C-342-17
Sentencia
C-342/17
ORDEN DE DETENCION
QUE SE DISPONE CON EL ANUNCIO DEL SENTIDO DEL FALLO CONDENATORIO CONTENIDO EN
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Garantía de reserva judicial, reserva legal y carácter
excepcional de las medidas privativas de la libertad/ORDEN DE DETENCION QUE
SE DISPONE CON EL ANUNCIO DEL SENTIDO DEL FALLO CONDENATORIO CONTENIDO EN
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-No viola las garantías del debido proceso
La Sala
considera que el problema jurídico que debe resolver la Corte Constitucional es
el siguiente: ¿Es violatoria de la Constitución y concretamente de los derechos
a la libertad personal (artículo 28 C.P.), el debido proceso, de la garantía de
presunción de inocencia (artículo 29 C.P.) y del derecho de acceso a la segunda
instancia (artículo 31 C.P.), la facultad concedida a los jueces penales de
conocimiento por el artículo 450 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento
Penal, que les permite ordenar el encarcelamiento de la persona, al momento de
dar el sentido del fallo condenatorio, cuando consideren que tal detención
resulta necesaria “de conformidad con las normas de este código” [Código de
Procedimiento Penal]? Para resolver el anterior problema jurídico la Sala
atiende al siguiente programa del fallo: en primer lugar, examina el contenido
de los segmentos demandados, dentro de la estructura general del proceso penal
en Colombia, luego atiende a la amplia potestad del legislador en materia de
regulación de los procedimientos judiciales, que ha sido un lugar común de
referencia de los intervinientes. Como tercera cuestión determina el contenido
de los derechos fundamentales a la libertad personal, refiriendo el carácter
excepcional de sus limitaciones, la presunción de inocencia y la doble
instancia, alegados como violados. Efectuado lo anterior la Sala refiere
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
que según la cual el fallo condenatorio consiste en un
acto jurídicamente complejo dentro del sistema acusatorio adoptado por la Ley
906 de 2004, es constitucionalmente consistente, en el sentido de integrar como
una unidad conceptual el anuncio del sentido del fallo y el texto de la
sentencia condenatoria que se emitirá después, lo que no
excede los límites del amplio espacio de configuración del legislador para el
establecimiento de los procedimientos judiciales. En lo que tuvo que ver con el
cargo de violación del derecho a la libertad personal, la Sala encontró que la
orden de privación de la libertad establecida por el artículo 450 del Código de
Procedimiento Penal respeta las garantías de la reserva judicial, la reserva
legal y el carácter excepcional de las medidas privativas de la libertad.
Igualmente consideró la Sala que esa orden de detención tampoco viola las
garantías del debido proceso, pues el afectado cuenta con medios de control
adecuados, como son la declaratoria de nulidad del sentido del fallo y de la
orden de detención, y el recurso de apelación sobre la sentencia, en virtud del
cual podrán ser impugnadas tanto la privación de la libertad, como la
declaratoria de responsabilidad penal. Dentro de esta misma perspectiva se
concluyó también, que la norma demandada no viola la presunción de inocencia,
pues la detención excepcional que se ordena al anunciar el sentido del fallo,
constituye una restricción de la libertad dictada por motivos de necesidad, en
los términos antedichos. Como cuestión final la Corte reiteró que el juez de
conocimiento tiene la obligación de evaluar todas las circunstancias relacionadas con el
caso y la conducta desarrollada por el acusado, velando por la integridad de
sus derechos fundamentales y la vigencia del principio pro libertate. Por
lo mismo, el funcionario debe asumir rigurosamente, que la privación de la
libertad es excepcional y que más aún debe serlo la privación de la libertad
intramural, por lo cual y de conformidad con la doctrina reconocida por la
Corte, “las autoridades deben verificar en cada caso concreto la
procedencia de los subrogados penales como la prisión o detención domiciliaria,
la vigilancia electrónica y la libertad provisional, pues éstas desarrollan
finalidades constitucionales esenciales en el Estados Social de Derecho”.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargas argumentativas que debe asumir el
ciudadano/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes
INTEGRACION
NORMATIVA-Concepto/INTEGRACION
NORMATIVA-Eventos en que procede
Ha señalado la jurisprudencia, que la
integración normativa consiste en una facultad con la que cuenta la Corte
Constitucional, que le permite integrar enunciados o normas no demandadas, a
efectos de ejercer debidamente el control constitucional y dar una solución
integral a los problemas planteados por el demandante o los intervinientes.
Igualmente ha dicho que se trata de una facultad excepcional, en tanto que
permite el pronunciamiento de fondo respecto de normas no demandadas, y que
sólo procede en tres casos: (i) cuando se demande una disposición cuyo
contenido deóntico no sea claro, unívoco o autónomo, (ii) cuando la disposición
cuestionada se encuentre reproducida en otras que posean el mismo contenido
deóntico de aquella, y (iii) cuando la norma se encuentre intrínsecamente relacionada
con otra disposición que pueda ser, presumiblemente, inconstitucional.
LIBERTAD
DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Jurisprudencia
constitucional/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Contenido y alcance/LIBERTAD DE CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES-Límites
DERECHO
A LA LIBERTAD PERSONAL-Protección
constitucional/DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-Alcance
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD PERSONAL-Garantías de
reserva judicial y legal/RESERVA DE PRIMERA PALABRA O RESERVA ABSOLUTA DE
JURISDICCION-Definición
El artículo 28 de la Constitución prevé
para la libertad personal, las garantías de la reserva legal y la judicial. Se
entiende por reserva, el establecimiento de una cláusula de garantía, por la
que un determinado asunto o materia solo puede ser desarrollado por una
autoridad específica o por una clase de norma determinada. En sentido
contrario, si el asunto es regulado por una autoridad o por una norma diferente
a la prevista en la Constitución, el acto o la norma son inconstitucionales. La
reserva judicial es una garantía constitucional, en virtud de la cual, las
afectaciones o privaciones de la libertad personal o las afectaciones de la
inviolabilidad del domicilio solo pueden acontecer o ser adelantadas, en virtud
de orden escrita de autoridad judicial competente. En sentido contrario,
si funcionarios administrativos o de las fuerzas armadas adelantan tales
medidas sin la orden judicial, el procedimiento es inconstitucional y
violatorio del debido proceso. A esta garantía también se la llama “reserva de
la primera palabra” o “reserva absoluta de jurisdicción” y opera “cuando, en ciertas
materias, compete al juez no sólo la última y decisiva palabra sino también la
primera palabra referente a la definición del derecho aplicable a las
relaciones jurídicas. Es decir, que hay ciertos asuntos sobre los cuales sólo
se pueden pronunciar los tribunales”, lo que resulta decisivo respecto del tipo
de decisiones que toman los jueces al ejercer el derecho punitivo, pues en
tales casos, como bien lo ha dicho la Corte Constitucional, el juez no sólo
debe operar como instrumento de defensa y garantía de los derechos de la
víctima del delito y de la sociedad mayoritaria, sino también de los derechos
del delincuente. La segunda garantía es la reserva legal, que desarrolla el
principio de legalidad. De acuerdo con esta, tanto la privación de la libertad,
como el allanamiento, deben practicarse en virtud de motivos previamente
fijados en la ley y no a criterio del funcionario. Adicionalmente, el
procedimiento deberá satisfacer los requisitos fijados por la propia ley.
DERECHO
A LA LIBERTAD PERSONAL-No es absoluto/DERECHO
A LA LIBERTAD PERSONAL-Restricciones/CARACTER EXCEPCIONAL DE MEDIDAS
PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD Y DE ASEGURAMIENTO-Jurisprudencia constitucional
DERECHO
FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO-Jurisprudencia
constitucional/DEBIDO PROCESO-Derecho de estructura compleja/DEBIDO
PROCESO-Alcance
DERECHO
A IMPUGNAR-Concepto/DERECHO A RECURRIR-Definición/PRINCIPIO
DE LA DOBLE INSTANCIA-Alcance/DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Alcance
constitucional/RECURSO-Definición/DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y EXISTENCIA
DE RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos/DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Jurisprudencia
constitucional/DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos/DERECHO AL RECURSO JUDICIAL
EFECTIVO-Características/DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO Y DERECHO
DE ACCESO A LA SEGUNDA INSTANCIA-Componentes del derecho fundamental al
debido proceso
NORMA ACERCA DE
ORDEN DE DETENCION QUE SE DISPONE CON EL ANUNCIO DEL SENTIDO DEL FALLO
CONDENATORIO CONTENIDO EN ARTICULO 450 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-Jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia en torno al recurso de
apelación una vez sea expedido el texto definitivo de la sentencia
CODIGO
DE PROCEDIMIENTO PENAL-Anuncio del sentido del
fallo y decisión que se adopte acerca de la libertad de quien ha sido hallado
culpable contenida en norma acusada, no son impugnables
La Sala reitera
que el anuncio del sentido fallo y la sentencia constituyen una unidad, en
cuanto acto jurídico complejo, y precisa que el anuncio del sentido del fallo y
la decisión que se adopte acerca de la libertad de quien ha sido hallado
culpable, no son impugnables. Si bien la decisión del juez de conocimiento
puede implicar la privación de la libertad de esa persona, el término de quince
(15) días dispuesto por el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal no
resulta desproporcionado en sus efectos frente a la libertad, por el breve
transcurso de tiempo que acontece entre el referido anuncio y la sentencia. De
este modo se tiene que la apelación es el recurso judicial efectivo dispuesto
por el ordenamiento penal respecto del fallo condenatorio, medio que involucra
el control judicial sobre la sentencia y lo decidido en ella, para el caso, la
detención sobrevenida con el anuncio del fallo, como elemento constitutivo de
aquella.
DERECHO
A LA PRESUNCION DE INOCENCIA-Contenido y alcance/DERECHO
A LA PRESUNCION DE INOCENCIA-Definición/PRESUNCION DE INOCENCIA-Rango
de derecho fundamental/PRESUNCION DE INOCENCIA-Elementos
La presunción de
inocencia es una de las garantías del derecho fundamental al debido proceso. En
este sentido el artículo 29 de la Constitución dispone que “Toda persona se
presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”. Este
principio y derecho fundamental también se encuentra consagrado en tratados
internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, de
conformidad con el artículo 93 de la Constitución. De este modo la Declaración
Universal de Derechos Humanos establece en el Artículo 11, que “Toda persona
acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan
asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Por su parte el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el numeral 2
del artículo 14, que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.
Adicionalmente y en el plano del Sistema Interamericano de Protección, el
artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha dispuesto en el
numeral 2, que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. La Corte
Constitucional ha definido la presunción de inocencia en múltiples ocasiones,
reconociendo explícitamente su carácter de derecho fundamental. De este modo en
la Sentencia C-205 de 2003 específicamente dijo que “El
derecho fundamental a la presunción de inocencia, recogido en el artículo 29
constitucional, significa que cualquier persona es inicial y esencialmente
inocente, partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar responsable al
acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado de las plenas
garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad. Así pues, la
presunción de inocencia, se constituye en regla básica sobre la carga de la
prueba, tal y como aparece consagrado en numerosos textos de derechos humanos”.
Esta Corporación ha reiterado en sus definiciones tres elementos centrales
alrededor de la presunción de inocencia: (i) que se trata de un derecho
fundamental, (ii) que es una garantía cuyo alcance se extiende hasta el
perfeccionamiento de la ejecutoria de la sentencia que declara la responsabilidad,
y (iii) que es una garantía que debe ser aplicada tanto de las sanciones
penales, como de las administrativas.
PRESUNCION DE INOCENCIA-Garantías básicas
La
jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente, que la presunción de
inocencia está constituida por tres garantías básicas como son: (i) nadie puede
ser considerado culpable hasta que haya sido demostrada su responsabilidad en
un proceso respetuoso de las garantías constitucionales; (ii) la carga de la
prueba sobre la responsabilidad recae en la acusación; y (iii) las personas
sometidas a procedimiento deben ser tratadas de conformidad con los contenidos
de este principio.
DETENCION
QUE SE DICTA AL MOMENTO DE ANUNCIAR EL SENTIDO DE FALLO CONDENATORIO-Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia
SENTENCIA
CONDENATORIA-Acto jurídico complejo conformado por
dos momentos procesales/SENTENCIA CONDENATORIA-Consonancia que debe
existir entre el sentido del fallo y la sentencia
La
Corte Constitucional comparte con la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia y algunos de los intervinientes, la interpretación de acuerdo con
la cual dentro del sistema acusatorio establecido por la Ley 906 de 2004, el
fallo es un acto jurídico complejo conformado por dos momentos procesales, el
del anuncio del sentido del fallo y el texto definitivo de la sentencia, que
deben guardar congruencia entre sí. Considera la Sala que dicha interpretación
es constitucionalmente consistente, en el sentido de integrar como una unidad
conceptual y jurídica, el anuncio del sentido del fallo con la orden de
privación de la libertad que eventualmente pueda darse con él, y la sentencia
condenatoria que se emitirá dentro de los quince días siguientes al anuncio del
fallo.
NORMA DEMANDADA
ACERCA DE ORDEN DE DETENCION QUE SE DISPONE CON ANUNCIO DEL SENTIDO DEL FALLO
CONDENATORIO CONTENIDO EN ARTICULO 450 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL-No es un mandato, sino una facultad de acuerdo
con la cual, si el acusado declarado culpable se encontrare en libertad, el juez
podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia,
salvo que la detención sea necesaria
JUEZ PENAL DE
CONOCIMIENTO-Obligación de evaluar las
circunstancias relacionadas con el caso y la conducta desarrollada por el
acusado, velando por la integridad de sus derechos fundamentales y vigencia del
principio pro libertate
El juez
de conocimiento tiene la obligación de evaluar todas las circunstancias relacionadas con el
caso y la conducta desarrollada por el acusado, velando por la integridad de
sus derechos fundamentales y la vigencia del principio pro libertate. Por lo
mismo, el funcionario debe asumir rigurosamente, que la privación de la
libertad es excepcional y que más aún debe serlo la privación de la libertad
intramural, por lo cual y de conformidad con la doctrina reconocida por la
Corte, “las autoridades deben verificar en cada caso concreto la
procedencia de los subrogados penales como la prisión o detención domiciliaria,
la vigilancia electrónica y la libertad provisional, pues éstas desarrollan
finalidades constitucionales esenciales en el Estados Social de Derecho.
Referencia:
Expediente D-11672
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 450 (parcial) de la
Ley 906 de 2004 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
Demandantes:
Ilich Felipe Corredor Carvajal
Magistrado
Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá
D.C., mayo veinticuatro (24)  de dos mil diecisiete (2017)
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez,
quien la preside, Carlos Libardo Bernal Pulido, Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Iván Escrucería
Mayolo (e), Cristina Pardo Schlesinger, Alberto Rojas Ríos y José Antonio
Cepeda Amarís (e), en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previo
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública establecida en los
artículos 40 numeral 6, 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano
Ilich Felipe Corredor Carvajal  impugnó la constitucionalidad del
artículo 450 (parcial) de la Ley 906 de 2004, Por la cual se expide el Código
de Procedimiento Penal, por la eventual vulneración de los artículos  13,
28, 29 y 31 de la Constitución Política, así como por la violación de los
artículos 7.2 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9.4 y
14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La Corte Constitucional mediante Auto de octubre 6
de 2016, decidió inadmitir la demanda de inconstitucionalidad, concediéndole al
demandante el término de tres días, para que procediera a su corrección. El 13
de octubre de 2016 el demandante presentó escrito de corrección de la demanda,
señalando que procedía a satisfacer los requisitos de certeza, especificidad,
suficiencia y pertinencia, que habían sido señalados como déficit argumental de
la demanda en el Auto de octubre 6 de 2016.
Tras examinar el escrito de corrección, la Corte
Constitucional mediante Auto de octubre 26 de 2016 resolvió admitir la demanda
formulada en contra del artículo 450 (parcial) de la Ley 906 de 2004, Por la
cual se expide el Código de Procedimiento Penal, por la eventual violación
de los artículos 28, 29 y 31 de la Constitución Política, rechazando la demanda
respecto el cargo de violación del artículo 13 de la Constitución que establece
el derecho a la igualdad.
II.
TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe la norma legal acusada,
precisando que la demanda se limita a las expresiones subrayadas:
LEY
906 DE 2004
Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
“Artículo 450. Acusado no privado de la libertad. Si
al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se
hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta
el momento de dictar sentencia.
Si
la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el
juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.”
III.
LA DEMANDA[1]
La acusación del demandante recae sobre
una facultad condicionada dispuesta en el artículo 450 del Código Procedimiento
Penal (en adelante C.P.P.), a saber, la facultad otorgada al juez penal de
conocimiento, que le permite al momento de anunciar el sentido del fallo,
decidir entre dos posibilidades: (i) que el acusado declarado culpable continúe
en libertad hasta el momento de dictar la sentencia, u (ii) ordenar la
detención del acusado que se encuentre en libertad, librando la orden de
encarcelamiento respectiva, “si la detención es necesaria de conformidad con
las normas de este código”.
En su opinión los segmentos demandados
son violatorios de derecho a la libertad personal (artículo 28 de la
Constitución), del debido proceso (artículo 29 de la Constitución) y del
derecho a la segunda instancia (artículo 31 de la Constitución).
Como tesis central señaló que “El
artículo 450 del CPP permite la restricción injusta y discriminatoria de la
libertad del declarado culpable, en el escenario de ausencia de condena cierta
e individualizada y sin sentencia existente ni ejecutoriada, así deja sin
contenido material y real tanto la presunción de inocencia, como el debido
proceso por la elusión material que conlleva ejecutar a prevención una
sentencia que no ha sido ejecutoriada, véase ni siquiera adoptada, desde la
perspectiva de impugnar el fallo condenatorio, así como de la revisión por
parte del superior. Se hacen entonces nugatorias las garantías constitucionales
invocadas en tanto la persona es privada de su libertad sin existencia de una
sentencia y sin que la misma haya hecho tránsito a cosa juzgada”[2].
Precisa el accionante, que los
enunciados demandados son violatorios de la presunción de inocencia, en tanto
que la medida restrictiva de la libertad del artículo 450 de C.P.P. implica que
la condena se comience a cumplir antes de tener sentencia condenatoria
ejecutoriada, siendo que en el sistema colombiano no procede lo que él llama “el
cumplimiento preventivo de una pena”.
También plantea la violación del derecho
al debido proceso, porque respecto de la decisión que tome el juez al momento
de dictar la privación de la libertad, no se cuenta con la oportunidad procesal
de refutar la necesidad de la reclusión inmediata, y porque “el cumplimiento
de la pena” (sic) se hace efectivo (i) antes de tener la posibilidad de
impugnar la condena y (ii) antes de que se pronuncie el juez de segunda
instancia en caso de haberse apelado la sentencia condenatoria.
