al menos al Tribunal
de segunda instancia percatarse que a la fecha de expedición de su decisión, el
registro civil de defunción del señor Fabio Medina Guerra ya había sido
proferido, tal y como lo pudo observar esta Corporación. En este orden de ideas
vale la pena destacar que consta en las pruebas obrantes en el proceso penal
que por orden judicial se reporta el deceso del señor Fabio Medina Guerra en el
Registro civil de defunción, fechado 4 de noviembre de 2014. (folio 71 cuaderno
9 del proceso penal), cuando la decisión del Tribunal fue del 26 de noviembre
de 2015.
En conclusión, para esta Corporación, negar la existencia del daño
(muerte del señor Fabio Medina) debido a la inexistencia del registro civil
de defunción no
solo constituye un excesivo formalismo procesal, sino que hace nugatorio el
derecho de los accionantes al acceso a la administración de justicia. Ante tal
escenario, la Corte encuentra que se configura un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y de los derechos sustanciales de la parte demandante
en particular; y adicionalmente, conllevó a la omisión en la valoración de las
pruebas que debían tenerse en cuenta para la decisión de fondo, con lo cual se
incurrió en un defecto fáctico al pretermitir la evaluación de elementos de
juicio fundamentales para el proceso (dimensión negativa del defecto fáctico).
10.2. ¿La sentencia del 26 de noviembre de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo
incurrió en insuficiencia y/o ausencia de motivación de la
decisión judicial?
10.2.1.
El escrito de tutela aduce que se configuró un defecto por indebida motivación
en la decisión del 26 de noviembre de 2015, esto debido a que no fueron tenidos
en cuenta, ni valorados los fundamentos fácticos y jurídicos puestos a
consideración en el proceso penal, los cuales permitían atribuir vía indiciaria
responsabilidad al Ejército en la ejecución del señor Fabio
Medina Guerra.
Específicamente la tutela que aquí se estudia parte del supuesto que se
desconocieron varios informes técnicos y científicos que permiten concluir la
responsabilidad del Ejército Nacional. Vale la pena resaltar los
cuestionamientos que durante el proceso de reparación directa y la tutela se
esbozaron:
(i)
Respecto de las falencias argumentativas supuestamente contenidas en la
decisión que aquí se analiza, la tutela presentada expuso lo siguiente: “como
podemos observar, tanto en la primera como en la segunda instancia los
falladores dentro del proceso de reparación directa no argumentan por qué
consideran que el plenario es insuficiente, sin ninguna consideración o
análisis alguno, ya que cómo se explicó anteriormente no era posible mantener
dicha posición debido a la extensión y abundante material probatorio
existente”.
(ii)
En este sentido, el escrito de los demandantes consideró que se vulneró el
derecho al debido proceso ya que una gran variedad de declaraciones no fueron
objeto de valoración. Así mismo, expuso que otra prueba pericial relevante que
fue desconocida, es el estudio que se hizo del arma supuestamente encontrada al
lado del cadáver de la víctima, y con la cual presuntamente intentó disparar a
la tropa, por cuanto: “en el Informe de Laboratorio No. 135 del 12 de marzo
de 2010 consta los defectos que presentó el arma y la inaptitud de este para
disparar sin poner en peligro la vida del tirador”.
(iii)
Según los argumentos de los accionantes si los jueces hubieran estudiado esta
prueba con detenimiento, probablemente se hubieran preguntado cómo un arma en
estas condiciones podría haber sido utilizada en combate, y además de
interpretar, conforme a las demás pruebas que el señor Fabio Medina Guerra no
se encontraba armado y que el arma fue puesta una vez finalizado el combate.
(iv) Así mismo, precisaron los actores que los fallos
cuestionados en ningún momento hicieron referencia a las inconsistencias
existentes en el protocolo de necropsia médico legal efectuado sobre el cadáver
del señor Medina Guerra por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
en el cual se reconoció que las lesiones producidas por el impacto de arma de
fuego, no concuerdan con la trayectoria y la descripción del supuesto combate. Expuso
la tutela que: “en el Informe de Investigador de Campo No. 436, se
registraron los planos topográficos del sitio de ocurrencia de los hechos, y
las trayectorias de disparos de acuerdo a la versión de varios militares del
Batallón de Contraguerrilla No. 61 "Héroes de Mitú" de la Brigada
Móvil No. 7 del Ejército Nacional, quienes actualmente están en condición de
acusados en el proceso penal. Tales versiones no coinciden con las evidencias
halladas en el cuerpo de Fabio Medina, y desvirtúan la teoría del caso
relacionada con un presunto combate entre miembros de la Fuerza Pública y el
fallecido”.
