T-313-10
Sentencia T-313/10
Sentencia T-313/10
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que se declaró desierto el recurso de
apelación por falta de pago de los portes a ADPOSTAL
TITULARIDAD DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR PERSONAS
JURIDICAS DE DERECHO PUBLICO-Reiteración
de jurisprudencia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caracterización de los defectos procedimental y
orgánico como causales específicas de procedibilidad
DEFECTO FACTICO POR LA OMISION EN EL DECRETO Y PRACTICA
DE PRUEBAS
DEFECTO FACTICO POR LA NO VALORACION DEL ACERVO
PROBATORIO
DEFECTO FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA DEL MATERIAL
PROBATORIO
TERMINO PROCESAL-Improcedencia de la tutela para revivir términos
DEFECTO ORGANICO-Se configura cuando la autoridad responsable de la providencia objeto
de tutela no era competente para conocer del asunto/PROCESOS
REIVINDICATORIOS ADELANTADOS CONTRA INVIAS-Falta de competencia de Juez
ordinario/INDEMNIZACIONES POR OCUPACIONES DE HECHO DEL ESTADO-Jurisdicción
Contencioso Administrativa es la competente para resolver
La
justificación jurídico constitucional aplicable para declarar esta nulidad
estriba en el hecho de que al detectarse y comprobarse que  el Juez Promiscuo
del Circuito de Sincé – Sucre – asumió arbitrariamente la jurisdicción y la
competencia en este asunto, sabiendo o ignorando que, por todo lo expuesto en
relación con su naturaleza y su cuantía, tal tema le correspondía al Tribunal
Administrativo de Sincelejo, en primera instancia.  Por este motivo se generó
un defecto orgánico. En una relación de especie a género, la competencia está
vinculada con la jurisdicción, como parte suya, pero también como su medida y
limitación. En el caso en cuestión, al configurarse la carencia de
jurisdicción, simultáneamente y por necesidad se carece de competencia
funcional en el ámbito contencioso administrativo. Ahora, la carencia de
jurisdicción y competencia configura un defecto orgánico, y éste, debe decirse,
en sentir unánime de la Corte Constitucional, malea en forma absoluta el derecho
al debido proceso cuya reivindicación y aplicación se hace actualmente
exigible, como requerimiento constitucional automático, en virtud de lo normado
por el artículo 85 de la C.P. que lo integra dentro de los derechos fundamentales
de aplicación inmediata. Como la Corte encuentra, en el presente caso, una
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la Sala se ajustará al Ordenamiento Superior  para declarar la
nulidad de todo lo actuado y para hacer los ajustes requeridos  en el proceso
que motivó la presente acción de tutela. En conclusión, por la materia, es
decir por la naturaleza del asunto en el cual está comprometida la actividad
pública de INVIAS, establecimiento público del orden nacional y por la cuantía
de las pretensiones en juego, que lesionan los intereses del Estado en más de
900 salarios mínimos que equivalen  a la cuantiosa suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS; por jurisdicción y competencia, se trata de
un proceso cuyo conocimiento compete a la jurisdicción contencioso
administrativa representada por el Tribunal Administrativo de Sincelejo y no a
la jurisdicción del Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé, en el cual en una
manifiesta contradicción con la Constitución Política y con la ley, sus
funcionarios judiciales, al carecer de competencia funcional construyeron una
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales como lo es el defecto orgánico, con la cual conculcaron y siguen
amenazando los derechos fundamentales de la entidad estatal. Por estas razones
y no por las aducidas en la tutela, la Sala Séptima de Revisión de esta Corte
Constitucional procederá a tutelar en este asunto los intereses del Instituto
Nacional de Vías – INVIAS -, para que la entidad pueda contar, en la vía
contencioso administrativa, con el medio procesal más adecuado y eficaz para la
defensa y la protección de sus intereses.
Referencia: expediente T-2.379.462
Acción de Tutela instaurada por el Instituto Nacional
de Vías- INVÍAS- contra El Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé – Sucre.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá
D.C.,  tres (3) mayo de dos mil diez (2010)
La Sala
Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto
Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos  del Tribunal Superior Distrito Judicial
de Sincelejo Sala Civil – Familia – Laboral del dos (2) de febrero de 2009  y
de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que el 29 de abril lo
confirmó, que no tutelaron  los derechos fundamentales de INVIAS supuestamente
vulnerados en decisión  proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Sincé – Sucre que declaró desierto el recurso de apelación, por no pago de los
portes de traslado del expediente, en auto fechado el 21 de octubre de 2008.
Auto recurrido por INVIAS, pero confirmado por el Juzgado, el 13-11-08.
1.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33
del Decreto 2591 de 1991, el día 24 de septiembre de 2009, la Sala de Selección
Número Nueve de la Corte Constitucional seleccionó, para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia.
De
conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1
SOLICITUD DE TUTELA
El apoderado judicial del Instituto Nacional de Vías –
INVÍAS – Julio Alejandro Hernández Urzola presentó acción de tutela contra el
Juez Titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé  y/o el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sincé – Sucre por haber vulnerado el derecho
fundamental al  debido proceso y de defensa de INVIAS , cuya protección
solicita, y haber incurrido  en vía de hecho al declarar desierto, por falta de
pago del porte para el traslado de los procesos, el recurso de apelación
interpuesto en tiempo contra los siete (7) fallos proferidos por ese  Despacho
los días, 11, 15, 17, y 30 de julio de 2008 contra INVIAS en los procesos de
Acción Reivindicatoria – Ordinario Agrario, dentro del cual INVIAS fue
demandado en ese Despacho por Rosa Luz Garavito, Hernán Ruiz, Ruth de Cristo
Álvarez, Carmen Elena Montes, Teobaldo Beltrán, Aurelio Monterrosa, y Napoleón
Jaraba y  fue condenada a pagar  cuatrocientos sesenta y siete millones
quinientos cincuenta y dos mil doscientos pesos ($467.552.200,oo).
1.1.1.
Hechos
Sustenta su solicitud en los siguientes hechos:
1.1.1.1.
El Juez Promiscuo del Circuito
de Sincé, profirió los días 11, 15 y 24 de julio las siete (7) decisiones
condenatorias contra INVIAS dentro de los procesos referidos de Acción
Reivindicatoria – Ordinario Agrario  por la cuantiosa suma señalada.
De acuerdo con las pruebas adicionales obtenidas por
esta Sala consistentes en los ejemplares de las demandas y de las
contestaciones de INVIAS, se infiere que esta litis se originó en la ocupación
de algunas tierras que, en interés social, y  para la construcción de la vía
SAN MARCOS – MAJAGUAL hiciera, hace más de 30 años, hacia los años 70, la
entidad Fondo Nacional de Caminos Vecinales F. N. C. V. (en liquidación), la
cual ,en virtud del art. 3º 3.9 transfirió al patrimonio de INVIAS  “los
bienes, contratos, derechos y obligaciones” de este Fondo.
1.1.1.2.
Los fallos fueron debidamente
notificados y recurridos por vía de apelación, habiéndose concedido la misma
en auto del 19 de agosto de 2008, ante la Sala Civil-Familia Laboral del
Tribunal Superior de Sincelejo.
1.1.1.3.
Igualmente, en el decir del
tutelante, en varias oportunidades se acercó al Despacho Judicial accionado a
solicitar información  sobre la remisión de los procesos a ADPOSTAL para cubrir
el costo de los portes y concretamente se hizo presente  en el Despacho
tutelado, los días 26 de agosto con ocasión de una Inspección Judicial y un día
antes del paro, el martes 2 de septiembre de 2008 y siempre se le informó que
todavía no se habían enviado a ADPOSTAL.
1.1.1.4.
Aduce que, como se sabe, entre
el 3 de septiembre y el 16 de octubre de 2008 se realizó el paro de la Rama
Judicial. Anexa como prueba constancia de  ASONAL Judicial  de Sucre.
1.1.1.5.  La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura de Sucre por  Acuerdo No. 094 del 01-10-08, suspendió los términos
durante todo el tiempo de duración del cese de actividades judiciales en  Sucre.
1.1.1.6.
El 23 de octubre el tutelante
conoció que ADPOSTAL había devuelto los expedientes al Despacho del Juzgado,
desde el 16 de septiembre, informando que la demandada INVIAS no había
cancelado el  importe para costear la remisión de los expedientes para el
trámite del recurso en Sincelejo.
1.1.1.7.
El apoderado de INVIAS  repuso
contra los autos que declararon  desierto el recurso de apelación, alegando que
todos los Despachos Judiciales del Departamento de Sucre atendieron la
invitación al paro, razón por la cual durante todo ese tiempo no se permitía
indagar por el proceso, ni adelantar ningún tipo de actuación
1.1.1.8.
Agregó que, extrañamente, el
mismo día de levantado el paro y con suma prontitud, aprovechando los días de
paro, se dio curso a una nota   secretarial en la cual se informaba la no
cancelación del porte correspondiente.
1.1.1.9.
Con su actuación el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sincé-Sucre configuró una vía de hecho porque
se aprovechó de la situación de paro de todos los Despachos Judiciales para
adelantar actuaciones atentatorias contra el derecho de quienes como el
accionante “no teníamos la oportunidad de vigilar estos procesos”.
1.1.2.
Fundamentación jurídica
1.1.2.1.
Aduce el artículo 29 de la
Constitución Política que consagra el derecho al debido proceso, el artículo 86
de la misma, en cuanto regula la “acción de tutela” y algunos apartes de
jurisprudencia constitucional sobre “la vía de hecho”.
1.1.2.2.
Para fundamentar su solicitud
tutelar se adentra en el “análisis jurídico al debido proceso por vía de
hecho”. Allega los siguientes argumentos:
1) Que con su actuar arbitrario el
Juzgado Promiscuo de Sucre violentó “el principio de la doble instancia
piedra angular dentro del Estado de derecho”.
2) Que esta actuación está
privilegiando los aspectos formales sobre los sustanciales porque según el
Consejo de Estado “no es la apariencia de una decisión sino su contenido…”
lo que debe interesar al juez.
3) Que la vía tutelar es el único medio
de defensa cuando la violación de la Constitución Política es producida por una
autoridad judicial.
1.1.3.
Pruebas  documentales
En el expediente  obran como pruebas, entre otros, los
siguientes documentos:
1.1.3.1.
Fotocopia informal del Acuerdo
094 de 2008 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Sucre, “por medio del cual se reglamenta y declara suspendidos los términos
administrativos, con ocasión y durante el término del cese de actividades de la
Rama Judicial en el Distrito de Sincelejo”. (fol.16).
1.1.3.2.
Certificación  de ASONAL
JUDICIAL – Sucre - , donde consta que el paro se realizó entre el 3 de
septiembre y el 16 de octubre de 2000.
1.1.3.3.
Poder para la acción de tutela
otorgado por el Director Territorial de INVIAS y documentos sobre su posesión y
las funciones de su cargo.(folio 17)
1.1.3.4.
Auto admisorio de la tutela
del 29-01-2010 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo Sala
III Civil.
1.1.3.5.
Fotocopias informales de
algunas de las siete (7) demandas que originaron este caso y de sus
respectivas  contestaciones por parte de INVIAS para aclarar la cuestión.
1.1.4.