Agrega el demandante, que de acuerdo con
la Constitución se prohíbe la privación de la libertad como regla general, y
tan solo se permite la privación de la libertad en dos únicas hipótesis: por la
imposición de medidas cautelares dentro del proceso penal (los supuestos para
imponer una medida de aseguramiento) o por la existencia de sentencia
condenatoria ejecutoriada. De este modo y en su opinión, el juez de primera
instancia queda revestido de una gran discrecionalidad, que le permite ordenar
el cumplimiento inmediato de la pena antes que exista la sentencia y de que la
misma se encuentre en firme. Reitera que el enunciado demandado le otorga un
gran poder al juez, pues la facultad concedida “ya no recae sobre una medida
de aseguramiento de carácter preventivo, ni punitivo y cautelar, sino sobre el
cumplimento efectivo de una pena impuesta por virtud de una condena anunciada
pero aun indeterminada”[3].
Respecto del derecho a la presunción de
inocencia considera la demanda, que si bien se encuentra “debilitada”
por el sentido del fallo, aún no ha sido desvirtuada. Se pregunta el accionante
si la presunción de inocencia termina con la formulación del sentido del fallo
o con la condena en firme, señalando que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sostenido que dicha presunción termina únicamente con la
ejecutoria del fallo que declara la responsabilidad penal y contiene la
condena. De este modo el poder subjetivo otorgado al juez por medio del
artículo 450 demandado se convierte en una presunción de culpabilidad, pues aún
está pendiente la posibilidad de impugnar el fallo condenatorio y eventualmente
obtener que se revoque la sentencia apelada.
En relación con el derecho de libertad
personal, insistió que en el marco del proceso penal son solo dos las hipótesis
en las que se puede privar la libertad: la necesidad de una medida de
aseguramiento (art 307 C.P.P.) y el cumplimento de una condena, indicando que
la privación del artículo 450 no se pude justificar con las finalidades de los
artículos 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. En concreto dijo
que “La vulneración del derecho fundamental de la libertad por parte de la
disposición demandada radica en la imposibilidad de atacar la orden del juez,
pues se ejecuta la condena anunciada pero el anuncio no pude ser objeto de
impugnación”, tan solo la sentencia, se remite a las disposiciones de medidas
cautelares, claramente inaplicables, y no prevé ninguna oportunidad procesal
para presentar consideraciones y pruebas que desaconsejen la privación anticipada
de la libertad a título de una condena que no está en firme.”[4]
Finalmente
expuso que acontecía la violación del artículo 31 de la Constitución, que
establece que “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo
las excepciones que consagre la ley”, por la siguientes razones: porque el
anuncio del sentido del fallo no se puede apelar, porque  la orden de
encarcelamiento se hace efectiva antes de que se pueda proponer y tramitar el
recurso de apelación contra la sentencia, y porque se afecta el contenido de la
apelación, que busca la revisión del fallo condenatorio antes del cumplimiento
de la sentencia.
IV. intervenciones
En
total fueron presentadas cinco intervenciones ante la Corte Constitucional. Dos
de ellas, provenientes de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad
Nacional de Colombia, que solicitaron la declaratoria de inexequibilidad de los
enunciados demandados; otras dos, emitidas por el Instituto Colombiano de
Derecho Procesal y el Ministerio de Justicia y del Derecho, le pidieron a la
Corte que mantuviera la constitucionalidad de las normas; mientras que la
última, originada en la Fiscalía General de la Nación, solicitó la emisión de
un fallo inhibitorio por ineptitud de la demanda o que en subsidio fuese
declarada la exequibilidad de lo demandado.
1.
Miguel Córdoba Angulo[5]
El
ciudadano Miguel Córdoba Angulo, actuado en calidad de profesor de la
Universidad Externado de Colombia, intervino solicitando la inexequibilidad de
todo el artículo 450 del C.P.P., al considerar que “si se decretara una
inexequibilidad parcial en los términos de la demanda inicialmente interpuesta,
la norma resultante carecería de toda lógica legislativa y jurídica”[6].
El escrito está conformado por cinco secciones destinadas al análisis de la
medida, el derecho a la libertad personal, el debido proceso, la presunción de
inocencia, y los derechos a impugnación y doble instancia, y gira alrededor de
la siguiente tesis:
“Así
las cosas puede concluirse que, si lo único que habilitaría al juez de
conocimiento, según lo normado en el artículo 450 constitucional (sic),
acusado, es el sentido condenatorio del fallo, no se persigue finalidad alguna
que esté prevista legal o constitucionalmente, como lo requieren la
Constitución, los Tratados Internacionales y las nomas rectoras sobre la materia.
En
consecuencia, la facultad contenida en el artículo 450 tendiente a privar de la
libertad al acusado declarado culpable que se halle en libertad, implica,
además de la ilegitima restricción del derecho a la libertad, la vulneración de
otro conjunto de derechos, tales como el debido proceso y en éste los derechos
autónomos de presunción de inocencia, impugnación y garantía de la doble
instancia.”[7]
Señaló
que desde el punto de vista constitucional, el derecho a libertad personal solo
puede ser restringido por medio de la medida de aseguramiento y de la sentencia
condenatoria, precisando que cada una de ellas cumple fines constitucionales
precisos y distintos. Adicionalmente dijo respecto de la potestad demandada,
que al momento de su ejercicio: (i) no existe  sentencia condenatoria que haya
hecho tránsito a cosa juzgada, (ii) no concreta o individualiza la pena a
imponer, (iii) no se pronuncia sobre los mecanismos sustitutivos de la pena,
(iv) la decisión no provee recursos ordinarios o extraordinarios que permitan
controvertirla, (v) no existe pronunciamiento de segunda instancia que haya
puesto fin al proceso, (vi) la decisión de privar de la libertad se toma sin
considerar la vigencia de la presunción de inocencia, que solo se desvirtúa de modo
definitivo con la sentencia, y (vii) no señalan reglas para que el juez ordene
la detención del acusado que se encuentre en libertad y que le ha sido
anunciado el sentido del fallo.
Referido
lo anterior, el interviniente se ocupó del derecho a la libertad personal,
referenciando las normas locales e internacionales que lo reconocen, resaltando
el carácter excepcional de las restricciones de este derecho, especialmente
sensible en los casos de detención intramural, refiriendo las reglas contenidas
en las sentencias C-106 de 1994, C-774 de 2001, C-456 de 2006, C-390 de 2014 y
C-366 de 2014, precisando los fines, requisitos y funciones de la medida de
aseguramiento y de la pena, que son las únicas restricciones del derecho a la
libertad aceptadas por la Constitución.
Evacuado
lo anterior, el escrito se detuvo en el derecho al debido proceso, registrando
el reconocimiento hecho por el artículo 29 de la Constitución. Dentro de esta
línea refirió este derecho como un conjunto de garantías mínimas establecidas
en favor de las personas, que contiene los requisitos que deben ser
considerados en cualquier proceso de carácter judicial, lo que obliga al Estado
a combatir el delito “con estricta observancia de los principios y las
normas del Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos”.
Finalmente el escrito dio paso al examen de la presunción de inocencia,
entendida desde la Sentencia C-289 de 2012, como una garantía que “acompaña
a la persona investigada por un delito hasta el fallo o veredicto definitivo y
firme de culpabilidad”, acotando referencias jurisprudenciales relacionadas
con el doble carácter de esta presunción: el hecho de ser una de las garantías
autónomas que conforman el derecho al debido proceso, y la afirmación según la
cual,  el dominio de esa garantía tan solo finaliza cuando se está frente a “fallo
o veredicto firme de culpabilidad”.
2.
Instituto Colombiano de Derecho Procesal
El
ciudadano Juan David Riveros Barragán intervino en nombre del Instituto
Colombiano en Derecho Procesal, solicitando que se mantenga la
constitucionalidad de la norma demandada, en un documento dividido en partes,
que giran alrededor de tres ejes: que la restricción de la libertad contenida
en la norma es una “medida preventiva”; que el demandante en su escrito
incurrió permanentemente en errores interpretativos, y que se trata de un
asunto preferentemente procesal.
Como
tesis central sostuvo, que “lo que acá se debate, guarda relación con una
indebida interpretación normativa, mas no con un problema de constitucionalidad
del artículo 450 de la Ley 906 de 2004, pues la discrecionalidad que el
legislador le otorgó al juez de conocimiento para privar de la libertad al
procesado, una vez se conoce el sentido del fallo, debe entenderse como un
medida preventiva que impone el operador jurídico, en atención a los criterios
de necesidad que ha establecido el artículo 306 y siguientes del estatuto
procesal penal”[8].
Como
punto de partida de sus afirmaciones dijo que si bien la ley señala que el
anuncio del sentido del fallo y el fallo son dos actos procesales distintos, no
deben entenderse así, sino que en virtud del principio de congruencia, deben
ser asumidos como “un todo inescindible”, precisando eso sí, que no se trata de
una medida con fines de ejecución de la pena.
Negó
el interviniente que se esté frente a una violación de la presunción de
inocencia, argumentando la amplia potestad legislativa del Congreso respecto
del diseño de la política criminal, la investigación penal y el juzgamiento,
que prevé la posibilidad de imponer medidas preventivas como la privación de la
libertad del acusado, agregando el momento de dictar el sentido del fallo.
Respecto de la garantía de la doble instancia, dijo “que el demandante
nuevamente incurrió en un error interpretativo de las normas, en la medida en
que la posibilidad de impugnar las sentencias condenatorias de conformidad con
el artículo  179 de la Ley 906 de 2004” y que “no es posible predicar una
inconstitucionalidad del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal por el
simple hecho de que la oportunidad procesal se concrete con la lectura de la
sentencia y no con el sentido del fallo”[9].
Finalmente
dijo que la facultad del juez de restringir la libertad una vez emitido el
sentido del fallo, no es simplemente subjetiva, sino que está basada en
criterios de necesidad, indicando que la Corte Constitucional ha reconocido la
autonomía con que cuentan los jueces al tomar sus decisiones, que el criterio
de necesidad se encuentra incorporado en el Código de Procedimiento, y que es
imposible para cualquier ordenamiento jurídico, “incorporar positivamente,
todas y cada una de las situaciones y eventos  concretos de la realidad
social”.
3.
Universidad Nacional de Colombia[10]
La
Universidad Nacional de Colombia remitió un escrito de intervención, señalando
que ya se había pronunciado sobre el mismo problema jurídico-constitucional, y
que “con la finalidad de mantener una congruencia institucional, se sugiere
retomar dicho concepto, pues el objeto de debate  y enfoque constitucional
sigue siendo el mismo”. Dentro de esta perspectiva, fue transcrito el pasaje de
la postura:
“La
Universidad Nacional de Colombia solicita que el artículo 450 sea declarado
inconstitucional. Parte de la descripción que la jurisprudencia constitucional
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos  hacen del derecho al debido
proceso. Destaca el valor reconocido a la libertad personal, como
responsabilidad esencial para las autoridades”. Esta, dice el interviniente,
debe ser entendida en relación con  la presunción de inocencia, de modo que
sólo puede ser restringida con pruebas contundentes sobre la responsabilidad
del sujeto, agregando que “La presunción de inocencia, por lo tanto, cobija a
toda persona desde que se le ha iniciado una investigación en su contra hasta
que el proceso penal culmina y la misma ha sido desvirtuada absolutamente
mediante pruebas practicadas en el juicio oral, frente al juez y públicamente,
controvertidas y continuas”[11].
4. Ministerio de
Justicia y del derecho[12]
Este Ministerio
solicitó la exequibilidad de la norma demandada. Para el efecto consideró que
la postura del demandante parte de un supuesto equivocado según el cual, “el
anuncio del sentido del fallo constituye una etapa autónoma, independiente y
desligada del mismo, pese a que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
por vía de casación y de tutela ha sostenido en procesos regidos bajo el
Sistema Penal Acusatorio, que el anuncio del sentido del fallo una vez
finalizado el debate público oral forma parte de la estructura del debido
proceso y vincula al juzgador en la redacción de la sentencia por cuanto el
fallo conforma un todo inescindible, un acto complejo entre el anuncio público
y la sentencia escrita, debiendo ser coincidentes sus alcances.”[13]
El interviniente
refirió la existencia de dos fallos de casación de la Corte Suprema de
Justicia, transcribiendo además algunos pasajes del fallo de tutela Radicado
78636 de esa misma Corporación, en el que se afirmó que “El sentido del
fallo es vinculante por el juez, en cuanto conforma una unidad inescindible con
la sentencia. En ese orden, aquel y ésta deben guardar consonancia”, de
modo tal que no puede dictarse sentencia en sentido contrario, todo ello hasta
el punto de introducir la nulidad como mecanismo de corrección, en los eventos
en que el juez “llega a la convicción contraria por razones de justicia
material”.
Desde la tesis
de la inescindibilidad, el interviniente negó que la privación de la libertad
con el anuncio del fallo implique la violación de la presunción de inocencia,
“por cuanto siendo el anuncio del sentido de la decisión y el fallo mismo un
acto inescindible, no hay duda que durante su ejecutoria es susceptible de ser
impugnado mediante los recursos procesales dispuestos en la ley y solamente
hasta que la sentencia condenatoria se encuentre en firme se podría desvirtuar
la presunción de inocencia conforme lo impone la Carta Política. Por lo
anterior el cargo por violación del debido proceso, el derecho a la impugnación
y la doble instancia no están llamados a prosperar”[14].
Finalmente y
respecto del derecho a la libertad, señaló que no tiene sustento la afirmación
del demandante de acuerdo con la cual, la norma impugnada faculta al juez para
privar de la libertad al acusado de manera subjetiva y sin control alguno, pues
la decisión del juez debe estar mediada por el criterio de necesidad, bajo la
cual debe ser sustentada dicha privación.
5.
Fiscalía General de la Nación[15]
El
ciudadano Javier Hernán Tovar Maldonado intervino en calidad de Director
Nacional de Estrategia en Asuntos Constitucionales de esa institución,
solicitándole a la  Corte Constitucional dos cosas: que se declare inhibida
para resolver la demanda y que en defecto de lo anterior, declare la
exequibilidad de los segmentos demandados.
5.1. Respecto de
la solicitud de inhibición
La
Fiscalía le solicitó a la Corte la emisión de un fallo inhibitorio, alegando la
ineptitud de la demanda.
Respecto
del requisito de especificidad sostuvo el interviniente, que las razones
expuestas por el demandante “‘no son específicas porque no definen con
claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta
Política”. Por el contrario, las contradicciones entre la disposición demandada
y las normas constitucionales que plantea la demanda se basan en una
perspectiva subjetiva y errada, que conduce a que los razonamientos expuestos
por el accionante resulten vagos e imprecisos”[16]. Señaló que no es cierto
que la disposición demandada faculte al juez para actuar discrecionalmente
cuando decide ordenar la detención del procesado al dar el sentido del fallo.
Por el contario, tal determinación sólo procede cuando sea necesaria “y de
conformidad con las normas del código”. De este modo, el juez debe
adelantar un juicio de proporcionalidad.
En
segundo término discute el interviniente con la afirmación según la cual, la
detención con el anuncio del sentido del fallo corresponde a la ejecución anticipada
de una pena no ejecutoriada. Señala que se trata del ejercicio de la libertad
de configuración legislativa y además toda imposición de “medidas de
aseguramiento” constituye una restricción legítima si es idónea, necesaria y
proporcional.
Alegó
también la Fiscalía, que no es cierto que la parte afectada no pueda
defenderse, pues según dispone el artículo 447 del Ley, la parte afectada puede
referirse “a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de
vivir y antecedentes de todo orden del culpable”, agregando además, que el
razonamiento del demandante partía de un supuesto equivocado conforme al cual,
las únicas dos excepciones a la libertad pueden ser, primero, la imposición de
medidas cautelares y, segundo, la existencia de una sentencia condenatoria ya
ejecutoriada, “cuando la realidad es que podrían existir casos adicionales
si el legislador puede justificar ese tipo de medidas con base en los
postulados constitucionales”.
Los
requisitos de certeza y pertinencia fueron despachados en un
mismo apartado en el que se sostuvo que “el accionante en últimas plantea la
contradicción constitucional entre una proposición que extrae de la norma
demandada, pero que no se corresponde con su texto. Por esa razón, los
argumentos que establece el demandante para plantear sus cargos no satisfacen
el requisito de certeza ni tampoco de pertinencia. No son ciertas las razones,
porque la norma demandada no tiene el alcance que el accionante le da a su
contenido y no son pertinentes, porque se basan en interpretaciones subjetivas
que el accionante ha hecho sobre esa disposición”[17].
En
el cierre de su escrito el interviniente volvió a repetir que “las razones
de inconstitucionalidad expuestas por el peticionario parten de proposiciones
que no corresponden con el texto de la norma acusada”, porque allí no hay
ejecución anticipada de la pena, porque el acusado sí puede oponerse a la
detención desde el artículo 447 del C.P.P. y porque el mandato de restricción
de la libertad no desconoce el artículo 28 de la Constitución, que además exige
el análisis de la necesidad. Finalmente y respecto del requisito de
suficiencia, opinó que las razones del demandante no tienen alcance persuasivo,
señalando por tercera vez, que “la argumentación del accidente parte de
supuestos incorrectos”[18],
por la existencia de premisas erradas, pues no puede entenderse desde la norma,
que acontezca la ejecución de la pena de una forma anticipada.
5.2. Respecto de
las consideraciones de fondo
La
Fiscalía señaló en primer término, que dichas expresiones correspondían al
ejercicio de la potestad configurativa que la Constitución  le ha otorgado al
legislador, precisando que este cuenta con la facultad constitucional que le
permite introducir excepciones al principio general que prohíbe restringir la
libertad, citando algunos segmentos de sentencias de la Corte Constitucional,
hasta concluir, que “la posibilidad de imponer la medida restrictiva de la
libertad incluida por el legislador en el artículo 450 de la Ley 906 de 2004
resulta constitucional, toda vez que no atenta contra los derechos
constitucionales de las personas, cumpliendo además con la exigencia de reserva
legal y judicial que deben cobijar esas excepciones”.
