C-087-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-087/16
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018-Aprobación de la Ley en la plenaria de la
Cámara de Representantes, no se incurrió en vicios de forma
ACCION
DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VICIOS DE FORMA-Término de caducidad
DEBATE PARLAMENTARIO-Concepto y alcance/DEBATE PARLAMENTARIO-Finalidad/DEBATE PARLAMENTARIO-Cuando se
entiende satisfecho
DEBATE
PARLAMENTARIO-Jurisprudencia constitucional sobre las
condiciones que debe reunir para que sea acorde con la Constitución
DEBATE PARLAMENTARIO-Importancia constitucional
REQUISITOS
CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE REGULAN EL PROCESO DE FORMACION DE LAS LEYES-No
tienen como finalidad obstruir o dificultar tal proceso, sino que deben
interpretarse al servicio del fin sustantivo que cumplen, dado que éstas no
tienen un valor en sí mismo
DEBATES PARLAMENTARIOS-Elementos constitucionales
DEBATES PARLAMENTARIOS-Condiciones legales
PROCESO LEGISLATIVO-Principios/PRINCIPIO DEMOCRATICO EN TRAMITE LEGISLATIVO-Alcance/ PRINCIPIO
DEMOCRATICO EN TRAMITE LEGISLATIVO-Principios
básicos
PRINCIPIO DE
LAS MAYORIAS EN PROCESO LEGISLATIVO-Alcance
El principio de las mayorías, que parte de suponer que
las decisiones del parlamento tienen que reflejar la voluntad del sector
mayoritario presente en la respectiva sesión. Dicho axioma actúa como una
garantía del principio de representación, pues la aprobación y validez de las medidas
legislativas depende que sean más sus partidarios que sus detractores y así
quede consignado en las distintas votaciones a que deban ser sometidas. Este
principio está consagrado en el artículo 146 de la Constitución, según el cual:
“en el Congreso pleno, en las cámaras y en sus comisiones permanentes, las
decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que
la Constitución exija expresamente una mayoría especial”.  En todo caso, este
axioma no implica el desconocimiento y la protección de los derechos de las
minorías parlamentarias dentro del orden constitucional colombiano. En la
sentencia C-145 de 1994, se afirmó que "sólo hay verdadera democracia allí
donde las minorías y la oposición se encuentran protegidas a fin de que puedan
eventualmente llegar a constituirse en un futuro en opciones mayoritarias, si
llegan a ganar el respaldo ciudadano necesario”.
PRINCIPIO DE
PUBLICIDAD EN PROCESO LEGISLATIVO-Alcance
El
principio de la publicidad, que busca asegurar que se den a conocer
oportunamente a los miembros del parlamento y de la sociedad en su conjunto, el
contenido de los proyectos, las sesiones, discusiones, votaciones y, en
general, todo lo relacionado con el trabajo legislativo que se adelanta en las
Comisiones y Plenarias del Senado y la Cámara. En desarrollo de este principio,
los artículos 144 y 157 de la Carta disponen que “Las sesiones de las cámaras y
de sus comisiones permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya
lugar conforme a su reglamento”, y que ningún proyecto será ley sin “haber sido
publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión
respectiva”
PRINCIPIO DE
PARTICIPACION POLITICA PARLAMENTARIA-Alcance
El
principio de la participación política parlamentaria, que constituye una
exigencia previa a la toma de decisiones, orientado a asegurar a todos y cada
uno de los miembros del parlamento su derecho a intervenir activamente en el
proceso de discusión y elaboración de las leyes, y de manera especial, a
garantizar el derecho de aquéllos que hacen parte de las minorías a expresar
sus opiniones en forma libre y voluntaria.
QUORUM-Elemento fundamental
del debate parlamentario/QUORUM-Alcance
QUORUM-Tipos/QUORUM
DELIBERATORIO-Concepto/QUORUM DECISORIO-Concepto
Es esencial para la aprobación de cualquier ley de la
República el cumplimiento del quórum y de las mayorías exigidas por la
Constitución Política. En virtud de lo anterior, la Constitución consagra dos
(2) tipos de quórum: (i) El quórum deliberatorio es el número mínimo de
miembros de la respectiva comisión o cámara que deben hallarse presentes en el
recinto para que la unidad legislativa de que se trata pueda entrar válidamente
a discutir sobre los temas objeto de su atención. Esta modalidad de quórum está
definida por el artículo 145 de la Constitución, así:  "El Congreso
pleno, las cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con
menos de una cuarta parte de sus miembros". La existencia del quórum
deliberatorio no permite per se que los presentes adopten decisión alguna. Por
tanto, no puede haber votación, aunque se tenga este tipo de quórum, si no ha
sido establecido con certidumbre el quórum decisorio. (ii) El quórum decisorio
lo establece el mismo artículo 145: "las decisiones sólo podrán tomarse
con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva
corporación, salvo que la Constitución determine un quórum
diferente".  El quórum  decisorio  es, pues,  la mitad
más uno de los miembros de la corporación, salvo el caso previsto en el numeral
17 del artículo 150 (concesión de amnistía o indulto generales por delitos
políticos), en el cual se exige la presencia de las dos terceras partes de sus
integrantes. De esta manera, únicamente se puede entrar a adoptar decisiones
cuando desde el principio ha sido establecido y certificado con claridad el
quórum decisorio.
QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO-Diferencias
La jurisprudencia ha resaltado las diferencias entre el
quórum decisorio y el deliberatorio: “La existencia del quórum deliberatorio mínimo no
permite per se que los parlamentarios asistentes adopten decisión alguna, por
lo tanto, el mismo artículo en comento establece que las decisiones sólo podrán
tomarse con la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo
que la Constitución determine un quórum diferente; es decir, se establece como
regla general un quórum decisorio que corresponde a la mitad más uno de los
integrantes habilitados de cada corporación o comisión, quienes deben estar
presentes durante todo el proceso de votación para manifestar su voluntad y
resolver válidamente sobre cualquier asunto sometido a su estudio. Significa lo
anterior que, únicamente se pueden entrar a adoptar decisiones cuando se ha
establecido y certificado con claridad el quórum decisorio, independientemente
de la modalidad de votación que se emplee”.
AUSENCIA DE QUORUM-Consecuencias
PRINCIPIO
DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Interpretación
de reglas constitucionales sobre formación de las leyes/PRINCIPIO
DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS PROCESALES Y LA POSIBILIDAD DE SANEAMIENTO DE
VICIOS EN LA FORMACION DE LAS LEYES-Jurisprudencia
constitucional
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRAMITE LEGISLATIVO-Pasos que deben seguirse
en relación con posibles infracciones
Para agotar el examen de posibles de infracciones en
el proceso de formación de las leyes y actos legislativos, la jurisprudencia ha señalado que al
estudiar su dimensión la Corte debe agotar los siguientes pasos: (i) Debe
indagar si el defecto es de suficiente entidad como para constituir un vicio
susceptible de afectar la validez de la ley o acto reformatorio de la
Constitución. (ii) En caso de que la irregularidad represente un vicio, debe la
Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado vicio durante
el trámite mismo de la ley o acto legislativo. (iii) Si el vicio no fue
convalidado, debe la Corte analizar si es posible devolver la ley o acto
legislativo al Congreso y al Presidente de la Cámara de Representantes para que subsanen el defecto observado. Si
no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si
es posible que ella misma subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado,
de conformidad con los lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio
de razonabilidad.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE ACTIVIDAD LEGISLATIVA-Cumplimiento
de garantías constitucionales/DEBATE PARLAMENTARIO-Cumplimiento de
garantías constitucionales
Lo que debe ser objeto de análisis de constitucionalidad dentro de
un Estado democrático de derecho, es la verificación del cumplimiento de todas
las garantías constitucionales involucradas en el debate parlamentario,
independientemente de qué grupo esté siendo perjudicado con su pretermisión, y
en ese sentido, dicha función está encaminada a permitir que tanto minorías
como mayorías tengan la posibilidad de conocer y estudiar los textos sometidos
a su consideración y por lo tanto de discutirlos previamente a su aprobación.
VICIO DE PROCEDIMIENTO EN TRAMITE
LEGISLATIVO-No toda
irregularidad lo constituye/VICIOS DE PROCEDIMIENTO EN TRAMITE LEGISLATIVO-Criterios
para establecer la diferencia
No toda irregularidad en el trámite legislativo
constituye un vicio de procedimiento y, en materia de actos legislativos, es
posible acudir a tres (3) criterios para establecer la diferencia: (i) La mayor
o menor entidad de la irregularidad. Hay irregularidades de carácter menor,
que, en estricto sentido, implican una infracción de la ley que gobierna el
procedimiento, pero que carecen de la entidad para constituir un vicio. (ii) Es
claro que en la concepción del constituyente hay determinadas irregularidades
que no dan lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto
reformatorio de la Constitución, puesto que son aquellas irregularidades que
impliquen violación de los requisitos establecidos en el Título XIII de la
Constitución, interpretado éste a la luz de las normas constitucionales conexas
así como de las normas orgánicas pertinentes, las que  constituyen vicios de
procedimiento en la formación del respectivo acto. (iii) Es posible que
habiéndose presentado una irregularidad, la misma se sanee durante el trámite
legislativo, y por consiguiente no da lugar a un vicio de procedimiento. (iv)
Finalmente se tiene que, establecida la existencia de un vicio de
procedimiento, debe determinarse si el mismo es subsanable o no. De acuerdo con
la Constitución existen vicios de procedimiento subsanables y vicios de
procedimiento insubsanables. Pero las meras irregularidades no plantean el
problema del saneamiento.
PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS
FORMAS-Concepto
VICIOS DE CARACTER SUSTANCIAL-Características
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS
DEL TRAMITE LEGISLATIVO-Puede dar lugar a diversas consecuencias jurídicas
El incumplimiento de normas del trámite
legislativo puede dar lugar a diversas consecuencias jurídicas: (i) Si, a pesar
de existir una irregularidad ésta no afecta los rasgos esenciales del principio
democrático, debe concluirse que no existe un vicio de inconstitucionalidad.
(ii) Si la irregularidad atenta contra principios superiores, se trata de un
auténtico vicio de procedimiento. (iii) El vicio es de carácter subsanable se
puede corregir sin que ello implique rehacer integralmente el trámite
legislativo. Y la subsanación puede darse (iii.1) mediante la devolución del
trámite a la autoridad competente para subsanarlo (artículo 241, parágrafo, CP)
o (iii.2) por la misma Corte Constitucional, cuando ello sea posible. (iv) El
vicio resulta insubsanable cuando no es posible realizar la corrección sin
desconocer los requisitos mínimos de formación del acto, o sin que ello
implique la reconstrucción integral de etapas estructurales del trámite.
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Naturaleza/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO-Alcance
La jurisprudencia constitucional más
reciente ha señalado que el requisito del anuncio de la discusión y votación “no puede considerarse una mera formalidad
por cuanto cumple con un propósito específico vinculado con la idea de afianzar
y profundizar el sistema democrático así como con la necesidad de racionalizar
la actividad del Congreso de la República mediante la adopción de un conjunto
de medidas y la introducción de un grupo de reglas procedimentales.
VICIO DE PROCEDIMIENTO DERIVADO DE
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION-Naturaleza subsanable, siempre y cuando
haya acaecido luego de completarse una de las etapas estructurales del proceso
legislativo. Esto es, el debate y aprobación del proyecto de ley tanto en
comisión como en plenaria de una de las cámaras
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Finalidades/EXIGENCIA DEL ANUNCIO PREVIO-Es de rango constitucional, para afianzar
el principio democrático, el respeto por las minorías parlamentarias, y la
publicidad y transparencia del proceso legislativo
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que el requisito del anuncio de los proyectos cumple esencialmente con
las siguientes finalidades: (i) En primer lugar, permitir que tanto los
parlamentarios como la comunidad política en general conozcan, con la debida
antelación, la fecha en la cual un proyecto se someterá a discusión y votación
en cada instancia legislativa. (…) (ii) En segundo lugar, la Corte ha
reconocido que este requisito contribuye al ejercicio del control político por
parte de la comunidad en general, pues “bajo el influjo de esta exigencia se
incrementan las posibilidades de realización de seguimiento ciudadano a los
proyectos de ley, lo cual produce un benéfico resultado de ampliación de los
márgenes de control popular a la actuación del Congreso”. (…) (iv) En tercer
lugar, el requisito del anuncio previo a la discusión y votación de los
proyectos de ley tiene una relación estrecha con la eficacia del principio
democrático. El
anuncio, “afianza y profundiza el principio democrático en el Congreso de la
República toda vez que asegura que la aprobación de la Ley recoge, de manera
efectiva, un acuerdo informado y reflexivo sobre los temas en ella
desarrollados”. De esta manera, la exigencia del anuncio previo es entonces de
rango constitucional, para afianzar el principio democrático, el respeto por
las minorías parlamentarias, y la publicidad y transparencia del proceso
legislativo.
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE
LEGISLATIVO-Presupuestos
básicos que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso y luego verificados por
el órgano de control constitucional
El requisito del anuncio previo lleva
implícitos unos presupuestos básicos, que deben ser tenidos en cuenta por el
Congreso y luego verificados por el órgano de control constitucional. Estos
presupuestos son: (i)  Que se anuncie la votación del proyecto en cada
uno de los debates reglamentarios; (ii) Que el anuncio lo
haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una sesión
diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del
proyecto; (iii) Que la fecha de la votación sea cierta,
determinada o, en su defecto, determinable. El cumplimiento del requisito de anuncio previo de la
discusión y votación depende, según los requisitos expuestos, que sea realizado
para una fecha determinada o, al menos determinable. En consecuencia, se ha
considerado que las cámaras legislativas deben señalar la fecha precisa de la
sesión en que se efectuará la discusión y votación del proyecto de ley o, en su
defecto, será posible acreditar el cumplimiento del citado requisito cuando del
contexto de la sesión en que se efectuó el anuncio es posible concluir, de
forma inequívoca, la fecha en la que se verificará el debate y aprobación de la
iniciativa correspondiente. (iv) Que el proyecto no sea
votado en sesión distinta a la anunciada previamente.
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN
TRAMITE LEGISLATIVO-Reglas
jurisprudenciales sobre cumplimiento
La jurisprudencia constitucional ha construido unas
reglas objetivas de valoración, dirigidas a permitir que tanto la
interpretación como el juzgamiento del requisito de anuncio, sea el resultado
de un proceso lógico y racional: (i) El anuncio no tiene que hacerse a través
de una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión lingüística, pues
la Constitución no prevé el uso de una locución específica para cumplir el
mandato constitucional. Si el propósito del anuncio es prevenir oportunamente a
los miembros de las cámaras y a la comunidad sobre los asuntos que tramita el
Congreso, lo que coadyuva a ese fin, es que la expresión utilizada permita
tener noticia clara sobre esos hechos. (ii) Es posible considerar cumplido el
requisito de anuncio, cuando del contexto de los debates surgen elementos de
juicio que permiten deducir que la intención de las mesas directivas ha sido la
de anunciar la votación de ciertos proyectos para una sesión posterior. (iii)
El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener
lugar la votación del proyecto de ley en trámite, con lo cual, sólo la
imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho
procedimiento, hacen de aquél un anuncio no determinado ni determinable, y, en
consecuencia, contrario al requisito previsto en el artículo 160 de la Carta.
Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determinable”, la
Corporación ha señalado que expresiones como: “para la siguiente sesión” o “en
la próxima sesión”, permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión
en la cual el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera
cumplido el requisito del aviso. (iv) Finalmente, cuando la consideración y
votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de forma tal que no se
realiza en la sesión inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas
deben continuar con la cadena de anuncios. Ello significa, que deben reiterar
el anuncio de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en
que efectivamente se lleve a cabo la aprobación del proyecto, pues sólo de esa
forma se garantiza el fin constitucional del aviso.
Referencia: expedientes D - 10863 y D -
10869 AC
Demanda de inconstitucionalidad contra la
Ley 1753 de 2015, por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá, D.C.,  veinticuatro
(24) febrero de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María
Victoria Calle Correa -quien la preside-, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro
Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado,
Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y
Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los
ciudadanos Víctor Javier Correa Vélez, Alberto Castilla Salazar, Alirio Uribe
Muñoz, Iván Cepeda Castro, Senén Niño Avendaño, Germán Navas Talero, Jorge
Enrique Robledo y Alexander López Maya presentaron demanda contra la totalidad
de la Ley 1753 de 2015 a la cual se le asignó la radicación D – 10863.
Posteriormente, los ciudadanos Carlos Germán Navas Talero, Angélica Lisbeth Lozano
Correa y Manuel Restrepo Medina también presentaron demanda contra la misma
ley, a la cual se le asignó el número 10869 y que se acumuló a la primera.
1.1.
NORMA
DEMANDADA
Dada la extensión de la Ley 1753 de 2015, la Sala se remite al Diario Oficial No. 49538 del nueve (9) de
junio de dos mil quince (2015) para efectos de su examen.
1.2.
DEMANDAS
1.2.1.
Demanda
presentada por los ciudadanos Víctor Javier Correa Vélez, Alberto Castilla
Salazar, Alirio Uribe Muñoz, Iván Cepeda Castro, Senén Niño Avendaño, Germán
Navas Talero, Jorge Enrique Robledo y Alexander López Maya contra la totalidad
de la Ley 1753 de 2015. Expediente D – 10863.
El diez (10) de junio de dos mil quince (2015), los
ciudadanos Víctor Javier Correa Vélez, Alberto Castilla Salazar, Alirio Uribe
Muñoz, Iván Cepeda Castro, Senén Niño Avendaño, Germán Navas Talero, Jorge
Enrique Robledo y Alexander López Maya, demandaron la constitucionalidad de la
Ley 1753 de 2015, al considerar que en su trámite se vulneraron los artículos 145,
151 y 161 de la Constitución Política, por los siguientes motivos:
1.2.1.1.
Manifiestan que el
cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015) durante la votación de los
impedimentos del Proyecto de Ley 175 de 2013 en la Plenaria de la Cámara de
Representantes, se evidenció la descomposición del quorum decisorio, por
lo cual, el Presidente de dicha Corporación ordenó la suspensión de la votación,
infringiendo el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992, según el cual “anunciado
por el Presidente la iniciación de la votación, no podrá interrumpirse, salvo
que el Congresista plantee una cuestión de orden sobre la forma como se está
votando”.
1.2.1.2.
Afirman que el propio
Presidente de la Cámara de Representantes reconoció que interrumpió la votación
porque de proseguir con la sesión habría tenido que certificar la ausencia del quorum
decisorio: “Señor Secretario si el reglamento lo permite vamos a
suspender la votación, vamos a pedirles a quienes se han declarado impedidos
que ingresen nuevamente al recinto y como quiera que hay quorum deliberatorio y
podría conformarse quorum decisorio con quienes a quienes (sic) se les está
considerando el impedimento suspendamos la votación señor secretario y
continuamos con el orden del día”.
1.2.1.3.