Admisión y traslado de la
demanda de tutela
Admitida y radicada la presente acción de tutela, el 20 de enero de 2009, en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo Sala III Civil, Familia, Laboral éste corrió traslado de la misma al
Juzgado accionado y a las partes
interesadas  y la abrió a pruebas.
1.2.
CONTESTACIÓN DEL ACCIONADO
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SINCE- SUCRE
1.2.1.
Admite que aunque el apoderado
de INVIAS presentó recurso de apelación contra las siete sentencias proferidas
por su Juzgado,  no se acercó a la empresa ADPOSTAL a cancelar los portes de
los gastos para trasladar los procesos de Sincé hasta el Tribunal Superior de
Sincelejo. El proceso se remitió a ADPOSTAL desde el 28 de agosto; la empresa
de correos lo devolvió el 16 de septiembre con informe de no cancelación por
parte de INVIAS de los portes de ida y regreso para el trasporte de los
expedientes.
1.2.2.
Por la anterior razón  el
Juzgado  declaró desierto el recurso en auto fechado el 21 de octubre de 2008.
Ante el recurso de reposición impetrado por el apoderado de INVIAS el Despacho
confirmó, el 13-11-08, el auto recurrido.
1.2.3.
El Juzgado desestimó los
alegatos de la actora en relación con la vulneración de su derecho fundamental
al debido proceso, por cuanto su verdadero propósito era revivir los términos
que dejó vencer al no cancelar los portes de ida y regreso de los expedientes
al Tribunal.
1.2.4.
No es cierto que el apoderado
de INVIAS  haya estado en el Juzgado el 2 de septiembre, porque entonces
hubiera constatado que los procesos  se habían remitido a ADPOSTAL desde el 28
de agosto.
1.2.5.
Es realmente extraño  que el
apoderado de la demandada  haya supuesto y  haya confiado  que todos los
Juzgados estaban en paro y no tuvo el cuidado de constatar que “este
Despacho no estuvo en paro”, hecho del cual tiene constancia la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura que en el mes de
septiembre realizó la visita anual que de oficio efectúan a los juzgados y pudo
verificar que “estábamos laborando” y a la cual también se le remitió la
estadística correspondiente  a las actuaciones del Juzgado  durante el mes de
septiembre.
1.2.6.
Como pruebas aduce el oficio
No. 0462 dirigido a la Presidenta de la Sala administrativa del Consejo
Seccional de la Judicatura de Sincelejo, la certificación expedida por el
Personero Municipal y las estadísticas correspondientes al trabajo del mes de
septiembre de 2008.
1.2.7.
Remata con la petición de
denegar la tutela “porque al haber laborado ininterrumpidamente este
Despacho durante el período del Paro  no era procedente suspender los términos
judiciales”.
1.3.
PRUEBAS ADICIONALES
SOLICITADAS POR LA SALA DE SÉPTIMA DE REVISIÓN
1.3.1.
Ante las versiones encontradas
del accionante apoderado de INVIAS y del Juzgado Promiscuo sobre la
participación de éste último en el paro ordenado por Asonal Judicial entre el 3
de septiembre y el 15 de octubre de 2008 la Sala Sexta de Revisión de la Corte
que conoce del caso, en auto del 30 de noviembre de 2009 solicitó a la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre y al mismo
Juzgado Promiscuo aportar certificaciones donde conste que el Juzgado Promiscuo
no participó en el citado cese de actividades. En el entretanto la Sala
suspendió los términos para fallar en el presente proceso.
1.3.2.
El 27-01 de2010 se recibió el
oficio No.0055 del Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé – Sucre con el cual
adjuntó:
1.3.2.1
Copia del oficio No. 0462
remitido el 23 de octubre a la Doctora Lina Cabrales Marrugo Presidenta de la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura donde hace un
recuento pormenorizado de las distintas actuaciones  administrativas realizadas
por el Juzgado durante el paro. Igualmente reclama que, por esta razón no se
debe efectuar ningún descuento al
personal del Juzgado, ni obligarlo a reponer tiempo no laborado.
1.3.2.2
Igualmente anexa nueva
certificación del Personero Municipal de Sucre, Fabio L. Hernández Barros,
expedida el 23 de diciembre de 2009, donde ratifica su certificación del 22 de
octubre de 2008, en el sentido de que efectivamente el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Sincé – Sucre “no participó en el paro judicial…entre el  tres
(3 de septiembre y el quince (15) de octubre de 2008”.
Se permite agregar que “incluso el suscrito
participó en las diferentes actuaciones que le competen como Ministerio
Público, dentro del Sistema Penal Acusatorio”.
2.
DECISIONES JUDICIALES
2.1.
PRIMERA INSTANCIA: TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO, SALA CIVIL – FAMILIA – LABORAL-
El Tribunal Superior Distrito Judicial de Sincelejo
Sala Civil – Familia – Laboral en fallo del dos (2) de febrero de 2009  declaró
improcedente la acción de tutela y no tuteló los derechos fundamentales al
debido proceso y al derecho de defensa  de la accionante INVIAS por no haberse
configurado la vía de hecho alegada, ni haberle sido vulnerados los mismos por
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre, al Instituto Nacional de
Vías – INVÍAS -. El Tribunal basó su decisión en las siguientes consideraciones
de hecho y de derecho:
2.1.1.
En relación con los hechos
el Tribunal los esquematizó en la siguiente  forma:
2.1.1.1.
El accionante presentó el
derecho quebrantado y adujo como fundamento fáctico la actuación del Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sincé, Sucre, cuando  los días 1,15,17 y 30 de julio
de 2008 profirió siete fallos desfavorables  dentro del “proceso ordinario
de acción reivindicatoria agraria”, adelantado en ese Despacho contra
INVÍAS, así: 1- No. 2006-0034 (actor Rosa Luz Garavito); 2- No. 2006-00137
(actor Hernán Ruiz); 3- No. 2006-00138 (actor Ruth de Cristo Álvarez); 4- No.
2006-00183 (actor Carmen Elena Montes); 5- No. 2006-00186 (actor Teobaldo
Beltrán); 6- No. 2006-00294 (actor Aurelio Monterroza); 7- No. 2006-00182 (actor
Napoleón Jaraba). Ya se expicó que la actividad desplegada por el Estado para
la construcción de la carretera SAN MARCOS – MAJAGUAL  no fue realizada
directamente por INVIAS, sino, hace más de treinta (30) años por la  entidad en
liquidación  CAMINOS VECINALES, a quien INVÍAS sustituyó patrimonialmente.
2.1.1.2.
Registró como estos fallos,
objeto de la presente acción, fueron debidamente notificados y apelados por
INVIAS. Resaltó igualmente la versión de como, una vez concedida la apelación
el apoderado judicial de INVIAS concurrió en varias oportunidades al Juzgado
Promiscuo para informarse si los procesos habían sido enviados a ADPOSTAL, con
el objeto de cubrir los portes, pero que siempre se le indicó  “que por
exceso de trabajo no se habían enviado…”.
2.1.1.3.
Destacó como  ante el paro
judicial realizado entre el 3 de septiembre y el 16 de octubre de 2008,  el
representante de INVIAS, no volvió al Juzgado, sino  hasta el 23 de octubre,
cuando se enteró por los estados que el recurso de apelación  había sido
declarado desierto, porque remitidos a ADPOSTAL  desde el 28 de agosto de 2008,
esta oficina los devolvió por no haberse cancelado el importe de ida y regreso,
dentro de los diez días previstos por la ley procesal.
2.1.1.4.
El 28 de octubre, el mismo día
en que se declaró desierto el recurso de apelación,  el apoderado de INVÍAS
presentó recurso de reposición, declarándose extrañado por la presteza con la
cual el mismo día de levantado el paro se dio curso a la nota secretarial que
informaba  sobre la no cancelación de las costas de los portes de ida y regreso
de los expedientes.
2.1.1.5.
En relación con la respuesta
de la accionada a la tutela el Tribunal destaca:
1) Que efectivamente en el Juzgado Promiscuo de Sincé cursan los
mencionados procesos reivindicatorios contra INVIAS  y que finalizaron con
sentencias  condenatorias, debidamente ejecutoriadas.
2) Consigna la apreciación de la Juez Promiscua del Circuito, en el
sentido de haber presentado el abogado de INVIAS recurso de apelación contra
las sentencias adversas, pero que es cierto “que no se acercó a la empresa
ADPOSTAL para cancelar el porte del traslado de los procesos hasta el Tribunal
Superior de Sincelejo…”. Por esta razón, ceñido al artículo 132 del C.P.C.
el “a quo” declaró desierto el recurso de apelación en auto datado el 21 de octubre de 2008. Auto recurrido por el abogado de
INVÍAS y resuelto negativamente el 13 de noviembre de 2008 en providencia que
confirmó el auto recurrido.
3) Releva el Tribunal la posición del Despacho tutelado, al reiterar que
como este Despacho en ningún momento acogió la orden de paro impartida por
Asonal  Judicial y  la actora no canceló, en su oportunidad el valor del porte,
no puede pretender ahora mediante acción de tutela “revivir términos que
dejó vencer”.
2.1.2.
Consideraciones jurídicas.
Entre otras hace las siguientes:
2.1.2.1.
Parte de una reflexión sobre
la acción de tutela como un instrumento del Estado social de derecho que, no
obstante su relativa simplicidad, se ha constituido en un mecanismo efectivo
para la protección de los derechos fundamentales y que gracias al desarrollo
jurisprudencial ha causado una profunda trasformación del sistema judicial que
permite que los derechos no se queden como letra muerta. Advierte, sin embargo,
que no se debe abusar de este instrumento, que se debe evitar el paralelismo y
no utilizarlo sino como mecanismo subsidiario, cuando no se disponga de otro
medio de defensa judicial igualmente eficaz. Procede también como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2.1.2.2.
Para el caso “sub examine”.
1) Reitera la existencia de los 7 procesos reivindicatorios en contra de
INVIAS, la posición del apoderado que considera vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso y de defensa por  el auto que declara desierto el
recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en los
citados procesos.
2) Por tratarse de una exigencia legal, y apoyado en el análisis del
artículo 132 del Código de Procedimiento Civil que regula el tema relativo a la
remisión de expedientes, descarta de plano la argumentación del apoderado de
INVIAS para justificar  la  no cancelación de los importes para el traslado de
los expedientes. Destaca varios aspectos: 1- El pago debía hacerse porque,
según la norma,  la remisión de expedientes a un lugar diferente al de
ubicación del despacho. “…se hará por correo ordinario”.  2- “la
parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su valor de ida  y
regreso en la respectiva oficina postal…  3- “…dentro de los diez (10)
días siguientes al de  la llegada a ésta  del expedienteo de las copias…”.
4- Si pasados los diez días,  el porte del traslado de los expedientes  no se
cancela totalmente, el jefe de la oficina los devolverá al juzgado. 5- “El
juez declarará desierto el recurso…” .
3) El Tribunal destaca que, sin entrar a juzgar sobre la certeza de las
causas que impidieron a la accionante actuar  dentro del término establecido
para el pago, lo cierto es que “el término procesal para pagar el
porte…feneció sin que el interesado (INVIAS) cumpliera con esa carga
procesal…”.  Concluye que “…no se puede entonces tratar de revivir
términos procesales por medio de la acción de tutela…”.