Como
segundo argumento central la Fiscalía alegó la constitucionalidad de la medida
restrictiva de la libertad, señalando que esta respondía al análisis de
necesidad. Así dijo, que se trataba de otra de las excepciones que le permiten
que el juez restringir ese derecho, y que “resulta importante tener en
cuenta que del análisis literal de la norma es posible determinar que la orden
de privación de la libertad dictada por el juez al momento de emitir el sentido
del fallo no es una decisión automática y meramente discrecional, sino que debe
atender a un análisis de la necesidad la restricción”[19]
En
subsidio de lo anterior citó una sentencia  de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia del año 2007 según la cual, la regla general es que
el juez ordene la captura del acusado tras dictar el sentido del fallo, siendo
la excepción abstenerse de hacerlo, bajo obligación de efectuar el análisis del
caso concreto. Acto seguido procedió a lo que llamó el “análisis sistemático
del artículo 450 de la Ley 906 de 2004”, que finalmente consistió en una
referencia al artículo 447 de la misma, indicando que la etapa procesal del
sentido del fallo se encuentra entre los artículos 446 a 453 del C.P. P.,
repitiendo nuevamente que el artículo 447 le permite al fiscal y a la defensa
hacer uso de la palabra, para que el juez adopte una posición particular sobre
la condena y la decisión de ordenar la detención inmediata de la persona
declarada culpable, volviendo a insistir en la amplia facultad del legislador
para la configuración de materia penal y sus recursos.
Finalmente
y como cuarta cuestión temática, la Fiscalía se refirió al argumento que señala
la violación del principio de presunción de inocencia, afirmando que no hay
violación alguna, sino que “lo que existe es una restricción a la
presunción, por lo que la posibilidad que le asiste al juez para ordenar la
detención es plenamente legitima, siempre que su ejecución responda a fines
constitucionales”[20],
afirmando con base en la Sentencia C-695 de 2013, que la Corte Constitucional “ha
reconocido la posibilidad de restringir excepcionalmente la presunción de
inocencia”. Para desarrollar su argumento, la Fiscalía relacionó algunos pasajes
de la jurisprudencia constitucional, agregando segmentos de las sentencias
proferidas por la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese contra
Paraguay, así como en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra
México, señalando desde allí tres contenidos: que la presunción de
inocencia es una garantía importante del derecho de defensa; que la misma
implica que la carga de probar la responsabilidad le corresponde al Estado, y
que dicha presunción sólo puede ser desvirtuada en virtud de sentencias
condenatorias.
V.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO[21]
Mediante escrito radicado el 19 de
diciembre de 2016, el Ministerio Público solicitó a la Corte declarar la
exequibilidad de los segmentos demandados, al considerar que no resultan
violatorios del derecho a la libertad personal, la presunción de inocencia y de
impugnación y doble instancia, establecidos en los artículos 28, 29 y 31 de la
Constitución Política.
Como punto de partida señaló, que de
conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 150 de la Constitución, el
legislador goza de un amplio margen de configuración respecto de las reglas que
establecen los  procedimientos judiciales, estando constitucionalmente
habilitado para facultar al juez a que tome decisiones sobre libertad personal
al momento de dar el sentido del fallo, sin que el otorgamiento de esa potestad
sea violatoria del derecho a la libertad personal o de la presunción de
inocencia.
Respecto de la supuesta afectación de la
libertad personal, dijo la Procuraduría que “desde el punto de vista
jurídico, el anuncio público del fallo y la sentencia finalmente escrita,
conforma un todo inescindible, es decir, un a acto complejo o una unidad
temática, por lo que la captura puede proceder de manera inmediata una vez ya
haya sido emitida la condena correspondiente”, señalando como sustento de
esta afirmación una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia de septiembre 23 de 2015 (Radicado 40694), agregando que esa misma
corporación ya había resuelto un problema similar en el año 2008, al dictar un
Auto dentro del trámite de una acción de tutela.
Finalmente y en relación con el
principio de doble instancia, el concepto refirió los artículos 29, 31 y 86 de
la Constitución para deducir desde ellos, que “el principio de doble
instancia no es un principio absoluto, pues el constituyente facultó a
legislador para que estableciera excepciones al mismo, exceptuando únicamente la
sentencia de la acción de tutela de primera instancia y la sentencia
condenatoria en materia penal, casos en los cuales los afectados tienen
derecho a impugnar la sentencia porque así lo señala expresamente el
ordenamiento constitucional, sin que la norma acusada prohíba al acusado
declarado culpable ejercer ese derecho”[22] (resaltado y
subrayado dentro del texto).
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 241, numeral 4 de la Carta Política, la Corte Constitucional es
competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, pues el enunciado demandado forma parte
de la Ley 906 de 2004, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
2.
Aptitud de la demanda
El accionante ha demandado las
expresiones “podrá
disponer” y
“Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código,
el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento”
contenidas en el artículo 450 de la Ley 906 de 2004, que contiene el Código de
Procedimiento Penal, que faculta al juez para que al momento de emitir el
sentido del fallo, ordene la detención inmediata del acusado, si considera que
la misma resulta necesaria.
La demanda sostiene que la facultad
prevista en la norma le concede un gran poder al juez penal, de carácter
discrecional, que no está sujeto a control y que es violatoria de numerosas
normas constitucionales. Así afirmó que acontecía la violación del derecho a la
libertad personal establecido en el artículo 28 de la Constitución, del derecho
al debido proceso y del acceso a la segunda instancia, establecidos en los
artículos 29 y 31 de la Carta Política, por considerar que la orden de
detención dictada por el juez al momento de emitir el sentido del fallo, no
cuenta con ningún medio de control judicial que permita verificar su
conformidad con la ley y la Constitución. También dijo que se violaba el
derecho a la presunción de inocencia, en tanto que dicho principio y presunción
se desvirtúan únicamente con el fallo de segunda instancia ejecutoriado y no
con el provisional anuncio del sentido el fallo de primera instancia. Dentro de
esta perspectiva consideró que en términos reales, lo que la norma demandada
establece, es el cumplimiento anticipado de una pena fundada en una sentencia
que aún no se encuentra en firme.
La Universidad Externado de Colombia y
la Universidad Nacional de Colombia coincidieron con el demandante, en
solicitar la declaratoria de inexequibilidad de los segmentos demandados, por
considerar que los mismos son violatorios de los derechos fundamentales a la
libertad personal y el debido proceso. En sentido contrario el Ministerio de
Justicia y del Derecho y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal
solicitaron que se mantuviera la constitucionalidad de las expresiones,
afirmando que no se viola ningún canon constitucional. Finalmente la Fiscalía
General de la Nación le solicitó a la Corte que se declare inhibida de fallar
por ineptitud de la demanda o que en su defecto, declare la exequibilidad de lo
demandado. Bajo esta perspectiva, la Corte procede a atender la solicitud de la
Fiscalía.
Requisitos de la demanda de
inconstitucionalidad y de los argumentos que sustentan la solicitud
2.1. El Decreto 2067 de 1991 Por el cual se dicta el régimen procedimental de los
juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional,
establece en el artículo 2 los requisitos que deben cumplir las demandas de
inconstitucionalidad. Allí se prevé que dichos documentos deben ser presentados
por escrito, en duplicado y que deben contener el señalamiento de las normas
acusadas como inconstitucionales, las que además deben ser transcritas; el
señalamiento de las normas constitucionales que se consideran violadas; las
razones o los argumentos de la violación; si se trata de vicios de forma, el
accionante debe señalar el trámite que debió seguirse y precisar en qué
consiste la supuesta violación; y la competencia de la Corte Constitucional.
La satisfacción del tercero de los
requisitos exige que el ciudadano asuma unas cargas argumentales a la luz de
tres propósitos: evitar que la Corte Constitucional establezca por su propia
cuenta las razones de la inconstitucionalidad, convirtiéndose en juez y parte,
y generando una intromisión en las funciones del Congreso; evitar que en
ausencia de razones comprensibles o de argumentos atendibles, se profiera
finalmente un fallo inhibitorio que frustre el objeto de la acción; y propiciar
un debate participativo de calidad.
Dentro de esta comprensión y a los
efectos de un mejor despliegue de la acción y de la calidad de los fallos, la
Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-1052 de 2001 comenzó a exigir
que las razones de la violación señaladas por el actor en su demanda fueran claras,
ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, so pena de proferir un
fallo inhibitorio, pues “de emitir la Corte un pronunciamiento de fondo con
base en una demanda que no contiene una razonable exposición de los motivos por
los cuales se estima la violación, se estaría dando a la acción de
inconstitucionalidad una vocación oficiosa que es contraria a su naturaleza”[23].
En desarrollo de esto se dijo
posteriormente en la Sentencia C-330 de 2016 (entre otros muchos fallos),
citando la Sentencia C-1052 de 2001, que las
razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición
comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta
inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que
significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas,
caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido
normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que
excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera
que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección
de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los
mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial
sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada.”[24]
2.2. La Fiscalía General de la Nación
fue el único de los intervinientes que le solicitó a la Corte que declarara la
ineptitud de la demanda, pues en su opinión, la misma no satisface los
requisitos de especificidad, certeza, pertinencia y suficiencia.
Respecto de la especificidad
sostuvo, que las razones expuestas por el demandante “no son específicas porque
no definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o
vulnera la Carta Política”. Así dijo que los cuestionamientos del demandante
correspondían a una perspectiva subjetiva y errada; que no es cierto que la
privación de la libertad corresponda a una decisión subjetiva del juez, sino
que responde al criterio de necesidad; que no es cierto que el acusado no pueda
defenderse, pues el artículo 447 C.P.P. le da la palabra al Fiscal y al
defensor; y que la medida de aseguramiento y el cumplimiento de la pena, no son
las dos únicas excepciones constitucionales al derecho a libertad personal.
Respecto de los requisitos de certeza
y pertinencia, la Fiscalía repitió lo que había dicho alrededor de la
suficiencia, es decir, que el demandante en últimas, plantea interpretaciones
subjetivas de la norma acusada para manifestar, a partir de las mismas, que
existe una violación de la Constitución[25]. De este
modo señaló, que la norma demandada no tiene el alcance que el demandante le ha
dado. Finalmente y respecto del requisito de suficiencia, la Fiscalía dijo de
nuevo, que el accionante partía de supuestos incorrectos, de premisas erradas y
que por lo mismo, sus afirmaciones no tenían poder persuasivo.
2.3. Para resolver lo primero que la
Sala constata, es que en el presente caso han concurrido cinco intervenciones y
el concepto del Ministerio Público, y que todos los intervinientes, salvo el
caso de la Fiscalía General de la Nación, han controvertido de fondo cada uno
de los cargos formulados por el demandante, oponiéndose a su pretensión o
coadyuvándola, argumentando acerca de la eventual violación de los derechos a
libertad personal, debido proceso, acceso a la doble instancia y presunción de
inocencia.
La Fiscalía ha señalado respecto de cada
uno de los requisitos no satisfechos, que el demandante ha hecho
interpretaciones simplemente subjetivas y que adicionalmente, parte de
supuestos incorrectos para hacer sus afirmaciones. La Sala encuentra que el
accionante ciertamente efectúa interpretaciones jurídicas, como resulta
inevitable, pero que las mismas no son subjetivas, sino que consisten en
proposiciones claramente dispuestas alrededor de los cargos.
De este modo se tiene respecto del
derecho a la libertad personal, que la premisa del accionante consiste en
afirmar que las dos únicas excepciones constitucionales a la libertad personal
son la medida de aseguramiento y el cumplimento de la pena, y que la detención
al darse el sentido del fallo, no se encuadra en ninguna de ellas. La Corte
encuentra que esta no es una interpretación subjetiva, sino que corresponde a
un argumento específico y cierto, con poder persuasivo.
Igual sucede respecto del cargo de
violación de la presunción de inocencia. La premisa del accionante señala,
desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que la presunción de
inocencia es una garantía que tan solo se desvirtúa con la ejecutoria del fallo
condenatorio, y que como en este caso no hay todavía sentencia, entonces
acontece la violación de esa garantía. Para la Sala esta no es una
interpretación subjetiva, sino que corresponde a una interpretación atendible
acerca del alcance de una de las garantías del debido proceso, razón por la
cual el cargo satisface también los requisitos de especificidad, certeza,
pertinencia y suficiencia.
Por lo demás valga señalar, que cuando
la Fiscalía sustenta la solicitud de inhibición, más que sustentar la falta de
especificidad, certeza, pertinencia y suficiencia, lo que hace es controvertir
de fondo los cargos del demandante, como si en efecto el cargo estuviese
fundado no en “apreciaciones subjetivas”, sino en premisas y tesis que pueden
ser objeto de debate constitucional.
3.
Planteamiento del caso, integración normativa,
formulación del problema jurídico y programa del fallo
3.1. Planteamiento del caso
Este caso está relacionado con la
demanda que propusiera el Señor Ilich Felipe Corredor Carvajal, en
contra de las expresiones “podrá disponer” y “Si la detención es
necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y
librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.”, contenidas en el
artículo 450 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, que
le permiten al juez al momento de dar el sentido del fallo, ordenar la captura
del acusado si la detención es necesaria “de conformidad con las normas de
este Código”.
En opinión del accionante los segmentos
demandados son violatorios de derecho a la libertad personal, de la presunción
de inocencia como parte del derecho al debido proceso y del derecho a la
segunda instancia. Así afirmó que la norma demandada permite la restricción
injusta y discriminatoria de la libertad del declarado culpable, sin existir
sentencia ejecutoriada, afectando así la presunción de inocencia. Planteó
también la violación del debido proceso y del derecho a la libertad personal,
en el sentido que la decisión de privar de la libertad a la persona no tiene
medio de control o de impugnación e implica en la práctica, el cumplimiento
anticipado de la pena, sin que exista sentencia condenatoria y sin que la misma
pueda ser apelada.
La Universidad Externado de Colombia y
la Universidad Nacional de Colombia coadyuvaron la solicitud de
inexequibilidad, mientras que la Fiscalía General de la Nación, el Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Ministerio Público, solicitaron que se mantenga la constitucionalidad del
enunciado demandado.
Como tesis relevante, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, con fundamento en algunas sentencias de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, argumenta que la norma debe ser
declarada exequible, pues el anuncio del sentido del fallo (momento en el que
se decreta la detención del acusado), no es un etapa autónoma de la fase del
juicio oral, sino que “el anuncio del sentido del fallo una vez finalizado el
debate público oral forma parte de la estructura del debido proceso y vincula
al juzgador en la redacción de la sentencia por cuanto el fallo conforma un
todo inescindible, un acto complejo entre el anuncio público y la sentencia
escrita, debiendo ser coincidentes sus alcances”.
3.2. Integración normativa
3.2.1.
El documento de intervención de la Universidad Externado de Colombia ha
solicitado que se realice la integración normativa entre los segmentos
demandados y la totalidad del artículo 450 de la Ley 906 de 2004, pues en su
opinión, “si se decretara una inexequibilidad parcial en los términos de la
demanda inicialmente interpuesta, la norma resultante carecería de toda lógica
legislativa y jurídica”[26].
El inciso tercero del artículo 6 del
Decreto 2167 de 1991 se refiere a la figura de la unidad normativa, de la
siguiente manera:
“Artículo 6o. Repartida la demanda, el magistrado sustanciador proveerá
sobre su admisibilidad dentro de los diez días siguientes. (…)
El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere
que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en
sí mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso
segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las
normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio,
conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.”
Ha señalado la jurisprudencia, que la
integración normativa consiste en una facultad con la que cuenta la Corte
Constitucional, que le permite integrar enunciados o normas no demandadas, a
efectos de ejercer debidamente el control constitucional y dar una solución
integral a los problemas planteados por el demandante o los intervinientes.
Igualmente ha dicho que se trata de una facultad excepcional, en tanto que
permite el pronunciamiento de fondo respecto de normas no demandadas, y que
sólo procede en tres casos[27]:
(i) cuando se demande una disposición cuyo contenido deóntico no sea claro,
unívoco o autónomo, (ii) cuando la disposición cuestionada se encuentre
reproducida en otras que posean el mismo contenido deóntico de aquella, y (iii)
cuando la norma se encuentre intrínsecamente relacionada con otra disposición
que pueda ser, presumiblemente, inconstitucional.
3.2.2. En la primera hipótesis, es
decir, cuando se demanda una disposición cuyo contenido deóntico no sea claro,
unívoco o autónomo, como acontece en aquellos casos en que se demanda una
expresión o fragmentos normativos, la jurisprudencia constitucional ha indicado
que para que proceda la integración normativa deben satisfacerse dos elementos[28]:
(i) que lo acusado sea
un contenido comprensible como regla de derecho que pueda contrastarse con las
normas constitucionales y (ii) verificar si los apartes que no han sido
demandados perderían la capacidad de producir efectos jurídicos en caso de
declararse la inexequibilidad del fragmento normativo demandado.
Como segundo evento se prevé que hay lugar a la integración normativa,
cuando la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras
disposiciones que posean el mismo contenido deóntico, como ocurrió por ejemplo
en el caso contenido en la Sentencia C-410 de 2015[29], en la que fueron
demandas unas expresiones contenidas en dos disposiciones, encontrando la
Corte, que las mismas estaban también contenidas en un tercer enunciado
normativo que fue integrado a la demanda.
La tercera situación acontece, cuando la norma o normas demandadas se
encuentran intrínsecamente relacionadas con otra disposición que pueda ser
presumiblemente inconstitucional. La Corte Constitucional ha dicho que en tales
eventos se requiere la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes[30]:
(i) que la norma demandada tenga una estrecha relación con
las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; y (2) que
las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente
inconstitucionales. Al respecto, la Corporación ha señalado además, que “es
legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma
parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa
constitucionalidad”[31].
3.2.3. En el presente caso tiene lugar la primera de
las hipótesis, dado que los apartes del artículo 450 del C.P.P. que no han sido
demandados, perderían la capacidad de producir efectos en caso de declararse la
inexequibilidad de las expresiones acusadas. En este sentido debe procederse a
la integración de la unidad normativa de todo el enunciado.
El artículo 450 de la Ley 906 de 2004 dispone que “Si
al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se
hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta
el momento de dictar sentencia”, agregando en el inciso segundo, que “Si
la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el
juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.”
El contenido deóntico del enunciado consiste en el
establecimiento de una facultad en virtud de la cual, el juez “podrá
disponer” que el acusado siga en libertad, pero que si la detención es
necesaria, ordenará inmediatamente su detención.
Ahora bien, el demandante acusó tanto las
expresiones “podrá disponer”, como el inciso segundo, que establece la
detención del acusado al satisfacerse el criterio de necesidad. Ocurre sin
embargo, que si se expulsaran del sistema las expresiones que soportan el
contenido deóntico de la norma y la orden de detención del acusado, el
enunciado pierde su sentido normativo, puesto que las expresiones acusadas no
son autónomas respecto del contenido normativo al que pertenecen.
