T-973-14
Referencia: expediente D-8402
Sentencia T-973/14
COMUNIDADES INDIGENAS-Legitimación por activa en
los casos que reclaman protección de sus derechos fundamentales por medio de
acción de tutela
La jurisprudencia de la Corte ha
señalado que las comunidades indígenas tienen no solo la posibilidad de
reclamar sus derechos fundamentales en forma colectiva cuando éstos se hayan
visto vulnerados, sino que los dirigentes que son miembros de la misma
comunidad pueden instaurar igualmente la acción de tutela para solicitar por
ese medio la protección de los derechos de la comunidad que consideren les
están siendo desconocidos o amenazados. En el mismo sentido, la Corte ha
establecido que este tipo de acción puede ser interpuesta igualmente por las
organizaciones que han sido creadas para defender los derechos de las minorías
indígenas y la Defensoría del Pueblo.
COMUNIDADES INDIGENAS COMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL Y
TITULARES DE DERECHOS FUNDAMENTALES-Reiteración de jurisprudencia
DIVERSIDAD
ETNICA Y CULTURAL-Protección
constitucional
Los derechos fundamentales de la
comunidad indígena se entienden como un desarrollo del principio de diversidad
étnica y cultural. Para proteger esta diversidad, el Estado reconoce a estas
comunidades no solo las prerrogativas que están garantizadas a todos los
colombianos sino que también les confiere a estas comunidades derechos como
entidades colectivas. En este sentido, los derechos fundamentales, reconocidos
a los miembros de las comunidades indígenas, son los mismos que se le brindan a
los demás ciudadanos del país, pero además, la comunidad indígena en sí, tiene
ciertos derechos fundamentales como la entidad colectiva, por lo cual el
principio de diversidad étnica y cultural que busca: (i) amparar
colectivamente a las comunidades tradicionales que no continúan la forma de
vida de la sociedad mayoritaria, para que puedan desarrollarse conforme con su
propia cultura y costumbres tradicionales; y (ii) proteger a los miembros de la
comunidad como sujetos, dentro y fuera de su territorio, de acuerdo con su
propia cosmovisión.
PRINCIPIO
DE DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Límites/COMUNIDAD INDIGENA-Límites a la autonomía
PROTECCION
DE LOS DERECHOS DE LOS INDIGENAS COLOMBIANOS-Consagración en convenios y tratados internacionales
Los grupos indígenas, que hacen parte
de las minorías étnicas de Colombia, tienen un trato especial por parte de la
Constitución, la ley y mecanismos de orden internacional, y hacen parte del
pluralismo de esta sociedad, y se ha de respetar sus creencias, costumbres,
tradiciones y, por supuesto, su derecho indígena. A nivel Internacional, el
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales No.169 de junio de 1989 en el que
se consagra el respeto de las culturas, formas de vida, tradiciones,
costumbres propias, y reconocimiento de la autonomía de las comunidades étnicas,
en el mismo se señala la participación que debe tener el Gobierno para proteger
y promover los derechos de la minoría indígena colombiana, que no sean
discriminados, se les respete sus derechos humanos y libertades fundamentales,
su derecho a la consulta previa de las medidas que los afecten a nivel
legislativo o administrativo, su derecho a decidir sus prioridades, mejorar sus
condiciones de vida en todos los ámbitos.
DERECHO A LA
AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Autonomía política y
autogobierno
El derecho a la autodeterminación
de los pueblos indígenas que incluye la autonomía política y el
autogobierno de estas comunidades. La autonomía de las comunidades
indígenas se reconoce en nuestra Constitución Política desde su expedición,
pero ésta debe practicarse de conformidad con los usos y costumbres de la
comunidad y no ser contraria ni a la Constitución, ni a la Ley. La jurisprudencia
constitucional ha entendido la autonomía como el derecho que tienen a
decidir por sí mismas los asuntos y aspiraciones inherentes a su comunidad, en
los ámbitos material, cultural, espiritual, político y jurídico, de acuerdo con
sus referentes culturales propios y a su cosmovisión, de conformidad con la
pluralidad y la diversidad, pero conforme con el marco constitucional y legal
del Estado constitucional y democrático de Derecho, toda vez que el pluralismo
y la diversidad étnica y cultural (i) no pueden ser ajenos ni contrarios a la
unidad nacional, ni a los valores constitucionalmente superiores; y (ii) por el
contrario, constituye el presupuesto analítico y normativo sine qua non para
que pueda garantizarse la tolerancia, la pluralidad y la diversidad, al
constituir un marco normativo mínimo que fija los valores, principios y
derechos esenciales sin los cuales no puede existir el reconocimiento y la
garantía y respeto de la diferencia.
RESGUARDO INDIGENA-Características
(i) La
propiedad colectiva del territorio y la concepción de Resguardo como ámbito
territorial. Así, en el territorio se evidencia los derechos de autonomía de
las comunidades indígenas, en el que se le dota a los Resguardos el carácter de
propiedad colectiva de los grupos indígenas los cuales son imprescriptibles,
inembargables e inalienables porque ellos tienen la posesión ancestral de la
tierra, además se busca proteger estos territorios de las amenazas a la
integridad de la misma por actores por fuera de la ley. (ii) El Resguardo es un ámbito territorial por cuanto se ejercen
los principales derechos de autonomía del mismo, como la regulación social y la
autonomía política, entre otros.
FUERO INDIGENA-Finalidad
DERECHO A LA AUTONOMIA Y
AUTODETERMINACION DE PUEBLOS INDIGENAS-Vulneración por la perpetuación en el
poder y la reelección indefinida de un mismo Gobernador
DERECHO A LA AUTONOMIA Y
AUTODETERMINACION DE PUEBLOS INDIGENAS-Vulneración por irregularidades que
se vienen presentado respecto a la realización del listado censal o autocenso
que lleva a cabo resguardo indígena
DERECHO A LA AUTONOMIA Y
AUTODETERMINACION DE PUEBLOS INDIGENAS-Orden de conformar un Comité de Censo
y realizar un listado censal o autocenso de comunidad indígena, para que se
pueda llevar a cabo un proceso transparente de elección del Gobernador del
Cabildo de un resguardo indígena
Referencia: Expediente T-3988531
Acción de tutela instaurada por Juan
Jerónimo Ascuntar Chaucanes, contra el Ministerio del Interior y otros.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá·, D.C., dieciséis (16) de diciembre de
dos mil catorce (2014)
La Sala de Selección Número Nueve de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva,
María Victoria Calle Correa y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de insistencia de revisión
del fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
que resolvió la impugnación de la acción de tutela instaurada por Juan Jerónimo
Ascuntar Chaucanes, contra el Ministerio del Interior y otros.
La presente acción de tutela fue escogida
para revisión por la Sala de Selección Número Siete, mediante Auto del 30 julio
de 2013 y repartida a la Sala Novena de Revisión de esta Corporación para su decisión.
I.
ANTECEDENTES
1. De
los hechos de la demanda
El señor Juan Jerónimo Ascuntar Chaucanes,
quien actúa en calidad de Gobernador Indígena elegido, según él mismo lo
afirma, de acuerdo con los “usos y costumbres propios de la comunidad
legitima y legal del Resguardo  de Túquerres para la vigencia 2013 (…), y
de acuerdo al Derecho Mayor, Reglamento Interno de la Comunidad Ley 89 de 1890,
Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991 y los artículos 7, 8, 246, 330 de la
Constitución Política”, interpone la presente acción de tutela contra el
Alcalde del municipio de Túquerres y el representante de la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, para que se les
protejan a él y a la comunidad que representa los derechos fundamentales a la
autonomía, al gobierno propio, integridad étnica y cultural, territorio
colectivo, debido proceso, autodeterminación y jurisdicción especial indígena;
atendiendo los siguientes hechos:
1.1  Manifiesta que el Resguardo Indígena
de Túquerres hace parte del pueblo de los Pastos y pertenece al municipio del
mismo nombre en Nariño. Afirma que su título colonial fue protocolizado el 5 de
abril de 1911 mediante escritura pública No.214. Menciona que el Resguardo cuenta
con 520 hectáreas que viene manteniendo en títulos colectivos por familias de
generación en generación, y cuenta con dos asentamientos de recuperación: el María
Paguay y el San Pedro. Señala que en el Resguardo habitan 120 familias, y cuenta
con 4 predios que el INCODER, anteriormente INCORA, compró para las personas
que en los años 1996 y 1997 se autoreconocieron como indígenas, los cuales son
La Alegría, La Orejuela, La Cabaña y El Chupadero.
1.2  En relación con los censos, afirma que
en el año 1993 el DANE certificó una población de 1037 indígenas en el Resguardo
de Túquerres; que en el 2005 existían 1260 indígenas, y que en el año 2012 eran
1290 indígenas; censo con base en el cual el Departamento Nacional de Planeación
gira transferencias del Sistema General de Participaciones.
1.3 Sostiene que en el año 1994 campesinos
y colonos, aprovechándose de la ingenuidad de los indígenas originarios y con
la participación de la guerrilla, la cual intimidaba y amenazaba a los dirigentes
indios, se apoderaron del derecho de los indios y consiguieron imponer las
autoridades de acuerdo a su conveniencia.  Así, señala que en el año 1995 se
asoció a gente de manera indiscriminada y sin control, relegando a los
originarios quienes se volvieron minoría frente a los que llegaron. Añade que
en los años 1996 y 1997 se producen varios asesinatos que fueron considerados
como producto de problemas personales y ambiciones de poder.
1.4 Menciona que en 1998 asume el señor Silvio
Lagos como Gobernador, de quien afirma que para actualizar el censo vinculó al Cabildo
a gente de la cabecera municipal de Túquerres y de los municipios de
Guaitarilla, Sapuyes, Ospina e Imues, con el argumento de que todo es Resguardo
indígena. Sostiene igualmente que Silvio Lagos carnetiza año tras año a quien
lo desee para acrecentar la población, con el fin de perpetuarse en el poder,
obteniendo adicionalmente un lucro porque cobra entre $ 5.000 y $ 20.000 por
carnet. Adicionalmente, sostiene que entre los años 2002 y 2006 el señor Lagos utilizó
los carnets de salud para su reelección, recurriendo en adelante a los
programas del Estado como familias en acción, desayunos infantiles y adulto
mayor para obligar a los beneficiarios a respaldar sus pretensiones, con ayuda
de trabajadores de las entidades en las que tiene influencia, al igual que con
el apoyo de los grupos por fuera de la ley (guerrilla entre los años 1994 y
2001, y posteriormente paramilitares), de lo cual ya tiene conocimiento la Fiscalía
General de la Nación, por cuanto se presentó una demanda penal.
1.5 Señala que para el año 2000, y
venciendo el miedo y en medio de amenazas, la comunidad legítima y legal se
reorganiza en Mingas de pensamiento. Con ello toma la determinación de agrupar
a las autoridades en un Consejo Mayor para fortalecer su cultura en el marco
del Derecho Mayor y la autonomía propia. En el mismo sentido, sostiene que en
el año 2004 se logra que la Alcaldía certifique la existencia del Consejo Mayor.
Afirma que durante todo ese tiempo y hasta 2008 el Consejo Mayor y la comunidad
indígena legítima y legal presionaron para que se constituyera una “norma interna
es decir el plan de justicia y vida” y el reglamento interno para que se
puedan organizar  internamente, lo cual se logra en el año de 2009, de manera que
el Consejo Mayor y la comunidad participaron en la socialización, conformación
y aprobación del reglamento interno. Aduce que esta aprobación se da en Mingas
de pensamiento los días 25 de octubre, 1, 6 y 16 de noviembre de 2009 por parte
de la comunidad y el Consejo de Yaicha Cunas (sabedores propios), y que
la aprobación es firmada por el señor Lagos como Gobernador.
1.6 Argumenta que el Consejo Mayor y la
comunidad legítimamente constituida permite que el señor Lagos haga uso de la
norma para la vigencia 2010 y 2011, pero que autoritariamente y vulnerando el reglamento
interno el señor Lagos pretende seguir imponiendo su voluntad.
Agrega que el Consejo Mayor convocó para el
27 de noviembre de 2012 a elecciones de sus propias autoridades, “para hacer
respetar el Derecho Mayor los usos y costumbres de la comunidad el reglamento
interno, la Ley 89 de 1890 y los artículos constitucionales que nos amparan”,
lo cual se plasmó en las actas 001 del 27 de noviembre y 002 del 11 de
diciembre de 2011, al igual que en el acta 003 del 8 de enero del 2012.  Menciona
que la “corporación elegida a usos y costumbres en cabeza del señor
Gobernador dará a conocer a la  Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías sobre
la decisión tomada por parte de la comunidad indígena legitima y legal del Resguardo
para que se tomen los correctivos y las decisiones sean tomadas en el marco del
Reglamento Interno, el Derecho Mayor, la Constitución y la Ley en respeto a la
comunidad originaria del Resguardo”.
1.7 Indica que la Dra. Gloria Teresa
Cifuentes de Huertas fue encargada por el Dr. Pedro Posada Arango para que se
hiciera cargo del caso, con lo cual se agravó la situación, ya que convocó a la
comunidad a reuniones “relámpago” de una hora por reunión, que, según el
actor, se convocaron mediante engaños “de que se iban a dar cupos para
familias en acción y cupos para adulto mayor y que las beneficiarias del
programa familias en acción que ya estaban recibiendo el subsidio era
obligatorio la presencia en las mencionadas reuniones, y si no se les aplicaría
usos y costumbres, es decir se les daría tres fuetazos”.
Afirma el actor que en la primera reunión solicitó
a la funcionaria realizar preguntas a los asistentes para comprobar si eran o no
parte del Resguardo, y a pesar de hacerlo no se tuvieron en cuenta los
resultados. Las preguntas que se realizaron fueron: “¿Quién de los presentes
tienen tierras de Resguardo? a lo cual nadie levanto la mano, ¿Quiénes han
pasado sus tierras de escritura pública a titulo colectivo de Resguardo como lo
ordena la norma interna? Tampoco nadie levanto la mano, también pregunté ¿Cuántos
de los presentes viven en las tierras que el INCORA ahora INCODER compró para
la comunidad? Levantaron la mano cinco personas y dijeron que ellos no estaban
de acuerdo con que el señor Silvio Lagos continuara como Gobernador”. Señala
que cuando la funcionaria preguntó quiénes estaban de acuerdo con que el señor
Lagos siguiera de Gobernador, salvo las 5 personas que viven en las tierras
colectivas, el resto levantaron la mano, lo cual fue grabado por la
funcionaria, y hace la aclaración que estas grabaciones se hicieron solo cuando
ella preguntaba, para que con esto se reafirmara al señor Lagos por dos años más,
con lo que para el actor se vulnera la Constitución, la Ley 89 de 1980, la Ley
21 de 1991, el reglamento interno y el Derecho Mayor.
Asegura que en otras dos reuniones, las de
Icuan e Ipain, hubo más resistencia ya que hay más “originarios”, pero ésto
no le sirvió a la funcionara, la cual, según el accionante, dijo que “así
caigan rayos y centellas ella únicamente ha venido a hacer la ratificación del
señor Silvio Lagos para que el Resguardo no se quede sin gobernador”.
1.8 Indica que continuaron los diálogos con
el Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, y
que se realizaron varias reuniones el 2, 6 y 7 de noviembre con diferentes
entidades del Estado, a partir de las cuales se llegó a algunos acuerdos para
contribuir a la solución del conflicto interno, sin que haya sido posible que
se les dé el trámite correspondiente. Manifiesta que en esas reuniones se
realizaron denuncias con videos y testimonios de la inclusión de sectores armados
al margen de la ley, y se les invitó para que se hiciera el acompañamiento a
las elecciones para la vigencia 2013, siendo la Defensoría del Pueblo la única
que hizo acompañamiento en cabeza del Doctor Horacio Guerrero.
1.9 Expresa que en las Asambleas de
noviembre y diciembre de 2012 y enero del 2013 se realizaron las convocatorias de
las elecciones para la vigencia 2013 en cabeza de las autoridades tradicionales
organizadas en el Consejo Mayor, lo cual se encuentra registrado en las actas
001 del 25 de noviembre de 2012, 002 del 16 de diciembre de 2012 y 003 del 13
de enero de 2013. Menciona, que la Corporación del Cabildo se desplazó a la
ciudad de Bogotá para solicitar al Director de Etnias procediera al registro
respectivo ya que reunían los requisitos de legitimidad y legalidad requeridos
por la ley (de acuerdo con el Derecho Mayor, el reglamento interno, y los usos
y costumbres propios de la comunidad legítima y legal del Resguardo Indígena de
Túquerres; en el marco de la Ley 89 de 1890, la Ley 21 de 1991, artículos 7,
246, 330 CP, entre otros, de la Constitución Política)
1.10 Menciona que el señor Lagos ejerce
como Gobernador desde el año 1998 hasta 2012, excepto el año 1999, que en el
periodo entre 2004 y 2006 ejerció además el cargo de diputado de la Asamblea Departamental
de Nariño, por lo que el Consejo de Estado le quitó la investidura de delegado
y se instauró en el 2004 en la Procuraduría Regional de Nariño una queja por
apropiación indebida de $ 16’500.000. Menciona que esa entidad en fallo No. 14
del 7 de mayo de 2007 emitió resolución sancionatoria. No obstante lo anterior,
afirma que por sus vínculos de gran influencia política mediante fallo del 23
de octubre fue absuelto bajo el argumento de que no estaba preparado para
manejar recursos. Indica que “es para esto y mucho más que se utiliza el
censo de las 25.000 personas afiliadas pues con él es que se despierta la
ambición de los políticos”, y se le da el poder para “poner o quitar”
alcaldes para lograr sus ambiciosos objetivos. Continua haciendo un relato de
los compromisos que realiza el señor Lagos para perpetuarse en el poder como
Gobernador indígena[1]
y tener un gran poder económico[2]
con lo cual amenaza y desafía a los indígenas originarios que defienden los
derechos que tienen, y adicionalmente asegura que el señor Lagos “se siente
seguro y se engrandece y por tal razón alude continuamente que a él las
demandas y las tutelas le resbalan pues cuenta con el respaldo de los 25.000
supuestos indígenas, el suficiente respaldo político y económico para
manipularlo todo y arreglarlo a su favor cosa que no podemos decir nosotros…”
1.11 Precisa que el INCODER certificó que
el Resguardo de Túquerres solo tiene jurisdicción en el mismo municipio, y no
como lo quiere hacer ver el señor Lagos que sostiene que la jurisdicción es
sobre los municipios de Guaitarilla, Sapuyes, Ospina e Imues. Afirma que de ser
así la Nación estaría girando recursos a estos municipios por separado acorde a
la población existente del Resguardo de acuerdo a la Ley 715.
Observa que “toda la población
que mantiene en el poder al señor Lagos tienen sus tierras en escritura pública
y otras las tienen en títulos de propiedad que el extinto INCORA les entrego en
calidad de  campesinos de igual manera la mayoría de esta población que ostenta
tener la condición de indígenas sin serlo sino que lo único que ellos buscan es
tener acceso a los derechos que como originarios nos corresponde….”. Finaliza
este punto diciendo que esta población es urbana ya que se encuentra en las
cabeceras municipales, la cual ha jugado un papel muy importante para las
decisiones de elección del señor Lagos durante estos años en el poder.
1.12 Aduce que ellos son una minoría pero
que cuentan con la legitimidad y la legalidad que les da el habitar su propio
territorio en el que mantienen sus usos y costumbres y con el objetivo de
luchar por seguir preservando la existencia de los pueblos originarios, que son
poseedores del derecho mayor que nace del territorio colectivo y de la
comunidad que vive en el Resguardo colectivo.
1.13 Sostiene que la acción de tutela la
interpuso con el fin de proteger el derecho que tienen él y los verdaderos
integrantes del Cabildo, que les asiste al ser minoría y se encuentran desamparados
y en peligro de extinción porque de no adoptarse las medidas necesarias de cara
a la comunidad, sus derechos están sometidos por completo, propiciado por la perpetuación
del señor Lagos en la Gobernación del Cabildo.
1.14 Menciona que esta situación ha sido
informada al Ministerio del Interior año tras año, el cual solo en el mes de
noviembre de 2012 pone la debida atención, sin embargo, las determinaciones que
se adoptaron no han sido las mejores al no tomar una decisión de fondo frente a
los riesgos mencionados en el punto anterior.
1.15 Indica el actor haber sido declarado
objetivo militar por parte de paramilitares en el año 2012, los cuales están
asentados en la Jardinería y asegura que el señor Lagos mantiene con ellos una
estrecha relación y patrocinio, hecho que en su momento fue puesto en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
1.16 Finaliza afirmando que por todo lo
mencionado se sienten en minoría frente a los que años atrás han venido
apoderándose del gobierno del Cabildo, con un grave estado de indefensión, por
lo tanto y al no contar con otro medio de protección interpone la acción de
tutela para que así se protejan y amparen los derechos individuales y
colectivos de la comunidad.
2. Respuesta de entidades accionadas y
otras.
2.1. El Consejo Mayor
El Consejo Mayor aporta informe mediante
oficio No. 0570. Señalan que entre los años 1991 a 1993  a petición del INCORA
se realizó un censo con la finalidad de que la comunidad indígena del Resguardo
participara en las transferencias que realizaba la Nación para los Resguardos Indígenas.
El resultado fue el de una población censada de 1037 indios originarios de los Resguardos
y 200 personas más que se auto reconocían como tal, frente a cuyo censo el
INCORA informó, que solo se podían admitir hasta que se legalizaran y legitimaran
con el acompañamiento de la Oficina de Asuntos Indígenas Regional Nariño.
Indican que en el año 1994, con la llegada
de las transferencias arribaron un grupo de campesinos, apoyados por la
guerrilla, que los intimidaron y se apoderaron así del gobierno, relegándolos a
una minoría atemorizada y amenazada. Afirman que adicionalmente,  llegaban más
personas ajenas a la comunidad para ser mayoría y sostenerse en el poder, y que
además entre los años 1996 y 1997 empezó un enfrentamiento interno por el
poder.
Sostienen que en el año 1998 sale elegido
como Gobernador el señor Silvio Lagos apoyado por las nuevas mayorías que suplantaron
a los originarios, y que esta es la manera como se ha perpetuado el señor Lagos
en el poder utilizando de manera irregular los derechos que le pertenecen a los
legítimos indios.
Afirman que en el 2002 organizado por las Convivir,
que posteriormente se convirtieron en grupos paramilitares, el señor Lagos asiste
a las reuniones que ellos hacían, él se alió y patrocinó a dichos grupos para
conseguir el apoyo político de éstos.
Aducen que las autoridades tradicionales
convocaron a los verdaderos indígenas para que se organizaran internamente
dando como resultado la organización propia del Consejo Mayor, el cual está
integrado por la Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales del nudo
de los Pastos Shaquinan.
Mencionan que el señor Lagos está en el
poder de forma ilegítima e ilegalmente, y que esto ha sido dado a conocer a la Dirección
de Etnias por parte del Consejo Mayor. Mencionan que, sin embargo, dicha entidad
siempre ha respondido que eso es un problema interno de la comunidad con lo que
desconoce que la población ilegítima e ilegal es la gran mayoría, con lo cual los
indígenas originarios han quedado sin voz ni voto en la toma de decisiones.
Indican que en el año 2008, el mencionado señor
Lagos tras la presión legitima y legal del Resguardo accedió a buscar apoyo de
la USAID y la Universidad de Florida para constituir el reglamento interno, el
cual sería la herramienta para solucionar los problemas internos del Resguardo.
Informan que en Asamblea se eligieron a los integrantes del Consejo de
Yaychacunas los cuales fueron encargados de recoger las inquietudes de los
indígenas, este reglamento fue socializado y aprobado en Asamblea con la firma
del señor  Lagos.
Observan que en los años 2010 y 2011 el señor
Lagos hizo uso del reglamento como estaba establecido, y ya para el año 2012 no
podía ser candidato para la Gobernación. Sin embargo, por la astucia,
autoritarismo y ambición de él, la comunidad le ha permitido gobernar dos años
más, con lo que ha vulnerado la norma interna que consagra respecto del periodo
de gobierno del Gobernador que: “…de ninguna manera podrá ejercer un periodo
de gobierno superior a dos años”.
Por lo anterior, el Consejo Mayor convocó a
la comunidad legítima y legal para elegir sus propias autoridades, lo cual les
permitió relacionarse más con la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior.
No obstante lo anterior, informa que la funcionaria Dra. Cifuentes de Huertas permite
que el señor Lagos se registre por dos años 2012-2013 en la Dirección.
Indican que para la vigencia del año 2013
vuelven a convocar para elecciones de sus autoridades, de manera amplia y pública
a la comunidad legítima y legal del Resguardo, en el marco de su autonomía,
como consta en las actas 001 de noviembre 25 de 2012, 002 de diciembre 16 de
2012 y 003 del enero 13 de 2013; razón por la que se evidencia que lo que
realiza el señor Lagos no tiene legitimidad ni legalidad.
Observa que el Ministerio del Interior,
Dirección de Etnias, en un memorándum del 7 de febrero de 2013 MEM
13-000002278-DAI-22000, sustenta con claridad lo que ellos han venido
reclamando, esto es, que el 95% de la población, la cual respalda al señor
Lagos, no tiene ninguna legitimidad ni legalidad, puesto que las transferencias
del Resguardo Indígena de Túquerres se giran por 1290 indígenas y no por 25.000
supuestos indios.
Finalizan respaldando la tutela y solicitan
dar cumplimiento a quien corresponda a los artículos constitucionales y la
legislación Indígena, al igual que a los convenios internacionales para que se
les proteja el derecho mayor de los pueblos originarios.
2.2. Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
del Ministerio del Interior.
La Directora encargada informa que desde el
2012 se asumió el conocimiento del conflicto del Resguardo de Túquerres,
asegurando que muchas de las cosas que señala el actor carecen de pruebas en
esa dependencia, por lo que no han podido actuar con la rapidez que exige el
accionante.
Señala que el conflicto se presentó para la
elección del 2012 en la cual se presentó el señor Lagos como candidato. Señalan
que el señor Lagos era Gobernador desde hacía varios años, y el accionante
realizó paralelamente otra elección la cual no reunía los requisitos legales
del art. 3 de la Ley 89 de 1890, en la que se indica que la convocatoria a
elecciones la debe hacer el Gobernador saliente. Por esto, el señor Lagos solicitó
que se implementara un mecanismo para no perder gobernabilidad al interior del Resguardo
ya que esto no solo afectaba a la comunidad sino a la I.P.S.
Indica que entonces se concertó visitar 16
parcialidades para que en comunidad se refrendara la elección que se había
realizado. La Dirección encontró que en Asamblea de cada una de éstas se
ratificó la decisión respecto de la elección como gobernante del señor Lagos, hasta
el 31 de diciembre de 2013. Hace mención a que el actor estuvo presente en tres
de estas Asambleas, en las cuales no realizó el mencionado cuestionario al que
hace referencia en la tutela. Adicionalmente menciona que las Asambleas fueron
mayoritarias y que algunos miembros de la comunidad señalaron que ni el
accionante, ni el señor Lagos eran indígenas. En consecuencia de lo anterior,
la Dirección registró como Gobernador del Cabildo al señor Silvio Lagos
aclarando que, siendo la Asamblea el máximo organismo de decisión, podía optar
por otra decisión diferente de los estatutos. Señala que las intervenciones
realizadas por parte de la Dirección fueron ajustadas a la ley, y que también
objetó el censo del Reguardo “…por considerarlo excesivo en su número y
donde al parecer esta incluidas personas que no ostentan condición indígena y
todo lo relacionan como adopción, sin llenar el presupuesto de la aprobación en
Asamblea General de cada una de las parcialidades o de una en general”.
Aduce que en noviembre de 2012 el actor
allegó una solicitud a la Dirección para que se revisara el manejo de recursos
del Sistema General de Participación. Por este motivo, el día 2 del mes
señalado, se convocaron a diferentes entidades como el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría General
de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
Estas corporaciones se comprometieron, dentro de sus competencias, a adelantar los
trámites en relación con lo solicitado por el señor Ascuntar acerca del proceso
de reestructuración del Resguardo en términos del territorio, el aumento desproporcionado
en el censo poblacional del Resguardo, la dificultad en el manejo del sistema
general de participaciones y los recursos de la I.P.S., además de las denuncias
de amenazas.
Informa que el 21 de enero de 2013 el actor
junto a otros indígenas del Resguardo  llegaron a la Dirección manifestando que
harían huelga de hambre hasta que se les diera respuesta a su solicitud para
que se suspendiera el registro del señor Silvio  Lagos como Gobernador del
Resguardo, motivo por el cual se convocó para los dos días posteriores a una
reunión para dar respuesta a dicha solicitud, respecto de lo cual aclaró que
dichas reuniones se llevaron a cabo no por la presión del actor y sus
compañeros, sino en el marco del cumplimiento de sus facultades.
Reseña la Dirección en su escrito, que se
han adelantado por parte de esa entidad las siguientes acciones:
“1. Adelantó reunión con las instituciones
el pasado 4 de febrero de 2013
2. Convoco a la Unidad Nacional de
Protección a una reunión con los indígenas para que se diera a conocer el
avance frente al proceso de medidas de protección para el señor Juan Ascuntar y
se tomaran las declaraciones de los demás delegados. La reunión se adelantó el
4 de febrero en las instalaciones de la Dirección.
3. El día 7 de febrero, como consecuencia
de una solicitud de la Defensoría acudimos a solicitar concepto a la Oficina
Asesora Jurídica del Ministerio, sobre la pertinencia de una suspensión del
registro o la revocatoria del mismo, concepto que no nos ha sido entregado y
que esperábamos para adoptar decisiones en el marco de los que nos permite la
ley.
4. Se solicitó información mediante correo
electrónico a la Unidad Nacional de Protección respuesta que no ha sido
allegada a esta dependencia.
5. La Dirección propició un acercamiento
con el señor Lagos ante la Defensoría y la Procuraduría General de la Nación,
sin resultados positivos relacionados con la renuncia y por ello acudimos a
elevar la consulta antes señalada”.
Considera que como las imputaciones
endosadas al señor Lagos se encuentran en etapa de investigación, por lo que no
hay decisión de fondo, esa Dirección no puede aducir estas circunstancias para
levantar el registro. Adicionalmente, observa que el señor  Ascuntar en el año
2013 volvió a realizar elecciones y solicitó el registro ante la Dirección, lo
cual no fue concedido por no cumplir con los requisitos de la Ley 89 de 1890,
además porque el censo ha sido objetado y hasta que no se defina el mismo, el
resultado de cualquier elección deslegitima el proceso.
2.3. Municipio de Túquerres
El señor Alcalde en su escrito del 27 de febrero
de 2013 indicó que el actor no presenta una descripción ordenada de los
acontecimientos y no podría manifestar si son o no realidad. Observa además,
que el actor había presentado una tutela por los mismos hechos, con las mismas pretensiones
que en ese momento iban dirigidas a que se revocara el acta de posesión del que
resultó electo en ese entonces el señor Silvio  Lagos. Este amparo fue negado
en la sentencia del 10 de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de Nariño.
Reitera lo señalado en la respuesta a la
tutela antes mencionada, en la cual indica que la administración municipal se
limitó a ejecutar los actos que la ley le permite como es ser testigo de buena
fe de la persona que acreditó los requisitos legales para tomar posesión como Gobernador
del Resguardo  de Túquerres, es decir el señor Lagos.
En el mismo sentido, refiere que el señor
Lagos el día 3 de enero de 2012 presentó los documentos idóneos que lo acreditaban
como Gobernador electo del Cabildo de su comunidad, elección que hasta el
momento no ha sido objeto de declaración de nulidad por ninguna autoridad. Por
lo tanto, reitera que la administración fue testigo, de buena fe, de la posesión
que hasta el momento de la presentación del escrito seguía vigente, ya que de
conformidad con el derecho de autodeterminación y autogobierno, el señor Lagos fue
electo en el mes de diciembre de 2011, por un periodo de dos años, el cual
culminará el 31 de diciembre de 2013.
Aduce que el Consejo Mayor elevó un derecho
de petición en el mes de enero de 2012 ante la administración en el que
solicitaban la colaboración imparcial para superar el problema de la elección
del Gobernador al interior de la comunidad indígena, al cual se le dio
contestación a los miembros del Consejo señalando que este tipo de demandas e
impugnaciones que se hagan por parte de los miembros de la comunidad en
relación a procesos electorales internos, deben ser resueltos por las mismas
autoridades y comunidades indígenas en el ámbito de su autonomía y acorde a sus
normas y procedimientos propios, de conformidad con un concepto dado por el Ministerio
del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
Finalmente concluye que los conflictos
internos de las comunidades indígenas, en lo que se refiere a procesos de
elección, se deben resolver al interior de las mismas basándose en su
regulación interna, y que igualmente en lo que respecta a la actuación
administrativa frente a la autonomía de las comunidades indígenas, el Estado
debe garantizar el aumento de la autonomía de estas comunidades interviniendo
lo menos posible en sus asuntos internos.
2.4. Ministerio de Justicia y del Derecho
El jefe de la oficina de asesoría jurídica
de este Ministerio indica que es improcedente la tutela por cuanto el asunto
tiene relación con la expedición de una certificación que tenga registrados los
nombres e identificación de las personas registradas como autoridades del Resguardo
indígena de Túquerres. Indica que esta es una función asignada al Ministerio
del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías,
dependencia que tiene como una de sus funciones la de llevar el registro de los
censos de población de las comunidades indígenas.
Por lo anterior solicita que se le
desvincule de la acción de tutela por cuanto el Ministerio de Justicia y del Derecho
no ha violado ningún derecho fundamental del actor.
2.5. Comandante del Departamento de Policía
de Nariño
La asesora jurídica del departamento de Policía
de Nariño, señaló que las comunidades indígenas del departamento son un grupo
vulnerable ante las amenazas terroristas de los grupos por fuera de la ley, y
que estas comunidades tienen un marco normativo especial que tiene su origen en
la Constitución Política para garantizar su supervivencia como colectividad.
Asegura no haber recibido a favor del actor
solicitud de protección por parte de la autoridad competente, sin embargo, se
adelantaron en 2011 diligencias encaminadas a proteger la integridad física al
señor Silvio Antonio Lagos Tovar, Gobernador Indígena del municipio de Túquerres.
Así, el Comandante de Policía menciona que le entregó un documento en el que se
indicaba la disponibilidad que presta la Policía Nacional en ese municipio en
relación a las revistas que se realizan a su trabajo y residencia.
Informa que se realizó un estudio técnico
para determinar el grado de vulnerabilidad del Gobernador indígena, el señor
Lagos, para dar a conocer las medidas que se debían tomar para sus
desplazamientos y su rutina diaria. Señala que esa instrucción tiene plena disposición
para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas asentados
en su  jurisdicción, que para el municipio de Túquerres están listos para
cualquier requerimiento que sea necesario para acompañar a las autoridades
competentes en sus actividades.
Indica que por mandato constitucional esa
institución no tiene injerencia alguna dentro de las organizaciones indígenas
en su toma de decisiones o directrices de las mismas.
2.6. Ministerio del interior
Señala el jefe de la oficina de asesoría
jurídica del Ministerio, que la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom
del Ministerio del Interior es la dependencia que tiene conocimiento de este
asunto, por tal motivo ese Ministerio se atiene a la respuesta dada por la
directora de la dependencia antes mencionada.
2.7. Gobernador del Resguardo Indígena del
municipio de Túquerres, señor  Silvio Antonio Lagos Tovar
Señala el señor Silvio Antonio Lagos Tovar,
que la comunidad que pertenece al Resguardo lo ha elegido de forma debida
respetando lo señalado en el art. 3 de la ley 89 de 1890, el Decreto 1088 de
1993 y el art. 35 de la Ley 962 de 2005, por lo que considera que el proceso de
su elección no ha vulnerado ningún derecho.
Considera que en la tutela instaurada por
el señor Ascuntar Chaucanes plantea una serie de hechos que no son objeto de la
acción, y que respecto de las denuncias que allí se plantean, de ser el caso,
se deberían compulsar copias a las autoridades correspondientes.
Indica que lo que se pretende es dejar sin
efectos su elección y nombramiento como Gobernador, lo cual ya fue resuelto a
su favor por asuntos indígenas, en ese sentido el procedimiento de la tutela no
es el adecuado para tratar esta discusión por cuanto las comunidades indígenas
gozan de una autonomía especial para la elección de las autoridades propias.
Sostiene que el accionante falta a la
verdad en relación con la supuesta apropiación de recursos de la I.P.S. Julian Carlosama,
ya que esta entidad no hace cobro por evento sino por capacitación.
Finalmente, indica que su vida está en
peligro por amenazas de los grupos armados, por lo que ha solicitado se le
proteja su vida, y solicita que no se conceda la tutela por cuanto no hay
vulneración de ningún derecho fundamental del actor.
II. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
1. Fallo de primera
instancia
El Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pasto, en Sentencia del 5 de marzo de 2013, resolvió “denegar
la acción de tutela formulada a nombre propio por el señor Juan Jerónimo Ascuntar
Chaucanes contra la dirección de asuntos indígenas Rom y minorías del Ministerio
del Interior y Municipio de Túquerres” teniendo como base las siguientes
consideraciones:
i. Aclara que el 10 de abril de
2012 el Tribunal Administrativo de Nariño negó una tutela instaurada por el
actor, el señor Juan Jerónimo Ascuntar Chaucanes contra el municipio de
Túquerres y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio
del Interior.  Sin embargo, encuentra que en esta nueva tutela se tiene como hecho
generador la elección como Gobernador del Cabildo al accionante “efectuada
el 16 de diciembre de 2012 y la presunta negativa de las entidades accionadas
en efectuar el respectivo registro e inscripción de dicha autoridad, lo cual
descarta la existencia de una posible temeridad”.
ii. Indica que la Ley 89 de 1890, capítulo II sobre la Organización de
los Cabildos Indígenas en su art. 3º señala que: “En todos los lugares en que se encuentre establecida
una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos
conforme á sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un
año, de 1º. De Enero a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no
necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos
por la parcialidad ante el Cabildo cesante y la presencia del Alcalde del
Distrito.
Exceptúense de esta disposición las
parcialidades que estén regidas por un solo Cabildo, las que podrán continuar
como se hallen establecidas.”
Señala que en sentencia T-979
de 2006 de la Corte Constitucional se lee que “En
virtud de lo previsto en el artículo 330 constitucional, y en razón de su
determinante influencia en la conformación de los órganos de gobierno de la
comunidad indígena, esta determinación corresponde únicamente a la misma
comunidad, para lo cual resulta deseable que ésta desarrolle y fortalezca los
mecanismos y procedimientos internos de resolución de conflictos, de tal modo
que se minimice la posibilidad de situaciones no claramente definidas, como la
que dio origen a la presente acción de tutela. Así las cosas, es claro que
cualquier pronunciamiento del juez constitucional en este sentido supondría
entonces una intromisión, violatoria de lo previsto en el artículo 330 de la
Constitución Política.”
“…”
“… si al
Estado y sus autoridades les corresponde promover y defender el derecho
fundamental de las comunidades indígenas a gobernarse por autoridades propias,
se entiende que a fortiori, les compete el deber de abstenerse de interferir de
cualquier manera en la toma de las decisiones que en desarrollo de su autonomía
corresponde adoptar a los integrantes de las comunidades indígenas. Siendo sin
duda una de tales decisiones, e incluso una de las más importantes, la
referente a la elección de las autoridades que de conformidad con sus propias
tradiciones, usos y costumbres, habrán de gobernar a la comunidad indígena en
cuestión, dentro del ámbito de sus competencias reconocidas por la Constitución
de 1991.”