10.2.2. Ahora bien, teniendo en cuenta que el eje de la presente
discusión radica en identificar si la decisión del 26 de noviembre de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo Itinerante con sede
en Bogotá de Descongestión analizó los indicios y pruebas documentales obrantes
en el proceso penal, a continuación se referirán los argumentos esbozados en la
providencia en comento que refieren a las razones por las cuales no encontró
responsabilidad por el Ejército en la muerte del señor Medina Guerra:
“Ahora bien, del material probatorio que se relacionó, no se puede
deducir las circunstancias de modo, tiempo y lugar como ocurrieron los hechos
donde perdió la vida el señor Fabio Medina, tal como lo expuso el A quo, pues
si bien es cierto, se adjuntaron la plenario (sic) una serie de documentos,
como lo son la Certificación expedida por la Asociación de Población Desplazada
del Guaviare, en la que se informa que la señora Mercedes Olivares, se
encuentra inscrita allí desde el 30 de abril de 2006, diversos derechos de
petición, poniendo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, el
Director de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del pueblo,
la muerte del señor Fabio Medina, denuncia penal ante la Fiscalía General de la
Nación, piezas del sumario No.4108 en la que se anexa la notificación de la
providencia calendada el 30 de noviembre de 212 por medio de la cual en segunda
instancia se resuelve confirmar la resolución de acusación, las mismas no nos
llevan a la certeza de cómo ocurrieron los hechos, si los mismo son imputables
a la Nación Ejército Nacional, tal como lo expone los demandantes”.
La otra consideración vertida en la sentencia precisó lo siguiente:
“De la misma forma, las pruebas testimoniales de los señores Maríá
Helena Fernández Torres y Arcangel Cadena Tavera, son contundentes en señalar,
que no les consta los hechos. Como lo ha precisado el H. Consejo de Estado en
varias oportunidades, de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C. la carga de la
prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo
controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por los medios legalmente
dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de fundamento fáctico de la
demanda, de modo que la mera afirmación de los mismos no sirve para ello. Así,
es, necesario establecer cuál es la actividad del ente demandado que guarda el
necesario nexo de causalidad con el daño y que permite imputarle
responsabilidad a aquél, situación que acá no se dio; por lo tanto y como la
parte actora no cumplió con la carga probatoria mínima que le era exigible,
relativa principalmente a acreditar la responsabilidad de la entidad demandada,
la Sala debe concluir que no se encuentra acreditada la responsabilidad de
dicha entidad por los hechos que le fueron imputados”.
Se precisa por parte de la Sala de Revisión que los anteriores párrafos
son los únicos razonamientos contenidos en el fallo de fecha 26 de noviembre de
2015, que sustentan la imposibilidad de condenar a la Nación- Ministerio de Defensa
Nacional por la ejecución extrajudicial del señor Medina Guerra.
10.2.3.
Para la Corte Constitucional se evidencia que en el proceso de la referencia
efectivamente se presentó un defecto por ausencia de motivación en la decisión
del 26 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de Descongestión. En este
sentido, esta Sala considera que la simple afirmación según la cual “del
material probatorio que se relacionó, no se puede deducir las circunstancias de
modo, tiempo y lugar como como ocurrieron los hechos donde perdió la vida el señor
Fabio Medina”, no cumple con el deber que tienen los jueces de motivar y
explicar detalladamente las razones en las que se fundamentan sus decisiones.
Esta
falencia cobra especial importancia si además tenemos en cuenta que en el
expediente penal obran pruebas técnicas y testimoniales que por la gravedad de
sus conclusiones debieron ser objeto de pronunciamiento expreso por parte del
juez contencioso administrativo. Así las cosas, si bien el análisis del
material probatorio, así como la construcción y elaboración de los fundamentos
sobre los cuales se estructura un fallo hace parte de la autonomía judicial, no
es óbice para que la decisión del 26 de noviembre de 2015 realizara algún tipo
de razonamiento o valoración que permitiera establecer la existencia o no de
responsabilidad estatal basada en los hechos, actuaciones y omisiones referidas
en el proceso penal.
Indicó el escrito de tutela que en el marco del proceso penal se recaudó
material probatorio suficiente para inferir la responsabilidad extracontractual
por falla en el servicio a cargo de la entidad pública en los hechos acaecidos.
