T-029-01
Sentencia T-029/01
Sentencia
T-029/01
ESTADO SOCIAL DE
DERECHO-Protección a
personas en circunstancias de debilidad manifiesta
CLAUSULA DEL
ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Alcance
PRINCIPIO DE
DIGNIDAD HUMANA-Naturaleza
DEBER DE
SOLIDARIDAD-Subsidio
alimentario a indigentes
PROGRAMA DE
AUXILIOS PARA ANCIANOS INDIGENTES-Apropiaciones de carácter específico
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Improcedencia
para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la
Constitución Política/JUEZ CONSTITUCIONAL-No es competente para ordenar
el gasto
Referencia:
expedientes T-345474 y otros
Acción de tutela
instaurada por José Tulio Castillo y otros contra el municipio de Chaparral
Procedencia: Juzgado
Promiscuo de Familia de Chaparral y otros
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
D.C., diecinueve (19) de enero del dos mil (2.001).
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores
Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso
de revisión de los fallos  proferidos dentro de los  expedientes de tutela,
acumulados, que a continuación se relacionan:
José Tulio Castillo
Rodríguez, T-345474
Flora María Useche
Vda. De Beru  T- 363529
María del Rosario
Díaz de Ferreira  T- 363530
Tiberio Devia
Guarnizo  T- 363531
Santos  Prada
Leyton  T- 359393
Rosalia Gutierréz
Rodríguez  T- 359394
Roman Galicia
Méndez  T- 359509
Alejandro Rincón
Barrios  T- 357995
Gregorio Gutiérrez
Ruiz  T- 357996
Regina Sánchez Luna
T- 357997
Rosario Nieto de
Peña  T- 357998
Manuel Antonio
Campos Mancera  T- 357999
José Gustavo
Cuellar  T-358067
María Jesús
Hernández León  T- 358580
Carmen Vaquiro de
Rojas  T-358581
Ana Rita Rivera
Rojas  T- 354353
Guillermo Alfonso
Devia  T-354354
Luis Antonio Castro
Masmela  T-354355
Ana Felisa Tovar de
Granados   T- 354356
Filarmina Romero de
Campos  T-354357
Jesús Antonio
Bohorquez  T- 354367
Dario García
Quintero  T-354368
Amalia Briñez
Lezama  T- 354369
Limbania Rocha de
Olivera  T- 354370
Argelia Mendoza de
Torres  T-354371
María Virgelina
Leyton  T-354372
Veronica García Vda.
De Ducuara  T-354373
Ernestina Cuellas de
Paloma  T-354374
Anacleto Otavo
T-354544
Carmen Rosa Tapia de
Oyola  T-354575
María Josefa
Aguilar  T-354587
Luis Alberto Morales
Díaz  T- 354588
María del Rosario
Caicedo Reinoso  T- 354589
Lilia Quimbayo
T-355615
Juan Antonio Bedoya
T-355616
Cipriana Méndez de
Ducuara  T- 355617
Emeline Barrios de
Gutiérrez  T-355618
María de Jesús
Guarnizo Rodríguez  T-355619
Manuel María Sánchez
Cano  T-355772
Ruben Cruz Jímenez
T-355805
Julio Gutiérrez
Arciniegas  T- 355828
Celmira Rodríguez de
Riaño  T-355830
Luis Antonio
Villada  T- 355829
Pedro Ignacio Arana
Gil  T-346168
Angel María Cruz
Barreto  T-346182
Esther Julia Salcedo
Vda. De Llanos  T-346183
Pablo Emilio Prieto
Martínez  T-347850
Teresa de Jesús
Salcedo  T-349072
Eliecer Morales
Aguilar  T- 349091
Alvaro Hernández
Rodríguez  T- 349440
Rosario Pérez
Celada  T- 349441
Isabel Molina
T-349509
Milciades Cardozo
Torres  T- 349510
Ruperto Leyton  T-
349511
Luis Gustavo Suárez
T- 349512
José Cupertino
Guzman  T-349513
Dioselina Reinoso de
Corrales  T-349514
Luis Hernando
Cuellar  T-349515
Ernestina Silva
Rivas  T- 349516
Isabel García de
Acosta  T- 349517
Emilia Ramírez Vda.
De Pareja  T-350658
Resurrección Horta
de Mora  T-350659
María del Transito
Medina  T-350660
Wenceslada López de
Alvarez  T-350661
Martha Rayo
Rodríguez  T-350662
María Jovita de
Bastos  T-350663
Arce Celiano Molina
T-350664
Mercedes Briñez
Lezama  T-350665
Germán  Suárez  T-
350666
Moisés Ramírez
Prieto  T-351442
Oliverio Barrios
Sabogal  T-351510
José Juaquín Oviedo
Yara  T-351532
Narcisa Oviedo de
Valencia  T-351533
Graciela Llanos de
Caviedes  T-351534
Trinidad Viuche de
Vique  T-351536
Rosa Vargas de
Castillo  T-351537
Ana Otilia Vargas de
Cerquera  T-351538
María Inés Morales
de Bonilla  T- 351903
Emiliano Motta
Campos  T-351904
Julio Cesar Bonilla
T-351905
Epifania Rodríguez
de Cruz  T-351907
Jesús María Arias
Arias  T-351908
Rosa Matilde Cocoma
T-351909
Todas estas tutelas
fueron instauradas contra el municipio de Chaparral.
ANTECEDENTES
HECHOS
1. Los peticionarios
ejercitaron el derecho de petición y le pidieron al alcalde municipal de
Chaparral  que se presentaran proyectos de acuerdo para que se reconozca y
pague la prestación especial por vejez prevista en el artículo 258 de la ley
100 de 1993.
2. El Alcalde les
respondió “Permítame decirle que lo que la ley 100 prevee en los artículos
257 y 258 y al igual que el decreto 1135 de 1994, en su programa de auxilio
para ancianos indigentes que cumplan con los requisitos establecidos en dicha
normatividad, programa que de acuerdo al decreto 1387 de 1995 artículo 1° está
a cargo de un Consejo Directivo, integrado por el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, el Director del Departamento Nacional de Planeación , un
Consejero del Presidente de la República, un representante de la entidad
ejecutora, el Director General del Fondo de Cofinanciación para la inversión
social, además se establecen unos requisitos para las personas que deben
acceder al programa”.
3. Ante la negativa,
los interesados instauraron tutela diciendo que son de avanzada edad, que
carecen de medios de fortuna, que son calificables como indigentes y por
consiguiente requieren de la protección de la autoridad pública, por la
debilidad manifiesta, citan el artículo 13 de la C. P. e invocan los artículos
257, 261, 263 de la ley 100 de 1993 y los decretos 1135 de 1994 y 1387 de 1995.