4) El Tribunal desecha el argumento del procurador de INVIAS cuando aduce
que el hecho de encontrarse en paro todos los despachos judiciales y que las
situaciones generadas por esta circunstancia “impedían conocer las
actuaciones que se debían cumplir los días del cese de actividades…”. Tal
argumento no es de recibo para el Tribunal porque está probado que para la
época de estos hechos el Despacho no estaba en paro, y así lo evidencian las
constancias de la Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de
la Judicatura y la del Personero Municipal de Sincé.
2.2.
IMPUGNACIÓN DEL FALLO DEL
TRIBUNAL
El Director Territorial de INVIAS  en Sucre, en
escrito presentado ante el Tribunal Superior de Sincelejo  el 10-02-09 impugnó
el fallo anterior con base en las siguientes razones:
2.2.1.
Que no se tuvo en cuenta que
el fundamento principal del recurso de reposición  contra los autos que
declararon desierto el de apelación oportunamente interpuesto, es el hecho de
haberse suspendido los términos en todo el Departamento de Sucre,  durante el
tiempo de duración del paro entre el 03 de septiembre y el 16 de octubre de
2008.
2.2.2.
Que la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre decidió “declarar suspendidos
los términos administrativos durante el cese de actividades judiciales en este
Distrito Judicial”. Por esta razón toda la ciudadanía tenía la seguridad
que los Despachos Judiciales no estaban laborando en esos días. Se trató de un
hecho conocido a nivel nacional que no suponía los Juzgados de Sucre
constituirían una excepción.
2.2.3.
Solicita examinar el asunto de
“la falta de jurisdicción y competencia”, no tenido en cuenta por el
Juzgado Promiscuo del Circuito, ni por el Tribunal Superior de Sincelejo y que
se desprende del análisis del Consejo de Estado a la Ley 1107 de 2006 que
modificó el artículo 82 del C.C.A. en el sentido de ser “… la jurisdicción
contencioso administrativa la competente para  juzgar las controversias y
litigios originados en la actividad de las entidades públicas”.
2.2.4.
Adjunta un artículo del No.
1397 la Revista Semana del 09-02-2009, donde se informa del “DESANGRE DE
INVÍAS”, ocasionado por el hecho de que las demandas contra la entidad no
son conocidas por “jueces especializados”, sino por jueces civiles que
los examinan y los someten a los procedimientos y a los términos  de los
procesos civiles ordinarios.
2.3.
SEGUNDA INSTANCIA - SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
2.3.1.
El 24 de marzo de 2009, la
Secretaría general de la Corte Suprema de Justicia, en oficio 0673 fechado el 4
de marzo  recibió procedente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Sincelejo del Departamento de Sucre – vía impugnación -  la Tutela de INVIAS
contra el Juzgado promiscuo del Circuito de Sincé – Sucre -.
2.3.2.
La Sala de Casación Civil de la
Corte, en fallo del 29 de abril de 2009, con ponencia del Magistrado Edgardo
Villamil Portilla  CONFIRMÓ el falló del Tribunal Superior,  Distrito Judicial
de Sincelejo Sala Civil – Familia – Laboral del dos (2) de febrero de 2009 que
había  declarado improcedente la acción de tutela de INVÍAS  contra el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sincé , Sucre y,  que, en consecuencia, no tuteló los
derechos fundamentales aducidos por la accionante al debido proceso y al
derecho de defensa,  por no haberse configurado la vía de hecho alegada.
2.3.3.
Como antecedentes  la Sala
Civil de la Corte rememora los siete fallos de los procesos reivindicatorios
contra INVIAS, fallos desfavorables apelados por ésta, la cual  requerida para
cancelar las costas de remisión en los términos del artículo 132 del C.P.C. no
las canceló, razón por la cual ADPOSTAL devolvió los expedientes al Juzgado y
este declaró desierto el recurso de reposición interpuesto.
2.3.4.
Evoca la Sala la reposición
interpuesta por el accionante contra esta declaratoria  y plantea la versión
del mismo, según la cual, después de su visita del 2 de septiembre al juzgado,
sin obtener noticia sobre la remisión de los expedientes a la oficina de
ADPOSTAL, al día siguiente se inició el paro judicial  que duró hasta el 16 de
octubre, hecho que originó la suspensión de términos.
2.3.5.
Indica la Corte que el Juzgado
accionado no revocó su auto porque al no acoger la orden de paro de Asonal
Judicial,  en ningún momento el Despacho suspendió actividades, y, además,
confirma que remitió los expedientes a ADPOSTAL el 28 de Agosto de 2008.
2.3.6.
Sobre la negativa del Juzgado
a revocar su auto, explica  la Sala Civil, el apoderado de INVIAS incoó  acción
tutelar con base en una supuesta vía de hecho provocada por violación al debido
proceso, al derecho de defensa y a la doble instancia.
2.3.7.
De la Tutela conoció el
señalado Tribunal Superior de Sincelejo y la declaró improcedente porque INVIAS
no cumplió con el pago de pagar el porte del traslado de los expedientes “dentro
del término previsto, el cual nunca se suspendió por la sencilla razón que el
juzgado nunca estuvo en cese de actividades”.
2.3.8.
El accionante sigue firme en
su posición de sostener que  en este proceso “no se tuvo en cuenta que los
términos administrativos estaban suspendidos en todo el Departamento de Sucre”,
debido al paro de la Rama Judicial. Omisión que sustenta la existencia de una
vía de hecho que operó en contra del derecho a la defensa y a la segunda
instancia.
2.3.9.
En sus consideraciones para
decidir encuentra la Corte Suprema de Justicia que esta acción de tutela no
procede porque:
1) “en el presente caso no hay una
vulneración al debido proceso y al derecho de defensa”, porque a pesar del
paro judicial,  como el juzgado accionado en ningún momento acató la orden de
cesar actividades, en él los términos siguieron su curso normal.
2) Existe la evidencia de la remisión
de los expedientes a ADPOSTAL, el 28 de agosto  y destaca la
Corte como ADPOSTAL estaba facultada para recibir el valor del importe,
independientemente de que los juzgados entraran o no o paro, pues, de
todas maneras, “la empresa de correos seguía prestando su servicio al
público”.
3)  Entonces, concluye la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia, como la parte interesada no cumplió con la carga
procesal de pagar los portes dentro del término legal, la acción de tutela “no
puede usarse para tratar de revivir términos ´procesales”.
3.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
3.1.
COMPETENCIA Y OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución,
es competente para revisar el fallo de tutela objeto  del proceso de esta
referencia.
3.2.
PROBLEMA JURÍDICO
¿En  el presente caso la Sala  debe resolver si el
Juzgado Promiscuo de Sincé – Sucre – incurrió en defecto fáctico como causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, generando una violación del debido proceso y  operando en contra
del derecho a la defensa y a la segunda instancia del Instituto Nacional de
Vías – INVIAS al haber declarado el Juzgado desierto el recurso de apelación
interpuesto por la entidad, y no haber  tenido en cuenta, que para el pago de
los portes de ida y vuelta de la sede del Juzgado Promiscuo en Sincé, al
Tribunal Superior del Distrito Judicial en Sincelejo,  dentro de los diez días
señalados por el artículo 132 del C. P. C., los términos administrativos
estaban suspendidos en todo el Departamento de Sucre”, debido al paro de la
Rama Judicial?
Igualmente debe esta Sala determinar si se presenta un
defecto orgánico, si se encuentra que el Juzgado Promiscuo Municipal de Sincé,
en el Departamento de Sucre, no tiene la jurisdicción ni está investido por
consiguiente, de la competencia, para juzgar a una entidad pública, en razón de
su actividad y, además, para condenarla  al pago de una cuantiosa suma de
dinero.
Para resolver el problema la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas considerará: primero, la titularidad de
derechos fundamentales por personas jurídicas de derecho público; segundo,
la procedencia excepcional de la acción de tutela para discutir providencias
judiciales; tercero, la caracterización de las mencionadas causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; cuarto, jurisprudencia
constitucional  sobre la improcedencia de la Tutela para revivir términos
procesales; y quinto, la dilucidación del caso concreto.
3.2.1.
Titularidad de derechos
fundamentales por personas jurídicas de derecho público. Reiteración de
jurisprudencia.
En Sentencia C-267 de 2009[1] la Corte relató cómo
desde sus primeros pronunciamientos[2]
esta Corporación ha sostenido que las personas jurídicas, aún las de derecho
público, están legitimadas para ejercer la acción de tutela debido a que son
titulares de derechos constitucionales fundamentales por dos vías, directamente
como titulares de aquellos derechos que por su naturaleza son predicables de
estos sujetos de derechos, e indirectamente cuando la vulneración puede
afectar  los derechos fundamentales de la personas naturales que las integran[3].
Así, mencionó dicha providencia que, por ejemplo, en
la sentencia  C-360 de 1996, la Corte reconoció que  en determinados
eventos las personas jurídicas -incluso las personas jurídicas de derecho
público- pueden ser titulares de derechos fundamentales. En esa misma
providencia señaló que dicha titularidad depende de (i) que así lo
permita la naturaleza del derecho objeto de la vulneración o amenaza, y, (ii)
que exista una relación directa entre la persona jurídica que alega la
vulneración y una persona o grupo de personas naturales, virtualmente afectado.
Advirtió también que las personas jurídicas de derecho público pueden ser
titulares de aquellos derechos fundamentales cuya naturaleza así lo admita y,
por lo tanto, están constitucionalmente habilitadas para ejercitarlos y
defenderlos a través de los recursos que, para tales efectos, ofrece el
ordenamiento jurídico[4].
En la sentencia SU-182 de 1998[5], al realizar un extenso
análisis de la titularidad de derechos de las personas jurídicas de derecho
público, esta Corporación señaló que dentro de la gama de aquellos garantizados
en un Estado Social de Derecho a este tipo de sujetos hay algunos de naturaleza
fundamental, “en cuanto estrechamente ligados a su existencia misma, a su
actividad, al núcleo de las garantías que el orden jurídico les ofrece y, por
supuesto, al ejercicio de derechos de las personas naturales afectadas de
manera transitiva cuando son vulnerados o desconocidos los de aquellos entes en
que tienen interés directo o indirecto[6],”
por ende susceptibles de ser amparados por vía de tutela.
Así, señaló la sentencia en cita: “La jurisprudencia
constitucional ha reconocido que pueden ser titulares, de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la inviolabilidad de
domicilio y de correspondencia, a la libertad de asociación, a la
inviolabilidad de los documentos y papeles privados, al acceso a la
administración de justicia, al derecho a la información, al habeas data y al
derecho al buen nombre, entre otros[7],
que son susceptibles de ser protegidos en cabeza de una persona jurídica, a
condición de que en la relación jurídica concreta que origina la tutela tengan
la condición de titulares de esos derechos.”[8]
Y, en particular sobre las personas jurídicas de
derecho público ha señalado la Corte:“[L]as estatales propiamente dichas así
como las de capital mixto - público y privado- no están excluidas de los
derechos fundamentales, en lo que se ajuste a su naturaleza, actividad y
funciones, toda vez que, por conducto de sus órganos y con indudable
repercusión en el interés y en los derechos de los seres humanos, son sujetos
que obran con mayor o menor autonomía dentro del cuerpo social, que no puede
menos de reconocer su existencia y su influjo, benéfico o perjudicial según
cada caso, como tampoco ignorar sus obligaciones, deberes, cargas y
prerrogativas. La persona jurídica pública no es un simple enunciado teórico ni
una ficción, como durante algún tiempo lo aceptaron la ley y la doctrina, sino
una incontrastable y evidente realidad que las normas no ignoran ejerce
derechos y contrae obligaciones[9]”.