Sostiene que
en la copia del acta No. 028 del 3 de diciembre de 2011, adoptada por el
municipio de Túquerres se evidencia que la comunidad Indígena de Túquerres y la
Asociación de Autoridades Indígenas de los Pastos, en el marco del contrato
interadministrativo No. 31 de 2011, se congregaron con el fin de “aprobar y
adoptar el reglamento eleccionario en el marco de la construcción del
reglamento interno para la elección de autoridades indígenas”, el cual en
su numeral 5 indica que “ … siga por dos años el Gobernador actual el señor
Silvio Lagos, hasta el 31 de diciembre de 2013 y después siga la cuadratura que
le corresponde”. (fl. 174)
Adicionalmente
en la resolución No.001 del 8 de diciembre de 2011 “Por medio de la cual se
establece la fecha y parámetros para la escogencia del Gobernador y demás
integrantes de la autoridad propia del gran territorio indígena de Túquerres,
de acuerdo a lo establecido en la ley interna o reglamento propio”, el señor
Lagos como Gobernador del Cabildo de Túquerres en la parte considerativa indicó
que acorde a lo establecido en la Ley 89 de 1890 en su título II art. 3º, quien
convoca a elecciones es el Cabildo saliente, el cual también da posesión en
presencia del Alcalde del municipio, por lo que se prohibió que personas ajenas
a la autoridad propia convoquen a elecciones o reuniones, de manera que si se
da este caso se declararan nulas e ilegales careciendo de toda validez jurídica
frente a la comunidad y entidades del Estado.
Señala que por
lo anterior el señor Lagos fue electo y designado como Gobernador del Resguardo
indígena de Túquerres tomando posesión el 3 de enero de 2012 siendo
corroborado por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio
del Interior.
iii. Observa
que el actor mediante oficios que envió a diferentes autoridades y con
fundamento en el acta No. 001 del 25 de noviembre de 2012 “mediante la cual
convocan a elecciones de autoridades propias para la vigencia 2013” invitó
al acto de elección del 16 de diciembre de 2012. Ese día algunos de los
participantes pertenecientes a la comunidad indígena decidieron nombrarlo Gobernador
para el 2013, siendo esta su inconformidad al no ser registrado e inscrito como
tal.
Considera el
juez que no se pueden desconocer los principios constitucionales que demarcan
la jurisdicción indígena, en el art. 246 Superior se indica que es al interior
de la autoridad del Cabildo representado en la comunidad donde deben plantearse
y resolverse las situaciones que en la tutela se debaten y la determinación que
el señor Lagos fuera Gobernador en la vigencia 2012-2013 del Resguardo indígena
de Túquerres fue tomada en consenso por la comunidad indígena, por lo tanto la
tutela no es el mecanismo adecuado para determinar si el acto de elección del
accionante para el año 2013 es válido o no.
De igual forma
señala que la actuación del señor Ascuntar de hacerse elegir por una minoría
aceptada por él mismo dentro de un proceso que no contó con el consenso de
todos los miembros del Resguardo Indígena de Túquerres pese a estar vigente el
registro, inscripción y posesión de otras autoridades de dicho Resguardo  para
el periodo 2012-2013; conlleva a determinar que la situación planteada se torna
litigiosa y debe ser resuelta por la misma comunidad. Por otro lado, si lo que
pretende es que se ataque la validez del acto administrativo en el cual se
autorizó el registro del señor Lagos como Gobernador por parte de la Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, el actor debe
acudir a las acciones judiciales pertinentes que contempla la ley para sean promovidas
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, inclusive puede allí,
según el juez de instancia, solicitar la medida cautelar de suspensión
provisional de los actos que considera vulnera sus derechos (art. 230 Núm. 3º
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo)
iv. Indica que en el punto anterior hay la
posibilidad de solucionar el conflicto con la participación de la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior en concordancia
con la comunidad indígena sujetándose a sus reglamentos internos en donde
tampoco puede inmiscuirse el juez de tutela.
v. Sostiene que en cuanto a la situación
de inseguridad que señala el actor, el departamento de policía de Nariño está
en disposición de adelantar lo necesario para garantizar el respeto a los
derechos de los pueblos indígenas; pero que no ha recibido solicitud para esta
protección por lo que él debe formular esta petición para que la entidad
competente realice el estudio correspondiente para así determinar si hay lugar
para tomar esta medidas o no.
vi. Concluye que con base en lo
expuesto no es posible acceder a las pretensiones del actor para el caso en
concreto por lo cual la tutela es denegada.
2. Objeto de la impugnación
En escrito del 11 de marzo de
2013, se impugnó el fallo proferido por El Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto, en sentencia del 5 de marzo de 2013, aduciendo las
siguientes razones:
i. Considera que los hechos
narrados son sobre vulneraciones que se han presentado en el Resguardo desde hace
14 años en perjuicio de la verdadera comunidad originaria del Resguardo de
Túquerres, a la cual el actor afirma representar en calidad de Gobernador Indígena.
ii. Sostiene que el juez de
primera instancia no registro responsablemente los hechos allí plasmados
dándole validez a las razones y decisiones del señor Lagos.
iii. Indica que la población indígena
reconocida por el Estado es de 1290 personas y que al señor Lagos lo eligieron
aproximadamente 25.000 personas que no son indígenas pero que son parte del
censo elaborado internamente por el señor Lagos con un fin de conveniencia
electoral y así poder perpetuarse en el poder.
iv. Aduce que ha puesto en conocimiento
de la problemática a la Dirección de Asuntos Indígenas la cual afirma que esta situación
debe ser solucionada internamente, lo cual considera que en parte es cierto, ya
que la Dirección tiene facultades y funciones que le permiten participar en la solución
del problema, pero ha permitido que esta situación continúe al realizar, en
este caso, el registro e inscripción del señor Lagos dándole vigencia a esa
elección ilegítima. Indica que esta Dirección puede contribuir a la solución de
estos problemas absteniéndose de registrar e inscribir a un gobernante cuando
exista conflicto en la elección.
v. Señala nuevamente en el
escrito lo denunciado en la tutela con relación a todo lo ocurrido en estos 14
años y especialmente las actuaciones del señor  Lagos.
vi. Observa que los motivos por
los cuales se promovió la tutela fueron: a) Que el juez de tutela revoque o
suspenda el acto de registro e inscripción del señor Lagos como Gobernador por
ser violatorio de los derechos fundamentales colectivos a la identidad étnica y
cultural, al autogobierno, a la titularidad del derecho como comunidad indígena
y por ende de la legitimidad eleccionaria de la población indígena que
comprende 1290 indios, así mismo porque el acto de registro del señor Lagos viola
flagrantemente la ley 89 de 1890, los usos y costumbres del pueblo de los
pastos, y el reglamento interno por violar el periodo de un año para el cargo
de Gobernador que estipula la ley antes mencionada. b) Que se verifique el
censo poblacional de la comunidad legitima por parte de las entidades del Estado
que sean invitadas para tal caso al igual que verificar  a jurisdicción del Resguardo.
c) Que se proceda tras este censo a registrar al Gobernador indígena elegido
por la comunidad legítima y legal del Resguardo.
vii. Precisa que el juez de
primera instancia no se pronunció de fondo con relación al caso ocasionando que
la problemática siga intacta y con ello se sigan vulnerando los derechos
fundamentales colectivos de la comunidad a la cual representa el actor.
3. Decisión de segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia, en
Sentencia del 8 de mayo de 2013, resolvió confirmar el fallo “proferido por
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, dentro de
la acción de tutela instaurada por Juan Jerónimo Ascuntar  Chaucanes contra la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior y de
Justicia y el Municipio de Túquerres”. Para fundamentar esta decisión
expuso los siguientes argumentos:
i. Sostiene que las pretensiones
del actor se dirigen a que se ordene revocar o suspender el acto o registro del
señor Lagos como Gobernador, adicionalmente que las entidades competentes
revisen y verifiquen el censo poblacional de la comunidad y finalmente que se
registre al accionante como Gobernador Indígena por haber sido elegido por la
comunidad legítima de la cual hace parte.
ii. Indica el Juez que “existe
otro medio judicial para pretender lo solicitado en la acción de amparo”, y
que además lo solicitado por el actor no es competencia del juez de tutela ya
que no puede apropiarse de las funciones que le corresponde a otras
autoridades, ya que el accionante puede acudir a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. En dicha jurisdicción puede señalar su inconformidad con
relación al acto de registro del actual Gobernador, el cual se presume legal,
lo cual involucra un conflicto de naturaleza jurídica. En dicha actuación
podría pedir la suspensión provisional del acto administrativo que, según el
actor, vulnera sus derechos. Por lo tanto, este es el mecanismo eficaz e idóneo
para proteger sus derechos, por cuanto estos pronunciamientos se obtienen por
medio de las acciones naturales que no se pueden suplantar, con lo cual se hace
evidente que esta acción no puede prosperar.
iii. En el mismo sentido,
el juez constitucional no puede atribuirse funciones otorgadas por ley a otras
autoridades y registrar al accionante como nuevo Gobernador, sobre todo cuando
existe un “registro vigente realizado por la autoridad competente”, en
el cual la comunidad, que goza de presunción de legitimidad, realizó una
elección en la cual fue elegido el señor  Lagos; elección y registro que solo
puede ser desvirtuado por la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
iv. Afirma, en relación
al censo, que este “es un proceso que le corresponde adelantar a la propia
comunidad, solicitando el acompañamiento de las entidades obligadas a verificar
dicho proceso.”
v. Aclara que el juez
constitucional no dirime este conflicto electoral existente por cuanto esto
hace parte de los asuntos internos de la comunidad indígena. A este respecto,
recuerda que estas comunidades gozan de autonomía y deciden acorde a sus
propios reglamentos internos.
vi. Finalmente asegura
que el accionante no demostró que existiera un perjuicio irremediable, “es
decir cierto, inminente, grave y de urgente atención, que no se pueda
retrotraer a través de los mecanismos ordinarios de defensa y que amerite la
intervención del juez constitucional”, ya que esta situación se viene
presentando, según lo denunciado por el actor, desde hace 14 años.
III. PRUEBAS ALLEGADAS AL
PROCESO
1. Pruebas que obran dentro del expediente de tutela
1.1 El señor Juan Jerónimo Ascuntar Chaucanes
allegó al proceso las siguientes pruebas:
- Copia de solicitud de registro de
autoridades propias del Resguardo de Túquerres al Ministerio del Interior,
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. (Cuaderno 1, folio 17)
- Copia acta 001 de noviembre 25 de
2012, convocatoria. (Cuaderno 1, folios 18-21)
- Copia de cartas de invitación a
varias autoridades locales y nacionales a la elección de autoridades propias
para el día 16 de diciembre de 2012. (Cuaderno 1, folios 21-28)
- Copia de cuña radial con la
invitación para la elección de autoridades del 16 de diciembre de 2012.
(Cuaderno 1, folio 29)
- Copia de invitación a la elección y
temas a tratar en la Asamblea del 16 de diciembre de 2012. (Cuaderno 1, folios
30-31)
- Copia acta 002 de diciembre 16 de
2012, elección de autoridades con el registro de asistencia. (Cuaderno 1,
folios 32-52)
- Copia acta 003 de enero 13 de 2013
y video, posesión. (Cuaderno 1, folios 53-56)
- Copia invitación a autoridades al
acto sagrado de posesión de las autoridades indígenas propias para la vigencia
de 2013 y la respectiva cuña radial. (Cuaderno 1, folios 57-59)
- Copia Preámbulo, Consejo Mayor, Resguardo
Indígena de Túquerres. (Cuaderno 1, folio 60)
- Copia del acta de reunión del 30 de
noviembre de 2006. (Cuaderno 1, folios 61-62)
- Copia de la certificación de la
Asociación Shaquiñan, de que el Consejo Mayor del Resguardo Indígena de
Túquerres hace parte de la Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales
del Nudo de los Pastos. (Cuaderno 1, folio 63)
- Copia certificaciones del Alcalde
de Túquerres al señor Segundo Virgilio Rodríguez como Presidente del Consejo
Mayor del Resguardo de Túquerres, dadas en enero de 2005 y octubre del 2011.
(Cuaderno 1, folios 64-65)
- Copia fallo en primera instancia de
la Procuraduría General de la Nación del 9 de mayo de 2007 con radicación No.
085-11646. (Cuaderno 1, folios 66-69)
- Copia fallo revocatorio de la
primera instancia de la Procuraduría General de la Nación del 9 de mayo de 2007,
con fecha del 23 de octubre de 2007, radicación No. 085-11646-05. (Cuaderno 1,
folios 70-73)
- Copia de introducción, presentación
y elección de asuntos indígenas. (Cuaderno 1, folios 74-76)
- Copia derecho de petición del 20 de
abril de 2012. (Cuaderno 1, folios 77-79)
- Copia denuncias del Senador Efren
Felix Tarapues al Vicepresidente de la República, el Procurador General de la
Nación y al Fiscal General de la Nación de la época, con fecha del 24 de
noviembre de 2004. (Cuaderno 1, folios 80-82)
- Copia derecho de petición del 22 de
agosto de 2005. (Cuaderno 1, folio 83)
- Copia misiva a la directora de
Etnias, del 22 de agosto de 2005. (Cuaderno 1, folio 84)
- Copia derecho de petición del 25 de
octubre de 2006. (Cuaderno 1, folios 85-86)
- Copia denuncia penal del actor ante
para el Fiscal General de la Nación, de enero 7 de 2013. (Cuaderno 1, folios
87-91)
- Manuscrito al Juez de tutela del
actor en rechazo a una actuación del Ministerio del Interior. (Cuaderno 1,
folio 92)
- Copia Acta, anexo 1 del 21 de enero
de 2013, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. (Cuaderno 1, folios
93-96)
- Copia Acta, anexo 1 del 22 y 23 de
enero de 2013, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías. (Cuaderno 1,
folios 97-109)
1.2. El municipio de Túquerres allegó las siguientes
pruebas:
- Copia respuesta al derecho de petición del Consejo
Mayor del Cabildo de Túquerres en relación a la posición del Gobernador Indígena
del Cabildo de Túquerres. (Cuaderno 1, folios 168-169)
- Copia contrato interadministrativo No. 37 de 2011. (Cuaderno 1, folios 173-175)
- Copia resolución No. 001 del 8 de diciembre de 2011.
(Cuaderno 1,
folios 177-180)
- Copia resolución No. 002 del 18 de diciembre de
2011. (Cuaderno
1, folios 181-183)
- Copia resolución No. 003 del 18 de diciembre de
2011. (Cuaderno
1, folios 184-185)
- Copia resolución No. 004 del 30 de diciembre de
2011. (Cuaderno
1, folios 186-192)
- Copia acta de posición de las autoridades del Resguardo
de Túquerres. (Cuaderno
1, folios 193-197)
- Copia constancia de la Coordinadora del Grupo de Investigación
y Registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio
del Interior en relación con la elección del señor Lagos como Gobernador del Cabildo
Indígena del Resguardo de Túquerres. (Cuaderno 1, folio 199)
- Copia de la sentencia del Tribunal Administrativo de
Nariño, Sala Sexta de Decisión del 10 de abril de 2012. (Cuaderno 1, folios 200-215)
IV. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del
proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y
241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico
La Sala encuentra que el
problema jurídico que debe solucionar en la presente oportunidad es si existe
vulneración de los derechos fundamentales a la autonomía, a la autodeterminación, a la jurisdicción
especial indígena,
al gobierno propio, a la identidad e integridad étnica y cultural, al
territorio colectivo, al debido proceso, de la comunidad indígena y Reguardo de
Túquerres, por los hechos que constan en el expediente relativos a la
continuidad desde hace 14 años como Gobernador de esa comunidad del señor
Silvio Lagos, y simultáneamente al desconocimiento de la elección del actor como
Gobernador Indígena del Resguardo de Túquerres para la vigencia del año 2013, dados
los serios cuestionamientos que se presentan en relación con el autocenso
indígena, lo que lleva a preguntarse a la Sala si ha existido una modificación
fraudulenta de los mismos por parte del líder reelegido, si se han incluido
personas no indígenas para ocultar la voluntad mayoritaria del pueblo
originario, si ha habido lugar a una modificación irregular del Reglamento
Interno del Resguardo para favorecer la reelección del señor Silvio Lagos, y si
la última reelección del líder indígena Silvio Lagos debe ser anulada.
Para solucionar este complejo problema
jurídico, la Sala se referirá a los diferentes componentes constitucionales
relativos a la protección de los derechos de los pueblos indígenas: (i) a la
legitimidad por activa de las comunidades indígenas y sus miembros como sujetos
de derechos fundamentales; (ii) a los derechos fundamentales a la diversidad
étnica y cultural, la autodeterminación, el autogobierno, la jurisdicción
especial indígena y el fuero indígena; (iv) al bloque de constitucionalidad que
protege a las comunidades indígenas; (v) para finalmente entrar a adelantar el
análisis constitucional de caso en concreto planteado por el señor Juan
Jerónimo Ascuntar Chaucanes y decidir de fondo en el estudio de la presente
acción de tutela.
3. Las comunidades indígenas como sujetos de derechos
fundamentales y su legitimación por activa en los casos en los que reclaman la
protección de sus derechos fundamentales mediante acción de tutela.
La jurisprudencia de la Corte ha señalado
que las comunidades indígenas tienen no solo la posibilidad de reclamar sus
derechos fundamentales en forma colectiva cuando éstos se hayan visto
vulnerados, sino que los dirigentes que son miembros de la misma comunidad
pueden instaurar igualmente la acción de tutela para solicitar por ese medio la
protección de los derechos de la comunidad que consideren les están siendo
desconocidos o amenazados. En el mismo sentido, la Corte ha establecido que
este tipo de acción puede ser interpuesta igualmente por las organizaciones que
han sido creadas para defender los derechos de las minorías indígenas y la
Defensoría del Pueblo.[3]
Así, este Tribunal ha reconocido a las comunidades
indígenas como sujetos colectivos autónomos que se diferencian de sus miembros
individuales para ejercer y exigir por parte de las autoridades
correspondientes el ejercicio pleno y el goce efectivo de sus derechos fundamentales
colectivos. Este reconocimiento como sujetos de derechos ha llevado en la
práctica a que las comunidades indígenas ejerzan los derechos constitucionales que
les corresponden a estos grupos étnicos, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 7 de la Constitución Política colombiana que consagra que “El
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana.”[4]
Este reconocimiento dado a las comunidades indígenas como
sujetos de derechos autónomos e independientes con personería jurídica, los
hace diferenciables “de los miembros individuales que la conforman” con
lo cual adquieren “una connotación cultural global y de conjunto,
alternativa y diferenciable de la cultura hegemónica occidental de las
mayorías, cultura de grupo que es transferida a los individuos que hacen parte
de dichas comunidades”[5]. Este reconocimiento es
derivado de los principios constitucionales de democracia, pluralismo, respeto
y protección a la diversidad étnica y cultural, con lo cual estas colectividades
adquieren el estatus político para ejercer, reclamar  y beneficiarse de los
derechos que le son propios a la comunidad.
Así mismo, los derechos fundamentales de
las comunidades que se sospeche han sido violentados, pueden ser exigidos por
los dirigentes o individuos que hacen parte de las mismas como miembros de
dichas comunidades, los cuales se encuentran legitimados por activa para
realizar este tipo de acciones, al igual que por “las organizaciones
creadas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas[6]
y la Defensoría del Pueblo[7]”.[8]
En síntesis, para las comunidades indígenas cobra
vigencia la legitimidad por activa cuando se evidencia la vulneración de los
derechos fundamentales del grupo, con el fin de solicitar mediante la acción de
tutela, que le sean protegidos por parte del juez constitucional estos
derechos. Así las cosas, la acción de tutela puede ser presentada (i) de manera
colectiva o (ii) de forma individual por parte de la Defensoría del Pueblo, las
organizaciones que defienden los derechos de los grupos indígenas, y los
dirigentes o miembros individuales de esas colectividades.
4. La diversidad étnica y cultural, la autodeterminación,
el autogobierno, la jurisdicción y el fuero indígena. Reiteración de
jurisprudencia.
4.1 En
relación con la protección del derecho a la diversidad étnica y cultural
la Constitución Política consagra el respeto a la multiplicidad de estilos
de vida, reconociendo el pluralismo y las garantías a la diversidad étnica y
cultural. De esta manera, la Carta Política de 1991 cambió el modelo de
asimilación e integración de las comunidades indígenas por el de un modelo de
Estado pluralista y participativo, de reconocimiento del otro, en el que se le
dan nuevos derechos a las minorías tradicionales con los cuales puedan
sobrevivir con sus costumbres; y además crezcan y se desarrollen con base en
sus valores étnicos y culturales[9].
De esta forma, las comunidades indígenas se
convirtieron en sujeto de derechos fundamentales a nivel constitucional de
carácter especial porque: “(i)
en Colombia existen diversidad de culturas e identidades étnicas; (ii) que
todas son  merecedoras de un mismo trato y respeto; (iii) todas constitutivas
de la identidad general del país y (iv) titulares –en igualdad de condiciones–
del derecho a reproducirse y a perpetuarse en el territorio con el paso del
tiempo, acorde con la Constitución del 91[10]”.
Esta diversidad reconocida por la Carta se convierte
en un principio constitucional del que se deriva el derecho fundamental a la
identidad étnica y cultural el cual se define como “la facultad de todo
grupo indígena y de sus miembros, a formar parte de un determinado patrimonio
cultural tangible o intangible y de no ser forzado a pertenecer a uno diferente
o a ser asimilado por uno distinto”[11]. Esta identidad es dinámica
ya que se da ante los escenarios de discusiones y avances, que se van dando
dentro de la misma comunidad, al igual que por la influencia de otros grupos
étnicos y otras culturas, por lo tanto, es un derecho que garantiza la adopción
de elementos nuevos en su cultura, pero con la certeza que estos cambios en sus
tradiciones sean por decisión voluntaria, libre e informada por parte del
propio grupo indígena.
De esta forma, los derechos fundamentales de la
comunidad indígena se entienden como un desarrollo del principio de diversidad
étnica y cultural. Para proteger esta diversidad, el Estado reconoce a estas
comunidades no solo las prerrogativas que están garantizadas a todos los
colombianos sino que también les confiere a estas comunidades derechos como
entidades colectivas. En este sentido, los derechos fundamentales, reconocidos
a los miembros de las comunidades indígenas, son los mismos que se le brindan a
los demás ciudadanos del país, pero además, la comunidad indígena en sí, tiene
ciertos derechos fundamentales como la entidad colectiva, por lo cual el
principio de diversidad étnica y cultural que busca: “(i) amparar
colectivamente a las comunidades tradicionales que no continúan la forma de
vida de la sociedad mayoritaria, para que puedan desarrollarse conforme con su
propia cultura y costumbres tradicionales; y (ii) proteger a los miembros de la
comunidad como sujetos, dentro y fuera de su territorio, de acuerdo con su
propia cosmovisión” [12].
Los reconocimientos constitucionales a las comunidades
indígenas se fundamentan en diferentes normas de orden Superior, tales como el Preámbulo
y el artículo 1°, y muy especialmente en los artículos 7° y 70 de la
Constitución Política: (i) El artículo 7º CP consagra el derecho fundamental a
la diversidad étnica y cultural, de manera que el reconocimiento y protección[13]
de la diversidad étnica y cultural de la Nación constituye como uno de los
principios fundantes del Estado, y la Constitución le atribuye a la cultura en
sus diferentes manifestaciones, la condición de pilar de la nacionalidad[14].
(ii) El artículo 70 CP determina el derecho a la igual dignidad
de todas las culturas que conviven en el país.  De estos derechos se derivan
los derechos a la supervivencia cultural, a
la conservación de su hábitat natural, y a la autodeterminación por su
propia cosmovisión religiosa. (iii) El artículo 8
CP establece el derecho a que se protejan las riquezas culturales y naturales
de la Nación. (v) El artículo
11 CP consagra el derecho a la subsistencia en conexidad con la vida digna. (vi)
En desarrollo del
reconocimiento de los artículos 7 y 70 CP, el artículo 10 de la Carta acepta la
oficialidad local de los dialectos y lenguas de las minorías étnicas y el
artículo 68 CP, el derecho de estos grupos a una formación que respete y
desarrolle su identidad cultural. (vii) El artículo 72 regula el derecho a que
se proteja el patrimonio arqueológico de la Nación. (viii) Por su parte, los artículos
9, 286, 287, 329 y 330[15] CP, establecen los derechos a que los
territorios indígenas sean entidades territoriales, con autonomía para la
gestión de sus intereses y el derecho a autogobernarse por autoridades propias,
esto es, los derechos a la autodeterminación y autogobierno de los pueblos
indígenas. (x) Los artículos 171 y 176 CP consagran el derecho a una circunscripción especial para la elección de
Senadores y Representantes, de manera que prevén la participación especial
en el Congreso, de las comunidades indígenas, mediante la elección de dos
senadores y de los representantes a la Cámara que determine la ley. (xi) El
artículo 246 CP consagra los elementos de la jurisdicción especial indígena[16], la cual
le otorga a las autoridades de estas comunidades, la capacidad de ejercer
funciones jurisdiccionales dentro de su territorio, teniendo como base sus
normas y procedimientos internos, los cuales no pueden ser contrarios a la
Carta Política y la ley[17].
(xii) Igualmente de conformidad con el artículo 229 CP les asiste el derecho a
acudir a la administración de justicia como colectivo. (xii) Los artículos 58,
63 y 329 CP consagran el derecho a la propiedad colectiva de los territorios o
resguardos de estas comunidades, así como las características propias de estos
territorios que son inalienables,
imprescriptibles e inembargables. Y finalmente (xiii) De conformidad con
el Convenio 169 de la OIT y su interpretación sistemática con los artículos
40-2, 329 y 330 CP les asiste igualmente el derecho a la consulta previa
respecto de decisiones de orden legal o administrativo que las afecten de
manera directa.[18]
En relación con este último derecho, esta Corporación ha
encontrado que el derecho a la identidad cultural de los pueblos tribales,
tiene otra manifestación con el derecho que tienen a ser consultados en las
decisiones que los afecten, el cual igualmente exige que se realice en estas
comunidades una consulta previa (en los casos que establezca la Carta y la ley)
realizando los procedimientos adecuados y con la participación de sus
instituciones representativas. Esta consulta previa (art 330 Superior) se da en
particular en situaciones relacionadas con la exploración y explotación de
recursos naturales.[19]
De otra parte, este Tribunal
ha evidenciado que los derechos de las comunidades indígenas, y el desarrollo
de sus normas y costumbres puede ocasionar colisión o conflictos con otros
principios y/o derechos del resto de la sociedad, la cual es mayoritaria en
relación con estas comunidades étnicas, los cuales pueden tener rango de normas
constitucionales, y que por lo tanto estas tensiones deben ser resueltas  “a
partir de la ponderación como modo de argumentación constitucional, en la
medida en que una incompatibilidad entre la autonomía, la integridad o la
diversidad cultural y un derecho fundamental determinado es un conflicto entre
normas constitucionales de igual jerarquía. Sin embargo, ha estimado que en
abstracto los derechos de los pueblos indígenas gozan de una dimensión de peso
mayor prima facie, en virtud del principio de maximización de la autonomía”[20].
Es de recabar en que el
principio de diversidad étnica y cultural busca amparar a las comunidades
indígenas de forma colectiva para que se desarrolle, conforme a su cultura y
tradiciones, así como proteger a los miembros de estas etnias como sujetos de
derechos dentro y fuera de su territorio acorde a su cosmovisión.
No obstante, la autonomía indígena y la
diversidad étnica y cultural no son derechos absolutos sino que tienen límites,
los cuales están dados por la propia Constitución al establecer unas
condiciones para su ejercicio, ya que (i) Colombia es un Estado Unitario, con
autonomía de sus entidades territoriales; (ii) la autonomía indígena se debe
ejercer conforme a los usos y costumbres de cada comunidad pero teniendo muy
claro que esto no puede ser contrario a la Constitución y la ley; y (iii)
también existen límites en otros principios constitucionales como la dignidad
humana, el pluralismo y la igualdad, y lo que resulte rechazable porque atente
contra los bienes más preciados del hombre, tales como el derecho a la vida, la
prohibición a la tortura y la esclavitud, la responsabilidad del individuo por
sus propios actos y la legalidad del procedimiento de los delitos y sus penas.
En este sentido, esta Corporación ha expresado que “el derecho de las
comunidades indígenas a mantener su singularidad cultural es un derecho que
puede ser limitado, cuando en su ejercicio se afecte un principio
constitucional de igual o mayor envergadura que la diversidad o un derecho
individual de los miembros del grupo étnico respectivo o de un tercero
involucrado[21]”. La Corte ha considerado
que es aventurado establecer reglas generales con relación al reconocimiento de
la diversidad étnica, al ser cada conflicto un asunto particular de acuerdo a
las culturas indígenas involucradas, aunque ha formulado algunas reglas
generales de interpretación.[22]
4.2 Protección de los derechos de los
indígenas colombianos contemplados en Convenios y Tratados internacionales, y
en normas legales.
4.2.1 Como ya se ha explicado
en la jurisprudencia de la Corte, los grupos indígenas, que hacen parte de las
minorías étnicas de Colombia, tienen un trato especial por parte de la
Constitución, la ley y mecanismos de orden internacional, y hacen parte del
pluralismo de esta sociedad, y se ha de respetar sus creencias, costumbres, tradiciones
y, por supuesto, su derecho indígena.
A nivel
Internacional, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales No.169 de junio
de 1989 en el que se consagra el respeto de las culturas, formas de vida, tradiciones,
costumbres propias, y reconocimiento de la autonomía de las comunidades étnicas[23], en el mismo se señala la
participación que debe tener el Gobierno para proteger y promover los derechos
de la minoría indígena colombiana, que no sean discriminados, se les respete sus
derechos humanos y libertades fundamentales, su derecho a la consulta previa de
las medidas que los afecten a nivel legislativo o administrativo, su derecho a
decidir sus prioridades, mejorar sus condiciones de vida en todos los ámbitos;
lo anterior está consagrado en los primeros 7 artículos del Convenio. En el
mismo Convenio hay un anexo que consagra el derecho a la libre
autodeterminación de los aborígenes, en el cual se consagra:
“Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la
libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su
condición política y persiguen Libremente su desarrollo económico, social y
cultural.
Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de
su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía al
autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales,
así como a disponer de los Medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a
conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del
Estado.” (Negrillas fuera
de texto)
Estos artículos fueron ratificados en la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General
mediante Resolución 61/295 de 2007.
Este Tribunal ha establecido que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, de conformidad con el artículo 93 Superior, los
convenios 107 y 169 de la OIT, al igual que la Convención Americana sobre los
Derechos Humanos, en los cuales, como ya se ha señalado, se hace referencia a
la protección especial que tienen los grupos indígenas por parte del Estado y a
la libre autodeterminación, autonomía y autogobierno que tienen estos grupos, y
se ha puesto de relieve lo referente al autogobierno, a la determinación
autónoma de sus asuntos internos y su derecho a tener sus propias instituciones
políticas y a elegir y tener sus propios gobernantes, así como a participar
como indígenas y miembros auténticos de la comunidad en la vida política del
grupo al que pertenecen.[24]
4.2.2 En cuanto a las normas legales que buscan la protección de las
minorías Indígenas del país, existen leyes y decretos que tienen relación con la protección de los derechos
de los Indígenas, estos son entre otros: la Ley 89 de 1890, el Decreto 1088 de
1993, la Ley 962 de 2005 y la Ley 21 de 1991, esta última es la que aprueba el
Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, como se reseñó en el apartado anterior sobre tratados
internacionales.
Para lo
relevante al tema que nos ocupa, es de mencionar que el artículo 3º de la Ley
89 de 1890 señala que: “En todos los lugares en que se encuentre establecida una
parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a
sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1º.
De Enero a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los
miembros del Cabildo otra formalidad que la de ser reconocidos por la
parcialidad ante el Cabildo cesante y la presencia del Alcalde del Distrito.
Exceptúense de esta disposición las parcialidades que estén
regidas por un solo Cabildo, las que podrán continuar como se hallen
establecidas.”
Por su parte el Decreto 1088 de 1993 consagra todo lo
relacionado con los Cabildos y/o las autoridades tradicionales indígenas de
cada territorio que gobiernen las cuales pueden conformar asociaciones acorde
al decreto, su naturaleza jurídica en la que se señala que son entidades de
Derecho Público de carácter especial con autonomía administrativa y su objeto
es el desarrollo integral de las mismas (arts. 1, 2, y 3). En el art. 4 se
habla de la autonomía de los mismos. En el título II se hace mención de la Constitución
y estatutos de las asociaciones antes mencionadas (arts. 5 y 6), y en los
artículos 9, 11 y 12 se tratan los temas de: Asamblea, Registro de la
Asociación y los requisitos para la solicitud de registro.[25]
El artículo 35 de la Ley 962 de 2005 modificó tres artículos
del Decreto 1088 de 1993 con el fin que simplificar el trámite de registro de
las Asociaciones de Cabildos y/o autoridades tradicionales Indígenas.
A continuación la Sala realizará una reseña respecto
del tema de  los derechos a la autonomía política, el autogobierno y
jurisdicción especial de los pueblos indígenas.
4.3 Autodeterminación, autonomía, autogobierno y
jurisdicción especial de los pueblos indígenas.
4.3.1 El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas que
incluye la autonomía política y el autogobierno de estas comunidades. La autonomía de las comunidades indígenas se
reconoce en nuestra Constitución Política desde su expedición (art. 330 CP),
pero ésta debe practicarse de conformidad con los usos y costumbres de la
comunidad y no ser contraria ni a la Constitución, ni a la Ley. La jurisprudencia constitucional ha entendido la autonomía
como el derecho que tienen a decidir por sí mismas los asuntos y aspiraciones
inherentes a su comunidad, en los ámbitos material, cultural, espiritual,
político y jurídico, de acuerdo con sus referentes culturales propios y a su
cosmovisión, de conformidad con la pluralidad y la diversidad, pero conforme con
el marco constitucional y legal del Estado constitucional y democrático de
Derecho[26], toda vez que el pluralismo
y la diversidad étnica y cultural (i) no pueden ser ajenos ni contrarios a la
unidad nacional, ni a los valores constitucionalmente superiores; y (ii) por el
contrario, constituye el presupuesto analítico y normativo sine qua non
para que pueda garantizarse la tolerancia, la pluralidad y la diversidad, al
constituir un marco normativo mínimo que fija los valores, principios y
derechos esenciales sin los cuales no puede existir el reconocimiento y la
garantía y respeto de la diferencia.
Para lo que concierne al estudio de este
caso, es de resaltar que la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que al
tener en cuenta la autonomía política “….las decisiones tomadas por un pueblo
indígena dentro de un proceso de elección deben ser respetadas por la autoridad
administrativa, ya que esta tiene restringido su campo de acción, puesto que su
función es la de presenciar el trámite de posesión de las autoridades
tradicionales de una comunidad. Por otra parte, es importante aclarar que aunque la
norma establece que el alcalde debe estar presente en la posesión de las
autoridades tradicionales, la ausencia de este no torna inválida la elección
realizada, puesto que la decisión autónoma de la comunidad “debe ser
respetada por la autoridad administrativa, siendo esta solamente un veedor”.
Es así que con el objeto de proteger que los pueblos indígenas conserven sus
tradiciones, usos, y costumbres, el Estado, a través de sus instituciones,
debe abstenerse de interferir en la toma de las decisiones que en desarrollo de
su autonomía corresponde adoptar a los miembros de una comunidad” [27].
El derecho a la autodeterminación de las comunidades
indígenas es de vital importancia para que se preserve su tradición y cultura,
ya que es una forma de supervivencia étnica y comunitaria, de manera que
requieren que el Estado, y las medidas que se tomen en relación con estos
grupos étnicos, les permita garantizar sus derechos. Por lo tanto, la Nación
tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para que estos pueblos
indígenas y tribales asuman el control de sus instituciones, y darles los
instrumentos para que se fortalezca su identidad, de forma que estas
comunidades puedan tomar las decisiones relacionadas con su autonomía política
sin la interferencia indebida de terceros. Por lo indicado anteriormente, una
injerencia de las autoridades del Estado, en alguno de los eventos políticos
como actos de convocatoria, elección o posesión de las autoridades
tradicionales indígenas, puede reducir los derechos a la autonomía política
y autogobierno de la comunidad comprometiendo su diversidad étnica y cultural.
Ya constituye pues
jurisprudencia pacífica y consolidada de esta Corte el reconocimiento y
desarrollo del alcance normativo de la autonomía de los pueblos indígenas, la
cual es un derecho fundamental reconocido en la Carta, autonomía que debe
basarse en sus usos y costumbres, y tiene como límite el que los mismos no sean
contrarios a la Constitución Política y a la ley. Así el ejercicio del derecho
a la autodeterminación de las comunidades indígenas dentro del ámbito
territorial comprende los siguientes derechos: “(i) escoger la modalidad de
gobierno que las debe regir; (ii) consolidar y determinar sus organismos
políticos y sus funcionarios tradicionales; (iii) instituir de manera
propia de acuerdo con sus usos y costumbres y lo establecido en la ley, las
funciones que les corresponde asumir a tales autoridades; (iv) determinar
los procesos y requisitos de elección de sus dirigentes, así como las
modificaciones y actualizaciones de dichas normas; y (v) definir las
instancias internas de resolución de sus conflictos electorales. Lo
anterior, sin desconocer las limitaciones establecidas por la Constitución y el
legislador[28]” (Resalta la Sala).
Igualmente, la Corte ha
señalado entre las más importante manifestaciones del principio de autonomía de
las comunidades tribales las siguientes: “i) el ejercicio de facultades
normativas y jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con
sus valores culturales propios y su cosmovisión (C.P., artículo 246); ii) el
derecho de gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres
(C.P., artículo 330); iii) una circunscripción electoral especial para la
elección de senadores y representantes (C.P., artículos 171 y 176) y; iv) el
pleno ejercicio del derecho de propiedad colectiva en sus Resguardos y
territorios (C.P., artículos 63 y 329).”[29]
Esta Corporación ha resaltado que la
autonomía en su aspecto de autogobierno de las comunidades indígenas
tiene tres ámbitos de protección, de acuerdo a si se trata de asuntos internos
o externos de la comunidad: (i) ámbito externo, el respeto por la autonomía de
estas comunidades, este exige que se reconozca el derecho de estos grupos a
participar en las decisiones que los afectan, lo cual implica que en las
relaciones con el Estado, la consulta previa, es de vital importancia para que
“las aspiraciones
culturales, espirituales y políticas de los pueblos indígenas sean consideradas
en el ejercicio de las demás atribuciones y competencias de la Administración”,
y por lo tanto su
derecho es a ser consultados previamente cuando haya, a nivel del Estado, una
decisión que los afecte y que sea determinada por la Constitución y la ley;
(ii) otro ámbito externo tiene relación con la participación de estas
comunidades en la política y su representación nacional en el Congreso, ya que
estas comunidades tienen el derecho de participar en la circunscripción
especial electoral dispuesto en la Constitución; (iii) el tercer ámbito, es de
orden interno el cual se relaciona con el autogobierno y la autodeterminación
de las reglas jurídicas al interior de estas comunidades, lo cual supone el
derecho de estas comunidades
“(a) a decidir su forma
de gobierno (CP art. 330); (b) el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial (C.P. art. 246) y (c) el pleno ejercicio del
derecho de propiedad de sus Resguardos y territorios, con los límites que
señale la Constitución y la ley”[30].