Informan en la
solicitud de tutela que el alcalde se ha limitado a un “sistema de almuerzos de
pésima calidad” y a “un sistema de mercaditos que suministra por una sola vez
cada dos o tres meses”, lo cual califican como “miserable limosna”. En lugar de
ello piden el subsidio alimentario, equivalente según ellos a $100.000,oo (para
4 mercados)  y $30.000,oo para arriendo. Es decir, el equivalente al 50% del
salario mínimo.
4. Respecto a la
política del municipio sobre protección de indigentes, el alcalde de Chaparral
informa que “ a través de convenios con la red de solidaridad, desde el año
de 1995 hasta 1998, (el municipio) atendió con el programa revivir ancianos
indigentes un total de 44 ancianos en 1998, y en los años 1995-1996 y 1997 un
promedio de 65 ancianos. La reducción en el número de beneficiarios obedeció a
disminución de recursos; en este año y conforme a la disponibilidad No. 00778
se va a ejecutar el programa ‘atención integral a adultos mayores en
condiciones de extrema vulnerabilidad en el municipio de Chaparral’ con 44
beneficiarios en restaurantes, 130 beneficiarios con mercados trimestrales y 50
beneficiados de la fundación para ancianos con un mercado mensual para cada
anciano. Con recursos del municipio en la vigencia de 1999, se atendieron 71
ancianos en el área rural y en área urbana 34 ancianos con mercados mensuales.
Igualmente con recursos del municipio vigencia 1999 se desarrolló el programa
‘centro dia Chaparral’ con 60 beneficiarios, el cual consiste en atención
integral de salud…. En este orden de ideas debo reiterar  que en el caso
concreto no es procedente acceder a dicha prestación, además porque no es
cierto que sea una prestación especial de vejez, como lo infiere su petición,
sino que como objeto del programa se determina que el programa para los
ancianos tendrá por objeto apoyar económicamente y hasta por el 50% pero previo
como lo señalé el cumplimiento de los requisitos de las normas referidas. Es
decir, a quien se le debe exigir el cumplimiento de las diposiciones referidas es
a las entidades señaladas en el decreto1387 de 1995 artículo 1° y no al
municipio, entre otras cosas porque las transferencias de la Nación se hallan
determinadas en la ley 60 y dentro del presupuesto municipal no se contempla el
reconocimiento mencionado en la ley, por cuanto dicha obligación le compete
directamente al Estado a través de los organismos señalados en la ley”.
PRUEBAS
Obran en los
expedientes:
El derecho de
petición dirigido al alcalde de Chaparral,
La contestación que
el alcalde dió a dicha petición,
el informe del
alcalde al juez de tutela,
constancia de que
algunos de los peticionarios están afiliados al SISBEN.
En algunos casos la
fotocopia de la cédula del peticionario.
DECISIONES OBJETO
DE REVISION
En todos los casos
las tutelas fueron denegadas  en segunda instancia; en primera instancia
también en casi todos los fallos la tutela  fue negada, pero en fallos
proferidos por el Juzgado 2° Civil del Circuito de Chaparral y por el Juzgado
1° Civil Municipal de Chaparral se ordenó la inscripción del peticionario como
beneficiario de programas de atención, aspecto que fue revocado por el ad-quem.
La relación de los
peticionarios, numeración de la tutela y la fecha de las decisiones proferidas
son estas:
José Tulio Castillo
Rodríguez, T-345474. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 4 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de
la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 1° de junio de 2000.
Flora María Useche
Vda. De Beru, T- 363529. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil
del Circuito de Chaparral de 25 de abril de 2000 y sentencia de segunda
instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 20 de junio de
2000.
María del Rosario
Díaz de Ferreira, T- 363530. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2°
Civil del Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000 que negó la tutela, sin
embargo, ordenó inscribir como beneficiaria a Maria del Rosario Diaz en uno de
los programas de atención para ancianos indigentes y de la tercera edad y
previo el lleno de los requisitos que la ley señala; y la sentencia de segunda
instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué que no concedió la
tutela y revocó lo de la inscripción porque en la solicitud de tutela no se
había pedido eso.
Tiberio Devia
Guarnizo  T- 363531. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil del
Circuito de Chaparral de 14 de abril de 2000 y de segunda instancia de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 21 de junio de 2000.
Santos  Prada
Leyton  T- 359393. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 22 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 28 de junio de 2000.
Rosalía Gutiérrez
Rodríguez, T- 359394. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 22 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 28 de junio de 2000.
Román Galicia
Méndez,  T- 359509. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 29 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de
la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 4 de julio de 2000.
Alejandro Rincón
Barrios, T- 357995. Sentencia de primera instancia dictada por el Juez 2° Civil
del Circuito de Chaparral el 27 de abril de 2000 negando la tutela pero
ordenando la inscripción de Alejandro Rincón con beneficiario de los programas
de atención a ancianos indigentes. Sentencia de segunda instancia de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000 negando la tutela
y revocando lo de la inscripción.
Gregoria Gutiérrez
Ruiz, T- 357996. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil del
Circuito de Chaparral de 24 de abril de 2000. Sentencia de segunda instancia de
la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.
Regina Sánchez Luna,
T- 357997. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil del Circuito de
Chaparral de 25 de abril de 2000. Y de segunda instancia de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Ibagué de 13 de junio de 2000.
Rosario Nieto de
Peña,  T- 357998. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil del
Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000 negando la tutela pero ordenando
la inscripción de Rosario Nieto en los programas de atención a ancianos
indigentes. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Ibagué de 13 de junio de 2000 no concediendo la tutela y revocando
lo de la inscripción.
Manuel Antonio
Campos Mancera,  T- 357999. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil
del Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000 que negó la tutela pero ordenó
inscribir a Manuel Antonio Campos en un programa de atención para ancianos
indigentes. Y la sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Ibagué de 13 de junio de 2000 que negó la tutela y revocó lo de la
inscripción.
José Gustavo
Cuellar, T-358067. Sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Civil
Municipal de Chaparral de 28 de marzo de 2000 no concediendo la tutela pero
ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a
ancianos indigentes. Sentencia de segunda instancia del Juzgado Civil del
Circuito de Chaparral de 8 de junio de 200 que confirmó el fallo.
María Jesús
Hernández León, T- 358580. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo
de Chaparral de 16 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibague de 23 de junio de 2000.
Carmen Vaquiro de
Rojas, T-358581. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 7 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de
la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibague de 23 de junio de 2000.
Ana Rita Rivera
Rojas, T- 354353. Sentencia de primera instancia del Juzgado Primero del
Circuito de Chaparral de 13 de abril de 2000 y sentencia de segunda instancia
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibague de 29 de mayo de 2000.