Señalan que lo
anterior demuestra la desintegración del quorum, de lo cual dejaron
constancia en la plenaria del miércoles seis (6) de mayo los representantes del
Departamento de Antioquia Víctor Correa Vélez y de Bogotá Germán Navas Talero. Resaltan
que esta situación implicaría el desconocimiento de las normas constitucionales
sobre el quorum contempladas en el artículo 145 de la Constitución,
según el cual: “El Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no podrán
abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las
decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los
integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine
un quórum diferente”.
1.2.1.4.
Manifiestan que
este vicio afectó la validez de los actos realizados posteriormente en el trascurso
de la sesión, dentro de los cuales se destaca el anuncio del Informe de Conciliación
del Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, con lo cual se vulneró el artículo
161 de la Constitución Política, que exige el cumplimiento de una serie de
trámites para la conciliación de un proyecto cuando existieren discrepancias
entre ambas Cámaras.
1.2.1.5.
Aducen que la Corte
Constitucional en la Sentencia C – 386 de 1996 señaló que la ausencia de reglas
internas durante el debate impide que la decisión final pueda calificarse de
democrática, pues la legitimidad del mecanismo depende del respeto y la
observancia de ciertos requisitos, tales como la publicidad o las garantías de
la inviolabilidad de los parlamentarios por sus votos u opiniones.
1.2.1.6.
Indican que la
omisión de los requisitos en materia de quorum se traduce en la
configuración de un vicio de forma en el trámite legislativo, tal como lo ha expresado
la Corte Constitucional en la Sentencia C – 730 de 2011:“Vicios de forma, en
cambio, son aquellas irregularidades en que se incurre en el trámite que
antecede a la promulgación de la ley y que ha sido establecido por el
constituyente. Ello es así por cuanto la forma es el modo de proceder de una
cosa, la manera como se hace. La forma es un concepto que en el ámbito jurídico
remite a los requisitos externos de expresión de los actos jurídicos, a las
cuestiones rituales que se contraponen a su fondo o materia. Por ello, los
vicios en la formación de la ley se circunscriben a la manera como fueron
debatidas, aprobadas y promulgadas las disposiciones legales. No se analiza, en
este caso, la regla de derecho contenida en la disposición acusada, pues el
examen que debe efectuar este Tribunal consiste sólo en verificar si se
cumplieron en debida forma todas las etapas del proceso legislativo”.
1.2.1.7.
Finalmente, agregan
que la omisión deliberada de los procedimientos reglados sobre el quorum
y las mayorías impide no solo la decisión informada de quienes habrían de
concurrir en el proceso deliberativo, sino también desconoce los principios
fundamentales de la Carta Política y el artículo 151 de la Constitución.
A esta demanda se le asignó el número de
radicación D – 10863.
1.2.2.  Demanda presentada por los ciudadanos
Carlos Germán Navas Talero, Angélica Lisbeth Lozano Correa y Manuel Restrepo
Medina contra la totalidad de la Ley 1753 de 2015. Expediente D – 10869.
El dieciséis (16) de junio de dos mil
quince (2015), en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los
ciudadanos Carlos Germán Navas Talero, Angélica Lisbeth Lozano Correa y Manuel
Restrepo Medina, presentaron demanda en contra de la Ley 1753 de 2015, pues afirman
que en su trámite se presentaron vicios de procedimiento insubsanables que
vulneraron los artículos 160, 149 y 151 de la Constitución:
1.2.2.1.
Señalan que el
artículo 160 de la Constitución dispone que “ningún proyecto de ley será
sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado”, aviso que deberá dar la Presidencia de cada Cámara o Comisión
en sesión distinta en la cual se realiza la votación.
1.2.2.2.
Afirman que el cinco
(5) de mayo de 2015, se dio aviso en la sesión de la Plenaria de la Cámara de
Representantes de que el día 6 de mayo se incluiría en el orden del día para su
votación el Informe de Conciliación correspondiente al Proyecto del Plan
Nacional de Desarrollo en un momento en el cual la Plenaria se encontraba
sesionando fuera de las condiciones constitucionales, pues se habían vulnerado los
artículos 130 y 132 de la Ley 5ª de 1992:
1.2.2.2.1. Señalan que en la sesión del cinco (5) de mayo de dos
mil quince (2015), el Presidente de la Cámara de Representantes ordenó
suspender la votación de los impedimentos presentados por los Representantes
Mauricio Salazar, Jorge Camilo Abril, Cristian José Moreno, Ángela María
Gaitán, Didier Burgos, Martha Villalba y Eloy Quintero en relación con el Proyecto
de Ley 175 de 2013 Cámara, lo cual vulnera el artículo 132 de la Ley 5 de 1992
según el cual: “Anunciado por el Presidente la iniciación de
la votación, no podrá interrumpirse, salvo que el Congresista plantee una
cuestión de orden sobre la forma como se está votando”.
1.2.2.2.2. Expresan que luego de la interrupción, el Presidente de
la Cámara de Representantes siguió sesionando con el quorum deliberatorio
a la espera de conformar el quorum decisorio, evadiendo las reglas del quorum
y dispuso pasar al siguiente punto del orden del día que era el retiro del
Proyecto de Ley 066 de 2013. Sin embargo, al no poder conformar nuevamente el quorum
decisorio volvió a suspender la decisión, desconociendo en segunda ocasión el
artículo 132 de la Ley 5ª de 1992, lo cual vulneraría a su vez el artículo 151
de la Constitución.
1.2.2.2.3. Afirman que al haberse cumplido treinta (30) minutos
sin cerrarse la votación, en vez de levantar la sesión, el Presidente de la
Cámara de Representantes solicitó al Secretario informar el quorum que
presentaba la plenaria, a lo cual éste informó que existía quorum
deliberatorio y continuó sesionando con éste, vulnerando el artículo 130 de
la Ley 5ª de 1992, pues había transcurrido más de 30 minutos desde el inicio de
la votación: “cuando se utilicen medios electrónicos en las votaciones, será
el presidente de la Corporación o Comisión quien determine los tiempos entre la
iniciación de la votación y el anuncio de su resultado sin exceder los treinta
(30) minutos por votación”.
1.2.2.2.4. Aducen, que si en el trámite de una sesión,
encontrándose abierta una votación se cumplen los 30 minutos de la misma sin
que logre completarse y en lugar de su levantamiento se recurre a maniobras
encaminadas a lograr que, se pueda completar el quorum decisorio para
poder cerrar la votación y continuar con la evacuación de los restantes puntos
del orden del día, según el artículo 149 de la Constitución, nada de lo que se
vote posteriormente tiene validez: “Toda reunión de miembros del Congreso
que, con el propósito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del
poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, carecerá
de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes
participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes”.
1.2.2.2.5. Manifiestan que de manera sucesiva y sin que se
hubiera vuelto a conformar el quorum decisorio, a las 7 horas y 18
minutos de haberse abierto el registro de asistencia se hizo el Anuncio del Informe
de Conciliación del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, cuando en
al menos dos (2) oportunidades durante esa sesión, la misma tuvo que haber sido
levantada por falta de quorum decisorio vulnerándose las reglas
establecidas en la Ley 5ª de 1992.
1.2.2.2.6. Resaltan que la ilegalidad en la continuación de la
sesión desde el momento en que se tendría que haber levantado, hace que la
misma se hubiera efectuado fuera de las condiciones constitucionales, por lo
que lo actuado por la Plenaria de la Cámara de Representantes carece de validez
y los actos realizados, incluyendo el Anuncio Previo del Informe de Conciliación
de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, no pueden tener efecto alguno.
1.2.2.2.7. Exponen que si el anuncio previo en la Plenaria de la
Cámara de Representantes del informe de conciliación del Proyecto de Ley del
Plan Nacional de Desarrollo carece de efecto, se vulnera también el artículo
160 de la Constitución, pues se omitiría el requisito previsto por esa norma
constitucional para que el informe de conciliación pudiera ser debatido y votado
por dicha plenaria y por consiguiente la Corte Constitucional debería declarar
inexequible la norma demandada.
A esta demanda se le asignó el número de
radicación D – 10869.
1.2.3.  La Sala Plena de la Corte Constitucional en sesión
llevada a cabo el día veinticuatro (24) de junio del presente año resolvió
acumular el expediente D – 10869 al proceso D – 10863 para que sean decididos
en la misma sentencia.
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1.  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
La Presidencia de la República por
intermedio de apoderado, solicita que se declare la exequibilidad de las
normas acusadas, con fundamento en las siguientes razones:
1.3.1.1.
Sobre la demanda
con número de radicación D - 10869, señala que adolece de ineptitud
sustancial por carecer del requisito de certeza exigido para la admisibilidad
de este tipo de acciones, pues la norma acusada simplemente no existe. La regla
que alegan los demandantes, según la cual se tiene que levantar la sesión
cuando se ha descompletado el quórum decisorio no está escrita, tan es
así, que los actores no pudieron citarla en el libelo de la demanda, sin poder
extraerla de la Constitución, la Ley 5ª de 1992 o su norma modificatoria.
1.3.1.2.
Sostiene que la
primera disposición que sirve de sustento en la demanda es el artículo 130 de
la Ley 5ª de 1992, que fija un límite de tiempo para la votación electrónica,
lo cual nada tiene que ver con el levantamiento de las sesiones en el Congreso.
1.3.1.3.
Aduce que el
artículo 132 de la Ley 5ª, citado como norma de soporte, nada prescribe acerca
de la suspensión de las sesiones, pues se limita a indicar que la votación
anunciada no podrá interrumpirse, pero se refiere a la votación, no a la
sesión, y el cargo aquí estudiado está basado en el levantamiento de la sesión,
no de la votación.
1.3.1.4.
Afirma que mientras
el quórum decisorio es un componente de la validez de la votación de un
proyecto en concreto, el deliberatorio lo es de la reunión de la célula
legislativa. Así, una comisión o la plenaria puede sesionar válidamente, no
obstante que no puedan someter a votación ningún proyecto. El rompimiento del quórum
decisorio afecta la votación, no la sesión y, por tanto, que no sea posible
votar un proyecto no significa que el debate sobre éste o cualquier otro
proyecto no pueda continuar.
1.3.1.5.
Por lo anterior,
suponer la existencia de una norma que obligue a levantar la sesión cuando se
ha roto el quórum decisorio es confundir los dos (2) conceptos e implica asumir
que, como no se puede votar, tampoco se puede deliberar.
1.3.1.6.
Citando la Sentencia
C – 168 de 2012, que se refiere a la dinámica propia del debate parlamentario,
indica que nada justifica que los demandantes impugnen el procedimiento
legislativo que se cumplió en la sesión del 5 de mayo. La opción de solicitar
la verificación del quórum era el mecanismo adecuado para impedir que la
plenaria de la Cámara siguiera sesionando de manera incompleta.
1.3.1.7.
Sobre el expediente
D – 10863, indica que el argumento de esta impugnación incurre en el
mismo error  de fundamentación que la demanda D – 10869, ya que los actores no
pudieron transcribir o citar, siquiera, la norma objeto de su alegato. Los
actores pretenden establecer una conexión probatoria entre el quórum
decisorio y el deliberatorio, intentando derivar la inexistencia del
segundo de la inexistencia del primero. Es simplemente imposible determinar que
la ausencia de la mitad más uno de los Representantes a la Cámara es prueba de que
faltaba la cuarta parte. Esta no es una inferencia lógica sino fáctica, es
decir, hay que probarla.
1.3.1.8.
En el mismo sentido
manifiesta que como no hay una sola prueba en la demanda que demuestre que la
sesión del 5 de mayo se desintegró por falta de quórum deliberatorio,
entonces, no hay ningún sustento jurídico para sostener que el Presidente de la
Cámara de Representantes debió levantar la sesión ese día. El único que tiene
la facultad legal para verificar el quórum de las sesiones es el Secretario,
así que mientras éste no certifique otra cosa, su verificación es el único
sustento jurídico para verificar la existencia del quórum deliberatorio y
decisorio.
1.3.2. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público por
intermedio de la apoderada de esa Cartera, interviene en defensa de la
constitucionalidad de la norma acusada y solicita a la Honorable Corte
Constitucional se declare inhibida para pronunciarse o,
subsidiariamente, se declare la exequibilidad de la Ley 1753 de 2015.
1.3.2.1.
Manifiesta que de
la lectura detallada del texto de la demanda se advierte que los accionantes no
señalaron qué artículo o norma constitucional indica que la sesión debe
levantarse cuando se ha desintegrado el quórum decisorio. Lo que se
concluye es que la norma constitucional que se alega como incumplida no existe
ni en la Carta, ni en la Ley 5ª, ni en otra disposición.
1.3.2.2.
Señala que la regla
que se invoca como incumplida no existe, pero ha sido construida por la
jurisprudencia de la Corte con efectos diferentes a los planteados en la
demanda. En la sentencia C – 816 de 2004 la Corte reconoció el vacío normativo
que aquí se alega y consideró que el efecto de esa situación debe ser el
hundimiento del proyecto que se esté debatiendo, lo cual de ninguna manera
invalida la sesión o los proyectos de ley que se debatan con posterioridad. De
conformidad con la regla definida por este Alto Tribunal para suplir ese vacío
normativo, la desintegración del quórum decisorio tiene como efecto la
imposibilidad de continuar con el trámite del proyecto, pero no tiene ningún
efecto sobre la continuación de la sesión.
1.3.2.3.
Expresa que de considerar
que se incurrió en un vicio de constitucionalidad, éste no afectaría el anuncio
del Informe de Conciliación del Plan Nacional de Desarrollo, pues en aplicación
del principio de instrumentalidad de las formas, el artículo 149 de la
Constitución debe ser leído en un sentido diferente al planteado por los
accionantes. En este sentido, no todas las irregularidades que se presentan
dentro del trámite configuran un vicio de constitucionalidad.
1.3.2.4.
Argumenta que para
verificar si una irregularidad tiene la entidad para viciar el trámite de un
proyecto de ley, debe establecerse si se sacrificó un principio constitucional
o si se afectó la voluntad democráticaAsí pues, la manifestación de la voluntad
legislativa de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo se construye con
independencia de otros proyectos de ley, pues se trata de un proyecto autónomo.
1.3.3. MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA
La ciudadana María del Rosario Guerra de la Espriella
en su calidad de Senadora por el partido Centro Democrático, presentó
intervención ciudadana ante esta Corporación solicitando que se declare la inexequibilidad
de la norma demandada y, subsidiariamente, se declare la inexequibilidad
de los artículos 42, 43, 44, 46 y 47, así como parcialmente inexequible
el artículo 267 de tal disposición normativa. Fundamenta su solicitud en los
siguientes argumentos:
1.3.3.1.
Afirma que los
artículos 42, 43, 44, 46 y 47 de la Ley 1753 de 2015 no tienen ninguna relación
de tipo temático, sistemático o teleológico con los objetivos y metas del PND
2014 – 2018 por lo cual se violan los artículos 158 y 169 de la Constitución.
El principio de la unidad de materia en el caso del Plan Nacional de Desarrollo
es bien riguroso, puesto que el plan no puede ser utilizado sino para sus
propósitos constitucionales específicos y no para llenar los vacíos e
inconsistencias que presenten leyes anteriores.
1.3.3.2.
Plantea que en el
caso particular la norma bajo reproche constitucional en los artículos
precitados, modifica y altera la política, regulación, vigilancia y control del
sector de tecnologías de la información y las comunicaciones en Colombia y,
además, no tiene una relación directa con los objetivos, metas y bases del PND.
A partir de contrastar tales artículos con los planteamientos del Plan Nacional
de Desarrollo, se confirma que el principio de unidad de materia y conexión
directa no se cumple para ninguno de ellos.
1.3.3.3.
Expone que el
artículo 42 de la norma demandada plantea una modificación estructural al
artículo 12 de la Ley 1341 de 2009, por la cual se organizan las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, en lo que tiene que ver con el plazo y la
renovación de los permisos para el uso del espectro radioelectrónico. Por su
parte, el artículo 43 del PND asigna funciones en materia de antenas a la
Agencia Nacional del Espectro, las cuales están reguladas por la Ley 1341. El
artículo 44 del PND se refiere a la dosimetría sancionatoria del régimen
integral de infracciones y sanciones del sector de tecnologías de la
información y las comunicaciones, tema que regula el artículo 65 de la Ley
1341, donde el tope de multas sin importar el régimen de proveedores de redes y
servicios de comunicaciones era de 2.000 SMLMV, mientras que la ley del Plan
crea un régimen especial para personas jurídicas que permite la imposición de
multas hasta por 15.000 SMLMV. Además, el artículo 46 de la Ley 1753 de 2015
busca sin definición  de prioridades ni focalización alguna ampliar el ámbito
de destinación de los recursos que nutren el Fondo de las TICs, el cual se
encuentra regulado en el artículo 34 de la Ley 1341 de 2009. De otro lado, el
artículo 47 de la norma demandada adiciona las funciones de la Comisión de
Regulación y Comunicaciones, estipuladas en el artículo 22 de la Ley 1341.
1.3.3.4.
Aduce que los
artículos relacionados tratan más bien de normas jurídicas de carácter ordinario
que le correspondería regular al legislador ordinario y no tienen relación con
la necesaria planificación de desarrollo a mediano y largo plazo que le
corresponde regular al PND.
1.3.3.5.
De la misma manera,
menciona que si bien se ha precisado que las estrategias para realizar las
metas y prioridades de la acción estatal definidas en la parte general del Plan
no son únicamente de carácter presupuestal, sino que también pueden consistir
en normas jurídicas, cuyo alcance permita realizar los propósitos allí
establecidos; no se previó como estrategia la modificación de la Ley 1341 de
2009 sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
1.3.4.  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
El apoderado del Departamento
Nacional de Planeación Gian Carlo Suescún Sanabria, intervino en el proceso de
la referencia en procura de justificar la constitucionalidad de la Ley
1753 de 2015, sustentando sus pretensiones en las siguientes razones:
1.3.4.1.
En primer lugar alude
a que los demandantes fundamentan la solicitud de inexequibilidad basados en
ficciones jurídicas y no en disposiciones existentes que permitan efectuar una
real confrontación normativa entre la disposición puesta en entre dicho y la
norma Superior. Se puede concluir entonces que las demandas no cumplen con los
mínimos exigidos, en cuanto a los requisitos de suficiencia y certeza, que
permitan efectuar un juicio de constitucionalidad.
1.3.4.2.
Afirma que los
accionantes fundamentan su demanda sobre pruebas que no son conducentes ni
pertinentes al debate, como lo son, las dos (2) intervenciones en una sesión
posterior a la del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), en claro
desconocimiento de las actas y el registro de asistencia que por disposición
legal lleva el secretario de la respectiva corporación y que se constituyen en
la prueba idónea y conducente para la acreditación del quórum mínimo requerido
para abrir y deliberar en la sesión.
1.3.4.3.
Manifiesta que el
requisito de orden constitucional exigido para abrir las sesiones y deliberar
sobre los asuntos sometidos a consideración de una comisión o corporación, está
sujeta única y exclusivamente a la existencia del quórum deliberatorio.
