T-466-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-466/12
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
Tratándose de un aspecto
neurálgico de la actividad judicial, en tanto que la valoración probatoria es
uno de los principales campos en los que el fallador ejerce su “autonomía e
independencia”, la Corte Constitucional ha prescrito límites estrictos para la
procedencia del amparo constitucional por la ocurrencia de un defecto fáctico.
En este sentido, ha señalado que esta causal de procedibilidad se erige “en uno
de los supuestos más exigentes para su comprobación”, descartando cualquier
tipo de reconocimiento frente a la eventual discrepancia interpretativa que
pueda surgir al interior del debate jurídico y probatorio, o diferencias
razonables en torno al valor probatorio otorgado por el juez ordinario. Se
precisa en este punto que la tutela contra providencia judicial por la
ocurrencia de un defecto fáctico debe satisfacer los siguientes requisitos de
irrazonabilidad y trascendencia: (i) El error denunciado debe ser “ostensible,
flagrante y manifiesto”, y (ii) debe tener “incidencia directa”,
“transcendencia fundamental” o “repercusión sustancial” en la decisión judicial
adoptada, lo que quiere decir que, de no haberse presentado, la decisión
hubiera sido distinta
DEFECTO
SUSTANTIVO O MATERIAL-Casos en que se configura
Ha descrito la jurisprudencia
constitucional que el defecto material o sustantivo se presenta cuando “la
decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la
ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto”
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que el accionante es
condenado a prisión dentro del trámite de un proceso penal, basado en una
errónea apreciación del acervo probatorio aportado al expediente
Referencia: expediente T-3.365.496
Acción
de tutela interpuesta por César Augusto Solano Orozco contra el Juzgado 3º Pe
nal
del Circuito Especializado de Bucaramanga y otros.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,
veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del
proceso de revisión del fallo dictado, en primera instancia, por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander y, en segunda, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Superior de la Judicatura, dentro de la acción de tutela instaurada por César
Augusto Solano Orozco contra la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga, la
Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, el Juzgado 3º
Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia.
I.
ANTECEDENTES
César Augusto Solano Orozco,
mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y la unidad delegada de la
Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la doble
instancia y al sometimiento de las decisiones judiciales al imperio de la ley,
con ocasión de la sentencia condenatoria en su contra por los delitos de
concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas
de fuego o municiones, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga el 21 de mayo de 2010. Para fundamentar su
solicitud el accionante relata los siguientes:
1. Hechos
1.1
Señala el accionante que fue vinculado a un proceso penal iniciado mediante
denuncia número 139.699 del 11 de julio de 2001, interpuesta por el ciudadano
Neil Argüello Martínez luego de sufrir un hurto mediante la modalidad de “fleteo”.
1.2
Indica que con ocasión de un reconocimiento fotográfico llevado a cabo
el 1º de octubre de 2002, la víctima lo habría señalado como uno de sus
presuntos victimarios.
1.3
Sostiene que la Fiscalía Segunda de estructura de apoyo de Bucaramanga,
mediante proveído del 19 de diciembre de 2002, dictó resolución de apertura de
instrucción, considerando 61 denuncias presentadas por hurtos perpetrados
contra usuarios de entidades bancarias, bajo el mismo “modus operandi”.
Ordenó agrupar bajo una sola cuerda procesal a 24 imputados (dentro de los
cuales se encuentra el accionante) y vincularlos formalmente al proceso
mediante diligencia de indagatoria. Argumentando la gravedad de las conductas
descritas dispuso igualmente su captura.
1.4
Aduce que el 17 de octubre de 2003 rindió indagatoria en la que declaró
nunca haber tenido un arma en sus manos y llevar buenas condiciones de vida,
gracias a su trabajo honrado como arquitecto, cantante vallenato y
esporádicamente, comerciante de café. Aseguró que se encontraba reseñado en los
álbumes de la Fiscalía, en razón a que hace siete años fue visto en una riña
callejera que terminó en un homicidio, pero en la que finalmente se estableció
su no participación. Asimismo, señaló que con anterioridad ya había sido citado
equivocadamente a otro proceso penal debido a ese registro fotográfico.
1.5
Relata que el 12 de febrero de 2004 se presentó Neil Argüello ante la
Fiscalía Tercera Especializada, “con la intención de aclarar algunos
aspectos sobre su denuncia”[1].
En su declaración manifestó que se sintió presionado por los familiares del
sindicado, quienes le recriminaban que estaba inculpando a un joven totalmente
inocente. Asesorado por su abogado, sin embargo, el denunciante comprendió que
era legítimo intentar llegar a una conciliación. Durante las reuniones
posteriores se habría hecho presente el accionante, a quien la víctima
describió como una persona con rasgos similares a la que señaló en el
reconocimiento fotográfico. Finalmente, el ofendido declaró que su intención
era retirar la denuncia, luego de haber recibido una consignación por
doscientos mil pesos ($200.000).
1.6
El accionante afirma que su abogado[2]
solicitó a la Fiscalía revocar la medida de aseguramiento que pesaba en su
contra. Para ello, aportó casete y transcripción de las conversaciones
adelantadas con la víctima, aclarando que el hecho de que haya aceptado pagar
la indemnización y reparación integral de perjuicios, no quería decir que
estuviese aceptando su responsabilidad, sino que su familia lo hizo por la
necesidad y urgencia de que éste pudiera gozar de plena libertad para terminar
su tesis de grado. La Fiscalía Tercera delegada ante los jueces penales del
circuito resolvió favorablemente la petición.
1.7
Relata que el 9 de diciembre de 2004 la Fiscalía Tercera profirió
resolución de acusación contra 18 personas (entre las cuales se incluye el
accionante), como presuntamente responsables de los delitos de concierto para
delinquir, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas, por los casos
de “fleteo” ocurridos en la ciudad de Bucaramanga.
1.8
Frente a lo anterior, esgrime que interpuso oportunamente recurso de
reposición y apelación, alegando que en su contra solamente existía el testimonio
de Neil Argüello, quien, en todo caso, había reconocido que si bien se parecía,
no era la misma persona señalada inicialmente en el registro fotográfico. La
Fiscalía Tercera rechazó los argumentos, aduciendo que la víctima “jamás se
ha[bía] retractado de los cargos que en su
contra hizo”[3].
En consecuencia, no accedió a la reposición pero dio trámite al recurso de
apelación.
1.9
El accionante sostiene que pese a haber interpuesto efectivamente el
recurso de apelación, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de
Bucaramanga no emitió pronunciamiento alguno frente a la impugnación presentada
oportunamente por el accionante.
1.10      Asegura
que una vez abierta la etapa del juicio, dentro de la audiencia pública
prevista en el artículo 403 y siguientes de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía se
pronunció de forma confusa, señalando que “Cesar Augsuto [sic] Lozano Orozco”[4] fue vinculado
al proceso por la denuncia de Bernardo Ariza Guiza y no por la de Neil
Argüello.
1.11      Expone
que el Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga emitió
sentencia condenatoria contra ocho personas (incluido él), tras hallarlos
responsables de los delitos de hurto agravado y calificado, concierto para
delinquir y porte ilegal de armas de fuego, imponiendo una pena principal de 99
meses de prisión, accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas de
99 meses, así como al pago de perjuicios morales a cuatro víctimas en cuantía
de un salario mínimo. Hace hincapié en que se trata de una providencia
arbitraria que condena a un inocente, sin haber tenido las pruebas suficientes
en su contra.
1.12      Asevera
que interpuso recurso de apelación pero el Tribunal Superior de Bucaramanga lo
declaró desierto, considerando que el abogado no había sustentado correctamente
la petición de alzada. En todo caso, mediante providencia del 16 de noviembre
de 2010, el ad quem al conocer las apelaciones presentadas por otros
condenados, decretó la prescripción de la acción penal en los delitos de
concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, ordenando cesar el
procedimiento a favor de todos los sentenciados respecto de estas dos
conductas.
1.13      Concluye
manifestando que presentó demanda de casación ante la Corte Suprema de
Justicia, la cual fue inadmitida por dicha Corporación, mediante auto del 08 de
junio de 2011[5],
argumentando que no había presentado la fundamentación requerida por la ley y
ni siquiera se había surtido la segunda instancia del proceso penal.
2. Solicitud de tutela.
César Augusto Solano Orozco, a
través de su apoderado judicial, manifiesta que acude finalmente a la acción de
tutela porque ya ha agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios a
su disposición.
Según se lee en el primer párrafo
del escrito de tutela, el principal cargo radica en que la sentencia proferida
por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bucaramanga es una injusta condena a 67
meses de prisión “por un delito que no cometió, que la Fiscalía no investigó
ni radicó en su contra, y que una juez prefabricó”[6]. Pese a las dudas sobre
la identificación del supuesto victimario –señala el accionante- el juzgador le
habría condenado, en contravía del principio de presunción de inocencia. En su
escrito de tutela, presenta también una multiplicidad de lo que considera son
vicios e irregularidades ocurridas durante el trámite del proceso penal y que
en su conjunto representarían una “vía de hecho” que desembocó en la
injusta condena penal.
Aunque el peticionario presenta
de forma poco clara los cargos, en la medida en que la acción de tutela no
obedece a complejas exigencias técnicas, sino que rige el principio de
informalidad, la Sala resumirá los principales reproches de forma cronológica y
de acuerdo a las etapas procesales así:
2.1
. En la etapa de instrucción:
i.       Prueba
decretada pero no practicada. El accionante relata que, a petición de la
víctima, el investigador judicial solicitó a la Fiscalía Segunda de Estructura
de Apoyo la práctica de una importante prueba: una copia del video de seguridad
de la carrera 27 con calle 19, cuya cámara tendría acceso directo al sitio del
atraco. En su opinión, esta prueba se decretó pero nunca se practicó.
ii.    Irregularidades
en el reconocimiento fotográfico. Asegura que el reconocimiento fotográfico no
puede ser considerado como un medio de prueba válido dentro del proceso ya que
es un documento en blanco, que solo dice el nombre de César Augusto Solano
Orozco. Además, el CTI habría cambiado injustificadamente las fotografías
presentadas en el primer reconocimiento.
iii.  Incorrecta vinculación al
proceso. Sostiene que en tanto la denuncia se formuló inicialmente contra
desconocidos, no había razones suficientes para vincularlo al proceso.
iv.  Insuficiente
motivación de la resolución de acusación. Alega que simplemente mencionando su
nombre “en los folios 1, 8 y 12 de la resolución acusatoria, en la que no
hace ningún análisis probatorio contra él, ni fundamenta la incriminación (…)
la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga, alegremente, sin pudor ni
respeto por la Administración de Justicia, lo acusó de integrar bandas
dedicadas al hurto”[7].
v.
Recurso de apelación no resuelto. Reprocha que la Fiscalía Delegada ante
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga nada dijo sobre la
apelación que oportunamente interpuso en contra de la resolución de acusación.
2.2. En
la etapa del juicio:
i.
Cambio en la formulación de cargos. En su opinión, la Fiscalía formuló
en el curso de la audiencia pública, de forma intempestiva, un nuevo cargo
contra su defendido, acusándole ya no de haber ejecutado conductas delictivas
en contra del señor Neil Argüello, sino contra Bernardo Ariza Guiza. Lo
anterior además habría afectado la congruencia de la sentencia que lo condena a
partir de la declaración de Neil Argüello.
ii.
Omisión del juez para remediar las irregularidades. Censura que el juez
de primera instancia haya omitido dentro de su providencia “un
pronunciamiento sobre los yerros de la investigación, en especial, sobre la
nulidad procesal planteada respecto de la absurda y fantasmal decisión que tomó
la Unidad Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga”[8].
iii.  Incorrecta
individualización por errada valoración probatoria. Señala que fue condenado
por un delito que no cometió y que la Fiscalía tampoco logró probar en su
contra. En este punto precisa que en la declaración rendida voluntariamente por
la víctima, esta manifestó que había tenido acercamiento con familiares de
Solano Orozco, a partir de lo cual pudo señalar con certeza que el capturado
era muy parecido al pistolero que lo atracó, pero que no era el mismo. Asegura
que desconociendo el verdadero alcance del relato de la víctima, “la
justicia ordinaria se negó a aplicar la sana crítica, la lógica jurídica y las
reglas de la experiencia, ajustando decisiones a formalismos que resultan
arbitrarios ante la duda y presunción de inocencia”[9].
