C-202-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-202/16
PROYECTO DE
LEY QUE ADOPTABA EL CODIGO DE ETICA DE LA PROFESION DE BIBLIOTECOLOGIA Y
MODIFICABA LA LEY 11 DE 1979-Inexequible por haber excedido el plazo de dos
legislaturas para el trámite de todo proyecto de ley
OBJECIONES
GUBERNAMENTALES A PROYECTO DE LEY QUE ADOPTA EL CODIGO DE ETICA DE LA PROFESION
DE BIBLIOTECOLOGO-Trámite legislativo
OBJECIONES
GUBERNAMENTALES-Examen debe limitarse al trámite de las objeciones mismas y no al
trámite de la ley objetada
OBJECION
PRESIDENCIAL-Término del Congreso para pronunciarse/TRAMITE DE
OBJECIONES PRESIDENCIALES EN CONGRESO-Plazo de dos legislaturas en los
términos del artículo 162 de la Constitución Política
La jurisprudencia de la Corte ya ha manifestado que si bien es
cierto la Constitución no señala expresamente en los artículos 166, 167 y 168,
que se ocupan del tema de las objeciones, el plazo dentro del cual las cámaras
deben tramitar la insistencia frente a las objeciones presidenciales, también
lo es que ello no implica que aquéllas tengan un plazo indefinido para tal fin,
pues ante ese vacío debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 162 de la Carta
Política, conforme al cual ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos
legislaturas. Son varias las razones que justifican la anterior afirmación y
sobre las cuales esta Corporación se basó para fijar su jurisprudencia al
respecto, a saber: (1) consideración literal, según la cual el artículo
162 de la Constitución no distingue entre proyectos objetados y no objetados,
sino que se refiere a los proyectos en términos generales. Además, conforme a
lo dispuesto en el artículo 167 ibídem el proyecto objetado “volverá
a segundo debate”, de donde se concluye que la insistencia de las cámaras hace
parte del procedimiento legislativo. (2) Consideración lógica, en
virtud  de la cual no existe contradicción entre los artículos 167 y 162
de la Carta en razón a que los preceptos específicos sobre objeciones no establecen
ningún plazo especial para que las cámaras insistan, y ese silencio de
regulación especial debe interpretarse en el sentido que el legislador y el
Constituyente quisieron que ese punto se rigiera por la normatividad general.
(3) Interpretación sistemática, según la cual las discrepancias respecto a
los proyectos de ley entre la Ramas Legislativa y Ejecutiva deben realizarse de
manera ágil, y si se aceptara la tesis de que el Congreso puede tomarse todas
las legislaturas que estime convenientes para pronunciarse sobre las
objeciones, se afecta el sistema de frenos y contrapesos, en cuanto al
Presidente de la República sí se le establece un plazo perentorio para que
pueda hacer uso de su facultad de objetar. (4) Interpretación finalística,
en atención a que se racionaliza el trámite legislativo y se permite una más
adecuada formación de la voluntad democrática. Además, sería absurdo que el
Congreso dispusiera de dos legislaturas para aprobar integralmente un proyecto
de ley, pero para terminar de aprobarlo cuando es objetado, pueda dejar pasar
indefinidas legislaturas.
CORTE
CONSTITUCIONAL-Llamado de atención al Gobierno Nacional recordándole su obligación de
actuar con diligencia en los trámites legislativos a los cuales sea vinculado y
de respetar el deber constitucional de colaboración armónica entre las ramas
del poder público
Referencia: expediente OG-144
Revisión
oficiosa de las Objeciones gubernamentales presentadas al proyecto de ley
número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”.
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de
abril dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en los
artículos 167 y 241, numeral 8 de la Constitución Política, cumplidos los
trámites y requisitos previstos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido
la siguiente sentencia, con base en los siguientes
1.
ANTECEDENTES
1.1.
El 12 de julio de 2012, el entonces Presidente del Senado de la
República, hizo llegar a esta Corporación copia del proyecto de ley número 091
de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”, con el fin
de que este Tribunal resolviera las objeciones de inconstitucionalidad que el
Presidente de la República y la Ministra de Educación Nacional formularon
respecto de algunos artículos del referido proyecto, las cuales fueron
declaradas infundadas por las plenarias de Senado y Cámara.
1.2.
El texto íntegro del proyecto de ley era el siguiente:
por
la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta  el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología  y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO
I
DE
LA PROFESIÓN DE BIBLIOTECOLOGÍA  Y REQUISITOS PARA SU EJERCICIO
Artículo 1°.
Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar la
Ley 11 de 1979, por la cual se reconoce la profesión de bibliotecólogo y se
reglamenta su ejercicio, regular la práctica profesional de la Bibliotecología, adoptar su código de ética y se dictan otras disposiciones de acuerdo al
ordenamiento jurídico constitucional y legal vigente en el territorio de la
República de Colombia.
Artículo
2°. Del ejercicio de la Bibliotecología. El desempeño de la Bibliotecología se realizará de acuerdo con las competencias propias del campo de formación
que a nivel de pregrado de la educación superior corresponda, según se trate de
formación Técnica Profesional, Tecnológica o Profesional Universitario, en las
áreas relacionadas con la administración, la organización, dirección y
proyección social de sistemas, redes y servicios de bibliotecas y centros de
documentación en las que el dominio de los procesos de planeación, dirección,
control, generación, recolección, procesamiento, almacenamiento, búsqueda y
recuperación, conservación, diseminación y uso de los recursos de información
bibliográfica son necesarios para el desempeño y desarrollo efectivo de la
sociedad; estudia el sistema formado por la interacción de la información, el
registro de dicha información en el documento bibliográfico, el usuario y la
institución informativa documental. Concibe la información como resultado de la
configuración del pensamiento y los sentidos, el registro de dicha información
en el documento bibliográfico en cualquier tipo de soporte físico análogo o
digital, el usuario y la Institución informativa documental. Concibe la
información como resultado de la configuración del pensamiento, las ideas, los
conceptos, los significados y los sentidos; considera al documento como la
objetivación de la información bibliográfica y documental en algún medio físico
o simbólico; comprende al usuario como ser humano que tiene una necesidad de
información que puede satisfacerse; y finalmente entiende a la institución
informativa documental como un ente social materializado en sistemas, redes,
servicios y unidades de información relacionados con bibliotecas y centros de
documentación que proporcionan las condiciones para satisfacer las necesidades
de información de los usuarios.
Artículo
3°. El artículo 2° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
¿Artículo
2°. Del campo de desempeño. El ejercicio de la Bibliotecología se podrá realizar en los diferentes campos de desempeño por parte de las
personas que hayan recibido de una Institución de Educación Superior el título
académico correspondiente a la formación Técnica Profesional, Tecnológica, o
Profesional Universitario, y cumpla con los requisitos que regula la presente
ley¿.
Artículo 4°.
Adicionar al artículo 3° de la Ley 11 de 1979 un numeral con el siguiente
texto:
¿5. Las
Bibliotecas Públicas de los municipios de Colombia, de acuerdo con la
categorización territorial de los mismos, vincularán profesionales en
Bibliotecología, así:
a) Las
Bibliotecas Públicas de los Distritos y Municipios de categorías especial,
primera, segunda y tercera serán dirigidas por Profesionales Universitarios en
Bibliotecología;
b) Las
Bibliotecas Públicas de los Distritos y Municipios de categorías cuarta, quinta
y sexta serán dirigidas por Profesionales Universitarios, Profesionales
Tecnólogos o Profesionales Técnicos;
c) Las
Redes de Bibliotecas Públicas serán dirigidas por Profesionales Universitarios
en Bibliotecología¿.
Artículo
5°. El artículo 4° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
¿Artículo
4°. Requisitos para ejercer la profesión de Bibliotecólogo. Para ejercer
legalmente la profesión de Bibliotecología en el territorio nacional, se
requiere acreditar su formación académica e idoneidad del correspondiente nivel
de formación, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, mediante la
presentación del título respectivo, y haber obtenido la
Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Nacional de Bibliotecología¿.
Artículo
6°. De la tarjeta profesional de Bibliotecólogo. Solo podrán obtener la
Tarjeta Profesional de Bibliotecólogo, ejercer la profesión y usar el
respectivo título dentro del territorio colombiano, quienes:
a) Hayan
obtenido el Título Profesional de bibliotecólogo, en el correspondiente nivel
de formación de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, otorgado por
universidades o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas,
conforme a lo establecido en la presente ley.
b) Hayan
obtenido el Título Profesional de bibliotecólogo, en el correspondiente nivel
de formación de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, otorgado por
universidades e Instituciones de Educación Superior que funcionen en países con
los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de
títulos.
c) Hayan
obtenido el título académico de Bibliotecólogo o su equivalente, otorgado por
Instituciones de Educación Superior extranjeras o por instituciones legalmente
reconocidas por las autoridades competentes en el respectivo país y con cuales
no existan tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos celebrados por
Colombia siempre y cuando se hayan convalidado ante las autoridades
competentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia¿.
Parágrafo.
Las tarjetas profesionales, inscripciones o registros expedidos a
Bibliotecólogos por el Consejo Nacional de Bibliotecología, con anterioridad a
la vigencia de la presente ley y antes de su entrada en vigencia, conservarán
plena validez y se presumirán auténticos.
TÍTULO
II
DEL
EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN  DE BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo 7°.
Ejercicio ilegal de la profesión de Bibliotecología. Toda actividad realizada
dentro del campo de competencia señalado en la
Ley 11 de 1979 y la presente ley, por quienes no ostenten la calidad de
bibliotecólogos o se les haya cancelado o suspendido su tarjeta profesional y
no estén autorizados debidamente para desempeñarse como tales, según lo
previsto en las disposiciones legales vigentes, será considerada ejercicio
ilegal de la profesión.
El
ejercicio ilegal de la profesión tendrá las consecuencias que la ley laboral,
penal y/o disciplinaria establezcan.
Parágrafo.
El servidor público que en ejercicio de su cargo, autorice, facilite,
patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la Bibliotecología, incurrirá en falta disciplinaria castigada de conformidad con lo dispuesto
en el Código Único Disciplinario.
TÍTULO
III
DEL
CONSEJO NACIONAL  DE BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo
8°. El artículo 6° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
¿Artículo
6°. El Consejo Nacional de Bibliotecología estará constituido así:
a) Un
Representante del Ministerio de Educación.
b) Un
Representante del Departamento Administrativo de Colciencias.
c) Un
Representante del Ministerio de Cultura.
d) Dos
Profesionales en ejercicio de la profesión de Bibliotecología, postulados por
las organizaciones gremiales legalmente reconocidos por la ley colombiana que
asocien profesionales de la
Bibliotecología. El Colegio Colombiano de Bibliotecología podrá presentar sus
candidatos y organizará el proceso de elección.
e) Los
Representantes de las Escuelas o Facultades de Bibliotecología.
Parágrafo
1°. Los miembros del Consejo Nacional de Bibliotecología a que se refieren los
literales d) y e) serán elegidos de manera democrática por un periodo de dos
(2) años prorrogables, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida
el Consejo Nacional de Bibliotecología.
Parágrafo
2°. Todas las Asociaciones de carácter nacional debidamente reconocidas por la
legislación colombiana, podrán sus representantes legales ser invitados a las
sesiones del Consejo Nacional de Bibliotecología con voz pero sin voto¿.
TÍTULO
IV
DE
LAS FUNCIONES PÚBLICAS  DEL CONSEJO NACIONAL  DE BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo
9°. El artículo 7° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
¿Artículo
7°. Se ratifica el carácter de órgano público del Consejo Nacional de
Bibliotecología adscrito al Ministerio de Educación Nacional y tendrá las
siguientes funciones:
a) Expedir
su propio reglamento.
b) Expedir
la tarjeta profesional de Bibliotecólogo, previo cumplimiento de los requisitos
legales vigentes sobre la materia y de conformidad con la
Ley 11 de 1979 y la presente ley.
c) Llevar
un libro de registro con su respectivo número consecutivo donde se consigne la
información de las tarjetas profesionales expedidas.
d) Vigilar
y controlar el ejercicio de la profesión.
e) Conocer
de las infracciones de la presente ley y al Código de Ética Profesional e
imponer las sanciones a que haya lugar.
f) Formular
recomendaciones a instituciones oficiales o privadas, relativas a la Bibliotecología para lograr la promoción académica y social de la profesión.
g)
Suspender o cancelar la tarjeta profesional a través del Tribunal Nacional de
Ética de la Bibliotecología a los profesionales que infrinjan el Código de
Ética y los reglamentos que expida el Consejo Nacional de Bibliotecología.
h)
Organizar y conformar a través de medios democráticos el Tribunal Nacional de
Ética de la Bibliotecología para dar cumplimiento al Código de Ética
Profesional, de que trata la presente ley y las disposiciones que lo
complementen.
i) Las
demás que le asigne la ley.