De manera que no existe norma de orden constitucional que impida darle
continuidad a una sesión ante la ausencia o desintegración del quórum
decisorio, siempre y cuando permanezca presente al menos el número mínimo
de integrantes de la célula legislativa que permita conformar el quórum
deliberatorio, máxime cuando existen temas o asuntos incluidos en el orden del
día que requieren ser objeto de deliberación o incluso simplemente de información
y que, no requieren un quórum decisorio para tal fin. Es más, permitir la
continuidad de la sesión en dichos casos es un deber de la presidencia de la
respectiva corporación o comisión, tal como lo señala el artículo 95 de la Ley
5ª de 1992.
1.3.4.4.
Cita el
interviniente los distintos momentos de la sesión del día cinco (5) de mayo de dos
mil quince (2015), en los cuales se evidencia el registro de asistencia y la
demostración de la existencia del quórum constitucionalmente requerido para mantener
abierta la sesión, contrario a las afirmaciones de los demandantes.
1.3.4.5.
Aduce que los
honorables Representantes Angélica Lisbeth Lozano Correa, Carlos Germán Navas
Talero y Víctor Javier Correa Vélez no presentaron moción de orden ni
intervención alguna durante el desarrollo de la misma. Soportan su demanda con
apreciaciones de carácter subjetivo, las cuales se desvirtúan con las pruebas
idóneas: el Acta No. 60 de 2015 de la H. Cámara de Representantes, los audios y
las grabaciones de la sesión del cinco (5) de mayo, que reposan en el
expediente y que dan cuenta de la existencia del quórum mínimo requerido
para sesionar.
1.3.4.6.
Sostiene que
incluso en eventos donde la votación se ha prolongado por más del tiempo
establecido para tal fin y se ha interrumpido, la Corte Constitucional ha
señalado en sentencias como la C – 240 de 2012, que este defecto carece de
entidad para afectar la validez de una norma demandada.
1.3.4.7.
Indica que es deber
de la presidencia de la respectiva corporación, abrir la sesión y permitir su
continuidad cuando se conforme y mantenga el quórum deliberatorio. Agrega
que se encuentra ampliamente demostrado que durante todo el trámite de la
sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes del día cinco (5) de mayo
de 2015, se contó con el quórum constitucionalmente requerido para
deliberar y anunciar.
1.3.4.8.
Finalmente afirma
que el anuncio de la conciliación del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018,
se encuentra revestido de toda validez y eficacia, por cuanto el mismo se
realizó en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y en una sesión
valida.
1.3.5. UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
La Universidad Santo Tomas
por intermedio de Carlos Rodríguez Mejía, profesor de la Facultad de Derecho y Director
del Consultorio Internacional de dicha institución, solicita que se declare la inconstitucionalidad
de la Ley 1753 de 2015, basándose en las siguientes razones:
1.3.5.1.
Afirma que el
mandato del artículo 132 de la Ley 5ª de 1992, es una expresión de la voluntad
democrática y soberana de la Cámara de Representantes, en la medida en que para
iniciar una votación debe estar el quórum requerido por la Constitución
para iniciar el trámite y en caso de que se desintegre la votación no puede
realizarse de forma fraccionada, porque constituiría una burla al principio
democrático.
1.3.5.2.
En relación con los
vicios del procedimiento legislativo, cita la sentencia C – 240 de 2012, en la
cual esta Corporación estimó que “para determinar la trascendencia de un
vicio en el procedimiento legislativo se debe contextualizar la situación en la
cual se presentó, pues no toda irregularidad conlleva la afectación de aspectos
sustanciales, luego no da lugar a la invalidez de una norma, tal como se
explicó en la sentencia C- 473 de 2004 (…) Por ello, para determinar si un
vicio de procedimiento relativo al debate parlamentario genera la
inconstitucionalidad del proyecto de ley o se trata de una irregularidad
irrelevante que no afecta valores sustantivos, es preciso acudir al principio
de instrumentalidad de las formas”. En el presente caso el vicio de forma
no está llamado a ser subsanable, toda vez que mediante éste se marginó a las
minorías, tal como lo expresaron los representantes Víctor Javier Correa
Velásquez y Carlos Germán Navas Talero.
1.3.5.3.
En el mismo
sentido, sostiene que los artículos 157 y 161 de la Constitución Política
establecen como requisito indispensable para que los proyectos de ley hagan
tránsito a una norma aprobada, que se asegure la publicidad de los mismos, en
tanto solo el conocimiento previo asegura el debate democrático por parte del
Congreso. En el caso que nos ocupa, la norma exigía que el texto conciliado se
publicara al menos con un día de anticipación, cosa que no ocurrió, pues tanto su
publicación como su aprobación se dio el mismo día, como bien se desprende de
la Gaceta del Congreso número 564 del 5 de agosto de 2015.
1.3.5.4.
En conclusión,
estima que se desconoció la voluntad del Congreso, por cuanto una parte de la
votación se realizó sin el quórum exigido por la Constitución y la misma se
suspendió en una maniobra claramente dirigida a recomponer el quórum requerido y
asegurar la aprobación de la ley, todo lo cual fue denunciado por
representantes de la oposición política.
1.3.6. PRÁVNE CONSULTING GROUP S.A.S.
Armando Gutiérrez Castro y Catherine
Gutiérrez Castiblanco actuando en calidad de representantes legales de la Firma
Právne Consulting Group S.A.S., intervinieron en el proceso sub examine
para expresar las razones jurídicas por las cuales en caso de que la Ley 1753
de 2015 sea declarada inexequible, debe declararse la reviviscencia de
la Ley 97 de 1913.
1.3.6.1.
Solicitan los
intervinientes que en caso de que la Ley 1753 de 2015 sea declarada
inexequible, y en consecuencia el artículo 191 referente al tema del alumbrado
público, se declare la reviviscencia de la Ley 97 de 1913 “que da
autorizaciones especiales a ciertos Consejos Municipales” y la Ley 84 de
1915 “por la cual se reforman y adicionan las Leyes 4 y 97 de 1913”, debido
al perjuicio que causaría dejar sin fuente de ingresos al sistema de alumbrado
público, para el cual no hay ingresos sustitutos a nivel de finanzas públicas
territoriales.
1.3.6.2.
Afirman que el
Vigente Impuesto de alumbrado público, creado mediante las Leyes 97 de 1913 y
84 de 1915, es la única base económica para la prestación efectiva del servicio
de alumbrado público. El tributo que se paga en materia de alumbrado se rige
por el derecho tributario por tratarse de una contribución de orden fiscal.
1.3.6.3.
Señalan que esta
Corporación mediante sentencia C – 504 de 2002 estimó que si bien es cierto que
la Ley 97 de 1913 no fijó los elementos de la obligación tributaria, es viable
constitucionalmente que tales elementos sean  fijados por los concejos
municipales o distritales.
1.3.6.4.
Indican que el
Consejo de Estado mediante sentencia del 9 de julio de 2009[1] estimó que es claro que el artículo 338 de
la Constitución Política señala la competencia que tienen los entes
territoriales para que, a través de sus órganos de representación popular,
determinen los presupuestos objetivos de los gravámenes de acuerdo con la ley
sin que tal facultad sea exclusiva del Congreso, pues de lo contrario se haría
nugatoria la autorización que expresamente la Carta les ha conferido a los
departamentos y municipios en tales aspectos.
1.3.6.5.
Manifiestan
refiriéndose a la constitucionalidad de declarar la reviviscencia de una norma
derogada por otra declarada inconstitucional, teniendo en cuenta la relevancia
de la prestación efectiva del servicio de alumbrado para los municipios
colombianos, una eventual derogatoria del artículo 191 de la Ley 1753 de 2015,
el cual a su vez sustituyó el impuesto de alumbrado público, implicaría graves
perjuicios a nivel local generando posiblemente la paralización del servicio.
Por este motivo, el sustento legal para el cobro de este tributo debe mantener
su vigencia en caso de declarar la inconstitucionalidad del citado artículo en
la norma acusada.
1.3.6.6.
En el mismo
sentido, sostienen que la Corte Constitucional en sentencia C - 402 de 2010 se
pronunció sobre la reincorporación de una ley por la inexequibilidad de la
norma que la deroga, en relación con el principio de legalidad de los tributos.
En este orden de ideas, la reincorporación de la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915
atiende al primer criterio descrito por la jurisprudencia de esta Corporación:
“(i) la necesidad de establecer el peso específico que les asiste a los
principios de justicia y seguridad jurídica en el caso concreto”, toda vez
que, el impuesto fijado en las citadas leyes constituye la única fuente de
financiación del sistema de alumbrado público, dirigida a cubrir los costos de
todos los componentes descritos por el artículo 2 del Decreto 2424 de 2006:
suministro de energía al sistema de alumbrado público, administración,
operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema.
2.     CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador General de la Nación solicita
que se declare la exequibilidad de la norma demandada por los siguientes
motivos:
2.1.
Afirma que si bien se
presentó la suspensión de dos procesos de votación por falta de quórum que
alegan los accionantes, tal suspensión no invalida las actuaciones surtidas con
posterioridad a la misma, pues se trataba de la falta de quórum decisorio, pero
siempre se demostró que en todo momento hubo quórum deliberatorio. En
ese sentido, debe destacarse que en ninguna norma de la Constitución Política
ni de la Ley 5ª de 1992 se establece como requisito esencial de validez que los
anuncios de votación en sesión posterior de los proyectos de ley y de los
informes de conciliación requieran de quórum decisorio para que éstos
tengan validez constitucional. Por el contrario, lo único que se exige como
requisito de validez del anuncio es que se cuente, para el momento de su
realización, con el quórum deliberatorio, por tratarse de un anunció de
votación, pero no de la votación misma.
2.2.
Sostiene que, en el
caso analizado, cuando mucho podría llegarse a cuestionar la constitucionalidad
del trámite de proyectos de ley cuyos procesos de votación fueron suspendidos a
partir de que está prohibido  interrumpir un proceso de votación una vez
anunciado el mismo por el presidente de la respectiva corporación o  célula
legislativa, salvo que algún congresista plantee una moción de orden
relacionada con la votación pertinente. Pero lo que nunca siquiera se puede
colegir es que de una orden de suspensión de un proceso de votación
automáticamente se produzca la invalidez de todo lo que se actúe en la sesión
correspondiente con posterioridad a dicha suspensión. Por el contrario, en
estos casos la invalidez indicada sólo resulta procedente en el momento que no
haya quórum deliberatorio para darle trámite a los asuntos que no
requieren quórum decisorio, tales como el anuncio de la votación de un
proyecto de ley o de informe de conciliación.
2.3.
Ahora bien, sin
perjuicio de lo anterior, debe aclararse en el presente caso que el último quórum
verificado antes de hacerse el anuncio de la votación del informe de
conciliación del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018,
fue de rango decisorio.
2.4.
Indica que frente a
estas circunstancias de duda en materia del quórum existente para
determinados momentos de los debates parlamentarios, es a los congresistas a
quienes precisamente les corresponde asumir la carga de solicitar la
verificación del quórum que se requiera en cada momento del trámite
legislativo, ante lo cual el Presidente de la Cámara legislativa, o de
cualquiera de sus células legislativas, obligatoriamente debe darle curso
inmediato y, de comprobarse la falta de quórum requerido debe levantarse
la sesión, so pena que todo lo que se realice a partir de tal comprobación
carezca de validez constitucional. En este caso ningún parlamentario solicitó
la verificación del referido quórum, con la excepción del Representante
Jack Housni Jaller quien lo solicitó justo antes de hacerse el anuncio para la
votación en la siguiente sesión del informe de conciliación del plan, cuyo
conteo de Congresistas arrojó quórum decisorio.
3.     CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA
Conforme al numeral 4º del artículo 241 de
la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de la
constitucionalidad de la Ley demandada.
3.2.
CUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE CADUCIDAD
De conformidad con el numeral
3º del artículo 242 de la Constitución Política, las acciones de
inconstitucionalidad por vicios de forma caducan en el término de un (1) año,
contado desde la publicación del respectivo acto.
En el caso objeto de examen, la
Ley 1765 de 2010 fue publicada en el Diario Oficial Diario Oficial No. 49538 del nueve (9) de junio de dos
mil quince (2015) y
las demandas de inconstitucionalidad fueron presentadas el diez (10) y el dieciséis
(16) de junio del mismo año, es decir, dentro del término anteriormente
señalado.
3.3.
PROBLEMA
JURÍDICO
La primera demanda señala que durante la Sesión Plenaria de la
Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), en la
cual se anunció el Informe de Conciliación Proyecto de Ley 200/2015 Cámara
138/2015 Senado (por el cual se expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018), se
suspendió la votación de dos (2) proyectos de ley por falta de quórum,
lo cual desconoció el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992 y con ello vulneró los artículos
145, 151 y 161  de la Constitución.
La segunda acción reitera que en la Sesión Plenaria de
la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo se suspendió la votación en
dos (2) ocasiones y agrega que en ambos eventos habían transcurrido más de treinta
(30) minutos sin que se hubiera terminado  la votación, lo que desconocería lo
señalado en los artículos 160, 149 y 151 de la Constitución.
De esta manera, al no existir ningún
cuestionamiento sobre el trámite del proyecto en el Senado de la República ni
en una sesión distinta a la Plenaria de la Cámara de Representantes llevada a
cabo el cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), el debate se centrará en
determinar si la suspensión de las votaciones de los impedimentos respecto del
proyecto Ley No. 175 de 2013 y del retiro del Proyecto de Ley No. 066 de 2013
Cámara llevadas a cabo en esa fecha, desatendió lo señalado en los artículos
145, 151, 161, 160 y 149 de la Constitución.
Para resolver estos problemas jurídicos es
necesario analizar los siguientes temas: (i) el debate parlamentario y
el quórum en el Estado Social de Derecho, (ii) los vicios de forma en el debate parlamentario y el
principio de instrumentalidad de las formas, (iii) el
desarrollo de la sesión de la Plenaria de la Cámara de Representantes  del
cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015) y finalmente (iv) se estudiarán
los cargos señalados por los demandantes.
3.4.
EL DEBATE
PARLAMENTARIO Y EL QUORUM EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO
3.4.1.  Importancia y alcance del debate
parlamentario
3.4.1.1.      Concepto y alcance
El debate comporta una garantía esencial
del principio de participación política parlamentaria, instituido como un
prerrequisito para la toma de decisiones, cuyo objetivo es asegurar a todos los
miembros del Congreso, en especial a los que integran los grupos minoritarios,
su derecho a intervenir activamente en el proceso de expedición de la ley o
actos legislativos y a expresar sus opiniones libremente[2]. Desde este punto de vista, el derecho a
debatir se entiende satisfecho cuando los órganos directivos de las células
legislativas, en acatamiento a las normas que regulan el  proceso legislativo,
mantienen abiertos los espacios de participación con plenas garantías
democráticas, es decir, cuando brindan a los congresistas la oportunidad de
intervenir en las deliberaciones de los proyectos de ley o de actos legislativos
sometidos a la consideración del legislador[3].
Este concepto se materializa en la garantía reconocida
a los miembros del parlamento de la posibilidad de discernir, de hacer pública
su opinión, de manifestar sus ideas o de expresar su desacuerdo con lo
debatido. Sólo cuando esto no es posible, es decir, cuando no se brindan las
condiciones para que el debate tenga lugar, la decisión que se adopte en el
seno de las Cámaras no tiene validez[4]. Lo que se pretende garantizar en el
debate parlamentario es la discusión libre de ideas, conceptos y  criterios,
antes de procederse a la votación del respectivo proyecto de ley[5].
Es por ello que la
Corte ha declarado inconstitucionales disposiciones legales cuando su
aprobación se ha dado sin que se cumplan estas condiciones. Así, por ejemplo,
ha declarado inexequibles leyes porque fueron aprobadas desconociendo las
reglas sobre quórum[6]. También han sido
declaradas inconstitucionales leyes que han sido debatidas y votadas por la
respectiva célula legislativa sin que ésta conociera previamente la ponencia,[7] pues éste es el
presupuesto mínimo para deliberar y decidir[8].
3.4.1.2.      Importancia constitucional del debate
parlamentario
En un Estado democrático, el debate
parlamentario tiene relevancia constitucional, pues le da legitimidad a la
organización estatal. A través del debate se hace efectivo el principio
democrático en el proceso de formación de las leyes, pues “hace posible la
intervención de las mayorías y de las minorías políticas, y resulta ser un
escenario preciso para la discusión, la controversia y la confrontación de las
diferentes corrientes de pensamiento que encuentra espacio en el Congreso de la
República”[9]. En este sentido, la jurisprudencia ha
expresado:
“Tratándose de la adopción de decisiones
que habrán de afectar a toda la población, en el caso de las leyes y con mayor
razón en el de las reformas constitucionales, que comprometen nada menos que la
estructura básica del orden jurídico en su integridad, el debate exige
deliberación, previa a la votación e indispensable para llegar a ella, lo que
justamente se halla implícito en la distinción entre los quórum, deliberatorio
y decisorio, plasmada en el artículo 145 de la Carta”[10].
En los referidos términos, tanto para la
Carta Política, como para la ley y la jurisprudencia, el debate comporta una
garantía esencial del principio de participación política parlamentaria,
instituido como un prerrequisito para la toma de decisiones, cuya finalidad es
asegurar a todos los miembros del Congreso, en particular a los que integran
los grupos minoritarios, su derecho a intervenir activamente en el proceso de
expedición de la ley o actos legislativos y a expresar sus opiniones libremente[11].
De esta manera, los requisitos
constitucionales y legales que regulan el proceso de formación de las leyes no
tienen como finalidad obstruir o dificultar tal proceso, sino que deben
interpretarse al servicio del fin sustantivo que cumplen, dado que éstas no
tienen un valor en sí mismo[12].
3.4.2.  Elementos
La jurisprudencia ha reconocido que existen
esencialmente seis (6) elementos constitucionales que deben reunir los debates,
los cuales están contemplados en los artículos 145, 146, 157 y 160 de la Constitución
Política[13]:
(i)      El número mínimo de congresistas que deben
estar presentes para iniciar la deliberación de cualquier asunto, así como para
adoptar decisiones (Artículo 145, CP).
(ii)   La mayoría necesaria para adoptar
decisiones en la respectiva corporación que, salvo que la Constitución exija
una mayoría especial, debe ser la mayoría de los votos de los asistentes
(Artículo 146, CP).
(iii) El carácter imperativo de los debates en las
comisiones y en las plenarias, sin los cuales ningún proyecto puede llegar a
ser ley (Artículo 157, CP).
(iv) La necesaria publicidad de lo que va a ser sometido a
debate como presupuesto mínimo para garantizar la participación efectiva de los
congresistas (Artículo 157, CP).
(v)   El período mínimo que debe mediar entre
debates como garantía de que la decisión del Congreso sobre el proyecto de ley
es producto de una reflexión ponderada (Artículo 160, CP).
(vi) La votación de lo discutido como finalización del
debate (Artículo 157, CP).
Por su parte, la Ley 5ª de 1992 señala las
condiciones legales que deben cumplir los debates parlamentarios dentro de las
cuales se destacan las siguientes[14]:
(i)      La definición legal de debate (artículo 94,
inciso 1, Ley 5ª de 1992).