De este modo los apartes que no han sido acusados
perderían la capacidad de producir efectos jurídicos, siendo por lo mismo
necesario integrar la proposición jurídica completa de todo el artículo 450 de
la Ley 906 de 2004.
3.3. Problema jurídico
La Sala considera que el problema jurídico
que debe resolver la Corte Constitucional es el siguiente: ¿Es violatoria de la
Constitución y concretamente de los derechos a la libertad personal (artículo
28 C.P.), el debido proceso, de la garantía de presunción de inocencia
(artículo 29 C.P.) y del derecho de acceso a la segunda instancia (artículo 31
C.P.), la facultad concedida a los jueces penales de conocimiento por el
artículo 450 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, que les
permite ordenar el encarcelamiento de la persona, al momento de dar el sentido
del fallo condenatorio, cuando consideren que tal detención resulta necesaria “de
conformidad con las normas de este código” [Código de Procedimiento Penal]?
3.4. Programa del fallo
Para resolver el anterior problema
jurídico la Sala atenderá al siguiente programa del fallo: en primer lugar,
examinará el contenido de los segmentos demandados, dentro de la estructura
general del proceso penal en Colombia, para luego atender a la amplia potestad
del legislador en materia de regulación de los procedimientos judiciales, que
ha sido un lugar común de referencia de los intervinientes. Como tercera
cuestión se determinará el contenido de los derechos fundamentales a la
libertad personal, refiriendo el carácter excepcional de sus limitaciones, la
presunción de inocencia y la doble instancia, alegados como violados. Efectuado
lo anterior  la Sala referenciará la jurisprudencia de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el punto, para finalmente proceder
a la solución del caso concreto.
4. El examen de la norma demandada
El accionante ha demandado dos segmentos
del artículo 450 de del Código de Procedimiento Penal, que establece:
“Artículo
450. Acusado no privado de la libertad. Si al
momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se
hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta
el momento de dictar sentencia.
Si
la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el
juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento.”
Este artículo se encuentra dentro del
Capítulo V “Decisión o sentido del fallo”, que va del artículo 446 al
453 y forma parte del Título IV “Juicio oral”, de la Ley 906 de 2004,
que contiene el Código de Procedimiento Penal. La primera de esas normas, es
decir, el artículo 446, desarrolla lo relacionado con el contenido del sentido
del fallo y prevé que la decisión sea individualizada frente a los procesados y
los cargos, que sea expresada de modo oral y público, y que precise el delito
objeto de juzgamiento. El artículo 447 por su parte señala que si el fallo es
condenatorio, entonces proceden dos mandatos y una facultad. El primer mandato
le ordena al juez que “brevemente y por una sola vez” les conceda la palabra
al fiscal y a la defensa, para que se refieran a las condiciones personales y
sociales de quien fue declarado culpable. El segundo mandato dice que el juez
señalará lugar, fecha y hora de la audiencia en la que se proferirá sentencia.
En tercer término se encuentra el artículo 48, que se refiere a la congruencia
que debe existir entre la declaratoria de culpabilidad, los hechos de la
acusación y los delitos solicitados para condena.
El tema de la libertad es desarrollado
entre los artículo 449 a 452 de la ley. La primera de esas normas establece que
si hubo absolución, entonces se dispondrá la libertad inmediata del procesado,
si es que estaba privado de ella. El artículo 450, que es la norma aquí
demandada, establece una facultad y un mandato condicionado. La facultad señala
que si el acusado declarado culpable se hallare en libertad, “el juez podrá
disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia”. El
mandato condicionado se consigna en el inciso segundo y dispone que “Si la detención
es necesaria”, entonces, “el juez la ordenará y librará inmediatamente
la orden de encarcelamiento”. De hecho la Sala de Casación Penal Corte
Suprema de Justicia ha dicho, que “Los jueces deben cumplir la regla general
consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la
sanción impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir
el correctivo por el ad quem”[32].
El artículo 451 se ocupa de los acusados
privados de la libertad, quienes podrán ser liberados si los cargos habilitan
la procedencia de un subrogado penal. El artículo 452 regula la situación de
los inimputables, previendo que el juez “dispondrá provisionalmente la
medida de seguridad apropiada”, mientras profiere el fallo. Finalmente el
artículo 453 contempla la hipótesis del requerimiento por otra autoridad,
enunciando dos soluciones: si el fallo es absolutorio, entonces el sujeto será
puesto a disposición de la otra autoridad que lo requiere. Si el fallo fue
condenatorio, entonces se dará cuenta del mismo a la autoridad que solicita al
sujeto.
Al considerar sistemáticamente el
artículo 450 demandado, respecto del conjunto de normas que integran el
Capítulo V del que forma parte, se tiene lo siguiente: (i) que la norma faculta
al juez para ordenar el encarcelamiento de la persona, en caso de considerar que
la detención sea necesaria; (ii) que el artículo 447 del C.P.P., continuamente
invocado por la Fiscalía en su intervención, concede “brevemente y por una
sola vez” la palabra al fiscal y luego a la defensa, para que se refieran
al procesado, sin establecer ningún medio de control sobre la orden de
encarcelamiento, y (iii) que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia ha considerado que el anuncio del sentido del fallo y la sentencia
conforman “un todo inescindible”, en el que es posible diferenciar entre la
orden de encarcelamiento que se emite al enunciar el sentido del fallo y la
sentencia condenatoria que será expedida dentro de los 15 días siguientes al
anuncio del fallo, respecto de la cual procede el recurso de apelación.
5. La amplia potestad del legislador
para regular los procedimientos judiciales. Reiteración de jurisprudencia
Los intervinientes que solicitan la
declaratoria de exequibilidad de los enunciados demandados, se han referido
todos ellos, a la amplia potestad otorgada al legislador por la Constitución
Política, para regular todo lo relacionado con los procedimientos judiciales.
El fundamento normativo de esa potestad se encuentra en el artículo 150 de la
Constitución, que establece las competencias del Congreso de la República,
especialmente las consignadas en los numerales 1 y 2, según los cuales, el
Congreso está facultado para:
“1. Interpretar, reformar y derogar las
leyes.
2. Expedir códigos en todos los ramos de
la legislación y reformar sus disposiciones.”
Adicionalmente los artículos 228 y 229
de la Carta Política, establecen los principios que rigen la función judicial y
el derecho de acceso a la administración de justicia, previendo que las
limitaciones sobre los derechos y las libertades serán establecidas por la ley.
La Corte Constitucional ha sostenido
históricamente la tesis de la amplia potestad del legislador al regular los
procedimientos judiciales. Así lo hizo en la Sentencia C-591 de 2005, que
examinó justamente la constitucionalidad de numerosas normas contenidas en la
Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal, uno de cuyos enunciados
es precisamente objeto de la demanda que aquí se estudia. Allí dijo la Corte y
en relación con el proceso penal, que:
“En
efecto, en forma reiterada la jurisprudencia de esta Corporación señalado que
con fundamento en lo dispuesto por los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la
Constitución, que consagran la llamada cláusula general de competencia,
corresponde al legislador regular los procedimientos judiciales y
administrativos. Con base en tal facultad general, puede el Congreso Nacional
definir las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los
funcionarios que deben conocer de los asuntos, los recursos que proceden contra
las decisiones, los términos procesales, el régimen de pruebas, los mecanismos
de publicidad de las actuaciones, etc.
Ahora
bien, al ejercer esta competencia en materia procesal el legislador goza de un
amplio margen de libertad de configuración, que se encuentra limitado tan sólo
por aquellas disposiciones constitucionales relativas a la garantía de los
derechos fundamentales, en especial las referentes al derecho al debido
proceso. Razones de política legislativa, cambiantes circunstancias sociales, o
diferentes objetivos superiores perseguidos en cada caso por el legislador,
pueden dar lugar a regulaciones diversas, de manera que por ello no todas las
normas de procedimiento deben ser idénticas.”[33]
Esta misma tesis fue reiterada años
después en la Sentencia C-315 de 2012, al resolver la demanda de
inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 59 de la Ley 1474 de
2011, que contiene el Estatuto anticorrupción, en referencia a la concesión y
trámite de los recursos dentro de esa ley, señalando que:
“4.1. La jurisprudencia constitucional ha sido
constante en afirmar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 150,
numerales 1 y 2, y 229 de la Constitución, que consagran la llamada cláusula
general de competencia, que el Congreso tiene un amplio margen de configuración
normativa para la determinación de los procedimientos judiciales y
administrativos, pues en el diseño propio de los Estados democráticos al
Legislador no sólo corresponde hacer la ley, expresión de la voluntad popular
dirigida a regular las conductas humanas como instrumento de convivencia
civilizada y pacífica, sino también la determinación de los procedimientos y
actuaciones que deben surtirse ante los jueces para la defensa de las
libertades y derechos ciudadanos o para la mediación estatal en situaciones de
conflicto.”[34]
Adicionalmente la Corte en ese
mismo fallo, enumeró algunas de la modalidades de desarrollo de esa amplia
potestad, entre las que se cuentan[35], que el legislador puede fijar
nuevos procedimientos, determinar la naturaleza de actuaciones
judiciales, eliminar etapas procesales, requerir la intervención
estatal o particular en el curso de las actuaciones judiciales, imponer
cargas procesales o establecer plazos para el ejercicio del derecho de
acceso a la administración de justicia.
Recientemente y en relación con el
peligro eventual que el imputado pueda representar para la sociedad, la Corte
evaluó la constitucionalidad del artículo 310 del Código de Procedimiento
Penal, como fue modificado por el artículo 3 de la Ley 1760 de 2015, reiterando
la amplitud de los márgenes de autonomía del legislador sobre las conductas
penales y los modelos procesales, esta vez por medio de la Sentencia C-456 de
2016:
“2. De manera
específica, en ejercicio de la potestad oficial de sancionar, el legislador
dispone de un margen de autonomía, no solo para penalizar conductas, sino
también para elaborar modelos de procesamiento acordes con la política criminal
que pretenda promover, con los momentos y requerimientos de tipo histórico y
político y las razones de conveniencia pública que crea aconsejable atender.
Puede optar, así, por diseñar sistemas de proceso penal con rasgos definidos de
uno u otro modelo teórico, con diversas fases, medidas cautelares, competencias
y procedimientos de investigación. Así mismo, con esquemas de garantías
orgánicas y procesales que considere útiles o adecuadas y con técnicas
particulares de investigación y juzgamiento.”[36]
En los fallos relacionados, la Corte Constitucional, además
de fijar los contenidos y el alcance de esa amplia potestad de configuración
legislativa, se refirió también a los límites de la misma, en tanto que “el
modelo de proceso penal no puede contemplar injerencias irrazonables a los
derechos fundamentales y principios protegidos por la Constitución. Esta es una
cláusula derivada del mandato de supremacía constitucional que, en general,
vincula la acción política del Congreso en este y otros campos del orden
jurídico.”[37]
Dichos límites fueron
puntualizados, entre otros fallos, en la Sentencia C-319 de 2013, que examinó
el artículo 16 de la Ley 393 de 1997, que había sido acusado de
inconstitucionalidad por violar el principio de doble instancia. Allí la Corte
precisó, que al configurar los procedimientos judiciales el legislador tiene
cuatro límites que deben ser evaluados respecto de la medida que se examine.
Así dijo:
“5.  Sin embargo, a pesar de la amplitud del margen de
configuración normativa analizado, la jurisprudencia también ha señalado que la
potestad del legislador para definir los procedimientos judiciales está
sometida a límites precisos, que si bien son igualmente amplios, en todo caso
permiten hacer compatibles al proceso judicial con la Constitución.  Estos
límites pueden agruparse en cuatro categorías, a saber: (i) la fijación
directa, por parte de la Constitución, de determinado recurso o trámite
judicial; (ii) el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y
particularmente de la administración de justicia; (iii) la satisfacción de principios
de razonabilidad y proporcionalidad; y (iv) la eficacia de las diferentes
garantías que conforman el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia.”[38]
Reiterada la tesis de la amplia
potestad del legislador sobre los procedimientos judiciales y determinados los
límites de la misma, entre los que se encuentran los derechos fundamentales y
las garantías que conforman el debido proceso, procede la Sala a precisar el
contenido de aquellas que de acuerdo con el demandante, han sido violadas.
6. El derecho a la
libertad personal. El carácter excepcional de las medidas privativas de la
libertad personal
6.1. El derecho a la libertad
personal se encuentra en el artículo 28 de la Constitución donde se establece
que “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a
prisión o arresto, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento
escrito d autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por
motivo preminente definido en la ley”.
Colombia es Estado parte en
numerosos tratados internacionales que reconocen este derecho y establecen
obligaciones de respeto y garantía que deben ser cumplidas. De este modo el
numeral 1 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
dispone que “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad
personales”, estableciendo en el numeral 2, que “Nadie puede ser privado
de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de
antemano por las Constituciones políticas de los Estados partes o por las leyes
fijadas conforme a ellas”.
Igualmente el artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en el artículo 9, el
derecho a libertad y seguridad personales, señalando que “Nadie podrá ser
privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo
al procedimiento establecido en esta”.
6.2. La Corte Constitucional ha
definido este derecho señalando numerosas veces, que “La
libertad personal, principio y derecho fundante del Estado Social de Derecho,
comprende la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones
dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen
con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la
proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima
la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o
reduciéndola indebidamente.”[39]
El artículo 28 de la Constitución prevé
para la libertad personal, las garantías de la reserva legal y la judicial. Se
entiende por reserva, el establecimiento de una cláusula de garantía, por la
que un determinado asunto o materia solo puede ser desarrollado por una
autoridad específica o por una clase de norma determinada. En sentido
contrario, si el asunto es regulado por una autoridad o por una norma diferente
a la prevista en la Constitución, el acto o la norma son inconstitucionales.
La reserva judicial es una garantía
constitucional, en virtud de la cual, las afectaciones o privaciones de la
libertad personal o las afectaciones de la inviolabilidad del domicilio solo
pueden acontecer o ser adelantadas, en virtud de orden escrita de autoridad
judicial competente. En sentido contrario, si funcionarios
administrativos o de las fuerzas armadas adelantan tales medidas sin la orden
judicial, el procedimiento es inconstitucional y violatorio del debido proceso.
A esta garantía también se la llama “reserva
de la primera palabra” o “reserva absoluta de jurisdicción” y opera
“cuando, en ciertas materias, compete al juez no sólo la última y decisiva
palabra sino también la primera palabra referente a la definición del derecho
aplicable a las relaciones jurídicas. Es decir, que hay ciertos asuntos sobre
los cuales sólo se pueden pronunciar los tribunales”[40],
lo que resulta decisivo respecto del tipo de decisiones que toman los jueces al
ejercer el derecho punitivo, pues en tales casos, como bien lo ha dicho la
Corte Constitucional, el juez no sólo debe operar como instrumento de defensa
y garantía de los derechos de la víctima del delito y de la sociedad
mayoritaria, sino también de los derechos del delincuente.
La segunda garantía es la reserva legal,
que desarrolla el principio de legalidad. De acuerdo con esta, tanto la
privación de la libertad, como el allanamiento, deben practicarse en virtud de
motivos previamente fijados en la ley y no a criterio del funcionario.
Adicionalmente, el procedimiento deberá satisfacer los requisitos fijados por
la propia ley. Más precisamente ha dicho la Corte Constitucional, que de
conformidad con la reserva legal, “la privación de la libertad sólo puede
ocurrir por motivos previamente establecidos por leyes preexistentes, con
cumplimiento de las formas procesales, la aplicación el principio de presunción
de inocencia y en general, con el cumplimento de las garantías que integran el
derecho de defensa y el debido proceso”[41].
6.3. Esta Corporación ha reiterado
también, que el derecho a la libertad no es de carácter absoluto, sino que
cuenta con limitaciones en el escenario del proceso penal, las
que son básicamente dos: la emisión de las medidas de aseguramiento, y las
medidas de cumplimiento de la sentencia. Adicionalmente ha insistido en el
carácter excepcional de dichas medidas, así como en los límites que tienen los
funcionarios y el propio sistema, al disponer la privación de la libertad de
las personas. Como elementos centrales de las medidas de aseguramiento y de sus
límites se precisó en la reciente Sentencia C-469 de 2016:
“11. En suma, la
libertad personal, consustancial al Estado constitucional y democrático de
derecho no es, sin embargo, un derecho absoluto sino que está sujeto a
restricciones (i). Estas tienen lugar esencialmente en el marco del proceso
penal, en la forma de sanciones, pero también de manera relevante a través de
medidas cautelares, denominadas medidas de aseguramiento (ii), en general, con
propósitos preventivos, como garantizar la presencia del imputado, el
cumplimiento de las decisiones y la tranquilidad social (iii).
Las medidas de
aseguramiento implican la privación o la limitación a la libertad personal o la
imposición de otras obligaciones que garantizan fines legal y
constitucionalmente admisibles (iv). Sin embargo, su incidencia más importante
radica en las intensas injerencias a la libertad personal (v). Debido a este
particular impacto, las medidas de aseguramiento se hallan sometidas a un
conjunto de límites, que funcionan como garantías para la salvaguarda de la
dignidad humana y la proscripción del exceso en su utilización (vi).”[42]
6.3.1. El carácter excepcional de las medidas
privativas de la libertad y de las de aseguramiento, ha sido señalado por la
jurisprudencia constante de la Corte Constitucional, tanto en el plano del
control abstracto, como en el del control concreto de constitucionalidad. La
Sentencia C-774 de 2001 es una referencia común de la jurisprudencia
constitucional sobre libertad personal y el carácter excepcional de las medidas
que la afectan. Allí se evaluó la constitucionalidad de las normas que
regulaban las medidas de aseguramiento, la detención preventiva y las modalidades
de libertad dispuestas en el Decreto 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, que
contenían los anteriores códigos de procedimiento penal. En dicho
pronunciamiento la Corte reiteró la existencia de la estricta reserva legal
sobre el derecho a la libertad personal respecto de la medida de aseguramiento,
sus finalidades y límites, de modo tal que las limitaciones a ese derecho no
puedan convertirse en la regla general. Específicamente dijo, citando las
sentencias  C-150 de 1993 y C-425 de 1997:
“(…) Ahora bien, en ejercicio de las
competencia que le atañen tratándose de la regulación de la libertad y en
concreto del señalamiento de los casos en que sea procedente su privación, el
legislador se encuentra asistido por la denominada libertad de configuración que
se extiende hasta encontrar sus fronteras en la propia constitución y en los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad “que al obrar como límites, le
imprimen a los supuestos de privación de la libertad la naturaleza excepcional
que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías de ese derecho
fundamental”(…)” [43]
El carácter excepcional de la restricción de la
libertad fue señalado nuevamente en la Sentencia C-366 de 2014, que es una
referencia recurrente en materia de libertad, medidas preventivas y medidas de
aseguramiento. Allí la Corte resolvió la demanda que había sido interpuesta en
contra algunas expresiones contenidas en el artículo 219 de la Ley 906 de 2004,
que faculta a los fiscales a ordenar el registro y allanamiento de inmuebles
entre otros fines, con el de “realizar la captura” del indiciado,
imputado o condenado. La Corte declaró la exequibilidad del sintagma
cuestionado, reiterando el carácter excepcional de las medidas preventivas de
privación de la libertad, habida cuenta de su carácter cautelar, meramente
instrumental o procesal. Específicamente dijo:
“Así, se
reconoce que la detención preventiva de una persona tiene un carácter
excepcional[44],
como quiera que el numeral 3° del artículo 9° del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966 consagra que la “prisión preventiva de las
personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general”, de modo que
como se reiteró en la citada sentencia C-774 de 2001, se hace necesario que el
legislador colombiano señale los motivos que lleven a esa clase de restricción,
dentro del ordenamiento jurídico interno.”[45] (resaltado
dentro del texto)
La Sentencia C-390 de 2014 reiteró el mismo punto, a
propósito del examen de constitucionalidad de unas expresiones contenidas en el
numeral 5 del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, relacionadas con las causales
de libertad durante la vigencia de la medida de aseguramiento. La Corte, además
de declarar la exequibilidad del enunciado demandado “en el
entendido de que salvo que el legislador disponga un término distinto, el
previsto en dicho numeral se contará a partir de la radicación del escrito de
acusación”,
reiteró (i) que las normas que contengan restricciones de la libertad deben ser
interpretadas restrictivamente, y (ii) que las limitaciones de la libertad son
de carácter excepcional:
“Debe reiterarse
que las normas penales y procesales que implican la limitación de derechos,
particularmente la libertad, deben ser interpretadas restrictivamente y
aplicadas conforme a los contenidos constitucionales[46].