Guillermo Alfonso
Devia,  T-354354. Sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Civil del
Circuito de Chaparral de 13 de abril de 2000 y sentencia de segunda instancia
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibague de 29 de mayo de 2000.
Luis Antonio Castro
Masmela, T-354355. Sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Chaparral de 10 de abril de 2000 no concediendo la tutela pero
ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a
ancianos indigentes y la de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Ibague de 29 de mayo de 2000 que reforma lo anterior.
Ana Felisa Tovar de
Granados, T- 354356. Sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Civil del
Circuito de Chaparral de 11 de abril de 2000 y la de segunda instancia de la
Sala Civil del Tribunal Superior de Ibague de mayo 31 de 2000.
Filarmina Romero de
Campos T-354357. Sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Chaparral de 6 de abril de 2000, no concediendo la tutela pero
ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a
ancianos indigentes y la de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Ibague de mayo 29 de 2000 que reforma lo anterior.
Jesús Antonio
Bohorquez, T- 354367. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibague de junio 9 de 2000.
Dario García
Quintero, T-354368. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibague de junio 9 de 2000.
Amalia Briñez
Lezama, T- 354369. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo  de
Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibague de junio 9 de 2000.
Limbania Rocha de
Olivera, T- 354370. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 10 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibague de 9 de junio de 2000.
Argelia Mendoza de
Torres, T-354371. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibague de junio 9 de 2000
María Virgelina
Leyton, T-354372. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibague de junio 9 de 2000.
Veronica García Vda.
De Ducuara,  T-354373. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral del 8 de mayo de 2000 y la de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibague de junio 9 de 2000.
Ernestina Cuellas de
Paloma T-354374. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia del 8 de mayo de 2000 y la segunda instancia de la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Ibague de junio 9 de 2000.
Anacleto Otavo,
T-354544. Sentencia de primera instancia Juzgado Civil del Circuito de
Chaparral de 27 de abril de 2000, no concediendo la tutela pero ordenando la
inclusión del accionante en futuros programas de atención a ancianos indigentes
y la segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibague de
junio 6 de 2000 que la reforma.
Carmen Rosa Tapia de
Oyola, T-354575. Sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000 no concediendo la tutela pero
ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a
ancianos indigentes y la de segunda instancia la Sala Civil del Tribunal
Superior de Ibague de junio  6 de 2000 que revocó.
María Josefa
Aguilar, T-354587. Sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000 no concediendo la tutela pero
ordenando la inclusión del accionante en futuros programas de atención a
ancianos indigentes y de segunda instancia la Sala Civil del Tribunal Superior
de Ibague de junio 6 de 2000, revocando lo anterior.
Luis Alberto Morales
Díaz,  T- 354588. Sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Chaparral de 13
de abril de 2000 y de segunda instancia la Sala Civil del Tribunal Superior de
Ibague de junio 6 de 2000.
María del Rosario
Caicedo Reinoso, T- 354589. Sentencia de primera instancia Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Chaparral de 12 de abril de 2000 y la segunda instancia
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibague de junio 8 de 2000.
Lilia Quimbayo,
T-355615. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de
Chaparral de 18 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de Familia
del Tribunal Superior de Ibague de 12 de junio de 2000.
Juan Antonio Bedoya,
T-355616. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de
Chaparral de 22 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de Familia
del Tribunal Superior de Ibague de doce de junio de 2000.
Cipriana Méndez de
Ducuara, T- 355617. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 23 de mayo de 2000 y de segunda instancia de la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.
Emelina Barrios de
Gutiérrez, T-355618. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 17 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de
la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.
María de Jesús
Guarnizo Rodríguez, T-355619. Sentencia de primera instancia del Juzgado
promiscuo de Familia de Chaparral de 16 de mayo de 2000 y sentencia de segunda
instancia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio
de 2000.
Manuel María Sánchez
Cano, T-355772. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil Municipal
de Chaparral de 12 de abril de 2000 no concediendo la tutela pero ordenando la
inclusión del accionante en futuros programas de atención a ancianos
indigentes. Sentencia de segunda instancia del Juzgado 2° Civil del Circuito de
Chaparral confirmando lo anterior el 2 de mayo de 2000.
Ruben Cruz Jímenez,
T-355805. Sentencia de primera y única instancia del Juzgado 1° Civil Municipal
de Chaparral de 7 de junio de 2000 no concediendo la tutela pero ordenando la
inscripción de Rubén Cruz en los futuros programas de atención a ancianos
indigentes.
Julio Gutiérrez
Arciniegas, T- 355828. Sentencia de primera y única instancia del Juzgado Penal
del Circuito de Chaparral de 18 de mayo de 2000.
Celmira Rodríguez de
Riaño, T-355830. Sentencia de primera y única instancia del Juzgado 1° Civil
Municipal de Chaparral, no se concedió la tutela pero se ordenó la inscripción
de la  peticionaria como beneficiaria de programas de atención.
Luis Antonio
Villada, T- 355829. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Penal
Municipal de Chaparral de 31 de marzo de 2000 y de segunda instancia del
Juzgado Penal del Circuito de Chaparral de 17 de mayo de 2000
Pedro Ignacio Arana
Gil, T-346168. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia
de Chaparral de 4 de mayo de 2000 y sentencia de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 2 de junio de 2000.
Angel María Cruz
Barreto,  T-346182. Sentencia de primera instancia del Juzgado Civil del
Circuito de Chaparral de 5 de abril de 2000, no tutela pero ordena la
inscripción del solicitante en los programas de atención. Sentencia de segunda
instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 19 de mayo de
2000 que revocó.
Esther Julia Salcedo
Vda. De Llanos,  T-346183. Sentencia de primera instancia  del Juzgado 2° Civil
del Circuito de Chaparral de 11 de abril de 2000 que no tuteló pero ordenó
inscribir el nombre de la peticionaria. Sentencia de segunda instancia de la
Sala Civil   del Tribunal Superior de Ibagué de 19 de mayo de 2000.
Pablo Emilio Prieto
Martínez,  T-347850. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000; sentencia de segunda instancia de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 6 de junio de 2000.
Teresa de Jesús
Salcedo,  T-349072. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 4 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de junio 8 de 2000.
Elíecer Morales
Aguilar,  T- 349091. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil
Municipal de Chaparral del 31 de mayo de 2000.
Alvaro Hernández
Rodríguez,  T- 349440. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000; sentencia de segunda instancia de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 19 de junio de 2000.
Rosario Pérez
Celada,  T- 349441. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000; sentencia de segunda instancia de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de junio 19 de 2000.