Igualmente, la autonomía política o derecho al
autogobierno es aceptado por la legislación internacional comparada, esto es,
que estos pueblos indígenas pueden controlar su desarrollo político a través de
instituciones propias y auto gestionarse en asuntos de índole interno. Así, la
jurisprudencia de esta Corte se ha referido a las garantías del Convenio No. 169
de la OIT.[31]
Así, recaba este alto
Tribunal, que la autodeterminación política y autogobierno indígena está
regulado por la Carta de 1991, de manera que cada grupo adquiere este derecho
para ejercerlo de acuerdo con sus usos y costumbres, pero dentro de los límites
que la Constitución y la ley le otorgan. El Estado no puede intervenir en sus
actos de elección y posesión porque así se desfiguraría lo que se ha pretendido
proteger que es su identidad étnica y cultural. Por consiguiente, las
comunidades indígenas han adquirido ciertos derechos en cuanto a política
interna, entre otros: “(i) el de escoger la modalidad de gobierno que las
debe regir; (ii) el derecho a consolidar y determinar sus instituciones
políticas y sus autoridades tradicionales; (iii) la posibilidad de
establecer de manera propia y conforme a sus usos y costumbres y a lo que señale
la ley, las funciones que les corresponde asumir a tales autoridades[32]
y (iv) la determinación de los procedimientos y requisitos de elección de
sus autoridades, así como la modificación y actualización de tales normas”[33].
(Énfasis de la Sala) De esta manera, la autonomía que tienen los territorios
indígenas se basa en la organización territorial consagrada en los artículos
Superiores 286, 287, 329  330 CP.  En desarrollo de la autonomía de estas
comunidades étnicas, la Sala reitera que los indígenas tienen derecho a: “(i)
gobernarse por autoridades propias; (ii) ejercer las competencias que les
atañen; (iii) administrar los recursos y establecer los tributos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones; y (iv) participar en las rentas
nacionales. Asimismo, las entidades territoriales indígenas se conformarán de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su
delimitación se hará por el Gobierno Nacional con participación de los
representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de
Ordenamiento Territorial[34]”.
La Sala considera necesario
reiterar que cuando hay una indebida intervención de funcionarios del Estado,
en actos de elección y posesión de dirigentes de un Cabildo, esto puede
constituir una violación a los derechos de independencia política de una
comunidad, lo cual implicaría, posiblemente, una afectación a su diversidad
étnica y cultural.[35]
Así, el derecho al autogobierno, al igual
que la prohibición al Estado de intervenir en los asuntos internos de estas
comunidades se origina en el “…el derecho de estas comunidades de
autoidentificarse e identificar a sus semejantes como parte de la comunidad”[36],
por lo cual estas comunidades exhiben el derecho a: “i) ser reconocidas por
el Estado y la sociedad como tales, en virtud de una conciencia de identidad
cultural diversa, y; ii) a que no se pueda negar arbitrariamente la identidad
real de la comunidad y de sus miembros”[37].
En cuanto a la condición de indígena y miembro de la
comunidad, para poder participar en el autogobierno la Sala debe reiterar
finalmente que “la demostración de la condición indígena debe darse a
partir de la identidad cultural real del sujeto, que pregona su pertenencia a
una determinada comunidad, y de la aceptación por parte de la comunidad de tal
pertenencia e identidad. Para el establecimiento de dicha situación,
pueden ser aplicados diversos mecanismos, como las certificaciones de la
máxima autoridad de cada comunidad o Resguardo; las certificaciones del censo
interno que, de acuerdo con la Ley 89 de 1980 y el artículo 5 de la Ley 691 de
2001, debe llevar cada comunidad; estudios sociológicos y antropológicos
atinentes a la identidad cultural de la comunidad y del sujeto, etc. Dentro
de dichos mecanismos deben tener mayor peso los que la propia comunidad
indígena ha adoptado en ejercicio de su autonomía y, en todo caso, debe primar
la realidad sobre formalidades como la inscripción en un determinado censo, que
puede estar desactualizado o contener errores”[38].
(Resalta la Sala)
Los territorios indígenas se
gobernarán mediante Consejos que se conformarán y regirán por los usos y
costumbres de sus Cabildos a los cuales les corresponden: “1. Velar por la
aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus
territorios.
2. Diseñar las políticas y
los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su
territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
3. Promover las inversiones
públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.
4. Percibir y distribuir
sus recursos.
5. Velar por la
preservación de los recursos naturales.
6. Coordinar los programas
y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.
7. Colaborar con el
mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las
instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.
8. Representar a los
territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se
integren; y
9. Las que les señalen la Constitución y la
ley”[39].
4.3.2  En lo que respecta a la jurisdicción
indígena, el articulo
229 Superior consagra que todo ciudadano puede ejercer su derecho fundamental
de acceder a la justicia, y para proteger la posible vulneración de sus
derechos fundamentales lo puede hacer a través de la acción de tutela. Mediante
este recurso, el juez correspondiente debe valorar, cuando el ciudadano que
solicita este recurso es indígena, el fuero que tiene por su doble condición de
colombiano y de pertenecer a un grupo minoritario de especial protección por
parte de la Constitución Política, por tal motivo, se tiene como regla que un
miembro de estas etnias, debe haber agotado los procedimientos establecidos en
su comunidad para la solución de estos conflictos para poder acceder a estudiar
la solicitud que presente.
La jurisprudencia de esta
Corte ha establecido que los elementos que componen la jurisdicción indígena
son humanos, orgánicos, normativos, geográficos y de no contradicción con la
Carta, en síntesis éstos incluyen:
“.- Un elemento humano,
que consiste en la existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico y
por la persistencia diferenciada de su identidad cultural.
.- Un elemento orgánico,
esto es la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de
control social en sus comunidades.
.- Un elemento normativo,
conforme al cual la respectiva comunidad se rija por un sistema jurídico propio
conformado a partir de las prácticas y usos tradicionales, tanto en materia
sustantiva como procedimental.
.- Un ámbito geográfico,
en cuanto la norma que establece la jurisdicción indígena remite al territorio,
el cual según la propia Constitución, en su artículo 329, deberá conformarse
con sujeción a la ley y delimitarse por el gobierno con participación de las
comunidades.
.- Un factor de
congruencia, en la medida en que el orden jurídico tradicional de estas
comunidades no puede resultar contrario a la Constitución ni a la ley.”[40]
A groso modo este marco de protección y alcance de la
diversidad étnica y cultural involucra reconocimiento de territorios indígenas,
de sus autoridades, de sus usos y costumbres, de la jurisdicción especial
indígena y de la participación de estas comunidades en los escenarios
democráticos a nivel nacional y territorial del Estado. Esto implica para la
Nación la responsabilidad de amparar un papel activo para que, estos pueblos
indígenas nativos de nuestro territorio, asuman el control de sus
instituciones, forma de vida, desarrollo económico; brindándoles las
herramientas necesarias para que puedan fortalecer su identidad[41].
Jurisdiccionalmente, las autoridades
de estas comunidades pueden administrar justicia basados en sus normas y
procedimientos, siempre que no sea contrario a la Constitución y a la ley.
Reitera la Corte que esto fue reconocido en la Constitución de 1991, por lo
cual las autoridades indígenas son el juez natural para conocer los delitos y
acciones cometidas por los miembros de la comunidad, atendiendo los requisitos
que han sido establecidos para el fuero indígena, lo cual implica límites de
carácter personal y de carácter
geográfico, lo que le permite a cada comunidad juzgar y sancionar conductas
ocurridas dentro de su territorio y acorde a sus propias normas.[42]
Las autoridades tradicionales, que detentan el poder
comunitario, están conformadas generalmente por los Gobernadores y por los
Cabildos indígenas que llevan el mando de acuerdo a la tradición. Los Cabildos
son entidades públicas especiales que han sido elegidas y reconocidas por los
indígenas y representan legalmente a su grupo étnico ejerciendo las funciones
atribuidas por la ley y sus usos y costumbres. Los Gobernadores presiden ese
Cabildo, y depende del grupo que los tenga como sus dirigentes, estos roles se
pueden ejercer de forma simultánea por las mismas autoridades, lo cual puede
acarrear dificultades internas al momento de resolver los conflictos que puedan
surgir cuando las mismas autoridades que son las llamadas a solucionarlos, son las
que están implicadas en las diferencias dentro de la comunidad.
De otra parte, como se mencionó en los
artículos 171 y 246 CP se encuentran consagrados los derechos políticos de las
comunidades indígenas, en los cuales se garantiza su participación política
efectiva al haber “una circunscripción indígena en Senado y Cámara de
Representantes para el Congreso de la República, de la cual se extrae el
derecho al voto y la posibilidad de elegir y ser elegidos”[43].
Por otro lado, en el artículo 246 CP se regula lo relacionado a la
administración de justicia al consagrar “la posibilidad de que las
autoridades de los pueblos indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales dentro
de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes
de la República.”[44]. Adicionalmente, el estatus de ente
territorial de estas comunidades es consagrado en el artículo 286 Superior, en
decir, en esta disposición superior se hace mención al poder ejecutivo y la
autonomía administrativa de las comunidades indígenas. Esta jurisdicción
especial indígena es definida por la Corte como un derecho colectivo y autónomo
de carácter fundamental, que les otorga la potestad de resolver sus conflictos
y delitos, de conformidad con sus usos y costumbres, y de acuerdo con sus
procedimientos y normas, por sus propias autoridades.[45]
Para la solución de conflictos entre la
jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria esta Corporación ha
establecido los siguientes principios generales de interpretación:
“(a) El principio de “maximización
de la autonomía de las comunidades indígenas” y correlativamente el de “minimización
de las restricciones a su autonomía”, respecto del cual ha afirmado esta
Corporación que “solo son admisibles las restricciones a la autonomía de las
comunidades indígenas, cuando estas (i) sean necesarias para salvaguardar un
interés de mayor jerarquía; y (ii) sean las menos gravosas, frente a cualquier
medida alternativa, para la autonomía de las comunidades étnicas[46].
La evaluación sobre la jerarquía de los intereses en juego y la inexistencia de
medidas menos gravosas, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las
particularidades de cada comunidad.”[47]
(b) El principio de “mayor
autonomía para la decisión de conflictos internos”, según el cual “el
respeto por la autonomía debe ser mayor cuando el problema estudiado por el
juez constitucional involucra solo a miembros de una comunidad que cuando
el conflicto involucra dos culturas diferentes, debido a que en el segundo caso
deben armonizarse principios esenciales de cada una de las culturas en tensión”[48].
(c) El principio “a mayor
conservación de la identidad cultural, mayor autonomía”, el cual es
formulado por la jurisprudencia constitucional teniendo en cuenta dos factores:
uno fáctico, relativo a la constatación histórica de una menor aculturización
de la comunidad indígena, o con otras palabras, de una mayor conservación de
sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales; y el otro factor, normativo,
que se refiere a la mayor vigencia y eficacia de sus reglamentos internos o
legislación indígena propia. De esta manera, esta Corporación ha formulado como
criterio de interpretación, que a un mayor nivel de conservación de su cultura
y legislación interna, debe existir un mayor respeto por la autonomía de la
comunidad indígena respectiva.[49]” [50]
Insiste la Sala que la
jurisdicción indígena tiene límites impuestos por la Constitución y la ley como
“aquello que se torne en intolerable, desde el punto de vista de los
Derechos Humanos, en el marco de un consenso intercultural lo más amplio
posible, entendiendo como tales, vulneraciones al derecho a la vida, la
prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud y los principios del
debido proceso y de legalidad, especialmente, en materia penal[51].
Adicionalmente, en casos de conflictos de naturaleza penal, esta Corte ha
impuesto como límite a la potestad sancionadora de las autoridades indígenas,
la prohibición de imponer penas de destierro, prisión perpetua y confiscación,
de conformidad con lo dispuesto por el art. 38 C.P.[52]”
[53].
Finalmente, la Corte debe recordar que el principio de
legalidad tiene relación con que existan instituciones que le hagan saber al
indígena el carácter perjudicial de algún acto, o solución a algún
enfrentamiento y a antecedentes de la forma en que se aplica esa solución o se
castiga esa conducta. Por otra parte, “en relación con el respeto por el
derecho fundamental al debido proceso y al principio de legalidad, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que éste se refiere a la
previsibilidad de las actuaciones de las autoridades tradicionales de la
comunidad.[54]”  Por lo tanto, un juez de
tutela para resolver un conflicto entre individuos que tengan un fuero especial
debe consultar la “especificidad de la organización social, política y
jurídica de la comunidad en cuestión para resolver el caso, pues cada comunidad
es diferente…”[55], de manera que cuando “se presenta
una tensión entre los derechos individuales fundamentales y el reconocimiento
de la diversidad étnica y cultural, el juez debe atender las circunstancias
particulares del caso concreto y tener en cuenta que las características de los
elementos que integran la jurisdicción especial indígena varían en función de
la cultura específica”[56]. [57]
A continuación y por ser relevante para la resolución
del caso en concreto del resguardo de Túquerres, la Sala se referirá a las
características constitucionales de un resguardo.
4.4. Características constitucionales de un
Resguardo
La jurisprudencia de esta Corte ha puesto
de relieve que las características constitucionales de un resguardo se pueden
sintetizar en las siguientes:
(i) La
propiedad colectiva del territorio y la concepción de Resguardo como ámbito
territorial. Así, en el territorio se evidencia los derechos de autonomía de
las comunidades indígenas, lo cual está contemplado en el artículo 329 CP, en
el que se le dota a los Resguardos el carácter de propiedad colectiva de los
grupos indígenas los cuales son imprescriptibles, inembargables e inalienables
(art. 58 Superior) porque ellos tienen la posesión ancestral de la tierra,
además se busca proteger estos territorios de las amenazas a la integridad de
la misma por actores por fuera de la ley.
(ii) El Resguardo es un ámbito territorial
(art. 246 CP) por cuanto se ejercen los principales derechos de autonomía del
mismo, como la regulación social y la autonomía política, entre otros.
Igualmente, en la jurisprudencia de la Corte se indica la importancia de los
censos para tener un mejor conocimiento de estas comunidades, el cual está
regulado por el Decreto 159 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001 y la
Ley 89 de 1890 (artículo  7º)[58], cabe anotar que esos censos no son
aceptados por todos los grupos étnicos al considerarlos discriminatorios, pero
este método no es el único método de identificación, existen también:  “las
certificaciones de la máxima autoridad de cada comunidad o Resguardo; las
certificaciones del censo interno que, de acuerdo con la Ley 89 de 1890 y el
artículo 5 de la Ley 691 de 2001, debe llevar cada comunidad; estudios
sociológicos y antropológicos atinentes a la identidad cultural de la comunidad
y del sujeto”. [59] Sin embargo, para este Tribunal es de
suma importancia este censo, con el fin de saber con mayor exactitud cuántos
indígenas hay en cada comunidad.[60]
El fuero indígena fue creado en la
Constitución con el fin de proteger la identidad étnica y cultural del país
puesto que el éxito de la permanencia de un grupo diverso, depende su éxito de
que puedan transmitir sus valores culturales, para lograrse esto, deben haber
adecuadas y efectivas estrategias de socialización primaria y del control
social, este control requiere de normas que desarrollen los valores culturales
generales y la posibilidad de aplicar las mismas para corregir que se lleven
por otro rumbo.
Para determinar este fuero se tienen en cuenta los
siguientes criterios: (i) el objetivo, referido a que las mismas comunidades
deben resolver las controversias que se presenten dentro de éstas; (ii) el
territorial, en cuanto a que deben juzgar toda conducta cometida en su espacio
geográfico; (c) el personal, que alude a que los miembros de la comunidad deben
ser juzgados por ésta misma, teniendo en cuenta el nivel de pertenencia e
integración; y (d) el institucional, ya que deben existir normas,
procedimientos y costumbres para tales juzgamientos.
V. ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD EN
CONCRETO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA
1. De los antecedentes
1.1 Demanda: En su demanda, el accionante Juan Jerónimo Ascuntar Chaucanes, quien
reclama para sí la calidad de Gobernador indígena elegido de acuerdo a los “usos
y costumbres propios de la comunidad legítima y legal del Resguardo  de
Túquerres para la vigencia 2013”, menciona en su acción de tutela varias irregularidades que afirma
se vienen presentando en la realización del censo y la elección de Gobernador
para el Resguardo
de Túquerres.
En relación con el
Resguardo sostiene que (i) el Resguardo  de Túquerres hace parte del pueblo de
los Pastos, y pertenece al municipio del mismo nombre en Nariño; (ii) el Resguardo
cuenta con 520 hectáreas que viene manteniendo en títulos colectivos por
familias de generación en generación; (iii)  cuenta con dos asentamientos de
recuperación: el María Paguay y el San Pedro, en el cual habitan 120 familias;
y (iv) que del mismo territorio hacen parte cuatro (4) predios que el INCODER
compró para las personas que en los años 1996 y 1997 se auto reconocieron como
indígenas, los cuales son La Alegría, La Orejuela, La Cabaña y El Chupadero.
Acerca del censo del Resguardo de Túquerres
sostiene que el DANE ha realizado tres (3) censos: (i) el primero, en el año 1993,
en donde encontró una población de 1037 indígenas en el Resguardo  de Túquerres;
en el cual no se admitieron como indígenas a las personas de los asentamientos
y tampoco a los que llegaron y se auto reconocieron como indígenas en los 4
predios que el INCODER compró en 1996 y 1997; (ii) en el año 2005 el DANE censó
una población de 1260 indígenas en el mismo Resguardo; y (iii) el último censo
realizado fue en el año 2012, mediante el cual se determinó la existencia de
una población censada de 1290 indígenas en el Resguardo  de Túquerres.
Menciona que es a esta población realmente
indígena y perteneciente al Resguardo de Túquerres que el Departamento Nacional
de Planeación gira las transferencias del Sistema General de Participaciones.
Hace unas denuncias históricas desde el año
de 1994 en relación con el presunto aumento ilegítimo del censo poblacional, la
presión de colonos, campesinos, guerrilla en el Resguardo, y de cómo desde el
año 1998, el señor Silvio Lagos, de manera irregular, ha sido Gobernador del
Resguardo hasta el año 2012, con excepción del año 1999. Afirma que para
conseguirlo, ha utilizado el censo irregular carnetizando a personas ajenas al
Resguardo, ha vinculado al Cabildo
a personas de la cabecera municipal de Túquerres con el argumento de que todo
es parte del Resguardo indígena, ha utilizado los programas del Estado y los
carnets de salud para obtener respaldo y su reelección, con el fin de
perpetuarse en el poder, con el apoyo de grupos por fuera de la ley. Asegura
que en la Fiscalía General de la Nación se instauró demanda penal por estos presuntos
delitos.
Frente a esta situación, el actor
informa que en el año 2000 la comunidad indígena legítima y legal se reorganiza
en mingas de pensamiento, determinando que se agrupen las autoridades en un
Consejo Mayor.  En el año 2004 logran que la Alcaldía del municipio certifique
la existencia del Consejo Mayor.  En 2009 la comunidad indígena
legitima y legal con la participación de Consejo Mayor constituyen una norma “el plan de justicia y vida” y el reglamento interno, esto fue
aprobado en mingas de pensamiento los días 25 de octubre, 1, 6 y 16 de noviembre del
2009 por parte de la comunidad y el Consejo de Yaicha Cunas, la cual fue firmada
por el señor Lagos como Gobernador. Sin
embargo, asegura que en los años 2010 y 2011 el señor Lagos usó la norma con el
permiso del Consejo Mayor y la comunidad para seguir gobernando, por lo que
afirma que éste pretende seguir imponiendo su voluntad.
Informa que en el año 2011
el Consejo Mayor convocó para el 27 de noviembre de 2012 a elecciones de sus
propias autoridades (actas No. 001 del 27 de noviembre y No. 002 del 11 de diciembre
de 2011; y No. 003 del 8 de enero del 2012). La decisión tomada es dada a
conocer a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
Interior. En esta entidad allí se delega a la Dra. Cifuentes de Huertas para
que se hiciera cargo del caso, pero según el actor lo que hizo la funcionaria fue
agravar el caso. Informa que la funcionaria convocó a reuniones a la comunidad:
en la primera reunión solicitó que se realizaran preguntas para comprobar si
los asistentes eran o no parte del Resguardo y solo 5 personas levantaron la
mano, no obstante lo cual, afirma que estos resultados no se tuvieron en cuenta
y la elección de Gobernador se llevó a cabo, de manera que la funcionaria
preguntó quiénes estaban de acuerdo con la elección del señor Lagos y todos,
salvo los 5 indígenas parte del Resguardo, levantaron la mano siendo grabado
esto último por la funcionaria.  Así fue como según el actor se ratificó al
señor Lagos como Gobernador del Resguardo de Túquerres por dos años más, tras
las visitas relámpagos de la funcionaria del Ministerio del Interior. Considera
que esta elección vulnera la Constitución Nacional, y las leyes 89 de 1890 y 21
de 1991 y el reglamento interno y el Derecho Mayor del Resguardo.
Afirma que en el año 2012,
los días 2, 6 y 7 de noviembre se realizaron reuniones con entidades del Estado
y se denunció con videos la inclusión de sectores armados al margen de la ley
invitándolos para que hicieran el acompañamiento en las elecciones de Gobernador
del Resguardo para la vigencia de 2013, en donde solo participó la Defensoría
del Pueblo.
Indica que en noviembre y
diciembre de 2012 y enero de 2013 se convocó nuevamente a elecciones para la
vigencia de 2013, y se desplazó la Corporación del Cabildo a Bogotá a
solicitar al Director de Etnias del Ministerio del Interior para que se
procediera al respectivo registro ya que cumplían con los requisitos de
legitimidad y legalidad requeridos por ley.
De otra parte, menciona que
el INCODER certificó que el Resguardo de Túquerres solo tiene jurisdicción en
el mismo municipio y no sobre otros municipios.
Adicionalmente, señala en
la demanda los vínculos que, según el actor, tiene el señor Lagos con
mandatarios políticos por su poder económico y para así sostenerse en la Gobernación
indígena.
Reitera que él y los
auténticos indígenas del Resguardo de Túquerres son una minoría, pero que
tienen la legitimidad y la legalidad al ser poseedores del Derecho Mayor que
nace del territorio colectivo y de la comunidad que vive en el Resguardo, y
afirma que están en peligro de extinción por lo cual se interpuso la acción de
tutela para proteger el derecho que tiene él y los verdaderos integrantes del Cabildo.
También señala ser objetivo militar de los paramilitares desde el 2012, con los
que sostiene que el señor Lagos tiene una estrecha relación. Considera que no
hay otro medio de defensa que la tutela para que se le protejan y amparen los
derechos individuales y colectivos de la comunidad.
1.2. Respuestas
1.2.1 EL Consejo Mayor hace un recuento de los hechos que precedieron la
acción de tutela respaldando la misma:
Menciona el censo realizado entre los años 1991 y 1993
solicitado por el INCORA el cual dio como resultado 1037 indios originarios de
los Resguardos y 200 personas que se auto reconocían como tal, esa institución
solo los admitirían cuando se legalicen y legitimen.
En 1994 con la llegada de las transferencias arribaron
campesinos apoyados por la guerrilla intimidando a los indígenas, se apoderaron
del gobierno del Resguardo y convirtieron a los originarios en minoría, y en
1996 y 1997 empezó un enfrentamiento interno por el poder.
En 1998 eligen al señor Lagos como Gobernador las
nuevas mayorías el cual se ha perpetuado en el poder utilizando de manera
irregular los derechos que le pertenecen a los legítimos indios.
En 2002 las Convivir que luego se convirtieron en
paramilitares se aliaron con el señor Lagos el cual buscaba conseguir el apoyo
político de ellos.
A raíz de los hechos narrados las autoridades
tradicionales convocaron a los verdaderos indígenas para organizarse
internamente, dando como
resultado la organización propia del Consejo Mayor. Este Consejo ha informado a
la Dirección de Indígenas del Ministerio del Interior que el señor Lagos está
de forma ilegal e ilegítima, pero dicha Dirección les responden que es un
problema interno de la comunidad, desconociendo que la población ilegítima e
ilegal son la gran mayoría y los indígenas originarios, la minoría, los cuales se
han quedado sin voz, ni voto en la toma de decisiones.
En 2008 y tras la presión hecha por ellos,
el señor Lagos tras buscar apoyos constituyó un reglamento interno junto a los
integrantes del Consejo de Yaychacunas elegidos en Asamblea que recogieron las
inquietudes de los indígenas, este reglamento se socializó y aprobó en Asamblea
con la firma del señor Lagos.
En 2010 y 2011 el mismo señor Lagos utilizó
el reglamento como estaba establecido, pero en 2012 no podía ser candidato a la
Gobernación indígena, pero por su astucia, autoritarismo y ambición afirmó que
la comunidad le había permitido gobernar por dos años más pasando por encima de
la norma que dice “pero de ninguna manera podrá ejercer un periodo de
gobierno superior a dos años”.
Por lo anterior se convocó a la comunidad
legítima y legal a elegir sus propias autoridades. Sin embargo la Dra.
Cifuentes de la Dirección de Etnias del Ministerio del
Interior da un informe para que se registre al señor Lagos por dos años más del
2012-2013 a la Dirección del Ministerio del Interior.
En 2013 se vuelve a convocar a elecciones
de las autoridades de la comunidad legítima y legal en el marco de su autonomía
y registrada en las actas No. 001 de noviembre 25 de 2012, No. 002 de diciembre
16 de 2012 y No. 003 del enero 13 de 2013.
Por todo lo anterior relatado consideran
que el señor Lagos no tiene legitimidad ni legalidad para ejercer el cargo de
Gobernador del Resguardo de Túquerres.
1.2.2. La Dirección de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías del Ministerio del Interior afirman que se asumió el conflicto del Resguardo de
Túquerres en 2012, que el conflicto se presentó para la elección de 2012 en la
que el señor Lagos, Gobernador de ese entonces del Cabildo, se presentó nuevamente
como candidato y el señor Ascuntar
Chaucanes paralelo a esto realizó otra elección para el mismo cargo que no
reunía los requisitos del artículo 3 de la Ley 89 de 1890. Ante tal situación
el Gobernador solicitó que se pusiera en funcionamiento un mecanismo para no
perder la gobernabilidad. Se acordó visitar 16 parcialidades para que la misma
comunidad refrendara la elección, lo cual ocurrió así por lo cual se ratificó
la elección del señor Lagos hasta el 31 de diciembre de 2012. Niega que el
actor realizara algún cuestionario en las tres asambleas a las que asistió y
que estas reuniones fueron mayoritarias y algunos asistentes aseguraron que ni
el Gobernador, ni el accionante eran indígenas. Añade que en noviembre de 2012
el señor Ascuntar solicitó a la Dirección se revisara el manejo de recursos del
Sistema General de Participaciones, por lo cual el 2 del mismo mes se
convocaron a diferentes entidades que se comprometieron a adelantar el trámite
solicitado, al igual que a tramitar la denuncias por amenazas.
Por lo anterior, el Ministerio informa que
para dar trámite a las diferentes denuncias por parte del accionante, realizó
las siguientes actuaciones: (i) el 4 de febrero de 2013 convocó a la Unidad
Nacional de Protección para que se diera a conocer el avance frente a las
medidas de protección para el accionante; (ii) el 7 del mismo mes solicitó (a)
concepto a la oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio sobre la conveniencia
de suspensión del registro, (b) solicitó información a la Unidad Nacional de
Protección, respuesta que aún no se ha recibido, y (iii) facilitó un
acercamiento con el señor Lagos ante la Procuraduría General de la Nación y la
Defensoría, sin obtener resultados positivos en relación con la denuncia. Informa,
que las actuaciones del día 7 de febrero de 2013 se realizaron a solicitud de
la Defensoría.
Finalmente indican que los imputaciones al
señor Lagos están en etapa de investigación y no hay aún decisión de fondo,
razón por la cual no puede esa entidad levantar el registro, y señala que la
elección del señor Ascuntar no cumple con los requisitos de la Ley 89 de 1890.
Adicionalmente, señala que el censo ha sido objetado y hasta que no se defina
éste el resultado de cualquier elección deslegitima el proceso.
1.2.3 El alcalde del municipio de Túquerres señala que la tutela que está desordenada
en su desarrollo, presenta los mismos hechos que la que había presentado el
mismo actor y que le fue negada el 10 de abril de 2012 en la cual solicitaba
que se revocara el acta de posesión del que resultó electo el señor Lagos.
Reitera en esta nueva demanda que su administración se limitó a ejecutar los
actos que la ley le permite, como ser testigo de buena fe de la persona que
acreditó los requisitos legales para su posesión, es decir el señor Lagos, los
documentos presentados no han sido objeto de declaración de nulidad por ninguna
autoridad. En respuesta a un derecho de petición instaurado por el Consejo
Mayor en enero de 2012, se le contestó que este tipo de demandas en relación a
procesos electorales deben ser resueltos internamente.
1.2.4. El Ministerio de Justicia y del
Derecho solicitó se le
desvinculara de la presente acción de tutela al considerar que no ha vulnerado
ningún derecho fundamental del actor.
1.2.5 El Comandante del Departamento de
Policía de Nariño informa
que el actor no ha solicitado protección por parte de la autoridad competente,
que en 2011 se realizaron diligencias para la protección del señor Lagos, Gobernador
indígena del municipio de Túquerres y se realizó todo el procedimiento
pertinente para este caso, además señala que por mandato constitucional esa
institución no tiene injerencia dentro de las organizaciones indígenas en su
toma de decisiones.
1.2.6. El Gobernador del Resguardo Indígena
del municipio de Túquerres,
señor Silvio Lagos indica que fue elegido Gobernador respetando las leyes y que
no ha vulnerado ningún derecho. Afirma que en la tutela se mencionan hechos que
no son objeto de la acción y que las denuncias que allí se señalan se deben
poner en conocimiento de las autoridades correspondientes. Asegura que su
elección ya fue resuelta a su favor y que la tutela no es el procedimiento para
tratar una discusión que hace parte de la autonomía especial de que gozan las
comunidades indígenas para la elección de las autoridades propias. Afirma que
no hay veracidad respecto de lo que lo acusa el actor, esto es, de una
apropiación de recursos de la I.P.S. de su comunidad, y asegura para finalizar
que su vida se encuentra en riesgo por amenazas de grupos al margen de la ley.
1.3. Decisiones
1.3.1 Primera Instancia.
El juez de primera instancia consideró, en primer término, la
necesidad de verificar si en el fallo de tutela del 10 de abril de 2012,
instaurado por el mismo actor, pudiera existir temeridad, lo cual fue
descartado ya que existe un nuevo hecho y es el generador de la demanda que
estudió, el cual es la elección del peticionario como Gobernador del Cabildo y
la presunta negativa del registro e inscripción por parte del Ministerio del Interior.
Señala el juez el artículo 3º de la Ley 89 de 1890, hace
mención del Acta No. 028 del 3 de diciembre de 2011 y de la Resolución No. 001
del 8 de diciembre de 2011, con base en lo cual el señor Lagos fue electo Gobernador
y tomo posesión el 3 de enero de 2012, lo cual fue corroborado por la Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior.
Menciona que el actor allegó actas en las que se convocaban a
elecciones propias y paralelas para la vigencia del año 2013, y tras esa
convocatoria algunos de los asistentes eligieron al actor como gobernante 2013.
Para el juez no se pueden desconocer los principios que constitucionalmente
demarcan la jurisdicción indígena (art. 246 Superior), por lo que considera que
es en el seno de la autoridad del Cabildo, el cual representa la comunidad,
donde se debe plantear y resolver este problema. Adicionalmente considera que
la elección del señor Lagos, como gobernante, fue tomada en consenso por la
comunidad para la vigencia 2012-2013, por lo tanto considera que la acción
constitucional no es el mecanismo adecuado para determinar si la elección del señor
Lagos, como la del actor son válidas o no.
Además, señala que el accionante debe acudir a las acciones
judiciales pertinentes de ley para ser promovidas ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, y puede incluso, según el juez, solicitar la medida
cautelar de suspensión provisional de los actos que considera lesivos a sus
derechos, e indica hay una alternativa de participación activa de la Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior.
Respecto de la situación de inseguridad, informa que el
Departamento de Policía de Nariño está en disposición de adelantar las medidas
del caso para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, pero que ha
precisado que no se ha recibido solicitud de protección por parte del actor.
1.3.2. Impugnación.
En el escrito de impugnación el
actor asegura que los hechos narrados en la tutela se refieren a vulneraciones que
se vienen presentando en el Resguardo de Túquerres desde hace 14 años. A su
juicio, el juez de tutela no registró con responsabilidad los hechos allí
narrados y le dio validez a lo afirmado por el señor Lagos. Reafirma que la
población indígena reconocida por el Estado es de 1290 indígenas y que al señor
Lagos lo eligieron aprox. 25.000 personas no indígenas y que son parte del
censo realizado internamente por el señor Lagos. Indica que ha puesto este
grave asunto en conocimiento de la Dirección de Asuntos Indígenas, la cual
afirma que de conformidad con la autonomía de los pueblos indígenas este
problema se debe solucionar internamente, no obstante lo cual, el accionante asegura
que esta Dirección puede participar activamente en la solución de este problema,
pero ha permitido que esta situación continúe al realizar el registro e
inscripción del señor Lagos como Gobernador, y considera que si se abstuviera
de hacer dicha inscripción y registro podría contribuir a la solución de los
problemas ya que hay un conflicto en la realización del censo y en la elección
del Gobernador.
Reitera la reseña de los hechos
históricos ocurridos en los últimos 14 años en el Resguardo de Túquerres y las
actuaciones del señor Lagos, e indica los motivos por los cuales se promovió la
tutela, los cuales buscan (i) que se revoque o suspenda el acto de registro e
inscripción del señor Lagos como Gobernador del Resguardo de Túquerres, por
violar los derechos colectivos de la comunidad indígena legítima y legal; (ii) que
se verifique el censo poblacional; (iii) y que tras esta verificación del censo
se proceda a registrar el Gobernador elegido por la comunidad legítima y legal
del Resguardo. Finalmente asegura que el juez de primera instancia no se
pronunció de fondo con relación con el caso por lo que la problemática de
vulneración de derechos fundamentales de la comunidad sigue intacta.
1.3.3. Decisión de segunda instancia
El juez de segunda instancia confirma
el fallo del A quo, su decisión fue tomada al considerar que lo que pretende el
actor es (i) que se revoque o suspenda el acto o registro del señor lagos como
gobernador; (ii) que se verifique el censo poblacional de la comunidad; y (iii)
se registre al actor como Gobernador indígena por haber sido elegido por la
comunidad legitima de la cual hace parte. En su fallo señala que existe otro
medio judicial para reclamar lo solicitado en la acción de tutela, y sostiene
que lo solicitado al juez de tutela no es de su competencia, que debe dirigirse
a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa por ser su conflicto de naturaleza jurídica. Afirma
que tampoco puede atribuirse como juez de tutela funciones otorgadas a otras
autoridades y registrar al actor como nuevo Gobernador, además por cuanto existe
un registro vigente en el cual la comunidad eligió al señor Lagos como su
gobernante, la cual de nuevo es competencia de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa. En cuanto al censo indica que se debe adelantar en la propia
comunidad acompañado por las entidades obligadas a verificar dicho proceso.
Insiste que el juez constitucional no se inmiscuye en asuntos internos, como el
conflicto electoral existente, por cuanto estas comunidades gozan de autonomía
y decide acorde a sus reglamentos internos. Finaliza afirmando que existe falta
de pruebas por parte del actor de un perjuicio irremediable.
2.  Estudio del caso concreto
Para adelantar el análisis en
concreto de la presente tutela, la Corte (i) reiterará las reglas
jurisprudenciales en relación con los mandatos constitucionales relativos a la diversidad étnica y cultural, la
autodeterminación, el autogobierno, la jurisdicción y el fuero indígena; (ii)
indicara las reglas sobre elecciones de autoridades tradicionales de las
comunidades étnicas y el precedente constitucional de este tema; (iii) hará
mención sobre las funciones del DANE, Ministerio del interior, la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y el INCODER respecto de los censos de las
comunidades indígenas; (iv) se referirá a las informaciones allegadas a la
Corte dentro del presente proceso de revisión por parte del DANE, del INCODER y
del Ministerio del Interior respecto del Resguardo Indígena de Túquerres; (v)
mencionará el contenido  del Reglamento Interno de la Comunidad de Túquerres;
(vi) para finalmente sacar las conclusiones sobre el análisis del caso en
concreto y entrar a resolver constitucionalmente y proteger los derechos
fundamentales de la comunidad del Resguardo de Túquerres.
2.1 En relación con la diversidad étnica y cultural,
la autonomía y autogobierno de las comunidades indígenas, así como respecto del
Resguardo y del Censo, en lo que interesa para la resolución de este caso, la
jurisprudencia de esta Corporación ha señalado las siguientes reglas:
(i)En la Constitución de 1991 se instauró un nuevo
modelo pluralista, incluyente y participativo, cuyo eje transversal de la
igualdad está complementado con el de la diferencia y diversidad, a partir del
cual se reconocen los derechos fundamentales de las minorías étnicas y
tradicionales del país, especialmente su derecho fundamental a la diversidad
étnica y cultural (arts.7 y 70 CP).  Este principio y derecho busca amparar
individual y colectivamente a las comunidades étnicas y sus miembros, con el
fin de que puedan desarrollarse conforme a su cultura y costumbres
tradicionales, a su cosmovisión.
(ii) El reconocimiento de los derechos de las
comunidades indígenas a nivel constitucional se consagra en múltiples normas de
orden Superior, tales como el Preámbulo y los arts. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 58, 63,
68, 70, 72, 171, 176, 229, 246,  286, 287, 330 y 329 CP.
(iii) Este nuevo paradigma constitucional reconoce a
las comunidades indígenas como sujetos de derechos fundamentales de carácter
especial en la Constitución, de manera que se les reconoce no solo los
privilegios de que gozan todos los nacionales, sino que además les atribuye
derechos como entidades colectivas.
(iv) No obstante lo anterior, la autonomía y
diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas no son derechos
absolutos, pues tienen límites dados por la propia Constitución Política, de
manera que el ejercicio de sus derechos no pueden ser contrarios a la
Constitución, no pueden desconocer principios positivos básicos como la
dignidad humana, el derecho a la vida, el pluralismo, la libertad y la
igualdad, o el debido proceso; y principios negativos básicos como la
proscripción de la tortura, tratos crueles o degradantes, o la prohibición de
esclavitud.
(v) Los conflictos que se presenten entre el ejercicio
de la autonomía, autogobierno y la jurisdicción de las comunidades indígenas y
la Constitución, la ley y la jurisdicción ordinaria, deben resolverse de
conformidad con los principios de maximización de la autonomía, y a partir de
la aplicación del método de ponderación como modo de argumentación
constitucional.
(vi) La autonomía y el
autogobierno se encuentran incluidos en el derecho a la autodeterminación de
los pueblos indígenas. La autonomía (art. 330 CP) se practica con los usos y
costumbres de la comunidad, es el derecho que tienen estas comunidades a
decidir por sí mismas todo lo inherente a su comunidad en los ámbitos material,
cultural, espiritual, político y jurídico de acuerdo a su cultura y
cosmovisión; teniendo como base la pluralidad y la diversidad étnica y cultural
de estas comunidades. No obstante, esta autonomía no puede ser contraria a la
Constitución y a la ley.
(vii) Se debe garantizar la toma de
decisiones relacionadas con la autonomía política de las comunidades indígenas
sin intervención indebida de terceros, ya que una intromisión del Estado en
eventos políticos de estos grupos étnicos, como puede ser la elección o posesión
de las autoridades tradicionales indígenas, pueden minimizar los derechos de
autonomía política y autogobierno, poniendo en riesgo su diversidad étnica y
cultural.