Así ante pasajes oscuros, confusos o contradictorios, la Corte debe
dilucidarlos de manera que queden limitados, recalcando la excepcionalidad de
la privación de la libertad, que aunque se encuentra
justificada y permitida de forma restringida como medida para evitar el
entorpecimiento del proceso y la alteración de las pruebas[47],
ya es demasiado gravosa para los derechos fundamentales. Por lo
tanto, extender de manera indeterminada su posible duración vulnera aún más el
derecho a la libertad de quien no ha sido declarado culpable y se encuentra
privado provisionalmente de la libertad, a la vez que afecta el debido proceso
por dilaciones que a priori pueden ser  injustificadas.”[48]
En igual sentido la Sentencia C-469 de 2016, que
resolvió la acción de inconstitucionalidad propuesta en contra de los siete
numerales contenidos en el artículo 310 de la Ley 906 de 2004, modificado por
el artículo 3 de la Ley 1760 de 2015, que enuncia las circunstancias que el
juez debe valorar, a efectos de determinar si la libertad del imputado
representa un peligro futuro para la sociedad. En sus consideraciones, la Corte
examinó los límites formales y sustanciales de la medida de aseguramiento,
señalando que la jurisprudencia de la Corte ha precisado esencialmente
cuatro límites sustanciales: la determinación inequívoca de los motivos por los
cuales procede la restricción de la libertad (estricta legalidad de las medidas
de aseguramiento), la excepcionalidad, proporcionalidad y gradualidad de las
medidas aflictivas de la libertad personal, precisando acerca de la
excepcionalidad lo siguiente:
“22.
El tercer límite sustancial de las medidas de aseguramiento es su
excepcionalidad. Estas, en el trámite del proceso penal, implican una de las
injerencias más invasivas del Estado en los derechos fundamentales del
imputado, como se ha subrayado. Por esta razón y bajo el entendido de que son
preventivas y su imposición está sujeta a precisas justificaciones, solo pueden
ser decretadas de forma excepcional. Este límite proviene de mandatos constitucionales
y de normas internacionales en materia de derechos humanos.  La Corte ha
sostenido:
(…)
El
amparo y la prevalencia de las que goza el derecho a la libertad personal en la
Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos obligan,
así, a que el legislador prevea afectaciones a la libertad personal del
imputado solo de manera extraordinaria. Si bien son medidas provisorias y
preventivas, dado que materialmente conllevan una drástica intervención en los
derechos del investigado, el Congreso únicamente está habilitado para crearlas
en observancia de un régimen de prevalencia de la libertad dentro del proceso
y, por ende, solo con carácter estrictamente excepcional[49].”[50]
6.3.2. El carácter excepcional de la medida
privativa de la libertad también ha sido reconocido y reiterado por la Corte
Constitucional en el plano del control concreto.  Recientemente la Corte se
refirió explícitamente al punto en la Sentencia T-276 de 2016, al resolver la
solicitud de amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, la integridad personal, la
salud, la familia y la salubridad, elevada mediante agente oficioso, por
numerosas personas privadas de la libertad en la Estación de Policía Norte de
Bucaramanga, en virtud de las condiciones de hacinamiento a las que sometidas y
expuestas, quienes alegaron además la inactividad de la Gobernación de Santander, la Alcaldía
Municipal de Bucaramanga, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM E.S.P., y las
demás entidades accionadas y vinculadas a este trámite, frente a la situación
de las víctimas.
Para resolver el caso, la Sala examinó entre otros asuntos, la limitación del derecho a la libertad personal en el Estado
Social de Derecho, los
derechos de las personas privadas de la libertad, la privación preventiva
y contravencional de la libertad, los establecimientos de privación
transitoria de la libertad y el hacinamiento carcelario.
La Sala, que concedió el amparo, reconstruyó y
reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el carácter
excepcional de la privación de la libertad, precisando además, que si la
privación de libertad es de carácter excepcional, más debe serlo la privación
intramural, insistiendo en el carácter efectivo que deben tener instituciones
como la detención domiciliaria, la libertad provisional y los sistemas de
vigilancia electrónica, los que deben ser necesariamente examinados por el juez,
al momento de decidir la privación de la libertad[51].
6.4. En conclusión y
de conformidad con lo expuesto se tiene que la libertad personal es un derecho
fundamental reconocido por la Constitución Política y numerosos tratados
internacionales sobre derechos humanos, respecto de los cuales Colombia es
Estado parte. Para su protección se cuenta entre otras, con las garantías de la
reserva legal y la reserva judicial, habiendo señalado la Corte que las medidas
privativas de la libertad son excepcionales y de interpretación restrictiva.
Adicionalmente ha señalado la Corporación, que si la privación de la libertad
es de carácter excepcional, mucho más debe serlo la detención intramural, y que
los jueces están en la obligación de considerar efectivamente la detención
domiciliaria y la libertad provisional, cuando tengan que tomar decisiones
relacionadas con la restricción de este derecho fundamental.
7. El debido proceso.
El derecho al recurso judicial efectivo y la doble instancia
El artículo 450 demandado dispone que si al momento
de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare
detenido, el juez podrá disponer, si lo considera necesario, “la orden de
encarcelamiento”. Esta norma se encuentra dentro del Capítulo V “Decisión
o sentido del fallo”, que forma parte del Título IV “Juicio oral” de
la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.
El demandante y los intervinientes que coadyuvan la
solicitud de declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada, afirman la
inexistencia de un medio idóneo de impugnación, que es violatoria del debido
proceso y del derecho de acceso a la segunda instancia. Para el efecto alegan
que cuando el juez dispone dicha detención, no existe aún la sentencia, lo que
impide el acceso a la apelación. De este modo se decreta el encarcelamiento de
plano y se priva de la libertad a la persona  antes de existir la sentencia condenatoria,
pues tan solo se está frente al anuncio del sentido del fallo.
Del otro lado se tiene la postura de los demás
intervinientes y del Ministerio Público, quienes defienden la
constitucionalidad de la medida. La Fiscalía señaló específicamente que no
había violación del debido proceso, “pues resulta plenamente viable que la
defensa se pronuncie acerca de las condiciones que rodean la vida del acusado
declarado culpable, siendo posible incluso que refiera aspectos relacionados
con la pena”[52].
El Ministerio de Justicia y del Derecho por su parte, refirió desde la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que no procede recurso alguno
contra la medida y que no hay violación del debido proceso ni la presunción de
inocencia, porque el anuncio del sentido del fallo y la sentencia condenatoria “forman
un todo inescindible”, lo que desvirtúa la violación del debido proceso y
la presunción de inocencia.
7.1. El derecho fundamental al debido
proceso. Reiteración de jurisprudencia
7.1.1. Este derecho fundamental se encuentra en el
artículo 29 de la Constitución Política, donde se afirma que “El debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”,
dando paso luego a la enumeración de una serie de garantías que lo conforman.
Al igual que sucede con el derecho
a la libertad personal, Colombia es Estado parte en numerosos tratados
internacionales que reconocen este derecho y establecen obligaciones de respeto
y garantía que deben ser cumplidas. En primer lugar se tiene el artículo 10 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que “Toda
persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída púbicamente
y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación
de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra
ella en materia penal”. Dentro de la misma línea, el artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene una serie de garantías
que engloban el debido proceso legal y judicial, la primera de las cuales
señala que “1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes
de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u
obligaciones de carácter civil”.
En el caso del Sistema Interamericano,
la Convención Americana Sobre Derechos Humanos contiene dos normas
determinantes como son el artículo 8 sobre garantías judiciales y el artículo
25 sobre protección judicial. La primera de estas recoge la línea de protección
de la Declaración Universal y del Pacto Internacional al establecer que “1.
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
lazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial
(…)”, dando luego paso en el numeral 2, a una serie de garantías que
engloban ese derecho.
El artículo 25 de la Convención es
especialmente significativo, pues establece el derecho a las garantías
judiciales, reconociendo el derecho al recurso judicial efectivo, de acuerdo
con el cual, “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo o rápido a
cualquier otro recuso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la
ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funcione oficiales”.
7.1.2. La Corte Constitucional ha señalado que “El
debido proceso es un derecho de estructura compleja que se compone de un
conjunto de reglas y principios que, articulados, garantizan que la acción
punitiva del Estado no resulte arbitraria”[53] y
ha relacionado esas garantías con el derecho al recurso judicial efectivo
establecido en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dentro de esta perspectiva ha dicho la Sala Plena de este Tribunal, que “el
derecho fundamental al debido proceso, comprendido como un complejo de
garantías a favor de las partes, guarda unidad de sentido con la concepción que
del derecho a un recurso judicial efectivo ofrece el derecho internacional de
los derechos humanos”[54].
Sobre el punto resulta concurrente el
concepto de debido proceso legal fijado por la Corte Interamericana, que
vincula el conjunto garantías protegidas por el debido proceso, con la
exigencia de efectividad que deben tener los recursos e instrumentos destinados
a su operación y defensa. Al respecto señaló puntualmente, que
“117. En opinión de esta Corte, para que
exista ‘debido proceso legal’ es preciso que un justiciable pueda hacer valer
sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de
igualdad con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es
un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución judicial de una
controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas
características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal.
El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del
individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación
de nuevos derechos procesales (…) Es así como se ha establecido, en forma
progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben
agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por
diversos instrumentos del Derecho Internacional.”[55]
7.2. El derecho al recurso judicial
efectivo y la doble instancia
7.2.1. El derecho a impugnar es el derecho
general que tienen todas las personas, de solicitar el control judicial de un
acto o de atacar la forma o el contenido de una providencia judicial. En
sentido concurrente, el derecho a recurrir, consiste en el derecho a
interponer recursos judiciales y es la concreción del derecho a impugnar.
Dentro de esta perspectiva, el derecho a impugnación se materializa con la
interposición de los recursos judiciales, que son justamente los instrumentos
que concretizan el derecho a impugnar.
El derecho a recurrir consiste en el
ejercicio de un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso a
cualquier título y condición, para que se corrijan los errores del juez, que le
causan gravamen o perjuicio, mientras que el recurso “es la petición
formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el mismo
juez que profirió una providencia o su superior la revise, con el fin de
corregir los errores de juicio o de procedimiento (in iudicando o in
procedendo) que en ellas se hayan cometido”[56].
En este sentido se trata de un acto procesal propio de las partes involucradas
dentro de un proceso judicial.
Ahora bien, independientemente de que se ejerza el
derecho a impugnar o el derecho a recurrir, el punto central es que el
instrumento de defensa debe ser efectivo, en el sentido de permitir la
protección y la restitución real de la integridad de los derechos que han sido
eventualmente vulnerados por la actuación del juez.
7.2.2. Alrededor del derecho al
recurso judicial efectivo como componente del debido proceso concurren
además del artículo 29 de la Constitución, el principio de efectividad
establecido del artículo 2 de la Carta Política, el artículo 25.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de la Corte Interamericana.
El principio de
efectividad está contenido en el artículo 2 de la Constitución, que en el
inciso primero establece un mandato a cargo del Estado al señalar que “Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad  de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; (…)”. De esta manera se le manda al Estado,
que garantice la efectividad de los derechos y garantías, es decir, que no sean
tratados como declaraciones retóricas, sino como derechos y garantías efectivas
y efectivizables ante los jueces.
Dentro de esta
línea se tiene el artículo 25.1 de la Convención Americana, sobre protección
judicial, ya enunciado, que garantiza específicamente el derecho al recurso
judicial efectivo como componente del debido proceso. La Corte
Interamericana le ha fijado dos contenidos explícitos al derecho al
recurso judicial efectivo como componente del debido proceso. El primero de
ellos señala que el recurso judicial debe ser útil, y el segundo, que el
recurso debe dar el resultado para el que fue concebido. Bajo esa comprensión
señaló la Corte en la sentencia de fondo proferida en el caso
Cabrera García y Montiel Flores contra México:
“142. En el
mismo sentido, la Corte ha señalado que los Estados tienen la responsabilidad
de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos
efectivos y de las garantías del debido proceso legal ante las autoridades
competentes, que amparen a  todas las personas bajo su jurisdicción contra
actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación
de los derechos y obligaciones de éstas. También ha establecido que para que el
Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la  Convención no basta con
que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que  tengan
efectividad en los términos del mismo, es decir que den resultados o respuestas
a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la
Constitución o en la  ley. La Corte ha reiterado que dicha obligación implica
que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su
aplicación por la autoridad competente.”[57]
7.2.3. La Corte Constitucional se ha referido en
numerosas ocasiones al derecho al recurso judicial efectivo, como componente
del derecho al debido proceso y del acceso a la administración de justicia.
Como punto de partida puede mencionarse la Sentencia C-1195 de 2001, por medio
de la cual la Corte atendió la demanda de inconstitucionalidad que había sido
propuesta en contra de los artículos 35 a 40 de la Ley 640 de 2001, “Por la
cual se dictan normas relativas a la conciliación y se dictan otras
disposiciones”, que establecían la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad ante las jurisdicciones contencioso administrativa,
civil y laboral. La Corte declaró la exequibilidad de los enunciados
demandados, salvo un corto segmento, considerando que el tema de la mediación
debía ser tratado a la luz de la tutela judicial efectiva y del derecho al
recuso judicial efectivo, explicitando el vínculo de estos derechos con el
acceso a la justicia, para lo cual indicó que “El derecho a
acceder a la justicia también guarda estrecha relación con el derecho al
recurso judicial efectivo como garantía necesaria para asegurar la efectividad
de los derechos, como quiera que “no es posible el cumplimiento de las
garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el
Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso.”[58]
La Sala agregó además, que si bien puede haberse
llegado al acuerdo conciliatorio, que hace tránsito a cosa juzgada, siempre
debe estar prevista la existencia de un recurso judicial efectivo que permita
su impugnación en caso de existir irregularidades. Así dijo que:
“Además de lo
anterior, la obligatoriedad de la audiencia de conciliación prejudicial y los
efectos que tiene el acta de conciliación en caso de que las partes lleguen a
un acuerdo, no elimina la posibilidad de que éstas tengan acceso a  un recurso
judicial efectivo. Ante posibles fallas ocurridas dentro del procedimiento
conciliatorio, –como cuando se desconoce el debido proceso, se afectan derechos
de terceros que no participaron en la conciliación, se tramitan a través de la
conciliación asuntos excluidos de ella, se desconocen derechos de personas que
se encuentran en condiciones de indefensión o se concilian derechos no
renunciables‑ que lleguen a constituir una vulneración o amenaza de
derechos fundamentales, procedería la acción de tutela[59].
En materia contencioso administrativa, el legislador previó la aprobación
judicial como mecanismo de control judicial de la conciliación en estas
materias.”[60]
La jurisprudencia de la Corte Constitucional avanzó
fuertemente en el tema relacionado con el recurso judicial efectivo, a
propósito del derecho de las víctimas del conflicto a la reparación integral
por los daños que han sufrido. Un balance de esa situación y del derecho al
recurso judicial efectivo está contenida en la Sentencia SU-636 de 2015, donde
se consignó:
“18. La
Corte ha precisado que el derecho a la reparación integral incluye entre sus
componentes el derecho a contar con un recurso judicial efectivo, a través del
cual las víctimas puedan canalizar sus demandas de reparación. En anteriores
oportunidades este Tribunal se ha referido a los fundamentos constitucionales[61]
y al alcance de esta garantía, señalando que esta no se circunscribe al derecho
de las víctimas a participar y obtener reparación dentro del proceso penal,
sino que se proyecta igualmente en los procesos de reparación directa que se
adelantan ante la jurisdicción contencioso administrativa.[62]
De igual manera, ha señalado que los mecanismos de reparación judicial no
pueden ser desconocidos en el contexto de medidas de justicia transicional;
sobre esta base, declaró la inexequibilidad de normas que sustraían de los procesos
de justicia y paz la competencia para que el juez penal decidiera sobre la
reparación integral de las víctimas, para en su lugar canalizar las demandas
allí formuladas a través de la vía administrativa[63].”[64]
Finalmente y en el plano del control abstracto debe
registrarse la emisión de la Sentencia C-159 de 2016, que resolvió la demanda
de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la procedencia del proceso
monitorio por parte de “Quien pretenda el pago de una obligación en dinero”,
dispuesta en el artículo 419 de la Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se
expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. La
Corte declaró la exequibilidad del enunciado, refiriendo entre sus
razonamientos los límites de la amplia potestad del legislador al momento de
fijar los procedimientos judiciales, entre los que se cuenta “(iv) la
eficacia de las diferentes garantías que conforman el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia”, refiriendo dentro de este último
límite, la eficacia de las garantías del debido proceso y el carácter material
del recurso:
“Sobre
el particular, existe un evidente vínculo entre el acceso a la administración
de justicia y contar con un proceso sin dilaciones injustificadas.  Como se
señaló anteriormente, la protección del derecho a un recurso judicial efectivo
no puede tener un carácter eminentemente formal, sino que debe ser material.