2.3. En
el trámite de la segunda instancia:
i.
Negación injustificada del recurso de apelación. El accionante fustiga
que el Tribunal Superior no haya aceptado como sustentación de la alzada, el
alegato presentado durante la audiencia pública de juzgamiento.
2.4. En
el trámite del recurso extraordinario de casación:
i.
Omisión de un pronunciamiento de fondo. Esgrime, en forma genérica, que
la Sala de Casación Penal “negó el trámite de recursos y un pronunciamiento
de oficio, como le ordena el estatuto penal adjetivo”[10].
3. Trámite
procesal.
La acción de
tutela fue interpuesta originalmente ante la Corte Suprema de Justicia el 18 de
julio de 2011. Ante la tardanza en el pronunciamiento, el actor realizó dos
requerimientos solicitando que se diera trámite a la tutela y mostró su
preocupación debido a que no se le había asignado aún un Magistrado Ponente.
Mediante
telegrama calendado el 17 de agosto de 2011, la Sala de Casación Civil le
notificó que la acción de tutela no fue admitida a trámite, porque “el
reclamo del actor involucra ineludiblemente una decisión de la máxima autoridad
de la jurisdicción ordinaria en materia penal, cuyas funciones constitucionales
y legales le están asignadas en forma expresa y, por tanto, no pueden ejercerse
por ninguna autoridad del Estado”[11].
De inmediato, el abogado impugnó tal providencia. El 30 de agosto la Sala Civil
rechazó por improcedente el recurso argumentando que el único pronunciamiento
susceptible de apelación es el fallo de tutela de primera instancia y no el
auto que inadmitió a trámite la demanda.
Visto lo
anterior, el accionante decidió radicar nuevamente la acción de tutela el 07 de
octubre de 2011, esta vez, ante el Consejo Superior de la Judicatura. Dicha
Corporación, en aras de garantizar la doble instancia, ordenó su envío al
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander “por cuanto es claro que ya
la propia jurisdicción penal se negó a conocer de la presente acción”[12].
Así, correspondió conocer de la acción de tutela, en
primera instancia, a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander, la cual, mediante auto del 14 de octubre de
2011, avocó el conocimiento, (i) ordenó notificar la iniciación del proceso al
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado, la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bucaramanga y a la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal; (ii)
dispuso la vinculación, como terceros con interés legítimo en la actuación, de
la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga y la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, para que se pronunciaran sobre las
manifestaciones del accionante; y (iii) solicitó al Juzgado Tercero Penal del
Circuito remitir, en calidad de préstamo, el expediente penal.
4. Respuesta de las entidades accionadas o vinculadas.
4.1. Unidad Especializada de la Fiscalía.
La coordinadora de la unidad especializada de la Fiscalía
dio respuesta, teniendo en cuenta que en la actualidad no existe la Fiscalía
Tercera Especializada. En su contestación, reconoció que la resolución
acusatoria proferida contra Solano Orozco fue recurrida sin que la Fiscalía
Quinta Delegada ante el Tribunal se pronunciara al respecto. No obstante, tal
irregularidad no se “alegó en su oportunidad en la etapa del juicio (art.
400 ley 600 de 2.000), quedando subsanada si se tiene en cuenta que en ese
estadio procesal el accionante debatió acerca de la responsabilidad endilgada
al procesado en la resolución acusatoria”[13].
4.2. Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga.
Respondiendo a los reclamos elevados por la supuesta
incongruencia en la que habría incurrido el fallo condenatorio, afirmó que la
formulación de la acusación realizada en su momento por la Fiscalía se mantuvo
a lo largo de todo el proceso. En efecto, al accionante se le acusó por la
presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado
y agravado, y porte ilegal de armas, postura que fue reiterada por el órgano
acusador en el momento de realizar las alegaciones durante la audiencia de
juicio oral, en la que se solicitó la condena de César Augusto Solano por los
mismos delitos, “guardando entonces plena congruencia lo solicitado por el
ente Acusador con la sentencia que en últimas profiriera el Juzgado Tercero
Penal”[14].
Adicionalmente, puso de presente que el condenado “contó
desde su vinculación con la asesoría de su abogado defensor (…) quien lo
asistió en la totalidad del trámite procesal, que el mismo hizo uso de los
recursos en las diferentes oportunidades con las que contó para tal fin”[15].
4.3. Fiscal 5º Delegado ante el Tribunal Superior de
Bucaramanga.
El Fiscal 5º respondió a la omisión en el trámite del
recurso de apelación interpuesto por el abogado del señor Solano Orozco contra
la resolución de acusación. Al respecto, señaló que la decisión fue notificada,
por lo que “el acusado conoció de la decisión y no mostró inconformidad
alguna en el curso del proceso”. Por lo anterior, la irregularidad
existente fue convalidada.
4.4. Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga.
La Corporación manifestó con respecto al no trámite de la
apelación interpuesta por César Augusto contra la sentencia condenatoria que,
este recurso se declaró desierto porque no cumplió con la carga procesal de
sustentación, “ya que una cosa es plantear los motivos por los que se
disiente de la providencia atacada, y otra bien distinta son los argumentos que
el estrado defensivo expuso en el decurso de la audiencia pública de
juzgamiento, sin que estos puedan suplir a aquellos”[16]. En ese sentido, aseguró
que la decisión adoptada no constituye una vía de hecho, sino una decisión producto
de una interpretación razonable de la ley procesal.
4.5. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
El Presidente de la Sala de Casación Penal solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela interpuesta. En lo que respecta al
trabajo de esa Corporación, afirmó que el accionante, en últimas, pretende
cuestionar la interpretación legal que hizo la Corte Suprema de Justicia
actuando como juez de Casación, ignorando que “constituye un sistema de
juzgamiento legítimo, como lo dice la propia Constitución y lo ha ratificado la
Corte Constitucional – sentencia C-545 de 2008”[17].
Hizo hincapié en que la competencia del juez de tutela en
este caso debe comenzar por responder el siguiente interrogante ¿propone el
accionante un asunto de estricto contenido constitucional que merezca su
atención?, a lo cual respondió de manera negativa “en vista de que sus
planteamientos sólo pretenden continuar el debate sustancial y probatorio ya
finiquitado”[18].
En el mismo sentido advirtió que el accionante había
incumplido el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, al haber
obviado por completo que la ley procesal penal le permite acudir a la acción de
revisión, establecida por la Ley 906 de 2004[19].
II.
DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
1. Sentencia de primera
instancia.
El 26 de octubre de 2011, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander declaró improcedente la acción de tutela. En primer lugar, resaltó la
negligencia del accionante y su defensor quienes no alegaron oportunamente y en
debida forma las supuestas irregularidades que habrían ocurrido en el
transcurso del proceso penal.
Citando la jurisprudencia
constitucional (T-262 de 1998), hizo énfasis en que no resulta correcto invocar
la figura sumaria de la acción de tutela con la intención de tramitar “asuntos
que por su misma complejidad exigen acucioso y ponderado análisis bajo la
óptica de ordenamientos especializados”[20].
Adicionó lo anterior afirmando que el accionante desconoció el principio de
subsidiariedad de la tutela, en tanto que aún cuenta con un medio idóneo de
defensa judicial como lo es la acción de revisión.
2. Impugnación.
El apoderado de Solano Orozco
impugnó la referida sentencia. Señaló que el agotamiento de las instancias
extraordinarias no constituye un requisito para la procedencia de la acción de
tutela. Puso de presente que acudir al recurso de revisión supondría una “carga
adicional de por lo menos 4 o 5 años, que es el tiempo prudencial que se toma
la Sala de Casación Penal para resolver”[21].
Adujo que efectivamente se está
en presencia de un perjuicio irremediable, por el hecho de que el accionante
deba recluirse “tras las rejas de una nefasta y maloliente prisión,
condenado a purgar 67 meses de prisión por un delito que no cometió”[22]. Aseguró que
jamás se convalidaron las irregularidades procesales y reiteró que lo que
realmente atestiguó la víctima fue que el accionante se parecía a uno de sus
victimarios pero no era uno de ellos.
3. Sentencia de segunda
instancia.
El Consejo Superior de la
Judicatura en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, mediante sentencia del 5 de
diciembre de 2011 confirmó el fallo impugnado. Comenzó por darle razón al
Tribunal de Bucaramanga cuando declaró desierto el recurso de apelación ante la
ausencia de una debida sustentación.
En el mismo sentido, agregó, en
lo referente al no trámite del recurso de apelación contra la resolución de
acusación que lo que se evidenció fue la negligencia de la defensa técnica para
denunciar tal irregularidad. En efecto, si bien es cierto que no se surtió
jamás la alzada, no es menos verídico que el recurrente tenía un deber de
informar tal suceso dada la naturaleza jurídica de los recursos judiciales.
Conducta que al no haber sido desplegada, evidenció la incuria del accionante.
Señaló finalmente, con fundamento
en la jurisprudencia (T-629 de 2009), que esta acción constitucional no podía
reemplazar las figuras procesales ordinarias destinadas a obtener las
satisfacción de los derechos.
III. PRUEBAS.
A continuación
se relacionan las pruebas relevantes que reposan en el expediente de tutela:
En el cuaderno 1
de la tutela de primera instancia:
·
Copia del acta de grado de César Augusto Solano Orozco que lo
acredita como arquitecto de la Universidad Santo Tomás. (folio 12).
·
Copia de la tarjeta profesional de arquitecto de César Augusto
Solano Orozco y del carné de la Curaduría 2ª de Valledupar que lo certifica
como arquitecto de la sección técnica (folio 14).
·
Copia de la denuncia con radicado No. 139.699, presentada por
Neil Argüello Martínez ante la Fiscalía Segunda de Bucaramanga por los hechos
delictivos de los que fue víctima (folios 15-17).
·
Copia del oficio presentado por Carlos Jesús León (Fiscal 2º
Delegado) dirigido al Mayor Carlos Enrique Villadiego (Coordinador Grupo
Telemática), solicitando copia del video seguridad de la cámara ubicada en la
carrera 27 con calle 19 (folio 19).
·
Copia parcial de la diligencia de reconocimiento fotográfico
llevada a cabo el 1º de octubre 2002, en la que la víctima habría señalado a
César Augusto como uno de sus agresores (folio 27).
·
Copia de la resolución de apertura de instrucción y orden de
captura contra 24 incriminados (folios 29-34).
·
Copia de la diligencia de indagatoria que rindió el señor César
Augusto Solano Orozco el 17 de octubre de 2003 (folios 42-45).
·
Copia de la declaración rendida por Neil Argüello Martínez el 12
febrero de 2004 ante la Fiscalía Tercera Especializada (folios 48-51).
·
Copia de la resolución mediante la cual la Fiscalía revocó la
medida de aseguramiento contra César Augusto Solano Orozco y ordenó la libertad
provisional por indemnización de daños y perjuicios (folios 65-66).
·
Copia de la resolución de acusación del 9 de diciembre de 2004,
contra el señor Solano Orozco y otras 17 personas por los delitos de concierto
para delinquir, hurto calificado y agravado, y porte de armas de defensa
personal (folios 67-78).
·
Copia del recurso de reposición y subsidiario de apelación,
interpuesto por el abogado del accionante contra la resolución de acusación
(folios 79-80).
·
Copia de la decisión de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal
Superior en la que resuelve la apelación a la resolución de acusación
presentada por los otros acusados (folios 85-94).
·
Copia de los alegatos para audiencia pública presentados por la
Fiscalía Octava delegada ante los jueces penales (folios 98-103).
·
Copia de los alegatos para audiencia pública de la defensa de
Solano Orozco (folios 113-119).