TÍTULO
V
DEL
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO  DE LA BIBLIOTECOLOGÍA
CAPÍTULO
I
Disposiciones
generales
Artículo
10. Los Bibliotecólogos, para todos los efectos del Código de Ética Profesional
y del régimen disciplinario, contemplado en esta ley, se denominarán, en
adelante, el profesional o los profesionales.
Artículo
11. El presente Código de Ética Profesional está destinado a servir como regla
de conducta profesional para el ejercicio de la Bibliotecología, proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones informadas
en situaciones con las que se enfrenten los profesionales.
Artículo
12. El ejercicio de la profesión de Bibliotecología debe ser guiada por
criterios, conceptos y elevados fines que busquen enaltecerla; por lo tanto,
los profesionales están obligados a ajustar sus actuaciones a las siguientes
disposiciones, que constituyen su Código de Ética Profesional.
CAPÍTULO
II
De
los derechos, deberes y prohibiciones
Artículo
13. Derechos. Los profesionales podrán:
a) Ejercer
su profesión, de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus
reglamentos, asumiendo responsabilidades acordes con su formación.
b) Contar,
cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia, pública o privada,
con adecuadas garantías que faciliten el cabal cumplimiento de sus funciones.
Artículo
14. Deberes generales. Son deberes de los profesionales:
a)
Custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que en
razón al ejercicio profesional, le hayan sido encomendados o, a los cuales
tenga acceso, impidiendo o evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento,
alteración o utilización indebida, de conformidad con los fines para los cuales
estos hayan sido destinados.
b)
Comportarse con lealtad, probidad y buena fe, en el desempeño profesional,
respetando, en todas sus acciones, la dignidad del ser humano, sin distinción
de ninguna naturaleza, promoviendo y asegurando el libre acceso de la comunidad
a la información.
c) Respetar
los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el ejercicio
de su profesión y el respeto por los Derechos Humanos.
d) Tratar
con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas con quienes tenga
relación con motivo del ejercicio de la profesión.
e) Permitir
a los representantes del Consejo Nacional de Bibliotecología, a los
representantes de los órganos de control y vigilancia del Estado y demás
autoridades competentes, el acceso a los lugares donde deban adelantar sus
investigaciones, examen de los libros, documentos y demás diligencias, así como
prestarles la necesaria colaboración para el cabal desempeño de sus funciones.
f) Ejercer
la profesión sin supeditar sus conceptos o sus criterios profesionales a
intereses particulares, en detrimento del bien común.
g) Promover
el respeto por la persona del Bibliotecólogo dentro y fuera de la comunidad
científica y profesional.
h) Guardar
secreto profesional sobre aquellas informaciones de carácter reservado o
confidencial que le sean confiadas.
i) Oponerse
a todo intento de censura, asegurando la libertad de información y la libre
circulación de la información.
j) Tener
plena conciencia de la responsabilidad por la búsqueda continua de la
excelencia profesional, por mantener y mejorar la idoneidad profesional a
través de la actualización permanente, por el fomento del desarrollo
profesional de los colegas, así como de las aspiraciones de los posibles
miembros de la profesión.
k) Conocer
las leyes, las normas técnicas, los reglamentos y los manuales de
procedimientos, para ajustar a ellos, la prestación adecuada de sus servicios.
1)
Notificar a la autoridad competente, cuando tuviere conocimiento, sobre
trasgresiones al ejercicio profesional.
m)
Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin tener la convicción absoluta
de estar debidamente informado al respecto.
n) Velar
por la preservación de la memoria colectiva, el patrimonio bibliográfico y
proteger la herencia cultural del país.
o)
Facilitar el acceso de los recursos de información a personas discapacitadas y
a minorías étnicas.
p) Ofrecer
altos niveles de servicio a los usuarios a través de apropiados y útiles
recursos de información organizados, políticas equitativas de servicios, acceso
equitativo a los recursos de información, y respuestas exactas, imparciales y
cordiales a todas las solicitudes.
Artículo
15. Deberes para con los demás profesionales de la disciplina. Son deberes de
los profesionales de que trata el Código de Ética Profesional, contenido en
esta ley:
a) Ser
solidario con sus colegas evitando comentarios que afecten su imagen y crédito
personal.
b) No usar
métodos de competencia desleal con los colegas.
c)
Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de
colegas, señalando errores profesionales en que estos incurrieren a no ser que
medien algunas de las siguientes circunstancias:
a) Que ello
sea indispensable por razones ineludibles de interés general.
b) Que se
les haya dado anteriormente la posibilidad de reconocer y rectificar aquellas
actuaciones y errores, haciendo dichos profesionales caso omiso de ello.
d)
Reconocer y respetar sus valores humanos y profesionales.
e)
Denunciar, a la instancia competente, toda práctica que conlleve el ejercicio
ilegal e inadecuado de la profesión.
f)
Compartir con los colegas nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y
administrativos, de modo que contribuya a su progreso profesional.
g) No
proponer servicios con reducción de precios luego de haber conocido propuestas
de otros profesionales.
h) Respetar
y reconocer la propiedad intelectual de los demás profesionales sobre su
desarrollo y aportes profesionales a la Bibliotecología.
i)
Abstenerse de cometer, permitir o contribuir a que se cometan actos de injusticia,
en perjuicio de otro profesional, tales como la aplicación de penas
disciplinarias, sin causa demostrada y justa.
j) No
prestar su firma a título gratuito u oneroso, para autorizar contratos,
dictámenes, memorias, informes y toda otra documentación profesional, que no
haya sido estudiada, controlada o ejecutada personalmente.
Artículo
16. Prohibiciones. Son prohibiciones, aplicables al profesional, las
siguientes:
a) Realizar
actividades que contravengan la buena práctica profesional.
b) Nombrar,
elegir, dar posesión o tener a su servicio, para el desempeño de un cargo
privado o público que requiera ser desempeñado por profesionales en
Bibliotecología, en forma permanente o transitoria, personas que ejerzan
ilegalmente la profesión.
c)
Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de la profesión.
d) Causar,
intencional o culposamente, daño o pérdida de bienes, elementos, equipos, o
documentos, que hayan llegado a su poder en razón al ejercicio profesional.
e)
Incumplir las decisiones disciplinarias que imponga u obstaculizar su
ejecución.
f)
Solicitar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones,
dádivas o recompensas, en razón al ejercicio de su profesión, salvo
autorización contractual o legal.
g)
Utilizar, sin autorización de sus legítimos autores y para su aplicación en
trabajos profesionales propios, los escritos, publicaciones o la documentación
perteneciente a aquellos.
h) Las
demás previstas en la Ley.
TÍTULO
VI
DEL
TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA  DE LA
BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo
17. Créase el Tribunal Nacional de Ética de la
Bibliotecología. El Consejo Nacional de Bibliotecología conformará e integrará
el Tribunal Nacional de Ética de la
Bibliotecología, para que cumpla las funciones de investigar y sancionar, las
faltas a la ética profesional. Su integración deberá hacerse de conformidad a
la democracia participativa.
Artículo
18. El Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología estará integrado por dos salas a saber:
La Sala
Plena del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, que actuará como órgano de segunda instancia en los procesos disciplinarios
que se adelanten contra los profesionales, en tanto que la
Sala Disciplinaria del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, conocerá, en primera instancia, de los procesos disciplinarios que se
adelanten contra los profesionales de la Bibliotecología.
Parágrafo.
Los miembros que conformen el Tribunal, así como el secretario del mismo
tendrán funciones de carácter público.
TÍTUL
VII
ORGANIZACIÓN
DEL TRIBUNAL DE ÉTICA  DE LA
BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo
19. El Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología estará integrado por cinco (5) miembros, profesionales en Bibliotecología de
reconocida idoneidad profesional, ética y moral, con no menos de diez (10) años
de ejercicio profesional, elegidos para un período de cuatro (4) años. El
Tribunal contará con los servicios de un abogado de reconocida idoneidad, ética
y moral con no menos de cinco (5) años de experiencia profesional y
conocimientos en derecho disciplinario, administrativo, áreas de especialidad
afines, quien cumplirá las funciones de Secretario del Tribunal. Su designación
será efectuada por el Tribunal para el mismo período de sus miembros.
La Sala
Plena del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología estará integrada por sus cinco (5) miembros, en tanto que la
Sala Disciplinaria del Tribunal de Ética de la Bibliotecología estará integrada por tres (3) miembros.
Parágrafo.
Los miembros que conformen el Tribunal así como el secretario del mismo tendrán
funciones de carácter público.
TÍTULO
VIII
RÉGIMEN
DISCIPLINARIO  PARA LOS PROFESIONALES  DE LA BIBLIOTECOLOGÍA
CAPÍTULO
I
Definición
de principios y sanciones
Artículo
20. El profesional que sea investigado por presuntas faltas a la ética
profesional, tendrá derecho a que la investigación se realice respetando su
derecho al debido proceso y al ejercicio de su derecho de defensa, de
conformidad con las leyes preexistentes al acto que se le impute y con
observancia del proceso disciplinario, previsto en la presente ley, en los
reglamentos y en las siguientes normas rectoras:
a)
Legalidad: Solo será sancionado el profesional cuando por acción u omisión, en
la práctica de la Bibliotecología, incurra en faltas a la ética contempladas en
la presente ley y en otras disposiciones vigentes sobre la materia.
b) Respeto
y dignidad humana: El profesional, en todo caso, tiene derecho a ser tratado
con el respeto debido a su dignidad.
c)
Presunción de inocencia: El profesional tiene derecho a ser asistido por un
abogado durante todo el proceso y a que se le presuma inocente, mientras no se
le declare responsable en fallo ejecutoriado.
d) La duda
se resuelve a favor del disciplinado: La duda razonada se resolverá a favor del
profesional inculpado.
e) Doble
instancia: Toda providencia interlocutoria podrá ser apelada por el
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley. El superior no podrá
agravar la sanción impuesta cuando el sancionado sea apelante único.
f) Igualdad
frente a la ley: El profesional tiene derecho a ser tratado con igualdad frente
a la ley.
g)
Publicidad: En la investigación se respetará y aplicará el principio de
publicidad: Las partes tienen derecho a conocer integralmente el desarrollo de
la investigación.
h)
Imparcialidad: En la investigación se evaluarán los hechos y circunstancias
favorables y desfavorables a los intereses del disciplinado.
i)
Criterios auxiliares: La jurisprudencia, la doctrina y la equidad son criterios
auxiliares en el juzgamiento.
Artículo
21. Definición de falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo
tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la
incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este
Código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitaciones en el
ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y conflicto de intereses, sin
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad
contempladas en el artículo 29 del presente ordenamiento.
Artículo
22. Sanciones aplicables. A juicio del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología como resultado de las faltas éticas en que incurran los profesionales,
procederán las siguientes sanciones:
a)
Amonestación escrita.
b)
Suspensión en el ejercicio de la profesión de seis (6) meses a cinco (5) años.
c)
Cancelación de la tarjeta profesional.
Artículo
23. Escala de sanciones. Las sanciones disciplinarias se clasifican en: leves,
graves y gravísimas de conformidad con lo establecido en el Código Único
Disciplinario.
Los
profesionales a quienes se les compruebe la violación de normas del Código de
Ética Profesional, adoptado en virtud de la presente ley, estarán sometidos a
las siguientes sanciones:
a) Las
faltas calificadas como leves, siempre y cuando el profesional no registre
antecedentes disciplinarios, darán lugar a amonestación escrita.
b) Las
faltas calificadas como leves, cuando el profesional registre antecedentes
disciplinarios, darán lugar a la suspensión de la
Tarjeta Profesional, hasta por el término de (6) seis meses.
c) Las
faltas calificadas como graves, siempre y cuando el profesional no registre
antecedentes disciplinarios, darán lugar a la suspensión de la tarjeta
profesional, por un término de seis (6) meses a dos (2) años.
d) Las
faltas calificadas como graves, cuando el profesional registre antecedentes
disciplinarios, darán lugar a la suspensión de la tarjeta profesional, por un
término de (2) dos a (5) cinco años.
e) Las
faltas calificadas como gravísimas siempre darán lugar a la cancelación de la
tarjeta profesional.
Artículo
24. Elementos de la falta disciplinaria. La configuración de la falta
disciplinaria debe enmarcarse dentro de los siguientes elementos o condiciones:
a) La
conducta o el hecho debe haber sido cometido por el profesional en cualquiera
de los niveles de formación contemplados en el ordenamiento jurídico vigente.
b) La
conducta o el hecho debe ser intencional o culposo.
c) El hecho
debe haber sido cometido en ejercicio de la profesión o de actividades conexas
o relacionadas con esta.
d) La
conducta debe ser violatoria de deberes, prohibiciones o inhabilidades
inherentes a la profesión.
e) La
conducta debe ser apreciable objetivamente y debe ser procesalmente probada.
f) La
sanción disciplinaria debe ser la consecuencia de un proceso que garantice el
pleno ejercicio del derecho a la defensa al profesional investigado y la
aplicación de un debido proceso, en los términos previstos en la
Constitución Política.