En ese orden de ideas, se estaría ante un modelo de justicia insuficiente en
términos de garantía de este derecho, cuando se ha previsto un procedimiento
judicial, pero el mismo no permite conferir a los ciudadanos una solución
oportuna frente a la exigibilidad de sus derechos.  Esta falencia puede deberse
de dos factores definidos: bien por la presencia de mora judicial, derivada de
la duración desproporcionada en el trámite de los trámites judiciales que no
responda a ningún criterio de carácter objetivo;[65]
o bien por la falta de idoneidad del mismo procedimiento legal, de manera que
el modo como fue concebido por el legislador no permita llegar, en abstracto, a
una solución oportuna.”[66]
En el escenario del control concreto se tiene la
Sentencia T-772 de 2015, que contiene una presentación integral del derecho al
recurso judicial efectivo, a propósito de la solicitud de amparo que formulara
una señora víctima de agresión y maltrato familiar, en contra de la
Fiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional de Fiscalía Regional
Magdalena Medio, la Policía Nacional - Dirección Seccional del Magdalena Medio
y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja, instituciones que no
tomaron ninguna medida efectiva frente a la violencia, los actos de agresión y
la victimización de la señora, a pesar de las múltiples quejas y denuncias.
La Corte
Constitucional evaluó el caso en sede de revisión, procediendo al amparo de los
derechos de la señora, señalando desde los estándares de la Corte
Interamericana, que el recurso judicial efectivo debe ser: “(i) recurso
ordinario, en este entendido el derecho a interponerlo debe ser garantizado
antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada; (ii) recurso
accesible, las formalidades requeridas para su admisión deben ser mínimas y no
deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar
y resolver los agravios sustentados por el recurrente; (iii) recurso eficaz, ya
que no basta con su existencia formal, sino que éste debe permitir que se
obtengan resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido; (iv) recurso
que permita un examen o revisión integral del fallo recurrido; (v) recurso al
alcance de toda persona condenada; (vi) recurso que respete las garantías
procesales mínimas.”[67]
7.2.4. De este
modo se tiene que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, el recurso
judicial efectivo, dentro del que se comprende el derecho de acceso a la
segunda instancia, son componentes del derecho fundamental al debido proceso y
suponen la existencia de mecanismos procesales accesibles, idóneos y  eficaces
que permitan el control y la revisión de las decisiones judiciales, en aquellos
casos en que los afectados consideren vulnerados sus derechos.
Dentro de esta
comprensión las decisiones judiciales que carezcan de medios adecuados de
control y revisión, o que existiendo, sean simplemente nominales o no sean
eficaces, implicarán la violación del derecho al debido proceso, en tanto que
las personas afectadas se verán forzadas a asistir a la afectación de sus
derechos sin contar con un instrumento procesal que permita la exposición  de
sus razones y la defensa de los mismos.
8. El derecho a la
presunción de inocencia
La presunción de inocencia es una
de las garantías del derecho fundamental al debido proceso. En este sentido el
artículo 29 de la Constitución dispone que “Toda persona se presume inocente
mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.
8.1. Este principio y derecho
fundamental también se encuentra consagrado en tratados internacionales que
forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con el artículo
93 de la Constitución. De este modo la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece en el Artículo 11, que “Toda persona acusada de un delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado
todas las garantías necesarias para su defensa”. Por su parte el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el numeral 2 del
artículo 14, que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.
Adicionalmente y en el plano del Sistema Interamericano de Protección, el
artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha dispuesto en el
numeral 2, que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.
La Corte Constitucional ha definido
la presunción de inocencia en múltiples ocasiones, reconociendo explícitamente
su carácter de derecho fundamental. De este modo en la Sentencia C-205 de 2003
específicamente dijo que “El derecho fundamental a la presunción
de inocencia, recogido en el artículo 29 constitucional, significa que
cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del supuesto
de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso
en el que deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le haya
demostrado su culpabilidad. Así pues, la presunción de inocencia, se constituye
en regla básica sobre la carga de la prueba, tal y como aparece consagrado en numerosos
textos de derechos humanos”[68].
8.2. Esta Corporación ha reiterado en sus
definiciones tres elementos centrales alrededor de la presunción de inocencia:
(i) que se trata de un derecho fundamental, (ii) que es una garantía cuyo
alcance se extiende hasta el perfeccionamiento de la ejecutoria de la sentencia
que declara la responsabilidad, y (iii) que es una garantía que debe ser
aplicada tanto de las sanciones penales, como de las administrativas. Así se
reiteró recientemente en la Sentencia C-003 de 2017:
“3.1.1.
La presunción de inocencia es un derecho en virtud del cual la persona deberá
ser tratada como inocente mientras no se demuestre lo contrario a través de un
proceso judicial adelantado con todas las garantías, en el cual se le haya
declarado judicialmente culpable mediante sentencia ejecutoriada.[69]
Asimismo, la presunción de inocencia es una de las garantías que hacen parte
del debido proceso[70]
y tiene un carácter fundamental,[71] por lo cual debe aplicarse no solo a sanciones penales, sino también administrativas.[72]”[73]
La jurisprudencia constitucional también ha señalado
reiteradamente, que la presunción de inocencia está constituida por tres
garantías básicas como son: (i) nadie puede ser considerado culpable hasta que
haya sido demostrada su responsabilidad en un proceso respetuoso de las
garantías constitucionales; (ii) la carga de la prueba sobre la responsabilidad
recae en la acusación; y (iii) las personas sometidas a procedimiento deben ser
tratadas de conformidad con los contenidos de este principio. Específicamente
se dijo al respecto en la Sentencia C-121 de 2012:
“33.
En conclusión, el principio de presunción de inocencia está consagrado en el constitucionalismo
colombiano como un derecho fundamental con arraigo expreso en la Constitución y
el derecho internacional, del que se derivan importantes garantías para la
persona sometida a proceso penal, como son: (i) Nadie puede considerarse
culpable, a menos que se haya demostrado la responsabilidad mediante proceso
legal, fuera de toda duda razonable, (ii) La carga de la prueba acerca de la
responsabilidad recae sobre la acusación;  (iii) El trato a las personas bajo
investigación por un delito, debe ser acorde con este principio. La formulación
del artículo 248 de la Constitución, según la cual únicamente constituyen
antecedentes penales las condenas impuestas en sentencias judiciales, en forma
definitiva, configura un desarrollo de la garantía constitucional de presunción
de inocencia.”[74]
8.3. Un asunto relevante para los efectos de este
caso, es la fijación del ámbito de protección del derecho fundamental a la presunción
de inocencia y su alcance dentro del proceso penal. Estas cuestiones fueron
resueltas expresamente por el legislador en el artículo 7 de la Ley 906 de 2004
y no pueden ofrecer duda alguna:
“Artículo 7. Presunción de inocencia
e indubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como
tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su
responsabilidad penal.”
En este sentido la garantía del debido proceso
abarca la totalidad del proceso penal hasta que quede en firme decisión
judicial definitiva sobre su responsabilidad penal, conforme lo manda el
artículo 7 del Código de Procedimiento Penal.
Al respecto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sido pacífica y constante en reiterar, conforme al mandato legal,
que la presunción de inocencia es una garantía del debido proceso, de la que es
titular toda persona sometida a procedimiento sancionatorio, y que su vigencia
y protección abarca la totalidad de la actuación procesal, hasta la firmeza del
fallo condenatorio o la ejecutoria del mismo. De este modo se lee en la
Sentencia C-774 de 2001,  que
“La presunción de inocencia en nuestro
ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del
cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su
inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la
demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado
desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta
el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser
desvirtuada la convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en
el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión
del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización
del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in
dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado.”[75] (subrayado
fuera de texto)
En igual sentido
se tiene la Sentencia C-121 de 2013, que examinó la constitucionalidad del
artículo 7 de la Ley 1453 de 2011, que tipifica el uso de menores de edad en la
comisión de delitos, donde se reafirmó que el alcance de la presunción de
inocencia va hasta el suceso de la sentencia condenatoria en firme. Así se dijo
que:
“68. Una
de las dimensiones de la presunción de inocencia, tal como se dejó establecido
en los fundamentos jurídicos 30 a 36 es la necesidad de que las personas
sometidas a proceso penal, sean tratadas de manera distinta a aquellas sobre
las cuales ya pesa una sentencia condenatoria, por haber sido oídas y vencidas
en un proceso surtido conforme a la ley. Se desconoce este aspecto de la
garantía de inocencia presunta cuando a decisiones provisionales y precarias
sobre la probable responsabilidad penal de una persona, se le imprimen efectos
negativos extraprocesales, cual si se tratara de una sentencia condenatoria en
firme, y a la manera de un antecedente penal, se presentan como indicativas de
peligrosidad.”[76]
8.4. Como
balance de lo expuesto, se tiene de conformidad con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, que la presunción de inocencia es un principio
constitucional, un derecho fundamental y una de las garantías del debido
proceso, de acuerdo con la cual, la persona sometida a proceso penal deberá ser
tratada como inocente mientras no se demuestre lo contrario, a través de un
proceso adelantado con observancia de todas las garantías de las que es
titular, en el que se le haya declarado judicialmente responsable mediante
sentencia ejecutoriada.
9. La
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 450 del C.P.P.
y la detención que se dicta al momento de anunciar el sentido del fallo
condenatorio
Como argumento a
la solicitud de exequibilidad de la normas demandadas, la Fiscalía General de
la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho, han referenciado algunos
pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
los que en opinión de los intervinientes, además de fijar las reglas que deben
seguir los jueces al enunciar el sentido del fallo, acreditan la
constitucionalidad del enunciado alrededor de la tesis de acuerdo con la cual, “el fallo
conforma un todo inescindible, un acto complejo, una unidad temática, entre el
anuncio público y la sentencia finalmente escrita”.
9.1. El punto de
partida  de las anteriores tesis se encuentra en la sentencia de casación de
septiembre 17 de 2007, al resolver un caso relacionado con el recurso de
casación interpuesto por una persona que había sido condenada por el Tribunal
Superior de Bogotá por porte ilegal de armas. En dicha providencia y respecto
de la tesis de la unidad que conforman el anuncio del sentido del fallo y la
sentencia, la Sala señaló:
“(VII) Para la Sala, en consecuencia,
resulta incontrastable que la comunicación del juez sobre el sentido del fallo,
acto con el que culmina el debate público oral, forma parte de la estructura
básica del proceso como es debido y vincula al juzgador en la redacción de la
sentencia.
Por tanto, el fallo conforma un todo
inescindible, un acto complejo, una unidad temática, entre el anuncio público y
la sentencia finalmente escrita, debiendo, por tanto, ser coincidentes sus
alcances.”
La Sala de Casación precisó además, que el anuncio
del sentido del fallo debe estar motivado, y que en caso de que haya lugar a la
modificación o a la corrección del mismo, no resulta posible su revocatoria
sino que lo procedente es decretar su nulidad y proceder a una nueva emisión:
“En resumen: la sentencia que pone fin
al proceso en el sistema de la Ley 906 de 2004 es un acto complejo que se
conforma con el sentido del fallo que, motivado sucintamente con los aspectos
señalados en el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal, el juez debe
anunciar al finalizar el debate oral, y la providencia finalmente redactada y
leída a las partes, siendo imperativo para el juez que ésta guarde armonía,
consonancia, congruencia con aquel aviso, porque las dos fases de ese único
acto constituyen una unidad temática.
Pero si, eventual y excepcionalmente, al
redactar la sentencia el juez llega a la convicción de que el acatamiento al
anuncio de ese sentido implicaría una injusticia material, debe declarar la
nulidad de aquel aviso, para que, al reponer la actuación con el anuncio
correcto, respete las garantías de las partes.”[77]
9.2. Posteriormente y mediante sentencia de enero 30
de 2008 la Sala de Casación Penal precisaría, que el enunciado contenido en el
artículo 450 del C.P.P. contiene una regla de carácter general, conforme a la
cual procede la detención con el anuncio de la sentencia, cuando se niegan los
sobrogados o penas sustitutivas. Específicamente dijo la Sala:
“Por mandato del
anterior precepto se hace necesario que los jueces observen que en los
términos de la Ley 906 de 2004 la ejecución de la sentencia y las órdenes
que en ella se imparten, especialmente cuando se condena a un procesado a
pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas,
resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo
momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras:
cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que
conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no
tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general
consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la
sanción impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el
correctivo por el ad quem.”[78]
(resaltado
dentro del texto)
Igualmente se precisó en el mismo proveído, que la
regla general de la detención con el anuncio del sentido del fallo, implicaba
una modificación respecto del régimen anteriormente establecido por el artículo
188 de la Ley 600 de 2000, de acuerdo con el cual, era necesario esperar a la
ejecutoria del fallo condenatorio, para proceder a la detención del condenado.
9.3. Las tesis
del acto complejo y el “todo inescindible”, la motivación del acto y su
corrección por vía de nulidad, han sido reiteradas y refinadas por la Sala de
Casación Penal, la que incluso ha avalado la práctica de suspender la audiencia
del anuncio del sentido del fallo, para que sea reanudada tiempo después, lo
que eventualmente podría concurrir con la emisión del fallo definitivo.
Dentro de esta
perspectiva se tienen las consideraciones contenidas en la sentencia de
casación de septiembre 23 de 2015, donde se reiteró la tesis de la unidad
inescindible señalando que “La
jurisprudencia de la Sala, tiene dicho que el anuncio del sentido del fallo por
parte del juez de conocimiento, una vez finalizado el debate público oral,
constituye un acto procesal que forma parte de la estructura del debido proceso
y vincula al juzgador con la decisión adoptada en la sentencia, conformando con
esta una unidad temática inescindible”,
así como la procedencia de la nulidad como remedio procesal frente a ciertas
situaciones, para lo cual indicó que “Pero si, eventual y excepcionalmente, al redactar la
sentencia el juez llega a la convicción de que el acatamiento al anuncio de ese
sentido implicaría una injusticia material, debe declarar la nulidad de aquel
aviso, para que, al reponer la actuación con el anuncio correcto, respete las
garantías de las partes”[79].
Esta providencia
avaló además la posibilidad de suspender la audiencia de lectura del sentido
del fallo para que fuese reanudada después, a efectos de evitar la nulidad. Así
señaló sobre el punto, recogiendo los precedentes contenidos en las sentencias
con Radicado 32196 y 36333:
“En dicha decisión se reflexionó en el hecho
de que tras presenciar la práctica de las pruebas y escuchar los alegatos de
conclusión de las partes e intervinientes, el juez se encuentra en capacidad
para dar a conocer de manera oral y pública el sentido del fallo, el que debe
anunciar inmediatamente o después del receso establecido en la ley, que puede
prologarse de acuerdo a la complejidad del asunto, lapso en el que puede
evaluar los acontecimientos percibidos en el juicio e incluso consultar los
registros de la audiencia para disipar sus dudas y determinar, en el
trascendental acto procesal, si halla culpable o inocente al procesado.”[80]
9.4. En lo que
tiene que ver con la detención del procesado al momento de dar el sentido del
fallo, la Sala de Casación Penal ha entendido que se trata de un mandato de
inmediato cumplimiento, como lo reiteró recientemente en la sentencia de tutela
de junio 7 de 2016, donde dijo:
“3. La ejecución de la sentencia en la Ley 906 de 2004.
Esta Corporación ha establecido que
en el nuevo esquema procesal, por mandato del artículo 450 de la Ley 906 de
2004, cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le
niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de
la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del
fallo. Es decir: cuando se trate de un acusado en contra de quien se anuncia un
fallo de condena que conlleva la imposición de una pena privativa de la
libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir
la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece
a descontar la sanción impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe
impartir el correctivo por el ad quem[81].
Excepcionalmente, el juez podrá
abstenerse de ordenar la captura inmediata. En este caso, recae sobre el servidor judicial una carga
argumentativa conforme a la cual debe justificar amplia, razonada y
razonablemente, conforme lo cual debe quedar suficientemente explicado el por
qué le resulta innecesaria la orden de detención inmediata. Esto podría
presentarse, por ejemplo, cuando aparece debidamente demostrado que el acusado
padece de una grave enfermedad. (Se resalta)
En todo caso, la jurisprudencia de
esta Corporación ha sostenido que si bien cada situación deberá ser analizada
de forma concreta, muy probablemente no estarán cubiertas por la excepción:
aquellas personas que han rehuido su comparecencia ante los jueces; han
escondido o dificultado las notificaciones a lo largo de la actuación; han
utilizado estrategias dilatorias en busca de beneficios; han tenido que ser
conducidos policialmente para que hagan presencia en la actuación; y en
general, cuando se den las mismas circunstancias que ameritan la imposición de
una detención preventiva[82].
La anterior posición ha sido
reiterada por esta Corporación en las siguientes decisiones:
CSJ STP 23 Ene 2014, Rad. 71211; CSJ STP 19 Mar 2015, Rad. 78636; CSJ SP
9 Mar 2016, Rad. 47704; entre otras.”[83]
9.5. De
conformidad con lo expuesto se tiene que para la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia: (i) el anuncio del sentido del fallo y la sentencia
escrita conforman “un todo inescindible”, que debe ser considerado
integralmente y no bajo la existencia de dos actos separados como pueden serlo
el anuncio del sentido de la sentencia y el texto de la misma; (ii) que el
artículo 450 del C.P.P. establece como regla general la detención del acusado,
pero que “Excepcionalmente el juez podrá abstenerse de ordenar
la captura inmediata. En este caso recae sobre el servidor judicial una carga
argumentativa conforme la cual debe justificar amplia, razonada y
razonablemente, conforme lo cual debe quedar suficientemente explicado el por
qué le resulta innecesaria la orden de detención inmediata”[84]; (iii)
que el juez debe examinar cada caso desde sus características específicas,
considerando la procedencia o improcedencia de los subrogados o las penas
sustitutivas; (iv) que si algún error se ha cometido o resulta necesario cambiar
el sentido del fallo anunciado, no es posible la revocatoria de la providencia,
pues se trata de una sentencia judicial, sino que se debe hacer uso de la
nulidad como mecanismo de corrección; y (v) que la fórmula dispuesta por el
artículo 450 demandado es distinta a la que sobre el mismo tema traía el
artículo 188 de la Ley 600 de 2000, conforme al cual, tan solo resultaba
posible la captura del condenado hasta la ejecutoria del fallo condenatorio.