(viii) El ejercicio de la
autodeterminación indígena dentro del ámbito territorial comprende los
siguientes derechos: “(i)
escoger la modalidad de gobierno que las debe regir; (ii) consolidar y
determinar sus organismos políticos y sus funcionarios tradicionales; (iii)
instituir de manera propia de acuerdo con sus usos y costumbres y lo establecido
en la ley, las funciones que les corresponde asumir a tales autoridades; (iv) determinar
los procesos y requisitos de elección de sus dirigentes, así como las
modificaciones y actualizaciones de dichas normas; y (v) definir las
instancias internas de resolución de sus conflictos electorales. Lo
anterior, sin desconocer las limitaciones establecidas por la Constitución y el
legislador[61]” (Negrillas de la Corte),
(ix)Una de las más importantes
manifestaciones del principio de autonomía es:“i) el ejercicio de facultades normativas y
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de acuerdo con sus valores
culturales propios y su cosmovisión (C.P., artículo 246); ii) el derecho de
gobernarse por autoridades propias según sus usos y costumbres (C.P., artículo
330); iii) una circunscripción electoral especial para la elección de
senadores y representantes (C.P., artículos 171 y 176) y; iv) el pleno
ejercicio del derecho de propiedad colectiva en sus Resguardos y territorios
(C.P., artículos 63 y 329).”[62]
(x) En el aspecto de autogobierno, la
autonomía tiene tres ámbitos de protección: (a) ámbito externo que exige
el reconocimiento el derecho de estos grupos a participar en las decisiones que
los afecten a través de la consulta previa; (b) otro ámbito externo con
relación a la participación de estas comunidades en la política y su
representación en el Congreso al tener el derecho de participar en la
circunscripción especial electoral que dispone la Constitución; y (c) ámbito
de orden interno relacionado con el autogobierno y la autodeterminación lo
que supone que estas comunidades tienen derecho a decidir su forma de gobierno
(art. 330 CP), derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su
entrono territorial (art. 246 CP) y  el pleno ejercicio del derecho de
propiedad de sus Resguardos y territorios; todo lo anterior siempre dentro de
los límites que se indiquen en la Constitución y la ley. Es de señalar que
internacionalmente esta autonomía política es aceptada (Convenio No 169 OIT) y
nacionalmente se basa en la organización territorial consagrada en la
Constitución Política (arts. 286, 287, 329  330 CP)
(xi) En cuanto a la participación en el
autogobierno, se debe reiterar la condición de indígena y miembro de la
comunidad a partir de la identidad cultural del individuo que informa su
pertenencia a una comunidad específica y la aceptación de la misma comunidad de
lo que el individuo señale, para establecer lo anterior se pueden aplicar
diversos mecanismos tales como las certificaciones de la máxima autoridad de
cada comunidad o Resguardo y las certificaciones del censo interno que debe
realizar cada comunidad (Ley 89 de 1980 y el artículo 5 de la Ley 691 de 2001),
entre otros, y debe prevalecer la realidad sobre formalidades como la
inscripción en el censo el cual puede esta desactualizado o tener errores.
(xii) Estas comunidades indígenas se
gobiernan mediante Consejos los cuales se conforman y rigen por los usos y
costumbres de sus Cabildos, según lo estipulado por el art. 330 Superior.
(xiii) En cuanto a la jurisdicción
indígena, en el art. 229 Superior se indica el derecho fundamental todo
ciudadano a acceder a la justicia cuando se vean vulnerados sus derechos
fundamentales a través de la acción de tutela, cuando el que solicita este
recurso es un indígena, dada su doble condición de colombiano y pertenecer a un
grupo ético minoritario, este debe haber agotado los procedimientos
establecidos en su comunidad para la solución del conflicto, tras esta
comprobación por parte del juez se puede acceder la solicitud que se presente.
(xiv) En la jurisprudencia de la
Corte se indica que los elementos que constituyen al jurisdicción indígena son
humanos, orgánicos, normativos, geográficos[63]
y de no contradicción de la Carta.  El Estado tiene como responsabilidad
amparar un papel activo para que los pueblos indígenas nativos del país asuman
el control de sus instituciones, al igual que su forma de vida y desarrollo
económico, ofreciendo los mecanismos que se necesiten para que fortalezcan su
identidad.
(xv) El poder comunitario es
apropiado por las autoridades tradicionales como el Gobernador y los Cabildos
indígenas que llevan el mando de acuerdo a la tradición. Estos Cabildos son
entidades públicas elegidas y reconocidas por los miembros de la colectividad;
estos representan a su grupo étnico con funciones atribuidas por la ley, sus
usos y costumbre. Por su parte el Gobernador preside ese cabildo y depende del
grupo que lo tenga como su líder y puede ejercer de forma simultanea estos
roles.
(xvi)Los conflictos que puedan surgir
entre las jurisdicciones indígena y ordinaria, la Corte estableció unos
principios generales:
“(a) El principio de “maximización de la autonomía de
las comunidades indígenas” y correlativamente el de “minimización de las
restricciones a su autonomía”, respecto del cual ha afirmado esta Corporación
que “solo son admisibles las restricciones a la autonomía de las comunidades
indígenas, cuando estas (i) sean necesarias para salvaguardar un interés de
mayor jerarquía; y (ii) sean las menos gravosas, frente a cualquier medida
alternativa, para la autonomía de las comunidades étnicas. La evaluación sobre
la jerarquía de los intereses en juego y la inexistencia de medidas menos
gravosas, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades de cada
comunidad.”
(b) El principio de “mayor autonomía para la decisión
de conflictos internos”, según el cual “el respeto por la autonomía debe ser
mayor cuando el problema estudiado por el juez constitucional involucra solo a
miembros de una comunidad que cuando el conflicto involucra dos culturas
diferentes, debido a que en el segundo caso deben armonizarse principios
esenciales de cada una de las culturas en tensión”.
(c) El principio “a mayor conservación de la identidad
cultural, mayor autonomía”, el cual es formulado por la jurisprudencia
constitucional teniendo en cuenta dos factores: uno fáctico, relativo a la
constatación histórica de una menor aculturización de la comunidad indígena, o
con otras palabras, de una mayor conservación de sus usos, costumbres y
tradiciones ancestrales; y el otro factor, normativo, que se refiere a la mayor
vigencia y eficacia de sus reglamentos internos o legislación indígena propia.
De esta manera, esta Corporación ha formulado como criterio de interpretación,
que a un mayor nivel de conservación de su cultura y legislación interna, debe
existir un mayor respeto por la autonomía de la comunidad indígena respectiva.”
(xvii) El Resguardo es el ámbito territorial de los
indígenas, es la propiedad colectiva de un territorio por parte de éstos en
donde ejercen los derechos de autonomía (art. 329 CP) de sus comunidades tales
como la regulación social, autonomía política y autogobierno entre otros,
porque tienen la posesión ancestral de la tierra. En su jurisprudencia la Corte
hace evidente la importancia de la tierra para estas comunidades pues es de
carácter colectiva por lo que es imprescriptible, inembargable e inalienable al
ser poseedores ancestrales de la misma (art. 58 CP).
(xviii) Para que se pueda tener un mejor
conocimiento de estas comunidades a nivel nacional, se tiene el mecanismo del censo
que se regula por el Decreto 159 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de
2001 y la  Ley 89 de 1890 (art. 3 y 7). Sin embargo, al existir  grupos étnicos
que no lo aceptan al considerarlo como discriminatorio, se cuenta con otros
métodos de identificación como  las certificaciones de la máxima autoridad del
resguardo y del censo interno.  Este censo es de suma importancia para este
Tribunal, ya que con el mismo se puede saber el número de indígenas que están
registrados con una mayor exactitud.
2.2 Normas constitucionales y legales sobre
autonomía, autogobierno y elección de autoridades de comunidades indígenas
Las normas constitucionales y legales que se
relacionan con las comunidades indígenas, de carácter nacional e internacional
hacen relación  a la autonomía, autogobierno y la elección que se realizan en
el seno de  estas agrupaciones minoritarias.
(i) En la Constitución Política son de resaltar, en
punto al tema de autogobierno, los artículos 7, 8, 246 y 330 CP:
“Artículo  7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y
cultural de la Nación colombiana.
Artículo  246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean
contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las
formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial
nacional.
Artículo  330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los
territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y
reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las
siguientes funciones:
1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre
usos del suelo y poblamiento de sus territorios.
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de
desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan
Nacional de Desarrollo.
3. Promover las inversiones públicas en sus
territorios y velar por su debida ejecución.
4. Percibir y distribuir sus recursos.
5. Velar por la preservación de los recursos
naturales.
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por
las diferentes comunidades en su territorio.
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público
dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del
Gobierno Nacional.
8. Representar a los territorios ante el Gobierno
Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y
9. Las que les señalen la Constitución y la ley.
Parágrafo. La
explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin
desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el
Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas
comunidades.” (Resalta la Sala)
Esta Corporación hace un resumen de estas leyes
partiendo con la Constitución Política de 1991 la cual consagra lo referente a
la autonomía, autogobierno y las elecciones internas en los artículos 7, 8, 246
y 330 Superiores; en ellos se protege la diversidad étnica y cultural
colombiana, se protege las riquezas culturales de la nación, se especifica que
en sus territorios estas comunidades pueden ejercen funciones jurisdiccionales,
y que estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según sus usos
y costumbres.
(ii) De otro lado la Ley 89 de 1980 en su art. 3º se habla de la
conformación de Cabildos en los sitios donde haya una parcialidad indígena que
se regirá por sus costumbres. Así el artículo 3º de la Ley 89 de 1890 señala
que “En todos los lugares
en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño
Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres. El período de duración de
dicho Cabildo será de un año, de 1º. De Enero a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos
no necesitan los miembros del Cabildo otra formalidad que la de ser reconocidos
por la parcialidad ante el Cabildo cesante y la presencia del Alcalde del
Distrito.
Exceptúense de esta disposición las
parcialidades que estén regidas por un solo Cabildo, las que podrán continuar
como se hallen establecidas.”
(iii)
El Decreto 1088 de 1993 regula en
extenso la autonomía y autogobierno indígenas, al igual que el registro ante
las autoridades competentes de sus gobernadores. Por tanto, consagra todo lo
relacionado con los Cabildos y/o las autoridades tradicionales indígenas de
cada territorio que gobiernen las cuales pueden conformar asociaciones acorde
al decreto, su naturaleza jurídica en la que se señala que son entidades de
Derecho Público de carácter especial con autonomía administrativa y su objeto
es el desarrollo integral de las mismas (arts. 1, 2, y 3). En el art. 4 se
habla de la autonomía de los mismos. En el título II se hace mención de la
Constitución y estatutos de las asociaciones antes mencionadas (arts. 5 y 6), y
en los artículos 9, 11 y 12 se tratan los temas de Asamblea, Registro de la
Asociación y los requisitos para la solicitud de registro.[64]
De esta manera, este regula lo referente a los cabildos y autoridades tradicionales
indígenas, así como respecto de la Constitución y Estatutos de las comunidades:
El artículo 35 de la Ley 962 de 2005 modificó tres artículos
del Decreto 1088 de 1993 con el fin que simplificar el trámite de registro de
las Asociaciones de Cabildos y/o autoridades tradicionales Indígenas.
(iv) Ley 21 de 1991, aprobó el Convenio número 169 de junio de 1989 de la OIT, en sus primeros siete
artículos se habla sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes; consagra el respeto de las culturas, formas de vida, tradiciones, costumbres
propias, y reconocimiento de la autonomía de las comunidades étnicas;
igualmente se señala la participación que debe tener el Estado para proteger y
promover los derechos de la minoría indígena colombiana, a no ser
discriminados, a que se les respete sus derechos humanos y libertades
fundamentales, a su derecho a la consulta previa de las medidas que los afecten
a nivel legislativo o administrativo, a su derecho a decidir sus prioridades, a
mejorar sus condiciones de vida en todos los ámbitos. En un anexo consagra la
libre determinación de los aborígenes. En el mismo Convenio existe un anexo
que establece el derecho a la libre autodeterminación de los aborígenes, en el
cual se determina:
“Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la
libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su
condición política y persiguen Libremente su desarrollo económico, social y
cultural.
Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de
su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía al
autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales,
así como a disponer de los Medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a
conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del
Estado.” (Negrillas fuera
de texto)
Estos artículos fueron ratificados en la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General
mediante Resolución 61/295 de 2007.
Este Tribunal ha establecido que hace parte del bloque
de constitucionalidad, de conformidad con el artículo 93 Superior, el Convenio
169 de la OIT, al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
los cuales, como ya se ha señalado, se hace referencia a la protección especial
que tienen los grupos indígenas por parte del Estado y a la libre
autodeterminación, autonomía y autogobierno que tienen estos grupos, y se ha
puesto de relieve lo referente al autogobierno, a la determinación autónoma de
sus asuntos internos y su derecho a tener sus propias instituciones políticas y
a elegir y tener sus propios gobernantes, así como a participar como indígenas
y miembros auténticos de la comunidad en la vida política del grupo al que
pertenecen.
En este sentido, en la Ley 21 de 1991 aprobó el
convenio No 169 de la OIT, en él se habla de los pueblos indígenas y tribales,
se consagra el respeto de todo lo relacionado con ellos como cultura,
tradiciones, costumbres y más. Se reconoce la autonomía de estas comunidades y
la participación del Estado para proteger y promover los derechos de estas
comunidades indígenas como el no ser discriminados, respetar sus derechos
fundamentales, el derecho a la consulta previa en asuntos que los afecten
directamente y a mejorar sus condiciones de vida; en un anexo se estipula la
libre determinación de estas minorías.
2.3 Las funciones del DANE, Ministerio del Interior, la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y el INCODER.
2.3.1 El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE,  además de las funciones que establece el artículo 59
de la Ley 489 de 1998 tiene todas las consignadas en el Decreto 262 del 28 de
enero de 2004:
“(…)
3. Realizar censos, encuestas, registros y estudios de
descripción demográfica y de población de las comunidades indígenas
4. Producir la información estadística estratégica en
materia de censos y demografía para apoyar la planeación y toma de decisiones
por parte de las entidades estatales
(…)”(Énfasis
de la Sala)
La Sala resalta que una de las funciones del DANE es la
de ejecutar en las comunidades indígenas censos, encuestas, registros y
estudios de descripción demográficas, esto con el fin de dotar al Gobierno de
la información que requiera en relación a estas comunidades y así apoyar la
planeación y toma de decisiones  que se requieran por parte de las autoridades.
2.3.2 El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER
-fue creado por el Decreto Ley 1300 del año 2003, y en el Decreto 3759 del año
2009 expedido a raíz de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 1152
declarada por la Corte Constitucional. En estas normativas se establecen las
siguientes funciones del INCODER:
“(….)
16. Planificar y ejecutar los procedimientos para la
constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos
indígenas en beneficio de sus comunidades.
17. Adquirir y expropiar tierras y mejoras para
dotar a las comunidades negras e indígenas, deslindar y clarificar las tierras
de estas comunidades.
(…)”
Por su parte, en el Decreto 2663 de 1994 se encontraban
disposiciones en relación con las comunidades indígenas y la competencia del
INCODER para realizar la clarificación de tierras y de títulos de los resguardos
indígenas. Sin embargo, este decreto fue derogado por el Decreto 1465 de 2013,
en el cual, evidencia este Tribunal, que no se aborda lo relacionado con estas
comunidades minoritarias, con lo que se creó un vacío normativo. Esta Sala
considera necesario mencionar los artículos derogados que permitían al INCODER
realizar el proceso de actualización del listado censal, proceso que como se
mencionó, se detuvo al entrar en vigencia el nuevo decreto derogatorio.
“Decreto 2663 de 1994:
Capítulo I.
Generalidades.
Art. 1º. Competencia. En cumplimiento de las
funciones consagradas en los numerales 15 y 16 del artículo 12 de la Ley 160 de
1994, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adelantará de oficio o a
solicitud de los procuradores agrarios, de las comunidades campesinas, indígenas
o negras, o de las entidades públicas correspondientes, los siguientes
procedimientos administrativos:
1. De clarificación de la situación de las tierras
desde el punto de vista de la propiedad, para los fines que se indican a
continuación:
(…)
b) Establecer la vigencia legal de los títulos de los
resguardos indígenas, teniendo en cuenta para ello, además, las normas
especiales que los rigen.
(…)
3. Deslindar las tierras de propiedad de los
resguardos indígenas, y las adjudicadas a las comunidades negras, conforme a la
Ley 70 de 1993, de las que pertenecieren a los particulares.
(…)
Capítulo III.
Procedimientos de clarificación en Resguardos
Indígenas y Tierras
de las comunidades negras.
Art. 18. Procedencia y objeto. Los procedimientos de
clarificación de la propiedad especiales de que trata el artículo 85 de la Ley
160 de 1994, tendrán por objeto establecer la existencia legal de los
resguardos, o la vigencia de los títulos que aleguen en su favor, y recaerán
respecto de los predios o terrenos donde estuvieren establecidos, individual o
colectivamente, o los que hubieren recibido a cualquier título del Incora o de
otras personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
Los trámites respectivos se ajustarán al procedimiento
general de clarificación de la propiedad previsto en este Decreto, en lo que
fuere pertinente y compatible con la naturaleza y finalidades de tales
actuaciones, y en ellas se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en
los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, la Ley 21 de 1991 y demás
normas legales vigentes que regulen la propiedad de los resguardos.
(…)
Capítulo V.
Deslinde de tierras de Resguardos Indígenas y las adjudicadas
a las Comunidades Negras.
Art. 34. Procedencia y objeto. Los procedimientos de
deslinde de las tierras de los resguardos indígenas y de las adjudicadas a las
comunidades negras, se adelantarán respecto de aquellos terrenos que
pertenecieren al dominio privado de los particulares, para efectos de asegurar
la protección de aquellos bienes y los derechos que sobre ellos tengan las
comunidades respectivas, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 329
de la Constitución Política, las leyes 21 de 1991 y 70 de 1993 y demás
disposiciones que las complementen.
En estos trámites se aplicarán las reglas del
procedimiento general de deslinde establecidas en este Decreto, en lo que
fueren compatibles y pertinentes, según la naturaleza y finalidades de tales
actuaciones.”
Encuentra esta Corporación que entre las funciones que
tiene el INCODER actualmente, en relación con las comunidades indígenas, está
la de adquirir y expropiar tierras y realizar mejoras para dotar a las
comunidades indígenas delimitando y clarificando las tierras de estas
comunidades, al igual que planificar y ejecutar los procedimientos en los que,
entre otras cosas, se reestructuran los resguardos indígenas para beneficio de
estas comunidades.  Es claro para la Corte que, con la entrada en vigencia el
Decreto 1465 de 2013 y por consiguiente la derogación del Decreto 2663 de 1994,
el INCODER tuvo que detener el proceso de actualización censal que estaba
realizando, al quedar una laguna legal, por lo cual no pudo continuar este proceso,
en cuanto en el decreto derogatorio no se hace mención alguna de los grupos
minoritarios, ni de los procesos de clarificación de tierras y de títulos de
los resguardos indígenas.
2.3.3 Respecto de las funciones del Ministerio del Interior, mediante el Decreto 2893 de
2011 “Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y
funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”, se determinan las siguientes funciones de esa
entidad:
“El Ministerio del Interior, además de lo ordenado
en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, cumplirá
las siguientes funciones:
(…)
10. Formular y hacer seguimiento a la política de
los grupos étnicos para la materialización de sus derechos, con un enfoque
integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades
competentes del Estado.”
Este Tribunal constata que entre las funciones que tiene
el Ministerio del Interior se encuentra la de promover y verificar que se
materialicen los derechos de los grupos étnicos, como el de las comunidades indígenas,
en coordinación con las demás entidades del Estado que tengan competencia en
este tema, implementando un enfoque integral, diferencial y social.
2.3.4 Las funciones asignadas a la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior se
encuentran señaladas en el art. 13 núm. 8. 12. 17 y 18 del Decreto 2893 de
2011:
“ARTÍCULO 13. FUNCIONES DE LA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS. Son funciones de la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, las siguientes:
1. Asesorar, elaborar y proponer la
formulación de la política pública en beneficio de los pueblos indígenas y Rom en el marco de
la defensa, apoyo, fortalecimiento y consolidación de sus derechos étnicos y
culturales.
2. Diseñar programas de asistencia
técnica, social y de apoyo para las comunidades indígenas, Rom y población
lesbiana, gays, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI).
3. Coordinar interinstitucionalmente
el diálogo político con los pueblos indígenas y Rom previsto por la
ley, y promover la participación de las organizaciones y autoridades que los
representen.
4. Propender por la conservación de
las costumbres y la protección de conocimientos tradicionales, en coordinación
con las entidades y organismos competentes.
5. Coordinar con las instituciones
gubernamentales la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas
públicas dirigidas a comunidades indígenas, minorías y Rom, y el ejercicio de
las libertades y derechos de la población LGBTI.
6. Apoyar a la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior en la realización de los procesos de
consulta previa que se efectúen en terreno, para proyectos de desarrollo que
afecten a las comunidades indígenas y Rom.
7. Coordinar y realizar los procesos
de consulta previa para la presentación de iniciativas legislativas y
administrativas del nivel nacional, de conformidad con los lineamientos
acordados para el efecto.
8. Llevar el registro de los censos
de población de comunidades indígenas y de los resguardos indígenas y las
comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales indígenas reconocidas
por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades tradicionales
o cabildos indígenas y su actualización.
(…)
10. Diseñar y ejecutar programas y
proyectos de fortalecimiento de los procesos organizacionales de las
comunidades indígenas y Rom.
11. Promover la resolución de
conflictos de conformidad con los usos y costumbres de las comunidades
indígenas
y Rom.
12. Promover acciones con enfoque
diferencial, tanto de parte del Ministerio como de las demás entidades del
Estado, orientadas a atender la población indígena, Rom y LGBTI, y la
formulación de acciones conjuntas.
13. Prestar asesoría a las
gobernaciones y alcaldías municipales para la debida atención a las comunidades
indígenas, a las minorías, al pueblo Rom y a la población LGBTI.
14. Promover en coordinación con el
Sistema Nacional Ambiental la formulación de agendas ambientales conjuntas con
las comunidades indígenas y Rom.
(…)
17. Atender las peticiones y
consultas relacionadas con asuntos de su competencia.
18. Las demás funciones asignadas que
correspondan a la naturaleza de la dependencia.”
La Corte sintetiza las funciones de la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías enfatizando lo relacionado a los pueblos
indígenas así: (i) la Dirección debe defender, apoyar, fortalecer y consolidar
los derechos de estas minorías asesorando, elaborando y proponiendo la
formulación de la política pública; (ii) coordinar dentro de las instituciones
el diálogo político con estos pueblos promoviendo la participación de las
organizaciones y autoridades que los representan; (iii) llevar el registro
de los censos de las comunidades y resguardos indígenas y comunidades
reconocidas, al igual que de las autoridades tradicionales reconocidas por cada
comunidad y de los Cabildos Indígenas y su actualización; (iv) diseñar
y ejecutar programas y proyectos que fortalezcan los procesos de organización
indígena; y (v) promover la resolución de conflictos dentro de estas
comunidades acorde a sus usos y costumbres.
2.4. Información allegada a la Corte por parte del
DANE, el INCODER y el Ministerio del Interior.
2.4.1 Información DANE
El Departamento Administrativo
Nacional de Estadística DANE allega a la Corte Constitucional información
requerida con el radicado No. 20142320122961 del 19 de noviembre de 2014, con
el asunto “Población indígena en el Resguardo Túquerres, certificada al DNP”
Informa que desde 1998 se ha
certificado al Departamento Nacional de Planeación DNP, la población indígena
en el Resguardo de Túquerres para los efectos del Sistema General de
Participaciones. Desde 2005 esta información se basó en la suministrada por el
Censo General 2005 “la cual fue captada por medio del autoreconocimiento
étnico a través de la pregunta de pertenencia étnica que se realizó a las
personas residentes habituales en el Resguardo que se reconocieron como
indígenas.”
AÑO
Población proyectada
1998
928
1999
928
2000
990
2001
990
2002
1.037
2003
1.052
2004
1.067
2005
1.115
2006
1.145
2007
1.176
2008
1.208
2009
1.233
2010
1.250
2011
1.272
2012
1.290
2013
1.352
2014
1.377
2015
1.382
Sostiene la entidad que “la misión
del DANE es la de producir la información estratégica que necesita el país para
la toma de decisiones, en tal sentido realiza los Censos Nacionales de Población
y Vivienda y estima posteriormente las proyecciones anuales de población
Indígena en Resguardos de acuerdo con lo reglamentado en la Ley 715 de 2001 y
el Decreto 159 de 2012”
2.4.2
Información
del INCODER
El INCODER allegó a la Corte el
Oficio OPT-A-688/2013, en donde aporta información importante para el presente
caso. En esta información se indica que en el departamento de Nariño se
encuentra el Resguardo de Túquerres que se ubica en la jurisdicción de los
municipios de Túquerres, Sapuyes, Ospina, Imues y Guaitarilla, y se encuentra conformado
por 16 parcialidades que son: Iboag, Chaitan, Esnambud, Guasimi, Ipain,
tutachag, Tekalacre, Cuaicual,  Icuan, Cajuaza, Chanarro, Nasnanguer, Calcan,
Sapuyes, Guaitarilla e Imues.
Informa a esta Corporación el estado
de la evaluación y del avance de los procedimientos de clarificación de la
vigencia legal de los títulos coloniales y de reestructuración, donde se indica
que el censo de población tiene un avance del 80%, con 10.299 personas censadas
en 3.381 familias, que cubren 13 parcialidades de las 16 y se ha digitalizado
el 88.3% de lo levantado en campo, es decir 9.099 personas y 2.846 familias.
Igualmente, sostiene que en el año
2010 hubo un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Mesa Permanente de Consulta
y Concertación con los Pueblos Indígenas, de incluir en la Ley 1450 de 2011 el
proceso de verificación de la existencia  y vigencia legal de los títulos de
origen colonial, estableciéndose en esta ley en el art. 70 que “Durante la
vigencia de la presente ley el Instituto Colombiano para el Desarrollo rural
INCODER, de conformidad con el artículo 85 de la Ley 160 de 1994,
reestructurará los resguardos de origen colonial previa clarificación sobre la
vigencia legal de los respectivos títulos con las tierras poseídas por los
miembros de la parcialidad a título individual o colectivo, y los predios
adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria INCORA u otras entidades.
(…)Parágrafo. La reestructuración y
clasificación de los resguardos indígenas de origen colonial se hará de
conformidad con los procedimientos acordados entre el Gobierno Nacional y la
Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dentro del marco de la Mesa Nacional
de concertación de pueblos indígenas de acuerdo al Decreto 1397 de 1996.”
De conformidad con esto, en el año 2012
el INCODER dio inicio a los procedimientos de clarificación y vigencia de los
títulos de origen colonial de algunos resguardos en el que se encontraba el
Resguardo de Túquerres, siempre bajo la normatividad requerida en materia
indígena. Observa el INCODER que este procedimiento se encuentra suspendido porque
el Decreto 2263 de 1994 fue derogado por el Decreto 1465 de 2013 “que si
bien determinó que éstos debían continuar conforme a lo establecido en el art.
85 de la Ley 160 de 1994, dejó un vacío jurídico respecto del procedimiento
específico que debe seguirse, por cuanto el art. 85 mencionado, no establece
trámite a seguir”.
De otra parte, también envía a la
Corte el auto de reestructuración y/o construcción del Resguardo de origen
Colonial de Túquerres de 17 de septiembre de 2012, para la visita y realización
del estudio socio-económico jurídico y de tenencia de tierras.
2.4.3 Información de la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior
La Dirección de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías del Ministerio del Interior allegó a esta Corte la siguiente
información:
2.4.3.1 Copia de la circular CIR14-0000038 de
2014 respecto de la presentación de listados censales y Circular No 001 DAI
2200 del 25 de noviembre de 2011 sobre procesos eleccionarios emitidos por la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías:
(i)La Circular Externa CIR14-000000038-DAI-2200,
del 19 de septiembre de 2014, se encuentra dirigida a Autoridades y/o Cabildos
Indígenas, y trata sobre el “Diligenciamiento Nuevo Formato para prestación
Listado censal indígena”.
En esta circular el Ministerio
instruye a las autoridades y/o Cabildos indígenas en relación con el trámite
que deben seguir para la presentación y actualización de los listados censales
de sus comunidades y resguardos a partir de 2015 en cumplimiento con lo
dispuesto en los arts. 7, 35 y 37 de la Ley 89 de 1890, este formato se
presentará para su revisión a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
del Ministerio del Interior, y su posterior cargue en el Módulo de
investigación y registro dentro del Sistema de Información Indígena de Colombia
SIIC, en el marco del cumplimiento del art. 49 del Decreto 0019 del 10 de enero
de 2012.
Recuerda que según la normatividad
vigente,  las funciones asignadas a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior se encuentran señaladas en el art. 13 núm.
8. 12. 17 y 18 del Decreto 2893 de 2011, ya reseñadas en acápite anterior.
Resalta que de conformidad con el numeral 8 del artículo 13 le corresponde “8.
Llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los
resguardos indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades
tradicionales indígenas reconocidas por la respectiva comunidad y de las
asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos indígenas y su
actualización.”
Informa que en concordancia con sus
funciones, el Ministerio emitió la Res. No 2434 del 5 de diciembre de 2011, “por
la cual se crea los grupos de trabajo en la estructura funcional interna del
Ministerio del Interior”, en lo referente a la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías, Funciones Grupo de Investigación y Registro,
dispone en los numerales 2 y 7:
“2. Servir de enlace institucional
para el suministro de información sobre Asociaciones de Autoridades y/o
Cabildos Indígenas, resguardos, autoridades indígenas y sus respectivos censos.
7. Llevar registros censales de
comunidades indígenas de acuerdo a lo estipulado en los artículos 7 y 35 de la
Ley 89 de 1980, y las Directrices establecidas por la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías en concordancia con la Circular CIR09-301 de
diciembre de 2009.”
Igualmente esa Resolución se dictó cumpliendo
el Decreto No. 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”, y su art. 49 el cual consagra la “Consulta de
la información censal delas comunidades y autoridades Indígenas”.
Afirma que “Para los efectos del
numeral 8 del artículo 13 del Decreto 2893 de 2011, la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, a más tardar el 1º de
enero de 2013, cargará en línea la información censal de población de
comunidades y de los resguardos indígenas y las comunidades reconocidas, de las
autoridades tradicionales indígenas reconocidas por la respectiva comunidad y
de las asociaciones de autoridades tradicionales o cabildos indígenas y su
actualización, en un programa o base de datos que pueda ser consultada por
todas las autoridades que cumplan funciones respecto de las citadas comunidades
y autoridades indígenas.”
En cuanto a la naturaleza de los autocensos,
la Dirección en esta circular informa que con base en el espíritu de la Ley 89
de 1890, el alcance de los autocensos internos de las comunidades indígenas y
las actualizaciones periódicas que deben hacer las autoridades indígenas, es
para dar cuenta de los cambios sufridos en los mismos para verificar los ciclos
vitales en las comunidades (nacimientos, matrimonios, muertes). En esta ley se
lee “Artículo 7º. Corresponde al Cabildo de cada parcialidad:
1º. Formar y custodiar el censo
distribuido por familias, anotando al margen, al fin de cada año, las altas y
bajas que haya sufrido, (…)
Artículo 35. Los Cabildos de las
parcialidades formarán el padrón o lista de los indígenas de la parcialidad
respectiva, distribuyendo por familias. Concluido que se presentará dicho
padrón al Cabildo del Distrito, para que lo examine y apruebe después de
cerciorarse de su exactitud, para cuyo fin dictará las medidas convenientes.
Los interesados que hubieren sido excluidos, pueden reclamar ante este último
Cabildo, el cual debe resolver en el término de un año; y los perjudicados con
tal resolución podrán ocurrir ante el Prefecto de la Provincia, y en tercer
recurso ante el Gobernador del Departamento.”
Por lo tanto, para la Dirección de
Asuntos Indígenas estos autocensos son un ejercicio autónomo que hacen y deben
hacer las comunidades indígenas a través de sus autoridades para hacer el
control de las personas que legítimamente tienen derecho a hacer parte de la
comunidad, y relacionar el ciclo vital en las mismas, por lo cual estos datos
no necesariamente deben coincidir con los datos que el DANE elabora
periódicamente. El Ministerio señala que más que un conteo, lo que materializa
son derechos y deberes ya que “estar o no estar es un elemento diferenciador
entre las personas que se consideran de la comunidad indígena y las que no”.
De otra parte, la Dirección de
Asuntos Indígenas realiza algunos planteamientos acerca de las problemáticas
que se vienen presentando en cuanto a la realización interna de estos autocensos
en las comunidades indígenas, los cuales se refieren a que:
“a. Algunas autoridades indígenas
incorporan de forma discrecional a personas no indígenas o a indígenas de comunidades
vecinas, con propósitos seculares como la búsqueda de caudales electorales que
les signifique su perpetuación en los cargos de decisión, la ampliación de la
base censal a partir de la cual el Estado asigna los recursos de gasto
descentralizado, el acceso a los espacios institucionales de representación
indígena, etc. Es así como, por ejemplo, la Dirección de asuntos
indígenas ha constatado como algunas comunidades indígenas han mostrado un
crecimiento demográfico espectacular que de ninguna manera se compadece ni los
ciclos vitales naturales ni de fenómenos como la migración poblacional.
b. Gracias a las prerrogativas
otorgadas por el Estado y a las conquistadas por los indígenas, los procesos de
recuperación y afirmación étnica se ha intensificado al punto de que en
muchos casos sectores no indígenas o, cuando menos, con un dudoso nivel de
conciencia étnica incluso para sus propios compañeros, reclaman como tales
aparentemente con un propósito instrumental.
c. Los listados censales levantados
por las autoridades indígenas, junto con las certificaciones que emiten, en
muchas ocasiones es la fuente más inmediata que las instituciones tienen para
verificar si alguien es o no miembro de una comunidad indígena, en
consecuencia, sujeto de derechos especiales como la exoneración del servicio
militar, los servicios subsidiados de salud, etc. Desafortunadamente se ha
podido constatar en varios casos que algunas autoridades indígenas
comercializan con esa facultad, llegando a extremo de cobrar por las certificaciones
que emiten a favor de personas no indígenas.
d. la certificación de personas no
indígenas como miembros de una comunidad indígena no solo significa una
trivialización de la noción de comunidad, sino la negación para muchas persona
auténticamente indígenas de bienes y servicios reservados para tales, como
también cierta desviación de recursos públicos cuya destinación específica está
al servicio de proteger los pueblos indígenas.
e. Reporte de cambios dramáticos
en la composición y tamaño de una comunidad indígena, bien sea como incremento
desmedido o como descenso injustificado.
f. Una proporción de los
conflictos más emblemáticos que conoce la Dirección de asuntos indígenas
justamente tiene que ver con demandas de alteración de censos con propósitos
electorales u otra naturaleza dañosa”(Resalta la Sala)
Respecto de las funciones del
Ministerio del Interior en los auto censos, se informa en la circular, que ésta
es básicamente la de ejercer control y vigilancia con el fin de que los
derechos de estas comunidades no les sean negados y otorgando a otros sectores
sociales, igualmente tienen la función de recibir, guardar y custodiar los
listados censales dando fe de lo que quede consignado en los mismo.
Este control y vigilancia implica
advertir cuando existan dudas sobre la pertenencia de individuos a una
comunidad indígena y cuando se detecte que la composición sociodemográfica de
alguna comunidad cambie abruptamente, en especial cuando haya riesgo de
desaparición como ente colectivo.
La incorporación de nuevas personas
en los autocensos debe ser como expresión de un proceso colectivo en las
comunidades indígenas, estos deben asumir los deberes y derechos que adquieren
como “la participación en eventos comunitarios, el auto reconocimiento
integral de cada persona como indígena, la realización de aportes, la sujeción
a las normas internas”.
La Dirección de Asuntos Indígenas
pone de relieve que realizar esta adscripción para acceder a las prerrogativas
dadas a los indígenas es una falta grave a la autonomía y a las facultades
administrativas o políticas que el Estado le ha entregado a las autoridades
indígenas, lo cual amerita investigación y control porque “se le niega
acceso y disfrute de prerrogativas y derechos específicos de las comunidades
indígenas a quienes si tienen legítimo derecho.
Se altera la base censal a partir de
la cual se definen las cuotas de representación y nombramientos de
representantes y autoridades indígenas, perpetuando en algunos casos
estructuras arbitrarias de control y sujeción”.
Afirma este Ministerio que cuando no
hay conflictos internos en las comunidades se evidencia que esta incorporación
es un proceso de afirmación étnica, porque en caso contrario habría polémicas e
impugnaciones, en tal caso no hay instancia distinta que la autoridad indígena
para dirimirla.
Señala el Ministerio que anualmente
se recibe la actualización de los listados censales de las comunidades y
resguardos indígenas. En la circular afirma que estos listados censales son
diferentes a los realizados por el DANE. Los censos realizados por el DANE son
oficiales y se realizan por el Estado para planificar el desarrollo del país y
la proyección poblacional o la asignación de recursos del Sistema General de
Participaciones solo se hace con base en las cifras entregadas por esta
entidad. Por otra parte, los listados censales los realiza una autoridad
indígena y son empleados para asuntos internos, y los mismos no son acogidos
por el Estado como datos oficiales. Así las cosas, “las discrepancias
numéricas entre uno y otro ejercicio no suelen ser conciliadas, precisamente
porque responden a propósitos distintos y tienen lógicas igualmente
diferenciadas”.
Admite, que cuando en una comunidad
se presentan discrepancias con relación al listado censal, conviene que se
organicen estas comunidades para dirimir este desacuerdo por lo que se requiere
que se nombre un comité de censo conformado por conocedores de la historia de
la comunidad para que (i) se encarguen de verificar en cada caso su auténtica
pertenencia a la misma, (ii) “pre identificación de los familias y personas
a censar”, (iii) “selección y capacitación de las personas a encuestar”,
(iv) “revisión y validación de cada caso teniendo en cuenta los criterios de
adscripción y pertenencia a la comunidad”, y (v) registrarlo en un archivo
Excel con base en la tabla que el Ministerio propone.
El Ministerio señala que se certifica
la pertenencia a una comunidad única y exclusivamente con base en los listados
censales entregados y registrados en la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías.
En el censo puede haber cambios dramáticos, los cambios pueden ser hacia abajo
o hacia arriba, cuando ocurre este segundo caso el Ministerio debe:
“- Realizar una comisión directa
interinstitucional con el propósito de establecer cuáles son las causas del
incremento de la población y si efectivamente se trata de un proceso endógeno y
autónomo de adscripción étnica, o de otro tipo de acciones especulativas.
- Realizar estudios técnicos que
ayuden a establecer las causas objetivas y subjetivas de los cambios anotados.
- Generar informes de control y
advertencia a la autoridad y comunidad indígena, con copia a la Procuraduría
General dela Nación y otras instituciones que tienen alguna expectativa en
torno a los auto censos indígenas.
-Acompañar técnicamente las jornadas
de actualización de los listados censales, previa capacitación y consentimiento
de la comunidad respectiva
- Cuando los incrementos por adhesión
o adscripción étnica son a juicio de la Dirección de asuntos Indígenas, ROM y
minorías desproporcionados, podría ser necesario una verificación etnográfica a
la manera de los estudios etnológicos, a fin de establecer si se conserva el
carácter de parcialidad o si, por el contrario, se ha erosionado por efecto de
prácticas especulativas. En este último caso el propósito no es constreñir los
procesos identitatrios ni la autonomía, sino activar alarmas ante el Estado,
las organizaciones indígenas y las mismas comunidades pues lo que se ve
comprometido es la misma diversidad cultural y étnica del país,
- Mientras no se surta el estudio
complementario que acabamos de recomendar, lo razonable es seguir registrando
las altas y las bajas que reflejen los ciclos vitales de las comunidades  los
fenómenos sociales que expliquen alteraciones demográficas significativas, como
epidemias, desplazamientos forzados, etc.”(Resalta la Sala)
Constata la Sala el claro reconocimiento
que realiza el propio Ministerio respecto de sus deberes y obligaciones
institucionales cuando se presentan irregularidades en los autocensos de las
comunidades étnicas, deberes que la Corte no encuentra que haya cumplido el
Ministerio en el presente asunto bajo examen.
(ii)En la Circular No. 001 DAI 2200 del
25 de noviembre de 2011, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del
Ministerio del interior buscó esclarecer el alcance y naturaleza de las
elecciones que realizan las comunidades indígenas de forma autónoma.