3.2.2.
La procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales
Ha sido
constante en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sostener que si
bien es cierto la sentencia C-543 de 1992[10]
declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que
disponían la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
ejecutoriadas, no lo es menos que esa misma providencia expresó que, de forma
excepcional, esta acción constitucional procede contra decisiones judiciales
que, aunque en apariencia estuvieran revestidas de la forma jurídica de una
sentencia, en realidad implicaran una vía de hecho.
Así,
entonces, este Tribunal Constitucional ha sostenido invariablemente que la
acción de tutela procede para estudiar la validez constitucional de decisiones
judiciales que constituyen vías de hecho. Cabe recordar que esta tesis surge de
la aplicación directa de los artículos 2º, 4º, 5º y 86 de la Constitución, por
cuatro razones principales:
La primera,
porque la salvaguarda de los derechos fundamentales en el Estado Social de
Derecho prevalece y resulta obligatoria para todas las autoridades públicas,
sin excluir a los jueces. Debe recordarse que uno de los fines esenciales del
Estado constitucional es reconocer la eficacia de los derechos y deberes
fundamentales, de ahí que su protección y garantía ocupa una posición
preponderante en la estructura funcional y orgánica de la Administración.
La segunda,
porque los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, los cuales
constituyen una razón suficiente para negar la tutela contra providencias
judiciales, no autorizan violar la Constitución ni legitiman decisiones que
contrarían esos mismos principios y las reglas constitucionales básicas que les
dan fundamento. Así, es evidente que una vía de hecho constituye una clara
amenaza a la seguridad jurídica y a la estabilidad del ordenamiento jurídico,
por lo que la defensa en abstracto de esos principios puede, al mismo tiempo,
quebrantarlo en el caso concreto.
La tercera,
porque, por ningún motivo, la autonomía judicial puede confundirse con la
arbitrariedad judicial, de ahí que la independencia y autonomía del juez
únicamente ampara las decisiones adoptadas dentro de los parámetros legales y
constitucionales, pues esas garantías no significan autorización para violar la
Constitución.
Finalmente,
porque el principio de separación de jurisdicciones no implica el
distanciamiento de la legalidad y la constitucionalidad. Por el contrario, el
artículo 4º de la Carta es claro en señalar que la Constitución es norma de
normas y, por consiguiente, ella debe informar todo el ordenamiento jurídico y,
en especial, es exigible en la aplicación e interpretación de la ley.
Con
base en tales premisas,  a partir de las sentencias T-079[11] y T-158 de 1993[12], esta
Corporación desarrolló el concepto de vía de hecho. Inicialmente, fue entendido
como la decisión “arbitraria y caprichosa” del juez que resuelve un
asunto sometido a su consideración, por lo que la providencia resulta
manifiesta y evidentemente contraria a las normas que rigen el caso concreto o
las pruebas que se encontraban en el expediente. La sentencia T-231 de 1994[13] señaló
cuatro defectos protuberantes que, analizado el caso concreto, permitirían
estimar que una providencia judicial es realmente una vía de hecho, a saber:
i)
defecto sustantivo, es el que se presenta cuando la decisión se adopta en
consideración con una norma indiscutiblemente inaplicable;
ii)
defecto fáctico, el que ocurre cuando el juez falla sin el sustento probatorio
suficiente para aplicar las normas en que se funda la decisión;
iii)
defecto orgánico, se presenta cuando el juez profiere su decisión sin tener
competencia para hacerlo; y,
iv)
defecto procedimental cuando el juez actúa desconociendo el procedimiento o el
proceso debido para cada actuación.
Después
de varios años de decantar el concepto de vía de hecho, la Corte Constitucional
consideró necesario replantearlo y ampliarlo a las “causales genéricas de
procedibilidad de la acción”. Así, en la Sentencia C-590 de 2005[14], la Sala
Plena de esta Corporación declaró inexequible la expresión “ni acción”, que
hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 porque restringía el
ejercicio de la acción de tutela contra sentencias de la Corte Suprema de
Justicia en ejercicio del recurso extraordinario de casación en materia penal.
En esta oportunidad, se dejó claro que la tutela procede contra todas las
providencias judiciales ejecutoriadas cuando se cumplen con los requisitos
generales de la tutela y se prueba alguna de las causales específicas de
procedibilidad de esta acción constitucional contra sentencias.
En
cuanto a los requisitos generales de procedencia de la tutela, la sentencia
C-590 de 2005, los sistematizó así:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios
y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.  De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.  Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción
de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.  Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
En
cuanto a las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra sentencias, ese mismo fallo los resumió así:
“Para que proceda una tutela contra una sentencia se
requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante
se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece
del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos
en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación
reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i.  Violación directa de la Constitución.
Estos eventos en que procede la acción de tutela
contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de
hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata
de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”
Conforme
a lo expuesto, la acción de tutela procede contra decisiones judiciales, como
la que ahora se acusa, siempre y cuando éstas violen derechos fundamentales y
con ello se demuestre una de las causales especiales de procedibilidad de la
acción constitucional.  Por esas razones, en el análisis del caso concreto, la
Sala procederá a estudiar si la actuación del Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé (Sucre), en el proceso reivindicatorio adelantado contra INVIAS, vulnera derechos fundamentales, en los términos
señalados en la sentencia C-590 de 2005, que pueda superarse mediante la
presente acción de tutela.
3.2.3.
Caracterización de los
defectos procedimental y orgánico como causales específicas de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.2.3.1.
Defecto Fáctico
Respecto del defecto fáctico, la Corte[15]  ha sido clara en
orientar y limitar su procedibilidad a la manifiesta actuación arbitraria o
abusiva del funcionario judicial, descartando cualquier tipo de reconocimiento
frente a la eventual discrepancia interpretativa que pueda surgir al interior
del debate jurídico y probatorio. No es factible alegar la ocurrencia de una
vía de hecho, cuando la providencia judicial encuentra fundamento en un
determinado criterio jurídico o en una razonable interpretación de las normas
que son aplicables al caso, ya que tal situación afectaría de manera grave los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial que, en forma
precisa, habilitan al juez para aplicar la ley y para fijarle en concreto su
verdadero sentido y alcance.
Así entonces, para sustentar el fundamento de las
distintas decisiones, los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son
autónomos e independientes y en sus providencias gozan de la potestad de
valorar las pruebas allegadas al proceso de acuerdo a las reglas de la sana
crítica y según los parámetros de la lógica y la experiencia. Ahora bien, el
reconocimiento de esa discrecionalidad no significa que el juez esté facultado
para decidir arbitrariamente el asunto sometido a su consideración, pues la
libertad en la valoración probatoria está supeditada a la Constitución y la
ley.
La doctrina constitucional sobre la procedibilidad de
la acción de tutela contra sentencias judiciales por haberse incurrido en
defecto fáctico es sumamente clara, exige que “se hayan dejado de valorar
pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas
legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance
y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía
de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un
fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el
amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito
funcional de esta jurisdicción”[16].
Así, desde
los primeros pronunciamientos de esta Corte se determinó que la existencia de
un defecto fáctico que convierte una decisión judicial en una vía de hecho,
se presenta cuando se constata que “el apoyo probatorio en que se basó el juez
para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado.”[17].
Por tanto, si bien el juzgador goza de un amplio
margen para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión
y formar libremente su convencimiento[18],
“inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y
61 CPL)”[19],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria. La evaluación del
acervo probatorio por el juez implica, necesariamente, “la adopción de
criterios objetivos[20],
no simplemente supuestos por el juez, racionales[21], es
decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[22],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.”[23]
En desarrollo de lo explicado, la jurisprudencia de la
Corte ha fijado el alcance del defecto fáctico como causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, señalando
que éste se presenta cuando resulta evidente que se omitió decretar pruebas que
eran necesarias o la valoración de las existentes, o su evaluación fue
realizada de manera caprichosa o arbitraria[24].
Al respecto ha dicho la Corte:
"En otras palabras, se presenta
defecto fáctico por omisión cuando el juzgador se abstiene de decretar
pruebas. Lo anterior trae como consecuencia 'impedir la debida conducción al
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del
asunto jurídico debatido'. Existe defecto fáctico por no valoración del
acervo probatorio, cuando el juzgador omite considerar pruebas que obran en
el expediente bien sea porque 'no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.' Hay lugar al
defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio cuando
o bien 'el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva' dando paso a un defecto fáctico por no excluir o valorar
una prueba obtenida de manera ilícita"[25].
Como se observa, la Corte ha identificado dos
dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: i) Una dimensión
negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa[26]
u omite su valoración[27]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente.[28]
Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el
juez[29].
ii) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.[30]
Tales situaciones a la luz de la jurisprudencia,
aparecen ilustradas en los siguientes casos ya resueltos por esta Corporación:
3.2.3.1.1. Defecto fáctico
por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas.
Esta
hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la
práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida
conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la
solución del asunto jurídico debatido[31].
El
tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a esta modalidad de la vía de
hecho por defecto fáctico es, por ejemplo, el ilustrado en la sentencia
SU-132 de 2002, en la que la Corte sostuvo:
“La negativa a la práctica o valoración
de un medio probatorio por un juez dentro del proceso que dirige, puede estar
sustentada en la ineficacia de ese medio para cumplir con la finalidad de
demostrar los hechos en que se soporta una determinada pretensión, toda vez que
constituye un derecho para todas las personas presentar pruebas y controvertir
las que se presenten en su contra. La Corte se pronunció en este sentido en la
Sentencia T-393 de 1994 y manifestó que ‘..la negativa a la práctica de pruebas
sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer
la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente
prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o
se las considere manifiestamente superfluas (arts. 178 C.P.C. y 250 C.P.P); pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y extralimitación
en la petición de la prueba debe ser objetivamente analizada por el
investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una
prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del derecho de
defensa y del debido proceso’”.
En
el caso de la sentencia T-526 de 2001[32],
igualmente la Corte constató un evidente defecto fáctico en las providencias
judiciales objeto de acción de tutela. En este caso la conducta de los
funcionarios judiciales impidió la correcta identificación del autor material
de un hecho punible en perjuicio de un tercero que fue procesado como reo
ausente y posteriormente privado de su libertad.   En esta ocasión, el defecto
fáctico se presentó ante la no recepción de los testimonios de las personas que
podían identificar plenamente al autor material de la conducta punible, la no
apreciación de ciertos hechos, como la diferencia de edad entre el responsable
del hecho (22 años) y el erróneamente sindicado (35 años), la diferencia del
lugar de la residencia del erróneamente sindicado (norte de Bogotá), con el
lugar en que se capturó al responsable el día de los hechos (sur de Bogotá) y,
la no apreciación de la prueba documental que acreditaba la buena conducta del
erróneamente sindicado[33].