·
Copia del fallo penal de primera instancia, proferido por el
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga el 21 de mayo de 2010,
mediante la cual se condenó César Augusto Solano Orozco y otros por los delitos
de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de
armas (folios 121-223).
·
Copia del memorial presentado por el abogado del accionante en el
que solicita se tengan como argumentos de sustentación del recurso de apelación
el escrito que presentó el 29 de mayo de 2009.
·
Copia de la sentencia penal de segunda instancia proferida por el
Tribunal Superior de Bucaramanga (folios 225-267).
·
Copia de la interposición y sustentación del recurso de casación
ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (folios 268-287).
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
Esta
Corte es competente para conocer del fallo materia de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso tercero y 241,
numeral noveno de la Constitución Política, así como en los artículos 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico.
2.1. Afirma el accionante (i) que dentro del proceso penal adelantado en
su contra por la supuesta participación dentro de los múltiples hurtos en
modalidad de “fleteo” que venían ocurriendo en la ciudad de Bucaramanga,
se le condenó injustamente por un delito que jamás cometió y que la Fiscalía
tampoco logró probar; (ii) que el proceso penal estuvo “impregnado” con
numerosas y graves irregularidades desde la etapa instructiva hasta la decisión
de inadmisión de la demanda de casación; (iii) que ni el apoderado ni el
condenado convalidaron los vicios procedimentales que se venían presentando; y
(iv) que la condena a prisión constituye un ostensible perjuicio irremediable
en su contra.
Por su parte, las entidades judiciales accionadas o
vinculadas al proceso de tutela sostienen que su comportamiento se ajustó al
marco legal vigente. Señalan (i) que si bien se pudo presentar alguna de las
irregularidades argüidas por el accionante, lo cierto es que la actitud pasiva
y negligente de la defensa técnica permitió que se convalidaran. Llaman también
la atención sobre (ii) el uso abusivo de la acción de amparo constitucional
para revivir términos procesales, y reabrir discusiones probatorias y jurídicas
que ya han quedado ejecutoriadas.
En fallo de tutela de primera instancia, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander declaró
improcedente la acción de tutela debido (i) a la inactividad del accionante y
(ii) a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, como lo es la
acción de revisión. En igual sentido se pronunció el Consejo Superior de la
Judicatura, para quien resulta palpable la incuria del accionante al no haber
presentado los recursos en debida forma, y haber omitido alegar las supuestas
irregularidades procesales de manera oportuna y suficiente.
2.2. La condición “sui
generis” de la acción de tutela[23]
faculta al juez constitucional para que interprete el sentido de la demanda e
incluso pueda estudiar la vulneración de otros derechos fundamentales que el
actor no haya sabido invocar diáfanamente[24].
En el presente caso, el apoderado del accionante ha esgrimido una multiplicidad
de irregularidades procesales que, a su parecer, han trasgredido el debido
proceso dentro de la acción penal llevada a cabo en contra de Solano Orozco.
Sin embargo, en el fondo lo que observa esta Sala es que el objeto central de
reproche radica en el hecho de que una persona haya sido condenada a pena
privativa de la libertad con fundamento exclusivo en la declaración de la
víctima quien manifestó que el accionante era “parecido” a su agresor.
Corresponde entonces a esta Sala
de Revisión, en primer lugar, determinar si las supuestas irregularidades
durante (a) la fase de instrucción[25],
(b) la etapa del juicio[26],
(c) el trámite de la segunda instancia[27]
y (d) la inadmisión del recurso extraordinario de casación[28], cumplen los requisitos
jurisprudenciales para configurar un causal de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
En segundo lugar, habrá que
responder, específicamente, si un juez penal vulnera los derechos fundamentales
a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, cuando
establece la responsabilidad penal de una persona con fundamento en la
declaración de la víctima, quien asegura haber reconocido al procesado como alguien
con rasgos muy similares a los de su victimario, teniendo en cuenta también que
el ente acusador sostiene que el sentenciado hace parte de un banda
delincuencial organizada, y que su presencia le produjo temor a la víctima en
encuentros posteriores.
Con el fin de
resolver este problema jurídico, estima la Sala necesario (i) reiterar la
jurisprudencia de esta Corporación en relación a la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales; así mismo, (ii) explicar el alcance del
defecto fáctico y sustantivo, en tanto que sirven para analizar la valoración
probatoria y el principio de la presunción de inocencia que se discute. Con
base en lo anterior, (iii) la Sala procederá al análisis del caso concreto para
determinar si hay lugar o no a la protección constitucional invocada.
3. Procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia.
Desde la entrada en vigencia de
la Constitución de 1991 y los primeros pronunciamientos de esta Corporación[29], se ha
venido señalando que la acción de tutela procede excepcionalmente contra
providencias judiciales[30].
Esta actuación tiene un claro fundamento normativo en los artículos 2 y 86 de
la Carta, los cuales reconocen su procedencia cuando los derechos fundamentales
“resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”, situación que incluye la vulneración derivada de
pronunciamientos judiciales.
En sentencia C-543 de 1992, si
bien se declararon inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991,
la Sala Plena previó la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales al afirmar lo siguiente:
“Ahora bien,
de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe
duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función
de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela
se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la
utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario
por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales,
ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable (...) En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia” (subrayado fuera del original).
Del anterior pronunciamiento se
deduce que lo que se excluyó del ordenamiento jurídico fue la normatividad que
hacía procedente la acción de tutela contra providencias judiciales como regla
general, pasando a permitirla solo de manera excepcional como
hasta hoy se ha venido insistiendo[31].
En sus primeras decisiones, la Corte Constitucional enseñó
que la viabilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales estaba
sujeta a la configuración de una “vía de hecho”. No obstante, fruto del
avance jurisprudencial, la Corte redefinió tal concepto, recurriendo a uno más
amplio denominado causales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales[32],
con el objetivo de superar una noción que había restringido su asociación
con el capricho y la arbitrariedad judicial[33].
De acuerdo a esta nueva perspectiva de análisis -consolidada
con la sentencia C-590 de 2005- el juez constitucional debe comenzar por
verificar las condiciones generales de procedencia, entendidas como “aquellas
cuya ocurrencia habilita al juez de tutela para adentrarse en el contenido de
la providencia judicial que se impugna”[34].
En otras palabras, su cumplimiento no significa que el juez ordinario haya
violado los derechos fundamentales del accionante, sino que simplemente
autoriza al juez de tutela a examinar si ello ha ocurrido y hacen referencia a:
“(i) si la
problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados todos
los recursos o medios –ordinarios o extraordinarios- de defensa de los
derechos, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los
recursos sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario;
(iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (es decir, si se solicita el
amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación);
(iv) si se trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido
incidencia en la decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los
derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que
originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si –de haber sido
posible- lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o
contencioso; (vi) si la providencia impugnada no es una sentencia de tutela”[35].
Únicamente
luego de haberse establecido el cumplimiento de los requisitos generales, el
juez de tutela se encuentra habilitado para entrar a conceder el amparo
solicitado, si halla probada la ocurrencia de al menos una de las causales
específicas de procedibilidad. La Corte ha organizado, de la siguiente forma,
los distintos yerros que pueden configurarse[36]:
“(i)
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la
decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.
(ii)
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen
del procedimiento establecido.
(iii)
Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
(iv)
Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son
proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que
presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
(v) Error
inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por
parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta
derechos fundamentales.
(vi)
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha
motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.
(vii)
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por
ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho
fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
(viii)
Violación directa de la Constitución”.
El citado desarrollo
jurisprudencial da cuenta del marco jurídico general dentro del cual se debe
realizar el examen constitucional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En los siguientes acápites, teniendo en cuenta que el reproche que
en el fondo presenta a consideración el accionante tiene que ver con la
supuesta arbitraria valoración probatoria y el desconocimiento de la presunción
de inocencia, se hace necesario precisar los alcances del defecto fáctico y
sustantivo por cuanto guardan estrecha relación con el objeto de análisis.
4. Descripción del defecto fáctico.
El defecto
fáctico tiene que ver con las “fallas en el fundamento probatorio”[37] de la
sentencia judicial atacada. Se busca establecer si al dictar la providencia, el
juez desconoció “la realidad probatoria del proceso”[38].
Esta
Corporación ha explicado que tal defecto se puede entender mejor a partir de
dos dimensiones: una negativa y otra positiva. Desde la primera perspectiva, se
reprocha la omisión del fallador en la “valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez”[39].
La segunda aproximación del defecto fáctico “abarca la valoración de pruebas
igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la
Constitución”[40].
A partir de
lo anterior, la Corte ha identificado como ejemplos del defecto fáctico, entre
otros, los siguientes:
“(i) Omitir
el decreto o la práctica de las pruebas, siendo estas conducentes, pertinentes
y útiles, lo que deriva en una insuficiencia probatoria en el proceso judicial,
(ii) Omitir
la valoración de las pruebas, ya sea porque el juzgador no las advierte o
simplemente no las tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión
respectiva,
(iii)
Valorar las pruebas de forma inadecuada, arbitraria, irracional, caprichosa o
con desconocimiento de las reglas de la sana crítica y,
(iv) No
excluir y valorar pruebas ilegales o indebidamente recaudadas”[41].
Tratándose de
un aspecto neurálgico de la actividad judicial, en tanto que la valoración
probatoria es uno de los principales campos en los que el fallador ejerce su “autonomía
e independencia”[42],
la Corte Constitucional ha prescrito límites estrictos para la procedencia del
amparo constitucional por la ocurrencia de un defecto fáctico. En este sentido,
ha señalado que esta causal de procedibilidad se erige “en uno de los
supuestos más exigentes para su comprobación”[43], descartando cualquier
tipo de reconocimiento frente a la eventual discrepancia interpretativa que
pueda surgir al interior del debate jurídico y probatorio, o diferencias
razonables en torno al valor probatorio otorgado por el juez ordinario.
Se precisa en
este punto que la tutela contra providencia judicial por la ocurrencia de un
defecto fáctico debe satisfacer los siguientes requisitos de irrazonabilidad y
trascendencia[44]:
(i) El error denunciado debe ser “ostensible, flagrante y manifiesto”[45], y (ii) debe
tener “incidencia directa”, “transcendencia fundamental” o “repercusión
sustancial” en la decisión judicial adoptada, lo que quiere decir que, de
no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta[46].
5. Descripción del defecto sustantivo o material.
Ha descrito la jurisprudencia
constitucional que el defecto material o sustantivo se presenta cuando “la
decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la
ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto”[47].
Recientemente, la Sala Plena de esta Corporación, en la sentencia SU-448 de
2011, tuvo la oportunidad de enlistar los principales supuestos en los que una
decisión judicial incurre en el yerro señalado[48]:
“(i) cuando
la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable,
porque a) no es pertinente , b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada
, c) es inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución , e) a
pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador,
(ii) cuando
pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al
caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable  o la aplicación final de la regla es inaceptable por
tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes  o
cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial,
(iii) cuando
no toma en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga
omnes,
(iv) cuando
la disposición aplicada se muestra, injustificadamente regresiva  o contraria a
la Constitución,
(v) cuando
un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no
previsto en la disposición,
(vi) cuando
la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso,
(vii) cuando
se desconoce la norma del ordenamiento jurídico constitucional o
infraconstitucional aplicable al caso concreto,
(vii) cuando
la actuación no está justificada en forma suficiente  de manera que se vulneran
derechos fundamentales,
(viii)
cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial,
(ix) cuando
el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una violación
manifiesta de la Constitución”.
Es importante
resaltar que la Corte ha insistido en que no obstante la autonomía de los
jueces para determinar las normas aplicables al caso concreto y establecer la
interpretación e integración del ordenamiento jurídico, no les es dable en esta
labor apartarse de las disposiciones y principios constitucionales o legales[49].
6. Análisis del caso concreto.
Según fue reseñado, César Augusto
Solano Orozco interpuso acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la doble instancia y al
sometimiento de las decisiones judiciales al imperio de la ley, con ocasión de
las supuestas irregularidades producidas durante el trámite del proceso, así
como por la sentencia condenatoria que en su contra profirió el Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, por los delitos de concierto
para delinquir, porte ilegal de armas de fuego o municiones y hurto agravado y
calificado. Providencia confirmada por el Tribunal de Bucaramanga en lo
referente a la tercera conducta punible descrita.