Estos procesos eleccionarios se
diferencian de los nacionales pues atañen a la preservación y el afianzamiento
de la identidad étnico cultural y de su autonomía. En el mismo sentido estos
procesos están en función del derecho colectivo al autogobierno. Igualmente, indica
que estos procesos son un asunto de la jurisdicción especial indígena por
involucrar normas y procedimientos que regulan actividades colectivas y
comportamientos individuales. A este respecto afirma que “a. las autoridades
junto con los integrantes de su comunidad y comunidades indígenas pueden
modificar las normas y procedimientos eleccionarios internos gracias a las
facultades legislativas implícitas en las facultades jurisdiccionales. El
ejercicio de estas facultades no debe ni puede ser arbitrario o caprichoso,
sino regulado y establecido siguiendo para ello su propia costumbre de adopción
o toma de decisiones.” (Resalta la Sala)
Cuando hay impugnación de los
procesos eleccionarios o los resultados que se obtengan, esto debe ser resuelto
por las mismas autoridades y comunidades indígenas en el ámbito de su autonomía
y conforme a sus normas y procedimientos internos. Cuando estas no existen o
son objeto de contradicciones en su interpretación, habría un vacío por lo que de
conformidad con la Dirección de Asuntos Indígenas se debe actuar de la
siguiente manera:
“a. por regla general no es
procedente deslegitimar un proceso eleccionario o sus resultados por la impugnación
no resuelta, menos aún si se logra demostrar que tal proceso cumple con las
formalidades de rigor como son: primero: convocatoria y ejecución de proceso
eleccionario por parte de la autoridad cesante facultada para ello; segundo:
acta de elección según procedimientos acostumbrados; tercero: acta de posesión
ante la alcaldía municipal respectiva; y, cuarto: un demostrado ambiente de
convivencia. Por todas estas razones se debe presumir la legitimidad y la
legalidad del proceso eleccionario en cuestión.
b. Acudir a las formulas previstas
(instancia o procedimiento) por parte de la comunidad, mediante reglamento
escrito o tradición cultural para resolver de fondo los escritos de mandados de
impugnación, tales formulas deben ser asumidas como definitivas y concluyentes.
(...)
d. Si más que una demanda del proceso
eleccionario hay conflictividad interna que amenaza con deteriorar la
convivencia y la unidad comunitaria, se recompensa que los mismos sectores en
contradicción acuerden e implementen mecanismos tradicionales o novedosos de
consulta a la comunidad, de tal suerte que, más que ser una alusión  a uno y
otro grupo en contradicción sea una autentica instancia deliberatoria.”
Cuando se dan dos procesos
eleccionarios simultáneos, el Ministerio afirma que en estos casos debe
evidenciar cuál ha cumplido con dos requisitos, los de ley y los generales, ya
que en éstos se deben cumplir las normas y procedimientos autónomos de la
comunidad en conflicto y algunas formalidades mínimas como las actas de
elección y de posesión ante la respectiva administración municipal. Igualmente
se debe demostrar que el proceso es organizado por la autoridad competente para
tales efectos. Con el cumplimiento de estos requisitos, el principio de
legalidad estará en favor de quienes cumplan con estas formalidades, en
congruencia con lo señalado, el otro proceso eleccionario se estaría ante una
situación de hecho que no puede ser legitimada. Señala que si se presentan
conflictos con la autoridad cesante o porque no hay garantías o no hay cumplimiento
de una tradición o de las normas internas, se recomienda acudir anticipadamente
ante las instancias competentes internas de la comunidad.
A este respecto la Dirección de
Asuntos Indígenas argumenta que la presunción de legitimidad y legalidad “debe
en principio persuadir a los alcaldes a que realicen la posesión de la
autoridad indígena o cabildo indígena que acredite las formalidades requeridas,
y al Ministerio del Interior que realice el registro, previo cumplimiento con
los requisitos exigidos, (…)”
Para el Ministerio es inconveniente
que hayan dos procesos eleccionarios paralelos porque se trata de implantar las
vías de hecho para superar los conflictos y deterioran la convivencia, por lo
tanto se deben procurar diálogos disuasivos. Recuerda que las autoridades o
cabildos indígenas son susceptibles de tres tipos de control: (a) el
comunitario (procedimientos e instancias acostumbrados), (b) el disciplinario
(Procuraduría General de la Nación) y (c) el constitucional (cuando hay
presunción de vulneración de derechos fundamentales). No obstante lo anterior, si
en sus normas y procedimientos internos las comunidades han previsto un
procedimiento de revocatoria, su aplicación debe ser acatada por el Gobierno
Nacional en sus diferentes etapas.
El Ministerio indica que por Resguardo
debe haber una sola estructura de representación o de autogobierno la cual
puede ser revisada y ajustada a la situación demandada previo consentimiento de
sus miembros; “inherente a esta única estructura de autogobierno, también
deben estar las normas y procedimientos de elección, las funciones a cumplir,
el periodo de su mandato y los controles a los que se debe someter, para
evitar que las auténticas autoridades tradicionales locales sean desplazadas”
(Resalta la Sala)
Afirma que las discrepancias internas
no se pueden resolver con procesos eleccionarios de hecho o con la creación  de
estructuras paralelas, ya que se desvirtuaría el propósito de unidad y
preservación étnica y cultural que comporta la creación de los Resguardos, los
cuales son conformados con la decisión y participación de los pueblos
indígenas.
Por otro lado el Ministerio indica
que en relación al periodo de gobierno, comunidades indígenas amparados por la
Ley 89 de 1890 han hecho una costumbre que el periodo de gobierno sea anual,
pero otras por sus costumbres y por la autonomía jurisdiccional optaron por un
calendario más amplio en unas comunidades y en otras un calendario abierto,
para dirimir los riesgos que plantean ambos casos, por lo tanto considera que:
“a. Debe prevalecer la costumbre
eleccionaria de cada pueblo y cada comunidad, está escrita o no, y para todos
los efectos esta se convierte en un estándar para cada uno….
b. en caso en que la costumbre
eleccionaria entre en disputa o se busque reinterpretarla, particularmente en
momentos de conflictos o crisis, lo deseable es iniciar un proceso interno de
recuperación, sistematización y/o afirmación de dicha costumbre, evitando
llevar a la comunidad a un estado de interinidad, vacío, parálisis o
ingobernabilidad.
Es por eso que se sugiere que
mientras se esclarece la problemática, habrá que adoptar un mecanismo
concertado  transitorio de auto gobierno, pues la polémica que suele generarse
entre los sectores en contradicción demostró los supuestos ajustes a una decisión
o modificación de la tradición, suelen ser procesos lentos por su alta
complejidad.
c. si definitivamente se concluye que
la tradición eleccionaria propia requiere algún tipo de actualización o
modificación, se recomienda adelantar un proceso amplio de pedagogía y
consulta comunitaria, con el fin de no generar rupturas traumáticas que a la
postre se traduzcan en la vulneración de derechos o en la generación de
conflictos al interior de la comunidad (…)
d. Finalmente, si la tradición
eleccionaria no es un hecho socialmente notorio, o si el sistema eleccionario
es de reciente fundación, sujeto a permanentes ajustes, reestructuración y
reinvención, resulta claro que la consolidación del mismo va a depender ante
todo de un acertado ejercicio comunitario de definición y reglamentación, que
por su mismo exige un consenso, una deliberación colectiva y, por supuesto un
alejamiento de la arbitrariedad.” (Énfasis de la Sala)
Con base en estas consideraciones
concluye el Ministerio que no es deseable que una autoridad indígena o un
cabildo cree o promueva un tipo de reglamentación que lo beneficie como
persona, ya que con esto puede afectar la costumbre y la unidad comunitaria,
pero si estas modificaciones no tienen un origen egoísta y se dan para
fortalecer la autonomía, se entiende que prevalecerá la facultad de reglamentar,
aún cuando modifique aspectos sensibles de la costumbre propia.
(iii) El Ministerio allega igualmente
a esta Corte los autocensos del Resguardo Indígena de Túquerres de los años
1993 (inicial del proceso INCODER de reestructuración) 2003 y 2011 reportados a
la Dirección de Asuntos Indígenas:
CENSOS:
-Estudio socio-económico Resguardo
Indígena de Túquerres:
Año
Población
Familias
1993
2.631
500
2003
9.387
2011
18.930
2013
9.099
2.846
(iv) Igualmente, el Ministerio envió
a este Tribunal la información relativa a los años en que la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías ha registrado al Sr. Silvio Lagos en el Resguardo
Indígena de Túquerres, del Municipio de Túquerres, Nariño:
Nombre
SILVIO ANTONIO LAGOS
TOBAR
Documento
13066570 TUQUERRES
Fecha de posesión
Enero 02 de 2001,
enero 09 de 2002,
enero 03 de 2003,
febrero 13 de 2004,
enero 11 de 2005,
enero 11 de 2006,
enero 09 de 2007,
enero 02 de 2008,
enero 14 de 2009,
enero 05 de 2010,
enero 05 de 2011,
enero 03 de 2012 (2012 y
2013)
(v) La Dirección de Asuntos Indígenas
del Ministerio del Interior, informó a esta Corporación, que el señor Silvio Lagos ha
solicitado nuevamente a esa Dirección el registro como Cabildo Gobernador del
Resguardo Indígena de Túquerres para los años 2014-2015, con rad.
ExtMi14-0000804/15 de enero de 2015 y ExtMi14-0051337 del 4 de noviembre de
2014, anexando documentos como acta de posesión  ante la Alcaldía Municipal de
Túquerres, acta de cierre del proceso eleccionario y documentos del INCODER
donde se inicia el proceso de clarificación del Resguardo Indígena de
Túquerres:
De esta manera, el señor Silvio Lagos
el 13 de enero de 2013 (sic), hizo llegar al Ministerio de Interior una
solicitud y registro. Indica que el 22 de diciembre de 2013 se realizaron las
elecciones para escoger el gobernador y las autoridades propias del Resguardo
de Túquerres, aclarando que el 1 de diciembre mediante asamblea mayoritaria se
aprobó el censo interno e igualmente se determinó que el Señor Lagos continuara
en la Gobernación del Cabildo, y para dar aplicación a la voluntad de la
comunidad se modificó el Reglamento interno el día 15 del 2013, por lo tanto
considera que se cumple con los requisitos señalados en el Reglamento Interno
modificado para aspirar a la Gobernación del resguardo de Túquerres. Indica que
mediante Res. No 003 del 16 de diciembre de 2013 se convocó para realizar la
Asamblea y se determinó la forma y los requisitos para poder aspirar a ser
escogido como gobernador y autoridades propias.
(vi) Igualmente, la Dirección de
Asuntos Indígenas informa a este Tribunal que recibió la solicitud para el
registro de Cabildo Indígena del Resguardo de Túquerres, periodos 2014-2015.
Indican que de acuerdo al censo realizado por el DANE con relación al Resguardo
indígena de Túquerres guarda proporción al que se hizo internamente en los años
2012-2014 así:
Municipio
DANE personas
2005-2006
Censo interno personas
2012-2014
Túquerres
12689
12745
Sapuyes
1208
966
Ospina
740
433
Imues
1048
1400
Guaitarilla
475
1362
Total
16160
16906
Por lo tanto consideran que no hay un
incremento desproporcional de la población como se ha considerado por parte de
Entidades del Estado y por el contrario es un crecimiento normal. Igualmente
señalan el cambio en el reglamento interno para el proceso de elecciones.
Indican también la suspensión del censo que se estaba realizando en el Resguardo
de Túquerres.
(vii) De otra parte, informan a este
Tribunal sobre la información
estadística de Túquerres suministrada por el INCODER al Ministerio del Interior,
la cual citan in extenso:
"En atención a su correo de
14/11/2014, relacionado con el resguardo indígena de origen colonial de
Túquerres - Nariño, de la manera más atenta le informo lo siguiente:
Está ubicado en jurisdicción de los
municipios de Túquerres, Sapuyes, Ospina, Imues y Guaitarilla, departamento de
Nariño y conformado por 16 parcialidades que son: Iboag, Chaitan, Esnambud,
Guasimi, Ipain, tutachag, Tekalacre, Cuaicual,  Icuan, Cajuaza, Chanarro,
Nasnanguer, Calcan, Sapuyes, Guaitarilla e Imues.
Anexo encontrará una evaluación del
estado de avance de los procedimientos de Clarificación de la vigencia legal de
los títulos coloniales y de Reestructuración, donde se informa que el censo de
población tiene un avance del 80%, con 10.299 personas censadas en 3.381
familias, que cubren 13 parcialidades de las 16 y se ha digitalizado el 88.3%
de lo levantado en campo, es decir 9.099 personas y 2.846 familias.
Anexo censo digitalizado y le
informo que los formatos originales del censo levantado están siendo enviados
por la Dirección Territorial de INCODER Nariño. Es importante aclarar que el
censo se está construyendo y por lo tanto hace falta su revisión y cruce. Los
procedimientos se suspendieron a partir del 30 de Julio de 2013 en razón a que
el Decreto 2663 de 1994 fue derogado en su integridad, por el Decreto 1465 de
2013 y dejó un vacío jurídico respecto al procedimiento de clarificación,
situación que está en vías de superación."
Año
Censados
Familias
1993
2.631
500
2003
9.387
2011
18.930
2013
9.099
2.846
Un dato adicional por parte del
Ministerio del Interior, es que dicho Resguardo cuando fue registrado en el
Ministerio del Interior como de Origen Colonial, solo se identificó en
jurisdicción del Municipio de Túquerres y como tal los recursos del Sistema General
de Participaciones se giran para dicho Municipio, según lo reportado por el
INCODER al DANE y éste a Planeación Nacional, donde debe hacerse la inversión
con la población indígena de dicho Resguardo asentada en jurisdicción del
Municipio de Túquerres. Con el incremento de la población censal y donde han
abarcado más municipios, aún el INCODER no ha determinado que territorialmente
este Resguardo cubra las cinco jurisdicciones que menciona, y el señor Silvio
Lagos ha censado a través del tiempo incrementando el autocenso con más
parcialidades  y con jurisdicciones diferentes.
(viii) Igualmente, aportan a esta
Corte el oficio enviado a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del
Interior por la Defensoría del Pueblo  de fecha 7 de Noviembre de 2014,
suscrito por la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría del
Pueblo, en oficio No. 40120-0811 del 7 de noviembre de 2014, en donde hace
referencia al conflicto interno del Resguardo de Túquerres de la Etnia de los
Pastos.
En este oficio de la Defensoría del
Pueblo se indica que este grupo indígena está inmerso en un grave conflicto
interno que nace por el desproporcionado incremento del censo poblacional que
se ha venido presentado en el Resguardo, por tal razón el Señor Juan Ascuntar
ha denunciado esto ante diferentes instituciones, adicionalmente ha referido
hechos en contra del Señor Silvio Lagos quien ha ejercido por más de diez años
el cargo de Cabildo Gobernador de ese Resguardo y al que responsabiliza de
vulnerar los derechos fundamentales de los indígenas originarios y autóctonos
del Resguardo.
Evidencia la Defensoría que para la
vigencia 2014 se suspendió el Registro del Gobernador del Cabildo del Resguardo
de Túquerres hasta que no haya claridad con el censo, esto implica que no
reciban recursos de transferencias de la Nación. En una visita realizada en
septiembre de este año (2014) la Defensoría se constató “las difíciles
condiciones de pobreza y marginación en las que habitan las familias indígenas,
así como la falta de adecuada atención a sus necesidades más sentidas” por
lo cual demandan la solución del conflicto que los afecta de la manera más
diligente y que el “Estado a través de sus instituciones pueda intervenir de
manera efectiva en la problemática socioeconómica que los aqueja”.
Por lo expuesto brevemente, solicita
que se retome el caso del Resguardo de Túquerres y por tanto se implementen las
acciones que desde la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías para
lograr una solución rápida a estos conflictos “y de esta forma procurar las
condiciones para que ejerzan plenamente sus derechos fundamentales, colectivos
e integrales como pueblo indígena”, y señalan a la Dirección el apoyo y
disposición institucional que tienen para lograr la solución de este conflicto.
Todo lo cual se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el art. 282 CP[65]
y arts. 15 a 17[66]
de la Ley 24 de 1992.
2.5. Reglamento Interno de la comunidad de Túquerres
Este reglamento de la
comunidad de Túquerres se divide en 20 títulos y 192 artículos[67], de los cuales la Sala
resaltará los más relevantes para la resolución del presente caso:
Este Reglamento Interno de la comunidad de Túquerres,
la Corte lo considera de suma importancia, no solo para evidenciar que esa comunidad
indígena tiene un derecho propio y un alto grado de autonomía, de
culturización, y de institucionalidad, sino para la resolución del presente
caso. A este respecto, la Sala pone de relieve que en este reglamento se
encuentra en el Título I, los principios generales que informan a esta
comunidad tales como el reconocimiento de los pueblos indígenas por el Estado
(art.1), la soberanía de los pueblos de los Pastos (art.2), la autonomía de
esta comunidad que se encuentra regulada por este mismo reglamento (art.3),
especialmente en lo que ahora nos ocupa respecto a sus formas de gobierno, el
autogobierno (art.4) como forma de regular la naturaleza jurídica, la
jurisdicción, la competencia y las instituciones de la comunidad, en
consonancia con el Derecho Mayor, la Constitución Política y la ley;  el
territorio (art.6).
En el Título II se encuentra dedicado a la ley de
origen, en donde se refiere al contenido de la ley natural para la comunidad (art.9);
el Derecho Mayor (art.10) como el derecho o la ley que nace del territorio y la
comunidad, en concordancia con la ley natural, y que determina la conducta y
responsabilidad de sus miembros y autoridades, así como las diferentes áreas
sociales, ambientales, políticas, culturales y de gobierno y administración,
para garantizar el equilibrio y armonía de la vida dentro del territorio y la comunidad;
el derecho consuetudinario indígena (art.12) entendido como el derecho
tradicional o costumbre jurídica, valores y normas culturales, no escritas, no
codificadas, que lo consideran el segundo componente esencial de la
jurisdicción indígena y parte integral de la estructura social y cultural y
elemento básico de su identidad, tales como normas de comportamiento público,
mantenimiento del orden interno, distribución de los recursos naturales,
transmisión e intercambio de bienes y servicios, definición de los hechos que
puedan considerarse desequilibrios o faltas, solución de conflictos, definición
de cargos y funciones de la autoridad indígena, entre otros.
En el Título III se encuentran regulados los
procedimientos y poder judicial, el procedimiento para los desequilibrios
(arts.14, 15), el debido proceso (art.16), la resolución de controversias en el
territorio indígena (art. 17), en donde se consagra, para lo que interesa a
este asunto de constitucionalidad, que toda desavenencia que surja entre los
miembros del pueblo indígenas y no indígenas, con respecto a las causas que
generan desequilibrio, tales como, entre otros, la incorporación en el
Censo, será dirimida por las autoridades encargadas de administrar justicia;
la facultad de administrar justicia (art.19); el organigrama de justicia propia
del territorio indígena de Túquerres (art.20), que está compuesta por un
Consejo Mayor de Justicia (comunidad del territorio indígena, y autoridades
propias del territorio, tales como regidores, y la comunidad que según esta
norma es la “máxima autoridad y la última instancia” de justicia, de
conformidad con el principio de autonomía indígena).
En el Título IV regula las autoridades propias del
territorio indígena de Túquerres.  La autoridad mayor (art.21) que es definida
como una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de la
comunidad indígena, elegidos y reconocidos por la misma, de conformidad con el
propio reglamento, cuya función es (a) representar legalmente a la comunidad,
(b) ejercer la autoridad y (c) realizar las actividades que le atribuyen las
leyes, usos, costumbres y el reglamento interno. En esta norma se determina que
“La autoridad mayor recae en el gobernador”.  La segunda
instancia (art.22) está representada en las autoridades propias del territorio
indígena, y conocen de los asuntos que no puedan resolver los regidores elegidos
por cada parcialidad, y en primera instancia de los conflictos mayores que
requieran de su intervención. Los regidores (art.23) son definidos como
personas representativas de la comunidad y se clasifican en tres categorías. El
Consejo Mayor de Justicia (art.24) está integrado por cinco personas
representativas de la comunidad (un exgobernador, un comunero sabedor o
mediador, un mayor sabedor de la comunidad, un miembro de las autoridades
propias, y un médico tradicional), el cual será elegido por la comunidad, y su
función es investigar las causas que generan cualquier desequilibrio al
interior de la comunidad. La competencia en la administración de justicia
(art.25) está en primera instancia en los regidores, y remite los procesos a
las autoridades del territorio Indígena en caso de no poderlos solucionar. El
reglamento regula igualmente las inhabilidades (art.26), y las funciones de
quienes aplican justicia (art.27) de conformidad con la ley de origen, la ley
natural y el derecho mayor. Como uno de los desequilibrios en contra de la
comunidad y su institucionalidad se consagra el fraude en proceso de elección
(art.47), elección que debe realizarse conforme al reglamento interno, y cuya
inaplicación supone una sanción grave, ya que constituye el acto por medio del
cual la comunidad delega su representación.
El Título VII contempla los derechos. La Casa de
Justicia (arts.86, 87 y 88) constituye un centro de información, orientación,
prestación y aplicación de mecanismos de justicia propia. El Cabildo (art.89)
tiene las funciones de establecer mecanismos de control y supervisión de los
recursos, bienes, trámites que se adelanten en la Casa de Justicia, así como
adelantar mecanismos jurídicos que permitan administrar justicia. Las fuentes
normativas del reglamento (art.90) son la Constitución de 1991, la ley
ordinaria, la legislación especial indígena y los sistemas normativos propios.
El reglamento refiere a normas constitucionales especiales (art.91), a fuentes
de Derecho Internacional (art.92), a fuentes legales (art.93), al marco
jurisprudencial (art.94) resaltando especialmente la jurisprudencia
constitucional sobre el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas
(art.95). La figura de la adopción de personas como integrantes de la
comunidad (art.109) establece que este mecanismo es válido, siempre y cuando
las personas interesadas conozcan y vivan la ley de origen, la ley natural, y
el derecho mayor, compartan la cosmovisión, defiendan los derechos, luchen por
los intereses de la comunidad, y pasen sus terrenos a título de territorio si
los tuvieren, y determina el proceso o trámite para adelantar la adopción y
para ordenar su inscripción en el censo, las cuales serán acreedoras de los
derechos que corresponden a la comunidad indígena.
El Título XIII establece el gobierno propio. El
concepto de autoridad se encuentra definido de conformidad con su propia
cosmovisión (art.133). Sobre el Gobernador (art.134), el reglamento establece
que es la persona escogida por la comunidad en asamblea general de elección,
quien debe cumplir con el proceso para su reconocimiento y escogencia, y
constituye la máxima autoridad del territorio y su colectividad, y debe
fortalecer los procesos y sistemas adecuado de gobierno propio, desde el
Derecho Mayor para el buen ejercicio de la autoridad indígena, con autonomía y
liderazgo para la vida colectiva. Las funciones del Gobernador (art.136) son las
de representar ampliamente a la comunidad indígena del territorio de Túquerres
en todos los ámbitos, áreas y niveles interno y externo. El reglamento prevé
igualmente unas calidades y requisitos para poder ser elegido como Gobernador
(art.137).
El cabildo indígena (art.135) está constituido por
indígenas elegidos y reconocidos por una parcialidad, cuya función es la de
representar legalmente a su grupo y ejercer las funciones que le atribuyen los
usos y costumbres, y cuya elección debe hacerse conforme al reglamento. El
reglamento consagra unas calidades y requisitos para ser elegido como autoridad
propia del territorio indígena de Túquerres (art.138). Se define el concepto de
autoridad tradicional (art.140).
Sobre la elección de las autoridades propias el
reglamento consagra el sistema para la escogencia de autoridades propias
(art.141), estableciendo que la elección del gobernador, se guiará por sus
principios cosmogónicos, “el Gobierno será rotativo”, habrá
postulaciones de cada parcialidad, se elegirá un gobernador principal y un
suplente, y se rotará la gobernación de conformidad con las postulaciones de cada
parcialidad. En cuanto a la elección de autoridades propias (art.142), éstas se
llevarán a cabo en asamblea de elecciones el mismo día en que se elija al
gobernador. El reglamento establece así mismo los requisitos para ejercer el
derecho de elección de las autoridades propias (art.143), el desarrollo de las
escogencia de las autoridades propias (art.144). La celebración de asambleas de
elecciones (art.145) se llevará a cabo por la autoridad propia, que se
realizará el segundo domingo del mes de diciembre, en la cual se escogerá al
Gobernador y a los integrantes de la autoridad propia. Se establecen las
garantías para la escogencia de las autoridades propias (art.147).
Especial importancia reviste para el presente caso la
regulación en cuanto al periodo de gobierno (art.148) en donde el reglamento
establece que el Gobernador será elegido por medio de voto cantado para
un periodo de Un (1) año, prorrogable por uno más, según evaluación y
ratificación de la comunidad en asamblea. Respecto a la reelección de
gobernador y autoridades (art.149) el reglamento contempla que el Gobernador
podrá ser ratificado en su cargo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 148, pero que de ninguna manera podrá ejercer un periodo de
gobierno superior a dos años, procederá la reelección solo hasta cuando la
parcialidad conforme al sistema de rotación siga en turno. (Resalta
la Sala)
El Título XV trata sobre el régimen de inhabilidades
(art.164), incompatibilidades (art.166), prohibiciones (art.165) e impedimentos
aplicables al señor Gobernador y a los integrantes de la autoridad propia.
2.6. Conclusiones respecto
del estudio del caso concreto
De conformidad con todo lo
expuesto, la Corte evidencia claramente la existencia de una grave situación de
conflicto interno generada tanto por presuntas irregularidades por la
permanente reelección desde hace más de 12 años del señor Silvio Lagos como
Gobernador del Cabildo de la Comunidad de Túquerres, como en la realización del
autocenso al interior de la comunidad del Resguardo de Túquerres, situaciones
frente a las cuales la Sala constata que se presentan vulneraciones a los
derechos fundamentales de la comunidad indígena, entre ellos al ejercicio de
una verdadera autonomía, autodeterminación y autogobierno, que han sido
expuestos ampliamente en esta sentencia, tal y como se pasa a exponer:
2.6.1 Problemática
respecto de la reelección del Gobernador.
Respecto de la reelección
del Gobernador, la Corte constata que se presentan en el expediente de tutela
las siguientes denuncias  y presuntas irregularidades:
(i) En la demanda se afirma
que el señor Lagos en 1998 asume como gobernador del Resguardo indígena de
Túquerres, el cual, para actualizar el censo, vinculó al cabildo personas de
los municipios de Guaitarilla, Sapuyes, Ospina e Imues, argumentando que todo
es Resguardo indígena.
Se afirma que el señor
Lagos carnetiza año tras año a quien lo desee con el fin de perpetuarse en el
poder y además cobra una suma por los mismos, y asegura que entre el 2002 y el
2006 utilizó los carnets de salud para su reelección, usando para tal fin los
programas del Estado como familias en acción, desayunos infantiles y adulto
mayor para respaldar sus pretensiones y apoyado con los trabajadores de las
entidades que maneja, y sostiene que ha recibido el apoyo de los grupos armados
ilegales de la zona, en un principio la guerrilla y luego los paramilitares, de
esto último el actor ha puesto en conocimiento a la Fiscalía General de la
Nación cuando interpuso una demanda penal.
El actor informa que el
señor Lagos ejerce como gobernador desde el año 1998, a excepción de 1999,  que
entre los años 2004 y 2006 ejerció además como diputado de la Asamblea
Departamental de Nariño, esta elección fue demandada y al final se revocó la
sentencia en contra del señor Lagos.
Precisa que el INCODER
certificó que el Resguardo Indígena de Túquerres solo tiene jurisdicción en el
mismo municipio, por lo que considera que no tiene jurisdicción en los
municipios de Guaitarilla, Sapuyes, Ospina e Imues.
(ii) Por su parte en Consejo
Mayor afirma que el señor Lagos sale electo como Gobernador en el año de 1998
apoyado por las nuevas mayorías que suplantaron a los originarios, los cuales
lo han perpetuado en el poder. Indica que en el año 2002 se alió con las
Convivir que se convirtieron luego en los grupos paramilitares, y que el Señor
Lagos además patrocinó a estos grupos para conseguir su apoyo político y
sostienen que se encuentra en el poder de forma ilegítima e ilegal y se ha dado
a conocer esta situación a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del
Interior, pero que esta Dirección afirma que es un problema interno de la
comunidad.
Observan que el señor
Lagos en los años 2010 y 2011 hizo uso del reglamento como estaba establecido
(art. 148 y 149) pero por su astucia la comunidad le permitió gobernar por dos
años más (2012 y 2013).
(iii) La Corte evidencia que
dado el conflicto entre el Cabildo y el Consejo Mayor conformado por las
autoridades tradicionales, se llevó a cabo la elección paralela del actual
tutelante como Gobernador de la comunidad de Túquerres para el periodo de enero
a diciembre de 2013. Lo anterior, consta en las actas que fueron adjuntadas en
la demanda de tutela por parte del actor, al igual que las reuniones que se
realizaron para tratar el tema posteriormente demandado:
(a)Acta No 001 de 2012: Se
hace referencia a una visita hecha a Bogotá y en la cual se comunica de lo que
ha ocurrido en el Resguardo en los últimos 14 años e informan cómo aunque las
entidades del Estado consideran justo su reclamo, afirman que no hacen nada al
respecto.
(b)Acta No 002 de 2012: En
ella se señala la presencia de un delegado de la Defensoría del Pueblo y se
indica que se realizó una votación en la cual sale elegido como Gobernador el
señor Ascuntar y se señalan las demás personas elegidas para diferentes cargos
según los usos y costumbre de la comunidad de Túquerres. Se anexa al acta la
lista de los indígenas presentes en el acto.
(c)Acta No 003 de 2013: En
esta Acta se da cuenta de la posesión de las autoridades elegidas y señaladas
en el Acta No 002 previamente reseñada.
(d)Reunión del 21 de enero
de 2013: En esta fecha se reúnen los indígenas y hacen la reseña de lo que ha
ocurrido en los últimos años y de la irregularidad del hecho de que el señor
Lagos permanezca aún en la gobernación del Resguardo y lo que solicitan.
(e)Reunión del 22 de enero
de 2013: En esta reunión la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
(DAIRM), señala las alternativas de solución y las propuestas para las
solicitudes que ellos han hecho: (a) que se registre al Gobernador elegido por
ellos (los indígenas originarios) y (b) se le revoque al señor Lagos para el
periodo 2012- 2013.
La Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías plantea que pueden ir por la vía judicial (tutela),
la ordinaria  (que el gobernador saliente convoque a elecciones) y/o que el
Ministerio del Interior adelante revisión y verificación de la legalidad y
legitimidad del registro del señor Lagos.
La Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías da algunas sugerencias como la de revisar la elección
del Señor Lagos, revisar el censo junto con el INCODER para depurarlo y que la
revisión del censo se haga por parte del DANE y DNP.
(f)Reunión del 23 de enero
de 2013: En ella se consolidan acuerdos para la solución de las quejas
recibidas en el Resguardo de Túquerres.
En síntesis, observa la
Sala que tanto el actor como el Consejo Mayor, han venido señalado
reiteradamente que el señor Silvio Lagos ha venido siendo reelegido por 14 años
de manera continua, con excepción del año 1999, y lo ha hecho presuntamente de
manera irregular, por cuanto el reglamento a partir del año 2008, decidió que
el periodo para Gobernador del Cabildo sería solamente por un año, y que se
podría reelegir por otro año más, pero que no se podía ejercer como Gobernador
por más de dos años. De esta manera, la Corte encuentra que existe una presunta
vulneración y desconocimiento del Reglamento Interno de la Comunidad del
Resguardo de Túquerres, citado in extenso en algunos apartes relevantes
para este caso en la presente sentencia.
Igualmente, evidencia con
extrañeza este Tribunal, la nueva solicitud presentada por el Señor Lagos ante
el Ministerio del Interior para que se le registre como Gobernador del Cabildo
de Túquerres para el periodo 2014-2015, esto es, por dos años más, en la cual
informa que en diciembre de 2013 se modificó el reglamento interno para que
pudiera aspirar a una nueva reelección, lo cual en criterio de esta Corte
desconocería el Reglamento Interno aprobado por la misma comunidad, de manera presuntamente
irregular y en beneficio de intereses particulares, lo cual tendrá que ser
dilucidado por la propia comunidad de manera autónoma. Al momento de la
adopción de esta sentencia, la solicitud de inscripción del señor Lagos como
gobernador aún no ha sido aceptada por el Ministerio del Interior, y por lo
tanto desde  enero del año 2014 no se ha inscrito el nuevo gobernador del
Resguardo de Túquerres.
(iv) De otra parte, de
conformidad con lo consagrado en el Reglamento Interno del Resguardo de Túquerres esta Sala concluye que:
(a) En los artículos 3 y 4 se
consagra la autonomía y autogobierno de la comunidad, se indica además en los
artículos 134 y  135 que el Gobernador es, después de la comunidad, la máxima
autoridad del territorio o de su colectividad,  y que el Cabildo Indígena tiene
la función de representar legalmente a su grupo.
(b) En el artículo 148 se indica que el periodo de gobierno
del Gobernador del Resguardo Indígena de Túquerres será para un periodo de un
año, prorrogable por uno más, según evaluación y ratificación de la comunidad
en asamblea.
(c) En el artículo 149 ratifica lo señalado en el
artículo 148 y consagra que el Gobernador no podrá ejercer un periodo de
gobierno superior a dos años y que procederá la elección solo hasta cuando la
parcialidad conforme al sistema de rotación siga en turno. Por tanto, la
Sala evidencia que existe un presunto desconocimiento o modificación irregular del
reglamento en beneficio del señor Lagos reelegido continuamente como gobernador,
lo cual tiene que ser esclarecido por la propia comunidad.
(v) De conformidad con la segunda circular enviada a esta Corte
por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, en la cual
se buscó esclarecer el alcance y naturaleza de las elecciones que realizan las
comunidades indígenas de forma autónoma, esta Sala concluye que en esta
circular la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior se
refiere (a) a todo lo relacionado con las elecciones que se hacen dentro de
estas comunidades, (b) afirma que por respeto a la autonomía de las comunidades
las impugnaciones en relación a un Gobernador se deben resolver al interior de la
misma comunidad, y (c) que cuando hay dos procesos de elección simultáneos, el
Ministerio debe verificar cuál ha cumplido con los requisitos de ley y los
generales, para legitimar el que los cumpla cabalmente, ya que la otra elección
se podría tratar de una acción de hecho que no puede legalizarse.
En cuanto a los problemas que se
presentan en estos procesos eleccionarios, la Sala coincide con el Ministerio
en cuanto a que (a) si hay modificación de las normas y procedimientos
eleccionarios internos, el ejercicio de tales facultades no debe ser “arbitrario
ni caprichoso, sino regulado y establecido siguiendo para ello su propia
costumbre de adopción o toma de decisiones.” (Resalta la Sala)
Comparte igualmente esta Sala el
criterio vertido por el Ministerio del Interior en cuanto a que cuando si se
presenta impugnación de los procesos eleccionarios o los resultados que se
obtengan, esta situación debe ser resuelta por las mismas autoridades y
comunidades indígenas en el ámbito de su autonomía y conforme a sus normas y
procedimientos internos, acudiendo a las formulas previstas. A este respecto,
recuerda que las autoridades o cabildos indígenas son susceptibles de tres
tipos de control: (a) el comunitario (procedimientos e instancias acostumbrados),
(b) el disciplinario (Procuraduría General de la Nación) y (c) el
constitucional (cuando hay presunción de vulneración de derechos
fundamentales).
Para esta Sala es importante
resaltar, como lo pone de relieve el Ministerio, que en relación al periodo de
gobierno, las comunidades indígenas amparados por la Ley 89 de 1890 han hecho
una costumbre que el periodo de gobierno sea anual, pero en caso de que existan
conflictos a este respecto: “a. Debe prevalecer la costumbre eleccionaria de
cada pueblo y cada comunidad, está escrita o no, y para todos los efectos esta
se convierte en un estándar para cada uno….
b. en caso en que la costumbre
eleccionaria entre en disputa o se busque reinterpretarla, particularmente en
momentos de conflictos o crisis, lo deseable es iniciar un proceso interno de
recuperación, sistematización y/o afirmación de dicha costumbre, evitando
llevar a la comunidad a un estado de interinidad, vaco, parálisis o
ingobernabilidad.
Es por eso que se sugiere que
mientras se esclarece la problemática, habrá que adoptar un mecanismo
concertado  transitorio de auto gobierno, pues la polémica que suele generarse
entre los sectores en contradicción demostró los supuestos ajustes a una
decisión o modificación de la tradición, suelen ser procesos lentos por su alta
complejidad.
c. si definitivamente se concluye que
la tradición eleccionaria propia requiere algún tipo de actualización o
modificación, se recomienda adelantar un proceso amplio de pedagogía y
consulta comunitaria, con el fin de no generar rupturas traumáticas que a la
postre se traduzcan en la vulneración de derechos o en la generación de
conflictos al interior de la comunidad (…)
d. Finalmente, si la tradición
eleccionaria no es un hecho socialmente notorio, o si el sistema eleccionario
es de reciente fundación, sujeto a permanentes ajustes, reestructuración y
reinvención, resulta claro que la consolidación del mismo va a depender ante
todo de un acertado ejercicio comunitario de definición y reglamentación,
que por su mismo exige un consenso, una deliberación colectiva y, por supuesto
un alejamiento de la arbitrariedad.” (Énfasis de la Sala)
Para la Sala es de resaltar, que no
es justificable que una autoridad indígena o un cabildo cree o promueva un tipo
de reglamentación que beneficie a una persona en particular, ya que con esto se
afecta la costumbre y la unidad comunitaria, aunque se reconocen casos en los
cuales estas modificaciones no tienen un origen en interese particulares, y se presentan
para fortalecer la autonomía, de manera que se entiende que prevalecerá la
facultad de reglamentar, aún cuando modifique aspectos sensibles de la
costumbre propia.
(vi)
Evidencia la
Corte que el registro que se ha hecho del señor Silvio Lagos, como Gobernador
del Resguardo Indígena de Túquerres, por parte del Ministerio del Interior
empieza en el año 2002 ininterrumpidamente hasta el 3 de enero de 2012 con una
vigencia de dos años, es decir, hasta diciembre de 2013.
Igualmente, constata esta
Corporación, de conformidad con información suministrada por el Ministerio del
Interior, que el señor Silvio Lagos, de nuevo, ha hecho una solicitud de
registro de su nombre como Gobernador Indígena del Resguardo de Túquerres para
los años 2014 y 2015, anexando documentos como el acta de posesión ante la
Alcaldía de Túquerres y el acta del cierre del proceso eleccionario, entre
otras. Igualmente le indica al Ministerio, que el 1º de diciembre de 2012 se
aprobó el censo interno mediante asamblea mayoritaria y se determinó que el
señor Lagos continuara como Gobernador.  Para que el señor Lagos pudiera ser
reelegido nuevamente como gobernador, el 15 de diciembre se modificó el
reglamento interno del Resguardo de Túquerres, y el 22 de diciembre se
realizaron las elecciones para la elección del Gobernador en donde se votó por
la reelección del señor Lagos, según lo asegura él mismo.
Por su parte, el Cabildo Indígena de
Túquerres solicitó de igual modo que se registrara al señor Lagos como
Gobernador para el periodo 2014-2015 asegurando que en su Resguardo no hay un
desproporcionado incremento de la población, señalando el informe del DANE en
los que se indica que la población, sumando los habitantes de los 5 municipios
que conforman el Resguardo es de 16.160 personas para los años 2005-2006 y en
el censo interno de personas se contaron de 16.906 individuos para los años
2012-2014.