Isabel Molina,
T-349509. Sentencia del Juzgado 1° Civil del Circuito de Chaparral de 14 de
abril de 2000; sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior, Sala
Civil, de Ibagué, de 12 de junio de 2000.
Milciades Cardozo
Torres,  T- 349510. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil del
Circuito de Chaparral de 26 de abril de 2000; y sentencia de segunda instancia
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.
Ruperto Leyton,  T-
349511. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil del Circuito de
Chaparral de 24 de abril de 2000; sentencia de segunda instancia de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.
Luis Gustavo
Suárez,  T- 349512. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil del
Circuito de Chaparral de 14 de abril de 2000; sentencia de segunda instancia de
la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 12 de junio de 2000.
José Cupertino
Guzman,  T-349513. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil del
Circuito de Chaparral de 24 de abril de 2000; sentencia de segunda instancia de
la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de junio 9 de 2000.
Dioselina Reinoso de
Corrales,  T-349514. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil del
Circuito de Chaparral de 25 de abril de 2000; y de segunda instancia del
Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil, de 9 de junio de 2000.
Luis Hernando
Cuellar,  T-349515. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil del
Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000, no tuteló pero ordenó inscribir
al peticionario como beneficiario. Y de segunda instancia de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Ibagué de junio 9 de 2000 que revocó en parte.
Ernestina Silva
Rivas,  T- 349516. Sentencia del Juzgado 1° Civil del Circuito de Chaparral de 25
de abril de 2000; y de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal Superior
de Ibagué de 9 de junio de 2000.
Isabel García de
Acosta,  T- 349517. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil del
Circuito de Chaparral de 27 de abril de 2000 que no concedió la tutela pero
ordenó inscribir a la peticionaria; y la sentencia de segunda instancia  de la
Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de junio 9 de 2000.
Emilia Ramírez Vda.
De Pareja,  T-350658. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 17 de mayo de 2000. Y de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibagué, junio 7 de 2000.
Resurrección Horta
de Mora,  T-350659. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 16 de mayo de 2000; y de segunda instancia del Tribunal
Superior, Sala de Familia, de Ibagué, de junio 7 de 2000.
María del Transito
Medina,  T-350660. Sentencia de primera instancia del 22 de mayo de 2000 del
Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral y de segunda instancia de la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Ibagué de junio 14 de 2000.
Wenceslada López de
Alvarez,  T-350661. Sentencia de primera instancia del 18 de mayo de 2000 del
Juzgado Promiscuo de Familia de Chaparral; y de segunda instancia de la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Ibagué del 14 de junio de 2000.
Martha Rayo
Rodríguez,  T-350662. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 10 de mayo del 2000; y de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.
María Jovita de
Basto,  T-350663. Sentencia de primera instancia del 10 de mayo de 2000 del Juzgado
Promiscuo de Familia de Chaparral. Y de segunda instancia de la Sala de Familia
del Tribunal Superior de Ibagué del 14 de junio de 2000.
Celiano Molina
Arce   T-350664. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral del 15 de mayo de 2000, y de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.
Mercedes Briñez
Lezama  T-350665. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral del 10 de mayo de 2000; y de segunda instancia de la Sala
de Familia del Tribunal Superior de Ibagué del 14 de junio de 2000.
Germán  Suárez,  T-
350666. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de Familia de
Chaparral de 10 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la Sala de
Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 14 de junio de 2000.
Moisés Ramírez
Prieto,  T-351442. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil
Municipal de Chaparral de 31 de mayo de 2000.
Oliverio Barrios
Sabogal,  T-351510. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil
Municipal de Chaparral de abril 6 de 2000, que negó la tutela pero ordenó
inscripción. Sentencia de segunda instancia del Juzgado 2° Civil del Circuito
de Chaparral de 29 de mayo de 2000.
José Joaquín Oviedo
Yara,  T-351532. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia del
Tribunal Superior, Sala de Familia, de Ibagué, de junio 9 de 2000.
Narcisa Oviedo de
Valencia,  T-351533. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de junio 9 de 2000.
Graciela Llanos de
Caviedes,  T-351534. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.
Trinidad Viuche de
Vique,  T-351536. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.
Rosa Vargas de
Castillo,  T-351537. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 8 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la
Sala de Familia del  Tribunal Superior de Ibagué de 9 de junio de 2000.
Ana Otilia Vargas de
Cerquera,  T-351538. Sentencia de primera instancia del Juzgado Promiscuo de
Familia de Chaparral de 4 de mayo de 2000. Sentencia de segunda instancia de la
Sala de Familia del Tribunal Superior de Ibagué de junio 9 de 2000.
María Inés Morales
de Bonilla,  T- 351903. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil del
Circuito de Chaparral del 10 de abril de 2000, no tutela pero ordena inscribir
a la peticionaria. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Ibagué de 30 de mayo de 2000 que reformó.
Emiliano Motta
Campos,  T-351904. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil del
Circuito de Chaparral de 10 de abril de 2000, no tutela y ordena inscribir al
peticionario. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Ibagué de 29 de mayo de 2000 que revocó.
Julio Cesar
Bonilla,  T-351905. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil del
Circuito de Chaparral de 6 de abril de 2000 que no tutela pero ordena inscribir
al peticionario. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Ibagué de 30 de mayo de 2000 que reformó.
Epifania Rodríguez
de Cruz,  T-351907. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil del
Circuito de Chaparral, de 11 de abril de 2000 que no tutela pero ordena
inscribir a la peticionaria. Sentencia de segunda instancia de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Ibagué de 29 de mayo de 2000 que revoca.
Jesús María Arias
Arias, T-351908. Sentencia de primera instancia del Juzgado 1° Civil del
Circuito de Chaparral de 24 de abril de 2000. Sentencia de segunda instancia de
la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 29 de mayo de 2000.
Rosa Matilde
Cocoma,  T-351909. Sentencia de primera instancia del Juzgado 2° Civil del
Circuito de Chaparral de 26 de abril de 2000. Sentencia de segunda instancia de
la Sala Civil del Tribunal Superior de Ibagué de 29 de mayo de 2000.
CONSIDERACIONES
JURIDICAS
A. COMPETENCIA
Esta Corte es
competente para conocer de los fallos materia de revisión, de conformidad con
los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y del Decreto 2591 de 1991 y
demás disposiciones pertinentes; y  por la escogencia  hecha por la Sala de
Selección  y las acumulaciones decretadas.