(ii)   El momento de iniciación y de terminación
del debate (artículos 94, inciso 2, 157 y 176,  Ley 5ª de 1992).
(iii) El quórum deliberatorio y decisorio requerido (artículos
95, y 117 a 119, Ley 5ª de 1992).
(iv) Las reglas generales que rigen la intervención de los
congresistas en el debate de proyectos de ley y de actos legislativos
(artículos 96 a 105, Ley 5ª de 1992).
(v)   Las condiciones para el aplazamiento del
debate (artículo 107, Ley 5ª de 1992).
(vi) La suficiente ilustración como condición para el
cierre del debate (artículos 108 y 164, Ley 5ª de 1992); entre otros.
3.4.3.  Principios básicos que orientan el proceso
legislativo[15]
Conforme al principio democrático, la
propia Carta Política y el Reglamento del Congreso son los ordenamientos
llamados a regular el proceso de formación de las leyes, el cual está inspirado
en varios postulados básicos[16]:
(i)      El principio de las mayorías, que parte de
suponer que las decisiones del parlamento tienen que reflejar la voluntad del
sector mayoritario presente en la respectiva sesión. Dicho axioma actúa como
una garantía del principio de representación, pues la aprobación y validez de
las medidas legislativas depende que sean más sus partidarios que sus
detractores y así quede consignado en las distintas votaciones a que deban ser
sometidas[17]. Este principio está consagrado en el
artículo 146 de la Constitución, según el cual: “en el Congreso pleno, en
las cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la
mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija
expresamente una mayoría especial”[18].
En todo caso, este axioma no implica el
desconocimiento y la protección de los derechos de las minorías parlamentarias
dentro del orden constitucional colombiano. En la sentencia C-145 de 1994, se
afirmó que "sólo hay verdadera democracia allí donde las minorías y la
oposición se encuentran protegidas a fin de que puedan eventualmente llegar a
constituirse en un futuro en opciones mayoritarias, si llegan a ganar el
respaldo ciudadano necesario”.
(ii)   El principio de la publicidad, que busca
asegurar que se den a conocer oportunamente a los miembros del parlamento y de
la sociedad en su conjunto, el contenido de los proyectos, las sesiones,
discusiones, votaciones y, en general, todo lo relacionado con el trabajo
legislativo que se adelanta en las Comisiones y Plenarias del Senado y la
Cámara. En desarrollo de este principio, los artículos 144 y 157 de la Carta
disponen que “Las sesiones de las cámaras y de sus comisiones permanentes
serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento”,
y que ningún proyecto será ley sin “haber sido publicado oficialmente por el
Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”[19].
(iii) El principio de la participación política
parlamentaria, que constituye una exigencia previa a la toma de decisiones,
orientado a asegurar a todos y cada uno de los miembros del parlamento su
derecho a intervenir activamente en el proceso de discusión y elaboración de
las leyes, y de manera especial, a garantizar el derecho de aquéllos que hacen
parte de las minorías a expresar sus opiniones en forma libre y voluntaria[20].
3.4.4.  El quórum
como elemento fundamental del debate parlamentario
3.4.4.1.
Alcance y formas del quórum
El debate
es un requisito indispensable para adoptar una decisión en un Estado Social y Democrático
de Derecho, para lo cual se estableció la necesidad de que exista un quórum:
“Tratándose de la adopción de decisiones que habrán de afectar a toda la
población, en el caso de las leyes y con mayor razón en el de las reformas
constitucionales, que comprometen nada menos que la estructura básica del orden
jurídico en su integridad, el debate exige deliberación, previa a la votación e
indispensable para llegar a ella, lo que justamente se halla implícito en la
distinción entre los quórum, deliberatorio y decisorio, plasmada en el artículo
145 de la Carta.”[21].
Por lo anterior es esencial para la
aprobación de cualquier ley de la República el cumplimiento del quórum y
de las mayorías exigidas por la Constitución Política[22]. En virtud de lo
anterior, la Constitución consagra dos (2) tipos de quórum:
(i)      El quórum deliberatorio es el
número mínimo de miembros de la respectiva comisión o cámara que deben hallarse
presentes en el recinto para que la unidad legislativa de que se trata pueda
entrar válidamente a discutir sobre los temas objeto de su atención[23]. Esta modalidad de quórum está
definida por el artículo 145 de la Constitución, así:  "El
Congreso pleno, las cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni
deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros"[24].
La existencia del quórum
deliberatorio no permite per se que los presentes adopten
decisión alguna. Por tanto, no puede haber votación, aunque se tenga este tipo
de quórum, si no ha sido establecido con certidumbre el quórum decisorio[25].
(ii)   El quórum decisorio lo
establece el mismo artículo 145: "las decisiones sólo podrán tomarse
con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación,
salvo que la Constitución determine un quórum  diferente".
El quórum  decisorio  es, pues,  la mitad más uno
de los miembros de la corporación, salvo el caso previsto en el numeral 17 del
artículo 150 (concesión de amnistía o indulto generales por delitos políticos),
en el cual se exige la presencia de las dos terceras partes de sus integrantes[26].
De esta manera, únicamente se puede entrar
a adoptar decisiones cuando desde el principio ha sido establecido y
certificado con claridad el quórum decisorio[27].
Al respecto, la jurisprudencia ha resaltado
las diferencias entre el quórum decisorio y el deliberatorio[28]:
“La existencia del
quórum deliberatorio mínimo no permite per se que los parlamentarios asistentes
adopten decisión alguna, por lo tanto, el mismo artículo en comento establece
que las decisiones sólo podrán tomarse con la mayoría de los integrantes de la
respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum
diferente; es decir, se establece como regla general un quórum decisorio que
corresponde a la mitad más uno de los integrantes habilitados de cada
corporación o comisión, quienes deben estar presentes durante todo el proceso
de votación para manifestar su voluntad y resolver válidamente sobre cualquier
asunto sometido a su estudio. Significa lo anterior que, únicamente se pueden
entrar a adoptar decisiones cuando se ha establecido y certificado con claridad
el quórum decisorio, independientemente de la modalidad de votación que se
emplee”[29].
3.4.4.2.      Consecuencias de la ausencia del quórum
El quórum, es un elemento
indispensable para la validez de los actos del Congreso[30]. La carencia de quórum constituye una causal de ineficacia de
cualquiera de las decisiones que se adopten durante la sesión correspondiente,
según lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución, que dice[31]: "Toda reunión de miembros del
Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama
Legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones
constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá
dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán
sancionados conforme a las leyes"[32].
Ello significa que, en el ejercicio de sus
atribuciones, el Congreso, las cámaras y las comisiones de éstas están
supeditadas a unos requisitos mínimos sin los cuales las funciones que cumplen
no logran materializarse en determinaciones concretas con la necesaria aptitud
para producir consecuencias jurídicas[33].
La pretensión de otorgar vigencia a actos
que no se han ajustado a las correspondientes exigencias estatuídas en la
Constitución y en el Reglamento del Congreso está llamada al fracaso, en cuanto
viola los preceptos superiores, pero si el Congreso prosiguiere en el ejercicio
de la correspondiente función pese a los vicios en que se haya incurrido, se
afecta la validez de todo lo actuado[34].
De  esta  manera,  la carencia del quórum
exigido por la ley constituye una causal de ineficacia de las
decisiones que se adoptan durante la sesión correspondiente, bien sea ella de
una comisión o de una cámara (Artículo 149 C.P.) [35].
3.5.
LOS VICIOS DE FORMA EN EL DEBATE PARLAMENTARIO Y EL
PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS
3.5.1.  Importancia de las formas
La observancia de los
procedimientos y las formas establecidas para la aprobación y entrada en
vigencia de las normas jurídicas es un valor y un elemento esencial del Estado Democrático
y Social de Derecho, y consecuentemente ha velado por su recta aplicación y
acatamiento[36]. Por lo anterior, los trámites para al perfeccionamiento de las leyes se
dirigen a lograr la eficacia y fortalecimiento del principio democrático,
propiciando que las decisiones legislativas se adopten mediante una
deliberación seria, vigorosa, participativa, igualitaria, transparente y
reglada; y protegiendo el respeto por las minorías políticas, y la generación
de espacios para la participación y la veeduría de los ciudadanos sobre la
gestión del Congreso de la República.[37]
3.5.2.  Vicios
de forma
Los vicios en la formación y aprobación de las leyes,
originados en la inobservancia de las ritualidades previstas en la Constitución
y en la Ley Orgánica del Congreso, contenida en la Ley 5ª de 1992, son las “irregularidades
en que se incurre durante el trámite legislativo, por omisión o quebrantamiento
de cualquiera de los requisitos extrínsecos impuestos por el ordenamiento
jurídico, afectándose parcial o definitivamente la eficacia y validez de
aquéllas”[38].
El control de constitucionalidad de las
leyes tiene como punto de partida el hecho de que dicha revisión consiste en
verificar la satisfacción de los principios que inspiran la formación de la
voluntad democrática. Y, no se refiere únicamente a la disposición de reglas
preestablecidas, a partir de las cuales se entiende cumplido el trámite de
formación de las leyes, sino también al establecimiento de las condiciones
necesarias para el adecuado despliegue de principios tales como el de
participación, respeto por las minorías, publicidad, deliberación, entre otros[39].  Por lo anterior “no toda vulneración de una regla sobre la
formación de las leyes, contenida en la Constitución o en el respectivo
Reglamento del Congreso, acarrea ineluctablemente la invalidez de la ley y su
declaración de inconstitucionalidad”[40].
De esta
manera, pueden existir irregularidades que no tengan la entidad para configurar
un verdadero vicio, porque: (i) se cumplió con el objetivo protegido por
la norma procesal, o (ii) fue convalidado dentro del mismo trámite en el
Congreso que conllevó la formación de la ley[41].
En este sentido, para agotar el examen de las
posibles de infracciones en el proceso de formación de las leyes y actos
legislativos, la
jurisprudencia[42] ha señalado que al estudiar su dimensión
la Corte debe agotar los siguientes pasos[43]:
(i)    Debe indagar si el defecto es de suficiente
entidad como para constituir un vicio susceptible de afectar la validez de la
ley o acto reformatorio de la Constitución.
(ii)  En caso de que la irregularidad represente un vicio,
debe la Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado vicio
durante el trámite mismo de la ley o acto legislativo.
(iii) Si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar
si es posible devolver la ley o acto legislativo al Congreso y al Presidente de la Cámara de Representantes para que subsanen el defecto observado.
(iv) Si no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis,
la Corte debe determinar si es posible que ella misma subsane, en su
pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los lineamientos arriba
trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad.
3.5.3.  Análisis de la trascendencia del vicio
Al analizar
la trascendencia de un vicio de forma es preciso tener en cuenta tanto el
contexto en el cual éste se presentó, como el conjunto integral del trámite
legislativo. Sobre este punto, esta Corporación ha señalado que “lo que debe
ser objeto de análisis de constitucionalidad dentro de un Estado democrático de
derecho, es la verificación del cumplimiento de todas las garantías
constitucionales involucradas en el debate parlamentario, independientemente de
qué grupo esté siendo perjudicado con su pretermisión, y en ese sentido, dicha
función está encaminada a permitir que tanto minorías como mayorías tengan la
posibilidad de conocer y estudiar los textos sometidos a su consideración y por
lo tanto de discutirlos previamente a su aprobación.”[44].
De este modo, no toda irregularidad en el
trámite legislativo constituye un vicio de procedimiento y, en materia de actos
legislativos, es posible acudir a tres (3) criterios para establecer la
diferencia[45]:
(i)      La mayor o menor entidad de la
irregularidad. Hay irregularidades de carácter menor, que, en estricto sentido,
implican una infracción de la ley que gobierna el procedimiento, pero que
carecen de la entidad para constituir un vicio.
(ii)   Es claro que en la concepción del
constituyente hay determinadas irregularidades que no dan lugar a la
declaratoria de inconstitucionalidad de un acto reformatorio de la Constitución,
puesto que son aquellas irregularidades que impliquen violación de los
requisitos establecidos en el Título XIII de la Constitución, interpretado éste
a la luz de las normas constitucionales conexas así como de las normas
orgánicas pertinentes, las que  constituyen vicios de procedimiento en la
formación del respectivo acto.
(iii) Es posible que habiéndose presentado una
irregularidad, la misma se sanee durante el trámite legislativo, y por
consiguiente no da lugar a un vicio de procedimiento.
(iv) Finalmente se tiene que, establecida la existencia de
un vicio de procedimiento, debe determinarse si el mismo es subsanable o no. De
acuerdo con la Constitución existen vicios de procedimiento subsanables y
vicios de procedimiento insubsanables. Pero las meras irregularidades no
plantean el problema del saneamiento.
La
relevancia constitucional de este tipo de irregularidades radica en que su
materialización constituye un verdadero desconocimiento del texto superior,
pues es este el que señala los requisitos que deben cumplirse en los debates
suscitados en el Congreso[46]. Por ello, al analizar la trascendencia de un vicio de forma es preciso
tener en cuenta tanto el contexto en el cual éste se presentó, como el conjunto
integral del trámite legislativo.
Sobre
este punto, esta Corporación ha señalado que “lo que debe ser objeto de
análisis de constitucionalidad dentro de un Estado democrático de derecho, es
la verificación del cumplimiento de todas las garantías constitucionales
involucradas en el debate parlamentario, independientemente de qué grupo esté
siendo perjudicado con su pretermisión, y en ese sentido, dicha función está
encaminada a permitir que tanto minorías como mayorías tengan la posibilidad de
conocer y estudiar los textos sometidos a su consideración y por lo tanto de
discutirlos previamente a su aprobación”[47].
Por lo anterior, para determinar si un
vicio de procedimiento relativo al debate parlamentario genera la
inconstitucionalidad del proyecto de ley o se trata de una irregularidad
irrelevante que no afecta valores sustantivos, es preciso acudir al principio
de la instrumentalidad de las formas[48], el cual será examinado a continuación.
3.5.4.  Principio de instrumentalidad de las formas
3.5.4.1.      Concepto
Según el principio de instrumentalidad de las formas, los
requisitos procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse
teleológicamente al servicio de un fin sustantivo[49]. Este axioma se encamina a que las formas procesales “deben
interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo”, esto es,
el valor material pretendido con las reglas, sin que ello vaya en detrimento
del respeto de las normas procesales, pues son las encargadas de proteger “valores
sustantivos significativos”[50].
No toda
falla procedimental constituye un vicio de inconstitucionalidad en el trámite
de un proyecto de ley, siendo posible su convalidación en aplicación del
principio de instrumentalidad de las formas, que conlleva su interpretación
teleológica al servicio de un fin sustantivo[51], sin pasar por alto que las normas
procesales establecidas buscan proteger importantes valores sustantivos, como
el principio democrático[52]. Lo anterior no significa que las formas procesales en general, y las
normas constitucionales que rigen la aprobación de las leyes en particular,
sean irrelevantes y puedan ser ignoradas. Por el contra­rio, ellas son
importantes y deben ser respetadas, precisamente porque protegen valores
sustantivos significativos[53].
De acuerdo con la jurisprudencia, los
vicios que conducen a la inexequibilidad de la ley o el proyecto de ley,
definidos como “vicios de carácter sustancial”, se caracterizan porque: (i)
vulneran algún principio o valor constitucional; (ii) afectan el
proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras; o (iii)
desconocen las competencias y estructura básica institucional diseñada por la
Carta , lo que a su vez remite en últimas, a la infracción de la ley 5ª de 1992
u otras prescripciones que regulen el procedimiento legislativo[54].
En desarrollo de lo anterior, esta Corporación ha
señalado que la aplicación del principio de instrumentalidad de las formas en
torno a la ocurrencia de una irregularidad en el trámite de un procedimiento
legislativo, le otorga a la Corte la posibilidad de determinar, (i) si
ese defecto es de entidad suficiente como para constituir un vicio
susceptible de afectar la validez de ley, a partir de la satisfacción o no del
fin sustantivo que lo justifica. En caso de que la irregularidad tenga dicha
entidad, (ii) este Tribunal debe estudiar si existió o no una corrección
formal del procedimiento en el trámite de la iniciativa[55]; y en caso de que el vicio no haya sido
subsanado, (iii) esta Corporación debe examinar si es posible devolver
la ley al Congreso de la República para que corrija el defecto observado[56].
3.5.4.2.
Consecuencias
Desde ese punto de vista, el
incumplimiento de normas del trámite legislativo puede dar lugar a diversas
consecuencias jurídicas[57]:
(i)      Si, a pesar de existir una irregularidad ésta
no afecta los rasgos esenciales del principio democrático, debe concluirse que
no existe un vicio de inconstitucionalidad.
(ii)   Si la irregularidad atenta contra
principios superiores, se trata de un auténtico vicio de procedimiento.
(iii) El vicio es de carácter subsanable se puede corregir
sin que ello implique rehacer integralmente el trámite legislativo. Y la
subsanación puede darse (iii.1) mediante la devolución del trámite a la
autoridad competente para subsanarlo (artículo 241, parágrafo, CP) o (iii.2)
por la misma Corte Constitucional, cuando ello sea posible.
(iv) El vicio resulta insubsanable cuando no es posible
realizar la corrección sin desconocer los requisitos mínimos de formación del
acto, o sin que ello implique la reconstrucción integral de etapas
estructurales del trámite.
3.6.
LA TRASCENDENCIA
CONSTITUCIONAL DE LOS ANUNCIOS EN EL TRÁMITE LEGISLATIVO
3.6.1.  Naturaleza y alcance
El inciso final del artículo 160 de la
Constitución, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003,
introdujo una nueva exigencia en el trámite de aprobación de todo proyecto de ley,
relacionada con el anuncio previo a la discusión y votación:
“Ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El
aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de
cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la
votación”.
En virtud de esta norma, la jurisprudencia
ha señalado que es obligación de los cuerpos legislativos presentar los
anuncios en una sesión anterior a aquella en la cual se planea someter a
votación el proyecto. La calidad impone que se establezca con certeza
–determinada o determinable- la fecha en que la votación debe tener lugar. [58] Este requisito constituye una consecuencia del
principio de publicidad al interior del procedimiento legislativo, que se
concreta en el deber de publicar las ponencias respectivas antes que sean
debatidas por el Congreso en cada una de las etapas del trámite[59].
Este elemento no es meramente formal[60], sino ante una condición de racionalidad
mínima del trabajo legislativo y de transparencia en el procedimiento de
creación de la ley[61]. Al respecto se ha señalado:
“Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia
constitucional más reciente ha señalado que el requisito del anuncio de la
discusión y votación “no
puede considerarse una mera formalidad por cuanto cumple con un propósito
específico vinculado con la idea de afianzar y profundizar el sistema
democrático así como con la necesidad de racionalizar la actividad del Congreso
de la República mediante la adopción de un conjunto de medidas y la
introducción de un grupo de reglas procedimentales”[62].
Desconocer el
anuncio previo a la votación, resulta entonces ser un vicio del trámite
legislativo, en la medida en que desvirtúa el proceso de creación parlamentaria
y reduce a los Congresistas a ser una mera instancia en la que las decisiones
que se adoptan se hacen de manera desinformada e intempestiva[63].