10. Caso concreto
10.1. El demandante ha solicitado a
la Corte Constitucional, que declare la inexequibilidad de las expresiones “podrá
disponer” y
“Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código,
el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento”,
contenidas en el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal, que establece
la facultad que tiene el juez penal al momento de anunciar el sentido del fallo
condenatorio, de ordenar la privación de la libertad del acusado. La Sala al
considerar el alcance de lo demandado, decidió efectuar la integración
normativa con la totalidad del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal,
puesto que si se llegare a declarar la inexequibilidad de los segmentos
demandados, entonces los apartes que no fueron objeto de acusación perderían la
capacidad de producir efectos jurídicos.
10.2. Sostuvo el accionante que la facultad otorgada
al juez, que le permite privar de la libertad al acusado en ese momento
procesal, es violatoria de varios derechos, entre ellos, de la libertad
personal, en tanto no se está frente a una medida de aseguramiento, ni tampoco
ante una medida de cumplimiento de la sentencia y de la pena, pues condena aún
no hay, ni frente a una de las excepciones al principio de libertad de las
previstas en la Constitución. También afirmó que esa orden privativa de la
libertad es violatoria de la presunción de inocencia, pues dicha garantía sólo
se desvirtúa con la sentencia condenatoria en firme. De este modo, si bien la
presunción de inocencia se encuentra “deteriorada” por el anuncio del
sentido del fallo condenatorio, no ha desaparecido, pues se trata una garantía
permanente que subsiste hasta la firmeza del fallo condenatorio. También
argumentó que las expresiones cuestionadas son contrarias al debido proceso y
al artículo 31 de la Constitución, que establece el derecho de acceso a la
segunda instancia, censurando que respecto de esa orden de encarcelamiento, no
existe ningún medio de impugnación eficaz que permita la defensa de la libertad
personal.
10.3. La
Universidad Externado de Colombia y la Universidad Nacional de Colombia
apoyaron la solicitud de inexequibilidad. En sentido contrario, los
intervinientes oficiales, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y el
Ministerio Público le pidieron a la Corte que mantenga la constitucionalidad de
la norma.
La Fiscalía General de la Nación negó la violación
de los derechos a libertad personal, debido proceso, acceso a la segunda
instancia y presunción de inocencia, señalando desde la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, que el anuncio del sentido del fallo y la sentencia
definitiva forman un todo inescindible, y que por lo mismo no se afectan esos
derechos fundamentales, pues el procesado finalmente podrá apelar la sentencia
escrita. Dijo también que el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 señala que al
momento de tomar la decisión, el juez debe darle el uso de la palabra a la
Fiscalía y a la defensa para que se refieran a las condiciones personales y
sociales del procesado y que la decisión que adopte el juez debe estar fundada
en el criterio de necesidad. Dentro de la misma línea el Ministerio de Justicia
y del Derecho refirió que el anuncio del sentido del fallo y la sentencia
definitiva forman “un todo inescindible”, lo que desvirtúa la supuesta
violación de la presunción de inocencia, y que no hay afectación del derecho a
la libertad personal, pues la decisión de privar de la libertad se produce tan
solo “Si la detención es necesaria”.
10.4. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia[85]
ha expuesto la interpretación de acuerdo con la cual, la sentencia condenatoria
es un acto jurídico complejo, que involucra dos momentos: el anuncio del
sentido del fallo y el texto escrito de la sentencia. De este modo afirma que “el fallo
conforma un todo inescindible, un acto complejo, una unidad temática, entre el
anuncio público y la sentencia finalmente escrita”. Con fundamento
en dicha premisa considera esa Corte que el artículo 450 de la Ley 906 de 2004
contiene una regla general, un mandato, que dispone la captura inmediata del
acusado en contra de quien ha sido anunciado el sentido condenatorio del fallo,
“para que empiece a descontar la sanción impuesta”; que la privación de
la libertad es imperativa cuando se condena a un procesado a pena privativa de
la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas; y que si se quiere
impugnar la orden de detención con acceso a la segunda instancia, debe
proponerse el recurso de apelación una vez sea expedido el texto definitivo de
la sentencia, pues conforme  lo establece el inciso final del artículo 447 del
Código de Procedimiento Penal, el juez con el anuncio del fallo y el
encarcelamiento, “señalará el lugar, fecha y hora de la audiencia para
proferir sentencia, en un término que no podrá exceder de quince (15) días
contados a partir de la terminación del juicio oral”.
10.5. La Corte Constitucional comparte con la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[86]
y algunos de los intervinientes, la interpretación de acuerdo con la cual
dentro del sistema acusatorio establecido por la Ley 906 de 2004, el fallo es
un acto jurídico complejo conformado por dos momentos procesales, el del
anuncio del sentido del fallo y el texto definitivo de la sentencia, que deben
guardar congruencia entre sí. Considera la Sala que dicha interpretación es
constitucionalmente consistente, en el sentido de integrar como una unidad
conceptual y jurídica, el anuncio del sentido del fallo con la orden de
privación de la libertad que eventualmente pueda darse con él, y la sentencia
condenatoria que se emitirá dentro de los quince días siguientes al anuncio del
fallo.
Como fue afirmado líneas antes y
se reitera ahora, el legislador tiene un amplio margen de configuración
respecto de los procedimientos judiciales, incluyendo dentro de estos al procedimiento
penal. Dentro de esta línea considera la Sala, que el establecimiento de la
sentencia como acto jurídico complejo no excede los límites del legislador
identificados por la jurisprudencia[87],
pues: la Constitución no fijó directamente un trámite judicial distinto al
momento de la emisión del fallo condenatorio en materia penal; en segundo
término, el establecimiento de los dos elementos constitutivos de la sentencia
cumple fines del Estado dispuestos en la Constitución, como son la realización
de un orden justo, la efectividad de los derechos de las partes y de la víctima
dentro del proceso penal, el acceso a la justicia y el cumplimiento y
efectividad de las medidas que toman los jueces penales; adicionalmente y en
tercer término, el procedimiento establecido en el artículo 450 del Código de
Procedimiento Penal y las medidas que allí se toman, satisfacen los principios
de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que la eventual orden de
encarcelamiento debe ser motivada y cumplir los elementos de la necesidad, lo
que finalmente y en cuarto lugar, permite que no se afecten las garantías del
debido proceso, pues además de la motivación del acto y la necesidad de la medida,
se tiene que de conformidad con el procedimiento establecido, para el momento
de decretarse la privación de la libertad, la culpabilidad y la responsabilidad
penal ya han sido definidas, pudiendo el afectado interponer el recurso de
apelación tras la expedición del texto de la sentencia.
10.6. No obstante encuentra la
Sala, que la interpretación de acuerdo con la cual, la norma demandada contiene
un
mandato que impone la privación de la libertad, cuando se anuncia la condena de
un procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas
sustitutivas, resulta contraria a la Constitución y las garantías del debido
proceso, en tanto que invierte la comprensión constitucional del derecho
fundamental a la libertad personal, al establecer como regla general el
encarcelamiento y como excepción la libertad personal.
Debe señalarse, que el artículo
450 de la Ley 906 de 2004 no establece un mandato, ni la regla general en
virtud de la cual “resulta imperativo que la privación de la libertad se
ordene en el mismo momento en el que se anuncia el sentido del fallo”,
cuando este conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya
ejecución no puede ser suspendida, conforme lo señala la Corte Suprema de
Justicia[88].
La norma demandada no establece un mandato, sino una facultad de acuerdo con la
cual, si el acusado declarado culpable se encontrare en libertad, “el juez
podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia”,
salvo que la detención sea necesaria “de conformidad con las normas de este
código”. Esta circunstancia resulta aún más comprensible si se tiene en
cuenta, que el acto específico que contiene el anuncio del sentido del fallo y
la decisión sobre la libertad de quien ha sido hallado culpable, tiene como
mecanismo de impugnación el recurso de apelación contra la sentencia
definitiva, la que será proferida “en un término que no podrá exceder  de
quince (15) días contados a partir de la terminación del juicio oral”,
conforme lo dispone el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.
10.7. La Sala precisa, que la
expresión “necesidad” de la privación de la libertad que se disponga con el
anuncio del sentido del fallo, contenida en el inciso final del artículo 450
del Código de Procedimiento Penal demandado, conforme al cual “Si la
detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez
la ordenará y librará inmediatamente la orden de encarcelamiento”, no se
refiere a los presupuestos reiterados para privar de la libertad a un ser humano
durante la etapa de la investigación previstos en los artículos 308 a 310 del
Código de Procedimiento Penal, relacionados con que la medida de aseguramiento
se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido
ejercicio de la justicia, pues para el momento en el que se anuncia el sentido
del fallo, las etapas de investigación y juzgamiento ya han terminado; o porque
el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la
víctima, porque dicha valoración corresponde a la etapa inicial del proceso y
no a la condena; o porque resulte probable que el imputado no comparecerá al
proceso, pues el mismo ha llegado a la fase final con el anuncio del sentido
del fallo, sino que se refiere a los criterios y reglas para la determinación
de la punibilidad y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la
libertad, especialmente consignados en los artículos 54 y 63 del Código Penal.
Solo así puede entenderse la expresión “necesidad” contenida en el artículo 450
del Código de Procedimiento Penal.
10.8. Desde la anterior
comprensión, la Sala encuentra que la orden de encarcelamiento excepcional
establecida por el artículo 450 del C.P.P. respeta las garantías que la
Constitución ha dispuesto en favor de ese derecho, como son la reserva
judicial, la reserva legal y el carácter excepcional de las medidas privativas
de la libertad. Se mantiene el respeto por la garantía de la reserva judicial,
en tanto que la orden de encarcelamiento es proferida por el juez penal de
conocimiento, quien ha asistido al desarrollo de la etapa del juicio oral en
cumplimento del principio de inmediación. De otro lado se satisface también la
garantía de la reserva legal, pues se dispone la orden de detención por un
motivo previamente establecido en la ley, como lo es el anuncio de la
declaratoria de responsabilidad penal por la comisión de una conducta delictiva
previamente establecida en las normas penales. Adicionalmente se trata de una
medida de carácter excepcional, que únicamente ocurre en el primer momento del
acto jurídicamente complejo en que consiste la sentencia condenatoria, y que
tan solo procede tras la satisfacción de los criterios de necesidad de
conformidad con los artículos 54 y 63 del Código Penal, relacionados con los
criterios y reglas para la determinación de la punibilidad y los mecanismos
sustitutivos de la pena privativa de la libertad, como ha quedado dicho.
10.9. Igualmente considera la
Sala, que la orden de detención que se dispone con el anuncio del sentido del
fallo condenatorio no viola las garantías del debido proceso. Al respecto deben
ser referidos los medios de control que tiene esa orden de detención. El
procedimiento oral establecido en el Capítulo V del Título IV del C.P.P., que
regula lo relacionado con la Decisión y sentido del fallo, prevé en el
artículo 447, que anunciado el sentido del fallo, el juez le dará la palabra al
fiscal y al defensor “brevemente y por una sola vez”, “para que se
refieran a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir y
antecedentes de todo orden del culpable”, luego de lo cual fijará lugar,
fecha y hora para proferir la sentencia.
Los medios de control de la
decisión son dos. De un lado, la declaratoria de nulidad del sentido del fallo
y de la orden de detención. Si de conformidad con lo señalado por la Sala de
Casación Penal, la sentencia condenatoria es un acto jurídico complejo,
constituido por el anuncio del fallo y el texto de la sentencia, se tiene que
no procede su revocatoria, pues las sentencias no son revocables por el
funcionario que las profirió, sino que tan solo procede la nulidad del acto,
pues como lo registró esa Sala de Casación: “Ya se dijo, y se
reitera, que ese acto de anunciar el sentido del fallo es sustancial, forma
parte de la estructura básica del proceso, luego su desconocimiento sólo puede
tener lugar por medio de la declaratoria de nulidad, pues únicamente así surge
de nuevo la posibilidad de que sea emitido conforme a derecho y sean de recibo
los trámites y consecuencias que se derivan de él.”[89]
Pero una vez proferido el texto
de la sentencia, procede el recurso de apelación en contra de la misma como
segundo medio de control, en virtud del cual podrá ser impugnada tanto la
condena, como la orden de privación de la libertad. La procedencia de la
segunda instancia en ese momento procesal es la consecuencia inevitable del
hecho de estar frente al acto jurídicamente complejo que involucra el anuncio
el sentido del fallo y el texto de la sentencia. El artículo
179 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1395 de 2010,
dispone que el recurso de apelación contra la sentencia “se interpondrá en
la audiencia de lectura de fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado
dentro de la misma o por escrito en los cinco (5) días siguientes”, norma
que fue declarada exequible por medio de la Sentencia C-371 de 2011, donde esta
Corporación dijo además, que “25. Sobre las finalidades que orientan
este medio ordinario de impugnación ha sentenciado la Corte, que su propósito
es el de remediar los errores judiciales[90] y permitir
una nueva evaluación del caso, que suministre el convencimiento de que
la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales
o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas
que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente.”[91]
La Sala reitera que el anuncio
del sentido fallo y la sentencia constituyen una unidad, en cuanto acto
jurídico complejo, y precisa que el anuncio del sentido del fallo y la decisión
que se adopte acerca de la libertad de quien ha sido hallado culpable, no son
impugnables. Si bien la decisión del juez de conocimiento puede implicar la
privación de la libertad de esa persona, el término de quince (15) días
dispuesto por el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal no resulta
desproporcionado en sus efectos frente a la libertad, por el breve transcurso
de tiempo que acontece entre el referido anuncio y la sentencia.
De este modo se tiene que la
apelación es el recurso judicial efectivo dispuesto por el ordenamiento penal
respecto del fallo condenatorio, medio que involucra el control judicial sobre
la sentencia y lo decidido en ella, para el caso, la detención sobrevenida con
el anuncio del fallo, como elemento constitutivo de aquella.
10.10. Atiende la Sala al cargo
por la eventual violación de la presunción de inocencia. Esta Corporación ha
sostenido que “La
presunción de inocencia es un derecho en virtud del cual la persona deberá ser
tratada como inocente mientras no se demuestre lo contrario a través de un
proceso judicial adelantado con todas las garantías, en el cual se le haya
declarado judicialmente culpable mediante sentencia ejecutoriada”[92].
A los efectos del problema
jurídico que aquí se examina, debe precisarse si la detención del sentenciado
que se da con el anuncio del sentido del fallo condenatorio, viola la
presunción de inocencia, y la respuesta es que no la viola.
En el presente caso el accionante
plantea que la orden de detención que se dicta con el anuncio del sentido del
fallo viola la presunción de inocencia, pues la restricción de la libertad se
da antes de la ejecutoria del fallo condenatorio. De este modo sostiene, que
acontece un cumplimiento anticipado de la pena.
Para la Sala, la premisa
sostenida por el demandante sería correcta, en relación
con la presunción de inocencia, que ciertamente  se mantiene hasta la
ejecutoria del fallo condenatorio, si la conclusión de su razonamiento no fuera
equivocada, pues la detención que se decrete con el sentido del fallo,
sobreviene propiamente como consecuencia de la satisfacción del criterio de
necesidad ya precisado, y no únicamente como consecuencia de la condena y la
pena dispuesta, que tan solo aflorarán con el texto escrito del fallo y su
posterior ejecutoria. Es justamente por esto que el acto debe ser motivado, de
modo tal que en el momento procesal adecuado, es decir, con la emisión del
texto escrito de la sentencia, sobrevenga la apelación como medio de control
efectivo.
Valga recordar también, en
diálogo judicial con la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[93],
que la medida introducida por el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal
es ciertamente distinta de la anteriormente dispuesta por el artículo 188 de la
Ley 600 de 2000, debiendo reiterar además que el diseño del proceso penal
introducido por la Ley 906 de 2004 no corresponde a un típico proceso adversarial
de partes en igualdad de condiciones, sino que “(…) la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de
control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero
árbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación de una
justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos
fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima, en
especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo ocurrido,
a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con
la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque
de constitucionalidad”[94], en un balance que arroje como resultado la genuina expresión de
los fines del Estado social de derecho en términos de justicia material.
10.11. Reitera finalmente la Corte, que el juez de conocimiento al
momento de dictar el sentido de fallo y tomar decisiones alrededor de la
libertad del acusado, está en la obligación de evaluar todas las circunstancias
relacionadas con el caso y la conducta del mismo, velando por la integridad de
sus derechos fundamentales y la vigencia del principio pro libertate[95].
Adicionalmente debe considerar, que la privación de la libertad es excepcional
y que más aún debe serlo la privación de la libertad intramural, por implicar
un afectación más profunda de los derechos fundamentales, por lo cual y de
conformidad con la doctrina reconocida por esta Corte, “las autoridades deben verificar en cada caso concreto la
procedencia de los subrogados penales como la prisión o detención domiciliaria,
la vigilancia electrónica y la libertad provisional, pues éstas desarrollan
finalidades constitucionales esenciales en el Estados Social de Derecho”[96].
Desde las anteriores
consideraciones, la Corte Constitucional declara la exequibilidad del artículo
450 de la Ley 906 de 2004 por los cargos examinados.
11.
Síntesis del fallo
11.1.
La Corte resolvió la demanda formulada por un ciudadano en contra de
algunas expresiones contenidas en el artículo 450 de la Ley 906 de 2004, que
contiene el Código de Procedimiento Penal, el cual dispone que el juez al
momento de dar el sentido del fallo, podrá ordenar la detención del procesado
si esta resulta necesaria. El accionante señaló que tales enunciados vulneran
el derecho a la libertad personal y algunas de las garantías del debido
proceso, como el acceso a la segunda instancia mediante recurso judicial
efectivo y la presunción de inocencia. La Sala consideró que es necesario
efectuar la integración normativa con la totalidad del artículo demandado, pues
de no hacerlo,
la eventual declaratoria de inexequiblidad de las expresiones implicaría que
los apartes que no fueron acusados perderían la posibilidad de producir efectos
jurídicos.
11.2. Como
primer asunto la Sala se refirió al amplio espacio de configuración del
legislador para regular los procedimientos judiciales, así como los límites del
mismo. Señaló que se funda en lo dispuesto por los numerales 1° y
2° del artículo 150 de la Constitución, que consagran la cláusula general de
competencia del Congreso de la República, que le permite regular los
procedimientos judiciales y administrativos. Adicionalmente la Sala identificó
cuatro límites de esa facultad configurativa, precisados entre otras, en la
Sentencia C-319 de 2013, siendo estos[97]:
(i) la fijación directa, por parte de la
Constitución, de determinado recurso o trámite judicial; (ii) el cumplimiento
de los fines esenciales del Estado y particularmente de la administración de
justicia; (iii) la satisfacción de principios de razonabilidad y
proporcionalidad; y (iv) la eficacia de las diferentes garantías que conforman
el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. La norma
demandada respeta dichos límites.