B. TEMAS
JURIDICOS
1. El
subsidio alimentario a indigentes, constitucionalmente establecido en el
artículo 46 de la C.P., es una expresión del Estado social de derecho, que la
T-426/92 caracterizó  de la siguiente manera:
“El Estado social
de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno
de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas
de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles
asistencia y protección. De este principio se deducen diversos mandatos y
obligaciones constitucionales: primariamente, el Congreso tiene la tarea de
adoptar las medidas legislativas necesarias para construir un orden político,
económico y social justo. Por otra parte, el Estado y la sociedad en su
conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la
solidaridad, deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para
una existencia digna”.
A su vez la T-566/95
conecta el Estado social de derecho con las condiciones de vida de los estratos
más pobres del país, porque su origen está unido a las políticas sociales que
en los sistemas políticos de occidente se dictaron con miras a inducir cambios
de fondo dentro del sistema económico y social.
2. El estado social
de derecho implica la cláusula del estado social de derecho que jurídicamente
tiene la proyección señalada en la SU-111/97:
“La cláusula del
Estado social de derecho tiene el poder jurídico de movilizar a los órganos
públicos en el sentido de concretar, en cada momento histórico, un modo de vida
público y comunitario que ofrezca a las personas las condiciones materiales
adecuadas para gozar de una igual libertad. No puede pretenderse, que de la
cláusula del Estado social surjan directamente derechos a prestaciones
concretas a cargo del Estado, lo mismo que las obligaciones correlativas a
éstos. La individualización de los derechos sociales, económicos y culturales,
no puede hacerse al margen de la ley y de las posibilidades financieras del
Estado. El legislador está sujeto a la obligación de ejecutar el mandato social
de la Constitución, para lo cual debe crear instituciones, procedimientos y
destinar prioritariamente a su concreción material los recursos del erario”.
La cláusula
del estado social de derecho está ligada al derecho a la dignidad de la
persona. Sobre este tópico la sentencia C-521 de 1998 sostuvo:
“Esa
trascendencia suprema que le otorga la Constitución a la dignidad humana,
supone el reconocimiento del hombre como un fin en sí mismo y no como un objeto
manipulable al que hay que buscar y encontrarle su fin fuera de sí. Por lo
tanto, respetar la dignidad "será tener en cuenta que el ser humano es
anterior, lógica y sociológicamente al Estado, y por ello los procedimientos
operativos y las normas que el propio Estado utilice en sus actividades, han de
ser lógica y sociológicamente adecuados a la índole personal de los seres
humanos"[i].
De lo expuesto fluye que cuando el Estado,
independientemente de cualquier consideración histórica, cultural, política o
social, establece normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las
libertades, derechos o deberes del individuo, sin tener presente el valor
superior de la dignidad humana, serán regulaciones lógica y sociológicamente
inadecuadas a la índole de la condición personal del ser humano y, por contera,
contrarias a la Constitución, en la medida en que se Deafectarían igualmente los derechos fundamentales, dado que éstos
constituyen condiciones mínimas para la "vida digna"
del ser humano; en efecto, cuando se alude a los derechos fundamentales se hace
referencia a aquéllos valores  que son anejos a la dignidad humana. De lo
anterior se concluye, que en nuestro sistema jurídico político la misión del
Estado como del Derecho es la de consagrar y proteger la dignidad humana,
"porque ambas instituciones se justifican y tienen razón de ser
sólo en la medida en que sean instrumentos al servicio de la promoción,
realización y elevación del conjunto de valores supremos que trascienden al ser
humano y a su dignidad.
3. Conforme
ya se dijo dentro del Estado social de derecho es muy importante la protección
a personas con debilidad manifiesta este es un objetivo que no se debe ver como
una limosna sino como algo resultante del derecho a la igualdad, dentro de los
parámetros del constitucionalismo humanista. La protección a los ancianos y
específicamente a los ancianos indigentes tiene su respaldo en el derecho a la
igualdad reconocida en el inciso 3° del artículo 13 de la C. P. que dice: “El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física y mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta…”. Esta es una forma de igualdad. La T-426/92 señala el ámbito
de dicha protección:
“El derecho al
mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las situaciones
violatorias de la dignidad humana, o la de exigir asistencia y protección por
parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de
debilidad manifiesta (CP art. 13), sino que, sobre todo, busca garantizar la
igualdad de oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente
injusta y desigual, con factores culturales y económicos de grave incidencia en
el "déficit social".  El derecho a un mínimo vital, no otorga un
derecho subjetivo a toda persona para exigir, de manera directa y sin atender a
las especiales circunstancias del caso, una prestación económica del Estado.
Aunque de los deberes sociales del Estado (CP art. 2) se desprende la
realización futura de esta garantía, mientras históricamente ello no sea
posible, el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente
a la distribución inequitativa de recursos económicos y a la escasez de
oportunidades.
4. Una de las expresiones de ese trato
favorable a los débiles es el subsidio alimentario a indigentes. El artículo 46
de la Constitución expresamente consagra el subsidio alimentario en caso de
indigencia; determinación que es compatible con el deber de solidaridad
(artículos 1° y 95 de la C. P.). La jurisprudencia se ha referido a la
solidaridad en los siguientes términos:
“La solidaridad y
el apoyo a la persona que se encuentra en situación de indigencia y sufre
quebrantos de salud corresponde patrimonialmente a la familia. Los miembros de
esta, determinados por la ley, tienen la obligación jurídica y moral de
auxiliar a sus descendientes o ascendientes próximos. No obstante si la familia
se encuentra en imposibilidad manifiesta  de apoyar a uno de sus miembros no
pueden quedar estos irremediablemente abandonados a su suerte. El Estado en
desarrollo de sus fines esenciales está en el deber constitucional de proteger
efectivamente los derechos de la persona, correspondiendo a la autoridad
pública encontrar las alternativas jurídicas para garantizar su ejercicio y al
mismo tiempo, exigir el cumplimiento de las obligaciones sociales de los
particulares” (T-533/92).
Esa solidaridad
también se explica en la C-575/92 así:
“El artículo
primero constitucional "funda" el Estado colombiano en la
solidaridad. Ello es un desarrollo de los conceptos de justicia y democracia
participativa, consagrados ambos en el Preámbulo y en el artículo segundo de la
Carta. En primer lugar, la expresión de un "orden justo" aparece
tanto en el Preámbulo como en los fines esenciales del Estado. El nexo
justicia-solidaridad es evidente, pues en un régimen de carencia de recursos
suficientes, como Colombia, una parte de la sociedad civil está llamada a participar
en la solución de las necesidades de los más pobres. También es manifiesta la
relación dignidad-solidaridad. Ellas son, respectivamente, un valor y un
principio de los cuales se predica su total  compatibilidad. Es gracias a la
solidaridad que se puede arribar a la dignidad, si se parte del supuesto de la
realidad colombiana, enmarcada en un ámbito de desequilibrios sociales y
territoriales. Las solución de las necesidades básicas insatisfechas de
importantes sectores de la sociedad colombiana es un compromiso de todos, esto
es, del Estado, la sociedad y los particulares. Luego la solidaridad es un
deber constitucional de todos, que aspira a lograr la materialización de los
valores  fundantes de la justicia y la dignidad. Y en segundo lugar, el carácter
participativo del Estado implica que la sociedad civil intervenga no sólo, como
antes, en la simple definición periódica de los gobernantes mediante el voto,
sino que ahora es preciso además que la comunidad participe en los procesos de
decisión, ejecución y control de la gestión pública tendiente a satisfacer las
necesidades sociales.”