Artículo
25. Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación
del presente régimen disciplinario, prevalecerán, en su orden, los principios
rectores que determina la
Constitución Política, el presente Código de Ética Profesional y el Código
Contencioso Administrativo.
Parágrafo.
Las sanciones aquí señaladas, no tendrán incompatibilidad con la aplicación de
sanciones de otra naturaleza que pudieren ser impuestas por otras autoridades
competentes.
Artículo
26. Criterios para determinar la levedad o gravedad de la falta disciplinaria.
El Tribunal Nacional de Ética de la
Bibliotecología en Sala Plena o en Sala Disciplinaria, según corresponda,
determinará si la falta imputada es leve, grave o gravísima, de conformidad con
los siguientes criterios:
a) El grado
de culpabilidad.
b) El grado
de perturbación a terceros o a la sociedad.
c) La falta
de consideración con usuarios, patronos, subalternos y en general, con todas
las personas a las que pudiera afectar la conducta del profesional.
d) La
reiteración de la conducta.
e) La
jerarquía y mando que el profesional tenga dentro de la persona jurídica a la
que pertenece o representa.
f) La
naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia de la misma, la
complicidad con otros profesionales y el perjuicio causado.
g) Las
modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta, el grado de
preparación y de participación en la misma y el aprovechamiento de la confianza
depositada en el profesional.
h) Los
motivos determinantes, según se haya procedido por causas innobles o fútiles, o
por nobles y altruistas.
i) El haber
sido inducido a cometerla por un superior.
j) El
confesar la falta antes de la formulación de cargos, asumiendo la
responsabilidad de los perjuicios causados.
k)
Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio
causado, antes de que la sanción le sea impuesta.
Artículo
27. Faltas calificadas como gravísimas. Se consideran gravísimas y constituyen
causal de cancelación de la tarjeta profesional, las siguientes faltas:
a) Derivar,
en ejercicio de la profesión, de manera directa o por interpuesta persona,
indebido o fraudulento provecho patrimonial, con consecuencias graves para la
parte afectada.
b)
Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice el Tribunal
Nacional de Ética de la
Bibliotecología.
c) El
abandono injustificado de los encargos o compromisos profesionales cuando tal
conducta cause grave detrimento al patrimonio económico del u suario o se
afecte, de la misma forma, el patrimonio público.
d) La
utilización fraudulenta de hojas de vida de sus colegas, para participar en
concursos o licitaciones públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos
contratos.
e) Incurrir
en algún delito que atente contra los usuarios, la persona, natural o jurídica
para la cual trabaje, sea esta, pública, privada, colegas o autoridades,
siempre y cuando la conducta sancionable comprenda el ejercicio de la Bibliotecología.
Artículo
28. Concurso de faltas disciplinarias. El profesional que con una o varias
acciones u omisiones infrinja varias disposiciones del Código de Ética
Profesional o varias veces la misma disposición, quedará sujeto a la sanción
más grave.
Artículo
29. Circunstancias que justifican la falta disciplinaria. La conducta se
justifica cuando se comete:
a) Por
fuerza mayor o caso fortuito.
b) En
estricto cumplimiento de un deber legal.
c) En
cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, emitida con las
formalidades legales, siempre y cuando no contraríe las disposiciones constitucionales
y legales.
CAPÍTULO
II
De
las circunstancias de atenuación  y agravación
Artículo
30. Circunstancias de atenuación. La sanción disciplinaria se aplicará teniendo
en cuenta las siguientes circunstancias de atenuación:
1. Ausencia
de antecedentes disciplinarios, en el campo ético y profesional, durante los
cuatro (4) años anteriores a la comisión de la falta.
2.
Demostración previa de buena conducta y debida diligencia en el ejercicio de la
profesión.
Artículo
31. Circunstancias de agravación. La sanción disciplinaria se aplicará teniendo
en cuenta las siguientes circunstancias de agravación:
1.
Existencia de antecedentes disciplinarios en el campo ético y profesional
durante los cuatro (4) años anteriores a la comisión de la falta.
2.
Reincidencia en la comisión de la falta investigada dentro de los cuatro (4)
años siguientes a su sanción.
3.
Aprovechamiento, por parte del profesional, de la posición de autoridad que
llegare a ocupar.
Artículo
32. Acceso al expediente. El investigado tendrá acceso a la queja y demás
partes del expediente disciplinario, solo a partir del momento en que sea
escuchado en versión libre y espontánea o desde la notificación de cargos,
según el caso.
Artículo
33. Principio de imparcialidad. En la investigación se deberá investigar y
evaluar, tanto los hechos y circunstancias desfavorables, como las favorables a
los intereses del profesional.
CAPÍTULO
III
Procedimiento
disciplinario
Artículo
34. Iniciación del proceso disciplinario. El proceso disciplinario profesional
se iniciará:
a) De
oficio.
b) Por
queja escrita, interpuesta por cualquier persona, natural o jurídica; esta
deberá formularse, por cualquier medio, ante el Tribunal de Ética de la Bibliotecología.
Parágrafo.
En los casos de público conocimiento o cuando se tratare de un hecho notorio,
cuya gravedad lo amerite, a juicio del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecologí a, podrá iniciarse, de oficio, la investigación disciplinaria.
Artículo
35. Ratificación de la queja. Recibida la queja, se ordenará su ratificación
bajo juramento y mediante auto se dará apertura a la investigación preliminar,
con el fin de establecer, si existe mérito para abrir una investigación formal
disciplinaria contra el presunto o presuntos profesional(es) infractor(es).
Parágrafo.
Las quejas anónimas o no ratificadas solo serán indicio y de acuerdo a la
gravedad del mismo se podrá iniciar averiguación de oficio.
Artículo
36. Investigación preliminar. La investigación preliminar no podrá exceder el
término de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del auto que ordena
la apertura de la investigación preliminar. Durante este período, se decretarán
y practicarán las pruebas que el investigador considere pertinentes y que
conduzcan a la comprobación de los hechos.
Artículo
37. Propósito de la investigación preliminar. La investigación preliminar tiene
como propósito verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si esta es
constitutiva de falta disciplinaria e identificar al profesional que
presuntamente intervino en ella.
Parágrafo.
Para cumplir con la finalidad que persigue la investigación preliminar, el
investigador hará uso de los medios de prueba legalmente disponibles.
Artículo
38. Informe y calificación del mérito de la investigación preliminar. Terminada
la etapa de investigación preliminar y dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes, se calificará el mérito de lo actuado y, mediante auto motivado, se
determinará si existe o no mérito para adelantar la investigación formal
disciplinaria en contra del profesional investigado. En caso afirmativo, se le
formulará, en el mismo auto, el correspondiente pliego de cargos. Si no se
encontrare mérito para seguir la actuación, se ordenará, en la misma
providencia el archivo del expediente y la notificación de la decisión adoptada
al quejoso y a los profesionales investigados.
Artículo
39. Notificación del pliego de cargos. La
Secretaría del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología notificará personalmente el pliego de cargos al profesional inculpado. En el
evento de no ser posible la notificación personal, esta se hará, mediante
correo certificado, o por edicto, en los términos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo. Si transcurrido el término de la notificación por
correo certificado o por edicto, el inculpado no compareciere, se proveerá el
nombramiento de un apoderado de oficio, de la lista de abogados inscritos ante
el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con quien se continuará
la actuación. El apoderado de oficio que resulte designado, asumirá plenamente
las funciones y responsabilidades que le son propias, según lo previsto en la
ley para tal efecto.
Artículo
40. Traslado del pliego de cargos. Surtida la notificación, se dará traslado al
profesional inculpado, por un término improrrogable de diez (10) días hábiles,
para que, en dicho término, presente sus descargos, solicite y aporte pruebas.
Para tal efecto, el expediente permanecerá a su disposición en la
Secretaría del Tribunal.
Artículo
41. Etapa probatoria. Vencido el término de traslado, la
Secretaría decretará práctica de las pruebas solicitadas por el investigador y
por el profesional inculpado. El término dentro del cual se surtirá la etapa de
pruebas será de sesenta (60) días.
Artículo
42. Solo se podrá adoptar una decisión sancionatoria cuando exista certeza,
fundamentada en plena prueba, sobre la existencia del hecho violatorio del
Código de Ética Profesional y sobre la responsabilidad del profesional.
Artículo
43. Fallo de primera instancia. Vencido el término probatorio previsto, el
investigador, elaborará un proyecto de decisión, que será sometida a
consideración del resto de la
Sala Disciplinaria del Tribunal quien solicitará su aclaración, modificación o
revocatoria. En el evento que la mayoría de la
Sala Disciplinaria apruebe el proyecto de decisión, esta se adoptará mediante
resolución motivada.
Parágrafo.
En el evento de existir salvamentos de voto a la decisión final adoptada, estos
deberán quedar consignados en el texto de la respectiva acta de la reunión.
Artículo
44. Notificación del fallo. La decisión se notificará personalmente al
profesional investigado, por intermedio de la
Secretaría del Tribunal, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
la sesión en la cual esta hubiere sido adoptada y, si ello no fuere posible, se
notificará mediante edicto, en los términos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
Artículo
45. Recurso de apelación. Contra dicha providencia solo procederá el recurso de
apelación, que deberá interponerse ante la
Sala Plena del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación personal
o de desfijación del edicto a través del cual se notificó la decisión. El
recurso de apelación deberá presentarse por escrito y con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo
46. Cómputo de la sanción. Las sanciones impuestas por violación al presente régimen
disciplinario, empezarán a contarse a partir del día siguiente a la fecha en
que notifique personalmente al investigado o se haga la entrega a este del
respectivo correo certificado, a través del cual se le informe de la decisión
adoptada por el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología.
Artículo
47. Aviso de la sanción. De toda sanción disciplinaria impuesta a un
profesional, se dará aviso a la
Procuraduría General de la Nación, a todas las entidades relacionadas con el
ejercicio profesional, a la entidad que tenga a su cargo llevar el registro de
proponentes y contratistas, así como a las demás agremiaciones de
profesionales. Lo anterior, con el fin de que estas entidades efectúen, en sus
registros, las anotaciones pertinentes y adopten las medidas que permitan hacer
efectiva la sanción y se impida el ejercicio de la profesión al sancionado. La
anotación respectiva tendrá vigencia y solo surtirá efectos por el término de
la sanción.
Artículo
48. Caducidad de la acción. La acción disciplinaria a que se refiere el
presente título caduca en el término de cinco (5) años, contados a partir de la
fecha en que se cometió el último acto constitutivo de la falta. El auto que
ordena la apertura de la investigación preliminar, interrumpe el término de
caducidad.
TÍTULO
IX
DISPOSICIONES
GENERALES, VIGENCIA  Y DEROGATORIAS
Artículo
49. Establézcase la fecha del veintitrés (23) de abril de cada año, como día
nacional del Bibliotecólogo.
Artículo
50. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su
sanción y modifica a la Ley 11 de 1979 y Decreto 865 de 1988 y deroga las demás
disposiciones que le sean contrarias.
1.3.
En auto del 26 de julio de 2012, mediante el
cual avocó conocimiento de las objeciones gubernamentales el Magistrado
Sustanciador solicitó a las Secretarías Generales del Senado de la
República y de la Cámara de Representantes, los siguientes documentos:
“a) Las Gacetas del Congreso y las Actas respectivas en
las que conste: (i) la publicación del informe sobre las objeciones
presidenciales en ambas Cámaras al proyecto de ley No.
047/10 Cámara- No. 091/11 Senado “Por la cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecólogo y se dictan otras disposiciones”; (ii) la
publicación del anuncio previo para votación del informe de objeciones
presidenciales mencionado, en ambas Cámaras; (iii) el registro de la
aprobación del informe de objeciones presidenciales al proyecto de ley
citado en las dos Cámaras. b) La totalidad de los antecedentes legislativos del
proyecto de ley No. 047/10 Cámara- No. 091/11 Senado “Por la cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecólogo y se dictan otras disposiciones”. c) Certificación
del quórum deliberatorio y decisorio, como también de la mayoría con la que fue
aprobado el informe de objeciones al proyecto en el Senado de la
República y la Cámara de Representantes. d) Enviar en medio magnético el texto
finalmente aprobado.”
1.4.