Corresponde entonces a la Sala de
Revisión determinar si realmente estas autoridades judiciales, con su actuación
u omisión, han vulnerado los derechos fundamentales reclamados por el
accionante, teniendo en cuenta la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales es de naturaleza excepcional. Para lo anterior, se
analizará en el caso concreto (i) si concurren todas las causales generales de
procedibilidad y (ii) por lo menos una de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
6.1. Análisis de las causales
genéricas de procedibilidad.
6.1.1.
Relevancia constitucional de las cuestiones discutidas.
El accionante asegura que el
proceso penal adelantado en su contra está “impregnado” de una serie de
irregularidades desde su inicio mismo. Como producto de lo anterior, señala que
se ha condenado a un inocente por un hecho totalmente ajeno al mismo. Tales
reclamos gozan de auténtico rango constitucional por cuanto abordan distintas
manifestaciones del derecho fundamental al debido proceso y además, se
relacionan directamente con una de las garantías constitucionales más
elementales: la libertad del ser humano.
Lo anterior, sin embargo, no
puede predicarse del cargo formulado en contra de la Sala Penal de la Corte
Suprema por haber inadmitido el recurso de casación, respecto a lo cual el
accionante se limita a manifestar su desacuerdo con el Alto Tribunal por haber
negado “el trámite de recursos y un pronunciamiento de oficio, como le ordena
el estatuto penal adjetivo”[50].
En este aspecto, además de que no hay una argumentación suficiente que
justifique el motivo de la inconformidad y la supuesta violación de derechos
fundamentales, se advierte también que el debate se reduce a una controversia
del plano legal en torno a los requisitos que debe cumplir el casacionista.
6.1.2.
Agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
En el expediente se observa que
si bien la defensa técnica, por momentos, no obró de la manera más acertada
posible, sí hizo uso de todas las herramientas jurídicas a su alcance. En su
momento el defensor solicitó la revocatoria de la medida de aseguramiento[51], poniendo de
presente que se había indemnizado a la víctima, pero sin asumir la
responsabilidad, sino para que el joven Solano terminara sus estudios
universitarios. Posteriormente, interpuso los recursos de ley en contra de la
resolución de acusación[52],
manifestando que “el ÚNICO acusador dijo haber visto al acusado
durante la instrucción en dos oportunidades, de manera personal y directa, y
por eso admitió que aunque tiene un cercano parecido con el delincuente que lo
atracó, se encuentra en plena capacidad mental para asegurarle a la Fiscalía
que SOLANO OROZCO NO ES LA MISMA PERSONA QUE RECONOCIÓ EN EL ÁLBUM
FOTOGRÁFICO que le fue puesto por la autoridad para la fecha del hecho”[53].
En su intervención durante la
audiencia pública de juzgamiento, el apoderado nuevamente reiteró la inocencia
de su defendido y la ausencia de pruebas contundentes en su contra. Aprovechó
esa oportunidad para poner de presente las que calificó como múltiples
irregularidades procesales que habían ocurrido tales como: (i) las
inconsistencias en el reconocimiento fotográfico[54], (ii) la prueba del
video de seguridad no practicada[55],
(iii) la omisión en el trámite del recurso de apelación contra la resolución de
acusación[56].
Con fundamento en lo anterior, y teniendo en cuenta que la víctima no había
reconocido expresamente a su defendido como uno de los agresores[57], solicitó a
la jueza proferir fallo absolutorio.
Una vez notificada la sentencia
condenatoria, el apoderado apeló oportunamente la decisión, aunque sin éxito,
ya que el Tribunal declaró desierto el recurso, considerando que el abogado no
había argumentado en debida forma su impugnación. Algo similar ocurrió con la
demanda de casación, la cual si bien fue interpuesta dentro del término legal,
fue inadmitida por la Sala de Casación Penal quien señaló que el escrito no
reunía “la adecuada fundamentación requerida”.
Se colige de lo anterior que la
defensa del accionante obró diligentemente, en el sentido de que fue pronta,
activa y presta al actuar; pero no todas las veces con la pericia esperada, es
decir, con la “sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o
arte”[58],
en este caso, del derecho. Siendo así, encuentra esta Sala de Revisión
suficiente la conducta desplegada por el accionante y su defensor para agotar
los mecanismos ordinarios de defensa.
6.1.3.
Cumplimiento del requisito de la inmediatez.
Es necesario precisar que si bien
el cargo fundamental se erige contra la sentencia condenatoria del 21 de mayo
de 2010, la última actuación judicial surtida dentro de dicho proceso penal
ocurrió el 8 de junio de 2011, fecha en la cual la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación, concluyendo en ese
momento el procedimiento. En tanto que la acción de tutela fue radicada
originalmente ante la Corte Suprema de Justicia el 18 de julio de 2011, se
observa que transcurrieron menos de dos meses desde la actuación que terminó el
proceso penal objeto de censura, hasta el momento en que se acudió al amparo,
resultando así un plazo razonable.
6.1.4. Las
irregularidades procesales alegadas no tienen incidencia directa y decisiva en
la providencia que se acusa de ser vulneratoria de los derechos fundamentales.
El accionante esgrime una
multiplicidad de irregularidades que, en su opinión, terminaron por auspiciar
un fallo condenatorio contra una persona inocente. No obstante, esta Sala de
Revisión encuentra que, al menos en lo que respecta a los asuntos de orden
procedimental alegados, la solicitud de amparo no está llamada a prosperar en
tanto que no cumple con el nivel de trascendencia exigido en el escenario
constitucional de tutela contra providencia judicial.
Lo primero que esta Corporación
observa es que la mayoría de reproches procesales argüidos por el accionante[59] se remiten a
actuaciones surtidas durante el comienzo de la investigación penal y dentro de
una etapa procesal ya precluida: la instrucción. Por ello, prima facie,
tales denuncias no tuvieron incidencia directa y decisiva para determinar el
sentido del fallo que finalmente se profirió y que es el objeto central de
reproche en esta tutela. Tampoco explicó el demandante ese supuesto vínculo de
causalidad.
En lo que respecta a la aparente
irregularidad del Tribunal de Bucaramanga por no haber dado trámite al recurso
de apelación en contra del fallo condenatorio de primera instancia, es evidente
que dicha actuación no pudo lógicamente tener incidencia directa en la
providencia del a quo que se ataca y en la valoración probatoria que
éste realizó acerca de la responsabilidad del accionante. Es más, el Tribunal
ni siquiera entró a examinar su situación jurídica. Por demás, esta Sala
considera, sin entrar en el fondo del asunto, que el ad aquem se basó en
una interpretación razonable del postulado consagrado en el artículo 194 de la
ley 600 de 2000, que dispone para el apelante la carga procesal de sustentar
jurídicamente el recurso, presentando las razones específicas de su
disentimiento con la providencia impugnada.
De lo anterior resulta que las
acusaciones de orden procesal no superan este requisito en tanto que aquellas
no tuvieron, en este caso concreto, la trascendencia suficiente para incidir de
forma decisiva en los razonamientos que llevaron al juez penal a condenar a
Solano Orozco, y en este sentido, no satisfacen el nivel de incidencia exigido
dentro de las causales genéricas de procedibilidad.
Luego de haber sido descartados
los reclamos de tipo procedimental, solo resta a esta Corporación seguir
adelante con el examen constitucional en lo relativo a los cargos sustanciales
presentados por el accionante, que se dirigen a cuestionar el ejercicio de
valoración probatoria realizado por el Juzgado 3º Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga y la supuesta trasgresión al principio rector de
la presunción de inocencia.
6.1.5. El
accionante ha identificado de forma razonable los hechos que generan la
violación.
La Corte advierte que solo dos
reclamos han superado los requisitos anteriores y son aquellos que hacen
referencia (i) al yerro constitucional en el que habría incurrido la falladora
al tener como medio de prueba válido el reconocimiento fotográfico, y (ii) a la
irrazonable valoración que ésta hizo sobre la declaración rendida por la
víctima, lo que se proyectaría en un defecto fáctico y otro sustantivo. Con
respecto a ellos, esta Sala encuentra que el accionante presentó de una forma
suficiente y razonable los argumentos que se dirigen a denunciar la errada
valoración probatoria, e identificó la sentencia del Juzgado 3º Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga que le condenó como el hecho vulnerador del debido
proceso.
6.1.6. No
se trata de sentencia de tutela.
La presente acción de tutela no
se dirige contra una providencia de la misma naturaleza, sino contra la
sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Bucaramanga el 21 de mayo de 2010.
6.2. Causales específicas de
procedibilidad.
Según se desprende del expediente
de tutela y de las consideraciones que a continuación se desarrollan, (i) se
configuró un defecto fáctico por la interpretación irrazonable del acervo
probatorio que realizó el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bucaramanga con
respecto al acusado Solano Orozco; e igualmente, (ii) se presentó un defecto
sustantivo en el momento en que el juez penal desconoció el principio rector de
la presunción de inocencia al condenar al accionante simplemente por guardar un
parecido físico con el agresor.
6.2.1. El Juzgado 3º Penal del
Circuito Especializado de Bucaramanga incurrió en el defecto fáctico al valorar
irrazonablemente el acervo probatorio con respecto a la responsabilidad penal
de Solano Orozco.
La providencia examina y
determina la responsabilidad penal del accionante y otros nueve sujetos, por
las conductas punibles de concierto para delinquir, hurto calificado y
agravado, y porte ilegal de armas de fuego. Comienza con una descripción
morfológica de todos los acusados y un resumen de las actuaciones procesales
relevantes. Posteriormente, el juzgado enlista los elementos probatorios para
finalmente concretar la responsabilidad de los procesados.
Respetuosa de la autonomía
judicial, consecuente con las restricciones que implica el examen del defecto
fáctico, y en aras de garantizar la transparencia en sus pronunciamientos, esta
Sala de Revisión aplicará la siguiente metodología: primero, citará los
elementos probatorios enlistados por el propio juzgado demandado y expondrá la
apreciación realizada por la jueza respecto a los mismos. Segundo, se resumirán
los alegatos del accionante en sede de tutela. Finalmente, esta Sala presentará
su análisis al respecto.
i.
Elementos probatorios presentados por el juzgador penal.
En el acápite VI de su sentencia,
dedicado a la valoración probatoria, la juzgadora presenta, aunque de forma
poca clara, la multiplicidad de elementos probatorios que sirvieron de
fundamento para dictar la sentencia condenatoria. A continuación se reseñan los
principales resultados arrojados por el trabajo investigativo:
A) Reconocimiento
mediante fotos, videocasetes, o fila de personas: Las  víctimas
identificaron a Jorge Luís Maestre Ruiz, Jorge Eliécer Villamizar, Alexander
Villamizar Ojeda, Fredy Torrado Hernández, Alexander Sanabria Bustos, Fredy
Martín Jácome Bravo, Mario Fernando Vera Contreras, César Eduardo Lozano
Martínez, Hilda Yaneth Parada Duarte, Julián Yaser Escobar Librase, Orlando
Rodríguez Velásquez, Wilson Rueda Santos o Ángel Rueda Santos, Juan Jaimes
Pabón y César Augusto Solano Orozco[60].
B) Informes:
(i) 1728 del 2 de octubre de 2002, proferido por la SIJIN de Barrancabermeja,
donde se pone en conocimiento que de la ciudad de Bucaramanga se desplazaba una
organización delincuencial dedicada al hurto en el sector bancario, y como
integrantes de estas se señaló a Daniel Ricardo Sánchez Gómez y a Oscar Ortiz
Cubides; (ii) 1454 del 23 de octubre de 2002, del Departamento de Policía de
Santander, mediante la cual se informan las placas de los vehículos y
motocicletas destinados a los delitos de fleteo; (iii) 679 del 10 de diciembre
de 2002, en el que describen las funciones de pistolero, piloto, marcador,
patrón, proveedores y enfermero; así mismo, describe las relaciones existentes
entre Mario Fernando Vera Contreras, Alexander Sanabria Bustos, Freddy Martín
Jácome Bravo, Freddy Torrado Hernández, Alexander Villamizar Ojeda, Jorge
Eliécer Villamizar Villamizar, Cristian Eduardo Jácome Bravo, Edinson Gregory
Leon Niño, Hilda Yaneth Parada Duarte, Nelson Lizarazo Fuentes, Daniel Ricardo
Sánchez Gómez, César Eduardo Lozano Martínez y César Augusto Solano Orozco.