Específicamente, adujo que el Tribunal Administrativo no estudió el hecho que la
versión de ejecución extrajudicial reseñada por la señora Mercedes Olivares se
corrobora con testimonios rendidos por varios vecinos y conocidos de la
familia.
Descendiendo
al caso concreto esta Corporación considera que las afirmaciones realizadas por
el Tribunal Administrativo Itinerante para desestimar
la responsabilidad estatal en la muerte del señor Medina Guerra, en ningún
momento valoró o siquiera analizó  importantes pruebas que obraban en el
expediente penal, tales como lo son: (i) los cuestionamientos
referentes a la aptitud del arma supuestamente utilizada por el señor Fabio
Medina Guerra para enfrentar a la tropa, (ii) el protocolo de necropsia no coincide con las
versiones de los implicados, (iii) ni se preguntó ¿cómo sabían cuántos cartuchos tenía la pistola? (iv) existen importantes divergencias en los
testimonios respecto al lugar donde se adelantó el enfrentamiento, (v) o
interrogarse la razón por la cual ¿los militares se encontraban en línea de
tiro entre ellos? y (vi) ¿los militares aceptaron comida y bebida
de la esposa de un guerrillero que acababan de dar de baja en combate?
En
este orden de ideas, para esta Corporación la decisión del 26 de noviembre de
2015, proferida por el Tribunal Administrativo Itinerante con
Sede en Bogotá de Descongestión, no analizó ni mucho menos tuvo en cuenta: (i)
los alegatos de las partes, (ii) los argumentos de la apelación,
ni (iii) el conjunto del material probatorio que obraba en el
expediente.
Cabe recordar, la importancia que tiene el deber de
motivar las decisiones judiciales. En este sentido, la Corte Interamericana ha reiterado que las
decisiones judiciales deben contar con unas consideraciones suficientes para no
ser consideradas arbitrarias y que además deben tener en cuenta los alegatos de
las partes y analizar el conjunto del material probatorio que se presente.[92] Para este Tribunal
dicho deber se ve reforzado en presencia de casos en los cuales se discute la
existencia de graves violaciones a los derechos humanos, ya que especialmente
en dichos supuestos el deber de motivación de los fallos de los jueces se
constituye en una de las “debidas garantías” que consagra el artículo
8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[93].
Respecto
del alcance de la obligación de motivar la decisión judicial, la Corte
Interamericana explicó que es útil para demostrar que ha existido una
valoración y ponderación de los argumentos y pruebas expuestas de forma que se
garantice y evidencie que la decisión es legal y no es el fruto de
arbitrariedades. Al respecto, sostuvo el alto tribunal:
“Las
decisiones (judiciales) deben exponer, a través de una argumentación racional,
los motivos en los cuales se fundan, teniendo en cuenta los alegatos y el
acervo probatorio aportado a los autos. El deber de motivar no exige una
respuesta detallada a todo argumento señalado en las peticiones, sino puede
variar según la naturaleza de la decisión. Corresponde analizar en cada caso si
dicha garantía ha sido satisfecha. En los procedimientos cuya naturaleza
jurídica exija que la decisión sea emitida sin audiencia de la otra parte, la
motivación y fundamentación deben demostrar que han sido ponderados todos los
requisitos legales y demás elementos que justifican la concesión o la negativa
de la medida. De ese modo, el libre convencimiento del juez debe ser ejercido
respetándose las garantías adecuadas y efectivas contra posibles ilegalidades y
arbitrariedades en el procedimiento en cuestión.”[94]
Esta
Sala considera que los argumentos del Tribunal demandado según los cuales “del
material probatorio que se relacionó, no se puede deducir las circunstancias de
modo, tiempo y lugar como como ocurrieron los hechos donde perdió la vida el
señor Fabio Medina”, claramente desconoce una realidad procesal que se
desprende de la lectura de las pruebas obrantes en el proceso penal, ya que si
bien, eventualmente, puede llegar a afirmarse que hay ausencia de
responsabilidad estatal en la muerte del señor Fabio Medina, sería una
imprecisión afirmar que no existen pruebas que lleven a por lo menos
estructurar un debate respecto a la existencia o no de los hechos que alega la
parte demandante. Es precisamente la estructuración argumentativa que despache
o valore estas circunstancias de modo, tiempo y lugar lo que lleva a esta Corte
a considerar la inexistencia de valoración probatoria por parte del Tribunal Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de
Descongestión.