En todo caso, la doctrina constitucional ha
establecido que el vicio de procedimiento derivado del incumplimiento del
requisito del anuncio previo tiene naturaleza subsanable, siempre y cuando haya
acaecido luego de completarse una de las etapas estructurales del proceso
legislativo, esto es, el debate y aprobación del proyecto de ley tanto en
comisión como en plenaria de una de las cámaras[64].
3.6.2.  Objetivo
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que el requisito del anuncio de los proyectos cumple
esencialmente con las siguientes finalidades:
3.6.2.1.   En primer lugar, permitir que tanto los parlamentarios como la
comunidad política en general conozcan, con la debida antelación, la fecha en
la cual un proyecto se someterá a discusión y votación en cada instancia
legislativa. Ello evita que los congresistas sean sorprendidos con votaciones
imprevistas, a la vez que asegura que tengan la posibilidad de reflexionar y
preparar sus argumentos de cara al debate. En esa medida, el anuncio previo “es
una exigencia establecida por el propio Congreso para afianzar el principio
democrático, el respeto por las minorías parlamentarias y la publicidad y transparencia
del proceso legislativo”[65], todo lo cual propicia una adecuada
formación de la voluntad democrática al interior de las cámaras legislativas[66].
En este sentido, el requisito de
publicación del informe de ponencia tiene una relación inescindible con la
debida formación de la voluntad democrática al interior de las cámaras
legislativas, puesto que su cumplimiento impide que los congresistas adopten
decisiones desinformadas e intempestivas sobre la discusión y aprobación de los
proyectos de ley. Esta condición guarda unidad de propósitos con la exigencia
del anuncio previo, puesto que en ambos casos se trata de condiciones fijadas
por la Constitución para que el trámite legislativo guarde un mínimo de
racionalidad, en el sentido que las decisiones que se adopten, en términos de
producción legislativa, sean conscientes y, por ende, legítimas desde la
perspectiva de la representación democrática. Por ello, tanto el anuncio como
la publicación del informe de ponencia deben preceder a la discusión y votación
de la iniciativa legislativa de que se trate[67].
3.6.2.2.   En segundo lugar, la Corte ha reconocido que este requisito
contribuye al ejercicio del control político por parte de la comunidad en
general, pues “bajo el influjo de esta exigencia se incrementan las
posibilidades de realización de seguimiento ciudadano a los proyectos de ley,
lo cual produce un benéfico resultado de ampliación de los márgenes de control
popular a la actuación del Congreso”[68].
En este sentido, desde el punto de vista de la defensa
de los valores democráticos, la jurisprudencia sostiene que el anuncio: “facilita
a los ciudadanos y organizaciones sociales que  tengan interés en influir
en la formación de la ley y en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de
participación política (Artículo 40 C.P.) con el fin de incidir en el resultado
de la votación, lo cual es importante para hacer efectivo el principio de
democracia participativa (Artículos 1 y 3 C.P.)”[69].
3.6.2.3.
En tercer lugar, el requisito del anuncio previo a la
discusión y votación de los proyectos de ley tiene una relación estrecha con la
eficacia del principio democrático[70]. El anuncio, “afianza y profundiza el principio democrático en el
Congreso de la República toda vez que asegura que la aprobación de la Ley
recoge, de manera efectiva, un acuerdo informado y reflexivo sobre los temas en
ella desarrollados”[71].
Se parte de la base que la expresión de la
voluntad de los parlamentarios en el sentido de aprobar un proyecto de ley
tiene fundamento legítimo, desde la perspectiva de la representación
democrática de la que están investidos, cuando se han informado debida y
previamente acerca del contenido de la iniciativa y del momento en que ésta
será sometida a la discusión y votación por parte de la cámara correspondiente.
En caso contrario, cuando estas etapas del procedimiento legislativo son
realizadas de manera sorpresiva, se frustra la posibilidad que los senadores y
representantes consientan informadamente sobre la aprobación del proyecto de
que se trate, circunstancia que tiene consecuencias directas respecto a la
participación política, la conformación de las mayorías necesarias para la
aprobación de los proyectos de ley y la protección de las garantías de la
oposición[72].
De esta manera, la exigencia del anuncio
previo es entonces de rango constitucional, para afianzar el principio
democrático, el respeto por las minorías parlamentarias, y la publicidad y
transparencia del proceso legislativo[73].
3.6.3.
Presupuestos
básicos y reglas de los anuncios
El requisito del anuncio previo lleva implícitos unos
presupuestos básicos, que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso y luego
verificados por el órgano de control constitucional. Estos presupuestos son[74]:
(i)  Que se anuncie la votación del proyecto
en cada uno de los debates reglamentarios;
(ii) Que el anuncio lo haga la presidencia de
la Cámara o de la respectiva Comisión en una sesión diferente y previa a
aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto;
(iii) Que la fecha de la votación sea cierta,
determinada o, en su defecto, determinable. El cumplimiento del requisito de anuncio previo de la
discusión y votación depende, según los requisitos expuestos, que sea realizado
para una fecha determinada o, al menos determinable. En consecuencia, se ha
considerado que las cámaras legislativas deben señalar la fecha precisa de la
sesión en que se efectuará la discusión y votación del proyecto de ley o, en su
defecto, será posible acreditar el cumplimiento del citado requisito cuando del
contexto de la sesión en que se efectuó el anuncio es posible concluir, de
forma inequívoca, la fecha en la que se verificará el debate y aprobación de la
iniciativa correspondiente. [75]
(iv) Que el proyecto no sea votado en sesión
distinta a la anunciada previamente.
Alrededor de los citados presupuestos, la
propia jurisprudencia constitucional ha construido unas reglas objetivas de
valoración, dirigidas a permitir que tanto la interpretación como el
juzgamiento del requisito de anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y
racional[76]:
(i)      El anuncio no tiene que hacerse a través de
una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión lingüística[77], pues la Constitución no prevé el uso de
una locución específica para cumplir el mandato constitucional. Si el propósito
del anuncio es prevenir oportunamente a los miembros de las cámaras y a la
comunidad sobre los asuntos que tramita el Congreso, lo que coadyuva a ese fin,
es que la expresión utilizada permita tener noticia clara sobre esos hechos[78].
En todo
caso, “debe realizarse de forma clara, empleando, preferiblemente, la
indicación específica de que el anuncio de los proyectos es para votación o, en
su defecto, expresiones que permitan, por su significado o por el contexto en
el que fueron dictadas, colegir la intención del anuncio, de manera que se
realice la finalidad del requisito al dar a conocer a los congresistas que en
la sesión señalada va a tener lugar el debate y aprobación del proyecto de ley
anunciado”[79].
(ii)   Es posible considerar cumplido el requisito
de anuncio, cuando del contexto de los debates surgen elementos de juicio que
permiten deducir que la intención de las mesas directivas ha sido la de
anunciar la votación de ciertos proyectos para una sesión posterior[80].
(iii)
El anuncio debe
permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar la votación
del proyecto de ley en trámite[81], con lo cual, sólo la imposibilidad para
establecer la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho procedimiento,
hacen de aquél un anuncio no determinado ni determinable, y, en consecuencia,
contrario al requisito previsto en el artículo 160 de la Carta[82]. Para definir lo que debe entenderse por
la expresión “determinable”, la Corporación ha señalado[83] que expresiones como: “para la
siguiente sesión” o “en la próxima sesión”, permiten entender que sí
fue definida la fecha y la sesión en la cual el proyecto de ley debe ser
votado, con lo cual se considera cumplido el requisito del aviso[84].
(iv) Finalmente, cuando la consideración y votación de un
proyecto se aplaza indefinidamente, de forma tal que no se realiza en la sesión
inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas deben continuar con la
cadena de anuncios. Ello significa, que deben reiterar el anuncio de votación
en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se
lleve a cabo la aprobación del proyecto, pues sólo de esa forma se garantiza el
fin constitucional del aviso[85].
3.7.
EL DESARROLLO DE
LA SESIÓN DE LA PLENARIA DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES  DEL CINCO (5) DE MAYO
DE DOS MIL QUINCE (2015)
Los cargos formulados por las dos (2)
demandas de constitucionalidad en contra del trámite de la Ley 1753 de 2015,
por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se
refieren exclusivamente a la presunta vulneración del Reglamento del Congreso y
de los artículos 160, 145, 149, 151 y 161 de la Constitución Política durante
la Sesión de la Plenaria de la Cámara de Representantes llevada a cabo el cinco
(5) de mayo de dos mil quince (2015). En este sentido, al no existir cuestionamiento
sobre el trámite del proyecto en el Senado de la República, ni sobre lo
ocurrido en otros debates, a continuación se narrará lo ocurrido en la Sesión
Plenaria llevada a cabo en esa fecha.
3.7.1.  Inicio y lectura del orden del día
La sesión se inició con un quórum
deliberatorio de cincuenta y nueve (59) o sesenta (60) registrados[86],
dando lectura al orden del día en el cual se incluyeron los siguientes puntos
que fueron leídos ante la Plenaria por la Subsecretaria de la Cámara de Representantes[87]:
“1. Llamada a lista y verificación del
quorum.
2.  Aprobación de informe de conciliación y fe
de erratas Proyecto de Ley No. 216/2014 Cámara – 171/2014 Senado; por medio de
la cual se modifica la Ley 1482 de 2011 para sancionar penalmente la
discriminación contra las personas con discapacidad.
3.  Proyectos para segundo debate:
-      Proyecto de Ley No. 175/2013 Cámara, por la
cual las centrales de información o centrales de riesgo no podrán bajar el
puntaje o score crediticio de los usuarios del sistema financiero por consulta.
-      Proyecto de Ley No. 066/2013 Cámara, por la
cual se modifica la Ley 142 del 94 que establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
-      Proyecto de Ley estatutaria No. 108/2014
Cámara, por medio de la cual se establece la competencia, funciones y
organización del Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales en asuntos
penales, y se dictan otras disposiciones.
-      Proyecto de Ley No. 037/2014 Cámara, por
medio de la cual se modifica la Ley 1480 del 2011, con el fin de proteger al
consumidor del servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros.
-      Proyecto de Ley No. 207/2014 Cámara,
58/2013 Senado, por la cual se reconoce la importancia religiosa y cultural del
monumento de Cristo Rey del municipio de Belalcazar en el Departamento de
Caldas y se dictan otras disposiciones.
-      Proyecto de Ley No. 187/2014 Cámara, por
medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los noventa años del
natalicio y cinco años de fallecimiento del doctor Víctor Renán Barco López y
rinde homenaje al municipio de la Dorada en el Departamento de Caldas y se
dictan otras disposiciones.
-      Proyecto de Ley No. 073/2014 Cámara por
medio del cual se fortalecen los mecanismos de participación de los colombianos
en el exterior, se reforma la Ley 1465 del 2011 y se dictan otras
disposiciones.
-      Proyecto de Ley No. 109/2013 Cámara por
medio del cual se reconoce la infertilidad como enfermedad y se establecen
criterios para su tratamiento médico existencial por parte del sistema de salud
del Estado.
-      Proyecto de Ley No. 02/2014 Cámara por la
cual se establecen las jornadas especiales para resolver la situación militar
en los ciudadanos mayores de 25 años y se dictan otras disposiciones.
-      Proyecto de Ley No. 018/2013 Cámara, por
medio de la cual se modifican algunos artículos del Decreto - Ley 4184 de 2011,
se transforma la Empresa Nacional de Renovación Urbana “Virgilio Barco Vargas
S.A.S.” en una empresa industrial y comercial del Estado y se dictan otras
disposiciones.
-      Proyecto de Ley No. 183/2014 Cámara, por el
cual se modifica la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los
pensionados.
4.  Anuncio de Proyectos.
5.  Negocios sustanciados por la presidencia
6.  Lo que propongan los honorables
representantes”.
3.7.2.  Intervención de oradores y aprobación de
modificación del orden del día
Seguidamente, el
Representante Arturo Yepes Alzate solicitó que se modificara el orden del día
para aprobar una proposición en la que la Cámara de Representantes respalda la
recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social de suspender la
aspersión de glifosato en el marco del programa de erradicación de cultivos
ilícitos y recomienda la erradicación manual como sustituto[88].
En virtud de lo anterior, el
Presidente de la Cámara de Representantes cerró el registro de oradores para
que intervinieran en el debate antes de que se votara la modificación del Orden
del día. Participaron los representantes Óscar Ospina Quintero, Antenor Durán
Carrillo, Carlos Alberto Cuero Valencia, Luciano Grisales Londoño, Neftalí
Correa Díaz, Juan Carlos Lozada Vargas, Carlos Eduardo Guevara Villabón e Inti
Asprilla Reyes.
Posteriormente se procedió a
establecer la existencia de quórum decisorio y una vez confirmado se procedió a
votar la modificación del orden del día para incluir la propuesta del
representante Yepes, la cual fue aprobada por votación nominal por 69 nueve
votos a favor y 18 en contra[89].
3.7.3.  Lectura y debate de las proposiciones
Teniendo en cuenta la
modificación del orden del día el Secretario procedió a la lectura de las
proposiciones: (i) Respaldo a la recomendación del Ministerio de Salud y
Protección Social de suspender la aspersión aérea de glifosato, (ii)
Renuncia a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes
de Nicolás Albeiro Echeverry Albarán, (iii) Renuncia a la Comisión Especial
de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de Alfredo
Ape Cuello Baute, (iv) Proposición aditiva a la proposición 119, (v)
Proposición aditiva a la proposición 104, (vi) Gestiones de orden
financiero y técnico para continuar las ejecución de las obras de protección y
control de la presa del Río Gualí y (vii) Solicitud de la libertad de
los presos políticos en Venezuela.
Estas proposiciones fueron votadas y
aprobadas salvo la primera y la última (con una votación de 85 votos por el sí
y 1 por el no), los cuales se seguirían discutiendo más adelante.
3.7.4.  Aprobación del informe de conciliación y fe
de erratas del Proyecto de Ley No. 216/2014 Cámara – 171/2014 Senado
Continuando con el orden del día, se votó y
aprobó por unanimidad el Informe de Conciliación y Fe de erratas del Proyecto
de Ley No. 216/2014 Cámara – 171/2014 Senado; por medio de la cual se modifica
la Ley 1482 de 2011 para sancionar penalmente la discriminación contra las
personas con discapacidad[90].
3.7.5.  Presentación de impedimentos en el Proyecto
Ley No. 175/2013 Cámara y suspensión de la votación
Según el orden del día
correspondía la discusión del Proyecto Ley No. 175/2013 Cámara, por el cual las
centrales de información o centrales de riesgo no podrán bajar el puntaje o
score crediticio de los usuarios del sistema financiero por consulta[91].
Sin embargo, se presentaron impedimentos de los Representantes: Mauricio Salazar,
Jorge Camilo Abril, Cristian José Moreno, Ángel María Gaitán Pulido, Didier
Burgos, Martha Villalbay Eloi Chichí Quintero[92],
por lo cual se abrió registro para su votación.
Durante el trámite de la votación de estos
impedimentos el Presidente de la Cámara de Representantes le señaló al
Secretario General Jorge Humberto Mantilla Serrano que si el reglamento lo
permitía se suspendería la votación para que ingresen a la sesión quienes
estaban impedidos y continuar con el orden del día:
“Presidente: Señor secretario, si el
reglamento lo permite vamos a suspender la votación, vamos a pedirle a quienes
se han declarado impedidos que ingresen nuevamente al recinto y como quiera que
hay quórum deliberatorio y podría conformarse el quórum decisorio con quienes
se les está considerando el impedimento, suspendemos la votación señor
Secretario y continuamos con el orden del día”[93].
En  virtud  de  lo  anterior,  el
Secretario de la Cámara de Representantes Jorge Humberto Mantilla Serrano ordenó
la suspensión de la votación:
“Se suspende la votación. Se certifica”[94].
3.7.6.  Solicitud de retiro del Proyecto de Ley No.
066 de 2013 Cámara y suspensión de la votación
El Presidente de la Cámara de Representantes solicitó al Secretario continuar con el
orden del día[95],
por lo cual éste anunció el debate del Proyecto de Ley No. 066 de 2013 Cámara: “Secretario:
Proyecto de Ley No. 066 de 2013 Cámara, por la cual se modifica la Ley 142 de
1994 que establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se
dictan otras disposiciones. Autor: Humprey Roa Sarmiento. Ponentes: Alfredo Ape
Cuello, Inés Cecilia López, Jaime Felipe Lozada, Martha Villalba, Gaceta del
proyecto 634 de 2013. Publicación de la ponencia para primer debate Gaceta del Congreso
286 de 2014. Publicación ponencia para segundo debate Gaceta 534 de 2014,
aprobado en la comisión sexta junio 17 de 2014, se anunció para este debate el
29 de abril de 2015”[96].
Sin embargo, antes de comenzar el debate el
Secretario le comunicó al Presidente
de la Cámara de Representantes
que el autor del proyecto había presentado un documento retirando el proyecto: “Secretario
General  Humberto  Mantilla  Serrano:  Señor  Presidente,  hay  una carta  del  doctor
Humprey  Roa  que retira el proyecto de la Plenaria”.
Por lo anterior el Presidente de la Cámara de Representantes solicitó al Secretario General que se
realizara la votación sobre la solicitud de retiro de la ponencia:
“Presidente. (…) señor Secretario vamos a
considerar la solicitud de retiro que hace el autor del proyecto de ley, quien
retira el proyecto y debe ser considerada la decisión por parte de la Plenaria,
vamos a abrir el registro, votando Sí se aprueba el retiro del Proyecto de Ley número
066 de 2013 Cámara de autoría el doctor Humprey Roa, votando No se negaría el
retiro del proyecto, señor Secretario vamos a ordenar abrir el registro.
Secretario: Señores de cabina habilitar el
sistema biométrico para abrir el registro”[97].
Luego de más de veinte (20) minutos se decidió
suspender la votación para continuar con el orden del día:
“Presidente: Señor secretario nuevamente se
ordena suspender la votación. Anuncie que quorum presenta la plenaria.
Secretario: Se suspende la votación. Señor Presidente
la Secretaría se permite informarle a usted y a la Plenaria que existe quorum
deliberatorio”[98].
3.7.7.  Continuación del debate sobre la
proposición sobre la suspensión de la fumigación con glifosato y verificación
del quórum
Antes de continuar con el
orden del día, el Representante  Orlando Guerra presentó una moción para
continuar la discusión sobre glifosato[99],
la cual fue aprobada por el Presidente
de la Cámara de Representantes,
por lo cual se continuó la discusión del tema[100]. Posteriormente
prosiguió su intervención el Representante Bernardo Carlosama López y luego los
Representantes Aníbal Guerra de la Rosa, Sandra Liliana Nova, Hugo Hernán
González Medina, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, Fabio Alonso Arroyave
Botero, Antonio Zabaraín D’Arce, Eduardo Agatón Diazgranados, Olga Lucía
Velasquez Nieto, Guillermo Molina Triana, Hernán Penagos Giraldo, Edward David
Rodríguez Rodríguez, Alfredo Deluque Zuleta, Jack Housni Jaller, Silvio José
Carrasquilla Torres y Hernán Prada Artunduaga, quien cuestionó la existencia
del quórum[101].