C) Oficios:
(i) 5398 del 28 de noviembre de 2002, el Grupo de Criminalística de la Sijin
aporta las anotaciones que aparecen en los registros de Daniel Ricardo Sánchez
Gómez, Alexander Villamizar Ojeda, Jorge Eliécer Villamizar y Alexander
Sanabria Bustos por la comisión de diferentes delitos; (ii) 406 y 407,
identifica que los celulares encontrados en el lugar de los hechos son de
propiedad de Nelson Lizarazo Fuentes, Hilda Yaneth Parada Duarte y Cristian
Eduardo Jácome. Además, transcribe abonados interceptados de las conversaciones
que tuvieron Fredy Torrado Hernández, Oscar Iván Sánchez, Daniel Ricardo
Sánchez Gómez y Edinson; (iii) 0699 del 20 de diciembre de 2002 del Grupo
Contra Atracos de la Seccional de Policía Judicial, narra las circunstancias en
las que fue aprehendido Oscar Iván Sánchez y Daniel Ricardo Sánchez Gómez,
quienes fueron capturados en el sitio de reunión de la Organización criminal.
Alexander Sanabria Bustos intentó evadir la acción de la autoridad refugiándose
en inmuebles vecinos.
D) Diligencias
de allanamiento y elementos encontrados al momento de la captura: (i) en la
residencia del sentenciado Edinson Gregorio León Niño le fueron halladas varias
armas de fuego, munición y una motocicleta; (ii) en la residencia del
sentenciado Jhon Fredy Hernández se encontraron dos revólveres, ambos con
número borrado, dos cascos para moto y un walkie talkie; (iii) Oscar Iván
Sánchez fue encontrado en posesión de un revólver y su respectivo
salvoconducto, pasamontañas, una navaja y varios cheques; (iv) a Daniel Ricardo
Sánchez Gómez le fue encontrado una pistola y municiones; (v) Alexander
Villamizar Ojeda fue encontrado con cinco comprobantes de consignación y copia
de recibo de remesa terrestre de una motocicleta; (vi) Melba Aguilar Rodríguez
fue encontrada en posesión de un bolso manos libres, una pasamontañas, una
navaja y dos cheques.
E) Otros:
fotocopia de la sección judicial del periódico Vanguardia Liberal de
Bucaramanga del domingo 22 de diciembre de 2002, donde aparecen las fotografías
de supuestos atracadores. Dentro de la banda de alias “el palomo”, se
señala a Fredy Torrado Hernández alias “el Pollo” (sic), Daniel Ricardo
Sánchez Gómez alias “el gordo”, Alexander Villamizar Ojeda alias “el
brother”. En la banda de “el pollo” aparecen Alexander Sanabria
Bustos alias “el pollo”, Mario Fernando Vera Contreras alias “Scooby o el
gato volador”, Hilda Yaneth Parada Duarte alias “la pitufa”, Fredy
Martín Jácome Bravo alias “Fredy”, Cristian Jácome Bravo alias “Jácome”
y Edinson Gregory León Niño alias “el camionero”.
F) Indagatorias
rendidas por los distintos acusados en las que procuraron defender su
inocencia. Solano Orozco, por su parte, manifestó que no había cometido ningún
tipo de delito, ni tenido un arma en las manos. Por el contrario, resaltó que
sus buenas condiciones de vida y trabajo honrado le permitían vivir dignamente.
ii-
Valoración probatoria del Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga en lo referente al señor César Augusto Solano Orozco.
De lo reseñado en los informes
policiales y demás elementos probatorios recaudados a lo largo el proceso, el
juez sostuvo que fue posible individualizar a los distintos integrantes de las
bandas delictivas dedicadas al hurto en la modalidad de fleteo en la ciudad de
Bucaramanga, así como establecer su “modus operandi”. Con base en lo
anterior, el juzgado presentó la siguiente conclusión general dentro de la cual
se incluye al accionante:
“Los
anteriores elementos de prueba demuestran tanto la materialidad de los ilícitos
como la responsabilidad de César Augusto Solano Orozco, Alexander
Sanabria Bustos, Edinson Gregorio León Niño, Hilda Yaneth Parada Duarte, Daniel
Ricardo Sánchez Gómez, Oscar Iván Sánchez Gómez, Oscar Ortiz Cubides, Alexander
Villamizar Ojeda, Jorge Eliécer Villamizar y Jorge Luís Maestre Ruiz, en los
hurtos perpetrados a varios clientes bancarios en el área metropolitana de
Bucaramanga en el año 2002”[61].
(Énfasis fuera del original).
Posteriormente, al entrar en el
estudio específico de la responsabilidad penal de César Augusto Solano Orozco
desarrolló los siguientes razonamientos. En primer lugar, en lo referente al
reconocimiento fotográfico, reconoció que “la mencionada diligencia no
estaba suscrita por el testigo, simplemente se anota cuando ARGÜELLO MARTÍNEZ,
indica a la persona reconocida y se establece que esta responde al nombre de
CÉSAR AUGUSTO SOLANO OROZCO, sin que obre en el expediente la siguiente hoja en
la que continúa el reconocimiento y la suscripción de firmas por quienes en
ella intervinieron”. A renglón seguido anotó que el “proceso fue
fotocopiado”[62],
sugiriendo con ello la posible explicación del extravío del(os) folio(s).
No obstante lo anterior, el
juzgado consideró que la señalización hecha por la víctima “en la diligencia
de reconocimiento de la que no reposan las correspondientes firmas, es
confirmada posteriormente con las salidas que siguió haciendo al proceso,
ratificando que se le acercó en uno de los encuentros para conciliar (…) una
persona muy similar a la que reconoció pero que se identificó de otra manera”[63].
En segundo lugar, a partir de la declaración
rendida por la víctima con posterioridad al reconocimiento fotográfico,
construyó dos indicios sobre la coautoría del accionante en el hurto
perpetrado, siendo el primero de ellos que la reacción adversa y temerosa que
experimentó Neil Argüello durante su encuentro con Solano Orozco permitía
inferir la identidad del segundo como agresor. Dijo al respecto:
“Por tanto
tenemos que la aseveración de ARGÜELLO MARTÍNEZ hecha en la diligencia de
reconocimiento de la que no reposa las correspondientes firmas, es confirmada
posteriormente con las salidas que siguió haciendo al proceso, ratificando que
se le acercó en uno de los encuentros para conciliar la suma a consignar para
dar por terminada la acción penal adelantada contra SOLANO OROZCO, una persona
muy similar a la que reconoció pero que se identificó de otra manera, lo que
permite ver que tenía el recuerdo claro de una de las personas que lo atracó, tanto
así que lo invadió el temor y tuvo que salir intempestivamente de la reunión”[64]. (Énfasis
añadido).
Igualmente, el juzgador aseguró
que resultaba sospechosa, o cuanto menos inusual, la forma insistente en la que
los familiares del sindicado intentaron conciliar con la víctima y llegar a un
acuerdo indemnizatorio. En este sentido, al juzgado le “[l]lama la atención
la insistida forma en que allegados del procesado buscaron a la víctima que
reconoció a SOLANO OROZCO, como uno de los sujetos que participó en el hurto
para que retirara la denuncia con el único fin de acabar con la persecución
penal adelantada contra el acusado”[65].
De todo lo dicho, el juzgador
estableció la responsabilidad penal del accionante, advirtiendo que no quedaba
duda alguna sobre su participación delictiva. Concluyó entonces lo siguiente:
“Puntualizado
lo anterior no queda duda en lo que versa al material probatorio obrante contra
SOLANO OROZCO, por cuanto la prueba directa que reposa en el diligenciamiento
que compromete su comportamiento se ve revalidada ante esta circunstancia [el
temor que invadió a la víctima en su encuentro con el accionante], logrando
ilustrar su grado de responsabilidad en las conductas de CONCIERTO PARA
DELINQUIR, HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO y TRÁFICO, FABRICACIÓN Y PORTE DE ARMAS
DE FUEGO O MUNICIONES, como quiera que participó en el hurto cometido a NEIL
ARGÜELLO MARTÍNEZ mediante arma de fuego y por ser miembro de una banda
delincuencial organizada con el fin de despojar de sus bienes a clientes
bancarios”[66].
iii- Los
argumentos del accionante.
En su defensa, César Augusto
Solano denunció que el reconocimiento fotográfico no podía considerarse un
medio de prueba válido debido a que simplemente “[e]s un DOCUMENTO EN
BLANCO, que solo dice el nombre de César Augusto Solano Orozco”[67].
Adujo que “la justicia
ordinaria se negó a aplicar la sana crítica, la lógica jurídica y las reglas de
la experiencia, ajustando decisiones a formalismos que resultan arbitrarios
ante la duda y presunción de inocencia”[68].
Más específicamente, reprochó el alcance que finalmente le otorgó el juzgado a
la declaración de Neil Argüello. En su opinión, lo único que se desprendía de
la versión de la víctima es que “el capturado era muy PARECIDO al pistolero
que lo atracó, pero que NO ES EL MISMO”[69].
iv- Análisis
de la Corte.
Como a continuación se
desarrolla, esta Sala encuentra que en el caso sub examine se configuró
un ostensible vicio fáctico, en tanto que: (i) se le dio un alcance que no se
corresponde con la realidad al material recolectado por la policía judicial;
(ii) se valoró una prueba ilícita que debía ser excluida; (iii) se consideró
como un indicio de responsabilidad del acusado que sus familiares hubieran
intentado conciliar con el denunciante; (iv) se descontextualizó la declaración
de la víctima, omitiendo anotar que ésta también manifestó que el sentenciado
no era el mismo sujeto que la asaltó; (v) sin fundamento válido alguno se
dedujo del parecido físico que el acusado era el victimario; y (vi) se omitió,
en su oportunidad, la práctica de pruebas necesarias para establecer más allá
de toda duda razonable que César Solano era el mismo que había participado del
hurto a Neil Argüello.
(a) Lo
primero que se advierte es que del acervo probatorio referenciado por la propia
falladora no se encuentra prueba alguna que indique que el aquí accionante,
para la época de los hechos, sostenía trato o relación de cualquier índole con
los demás sentenciados, ni tampoco permiten inferir que hacía parte de la banda
u organización criminal que dirigían alias “el Palomo” y alías “el
Pollo”, quienes habían concertado cometer delitos contra el patrimonio
económico de usuarios de entidades bancarias. La jueza se limita a mencionar
que el informe policial 679 del 10 de diciembre de 2002 describe la
participación criminal el accionante[70].
No obstante, no explica cómo el referido documento vincula a Solano Orozco con
la operación criminal; además, del resumen probatorio presentado por el
Tribunal de Bucaramanga sí queda claro que en el mismo no obra ningún
señalamiento en contra de César Augusto Solano Orozco[71].
Tampoco surge tal conclusión de
los demás informes y diligencias judiciales resumidas, en tanto que no se le
encontró en posesión de armas o municiones, ni se estableció que hayan sido
usadas por él, así como tampoco se le decomisó cualquier otro elemento
relacionado con las conductas punibles descritas; todo ello evidencia que las
pruebas resumidas en la sentencia, en su expresión fáctica, no hacen ningún
señalamiento concreto y directo en contra de Solano Orozco como integrante de
una organización delictiva.