(vii) Respecto de este tema
eleccionario, la Corte reitera que la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas
de la Defensoría del Pueblo alerta sobre el grave conflicto interno que se está
presentando en el Resguardo Indígena de Túquerres, haciendo mención de las
denuncias del señor Ascuntar, en las cuales se informa sobre la perpetuación en
el poder del señor Silvio Lagos, al cual responsabiliza de vulnerar los
derechos fundamentales de los indígenas originarios y autóctonos del resguardo.
Igualmente, la Defensoría menciona que la suspensión del registro del Cabildo
Gobernador del Resguardo de Túquerres, ha dado como resultado que no reciban
los recursos de transferencias de la Nación, e informa que en una visita a este
Resguardo se evidencian grandes problemas que afrontan los habitantes del mismo
como pobreza e inadecuada atención a sus necesidades básicas. Por esto, la
Defensoría demanda acciones prontas para la solución rápida de este conflicto
con la intervención efectiva del Estado a través de la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías.
(viii) Teniendo en cuenta todo
lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra que la situación descrita
constituye un presunto caso de perpetuación en el poder por parte del
señor Silvio Lagos, ya que éste lleva en toco caso más de 12 años ejerciendo el
cargo como Gobernador del Cabildo de la Comunidad del Resguardo de Túquerres, y
en diciembre de 2013 se modificó el Reglamento Interno de la Comunidad para que
lo pudieran reelegir de nuevo como Gobernador, lo cual tiene que ser aclarado al
interior de la comunidad, para establecer si dicha modificación constituye un presunto desconocimiento del reglamento
o se dio de
manera ilegítima obedeciendo a intereses particulares de perpetuación en el
poder, en beneficio del señor
Lagos reelegido continuamente como gobernador, como se ha denunciado en el presente
caso. Es de recalcar, que la Corte comparte la preocupación tanto del
Ministerio del Interior, como de la Defensoría del Pueblo por el conflicto
interno que se vislumbra en el Resguardo de Túquerres, al igual que por la
vulneración de los derechos fundamentales de los indígenas originarios y
autóctonos del resguardo a causa de la perpetuación del señor Lagos en el
poder, e igualmente toma muy en serio la advertencia hecha por la Defensoría del
Pueblo al señalar la falta de recursos para esta comunidad, en la cual la
pobreza e inadecuada atención a sus necesidades básicas es notoria.
2.6.2 Problemática en
relación con el autocenso
Existe información
aportada dentro de este expediente de tutela, tanto por el actor, como por el
Consejo Mayor, en la cual se denuncian presuntas irregularidades en cuanto a la
realización del autocenso de la población de la comunidad del Resguardo de
Túquerres, e igualmente respecto de las elecciones de Gobernador que se vienen
llevando a cabo por parte de la comunidad por la Asamblea y el Cabildo, en las
cuales se ha mantenido al señor Silvio Lagos, por un periodo según el
accionante de más de 14 años consecutivos, con excepción del año 1999, como
Gobernador del Resguardo de Túquerres, situación que a juicio de esta Sala debe
ser debidamente estudiada, valorada y verificada por las autoridades tanto
tradicionales y ancestrales, con el acompañamiento de las autoridades civiles,
que tienen competencias y responsabilidades respecto de los derechos indígenas,
con el fin de corregir las presuntas irregularidades que se vienen presentando
o que pueden dar lugar a la vulneración de los derechos fundamentales de la
comunidad de Túquerres respecto del autocenso y de la elección del Gobernador
del Cabildo, con el fin de renovar los procedimientos internos de autogobierno.
(i)En relación con el Censo
se ha denunciado dentro de este expediente por parte del señor Ascuntar y del
Consejo Mayor que en el año 1993 el DANE certificó una población de 1037
indígenas en el Resguardo  de Túquerres, que en el 2005 existían 1260 indígenas
y que en el año 2012 eran 1290 indígenas, razón por la cual el Departamento
Nacional de Planeación gira transferencias del Sistema General de Participaciones
para este número de indígenas.
El Consejo Mayor aporta
informe mediante oficio No. 0570 en el que señalan que entre los años 1991 a
1993 a petición del INCORA se realizó un censo con la finalidad de que la
comunidad indígena del Resguardo participara en las transferencias que
realizaba la Nación para los Resguardos Indígenas. El resultado fue el de una
población censada de 1037 indígenas originarios de los Resguardos y 200
personas más que se auto reconocían como tal, frente a cuyo censo el INCORA informó,
que solo se podían admitir hasta que se legalizaran y legitimaran con el
acompañamiento de la Oficina de Asuntos Indígenas Regional Nariño.
Indican que en el año
1994, con la llegada de las transferencias arribaron un grupo de campesinos,
apoyados por la guerrilla, que los intimidaron y se apoderaron así del
gobierno, relegándolos a una minoría atemorizada y amenazada. Afirman que
adicionalmente,  llegaban más personas ajenas a la comunidad para ser mayoría y
sostenerse en el poder, y que además entre los años 1996 y 1997 empezó un
enfrentamiento interno por el poder.
Observan que el Ministerio
del Interior, Dirección de Etnias, en un memorándum del 7 de febrero de 2013
MEM 13-000002278-DAI-22000, sustenta con claridad lo que ellos han venido reclamando,
esto es, que el 95% de la población, la cual respalda al señor Silvio Lagos, no
tiene ninguna legitimidad ni legalidad, puesto que las transferencias del
Resguardo Indígena de Túquerres se giran por 1290 indígenas y no por 25.000
supuestos indios.
Por consiguiente, obra en
el expediente la participación del Ministerio del Interior y su Dirección de
Etnias Rom y Minorías ante la denuncia de irregularidades en la elección del
señor Lagos como Gobernador del Resguardo de Túquerres y la realización de una
elección paralela en la cual el tutelante fue elegido también como Gobernador
por los indígenas que conforman el Consejo Mayor que consideran ser los
indígenas originarios. Así el Ministerio concertó con la comunidad hacer una
visita a cada una de las 16 parcialidades para verificar cuál fue la decisión
tomada para las elecciones. La Dirección encontró que en Asamblea de cada una
de éstas se ratificó la decisión respecto de la elección como gobernante del
señor Lagos, hasta el 31 de diciembre de 2013. En consecuencia, la Dirección
registró como Gobernador del Cabildo al señor Silvio Lagos aclarando que,
siendo la Asamblea el máximo organismo de decisión, podía optar por otra
decisión diferente de los estatutos.
En comunicación enviada a
esta Corporación por el Ministerio del Interior, respecto de la elección del
señor Silvio Lagos como gobernador para el periodo 2012-2013, el Ministerio del
interior informó que no obstante dicha elección se llevó a cabo por la
Asamblea, la cual modificó los estatutos para poder reelegirlo nuevamente como
Gobernador de la comunidad de Túquerres, aclaró igualmente que “A partir de
este momento la Dirección empezó una intervención (ajustada a la ley como fue la
de objetar el censo del Resguardo por considerarlo excesivo en su número y
donde al parecer están incluidas personas que no ostentan condición indígena y
todo lo relacionan como adopción, sin llenar el presupuesto de la aprobación en
la Asamblea General de cada una de las parcialidades o de una en general”
(Folio 160, cuaderno principal) (Resalta la Sala)
Igualmente, durante el
proceso de esta revisión, el Ministerio del Interior informó a esta Corporación
recientemente que “el señor Silvio Lagos ha solicitado nuevamente a esta
Dirección el registro como Cabildo Gobernador del R. I. Túquerres  para los
años 2014-2015, con rad. ExtMi14-0000804/15 de enero de 2015 y ExtMi14-0051337
del 4 de noviembre de 2014, anexando documentos como acta de posesión  ante la
Alcaldía Municipal de Túquerres, acta de cierre del proceso eleccionario y
documentos del INCODER donde se inicia el proceso de clarificación del R.I. de
Túquerres.” En la misma comunicación se hace el registro de la información
relativa a los años en que  esa Dirección ha registrado al Sr. Silvio Lagos
como Gobernador en el R.I. Túquerres, del Municipio de Túquerres, Nariño, esto
es, desde el año 2001 al 2013, estando pendiente resolver la solicitud de nuevo
registro como gobernador para un periodo de dos años 2013-2015.
De conformidad con la
información aportada por el Ministerio del Interior, la Corte observa, por un
lado, que este Ministerio tiene claramente identificado los problemas que se
vienen presentando en el Resguardo de Túquerres, tanto en la realización del
autocenso, como en la elección o reelección del gobernador y su correspondiente
inscripción, pero que no obstante lo cual, no ha adoptado debidamente las
medidas y correctivos necesarios, de acuerdo con sus competencias, obligaciones
y responsabilidades constitucionales y legales, y dentro del marco del respeto
de la autonomía de la comunidad indígena, adelantando un acompañamiento tanto
para aclarar la realización del autocenso, como la legitimidad e inscripción
del gobernador del Resguardo de Túquerres.
(ii) De otra parte, de conformidad con la información
aportada a la Corte por el DANE, concluye en este punto la Corte que la
última vez que dicha entidad realizó el censo nacional de población fue en el
año 2005. Esta obligación está regulada por la Ley 715 de 2001 sobre sistema
general de participaciones, en el  Título V artículos 82 y 83, en donde se
consagra que estos recursos se distribuirán en proporción a la población
indígena. El DANE tiene la obligación de realizar todos los años las
proyecciones de población de los resguardos indígenas, basados en la tasa de
crecimiento y en fórmulas matemáticas para calcular el crecimiento de los
resguardos, y el 30 de junio de cada año deben entregar estas proyecciones al
Departamento Nacional de Planeación –DNP-, con base en la Ley 715 de 2001 y el
Decreto 159 de 2002.
Igualmente, colige la Sala, de conformidad con la
información aportada por el DANE, que existe una clara diferencia entre el
listado censal o autocenso realizado por la propia comunidad, que se le entrega
al Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas, el cual se basa en
un criterio de pertenencia al resguardo, así los indígenas no vivan allí; y el
criterio que utiliza el DANE para la proyección censal que se fundamenta en un
criterio de residencia habitual de la población indígena en el Resguardo, de la
población indígena que está ubicada y vive efectivamente dentro del respectivo
resguardo. Así, las comunidades indígenas hacen el listado censal o autocenso y
lo reportan al Ministerio del Interior, mientras que el DANE no es responsable
de este tipo de censo porque no puede dar información a nivel individual sino a
nivel agrupado, colectivo con el fin de destinar los recursos del Sistema
General de Participaciones.
Así, el censo que realiza el DANE y el listado censal
o autocenso que realiza la comunidad y le entrega al Ministerio del Interior,
son dos censos que tienen naturalezas jurídicas, métodos, criterios, objetivos
y bases distintos, ya que el censo del DANE se realiza con el objetivo de
repartir el Sistema General de Participaciones, mientras que el autocenso o el
listado censal que realiza la comunidad y se entrega al Ministerio del
Interior, tiene otros objetivos, por ejemplo de carácter electoral, finalidad
que es de suma relevancia para el presente estudio de constitucionalidad.
Según la información reportada a esta Corte por el
DANE, la proyección de población que ha realizado este organismo pasó en el
año de 1998 de 928 personas, con corte a 2014 y proyección a 2015 a 1.382
personas en el Resguardo de Túquerres. Se reitera que esta proyección se
realiza para efectos de la entrega y repartición de recursos del Sistema
General de Participaciones.
(iii) Respecto de la información aportada a
esta Corporación por el INCODER, concluye la Sala, que según esa entidad
(a) el Resguardo de Túquerres está conformado por 5 municipios divididos en 16
parcialidades, (b) que en 2012 el censo de población del Resguardo de
Túquerres, censado el 80% del mismo, dio como resultado 10.299 personas en
3.381 familias, que cubren 13 parcialidades; y (c) que con la entrada en
vigencia del Decreto 1465 de 2013, se creó un vacío jurídico, por lo que el
proceso de verificación de la existencia y vigencia legal de los títulos de origen
colonial quedó suspendido por parte del INCODER, porque el Decreto 2263 de 1994
fue derogado por el Decreto 1465 de 2013 “que si bien determinó que éstos
debían continuar conforme a lo establecido en el art. 85 de la Ley 160 de 1994,
dejó un vacío jurídico respecto del procedimiento específico que debe seguirse,
por cuanto el art. 85 mencionado, no establece trámite a seguir”.
(iv) De conformidad con la información
allegada a esta Corporación por la Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio
del Interior, esta Sala colige las siguientes conclusiones:
(a) Respecto de la primera circular enviada por el Ministerio del
Interior, es relevante que en ésta se dan los parámetros a las comunidades
indígenas para realizar el listado censal de las mismas y se reseña qué son los
autocensos, su alcance y la periodicidad con que deben hacerlos. En esta
información se resalta que estos autocensos son parte de la autonomía propia de
las comunidades indígenas y tienen la verificación por parte del Ministerio con
el fin de tratar de evitar los problemas que se puedan presentar en los mismos.
En este sentido, para esta Sala es
sumamente relevante para el presente estudio de constitucionalidad, que el
Ministerio ponga de relieve los problemas que se vienen presentando en relación
con los autocensos, tales como (a) la incorporación discrecional de personas
que no son indígenas o de indígenas de comunidades vecinas, con el objetivo de
ganar “caudales electorales”; (b) de esta manera se busca inflar o
aumentar los censos con el fin de “perpetuarse en los cargos de decisión”;
(c) igualmente se busca la ampliación de la base censal con el fin de ampliar
también la participación en los recursos públicos del Estado de gasto
descentralizado, acceso a los espacios institucionales de representación
indígenas, exoneración del servicio militar, servicios subsidiados de salud,
entre otros beneficios; (d) de esta manera la Dirección de Asuntos Indígenas ha
constatado el crecimiento demográfico inexplicable de algunas comunidades
indígenas, y el que algunas autoridades indígenas “comercializan” con
las facultades de las certificaciones censales para lograr objetivos de “perpetuación
en el poder” o poder acceder a recursos públicos o beneficios estatales
derivados de la condición de indígena; (e) se constata en esta problemática la
"trivialización” de la noción de comunidad y de persona indígena,
así como la “desviación” de recursos y beneficios públicos hacia
personas que no son realmente indígenas.
Coincide esta Sala con las
preocupaciones expresadas por el Ministerio en relación con los problemas que
se vienen presentando con los autocensos realizados por las comunidades
indígenas, los cuales son denunciados mediante la presente tutela como presuntas
irregularidades que se vienen presentando en la comunidad de Túquerres.
Igualmente, concuerda esta Sala con que la incorporación de nuevas personas en
los autocensos debe darse como expresión de un proceso colectivo en las
comunidades indígenas, y que el realizar esta adscripción para acceder a las
prerrogativas dadas a los indígenas es una falta grave a la autonomía y a las
facultades administrativas u políticas que el Estado le ha entregado a las
autoridades indígenas, lo cual amerita investigación y control porque, tal y
como lo expresa el Ministerio, “se altera la base censal a partir de la
cual se definen las cuotas de representación y nombramientos de representantes
y autoridades indígenas, perpetuando en algunos casos estructuras arbitrarias
de control y sujeción”.
Esta Corporación pone también de
relieve que el Ministerio ha identificado que en estos casos, normalmente, se
presentan conflictos internos, así como polémicas e impugnaciones por parte de
miembros u otras autoridades de las comunidades, como sucede en el caso de la
comunidad de Túquerres, casos en los cuales debe ser la misma autoridad
indígena la que debe dirimir tales conflictos internos.
Resalta este Tribunal que las
funciones del Ministerio del Interior en los autocensos, es básicamente la de
ejercer control y vigilancia con el fin de que los derechos de estas
comunidades no les sean negados, e igualmente tienen la función de recibir,
guardar y custodiar los listados censales dando fe de lo que quede consignado
en los mismos. Este control y vigilancia implica advertir cuando existan dudas
sobre la pertenencia de individuos a una comunidad indígena y cuando se detecte
que la composición sociodemográfica de alguna comunidad cambie abruptamente, en
especial cuando haya riesgo de desaparición como ente colectivo, situación que
igualmente se evidencia se ha puesto de relieve por el Ministerio en el
presente caso de la comunidad de Túquerres.
Así, el Ministerio recibe anualmente
la actualización de los listados censales de las comunidades y resguardos
indígenas. Es de reiterar que estos listados censales son diferentes a los
realizados por el DANE. Los censos realizados por el DANE son oficiales y se
realizan por el Estado para planificar el desarrollo del país y la proyección
poblacional, así como para la asignación de recursos del Sistema General de
Participaciones, la cual solo se hace con base en las cifras entregadas por
esta entidad. Por otra parte, los listados censales los realiza una autoridad
indígena y son empleados para asuntos internos, y los mismos no son acogidos
por el Estado como datos oficiales. Así las cosas, el Ministerio aclara que “las
discrepancias numéricas entre uno y otro ejercicio no suelen ser conciliadas,
precisamente porque responden a propósitos distintos y tienen lógicas
igualmente diferenciadas”.
Coincide igualmente la Sala con el
criterio vertido por el Ministerio, en cuanto a que cuando en una comunidad se
presentan discrepancias con relación al listado censal, conviene que se
organicen internamente estas comunidades para dirimir este desacuerdo por lo
que se requiere que se nombre un comité de censo conformado por
conocedores de la historia de la comunidad para que (a) se encarguen de
verificar en cada caso su auténtica pertenencia a la misma, (b) “pre identificación
de los familias y personas a censar”, (c) “selección y capacitación de
las personas a encuestar”, (d) “revisión y validación de cada caso
teniendo en cuenta los criterios de adscripción y pertenencia a la comunidad”,
y (e) registrarlo en un archivo Excel con base en la tabla que el Ministerio
propone.
Constata la Sala que el Ministerio
debe certificar la pertenencia a una comunidad única y exclusivamente con base
en los listados censales entregados y registrados en la Dirección de Asuntos
Indígenas, ROM y Minorías. Advierte la Sala que el Ministerio ha constatado que
en el autocenso pueden haber cambios dramáticos, los cambios pueden ser hacia
abajo o hacia arriba, cuando ocurre este segundo caso el Ministerio del
Interior debe (a)“- Realizar una comisión directa interinstitucional con
el propósito de establecer cuáles son las causas del incremento de la población
y si efectivamente se trata de un proceso endógeno y autónomo de adscripción
étnica, o de otro tipo de acciones especulativas.
- Realizar estudios técnicos que
ayuden a establecer las causas objetivas y subjetivas de los cambios anotados.
- Generar informes de control y
advertencia a la autoridad y comunidad indígena, con copia a la Procuraduría
General dela Nación y otras instituciones que tienen alguna expectativa en
torno a los auto censos indígenas.
-Acompañar técnicamente las jornadas
de actualización de los listados censales, previa capacitación y consentimiento
de la comunidad respectiva
- Cuando los incrementos por adhesión
o adscripción étnica son a juicio de la Dirección de asuntos Indígenas, ROM y
minorías desproporcionados, podría ser necesario una verificación etnográfica a
la manera de los estudios etnológicos, a fin de establecer si se conserva el
carácter de parcialidad o si, por el contrario, se ha erosionado por efecto de
prácticas especulativas. En este último caso el propósito no es constreñir los
procesos identitarios no la autonomía, sino activar alarmas ante el Estado, las
organizaciones indígenas y las mismas comunidades pies lo que se ve
comprometido es la misma diversidad cultural y étnica del país,
- Mientras no se surta el estudio
complementario que acabamos de recomendar, lo razonable es seguir registrando
las altas u as bajas que reflejen los ciclos vitales de las comunidades  los
fenómenos sociales que expliquen alteraciones demográficas significativas, como
epidemias, desplazamientos forzados, etc.”(Resalta la Sala)
(b) La Corte verifica que la Delegada
para Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría del Pueblo indica el grave
conflicto interno que se vienen presentando en el Resguardo Indígena de
Túquerres, hace mención de las denuncias del señor Ascuntar, informa de la
perpetuación en el poder del señor Lagos al cual responsabiliza de vulnerar los
derechos fundamentales de los indígenas originarios y autóctonos del resguardo;
y señala que al suspenderse el registro del Cabildo Gobernador del Resguardo de
Túquerres ha dado como resultado que no reciban los recursos de transferencias
de la Nación, e informa que en una visita a este resguardo se evidencian
grandes problemas que afrontan los habitantes del mismo como pobreza e
inadecuada atención a sus necesidades básicas. Por esto demanda acciones
prontas para la solución rápida de este conflicto con la intervención efectiva
del Estado a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
(c) Este Tribunal observa
con extrañeza la diferencia entre los resultados del listado censal entregado
al Ministerio del Interior, que se basa en el criterio de pertenencia y es
realizado por la misma comunidad; los resultados del censo realizado por el
DANE cuyo criterio se basa en la residencia habitual de la población indígena
que se ubica y vive dentro del Resguardo, con el fin de entregar información
colectiva al DNP para la entrega de recursos del Sistema General de
Participaciones; y los resultados del censo del INCODER que se basa en los
estudios socio-económicos de la población indígena, y en la validación de la
titulación de títulos coloniales y tenencia de tierras.
De conformidad con lo
anterior, no deja de sorprenderle a la Corte las diferencias de cifras de los
diferentes censos llevados a cabo tanto por el DANE, por el INCODER, como por
el autocenso de la comunidad de Túquerres. Es de destacar que de conformidad
con la información allegada a esta Corte por la propia Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías, luego de que esta entidad visitara las 16
parcialidades para la elección en el año 2012, objetó el censo del Resguardo de
Túquerres por considerarlo excesivo en su número y en el cual al parecer están
incluidas personas que no ostentan la condición indígena y todo lo relacionan
con adopción sin llenar el presupuesto de la aprobación en Asamblea General de
cada una de las parcialidades o de una general.
Por otra parte se registra
por parte del Ministerio del Interior que el señor Lagos desde el año 2001 se
ha registrado como Gobernador de forma ininterrumpida y que de nuevo el señor
Lagos solicita que se le inscriba como Gobernador del Resguardo de Túquerres
para el periodo de 2014- 2015, evidenciando una clara perpetuación en el poder
del señor Lagos y en el que se ve que se han realizado modificaciones a las
normas del Reglamento Interno del Resguardo de Túquerres para su beneficio
personal. El Ministerio del Interior, hasta el momento de decidir esta tutela,
no ha hecho efectiva la inscripción o registro como Gobernador de Túquerres
solicitado por el señor Lagos, hasta no verificar qué es lo que está ocurriendo
dentro del Resguardo, y para el momento de esta sentencia informa a la Corte
que la comunidad del Resguardo de Túquerres lleva un año sin Gobernador del
Cabildo.
2.7 Medidas y decisiones a
adoptar
En conclusión, la Corte,
teniendo como base todo lo expuesto y analizando el caso a profundidad tomará
las siguientes decisiones:
2.7.1 La Corte concluye que de
conformidad con el principio de autonomía, de autodeterminación y de
autogobierno, según lo consagran las normas constitucionales 1, 7, 8, 9, 10,
11, 58, 63, 68, 70, 72, 171, 176, 229, 246,  286, 287, 330 y 329 de la
Constitución Política; así como las Leyes 89 de 1890, la Ley 21 de 1991 por
medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 de la OIT, la ley 962 de
2005 y Decreto1088 de 1993; e igualmente teniendo en cuenta el Reglamento
Interno de la Comunidad de Túquerres; es a la propia comunidad en Asamblea a la
que compete la elección de sus autoridades, especialmente de su autoridad mayor
que es el Gobernador del Cabildo, así como la realización del autocenso.
Por esta razón, con base
en la información que obra en el expediente, y en aplicación de las normas
constitucionales, legales, el derecho internacional y el reglamento interno de
la comunidad de Túquerres, dentro de los cuales se destaca la prevalencia y
maximización del principio de autonomía de las comunidades indígenas, la Corte
debe respetar la autononomía de estos grupos étnicos para dirimir sus
conflictos, realizar el autocenso y elegir a sus autoridades. De esta manera, se
procederá a revocar los fallos emitidos por los jueces de tutela, en cuanto,
denegaron o declararon improcedente la tutela, en razón a que no tuvieron en
cuenta el conflicto interno, las presuntas irregularidades en el autocenso, y
en la reelección continua de un mismo Gobernador, para dar solución a estos
problemas de conformidad con los principios de autonomía, autodeterminación y
autogobierno, que incluye la realización del autocenso y la elección de sus
propias autoridades tradicionales, especialmente, para el caso que nos ocupa,
del Gobernador como máxima autoridad de la comunidad.
Dado que existe un
conflicto interno relativo al cuestionamiento de la elección continuada del
señor Silvio Lagos y a la realización del autocenso o censo poblacional, y dado
que en el expediente consta que la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías, el día 27 de febrero de 2013, registró como Cabildo Gobernador del
Resguardo de Túquerres al señor Silvio Lagos para el periodo comprendido entre
el 3 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, y que actualmente fue presuntamente
de nuevo reelegido para un periodo de dos años más -2014 y 2015-, y que se ha
solicitado dicha inscripción ante el Ministerio del Interior; esta Corporación revocará
el fallo de segunda instancia, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral de fecha 8 de mayo de 2013, mediante el cual se confirmó la
decisión del juez de primera instancia, Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Pasto Sala de Decisión Laboral, de fecha 5 de marzo de 2013, a través de la
cual se falló denegar los derechos fundamentales deprecados por el actor en
cuanto a la elección vigente para el periodo 2012 al 2013 del señor Silvio
Lagos como Gobernador del Resguardo de Túquerres.
2.7.2 En su lugar, la Corte concederá
la tutela
interpuesta, con el fin de proteger los derechos fundamentales de la población
del Resguardo de Túquerres y verificar
el censo de su población indígena, y con base en ello, verificar igualmente la
legalidad y legitimidad de la elección de su Gobernador, de conformidad con el
Reglamento Interno del territorio de Túquerres. En este sentido, en la parte
resolutiva de esta sentencia se ordenará:
(i) Al Ministerio del
Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías que si no ha inscrito
al señor Silvio Lagos como Gobernador del Cabildo de Túquerres, no se realice
dicha inscripción; o que en caso de que la inscripción ya se haya realizado,
quede sin efecto dicho acto administrativo. La inscripción del Gobernador del
Resguardo de Túquerres no se podrá llevar a cabo ante el Ministerio hasta tanto
no se lleve a cabo el CENSO POBLACIONAL O LISTADO CENSAL, y la verificación y
clarificación de la elección del Gobernador por parte de las autoridades
tradicionales y ancestrales de la comunidad de Túquerres y de la Asamblea
General de la comunidad, de conformidad con el Reglamento Interno de la
comunidad de Túquerres, y con el acompañamiento de las autoridades civiles
correspondientes que tengan competencias y obligaciones en relación con la
salvaguarda de los derechos de los indígenas, dado que en la actualidad existe
una doble elección o elecciones paralelas de Gobernador.
(ii) A la Dirección de Asuntos Indígenas
del Ministerio del Interior y al Alcalde del Municipio de Túquerres que en
desarrollo de sus competencias, facultades y obligaciones constitucionales y
legales, lleven a cabo el acompañamiento necesario para la realización de un
nuevo autocenso en el Resguardo de Túquerres, a partir de la conformación de un
COMITÉ DE CENSO constituido por las autoridades tradicionales y
ancestrales indígenas: Asamblea, Cabildos y Consejo Mayor, el señor Juan
Jerónimo Ascuntar, el señor Silvio Lagos, y líderes y liderezas indígenas; de
conformidad con el Reglamento Interno de la comunidad indígena de Túquerres, respecto del cual la
Asamblea General de la comunidad deberá determinar si fue desconocido o violado
al permitir la reelección continuada del señor Lagos por un periodo mayor a un
año prorrogable máximo por dos años. Este proceso deberá llevarse a cabo con el acompañamiento de
la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, del Alcalde del
Municipio de Túquerres, del DANE, del INCODER, y de los organismos de control
como la Defensoría del Pueblo, las Defensorías regionales y locales, la
Procuraduría General de la Nación, las Personerías municipales; el Gobernador
de Nariño, y el Alcalde de Túquerres, como máxima autoridad de policía, el cual
deberá garantizar la seguridad de la población durante la realización del censo
y de la elección del Gobernador del Cabildo de la Comunidad de Túquerres. Este Comité de Censo deberá encargarse de
coordinar la realización del censo poblacional, para lo cual deberá (a)
verificar en cada caso particular la auténtica pertenencia al Resguardo de
Túquerres, identificando los casos en los cuales se aplique la figura de la
“adopción” de conformidad con el reglamento de la comunidad de Túquerres, la
Constitución, la ley y la jurisprudencia de esta Corte[68] (b) identificar las familias y
personas a censar, (c) seleccionar y capacitar a las personas que realicen el
censo y a censar, (d) revisar y validar la pertenencia de cada miembro de la
comunidad y resguardo de Túquerres teniendo en cuenta los criterios de
adscripción y pertenencia a la comunidad, así como el criterio de adopción; y
(e) registrar el censo en un archivo Excel con base en la tabla que el
Ministerio propone.
Este listado censal o
autocenso se deberá llevar a cabo (a) en las 16 parcialidades de la comunidad
de Túquerres; (b) bajo la coordinación y con la autorización de las autoridades
tradicionales y ancestrales de la comunidad de Túquerres; (c) con base en las
reglas que establezcan el Reglamento Interno de la Comunidad de Túquerres y las
mismas autoridades indígenas, para cuyo determinación podrán tener en cuenta también
las reglas establecidas por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio
del Interior para la realización de estos autocensos; (d) de conformidad con
una metodología concertada por el Comité de Censo, la cual deberá tener en
cuenta como mínimo criterios como el de pertenencia, de residencia, de
habitación dentro de la comunidad, de adopción, de reconocimiento de las
autoridades tradicionales, las cuales saben y conocen quiénes son los
verdaderos miembros de las comunidades indígenas; (e) diseñando mecanismos de
interlocución y toma de decisiones, que garanticen la toma adecuada de
decisiones y que tenga en cuenta las posibles tensiones, conflictos y los
problemas históricos o estructurales que se hayan venido presentando al
interior de la comunidad del Resguardo de Túquerres. Para la realización de
este listado censal de la comunidad de Túquerres la Corte otorga a la Dirección
de Asuntos Indígenas y al Alcalde de Túquerres, un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de la presente sentencia.
(iii) Al INCODER que culmine el
proceso de censo y clarificación de la titulación colonial de las tierras y de
la reestructuración y de los estudios socioeconómicos y de tenencia de tierras de
la comunidad de Túquerres en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la
notificación de esta sentencia.
Este proceso lo deberá
llevar a cabo el INCODER (a) con la autorización y colaboración de las
autoridades tradicionales y ancestrales del Resguardo de Túquerres, tales como
la Asamblea, los Cabildos y el Consejo Mayor; (b) con la colaboración por parte
del Ministerio del Interior; (c) con la vigilancia y control de la Defensoría
del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación; (d) y la colaboración del
Alcalde de Túquerres; con el fin de constatar la población indígena nativa y
auténtica que pertenece y es miembro de la comunidad y Resguardo de Túquerres,
así como la validación de los títulos coloniales y la tenencia de tierras.
(iv) A la Dirección de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior, que una vez terminado el CENSO
POBLACIONAL o el LISTADO CENSAL por las autoridades tradicionales y
ancestrales, y miembros de la comunidad indígena del Resguardo de Túquerres y
lo tenga en su poder, proceda, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Reglamento Interno de la comunidad de Túquerres, bajo la coordinación de las
autoridades Indígenas, la Asamblea, los Cabildos, el Consejo Mayor, y las 16
parcialidades de la comunidad de Túquerres, al acompañamiento de la realización
de la Asamblea General de la comunidad de Túquerres para la elección del
Gobernador, que tiene que ser un miembro de la comunidad indígena de Túquerres,
de conformidad con su propio Reglamento Interno. En consecuencia, una vez verificada la legalidad y
legitimidad de la elección del Gobernador del Resguardo de Túquerres, y una vez
posesionado ante la Alcaldía de Túquerres, deberá proceder,  en coordinación con el
Alcalde de Túquerres, a la inscripción y registro  del Gobernador del
Cabildo de Túquerres.
Adicionalmente, la Sala
adoptará las siguientes decisiones:
(v)Solicitará a la Defensoría
del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, que dentro de sus mandatos
y competencias constitucionales y legales, conformen unos comités especiales de
esas entidades de control, con el fin de que realicen el acompañamiento,
veeduría y vigilancia, tanto de la realización del autocenso de la Comunidad de
Túquerres, como de la elección del Gobernador del Resguardo de Túquerres, la
cual se debe llevar a cabo con posterioridad a la realización del censo
poblacional ordenado en esta sentencia.
(vi) Invitar a las organizaciones
de segundo y tercer nivel de estas organizaciones indígenas como la AICO y la
ONIC y a la comunidad internacional que trabaja en nuestro país por la
protección de los derechos de las comunidades indígenas, tales como el Relator
Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas de las Naciones Unidas; para que en el marco de
sus mandatos conformen un comité especial para que realice el acompañamiento a
la comunidad de Túquerres respecto de la conformación y funcionamiento del
comité censal, la realización del listado censal de dicha comunidad, y la
elección del Gobernador del Resguardo de Túquerres, y realicen la veeduría y seguimiento al
cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia.
(vii) Compulsar copias
del presente expediente al Fiscal General de la Nación, con el fin de que se
inicien o adelanten las investigaciones correspondientes a los posibles delitos
denunciados en esta tutela, respecto de aquellos casos o presuntos delitos que
no competan o correspondan a la jurisdicción indígena.
(viii) Ordenar al juez de primera instancia dentro
del presente proceso de tutela, Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pasto Sala de Decisión Laboral, que de conformidad con el artículo 27 Decreto
2591 de 1991 que reglamenta la acción de tutela, según el cual la competencia para la verificación del
cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia corresponde al juez de
instancia, hasta que se haya restablecido complemente el derecho; que realice el seguimiento al
cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia, y conozca y decida
respecto de las posibles acciones disciplinarias e incidentes de desacato que
se puedan presentar frente al incumplimiento de las órdenes decretadas en el
presente fallo “hasta que
esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza”.
3. Conclusiones
Por lo que ha estudiado y analizado
este Tribunal, se concluye que esta tutela no solo es procedente, sino que debe
prosperar. En este sentido, la Sala revocará la decisión de instancia respecto
de las decisiones adoptadas frente a las elecciones del señor Silvio Lagos como
Gobernador de la Comunidad de Túquerres. En consecuencia, al representar este
asunto un problema de características estructurales y complejas relativas a (i)
irregularidades que se vienen presentado con respecto a la realización del listado
censal o autocenso que lleva a cabo la comunidad de Túquerres; y (ii) a la perpetuación
en el poder y la reelección indefinida de un mismo Gobernador; problemas éstos que
se vienen presentando desde hace más de doce años; para la Sala es claro que se
evidencia la vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad indígena
perteneciente al Resguardo de Túquerres. Igualmente, constata esta Corporación que
ni el Ministerio del Interior, ni los jueces de instancia han tomado las
medidas o correctivos necesarios para dar una solución a estos problemas, respetando
en todo caso la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno de la
comunidad de Túquerres, y que constituye por tanto un imperativo para este
Tribunal adoptar decisiones urgentes y estructurales para que los problemas encontrados
se puedan resolver lo más pronto posible, de conformidad con la Constitución
Política, las leyes, y los tratados internacionales que consagran los derechos
de los pueblos y comunidades indígenas, así como con total respeto por el
Reglamento Interno de la Comunidad de Túquerres.
En consecuencia, como primera medida la
Corte impartirá órdenes en relación con la conformación de un Comité de Censo y
la realización del listado censal o autocenso de la comunidad de Túquerres,
para que una vez finalizado con éxito ese proceso, posteriormente y con base en
esa información censal, la cual tiene claros efectos electorales, se pueda
llevar a cabo un proceso transparente de elección del Gobernador del Cabildo de
la Comunidad de Túquerres, con base en los usos y costumbres de los indígenas y
de conformidad con el Reglamento Interno del Resguardo de Túquerres, así como
con respeto de los derechos de las comunidades indígenas consagrados en la
Constitución Política, la ley y los instrumentos internacionales a los que se
ha hecho referencia a lo largo de esta providencia judicial.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo de segunda
instancia, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral de fecha 8
de mayo de 2013, mediante el cual se decidió CONFIRMAR lo ordenado por
el juez de primera instancia, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto,
Sala de Decisión Laboral, de fecha 5 de marzo de 2013, en el que se decidió DENEGAR
la tutela interpuesta.
SEGUNDO.- En consecuencia CONCEDER
la tutela interpuesta, con el fin de proteger los derechos fundamentales de
la población del Resguardo de Túquerres y verificar y clarificar el censo de su
población indígena, y con base en ello, verificar y clarificar igualmente la
legalidad y legitimidad de la elección de su Gobernador, de conformidad con el
Reglamento Interno del territorio de Túquerres. Por tanto, la Corte emitirá las
siguientes órdenes:
(i) ORDENAR al Ministerio
del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías que si no ha inscrito al
señor Silvio Lagos como Gobernador del Cabildo de Túquerres, no se realice
dicha inscripción; o que en caso de que la inscripción ya se haya realizado, quede
sin efecto dicho acto administrativo. La inscripción del Gobernador del
Resguardo de Túquerres no se podrá llevar a cabo ante el Ministerio del
Interior hasta tanto no se lleve a cabo el CENSO POBLACIONAL O LISTADO CENSAL, y
la verificación y clarificación de la elección del Gobernador por parte de las
autoridades tradicionales y ancestrales de la comunidad de Túquerres, y de la
Asamblea General de la comunidad, de conformidad con el Reglamento Interno de la
comunidad de Túquerres, y con el acompañamiento de las autoridades civiles
correspondientes que tengan competencias y obligaciones en relación con la
salvaguarda de los derechos de los indígenas, dado que en la actualidad existe
una doble elección o elecciones paralelas de Gobernador.
(ii) ORDENAR a la Dirección de Asuntos
Indígenas del Ministerio del Interior y al Alcalde del Municipio de Túquerres
que en desarrollo de sus competencias, facultades y obligaciones
constitucionales y legales, realice el acompañamiento necesario para la
realización de un nuevo autocenso en el Resguardo de Túquerres, a partir de la
conformación de un COMITÉ DE CENSO constituido por las
autoridades tradicionales y ancestrales indígenas: Asamblea, Cabildos y Consejo
Mayor, el señor Juan Jerónimo Ascuntar, el señor Silvio Lagos, y líderes y
liderezas indígenas; de conformidad con el Reglamento Interno de la comunidad
indígena de Túquerres, respecto del cual la Asamblea General de la comunidad deberá
determinar si fue desconocido o violado al permitir la reelección continuada
del señor Lagos por un periodo mayor a un año prorrogable hasta por dos años. Este
proceso deberá llevarse a cabo con el acompañamiento de la Dirección de Asuntos Indígenas
del Ministerio del Interior, del Alcalde del Municipio de Túquerres, del DANE,
del INCODER, y de los organismos de control como la Defensoría del Pueblo, las
Defensorías regionales y locales, la Procuraduría General de la Nación, las
Personerías municipales; el Gobernador de Nariño, y el Alcalde de Túquerres,
como máxima autoridad de policía, el cual deberá garantizar la seguridad de la
población durante la realización del censo y de la elección del Gobernador del
Cabildo de la Comunidad de Túquerres. Este Comité de Censo deberá encargarse de
coordinar la realización del censo poblacional, para lo cual deberá: (a)
verificar en cada caso particular la auténtica pertenencia al Resguardo de
Túquerres, identificando los casos en los cuales se aplique la figura de la
“adopción” de conformidad con el reglamento de la comunidad de Túquerres, la
Constitución, la ley y la jurisprudencia de esta Corte; (b) identificar las
familias y personas a censar; (c) seleccionar y capacitar a las personas que
realicen el censo y a censar; (d) revisar y validar la pertenencia de cada
miembro de la comunidad y resguardo de Túquerres teniendo en cuenta los
criterios de adscripción y pertenencia a la comunidad, así como el criterio de
adopción; y (e) registrar el censo en un archivo Excel con base en la tabla que
el Ministerio propone.