Que no obstante el anterior requerimiento, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto No. 180 de del 2 de
agosto de 2012, al no encontrar la totalidad de las pruebas necesarias para
estudiar el trámite de las objeciones gubernamentales de la referencia,
resolvió abstenerse de decidir hasta tanto no se cumplieran los presupuestos
constitucionales y legales requeridos para hacerlo, por lo que solicitó que se
remitieran las Gacetas del Congreso necesarias para poder determinar, con base
en las pruebas pertinentes, si para la aprobación del informe de objeciones
gubernamentales se cumplió con el procedimiento establecido; se apremió a los
Secretarios Generales del Senado de la
República y de la Cámara de Representantes, que acopiaran y enviaran todos los
documentos requeridos.
1.5.
Mediante Sentencia C-663 de 2013, la
Corporación resolvió:
“SEGUNDO.-
Declarar INFUNDADAS las objeciones gubernamentales
presentadas al artículo 8 y a los literales a), b), c), d), e), f) e i) del
artículo 9 del proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010
–Cámara-, “por el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de
Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”. En
consecuencia, declarar EXEQUIBLES las citadas normas, en relación con
los cargos de la objeción analizada en esta providencia.
TERCERO.-
Declarar FUNDADAS las objeciones gubernamentales presentadas
respecto de la expresión “adscrito al Ministerio de Educación Nacional”,
contenida en el artículo 9 del proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-, 047
de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”; así como en
relación con los literales g) y h) del mismo artículo 9 y los artículos 17, 18
y 19 del proyecto objetado.  En consecuencia, declarar INEXEQUIBLES la
expresión, literales y artículos mencionados, por los cargos planteados en la
objeción analizada en la presente providencia.”
1.6.
De conformidad con los artículos 167 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2067 de 1991, el 7 de noviembre de 2013
se remitió el expediente y copia de la sentencia a la Cámara de origen para que
se rehiciera el proyecto en términos concordantes con el contenido de la
sentencia, advirtiendo sobre la obligación de remitirlo una vez más a la Corte
Constitucional.
1.7.
Posteriormente, en oficio radicado en la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 22 de febrero de 2016, el
señor Secretario General del Senado de la República remitió a la Corporación el
informe sobre la corrección del proyecto de ley
número 047/10 Cámara- No. 091/11 Senado “Por la cual
se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecólogo y se dictan otras disposiciones”, para fallo
definitivo, expediente que fue recibido en el despacho del Magistrado
Sustanciador el día 23 de febrero de 2016.
1.8.
Dentro de los documentos remitidos se observan las
respectivas constancias relacionadas con la consideración y aprobación del
texto rehecho en Actas 107 del 1º de diciembre de 2015 (Cámara) y 038 del 10
de  diciembre de 2015 (Senado).[1]
Adicionalmente, se remitió el informe del texto integrado y rehecho
del proyecto de ley número 047/10 Cámara- No. 091/11
Senado “Por la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de
Ética de la Profesión de Bibliotecólogo y se dictan otras disposiciones”, publicado
en la Gaceta del Congreso No. 726 del 21 de septiembre de 2015, en el cual,
luego de hacer un recuento de la sentencia C-663 de 2013 y de la intervención
del Ministerio de Educación, se presenta el nuevo texto para
los fines pertinentes:
“TEXTO REHECHO E
INTEGRADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 047 DE 2010 CÁMRA, 91 DE 2011 SENADO
por
la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta  el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología  y se dictan otras disposiciones.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO
I
DE
LA PROFESIÓN DE BIBLIOTECOLOGÍA  Y REQUISITOS PARA SU EJERCICIO
Artículo 1°.
Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar la
Ley 11 de 1979, por la cual se reconoce la profesión de bibliotecólogo y se
reglamenta su ejercicio, regular la práctica profesional de la Bibliotecología, adoptar su código de ética y se dictan otras disposiciones de acuerdo al
ordenamiento jurídico constitucional y legal vigente en el territorio de la
República de Colombia.
Artículo 2°.
Del ejercicio de la Bibliotecología. El desempeño de la Bibliotecología se realizará de acuerdo con las competencias propias del campo de formación
que a nivel de pregrado de la educación superior corresponda, según se trate de
formación Técnica Profesional, Tecnológica o Profesional Universitario, en las
áreas relacionadas con la administración, la organización, dirección y
proyección social de sistemas, redes y servicios de bibliotecas y centros de
documentación en las que el dominio de los procesos de planeación, dirección,
control, generación, recolección, procesamiento, almacenamiento, búsqueda y
recuperación, conservación, diseminación y uso de los recursos de información
bibliográfica son necesarios para el desempeño y desarrollo efectivo de la
sociedad; estudia el sistema formado por la interacción de la información, el
registro de dicha información en el documento bibliográfico, el usuario y la
institución informativa documental. Concibe la información como resultado de la
configuración del pensamiento y los sentidos, el registro de dicha información
en el documento bibliográfico en cualquier tipo de soporte físico análogo o
digital, el usuario y la Institución informativa documental. Concibe la
información como resultado de la configuración del pensamiento, las ideas, los
conceptos, los significados y los sentidos; considera al documento como la
objetivación de la información bibliográfica y documental en algún medio físico
o simbólico; comprende al usuario como ser humano que tiene una necesidad de
información que puede satisfacerse; y finalmente entiende a la institución
informativa documental como un ente social materializado en sistemas, redes,
servicios y unidades de información relacionados con bibliotecas y centros de
documentación que proporcionan las condiciones para satisfacer las necesidades
de información de los usuarios.
Artículo 3°.
El artículo 2° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
Artículo 2°.
Del campo de desempeño. El ejercicio de la Bibliotecología se podrá realizar en los diferentes campos de desempeño por parte de las
personas que hayan recibido de una Institución de Educación Superior el título
académico correspondiente a la formación Técnica Profesional, Tecnológica, o
Profesional Universitario, y cumpla con los requisitos que regula la presente
ley.
Artículo 4°.
Adicionar al artículo 3° de la Ley 11 de 1979 un numeral con el siguiente
texto:
5. Las
Bibliotecas Públicas de los municipios de Colombia, de acuerdo con la
categorización territorial de los mismos, vincularán profesionales en
Bibliotecología, así:
a) Las
Bibliotecas Públicas de los Distritos y Municipios de categorías especial,
primera, segunda y tercera serán dirigidas por Profesionales Universitarios en
Bibliotecología;
b) Las
Bibliotecas Públicas de los Distritos y Municipios de categorías cuarta, quinta
y sexta serán dirigidas por Profesionales Universitarios, Profesionales
Tecnólogos o Profesionales Técnicos;
c) Las Redes
de Bibliotecas Públicas serán dirigidas por Profesionales Universitarios en
Bibliotecología.
Artículo 5°.
El artículo 4° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
Artículo 4°.
Requisitos para ejercer la profesión de Bibliotecólogo. Para ejercer legalmente
la profesión de Bibliotecología en el territorio nacional, se requiere
acreditar su formación académica e idoneidad del correspondiente nivel de
formación, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, mediante la
presentación del título respectivo, y haber obtenido la
Tarjeta Profesional expedida por el Consejo Nacional de Bibliotecología.
Artículo 6°.
De la tarjeta profesional de Bibliotecólogo. Solo podrán obtener la
Tarjeta Profesional de Bibliotecólogo, ejercer la profesión y usar el
respectivo título dentro del territorio colombiano, quienes:
a) Hayan
obtenido el Título Profesional de bibliotecólogo, en el correspondiente nivel
de formación de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, otorgado por
universidades o Instituciones de Educación Superior, legalmente reconocidas,
conforme a lo establecido en la presente ley.
b) Hayan
obtenido el Título Profesional de bibliotecólogo, en el correspondiente nivel
de formación de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, otorgado por
universidades e Instituciones de Educación Superior que funcionen en países con
los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de
títulos.
c) Hayan
obtenido el título académico de Bibliotecólogo o su equivalente, otorgado por
Instituciones de Educación Superior extranjeras o por instituciones legalmente
reconocidas por las autoridades competentes en el respectivo país y con cuales
no existan tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos celebrados por
Colombia siempre y cuando se hayan convalidado ante las autoridades
competentes, conforme con las normas vigentes sobre la materia¿.
Parágrafo.
Las tarjetas profesionales, inscripciones o registros expedidos a
Bibliotecólogos por el Consejo Nacional de Bibliotecología, con anterioridad a
la vigencia de la presente ley y antes de su entrada en vigencia, conservarán
plena validez y se presumirán auténticos.
TÍTULO
II
DEL
EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN  DE BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo 7°.
Ejercicio ilegal de la profesión de Bibliotecología. Toda actividad realizada
dentro del campo de competencia señalado en la
Ley 11 de 1979 y la presente ley, por quienes no ostenten la calidad de bibliotecólogos
o se les haya cancelado o suspendido su tarjeta profesional y no estén
autorizados debidamente para desempeñarse como tales, según lo previsto en las
disposiciones legales vigentes, será considerada ejercicio ilegal de la
profesión.
El ejercicio
ilegal de la profesión tendrá las consecuencias que la ley laboral, penal y/o
disciplinaria establezcan.
Parágrafo.
El servidor público que en ejercicio de su cargo, autorice, facilite,
patrocine, encubra o permita el ejercicio ilegal de la Bibliotecología, incurrirá en falta disciplinaria castigada de conformidad con lo dispuesto
en el Código Único Disciplinario.
TÍTULO
III
DEL
CONSEJO NACIONAL  DE BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo 8°.
El artículo 6° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
Artículo 6°.
El Consejo Nacional de Bibliotecología estará constituido así:
a) Un
Representante del Ministerio de Educación.
b) Un
Representante del Departamento Administrativo de Colciencias.
c) Un Representante
del Ministerio de Cultura.
d) Dos
Profesionales en ejercicio de la profesión de Bibliotecología, postulados por
las organizaciones gremiales legalmente reconocidos por la ley colombiana que
asocien profesionales de la
Bibliotecología. El Colegio Colombiano de Bibliotecología podrá presentar sus
candidatos y organizará el proceso de elección.
e) Los
Representantes de las Escuelas o Facultades de Bibliotecología.
Parágrafo
1°. Los miembros del Consejo Nacional de Bibliotecología a que se refieren los
literales d) y e) serán elegidos de manera democrática por un periodo de dos
(2) años prorrogables, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida
el Consejo Nacional de Bibliotecología.
Parágrafo 2°.
Todas las Asociaciones de carácter nacional debidamente reconocidas por la
legislación colombiana, podrán sus representantes legales ser invitados a las
sesiones del Consejo Nacional de Bibliotecología con voz pero sin voto.
TÍTULO
IV
DE
LAS FUNCIONES PÚBLICAS  DEL CONSEJO NACIONAL  DE BIBLIOTECOLOGÍA
Artículo 9°.
El artículo 7° de la Ley 11 de 1979 quedará así:
Artículo 7°.
Se ratifica el carácter de órgano público del Consejo Nacional de
Bibliotecología y tendrá las siguientes funciones:
a) Expedir
su propio reglamento.
b) Expedir
la tarjeta profesional de Bibliotecólogo, previo cumplimiento de los requisitos
legales vigentes sobre la materia y de conformidad con la
Ley 11 de 1979 y la presente ley.
c) Llevar un
libro de registro con su respectivo número consecutivo donde se consigne la
información de las tarjetas profesionales expedidas.
d) Vigilar y
controlar el ejercicio de la profesión.
e) Conocer
de las infracciones de la presente ley y al Código de Ética Profesional e
imponer las sanciones a que haya lugar.
f) Formular
recomendaciones a instituciones oficiales o privadas, relativas a la Bibliotecología para lograr la promoción académica y social de la profesión.
g) Las demás
que le asigne la ley.
TÍTULO
V
DEL
CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL EJERCICIO  DE LA BIBLIOTECOLOGÍA
CAPÍTULO
I
Disposiciones
generales
Artículo 10.
Los Bibliotecólogos, para todos los efectos del Código de Ética Profesional y
del régimen disciplinario, contemplado en esta ley, se denominarán, en
adelante, el profesional o los profesionales.
Artículo 11.
El presente Código de Ética Profesional está destinado a servir como regla de
conducta profesional para el ejercicio de la Bibliotecología, proporcionando principios generales que ayuden a tomar decisiones informadas
en situaciones con las que se enfrenten los profesionales.
Artículo 12.
El ejercicio de la profesión de Bibliotecología debe ser guiada por criterios,
conceptos y elevados fines que busquen enaltecerla; por lo tanto, los
profesionales están obligados a ajustar sus actuaciones a las siguientes
disposiciones, que constituyen su Código de Ética Profesional.
CAPÍTULO
II
De
los derechos, deberes y prohibiciones
Artículo 13.
Derechos. Los profesionales podrán:
a) Ejercer
su profesión, de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus
reglamentos, asumiendo responsabilidades acordes con su formación.
b) Contar,
cuando ejerzan su profesión bajo relación de dependencia, pública o privada,
con adecuadas garantías que faciliten el cabal cumplimiento de sus funciones.