Por lo anteriormente expuesto
esta Corporación dejará sin efectos la decisión proferida el 26 de noviembre de 2015 por el Tribunal
Administrativo Itinerante con Sede en Bogotá de Descongestión a fin de proteger
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia y ordenará al Tribunal
Administrativo del Meta, que en el término de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de esta providencia, expida una nueva decisión en la
cual no se incurra en las falencias ya referidas, es decir: (i) el nuevo fallo
que se expida debe reconocer que por las particulares circunstancias de este
caso no fue posible allegar registro civil de defunción en
la oportunidad procesal oportuna (a pesar de que a la fecha ya existe) y (ii)
se motive la decisión valorando las pruebas existentes en el proceso penal
referidas.
Finalmente, vale la pena precisar que la
presente decisión en ningún momento reconoce que los accionantes tengan derecho
a obtener la indemnización solicitada, ya que esa cuestión debe ser analizada
al interior del litigio adelantado ante el correspondiente juez contencioso
administrativo. Entonces será en ese estadio procesal que el Tribunal debe
analizar si concurren los elementos de responsabilidad consagrados en el
artículo 90 superior, es decir, la existencia del daño y la imputación
jurídica del mismo [95].
III.
DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias proferidas en primera instancia del
3 de octubre de 2016, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró
la falta de inmediatez de la acción de tutela y, en segunda instancia, la
providencia emitida el 17 de noviembre de 2016, por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que confirmó la referida decisión.
SEGUNDO.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Mercedes
Olivares y sus hijos menores; Fabio Enrique Medina Olivares; Laura María Medina
Olivares; Miguel Antonio Medina; Nelly Medina Guerra; Myriam Medina Guerra;
Elizabeth Medina Guerra; José Lisimaco medina Guerra; Enrique Medina Guerra;
Dagoberto Medina Guerra; Julio César Medina Guerra; y Luz Marina Medina Guerra,
dentro de la acción de tutela instaurada contra el Tribunal
Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de Descongestión y el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito
de Villavicencio.
TERCERO.-
DEJAR sin valor y efecto la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de Descongestión
y ORDENAR al Tribunal Administrativo del Meta, que en el término de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta providencia,
expida una nueva decisión en la cual no se incurra en las falencias referidas
en la parte motiva de esta decisión, es decir: (i) el nuevo fallo que se profiera
debe reconocer que por las particulares circunstancias de este caso no fue
posible allegar registro civil de defunción en la
oportunidad procesal oportuna y (ii) se motive la decisión valorando todo el
acervo probatorio.
CUARTO.- ORDENAR que por
Secretaría General se libren las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
(e.)
AQUILES
ARRIETA GÓMEZ
Magistrado
(e.)
Con
aclaración de voto
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
ROCIO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e.)
[1] Artículo 105.
“Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos
con posterioridad a la vigencia de la ley 92 de 1933, se probarán con copia de
la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en
los mismos”.
[2] Por
el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas.
[3] En virtud del
Acuerdo PSAA15-10377 del 26 de agosto de 2015, artículo 17 numeral 6, que reza:
"Crear transitoriamente a partir del 1° de septiembre y hasta el
30 de septiembre de 2015, las siguientes medidas: (...) 6. Una Sala de Descongestión
Itinerante de Tribunal Administrativo, para procesos del sistema escrito, con
sede en la ciudad de Bogotá....", y su correspondiente prórroga según
acuerdo PSAA15-10385 del 23 de septiembre de 2015 "Por el cual se
prorrogan, ajustan y adoptan unas medidas de descongestión y se dictan
otras disposiciones", Acuerdo No. PSAA15- 10402 (Octubre 29 :e 2015) y
PSAA15-10404 del 3 de noviembre de 2015, proferidos por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura.