Este listado censal o
autocenso se deberá llevar a cabo (a) en las 16 parcialidades de la comunidad
de Túquerres, (b) bajo la coordinación y con la autorización de las autoridades
tradicionales y ancestrales de la comunidad de Túquerres, (c) con base en las
reglas que establezca el Reglamento Interno de la Comunidad de Túquerres y las
mismas autoridades tradicionales y ancestrales indígenas, para cuya
determinación podrán tener en cuenta también las reglas establecidas por la
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior para la realización
de estos autocensos, (d) de conformidad con una metodología concertada por el
Comité de Censo, la cual deberá tener en cuenta como mínimo criterios como el
de pertenencia, de residencia, de habitación dentro de la comunidad, de
adopción, de reconocimiento de las autoridades tradicionales y ancestrales, las
cuales saben y conocen quiénes son los verdaderos miembros de las comunidades
indígenas; (e) diseñando mecanismos de interlocución y toma de decisiones, que
garanticen la toma adecuada de decisiones y que tenga en cuenta las posibles
tensiones, conflictos y los problemas históricos o estructurales que se hayan
venido presentando al interior de la comunidad del Resguardo de Túquerres. Para
la realización de este listado censal de la comunidad de Túquerres la Corte
otorga a la Dirección de Asuntos Indígenas y al Alcalde de Túquerres, un plazo
de tres (3) meses contados a partir de la notificación de la presente
sentencia.
(iii) ORDENAR al INCODER que culmine el proceso de censo
y clarificación de la titulación colonial de las tierras y de la
reestructuración y de los estudios socioeconómicos y de tenencia de tierras de
la comunidad de Túquerres en un plazo de seis (6) meses contados a partir de
la notificación de esta sentencia.
Este proceso lo deberá
llevar a cabo el INCODER (a) con la autorización y colaboración de las
autoridades tradicionales y ancestrales del Resguardo de Túquerres, tales como
la Asamblea, los Cabildos y el Consejo Mayor; (b) con la colaboración por parte
del Ministerio del Interior; (c) con la vigilancia y control de la Defensoría
del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación; (d) y la colaboración del
Alcalde de Túquerres; con el fin de constatar la población indígena nativa y
auténtica que pertenece y es miembro de la comunidad y Resguardo de Túquerres,
así como la validación de los títulos coloniales y la tenencia de tierras.
(iv) ORDENAR a la Dirección
de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que una vez terminado el CENSO
POBLACIONAL o el LISTADO CENSAL por las autoridades tradicionales y
ancestrales, y miembros de la comunidad indígena del Resguardo de Túquerres, y
lo tenga en su poder, proceda, de conformidad con el procedimiento previsto en
el Reglamento Interno de la comunidad de Túquerres, bajo la coordinación de las
autoridades Indígenas tradicionales y ancestrales, la Asamblea, los Cabildos, el
Consejo Mayor, y las 16 parcialidades de la comunidad de Túquerres, al
acompañamiento de la realización de la Asamblea General de la comunidad de
Túquerres para la elección del Gobernador, que tiene que ser un miembro
de la comunidad indígena de Túquerres, de conformidad con su propio Reglamento.
En consecuencia, una vez verificada la legalidad y legitimidad de la elección del
Gobernador del Resguardo de Túquerres, y una vez posesionado ante la Alcaldía
de Túquerres, el Ministerio deberá proceder, en coordinación con el Alcalde de Túquerres,
a la
inscripción y registro  del Gobernador del Cabildo de Túquerres.
TERCERO.- SOLICITAR a la Defensoría
del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, que dentro de sus mandatos y
competencias constitucionales y legales, conformen unos comités especiales
de esas entidades de control con el fin de que realicen el acompañamiento, veeduría
y vigilancia, tanto de la realización del autocenso de la Comunidad de
Túquerres, como de la elección del Gobernador del Resguardo de Túquerres, la
cual se debe llevar a cabo con posterioridad a la realización del censo
poblacional ordenado en esta sentencia.
CUARTO.-  INVITAR  a  las  organizaciones  de
segundo  y  tercer  nivel  de estas  organizaciones  indígenas  como  la  AICO
y  la  ONIC  y  a  la comunidad  internacional  que  trabaja  en  nuestro  país
por  la  protección  de  los  derechos de las comunidades  indígenas,  tales  como
el  Relator  Especial sobre  la  situación  de  los  derechos  humanos  y  las
libertades  fundamentales  de  los  indígenas  de  las  Naciones  Unidas,  para
que  en  el  marco de sus mandatos conformen un comité especial que realice
el acompañamiento  a  la  comunidad  respecto de la conformación y
funcionamiento del comité censal, la realización del listado censal de la
comunidad de Túquerres, y  la  elección  del  Gobernador del  Resguardo  de Túquerres,
y realicen la
veeduría y seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en esta
sentencia.
QUINTO.- COMPULSAR copias del presente
expediente al Fiscal General de la Nación, con el fin de que se inicien
o adelanten las investigaciones penales correspondientes a las posibles irregularidades
y delitos denunciados en esta tutela, respecto de aquellos casos o
presuntos delitos que no competan o correspondan a la jurisdicción indígena.
SEXTO.- ORDENAR al juez de primera instancia dentro del presente
proceso de tutela, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala de
Decisión Laboral,
que de conformidad con el artículo 27 Decreto 2591 de 1991 que reglamenta la
acción de tutela, según el
cual la competencia para la verificación del cumplimiento de las órdenes
impartidas en esta sentencia corresponde al juez de instancia, hasta que se
haya restablecido complemente el derecho, que REALICE el seguimiento al cumplimiento de
las órdenes impartidas en esta sentencia, y conozca y decida respecto de los
posibles acciones disciplinarias e incidentes de desacato que se puedan
presentar frente al incumplimiento de las órdenes decretadas en el presente
fallo “hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y publíquese en la Gaceta
de la Corte  Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario (E) General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA T-973/14
DERECHO A LA
AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-El mecanismo de mediación adecuado en
un conflicto que involucra dos facciones dentro de una sola comunidad indígena
debe ser diseñado de manera que maximice la autonomía indígena (Aclaración de
voto)
El mecanismo de mediación adecuado en un conflicto que involucra
dos facciones dentro de una sola comunidad indígena debe ser diseñado de manera
que maximice la autonomía indígena y no propicie la intervención de las
autoridades mayoritarias, que no conocen las normas de derecho propio ni la
cultura del pueblo accionante.  En mi criterio, resultaba más apropiado
sugerir a las partes en disputa algunas alternativas, para que entre estas
escogieran los mediadores o acompañantes; e incorporar en esas propuestas a los
gobernadores de resguardos vecinos.
DERECHO A LA
AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS-Suponer que el Tribunal
Constitucional decide cómo está compuesto el sistema de fuentes de un derecho
propio indígena, no parece compatible con la promesa constitucional de respeto
y protección al pluralismo jurídico (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente T-3988531
Acción de tutela instaurada por Juan Jerónimo Ascuntar Chaucanes,
contra el Ministerio del Interior y otros.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
1. Comparto la decisión adoptada por la Sala Novena de
Revisión en la sentencia T-973 de 2014. Aclaro mi voto, sin embargo, porque
estimo que el mecanismo de mediación adecuado en un conflicto que involucra dos
facciones dentro de una sola comunidad indígena (en este caso el Resguardo de
Túquerres) debe ser diseñado de manera que maximice la autonomía indígena y no
propicie la intervención de las autoridades mayoritarias, que no conocen las
normas de derecho propio ni la cultura del pueblo accionante.
2. Considero que es esa la ratio decidendi de
la sentencia T-1253 de 2008, que se invoca como uno de los fundamentos
normativos más relevantes para la solución de este asunto. Desafortunadamente,
en la sentencia que motiva esta aclaración, la Sala decidió involucrar un
amplio número de organismos internacionales, autoridades nacionales y
organizaciones indígenas para la solución del conflicto. En mi criterio,
resultaba más apropiado sugerir a las partes en disputa algunas alternativas,
para que entre estas escogieran los mediadores o acompañantes; e incorporar en
esas propuestas a los gobernadores de resguardos vecinos, pertenecientes
también al pueblo de los pastos.
En otros términos, la ratio decidendi de la
sentencia destaca la importancia de proteger al máximo la autonomía y el
diálogo interno de la comunidad accionante, pero las órdenes maximizan la
intervención e injerencia externas en el debate.
3. Además de lo expuesto, estimo inconvenientes
algunas consideraciones de la sentencia T-973 de 2014, en los que tiene que ver
con (i) comparar la permanencia en la función de Gobernador del señor Silvio
Lagos con la reelección presidencial; y (ii) asumir la interpretación de un
Reglamento interno, propio de una comunidad indígena, como paso a explicar:
3.1. La analogía entre la reelección presidencial y la
situación del Gobernador en Túquerres es inadecuada, porque las consideraciones
de la Corporación en torno a la reelección presidencial parten de la concepción
del Estado como una democracia liberal y republicana, así como del principio de
frenos y contrapesos, elementos que pueden no existir en el pueblo de los
pastos.
3.2. La forma en que la Corte decidió leer y aplicar
directamente el Reglamento del resguardo supone la posibilidad de que el
Tribunal Constitucional se proclame intérprete interno de sistemas de derecho
propio; al tiempo que desconoce que los reglamentos que actualmente se dan los
pueblos indígenas hacen parte de un proceso de intercambio y asimilación al
derecho mayoritario, razón por la cual estos conviven en cada comunidad con
formas de derecho consuetudinario.
4. Suponer que el Tribunal Constitucional decide cómo
está compuesto el sistema de fuentes de un derecho propio indígena, y además
puede leer con autoridad sus normas, no parece compatible con la promesa
constitucional de respeto y protección al pluralismo jurídico.
Fecha ut supra
María Victoria Calle Correa
Magistrada
[1] “… para la vigencia 2004-2007 apoyo a la alcaldía de Túquerres
al ingeniero Álvaro Garzón Varaona haciendo compromisos de apoyo mutuo es
decir, Lagos apoya para la alcaldía y Garzón apoya a la asamblea y este ultimo
promete públicamente entregar cada año $ 500.000.000 millones de pesos a la
comunidad siempre y cuando Silvio Lagos continúe siendo gobernador indígena, se
cumple el apoyo en votos pero menos el económico, para la vigencia 2008-2011 el
señor Silvio Lagos hace compromiso con la doctora Amparo Bolaños para apoyarla
a la alcaldía municipal con el compromiso de tener apoyo para sostenerse en el
poder de la gobernación indígena y tener prerrogativas en la administración
municipal y de igual manera para tener el apoyo para la vigencia siguiente como
candidato a la alcaldía municipal de Túquerres, se cumplen los primeros
acuerdos pero el de ser apoyado para ser candidato a la alcaldía no, por tal
razón toma la decisión el señor Lagos de abrirse del partido Conservador en el
que venía militando y se pasa apoyar al candidato del Polo Democrático para la
vigencia 2012-2015 al doctor Paulo Cesar Rodríguez Erazo con quien argumenta el
señor Lagos tener un acta de compromiso de doce putos la cual hasta el momento
no se ha hecho pública, lo que si se supo públicamente es que uno de los
compromisos fue la de apoyar al señor Jorge Rodríguez Basante a la Asamblea
departamental quien haciendo campaña con los programas de Estado y nuestros
derechos como exoneración militar, acceso a la universidad, adulto mayor entre
otros sacara una votación de más de 18.000 votos con lo cual se hace ver el
poder político electoral y se tiene el respaldo a cualquier pretensión, cabe
resaltar que el mencionado diputado es hermano de una de las amantes de turno
del señor Silvio Lagos quien por ninguna parte tiene legitimidad ni legalidad
con la población originaria , por otra parte, la actual vigencia del Congreso
el señor Silvio Lagos hace parte por primera vez del apoyo al movimiento de
autoridades tradicionales A.I.C.O. pues el candidato que él apoya en el
movimiento es de su conveniencia pues en el momento es compadre del señor Lagos
….”
[2] “…se debe de tener en cuenta el poder económico que el
mencionado señor maneja pues los arreglos politiqueros, las componendas que se
hacen con la empresa Mallamas por el manejo de los carnets de salud que aproximadamente
son unos 17.000 mas lo que genera la I.P.S. Indígena Julián Carlosama, la cual
es manejada como una finca de propiedad pues nunca han rendido un informe de
pérdidas y ganancias en los 14 años que el señor lagos lleva en el poder, por
información de dos promotoras de salud sabemos que en la I.P.S. indígena se
tiene la costumbre de adulterar las historias clínicas y falsificar las firmas
de los pacientes, para así hacerlos ver como atendidos y poder cobrar, con el
argumento que tienen que pagar muchos recursos en seguridad a grupos al margen
de la ley. Pues en este sentido se puede ver como personas que ha llegado sin
ninguna clase de recursos al momento cuentan con vehículos, casa, tierras
compradas y hasta bomba de gasolina donde según testimonios se abastece de
combustible a los grupos paramilitares que operan en la región, …”
[3] Ver Sentencia T-049 de 2013
[4] Ver Sentencias T-379 de 2011 y T-049 de 2013
[5] Sentencia T-049 de 2013
[6]
Sentencias T-652 de 1998, SU-383 de 2003, T-382 de 2006, T-880 de 2006, entre
otras.
[7]
Sentencia T-652 de 1998.
[8] Sentencia T-379 de 2011.
[9]Ver Sentencias C-208 de 2007, T-371 de 2013, T-652 de 2013.
[10] Sentencia T-973 de 2009
[11] Sentencia T-973 de 2009
[12] Ver Sentencias T-973 de 2009 y T-371 de 2013.
[13] El artículo 7º superior reza los siguiente: “El
Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana.”.
[14] Ver Sentencia C-208 de 2007.
[15]“Artículo  330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los
territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y
reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las
siguientes funciones:
1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre
usos del suelo y poblamiento de sus territorios.
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de
desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan
Nacional de Desarrollo.
3. Promover las inversiones públicas en sus
territorios y velar por su debida ejecución.
4. Percibir y distribuir sus recursos.
5. Velar por la preservación de los recursos
naturales.
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por
las diferentes comunidades en su territorio.
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público
dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del
Gobierno Nacional.
8. Representar a los territorios ante el Gobierno
Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y
9. Las que les señalen la Constitución y la ley.
Parágrafo. La explotación de los recursos naturales en los territorios
indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de
las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha
explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de
las respectivas comunidades”.
[16] Ver Sentencia T-973 de 2009
[17] Ver
sentencia T-371 de 2013
[18] Ver Sentencias T-973 de 2009 y T-371 de 2013, entre otras.
[19] Ver Sentencia T-973 de 2009
[20] Ibidem. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el
principio de la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas, “solo
son admisibles las restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas,
cuando estas (i) sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor
jerarquía; y (ii) sean las menos gravosas, frente a cualquier medida
alternativa, para la autonomía de las comunidades étnicas. La evaluación sobre
la jerarquía de los intereses en juego y la inexistencia de medidas menos
gravosas, debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades de cada
comunidad”. (Sentencia T-903 de 2009)
[21] Sentencia
T-973 de 2009
[22] Consultar la Sentencia T-973 de 2009.
[23] Sentencia T-652 de 2013
[24] Ver Sentencia T-652 de 2013
[25] Decreto 1088
de 1993: Título I: Aplicabilidad, Naturaleza y Objeto.
Artículo 1º.- Aplicabilidad. Los
Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, en representación de sus
respectivos territorios indígenas, podrán conformar asociaciones de conformidad
con el presente Decreto.
Artículo 2º.- Naturaleza Jurídica. Las asociaciones de que trata el presente
Decreto, son entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
Artículo 3º.- Objeto. Las asociaciones que regula este Decreto, tienen por
objeto, el desarrollo integral de las Comunidades Indígenas.
Para el cumplimiento de su objeto podrán desarrollar
las siguientes acciones:
a) Adelantar actividades de carácter industrial y
comercial, bien sea en forma directa, o mediante convenios celebrados con
personas naturales o jurídicas;
b) Fomentar en sus comunidades proyectos de salud,
educación y vivienda en coordinación con las respectivas autoridades
nacionales, regionales o locales y con sujeción a las normas legales
pertinentes.
Artículo 4º.- Autonomía. La
autonomía de los Cabildos o Autoridades Tradicionales Indígenas no se
compromete por el hecho de pertenecer a una asociación.
Título II: Constitución y Estatutos.
Artículo 5º.- Constitución. La
constitución de las asociaciones de que trata este Decreto o la vinculación a
las mismas, se hará con la manifestación escrita del Cabildo o Autoridad
Tradicional Indígena, previo concepto favorable de los miembros de la comunidad
de conformidad con sus usos y costumbres.
Artículo 6º.- Contenido de los Estatutos. Toda
asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas deberá regirse
por los estatutos que contengan por lo menos los siguientes puntos:
a. Nombre y domicilio;
b. Ámbito territorial en que desarrollan sus
actividades;
c. Los Cabildos y/o Autoridades Tradicionales que la
conforman;
d. Funciones que constituyen su objeto y tiempo de
duración;
e. Aportes de los asociados, patrimonio y reglas para
su conformación y administración,
f. Órganos de dirección, vigilancia, representación
legal, control y régimen interno;
g. Normas relativas a la solución de conflictos que
ocurran entre los asociados;
h. Normas relativas a la reforma de los estatutos,
retiro de los asociados, disolución, liquidación de la entidad y disposición
del remanente.
Título IV: Disposiciones varias.
Artículo 9º.- Asamblea. La máxima autoridad de las asociaciones que regula
este Decreto, será una asamblea cuya conformación y funciones será establecida
por los estatutos que adopte la asociación.
Artículo 11º.- Registro de la Asociación.  Modificado por el art. 35, Ley
962 de 2005. Una vez conformada la asociación, deberá registrarse en la Dirección
General de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, para que pueda empezar
a desarrollar sus actividades.
Parágrafo.- Para efecto de coordinación con las
entidades territoriales, la Dirección General de Asuntos Indígenas deberá
informar a las respectivas autoridades locales o regionales sobre el registro
de las asociaciones de que trata el presente Decreto.
Artículo 12º.- Requisitos.  Modificado por el art. 35, Ley
962 de 2005. La solicitud de registro deberá contener los siguientes documentos:
a. Una (1) copia del acta de conformación de la
asociación, suscrita por los Cabildos o Autoridades Tradicionales Indígenas que
la integran;
b. Una (1) copia del acta de posesión de los Cabildos
o Autoridades Tradicionales Indígenas que hacen parte de la asociación;
c. Un (1) ejemplar de los estatutos y su respectiva
aprobación;
d. Actas de las reuniones de la respectiva comunidad
indígena, donde se aprobó el ingreso del Cabildo o Autoridad Tradicional
Indígena a la asociación.
Parágrafo.- Además del acta de posesión de las
Autoridades Tradicionales Indígenas ante el respectivo Alcalde, conforme a la
Ley 89 de 1890, deberán presentar los peticionarios certificación expedida por
la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, en la que
conste su calidad de Autoridad Tradicional Indígena y el territorio donde ejerce
su jurisdicción.
[26] Ver
Sentencia 973 de 2009.
[27] Sentencia T-371
de 2013
[28] Ibídem
[29] Ver las sentencias T-188 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-254 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-007 de 1995 (MP. Antonio
Barrera Carbonell), C-104 de 1995 (MP. Hernando Herrera Vergara), T-349 de 1996
(MP. Carlos Gaviria Díaz), T-496 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz), SU-039 de
1997 (MP. Antonio Barrera Carbonell), SU-510 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-030 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-606 de 2001 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-379 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-603
de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-979 de 2006 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla).
[30] Ibídem
[31] Consultar al
respecto la Sentencia T-979 de 2006.
[32] Sentencia
C-292 de 2003.
[33] Sentencia
973 de 2009.
[34] Sentencia
T-371 de 2013
[35] Ver
Sentencia T-371 de 2013
[36] Sentencia
T-703 de 2008
[37] Ibídem.
[38] Ibídem.
[39] Artículo 330 de la Carta Política.
[40] Sentencia
T-349 de 1996.
[41] Ibídem
[42] Ver
Sentencia T-973 de 2009
[43] Sentencia
T-129 de 2011.
[44] Ibidem.
[45]Sobre este tema se puede consultar, entre otras, la sentencia T-349
de 1996.
[46] “Esta regla supone que al ponderar los intereses que puedan
enfrentarse en un caso concreto al interés de la preservación de la diversidad
étnica de la Nación, sólo serán admisibles las restricciones a la autonomía de
las comunidades, cuando se cumplan las siguientes condiciones: a.                Que
se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior
jerarquía (v.g. la seguridad interna) [y]  b. Que se trate de la medida
menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas”.
T-254 de 1994, T-349 de 1996 y SU-510 de 1998.
[47] Sentencia T-514 de 2009. Ver también Sentencias T-254 de 1994, T-349
de 1996, y Sentencia SU-510 de 1998.
[48] Ibidem.
[49] Ver fallos
T-254 de 1994, entre otros.
[50] Sentencia T-973 de 2009, entre otras.
[51] Sentencia
T-1253 de 2008.
[52] Sentencia
T-001 de 2012.
[53] Sentencia T-652
de 2013.
[54] Consultar al respecto las Sentencias T-523 de 1997 y T-1253 de 2008.
[55] Sentencia T-001 de 2012. Ver también Sentencias T-254 de 1994, T –
514 de 2009 y T – 617 de 2010.
[56] Ibidem.
[57] Sentencia T-652
de 2013.
[58] Ver Sentencia
T-1253 de 2008.
[59] Ibídem
[60] Ver
Sentencia T-652 de 2013.
[61] Ibídem
[62] Ver las sentencias T-188 de 1993 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz),
T-254 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-007 de 1995 (MP. Antonio
Barrera Carbonell), C-104 de 1995 (MP. Hernando Herrera Vergara), T-349 de 1996
(MP. Carlos Gaviria Díaz), T-496 de 1996 (MP. Carlos Gaviria Díaz), SU-039 de
1997 (MP. Antonio Barrera Carbonell), SU-510 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-030 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-606 de 2001 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra), T-379 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-603
de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-979 de 2006 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla).
[63] “.- Un
elemento humano, que consiste en la existencia de un grupo diferenciable por su
origen étnico y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural.
.- Un elemento orgánico, esto es la
existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control
social en sus comunidades.
.- Un elemento normativo, conforme al
cual la respectiva comunidad se rija por un sistema jurídico propio conformado
a partir de las prácticas y usos tradicionales, tanto en materia sustantiva
como procedimental.
.- Un ámbito geográfico, en cuanto la
norma que establece la jurisdicción indígena remite al territorio, el cual
según la propia Constitución, en su artículo 329, deberá conformarse con
sujeción a la ley y delimitarse por el gobierno con participación de las
comunidades.
.- Un factor de congruencia, en la
medida en que el orden jurídico tradicional de estas comunidades no puede
resultar contrario a la Constitución ni a la ley.”  (Sentencia T-349 de 1996)
[64] Decreto 1088
de 1993: “Título I: Aplicabilidad,
Naturaleza y Objeto.
Artículo
1º.- Aplicabilidad. Los Cabildos y/o Autoridades
Tradicionales Indígenas, en representación de sus respectivos territorios
indígenas, podrán conformar asociaciones de conformidad con el presente Decreto.
Artículo
2º.- Naturaleza Jurídica. Las asociaciones de que
trata el presente Decreto, son entidades de Derecho Público de carácter
especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
Artículo 3º.- Objeto. Las
asociaciones que regula este Decreto, tienen por objeto, el desarrollo integral
de las Comunidades Indígenas.
Para el
cumplimiento de su objeto podrán desarrollar las siguientes acciones:
a) Adelantar
actividades de carácter industrial y comercial, bien sea en forma directa, o
mediante convenios celebrados con personas naturales o jurídicas;
b) Fomentar
en sus comunidades proyectos de salud, educación y vivienda en coordinación con
las respectivas autoridades nacionales, regionales o locales y con sujeción a
las normas legales pertinentes.
Artículo
4º.- Autonomía. La autonomía de los Cabildos
o Autoridades Tradicionales Indígenas no se compromete por el hecho de
pertenecer a una asociación.
Título II:
Constitución y Estatutos.
Artículo
5º.- Constitución. La constitución de las
asociaciones de que trata este Decreto o la vinculación a las mismas, se hará
con la manifestación escrita del Cabildo o Autoridad Tradicional Indígena,
previo concepto favorable de los miembros de la comunidad de conformidad con
sus usos y costumbres.
Artículo
6º.- Contenido de los Estatutos. Toda asociación de Cabildos
y/o Autoridades Tradicionales Indígenas deberá regirse por los estatutos que contengan por lo menos los siguientes puntos:
a. Nombre y
domicilio;
b. Ámbito
territorial en que desarrollan sus actividades;
c. Los
Cabildos y/o Autoridades Tradicionales que la conforman;
d. Funciones
que constituyen su objeto y tiempo de duración;
e. Aportes de
los asociados, patrimonio y reglas para su conformación y administración,
f. Órganos de
dirección, vigilancia, representación legal, control y régimen interno;
g. Normas
relativas a la solución de conflictos que ocurran entre los asociados;
h. Normas
relativas a la reforma de los estatutos, retiro de los asociados, disolución,
liquidación de la entidad y disposición del remanente.
Título IV:
Disposiciones varias.
Artículo
9º.- Asamblea. La máxima autoridad de las asociaciones que regula este
Decreto, será una asamblea cuya conformación y funciones será establecida por
los estatutos que adopte la asociación.
Artículo
11º.- Registro de la Asociación.  Modificado por el art. 35, Ley
962 de 2005. Una vez
conformada la asociación, deberá registrarse en la Dirección General de Asuntos
Indígenas del Ministerio de Gobierno, para que pueda empezar a desarrollar sus
actividades.
Parágrafo.- Para efecto de coordinación con las entidades territoriales, la
Dirección General de Asuntos Indígenas deberá informar a las respectivas
autoridades locales o regionales sobre el registro de las asociaciones de que
trata el presente Decreto.
Artículo
12º.- Requisitos.  Modificado por el art. 35, Ley
962 de 2005. La solicitud de
registro deberá contener los siguientes documentos:
a. Una (1)
copia del acta de conformación de la asociación, suscrita por los Cabildos o
Autoridades Tradicionales Indígenas que la integran;
b. Una (1)
copia del acta de posesión de los Cabildos o Autoridades Tradicionales
Indígenas que hacen parte de la asociación;
c. Un (1)
ejemplar de los estatutos y su respectiva aprobación;
d. Actas de
las reuniones de la respectiva comunidad indígena, donde se aprobó el ingreso
del Cabildo o Autoridad Tradicional Indígena a la asociación.
Parágrafo.- Además del acta de posesión de las Autoridades Tradicionales
Indígenas ante el respectivo Alcalde, conforme a la Ley 89 de 1890, deberán
presentar los peticionarios certificación expedida por la Dirección General de
Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, en la que conste su calidad de
Autoridad Tradicional Indígena y el territorio donde ejerce su jurisdicción.”(Énfasis de la Sala)
[65] Artículo 282. El Defensor del Pueblo velará
por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para
lo cual ejercerá las siguientes funciones:
1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio
nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus
derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.
2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las
políticas para su enseñanza.
3. Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las
acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.
4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los
términos que señale la ley.
5. Interponer acciones populares en asuntos
relacionados con su competencia.
6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas
a su competencia.
7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de
sus funciones.
8. Las demás que determine la ley.
[66] Art  15. Todas las
autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya atribuido o
adjudicado la prestación de un servicio público, deberán suministrar la
información necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor,
sin que les sea posible oponer reserva alguna, salvo los casos que la
Constitución lo disponga. La información deberá ser suministrada en un plazo
máximo de cinco días.
Deber de auxilio:
Art. 16. Todas las autoridades públicas y todos los
particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un
servicio público están obligadas, en el ejercicio de sus funciones, a auxiliar
de manera activa e inmediata, con ayuda técnica, logística, funcional o de
personal, a la Defensoría del Pueblo.
En las visitas a entidades o autoridades públicas o a
los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un
servicio público, el Defensor tendrá pleno acceso a la información, recibirá asistencia
técnica para la comprensión de asuntos especializados, podrá solicitar las
explicaciones que sean del caso y citar a cualquier persona para que rinda
testimonio sobre los hechos objeto de indagación.
Negativa de funcionarios a informar:
Art. 17. La negativa o negligencia de un funcionario o
servidor público que impida o dificulte el desarrollo de las funciones de la
Defensoría del Pueblo constituirá causal de mala conducta, que será sancionada
con la destitución del cargo, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya
lugar.
La negativa o negligencia del particular a quien se
haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, será
comunicada por el Defensor a la entidad encargada de la asignación o
adjudicación y será incluida en el informe anual al Congreso, así como en el
que se rinda periódicamente a la opinión pública.
[67] “TÍTULO I.
PRINCIPIOS
GENERALES
Artículo
1. Reconocimiento. El Estado reconoce la
plena existencia de los Pueblos y Comunidades Indígenas en Colombia, de
conformidad con los principios de la nación colombiana, consignados en la
Constitución Política, de libertad, de igualdad, de justicia, de dignidad, de
pluralismo étnico, de reconocimiento a la propiedad comunitaria y del respeto a
la libre determinación de los pueblos.
Artículo 2.
Soberanía. El Gran Pueblo indígena de los Pastos, constituyen uno de los
Fundamentos de la nación y como tal, es depositario de la soberanía Nacional en
igualdad de derechos, conjuntamente con los otros sectores étnicos y sociales
de la nación.
Artículo
3. Autonomía. Esta ley regula el Derecho de autonomía del Pueblo Indígena de
los Pastos, específicamente del Territorio Indígena de Túquerres, su
personalidad y capacidad jurídica, sus formas de gobierno, instituciones de
derecho público, sometidas al derecho mayor a la Constitución Política y a la
ley. Principios constitucionales inherentes al pueblo Indígena, y
especialmente, los derechos a mantener y desarrollar su identidad y su
cultural, administrando nuestros asuntos locales, manteniendo nuestras propias
formas de organización social, las formas comunales de propiedad de la tierra y
de su goce, uso y disfrute.
Artículo
4. Auto Gobierno. Regular la naturaleza jurídica, la jurisdicción, la
competencia y la coordinación y Complementariedad de nuestras instituciones,
aplicando el auto Gobierno, como mecanismo de gobernabilidad de nuestra
comunidad Indígena en armonía con el conjunto de la Administración pública y
del Estado. Especialmente sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, consagradas en el convenio 169 de la OIT, ratificado por
la ley 21 de Fortaleciendo el Estado Social de Derecho, la democracia y el
desarrollo humano de nuestro Pueblo Indígena, como Principios Fundamentales de
nuestra comunidad y del Estado Colombiano.
Artículo 5.
Territorio. Partimos del hecho consistente en que, nuestro territorio ya está
ordenado.
Pero que es
menester disponer de una distribución espacial para efectos administrativos,
pero más allá de este precepto, conforme a nuestra cosmogonía, nuestras
tradiciones y narrativas orales, lo concebimos como el espacio físico,
espiritual, transversal, cosmogónico, cultural, idiosincrático, que, que vive y
siente, que permite la interacción entre el mundo propio, apropiado, y
occidental, es la madre de la humanidad, donde se encarna la vida física y
espiritual, es el territorio quien nos posee, a quien le debemos la vida, y
respecto del cual debemos aplicar siempre el principio de reciprocidad, que nos
permite desarrollarnos desde nuestro origen y nuestras propias raíces. Es
fuente de derechos y obligaciones, en este orden de ideas, si perdemos el
territorio perdemos nuestros derechos, nuestra cultura, y dejamos de existir
como indígenas.
TÍTULO II.
LEY DE
ORIGEN
Artículo
9. Ley Natural: es la norma que regula y
dinamiza los ciclos biológicos y relaciones de vida desde los microorganismos
hasta las especies más desarrolladas, que a su vez conforman los nichos, los
ecosistemas, la madre tierra y la relación del hombre como parte de la
naturaleza y del cosmos.
Esta Ley se
expresa en el manejo del tiempo con base en los calendarios, que permiten hacer
uso de las energías cósmicas solares y lunares para una producción orgánica y
biodinámica, es la ley que ordena la vida reproductiva de las especies, las
relaciones de reciprocidad y complementariedad entre todas las formas de vida
que habitan en un nicho o ecosistema.
Esta norma
natural se constituye en otro soporte cultural dentro de la proyección de las
territorialidades, en tanto, según las culturas milenarias, no puede darse un
ordenamiento natural y cultural por fuera de esta ley que es la que ordena las
manifestaciones de vida, incluido el hombre y su relación con el entorno
natural. Por cuanto, para las comunidades Indígenas, las especies, los nichos,
los ecosistemas y la vida en general de la tierra no se debe a las normas
humanas o culturales, por el contrario la cultura se debe al orden dado por la
Ley Natural. De ahí, se explica los desequilibrios ambientales y catástrofes
humanitarias que hoy padece el hombre a causa de la aplicación de formas
humanas de querer ver, entender y planear el mundo y la vida no acordes a la
Ley Natural.
Artículo
10. Derecho Mayor: El Derecho Mayor, como el
derecho o la ley que nace del territorio y la comunidad, dentro de la
planeación permite conocer y ordenar los principios y valores naturales y
culturales, para convertirlos en norma cultural que orienta y promueve la
conducta y responsabilidad de las autoridades y las comunidades de observar la
Ley de Origen y la Ley Natural en las diferentes prácticas sociales,
ambientales, políticas y culturales, para que se garantice la gobernabilidad,
administración, organización, el equilibrio y armonía de la vida del territorio
y de las poblaciones de la región.
Artículo
11. El Equilibrio. El Equilibrio, interpretado
y concebido como el estado normal de las fuerzas cósmicas y naturales y de las
actividades sociales y culturales, que permite un estado de equilibrio, así,
entre la salud y la enfermedad, entre el uso de las plantas y animales y la
conservación de los mismos, entre las energías dañinas y benéficas del cosmos,
entre otros aspectos. Es por tanto, el estado de cosas que facilita distinguir
los desequilibrios o descompensaciones que se presentan, como en el caso de la
extinción de muchas especies del planeta, o cuando se sobrepone la destrucción.
Artículo
12. Derecho Consuetudinario Indígena:
Llamado también derecho tradicional o costumbre jurídica, constituye el segundo
componente esencial de la jurisdicción indígena, que no es más que el conjunto
de normas de tipo tradicional con valor cultural, no escritas ni codificadas,
que están perpetradas en el tiempo y que son transmitidas oralmente por los
miembros de nuestra comunidad para luego ser reconocidas y compartidas por la
comunidad, las prácticas sociales más significativas que conforman la cultura
de los pueblos indígenas, son las costumbres jurídicas propias: es considerado
como una parte integral de la estructura social y la cultura del pueblo
constituyen un elemento básico de nuestra identidad.
Algunos de
los asuntos a título de ejemplo que forman parte del derecho consuetudinario y
que podrían ser material de esa competencia, lo constituye, a) Normas de
comportamiento público; b) mantenimiento del orden interno; c) definición de
los derechos y obligaciones de los miembros; d) distribución de los recursos
naturales (agua, tierras, bosques, etc.); e) transmisión e intercambio de
bienes y servicios; f) definición de los hechos que puedan ser considerados
como desequilibrios , faltas, que afecten a los individuos o bien a la
comunidad, con la respectiva sanción; g) manejo y control de la forma de
solución de los conflictos y, h) definición de los cargos y las funciones de la
autoridad indígena, entre otros.
TÍTULO
III.
PROCEDIMIENTOS
Y PODER JUDICIAL
Artículo
14. Procedimiento Para Los Desequilibrios:
el procedimiento para los desequilibrios será:
1.
Desequilibrio.
2. Presenta
la queja ante el secretario del Cabildo.
3. Se informa
al gobernador, se convoca al Consejo Mayor de Justicia.
4. El Consejo
investiga, presenta informe ante autoridades propias las cuales juzgan en
primera instancia.
a. Si se
acepta el juzgamiento se pone fin.
5.
Impugnación del fallo.
6. Se convoca
a la comunidad como segunda instancia quien decide de fondo.
7. Reapertura
del proceso por existencia de nuevas pruebas.
8. fin
Artículo
15. Procedimiento en Desequilibrios Menores al Interior de las Parcialidades: el procedimiento para los desequilibrios menores será:
1.
Desequilibrio menores.
2. Se
comunica al corregidor competente.
3. El regidor
decide y procura una solución.
a. Autoridades propias tramitan el asunto.
b. Fin
4. Fin
Artículo
16. Debido Proceso: El indígena que sea
procesado con base en Usos y costumbres, no podrá ser sentenciado hasta que no
culminen todas las etapas que permitan comprobar el estado de equilibrio o
desequilibrio, solo hasta ese momento se presume el estado de inocencia que
motivo la investigación. Y podrá ser asistido en el trámite por un sabedor
propio en su defecto por una persona representativa de la comunidad, que no
podrá ser miembro del Cabildo. Las personas que tienen la Función de investigar
y administrar justicia no podrán en ningún caso prejuzgar.
Artículo
17. Resolución De Controversias En Territorio Indígena: Toda desavenencia que surja entre los miembros del Pueblo
Indígena y no indígenas, con respecto a las causas que generan desequilibrio.
La tenencia de la tierra, reconocimiento de contratos de cualquier naturaleza
jurídica, (laboral, comercial, civil, etc.) Por la aplicación de sus Usos y
costumbres, la incorporación en el Censo, conflictos interfamiliares,
uso de recursos naturales y otros asuntos de interés general acaecidos en el
territorio indígena, será dirimida por las autoridades encargadas de
administrar justicia. Los asuntos tratados y las soluciones aceptadas por
las partes, producirán un acto juzgado y no podrán ser ventilados nuevamente
ante la jurisdicción. En consecuencia si se abre nuevamente el asunto este
podrá ser rechazado por la autoridad. Salvo que se aporten nuevos componentes,
hechos o pruebas que no fueron tenidos en cuenta en el primer juicio.
Artículo
19. Facultad De Administrar Justicia: La
autoridad indígena implica, el Gobernar, Administrar y hacer Justicia desde las
distintas dimensiones de la naturaleza y el espacio de los astros, que orientan
la Organización Política Natural, Espiritual y Cósmica, denominada COSMOCRACIA
ANDINA. Para el pueblo de los Pastos, la Autoridad cultural no es solo una
persona, es el hombre acompañado de un conjunto de ideales, conocimientos,
creencias, usos y costumbres; es la autoridad guiadora a cada instante en el
caminar, en el tiempo y el espacio; es la que retoma y sigue el camino del
Taita Sol (Inti) y la Mama Luna (Quilla); la que guarda la sabiduría de los
antepasados quienes han conservado los sagrados preceptos y conocimientos que
son la fortaleza frente a la agresión y amenazas que se producen en el medio.
Además, como
persona es un ser poseído por las fuerzas naturales y espirituales; es aquella
persona que está revestida de la dignidad, conciencia, sabiduría y tolerancia,
que da lo mejor de sus capacidades a cambio de recibir de la comunidad su
aprecio y aceptación, y así poder gozar del Reconocimiento y respeto del Estado
y la sociedad.
Es la autoridad
cultural revestida del poder natural concedido desde la tierra y la comunidad y
manifestado en sus conocimientos, aptitudes y acciones; es quien crea,
interpreta y practica los mandatos expresados en las normas naturales
representadas en grafías o símbolos escritos en cerámicas, tejidos,
petroglifos, pictógrafos y manifestaciones celestes.
Artículo
20. Organigrama De Justicia Propia Del Territorio Indígena De Túquerres: La justicia del territorio se compondrá así.
1. Consejo
Mayor de Justicia.
a. Comunidad del territorio indígena.
b. Autoridades propias del territorio
i. Regidores
La Comunidad.