Artículo 14.
Deberes generales. Son deberes de los profesionales:
a) Custodiar
y cuidar los bienes, valores, documentación e información que en razón al
ejercicio profesional, le hayan sido encomendados o, a los cuales tenga acceso,
impidiendo o evitando su sustracción, destrucción, ocultamiento, alteración o
utilización indebida, de conformidad con los fines para los cuales estos hayan
sido destinados.
b)
Comportarse con lealtad, probidad y buena fe, en el desempeño profesional,
respetando, en todas sus acciones, la dignidad del ser humano, sin distinción
de ninguna naturaleza, promoviendo y asegurando el libre acceso de la comunidad
a la información.
c) Respetar
los principios y valores que sustentan las normas de ética vigentes para el
ejercicio de su profesión y el respeto por los Derechos Humanos.
d) Tratar
con respeto, imparcialidad y rectitud a todas las personas con quienes tenga
relación con motivo del ejercicio de la profesión.
e) Permitir
a los representantes del Consejo Nacional de Bibliotecología, a los
representantes de los órganos de control y vigilancia del Estado y demás
autoridades competentes, el acceso a los lugares donde deban adelantar sus
investigaciones, examen de los libros, documentos y demás diligencias, así como
prestarles la necesaria colaboración para el cabal desempeño de sus funciones.
f) Ejercer
la profesión sin supeditar sus conceptos o sus criterios profesionales a
intereses particulares, en detrimento del bien común.
g) Promover
el respeto por la persona del Bibliotecólogo dentro y fuera de la comunidad
científica y profesional.
h) Guardar
secreto profesional sobre aquellas informaciones de carácter reservado o
confidencial que le sean confiadas.
i) Oponerse
a todo intento de censura, asegurando la libertad de información y la libre
circulación de la información.
j) Tener
plena conciencia de la responsabilidad por la búsqueda continua de la
excelencia profesional, por mantener y mejorar la idoneidad profesional a
través de la actualización permanente, por el fomento del desarrollo
profesional de los colegas, así como de las aspiraciones de los posibles
miembros de la profesión.
k) Conocer
las leyes, las normas técnicas, los reglamentos y los manuales de
procedimientos, para ajustar a ellos, la prestación adecuada de sus servicios.
1) Notificar
a la autoridad competente, cuando tuviere conocimiento, sobre trasgresiones al
ejercicio profesional.
m)
Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin tener la convicción absoluta
de estar debidamente informado al respecto.
n) Velar por
la preservación de la memoria colectiva, el patrimonio bibliográfico y proteger
la herencia cultural del país.
o) Facilitar
el acceso de los recursos de información a personas discapacitadas y a minorías
étnicas.
p) Ofrecer
altos niveles de servicio a los usuarios a través de apropiados y útiles
recursos de información organizados, políticas equitativas de servicios, acceso
equitativo a los recursos de información, y respuestas exactas, imparciales y
cordiales a todas las solicitudes.
Artículo 15.
Deberes para con los demás profesionales de la disciplina. Son deberes de los
profesionales de que trata el Código de Ética Profesional, contenido en esta
ley:
a) Ser
solidario con sus colegas evitando comentarios que afecten su imagen y crédito
personal.
b) No usar
métodos de competencia desleal con los colegas.
c)
Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de
colegas, señalando errores profesionales en que estos incurrieren a no ser que
medien algunas de las siguientes circunstancias:
a) Que ello
sea indispensable por razones ineludibles de interés general.
b) Que se
les haya dado anteriormente la posibilidad de reconocer y rectificar aquellas
actuaciones y errores, haciendo dichos profesionales caso omiso de ello.
d) Reconocer
y respetar sus valores humanos y profesionales.
e)
Denunciar, a la instancia competente, toda práctica que conlleve el ejercicio
ilegal e inadecuado de la profesión.
f) Compartir
con los colegas nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y
administrativos, de modo que contribuya a su progreso profesional.
g) No
proponer servicios con reducción de precios luego de haber conocido propuestas
de otros profesionales.
h) Respetar
y reconocer la propiedad intelectual de los demás profesionales sobre su
desarrollo y aportes profesionales a la Bibliotecología.
i)
Abstenerse de cometer, permitir o contribuir a que se cometan actos de
injusticia, en perjuicio de otro profesional, tales como la aplicación de penas
disciplinarias, sin causa demostrada y justa.
j) No
prestar su firma a título gratuito u oneroso, para autorizar contratos,
dictámenes, memorias, informes y toda otra documentación profesional, que no
haya sido estudiada, controlada o ejecutada personalmente.
Artículo 16.
Prohibiciones. Son prohibiciones, aplicables al profesional, las siguientes:
a) Realizar
actividades que contravengan la buena práctica profesional.
b) Nombrar,
elegir, dar posesión o tener a su servicio, para el desempeño de un cargo
privado o público que requiera ser desempeñado por profesionales en
Bibliotecología, en forma permanente o transitoria, personas que ejerzan
ilegalmente la profesión.
c) Permitir,
tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de la profesión.
d) Causar,
intencional o culposamente, daño o pérdida de bienes, elementos, equipos, o
documentos, que hayan llegado a su poder en razón al ejercicio profesional.
e) Incumplir
las decisiones disciplinarias que imponga u obstaculizar su ejecución.
f) Solicitar
o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas o
recompensas, en razón al ejercicio de su profesión, salvo autorización
contractual o legal.
g) Utilizar,
sin autorización de sus legítimos autores y para su aplicación en trabajos
profesionales propios, los escritos, publicaciones o la documentación
perteneciente a aquellos.
h) Las demás
previstas en la Ley.
TÍTULO
VI
RÉGIMEN
DISCIPLINARIO  PARA LOS PROFESIONALES  DE LA BIBLIOTECOLOGÍA
CAPÍTULO
I
Definición
de principios y sanciones
Artículo 20.
El profesional que sea investigado por presuntas faltas a la ética profesional,
tendrá derecho a que la investigación se realice respetando su derecho al
debido proceso y al ejercicio de su derecho de defensa, de conformidad con las
leyes preexistentes al acto que se le impute y con observancia del proceso
disciplinario, previsto en la presente ley, en los reglamentos y en las siguientes
normas rectoras:
a)
Legalidad: Solo será sancionado el profesional cuando por acción u omisión, en
la práctica de la Bibliotecología, incurra en faltas a la ética contempladas en
la presente ley y en otras disposiciones vigentes sobre la materia.
b) Respeto y
dignidad humana: El profesional, en todo caso, tiene derecho a ser tratado con
el respeto debido a su dignidad.
c)
Presunción de inocencia: El profesional tiene derecho a ser asistido por un abogado
durante todo el proceso y a que se le presuma inocente, mientras no se le
declare responsable en fallo ejecutoriado.
d) La duda
se resuelve a favor del disciplinado: La duda razonada se resolverá a favor del
profesional inculpado.
e) Doble
instancia: Toda providencia interlocutoria podrá ser apelada por el
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley. El superior no podrá
agravar la sanción impuesta cuando el sancionado sea apelante único.
f) Igualdad
frente a la ley: El profesional tiene derecho a ser tratado con igualdad frente
a la ley.
g)
Publicidad: En la investigación se respetará y aplicará el principio de
publicidad: Las partes tienen derecho a conocer integralmente el desarrollo de
la investigación.
h)
Imparcialidad: En la investigación se evaluarán los hechos y circunstancias
favorables y desfavorables a los intereses del disciplinado.
i) Criterios
auxiliares: La jurisprudencia, la doctrina y la equidad son criterios
auxiliares en el juzgamiento.
Artículo 21.
Definición de falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria, y por lo
tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la
incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este
Código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitaciones en el
ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y conflicto de intereses, sin
estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad
contempladas en el artículo 29 del presente ordenamiento.
Artículo 22.
Sanciones aplicables. A juicio del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología como resultado de las faltas éticas en que incurran los profesionales,
procederán las siguientes sanciones:
a)
Amonestación escrita.
b)
Suspensión en el ejercicio de la profesión de seis (6) meses a cinco (5) años.
c)
Cancelación de la tarjeta profesional.
Artículo 23.
Escala de sanciones. Las sanciones disciplinarias se clasifican en: leves,
graves y gravísimas de conformidad con lo establecido en el Código Único
Disciplinario.
Los
profesionales a quienes se les compruebe la violación de normas del Código de
Ética Profesional, adoptado en virtud de la presente ley, estarán sometidos a
las siguientes sanciones:
a) Las
faltas calificadas como leves, siempre y cuando el profesional no registre
antecedentes disciplinarios, darán lugar a amonestación escrita.
b) Las
faltas calificadas como leves, cuando el profesional registre antecedentes
disciplinarios, darán lugar a la suspensión de la
Tarjeta Profesional, hasta por el término de (6) seis meses.
c) Las
faltas calificadas como graves, siempre y cuando el profesional no registre
antecedentes disciplinarios, darán lugar a la suspensión de la tarjeta
profesional, por un término de seis (6) meses a dos (2) años.
d) Las
faltas calificadas como graves, cuando el profesional registre antecedentes
disciplinarios, darán lugar a la suspensión de la tarjeta profesional, por un
término de (2) dos a (5) cinco años.
e) Las
faltas calificadas como gravísimas siempre darán lugar a la cancelación de la
tarjeta profesional.
Artículo 24.
Elementos de la falta disciplinaria. La configuración de la falta disciplinaria
debe enmarcarse dentro de los siguientes elementos o condiciones:
a) La
conducta o el hecho debe haber sido cometido por el profesional en cualquiera
de los niveles de formación contemplados en el ordenamiento jurídico vigente.
b) La
conducta o el hecho debe ser intencional o culposo.
c) El hecho
debe haber sido cometido en ejercicio de la profesión o de actividades conexas
o relacionadas con esta.
d) La
conducta debe ser violatoria de deberes, prohibiciones o inhabilidades
inherentes a la profesión.
e) La
conducta debe ser apreciable objetivamente y debe ser procesalmente probada.
f) La
sanción disciplinaria debe ser la consecuencia de un proceso que garantice el
pleno ejercicio del derecho a la defensa al profesional investigado y la
aplicación de un debido proceso, en los términos previstos en la
Constitución Política.
Artículo 25.
Prevalencia de los principios rectores. En la interpretación y aplicación del
presente régimen disciplinario, prevalecerán, en su orden, los principios
rectores que determina la
Constitución Política, el presente Código de Ética Profesional y el Código
Contencioso Administrativo.
Parágrafo.
Las sanciones aquí señaladas, no tendrán incompatibilidad con la aplicación de
sanciones de otra naturaleza que pudieren ser impuestas por otras autoridades
competentes.
Artículo 26.
Criterios para determinar la levedad o gravedad de la falta disciplinaria. El
Tribunal Nacional de Ética de la
Bibliotecología en Sala Plena o en Sala Disciplinaria, según corresponda,
determinará si la falta imputada es leve, grave o gravísima, de conformidad con
los siguientes criterios:
a) El grado
de culpabilidad.
b) El grado
de perturbación a terceros o a la sociedad.
c) La falta
de consideración con usuarios, patronos, subalternos y en general, con todas
las personas a las que pudiera afectar la conducta del profesional.
d) La
reiteración de la conducta.
e) La jerarquía
y mando que el profesional tenga dentro de la persona jurídica a la que
pertenece o representa.
f) La
naturaleza de la falta y sus efectos, según la trascendencia de la misma, la
complicidad con otros profesionales y el perjuicio causado.
g) Las modalidades
o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta, el grado de preparación y de
participación en la misma y el aprovechamiento de la confianza depositada en el
profesional.
h) Los
motivos determinantes, según se haya procedido por causas innobles o fútiles, o
por nobles y altruistas.
i) El haber
sido inducido a cometerla por un superior.
j) El
confesar la falta antes de la formulación de cargos, asumiendo la
responsabilidad de los perjuicios causados.
k) Procurar,
por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado, antes
de que la sanción le sea impuesta.
Artículo 27.
Faltas calificadas como gravísimas. Se consideran gravísimas y constituyen
causal de cancelación de la tarjeta profesional, las siguientes faltas:
a) Derivar,
en ejercicio de la profesión, de manera directa o por interpuesta persona,
indebido o fraudulento provecho patrimonial, con consecuencias graves para la
parte afectada.
b)
Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice el Tribunal
Nacional de Ética de la
Bibliotecología.
c) El
abandono injustificado de los encargos o compromisos profesionales cuando tal
conducta cause grave detrimento al patrimonio económico del usuario o se
afecte, de la misma forma, el patrimonio público.
d) La
utilización fraudulenta de hojas de vida de sus colegas, para participar en
concursos o licitaciones públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos
contratos.
e) Incurrir
en algún delito que atente contra los usuarios, la persona, natural o jurídica
para la cual trabaje, sea esta, pública, privada, colegas o autoridades,
siempre y cuando la conducta sancionable comprenda el ejercicio de la Bibliotecología.