En razón de lo anterior, se
identifica ya un primer defecto fáctico por cuanto la juzgadora, al estimar las
pruebas, adicionó a las diligencias practicadas por la policía judicial cargos
e imputaciones a Solano Orozco que no se deducen razonablemente de su
contenido, sino solo a partir de una infundada generalización de las pruebas
obrantes contra los demás acusados, en cuyas organizaciones delictivas se
pretendió incluir, sin más, al accionante.
(b) En
lo que respecta al reconocimiento fotográfico, es imperativo recordar que el
inciso final del artículo 29 de la Carta consagra la regla de exclusión de las
pruebas obtenidas con violación del debido proceso. En virtud del desarrollo
legislativo posterior[72]
y de la consolidada jurisprudencia de esta Corporación[73], se han establecido dos
fuentes jurídicas de exclusión: “la prueba inconstitucional y la prueba
ilícita. La primera se refiere a la que ha sido obtenida violando derechos
fundamentales y la segunda guarda relación con la adoptada mediante actuaciones
ilícitas que representan una violación de las garantías del investigado,
acusado o juzgado”[74].
El yerro identificado en el
presente caso se enmarca en el segundo tipo: las pruebas ilícitas. Este
concepto guarda relación con las “formalidades esenciales”[75] que el
legislador ha determinado para la producción de la prueba y que aseguran su
confiabilidad. Es una regla general del ordenamiento jurídico que los funcionarios
judiciales deben suscribir sus actos con firma completa y que toda acta de
audiencia o diligencia ha de tener las firmas de quienes intervinieron en ella[76]. Más
específicamente, la ley 600 establece como requisito formal que las actas “terminarán
con las firmas de quienes en ella intervinieron”[77].
Pero la deficiencia en el
reconocimiento fotográfico adjunto no se reduce a una ritualidad de firmas. Lo
que se observa en el folio obrante en el expediente (penal y de tutela) es que,
al parecer, la víctima habría señalado a Solano Orozco como uno de sus agresores,
pero no hay información concluyente al respecto. En efecto, en la última parte
del citado documento se lee:
“Seguidamente
se pregunta al ofendido si dentro de las fotografías que se le ponen de
presente reconoce alguno de los que participaron en la conducta punible de que
fue víctima. CONTESTÓ: Sí, es la que se encuentra en el número tres,
CONSTANCIA: se deja en el sentido que el denunciante señaló el número TRES
quien figura con el nombre de CÉSAR AUGUSTO SOLANO OROZCO. PREGUNTADO: Diga si
usted está completamente”[78]
En este punto termina la
trascripción de la diligencia en el expediente. Las siguientes preguntas en las
que se le habría inquirido al denunciante sobre su afirmación, ya no figuran.
Siendo así, lo único que objetivamente aparecía en el expediente penal, al
momento de la valoración probatoria, era el comienzo de una diligencia de
reconocimiento fotográfico, incompleta y en la que ni siquiera aparecen las
firmas de los intervinientes. Es importante anotar que no se observa, prima
facie, responsabilidad alguna del acusado en la desaparición del folio y
tampoco lo insinuó el Juzgado.
También vale la pena aclarar que
lo que la Corte echa de menos no son las firmas en sí mismas, sino la
continuación y terminación de una diligencia de reconocimiento, cuyo alcance
verdadero solo sería posible apreciar con la totalidad de la trascripción de
las preguntas realizadas por el investigador judicial y las respuestas
ofrecidas por el ofendido en el tema neurálgico de la misma: el señalamiento
del responsable. En este sentido, no se trata de irregularidades menores sino
de formalidades esenciales “que aseguran la confiabilidad de la prueba y su
valor para demostrar la verdad real dentro del proceso”[79].
Sorprende a esta Sala entonces
que el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bucaramanga, pese a haber advertido el
extravío de la supuesta diligencia, no hubiese excluido del acervo el acta en
mención y se haya limitado a esgrimir que su contenido es “confirmado”
por una declaración posterior de la víctima. No satisface las reglas de la
lógica, ni representa un juicio jurídico válido, afirmar que lo que no existe
puede ser objeto de percepción o valoración, ya sea para confirmar o negar un
suceso, porque lo que no figura válidamente en el proceso no debe existir en el
mundo para el juez.
(c) Con
respecto a la valoración otorgada a la declaración posterior de la víctima,
considera la Corte que le asiste razón parcial al juzgador solo en lo referente
a que conforme a las reglas de la experiencia, cuando la víctima se invade de
temor y nerviosismo frente a la presencia de una persona, dicha conducta
sugiere que el interlocutor sea el agresor; aunque también es posible que los
eventos violentos dejen terribles secuelas en la víctima, haciendo que esta
reaccione de forma adversa a situaciones, personas o ambientes similares, y no
necesariamente iguales a los del evento traumático. En todo caso, dicha
inferencia, por sí sola, no resulta concluyente para establecer la responsabilidad
penal del acusado.
(d) El
segundo indicio que tuvo la jueza, según el cual la actividad persistente de
los familiares para llegar a un acuerdo conciliatorio resultaba sospechosa, es
una apreciación abiertamente errada. De aceptarse tal razonamiento resultaría
siempre censurable el hecho de que el sindicado o sus familiares procuraran, de
forma insistente, entrar en contacto con el denunciante para llegar a un
acuerdo que evitara seguir adelante con el proceso penal. Del mismo modo, se
asumiría que la conducta pasiva del sindicado que no intenta establecer ningún
tipo de comunicación o negociación con la víctima obedece a su inocencia. Tales
reglas conducirían a un absurdo teniendo en cuenta, además, que la legislación procesal
penal autoriza que en delitos como el presente se pueda llegar a acuerdos
indemnizatorios.
Muy distinto sería que la
persuasión de la víctima se buscase a partir de la violencia o la intimidación,
situación que sí podría representar un indicio serio de la capacidad para
delinquir del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso, o al menos nunca
se hizo mención en el proceso. De lo que dejó constancia Neil Argüello fue lo
siguiente: “quiero decir que me presionaron mucho en la reunión, desde el punto
de vista que yo estaba culpando a una persona inocente, que la estaba
perjudicando mucho”[80].
Se observa así que la técnica de persuasión de los familiares se limitó a hacer
ver a la víctima que había inculpado a un inocente, nada más.
Como se colige de lo anterior, la
interpretación que hizo el fallador del comportamiento del sindicado y su
familia no supera el tamiz de la sana crítica. Es apenas natural y constituye
una máxima de la experiencia que el grupo de personas más cercanas al procesado
intenten persuadir al denunciante de la posibilidad de cesar el proceso. Más
aún, si como ocurre en este caso, los familiares están convencidos de la
inocencia del sindicado.
(e) Por
último, encuentra esta Sala que la conclusión a la que llega el juez penal al
aseverar que “no queda duda” sobre la participación de Solano Orozco en
el hurto perpetrado como miembro de una banda criminal padece otro notorio
defecto fáctico: el juzgado no justifica cómo pasa de un estado de duda sobre
la identidad del agresor, debido a su parecido físico con el accionante, a la
certeza[81]
sobre la responsabilidad del procesado.
Este análisis que echa de menos
la Corte representa un punto neurálgico del procedimiento penal y su ausencia
demuestra una valoración caprichosa de los medios probatorios obrantes en el
expediente. En la declaración rendida por la víctima se hacen tres referencias
acerca de la caracterización del accionante y su relación de similitud física
con el agresor:
“Quiero
decir que después de colocar la denuncia se acercó a mi casa una persona que
dijo ser la abogada y la mamá de una persona que corresponde a las
características físicas de una persona que denuncié en ese momento”.
(…)
“en el
momento en que nos encontrábamos conversando apareció una persona con rasgos
similares a la persona que reconocí en la fotografía me preocupo (sic)
mucho esa situación pero traté de manejarlo lo mejor posible, me preocupé por
que (sic) estábamos hablando los dos y apareció una persona casi igual a
la que yo reconocí, se identificó como el primo de la persona que estaba
detenida en ese momento di por terminada la conversación y le expresé que el
compromiso era que no debería haber nadie más citado”.
(…)
“Acudieron a
la cita las dos treinta (sic) la abogada del sindicado, el representante de la
familia de él y la persona que llegó a la biblioteca la cual se identificó con
el nombre de CÉSAR AUGUSTO, el le mostró la cédula a mi abogado, el carnet (sic)
de la Universidad y otros documentos, o sea la misma persona que vi en la
biblioteca y cuyos rasgos físicos se parecen a la persona que identifiqué,
la cual no es la misma persona que yo reconocí aunque si (sic) se parece,
no entiendo el por qué si esta persona esta detenida porque (sic) se reunió en
la oficina de mi abogado”[82].
De lo anterior se evidencia que
el referido juzgado descontextualizó el dicho de la víctima para citar
aisladamente[83]
solo aquellos extractos de su declaración en los que sugería el estrecho
parecido entre el señor Solano Orozco y su agresor; por el contrario, omitió
hacer referencia alguna a aquel momento preciso en que el ofendido manifestó
explícitamente que se parecía, mas no era la misma persona.
Valorando en su conjunto las
aserciones de la víctima, es válido concluir que el condenado era parecido al
delincuente, pero lo que resulta ostensiblemente arbitrario es “saltar” de un
estado de duda sobre la identidad del perpetrador del delito a la certeza de la
misma. Más grave aún resulta el error fáctico en tanto que el condenado no
exhibe ninguna particularidad física que hiciese improbable su parecido con
otra persona. La descripción morfológica de César Augusto Solano Orozco permite
colegir que este tiene una fisonomía promedio en el contexto colombiano, susceptible
de ser “muy similar” a la de miles de otros:
“La Fiscalía
Doscientos Cuarenta y Nueve Seccional de Bogotá lo describe así: Se trata de
una persona de sexo masculino aparenta una edad de 30 años, tez trigueña, cara
redonda, cabello negro un poco ondulado corto, patillas hasta el final de las
orejas, ojos cafés oscuros, nariz normal un poco achatada, boca mediana, labios
delgados, mentón amplio, estatura 1,78 mets., peso 87 kilos, sin señales
particulares, no ha sufrido enfermedades graves ni infectocontagiosas”[84]. (Énfasis
fuera del original).
En un caso similar estudiado por
la Sala Séptima de Revisión[85],
esta Corporación examinó un proceso penal en el que se condenó a una persona
teniendo en cuenta lo dicho por un testigo de oídas y un informe de la
Registraduría Nacional que señalaba que el procesado tenía, al igual que el
homicida, una notoria cicatriz. La Corte encontró un defecto fáctico y anuló el
fallo penal, advirtiendo que “sí existían serias dudas en relación con la
persona que se estaba sindicando como autor del mismo”, pese a lo cual “en
las distintas etapas del proceso penal omitieron ordenar y recibir una serie de
testimonios fundamentales para la plena identificación e individualización del
procesado”.
Siendo así, resulta inaceptable
que en aplicación del sistema punitivo del Estado se condene a un ciudadano
exclusivamente por guardar un “gran parecido” con el partícipe de una
conducta delictiva; ello sin mencionar que en el presente caso la propia
víctima también precisó que no era la misma persona. No es competencia de esta
Sala de Revisión establecer la responsabilidad penal del señor Solano Orozco,
pero lo que sí se reprocha es que el juez, en su oportunidad, no haya
desplegado toda la actividad probatoria para comprobar, con un alto nivel de
convencimiento, la plena identidad del agresor.
En síntesis, esta Sala encuentra
que el juzgador penal ha incurrido en un defecto fáctico, en su dimensión
positiva, al haber apreciado una prueba que por estar materialmente incompleta
debió haber excluido. Igualmente, se configuró el defecto probatorio por haber
valorado la declaración de la víctima con desconocimiento de las reglas de la
sana crítica.
6.2.2. El
Juzgado 3º Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga al condenar a Solano
Orozco con fundamento exclusivo en un “parecido”, incurrió en un defecto
sustantivo por desconocer el alcance del principio rector de la presunción de
inocencia.
La condena de
Solano Orozco, pese a las serias dudas sobre su identificación como asaltante,
también ocasiona la formación de un defecto sustantivo, en tanto que el Juzgado
3º Penal del Circuito Especializado ha desconocido las normas del ordenamiento
jurídico constitucional e infraconstitucional que consagran la presunción de
inocencia y el principio del “in dubio pro reo”.