En relación con la administración de justicia la comunidad es la máxima
autoridad y la última instancia, se identifica como la expresión concreta del
principio de autonomía indígena, para el ejercicio de la autoridad y el
cumplimiento de sus atribuciones y competencias, de conformidad con la cual
debe regular y aplicar justicia en beneficio propio; la comunidad tiene la
obligación de atender los asuntos jurídicos indígenas, ya que esta facultad
hace parte de su naturaleza milenaria, pudiendo adoptar en forma autónoma las
decisiones necesarias para auto regularse y conducir sus asuntos, sin la
necesidad de hacer uso de la representación, mas sin embargo tendrá limites
como son los Reglamentos, usos y costumbres, la cosmogonía, la ley Natural y el
derecho Mayor.
TÍTULO IV.
AUTORIDADES
PROPIAS DEL TERRITORIO INDÍGENA DE TÚQUERRES.
Artículo
21. La autoridad mayor: Es definido como una
entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad
indígena, elegidos y reconocidos por esta, conforme a lo descrito en el
reglamento interno.
Con una
organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente
a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le
atribuyen las leyes, los usos, costumbres y el reglamento interno. La
autoridad mayor recae en el gobernador que tiene como colaboradores un
secretario, un tesorero, un fiscal y unos alguaciles que cumplen funciones
administrativas y judiciales.
Artículo
22. Segunda Instancia: Las autoridades
propias del territorio indígena de Túquerres, conocerán en segunda instancia de
los asuntos que no puedan resolver los regidores elegidos por cada parcialidad
o los regidores primero, segundo, o tercero. Y conocerán en primera instancia
de los conflictos mayores o delicados que requieran de su intervención para
retornar al equilibrio. Para el cumplimiento de su función judicial
justificarán su fallo según las investigaciones que realice el consejo mayor de
justicia.
Artículo
23. De Los Regidores: Son personas
representativas de la comunidad elegidos, junto con las autoridades propias,
existen tres regidores, El regidor Primero, se encarga de legislar, ordenar,
planificar- El regidor segundo realiza la vigilancia y control de nuestro
ambiente natural y cultural. Y el regidor Tercero, realiza las adjudicaciones
por Usufructo.
En cada
parcialidad existirá un regidor, que se encargará de conocer asuntos menores,
domésticos, simples, que la misma comunidad consideren que deban ser resueltos
por él, Como consecuencia de lo anterior la figura del regidor, presupone la
capacidad para solucionar en primera instancia las controversias menores que se
presenten al interior de las diferentes parcialidades.
Artículo
24. Consejo Mayor De Justicia: Este consejo
estará integrado por cinco personas representativas de la comunidad, el primer
integrante será un Ex Gobernador, el segundo un comunero sabedor o mediador
propio, que pertenezca a la comunidad indígena, o que aun sin pertenecer a ella
conozca la legislación propia los usos y costumbres del pueblo Pasto. El tercer
integrante será un mayor sabedor de la Comunidad, el cuarto integrante será un
miembro de las autoridades propias que no se encuentre impedido. Y el quinto
integrante será uno de los médicos tradicionales que residan en el territorio.
Este consejo mayor de justicia será elegido por la comunidad, de manera
coyuntural, y sus función es la de investigar las causas que generan cualquier
desequilibrio al interior de la comunidad.
A título de
ejemplo se anuncia la responsabilidad derivada de acuerdos, o conflictos
suscitados entre comuneros, la responsabilidad emanada, de acuerdos celebrados
entre las autoridades propias y comuneros, por hechos que engendran
responsabilidad extra contractual, entre otros.
Artículo
25. Competencia: En primera instancia y a
manera de previsión y prevención, la administración de justicia en situaciones
menores recae en los regidores de cada una de las parcialidades, y los
regidores primero segundo y tercero, quienes tienen la facultad de intervenir
investidos de autoridad en asuntos que se susciten en cada una de las
parcialidades, en principio su misión es la de evitar que los conflictos
adopten matices amplios, deberá aconsejar y procurar arreglos antes que
sancionar.
En aquellos
casos en que no sea factible al interior de las parcialidades Retornar al
equilibrio Natural por la naturaleza y gravedad de los conflictos que se
presenten al interior de la comunidad, el regidor deberá remitir el proceso.
Para su conocimiento a las autoridades propias del territorio Indígena de
Túquerres, sus representantes serán los encargados de administrar Justicia.
Artículo
26. Inhabilidades: En caso de que el
Gobernador o uno de los Miembros principales del Cabildo tengan vínculos de
consanguinidad, parentesco, contractuales, subordinación con la persona o
personas involucradas en un trámite leve o grave estos se declaran impedidos.
Cualquier persona de la comunidad incluidos quienes intervienen en el proceso,
podrán alegar la existencia de estos impedimentos. Y en caso de ser comprobados
se dejara constancia de ello y se convocará de inmediato al consejo mayor de
Justicia. Cuando se considere que los hechos que provocan las actuaciones de la
Jurisdicción especial indígena, estas serán remitidas por escrito ante la
jurisdicción ordinaria. Esta facultad es exclusiva de las autoridades propias.
El señor Gobernador del territorio indígena de Túquerres, solicitará de las
demás jurisdicciones el traslado de los asuntos que le corresponde a la
jurisdicción especial indígena, para lo cual hará usos de las herramientas
jurídicas ofrecidas por la normatividad propia y el resto del estado.
Artículo
27. Funciones De Quienes Aplican La Justicia: Esta autoridad deberá administrar justicia con sabiduría, cumplirá
y hará cumplir los mandatos de acuerdo a la Ley de Origen, la Ley Natural y el
Derecho Mayor. La cosmocracia, recogiendo las leyes naturales y universales, los
círculos del sol, la luna y la tierra y se plasman en la las decisiones, para
determinar el resultado de los procesos, La autoridad del Territorio indígena
de Túquerres investida de facultades para impartir justicia debe desdoblar los
conocimientos del pasado, recreando su identidad en el presente y proyectando
el futuro en beneficio colectivo, dando lo mejor de su sabiduría, a cambio de
recibir de la comunidad su aceptación y respeto.
(….)
CAPÍTULO
I. DESEQUILIBRIOS EN CONTRA DE LA COMUNIDAD Y SU INSTITUCIONALIDAD
Artículo
47.Fraude en proceso de elección: La designación de autoridades propias se
realizará conforme a lo anunciado en el reglamento interno, su inaplicación
presupondrá una sanción grave. En razón a que es el acto por medio del cual la
comunidad delega su representación.
TÍTULO
VII.
DE LOS
DERECHOS
Artículo
86.Casa De Justicia Propia: Las casas de
justicia será un centro de información, orientación, referencia y prestación de
servicios en la solución de conflictos que se susciten al interior de la
comunidad Indígena. Donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia propia.
Artículo
87. Objeto de la casa de la justicia: La
Casa de justicia propia tiene por Objeto:
1. Procurar
el equilibrio natural con base en la aplicación las Fuentes del derecho Propio
como son la ley de origen, la ley natural, y el derecho mayor.
2. Ofrecer a
la Comunidad espacios integrales de acción en justicia.
3. Formar a
la comunidad indígena en General en el manejo de la metodología para el uso y
la difusión del plan de vida, Plan de Justicia, y reglamento Interno del
Territorio Indígena de
Túquerres.
4. Propiciar
la participación efectiva de la comunidad en el diagnóstico y solución de
conflictos, mediante mecanismos de justicia propia.
5. Articular
las políticas de justicia propia con la aplicación de justicia de las demás
jurisdicciones.
6. Prestará
atención y promoverá el desarrollo integral y armónico de la comunidad indígena
con respecto a sus Intereses particular y en especial del componente colectivo
de su población.
Artículo
88. Beneficios de la casa de la justicia:
Beneficios Que Se Buscan Con La Casa De Justicia Propia:
1. Lograr una
mayor presencia del cabildo ante a comunidad.
2. Creación
de espacios de interacción y participación con la comunidad en el
fortalecimiento de las formas propias de administrar justicia.
3.
Fortalecimiento de la convivencia mediante la capacitación a la población
indígena del territorio.
4. Acceso
permanente a la justicia.
5. Aplicación
de la metodología para el uso y difusión de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos.
6.
Articulación de la justicia propia con los programas de destinados a la
comunidad.
7. Promoción
y defensa de la ley de origen, el derecho mayor y la ley Natural.
8. Lograr
mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
El territorio
indígena de Túquerres, por intermedio de los diferentes estamentos propios
encargados de administrar Justicia desarrollará todas las acciones que
considere pertinentes, para garantizar seguridad y calidad Jurídica, en la
aplicación de Justicia, para tal efecto se promoverá la capacitación necesaria
a las personas que conforme al presente reglamento les asiste la obligación de
administrar justicia, en procura de retornar al equilibrio natural.
Artículo
89. Funciones del cabildo en la administración de justicia: Para el cumplimiento de los objetivos señalados en esta Ley, el
Cabildo indígena de Túquerres tendrá las siguientes obligaciones y
atribuciones:
1. Establecer
por resolución mecanismos de control y supervisión de los recursos, bienes,
tramites, que se adelanten en la casa de Justicia.
2. Mecanismo
Jurídicos Paralelos Que Permiten Administrar Justicia.
Artículo
90 Fuentes: Con la Constitución de 1991, los
pueblos indígenas lograron elevar a rango Constitucional los derechos
establecidos en la legislación indígena nacional, avanzando así en el
desarrollo y promoción de los mismos.
La
Constitución establece que Colombia es un Estado Social de Derecho
caracterizado por ser étnica y culturalmente diverso, refiriéndose al concurso
de varios grupos étnicos y culturas en un mismo espacio, es decir, la
existencia de una variedad de comunidades humanas definidas por afinidades
raciales, lingüísticas, culturales, Espirituales, las cuales son objeto de
protección.
Corresponde
al Gobierno Nacional la promoción, fortalecimiento y cuidado de la aplicación
efectiva de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas, respetando sus
propios sistemas sociales, económicos, culturales y políticos.
Asimismo, la
Constitución reconoce a los pueblos indígenas la vigencia de un “Pluralismo
Normativo”, es decir, la existencia de tres órdenes normativos o tres sistemas
de derecho diferente y complementario:
-La Legislación
General de la República
-La
Legislación Especial Indígena
-Los Sistemas
Normativos Propios
Artículo
91. Fuentes constitucionales: los artículos constitucionales aplicables son:
Artículos
1, 2, 6, 7, 10, 13, 38, 58 ,63, 70, 72, 79, 96, 246, 286, 287, 321, 329, 330,
339, 340, y 56 transitorio.
Artículo
92. Fuentes De Derecho Internacional:
Legislación Especial Indígena Está integrada por todas las normas que
establecen derechos y garantías especiales en beneficio de los pueblos
indígenas, los cuales incluyen:
-Convenios y
Tratados Internacionales ratificados por Colombia.
-Convenio
169 de 1989 de la O.I.T.
-Declaración
universal de derechos Humanos.
-Declaración
americana de los derechos y deberes del Hombre.
-El pacto
internacional de derechos Civiles y políticos.
-Convención
americana sobre derechos americanos.
-La
convención internacional sobre todas las formas de discriminación racial.
1. El
gobierno colombiano deberá respetar la importancia especial que para las
culturas, y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación
con el territorio.
2. El
territorio de las comunidades indígenas cubre la totalidad del hábitat de los
pueblos y las regiones, que los territorios ocupan.
3. El estado
debe reconocer el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupa.
4. Los
gobiernos deben adoptar las medidas que sean necesarias para determinar las
tierras que los pueblos indígenas ocupan. Y garantizar la protección efectiva
de sus derechos.
Artículo
93. Fuentes Legales: Legislación General de
la República Son las leyes que se aplican a todos los colombianos y en tal
virtud a los indígenas, quienes en su calidad de ciudadanos gozan de todos los
derechos y están sujetas a similares obligaciones que los demás nacionales.
1. Ley 89
de 1890. Por medio de la cual se reconoció
facultades administrativas, y judiciales limitadas a las autoridades indígenas.
2. Ley 715
de 2000. Por medio del cual se crea el
sistema general de participaciones.
3. Ley 368 de
1997. Por medio del cual se crea la red nacional de solidaridad social.
4. Ley 191 de
1994. Por medio del cual se crea el FONDO NACIONAL DE REGALIAS.
5. Ley 21 de
1991 (Por la cual se ratifica el Convenio 169 de la OIT)
6. Decreto
2164 de 1995 – (Reglamenta la Ley 160 de 1994 y define los Territorios
Indígenas.
7. Ley 160 de
1994 – Ley de Reforma Agraria (Derogada por el artículo 178 de la Ley 1152 de
2007)
8. Decreto
250 de 2005 (Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a
la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones)
9. Ley 387 de
1997 (Por medio de la cual se adoptan medidas para la prevención y atención del
desplazamiento forzado)
10. Decreto
2164 de 1995, crea el procedimiento a seguir para la constitución,
reestructuración, saneamiento y ampliación de Territorios Indígenas.
11. Decreto
1188 de 1993. Consagra que los cabildos o autoridades tradicionales no podrán
vender o gravar las tierras comunales de los grupos étnicos, o los territorios
indígenas. (Artículo 63 de la C.P. )
12. Decreto
2164 de 1995.-
13. Decreto
1397 de 1996. Por medio del cual se crea la comisión Nacional de territorios
indígenas, y mesa permanente de concertación con los pueblos indígenas.
14. Ley 145
por medio del cual se aprueba el convenio, “Convenio Consultivo del fondo para
el desarrolla de los pueblos indígenas.
15. Ley 397
de 1997. Por medio de la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural,
fomentos estímulos a la cultura, y se crea el ministerio de cultura.
16. Ley 74 de
1968, por medio de la cual se aprueban los pactos internacionales de derechos
económicos, sociales y culturales.
17. Ley 115
de 1994, en su artículo 55, recrea el marco legal correspondiente a la
educación para grupos étnicos.
18. Decreto
804 de 1995. Reglamenta el P.E.I. S y Currículo.
19. Decreto
804 de 1995. Reglamenta la educación para grupos étnicos.
20. Ley 100
de 1993. Asigna particular importancia a los grupos étnicos en cuanto a la
administración de sus propias empresas prestadoras del servició.
21. Ley 691
del año 2001.- establece la participación de los grupos étnicos en el sistema
general de seguridad social.
22. Decreto
330 de 2001. Se expiden normas para la constitución y funcionamiento para
entidades promotoras de salud.
23. Ley 99 de
1993. Creación del ministerio del medio ambiente. En su artículo 13 se crea el
consejo nacional ambiental, el cual está integrado por un representante de las
comunidades indígenas.
24. Decreto
1276 de 1994. Por medio del cual se anuncia la existencia de experiencias
ambientales de las culturas tradicionales.
25. Decreto
1603 de 1994. Articulo 14 referente a las experiencias ambientales de las
culturas tradicionales, su fomento.
26. Decreto
1277 Articulo 13 fomento y difusión de experiencias ambientales de las culturas
tradicionales.
27. Decreto
1791 de 1996.- articulo 44 régimen de aprovechamiento forestal en aéreas de
territorios o reservas indígenas.
28. Decreto
2169 de 1995 artículo 25 sobre función social y ecológica de la propiedad de
los territorios.
Artículo
94. Marco Jurisprudencial (…)
Artículo
109. Adopción: La adopción de personas
como integrantes de la comunidad indígena es válida, siempre y cuando las
personas interesadas conozcan y vivan la ley de origen, la ley natural, y el
derecho mayor, compartan además nuestra cosmovisión, defienda nuestros
derechos, luchen en favor de los intereses de la comunidad, y pasen sus terrenos
a titulo de territorio si los tuviere. Para adelantar el proceso de adopción,
el interesado deberá elevar un solicitud ante la autoridad del Territorio
Indígena de Tùquerres, o la asamblea general quien estudiará la petición, y si
cumple con los requisitos atrás anunciados se ordenará su inscripción en el
censo. En todo caso las personas individualmente que se integren a la
comunidad del Territorio Indígena de Túquerres por adopción, podrán ser
acreedores de derechos en las siguientes condiciones. a. Podrán solicitar la
exoneración de servicio militar solo después de haber transcurrido, cinco años
a partir de su reconocimiento como indígena. b. Las personas interesadas en
acceder a los derechos relacionados con estudios superiores, solo podrán hacer
usos de este, después de que haya transcurrido tres años a partir de su
reconocimiento. c. Para ejercer el derecho a elegir a las autoridades
tradicionales, será necesario que hayan transcurrido más de tres años a partir
de su reconocimiento como indígena. d. Para ocupar cargos en las diferentes
entidades del territorio Indígena de Túquerres, será necesario que hayan
transcurrido más de cinco años a partir de su reconocimiento como indígenas. e.
No podrán ser elegidos como gobernadores o autoridades propias, antes de 10
años las personas que pertenecen a nuestra comunidad en calidad de Indígenas
por adopción.
(…)
TÍTULO
XIII.
GOBIERNO
PROPIO
CAPÍTULO
I. LAS AUTORIDADES
Artículo
133. La Autoridad: La autoridad revestida del poder natural concedido desde la
tierra y la comunidad manifestado en sus conocimientos, aptitudes y acciones;
es quien crea, interpreta y practica los mandatos expresados en las normas
naturales representadas en grafías o símbolos escritos en cerámicas, tejidos,
petroglifos, pictógrafos y manifestaciones celestes.
La
autoridad natural, tiene la facultad para llevar el “Bastón de Mando”,
considerado desde tiempos milenarios como el símbolo de la naturaleza y la
cultura, representa la dualidad femenina y masculina, lleva inmerso los valores
y principios de la rectitud, pulcritud, honestidad, reciprocidad, territorio y
comunidad.
Así
también, significa la justicia para guiar y seguir por los caminos legados por
los antecesores, quienes transmiten la fuerza del espíritu y la revelación de
la sagralidad para ejercer el gobierno, administración y justicia propios de
los pueblos indígenas.
En la
práctica de la autoridad para el gobierno, administración y justicia propios,
es importante entender el ejercicio de esta autoridad con base en el Derecho
Mayor. Es el derecho, que nace del territorio y la comunidad. Es el derecho
esencial, para comprender y regular el gran significado de la vida, de los
valores, de los principios y de la existencia como pueblos indígenas que
habitan en el Nudo de los Pastos, y por lo tanto es el derecho que regula y
defiende la identidad cultural de este pueblo, para el pleno ejercicio de su
autonomía, la autonomía sin identidad no existe y sin estos principios de igual
manera, no existe el Derecho Mayor. Este Derecho, no es mayor por ser superior
o más antiguo que otros derechos, es Derecho Mayor porque garantiza en el
tiempo el gobierno, la administración y justicia de conformidad con la
sabiduría, principios y valores antepasados naturales y universales de las
culturas andinas.
Es
consecuencia, es una concepción de autoridad que hace posible, de acuerdo con
los principios y concepciones expresadas anteriormente, una gobernabilidad,
administración y justicia, de manera integral, que permita reordenar la
territorialidad del territorio indígena de Túquerres, mantener y fortalecer
estas formas propias de gobierno y organización, que tienen el fin de
equilibrar el territorio, la naturaleza y la cultura, como parte fundamental
para permanecer en continuo movimiento sin deteriorar ni extinguir la vida,
garantizando la comunicación (lazos) entre las comunidades y pueblos, en
reciprocidad, como un principio que orienta la redistribución.
En el
sistema de autoridad, gobierno y administración propios, se recrean el respeto
y veneración a las cosas y asuntos colectivos o comunitarios, por tanto, es
necesario valora todo lo que existe y se promueve en favor de las comunidades y
establece las responsabilidades y deberes de la comunidad, y promueve la
conciencia de la aplicación de los derechos en su sentido colectivo, para todas
las manifestaciones de vida.
De esta
forma, la cosmocracia supera las esferas y directrices de la democracia actual,
que rige a los modelos o sistemas políticos de occidente, la cual se enmarca en
los tres poderes y poco o nada tiene en cuenta la Ley Natural, reconociendo que
en algunos momentos históricos lo ha hecho en parte aplicando el derecho
natural en conjunto con el derecho positivo.
Artículo
134. El gobernador: Es la persona escogida por la comunidad en asamblea general
de elección, quien debió cumplir con el proceso para su reconocimiento y
escogencia, y se constituye después de la comunidad, en la máxima autoridad del
territorio y su colectividad, debe generar espacios de fortalecimiento de los
procesos y sistemas adecuados de gobierno propio, desde el Derecho Mayor para
el buen ejercicio de la autoridad indígena, con autonomía y liderazgo para la
vida colectiva, fundamentado en los principios naturales, espirituales, éticos
que rigen para la entidad.
Artículo 135.
Cabildo indígena: Entidad pública especial, representa la autoridad propia,
cuyos miembros son indígenas elegidos y reconocidos por una parcialidad
localizada en un territorio determinado, cuya función es la de representar
legalmente a su grupo y ejercer las funciones que le atribuye los usos y
costumbres a cada uno de sus integrantes de acuerdo con el cargo encomendado.
Los
cabildantes deben ser miembros de la comunidad que los elige y su elección se
hará conforme a lo dispuesto en el presente reglamento de acuerdo a nuestras
propias formas de organización tradicional.
Artículo
136. Funciones del Gobernador: Son Funciones Del Gobernador
-Representar
a la comunidad Indígena del territorio de Túquerres. Promover e imprimir el
desarrollo al plan de Vida.
-Patrocinar
la demarcación de las tierras ocupadas ancestralmente por las comunidades
indígenas para obtener la propiedad colectiva.
-Dirigir
peticiones, solicitar se abran averiguaciones, ante los organismos
administrativos y/o jurisdiccionales competentes, en el caso de que surjan
problemas con miembros de los pueblos y comunidades indígenas, relativa a la
problemática de sus derechos, obligaciones y desequilibrios.
-Procurar
el reconocimiento y respeto absoluto por parte del Estado, de las formas de
organización propia de nuestra comunidad la representación social y la
administración del territorio.
-La
capacidad para definir nuestro propio desarrollo de conformidad con los
derechos reconocidos en el derecho mayor, la Constitución Política y en el
Pacto Internacional de
-Derechos
Económicos, sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
-Proteger
los territorios indígenas, sus recursos naturales, su patrimonio arqueológico y
cultural, y mejorar la infraestructura y condiciones de vida de comunidad.
-Procurar
el respeto a la reivindicación de las costumbres y valores culturales propios,
así como las normas consuetudinarias que regulan nuestra convivencia social.
-Atender
las situaciones sociales de la población indígena para propiciar el desarrollo
humano, administrando los recursos y el patrimonio indígena en su beneficio;
deberán destinar parte del presupuesto en atención social, como producción,
salud educación, alimentación, vivienda, cultura, otras necesidades sociales,
así como el desarrollo de proyectos de auto sostenibilidad.
-Promover
el Plan de renovación Territorial, dentro del territorio indígena, el que
deberá definir lo siguiente:
a. Áreas
para conservación de recursos naturales.
b. Áreas
para rescate de los recursos naturales renovables.
c. Áreas
para utilización productiva, clasificando por tipo de cultivo.
d. Áreas
de conservación cultural, arqueológica y sitios sagrados.
e. Áreas
para asentamientos humanos.
f. Áreas
de otorgamiento eventual de concesiones de aprovechamiento de recursos
renovables y no renovables.
-Promover
ante los poderes públicos el establecimiento de toda clase de beneficios para
la comunidad.
-Coordinar,
planificar, orientar, formular y desarrollar los mecanismos de información,
participación y consulta previa, que por derecho corresponde a los pueblos
conforme al convenios 169 de la O. I .T, ratificado mediante la ley 21 de 1991.
-Participar
conjuntamente con la Rama Judicial del poder público en acciones de
coordinación, con el objeto de proteger los derechos y garantizar el respeto de
la integridad de los pueblos indígenas.
-Diseñar
políticas para el desarrollo y mejoramiento de las condiciones económicas,
sociales, culturales de las comunidades, a partir de nuestra identidad visiones
y realidades, asegurando el respeto de la ley natural, ley de Origen y el
Derechos Mayor.
-Planificar
y ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo integral, sustentable y
respetuoso de la identidad de la comunidad.
-Coordinar,
concertar y gestionar ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales e internacionales, la ejecución de planes, programas y proyectos que
generen bienestar para la comunidad.
-Proponer
e impulsar proyectos de leyes, reglamentos, resoluciones, acuerdos y otros
instrumentos jurídicos y administrativos para facilitar el desarrollo y
mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de la
comunidad.
-Promover
la implementación y ejercicio pleno de los derechos colectivos reconocidos por
instrumentos nacionales, internacionales; y los anunciados en este reglamento.
-Establecer
y promover mecanismos de diálogo y consulta permanente entre el cabildo y la
comunidad.
-Administrar
o delegar la administración y representación, de la Emisora, la I.P.S Julián
Carlosama, y las demás empresas que se creen y estén adscritas al Cabildo. Y
Expedir el reglamento interno de funcionamiento y estatutos que orienten el
destino de estas empresas.
-Colaborar
con la comunidad para que protejan la propiedad intelectual colectiva.
-Velar por
el reconocimiento de la medicina tradicional; establecer programas integrales
para la salud.
-Ejecutar
el Presupuesto del cabildo y de las empresas adscritas a él, de acuerdo al plan
de vida.
-Presentar
informes en relación con el manejo de recursos, y desarrollo de políticas en
asamblea que se desarrollará al menos cada seis meses,
-Ejercer
las demás atribuciones que le confiere el derecho mayor usos costumbres y
tradiciones.
Artículo
137. Calidades para ser elegido Gobernador: Para ser elegido Gobernador del
Territorio Indígena de Túquerres, se requiere,
a. que las
personas aspirantes sean indígenas auténticas.
b. Que sea
sabedor y que demuestre un buen comportamiento familiar y social.
c. Que
haya ocupado cargos de Autoridad al interior del Cabildo.
d. En caso
de poseer tierras estas deberán estar inscritas a titulo colectivo de
territorio de manera obligatoria.
e. O en su
defecto, que demuestre la existencia de procesos individuales en la defensa y
recuperación del territorio, o la defensa y recuperación de los derechos
colectivos de la comunidad y haber ocupado un cargo de autoridad.
f. Que la
comunidad le certifique sobre el cumplimiento de los requisitos atrás
anunciados, y que no hayan sido sancionados con base en el plan de justicia
propio por desequilibrios relacionados con:
-Detrimento
patrimonial de los recursos del Cabildo.
-El no
acompañamiento al movimiento político que representa a las comunidades
indígenas.
Excepto
cuando no se tenga candidato del movimiento se podrán realizar coaliciones
aprobadas por la comunidad en asamblea.
-En caso
de que el Gobernador, los integrantes de la autoridad indígena , candidatos,
servidores públicos, adelanten acciones personales o compromisos con partidos
políticos ajenos al movimiento indígena, serán sancionados, con destitución e
inhabilidad para ejercer cargos en la autoridad propia no podrán obrar como
servidores públicos avalados por movimientos indígenas, y no podrá ocupar cargo
al interior de las empresas de la comunidad indígena del territorio de
Túquerres por un término equivalente a 10 años.
-La
conspiración y traición a los movimientos de lucha.
-La venta
del territorio.
-El mal
usos y abusos de autoridad,
-El mal
manejo de bienes y fondos comunitarios.
-El
incumplimiento de las obligaciones asignadas al cabildo sin justificación.
-La Tala,
Quema De Bosques, Destrucción De Páramo, Caza, Pesca No Autorizada O Utilizando
Medios No Convencionales, Como La Dinamita, Barbasco, Escopetas O Muerte De
Hembras O Animales Pequeños O En Crecimiento.
Artículo
138. Calidades para ser elegido como AUTORIDAD PROPIA DEL TERRITORIO
INDÍGENA
DE TÚQUERRES: Para ser miembro de la autoridad Indígena de Túquerres se
requiere:
a. Que las
personas aspirantes sean indígenas auténticas.
b. Que
haya realizado el proceso respectivo.
c. En caso
de poseer tierras estas deberán estar inscritas a titulo colectivo de Cabildo.
d. Que
demuestre la existencia de procesos individuales en la defensa y recuperación
del territorio, o la defensa y recuperación de los derechos de la comunidad.
e. Que
haya demostrado proceso de liderazgo y trabajo comunitario en procura de
mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
f. No
estar desempeñando cargos de elección popular, contratos o cargos en el
territorio o en las empresas del territorio hasta el año antes de la
inscripción o elección.
g. No
tener familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad trabajando o
contratando con el territorio o sus empresas.
h. Que la
comunidad le certifique sobre el cumplimiento de los requisitos atrás
anunciados y que no hayan sido sancionados con base en el plan de justicia
propio por desequilibrios relacionados con:
-Detrimento
patrimonial del Cabildo.
-En caso
de que el Gobernador, los integrantes de la autoridad indígena , candidatos,
servidores públicos, adelanten acciones personales o compromisos con partidos
políticos ajenos al movimiento indígena, serán sancionados, con destitución e
inhabilidad para ejercer cargos en la autoridad propia no podrán obrar como
servidores públicos avalados por movimientos indígenas, y no podrá ocupar cargo
al interior de las empresas de la comunidad indígena del territorio de
Túquerres por un término equivalente a 10 años.
-La
conspiración y traición a los movimientos de lucha.
-La venta
del territorio.
-El mal
usos y abusos de autoridad
-El mal
manejo de bienes y fondos comunitarios.
-El
incumplimiento de las obligaciones asignadas al cabildo sin justificación.
-La Tala,
Quema De la madre tierra, incluidos Chaparo y quinchas, Destrucción De Páramo,
Caza,
Pesca No Autorizada O Utilizando Medios No Convencionales, Como La Dinamita,
Barbasco,
Escopetas O Muerte De Hembras O Animales Pequeños O En crecimiento.
Artículo
139. Regidor de Vereda: Para ser elegido regidor de vereda se requiere
demostrar liderazgo y conocimiento de su parcialidad y que no haya cometido
alguno de los desequilibrios que se relacionan para la elección del Cabildo.
Artículo
140. Autoridad tradicional: La autoridad tradicional Se integra por médicos
tradicionales, parteros, parteras yaichacunas, sabedores propios.
Etnoeducadores, mayores, tejedoras, chagreros, investigadores, ex gobernadores.
CAPÍTULO
II. ELECCIÓN DE LAS AUTORIDADES PROPIAS
Artículo
141. Sistema Para La Escogencia De Autoridades Propias: La elección del
Gobernador obedecerá según principios de cosmocracia, cosmogonía y
cosmoreferenciales, en este orden de ideas el Gobierno será rotativo y
se tendrá en cuenta para ello, la cuadratura cósmica del sol de los
Pastos,
sobrepuesta en el croquis del territorio indígena de Túquerres, tomando como
punto de referencia el Monumento de los Comuneros del Sur, de esta manera se da
origen al turno de derecha a izquierda, (al contrario de las manecillas del
reloj ) de acuerdo al nacimiento del taita inti.
De cada
parcialidad que conforma la cuadratura podrán postular su nombre varios
aspirantes.
1. Así
las cosas retomará el Gobierno, un representante de las parcialidades que
corresponde a la primera cuadratura IMUES, CUAICAL, CALCAN, IBOAG.
2. En
segundo lugar Continuará un representante de las parcialidades de CAJUAZA,
IPAIN, GUAITARILLA, ICUAN
3. La
tercera cuadratura permitirá la escogencia de un aspirante que resida en las
parcialidades de GUASIMI, ESNAMBUD, TECALAKRE, NASNAGER.
4. y
por último la cuarta cuadratura permitirá a la comunidad la escogencia de un
aspirante que resida en las parcialidades de SAPUIZ, CHANARRO, TUTACHAG,
CHAITAN.
En caso de
que los aspirantes que se postulen de cada cuadratura, no cumplan con los
requisitos exigidos, cedera en turno los aspirantes residentes en las
parcialidades del siguiente cuadrante, y continuará la rotación.
El
gobernador suplente será elegido por la comunidad del cuadrante siguiente por
rotación-.
En caso
que el gobernador principal elegido por votación no pueda terminar sus
funciones por causas diversas se realizara una nueva elección con candidatos de
la cuadratura en turno.
Artículo
142. Elección de autoridades propias del territorio indígena de Túquerres: La
elección de las autoridades propias del territorio indígena de Túquerres, se
realizará en asamblea de elecciones el mismo día en que se elija al gobernador,
cada parcialidad elegirá un representante que conformará las autoridades propias
del territorio indígena de Túquerres, las parcialidades de Chaitan, Icuan e
Iboag, contarán con dos representantes.
En
relación con los miembros de la autoridad propia del territorio, no procederá
el sistema de rotación, pero podrán ser reelegidos.
Artículo
143. Requisitos para ejercer el derecho de elección de las autoridades propias:
Podrán
ejercer su derecho a la escogencia del gobierno propio, aquellos comuneros que
al momento de la elección cumplan con los siguientes requisitos.
1. Que el
Comunero o comunera, cuente con más de quince años de edad.
2. Estar
incluido en el censo que se encuentra protocolizado en la división de etnias
del ministerio del interior y de Justicia
3. Estar
residiendo en el territorio.
4. No
haber sido privado al derecho a elegir.
5.
Presentar la cedula de ciudadanía o tarjeta de identidad o títulos al momento
de la elección.
Artículo
144. Desarrollo de la escogencia de las autoridades propias: Para llevar a cabo
las elecciones de las autoridades propias, se instalará en cada una de las
parcialidades una meza de votación, la cual estará integrada mínimo por dos
jurados principales y dos jurados suplentes, la mesa estará dotada con el censo
sistematizado y físico de la población que reside en cada una de las
parcialidades.
El Cabildo
indígena de Túquerres, expedirá una resolución en la cual indicará como fecha
límite para la inscripción de aspirantes a la Gobernación e integrantes de la
autoridad el último viernes del mes de octubre.
Artículo
145. Celebración de asambleas de elecciones: La autoridad propia, señalará la
fecha, y hora para la celebración de la asamblea de elección la cual se
realizará el segundo domingo del mes de Diciembre.
En ella
se escogerá a gobernador y a los integrantes de la autoridad apropia las
elecciones se realizaran de ocho de la mañana a cinco de la tarde.
Artículo
146. Intensión para la elección: Los integrantes de la comunidad podrán elegir
a sus autoridades sin que sea obligatorio, la intensión en la elección de la
autoridad será hablada en voz alta, esta voluntad individual será tomada por
los jurados de votación, y se dejará constancia de la intensión, en medio
físico y acta firmada por los asambleístas.
Los
comuneros solo podrán desarrollar su derecho en la escogencia de autoridades
propias en la parcialidad en que se encuentre censado y les está completamente
prohibido, hacer ejercicio de este derecho, en más de una oportunidad, en caso
de que llegaré a suceder su intención de escogencia será anulada. Y se le
adelantará el tramite jurídico propio, con forme al plan de justicia del
Territorio indígena de Túquerres.
Artículo
147. Garantías para la escogencia de las autoridades propias: Los aspirantes a
ocupar el cargo de Gobernador y Autoridad del territorio indígena de Túquerres,
contarán con las siguientes garantías.
1. Exponer
sus ideas, planteamientos y programas en las asambleas programadas por la
autoridad
2. A
participar con voz en las asambleas celebradas por la autoridad.
3.
Designar dos veedores en cada una de las mesas dispuestas para la recepción del
voto.
Quienes
velaran por la transparencia, obligaciones y derechos de los aspirantes.
4. No se
puede utilizar recursos administrados por la autoridad propia de turno o
ajenos, para el desarrollo de actividades tendientes a la escogencia de
nuestras autoridades.
Artículo
148. Periodo de gobierno: El Gobernador del Territorio Indígena de Túquerres
será elegido por medio de voto cantado para un periodo de Un (1) año,
prorrogable por uno más, según evaluación y ratificación de la comunidad en
asamblea.
La
asamblea de ratificación de gobierno, se realizará a más tardar el día 20 de
octubre del año de elección, en caso de que no sea ratificado el gobernador, la
autoridad convocará en la misma asamblea a nuevas elecciones, conforme a lo
descrito en el presente reglamento.
Artículo
149. Reelección de gobernador y de autoridades: El Gobernador del territorio
indígena de Túquerres podrá ser ratificado en su cargo en las condiciones atrás
anunciadas, pero de ninguna manera podrá ejercer un periodo de gobierno
superior a dos años, procederá la reelección solo hasta cuando la parcialidad
conforme al sistema de rotación siga en turno.
Los
aspirantes a autoridades propias Gobernador y AUTORIDAD, se inscribirán por la
parcialidad de origen y no le es dado inscribirse por otra, así se hayan
trasladado de residencia a otra parcialidad.
Artículo
150. De las remuneraciones a las autoridades: …
TÍTULO XV.
RÉGIMEN DE
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS
APLICABLES
AL SEÑOR GOBERNADOR Y A LOS INTEGRANTES DE LA AUTORIDAD
PROPIA.
Artículo
163. Objetivo: En procura de lograr elementos de transparencia en el ejercicio
de las funciones, y actividades de quienes ejercen autoridad desde el cabildo y
la Gobernación, partiendo de criterios emanados de la ley propia, y reclamada
por la comunidad se ha dispuesto un régimen de inhabilidades,
incompatibilidades e impedimentos en razón de su condición, deben acatarse.
Artículo
164. Inhabilidades: La inhabilidad es la falta de capacidad legal para realizar
determinado acto jurídico o administrativo o legislativo su interpretación es
limitada a lo prescrito en este documento, no es posible efectuar su aplicación
por vía de analogía.
Se señalan
las siguientes:
No podrá
desempeñarse como Gobernador o como integrante de la autoridad propia o en
calidad de contratista o trabajador de las instituciones adscritas, al Cabildo
indígena.
1.
Aquellas personas que hayan incurrido y hayan sido sancionadas por los
desequilibrios relacionados en el manual de Justicia. La inhabilidad será
dependiendo del desequilibrio y la sanción, de uno a veinte años.
2.
Aquellas personas que no cumplan con los requisitos, calidades, y cualidades
enumerados en el presente reglamento o en el manual de justicia propia.
3. La
compra venta del territorio.
4.
Aquellas personas que al momento de la inscripción como aspirantes a integrar
las autoridades propias del territorio indígena de Túquerres, ostenten la
calidad de servidor público o trabajador oficial. Excepto aquellas personas que
hayan sido elegidas como autoridades propias del territorio indígena de
Túquerres.
5. Tampoco
podrán ser elegidos como integrantes de las autoridades propias del territorio
indígena de Túquerres, aquellas personas que no cuente con el tiempo requerido
para asumir responsabilidades para con nuestra comunidad, en razón a vínculos
con entidades de tipo social, o estatal. Como por ejemplo madres comunitarias,
juntas de acción comunal, entre otros.
6. Tampoco
podrán ser elegidos como integrantes de las autoridades propias del territorio
indígena de Túquerres, aquellas personas que hayan celebrado contratos, o se
encuentren inmersos en vínculos laborales con el cabildo o sus empresas hasta
un año antes al momento de la correspondiente elección. Excepto el
representante legal del territorio y sus empresas que por derecho propio tiene
que firmar contratos y/o convenios.
Artículo
165. Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de
los integrantes de la Autoridad Propia del Territorio Indígena de Túquerres: …
Artículo
166. Incompatibilidades: Para ejercer como autoridades propias del Territorio
Indígena de
Túquerres,
aplican las siguientes incompatibilidades:
1.
Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas de derecho privado o
público que administren, manejen o inviertan fondos procedentes del respectivo
cabildo o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.
2. Tener
dentro del territorio o sus empresas, trabajadores o contratistas hasta el
cuarto de consanguinidad y segundo de afinidad. y primero civil.
Artículo
167. Favorecimiento: El Gobernador o las autoridades propias del territorio
indígena de Túquerres, no podrán favorecer a personas que tengan asuntos,
negocios o pleitos con el Cabildo.
Será
considerado como acto de mala conducta y perderá su designación o contrato.”
[68] Ver
Sentencias T-792 de 2012 y T-576 de 2014.