[4] Expone que dentro de la investigación penal fueron
practicadas diversas pruebas de carácter técnico científico que fueron omitidas
por las sentencias de primera y segunda instancia, como: “i) el protocolo de
necropsia médico legal efectuado sobre el cadáver del señor Medina Guerra por
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual, además de las
lesiones producidas por el impacto de arma de fuego, se describen las
trayectorias de las heridas; ii) Informe de Laboratorio No. 135 del 12 de marzo
de 2010, cuyo objetivo era hacer el estudio balístico del arma de fuego
encontrada en la escena del crimen y una reconstrucción de las trayectorias
balísticas; iii) Informe de Investigador de Campo No. 436; iv) Dictamen
Pericial Radicado DROR-2009-003558 el 23 de agosto de 2011, proferido por el
Grupo de Psicología y Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal, que
practicó valoración psiquiátrica a la señora Mercedes Olivares y a sus hijos Laura
María y Fabio Enrique Medina Olivares”. Así mismo, asevera que no fue analizada
la documentación militar relativa a la orden de operaciones, a las actividades
de inteligencia y a los actos posteriores a los hechos, entre los que destaca:
“i)  Diligencia de Inspección practicada por el Juzgado 62 de Instrucción Penal
Militar de San José del Guaviare, al cadáver de una persona reportada como N.N
o en condición de no identificación, presuntamente dado de baja en combate con
tropas del Batallón de Contraguerrilla No. 61; ii) Oficio No. 0192 mediante el
cual el Mayor Ricardo Barbosa Camacho informa al Juzgado 62 de Instrucción
Penal Militar de San José del Guaviare los resultados de la Operación DAGA, en
enfrentamientos con la primera cuadrilla; iii) Informe de Patrullaje suscrito
por el teniente García Pineda Edgar, sobre el resultado de la Orden
Fragmentaria ESTOPIN; iv) Orden de operaciones fragmentaria No. 1693/2005
“Neptuno” de ORDOP JM del 1 de diciembre de 2005”.
[5] En este sentido el fallo del 26 de noviembre de 2015 precisó:
“Ahora bien, del material probatorio que se relacionó, no se puede deducir las
circunstancias de modo, tiempo y lugar como como ocurrieron los hechos donde
perdió la vida el señor Fabio Medina, tal como lo expuso el A quo, pues si bien
es cierto, se adjuntaron la plenario (sic) una serie de documentos, como lo son
la Certificación expedida por la Asociación de Población Desplazada del
Guaviare, en la que se informa que la señora Mercedes Olivares, se encuentra
inscrita allí desde el 30 de abril de 2006, diversos derechos de petición,
poniendo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, el Director de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del pueblo, la muerte del
señor Fabio Medina, denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación,
piezas del sumario No.4108 en la que se anexa la notificación de la providencia
calendada el 30 de noviembre de 212 por medio de la cual en segunda instancia
se resuelve confirmar la resolución de acusación, las mismas no nos llevan a la
certeza de cómo ocurrieron los hechos, si los mismo son imputables a la Nación
Ejército Nacional, tal como lo expone los demandantes”. La otra consideración vertida en la sentencia precisó
lo siguiente: “De la misma forma, las pruebas testimoniales de los señores
Maríá Helena Fernández Torres y Arcangel Cadena Tavera, son contundentes en
señalar, que no les consta los hechos. Como lo ha precisado el H. Consejo de
Estado en varias oportunidades, de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C. la
carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo
excepciona o lo controvierte; por lo tanto, es indispensable demostrar, por los
medios legalmente dispuestos para tal fin, los hechos que sirven de fundamento
fáctico de la demanda, de modo que la mera afirmación de los mismos no sirve
para ello. Así, es, necesario establecer cuál es la actividad del ente
demandado que guarda el necesario nexo de causalidad con el daño y que permite
imputarle responsabilidad a aquél, situación que acá no se dio; por lo tanto y
como la parte actora no cumplió con la carga probatoria mínima que le era
exigible, relativa principalmente a acreditar la responsabilidad de la entidad
demandada, la Sala debe concluir que no se encuentra acreditada la
responsabilidad de dicha entidad por los hechos que le fueron imputados”.
[6] Una vez acabada la
descongestión los procesos del Tribunal
Administrativo Itinerante con sede en Bogotá de Descongestión, fueron devueltos
al Tribunal
Administrativo del Meta.
[7] Cfr Sentencia T-803 de
2012, T-508 de 2011, T-510 de 2011, T-266 de 2012, T-135 de 2012, T-136 de
2012, T-358 de 2012, SU-195 de 2012, T-060 de 2016 y T-176 de 2016.
[8] Sentencia 173 de 1993.
[9] Sentencia T-504 de 2000.
[10] Sentencia T-315 de 2005.
[11] Sentencias T-008 de 1998
y SU-159 de 2000.
[12] Sentencia T-658 de 1998.
[13] Sentencias T-088 de 1999 y
SU-1219 de 2001.
[14] Sentencias T-594 de
2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014.
[15] Sentencia T-315 de 2005,
T-541 de 2006 y T-1009 de 2006.