Artículo 28.
Concurso de faltas disciplinarias. El profesional que con una o varias acciones
u omisiones infrinja varias disposiciones del Código de Ética Profesional o
varias veces la misma disposición, quedará sujeto a la sanción más grave.
Artículo 29.
Circunstancias que justifican la falta disciplinaria. La conducta se justifica
cuando se comete:
a) Por
fuerza mayor o caso fortuito.
b) En
estricto cumplimiento de un deber legal.
c) En
cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, emitida con las
formalidades legales, siempre y cuando no contraríe las disposiciones
constitucionales y legales.
CAPÍTULO
II
De
las circunstancias de atenuación  y agravación
Artículo 30.
Circunstancias de atenuación. La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en
cuenta las siguientes circunstancias de atenuación:
1. Ausencia
de antecedentes disciplinarios, en el campo ético y profesional, durante los
cuatro (4) años anteriores a la comisión de la falta.
2. Demostración
previa de buena conducta y debida diligencia en el ejercicio de la profesión.
Artículo 31.
Circunstancias de agravación. La sanción disciplinaria se aplicará teniendo en
cuenta las siguientes circunstancias de agravación:
1.
Existencia de antecedentes disciplinarios en el campo ético y profesional
durante los cuatro (4) años anteriores a la comisión de la falta.
2.
Reincidencia en la comisión de la falta investigada dentro de los cuatro (4)
años siguientes a su sanción.
3.
Aprovechamiento, por parte del profesional, de la posición de autoridad que
llegare a ocupar.
Artículo 32.
Acceso al expediente. El investigado tendrá acceso a la queja y demás partes
del expediente disciplinario, solo a partir del momento en que sea escuchado en
versión libre y espontánea o desde la notificación de cargos, según el caso.
Artículo 33.
Principio de imparcialidad. En la investigación se deberá investigar y evaluar,
tanto los hechos y circunstancias desfavorables, como las favorables a los
intereses del profesional.
CAPÍTULO
III
Procedimiento
disciplinario
Artículo 34.
Iniciación del proceso disciplinario. El proceso disciplinario profesional se
iniciará:
a) De
oficio.
b) Por queja
escrita, interpuesta por cualquier persona, natural o jurídica; esta deberá
formularse, por cualquier medio, ante el Tribunal de Ética de la Bibliotecología.
Parágrafo.
En los casos de público conocimiento o cuando se tratare de un hecho notorio,
cuya gravedad lo amerite, a juicio del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, podrá iniciarse, de oficio, la investigación disciplinaria.
Artículo 35.
Ratificación de la queja. Recibida la queja, se ordenará su ratificación bajo
juramento y mediante auto se dará apertura a la investigación preliminar, con
el fin de establecer, si existe mérito para abrir una investigación formal
disciplinaria contra el presunto o presuntos profesional(es) infractor(es).
Parágrafo.
Las quejas anónimas o no ratificadas solo serán indicio y de acuerdo a la
gravedad del mismo se podrá iniciar averiguación de oficio.
Artículo 36.
Investigación preliminar. La investigación preliminar no podrá exceder el
término de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha del auto que ordena
la apertura de la investigación preliminar. Durante este período, se decretarán
y practicarán las pruebas que el investigador considere pertinentes y que
conduzcan a la comprobación de los hechos.
Artículo 37.
Propósito de la investigación preliminar. La investigación preliminar tiene
como propósito verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si esta es
constitutiva de falta disciplinaria e identificar al profesional que
presuntamente intervino en ella.
Parágrafo.
Para cumplir con la finalidad que persigue la investigación preliminar, el
investigador hará uso de los medios de prueba legalmente disponibles.
Artículo 38.
Informe y calificación del mérito de la investigación preliminar. Terminada la
etapa de investigación preliminar y dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes, se calificará el mérito de lo actuado y, mediante auto motivado, se
determinará si existe o no mérito para adelantar la investigación formal
disciplinaria en contra del profesional investigado. En caso afirmativo, se le
formulará, en el mismo auto, el correspondiente pliego de cargos. Si no se
encontrare mérito para seguir la actuación, se ordenará, en la misma
providencia el archivo del expediente y la notificación de la decisión adoptada
al quejoso y a los profesionales investigados.
Artículo 39.
Notificación del pliego de cargos. La
Secretaría del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología notificará personalmente el pliego de cargos al profesional inculpado. En el
evento de no ser posible la notificación personal, esta se hará, mediante
correo certificado, o por edicto, en los términos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo. Si transcurrido el término de la notificación por
correo certificado o por edicto, el inculpado no compareciere, se proveerá el
nombramiento de un apoderado de oficio, de la lista de abogados inscritos ante
el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, con quien se continuará
la actuación. El apoderado de oficio que resulte designado, asumirá plenamente
las funciones y responsabilidades que le son propias, según lo previsto en la ley
para tal efecto.
Artículo 40.
Traslado del pliego de cargos. Surtida la notificación, se dará traslado al
profesional inculpado, por un término improrrogable de diez (10) días hábiles,
para que, en dicho término, presente sus descargos, solicite y aporte pruebas.
Para tal efecto, el expediente permanecerá a su disposición en la
Secretaría del Tribunal.
Artículo 41.
Etapa probatoria. Vencido el término de traslado, la
Secretaría decretará práctica de las pruebas solicitadas por el investigador y
por el profesional inculpado. El término dentro del cual se surtirá la etapa de
pruebas será de sesenta (60) días.
Artículo 42.
Solo se podrá adoptar una decisión sancionatoria cuando exista certeza,
fundamentada en plena prueba, sobre la existencia del hecho violatorio del
Código de Ética Profesional y sobre la responsabilidad del profesional.
Artículo 43.
Fallo de primera instancia. Vencido el término probatorio previsto, el
investigador, elaborará un proyecto de decisión, que será sometida a
consideración del resto de la
Sala Disciplinaria del Tribunal quien solicitará su aclaración, modificación o
revocatoria. En el evento que la mayoría de la
Sala Disciplinaria apruebe el proyecto de decisión, esta se adoptará mediante
resolución motivada.
Parágrafo.
En el evento de existir salvamentos de voto a la decisión final adoptada, estos
deberán quedar consignados en el texto de la respectiva acta de la reunión.
Artículo 44.
Notificación del fallo. La decisión se notificará personalmente al profesional
investigado, por intermedio de la
Secretaría del Tribunal, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
la sesión en la cual esta hubiere sido adoptada y, si ello no fuere posible, se
notificará mediante edicto, en los términos previstos en el Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 45.
Recurso de apelación. Contra dicha providencia solo procederá el recurso de
apelación, que deberá interponerse ante la
Sala Plena del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación personal
o de desfijación del edicto a través del cual se notificó la decisión. El
recurso de apelación deberá presentarse por escrito y con el lleno de los
requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 46.
Cómputo de la sanción. Las sanciones impuestas por violación al presente
régimen disciplinario, empezarán a contarse a partir del día siguiente a la
fecha en que notifique personalmente al investigado o se haga la entrega a este
del respectivo correo certificado, a través del cual se le informe de la
decisión adoptada por el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología.
Artículo 47.
Aviso de la sanción. De toda sanción disciplinaria impuesta a un profesional,
se dará aviso a la
Procuraduría General de la Nación, a todas las entidades relacionadas con el
ejercicio profesional, a la entidad que tenga a su cargo llevar el registro de
proponentes y contratistas, así como a las demás agremiaciones de
profesionales. Lo anterior, con el fin de que estas entidades efectúen, en sus
registros, las anotaciones pertinentes y adopten las medidas que permitan hacer
efectiva la sanción y se impida el ejercicio de la profesión al sancionado. La
anotación respectiva tendrá vigencia y solo surtirá efectos por el término de
la sanción.
Artículo 48.
Caducidad de la acción. La acción disciplinaria a que se refiere el presente
título caduca en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha en
que se cometió el último acto constitutivo de la falta. El auto que ordena la
apertura de la investigación preliminar, interrumpe el término de caducidad.
TÍTULO
IX
DISPOSICIONES
GENERALES, VIGENCIA  Y DEROGATORIAS
Artículo 49.
Establézcase la fecha del veintitrés (23) de abril de cada año, como día
nacional del Bibliotecólogo.
Artículo 50.
Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su
sanción y modifica a la Ley 11 de 1979 y Decreto 865 de 1988 y deroga las demás
disposiciones que le sean contrarias.
1.9.
Una vez revisado el expediente, la Corte observó
que en el mismo no reposaban las pruebas necesarias para verificar el
cumplimiento del procedimiento previsto para la aprobación del citado informe.
Específicamente, no se anexaron las actas publicadas en las respectivas Gacetas
del Congreso correspondientes a las sesiones plenarias en las que se anunció,
discutió y aprobó el informe de modificación del texto del proyecto de ley 091
de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”.
1.10.
En virtud de lo anterior, mediante auto del 25
de febrero de 2016, el Magistrado Sustanciador requirió a los Secretarios
Generales del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes, para que remitieran a esta Corporación, “en el término de un (1) día, siguiente a la notificación del
presente auto, las Gacetas del Congreso y las Actas respectivas
en las que conste: (i) la publicación del anuncio
previo para votación del texto modificado del proyecto de ley
No. 047/10 Cámara- No. 091/11 Senado “Por la cual se
modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecólogo y se dictan otras disposiciones”, en ambas
Cámaras; (ii) el
registro de la aprobación del texto modificado del proyecto de ley
citado en las dos Cámaras, lo anterior con el fin de determinar si el texto re
elaborado fue aprobado de conformidad con el procedimiento establecido en la
Constitución Política y en la Ley 5a de 1992.” Sin
que a la fecha se haya recibido documentación alguna.
Mediante oficio recibido en la Secretaría General de la Corte el 29
de febrero de 2016, el Secretario de la Cámara de Representantes allegó un
disco compacto con la copia electrónica de la Gaceta del Congreso donde consta
la aprobación del texto rehecho. Sin embargo, manifestó que “el Acta de
Plenaria No. 106 del 25 de noviembre de 2015, en donde fue anunciada previo
para la votación del texto rehecho, se encuentra en estado de elaboración en la
Sección de Relatoría del Corporación. Por lo anterior, una vez publicada en la
Gaceta del Congreso se remitirá un ejemplar de la misma para su conocimiento”.
1.11.
Teniendo en cuenta que para emitir un
pronunciamiento de fondo, es preciso que se alleguen al expediente la totalidad
de los materiales probatorios que permitan constatar el procedimiento
legislativo seguido para la aprobación del informe de modificación del texto
del proyecto de ley 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por
el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”, la Sala
Plena de esta Corporación en auto del 2 de marzo de 2016 decidió “APREMIAR
al secretario general de la
Cámara de Representantes, para que acopie todos los documentos requeridos y
disponga que sean enviados a esta Corporación, dentro de los tres (3) días
siguientes a la publicación de los mismos”.
En respuesta del anterior requerimiento, el 19 de abril de 2016 el
despacho del magistrado sustanciador recibió un disco compacto con el contenido
de la Gaceta del Congreso No. 149 de 2016 donde consta el anuncio previo a la
votación del texto rehecho.
2.
CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
2.1.
COMPETENCIA
Esta
Corporación es competente para conocer de las  objeciones gubernamentales por
inconstitucionalidad presentadas por el Presidente de la
República contra el proyecto de ley No. 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010
–Cámara-, “por el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de
Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”, de
conformidad con lo previsto en los artículos 167 y 241-8 de la
Constitución Política.
Tal como lo ha señalado la
jurisprudencia constitucional, “el examen de forma en el marco de unas
objeciones presidenciales debe limitarse al trámite de las objeciones mismas y
no al trámite de la ley objetada[2]. El procedimiento de aprobación de la
ley queda abierto, por tanto, a las acciones de inconstitucionalidad por vicios
de forma que puedan presentarse dentro del año siguiente a su promulgación[3]”[4].
2.2.
PROBLEMA JURÍDICO
Conforme con los antecedentes de la presente
sentencia, corresponde a la Corte determinar si el Congreso de la República rehizo
e integró el proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010
–Cámara-, “por el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de
Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”, en los términos fijados por la sentencia C-663 de 2013.
Para cumplir con este objetivo la Sala asumirá, en primer término,
el estudio de la constitucionalidad del procedimiento legislativo relacionado
con la discusión y aprobación del texto rehecho del Proyecto de Ley.  Luego,
analizará la exequibilidad material de dicha disposición, para lo cual (i) identificará
las modificaciones realizadas al Proyecto, respecto del texto estudiado por la
Sala; y (ii) constatará si estos cambios se ajustan a las
consideraciones expresadas por esta Corporación en la sentencia C-663 de 2013.