5. La reglamentación
normativa  que hace efectiva la solidaridad a los indigentes se expresa a nivel
legal, en el Libro IV de la ley 100 de 1993 que habla de los Servicios sociales
complementarios y dentro de ellos establece un programa de auxilios para los
ancianos indigentes, con el objetivo de apoyar económicamente a los ancianos,
hasta en un 50%  del salario mínimo legal mensual vigente, siempre y cuando se
cumpla con estos  requisitos: i. ser colombiano, ii. Superar los 65 años de
edad, iii. Residir durante los últimos diez años en el territorio nacional, iv.
Carecer de rentas o ingresos suficientes para su subsistencia o encontrarse en
condiciones de extrema pobreza, de acuerdo con la reglamentación que expida  el
Consejo Nacional de Política Social; v. residir en una institución sin ánimo de
lucro para la atención de ancianos indigentes, en cuyo caso, parte de la
pensión se paga a la respectiva institución, vi. El gobierno nacional
reglamentará el pago de los auxilios de aquellas personas que  no residen en
una institución y cumplen los demás requisitos, vii. Las condiciones
anteriormente indicadas pueden ser modificadas por las entidades territoriales
si éstas establecen el beneficio con cargo a su propio recurso. Como se ve el
auxilio a los ancianos indigentes es una de las expresiones de la seguridad
social y, como  regla general, el programa se financia con recursos del
presupuesto general de la Nación y con los que para tal efecto puedan destinar
las entidades territoriales.
El artículo 260 de
la citada Ley 100/93 indica la forma del reconocimiento, administración y
control de esa prestación especial por vejez:
“El
reconocimiento de la prestación especial por vejez, su administración y control
serán establecidos por el gobierno nacional.
Para efectos de
la administración especial por vejez se podrán contemplar mecanismos para la
cofinanciación por parte de los departamentos, municipios y distritos.
Los municipios o
distritos, así como las entidades reconocidas para tal efecto que presten
servicios asistenciales para la tercera edad, podrán administrar la prestación
de que trata el artículo 258 de la presente ley, siempre y cuando cumplan con
lo establecido en el artículo siguiente”.
Las entidades
territoriales están autorizadas para crear y financiar con cargo a sus propios
recursos planes de subsidio al desempleo y el Estado en general puede crear
servicios sociales complementarios para la tercera edad.
El Estado, mediante
la potestad reglamentaria expidió los decretos 1135 de 1994 y 1387 de 1995 y el
programa de auxilios para ancianos indigentes está hoy sujeto a una prolija
reglamentación, a cargo de un Consejo Directivo. Los municipios y distritos son
los responsables de la ejecución del programa, identificando los beneficiarios,
elaborando anualmente un plan,  se permiten tres modalidades, la primera de las
cuales sería la que tendría algo que ver con la presente tutela y es la de los
ancianos indigentes que no residen en ninguna institución, “En este caso los
ancianos recibirán el auxilio de manera individual, al menos trimestralmente,
siempre y cuando mantengan las características que los califican como
beneficiarios del programa” (numeral 1° artículo 18, decreto 1135/94).
6. Para que la
solidaridad a los ancianos indigentes sea real no solamente existe la
normatividad relacionada en el punto anterior sino que esta clase de programas
debe incrementarse permanentemente porque así lo establece el Protocolo de San
Salvador y además  encuentra sustento  en el artículo 366 de la Carta Política,
que habla de las finalidades sociales del Estado: bienestar general y
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y en este propósito ordena
que   “en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
teritoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación”;   por supuesto que tratándose del presupuesto de la Nación
éste   debe ser  coherente y compatible con los mandatos consignados en la Ley
Orgánica de Presupuesto, y si además en el presupuesto se establecen proyectos
cofinanciados entre las entidades territoriales y la Nación (Artículos 68 a 70,
Decreto 111 de 1996), esto facilita aún mas  el cumplimiento del artículo 366
de la Constitución y del Protocolo de San Salvador.
Por otro aspecto,
la Carta ordena al “gasto público social sobre cualquier otra asignación”, de
ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en la  C-562/98
(M.P. Alfredo Beltrán Sierra):
“En efecto, el
programa de auxilios para los ancianos indigentes, establece que en él pueden
incluirse quienes reúnan los requisitos señalados en el artículo 257 de la Ley
100 de 1993, programa que tendrá por objeto “apoyar económicamente y hasta por
el 50% del salario mínimo legal mensual vigente, a las personas que cumplan las
condiciones señaladas” en el artículo referido, según lo que se preceptúa por
el artículo 258 de la misma Ley 100 de 1993, en todo caso, “de conformidad con
las metas que el Conpes establezca para tal programa”.
Si se tiene en
cuenta que por las condiciones especiales de los ancianos indigentes, éstos
merecen especial protección del Estado en razón de su edad y condiciones
económicas, no resulta extraño al Estado Social de Derecho que se incluya en la
“red de solidaridad” un rubro para el efecto, como efectivamente sucede, en
este caso “en la sección 0203 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL Presupuesto de
Inversión, Programa 0320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO, Subprograma
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD, por un monto de $59.698.602.000.oo”, en
desarrollo del cual en el decreto de liquidación de la ley anual de presupuesto
para la vigencia fiscal de 1998 se incluyó la asignación correspondiente.
Significa
entonces lo anteriormente dicho, que las apropiaciones con destino a los
auxilios económicos a ancianos indigentes que fueron incluidas en el
presupuesto para la vigencia fiscal de 1998, son de carácter específico y su
monto, a contrario de lo sostenido por el demandante, se encuentra determinado,
por lo que no se vulneran las disposiciones constitucionales que acusa como
quebrantadas”.