En esta oportunidad consideró la Corte:
“...en este caso concreto encuentra que no
se desplegó actividad probatoria alguna tendiente a obtener la plena identidad
del procesado a pesar de que se advertían irregularidades que ofrecían
serias dudas en relación con la identidad de la persona sindicada, lo que
constituye una vía de hecho, como quiera que los jueces solamente pueden
resolver con fundamento en las pruebas que sobre la cuestión fáctica obren en
el expediente.
(...)
En
el presente caso existe un evidente defecto fáctico, pues no existe prueba
alguna de la que razonablemente se pueda deducir que el sujeto aprehendido al
momento de la comisión del ilícito, es el mismo que fue capturado y se
encuentra privado de la libertad.”(Negrillas de la Sala)
En la
sentencia T-488 de 1999[34],
la Corte consideró que la omisión en la práctica de la prueba
antropoheredobiológica en un proceso de filiación, por la especial importancia
de este medio probatorio, constituía un típico defecto fáctico con capacidad de
afectar los derechos fundamentales de las partes. Afirmó la Corte:
“El presente análisis tiene como punto de partida la
circunstancia de que ambos jueces dejaron de practicar, no obstante haber sido
decretada, lo que impidió la valoración y apreciación de una prueba conducente
y determinante para la decisión final del proceso de filiación natural
instaurado a nombre del menor Jorge Eduardo González Guillén, como era el
experticio científico mencionado, por motivos ajenos a la parte demandante y
atribuibles a la falta de coordinación para su realización entre el ente
estatal encargado de practicarla y la respectiva autoridad judicial que conocía
del asunto.
Así las cosas, se considera necesario reiterar, que la
práctica de pruebas constituye una de las principales actuaciones dentro de la
conducción del proceso, en la medida en que su importancia radica en la
participación de la misma en la conformación del convencimiento del fallador
sobre los hechos materia de decisión.
Debe la Sala
reiterar a propósito de lo antes expresado en las consideraciones generales,
que la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva,
a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma
específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una
vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que
desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha
solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para
el trámite del mismo.” (Negrillas fuera de texto)
3.2.3.1.2.
Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio.
Otras de
las hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el
proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o
simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión
respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente[35].
El
análisis de la jurisprudencia en fallos que se destacan es el siguiente:
En la
sentencia T-814 de 1999[36],
la Corte resolvió un caso en el cual los jueces de lo contencioso
administrativo no advirtieron ni valoraron, para efectos de tomar la decisión
del caso (acción de cumplimiento contra la Alcaldía de Cali, con ocasión de la
construcción del metro ligero), el material probatorio debidamente allegado al
proceso. Esta situación a juicio de la Corte, constituyó una vía de hecho por
defecto fáctico. Sobre el punto consideró la Corte:
“Ni en el fallo del Tribunal ni en el fallo del
Consejo de Estado se hace una valoración de la prueba mencionada, que les
permitiera a estas Corporaciones deducir la obligación para el alcalde de dicha
ciudad de promover la consulta popular, previa a la realización del proyecto
del metro ligero de Cali, pues para ellas el aspecto probatorio en estos
procesos no es relevante. En efecto, el Tribunal dijo que las pruebas arrimadas
al proceso de la acción de cumplimiento “no tienen influencia alguna en esta
decisión” y el Consejo de Estado por su parte, si bien mencionó el aludido
testimonio en los antecedentes no hizo ninguna valoración del mismo.
La razón por la cual tanto el Tribunal como el Consejo
ignoraron las mencionadas pruebas indudablemente estriba en la interpretación
que estas Corporaciones tienen en cuanto a la procedencia de la acción de
cumplimiento, porque en diferentes apartes de sus sentencias se afirma
rotundamente que el deber incumplido debe emerger directamente de la norma. Es
decir, que de ésta debe desprenderse una especie de título ejecutivo,
configurado por una obligación clara, expresa y actualmente exigible,
descartándose por consiguiente toda posibilidad de interpretación sobre el
incumplimiento de la norma por la autoridad demandada, con arreglo a los
métodos tradicionalmente admitidos, y con sustento a las pruebas que oportuna y
regularmente aporten las partes o las que oficiosamente está en la obligación
de decretar y practicar el juez de conocimiento.
Considera la Sala, en consecuencia, que se
estructura la vía de hecho por defecto fáctico, porque ni el Tribunal ni el
Consejo al decidir sobre las pretensiones  de la acción de cumplimiento,
valoraron la prueba antes referenciada, y omitieron decretar y practicar las
pruebas conducentes y tendientes a establecer la existencia o no del
incumplimiento de la autoridad demandada.” (Negrillas de la Sala)
3.2.3.1.3. Defecto fáctico
por valoración defectuosa del material probatorio.
Tal
situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia
probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y
resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir
pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la
decisión respectiva[37].
Ello se
presenta en hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, como en
el caso de la sentencia T-450 de 2001[38],
en el que un juez de familia en un proceso de aumento de cuota alimentaria, en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió
aumentarle la cuota alimentaria al demandado. Afirmó la Corte:
“En
el proceso que ahora es objeto de revisión, no se aprecian las pruebas y
razones que justifiquen la decisión tomada por el Juez 15 de Familia de Bogotá,
pues aunque la materia sobre la que versa el proceso –aumento de cuota
alimentaria- compromete principios centrales dentro de la organización social
(v.gr. la protección del menor, la vigencia del principio de solidaridad, el valor
de la justicia y la equidad), que, en principio, alentarían una postura activa
por parte del juez competente con el propósito de proteger integralmente los
derechos de un menor, su acción no puede estar absolutamente desligada de las
pruebas allegadas o decretadas dentro del proceso –en esta oportunidad, las
presentadas por la madre- Así, todo reconocimiento superior a las sumas
probadas dentro del proceso, e incluso a los derechos alegados, debe estar
plenamente sustentada, so pena de convertir a la decisión judicial en un acto
arbitrario que tiene un grave vicio fáctico y lesiona los derechos de la parte
vencida en el juicio –en este caso el señor Apóstol Espitia Beltrán-.
“En
el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de aumentar
la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si
bien tras su determinación existe una clara intención encaminada a proteger los
derechos de la niña, reprochando a su vez la indisposición que demostró el
padre durante el trámite del proceso, estas no son razones suficientes para
justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido
proceso que se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez
de instancia a quien le correspondió conocer de la tutela, cuando afirma que:
“a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas materias de familia
puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede
hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión
sólo responde a su propio arbitrio, contradiciendo el deber de motivación o
fundamentación de la providencia, lo cual vulnera ostensiblemente el debido
proceso”.  Por estas razones el fallo de instancia será confirmado.” (Negrillas
fuera de texto)
Esta
modalidad de defecto fáctico también opera cuando no se aplica la regla de
exclusión de la prueba ilícita y con base en esta, el juez de la causa decide
el asunto jurídico debatido. Este punto fue ampliamente estudiado en el caso
que se resolvió con la sentencia SU-159 de 2002[39], en el cual se examinó
el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de
comunicaciones) comunicara su vicio a las demás pruebas del proceso. Consideró la
Corte:
“Sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis
constitucional en este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto
fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la conversación telefónica fue
excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía General como por la Corte
Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la
resolución de acusación y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha
grabación, sino que provienen de fuentes separadas, independientes y autónomas.
El que la noticia criminis haya consistido en la información periodística sobre
la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de
ella. En este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una
actividad investigativa que la condujo a pruebas independientes de la
grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y después de la
adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las comunicaciones
provenientes de las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo
la adjudicación por parte de integrantes del comité correspondiente, el
análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de criterios de
adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas completamente
ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada y grabada.
(...)
La Corte también rechaza la insinuación de que una
prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución
garantiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso sea excluida
del acervo. Pero no se puede confundir la doctrina de los frutos del árbol
envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de frutas. La
primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se
deduce de la Constitución. La segunda llegaría hasta exigir que además de
excluir las pruebas viciadas, se anulen las providencias que se fundaron en un
acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de las
pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para
sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni
valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una
cantidad suficiente de pruebas sanas."
En concordancia con lo anterior, y tal como lo ha
advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente a una
vía de hecho por defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria
hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente
arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba “debe ser de tal
entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[40].
3.2.3.2.
Defecto orgánico
La Corte Constitucional en reiterada
jurisprudencia[41] ha descrito el defecto orgánico como
aquel que se configura cuando la autoridad responsable de la providencia objeto
de tutela no era el competente para conocer del asunto. Así, en sentencia T-446
de 2007[42], esta Corporación señaló:
“Este criterio de procedibilidad se
configura cuando la autoridad que dictó la providencia carecía, en forma
absoluta, de competencia para conocer de un asunto. Así entonces, es necesario
precisar que cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una que no
les corresponde, sus decisiones son susceptibles de ser excepcionalmente
atacadas en sede de tutela, pues no constituyen más que una violación al debido
proceso.”
Igualmente estableció en sentencia T-929 de 2008, que si se comprueba la
incompetencia del funcionario judicial que emitió la providencia acusada, se
configura un defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto
“el grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad
delimitar el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el
principio de seguridad jurídica que “representa un límite para la autoridad
pública que administra justicia, en la medida en que las atribuciones que le
son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la
ley establecen”[43]”[44].
Y advirtió:
“la extralimitación de la esfera de competencia
atribuida a un juez quebranta el debido proceso y, entre otros supuestos, se
produce cuando “los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les
corresponde”[45]
y también cuando adelantan alguna actuación o emiten pronunciamiento por fuera
de los términos jurídicamente dispuestos para que se surtan determinadas
actuaciones.”[46]
En consecuencia, ha concluido la Corte que “la
actuación judicial está enmarcada dentro de una competencia funcional y
temporal, determinada, constitucional y legalmente, que de ser desbordada
conlleva la configuración de un defecto orgánico, y por ende, el
desconocimiento del derecho al debido proceso”[47].
3.2.4.  Jurisprudencia constitucional
sobre la improcedencia de la Tutela para revivir términos procesales.
La jurisprudencia de esta Corte es prolífica y
reiterativa sobre el tema. Veamos:
La Corte Constitucional en Sentencia T-080-09[48]
al referirse a los términos para la presentación de una acción de nulidad
expresó con absoluta claridad:
“Ahora bien, la Sala observa que de la documentación
contenida en el expediente no es posible deducir si el accionante instauró una
acción contencioso administrativa contra el acto atacado por vía de tutela. De
lo anterior se desprende lo siguiente:
En primer lugar, si el actor no hubiere presentado las
acciones de nulidad y restablecimiento del derecho o la electoral, dicha
omisión no podrá ser subsanada a través de la acción de tutela puesto que ésta
no puede ser incoada para revivir términos vencidos ni para subsanar una
omisión del accionante.
En
la Sentencia T-1201-05[49],
se debatió la procedencia de la acción de tutela con el fin de ordenar a un
tribunal de arbitramento que declaró la cesación de sus funciones por vencimiento
del plazo estipulado en la ley, reestablecer los términos y proferir el
correspondiente laudo. La Tutela fue negada porque en concepto de la Corte:
“Sobre la posibilidad de suspender y prorrogar los
términos para laudar fundada en que hay decisiones pendientes como el incidente
de desacato y la eventual revisión del fallo de tutela.
Este argumento, como todos los demás invocados para
solicitar la revocatoria del auto recurrido, no se apoya en disposición legal
alguna que sustente la petición”.