3. ANÁLISIS DEL TRÁMITE LEGISLATIVO CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA
C-663 DE 2013
3.1.
Actuaciones anteriores al debate legislativo del proyecto rehecho
De conformidad con lo expuesto en los antecedentes del presente
fallo, una vez proferida la sentencia C-663 de 2013, la Secretaría General de
esta Corporación remitió el 7 de noviembre de 2013[5] al Congreso de la República, el expediente
legislativo para dar cumplimiento al citado pronunciamiento.
El 30 de octubre de 2014, el Secretario General de la
Cámara de Representantes notificó al representante Ciro Rodríguez Pinzón de su
designación para rehacer e integrar el texto del proyecto de ley número
091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones” de conformidad
con lo ordenado por la Corte Constitucional en la citada decisión.
Igualmente, y según lo previsto en el artículo 167 de la Carta
Política, la Cámara de Representantes mediante oficio del 9 de diciembre de
2014 comunicó a la Ministra de Educación la decisión judicial y la invitó a
expresar su concepto sobre el proyecto de ley número 091 de 2011
–Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”. La anterior
petición, fue reiterada mediante oficio del 21 de abril de 2015.
Mediante escrito recibido en la Secretaría
General de la Cámara de Representantes el 21 de julio de 2015, la
Ministra de Educación dio respuesta al requerimiento. Luego de recordar el
trámite de las objeciones, consideró que pare dar cumplimiento al fallo de la
Corte Constitucional el Congreso debió respetar el plazo de dos legislaturas
señalado en el artículo 162 de la Constitución. Así las cosas, indicó que el
trámite legislativo inició nuevamente una vez el expediente legislativo fue
devuelto al Congreso y que para ese entonces, habían trascurrido las
legislaturas 2013-2014 y 2014-2015 sin que se hubiera aprobado por las
plenarias el proyecto de ley número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara.
En consecuencia, concluye que la iniciativa debe ser archivada.
Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que
sugiere que el legislador mantenga el sentido de la regulación contenida en el
artículo 64 de la Ley 962 de 2005, pues no es conveniente adscribir a dicha
entidad consejos que no incidan directamente en la forma como se deben
desarrollar las distintas clases de servicios educativos.
El 27 de julio de 2015, el representante Ciro Rodríguez
Pinzón radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el
texto rehecho e integrado para los fines pertinentes. En este documento, el
ponente manifiesta con relación al concepto del Ministerio de Educación lo
siguiente:
“Examinando en forma detallada, de aceptarse el presente concepto
contribuiría el Ministerio de Educación a que el Congreso no cumpliese con los
plazos que señala el artículo 162 de la Carta Política, al enviar fuera de las
dos legislaturas el concepto que se le solicitó por parte de la Cámara de
Representantes en observancia del artículo 167 de la Carta Constitucional. El
cual fuera remitido el 21 de julio de 2015. Pero es menester señalar que para
el caso de marras el artículo 162 no es la norma aplicable sino la del artículo
167 de la Constitución Política de Colombia, en virtud que el trámite se
detiene por parte del Congreso mientras no sea oído el concepto del Ministro
del Ramo. Por ende, el proyecto en mención debe seguir su trámite
constitucional y legal”.
Una vez cumplido ese trámite, se procedió a discutir y aprobar en
cada una de las cámaras legislativas el texto rehecho del Proyecto de
Ley.
3.2.
Trámite en la Cámara de Representantes:
El texto rehecho del Proyecto de Ley número 091 de 2011
–Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones” fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 726 del 21 de septiembre de 2015.
3.1.2. El anuncio previo a la votación y aprobación del informe
tuvo lugar el día 25 de noviembre de 2015, según consta en el Acta No. 106 de
esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 149 del 14 de abril de 2016.
El texto rehecho fue sometido a votación en la sesión plenaria del
1 de diciembre de 2015, según consta en el Acta No. 107 de esa fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 27 del 18 de febrero de 2016. Al respecto se
observa:
“Dirección de la Presidencia, Alfredo Rafael Deluque Zuleta:
Continúa en consideración el informe del texto rehecho, anuncio
que va a cerrarse la discusión, queda cerrada.
Pregunto a la Plenaria de la Cámara de Representantes ¿si aprueba
el texto rehecho presentado por el Representante Ciro Rodríguez?
Secretario General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Ha sido aprobado señor Presidente.”
Trámite en el Senado de la República:
El texto rehecho del Proyecto de Ley número 091 de 2011
–Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el cual se modifica la
Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones” fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 1025 del 7 de diciembre de 2015.
El anuncio previo a la votación y aprobación del informe tuvo
lugar el día 25 de noviembre de 2015, según consta en el Acta No. 106 de esa
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 41 del 19 de febrero de 2016.
El texto rehecho fue sometido a votación en la sesión plenaria del
14 de diciembre de 2015, según consta en el Acta No. 38 de esa fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 39 del 19 de febrero de 2016.[6]
3.3.
Análisis
constitucional del trámite del texto rehecho
En este caso, vale la pena aclarar que no estamos frente a la
aprobación de un proyecto de ley sino de un informe de texto rehecho en virtud
de la sentencia C-633 de 2013 de la Corte Constitucional, razón por la que no
resulta aplicable el mandato del artículo 160 Superior, relacionado con el
tiempo que debe transcurrir entre el debate en una cámara y en la otra.[7]
De acuerdo con lo descrito en precedencia, la Corte observa que
durante el trámite de discusión y aprobación del texto rehecho del Proyecto de
Ley se cumplieron los siguientes requisitos constitucionales exigibles a ese
procedimiento: (i) el texto fue publicado en la Gaceta del
Congreso antes de iniciarse el debate en el Senado de la República, cumpliéndose
con ello el requisito de publicidad previsto en el artículo 157-1 de la
Constitución Política; (ii) en el debate y aprobación en cada una
de las plenarias se cumplió con el requisito de anuncio previo a la votación,
dispuesto en el inciso final del artículo 160 de la Carta Política; y (iii)
el texto rehecho fue discutido y aprobado por las mayorías exigidas por la
Constitución por
las Plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado de la República el
primero (1) y el catorce (14) de diciembre de 2015, respectivamente.
Igualmente, se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 167
de la Constitución Política, en tanto la Ministra de Cultura presentó su
concepto con anterioridad a la discusión y aprobación del texto rehecho por
parte de las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.
No obstante, en lo que respecta a la prohibición contenida en el
artículo 162 superior, según el cual ningún proyecto de ley podrá ser
considerado en más de dos legislaturas, la Sala Plena de esta Corporación
advierte que la misma fue desconocida.
Luego de las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el
ejecutivo al Proyecto de Ley número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010
–Cámara-, “por el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de
Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones” la
Corte Constitucional adoptó la sentencia C-663 el 24 de septiembre
de 2013, mediante la cual declaró fundadas de las objeciones gubernamentales
presentadas respecto de la expresión “adscrito al Ministerio de Educación
Nacional”, contenida en el artículo 9 y las relacionadas con los literales
g) y h) del mismo artículo 9 y los artículos 17, 18 y 19 del proyecto
objetado.  En consecuencia, declarar INEXEQUIBLES la expresión, literales y
artículos mencionados, por los cargos planteados en la objeción analizada en dicha
providencia.
Acto seguido, la Secretaría General de esta Corporación remitió al
Congreso de la República el expediente legislativo el 7 de noviembre de 2013[8] para que se diera cumplimiento al
citado pronunciamiento.
De acuerdo con el artículo 167
de la Carta Política, el Secretario General de la Cámara de Representantes el 30 de octubre de
2014 notificó al representante Ciro Rodríguez Pinzón de su designación para
rehacer e integrar el texto, una vez oído el ministro del ramo. La Ministra de
Educación, luego de ser requerida, el 21 de julio de 2015 presenta el
concepto relacionado con la posición del Ministerio. En consecuencia, solo
hasta el 27 de julio de 2015, el representante Rodríguez Pinzón radica
ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el texto rehecho e
integrado para los fines pertinentes. Finalmente, el texto fue aprobado por la
Plenaria
de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre de 2015 y por la
del Senado de la República el 14 de diciembre de ese mismo año.
Bajo este entendido, el proyecto, luego de ser resueltas las
objeciones gubernamentales, regresó al Congreso y fue rehecho en 3
legislaturas; para mayor claridad se destacan los hechos relevantes en el
siguiente cuadro:
ACTUACIÓN
FECHA
LEGISLATURA
Devolución
al Congreso de la República
7
de noviembre de 2013
2013-2014
Asignación
al representante encargado de rehacer el texto
30
de octubre de 2014
2014-2015
Aprobación
del texto rehecho
1º
y 14 de diciembre de 2015
2015-2016
Es decir, que el trámite del proyecto de ley número 091 de 2011 Senado-,
047 de 2010 –Cámara-, superó el plazo consagrado en el artículo 162 Superior.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado
que si bien no existe norma que regule expresamente esta materia, el trámite de
las objeciones no puede extenderse ilimitadamente en el tiempo y por tanto le
es aplicable el plazo del artículo 162 de la Constitución Política, esto es, el
de dos legislaturas. Al respecto, en la sentencia C-623 de 2007[9], la Corte expresó:
“La jurisprudencia de la Corte ya ha manifestado que si bien es
cierto la Constitución no señala expresamente en los artículos 166, 167 y 168,
que se ocupan del tema de las objeciones, el plazo dentro del cual las cámaras
deben tramitar la insistencia frente a las objeciones presidenciales, también
lo es que ello no implica que aquéllas tengan un plazo indefinido para tal fin,
pues ante ese vacío debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 162 de la Carta
Política, conforme al cual ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos
legislaturas.
Son varias las razones que justifican la anterior afirmación y
sobre las cuales esta Corporación se basó para fijar su jurisprudencia al
respecto, a saber: (1) consideración literal, según la cual el artículo
162 de la Constitución no distingue entre proyectos objetados y no objetados,
sino que se refiere a los proyectos en términos generales. Además, conforme a
lo dispuesto en el artículo 167 ibídem el proyecto objetado “volverá
a segundo debate”, de donde se concluye que la insistencia de las cámaras hace
parte del procedimiento legislativo. (2) Consideración lógica, en
virtud  de la cual no existe contradicción entre los artículos 167 y 162
de la Carta en razón a que los preceptos específicos sobre objeciones no
establecen ningún plazo especial para que las cámaras insistan, y ese silencio
de regulación especial debe interpretarse en el sentido que el legislador y el
Constituyente quisieron que ese punto se rigiera por la normatividad general.
(3) Interpretación sistemática, según la cual las discrepancias respecto a
los proyectos de ley entre la Ramas Legislativa y Ejecutiva deben realizarse de
manera ágil, y si se aceptara la tesis de que el Congreso puede tomarse todas
las legislaturas que estime convenientes para pronunciarse sobre las
objeciones, se afecta el sistema de frenos y contrapesos, en cuanto al
Presidente de la República sí se le establece un plazo perentorio para que
pueda hacer uso de su facultad de objetar. (4) Interpretación finalística,
en atención a que se racionaliza el trámite legislativo y se permite una más
adecuada formación de la voluntad democrática. Además, sería absurdo que el
Congreso dispusiera de dos legislaturas para aprobar integralmente un proyecto
de ley, pero para terminar de aprobarlo cuando es objetado, pueda dejar pasar
indefinidas legislaturas.
Así las cosas, el término que tiene el Congreso para pronunciarse
sobre las objeciones presidenciales es de máximo dos legislaturas, dentro de
las cuales se cuenta la que esté cursando en el momento en que se devuelve el
respectivo proyecto.”
Ahora bien, no es admisible la afirmación del representante Ciro
Rodríguez en el sentido de justificar la demora en la presentación del proyecto
para consideración de la comisión pertinente en la remisión tardía del concepto
de la Ministra de Educación y en la obligación derivada del artículo 167
Superior y según la cual, en interpretación del congresista “el trámite se
detiene por parte del Congreso mientras no sea oído el concepto del Ministro
del Ramo”. Al respecto y sin perjuicio de que esta situación haya podido
contribuir al incumplimiento del artículo 162 Constitucional, se advierte que
una vez el Congreso recibió el expediente proveniente de la Corte
Constitucional (7 de noviembre de 2013), el mismo permaneció inactivo por casi
un año, comprometiendo períodos de dos legislaturas[10] y poniendo en riesgo que el mismo culminara su
trámite dentro del término señalado en la Carta Política.
Finalmente, sin perjuicio de lo anterior, sea esta la ocasión para
hacer un llamado de atención al Gobierno Nacional recordándole su obligación de
actuar con diligencia en los trámites legislativos a los cuales sea vinculado y
de respetar el deber constitucional de colaboración armónica entre las ramas
del poder público[11], de
conformidad con el cual el Ejecutivo, con sus actuaciones, no puede alterar o
suprimir los procedimientos de formación de la ley.