Esta
disposición se encuentra formulada de forma general en el artículo 29-4 del
texto constitucional y ha venido siendo reiterada en los estatutos de
procedimiento penal de las últimas dos décadas. El Decreto 2700 de 1991
señalaba en su artículo 2º: “En desarrollo de las actuaciones penales
prevalece el principio de la presunción de inocencia según el cual toda persona
se presume inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se produzca una
declaración definitiva sobre su responsabilidad”. Igualmente la Ley 600 de
2000 (procedimiento aplicable en este caso) en su artículo 7º expresa: “Toda
persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca
una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. En las
actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del procesado”. El
Sistema Acusatorio dispuesto en la Ley 906 de 2004, reitera en su artículo 7º
que “[t]oda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal” y que
“para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la
responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda”.
La presunción
de inocencia ostenta una innegable preponderancia en nuestro ordenamiento
jurídico. Tan es así que esta Corporación se ha referido a ella como un “elemento
estructural del procedimiento acusatorio y del principio de responsabilidad de
acto”[86].
También le ha reconocido como “un punto de referencia ineludible, explicable
por los profundos contenidos de violencia implícitos en el poder punitivo del
Estado”[87],
e incluso ha sostenido que constituye “una de las columnas sobre las cuales
se configura el Estado de Derecho y (…) uno de los pilares fundamentales de las
democracias modernas”[88].
Ahora bien,
de acuerdo con la jurisprudencia decantada por esta Corporación[89], el derecho a la
presunción de inocencia presenta al menos tres acepciones que se podrían
sintetizar así: un primer aspecto tiene que ver con el modo como se establece
la responsabilidad penal y más concretamente, a la forma como opera la carga de
la prueba. En segundo lugar, tiene que ver con la imputación de la
responsabilidad penal o de participación en hechos delictivos a un individuo
que no ha sido juzgado. Finalmente, regula el tratamiento debido a personas que
están siendo investigadas por un delito y como consecuencia de ello se les ha
impuesto una medida de aseguramiento.
Es la primera
manifestación la que resulta de especial interés para el caso en estudio. De
acuerdo a esta acepción se establece que: (i) la carga de la prueba recae sobre
las autoridades judiciales del Estado a quienes corresponde demostrar la
responsabilidad penal del procesado; (ii) para ello, se les exige llegar a un
nivel de convencimiento más allá de toda duda razonable; (iii) y como garantía
adicional del ciudadano se establece que toda duda sea resuelta a favor del
acusado. La sentencia C-774 de 2001 se pronunció así sobre el alcance real del
principio/derecho de la presunción de inocencia:
“La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere
el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está
obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el
contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la
culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la
acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto
definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción
o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que
establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado.
Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la
culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo,
según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado”.
Con todo, es
preciso aclarar que el nivel de convicción al que debe llegar el juzgador penal
para sancionar una conducta delictiva, no supone alcanzar una certeza
categórica. Como bien explica el profesor Michele Taruffo, “la idea de una
verdad absoluta puede ser una hipótesis abstracta en un contexto filosófico
amplio, pero no se puede sostener racionalmente que una verdad absoluta pueda o
deba ser establecida en ningún dominio del conocimiento humano, y ni qué decir
tiene del contexto judicial”[90].
Asumiendo esta restricción epistemológica, la tarea del juez penal es reunir y
esgrimir los elementos materiales probatorios suficientes para superar todas
las dudas serias sobre la inocencia del inculpado y poder concluir, si a ello
hay lugar, con un “altísimo grado de confirmación”[91], sobre su autoría y
culpabilidad jurídica.
Bajo este
entramado jurídico subyace también un compromiso ético[92], por cuanto “a la
racionalidad del Estado constitucional, como Estado de justicia, le repugna la
sola posibilidad de condenar a un inocente”[93].
En este punto
de la discusión rige aclarar que el respeto por las formas jurídicas y el
acatamiento de la presunción de inocencia como principio rector, lejos está de
desconocer la legítima e imperiosa función del poder coercitivo del Estado en
su lucha contra la criminalidad. La Corte Interamericana sostuvo acertadamente
sobre este aspecto que:
“Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber
de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda la
sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero por graves que
puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los reos de
determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite
alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar
sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral”[94].
Precisamente,
uno de los límites infranqueables al poder punitivo estatal está representado
por la presunción de inocencia. Pero de ello no se sigue que el debido proceso
constituya una pesada y absurda carga para los órganos coercitivos del Estado,
como si el control eficaz de la criminalidad dependiese del sacrificio de las
garantías ciudadanas; razonamiento este que parte de una falsa dicotomía entre
dos principios constitucionales que pueden y deben ser ponderados[95].
En este escenario, la misión de
las autoridades penales dentro del Estado Social de Derecho comienza por
entender que “el proceso penal es un instrumento creado por el Derecho para
juzgar, no necesariamente para condenar”[96].
Ello, no obstante, no debe conducir a que la pasividad e inacción de los entes
judiciales termine por convertir la presunción de inocencia en una cómoda
salida ante el precario trabajo investigativo. Como bien ha advertido esta
Corporación, la búsqueda de la verdad como presupuesto de justicia, “no es
un asunto neutro o indiferente en la Constitución, sino una premisa fundamental
en el ordenamiento superior que realiza y legitima el Estado”[97].
El sistema de persecución penal
se configura entonces a partir de la asignación de la carga de la prueba al
Estado, de cuyos órganos se espera un trabajo serio, exhaustivo y comprometido
con la consecución de la verdad. Cabe precisar en este punto que mientras el
antiguo procedimiento penal dispuesto en la Ley 600 facultaba expresamente al
juez para decretar pruebas de oficio[98],
el nuevo esquema diseñado por el legislador, aunque si bien coincide en que
todos tienen el deber jurídico de buscar la verdad verdadera, exige la
pasividad probatoria del juez de conocimiento[99],
porque “él no sólo está impedido para practicar pruebas sino que está
obligado a decidir con base en las que las partes le presentan a su
consideración”.
Descendiendo
al caso concreto, la Sala de Revisión observa la configuración de un defecto
sustantivo en el momento en el que el fallador, pese a las serias dudas sobre
la identidad del agresor y no habiendo recolectado el material probatorio
necesario para establecer su participación, decide condenar al accionante por
guardar un parecido físico con el delincuente.
Lo anterior
evidencia una desestimación del poder vinculante del principio de la presunción
de inocencia del accionante, de quien se supuso ser el coautor del delito sin
que las pruebas valoradas arrojaran suficiente claridad y certeza sobre su
participación en las conductas criminales de hurto en modalidad de “fleteo”
que venían ocurriendo en la ciudad de Bucaramanga para el año 2002. Actuación
censurable que terminó por vulnerar el derecho fundamental a la libertad
personal y al buen nombre de César Augusto Solano Orozco.
6.2.3.
Decisión a tomar para restablecer los derechos fundamentales.
De acuerdo a
las consideraciones expuestas, la Sala debe revocar la sentencia que se revisa
y en su lugar, tutelar en favor del accionante sus derechos fundamentales a la
libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, consagrados en los
artículos 13 y 29 de la Constitución Política, que están siendo vulnerados por
la sentencia condenatoria de fecha 21 de mayo de 2010, proferida por el Juzgado
3º Civil del Circuito Penal Especializado de Bucaramanga. Como consecuencia, la
Corte dejará sin valor y sin efectos jurídicos la mencionada providencia, en lo
referente al accionante, en virtud de que la condena se fundamentó en una
declaración de la víctima quien solo manifestó el parecido físico del acusado
con su agresor.
Considerando
la eficiencia y la celeridad en la administración de justicia, el amparo
constitucional conferido decretará la nulidad de la sentencia calendada el 21
de mayo de 2010 proferida por el Juzgado 3º Civil del Circuito Penal
Especializado de Bucaramanga, únicamente en lo referente al pronunciamiento
realizado en contra de César Augusto Solano Orozco y ordenará que el despacho
demandado profiera nuevamente sentencia, esta vez, valorando solo las pruebas
debidamente aportadas al proceso y de acuerdo a las reglas de la sana crítica,
dentro de su marco de autonomía e independencia.
Igualmente,
se ordenará al referido juzgado disponer dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes al recibo de copia de esta providencia librada por la Secretaría de
la Corte, realizar las actuaciones conducentes en relación con la libertad del
capturado.
En tanto que
no se encontró probada ninguna otra irregularidad constitutiva de una causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela en cabeza de las demás
autoridades judiciales accionadas o vinculadas, la parte resolutiva no realiza
ningún pronunciamiento ni señalamiento en contra de ellas.
Por último,
la Sala reitera que las consideraciones expuestas en la presente acción de
tutela así como su parte resolutiva, cobijan únicamente a la situación jurídica
de César Augusto Solano Orozco, dejando intacto los pronunciamientos judiciales
realizados con respecto a los otros acusados, juzgados simultáneamente con el
accionante.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2011 por el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que confirmó la
de primera instancia emitida el 26 de octubre de 2011, por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. En su lugar, TUTELAR
a favor de César Augusto Solano Orozco sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la libertad y a la presunción de inocencia, vulnerados por el
Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Bucaramanga, por medio de
la sentencia de fecha 21 de mayo de 2010.
SEGUNDO.-
DEJAR sin valor y sin efectos jurídicos la mencionada sentencia del 21 de
mayo de 2010, únicamente en lo referente a César Augusto Solano Orozco.
TERCERO.-
ORDENAR al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga que profiera nuevamente sentencia en el caso de César Augusto
Solano Orozco, excluyendo la prueba indebidamente aportada al proceso y
valorando las restantes de acuerdo a las reglas de la sana crítica.
CUARTO.-
ORDENAR al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga
disponer, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la
copia de esta providencia librada por la Secretaría de la Corte, lo necesario
en relación con la libertad inmediata del procesado César Augusto Solano
Orozco.
QUINTO.-
ENVÍESE por Secretaria General, de manera inmediata, copia de esta
sentencia al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga
para los efectos señalados en la presente providencia.
SEXTO.-
LÍBRESE por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL
MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-466/12
Referencia:
expediente T-3365496
Acción de
tutela interpuesta por César Augusto Solano Orozco, contra el Juzgado 30 Penal
del Circuito Especializado de Bucaramanga y otros
Magistrado
ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado ponente, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de la resolución adoptada, debo aclarar mi voto pues siempre he
disentido frente al enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y
en relación con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la
decisión adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[100], no
comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se reconoce
por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra decisiones
judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo refiriendo se pone
de presente en las argumentaciones relacionadas con la sentencia C-590 de junio
8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño (págs. 14 y ss.), de cuyos
planteamientos discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi
desacuerdo con dicha sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la
fundamentación, radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las
llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha providencia
se refiere en su punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían
justificar la impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la
imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso
complementario, añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con
ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales
enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se
confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el
juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s)
adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido,
situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los
derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar
reflejado en el artículo 86 superior.
Además,
no sobra acotar que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia
C-590 de 2005 aduce sistematizar una línea jurisprudencial construida y
decantada a partir de las consideraciones que se dejaron planteadas en la
sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya que en realidad ese
pronunciamiento[101],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En
efecto, mientras que en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de
cosa juzgada constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada,
que la tutela contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad
jurídica y contra otros importantes valores constitucionales, como el “principio
democrático de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo
anterior, dado que la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye
algunas consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el
voto en el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado
respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
[1] Cuaderno 1 de la tutela de primera instancia, folio 48. En adelante,
los folios citados harán referencia a dicho cuaderno, a menos que se haga
anotación expresa en sentido contrario.
[2] Se trata del mismo defensor de confianza que ha asesorado
jurídicamente al accionante desde el proceso penal en su contra y hasta la
presente acción de tutela.
[3] Folio 82.
[4] Folio 101.
[5] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Auto del 8 de junio de 2011.
Proceso No. 36628.
[6] Folio 1.