[16]  Ver sentencias T-1229 de
2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158 de 2006,
T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
[17] En este sentido se
expuso: “obstante, la regla de inmediatez, de conformidad con el mismo
precedente, debe aplicarse por parte del juez de tutela previa verificación de
las circunstancias del caso concreto que puedan justificar razonablemente la
inactividad judicial de los afectados.  Esta última consideración permite
resolver la objeción planteada en el asunto de la referencia.  Nótese como
entre la terminación de los contratos de trabajo de los accionantes y la fecha
en que fue impetrada la acción de tutela transcurrieron cerca de tres años,
lapso que se muestra prima facie irrazonable y que, por tanto,
debería ocasionar la negación del amparo constitucional con base en la
infracción de la regla de inmediatez.  Sin embargo, también se observa que
los actores en el escrito de tutela advirtieron esta situación y señalaron que
su demora tenía  justificación en el riesgo que para su integridad física
contraía el uso de acciones judiciales durante la vigencia del periodo
constitucional del ex alcalde Muriel González. La Corte encuentra que estas
circunstancias excusan a los accionantes de su inactividad judicial e impiden
la aplicación de la regla de inmediatez”.
[18] T-328 de 2010, T-860 de
2011, T-217 y T-505
de 2013, entre otras.
[19] Sentencia T-522 de 2001.
[20] Cfr. sentencias T-462 de 2003, SU-1184 de 2001,
T-1625 de 2000 y  T-1031 de 2001.
[21] Sentencia C-590 de 2005.
[22] Sentencia T-104 de 2014.
[23] Cfr. Sentencia T-902 de
2005.
[24] Cfr. Sentencia T-902 de
2005.
[25] Cfr. sentencia T-442 del
11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[26] Sentencia T-429 de 2011.
[27]  En esa ocasión la Corte
Suprema de Justicia Sala de Casacion Laboral, a pesar de afirmar claramente que
el accionante sí debería gozar del derecho a pensión, según la jurisprudencia
unificada de esa Corporación, no casó la sentencia objeto del recurso por falta
de técnica de casación. La Corte Constitucional decidió conceder el amparo
impetrado al considerar que, aun cuando los requisitos formales y técnicos de
la casación son constitucionalmente legítimos, en el caso concreto la Corte
Suprema de Justicia, tras constatar que efectivamente el actor cumplía con
todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez (derecho constitucional)
decidió no casar la sentencia por razones puramente formales incurriendo en un “exceso
ritual manifiesto”.
[28] Sentencias T-637 de
2010, T-264-2009.
[29] Sentencias T-264-2009 y
T 429 de 2011.
[30] Sentencia T-429 de 2016.
[31] Ver sentencias C-548 de
1997, C-790 de 2006 y T-600 de 2009.
[32] Anton Menger “El derecho
civil y los pobres”, citado por López Medina, Diego Eduardo. Nuevas
tendencias en la dirección del proceso.
[33] Ver sentencia SU-768 de 2014.
[34] Original en alemán:
“Das Bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen”.
[35] Anton Menger “El derecho civil y
los pobres”. Citado en Diego López. Op. cit. p. 50.
[36] Sentencia C-874 de
2003.
[37] C-004
de 1992. Salvamento de voto Magistrado Ciro Angarita Barón.
[38] Ver Sentencia T-426 de
1992.
[39] Sentencia C-258 de 2013.
[40] “Admisión
de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos
legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya
indicado una vía procesal inadecuada, mediante auto en el que dispondrá (…)”
[41] “Procedencia de
medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que
se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio
de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte
debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad
de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Parágrafo. Las
medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y
protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de
tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio”.
[42] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección,
Bogotá veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013). Radicación número:
68001-23-15-000-1998-01743-01. Expediente 27315.
[43] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera,Bogotá,
junio veintiocho (28) de dos mil doce (2012).Radicación No.:
27001233100020000033-01. Expediente No. 23.361.
[44] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Bogotá, D.C.,
julio veintidós (22) de dos mil nueve (2009). Radicación
número: 11001-03-26-000-2001-00048-01(21138).
[45] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 36400. Bogotá D. C.,
once de diciembre de dos mil trece.
[46] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso N° 33.254. Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil
trece.
[47] Sentencia C-874 de 2003.
[48] Sentencias T-264 de 2009 y T-213
de 2012.
[49] Sentencia C-713 de 2008.
[50] Sentencia T-264 de 2009.
[51] Sentencia C-159 de 2007.
[52] Sentencia SU-768 de 2014.
[53] Sentencia C-029 de 1995
y T-264 de 2009.
[54] Sentencia T-213 de 2012.
[55] Sentencia C-396 de 2007.
[56] sentencia T-926 de 2014.
[57] Corte IDH. Caso de las
Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica
(Operación Génesis) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270.
[58] Sentencia T-926 de 2014.