Seguidamente el Representante
Housni Jaller realizó una moción de procedimiento pidiendo que se verificara el
quórum[102]
y luego de ello se comprobó la existencia de quórum decisorio:
“Dirección de la Presidencia, Fabio Raúl
Amín Saleme: Señores representantes les agradezco hacer uso del sistema
biométrico para constancia de la presencia de ustedes en el registro, tratemos
de hacer uso del biométrico por favor. (…)
Dirección de la Presidencia, Sandra Liliana
Ortiz Nova: Señor Secretario, cierre registro e informe el resultado del
quórum.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano: Se cierra el registro, señora Presidenta, la Secretaría se permite
informar que hay quórum decisorio”.
Realizada la verificación
continuó el debate con las intervenciones de los representantes Carlos
Alejandro Chacón Camargo, Hernán Penagos Giraldo, Mario Alberto Castaño Pérez,
Albeiro Vanegas Osorio, Jorge Enrique Rozo Rodríguez, Fabio Alonso Arroyave
Botero, Atilano Alonso Giraldo Arboleda, Oscar Darío Pérez Pineda, Ciro Antonio
Rodríguez Pinzón y Yolanda Duque Naranjo.
3.7.8.  Anuncio de proyectos
Finalmente, el Presidente de la Cámara de Representantes ordenó a la Subsecretaria
que realizara los anuncios de los proyectos que se debatirían el seis (6) de
mayo de 2015, dentro del cual estaba el Informe de Conciliación Proyecto de Ley
200/2015 Cámara 138/2015 Senado, por el cual se expide el Plan de Desarrollo
2014 – 2018:
“Presidente: (…) señor Secretario, vamos a
anunciar para el día de mañana, proyectos, conciliación y debate de control
político sesión que se desarrollará partir de las 2 de la tarde. Vamos a
anunciar la conciliación, anunciamos 2 proyectos de ley  y  anunciamos  debate de control político,
señor Secretario.
Subsecretaria: Anuncio de proyectos para el
día 6 de mayo.
Primero informe de conciliación;
Proyecto de ley número 200 de 2015 Cámara –
138 de 2015 Senado, por la cual se expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018 Todos
por un nuevo país.
Segundo: Proyectos para segundo debate;
Proyecto de ley número 175 de 2013 Cámara,
por la cual las centrales de información o centrales de riesgo no podrán bajar
el puntaje o score crediticio de los usuarios del sistema financiero por
consultas.
Tercero debate de control político”.
Presidente: Gracias señora Subsecretaria,
se levanta la sesión y se convoca para mañana miércoles 6 de mayo a las 2 de la
tarde, iniciamos con informe de conciliación, luego el orden del día se
establecerá de acuerdo a la Ley 5ª, que primero es el debate de control político
y luego es el Proyecto de Ley, con el que quedamos hoy en el primer lugar. Si
la plenaria decide modificarlo será en su momento considerado cuando tengamos
abierto el registro y será sometido el orden del día”[103].
3.8.
LA SUSPENSIÓN DE
LAS VOTACIONES EN LA SESIÓN PLENARIA DEL CINCO (5) DE MAYO DE DOS MIL QUINCE
(2015) DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
Antes de analizar los cargos formulados en
las demandas se estudiará si efectivamente se suspendió la votación de dos (2)
proyectos de ley durante la sesión de la Plenaria de la Cámara de
Representantes llevada a cabo el cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015),
desconociéndose el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992:
3.8.1. Los demandantes señalan que en la sesión del cinco (5)
de mayo de dos mil quince (2015), el Presidente de la Cámara de Representantes Fabio
Raúl Amín Saleme ordenó suspender la votación de los impedimentos presentados
por los Representantes Mauricio Salazar, Jorge Camilo Abril, Cristian José
Moreno, Ángela María Gaitán, Didier Burgos, Martha Villalba y Eloy Quintero en
relación con el Proyecto de Ley 175 de 2013 Cámara, lo cual vulneraría el
artículo 132 de la Ley 5ª de 1992 según el cual: “Anunciado
por el Presidente la iniciación de la votación, no podrá interrumpirse, salvo
que el Congresista plantee una cuestión de orden sobre la forma como se está
votando”.
3.8.2. Adicionalmente afirman que luego de la interrupción el
Presidente de la Cámara de Representantes siguió
sesionando con el quórum deliberatorio a la espera de conformar
el quórum decisorio, desatendiendo las reglas del quórum y
dispuso pasar al siguiente punto del orden del día que era el retiro del
Proyecto de Ley 066 de 2013. Sin embargo, al no poder conformar nuevamente el quórum
decisorio volvió a suspender la decisión, desconociendo por segunda vez el
artículo 132 de la Ley 5ª de 1992, lo cual vulneraría a su vez el artículo 151
de la Constitución.
3.8.3. Una vez revisada el acta de la sesión publicada en la Gaceta
del Congreso y observado el video de la misma, puede concluirse que, tal como
lo señalan los accionantes, en la sesión de la Plenaria de la Cámara de
Representantes llevada a cabo el cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), se
suspendieron las votaciones en dos (2) ocasiones:
(i)    Durante la votación de los impedimentos
presentados por los Representantes Mauricio Salazar, Jorge Camilo Abril,
Cristian José Moreno, Ángel María Gaitán Pulido, Didier Burgos, Martha Villalba
y Eloi Chichí Quintero se suspendió la votación para que ingresaran a la sesión
quienes estaban impedidos y continuar con el orden del día:
“Presidente: Señor
secretario, si el reglamento lo permite vamos a suspender la votación, vamos a
pedirle a quienes se han declarado impedidos que ingresen nuevamente al recinto
y como quiera que hay quórum deliberatorio y podría conformarse el quórum
decisorio con quienes a quienes se les está considerando el impedimento,
suspendemos la votación señor Secretario y continuamos con el orden del día”[104].
“Secretario: Se suspende
la votación.
Se suspende la votación.
Se certifica”[105].
(ii)  Durante la votación de la aceptación de la solicitud
del retiro del Proyecto de Ley No. 066 de 2013 Cámara también se decidió
suspender la votación para continuar con el orden del día.
“Presidente: Señor secretario nuevamente se
ordena suspender la votación. Anuncie que quorum presenta la plenaria.
Secretario: Se suspende la votación. Señor Presidente
la secretaría se permite informarle a usted y a la Plenaria que existe quorum
deliberatorio”[106].
3.8.4.  De esta manera, se observa claramente que se suspendió
la votación de los impedimentos presentados por los Representantes Mauricio
Salazar, Jorge Camilo Abril, Cristian José Moreno, Ángel María Gaitán Pulido,
Didier Burgos, Martha Villalba y Eloi Chichí Quintero respecto del proyecto Ley
No. 175 de 2013 y del retiro del Proyecto de Ley No. 066 de 2013 Cámara, desatendiéndose
lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992:
“Anunciado por el Presidente la iniciación de la
votación, no podrá interrumpirse, salvo que el Congresista plantee una cuestión
de orden sobre la forma como se está votando”.
3.9.
ANÁLISIS DE LOS
CARGOS FORMULADOS
Una vez determinada la suspensión no
autorizada de dos (2) votaciones en la sesión plenaria de la Cámara de
Representantes llevada a cabo el cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), se
analizará si ésta situación vulneró la Constitución de acuerdo a los cargos
señalados en las dos (2) demandas presentadas.
3.9.1.  Cargos formulados por la demanda presentada
por los ciudadanos Víctor Javier Correa Vélez, Alberto Castilla Salazar, Alirio
Uribe Muñoz, Iván Cepeda Castro, Senén Niño Avendaño, Germán Navas Talero,
Jorge Enrique Robledo y Alexander López Maya contra la totalidad de la Ley 1753
de 2015 (Expediente D – 10863)
Este grupo de demandantes señalan que la
suspensión de la votación de los impedimentos en el Proyecto de Ley 175 de 2013
y de la votación del retiro del proyecto de Ley 066 de 2013 vulnera los
artículos 145, 151 y 161 de la Constitución Política, cargos que se analizarán
a continuación:
3.9.1.1.      No vulneración del artículo 145 de la
Constitución
Los accionantes señalan que la suspensión
de la votación de los impedimentos presentados por los Representantes: Mauricio
Salazar, Jorge Camilo Abril, Cristian José Moreno, Ángel María Gaitán Pulido,
Didier Burgos, Martha Villalbay Eloi Chichí Quintero demuestra la
desintegración del quorum, lo cual desconocería el artículo 145 de la
Constitución Política, según el cual: “El Congreso pleno, las Cámaras y sus
comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte
de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la
mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la
Constitución determine un quórum diferente”.
Como se afirmó previamente[107], el quórum
constituye uno de los elementos esenciales del debate parlamentario[108]
y su desatención afecta claramente el artículo 145 de la Constitución y
constituye un vicio de trámite, pues implica la ineficacia de cualquiera de las
decisiones que se adopten durante la sesión correspondiente [109].
Sin embargo, una vez revisada el acta de la sesión y el video de la misma,
puede concluirse que pese a las suspensiones de la votación no se afectó el quórum
deliberatorio en el momento en el que se hizo el anuncio del Informe de
Conciliación Proyecto de Ley 200/2015 Cámara 138/2015 Senado, por el cual se
expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018:
3.9.1.1.1. Como se expresó en el relato del desarrollo de la
sesión de la Plenaria de la Cámara de Representantes llevada a cabo el cinco
(5) de mayo de dos mil quince (2015), el anuncio del proyecto de conciliación
se presentó después de que el representante Housni Jaller solicitara la
verificación del quórum frente a lo cual el secretario certificó
oralmente y luego en el acta que existía quórum decisorio:
“Dirección de la Presidencia, Sandra
Liliana Ortiz Nova: Señor Secretario, cierre registro e informe el resultado
del quórum.
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano: Se cierra el registro, señora Presidenta, la Secretaría se permite
informar que hay quórum decisorio”. [110].
Adicionalmente, en la Gaceta del Congreso
de la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), se
transcribió la verificación del quórum a través del software biométrico de
conferencias del Congreso de la República:
Resultados totales
Asistencia de votación
Presente en la
votación       91
Presente y no
votado            0
Respuestas
Sí                                         91
No                                         0
No
votado                             0
De esta manera, la última verificación
realizada antes de la realización de los anuncios demuestra que existía no
solamente quórum deliberatorio sino decisorio y además
sustancialmente mayor al exigido por la ley que solamente requiere de una
cuarta parte de los representantes, es decir, solamente 41 congresistas, mientras
que en este caso se encontraban 91 presentes.
3.9.1.1.2. Adicionalmente, en las dos (2) ocasiones en las cuales
se suspendió la votación se verificó que pese a que no existía quórum
decisorio sí existía deliberatorio, por lo cual no tenía que levantarse la
sesión:
(i)      En la suspensión de la votación de los
impedimentos en el Proyecto de Ley 175 de 2013 Cámara, el propio Presidente de la Cámara de Representantes señaló que existía quórum
deliberatorio y que la razón por la cual se suspendía la votación era que
no existía quorum decisorio:
“Presidente: Señor secretario, si el reglamento
lo permite vamos a suspender la votación, vamos a pedirle a quienes se han
declarado impedidos que ingresen nuevamente al recinto y como quiera que hay
quórum deliberatorio y podría conformarse el quórum decisorio con quienes a
quienes se les está considerando el impedimento, suspendemos la votación señor
Secretario y continuamos con el orden del día”[111].
(ii)   En la suspensión de la votación del retiro
del Proyecto de Ley 066 de 2013, el Secretario de la Cámara también informó que
existía quórum deliberatorio:
“Presidente: Señor secretario nuevamente se
ordena suspender la votación. Anuncie que quorum presenta la plenaria.
Suspender la votación y anunciar el quorum que presenta la plenaria.
Secretario: Se suspende la votación. Señor
presidente la secretaría se permite informarle a usted y a la plenaria que
existe quorum deliberatorio”[112].
De esta manera, es claro que la situación
descrita por los demandantes no afectó el quórum deliberatorio, por lo
cual no vulneró lo señalado en el artículo 145 de la Constitución.
3.9.1.2.      No vulneración del artículo 151 de la
Constitución
Según los demandantes, la omisión de los
procedimientos reglados sobre el quórum y las mayorías desconoce el
artículo 151 de la Constitución, pues en virtud de esa norma la actividad legislativa
está sujeta a estrictas prescripciones que garantizan la plena vigencia
del Estado Social de Derecho que fueron desatendidas al no darse cumplimiento al
artículo 132 de  la Ley 5ª de 1992, según el cual una vez anunciada la
iniciación de la votación ésta no podrá interrumpirse.
Conforme al principio democrático, la
propia Carta Política y el Reglamento del Congreso, son los ordenamientos
llamados a regular el proceso de formación de las leyes[113]. Por lo
anterior, esta Corporación ha reconocido en relación con las normas del
Reglamento del Congreso de la República que en virtud de lo dispuesto en el
artículo 151 de la Constitución “pese a su carácter infraconstitucional, su
desconocimiento es susceptible de generar una vulneración de la Carta, por
cuanto teniendo la naturaleza de ley orgánica, a sus dictados ha de someterse
el Congreso al ejercer su actividad (art. 151 C.P.)” [114].
Sin embargo, no toda
vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la
Constitución o en el respectivo Reglamento del Congreso, acarrea la invalidez
de la ley y su declaración de inconstitucionalidad[115],
sino que es necesario acudir al principio de instrumentalidad de las formas, en
virtud del cual las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y
deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo[116].
En virtud de lo anterior, debe señalarse
que la norma desatendida tiene por finalidad salvaguardar la votación de un
proyecto de ley específico y no de la sesión, por lo cual la suspensión de la
votación de dos (2) proyectos no afecta automáticamente la legalidad de los
demás ni de los anuncios que se realicen en la misma plenaria.
Por otro lado, debe destacarse que en el
presente proceso no se está analizando la legalidad del todo el trámite
legislativo, sino solamente del anuncio del Informe de Conciliación Proyecto de
Ley 200/2015 Cámara 138/2015 Senado, por el cual se expide el Plan de
Desarrollo 2014 – 2018, cuya finalidades son como ya se expresó: garantizar la
publicidad del debate y de los proyectos, garantizar el control político de los
ciudadanos y salvaguardar el principio democrático, las cuales se cumplieron
plenamente en la sesión del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
3.9.1.3.      No vulneración del artículo 161 de
Constitución
Los accionantes manifiestan que las
suspensiones de la votación señaladas afectaron la validez de los actos
realizados posteriormente en el trascurso de la sesión, dentro de los cuales se
destaca el anuncio del Informe de Conciliación del Proyecto de Ley 200/2015 Cámara
138/2015 Senado, por el cual se expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018, con
lo cual se vulneró el artículo 161 de la Constitución Política, que exige que
se realice una conciliación cuando existan discrepancias respecto de un
proyecto:
“Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto
de un proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un
mismo número de Senadores y Representantes, quienes reunidos conjuntamente,
procurarán conciliar los textos, y en caso de no ser posible, definirán por
mayoría.
Previa publicación por lo menos con un día
de anticipación, el texto escogido se someterá a debate y aprobación de las
respectivas plenarias. Si después de la repetición del segundo debate persiste
la diferencia, se considera negado el proyecto”[117].
La votación de la conciliación de un
proyecto exige la realización previa de un anuncio, por lo cual si éste fuera
inválido también lo será la votación de la conciliación y con ello se afectaría
el artículo 161 de la Constitución. Sin embargo, como ya se afirmó, el anuncio
se realizó cuando existía quórum deliberatorio, por lo cual éste es
válido y con ello no se afecta la validez de la votación del informe de conciliación,
realizada por la plenaria de la Cámara de Representantes el día siguiente.
En este sentido, se encuentra demostrado
tanto en el acta como en el vídeo de la sesión que el anuncio del Informe de
Conciliación del Proyecto de Ley 200/2015 Cámara 138/2015 Senado, por el cual
se expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018, se realizó el cinco (5) de mayo de
dos mil quince (2015):
“Presidente: (…) señor Secretario, vamos a
anunciar para el día de mañana, proyectos, conciliación y debate de control
político sesión que se desarrollará partir de las 2 de la tarde. Vamos a
anunciar la conciliación, anunciamos 2 proyectos de ley  y  anunciamos  debate de control político,
señor Secretario.
Subsecretaria: Anuncio de proyectos para el
día 6 de mayo.
Primero informe de conciliación;
Proyecto de ley número 200 de 2015 Cámara –
138 de 2015 Senado, por la cual se expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018
Todos por un nuevo país.
Segundo: Proyectos para segundo debate;
Proyecto de ley número 175 de 2013 Cámara,
por la cual las centrales de información o centrales de riesgo no podrán bajar
el puntaje o score crediticio de los usuarios del sistema financiero por
consultas.
Tercero debate de control político”.
Presidente: Gracias señora Subsecretaria,
se levanta la sesión y se convoca para mañana miércoles 6 de mayo a las 2 de la
tarde, iniciamos con informe de conciliación, luego el orden del día se
establecerá de acuerdo a la Ley 5ª, que primero es el debate de control
político y luego es el Proyecto de Ley, con el que quedamos hoy en el primer
lugar. Si la plenaria decide modificarlo será en su momento considerado cuando
tengamos abierto el registro y será sometido el orden del día”[118].
3.9.2.  Demanda presentada por los ciudadanos
Carlos Germán Navas Talero, Angélica Lisbeth Lozano Correa y Manuel Restrepo
Medina
Este grupo de demandantes reitera que en la
sesión del cinco (5) de mayo se suspendió la votación en dos (2) ocasiones y
agrega que en ambos eventos habían transcurrido treinta (30) minutos sin
haberse cumplido la votación, lo cual señalan que desconoce lo establecido en
los artículos 160, 149 y 151 de la Constitución. A continuación se analizará
solamente la presunta afectación de los artículos 160 y 149 de la Constitución,
teniendo en cuenta que ya se analizó la supuesta desatención del artículo 151 Superior
por estos mismos hechos (Ver acápite 3.9.1.2. de esta sentencia).
3.9.2.1.      No vulneración del artículo 160 de la
Constitución
Los demandantes señalan que el artículo 160
de la Constitución dispone que “ningún proyecto de ley será sometido a
votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado”,
aviso que deberá dar la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión
distinta en la cual se realiza la votación.
Como se manifestó previamente, el anuncio
tiene una serie de presupuestos que no se afectaron en este caso[119]:
(i)  Que se anuncie la votación del
proyecto en cada uno de los debates reglamentarios: requisito cumplido en
relación con el informe de conciliación.
(ii) Que el anuncio lo haga la Presidencia
de la Cámara o de la respectiva Comisión en una sesión diferente y previa a
aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto: como se expresó, se encuentra demostrado
que el anuncio del Informe de Conciliación del Proyecto de Ley 200/2015 Cámara
138/2015 Senado, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 –
2018, se realizó por parte de la Subsecretaria de la Cámara de Representantes
el cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), es decir, un día antes de su
aprobación, por lo cual no se vulneró el artículo 160 de la Constitución.