[7] Folio 2.
[8] Folio 3.
[9] Folio 6.
[10] Folio 4.
[11] Folio 296.
[12] Folio 310.
[13] Folio 19 del cuaderno 2.
[14] Folio 31 del cuaderno 2.
[15] Folio 32 del cuaderno 2.
[16] Folio 14 del cuaderno 2.
[17] Folio 29 del cuaderno 2.
[18] Folio 23 del cuaderno 2.
[19] Artículo 192 y siguientes. Folio 25 del cuaderno 2.
[20] Folio 57, Cuaderno 2.
[21] Folio 71, Cuaderno 2.
[22] Ibíd.
[23] Sentencia SU-195 de 2012.
[24] Sentencia T-553 de 2008.
[25] (i) prueba decretada pero no practicada, (ii) irregularidades en la
diligencia de reconocimiento fotográfico; (iii) incorrecta vinculación al
proceso; (iv) insuficiente motivación dentro de la resolución de acusación; (v)
recurso de apelación contra la resolución de acusación no resuelto.
[26] (vi) cambio en la formulación de los cargos por parte de la Fiscalía
dentro de la audiencia pública; (vii) no pronunciamiento del juez respecto a
las nulidades e irregularidades ocurridas en el transcurso del proceso; (viii)
indebida valoración probatoria.
[27] (ix) decisión que declaró desierto el recurso de apelación;
[28] (x) no haberse realizado un pronunciamiento de fondo sobre las
irregularidades advertidas.
[29] Sentencias T-006, T-223, T-413 y T-474 de 1992, entre otras.
[30] Sentencia SU-195 de 2012.
[31] Ibíd.
[32] Ver las sentencias T-949 de 2003, T-200 de 2004 y T-774 de 2004.
[33] Ver al respecto las sentencias C-590 de 2005 y más recientemente T-015
de 2012.
[34] Sentencia T-060 de 2012.
[35] Ver entre otras las sentencias T-282 de 2009 y T-015 de 2012.
[36] Sentencia C-590 de 2005.
[37] Sentencia T-060 de 2012
[38] Es ese sentido las sentencias T-510 de 2011, T-064 de 2010 y T-456 de
2010.
[39] Sentencia T-442 de 1994.
[40] Sentencia SU-159 de 2002.
[41] Sentencia T-060 de 2012, cita original con pies de página.
[42] “Así entonces, para sustentar el fundamento de las distintas
decisiones, los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e
independientes y en sus providencias gozan de la potestad de valorar las
pruebas allegadas al proceso de acuerdo a las reglas de la sana crítica y según
los parámetros de la lógica y la experiencia. Ahora bien, el reconocimiento de
esa discrecionalidad no significa que el juez esté facultado para decidir
arbitrariamente el asunto sometido a su consideración, pues la libertad en la
valoración probatoria está supeditada a la Constitución y la ley”.
Sentencia T-395 de 2010. Ver también T-060 de 2012.
[43] Sentencia T-067 de 2010. En el mismo sentido sentencia T-009 de 2010.
[44] Sentencia T-060 de 2012.
[45] Sentencias T-064 de 2010, T-456 de 2010, T-217 de 2010, T-067 de 2010
y T-009 de 2010. En similar sentido, las sentencia T-505 de 2010 y T-014 de
2011.
[46] Sentencia T-067 de 2010. En igual sentido, sentencia T-009 de
2010.
[47] Sentencia T-156 de 2009. Ver también Sentencias C-231 de 1994, T-008
de 1998 y C-984 de 1999.
[48] Sentencia SU-448 de 2011. Cita original con pies de página.
[49] Sentencia T-284 de 2006.
[50] Folio 8.
[51] Folios 52-57.
[52] Folios 78-81.
[53] Folio 80.
[54] Esgrime que el registro fotográfico es “incompleto, porque no
aparece sino la primera faz de este folio, en el que esta vez por arte de magia
se observa la foto y el nombre de CÉSAR AUGUSTO SOLANO OROZCO, que el señor
Argüello Martínez esta vez dice reconoce como un tercer atracador” Folio
114.
[55] “Ya lo dije, la Fiscalía Delegada nada hizo para obtener del Grupo
Telemática de la Policía Santander, el video que pudo existir el 11 de julio de
2002, en horas del mediodía, respecto de la cámara de seguridad ubicada en el
sector de la carrera 27 con calle 19 de Bucaramanga, del que pudo deducirse la
presencia real y material del acusado SOLANO OROZCO en el sitio y a la hora en
que fue atracado el señor ARGÜELLO MARTÍNEZ, prueba que fue pedida por el
ofendido y tramitada oportunamente por la Fiscalía ante la Policía, que nada
hizo para efectivizar la aprensión de tan contundente prueba (ver folio 186, I
cuaderno)” Folio 116.
[56] “Frente a la resolución de acusación contra SOLANO OROZCO, la
Defensa interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. La Fiscalía
instructora confirmó la decisión de instancia, y envió el expediente a la
Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Penal, donde
NUNCA se resolvió el recurso vertical respecto de este sujeto procesal.”
Folio 117.
[57] “La víctima admitió en ampliación de denuncia ante la Fiscalía, que
está plenamente convencida de que, luego de conocer personalmente al señor
CÉSAR AUGUSTO SOLANO OROZCO, podía afirmar que no fue la misma persona que lo
asaltó aquel aciago día de 2002 y ratificó que la denuncia que hizo en
oportunidad fue contra desconocidos, habiendo identificado posteriormente a dos
de sus presuntos verdugos a través de álbumes fotográficos, en una de cuyas
diligencias denunció que el CTI le cambió la fotografía de uno de sus señalados
pistoleros, para incorporarle la de SOLANO OROZCO”. Folio 116.
[58] Según definición de la Real Academia de la Lengua Española, consultada
en www.rae.es
[59] Ver capítulo de antecedentes.
[60] El accionante, al parecer, fue reconocido en fotografía por la víctima
Neil Argüello Martínez.
[61] Folio 184.
[62] Folio 201.
[63] Ibíd.
[64] Folio 201.
[65] Folio 200.
[66] Folio 201.
[67] Folio 7.
[68] Folio 6.
[69] Folio 2.
[70] Cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 600 (art. 314)
los informes policivos sirven como criterio orientador de la investigación
judicial.
[71] Resumen del informe policial que realiza el Tribunal de Bucaramanga en
su sentencia (fl 241-243).
[72] La Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal vigente a la época
de los hechos, consagra en su artículo 235 lo siguiente: “Rechazo de las
pruebas. Se inadmitirán las pruebas que no conduzcan a establecer la
verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido obtenidas
en forma ilegal. El funcionario judicial rechazará mediante providencia
interlocutoria la práctica de las legalmente prohibidas o ineficaces, las que
versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas”.
[73] Sobre esta línea jurisprudencial, se pude consultar las sentencias
C-150 de 1993, C-491 de 1995, C-217 de 1996, T-008 de 1998y C-093 de 1998,
SU-159 de 2002, C-591 de 2005 y C-210 de 2007, T-233 de 2007.
[74] SU-159 de 2002. Vale la pena anotar que en algunas providencias se han
empleado denominaciones distintas para este tipo de pruebas, pero ello no
afecta el fondo del precedente: ilegal-inconstitucional (T-233 de 2007);
ilícita-ilegal (C-210 de 2007).
[75] Sentencias C-491 de 1995, y SU-159 de 2002.
[76] Código de Procedimiento Civil, artículos 103 y 109.
[77] Ley 600 de 2000, artículo 147.
[78] Folio 27.
[79] Sentencia SU-159 de 2002.
[80] Folio 49.
[81] Nótese como la Ley 600 de 2000 exige la certeza como el grado de
convencimiento al que debe llegar la autoridad judicial para proferir sentencia
condenatoria: Art. 232 “No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que
obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de
la responsabilidad del procesado”.
[82] Folios 48-51.
[83] La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia también se
ha pronunciado sobre lo arbitrario que resulta la valoración probatoria cuando
se descontextualizan apartes de una declaración: “Así mismo, la Corte, en
anteriores oportunidades, ha rechazado la utilización descontextualizada de
frases, giros idiomáticos o expresiones utilizadas por los testigos para
plantear conclusiones probatorias sustentadas en interpretaciones sesgadas o
erróneas de su contenido” Sentencia del 8 de octubre de 2008, radicación
25484; Ver también sentencia del 11 de marzo de 2009, radicado 26.789 y más
recientemente, sentencia del 31 de agosto de 2011, radicado 31761.
[84] Folio 127.
[85] Sentencia T-395 de 2010.
[86] Sentencia C-271 de 2003.
[87] Sentencia T-395 de 2010.
[88] Sentencia T-827 de 2005.
[89] Ver Sentencias T-827 de 2005 y T-395 de 2010.
[90] Taruffo, Michele. La Prueba. Madrid: Marcial Pons, 2008. p. 26.
[91] Ibíd. p. 146.
[92] Para Michele Taruffo, “… parece indiscutible la razón moral
fundamental –antes aún que jurídica- que está en la base de la adopción del
criterio de la duda “duda razonable”, esto es, la opción ética según la cual es
preferible que muchos culpables sean absueltos al peligro de condenar a un
inocente”. p. 146.
[93] Sentencia
C-156 de 2002.
[94] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 30 de mayo de
1999, Caso Castillo Petruzzi y otros contra Perú. Párrafo 204.
[95] “[L]os Estados han diseñado diferentes modelos o técnicas para la
averiguación de lo sucedido, puesto que, dentro del marco de la sociedad
democrática se trata de conciliar la tensión existente entre el respeto por las
libertades y derechos ciudadanos y la efectividad del derecho penal que, en
sentido estricto, no es más que el reflejo del ejercicio legítimo del ius
punendi del Estado”, Sentencia C-396 de 2007.
[96] Sentencia C-782 de 2005.
[97] Sentencia C-396 de 2007. Ver Ley 600 de 2000, artículo 234 y Ley 906
de 2004, artículo 5.
[98] Ley 600 artículo 234. Bajo este modelo, la Corte reprochó la conducta
pasiva de un juez penal que ante un delito sexual cometido contra un menor,
omitió reunir un acervo probatorio serio y recurrió apresuradamente al
principio del “in dubio pro” reo para absolver al acusado: “El poder
discrecional con que cuenta el funcionario judicial para decretar y practicar
pruebas de oficio necesariamente debe ser empleado para alcanzar la verdad, la
justicia y una reparación, integral al menor agredido sexualmente cuando quiera
que exista una duda razonable derivada del análisis del acervo probatorio. En
tal sentido, las dudas que tenga el funcionario judicial sobre la ocurrencia
del hecho o el grado de responsabilidad del autor o de los partícipes  no
deben ser resueltas, ab initio en beneficio de éstos y en desmedro de los
derechos del menor sino que es menester,  en estos casos,
profundizar aún más en la investigación a fin de despejar cualquier duda
razonable al respecto. Lo anterior no significa que en casos de delitos
sexuales cometidos contra menores le esté vedado al funcionario judicial
aplicar el principio del in dubio pro reo, sino que solamente se puede apelar
al mismo en última instancia, luego de haber adelantado una investigación
realmente exhaustiva, seria, en la cual se hayan decretado y efectivamente
practicado todas las pruebas conducentes y pertinentes para llegar a la verdad,
y a pesar de todo, subsista una duda razonable la cual debe ser resuelta a favor
del sindicado. Se insiste, sólo en estos casos es constitucionalmente válido
aplicar el mencionado principio”. Sentencia T-554 de 2003
[99] A juicio de la Sala Plena de esta Corporación, la prohibición
contenida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906) no es
absoluta, en tanto que los jueces de control de garantías sí pueden decretar y
practicar pruebas de oficio en casos en los que sea indispensable para
garantizar la eficacia de los derechos que son objeto de control judicial.
Sentencia C-396 de 2007.
[100] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante
las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103 y T-119 de 2010; T-464,
T-703 y T-786 y T-867 de 2011; y recientemente T-010, SU-026, T-042 y T-071 de
2012.
[101] C-590 de 2005.