[59]
Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Bogotá,
veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). Expediente: 22 206.  Radicación:
23001-23-31-000-1997-8445-01.
[60] Los hechos que dieron origen a el referido proceso de
reparación directa son los siguientes: (i) la Fiscalía General de la Nación inició investigación
previa seguida contra desconocidos por el delito de homicidio, con base en la
denuncia formulada por la señora Inés Domicó Domicó, madre de la víctima, (ii) en
desarrollo de la investigación, se ordenó la exhumación del cadáver de la
señora Martha Cecilia Domicó Domicó para establecer las causas de la muerte,
(iii) sin embargo, esta diligencia no pudo realizarse debido a que el
Coordinador Criminalístico del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) no
autorizó el desplazamiento de los investigadores a la zona rural de La Gloria
del municipio de Tierralta por razones de seguridad.
[61] Las
personas nacidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 92 de
1938, mediante la cual el Estado asumió las funciones de registro civil que
hasta ese momento venían realizando las parroquias locales, pueden acreditar su
estado civil con la correspondiente partida de bautismo. Al respecto, pueden
consultarse las sentencias T-584 de 1992, T-427 de 2003 y T-501 de 2010 de la
Corte Constitucional, así como la sentencia de la Sección Primera del Consejo
de Estado de fecha  24 de agosto de 2006, exp. 2005-01477-01(PI), C.P. Rafael
E. Ostau de Lafont Pianeta.
[62] Sentencia
C-202 de 2005.
[63] Consejo
de Estado. Sección Segunda, sentencia del 13 de octubre de 2010; rad.
2010-01158-00(AC). C.P. Alfonso Vargas Rincón. Esta decisión se adoptó
al conocer de la acción de tutela promovida por los familiares de un soldado
campesino muerto en combate contra la sentencia del Tribunal Administrativo del
Tolima, que revocó el fallo adoptado por el Juzgado 7 Administrativo de Ibagué,
dentro de un proceso de reparación directa. El Consejo de Estado encontró
probada la violación del debido proceso de los accionantes debido a que el
Tribunal revocó la decisión de primera instancia fundado en que no se había
aportado el correspondiente registro civil de defunción. Sin embargo, al
examinar el expediente, el juez de tutela encontró, de un lado, que el hecho,
la fecha y las circunstancias de la muerte del soldado habían sido certificadas
por el Comandante del Batallón al cual aquél se encontraba adscrito. Y, de
otro, que el registro civil de defunción fue solicitado oportunamente por la
parte actora dentro del proceso de reparación directa, pero que no se allegó al
expediente porque en el oficio que el juzgado le dirigió al registrador no se
indicó la fecha del deceso, y después de eso, no se insistió en la solicitud.
[64]
Sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 16.337, C.P. Myriam Guerrero de
Escobar.
[65]
Sentencias de 3 de febrero de 2010, exp. 17.819, C.P.(E) Mauricio Fajardo Gómez
y de 28 de abril de 2010, exp. 17.172.
[66]
Sentencia de 27 de abril de 2011, Consejo de Estado Sección Tercera, exp.
26.861,
[67]
Sentencia de 24 de agosto de 2006, Consejo de Estado Sección Tercera exp. 2005-01477-01(PI).
[68] Sentencia T-926 de 2014.
[69] Ibidem.
[70] Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera–Subsección B, nueve
(09) de octubre del dos mil catorce (2014) Radicación número:
20001-23-31-000-2005-01640-01 Expediente: 40411.
[71] Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16.533, y del 28 de
enero de 2009, Expediente. 30.340.
[72] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera. Subsección “B”, veintiocho (28) de  mayo de dos mil quince
(2015). Proceso número:17001-23-31-000-2000-01183-01. Expediente 26958.
[73] Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera–Subsección B, nueve
(09) de octubre del dos mil catorce (2014) Radicación número:
20001-23-31-000-2005-01640-01 Expediente: 40411.
[74] Consejo de Estado Sección
Tercera, Sub sección B”
Número de Radicación 50001-23-31-000-1997-05523-01. Expediente (24724).
[75] Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría General del
Proceso y de la Prueba, Quinta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez,
págs. 458 y ss).
[76] Roxin, Claus, Derecho
procesal penal, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2000, p. 187.
[77] Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A. Bogotá., diez (10) de julio de dos mil trece
(2013). Expediente: 52001233100020020161901 (27913)
[78] Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A. Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil
trece (2013). Expediente: 52001233100020020161901 (27913)
[79] Consejo de Estado Sección
Tercera, Sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Expediente 16337.