7. Hasta acá los
razonamientos sobre el punto jurídico de fondo: la protección a los ancianos
indigentes. Pero el planteamiento genérico no significa que necesariamente la
tutela haya que concederse a quienes diciendo ser ancianos y sin recursos pidan
por escrito a un alcalde que se apropien recursos suficientes para atenderlos y
que luego, mediante acción de tutela, le pidan al juez que le ordene al alcalde
la entrega de una cantidad determinada de dinero. Ya sobre estas circunstancias
específicas hay que anotar:
a- La sentencia
SU-1052 de 2000[1],
dijo que el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela impide que
el juez constitucional interfiera en decisiones abstractas, generales e
impersonales que la Constitución confiere a otras autoridades, puesto que el
constituyente no le “confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder
omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección
económica del Estado”. Por consiguiente, el juez de tutela no debe resolver
asuntos asignados a otras autoridades, pues de lo contrario transgrede los
artículos 6º y 86 de la Carta.
b- Tanto la SU-1052
de 2000, como la SU-1194 del mismo año dijeron que el juez constitucional  no
es competente para ordenar el gasto. Y en esta última se precisó: “Así pues,
el principio de legalidad del gasto (C.P. arts. 345 a 347 y 71 del Decreto 111
de 1996) dispone que “no se puede crear una obligación ni tampoco ordenar un
gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva disponibilidad
presupuestal”.
c- Si la ley le
adscribe a un funcionario la elaboración de listado de personas protegibles
para un subsidio o una ayuda, el juez de tutela no puede individualmente
ordenar que se incluya a determinado ciudadano, salvo que sea ostensible que se
ha violado un derecho fundamental.
C. LOS CASOS CONCRETOS
No se puede,
mediante las acciones de tutela que se han acumulado, hacer cumplir una norma
genérica y abstracta que ordena la protección a los ancianos indigentes,  esto
escapa a la tutela. Podrá tratarse de una acción de cumplimiento o de grupo.
No se trata tampoco
de que los tutelantes sean reconocidos como beneficiarios de ayuda porque esto
no es lo que se solicita en la tutela y además es un oficio propio de la
alcaldía, dentro de parámetros legales y ello no se ha cuestionado en las
tutelas presentadas.
Por otro aspecto,
no  hay prueba adecuada de que los peticionarios pudieran estar  cobijados por
el beneficio que invocan y simplemente se limitan a decir que son indigentes y
de avanzada edad, menos aún puede el juez de tutela ordenar que una alcaldía
entre inmediatamente a darles una protección.  Si bien es cierto algunos de
ellos están dentro del sistema del SISBEN, de lo cual se inferiría la falta de
recursos económicos, los otros requisitos no están demostrados para quedar
dentro del plan de atención.
Además, en las
solicitudes de tutela expresamente se pide que el juez ordene que
aproximadamente se les entregue a cada uno de los peticionarios $130.000.oo
mensuales. Ya se dijo que el juez no puede ser ordenador del gasto.
Por último, sí hay
prueba en el expediente y así lo reconocen los propios peticionarios; la
alcaldía sí presta una protección así sea exigua. Dice el alcalde que no puede
ser mayor porque no hay disponibilidad presupuestal y porque es a otra entidad
(Consejo Directivo de Política Social) a quien le corresponde diseñar estos
planes, la alcaldía es una ejecutora del plan.
En el presente caso
ni se pide que se califique como beneficiarios a los respectivos tutelantes, ni
hay pruebas que indiquen que son o deberían ser calificados como beneficiarios,
ni el juez puede hacer un listado señalando quienes son los beneficiarios, ni
menos ordenar que se les entregue una determinada suma de dinero, luego las
peticiones de tutela, en la forma como están planteada no pueden prosperar.
Lo anterior no
implica que queden desprotegidas las personas que podrían legalmente quedar
cobijadas por la aludida protección, (por eso en los razonamientos se señalaron
los parámetros y es importante que el alcalde de Chaparral los aplique).
Se confirmarán las
decisiones que no tutelaron (que son todas las dictadas en segunda instancia);
y en aquellos casos de primera instancia donde la tutela no se concedió pero se
dieron órdenes, éstas quedarán sin efecto por la sencilla razón de que las órdenes
se dan cuando la tutela prospera.
DECISION
En mérito de lo
expuesto la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. NO
CONCEDER  las tutelas que han dado origen al presente fallo y en
consecuencia CONFIRMAR las sentencias objeto de revisión  proferidas en
segunda instancia, a saber: José Tulio Castillo Rodríguez, T-345474; Flora
María Useche Vda. De Beru  T- 363529; María del Rosario Díaz de Ferreira  T-
363530; Tiberio Devia Guarnizo T- 363531; Santos Prada Leyton T- 359393;
Rosalia Gutierréz Rodríguez T- 359394; Roman Galicia Méndez T- 359509;
Alejandro Rincón Barrios T- 357995; Gregoria Gutiérrez Ruiz T- 357996; Regina
Sánchez Luna T- 357997; Rosario Nieto de Peña  T- 357998; Manuel Antonio Campos
Mancera  T- 357999; José Gustavo Cuellar T-358067; María Jesús Hernández León
T- 358580; Carmen Vaquiro de Rojas T-358581; Ana Rita Rivera Rojas  T- 354353;
Guillermo Alfonso Devia  T-354354; Luis Antonio Castro Masmela  T-354355; Ana
Felisa Tovar de Granados T- 354356; Filarmina Romero de Campos T-354357; Jesús
Antonio Bohorquez T- 354367; Dario García Quintero  T-354368; Amalia Briñez
Lezama  T- 354369; Limbania Rocha de Olivera  T- 354370; Argelia Mendoza de
Torres  T-354371; María Virgelina Leyton T-354372; Veronica García Vda. De
Ducuara T-354373; Ernestina Cuellar de Paloma  T-354374; Anacleto Otavo
T-354544; Carmen Rosa Tapia de Oyola  T-354575; María Josefa Aguilar T-354587;
Luis Alberto Morales Díaz  T- 354588; María del Rosario Caicedo Reinoso  T-
354589; Lilia Quimbayo  T-355615; Juan Antonio Bedoya  T-355616; Cipriana
Méndez de Ducuara  T- 355617; Emeline Barrios de Gutiérrez  T-355618; María de
Jesús Guarnizo Rodríguez  T-355619; Manuel María Sánchez Cano T-355772; Luis
Antonio Villada T- 355829; Pedro Ignacio Arana Gil  T-346168; Angel María Cruz
Barreto  T-346182; Esther Julia Salcedo Vda. De Llanos T-346183; Pablo Emilio
Prieto Martínez T-347850; Teresa de Jesús Salcedo T-349072; Alvaro Hernández
Rodríguez  T- 349440; Rosario Pérez Celada T- 349441; Isabel Molina  T-349509;
Milciades Cardozo Torres  T- 349510; Ruperto Leyton  T- 349511; Luis Gustavo
Suárez  T- 349512; José Cupertino Guzman  T-349513; Dioselina Reinoso de
Corrales  T-349514; Luis Hernando Cuellar  T-349515; Ernestina Silva Rivas  T-
349516; Isabel García de Acosta  T- 349517; Emilia Ramírez Vda. De Pareja
T-350658; Resurrección Horta de Mora  T-350659; María del Transito Medina
T-350660; Wenceslada López de Alvarez  T-350661; Martha Rayo Rodríguez
T-350662; María Jovita de Bastos  T-350663; Arce Celiano Molina  T-350664;
Mercedes Briñez Lezama T-350665; Germán  Suárez  T- 350666; Oliverio Barrios
Sabogal  T-351510; José Juaquín Oviedo Yara  T-351532; Narcisa Oviedo de Valencia
T-351533; Graciela Llanos de Caviedes  T-351534; Trinidad Viuche de Vique
T-351536; Rosa Vargas de Castillo T-351537; Ana Otilia Vargas de Cerquera
T-351538; María Inés Morales de Bonilla  T- 351903; Emiliano Motta Campos
T-351904; Julio Cesar Bonilla T-351905; Epifania Rodríguez de Cruz  T-351907;
Jesús María Arias Arias  T-351908; Rosa Matilde Cocoma  T-351909. Y CONFIRMAR
las sentencias de única instancia en las tutelas de Ruben Cruz Jímenez
T-355805; Julio Gutiérrez Arciniegas  T- 355828; Celmira Rodríguez de Riaño
T-355830; Eliecer Morales Aguilar  T- 349091; Moisés Ramírez Prieto  T-351442,
en cuanto en dichos fallos no se concedió la tutela.