La Sentencia
T-168-03[50]
se refiere a la gran cantidad de jurisprudencia existente sobre la
improcedencia de la acción de tutela para revivir términos precluídos o
actuaciones judiciales omitidas. Dice así:
“Abundante ha sido la jurisprudencia que señala que
la acción de tutela no es un medio alternativo ni supletivo de defensa de los
derechos fundamentales, que pueda utilizarse como herramienta judicial para revivir
términos precluídos o actuaciones judiciales omitidas por el particular[51].
En la misma sentencia se abunda
en el tópico con un pronunciamiento del Exmagistrado José Gregorio Hernández
Galindo[52]
“…la acción de
tutela no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos
alternativos o sustitutivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar
las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para
crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes
la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y
definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución
indica, que no es otro diferente que brindar a la persona protección inmediata
y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales
que la Carta reconoce”.
3.2.5.
La dilucidación del caso
concreto.
3.2.5.1.
Cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales
3.2.5.1.1.
Ante
todo, en el asunto bajo examen existe una evidente relevancia constitucional
porque se busca garantizar específicamente el derecho fundamental al debido
proceso, a la segunda instancia  y al derecho a la defensa (Art. 29 C.P.) derechos  cuya protección  no se concreta, sino cuando se cuenta con el juez natural
investido de los conocimientos, la jurisdicción y la competencia necesarios
para garantizar el tratamiento más adecuado del problema.
3.2.5.1.2.
Otro
requisito genérico es la inexistencia de otro mecanismo judicial idóneo para
satisfacer el presupuesto de subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez
que INVIAS no pudo agotar los recursos de apelación, e incluso el de casación,
por la impericia o la incuria de su defensor que no canceló los importes para
la remisión del expediente a la instancia competente.
Por
otra parte, el haber depositado el negocio de  INVIAS en manos de un juez, que
al parecer no es su juez natural, la privó también de contar en la jurisdicción
contencioso administrativa con el sistema más adecuado y eficaz para la protección
de sus intereses patrimoniales,  de manera que no le resta otro camino que
acudir a la tutela para la defensa de los mismos.
En relación con la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, observa esta Sala lo siguiente. De acuerdo con el
artículo 379 del C. P. C. este recurso  procede contra sentencias
ejecutoriadas de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores,
los jueces de circuito, municipales y de menores. En los términos del
artículo185 del Código Contencioso Administrativo este recurso sólo
procede contra las sentencias ejecutoriadas de los órganos de lo contencioso
administrativo: secciones y  subsecciones del Consejo de Estado, de los
tribunales administrativos en única y segunda instancia.
Pero la falta de jurisdicción y competencia no se
encuentra incluida dentro de las nueve (9) causales del Recurso de Revisión
taxativamente previstas  en el artículo 380 del C.P.C. ni entre
las ocho, también taxativas, del artículo 185 del Código Administrativo. Razón
suficiente para concluir que no es este un mecanismo idóneo de defensa judicial
que deba ser agotado para hacer procedente la presente acción de tutela.
3.2.5.1.3.
Se cumplió el requisito de
la inmediatez[53].
Existe la evidencia de que este tercer requisito se
cumplió porque la acción de tutela fue interpuesta dentro de un término oportuno, justo y razonable, el día 20 de enero de
2009, pocos meses después de haber sido proferidos los fallos  por el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Sincé, el 30 de Julio de 2008.
3.2.5.1.4.
La
presunta falta de jurisdicción y competencia configura una irregularidad de tal
entidad que indudablemente es susceptible de acarrear un efecto decisivo sobre la sentencia que violentó los
derechos fundamentales de INVIAS,
quebrantamiento que  en verdad no se hubiera producido si la entidad hubiera
tenido la oportunidad  de contar con un juez competente versado en los asuntos
relacionados con sus actividades normales, como lo es el previsto en la
jurisdicción contencioso administrativa.
3.2.5.1.5.
De la simple lectura de los
antecedentes de esta providencia se infiere que en la tutela se encuentran cabalmente
identificados tanto los hechos que generaron la vulneración
alegada, como los derechos que se consideran conculcados: el derecho
al debido proceso, a la defensa técnica y a la segunda instancia.
3.2.5.1.6.
Es indudable, finalmente que el propósito de la tutela no era en presente
evento  discutir una  sentencia de tutela.
Cumplidos los requisitos genéricos de procedencia de
la acción de tutela, la Sala procede a estudiar si las providencias proferidas
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé en el proceso reinvindicatorio
indiciado contra INVIAS, incurrió en alguno de los requisitos específicos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
El
caso se analizará desde una perspectiva doble. Desde el primer punto de vista
se constatará que el juzgado Promiscuo no incurrió en defecto fáctico al negar
el recurso porque realmente el apoderado de INVIAS no pagó el porte de remisión
de los expedientes dentro del término. Pero desde otra óptica se analizará cómo
el Juzgado, al no estar investido de jurisdicción y competencia para abordar
este asunto, incurrió en defecto orgánico.
3.2.5.2.
Verificación de la
existencia de causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales
3.2.5.2.1.
No se configuró un defecto
fáctico ni por acción, ni por omisión
que violentara el debido proceso. En efecto la Jueza, al decidir, no se desvió
en la utilización de su poder por cuanto tuvo en cuenta el informe remitido por
ADPOSTAL con la explicación del no pago de los portes por INVIAS, reforzado por
tener la certeza de que no haciendo ADPOSTAL parte de la huelga, esta oficina
siempre estuvo dispuesta a recibir los portes y sólo la incuria o el desconocimiento
por parte del apoderado de que podía hacer este pago directamente en la oficina
del correo, provocaron el NO pago, hecho del cual ADPOSTAL  advirtió
oportunamente  al juzgado  para que procediera a declarar desierto el recurso.
El Juzgado respetó siempre el derecho del accionante a
controvertir sus decisiones y atendió y respondió razonablemente, en derecho
todas sus inquietudes. Entonces por este aspecto tampoco hubo violación al
debido proceso.
Tampoco se configuró un defecto fáctico por omisión.
Así lo pretende el accionante, cuando afirma que el Juzgado no tuvo en
cuenta el auto del Consejo Seccional de la Judicatura que suspendió los
términos administrativos en Sucre durante el paro.  No se da la dimensión negativa
del defecto fáctico, por cuanto no omitió la valoración de la prueba donde se
dejaba constancia de la suspensión. Simplemente  el Juzgado contrastó la
decisión de suspender términos del Consejo Seccional de la Judicatura, con la
evidencia de su propia situación; la cotejó con sus propias actuaciones  que
fueron la mayor evidencia de que el Despacho no entró en paro y por
consiguiente allí si corrieron los términos. Fue la reflexión que se hizo el
despacho: porque al haber laborado
ininterrumpidamente este Despacho durante el período del Paro, no era
procedente suspender los términos judiciales.
Esta corte no tendrá, entonces, en cuenta ninguna de
las razones anteriores para confirmar los fallos del Tribunal en primera
Instancia y el de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en segunda,
dado que el recurso de apelación, en principio y de acuerdo con las normas
pertinentes  estuvo bien denegado, por cuanto quedo plenamente probado que los
términos, durante el paro, no se suspendieron en el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Sincé – Sucre - que demostró cómo trabajó ininterrumpidamente
durante el  cese de actividades, y que el no pago de los portes no se debe a
esta razón, sino a la incuria y a la despreocupación del apoderado que no acató
a realizar el pago, como lo ordena  el artículo 132 del C.P.C., en la
propia oficina de correo de ADPOSTAL que siempre estuvo trabajando.
3.2.5.2.2.
Carencia de jurisdicción y
competencia de los falladores de instancia: configuración de un defecto
orgánico.
Esta Sala, desde otra perspectiva, la de la carencia de
jurisdicción y competencia asumirá razones distintas  para no confirmar los
fallos del Tribunal y la Corte Suprema de Justicia y para declarar la nulidad
de todo lo actuado  por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé – Sucre.
Razones referidas no a ritualidades, sino a la defensa del derecho fundamental
al debido proceso, en consonancia  con el mandato del artículo 229 de la C.P.: “La
administración de justicia es  función pública. Sus decisiones son
independientes… y en ellas prevalecerá el derecho sustancial”.
Aunque el tema de la jurisdicción y la competencia no
se incluyó dentro de las solicitudes elevadas en el trámite tutelar, esta Sala
en su calidad de juez constitucional, asume la facultad de abordarlo, dentro de
las posibilidades de fallar “extra petita”, dentro de un tema de
semejante envergadura.
En efecto:
1) El Juzgado Promiscuo del Circuito de
Sincé – Sucre – violó el principio constitucional al debido proceso  e incurrió
en un defecto orgánico por no haber estado nunca  investido de jurisdicción y
competencia para abordar este proceso, razón por la cual incurrió en un defecto
orgánico relacionado con la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, que incluye entre las causales
de nulidad del proceso el hecho de corresponder éste a distinta
jurisdicción. Esta realidad procesal se desprende del análisis de los
siguientes hechos:
a) El Instituto Nacional de Vías –
INVIAS – es un establecimiento público del orden nacional adscrito al
Ministerio del Transporte[54].
b)  El artículo 82  del Código
contencioso Administrativo  establece con  toda claridad: Objeto de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso
administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades públicas.
c) Además, los siete (7) fallos
proferidos por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé condenaron a INVIAS,
como resultado de los procesos  de Acción Reivindicatoria – Ordinario Agrario,
al pago de una cuantiosa suma inicial de cuatrocientos sesenta y siete millones
quinientos cincuenta y dos mil doscientos pesos ($467.552.200, oo) cuantía que
asciende actualmente  a más de novecientos (900) salarios mínimos y triplica la
de los trescientos (300) requeridos por el mismo artículo  para fijar la
competencia de los Tribunales Administrativos en razón de la cuantía.
d) La cuantía del asunto. En estos
términos,  por la cuantía del asunto, unos procesos originados  en la actividad
de una entidad publica y que por este concepto asciende a más de 900 salarios
mínimos, resulta realmente exorbitante que un Juzgado Promiscuo del Circuito
de  una población como Sincé se haya abrogado la jurisdicción y la competencia
para conocer de procesos de tanta entidad ,que, por otra parte, al  estar
asignados legalmente por el Código Contencioso Administrativo a la Jurisdicción
de los Tribunales Administrativos quedan excluidos de la Jurisdicción
Ordinaria, a la cual pertenecen los Juzgados Promiscuos , y a la cual, también,
a tenor del artículo 12 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Justicia,, “sólo
corresponden asuntos no atribuidos expresamente por la Constitución o la ley a
otra jurisdicción”, y como quedó analizado, no es este el caso. En efecto,
el artículo 132  del C.C.A. Nos. 2 y 3 atribuye expresamente a los Tribunales
Administrativos  competencia sobre conflictos surgidos en  actuaciones de las
entidades públicas, o sobre actos administrativos, o sobre  asuntos
relacionados con impuestos cuya cuantía exceda los trescientos (300) salarios
mínimos.
e) Igualmente, por la  naturaleza del
asunto  el artículo  132 del C.C.A. en su numeral 12  atribuye a los Tribunales
Administrativos, en primera instancia, el conocimiento de asuntos relacionados
con las expropiaciones de que tratan las leyes agrarias. Ahora ya el artículo
82 del mismo C.C.A. al establecer el objeto de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo determinó expresamente  la naturaleza y la
materia de la misma al expresar: la jurisdicción de lo contencioso
administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios
originados en la actividad de las entidades públicas.