[80] TARUFFO, Miguel, “La Prueba de los Hechos”, Ed. Trotta, Madrid, pág 219.
[81] TARUFFO, Miguel, “La Prueba de los Hechos”, Ed. Trotta, Madrid, pág. 472.
[82] Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 14
de abril de 2011, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo, radicación n.°
05001233100019960023701 (20145), actor: Ramona María Angulo Arrieta y otros,
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Según se dice en la
citada providencia, el problema jurídico a resolver en aquella oportunidad era
el siguiente: “El problema jurídico que la demanda formula se contrae a la
imputación en contra de la Nación-Ministerio de Defensa, por la muerte de Leonardo Bertel Navaja, Edwin Manuel Madera Mármol y Miguel Enrique Arriola, en hechos
ocurridos el 26 de junio de 1994. Según la actora –asunto que habrá de
esclarecerse- efectivos del Ejército Nacional dispararon contra las víctimas en
estado de indefensión, obligadas a vestir prendas de uso privativo de las
fuerzas militares…”.
[83] Cargas Probatorias
Dinámicas, Jorge W. Peyrano, Inés Lepori White, Rubinzal Culzoni Editores,
Buenos Aires.
[84] Sentencia T-926 de 2014.
[85] Consejo de
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. Bogotá,
D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014). Radicación número:
050012325000199901063-01 (32988)
[86] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Quinta Consejero Ponente (E): Bogotá, D.C., doce (12) de
febrero de dos mil quince (2015) Radicación número:
11001-03-15-000-2014-00747-01. La sentencia en mención hizo referencia a el informe del Relator Especial de la ONU sobre
las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, en
marzo de 2010, después de su visita a Colombia.
[87] Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014). Radicación
número: 41001-23-31-000-1993-07386-00(28075)
[88] Ver lo dicho en el
párrafo 16.13.2, 16.13.3 y 16.13.4.
[89] Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección “B”.
Bogotá, D. C., seis (06) de diciembre de dos mil trece (2013). Proceso
número:190012331000199900202-01 (28122).
[90] Artículo
250 de la Ley 1437 de 2011: son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria, 2. Haberse dictado la sentencia
con fundamento en documentos falsos o adulterados, 3. Haberse dictado la
sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición, 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que
hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia, 5. Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación, 6. Aparecer, después de dictada la sentencia a
favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar, 7. No tener la
persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento,
la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida, 8. Ser
la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a
revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue
rechazada.
[91] Folio 51 cuaderno principal.
[92] SILVA GARCÍA, Fernando.
Jurisprudencia Interamericana Sobre Derechos Humanos. Criterios Esenciales.
Tirant lo Blanch. México D.F., 2012. Pág.
246.
[93] SILVA GARCÍA, Fernando.
Jurisprudencia Interamericana Sobre Derechos Humanos. Criterios Esenciales.
Tirant lo Blanch. México D.F., 2012. Págs.
246 – 247.
[94] Corte IDH. Caso Escher y
otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, Párrafo 139; Caso Yatama,
supra nota 61, párr. 152; Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela (Corte
Primera de lo Contencioso Administrativo). Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, Serie C No. 182, párr.
78 y Caso Tristán Donoso, supra nota 9, párr. 153; Cfr. Caso Apitz Barbera y
otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo), supra nota 136, párr.
90, y Caso Tristán Donoso, supra nota 9, párr. 153.
[95] En este sentido debe precisarse que aunque la Corte
Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y en algunos casos un sector
minoritario del Consejo de Estado han estructurado los elementos de la
responsabilidad estatal bajo un modelo tripartita cuyos elementos son: (i)
el hecho o la omisión, (ii) el daño y (iii) el nexo causal entre
uno y otro, esta Sala de Revisión se inclina tal y como actualmente lo hace el
sector mayoritario del Consejo de Estado por construir los elementos de la
responsabilidad estatal bajo un modelo bipartita, es decir, basado en la
literalidad del artículo 90 de la Constitución según el cual es necesario solo
identificar: (i) el daño y (ii) su naturaleza antijurídica. En
este sentido la Sección
Tercera del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 3 de mayo de 2007, Radicación
05001-23-26-000-1994-00422-01(19420) sobre el particular expuso:  “Son supuestos de la responsabilidad del Estado el daño
que consiste en la lesión o menoscabo del derecho o situación de la cual es
titular un sujeto de derecho y la imputación jurídica del mismo, que consiste
en la atribución jurídica del daño”.