SEGUNDO. Por Secretaría líbrense las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del  decreto 2591 de 1991.
TERCERO. ENVIAR copia del presente fallo al Alcalde
Municipal de Chaparral.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrado
IVAN ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General
Auto 054/01
Referencia:
Sentencia T-029/01
Demandante: José
Tulio Castillo y otros
Demamandado:
Municipio de Chaparral
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero del
2001
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional,
CONSIDERANDO
1. Que existió un error de carácter
mecanográfico en el cuerpo de la sentencia de la referencia que si bien no
altera el fondo de la sentencia, no pertenece al texto que fue aprobado por la
sala que aparece en la memoria del computador.
2. Que el Magistrado Ponente del proyecto
de la referencia, encontró diferencias entre el texto que fue aprobado en Sala
y aquel que fue comunicado a los jueces de instancia y notificado a las partes.
3. Que tal error obedece a la transposición
de un texto ajeno a la sentencia en la página tres de la misma en lugar del
texto originariamente aprobado. En consecuencia, la parte final de la página
tres del cuerpo de la sentencia que dice:
“FUNDAMENTOS
JURIDICOS
T-562/98
En resumen, el actor considera infringidos
los artículos 151, 158, 346, 13, 11, 287, 355, 345 y 6 de la Constitución
Nacional, por las razones que se sintetizan así:
2.1. En el artículo 151 de la Constitución
Nacional, por cuanto, según el demandante, el legislador quebrantó, el expedir
la Ley 413 de 1997, el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 11 de 1996).
Así, los artículos 44 y 58 de la Ley
mencionada, quebrantaron, al decir del actor, los artículos 15 y 17 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, al paso que el artículo 50 de la Ley
demandada, quebrantó los artículos 78 y 89 de ese Estatuto, el artículo 52 de
dicha ley infringió el artículo 18 del Decreto 11 de 1996, y, por último el
artículo 104 del Decreto 11 de 1996.” (página tres de la sentencia).
Debe decir:
“Todas estas tutelas fueron instauradas
contra el municipio de Chaparral.
ANTECEDENTES
HECHOS
1. Los
peticionarios ejercitaron el derecho de petición y le pidieron al alcalde
municipal de Chaparral que se presentaran proyectos de acuerdo para que se
reconozca y pague la prestación especial por vejez prevista en el artículo 258
de la Ley 100 de 1993.
2. El Alcalde
les respondió “permítame decirle que lo que la Ley 100 prevé en los artículos
257 y 258 y al igual que el Decreto 1135 de 1994,  en su programa de auxilio
para ancianos indigentes que cumplan con los requisitos establecidos en dicha
normatividad programa que de acuerdo al Decreto 1387 de 1995 artículo 1º está a
cargo de un Consejo Directivo Integrado por el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, el Director del Departamento”.
4. Que los errores indicados, a pesar de no
cambiar la decisión finalmente adoptada, deben ser corregidos para que no
existan textos incongruentes el interior del cuerpo de la sentencia.
5.
Que esta Corporación ha
señalado que cuando en la transcripción del texto de una sentencia se producen errores,
es aplicable el artículo 130 del CPC a fin de proceder a la corrección.
En mérito de lo expuesto esta Sala de
Revisión
RESUELVE
CORREGIR el texto de la página tres de la sentencia T-029/01,
correspondiente a los antecedentes de la misma y en consecuencia, donde dice:
“FUNDAMENTOS JURIDICOS
T-562/98
En resumen, el actor considera infringidos
los artículos 151, 158, 346, 13, 11, 287, 355, 345 y 6 de la Constitución
Nacional, por las razones que se sintetizan así:
2.1. El artículo 151 de la Constitución
Nacional, por cuanto, según el demandante, el legislador quebrantó, al expedir
la Ley 413 de 1997, el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 11 de 1996).
Así, los artículos  44 y 58 de la ley
mencionada, quebrantaron, al decir del actor, los artículos 15 y 17 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, al paso que el artículo 50 de la ley
demandada, quebrantó los artículos 78 y 89 de ese Estatuto, el artículo 52 de
dicha ley infringió el artículo 18 del Decreto 11 de 1996, y, por último el artículo
104 del Decreto 11 de 1996”.
Debe Decir:
“Todas estas tutelas fueron instauradas
contra el municipio de Chaparral.
ANTECEDENTES
HECHOS
1. Los
peticionarios Los peticionarios ejercitaron el derecho de petición y le
pidieron al alcalde municipal de Chaparral que se presentaran proyectos de
acuerdo para que se reconozca y pague la prestación especial por vejez prevista
en el artículo 258 de la Ley 100 de 1993.
2. El Alcalde
les respondió “permítame decirle que lo que la Ley 100 prevé en los artículos
257 y 258 y al igual que el Decreto 1135 de 1994,  en su programa de auxilio
para ancianos indigentes que cumplan con los requisitos establecidos en dicha
normatividad programa que de acuerdo al Decreto 1387 de 1995 artículo 1º está a
cargo de un Consejo Directivo Integrado por el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, el Director del Departamento”.
Notifíquese y cúmplase
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
M.P. Alvaro Tafur Galvis.