11.3. En segundo término, la Corte verificó los derechos que
el demandante señaló como violados. Respecto de la libertad personal, la
Corporación señaló que se trata de un principio y derecho fundamental, que para su protección cuenta con
las garantías de la reserva legal y la reserva judicial, precisando que las
medidas privativas de la libertad son de carácter excepcional y de
interpretación restrictiva. En lo que tuvo que ver con el debido proceso, se
afirmó que de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana[98]
y de la Corte Constitucional[99],
el derecho al recurso judicial efectivo supone la existencia de mecanismos
procesales accesibles y eficaces que permitan el control y la revisión de las
decisiones judiciales, cuando los afectados consideren vulnerados sus derechos.
Finalmente y en relación con la presunción de inocencia, la Sala determinó
desde su jurisprudencia[100],
que se trata de un principio constitucional, un derecho fundamental y una de
las garantías del debido proceso, de acuerdo con la cual, la persona sometida a
proceso penal deberá ser tratada como inocente mientras no se demuestre lo
contrario, a través de un proceso en el que se le haya declarado judicialmente
responsable mediante sentencia ejecutoriada.
11.4. Finalmente se procedió a la
solución del caso, para lo cual la Corporación afirmó que la interpretación
hecha por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según la
cual el fallo condenatorio consiste en un acto jurídicamente complejo dentro
del sistema acusatorio adoptado por la Ley 906 de 2004, es constitucionalmente
consistente, en el sentido de integrar como una unidad conceptual el anuncio
del sentido del fallo y el texto de la sentencia condenatoria que se emitirá
después, lo que
no excede los límites del amplio espacio de configuración del legislador para
el establecimiento de los procedimientos judiciales.
11.5. En lo que tuvo que ver con
el cargo de violación del derecho a la libertad personal, la Sala encontró que
la orden de privación de la libertad establecida por el artículo 450 del Código
de Procedimiento Penal respeta las garantías de la reserva judicial, la reserva
legal y el carácter excepcional de las medidas privativas de la libertad, pues
se trata de una medida que únicamente ocurre en el primer momento del acto
jurídicamente complejo en que consiste la sentencia condenatoria. Para
el efecto se precisó, que respecto de la necesidad de la detención, el
inciso segundo del artículo 450 demandado debe asumirse en relación con los
artículos 54 y 63 del Código Penal, que establecen los criterios y reglas para
la determinación de la punibilidad y los mecanismos sustitutivos de la pena
privativa de la libertad, y no con  los criterios que deben ser
considerados al decretar la medida de aseguramiento.
Igualmente consideró la Sala que
esa orden de detención tampoco viola las garantías del debido proceso, pues el
afectado cuenta con medios de control adecuados, como son la declaratoria de
nulidad del sentido del fallo y de la orden de detención, y el recurso de
apelación sobre la sentencia, en virtud del cual podrán ser impugnadas tanto la
privación de la libertad, como la declaratoria de responsabilidad penal. Dentro
de esta misma perspectiva se concluyó también, que la norma demandada no viola
la presunción de inocencia, pues la detención excepcional que se ordena al
anunciar el sentido del fallo, constituye una restricción de la libertad
dictada por motivos de necesidad, en los términos antedichos.
11.6. Como cuestión final la
Corte reiteró que el juez de conocimiento tiene la obligación de evaluar todas las circunstancias relacionadas
con el caso y la conducta desarrollada por el acusado, velando por la integridad
de sus derechos fundamentales y la vigencia del principio pro libertate[101]. Por lo
mismo, el funcionario debe asumir rigurosamente, que la privación de la
libertad es excepcional y que más aún debe serlo la privación de la libertad
intramural, por lo cual y de conformidad con la doctrina reconocida por la
Corte, “las autoridades deben verificar en
cada caso concreto la procedencia de los subrogados penales como la prisión o
detención domiciliaria, la vigilancia electrónica y la libertad provisional,
pues éstas desarrollan finalidades constitucionales esenciales en el Estados
Social de Derecho”[102].
VII.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato expreso de la Constitución
RESUELVE
ÚNICO.- Declarar
EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 450 de la Ley 906
de 2004 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, en los
términos de esta providencia.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese, cúmplase y archívese el expediente.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Presidente
CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
IVÁN ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e)
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
JOSE ANTONIO CEPEDA AMARÍS
Magistrado (e)
ROCÍO LOAIZA MILLÁN
Secretaria General (e)
[1] El texto de la demanda está contenido entre los folios 1 a
26, y la corrección de la misma entre los folios 34 a 49
[2] Folio 24
[3] Folio 37 al vuelto del Expediente
[4] Folio 149 del Expediente
[5] Folios 81 a 107
[6] Folio 106
[7] Folio 97
[8] Folio 110
[9] Folio 111 al vuelto
[10] Folios 114 a 116
[11] Folio 115
[12] Folios 117 a 120
[13] Folio 118 al vuelto
[14] Folio 120
[15] Folios 155 a 181 del Expediente
[16] Folio 162 del Expediente
[17] Folio 168 del Expediente
[18] Folio 169 del Expediente
[19] Folio 173 del Expediente
[20] Folio 178 del Expediente
[21] Folios 184 a 185 del Expediente
[22] Folio 184 al vuelto del Expediente
[23] Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
consideración jurídica No. 3.4.2.
[24] Sentencia C-330 de 2016 M.P. María Victoria Calle Corea,
consideración jurídica No. 3.2., refiriendo los contenidos de la Sentencia
C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[25] Folio 166
[26] Folio 106
[27] Sobre el punto la jurisprudencia ha sido constante y
pueden ser consultados numerosos fallos, entre ellos, Sentencia C-320 de 1997
M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-539 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
C-355 de 2006 varios ponentes, C-055 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez,
C-182 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[28] Sentencia C-182 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado,
consideración jurídica No. 10, usando como inertexto la Sentencia C-055 de 2010
M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[29] Sentencia C-410 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos,
consideración jurídica No. 2.4.
[30] Sentencia C-055 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez,
consideración jurídica No. 24, citando la Sentencia C-539 de 1999 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz y C-320 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[31] C-320 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[32] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de septiembre 26 de 2007. Radicado 27431. M.P. Yesid Ramírez Bastidas
[33] Sentencia C-591 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández,
consideración jurídica No. 2. Esta afirmación de la Corte tuvo como intertextos
las sentencias C-38 de 1995, C-032 y C-081 de 1996, C-327,
C-429 y C-470 de 1997, y C-198 de 1998.
[34] Sentencia C-315 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa,
consideración jurídica No. 4.1., citando las sentencias C-591 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y
C-210 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[35] Sentencia C-315 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa,
consideración jurídica No. 4.1., citando entre otras la sentencias C-510 de
2004, C-163 de 2000, C-1149 de 2001, C-180 de 2006, C-1264 de 2005 y C-316 de
2002
[36] Sentencia C-456 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vergas Silva,
consideración jurídica No. 2, citando las sentencias Sentencias C-316 de 2002, C-620 de
2001, C-387 de 2014, C-828 de 2010, C-782 de 2012, C-1149 de 2001, C-393 de
2002, C- 248 de 2004, C-822 de 2005, C-1404 de 2000, C-1086 de 2008.
[37] Sentencia C-456 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 3, citando las sentencias C-555 de 2001 M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra y C-316 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[38] Sentencia C-319 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 5
[39] Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, consideración
jurídica No. 4.2., citando las sentencias C-301 de 1993 y C-634 de 2000. En
idéntico sentido la Sentencia C-469 de 2016, consideración jurídica No. 8,
citando las Sentencias C-301
de 1993 y C-327 de 1997.
[40] Sentencia C-879 de 2011 M.P. Humberto Sierra Porto. Este fallo es
muy importante en materia de libertad personal y sus garantías. Allí se examinó
la constitucionalidad de las normas relacionadas con la afectación de los
derechos a la libertad personal y la libertad de locomoción, que acontece en
los casos de retenciones transitorias para definición de la situación militar
de los jóvenes
[41] Sentencia C-239 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez,
consideración jurídica No. 10
[42] Sentencia C-469 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 11
[43] Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil, consideración
jurídica No. 4.5.1., citando las sentencias C-425 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz
y C-150 de 1993 M.P. Fabio Morón Díaz
[44] Ver, entre otras, las sentencias C-106 de marzo 10 de 1994, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, C-327 de 1997 ya citada, C-425 de septiembre 4 de 1997, M. P. Fabio Morón Díaz, C-774 de julio 25 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar y C-318 de 2008,
previamente citada.
[45] Sentencia C-366 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla,
consideración jurídica No. 5.11
[46] De forma reiterada la jurisprudencia de esta Corte, ha insistido
en que toda medida restrictiva o privativa de la libertad no solo tiene un
carácter excepcional, sino que debe ser interpretada restrictivamente y su
aplicación necesaria, adecuada, proporcional y razonable. Ver Sentencia
C-479 de 2007
[47] Sentencia C-456 de 2006 M.P. Alfredo Beltrán
Sierra
[48] Sentencia C-390 de 2014 M.P. Alberto Rojas Ríos,
consideración jurídica No. 8
[49] En la Sentencia C-106 de 1994, la Corte
afirmó: “Claro está, tratándose del derecho fundamental de la libertad,
aplicando el artículo 94 de la Constitución Política, el alcance de su garantía
constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales
sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales conciben la
detención preventiva como una excepción, es decir como un instrumento al cual
únicamente puede apelarse en los casos previstos por la ley y dentro de sus
rigurosos límites, sin perjuicio de las garantías que aseguren la comparecencia
del sindicado al pertinente juicio y su disponibilidad para la ejecución del
fallo, tal como se ha subrayado en esta sentencia”.
[50] Sentencia C-469 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 22
[51] Sentencia T-276 de 2016 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, consideración jurídica No. 2.5.1.3
[52] Folio 147
[53] Sentencia C-475 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
consideración jurídica No. 4
[54] Sentencia C-319 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 9
[55] Corte IDH. Opinión Consultiva OC-16/99 de octubre 1 de 1999 El
Derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las
garantías del Debido Proceso Legal. Serie A, No. 16, párrafo 117
[56] Devis, Hernando. Teoría general del proceso. Temis,
Bogotá, 2015, citando a Pontes de Miranda, página 503
[57] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores contra México.
Sentencia de noviembre 26 de 2010. Serie C No. 220, párrafo 142. Este fallo
reitera y precisa el precedente contenido en los casos Caso Baena Ricardo
contra Panamá, citado en la sentencia de fondo del Caso de los 19
Comerciantes contra Colombia. Sentencia de julio 5 de 2004. Serie C No.
109, párrafo 192
[58] Sentencia C-1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco
Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica No. 4.3, citando la Sentencia
T-268 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[59] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-475
de 98, M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-048 de 97 M.P. Alejandro Martínez
Caballero; T-433 de 93 M.P. Fabio Morón Díaz; T-530 de 95 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-276 de 95 M.P. Hernando Herrera Vergara; T-197 de 95 M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa; T-057 de 95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-030 de 96
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[60] Sentencia C-1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco
Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica No. 5.2.
[61] La Corte ha fundamentado el derecho de las víctimas a contar con
mecanismos judiciales de reparación efectiva a partir de una interpretación
sistemática de los artículos 1, 2, 29, 93, 229, y 250 de la Carta Política.
Asimismo, se ha referido al reconocimiento de este derecho en instrumentos del
derecho internacional de los derechos humanos, en particular, en los artículos
8º (Garantías Judiciales) y 25º (Protección Judicial) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972) y en artículo 2.3 literal a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley
74 de 1968).
[62] Así quedó establecido en la Sentencia SU-915 de 2013 M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub
[63] Al respecto ver sentencias C-180 de 2014 M.P. Alberto Rojas Ríos
y C-286 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[64] Sentencia SU-636 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa,
consideración jurídica No. 18
[65] “La mora judicial constituye una barrera para el goce efectivo
del derecho de acceso a la administración de justicia. Este fenómeno es
producto de diferentes causas, en la mayoría de los casos está relacionada con
el número elevado de procesos que corresponde resolver a cada despacho, los
cuales superan las condiciones estructurales del mismo, y por lo tanto
dificulta evacuarlos en tiempo (fenómeno conocido como hiperinflación
procesal); evento en el cual la jurisprudencia constitucional ha determinado
que no existe vulneración del derecho al debido proceso, pues la dilación no es
imputable a la negligencia del funcionario judicial, sino que encuentra
justificación en la falta de capacidad logística y humana existente para
resolver los asuntos que le fueron asignados para su decisión.” Corte
Constitucional, sentencia T-494/14.
[66] Sentencia C-159 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 16
[67] Sentencia T-772 de 2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, consideración jurídica No. 2.4.1.
[68] Sentencia C-205 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas,
consideración jurídica  No. 4.2.4.
[69] Así es definida la presunción de inocencia en las Sentencias C-205 de 2003 M.P.
Clara Inés Vargas Hernández; C-271 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-331 de
2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-720 de 2007 M.P. Catalina Botero Marino
[70] Las sentencias T 460 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, SU-1723 de 2000 M.P. Alejandro
Martínez Caballero, C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-827 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, C-030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-416 de
2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández), C-271 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1156 de 2003 M.P.
Álvaro Tafur Galvis, T-331 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-417 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-763 de 2010 M.P. Juan Carlos
Henao Pérez, C-289 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, señalan
que la presunción de inocencia es una parte integrante del debido proceso.
[71] Las Sentencias T-525 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón; C-774 de 2001
M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-416 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas y C-417 de 2009
M.P. Juan Carlos Henao Pérez, reconocieron que se trata de un derecho
fundamental.
[72] Las
Sentencias T-581 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón, SV José Gregorio Hernández
Galindo),C-244 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV Eduardo Cifuentes
Muñoz; SV Julio Cesar Ortiz Gutiérrez), T-470 de 1999 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), SU-1723
de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-555 de 2001 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra), C-1156 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-561 de 2005 (MP Marco
Gerardo Monroy Gaviria), T-969 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa),
C-595
de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-763 de 2010 (MP  Juan Carlos Henao Pérez) señalaron que la
presunción de inocencia no solo se aplica a actuaciones penales sino a otros
procesos en los cuales se impongan sanciones.
[73] Sentencia C-003 de 2017 M.P. Aquiles Arrieta Gómez,
consideración jurídica No. 3.1.1.
[74] Sentencia C-121 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 33
[75] Sentencia C-774 de 2001 M.P.
[76] Sentencia C-121 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 68
[77] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de septiembre 17 de 2007. Radicado No. 27336 M.P. Augusto Ibáñez
Guzmán y Jorge Luis Quintero Milanés
[78] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de enero 30 de 2008. Radicado No. 28918 M.P. Yesid Ramírez Bastidas,
consideración jurídica No. 10
[79] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de septiembre 23 de 2015. Radicado No. 40694 M.P. Patricia Salazar
Cuellar
[80] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de septiembre 23 de 2015. Radicado No. 40694 M.P. Patricia Salazar
Cuellar
[81] Se reitera el criterio adoptado en CSJ, SP, 30 de enero de 2008,
Rad. 28918 y 15 de septiembre de 2004, Rad. 19948
[82] Ibídem
[83] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de junio 7 de 2017 STP 7857 – 2016, Radicado No. 85897 M.P. José
Francisco Acuña Vizcaya
[84] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de enero 30 de 2008. Radicado No. 28918 M.P. Yesid Ramírez Bastidas,
consideración jurídica No. 10
[85] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de septiembre 17 de 2007. Radicado No. 27336 M.P. Augusto Ibáñez
Guzmán y Jorge Luis Quintero Milanés. En el mismo sentido: Sentencia de enero
30 de 2008. Radicado No. 28918 M.P. Yesid Ramírez Bastidas; Sentencia de
septiembre 23 de 2015. Radicado No. 40694 M.P. Patricia Salazar Cuellar
[86] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de septiembre 17 de 2007. Radicado No. 27336 M.P. Augusto Ibáñez
Guzmán y Jorge Luis Quintero Milanés. En el mismo sentido: Sentencia de enero
30 de 2008. Radicado No. 28918 M.P. Yesid Ramírez Bastidas; Sentencia de
septiembre 23 de 2015. Radicado No. 40694 M.P. Patricia Salazar Cuellar
[87] Sentencia C-319 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 5
[88] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de junio 7 de 2016, Radicado No. 85897 M.P. José Francisco Acuña
Vizcaya, remitiendo a la sentencia del 30 de enero de 2008, Radicado No. 28919
M.P. Yesid Ramírez Bastidas
[89] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal.
Sentencia de septiembre 17 de 2007. Radicado No. 27336 M.P. Augusto Ibáñez
Guzmán y Jorge Luis Quintero Milanés
[90] Sentencia T-083 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[91] Sentencia C-371 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
consideración jurídica No. 25
[92] Sentencia C-003 de 2017 M.P. Aquiles Arrieta Gómez,
consideración jurídica No. 3.1.1., citando las sentencias C-205 de 2003 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández, C-271 de 2003 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-331 de 2007 M.P.
Jaime Córdoba Triviño y C-720 de 2007 M.P. Catalina Botero Marino
[93] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia
del 30 de enero de 2008, Radicado No. 28919 M.P. Yesid Ramírez Bastidas
[94] Sentencia C-591 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández,
consideración jurídica No. 2.2.
[95] Alrededor de la vigencia de este principio en materia
penal se han referido entre otras las sentencia T-401 de 1992 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, C-070 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-788 den 2002
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[96] Sentencia T-276 de 2016 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, consideración jurídica No. 2.5.1.3.
[97]Sentencia
C-319 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, consideración jurídica No. 5
[98] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores contra México.
Sentencia de noviembre 26 de 2010. Serie C No. 220, párrafo 142. Este fallo
reitera y precisa el precedente contenido en los casos Caso Baena Ricardo
contra Panamá, citado en la sentencia de fondo del Caso de los 19 Comerciantes
contra Colombia. Sentencia de julio 5 de 2004. Serie C No. 109, párrafo 192
[99] Sentencia C-1195 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco
Gerardo Monroy Cabra, consideración jurídica No. 4.3, citando la Sentencia
T-268 de 1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell
[100]
Sentencia C-003 de 2017 M.P. Aquiles Arrieta Gómez, consideración jurídica No.
3.1.1
[101] Alrededor de la vigencia de este principio en materia
penal se han referido entre otras las sentencia T-401 de 1992 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, C-070 de 1996 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-788 den 2002
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-909 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[102] Sentencia T-276 de 2016 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, consideración jurídica No. 2.5.1.3.