(iii) Que la fecha de la votación sea cierta,
determinada o, en su defecto, determinable, lo cual se cumplió claramente
en este caso, al manifestarse que el debate se llevaría a cabo el seis (6) de
mayo: “Subsecretaria:
Anuncio de proyectos para el día 6 de mayo: Primero
informe de conciliación proyecto de ley número 200/2015 Cámara 138/2015 Senado
por la cual se expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018, todos por un nuevo
país. (…)”
(iv) Que el proyecto no sea votado en sesión
distinta a la anunciada previamente, lo cual sucedió efectivamente, pues
tal como acredita la Gaceta 564 de 2015, aprobación del Informe de Conciliación del Proyecto de Ley
200/2015 Cámara 138/2015 Senado, por el cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014 – 2018 se llevó a cabo el seis (6) de mayo de dos mil quince
(2015).
De esta manera, el anuncio del Informe de
Conciliación del Proyecto de Ley 200/2015 Cámara 138/2015 Senado, por el cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, cumple con todos los
requisitos reconocidos por la Constitución y la jurisprudencia y por ello no se
vulneró el artículo 160 de la Constitución.
3.9.2.2.
No vulneración
del artículo 149 de la Constitución
3.9.2.2.1. Los demandantes señalan que se desconoció el artículo
149 de la Constitución, en virtud del cual “toda reunión de
miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la
rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones
constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá
dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán
sancionados conforme a las leyes”, por cuanto afirman que durante la sesión
plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de marzo de dos mil
quince (2015) en la cual se llevó a cabo el anuncio del Informe de Conciliación
del Proyecto por el cual se expide el Plan de Desarrollo 2014 – 2018 se desatendieron
los artículos 132 y 130 de la Ley 5ª de 1992:
(i)      En relación con la vulneración del artículo
132 reiteran que se desconoció con la suspensión de las votaciones de los
impedimentos del proyecto de Ley No. 175 de 2013 y del retiro del Proyecto de
Ley No. 066 de 2013 Cámara.
(ii)   Frente al artículo 130 de la Ley 5ª de
1992, señalan que las suspensiones aludidas se presentaron porque habían
transcurrido más de treinta (30) minutos desde que se inició la votación, lo
cual desconoció que según esta norma: “cuando se utilicen medios
electrónicos en las votaciones, será el presidente de la Corporación o Comisión
quien determine los tiempos entre la iniciación de la votación y el anuncio de
su resultado sin exceder los treinta (30) minutos por votación”.
3.9.2.2.2. Desde el punto de vista fáctico, como ya se afirmó se
encuentra demostrado que se presentó la suspensión de 2 decisiones durante el
debate, sin embargo, en virtud de los videos de la sesión se pudo comprobar que
en ambos casos la interrupción se presentó antes de que se cumplieran treinta
(30) minutos desde la apertura del registro:
(i)    En el primer caso, se abrió el registro
para la votación sobre los impedimentos en el minuto 1:56:57 del video de la
sesión y el Presidente de la Cámara de Representantes ordenó la
suspensión de la votación en el minuto 2:22:03, lo cual fue anunciado por el Secretario
General en el minuto 2:22:45, por lo cual transcurrieron un poco menos de 25
minutos después de estar abierto.
(ii)  En el segundo caso, se abrió el registro para votar en
el minuto 2:27:14 y luego en el minuto 2:53:28 el Presidente de la Cámara de Representantes ordenó la suspensión de la votación, la
cual fue anunciada por el Secretario de la Comisión en el minuto 2:53:53, es
decir, que transcurrieron menos de 26 minutos después de la apertura del
registro.
3.9.2.2.3. El artículo 149 de la Constitución señala que “toda
reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones
propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las
condiciones constitucionales, carecerá de validez”, lo cual no se presentó
en este caso por los siguientes motivos:
(i)  En primer lugar, la aplicación del artículo 149
Superior exige como mínimo que la norma infringida tenga carácter
constitucional, lo cual no se presenta en este caso, pues la disposición que
contempla la imposibilidad de suspender una votación no está consagrada en la
Carta Fundamental, sino en artículo 132 de la Ley 5ª de 1992.
(ii)  En segundo lugar, el artículo 149 de la Constitución
no se refiere a un vicio frente a un proyecto, sino a una situación que afecte
toda la reunión o sesión, por lo cual una desatención del reglamento como la
que sucedió frente a la votación de dos (2) proyectos no puede invalidar toda
la sesión.
(iii) Finalmente, como ya se reconoció en esta sentencia, en
virtud del principio de instrumentalidad de las formas, el desconocimiento del
artículo 132 de la Ley 5ª de 1992 no constituye un vicio de trámite, pues nunca
se afectó el quórum deliberatorio ni mucho menos la publicidad de los
anuncios, por lo cual menos aún podría llegar a tener la entidad suficiente
para invalidar toda la sesión.
De esta manera, es claro que no se presentó
una situación que invalidara toda la actuación y por ello no debe aplicarse el
artículo 149 de la Constitución, pues las votaciones no se extendieron más de
lo permitido por la ley.
4.
CONCLUSIONES
4.1.
La primera
demanda señala que durante
la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos
mil quince (2015), en la cual se anunció el Informe de Conciliación del
Proyecto  por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, se
suspendió la votación de dos (2) proyectos de ley por falta de quórum,
lo cual desconocería el artículo 132 de la Ley 5ª de 1992 y con ello vulneraría
los artículos 145, 151 y 161 de la Constitución.
4.2.
La segunda
demanda, reitera que en la
Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo se
suspendió irregularmente la votación en dos (2) ocasiones, agregando que en
ambos eventos habían transcurrido más de treinta (30) minutos sin haberse
terminado  la votación, lo cual desconocería lo señalado en los artículos 160,
149 y 151 de la Constitución.
4.3.
Al no existir
ningún cuestionamiento sobre el trámite del proyecto en el Senado de la
República ni en una sesión distinta a la llevada a cabo el cinco (5) de mayo de
dos mil quince (2015), el problema jurídico se centra en determinar si en
esa sesión se desconoció el Reglamento del Congreso al suspenderse la votación
en dos (2) ocasiones y si esta situación afectó el anuncio del Informe de
Conciliación del Proyecto de Ley por el cual se expide el Plan de Desarrollo
2014 – 2018, vulnerándose los artículos 145, 151, 161, 160 y 149 de la
Constitución.
4.4.
Analizadas las
pruebas se pudo concluir que, tal como lo señalan los demandantes, en la Sesión
Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince
(2015) se suspendió la votación de los impedimentos respecto del proyecto Ley
No. 175 de 2013 y del retiro del Proyecto de Ley No. 066 de 2013 Cámara, lo
cual constituyó una desatención del artículo 132 del Reglamento del Congreso en
virtud del cual “Anunciado por el Presidente la iniciación de la votación,
no podrá interrumpirse, salvo que el Congresista plantee una cuestión de orden
sobre la forma como se está votando”.
4.5.
Esta situación
no vulneró el artículo 145 de la Constitución, pues se demostró que en ambos casos se mantuvo el quórum
deliberatorio y por ello la plenaria podía seguir sesionando. Adicionalmente,
por solicitud expresa de un Representante a la Cámara se verificó que existía quórum
decisorio minutos antes del anuncio del Informe de Conciliación del
Proyecto por el cual se expidió el Plan de Desarrollo 2014 – 2018.
4.6.
Tampoco se
vulneró el artículo 151 de la Constitución, pues no toda desatención
de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución o en
el respectivo Reglamento del Congreso, acarrea su declaración de inconstitucionalidad,
sino que es necesario acudir al principio de instrumentalidad de las formas
para determinar si implicó la vulneración de las finalidades del procedimiento.
En aplicación de este axioma se pudo concluir que el objetivo de la
norma inaplicada con las (2) suspensiones (artículo 132 de la Ley 5ª de 1992)
era salvaguardar la votación de dos (2) proyectos específicos en los cuales se
presentó, pero no tiene relación con el
anuncio del Informe de Conciliación del Proyecto por el cual se expide
el Plan de Desarrollo 2014 – 2018, cuyas
finalidades se cumplieron plenamente:  (i) permitir que se
conozca un proyecto con la debida antelación, (ii) salvaguardar el
control político por parte de la comunidad en general y (iii) materializar
el principio democrático facilitando un acuerdo informado y reflexivo sobre los temas en ella desarrollados.
4.7.
No se afectó el
artículo 161 de la Constitución, el cual exige la existencia de un anuncio publicado al menos un día
antes de la votación del informe de conciliación, lo cual se cumplió
claramente, pues el anuncio se realizó el día cinco (5) de mayo y la
conciliación se aprobó el seis (6) de mayo del mismo año, es decir, un día
después.
4.8.
No se desconoció
el artículo 160 de la Constitución, en virtud del cual “ningún proyecto de ley
será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado”, pues el anuncio realizado el cinco (5) de mayo de dos mil
quince (2015) cumplió con todos los requisitos señalados por la Constitución y
por la Ley: (i) se hizo en el debate reglamentario, (ii) se realizó
por el Presidente de la Cámara de Representantes, (iii) la fecha de la
votación era cierta, pues se manifestó que el debate se llevaría a cabo el seis
(6) de mayo de 2015 y (iv) el proyecto fue votado en sesión distinta a
la anunciada previamente, pues se votó el seis (6) de mayo y se anunció el día
anterior.
4.9.
No se infringió
el artículo 149 de la Constitución, pues en las dos (2) ocasiones en las cuales se
suspendió la votación: (i) no transcurrieron más de treinta (30) minutos
después de que se hubiera abierto el debate, (ii) no se afectó ninguna condición
constitucional del debate, (iii) no se reconoció la existencia de un
vicio de trámite y (iv) las infracciones sucedidas exclusivamente en la
votación de un proyecto no pueden afectar la validez de toda una sesión.
4.10.    En virtud de lo anterior, la Corte encontró
que la Ley 1753 de 2015 es exequible por los cargos analizados en la presente
sentencia.
5.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1753 de 2015, por
medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, por los
cargos analizados en la presente sentencia.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese
el expediente.
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
Magistrada
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Sentencia Consejo de Estado, Sección Cuarta del 9 de julio de 2009, radicación
1700123310002006004040216544.
[2] Sentencias de la Corte Constitucional C -
1041 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y
Clara Inés Vargas Hernández y C - 490 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[3] Sentencias de la Corte Constitucional C - 1041
de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández y C - 490 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[4]
Sentencia de la Corte Constitucional C - 751 de 2013, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[5] Sentencia de la Corte Constitucional C -
880 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[6] Sentencia de la Corte Constitucional C -
008 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández.
[7]
Ver la Sentencia de la Corte
Constitucional C - 861 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[8] Sentencias de la Corte Constitucional C - 557 de
2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C - 473 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[9] Sentencia de la Corte Constitucional C -
801 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[10] Sentencias
de la Corte Constitucional C-1048 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería y C-473 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En este sentido, la Sentencia C - 222 de
1997 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo) señala que
el debate es un requisito indispensable de la decisión y que en virtud de su
importancia constitucional se estableció la necesidad de que exista un quórum
deliberatorio.
[11] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 751 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[12] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 055 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero),
en la que la Corte rechaza un cargo de inconstitucionalidad porque la comisión
de conciliación no conformada para superar las discrepancias no aprobó el acta,
porque algunos de sus miembros no la suscribieron. En similar sentido, Sentencia de la Corte Constitucional
C - 473 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13] Sentencia de la Corte Constitucional C -
473 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Sentencia de la Corte Constitucional C -
473 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] Sentencias de la Corte Constitucional C - 1040 de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández y C - 1041 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis
y Clara Inés Vargas Hernández.
[16] Sentencias de la Corte Constitucional C - 1040 de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández y C - 1041 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis
y Clara Inés Vargas Hernández.
[17] Sentencias de la Corte Constitucional C - 1040 de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández y C - 1041 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis
y Clara Inés Vargas Hernández.
[18] Sentencias de la Corte Constitucional C - 1040 de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández y C - 1041 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis
y Clara Inés Vargas Hernández.
[19] Sentencias de la Corte Constitucional C - 1040 de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández y C - 1041 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis
y Clara Inés Vargas Hernández.
[20] Sentencias  de  la  Corte
Constitucional   C - 760 de 2001,  M.P.  Marco  Gerardo  Monroy  Cabra  y Manuel  José  Cepeda  Espinosa;
C - 1040 de 2005,  M.P.  Manuel  José  Cepeda Espinosa,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio  Sierra  Porto,
Álvaro  Tafur  Galvis  y  Clara  Inés Vargas  Hernández  y  C - 1041  de  2005,  M.P.  Manuel José  Cepeda  Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis
y Clara Inés Vargas Hernández.
[21] Sentencias de la Corte Constitucional C - 760 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y
Manuel José Cepeda Espinosa y C - 222 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[22] Auto  de  la  Corte  Constitucional  número  006  de
1995,  M.P.  José
Gregorio  Hernández  Galindo. Sentencia  de  la  Corte  Constitucional  C
- 008  de  1995,  M.P.  José  Gregorio  Hernández. En  similar
sentido se pronunció la  sentencia  de  la  Corte  Constitucional  C  -  203  de
1995,   M.P. José Gregorio Hernández.
[23] Auto de la Corte Constitucional 006 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; Sentencias de la Corte Constitucional C - 008 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández y C - 203 de 1995 M.P. José Gregorio
Hernández.
[24] Sentencias
de  la  Corte  Constitucional   C  -  008  de  1995,  M.P.  José  Gregorio  Hernández Galindo;  C  -  376 de  1995,  M.P.  Jorge  Arango  Mejía  y  C  -  203
de  1995,  M.P.  José  Gregorio  Hernández Galindo.
[25] Sentencias de la Corte Constitucional C - 008 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández; C - 203 de 1995, M.P. José Gregorio
Hernández. Auto de la Corte Constitucional A - 006 de 1995, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[26] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 376 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía.
[27] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 008 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández.
[28] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 376 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía.
[29] Sentencia de la Corte Constitucional C -
337 de 2015 M.P. Myriam Ávila Roldán.
[30] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 203 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández.
[31] Auto de la Corte Constitucional A - 006 de 1995, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[32] Auto de la Corte Constitucional A - 006 de 1995, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[33] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 203 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández.
[34] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 203 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández.
[35] Sentencias de la Corte Constitucional C - 008 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo y C - 203 de 1995 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[36] Sentencia de la Corte Constitucional C - 386 de 2014, M.P. Andrés Mutis Vanegas
[37] Al
respecto, ver las sentencias C - 737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett;
C - 786 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C - 134 de 2014 M.P. María
Victoria Calle Correa.
[38] Sentencia de la Corte Constitucional C - 865 de 2001, M.
P. Eduardo Montealegre Lynett. Reiterada en las sentencias C - 578 de 2002, M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa; C - 386
de 2014, M.P. Andrés Mutis Vanegas; C - 131 de 2009  M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C - 386 de 2014 M.P. Andrés Mutis Vanegas; entre
otras.
[39] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 277 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[40]
Sentencias  de  la  Corte  Constitucional
C  -  737  de  2001, M.P.  Eduardo  Montealegre  Lynett; C  -  915 de  2001,
M.P.  Jaime  Araujo  Rentería,  Alfredo  Beltrán  Sierra,  Rodrigo
Escobar  Gil  y  Clara  Inés Vargas  Hernández;  C  - 1145
de 2001, M.P. Álvaro  Tafur  Galvis. En similar sentido también se han pronunciado las sentencias de la
Corte Constitucional  C  - 1152  de  2003,  M.P.  Jaime  Córdoba Triviño;  C
- 473  de  2004, M.P.  Manuel
José  Cepeda  Espinosa y la Sentencia C  -  540  de  2001,
M.P. Jaime  Córdoba  Triviño.
[41] Sentencia
de la Corte Constitucional C -
737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-240 de
2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[42] Sentencia de la Corte Constitucional C - 473 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[43] Sentencias
de la Corte Constitucional C - 370 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño y Álvaro Tafur Galvis;  C - 473 de
2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C - 277 de 2007, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; C - 131 de 2009,  M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En similar sentido
se ha pronunciado la jurisprudencia en relación con las
posibles de infracciones en el proceso de formación de las leyes y actos
legislativos a través de las Sentencias de la Corte
Constitucional C - 872 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet; C – 1040 de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés
Vargas Hernández; C-168 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C - 240
de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C - 786 de
2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C - 386 de
2014, M.P. Andrés Mutis Vanegas. También en este
sentido: Auto  de la Corte Constitucional A - 170
de 2003, M.P. Álvaro Tafur
Galvis.
[44] Sentencia de la Corte
Constitucional C-760 de 2001 M.S. Marco Gerardo Monroy
Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa.; Sentencia C-473 de 2004
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia de la Corte Constitucional C-737 de 2001 M.P.
Eduardo Montealegre Lynett; C-168 de 2012 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sentencia de la Corte Constitucional C-386 de 2014 M.P. Andrés Mutis Vanegas; C-168 de 2012 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; Sentencia C-131
de 2009  M.P. Nilsón Pinilla Pinilla.
[45] Sentencia
de la Corte Constitucional C-1040 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto,
Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández., Sentencia
C-1056 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[46] Sentencia de la Corte Constitucional C-386 de 2014, M.P. Andrés Mutis Vanegas.
[47] Sentencias de la Corte Constitucional
C-760 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa y C-473
de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[48] Sentencias de la Corte Constitucional
C-473 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-473 de 2004 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[49] Sentencias de la Corte Constitucional C-055 de 1996. MP Alejandro
Martínez Caballero (Fundamento 6);
C-953 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C - 1152 de
2003,  M.P. Jaime Córdoba Triviño; Sentencia C-788 de 2011 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; Sentencia C - 786 de 2012 M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva. En similar sentido se han pronunciado las Sentencias
de la Corte Constitucional C - 737
de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C
- 055 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero; C - 1039 de
2004; C - 386 de 2014 M.P.
Andrés Mutis Vanegas.
[50] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 131 de 2009,  M.P. Nilsón Pinilla Pinilla.
[51] Cfr. sentencia de la Corte Constitucional C - 737 de 2001, M.
P. Eduardo Montealegre Lynett.
[52] Sentencia de la Corte Constitucional C - 055
de 1995. MP Alejandro Martínez Caballero; C - 386 de 2014, M.P. Andrés Mutis Vanegas. En similar sentido, ver la Sentencia de
la Corte Constitucional C - 446 de 2009, M.P.
Mauricio González Cuervo.
[53] Sentencia  de  la  Corte  Constitucional  C - 737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; Sentencia C - 953 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa;
Sentencia C - 055 de 1996. M.P.