En esta oportunidad, la Ministra de Educación, retardó el concepto
solicitado por el Secretario de la Cámara de Representantes por más de 6 meses
sin justificación alguna, hecho que contribuyó al entorpecimiento de la
actividad legislativa, en la medida que no se cumplió de manera oportuna con el
trámite final de una ley, con la grave consecuencia de que debe ser excluida
del ordenamiento por la violación clara de un precepto constitucional.
Así las cosas, la Sala comprueba que el trámite del texto rehecho
de conformidad con las objeciones gubernamentales y la sentencia de la Corte
Constitucional superó el plazo de dos legislaturas, consagrado en el artículo
162 de la Carta Política, lo cual genera un claro vicio de inconstitucionalidad
por motivos de procedimiento legislativo.
4.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
DECLARAR la INEXEQUIBILIDAD
del Proyecto
de Ley número 091 de 2011 –Senado-, 047 de 2010 –Cámara-, “por el
cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la
Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones” por
violación del artículo 162 de la Constitución Política, y, en consecuencia,
ordenar su archivo.
Notifíquese,
cópiese, comuníquese al Presidente de la
República y al Presidente del Congreso y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ                 ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO        GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
Magistrada
Ausente
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO                 JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado                                                                Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS                               LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
Con salvamento de voto
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
ALBERTO ROJAS RIOS Y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-202/16
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE PROYECTO DE LEY QUE ADOPTABA EL CODIGO DE ETICA DE
LA PROFESION DE BIBLIOTECOLOGIA Y MODIFICABA LA LEY 11 DE 1979-Cuando se
trata del trámite y aprobación de un proyecto de ley objetado por el Gobierno,
por razones de inconstitucionalidad, no es aplicable el artículo 162 de la
Constitución Política, sino el procedimiento especial previsto en el artículo
167 de la Carta (Salvamento de voto)
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE PROYECTO DE LEY QUE ADOPTABA EL CODIGO DE ETICA DE
LA PROFESION DE BIBLIOTECOLOGIA Y MODIFICABA LA LEY 11 DE 1979-Es inviable
que pese a la aprobación en ambas cámaras en debida forma de un proyecto de
ley, se pierda todo su trámite, por la creación jurisprudencial de un término
no previsto en ninguna disposición de la Carta Política (Salvamento de
voto)
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE PROYECTO DE LEY QUE ADOPTABA EL CODIGO DE ETICA DE
LA PROFESION DE BIBLIOTECOLOGIA Y MODIFICABA LA LEY 11 DE 1979-No existe
vacío en la Constitución en torno al término que tiene el Congreso para aprobar
o negar las objeciones formuladas por el presidente (Salvamento de voto)
CORTE CONSTITUCIONAL-No está habilitada a
abrogarse la facultad del Constituyente para crear o extender términos que no
están previstos en la Carta Política (Salvamento de voto
Con el respeto acostumbrado a las
sentencias adoptadas por la Corte, manifestamos nuestro salvamento de voto
frente a lo decidido por la Sala Plena en el fallo C-202 del 27 de abril de
2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), en el cual se declaró inexequible el
Proyecto de Ley número 091 del 2011 -Senado- y 047 de 2010 -Cámara-, "por el cual
se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la Profesión de
Bibliotecólogo y se dictan otras disposiciones", por
violación del artículo 162 de la Constitución Política, y en consecuencia, se
dispuso su archivo. Lo anterior tiene como fundamento las razones que a
continuación expondremos.
1. La mayoría de la Sala consideró que si
bien el artículo 167 Superior, que regula el trámite de las objeciones
gubernamentales, no contempla un término máximo en el cual el Congreso de la
República debe discutir y aprobar el texto rehecho del proyecto de ley, luego
de que la Corte Constitucional encuentra fundadas algunas objeciones de las
planteadas por el Gobierno, lo cierto es que dicho trámite no puede extenderse ilimitadamente
en el tiempo y, por ello, estimó que le es aplicable el término que establece
el artículo 162 de la Constitución Política, esto es, que ningún proyecto de
ley puede ser considerado en más de dos legislaturas.
Apoyada en la anterior extensión
normativa, la Corte valoró que el trámite de rehacer e integrar el Proyecto de
Ley número 091 del 2011 -Senado- y 047 de 2010 -Cámara- "por el cual
se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la Profesión de
Bibliotecólogo y se dictan otras disposiciones", se hizo en tres
legislaturas porque fue remitido por esta Corporación el 7 de noviembre de 2013
después de haberse dictado la Sentencia C-663 de 2013, mientras que la
aprobación final solo tuvo lugar el 14 de diciembre de 2015, superando las dos
legislaturas a las que refiere el artículo 162 de la Constitución Política. Al
encontrar ese vicio, adujo que tal proyecto de ley era inexequible y por ello
dispuso su archivo.
2.   Contrario a lo expresado
por la Sala, consideramos que cuando se trata del trámite del debate y
aprobación de un proyecto de ley objetado por el Gobierno, por razones de
inconstitucionalidad, no es aplicable el artículo 162 de la Constitución
Política, sino el procedimiento especial previsto en el artículo 167 de la
Carta, el cual no estable un término estricto para que el proyecto de ley sea
rehecho e integrado, según las orientaciones emitidas por esta Corporación al
declarar fundadas algunas o todas las objeciones.
3.   Advertimos que el
artículo 162 del Texto Superior no es aplicable al trámite de las objeciones,
pues se refiere al procedimiento de aprobación de la ley y aquéllas se
presentan con posterioridad a dicha etapa, de acuerdo con el trámite especial
previsto por el artículo 167 de la Constitución. Al respecto, las citadas
normas son claras en determinar la distinción de momentos para su aplicación,
resultando improcedente transmutar el contenido normativo de una disposición
cuya exigencia se limita a un etapa precisa de formación de la ley, a otro
momento que no guarda relación de conexidad fáctica con los supuestos que
presuponen su plena exigibilidad.
Precisamente, el
artículo 162 de la Constitución Política permite concluir que el Congreso tiene
máximo dos legislaturas para hacer una ley, sin que, más allá de su preciso
tenor literal, pueda derivarse que dicho término es exigible para el trámite de
objeciones presidenciales. En este contexto, el citado artículo es inequívoco
en establecer que: "Los proyectos de ley que no hubieren completado
su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna
de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se
encuentren. Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos
legislaturas".
4.   Por otra parte,
estimamos que el artículo 167 del Texto Superior, específico para este caso, en
ningún momento señala un término para que el Congreso de la República se
pronuncie sobre las objeciones formuladas por el Presidente y, por lo mismo,
resulta improcedente su génesis jurisprudencial. En estos términos, dicho
artículo preceptúa lo siguiente: "El proyecto de ley objetado total o
parcialmente por el Gobierno volverá a las Cámaras a segundo debate. El
Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que,
reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y
otra Cámara. Exceptuase el caso en que el proyecto fuere objetado por
inconstitucional. En tal evento, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará
a la Corte Constitucional para que ella, dentro de los seis días siguientes
decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a
sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto. Si la
Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a
la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el Ministro del ramo, rehaga e
integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de
la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para
fallo definitivo ".
Nótese como, el citado artículo, lejos de
limitar a dos legislaturas el término con que cuenta el Congreso para
pronunciarse sobre las objeciones formuladas por el Presidente de la República,
supone la ratificación del debate legislativo como presupuesto para la
aprobación y negación de dichas objeciones. De suerte que, es posible concluir
que la ausencia de fijación de un término constitucional o legal para
pronunciarse sobre dichas objeciones, pretende salvaguardar el principio de
conservación del derecho en la formación de la ley[12].
5.   Así las cosas,
consideramos inviable que pese a la aprobación en ambas cámaras en debida forma
de un proyecto de ley, se pierda todo su trámite, por la creación
jurisprudencial de un término no previsto en ninguna disposición de la Carta
Política, quizás, cuando fue decisión consciente del Constituyente ampliar o
aplazar el estudio de las objeciones, por ejemplo, con el propósito de darle
prelación a otros proyectos que se encuentren en riesgo de precluir o cuyo
interés general para la Nación exija prioridad en su aprobación. No es dable
suponer por parte de esta Corporación, so pena de vulnerar el principio de
buena fe (CP. art. 83), la negligencia o desidia del Congreso en la aprobación
o negación de las objeciones formuladas, más aún, cuando para los
parlamentarios ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Congreso, se
preveía término alguno de aprobación.
Con lo anterior,
es posible considerar que no existe vacío en la Constitución en torno al
término que tiene el Congreso para aprobar o negar las objeciones formuladas
por el Presidente, ya que, según lo expuesto, es claro que si el Constituyente
no estableció término para que se produjera el pronunciamiento del Parlamento,
fue porque precisamente tuvo en consideración que dicha competencia se
preservara, en aras de garantizar la vigencia del principio constitucional de
conservación del derecho en la formación de la ley[13].
6.   Finalmente,
estimamos que el artículo 241 Superior, al confiar a esta Corporación la guarda
de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos
límites allí previstos, no habilita a aquella a abrogarse la facultad del
Constituyente para crear o extender términos que no estén previstos en la Carta
Política. Justamente, uno de los fundamentos que ha sostenido por años esta
Corte, es que los plazos de caducidad de las actuaciones públicas, entre ellas
la del Congreso de la República, son de interpretación restrictiva y, por lo
mismo, no puede ni analógica ni sistemáticamente crearse o extenderse por esta
Corporación el término que tiene el legislador para rehacer e integrar el texto
de un proyecto de ley luego de haberse declarado fundadas algunas o todas las
objeciones por inconstitucionalidad que fueron planteadas por el Gobierno
Nacional.
7.   En este orden de
ideas, sostenemos que la Corte debió asumir el estudio de fondo sobre la
constitucionalidad del nuevo texto del proyecto que crea el Tribunal Nacional
de Ética de Bibliotecología y modifica la Ley 11 de 1979, por no ser aplicable
el límite de dos legislaturas previsto en el artículo 162 de la Constitución
Política. De esta forma dejamos consignados los motivos de nuestro disenso.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RIOS
Magistrado
[1]
Visibles a folios 969 y989 del cuaderno principal.
[2]
“En primer lugar debe la
Corte advertir que la Corte se limitará a examinar el trámite dado en el
Congreso de la República a las objeciones presidenciales y a la insistencia del
Congreso de la República.  Por tanto, omitirá el análisis del todo el
proceso legislativo anterior, teniendo en cuenta que el mismo es susceptible de
nuevas demandas ciudadanas. “ (Sentencia C-985 de 2006
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
[3]
Constitución Política, artículo 242-5
[4]
Sentencia C.1040 de 2007,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5]
Ver folio 861 del expediente.
[6]
Al respecto en dicha Gaceta se observa: “Texto rehecho del
Proyecto de ley número 091 de 2011 Senado, 047 de 2010 Cámara, por la cual se
modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la Profesión de
Bibliotecología y se dictan otras disposiciones. // La Presidencia somete a
consideración de la Plenaria el informe ya leído del texto rehecho que acoge la
sentencia para subsanar Los errores que detectó Corte Constitucional del
Proyecto de ley número 091 del 2011 del Senado y 047 del 2000 del Cámara y
enviada por la honorable Cámara de Representantes y cerrada su discusión esta
le imparte su aprobación.”
[7]
Ver sentencia C-656 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[8]
Ver folio 861 del expediente.
[9]
M.P. Manuel José Cepeda. Cita extraída de la Sentencia C-433
de 2004. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[10]
Legislaturas correspondientes al periodo de julio 2013 a junio
2014, en la medida que el proyecto se recibió el 7 de noviembre de 2013 y el
comprendido entre julio 2014 a junio de 2015, toda vez que el proyecto se
repartió el 30 de octubre de 2014.
[11]
Artículo 113 de la Constitución Política.
[12] En la sentencia
C-1153 de 2005 (1VÍP Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte señaló que "...el
principio de conservación del derecho materializa el reconocimiento de que el
legislador es el legítimo representante de la voluntad popular y de que al
derecho, como cuerpo normativo de regulación social, debe reconocérsele un
mínimo de estabilidad que le permita cumplir con su cometido institucional. La
Corte ha precisado que el principio de conservación del derecho tiene como
finalidad evitar el desmantelamiento del tejido normativo, preservando la
voluntad legislativa, la cual se considera, en principio, acorde con la
voluntad constituyente".
[13] El nuevo modelo
de Constitución concebido por el Constituyente de 1991, se funda en el
principio democrático que impone que la función legislativa se traduzca en la
efectiva expedición de leyes. Por ello, siempre que exista duda sobre la
exequibilidad de una norma, debe preferirse aquella hermenéutica que
salvaguarde el principio democrático en la formación de la Ley, en aras de
preservar la potestad del legislador que representa la voluntad soberana del
pueblo.