f) Otra señal bien fuerte y muy
significativa sobre la voluntad de las autoridades judiciales  de fortalecer y
especializar la administración de justicia en el área contencioso
administrativa  fue su decisión de nominar con respaldo presupuestal, en el
curso del año 2006, a los primeros doscientos noventa (290) jueces
administrativos que habían sido creados por el Acuerdo No. 3345 del 13 de marzo
del mismo año y cuya integración a la estructura general de la administración
de justicia, dentro de la Jurisdicción Ordinaria,  quedó prevista en el
artículo 11 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de
Justicia.
g) Tampoco se puede decir que de estos
asuntos pueden conocer los Juzgados Promiscuos por competencia residual, porque
al referirse a ellos la norma estatutaria, el artículo 11de la ley 270, los
ubica explícitamente dentro de la estructura de la jurisdicción ordinaria. El
artículo 22 de la Ley 270-96, en su inciso final, al reiterar el tipo de
despachos que integran la jurisdicción ordinaria vuelve a justificar, dentro de
la misma, la existencia de los promiscuos  cuando el número de asuntos así
lo justifique. Y al enumerar taxativamente como civiles, penales,
laborales, agrarios o de familia los procesos de los cuales pueden conocer
estos juzgados promiscuos, excluye de dicha enumeración los asuntos contencioso
administrativos. Y se trata de una exclusión bien significativa, porque ya
antes, como se vio, el artículo 12 había descartado la posibilidad de esta
competencia residual  al afirmar que la jurisdicción ordinaria conocerá de
todos los asuntos que no estén atribuidos expresamente por la
Constitución y la ley a otra jurisdicción, y de La normatividad aducida se
desprende, por ejemplo, que el artículo 132 del  Código Contencioso
Administrativo  atribuye expresamente a los Tribunales Administrativos en
primera instancia  la competencia  para conocer de los conflictos surgidos por
causa o con ocasión de la actividad pública. Luego la está sustrayendo del
alcance de otras jurisdicciones y tampoco por competencia residual están
investidos  los Juzgados Promiscuos, pertenecientes a la jurisdicción
ordinaria, de la jurisdicción y competencia que los libere de incurrir en esta
nulidad.
Vale la pena reiterar en relación con este aspecto de
la competencia residual la posición de la Corte Constitucional:
El hecho de que el Congreso haya
asignado a la jurisdicción ordinaria una suerte de competencia residual, exige
en todo caso respetar las atribuciones inherentes a cada jurisdicción y en
particular a la constitucional, teniendo presente que ninguna autoridad del
Estado puede ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución
y la Ley[55]
2)  A partir de las consideraciones
constitucionales de la Corte, la justificación jurídico constitucional
aplicable para declarar esta nulidad  estriba en el hecho de que al detectarse
y comprobarse que  el Juez Promiscuo del Circuito de Sincé – Sucre – asumió
arbitrariamente la jurisdicción y la competencia en este asunto, sabiendo o
ignorando que, por todo lo expuesto en relación con su naturaleza y su cuantía,
tal tema le correspondía al Tribunal Administrativo de Sincelejo, en primera
instancia.  Por este motivo se generó un defecto orgánico. En una
relación de especie a género, la competencia está vinculada con la jurisdicción,
como parte suya, pero también como su medida y limitación. En el caso en
cuestión, al configurarse la carencia de jurisdicción, simultáneamente y por
necesidad se carece de competencia funcional en el ámbito contencioso
administrativo.
Ahora, la carencia de jurisdicción y competencia
configura un defecto orgánico, y éste, debe decirse, en sentir unánime de la
Corte Constitucional[56],
malea en forma absoluta el derecho al debido proceso cuya reivindicación y
aplicación se hace actualmente exigible, como requerimiento constitucional
automático, en virtud de lo normado por el artículo 85 de la C.P. que lo
integra dentro de los derechos fundamentales de aplicación inmediata.
Como la Corte encuentra, en el presente caso, una causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala
se ajustará al Ordenamiento Superior  para declarar la nulidad de todo lo
actuado y para hacer los ajustes requeridos  en el proceso que motivó la
presente acción de tutela.
En conclusión, por la materia, es decir por la
naturaleza del asunto en el cual está comprometida la actividad pública de
INVIAS, establecimiento público del orden nacional y por la cuantía de
las pretensiones en juego, que lesionan los intereses del Estado en más de 900
salarios mínimos que equivalen  a la cuantiosa suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS; por jurisdicción y competencia, se
trata de un proceso cuyo conocimiento compete a la jurisdicción contencioso
administrativa representada por el Tribunal Administrativo de Sincelejo y no a
la jurisdicción del Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé, en el cual en una
manifiesta contradicción con la Constitución Política y con la ley, sus
funcionarios judiciales, al carecer de competencia funcional construyeron una
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales como lo es el defecto orgánico, con la cual conculcaron y siguen
amenazando los derechos fundamentales de la entidad estatal. Por estas razones
y no por las aducidas en la tutela, la Sala Séptima de Revisión de esta Corte
Constitucional procederá a tutelar en este asunto los intereses del Instituto
Nacional de Vías – INVIAS -, para que la entidad pueda contar, en la vía
contencioso administrativa, con el medio procesal más adecuado y eficaz para la
defensa y la protección de sus intereses.
4.
DECISIÓN
En mérito de lo anterior, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR el  fallo del  Tribunal Superior Distrito Judicial de
Sincelejo Sala Civil Familia – Laboral  que el dos de febrero de dos mil nueve
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por INVIAS, y el fallo de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que el veintinueve de
abril de dos mil nueve confirmó el fallo del Tribunal Superior y tampoco
concedió la tutela impetrada.
SEGUNDO.-  CONCEDER a INVIAS la tutela para proteger su derecho
fundamental al debido proceso, a la administración de justicia, para que
cuente, en la jurisdicción contencioso administrativa con el medio adecuado y
eficaz para la defensa y la protección de sus intereses patrimoniales.
TERCERO.- Declarar la NULIDAD de la actuación procesal
del Juzgado Promiscuo  del Circuito de Sincé – Sucre, por falta de jurisdicción
y de competencia funcional, para conocer de los  procesos civiles Ordinarios,
Reivindicatorios Agrarios, contra el Instituto Nacional de Vías INVÍAS, entidad
de derecho público del orden nacional.
CUARTO.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias de referencias: 1) No. 2006-0134
(actor Rosa Luz Garavito); 2) No. 2006-00137 (actor Hernán Ruiz); 3) No.
2006-00138 (actor Ruth de Cristo Álvarez); 4) No. 2006-00183 (actor Carmen
Elena Montes); 5) No. 2006-00186 (actor Teobaldo Beltrán); 6) No. 2006-00294
(actor Aurelio Monterrosa); 7) No. 2006-00182 (actor Napoleón Jaraba),
proferidas dentro de esta actuación contra INVIAS, los días 11,15, 17 y 30 de
julio de 2008 por el Juzgado Promiscuo  del Circuito de Sincé – Sucre.
QUINTO.-
ORDENAR al Juzgado Promiscuo  del
Circuito de Sincé – Sucre,  en el término de cuarenta y ocho (48) horas remitir
las demandas al órgano judicial competente dentro de la jurisdicción
contenciosa administrativa, en este caso al Tribunal  Administrativo de
Sincelejo para que allí se inicien los trámites pertinentes para que las
demandas se instauren  ante la jurisdicción competente.
SEXTO.-
COMUNICAR al Tribunal Superior
Distrito Judicial de Sincelejo Sala Civil Familia – Laboral, a la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al Juzgado Promiscuo
del Circuito de Sincé – Sucre, a los jueces que conozcan este tipo de procesos,
a los abogados, a las partes interesadas y a quienes tengan la responsabilidad
de cumplir lo ordenado en la presente providencia.
SÉPTIMO.- Por Secretaría General líbrese
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado Ponente
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA A LA SENTENCIA T-313 DE 2010.
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, me permito exponer las
razones que me llevan a apartarme de la decisión adoptada por la Sala de
Revisión, en este caso:
1.
La presente acción de tutela tiene origen en la decisión del Juzgado Promiscuo
de Sincé (Sucre) consistente en declarar desierto el recurso de apelación
presentado por el apoderado de INVIAS, luego de que esta fuera condenada al
pago de una cuantiosa suma de dinero, en virtud de la acción reivindicatoria
instaurada ante la jurisdicción agraria para proteger el derecho a la propiedad
de ciertos bienes inmuebles rurales. El Juzgado adujo que la entidad demandada
no canceló oportunamente los portes de los gastos para trasladar los procesos
de Sincé a Sincelejo, municipio en el que se encuentra el Tribunal Superior del
Distrito de Sucre. Sin embargo, según el apoderado, esta decisión desconoce que
el retardo en el pago de los portes no obedeció a su negligencia sino al
convencimiento legítimo que obtuvo de que los términos judiciales se
encontraban suspendidos por el paro judicial llevado a cabo por esa fecha, pues
así lo señalaba el Acuerdo 94 del primero de octubre de 2008, proferido por la
Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre.
2.
La Sala decidió que en el auto proferido por el Juzgado Promiscuo de Sincé no
se configura un defecto fáctico, toda vez que se basó en el informe de no pago
de portes remitido por ADPOSTAL, de quien se tiene certeza no hizo parte del
paro de la rama judicial. Esta certificación fue allegada de forma oportuna y
legal al expediente y, con acierto, fue considerada por la Sala como una prueba
pertinente y conducente que demuestra la ausencia del cumplimiento de los
requisitos plasmados en la ley para que se conceda el recurso de apelación. A
ello, suma la Sala que no es cierto que el Juzgado haya dejado de valorar el
Acuerdo del Consejo Seccional de la Judicatura que interrumpió los términos
judiciales en el circuito judicial. Lo que ocurrió es que su valoración fue
complementada con la constancia de que su despacho no había interrumpido
labores.
Hasta
aquí, dado que la valoración del material probatorio se encuentra dentro de los
límites de razonabilidad, estoy plenamente de acuerdo con la decisión adoptada
por la Sala de Revisión.
3.
Pero, luego de ello, la Sala entró a decidir sobre la configuración de un
defecto orgánico, aduciendo el Juzgado Promiscuo no tenía ningún
elemento que le permitiera considerarse competente para fallar el caso y que,
por el contrario, era absolutamente evidente que el Tribunal Administrativo de
Sucre gozaba de la potestad para pronunciarse sobre el caso. Para llegar a esta
conclusión argumentó que: (i) Existe norma expresa en el Código Contencioso
Administrativo que asigna a los Tribunales Administrativos en primera instancia
el conocimiento de las acciones de expropiación de que tratan las leyes
agrarias (Art. 132 No. 12 C.C.A). (ii) La cuantía de las condenas proferidas
por el juzgado excede los 300 s.l.m.m.v. (iii) La jurisdicción contenciosa
administrativa está instituida expresamente para resolver las controversias
originadas en la actividad de una entidad pública, tal como lo es INVIAS; y,
finalmente, que (iv) la creación de 290 juzgados administrativos en el 2006
demuestra la voluntad de fortalecer y especializar la administración de
justicia en lo contencioso administrativo.