Alejandro Martínez Caballero. en similar sentido, Sentencia de
la Corte Constitucional C - 788 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[54] Sentencia de la Corte Constitucional C- 277 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto),
con ocasión del examen de una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra
el artículo 1° (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2005, “Por el cual se
adiciona el artículo 48  de  la Constitución Política”. En igual sentido, Sentencias C - 786 de 2012, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; C - 473 de 2004,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C - 386 de 2014, M.P. Andrés Mutis Vanegas; C - 277 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C - 240 de
2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y C - 332 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[55] Ley 5ª
de 1992, art. 2, núm. 2.
[56] Sentencia
de la Corte Constitucional C-225 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[57] Sentencia
de la Corte Constitucional C-258 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
[58] Sentencia de la Corte Constitucional C - 858 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[59] Auto de la Corte
Constitucional A - 081 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[60] Autos de la Corte Constitucional A - 126
de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; A - 171 de 2009 M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio y A – 081 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia de la
Corte Constitucional C - 621 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[61] Ver  el  Auto  de  la  Corte
Constitucional  número 081  de  2008, M.P.  Jaime  Córdoba  Triviño. En  el
mismo sentido  la  Sentencia  de  la  Corte  Constitucional  C - 621  de  2012,  M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[62] Cfr. Corte
Constitucional, Sentencia de la Corte Constitucional  C - 927 de 2007, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto y C-751 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Auto de la Corte
Constitucional A - 081 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[63] Sentencia de la Corte
Constitucional C - 750 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, en la cual se cita la Sentencia de la Corte Constitucional C
- 927 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
También ver la Sentencia de la Corte Constitucional C - 446 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo. También
ver los Autos de la Corte Constitucional A – 81 de 2008, M.P. Jaime Córdoba
Triviño y A – 126 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[64] Sobre el particular Cfr.
Sentencias de la Corte Constitucional C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Cfr.
Autos de la Corte Constitucional A-311
de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y A - 081 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[65] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 333 de 2005 M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[66] Ver  los
Auto  de  la  Corte  Constitucional  A - 232 de 2007,  M.P.
Jaime Córdoba Triviño;  A - 081
de 2008,  M.P.  Jaime  Córdoba  Triviño  y  A - 171  de  2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Ver  las sentencias  de  la  Corte
Constitucional  C - 533 de 2003,  M.P.  Álvaro  Tafur  Galvis;  C - 276 de
2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra; C - 309 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1040 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C - 383 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
C - 150 de 2009, M.P. Mauricio
González Cuervo; C - 446
de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo; C - 593 de 2010,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C - 982 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa; C-909
de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C
- 225  de 2014, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez y C - 812 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. Sobre  la  finalidad
de  permitir  la  formación  de  la  voluntad democrática  al  interior
de  las  cámaras legislativas  a  través  de  los  anuncios  realizados
en  el  trámite legislativo  ante  el  Congreso  de  la  República  también  se
han  pronunciado  las  sentencias  de  la  Corte Constitucional  C - 644
de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil;  C
-  1040 de 2005,  M.P.  Manuel  José  Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis
y Clara Inés Vargas Hernández; C-1041 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto,  Álvaro Tafur Galvis
y Clara Inés Vargas Hernández; C - 172 de 2006, M.P. Jaime
Córdoba Triviño; C - 241 de 2006,  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra  C - 549  de  2006, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; C - 576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C  -  864  de
2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C - 858 de 2007, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; C - 036 de 2008,  M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; C-150 de 2009, M.P. Mauricio
González Cuervo.  Esta  finalidad  también  ha  sido  mencionada  en  los  autos  de  la
Corte  Constitucional  A - 038 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; A - 089
de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En  similar  sentido
también  se  han pronunciado  en relación con esta  finalidad  de  los anuncios,
las  sentencias  de  la  Corte  Constitucional  C  - 1011 de 2008,  M.P.  Jaime
Córdoba  Triviño;  C - 625 de 2010,  M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C - 982 de
2010, M.P. María Victoria Calle Correa; C - 663 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C -
621 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C - 640 de
2012, M.P. María Victoria Calle Correa; C - 750 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C - 751 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero  Pérez;  C - 225
de  2014,  M.P.  Luis Guillermo  Guerrero
Pérez  y  C - 089  de  2014,  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[67] Auto de la Corte Constitucional
081 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[68] Autos
de la Corte Constitucional A - 126 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; A - 171 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sobre
esta finalidad se han pronunciado las Sentencias de la Corte Constitucional  C
- 383  de  2008, M.P.  Nilson  Pinilla
Pinilla y C - 663  de  2013,  M.P.
Jorge  Ignacio  Pretelt Chaljub.
[69] Sentencia de la Corte Constitucional C -
309 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y Auto A - 119 de 2007. Este
criterio ha sido reiterado recientemente en las Sentencias C - 032 de 2014 M.P.
Mendoza Martelo y C - 667 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[70] Sentencias
de la Corte Constitucional C - 533 de 2004, M.P. Álvaro  Tafur Galvis; C - 533 de 2003,
M.P. Álvaro Tafur Galvis; C - 011
de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-982 de 2010, M.P. María Victoria Calle
Correa; C - 751 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez. Véase también el Auto A
- 038 de 2004, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[71] Auto de la Corte Constitucional A - 126 de
2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[72] Auto de la Corte
Constitucional A - 081 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[73] Sentencia  de la Corte Constitucional C - 909 de 2013,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[74] Cfr. entre otras, las Sentencias de la
Corte Constitucional C - 644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-576 de 2006,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, C - 864 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C
- 1040 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C - 838 de 2008, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; C - 943 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C -
801 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C - 801 de 2009, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C - 011 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez;
C - 305 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C - 377 de 2010, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; C - 379 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo;  C –
593 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C - 982 de 2010, M.P. María
Victoria Calle Correa; C - 027 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C -
293 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C - 621 de 2012, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; C-750 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C -
032 de 2014, M.P. Mendoza Martelo; C - 089 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; C - 313 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C - 667 de
2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C - 286 de 2015, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez. Así mismo se pronunció el Auto A – 171 de 2009, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[75] Sentencia
de la Corte Constitucional C - 751 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[76] Sobre
estas reglas de los anuncios se han pronunciado entre otras las Sentencias de
la Corte Constitucional C - 801 de 2009,  M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
C - 199 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;  C - 750
de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C - 313 de
2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C - 667 de 2014, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo. También hacen referencia a las reglas
objetivas de valoración las sentencias de la Corte
Constitucional C - 576 de 2006,
M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; C - 533 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C -141 de 2010, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; C - 305 de 2010,
M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; C - 199 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C - 621 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C - 909 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y C - 286 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. La regla de excepción a
la cadena de anuncios fue fijada en la Sentencia C - 533 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y es
a su vez reiterada en las Sentencias C - 864 de 2006, M.P. Rodrigo
Escobar Gil y C - 576 de 2006, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, entre otras.
[77] Cfr. las sentencias de
la Corte Constitucional C - 473 de 2005 (M.P Manuel José Cepeda Espinosa),
C-241 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C - 322 de 2006 (M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra). También se puede consultar el Auto 311 de 2006 (M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra).
[78] Sentencia de la Corte Constitucional C - 801
de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[79] Sentencia de la Corte Constitucional C - 915 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[80] Sentencia de la Corte Constitucional C - 801
de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[81] Cfr. las Sentencias  de
la Corte Constitucional C - 780 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C - 649
de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En el mismo sentido se puede
consultar también el Auto A - 311 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[82] Cfr. Auto de la Corte Constitucional A - 089 de 2005 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[83] Cfr. las Sentencias de la Corte Constitucional C - 533 de 2004  (M.P. Álvaro
Tafur Galvis) y C - 473 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[84] Sentencia de la Corte Constitucional C - 801
de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[85] Consultar, entre otras,
las Sentencias de la Corte Constitucional C - 533 de
2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis;  C
- 309 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C - 502
de 2007, M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa; C - 533 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C - 615 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C - 801
de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C - 982
de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa. Ver igualmente Auto A - 089 de 2005, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; Sentencia C-446
de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
[86] Gaceta del Congreso de la República número
476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), Minuto 01:35 de la
Grabación Audiovisual de la Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco
(5) de mayo de dos mil quince (2015): “Presidente: Señor Secretario se
registra quórum deliberatorio con cerca de cincuenta y nueve (59) o
sesenta (60) registrados, vamos a iniciar dándole lectura al Orden del Día
propuesto para la sesión plenaria de hoy y permitimos las intervenciones de los
oradores que se han inscrito”.
[87] Minuto (02:01) de la Grabación Audiovisual de la Plenaria de la
Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015). El orden del día también consta en las páginas 8 a 10 de la Gaceta
del Congreso de la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil
quince (2015).
[88] Gaceta del Congreso de la República número
476 del 15 de julio de 2015, pág. 11. Minuto  05:47 de la Grabación
Audiovisual de la Plenaria de la Cámara de Representantes del 5 de mayo de
2015: “Intervención de la Presidencia: Muchas gracias señora
Subsecretaria. Vamos a esperar tener el quorum decisorio que nos permita
discutir el orden del día que ha sido leído ante la plenaria y mientras
esperamos constituirse el decisorio vamos a evacuar el listado de oradores que
se han inscrito en la tarde de hoy, el primero de ellos es el representante
conservador doctor Arturo Yepes Alzate. Intervención del Honorable
Representante Arturo Yepes Alzate: Solicita que se modifique el orden del
día para aprobar una proposición firmada por todos los integrantes de todas las
bancadas del Congreso en la que la Cámara de Representantes respalda  la
recomendación del Ministerio de Salud y Protección Social de suspender la
aspersión de glifosato en el marco del programa de erradicación de cultivos
ilícitos y recomienda la erradicación manual como sustituto”.
[89] Gaceta del Congreso de la República número
476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 15. Minuto 41:37 de
la Grabación Audiovisual de la Plenaria de la Cámara de Representantes del
cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015): “Dirección de la Presidencia,
Fabio Amín Saleme: Señor Secretario vamos a dejar nuevamente constancia en
el acta de que el Orden del Día ha sido leído ante la plenaria. Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano: Sí señor Presidente, ya fue leído
en la plenaria cuando existía quórum deliberatorio en este momento existe quórum
decisorio. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Gracias Secretario,
conformado el quórum decisorio, anuncio que se abre la discusión para la
aprobación del Orden del Día, en discusión del Orden del Día, representante
Arturo Yepes.
Intervención del Honorable Representante Arturo Yepes
Alzate: Presidente para
una modificación breve del orden del día, donde podamos votar en el punto
primero las proporciones y luego continuar con el resto del orden del día como
está previsto. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Señor
Secretario vamos a considerar la solicitud de modificación del Representante
Yepes en el sentido que el punto de proposiciones sea el primero punto en el Orden
del Día, anuncio que se va a cerrar la discusión, continuamos en discusión del Orden
del Día con la proporciona que lo modifica el doctor Yepes, anuncio que se va a
cerrar la discusión, queda cerrada la discusión, señor Secretario le pregunto a
la plenaria si aprueban el orden del día con la modificación propuesta. Secretario:
Así lo quiere señor presidente.
Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Gracias Secretario, aprobado el Orden del Día
con la modificación vamos a iniciar con el desarrollo del mismo, doctor Hoyos en
la modificación que pidió el doctor Yepes es para que el punto de las
proposiciones se considere antes de entrar  a discutir los proyecto de ley para
entrar a segundo debate, sobre las proposiciones que están en Mesa hace algunos
días y que algunos desean sean sometidas a aprobación por parte de la Plenaria,
si insisten en que no están de acuerdo tenemos que abrir el registro, señor
Secretario no podemos hacer cosa diferente a la que solicita el Centro
Democrático, vamos a someter a consideración por registro, votando Sí se
aprueba el orden del día con la modificación propuesta, votando No, se niega y
quedamos con el Orden del Día como ha sido publicado, se ordena abrir el
registro. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano: Se abre
el registro para votar el orden del dia con la proposición del doctor Yepes. Doctora
Lina, se está sometiendo el Orden del Día con el punto del doctor Yepes que
busca que las proposiciones sean leídas en el primer punto, entonces se abrió
votación nominal.
Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Señores representantes estamos votando la
proposición de Orden del Día. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano: Señores honorables Representantes, estamos votando el Orden del Día
nominalmente, doctor Ape Cuello, Doctor Zabarain, Ape Cuello vota Sí, Armando Zabaraín
vota Sí. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: la Representante
Sandra Ortiz vota Sí. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Paola Agudelo vota Sí. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme:
Señores Representantes anuncio que se va a cerrar la votación, para que
aquellos que no hayan hecho uso del sistema, doctor Tous ¿ya voto?, doctor Romero
¿voto?, doctor Jaime Serrano, doctor Jack Jousni, ¿ya votó?, doctor Serrano
puede hacerlo por el biométrico sin problema. ¿cómo vota doctor Serrano? Jaime
Serrano vota Sí. ¿Cuantos votos manuales señora Subsecretaria? Subsecretaria
General, Yolanda Duque Naranjo: Cinco, Presidente. Dirección de la
Presidencia, Fabio Amín Saleme: Doctor Villamil ¿ya voto?, ¿Cómo vota
doctor Ángelo?, doctor Ángelo Villamil vota Sí, doctor Ángelo ya le autorizamos
el voto manual, no lo haga vía electrónica. Señor Secretario el Representante Carrasquilla
no ha votado por el sistema, se autoriza el voto manual de Silvio Carrasquilla,
vota Sí.  Señor Secretario se ordena cerrar el registro y anunciamos el
resultado de la votación. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla
Serrano: Se cierra el registro la votación es de la siguiente manera: Por
el Sí 62 votos electrónicos y 7  manuales, para un total 69 votos por el Sí. Por
el no 18 votos electrónicos, ninguno manual, para un total por el No de 18
votos. (…) Señor Presidente ha sido aprobada la modificación del Orden del Día,
con el orden que fue propuesto por la Mesa Directiva más la modificación del
doctor Arturo Yepes”.
[90] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 1:42:50 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria de
la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[91] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 1:49:27 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria
de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[92] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015).
Minutos 1:53:39 a 1:56:36 de la Grabación Audiovisual
de la Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil
quince (2015).
[93] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 27. Minuto 2:22:02 de la Grabación Audiovisual de la
Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince
(2015).
[94]
Gaceta del Congreso de la República número 476 del quince (15) de julio de dos
mil quince (2015), pág. 27. Minuto 2:22:44 de la
Grabación Audiovisual de la Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco
(5) de mayo de dos mil quince (2015).
[95] Gaceta del Congreso de la República número
476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 27. Presidente: “Señor
Secretario vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día invitando
a los honorables representantes que se declararon impedidos que puedan
nuevamente ingresar al recinto”.
Presidente: “Siguiente punto del orden del día señor Secretario,
siga señor Secretario, siguiente punto del orden del día”.
[96] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015) Minuto 2:24:12 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria de
la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[97] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 28. Minuto 2:26:31 de la Grabación Audiovisual de la
Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince
(2015).
[98] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 28. Minuto 2:53:28 de la Grabación Audiovisual de la
Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince
(2015).
[99] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 28. Presidente: “El doctor Orlando Guerra me está pidiendo
una moción, vamos a escuchar al doctor Orlando guerra y consideraremos continuar
depende el quórum que presente la plenaria”.
[100] Gaceta del Congreso de la República número
476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 3:52:50 de la
Grabación Audiovisual de la Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco
(5) de mayo de dos mil quince (2015): Presidente: “Señor Secretario
transcurridas 3 horas y 50 minutos le pregunto a la plenaria si se declara en
sesión permanente”.
Secretario: “Así lo quiere señor Presidente”.
[101] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 05:52:45 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria
de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[102] Gaceta del Congreso de la República número
476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), pág. 49: “Intervención
del Honorable Representante Housni Jaller: Presidente una moción de
procedimiento, ya que el doctor Prada ha dejado un manto de duda sobre la
consistencia del quórum, yo le pido por favor que lo verifique. Muchas gracias
señor Presidente. Dirección de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Claro
que sí representante, no tengo problema alguno y si es la solicitud de la Plenaria
para darle toda la veracidad a la información que hemos venido desarrollando
con el quórum requerido y necesario, señores de registro, favor abrir sistema,
vamos a verificar el quórum para que quede constancia en el acta de la sesión. Subsecretaria
General, Yolanda Duque Naranjo: Señores de cabina favor abrir el registro. Dirección
de la Presidencia, Fabio Amín Saleme: Señores representantes, estamos
verificando el quórum, para que en Acta conste de la presencia de cada uno de
los miembros de esta Corporación”.
[103] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 7:18:11 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria
de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[104] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 2:22:02 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria
de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[105]
Gaceta del Congreso de la República número 476 del quince (15) de julio de dos
mil quince (2015). Minuto 2:22:44 de la Grabación
Audiovisual de la Plenaria de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo
de dos mil quince (2015).
[106] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 2:53:28 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria
de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[107]
Ver consideración 3.4.2.
[108] Sentencia de la Corte Constitucional C - 473
de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[109] Auto de la Corte Constitucional A - 006 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[110] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 06:21:54 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria
de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[111] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 2:22:00 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria
de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[112] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 2:53:28 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria
de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[113] Sentencias  de  la  Corte
Constitucional  C - 1040 de 2005, M.P.  Manuel  José  Cepeda  Espinosa,
Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto,
Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández; C - 1041  de  2005, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio
Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
[114] Sentencias
de la Corte Constitucional C – 387 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1041 de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo
Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Alvaro
Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández; C-1043 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Rodrigo Escobar
Gil; Marco Gerardo Monroy Cabra; Humberto
Antonio Sierra Porto Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
[115] Sentencias
de la Corte Constitucional
C-737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, precitada. Sentencias de la Corte Constitucional C - 473 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C - 1152 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño. También ver
entre otras las sentencias C - 1145 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, S.V.: Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo
Escobar Gil; C - 915 de 2001, M.P.
Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Clara Inés Vargas Hernández; C-540
de 2001, MP: Jaime Córdoba Triviño.
[116]
Sentencias de la Corte Constitucional C - 055 de 1996, M.P.
Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 6.  Sentencias de la Corte Constitucional C -
737 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C - 1152
de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño; C - 953 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; C - 1039 de 2004; M.P: Alvaro Tafur Galvis; C
- 788 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C - 786 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia de la Corte Constitucional y C
- 386 de 2014, M.P. Andrés Mutis
Vanegas, entre otras.
[117] Artículo
161 de la Constitución Política de Colombia.
[118] Gaceta del Congreso de
la República número 476 del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). Minuto 7:18:11 de la Grabación Audiovisual de la Plenaria
de la Cámara de Representantes del cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015).
[119] Cfr. entre otras, las Sentencias de la
Corte Constitucional C - 644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-576 de 2006,
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, C - 864 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C
- 1040 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C - 838 de 2008, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; C - 943 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C -
801 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C - 801 de 2009, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C - 011 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez;
C - 305 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C - 377 de 2010, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; C - 379 de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo;  C –
593 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C - 982 de 2010, M.P. María
Victoria Calle Correa; C - 027 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C -
293 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; C - 621 de 2012, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; C-750 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; C -
032 de 2014, M.P. Mendoza Martelo; C - 089 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; C - 313 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C - 667 de
2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y C - 286 de 2015, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez. Así mismo se pronunció el Auto A – 171 de 2009, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.