4. A mi juicio, estas razones no
son suficientes ni concluyentes respecto de la evidente ausencia de competencia
de la jurisdicción civil en este tipo de procesos. Primero, porque si bien es
cierto que el artículo 132 numeral 12 del C.C.A asigna de manera expresa a los
Tribunales Administrativos la competencia para conocer de “las acciones de
expropiación de que tratan las leyes agrarias”, también lo es que ellas se
refieren a los eventos en los cuales el Estado ha llevado a cabo los trámites
administrativos ordinarios tendientes a expropiar un bien privado y surgen
disconformidades en el proceso. Dado que lo que se discute en este caso es la
titularidad de la propiedad de un bien inmueble cuando sin ningún procedimiento
previo, el goce de este derecho fue interrumpido por la intervención de la
administración, no estamos en el supuesto señalado por el artículo referido.
Esta
diferencia hacía razonable que el juez civil considerara que el litigio
planteado debía tramitarse a través del procedimiento contemplado en la acción
reivindicatoria o de dominio, contemplada en el artículo 946 del Código Civil.
Por ello, además, el funcionario en ejercicio de la jurisdicción civil no podía
basarse en el artículo 132 numeral 12 del C.C.A  para negarse a conocer del
proceso, pues ello podrí implicar la denegación de la administración de
justicia.
Segundo,
porque las cuantías de un proceso no se determinan por el valor de la condena
efectivamente ordenada al final del mismo, sino “por el valor de la
pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”,
tal como lo señala el artículo 20 C.P.C, al cual remite también la normatividad
de lo contencioso administrativo, en el artículo 134 C.C.A. Toda vez que en el proyecto no se menciona el valor estimado como pretensión de la demanda
presentada en la acción reivindicatoria, no existían elementos para examinar la
posible configuración de un defecto orgánico por falta de competencia
funcional.
Adicionalmente,
la cuantía es un factor para determinar la competencia de los jueces dentro de
una misma jurisdicción y no la de los falladores que hacen parte de distintas
jurisdicciones. En este orden de ideas, del valor de la indemnización ordenada
no podía extraerse ninguna conclusión respecto de la competencia del Tribunal
Contencioso Administrativo. Lo máximo que podría determinarse es que no era el
juez promiscuo, sino uno de mayor jerarquía dentro de la misma jurisdicción, a
quien correspondía dirimir el conflicto planteado.
Como
tercer punto, tampoco encuentro aceptable el argumento según el cual la
creación de un número importante de juzgados administrativos lleve a la
conclusión de que la jurisdicción administrativa era quien evidentemente debía
asumir la resolución del conflicto presentado por los particulares contra
INVÍAS. La jurisdicción y la competencia son potestades estrictamente reguladas
en las leyes, y están determinadas conforme a unos factores (subjetivo, territorial
y funcional) que en nada se ven alterados por la decisión administrativa de
crear, fusionar o eliminar cargos dentro de la rama judicial.
Por
último, arguye el fallo que el artículo 82 del Código Contencioso
Administrativo instituye la jurisdicción contenciosa administrativa
expresamente para resolver las controversias originadas en la actividad de una
entidad pública, tal como lo es INVIAS. Toda vez que el Instituto Nacional de
Vías es un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de
Transporte, todas las controversias suscitadas en torno a su actividad
deberían, en principio, dirimirse en lo contencioso administrativo. En
contraposición encuentro que, no obstante lo anterior, en dicha jurisdicción no
existe una vía procesal adecuada que permita discutir la titularidad del
derecho de dominio equivalente a la acción reivindicatoria prevista en el
artículo 955 del Código Civil.
El
sistema jurídico colombiano incluye una sólida y robusta normatividad  dirigida
a la protección efectiva de la propiedad privada como pilar fundamental de las
libertades democráticas. En el plano constitucional, esta protección se
encuentra consagrada en el artículo 58 superior que establece dos
consideraciones respecto del derecho. Por un lado, frente a la titularidad del
derecho, el primer inciso del artículo establece “que el Estado colombiano
garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles”. Por otro lado, en el último inciso lo que se consagra es la
posibilidad de que, estando claro el carácter privado de un bien, este pueda
ser expropiado por motivos de utilidad pública o de interés social “mediante
sentencia judicial e indemnización previa”, o por vía administrativa “sujeta a
posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio”.
Así
las cosas, debe entenderse que el artículo 132 numeral 12 del C.C.A es un medio
ordinario de protección de los derechos de los particulares en el segundo
evento mencionado, esto es, en los casos en los cuales las autoridades públicas
desconocen el procedimiento administrativo o judicial en virtud del cual les es
lícito expropiar bienes privados. Sin embargo, cuando la razón por la cual el
Estado hace uso de un bien es el convencimiento de su naturaleza baldía o
pública, y un particular ataca esta convicción, lo que se discute no es el
cumplimiento de un procedimiento sino la titularidad pública o privada del
bien. En este supuesto, lo que se encuentra en entredicho es la vigencia del
primer inciso del artículo 58 y no el último. Dado que la jurisdicción
contenciosa y, más específicamente, el artículo señalado del C.C.A no contiene
una vía procesal para dirimir este conflicto, el único medio ordinario de
defensa que parece idóneo para proteger la titularidad del derecho a la
propiedad es la acción reivindicatoria ficta de que trata el artículo 955 del
Código Civil.
5.
Desvirtuados así los argumentos planteados en la sentencia de la que me aparto
parcialmente, encuentro que la Sala no contaba con razones suficientes para
sostener que era evidente que el Juez Promiscuo de Sincé (Sucre) carecía
absolutamente de competencia para asumir el conocimiento del caso. La falta de
mejores razones debió llevarla, máximo, a suscitar una colisión de competencias
y no a remitir la discusión a una jurisdicción diferente. La falta de claridad
respecto de la jurisdicción que debe resolver este tipo de litigios y las
buenas razones que asisten una y otra posición, evidencian que a la conducta
del juez acusado no se le podía calificar con la gravedad que exige el
requisito específico de procedibilidad “defecto orgánico”, cuya configuración
requiere no solo de una diferencia respecto de cuál es la jurisdicción
aplicable, sino la carencia “absoluta” de competencia para dirimir un conflicto
que se le presenta.
Atendiendo
a estas razones, salvo parcialmente mi voto en esta providencia.
Fecha
ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[2] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-441 de 1992; T-445 de
1994; T-573 de 1994; T-133 de 1995; T-142 de 1996; T-201 de 1996; T-238 de
1996; T-462 de 1997.
[3] En este sentido sentencia T- 441 de 1992.
[4] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[5] En la sentencia SU-182 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo. se revisaban los fallos proferidos a raíz de de una
acción de tutela promovida por las Empresas Municipales de Cali, Empresas
Publicas de Pereira, Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogota,
Empresas Públicas de Medellín, Empresas Publicas de Bucaramanga y Edatel S.A.,
contra la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la Corte realizó un completo desarrollo sobre los alcances de la legitimación por activa de las
personas jurídicas de derecho público para actuar en tutela.
[6] Ibíd.
[7] Sentencias T- 441 de 1992; SU- 182 de 1998.
[8] Sentencia C-267 del 3 de abril de  2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[9] Sentencia SU-182 de 1998.
[10] M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[11] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[12] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[13] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[14] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[15] Ver entre otras la Sentencia T-1068 de 2006 y Sentencia T-266 del 3 de abril de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[16] Sentencia T-266 del 3 de abril de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[17] Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de
una sentencia judicial que la convierte en una vía de hecho, pueden
consultarse, entre otras, las sentencias T-231 del 13 de mayo de 1994 MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz y T-567 del 7 de octubre de 1998 MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[18] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[19] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio
Barrera Carbonell.
[20] Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de
diciembre de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional
en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio
por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento
patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas
se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto
concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas
en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el
peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias
de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas
constructoras de la familia”.
[21] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio
Barrera Carbonell.
[22] Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario
por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de
las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el
secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso
del que depende la suerte del proceso penal.
[23] Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda
Espinosa.
[24] Sentencias T-814 del 19 de octubre de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-450 del 4 de mayo de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa SU-159 del 5 de marzo de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa T- 462 del 5 de
junio de  2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T- 1065 del 7 de diciembre de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto; T-458 del 7 de junio de 2007 M.P. Àlvaro Tafur Galvis, T-831 de agosto 22 de 2008 M.P. Mauricio González Cuervo
[25] Sentencia T- 1065 del 7 de diciembre de 2006 M.P. Humberto Sierra Porto
[26] Ibíd. sentencia T-442 del 11 de octubre de  1994 MP. Antonio
Barrera Carbonell. Se dijo en esa oportunidad: “Se aprecia más la arbitrariedad
judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la
presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad
de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales,
porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe
realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios,
derechos y valores constitucionales”.
[27] Cfr. sentencia T-239 del 30 de mayo de 1996 MP. José Gregorio
Hernández Galindo. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y
evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere
resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto,
contra la providencia dictada procede la acción de tutela.  La vía de hecho
consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo
que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las
determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas
a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de
antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la
posición contraria”.
[28] Cfr. sentencia T-576 del 10 de diciembre de 1993 MP. Jorge Arango
Mejía.
[29] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[30] Cfr. la ya citada sentencia T-538 de 1994.
[31] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[32] M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[33] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[34] M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez
[35] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[36] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[37] Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de  2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[38] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[39] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[40] Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio
Barrera Carbonell.
[41] Ver, entre otras, las sentencias T-162 de abril 30 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-1057 de diciembre 2 de 2002 M.P. Jaime Araújo Rentaría, T-359 de mayo 7 de 2003 M.P. Jaime Araújo Rentaría, T-1293 de diciembre 7 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-086 de febrero 8 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-009 de enero 19 de 2007 M.P Manuel José Cepeda Espinosa, T-446 de mayo 30 de
2007, T-1150 de noviembre 25 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 de julio
24 de 2008 M.P. . Manuel José Cepeda Espinosa, T-310 de abril 30 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-757 del 27 de octubre de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[42] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[43] Cfr. Sentencia T-1057 de 2002. M. P. Jaime Araújo Rentaría.
[44] Sentencia T-929 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[45] Cfr. Sentencia T-446 del 30 de mayo de 2007. M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[46] Sentencia T-929 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[47] Sentencia T-757 del 27 de octubre de  2009 M.P. luis Ernesto Vargas Silva
[48] M. P. (E) Clara Elena Reales Gutiérrez
[49] M. P. Alfredo Beltrán Sierra
[50] M. P. Manuel José Cepeda Espinoza
[51] Sentencia  T-1 655 de 2000 M.P. Fabio Morón Díaz.
[52] Sentencia T-001 del 3 de abril
de 1992, MP. José Gregorio Hernández Galindo
[53]Sobre las razones para exigir la inmediatez como un requisito de
procedencia de la tutela contra sentencias cabe recordar lo expuesto por la Sala Sexta de Revisión en sentencia T-095 de 19 de febrero de 2009 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[54] Acuerdo No. 018 del 27-07-00 del
Ministerio del Transporte
[55] Sentencia  C-713-08, M. P. Clara Inés Vargas Hernández
[56] Sentencia T-1201-2005, M. P. Alfred Beltrán Sierra